Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, en nombre de Jaak Vandemeulebroucke, que era aquí el ponente de la Comisión de Política Regional y a quien tengo el placer de suceder, quiero resaltar una serie de cosas que se han abordado en la Comisión, entre otras el grado de dificultad al que se enfrenta usted para llevar a la práctica unas medidas uniformes en un ámbito en el que hay tanta diversidad en lo que se refiere a la organización y a la estructura de la propiedad. 
También quiero mencionar la importancia de la integración y de un transporte multimodal. 
Me alegro de que el interés exclusivo por el transporte por carretera se vaya sustituyendo paulatinamente por otras prioridades. 
También quiero señalar la importancia de los puertos como conexión para las regiones europeas menos desarrolladas, pero al mismo tiempo quiero hacer hincapié en la gran diversidad geográfica. 
En se señala, ciertamente, la difícil posición de determinadas ubicaciones insulares, pero también quiero destacar, por ejemplo, la ubicación tierra adentro de ciertos grandes puertos marítimos. 
Yo vivo cerca de Amberes. Usted entenderá lo que quiero decir. 
Anualmente es preciso dragar allí por un importe de ocho millardos para mantener el puerto accesible y, por lo tanto, sería catastrófico para la competitividad de este puerto marítimo si se tuvieran que imputar los costes del dragado al usuario. 
Usted comprenderá que estamos esperando con impaciencia las medidas concretas que se tomen en relación con la ejecución de su política. 
Nuestros puertos no pueden hacer uso de las ayudas del FEDER ni del Fondo de Cohesión al contrario de importantes puertos sudeuropeos, nórdicos y británicos. 
Espero que la Comisión tome en cuenta esta posición geográfica. 
Por otra parte, me alegro mucho de que quiera hacer una política integrada con respecto a la ordenación del territorio porque nuestros puertos son auténticos devoradores de espacio. 
Quiero expresar desde este lugar mi solidaridad con un pequeño pueblo cercano, Doel, que está condenado a desaparecer a causa de la expansión de Amberes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no voy a volver a referirme al notable informe de la Sra. Langenhagen, que propugna una estrategia europea para un sistema mundial de navegación de uso civil. 
Es un tema complejo, por ser muy técnico, pero se trata también de un sistema eminentemente político, ya que de él depende la independencia de Europa en materia de control del tráfico aéreo. 
El GNSS es, por lo demás, un modelo de complementariedad entre la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, que comprende, en particular, Eurocontrol, y así ocurre con el programa Egnos. 
En esas condiciones, insistiré en tres puntos votados por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, que presenté en forma de enmiendas como ponente de opinión. 
En primer lugar, hay que insistir en la necesidad de promover, gracias al quinto programa-marco, la investigación básica y las demostraciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de satélites eficientes y adaptados a las necesidades de la navegación y los desplazamientos de los móviles, pero también en la necesidad de mejorar las instalaciones en el suelo y sobre todo los equipos embarcados en los diferentes móviles. 
En efecto, el mercado mundial del GNSS asciende a unos 40.000 millones de euros, de los que 10 corresponden a los satélites y 30 a las instalaciones en el suelo y el material embarcado. La mejora y, en particular, la seguridad del tráfico aéreo es uno de los imperativos del GNSS europeo, pero hay que fijarse también como objetivo la mejora de la gestión del tráfico marítimo y terrestre, por carretera y por ferrocarril. 
Por último, conviene ampliar la utilización del GNSS a otras aplicaciones, tales como las mencionadas por la ponente, Sra. Langenhagen, y en particular para las tareas de salvamento en el mar. 
En ese marco, es indispensable determinar correctamente la localización de las instalaciones en el suelo y, en particular, la necesaria estructura de redes entre las instalaciones aeroportuarias y los repetidores de comunicación destinados a los transportes marítimos y terrestres. 
Europa dispondrá, así, no sólo de un sistema global de navegación y localización por satélites, sino también de los medios para utilizarlo a fin de mejorar el tráfico de los móviles aéreos, terrestres y marítimos, lo que constituye sin duda el objetivo final del GNSS europeo. 
Señor Presidente, voy a dedicar una parte de los cuatro minutos de que dispongo al Libro Verde. 
Mejor dicho, quisiera empezar por manifestar que el Libro Verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas ha producido grandes expectativas, ya que por primera vez los puertos han sido considerados parte integrante del sistema de las redes transeuropeas. 
Sin embargo, también ha dado pie a alguna preocupación entre los operadores de los puertos por la financiación de las infraestructuras portuarias, ya que parece que no tiene debidamente en cuenta las diferentes situaciones existentes, en particular entre los puertos del norte y del sur de Europa. 
En los últimos diez años y tras un largo período de estancamiento, se ha observado una intensificación del tráfico en el Mediterráneo. 
Y ello gracias al crecimiento del tráfico por la vía de Suez y al tráfico local de pasajeros. 
Se han alcanzado índices de crecimiento de dos cifras y, por fin, muchos puertos han llevado a cabo una reestructuración empresarial dotándose de estructuras organizativas más modernas y competitivas. 
Sin embargo, las infraestructuras continúan siendo todavía muy insuficientes para hacer frente al crecimiento. 
Asimismo, las formas de cooperación financiera entre las administraciones portuarias y las administraciones locales siguen siendo institucional y administrativamente muy diferentes en las regiones de Europa según el puerto de que se trate. 
En consecuencia, es muy importante el apartado del excelente informe del Sr. Jarzembowski en que se pide a la Comisión que presente un estudio sobre las diferentes estructuras portuarias europeas. 
En lo que respecta a este tema, quisiera destacar dos puntos más. 
Las reglas de competencia entre los puertos no deberían permitir excepciones formales y deberían, en todo caso, premiar a quien ya ha llevado a cabo la transición hacia una organización empresarial más que a quien sigue actuando a través de empresas públicas. El segundo punto se refiere al transporte marítimo de pasajeros que, sobre todo en el Mediterráneo, nos parece que tiene una importancia estratégica como factor de desarrollo económico, social y regional. 
Es importante fomentar el desarrollo de las infraestructuras portuarias en el Mediterráneo, incluso en los terceros países. 
Pasando ahora a la navegación por satélite, en mi calidad de portavoz de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, quisiera añadir algunas consideraciones acerca del excelente informe de la Sra. Langenhagen. 
Creo que es evidente que Europa tiene a su alcance un proyecto estratégico de gran envergadura que no es muy difícil desarrollar tecnológicamente y que tampoco y ante todo es desproporcionado a los medios y a las ambiciones europeas. 
En definitiva, podemos conseguirlo. 
Este proyecto sería también representativo de la tecnología al servicio de la seguridad y de la eficacia y podría aumentar la visibilidad de la cooperación europea ante los ciudadanos. 
Ya es hora de intensificar el ritmo de las decisiones y de las inversiones en beneficio de un sistema europeo de navegación por satélite. 
Creo que la Comisión de Investigación ya ha realizado su trabajo en el Quinto programa marco. Ahora es preciso que el señor Comisario Kinnock proponga un sistema de financiación de las infraestructuras. 
En cuanto a las negociaciones internacionales, me parece evidente que para los Estados Unidos sigue subsistiendo el doble valor- civil y militar- del sistema GPS. 
Puedo incluso llegar a la paradoja de decir que es de interés para los Estados Unidos, así como para Europa, que Europa adopte una iniciativa propia con vistas a una nueva constelación de satélites de ámbito regional y global. 
Naturalmente queremos la interoperatividad con el sistema americano, esto es algo evidente. Apoyamos asimismo la cooperación con Japón y también con los países emergentes del sector espacial como China e India. 
Sería asimismo interesante continuar la cooperación con Rusia, aunque existe un riesgo respecto a la fiabilidad de su sistema. 
Finalmente, un último apunte respecto a la necesidad de crear una Agencia de certificación europea de los protocolos de datos por satélite. 
Creo que también esto ha de tenerse debidamente en cuenta. 
Señor Presidente, la semana pasada oí en la radio la historia de un empresario del sector de transportes que había mandado, como prueba, un contenedor en tren desde el sur de los Países Bajos hacia Cádiz y que, después de cinco días y medio, recibió la noticia de que su envío había llegado a España. 
Tuve que pensar en eso cuando hojeé de nuevo en el Libro Verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas reparando en la segunda línea. La competitividad de Europa en la economía mundial depende cada vez más de un sistema de transportes eficiente y rentable. 
Los expedientes que tenemos entre manos ahora en nuestra Comisión, deben ser considerados más de lo que se ha hecho hasta ahora, con ese trasfondo. 
Hay mucha competencia entre los puertos. Con el Libro Verde se marca una línea, quisiera decir a buenas horas, para una cierta organización que esté acorde con las reglas que también se aplican en muchos otros sectores. 
Esto es todavía más acuciante en los complejos portuarios que se han desarrollado más y más, hasta regiones donde confluyen muchas formas de transporte, de industria, de comercio y de otras formas de servicio a menudo de alta calidad. 
A mi pesar no tengo aquí y ahora la posibilidad de volver a abordar detalladamente los aspectos más importantes del Libro Verde. 
Felicito a la Comisión por haberse esforzado en ser exhaustivos y a nuestro colega Jarzembowski por el resultado de su diligente trabajo. 
Me gustaría decir algo más al respecto. El Libro Verde data de finales de 1997. 
Desde entonces ya hemos cambiado dos veces de año, también se puede ver así, colega Jarzembowski. Usted optó por un punto de vista un poco distinto, pero entretanto ya hemos cambiado dos veces de año. 
Aunque no dudo de que la Comisión adoptará encantada el informe del colega Jarzembowski y luego de este Parlamento, hemos de partir de la idea de que, dado el paso del tiempo, la Comisión habrá continuado las labores oportunas. El primer paso, pero al mismo tiempo decisivo es entonces el de obtener la información necesaria. 
Una información fiable y una información contrastable. 
¿Podría indicar el Comisario esta noche qué progresos ha habido ya con respecto a ese punto, pues tengo entendido que han salido de aquí unos cuestionarios exhaustivos? 
Por último, Presidente, se han presentado unas enmiendas por parte de diferentes grupos parlamentarios. El hecho de que no sean tantas, es una prueba más de lo que ya sabíamos desde el debate en la Comisión, es decir, que hay mucho apoyo a lo que fue hecho por nuestro colega Jarzembowski. 
Por consiguiente, no tenemos ninguna necesidad de apoyar las nuevas enmiendas presentadas. 
Sí me queda una pregunta por hacer al Comisario con motivo de la enmienda 8 del colega Lagendijk. 
¿Podría estudiar el Comisario qué posibilidades hay para fomentar la colaboración real entre los puertos, respetando el principio de la subsidiariedad? Porque estoy convencido de que eso vendría bien a la competitividad de la economía de Europa en el mundo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los otros dos ponentes de este debate conjunto, el Sr. Jarzembowski y la Sra. Langenhagen. 
Es tan evidente que el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte es un factor decisivo para lograr el crecimiento económico, los objetivos de cohesión socioeconómica y la competitividad de la economía europea, que no hace falta insistir más en ello. 
Pero no es menos evidente que, para construir dichas infraestructuras, se necesitan cuantiosas inversiones, y que en unos momentos de restricciones presupuestarias como los actuales los Estados miembros no podrán financiarlas, por lo que se hace imprescindible la financiación privada. 
Por ello, las asociaciones entre los sectores público y privado propuestas por la Comisión pueden ser un valioso instrumento para lograr la financiación necesaria para la ejecución y puesta en servicio de las redes transeuropeas de transporte. 
Y esto será posible siempre y cuando se ofrezca a los posibles inversores y empresas constructoras, así como a los prestadores de servicios de transporte y a la industria de bienes de capital, un marco estable para sus transacciones financieras. La estabilidad dependerá lógicamente también de que los Gobiernos de los países socios asuman su responsabilidad, creando un marco político y legal claro que permita a los inversores reconocer los riesgos políticos y administrativos de los proyectos y, por otro lado, se respeten las disposiciones de la Unión Europea relativas a la competencia, el medio ambiente y la contratación pública. 
Hasta ahora, y a pesar de que existe una buena voluntad general, parece que los diversos agentes implicados no logran hacer arrancar a buen ritmo la incorporación de los capitales privados a la producción de infraestructuras de transporte. 
Ello requiere un mayor esfuerzo por parte de todas las instituciones financieras europeas, tanto públicas como privadas, y de los distintos agentes económicos y sociales, si se quieren superar las dificultades existentes para poder reunir los recursos necesarios que hagan posible crear la red de infraestructuras de transporte. 
Esa red es imprescindible para lograr los objetivos que la Unión Europea tiene marcados, entre ellos, el conseguir una red transeuropea de infraestructuras que ayuden a culminar con éxito el proceso de ampliación de la Unión Europea, así como la apertura del transporte paneuropeo a los Estados del este europeo y hacia la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, comencemos con la constatación de que los tres informes que estamos debatiendo esta noche tienen poco que ver entre ellos, pero que está siendo sin embargo un debate interesante porque podemos constatar que en Europa estamos desarrollando una visión un poco más amplia sobre las redes y cómo funcionan estas en realidad. 
En estas redes, los puertos marítimos son por supuesto los puntos nodales más importantes. 
No son solamente los puntos neurálgicos más importantes sino por definición también los puntos donde tiene lugar el transporte intermodal. 
Compartimos la opinión de la Comisión de que el «short sea shipping» ha de ser fomentado. 
Quisiera pedir enérgicamente a la Comisión, 
Señor Comisario, podría responder, por favor, a esta pregunta específica: si no se permiten las subvenciones para infraestructura, porque no pertenecen al sector público, no existiría otra posibilidad, ya que las instalaciones intermodales sí tienen derecho a recibir subvenciones. 
Por eso, siempre se puede dar la vuelta al argumento y decir que no se trata de una infraestructura para uso privado, sino que es intermodal. 
Señor Presidente, vuelvo a mi propio idioma y he de señalar claramente que deberíamos desprendernos realmente de las subvenciones y que deberíamos acercarnos cada vez más a un funcionamiento de mercado normal. 
Por consiguiente, una idea como la que acaba de presentar mi colega Castricum, es decir que los puertos deben cooperar entre ellos, es una gran tontería. 
Los puertos a fin de cuentas son empresas y entonces no se puede decir: hay ese tipo de transporte en un puerto y hay ese otro tipo de transporte en otro. 
Los puertos como tales compiten entre ellos, y debemos dejar al mercado que haga su trabajo. 
La colaboración de socialistas y liberales, que ya lleva tiempo siendo un hecho en mi país, quizá pueda convencer también de esa idea al Sr. Castricum. 
Señor Presidente, Señorías, podemos felicitarnos de que por fin se lance en la Unión Europea un debate, un reflexión, sobre la situación de los puertos marítimos. 
Por lo demás, el Libro Verde de la Comisión era muy esperado por los profesionales del sector. 
Fundaban en él esperanzas legítimas en cuanto a las perspectivas de desarrollo que podría engendrar. 
Sin embargo, las respuestas a esas esperanzas, tal como aparecen descritas en el documento de la Comisión, distan de estar a la altura de las esperanzas que habían suscitado. 
No podemos por menos de hacer constar que este documento no corresponde a los objetivos inicialmente fijados. 
No podemos por menos de lamentar, en particular, la visión parcial del papel y del lugar que la Comisión reconoce a los puertos marítimos. 
En efecto, los puertos no desempeñan, en mi opinión, tan sólo un papel comercial, son también instrumentos de desarrollo del empleo y de ordenación del territorio. 
Por esa razón, deben poder seguir beneficiándose en cierta medida del apoyo de los poderes públicos. 
Pensábamos que el ponente indicaría las debilidades y lagunas de las propuestas de la Comisión y que, en su examen en comisión, podríamos mejorar útilmente el Libro Verde en algunos aspectos. 
Por nuestra parte, habíamos hecho varias propuestas encaminadas a propiciar un nuevo dinamismo para los puertos europeos. 
Ahora bien, no se ha incluido ninguna de nuestras propuestas ni en el texto de la Comisión ni en el informe del Sr. Jarzembowski. 
Por eso- y lamento tener que decirlo y espero que mi colega Jarzembowski tenga a bien disculparme -, el informe que se nos presenta no nos satisface más que el texto de la Comisión. 
Esos dos documentos se atienen a una visión demasiado restrictiva de los puertos marítimos. 
Cierto es que éstos tienen una orientación comercial, pero tienen también- insisto- un papel fundamental en materia de ordenación del territorio y repercusiones indudables en el empleo. 
Se puede lamentar la ausencia de referencias a las necesarias obligaciones de servicio público asignadas a las autoridades portuarias. 
Señor Presidente, el Libro Verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas remite a imperativos importantes, ya que afecta al 90 % de los intercambios de la Unión Europea con terceros países, al 30 % de los intercambios intracomunitarios y a 200 millones de pasajeros al año. 
Ese sector desempeña un papel importante para el empleo, el desarrollo económico y la ordenación del territorio; así, pues, no se puede considerarlo sólo en el nivel comercial. 
Aprobamos que el informe del Sr. Jarzembowski rechace la idea de adoptar las directivas sobre los gastos de infraestructura y sobre los cánones portuarios y considere que en la fase actual una legislación comunitaria relativa a la estructura organizativa y al acceso al mercado de los servicios portuarios no es necesaria, habida cuenta de la diversidad de las situaciones. Por lo demás, esa posición coincide con la del Consejo. 
Si bien apreciamos también algunos avances logrados en comisión, no podemos por menos de hacer constar que el informe, a imagen de las propuestas de la Comisión, sigue siendo demasiado dependiente de una lógica exclusiva de mercado, que mueve a la Comisión a proponer, como en otros sectores, un proceso de liberalización de los puertos y, por esa razón, encaminada a limitar las ayudas financieras. 
Se infravaloran en gran medida las misiones de servicio público que desempeñan esas estructuras y que se deben tener más en cuenta. 
Ése es el sentido de las enmiendas de nuestro Grupo encaminadas a afirmar el carácter de servicio de interés general de las actividades portuarias y que, en consecuencia, rechazan la prohibición de las ayudas necesarias para la realización de dichas misiones. 
En efecto, esas decisiones deben seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Quisiera añadir que sería útil, en cambio, elaborar un marco comunitario desde el punto de vista de las aptitudes profesionales, respecto de las misiones de seguridad, para luchar eficazmente contra las distorsiones de la competencia y favorecer una armonización social por arriba. 
Así, pues, pese a ciertos avances, este informe, tal como se nos lo presenta, no está, en nuestra opinión, en condiciones de atender las necesidades de desarrollo de ese sector. 
Señor Presidente, con referencia al informe del Sr. Jarzembowski, quiero manifestar que el Grupo de los Verdes agradece que en el mismo se hayan incluido consideraciones acerca de los problemas medioambientales, en particular en los considerandos J y K que resaltan la importancia de la evaluación estratégica y de las normas de seguridad medioambientales. 
Quiero añadir que, como Verdes, estimamos que la correcta utilización de las vías marítimas y fluviales supone un correcto desarrollo de un sistema sostenible de transporte. Sin embargo, precisamente por esta razón, consideramos asimismo muy importante que algunos aspectos que, en cierto modo, fueron compartidos por la Comisión, figuren sólo en los considerandos y no en las propuestas y, por lo tanto, en el articulado. 
Por esto, como Verdes, hemos presentado una enmienda que reitera de forma más vinculante la necesidad de una evaluación estratégica y medioambiental. 
En lo que respecta a la realización de nuevas estructuras portuarias, estimamos que ha de tenerse en cuenta la capacidad que puede apoyar la estructura portuaria ya existente y, sobre todo, que ha de tenerse en cuenta la cooperación entre los sistemas portuarios. 
A pesar de que sé que daré un disgusto al Sr. Wijsenbeek que ya ha definido esta teoría como una estupidez, la repito. 
Señor Presidente, los puertos marítimos europeos constituyen una fuente de desacuerdos entre los diferentes Estados miembros. 
Si no es por la cuestión de cuál se puede llamar el más grande, es por la cuestión de si el funcionamiento financiero de los puertos europeos que compiten fuertemente entre sí, se ajusta a las normas. 
Las grandes diferencias de estructura entre los puertos son la causa de ello. 
Quiero señalar que los puertos surgieron en una cultura específica que les caracteriza también. 
Por eso, una regulación controlable debe hacer justicia a esta diversidad. 
Sin embargo, no está bien que los puertos dentro de Europa reciban un trato desigual. 
Para rectificar esta discrepancia, se requiere en primera instancia una profunda investigación de la estructura financiera de los puertos europeos. Además de esta investigación, es preciso redactar directrices mediante las cuales se puedan corregir eventualmente las ayudas indebidas. 
Estas directrices deben ser ante todo claras y sencillas. 
De ahí que haya presentado respecto a este punto dos enmiendas que tienen que hacer posible la consideración sobre la clasificación de los flujos financieros basándose en criterios claros y sencillos. 
Aparte de la cuestión de si los puertos reciben ayudas públicas de forma legal o no, se impone la necesidad de delimitar la tensa ambigüedad entre la ayuda pública y una relación competitiva justa. No puede ser que la posición que los puertos han ido alcanzando a base de grandes inversiones en muchos decenios, se aniquile por un flujo excesivo de subvenciones hacia puertos competidores. 
Debemos velar muchísimo por ello. 
No obstante, es de desear que se tomen medidas que puedan significar un estímulo para la navegación costera. 
Este Parlamento ha expresado ya muchas veces que el transporte debería realizarse en mayor medida de la forma menos nociva para el medio ambiente. 
En este marco abogo por la posibilidad de hacer una inversión adicional en los puertos para fomentar así un desplazamiento del «modal split» en esa dirección. 
Señor Presidente, Señorías, voy a referirme al informe Danesin sobre las redes transeuropeas de transporte. 
Es evidente, señor Presidente, que el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte es un elemento esencial del proceso de unificación europea. De hecho, la movilidad- especialmente dentro del ámbito del mercado único- es, en mi opinión, fundamental tanto económica como culturalmente para fomentar los intercambios, la competitividad, la comunicación y el desarrollo social integral. 
Sin embargo, tal como se ha puesto de manifiesto en el informe, se trata de obras que precisan cuantiosos recursos financieros y un gran esfuerzo económico y es cada vez más evidente la dificultad que tienen los Estados miembros en estos momentos para apoyar con fondos públicos estas actuaciones. 
El informe que nos ocupa propone, por lo tanto, impulsar las asociaciones entre los sectores público y privado para realizar las redes transeuropeas de transporte. 
Compartimos este planteamiento, así como las preocupaciones del ponente, Sr. Danesin, respecto a la necesidad de garantizar, por un lado, la rentabilidad a las empresas privadas- evidentemente, si no hay rentabilidad, no hay inversión privada- y, por otro, la utilidad social de las obras que se van a ejecutar. 
De ahí, la necesidad de establecer un reparto del riesgo empresarial teniendo en cuenta tanto los criterios comerciales como los criterios sociales y medioambientales, en el marco de una estrategia global para la movilidad dentro de la Comunidad. 
En consecuencia, estamos de acuerdo con las propuestas finales del informe. 
Y termino confiando en que la Comisión no se limite a proponer tan sólo formas de crédito a largo plazo, sino que se comprometa a tomar medidas que prevean formas de intervención más profundas, al objeto de atraer realmente la inversión privada. 
Señor Presidente, señor Comisario, la realización de una red de posicionamiento y de navegación es un aspecto muy importante de la estrategia de cohesión de la Unión Europea. 
Hemos emprendido este trabajo con cierto retraso, sin embargo, somos conscientes de que tenemos la posibilidad de desarrollar una potencialidad muy importante no sólo para la navegación, sino también para la seguridad, así como de poder ofrecer excelentes oportunidades en el ámbito de la gestión del tráfico urbano y extraurbano. 
Se trata de trabajar con gran ahínco y de convertir esta red en interoperativa valiéndonos del sistema de transporte inteligente que se está desarrollando de forma muy puntual a escala comunitaria y que ha ofrecido algunas respuestas significativas a las áreas urbanas más importantes de la Unión Europea: pienso en las experiencias de Turín, Hamburgo y Londres en materia de sistemas de transporte inteligentes. Por lo tanto, la red de navegación pretende ser una respuesta y la cooperación entre la Administración Europea del Espacio, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Organización Marítima Internacional y la Organización de la Aviación Civil Internacional demuestra el valor de esta elección. 
Creo, sin embargo, que deberíamos considerar esta elección no solo como expresión de la voluntad de la Comisión, sino también de la voluntad de las Instituciones comunitarias, ya que es necesario un esfuerzo muy importante tanto en lo que se refiere a recursos públicos como privados. 
Deseo resaltar en este Pleno que en Italia, por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros ha creado un grupo específico ad hoc para los asuntos relacionados con el sistema de navegación por satélite y ha atribuido gran importancia a este sector. 
Pienso asimismo en la capacidad de difusión del sistema de posicionamiento y de navegación que no solo supondrá inversiones en el ámbito del posicionamiento, sino también inversiones y capacidades de experimentación que fomentarán el papel de las pequeñas y medianas empresas, de los proveedores y de todas aquellas estructuras de difusión del sistema tecnológico avanzado que pueden ofrecer una respuesta significativa. 
Por ultimo quiero emitir dos juicios acerca del Libro Verde sobre los puertos. 
En este ámbito, la competencia nos es necesaria y precisamos conocer los datos, aunque debemos tener en cuenta que las inversiones en los sectores estratégicos- medio ambiente, transportes combinados- son muy importantes. 
Obviamente, no hay que confundir la inversión con la subvención, como ha dicho justamente el Sr. Van Dam, sino que hay que tener en cuenta que las ayudas procedentes de los Fondos estructurales son fundamentales para la cohesión económica europea. 
Desde este punto de vista, las ayudas procedentes de los Fondos estructurales no pueden ser consideradas competencia desleal. 
Señor Presidente, es para mí un gran placer mostrar mi satisfacción por los tres informes y el alto nivel de apoyo que dichos informes han alcanzado por parte de todos los grupos políticos en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Quisiera centrarme en el informe Danesin, que tan elocuentemente ha sido presentado esta noche por mi colega Sr. Sisó Cruellas, y en la comunicación de la Comisión sobre las asociaciones entre los sectores público y privado en los proyectos de la red transeuropea de transporte. 
Las redes transeuropeas desempeñan un papel crucial en la culminación y el funcionamiento del mercado único y facilitan a las empresas europeas un acceso más rápido al mercado para sus mercancías y servicios. 
Esta noche quisiera apoyar sin reservas y alentar las asociaciones entre los sectores público y privado en este ámbito. 
A través de usted, señor Presidente, deseo pedir al Comisario esta noche que analice detenidamente el modelo del Reino Unido y, en particular, que aprenda de los planes de iniciativa para la financiación privada que existen en el Reino Unido. 
A pesar de que estoy segura de que reconocerá que esta iniciativa fue creación del último Gobierno Conservador, ha tenido tanto éxito que ha sido acogida de muy buen grado por el nuevo Gobierno Laborista. 
Creo, en particular, que podríamos aprovechar esta oportunidad que esta noche se le presenta a la Asamblea para establecer las condiciones en las que puedan florecer las asociaciones entre los sectores público y privado. 
Debemos garantizar que se dan las condiciones de seguridad legal o, dicho con más propiedad, de certeza legal. El sector público necesita saber que el marco jurídico para las asociaciones entre los sectores público y privado puede florecer con la inversión privada en los proyectos de la red transeuropea de transporte; que dichas inversiones estarán seguras y no necesitarán en un futuro que el sector público o los gobiernos intervengan para sacar de apuros la financiación de la inversión privada o el funcionamiento del proyecto. 
En mi opinión, la Unión Europea en particular puede beneficiarse de la experiencia del Reino Unido a la que me refería antes, donde hemos acumulado unos conocimientos prácticos muy reales y concretos tanto en la construcción de carreteras, como en la construcción de nuevos colegios. 
De forma similar, a través del informe Danesin y la comunicación de la Comisión, debemos buscar la claridad en la aplicación de las normas de competencia para evitar cualquier posible distorsión de la competencia dentro y entre los Estados miembros. 
Asimismo debe existir una mayor transparencia y claridad en la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de los contratos públicos. 
También sería enormemente beneficioso que existiera mayor acceso a la financiación a largo plazo y la disponibilidad de capital de riesgo. 
Creo firmemente que el informe Danesin supondrá un paso grande y positivo en el camino que arranca de la comunicación de la Comisión para crear dichas asociaciones entre los sectores público y privado. 
Estoy encantada de que tres grandes planes del Reino Unido se beneficien como proyectos prioritarios: el plan de carreteras Irlanda-Reino Unido-Benelux, que incluye el acceso a los puertos de la costa este, la conexión por ferrocarril a través del túnel del Canal de la Mancha y las mejoras de la principal línea ferroviaria de la costa oeste. 
Me gustaría pedir que el plan de carreteras A120 en el norte de Essex también se incluya lo antes posible. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes y referirme al informe Danesin y a la financiación a través de asociaciones entre los sectores público y privado. 
Las nuevas redes transeuropeas, como ya se ha dicho en esta Asamblea, favorecen una mayor movilidad y facilitan el acceso al mercado a las personas que desean exportar sus mercancías y servicios. 
Existe una consecuencia adicional que guarda relación con el debate que celebramos hace algún tiempo sobre la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, y es la cuestión del empleo. 
Estos proyectos de infraestructura son de tal magnitud que necesitan enormes cantidades de mano de obra, lo que impulsará a muchas economías. 
Debido a la reforma del sistema financiero de la UE y a las reducciones de los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión para ciertos países, de conformidad con el paquete de reformas de la Agenda 2000, es fundamental que encontremos nuevas vías de financiación de estos proyectos tan necesarios. 
Por ello estoy totalmente de acuerdo con el establecimiento del acuerdo sobre asociaciones entre los sectores público y privado para garantizar que los fondos y los ingresos adicionales que genera el mercado único en la Unión Europea repercutan sobre la Unión Europea, en vez de permitir que los fondos que se invierten en fondos de pensiones, etcétera, sean invertidos en países fuera de la Unión Europea, lo que significa que la Unión en su conjunto pierde el valor de todo ese dinero. 
El Comisario Sr. Kinnock, a quien felicito por su iniciativa sobre esta cuestión, ha elaborado un informe sobre la misma y ha descubierto que la iniciativa puede proporcionar resultados positivos. 
Eso no quiere decir que no necesitemos medidas de salvaguarda para garantizar que no se producen casos de explotación y para mantener la certeza legal, a la que se refería mi colega la Sra. McIntosh. 
Esta medida debe alentar asimismo a gobiernos como el irlandés, a ser innovador en su manera de afrontar el futuro. 
No debe tener miedo al reto que supone la reducción de la futura financiación europea, y debería aprovechar la oportunidad para alentar a las empresas irlandesas y a las instituciones financieras irlandesas a participar. 
Por último, permítame decir que si queremos garantizar el éxito de estas medidas, deberá partirse de una base tripartita en la que exista participación nacional, local y europea. 
Y lo más importante, ahora podemos contar con la financiación privada para que dé el impulso adicional necesario y reactive la economía. 
Señor Presidente, en el tiempo del que dispongo, quiero referirme a las redes transeuropeas de transportes. 
Quiero que se escuche una voz de protesta en nombre de los trabajadores. 
Seis años después de la redacción del Libro Blanco del Sr. Delors, las redes transeuropeas de transportes, que se proyectaron como la coartada del aumento del empleo frente a la plena desestructuración de las relaciones laborales y frente al fomento de las formas flexibles de empleo, siguen sin progresar por la carencia de recursos para financiarlas. 
Ahora, la Comisión abandona los últimos pretextos. 
Como sabe que en el marco de la política financiera restrictiva a causa de la UEM no hay ninguna perspectiva de financiación comunitaria o estatal de las redes transeuropeas de transporte, avanza en la política que ya conoce sobradamente. 
Está entregando también de forma ingeniosa estas importantes infraestructuras al capital privado especulativo, fomentando además toda clase de seguridad jurídica de que el capital y los beneficios correspondientes están completamente garantizados. 
Esta política, señor Presidente, es contraria a los pueblos y a sus intereses, fomenta una acumulación de beneficios privados a costa del servicio público y constituye un abandono pleno de cualquier perspectiva de que las redes transeuropeas contribuyan al desarrollo del empleo. 
Entendámoslo de una vez: el mercado no puede dar soluciones ni a los problemas sociales, ni a los del desarrollo de las infraestructuras y del servicio público. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el mero hecho de tratar de hallar una posición común con relación a los puertos de Europa demuestra valor. 
Exige un comisario valiente que lance un Libro Verde- no para los legisladores, sino para los capitanes y las autoridades portuarias. 
Y éstos, inmediatamente, empiezan a compararse y competir entre sí. 
Sin embargo, estimados colegas, el desafío real no son los puertos vecinos, sino las carreteras. 
La señal que el Parlamento debe lanzar esta tarde es que modernizando, facilitando posibilidades a los puertos y estando de acuerdo, podemos cambiar las costumbres en materia de transporte. 
Vuelvan a sus países y cuenten en sus puertos que la competencia no son los puertos vecinos, sino las carreteras, y tratemos de seguir avanzando por este camino. 
Soy consciente de las grandes diferencias que hay entre los puertos en cuanto a su cofinanciación pública y costes portuarios; sin embargo, debemos recordar que no sólo modificamos las costumbres en materia de transporte a través de las fuerzas del mercado. 
De vez en cuando, también debemos de tratar de conseguirlo mediante decisiones políticas. 
Si se me permite decirle algo al compañero Wijsenbeek, por quien por supuesto siento gran aprecio, le diré que su intervención de esta tarde indica que no sabe mucho de puertos y barcos. En consecuencia, señor Wijsenbeek, cíñase a las carreteras, que otros ya nos ocupamos de los puertos. 
También espero que se me permita manifestar mi apoyo sin reservas al proyecto sobre el desarrollo de una estrategia de un sistema mundial de navegación. 
Es sumamente importante que nos unamos a este camino, que la Comisión, el Consejo, el Parlamento, etc. ayuden a crear un perfil europeo en este campo. 
El gran reto al que se enfrenta la Unión Europea en estos momentos consiste en conseguir que su industria realice el servicio EGNOS, ya que con ello se habría alcanzado la meta de disponer de un componente específicamente europeo en el conjunto del sistema mundial de navegación por satélite de primera generación para el año 2003, o sea, algo así como repetir la hazaña que la Unión ya ha consumado con el GSM, con la segunda generación de comunicaciones móviles, o intenta consumar con la tercera generación de esas mismas comunicaciones. 
Sí, ya sé que esa primera generación por satélite ha de apoyarse simultáneamente en los sistemas militares dominantes, tanto el GPS americano como el GLONASS ruso, pero, indudablemente, ese primer paso ha de servir de trampolín para la etapa siguiente, el GNSS2 para el año 2008, exclusivamente europeo, sin dependencia americana ni rusa. 
Aquí hay una gran labor de espera en la carrera para lograr ese objetivo del Quinto Programa Marco de investigación. 
Y para terminar, señor Presidente, quiero insistir en dos recomendaciones: el foro de expertos que se constituya a tales efectos, que, por supuesto, va a contar con la Agencia Espacial Europea, por ningún concepto debiera marginar a Eurocontrol, y si por fin se arbitra que en la correspondiente financiación intervengan los Fondos estructurales, que ello sea sin salirse un ápice de sus correspondientes reglamentos. 
Esto es lo que tengo tiempo de decir respecto a este magnífico informe de la Sra. Langenhagen. 
Señor Presidente, resulta demasiado evidente el patinazo en la materialización de las redes transeuropeas de transportes, ya vislumbrado en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo en 1993. 
La camisa de fuerza del Pacto de Estabilidad y Empleo ha obligado a los Estados miembros a reducir sus presupuestos y planes de inversión en grandes obras públicas de transporte. 
Pero, por otro lado, esos mismos Estados miembros, conscientes del efecto multiplicador de ese tipo de inversiones en el crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo, así como en la cohesión interna de la Unión, nunca han abandonado la voluntad de avanzar. 
¿Cómo salir entonces de este atolladero? 
Recurrir a las asociaciones entre los sectores privado y público o nacionales y regionales puede ser una solución, pero no lo resolverá todo, porque no siempre es fácil compatibilizar los objetivos de rentabilidad financiera y ponderación de riesgos que orientan la inversión privada con la visión de los equilibrios macroeconómicos, sociales y ambientales que deben presidir las entidades públicas. 
Es verdad que se pueden obtener más sinergias transponiendo a las PPP, desde la fase inicial de concepción de los proyectos, la experiencia técnica, comercial, financiera y de gestión de la iniciativa privada. 
Es verdad que podría haber una mayor coordinación entre los instrumentos comunitarios de intervención financiera: Fondo de Cohesión, Fondos estructurales, FEI, BEI e incluso posibles nuevos instrumentos como los empréstitos estructuralmente subordinados o los llamados fondos «Mezzanino». 
Pero, ¡cuidado! 
No se coloque demasiado alto el listón de la esperanza en una solución mágica de esas asociaciones, porque hay muchos proyectos, sobre todo en las zonas menos densificadas y periféricas de la Unión, que no despertarán su codicia, porque no son pura y simplemente rentables. 
No se trata sólo de modificar el marco jurídico de los contratos públicos o de la competencia para favorecer esas asociaciones. 
Eso no basta. 
Sin una voluntad política fuerte por parte de la Unión los 14 proyectos prioritarios formulados en Essen no pasarán del papel. 
En 1995 costaban casi 99.000 millones de ecus. 
Entre esa fecha y 1999 el presupuesto comunitario ha consagrado la escasa suma de 1.800 millones de ecus, es decir, menos del 2 %, que es como decir nada. La Agenda 2000 no asigna sino cinco millones de ecus, lo que suma otra gran nada. 
Y nada más nada seguirá dando nada. Hasta que se introduzca un algoritmo político que concrete algo. 
Presidente, me agrada la insistencia del Libro Verde en la competencia leal entre los puertos y en el funcionamiento del mercado. 
La primera es un asunto muy complejo. 
Cada país tiene sus propias subvenciones. 
Una mayor transparencia me parece la prioridad número uno. 
Segunda observación, no sólo la ayuda estatal sino también las diferencias en la regulación y el respeto de la misma en el ámbito del medio ambiente, de la seguridad y del empleo, pueden llevar a una distorsión de la competencia. 
Tercera, ¿cómo piensa encontrar la Comisión un equilibrio entre el objetivo del desarrollo regional y la tarea de luchar contra las distorsiones de la competencia? 
Cuarta, quiero poner una nota crítica en algunos pasajes del Libro Verde sobre las intervenciones financieras para aumentar la eficiencia de los puertos. 
Quiero avisar contra un nuevo intervencionismo a nivel europeo. 
Confío en que el funcionamiento del mercado nos lleva a puertos más eficientes. 
Cinco, con vistas a la competitividad de Europa, unas buenas conexiones con el hinterland son importantes. 
Las «public private partnerships» parecen ser un buen instrumento para movilizar el imprescindible capital privado. 
¿Examinará la Comisión al respecto las vías fluviales y los ferrocarriles? 
Le agradezco al Comisario su postura positiva sobre la conexión entre el Escalda y el Sena. 
Le quiero preguntar, también en nombre de mi colega Tindemans, si quiere investigar si la Comisión puede desempeñar un papel estimulante en el renacimiento del Ferrocarril del Rin. 
Sin duda es la conexión más corta por ferrocarril entre Amberes y la región alemana del Ruhr, pero la particularidad de esta línea es que pasa por tres países y que los supuestos intereses nacionales de los tres países no son iguales. 
De ahí nuestra pregunta. 
Señor Presidente, difiriendo con mi colega Wijsenbeek, me parecería bien que se examinaran las ventajas y las desventajas de una cooperación entre los puertos, tomando en cuenta las tendencias que se producen en el mundo. Me refiero a la colaboración en el sector aéreo. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame felicitar a Jarzembowski por su excelente informe sobre los puertos europeos. 
Hay muchas cosas importantes en relación con los puertos marítimos, sin olvidar la magnífica ventaja que representa que desde ellos se puede llegar a casi todo el mundo de una manera relativamente fácil. 
Por eso se transporta también gran cantidad de mercancías por vía marítima. 
En cifras, por los puertos de la UE pasa el 90 por ciento del comercio de la comunidad con terceros países y el 30 por ciento de los transportes dentro de la Unión. 
Asimismo, se transportan más de 200 millones de pasajeros por año. 
También los transportes marítimos tienen las condiciones para adecuarse al medio ambiente más fácilmente y de mejor manera que otros transportes. 
Durante el trabajo de la comisión se ha hecho hincapié en que es importante que se tomen en consideración, en los diferentes programas de investigación y desarrollo existentes en el sector de infraestructuras, los efectos medioambientales a largo plazo. 
Pero a pesar de todas esas ventajas, en los debates comunitarios se han dejado al margen los asuntos referentes a los puertos y a las infraestructuras marítimas. 
Una clara señal de esto es que no ha sido en el seno de este sector de los transportes donde se ha empezado a discutir la red transeuropea. 
Pero como consecuencia del aumento del comercio y de que cada vez se abren más países y mercados, incluso en los países de la antigua Europa del Este, el sector del transporte marítimo se caracteriza por un considerable crecimiento y un grado cada vez más alto de globalización. 
Todo esto está estupendamente bien, pero también se trata de estimular al sector y darle posibilidades de continuar desarrollándose. 
En ese caso se necesita también, en gran medida, que contemos con el mismo tipo de reglas en los diferentes países, que suprimamos las medidas que afectan a la competencia y que aumentemos la eficiencia de los puertos. 
En general, así podremos hacer más fuerte a la UE, incluso ante el resto del mundo. 
Para hacer esto posible, es una gran ventaja si se integran los puertos de la Unión a la red transeuropea. 
Sólo así tendremos realmente el control de todo el sector de los transportes. 
Entonces vamos a ver más la totalidad en lugar de analizar cada clase de transporte aisladamente, como hacemos hoy. 
Es, desde muchos puntos de vista, una gran ventaja. 
También es importante, como escribe la comisión, que la Comisión no tarde en presentar recomendaciones acerca de cómo se hará la financiación pública de las infraestructuras portuarias en el futuro. 
Hay muchas partes en el informe de la comisión que considero muy importantes, en concreto, que las redes de transporte y las reglas no sólo serán válidas para los actuales países miembros. 
Es importante que tan pronto como sea posible se apliquen también a países cercanos a la UE y, especialmente, a los países de la antigua Europa del este aspirantes a la adhesión. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría felicitar a la señora ponente, Sra. Langenhagen, por su estupendo informe, que puede tener gran trascendencia de cara a la creación de una estrategia europea dentro del GNSS. 
Me alegra poder señalar que la Comisión y el Consejo han conseguido ponerse de acuerdo en una estrategia. La estrategia mantiene la línea establecida por el Parlamento en anteriores decisiones sobre navegación aérea europea tomadas sobre la base que proporcionaron los informes de los que hemos sido ponentes el antiguo diputado al Parlamento Europeo, Sr. Toksvig, y yo mismo durante este último período electoral. 
El desarrollo de sistemas cada vez más precisos y las posibilidades de comunicación que estos comportan supondrán una consolidación y una mejor y más segura utilización del espacio aéreo europeo. 
La economía y seguridad en el sector del transporte por carretera se verá aumentada, y habrá considerables ahorros en la modernización de las instalaciones ferroviarias, por ejemplo, en relación con la reconstrucción que se lleva a cabo en Europa central y oriental. 
Espero que la ESA, Agencia Especial Europea, siga funcionando como brazo tecnológico de la UE en este campo. 
Aunque, en mi opinión, pueda ser necesaria una considerable financiación pública, no cabe duda de que los ahorros en nuevos proyectos de infraestructuras pueden fácilmente sufragar en gran medida el GNSS. 
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a los tres ponentes por sus informes y también a todos los que han contribuido a lo que ha sido un debate mixto y muy interesante esta noche. 
Cabe lamentar que este debate conjunto no nos permita tratar como se merece cada uno de los informes que hemos considerado, por lo que mis respuestas serán bastante más limitadas de lo que me habría gustado en circunstancias diferentes. 
Comenzaré por el recomendable informe del Sr. Danesin relativo a las asociaciones entre los sectores público y privado en los proyectos de la red transeuropea de transporte. 
Quisiera responder al Sr. Sisó Cruellas, que ha tenido a bien sustituir al Sr. Danesin, e informar sobre algunas iniciativas recientes emprendidas por la Comisión. 
En primer lugar, junto con el Banco Europeo de Inversiones, hemos examinado la creación de un fondo intermedio que sirva de catalizador en el desarrollo de las asociaciones entre los sectores público y privado y fomente la participación de los inversores institucionales en la financiación de las redes transeuropeas. 
La Asamblea tendrá conocimiento de que nuestra propuesta para enmendar el reglamento financiero de las RTE prevé el apoyo a la ampliación de la financiación a través de capital de riesgo. 
Si logramos el respaldo del Parlamento y del Consejo a esta iniciativa, esperamos que entre en vigor a partir del año 2000. 
Un acontecimiento que guarda relación y es alentador ha sido la solicitud del Consejo Europeo de Viena al BEI de analizar el modo de desarrollar sus instrumentos para apoyar a las RTE. 
En segundo lugar, entre las iniciativas y tendencias sobre los que me gustaría informar, la Asamblea tendrá conocimiento de nuestra propuesta de incrementar el presupuesto para las RTE hasta los 5.000 millones de ecus en el período comprendido entre 2000 y 2006. 
A pesar de que, evidentemente, este importe seguiría siendo una parte muy pequeña de las necesidades de inversión total prevista, su principal valor es que serviría para impulsar otros fondos, lo cual tiene una evidente importancia para el desarrollo de las asociaciones entre los sectores público y privado. 
En tercer lugar, acogemos con satisfacción el llamamiento que hace el Sr. Danesin en favor de una legislación clara y flexible sobre los contratos públicos. 
Como quizá sepan sus Señorías, la Comisión ya ha presentado una comunicación general sobre contratos públicos, a la que, antes de Semana Santa, seguirá otra que aborda específicamente la aplicación de la legislación sobre contratos públicos a las concesiones. 
En cuarto lugar, me complace poder informar a esta Asamblea sobre las modificaciones de las políticas y los principales acontecimientos que se han producido en relación con los proyectos que se incluyen en el anexo a la comunicación de la Comisión. Por ejemplo, la ampliación de la sección neerlandesa de la línea del tren de alta velocidad PBKL ya ha llegado a la situación en que las autoridades neerlandesas deberán decidir la forma de concesiones que ofrecerán en una asociación entre los sectores público y privado. 
No obstante, debo informar a la Asamblea de que los proyectos enumerados son sencillamente los que han sido identificados hasta ahora como adecuados para la solicitud de un enfoque de asociación entre los sectores público y privado. 
Evidentemente esto no es aplicable a todas las infraestructuras. La mayoría de los proyectos enumerados se encuentran aún en una fase inicial de consideración y, naturalmente, la Comisión ha participado activamente en las negociaciones en curso. 
Acojo con satisfacción la respuesta positiva que este informe da a las asociaciones entre los sectores público y privado y el fuerte eco favorable que dicha opinión ha encontrado en el curso del debate de esta noche. 
Aparte de sus otros méritos, dicho informe pone de relieve el valor de alentar al sector privado a complementar los recursos limitados del sector público y ayudar a mejorar el diseño del proyecto e incrementar su relación gasto-utilidad. 
El Sr. Jarzembowski, como es característico en él, ha redactado un excelente informe relativo al Libro Verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas, que fue publicado hace 13 meses. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el informe apoye la plena integración de los puertos en una red transeuropea multimodal y reconozca asimismo que el Libro Verde es una base valiosa para alcanzar mayor transparencia en las condiciones de competencia entre y en el seno de los puertos de la Unión Europea. 
El ponente y la Comisión también están de acuerdo en que toda normativa sobre los puertos marítimos deberá respetar siempre el principio de subsidiariedad. 
Es evidente que en este orden de cosas, la política portuaria de la Unión Europea nunca podrá centralizarse ni ser demasiado centralizadora. 
Imponer o intentar imponer una denominada uniformidad sobre las actividades, las tarifas, los métodos de funcionamiento o muchos otros aspectos relativos a las operaciones portuarias sería equivocado y contraproducente, y ciertamente no entra entre los objetivos de nuestra política portuaria. 
Como reconoce el informe, queremos una competencia libre y justa. 
Evidentemente, ese objetivo presenta retos especiales para la financiación y tarificación de las importaciones, sencillamente porque las prácticas actuales varían considerablemente entre sí. 
Cada vez es mayor el número de puertos que intenta cubrir sus costes a través de las tarifas, mientras que otros siguen dependiendo de otras formas más tradicionales de financiación. 
Se trata de una divergencia que podría distorsionar considerablemente las condiciones de competencia y también contradecir una competencia más justa que, naturalmente, debe estar basada en la no discriminación entre los usuarios y en una mayor transparencia de las cuentas del puerto. 
Creo, sin embargo, que la opinión expresada en el informe de que la directiva propuesta sobre la tarificación no es el instrumento adecuado para alcanzar estos fines puede deberse a una interpretación equivocada de nuestras auténticas intenciones. 
Por ello acojo con satisfacción esta oportunidad para aclarar este punto y decir sencillamente que no queremos armonizar la tarificación de los puertos. 
Cualquier marco de tarificación que se proponga será flexible y estará basado en determinados principios prácticos generales, al tiempo que las consideraciones comerciales, incluida la actual fijación de tarifas, se dejará en manos de los distintos operadores de los puertos, como debe ser. 
En vez de un marco de tarificación, el informe aboga por directrices sobre las ayudas estatales que se conceden a los puertos. 
A pesar de que estoy de acuerdo en que es necesario aclarar el enfoque actual de los puertos que reciben ayudas estatales, debo decir que las orientaciones sobre las ayudas estatales no corregirían por sí solas todo el asunto relativo a la financiación y la tarificación. 
No pueden, por tanto, convertirse en sustituto de pleno derecho de un régimen de tarificación. 
De hecho, las orientaciones sobre la ayuda estatal y los marcos de tarificación se complementan entre sí y ambos serán necesarios en el futuro. 
Acojo con satisfacción el llamamiento que hace el informe de un inventario de las actuales prácticas de financiación pública y tarificación. 
Me alegra poder informar a la Asamblea y al Sr. Castricum, al Sr. Jarzembowski y a otras Señorías que han hecho referencia al tema, que recientemente hemos enviado un cuestionario exhaustivo a los Estados miembros para que proporcionen información que será una fuente de conocimiento muy útil sobre las prácticas en materia de financiación y tarificación, y constituirá una buena base para la elaboración de propuestas legislativas que se presentarán este mismo año. 
Cuando disponga de toda esa información- espero que antes de que finalice el mes próximo- confío en poder recopilarla de manera que pueda ser presentada al Parlamento, puesto que me consta que muchos diputados están interesados en el tema. 
Observo que el informe del Sr. Jarzembowski no ve ninguna necesidad de considerar la posible introducción de legislación en materia de servicios portuarios. 
No obstante, el creciente número de quejas que hemos recibido en la Comisión, en la DG VII, de usuarios de los puertos, especialmente sobre la provisión de servicios técnicos, demuestra que realmente existe un problema que necesita una respuesta eficaz. 
El argumento que yo presentaría es que toda propuesta de legislación sería complementaria a nuestro examen de casos individuales y sería relativa únicamente a amplios criterios generales de acceso al mercado y los requisitos de formación, al tiempo que se respetan las importantes consideraciones en materia de seguridad y las circunstancias locales. 
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que el acceso al mercado debe basarse en los principios de transparencia, no discriminación y altos niveles de seguridad, al tiempo que se cumplen debidamente las obligaciones de servicio público. 
Creo que el momento es adecuado para una propuesta que contemple dichas disposiciones. 
Espero con interés poder tratar sobre el tema con el Sr. Jarzembowski y sus colegas parlamentarios, muchos de los cuales están aquí presentes en el debate de esta noche. 
Paso a continuación al informe de la Sra. Langenhagen sobre la navegación y los sistemas de posicionamiento. 
Una vez más, agradezco a su Señoría su apoyo, y no es la primera vez. 
Creo firmemente que el enfoque de la Unión respecto al desarrollo del sistema mundial de navegación por satélite es de vital importancia no sólo para el transporte, sino también en términos de empleo, competitividad y de nuestros intereses estratégicos más amplios. 
Debido a que este enfoque recibe un firme apoyo en el informe de la Sra. Langenhagen, me centraré en la labor que la Comisión ha venido desarrollando desde enero del año pasado, a raíz de la publicación de nuestro plan de acción. 
Primero, con el apoyo del foro de expertos del GNSS y representantes del sector, ya estamos en vías de proporcionar recomendaciones sobre el enfoque de la política que la Unión Europea seguirá antes de febrero. 
De hecho, el proyecto de propuesta estará disponible a comienzos del mes próximo. 
Segundo, hemos ampliado nuestros contactos internacionales, especialmente con los Estados Unidos de América y Rusia, y de dichos contactos resulta evidente que los Estados Unidos de América no aceptarán la propiedad y el control conjuntos del núcleo del sistema mundial de posicionamiento, en primer lugar, naturalmente, debido a su continuo papel militar. 
Pero eso no descarta una voluntad real de cooperar con nosotros. 
La Federación Rusa también parece muy interesada en cooperar y también en aceptar nuestras condiciones. 
Sin nuestra asistencia, ciertamente se tardaría mucho tiempo en disponer de un sistema GLONASS plenamente operativo. La aspiración de Rusia es contribuir a un GNSS europeo de tecnología punta que sea desarrollado a partir del GLONASS, y naturalmente somos conscientes de que tiene una asignación de escasas frecuencias, así como una amplia experiencia en el funcionamiento de un sistema mundial de satélites. 
Ante este telón de fondo, los temas financieros son especialmente cruciales. 
Naturalmente, soy plenamente consciente de que Europa podría decidir no disponer de ningún sistema. 
Como ya he dejado claro en muchas ocasiones, eso puede parecer la opción más económica, pero sólo a los que carecen de visión de futuro. 
Estoy absolutamente convencido de que dicha pasividad resultaría enormemente costosa a largo plazo, por lo que supondría en términos de pérdida de oportunidades de mercado y bajo rendimiento en términos de crecimiento europeo y también de empleo. 
Asimismo, como ha señalado la Sra. Langenhagen, podría dejarnos dependientes de un sistema sobre el que Europa no tendría ningún control ni influencia para todas nuestras crecientes necesidades de transporte con navegación por satélite, muchas de las cuales son relativas a la seguridad, por no mencionar las actividades económicas y sociales. 
Por consiguiente, en la Comisión estamos examinando los costes, así como todas las opciones, incluidas las asociaciones entre los sectores público y privado y la participación de otros países en el desarrollo del sistema europeo GNSS. 
Lo que está claro, naturalmente, es que no podemos cobrar por unos servicios que los Estados Unidos de América ofrecen gratis. 
Harán falta, por tanto, fondos públicos si queremos seguir adelante con el sistema. 
Soy consciente de las implicaciones de esta medida, pero debo hacer hincapié en que el GNSS es un componente imprescindible de nuestra red de posicionamiento y navegación. 
Debido a que las señales vía satélite transcienden las fronteras, el sistema es intrínsecamente transeuropeo. Las actuales negociaciones sobre el reglamento financiero de las RTE en el marco de la Agenda 2000 serán cruciales a la hora de determinar el alcance de la contribución del sector público al GNSS con cargo al presupuesto comunitario. 
A pesar de que, naturalmente, buscaremos un mecanismo para una distribución proporcional justa de los costes entre los diferentes grupos de usuarios, la suma del desembolso financiero para las RTE y nuestra propuesta de incrementar, en casos excepcionales, del 10 al 20 % el límite de participación de los proyectos que pueden beneficiarse del presupuesto comunitario, son aspectos fundamentales para la futura asistencia comunitaria al GNSS. 
Por ello animo a la Sra. Langenhagen y a todos los demás diputados a seguir muy de cerca el reglamento financiero de las RTE, y a prestar la misma atención a la negociación más amplia en el marco de la Agenda 2000 sobre la financiación disponible para las políticas internas, con el fin de garantizar la disponibilidad de una financiación adecuada del GNSS. 
En tercer lugar, quisiera pedir a todos que se esfuercen en garantizar que las normas que se aprueben en su momento no limiten excesivamente la parte del crucial proyecto transeuropeo que puede financiarse con cargo al presupuesto de las RTE. Si alguna vez la Comunidad tuvo motivos para comprometerse en el desarrollo de las redes, éstos deben ser impulsar nuestra política relativa a los sistemas mundiales de navegación por satélite. 
Estoy convencido de que ésa es la opinión de la mayoría de esta Asamblea. Espero que la compartan los miembros del Consejo. 
Estoy seguro de que los diputados a esta Asamblea se mantendrán activos en todos los frentes necesarios para garantizar el logro de un reglamento financiero adecuado, una política sofisticada sobre los sistemas mundiales de navegación por satélite y la ejecución urgente de ambos en beneficio de la Comunidad. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock, por su intervención. 
Presidente, seré muy breve; comprendo perfectamente que el Comisario no puede contestar a todo en este espacio de tiempo demasiado breve. 
¿Cabe suponer que contestará la pregunta sobre el Ferrocarril del Rin por escrito? 
Es mejor una respuesta por escrito, ya que sufrimos un gran retraso. 
Podríamos facilitar una respuesta por escrito también al Sr. Wijsenbeek, sin escuchar la pregunta. 
Señor Presidente, hago mía la solicitud anterior. 
Formulé una pregunta específica al Comisario relativa al posible intercambio entre las subvenciones a la infraestructura y las subvenciones al transporte combinado. 
Supongo que, en breve, recibiré una respuesta por escrito. 
Es mejor dar una repuesta por escrito a estos dos colegas, si no, demoramos demasiado los otros dos debates. 
Señor Presidente, quisiera tener la seguridad de que habrá una respuesta por escrito a la pregunta relacionada con los puertos que están tierra adentro. 
Señor Presidente, proporcionaré gustoso las respuestas. 
Como saben todos los diputados que me conocen, siempre lo hago, rigurosamente. 
No obstante, debo decir en esta semana tan delicada que si sus Señorías desean, con razón, que los Comisarios respondan a las preguntas que legítimamente formulan en el debate, deberá modificarse el Reglamento de la Asamblea. 
Yo acogería con satisfacción dicha modificación. 
Al igual que mis colegas de la Comisión, acojo con agrado la oportunidad de rendir cuentas, aunque en ocasiones, como estoy seguro de que reconocerán sus Señorías, los procedimientos que intervienen impiden la transparencia y dificultan la obligación de rendir cuentas como nos gustaría. 
Éste, señor Comisario Kinnock, es otro debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Firma electrónica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0507/98) del Sr. Ullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0297- C4-0376/98-98/0191 (COD) ) por la que se establece un marco común para la firma electrónica. 
ponente. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, la electrificación de la comunicación pública y privada se encuentra hoy tan avanzada que los mecanismos que se emplean en la misma son capaces de hablar y leer el lenguaje-máquina de la digitalización. 
No sólo pueden sino que también lo hacen tanto en el mercado de las mercancías y de los servicios como en el ámbito de la comunicación oficial y privada. 
¿Qué consecuencias jurídicas implica esto y qué cuestiones jurídicas es preciso responder? La tarea consiste en traducir los criterios jurídicos actuales de los ámbitos que hemos mencionado a las nuevas dimensiones de la comunicación, sin ponerles limitaciones. 
El presente proyecto de directiva hace esto en un ámbito limitado, pero fundamental, el ámbito de las firmas y certificaciones de todo tipo, pero- algo que hay que señalar una y otra vez- exclusivamente en sistemas abiertos. A este respecto es preciso regular solamente tres cosas: los requisitos para garantizar una identificación fiable de quienes se comunican de forma digital o no digital en los medios electrónicos, la integridad de las informaciones que se facilitan así como la calidad jurídica de las firmas electrónicas o digitales. 
Por consiguiente, no se trata de la relación entre el poder del estado y el poder del mercado, como se podría leer en parte, en el ámbito de la seguridad pública y privada. 
Se trata más bien de la relación entre la esfera pública y la esfera privada al nivel de la digitalización de la documentación y de su validez jurídica. 
Para la resolución de este problema la directiva ha encontrado una vía convincente regulando, por un lado, la equivalencia de la firma electrónica y de la firma manual y limitándose, por otro, a los estándares mínimos imprescindibles para una armonización europea en lo que respecta a las exigencias técnicas planteables a la certificación, como puede verse en los dos anexos de la directiva. 
A nivel del Consejo es patente que existe una discusión que se orienta, apoyándose en leyes existentes, en el sentido de querer un mayor nivel público de seguridad. El Gobierno Federal me ha hecho saber que podría haber una solución de compromiso para esta lucha añadiendo un tercer anexo que trate de los requisitos que habrían de satisfacer los aparatos técnicos utilizados en la certificación. 
Señor Comisario Bangemann, quisiera saber qué posición mantiene la Comisión ante esta propuesta que seguramente obra también en poder de usted. 
Yo soy de la opinión de que el Parlamento podría vivir con ella. 
En mi opinión, existe un pequeño problema, pero, por lo demás, mediante este AnexoIII no se ve afectada la concepción básica de esta directiva: plena libertad de mercado para todos los proveedores de servicios de certificación y aseguramiento de la protección de la esfera privada de los usuarios al nivel de una adecuada protección de datos, incluida la posibilidad del uso de seudónimos y asumiendo las más importantes normas de la responsabilidad. 
En lo que respecta a las enmiendas existentes, recomiendo la asunción de las mismas con excepción de las enmiendas 2, 4, 8, 9, 21, 22 y 26, las cuales no coinciden con los artículos existentes de la directiva, son superfluas o implican limitaciones de las regulaciones previstas. 
En este sentido solicito de la Alta Asamblea que otorgue su conformidad al informe, no sin haber dado las gracias a las Direcciones Generales XIII y XV de la Comisión por su cooperación pronta y comprometida, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, así como a su ponente de opinión, nuestro colega, el Sr. Tappin, y a todos los colegas que con sus enmiendas han ayudado a mejorar el informe. 
Para terminar, a todos los que no han participado en este interesante debate de medianoche quisiera profetizarles una cosa: se van a maravillar de las repercusiones que tendrá esta directiva. 
En la República Federal no son menos de 3800 las leyes que se verán afectadas por ella. 
Por consiguiente, es como para sentirse impaciente. 
Se estima que el comercio en Internet se duplicará antes de julio. 
En todos los Estados miembros se está produciendo una tendencia hacia la introducción de la tecnología en numerosos aspectos de la vida diaria- por ejemplo, en la votación electrónica, los sistemas electrónicos de seguridad social y las operaciones bancarias electrónicas. 
Para entrar en la era electrónica debemos disponer de procedimientos seguros y controlables que garanticen que los ciudadanos y las organizaciones pueden realizar las operaciones de manera rápida y segura. 
Necesitamos un marco común claro para que las firmas electrónicas infundan confianza en las nuevas tecnologías. 
Debemos garantizar que no sacrificamos la tranquilidad en aras de la comodidad. 
Una firma electrónica debe tener paridad bajo la ley con una firma manuscrita. No debería existir ninguna distinción, desventaja ni privilegio. 
Por este motivo, nos hemos centrado en la necesidad de aquellos que emiten certificados de que se respetan la información que se transmite electrónicamente y los derechos fundamentales del signatario a la privacidad. 
Un signatario debe poder determinar el alcance de la publicación en directorios de sus datos personales. Debe existir la posibilidad de utilizar seudónimos para una utilización legítima, pero no deberá tolerarse para encubrir operaciones ilícitas. 
Debemos garantizar que el paso al comercio electrónico no va acompañado de un aumento del fraude. 
Asimismo, a la hora de reconocer las distintas propuestas e iniciativas que operan actualmente en los diferentes Estados miembros, la necesidad de proteger los principios del mercado interior es primordial. 
Tenemos la obligación de garantizar que el paso a la utilización de las firmas electrónicas no crea barreras tecnológicas y que existe, no sólo en el seno de la Unión Europea, la necesidad de promover el principio de interoperabilidad a nivel mundial. 
Por este motivo, es fundamental que la Comisión encargue a expertos la elaboración y revisión de las políticas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, veo perfectamente que el entusiasmo se dibuja en todas las facciones y que somos muchos los que aclamamos esta piedra angular que se acaba de colocar. 
Como ya lo expresó nuestra Asamblea en su resolución del 17 de julio de 1998, es importante establecer un marco reglamentario que garantice la igualdad jurídica entre la firma electrónica y la firma manuscrita a fin de que se pueda considerar medio de prueba un documento que lleve una firma electrónica. 
En efecto, lo que está en juego es considerable y las previsiones corren por la red Internet y dan a entender que el comercio electrónico podría ascender a 220.000 millones de dólares este año o al menos en el año próximo, de los cuales 26.000 millones corresponderían a Europa. Los conocimientos técnicos de los comerciantes, los banqueros, los informáticos, para convertir una red inadecuada para las necesidades económicas- pues hay que recordar que en sus comienzos los dos principios que rigieron la red fueron la libertad y la gratuidad- en un espacio de transacciones comerciales no deben hacernos olvidar que la protección de los datos personales y la constitución de expedientes orientados son con frecuencia los parientes pobres de los problemas jurídicos planteados por el desarrollo del comercio electrónico. 
Manifiestamente, esta propuesta de directiva no deroga esa enojosa costumbre. 
En todo caso, felicito al Sr. Ullmann por haber recogido las propuestas inscritas en la opinión que he presentado en nombre de la Comisión de Libertades Públicas. 
En todo caso, van encaminadas a precisar el estatuto de los prestatarios de certificación a fin de evitar desviaciones que ya conocemos en algunos Estados miembros. 
Podemos citar en particular el caso de Francia, donde dos decretos-ley han creado intermediarios, llamados «terceros de confianza» , que ejercen su actividad bajo la tutela de un superservicio administrativo, el Servicio central para la seguridad de los sistemas de información. 
Ese superservicio parece, en todo caso, más interesado en verificar que los sistemas de información no tengan efectivamente seguridad en la que no puedan ellos penetrar que en que la tengan. 
Podemos citar incluso el caso de España, cuya ley presupuestaria de 1998 mandata al Ministerio del Interior para hacer de prestatario de servicios de certificación. 
Podemos dudar que semejante medida garantice la confianza de los firmantes. 
Esto es simplemente para recordar que también los ciberconsumidores tienen derechos y que el mito del secreto, del anonimato y de la confidencialidad debe volver a ser una realidad. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, en nombre de mi Grupo quiero felicitar al ponente por su informe y darle también las gracias, sobre todo, porque tras la presentación del proyecto de la Comisión en el Parlamento Europeo ha logrado pasar con relativa rapidez este informe tanto por la comisión como por el Pleno. La entrada en vigor de esta directiva- creo que en esto somos unánimes- es extremadamente urgente a fin de no permitir por más tiempo en el ámbito de la firma electrónica, tan importante para el tráfico electrónico transfronterizo, una fragmentación jurídica que obstaculiza el mercado único. 
La Comisión y el ponente han merecido apoyo, sobre todo, en dos objetivos centrales: en la búsqueda de un equilibrio entre la aspiración, por un lado, a no dificultar, ni estrangular ya en su aparición, con regulaciones demasiado detalladas y arduas- no han faltado propuestas sobre esto en el Parlamento- los nuevos ámbitos de negocio que se abren con la firma electrónica y, por otro, el fortalecimiento de la demanda de estos servicios así como de la aceptación de la firma electrónica mediante medidas fomentadoras de la confianza. 
Creo que hemos logrado conjuntamente mejorar aun más este equilibrio frente a la propuesta de la Comisión. Y esto, en especial, a través de la independencia de los proveedores de servicios de certificación, de la voluntariedad de los sistemas de acreditación y de la posibilidad adicional de que estos sistemas de acreditación puedan estar asentados en instituciones no estatales. 
Cabe considerar estas regulaciones y la regulación de la responsabilidad, que hemos mantenido inalterada, como empujón de salida y como anticipo de confianza a los futuros proveedores de servicios de certificación. 
Queremos añadir también la expectativa de que éstos harán también un buen uso de aquella. 
Otro objetivo nuestro ha sido ayudar a consolidarse en todas sus facetas al principio de que lo que es correcto off-line, debe tener también validez on-line. 
Esto puede ser especialmente aplicable a la posibilidad que pueden tener los usuarios de guardar también en negocios on-line mediante la utilización de seudónimos el anonimato que es usual en los pequeños negocios cotidianos. El derecho del usuario a concertar pequeñas operaciones comerciales bajo seudónimo, puede evitar también que se configuren perfiles de compradores demasiado detallados. 
Para terminar quisiera instar a la Comisión a que acepte las enmiendas aprobadas por el Parlamento, a los ponentes a que reflexionen una vez más sobre su actitud ante la enmienda 26 y, sobre todo, al Consejo a que encuentre rápidamente una posición común. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, yo también quiero dar en primer lugar las gracias al ponente por su rápido y cooperativo trabajo. 
En el tráfico comercial los usuarios y las empresas de Europa han de poder confiar en que los mensajes pueden ser atribuidos sin ningún tipo de dudas jurídicas a sus correspondientes remitentes. 
Por consiguiente, para no entorpecer el desarrollo de nuestra economía hemos de dar a los ciudadanos europeos la posibilidad de estampar por medios electrónicos la tradicional firma manual. 
En mi patria alemana se ha aprobado ya el año pasado una ley que regula a un alto nivel de seguridad las firmas electrónicas. 
Los primeros documentos electrónicos acreditativos que corresponden a esta ley, es decir, tarjetas chip con las que se pueden generar firmas electrónicas, están ya en el mercado desde la semana pasada. 
Por tanto, ya va siendo hora de recoger esta materia en un marco único a nivel europeo pues, de lo contrario, con el tiempo corremos el riesgo de tener una fragmentación del Derecho en quince leyes relativas a la firma y con estándares diferentes. La consecuencia sería, en último término, una obstaculización de la libre circulación de bienes y servicios en nuestro mercado único. 
Por esta razón, es preciso celebrar que el año pasado la Comisión haya presentado ante el Parlamento la correspondiente propuesta de directiva. 
La directiva otorga a los proveedores de servicios de certificación un acceso libre al mercado. 
Las firmas electrónicas que satisfagan determinados requisitos serán equiparadas a la firma tradicional y serán reconocidas por encima de las fronteras incluso como medios de prueba en los procesos judiciales. 
Las reglas relativas a la responsabilidad de los proveedores de servicios de certificación asegurarán la confianza de los usuarios y de las empresas. 
Así, pues, la propuesta de la Comisión era ya muy avanzada y equilibrada, pero, en mi opinión, ha podido ser mejorada de manera significativa mediante algunas enmiendas que fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Así, por ejemplo, la propuesta de la Comisión en el apartado 4 del artículo 8 prevé que a petición del interesado puedan extenderse certificados para firmas digitales incluso bajo seudónimo. 
Contra esto no sólo no existe reparo alguno sino que es algo que se celebra expresamente. 
No obstante, en sus esfuerzos por la protección de los datos la Comisión va demasiado lejos. 
En su propuesta quiere posibilitar solamente en caso de un procedimiento penal el desvelamiento forzoso de la identidad de las personas que utilizan seudónimos. 
Por consiguiente, hay que celebrar que una enmienda- ahora la nº 27 del ponente, que ha sido aprobada con clara mayoría en la comisión- posibilite también la entrega de los datos en un caso más, en concreto, cuando ésta sea necesaria para reclamaciones legales relacionadas con transacciones en las que fue utilizado tal seudónimo. 
No creo que con esta modificación haya resultado debilitada la protección de datos y tanto menos cuando aquella se establece expresamente a reserva de la protección de datos. 
Esta enmienda ofrece más bien un equilibrio entre los derechos de quien utiliza un seudónimo y los intereses de su contraparte comercial. 
Por lo demás, en un buen número de otras enmiendas se ha conseguido hacer más preciso el texto o eliminar las contradicciones. 
Como ejemplo, el concepto de firma digital, que en el uso lingüístico se limita a una determinada forma, muy extendida hoy, de firma electrónica, ha sido sustituido en las enmiendas por el concepto de «firma electrónica». De esta suerte el ámbito de cobertura de la directiva permanece abierto para futuros desarrollos técnicos. 
Pero, lamentablemente, algunas enmiendas de formulación poco afortunada, por ejemplo, las enmiendas 8, 15 y 23, van, en opinión de mi comisión, más allá del objetivo, en concreto del objetivo de redactar con más precisión el texto. 
En lugar de conseguir la clarificación que pretendían producen el efecto contrario y, por tanto, es preciso rechazarlas. Lo mismo ha de decirse de la enmienda sobre la presentación electrónica de peticiones que, en opinión de mi Grupo, tiene muy poco que ver con la firma digital y, por consiguiente, no tiene cabida en este lugar. 
Otras enmiendas, en concreto las enmiendas 6 y 7, quieren que en todos los acuerdos multilaterales de la Unión con terceros países sobre este ámbito se regulen también cuestiones relativas a la protección de los datos. 
Demandan el mantenimiento de la protección de datos actual, no sólo la de la Unión sino también de cada uno de los Estados miembros, en tales acuerdos. 
Sin embargo, de esta forma constriñen innecesariamente el espacio de negociación de la Unión. 
En consecuencia, estas enmiendas no pueden ser apoyadas, ni siquiera en sus argumentos. 
Espero que a la hora de la votación el Pleno tenga en cuenta estas reflexiones y que la directiva sea aprobada en una forma equilibrada. 
Señor Presidente, señor Comisario, se han dicho muchas palabras acerca de la importancia de esto. 
Estamos satisfechos de que los ponentes hayan realizado este trabajo rápidamente. 
Aún así, creo que ésta es una propuesta que va a pasar a la Presidencia finlandesa y que sólo entonces podremos conseguir una solución. 
Espero ese momento. 
Opino que hemos hecho correcciones importantes que completan los planteamientos de la Comisión- que, en principio, los servicios de catalogación no necesitarán autorización- pero, de todos modos, hemos hecho hincapié en las organizaciones privadas. 
La Comisión propone una responsabilidad estricta, en finlandés ankara vastuu. 
Sin embargo, ahora se dice que el Consejo está cambiando en materia de responsabilidades. 
Pregunto al Comisario qué posición va a tener en el futuro en este asunto. 
Mi opinión es que la propuesta de la Comisión era un buen punto de partida. 
Otro punto central en la directiva es, obviamente, el de las consecuencias jurídicas. 
¿Tendrán ellas relación con alguna técnica especial? 
En esto opino también que hemos elegido, junto a la Comisión, un buen punto de partida. 
En principio, deberá asignarsele las mismas consecuencias jurídicas que a la firma. 
Se podría bromear diciendo que si no es posible casarse por correspondencia de acuerdo a las leyes de un determinado país, tampoco será posible hacerlo electrónicamente. 
Esto es así. 
No obstante, no comparto el criterio de los ponentes en cuanto a que tenemos que prepararnos para aprobar el llamado anexo 3 del Consejo. 
Yo no considero que éste sea técnicamente neutral de acuerdo con lo que nosotros- al menos la mayoría en la comisión- hemos demandado. 
También pregunté al Comisario acerca de su posición en relación con la discusión que tiene lugar en el Consejo, puesto que considero que ésta va a ser uno de los puntos esenciales en la futura tramitación. 
Finalmente, pido que los servicios de idiomas del Parlamento y del Consejo estudien si el término sueco, a pesar de todo, debe ser rúbricas electrónicas y no firmas electrónicas. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Ullmann por su- como siempre-concienzudo trabajo y excelente informe. Es un tema importante, como han señalado todos los demás oradores. 
Cada vez es mayor el número de operaciones que se realizan a través del comercio electrónico, e Internet facilita especialmente las operaciones transfronterizas. 
Es importante disponer de un sistema coherente, pragmático y seguro para el reconocimiento de firmas en el comercio electrónico. 
La propuesta de la Comisión reconoce la necesidad de garantizar el reconocimiento jurídico de las firmas electrónicas, para que tengan la misma validez que las firmas manuscritas. 
Es una aclaración necesaria para los servicios de certificación. 
Recomiendo este informe y la propuesta de directiva a la Asamblea, como un paso importante hacia la apertura del mercado único al comercio electrónico. 
En un aparte, resulta curioso que sean principalmente mujeres las que se han quedado a este debate. 
En cierta medida podríamos comparar al Sr. Bangemann con una espina entre rosas, a pesar de que estoy completamente segura de que tratará el tema con toda seriedad. 
Me intriga en particular la idea de casarse por Internet. 
Como soltera que soy, quizá sea algo en lo que deba pensar en los próximos diez años. 
Señor Presidente, la Sra. Oddy acaba de mencionar, justamente al final, un problema que de hecho puede plantearse también en este ámbito, en el que, ciertamente, se trata de hasta qué punto las señales electrónicas pueden satisfacer los requisitos formales que establece el Derecho de los Estados miembros. 
Esto trae a mi memoria mis tiempos de estudiante de Derecho en los que una famosa frase de un profesor rezaba así: si a la pregunta de si una persona quiere casarse con otra- y éste es su problema, señora Oddy- y según la Ley la respuesta prescrita es «sí, quiero» ¿basta también si la persona afectada responde con un «claro, claro»? 
Así, aproximadamente, se plantea también aquí para algunos Estados miembros el problema de la firma electrónica. 
Ante todo, quiero dar las gracias al ponente. El informe nos ha resultado de mucha utilidad. 
También hemos podido asumir toda una serie de enmiendas. 
De las 35 enmiendas podemos asumir 17 en su integridad y 8 parcialmente. 
No hemos podido asumir las demás enmiendas porque, de hecho, o no mejoran el texto o tocan problemas que no pertenecen a esta temática. 
Éste es, ciertamente, un viejo error del Parlamento que he mencionado con frecuencia. Ustedes quieren siempre regular el mundo entero en un texto legal. 
Esto no sirve de nada, pues el asunto no se vuelve más claro. 
También se ha mencionado con razón el hecho de que tanto los Estados miembros como también las organizaciones internacionales trabajan con tanta diligencia en este ámbito que cuando queremos contribuir a lograr una regulación común unitaria que, naturalmente, es necesaria para el mercado único, debemos avanzar rápidamente. 
El Parlamento ha mantenido hasta ahora esta velocidad. 
En la última discusión habida en el Consejo que, ciertamente, no habría podido obtener ningún resultado pues no se disponía aún de la opinión del Parlamento, fracasamos en último término en la cuestión de si se puede autorizar servicios de certificación sin entrar en particularidades técnicas que casi prescriban una determinada solución tecnológica. La Comisión y el Parlamento no quieren entrar en lo tecnológico. 
Por esta razón nos hemos esforzado en formular una propuesta en la que, evidentemente, no se puede certificar arbitrariamente, pero el procedimiento de certificación, en cualquier caso, no debe plantear ningún requisito tecnológico. 
No llegamos más lejos en la mencionada reunión del Consejo. La nueva propuesta, que representa un cierto desarrollo, Sr. Ullmann, debe ser comprobada aún minuciosamente por nosotros pues, tal como está ahora parece que nos conduce a que quizá no se imponga ninguna solución técnica, pero se practique una especie de autorización tipo. 
Hay que reflexionar acerca de si ésta es realmente la última conclusión de la sabiduría. 
En el Consejo tenemos casi dos campos: un campo de los países más pequeños que aquí son mucho más animosos, y un campo de los países más grandes que ponen atención severamente a los requisitos formales y, en consecuencia, no son tan generosos aquí. 
En cualquier caso, ya veremos si llegamos muy lejos en la próxima sesión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones. 
Tampoco hay que exagerar. 
También se puede falsificar, por ejemplo, una firma manuscrita. 
No hay que comenzar ahora a plantear a las firmas electrónicas más requisitos que los que se plantean ya normalmente en el caso de las firmas manuscritas. 
Tenemos reglas relativas a la responsabilidad para los proveedores de servicios de certificación. 
No sé realmente qué han pensado ustedes, pues en el artículo 6 están establecidas estas regulaciones de la responsabilidad. 
Sobre la cuestión de la tecnología me he manifestado ya. 
Ya he dicho qué enmiendas aceptamos y cuáles no. 
No voy a exponer esto pormenorizadamente, lo podremos hacer luego en la segunda lectura. 
Como ya se ha dicho, el informe es también muy constructivo en este punto. 
Tenemos un notable grado de acuerdo y espero que la próxima vez podamos llegar en el Consejo a una posición común que luego podamos analizar en detalle una vez más. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Calidad del aire ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0483/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (10275/98- C4-0540/98-97/0266 (SYN) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (Ponente: Sra. Pollack). 
Señor Presidente, como sabemos, en torno a la medianoche sólo se trata sobre los asuntos más importantes. 
Y lo hacemos, en particular, para mantenerlo en profundo secreto de la prensa, para que nadie se entere de que realmente nos ocupamos de cosas importantes aquí que afectan a las vidas de las personas. 
Miles de personas mueren cada año en toda Europa por respirar aire contaminado y una de sus numerosas causas es el tráfico. Esta directiva establece por vez primera un conjunto de límites rigurosos y vinculantes a las emisiones de los cuatro principales contaminantes- dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y plomo- que deberán cumplirse antes del 2005 y 2010 y que están basados en los valores guía de 1997 de la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud pública. 
De las enmiendas presentadas por el Parlamento en primera lectura, 21 de las 28 fueron aceptadas en su mayor parte por el Consejo en la posición común bajo la Presidencia británica. 
Éstas incluyen más información al público y un umbral de alerta respecto a los óxidos de nitrógeno, además del propuesto respecto al dióxido de azufre. 
No obstante, el Consejo ha debilitado también algunas de las propuestas originales de la Comisión. 
La enmienda 4 garantiza que los planes de acción que se derivan de las excepciones concedidas a determinadas zonas deben comunicarse al público. La enmienda 5 pide que, puesto que el Consejo no aceptó nuestra propuesta en favor de un umbral de alerta para partículas, la Comisión se replantee esta posibilidad cuando disponga de más investigación tras la revisión en 2003. 
Lamentablemente tengo entendido que la Comisión, entre otros, no puede apoyar la enmienda 7 y por este motivo, evidentemente, el problema que supone ocuparse de estos ecosistemas especialmente delicados deberá confiarse a una acción a nivel nacional. Pero en el Parlamento consideramos que es importante poner de relieve que la Organización Mundial de la Salud recomendó cuatro niveles diferentes de valores límite, mientas que la directiva sólo contempla uno. 
No creemos que eso sea satisfactorio, por lo que hemos vuelto a presentar la enmienda. 
La enmienda 6 restablece la propuesta original de ocho rebasamientos al año del límite horario, que el Consejo debilitó a 24. La Comisión reconoce que este contaminante es directamente tóxico, especialmente para asmáticos y para los que sufren enfermedades cardiovasculares, incluso en breves picos de exceso de contaminación, y este es el motivo por el que se propuso originalmente un límite tan estricto. 
Espero, por consiguiente, que la Comisión se mantenga en sus trece en esto, y también en la enmienda 2. La inserción por parte del Consejo de las palabras «siempre que sea viable» es un gran problema. 
Sé, por ejemplo, que el equipo de vigilancia francés tiene dificultades para producir estos periodos de promedio de diez minutos, pero no obstante, esta información es fundamental para una revisión a medio plazo. 
En cualquier caso, los Estados miembros pueden elegir su propia selección de puntos de vigilancia, por lo que deberían poder encontrar un sistema que permita superar esta dificultad. 
En segundo lugar, en lo que respecta a los óxidos de nitrógeno, evidentemente es algo difícil de alcanzar para los Estados miembros. 
Es, naturalmente, uno de los aspectos fundamentales de la directiva. 
No es aceptable que el Consejo incremente el número de rebasamientos del valor límite horario del original 8 hasta 18, y la enmienda 9 intenta restablecer esto. 
Al menos, es fundamental que la Comisión vuelva a estudiarlo muy atentamente cuando disponga de más investigación en la revisión de 2003. 
Las enmiendas 10 y 11 tratan exactamente del mismo tipo de problema, pero en el caso de las partículas. 
Sabemos que hace falta más investigación y eso está en camino. 
No obstante, el texto de la posición común permite diez rebasamientos más al año del límite de 24 horas y del límite horario y, en efecto, hace retroceder la revisión, por lo que no cabe esperar demasiados resultados hasta 2010. 
A pesar de que no disponemos de conocimientos suficientes sobre las partículas, sí sabemos que son nocivas, y la Organización Mundial de la Salud ni siquiera está en condiciones de sugerir un límite seguro. 
Habida cuenta de que en el caso de las partículas existe una excepción para el «polvo del sur» y otra para el vertido de arena en las carreteras del norte, hay que decir que hace falta más voluntad política para atajar este problema en los Estados miembros. 
Ya existe bastante dejadez a la hora de hacer frente a los graves problemas y deberán tomarse medidas. 
En calidad de ponente, insto a la Comisión a que vuelva a estudiar su estrategia, especialmente frente a los dos últimos puntos, y que intente aceptar algunas de estas enmiendas. 
Recomiendo la posición común a la Asamblea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, sinceramente no sé que fuerza extraña hace que los asuntos de la Comisión de Medio Ambiente siempre queden al final del orden del día. Anteriormente discutíamos el matrimonio, por lo que podemos considerarnos como una especie de «punto culminante de la noche de bodas». 
Pero desgraciadamente no son muchos los que participan en este punto culminante. 
Por lo demás, tengo que decir que esta directiva es un buen ejemplo acerca de cómo podemos trabajar en temas de legislación medioambiental europea. 
Repercute directa y concretamente en los habitantes de Europa, proporcionándoles un aire más limpio, especialmente a aquella parte de la población que vive en nuestras ciudades. 
También es una buena manera de estudiar de qué manera podemos trabajar más allá de nuestras fronteras nacionales para alcanzar éxito en nuestro quehacer europeo. 
Quiero dar muy sinceramente las gracias a Pollack por este trabajo, ya que se trata de una directiva difícil y muy técnica. Ella ha tratado estas materias de una manera muy concreta y pragmática que ha dado resultado. 
Al mismo tiempo, sabemos que el aire que respiramos repercute en la salud de las personas, no es ninguna novedad. También es satisfactorio que en la Unión estemos creando normas mejores que las que teníamos. 
Simultáneamente, tenemos que decir que es nuestro anhelo y son nuestras exigencias las que hacen que la salud de las personas pueda llegar a ser aún mejor. 
Yo, junto a muchos más, deseábamos que en la directiva se hubiese dado un paso más, estableciendo exigencias un poco más rigurosas en relación con el aire que respiramos. 
Sin embargo, debemos considerarla como una plataforma común desde la cual podemos echar a andar; sé que muchos países miembros van a establecer mayores exigencias a la calidad del aire. 
La calidad del aire no se relaciona sólo con la salud de las personas- aunque es una parte enormemente importante de ella-sino que también crea problemas de acidificación, incluida la parte de Europa de la cual provengo. 
Por eso tenemos que concebir el aire como una unidad y no sólo considerar la situación particular de una región determinada. 
También quisiera subrayar aún más la influencia de las partículas en la salud de las personas; no sabemos lo suficiente acerca de esto y el nivel de conocimientos es bajo. 
Deseo hacer hincapié en lo que dijo Pollack, esto es, que existen importantes enmiendas que el Consejo y la Comisión tienen que estudiar para poder dar a la gente unas condiciones de vida razonables en Europa y en la Unión. 
No basta con simples explicaciones de que esto no es posible; lo que se necesita es mayor voluntad política. 
Antes de que el Sr. Flemming añada sus consideraciones a las de los Sres. Pollack y Hulthén sobre los motivos por que estamos debatiendo a medianoche los problemas de la Comisión de Medio Ambiente, sólo quiero recordar que es la Conferencia de Presidentes la que toma las decisiones. 
No existe ningún fantasma detrás de la situación en que nos encontramos, excepto la decisión de la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, cada vez menos confío en la casualidad; creo también que, lamentablemente, la Conferencia de Presidentes no considera muy importantes las cuestiones relativas al medio ambiente. 
Pero la población de Europa pasará alguna vez la factura. El Parlamento tiene que aprobar valores limite más severos para una mejor calidad del aire. 
Lamento, igual que la oradora que me ha precedido, que de las 28 enmiendas del Parlamento Europeo de la primera lectura sólo se hayan aceptado sin modificar o de manera sustantiva 21 enmiendas. 
Por consiguiente, el objetivo de esta directiva es la fijación de valores límite de las emisiones sobre la base de las directrices sobre la calidad del aire emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 
En lo que respecta a las partículas el informe prevé incluso un endurecimiento claro de los valores límite, para cuya consecución van a ser necesarios notables esfuerzos en la mayoría de los Estados miembros. 
Métodos y criterios unitarios de alcance europeo contribuirán en el futuro a impedir efectos nocivos de la contaminación del aire sobre la salud de las personas. 
Con ello la Unión Europea introduce también ahora los estrictos valores límite que están vigentes ya desde hace tiempo en Austria. 
En algunos ámbitos se han hecho aún más estrictos. Lo celebro. 
No obstante, no estoy enteramente satisfecha con las particularidades del informe. 
En el apartado I del anexo I se prevén valores límite y umbrales de alarma para el dióxido de azufre, y el valor límite de 350 ìg/m3 con 24 rebasamientos, propuesto en la directiva, me parece demasiado alto. 
La reducción prevista de las posibilidades de rebasamiento de 24 a 8 no responde, ciertamente, a mis deseos de reducción del valor límite, pero constituye sin duda alguna un paso en la dirección correcta y, por tanto, será apoyada por nosotros. 
También en el apartado I del anexo II relativo a los valores límite para el NO2 y Nox y al umbral de alarma para el dióxido de nitrógeno celebraría que se eliminasen por completo las posibilidades de rebasamiento. 
También aquí hay que decir que la enmienda que ha presentado la Sra. Pollack en pro de una reducción de las posibilidades de rebasamiento de 18 a 8 constituye un paso en la dirección correcta y que, en consecuencia, será apoyada por mi Grupo. 
Sé que la Sra Pollack se ha esforzado mucho en este informe y aunque no se ha conseguido todo lo que una, como política del medio ambiente, desearía, quisiera felicitarla por este informe y deseo a todos nosotros que podamos celebrar, quizá, una mañana un debate sobre el medio ambiente. 
Presidente, un aire más limpio es una de las primeras necesidades vitales, sobre todo para pacientes con asma y con bronquitis. 
Asimismo, una buena calidad del aire es importante para la protección del medio ambiente, de los edificios y de la vegetación. 
Ya desde los años 70 se toman medidas para controlar la emisión de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno. 
A pesar del aumento del consumo energético la emisión de los agentes ácidos ha disminuido drásticamente. 
Afortunadamente, la reducción de más de un 50 por cien desde 1980 ya no es una excepción en la mayoría de los Estados miembros. 
Incluso las reducciones acordadas con relación al SO2 y el NOx para el 2010 probablemente pueden ser alcanzadas como consecuencia de las nuevas normas sobre la emisión de gases de automóviles. 
Las partículas constituyen una amenaza para la salud humana. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha llegado a la conclusión de que la reducción del promedio del valor PM 10 de 30 microgramos por metro cúbico a 20 microgramos por metro cúbico puede evitar la muerte prematura por intoxicación de partículas de 10.000 personas en la UE. 
Por lo tanto, es decepcionante que los Ministros de Medio Ambiente de Europa hayan fijado un valor PM 10 de 40 microgramos por metro cúbico. 
Habrá que seguir reduciendo la emisión de agentes contaminantes causada por los automóviles, mediante combustibles más limpios y mejores motores, entre otras cosas. 
Sin embargo, en la industria también se requieren medidas más radicales: un 30 por cien de las emisiones de NOx proviene de incineradoras de residuos, hornos de cemento, centrales eléctricas y otras fábricas. 
Por lo tanto, es importante que en las nuevas directivas se tome seriamente en cuenta la reducción de las emisiones de partículas, de NOx y de SO2. 
Felicito a la Sra. Pollack por este informe. 
Señor Presidente, naturalmente comparto los comentarios que planteaban la conveniencia de tramitar la propuesta medioambiental en un momento en el que pudiera ser mayor la participación de los diputados en el debate. Sin embargo, también comparto los comentarios que destacaban la trascendencia de esta propuesta. 
Siendo la hora que es, trataré de ser breve. Naturalmente quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente, a la señora ponente, la rapidez y la visión, con las que la comisión ha vuelto a tramitar esta propuesta. 
Vemos que el Consejo ha incorporado a la posición común, bien literalmente bien en esencia, gran parte de las enmiendas del Parlamento Europeo presentadas durante la primera lectura. La Comisión cree que varias de las propuestas adicionales presentadas por la comisión ayudan también a hacer la propuesta aún más clara y concisa. 
Es el caso, por ejemplo, de la enmienda 1, relativa a la definición de fenómeno natural. 
Las actividades sísmicas deben seguir estando recogidas en la definición a la que deben añadirse los fenómenos geotérmicos; el resto de la propuesta hará el texto más claro. 
Apoyamos también las enmiendas 3 y 4. 
Clarifican los requisitos a la hora de informar a la opinión pública y todos sabemos que éste es un aspecto importantísimo de la propuesta. 
Apoyamos también la exigencia de que la cuestión de los umbrales de alerta para partículas se someta nuevamente a reflexión en el año 2003, y por ello aceptamos la enmienda 5, además de la enmienda 8, que corrige una falta relativa al umbral de tolerancia. 
Luego, están otras enmiendas que la Sra. Pollack ya ha mencionado. 
La enmienda 2 exigiría que todos los Estados miembros notificasen los casos en que se sobrepasen las concentraciones registradas en períodos de diez minutos para el dióxido de carbono indicativas de la OMS. 
A la Comisión nos gustaría recibir el mayor número posible de datos sobre este valor indicativo, sin embargo, su cumplimiento plantearía demasiadas dificultades a algunos Estados miembros y por ello no podemos apoyar esta enmienda. 
Tenemos las enmiendas 6, 7, 9, 10 y 11. 
A su modo, me alegran estas enmiendas que proponen volver a algunos de los valores límites originariamente propuestos o incluso extremarlos más y también me alegra que el Parlamento esté de acuerdo con la propuesta original de la Comisión. 
El que de todas formas no las apoye aquí viene dado por el debate que ha tenido lugar en el Consejo, pues ha quedado claro que sería un desafío demasiado considerable para muchos de los Estados miembros cumplir los valores límite recomendados en la posición común, especialmente en lo referido a las partículas. 
Exigiría decisiones difíciles. 
No es preciso decir que la intención de la Comisión es garantizar los estándares de protección más altos posibles a los que pueda llegarse en la Unión. 
Actualmente y con esta propuesta, los Estados miembros que puedan ir más lejos, pueden hacerlo, porque no contradice a la Directiva marco de calidad del aire ambiente el hecho de que sigan avanzando si pueden. 
Sin embargo, y tal como ha quedado dicho: considerando en su conjunto las circunstancias actuales dentro de la Unión, no me atrevo- si se me permite decirlo de esta forma- a aceptar estas enmiendas por miedo a que no podamos sacar adelante la propuesta en su conjunto. 
La propuesta es la primera transposición concreta del nuevo programa comunitario para la mejora de la calidad del aire ambiente para sus ciudadanos y el medio ambiente. 
La Comisión cree que la propuesta en su estado actual seguirá proporcionando un alto nivel de protección y representa por ello un sólido punto de partida para este programa. 
Hemos aprobado recientemente una segunda propuesta sobre el monóxido de carbono y el benceno. 
También volveremos sobre las sustancias contaminantes tratadas en esta propuesta en el año 2003 para ver si puede hacerse aún más en la próxima fase. 
Por ello confío en que el programa adquiera con el tiempo cada vez mayor empuje y espero que todos juntos podamos alegrarnos de gozar de un aire más puro, mejor salud y un mejor medio ambiente gracias a esta propuesta. 
En el actual clima que reina en la Comisión, apenas me atrevo a pedir garantías de que la Comisión tomará en consideración algunas de las solicitudes que hemos presentado para la revisión en 2003. 
Me limitaré a dejar el asunto sobre la mesa y por ahora mantendré la esperanza. 
Solamente quería felicitar a la Comisaria y agradecerle que haya venido esta noche a pesar de su reciente accidente y lo avanzado de la hora, y también pedirle que haga extensivo mi agradecimiento, como ponente, al personal de la DG XI, que se ha mostrado especialmente servicial durante la elaboración de esta directiva tan técnica. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 00.10 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, yo ayer no estuve en las votaciones y figuro votando de manera muy singular: aisladamente y siempre en contra de mi Grupo. 
Y no era esta mi intención. 
Entonces, debe anularse que yo he votado y, sobre todo, de esta manera. 
Solamente quería decirle esto. 
Aparece solamente: Sr. Puerta del Grupo GUE, votando todas las veces en contra de lo que piensa mi Grupo. 
Muy bien, señor Puerta. 
Naturalmente, vamos a rectificar de acuerdo con su voluntad. 
¿Hay alguna otra observación? 
No hay observaciones. 
El Acta queda aprobada 
Comunicación relativa a la aprobación de la gestión 1996 
Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 6 del Anexo del Reglamento de nuestra Asamblea, tras la votación del 17 de diciembre sobre la aprobación de la gestión para 1996, la Comisión de Control Presupuestario debe informar al Parlamento en el siguiente período parcial de sesiones. 
Ayer nos hemos reunido y deliberado sobre el procedimiento a seguir. 
Nos hemos puesto de acuerdo unánimemente sobre el siguiente texto que la comisión me ha encargado les presente. 
Lo voy a hacer en inglés pues nos hemos puesto de acuerdo sobre este idioma para evitar malentendidos y errores de traducción. 
Su tenor es el siguiente: 
La Comisión de Control Presupuestario tiene presente la votación del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 1998 en la que se rechazó su propuesta de aprobación de la gestión para el ejercicio 1996. 
En segundo lugar, señala que, de conformidad con el Anexo V de su Reglamento, aún no ha finalizado el procedimiento de aprobación de la gestión. 
En tercer lugar, la comisión está finalizando su rendición de cuentas correspondiente a 1996. 
En cuarto lugar, la comisión presentará ante el Parlamento un informe antes del 31 de marzo de 1999. 
Muchas gracias, señora Theato, por esa información. 
Agenda 2000 
ponente. (NL) -Señora Presidenta, quiero empezar dando la bienvenida entre nosotros al Sr. Funke. 
Creo que es una buena costumbre que en los debates importantes sobre los temas agrícolas el Presidente del Consejo de Ministros haga un esfuerzo siempre para estar presente. 
En cuanto a la financiación de la parte agrícola de la Agenda 2000, creo que es bueno que prolonguemos la tendencia de estos últimos años. 
Si cambia la política agrícola, naturalmente también tendrá que cambiar su financiación. 
La Comisión de Agricultura, en términos generales, ve con buenos ojos las propuestas de la Comisión. 
El FEOGA debe seguir siendo la principal fuente de financiación de la política agrícola europea. 
Al igual que ya ocurrió hace unos años con las reformas de MacSharry, opinamos que será útil adaptar su contenido. 
Si con las reformas de MacSharry fue la primera vez que se añadía una línea de crédito que no tenía mucho que ver con la propia política de mercado y de precios, también ahora se añaden todo tipo de capítulos nuevos. 
En primer lugar está el capítulo sobre el desarrollo rural, y en opinión de la Comisión de Agricultura, eso es lógico. La política agrícola no sólo es una política de precios y una política de mercado, sino que es una política que lo abarca todo, también el desarrollo rural. 
En segundo lugar, la Comisión propone incluir también las medidas veterinarias y fitosanitarias. Nos parece lógico. 
En tercer lugar: la política de información. 
Otra propuesta de la Comisión para que se incluya también. La Comisión de Agricultura opina que también esta propuesta es buena. 
Opinamos que la política agrícola en general en Europa está excesivamente desprestigiada. Es necesario resaltar más sus facetas positivas, que las hay y muchas. 
Lo que no consta, y la Comisión de Agricultura lo añade a las propuestas de la Comisión Europea, es que no se habla de una política de calidad de los productos agrícolas. 
Si hay algo que es necesario en Europa después de la crisis de la EEB y después de tanta conmoción sobre la calidad de nuestra alimentación, es que Europa desarrolle una política para la calidad de los productos agrícolas. Debe formar parte inseparable de la política agrícola europea. 
Además, la Comisión de Agricultura opina que, también en el futuro, los agricultores deberán obtener sus precios en la mayor medida posible del mercado. A nadie le beneficia el rellenar toda suerte de formularios. 
Lo que más se desea es obtener mejores precios. Y esto puede conseguirse a través de una política de calidad, pero también mediante el desarrollo de nuevos mercados. 
Por ejemplo, el mercado de los usos de productos agrícolas para fines no alimentarios. Para el medio ambiente será muy conveniente que prescribamos determinados productos agrícolas para determinadas áreas. 
Así se desarrollarán nuevos mercados, lo que repercutirá positivamente en los precios. 
Por último, en cuanto a la ampliación europea, no tenemos nada que objetar a que se incluya también en el reglamento, hasta cierto punto, la ayuda de preadhesión. 
En cuanto al poder del Parlamento: toda la política de mercado y de precios seguirá consistiendo, y así lo aceptamos, en gastos obligatorios. 
Todos los demás gastos, sabiendo que el Parlamento ha de tener su competencia sobre ellos, deben ser gastos no obligatorios, ya que el Parlamento tiene plena competencia de codecisión. 
¿Qué es lo que, según la Comisión de Agricultura, no se incluye en el Fondo de Garantía? Todas las medidas estructurales que se comprendan en el objetivo número 1 y las iniciativas comunitarias. 
La administración de los fondos, naturalmente permanece bajo la responsabilidad de la propia Comisión. 
Cuando los gastos son efectuados por los Estados miembros a través de los organismos pagadores, deberán ser los mismos Estados miembros quienes se encarguen de su control. 
En vista de los acontecimientos de esta semana no sorprenderá que nosotros queramos introducir importantes mejoras en dicho control. 
Se necesita un control más fuerte. 
¿Y cómo lo imaginamos? 
Según la propuesta de la Comisión, tres meses después del cierre del ejercicio financiero se emite un informe sobre las cuentas financieras, y dos años después de dicho cierre se emitirá un informe para evaluar si la gestión ha sido correcta. 
En cuanto a este punto, la Comisión de Agricultura presenta una serie de enmiendas para su mejora. 
Queremos ser informados inmediatamente- es decir, no a los dos años -, siempre que se rechace o se apruebe algo. 
Queremos seguir muy de cerca cualquier desarrollo en este campo. 
Esperamos de la Comisión que nos hagan llegar un informe cada trimestre. 
No es necesario que sea muy extenso, ya recibimos suficiente cantidad de papeles, pero es necesario que se haga con la mayor celeridad posible. 
Para concluir, una observación sobre un elemento contencioso de nuestra propuesta, que trata de la cofinanciación de algunos de los gastos agrícolas. 
Se ha incluido una consideración en la que la Comisión de Agricultura se pronuncia con cautela a favor de dicha cofinanciación, pero en lo referente a un artículo concreto sobre ese punto se produjo un empate de votos. Dieciocho miembros de la Comisión de Agricultura se pronunciaron a favor de la cofinanciación de algunos gastos, dieciocho en contra y uno se abstuvo. 
Por tanto seguirá siendo un punto a someter al superior criterio del Pleno. 
Señora Presidenta, señor Presidente, las propuestas de la Comisión sobre el reglamento de mercado para la leche afectan en lo esencial a tres sectores, a saber, al apoyo a los precios, a las medidas compensatorias de las rentas para los productores de leche y a la regulación de las cantidades garantizadas. 
El apoyo a los precios que plantea la Comisión prevé una reducción del precio de la leche en un 17 % y una reducción del precio de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en un 15 %. 
Estas medidas se justifican con el fomento del consumo de leche y de productos lácteos en la Comunidad y con la mejora de la competitividad de estos productos en los mercados mundiales. 
Sin embargo, ante el volumen de compensación propuesto, la reducción de precios debería ser en total claramente inferior a lo que persigue la Comisión. 
Con una reducción menor de los precios y manteniendo igual el volumen de compensación, se puede alcanzar más fácilmente una compensación total de estas rentas. 
Es decir, proponemos reducir el precio indicativo para la leche en un 12 % en lugar de en un 17 % y el precio de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo en un 10 y 15 % respectivamente. 
En lo que se refiere a la compensación de las rentas, la Comisión propone cuatro elementos, una prima por vaca lechera (artículo 15) , un pago adicional (artículo 16) , un importe complementario a la prima por vaca lechera (artículo 12) y un importe complementario en el marco de importes globales (artículo 13). 
Estas propuestas son extraordinariamente complicadas y ocasionan graves problemas a la hora de llevarse a cabo o de controlarse. 
Debo indicar que estoy a favor de la prima por vaca lechera inclusive un importe complementario en el marco del reglamento sobre la carne de vacuno, pero no sobre la base de una vaca virtual de tipo europeo que suministre 5.800 kg de leche por año sino que la base para esta prima por animal tiene que ser la compensación financiera sobre las cuotas, debiéndose garantizar aquí plenamente el rendimiento nacional o regional por animal. 
Asimismo, como segunda regulación en el marco del reglamento de mercado para la carne de vacuno sería pensable una prima general por sacrificio para las vacas lecheras y compensar de este modo el descenso de los precios. 
De este modo, tendríamos prácticamente dos formas de pago de primas como compensación. 
Respecto a la regulación de las cantidades garantizadas, apoyamos la propuesta de la Comisión de prorrogar la cuota hasta el 2006 y, con gran pesar, también la propuesta de elevar la cuota en un 2 %. 
En lo referente a la asignación del 1 % a los agricultores jóvenes y del 1 % a las regiones montañosas, se deberían tener en cuenta las zonas desfavorecidas en las regiones montañosas, si bien sólo en el marco de la cantidad asignada. 
Cuando hablamos de una reforma de la organización de mercado para la leche, no podemos dejar de lado el problema de la supertasa. 
Se debería reducir más de lo que se obtiene por el descenso del precio orientativo para la leche y configurarse más flexiblemente, casi como elemento coyuntural, para que el productor activo de leche tenga la posibilidad de adaptar coyunturalmente su cuota mediante «leasing» o superación. 
Esto influiría sin duda en el precio de mercado para los «leasings» de cuotas en desventaja de los llamados «ordeñadores de sofá». Los productores europeos de leche o los transformadores de productos lácteos, a pesar de la regulación de cuotas, tendrían entonces la posibilidad de colocar en el mercado mundial más productos lácteos libres de reembolsos a la exportación. 
Respecto a la vinculación entre tierras y cuotas solamente puedo decir que una causa de la creciente proporción de cuotas ajenas se debe a que tanto el derecho de la CE como las normas nacionales permiten que los no productores puedan poseer una cuota de esa cuota. Esto se debe al principio de la vinculación de tierras. 
Creo que la supresión o mantenimiento de la vinculación entre tierras y cuotas, es decir, la transferencia de la cuota lechera, solamente debería ser posible en caso de una transferencia proporcional de las tierras en los diversos Estados miembros, es decir, que debería existir una regulación facultativa. 
En el apartado 2 del artículo 7 se debería pues formular la disociación facultativa de tierras y cuotas con la autorización a los Estados miembros para introducir límites regionales a la transferencia de cantidades de referencia no ligada a las tierras correspondientes. 
Hace dos días se dijo en la «dpa» (Agencia Alemana de Prensa) que la Presidencia del Consejo y la Comisión están convencidos de que todos los Estados miembros deberían mostrar una disposición al compromiso y que se deberían defender con claridad y sin prejuicios intereses nacionales. 
Coincido fundamentalmente con la Comisión en que la competitividad de la agricultura europea se debe fortalecer en el mercado mundial. 
Pero, señor Comisario Fischler y señor Presidente del Consejo Funke, no puedo relanzar la competencia y al mismo tiempo excluirla en regiones enteras de la Alemania del este con la amenaza de las degresiones. 
Puestos de trabajo en la agricultura los encontrarán en especial en explotaciones mixtas que producen sobre todo carne de vacuno o de cerdo y sobre todo leche. 
Dé a estas familias la misma oportunidad que a todas las demás en la Unión Europea. 
Para finalizar, quiero expresar mi satisfacción porque casi diez años después de la unidad alemana haya podido acuñar como diputado de esta Asamblea un reglamento de mercado tan importante. 
Muchas gracias sobre todo a aquellos que me han apoyado y colaborado en este complicado pero interesante trabajo. 
Señora Presidenta, en la Comisión de Agricultura se aprobaron algunas enmiendas a mi informe que no me han satisfecho totalmente como, por ejemplo, la de no practicar ninguna reducción de los precios de intervención de los cereales, pero sí de aumentar las ayudas. 
Creo que no es muy sensato aumentar la ayuda interna, con un gasto suplementario de algunos cientos de millones de euros, para un sector que, a pesar de que supone el 11 % de la producción agrícola bruta vendible de la Comunidad, absorbe por sí solo el 40 % del presupuesto de la Política Agrícola Común, esto es, 17 de los 40 millardos de euros totales. 
Confío en que la pausa navideña nos haya permitido reflexionar y que la votación del día 28 de enero en Bruselas lleve a arrepentirse de estas enmiendas. 
Estoy convencido, por el contrario, de que una reducción del 20 % del precio de intervención- yo voy a proponer el 15- no es una prueba irracional de pesimismo de los funcionarios de la Dirección General VI. Actualmente, la diferencia entre el precio de intervención y el precio mundial es mayor; por tanto, en rigor, la reducción propuesta con la Agenda 2000 debería ser aún más importante, como nos recordó hace unas semanas el presidente del Tribunal de Cuentas en este Pleno. 
En efecto, el fantasma de los excedentes, del que después del año 1992 parecía que nos habíamos librado, vuelve a irrumpir en la escena comunitaria. Ha sido suficiente un 2 % más en la cosecha, un porcentaje del 5 % de retirada obligatoria de tierras, y he aquí que hoy nos encontramos con un excedente de cereales del orden de 20 millones de toneladas. 
Por ese camino temo que, por desgracia, tendremos que revisar a la alza las previsiones para el año 2006. 
Por consiguiente, la urgencia de una reforma seria y profunda existe si lo que se pretende es ser serios y responsables. 
Es inútil simular no vender; con las falsas reformas a las que usted, señor Comisario Fischler, se ha referido, las que no molestan a nadie, creo que nos vamos a encontrar ahogados, una vez más, por los superávit de producción. 
Por eso, creo que no tiene sentido aplazar la cuestión, ya que significaría tener que abordarla dentro de poco, bajo la insignia de la urgencia y en condiciones aún más adversas que las actuales. 
En cuanto a los cereales, podemos evitar este peligro si afrontamos el sector en línea con la orientación de la Comisión. 
Ésta es al menos mi opinión; evidentemente, introduciendo algunos ajustes, como mínimo tres: el primero consiste en excluir de la prima única las semillas oleaginosas. 
Sufrimos un déficit de proteínas en la Comunidad que, tras la crisis de la EEB, es aún más agudo. Es absurdo invocar los límites de Blair House para decir que, con esta reducción de la prima de base, dejaremos de padecerlos. 
Es algo así como exultar cuando nos hacemos daño nosotros mismos, porque así dejamos de sentir más dolor por el daño que nos causan los demás. 
Lo que tenemos que hacer es coger el toro por lo cuernos, señor Comisario, sin atajos ilusorios y peligrosos, es decir, renegociemos Blair House. 
El segundo ajuste es un porcentaje de retirada obligatoria de tierras del 10 %. 
La propuesta de establecer un porcentaje cero en el año 2000 no es viable ni realista. 
Hoy ya necesitaríamos un porcentaje positivo de retirada obligatoria de tierras, seguramente por los problemas de mercado ya comentados y para garantizar una efectiva viabilidad del propio sistema de retirada obligatoria de tierras. 
El tercer ajuste se basa en un espíritu de cohesión y de solidaridad algo más consistente que el que hoy se respira en la organización común de mercado de los cultivos. 
Si es la misma Comisión la que reconoce en sus premisas que la reforma de la Política Agrícola Común de 1992 no ha favorecido las regiones y los productores más desfavorecidos en lo que respecta a los cultivos que representan el capítulo de gasto más consistente y a los que se destina la gran parte de la ayuda directa a la renta, no podemos quedarnos rígidamente aferrados a las lógicas de 1992. 
Precisamente para dar una señal de reequilibrio, propongo hacer referencia a los rendimientos productivos dados por la media ponderada, respectivamente por un tercio y dos tercios, del promedio de los pagos compensatorios y los pagos compensatorios históricos de la región afectada. 
Espero que estos ajustes sean aceptados, ya que convertirán las ayudas en más justificadas desde el punto de vista social, si nos interesa su futuro. 
Creo, sin embargo, que estos aspectos han de figurar en otros informes sobre la Agenda 2000, por ejemplo, el informe sobre el Reglamento horizontal. 
Considero que se trata de una importante ocasión para reconciliar la Política Agrícola Común con el consumidor y con el ciudadano. 
La ecocondicionalidad, los topes, la modulación, no son caprichos intelectuales, sino pasos obligados para garantizar algún futuro a la madre de todas las políticas comunitarias. 
De lo contrario, ya no será posible defenderla. 
Con 40 millardos de euros destinados a 7, 5 millones de personas, cuando tenemos más del doble de parados, la justificación económica por sí sola, en mi opinión, a la larga ya no es suficiente, si no va acompañada de lógicas de tipo medioambiental, social, territorial que la sociedad nos pide con insistencia. 
Estoy preocupado por el resultado de este debate en nuestro Pleno. 
Temo que con nuestra lucha para defender a los productores acabaremos por atenuar las tímidas novedades propuestas por la Comisión y por dejar sin efecto toda innovación. 
No se puede sostener que la crisis rusa o del Este asiático debe obligarnos a rechazar o revisar la bajada de los precios de los cereales, la leche y la carne. 
Nunca he creído en la «fortaleza Europa». 
Encerrarse en casa ha sido siempre un error para los europeos: es precisamente en los momentos de crisis que Europa debe mostrar su peso en la escena mundial atreviéndose un poco más. 
No se trata de una confianza dogmática en los mercados mundiales, se trata de la confianza en nosotros mismos, de lo contrario, no sirve implantar el euro para hablar al mundo y contar más. 
Este ensimismamiento, entre otras cosas, significa dar un pésimo mensaje a los PECO, a la otra Europa. 
Es paradójico que la Agenda 2000, creada para acercar las dos Europas, hoy acabe por alejarlas. 
El Consejo de Agricultura merecería una moción de censura. 
No ha llegado a ninguna parte respecto a la reforma de la Política Agrícola Común durante semanas y no ha dejado de esgrimir los argumentos de siempre: el modelo agrícola, los dos pilares. 
No ha sido gran cosa y ha regalado un espacio inmenso al Consejo Ecofin que con sus hipótesis respecto a la cofinanciación y a la congelación del gasto primero ha complicado, y luego ha hipotecado seriamente el futuro de la reforma. 
También aquí, debemos evitar batallas demagógicas: rechazar la cofinanciación en nombre de la solidaridad comunitaria significa sembrar cizaña; debatirla seriamente es otra cosa, supone evaluar todas sus repercusiones. 
Con la lógica de los saldos netos, del sentimiento de fastidio de quien considera que extiende un cheque en favor de los países pobres del Sur, Europa, en mi opinión, no hace camino; sin embargo, erigir un monumento al sacrosanto principio de solidaridad para la Política Agrícola Común, tal como ésta, es una ofensa al sentido común. 
Se puede decir de todo, pero no se puede decir que la Política Agrícola Común es el mejor ejemplo de solidaridad comunitaria. 
Basta comparar la ayuda asignada a las producciones mediterráneas para darse cuenta de ello. 
Para terminar, esperamos de usted, señor Ministro, una explicación sobre este nuevo entusiasmo por una reforma con coste cero. 
En mi opinión, si lo queremos es contener el gasto y afrontar los nudos estructurales de una ayuda excesiva, desequilibrada y con efectos distorsionadores, hay una manera de hacerlo y es la de realizar reformas más radicales y no de paralizarlo todo. 
Sería muy desagradable comprobar, después del mes de marzo, que tras el eslogan de la reforma sin coste se esconde el enésimo aplazamiento de cualquier reforma. 
Los agricultores necesitan de todo, excepto esperar hasta octubre. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero realizar una aclaración formal: hablo aquí como ponente de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, tal como han hecho hasta ahora todos los oradores anteriores. 
No defiendo pues mi opinión ni la de mi grupo político sino la de la comisión. 
En la Comisión de Agricultura nos encontramos ante la situación especial de que en muchos campos no se han adoptado resoluciones, es decir, que no existía ninguna posición, si exceptuamos que se ha rechazado la posición de la Comisión. 
He tenido suerte como ponente pues, señor Fischler, puedo felicitarle: la comisión ha recogido plenamente la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a los pagos directos y a la modulación de los mismos. 
Me encuentro pues ahora en la situación de informar y justificar su propuesta. 
Voy a ver si puedo hacerlo mejor de lo que lo ha hecho usted en su exposición. 
La condición previa para esta propuesta son los pagos de primas que se introdujeron en 1992 en la llamada reforma MacSharry- hasta ahora se ha oído hablar poco de la reforma Fischler, que debemos aún introducir- cuando se redujeron los precios y se dijo que hay pagos compensatorios de los precios en forma de primas. 
Estos pagos compensatorios de precios no estaban vinculados cualitativamente, lo cual era lógicamente correcto ya que debían ser aumentados en proporción inversa al descenso experimentado por los precios. 
Que esto no era del todo justo y que se quitaba en total algo a la agricultura fue objeto de nuestros debates a la sazón. 
Las repercusiones de estos acontecimientos fueron naturalmente dramáticas. 
Cito literalmente al Tribunal de Cuentas Europeo: «Ha ocurrido que el 40 % de estos créditos de primas han ido a parar al 4 % de las explotaciones». 
Y ha ocurrido que el 80 % de las primas han ido a parar al 20 % de las explotaciones y- prosigue el Tribunal de Cuentas- que una explotación puntera ha obtenido de Bruselas 6, 61 millones de marcos en un año. 
Esto significó que algunas explotaciones pudieron pagar su arrendamiento y su trabajo con las primas y que después aún les sobrase dinero. 
Naturalmente, para las explotaciones en las que se pensó menos, esto representaba una situación extraordinariamente difícil. Pues las primeras pueden soportar mucho mejor el descenso de los precios que las últimas. 
En consecuencia, la Comisión dijo que había que acabar con esa situación, lo que consideramos acertado en nuestra comisión. 
Tenemos que colocar y tener más en cuenta el trabajo y el medio ambiente como criterios para los pagos de primas. 
La comisión está de acuerdo con ello. 
Sin embargo, al contrario que el Tribunal de Cuentas, quien ha dicho que hay que poner como tope 100.000 ecus- es decir, un límite superior de recortes -, usted se ha pronunciado acertadamente al igual que la comisión en favor de una degresión. 
Entre 100.000 y 200.000 ecus habría que deducir un 20 % y por encima de 200.000 ecus, un 25 %. 
Este sería el nivel de Bruselas. 
Entonces dice usted que los Estados miembros deben decidir libremente deducir otro 20 % en las explotaciones que tienen una media menor de trabajadores o, lo expreso de otra manera, tienen un grado de racionalización muy superior a otras explotaciones. 
Esto supondría una deducción de hasta un 45 %. 
El enfoque de esta propuesta es razonable pues tiene en cuenta el trabajo para el pago de las primas, no en forma de una remuneración por el rendimiento aportado realmente sino en una forma estandarizada. 
Sin embargo, esto ocasionaría que las explotaciones con un elevado grado de racionalización serían pospuestas en el pago de primas y las explotaciones que ocupan mucha fuerza de trabajo obtendrían un pago superior. 
El problema en todo este asunto es solamente que las explotaciones afectadas solamente representan un 1 % o quizás ni siquiera eso y que la gran masa de explotaciones agrícolas no obtiene nada de esta degresión pues la deducción realizada arriba no aporta necesariamente algo abajo. 
Señor Comisario, permítame informar sobre lo que hemos introducido en la Comisión de Agricultura pero que no ha sido votado y sobre lo cual se ha dicho en su Comisión, al menos oficiosamente, que se trata de una propuesta mejor que la suya. 
Sólo que no puedo defenderla pues la Comisión de Agricultura ha decidido otra cosa, sin embargo voy a trazar sus rasgos básicos: naturalmente, se puede decir que es necesario un esfuerzo administrativo muy elevado para demostrar a las explotaciones que trabajan demasiado poco. 
Podría ocurrir que se produzcan litigios jurídicos y que surjan dificultades. Por ello, hemos propuesto conceder a las explotaciones una opción, consistente en deducir inmediatamente el 45 % y que la explotaciones con muchos empleados puedan, si así lo desean, facturar sus costes laborales y de ellos se aplique el 50 %. 
Al realizar los cálculos se ha visto que si se aplicasen nuestras consideraciones no se vería afectado el 97 % de las explotaciones. 
Establecemos, pues, una regulación para explotaciones que tienen muchos empleados y que producen ecológicamente. 
En la mayoría de los casos, esto va unido entre si. Damos a tales explotaciones más que a las que han introducido una racionalización y esto me parece muy razonable. 
Muchas gracias, señora Presidenta, lo demás lo diré cuando hable en nombre de mi Grupo político. 
Señora Presidenta, tenemos que ser justos. Se lo ruego. 
Me habría gustado hablar dos minutos sobre la política del mercado lácteo. 
Le ruego que llame la atención para que se respete el tiempo asignado. 
Aplausos 
Señor Goepel, es muy difícil interrumpir a un colega, sobre todo a un ponente, y si usted hubiera sobrepasado su tiempo sabe bien que tampoco le habría interrumpido. 
Los ponentes hacen un trabajo muy importante. 
Como presidente de sesión no puedo interrumpir bruscamente a un ponente. 
Sabe usted bien que no lo hago. 
Quizá me equivoque pero no lo hago. 
Señora Presidenta, la reforma de los cereales que se recoge en la Agenda 2000 incluye el abandono generalizado de la práctica forzosa del barbecho. 
Sin embargo, este documento no presta suficiente atención a las otras modalidades de cultivo. 
Sería razonable hacer hincapié en un mayor cultivo de las plantas energéticas, que representa uno de los modos alternativos para el aprovechamiento de las tierras. 
En el mundo rural, la producción bioenergética genera una importante actividad laboral también desde el punto de vista económico. 
Las ventajas de la bioenergía residen en su carácter renovable, su limpieza, su implantación local y su capacidad de creación de empleo. 
Hasta el momento, los principales apoyos con que ha contado esta producción se relacionaban más bien con sus beneficios económicos indirectos en los ámbitos regional, nacional y medioambiental y con sus ventajas económicas, directas, desde un punto de vista empresarial. 
La adopción de tecnología más desarrollada abre ahora nuevas posibilidades de cara al aprovechamiento de la bioenergía, a la vez que proporcionará en el futuro la posibilidad de aumentar la autosuficiencia de la producción energética europea. 
Un mayor esfuerzo en el desarrollo de productos en el ámbito de la bioenergía se traducirá igualmente en unos beneficios económicos, necesarios, en relación con el resto de las fuentes energéticas. 
En el marco de la aplicación del acuerdo sobre el clima de Kioto, la Comisión ha hecho público su objetivo de duplicar el aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables en el territorio de la Unión de aquí al año 2010. 
Si la Agenda 2000 prestara atención también a la producción no alimentaria, se demostraría una seriedad de intenciones por parte de la Comisión. 
Para hacer de la bioenergía una fuente energética barata es necesario destinar ayudas a este campo, junto a las demás alternativas del futuro, para que pueda ocupar la posición que le corresponde en la política energética europea. 
Finalmente, desearía expresar mi agradecimiento al ponente por esta labor ardua y a la que ha debido dedicar tantas horas de trabajo. 
Señora Presidenta, en su Comunicación «Agenda 2000» la Comisión Europea incluye propuestas que mejoran y consolidan la cohesión económica y social a través de la reforma de las políticas estructurales, de la Política Agrícola Común y del desarrollo rural. 
Dentro de las propuestas de reforma agrícola se da absoluta prioridad al compromiso de la Unión de mantener unas comunidades rurales viables y de proteger el patrimonio rural europeo. Para ello debe contarse con un sector agrario muy fuerte y competitivo a nivel mundial, todo ello dentro de un marco de desarrollo sostenible. 
En este contexto, la Comisión nos expone sus propuestas respecto a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común relativos a todas las organizaciones comunes de mercado que conceden pagos directos. 
La Comisión de Control Presupuestario, dentro de la propuesta de reglamento en cuestión, solicita a la Comisión de Agricultura que incorpore tres enmiendas con un objetivo común: la mejor información del Parlamento. 
En efecto, la propuesta de la Comisión se inspira en el principio de subsidiariedad. 
Sin ánimo de cuestionar dicho enfoque, es necesario que las medidas adoptadas para garantizar los pagos a los agricultores beneficiados vayan acompañadas de un cierto grado de coordinación a nivel comunitario. 
El régimen de sanciones que se aplique a los agricultores por incumplimiento de las normativas laborales o medioambientales debe aplicarse por los mismos motivos en todos los Estados miembros y deben ser similares en todo el territorio comunitario. 
Por último, llamo la atención de que la Comisión quiere confiar la tarea de aplicación de la propuesta de reglamento a comités de gestión en los que participan el Consejo y la Comisión pero de los que el Parlamento está excluido. 
Respecto a este tema, quiero recordar que este Parlamento aprobó una resolución el pasado mes de septiembre en el cual pedimos que se garantice al Parlamento un control real de las medidas de ejecución. 
Por ello, la Comisión de Control Presupuestario insiste en que el Parlamento sea informado por la Comisión de las medidas que adopten los Estados miembros en la aplicación de este reglamento, y que el Parlamento Europeo tenga el derecho de intervenir durante un plazo determinado en relación con las propuestas de la Comisión relativas a las medidas de ejecución antes de que se adopte la decisión final. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero expresarles mi agradecimiento por el caluroso saludo y por poder estar presente y hablar en la primera cita oficial como Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura y Pesca aquí en el Parlamento Europeo. 
Voy a exponerles los puntos centrales de la Presidencia alemana en los campos de la agricultura y pesca y espero que el Parlamento acompañe positivamente nuestro trabajo y nos apoye también activamente en los grandes proyectos. 
Saben que nos encontramos sometidos a una cierta premura de tiempo pues se van a celebrar nuevas elecciones a esta Asamblea. 
Doy una gran importancia a esta cooperación, Señorías. 
Hoy van a debatir sobre la parte agrícola de la Agenda 2000. 
He seguido atentamente los debates mantenidos en las comisiones y en el Pleno del Parlamento Europeo y he llegado a la conclusión- sin duda, no sorprendente para ustedes- de que existe aún una gran divergencia de opiniones en las cuestiones centrales. 
Deduzco de ello que la Presidencia alemana va a tener que trabajar duramente para llegar a un compromiso. 
Sin duda, la Agenda 2000, junto con la cuestión de la financiación, es el tema político central de la Presidencia alemana. 
El Gobierno federal se ha marcado como objetivo aprobar esta primavera la totalidad de la Agenda 2000. 
Una tarea realmente ambiciosa que solamente se logrará si el Parlamento, la Comisión y la Presidencia cooperan constructivamente y con total confianza y si desean realmente también el éxito político. 
Las propuestas de la Comisión sobre el sector de la agricultura y de desarrollo rural son parte de un paquete y saludo que el Parlamento Europeo lo vea también así. 
Por ello, les ruego encarecidamente que concluyan a tiempo los debates parlamentarios para que podamos mantenernos en el calendario previsto. 
Creo que es de interés para todos que la Agenda tenga éxito y mostrar a las ciudadanas y ciudadanos en Europa que las instituciones europeas no solamente están en situación de trabajar sino de hacerlo además con éxito y con visión de futuro. 
Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero Alemania se ha hecho cargo por 11ª vez de la Presidencia. 
El Gobierno alemán es muy consciente de la gran responsabilidad derivada de ello, pues se trata de acontecimientos de trascendencia histórica, como el de allanar el camino a la ampliación hacia el Este y el de preparar las negociaciones sobre la OMC que comenzarán a finales de año. 
Por ello, la conclusión de las negociaciones sobre la Agenda 2000 tiene para nosotros la máxima prioridad. 
Podemos construir sobre los buenos trabajos previos realizados por las Presidencias austríaca, británica y luxemburguesa. 
Sin embargo, quiero añadir que es necesario intensificar mucho el trabajo para superar las, en parte, graves diferencias de opinión aún existentes y llegar a un compromiso viable. 
A pesar de la ausencia de certeza sobre la financiación- aspecto sobre el que también se va a debatir intensamente- como Presidente del Consejo de Agricultura dirigiré las negociaciones sobre la parte agrícola de la Agenda en base a las propuestas de la Comisión. 
Así estaba previsto desde un principio. 
Entretanto, hemos creado un llamado high level group que ha iniciado las deliberaciones esta semana, comenzando con la carne de vacuno y la leche. 
Este grupo debe preparar las negociaciones en el Consejo de Ministros de Agricultura y mostrar los posibles compromisos, es decir, preparar unas propuestas de resolución muy avanzadas. 
En el encuentro del Gobierno alemán con la Comisión de la UE celebrado el lunes de esta semana en Bonn, he acordado con el Comisario Fischler que en el caso de presentarse unas alternativas convincentes, la Comisión está dispuesta a revisar sus propuestas y, eventualmente, a presentar otras nuevas. 
Le expreso, así como a sus colaboradores, mi agradecimiento por ello y me alegro al respecto. 
Pues en la actual fase de las negociaciones es aún muy pronto para especular sobre compromisos. No me parece razonable. 
Sin embargo, hay que indicar- me adhiero expresamente a lo que ha dicho al respecto el ponente Goepel- que a pesar de todos los intereses existentes a nivel nacional, debemos estar dispuestos a contraer compromisos pues, de lo contrario, no obtendremos ningún resultado. 
Quiero indicar claramente que considero irrenunciable mantener los intereses de la agricultura europea, llenar de contenido concreto el modelo agrícola europeo y fortalecer el área rural con un desarrollo sostenible. 
La agricultura europea del futuro debe ser competitiva para poder mantenerse frente a la competencia internacional. 
Las organizaciones de mercado europeas tienen que adaptarse en este sentido y orientarse más intensamente a los requerimientos del mercado. 
No obstante, quiero añadir que nuestra tarea es y sigue siendo mantener y mejorar los elevados estándares de medio ambiente y de protección del consumidor así como asegurar del modo adecuado dichos estándares en los acuerdos de comercio internacionales en el sentido de una competencia leal. 
Como Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, quiero trabajar junto con la Comisión para que la protección del medio ambiente en la política agrícola tenga un peso aún mayor, que los Estados miembros y las regiones tengan una mayor influencia en la configuración de la política agrícola y en las áreas rurales y que la protección de los animales y una protección preventiva de los consumidores pasen a formar parte integrante de la política agrícola común. 
A este respecto el Parlamento Europeo ha realizado importantes sugerencias, de las que me alegro y por las que les expreso mi agradecimiento. 
Subrayo de nuevo la necesaria sintonía a tres, si me permiten que me exprese así, entre el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento en la política europea, si bien esa sintonía podría ser en otro orden, Parlamento, Consejo de Ministros y Comisión o como deseen, el orden no tiene importancia. 
Aunque la Agenda 2000 va a ser el punto central de la Presidencia alemana, sin embargo en el campo de la agricultura y pesca hay algunos importantes proyectos que, a ser posible, se deben concluir. 
Como siempre, en el primer semestre se encuentran las negociaciones de los precios agrícolas, si bien su importancia- todos ustedes lo saben- ha disminuido. 
Les estaría agradecido si el Parlamento pudiese debatir de modo definitivo en esta legislatura las propuestas de la Comisión que aún restan. 
Para hacer justicia a las esperanzas de los consumidores, el derecho comunitario debe desarrollarse sobre la base del Libro Verde. 
Toda la cadena de la producción de alimentos tiene que regularse con eficiencia y coherentemente. 
También queremos mejoras en el campo de la agricultura ecológica, tanto en la producción como en la comercialización. 
Concedemos también una gran importancia a los sectores de la protección animal y la lucha contra las epizootias. 
Me voy a referir a los temas más importantes de la protección de los animales. Se trata de las decisiones sobre un trato conforme a la especie de las gallinas ponedoras colocadas en jaulas en batería, la definición precisa de los requerimientos planteados a los barcos de transporte de animales, la actualización de los requerimientos mínimos para el sacrificio así como la aplicación de la recomendación del Consejo de Europa sobre la cría de animales agrícolas útiles en el derecho comunitario. 
Ante el creciente comercio de animales vivos y de los daños provocados por las epizootias, la lucha contra éstas cobra una importancia cada vez mayor. Para ello se está intentando modificar la directiva sobre la peste porcina, sobre la fiebre aftosa así como sobre zoonosis. 
Esto es lo que quería decir respecto a la agricultura. 
Me voy a referir brevemente a la pesca pues también aquí nos espera un gran trabajo. 
Las negociaciones sobre la Agenda 2000 tienen también repercusiones sobre el sector de la pesca. 
Por ejemplo, hay que decidir la cuestión central de la futura financiación de las ayudas a la pesca. 
Paralelamente a ello, hay que mantener negociaciones sobre el reglamento de política estructural pesquera, para garantizar a más tardar en junio de 1999 la aprobación de esta propuesta. 
Mi objetivo es presentar ya en marzo en el Consejo de pesca los elementos políticos esenciales de dicha propuesta para que se adopte una decisión. 
Independientemente de ello, hay que desarrollar una política de pesca común con el objetivo de lograr una explotación duradera y equilibrada de las existencias piscícolas. 
Otro punto central lo constituyen los debates sobre la prosecución o renovación de los acuerdos de pesca con terceros Estados y la revisión de dichos acuerdos iniciada por el Consejo. 
Además, el Consejo de Pesca se ocupará de la nueva configuración de la organización común de mercado para productos de pesca. 
Hasta aquí una breve exposición de las actividades en el campo de la política agrícola y de pesca y de los aspectos centrales durante la Presidencia alemana. 
Naturalmente, en los diez minutos que se me han concedido sólo he podido hablar someramente sobre algunas cuestiones y si he sobrepasado algo mi tiempo ruego se me disculpe en esta mi primera intervención ante esta Asamblea. 
Quiero asegurarles que como Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura y Pesca buscaré el intercambio de ideas con el Parlamento Europeo en el marco del llamado diálogo tripartito. Lo considero necesario y corresponde también a mi convencimiento. 
Aplausos 
Era, en efecto, su primera intervención en esta Asamblea y creo que, en nombre de esta misma Asamblea, puedo darle una afectuosa bienvenida. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, les voy a anunciar ya desde el principio que voy a necesitar algo más de 10 minutos para poder referirme a todos los informes que se han presentado hoy aquí. 
Al final del debate intentaré ahorrar este tiempo si es posible. 
En primer lugar quiero felicitar a todos los ponentes por el trabajo que han realizado. 
Los diferentes reglamentos de mercado se han tratado en los informes de los señores Fantuzzi, Garot y Goepel, el reglamento horizontal ha sido objeto del informe del señor Graefe zu Baringdorf y del reglamento sobre FEOGA se ha ocupado el señor Mulder. 
El informe sobre la reforma del mercado del vino se va a presentar en el orden del día de febrero y los informes sobre el desarrollo rural y sobre las ayudas a la preadhesión fueron tratados ya en noviembre. 
Por ello, no necesito referirme a este informe si bien quiero incluir expresamente en mis felicitaciones a los ponentes, los señores Goerlach y Sonneveld. 
Señores ponentes, todos ustedes han contribuido a que hayamos podido mantener hasta ahora el calendario sobre las propuestas de la Agenda 2000. 
Entretanto hemos entrado en la fase decisoria en el Consejo. 
Las cuestiones técnicas se han aclarado y el nuevo grupo de alto nivel ha iniciado su trabajo esta semana. 
Tan pronto como se produzca un acuerdo político, la Comisión creará todas las condiciones previas para que los textos jurídicos se puedan aprobar definitivamente antes de las nuevas elecciones al Parlamento Europeo. 
Entretanto la mayoría de los agricultores y asociaciones de agricultores ven claramente que es inevitable una reforma de la Política Agrícola Común. 
El peligro de nuevos excedentes a pesar de la creciente demanda en los mercados agrícolas internacionales, la próxima ronda de la OMC y el creciente potencial de producción que va a seguir aumentando sustancialmente como consecuencia de la ampliación hacia el Este, determinan el debate sobre la futura orientación de la política comercial. 
Existe además un importante debate interno sobre los requerimientos sociales que se plantean a la agricultura. 
Las repercusiones medioambientales de la producción agrícola son parte de este debate así como la cuestión de los criterios sociales para la política agrícola, el deseo de una mejor calidad de vida, ya sea mediante unos estándares superiores de seguridad y calidad para nuestros alimentos o sea mediante un desarrollo sostenible de las áreas rurales y sus funciones para nuestra sociedad. 
Como saben, hemos resumido este enfoque bajo el concepto de «Modelo agrícola europeo». 
Pero para que este modelo no se quede anticuado necesitamos una orientación más intensa a los consumidores y mercados así como un fortalecimiento de la política para las áreas rurales. 
Me opongo por ello a los intentos de aprobar solamente una así llamada reforma «light» o de dejar fuera de la misma a importantes sectores. 
No me parece adecuado suprimir las posibilidades de futuro de los agricultores y del sector transformador con medidas a medias y, por tanto, ineficaces, y arriesgarnos a tener que enfrentarnos en un tiempo muy breve a un nuevo debate sobre la reforma. 
La cuestión es cómo deben ser definitivamente las reformas para que la agricultura europea esté preparada para los próximos desafíos. 
El Parlamento Europeo ha participado activamente en la búsqueda de una respuesta a esta pregunta y ha preparado una serie de enmiendas al respecto. 
Me voy a referir a continuación a las enmiendas más esenciales y voy a exponer mi opinión sobre las mismas. 
Permítanme que comience con la financiación. 
La transición del apoyo a los precios a pagos directos a las rentas no conduce directamente a ahorros en el presupuesto agrícola. Incluso ascenderán ligeramente los gastos de la política agrícola. 
Pero lo decisivo son los positivos efectos económicos alcanzados por la reforma. 
Institutos científicos independientes calculan los costes adicionales presupuestarios entre 3 y 4 mil millones de euros mientras que los ahorros de los consumidores ascienden a entre 10 y 17 mil millones de euros. 
Esto significa una reducción del índice de precios al consumo de entre 0, 3 y 0, 45 %, lo que supone una importante aportación a la estabilidad de Europa. 
El objetivo más importante de nuestra propuesta para el nuevo Reglamento FEOGA es financiar en el futuro con la sección Garantía las medidas para el desarrollo de las áreas rurales situadas fuera de los territorios del Objetivo 1. 
De este modo, queremos tener en cuenta la multifuncionalidad y también se podría defender mejor a nivel internacional la Política Agrícola Común. 
Con la sección Garantía se deben poder además financiar una serie de medidas estructurales de acompañamiento en el sector agrícola, medidas veterinarias y fitosanitarias especiales y otras de carácter informativo sobre la Política Agrícola Común así como consolidar y simplificar las normas jurídicas existentes. 
Me alegra que usted, señor Mulder, apoye en su informe la ampliación de financiación mediante FEOGA-Garantía. 
Permítanme que me refiera ahora a las diversas enmiendas. 
El fundamento jurídico del Reglamento es el artículo 43 del Tratado. 
Una serie de enmiendas pretenden que se fundamente también en el artículo 209. 
Señora Presidenta, esta propuesta afecta solamente a las normas específicamente financieras de FEOGA, por lo que está de sobra fundamentar este reglamento también en el artículo 209. 
Una serie de enmiendas se refieren a la cofinanciación de acciones que actualmente solamente se financian con el presupuesto de la Comunidad. 
Se trata de una cuestión básica que debe regularse fuera de los reglamentos agrarios. 
Lo mismo es aplicable a la cuestión del carácter obligatorio o no obligatorio de los gastos agrícolas. 
Estos deben tratarse dentro del marco del Acuerdo Interinstitucional. 
La enmienda que apunta a una modificación del ejercicio presupuestario significaría realmente también desde nuestro punto de vista una considerable simplificación. Pero tendría también como consecuencia que el ejercicio presupuestario en el que se realizase el cambio duraría doce meses y medio y que ocasionaría unos costes presupuestarios únicos de unos 800 millones de euros. 
Por ello, la Comisión solamente puede aceptar esta enmienda si se aclara cómo se van a financiar los gastos derivados de ello. 
En lo que se refiere a las enmiendas relativas a la calidad de los productos agrarios, para mí queda también fuera de toda duda que las medidas de fomento de la calidad van a ser cada vez más importantes. 
Sin embargo, hoy pueden ser financiadas por la sección Garantía y son financiadas también en parte. 
Lo mismo es aplicable al fomento del empleo de materias primas renovables. 
Si, por así decirlo, comenzamos ahora a exponer cualquier acción que nos parezca importante, tendríamos que citar una larga lista, lo que no tiene sentido. 
Respecto al deseo de que la financiación mediante la sección Garantía no debe entorpecer la administración y ejecución de acciones no financiadas anteriormente por esa sección, quiero indicar que las medidas de acompañamiento de la reforma 92 se financian con la sección Garantía sin problemas especiales. 
Aunque las normas financieras de la sección Garantía son diferentes en lo que se refiere a la contaduría y al cierre de cuentas, sin embargo, afirmo que en general es ventajoso y se puede combinar con la financiación estructural. 
Además, se va a establecer una regulación especial de pagos previos para los programas dirigidos al desarrollo de las áreas rurales. 
Otra enmienda destaca que los créditos no empleados de la sección Garantía deberían destinarse a final de año a una reserva especial para años futuros. 
Se trata de una idea interesante, pero las normas del Reglamento Financiero para el presupuesto de la Comunidad no lo permiten. Esto atentaría contra el principio de anualidad del presupuesto. 
Para finalizar con el informe Mulder, quiero aclarar que voy a tener en cuenta la exigencia de presentar informaciones regulares sobre las decisiones relacionadas con el cierre de cuentas. 
Asimismo, incluiré en la financiación con la sección Garantía determinadas medidas de evaluación. 
De este modo llego al informe del señor Garot sobre el sector de la carne de vacuno. 
Me alegra que en esta Asamblea consideren necesaria la reforma de esta organización de mercado. 
Es conocido que sin corrección de precios la carne de vacuno perdería irremisiblemente en el mercado interior. 
Es asimismo conocido que las exportaciones de carne de vacuno susceptibles de reembolsos de la Comunidad se van a reducir a solamente 820.000 toneladas anuales a partir de mediados el año 2000 debido a normas de la OMC. Si queremos que la industria de la carne de vacuno europea pueda mantener aproximadamente al nivel de producción actual, según nuestros análisis será absolutamente necesaria una reducción de los precios de intervención del 30 %. 
He examinado a fondo la propuesta alternativa de restablecer el equilibrio de mercado solamente mediante reducciones de la producción. 
No puedo adherirme a esta propuesta pues no puede garantizar el futuro de la ganadería europea de vacuno. 
En consecuencia, no puedo aceptar ninguna enmienda que apunte a reducciones menores de precios. 
Debemos dejarnos abierta la posibilidad de utilizar la previsible mejora en la evolución de los mercados. 
Pues si no lo hacemos nosotros lo hará sin duda la competencia. 
En lo tocante al importe de los pagos directos, aparte de la prima deben tenerse en cuenta también las restantes modificaciones proyectadas de la Política Agrícola Común así como los efectos que se espera tengan sobre los mercados. 
Otra cuestión es cómo podemos encontrar una solución justa aplicando la forma de los pagos directos. 
En la UE tenemos dos tipos básicos diferentes de cría de ganado vacuno. 
Uno se basa fundamentalmente en los cereales o maíz ensilado y el otro tipo en el engorde a pasto. 
No veo ninguna posibilidad de solución si no tenemos en cuenta ambos tipos del modo adecuado. 
A ello viene a sumarse que en noviembre de 1996 el Consejo de Ministros de Agricultura se comprometió a examinar soluciones adecuadas para la situación especial de aquellas regiones que dependen de un sistema intensivo de cría de ganado. 
Por otro lado, reconozco que la Política Agrícola Común debe tener una orientación más compatible con el medio ambiente. 
La compatibilidad con el medio ambiente es uno de los elementos clave para el futuro éxito del modelo agrícola europeo. 
Ante estas normas básicas y la diversidad y complejidad de los sistemas de producción de la ganadería europea de vacuno, la Comisión opina que una solución sería reconocer la subsidiariedad por la vía del national envelopes. 
Pero parece que esta propuesta ha chocado con una gran resistencia no sólo aquí en el Parlamento, por lo que voy a seguir examinando el tema. 
Aunque hoy no puedo recoger las enmiendas por los motivos expuestos, me permito asegurarles que la Comisión se va a mostrar abierta si se revelan avances en los debates sobre la forma de la compensación, en especial, si es de esperar de ese modo una simplificación. 
Otras enmiendas apuntan a recrudecer aún más los criterios para conceder primas por ganadería extensiva. 
Aunque en esta fase de los debates no puedo aceptar formalmente las enmiendas mencionadas, sin embargo, quiero indicar que esta cuestión tiene que seguir siendo examinada y que tengo una actitud positiva frente a las mejoras. 
Me voy a referir ahora al sector lácteo. 
Sé que va a ser especialmente difícil encontrar un consenso, pues las opiniones siguen divergiendo mucho. 
Permítanme comenzar con el reglamento sobre las cuotas lácteas. 
Me alegra que el Parlamento apoye la prórroga de la normativa otros seis años. 
En lo que se refiere a la situación tras el 2006, estoy de acuerdo en que hay que ocuparse ya antes del tema. En este contexto, la enmienda nº 45 me parece perfectamente aceptable. 
Sin embargo, ustedes proponen en parte también un aumento de las cuotas. 
Debe estar claro que cada punto de aumento de las cuotas significa la necesidad de reducir un 8 % los precios y aproximadamente 1.000 millones de euros de presupuestación adicional. 
Por otro lado, una prosecución de la regulación de las cuotas supone que tenemos que aceptar un cierto aumento de las mismas. 
Dicho políticamente, quien quiera la prosecución de las cuotas, deberá aceptar también una reforma del mercado. 
En lo tocante a la asignación de las cuotas adicionales, hemos fundamentado nuestra propuesta en prioridades, tal como ha expresado el Parlamento en diversas ocasiones. 
Por ello, no puedo aceptar las enmiendas que alteren el delicado equilibrio que queremos obtener con las cuotas adicionales. 
La propuesta de emplear las sanciones como instrumento de gestión de los mercados en caso de sobrepasamiento de los contingentes de referencia puede que parezca atractiva a primera vista, pero en la práctica veo venir sobre nosotros enormes dificultades. 
Tenemos que controlar los problemas que existen sobre todo en Alemania en lo tocante a los llamados «ordeñadores de sofá» , sin separarnos radicalmente de los principios fundamentales de la regulación de cuotas. 
Tampoco podemos dejar de lado las posibles consecuencias jurídicas y eventuales reclamaciones por daños y perjuicios de algunas enmiendas. 
Por este motivo, no puedo apoyar las enmiendas que apuntan en esta dirección. 
En lo que se refiere a las transferencias de cuotas, en nuestra propuesta lo que se pretende es ampliar y mejorar las posibilidades jurídicas de los Estados miembros sin limitar el margen de actuación que tienen en este campo. 
Por ello, el tenor literal intenta mantener un equilibrio ponderado entre la exigencia de subsidiariedad, por un lado, y el mantenimiento de los principios básicos de la regulación de cuotas, por otro. 
Creo que la mayoría de las enmiendas perturbarían más bien este equilibrio. 
Sin embargo, se está revisando la redacción en algunos puntos para poder alcanzar en cualquier caso el objetivo de la enmienda nº 12. 
Permítanme que destaque de nuevo que los actuales acontecimientos en los mercados de la leche y nuestra política de cuotas me animan a proseguir la reforma del sector. 
De los debates mantenidos en los diversos gremios extraigo la conclusión de que nuestras propuestas representan una respuesta ponderada y razonable a los desafíos a los que está confrontado el sector lácteo. 
Por ello, no puedo apoyar las enmiendas que recomiendan más o menos los descensos de precios para la leche como punto de partida para la reforma. 
En lo tocante a los pagos directos para compensar los descensos de los precios, los debates se han concentrado en tres sectores. 
En primer lugar, el importe de los pagos compensatorios: tampoco en este caso se pueden contemplar aisladamente los pagos compensatorios. 
El paquete de la Agenda 2000 contiene varias propuestas que van a ser de utilidad para los productores de leche ya que o conducen a un descenso de costes o a un aumento del output. 
Además, es improbable que el descenso de los precios institucionales en el sector lácteo se refleje totalmente en los precios de los productores. 
Por ello, no puedo apoyar las enmiendas que pretenden un aumento de los pagos compensatorios. 
El segundo punto se refiere a los métodos de los pagos compensatorios: con la vinculación a las cuotas lácteas hemos intentado que la regulación fuese sencilla y justa. 
Lamentablemente, las diversas alternativas tratadas en el informe no corresponden a estos criterios. Por este motivo, no me veo en situación de referirme al respecto. 
El tercer punto se refiere al sistema del national envelopes. 
Nuestra propuesta intenta proporcionar a los Estados miembros un margen de actuación para modelar las ayudas, para que puedan tener en cuenta las diversas situaciones de los productores. 
Sin embargo, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión las normas nacionales antes de su promulgación. 
Esto se hace por motivos de garantía frente a distorsiones de competencia. Por ello, no comparto los temores que se han expresado al respecto. 
Pero cuando esté claro cómo va a quedar definitivamente el modelo de producción de carne de vacuno, va a ser necesario que acompasemos del modo adecuado a este modelo los pagos compensatorios en el sector lácteo. 
Unas últimas palabras sobre el reglamento de base. No creo que sea razonable recoger en él disposiciones que no están directamente relacionadas con el reglamento común de mercado para la leche y los productos lácteos. 
Por ello, propongo llevar las normas sobre la protección de los animales, los aspectos de política estructural así como los de medio ambiente y de calidad de la producción de la leche allí donde pertenecen. 
Con ello, quiero llegar a los cultivos: la evolución existente hasta ahora ha mostrado que la reforma del 92 aunque fue un gran paso en la dirección correcta, no llegó lo suficientemente lejos. la regulación actual significaría nuevos excedentes o bastante más del 17, 5 % de retirada de tierras de la producción. 
Ante la urgente necesidad de reforma, saludo todas las enmiendas que mejoran la propuesta de la Comisión pero no las que la aguan. 
Varias enmiendas apuntan a aguar las reducciones de precios propuestas o incluso a suprimirlas. 
Me temo que una reducción de precios inferior al 20 % no sería de utilidad para nuestros objetivos. 
Una reducción limitada de precios conduciría a un mayor uso de las restituciones a la exportación y nuestras exportaciones de cereales, de carne de porcino y de ave se verían en consecuencia limitadas a los contingentes máximos de la OMC mientras que el comercio mundial aumenta de modo general. 
En lo tocante a la retirada de tierras de la producción, no excluyo que de vez en cuando determinadas superficies tengan que retirarse de la producción debido a unas condiciones de mercado desfavorables. 
Sin embargo, esto debería ser la excepción ya que el mercado se debe descargar en primera línea mediante exportaciones y no mediante retiradas obligatorias de tierras de la producción. 
Si se hubiese de recurrir a esta medida, la Comisión propondrá al Consejo y al Parlamento no aplicar la tasa básica del 0 %. 
Por ello, todas las enmiendas al respecto no son necesarias. 
Otro punto de debate son los pagos directos en función de las superficies. 
Las enmiendas presentadas proseguirían sencillamente el exceso de compensación que ha sido criticado severamente en especial por el Tribunal de Cuentas. 
No debemos olvidar que en el futuro los precios de mercado aunque van a fluctuar más, sin embargo van a estar por término medio sobre el precio garantizado. 
Algunas enmiendas prevén pagos adicionales en el marco de la retirada voluntaria, para fomentar de este modo las materias primas renovables. 
Puedo apoyar plenamente los esfuerzos por lograr nuevos mercados de ventas para productos agrícolas en el sector industrial. 
Sin embargo, dudo que unos pagos diferenciados por retirada de tierras de la producción sean la respuesta adecuada a este problema. 
También tengo que indicar que cualquier nueva subvención de nuevos cultivos no cae bajo la llamada cláusula de paz y podrá ser impugnada con facilidad por los demás miembros de la OMC. 
Por ello, no debemos aceptar enmiendas de este tipo. 
Otra es la situación con las numerosas enmiendas que apuntan a mantener la regulación actual para las semillas oleaginosas o el maíz. 
Esto no es un fomento de nuevos cultivos sino una prosecución o desarrollo de la regulación existente. 
En el caso del maíz quiero, sin embargo, subrayar dos cosas. 
En primer lugar, se debería demostrar que sigue estando justificado económicamente un trato especial para el maíz cuando la Comisión propone que se diferencie entre cultivos de regadío y de secano. 
Además, un trato especial para el maíz complicaría extraordinariamente el sistema de ayudas y supondría un privilegio aún mayor para el maíz ensilado. 
En lo tocante a las semillas oleaginosas, al mantenerse una prima especial siguen estando en vigor las limitaciones «Blair-House» , si bien en algunos casos debido a las sanciones masivas, las primas realmente pagadas han quedado por debajo del nivel que se pretende para el futuro. 
Por todos estos motivos, no puedo aceptar las enmiendas que afectan a los fundamentos de la propuesta. 
Aquí solamente puedo referirme a los aspectos principales de las enmiendas. 
Sin embargo, debo decirles que la Comisión no puede aceptar enmiendas que pretenden redistribuir radicalmente las ayudas o recortar los instrumentos comunitarios como, por ejemplo, el cálculo de los importes para el sistema de intervención en las especificaciones nacionales de determinados Estados miembros a cargo de otros Estados miembros. 
Quiero decir algunas palabras sobre el tema de la calidad de los cereales. 
Nuestra producción tiene que adaptarse a las necesidades del mercado y, en especial, a los requerimientos de los países importadores, es decir, tenemos que producir cereales de gran calidad. 
Este aspecto se trata en parte en la enmienda nº 4. 
Aunque no puedo aceptar la formulación elegida, sin embargo, comparto la preocupación del Parlamento. 
Por ello, la Comisión va a recapacitar sobre medios y vías para lograr una mejora de la calidad en el marco de la aplicación de la Agenda 2000. 
Con ello, llego al último informe, el que trata sobre las regulaciones horizontales para los pagos directos. 
Es evidente que estos pagos directos deben orientarse a los objetivos generales de la Política Agrícola Común. 
Esto es válido tanto para los criterios sociales como para la compatibilidad medioambiental. 
El límite de recortes propuesto en los pagos directos pretende servir al equilibrio social. 
Si los países miembros quieren ir más allá, pueden introducir una modulación en función del trabajo empleado. 
Pero una aplicación obligatoria de esta norma a nivel comunitario chocaría con graves problemas, en especial, en lo tocante al control y a la definición de las unidades de trabajo diferentes en cada país. 
Rechazo una ampliación del límite de recortes o de la modulación más allá de los pagos directos de los reglamentos de mercado ya que los pagos persiguen unos objetivos concretos en el marco del desarrollo rural. Por ejemplo, deben considerarse como remuneración por prestaciones al medio ambiente y no como un mero aseguramiento de las rentas. 
Ante la gran variedad de características ecológicas y agrícolas de la Comunidad, si se mira con realismo es muy difícil realizar a nivel comunitario una determinación de las condiciones medioambientales para la percepción de pagos directos. 
No obstante, los países miembros deben poder establecer el respeto de las normas medioambientales como condición previa para los pagos directos. 
En lo tocante a los créditos ahorrados por los recortes, se ha propuesto dejar el dinero a los países miembros. 
Pero evidentemente esto tendría las correspondientes consecuencias presupuestarias. Se podría recapacitar sobre si no existen otras opciones adicionales a las medidas medioambientales en la agricultura, para lograr un empleo competitivamente imparcial de los créditos ahorrados en la modulación y en la cross compliance. 
Por ejemplo, se podría recapacitar sobre un empleo de créditos en el sector de las demás medidas de acompañamiento o también del suplemento compensatorio o de las medidas de forestación. 
Se debe rechazar el empleo para meras ayudas a las rentas o medidas estructurales. 
Resumiendo, permítanme de nuevo subrayar que la Comisión no pretende imponer la Agenda, por así decirlo, porque sí. 
El núcleo de las diferencias entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo radica más bien en que para la Comisión la parte agrícola de la Agenda debe ser la base para las negociaciones en la OMC que se deben reiniciar a finales de año y que tendrán como resultado una mayor liberalización de los mercados agrícolas. 
Como todos están de acuerdo al respecto, la Comisión no considera aceptable imponer a las agricultoras y agricultores varias reformas seguidas en breve tiempo. 
Quizás esto sea más cómodo y en algunas asambleas quizás provoque más aplausos, pero la agricultura europea necesita- al igual que otros sectores económicos- unas condiciones marco estables. 
La Agenda las proporciona y permite además que la agricultura europea participe en el crecimiento del mercado agrícola. 
Una reforma «light» no lograría ninguna de ambas cosas. 
En especial por motivos demográficos- pues la mitad de los agricultores europeos tiene más de 55 años- no intentamos impedir el inevitable cambio estructural sino que lo aceptamos y queremos configurarlo de un modo razonable. 
Les expreso mi agradecimiento por el amplio apoyo que nuestras propuestas han tenido en esta Asamblea en lo tocante al desarrollo rural. 
Puedo asegurarles que estoy abierto a todas las alternativas concretas que compartan nuestros objetivos, tal como ya he indicado aquí en lo referente al sector del vacuno y de la degresión. 
Aplausos 
Señora Presidenta, quiero preguntar al Comisario si es posible que la Comisión haga llegar a este Parlamento una lista en la que ofrezca su opinión sobre todas las enmiendas presentadas a las propuestas de la Agenda 2000. Lo pregunto porque no procederemos a su votación hasta el día 28 de enero. 
Señora Presidenta, creo que es útil disponer de una lista de este tipo. 
Se la pondremos a disposición para votación del día 28. 
Señora Presidenta, quiero plantear un pregunta al señor Comisario Fischler. Hemos tratado enmiendas sobre las que aún no se ha votado. 
Usted se ha adelantado algo. 
La situación es algo difícil, lo ha descrito antes. 
Pero esto puede ocasionar que tras la votación tengamos que preguntar de nuevo si acepta las enmiendas. 
Si no las acepta, existe la posibilidad de que las devolvamos a la comisión, cosa que hicimos ya en el caso de las medidas estructurales del segundo pilar. 
¿Estará usted presente para, en su caso, proporcionar información y que podamos acordar si iniciamos este procedimiento? 
Sí, señor diputado, si Dios quiere estaré presente. 
Risas 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, después de lo que ha dicho el señor Comisario le deseo una larga vida política, independientemente de los debates que mañana se van a celebrar y que espero constituyan de nuevo un punto álgido. 
Estimadas y estimados colegas, quiero comenzar con la parte positiva y decir que en un punto estamos de acuerdo en este diálogo tripartito parlamentario: la reforma de la PAC es necesaria e irrenunciable y no se ha debatido al respecto solamente porque esté ante puertas una ampliación hacia el este. 
Esta es una argumentación que en los diversos países miembros, incluido el mío, conduce siempre a equívocos. 
Los problemas del exceso de producción y de la ausencia de orientación ecológica en la actual política agrícola- señor Comisario, esto lo reconocemos expresamente nosotros los socialdemócratas- se han atacado en el pasado con frecuencia con éxito y en el caso presente también se han producido éxitos visibles. 
Sin embargo, y esta es nuestra opinión común, la reforma de la actual política agrícola es una obligación cívica de primer orden ante los numerosos- y esta es asimismo nuestra opinión -, graves y permanentes fallos. 
Aunque la Política Agraria Común funciona, sin embargo su parte social está dejando que desear en los últimos tiempos, existiendo el peligro de que la opinión pública europea así como las y los contribuyentes europeos la acepten cada vez menos así como los costes derivados de la misma. 
Esta creciente falta de aceptación en la opinión pública no se puede considerar como algo sin importancia y, en consecuencia, sin repercusiones. 
En esta delicada situación, cada vez más puestos de trabajo en las áreas rurales estarán en peligro si no se realiza un análisis auténtico y, si es necesario, también sin concesiones, de los fallos. 
A este respecto, hemos avanzado juntos un buen trecho. 
Señor Comisario, algunas de sus propuestas apuntan en la dirección correcta pero no son lo suficientemente consecuentes en estas partes y en el fondo siguen siendo simbólicas. 
Aquí falta algo de valor para avanzar y enseñar también en alguna ocasión los dientes para que a los más débiles les vaya mejor en Europa. 
Algunos detalles precisan de mejora, lo que ha mostrado también el informe de nuestro ponente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Usted ha realizado propuestas, por ejemplo, en el sector lácteo, que debilitan aún más a los débiles y pequeños en las regiones menos favorecidas y- tengo también que decirlo- hacen que surjan algunas nuevas excrecencias burocráticas. 
La condena a la descuartización era una de las penas más graves en la Edad Media. 
Por favor, no introduzca una descuartización de las primas por vaca lechera. 
Estamos mucho más avanzados y dicho al margen: salga a la calle e intente explicárselo a un europeo normal. 
Esto no lo entiende nadie, por no formularlo de un modo más duro. 
Pero una crítica de detalles en esta Asamblea no debe conducir a la negativa total de una reforma que ya se hizo necesaria como consecuencia de la ampliación hacia el Este. 
Los socialdemócratas apelamos encarecidamente a todos los miembros de este Parlamento para que participen activamente en este análisis, apoyen alternativas sociales y medioambientales responsables y no las hagan depender de grupos de presión que niegan toda reforma. 
Quiero decirlo claramente: quien actúa y argumenta así, empleando para ello también los medios de comunicación, quita la esperanza de un futuro mejor a aquellos que se incluyen entre los más débiles y, con frecuencia, entre los perdedores de esta política agrícola. 
Para nosotros, los socialdemócratas, no es aceptable que sólo una tercera parte de los créditos presupuestarios anuales para la agricultura vaya a parar a las empresas agrícolas activas. 
Esta circunstancia se convierte en grotesca cuando el 80 % de esas sumas va a parar a sólo el 20 % y aquí a su vez solamente a los agricultores más ricos. 
El Presidente del Tribunal de Cuentas ha calificado esto hace poco con razón como un escándalo. 
Los socialdemócratas se niegan además a apoyar en el futuro una política que otorga al millonario del espacio rural, que ha convertido su explotación casi en una empresa unipersonal debido a masivas medidas de racionalización y que obtiene los mayores beneficios debido a su inmejorable acceso a los mercados mundiales, los mismos derechos a percibir ayudas que un agricultor en una región menos favorecida y que con frecuencia solamente puede sobrevivir mediante su autoexplotación. 
Quiero que quede totalmente claro que no sentimos envidia por el éxito económico de este global player agrario industrial. 
Pero en la política, que debe tener una orientación social, debemos prestar atención para que el pequeño, el débil, no quede marginado en Europa. 
Señor Presidente del Consejo, la política europea de ayudas en las áreas rurales- y esto lo considero como uno de los elementos más importantes de los últimos debates, también en los tiempos de la nueva Presidencia del Consejo -, tiene que convertirse por fin en política social en sus elementos más importantes. 
Tenemos que decírselo muy claramente a los grupos de intereses. 
Tenemos que llegar a una política integrada para la totalidad el espacio europeo y rural. 
No sólo tenemos que asegurar los puestos de trabajo existentes sino crear otros nuevos en las áreas rurales y mejorar las infraestructuras para que se puedan crear también puestos de trabajo no relacionados con la agricultura en las áreas rurales y que de este modo éstas puedan sobrevivir. 
Si logramos llevar a la práctica política este enfoque que se contiene también en las propuestas de la Comisión sobre la Agenda 2000, no me preocupará su aceptación en la opinión pública. 
Uno de los temas centrales de los social-demócratas europeos es que debemos hacer depender el volumen de los fondos de ayuda que se distribuyen en la agricultura de cuántos puestos de trabajo permanentes que cotizan seguros sociales se conservan y crean en estas explotaciones y aquí se incluyen naturalmente también los familiares. 
El paro afecta también a las áreas rurales y a la agricultura y es uno de los grandes temas de la Presidencia del Consejo. 
Trabajemos conjuntamente para superar esta graves crisis. 
Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo calificamos a esta política como política para las áreas rurales. 
Se trata de una política integrada. En nuestro grupo político hemos mantenido un amplio debate. 
Hemos tenido que concluir compromisos y nos alegramos de poder hacerlo también en negociaciones directas con el Consejo y la Comisión. 
Me permito revelarles un secreto que en realidad no lo es, el secreto de los miembros demócratas de este Parlamento: queremos que en el futuro estas negociaciones no sólo lleven a una coparticipación sino que como representantes elegidos del pueblo europeo podamos decidir también en esta última parte del presupuesto europeo, pues para eso se nos ha elegido. 
Les pedimos su apoyo también para esto. 
Señora Presidenta, desearía comenzar agradeciendo al Sr. Garot su informe sobre la carne de vacuno. 
En su calidad de ponente, ha intentado suavizar las rigurosas propuestas que se han presentado para este sector. 
El régimen del vacuno es el más complicado de todos los regímenes, principalmente porque es el que presenta los plazos de entrega más largos. 
Los ganaderos de vacuno continúan sufriendo aún las secuelas de la crisis de la EEB en el Reino Unido, que motivó la caída en espiral de toda la industria del vacuno y supuso grandes perjuicios al consumo de esta carne. 
Así pues, por ejemplo, los 23 millones de toneladas de carne de porcino y de ave que se consumen en la actualidad representan más del triple de las cifras de consumo de vacuno, que se sitúan en 7, 1 millones de toneladas anuales. 
Esto se explica únicamente en parte por los precios. 
Si a la producción nacional se añaden las importaciones de carne de vacuno en la Unión Europea, el total supera en casi un millón de toneladas la respuesta del mercado interior. 
Una de las principales dificultades se relaciona con las limitaciones del acuerdo de Blair House sobre el volumen de las exportaciones y el nivel de las restituciones susceptibles de pago, a lo que se une el desmoronamiento de la economía rusa y la estratégica presión a la baja de los precios que ejercen los mercados de otros terceros países a fin de obtener ventajas del problema ruso. 
Si por una parte nos enfrentamos a una mayor presión procedente de Occidente, especialmente de los Estados Unidos y del Grupo de Cairns, a medida que nos preparamos para iniciar las negociaciones de la próxima ronda de la OMC, por la otra, se registran también presiones desde el Este con objeto de rebajar los costes de la ampliación. 
Resulta esencial que se preste la máxima atención a los ganaderos del sector vacuno. 
Es necesario mantener las primas por buey de 10 y 22 meses y las primas por desestacionalización. 
A pesar de ser una cuestión muy polémica, la prima por sacrificio que se ha propuesto no representa un buen sistema sustitutorio. 
Si bien es cierto que puede ser de fácil aplicación, no se relaciona de manera directa con la tierra, y no cumple los anhelados objetivos de la Comisión de fomentar unos sistemas de producción, basados en el consumo de pasto, que sean respetuosos con el medio ambiente, tal como acaba de mencionar el Sr. Comisario. 
Igualmente, es de vital importancia que se estabilice el mercado recurriendo a la posibilidad de intervención continua, siempre que sea necesario y hasta el momento en que se restituya el equilibrio al mercado y se reduzcan las importaciones y la producción. 
Finalmente, desearía decirle a la Comisión que comprendo lo que está intentando hacer, si bien, hasta que no transcurra el tiempo necesario para que el mercado del vacuno se reponga de la reciente crisis, es absolutamente necesario mitigar las rigurosísimas propuestas para permitir a los ganaderos continuar en este negocio. 
La Comisión tiene la responsabilidad de averiguar por qué razón están subiendo a un ritmo constante los precios al consumidor a la vez que los precios de los productos ganaderos siguen registrando fuertes caídas. 
Hay alguien en el medio que se está beneficiando. 
Debemos poner fin a esto para permitir que sean los consumidores quienes se beneficien de las reducciones en los precios de los ganaderos. 
Y sé que el Comisario está al corriente de esta circunstancia. 
Señora Presidenta, en primer lugar debo observar que, a pesar de todas las interesantes aportaciones ofrecidas a este debate, toda la discusión sobre la Agenda 2000 tiene algo de irreal. 
Porque, ya lo acaba de decir el Comisario Fischler, los cambios de la política implican que ésta se volverá más cara. 
En todos lados oigo lo mismo, disponemos de menos dinero. 
¿Tiene sentido seguir hablando de los cambios de la política agrícola sin conocer exactamente nuestras perspectivas financieras? 
Ya es hora de que se informe a este Parlamento. 
¿Cuáles son las finanzas disponibles para la agricultura? 
Me gustaría saber cómo el Comisario Fischler, con todas sus propuestas, piensa ajustarse a ellas. 
El punto de vista del Grupo Liberal, en términos generales, es que se necesita un cambio de la política, sobre todo con motivo de la entrada de los países de Europa del este. 
Apoyamos una reducción de los precios de los productos más importantes. 
Sin embargo, y sobre todo porque la situación internacional se ha modificado substancialmente en comparación con la de hace dos años, la tendencia general muestra un descenso de precios inferior al previsto por la Comisión y, por otro lado, va hacia una compensación completa de dicho descenso de los precios. 
Estamos a favor de la igualdad de tratamiento de los productos más importantes, y esto significa más concretamente un mismo tratamiento para los precios de la fécula de cereales y la de las patatas. 
Opinamos que debe mantenerse el instrumento de las cuotas, es decir que deben mantenerse las cuotas de la leche, pero también y sobre todo una retirada variable de tierras. 
Por último, algo sobre la cofinanciación. Lo digo, sobre todo, al Ministro alemán aquí presente. 
El Grupo Liberal está a favor de la cofinanciación de las ayudas a la renta, no sólo para mejorar la posición de contribución neta de algunos países, sino sobre todo porque es inevitable con motivo de la entrada de los países de la Europa oriental. 
Si tuviésemos que pagar allí también las ayudas a la renta, significaría la quiebra de la política agrícola, y eso no lo desea nadie. 
Cofinanciación sí, pero bajo la condición de que pueda variar según cada región, que el pago por parte de los Estados miembros sea obligatorio y que éstos últimos sean sancionados por Bruselas si faltasen a dicha obligación. 
Sin embargo, la política deberá ser decidida siempre en Bruselas; las mismas condiciones de competencia en toda la Unión Europea, sin distorsión por las políticas nacionales. 
Esto, en general, señora Presidenta, es el punto de vista del Grupo Liberal y sobre ello volverán otros oradores de mi Grupo después de mi. 
Señor Comisario, después de haber oído las reducciones que propone, dudo que se pueda mantener ese célebre modelo europeo de agricultura. 
Entre otras cosas, porque no hay un sólo modelo de agricultura, hay dos modelos: el modelo verde y el modelo pobre de la agricultura europea. 
Por otro lado, también la célebre figura de la multifuncionalidad, de la que tanto se habla, será, de hecho, una realidad. 
Muchos agricultores van a tener que trabajar en otros sectores para ganarse el pan. 
Es interesante ver que los cinco informes han sido obra de diputados que proceden de las zonas ricas de Europa y que, naturalmente, han dado muestras de una notable imparcialidad; quiero felicitarlos a todos por ello. 
Yo procedo de una zona pobre y como tal hablo. 
Quisiera también felicitar al Sr. Reader por haber pronunciado ahora, en este Pleno, un discurso de izquierdas, cosa que yo, de hecho, ya no estoy acostumbrado a ver en los socialdemócratas, en la medida en que en la Comisión, en general, sólo hablan de mercado y adoptan una posición profundamente capitalista. 
Por tanto, aquí tenemos algún cambio, espero que sea para bien. 
En cuanto a la cofinanciación, debo decir que, para los países pobres, la cofinanciación es, naturalmente, una dificultad. 
Los países pobres tienen dificultades para mantener la cohesión, para mantenerse dentro de la cohesión, si, de hecho, no se sufragan todos los gastos obligatorios con cargo al presupuesto europeo. 
En cuanto a la leche, es evidente que una atribución de cuotas más equitativa, la prestación de atención a las zonas más desfavorecidas, a los jóvenes agricultores, todo eso reviste para nosotros la mayor importancia; eso sí que corresponde al modelo europeo de agricultura. 
Por lo que se refiere a los cereales, es evidente que estamos de acuerdo; sólo no estamos de acuerdo con el importe en que disminuye el precio de los cereales. 
Pero estamos de acuerdo, por ejemplo, en que se deba incentivar las producciones no alimentarias, para que podamos seguir siendo agricultores. 
Estamos de acuerdo en que se mantenga la retirada obligatoria- y en eso sigo la opinión del Sr. Mulder- entre 0 y 17 %. 
Por lo que se refiere a la carne de bovino, el Sr. Garot es un especialista en ese asunto. 
Estamos prácticamente de acuerdo con lo que nos propone y, naturalmente, consideramos que la modulación es importante. 
Modulación que también considero importante observar detenidamente en el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Es sólo importante una cosa: ¿quién va a juzgar la modulación? ¿Quién va a juzgar la cuestión de las unidades de trabajo en cada explotación? 
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestro grupo político considera el enfoque de la reforma como un paso en la dirección correcta. 
Sin embargo, somos de la opinión de que en muchos campos hemos procedido a medias. 
De lo que se trata es de suprimir la intervención estatal y no de reformarla. 
Una reducción de precios dentro de la regulación de intervención es errónea, por lo que tenemos que marcarnos un plazo para acabar con dicha intervención. 
También es erróneo aferrarse a los instrumentos de las ayudas a las exportaciones. Aquí también tenemos que indicar cuándo los vamos a abandonar. 
Considero que la política de reducción de precios así como la política en el sector de la carne de vacuno son un paso correcto hacia el abandono de la intervención. 
En el año 2006 hablaremos al respecto, pero se debería indicar ya un plazo. Lo mismo es aplicable al sector de la leche. 
Hay que indicar qué va a pasar en el año 2006. 
¿Hay que contar con una suspensión de la cuota? 
Las explotaciones tienen que prepararse. 
La cuestión del comercio con cuotas, del valor de la cuota, está relacionado con ello. Afecta muy en especial a Alemania. 
Se debería aportar claridad al respecto. 
Señor Funke, esto es también un requerimiento dirigido a la Presidencia. Las explotaciones deben tener seguridad. 
Señor Fischler, otro punto sobre el que debatimos no es nuevo para usted. 
No queremos mantener la antigua lógica en la orientación al mercado mundial. 
No queremos un closed shop. 
Queremos comercio y transformación pero también competencia por la calidad. 
Quien quiera producir para el mercado mundial que lo haga y que vea que tiene que coordinar su actuación con los otros interlocutores comerciales. 
Aquí tiene que mantenerse el Estado al margen. No se puede subvencionar esto con fondos del Estado. 
Otro punto de crítica es que usted se orienta aún demasiado poco al mercado interior. 
Tras la ampliación hacia el Este, después de China seremos el mayor mercado interior del mundo. 
Aquí debería establecerse tanto el objetivo de la producción como el de la competencia por la calidad. 
Queremos el mercado y crear posibilidades para que los productores, las agricultoras y los agricultores se puedan orientar al mercado. 
Tengo que alabarle por el establecimiento de una línea estructural propia y por dedicar a ello fondos de FEOGA-Garantía, aunque se haga algo vacilantemente. 
Debería hacerse algo más. Pero la resistencia contra esta orientación cualitativa es enorme. 
Quizás le haya abandonado el valor, pero siempre podremos apelar al mismo. 
En la próxima reforma en el año 2006 las actuales medidas de acompañamiento estarán en el punto central de la política agrícola. Así lo esperamos. 
Permítanme que realice aún una observación sobre el comportamiento aquí en el Parlamento. 
Hasta que se celebraron las elecciones en Alemania, usted conoció las consecuencias del bloqueo del Gobierno alemán. 
Ahora conocemos las del bloqueo del Grupo del PPE. 
Nos pusimos de acuerdo sobre el sector agrario con todos los coordinadores de todos los grupos políticos. 
Queríamos encontrar un compromiso, una línea y en esta ocasión queríamos participar en la reforma suspendiendo la votación sobre este procedimiento, ganando influencia y fortaleciéndole también a usted las espaldas frente al Consejo en muchos campos. 
Esto solamente ha producido caos. Espero que en la votación en el Pleno encontremos una línea de actuación entre las fuerzas razonables para obtener una mayoría y poder ejercer esa influencia. 
Señor Funke, le quiero decir como Presidente del Consejo y Ministro de Agricultura en Alemania que si Borchert hubiese permanecido, el Grupo del PPE habría participado para que hubiese habido un apoyo y ayuda de Bruselas y para que Borchert hubiese podido decir que Bruselas había planteado exigencias. 
Ahora se ha adoptado la dirección opuesta para que se pueda decir que el nuevo Ministro de Agricultura vende la agricultura y desciende los precios. 
Debe tener también esto en cuenta. 
Aquí está en juego la oposición y la actual oposición tiene que aprender aún a actuar en un sentido constructivo. 
Espero que en las negociaciones del Consejo se encuentre una línea en la que el trabajo y el medio ambiente se coloquen en el centro de la política agrícola, para que en el año 2006 podamos por fin darle a ésta totalmente la vuelta. 
Señora Presidenta, querría felicitar en primer lugar a los ponentes por su ardua labor y por la diligencia que han demostrado en la preparación de estos informes. 
Desgraciadamente, la comisión no les recompensó de la manera que hubiera correspondido cuando presentaron sus informes ante ésta. 
En el marco de la Agenda 2000, nos estamos embarcando ahora en una mayor reforma de la Política Agrícola Común. 
No cabe la menor duda de que, una vez que hayamos finalizado, ésta será más costosa y más difícil de defender. 
Hemos de hacer esfuerzos para encontrar un equilibrio entre, por una parte, el productor y, por la otra, el consumidor, ya que el contribuyente se muestra cada vez menos dispuesto a prestar su apoyo a la comunidad rural. 
El conjunto de la agricultura en toda la Unión Europea se enfrenta a tiempos muy difíciles desde el punto de vista económico. 
Año tras año se viene registrando una reducción de los subsidios a los agricultores, a pesar de que se destinan importantes ayudas a la industria. 
Nosotros estamos de acuerdo con este apoyo. 
Hemos de garantizar la supervivencia de la industria ya que las explotaciones agrícolas familiares representan la columna vertebral de la Unión Europea. 
Hemos de garantizar la incorporación de los jóvenes agricultores en la industria, asegurarnos de que ocupen una posición favorable en esta industria y que se sientan satisfechos de formar parte de ella. 
El sector lácteo representa una parte importante de esta industria. 
Numerosos ganaderos dependen de él en toda Europa, por lo que debemos dotarnos de una política equilibrada y correcta. 
Se deberían mantener, en principio, las cuotas del sector lácteo, si bien sería necesario modificarlas con arreglo a las cuotas por vacas y ovejas nodrizas. 
Los ganaderos de mi región que no se levantan de la cama por las mañanas para ordeñar vacas pueden arrendar sus cuotas y obtener beneficios más pingües que el ganadero que sí lo hace, pero que se ve obligado a pagar por el arriendo de su cuota a otro. 
Tiene que haber algo que no funciona en un sistema que da lugar a situaciones como ésta. 
Es necesario introducir reformas en dicho sistema y asimilarlo a otros regímenes de cuotas. 
Por lo que respecta al sector vacuno, la industria de mi región ha quedado completamente destrozada, por lo que es necesario hacer algo para lograr su recuperación. 
No creo que el almacenamiento privado sea suficiente, así que debemos considerar el mantenimiento de todo el ámbito de intervención. 
Me opongo al pago de primas por novillas y toros, y creo que la Comisión debería reflexionar al respecto. 
No creo que sea de ninguna ayuda, habida cuenta de que no se dispone de fondos adicionales. 
No puedo estar de acuerdo con el Comisario cuando habla de paquetes de medidas nacionales. 
Esta medida modificará de arriba abajo toda la Política Agrícola Común. 
Esta medida implicará desigualdades entre los distintos Estados, es decir, que los agricultores de una región tendrán ventajas en relación con los de otras regiones. 
No debemos seguir esta senda. 
Me gustaría pedirle al Comisario que abordara aún otra cuestión. 
Si vamos a atar las manos de los productores por lo que respecta a su manera de producir alimentos, no deberíamos importar alimentos de países no comunitarios que no fueran producidos con arreglo a los mismos niveles de alta calidad. 
No les aten más las manos a los agricultores. 
Ofrézcanles una competencia justa y leal con el resto del mundo. 
Asegúrense de que las importaciones de la Unión cumplen los mismos estándares que los alimentos que nosotros producimos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en apariencia, con el debate de esta Agenda agrícola 2000 y de sus 8 reglamentos, tenemos un hermoso edificio legislativo, con toda una serie de novedades seductoras. 
Se habla misteriosamente de dotación nacional, de desarrollo sostenido o global, de cofinanciación, de multifuncionalidad, de ecocondicionalidad, de subsidiariedad, de alta calidad, de desafíos que afrontar. 
En realidad, todo se resume en una sola palabra: continuidad. 
Se trata de una nueva reforma de la PAC, de una reedición de la reforma de 1992. 
No ha cambiado nada: la bajada de los precios, -15, 20, 30 % -el maltusianismo de la retirada de tierras excepcional, el racionamiento y la austeridad. 
Es incluso peor que en 1992, ya que las compensaciones no son ni siquiera íntegras. 
Es cierto que al menos ha logrado usted una novedad táctica: ha conseguido dividir a la Comisión de Agricultura ya que se han rechazado los cinco informes. 
La Europa del Norte, británica, alemana, la Europa ultraliberal, la Europa de los contables, ha impuesto su presión, de ahí la sumisión que ha provocado la expoliación y, al final, la ilusión. 
Presión, sumisión, expoliación, ilusión: éste es el cuadrado trágico en el que se encierra a los agricultores europeos. 
En primer lugar, la presión. 
Ésta es triple: presión presupuestaria producida por Alemania que pretende reducir su contribución- la comprendo, los franceses podrían estar en esta línea -; producida por los países de la cohesión, España, Portugal, Irlanda, que pretenden mantener sus fondos estructurales; producida por la apertura al Este que exigiría un suplemento de fondos estructurales. 
Presión precisamente de la apertura al Este, que dicta una bajada de los precios agrícolas de tal modo que una vez lleguen los Diez del Este, los gastos del FEOGA y de los precios garantizados no sufran incremento. 
Presión finalmente de las negociaciones 2000 y de la OMC, ya que la Agenda 2000 es el hijo natural de la OMC 2000. 
Se trata de disponer de reducciones de ayudas relativas a las tierras, reducciones de las ayudas a la exportación, de ahí la sumisión, una vez más, a los Estados Unidos. 
Doble sumisión incluso: sumisión en primer lugar a Alemania. 
Es bajo la presión alemana como se busca la cofinanciación para disminuir los créditos agrícolas europeos y aumentar evidentemente los fondos estructurales para los países del Este que revisten un interés estratégico para Alemania. 
Sumisión a Estados Unidos, como en 1992, es casi genética en el caso de la Comisión Europea. 
Antes incluso de comprometer las negociaciones, ésta comienza alineándose y no reclama a Estados Unidos un comercio equitativo que tenga en cuenta el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente, la protección social de los campesinos, la calidad alimentaria. 
No, ella se alinea. 
Se alinea más en la medida en que los Estados Unidos no dudan en desbloquear, con carácter excepcional, 6.000 millones de dólares de ayuda a los campesinos mientras ellos proponen la prohibición de las ayudas. 
Esto hace que en lugar de ser ofensivos nos sometamos. 
El ejemplo perfecto es el expediente emblemático del plátano. 
Se aplica o se amenaza con aplicarnos la sección 301, y se evita por cierto dotarse del mismo arsenal legislativo. 
Si me permiten esta expresión: nos sometemos a campo raso, e incluso a campo arrasado, si se puede decir así. 
De ahí la expoliación- es el tercer punto- de los campesinos. 
Ejemplo: sobre las líneas presupuestarias del FEOGA-Garantía, se bombean, se desvían 500 millones de ecus para financiar el Fondo de Preadhesión, es decir, que los agricultores del Oeste son sacrificados para financiar la llegada de los agricultores del Este. 
Los últimos en llegar serán los primeros en ser financiados. 
Es cierto que es muy cristiano: el obrero de la 25ª hora gana más que el de las horas anteriores. 
Además, los créditos de la sección Garantía del FEOGA sirven para financiar la reestructuración, la flota pesquera, financiada hasta ahora por los fondos estructurales del IFOP: lo que quiere decir que para ayudar a las víctimas de la política pesquera se agrava la situación de las víctimas de la política agrícola. 
Y ésta es la ilusión trágica de la reforma. 
Se nos dice, señor Comisario, que el objetivo de la reforma es el modelo agrícola europeo que ha desarrollado aquí Arlindo Cunha. 
Con la explotación familiar, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el desarrollo duradero, todos estamos de acuerdo. 
Ahora bien, en realidad, obtienen ustedes rigurosamente la inversa: la bajada de los precios agrícolas no está compensada íntegramente, por consiguiente, se produce amputación de la renta agrícola, frente a la cual, el campesino, para restablecerse, busca otras compensaciones y, ¿dónde las encuentra? 
En la carrera por la hiperproductividad. 
Lo que quiere decir concretamente que van a aumentar en detrimento de los jóvenes, de las explotaciones familiares, en detrimento de la repoblación del campo, de la supervivencia del modelo europeo. 
Van a reducir sus costes utilizando activadores de crecimiento, utilizando factores de producción baratos, los lodos de origen urbano, por ejemplo, utilizando antibióticos, de ahí la caída de la calidad, de la seguridad, de la protección del medio ambiente. 
Y, finalmente, tendrán ustedes más despoblamiento, más desertificación, más inseguridad, menos calidad, menos independencia alimentaria. 
Es cierto, lo admito, que han tenido éxito en el desafío de volver a los años 60 cuando no pesábamos en el mercado mundial. 
Ahora bien, en ese marco, que es el de un Eurodisney agrícola, no hará usted el papel de Mickey, lo tiene el Sr. Kantor. 
No hará el papel del tío Gilito, lo tiene Alemania. 
No será el director, Walt Disney es americano. 
Le queda el papel de Pluto, el perro guardián de los intereses americanos. 
Pero estoy de acuerdo en que Pluto es un personaje al menos tan simpático como Sissí, lo que hace que Austria salga adelante. 
A pesar de todo es una lástima que abandonen ustedes las grandes óperas agrícolas por pequeñas operetas. 
Señora Presidenta, debatimos hoy sobre las propuestas de reforma de los diferentes sectores agrícolas sin conocer el posible impacto financiero de las mismas y, sobre todo, si éste encajará en las futuras perspectivas financieras. Ello impide que podamos abordar con realismo la cuestión elemental y básica de cómo financiar dichas propuestas. 
Es cierto que la Comisión ha manejado hipótesis optimistas según las cuales no habrá problemas. 
Pero, como el propio Tribunal de Cuentas ha establecido, la realidad puede que vaya por otro camino, y especialmente llama la atención sobre si seremos capaces de gestionar una política agrícola en la que los nuevos Estados que se adhieran a partir del 2003 no recibirán ayudas directas. 
¿Se podrá mantener en el tiempo y sin tensiones esta orientación? 
La segunda consideración general es que, si bien la Comisión desea fomentar la competitividad de la agricultura europea, lo hace, básicamente, a través del instrumento de los precios, de la reducción de los precios garantizados. 
Pero esa orientación carece del complemento necesario, al no establecer la Comisión programas de promoción de la producción europea que garanticen una calidad elevada. 
Establecidas estas premisas, quisiera decir que la orientación seguida por la Comisión- teniendo en cuenta las previsiones internacionales de crecimiento, una mayor competitividad para la agricultura europea, la apertura a los nuevos adherentes y las futuras negociaciones de la OMC -, parece correcta. 
Pero debería ser esta la ocasión para corregir, con sus propuestas, algunas anomalías que se arrastran del pasado. 
Por ejemplo, en el sector de los cereales parece demasiado optimista establecer un porcentaje cero de retirada obligatoria de tierras. 
Hay previsiones de que necesitaremos todavía, posiblemente, restituciones a la exportación y, seguramente, volver a reintroducir la obligatoriedad. 
Debería abrirse también la posibilidad de corregir, para algunos Estados miembros, los periodos de referencia respecto de sus planes de regionalización e incluso la aplicación de rendimientos diferentes para el maíz en relación con otros cereales. 
Igualmente, no parece necesaria la igualación de la ayuda por superficie de las oleaginosas con la de los demás cereales. 
En materia de productos lácteos, aun aceptando la orientación de precios, las ayudas previstas según la llamada «vaca virtual» carecen de justificación. 
Los precios bajan por igual para todos los ganaderos y no tiene sentido que la definición de las ayudas beneficie precisamente a los más competitivos y penalice, por el contrario, a quienes están haciendo esfuerzos para que sus explotaciones puedan competir. 
En el sector de la carne, la situación es similar. 
La reforma no puede consolidar la penalización de aquellos Estados miembros que posean menos unidades de prima, sean estas para las vacas nodrizas o para los bovinos machos, que se añaden, además, a las limitaciones de edad establecidas para recibir la prima a los ovinos. 
La fórmula de que se encargue a los Estados miembros el reparto de una parte de las ayudas conforme a pautas nacionales nos parece, además, que suscita más problemas que soluciones y que, como ha señalado el propio Tribunal de Cuentas, la necesidad de respetar un marco comunitario mínimo sigue siendo, en las propuestas, una medida imprecisa. 
La descentralización propuesta podría crear dificultades a la hora de determinar con exactitud los gastos que pueden subvencionarse con fondos comunitarios. 
Finalmente, y en relación con el Reglamento horizontal, aun aplaudiendo la intención de corregir algunos desajustes de la PAC, hay que lamentar, sin embargo, el riesgo de que sea inoperante. 
Es necesario preservar, en manos de las autoridades comunitarias, la definición de las obligaciones medioambientales de obligado cumplimiento, así como la fijación de unos límites globales para recibir las ayudas donde puede y debe tenerse en cuenta el empleo efectivo de mano de obra. 
Apoyamos a la Comisión, pese a la timidez de la propuesta, no tanto por los ahorros que pueda producir dicha propuesta sino porque nos parece injustificable la concesión indiscriminada de subvenciones y, como ponen de manifiesto los propios datos de la Comisión, hay que recordar que entre los beneficiarios de ayudas superiores a los 100.000 ecus sólo se encuentra el 0, 2 % de los agricultores. 
Nos parece que ese mínimo esfuerzo que representa la propuesta de la Comisión no debería concentrar tantas críticas de la derecha. 
El informe Fantuzzi, sobre el que voy a decir algunas palabras ha despertado una gran atención- al fin y al cabo los grupos políticos han presentado 93 enmiendas, todas ellas más o menos justificadas. El colega Fantuzzi ha realizado un buen trabajo. 
Se lo tengo que reconocer. Además, es el que lleva las corbatas más bonitas en el Parlamento pues han sido fabricadas en Italia. 
Pero se ha pronunciado a favor de una reducción de precios del 20 % y aquí sí que estoy en contra por los siguientes motivos: un 20 % es más de lo que los agricultores pueden soportar. Un 10 % podríamos aún soportarlo torciendo el gesto, sobre todo porque solamente existirá un 50 % de compensación. 
En mi región, en Baden-Württemberg no hay esas explotaciones de las que el señor Rehder afirma que reciben millones. 
Me lo debe indicar. En cualquier caso, en mi región no. 
Por el contrario. Los agricultores lo tienen difícil y sería casi una ofensa decir continuamente que pertenecen al grupo de los agricultores ricos. 
Señor Funke, si queremos ser competitivos en el mercado mundial, entonces tenemos que saber si los agricultores lo pueden soportar. 
Me pregunto con quién se debe establecer la competencia. 
¿Con países en los que los salarios representan el 10 % de nuestro nivel salarial? o ¿en los que se daña e medio ambiente? 
Rechazo tales condiciones de competencia y por ello tenemos que rechazar también reducciones de precios del 20 %. 
La reducción de precios no es un medio adecuado para ayudar a la agricultura de modo permanente sino que necesitamos soluciones más inteligentes si queremos conservar los agricultores. 
Coincido con el señor Fantuzzi en que debemos fomentar las plantas oleaginosas y proteínicas así como las plantas energéticas e industriales. En este aspecto estamos atrasados en los mercados. 
Necesitamos una ayuda mejor para que la industria y las empresas transformadoras que hemos creado reciban también productos con futuro. 
Esas plantas representan un enriquecimiento de la variedad ecológica si las impulsamos; al mismo tiempo, tendría la ventaja de no plantar sólo cereales que, por lo demás, no podemos vender. 
La producción agrícola no debe convertirse en un objeto de segunda clase como consecuencia de una continua reducción de precios. 
En un bocadillo solamente hay 1, 5 peniques de trigo y el panecillo cuesta 70 peniques. 
Probablemente, tras la reforma costará 80 peniques aunque el Comisario reduzca el precio del trigo en un 20 %. 
Esto no se lo puedo explicar a nadie. 
Señor Fischler, ¿puede usted hacerlo? 
Déme la receta para que vaya a la gente y les diga que está bien. 
Dos terceras partes de los países de la UE son gobernados por social-demócratas y son incapaces de recoger las propuestas del señor Rehder. 
Señor Funke, ¿porqué no dicen esas dos terceras partes que el señor Rehder tiene razón y que van a llevar a la práctica esa política agrícola? 
Yo me beneficiaría de su afirmación de que el 20 % de los agricultores perciben el 80 % de las ayudas, pero no sé si él sabe realmente de qué habla. 
En el futuro me gustaría que se especificase algo mejor, pues es un tópico que circula por ahí y que desautoriza a la agricultura... 
Exclamación 
... en muchas regiones quizás también: señor Colino, también en Andalucía he visto tales explotaciones. 
Esto no nos alarma cuando se dice en concreto, pero debería decirse concretamente y no como tópico, de lo contrario habría que analizar en Baja Sajonia si todo está bien allí. 
Señor Funke, rechazamos los tópicos- coincido con usted- y debemos decir a las cosas por su nombre. 
Ayúdenos a salir de esta situación lamentable y entonces le daré de nuevo la mano pues si uno se llama Funke, no está mal ¿verdad? 
El señor Rehder se siente aludido personalmente. 
Espero que solamente quiera plantear una pregunta, pues no estamos manteniendo un debate entre nosotros. 
Señora Presidenta, sólo quiero indicar que no se trata de ningún invento del señor Rehder, a quien quizás se infravalora. 
Por favor, diríjase al Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, quien le podrá presentar las cifras. 
No se pueden negar sencillamente las cosas que a uno no le gustan. 
Esta es una medicina que perjudica al pequeño agricultor. 
El señor Friedmann se lo expondrá con toda tranquilidad si no cree al infravalorado señor Rehder. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en la Cumbre de Luxemburgo se recogió también la exigencia de que la práctica agrícola debería poder seguir siendo un hecho en todo el territorio de la Unión Europea, también allí donde esta producción agrícola se enfrenta con problemas de carácter específico. 
La responsabilidad de hacer realidad esta declaración de voluntad política recae en el Consejo de Ministros de la Unión, al cual el Parlamento hace llegar ahora su opinión. 
Las condiciones para la práctica de la agricultura son muy distintas en todo el territorio de la Unión Europea. 
El sur es demasiado caluroso y muy poco húmedo, mientras que en el norte se da el caso opuesto: hace poco calor, lo cual reduce inevitablemente el nivel de las cosechas cultivadas y aumenta los costes de construcción y calefacción. 
A la hora de adoptar decisiones, es preciso tener en cuenta los perjuicios permanentes que ocasionan las condiciones climatológicas, tanto en las regiones meridionales como en las septentrionales. 
El maíz no crece en todos los Estados miembros. 
Por este motivo, hay que pagar ayudas por el forraje de hierba, equivalentes a las que se pagan por los forrajes de maíz, a los productores de leche y de carne de vacuno de todos aquellos países en los que no se pueda cultivar maíz a causa de las condiciones climatológicas. 
De no ser así, las ayudas al maíz ocasionarán una distorsión de la competencia en el mercado único. 
El Parlamento ha aprobado ya en una ocasión, por medio del informe del señor Cunha, las ayudas al forraje de heno. 
El cultivo agrícola en las regiones septentrionales necesita un aumento de las ayudas a causa de las desventajas naturales con que se enfrentan. 
Allí, hasta hay que poner a secar los cereales. 
Los duros tiempos de la guerra han enseñado a los pueblos europeos la vital importancia que reviste la producción propia de alimentos. 
En Finlandia, el miembro más septentrional de la Unión, la producción de alimentos es posible gracias a la corriente del Golfo. 
Las reducciones de los precios de producción que se recogen en la Agenda 2000 tienen un coste demasiado grande para los productores de las zonas más difíciles, puesto que los precios que éstos obtendrían del mercado no bastarían ya para cubrir siquiera los costes de producción. 
Esta circunstancia daría lugar a una producción ficticia. 
Las crisis de la economía mundial en Asia, Rusia y Sudamérica han hecho caer los precios del mercado mundial de productos alimenticios. 
Hasta los EE.UU. se han visto obligados a conceder a sus productores ayudas por valor de ocho mil millones de dólares para evitar la quiebra de sus agricultores. 
Por este motivo, es preciso reducir a la mitad las propuestas de reducción de los precios de producción que se recogen en la Agenda 2000 y compensar plenamente a los agricultores por las caídas de estos precios para no poner en excesivos apuros a los productores europeos. 
Hay que enfrentarse seriamente con las transformaciones de la economía global, y no debemos dificultar con nuestras propias acciones la capacidad de supervivencia de los agricultores frente a estos grandes desafíos. 
Me gustaría plantear una pregunta al Presidente del Consejo de Ministros: ¿Cómo tiene previsto actuar para que las importantes caídas en los precios de producción que se proponen en la Agenda 2000 no desemboquen en una oleada de quiebras en Europa? 
Para finalizar, desearía recordar que la comida es algo más que un producto con un precio. 
En Europa, la comida es cultura en su máximo exponente, y la elevada calidad de los alimentos se paga siempre. 
Señor Presidente, estaba previsto que la Política Agrícola Común continuara desempeñando un papel fundamental de cara a la planificación de la agricultura europea a medio y largo plazo. 
A pesar de sus limitaciones, la PAC ha resistido el paso del tiempo. 
Pero, dicho esto, es necesario que nos preparemos ante lo imprevisible. 
Los agricultores atraviesan en la actualidad serias dificultades. 
Éstas no son el resultado de la reforma de 1992, sino que vienen motivadas por circunstancias imprevisibles como la EEB, el desmoronamiento de la economía rusa y, en algunos casos, la renacionalización de los mercados de alimentos. 
En mi opinión, no estamos ofreciendo respuestas ante estas dificultades a corto plazo. 
Puede que muchos agricultores y ganaderos no sobrevivan para poder beneficiarse de las medidas a largo plazo de la reforma propuesta, que constituye el tema de la Agenda 2000 y de este debate. 
Solicito a la Comisión que aborde urgentemente estos problemas más inmediatos con seriedad. 
Sea cual sea su coste, no redunda en interés de la UE la rápida marginación a que se están viendo sometidas las explotaciones agrícolas de carácter familiar, que resultan cruciales para el modelo agrícola europeo. 
Tenemos el deber de ofrecer respuestas ante las dificultades que atraviesan. Y, en mi opinión, no se trata de una alarma infundada. 
Es posible que sus dificultades sirvan a los intereses ocultos de quienes no tienen el coraje necesario para afirmar públicamente que las explotaciones agrícolas familiares no tienen ningún futuro en la Europa del nuevo milenio. 
Propongo en el día de hoy que se destinen algunas reservas financieras en el marco del presupuesto agrícola para hacer frente a las posibles situaciones de emergencia que pudieran tener lugar. 
Me preocupa la continuidad de la explotación agrícola de carácter familiar, ya que fuera de este ámbito se encuentran cada vez mejores oportunidades laborales. 
Tengo la impresión de que los jóvenes terminarán por no practicar la agricultura como su actividad profesional. 
Si dejamos pasar por alto este hecho, estaremos cerrando los ojos ante la realidad. 
Con el transcurso del tiempo, el Parlamento se verá obligado a encarar el grave problema de los recursos humanos en la agricultura con el fin de asegurar la continuidad de este sector agrícola. 
Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, todo el mundo valora las condiciones excepcionales que parecen encerrar hoy nuestro debate en un callejón sin salida. 
En efecto, si bien nuestra Comisión de Agricultura ha rechazado con claridad las propuestas de la Comisión, no ha podido elaborar propuestas alternativas coherentes a pesar de la calidad de los informes presentados. 
Hay al menos tres razones para esta situación. 
La primera es la imprecisión y fragilidad de las previsiones de la Comisión. 
Parece claro en el día de hoy que estas previsiones se ven alteradas por las consecuencias de la crisis financiera, la infravaloración del coste real de la reforma y la aceptación previa de las exigencias americanas en la renegociación de los acuerdos de la OMC. 
La segunda razón de este callejón es el yugo financiero impuesto por el pacto de estabilidad en la puesta en marcha del euro. 
La tercera razón, la más fundamental, es la decisión de construir esta reforma a partir de las necesidades de rentabilidad de los capitales, que pasan por la bajada de los precios agrícolas, y no a partir de las necesidades de los productores, de los consumidores, de la sociedad. 
Lo que se puede reprochar a la Comisión es en primer lugar haberse encerrado en la triple lógica uniforme de la bajada de los precios, del desmantelamiento de los instrumentos de gestión del mercado y de reducción de la intervención financiera de Europa. 
Lo que se le puede reprochar también es su voluntad de imponer sus ideas a todos a pesar de su impopularidad. 
Así, tras la Cumbre de Viena, el Presidente Santer calificó las tomas de posición de los Jefes de Estado y de Gobierno como «puramente tácticas» y afirmó que «será en torno a las propuestas de la Comisión como se va a estructurar el acuerdo final». 
Pensar esto es negarse a ver el foso que se abre entre las aspiraciones de los agricultores y los pueblos de la Unión con más empleo, con más renta, con más calidad de vida, y las concepciones ultraliberales de la Comisión. 
Si los pueblos que sufren la hemorragia de la población activa agrícola, el desequilibrio creciente entre los productores, las producciones, los territorios y las incertidumbres sobre la seguridad alimentaria, tuvieran la posibilidad de censurar esta política- como la tendremos nosotros mañana- la censurarían. 
En estas condiciones, les queda al Parlamento y al Consejo elaborar una política alternativa. 
Tenemos los medios. 
En primer lugar, nos hemos pronunciado en el Parlamento en dos ocasiones, por una concepción diferente de la PAC, basada en el empleo, en la ordenación equilibrada del territorio, en la preferencia comunitaria y que rechaza la cofinanciación. 
Pienso también que con los votos de la Comisión de Agricultura sobre las enmiendas a los diferentes informes se ha dibujado una voluntad mayoritaria por rechazar el alineamiento sobre el precio mundial, por defender los ingresos agrícolas, por remunerar todas las funciones sociales de la agricultura, en materia de empleo, de ordenación del territorio, de medio ambiente, de poner topes y modular las ayudas públicas haciendo el reparto más equitativo, por mantener, mejorándolas, las organizaciones de productores y los instrumentos de gestión del mercado. 
Esta voluntad constructiva alternativa puede expresarse de nuevo preparando la votación de este Parlamento del día 28 de enero o devolviendo los informes a comisión, lo que sería una señal importante para exigir de la Comisión otras propuestas. 
Por lo que respecta al Consejo, su Presidencia ha reafirmado ayer, y todavía hoy, buenas intenciones. 
Desarrollar una agricultura más competitiva y ecológica, defender los intereses de los agricultores y hacer que progrese una política del empleo más eficaz. 
Pero, encerrando todas estas propuestas en el yugo de la austeridad presupuestaria y de la reducción de los gastos agrícolas, ¿podrá salir el Consejo de las contradicciones actuales de la construcción europea? ¿No se corre el riesgo de agravar la regresión económica y social que amenaza a los pueblos, mientras que con toda evidencia la solución es incrementar los medios financieros de la Unión por medio de recursos nuevos, tomados de los beneficios de la actividad financiera. 
Ello se impone tanto más en la medida en que la producción agrícola y alimentaria está confrontada a los desafíos humanos y mundiales de los próximos milenios. 
Este Parlamento había situado en el centro de su informe la necesidad de responder al desafío planteado a la humanidad, en la alimentación, la energía, el medio ambiente, el aprovisionamiento de agua y el desarrollo duradero. 
Las decisiones que adoptará esta Asamblea el 28 de enero han de seguir siendo fieles a estas ambiciones. 
Señora Presidenta, el paquete de reformas de la Agenda 2000 constituye un importante desafío para los políticos europeos, y esto es algo que no voy a subestimar de ningún modo. 
Hay que equilibrar la necesidad de alcanzar un pronto acuerdo sobre este paquete con la importancia de garantizar la aprobación de un conjunto razonable y equitativo de propuestas. 
Se debe claramente examinar y adaptar la Política Agrícola Común con objeto de encontrar un equilibrio entre, por una parte, el apoyo adecuado a nuestra industria de producción alimenticia y, por la otra, un buen uso de los fondos públicos. 
Naturalmente, es necesario crear unos sistemas adecuados y transparentes que permitan alcanzar los elevados niveles de control financiero que cabe esperar en todo momento. 
En la nueva Política Agrícola Común, que habrá de ser diseñada para que cumpla fielmente su cometido, resultará claramente imprescindible que se tome en debida consideración la diversidad de condiciones existente en los sectores agrícolas de toda la Unión Europea. 
Mi región, el noroeste escocés, recibe algunas veces la denominación de granero de Escocia, ya que alberga algunos de los mejores ejemplos de producción agrícola, e incluso pesquera, de alta calidad en Europa. 
La carne de vacuno Angus de Aberdeen, los cereales, las oleaginosas, la carne de ovino y aves, la fruta deshuesada o las patatas, por sólo citar unos pocos ejemplos, son productos de una industria que resulta crucial desde el punto de vista económico para Escocia, con un volumen de negocio de 2 000 millones de libras y que ofrece empleo, directa o indirectamente, a uno de cada diez trabajadores escoceses. 
Si bien nuestros agricultores conocen y aceptan la necesidad de la reforma de la Política Agrícola Común, el carácter de las propuestas finales del informe ha de reflejar las necesidades de la industria en Escocia como, por ejemplo, por lo que respecta a la definición del tamaño de las unidades de explotación. 
Desde una perspectiva política, Escocia se encuentra actualmente en una situación de desventaja, ya que la representación de sus intereses nacionales se lleva a cabo desde Londres. 
Espero que, una vez que se haya puesto fin a la reforma, el Gobierno del Reino Unido haga por fin una exposición adecuada de la situación que vive la industria agrícola escocesa y que el Comisario tome debidamente en cuenta cualquier representación directa procedente de Escocia. 
Nuestros agricultores, al igual que nuestros consumidores y contribuyentes, tienen todo el derecho a esperar que estas reformas impliquen de cualquier manera una mejora real y que, una vez que se hayan acordado los cambios específicos, éstos puedan introducirse de manera paulatina para permitir a nuestros agricultores adaptarse adecuadamente a las transformaciones que tengan lugar. 
Los agricultores que conozco son gente muy trabajadora, muchos de ellos empleados en pequeños negocios familiares, que conocen- y aceptan plenamente- sus responsabilidades de cara al consumidor, al medio ambiente y a la economía rural. 
Señora Presidenta, señor Comisario, trabajemos juntos por una Política Agrícola Común que fomente, y no que desaliente, sus esfuerzos por seguir sobreviviendo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, cuando en septiembre de 1997 redacté las opiniones de la Comisión de Agricultura sobre la comunicación Agenda 2000 y paralelamente los de la reforma de los Fondos Estructurales, especialmente en el objetivo 2, puse en evidencia los problemas financieros de la PAC así como las consecuencias dramáticas de las primeras propuestas de la Comisión sobre la renta de la agricultura europea. 
Durante más de un amo, estos problemas han sido más o menos ocultados tanto por la Comisión como por numerosas organizaciones profesionales agrícolas que, en aquella época, no comprendían la realidad de la situación. 
Hoy, las dificultades se agolpan, desde la desaparición parcial del ecu verde a la bajada de la renta de los agricultores, a la reducción del número de agricultores- contraria por cierto a los objetivos de ordenación del territorio -, etc. Entonces, para resolver esta ecuación financiera, sólo se habla de bajada de los precios de los productos agrícolas, con la promesa sin duda de compensaciones totales o parciales por medio de ayudas que inevitablemente se verán puestas en tela de juicio en el marco de las futuras negociaciones de la OMC. 
Como esto no es suficiente para los equilibrios presupuestarios, para las necesidades de ampliación y para muchos otros problemas, algunos proponen la cofinanciación de la PAC, es decir, un aumento artificial del presupuesto europeo en total contradicción con el compromiso de Edimburgo y las reglas de los tratados. 
Todo ello merecería, como ha dicho hace unos momentos nuestro colega Fantuzzi, una moción de censura, mientras que un buen plan de financiación, claro y preciso, que tome en consideración la evolución de los gastos en moneda corriente y en moneda constante hubiera podido clarificar nuestros debates y evitar que todas las propuestas de los ponentes se hayan criticado severamente. 
Debo recordar que la PAC es la única verdadera política común y observo con cierta sorpresa hoy que los defensores de una Europa federal están dispuestos a sacrificarla en beneficio de otros intereses. 
Nadie duda de que es necesario reformar la actual PAC, señor Comisario, lo que lleva a pensar por otra parte que la primera mezcla no era buena o, al menos, estaba mal adaptada a la evolución de la agricultura y a las necesidades de la sociedad. 
Hemos tenido que gestionar el problema de la EEB, tendremos pronto el de los OGM que implican para los consumidores una voluntad comprensible de seguridad alimentaria. 
Si hay una reforma que hacer, sería evidentemente en ese sentido, pero las propuestas de la Comisión- sus propuestas, señor Comisario- de bajada de los precios obligan a los agricultores a compensar esta bajada regular de sus ingresos mediante la búsqueda de una productividad cada vez más fuerte que pasa al mismo tiempo por el agrandamiento de sus estructuras, por la búsqueda de una disminución del coste de sus factores de producción, por la intensificación de su producción en detrimento de aspectos ambientales. 
Así, para muchos, será la búsqueda de una fertilización que utiliza lodos de origen urbano con todos los riesgos que ello implica. 
Para otros, será la utilización de activadores de crecimiento y la búsqueda de una alimentación animal menos onerosa. 
Finalmente, seora Presidenta, cuando se asocian estas propuestas de reforma de la PAC a las demás propuestas sobre el bienestar de los animales, sobre la responsabilidad de los productores de artículos de consumo agrícolas, constatamos que los agricultores europeos están cogidos en un fenómeno de tijeras que sólo acelerará la desertificación de nuestros campos. 
¿Es ése su objetivo? 
¿Es ése nuestro objetivo? 
No lo creo. 
Desafortunadamente, estamos haciéndolo todo para que eso sea así. 
Señora Presidenta, como es sabido la Política Agrícola Común se basa en tres principios: unicidad del mercado, preferencia comunitaria y solidaridad financiera. 
Hoy, por desgracia, estos principios están cada vez más en entredicho. 
En particular, el principio de preferencia financiera sufre el ataque de las grandes multinacionales del sector de la alimentación que lo consideran un obstáculo para sus objetivos que tienden fundamentalmente a destruir las pequeñas y medianas empresas agrícolas de Europa. 
En lo que respecta a la solidaridad financiera, parece que los Estados miembros anteponen las valoraciones de conveniencia entre costes y beneficios que cada uno de ellos puede obtener a raíz de la aplicación de la Política Agrícola Común. 
Somos conscientes de que el presupuesto comunitario pide encontrar recursos para financiar medidas laborales e infraestructurales, sin embargo, nos parece que estas maniobras, si deciden sacrificar la agricultura, marcan un paso atrás de Europa en un sector que es estratégico en el marco de la competición global. 
Pido, por tanto, que se me explique cuáles son las garantías de los agricultores de Paduano y de Europa de cara al futuro, al objeto de proteger sus rentas y sus recursos técnicos y humanos. 
Señora Presidenta, saludo el trabajo de los ponentes. 
Falta ver lo que hará usted, señor Comisario, en un momento en el que la Comisión se ve especialmente maltratada. 
Creo que la mejor prueba de nuestra voluntad, de nuestra capacidad para funcionar con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad humana, en Europa y en el mundo, consistiría en decidir políticamente sobre nuestro futuro, en tomar decisiones sociales. 
Pero es preciso darse los medios para conseguirlo. 
En lugar de encerrarse en compartimentos presupuestarios en el interior de los cuales se hace política de manera necesariamente insatisfactoria, es preciso darse los medios financieros necesarios. 
La política agrícola ha sido desde el principio el motor de la construcción del Mercado Común en primer lugar, de la Comunidad Europea en segundo y, ahora, de la Unión Europea, en espera de la llegada del Estado europeo. 
Nos encontramos en un estado de penuria política. 
Los dirigentes europeos están con frecuencia a sueldo de Estados Unidos. 
Los Estados Unidos nos han impuesto sus concepciones, sus formas de funcionamiento, sus métodos de producción, en perjuicio principalmente de nuestros agricultores- 40 millones de empleos perdidos en la agricultura desde 1960- y de la dimensión cultural de nuestra agricultura europea. 
Los Estados Unidos, tras habernos impuesto sus reglas asociales a través del GATT, pretenden imponernos sus hormonas esperando imponernos sus manipulaciones genéticas disparatadas. 
Esas prácticas, que representan unos dólares de más para los productores de ingeniería genética, pero escasamente más para los ingresos de los agricultores, minan la confianza de los consumidores en los productos alimentarios que ponemos a su disposición. 
Hay mucho camino entre el discurso sobre la calidad y las medidas adoptadas para poner en práctica esta calidad. 
La fobia presupuestaria, añadida a la mala gestión de lo que se ha llamado la crisis de las vacas locas, ha minado muy fuertemente mi confianza en la Comisión, en su capacidad para prever políticamente el futuro- no solamente de los agricultores europeos- y en su planteamiento global de lo que se llama genéricamente el mundo rural, su función y su futuro, sin olvidar la preferencia comunitaria prevista por el Tratado de Roma. 
Señor Comisario, se le pide, se nos pide que, a través de la Agenda 2000 reorganicemos la agricultura europea, con unos agricultores entre los cuales el 60 % tiene más de 50 ajos y con los que se hará, como acaba usted de decir, lo que se pueda, sin que exista una voluntad de adoptar medidas para hacer atractiva a los ojos de los jóvenes la profesión de agricultor, de gestor del mundo rural y del medio ambiente. 
Por tanto, no hay nada preciso, ni siquiera un esbozo creíble a 20 ajos sobre lo que se va a hacer por los agricultores al término de su vida laboral o por los jóvenes que podrían iniciarla. 
Señor Comisario, le propongo que, si le dan tiempo, haga una prueba en su administración: ver cuáles serían las condiciones necesarias para que los funcionarios decidan abandonar la administración para retomar o crear una explotación agrícola en alguna parte de Europa, en el Sur o en el Norte. 
Estoy seguro de que ofreciendo unas condiciones basadas en las respuestas recibidas, se vería cómo los jóvenes se instalarían en la agricultura. 
A través de la Agenda 2000, se nos pide igualmente que preveamos la ampliación al Este. 
Debo decirle de entrada que estoy a favor de la ampliación al Este. 
Pero, a partir del momento en que se declara que no habrá incremento presupuestario, que se conserva la misma dotación para la agricultura y los Fondos Estructurales, eso significa que la ampliación al Este la pagarán los países del Sur de Europa. 
Quiere decir esto que serán los pobres del Sur los que pagarán por los pobres del Este. 
Eso es inaceptable, señor Comisario. 
Quisiera concluir diciendo y recordando que nuestro adversario común, políticamente se entiende claro está, es el Consejo. 
Será necesario que lo recuerde, señor Comisario, en su posición con respecto a las resoluciones votadas por el Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, para nosotros la Agenda consiste en un paquete. 
Digo conscientemente que al final solamente contarán los resultados y no exclusivamente el cumplimiento del calendario. 
Para mí, las propuestas de la Comisión en el sector agrícola van demasiado lejos. 
Creo que las votaciones en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han mostrado claramente que para las propuestas de la Comisión, tal como son actualmente, no se va a encontrar una mayoría en esta Asamblea. 
Si miramos hacia los Estados Unidos, constataremos que el farm bill está siendo debatido en algunas de sus partes ya a los dos años de su entrada en vigor. 
No cometamos el error estratégico de dejar de lado partes del bloque de negociaciones que necesitamos para la próxima ronda de la OMC. 
Señor Comisario Fischler, quien actúa así es que no ha negociado aún con ganado. 
Señor Presidente del Consejo, quizás deberíamos decir conjuntamente a la opinión pública alemana y europea que no tenemos ningún problema en absoluto- con las necesarias adaptaciones en ambos lados- en integrar plenamente hasta el año 2004 la agricultura de los candidatos a la adhesión si al mismo tiempo se hacen realidad las libertades básicas del mercado interior- libertad de circulación para las personas, capitales, servicios y mercancías -, para que en esta Asamblea exista por fin un debate honesto sobre otras dificultades y obstáculos diferentes a los de la política agrícola. 
Respecto a la financiación quiero decir que naturalmente que se somete a debate en el marco de la Agenda la cuestión de la justicia de las aportaciones y de un presupuesto equilibrado en el lado de los ingresos y de los gastos. 
La cuestión de la cofinanciación se incluye también en este paquete de negociaciones. 
El Parlamento se pronunciará definitivamente al respecto en febrero. 
Señor Presidente del Consejo, también tengo que reconocer que entre los agricultores alemanes la cuestión de la cofinanciación es discutida con tal vehemencia y controversia porque, vista la aplicación de las medidas de acompañamiento y la temerosa cofinanciación de algunos Estados federados, ven venir sobre ellos considerables problemas si se sigue este enfoque. 
Usted sabe que también la Baja Sajonia no se encuentra precisamente en la lista de los que mejor han aplicado las medidas de acompañamiento en Alemania. 
Cada uno tiene sus peritos. 
Señor Comisario Fischler, quiero decir muy claramente que los peritos de los que se ha servido últimamente la Comisión que usted ha nombrado expresamente como testigos para las propuestas de la Comisión, han elaborado informes periciales que desde un punto de vista teórico se basan en unos fundamentos muy aventurados. 
Pues si se dice que mediante la reducción de precios se benefician los consumidores, que los interlocutores sociales van a tener en cuenta esta reducción y que va repercutir del modo correspondiente sobre los precios al consumo, entonces los precios de la carne de porcino deberían haber sido considerablemente mas bajos en los últimos meses. 
Cuando en esta Presidencia del Consejo debatamos y deliberemos sobre la política de empleo, tampoco debemos olvidar que estos peritos parten de un considerable reducción de puestos de trabajo en la agricultura si salen adelante estas propuestas. 
Ya por ello deben modificarse radicalmente. 
Señora Presidenta, el Parlamento está de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una reforma agrícola. 
La cuestión es si podremos ponernos de acuerdo en una reforma equilibrada para que no sea el sector agrario quien se vea obligado a soportar las mayores cargas y para que las cargas resultantes de la reforma que se va a llevar a cabo con vistas a la próxima ampliación y a las negociaciones de la OMC sean repartidas equitativamente. 
Tengo un par de comentarios que hacer. 
En primer lugar, quiero hacer un comentario al informe del Sr. Fantuzzi sobre el grano. 
Creo que la reducción del precio del grano propuesta por la Comisión es demasiado elevada, pues no hay una compensación suficientemente grande. 
Me gustaría llamar la atención tanto del señor Presidente del Consejo como del señor Comisario sobre el hecho de que el grano es el elemento más importante dentro de la gestión de la producción agrícola. 
Si tenemos un precio bajo, éste se traducirá en un exceso de producción de productos animales tales como la carne de vaca, la carne de cerdo, los huevos y las aves de corral, pues los agricultores tendrán compensación y todos se aprovecharán del bajo precio del grano. 
Además, creo que el precio del grano se ha situado demasiado bajo y que la Comisión no está lo suficientemente interesada en emplear el set aside. 
El régimen del set aside es la mejor herramienta de regulación de la producción de grano. 
Así lo han demostrado los EE.UU. durante muchos años. 
Si la producción de grano es demasiado elevada, se pone la tierra en barbecho. 
Resulta más barato que almacenar grano. 
Por último, señor Comisario, un comentario sobre ese cálculo según el cual el presupuesto se ahorrará de 3.000 a 4.000 millones de ecus y los consumidores, 10-15.000 millones. 
Según esto, la agricultura va a transferir 15.000 millones de euros a los consumidores y así saldrá perdiendo de la reforma, pues no habrá compensación a través del mercado. Tampoco es solución abastecer el mercado de productos ecológicos. 
Creo que faltan todavía muchas cosas antes de llegar a un acuerdo sobre una reforma agrícola, sin embargo, espero que así sea. 
Haremos todo lo que esté en nuestras manos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, 1999 será un año determinante para el futuro de la agricultura europea. 
En el Consejo de Viena del pasado mes de diciembre persistían numerosas divergencias, algunos Estados deseaban reducir su contribución al presupuesto de la Unión, lo que pondría gravemente en tela de juicio la solidaridad financiera entre los Estados y la unidad de Europa. 
Debo recordar, e insisto en ello, que la agricultura es el único sector que posee una política común en la que se ha basado durante cuatro décadas la construcción de Europa. 
En Agenda 2000, la Comisión nos ha propuesto una bajada de los precios de apoyo, un incremento de las ayudas directas a los productores, una cofinanciación por parte de los Estados miembros, etc., pero ha estado desesperadamente muda sobre la valorización no alimentaria de los productos agrícolas, y lo lamento profundamente. 
Estoy íntimamente convencida de que la Unión Europea ha de llevar a cabo una estrategia de desarrollo de los productos agrícolas no alimentarios y que la Comisión ha de incluir un apartado específico sobre estas producciones en la reforma de la PAC. 
En efecto, las producciones agrícolas no alimentarias pueden responder a un gran número de necesidades de la agricultura y del desarrollo rural: el control de la producción alimentaria, de la diversificación, el empleo, el mantenimiento de la ruralidad en el ámbito de la industria, con la producción de nuevos materiales renovables, o bien en el interés general para la protección de la biosfera. 
Estas producciones contribuirán de manera muy positiva a la definición de un modelo específico de nuestra agricultura. 
Por ello he presentado, en nombre del Grupo UPE, tres enmiendas en este sentido en el marco del informe Graefe zu Baringdorf. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las propuestas de reforma de la PAC que la Comisión presenta no son sino un intento de dar seguimiento a la reforma de 1992, cuyos efectos discriminatorios entre agricultores, regiones y producciones son de sobra conocidos y cuyas consecuencias, en particular en mi país (en la disminución de las explotaciones agrícolas y en el empleo, en el abandono y la desertización del mundo rural y en la pauperización de la agricultura familiar) han resultado evidentes en los últimos años. 
Por eso, hay que cambiar las propuestas modificando radicalmente las orientaciones. 
Hay que limitar drásticamente los apoyos a los grandes agricultores y a las grandes explotaciones agrícolas, hay que aumentar en gran medida las ayudas a la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas mediante una verdadera y real modulación. 
Por otro lado, hay que establecer medios suficientes para financiar una política que es común y que pretende integrar a nuevos países luchando contra la disminución de precios y las exigencias americanas en el marco de la próxima ronda negociadora de la OMC. 
Por último, hay que reafirmar hoy y aquí que la reciente propuesta de cofinanciación, es decir, la reciente propuesta de renacionalización de los costos, sólo de los costos, de la PAC no es aceptable, ni a la luz de la solidaridad ni con arreglo a los Tratados. 
El reciente rechazo de las propuestas de reglamento en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo constituye una señal y debe ser respetada íntegramente por la Comisión y sobre todo- diría yo- por el Consejo. 
Señora Presidenta, una intención de la reforma de la PAC es la reducción de los precios de ayuda para ponerlos al nivel del mercado mundial y cumplir así con los convenios internacionales. 
Sin embargo, los pagos compensatorios a los agricultores no cubren las pérdidas sufridas en las rentas y ponen en peligro su existencia. 
Las propuestas de la Comisión están orientadas al mercado mundial, pero la estructura agrícola europea es muy variada y está estructurada en unidades menores, por ejemplo, que en los EE.UU, por lo que es difícil establecer una comparación directa. 
Incluso expertos de los EE.UU han advertido que en caso de una liberalización total a los mercados agrícolas les espera el mismo destino que a los agricultores de los EE.UU, es decir, una pérdida de ingresos del 16 %, y se han pronunciado a favor de medidas estabilizadoras del mercado. 
Los elementos para regular los contingentes tienen que seguir formando parte de los reglamentos de mercado. 
Necesitamos agricultores que mantengan el equilibrio ecológico y que cuiden el paisaje. 
Los pagos compensatorios vinculados a condiciones medioambientales son buenos e importantes, pero para ser justos tienen que realizarse en base a unos estándares unitarios europeos. 
El presente paquete de reformas arrojaría aún a más agricultores fuera del campo. 
Es inaceptable en la forma actual. 
Muchas gracias, señora Raschhofer. 
Se interrumpe el debate que proseguirá esta tarde a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, el texto del Tratado es muy claro. 
Hemos manifestado nuestra intención de rechazar la posición común del Consejo. 
Éste ha de reunir ahora al Comité de Conciliación para ver en qué medida es posible ponerse de acuerdo sobre algunas modificaciones. 
Si no fuera el caso, si el Consejo lo rechaza, es probable que tras los debates la Comisión de Cultura presente una propuesta de rechazo de la posición común. 
Pero seguimos esperando establecer contacto con el Consejo, de forma que se elaboren en conjunto enmiendas que permitan al Consejo y al Parlamento ponerse de acuerdo sobre una solución que, por una parte respete las prerrogativas del Parlamento, y por otra, garantice la calidad cultural de las ciudades elegidas, en el 2005 y con posterioridad. 
Agradezco al ponente, Sr. Monfils, por las aclaraciones que ha aportado. 
Esperaremos la reacción del Consejo y en función de ello definiremos nuestra posición. 
Señor Presidente, ha llevado a cabo la votación a una velocidad impresionante, lo que me parece muy bien. 
Pero no he tenido la ocasión de intervenir. Quiero indicar a la Asamblea que en la enmienda nº 18 al artículo 5 existe una incompatibilidad en la traducción alemana que se tiene que modificar. 
Por un lado se dice «los Estados miembros velarán por» y en la segunda parte se dice «garantizarán». 
Pero esto supone una gran diferencia jurídica. Debe decirse: «garantizarán». 
Señor Ullmann, lo examinaremos sin ninguna dificultad. 
Tenemos la posibilidad de corregirlo lingüísticamente. 
En cualquier caso, los compañeros aprobaron su informe por gran mayoría y le felicito por ello. 
Señor Presidente, quisiera aportar dos precisiones con respecto a este informe. 
En primer lugar, se trata de tomar en consideración en el párrafo 2º de la resolución el hecho de que Portugal- y me felicito por ello- ha ratificado el convenio 138 de la OIT. 
Por consiguiente, es preciso suprimir la referencia a Portugal en el párrafo 2. 
Segunda precisión: estoy de acuerdo con la enmienda 9 del Sr. Kittelmann, en sustitución del párrafo 19. 
Señor Sainjon, le agradezco sus aclaraciones. 
Naturalmente, el primer punto no se debate; es una corrección técnica de hechos reales. 
Por consiguiente, no es necesario que solicite la aprobación del Parlamento. 
Sobre el segundo punto, he tomado nota. 
Señor Presidente, tomo nota con mucho agrado de la declaración que el Sr. Sainjon ha hecho a propósito de la necesidad de eliminar la referencia, equivocada, a Portugal en el párrafo 2 de esta resolución. 
Ahora bien, ¿cuál es- pregunto a la Mesa- la forma técnica que vamos a utilizar para eliminar esa referencia? 
¿Es el ponente el que hace la corrección o celebramos una votación por separado para eliminar esas dos primeras frases del párrafo 2? 
Señor Barros Moura, dije precisamente que no era necesario proceder a una votación, es una corrección técnica de datos reales y, por consiguiente, la referencia a Portugal se suprime sin más procedimientos después de la observación hecha por el ponente. 
Sobre la enmienda 9 
Señor Presidente, me gustaría escuchar del Sr. Sainjon cómo piensa proceder con el apartado 21 si apoya la enmienda nº 9 del Grupo del PPE. 
Como ha precisado, estimada colega Mann, acepto la enmienda 9 del Sr. Kittelmann, en sustitución del párrafo 19, quedando claro que el resto de la resolución, párrafos 20, 21 y 22, no se modifican. 
Señor Presidente, puedo confirmar que la conformidad con la enmienda Kittelmann para nosotros significa la conformidad con las enmiendas 20, 21 y 22. 
Me permito añadir que, en cualquier caso, la voluntariedad del code de conduite es un punto esencial. 
Debería figurar también en nuestro texto y entonces podríamos dar plenamente nuestra aprobación. 
Señor Presidente, en cuanto al apartado 19 deseo retirar la enmienda del Grupo liberal en favor de la enmienda número 9 del PPE a condición de que se añadan dos palabras, que son, después de «posibilidades profesionalesʼ las palabras «para chicos y chicasʼ. 
Así lo acordé con el PPE, así que solicito su permiso para ello. 
Retiramos la enmienda número 4 en favor de la enmienda 9, añadiendo a dicha enmienda 9 las palabras «para chicos y chicas». 
El Parlamento aprueba la propuesta resolución 
Opinamos que ha habido claros motivos para sopesar cuidadosamente la postura ante la propuesta de la comisión de rechazar la posición común del Consejo. 
Pensamos que el proyecto de capital cultural es importante en el ámbito comunitario. 
Para el futuro de este proyecto, es relevante que existan formas justas y eficientes tanto para la nominación de ciudades como para la distribución de las mismas en el tiempo. 
Nuestra opinión es que la propuesta de acuerdo que ha presentado el Consejo, con un sistema de rotación automática y un debilitado procedimiento ante un jurado, adolece de considerables deficiencias. 
Por una parte, la propuesta da relevancia a las naciones y no al contenido del proyecto, esto es, a las ciudades, y por otra, el procedimiento empleado por el Consejo frente al Parlamento no es satisfactorio. 
En este punto es justa la crítica de la comisión, hecha en concordancia con anteriores decisiones. 
Sin embargo, también quisiéramos destacar la necesidad de que los Estados miembros consigan soluciones que puedan ser consideradas como aceptables por todos. 
De este modo se evitarían los continuos conflictos que se producen por las nominaciones y su orden. 
Además, la propuesta del Consejo tiene la ventaja de su facilidad de vaticinio, que puede contribuir a facilitar la planificación y seguimiento en las ciudades elegidas. 
Nuestra posición en esta materia se funda en criterios sobre la contribución de posibles acuerdos futuros sobre el mejoramiento de la gestión de las candidaturas a Capital de la Cultura y a crear soluciones aceptables que eviten conflictos en el futuro. 
El Proyecto de Capital Cultural es uno de los más exitosos de la Unión. 
Para que los Estados miembros continúen dando la misma importancia al proyecto en el futuro es importante que se eliminen todas las semillas de conflictos en relación con la elección de ciudades. 
Es trascendental que la elección se haga con justicia. 
La propuesta de acuerdo del Consejo- un sistema automático de rotación en que los turnos siguen a los de Presidencia y en que una segunda ciudad puede ser nominada en otro país- tal vez no sea la mejor solución pero, después de muchas controversias, todos los países miembros la aprueban. 
Las críticas que se han formulado al proyecto de Capital Cultural han hecho alusión principalmente a la necesidad de que la planificación se haga a más largo plazo y a la falta de resultados duraderos. 
Mediante la aplicación de un sistema automático de rotación se da a los países y a las ciudades buenas posibilidades para preparar tanto su proyecto como otros nuevos a los que se pueda dar origen. 
Sobre la recomendación Pollack (A4-0483/98) 
Señor Presidente, querría resaltar la importancia de este informe de la Sra. Pollack, que forma parte de los esfuerzos para mejorar la calidad del aire en toda la Unión Europea. 
Creo que es muy importante que el Parlamento continúe exigiendo valores límite vinculantes, entre otras, a las emisiones de partículas. 
Los estudios más recientes demuestran lo peligrosas que son las emisiones de partículas, lo cual es una cuestión muy grave que afecta a la salud de todos los ciudadanos. 
Espero que el Consejo de Ministros acoja también con seriedad la posición del Parlamento a este respecto. 
Sobre el Informe Ullmann (A4-0507/98) 
El Parlamento Europeo señaló la importancia de la legislación comunitaria en este campo el 17 de junio de 1998 en una decisión en la que manifestaba la necesidad de crear un marco legal a escala europea que garantice la confianza mutua en firmas digitales y que promueva el desarrollo de una serie de regímenes de certificación que puedan ser utilizados en ámbitos diversos, especialmente el comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas entre órganos públicos y los ciudadanos. 
La propuesta de directiva de la Comisión por la que se establece un marco común para la firma electrónica es una iniciativa positiva y un paso importante en la dirección correcta. 
No obstante, espero que las numerosas e importantes enmiendas presentadas por la comisión y que tienen por objeto precisar el texto de la directiva, sean recogidas durante su posterior tramitación. 
Sobre el Informe Elchlepp (A4-0437/98) 
Es provechoso que las negociaciones con los países candidatos sigan adelante y que se celebren pactos en muchas y variadas materias. 
En relación con la política de competencia, ella constituye un gran reto- espero que no demasiado grande- para los países. 
Se calcula que los países candidatos habrán pasado en un plazo de diez años de un proceso de dictadura y economía planificada soviética a una democracia y a una economía de mercado. 
Además, hay que añadir la adaptación a la UE y sus normas. 
A pesar de esta tarea aparentemente imposible, muchos estados, incluídos los bálticos, han tenido grandes éxitos en corto tiempo. 
No obstante, la presión política y económica sobre los países es enorma. 
Por eso, para tener éxito se necesita, por parte de la Unión, una gran flexibilidad y capacidad de adaptación en combinación con considerables ayudas económicas. 
En relación con los estados bálticos, desde el principio los Verdes hemos demandado que las negociaciones de adhesión se hagan con los tres países a la vez, con el fin de que el desarrollo político y económico en la región no corra riesgos. 
Lamentamos profundamente que la Comisión haya elegido otra estrategia, que dificulta el logro de esos objetivos. 
Sobre el Informe Seppänen (A4-0443/98) 
Señor Presidente, naturalmente que estoy a favor del acuerdo con Letonia y de su integración lo más rápida posible en la Unión Europea. 
Pero debo decir que a pesar de la aprobación del Informe Seppänen, veo graves problemas en su exposición de motivos pues reproduce de modo original lo que los nacionalistas rusos defienden en esta cuestión. 
Califica una pertenencia de Letonia a la OTAN como un peligro y se remite a la problemática de la minoría rusa. Sin embargo, no menciona que esta problemática de la minoría es consecuencia de una ocupación de decenios con una política de asentamientos en contra del derecho internacional. 
Ahora se intenta instrumentalizar este problema que, naturalmente, se debe solucionar con mesura- aquí no nos cabe la menor duda -, para cuestionar eventualmente la independencia de Letonia. 
Por ello, creo que una pertenencia de Letonia a la OTAN no agudizaría este problema sino al contrario. 
Pues si Letonia sabe que su libertad e independencia ya no están amenazadas, procederá también de modo menos tenso con los problemas de las minorías. 
Sobre el Informe Porto (A4-0445/98) 
El presente acuerdo se encuentra en nuestros escritorios desde hace más de dos años. Pues la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa decidió por buenos motivos en abril de 1997 no conceder por el momento su aprobación. 
Corea es miembro de la OCDE desde 1996 pero no ha cumplido sus obligaciones en lo tocante a su legislación laboral. 
Los sindicatos principales no están permitidos, el «hire and fire» se ha hecho costumbre y la situación en los puestos de trabajo es inaceptable.-Nefastas excrecencias de un régimen dictatorial, como la National Security Law y una legión de presos políticos están en contradicción con nuestra opinión de lo que es un Estado de derecho. 
Se siguen pisoteando los derechos fundamentales. 
Como el artículo 1 del acuerdo consta de una cláusula democrática y de derechos humanos, el acuerdo debería ser suspendido inmediatamente después de su entrada en vigor.-Sigue existiendo la pena de muerte, etc., etc.Con el cambio de Gobierno se despertaron muchas esperanzas. 
La crisis financiera en Asia ha modificado el panorama. 
Nada o casi nada ha ocurrido desde entonces en favor de los explotados. 
A pesar de ello, la industria, los comerciantes y determinadas fuerzas de la Comisión quieren mandar una señal de vía libre para el comercio bilateral. Llaman la atención sobre el desequilibrio de la balanza comercial, sobre las grandes oportunidades de mercado, sobre las liberalizaciones y todo el paquete de medidas que el FMI ha puesto como condición para su ayuda financiera. 
Por contra, los derechos humanos y laborales han desaparecido del discurso de los defensores. 
Pero según todas las experiencias, no se puede apostar por un simple efecto Trickle-Down cuando se trata de derechos humanos. 
Ha habido ya demasiadas dictaduras cuyas notas económicas han sido excelentes mientras que las personas han vivido en la miseria o han desaparecido. 
Si diésemos nuestro plácet, en el Parlamento perderíamos un importante medio de presión. 
Pues luego no tendremos ninguna posibilidad de influir. En lo tocante a la cláusula democrática y de derechos humanos, el Parlamento tiene que decir algo. 
El debate de ayer por la tarde nos ha fortalecido a los Verdes en la opinión de negar nuestro asentimiento al acuerdo. 
Sir Leon Brittan nos ha asegurado que va a hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades diplomáticas para abogar en pro de una mejora de la situación en Corea. 
Lamentablemente, sabemos que el euro le está mucho más próximo que el bienestar social de las personas. Su negativa a presentar al Parlamento Europeo un informe anual sobre la situación en Corea no significa otra cosa que jamás tendremos una opinión de la Comisión al respecto. 
Su oferta de informar oralmente al Parlamento quizás suene prometedora pero con ello elude toda posibilidad seria de rendir cuentas. 
Queremos unas buenas relaciones con Corea y el bienestar de sus habitantes. Por ello, no ha llegado aún la hora para el presente acuerdo. 
Sobre el Informe Brok (A4-0488/98) 
Señor Presidente, me he abstenido en el Informe Brock no porque no comparta la mayoría de sus propuestas que, naturalmente, comparto. 
Precisamente esta semana estoy, de forma más vehemente que nunca, a favor de una parlamentarización de nuestra Comisión. 
Debemos procurar que el Parlamento no permanezca por más tiempo prisionero de la Comisión sino que, por el contrario, un Parlamento fuerte controle a la Comisión- que naturalmente tiene que ser también fuerte pero sustentarse en el Parlamento. 
Estamos viendo el desastre de esta semana, que resulta de que esto no había ocurrido hasta ahora. 
En la crisis actual estoy a favor de las medidas más duras, bajo determinadas circunstancias incluso hasta de una moción de censura. 
Sin embargo, hay algo que no comparto: se trata de la propuesta de acudir a las elecciones con un candidato a Presidente de la Comisión. 
Quizás lo hubiese aceptado en la formulación más suave de los social-demócratas pero no en la que se ha aprobado ahora, pues soy de la opinión de que una campaña electoral de este tipo no corresponde a un entramado multinacional como el de la UE. 
De tales problemas pueden deducirse con facilidad también problemas nacionales o de nacionalidades. 
Soy de la opinión de que la Comisión debe salir del Parlamento así como el Presidente de la Comisión, pero no creo en unas elecciones a la Presidencia a nivel de la UE. 
El informe en general tiene relevancia para las enmiendas al Tratado de Amsterdam relacionadas con la designación del Presidente de la Comisión. 
Sin embargo, no compartimos totalmente los criterios contenidos en los puntos I.2, I.3 y I.4 puesto que pensamos que las exigencias contenidas en ellos van demasiado lejos y son demasiado detalladas. 
En cambio, apoyamos las enmiendas del Grupo PSE a estos puntos, las que, en nuestra opinión, dan a los gobiernos de los Estados miembros mayor espacio para sus propias ponderaciones políticas, ya que se limitan a señalar que en el futuro sería un paso interesante que los movimientos políticos designaran a los candidatos para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión. 
La enmienda 2 también constituye una limitación al afirmar que sería razonable que los Estados miembros tomasen en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo al designar candidatos para la Presidencia de la Comisión. 
Además, en la enmienda se dice que, tan pronto como sea posible, se deberá votar en el Parlamento Europeo acerca de los candidatos de los Estados miembros. 
Tampoco estamos plenamente de acuerdo con el contenido del punto II.1 puesto que vemos en él una delimitación que va demasiado lejos en cuanto a la cantidad de miembros de la Comisión que se podrán elegir entre los actuales diputados al Parlamento. 
En cambio, apoyamos la enmienda del Grupo PSE, que en este punto señala que se debe seguir desarrollando la hasta ahora exitosa costumbre de elegir a algunos de los miembros de la Comisión entre los diputados al Parlamento Europeo. 
Tampoco estamos totalmente de acuerdo con la redacción del punto IV.3 ya que pensamos que el momento para la declaración del programa del candidato designado está formulada en términos demasiado precisos. 
En cambio, apoyamos la enmienda del Grupo PSE en esta cuestión que dice que la declaración del programa del candidato designado para el cargo de Presidente de la Comisión y su discusión posterior tendrán lugar, dentro de lo posible, durante el período de sesiones de julio de 1999. 
Éste es un debate necesario porque el Tratado de Amsterdam ha fortalecido el poder del PE en la investidura del Presidente (el voto ha pasado a ser vinculante) y ha fortalecido también el poder del Presidente designado para la elección de los Comisarios (por acuerdo entre los gobiernos nacionales y él) en la formulación del programa de la Comisión y, una vez nombrada ésta, en la coordinación y dirección política del Colegio de Comisarios. 
Por eso, es necesario fortalecer la legitimidad democrática y la responsabilidad política de la Comisión y, desde luego, de su Presidente. 
Ése es el principal propósito de la idea lanzada por Jacques Delors y suscrita, entre otros, por Mario Soares y Felipe González de organizar la campaña para las elecciones europeas en torno no sólo a un programa político, sino también a la elección del Presidente de la Comisión, y de que los partidos políticos puedan presentar públicamente al electorado su candidato a ese cargo. 
La primera consecuencia deseable sería la personalización de la campaña electoral y, por ese motivo, un mayor relieve público de las instituciones, comprensión racional e identificación emocional de los ciudadanos con la propia Unión Europea y sus objetivos y políticas. 
La UE ganaría seguramente en prestigio, acercamiento a los ciudadanos y responsabilidad democrática. 
El informe del Sr. Brok va encaminado a la consecución de esos objetivos, pese a que las exigencias de la Realpolitik- que quiere conservar intacto el poder de renegociación y elección por los primeros ministros de la personalidad que proponer al Parlamento Europeo- hayan anulado la claridad de la propuesta en beneficio de las fórmulas de transacción parlamentaria que siempre pueden decir todo y su contrario... 
En todo caso, ha quedado- y me congratulo de que haya sido por una propuesta de enmienda por mí presentada- la propuesta de que el Consejo Europeo elija la personalidad que designar para Presidente de la Comisión teniendo en cuenta los resultados electorales. 
Por eso, no es admisible que el Gobierno alemán tenga la pretensión de iniciar el proceso de designación de la próxima Comisión en el Consejo Europeo de Colonia el 3 de junio de 1999, es decir, ¡antes de las elecciones europeas! 
El método así propuesto no impide la imprescindible participación de las otras fuerzas políticas relevantes y proeuropeas en la Comisión por mediación de Comisarios en puestos importantes. 
Y, sobre todo, no entra en conflicto con la naturaleza intergubernamental que, en una síntesis original con carácter supranacional, la UE y sus instituciones siguen teniendo. 
Pero ese método es la única forma de que la designación y el futuro nombramiento de la Comisión correspondan a un acuerdo real (previsto en el Tratado de Amsterdam) entre el Consejo de los Gobiernos y el Parlamento elegido directamente por los ciudadanos. 
El Parlamento ganaría seguramente, a su vez, en legitimidad (porque habría más participación en las elecciones) y en responsabilidad. 
El Presidente de la Comisión ganaría en autoridad ante los Comisarios y ante los Gobiernos. 
Y eso es imprescindible para garantizar que la Comisión sea el órgano independiente con la función de impulso político a la Unión Europea y de formulación del interés comunitario que debe representar en virtud de los Tratados. 
Y no la secretaría administrativa de un Consejo, así más fácilmente dominado por los grandes Estados miembros. 
Está claro que el sistema entrañaría un deseable fortalecimiento de la responsabilidad política de la Comisión y de sus miembros individualmente considerados ante el Parlamento. 
La experiencia de nombramiento y desempeño de la Comisión Santer y de las circunstancias que han originado la presente moción de censura están ahí para demostrar que la Realpolitik en este caso no ha propiciado soluciones satisfactorias: ¡ni para la UE y su prestigio ni para los Estados miembros y sus ciudadanos ni para el Parlamento Europeo y su insubstituible función al servicio de la construcción de una democracia europea! 
Desde el inicio de mi mandato como diputado europeo he conocido muchos ciudadanos europeos que deploraban la falta de diálogo democrático en el seno de las instituciones comunitarias y en especial ante la Comisión. 
El reproche más frecuente es la falta de base democrática directa de la Comisión, nacida en cierto modo de negociaciones más o menos secretas y que combina desequilibrios que escapan a la mayoría de nuestros electores. 
Cuando el proceso de la moneda única está dando prueba de sus aptitudes, cuando la ampliación continúa según sus propias exigencias y en seis meses se va a renovar el Parlamento Europeo, sería saludable para la democracia europea comprometerse claramente en un proceso más amplio de reformas de la Comisión. 
Para satisfacer a los cerca de 370 millones de europeos, es hora de considerar seriamente la presentación de candidatos a la presidencia de la Comisión ya desde las elecciones del próximo mes de junio, permitirles que presenten un verdadero programa político y que arropen a los Comisarios elegidos entre los representantes del Parlamento Europeo. 
El artículo 214 del Tratado de Amsterdam da nuevas prerrogativas al Parlamento y ajusta la duración del mandato de la Comisión al del Parlamento Europeo. 
Es muy fácil hoy conjugar esta posibilidad que se presentará en junio de 1999. 
La ventaja sería doble: dinamizar la campaña electoral proponiendo un nuevo desafío- la política europea de los próximos cinco años- e instaurar una Comisión más independiente y que aplique mejor el derecho comunitario, todo ello respetando el equilibrio político. 
Una Europa más tangible, más cercana a los ciudadanos, nunca ha sido tan realista y realizable, gracias al informe Brok. 
Doy mi aprobación por tanto a sus disposiciones y hago votos para que en este principio de año la mayoría de nosotros se comprometa en esta vía que desean la mayor parte de los europeos. 
Las grandes maniobras federalistas para transformar definitivamente a la Comisión en un gobierno de Europa están de nuevo en su apogeo. 
Ya, en el pasado octubre, el Presidente del Parlamento había saludado en este hemiciclo: «la función nueva atribuida a la Comisión por los Tratados de Maastricht y de Amsterdam» , que según él exigía «el ejercicio (por ésta) de una dirección política, legislativa y presupuestaria». 
Hoy, la Comisión de Asuntos Institucionales de esta Asamblea toma el relevo, por medio del informe Brok, intentando hacer de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam los «catalizadores de cambios fundamentales en las relaciones interinstitucionales de la Comunidad». 
Estas nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam son voluntariamente bastante oscuras, según el bueno y viejo método federalista. 
En todo caso, nunca han sido explicadas claramente a los ciudadanos- como lo demuestra el debate que tiene lugar en Francia en la actualidad. 
La Comisión de Asuntos Institucionales se apoya principalmente en las modificaciones de los artículos 158-2 (designación del Presidente y de los miembros de la Comisión) y 163 (organización interna de la Comisión) , para llevar al extremo la interpretación del Tratado en el sentido federalista: la progresiva transformación de la Comisión en una especie de gobierno, investido por el Parlamento Europeo sobre la base de un programa de «orientaciones políticas» que responde al resultado de las últimas elecciones europeas. 
La base jurídica está negociada por las necesidades de la causa. 
En especial, las «orientaciones políticas» mencionadas en el artículo 163 del Tratado tienen como objetivo, en el contexto de este artículo, constituir un instrumento de disciplina interna de la Comisión, y no un «programa de investidura». 
Por otro lado, no se trata en ningún modo de un programa así en el artículo 158, que trata del nombramiento de la Comisión. 
Más aún, el desplazamiento de la Comisión hacia un estatuto gubernamental, tal como propone el informe Brok, nos parece que desconoce la naturaleza de la Unión y sobrepasa los términos del Tratado de Amsterdam. 
En efecto, éste, a pesar de sus ambigüedades, reserva para el Consejo el papel motor de la iniciativa en la elección de los candidatos a los puestos de comisarios, y el poder de nombrar definitivamente al nuevo colegio (artículo 158). 
Estas disposiciones han de resituarse en la perspectiva general del Tratado, que reserva a los Estados miembros la función máxima, bien por el artículo D, que encarga al Consejo Europeo proporcionar a la Unión los impulsos y las orientaciones políticas necesarias, bien por el artículo 145 que confía al Consejo de Ministros el poder para adoptar decisiones, el de coordinar las políticas económicas y el de otorgar a la Comisión competencias ejecutivas. 
Así, a pesar de la diligencia de los federalistas- que era de esperar- en pretender llevar a su terreno las disposiciones nuevas de Amsterdam, está claro para nosotros que, de conformidad con el marco general del Tratado y la naturaleza de la asociación de Estados que es la Unión, el Consejo ha de conservar su función de pivote. 
Nosotros desearíamos más bien reforzarla haciendo a la Comisión responsable ante el Consejo. 
Finalmente, la idea «de independencia de la Comisión» , sobre la que insiste el informe, nos parece muy ambigua. 
Si bien es cierto que esta independencia ha de verse reforzada frente a los grupos de presión (hemos presentado, por cierto, enmiendas en este sentido) , no pensamos que tenga la menor utilidad con respecto a los gobiernos democráticos reunidos en el Consejo. 
Como señalé ayer en el debate general, la teoría de la independencia de la Comisión ha inducido un sentimiento de superioridad ampliamente responsable de los comportamientos laxistas constatados hoy. 
El fraude es así el resultado natural de una mala disposición institucional europea. 
No debemos incrementar la independencia de la Comisión sino reducirla, y reducir principalmente los privilegios exorbitantes de los que dispone este organismo: monopolio de iniciativa, autocontrol, poderes discrecionales, etc. 
Nos hemos abstenido en la votación del informe del Sr. Brok, que subraya la influencia y responsabilidad del Parlamento Europeo con respecto a la aprobación de la Comisión. 
Somos partidarios de esta forma de control de los miembros de la Comisión antes de su nombramiento, sin embargo, no nos parece posible presentarse a un puesto en la Comisión siendo o habiendo sido miembro del Parlamento Europeo. 
Hay muchas otras formas de adquirir experiencia parlamentaria de cara a poder desempeñar un cargo semejante. 
De la misma forma, tampoco nos entusiasma la idea de que cada grupo del Parlamento Europeo presente un candidato al cargo de Presidente de la Comisión como parte del proceso electoral. 
La Comisión debe mantener su independencia. 
El Parlamento debe mantener su independencia como órgano de control. 
Aunque originalmente el Informe Brok iba a ser debatido en otra sesión plenaria, ahora, con la despedida del Sr. DʼAndrea, ha sido incluido en el orden del día en un momento de especial actualidad, ya que esta semana nos encontramos bajo el signo de la responsabilidad de la Comisión Europea frente al Parlamento. 
He votado en contra del informe porque las propuestas del ponente van demasiado lejos. 
Entre otras cosas, no sería bueno que la elección del Presidente de la Comisión Europea durante las elecciones europeas llevara a una especie de «Ministro Europaʼ. 
Al fin y al cabo, la Comisión Europea representa el poder ejecutivo y, por tanto, en principio no tiene responsabilidades políticas. 
El Tratado de Amsterdam da más facultades al Parlamento Europeo para el nombramiento del Presidente de la Comisión Europea. 
Una consecuencia lógica será que esto lleve a una mayor influencia en caso de disfuncionamiento de la Comisión Europea. 
Sin embargo, creo que el Parlamento Europeo ya podrá demostrar su poder, sobre todo, mediante el empleo de sus competencias en materia presupuestaria; esto sin perjuicio de la función del Consejo, ya que éste nombra a los miembros de la Comisión y por tanto tiene la primera responsabilidad a la hora de emprender acciones. 
El hecho de que este cometido del Consejo no figure en ningún momento en el informe, a mí me parece extraño. 
El Presidente de la Comisión Europea no debe elegirse en base a un programa político, ya que la Comisión Europea, como ya he dicho, es un órgano ejecutivo del Consejo y del Parlamento. 
Si bien la votación de la gestión para el presupuesto de 1996 pertenece al pasado, si bien la votación de censura de la Comisión se juega en el presente período de sesiones, es seguro que la propuesta de resolución que estamos examinando en la actualidad corresponde al futuro. 
Eso es señalar su importancia, ya que afecta no solamente al futuro de las relaciones entre este Parlamento y la Comisión, sino también al futuro de la democratización de nuestras instituciones. 
En ese sentido, esta declaración está sin duda destinada a todas las instituciones europeas, pero considero que se justifica ante todo como un documento de reflexión interna de este Parlamento, ya que pretende trazar el punto más democrático posible para nuestro rumbo parlamentario en el ao 1999. 
Cuando la opinión pública conoció el Tratado de Amsterdam, consideró que la montaña de la Conferencia Intergubernamental había parido un ratón. 
Es cierto que el Tratado es complejo y que aquellos que esperaban avances institucionales que permitieran una ampliación sin bloqueo de la construcción europea se han sentido decepcionados. 
Sin embargo, éste aportaba una serie de novedades de las que hemos de sacar partido si no queremos traicionar nuestro mandato de representantes por sufragio universal. 
Tres innovaciones de Amsterdam motivan nuestras palabras: En primer lugar, el Parlamento emitirá su dictamen conforme sobre la elección de Presidente de la Comisión propuesto por los Gobiernos: éste actuará en calidad de formador, según expresión utilizada principalmente en Bélgica. 
En segundo lugar, los miembros de la Comisión y el presidente designado serán sometidos de forma colegiada a una votación de aprobación del Parlamento. 
Y en tercer lugar, la Comisión cumplirá su misión en el respeto por las orientaciones políticas definidas por su Presidente. 
Vemos así que se dibujan los contornos de una Unión Europea en la que un ejecutivo- la Comisión- se verá instaurado por dos instituciones legislativas, una que representa a los ciudadanos- el Parlamento- y la otra que representa a los Estados miembros- el Consejo. 
Se trata de una estructura tripolar que puede parecer a priori en un equilibrio delicado, incluso inestable. 
Eso es cierto, pero sabemos que la democracia es frágil y que las construcciones más elaboradas que deben respetar los derechos y los deberes de cada cual son las más frágiles. 
A pesar de todo funcionan, incluso si exigen grandes esfuerzos de escucha y de compromiso entre los diferentes socios. 
Lo que parece evidente con la instauración de Amsterdam es que ni el Consejo ni el Parlamento tienen capacidad para instaurar su ejecutivo sin tener en cuenta las posiciones del otro. 
En realidad están condenados a entenderse y a negociar la composición, las orientaciones políticas y los modos de funcionamiento de la Comisión. 
El Parlamento posee por tanto ahora la capacidad para desempeñar una función claramente relevante en la instauración del colegio de miembros de la Comisión. 
Un segundo círculo de reflexiones está vinculado a las posibilidades abiertas por las consideraciones que acabo de mencionar en relación con las elecciones europeas y la animación que pueden recibir en el seno de un proceso capaz de producir una mayor integración europea. 
En pocas palabras, las grandes líneas y las motivaciones de la propuesta avanzada por Jacques Delors me parecen pertinentes. 
Existe un contraste sorprendente entre la asfixia evidente de la arquitectura europea y las preocupaciones de la opinión pública que ve las consecuencias de las políticas europeas penetrar en su vida diaria y que sin embargo no reconoce en esa Europa las prácticas democráticas a las que está acostumbrada en los diferentes Estados miembros. 
Darle un nuevo dinamismo al debate europeo es hacer de la elección del futuro Presidente de la Comisión uno de los desafíos de la próxima campaa europea, es evitar que ésta se encierre en problemáticas exclusivamente nacionales, es finalmente inaugurar una vía política verdaderamente europea y, al mismo tiempo, altamente personalizada. 
Un tercer círculo de reflexiones estará orientado a buscar una mejor relación política entre el Parlamento y la Comisión y reducir, en esta ocasión, el déficit democrático de la Unión. 
Resulta sorprendente para la opinión pública constatar que el Parlamento Europeo, que constituye un vivero del que se nutren los Estados cuando nombran a sus gobiernos, esté tan poco solicitado cuando se trata de elegir a los Comisarios y, entre ellos, al Presidente de la Comisión. 
Eso va contra los hábitos democráticos de nuestros países respectivos, y la credibilidad de este Parlamento se verá reforzada el día en que, como nuestra declaración lo demanda, un «número importante de miembros de la Comisión deberían ser elegidos entre los diputados europeos... ». 
Creo que esto significa también que la paridad hombres/mujeres, tanto aquí como allá, deberá respetarse. 
Por una parte, muchos aquí están íntimamente convencidos desde hace tiempo de que a pesar de los progresos realizados al hilo de las reformas de los tratados, esta Asamblea no será un parlamento en su integridad hasta tanto no pueda, entre otras cosas, conceder la investidura a la Comisión responsable ante él mismo. 
Por otra parte, es absolutamente necesario que las instituciones europeas se reformen en la perspectiva de la futura ampliación a los países de Europa central y oriental. 
En esta futura Europa ampliada a veinte o veinticinco miembros, una Comisión que contara al menos con un Comisario por cada país miembro sería totalmente ineficaz. 
La indispensable reforma de la estructura y composición de la Comisión deberá otorgarle por tanto una legitimidad diferente de la que extrae en la actualidad del nombramiento nacional de sus miembros. 
En cualquier estado democrático, el Gobierno es el fruto de la relación de fuerzas que existe en el seno de las asambleas representativas, que reproducen más o menos fielmente las situaciones de la sociedad que los ha elegido. 
En una Unión Europea cada vez más estrecha, la verdadera legitimidad democrática residirá con toda evidencia en esta Asamblea elegida por sufragio universal directo. 
Es del Parlamento Europeo de donde la Comisión deberá extraer su nueva legitimidad. 
En esta óptica, la aplicación de las propuestas que contiene el informe será un nuevo avance en la vía de la emancipación del Parlamento y de la unificación democrática del continente europeo. 
Tengo un especial interés en señalar una vez más el carácter indispensable de la independencia de la Comisión con respecto a los Estados miembros y de su consecuencia lógica: el fortalecimiento del control parlamentario de esta institución que debe seguir siendo al mismo tiempo el centro del interés comunitario y el guardián de los tratados. 
También debe convertirse en el motor de arranque de la construcción europea. 
La intención de este informe era, entre otras, apoyar la propuesta de «Nuestra Europa» , la asociación de Jacques Delors, que consiste en hacer del futuro presidente de la Comisión el reto de las elecciones europeas. 
Doy mi apoyo a esta propuesta y por ello la he firmado. 
Nuestra propuesta de personalizar las elecciones europeas dándoles un carácter político y dando una mayor participación a los electores en la designación del futuro Presidente de la Comisión se ha diluido hasta tal punto en el informe Brok que parece ridícula. 
Y eso se debe a los compromisos entre los grupos. 
¿Por qué ocurre así? 
Simplemente porque los Jefes de Estado y de Gobierno no quieren. 
Ya sean socialistas o conservadores, pretenden continuar cocinando sin debate democrático, prefieren el cónclave vaticanesco al debate democrático. 
En una palabra, quieren conservar la influencia en la designación del Presidente de la Comisión, sin interferencia exterior, ya sea de los electores o de los partidos políticos. 
De este modo, corremos el riesgo de tener el esquema siguiente en lo que respecta al futuro Presidente de la Comisión: 
los días 3 y 4 de junio de 1999, en la cumbre de Colonia, la Presidencia alemana tiene la intención de iniciar el proceso de renovación de la Comisión nombrando un Presidente de ésta; -el 13 de junio de 1999 tendrán lugar las elecciones europeas.Los electores no tendrán más que certificar el resultado de las negociaciones «in camera» de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Los ponentes y el Parlamento quieren lograr, mediante la interpretación de determinados artículos en el aún no ratificado Tratado de Amsterdam y llevando éstos a su último extremo, la transformación de la Comisión en una suerte de gobierno. 
Esto se confirma en la exposición de motivos del informe. 
Opino que esto se opone diametralmente a los artículos del Tratado que señalan que la UE es una cooperación interestatal entre países soberanos. 
Esto es un intento de dar a la UE una orientación federalista sin que medie debate ni resolución en los Estados miembros, lo cual no puedo aceptar. 
El Informe Brok sobre la aprobación del Presidente de la Comisión y la «independencia» de ésta, refleja de manera clara la ideología dominante en la Comisión de Asuntos Institucionales y su fe en la creación de un estado federal. 
Queremos destacar que la Comisión nunca podrá ser considerada como independiente, ella trabaja junto con el Parlamento y, especialmente, con el Consejo. 
En las conclusiones de la exposición de motivos se habla de pasar «del método interestatal al supraestatal» y de que se quiere reforzar el proceso de integración «hacia una Europa unida por bases federales» El objetivo es intentar preparar el camino para que la Comisión llegue a ser un gobierno nombrado directamente por el Parlamento Europeo y no por los Estados miembros. 
En nuestra opinión, el informe hace interpretaciones exageradas de lo que realmente se expresa en el Tratado de Amsterdam. 
La comisión también se ha dejado impresionar por las declaraciones del anterior Presidente de la Comisión, Jacques Delors, en el sentido de que las elecciones comunitarias deberían ser para elegir al futuro Presidente de la Comisión y no para configurar el Parlamento Europeo. 
El informe también es contradictorio. 
Por una parte, quiere cuidar de la independencia de la Comisión y, por otra, quiere que el Parlamento pueda negociar acerca de las personas que podrán integrar la Comisión, de las cuales «una gran cantidad será elegida entre los actuales diputados al Parlamento». 
Dado que somos contrarios al desarrollo de la UE hacia una superpotencia federal y que, en cambio, como línea fundamental propiciamos las relaciones interestatales, hemos votado en contra. 
El informe se ocupa de muchos problemas institucionales existentes en la Unión, especialmente desde una perspectiva democrática. 
Este informe otorga al Parlamento la facultad de pedir cuentas y destituir a Comisarios, herramienta que, según hemos visto la última semana, es importante que el Parlamento tenga en su mano. 
Esta facultad se inscribe en el punto 3.1 del informe. 
Desgraciadamente, en el mismo punto se señala que es importante que se mantenga a la Comisión como «único poseedor del derecho a iniciativa» , cosa a la que me opongo firmemente. 
Esto constituye una gran deficiencia democrática en la cooperación actual. 
Opino que el derecho a la iniciativa no debe estar reservado sólo a la Comisión. 
A mi juicio, la herramienta para destituir a Comisarios es tan relevante que votaré a favor del punto 3.1, pero quiero declarar que no apoyo la idea de que la Comisión sea la única con derecho a iniciativa. 
A pesar de las buenas intenciones, hay algunas deficiencias en el informe. 
Muchas de ellas se mejoran a través enmiendas del Grupo PSE, a las cuales doy mi voto. 
El informe sigue a grandes rasgos el Tratado de Amsterdam en lo que atañe al nombramiento del Presidente de la Comisión. 
Con todo, no estamos completamente de acuerdo con él. 
Los gobiernos de los Estados miembros deben tener mayor espacio para sus ponderaciones políticas, lo cual se destaca en la enmienda del Grupo PSE. 
Además, opinamos que el informe va demasiado lejos en su exigencia de que una gran cantidad de miembros de la Comisión deberán elegirse entre los actuales diputados al Parlamento. 
No participamos de la idea de que sólo la Comisión goce de derecho de iniciativa. 
Esto, en la realidad, entrega el poder a la Comisión, a la que no se puede pedir cuentas ya que no es de elección popular. 
Vemos, por ejemplo, como algo significativo en la colaboración interestatal, que los parlamentos nacionales gocen de mayores facultades que las que han tenido hasta hoy. 
El informe del Sr. Brok se sitúa en la línea de propuestas de desnaturalización de la originalidad de las instituciones de la UE, que en los últimos años va ganando apoyos. 
No obstante, hay que denunciar con energía estas desvirtuaciones que conducirán a la ruina del sistema institucional, que es revolucionario, en la historia del constitucionalismo. 
El perfeccionamiento y progreso de las instituciones de la UE se conseguirán profundizando en la originalidad del modelo propuesto en los Tratados fundacionales. 
Toda tendencia a hacer evolucionar las instituciones de la Unión para que se parezcan a los caducos sistemas constitucionales del Estado nación será un fracaso. 
El sistema comunitario es una superación del Estado Nación, pues regula relaciones y realidades distintas. 
Comisión, Parlamento y Consejo son instituciones que únicamente pueden entenderse en su funcionamiento insterinstitucional y en su equilibrio interno. 
Si los Gobiernos de los Estados miembros designan al Presidente y a los miembros de la Comisión Europea, los Tratados, sabiamente, ponen en manos del Parlamento el contrapeso del poder de la moción de censura. 
Si el Parlamento y los Grupos políticos propusieran a los Comisarios y su Presidente, se rompería este equilibrio esencial y se politizaría el Colegio de Comisarios, que por exigencia de los Tratados debe ser independiente no ya sólo de los Gobiernos, sino también de todo grupo político. 
Por otro lado, si cada Grupo político propusiera un candidato para la presidencia de la Comisión, se crearía de facto una dependencia política de ese candidato a una tendencia política y por lo tanto, perdería la necesaria independencia. 
Además, en el Parlamento, se produciría el reflejo de la creación de unos grupos de apoyo u oposición, con lo que se desnaturalizaría el libre juego político en el Parlamento, donde de partida, todos los miembros son oposición y no tienen por qué apoyar a ningún presidente ni comisario. 
Se crean, en todo momento, mayorías según los temas del debate, y esto es mucho más libre y democrático. 
El informe del Sr. Brok cae en profundas contradicciones. 
Dice defender la responsabilidad colegial de la Comisión y, al mismo tiempo, la posibilidad de pedir la dimisión de oficio de los miembros de la Comisión. 
También es contradictorio con una auténtica responsabilidad colegiada el dar una mayor capacidad de dirección al Presidente. 
Se olvida que la esencia de las instituciones comunitarias reside en el principio de dar todo el poder a las instituciones y no a ninguno de sus presidentes. 
Son responsabilidades institucionales y no personales. 
Por eso, la presidencia del Consejo es rotatoria, limitada a seis meses y sólo con una función de mera coordinación. 
El Presidente del Parlamento tampoco tiene ningún poder significativo y no sería nada bueno para mantener la unidad en la diversidad del Colegio de Comisarios una prepotencia de su presidente. 
Los presidentes de las instituciones tienen toda la auctoritas de su personalidad, pero no potestas. Y esto es bueno. 
La independencia de la Comisión se consigue reforzando y exigiendo mucho el principio de la independencia política y evitando la presión de los Gobiernos en el sentido de una creciente politización de los funcionarios, imponiendo cuotas nacionales y de partidos. 
El Parlamento también debe ser consciente de que si tiene la competencia de controlar a la Comisión, debe adaptar su estructura de personal y sus métodos de trabajo a esa función, en vez de estar dispersos en múltiples actividades de comentar noticias de periódicos un mes después de producirse los hechos. 
Sobre el Informe Sainjon (A4-0423/98) 
La globalización implica nuevas posibilidades y nuevas amenazas. 
Los códigos de conducta tienen un importante papel para garantizar que las empresas multinacionales respeten los derechos humanos. 
Tomando como base la declaración de la OIT sobre los principios básicos y otras normas internacionales mínimas, hay que elaborar códigos de conducta que las empresas multinacionales europeas ratifiquen voluntariamente. 
Es esencial que en la elaboración y realización de estas propuestas se colabore estrechamente con representantes de empresas, sindicatos y organizaciones no estatales. 
Queremos subrayar especialmente la importancia de que la Comisión y los Estados miembros influyan en el seno de los órganos de decisión de la OMC para que, al estudiar las solicitudes de ingreso, se exija que los países candidatos cumplan con las reglas mínimas. 
A fin de que el sistema comercial multilateral se desarrolle de manera provechosa y para que se consiga reformar el sistema global de comercio, tiene que haber mucha responsabilidad, justicia y solidaridad. 
Los beneficios del comercio mundial deben utilizarse para crear bienestar en todo el mundo y para alcanzar una distribución más justa cuyo objetivo sea eliminar las diferencias entre ricos y pobres. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el comercio internacional. 
La UE debe adoptar como punto de partida la ratificación y el cumplimiento de las Convenciones de la OIT en los países miembros. 
Además, la UE debe tratar de incorporar a los acuerdos con terceros países una cláusula social basada en los principios de la OIT. 
Hemos votado a favor de hacer lo más vinculante posible el código de conducta para las empresas multinacionales europeas que parte de las Convenciones de la OIT. 
La experiencia demuestra el escaso cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios. 
Resulta más efectivo aprobar condiciones marco en el ámbito europeo que puedan ir acompañadas de eventuales sanciones. 
La obligación de tomar en consideración la dimensión social en la liberación de los intercambios internacionales ha sido en el pasado invocada a veces por aquellos que deseaban en realidad reforzar el proteccionismo del mundo industrializado con respecto a los países en desarrollo. 
Es preciso tener como enormemente legítima la exigencia de un respeto generalizado por algunos principios y reglas simples inscritos en los convenios internacionales de la OIT que inciden en la restricción sobre el trabajo de los nios, la prohibición de los trabajos forzados, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 
En muchas ocasiones el Parlamento Europeo se ha pronunciado en este sentido y ha pretendido la inscripción de estas normas mínimas en una cláusula social, en el sistema unilateral y multilateral del comercio. 
Igualmente, se ha declarado dispuesto a apoyar, en el marco multilateral de la OMC, el principio de un diálogo profundo sobre la cuestión. 
De nuevo es preciso ser creíbles ante nuestros socios en los numerosos foros de debate y de negociación en los que participen la Unión Europea y los Estados miembros! 
¿Cómo podremos serlo en tanto algunos Estados miembros de la Unión no hayan ratificado la totalidad de los convenios de la OIT relativos precisamente a estos derechos fundamentales? 
Comparto ampliamente las preocupaciones y los deseos de nuestro ponente, pero debo señalar especialmente que necesitamos antes que nada barrer delante de nuestra propia puerta. 
Por ello insisto en la necesidad, para los Estados que aún no lo han hecho, de ratificar los citados convenios. 
En consecuencia, invito a los colegas de esos países a utilizar en este sentido toda su fuerza de persuasión ante sus autoridades gubernamentales. 
En la resolución y en el texto de la Comisión se aboga por el establecimiento de una cláusula social en el comercio internacional y por un apoyo más resuelto a la declaración de la OIT sobre principios básicos y derechos en la vida laboral, con el objeto de erradicar el trabajo infantil, tanto dentro como fuera de la Unión. 
Por eso apoyo el informe, aunque tengo algunas dudas en cuanto a su financiación. 
Este año comienza el Año de la Infancia. 
La Convención sobre la Infancia de la ONU, ratificada por los gobiernos de todos los Estados miembros, cumple diez años. 
Da vergüenza ver las dificultades existentes en la Unión para cumplir con los artículos más elementales de dicha convención. 
Uno de los artículos, que yo considero fundamental, es el que se refiere al derecho de los niños a su infancia, a jugar y a aprender, y a no trabajar. 
El informe tiene como objetivo que los Estados miembros subsanen las grandes deficiencias existentes en la protección de los niños en relación con el mercado laboral. 
Sin embargo, hay enmiendas que debilitan mucho las pretensiones del informe. 
La enmienda 10 es la única que considero que es provechosa, y voto a favor de ella. 
Aun cuando comporte algunas comparaciones abusivas- concretamente a propósito del trabajo de los niños en el Reino Unido- apoyadas en informaciones poco rigurosas (es evidente que no se puede poner en el mismo plano, por un lado, a niños en edad de ser escolarizados o a estudiantes que reparten un diario por la mañana y, por otro, a niños que trabajan doce horas al día fabricando alfombras) , el Grupo Europa de las Naciones ha votado, sin embargo, a favor del informe del Sr. Sainjon, ya que hoy es evidente, en opinión de todos, la necesidad de acabar con el dumping social, que pervierte el sistema del comercio mundial tal como funciona actualmente en el marco definido por el acuerdo de Marrakech. 
No obstante, no fuimos muchos quienes dijimos, en 1994, que la negociación de la Ronda de Uruguay pertenecía al mundo de la década de los 60; un mundo en que el comercio se desarrollaba esencialmente entre un número reducido de países de nivel homogéneo o equivalente, mientras que el final de la guerra fría y la mundialización de los transportes y de las comunicaciones ponían en competencia directa a países situados en universos sociales completamente diferentes. 
Ahora bien, las normas que son beneficiosas en un marco determinado, pueden resultar nocivas en un marco diferente. 
Este es el balance que estamos obligados a hacer a pocos años de la aplicación del acuerdo de Marrakech. 
Al hacer el inventario de los medios de que todavía dispone la Unión Europea para luchar contra este dumping social, el Informe Sainjon debe reconocer que son escasos, y el ponente no está en condiciones de proponer dispositivos facultativos e incitativos. 
No se puede sino estar de acuerdo con la voluntad de luchar contra el trabajo forzado de los niños. 
La sugerencia que se ha hecho a la Comisión de intervenir en el seno de los organismos de decisión de la OMC para que se aplique como criterio de admisión el respeto de unas normas sociales mínimas por los países candidatos, es igualmente positiva. 
Es necesario exigir a la Comisión que aplique esta petición con determinación. 
Es evidente, en efecto, que el nivel decisivo no es, tampoco en este ámbito, el nivel europeo, sino el nivel mundial. 
La adopción de disposiciones europeas unilaterales podría incluso volverse en contra de nuestras propias empresas, si las empresas competidoras de los demás países no estuvieran igualmente sometidas a estas disposiciones. 
Por lo tanto es en el ámbito mundial donde la Unión Europea y los Estados miembros deben hacer prevalecer la necesidad de aplicar dispositivos obligatorios que permitan acabar con las condiciones de trabajo inaceptables y con los fenómenos de distorsiones de competencia ligadas al dumping social que afectan directamente a nuestras empresas y a nuestros empleos. 
La creciente liberalización del comercio mundial nos demuestra que también este ámbito de las actuaciones humanas no está exento de valores. 
Necesariamente hemos de ocuparnos de las normas en el comercio. 
Si no lo hacemos, correremos los riesgos de explotación a costa de determinados colectivos de personas. 
El reconocimiento internacional de las normas de trabajo constituye un instrumento útil para evitar esa explotación. 
Por tanto, nos alegra constatar que la Comisión sentencia que la relación entre la liberalización del comercio mundial y el reconocimiento de las normas de trabajo no puede tacharse de absolutamente positiva. 
Como Unión Europea debemos adherirnos en la medida de lo posible a las iniciativas internacionales en este ámbito. 
Para poder hacer esto de manera creíble, es necesario que cada uno de los estados miembros de la Unión en primer lugar haga su propio examen de conciencia. 
Apoyamos al ponente en su apelación a varios de los Estados miembros de la Unión Europea a que reconozcan y respeten las normas de trabajo. 
Sin embargo, el desarrollo de unas iniciativas europeas independientes, en opinión de nuestro grupo va demasiado lejos, por ejemplo cuando se trata del fomento de las posibilidades de formación de los jóvenes en otros países. 
Nos parece mejor incluir las normas de trabajo en otros terrenos de la política, como por ejemplo en la cooperación para el desarrollo. 
Por tanto, no hemos apoyado el párrafo 19 en la fórmula redactada por el ponente. 
Sí nos parecía bien la enmienda número 4. 
Somos partidarios de un código de conducta europeo de carácter voluntario. 
Nuestra visión al respecto, en mi opinión, se refleja mejor en la enmienda número 10 del Sr. Howitt. 
Más adelante en esta semana volveremos a debatirla más detalladamente. 
Algunas otras enmiendas nos parecían poco importantes y por tanto no las apoyamos. 
Nuestro grupo comparte la opinión del ponente cuando dice que el balance sobre los últimos cuatro años arroja un resultado pobre en cuanto a reconocimiento de normas internacionales. 
La adopción de esta resolución constituye un paso positivo hacia un comercio éticamente responsable. 
Por ello apoyamos gustosamente el informe del ponente. Especialmente porque pretende dar apoyo a las iniciativas internacionales en curso. 
Sobre el Informe Danesin (A4-0372/98) 
Desde 1996, al pronunciarse sobre el programa de acción 1995-2000 en el sector de la política común de transportes, este Parlamento se preguntaba sobre la oportunidad de recurrir al capital privado para la financiación de las RTE. 
Frente a un retraso en la financiación, es todo un proyecto de relanzamiento del empleo el que está fracasando a escala de la Unión Europea. 
Todos sabemos que una de las razones de ese retraso reside en un retroceso de las inversiones en infraestructuras en los Estados miembros preocupados por reducir los déficits públicos. 
El sector público por sí solo no puede asumir esta financiación, de ahí la llamada al sector privado. 
La comunicación de la Comisión, que es objeto del informe de nuestro colega, abre la vía a esta colaboración mediante la puesta en práctica de acciones de asociación entre organizaciones del sector público e inversores/empresas del sector privado. 
Ahora bien, como en cualquier buena colaboración, es preciso, claro está, trazar los perfiles. 
Una asociación pública/privada (APP) debe tener por objeto la concepción, programación, financiación y construcción de un proyecto decidido por la autoridad pública. 
Y, para su realización, los riesgos han de ser comprendidos en función de la capacidad de cada cual para soportarlos. 
Ha de haber una garantía efectiva en caso de debilidad de una de las partes. 
Finalmente, como sugiere nuestro ponente, para el éxito de las APP se impondrá una modificación de las directivas «mercados públicos» , pero no es preciso que dediquen la mayor parte al liberalismo y, para contrarrestar este hipotético riesgo, sería deseable que se tomara en consideración la noción de servicios de utilidad pública. 
Aunque este concepto de asociación pública/privada tuviera como soporte los grandes proyectos prioritarios, no dudemos que existe un máximo interés por los proyectos de infraestructuras de menor envergadura «que representan un interés considerable a nivel local o regional» (párrafo número 17 de la resolución). 
El ponente opina que la movilización de capital privado es una condición para la realización de la política de transportes comunitaria y, especialmente, de la red transeuropea (RTE). 
Con esta explicación de voto pretendemos puntualizar que consideramos de vital importancia que, al crearse sociedades mixtas para proyectos de infraestructuras, las infraestructuras básicas sigan estando en manos del estado. 
En tanto las sociedades mixtas tengan el carácter de empresas transitorias de proyectos dentro del marco de las contrataciones públicas, el flujo de capital privado es solamente provechoso, pero la cooperación no puede conducir, en ningún caso, a que se comparta la propiedad. 
el Informe Jarzembowski (A4-0375/98) 
El sector portuario trata más del 90 % de los intercambios de la Unión con los países terceros y alrededor del 30 % del tráfico intracomunitario, y acoge a más de 200 millones de pasajeros por ao. 
Esta constatación muestra la imperiosa necesidad de una Europa dotada de infraestructuras portuarias marítimas eficaces para hacer frente a los servicios importantes que el sector portuario está llamado a proporcionar. 
Igualmente, no olvidemos que los puertos constituyen un factor clave de la economía regional, en particular en las regiones marítimas periféricas y ultraperiféricas de la Unión. 
El Libro Verde de la Comisión tiene el mérito de abrir un amplio debate entre todas las partes implicadas (autoridades portuarias, transportistas marítimos, expedidores, Estados miembros... ) sobre las posibilidades de mejorar las infraestructuras y la eficacia económica de los puertos en Europa. 
Me felicito de que esta Asamblea pueda tomar parte en la reflexión y quisiera, como representante originario de una gran plaza portuaria del sur de Francia, formular dos observaciones. 
El documento de la Comisión no toma en consideración el reconocimiento de la noción de servicios de interés general en el sentido del artículo 90-2 del Tratado. 
Ahora bien, un gran número de instalaciones, de prestaciones de servicio y de actividades en los puertos marítimos dependen de esta noción. 
Por tanto es preciso reparar este olvido. 
Finalmente, el objetivo principal del Libro Verde es el de volver a examinar en detalle los reglamentos en vigor en el seno de los diferentes Estados miembros, de forma que los puertos europeos estén mejor adaptados al contexto internacional. 
Se trata en lo esencial de las condiciones financieras y de competencia. 
Estamos de acuerdo con la actuación que propone la Comisión, que es la de redactar un inventario de las financiaciones de los grandes puertos europeos antes de formular cualquier propuesta de directiva. 
No se puede partir sólo del postulado de la prohibición de las ayudas estatales a favor de este sector, sino que se ha de intentar que se corrijan las diferencias de desarrollo entre los puertos del sur y del norte de Europa. 
No se debe romper la función esencial de las plazas portuarias para el empleo a nivel local. 
Hace mucho que se dejaba sentir la necesidad de formulación y aplicación de una política europea en el sector de los puertos y las infraestructuras marítimas. 
A nuestro entender, los puertos constituyen una pieza fundamental de la red europea y transeuropea de transportes, no sólo con vistas a la competitividad europea en la economía mundial, sino también para el tráfico intracomunitario y para un desarrollo integrado de todo el territorio europeo. 
En particular en una Europa ampliada, el tráfico marítimo de pequeña distancia es la opción substitutiva del tráfico por carretera que provoca una congestión cada vez mayor de las carreteras europeas. 
La huelga de camioneros franceses, por ejemplo, al paralizar una gran parte de la economía de algunas regiones, es el aviso de que Europa necesita opciones substitutivas en materia de transporte basadas en particular en el transporte marítimo y ferroviario. 
A ello se suma que, desde el punto de vista medioambiental, el transporte marítimo ofrece beneficios innegables. 
A ello se suma también que un sistema portuario eficaz puede constituir un factor de desarrollo local y regional, en particular en las zonas periféricas e insulares, con lo que, además de acercar las periferias al centro, pasa a ser un factor preponderante en la cohesión económica y social. 
Por eso acogemos con beneplácito la iniciativa de la Comisión, convencidos de que a ella seguirán otros pasos con vistas a una política portuaria definitivamente asumida. 
El transporte marítimo y consecuentemente los puertos, son de vital importancia para las personas y para el transporte de mercancías. 
Tiene que aumentar el significado de las vías marítimas como rutas de transporte para conseguir el objetivo de «una política de transportes sostenible». 
Creo que todos estamos de acuerdo en esto. 
Al mismo tiempo, las condiciones costeras, climáticas, de densidad de población, de tradiciones pesqueras, etcétera, son muy distintas en los países miembros. 
La competencia de la UE sobre los puertos es un asunto bastante discutible. 
También lo es la incorporación de los puertos a la RTE. 
Una gran cantidad de instalaciones, servicios y actividades portuarias son, sin embargo, servicios de interés general y no son, por tanto, comparables con otros. 
Esto último pensando en el tema de la competencia y en la financiación pública. 
En general, es necesario discutir esta materia mucho más, en los países miembros y con los grupos interesados. 
La importancia económica de los puertos marítimos en los países de la Unión Europea resulta del hecho de que el 90 % de los intercambios de los Estados miembros con los países terceros y cerca del 30 % de los intercambios intracomunitarios se efectúan por su canal. 
Tradicionalmente considerados por los Gobiernos como polos de crecimiento, centros de desarrollo nacionales y regionales e instrumentos de planificación regional, los puertos de los Estados miembros de la Unión Europea, y en particular los grandes puertos, se han convertido hoy en puntos de interconexión entre transportes marítimos transoceánicos, transportes marítimos a corta distancia (cabotaje) y transportes terrestres y centros de transbordo y de servicios, de comercialización y de logística. 
Teniendo en cuenta esta evolución, el problema prioritario es el de la financiación y fijación de los cánones para las infraestructuras marítimas y portuarias. 
Pero, es preciso señalar que los puertos de los diferentes Estados miembros se diferencian por su régimen de propiedad su estructura organizativa y administrativa. 
Esta complejidad estructural plantea un gran número de dificultades cuando se pretenden analizar las diferentes ayudas con el fin de poner en evidencia el nivel de equidad competencial. 
Nuestro grupo apoya todos los puntos de la resolución de la Comisión de Transportes. 
Sin embargo, debe recordar que existe otra categoría de puertos. 
En efecto, algunos puertos o ciertas instalaciones, servicios y actividades portuarias son, por naturaleza, de interés general y deben por tanto, contrariamente a lo que propone el ponente, tener la posibilidad de recibir ayudas de explotación específicas. 
Como ejemplo, existen una serie de puertos de dimensión media o modesta que permiten conectar el continente con islas más o menos alejadas. 
Esos puertos tienen indiscutiblemente una misión de interés general ya que permiten a los isleños estar abastecidos. 
Si se votara la propuesta de resolución en estas condiciones, esta categoría de puertos sería olvidada totalmente, algo que tendría consecuencias penosas desde el punto de vista económico y social. 
Ésta es la razón por la que nuestro grupo ha apoyado durante la votación las enmiendas 1 y 3 que permiten a esta categoría de puertos poder recibir ayudas de los entes territoriales y nacionales. 
No se debería, en nombre de la equidad de competencia, condenar la función de servicio público que desempeñan algunos puertos o algunas infraestructuras portuarias. 
Condenamos todo intento de intervención en el régimen de propiedad de los puertos. 
El objetivo de tal política es la disminución del papel que los puertos y las infraestructuras marítimas están llamados a representar, su orientación a la explotación privada y la creación de beneficios para las empresas monopolistas de la Comunidad. 
Con el propósito de facilitar la privatización directa o indirecta de la totalidad o de parte de las instalaciones portuarias y de liberalizar el mercado de los servicios portuarios, la Comisión trata a los puertos como empresas esencialmente comerciales, «entidades comerciales» , tal y como las denomina, e impulsa la aplicación restrictiva del concepto de «bien público» para eludir su carácter inalienable y no comercial. 
Con el Libro Verde que se debate, se anuncian propuestas legislativas concretas, como una propuesta de directiva para las tasas portuarias, un marco reglamentario para la liberación del mercado de los servicios portuarios, facilitar la participación del sector privado en las actividades portuarias, adopción de principios uniformes de precios, etc, supuestamente encaminados a fomentar la «competitividad» de los puertos, aunque lo que en realidad se propicia es la reducción del coste y el aumento de la especulación del capital privado con consecuencias negativas considerables para el conjunto de la sociedad, con la excusa de perspectivas ulteriores de desarrollo del comercio internacional, de aumento de las exportaciones y de intensificación de la competencia con los otros puertos de fuera de Europa. 
En el ámbito de las famosas asociaciones entre los sectores público y privado, la Comisión, también en este ramo, intenta pasar a los armadores el pastel de las actividades rentables. 
Carga a la hacienda pública con la financiación de las infraestructuras e impone la participación del capital privado incluso en la planificación y concepción de inversiones, concediendo el derecho de explotación por períodos de larga duración. 
Las indicaciones de la Comisión sobre la forma de financiación de los puertos tienen como finalidad socavar las empresas públicas o de derecho público, dentro del anuncio para una aplicación sistemática y estricta del marco comunitario para las ayudas estatales. 
La Comisión ignora que más allá de las competencias de transporte de carácter estrictamente comercial, los puertos y las autoridades portuarias realizan servicios importantísimos relacionados con el control de la aplicación de las exigencias de seguridad, efectuando investigaciones e inspecciones, ejerciendo competencias comerciales y administrativas, como por ejemplo en el ámbito de la aplicación del principio del control por el gobierno del puerto y servicios sociales hacia las regiones costeras e insulares a las que sirve. 
Se prevén medidas en el régimen de precios que tendrán como resultado el aumento vertiginoso de los precios en nombre del principio de que el usuario es el que paga. 
El coste, por supuesto, no correrá a cargo del capital de armadores, que presiona en dicho sentido, sino que se reflejará en los precios finales, es decir en los pasajeros y en los precios que paga el consumidor por las mercancías. 
Se pasa totalmente por alto el hecho de que para países como Grecia, con un extenso complejo de islas, los transportes marítimos constituyen el medio fundamental de desarrollo local, comunicación y explotación turística y, en consecuencia, cualquier aumento en el coste del transporte se volvería en contra de las posibilidades de desarrollo de dichas regiones. 
Los planes de la Comisión para las tasas portuarias conducirán a una reducción considerable de los ingresos de los puertos pequeños que tengan un reducido volumen de negocio, con la consiguiente puesta en peligro de su viabilidad y funcionamiento. 
También aparecen peligros graves para los derechos de los trabajadores en un momento en que los recortes de puestos de trabajo están a la orden del día. 
La Comisión pide un aumento de la flexibilidad en el ramo portuario, expresa reservas sobre la legalidad de que existan los registros de trabajadores y prepara el terreno para que las empresas privadas que pretende que entren en el mercado puedan utilizar a otro personal, aparte del de los registros, abriendo el camino para el aumento del mercado negro y la contratación de trabajadores portuarios con sueldos bajos, dando al traste con conquistas sociales históricas de los trabajadores de dicho ramo. 
Por último, respecto a la integración de los puertos en la redes transeuropeas de transporte, queremos recalcar que dicha integración pretende, no sólo disponer de recursos comunitarios para su desarrollo, sino también imponer la implicación del capital privado en dicho sector. 
Nosotros consideramos que toda ayuda comunitaria deberá tener en cuenta las necesidades y peculiaridades de desarrollo de cada región y no que vengan dadas por las decisiones del gran capital multinacional. 
Los trabajadores de mi país, así como de otros países, están ya inquietos por dichas propuestas, que algunos gobiernos ya intentan llevar a cabo mediante la modificación del marco legal nacional. 
OLP y OLT- aunque rentables- son organismos que están siendo privatizados ante el proceso de integración de Grecia en el euro y se encuentran en proceso de transformación en sociedades anónimas. 
En cualquier caso, nosotros apoyamos a los trabajadores en sus luchas para que no se aprueben dichas propuestas que no presagian nada bueno para ellos. 
Sobre el Informe Lagenhagen (A4-0413/98) 
La propuesta de la Comisión por la que se establece una estrategia comunitaria para el desarrollo de un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) merece todo el apoyo del Parlamento. 
Hablamos de un campo en la que la UE ya mantiene hoy en día considerables intereses estratégicos, políticos, económicos, industriales además de otros en materia de empleo, seguridad y defensa. 
Existiendo un mercado mundial para el GNSS, que para el año 2005 se estima en 50.000 millones de euros, lo más lógico es dar prioridad al establecimiento de una estrategia europea. 
El plan de acción propuesto por la Comisión supone un paso concreto de cara a desarrollar un sistema civil multimodal plenamente integrado en las redes de telecomunicaciones y transportes transeuropeas. 
Supongo que la ESA (Agencia Espacial Europea) actuará en este terreno como brazo tecnológico de la UE. 
He observado con satisfacción el paquete de recomendaciones y propuestas que la comisión ha presentado en su informe y en general estoy de acuerdo con ellas. 
El sector de los satélites ha conocido a lo largo de estos treinta años una verdadera revolución. 
Redes telefónicas y cadenas de televisión son los principales usuarios de esas tecnologías espaciales, pero numerosos servicios basados en sistemas por satélite se desarrollan también en diferentes sectores de actividad tales como el transporte, la agricultura, la pesca, la protección de los recursos naturales, etc... 
En el plano de los transportes, por ejemplo, la navegación por satélite podrá contribuir a una aplicación más eficaz de las infraestructuras de transporte existentes, al aumento de la seguridad y a la reducción de la contaminación. 
En el sector pesquero, los sistemas de navegación por satélite permitirán una aplicación generalizada e incuestionable de los controles en el marco de la política pesquera común, pero también y sobre todo la mejora de la seguridad para las tripulaciones de los barcos. 
En la agricultura, los sistemas por satélite pueden permitir el control de la plantación de plantas perennes (arboricultura, viticultura) , el análisis de los recursos de agua del suelo, el control de la irrigación... 
En los próximos años van a desarrollarse aplicaciones nuevas: se instalarán redes mundiales de comunicación por satélite y se están considerando plataformas de investigación espacial. 
Ha de ponerse en marcha todo los posible para que los Estados europeos puedan disponer de una posición de privilegio en este mercado altamente competitivo de los satélites, actualmente dominado por Estados Unidos. 
Tras haber desarrollado una actividad aeronáutica y aeroespacial basada en la cooperación de las empresas europeas de esos sectores, en función de las competencias y superando ampliamente los límites de la Europa comunitaria, hoy es necesario que los países europeos apliquen el mismo método en el sector de los satélites. 
El éxito de logros como Ariane y Airbus, que han tenido lugar en el campo de la acción directa de las instituciones europeas, demuestra que, para construir una Europa de alta tecnología podemos perfectamente prescindir del recurso a una tecnoestructura administrativa pesada. 
El ejemplo de los proyectos Ariane y Airbus, que han utilizado muy pocos fondos comunitarios y para los cuales la Comisión sólo ha desempeñado una función anecdótica, ha de servir de modelo para desarrollar esta industria europea de los satélites en los años venideros. 
La sesión, interrumpida a la 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Agenda 2000 (continuación) 
La orden del día prevé la continuación del debate común sobre los cinco informes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, relativos a la Agenda 2000. 
Señor Presidente, quiero hacerle una petición en forma de moción de orden. 
Estamos todos muy ocupados con los preparativos de unas importantes votaciones. 
En la Comisión se hizo la promesa de que se nos entregaría la relación de los 157 estudios de la UCLAF. 27 de ellos están relacionados con el trabajo de la propia Comisión. 
Creo que para nosotros es de sumo interés que dispongamos de esa relación para poder evaluar correctamente el trabajo de la Comisión y su forma de operar en asuntos financieros. 
¿Puedo pedirle a usted, como Presidente de este Parlamento, que efectúe las gestiones necesarias para hacernos llegar estos documentos, antes de que se proceda a las votaciones más importantes que afectan a la Comisión? 
Señora Maes, ahora no disponemos de ninguna lista. Sin embargo, su petición será enviada y, de existir algo similar, se le comunicará inmediatamente. 
Señor Presidente, cuando intervine a finales del pasado año acerca del Informe Görlach sobre desarrollo rural, dije que este Parlamento debería ser sincero sobre si iba a afrontar con seriedad la reforma de la Política Agrícola Común. 
Un gran número de las enmiendas a los informes que sometemos hoy a debate nos demuestra desgraciadamente que algunos grupos políticos de este Parlamento están más interesados, en este período preelectoral, en las ventajas políticas a corto plazo que en lograr reformas realistas con el fin de establecer una política agrícola adecuada para una Europa de 20 a 25 países en el siglo XXI, que funcione en el marco de una economía mundial y que esté sujeta a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. 
Resulta poco realista que algunos grupos políticos presenten grandes cantidades de enmiendas a todos los informes solicitando, año tras año, un aumento de los subsidios, al mismo tiempo que la Comisión propone una reducción progresiva de los mismos con objeto de rebajar el gasto agrícola y hacer posible la ampliación de la UE. 
De hecho, los acontecimientos de esta semana y del mes pasado habrán hecho preguntarse a los países candidatos la clase de organización a la que han presentado sus solicitudes de adhesión. 
O afrontamos con seriedad la construcción de una verdadera Europa que abarque a todos los países que han vivido cuarenta años separados de la Europa occidental por un accidente de la historia que debemos evitar que se repita- y adoptar todas las medidas que conozcamos para que así sea -, o una mayoría de este Parlamento apoyará las enmiendas que propugnan unos subsidios que sabemos que no podremos mantener, traicionando así este histórico momento de transformaciones. 
A corto plazo, necesitamos efectivamente proteger a nuestros agricultores ante unos cambios demasiado rápidos, con el fin de permitirles sobrellevar este período de transición. 
Efectivamente, debemos alentar, con la excepción del tabaco, el desarrollo de cultivos no alimentarios de carácter renovable, especialmente en tierras retiradas con carácter voluntario. 
Efectivamente, debemos fomentar una cría de ganado más extensiva mediante ajustes en el pago de las primas. 
Efectivamente, se debe prestar asistencia económica a la actividad agrícola en las zonas más difíciles y ayudar a los agricultores de edad más avanzada a alcanzar la jubilación. 
Es preciso destinar los subsidios allí donde sean más necesarios y se debe establecer un límite máximo a la cuantía de las ayudas individuales, a no ser que se demuestre que un pago de sumas superiores redundara en un beneficio más amplio en el ámbito de la economía rural o del medio ambiente. 
La necesidad de estas reformas se justifica claramente al margen de un contexto más amplio como es el de la Agenda 2000. 
Europa necesita una agricultura competitiva, pero también sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que produzca los alimentos de alta calidad que necesitan sus ciudadanos para llevar una dieta alimenticia sana, sin que todo ello de lugar a enormes superávit, contamine el medio rural u ocasione a los animales un sufrimiento innecesario. 
Hemos de apoyar, pagando cuotas especiales de orden medioambiental, a quienes conservan por nosotros nuestro medio rural y la belleza de nuestro campo. 
Es necesario que se creen nuevos empleos- sin relación directa con la agricultura- si no queremos sufrir desempleo rural, despoblación, o ver los pueblos convertidos en dormitorios de las ciudades, con todos los problemas de transporte y medio ambiente que ello supone. 
Desafío a los grupos a que, cuando elaboren sus listas de voto, miren más allá de los beneficios electorales a corto plazo, y a que, en lugar de menoscabarla, contribuyan con su voto a fomentar y mejorar la aplicación de las propuestas de reforma que ha presentado la Comisión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, cuando se habla de política agrícola se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde el punto de vista de los principios y a largo plazo y se puede reflexionar sobre lo que se puede conseguir hoy. 
En principio, desearía una reforma mucho más profunda de las unidades de producción agrícola que la propuesta por la Comisión. 
Hemos heredado la política agrícola de los años 50. 
Esa política no se ajusta a lo que desearíamos, es decir, a un mercado mundial que funcione mejor, cosa que también la OMC anhela, un mercado mundial con una mayor demanda y un mercado- interno y externo- en que se valoren la calidad y los esfuerzos a favor del medio ambiente. 
Sin embargo, han sucedido muchas cosas desde que la Comisión redactó la Agenda 2000. 
Por una parte, nos ha afectado una crisis económica, especialmente en el Sudeste asiático y en Rusia, y se han debilitado los mercados. 
Por otra, EE.UU. ha vuelto a contemplar ayudas para su sector agrícola. 
Entonces el asunto es saber cómo vamos a actuar en la actual situación. 
Las experiencias de los años 1996 y 1997 fueron que los mercados subieron el nivel de precios. 
Hoy tenemos una situación en que el mercado baja el nivel de precios. 
Creo que en esta situación no es razonable bajar los precios más que lo que se pueda compensar con pagos directos. 
En cuanto al asunto de la renacionalización, quisiera formular una pregunta al Comisario. 
¿Puede usted prometer que es posible organizar pagos parciales y de carácter nacional de modo que los agricultores de los países que tienen gobiernos contrarios a la agricultura no se vean afectados por la competencia desleal? 
Señor Presidente, las nuevas propuestas de la Comisión constituyen medidas para hacer más asfixiante, más opresiva, la cama de Procrusto en virtud de la cual, durante todo este último período, se acaba con los ingresos de los agricultores mediante las reducciones de los precios, mediante las reducciones de las subvenciones o su supresión, mediante la supresión de las intervenciones a fin de ahorrar de esta forma recursos, sumas que se destinarán a financiar la campaña de explotación colonialista de los países de Europa central por parte del capital monopolista. 
Por otra parte, las mismas medidas, mediante cantidades arbitrarias inadmisibles, mediante las elevadas y salvajes multas compensatorias para que pueda extenderse allí el capital monopolista, mediante las injerencias en la explotación agrícola y aspiran a despojar al agricultor del derecho inalienable a que él y sus hijos cultiven su tierra y desarrollen su producción y a convertir al agricultor en un parado o permitirle que siga trabajando en el campo pero ya como un nuevo tipo de granjero. 
Por último, dichas medidas tienen como finalidad, señor Presidente, garantizar condiciones económicas, comerciales, para que en la negociación sobre los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, el capital monopolista pueda hacer concesiones para que pueda obtener algo a cambio por parte del capital americano en beneficio propio y a costa de los agricultores. 
Todo ello, señor Presidente, quiso adornarlo el Comisario competente hablando durante más de media hora. Pero la cólera, la movilización de los agricultores va a acabar con todo eso. 
Y no crea que no va a suceder tal cosa, que no tendremos una nueva edición de la guerra de los campesinos. 
Tendremos un movimiento agrícola y laboral devastador para acabar con dicha política inadmisible. 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, la reforma de la PAC es, sin duda, una etapa esencial de la vida comunitaria, ya que debe abrir las puertas del tercer milenio agrícola. 
En ello va la economía de Europa tanto como su cohesión y también la vida de nuestros campos. 
La PAC ha de evolucionar, por supuesto, pero reconozcámosle sus virtudes. 
Ésta ha permitido el desarrollo de la agricultura moderna, de las exportaciones agrícolas y del abastecimiento de nuestros mercados en productos seguros y de calidad. 
Ha asegurado la renta de los agricultores y ha sido la única política completamente integrada a escala europea. 
Para esta reforma, ¿qué nos propone la Comisión? 
Una bajada generalizada de los precios, alineados en el mercado mundial, una compensación por ayudas directas, pero modelada según unos criterios, una participación de los Estados miembros en el reparto de dotaciones de flexibilidad y, al mismo tiempo, transformarse en apóstoles del bienestar de los animales, siempre en un mercado globalizado. 
Nada de todo esto es aceptable en estas condiciones. 
Para probarlo están las duras negociaciones que se desarrollan tanto en el ámbito del Consejo como del Parlamento. 
Me preocupa especialmente la OCM de carne de vacuno, y todos los sistemas de producción extensivos en general. 
Su función es importante para la ocupación de los suelos y la protección del medio ambiente y no debe ocultarse, pero es ante todo el interés de los agricultores y el de los consumidores el que deseo defender con esta reforma. 
En este sentido, apoyaremos la posición del ponente, Sr. Garot, en su demanda de bajada limitada de los precios combinada con un fortalecimiento del control de la producción, una investigación de calidad tanto gustativa como sanitaria y con la demanda de mantenimiento de la intervención pública. 
Por otro lado, la dificultad de gestionar esta reforma se complica por la reforma de la leche y de las medidas generales. 
En conjunto, la reforma de la PAC ha de llegar a preparar la agricultura europea para la aproximación a los PECO y a sus producciones agrícolas, a prepararnos también para las próximas negociaciones de la OMC, no cerrando desde ahora nuestros precios y alineándolos de entrada con los precios mundiales, sino afirmando nuestro modelo europeo, respetuoso con la vida de los hombres, respetuoso con la vida de la tierra. 
Señor Presidente, hoy nos encontramos en la recta final para completar la aprobación de la parte de la Agenda 2000 que se refiere a la Política Agrícola Común, la parte, diría, más importante dado el carácter multifuncional y de muchos niveles del sector agrícola, así como la cuantía de participación de la directriz agrícola en el presupuesto comunitario. 
Las propuestas de reglamentos para la financiación de los mercados de carne de vacuno, de cereales, lácteos y los regímenes de apoyo inmediato constituyen un paquete importante que hace referencia a las normas y procedimientos de financiación de la Política Agrícola Común al ocuparse de tres organizaciones comunes de mercado que absorben la mayor parte de la directriz agrícola. 
Por supuesto, el hecho de que esas tres OCM se refieran a los sectores principales de la actividad agrícola del Norte de Europa, muestra las desigualdades y su trato preferente en relación con los mercados de productos del Sur de Europa. Desigualdades que la revisión actual- así como las anteriores- pudo e intentó suavizar. 
En lo referente a los reglamentos de financiación, las propuestas de la Comisión, aunque no se alejan mucho del marco existente, dejan un vacío importante. 
La adición de nuevas acciones en el ámbito de intervención de la parte de garantías FEOGA y, sobre todo, de las medidas para el desarrollo del campo y la ayuda previa a la integración para los países candidatos, plantea serios interrogantes sobre las posibilidades de financiación de dichas políticas en el futuro junto con los gastos derivados de las organizaciones comunes de mercado y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
Un segundo problema, pero muy importante, originará la introducción de un sistema de cofinanciación de las ayudas de renta directas por parte de los Estados miembros. 
La posible adopción de una cofinanciación, señor Presidente, bajo presión de los Estados miembros que se consideran a si mismos donantes netos en el marco del presupuesto europeo es evidente que constituirá el primer paso para la renacionalización de la PAC y funcionará como un catalizador para aumentar las desigualdades y anular la marcha hacia la cohesión económica y social en el ámbito de la Unión. 
El intento de renacionalizar la PAC es a la vez un intento por poner en duda el principio fundamental de la solidaridad financiera en la que se ha basado la, hasta ahora, única política común de la Unión Europea. 
En lo referente a las OCM de la carne de vacuno, cereales y lácteos y dadas las dificultades existentes para crear políticas comunes que sean compatibles y que satisfagan a tantos y tan diversos intereses, las propuestas de la Comisión constituyen una buena base y están bien encaminadas. 
Es la primera vez que digo algo semejante a la Comisión. 
Sin embargo, creo que hay márgenes importantes para realizar una mejora y tengo que hacer dos observaciones: Una de contenido general y otra particular. 
La observación general hace referencia a la necesidad de aumentar el apoyo a los pequeños productores, así como aquellos de las regiones montañosas y más desfavorecidas. 
La observación particular se refiere a las condiciones que existen en el mercado lácteo en Grecia debido a la distancia del resto de los mercados y a la existencia de un espacio insular extenso. 
Dichas condiciones, unidas a las necesidades reales de leche fresca, originaron una gran divergencia en relación con la cantidad de referencia existente. 
Creo que la Comisión debe volver a contemplar con realismo la petición de aumento de la cantidad de referencia para Grecia en 150.000 toneladas. 
El problema no es nuevo, comenzó con la distribución de 1992 y, desgraciadamente, a pesar de que la Comisión alega que intenta acabar o disminuir las desigualdades entre productos de países y regiones, en el tema de la leche mantiene esa situación realmente lamentable para Grecia. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, a pesar de los esfuerzos de los ponentes, no ha sido posible llegar a una transacción sobre la reforma en el ámbito de la Comisión de Agricultura, lo que resulta muy lamentable y no prestigia la función y la reputación de este Parlamento. 
Quiero destacar cuatro prioridades, por lo que se refiere a la reforma de la PAC, en armonía, por lo demás, con el informe aprobado el pasado mes de junio. 
Primera prioridad: es fundamental que haya prudencia en la reducción de los precios. 
Las propuestas de 15 % para la carne de bovino y 10 % para los productos lácteos, presentadas por este Parlamento, nos parecen más aceptables que las de 30 % y 15 %, respectivamente, presentadas por la Comisión. 
La reducción de 0 % aprobada por el Parlamento para los cereales no nos parece realista. 
Segunda prioridad: es fundamental hacer un gran esfuerzo de reequilibrio interno de la PAC, fortaleciendo su segundo pilar, en particular la política estructural, las medidas agromedioambientales y agroforestales, las ayudas especiales a las zonas desfavorecidas, los apoyos a los productos de calidad y, en general, a la diversificación económica y al desarrollo rural. 
Sin eso, no hay modelo europeo alguno de agricultura ni equidad de la PAC ante las diferentes agriculturas europeas, que son muy heterogéneas, como es sabido. 
Tercera prioridad: es preciso desterrar una decisión ciega en materia de criterios para el establecimiento de diferentes tipos de cuotas, derechos de primas o superficies de referencia. 
Se deberán tratar de forma selectiva los casos, muy especiales, de países como el mío, Portugal, que tienen un gran atraso estructural y una enorme dependencia alimentaria del exterior. 
Cuarta prioridad: es fundamental dar respuesta a un enorme déficit europeo en materia de oleaginosas y proteaginosas. 
Por eso, se debe mantener la diferencia de ayudas entre los cereales y las restantes oleaginosas y proteaginosas y mantener una superficie básica específica para el mijo. 
Por último, quisiera decir que el de la opción de renacionalizar el 25 % de la financiación de la PAC es un debate que no se debe abordar en este marco de reforma. 
No puede ser en sí mismo un asunto prohibido o tabú, que no es, pero debe darse en otro plano, no en éste, es decir, el de la financiación y los recursos propios. 
Por último, quisiera decir unas palabras al Presidente del Consejo. 
Al señor Presidente del Consejo, al que saludo de modo especial, quisiera recordarle que ayer su colega ministro de Asuntos Exteriores dijo aquí que una de las razones principales para reformar la Política Agrícola Común era la de reducir los gastos de la Unión Europea. 
Ahora bien, las Presidencias alemanas siempre han defendido la agricultura. 
Ahora parece que el nuevo Gobierno alemán ha cambiado de estrategia. 
Nos gustaría mucho que nos aclarara este asunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, este Parlamento no se merece ningún premio, porque en una serie de expedientes no hemos podido llegar a un compromiso. 
Yo, personalmente, opino que hemos de ser realistas. La política agrícola no debe acaparar una parte aún mayor de los fondos europeos. 
Por eso me ha parecido extraordinariamente interesante que el Comisario Santer esta mañana dijera en su primera intervención que lamentaba mucho que este Parlamento no hubiese acogido con agrado la renacionalización parcial de las ayudas a la renta o de los presupuestos nacionales. 
Es una opción interesante. 
Podría ser una herramienta para la lucha contra el fraude, y con este sistema también sería más fácil introducir las exigencias medioambientales en cada Estado miembro. 
Por tanto, opino que en realidad esta parte del debate debería tratarse con mucha mayor amplitud, porque tengo la impresión de que en la comisión financiera de esta Asamblea sí podría existir mayoría para esa propuesta. 
Luego, señor Presidente, coincido con el Sr. Olsen en que en el fondo deberíamos ir mucho más lejos en cuanto a la renovación e innovación en la política agrícola. 
El ochenta por ciento de la población vive en las ciudades. 
Yo no, yo nací en el campo, pero soy consciente de que la realidad es esa. 
Allí se imponen exigencias al bienestar de los animales, exigencias al medio ambiente y a una política de calidad. 
Por ello es extraordinariamente importante que pongamos ahí los acentos. 
También opino que cuando damos incentivos, deberíamos destinarlos más a la política rural, a la utilización de materias primas no alimentarias, como son las utilizadas en la construcción, y a la energía. 
Por último quiero señalar las grandes oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información para los nuevos impulsos en el sector agrario. 
Durante demasiado tiempo hemos considerado la agricultura como la producción de alimentos tal y como estábamos acostumbrados a verla desde hace muchos años. En este momento, lo más importante son las innovaciones. 
Señor Presidente, cuando hablamos de financiación de la PAC en el marco de la agenda 2000, debemos recordar que en Viena se firmó un acuerdo de prórroga. 
No se tomó una decisión ni sobre los mismos recursos, ni sobre la manera de repartir del coste de la ampliación. 
Las decisiones importantes se dejaron para marzo en Bruselas, y no hay una declaración del Consejo sobre la cuantía del coste de la ampliación que asumirá el ciudadano europeo. 
Entre tanto, la única preocupación de la Presidencia alemana era informarnos de que deseaba reducir de forma considerable su contribución al presupuesto comunitario. 
Aquí es útil recordar que en Edimburgo se fijaron los mismos recursos del presupuesto comunitario en el 1, 27 % del PIB a condición de que aumentaran en un 2, 5 % durante el período 2002-2006 con una inflación comunitaria media del 2, 2 %. 
Todo eso significa, simplemente, una reducción estable de los gastos destinados a la agricultura de no observarse alguno de los requisitos previos o si, como señala la Agenda 2000, los gastos para la agricultura se hacen no obligatorios. 
Recordemos, además, que en los dos últimos presupuestos comunitarios el nivel máximo de los mismos recursos no superó el 1, 15 %, al haberse puesto también un límite a los Fondos Estructurales del 0, 4 % del PIB. 
Dicha cofinanciación en la agricultura significa, en realidad, una renacionalización parcial y, desde luego, en un porcentaje considerable que va del 24 al 25 %, de acuerdo con la tercera solución del informe de la Comisión. 
Ya hemos admitido algunas intervenciones indirectas encaminadas a la cofinanciación de la OCM de las hortalizas de 1996, la reciente anulación de la intervención en el aceite y la posibilidad de volver a comprar las cantidades individuales no utilizadas en el tabaco. 
El porcentaje de cofinanciación debe ser similar al índice de fortaleza económica del Estado miembro y, asimismo, en dicho caso, debe conceder una atención especial a los productos agrícolas deficitarios de la Unión Europea. 
Nosotros apoyamos los «requisitos justos» que, al menos, el ponente quiere fijar para la posible cofinanciación, pero no estamos de acuerdo con la elección del artículo 43 del Tratado para el procedimiento de toma de decisiones. 
Estamos a favor del artículo 209, ya que se trata de una modificación de carácter financiero que requiere la unanimidad del Consejo y nos oponemos a la renacionalización parcial y a la introducción de un mecanismo estructural generalizado. 
Ahora, en lo referente a la reforma de la PAC, solicitamos la igualdad de trato de los productos mediterráneos y la compensación total de las pérdidas de los ingresos agrícolas por medio de ayudas directas, en especial de los pequeños productores y de las regiones menos favorecidas. 
Por último, señor Presidente, en lo referente a los intensos desequilibrios más generales entre Norte y Sur a los que ya se ha hecho referencia y que se hacen patentes, querría recordar que el Fondo de Cohesión no era más que la compensación de la política del mercado único de la que se benefician principalmente los países industriales del Norte. 
) Señor Presidente, en mi opinión, la reforma de la Política Agrícola Común no surge, en gran medida, de la misma dinámica interior de desarrollo y de hacer frente a los nuevos retos, sino de las presiones que ejercen ciertos Estados miembros fuertes con vistas a reducir el presupuesto de la Unión Europea y, sobre todo, su participación nacional. 
En este sentido, creo que nos dirigimos a toda velocidad hacia un empeoramiento de las condiciones para ejercer una política agrícola, que no puede abandonar la producción agrícola y el campo a las leyes del libre mercado, sino que debe tener en cuenta el elemento demográfico, medio ambiental y el riesgo de desertificación de grandes extensiones de la producción agrícola. 
Deseo expresar nuestra total oposición a cualquier intento, por medio de la financiación, de aprobar una especie de renacionalización de la Política Agrícola Común, que será especialmente insoportable para los países con los presupuestos nacionales y medios financieros más débiles y, asimismo, expreso mi oposición a dos grandes desequilibrios: Primero, entre los productos del Norte y del Sur y, segundo, entre los grandes y los pequeños productores. 
Señor Presidente, escucho siempre con gran placer al Comisario Fischler, porque ya en varias ocasiones ha venido a este Parlamento muy preocupado por la profundidad de la reforma de la Política Agrícola Común y diciendo que pretende hacer una reforma para el futuro. 
Yo no comprendo cómo es posible que la Comisión afirme que va a hacer una reforma para el futuro de un sector en el que gasta la mitad del presupuesto de la Comunidad y en el que el 1 % de los más ricos de Europa reciben el 40 % del presupuesto de la Comunidad... 
¡Es un abuso, señor Comisario Fischler! 
Es un abuso que algunos diputados y la Comisión hablen en nombre de los agricultores. 
Ustedes hablan aquí de una minoría privilegiada que, gracias al sistema de la Política Agrícola Común, va a buscar fondos públicos que nosotros deberíamos gestionar con todo cuidado, cosa que no hacemos, porque se los damos a personas que no los necesitan. 
Y hoy es imposible conciliar su discurso de defensa del medio ambiente, del empleo, de la seguridad y la calidad con el pago por la producción. 
Hoy no hay problemas con la producción, señor Comisario Fischler. 
La evolución tecnológica y las biotecnologías nos garantizan que la producción será cada vez mayor. 
Lo que hay es problemas con las personas. 
Esta política ha expulsado al 700 % de las personas del mundo rural desde el decenio de 1950 hasta ahora. 
Con esta política, el 2, 5 % de la población va a quedar vinculada al mundo rural. 
Y lo que el Comisario tiene que hacer es proponer que se ponga fin a todas las ayudas a la producción. 
Esas ayudas deber ser para la explotación, deben beneficiar a los pequeños agricultores, deber ser ayudas a la empresa familiar, al empleo, a la calidad. 
Deben ser ésas las ayudas y no este desperdicio fantástico de la mitad del presupuesto de la Comunidad, pagado posiblemente por aquellos que más necesitados están, para que lo distribuyan quienes no están necesitados. 
Le hago justicia, señor Comisario Fischler: usted es menos «lobbysta» que los diputados de la Comisión de Agricultura, porque los tres dossiers presentados por dicha comisión son peores que la propuesta de la propia Comisión en la medida en que aún quieren más, no para modular, no para poner un límite máximo justo, no para mantener a las personas en la agricultura, sino para producir más con destino a los excedentes, ¡para que nosotros después paguemos el almacenamiento, paguemos para no producir, y de nuevo paguemos para producir, paguemos para almacenar y paguemos para exportar! 
¡No es posible, señor Comisario Fischler! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a estas alturas del debate ya hemos ido desmenuzando todos y cada uno de los proyectos legislativos contenidos en la Agenda 2000. 
Por lo tanto, me van a permitir sus Señorías, y usted también señor Comisario, que dé únicamente algunas pinceladas sobre aspectos que no han sido tocados por mis compañeros, aunque podría hacer mías muchas de las palabras pronunciadas aquí tanto por el Sr. Goepel, como por los Sres. Funk, Cunha y Colino. 
Daría tres pinceladas mayores y tres pinceladas menores, solamente puntuales. 
En cuanto a las pinceladas mayores, hablaría de la novedad que ofrece su Agenda 2000 sobre el desarrollo rural. 
Aunque no es un tema que hoy nos ocupe, usted nos ha dicho que más del 50 % de la población tiene más de 55 años. 
Por lo tanto, su principal objetivo en política agrícola, señor Comisario, tiene que ser el mantenimiento de la población en el medio rural, y ahí tiene usted dos grandes problemas: el problema de los jóvenes y el problema del mantenimiento de la mujer en el medio rural. 
Porque sin mujeres, mal que nos pese y constatando realidades, no hay solución a este problema. 
Los hombres se van detrás de ellas y el medio rural se nos queda despoblado y nos sobran todas las políticas agrícolas. 
Otra pincelada mayor sería el tema de la cofinanciación. 
No rompa usted el principio de la solidaridad. 
Pienso que con la cofinanciación de las ayudas directas- ayudas de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros- podemos incurrir en una grave discriminación. 
Y también le diría que debemos mantener las exigencias, y el control de esas exigencias, con respecto a los productos que vienen de países terceros. 
Esos productos han de cumplir los mismos requisitos que nos imponemos a nosotros mismos. 
Respecto a las pinceladas menores, no puedo olvidar algunos problemas históricos. 
Le recordaría el tema de los rendimientos históricos, el incremento de la cuota de bovinos machos, ya reconocida en más de 70.000 y que debe aplicarse una vez más. 
También le agradecemos el incremento de la cuota de la leche aunque nosotros seguiremos reivindicando que no es suficiente. 
Señor Comisario, tenemos definido un modelo de agricultura europea: Hágalo suyo, luche por él y luche, junto con todas las instituciones europeas, por esos agricultores a los que usted tanto está defendiendo. 
Señor Presidente, la Política Agrícola Común establecida en los años cincuenta, cuando los países miembros sólo eran seis, se enfrenta ahora a una necesaria reforma. 
Todos- o casi todos- reconocemos que esta política no está preparada para una ampliación en la que la Unión pasará a estar formada por más de veinte países. 
Estamos obligados a llevar a cabo ciertas modificaciones, queramos o no. 
A nosotros nos gustaría participar en estos cambios. 
La propuesta de la Agenda 2000 presentada por la Comisión nos parece una estupenda iniciativa, además de valiente. 
Conocemos sus ideas centrales: desaparecen los regímenes de ayuda generales y los agricultores habrán de competir en el mercado mundial. 
Son consecuencias de las negociaciones de la OMC que tenemos que aceptar, además, verdaderamente creo que esta liberalización será beneficiosa en el futuro para la agricultura como lo será también acercar los precios a los del mercado mundial. 
En mi opinión, este proceso hará necesaria en un plazo de tiempo un poco más largo la supresión del sistema de cuotas lácteas. 
Algunos lo lamentarán. 
Yo no lo lamento. 
Creo que sería una buena idea a largo plazo. 
En general, creo que hay que ser conscientes de que el proceso puesto en marcha con la Agenda 2000 traerá aparejado una liberalización cada vez mayor dentro del sector agrario. 
Los socialdemócratas daneses estamos muy satisfechos con la propuesta de la Comisión y nos parece una modificación necesaria teniendo en cuenta tanto los acuerdos OMC como el proyecto de ampliación y toda la situación financiera en la que nos encontramos. 
Hemos presentado enmiendas a varias de las propuestas presentadas en el Parlamento. 
También tenemos otras enmiendas. 
Nosotros mismos creemos que la propuesta de la Comisión resulta más realista en muchos aspectos que el acuerdo al que llegó el Parlamento y esperamos que el Parlamento entienda la absoluta necesidad de apoyar la línea adoptada por la Comisión. 
Así, algunas enmiendas presentadas por el Parlamento y en contra de las que hemos votado, a pesar de lo cual lamentablemente todavía están encima de la mesa, implican un aumento del presupuesto en lugar de la reducción a la que se hace referencia en la propuesta de la Comisión. 
Estamos obligados a encontrar una solución que sea viable sin perder tampoco de vista el factor tiempo. 
Por ello es tan importante que comuniquemos nuestra postura en la votación a celebrar a finales de este mes en Bruselas sobre este asunto y que todo esté acabado a tiempo. Les deseo mucha suerte tanto al Sr. Presidente del Consejo como al Sr. Comisario de Agricultura de la Comisión y espero que todo esté resuelto en marzo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los colegas a los que les preocupa que el rico debate sobre la Agenda 2000 concluya con unos resultados mediocres desde el punto de vista de la reforma de la Política Agrícola Común. 
Las dificultades las conocemos, quedaron patentes en el debate que mantuvimos en la Comisión de Agricultura, donde no fuimos capaces de llegar a una posición común sobre la reforma de los grandes sectores, y han vuelto a aparecer esta mañana en la intervención del presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, en la que se ha dicho que debemos tratar de alcanzar un compromiso en el seno del Consejo de Ministros, y todos sabemos cuantos obstáculos han surgido hasta ahora para alcanzar este compromiso. 
Nos equivocaríamos, sin embargo, haciendo una de las interpretaciones que se ha barajado durante el debate, una interpretación según la cual tenemos, por un lado, una Comisión, innovadora, reformista y, por otro, un Parlamento incapaz de seguir el camino marcado por la Comisión. 
Lamentablemente, la verdad es muy distinta y lo hemos dicho desde el principio: la Comisión ha presentado unas propuestas interesantes e importantes, sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad y de la cualidad, la transferencia de recursos no es suficientes para sostener esta propuesta. 
Por una parte, tenemos el Consejo Ecofin- ayer por la mañana el ministro alemán de Asuntos Exteriores repitió lo que ya había declarado el ministro de Exteriores del Reino Unido al comienzo de su semestre de Presidencia, es decir, que debemos intervenir en la agricultura para reducir los gastos- y por otra, tenemos a los agricultores, preocupados por las repercusiones de la bajada de los precios en sus presupuestos. 
En consecuencia, el llamamiento que hago al finalizar esta intervención es que el Grupo de trabajo de alto nivel que nos ha sido anunciado esta mañana por el señor Comisario y que comienza sus tareas en estos días, intente realmente hacer un esfuerzo para tratar de tomar decisiones en beneficio de los productores agrarios y lograr una síntesis que, de alguna manera, esté en línea con los objetivos declarados de la reforma que eran muy ambiciosos. 
Señor Presidente, voy a hablar en líneas generales sin referirme a ningún informe en particular. 
Sean cuales sean las políticas de que dotemos a la agricultura europea a partir del año 2000, éstas deberán ser de fácil comprensión, fácil gestión y fácil control. 
Nuestras reformas deberán seguir utilizando la política común como un instrumento social. 
Durante las negociaciones del GATT, mantuvimos que nuestras políticas servían para ayudar a las economías de las regiones rurales más pobres, no para fomentar la producción. 
Si hemos sostenido esto en el pasado, no podemos afirmar ahora que es erróneo penalizar la eficacia. 
Hemos de fijar un techo a la ayuda que se concede a las grandes explotaciones de cereales. 
Hemos de hacer uso de la modulación, pero de una manera justa y sensata. 
Hemos de asegurarnos de que las economías locales no son víctimas de injustos sufrimientos. 
Hemos de desarrollar unas políticas nacionales complementarias eficaces y eficientes, pero hemos de asegurarnos también de que estas políticas siguen siendo comunes a todos y de que mantendremos la financiación común. 
Hemos de resistir ante las acometidas por volver a nacionalizar la financiación y la toma de decisiones. 
Si llegamos a un acuerdo sobre una financiación parcialmente nacional, el gasto exigido deberá tener un carácter obligatorio. 
La propuesta de pagos por superficie es meritoria. 
Es parte de nuestra responsabilidad social, si bien hemos de mantener las ayudas en favor de los agricultores de montaña y de otras zonas difíciles, así como asegurarnos de que las ayudas van a parar allí donde son necesarias, y no a manos de los grandes, los ricos y los poderosos. 
La redistribución ha de garantizar equidad. 
A la vez que debemos acoger con satisfacción las propuestas para aumentar la agricultura extensiva, hemos de asegurarnos de que somos capaces de supervisar el sistema de una manera simple y eficaz. 
No debemos instaurar una enorme burocracia a costa de los pequeños agricultores. 
Además, debemos garantizar que los costes en materia de sanidad y seguridad, de protección de los consumidores y los precios de control de los mataderos no se elevarán hasta alcanzar cotas que nadie pueda permitirse. 
En el País de Gales parece que en la actualidad hay más inspectores que ovejas. 
Asimismo, debemos garantizar que, allá donde sean de aplicación los objetivos de política regional, éstos deberán servir para cooperar, y no para competir, con las políticas agrícolas. 
Estamos presenciando en toda Europa un empobrecimiento y una pérdida de vitalidad de las zonas rurales cada vez mayores, a la vez que tiene lugar un continuo enriquecimiento de las áreas urbanas. 
Las zonas rurales necesitan tanto ayudas económicas, como casas para los turistas y los jubilados más prósperos. 
Por medio de la PAC, la Agenda 2000 ha de ser un elemento del apoyo que precisan las economías rurales. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, el desarrollo de la PAC es un deseo que todos compartimos. 
No obstante, quiero decir muy claramente que, en mi opinión personal, el descenso de los precios de intervención en la cantidad que indica la propuesta de la Comisión no es aceptable. 
Permítanme que exponga aún mi opinión sobre dos puntos del informe Graefe zu Baringdorf. 
En primer lugar, sobre el concepto de las «buenas prácticas» agrícolas, es decir, que las empresas que trabajen según el principio de las buenas prácticas agrícolas perciban en el futuro los créditos de ayuda en toda su extensión, naturalmente, siempre que cumplan las condiciones marcadas en este reglamento. 
Cualquier prestación de los agricultores realizada en el marco de las medidas de protección del medio ambiente y que vaya más allá de las buenas prácticas agrícolas deberá remunerarse, por ejemplo, en el marco del Reglamento 20/78. 
Los Estados miembros deben poder adoptar sanciones sobre la base de criterios objetivos si no se respetan las obligaciones medioambientales y estos criterios deben orientarse asimismo al principio de las buenas prácticas agrícolas. 
Este modo de actividad se debe reconocer a nivel europeo y aceptarse como base. 
Creo que los Estados miembros deberían desarrollar códigos que puedan impulsar también de modo correspondiente. 
El segundo punto al que me quiero referir afecta a la situación del empleo en las áreas rurales. 
Todos sabemos que en el futuro hay que proporcionar a nuestras familias agricultoras nuevas oportunidades para garantizar sus rentas. 
La política debe crear las condiciones marco para que nuestros empresarios agrícolas innovadores y bien formados- así veo a los agricultores del futuro- puedan conservar atractivas las áreas rurales. 
La política agrícola ecosocial tiene que coordinarse con el mundo multifuncional de la agricultura y de las áreas rurales. 
En el Consejo de Luxemburgo se acordó el modelo de la agricultura europea. Este tiene que ser el criterio esencial para las próximas negociaciones de la OMC, pues la agricultura europea se diferencia esencialmente de la de nuestros interlocutores en la OMC. 
Señor Presidente, señores representantes del Consejo y de la Comisión, uno de los aspectos fundamentales de la futura Política Agrícola Común ha de ser el esfuerzo por lograr una política rural activa y una claridad en la distribución del trabajo entre las políticas agrícola y rural. 
Es necesario percibir el mundo rural como una totalidad. 
El mundo rural ha de disponer de un espectro profesional variado, y este mismo mundo rural deberá desarrollarse en el respeto a los valores naturales y recreativos. 
Es preciso garantizar el acceso a estos valores de recreación que entraña el entorno rural. 
Se debe poder acceder a los bosques, los campos, los mares y los lagos. 
El derecho a disfrutar de la naturaleza no debe estar en ningún caso supeditado a los derechos de propiedad. 
La política agrícola requiere reformas. 
La agricultura más respetuosa con la naturaleza ha de ser la regla, no la excepción. 
Cabe señalar que los puntos de vista de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y los de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor son bastante coincidentes a este respecto. 
Hay que supeditar el pago de ayudas directas a la agricultura al cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente. 
Se debe prestar una seria atención, también en la política agrícola, a las decisiones que se adoptaron tanto con motivo del Tratado de Amsterdam como, posteriormente, durante la Cumbre de Cardiff acerca de la inclusión del medio ambiente, recurriendo a un principio de horizontalidad, en toda la política de la Unión Europea. 
Sin embargo, este principio no permite que la vinculación del pago de ayudas a la normativa medioambiental recaiga en el ámbito de decisiones de los Estados miembros. 
Con este punto de partida no será posible cumplir el objetivo de lograr una política agrícola y una agricultura más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, una práctica agrícola cuyos productos ofrezcan unos niveles fiables en materia de seguridad y sanidad. 
A fin de poder tener plenamente en cuenta los planteamientos medioambientales, los Estados miembros deberán desarrollar de manera conjunta con la Comisión unas normas prácticas con vistas a una agricultura sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. 
Hay que destinar ayudas únicamente a aquellos agricultores que respeten las normas acordadas. 
Las ayudas agrícolas específicas de carácter medioambiental deberán pagarse exclusivamente a los proyectos que contribuyan a proteger el entorno natural o a mejorar la situación actual del medio agrícola. 
Es necesario prestar una especial atención a la protección de las aguas. 
Se debe fomentar la adopción de buenas prácticas en el campo de la agricultura mediante la posibilidad de recuperar los fondos con carácter retroactivo. 
Es verdaderamente importante que se tenga presente la variedad de la Unión Europea, que se pueda practicar la agricultura de norte a sur. 
Así, por ejemplo, la producción de carne natural no es posible en Finlandia manteniendo fuera a los animales durante todo el año. 
En esta época del año, es muy posible que haya un metro de nieve y treinta grados bajo cero. 
Señor Presidente, también yo desearía dar la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo. 
No quiero repetir lo que ya se ha dicho aquí hoy, pero sí desearía hacerle al Presidente en ejercicio algún comentario sobre uno de los puntos a los que él mismo ha aludido, el de la OMC. 
He sostenido durante mucho tiempo en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que es importante lograr que encajen la Agenda 2000 y la OMC. 
Cuando se trata de negociaciones en la OMC, los americanos no son precisamente ángeles, por lo que hemos de ser muy precavidos para no perder terreno en estas negociaciones. 
Estoy prácticamente seguro de que está al corriente de la situación y de que hará todo lo posible para que podamos participar en las negociaciones de la OMC en una posición de fortaleza. 
Me ha encantado escuchar al Sr. Comisario decir que el 50 % de los agricultores rebasa los 55 años de edad. 
Yo entro por poco en el grupo de los menores de 55 años, si bien no estoy seguro sobre si esta afirmación afecta también a la Comisión de Agricultura. 
Se trata de un punto muy sensible: hemos de preparar a la generación más joven, ya que si permitimos que decaiga el entusiasmo de la juventud morirán los cultivos y, con ellos, también las industrias. 
Me gustaría aludir también a un par de cosas que ya se han dicho aquí. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Wilson en que tenemos que adoptar decisiones claras y políticas uniformes, así como dar una muestra de continuidad, ya que lo que la práctica agrícola necesita es continuidad. 
Hay tres cuestiones principales que nos preocupan en la agricultura británica. 
Asistimos el pasado año a una caída del 40 % de nuestros ingresos y aún estamos hablando acerca de cosas como los paquetes de medidas nacionales y la renacionalización de la Política Agrícola Común, las cuales inspiran el temor más profundo entre los habitantes del Reino Unido, ya que permitirían al Gobierno controlar el gasto agrícola. 
Uno de los problemas de la modulación es que se teme que no sea justa en un ámbito general. 
La modulación es una medida excelente siempre y cuando sea mayor que tu granja. 
Y estamos completamente en contra de esta circunstancia. 
Finalmente, quisiera pedirles de nuevo que no permitan que la cofinanciación se convierta en una renacionalización de la Política Agrícola Común. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, todos sabemos que el éxito de las negociaciones sobre la Agenda 2000 depende estrechamente del éxito de todas sus partes, es decir, de un compromiso que deben soportar todos. 
Las reformas de la Política Agrícola Común son el pilar central de toda la obra del edificio de la Agenda, si bien debe ir acompañado por los demás pilares de reforma. 
Esto significa que hay que marcar el camino de la reforma financiera en relación con los acuerdos sobre la Política Agrícola Común. 
Pero es evidente que no se pueden encontrar unas regulaciones adecuadas de las finanzas sin los correspondientes cambios en el sector agrícola, el sector que absorbe casi el 50 % del presupuesto europeo. 
El Presidente Santer ha indicado con razón que las negociaciones sobre la futura financiación del presupuesto son uno de los elementos clave de las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
Pero simultáneamente a la reforma financiera se deben apoyar las necesarias reformas agrícolas. 
No comparto la apreciación que ha realizado esta mañana el Comisario Fischler. 
La cofinanciación de medidas agrícolas que se propone en algunas enmiendas no debe regularse fuera de la reforma agrícola. 
Desde nuestro punto de vista, es uno de los elementos del éxito de la reforma propuesta para el sector agrario. Se encuentra dentro de la lógica directa de la reorientación propuesta por la Comisión, consistente en alejarse de las garantías de precios y acercarse a las ayudas a las rentas. 
Si es cierto que con esta reorientación podemos fomentar más eficazmente las áreas rurales, entonces la Comisión no debería haber echado el freno de mano a la mitad del salto y proseguir la reforma. 
Aquí se incluye que confiemos en el acreditado mecanismo de responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados miembros por las medidas de política estructural también en el sector agrícola. 
Por lo demás, señor Comisario Fischler, en su lugar yo no hubiese dejado pasar de largo el efecto dinamizador que parte de la cofinanciación. Sin duda, eleva la disposición para mantener un debate fundamentado sobre el volumen y estructura de la PAC. 
En los Estados miembros está creciendo de modo enorme la conciencia sobre la necesidad de reformas, tal como las ha propuesto la Comisión, cuando en el futuro los ministros de agricultura tengan que obtener una parte de la financiación de sus ministros de hacienda. 
La cofinanciación propuesta no es de hecho ninguna medida para superar los problemas de los contribuyentes netos sino que es una aportación central para restablecer, por un lado, el equilibrio entre política de mercado y de rentas y de la política estructural en las áreas rurales, por otro. 
No se trata de ninguna forma de renacionalización, temor que se ha expresado aquí. 
Junto con Gahona Boogerd-Quaak, espero que la Comisión de Presupuestos encuentre una mayoría para la cofinanciación. 
Pues casi el 50 % del presupuesto tiene que emplearse con efectividad y resultados positivos para que las ciudadanas y ciudadanos puedan aceptar el destino de sus impuestos. 
Señor Presidente, por medio de la Política Agrícola Común se gestiona y dirige, desde Sicilia hasta Utsjoki, la agricultura de países sometidos a unas condiciones climatológicas completamente diferentes entre sí. 
Se trata de una tarea verdaderamente difícil, y existe siempre el temor- bastante justificado- de que, en las decisiones finales, se deje sin prestar atención a las condiciones específicas de las regiones periféricas. 
Uno de los numerosos problemas relacionados con la reforma agrícola de la Agenda 2000 lo constituyen los planes para dar la vuelta a la política de los cereales. 
La caída de los precios de intervención para los cereales que propone la Comisión es problemática. Al mismo tiempo, la Comisión propone que la reducción de los precios administrativos se compense únicamente en un cincuenta por ciento. 
La rentabilidad de la producción de cereales en un país periférico como Finlandia ya es en la actualidad baja, por lo que una reducción de los precios mermaría aún más las condiciones de producción. 
En la reforma se deberán tener en cuenta las condiciones específicas de esta región, su volumen relativamente bajo de cosecha y el elevado nivel de los costes. 
El mundo rural europeo seguirá necesitando en el futuro el buen funcionamiento de su agricultura para mantener su fuerza vital y su diversidad. 
El desarrollo de la agricultura repercute en el bienestar de todo el continente. 
El marchitamiento de la agricultura se traduciría en un debilitamiento de la industria alimenticia, de la industria de equipos agrícolas y de todo el comercio relacionado con estas áreas, así como en una reducción de las posibilidades de elección por parte de los consumidores. 
Si bien la agricultura está obligada a transformarse con la liberalización del comercio mundial, nosotros hemos de ser capaces de influir en la dirección y la velocidad de estas transformaciones, y la dirección no deberá suponer una cuesta abajo para la práctica de la agricultura. 
El mantenimiento del modelo agrícola familiar depende de la voluntad política de la Unión Europea. 
Si confiamos en el futuro de la producción agrícola europea y logramos adoptar las decisiones necesarias con la suficiente unanimidad, durante el próximo milenio será posible seguir contando en Europa con una agricultura y un sector alimenticio plenos de vida y diversidad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio de la Presidencia del Consejo, señor Comisario, la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común incluida en el marco del paquete de la Agenda 2000 que deberá realizarse a través del resorte de los Fondos estructurales y de las propuestas de reglamento que hoy abordamos, es un tímido intento digno de ser alentado. 
De hecho, sin embargo, las políticas de equilibrio nacional y la falta de una verdadera señal innovadora, están condicionando este tímido intento. 
La síntesis o el compromiso, como recordaba expresa y repetidamente el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Funke, deben ajustar cuentas con una vieja cultura que nada tiene que ver con los intereses reales de los consumidores y de los productores. 
El Grupo de alto nivel, la mediación de las diplomacias, los encuentros informales y la reivindicación de la intagibilidad del presupuesto, por una parte, y la voluntad de renacionalización, por otra, convierten en patente y virtual la distancia entre economía y política. 
La renta de los operadores agrarios ha sufrido un recorte. 
La bajada de los precios ha empujado las producciones europeas a una competencia que, con frecuencia, ha ido en detrimento de la calidad y de las garantías sociales y ha dado lugar además a una regresión en lo que a barreras higiénico-sanitarias se refiere. 
Nunca podremos olvidar la EEB ni sus repercusiones en la relación de confianza con los ciudadanos. 
Lo que, sin embargo, lo más aberrante es que no se ha acabado con ese modelo de cultura productiva que ha generado la EEB. 
Producir por producir, para beneficiarse de las primas, la utilización perversa de la investigación científica, las normas de difícil control y de certificación de uso de productos transgénicos a nivel de los consumidores, el empleo de antibióticos y de técnicas para desarrollar los vegetales y los animales continúan. 
Se han alcanzado niveles de especialización y de sofisticación difíciles de descubrir y el fenómeno se ha ido extendiendo, incluso después de la crisis de la EEB. 
¿Qué respuesta vamos a dar a estos interrogantes, a estos costes externos? 
Señor Presidente, como diputada española, he de manifestar mi decepción ante la propuesta de la Comisión sobre la organización común de mercado del sector lácteo, ya que, a mi entender, se ha perdido una gran oportunidad para presentar una auténtica reforma que reequilibrase dicho sector dentro de la Unión Europea. 
Señor Comisario, usted sabe muy bien que un país como el mío viene solicitando un incremento de cuotas de un millón de toneladas, mientras que, en su proyecto, ustedes nos asignan una cantidad de alrededor de 220.000, muy por debajo de nuestras necesidades. 
Es evidente que carece de explicación el hecho de que un Estado como España, que cuenta con el 12 % de las explotaciones lácteas, el 11 % de la población y el 6 % del consumo, sólo tenga el 4, 67 % de la cuota láctea global comunitaria. 
Por el contrario, otros Estados miembros reciben importantes ampliaciones de cuota que ni la necesitan ni siquiera la han solicitado nunca. 
Tampoco considero aceptable que, en la nueva reasignación de cuotas, se hayan olvidado de las zonas desfavorecidas, que deberían ser incorporadas junto con las zonas de montaña. 
Tampoco me parece aceptable que el método de cálculo de las primas a través del sistema de la «vaca virtual» vuelva a penalizar claramente a aquellos países que tienen una cuota insuficiente y en cuyo rendimiento son inferiores a la medida comunitaria. 
Por último, señor Comisario, me parece también inaceptable el mantenimiento de la injusta e insuficiente referenciación sobre la grasa que tienen muchas explotaciones lecheras. 
Carece de explicación que un ganadero español sólo tenga posibilidad de producir leche con el 3, 63 % de materia grasa como promedio y que, en cambio, a un ganadero danés se le permita producir leche con un 4, 31 %. 
Todo ello, como ustedes saben, implica graves consecuencias, no sólo en las rentas sino en la calidad y viabilidad de las explotaciones. 
Quizá, señor Comisario, una solución intermedia sería establecer una franquicia, sin supertasa, a toda la producción láctea con promedio de referenciación sobre la grasa inferior al 4 %. 
Señor Presidente, señor Comisario, independientemente de cual sea el resultado de nuestra votación sobre el paquete agrícola de la Agenda 2000 y de lo que el Consejo de Ministros apruebe al final, creo que está claro que esperamos y debemos también esperar grandes cambios de los agricultores europeos. 
Sin embargo, tengo la sensación de que tanto a nivel nacional como europeo hacemos aún demasiado poco para facilitar a los agricultores esos cambios y apoyarles en esa tarea. 
Desgraciadamente, con frecuencia son las mismas organizaciones tradicionales de agricultores las que, en su rechazo global a cualquier reforma, olvidan llamar a tiempo la atención de sus miembros sobre las nuevas oportunidades. A pesar de la dureza del paquete de reformas agrícola de la Comisión, existen esas nuevas oportunidades. 
Para la mayoría de los agricultores en Europa- y estos son los pequeños agricultores- el paquete de reformas apunta en la dirección correcta, aunque con frecuencia con insuficiente energía e insuficiente vinculatoriedad con los criterios de ayuda ecológicos y sociales. 
Por lo demás, han sido los pequeños agricultores los que hasta ahora han estado más dispuestos a enfrentarse a los cambios activamente. 
Pero con frecuencia los dejamos solos. 
Como comparación, menciono las importantes y correctas medidas que la Comisión y los Estados miembros han puesto en marcha para preparar a las empresas y a los bancos para el euro. 
Las empresas y los bancos no son precisamente organizaciones desvalidas. 
A pesar de ello, las hemos ayudado. 
Los diputados incluso hemos recibido ahora como regalo de la Comisión un llavero con un euro. 
Mucho más importante sería poner en marcha una campaña con la que ayudemos a los agricultores no sólo en cuestiones prácticas relacionadas con los cambios y transformaciones sino que deberíamos enviarles algo así como apoyo moral. 
A veces entiendo bien a los agricultores cuando se sienten excluidos por la política europea y tienen la sensación de ser continuamente unos pedigüeños marginales. 
Tenemos que revalorizar mucho más que hasta ahora las prestaciones no directamente productivas de los agricultores como auténticas prestaciones y trabajo y hacer más aceptable el cambio de las ayudas a los precios por las ayudas directas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la Agenda 200 es una propuesta a largo plazo de la Comisión para modificar la política agrícola. 
Se ha propuesto una reducción de los precios de la leche, de la carne de vacuno y de los cereales con el fin de acercarse a los niveles del mercado mundial. 
Estas reducciones son compensadas parcialmente con mayores remuneraciones en forma de subvenciones por superficie y por cantidad de animales. 
En mi opinión, es importante seguir el principio de la Comisión basado en que estas compensaciones se hagan de manera justa en relación con la producción, por ejemplo, de leche. 
En algunos casos el Parlamento propone mayores bajadas de precios y, consecuentemente, también menores compensaciones fijas. 
Tengo que decir que, en mi opinión, la propuesta de la Comisión es mejor y más elaborada, por lo que merece nuestro apoyo. 
Es indudable que el presupuesto se va a ver recargado por el alza de las compensaciones, pero los consumidores y los contribuyentes europeos se beneficiarán de los menores precios de alimentos importantes. 
Con toda seguridad la carga presupuestaria va a disminuir con el tiempo. 
Según la mayoría de los pronósticos, los precios de muchos productos subirán en el mercado mundial, lo que permitirá la paulatina eliminación de las compensaciones fijas. 
El riesgo está en que algunas propuestas del Parlamento no son completas, entrabando las operaciones de la agricultura europea en el mercado mundial y la competitividad, que es absolutamente necesaria para nuestra supervivencia a largo plazo. 
También hay algunas imperfecciones en la propuesta de la Comisión. 
Se debería crear una compensación justa para aquellos países que no pueden cultivar piensos de maíz. 
En el debate se ha dicho que el 20 por ciento de los agricultores recibe el 80 por ciento de las ayudas, pero, de hecho, la mayoría de los agricultores está en el grupo del 20 por ciento; allí se encuentran las explotaciones familiares. 
Los agricultores ricos y que tienen muchas tierras constituyen, en este caso, un grupo extraordinariamente pequeño. 
Señor Presidente, desearía comenzar mi intervención lamentando que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no haya sido capaz de emitir en comisión ninguna opinión acerca de los presentes informes. 
Creo que se trata de una triste circunstancia a la que nadie se ha referido anteriormente. 
Sin embargo, cabe lamentar que, por lo que parece, muchos de mis colegas en la Comisión de Agricultura se guían de acuerdo con intereses nacionales en lugar de atender a una perspectiva global como la que ha expresado la Comisión. 
Es imprescindible que prevalezca este punto de vista global si queremos lograr algún avance en este sector. 
Las reducciones en los precios de apoyo que ha previsto la Comisión no solamente son deseables, sino también vitales, con vistas a la ampliación y a los compromisos contraídos en la OMC, sin poder tampoco olvidar las fundadas preocupaciones de quienes han lanzado críticas acerca de la cuantía de las ayudas de que se beneficia este sector. 
Con todo, tengo mis dudas sobre si las propuestas lograrán el objetivo de rebajar el coste de los productos agrícolas a los consumidores, pero espero sinceramente que la Comisión no se haya equivocado en sus estimaciones. 
Si bien es motivo de satisfacción que se introduzcan medidas ideadas para proteger nuestro medio rural y para fomentar unas prácticas agrícolas más extensivas, desearía llamar la atención sobre el grado de flexibilidad que se ha propuesto a los Estados miembros para tomar decisiones acerca de sus propias prioridades o, lo que es lo mismo, sobre los paquetes de gestión nacional para los sectores vacuno y lácteo, la aplicación de requisitos mutuos de conformidad y los criterios sobre la mano de obra. 
Si bien es recomendable una noción de flexibilidad, hemos de tomar precauciones para no crear una situación marcada por la falta de competitividad que pudiera dividir a los agricultores de Europa. 
Es algo que aceptamos casi todos en este Parlamento. 
Espero que mis colegas sean realistas a la hora de votar el 28 de enero y que garanticen, por lo menos, la aprobación de las propuestas que ha presentado la Comisión. 
Señor Presidente, la Comisión propuso acertadamente la ampliación del papel del Fondo Agrícola Europeo, que, en lo sucesivo, asumirá también otras actividades para el desarrollo del campo. 
Asimismo, la mejora de la calidad de los productos agrícolas debe constituir parte de la reforma del sistema de financiación. 
De esa forma se fortalece el productor en la competencia internacional, así como el consumidor como destinatario de los productos. 
Considero, asimismo, que la Sección Orientación debe financiar todas las medidas destinadas al desarrollo del campo, incluidas medidas estructurales, agroambientales y agroforestales e indemnizaciones compensatorias para las zonas más desfavorecidas. 
La Política Agrícola Común constituye el pilar fundamental de la integración de la Unión y un avance en el desarrollo del sector de la agricultura. 
La eventual cofinanciación conduce básicamente a la renacionalización, aunque parcial, de la Política Agrícola Común y afectará principalmente a los países que económicamente están por debajo de la media comunitaria, esto es, Grecia y otros países del Sur, al tiempo que tendrá efectos negativos en el desarrollo de la agricultura comunitaria. 
Por ello, me opongo totalmente a propuestas, leyes y enmiendas que anulen el carácter fundamental de la Política Agrícola Común y socaven los principios de la cohesión económica y social y la solidaridad. 
La Unión no puede colocar la financiación de la agricultura europea en la cama de Procrustes para satisfacer las demandas de ciertos estados de reducir sus contribuciones al presupuesto. 
Y para ello sería útil, señor Presidente, que se examinase no sólo la contribución de dichos Estados al presupuesto, sino también sus ganancias procedentes del mercado común de los millones de compradores de la Unión Europea. 
Por tanto, creo que los principios de la cohesión y de la solidaridad exigen que la política agrícola siga siendo meramente común y que se comprenda que los intentos de renacionalización conducen al camino resbaladizo de la anulación gradual de dicha política, con la consiguiente erosión de la cohesión del tejido social de la Unión Europea. 
Por último, no estoy de acuerdo con la propuesta de financiación previa a la integración de medidas destinadas a la agricultura de los países candidatos por la Sección Garantía y apoyo una cuota de ayuda previa a la integración con una categoría aparte, fuera de una directriz para la agricultura. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde hace siete años esperábamos esta reforma de la reforma. 
Ahora que ha llegado, no podemos decir que merece «fuegos artificiales» por como se presenta. 
Hemos de decir una vez más que las propuestas de la Comisión marginan fuertemente los países del sur de los Alpes, esto es, la periferia meridional de Europa. 
No hay una capacidad de profundizar las verdaderas problemáticas a la hora de llevar adelante las propuestas para el futuro. 
Otro motivo de insatisfacción se debe al trabajo que nosotros, los diputados, hemos realizado o, mejor dicho, no hemos realizado, ya que de los cinco informes sometidos a debate sólo uno ha merecido la aprobación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
No me atrevo a imaginar qué sucederá la próxima semana, cuando empezaremos a hablar de la OCM del vino. 
En resumidas cuentas, tenemos que decir que esta serie de propuestas tiene una trascendencia tanto territorial como marcadamente temporal. 
Se hace referencia a un futuro objetivo con vistas al año 2006, no obstante, es probable que el efecto de este intento de reforma de manifestará mucho más adelante. 
En Europa se habla de apertura hacia el Este y, por encima de todo, se habla de prestar gran atención a lo que acontece en occidente, por lo tanto, a los condicionamientos de la Organización Mundial del Comercio. 
A lo mejor, señor Comisario, falta prestar algo más de atención al ser humano, al agricultor que ante estos acontecimientos quizás se encuentra algo desprevenido. 
Existe un reto que se llama globalización que le afecta en primera persona, sin embargo, quizás no se tiene bastante en cuenta el escaso nivel de competitividad que padece el agricultor europeo. 
El cambio es brusco y, por una vez, podremos decir que la burocracia ha anticipado incluso los ritmos de crecimiento y de adaptación del ciudadano europeo. 
Quiero mostrar cierta satisfacción por la atención especial que esta reforma depara a las zonas periféricas, a las zonas de montaña, por ejemplo, con el reconocimiento de un 1 % más de cuota láctea, así como a los jóvenes empresarios. 
De hecho, señor Comisario, existe también un problema de extinción de la especie, ya que cada año perdemos el 3 % de los empresarios agrícolas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, a la sombra de grandes acontecimientos se han dicho muchas cosas sobre el sector agrario, si bien no todos lo han hecho. 
Por ello, sólo quiero realizar una observación muy breve sobre el Informe Graefe zu Baringdorf, los pagos directos y la degresión. 
Es cierto que la agricultura europea necesita unas condiciones marco estables a largo plazo, pero también un aumento de la competitividad para, aparte de la producción de alimentos según el modelo agrícola europeo, poder superar las grandes tareas adicionales de toda la sociedad, por ejemplo, el mantenimiento del paisaje de cultivos o el cuidado del medio ambiente. 
Las propuestas de la Comisión son consecuentes. 
Si se tira de un extremo, el otro sufre sacudidas. 
Sin embargo, la situación de las explotaciones individuales es poco tenida en cuenta. 
Los pagos compensatorios que se introdujeron en la reforma de 1992 son casi siempre sólo una compensación parcial por las pérdidas que los agricultores han sufrido antes y sufren aún por las reducciones de los precios. 
Son necesarios para poder mantener una agricultura extensiva. En este contexto, se deberían presuponer unas «buenas prácticas» agrícolas. 
En el caso de explotaciones planas y con mucho ganado, se pagan sin embargo grandes sumas que con frecuencia son motivo de crítica. 
Creo que por ello es necesaria la degresión. 
En explotaciones muy grandes la degresión de costes es más fácil que en las pequeñas explotaciones familiares. 
Para poder hacer más o menos justicia a las explotaciones familiares, es necesaria la degresión. 
De lo que se trata es del «cómo» se realiza la degresión. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, en los dos minutos de que dispongo en este importante debate y ante la trascendencia de las presentes propuestas de reforma, tengo que limitarme a decir claramente que estas propuestas pueden tener unas repercusiones inaceptables para la agricultura así como para la economía y sociedad europea en general. 
No son aceptables si no se introducen correcciones en el sentido indicado por mi grupo político. 
Por lo demás, son incompatibles con las resoluciones de la cumbre de Luxemburgo de 1997. 
Me permito recordar que tras el debate de principios de los ministros de agricultura sobre el modelo agrícola europeo, el Consejo Agrícola de la UE del 19 de noviembre de 1997 celebrado en Luxemburgo, exigió unánimemente que se configurasen las modalidades de la reforma agrícola de tal modo que se garantizase el mantenimiento del modelo agrícola europeo. 
En la cumbre de Luxemburgo de diciembre de 1997 se recogió esa exigencia. 
De este modo, los Jefes de Estado y de Gobierno no solamente se pronunciaron en contra de un desmontaje unilateral de la agricultura europea sino en favor del desarrollo de modelo agrícola europeo existente, con su papel multifuncional en todas las regiones. 
Esto significa que las modalidades de la reforma sobre las que hoy debatimos, deben configurarse de tal modo que se logren unas soluciones económicamente razonables y socialmente defendibles y que, de este modo, se puedan lograr unos ingresos adecuados para los agricultores. 
¿Por qué la Comisión, al presentar sus proyectos, se ha ocupado tan poco de estas opciones adoptadas al máximo nivel político? 
En mi pequeño país, las propuestas supondrían en la forma actual unas drásticas pérdidas de ingresos de 650 millones de francos y, naturalmente, también una dependencia de la agricultura frente a las finanzas públicas. 
Esto no puede ser. 
Unas palabras sobre la producción de leche, de gran importancia para la agricultura luxemburguesa. 
Hay que conservar las cuotas lácteas. Al menos coincidimos en eso. 
Pero nuestras propuestas, tal como las ha presentado el ponente Goepel son, sin embargo, el límite aceptable si es que queremos impedir la desaparición de la producción de leche de muchas regiones europeas. 
Señor Comisario Fischler, me temo que se trata del cuento de la lechera cuando nos quiere hacer creer que con las drásticas reducciones de precios que usted propone en perjuicio de los agricultores, los consumidores se beneficiarían de reducciones de precios por un importe de entre 10 mil y 17 mil millones de euros. 
El hundimiento de los precios en el sector de la carne de vacuno y de porcino nos ha mostrado que no es así y usted no posee el monopolio de la sabiduría política. 
Escuche un poco lo que le decimos nosotros y los agricultores y entonces encontraremos una regulación equilibrada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, un error histórico cercena el desarrollo agroganadero de regiones españolas con atraso económico, como es el caso de Galicia, región del objetivo nº 1 de la política regional europea, con clara e histórica vocación ganadera: nos estamos refiriendo a la insuficiente cuota láctea asignada en el momento de su integración en la entonces CEE. 
España- y especialmente Galicia- viene por ello reclamando insistentemente una mayor cuota láctea. 
Pedimos en nuestras enmiendas una especial consideración para la asignación suplementaria de cuota a ciertas regiones que sufren esta injusta desventaja y corregir así este grave desfase, en la cohesión económica y social de Europa, de ciertas regiones desfavorecidas, que precisan por ello de un programa específico de reestructuración, cofinanciado por la Unión Europea, para salir adelante y ser competitivas. 
La deficiencia estructural del sector en estas regiones hace que pidamos la asignación de primas no en función del rendimiento lácteo medio comunitario, como solicita la Comisión, sino en función de la media nacional o regional real, que dista mucho de aquel rendimiento virtual comunitario. 
Y para colmo, la carne de vacuno, que podría venir a paliar en parte el problema, se encuentra excluida de las primas europeas que no contemplan los terneros. 
Demandamos su regulación e inclusión, rebajando la edad a un máximo de ocho meses para obtener la prima por sacrificio y poder paliar así la grave e injusta situación que viene soportando el que podría ser prometedor sector ganadero gallego. 
Apelamos a la comprensión de nuestros colegas europeos para que apoyen, por solidaridad y por justicia, nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, esperemos que el debate de hoy tenga algunos efectos según el refrán alemán «una gota continua horada la roca». 
Las familias agricultoras en Europa necesitan un marco político fiable. 
Con la reforma del 92 se introdujeron pagos directos para los agricultores debido a una reducción de los precios. 
Señor Comisario, ahora estos criterios para los pagos directos los formula la Comisión de un modo muy vago e incluso deja la decisión al arbitrio de los Estados miembros. 
Pero precisamente aquí necesitamos una igualdad de trato de todas las explotaciones agrícolas en Europa. 
No puede ser de la incumbencia de los Estados cuál debe ser el importe de los pagos directos a los agricultores y qué condiciones adicionales deben cumplir. 
Para los agricultores tiene que existir una magnitud fiable con la que puedan calcular y planificar con éxito. Sólo así se podrán evitar las distorsiones del mercado y de la competencia. 
Muy bien. La agricultura europea estaría expuesta a la competencia mundial pero tendría que soportar al mismo tiempo costes adicionales debidos a los elevados estándares medioambientales y sociales europeos. 
¿Cómo se puede ser competitivo si las condiciones son tan diferentes en todo el mundo? 
Los pagos directos a la agricultura deben considerarse, entre otros, bajo el aspecto de unas condiciones de producción más difíciles. 
No olvidemos que las familias agricultoras cuidan y mantienen el paisaje de cultivos. 
Insto a la Comisión para que decida fundándose en los criterios mencionados. 
Hay que partir del principio de las «buenas prácticas» agrícolas- a las que se han referido la colega Schierhuber y el colega Mayer. 
Tenemos que encontrar un marco para la agricultura europea en el que los agricultores de Europa puedan existir en el futuro también en el mercado mundial. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hay un refrán alemán que dice: hoy se ha dicho ya todo, sólo que no todo el mundo lo ha hecho. 
Raramente se habían depositado en una Presidencia de la UE tan elevadas esperanzas como en la Presidencia alemana del primer semestre de 1999. 
Llevar a buen fin la Agenda 2000 es casi como lograr la cuadratura del círculo. 
Señor ministro Funke, quizás pueda llevar aún a tiempo a la mesa del Consejo la postura de rechazo hacia las propuestas. 
Los contenidos de la nueva política agrícola tienen que estar listos con rapidez, es decir, antes de finales febrero. Mi pregunta es la siguiente: ¿configuran los ministros de Agricultura aún la política o los Jefes de Estado y de Gobierno van a prescribir en la cumbre de marzo el marco financiero? 
La fase del catálogo de preguntas ha pasado ya hace mucho tiempo. 
Ahora se demandan opciones concretas y nuestros agricultores quieren saber por fin adónde va este viaje. 
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Fischer, exigió ayer aquí en el Pleno la reducción de los gastos agrícolas pero, al mismo tiempo, prometió ayuda a los agricultores europeos. 
Señor ministro Funke, usted podrá explicar sin duda este ejercicio acrobático a nuestros agricultores. 
Usted emplea un lenguaje muy sencillo que realmente me gusta mucho; no se ha acostumbrado a ese idioma de tecnócratas. 
Siga así. Pero obtener lo mismo con poco dinero y cada vez aún menos dinero lo considero algo muy difícil. 
El margen financiero es estrecho cuando se buscan soluciones, la capacidad de maniobra no es especialmente grande. 
Quizás esta reforma sea también el último trago de hiel. 
Tras la ampliación hacia el Este, todas las señales apuntan hacia una liberalización. Esto lo saben nuestros agricultores, mientras que las soluciones a negociar ahora en la Agenda van a representar desde mi punto de vista sólo una etapa intermedia. 
La política agrícola estará en el banco de pruebas en el año 2005, es decir, tras el ingreso de los primeros candidatos de la Europa central y oriental. 
Como agricultora, no puedo sumarme realmente al debate sobre la reducción de los precios. 
En veinte años de trabajo profesional en el campo de la política agrícola, nunca he visto que con unos precios agrícolas descendentes fuesen más favorables los precios al consumidor. 
Esta mañana el señor Funke se ha referido al respecto. 
Hay un proverbio alemán que dice: aunque el trigo se abarate, el panecillo se encarece. 
Podría aplicarlo a cualquier otra cosa: aunque la leche se abarate, el yogur se encarece; pueden estar bastante seguros de ello. 
Respecto a la determinación de normas comunitarias para los pagos directos- esta era mi tarea como ponente en la sombra-quiero plantear aún la siguiente pregunta: señor Comisario, ¿qué compromisos de pago deben aceptar estas regiones frente a sus agricultores si, tal como ahora se piensa, pueden imponer unas condiciones medioambientales superiores? Sé de lo que hablo. 
Vengo del Estado Federal de Renania-Westfalia del Norte. 
Los agricultores quizás puedan vivir con unas condiciones medioambientales superiores, pero queda la pregunta: ¿quién lo paga? 
La segunda y última pregunta afecta a la graduación del pago directo a los titulares de las explotaciones en función de los empleados, tal como siempre propone Grafe zu Baringdorf. 
Dígame solamente si acepta la enmienda 27 o no. 
Entonces estaremos de acuerdo. 
Señor Presidente, cuando el Sr. Andriessen fue nombrado Comisario, hace ahora muchos años, yo ya era miembro del Parlamento. 
Entonces, le dije que su gran desafío consistía en lograr la competitividad de la agricultura europea. 
Desde aquel momento no se han vuelto a escuchar voces en defensa de esta competitividad para la agricultura europea, por lo que me gustaría agradecer al Sr. Fischler que haya retomado esta cuestión y que, por lo menos, haya manifestado la aspiración de que la agricultura europea pueda ocupar la posición en el mundo y hacerse con la cuota del mercado mundial que le corresponden. 
A pesar de que la población mundial crece cada año en ochenta millones de personas, no se debe ver todo de color negro. 
Debemos planificar y aplicar algún tipo de estrategia que nos permita desempeñar nuestro papel a la hora de suministrar este mercado. 
Me ha parecido extraordinario leer esta misma mañana que Argentina está actualmente importando carne de vacuno. 
Se trata de una región que siempre hemos visto como una gran competidora y como una amenaza. A causa de la situación climática, Australia está en posición de suministrarle esta carne. 
Todo esto nos permite comprobar que las cosas nunca permanecen inmutables. 
Cuando se introdujo la reforma MacSharry, propusimos reducir la producción y aumentar la importación de alimentos. 
Hoy estamos proponiendo ocupar una mayor cuota de los mercados mundiales. Esto me parece satisfactorio. 
Me ha decepcionado en cierta medida que el Presidente del Consejo hablara más acerca del bienestar de los animales, de consideraciones sobre el medio ambiente y de la protección de los consumidores que sobre el medio de vida de los propios agricultores. 
Si bien acepto las opiniones que ha expresado en torno a estas cuestiones, no podemos considerar estas ideas al margen de la necesidad de proporcionar a los agricultores unos ingresos adecuados. 
Es posible que los agricultores se quejen de la Política Agrícola Común, pero, sin ella, nos enfrentaríamos en Europa a una situación más grave. 
Por todo ello, creo que cualquier intento por transferir de nuevo a los Estados miembros los costes o la toma de decisiones de la Política Agrícola Común sería motivo de una gran preocupación. 
No debemos permitir que suceda esto bajo ninguna circunstancia. 
En la Unión Europea existen muchos países y climas distintos, y la Política Agrícola Común nos ha librado de las tensiones que, de otro modo, habría ocasionado la gran caída de población que se ha registrado en el medio rural. 
Disponemos de una política que funciona; en estos momentos, está causando sufrimientos a los agricultores, pero lo mejor que podemos esperar es que se lleven a cabo los ajustes necesarios y que siga siendo una Política Agrícola Común para todos los europeos en la que haya cabida para los tres elementos y, en particular, para la solidaridad financiera. 
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión y del Consejo, estimadas y estimados colegas, quiero hablar fundamentalmente sobre dos temas, la carne y la leche. 
En lo que se refiere a la leche y al informe del colega Goepel, a quien quisiera apoyar plenamente, lamento que algunas enmiendas no hayan encontrado una mayoría en la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
Sobre todo, hay que mencionar las importantes propuestas alternativas relativas al apoyo a los precios así como a las medidas compensatorias de las rentas de los productores de leche, sobre todo en las regiones montañosas menos favorecidas. 
Esto se debería tener más en cuenta y las distorsiones de la competencia se deberían evitar y compensarse. 
Es absolutamente necesario adoptar también medidas publicitarias para el consumo de leche y de productos lácteos y hay que prever el correspondiente dinero para medidas de «marketing». 
Estoy a favor de dividir la cantidad de referencia de la leche de una explotación por la cifra que corresponda a la producción media de leche de la región. 
Esto sería un modo de proceder más justo con las regiones de montaña. 
Finalmente, el pago de los Estados miembros debería realizarse según criterios objetivos, teniendo especialmente en cuenta las correspondientes estructuras de producción, sobre todo en las regiones de montaña, para que no dependan tanto de las oscilaciones del mercado. 
En cuarto lugar, considero la exigencia de ayudas al transporte financiadas públicamente como absolutamente necesarias e irrenunciables. 
En lo que se refiere a la situación de la carne de vacuno, se deberían tener también más en cuenta las regiones menos favorecidas, por ejemplo, en lo tocante a los derechos sobre las primas. 
Los agricultores jóvenes deberían percibir ayuda financiera adicional. 
Creo que existe necesidad de actuar al respecto, tal como ha dicho el Comisario Fischler hoy en sus intervenciones. 
Sería deseable que la Comisión y sobre todo el competente Comisario Fischler, que viene de una región de montaña y conoce perfectamente la situación, así como el Consejo tuviesen en cuenta del modo adecuado mis objeciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se pueden imaginar que para mí ha sido de gran interés asistir a este debate, tomar nota de las diferentes aportaciones y procesarlas lo mejor que he podido esta mañana y esta tarde para llevarlas al debate que se va a celebrar en el Consejo de Agricultura. 
En mi intervención de esta mañana ya he indicado que doy una gran importancia a conocer su opinión y a debatir con ustedes. 
Además, creo que lo que ustedes dicen y opinan al respecto debe tener peso en los debates del Consejo. 
Muchas gracias por ello. 
Me voy a permitir referirme a algunos puntos sin extenderme demasiado, ya que se me ha recabado que lo haga. 
Quizás pueda comenzar con la siguiente observación: por citar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert, cuando comparo las diferentes intervenciones, a la hora de hacer una valoración general tengo también la sensación de que se trata de la cuadratura del círculo cuando se discute desde fuera sobre la agricultura. 
Se exige que los agricultores produzcan unos alimentos de alta calidad y que respeten el medio ambiente; al mismo tiempo, al producir deben conservar el paisaje de cultivos, así al margen, y hacer todo esto a unos costes económicos, a ser posible a los llamados precios del mercado mundial. 
Esta es ya la cuadratura del círculo cuando se discute de este modo. 
Aunque probablemente haya que hacerlo así, pues no es posible de otra forma en sociedades pluralistas. 
Cuando se trata de recapacitar sobre pagos compensatorios- y esto es lo que me parece que ha ocurrido esta mañana y esta tarde- se dice por un lado que tienen que ser lo más justos posibles y que deben tener en cuenta las correspondientes estructuras. 
Todo esto lo entiendo y acepto. 
Pero al mismo tiempo se exige- a veces, en la misma intervención pero a más tardar en la siguiente, la segunda o la tercera- que se aplique del modo más sencillo y menos burocrático posible. 
Me parece que aquí se plantea de nuevo la cuadratura del círculo. 
Quiero llamar la atención sobre una cosa, por comenzar prácticamente por una intervención que se ha hecho al final. 
Creo que ha sido el Sr. McCartin quien me ha dicho que he hablado mucho sobre la protección de los animales y el medio ambiente pero nada sobre la competitividad de la agricultura. 
Señor diputado, esta mañana estaba en una situación excelente pues se me pidió que no hablase libremente ya que el texto de mi intervención se había entregado a los intérpretes, por lo que me he atenido al papel que llevaba. 
Debo indicar que esta no es siempre mi costumbre. 
Por tanto, quiero indicar con toda modestia que lo que exactamente he dicho también lo he exigido. 
Cito: la agricultura europea del futuro tiene que ser competitiva para poder sostenerse frente a la competencia internacional. 
Reconozco que una frase de este tipo puede pasarse por alto, pero como es central, quiero citarla de nuevo para decir que no es cierto que haya olvidado totalmente este aspecto de la agricultura. 
Habría sido muy negativo si hubiese sido así. 
Se ha exigido con frecuencia que se diga la verdad a los agricultores. Creo que tenemos que aclarar una cosa: una agricultura europea, o como quieran definirla, reducida exclusivamente al papel de suministradora de materias primas para el mercado europeo, fracasará. 
Tenemos un mercado interior con un gran poder adquisitivo, 80 millones de habitantes solamente en Alemania. 
En total, si incluimos también a los candidatos a la adhesión, tendremos a nivel europeo un gran número de consumidoras y consumidores que pueden movilizar un enorme poder adquisitivo. 
Cuando se llama la atención sobre este poder adquisitivo en el mercado interior que aumentará aún más cuando otros países se adhieran, tengo que indicar por otra parte que en Europa se ha alcanzado un cierto grado de saturación y que al menos en sectores parciales de la producción agrícola existen excedentes. 
¿Cómo queremos desarrollar una imagen de futuro de la agricultura europea si no indicamos que tenemos que conquistar también mercados no europeos? 
No quiero profundizar aquí al respecto, pero esto se incluye necesariamente en una perspectiva de la agricultura europea. 
No es posible de otro modo. Quiero decirlo claramente. 
Por otro lado: si la agricultura europea produce bajo unas condiciones muy determinadas- tanto si se trata de cultivos o ganadería- porque la sociedad así lo quiere y exige, pero otras agriculturas que compiten con la nuestra a nivel mundial no lo hacen porque sus sociedades reaccionan de otro modo ante determinadas formas de producción, entonces habrá que garantizar pagos compensatorios por un lado y una protección mínima exterior por el otro. 
Esto se incluye, si así se quiere, entre las condiciones comerciales honestas. 
Este es el punto clave que afecta también al tema de la OMC, Sr. Sturdy. 
Usted se ha referido a ello. Naturalmente, hay que tratar del asunto también en los debates que se mantienen al respecto. 
En cualquier caso, señor Sturdy, coincido con sus palabras. 
Se ha indicado o se me ha preguntado muy directamente, creo que ha sido la Sra. Anttila, cómo voy a impedir como Presidente del Consejo que se produzcan quiebras debido a la reducción de los precios que propone la Comisión. 
A este respecto, tengo que decir algo evidente en política. 
Creer que la política puede evitar quiebras- con los instrumentos, modos de actuar o las condiciones marco que sean- es un error sobre el que se debe prevenir. 
Esto nunca lo logrará la política, independientemente de las condiciones que haya. 
En todo caso podemos preguntar si ante las soluciones propuestas, las condiciones marco para la competencia son honestas o no y podemos discutir sobre si son adecuadas para el futuro de la agricultura. 
Pero esto no exonera a ningún agricultor de la decisión empresarial ni a mí, como gerente de una empresa, de la responsabilidad sobre qué decisiones se deben adoptar en mi empresa para poder asegurar a largo plazo su existencia con las condiciones marco existentes. 
Me parece que en el pasado hemos despertado quizás con demasiada frecuencia la sensación de que la política puede hacerlo. 
Comparto también la opinión de que debemos proceder ahorrativamente con el dinero. 
En la cuadratura del círculo se incluye también que, por un lado, exijamos legítimamente el aseguramiento del máximo número de existencias en la agricultura y, por otro, que tengamos que explicar continuamente a la población no agrícola, aunque también a los mismos agricultores, que en total no es una suma pequeña la que se dedica a la agricultura, si sumamos el presupuesto europeo, los nacionales y, en parte, los de las regiones o Estados constituidos federalmente. 
Con todo, siempre tenemos que registrar una determinada tasa de abandonos de explotaciones y tampoco hemos logrado que la población rural esté contenta. 
Este es un debate que quizás se debería profundizar de vez en cuando. 
Me parece muy importante. 
Quizás ocurra que gastamos mucho dinero, pero no siempre lo hacemos de modo que beneficie a aquellos que trabajan en las explotaciones agrícolas. 
Lo digo de nuevo con palabras muy sencillas. 
Algunas intervenciones han apuntado en esta dirección. 
En vista del tiempo que me queda, no me voy a referir ahora a ello si bien se debe al menos reseñar. 
En cualquier caso, la exigencia- que se ha planteado a veces aunque sea indirectamente, a no ser que yo lo haya mal interpretado- de más extensificación, más protección del medio ambiente, es decir, de salir más bien de una perspectiva meramente económica, manteniendo al mismo tiempo los gastos bajos, es también una cuadratura del círculo. 
Esto tampoco es posible y hay que saber que es así. 
Se puede hablar perfectamente sobre si se practica más extensificación o más protección del medio ambiente. Pero hay que saber que esto cuesta dinero, ya sea porque tenga que realizar pagos compensatorios in situ en base a condiciones locales o en el marco de una protección organizada contractualmente. 
Uno estará más a favor de una cosa y otro de otra, pero en cualquier caso cuesta dinero. 
Hay que ver también este contexto. 
Creo que en lo esencial he tocado los temas que se me han planteado. 
Quizás me haya expresado más extensamente sobre algún que otro punto, pero quizás contribuya, ya que soy nuevo en este círculo, a que se me conozca mejor. 
Respecto a la opinión de que quizás se debería nacionalizar la financiación de la política agrícola, es decir, que solamente haya dinero de Europa cuando antes se asignen créditos nacionales o exista el compromiso de hacerlo, permítanme que les diga que esto supondría el fin de una Política Agrícola Común. 
Por ello, tengo grandes dudas sobre si se debería andar por esta vía. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera hacer una petición de aclaración al Sr. Presidente del Consejo sobre una afirmación de su colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, que ayer dijo aquí que deberíamos reformar la Política Agrícola Común para reducir los gastos de la Unión Europea. 
El Sr. ministro no me ha dado información sobre ese asunto, no me ha respondido, pero yo le he preguntado efectivamente si la Presidencia alemana había cambiado de opinión en relación con lo que era su posición tradicional. 
Es una cuestión políticamente muy relevante y, por eso, pido- e insisto en ello- que se me responda. 
Señor Presidente, Señorías, señor diputado Cunha, no sólo la parte alemana se ha ocupado hasta ahora de las cuestiones financieras, en especial, de la política agrícola, sino que en base a las negociaciones de Consejo Agrícola, en las que he participado hasta ahora, y a los debates consiguientes mantenidos con los colegas de los diversos Estados, podemos indicar que se ha hablado y se habla sobre este tema en todos los sitios. 
En mi réplica he dicho expresamente que para mí lo esencial es preguntar si el dinero que gastamos en total para agricultura- me he referido tanto al presupuesto europeo, como al de los Estados nacionales o de las regiones o Estados constituidos federalmente- siempre se gasta de modo que beneficie a los que trabajan en las explotaciones agrícolas. 
En mi opinión no se trata tanto del importe de los créditos que se ponen a disposición sino de la distribución. 
Quiero resaltarlo expresamente. 
Explicar a la larga que hay que poner a disposición de la agricultura el 45 % -algunos dicen el 50 %, no quiero discutir al respecto- y al mismo tiempo ver que las rentas agrícolas no aumentan, al menos en algunos sectores, sino que se reducen, nos debe obligar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. 
No podemos tomar la cosa sencillamente diciendo que cuanto más dinero pongamos la felicidad será mayor. 
Creo que todos debemos entrar en este debate- en cualquier caso los agricultores. 
Si el Ministro de Asuntos Exteriores- no sé qué es lo que ha dicho al respecto- opina que se deben reducir de modo general los gastos sin decir cómo y en qué contexto, entonces tendría que decir que al igual que yo debería ponerme de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores antes de hablar sobre cuestiones de su incumbencia, el Ministro de Asuntos Exteriores se debería coordinar con el Ministro de Agricultura para hablar sobre cuestiones de política agrícola. 
Pero no sé qué es lo que ha dicho al respecto. Por ello, no puedo comentarlo ahora. 
Para finalizar, sólo unas palabras para que quizás se recapacite. 
No puedo decirlo por los demás países de los Estados miembros de la Unión Europea- pues no tengo la experiencia para ello -, pero sí puedo decir por Alemania y todos sus Estados federados que casi independientemente- digo conscientemente «casi» -de qué instrumentos y puntos centrales hemos aplicado en la agricultura- desde el final de la guerra, es decir, en los últimos 50 años tenemos una tasa de abandonos en la agricultura del 3 % como media. 
Es notable que se ha producido en los últimos 50 años. 
Esta es exactamente una tasa de abandonos que coincide con el desarrollo de la productividad en la agricultura. 
La ciencia ya lo ha analizado y nos da unas respuestas relativamente claras. 
No lo quiero decir muy abiertamente, pero se me plantea la pregunta de si no tenemos que tomar nota de que paralelamente a la tasa de productividad, no experimentaremos necesariamente una transformación estructural con abandono de explotaciones en la agricultura mientras la economía sea la base de la política agrícola, añado yo. 
Para mí sería inimaginable que la economía ya no fuese la base de la política agrícola. 
Si no la tuviésemos como base, la consecuencia sería un gran derroche de recursos. 
Pero quizás deberíamos debatir algo más sobre este tema ante la opinión pública. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en este debate. 
Creo que hoy hemos mantenido un debate constructivo, incluso ejemplar y espero que despierte la atención pública. 
Respecto a las numerosas preguntas relacionadas con enmiendas determinadas, quiero recordar lo que ya he dicho esta mañana, que estoy dispuesto a distribuir una lista de la que se puede extraer qué enmiendas son aceptables para la Comisión. 
Además, he prometido ser breve en mi intervención final y quiero respetar la promesa. 
El orador anterior ha tocado acertadamente el tema cuando hablamos de la competitividad de la agricultura europea. 
Tiene que ser competitiva en un sentido doble. 
Primero: nuestros productos tienen que ser competitivos y sólo pueden serlo si dedicamos a la calidad más atención que hasta ahora, si sabemos llevar a la práctica la nueva idea de calidad de nuestros consumidores y sobre todo si sabemos tener debidamente en cuenta la fortaleza de la agricultura europea que, como se sabe, se encuentra en el procesamiento de las materias primas agrícolas en productos finales de alta calidad. 
La competitividad de la agricultura europea significa también que las prestaciones que van más allá de la producción de productos agrarios, tienen que ser valoradas económicamente e integradas en nuestro sistema de economía de mercado. 
Se ha hablado mucho de hasta qué punto la política agrícola debe ser política social. 
Debemos ser realistas. 
La política agrícola debe tener una dimensión social pero no debe ser una mera política social. 
Sería realmente equivocado. 
La cuestión es cómo podemos lograr en el futuro unas distribuciones razonables, de modo que no se produzca otra vez una distribución descompensada como la actualmente famosa de 80 a 20. 
En lo que se refiere a la política de medio ambiente, quiero recordar de nuevo sobre qué principio hemos basado nuestras consideraciones. 
No se trata de la cuestión de la importancia del medio ambiente dentro de la Política Agrícola Común sino de que en el futuro la concesión de los llamados pagos compensatorios- como se llaman hasta ahora- deben estar relacionados con el medio ambiente. 
Cualquier agricultor que quiera reclamar créditos públicos del presupuesto comunitario, debe respetar al menos las buenas prácticas agrícolas. 
Sobre la definición que se haga en función del sistema de producción, del área climática, etc. tenemos aún que discutir. 
También creemos que las prestaciones que vayan más allá deben remunerarse separadamente, si bien deben ser voluntarias. 
No queremos introducir por la puerta trasera de nuevo una economía dirigida en Europa. 
Con ello llego a la cuestión de la financiación. 
Al contrario de lo que se ha afirmado repetidamente, la Comisión no ha realizado una propuesta de cofinanciación sino que en el marco de su informe sobre recursos propios solamente ha mostrado posibilidades con las que se podría alcanzar un equilibrio mejor entre las aportaciones de los diversos Estados miembros. 
Es fundamentalmente de la incumbencia de los Estados miembros decir a cuál de estos modelos de financiación quieren dar preferencia, por lo que creo que aquí es necesario primero realizar una aclaración de fondo antes de que este acuerdo político se refleje del modo correspondiente en los textos jurídicos. 
Pero, como sus Señorías saben, entretanto han surgido otras consideraciones, como la de los llamados modelos de estabilización, que son acreedores a un estudio. 
Estamos dispuestos a llevar a cabo los correspondientes estudios, pero una cosa debe quedar clara: independientemente del modelo que empleemos, sin la correspondiente financiación compensatoria para los cambios que se produzcan en la política de precios, no estaremos en situación de lograr un acuerdo entre los Estados miembros, o como se dice en Viena: «Sin dinero no hay música». 
De lo que realmente se trata es de poner a disposición los créditos reconocidos como necesarios, pues sólo así se podrá realizar una reforma razonable. 
Es decir, cuanto más impulsemos el desarrollo rural y marchemos en la dirección de reconocer la importancia económica de las prestaciones medioambientales y similares, tanto más se producirá automáticamente la cofinanciación, pero de una forma en la que la cohesión no se vea arrollada. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el día 28 de enero próximo a las 9.00 horas. 
Producciones biológicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes preguntas orales: 
B4-0719/98 de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, al Consejo, sobre los regímenes relativos a la producción biológica (producción animal) ; -B4-0720/98 de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre el reglamento relativo a la producción biológica (producción animal). 
Señor Comisario, señor Presidente, como ponente de la Comisión de Agricultura para la cuestión de la ampliación del reglamento 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, les recuerdo que hemos logrado un consenso muy amplio en este Parlamento sobre el texto en cuestión. 
Para satisfacción de los diputados, la Comisión ha aprobado un número importante de enmiendas y las ha integrado en su propuesta modificada. 
En 1998, las versiones sucesivas del texto a debate en el Consejo han terminado desafortunadamente por desembocar en una deriva importante. 
Ésta es la razón de mi doble pregunta oral, hoy, para alertar a la Comisión y al Consejo en nombre de la Comisión de Agricultura, y doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Agricultura por su confianza y apoyo en una actuación que recoge sus preocupaciones. 
Esta deriva tiene relación con tres puntos. 
En primer lugar, prolongaciones importantes de los períodos transitorios de conversión. 
No hacen falta 15 años para reducir el número de aves en una nave. 
En segundo lugar, una inflación de los regímenes derogatorios, que podrían terminar por desnaturalizar la propuesta. 
Así ocurre por ejemplo con el punto sensible de la alimentación, que en principio ha de ser íntegramente biológica en ese tipo de producción y para la cual la propuesta de la Comisión constituye ya en sí una excepción suficiente, ya que propone la alimentación biológica en un 90 %. 
Finalmente, se constata una introducción progresiva de las normas y umbrales que van mucho más lejos que la propuesta de la Comisión. 
Este reglamento corre el riesgo de convertirse en una especie de reglamento trastero que autoriza la intensificación en agricultura biológica, un verdadero sin sentido en esta materia. 
Al conocer los desafíos económicos vinculados al atractivo reciente de los consumidores para este sector de producción en la UE y vinculados también al potencial de exportación para el futuro, yo debía reaccionar para alertar a los legisladores contra el riesgo interno que resultaría de un reglamento poco sólido, poco coherente y que presenta riesgos de distorsión de competencia en función de las interpretaciones nacionales y regionales y métodos de control, diferentes y en absoluto armonizados. 
Alerta también en relación con el hecho de retrasar de nuevo la aplicación de un reglamento completo con el riesgo de ver que se imponen en la Unión Europea, pionera en este ámbito, sólo los planteamientos generales del Codex alimentarius, cuyo texto está debatiéndose en este momento, con lo que ello implica también en el ámbito de la naturaleza misma de las importaciones de países terceros. 
Como en otros sectores agrícolas, en ausencia de una propuesta común fuerte, la Unión Europea correría el riesgo de quedar debilitada posteriormente en el seno de la OMC que sabe que el debate continúa en Estados Unidos para tratar de imponer a la agricultura biológica los OGM, la utilización de los lodos de origen urbano, la irradiación de los alimentos, incluso las hormonas naturales. 
Todo ello sigue estando muy alejado de nuestra concepción europea. 
La agricultura biológica ha de seguir siendo el signo de calidad más exigente, el más estricto y el más controlado, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores que lo desean. 
Se trata de una actuación voluntaria y cada cual es libre de adherirse a ella o de irse a otro tipo de producción de calidad. 
En consecuencia, pido a la Comisión que se mantenga firme en su propuesta, incluso que la retire si se viera demasiado desnaturalizada por el Consejo. 
Pero me atrevo a pensar que no será necesario llegar a ello. 
Y pido también, con mucha esperanza al Consejo que revise en profundidad esta propuesta, sabiendo que estamos claramente de acuerdo con su propuesta del pasado mes de diciembre, la cual establece los principios de la ganadería biológica. 
Pero reiteramos muy firmemente nuestra solicitud de revisión del texto del Consejo y esperamos, tal como el Sr. Funke nos ha dejado entender esta mañana, que la presidencia en ejercicio sabrá oír la voz conjunta del Parlamento y de la Comisión. 
Por favor, señor Comisario, por favor, señor Presidente, no pongan en práctica una agricultura biológica a la baja. 
Señor Presidente, Señorías, señora diputada, como sabrá, en el Consejo de Agricultura nos hemos ocupado de este tema los días 14 y 15 de diciembre y nos hemos puesto de acuerdo sobre las líneas maestras, si bien también hemos presionado en su sentido para que en la primavera de este año se llegue lo antes posible a una aprobación, pues en el Consejo se ha visto la necesidad de ello. 
Actualmente no podemos aún decir qué texto legal, qué texto de reglamento se va a presentar. 
Hay que esperar, pero la opinión del Consejo ha sido que necesitamos una clara delimitación entre lo que es ecológico y lo que es convencional, aspecto al que usted se ha referido. 
Comparto aquí plenamente su opinión. 
Pero, por otro lado, tenemos que proceder con la necesaria flexibilidad y ponderación a la hora de regular las cosas. 
Flexibilidad también para hacer posible el cambio a aquellos que quieren dedicarse a una ganadería ecológica y facilitarles ese cambio. 
Por ello, hemos discutido entre otras cosas sobre los correspondientes plazos de adaptación. 
Una de las partes ha exigido quince años. 
Si recuerdo bien, nos hemos puesto de acuerdo en doce años. 
Sé que se ha producido un debate muy intenso y espinoso sobre estos doce años y que- usted sacude la cabeza pensativamente- se pueden defender también plazos más cortos. 
Pero, por otro lado, sabemos también que precisamente proveniente de la práctica se expresó el deseo de plazos de transición más largos. 
Le puedo asegurar que, de conformidad con sus deseos, vamos a llegar a una rápida aplicación y examinar de nuevo con gran rigor la precisión de la delimitación. 
Señor Presidente, Señorías, tal como ya ha indicado el Sr. Funke, en los debates del Consejo ha habido diversos problemas con la propuesta que ha presentado la Comisión tras ser tratada aquí en el Parlamento. 
¿Cuál es en si el problema principal? 
El problema principal a la hora de tratar la propuesta consiste sobre todo en que algunos de los elementos de la misma no se pueden llevar a cabo sin más en todos los Estados miembros. 
Por ello, ha surgido un debate sobre excepciones transitorias para poder aproximar las normas que existen actualmente en la mayoría de los Estados miembros al futuro derecho comunitario. 
Algunas de las enmiendas se refieren sobre todo a la procedencia de los animales, ya que éstos o sus alimentos pueden tener una procedencia convencional. 
No debemos olvidar que hay toda una serie de Estados miembros en los que hasta ahora apenas se practica una agricultura ecológica. 
Tenemos que dar a estos Estados la oportunidad de poder empezar con ella si así lo desean. 
Este es el motivo de que se quiera introducir aquí una disposición transitoria. 
Quiero subrayar además que la armonización solamente puede avanzar paso a paso, sobre todo cuando la correspondiente ganadería ha estado regulada por normas nacionales o regionales. 
Para solucionar este problema se han propuesto asimismo determinadas enmiendas. 
Se refieren sobre todo al atado de los animales y a los requisitos de las superficies de que debe disponer cada animal para tumbarse o andar al aire libre. 
No olvide que precisamente en las explotaciones pequeñas, durante siglos la forma normal de mantener el ganado ha sido atado y si un ganadero tiene su explotación en el medio de un pueblo no siempre es sencillo disponer de las correspondientes superficies al aire libre. 
Tampoco debe olvidar que precisamente a las pequeñas explotaciones que hoy son reconocidas como ecológicas se les tendría que retirar tal reconocimiento si no tuviesen un corral donde los animales pudiesen andar. 
Aquí tenemos que estar dispuestos a encontrar un compromiso. 
Para finalizar, quiero indicar que las normas de excepción siempre están previstas para un período transitorio, por lo que esto no representa ninguna innovación. 
Tales disposiciones existen, por ejemplo, para simientes y plantones o para los ingredientes convencionales en los alimentos orgánicos. 
En lo tocante al proceder posterior, sólo quiero aclarar que la Comisión está dispuesta a defender su propuesta y, si es necesario, también a justificar porqué son necesarias provisionalmente ciertas excepciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, los social-demócratas en el Parlamento Europeo estamos muy satisfechos de que haya realizado estas aclaraciones. 
Estamos muy satisfechos de que haya triunfado el sano sentido común. 
Naturalmente, en el hermoso Tirol, en el casi tan hermoso Allgäu y en la también hermosa Baja Sajonia cae nieve, por lo que hay que llevar las vacas al establo. 
Todo esto- usted sabe que defiendo a la Comisión y al Consejo en las cuestiones importantes- ha sido objeto en mi región de oportunistas propagandistas durante la campaña electoral. 
Se ha dicho que se va a prohibir la soga en los establos. 
Todo esto ha hecho que se critique de nuevo a los malvados «eurócratas». 
Me alegra que esto haya desaparecido y que el sentido común se haya impuesto en Europa. 
Muchas gracias, así podremos ocuparnos por fin en apoyar una producción razonable. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, los agricultores que producen biológicamente han sido calificados en numerosas ocasiones como marginales y creo que si la cosa sigue así, lo seguirán siendo. 
Hay que crear condiciones marco para que no sigan siéndolo, si hacemos caso omiso de los ideólogos. 
Señor ministro, la flexibilidad, tal como la ha expuesto usted, es correcta, necesaria y razonable, pero la flexibilidad debe apuntar en la dirección correcta y no ser ninguna medida proteccionista para las grandes explotaciones industriales que quieren mantener producciones que aunque son económicas, a la postre perjudican la salud del pueblo. 
Creo que es esto lo que usted quería decir con flexibilidad. 
Yo al menos así lo interpreto. 
Los períodos de adaptación son en mi opinión demasiado largos. 
Hay que suprimir o no introducir imposiciones sin sentido que dificultan en gran medida la agricultura biológica. 
Creo que son de enorme importancia y absolutamente necesarias medidas de marketing y de comercialización. 
Marketing para modificar los hábitos de consumo e iniciativas de comercialización para proporcionar posibilidades de venta a las pequeñas explotaciones. 
Hace cuatro semanas, la Cámara de Comercio de Bozen en mi región de Tirol del Sur, nos ha presentado un estudio comparativo entre 1.500 cooperativas en la región alpina, desde Francia hasta Eslovenia, y hemos constatado que aquellas explotaciones que estaban organizadas en estas cooperativas, estaban por término medio en una situación mejor que otras en lo tocante al aseguramiento de las rentas. 
Como se trata fundamentalmente de pequeñas explotaciones, sería necesario que en este ámbito se fomentasen más las cooperativas. 
Si no dispone de dicho estudio, se lo puedo entregar gustosamente. 
En Austria hemos constatado que casi el 20 % de la producción actual proviene de zonas de producción ecológica. 
Creo que esta es la vía correcta. 
Una ventaja para nuestros consumidores, para la salud, una mejor extensificación de las superficies y creo que una perspectiva de futuro para agricultores jóvenes, además si tenemos en cuenta que la edad media de la gente que trabaja en la agricultura es de 55 años. 
Señor Presidente, en cuanto al tema de esta tarde, estamos todos de acuerdo que entre los consumidores existe una creciente demanda de productos orgánicos. 
Para los productos de origen vegetal existe ya una normativa europea y existe una definición que prácticamente todo el mundo conoce. 
En cuanto a los productos animales todavía nos falta mucho. 
Es muy importante que limitemos al máximo las excepciones a las normas. 
Si existen excepciones, creo que el consumidor podría perder toda la confianza y, además, se producirían situaciones de competencia desleal. 
Creo que la oferta del Sr. Funke, que acaba de decir que deberíamos volver a estudiar algunas de estas cuestiones para la primavera, está muy bien. 
Con toda seguridad, no todos los países podrán empezar en el mismo momento. 
Pero eso tampoco es lo esencial. 
De lo que se trata es que podamos vender algo al cliente que responda a las expectativas y que cumpla con determinadas normas de producción orgánica. 
Otros países podrán apuntarse más tarde. 
Lo fundamental es que el consumidor pueda estar seguro de que existe una definición determinada que corresponda a sus expectativas, y que los productores sepan para qué producen. 
Esa es la cuestión. 
Cualquiera que no encuentre esas respuestas, ni comprará esos productos, ni los producirá tampoco. 
Nuevamente, aguardamos con interés hasta la primavera. 
Señor Presidente, la historia del Reglamento sobre los cultivos biológicos comienza en 1992. 
Los primeros debates desembocaron en el reglamento sobre el sector del cultivo de plantas. A continuación, el Parlamento acordó y la Comisión se comprometió a que un año después seguiría el sector ganadero. 
Nos encontramos en 1999 y es cierto lo que ha dicho antes el Presidente del Consejo que lo que hay que hacer ahora es aprobarlo. 
Pero, señor Funke, no anteponga las prisas a la calidad ahora que ya hemos esperado tanto. 
¿Cuál es la situación? 
El procedimiento legislativo está tan avanzado que el Parlamento ha emitido ya su dictamen. 
La Comisión ha recogido algunas enmiendas del Parlamento. 
Esta propuesta con las enmiendas modificadas del Parlamento solamente las puede rechazar el Consejo unánimemente si la Comisión insiste en su propuesta. 
Me voy a referir a dos puntos, el atado del ganado y la ingeniería genética. 
El atado de ganado no se menciona en absoluto en la propuesta de la Comisión. 
Es decir, este aspecto debería introducirse a posteriori y la Comisión debería mostrar disposición al compromiso para que se tenga en cuenta esta problemática, ya que falta totalmente en el caso de los terneros y vacas. 
Estoy a favor de no apostar por una protección exagerada de los animales que, en lo esencial, no tiene nada que ver con una cría de ganado conforme a la especie. 
También es posible una cría conforme a la especie atando al ganado, si bien se deberían realizar aquí unas especificaciones exactas. No se debe echar lo bueno y lo malo en el mismo saco. 
En lo tocante al empleo de organismos modificados genéticamente, la base es diferente. 
La Comisión recogió la propuesta de que en este reglamento, es decir, en el de los cultivos biológicos, no queremos el empleo de organismos modificados genéticamente. 
Es decir, una prohibición. 
Hay una prohibición de empleo de organismos modificados genéticamente y así debe seguir. 
Pero ahora viene el problema: ¿qué se va a hacer con los organismos posiblemente contaminados? 
En el caso del atado del ganado estoy a favor de una actitud moderada, pero aquí soy estricto, pues si permitimos la contaminación y permitimos después en el Reglamento sobre los novel food un cierto porcentaje que no tiene que ser indicado, entonces se permite por la puerta trasera el empleo de organismos modificados genéticamente y si en un control se constata que se contienen tales organismos, perderemos nuestros mercados. 
Ruego que se proceda aquí muy concienzudamente. 
Además, la cuestión de la contaminación depende también de qué se va a hacer en los ensayos de liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, para que no se contaminen otras superficies. 
Señor Comisario, le ruego que tenga a este respecto una actitud estricta. 
Depende de usted. 
Si no busca el compromiso con el Consejo, éste no podrá hacer nada. 
Posiblemente, aplazaremos el asunto de nuevo, pero entonces no se debe dar preferencia a las prisas sino que la calidad tiene que estar en primer plano. 
Señor Presidente, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha cofirmado el proyecto de resolución común sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, ya que la propuesta de la Comisión es demasiado laxista. 
Ésta prevé demasiados supuestos de excepción y está en contradicción con el rigor de los pliegos de condiciones nacionales fijados por una serie de Estados miembros, entre ellos Francia. 
Incluso si en la última versión revisada está previsto que los Estados miembros puedan mantener disposiciones nacionales más exigentes que las que fueran prescritas a nivel europeo, sólo podemos temer una nivelación por abajo. 
Somos conscientes en nuestro grupo de las oportunidades que pueden aportar a la agricultura de los Estados miembros las producciones biológicas de origen animal. 
El consumidor, después de la concienciación en torno a la EEB y a los OGM, desea un nivel de seguridad alimentario que las producciones biológicas están en condiciones de garantizarle. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, antes de cofirmar la resolución común, ha exigido la incorporación de una serie de puntos que considera esenciales. 
Los supuestos de excepción han de quedar estrictamente limitados sólo a las producciones que sufran como imposición exterior unas condiciones climáticas extremas y excepcionales. 
Los regímenes transitorios han de quedar limitados en el tiempo, con el fin de permitir que los productores adapten sus sistemas de producción a las normas europeas más estrictas que las de su pliego de condiciones. 
Al tener que determinar, el Codex Alimentarius, desde finales de junio de 1999, unas reglas relativas a la producción, al etiquetado y a la colocación en el mercado de los productos biológicos, la Unión ha de adoptar una posición clara que incorpore normas estrictas. 
Finalmente, con respecto al etiquetado, nuestro grupo se ha opuesto a la creación de un logotipo europeo único para los productos biológicos como desearían algunos. 
Al ser el nivel de los pliegos de condiciones nacionales diferente, el logotipo europeo único hubiera sido para el consumidor una fuente de confusión y hubiera provocado una nivelación por abajo de las cualidades sanitarias de los productos biológicos de origen animal. 
Los Estados Unidos, en su legislación nacional, han tratado de autorizar la incorporación de OGM en los alimentos para animales destinados a la producción biológica. 
Los consumidores americanos han conseguido que se retire esta propuesta y nuestro grupo se alegra por ello. 
La agricultura biológica, mediante las obligaciones que impone en materia de pliegos de condiciones y de rastreabilidad de los productos, representa una oportunidad interesante para algunos productores. 
Constituye uno de los medios para vincular estrechamente la agricultura al territorio y permitir una diferenciación de los precios agrícolas a un nivel superior al estándar de los precios mundiales. 
Esta doble oportunidad, señor Presidente, no ha de abandonarse en beneficio del planteamiento puramente mercantil que adoptan algunos Estados miembros frente a la producción biológica. 
Señor Presidente, hoy coexisten dos agriculturas: la que responde a las exigencias de las multinacionales de dominio americano que reparte venenos en suelos y alimentos, la que por primera vez en la historia pretende patentar seres vivos y modificar el patrimonio genético, la que pretende comercializar semillas no reproducibles, la que multiplica desde hace 50 años los diferentes tipos de cáncer y que, a golpe de pesticidas, herbicidas y fungicidas, ha dividido por dos la espermatogénesis humana, y después hay otra agricultura, campesina, tradicional, que respeta el empleo, el medio ambiente y la salud humana, pero que ha sido sistemáticamente marginada por los grupos de presión hasta su mismo nombre de biológica, término ambiguo y opaco para el gran público. 
El Frente Nacional, por su parte, prefiere hablar de agricultura tradicional y natural y elige esta agricultura que ha dado forma a nuestra civilización a lo largo de milenios. 
Los agricultores son las primeras víctimas de los métodos químicos. 
Los socialistas son los primeros cómplices de este sistema, ellos que no conceden, en Francia por ejemplo, más que 100 francos por explotación y por año para la conversión en agricultura biológica. 
Para la primera nación agrícola de Europa, frente al desafío de un mercado en plena expansión esto es ridículo. 
Los consumidores quieren algo más que vacas locas, hormonas y OGM, sustancias todas que hemos de prohibir. 
Frente a los desafíos de la contaminación, del apilamiento urbano, de la destrucción del mundo rural, la agricultura biológica sólo aparece como esbozo en la Agenda 2000 y esto es inaceptable. 
¿Qué hacer entonces? 
En primer lugar, es preciso reforzar los medios dedicados a la conversión. 
En segundo lugar, oponerse a cualquier nivelación por abajo, oponerse a cualquier supuesto de excepción que ponga en peligro la calidad y la credibilidad de los sectores agrobiológicos, sean cuales sean. 
Las normas francesas sobre la materia son excelentes, no las pongamos en duda. 
En tercer lugar, es escandaloso que en 1999 unos productos que garantizan el empleo, la preservación del medio ambiente y la salud pública tengan la misma imposición que unos productos negociados, hormonados, procedentes de métodos químicos, transgénicos, dramáticamente destructores de los consumidores y del medio natural. 
Es necesaria una fiscalidad y un IVA del 0 % a favor de la agricultura biológica. 
Señor Presidente, el Reino Unido va a la zaga de la mayoría de los países de la Unión Europea en la producción de alimentos orgánicos. 
En la actualidad se reconoce como alimento orgánico apenas un 1 % de nuestra producción agrícola. 
Sin embargo, la demanda de estos productos ha crecido vertiginosamente en los últimos años, y no solamente debido a la crisis de la EEB. Nuestros supermercados, sencillamente, no pueden dar abasto para satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores, incluso aunque recurriéramos a otros Estados miembros para compensar nuestro déficit. 
La demanda está ahí, y los consumidores están dispuestos a pagar precios elevados por lo que consideran un producto más saludable y de mayor calidad. 
A pesar de todo ello, el período transitorio para los agricultores que adoptan la producción orgánica es a menudo extremadamente difícil, ya que han de afrontar unos costes extraordinarios durante varios años, antes de que sean admitidos plenamente como productores orgánicos, que es cuando se les permite establecer precios más elevados. 
Y, por otra parte, los consumidores tienen derecho a saber que están pagando más por un producto verdaderamente orgánico. 
Al igual que otros diputados, también yo desearía solicitar a la Comisión y al Consejo que emprendieran urgentemente acciones para lograr la aplicación de las medidas de promoción de la agricultura orgánica de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha contado con una portavoz tan elocuente en esta cuestión como es la Sra. Barthet-Mayer. 
Señor Presidente, Señorías, voy a ayudar a ahorrar algo de tiempo. 
Creo que podemos afirmar que con el nuevo reglamento ecológico de la UE, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha dado unos pasos importantes hacia delante en algunos aspectos esenciales. 
El Gobierno alemán ha encontrado unos compromisos aceptables para lograr, en especial, desde una perspectiva nacional, objetivos centrales como la explotación de ganado, alimentos para animales y medicina veterinaria. 
Valoro este paso intermedio como una primera reacción. 
Es una base aceptable para lograr unas condiciones marco duraderas en la industria transformadora en el sector ecológico. 
Varios oradores lo han considerado como algo que es ya más que necesario. 
Ahora es posible concluir la modificación del reglamento ecológico de la UE bajo la Presidencia alemana dentro del primer semestre de 1999. 
Tengo que plantear una pregunta sobre la marca de control. 
Quizás no esté bien informado. 
¿Debemos tener ahora a nivel nacional todas las diversas marcas de control e independientemente de ello una a nivel de la UE, tal como el Sr. Mulder ha pedido ya en una ocasión en su informe? 
Creo que sería de ayuda tener aquí una respuesta suya. 
Pero quizás figure ya en el texto. 
¿Va a haber una marca de control unitaria a nivel de la UE o varias diferentes a nivel nacional? 
Señor Presidente, Señorías, Señor Presidente, sólo quiero contestar muy brevemente a dos preguntas. 
A la pregunta de la Sra. Keppelhoff-Wiechert: la Comisión está trabajando en el desarrollo de un logotipo a nivel europeo, tal como se exige en la resolución. 
En segundo lugar, sobre los organismos modificados genéticamente. 
Para nosotros no supone ningún problema y estamos a favor de no permitir su empleo. 
Pero tal como ha dicho acertadamente el Sr. Graefe zu Baringdorf, hay un problema con la contaminación. 
Queremos actuar aquí también tan restrictivamente como sea posible, por lo que no hablamos simplemente de contaminación sino de contaminación inevitable. 
De todos modos, esto tiene aún que perfeccionarse para que no se puedan poner excusas. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0004/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Señorías, doy la bienvenida al Sr. Verheugen, a quien deseamos la mejor colaboración durante estos días en que vamos a disfrutar de su compañía. 
Señor Presidente, voy a responder a la pregunta del modo siguiente: en sus respuestas a preguntas sobre este tema, el Consejo ya ha subrayado en varias ocasiones- sólo puedo repetirlo- que nunca se ha encargado al Consejo que se ocupe de cuestiones sobre el asunto al que se refiere la Sra. diputada en esta nueva pregunta. 
Ruego, por ello, a la Sra. diputada que comprenda que el Consejo no esté en situación de dar una respuesta al respecto. 
Por lo demás, indico que con la intercepción de las telecomunicaciones, que es de lo que se trata en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, se sigue el objetivo de fomentar la cooperación internacional y controlar de este modo el crimen organizado. 
Con este tipo de intercepción no se persiguen otros objetivos que la lucha contra el crimen organizado. 
Me permito añadir que las preguntas de la Sra. diputada están relacionadas con la intercepción de las telecomunicaciones con el objetivo del esclarecimiento de actos delictivos.Los gremios competentes del Consejo se están ocupando actualmente de un proyecto de resolución sobre nuevas tecnologías que, por un lado, debe verse en relación con la resolución del Consejo del 17 de enero de 1995 sobre la intercepción legal de las telecomunicaciones, por otro, con las deliberaciones sobre la intercepción de las telecomunicaciones en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales. 
En la resolución del año 1995 se exponen de modo resumido las necesidades de las autoridades competentes en lo tocante a ejecutabilidad técnica de la intercepción legal de los modernos sistemas de telecomunicaciones. 
Hay que indicar que esta resolución no se ocupa del fundamento jurídico de la autorización e intercepción sino exclusivamente de los requisitos técnicos para las autoridades encargadas de realizarla sobre la base de una autorización válida. 
La resolución del año 1995 se aplica en principio a los sistemas presentes y futuros de telecomunicaciones. 
Ante los continuos progresos logrados en la tecnología de las telecomunicaciones se está sin embargo recapacitando sobre si no se debe aclarar una serie de puntos, en especial, los relativos a las telecomunicaciones por satélite e Internet. 
Con esta propuesta de resolución se persigue precisamente el objetivo de realizar las necesarias aclaraciones. 
En lo que se refiere al proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, tanto los especialistas como el mismo Consejo han examinado concienzudamente la posible inclusión de normas relativas a la intercepción de las telecomunicaciones con la finalidad de combatir el crimen. 
Los sistemas tradicionales de telecomunicaciones trabajan dentro de un único Estado, por lo que se parte del hecho de que la intercepción de las telecomunicaciones solamente puede tener lugar es ese Estado. 
Para los nuevos sistemas que funcionan a través de satélite, no son aplicables estas limitaciones técnicas. 
Por ello, son necesarias nuevas formas de cooperación. 
En las deliberaciones en curso, se trata de una serie de cuestiones políticas muy sensibles. 
Estas deliberaciones se refieren además a cuestiones técnicas muy complejas. 
Por supuesto, en este marco se debe conceder a los aspectos relacionados con los derechos humanos la atención que se merecen, en especial, a las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
En su reunión del 3 y 4 de diciembre de 1998, el Consejo ha examinado las cuestiones políticas más difíciles. 
Estas cuestiones se referían a casos de intercepción con la finalidad de aclaración de delitos, facilitando técnicamente a un Estado la intercepción de un objetivo en otro Estado sin que este Estado prestase un apoyo técnico. 
Una amplia mayoría de Estados miembros ha defendido la opinión de que el Estado en el que se encuentre el objetivo debería ser informado en estos casos y debería estar en situación de exigir que la intercepción no se realice o se interrumpa. 
Remitiéndose a la seguridad nacional, un Estado miembro se ha pronunciado en favor de prever excepciones. 
Se han tratado también algunos otros aspectos, en especial la cuestión de hasta qué punto debe poder pedir el Estado en que se encuentra el objetivo que se destruya material ya recogido. 
En este contexto, hay que aclarar sobre todo la cuestión de si una mera información del Estado en que se encuentra el objetivo es suficiente o si este Estado debería ordenar la vigilancia en el marco de la asistencia jurídica según su situación jurídica. 
Esta cuestión es de importancia pues una mera obligación de información conduciría a que se debiese configurar la técnica de tal modo que las personas en el territorio de su propio Estado pudiesen ser vigiladas desde otros Estados. 
De lo que estamos hablando aquí es de obligar a Internet a introducir los mecanismos necesarios para permitir a la policía entrar por la puerta de atrás. 
Si se materializaran estos planes, ENFOPOL podría controlar prácticamente cualquier modalidad de comunicación, lo cual supondría una flagrante violación del derecho a la vida privada de las personas y de las libertades ciudadanas fundamentales. 
Existe un documento interno del Consejo que debía someterse a debate. 
Se ha introducido en Internet en alemán. 
En aras de la transparencia, este documento ha de estar disponible en todas las lenguas para que la gente pueda ver lo que pasa en estas reuniones del K4. 
A pesar de que intentan justificar esta medida, ustedes no mencionan cuáles serían las consecuencias o las repercusiones económicas para los proveedores de servicios de Internet de la introducción de estos mecanismos. 
Se les va a pedir que lo paguen ellos, para que la policía pueda, sin órdenes judiciales ni justificantes- y armados de este insulso documento suyo -, decir que actúa para combatir la delincuencia. 
Necesitamos apertura, hemos de saber qué es lo que ocurre. 
Se debe mantener informado al Parlamento, y los Estados miembros han de entablar este debate para permitir a los ciudadanos de los Estados miembros saber lo que pasa antes de que sea demasiado tarde. 
Estimada colega, indico de nuevo que con la intercepción de las telecomunicaciones de que se habla en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica en Asuntos Penales, se persigue el objetivo de fomentar la cooperación internacional para controlar de este modo el crimen internacional. 
Con este tipo de vigilancia no se persigue ningún otro objetivo que el de combatir el crimen organizado. 
Quisiera preguntar si el representante del Consejo tiene algún comentario respecto a la filtración de anotaciones o protocolos del Comité K4, en las que se menciona que la estructura general del sistema global de escuchas, según los planes de la UE y el FBI, va a quedar fuera del tercer pilar. 
Esta es una información bastante interesante. 
Podría suceder que la discusión no se realizase en el propio Consejo, sino fuera de él, por ejemplo en el Comité K4 o en otros comités o grupos de trabajo. 
La pregunta, sin embargo, continúa siendo la misma: ¿Por qué considera el Consejo que no es adecuado discutir abiertamente estos asuntos con el Parlamento Europeo, especialmente en consideración a que estos temas atañen a la vida privada de las personas y a que los eventuales acuerdos que se alcancen podrían estar en contradicción con las legislaciones nacionales de los países miembros? 
Queremos que se dé respuesta a esta pregunta. 
Comprendo plenamente las preocupaciones de la Sra. diputada y puedo decir al respecto que el Consejo se toma muy en serio dichas preocupaciones. 
Pero aún no han concluido los debates a los que usted se ha referido. 
Por ello, aún no se dispone de los resultados que usted ha mencionado. 
Si el Consejo llegase a resultados, se hará naturalmente todo lo necesario para garantizar los derechos del Parlamento y también para proporcionar a los Estados miembros la posibilidad- que tendrán también antes en el proceso de debates- de exponer su opinión jurídica y velar porque no se afecte negativamente a las cuestiones básicas de la cultura jurídica en la Unión Europea. 
Tengo dos preguntas complementarias. 
La primera de ellas se relaciona con la resolución de 1995 sobre escuchas lícitas de telecomunicaciones. 
Mi pregunta es: ¿Qué tipo de colaboración existe en esta materia con EE.UU. y con otros países que no son miembros de la UE? 
Ya hay en EE.UU. una legislación parecida. 
Mi segunda pregunta se refiere a las escuchas telefónicas ilegales, esto es, al sistema Echelon, que es un sistemas global de escuchas militares que carece de fundamento legal. 
¿Se ha discutido alguna vez el sistema Echelon en el Consejo de Ministros y están de algún modo relacionados los sistemas de escuchas legales existentes en el marco de la UE? 
Me gustaría responder a la pregunta del Sr. diputado, pero no puedo hacerlo pues está tan alejada de la pregunta originaria que no me he podido preparar. 
Le ruego que comprenda que responda a estas dos preguntas por escrito. 
Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-1174/98) : Asunto: Cambios en el sistema de recursos propios de la UE 
En el informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios de la UE se incluye una propuesta en virtud de la cual los Estados miembros continuarán desembolsando las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común sobre la base de la legislación comunitaria como hasta ahora, pero en vez de recibir una restitución del 100 % con cargo al presupuesto comunitario, recibirán únicamente una restitución parcial (75 %). 
Dado que, según los datos de la Comisión, un cambio de este tipo en el sistema de recursos propios no sólo perjudicará a los países de la cohesión y, en particular, a Grecia sino que además socavará los principios básicos y las normas que regulan la Política Agrícola Común, ¿puede confirmar el Consejo que no se han adoptado propuestas que privarán a los países de la cohesión de fondos por un importe de unos 1200 millones de ecus anuales, al mismo tiempo que se mantiene el inaceptable régimen de restituciones de que disfruta Gran Bretaña desde 1984 por un importe aproximado de 1300 millones de ecus anuales? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, voy a responder a la pregunta del siguiente modo: las negociaciones sobre la Agenda 2000 han entrado en su fase final y, de conformidad con el compromiso adoptado en la reunión del Consejo Europeo de Viena, concluirán en la reunión que celebrará el Consejo los días 24 y 25 de marzo de 1999. 
El Sr. diputado comprenderá que el Consejo, mientras duren las negociaciones y no se logre un acuerdo global, no puede hablar sobre aspectos particulares tratados durante las deliberaciones. 
No obstante, el Consejo puede indicar ya ahora que en la reunión que celebró en Viena se le instó expresamente para que realizase un examen a fondo de todos los elementos y opiniones planteados durante los debates para que se pueda alcanzar un acuerdo general. 
Por lo demás, el Consejo Europeo ha pedido a todos los Estados miembros que contribuyan plenamente a lograr un resultado justo, equilibrado y aceptable por todos sobre la base de la solidaridad y de una gestión presupuestaria económica. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Presidente su respuesta, aunque no debe ser categórica, porque las negociaciones continúan. 
Desearía, más concretamente, preguntar si dicha propuesta de renacionalización esencial de una parte de las subvenciones de la Política Agrícola Común esta aún sobre la mesa de negociaciones. 
Porque, en las negociaciones, a veces desaparecen algunas propuestas iniciales, otras se añaden, etc. 
¿Existe aún la propuesta para la nacionalización de una parte de la política agrícola en el marco de las negociaciones?. 
Señor Presidente, señor diputado, la situación es tal que todas las propuestas que se han realizado en el curso del proceso actual, están en la mesa tanto de la Comisión como de los Estados miembros. 
Una condición previa esencial de la Presidencia alemana ha sido aclarar que ahora, en la fase final de las negociaciones, todas las propuestas se pongan de momento sobre la mesa. 
Esto no significa que en el paquete que se apruebe al final como compromiso se refleje todo lo que por el momento se encuentra sobre la mesa, pero todas las propuestas que ha realizado la Comisión y que entretanto han llegado de los Estados miembros son parte integrante de las negociaciones que mantiene en estos momentos la Presidencia. 
Por lo demás, puedo asegurarle que precisamente para la Presidencia alemana tiene una importancia central la idea de la solidaridad en el marco de la financiación de la Unión Europea y de las decisiones sobre el presupuesto de la Unión Europea. 
Pregunta nº 4 formulada por Eva Kjer Hansen, a quien sustituye la Sra. Spaak (H-1176/98) : Asunto: Problemas institucionales relacionados con la ampliación 
Debe tenerse en cuenta que todavía no existen proyectos concretos en cuanto a las medidas concretas que deban adoptarse en relación con el Protocolo sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea, de conformidad con el cual se reducirá el número de miembros de la Comisión a uno por Estado miembro, a condición de que se modifique al mismo tiempo la ponderación de los votos en el Consejo. Debe tenerse particularmente en cuenta, además, que el año 2000 se nombrará a veinte nuevos miembros de la Comisión para un mandato de cinco años; y que en el artículo 137 del Tratado de Amsterdam se establece que el número de diputados al Parlamento Europeo no debe exceder de 700, aunque en las próximas elecciones se elegirá a 626 diputados para un mandato de 5 años. 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta que ahora atribuimos a la Sra. Spaak. 
Señor Presidente, el Consejo indica a la Sra. diputada que no ha entrado aún en vigor el Protocolo sobre las Instituciones, en lo referente a la ampliación de la Unión Europea y que debería constituir la base para un plan de adaptación de los órganos, ya que el Tratado de Amsterdam al que se añade como anexo este Protocolo, no ha sido ratificado aún por todos los Estados miembros. 
Tan pronto como se hayan depositado en Roma todos los documentos de ratificación, el Tratado y los Protocolos del Anexo al Tratado, que forman parte del mismo, entrarán en vigor el primer día del segundo mes siguiente al que se haya depositado el último documento de ratificación. 
Señora diputada, esta frase era incluso en alemán tan incomprensible que prefiero traducirla. 
Yo mismo he tenido dificultades para comprender esta frase. 
En su reunión del 11 y 12 de noviembre celebrada en Viena, el Consejo Europeo estuvo de acuerdo en que la ratificación del Tratado de Amsterdam representa la máxima prioridad. 
En la reunión de Colonia, el Consejo decidirá cómo y cuándo deberán atacarse estas cuestiones institucionales no reguladas en este Tratado y que tienen que regularse antes de la ampliación. 
Señora diputada, la importante pregunta planteada por usted debe considerarse en este contexto. 
El Consejo recuerda por lo demás que hasta ahora no se ha prometido formalmente una fecha para la conclusión de las negociaciones en curso con los países candidatos a la adhesión. 
El caso mencionado por la Sra. diputada no se encuentra pues en el orden del día. 
En lo que se refiere a la pregunta sobre el artículo 189, el antiguo artículo 137 de los Tratados consolidados, hay que indicar que el número de 700 diputados a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam es válido para el número de Estados que pertenezcan a la Unión en ese momento. 
Sobre la distribución entre los diversos Estados miembros tras la ampliación, se negociará en el momento oportuno. 
Señor representante del Consejo, quisiera simplemente señalarle que el Tratado de Amsterdam no resuelve ninguno de los problemas institucionales que recuerda la pregunta de la Sra. Kjer Hansen. 
Esperar la ratificación del Tratado de Amsterdam me parece un plazo largo, sobre todo para los países que solicitan su adhesión. 
Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿Ha iniciado ya el Consejo una reflexión sobre las diferentes propuestas, los diferentes problemas que la Sra. Kjer Hansen recuerda en su pregunta? 
Señor Presidente, considero que la pregunta está absolutamente justificada y también comparto la inquietud que subyace a la misma. 
El Consejo todavía no se ha ocupado en concreto de las propuestas que menciona usted, sino que únicamente ha examinado cómo debe abordarse la solución de las cuestiones institucionales pendientes. 
La Presidencia alemana del Consejo ha asumido una tarea que, como bien sabe, data de sólo pocas semanas. 
Esta tarea consiste en preparar una propuesta de procedimiento para la cumbre de Colonia. 
En este momento nos ocupamos de llevar a cabo los debates necesarios, y ya he declarado en otra de las instancias parlamentarias que en este contexto se tendrá especialmente en cuenta el debate y la opinión del Parlamento, porque a esta institución le corresponde desempeñar un papel especialmente importante en lo que respecta precisamente al desarrollo del carácter institucional de la Unión. 
Así pues, durante la Presidencia alemana no podremos ni querremos tomar una decisión sobre cuestiones de fondo de las reformas institucionales, porque primero hemos de atender a las cuestiones de procedimiento. 
Quisiera subrayar que en nuestra Unión- como sabe usted- alcanzar un acuerdo sobre un determinado procedimiento a menudo ya representa la mitad del acuerdo total. 
En relación con la ampliación, quisiera decirle que, a juicio de la Presidencia, hay una coincidencia total en que los asuntos institucionales deben estar resueltos a más tardar cuando se produzcan las primeras adhesiones. 
La agilización, la decisión sobre los asuntos institucionales, también deseada por la Presidencia, será una señal positiva para los candidatos a la adhesión, y pienso que va en beneficio de nuestros intereses comunes que realmente podamos dar esta señal positiva. 
Si bien considero que el Presidente en ejercicio nos ha ofrecido una respuesta muy útil y alentadora, es cierto que no ha abordado algunos de los puntos que se mencionan en la pregunta. 
Soy miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Polonia. 
El Gobierno polaco ha manifestado que cree que su país estará preparado para la adhesión en enero de 2003. 
Es posible que no logren cumplir este objetivo, pero, ¿estamos nosotros cerrando efectivamente las puertas a cualquier ampliación por un período de cinco años? 
Me parece que nos enfrentaremos con serios problemas si la designación de los comisarios a finales de este año se efectúa con arreglo a los mismos criterios que hasta el momento. 
Y, en cierta medida, lo mismo se puede decir del Parlamento. 
Me pregunto si se ha reflexionado sobre estos temas. 
Si vamos a esperar- como mínimo- hasta el año que viene para empezar a pensar en estas cuestiones, pueden imaginarse las dificultades con las que nos encontraremos. 
Señor Presidente, señor Elliot, le agradezco que me haga esta pregunta, porque me da la oportunidad de poner una cosa en claro. 
Con respecto a la fecha de las adhesiones no hay nada establecido. 
Ni hay nada establecido sobre aplazarlas a una fecha posterior, ni hay nada establecido sobre adelantarlas a una fecha más próxima: el plazo depende únicamente de la marcha de las negociaciones sobre los 31 paquetes de negociación, como sabe usted. 
Ya sabe cómo esta la situación: de los 31 paquetes hay tres aprobados provisionalmente y de otros cuatro la aprobación está relativamente próxima. 
Durante la Presidencia alemana queremos incluir en el proceso de negociación otras seis u ocho paquetes, para que a mediados de 1999 se haya decidido más o menos la mitad de las medidas en el proceso de negociación. 
Entonces quizá estemos próximos ya al punto en el que se pueda reconocer cuánto tiempo adicional se necesita en realidad y entonces habrá que decidir si se fija o no una fecha para la adhesión. 
Yo no percibo ese peligro que tan claramente observa usted de que el retraso de la reforma institucional tenga repercusiones en la adhesión. 
Conforme al consenso que hemos establecido dentro de los Estados miembros, en el año 2001- esa considero yo la fecha más tardía- deben estar solucionados los asuntos institucionales. 
Es altamente improbable que en el año 2001 se pueda concluir oficialmente la adhesión con algún país candidato. 
Para responder con absoluta precisión, no creo que lleguemos a una situación en la que las negociaciones de adhesión estén concluidas, pero la Unión no esté capacitada para la ampliación porque las cuestiones institucionales no se han solucionado. 
Para la Presidencia alemana esta es una cuestión de la máxima importancia, y me alegra poder observar que para el Parlamento también lo es. 
La credibilidad de todo el proceso de adhesión también depende, a mi modo de ver, de la seriedad con que trabajemos para llevar a su conclusión las reformas institucionales. 
Pregunta nº 5 formulada por Paul Rübig (H-1183/98) : Asunto: Seguridad en las ciudades 
Durante el período parcial de sesiones de mayo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Sr. Douglas Henderson, como representante de la Presidencia británica, aceptó la constitución inmediata de un grupo de expertos para estudiar el tema del aumento de la delincuencia en las ciudades europeas. 
Quisiera saber cuál es la composición de este grupo asesor y qué actividades ha llevado a cabo hasta el momento, así como las prioridades, en lineas generales, de la Presidencia alemana en este ámbito. 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
Señor Presidente, respondo a la pregunta del modo siguiente: la seguridad en las ciudades es claramente uno de los ámbitos en los que sólo puede tener éxito un enfoque coordinado, interinstitucional e intersectorial. 
Dentro del Grupo del Consejo sobre cooperación policial hay expertos que se ocupan de la delincuencia en las ciudades europeas. 
Con anterioridad, los trabajos se han concentrado en la violencia en las ciudades, la cooperación policial y las bandas urbanas violentas. 
Para mejorar el intercambio de información sobre los métodos experimentados y profundizar el intercambio de experiencias, así como para desarrollar la cooperación en la práctica, el Grupo se ha puesto de acuerdo para elaborar un programa de intercambio de funcionarios ocupados de la lucha contra la delincuencia en las ciudades. 
En octubre de 1998, en Francia, tuvo lugar un primer programa de intercambio para funcionarios de policía que se ocupan de la lucha contra la violencia en las ciudades. 
En el futuro se elaborarán más proyectos de intercambio. 
Señor Presidente, hace unos días el portavoz de prensa del Sr. von Wogau fue asaltado en la glorieta Schuman a las siete de la tarde. 
Y este no es un caso aislado. 
En el último año, los diputados Voggenhuber, McCarthy, Schiedermeier, Doris Pack y muchos otros han sido víctimas de atracos en Bruselas. 
Mi despacho ha llevado a cabo una encuesta en el Parlamento Europeo y ha consultado unos 300 despachos; en un tercio de ellos se informó que en el último año se produjo alguna intrusión en Bruselas. 
Pienso que es necesario garantizar mejor la seguridad de las instituciones europeas. 
El Parlamento belga cuenta con vigilancia del ejército y de la policía. 
Por lo que yo sé, las instituciones europeas no tienen vigilancia. 
Sólo en el Parlamento Europeo tenemos una media mensual de diez denuncias por robo. 
¿Qué propuestas prevé la Presidencia del Consejo para mejorar esta situación? 
Señor diputado, comprenderá que en primer lugar tengo que precisar que el mantenimiento del orden público y de la seguridad en el territorio de los Estados miembros es competencia principalmente de las fuerzas de policía nacionales. 
Hecha esta salvedad, he de decir que las circunstancias que ha mencionado usted han de tomarse muy en serio y que en la primera ocasión que se me plantee expondré el tema en las instancias adecuadas. 
Pregunta nº 6 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-1185/98) : Asunto: Participación del Parlamento Europeo en la I Cumbre Unión Europea- América Latina y Caribe 
Habida cuenta de la gran importancia de la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea- América Latina y el Caribe que tendrá lugar el próximo mes de junio en Brasil, y teniendo presente que hasta el momento el Parlamento Europeo ha participado en las Conferencias Ministeriales de San José y del Grupo de Río tanto en la apertura solemne de las mismas como en las diferentes sesiones de trabajo, ¿en qué términos tiene previsto el Consejo incluir la participación del Parlamento Europeo en dicha Cumbre? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Salafranca. 
Señor diputado, antes de nada he de decir que va a quedar usted decepcionado con la respuesta, pero espero lo comprenda: durante la Presidencia alemana aún no se ha celebrado ninguna reunión del Consejo. 
Llevamos doce días en el cargo y por ello el Consejo no ha podido examinar la cuestión de la posible participación del Parlamento en la Cumbre. 
El Consejo todavía no ha examinado este tema. 
Quisiera decirle al representante del Consejo que la decepción en la respuesta no quiere decir que se pueda producir una decepción en la acción del Consejo. 
Yo quisiera decirle que en la última Conferencia Ministerial de San José, en febrero del año pasado, bajo Presidencia británica, el trato dispensado a la delegación del Parlamento Europeo fue notoriamente incorrecto, hasta el punto de que fue peor que el dispensado a delegaciones de países terceros. 
Yo quisiera pedir a la Presidencia en ejercicio que en el curso de esta Cumbre importante la delegación del Parlamento Europeo pueda ser tratada con arreglo al papel institucional que le corresponde y con arreglo a los méritos contraídos en el impulso de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
En aquella ocasión, en el inicio de la Conferencia, se produjo un incidente serio, señor Presidente, y yo le agradecería a la Presidencia alemana que diese todas las garantías para que el Parlamento Europeo, como he pedido, pueda jugar el papel institucional que le ha venido correspondiendo. 
Agradezco al Sr. diputado que haya manifestado esta preocupación. 
Constituye para nosotros la motivación necesaria para esforzarnos y procurar que durante nuestra Presidencia ya no haga falta plantear este tipo de objeciones. 
Señor Presidente, la respuesta global a ambas preguntas es la siguiente: tal como hizo mi predecesor en el turno de preguntas de diciembre del pasado año a las preguntas escritas de los Sres. Cushnahan, Watts y Wibe, quisiera referirme a las conclusiones del Consejo Europeo sobre este punto, que rezan así: en lo que respecta a la Decisión de 1991 sobre la supresión de las ventas intracomunitarias libres de impuestos, el Consejo Europeo ha solicitado a la Comisión y al Consejo ECOFIN que estudien, antes de marzo de 1999, los problemas que podrían surgir en relación con el empleo y aborden, a partir de las propuestas de la Comisión, los posibles métodos para atajar estos problemas, entre ellos, la posibilidad de una ampliación limitada de las disposiciones transitorias. 
En el momento actual el Consejo no puede añadir nada más a esta cuestión. 
Me gustaría dar la bienvenida al Sr. Presidente del Consejo y manifestarle la enorme alegría con la que he recibido su respuesta. Usted ha dicho que le parecería sensato que aprobáramos un aplazamiento de este asunto. 
Especialmente me alegra que usted hiciera mención de cómo el Consejo ha impuesto a la Comisión la elaboración de esta investigación y la obligación de dar una respuesta antes de marzo de 1999. 
He recibido una respuesta de la Comisión en la que ésta se sacude de encima toda responsabilidad y me comunica que ésta no es su tarea, por lo que quiero pedirle como Presidente del Consejo que le dé un buen puntapié a la Comisión y le pida que inicie la elaboración del informe que debe estar acabado para marzo de 1999. 
Me causó enorme alegría su contestación, que ha sido la que hubiéramos querido que nos diera la Presidencia austríaca en lugar de la respuesta poco inteligente del mes pasado. 
Lo considero un buen comienzo. 
Tiene usted nuestro agradecimiento. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. diputado su amable apreciación. 
No obstante, debo decir que el elogio es inmerecido. 
El mérito le corresponde a la Presidencia austriaca, ya que la decisión que he mencionado procede del comunicado de prensa de la cumbre de Viena. 
Esto es lo que se decidió en Viena. 
El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que presente un informe sobre el tema antes de marzo de 1999. 
Es decir, este plazo está muy cerca y, por supuesto, una de las tareas de la Presidencia será velar por que se cumpla la fecha fijada por el Consejo. 
Puedo prometerle que no esperaremos hasta finales de año para interesarnos por la presentación del informe. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar insistir en el hecho de que el estudio de la Comisión ha de ser realizado en unas condiciones objetivas habida cuenta de las graves consecuencias que para el empleo pueden derivarse de la supresión del duty free, y tengo ahí un artículo, una entrevista del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Schroeder, que señala estas consecuencias graves para el empleo en el momento en que el Consejo precisamente hace hincapié en las cuestiones del empleo. 
Mi pregunta es por tanto la siguiente: ¿No debería el Consejo apoyarse en el precedente que ha constituido la prolongación de la exención de los impuestos especiales para los países nórdicos, motivada por razones económicas, aceptada por el Sr. Monti en 1996, así como el dictamen remitido el pasado mes de septiembre por el Consejo Económico y Social Europeo a favor de una prolongación de este sistema? 
Señor Presidente, como podrá figurarse, señora diputada, conozco bien la opinión del Presidente del Consejo, el canciller federal Schröder. 
La que ha citado usted es correcto. 
No obstante, yo no puedo avanzar ninguna conclusión; obviamente tendrá que ser primero el Consejo el que extraiga las conclusiones pertinentes una vez tenga el informe que ha solicitado. 
Le ruego que lo comprenda, y me remito una vez más a la primera parte de la decisión del Consejo que he citado, en la que se afirma que también puede examinarse la posibilidad de efectuar una ampliación limitada de las disposiciones transitorias. 
Señor Presidente, al comienzo de la sesión de la tarde pedí que se nos entregara la relación de los 27 casos transferidos a la UCLAF, para que el Parlamento pudiera pronunciarse mañana con conocimiento de causa. 
Recibí la contestación por escrito mediante una nota redactada en alemán, con unas aclaraciones de alguien que hablaba francés- se trataba pues de unas conversaciones auténticamente europeas- y se me ha asegurado que dicha relación ha sido enviada a la Comisión de Control Presupuestario. 
Durante todo el tiempo que llevamos aquí reunidos en esta Asamblea, mis colaboradores han estado ocupados en la localización de dicha relación que supuestamente nos ha sido enviada. 
No la encontraron. La Sra. Theato, que merece todo mi respeto, nos remite a la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario. 
Pero precisamente hemos estado hablando durante la tarde con esa Comisión y con el Sr. Darras, el jefe del servicio. 
La relación no se encuentra. 
Quiero pedirle a usted, como Presidente, que haga las gestiones necesarias para que el Parlamento obtenga esta información antes de proceder a la votación. 
Muchas gracias, señora Maes. 
Inmediatamente, los servicios de la Mesa van a ponerse en funcionamiento porque usted tiene toda la razón y hay que buscar dónde está esta lista para hacérsela llegar. 
Por lo tanto, hago mía su preocupación. 
Los servicios de la Mesa van a buscar esa lista para que esté, efectivamente, a disposición antes de la votación. 
Me gustaría subrayar las palabras del Presidente en ejercicio cuando hace hincapié en que el Consejo Europeo de Viena sólo habló de una posible prórroga del régimen de las ventas libres de impuestos y que dicha prórroga sería únicamente por un período limitado de tiempo. 
Me gustaría que el Consejo prestara la debida atención a estas dos condiciones. 
Desearía preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo si es consciente de que muchos diputados de este Parlamento no compartimos su opinión en el sentido de que la prórroga de las ventas libres de impuestos constituye una buena idea. 
El régimen de ventas libres de impuestos representa un respiro fiscal principalmente para las industrias del alcohol y del tabaco. 
Si los ministros de Finanzas de los Estados miembros tienen algo de dinero para gastar, me permitiría recordarles que hay mejores maneras de emplear este dinero que permitiendo respiros fiscales para seguir beneficiando a las industrias del alcohol y del tabaco, aun si estos beneficios favorecen únicamente a los viajeros internacionales. 
Señor Presidente, puedo responder afirmativamente a esta pregunta. 
El Consejo sabe que en esta cuestión hay diversas interpretaciones en los Estados miembros y en el Parlamento. 
El Consejo es consciente del hecho de que la decisión adoptada en Viena prevé examinar la posibilidad y nada más por el momento. 
¿Comparte el Consejo la opinión de mi Primer Ministro, el Sr. Tony Blair, en el sentido de que la desaparición de las ventas libres de impuestos ocasionaría en toda la Unión Europea la pérdida de su puesto de trabajo a miles de ciudadanos normales y corrientes? 
¿Cree el Presidente en ejercicio que es útil, como un elemento más de este debate, que existan consultas con la industria, los sindicatos y las regiones a fin de garantizar que se atienden las preocupaciones de los ciudadanos? 
¿Estaría de acuerdo conmigo en que un límite de cinco o seis años podría ser un período adecuado de prórroga? 
Éstos son los plazos que manejaron los Sres. Blair y Schröder en la Cumbre de Viena. 
Lamentablemente, toda la intervención del Sr. Watts se ha desarrollado sin interpretación puesto que su micrófono estaba apagado. 
Sí hubo interpretación. 
Quizá usted no oyó, pero sí hubo interpretación. 
La Presidencia, y creo que también el Sr. Verheugen, hemos podido escuchar al Sr. Watts. 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Watts. 
Señor Presidente, he entendido la pregunta en los dos idiomas, señor diputado. 
Parto de la base de que la Comisión y el Consejo ECOFIN se basan en todas las fuentes relevantes para llevar a cabo la tarea que deben cumplir. 
A mi juicio, las fuentes que ha mencionado usted son relevantes y por consiguiente deben tenerse en cuenta en la recogida de datos y en las estimaciones que sí son importantes. 
Comprenderá que en la calidad en la que estoy aquí no puedo ni debo hacer comentarios sobre la opinión política del presidente de gobierno de un Estado miembro, pero por supuesto puedo decirle que las conclusiones de los informes solicitados se extraerán cuando se presenten los informes y que por el momento no se ha formulado ninguna conclusión, es decir, ni siquiera esa que ha mencionado usted. 
Pregunta nº 9 formulada por Anne Caroline B. McIntosh (H-1193/98) : Asunto: Inspecciones de higiene de las aves de corral procedentes de terceros países 
¿Qué medidas de inspección aplica la Presidencia en ejercicio con objeto de comprobar que las aves de corral importadas de terceros países cumplen las normas de higiene de la UE? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. McIntosh. 
Señor Presidente, respondo a la pregunta del modo siguiente: el 15 de octubre de 1990, el Consejo aprobó la Directiva 90/539 (CEE) sobre las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y huevos para incubar procedentes de países terceros. 
Esta directiva está en vigor desde el 1 de mayo de 1992 y en su capítulo 3, artículos 20 a 28, contiene disposiciones para las importaciones procedentes de terceros países. 
Como sabe usted, señora diputada, compete a la Comisión velar por que se respeten las disposiciones establecidas. 
Si a su juicio existen objeciones al respecto, la Presidencia agradecería que se le informase correspondientemente. 
Además, creo que sería mejor dirigir esta pregunta a la Comisión. 
Ya he formulado esta misma pregunta a la Comisión en varias ocasiones, ayer por última vez. 
¿Tienen verdaderamente el Consejo de Ministros y la Comisión la intención de sacar del negocio a nuestros productores del sector avícola en beneficio de las importaciones de terceros países? 
Mi pregunta está relacionada especialmente con la aplicación de la directiva sobre carne fresca, que se remonta a los años sesenta, en la que se establece que el control de las aves de corral sólo puede efectuarse con arreglo a unos criterios de producción, lo cual debería servir de ayuda a los productores. 
De hecho, estos controles han de efectuarse en inspecciones de una hora de duración. 
Se calcula que, sólo en el Reino Unido, el coste total de inspección por granja oscila entre cuarenta y cincuenta libras esterlinas. No puedo creer que ésta fuera la intención del Consejo de Ministros y de la Comisión. 
Existe además una directiva de 1972 relativa a la carne de aves que hace poco competitivos por igual a los productores de la UE y a los del Reino Unido. 
Desearía que el Consejo de Ministros me asegurara que no es su intención sacar del negocio a nuestros productores del sector avícola. 
Comprendo perfectamente la preocupación de la Sra. diputada y pienso que sería necesario que la Comisión elabore una propuesta de cómo puede solucionarse el problema que justificadamente plantea. 
Pregunta nº 10 formulada por David W. Martin (H-1195/98) : Asunto: Democracia y derechos humanos en Myanmar 
A la vista de los continuos informes sobre violaciones de los derechos humanos y la detención de diputados democráticamente elegidos en Myanmar, ¿podría el Consejo tratar con el Gobierno de Myanmar la cuestión de los 182 diputados elegidos y los 701 miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) que todavía siguen detenidos en Myanmar? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Martin. 
Señor Presidente, la respuesta es la siguiente: la posición del Consejo en este asunto es muy clara. 
El Consejo ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación inmediata de todos los presos políticos de Birmania/Myanmar. 
Y, precisamente, dado que el gobierno birmano ha desoído esta petición y el llamamiento de la Unión al SPDC para que fomente la democracia y la conciliación nacional, el 26 de diciembre de 1998, el Consejo formuló con mayor rigor y extensión su posición común sobre la situación en Birmania/Myanmar. 
Por otra parte, el Consejo ha intentado examinar estas cuestiones con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. 
Con ocasión de la asistencia de la troika ministerial a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1998, la Presidencia presentó una propuesta que fue rechazada por el ministro de Asuntos Exteriores birmano. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Tiene toda la razón cuando dice que el Consejo ha mostrado sistemáticamente su oposición al régimen de Myanmar. 
Me gustaría pedirle que abordara esta cuestión durante la Presidencia alemana, incluyéndolo bien en la reunión informal de los Ministros de Asuntos exteriores, bien en el orden del día de los Jefes de Estado, para poder emprender más medidas que nos permitan plantar cara a este régimen. 
Estoy de acuerdo en que se trata de un objetivo muy difícil. 
A pesar de que no estamos obteniendo ningún tipo de cooperación por parte del Consejo de restauración del orden y del Estado del Derecho de Myanmar, la Unión Europea ha de continuar ejerciendo presiones sobre este régimen y el Consejo ha de seguir controlando e ideando nuevos modos de aplicar dicha presión. 
Al plantear esta pregunta, el Sr. diputado ha acertado plenamente las intenciones de la Presidencia. 
La preocupación por las constantes violaciones de derechos humanos en Birmania es tan grande que puedo añadir que los ministros de Asuntos Exteriores volverán a debatir la situación. 
Habrá otras ocasiones en las que nuestra Presidencia abordará este tema, y también con los países de la zona. 
En el ámbito de las relaciones internacionales, un objetivo absolutamente prioritario de nuestra Presidencia es defender un actitud clara e inequívoca de la Unión Europea a favor de los derechos humanos y de todo lo relativo a los derechos humanos en el exterior y, siempre que se dé el caso, no sólo expresar nuestra preocupación en materia de derechos humanos, sino también procurar ayuda para que se respeten. 
Pregunta nº 11 formulada por Gerard Collins (H-1199/98) : Asunto: Ampliación de los programas de cuidados para niños con discapacidades en régimen de voluntariado a nivel de la Unión Europea 
Existe desde 1987 en la región medio-occidental de Irlanda un programa en régimen de voluntariado llamado» Have a Break» (tómese un descanso) , destinado a permitir que los niños con discapacidades se tomen unas vacaciones en casa de otras familias mientras sus propias familias disfrutan de un descanso de los cuidados permanentes que tienen que prestarles. 
¿Tiene intención la Presidencia en ejercicio del Consejo de considerar la posibilidad de que estos programas se extiendan a otros países de la Unión Europea y, en caso afirmativo, qué métodos piensa utilizar el Consejo para promover y desarrollar estos programas d nivel de la Unión? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Collins. 
Señor diputado, lamento tener que decirle que el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión sobre un programa en los que se incluyan niños con discapacidades y que puedan equipararse al programa que ha descrito usted. 
Por tanto, sólo puedo decir que las informaciones que desea, en todo caso, podrá obtenerlas de la Comisión. 
Una vez oída su respuesta, ¿se plantearía el Presidente en ejercicio solicitar una propuesta por parte de la Comisión sobre esta importante cuestión? 
Señor Diputado, considero que es una iniciativa muy interesante, pero ya sabe cómo son los procedimientos. 
En primer lugar tiene que debatirse en el Consejo y luego se podrá tomar la decisión correspondiente. 
Pregunta nº 13 formulada por Liam Hyland (H-1207/98) : Asunto: Inversión de la tendencia al éxodo rural 
¿No considera el Presidente en ejercicio del Consejo que la amplitud del fenómeno del éxodo rural es causa de grave preocupación en la Unión Europea y que una política global de salvaguardia de la Política Agrícola Común y el fomento de nuevas acciones de desarrollo rural se deberían considerar un medio esencial para invertir dicha tendencia? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hyland. 
Señor Presidente, la respuesta es la siguiente: el Consejo ha expresado siempre un interés especial por las cuestiones que afectan al mantenimiento de una estructura de población viable en el espacio rural. 
A este respecto quisiera señalar a los Sres. diputados que los problemas del empleo en las regiones rurales de la Unión Europea fueron objeto de un escrito que el Presidente del Consejo de Agricultura dirigió en noviembre de 1997 al Presidente del Consejo Europeo en el marco de la cumbre extraordinaria sobre el empleo. 
En dicho escrito, uno de los temas centrales planteados se refería a las posibilidades de mantener una estructura viable en el espacio rural de todo el territorio de la Unión Europea. 
Dentro de los trabajos actuales del Consejo con respecto a las propuestas de la Agenda 2000 se podría concebir un modelo agrícola europeo que debe desarrollarse en el futuro, a saber, un modelo de agricultura implantada en todo el territorio, multifuncional, viable a largo plazo, competitiva, y también en las regiones con problemas específicos. 
Un programa que debe ser capaz de aportar una contribución esencial a la viabilidad del espacio rural. 
Me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si considera que las explotaciones agrícolas de carácter familiar constituyen la columna vertebral de la economía rural. 
¿Está de acuerdo en que no siempre es posible evaluar la contribución a la sociedad de los agricultores en términos puramente económicos, y en que su papel como gestores del medio ambiente y garantes de la seguridad y la calidad de los alimentos les sitúa al margen de los criterios económicos de otras profesiones? 
Finalmente, ¿está de acuerdo el Sr. Presidente en ejercicio en que la política de desarrollo rural no podrá desplegar todo su potencial aislada de una política regional integrada? 
Está previsto obligar a los Gobiernos nacionales a aplicar una política regional de estas características, con objeto de crear empleo en las regiones- y apoyar así a las comunidades rurales -, y de ofrecer puestos de trabajo no relacionados con la agricultura a aquellos agricultores con explotaciones que no resulten viables y al resto de la población rural. 
Puedo decir al Sr. diputado que entiendo perfectamente su pregunta, porque yo mismo, como parlamentario que soy, procedo de una región similar y experimento esos problemas a diario. 
Por tanto, puedo decir en principio que el Consejo considera una tarea de máxima prioridad la conservación de un espacio rural viable. 
Así pues, debemos velar verdaderamente por que los habitantes del espacio rural tengan perspectivas de futuro. 
Estas oportunidades de futuro no tienen necesariamente qué ceñirse a las estructuras agrarias tradicionales. 
El cambio estructural, como saben muy bien, puede ayudar a crear también oportunidades de futuro. 
Estoy completamente convencido de que, fundamentalmente en el marco de las reformas que se emprenderán en la Agenda 2000, conseguiremos orientar de un modo más eficiente hacia ese objetivo los recursos de que dispone la Unión Europea en el sector de la política estructural y regional. 
Es un objetivo esencial de la política estructural y regional de la Unión, al menos así lo considera la Presidencia. 
No se trata de equiparar modos de vida, se trata de que los paisajes culturales europeos significativos que se encuentran en el ámbito rural ofrezcan a los ciudadanos en el futuro posibilidades de trabajo y de vida. 
Acojo con satisfacción tanto la pregunta del Sr. Hyland como la respuesta que ha ofrecido el Consejo acerca del éxodo rural. 
¿Acepta el Consejo que la política agrícola es solamente un método para prestar ayuda a las regiones rurales? 
En especial, y atendiendo a la reforma de los Fondos estructurales, ¿tomará el Consejo en consideración el hecho de que no debemos fijarnos únicamente en los ingresos per cápita o en el desempleo, sino también en los índices de población y en el éxodo rural que se registra en las regiones con derecho a beneficiarse del Objetivo 1? 
Me estoy refiriendo con esto, si me permiten barrer para casa, a las Tierras Altas y a las islas de mi propio país. 
De conformidad con sus ingresos per cápita, estas regiones no serían aptas para dicho objetivo, a pesar de lo cual, habida cuenta del resto de sus problemas- y en especial del éxodo rural que registran -, creo que deberían poder permanecer en la zona del objetivo 1. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. diputado. 
El problema que acabamos de plantear puede darse, desde luego, en todas las regiones de la Unión incluidas en los objetivos, con excepción, naturalmente, de las aglomeraciones urbanas. 
Puede suceder en las zonas del objetivo nº 1, en las zonas del objetivo nº 2, en las actuales regiones del objetivo nº 5b. Lo que necesitamos ahora es una política coherente que coordine todos nuestros recursos y los emplee de modo que se puedan contener los fenómenos que acabamos de mencionar. 
Estoy totalmente convencido de que, además, las propuestas de reforma que se debaten en el marco de la Agenda 2000 mejorarán sustancialmente las oportunidades de vida de los habitantes del espacio rural. 
Por esta razón, el Consejo concede máxima prioridad a la adopción de la Agenda 2000. 
En relación con el pacto europeo de empleo a que se aspira, importa no sólo tener presentes los ámbitos industriales clásicos o el desarrollo de la nuevas tecnologías, sino también los problemas específicos del espacio rural. 
Puedo añadir que la Presidencia alemana les prestará también gran atención. 
Tras haber escuchado las dos respuestas que el Presidente en ejercicio ha ofrecido a mis colegas Hyland y David Martin, me gustaría preguntarle si tiene alguna propuesta para lograr una mayor coordinación entre los fondos regionales y los fondos de desarrollo regional a fin de garantizar, mediante la creación de empleo en los sectores rurales no agrícolas, una remuneración adicional a la población de las regiones rurales que haya resultado afectada por la caída de sus ingresos. 
¿Podría la Presidencia corroborar si va a tener lugar una coordinación de estas características? ¿Sería posible que el Presidente en ejercicio regresara al Parlamento para presentar su propuesta de modelo para una integración de este tipo que garantice, al mismo tiempo, que no se menoscabará el compromiso en materia de desarrollo rural y que la totalidad de la financiación destinada a la creación de empleo- tan importante para todos los europeos- no se limitará exclusivamente a las áreas urbanas? 
Estoy de acuerdo, señor diputado, con que esa pregunta es muy importante, y puedo decirle que la Presidencia está convencida de que, sobre la base de la reforma de la política agrícola y gracias al nuevo impulso que se dará a la política de desarrollo del espacio rural, será posible desarrollar un segundo pilar de la Política Agrícola Común, y que este segundo pilar será el fundamento de una política global y coherente en beneficio de la población del espacio rural en la Unión Europea. 
Para alcanzar este objetivo, en la práctica será necesario fijar prioridades y conseguir una mayor coordinación de las diferentes políticas. 
No obstante, debo pedirles que entiendan que no podemos ser más precisos hasta que no se apruebe la Agenda 2000 y se empiecen a poner en práctica sus objetivos. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 14 decae. 
Pregunta nº 15 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-1211/98) : Asunto: Pesca 
¿Puede decir el Consejo, bajo Presidencia alemana, qué importancia presta al desarrollo del potencial pesquero de regiones menos favorecidas como por ejemplo Irlanda, que tienen que hacer frente no solamente a la competencia en el interior de la Unión Europea sino también a la de terceros países, y cómo piensa plantear las futuras negociaciones con los países candidatos a la adhesión en relación con la política de pesca? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Gallagher. 
Señor Presidente, esta es mi respuesta a la pregunta: en primer lugar, sobre la política estructural comunitaria, el Consejo querría recordar que todavía no ha concluido sus deliberaciones sobre las propuestas de la Comisión con respecto a la reforma de los Fondos estructurales, incluido el futuro de la política estructural en el sector de la pesca. 
Los diputados serán conscientes de que, en el contexto de estas deliberaciones, es decir, de la Agenda 2000, las decisiones sobre estas cuestiones se adoptarán sobre una base global. 
Estas decisiones abarcan el estatuto futuro de las regiones de la Comunidad desde el punto de vista de su clasificación por objetivos y las correspondientes ayudas financieras de la Comunidad en el ámbito de las medidas estructurales. 
Al mismo tiempo, el Consejo señala que Irlanda seguirá disfrutando de las actuales ayudas financieras comunitarias, independientemente de los resultados de las decisiones, hasta finales del siguiente periodo de programación, en el marco de un régimen transitorio. 
Con respecto a la ampliación futura, en lo que respecta a las negociaciones de adhesión en el sector pesquero, quisiera aludir a la posición general que mantuvo la Unión Europea en la apertura de la Conferencia de Adhesión del 31 de marzo de 1998. 
Según esta postura, no habrá ninguna excepción para los países candidatos en lo que respecta a la adopción y aplicación del acervo comunitario. 
En caso de que se acuerden normas transitorias, deben seguir siendo una excepción, deben tener un plazo limitado y un ámbito de aplicación limitado. 
Deben ir acompañadas de un plan en el que se establezcan con total claridad las diversas etapas de la aplicación del acervo comunitario. 
De este modo es evidente que en estas negociaciones de adhesión no se trata de negociar una serie de concesiones mutuas, sino más bien de garantizar que los países que desean la adhesión puedan asumir la totalidad del acervo comunitario y estén en condiciones de aplicarlo con eficacia. 
Para que los países candidatos a la adhesión tengan claras las obligaciones que entraña la pertenencia a la Unión, antes de comenzar las negociaciones se les somete a un examen analítico de la situación con respecto al acervo, que denominamos screening, de la que se encarga la Comisión. 
Los países candidatos plantean sus posiciones de negociación sobre la pesca. 
Está previsto que la Unión analice estas posiciones y presente su respuesta en el primer semestre de 1999. 
Como de costumbre, la Comisión presentará al Consejo una propuesta de posición común, y el Consejo establecerá la posición común de la Unión para las negociaciones. 
Por supuesto, todavía no se puede anticipar el contenido de esta posición común. 
En primer lugar, permítanme agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
En pocas palabras, supongo que es posible afirmar que, durante las negociaciones, todos los países candidatos deberán cumplir los criterios actuales y que cualquier acuerdo transitorio deberá ser de carácter limitado. 
Desgraciadamente, ésta es la situación pero, ¿puedo decirle esto a la Presidencia en ejercicio? Estoy seguro de que el Presidente en ejercicio comprenderá que en las regiones occidental y noroccidental de Irlanda que represento- y, de hecho, en toda la costa irlandesa- poseíamos en el pasado unos prolíficos bancos pesqueros hasta que fueron saqueados, no por pescadores irlandeses, sino por parte de nuestros socios europeos. 
Hemos aprendido una triste lección de todo esto, y no deseo que este hecho se repita en ninguno de los países que puedan incorporarse en el futuro a la Unión. 
En las regiones y costas de nuestro país, que ocupa una isla, no contamos con más alternativas para la creación de empleo. Hay que otorgar una prioridad a esta circunstancia en cualquier negociación futura. 
Abordaremos el caso irlandés a la hora de revisar la política pesquera común, pero los otros Estados pequeños deberían tomar nota de la grave situación que se vive en Irlanda por no haber concedido a la pesca la misma importancia que a la agricultura o, especialmente, a la industria. 
Aprendamos del pasado y dejemos que otros Estados pequeños puedan beneficiarse de nuestras tristes experiencias. 
Se ha hecho referencia a los Fondos estructurales, por lo que me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si cree que podrá incluirse a Irlanda en los acuerdos transitorios. 
Me permitirá el Sr. Verheugen, quien ya estará al corriente de que la costa occidental de Irlanda- en gran parte la región que represento- es candidata para el Objetivo 1, que le pida que exponga sus puntos de vista acerca del establecimiento de un objetivo 5 ó 6, o de un objetivo específico, para las regiones que registren una gran dependencia de la pesca, independientemente de que el país en cuestión recaiga dentro del ámbito del Objetivo 1. 
Señor diputado, le estoy muy agradecido por la información y por las observaciones, que por supuesto tendremos en cuenta en el transcurso de las negociaciones de adhesión. 
Por lo demás, su país, Irlanda, es miembro de la Conferencia de Adhesión y tiene todas las posibilidades de introducir en el proceso de negociación todos los puntos de vista nacionales o supranacionales que ha planteado. 
Asimismo, estoy totalmente convencido de que así sucederá. 
Hoy no estoy capacitado para informarle sobre la aplicación de la nueva clasificación de las regiones incluidas en los objetivos y sobre los criterios que se aplican a dichas regiones, dado que la decisión de principio aún no se ha adoptado. 
Por supuesto, cada Estado miembro mantiene su postura. 
No obstante, como sabe, no hay una posición común del Consejo con respecto a la Agenda 2000. 
Así pues, sólo puedo basarme en suposiciones, y las suposiciones en este contexto no sirven para nada, desgraciadamente. 
Así pues, tenemos que tener paciencia hasta que se apruebe la Agenda 2000. 
No obstante, quizá le parezca importante saber que, durante el proceso de decisión en curso, la Presidencia ha acordado con el Parlamento mantener una relación de información y cooperación intensiva, regular e integral. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Gallagher por su pregunta y al Presidente en ejercicio por la respuesta enormemente positiva que nos ha ofrecido. 
Al ser un hombre nuevo y recién llegado a este cargo, permítame recordarle que, por lo que respecta al tema de la conservación, en algún armario del Consejo o de la Comisión hay un informe científico muy importante acerca de las focas y los recursos vivos del mar del Norte. 
Le pido a usted, como Presidente en ejercicio, que durante los seis meses de su Presidencia rescate este informe, haga que se revise el documento y se apliquen sus conclusiones, y que, finalmente, entable un debate abierto y espontáneo acerca de un problema de la máxima gravedad como es éste. 
Es un dato fidedigno que las focas del mar del Norte están comiendo actualmente un volumen de pescado blanco que rebasa el total de las capturas permitidas por la Comunidad Europea. 
Se trata de un asunto muy grave. Es una cuestión que ha de ser abordada urgentemente y que precisa un debate abierto y franco antes de que las focas acaben con las existencias. 
Señor diputado, entiendo su pregunta como un intento de ayudar a la Presidencia a llevar a cabo su tarea. 
Se lo agradezco, y le puedo asegurar que las informaciones que me ha proporcionado y el problema de orden político a que ha hecho referencia se tendrán en cuenta en el proceso de negociación en curso. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 16 decae. 
Pregunta nº 17 formulada por Brian Crowley (H-1215/98) : Asunto: La lucha contra la delincuencia organizada 
¿Puede trazar la Presidencia en ejercicio del Consejo las líneas generales de los asuntos políticos a los que se propone atender en relación con la lucha contra la delincuencia organizada, dar a conocer su posición en cuanto al consumo de drogas y exponer el modo en que desearía que se desarrollara la función de Europol? 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder al Sr. Crowley. 
Señor Presidente, esta es mi respuesta: en lo que atañe a la delincuencia organizada, la Presidencia tiene la intención de impulsar activamente la ejecución del plan de acción aprobado por el Consejo Europeo en su reunión de junio en Amsterdam y comenzar a examinar las medidas reforzadas para la lucha contra la delincuencia organizada conforme a la petición del Consejo Europeo de Viena y al mismo tiempo garantizar la protección integral de los derechos de los ciudadanos. 
En este contexto, el Consejo examinará la posibilidad de adoptar medidas para reforzar la lucha contra el fraude y las falsificaciones. 
Ya se han iniciado los debates sobre un instrumento de derecho penal en la materia a partir de la Comunicación de la Comisión sobre un reglamento marco para la lucha contra el fraude y la falsificación en relación con los pagos no en metálico. 
Se proseguirán e intensificarán los trabajos iniciados bajo la Presidencia austríaca sobre la protección jurídica del euro. 
Aparte de esto, la Presidencia alemana adoptará una iniciativa penal contra las irregularidades y fraudes en la concesión de contratos en el mercado interior. 
Se prestará especial atención a la creación de un espacio jurídico europeo. Esto se corresponde con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. 
Este espacio jurídico europeo se dotará o deberá dotarse de los instrumentos que sean necesarios para una cooperación eficaz en materia judicial y policial. 
La Presidencia orientará las iniciativas en un sentido que permita al Consejo examinar con detenimiento en qué medida y en qué ámbitos prioritarios es posible contribuir a una posible aproximación o armonización de las disposiciones legales de los Estados miembros para la lucha contra la delincuencia organizada. 
Asimismo, la Presidencia continuará activamente los debates sobre el acuerdo de asistencia jurídica, que constituirá un importante instrumento para los empleados que se ocupan en la práctica de esta materia con vistas a la lucha contra la delincuencia organizada, así como el funcionamiento eficaz de la red judicial europea y del mecanismo introducido por el Consejo para la evaluación recíproca de las prioridades para la Presidencia. 
El inicio de las actividades de Europol es un propósito prioritario de la Presidencia alemana. 
Ya que el acuerdo entró en vigor el 1 de octubre de 1998, se harán todos los esfuerzos precisos para allanar los obstáculos jurídicos que aún quedan para que Europol pueda iniciar sus actividades. 
En este contexto adquiere primordial importancia la clarificación de las últimas cuestiones aún pendientes con respecto a la adopción de normas para el órgano común encargado del control de la protección de datos. 
Europol emprenderá sus actividades en virtud de un mandato que se ampliará en primer lugar al terrorismo, así como a determinados aspectos de la trata de seres humanos. 
La ampliación de sus funciones al ámbito delictivo de la falsificación de moneda y la falsificación de medios de pago se producirá en breve. 
Además de esto, la Presidencia alemana tiene la intención de iniciar el examen del desarrollo de Europol conforme a lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. 
A este respecto se examinará qué posición y qué funciones corresponden a los órganos de justicia en sus relaciones con Europol, en consonancia con la ampliación de las competencias de este organismo. 
En lo que respecta al problema de las drogas, la Presidencia alemana proseguirá activamente las iniciativas vigentes, en especial en lo relativo a América Latina y Asia Central. 
También adquiere gran importancia la continuación de la estrategia para el periodo posterior a 1999, en cuyo contexto desempeñarán un papel muy importante las medidas de reducción de la demanda. 
Ese papel quedó confirmado en la breve reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en la conferencia posterior celebrada en diciembre de 1998 en Viena. 
El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías es un protagonista importante de la lucha a favor de la reducción de la demanda. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
De hecho, estoy encantado de que considere que Europol desempeña un papel crucial en el desarrollo de la lucha contra la delincuencia organizada en toda Europa. 
Espero que la Presidencia pueda eliminar a un mejor ritmo las dificultades que aún persisten, recurriendo plenamente a la función de Europol y a las oportunidades que brinda la capacidad operativa de esta organización. 
Sin embargo, me ha decepcionado en cierta medida que no haya ofrecido una respuesta por lo que respecta al consumo de drogas. 
El creciente consumo de drogas es un motivo común de preocupación en toda Europa. 
No basta con insulsas declaraciones como «la reducción de la demanda constituye un importante aspecto». 
Lo que queremos escuchar del Presidente en ejercicio son medidas específicas para aplicar una estrategia europea común que libre a las generaciones futuras de morir como consecuencia del consumo de estupefacientes. 
Esta es una pregunta muy difícil. 
El Sr. diputado ya sabrá que para el segundo semestre de este año está previsto celebrar una cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el tema de la delincuencia organizada, bajo la Presidencia finlandesa, y que en el contexto de esta cumbre desempeñarán un papel central las cuestiones mencionadas por usted en relación con la lucha contra el consumo de drogas. 
De acuerdo con la Presidencia finlandesa, haremos todo lo que esté en nuestra mano para poner en marcha los preparativos y para que en la mencionada cumbre se tomen las decisiones que podamos adoptar actualmente. 
No obstante, quiero subrayar la limitación que tenemos, en el sentido de que actualmente sólo podemos adoptar decisiones orientadas a nuestras posibilidades, a nuestros medios, a nuestros instrumentos y a nuestras instituciones. 
La Presidencia comparte plenamente la valoración política que subyace a su pregunta. 
Consideramos que la lucha contra el consumo de drogas es una tarea verdaderamente esencial de la política interior de los países occidentales, de todos los países. 
Naturalmente, también es una tarea común que debemos afrontar- en la medida de lo posible- en el contexto de la Unión. 
Pregunta nº 18 formulada por María Izquierdo Rojo (H-1217/98) : Asunto: Contenidos para la próxima Cumbre Euromediterránea de Stuttgart 
¿Qué medidas o propuestas se preparan para dar contenido al «nuevo ímpetu» de la Asociación Euromediterránea, tal como se menciona en el punto 116 del Consejo Europeo de Viena? 
¿Qué novedades se prevén para la Tercera Conferencia Ministerial Euromediterránea que tendrá lugar en Stuttgart en abril de 1999? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Izquierdo. 
Señor Presidente, ruego me disculpen por esta respuesta, una vez más bastante larga, ya que la pregunta es muy compleja. 
Señora diputada, las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores que se celebran a intervalos regulares por lo general sirven para revisar la aplicación de la Declaración de Barcelona y para definir medidas que permitan realizar los objetivos de la cooperación, tal como está establecido en la propia Declaración de Barcelona. 
Los trabajos de la Conferencia de Stuttgart cubrirán, por tanto, los tres apartados de la cooperación. 
Al igual que en las anteriores reuniones de ministros euromediterráneos, los participantes deberán ratificar su compromiso sin reservas con la cooperación, que ya ha demostrado sus frutos y que adquirirá nuevo ímpetu con la adopción de nuevas directrices. 
Además, es preciso subrayar la importancia de un desarrollo equilibrado de la cooperación en todos los capítulos de la Declaración de Barcelona y de su programa de trabajo. 
Al igual que sucedió en la segunda reunión ministerial, el Consejo espera esta vez también una comunicación de la Comisión, que deberá presentarse a principios de marzo y que servirá como base para establecer la posición de la UE para la Conferencia de Stuttgart. 
Además será necesario mantener una estrecha cooperación con nuestros socios mediterráneos para garantizar un resultado con éxito de la conferencia. 
En el marco de la cooperación económica y financiera será necesario hacer especial hincapié en los trabajos de los expertos gubernamentales con respecto a la transición económica y la supervisión, en la que se incluyen las cuestiones del libre comercio y las repercusiones de la transición económica en la zona, conforme a las conclusiones de La Valetta. 
Estas servirán de base a las reflexiones sobre la estrategia futura. 
En este contexto, el Consejo espera que concluyan las negociaciones sobre un acuerdo de asociación con Egipto y con Líbano y que se produzcan avances considerables en la celebración de acuerdos con Argelia y Siria, con el objetivo de crear una zona de prosperidad compartida. 
Además, la Conferencia Euromediterránea sobre cooperación regional, que se celebrará los días 28 y 29 en Valencia, servirá de preparativo al encuentro ministerial de Stuttgart en el examen de diversos aspectos de la cooperación regional. 
El enfoque de la UE para estos debates se basa fundamentalmente en las conclusiones del Consejo sobre la comunicación de la Comisión relativa a la cooperación euromediterránea y el mercado interior. 
Asimismo, el Consejo aguarda las propuestas de renovación del Reglamento MEDA, que la Comisión en principio ha de presentar antes de la Conferencia de Stuttgart. El Consejo concede especial importancia al objetivo político de la creación de un espacio de paz y estabilidad euromediterráneo. 
En la reunión ministerial ad hoc celebrada los días 3 y 4 de junio de 1998 en Palermo se adoptó un enfoque integrado para la estabilidad regional y quedó bien claro que es necesario desarrollar una concepción común de los factores cuya consideración contribuye, según la comprensión general, al concepto actual de estabilidad regional. 
Estos factores incluyen, entre otros: terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de armas, entrada de inmigrantes ilegales, retos socioeconómicos, prejuicios, xenofobia y racismo. 
Además, los socios euromediterráneos concentrarán sus esfuerzos en la elaboración de una Carta que incluirá los aspectos antes citados y que contribuirá a la creación de un marco estable político e institucional para toda la región. 
La creación de una zona de bienestar mutuo compartido permitirá al Consejo, defender explícitamente valores comunes que deberían ser reconocidos y empleados por todos los socios mediterráneos. 
En este sentido, el Consejo hará todo lo posible para que los derechos humanos y las libertades fundamentales se tengan más en cuenta como factores decisivos de seguridad en la región. 
Sin un marco político no podrán sustentarse los avances en el ámbito económico, social y cultural de la región euromediterránea. 
El Consejo trabajará con ahínco en la adopción de la Carta antes mencionada. 
La Conferencia de Stuttgart podría dar un ímpetu permanente para que avancemos en la consecución de este objetivo. 
Parecía que el Presidente en ejercicio del Consejo hablaba y decía algo, pero no ha dicho absolutamente nada. 
Nada más que vacuas generalidades que ya sabíamos. 
Es realmente decepcionante, señor Presidente en ejercicio del Consejo, escuchar una respuesta parlamentaria en ese tono burocrático que no dice nada. 
Por favor, usted que en cuatro minutos y pico no ha dicho nada, concréteme ahora, a mí que sólo dispongo de un minuto para hacerle una pregunta, concréteme algo que sí es muy importante en el Mediterráneo. 
En relación con un país como Argelia, dígame qué va a hacer la Presidencia alemana para luchar contra el fraude, la corrupción, los abusos de poder y, sobre todo- una cuestión muy importante- cómo va a defender los derechos humanos de los argelinos. 
Cómo va a salvaguardar el derecho a la vida de la población rural en Argelia que se está muriendo- veinte hoy, veinte ayer, cuarenta anteayer- sin que el Consejo de la Unión Europea se dé por aludido ni siquiera para decir que va a hacer algo. 
Lamento que a la Sra. Diputada no le haya satisfecho mi respuesta. 
Creo que será usted tan consciente como yo de que es un problema de nuestra Unión que no tengamos una política de asuntos exteriores y seguridad común en sentido estricto. 
Las consecuencias de este estado de cosas son respuestas como la que acabo de dar. 
Una respuesta así no refleja la capacidad o la intención de la Presidencia, sino la situación de la Unión Europea en el terreno de la política exterior y de seguridad. 
Supongo que lo percibirá usted del mismo modo que yo. 
Por supuesto, la Presidencia no está en condiciones de modificar la situación interna en Argelia. 
Soló está en condiciones de influir a través del diálogo político intensivo ya iniciado con Argelia para mejorar la situación en favor de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y un desarrollo social equitativo. 
Puedo asegurarle que la Presidencia alemana dirigirá el diálogo en este sentido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hemos agotado e incluso hemos sobrepasado el tiempo dedicado a las preguntas al Consejo. 
Por lo tanto, después de agradecerle al Sr. Verheugen su presencia y su colaboración política y desearle lo mejor en el año que empezamos- y de una forma especial en el semestre que vamos a compartir -, doy por cerrado el turno de preguntas. 
Las preguntas 12 y 19 a 29 se contestarán por escrito. 
La sesión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Aplicación del artículo 93 del Tratado CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0418/98) del Sr. Areitio Toledo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (COM (98) 0073- C4-0160/98-98/0060 (CNS) ). 
Señor Presidente, esta noche, en la intimidad de este hemiciclo con el Sr. Comisario, vamos a debatir de un asunto que, a pesar de la poca presencia, es muy importante. 
El tema de las ayudas públicas y de la necesidad de controlar las ayudas públicas es un objetivo permanente de la Comisión y del conjunto de la Unión Europea. 
Estas ayudas distorsionan la competencia y el libre comercio, retrasan la reestructuración industrial y dificultan los logros del pacto de estabilidad. 
El volumen total de las ayudas que conceden los Estados no es pequeño, y conviene recordarlo aquí. 
Estamos hablando de cifras próximas al 1, 5 % del PIB comunitario. 
Estamos hablando de cifras del 2, 6 % del gasto público en los presupuestos nacionales que, comparadas con el propio presupuesto comunitario, son superiores. 
Y creo que esto es intolerable en el marco de una Unión monetaria. 
La Comisión, desgraciadamente, sólo dispone, en virtud del Tratado, de la necesaria autoridad para controlar dichas ayudas con carácter individual, analizando caso por caso su compatibilidad con el Tratado. 
Es evidente que los recursos de que dispone la Comisión, para realizar este control sobre cada una de las ayudas o regímenes de ayudas, son claramente insuficientes. 
Como ya he tenido ocasión de advertir en otras ocasiones, y como ha aprobado este Parlamento en varias resoluciones, creo que a la larga será necesario establecer un límite de carácter global al volumen total de ayudas que concede cada Estado miembro. 
De lo contrario, se producirán tensiones en el seno de la Unión monetaria. 
Es verdad que si en un jardín salen malas hierbas se pueden arrancar una a una, pero si hay demasiadas hierbas conviene emplear el herbicida. 
En cualquier caso, la Comisión, consciente del problema, lanzó a finales del año 1996 una reorientación del sistema de control de las ayudas estatales, cuyo objetivo es reducir el número de casos a controlar y mejorar la eficacia, transparencia y coherencia del sistema de control. 
Con este fin, en noviembre de 1997, el Consejo adoptó un reglamento de habilitación que permitirá a la Comisión exonerar a los Estados miembros de la notificación de ciertas categorías de ayudas para pequeñas y medianas empresas, para investigación y desarrollo, de carácter regional, empleo, formación, etc. 
El reglamento que hoy examinamos- a propuesta de la Comisión- constituye la segunda pata de esta nueva orientación sobre la que se apoya la nueva orientación de la Comisión. 
El objetivo de este reglamento es establecer un procedimiento claro, inexistente hasta la fecha, aplicable a los procesos de control de ayudas estatales por parte de la Comisión. 
En definitiva, se trata de incrementar la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de quienes intervienen en el mismo. 
Debo decir que hay que felicitar a la Comisión por esta iniciativa, que, sin duda, va a facilitar el mecanismo de control tanto a quien lo ejerce como a quien lo padece. 
Con este mismo objetivo, el ponente ha propuesto trece enmiendas al texto que ha hecho suyas la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, y que sólo pretenden reforzar las garantías de transparencia y de seguridad jurídica, eliminando algunos aspectos, a nuestro juicio, de discrecionalidad que contenía la propuesta. 
En cualquier caso, la obligación de notificación previa y el principio de efecto suspensivo, consagrado en el apartado 3 del artículo 93, siguen constituyendo el eje del sistema de control. 
No voy a entrar en detalle en las enmiendas. 
Yo creo que son conocidas por la Comisión y, además, debatidas también en el Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, confío en que la aportación que hemos hecho con este informe ayude al objetivo de mejorar el sistema de control de las ayudas estatales y de someterlas a un mayor rigor. 
Pero no puedo dejar de señalar, como he dicho antes, que, cuando las malas hierbas proliferan en exceso en un jardín, no es eficaz arrancarlas de una en una y que, antes o después, habrá que tratar del tema de las ayudas también desde un marco macroeconómico en el seno del pacto de estabilidad. 
Muchas gracias por habernos dado tan buen ejemplo. 
A lo mejor no sobrepasamos la medianoche. 
Señor Presidente, estimados colegas, es un hecho que también podría saludarles a todos individualmente y de así hacerlo sólo emplearía una pequeña fracción de mi cómoda intervención de tres minutos. 
También quiero prometerles que no voy a emplear mucho de este tiempo exclusivo, estos tres minutos, a cuestiones de contenido. 
Quisiera aclarar en dos puntos por qué. 
En primer lugar: respecto de la cuestión de la política de competencia, no hay profundas diferencias de contenido entre los grandes Grupos de esta Asamblea. 
Esto ya lo hemos constatado en otros debates: impera la unanimidad, el común acuerdo. 
Prácticamente se puede decir lo mismo de una cuestión concreta sobre la que, exceptuando un par de detalles, tampoco ha habido grandes diferencias en el seno de la comisión por lo que consecuentemente hemos alcanzado un voto unánime. 
Nuestra preocupación común es, por ejemplo, la definición de los procedimientos, la transparencia de los procesos de decisión o el fortalecimiento de la Comisión en tanto autoridad de la competencia y de la supervisión de las ayudas. Todas estas son cuestiones en las que coincido con el ponente. 
Pero tengo alguna duda más. 
No veo a nadie del Consejo, cosa que, dada la hora que es, tampoco es ninguna sorpresa. 
Sin embargo, el Comisario responsable de la competencia, al que le tengo en gran consideración, sí está presente y quizá él pueda ayudarme. 
Me pregunto qué es lo realmente estamos debatiendo hoy. 
Y me refiero más bien al texto y no a lo que atañe al contenido. 
Porque hoy debatimos un texto y mañana votaremos las enmiendas a este texto el cual, en ni opinión, hace tiempo que está superado, puesto que el Consejo competente ya tomó su decisión hace dos meses. 
Entonces me pregunto la manera en que nuestras posiciones, que expresamos en tanto Parlamento Europeo, están presentes en la decisión del Consejo. 
Esto tampoco es ninguna incógnita. 
Podríamos decir que el Consejo ya había anticipado todo esto. 
Pero resulta que uno u otro punto no aparecen de forma explícita. 
En el articulo 14, y precisamente en la versión del Consejo, hay una cuestión que tiene algo que ver con la presentación de reclamaciones. 
Ésta fue claramente rechazada en la comisión. 
Tengo un conocimiento preciso de esto porque esta era una de mis enmiendas y en la comisión he revisado todos los puntos, los cuales he presentado a mi Grupo, en mi calidad de ponente en la sombra. 
Este es el único punto que la comisión ha votado explícitamente en contra. 
Sin embargo, está ahora presente en la decisión del Consejo. 
Entonces, señor Comisario, la pregunta sería ¿cómo podemos evitar esto? 
¿Lo que verdaderamente hacemos aquí es sólo un mero ejercicio de razonamiento teórico? 
Este es mi gran problema. 
Esto debería conducir a que reflexionáramos un poco sobre nuestros propios procedimientos puesto que ¿cuál es el sentido de seguir discutiendo en esta exclusiva tertulia si hace ya tiempo que el tren ha partido? 
Señor Presidente, el tiempo en que las ayudas estatales eran sagradas para mi grupo parlamentario, hace mucho que pertenece al pasado. 
Apoyamos la idea actual de la Comisión de que la ayuda estatal está permitida exclusivamente en casos especiales, como las ayudas regionales o las ayudas para la investigación. 
E incluso ahí hemos de ser cautelosos. Porque las ayudas regionales no deben llevar a que, por ejemplo, se trasladen empleos a una parte de la Unión, eliminándolos de otra. 
Por otro lado, el apoyo a la investigación no debe convertirse en una ayuda estatal para empresas disfrazadas. 
Sin embargo, no podemos por menos que constatar que las ayudas estatales son concedidas a gran escala, también a empresas que no representan ningún interés público. 
En parte se trata de subvenciones tradicionales que hasta ahora han sido toleradas o incluso aprobadas por la Comisión, y en parte se trata de subvenciones concedidas ilegalmente. 
He tenido que constatar que existe cierta hipocresía entre los Estados miembros, que si bien apoyan una política general restrictiva para las ayudas estatales, ponen grandes trabas a la hora de reclamar la devolución de las subvenciones concedidas ilegalmente. 
A mí me parece un asunto de credibilidad y de efectividad el que se castiguen los abusos. 
Y por mí podría decirse lo mismo sobre las ayudas estatales en forma de concesiones fiscales. 
En este sentido la reclamación significa que el Estado recupere el dinero de las empresas individuales. 
No está del todo exento de ironía el que a los gobiernos esto les preocupe. 
En cuanto a las ayudas fiscales toleradas hasta la fecha por la Comisión, quiero expresar mi seria desaprobación con la decisión de la Comisión que aparece en el Diario Oficial del 18 de diciembre del año pasado, en la que el impuesto de sociedades extremadamente bajo que se aplica en Irlanda de manera exclusiva a las empresas extranjeras, por un lado sí es tachado de ser una subvención a la explotación y competencia desleal, pero por otro lado se permite que sea prolongado hasta el año 2003 e incluso hasta el 2010. 
En este caso la Comisión de forma clara ha sido excesivamente complaciente e inconsistente. 
Por lo que a mí respecta, este asunto traerá cola. 
Tal y como se dijo anteriormente, este asunto ha sido ya debatido en el Consejo. 
Sin embargo, me gustaría hacer mención- tal y como ha hecho mi compañero, el Sr. Metten- de las circunstancias atenuantes que pueden rodear las ayudas estatales, me refiero al empleo. 
Me gustaría subrayar la obligación de dar la ayuda en períodos de reconversión y de que ésta sea siempre transitoria. 
También querría subrayar que cuando se opta por eliminar las ayudas y en su lugar, desarrollar empresas, se crea empleo. 
Algo del dinero que destinamos a competitividad podría emplearse en desarrollo antes que en ayudas. 
Espero que la Comisión no pase por alto este problema en la simplificación de la administración del artículo 93 que está efectuando. 
Soy consciente de que el Sr. Van Miert no dispone de tanto personal. 
Sin embargo, espero que la simplificación sea positiva y efectiva. 
Especialmente me alegra la propuesta que introduce un control en el lugar. 
Me parece algo positivo que puede hacer éste más efectivo y transparente mejorando la seguridad jurídica. También me parece positivo de cara a luchar contra las burocracias nacionales y las malas conciencias. 
Resulta muy difícil para un país reconocer que ha cometido fallos. 
Lo sé por Dinamarca y Alemania. 
Nos hemos enfrentado a numerosos casos en materia de astilleros, sin embargo, todos estamos obligados a mirar juntos hacia delante. 
Creo que la propuesta que hay ahora encima de la mesa, aunque haya sido tramitada en el Consejo, es una buena forma de seguir adelante. 
Sin embargo, también creo que debemos examinar año tras año cómo mejorarla. 
El resultado al que ha llegado el Consejo quizá pueda ser mejorado ya el próximo año, pues siempre seremos mejores o más hábiles a la hora de administrar estas normas. 
Quiero desearles al señor Comisario y a la Comisión mucha suerte en el futuro y recordarles el apoyo del Parlamento a la Comisión en este terreno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Régimen del derecho a deducción del IVA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0490/98) del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre 
I. la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere al régimen del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (COM (98) 0377- C4-0474/98-98/0209 (CNS) II. la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre las medidas de control, las medidas relativas al sistema de restitución y las medidas de cooperación administrativa necesarias para la aplicación de la Directiva 98/xxx/CE (COM (98) 0377- C4-0475/98-98/0210 (CNS) ). 
Señor Presidente, me complace que el Sr. Comisario Van Miert haya pedido una interpretación humana y social de las cuestiones fiscales y económicas. 
Esa ayuda que nos solicita no va a faltar por parte de esta Institución. 
Además de esto, el asunto que nos ocupa esta tarde que gira en torno al Impuesto sobre el Valor Añadido no es menos importante para la armonización que nos proponemos en este momento tan especial de la implantación de la moneda única. 
El texto de la Comisión, en efecto, se refiere a dos propuestas estrechamente relacionadas entre sí, cuyo objetivo es mejorar el sistema común del IVA. 
La actual falta de uniformidad de dicho sistema ha generado una efectiva segmentación de lo que debería ser el mercado único, mejor dicho, el mercado interior, como preferimos llamarlo. 
La imposibilidad de conocer todas las disposiciones en materia de IVA vigentes en cada uno de los Estados, provoca que, con frecuencia, los operadores tengan que actuar en una situación de inseguridad jurídica, con la posibilidad de que se cree una ventaja en términos de competencia en favor de aquellos que sepan aprovecharla, lo que en definitiva provoca una distorsión de la competencia. 
Es importante señalar que estas propuestas tienen un carácter transitorio, a la espera de la entrada en vigor del Reglamento definitivo del sistema común del IVA, basado- como sabemos perfectamente- en el principio del lugar único de imposición y deducción. 
La Comisión opina que, hoy por hoy, la mejor manera de simplificar el sistema común del IVA consiste en autorizar al sujeto pasivo a deducir el IVA soportado en un Estado miembro, en su declaración periódica del IVA presentada en el Estado de residencia. 
Esta propuesta exige una modificación del artículo 17 de la Sexta Directiva IVA, en la que se debería introducir un reglamento que organice las relaciones entre los Estados miembros por lo que se refiere a la compensación y la devolución del IVA, revocando al mismo tiempo el procedimiento de devolución especial del IVA contemplado en la Octava Directiva IVA. 
En este caso, los efectos de la propuesta para los sujetos pasivos establecidos en la Comunidad Europea implican que el IVA, si el sujeto pasivo se identifica a efectos del IVA en un único Estado miembro, se deduce en dicho Estado, independientemente del Estado miembro donde se hayan realizado los gastos gravados con el IVA. 
Si el sujeto se identifica a efectos del IVA en varios Estados miembros, si el sujeto pasivo se identifica en el Estado miembro donde ha realizado los gastos gravados con el IVA, el IVA se deduce en dicho Estado miembro. 
Si el sujeto pasivo no se identifica en el Estado miembro en que ha realizado los gastos gravados con el IVA, el IVA se deduce en el Estado miembro en que dicho sujeto haya efectuado las entregas de bienes o las prestaciones de servicios correspondientes a los gastos. 
Por tanto, el importe del IVA deducible se calculará según las normas del Estado miembro de residencia y no según las normas del Estado miembro que haya recaudado el impuesto. 
La presente propuesta introduce una excepción a la Octava Directiva IVA y establece que el Estado miembro en el que se realizan las adquisiciones será responsable del control del pago efectivo del IVA, mientras que el Estado miembro de deducción será el responsable del control de la deducción efectiva del IVA. 
La segunda parte de la propuesta de la Comisión se refiere a los gastos que no dan derecho a una deducción completa del IVA. 
Se trata de gastos que, incluso cuando se realizan en el marco del funcionamiento normal de una empresa o de una actividad se destinan a cubrir también necesidades privadas, ya que revisten el carácter de un consumo final. 
Actualmente, la mayor parte de los Estados miembros excluye o limita el derecho de deducción, simplificando los trámites administrativos y, por ende, limitando las posibilidades de fraude fiscal. 
Sólo tres Estados miembros- Alemania, Luxemburgo y Holanda- conceden el derecho a la deducción íntegra, quedando tan solo excluidos los gastos que no revisten un carácter profesional. 
La Comisión propone llevar a cabo una armonización de las diferentes normativas nacionales, pero dejando a cada uno de los Estados miembros un cierto margen discrecional. 
En lo que respecta, por ejemplo, a los gastos relativos a los automóviles de turismo, por lo general, se aplican las normas habituales, con la única excepción en caso de que resultara difícil controlar la utilización no profesional del vehículo. 
En este caso, se permite al Estado miembro fijar un porcentaje máximo de deducción que no podrá ser inferior al 50 % del impuesto soportado controlando la utilización profesional real. 
En el caso de que el porcentaje de utilización profesional no alcance el límite máximo deducible de IVA, la deducción se efectúa conforme a las normas habituales. 
Por último, está el capítulo relativo a los gastos del llamado turismo de negocios- congresos, convenciones, viajes de negocios, etcétera- que, en el ámbito de todo el turismo comunitario, supera el 20 % y, por tanto, reviste un papel cada vez más considerable en el ámbito global. 
La importancia del sector de los negocios es económica y a la par social y permite, por ejemplo, la desestacionalización de actividades y sedes turísticas, por ejemplo, marítimas, de montaña, etcétera. 
En otras palabras, la elección para un congreso de una de estas localidades fuera de temporada permite la revitalización de ese lugar incluso en los períodos de fuera de temporada o de temporada baja. 
Las legislaciones nacionales de 8 de los 15 Estados miembros permiten utilizar la opción incluida en la Sexta Directiva 388 de 1997. 
En consecuencia, la lógica sugiere que se armonicen en todos los Estados miembros las deducciones del IVA relativas a gastos de alojamiento, alimentos y bebidas. 
Por último, en cuanto a los gastos de lujo, recreo o representación la Comisión considera oportuno excluirlos totalmente del derecho a deducción. 
Creo que ésta es la lógica que nos debe guiar en nuestras decisiones, incluidas las de la Comisión, en el momento en que una moneda única debe coexistir con un único sistema fiscal, tributario o bancario. 
Ésta el la verdadera armonización. 
Señor Presidente, antes que nada deseo expresar mi apoyo a la propuesta que nos ocupa y felicitarme con el Sr. ponente, cuyas argumentaciones comparto plenamente. 
En primer lugar, creo que la presente propuesta tiene el gran mérito- y esto ya se ha dicho- de ir encaminada hacia la simplificación del sistema del IVA a través de un mecanismo que permita la deducción en el Estado de residencia en los casos previstos y, por tanto, en cierto sentido, además de las ventajas que ya se han señalado, es una especie de puente hacia el sistema definitivo. 
En segundo lugar, quiero retomar las argumentaciones del Sr. ponente respecto a la deducción y a la necesidad de armonizar, especialmente en algunos ámbitos, los diferentes sistemas vigentes en los distintos Estados miembros. 
También quiero hacer hincapié en el turismo de negocios que, desde este punto de vista, resulta perjudicado en Italia y no tan solo en Italia. 
Al salir perjudicado, es obvio que sufre una situación caracterizada por el hecho de que la normativa en vigor, además de no ser coherente con la puesta en marcha de un sistema definitivo del IVA europeo ampliamente armonizado, ni siquiera es capaz de corregir las graves distorsiones que, hoy por hoy, afectan a un sector que puede ofrecer una valiosa contribución en materia laboral a las economías locales perjudicadas por factores de carácter estacional. 
El tercer punto guarda relación con lo que acabo de decir, o sea, con la necesidad de no cejar en el empeño de convertir el sistema del IVA en más coherente con los objetivos de creación de empleo y de desarrollo. 
Por falta de tiempo, me limito a llamar su atención sobre el hecho de que está perdiendo fuerza la propuesta de ensayar un sistema reducido del IVA para las actividades que carecen de relevancia comercial y que, en consecuencia, no son potencialmente distorsionadoras y sí creadoras de empleo. Asimismo he de decir con franqueza que es cada vez más difícil comprender la razón de la inacción en este campo. 
Señor Presidente, desearía ya de entrada felicitar al Sr. Garosci por la preparación y, sobre todo, por la presentación de este informe. 
Vivimos en un mercado interior que opera en toda la Unión, con una libre circulación de mercancías, servicios y capitales a través de los territorios de los quince Estados miembros, que abarca a casi 250 millones de personas. 
En estos momentos no existe un régimen común de IVA dentro de la Unión, y esta falta de uniformidad ha dado lugar a una fragmentación en el funcionamiento del mercado único de los quince territorios fiscales. 
El hecho de que resulta imposible saberlo todo acerca de las disposiciones sobre el IVA vigentes en otros Estados miembros de la Unión implica que los contribuyentes han de actuar en una situación de incertidumbre jurídica y enfrentarse con distintas estructuras burocráticas. 
El IVA es uno de los ámbitos que abarca la segunda fase de la iniciativa SLIM, por la que la Comisión ha mostrado un considerable interés. 
En especial, SLIM ha demostrado la necesidad de simplificar los procedimientos de reembolso del IVA, lo cual ayudaría a las empresas de toda la Unión a la hora de abonar el reembolso en concepto de venta de bienes o prestación de servicios. 
Como parte de los trabajos actualmente en marcha para mejorar el régimen común de IVA, la Comisión Europea ha presentado propuestas relacionadas con los tipos de deducción de los costes en que se hayan incurrido en concepto de IVA, con la intención de modificar el sistema actual que obliga a las empresas a someterse a procedimientos excesivamente complejos y costosos a fin de solicitar el reembolso por parte de las autoridades fiscales de los Estados miembros donde se pagó el IVA. 
Este sistema será sustituido por otro más sencillo en el que las empresas podrán hacer uso de sus devoluciones regulares de IVA para deducir el IVA pagado en otro Estado miembro. 
Respaldo las medidas que contribuyan a la prosperidad y al mejor funcionamiento de las empresas en el territorio de la Unión. 
La Unión Europea ha de establecer normas justas y definitivas para un régimen común de IVA basado en el principio de un lugar único para la imposición fiscal y para la deducción. 
No todas las propuestas de simplificación de los procedimientos fiscales implican necesariamente una armonización de los impuestos. 
Pero la simplificación de los procedimientos fiscales es un aspecto positivo. 
Señor Presidente, también mi grupo respalda las propuestas de la Comisión encaminadas a simplificar los procedimientos de IVA entre los quince Estados miembros. 
Sin embargo, por lo que respecta a la posibilidad de deducción de este impuesto, creemos que, en la práctica, la propuesta de la Comisión es más razonable que la que ha presentado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
En nuestra opinión, hay que hacer una distinción entre los viajes de empresa y los viajes privados, y se debe reconocer que los viajes entrañan muy a menudo un carácter dual. 
Así pues, apoyamos la propuesta de la Comisión en el sentido de que ha de establecerse un límite a las deducciones, por ejemplo del cincuenta por ciento. 
Con toda seguridad, el sector hostelero se habrá puesto de parte de los grupos parlamentarios, haciendo hincapié en que los gastos de los hoteles y los restaurantes relacionados con viajes de empresas deberían poderse deducir en su totalidad, aunque a nosotros no nos parece una medida razonable debido, precisamente, a este carácter dual. 
En cambio, el sector hostelero reviste de por sí una gran importancia para la situación del empleo, por lo que los Estados miembros tendrían ahora la oportunidad de experimentar si es posible incentivar la capacidad creadora de empleo de estos sectores mediante la reducción de las bases impositivas del IVA. 
Creemos que los Estados miembros deberían aprovechar indudablemente esta oportunidad. 
Está claro que la creación de puestos de trabajo en el futuro se centrará en gran medida en el sector de servicios- y el campo hostelero constituye precisamente un importante modelo de este sector -, pero sería un error que se pudieran eximir completamente del pago del IVA los gastos derivados de los viajes de trabajo. 
Señor Presidente, en este expediente mi Grupo apoya a la Comisión Europea y no a las enmiendas del ponente. 
Reconocemos la importancia de la recaudación del IVA como una posible herramienta de fomento del empleo. 
Sin embargo, no estamos a favor de una política donde ad hoc y de forma arbitraria se favorezcan determinados sectores. 
Sí estamos a favor de unos experimentos objetivos y transparentes que utilicen el instrumento del IVA para la creación de empleo. 
La Comisión ya sabrá adonde voy. 
Después de que nosotros, como Parlamento, lo hiciéramos numerosas veces, finalmente el Consejo Europeo de Viena ha pedido a la Comisión que formule una propuesta para llevar a cabo un experimento con un IVA reducido sobre la prestación de los servicios con mano de obra intensiva. 
Pregunto a la Comisión cuándo puede esperar este Parlamento recibir esa propuesta de la Comisión. 
Saben que para el Parlamento este asunto es de gran interés y le ruego que posibilite que este Parlamento, aún antes de su disolución, pueda adoptar una propuesta de la Comisión sobre un experimento con la reducción del IVA para los servicios con mano de obra intensiva. 
Esto quiere decir que deberá formular una propuesta concreta aún en este mes o en el siguiente, cosa que es fácil porque ya hemos tenido largas negociaciones al respecto y creo que a grandes rasgos estamos de acuerdo en que ha de limitarse a un experimento destinado exclusivamente a unos sectores determinados con gran intensidad de mano de obra. 
En el fondo ya estamos de acuerdo sobre su planteamiento. 
De hecho creo que la propuesta ya está ahí. 
Así que le ruego muy encarecidamente que procure que esa propuesta nos llegue en las próximas semanas. 
Señor Presidente, en un mercado interior donde desaparecen las fronteras y donde llevamos ya trece días pudiendo pagar todos con la misma moneda, no es lógico que para la devolución del IVA los comerciantes hayan de dirigirse a los Estados miembros donde hayan efectuado sus gastos. 
El resultado, además, y lo sabemos todos, es que muchos empresarios con tal de ahorrarse el follón administrativo que conlleva, al final desisten de sus derechos a deducción del IVA, cosa que no habrá sido la intención de nadie. 
La armonización de las normas sobre la deducción en otro Estado miembro es un asunto que los empresarios llevan mucho tiempo esperando y es un buen asunto. 
En este sentido, por lo tanto, podemos aprobar las propuestas de la Comisión. 
En efecto, será un paso adelante. 
También el principio de la armonización de las normas sobre los gastos que no están sujetos a una deducción total representa un paso en la buena dirección, pero en este caso apoyamos la enmienda presentada por el ponente, el colega Carosci. 
La propuesta de hacer deducible íntegramente el IVA sobre los gastos de hoteles y restaurantes no sólo responde a una demanda desde el mundo empresarial, sino también a unos principios fiscales lógicos. 
Especialmente para las pequeñas empresas, la recepción de las relaciones comerciales suele ser la única forma de promocionar los productos o servicios. 
Por tanto, es lógico que los gastos reales que efectúen para ello, aunque sea en hoteles o restaurantes, sean considerados como gastos profesionales cuyo IVA sea completamente deducible. 
Por mí la Comisión podría presentar más de este tipo de propuestas concretas, porque así demostraríamos ante el empresariado que las instituciones europeas no sólo se ocupan de los problemas de las multinacionales, sino también de los problemas de las empresas pequeñas, además de otros temas. 
Por lo tanto hago mía también la pregunta del colega Metten: ¿Qué pasa con la posibilidad de realizar experimentos con una tarifa reducida para los servicios con más intensidad de trabajo? 
Es una vieja pregunta que sigue sin resolverse, señor Comisario. 
Señor Presidente, apoyo completamente el informe del Sr. Garosci. 
La diferencia de trato que se dispensa a las agencias de viajes en los diferentes Estados miembros respecto del derecho de deducción, conduce a graves distorsiones de la competencia. El turismo de congresos y conferencias, aunque también el sector de los viajes de negocios individuales, se ve gravemente afectado por ello. 
En este sector que, tal y como ha dicho el Sr. Garosci, produce aproximadamente el 20 % del total de los beneficios turísticos, los gastos per cápita de los participantes son los que atraen, con diferencia, a muchos participantes de ultramar a los congresos que se celebran en Europa, en especial a los que vienen de los Estados Unidos y de Japón. 
Consecuentemente la competencia entre los destinos para celebrar congresos y conferencias es también muy intensa. 
En la perspectiva del estímulo del turismo de negocios, que tiene un alto valor como empleador, considero, por tanto, que la enmienda 7, en la que se solicita la deducción de los servicios de alojamiento y manutención y de los gastos de representación, es especialmente importante. 
Señor Presidente, el objetivo esencial de estas dos iniciativas que estamos examinando es el de simplificar el complejo y extraordinariamente diversificado proceso que existe en Europa en relación con el reembolso del IVA establecido en la 8ª Directiva. 
Dada la escasez de tiempo de que dispongo, voy a centrarme en las propuestas de enmienda que tienen reflejos en la actividad turística y que merecen mi total conformidad. 
Versan dichas enmiendas sobre el llamado «turismo de negocios, reuniones, congresos, viajes de trabajo» , que ya alcanza casi el 20 % del turismo europeo y que tiene una gran probabilidad no sólo de aumentar en gran medida a medio plazo, sino también de compensar uno de los fenómenos más complicados que afronta la actividad turística, es decir, la estacionalidad. 
Es también una forma de contribuir a que el empleo en el sector del turismo se mantenga más estable a lo largo de todo el año. 
En efecto, el «turismo de negocios» se hace sobre todo fuera de la temporada alta, con lo que contribuye a una explotación más equilibrada y rentable de las empresas turísticas a lo largo del año. 
Ocho países de la Unión Europea han tenido plena conciencia de ello: Bélgica, Alemania, España, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Gran Bretaña ya permiten la deducción del IVA relativo a los gastos de alojamiento y restauración en el caso de los viajes de negocios. 
Ése es un incentivo real que las administraciones de esos países dan al desarrollo del «turismo de negocios» tanto a favor de los nacionales de esos países como para atraer congresos a sus mercados. 
Hay que tener en cuenta que, a pesar de que Europa dispone de condiciones excepcionales desde el punto de vista de la oferta en este sector, la competencia en él es bastante intensa. 
Los siete países que no han adoptado ese principio- Austria, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Irlanda y Dinamarca- resultan perjudicados por la competencia que les hacen los otros ocho países de la Unión Europea ya citados o por los destinos no europeos cada vez más abundantes en el sector del turismo en los que el IVA ni siquiera existe. 
Por eso, estoy personalmente a favor de las propuestas incluidas en las enmiendas presentadas por el Sr. Garosci, al que felicito, porque me parecen una contribución muy importante al futuro de la actividad turística europea. 
Y es que la propuesta se formuló bajo el signo de la confianza, la confianza entre los países y entre las instituciones. 
Las Administraciones de Hacienda de los Estados miembros deberán trabajar juntas para que esta propuesta sea un éxito. 
Tendrá que ser un éxito, porque la forma de hacer las cosas en la actualidad es una causa de irritación diaria para los empresarios. 
La legislación sobre la que hoy nos pronunciamos tiene un gran potencial. 
El empresariado europeo sufre mucho los procedimientos administrativos que han de seguir para recuperar el IVA pagado en el extranjero. 
Y si se devuelve alguna vez, es fácil que pasen años antes de que el IVA sea transferido a la cuenta bancaria de la empresa interesada. 
Creo que es una suerte que tengamos a un Comisario italiano y a un ponente italiano también, porque el plazo más largo que he conocido, señor Comisario, fueron doce años para que un importe de IVA pagado en Italia fuera devuelto a la empresa que tenía derecho a su devolución. 
Por un lado, la propuesta resuelve algunos de los problemas existentes, pero por otro con sólo esta modificación de la directiva sobre el IVA no será suficiente. 
El objetivo final seguirá siendo obtener un sistema del IVA que parta del principio de origen. 
Esta propuesta de la Comisión Europea sí constituye un importante paso intermedio. 
Puede ayudar a hacer crecer la confianza entre los diferentes Estados miembros y sus sistemas administrativos. Una confianza que es imprescindible para poder llegar al sistema del IVA definitivo donde está previsto un sistema de restitución, una especie de caja de compensación semejante al sistema de restituciones que debatimos hoy. 
En el sistema del IVA definitivo se trata de unos importes infinitamente más grandes que en la actualidad. 
Al fin y al cabo, el IVA recuperable desde el extranjero, y de eso estamos hablando, sólo es una pequeña parte de todos los pagos del IVA dentro de Europa. 
Apoyo de buen grado la propuesta del Comisario Monti. Felicito al ponente por su informe. 
Este primer paso puede acercarnos al sistema definitivo del IVA, y esto para toda pequeña y mediana empresa que no exporta, que desafortunadamente aún es la mayoría, significaría una enorme diferencia a nivel administrativo. 
Creo que a partir de ahora debemos concluir cualquier informe sobre impuestos con un ceterum censeo un IVA reducido para los servicios que emplean mucha mano de obra. 
Señor Presidente, el Frente Nacional Belga, movimiento nacional y europeo, siempre ha sostenido que la tan deseada instauración de la moneda única europea no debía producirse sin una armonización social y fiscal dentro de la Unión. 
La propuesta del Consejo que preconiza una simplificación del sistema de deducción de los gastos de IVA hechos en un Estado miembro en el que no reside el contribuyente, propuesta notablemente mejorada por las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de nuestro Parlamento, es un pequeño, muy pequeño, paso en el buen camino, pues esta simplificación complicará la vida de los defraudadores. 
Es lamentable que el Consejo no tenga una fórmula mágica idéntica, tan eficaz como ésta, para evitar la corrupción de la que, con regularidad, se halla culpables a los pocos comisarios europeos que roban, defraudan y timan con toda impunidad. 
Cierro el paréntesis: he terminado, Sr. Presidente. 
Señor Comisario Bangemann, señoras y señores, en principio saludo la supresión del procedimiento de devolución de las retenciones. 
Precisamente en algunos Estados miembros estos procedimientos son muy costosos y debido a su larga duración y los correspondientes costes, influyen siempre negativamente sobre la economía. 
Su reducción es, por tanto, compartida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
En algunas cuestiones vamos un poco más allá. 
La deducción tributaria de los servicios de hotel y restaurante con causa en los negocios debe ser llevada completamente a efecto. 
No tiene sentido que las comidas de negocios y el alojamiento, que tienen exclusivamente una finalidad empresarial, tengan un trato diferente de los demás gastos de empresa. 
Las comidas de negocios son, sobre todo para las pequeñas empresas, un instrumento magnífico para la presentación de los productos, para el fomento del contacto y para la creación de confianza con sus clientes. 
En mi país hemos tenido que pasar por la experiencia de que una reducción de deductibilidad de las comidas de negocios puede llevar a una merma en el ámbito de la calidad gastronómica. 
La enmienda correspondiente es un buen comienzo para una solución justa. 
Otra propuesta atañe finalmente a los costes de traducción. 
Las autoridades tributarias están legitimadas a solicitar una traducción de los datos incluidos en los recibos. 
Sabemos por la práctica que este tipo de traducciones se sitúa en el meridiano de los desafíos puesto que las PYME a menudo no cuentan con posibilidades suficientes relativas al conocimiento de lenguas. 
Algunos países solicitan traducciones cualificadas realizadas por traductores jurados. 
Por tanto, resulta apropiado que en cualquier caso los costes derivados de las traducciones externas, que estas informaciones prescriben, sean soportados por las autoridades. 
Celebro que los esfuerzos de la Comisión por reducir la legislación del mercado interior también tengan efecto en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 
Señor Presidente, Señorías, me satisface debatir con ustedes la primera propuesta legislativa en materia de IVA que se deriva directamente de la iniciativa SLIM y de poderlo hacer sobre la base del excelente informe del Sr. Garosci. 
Los trabajos realizados en el marco del grupo SLIM han desembocado en una serie de importantes recomendaciones, cuyo seguimiento representa, en nuestra opinión, una gran prioridad en el ámbito del programa de trabajo de la Comisión con miras a mejorar el funcionamiento del sistema del IVA. 
Aprovecho, por tanto, las referencias hechas en el sentido de que, como decía el Sr. Secchi, ésta es una etapa encaminada hacia el sistema definitivo, ese sistema definitivo del IVA al que se ha referido también la Sra. Randzio-Plath. 
La propuesta en cuestión se basa en dos aspectos: el primero se refiere al procedimiento de devolución del IVA a los sujetos no residentes; el segundo se refiere a la armonización de las normas en materia de deducción. 
En cuanto al primer aspecto, el procedimiento de devolución del impuesto previsto para permitir a un sujeto recuperar el IVA pagado en un Estado miembro en que no reside, se ha considerado un tema respecto al cual la simplificación es realmente urgente. 
En la práctica, el procedimiento contemplado en la Octava Directiva ha resultado muy insatisfactorio tanto para las administraciones nacionales como para los operadores. 
Estos últimos se quejan sobre todo de la complejidad de los trámites administrativos y de los requisitos que autorizan la devolución. 
La Comisión ha llegado a la conclusión que la única modificación apta para llevar a cabo una simplificación consiste en sustituir totalmente este procedimiento de restitución con la introducción de una disposición que autoriza a un sujeto a deducir, en su declaración periódica, el impuesto pagado en un Estado miembro donde no reside. 
Dicho sistema requiere la introducción de un sistema bilateral de restitución y de compensación de las deudas entre los Estados miembros, así como un claro reparto de las responsabilidades entre los Estados miembros en materia de control y, en consecuencia, implica una relación de confianza. 
La Comisión comprueba con satisfacción que el informe del Sr. Garosci apoya la propuesta de la Comisión relativa a este primer aspecto. 
El segundo aspecto está orientado a lograr una armonización de las normas en materia de deducción del impuesto que grava los gastos de carácter profesional y a la par privado. 
La propuesta atañe ante todo a la deducción del impuesto que grava los gastos referentes a los automóviles de turismo. 
Nuestro objetivo es poner fin a la exclusión total del derecho a la deducción que actualmente aplican varios Estados miembros. 
Por otra parte, la Comisión propone fijar un porcentaje máximo de deducción del 50 % del IVA que grava los gastos de alojamiento, de productos alimenticios y de bebidas, y una exclusión total de los gastos de lujo, de recreo y de representación. 
Compruebo que el informe del Sr. Garosci sigue esencialmente el enfoque propuesto por la Comisión. 
Las enmiendas presentadas se refieren principalmente a la disposición relativa a la deducción máxima del 50 % de los gastos de alojamiento, alimentos y bebidas. 
Se trata de gastos que, por su carácter e incluso cuando se efectúan en el marco de las actividades profesionales de un operador, también se destinan a cubrir necesidades privadas. 
La aplicación de las normas habituales requiere evaluar separadamente el carácter privado y el carácter profesional de los gastos; con frecuencia, esta evaluación da pie a complejos debates entre las administraciones tributarias y los operadores. 
La Comisión, por tanto, propone una deducción máxima del 50 % con el fin de simplificar- ésta es la palabra clave- las medidas de control, en particular contra los riesgos de deducción ilegal. 
Asimismo, la deducción máxima facilita que los operadores prueben el carácter exclusivamente profesional de dichos gastos. 
Por todo ello, no podemos aceptar las enmiendas propuestas. 
Sin embargo, les garantizo que la Comisión tendrá en cuenta sus observaciones de cara a las futuras negociaciones con el Consejo en torno a esta propuesta. 
De hecho, si el Consejo no alcanzara la unanimidad respecto a la deducción máxima, habida cuenta de que la aplicación de las normas habituales nos creará infranqueables problemas de control, la Comisión estaría dispuesta a sugerir una solución práctica previendo que un Estado miembro pueda aplicar tanto la deducción según las normas habituales como el porcentaje máximo de deducción del 50 %. 
Además de agradecerles su apoyo que considero especialmente importante en el proceso de adopción de la propuesta por el Consejo, quiero concluir mi intervención aprovechando, precisamente en el clima de confianza entre las Instituciones que he apreciado mucho y al cual ha hecho referencia la Sra. Peijs, la pregunta que se me ha formulado acerca de la posibilidad de fijar un tipo reducido de IVA para los servicios muy intensivos en mano de obra, tema abordado también por los Sres. Secchi, Metten y Thyssen. 
Como se ha recordado, en el mes de noviembre de 1997 la Comisión presentó una comunicación en el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo en la que pedía al Consejo que indicara una orientación favorable a esta propuesta. 
Como es sabido, se han mantenido varios debates en el Consejo ECOFIN que no han alcanzado ningún acuerdo. 
El Consejo Europeo de Viena invitó a la Comisión a que autorizara a los Estados miembros a aplicar el tipo de gravamen reducido a los servicios muy intensivos en mano de obra sin carácter transfronterizo. 
Naturalmente la Comisión, según el sistema legal actualmente en vigor, no puede autorizar a los Estados miembros a hacerlo; hace falta presentar una enmienda a la Sexta Directiva IVA. 
Sabiendo lo mucho que a este Parlamento le preocupa el tema que hoy estoy abordando, me es grato aprovechar esta ocasión para anunciar que es mi intención presentar a la Comisión la propuesta de enmienda en cuestión en el mes de febrero, dirigida a autorizar a los Estados miembros que lo deseen a aplicar a título experimental un tipo reducido del IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra. 
Considero que lograr la coordinación fiscal es el mayor servicio que la fiscalidad puede prestar al empleo y es el gran compromiso de estos años que este Parlamento ha respaldado en todo momento. 
Una contribución específica que merecería la pena tratar de ofrecer sería la que acabamos de mencionar, es decir, la posibilidad de aplicar un tipo reducido de IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Mundialización y sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0366/98) del Sr. Malerba, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre la mundialización y la sociedad de la información: necesidad de reforzar la coordinación internacional (COM (98) 0050- C4-0153/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las dos comunicaciones de la Comisión que son objeto de mi informe- la una se refiere la necesidad de reforzar la coordinación internacional en la sociedad de la información y la otra, relacionada con ella, trata de las cuestiones de política internacional de gestión de Internet- establecen un sistema, así como unos puntos concretos para hacer frente a los retos, especialmente de carácter jurídico, que ha planteado la revolución de la red abierta Internet. 
¿Qué hay de nuevo en Internet que no pueda gestionarse a través de la simple extensión de las normas ya en vigor para los demás medios de comunicación? 
Ésta es una de las preguntas que debemos formularnos. 
Mi respuesta es que Internet es realmente un producto nuevo y revolucionario, cuya llegada sugiere paralelismos con el descubrimiento de la imprenta. 
La televisión, la radio y la prensa difunden mensajes indiscriminados a una audiencia sin capacidad de interacción; Internet, por el contrario, cambia la manera en que distribuimos la información en dos aspectos esenciales: cada mensaje puede convertirse en altamente participativo, mientras que los costes de distribución, sobre una base mundial, se reducen prácticamente a cero. 
Mientras que los medios de difusión tradicionales suelen estar estrictamente regulados, en Internet cualquiera puede convertirse en editor y dialogar con sus asociados. 
No hay barreras o puntos centrales de control; no se requieren licencias especiales para entrar a formar parte del mundo de Internet. 
Internet se encuentra todavía en ciernes, aunque las estadísticas demuestran que la participación en este mundo crece siguiendo una curva exponencial. 
Si hace algunos años habíamos previsto para el año 1998 tres millones de usuarios en Europa, en 1998 nos dimos cuenta de que habían más de 18 millones y esta expansión continúa. 
Conforme van difundiéndose las aplicaciones del comercio electrónico, surgen nuevos modelos de organización empresarial que anticipan las características de la economía del futuro. 
Desaparecen las jerarquías, las concentraciones de los medios de producción y de los procesos físicos típicos de la sociedad industrial, y surge una nueva sociedad basada en los bienes del conocimiento, una sociedad con mayor movilidad tanto en sentido geográfico como cultural. 
Se podría afirmar que organizaciones extremadamente complejas como las de la sociedad de la información, de las redes informáticas interactivas, no deberían controlarse desde el centro sino desde la periferia, como sucede en el campo biológico. 
Cada célula del organismo lleva impregnadas leyes muy simples sin que exista un único punto de gestión central. 
El orden se consigue a través de la interacción de un gran número de entidades individuales, ligadas entre sí por una estrecha red de conexiones y de realimentación. 
Ante el fenómeno de Internet, por tanto, parece que el camino a seguir es el de un enfoque pragmático y flexible. 
Creo que debemos reconocer al Sr. Comisario Bangemann la clarividencia y la persistencia con las que ha llevado adelante su política de liberalización de los servicios de telecomunicaciones en Europa. 
Por esto, ahora, no nos encontramos desplazados ante este nuevo reto. 
En la Conferencia de Bonn Europa ha podido responder en igualdad de condiciones a la propuesta americana del mes de julio de 1997, dirigida a fomentar a escala mundial el comercio electrónico, reiterando los principios de protección del usuario, la libertad de acceso de todos los ciudadanos, el derecho a la protección de los datos personales y a la seguridad de la comunicación, la no discriminación fiscal de las nuevas tecnologías para el comercio electrónico respecto a las tradicionales, y el derecho a la protección de la propiedad intelectual. 
No cabe duda de que hace falta una coordinación internacional y lo confirman la gestión de los nombres en Internet, el riesgo de un monopolio de los Estados Unidos, las actuaciones de la magistratura en Alemania respecto a las responsabilidades reales o presuntas de los proveedores, sin olvidar el riesgo de una jungla de legislaciones diferentes en los distintos países que se van ensayando conforme se afianza el comercio electrónico. 
Recalco que aquí lo principal no es tipificar y catalogar todos los delitos que Internet pone potencialmente al alcance de la mano- aunque los medios de comunicación centran su atención en estos aspectos más que en otros- sino más bien establecer un código de conducta que convierta en más segura y protegida la utilización de este medio. 
Sobre estas bases se puede instaurar un diálogo a muchos niveles implicando a la industria y a los proveedores de contenidos y aspirar a acuerdos de carácter multilateral no solo con los Estados Unidos, sino también con Japón, India y los demás países que se asoman al comercio electrónico. 
Este diálogo multilateral a muchos niveles ha de reconocer las competencias de las Organizaciones internacionales en cada una de las materias e implicar al sector privado, las asociaciones profesionales y de usuarios en el establecimiento de nuevas normas. 
¿Qué puede hacer el Parlamento? 
Además de impulsar y respaldar la iniciativa internacional de la Comisión, creo que el Parlamento debería incluir este tema en el orden de los trabajos de sus delegaciones interparlamentarias, en particular de la delegación con el Congreso de los Estados Unidos, y seguir trabajando para sensibilizar a la opinión pública. 
Por contra, el compromiso que debe llevar adelante es conseguir que madure y se apruebe una serie específica de normas sobre el comercio electrónico precisamente a lo largo del año 1999, antes de que finalice la legislatura. 
Hemos seguido las iniciativas del Sr. Comisario en Bruselas con la industria, en Ottawa en la Conferencia de la OCDE, en Lyon en la reunión del Instituto Aspen. 
Ahora quisiera que el Comisario me informara sobre el estado de los trabajos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea para llegar a una coordinación internacional, ya que esto es del interés de las Administraciones y del sector privado. 
La REX ya ha planteado en informes anteriores que es responsabilidad de las Administraciones públicas llegar a un acuerdo sobre un marco de reglamentación internacional de carácter transparente, claro, tecnológicamente neutro, que fomente la competencia y que no tenga un carácter discriminatorio. 
Para ello, la participación del empresariado, como ocurrió en la mesa redonda del pasado 29 en Bruselas, es muy valiosa. 
El Comité Empresarial Directivo recientemente constituido por el Comisario Bangemann, afortunadamente atestigua el reconocimiento de este principio. 
En dicho Comité están representadas las empresas de todo el mundo. 
Porque, si pensamos en la protección de la propiedad intelectual, los problemas en torno a la encriptación, la protección de datos, la responsabilidad civil, etc., hay un montón inmenso de trabajo por hacer. 
Sin embargo, para la realización de la reglamentación, ya sea o no vinculante, este Parlamento debe tener una implicación importante, especialmente en las futuras conferencias que se organicen sobre este asunto. 
La sociedad de la información conlleva unas enormes consecuencias para los ciudadanos y las empresas en términos de bienestar, empleo y prosperidad. 
Por eso es absolutamente imprescindible que exista un control democrático. 
Y con ello llego a mi último punto. 
La propuesta para la nueva directiva de la Comisión Europea, destinada a mejorar el clima del comercio electrónico europeo por Internet, para la Unión Europea no es nada prematura. 
Incluso, puede que llegue algo tarde. 
Quien compare las prestaciones de la Unión Europea en el terreno del comercio electrónico con lo que ocurre en América no puede menos que constatar que la Unión Europea ya se enfrenta a un retraso. 
Ya sólo en el mes de diciembre, el gasto en línea a través de Internet en Estados Unidos creció un 230 %. 
Un porcentaje que para muchas de las empresas europeas actualmente sólo pertenece al reino de los sueños. 
Quiero dar gracias al Sr. Malerba por su excelente informe. 
. Señor Presidente, señor Comisario, uno de los problemas básicos que han surgido a medida que se han aplicado al comercio las nuevas tecnologías de la sociedad de la información ha sido la necesidad de establecer un sistema de garantías jurídicas aplicables, con carácter general, a las transacciones supranacionales realizadas a través de redes abiertas. 
La internacionalización de las transacciones ha engendrado conflictos jurisdiccionales sobre cuestiones tales como las cláusulas y condiciones que deben regir en los contratos transfronterizos, la responsabilidad frente a terceros, el derecho laboral aplicable a los teletrabajadores, incluso en acciones transfronterizas, y los derechos de autor, entre otros muchos. 
Cuestiones que afectan todas a la fiabilidad de las operaciones. 
Sin duda, alcanzar un marco seguro de actuación para empresas y consumidores es imprescindible para resolver esos conflictos. 
Pero la consecución de este objetivo debe ser posible si se preserva, por una parte, el carácter abierto de Internet y, por otra, se mantienen el pluralismo y la diversidad de la red. 
Tan peligroso como el establecimiento de controles y de barreras o de licencias para entrar en la red podría ser la generalización de la jurisdicción de un solo país como Estados Unidos. 
Desde mi punto de vista la seguridad debe de ser compatible con la libertad y los límites deben situarse únicamente en la protección del interés público, con todo lo que esto conlleva. 
La Carta Internacional propuesta sería deseable, pero a la discusión de la misma debería de asociarse el Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, no vivimos todavía en la sociedad de información, sino que nos encontramos aún a medio camino. 
Estamos hablando de información, de la que extraemos datos, después ideas que, finalmente, pasan a convertirse en cultura. 
Así pues, la información no es más que la materia prima, lo esencial es el contenido. 
Nuestros problemas no residen ya en los equipos de transmisión y descodificación. 
El aspecto en el que la Unión Europea registra un mayor retraso con respecto a sus competidores es el contenido, un aspecto, por otra parte, con una gran capacidad creadora de empleo y muy lucrativo. 
Podría decirse que el aprovechamiento de los contenidos no tiene límites, algo así como lo que pasa con las salchichas, o con la comida en general. 
En la práctica, los seres humanos pueden disfrutar de los contenidos sin límite alguno. 
Respaldo la iniciativa de la Comisión en torno a la adopción de acciones internacionales y a una Carta internacional relativa a Internet y al comercio electrónico. 
El funcionamiento de Internet no puede tener lugar al margen de las leyes y las normas. 
No podemos pasar por alto que un delito es un delito, aunque éste se cometa en Internet. 
Además, la seguridad del entorno comercial redunda en beneficio del propio comercio electrónico. 
Sin embargo, las normas no deberán obstaculizar el progreso, sino dirigirlo y adaptarse, es decir, ser flexibles. 
Es indudable que hemos de actuar en un marco de cooperación. 
Creo que en los Estados Unidos existen grandes intereses, tanto económicos como políticos, para llegar a un acuerdo con nosotros. 
Además de defender los intereses de las empresas y de los consumidores, es importante que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a este sistema. 
Es un derecho ciudadano de la Unión Europea moderna, un derecho que queremos respetar, pero que no podrá mantenerse al margen de la tributación fiscal. 
Señor Presidente, el nuevo orden informático ha llegado y va a durar. 
El mito de una sociedad humana orientada a la información se ha vuelto realidad. 
La infoentropía está ahí. 
Todos vamos convirtiéndonos en consumidores catalogados de productos clasificados. 
Nos zambullimos en lo virtual fascinados por un liberticidio colectivo a escala mundial. 
Ha nacido la narco-infocracia y sus derivados. 
Pensamos binariamente. 
Compro, sí o no. 
Vendo, esto o aquello. 
Opino, izquierda o derecha. 
La narcosis informativa ha invadido nuestra vida cotidiana y ahora hasta clamamos por la policía informática. 
La revolución de Internet, junto con sus extraordinarias posibilidades, se ha transformado también en una feria gigantesca en la que no faltan todas las formas de engaño, fraude y abuso. 
Los consumidores se ven violentados y el derecho aplicable es contradictorio, incoherente o inexistente. 
La cuestión fulcral hoy en día para una sociedad de la información, en la que el comercio electrónico va adquiriendo una dimensión inimaginable, es la de situar urgentemente en el campo de un gran consenso planetario los principales bloques económicos del mundo y sus capitanes de la industria. 
El objetivo es el de constituir un marco jurídico sólido y coherente que reglamente la actividad de las redes de información. 
Aducir la supremacía americana en el sector del comercio electrónico para excluir a Europa de esa primera ola de fundadores de ese nuevo espacio económico a escala mundial, como propugna la opinión de la Comisión de Cultura, es una actitud irrealista, como meter la cabeza en la arena y desconocer o no comprender los grandes cambios del mundo actual. 
Los riesgos de marginalización cultural, lingüística, periférica o rural son ciertos. 
Pero, ¿acaso no ha aumentado la desigualdad entre el Norte y el Sur en los últimos decenios, a pesar del crecimiento económico? 
Nada puede impedir la transposición de un mundo de mensajes unívocos al mundo de la comunicación biunívoca de Internet, en el que cualquier ciudadano puede ser editor y difusor simultáneamente. 
Desconocer este movimiento es como querer parar un tornado con un banderita de hacer señales. 
Señor Presidente, la verdad es que el asunto que debatimos esta tarde es un tema interesante. 
En mi opinión, el fondo del problema radica en que queremos hallar un equilibrio entre el derecho a la libertad de información por un lado y por otro los escollos relacionados con dicho derecho y con el derecho a la libertad del comercio electrónico, etc. Esos escollos existen. 
Existen en el terreno de los impuestos, en el terreno de la responsabilidad, de la protección de datos y de la información de carácter dañino o ilegal. 
La propuesta que debatimos es elaborar una Carta internacional no vinculante. 
El hecho de que dicha Carta no sea vinculante, en realidad ya es indicativo del fondo del problema. 
Queremos regular una serie de asuntos, pero precisamente cuando se trata de la libertad de comercio, como ya he dicho antes, y de la libertad de información, resulta extremadamente difícil restringir algunas de las cosas no deseadas. 
Creo que debemos alegrarnos todos de que tengamos esta propuesta, y de que lleguemos a una serie de acuerdos, pero estos acuerdos no deberán ser definidos nunca en unos términos tan estrictos que se vean perjudicados los derechos individuales de cada persona. 
Porque en parte, en mi opinión, la sociedad de la información también constituye un medio para llegar a unas elecciones responsables. 
Unas elecciones responsables por parte de los ciudadanos, de los Estados, etc. Lo que tendremos que reconocer todos es que algunos Estados acostumbrados hasta ahora a regular una serie de cosas dentro de sus fronteras, ya no podrán hacerlo más a causa de la existencia de Internet. 
Por lo tanto, le deseo al Comisario que tenga mucho éxito con esta Carta. 
Es un valioso intento, aunque será extremadamente difícil encontrar un equilibrio entre lo que deseamos y lo que queremos evitar. 
Señor Presidente, tanto mi grupo como yo misma estamos bastante de acuerdo con la Comisión y con su comunicación, cuando el Comisario sostiene que no existe ninguna necesidad de una regulación a escala mundial o de una oficina internacional para regular Internet. 
Lo que, desde luego, no necesitamos es un cuerpo policial de información. 
Ahora tenemos verdaderamente la oportunidad de hacer algo positivo al respecto, algo que creo que ya ha hecho también nuestro representante, el Sr. Malerba, cuando señala en su informe que se precisa coordinación. 
Esto, y no regulación, es lo que verdaderamente necesitamos. 
El acuerdo entre distintos países al que podemos llegar ahora no ha de ser únicamente un acuerdo vinculante desde el punto de vista jurídico, sino también una especie de código de conducta o, como lo ha descrito el ponente, algo así como unas reglas de tráfico para Internet. 
Creo que se trata de una visión bastante simpática, ya que precisamos este código de conducta para garantizar la vida privada, los derechos de autor y la seguridad. 
Igualmente, hemos elaborado una serie de enmiendas que abordan y reconocen la necesidad de buscar soluciones, no sólo en el seno de las organizaciones internacionales, sino también de un modo que implique al mundo empresarial, a las organizaciones de consumidores, etcétera, con el fin de velar por todos estos intereses y de proteger el interés general. 
Además, el grupo ARE ha presentado también unas propuestas que no podemos compartir en absoluto, ya que creemos que son demasiados proteccionistas. No obstante, también han redactado algunas enmiendas que podemos respaldar, como- por ejemplo- en lo relativo al interés general. 
Pero debemos recordar que no se trata solamente de Europa o de los Estados Unidos, sino que debemos actuar para que se convierta en una autovía con un carácter verdaderamente mundial, democrático, de la que nos podamos servir todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Malerba, a quien doy la enhorabuena por su trabajo, permite enumerar los retos relacionados con Internet y la sociedad de la información. 
Es decir que permite, a los elegidos y a los ciudadanos europeos, entrar en un debate cuyas consecuencias para la sociedad son considerables, como sabemos, y no me cabe duda de que el Comisario Bangemann, personalmente, es muy consciente de ellas. 
Para mí, asimismo, el texto propuesto es un punto de partida para nuestra reflexión común, pero todos sabemos que no puede constituir un fin en sí mismo. 
La idea de la carta internacional es interesante y la apoyo, aun cuando no responde a todos los desafíos y las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los nuevos instrumentos de la comunicación. 
Para todos nosotros, la prioridad consiste en avanzar lo más rápido posible en la cooperación europea, para estar en condiciones de dialogar dentro de una mejor relación de fuerzas con esos potentes socios nuestros que son los Estados Unidos. 
Por otra parte, comparto el criterio del ponente respecto a las transacciones comerciales electrónicas y su voluntad de defender al consumidor o al usuario mediante los sistemas de pago protegidos y el respeto a las libertades públicas. 
Paralelamente, considero que nuestra discusión europea debe ir más allá. 
La aceleración de los procesos económicos, las nuevas formas de trabajo plantean complejas problemáticas, cuestionan los sistemas de relaciones sociales existentes en Europa. 
A través de la revolución de la información, se están trastrocando los modos de regulación de la sociedad; al mismo tiempo que a la comunicación, el grado de información afecta a todas las jerarquías, incluso dentro de la empresa. 
Señor Presidente, señor ponente, señor Comisario, Señorías, si es necesaria una concertación internacional, creo que hay que ir más lejos en el campo de la conciliación con las legislaciones sociales y societarias. 
No olvidemos nunca, Sr. Presidente, que las tecnologías nuevas e Internet son instrumentos. A continuación, siempre se plantea la cuestión de saber qué se hace con ellos y para qué se hace. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, el mercado interior se encuentra a las puertas de ser completado. 
Hace pocos días hemos introducido el Euro. 
Las fronteras desaparecen. 
Creo que esta es una buena señal. 
Cuando actualmente se puede telefonear con un móvil, fabricado en Europa, desde Moscú o Malasia y también hoy se dispone de acceso directo a Internet, se percibe que el mundo crece mucho más deprisa de forma unida, tal y como muchos desean. 
En el mundo tenemos los ordenamientos jurídicos más diversos y por ello es necesario que reflexionemos sobre el planteamiento que queremos elegir para conseguir, también este ámbito, mayor orden. 
Se trata de desarrollar las reglas del juego para esos mercados. 
Creo que el desarrollo de las reglas del juego es algo prioritario en política, pero- y esto es lo decisivo- hay que colaborar con los usuarios, con los beneficiarios, con los productores. 
Es importante familiarizarse con la «situación que existe» y establecer perspectivas de hacia dónde queremos llegar. 
El Sr. Malerba a expresado muy acertadamente en su informe que, a pesar de que en los diferentes países existen diversas posibilidades de configuración, estos sectores que se desarrollan globalmente no significan para nosotros otra cosa que no sea nuevos desafíos. 
Por ello también deberíamos pensar en introducir bibliotecas virtuales de modo que, tal y como estamos acostumbrados en el más tradicional de los sentidos, cualquiera pueda acudir a ellas, que cualquiera pueda encerrarse en estas bibliotecas mundiales y que, a la vez, todo el saber de las bibliotecas este a disposición de cualquiera. 
Pienso que esto podría aportar mucha experiencia, podría ser muy útil y, desde luego, sería un gran impulso para la economía si en este sector se tomaran iniciativas a marchas forzadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que se ha avanzado mucho desde que, hace ahora apenas un año, la Comisión lanzara su iniciativa. 
Pienso, entre otros, en la solución en torno a la nomenclatura en el ámbito de Internet, cuestión ésta que, según tengo entendido, la Comisión ha contribuido a promocionar de una manera favorable. 
Asimismo, creo que también nuestra perspectiva acerca de todo este asunto ha cambiado desde el lanzamiento de la iniciativa hace solamente un año. 
No estamos hablando únicamente de una autopista. 
Hay muchos aspectos que precisan normas, en ocasiones por medio de la legislación, en otras recurriendo a reglas o estándares. 
Igualmente, creo que hemos progresado también en el debate sobre la sociedad de la información. 
Creía que habríamos podido evitar el discurso que se ha escuchado esta tarde aquí acerca del gran retraso que registra Europa en relación con los Estados Unidos. 
De hecho, creo que también en Europa hemos registrados avances en este ámbito. 
Entre las cuestiones que son motivo de preocupación hay dos que se han sometido a debate y se han resuelto en los últimos tiempos. 
¿Por qué participó Europa en la denominada modificación del Convenio de Wassenaar, que dificulta la exportación de nuestras técnicas de codificación? 
¿Cuál fue el papel de la Comisión en dicho convenio? 
La segunda cuestión se refiere naturalmente al hecho de que aún no se ha encontrado ninguna solución para el estándar UMTS. 
En este tema se necesita un control y una argumentación continuos. 
No podemos aceptar la aseveración de que estamos intentando proteger nuestros intereses. 
Hemos de encontrar una solución de utilidad mundial. 
Hemos aprendido además la importancia que reviste el diálogo transatlántico. 
Ha sido una especie de convergencia. 
En opinión de muchos, es importante lograr una combinación de los puntos de vista europeos y americanos. 
Estamos viendo además que no siempre son los EE.UU. los que practican la autorregulación, sino que ésta- quizás más bien una regulación administrativa- aparece también en los distintos estados, que plantean más obstáculos de los que creemos. 
Para finalizar, desearía señalar que, en mi opinión, el Comisario Bangemann ha llevado a cabo una enorme y excelente labor en este ámbito, precisamente con el fin de potenciar este diálogo. 
Por mi parte, me cuento entre quienes desean que el Sr. Bangemann continúe su trabajo en este campo. 
Señor Presidente, la elaboración de una carta de Internet es un buen camino para familiarizarse con este tema tan actual y cada vez más influyente en todos los ámbitos de la vida. 
Pero también es importante que el derecho de la competencia no sea menoscabado o modificado. 
La globalización de la sociedad de la información no sólo toca aspectos de política económica y cultural, sino que también afecta intensamente a cuestiones de derechos humanos. 
Por tanto, lamento que sólo se cite de pasada la lucha contra la criminalidad en Internet. 
El mal uso que se hace de Internet para la pornografía infantil, el abuso de menores y la trata de menores se ha convertido en un gigantesco problema de nuestra sociedad. 
La Unión Europea también debe, por tanto, ocuparse de este infame aspecto y pronunciarse a favor de una mayor cooperación internacional de las autoridades así como aportar los recursos financieros necesarios. 
Muchas gracias, señor Lukas. 
Correspondería ahora tomar la palabra al Sr. Torres Couto pero no nos honra con su presencia. 
Por lo tanto, hemos finalizado el turno de palabras de miembros de la Asamblea e invito al Comisario Sr. Bangemann a que tome la palabra. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer este debate que, de nuevo, demuestra que en esta cuestión no hay grandes diferencias entre el Parlamento y la Comisión, sino muy al contrario. 
En especial, quisiera dar las gracias al ponente por su comprensión de lo que deseamos tal y como lo hemos expuesto. 
El informe contiene un muy buen análisis de ello. 
Quizá sea necesario decir, en primer lugar, que lo que hoy estamos tratando aquí es una parte de la sociedad de la información. 
Que ahora nos estemos ocupando del electronic commerce y de Internet, que constituye esa parte, no significa que estemos olvidando aspectos igualmente importantes. Lamento continuamente que algunos miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación saquen en estos debates, de forma radical, sus prejuicios pesimistas sobre la cultura y después se vayan, de suerte que no se tiene la oportunidad de hacerles algunas aclaraciones. 
La sinceridad del debate es ante todo una característica cultural importante. 
También se habla de cultura del debate. 
En el conjunto de este debate se percibe, entretanto, una mayor comprensión por este nuevo fenómeno cultural en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en otras comisiones, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa que en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
La Comisión de Cultura brilla por su incultura. 
No ha comprendido en absoluto de lo que se trata. 
Se repiten los mismos prejuicios como, por ejemplo, un desprecio de lenguas minoritarias y de las pequeñas y medianas empresas. 
Si ha existido alguna vez una mejora técnica a través de la cual los pequeños- hablando de forma general las lenguas minoritarias y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas- hayan obtenido la posibilidad real de presentarse e instalarse en todo el mundo, lo cual es posible a mínimos costes, esa ha sido Internet. 
¡Pero la Comisión de Cultura no lo entiende! 
¡No lo puedo entender! 
Yo mismo ya he acudido dos o tres veces allí: uno se choca con un muro de incomprensión para este moderno fenómeno cultural y esto es extraordinariamente lamentable. 
Lo mismo es válido para la afirmación que se expresa continuamente- la Sra. Thors me ha recordado justamente que esa afirmación es falsa- de que los EE.UU. dominan completamente este sector. 
¡Esto no es cierto! 
En este sector que estamos tratando hoy, la carta internacional, hemos podido conseguir un liderazgo de opinión global. 
También es verdad lo demás que ha dicho la Sra. Thors: en el sector de los domain names hemos impuesto con éxito nuestras posiciones. 
Pero si continuamente repetimos que el gran poder de los EE.UU. nos está empujando contra la pared y que no tenemos ninguna posibilidad la gente se lo acaba creyendo. 
Pero esto no es cierto y, en último término, si nos lo creyésemos acabaría por perjudicar nuestra propia actividad. 
Por ello les estoy agradecido porque en el debate hayan expresado claramente que hemos avanzado en esto. 
Quisiera entrar en la pregunta del Sr. Malerba sobre dónde nos encontramos actualmente y cuales van a ser nuestras próximas actividades, en las que por supuesto involucraremos al Parlamento europeo. 
Todo aquél que tenga algún interés será invitado a las conferencias. 
El Sr. Malerba y otros diputados estuvieron presentes en estas conferencias y desde luego que valoramos muy positivamente que esto sea así y también lo siga siendo en el futuro. 
La dificultad a la que de nuevo ha hecho referencia la Sra. Boogerd-Quaak reside en que, por un lado, tenemos un rápido desarrollo de la técnica y, por otra parte, que la vertebración de Internet es de naturaleza global. 
La velocidad del desarrollo tecnológico hace muy difícil legislar. 
Además, esto lo vemos en nuestras propias reglas, que hemos promulgado y estamos evaluando en este momento. 
Es tremendamente difícil mantenerse a la altura del desarrollo tecnológico. 
Por ello debemos introducir otro tipo de legislación. 
La segunda dificultad se conecta con la primera. 
Esta naturaleza global significa que precisamente aunque tengamos una directiva europea sólo cubrimos la Unión Europea pero no a los demás países fuera de la Unión. 
Por ello necesitamos, como mínimo, un acuerdo político sobre lo que, de modo uniforme, vamos a hacer en nuestros correspondientes ordenamientos jurídicos. 
Esta es la idea de la Carta Internacional que se ha logrado. 
El Global Business Dialogue al que hemos contribuido y que se ha gestado en Bruselas, ha formado, entretanto su consejo rector que creo se reúne hoy y mañana en Nueva York. 
En septiembre de este año tendrá lugar una conferencia sobre una serie de importantes cuestiones en las que los participantes responderán de modo que digan sí, esto podemos regularlo nosotros mismos, sí nos comprometemos a regular estos problemas nosotros mismos. 
Cuando ello no sea posible se nos proporcionarán las referencias precisas para encontrar la solución más justa posible. 
También hay muchos problemas, de un catálogo que comprende de 12 a 15 problemas, que también hemos tratado en la reunión de la OCDE de Ottawa y que, de hecho, solo se pueden solucionar a través de decisiones políticas. 
Las cuestiones fiscales no se pueden trasladar a los interesados. 
Eso es evidente. 
Tampoco cuestiones como encryption pueden ser cedidas a los interesados. 
También puedo decir que no hemos tomado ninguna decisión política sobre que sistemas de encrytion son admisibles y cuales no. 
Ha habido una conferencia de los ministros de interior y justicia que han hecho algunas reflexiones al respecto, pero no tenemos norma alguna. 
Naturalmente, en la Unión Europea sólo podemos emitir una norma con el Parlamento europeo y el Consejo y sobre una propuesta de la Comisión, y esta propuesta aun no existe. 
Tales problemas, incluidos los que afectan a los derechos de propiedad intelectual, deben ser resueltos con decisiones jurídicas. 
Pero para ello esta conferencia debe hacer trabajos preliminares y a continuación propondremos las pertinentes decisiones. 
Espero que nos sea posible, junto a los japoneses, que ya están convencidos de ello, convencer a los americanos de que debemos iniciar un proceso político paralelo al proceso en el que se está poniendo de acuerdo el sector privado, para que podamos dar respuesta a las cuestiones que surjan de la conferencia del sector privado. 
Esta es la situación en este momento. 
Estamos ciertamente muy satisfechos con el estado de la cuestión. 
Quiero dar de nuevo las gracias por el reconocimiento que se desprende de las intervenciones del debate. 
Quiero dar las gracias especialmente por sus buenos deseos para el trabajo que esperan de mí en los próximos meses. ¡De esto interpreto que, para el día de mañana, aun hay motivo para la esperanza! 
Risas, agitación 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
Participamos de esta esperanza. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0503/98) de la Sra. Larive, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social relativa al seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior (COM (98) 0121- C4-0252/98). 
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Larive. 
Señor Presidente, también en este informe sobre las comunicaciones comerciales transfronterizas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, somos de la opinión de que la Comisión falta a sus obligaciones. 
Y es por que como guardiana de los Tratados, pasa por alto con frecuencia el artículo 169, el denominado procedimiento de infracción. 
Esto es una gran lacra a la democracia que no podemos tolerar en un estado de derecho democrático. 
Los ciudadanos, las empresas y las organizaciones montan en cólera muchas veces con total justificación. 
Sus quejas son postergadas a veces durante años, como en el caso de la Ley Evin francesa y la prohibición griega de hacer publicidad de juguetes en televisión. 
No estoy precisamente muy contenta por el hecho de que hace tan sólo dos minutos que recibí en mi mesa la respuesta del Comisario Monti a la carta sobre este procedimiento, que le remitimos el Sr. Cox y yo. 
No he tenido ocasión de leerla. 
Sólo la última frase donde dice :... de todas formas, me parecen interesantes las sugerencias de la Sra. Larive en su propuesta de informe sobre las comunicaciones comerciales y las tendré en consideración cuando sean adoptadas por el Parlamento. 
El resto de la carta no lo he podido leer pero le tomo la palabra en cuanto a su promesa. 
El pasado lunes, el Presidente Santer, en su plan de ocho puntos ha prometido al Parlamento Europeo una mayor transparencia y más información. 
Para mantener, u obtener su credibilidad, es necesario que sean atendidas las exigencias de nuestras resoluciones. 
Esto significa una aplicación meticulosa y transparente del procedimiento del artículo 169, con unos plazos para la toma de decisiones y una comprobación obligatoria de todas las quejas, en curso o nuevas, mediante la evaluación de proporcionalidad. 
Además, el denunciante debe tener la posibilidad de recurso contra las resoluciones negativas. 
Asimismo, el Parlamento Europeo demanda un registro público de las quejas en Internet, naturalmente siempre y cuando el denunciante esté de acuerdo, donde se recoja toda la información importante sobre el progreso o estancamiento de los expedientes. 
El Parlamento Europeo ha de ser informado con suma frecuencia, por ejemplo a través de su Comisión Jurídica, y mi propuesta es que constituyamos un grupo de trabajo dentro de dicha Comisión Jurídica para seguir de cerca los procedimientos de infracción, y por supuesto no sólo los referentes a la comunicación comercial. 
No podemos seguir tolerando que la Comisión pueda hacer prevalecer, sin rendir cuentas a nadie, unas consideraciones políticas incontroladas sobre los argumentos jurídicos. 
En cuanto a las comunicaciones comerciales nos encontramos en un terreno delicado. 
Por un lado, es necesario que pueda aprovecharse al máximo el libre mercado europeo también para las comunicaciones comerciales. 
Y en este sector de rápido crecimiento gracias a las nuevas tecnologías, donde han encontrado empleo directo ya más de un millón de personas, esto es extremadamente importante. 
Por otro lado, naturalmente tenemos un gran respeto para los valores y culturas nacionales. 
Por eso, Comisario Monti, estamos muy satisfechos con las propuestas que preparó usted para la liberalización del mercado europeo, también para las comunicaciones comerciales, primero en el Libro Verde y ahora en la comunicación relativa al seguimiento. 
Apoyamos la llamada evaluación de proporcionalidad que usted propone. 
Así podrá determinarse en cada caso a través de unos criterios objetivos si una medida limitativa nacional es justificada por el interés público, o si, al contrario, podría garantizarse el objetivo perseguido- sanidad pública, política de los consumidores, etc.- mediante unas medidas de menor alcance. 
Sin embargo, al contrario que la Comisión, deseamos que obligatoriamente se sometan a dicha prueba todos los casos actuales y futuros de infracción, con unos claros plazos, y no sólo unos casos determinados. 
Porque volveríamos rápidamente a la situación que acabo de bosquejar. 
También apoyamos las propuestas de la Comisión sobre un punto de contacto centralizado, un sitio web y una base de datos, al igual que un comité de expertos. 
También para este Comité, las palabras claves han de ser transparencia y accesibilidad, es decir, publicidad del orden del día, de las actas y también de las opiniones minoritarias. 
Estimamos de sumo interés, y ya lo sabe usted, señor Comisario, que además de los funcionarios nacionales, también participen en el Comité otras personas implicadas. 
Señor Comisario, lo sé, tiene usted valor, pero debe convencer a sus colegas e introducir por una vez el modelo de consenso que llamo el «modelo pólder europeo». 
Me refiero a una participación en términos de igualdad; por cada país un representante de los funcionarios, de la industria y de las organizaciones de los consumidores. No pasa nada porque rompamos alguna vez el poder absoluto del funcionariado. 
Por último, también en el tema de la comunicación comercial, el punto de partida deberá ser el principio del reconocimiento mutuo y del país de origen. 
Sólo cuando mediante esa prueba se haya comprobado que la medida limitativa nacional está justificada, podrá romperse este principio. 
Tenemos que dar la oportunidad a la industria para que solucione los problemas mediante una autorregulación y un código de conducta europeo. 
Por mí, ya pueden ponerse a trabajar. 
Sólo en última instancia podrá recurrirse a una legislación de armonización para complementar la decena de directivas que son aplicables ya a este sector. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señorías, es cierto que la comunicación comercial vive aún un proceso de expansión. 
Se trata de un sector que crea empleo y que se ve sometido a fuertes transformaciones. 
La publicidad ha evolucionado también desde el punto de vista de los contenidos, pero no necesariamente en la dirección adecuada. 
La comunicación comercial equivale cada vez en mayor medida a la publicidad de imagen. 
Éste es, tal como yo percibo la cuestión, mi punto de partida. 
Gracias a la publicidad es posible crear hoy por hoy una opinión social. 
El consumidor no es capaz siempre de resistir la imagen del mundo, muchas veces extremadamente irreal, que crea la publicidad. 
Un buen ejemplo de todo ello lo tenemos en una bebida de extractos vegetales de color oscuro. 
En este caso, ya no se hace publicidad- especialmente en la televisión-de la bebida en sí, sino de un modo de vida: juventud, playas, libertad y belleza. 
Esta circunstancia implica que se ha pasado de una publicidad de producto a una publicidad de imagen, a cuestiones de orden específicamente social: unas cosas son consideradas deseables, otras no. 
Especialmente problemática es la publicidad destinada a los niños y a otros colectivos que no se pueden proteger. 
A nosotros nos corresponde proteger a los débiles. 
La fuerte expansión del patrocinio, como el que tiene lugar en escuelas, constituye un buen ejemplo. 
Asimismo, el patrocinio en el deporte y todos los fenómenos negativos derivados de él, hasta llegar al movimiento olímpico, nos demuestran lo que ocurre cuando hay poco control y tendencias delictivas. 
El funcionamiento irreprochable del mercado único constituye uno de los objetivos fundamentales que persigue la Unión. 
Facilitando la comercialización de mercancías y servicios se contribuye a alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y, al mismo tiempo, a crear posibilidades de crecimiento y, por supuesto, a generar empleo. 
Por lo tanto, una publicidad buena y flexible representa un objetivo favorable. 
La comunicación comercial transfronteriza ha de basarse en el mutuo reconocimiento. 
La ponente del informe propone que, si esto no es posible, recurramos a la autorregulación. 
Yo, en cambio, no creo que sea suficiente. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a la Sra. Larive por su informe, al que doy la bienvenida también en nombre del Partido Popular Europeo. 
La Sra. Larive viene guiando desde hace algún tiempo la opinión del Parlamento acerca de esta cuestión de los principios económicos liberales y el hecho de que apenas se haya presentado un reducido número de enmiendas a su informe atestigua la ardua labor que ha llevado a cabo y el respaldo que ha obtenido. 
Desearía resaltar cuatro puntos que se plantean en el informe. 
En primer lugar, quisiera hacer hincapié en el mutuo reconocimiento en este ámbito. 
El segundo sería un planteamiento basado en la autorregulación como instrumento primordial y, como ha dicho la Sra. Larive, en el que la incorporación de nuevas directivas constituyera el último recurso. 
El tercer aspecto que creo que plantea el presente informe es la importancia de un sistema obligatorio que evalúe la proporcionalidad de un mayor número de iniciativas legislativas. 
Esta circunstancia representa una limitación para los legisladores, pero me parece que se trata de una limitación adecuada. 
Hemos de fijar las normas a nuestro alrededor. 
Si bien puedo mostrarme de acuerdo con los puntos más generales de la Sra. Larive, creo que la prosperidad de la Comunidad será proporcional a la importancia que en ella se conceda a las leyes, las normas y la previsión. 
Todo ello nos conduce al cuarto punto, que está relacionado con las reclamaciones. 
La Comisión se ha mostrado muy constructiva en su Libro Verde, pero si hay un ámbito donde resultaría obviamente necesario registrar un mayor avance, éste es el de la tramitación de las recomendaciones. 
En este orden de cosas, sería muy útil establecer claramente unos plazos estrictos. 
Además, la idea de introducir un registro de reclamaciones en Internet conecta muy bien con el último debate y sirve de ayuda a quienes presentan dificultades en este campo. 
Esta iniciativa les hace más accesibles los sistemas comunitarios, algo que creo que podemos apoyar todos aquí. 
La Sra. Larive hace hincapié en la importancia que reviste el Grupo de expertos y en la necesidad de incorporar al mismo expertos verdaderamente externos ya en una fase temprana. 
El PPE también apoya este punto. 
Para finalizar, quisiera alentar al Comisario Monti a continuar su labor en este ámbito tan embarullado y confuso. 
No todas las directivas existentes en la actualidad contribuyen a alcanzar los objetivos que apoyamos todos en este Parlamento. 
Puede que el Sr. Monti sea capaz de usar sus dotes para introducir orden y síntesis en algunas cuestiones de este ámbito. 
Señor Presidente, al mercado interior también pertenece la comunicación comercial transfronteriza que, teniendo en cuenta, los enormes recursos financieros que emplea la industria publicitaria, tiene una influencia enorme sobre el comportamiento y las necesidades de la gente. 
Dado que la publicidad y el marketing tienen una gran influencia a través del sponsoring, del product placement y del imagetransfer sobre todos los sectores de la comunicación y el diálogo, por ejemplo, se introducen en las películas y en las escuelas, la capacidad de influencia de los más grandes, de los más poderosos sobre los más pequeños, los más débiles es enorme. 
Esto se refiere tanto a los estados como a las empresas. 
Por ello pienso que este, por lo demás, excelente informe debería haber resaltado más intensamente la necesidad de proteger de forma especial las tradiciones y costumbres enraizadas en la conciencia histórica, que representan parte del legado cultural. 
La protección de la dignidad humana que se percibe de forma distinta en los diferentes lugares de Europa, y la protección de los menores deberían haberse destacado más intensamente como criterios esenciales. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario Monti, distinguidas señoras y señores, el término comunicación comercial puede que a primera vista cause una impresión un poco abstracta. 
Gracias a los libros verdes de la Comisión y al trabajo de la ponente conocemos la trascendencia de esta perífrasis. 
Si tenemos en cuenta que en ésta se comprenden varias formas de comunicación que tienen por objetivo el fomento de la venta o de la imagen de un ofertante frente a los usuarios, se hace evidente la trascendencia de este tema. 
Así que la comunicación comercial también comprende la publicidad, el marketing directo, el sponsoring, y también la política de ventas y, lo que es especialmente importante, la presentación al público. 
Entretanto el sector ofrece más de un millón de empleos, y cada vez ofrece más. 
Como mercado de futuro, y esto es particularmente importante, conseguirá más empleos en otros campos. 
Por ello este tema afecta de forma especial al mercado interior. 
Tenemos que procurar que también en este sector se acelere la realización de las libertades del mercado interior. 
En este sentido opino que en este informe también hay una cuestión esencial que atañe al principio del reconocimiento recíproco. 
La comunicación transfronteriza tiene que ser posible en cuanto sea aprobada por un Estado miembro. 
Este es el principio clave del mercado común. 
Quiero recordar otro tema que puede que a primera vista no parezca ahora coherente, en concreto, la directiva relativa a los autobuses, es decir, el famoso Informe Murphy. 
También en este dimos prioridad al principio del reconocimiento recíproco y esperamos que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta este planteamiento en otras reflexiones legislativas. 
Muchas gracias, señor Monti. 
La Sra. Larive, como ponente, quiere hacer uso de la palabra. 
Tiene usted un minuto, señora Larive. 
Comisario Monti, gracias por su respuesta. 
En algunos puntos ha podido usted responder efectivamente de forma tranquilizadora. 
En algunos puntos ha decepcionado, especialmente en cuanto a la composición del comité de expertos. 
Tengo dos preguntas que todavía no han sido contestadas por usted. 
¿Está usted dispuesto a ofrecerle al denunciante unas posibilidades de recurso en caso de que se informe en sentido negativo? 
¿Está usted dispuesto a aplicar los plazos indicados en la resolución para el procedimiento de infracción? 
Señora Larive, como acabo de decir tanto de forma general como particular con respecto a sus dos últimas consideraciones, me reservo hacer una valoración más exhaustiva. 
En cuanto al primer aspecto, es decir, el del recurso, creo que sería necesaria una modificación del Tratado al respecto. 
Quiero recordar que personalmente y también como Comisión hemos apoyado, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental que desembocó en el Tratado de Amsterdam, la propuesta de algún Estado miembro de reforzar los poderes para poder simplificar los procedimientos en cuestión. 
En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos, creo haber dicho ya que todas nuestras actuaciones están encaminadas a tratar de cumplirlos y en ello me reitero. 
De hecho, usted habrá podido comprobar que en algunos casos mi reticencia a valorar en seguida algunas de sus propuestas depende precisamente de que parecen de por sí buenas, sin embargo, podrían determinar cierta ralentización del procedimiento en cuestión. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Servicios postales europeos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0718/98 del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre los servicios postales europeos; -B4-0006/99 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre los servicios postales; -B4-0007/99 del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre la liberalización de los servicios postales europeos.Tiene la palabra la Sra. Moreau por el tiempo de tres minutos. 
Señor Presidente, la apuesta de la Europa postal no es desdeñable: una cifra de negocios de 360 mil millones de francos, un volumen de actividad de 108 millones de envíos, una red de contacto de más de 106.000 puntos, pero sobre todo 1.400.000 empleados y más de 370 millones de usuarios potenciales. 
Por lo tanto, la cuestión fundamental es saber si existe una fórmula única, e incluso armoniosa, ante las situaciones de disparidad. 
En primer lugar, disparidad demográfica, porque las superficies y las densidades no son comparables y cuatro países agrupan al 60 % de la población. 
Después, disparidad económica, con un PIB por habitante que varía de menos de 90.000 francos a más de 150.000 y con cuatro países que aseguran el 75 % del volumen de negocio. 
También disparidad financiera, con una tarifa básica que oscila entre 1, 70 y 3, 20 francos. 
Y, por último, disparidad jurídica, con situaciones geográficas y oferta de productos muy distintas. 
Dicho en otras palabras, se trata de respetar algunos principios: el principio de justicia y de equidad del servicio universal, el principio de eficacia económica y el principio de cohesión y de preservación del servicio público. 
Dicho en otras palabras, no hay que sacralizar la competitividad con el pretexto de la transparencia, lo que penalizaría a los usuarios más desprotegidos y a los más apartados. 
Dicho en otras palabras: hay que garantizar el empleo y el interés general. 
Señor Presidente, si se presta atención a ambas intervenciones sobre la justificación de las preguntas, entonces uno se siente trasladado a nuestros primeros debates sobre la liberalización de los servicios de comunicación. 
Entonces se expresaron los mismos temores. 
Estos no se han confirmado. 
El servicio universal, para el que en el ámbito de la telecomunicación hemos dispuesto y permitido instrumentos financieros para los Estados miembros, se perfecciona en lo esencial sin tales instrumentos, es decir, solo con lo que son las leyes económicas de los sistemas de comunicación. 
Pero es evidente que para algunos miembros o tendencias políticas de esta Asamblea son tan desconocidas que siempre les infunden temor. 
Quiero decirlo bien claro, señora Moreau. Un mercado cuando se realiza con arreglo a reglas que, naturalmente, se pueden y deben imponerse políticamente, no tiene que provocar efectos antisociales, al contrario. 
Yo mismo pienso en buena lógica, por ello he dicho que si se perfecciona conforme a esas reglas, que nosotros mismos introducimos, no tiene por qué tener consecuencias negativas, y el mejor ejemplo del campo de las telecomunicaciones son los precios del teléfono. 
Hoy, gracias a dios, se puede decir precios y no tarifas. 
Probablemente al final de este año y gracias a la competencia, es decir, gracias al mercado, alcanzaremos unos precios que no están en absoluto por detrás de aquellos de los Estados Unidos, esto significa que la posibilidad de comunicarse, también de participar en Internet y otras posibilidades informáticas, se ha abaratado. 
Esta es la mejor política social. 
En lugar de establecer con determinados criterios quién está legitimado para crear una burocracia fabulosa, que administra de forma costosa esos dineros que se derraman sobre los necesitados- y aquí aparecen los casos de fraude -, disponemos de un sistema muy sencillo. 
Actualmente incluso existe, señora Moreau, la posibilidad de llamar de forma totalmente gratuita. 
No tiene que pagar nada, me puede llamar en cualquier momento, no sólo por las noches. 
Además, señor Presidente, es la segunda vez que estoy aquí a una hora avanzada de la noche. 
Esto no puede seguir así. 
Nos obligan, con condiciones laborales inhumanas, a vivir por debajo de nuestra dignidad humana, señora Moreau. 
Desgraciadamente no puedo contestar las preguntas. 
Lo lamento, pero quiero decirles por qué. 
Puedo entender que hayan formulado ahora las preguntas porque tenían la sensación de que se debía decir algo, pero ni yo mismo he acabado de fijar mi posición. 
Que a usted no le gusten los estudios, señora Moreau, porque no se corresponden con lo que se imagina, lamentablemente, al respecto no puedo cambiar nada. 
Por lo demás, los hemos querido elaborar con base en las informaciones de todos los servicios postales de la unión lamentablemente no hemos recibido de todos los servicios las informaciones necesarias, esto también quiero decirlo. 
Interrupción: ¡no lo hemos recibido! 
Puede ser. 
En cualquier caso yo tengo mi propia posición que creo presentaré a la Comisión en dos semanas, aunque no es seguro. 
La discusión de dentro de dos semanas es un debate orientativo, es decir, en él me esforzaré por averiguar que es lo que mis colegas piensan sobre las distintas cuestiones, y solo entonces podré, al menos de forma introductoria, expresarles ciertos puntos ineludibles. 
Hoy no les puedo explicar ninguna posición de la Comisión. 
Les puedo decir personalmente que el servicio universal se va a tratar de igual modo que la telecomunicación, es decir, vamos, si ustedes así lo quieren, a establecer una suerte de servicio de recepción, si mis colegas me apoyan, pero no va a ser obligatorio, sino que va a estar a disposición de aquellos Estados miembros que crean que lo necesitan. 
No obstante yo creo que no es necesario, pero bueno. 
Hemos topado con temores injustificados y por ello es probable que vayamos- yo en cualquier caso sí- a proponerlo de ese modo. 
Por tanto, pueden dormir tranquilos. 
Espero, de todos modos, que los servicios postales se despierten pronto. 
Señor Presidente, la pregunta oral sobre los servicios postales y las mociones que se han sucedido a continuación ofrecen a este Parlamento una oportunidad para refirmar la posición que ha mantenido en numerosas ocasiones en lo relativo al futuro de los servicios postales en la Unión Europea. 
Es además una gran coincidencia el hecho de que se debata esta cuestión dentro del mismo orden del día en el que el Parlamento somete a consideración la moción de censura contra la Comisión. 
Uno de los motivos del deterioro de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión ha sido, sin duda alguna, la actitud arrogante que han mostrado en algunas ocasiones determinados comisarios. 
Nosotros lo pudimos comprobar en 1997- y creo que será posible hacerlo también en 1999- cuando, a pesar de contar con un abrumador respaldo por parte del Parlamento, el Comisario Bangemann desechó entonces el informe que yo mismo había presentado, afirmando que volvería a sus planes extremadamente liberalizadores, planes que- por otra parte- fueron rechazados por el Parlamento. 
Permítanme recordarle al Sr. Bangemann la posición del Parlamento. 
Es posible que, de acuerdo con el nuevo espíritu de reverencia y respeto hacia el Parlamento que parece imperar esta semana en la Comisión, el Sr. Bangemann tome nota y nos garantice la plena inclusión de la posición del Parlamento cuando se decida finalmente- y con retraso- a presentarnos la nueva directiva sobre los servicios postales que se esta elaborando en estos momentos. 
Lo que queremos es que se reserve un área lo suficientemente grande para mantener un servicio universal viable. 
Esto implicaría mantener en dicho área el correo directo y el transfronterizo. 
La responsabilidad de este área reservada ha de recaer en las administraciones postales nacionales. 
Queremos que la mencionada área reservada se base en limitaciones de peso realistas, no en veinte gramos, o incluso en cincuenta, como se ha venido rumoreando que es el planteamiento de la Comisión. 
Queremos ver una definición detallada de lo que es el servicio universal y queremos conocer cuáles serán las repercusiones sociales de la liberalización en el empleo y en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Desearíamos recordarle al Comisario los miles de puestos de trabajo que están en juego y hacerle saber también que el Parlamento alberga serias dudas, como ya ha dicho la Sra. Moreau, acerca de la autenticidad de los denominados estudios que se han realizado en éste y en otros ámbitos. 
Florus, tendrás tu oportunidad en un minuto, por lo que deja de rezongar y refunfuñar ahí atrás. 
Seguimos aguardando esta propuesta de la Comisión, de acuerdo con la Directiva 97/67/CE, lo cual significa que es posible que ya no estén en vigor los artículos relativos a la liberalización correspondientes a la directiva anterior. 
¿Cuándo? ¿Cuándo reconocerá la Comisión que no pueden ustedes comparar de manera equitativa los sistemas postales y los de telecomunicaciones puesto que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, mientras en el sector de las telecomunicaciones estamos hablando de máquinas, en el ámbito postal lo hacemos de personas? 
Pero aún tenemos grandes dificultades para lograr que le entre esto en la cabeza al Sr. Comisario. 
El Parlamento sabe que soy una persona razonable. 
Pero he de decirle al Comisario y a la Comisión en general que, independientemente de que a esta institución le quede un día o un año de mandato, si se presentan ante el Parlamento con una directiva postal que ataque el concepto de un servicio universal público de elevada calidad para todos, si se presentan ante el Parlamento tras haber rechazado- como han hecho en el pasado- o pasado por alto- como también han hecho con anterioridad- la posición previamente expresada por el Parlamento, que es además una posición que cuenta con el respaldo del Consejo, y si- en fin- persisten en aplicar un planteamiento dogmático y totalmente liberalizador en detrimento de los servicios postales, entonces, señores míos, deberán prepararse para una monumental batalla, la madre y el padre de todas las batallas. 
Quede usted avisado, Sr. Comisario, de que la posición del Parlamento no ha variado. 
El Parlamento tiene aún la misma opinión a este respecto, con la excepción del grupúsculo lunático de los liberales holandeses. 
Lo que tiene usted que hacer es escuchar lo que le está diciendo el Parlamento, escuchar qué es lo que quieren los ciudadanos de la Unión Europea y detener esta locura de intentar liberalizar los servicios postales únicamente con arreglo a un criterio dogmático. 
Muchas gracias, señor Simpson. 
He recibido siete propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, para cerrar este debate. 
Tiene la palabra el Sr. Ferber, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, estimado Brian Simpson, quiero señalar que has hablado en nombre del Grupo de los Socialistas, no en nombre del Parlamento. 
De nuevo, tenemos que averiguar a última hora que la Comisión tiene problemas con los servicios postales para presentar próximas directivas. 
No es la primera vez que tenemos que interrogar a la Comisión sobre lo avanzado en sus trabajos. 
Estaban obligados a presentar una nueva propuesta de directiva antes del fin de 1998. 
Este plazo lo han dejado ustedes expirar. 
Señor Comisario, al respecto ya he señalado varias veces que un proceso legislativo sin fricciones solo puede funcionar si ustedes respetan ese plazo. 
Han dejado pasar la oportunidad de presentar, por fin, las propuestas para un servicio postal que mejore ostensiblemente su calidad en Europa, que a través de la competencia reduzca sus costes y que, de ese modo, pueda también tener éxito frente a otras alternativas como el fax o el correo electrónico. 
Si no han hecho esto porque temen a la izquierda mayoritaria en el Consejo, entonces no puedo mostrar mucha comprensión. 
Si no lo han hecho porque la transposición en los Estados miembros deja mucho que desear, entonces no han sido coherentes con su obligación en tanto guardiana de los tratados, y en este sentido quisiera decir que es bastante interesante comprobar de qué países provienen los tres diputados que han formulado preguntas. 
Es evidente que en ellos hay especiales problemas con la transposición de la directiva ya aprobada. 
Solo puedo instarles, señor Bangemann, a que con la mayor brevedad presenten ante este Parlamento la propuesta de directiva acordada, para que también podamos conseguir lo antes posible un desarrollo razonable de los servicios postales tal y como se debatió y decidió en la antigua directiva. 
Señor Presidente, como hemos podido escuchar esta tarde en el debate, todo el mundo conoce ya nuestro punto de vista. 
Y aunque algunos lo vean como algo lunático, nosotros en todo caso defendemos al consumidor, porque tiene derecho a un mejor servicio. 
El servicio postal no debe convertirse en un servicio social, ni debe ser utilizado por los Estados para deshacerse de unos servicios que en realidad pertenecen a otro sitio. 
A esto lo llamamos poner el carro delante de las mulas. 
Todo el mundo sabe que en cuanto se adscriben los servicios postales a un monopolio, rápidamente serán adelantados, como ya se dijo antes con mucha razón, por los telefax, el correo electrónico y otros servicios modernos. 
Resulta, además, en la práctica, como por ejemplo en Suecia, o en los Países Bajos- y Suecia no es, como los Países Bajos un pequeño país superpoblado, sino un país enorme con grandes distancias- que un servicio privatizado, o en todo caso un servicio expuesto a la competencia puede ser tan bueno como esos monopolios que funcionan mal y son a su vez instituciones de servicios sociales. 
Esto significa que no sólo apelamos a la Comisión para que ejecute esa retrasada y obsoleta directiva, sino además presente rápidamente unas nuevas propuestas liberalizadoras. 
Porque la Comisión se comprometió a hacerlo. 
El no llevar a cabo Reims II, el no cumplir claramente con lo pactado porque mientras estén activos todo tipo de servicios integrales, significa simplemente que hemos de elaborar unas nuevas y modernas propuestas para el sector de servicios. 
Espero que la Comisión no vuelva a tardar otros diez años, y que no tengamos que volver a ver cómo el elefante da a luz a un ratoncillo. 
Valga decir que cualquier parecido con las personas aquí presentes es pura casualidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, me pregunto si lo que nos ha ofrecido el Sr. Bangemann han sido unos comentarios acerca de sus condiciones de trabajo, ya que nos ha dicho que tal vez sería necesario crear un sindicato para los comisarios. 
He de decir que me ha sorprendido algo la reacción de la Comisión. 
Por lo general, ni mi grupo ni yo estamos en contra de las privatizaciones. 
Pero, ¿qué motivo puede existir para hacerlo con las prisas que desea la Comisión? 
Por el contrario, es sabido que el Parlamento ha solicitado a la Comisión que estudie las consecuencias económicas y sociales- así como la situación en el sector postal- país por país, servicio por servicio. 
Pero no ha sido así. 
Hemos visto también que las evaluaciones de la liberalización de los servicios postales no se deben basar únicamente en los estudios de aplicación de la Comisión, sino que es preciso consultar también las opiniones del Parlamento, las organizaciones sindicales del sector postal, las organizaciones de usuarios, etcétera. 
Si fuera así, el Comisario Bangemann podría decir que nuestras preocupaciones son infundadas. 
Alguien aquí ha mencionado que en Suecia ya se ha llevado a cabo una cierta liberalización de nuestra organización de correos. 
En los estudios que se han realizado podemos comprobar que el servicio ha empeorado en la periferia, que se «coge la guinda del pastel» al mismo tiempo que empeora la situación en las localidades más pequeñas. 
De hecho, es preciso contar con un sector lo suficientemente grande para garantizar un servicio como éste, que ha de abarcar a toda la sociedad. 
Creo que sería inadecuado presentar más enmiendas hasta que no se tenga un conocimiento de conjunto de las repercusiones y no se haya llevado a cabo una evaluación general al respecto. 
O, lo que es lo mismo, no apresurarse y tomárselo con mas calma. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, esta no es, desde luego, la primera ocasión, y el propio Sr. Bangemann lo acaba de decir, en que nos encontramos aquí a medianoche y debatimos sobre los servicios postales europeos. 
Seguramente tampoco va a ser la última vez, aunque esperemos que a una hora distinta, porque es evidente que nosotros, como Parlamento, no expresamos con la frecuencia necesaria nuestra posición respecto de la liberalización de los servicios postales. 
Nadie en esta Asamblea va a negar que para los servicios postales necesitamos un mercado interior que funcione y que, por ello, necesitamos desarrollar en un razonable período de tiempo la actual directiva sobre la liberalización de los mercados postales. 
Pero respecto del cuándo y el cuánto de la liberalización nuestras perspectivas y las de la Comisión, tanto hoy como ayer, apuntan a caminos diferentes, por lo menos eso es lo que entonces demostró la votación mayoritaria a la actual directiva. 
Volvamos a observar cuidadosamente el calendario para la nueva versión de la directiva. 
Se aprobó en 1997, debía ser transpuesta en los Estados miembros antes del final de 1998, pero esto no ha sucedido así en numerosos casos. 
Además, la directiva expresa que antes del final de 1998 la Comisión deberá presentar nuevas propuestas para continuar con la liberalización. 
Pero como puede realizarse una revisión de la directiva si aun no se pueden evaluar los efectos que produce la actual directiva. 
Me consta que el Parlamento aprobó este calendario a finales de 1997, pero ¿para qué modificar una directiva si aun no se ha transpuesto en todos los Estados miembros? 
En primer lugar, la Comisión debería poner un informe sobre la mesa en el que se exprese con claridad el estado de la transposición y en el que, sobre todo, se comparen las medidas de transposición de cada Estado miembro. 
De este modo constataría que, en parte, hay importantes diferencias y a partir de ahí se podría negociar. 
Si entonces se modifica la directiva hay dos cosas que deben garantizarse: en concreto, un servicio universal eficiente con una segura base financiera y la conservación de puestos de trabajo asegurados socialmente en el sector postal. 
La comparación con la telecomunicación no es, con seguridad, real, señor Bangemann, porque en esta- ya lo ha dicho el Sr. Simpson- casi todo se transmite técnicamente, mientras que en el correo amarillo, es decir, en los servicios postales se gira mucho más a través del personal, a través de la gente. 
Necesitamos el servicio universal porque sólo este garantiza que todos los ciudadanos europeos- también en las zonas periféricas- tengan acceso a los servicios postales. 
Solo esto ofrece la posibilidad de comunicarse. 
En los servicios postales no todo tiene que ver con los servicios comerciales, se trata de una labor social en la que se proporciona a todos los ciudadanos europeos un medio de comunicación de fácil acceso y a un precio razonable. 
Por ello no es suficiente dotar con terminales informáticos a las islas griegas y a los pueblos perdidos de los bosques bávaros, no, también estas regiones necesitan buzones que sean vaciados cada día. 
Un servicio universal de este tipo requiere una solida base financiera. 
Sin embargo, esta no se consigue si se levantan los sectores reservados y se permite a las empresas comerciales coger las guindas del pastel que son los servicios. 
Necesitamos más empresas postales que ofrezcan diversos servicios postales, incluidos los no rentables, de modo que se pueda financiar el servicio universal con sectores reservados. 
Además, debemos tener en cuenta que las empresas postales emplean en toda Europa a un millón y medio de personas. 
También tenemos una responsabilidad social para con estos empleados. 
Sabemos que, hasta ahora, la liberalización ha sido bastante dolorosa para estos empleados de las empresas postales. Estos han convivido con despidos y, parcialmente, con el reciclaje a relaciones laborales socialmente inseguras. 
Este Parlamento- y pienso que en esto todos los grupos están de acuerdo- no va a consentir que los empleos en empresas postales se conviertan progresivamente en empleos de estar por casa. 
No vamos a tolerar beneficios rápidos a costa de los trabajadores y de la calidad de los servicios postales. 
Queremos una garantía para un servicio universal amplio y de la mayor calidad y que tenga unas relaciones laborales aseguradas. 
Señor Presidente, los viejos monopolios no hacen frente a las exigencias que, como usuarios, todos tenemos el derecho a establecer para lograr el buen funcionamiento de los servicios. 
Así pues, en un sector tras otro vienen planteándose exigencias en favor de la desregulación y la liberalización. 
Desgraciadamente, las actividades postales constituyen una excepción de enorme importancia. 
En la UE existen diversos países que llevan mucho tiempo planteando la exigencia de introducir la libre competencia también en el sector postal. 
Es posible mostrar experiencias positivas a este respecto. 
Por lo que respecta a Suecia, se trata de un proceso que, paso a paso, ha venido adquiriendo una considerable unanimidad política. 
Es importante que este proceso pueda continuar y que pueda beneficiarse de los incentivos que resulten necesarios. 
Habiendo dicho todo esto y para finalizar este debate, permítanme plantearle una pregunta al Comisario Bangemann: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para incentivar un mayor desarrollo liberalizador en el ámbito de las actividades postales? 
Muchas gracias, señor Stenmarck. 
Señorías, con la intervención del Sr. Stenmarck hemos terminado el turno de palabras de miembros de la Asamblea. 
El Sr. Bangemann me ha pedido la palabra para una breve intervención. 
Tiene la palabra. 
Señor Presidente, sólo quisiera intentar responder a las preguntas. 
La pregunta del Sr. Stenmarck ha puesto de relieve de lo que padece este debate. 
Aun no hemos adoptado ninguna posición en la Comisión. 
Señor Ferber, esto no es así porque yo tenga miedo de los socialistas o de quienquiera que sea. 
Yo no tengo miedo del Sr. Stoiber, como otros miembros del CSU que ha sido incluidos en lista. 
Esto es así porque yo no tengo que entrar en la lista del CSU. 
Por la misma razón que tampoco necesito ninguna intervención incendiaria para ser incluido. 
No tengo miedo de nadie y menos de usted, señor Ferber. 
En mi opinión en Sr. Simpson tiene un concepto muy simple de las relaciones Parlamento-Comisión-Consejo. 
Si el Sr. Simpson quiere decir que la Comisión debe proponer siempre lo que el propio Parlamento opina, entonces esto es en primer lugar una inversión temporal del procedimiento. 
Primero propone la Comisión y después expresan sus puntos de vista Parlamento y Consejo y la Comisión acepta naturalmente esta votación democrática. 
Pero nuestro propio derecho de iniciativa, señor Simpson, se desnaturalizaría si yo o cualquiera de mis colegas de la Comisión siempre propusiéramos aquello que opina el Parlamento, de forma especial usted ha escuchado que, en cualquier caso, las concepciones del Parlamento aun no habían sido fijadas entonces. 
¿Cómo podrían hacerlo? 
No hay ninguna propuesta de la Comisión. 
Vamos entonces a esperar qué es lo que dice el Parlamento de nuestra propuesta. 
Pero para que quede de nuevo muy claro: mi opinión personal- más no les puedo decir ahora- es asegurar de tal modo el servicio universal que no tengan ustedes por qué preocuparse, si mis colegas de la Comisión me apoyan. 
Pero no puedo hacer una propuesta que vaya a cerrar o a retrasar de tal modo todo este proceso de liberalización postal que al final el correo vaya a ser aplastado por el desarrollo del resto de los ámbitos. 
Esto ya lo he dicho varias veces en debates pasados. 
Por ello lo que propongo no va en absoluto en contra de los empleados de correos. 
Dentro de las diferentes sociedades postales va a surgir- y esto ya lo estamos viendo hoy- una competencia entre aquellos que viven en un medio nacional liberalizado, como por ejemplo la alemana Post-AG, y el resto, que no lo hacen. 
Aquellas que se mueven en un ámbito liberalizado tiene las ventajas naturales de su competitividad en el mercado. 
Además, mantendrán mejor su posición. 
Pueden adquirir otras empresas, fusionarse con otras empresas, mientras que los monopolios no lo pueden hacer. 
El que no lo entienda le hace un flaco favor a los empleados postales y a los usuarios, a los que ha hecho mención el Sr. Wijsenbeek. 
Por eso no se trata aquí de ideología. 
De acuerdo, yo soy un liberal. 
Lo he sido durante toda mi vida. 
En algunas ocasiones se duda el resto de colegas liberales son tan razonables como uno mismo. 
En cualquier caso, nunca he abandonado mi convicción liberal. 
No por razones ideológicas, porque, en mi opinión, los posicionamientos ideológicos no son en absoluto liberales, sino porque procuro llevar a cabo mi obligación. 
Si esto no le gusta, señor Simpson, tiene usted muchas vías para echarme a mí y a mis colegas. 
Esto lo aceptamos pues es un juego de rol democrático de lo más normal. 
Lo puede hacer mañana. 
Usted tiene la opción para ello. 
Si lo hace no me sentiré ofendido. 
El Parlamento tiene esta tarea, que es totalmente normal. 
Y si no lo hace porque cree que la Comisión, a pesar de todo, ha desarrollado una gran labor, entonces permitame darle las gracias de antemano. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 23.50 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera indicarle que, en lo relativo al acta de ayer, el Grupo UPE presentó por enésima vez una pregunta oral en el debate y la resolución subsiguiente sobre los servicios postales, realizada por el Sr. Pasty, y en la que estaba apuntado el Sr. Donnay como portavoz. 
Ayer por la noche, a las doce menos cuarto, señora Presidenta, el Grupo UPE ni siquiera se tomó la molestia de estar presente aquí, ya que no había nadie del Grupo, pero absolutamente nadie. 
Quisiera indicarle que, por tanto, de ahora en adelante quisiera que se nos ahorrara esta clase de solicitudes inútiles porque, señora Presidenta, no había nada nuevo, no se había llegado a ninguna posición nueva y la Comisión tampoco tenía que contarnos, como de costumbre, nada en absoluto, porque todavía no había hecho nada. 
Tomamos nota de su observación. 
El Acta queda aprobada 
Artículo K.6 del Tratado UE, Cooperación Schengen 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la pregunta oral (B4-0176/98) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado UE- diciembre 1998; -la pregunta oral (B4-0717/98) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado UE- diciembre 1998; -la propuesta de recomendación (A4-0006/99) de la Sra. Van Lancker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el programa de actividades en el ámbito de la cooperación de Schengen de aquí a junio de 1999. 
Señora Presidenta, Señorías, está será seguramente la última ocasión en la que celebramos el presente debate sobre la base del artículo K.6. 
Después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, no sólo debatiremos de conformidad con un nuevo artículo, sino también dentro de un marco claramente delimitado, ya que sólo se deberán tratar en este contexto los temas de la cooperación policial y judicial en materia penal. 
Señora Presidenta del Consejo y señor Presidente del Consejo, permitánme que exponga algunas observaciones sobre el procedimiento antes de entrar en realmente en materia. 
Hasta ahora, el presente debate solía celebrarse al final de una Presidencia del Consejo, o sea, en el mes de diciembre. 
Esto ofrecía la evidente ventaja de que al menos uno de los Presidentes del Consejo competentes podía responder a las preguntas del Parlamento. 
Reconozco que esto depende más del Parlamento que de la Presidencia del Consejo, pero aun así es preciso promover el consenso necesario. 
Mi segunda observación se dirige, en cualquier caso, plenamente al Consejo. 
De conformidad con el procedimiento establecido, el presente debate se desarrolla sobre la base de una pregunta oral y una propuesta de resolución. 
Nosotros venimos solicitando desde hace algún tiempo que el Consejo nos remita un informe por escrito, con objeto de poder debatir sobre la base del mismo. 
Esto también tendría grandes ventajas para el Consejo, ya que le permitiría resaltar claramente los aspectos que considera centrales y aquellos en los que considera que se ha trabajado con éxito. 
Un informe escrito como base para la preparación del debate sólo contribuiría a mejorar la cooperación con el Parlamento. 
Existen una serie de peticiones que ya habíamos planteado con anterioridad en el contexto de la citada propuesta de resolución y que se refieren a la cooperación del Parlamento con el Consejo. 
Ésta nunca ha llegado a concretarse, no obstante, en un procedimiento reglado durante la etapa del Tratado de Maastricht. 
Resulta interesante constatar que en el Tratado de Amsterdam se suprime la redacción algo desafortunada que hace referencia a los principales aspectos de la actividad, sobre los que el Consejo debe consultar al Parlamento, y se concreta afortunadamente con precisión en qué casos éste deberá ser consultado y en cuáles sólo deberá ser informado. 
No obstante, también desde el punto de vista de la redacción actual, existen una serie de consultas pendientes que no se han realizado; enseguida volveré sobre ello. 
Nosotros pedimos que en el futuro se nos informe sobre los hechos importantes- tal como prevé también el apartado 2 del nuevo artículo 39- y sobre todo, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente del Consejo, sobre las reuniones del Consejo, aunque sean informales. 
No es aceptable que el Parlamento tenga que obtener información sobre lo que ocurre en el Consejo a través de los comunicados de prensa. 
No tendría que plantear ningún problema comunicar al Parlamento antes de cada reunión del Consejo los temas que se van a tratar e informarle luego sobre lo que se ha debatido. 
Paso a exponer ahora algunas consideraciones prácticas. 
En el Tratado de Amsterdam- y lamento tener que hablar en términos muy generales- se comunitarizan algunas materias legislativas fundamentales, sujetas, es cierto, al requisito de la unanimidad durante un plazo de cinco años como mínimo; pero en cualquier caso se comunitarizan. 
Lo cual significa que estos temas dejan de ser de la competencia legislativa de los Parlamento nacionales. 
Sin embargo, al mismo tiempo todavía no pasan a ser competencia del Parlamento Europeo, puesto que hasta que no se introduzca la codecisión sólo contaremos con el derecho de consulta. 
Lo cual significa- y me dirijo a dos juristas brillantes- que la definición jurídica a escala europea de unos temas que son claramente objeto de reserva jurídica, como los del asilo y la inmigración, se sustraerán a la influencia directa de un Parlamento electo y esto no se puede considerar aceptable. 
A mi modo de ver, la única alternativa posible sería que en la fase intermedia, durante esos cinco años y pico, el Consejo dedique especial atención a la consulta al Parlamento y no haga caso omiso de lo que éste manifieste en el marco de la misma. 
Sólo quería hacerlo constar muy brevemente. 
Finalmente, permítanme que exponga una última observación, sólo a título de ejemplo. 
El Presidente del Consejo del lunes o el martes pasados propuso ampliar las capacidades operativas de EUROPOL, lo cual me divirtió mucho. 
Me divirtió porque su antigua colega del Grupo de los Verdes, la Sra. Roth, habría abandonado escandalizada el hemiciclo si hubiese escuchado semejante planteamiento. 
Dicho lo cual yo quisiera advertir que el desarrollo de EUROPOL tiene sus límites en la estructura de la cooperación interestatal. La comunitarización hace necesario el control parlamentario y judicial de los progresos en este ámbito. 
Por lo tanto, quien quiera avanzar en este contexto deberá tomarse la molestia de impulsar el progreso en el ámbito de la comunitarización y el Parlamento les insta a que así lo hagan. 
Presidenta, Señorías, Presidente del Consejo, señora Comisaria, creo que el debate de hoy sobre Schengen llega en un excelente momento, es decir, en el momento en que Alemania asume la Presidencia de la Unión, que por lo demás coincide con la Presidencia de Schengen. 
Eso es de crucial importancia, porque llega en un momento en que, para la realización del Protocolo de Schengen, se debe trasferir el acervo de Schengen al Tratado de Amsterdam. 
Además, el Parlamento dispone también, por otra parte, del segundo informe sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo y de la Autoridad Común de Control. 
Quiero, por tanto, agradecer también de forma muy explícita a la Presidencia alemana por esta ocasión que nos ofrece de tratar este tema con ellos y agradecer de todo corazón a los colegas su voluntariosa cooperación en el tratamiento de urgencia de este informe. 
El Parlamento ha tenido siempre sentimientos contradictorios para con Schengen. 
De una parte nos alegra, naturalmente, que un número importante de Estados miembros hayan tomado la iniciativa en la realización de la circulación libre de las personas y del espacio de libertad, seguridad y derecho, pero por otra parte siempre hemos lamentado que esto ocurra fuera de las estructuras europeas. 
Por lo demás, Schengen tampoco es, en el plano jurídico, el más guapo de la familia. 
El acervo es un melting pot de manuales, medidas y resoluciones en los que pocos encuentran un camino, y no digamos ya un derecho. 
Con la integración de Schengen en el Tratado de la Unión Europea podemos dar ahora pasos definitivos en aras de una mayor claridad y en aras de una mayor democratización. 
La inclusión de una parte del acervo en el primer pilar deja el camino abierto hacia una transferencia de competencias de esta política y posibilita también tomar medidas de limpieza respecto a todo ese cúmulo de la nébuleuse Schengen, como solía decir mi predecesor. 
Pero esa buena intención, Señorías, amenaza ahora con quedarse en agua de borrajas por la discusión que se viene arrastrando desde hace ya año y medio sobre la integración del acervo de Schengen en el Tratado. 
Lo primero y principal es que todavía no se logra definir el acervo de Schengen. 
Tampoco se logra eliminar las cláusulas superfluas de Schengen. 
En tercer lugar, todavía existe una gran discusión sobre la introducción de Schengen bien en el primer pilar o bien en el tercer pilar. 
He de decir sinceramente que esta situación, en la que un gran número de Estados miembros se sigue oponiendo obstinadamente a la transferencia de un poco del acervo de Schengen al pilar comunitario, al primer pilar, amenaza con hipotecar el modesto avance que nos ha traído Amsterdam. 
En la Cumbre Europea de Viena del mes pasado, los jefes de Estado europeos han insistido en una resolución rápida. 
Ésa es una señal política importante, señor Presidente del Consejo. 
Me gustaría que me explicara la Presidencia alemana, pero también la Sra. Comisaria como guardiana del Tratado, la iniciativa política que tomarán para salir de este atolladero. 
Por lo demás, también me gustaría que me dijeran de qué manera quieren implicar al Parlamento Europeo en este proceso de transformación, ya que la integración del acervo de Schengen en el Tratado y, sobre todo, la división entre el primer y el tercer pilar, tendrá importantes consecuencias para la futura implicación del Parlamento y para el futuro desarrollo de toda la normativa europea en relación con la seguridad y la libertad. 
Aunque el Protocolo de Schengen no atiende de manera explícita al asesoramiento del Parlamento, sin embargo creo que los derechos del Parlamento deben ser respetados, porque se nos perjudicaría enormemente en nuestros intereses si no fuéramos consultados. 
Por lo demás, quisiera decir que este Parlamento debe recapacitar seriamente ir al Tribunal si sus derechos democráticos son conculcados. 
En cualquier caso, insistimos en que se respeten los objetivos del Tratado en la integración de Schengen dentro de este Tratado y que se restablezca el equilibrio entre la eficacia de la actuación política, el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de derecho. 
Ya en mi primer informe sobre Schengen solicitamos mayor transparencia, mayor control parlamentario y judicial para los derechos humanos. 
Creo que esto se debe cumplir ahora y que en la aprobación del acervo de Schengen se debe aprovechar la ocasión para publicar todo el acervo, involucrar mejor en el mismo al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales e informar mejor a los ciudadanos sobre sus derechos. 
Por otra parte, también quiero decir que, en nuestra opinión, el futuro del sistema informático de Schengen es de crucial importancia. 
Nuestra propia lista aboga en favor del siguiente procedimiento: el desarrollo del SIS como una red transeuropea, administrada por una agencia bajo el control tanto de la Comisión, por un lado, como del Consejo, por otro, con una estricta separación para los servicios usuarios finales entre los datos de las respectivas partes y controlado por la autoridad de control que está prevista en el Tratado. 
También en este punto quisiera preguntar de manera explícita por la opinión del Presidente del Consejo. 
La Presidencia ha fijado, desde luego, también otras prioridades. Las apoyamos en gran parte. 
Por ejemplo, el refuerzo de la cooperación internacional en la política de seguimiento. 
Es necesario. 
La Presidencia alemana aboga también en favor de una armonización extrema en la política de visados. 
Ése también es un asunto importante, porque la situación actual es verdaderamente una catástrofe. 
En lo referente a la adhesión de nuevos países candidatos, señor Presidente del Consejo, quisiera decir que corremos el peligro de repetir las faltas del pasado. 
La evaluación de los países candidatos no se puede reducir al requisito de instalar herméticos controles fronterizos. 
También esperamos de usted una evaluación del funcionamiento de la justicia, el respeto de los derechos humanos y los principios del Estado de derecho. 
Permítame detenerme, por último, en algunos puntos del informe anual de Schengen. 
En primer lugar está el mantenimiento de los controles fronterizos por parte de Francia en la frontera con Bélgica y Luxemburgo, a pesar de los esfuerzos. 
¿Podría decirme la Presidencia del Consejo cuándo se resolverá finalmente esta deplorable situación? 
En segundo lugar quiero detenerme en la evaluación del Sistema de Información Schengen. 
Debo decirle sinceramente que la evaluación de cierto número de datos almacenados no puede ser considerada por nosotros como un criterio de éxito y, realmente, quisiéramos volver a insistir en que tenga lugar una evaluación cualitativa de la eficacia de Schengen. 
En tercer lugar está el informe de la Autoridad Común de Control que vigila el cumplimiento de la protección de datos. 
He decir sinceramente que la lectura de este informe plantea serios interrogantes con algunas desviaciones de Schengen. 
En este punto puedo dar ejemplos alucinantes, pero por desgracia no tengo tiempo para ello. 
Sólo quisiera decir que la autoridad de control ha descubierto problemas muy importantes en relación con el vínculo final, en relación con la eliminación de datos, en relación con la denegación de acceso al dominio Schengen. 
Esperamos que la Presidencia del Consejo respete las recomendaciones de esta autoridad de control. 
Tras cuatro años de funcionamiento de Schengen, este primer debate no es nada prematuro. 
Todavía se pueden corregir muchos problemas, deben ocurrir muchísimas cosas para llevar a cabo ese espacio europeo de seguridad y libertad. 
El Parlamento Europeo cuenta con que a partir de ahora se le incluirá en esta tarea. 
Debido a la gran complejidad del tema que hoy se debate, la Presidencia del Consejo está representada por dos ministros, la Ministra de Justicia federal alemana y el Ministro del Interior federal alemán. 
Yo agradezco su presencia. Tiene la palabra, en primer lugar, el Ministro del Interior federal alemán, Sr. Schily. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Van Lancker y señor Nassauer, ustedes han señalado con razón que en circunstancias normales lo correcto sería informar al final de una Presidencia del Consejo, pero ya saben cuál ha sido el motivo del retraso. 
Por lo tanto, en este caso la responsabilidad no recae sobre el Consejo, si bien también tiene, naturalmente, algunas ventajas que informemos ahora, a pesar de que yo no estaba en el cargo durante las dos Presidencias anteriores. 
Esto también nos permite gozar, no obstante, de un cierto distanciamiento y, por consiguiente, quizás también de una percepción más adecuada de los resultados de dichas Presidencias. 
Voy a procurar mantener la máxima objetividad sobre la base de lo que me han comunicado sobre las dos Presidencias anteriores. 
Podemos hacer, evidentemente, dos tipos de balance. En primer lugar, podríamos enumerar todo lo que se ha hecho desde un punto de vista cuantitativo. 
En este sentido, sin duda es posible afirmar que se ha conseguido mucho: una docena de medidas comunes, dos convenios y el acuerdo político sobre otros dos. 
No obstante, quizá sea más útil y necesario realizar una evaluación cualitativa y prestar especial atención a las actuaciones del Consejo con vistas a la participación del Parlamento Europeo. 
En este contexto, yo quiero adelantarles ya que acepto gustoso su propuesta de que informemos por escrito y que procuraremos trasladarla a la práctica. 
Yo creo que la sugerencia de que convendría poder disponer de un documento y no depender sólo de una declaración oral es razonable. 
Como ya había hecho la Presidencia luxemburguesa, las Presidencias en ejercicio durante el pasado año también cooperaron con el Parlamento Europeo de conformidad con las previsiones del Tratado de Amsterdam, anticipándose a su entrada en vigor, y nosotros procuraremos seguir haciéndolo. 
Mi colega Däubler-Gmelin les expondrá algunos detalles adicionales. 
Evidentemente hoy vamos a aprovechar la ocasión para ofrecerles, además del balance, también una panorámica sobre nuestra Presidencia. 
Ésta se centrará hoy, como es natural, en los asuntos de interior y la justicia, no en último término en relación con el plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
A continuación, permítanme que me detenga en algunos puntos, que he agrupado por temas. Voy a empezar por el punto relativo al asilo y la inmigración. 
En este ámbito, quizás todavía más que en los demás, es preciso adecuar los trabajos a los acontecimientos y responder frente a los sucesos internacionales. 
Kosovo es, como ustedes saben, uno de los focos de crisis que seguramente nos ocuparán también con toda urgencia en la próxima reunión informal de los Ministros de Asuntos Interiores y Justicia de la UE. 
Al mismo tiempo habrá que desarrollar estrategias y establecer normas de validez general que marquen el camino que habrá que seguir en el futuro. 
El año 1998 se caracterizó por dos flujos migratorios: por un lado, la afluencia de exilados kurdos procedentes del Iraq y las zonas colindantes y, por el otro lado, los problemas derivados de la ya citada situación conflictiva en Kosovo, que generaron una afluencia de solicitantes de asilo a toda Europa. Algunos países se vieron especialmente afectados. 
El Consejo respondió a la afluencia de inmigrantes procedentes de Iraq y otros países de la región con la adopción, en enero de 1998, de un nuevo plan de acción general. 
La llegada de estos inmigrantes también permitió constatar que el Convenio de Dublín, que había entrado en vigor poco antes, sólo puede cumplir en parte su cometido, dada la participación aparentemente masiva de organizaciones criminales en la canalización de los flujos de inmigrantes. 
Esto aparece cada vez más un problema. 
Como resultado de la crisis de Kosovo también se produjo una situación análoga de alcance más limitado. 
Para hacer frente a estos fenómenos, en diciembre de 1998 el Consejo, a instancias de los Países Bajos, decidió crear un grupo de alto nivel encargado de proponer medidas comunes en relación con una serie de países donde es más de temer que se origine un flujo masivo de inmigrantes ilegales. 
Habrá que analizar los factores de presión que allí existen y desarrollar luego una estrategia para hacerles frente. 
El año pasado se desarrolló un primer debate sobre el convenio propuesto por la Comisión por el que se regularía la admisión de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros. 
Se trata de un proyecto muy importante que entraría dentro de los nuevas competencias comunitarias previstas en el Tratado de Amsterdam. 
Las discusiones mantenidas hasta ahora han demostrado que para poder alcanzar un acuerdo será necesario también un considerable debate en los Estados miembros. 
Ya me he referido al Convenio de Dublín, que entró en vigor en octubre de 1997. 
Si bien sería sin duda prematuro evaluar su funcionamiento en la práctica, ya hace un tiempo que se consideró conveniente adoptar un instrumento jurídico que facilita la aplicación del Convenio, toda vez que prevé la obtención de las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y su comprobación por medio de un servicio central. 
Al mismo tiempo se ha examinado el anteproyecto del convenio Eurodac y es una satisfacción para mí poder confirmar que el Consejo alcanzó en diciembre al menos un acuerdo político al respecto. 
En marzo pasado, después de que la afluencia masiva de kurdos pusiera de manifiesto los problemas para la aplicación del Convenio de Dublín, el Consejo decidió ampliar el proyecto Eurodac a la obtención de las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales. 
El protocolo que establecerá el fundamento jurídico necesario todavía se encuentra en la fase de negociación. 
Los progresos registrados en la sesión de diciembre del Consejo permiten esperar que los trabajos puedan concluir muy pronto, lo cual también sería urgentemente deseable a mi parecer. 
En lo que se refiere al ámbito del asilo, se examinó, por un lado, la aplicación del propio Convenio de Dublín. 
En este contexto, el comité creado de conformidad con el artículo 18 de dicho Convenio aprobó un programa de trabajo y también una declaración, que tiene por objeto mejorar algunos aspectos de la aplicación del Convenio en la práctica. 
Por el otro lado, se debatieron, sobre la base de las propuestas presentadas en julio por la Comisión, las medidas de asilo provisional y con vistas al reparto entre los Estados miembros de las cargas asociadas a la acogida de refugiados, de refugiados de guerra, en particular. 
El examen de estas propuestas proseguirá sin demora bajo la Presidencia alemana. Permítanme que señale que la Presidencia alemana considera evidente que la acogida provisional y el reparto de las cargas son inseparables. 
Esta es una condición sine qua non para nosotros. 
En el contexto de los pasaportes y documentos de identidad y de residencia, el Consejo adoptó en junio de 1998 una Recomendación relativa a la instalación de instrumentos para la detección de falsificaciones en los puestos de entrada en la Unión Europea. 
Con objeto de facilitar los correspondientes controles, el Consejo aprobó en diciembre una Acción Común con vistas a la instalación del sistema Phado de almacenamiento electrónico de imágenes, diseñado para facilitar un intercambio rápido de información tanto sobre documentos auténticos como sobre los falsificados. 
En relación con los visados, el Consejo ha proseguido los contactos con los países candidatos a la adhesión y se han celebrado dos encuentros con los mismos en el marco del Grupo sobre visados, en mayo y noviembre de 1998. 
Como resultado del segundo de estos encuentros se constituyeron grupos de expertos que se encargarán de evaluar la seguridad de los documentos de los países candidatos a la adhesión y de adecuar sus sistemas informáticos a las exigencias de la cooperación de Schengen en lo relativo al examen de las solicitudes de visado y la gestión y organización de los servicios de concesión de visados. 
También se ha establecido un acuerdo de cooperación con vistas a evaluar las necesidades de formación y equipos de los países candidatos a la adhesión. 
En lo que se refiere a la unificación del modelo de documento de residencia, el Consejo aprobó tres instrumentos en 1998: primero, una decisión del Consejo sobre el reparto de los costes de impresión de los documentos de residencia unificados; segundo, una comunicación dedicada a la difusión de los modelos para dichos documentos; y tercero, una decisión del Consejo sobre las normas comunes en relación con los datos que deberán figurar en el documento de residencia. 
Paso ahora al tema de la cooperación policial, particularmente en lo que se refiere a Europol y a la lucha contra las drogas; el tema de Europol ya se ha debatido aquí. 
El 1 de octubre de 1998 entró en vigor el Convenio sobre Europol- un paso intermedio muy satisfactorio, permítanme que lo resalte- pero, lamentablemente, Europol no ha entrado aún en funcionamiento porque todavía no se han podido adoptar algunas normas de aplicación necesarias para que pueda iniciar su actividad. 
Hasta ahora se han podido acordar y adoptar los siguientes textos: definición de los derechos y obligaciones de los funcionarios de enlace en relación con Europol, normas de aplicación sobre análisis de datos, estatuto del personal, normas sobre protección de la confidencialidad, acuerdo sobre la sede de Europol; el régimen financiero no tardará en aprobarse. 
Yo me congratulo de que haya sido posible alcanzar un compromiso en relación con la dirección del personal de Europol. 
El régimen financiero se aprobará en breve. 
Todavía no han entrado en vigor y están pendientes de un examen final los siguientes actos jurídicos: el protocolo de inmunidades de Europol, los acuerdos relativos a los órganos y el personal de Europol- cuatro Estados miembros no han completado aún, como es sabido, el proceso de ratificación -, y también los acuerdos bilaterales sobre inmunidades y privilegios para los funcionarios de enlace destinados a Europol y sus familias. 
Los Estados miembros han alcanzado un acuerdo sobre un texto con el Reino de los Países Bajos y dentro de poco tendrá lugar el correspondiente intercambio de notas verbales. 
El Consejo también ha adoptado disposiciones que regulan las relaciones exteriores de Europol con terceros países y terceros servicios y la recepción de información procedente de terceros países y terceros servicios por parte de Europol. 
La Autoridad Común de Control ha alcanzado un acuerdo sobre su reglamento, que ahora está pendiente de la aprobación del Consejo. 
El más importante de los temas todavía pendientes es el relativo a los aspectos procedimentales del procedimiento de resolución de conflictos. 
Éstos incluyen la protección frente a la difusión de datos que afecten a la seguridad así como el cumplimiento de las garantías procesales necesarias. 
Ya se han celebrado una serie de conversaciones al respecto y yo confío en que ahora podremos resolver estas cuestiones desde la Presidencia del Consejo. 
En cuanto a los órganos de Europol, el Comité Ejecutivo y la Autoridad Común de Control iniciaron su actividad en noviembre de 1998, tras la entrada en vigor del Convenio. 
Se constituyó el Comité Común de Control y éste emitió una declaración sobre el régimen financiero. 
En el Consejo del 3 y 4 de diciembre de 1998 se alcanzó un acuerdo sobre la futura composición del Comité Ejecutivo. 
El régimen financiero se revisará en breve, en caso necesario, a la vista de dicha posición común. 
Por lo que respecta a los sistemas informáticos, el Consejo tomó nota en su sesión de septiembre de 1998 del informe de situación sobre la instalación del sistema informático TECS de Europol. 
En dicho informe se indica que, a la vista del retraso en el desarrollo de TECS, que en estos momentos apenas se está aproximando a la fase de adquisición, cuando Europol inicie sus actividades se dispondrá de un sistema provisional para las tareas de análisis e indización. 
En lo que se refiere al ámbito de tareas, el Consejo del 3 y 4 de diciembre decidió encomendar a Europol la persecución de los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas y también contra los bienes materiales cometidos o presuntamente cometidos en el marco de acciones terroristas, así como los preparativos para la ampliación de su mandato a las falsificaciones de dinero y medios de pago, especialmente con vistas a la introducción del euro; un aspecto que yo considero muy importante. 
Finalmente, también falta completar la definición del delito de trata de seres humanos en el Anexo al que hace referencia el artículo 2 del Convenio Europol. 
Sobre el tema de las drogas, la lucha contra la droga fue también un tema prioritario para las Presidencias británica y austriaca, como ya lo había sido bajo las Presidencias anteriores. 
Las actividades más importantes en este ámbito fueron la elaboración de una estrategia contra las drogas para después de 1999, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada las drogas y el desarrollo de iniciativas regionales en América Latina y Asia central, como principales centros del tráfico de drogas. 
El enfoque de la Unión Europea se basó en el principio de la lucha global integrada y proporcionada contra el azote de las drogas. 
Diversas iniciativas, en particular las de la Asamblea General de la ONU y las medidas relativas a América Latina, prestaron especial atención a la reducción de la demanda. 
El trabajo realizado por el Observatorio europeo sobre las drogas y la drogadicción fue una importante aportación. 
Se prosiguió la ejecución del Programa de acción comunitario para la prevención de las drogodependencias. 
En noviembre se celebró, a escala europea, nacional y regional, una Semana Europea dedicada a la prevención de la drogadicción. 
Ya saben ustedes que también concedemos una gran importancia a la prevención en el ámbito nacional. 
De los informes de situación de los Estados miembros sobre los progresos en la ejecución de la Acción Común relativa a la armonización de las disposiciones jurídicas y procedimientos se desprende que muchos Estados miembros han reforzado a escala nacional y europea, y también en el marco de Schengen, las medidas encaminadas a establecer una estrecha cooperación entre las autoridades policiales, aduaneras y judiciales. 
Se ha seguido avanzando en la aplicación de la Acción Común relativa a las nuevas drogas sintéticas y en el Consejo de Viena se presentó un informe detallado sobre estas actuaciones. 
Paso ahora al tema de las relaciones con terceros Estados y las cuestiones relacionadas con la ampliación, por las que también ha manifestado un especial interés la Sra. Van Lancker. 
En relación con la ampliación debo mencionar dos medidas particularmente importantes. 
El Consejo aprobó el 28 de mayo de 1998- ahora sigue una palabra, Vorbeitrittsvereinbarung (acuerdo de preadhesión) que he estado a punto de leer equivocadamente como «desliz» (Vorbei-Tritt) : el sentido puede variar en alemán si no se acentúa debidamente; la burocracia no para de inventar curiosos neologismos -, como estaba diciendo, el Consejo aprobó el Acuerdo de preadhesión sobre la lucha contra la delincuencia organizada entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental y Chipre. 
Habida cuenta de que los delitos asociados a la delincuencia organizada se están incrementando por desgracia en los países candidatos a la adhesión y tienen repercusiones en los Estados miembros, parece razonable que los representantes de los países candidatos a la adhesión participen ya en la fase actual en un esfuerzo común para combatir estas actividades delictivas con numerosas ramificaciones en los ámbitos de la droga, la trata de seres humanos, la prostitución y el blanqueo de dinero. 
La verdad es que no es posible subvalorar la amenaza que representa este sector de la delincuencia. 
Un grupo de expertos formado por representantes de los quince Estados miembros y de los once Estados candidatos a la adhesión, el llamado grupo de expertos «en el marco del acuerdo de preadhesión» , se reúne periódicamente para intercambiar informaciones policiales y definir una estrategia común en colaboración con Europol, con objeto de identificar las principales amenazas y desarrollar medidas eficaces para combatirlas. 
La segunda medida es la medida común adoptada el 29 de junio de 1998 por la que se crea un mecanismo común de evaluación de la adopción, aplicación y transposición eficiente por parte de los países candidatos a la adhesión del acervo de la Unión Europea en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores. 
El Consejo creó un grupo especial a partir de la constatación de que no basta con que se aprueben unas leyes y se ratifiquen unos acuerdos, sino que también es necesario contar con efectivos numéricamente suficientes y adecuadamente equipados y formados para hacerse cargo de la aplicación de las nuevas normas legales. 
El problema ya es, en efecto, bien conocido: las normas solas no bastan, sino que también es preciso que las leyes se cumplan. 
El grupo de trabajo «Evaluación común» tiene como cometido evaluar, una vez examinada toda la información disponible, la situación en los países candidatos a la adhesión en lo que se refiere a la adopción, aplicación y transposición eficiente del acervo de la Unión en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores, en estrecha colaboración con la comisión K-4, y velar por que mantengan el nivel de actualización más reciente. 
El grupo de trabajo presenta informe periódicos al Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
Esto garantiza, por lo tanto, el examen por expertos del cumplimiento de las normas que se desprenden del acervo de la Unión o de Schengen en ámbitos particularmente sensibles, como el control de las fronteras exteriores o la lucha contra la delincuencia organizada, y la detección, llegado el caso, de los aspectos que todavía es necesario mejorar. 
Las relaciones con terceros Estados merecen una atención especial en el marco de los trabajos en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores. 
Con los ños se ha ido ampliando de manera sistemática la cooperación que ya existía en parte en la época de Trevi y ésta se extiende ahora también a los Estados Unidos de América y Canadá, los países mediterráneos que participan en el marco de Euromed, otros países como Noruega, Islandia, Suiza, Turquía, Marruecos, Rusia y Ucrania, y en ámbitos particulares, como la lucha contra las drogas, también a los países de América Latina y Asia central. 
Voy a entrar ahora en la segunda parte de mi informe, relativa a la cooperación en el marco de Schengen. 
Permítanme que exponga ante todo algunas consideraciones de principio. 
La cooperación en el contexto de Schengen abarca un sistema equilibrado de medidas que, por un lado, garantiza la libre circulación en el espacio de Schengen y, por el otro lado, reduce los riesgos para la seguridad derivados de la desaparición de los controles en las fronteras interiores. 
Este sistema ha demostrado en principio su eficacia en los últimos cuatro años de aplicación práctica. 
Por consiguiente, deberá seguir manteniéndose en el futuro su planteamiento fundamental basado en una mayor libertad de circulación y una mayor libertad. 
La cooperación en el marco de Schengen se encuentra en vísperas de una importante cesura en su desarrollo, tal como ya ha señalado también la Sra. van Lancker,. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, Schengen quedará integrado dentro de la Unión Europea. 
Los preparativos jurídicos e institucionales ya están en marcha. 
Lo importante ahora es que sigan avanzando a buen ritmo con vistas a que, en la medida de lo posible, estén concluidos en el momento de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Alemania que hasta ahora ha apoyado siempre de manera consistente la consecución de dicho objetivo, seguirá realizando los esfuerzos necesarios durante el primer semestre de 1999, en el marco de su Presidencia de la UE. 
El hecho de que Alemania continúe manteniendo también la Presidencia de Schengen durante el primer semestre de este año-así lo hemos acordado- resultará favorable para el proceso de integración. 
Permítanme que añada unas palabras sobre la concreción del acervo de Schengen. 
Para que la incorporación de Schengen en la UE pueda llevarse a cabo con éxito todavía es necesario completar una serie de tareas en el marco de la UE. 
Entre ellas figura en primer lugar la definición del acervo actual de Schengen. 
La Sra. van Lancker se ha referido a unas estructuras nebulosas. Nosotros queremos contribuir, desde luego, a disipar la bruma que las rodea. 
La seguridad y la claridad jurídicas exigen que tanto los Estados que ahora aplican el acervo como los que deberán adoptarlo en el momento de su adhesión a la UE y, no en último lugar, también los propios ciudadanos sepan exactamente qué disposiciones de la cooperación de Schengen seguirán vigentes y cuáles no. 
Entre las tareas todavía pendientes figura asimismo la subordinación del acervo de Schengen a los fundamentos jurídicos de los Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea. 
En relación al estado de opinión y la futura estrategia cabe señalar que en relación con ambos temas todavía no ha sido posible alcanzar conclusiones definitivas en el nivel de los expertos debido a algunas diferencias fundamentales entre los Estados miembros. 
En caso necesario, será preciso que intervenga también el nivel político. 
Si aun en ese plano no se consiguiera alcanzar un acuerdo, habría que recurrir a la solución de emergencia del Protocolo de Schengen, que prevé una adscripción ficticia al Tercer Pilar. 
Ya sé que usted no lo aprueba, señora van Lancker, y primero haremos todo lo posible para intentar alcanzar un acuerdo, pero esa sería la conclusión. 
Habrá que finalizar las negociaciones, afortunadamente ya muy avanzadas, sobre un acuerdo de asociación con Noruega e Islandia. 
Alemania ya apoyó, en el contexto de la vinculación de dichos Estados a la cooperación de Schengen, la búsqueda de una forma de participación lo más eficiente posible. 
Esta posición continúa siendo acertada. 
La estructura de cooperación prevista es un buen camino para tomar en consideración los intereses legítimos de dichos países nórdicos en este sentido. 
En cuanto al tema de la ampliación de la UE, Schengen se enfrenta con otro reto significativo en el contexto de la adhesión a la UE de los Estados de la Europa central y oriental. 
Los Estados de Schengen deben tener en cuenda que, en el futuro, los Estados que se adhieran a la UE se incorporarán automáticamente a la cooperación de Schengen bajo el paraguas de la UE. 
El Protocolo de transposición les obliga a adoptar todo el acervo de Schengen. 
Durante las negociaciones con vistas a la adhesión- quiero resaltarlo aquí- no deben introducirse excepciones a este principio. 
El sistema equilibrado de cooperación en favor de la libertad de circulación y la seguridad sólo podrá seguir funcionando en el futuro si todos los Estados miembros cumplen en igual medida sus exigencias. 
Es preciso garantizar asimismo que también en el futuro un Estado sólo pueda participar en la práctica en dicha cooperación si cumple efectiva y demostrablemente todos los requisitos necesarios. 
Con este objeto, es imprescindible que se mantenga el instrumento de la llamada puesta en vigor de la normativa de Schengen en un Estado concreto. 
Por otro lado, también tenemos pendiente un problema particular en relación con un país del Sur. 
Es preciso apoyar activamente los preparativos de los nuevos Estados miembros para la adopción de las normas de Schengen. 
Permítanme que para finalizar enumere sucintamente los puntos centrales del programa de trabajo de la Presidencia alemana de Schengen para el primer semestre de 1999. 
La Presidencia alemana de Schengen se ha propuesto como objetivo continuar fortaleciendo la cooperación entre los estados de Schengen mediante una serie de estímulos. 
El Gobierno federal alemán proseguirá con ello el programa de trabajo desarrollado por la presidencia alemana durante el segundo semestre de 1998. 
Los puntos fundamentales serán: la mejora del apoyo policial a la actuación judicial mediante la aprobación de un catálogo obligatorio para todos los Estados de Schengen de diligencias que podrán solicitar y realizar los servicios policiales sin la intervención de las autoridades judiciales, sencillamente para acelerar el procedimiento, sin que ello suponga una merma de los derechos constitucionales; el intercambio de funcionarios de enlace en el ámbito de la vigilancia de fronteras con objeto de que realicen tareas de asesoramiento y apoyo en las fronteras exteriores de Schengen; la puesta en marcha de la interoperabilidad de los diversos sistemas policiales de comunicación digital en las zonas fronterizas del espacio interior; la verificación del cumplimiento del acuerdo de aplicación de Schengen en Alemania, o sea, que el primer procedimiento de verificación tendrá lugar en nuestro país, lo cual me parece acertado; la mejora del intercambio de datos relativos a los visados y la introducción de un comprobante de salida. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer en primer lugar esta oportunidad de intervenir y debatir sobre este ámbito que es, ciertamente, del máximo interés para las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es bueno que estas cuestiones no se debatan únicamente hoy. 
Nos encontramos de hecho- permítanme que continúe las observaciones de mi colega Schily en este sentido- en un momento de transición interesante. 
Excepcionalmente, tal como ya ha resaltado usted, señor colega Nassauer, hoy no sólo debemos informar sobre los acontecimientos y progresos del año pasado, o sea, sobre los resultados conseguidos por la Presidencia del Reino Unido y la Presidencia austriaca del Consejo, sino que también nos corresponde ofrecer una breve panorámica de los proyectos de la Presidencia alemana para los próximos seis meses. 
Es bueno que no tengamos que limitarnos a hacerlo hoy y yo me alegro de que en las próximas semanas tengamos la oportunidad de continuar en las comisiones competentes de esta Cámara el debate sobre nuestros proyectos y sobre los problemas que nos preocupan. 
Por consiguiente- y espero que lo comprendan -, voy a limitar mi intervención a algunos puntos importantes. 
Yo quisiera empezar, señor colega Nassauer, por algunas observaciones generales sobre las relaciones del Consejo con el Parlamento Europeo. 
Yo comprendo muy bien sus sugerencias y quiero manifestar que debemos tomanos ciertamente muy en serio sus observaciones sobre el control y la concreción democrática de los ámbitos que son objeto de reserva jurídica, sobre todo de conformidad con nuestra interpretación tradicional, que sin duda también es la acertada. 
He leído con gran interés los distintos apartados de la propuesta de resolución que hoy se debate. 
Pueden tener la seguridad de que haremos todo lo posible y, naturalmente, lo que permita el Tratado con objeto de seguir configurando de manera favorable las relaciones entre el Consejo y la Presidencia. 
Si volvemos la mirada atrás para examinar los resultados del año pasado- siempre en relación con los ámbitos sobre los que me corresponde informar -, sin duda es posible afirmar que las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo fueron en conjunto fructíferas y positivas. 
Permítanme que recuerde que tanto la Presidencia británica como la austriaca tuvieron ocasión de presentar y debatir su programa de trabajo para el semestre correspondiente. 
Estos programas de trabajo se expusieron detalladamente y se debatieron, según los ámbitos de competencia, en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
También se celebró, además, un intercambio de opiniones entre la Presidencia y los diputados del Parlamento sobre los aspectos de interés común en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. 
Yo creo que es posible afirmar, señor colega Nassauer, que esto permitió debatir algunos temas que luego fueron tratados y examinados en las sesiones del Consejo o en sus reuniones informales. 
También hemos podido constatar que las consideraciones y opiniones del Parlamento Europeo se transmitieron al Consejo. 
Por otro lado, fue una buena práctica que las Presidencias en ejercicio informasen a las Comisiones del Parlamento Europeo al final de cada semestre de manera prácticamente exhaustiva sobre el trabajo realizado por el Consejo durante el período en cuestión. 
Continuaremos esta práctica. 
La Presidencia también continuó la práctica, iniciada por la Presidencia luxemburguesa en el segundo semestre de 1997, de consultar al Parlamento Europeo en los términos que prevén las disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
Permitan que afirmemos que esto también fue un intento- logrado, creo yo- de tomar en consideración las opiniones del Parlamento Europeo. 
La Presidencia transmitió asimismo en cada caso la opinión del Parlamento al órgano competente del Consejo. 
Yo quisiera añadir, además, que la Presidencia hizo posible que en diciembre de 1998 fuera escuchada una propuesta del Parlamento Europeo a la que nosotros concedemos una importancia muy especial, a saber, el Plan de acción para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, al que también hace referencia la resolución, si bien sólo en un determinado sentido. 
Este plan de acción abrirá perspectivas indicarán la dirección en la que habrá que avanzar durante los cinco primeros años- usted ha dicho cinco años y pico, señor colega Nassauer- después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Pueden tener ustedes la seguridad, permítanme que lo repita, de que la Presidencia alemana tiene un gran interés en seguir mejorando las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
En este contexto, yo puedo afirmar que fue favorable- y nosotros lo valoramos muy positivamente- que el Parlamento Europeo manifestase un considerable interés por los trabajos en este ámbito a lo largo de todo el año pasado. 
Se formularon más de un centenar de preguntas al Consejo. Una prueba suficiente, a mi parecer. 
Finalmente, yo quisiera recordar las conclusiones del Consejo del 19 de marzo del año pasado. 
Éstas hacían referencia a la publicidad y la transparencia en relación con las acciones en el ámbito del Título VI del Tratado de la Unión, que permiten informar más ampliamente sobre la actividad del Consejo y refuerzan la influencia exterior del mismo. 
Esto está relacionado, de hecho, en parte con lo que acabamos de comentar y en parte también con sus sugerencias, como la publicación del calendario de sesiones, la difusión de las decisiones del Consejo a través de Internet, la celebración de debates públicos en el Consejo. 
Permítanme que pase ahora al segundo punto. 
¿Qué progresos se registraron el año pasado, bajo la Presidencia del Reino Unido y de la República de Austria, en el ámbito de la cooperación? 
Yo creo que debería empezar por la cooperación judicial en materia civil. Por el sencillo motivo de que sabemos perfectamente que ésta les interesa especialmente a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa. 
En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil cabe señalar como un acontecimiento destacado la adopción por el Consejo del llamado Convenio de Bruselas II sobre las competencias, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones sobre asuntos matrimoniales y la firma de dicho Convenio por los Estados miembros. 
Es bien sabido que se trata de un convenio de gran interés para los ciudadanos europeos. 
En él se establece en qué Estado miembro se puede solicitar un divorcio, una separación o la anulación de un matrimonio, así como cuál es el Estado miembro competente para decidir sobre la custodia de los hijos comunes en el caso de una solicitud de divorcio, separación o anulación de un matrimonio. 
En relación con este tema, ustedes saben que los divorcios plantean muchos problemas sobre todo en el caso de matrimonios binacionales. 
El Convenio permite definir de manera razonable el procedimiento legal y judicial y también la actuación en la práctica. Sin embargo, naturalmente, resulta casi imposible regular de manera adecuada el aspecto humano de los problemas asociados. 
Yo creo que será necesario buscar otras posibilidades y tengo el convencimiento de que los diputados de esta Asamblea también deben colaborar en este aspecto de la reglamentación y la práctica. 
Volviendo, sin embargo, al Convenio, una vez adoptada una decisión por parte de los tribunales de un Estado miembro, es posible obtener su reconocimiento y ejecución en los demás Estados miembros mediante un procedimiento rápido, sencillo y poco costoso. 
Otro aspecto importante es el acto jurídico adoptado por el Consejo en el contexto del citado Convenio y que fue suscrito simultáneamente por los Estados miembros, por el que se confía la interpretación del Convenio al Tribunal de Justicia Europeo. 
Dicho acto jurídico es importante no sólo porque sigue ahondando en el tema, sino también porque con él se resalta la relevancia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Yo creo que esto es importante para promover la idea de un control judicial en el ámbito de la Unión Europea, como el que tenemos en todos los Estados miembros, y a la vez también los principios de un Estado de Derecho. 
También se han iniciado trabajos importantes en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con vistas a la revisión de los Convenios de Bruselas i y de Lugano. Esto es también muy positivo. 
El Convenio de Bruselas del 27 de septiembre prevé unas normas comunes para los Estados de la UE en relación con la competencia internacional, la litispendencia y el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales en las causas civiles y mercantiles. 
El Convenio de Lugano del 16 de septiembre de 1998 tiene una estructura parecida, pero con algunas diferencias, como es sabido, en aspectos de detalle. 
Además de los estados de la UE, también participan en el mismo los Estados de la AELC Suiza, Noruega e Islandia. 
El objetivo de las deliberaciones será una mayor homologación de ambos Convenios, la introducción de mejoras a partir de las experiencias acumuladas en la práctica jurídica y, sobre todo, una mayor simplificación del reconocimiento mutuo y la ejecución de las decisiones. 
Sobre todo, queremos tener siempre presente el punto de vista de la simplificación. 
El objetivo de las negociaciones es avanzar, por lo tanto, un paso importante hacia la realización del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que desean construir conjuntamente los Estados miembros. 
Nosotros esperamos que el tema pueda quedar cerrado durante la Presidencia alemana. 
En julio de 1998 se reunió un grupo de trabajo del Consejo encargado de examinar las condiciones para la adopción de un acto jurídico sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. 
Me refiero al proyecto Roma II, que amplía el Convenio del 19 de junio de 1980, actualmente vigente entre los estados miembros de la UE, sobre la ley aplicable a las relaciones contractuales. 
Citando las declaraciones de Roma I: el grupo de trabajo ha alcanzado un resultado intermedio positivo y ahora se dispone a elaborar un proyecto a partir de uno de los documentos de trabajo redactados bajo la anterior Presidencia austriaca. 
Paso ahora al ámbito de la cooperación judicial en materia penal. 
La Sra. Van Lancker también se ha referido a este aspecto. 
En este contexto, yo quisiera resaltar en primer lugar la relevancia práctica de un convenio concreto, a saber, el Convenio relativo a la retirada del permiso de conducción, que también es un tema que afecta muy directamente a las personas que residen en los Estados miembros de la Unión Europea y yo puedo asegurarles que éste también despierta dudas y temores en la República Federal de Alemania, si bien a la vez es objeto de extraordinarios elogios. 
Este Convenio, que fue adoptado por el Consejo el 16 de junio de 1998, prevé que la ejecución de las decisiones firmes pueda extenderse a otros Estados miembros además del Estado de residencia bajo determinadas condiciones. 
Esto constituye una valiosa aportación a la seguridad de la circulación viaria y a la vez también a la creación de un espacio de justicia común en relación con un aspecto muy práctico, que las ciudadanas y los ciudadanos perciben directamente. 
No podemos señalar, en cambio, los mismos progresos en otro ámbito. 
Me refiero a la mejora de la asistencia judicial en materia penal. 
En este aspecto se ha conseguido avanzar muy poco a pesar- permítanme que lo resalte- de los esfuerzos permanentes y sumamente meritorios que se han realizado, sobre todo desde la Presidencia austriaca. 
El motivo son las diferencias entre los sistemas de nuestros Estados miembros. 
Otro motivo son también las diferentes expectativas en relación con la Unión Europea en este ámbito y yo creo que todas las instituciones europeas, y el Parlamento Europeo en particular, no sólo deben promover una mayor comprensión, sino que también deben actuar impulsando medidas de apoyo que hagan posible una actuación transfronteriza eficaz. 
Para ello es preciso mejorar, en efecto, los instrumentos disponibles para la asistencia judicial internacional en materia penal y adaptarlos a las modernas exigencias de la persecución penal transfronteriza. 
Esto es particularmente válido- ¿quién no lo sabe ya? -en el caso de las modernas tecnologías de comunicación transfronteriza, como la comunicación por satélite, por ejemplo. 
La Presidencia alemana se ha propuesto impulsar con la máxima rapidez posible la adopción del convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal, a ser posible dentro del semestre de nuestra Presidencia. 
Para ello contamos con la base de un considerable trabajo previo. 
En particular, ya existe un consenso sobre la simplificación de los trámites para la comunicación de las solicitudes de asistencia judicial y también sobre la regulación de los métodos modernos de comunicación transfronteriza- léase: suministro controlado y localizadores secretos- y de la toma de declaraciones por el procedimiento de las videoconferencias. 
No hará falta que insista en que aun así todavía quedan una serie de problemas por resolver. 
Seguramente tendremos la oportunidad de seguir debatiéndolos la semana próxima en las comisiones competentes. 
En el ámbito de la lucha contra el fraude y la corrupción, la adopción, en diciembre de 1998, de la Acción Común relativa a la corrupción en el sector privado ha creado un nuevo fundamento que permitirá mejorar la persecución penal de la corrupción en el contexto de las transacciones comerciales dentro del Mercado Común. 
Esto también representa sin la menor duda un progreso importante que habría que resaltar debidamente ante la opinión pública. 
En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Consejo encargó a un grupo de alto nivel la elaboración de un Plan de acción que permitiese abordar dicha lucha con un enfoque amplio. 
De este modo, los diferentes actores, o sea, la policía, las autoridades judiciales y las autoridades aduaneras, ya no tendrán que proceder, como hasta ahora, de manera separada- enfrentados por sus respectivas competencias -, sino que podrán actuar primero conjuntamente durante un período determinado, en el marco de un grupo interdisciplinar, contra el azote de la delincuencia organizada. 
En este contexto, permítanme que resalte una vez más que el Consejo ha tomado debida nota y agradece la importante aportación del Parlamento Europeo a las deliberaciones del grupo interdisciplinar «Delincuencia organizada». 
Es preciso destacar en particular el informe de la Sra. Cederschiöld sobre el Plan de acción, que constituyó y sigue siendo un importante fundamento para los trabajos del Grupo; como ejemplo, cabe citar la Resolución del Consejo del 21 de diciembre de 1998 sobre la prevención de la delincuencia, que se basa en una iniciativa inspirada por los debates en el Parlamento Europeo. 
Se consiguieron importantes progresos en la transposición del Plan de acción, que se exponen de manera detallada en el informe presentado en el Consejo Europeo de Viena. 
Yo quisiera resaltar ahora aquí la creación de la Red Judicial Europea, así como la adopción de la Acción Común relativa al blanqueo de dinero, la investigación, la congelación, la incautación y el embargo de los instrumentos empleados para la comisión de delitos y del producto de los mismos y de una Acción Común por la cual se incluirá en la legislación de todos los Estados miembros la tipificación del delito de participación en una organización criminal y su aplicación a todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente del lugar donde tenga su sede dicha organización o donde desarrolle sus acciones delictivas. 
Los plazos que establece el Plan de acción para la transposición de su resolución concluyen formalmente, como es sabido, a finales de 1999. 
El Consejo tendrá que adoptar entonces sin dilación una decisión sobre la continuidad de dichos trabajos y su vinculación con el nuevo Plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Esta decisión tendrá una cierta trascendencia, nadie lo ignora. 
Permítanme que me extienda ahora sobre el citado Plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
La elaboración de este nuevo Plan de acción fue el eje central de los trabajos del Consejo durante el segundo semestre de 1998 y, por lo tanto, de la Presidencia austriaca. 
Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Cardiff instó al Consejo y a la Comisión a que presentasen en el Consejo Europeo de Viena propuestas sobre la transposición más adecuada de las disposiciones del Tratado de Amsterdam que prevén la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En la Cumbre de Viena se presentó un documento que intenta concretar los cambios y las innovaciones o, dicho con otras palabras, el valor añadido que representa el Tratado de Amsterdam y presentar un programa de trabajo para los próximos dos a cinco años. 
El Consejo Europeo de Viene aprobó el Plan de acción y confirmó que éste conferirá una nueva dimensión a las políticas en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y creará así un espacio concreto para el desarrollo de las acciones en este ámbito. 
Me parece que es bueno recordarlo. 
El Consejo Europeo decidió asimismo que será necesario evaluar los progresos conseguidos en la Cumbre extraordinaria de Tampere de octubre de 1999, dedicada a los temas de los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, y establecer nuevas orientaciones para las acciones de la Unión en dicho ámbito. 
Se trata de una tarea importante, en cuyo contexto alcanzará toda su significación el dictamen del Parlamento Europeo, solicitado por la Presidencia austriaca a mediados de diciembre. 
Yo puedo asegurarles, en cualquier caso, que la Presidencia alemana- que se ocupará de los primeros preparativos para la Cumbre extraordinaria de Tampere- concederá la máxima atención a la opinión del Parlamento Europeo. 
Yo estoy convencida de que la Cumbre extraordinaria de Tampere nos brindará la oportunidad de avanzar un paso significativo en las deliberaciones en nuestro ámbito y espero que la Presidencia alemana podrá seguir contando con el apoyo continuado del Parlamento Europeo para alcanzar dicho objetivo. 
Permítanme que señale una vez más que nos encontramos en la línea divisoria entre dos fases interesantes. 
Pronto se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y en su contexto será importante comentar con los ciudadanos y ciudadanas los progresos y también las posibilidades con vistas a la creación de un espacio judicial común y un espacio común de seguridad. 
Al mismo tiempo, nos encontramos ante el momento del gran cambio que supondrá la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que también tendrá especiales repercusiones en nuestro ámbito. 
Todos deberíamos ser conscientes de que el gran interés que despierta entre los ciudadanos y ciudadanas europeos el espacio judicial común- que significará mayores derechos y unos derechos comunes para todos ellos- y también el espacio común de seguridad europeo es un factor de considerable importancia para hacer avanzar al conjunto de Europa. 
Esto nos obliga a intentar actuar conjuntamente y buscar, según nuestro leal saber y conocimiento, caminos comunes para seguir impulsando el progreso del conjunto de Europa en la dirección de una identidad constitucional social y democrática. 
Yo creo que este es su empeño y también es el empeño de la Presidencia alemana. 
Aplausos 
Señor Presidente, señores Ministros, señorías, la cooperación de la Unión en el ámbito jurídico y de interior se adentra ya en su sexto año. 
Como ya señala el Sr. Nassauer en su informe, este ámbito ha venido cobrando una significación cada vez mayor. 
Al mismo tiempo, también la necesidad de renovación ha venido haciéndose cada vez más patente. 
Mediante el Tratado de Amsterdam se nos ha encomendado una tarea más ambiciosa: el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Uno de mis objetivos principales durante el pasado año fue el de dotar a esta visión de un contenido concreto e inteligible, en forma de un comunicado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. 
Las experiencias del pasado nos muestran la gran importancia que reviste esta cuestión. 
Han transcurrido cuatro años desde que, en mi condición de Comisaria, comencé a trabajar en cuestiones jurídicas y de interior, y he podido vislumbrar un patrón claro. 
Tras esta iniciativa que ahora se emprende se esconden unos retos comunes y un genuino deseo de encontrar soluciones europeas válidas. 
He podido comprobar que si, casi siempre, existe un firme apoyo popular tras las propuestas, es cierto que, una vez que las ideas se enfrentan con la realidad, este apoyo se convierte en oposición. 
El señor Nassauer ilustra bien este hecho cuando pasa lista en su informe a las numerosas cuestiones que el Consejo de Ministros no ha logrado solucionar con el paso de los años. 
Estas cuestiones se reparten entre las propuestas que llevan esperando una decisión mucho tiempo y las decisiones que, por distintos motivos, no han entrado en vigor. 
De todos los convenios que se han negociado en los últimos cinco años, solamente uno, el relativo a Europol, ha entrado en vigor. 
Sin embargo, el Consejo no es la única institución donde se ha registrado una lentitud en sus trabajos, sino que también en este Parlamento ha resultado en ocasiones difícil llegar a un acuerdo en torno a una estrategia común. 
Así pues, también en este Parlamento existe una necesidad de entablar un debate de conjunto. 
Por ello, se precisa un nuevo empuje que impulse esta cooperación. Espero que logremos promover durante esta primavera un amplio debate público sobre la futura orientación de la cooperación de la Unión en el ámbito jurídico y de interior. 
Con ello quiero decir que aún quedan numerosas cuestiones fundamentales por esclarecer. 
Y la respuesta a estas cuestiones hay que buscarlas en el día a día y en la realidad en la que viven los europeos. 
Por consiguiente, respaldo de todo corazón la idea del Parlamento de convocar esta primavera una conferencia interparlamentaria. 
Una reunión de estas características reuniría todas las condiciones para instaurar un amplio debate público en torno, precisamente, a las prioridades de la Unión para el futuro. 
En el informe Nassauer se señala que en 1998 no se ha adoptado un solo instrumento legislativo en el ámbito de la política de emigración. 
También yo habría deseado llegar un poco más lejos en este sentido. 
Me refiero, en particular, a la propuesta sobre la protección temporal en caso de una afluencia masiva de refugiados. 
Han transcurrido más de dos años desde que planteamos esta cuestión por primera vez ante el Consejo de Ministros. 
He presentado borradores de propuestas concretas en dos ocasiones distintas. 
Entre otros aspectos, también he elaborado un modelo de reparto solidario de las responsabilidades y las cargas del asilo. 
En estas condiciones, los trabajos deberían haber llegado más lejos, y me gustaría señalar que estoy abierta a distintas soluciones. 
Al mismo tiempo, espero naturalmente que los Estados miembros presten también su ayuda para encontrar alternativas constructivas. 
El año pasado se dio un importante paso adelante con el Convenio de Europol. 
Este convenio ofrece nuevas posibilidades en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Este año tendremos también que llevar a buen término los trabajos relativos al plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada internacional. 
La Comisión seguirá desempeñando en el futuro un papel activo en el marco de estos trabajos. 
En otro orden de cosas, estamos también inmersos en los trabajos de actualización del plan de acción contra las drogas. 
Como es bien sabido, el actual plan expira este año. 
En consecuencia, la Comisión tiene previsto presentar ya durante esta primavera un esbozo del nuevo plan quinquenal. 
Este trabajo se ha beneficiado de un importante impulso gracias a la sesión especial sobre estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebró el año pasado en Nueva York. 
Acompañada de miembros del Parlamento, pude comprobar personalmente que la continuidad y la coherencia seguirán caracterizando los futuros trabajos de las NU en este ámbito. 
Acojo igualmente con satisfacción la resolución adoptada por el Parlamento en octubre del pasado año, en la que ofrece claramente su apoyo al Convenio de las NU sobre el control de estupefacientes. 
De esta manera se garantiza que la política en materia de estupefacientes seguirá basándose en el futuro en los conocimientos y en contrastadas experiencias de evaluación. 
Otra prioridad principal del año pasado lo constituyeron las actividades relacionadas con la ampliación. 
La totalidad de los países candidatos participaron en este proceso. 
Se entabló un intenso diálogo con todos ellos, especialmente en el ámbito jurídico y de interior. 
El cometido de la Comisión es prestarles la mayor ayuda posible, principalmente por medio de la ayuda de cooperación en el plano técnico. 
A este fin, los programas PHARE constituyen un importante instrumento, al igual que los programas de formación e intercambio. 
Permítanme también decirles algunas palabras acerca de Schengen en nombre de mi colega, el señor Monti. 
La Comisión comparte a grandes rasgos el análisis del ponente van Lancker y las recomendaciones por lo que respecta a la integración de Schengen. 
En primer lugar, es Schengen lo que se tiene que incorporar a las actividades de la Unión, y no al contrario. 
En segundo lugar, es importante que, de acuerdo con el objetivo establecido, la integración dé verdaderamente lugar a una mayor transparencia y control jurídico. 
En tercer lugar, la integración de Schengen no deberá echar por tierra los avances derivados del Tratado de Amsterdam. 
El protocolo de Schengen estipula con toda claridad un diálogo entre el primer y el tercer pilar. 
Si no logramos llegar a un acuerdo, Schengen terminará plenamente inscrito en el marco del tercer pilar, en lugar de integrarse en mayor medida en el seno de la cooperación comunitaria. 
Creo que esta circunstancia, que contravendría completamente el espíritu del nuevo tratado, sería inaceptable. 
La Comisión hará todo lo posible para lograr que este diálogo pueda concluirse antes de que entre en vigor el nuevo tratado. 
Evidentemente, el Parlamento deberá implicarse en la mayor medida posible en los trabajos preparatorios. 
En las próximas semanas, la Comisión tiene previsto reivindicar firmemente este punto de vista durante los contactos que mantendremos con la Presidencia alemana. 
Nuestro objetivo es encontrar, conjuntamente con la Presidencia de la UE, la manera de organizar nuestra cooperación con el Parlamento del modo más eficaz posible. 
Además, puedo dar la buena noticia a esta cámara de que ya han concluido las negociaciones con Noruega e Islandia. 
El Tratado de Amsterdam eleva la cooperación en el ámbito jurídico y de interior a un nuevo nivel. 
El nuevo tratado abre a la Comisión las puertas de nuevos ámbitos. 
Sé que existen desafíos, ante todo en materia jurídica. 
Las exigencias de los ciudadanos para lograr una igualdad de acceso a la justicia no conocen límites. 
La idea de una integración en la que las personas se desplacen libremente por Europa presupone y refuerza a la vez una conciencia jurídica común. 
Se trata de algo que debemos defender y acoger con satisfacción. 
El terrorismo, el soborno, la corrupción, el fraude, la explotación sexual de las mujeres y los niños son sólo algunos de los delitos que suscitan aversión dentro de la Unión. 
Se abre, pues, el camino para emprender nuevas e interesantes iniciativas, por ejemplo, en el ámbito penal. 
Otra cuestión que comenzamos a abordar durante 1998 es la relativa al trato que se deparará en la Unión a las víctimas de delitos. 
¿Qué podemos hacer para defender a las personas que se han visto expuestas a la violencia o a otras figuras delictivas cuando se encontraban en otro Estado miembro? 
Tengo previsto presentar este año una comunicación sobre el modo de avanzar más en estas cuestiones por medio de la cooperación de la UE. 
Por lo que respecta al tráfico esclavista de mujeres y a la explotación sexual infantil, hemos logrado en apenas pocos años elevar estas cuestiones al nivel al que verdaderamente corresponden. 
Hemos ideado el marco de una estrategia común y presentado propuestas y medidas concretas. 
Igualmente, a través del programa STOP hemos conseguido dotar a estas actividades de ayuda financiera. 
En la comunicación sobre el tráfico ilegal de mujeres que presenté el pasado mes hacía además hincapié en los numerosos ámbitos donde se precisa en la actualidad un mayor número de medidas. 
Me refiero, entre otros, a la expedición de permisos de residencia temporales a todas aquellas mujeres dispuestas a levantarse y testimoniar en contra de los contrabandistas y los proxenetas. 
El pasado año pudimos presentar asimismo la propuesta en torno a un programa de trabajo plurianual, DAPHNE, en apoyo de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, los adolescentes y los niños. 
Me muestro particularmente satisfecha de esta propuesta. 
Como se sabe, el programa va dirigido a las ONG y tiene por objeto estimular la capacidad de dichas organizaciones. 
Un elemento importante de nuestras actividades consiste en mejorar nuestros conocimientos acerca del funcionamiento, en la práctica, del ámbito jurídico y de interior en Europa. 
De esta manera podemos instaurar el respeto y la compresión hacia las diferencias que existen en su territorio. 
Al mismo tiempo, crece el interés por encontrar soluciones a los problemas que nos vamos encontrando. 
Para mí, personalmente, se trata de la mejor medida que existe a la hora de crear un clima de confianza. 
Por todo ello, en 1998 hemos dedicado mucho tiempo a todos los programas de trabajo plurianuales que hemos elaborado. 
En los dos últimos años, todo esto ha hecho posible nuestro apoyo a los centenares de proyectos que, en toda la Unión y por toda Europa, han permitido elevar nuestro nivel de conocimientos y aumentar el grado de confianza. 
Tengo previsto proponer en breve que estos programas de trabajo puedan abarcar también a las nuevas democracias de la Europa Central y Oriental. 
Estos países están participando ya en numerosas iniciativas, pero de lo que se trata ahora es de que estos mismos países puedan proponer sus propios proyectos. 
La cooperación jurídica y de interior ocupa hoy en día un lugar obvio en el orden del día de la UE. 
La decisión en torno a la Cumbre de Tampere que se celebrará este año es una muestra de todo ello. 
Al mismo tiempo, es imprescindible que la cooperación arraigue profundamente. 
Una de las condiciones importantes con vistas a desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia es que nuestros trabajos cuenten con un firme apoyo popular. 
Por lo tanto, nuestro compromiso ha de basarse en un diálogo activo y continuo entre la UE y sus ciudadanos. 
A continuación quisiera contestar concretamente al Sr. Nassauer. 
Durante 1998 el Consejo de Ministros de Interior y de Justicia examinó 21 propuestas de convenios o convenciones, acciones conjuntas y otros instrumentos. 
Diez de esas propuestas se basaban en iniciativas de la Comisión. 
Los Estados miembros presentaron once propuestas. 
La Comisión ha enviado sistemáticamente copias de todas sus iniciativas al Parlamento al mismo tiempo que se enviaban las propuestas al Consejo. 
En todos los casos instó a la Presidencia a que consultara al Parlamento de conformidad con el artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea. 
Lo antedicho incluye tanto las iniciativas de la Comisión como las propuestas presentadas por Estados miembros. 
Cinco iniciativas de la Comisión no han quedado ultimadas todavía. 
Tratan de lo siguiente: acción conjunta en materia de protección temporal, acción conjunta en materia de distribución de las cargas, convención sobre admisión, acción conjunta en favor de la recepción y repatriación de personas desplazadas y solicitantes de asilo, y, por último, la iniciativa encaminada a revisar el Tratado de Bruselas. 
La acción conjunta sobre los medios de pago no monetarios se presentó relativamente tarde dentro del año y, por lo tanto, no cabe razonablemente esperar su aceptación antes del final de 1998. 
En muchos casos el motivo de la falta de progreso ha sido la profunda divergencia de opinión entre los Estados miembros. 
Buen ejemplo de lo que acabo de decir son las acciones sobre protección temporal y sobre distribución de las cargas. 
En este último caso la Comisión, junto con la presidencia alemana, procurará encontrar soluciones de transacción para las cuestiones pendientes. 
Sobre la base del contenido de esas acciones conjuntas que se convenga, la Comisión presentará entonces propuestas relativas a Amsterdam en forma de instrumento comunitario. 
Para complementar mi respuesta diré que también hemos preparado un cuadro detallado de las iniciativas adoptadas durante 1998 en la esfera de los asuntos de justicia y de interior. 
He entregado dicho cuadro a la Presidenta de la comisión parlamentaria, Sra. d ' Ancona, y se lo daré también al Sr. Nassauer antes de que se marche de esta sala. 
Si alguien está interesado en la cuestión puede consultar también el cuadro, que indica con claridad qué es lo que ha hecho cada uno. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Ha dicho usted que disponíamos de poco tiempo. 
Esto se debe en parte a que las declaraciones de los dos ministros alemanes han durado más de 50 minutos. 
No me quejo de ello, pues lo que han dicho incluye algunos datos muy interesantes, importantes y valiosos. 
Me pregunto si no sería posible, a título excepcional, que sus declaraciones se tradujeran rápidamente en los idiomas oficiales. 
Sé que de acuerdo con el sistema que seguimos se traducirán, pero es posible que tengamos que esperar hasta un año. 
Se trata de datos tan importantes que sería sumamente conveniente disponer pronto de ellos. 
Gracias, Señor Elliott. 
Creo que sería factible a través de la comisión o de algún otro modo. 
Veo que los dos ministros asienten con la cabeza, luego debería ser posible. 
Presidente, tengo muy poco tiempo, en efecto. 
He de decir que el tiempo del Parlamento, en comparación con el tiempo del Consejo y la Comisión, está muy limitado. Por eso me limitaré a un par de observaciones que guardan relación especialmente con aquello que decía la señora Ministra Däubler; a saber, la relación entre el Consejo y nosotros. 
En primer lugar, desde luego que es un importante paso hacia delante el que desde el Tratado de Amsterdam se nos deba consultar sobre las cuestiones relevantes. 
Eso no ocurre todavía, lamentablemente, siempre. 
Pero se nos han presentado muchas propuestas. 
Sin embargo, con frecuencia tenemos un tiempo muy limitado para llegar a una toma de posición. 
Un apremio igual caracteriza el trabajo del Consejo, de manera que a menudo apenas hay tiempo para estudiar con detenimiento la toma de posición del Parlamento. 
De ahí mi primera pregunta. 
¿No sería deseable organizar una reunión poco antes del Consejo en la que nuestro respectivo ponente informara al ministro? Esto es sencillamente útil para poder optimizar el trabajo que hemos hecho. 
Por ejemplo, nuestro trabajo en relación con el Plan de acción estaba terminado a mediados de abril. Por tanto, sería lógico que tuviéramos tiempo para explicarlo. 
Un segundo punto, que en realidad es la prolongación del anterior; nunca nos enteramos realmente de lo que ocurre con nuestra toma de posición. 
Aquí, en este mismo lugar, acabo de enterarme ahora de que nuestro informe referente al Plan de acción en materia de crimen organizado ha sido útil. 
No nos enteramos hasta ahora. 
Así pues, sería muy interesante, no sólo que un representante nuestro pudiera estar presente en las reuniones del Consejo para que pudiéramos enterarnos, sino que también estaría muy bien si recibiéramos un informe escrito del Consejo sobre lo que se quiere y sobre lo que no se ha tomado de nosotros. 
Luego un tercer punto. 
No puedo ir más deprisa y tampoco puedo ser más breve, pero también es muy importante. 
El debate sobre el K.6 que estamos manteniendo aquí es el debate más importante para nuestra comisión. 
Ya hemos solicitado cinco veces un informe anual sobre los avances en el tercer pilar, así que estábamos inmensamente contentos de leer que el Consejo había decido el pasado 19 de marzo enviar a nuestro Parlamento no sólo una vez, sino incluso dos veces al año, un informe semejante de los progresos. 
Lo único es que nunca ocurrió. 
Nunca hemos podido llegar a ver nada. 
Por tanto, confío en que el Consejo mantenga sus propias promesas y que empezarán a presentarse semejantes informes en el futuro y bajo esta nueva Presidencia del Consejo, a la que deseo, naturalmente, todo el éxito del mundo. 
Señor Presidente, una vez más, confío en que recibamos pronto respuesta a estas tres preguntas. 
Señor Presidente, primero quiero expresar mis disculpas a la Presidencia del Consejo por no encontrarse aquí presente mi Grupo- o encontrarse presente sólo en un número muy escaso- debido a una importante votación que en este momento tiene lugar en el Grupo sobre un punto que luego aparecerá en la orden. 
Pero intentaré aclarar, en primer lugar, la posición de mi Grupo con respecto al informe Van Lancker. 
Quiero expresar también mi estima por la ponente, la Sra. Van Lancker, por la colaboración que nos hemos prestado en el tratamiento de este informe que, en efecto, debe llevarse a cabo en difíciles circunstancias, visto lo muy limitado del tiempo dentro del cual ha sido tratado en la comisión. 
Lo importante es que esta mañana, en efecto, hemos podido obtener una buena panorámica de la Presidencia y eso quiero agradecérselo a los ministros. 
La Presidencia ha dejado claro cuáles son las actividades que deben llevar a la transición del Tratado de Schengen dentro del Tratado de la Unión Europea. 
En el documento de la Presidencia alemana leo un importante punto de partida- y quiero volver a subrayarlo un momento -; a saber: donde se dice que el sistema Schengen descansa en dos pilares: la circulación libre de personas y la seguridad. 
La supresión de los controles para las personas en las fronteras interiores de los Estados de Schengen presupone que las medidas compensatorias previstas surten realmente efecto. 
Creo que éste es un importante punto de partida que nuestro Grupo desea apoyar completamente, porque cierto número de Estados miembros se ha esforzado con Schengen para llevar a cabo la libre circulación de personas. 
Además, tampoco debemos perder de vista que no se puede renunciar a la seguridad. 
Creo que éste es un tema muy importante para nuestra población: la seguridad interna, y que se quieren ver garantizados estos dos valores fundamentales- libertad y seguridad- al mismo tiempo. 
Ahora llega, por tanto, el momento de hacer transcurrir de manera ágil y fluida ese paso bastante complicado de cooperación interestatal hacia medidas políticas sin fronteras. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam debería procurarlo, y es lo que también se ha dicho en el Consejo Europeo de Viena, que podemos alcanzar una rápida integración de Schengen en la Unión Europea. 
El Ministro se ha referido a los problemas que surgirán, aunque no se han identificado realmente. 
En la elección de los fundamentos jurídicos para el acervo Schengen, quizá. 
Soy consciente también de que ésta es una materia bastante extensa. 
Quizá podamos obtener información más detallada al respecto, aunque sea por escrito, y también sobre el funcionamiento del Sistema de Información Schengen. 
Sobre el funcionamiento del Sistema de Información Schengen, el Grupo PPE dice que no debe convertirse en un big brother, pero por otra parte debemos decir también que no puede ser un little system. 
Con otras palabras, que los datos se introduzcan precisa y minuciosamente en el Sistema de Información Schengen y que también sólo las autoridades competentes puedan tener acceso a ellos. 
En cualquier caso, se debe evitar la violación de la vida privada, pero también que el crimen organizado internacional pueda procurarse libre acceso a información que propicie el tráfico de personas o estimule el comercio de extranjeros. 
Ésos son dos de los grandes fenómenos con los que nos enfrentamos y para los cuales la comunidad internacional, tanto en el ámbito de la Unión como en el ámbito de los acuerdos Schengen, no tiene realmente ninguna solución; y creo, señor Ministro, que debemos proporcionar toda la ayuda para seguir trabajando en esa dirección. 
Me falta tiempo para entrar a tratar otros puntos. 
Señor Presidente, como usted comprenderá, en este momento nuestros pensamientos están en otra parte, lo cual es de lamentar habida cuenta de la importancia que debería revestir este debate. 
Por lo tanto, sólo diré dos palabras para apoyar el análisis que propone la Sra. Van Lancker. 
En conjunto, el Grupo Liberal es favorable a sus propuestas, y una vez más deploramos junto con la ponente las dificultades de los Estados miembros para lograr un acuerdo sobre la definición del acervo de Schengen. 
Sería una lástima que no se superaran estas dificultades en un ámbito tan sensible, como es el de la circulación de las personas. 
Ni que decir tiene que el Parlamento Europeo debe ser informado sobre el contenido de Schengen y consultado sobre el proyecto de decisión que permitirá incorporar dicho acervo en el Tratado. 
A la par que saludo la presencia entre nosotros de los ministros alemanes que asumen la Presidencia en ejercicio del Consejo, deseo decir a la Presidencia que siempre podrá contar con el Grupo Liberal cuando estén en juego los derechos de la defensa. 
Este aspecto nos parece esencial, y saludo las iniciativas que ustedes han anunciado en este ámbito. 
Aun cuando debemos congratularnos por la ampliación del espacio de Schengen, la iniciativa común europea implica que el Reino Unido e Irlanda se unan lo antes posible al resto de sus socios para aplicar a la circulación de las personas las mismas normas que rigen la circulación de las mercancías. 
La pusilanimidad que origina numerosos obstáculos en el ámbito de la libre circulación de las personas debe dejar paso a una visión más vasta, que ponga de relieve los imperativos del amplio espacio de libertad, de seguridad, de justicia, al que aspiramos en nuestra gran mayoría. 
Para finalizar, señalaré que, con sus atinadas propuestas, la Sra. Van Lancker aporta una importante contribución a la realización de este gran proyecto, y, en la votación, no dejaremos de testimoniar el apoyo que acabo de esbozar. 
Señor Presidente, la doble Presidencia alemana de la Unión Europea, por un lado, y del espacio de Schengen, por otro, para los seis próximos meses destaca la importancia de la recomendación de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores al Consejo, objeto del informe de nuestra colega, la Sra. Van Lancker. 
Si el objetivo de la cooperación de Schengen es garantizar la libre circulación de las personas y suprimir los controles en las fronteras interiores, este objetivo no tiene sentido si paralelamente no se aplican las medidas de acompañamiento necesarias. 
En el informe de la Sra. Van Lancker se aprecia una especie de reproche, al considerar que se ha hecho hincapié principalmente en el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, en la política de admisión y en la cooperación judicial y policial. 
Si bien estas medidas no constituyen el principal objetivo de los acuerdos de Schengen, son su corolario necesario para permitir la mayor seguridad posible de los ciudadanos de la Unión y su adhesión al sistema. 
Con respecto a la integración de Schengen en el Tratado y al reparto del acervo entre los pilares primero y tercero, mi Grupo no puede compartir su punto de vista sobre la catástrofe institucional que resultaría de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, que implica una transferencia global al tercer pilar. Y menos aún si el Consejo, como pide la recomendación, informase al Parlamento, asociándolo a la definición de las estrategias y a las medidas legislativas que establece el tercer pilar, y respetase las normas de transparencia no sólo respecto al Parlamento, sino también a los Parlamentos nacionales y a los ciudadanos. 
Mi Grupo se felicita por la propuesta de transformar desde ahora el sistema de información de Schengen en «sistema de información europeo» , reforzando la interrelación con los sistemas informáticos de Europol. 
Ello permitiría asociar, al menos en este punto, al Reino Unido y a Irlanda, signatarios del Convenio «Europol» , y que, por razones geográficas evidentes, están fuera del espacio de Schengen. 
En nombre de mi Grupo, no puedo menos que congratularme por el objetivo de la Presidencia alemana de mejorar la cooperación internacional en materia de delincuencia, así como por la decisión de los Estados de armonizar sus políticas de visados y de introducir, lo antes posible, modelos informatizados de permisos de residencia para los extranjeros. 
Con respecto a la evaluación del funcionamiento de Schengen, nos felicitamos asimismo por los progresos logrados, en particular por la adhesión de Italia y de Austria, y compartimos la opinión según la cual sería importante favorecer la asociación del Reino Unido y de Irlanda a los ámbitos cubiertos por el Título IV del Tratado. 
Naturalmente, no puedo estar de acuerdo en deplorar la utilización por Francia de la disposición sobre la excepción del apartado 2 del artículo 2 del Convenio en lo referente a las zonas fronterizas de Bélgica y de Luxemburgo. 
Prefiero hacer hincapié- y he presentado una enmienda en tal sentido- en la prosecución de los esfuerzos de estos países en la lucha contra el tráfico de droga. 
Por otra parte, la ponente subraya un incidente registrado en la oficina de la red belga de SIRENA, donde se sustrajeron datos personales. 
Mi colega pone en duda la fiabilidad del sistema de protección de bases de datos, y yo me pregunto si el fallo no es achacable sobre todo a Bélgica, y no a la red SIRENA. 
Globalmente, dejando de lado estos diferentes puntos, votaremos a favor de estos dos informes. 
Señor Presidente, me gustaría destacar, en este debate anual sobre los progresos de la cooperación en los ámbitos de justicia e interior y, más concretamente, en el marco del espacio Schengen, algunos aspectos que evidencian que quedan aún muchas cosas por hacer antes de poder hablar de un verdadero espacio de justicia democrático, sometido al control del Parlamento y de los órganos jurisdiccionales. 
Efectivamente, y como ha dicho la oradora que me ha precedido, la Sra. d ' Ancona, quiero volver a insistir en la necesidad de que el Consejo cumpla de una vez con las disposiciones del Tratado e informe de una manera regular al Parlamento de la preparación y de los resultados de las sesiones del Consejo así como de sus reuniones oficiosas. 
Sin este tipo de información es imposible un control democrático adecuado. 
Es significativo que en este período no se hayan adoptado actos en el ámbito de la política de asilo, refugiados e inmigración, lo que demuestra la falta de voluntad política de los Gobiernos y de las instituciones europeas de tratar de estos temas de manera firme, seria y, sobre todo, consecuente. 
En este espacio Schengen, que se va creando, debería existir una cláusula que hiciera posible la realización de políticas comunes de integración sociocultural de inmigrantes, evitando discriminaciones de personas o grupos por motivos de raza, color, religión u orientación nacional, social o étnica. 
Las competencias de Schengen tienen que integrarse en las políticas de la Unión, tal y como prevé el Tratado de Amsterdam, pero sometidas al control de sus instituciones para evitar que dichas competencias tiendan a convertirse en un instrumento contra la inmigración. 
Es preciso integrar, pero también hay que garantizar, de manera inequívoca, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea y de los nacionales de terceros países. 
Lo mismo cabe decir en cuanto a la transparencia y el control democrático del proceso de adopción de decisiones. 
Por último, señor Presidente, quiero abordar un problema concreto, pero no menos importante en la creación de este espacio de libertad y justicia en el ámbito Schengen: se trata de la protección de los datos personales, garantía incuestionable en toda sociedad democrática. 
El incidente registrado en la oficina belga de SIRENE, donde se sustrajeron datos personales, demuestra la insuficiencia de la protección de las bases de datos y la necesidad de tomar medidas claras para garantizar la protección efectiva de los mismos. 
Señor Presidente, mi Grupo político no puede apoyar la enmienda del Sr. Nassauer. 
Los términos en los que se expresa sobre los temas de Europol y de la política de asilo e inmigración son inaceptables para nosotros. 
No somos contrarios a Europol; al contrario, estamos a favor de Europol y de los derechos ciudadanos. 
Lo que aquí se debate es la legalidad del trabajo que realizan los funcionarios de la Unión encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos. 
Aquí acordamos la cooperación entre nuestras policías y desarrollamos el dispositivo de Europol, pero en cambio les negamos el fundamento jurídico necesario para su trabajo, o sea, los fundamentos jurídicos democráticos que están garantizados en los Estados miembros. 
Esto es algo que nosotros no podemos aceptar. 
La policía necesita leyes de aplicación general para poder ser operativa. 
Sin embargo, éstas no se adoptan, sino que lo que se decide es la inmunidad de los funcionarios de Europol. 
¿De quién les estamos protegiendo? 
Estamos protegiendo a nuestros funcionarios frente a nuestras propias leyes y tribunales democráticos, y de nadie más. 
En cuanto al Sr. Nassauer, que lamentablemente no se encuentra aquí, él acoge con satisfacción la iniciativa fallida de la Presidencia austriaca contra la inmigración ilegal. 
También apoya la campaña contra la doble nacionalidad en mi Estado federal natal de Hesse; allá él. 
Pero yo tengo que preguntarle si todos coincidimos en la definición de la inmigración ilegal. 
¿Quién es ilegal en la Unión? 
¿Entran también dentro de esta definición las personas que en un Estado miembro son reconocidas como refugiados y, en cambio, fueron rechazadas en otro porque las leyes de asilo son distintas? 
Existe efectivamente una inmigración ilegal, de la Europa oriental, por ejemplo. 
Nosotros no defendemos las fronteras abiertas y estamos dispuestos a aceptar unas normas razonables y la armonización. 
Pero los derechos humanos no pueden quedar mermados. 
Yo agradezco la sugerencia de la Presidencia actual del Consejo en el sentido de que es necesaria una nueva cumbre de Jefes de Gobierno, tal como ha manifestado el Ministro de Asuntos Exteriores alemán Fischer, y espero que la Presidencia alemana del Consejo logre introducir algunos cambios en este ámbito. 
Señor Presidente; en primer lugar, doy sinceramente las gracias al Sr. Schily, a la Sra. Daubler-Gmelin y a la Sra. Comisaria por lo que aquí se ha dicho, ya que creo realmente que es probable que exista una convergencia de energías capaz de permitir avanzar con mayor rapidez de lo que se ha hecho hasta ahora, y ello puede ser una buena garantía con miras al futuro. 
El objetivo de la operación sigue siendo, no obstante, constituir este espacio de libertad, de seguridad y de derecho; y conviene insistir en ello puesto que hoy se da más importancia a la proliferación de cerrojos, fortificaciones, alambradas y murallas, muros protectores, que al hecho de exponer a los ciudadanos los medios que deben preverse y el interés de fomentar una Europa sin fronteras, esta Europa que se comporta más bien como un club de ricos que esperan seguir enriqueciéndose. 
No sé si han tenido la curiosidad de coger el tren entre Bruselas y Estrasburgo. 
Y bien, entre Bruselas y Estrasburgo- quizá no exactamente en el cruce de la frontera, sino en los kilómetros próximos -, los viajeros son objeto de un control en el que se les pregunta su nacionalidad, su profesión, la razón de su viaje, y todo ello con una cortesía inversamente proporcional a la presunta honorabilidad del viajero. 
Nosotros hemos presentado dos enmiendas para condenar y acabar con la actitud del Gobierno francés, que continúa exigiendo la aplicación de las cláusulas de excepción. 
El control que actualmente se realiza en las fronteras interiores de Europa debe desaparecer. 
Es un elemento sobre el que deseaba llamar la atención de ustedes. 
En segundo lugar, en relación con el informe presentado por el Sr. Nassauer, este texto recibirá, ciertamente, un apoyo cuanto menos circunstanciado. 
Nos felicitamos, naturalmente, por los progresos realizados en 1998, sin ignorar, a pesar de todo, que estos progresos se han realizado más bien a la velocidad de un caracol y no a la de un caballo de carrera. 
La Sra. Comisaria Gradin ha llamado la atención sobre el hecho de que quizá no se había actuado, en efecto, con demasiada rapidez. 
En cualquier caso, hay que apoyar al Sr. Nassauer cuando pide que este Parlamento sea escuchado, oído, y que el Consejo tome en consideración sus decisiones o posiciones. 
Deben tomarse iniciativas, naturalmente, pero ya es suficiente con aplicar las cláusulas del Tratado y con aplicarlas con efectividad. 
Quedan dos elementos menores sobre los cuales yo tendría reservas, y que, en parte, me preocupan: se trata, por un lado, del fichero central de huellas digitales y, por otro, del estatuto y del control de los funcionarios de Interpol. 
Señor Presidente; en su momento, el Tratado de Schengen causó algún que otro sobresalto en Francia, porque había sido negociado dentro de la mayor discreción y se había revelado a nuestros conciudadanos, en cierto modo, por descuido, lo que demuestra una vez más que Europa no casa con la transparencia. 
Uno de los aspectos fundamentales de este Tratado es, naturalmente, la supresión gradual de los controles en las fronteras de los Estados signatarios, y, en la práctica, la aplicación del Tratado de Schengen ha resultado delicada y difícil; por eso es por lo que Francia ha sido obligada a aplicar las excepciones. 
Si la aplicación de Schengen ha sido difícil, su integración en el cuerpo legal de la Unión Europea no lo es menos. 
Los Estados miembros no logran ponerse de acuerdo en la definición de lo que, en la jerga «eurocrática» , se denomina el «acervo» de Schengen, y tampoco están de acuerdo en cuanto a la repartición entre los pilares primero y tercero. 
El camino más fácil sería incluirlo todo en el tercero. 
Además, como lo ha subrayado el Sr. Nassauer, en el período transitorio el control parlamentario nacional desaparece, sin que por ello el control parlamentario de nuestro Parlamento sea efectivo, y, en este sentido, apoyamos al Sr. Nassauer en su pedido de informaciones. 
Pero información no significa control. 
En la práctica, todas estas dificultades revelan una realidad: Schengen ha hecho poco caso de los hechos, y éstos perjudican a Schengen y a la Unión Europea. 
Señor Presidente, puesto que el debate en torno al artículo K.6 del Tratado de Maastricht es probablemente el último que se celebre antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, ya no es momento para volver a lamentar la lentitud, la ineficacia, la falta de transparencia y de democracia del funcionamiento del tercer pilar. 
Insistimos mucho en ello en años anteriores, y la declaración crítica que hicimos entonces sigue siendo válida. 
El pasado 16 de octubre, en un coloquio realizado en Aviñón, el Presidente de nuestro Parlamento resumía admirablemente la situación: «El balance de las iniciativas y propuestas de estos años se parece mucho al infierno de Dante, está lleno de buenas intenciones. 
Muchísimos convenios firmados en su momento no han sido ratificados, y es razonable dudar que algún día entren en vigor». 
El Presidente ilustraba, de manera lapidaria pero muy exacta, una gran preocupación de nuestra comisión, y que está expresada en el artículo 23 de la Resolución Nassauer. 
Este artículo contiene la lista de los actos esenciales que aún no se han ratificado. 
¿Qué pasará con estos convenios y protocolos? 
¿Cómo podemos superar la inseguridad jurídica actual? 
Los miembros de la Comisión de Libertades Públicas piden a la Comisión que presente, a su debido tiempo, las propuestas imprescindibles para convertir estos actos en medidas comunitarias a partir de la entrada en vigor del nuevo Tratado. 
Me adhiero asimismo a las preocupaciones manifestadas por el Sr. Pradier y por el Grupo de los Verdes. 
No dispongo de tiempo para insistir en ellas, y deseo sobre todo replantear un punto que ya han mencionado varios colegas, en particular el Sr. Nassauer y la Sra. d´Ancona, y que nos preocupa mucho. 
Se trata de la calidad del control democrático: contrapartida indispensable para que los ciudadanos acepten, como se les pide que hagan, las transferencias de soberanía. 
Éstos están dispuestos- estoy convencido de ello, y los sondeos lo demuestran- a aceptar las transferencias de soberanía que implica la comunitarización de una parte del tercer pilar. 
Los ciudadanos comprenden que se está más capacitado si se lucha juntos contra la delincuencia organizada, el fraude internacional organizado, los tráficos de todo género. 
Desean que las fronteras interiores dejen de ser un obstáculo para la justicia, que las parejas mixtas divorciadas y sus hijos ya no deban enfrentarse a juicios entre partes. 
En resumen, consideran que el incipiente espacio jurídico es una necesidad evidente y comprenden que una soberanía europea compartida es más oportuna que una soberanía nacional en declive, que ya no influye en los acontecimientos, pero con la condición de que se pueda aplicar un control parlamentario efectivo: único modo de ejercer democráticamente esta soberanía compartida; de ahí la necesidad de que el Consejo tome en consideración los dictámenes del Parlamento y cambie de comportamiento frente a éste. 
¿Cómo es posible, señor Presidente del Consejo, que las peticiones que nosotros efectuamos en el transcurso de los años, las resoluciones como las de hoy, sean papel mojado? 
La resolución del Sr. Nassauer recuerda los términos de la Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la que yo era ponente, la cual enumeraba las peticiones que entonces dirigíamos al Consejo para lograr una información más seria y completa, para que se nos consultara sistemáticamente y se tomaran efectivamente en consideración nuestros puntos de vista. 
Hoy podemos repetir sus términos exactos, puesto que nada ha cambiado. 
Es inadmisible, por ejemplo, que no se nos haya consultado sobre el documento estratégico de la Presidencia austríaca, que regirá la política europea en materia de asilo y de inmigración durante muchos años. 
Es también inadmisible que, tras repetidas solicitudes del Parlamento, el 19 de marzo de 1998 el Consejo haya tomado oficialmente la decisión de publicar un informe provisional al final de cada Presidencia- es decir, cada seis meses- y que no lo haya hecho. 
Usted dio su acuerdo, señor Ministro. 
El problema, como puede ver, consiste en que el Consejo está siempre de acuerdo en las palabras, pero luego los hechos las contradicen. 
La presentación previa de un informe permitiría celebrar un verdadero debate en el Pleno. 
Muchas gracias, señora Lindeperg, por su consideración. 
De conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido una propuesta de resolución. 
Señor Presidente, aunque esta tarde no podré estar presente- y les ruego que me excusen -, podremos continuar el debate la semana próxima en las comisiones competentes. 
Permítame, por lo tanto, que me refiera sólo a dos cuestiones que me parecen particularmente importantes en este contexto y que creo que merecen tener continuidad. 
La primera es el tema de la información y las relaciones entre el Consejo, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. 
Las intervenciones de los diputados de los diferentes Grupos del Parlamento Europeo me indican que efectivamente existen algunos problemas. 
Permítanme que les dé la seguridad de que nosotros procuraremos aclarar dichos problemas conjuntamente con un ustedes dentro del espíritu de la cooperación y de los Tratados europeos. 
El segundo aspecto que quisiera resaltar es, en efecto, el cambio que supone el paso del régimen del Tratado de Maastricht al del Tratado de Amsterdam. 
Yo creo que tendremos que debatir bastante sobre nuevos planteamientos- incluidos también, por otra parte, los trabajos de la Comisión- a fin de poder impulsar sin demora y, sobre todo, con resultados positivos nuestros proyectos en el ámbito de la seguridad interior y del espacio judicial común europeo. 
Muchas gracias, señora Ministra. 
Interrumpimos el debate en este momento para reanudarlo a las 15.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 10.55 a la espera de proceder a las votaciones, se reanuda a las 11.00 horas 
Votaciones 
La Conferencia de Presidentes adoptó ayer un acuerdo sobre el orden de votación. Este orden de votación comenzaría con las propuestas de resolución, después se pediría a la Comisión que manifestase su posición, habría después un intervalo de tiempo para que los Grupos pudieran hacer sus últimas evaluaciones y posteriormente se procedería a la votación de las mociones de censura. 
He recibido del Grupo de los Verdes una solicitud para que se voten primero las mociones de censura y, a continuación, las propuestas de resolución sobre la negativa a la aprobación de la gestión 1996. 
Por tanto, primero tenemos que decidir si confirmamos la posición de la Conferencia de Presidentes o la modificamos. 
Tiene la palabra el Sr. Telkämper para motivar la solicitud del Grupo de los Verdes. 
Señor Presidente, presentamos nuestra solicitud sobre la base del artículo 119 porque damos por sentado que la propuesta de más amplio alcance es la moción de censura. 
Entre tanto nos encontramos ante un conflicto institucional entre el Parlamento y la Comisión y yo creo que si ahora iniciamos un enfrentamiento partidista, si permitimos que el Parlamento se escinda en posiciones diferenciadas según los Grupos políticos, no podremos justificarlo ante nuestros electores y electoras, cuando lo que debemos hacer, por el contrario, es definir una posición clara frente al fraude, la corrupción y el nepotismo de la Comisión. 
Este es el contenido de la propuesta, de la moción de censura, la Asamblea sin duda coincidirá en ello, y en este sentido, este es el tema de más amplio alcance. 
Esto es lo que debemos votar. 
Nosotros hemos solicitado que la votación sea nominal, ya que si al final se demuestra que esta Asamblea no ha hecho valer su fuerza en este conflicto institucional, el Parlamento habrá empezado la campaña electoral con mal pie o con una salida en falso. 
Yo solicito, por consiguiente, la votación nominal. 
Señor Presidente, quisiera oponerme a la propuesta por dos motivos. 
En primer lugar, ya hay un precedente para el procedimiento que estamos siguiendo. 
Cuando los servicios del Parlamento buscaron precedentes, descubrimos que de esta misma manera nos habíamos ocupado de la moción de censura en el caso de la EBE: en primer lugar nos ocupamos de las resoluciones, y después de la moción de censura. 
En segundo lugar, se trata de un debate eminentemente político. 
Todos sabemos que el camino que sigan las resoluciones podrá influir en el resultado de la moción de censura. 
No hay manera de evitarlo. 
Someto a votación la solicitud del Grupo de los Verdes. 
El Parlamento rechaza la solicitud 
Propuesta de resolución común sobre las consecuencias de la denegación de la aprobación de la gestión 
El Parlamento rechaza la propuesta de resolución común 
Doy la palabra al Sr. Santer, Presidente de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, su Parlamento acaba de expresarse a través de una resolución que dirige un mensaje claro y enérgico a la Comisión. 
Ahora va a tomar una decisión en toda soberanía, sobre la cuestión de confianza. 
Se trata de un momento importante en la vida de nuestras instituciones. 
Diré ante todo dos palabras sobre la resolución. 
Como he expresado, el mensaje a la Comisión es claro y lo he entendido perfectamente. 
Me tomo muy a pecho las críticas que se han hecho, y me comprometo a llevar a buen término, a través de un apretado calendario, el programa ambicioso que he propuesto, así como a dar curso a las peticiones de este Parlamento. 
Veo en esta prueba un medio para dar un fuerte impulso a las reformas necesarias. 
El Parlamento Europeo ha reafirmado hoy, enérgicamente, su autoridad y su papel de control. 
Como demócratas, todos debemos alegrarnos. 
Les diré dos palabras sobre esta idea del comité de expertos. 
La acepto, puesto que servirá para evaluar nuestros métodos de trabajo, para mejorar nuestra gestión, para dirigir una mirada crítica a la lucha contra el fraude. 
Es evidente que este comité podrá, también, examinar algunos expedientes individuales. 
Y lo digo claramente: las recomendaciones del comité de expertos serán respetadas. 
Por otro lado, es evidente que la Comisión seguirá colaborando con los organismos de control de este Parlamento. 
Se los manifesté el lunes pasado: cada vez que se comete un fraude, me duele. 
Cada vez que esto ocurre, Europa es la gran perdedora. 
Se han cometido errores, lo reconozco. 
Se nos ha criticado. 
Pero nunca se ha puesto en duda nuestra buena voluntad. 
Señoras, señores, señor Presidente, hace treinta años que participo en la vida política. 
Lo he considerado siempre un privilegio, pero también una obligación de integridad absoluta. 
Respeto el dinero del contribuyente, y con la ayuda del Parlamento, estoy decidido, más que nunca, a continuar la lucha contra el fraude. 
Les corresponde ahora decidir, señoras y señores, en conciencia, si nos dan su confianza política, que necesitamos para proseguir y acabar nuestra obra política en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Confianza que también necesitamos para que Europa gane. 
Esto es, simple y modestamente, lo que hoy les pido. 
Aplausos 
(La sesión, interrumpida a las 11.25, se reanuda a las 11.40 horas) 
De conformidad con el orden del día, daré la palabra en primer lugar a los primeros firmantes de las dos mociones de censura- Sra. 
Green y Sr. Fabre-Aubrespy- y después a cada uno de los presidentes de los Grupos políticos por tiempo de un minuto 
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción y dar gracias a todos los que han votado a favor de nuestra resolución esta mañana. 
En sus comentarios el Sr. Santer dijo que esta votación y todo lo sucedido han reafirmado la autoridad del Parlamento. 
Es un gran éxito para este Parlamento.... 
Protestas 
Es una lástima que siempre haya malos perdedores. 
Lo que ha hecho esta resolución es brindarnos las reformas más amplias que hayan experimentado hasta ahora los procedimientos internos de la Comisión Europea. 
Reacciones diversas 
Si no hubiéramos presentado la moción de censura, eso no hubiera sucedido. 
Reacciones diversas 
Todos somos testigos de que el Sr. Santer se ha comprometido a poner en práctica lo que se pedía en la propuesta de resolución. 
El Sr. Santer se ha percatado de que este Grupo y todos los que han votado en favor de la resolución, lo hacían en favor de una Comisión Europea más fuerte, una Europa más fuerte, y que velaremos por que respete esos compromisos. 
Señor Presidente, después de haber conseguido lo que consideramos como un éxito considerabilísimo en la reforma de los procedimientos de trabajo de la Comisión Europea, quisiera anunciarle que retiro la moción de censura en nombre del Grupo Socialista. 
Reacciones diversas 
Retirada la moción de censura cuyo primer firmante es la Sra. Green, doy la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy, primer firmante de la segunda moción de censura. 
Señor Presidente, Señorías, los 70 signatarios de la moción de censura, procedentes de todos los grupos políticos de nuestra Asamblea, y que representan a la práctica totalidad de los pueblos de la Unión Europea, mantienen con convicción y determinación su moción de censura al conjunto de la Comisión. 
Aplausos 
Ellos les piden que se pregunten, en conciencia, algo muy simple: «¿tengo confianza en la Comisión o no? ». 
¿Ésta ha tomado las medidas que se imponían tras las diferentes cuestiones que se plantearon en la gestión de los créditos comunitarios? 
¿Ha informado correcta y plenamente al Parlamento? 
Si responden «no» a esta pregunta, entonces deben votar a favor de la censura. 
Señorías, ¡es indudable que, nunca en la historia de nuestro Parlamento, el voto de ustedes habrá tenido tanta importancia! 
No se expongan a que sus electores les pregunten dentro de algunos días o de algunas semanas, cuando surja un nuevo caso, por qué habían vuelto a dar su confianza a la Comisión. 
Votando a favor de la censura, 
Aplausos 
fortalecerán la credibilidad de nuestro Parlamento, harán que los Europeos vuelvan a confiar en sus instituciones. 
Vivos aplausos 
Lo que llevamos pidiendo desde el mes de diciembre, gracias al serio trabajo de la Comisión de Control Presupuestario bajo la dirección de la Sra. Theato y con el Sr. Elles como ponente, se ha aceptado ahora en el programa de ocho puntos de la Comisión Europea y dentro de un plazo muy estricto. 
¿Por qué tendríamos que estar descontentos? 
Al contrario. 
No hemos participado en una maniobra política. 
Nos asistían todas las razones para hacerlo, porque dábamos prioridad al contenido. 
Hay un segundo asunto. 
Ahora se ha hecho indiscutible, señor Presidente de la Comisión, que se ha acabado el período de la burocracia y de la tecnocracia. 
De ahora en adelante tendrá usted que trabajar con un Parlamento. 
Aplausos 
Éste es un resultado indiscutible y sumamente importante y espero que tenga también resonancia en las próximas negociaciones para la revisión del Tratado. 
Señor Presidente de la Comisión, nosotros le defendimos a usted con gran pasión en julio de 1994 aquí, en esta Asamblea, en este Parlamento. 
Todavía sigo estando contento con mi compromiso y mi confianza en su persona. 
Tampoco lo lamento hoy, al contrario. 
Por consiguiente, quisiera decirle- también si votaran los miembros de mi Grupo a su leal saber y entender, también si hubiera una mayoría, pero todo el mundo votará a su leal saber y entender- que le tengo en gran estima como persona, como político íntegro y como presidente de la Comisión. 
Aplausos 
Señor Presidente, esta semana el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformista ha puesto de relieve dentro y fuera de este Parlamento el hecho de que las normas de gestión del control democrático de la Comisión Europea por este Parlamento son a todas luces inadecuadas. 
Esa situación tiene que cambiar. 
Es posible que el hecho de citar nombres concretos resultara indelicado pero todavía no hay ninguna alternativa apropiada, basada en el Tratado, que nos permita pedir que uno o más Comisarios rindan cuentas públicamente ante este Parlamento por su gestión política y de los asuntos de la Unión Europea, y que permita imponerles sanciones cuando no cumplan debidamente su función. 
Durante meses y meses en este Parlamento el grupo de Comisarios ha sido víctima de un colapso de credibilidad que ellos mismos han provocado. 
En colusión con el Grupo Socialista, la Comisión indujo el pasado mes de diciembre esta crisis en torno a sí misma. 
Aplausos 
Estimamos que, en términos políticos, esta Comisión es un cuerpo sin vida. 
Aplausos 
Cuando pedimos que los miembros de la Comisión rindieran cuentas a título individual, se rechazó nuestra petición alegando el régimen colegiado de la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, hemos resuelto a atacar ese escudo de colegialidad con la espada de nuestra responsabilidad parlamentaria. 
Pensando en Europa y con buena fe y mejor conciencia, el grupo ELDR estima que esta Comisión no vale ya. 
Mi Grupo votará a favor de la censura. 
Aplausos 
Señor Presidente, el Grupo Unión por Europa es unánime en denunciar las graves faltas de gestión cometidas por esta Comisión y por la que le ha precedido, y que las auditorías del Tribunal de Cuentas, las investigaciones internas y las investigaciones realizadas in situ por la Comisión de Control Presupuestario han puesto de relieve. 
Nuestro Grupo condena la falta de cooperación y de transparencia que la Comisión ha demostrado durante largo tiempo con respecto al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. 
El Grupo Unión por Europa ha tomado nota de la promesa del Presidente Santer de poner remedio a las disfunciones más flagrantes, pero deplora que haya sido necesario un voto de sanción- el rechazo de la aprobación de la gestión y la amenaza de una verdadera moción de censura, que ahora vamos a votar -, para lograr este resultado. 
En consecuencia, algunos de sus miembros, y concretamente los miembros franceses, al constatar que los compromisos precedentes, contraídos con motivo de la votación de la moción de censura en relación con la ESB, o incluso tras las decisiones de la comisión de investigación sobre el tránsito comunitario, no han sido cumplidos en su integridad, han decidido votar a favor de la moción de censura ,... 
Aplausos 
para recordar a la Comisión que deben respetarse los poderes de control del Parlamento Europeo, ya que constituyen el único medio verdadero para defender los intereses de los ciudadanos, de los contribuyentes europeos. 
Una parte del grupo- entre ellos nuestros colegas irlandeses, italianos y portugueses- ha decidido, sin embargo, conceder las circunstancias atenuantes a la Comisión y votar en contra de la censura, para no crear una crisis institucional cuando Europa debe hacer frente a grandes retos, pero, en todo caso, esta indulgencia no debe interpretarse por la Comisión como un cheque en blanco. 
Aplausos 
Señor Presidente, puedo decirle, en nombre de mi Grupo, que esperamos que el único ganador de estas votaciones y decisiones del Parlamento Europeo sean los ciudadanos europeos, la democracia europea y la transparencia, absolutamente necesaria, estemos en período preelectoral o postelectoral. 
Deseamos que a partir de este momento y de estas decisiones del Parlamento Europeo crezca la credibilidad de esta institución y su vinculación con la vida real de los ciudadanos, que aumente el control político sobre la Comisión y que pueda trabajar la Comisión de Control Presupuestario en las condiciones necesarias. 
Y tengo que añadir, a partir de esta declaración común de mi Grupo, que, como ha pasado en otros grupos, ha habido visiones diferentes, diversidad de opiniones. 
La mayoría del Grupo considera que la gestión de la Comisión es acreedora de una moción de censura. 
Por lo tanto, va a votar a favor de la moción de censura. 
Algunos diputados van a votar en contra y otros diputados- un número significativo, aunque no la mayoría, entre los cuales me encuentro -, considerando que ha habido, en todo momento, una gran instrumentalización de nuestra vida política y de nuestra institución con las mociones de censura, no vamos a intervenir en la votación. 
Así lo hacemos constar y lo declaramos para que conste en el acta de esta sesión. 
Presidente, Señorías, si ahora este Parlamento da un voto de confianza a la Comisión, está asumiendo la responsabilidad del pasado de la Comisión. 
La Comisión no lo ha querido hacer, se limita a hacer propuestas para el futuro. 
Por lo que respecta a la resolución aprobada, dos observaciones. 
No sólo se enviaron a la papelera determinados asuntos del acervo de diciembre, de modo que ahora votamos otra cosa distinta a la de entonces, sino que lo más grave de todo, Señorías, es que cedemos nuestras propias competencias y nuestro propio mando, dejando el juicio de lo que anda mal aquí a un comité de expertos. 
Aplausos 
Eso es francamente una vergüenza, un parlamento indigno. 
No hacemos nada más ni nada menos que censurarnos a nosotros mismos. 
¡En nombre de Dios! 
¿Es eso lo que se llama reforzar la autoridad del Parlamento? 
Mi Grupo ha tenido siempre muy claro que nuestra línea básica era que esta Comisión debería dimitir, que no puede gozar de nuestra confianza. 
No sólo por los escándalos financieros, sino también por su gestión política en muchos terrenos: EEB, la alimentación modificada genéticamente que ha salido al mercado y mucho más. 
Por tanto, afirmamos que esta Comisión no obtendrá nuestra confianza, así que apoyaremos en bloque la moción de censura. 
Aplausos 
Señor Presidente, la resolución que acaba de aprobarse es un buen texto. 
Enérgico, incluso duro, exigente. 
Éste contiene asimismo muchas peticiones y propuestas. 
Tomamos nota de las palabras del Presidente Santer, quien ha reconocido los errores cometidos y ha prometido reformas. 
Ciertamente, el clima político dista mucho de ser el ideal. 
Nuestras decepciones y nuestras críticas siguen siendo válidas. 
Hará falta tiempo para restaurar la confianza. 
¿Hay que votar a favor de la censura? 
Nuestro Grupo ya lo hizo antes. 
Pero hoy votar a favor de la censura sería un gesto exagerado, inadecuado, peligroso para la estabilidad de las instituciones. 
También tenemos en cuenta el calendario. 
Sabemos que, de todos modos, esta Comisión acabará su mandato a fin de año. 
Por todas estas razones, la mayoría de nuestro Grupo- no por unanimidad- votará en contra de la moción de censura. 
Aplausos 
Señor Presidente, culpabilidad y responsabilidad son dos cosas diferentes. 
Se puede ser responsable sin ser culpable. 
La Europa de las Naciones no se pronuncia sobre quiénes son los culpables. 
Nos remitimos a los expedientes disciplinarios y al Tribunal de Justicia. 
Votamos a favor de la censura al Colegio porque toda la Comisión es responsable y debe asumir la responsabilidad del descontrol habido y que aún perdura. 
Si la dirección política no asume su responsabilidad, no hay responsabilidad. 
En tal caso, el presupuesto es un buffet libre. 
El principal problema reside en la falta de mando del Sr. Santer y de sus colegas, cuya gestión se ve afectada gravemente por el despilfarro, las pérdidas, el fraude y la corrupción. 
El Sr. Santer es un preso dentro de su propia fortaleza. 
El Comisario de Personal está prisionero. 
El Director de Personal está prisionero. 
Sólo una moción de censura liberará a éstos y creará una nueva cultura basada en la transparencia, la proximidad y la democracia que sustituya la opacidad, la arrogancia y la burocracia. 
El Sr. Santer reaccionó decididamente cuando no debería haberlo hecho y no fue decidido cuando debería haberlo sido. 
Despidió a un funcionario por proporcionar un documento a un representante elegido por el pueblo. 
Mejor sería que despidiera a los que no proporcionan a los representantes elegidos por el pueblo lo que éstos solicitan. 
Por este motivo, la Europa de las Naciones desea despedir hoy a la Comisión del Sr. Santer. 
Aplausos 
Señor Presidente, nos hemos alineado en contra de la aprobación de la gestión presupuestaria y a través de varias preguntas hemos planteado la cuestión de la legalidad de algunas operaciones. 
Por ello, no justificamos los errores de gestión o de omisión y pedimos que todos saquen, por lo que les toca, las debidas consecuencias en el plano de la responsabilidad política; sin embargo, Alianza Nacional- que va a votar de forma compacta- no está dispuesta a unirse al coro de los que, en nombre de la transparencia de la gestión, en realidad, arremeten contra las Instituciones o se afanan en luchas por el poder para adueñarse de la Institución. 
Ante la actual crisis de los mercados brasileños, una censura a la Comisión causaría un daño tal vez irreparable en la credibilidad del euro y, en consecuencia, un daño grave en la consolidación de nuestra Unión y un probable y mayor empobrecimiento de nuestros conciudadanos. 
Por lo que nos respecta, la Comisión y el Parlamento deben convertirse en cada vez más y recíprocamente transparentes y participativos en interés de los ciudadanos europeos, porque éstas son las dos Instituciones encargadas de la implantación del euro, así como de la consecución de esa unión política sin la cual la economía nunca tendrá un proyecto y la lucha contra el desempleo será letra muerta. 
Ahora confiamos en que todos cumplan su deber de forma responsable y política. 
Se procede a la votación de la moción de censura contra la Comisión Europea B4-0053/99. 
El Parlamento rechaza la moción de censura a la Comisión Europea 
Señor Presidente, he de lamentar que, tratándose de una unidad de acto, el Presidente del Parlamento no me haya dado la palabra, aunque la había pedido con toda antelación. 
Señor Presidente, quiero manifestar, de acuerdo con el Reglamento, que estando presente en la Asamblea no he votado. 
Por lo tanto, señor Presidente, quiero que conste en acta que he estado presente en la Asamblea, que no he votado y que no lo he hecho, señor Presidente, porque estoy en desacuerdo con todo el proceso global que nos ha llevado a la moción de censura. 
Por lo tanto, esto también es la expresión de mi rechazo a todo un proceso. 
Gracias a usted, señor Presidente, y transmita al Presidente Gil-Robles hasta qué punto estoy descontento por no haberme concedido la palabra en el momento oportuno. 
Señor Presidente, hoy hemos asistido aquí a una comedia que, si bien por un lado constituye un procedimiento absolutamente normal y legítimo desde el punto de vista parlamentario, ha sido, sin embargo, muy lamentable desde la perspectiva de los electores y electoras, ya que el Grupo socialista ha cerrado filas para proteger a sus Comisarios implicados en escándalos y éste será ahora el escándalo del que tendremos que responder en los próximos meses. 
Un hecho que no modifican algunos votos discrepantes en la votación de la moción de censura. 
Nosotros continuaremos defendiendo con toda claridad la transparencia, la integridad y la democracia y el refuerzo de las competencias del Parlamento, les guste o no les guste a algunos socialistas. 
Desde que, el pasado mes de diciembre, una mayoría de los diputados europeos, entre los que se encontraba el Grupo Europa de las Naciones, denegó la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de 1996, debido a los numerosos errores de gestión, fraudes y a una falta general de transparencia, hemos apreciado en el Parlamento todo tipo de engaños y de evasivas destinadas a eludir la consecuencia lógica de este acto, es decir, la votación de una moción de censura. 
Primeramente, se presentó una resolución destinada especialmente a algunos comisarios, con el fin de evitar el peligro de un voto de censura general a la Comisión. 
Esta primera maniobra fracasó. 
Paralelamente, el Grupo Socialista presentó una falsa moción de censura, destinada a neutralizar a quienes se oponían, que luego retiró a último momento. 
Pero, felizmente, esta segunda maniobra también fracasó, ya que el Grupo Europa de las Naciones, mientras tanto, había depositado otra moción de censura, esta vez en serio. 
Finalmente, se ha presentado un proyecto de resolución para acabar con el debate mediante la constitución de un «comité de expertos». 
Esta tercera maniobra aparentemente ha triunfado, ya que la resolución acaba de ser aprobada. 
Pero, en realidad, resta credibilidad al Parlamento. 
En efecto, lo que acaba de aprobarse no es siquiera la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, sino un simple comité de investigación, que, según la resolución, funcionará «bajo los auspicios del Parlamento y de la Comisión». 
Dicho de otro modo, este comité dependerá, al menos en parte, de la misma institución cuya gestión deberá investigar. 
Esta cesión lisa y llana de las competencias parlamentarias saca a la luz la antigua complicidad entre el Parlamento Europeo y la Comisión para hacer avanzar, a cualquier precio, la causa federalista. 
El Grupo Europa de las Naciones estima que los errores de la Comisión son lo suficientemente graves, patentes, reiterados, como para merecer una moción de censura. 
A través de esta iniciativa, deseamos poner en entredicho el propio sistema de la complicidad federalista, que ha originado todos estos abusos. 
Y nos congratulamos de que nuestra moción haya obtenido el apoyo de 232 diputados europeos (contra 293) , lo cual, habida cuenta de las divergencias habituales entre la opinión pública y esta Asamblea, demuestra que nos apoya una aplastante mayoría de los ciudadanos. 
Los socialdemócratas daneses estamos satisfechos de que la Comisión se halle inmersa en la preparación de un plan que modifique rápidamente la cultural empresarial de la Comisión y eleve la ética. 
Consideramos necesario examinar cualquier sospecha de irregularidades, fraude o corrupción, bien por medio de la nueva oficina independiente para la lucha contra el fraude interno bien por medio de las autoridades policiales nacionales. 
Llegado el caso, debe pedírsele al Consejo que haga uso del artículo 160 del Tratado, según el cual, cualquier miembro de la Comisión puede ser destituido por el Tribunal de Justicia a instancias del Consejo o de la Comisión si ha cometido una falta grave. 
Son la propia Comisión y el Consejo expresamente quienes tienen esta posibilidad. 
No el Parlamento, aunque puede considerarse la inclusión de éste en una futura modificación del Tratado. 
De esta forma los casos pueden ser investigados a fondo sin tener que enfrentarnos al mismo tiempo al juicio de la prensa. 
Sin embargo, para que esta posibilidad funcione, el Sr. Santer naturalmente debe ser consciente de su responsabilidad como Presidente de la Comisión. 
Seguiremos muy de cerca el cumplimiento por parte de la Comisión del plan de acción aprobado hoy. 
La Comisión debe contemplar un cambio de todos los máximos funcionarios de la Comisión a fin de airear ésta. 
Apoyamos el trabajo realizado por el Sr. Liikanen de cara a una reforma del personal que resulta trascendental dentro de toda este proceso de limpieza. 
Señor Presidente, lo que hoy se dirimía de hecho- y esto demuestra cuán acertado ha sido el voto afirmativo de nuestro Grupo en favor de la moción de censura -, lo que hoy se dirimía no era si la Comisión ha obrado con imprudencia o si ha sido víctima de su propia transparencia. 
Esto demuestra una vez más que la Comisión es y ha sido incapaz de hacerse cargo de la dimensión política. 
La Comisión se ha dejado llevar por un razonamiento predemocrático. 
No fue capaz de responder con una actuación razonable frente a todos esos acontecimientos catastróficos. 
No nos preocupaba sólo el nepotismo y la corrupción. 
También nos preocupaba que la Comisión tiene y tenía encomendada una tarea política clara a la que no ha sabido responder en absoluto en los últimos tiempos. 
Nosotros teníamos muy claro el peligro implícito de que esto sea utilizado como baza en favor de la renacionalización. 
Porque queremos una Europa fuerte y porque necesitamos una Comisión fuerte, no podíamos dejar de emitir una moción de censura contra la actual Comisión. 
Confiamos en que todo esto le haya servido al menos de lección, que la Comisión haya aprendido que estamos en una democracia, que debe acabar de una vez con esos modos predemocráticos de pensar y de actuar, y que por fin se decida asumir la responsabilidad que esto significa, que comprenda que el nepotismo, la corrupción y los escándalos no permitirán crear una Europa fuerte. 
Por esto hoy hemos votado a favor de la moción de censura. 
Yo creo que es una lástima que el Grupo socialista la haya utilizado como una baza política, para luego volverse atrás en el momento decisivo. 
Esto no sólo es desfavorable para la idea de Europa, sino también desde el punto de vista de la fuerza que necesitamos para abordar la Agenda 2000. 
Sólo me queda esperar que, como resultado de esta votación, la Comisión tenga al menos la decencia de extraer las debidas consecuencias y que los Comisarios implicados dimitan. 
Señor Presidente, si el Grupo Europa de las Naciones, en cuyo nombre ha intervenido Hervé Fabre-Aubrespy, ha tomado la iniciativa de presentar una moción de censura tras los fraudes descubiertos en el funcionamiento de la Comisión Europea, ello obedece a que pensamos que esta mala gestión no es ni accidental ni individual. 
La misma se desprende, en realidad, del propio sistema institucional. 
La Comisión declara en su defensa que se la ha sobrecargado de cometidos y que no disponía de los medios para asumirlos. 
Nosotros recusamos esta falsa excusa, ya que la precipitación para quitar competencias a los Estados miembros forma parte del propio sistema, que busca siempre ganar por la mano a las legítimas reacciones de defensa de las naciones. 
Además, la Comisión, en el conjunto de las instituciones, siempre ha sido el agente más activo de esta execrable política. 
No hay que remontarse demasiado en el tiempo para conocer la sentencia del Tribunal de Justicia del 12 de mayo de 1998, que puso al descubierto toda una serie de líneas presupuestarias que la Comisión mantenía sin base jurídica. 
Algunas de estas líneas, como los programas «Pobreza» , se habían iniciado incluso con la oposición formal del Consejo. 
Estos comportamientos, que menosprecian la normativa legal, emanan directamente del sentimiento de superioridad de la Comisión frente a las naciones reunidas en el Consejo. 
Dichos comportamientos generan fatalmente el fraude, y este es el sentido de nuestra moción de censura. 
Desde hace tiempo, el sistema institucional europeo ha declarado a la Comisión «guardiana» de un interés superior a las naciones. 
Dicho sistema ha rechazado el control de ésta, convirtiendo la falta de transparencia en una estrategia deliberada con miras a la integración, y ha hecho circular a través de sus funcionarios centrales sumas considerables de dinero. 
De este modo, se ha creado en Bruselas un espacio predilecto para el fraude, la corrupción, el despilfarro y el nepotismo. 
Y ha ocurrido lo que debía ocurrir. 
Se ha formado en torno a la Comisión un mundillo siniestro en el que existe todo tipo de tráfico de influencias, y que está muy alejado de las preocupaciones de los ciudadanos. 
Nos aterroriza el hecho de que a este mundillo se le hayan confiado poderes considerables en materia de iniciativa reglamentaria y de gestión europea. 
Nosotros deseamos acabar con este sistema y restablecer el control de las naciones sobre las instituciones europeas. 
Señor Presidente, desde el punto de vista jurídico, la moción no ha sido aprobada, pero, políticamente, la censura es evidente. 
He votado a favor de la censura. 
Lo he hecho con dificultades, a disgusto, en contra de mis criterios. 
No lo he hecho para participar en una caza de brujas, y lamento, en tal sentido, que a la Sra. Cresson se la haya puesto de inmediato en el lugar del chivo expiatorio. Lo he hecho por razones políticas, porque en el momento en que la ampliación impone la necesidad de un fortalecimiento institucional, el marco de referencia puesto a punto por el Sr. Santer y la Sra. Green nos hace dar la espalda a dicho fortalecimiento. 
La Comisión prefiere la tutela de expertos antes que un verdadero control parlamentario, y el Parlamento renuncia provisionalmente a sus poderes de control- pero lo hace otra vez, y de provisional en provisional, la situación se mantiene-. 
Lamento, señor Presidente, que la Comisión y algunos grupos se hayan prestado a este juego. 
Es porque deseo unas instituciones europeas fuertes, para una Europa fuerte, por lo que he votado a favor de esta censura. 
El Grupo D66 está a favor de una Comisión fuerte y de una Europa fuerte. 
Tal y como el Sr. Nordmann acaba de señalar, nos ha costado mucho votar a favor de la moción de censura. 
Esta Comisión ha renunciado a su independencia poniendo su futuro en manos de una comisión independiente de expertos. 
No deseamos que se nos asocie con todos esos colegas que están en contra de una Europa fuerte. 
Por eso, nos ha resultado difícil votar a favor de esta moción. 
Pero, con todo, de lo que se trata ahora es de en qué circunstancias puede fortalecerse Europa. 
¿Con una Comisión debilitada que, de hecho, en los próximos años no tendrá la oportunidad de dar un verdadero impulso, o con una nueva Comisión que tenga un nuevo brío? 
Es por ello que el D66 ha votado a favor de la moción de censura, pero que a nadie le quepa la menor duda sobre nosotros; lo que queremos es más democracia, más autoridad, más vigor en Europa y no un debilitamiento de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, los socialistas franceses se niegan a dar una firma en blanco a la Comisión de Jacques Santer. 
Durante esta crisis de confianza entre el Parlamento Europeo y la Comisión ejecutiva, los socialistas han deseado ante todo obtener la colegialidad de la Comisión y el respeto de la presunción de inocencia. 
El tiro de pichón no es un método de control parlamentario. 
Los socialistas han deseado asimismo manifestar su unidad y buscar las bases de un acuerdo lo más amplio posible dentro de su Grupo. 
Los socialistas deploran que el Presidente de la Comisión haya tardado tanto en expresar la solidaridad del colegio y hacer propuestas al Parlamento sobre los medios para mejorar la gestión de la Comisión. 
Deploran que se haya necesitado esta escalada de la confusión para que el Presidente de dicha institución valorase, por fin, las disfunciones de la institución de la cual era responsable. 
¿Qué enseñanzas pueden sacarse de esta crisis? 
La lucha contra el fraude, la corrupción y las irregularidades debe llevarse a cabo con determinación, y deben reforzarse los medios para ello. 
Hay que consolidar el carácter colegiado de la Comisión, como garantía de la integración comunitaria y crisol de una cultura administrativa común. 
De lo contrario, al capricho de los plazos electorales, unas mayorías circunstanciales podrían elegir como cabeza de turco a uno u otro comisario. 
La Comisión debe tener al frente una personalidad política fuerte. 
La Unión Política debe pagar hoy la carencia del Consejo, que, presionado por los conservadores británicos, aceptó el nombramiento de un Presidente débil. 
Habría sido absurdo si en la votación los socialistas hubiesen hecho mal uso del arma política más importante que tienen a su disposición. 
Hemos contribuido enérgicamente a limitar los daños. 
Queda por recorrer un largo camino. 
La resolución que acabamos de aprobar permite iniciarlo, pero los socialistas quieren atribuir a esta imprudente escalada el mérito de haber puesto en evidencia la urgencia de una reforma de las instituciones de la Unión, antes de cualquier ampliación. 
Señor Presidente, aunque soy muy crítico respecto al funcionamiento de la Comisión, junto con otros colegas de Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, no he participado en la votación de las resoluciones sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de 1996 y la censura, porque no comparto ninguno de los textos presentados. 
Señor Presidente, mi convicción europea inquebrantable me ha obligado a pronunciarme en favor de la censura de la Comisión. 
En efecto, considero que la situación de crisis provocada por la propia Comisión, con el apoyo del Grupo Socialista, exige, para la salvaguardia de la institución, un voto de desconfianza. 
Este voto se justifica concretamente por el hecho de que la Comisión no ha asimilado- o lo ha hecho demasiado tarde- la realidad siguiente: el Tratado de Maastricht y las futuras disposiciones del Tratado de Amsterdam convierten al Parlamento en una verdadera institución política, cuyo deber es asumir sus responsabilidades políticas. 
Las propuestas del Presidente Santer con el objetivo de mejorar la transparencia y el funcionamiento de la Comisión se han presentado demasiado tarde y en un momento de crisis que no permite efectuar una evaluación serena. 
El comité de vigilancia creado en el punto 1 del texto de la resolución socialista representa un tutelaje por la Comisión y el Parlamento. 
Esto es inaceptable. 
Hoy la prioridad absoluta era restablecer en el equilibrio institucional la autoridad de una institución que, cuando está de acuerdo con el Parlamento Europeo, constituye el motor de los avances de la Unión Europea. 
Esta Comisión debe ser fuerte, solidaria, independiente, respetada por el Consejo, por el Parlamento y por los ciudadanos europeos. 
Cada uno de nosotros debería ahora, al término de este debate, formularse la siguiente pregunta: ¿he contribuido realmente, con mi actitud, al progreso de la Unión? 
Mi voto respondía claramente a este desafío. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, estos últimos días y también hoy ha habido muchas maniobras tácticas en esta Cámara. 
La táctica ha dominado la actuación de las figuras políticas rectoras del Parlamento. 
Esto ha distorsionado un poco la percepción de que una moción de censura busca la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Mantienen los representantes populares electos una confianza suficiente en la capacidad de gobierno y de gestión del órgano ejecutivo central de la Unión? 
Esta pregunta se puede responder afirmativa o negativamente. 
Y quien haya escuchado al Sr. Santer el lunes o en las semanas pasadas y haya podido observar también hoy su actitud sólo puede llegar a mi modo de ver a la conclusión de que, a la vista de las grandes tareas que nos esperan, esa confianza en la capacidad de gobierno de la actual Comisión y del actual Presidente ya no existe. 
Sobre esto debería decidir el Parlamento y no sobre subterfugios tácticos. 
Esta es también la opinión que prevalece entre mis colegas socialdemócratas de la República Federal de Alemania. 
Por esto no nos ha quedado otra alternativa que asumir la tarea parlamentaria de decirle al órgano central de gobierno de la Unión Europea que los causantes de una crisis institucional no son quienes expresan desconfianza, sino quienes no cumplen debidamente y en un grado satisfactorio su elevado e importante cometido. 
La jefa de mi Grupo político ha declarado que ha retirado la moción de censura del Grupo socialista. 
¡Eso no es cierto! 
La petición fue presentada por miembros individuales del Grupo socialista. 
Yo pido que así se haga constar en el Acta. 
Señor Presidente, yo he votado con pesar a favor de la moción de censura contra la Comisión. 
El presente Reglamento no me dejaba otra opción, puesto que en la Comisión hay personas, como la Sra. Cresson o el Sr. Marín, que por sus acciones y su carácter no parecen idóneas para desempeñar su tarea. 
Yo quisiera resaltar que mi voto no iba dirigido contra el muy meritorio Presidente Santer. 
Hoy ha quedado de manifiesto el déficit democrático que lamentablemente todavía existe en las instituciones europeas. 
Para que Europa pueda avanzar realmente en el aspecto político será preciso reformarlas. 
El antiguo Plan Tindemans nos ofrece un modelo para ello, que sigue siendo tan válido como hace unos años. 
Para hacer realidad en un breve plazo una reforma sólida, no se requieren, por lo tanto, grandes estudios ni la coartada de un comité de sabios. 
Esta es la tarea que debe abordar ahora el Parlamento, a la vista de los hechos de hoy, con objeto de que la Europa unida y ampliada pueda cumplir en un futuro no muy lejano, si Dios quiere, su misión en favor de nuestros pueblos y también de la paz en el mundo. 
Señor Presidente, queridos colegas, mi Grupo está dividido, como todos los Grupos en mayor o menor proporción. 
Por tanto, no puedo hablar en su nombre, pero sí puedo hablar- creo- en nombre de esa mitad aproximadamente del Grupo que ha votado contra nuestra propia resolución, la del Grupo, que ha apoyado la resolución socialista y que ha votado contra la moción de censura. 
Tengo que empezar por pedir al Parlamento que tenga un poco de modestia. 
Anoche, a las nueve, se abría aquí uno de nuestros debates sobre un informe de iniciativa, defendido por mi amigo y compatriota el Sr. Areitio. 
Le respondía el Comisario, Sr. Van Miert. 
¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántos diputados a las 9.00 de la noche acompañaban en este hemiciclo al Sr. Areitio a esa hora? 
En esas condiciones ¿puede este Parlamento tirar la primera piedra? 
Por otra parte, ¿puede tirar una piedra individual contra alguno de los señores Comisarios cuando sabemos perfectamente que el Colegio de Comisarios es precisamente un colegio, una unidad y que- nos guste o no- esas son las normas que existen y que estamos obligados a respetar? 
Por supuesto, señor Presidente, son muchas cosas las que tenemos que corregir. 
Y yo confío en que la Comisión, presidida por un hombre de honor, como es el Sr. Santer, hará honor a las promesas que ha hecho e introducirá las necesarias correcciones en un funcionamiento que, como sabemos, no es perfecto. 
Hubo un tiempo en que algunos israelitas- los de la Biblia, no los israelíes- quisieron y lograron derribar el templo. 
Pues bien, lo hicieron a trueque de que murieran los filisteos y Sansón. 
Como he dicho ante mi Grupo, no me importan nada los filisteos, ni de mi Grupo ni de otros. 
Casi no me importa Sansón. 
Pero me importa mantener en pie el templo que tanto nos ha costado construir. 
Señor Presidente, al votar en contra de la moción de censura he recordado que Talleyrand había dicho que todo lo que es exagerado es insignificante. 
El hecho de votar a favor de la censura hubiese sido exagerado, tras la aprobación de la enérgica resolución sobre la reforma a fondo de la cultura administrativa, y- así lo espero- no sólo la de la Comisión, sino también la de este Parlamento (por ejemplo, después del compromiso, también enérgico, del Presidente Santer de ocuparse de todos los casos de fraude, de mala gestión y de nepotismo, para que los culpables sean sancionados sin importar el nivel). 
Me congratulo de que la razón y el sentido de la responsabilidad hayan triunfado, y, con ello, Europa. 
La Comisión Santer ha asumido sus responsabilidades en el plano político. 
Ha llevado a término la introducción del euro, y espero que, tras las crisis que éste ya ha sufrido estos últimos días- de las cuales algunos aprendices de brujo de este Parlamento y su politiquería son responsables -, el euro volverá a ser, después de esta votación, una moneda fuerte al servicio de los ciudadanos de la Unión. 
La Comisión Santer nos ha sometido la Agenda 2000. 
Corresponde a este Parlamento ocuparse de estas importantes propuestas de la Agenda 2000, de la que depende el bienestar de centenares de millones de europeos, y que debería preocuparnos mucho más que el nepotismo de que se les acusa a la Sra. Cresson o a otras personas. 
La Comisión ha salido fortalecida de esta prueba. 
La felicito. 
Le renuevo mi confianza, y hoy ha ganado Europa. 
Señor Presidente, no he votado a favor de la censura, contrariamente a lo que ha hecho la gran mayoría de la delegación francesa de mi Grupo. 
Creo que el objetivo de esta moción de censura, cuando fue presentada por la Sra. Green, era interrumpir el proceso de denegación de la aprobación de la gestión. 
Ésta ha jugado con fuego, y Hervé Fabre-Aubrespy le ha arrebatado hábilmente la jugada política que había montado. 
Ya no tengo edad para esta clase de juegos, y, además, ya no me divierten. 
Por eso no me he asociado a la maniobra «villierista» , dictada más por el rechazo de Europa que por otros motivos. 
Quince días después de la aplicación del euro, nuestra Asamblea y nuestra Europa merecían algo mejor. 
Sin embargo, la Comisión no se ha librado de lo que nos debe, ya que ahora la continuación del procedimiento de aprobación de la gestión se ha convertido para ésta en una prioridad. 
Por esta razón, le doy cita para el mes de marzo, y espero que esta vez sepa responder a las preguntas que le hemos formulado. 
Señor Presidente, estimados colegas, no serán palabras de mal perdedor si afirmo que aquí se ha disparado contra la propia portería. 
Se pretendía disipar mediante una moción de censura todas las dificultades y todas las irregularidades que salieron a la luz en el contexto de la aprobación de la gestión de 1996. 
Esta moción de censura no se ha producido. 
Yo también pienso que el Comité de sabios es una mala prótesis. 
Ahora tenemos que aprovechar el tiempo para conseguir que esta Comisión- afuera, en los pasillos, ya se ha podido escuchar la expresión dead man walking (cadáver ambulante) aplicada a la Comisión- haga ahora al menos lo necesario para que sea posible lo que el Sr. Martens ha prometido explícitamente aquí: el fin de la burocracia y la tecnocracia. 
Si el Parlamento no hubiese expresado su censura con un número tan elevado de votos, la Comisión se habría desentendido del asunto y habría dicho que todo ha sido sólo una tormenta en un vaso de agua. 
Por esto yo me alegro de haber participado en la iniciativa- y lo estuve reflexionando largamente- y de que hoy se someta a votación una auténtica moción de censura. 
Yo quiero resaltar una vez más- y el Sr. Berthu sabrá interpretarme- que el objetivo de esta iniciativa era conseguir una Comisión fuerte y un verdadero parlamentarismo en Europa, y que no se sigan encubriendo las debilidades a escala europea mediante procedimientos tecnocráticos y burocráticos y una falta de transparencia. 
La falta de transparencia es, en efecto, el verdadero pecado cardinal, sin que esto signifique que podamos despreocuparnos del nepotismo, la mala gestión y el fraude. 
Señor Presidente, Señorías, ¿cuál es la situación? 232 colegas han votado a favor de la moción de censura y 27 se han abstenido. 
En principio, 260 diputados de esta Asamblea han retirado la confianza a la Comisión. 
Es preciso hacerlo constar en este momento. 
¡Este es el mensaje! 
Yo no comprendo en absoluto que, después de las deliberaciones, el debate haya derivado, como resultado de las declaraciones del Sr. Santer, hacia la reforma de la estructura administrativa, la reducción de los gabinetes y la reforma organizativa. 
El tema que nos ocupa es, en primer lugar, una mala actuación personal de dos Comisarios: la Sra. Cresson y el Sr. Marín. 
Estamos hablando de nepotismo y de la asunción de responsabilidades. 
Esto también es precisamente lo que me indujo, al igual que a muchos otros, a no otorgar la confianza a la Comisión. 
Yo me pregunto qué ocurrirá a continuación. 
La Comisión tiene que tomar nota de esta votación. 
Para mí es inconcebible que se pueda seguir actuando como si no hubiese ocurrido nada. 
Yo me congratulo de que el Grupo de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) en el Parlamento Europeo haya votado sin fisuras a favor de la moción de censura. 
El Grupo del Partido Socialista Europeo está encubriendo la actuación de la Comisión. 
Yo me propongo resaltarlo y criticarlo explícitamente y quiero repetirlo también una vez más ahora aquí. 
Sin embargo, algo se ha conseguido con esta votación, a saber, que la relación entre las instituciones se ha modificado. 
Si lo tenemos presente, aun con todo el pesar por que la moción de censura no haya logrado obtener un respaldo mayoritario, lo cierto es que la decisión de los diputados de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana en esta Cámara ha sido acertada. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de co-firmante de la moción de censura, yo he votado naturalmente a favor de la misma y pienso que el gran apoyo que ha recibido- un 40 % aproximadamente- deja claro, de hecho, que la Comisión ya no tiene el respaldo de una mayoría amplia. 
La Comisión sale muy dañada del debate de hoy y ya está políticamente muerta. 
El gran número de partidarios de la moción de censura tiene un peso todavía más importante toda vez que aquí ha operado de hecho una gran coalición de los Grupos mayoritarios. 
Y si consideramos que el apoyo a la moción de censura casi se ha duplicado desde que se votó la moción en relación con la EEB, es preciso hablar lisa y llanamente de una erosión de la confianza en la Comisión Europea. 
Ha sido un paso difícil para el Parlamento Europeo, pero aun así avanzamos un buen trecho con un salto de tigre, para acabar luego, por desgracia, convertidos en felpudo, ya que lamentablemente el Parlamento Europeo ha cedido en la práctica sus competencias de control a un llamado comité de expertos y se ha puesto así bajo tutela. 
Yo espero que esto no se traduzca en una pérdida de credibilidad para el Parlamento europeo y lamento sobre todo las maniobras tácticas de los grandes Grupos mayoritarios. 
La moción de censura contaba, en efecto, con un amplio respaldo, pero hoy no se trataba de realizar indagaciones más detalladas, que serán la tarea del Comité de Sabios, sino que deberían haberse extraído consecuencias políticas. 
En este sentido, en mi calidad de firmante de la moción de censura, yo estoy satisfecha con el resultado, ya que éste ha sido un fuerte escarmiento para la Comisión. 
1. 
Mi voto no puede entenderse, porque no es ése su sentido, como un voto de confianza a esta Comisión; la moción que ahora estamos votando no es- porque tampoco puede serlo reglamentariamente- una moción de confianza. 
2.Todo este proceso desde su inicio, en el Pleno pasado, hasta hoy no ha sido claro y considero de elemental justicia responsabilizar ahora al PSE y a su Presidenta por la situación a que se ha llegado y que nada dice a favor de la Unión Europea y de sus instituciones.3.Razones que también en la Unión Europea pueden ser invocadas como razones de Estado y de puro interés nacional constituyen asimismo- y sin rodeos- un motivo para este sentido de mi voto. 
Me parece que este proceso, auténticamente dantesco, de intenciones, cuyos contornos no están claros, oculta maniobras en cierto modo indecorosas, pero seguramente de objetivos inconfesables. 
Es preciso tener presente que, en este momento, se están celebrando importantes negociaciones, en particular la Agenda 2000, Fondos estructurales y Fondo de Cohesión, que afectan a los países más pobres, entre ellos Portugal.Ahora bien, considero que mi deber es el de compartir la idea según la cual esta Comisión no ha cumplido el papel, tal como yo lo concibo, que se le ha atribuido, en particular en cuanto a la falta de transparencia y a la completa inobservancia del «principio de buena gestión financiera» , por no mencionar, entre otros, los casos de sospechas recurrentes de fraude y del tristemente célebre caso de la EEB. 
Éstas son, pues, en conjunto, las razones por las que voto contra esta moción de censura, lo que no se debe entender- repito-como un voto de confianza a esta Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, en tanto que Frente Nacional, votamos a favor de la censura a la Comisión Europea, habida cuenta de las irregularidades de gestión de las que la acusa el Parlamento, y que ésta ha ignorado. 
Añadiré, sin embargo, que yo había firmado dicha moción de censura, así como los Sres. Mégret y Le Gallou, por petición expresa del Sr. Fabre-Aubrespy, y que éste suprimió luego nuestras firmas sin consultarnos, lo que deploro públicamente. 
Por otro lado, constato que los demócratacristianos del PPE y sus aliados, con los socialistas, forman un verdadero bloque que apoya a la Comisión en todo y contra todo. 
Esta alianza escandalosa entre aquellos que se consideran de derecha y aquellos que dicen ser de izquierda otorga a la Comisión, como es bien sabido, una mayoría de principio. 
En mi opinión, se trata de un fracaso para la democracia. 
En efecto, Europa se muestra tal cual es: una organización tecnocrática y oligárquica. 
En esta Europa se censuran, en cierto modo, los intereses de los ciudadanos y, por lo tanto, de los contribuyentes. 
Al no censurar a la Comisión, en efecto, pienso que la mayoría de este Parlamento ha optado, en definitiva, por censurar los intereses de los pueblos, en particular del pueblo francés. Naturalmente, lo deploro. 
La presente moción de censura se desprende directamente de la denegación por parte del Parlamento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996, que fue su causa inmediata. 
Al haber decidido el Parlamento devolver a la comisión competente toda la cuestión, me parece prematura la presentación de la censura. 
Por otro lado, veo que la Comisión presenta un plan con su correspondiente calendario para abordar el problema del fraude con la colaboración del propio Parlamento. 
Además, como discrepo de la acusación individualizada a algunos Comisarios sin una investigación profunda sobre su culpabilidad, no podría votar en conciencia las propuestas de resolución en ese sentido. 
Por último, Europa se encuentra en una fase de enorme importancia. 
Después de la introducción del euro, tenemos el imperativo de la Agenda 2000, la reforma de la PAC, la ampliación, los Fondos estructurales, de enorme importancia en particular para los países de la cohesión. 
Para no poner en entredicho la serenidad y la estabilidad y evitar una crisis institucional, he votado en contra de la moción de censura. 
Los diputados socialistas luxemburgueses al Parlamento Europeo han apoyado a la Comisión y han expresado a la vez sus críticas y sus graves preocupaciones frente a la gestión de algunos expedientes financieros y administrativos. 
Por esta razón, éstos se han felicitado por el plan en ocho partes presentado el lunes pasado ante el Parlamento por el Presidente Santer. 
Las medidas de saneamiento financiero y administrativo preconizadas por la resolución socialista se inscriben en el marco del plan del Presidente de la Comisión. 
Por eso los diputados socialistas luxemburgueses han rechazado claramente la censura de la Comisión, para confirmar su mandato. 
Si se desea que la Comisión mejore su gestión, hay que darle tiempo. 
En contra de la actitud de algunos, que se han extralimitado en la votación de la aprobación de la gestión, para debilitar a la Comisión, los socialistas han insistido siempre en la necesidad de una Comisión fuerte y operativa hasta el final de su mandato. 
La moción de censura socialista era una moción de confirmación de la Comisión. 
El propio Presidente Santer la había solicitado el día anterior a la votación de la aprobación de la gestión, en diciembre, para clarificar las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. 
A falta de esta iniciativa política de los socialistas, las medidas anunciadas por Jacques Santer nunca habrían salido a luz. 
Por otro lado, los debates en torno a esta moción han materializado en el seno del Parlamento Europeo una coalición hostil a una Comisión fuerte. 
Esta coalición heteróclita comprende desde la CDU y la CSU bávara (cuyo presidente ha firmado la moción de censura de la derecha antimaastrichtiana) hasta los Verdes y la extrema derecha, pasando por los liberales. 
A seis meses de las elecciones, la misma desea sacar provecho, a cualquier precio, de una caza de brujas sin igual que afecta, con los rumores más peregrinos, al Presidente Santer. 
Esta coalición irresponsable ha dañado no sólo el prestigio de la Comisión, sino a la propia Unión Europea, por su extraordinario ensañamiento contra una Comisión, cuyo balance político, en el momento de la introducción del euro, es ampliamente positivo. 
El voto de censura a la Comisión es un voto político contra la falta de transparencia, la mala administración, el espíritu burocrático, el déficit democrático, la arrogancia ante los ciudadanos de la Unión Europea, las redes de empresas y asesores que parasitan alrededor del presupuesto comunitario cuya fuente es el contribuyente europeo. 
Es un voto político a favor de un Parlamento fuerte en la Unión Europea que puede intervenir de forma osada y determinante en los procesos. 
Dicho voto no significa negar la confianza a todos los Comisarios y a cada uno por separado. 
Concretamente, debo aprovechar para expresar la confianza en el Comisario griego Christos Papoutsis que asumió la responsabilidad de sectores que en el pasado habían presentado grandes problemas de escándalos y mala administración, como el turismo y la energía nuclear 
Voto a favor de la censura de la Comisión Europea porque, en primer lugar, estimo que no hacerlo significa otorgar la confianza, lo cual resultaba inconcebible a la vista de los expedientes que han salido a la luz, colmados de irregularidades, de fraudes y de disfunciones con respecto a las diferentes políticas comunitarias gestionadas por la Comisión. 
Al mismo tiempo que debe ser rechazada la trampa del texto socialista, cuyo objetivo es nada menos que rehabilitar a la Comisión frente a las graves irregularidades cometidas y garantizar la permanencia del ejecutivo, pienso que es imprescindible, sin ninguna duda, exigir a la Comisión que asuma sus responsabilidades políticas, que hasta ahora siempre ha esquivado hábilmente. 
Votar a favor de la censura es defender la credibilidad de la institución parlamentaria, tratada con desprecio por la Comisión, que prefiere dar informaciones a la prensa, antes que a las comisiones del Parlamento Europeo. 
Votar a favor de la censura es sobre todo defender los intereses de los ciudadanos y electores europeos, cuyo dinero se desvía y dilapida por una institución tecnocrática, muda y secreta, que hasta ahora no ha sido capaz de cumplir con su deber. 
En mi opinión, lo que está en juego es importante, decisivo, para la clarificación del debate. 
Hemos votado en contra de la moción de censura presentada contra la Comisión puesto que, a pesar de existir motivos de amonestación acerca de su gestión, no se ha demostrado que esta institución hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones en actividades que justificaran su destitución. 
De cara a los intereses finlandeses, es favorable que exista una Comisión, dotada de plena capacidad de actuación, que equilibre el poder de los grandes Estados miembros frente a los países más pequeños durante las negociaciones de la Agenda 2000 que están llegando ahora a su fin, y en las que nuestro país tiene importantes intereses nacionales que defender. 
No obstante, consideramos imprescindible que la Comisión emprenda medidas, de acuerdo con las exigencias que ha planteado el Parlamento, a fin de introducir mejoras en su gestión económica y de aclarar el reparto de responsabilidades entre los comisarios. 
Es preciso esclarecer las irregularidades y los abusos, así como llevar ante la justicia a los responsables. 
Las informaciones transmitidas al Parlamento estas últimas semanas, en particular a la Comisión de Control Presupuestario, me impiden mantener la confianza en la gestión política de algunos comisarios. 
El Parlamento se ha debilitado al confiar su tarea de control de la Comisión a un comité de expertos. 
Me he abstenido en la votación de confianza con respecto a la Comisión, en conjunto, ya que no puedo desaprobar al conjunto de una institución por las actuaciones de algunos. 
Además, no quiero prestarme al juego político de ciertos grupos, a un juego dictado más por intereses electoralistas en su región que por el enjuiciamiento objetivo de la situación. 
Si bien cada crisis lleva en su seno una posible renovación, podemos, con nuestra actitud, forzar a la Comisión a acabar con algunos fraudes y con el exceso de burocracia. 
El Movimiento de Junio y el Movimiento Popular sólo han votado a favor de mencionar los nombres de Comisarios individuales, porque el mayor grupo del Parlamento ha comunicado que sólo votarán a favor de su propia moción de censura si hay mayoría en el Parlamento para criticar a un comisario en concreto. 
Culpabilidad y responsabilidad son dos cosas diferentes. 
Se puede ser responsable sin ser culpable. 
El Movimiento de Junio y el Movimiento Popular no se pronuncia sobre quiénes son los culpables. 
Nos remitimos a los expedientes disciplinarios y al Tribunal de Justicia. 
Votamos a favor de la censura al Colegio de Comisarios porque la Comisión es responsable y debe asumir la responsabilidad del descontrol habido y que aún perdura. 
Si la dirección política no asume su responsabilidad, no hay responsabilidad. 
En tal caso, el presupuesto comunitario es un buffet libre. 
El principal problema reside en la falta de mando del Sr. Santer y de sus colegas, cuya gestión se ve afectada gravemente por el despilfarro, las pérdidas, el fraude y la corrupción. 
El Sr. Santer es un preso dentro de su propia fortaleza. 
El Comisario de Personal está prisionero. 
El Director de Personal está prisionero. 
Sólo una moción de censura liberará a éstos y creará una nueva cultura basada en la transparencia, la proximidad y la democracia que sustituya la opacidad, la arrogancia y la burocracia. 
El Sr. Santer reaccionó decididamente cuando no debería haberlo hecho y no fue decidido cuando debería haberlo sido. 
Despidió a un funcionario por proporcionar un documento a un representante elegido por el pueblo. 
Habría sido mejor que hubiera despedido a los que impiden que los representantes elegidos por el pueblo obtengan lo que piden. 
Por este motivo, el Movimiento de Junio y el Movimiento Popular desean despedir hoy a la Comisión del Sr. Santer. 
Los acontecimientos de estos últimos meses, que han llevado al Parlamento Europeo a denegar la aprobación de la gestión para el ejercicio presupuestario de 1996, han demostrado ampliamente una falta de rigor generalizada en la gestión y el seguimiento de muchas iniciativas y de programas comunitarios. 
Esta falta de rigor, generadora de despilfarros y perjudicial para los intereses y la imagen de la Unión Europea, es por sí sola razón suficiente para manifestar la desconfianza con respecto a la Comisión. 
Pero a ello se ha añadido una gestión, por la Comisión, políticamente inaceptable del conflicto que la enfrenta al Parlamento: la negativa de transmitir documentos, lenguaje estereotipado, incluso arrogancia, que revelan una cultura de impunidad existente en el conjunto de la Comisión. 
Los discursos repetitivos de la Comisión sobre la transparencia y la voluntad de «franca cooperación» con el Parlamento disimulan una realidad omnipresente. 
La transparencia se refiere generalmente sólo a hechos ampliamente conocidos y a los expedientes respecto a los cuales los diputados han debido arrancar la información. 
La cooperación es únicamente retórica: las resoluciones del Parlamento a las que no se les da seguimiento, aun cuando son aprobadas por amplia mayoría, son innumerables; con frecuencia se aparta al Parlamento de los expedientes candentes (relaciones transatlánticas, acuerdos comerciales, etcétera). 
Algunos tienen en cuenta la supuesta eficacia de la Comisión en su papel de motor de la Unión Europea y de guardiana de los Tratados. 
Esta Comisión da pruebas de un rigor de geometría variable: titubea, por voluntad del Sr. Van Miert, en cuanto a las ayudas públicas y las sospechas de distorsión de competencia, se muestra muy reservada- si no muda- cuando se trata de poner en entredicho a algunos Estados miembros. 
Así, la actitud del Gobierno británico en la operación «Zorro del desierto» viola el artículo J del Tratado; en relación con el expediente ECHELON, la Comisión simplemente se niega a responder. 
Los actuales incumplimientos en materia de gestión, de transparencia, de coherencia y de iniciativa política son estructurales; es la Comisión, globalmente, la que está en tela de juicio y no sólo algún comisario en concreto. 
Aquellos que hablan de vacío político en caso de censura se equivocan. 
Naturalmente, existe una crisis política, pero se trata de una crisis útil. 
Es ilusorio creer que el papel de la Comisión frente a los diferentes desafíos a los que se enfrenta la Unión (reforma de la PAC y de los Fondos estructurales, financiación de la Unión, ampliación) puede aún ser importante con el equipo actual. 
¡Políticamente débil al principio, la Comisión Santer ha perdido su credibilidad y su autoridad! 
El mejor servicio que puede prestar a la Unión Europea es irse. 
El Parlamento Europeo tiene la posibilidad de dar una señal enérgica a la opinión europea, censurando a la Comisión: ha llegado la hora de comprobar que las instituciones europeas funcionan de manera obsoleta; ha llegado la hora de hacer más eficaces y sobre todo más democráticas las instituciones europeas y en particular la Comisión, cuyo estatuto híbrido debe ser revisado. 
Censurar a la Comisión no da de por sí una respuesta, pero es la condición necesaria para el cambio. 
He votado a favor de la moción de censura, puesto que el Presidente Santer ha socavado con su actuación la confianza depositada en la Comisión en un grado que, independientemente de la decisión que se adopte hoy en el Parlamento, imposibilita su actuación desde el punto de vista político. 
La Comisión es incapaz de abordar con la firmeza necesaria las importantes cuestiones que figuran actualmente en el orden del día europeo. 
Como liberal y como ferviente partidario de Europa, quiero que mi voto contribuya a restituir la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea y en el ideal europeo. 
Esta postura no significa que, en mi opinión, la Comisión no haya desempeñado una labor positiva en numerosos ámbitos o que la mayor parte de los comisarios sean personas competentes, merecedoras de todo respeto. 
Por este motivo, espero que se ofrezca a la mayoría de estos comisarios la posibilidad de seguir desempeñando su cometido mediante su readmisión en sus respectivos puestos. 
En consecuencia, espero que se sustituya al Presidente de la Comisión, el señor Santer, por otra persona que sea capaz de devolver la confianza en la Comisión y en la Unión, así como en el conjunto de la cooperación europea. 
En nombre del EPLP y de Alan Donnelly, su líder, diré que hoy votamos sin vacilaciones contra la moción de censura del Sr. Fabre-Aubrespy dirigida contra la Comisión Europea. 
El Sr. Santer ha reconocido demasiado tarde que los procedimientos de la Comisión requieren una reforma radical si queremos acabar con un sistema que ha tolerado el fraude, el nepotismo y la corrupción en el seno de las instituciones de la Comunidad. 
El Presidente de la Comisión se ha comprometido también a que las acusaciones contra contratistas, funcionarios y Comisarios se investigarán y enjuiciarán firmemente. 
Sería totalmente absurdo que el Parlamento, antes de que esas investigaciones tengan lugar, se erigiera hoy en juez, jurado y ejecutor de las sentencias. 
Ahora bien, éste es el principio y no el final del proceso. 
Si las reformas prometidas por la Comisión no se materializan, y si el informe del Grupo de Sabios no se sigue al pie de la letra, queremos dejar bien sentado que en el futuro no se podrá contar con que persistamos en el apoyo crítico que hoy extendemos. 
Más que un voto de confianza, este voto es una advertencia final. 
Yo he votado en contra de la moción de censura porque considero que sólo será posible lograr mi objetivo de una administración europea eficiente, y la moderación en el gasto de los recursos presupuestarios que esto supone, si todas las instituciones europeas desarrollan conjuntamente una nueva estructura administrativa europea. 
Los representantes de Kokoomus en el Parlamento Europeo abajo firmantes consideramos que una moción de censura de este Parlamento a la Comisión habría paralizado las condiciones de trabajo de Finlandia con motivo de su próxima Presidencia de la UE. 
Una moción de censura habría obligado a recurrir al nombramiento con carácter temporal de una Comisión hasta que expirara el mandato de la actual es decir, hasta finales del presente año, lo cual habría tenido también unas pésimas consecuencias para la Presidencia finlandesa, cuyo comienzo está previsto para este verano. 
Sin embargo, hay que señalar que las sospechas de fraude, abusos e irregularidades que han aparecido en círculos de la Comisión son motivo de severas y justificadas críticas. 
A la luz de los hechos, nos es imposible mostrar nuestra plena confianza ante el modo con que la Comisión lleva a cabo su importante labor y asume su gran responsabilidad. 
Por todo lo anteriormente expuesto, hemos considerado que la mejor alternativa era la abstención durante la votación de la moción de censura. 
Al mismo tiempo, esperamos que los comisarios Cresson y Marín extraigan las conclusiones oportunas de la situación que se ha producido y presenten voluntariamente su dimisión. 
Desearíamos hacer hincapié en que el Tratado de la Unión no brinda al Parlamento la posibilidad de votar una moción de censura individual en contra de un solo comisario. 
Un sentimiento de responsabilidad ha invadido a miembros de la delegación griega en el Grupo Parlamentario del PPE que votaron en contra de la moción de censura que quedaba, previa retirada de la precedente del PSE que era parte de un intento abortado por impresionar a la opinión pública. 
En ningún caso, justo en los días en que el «euro» ha comenzado de manera esperanzadora, que se intensifican los procedimientos para la necesidad histórica de la Ampliación, que surge la necesidad de impulsar la PESC, es lícito provocar artificialmente una crisis institucional y el debilitamiento de la Comisión. 
Sólo quienes se niegan a entender que en los pueblos a los que representamos no se hacen distinciones entre órganos institucionales pueden regocijarse si se pone en duda la validez de cualquiera de las tres. 
Es la imagen sucinta de Europa que se ensucia cuando, sin investigación ni datos, se ensucian las reputaciones de destacados miembros y la niebla de los escándalos se asienta en las funciones críticas. 
Con el convencimiento de que toda esa nebulosa se disolverá en el plazo fijado, a lo que prometió contribuir el Presidente de la Comisión, el voto contra la censura es un voto constructivo y garante del control que debe ejercer el Parlamento Europeo. 
Hemos apoyado la propuesta del Grupo Liberal para que los comisarios puedan asumir sus responsabilidades a título individual, exigiendo a la vez la destitución de los comisarios Marín y Cresson. 
Sin embargo, los comisarios, también a título individual, se han escondido tras el conjunto de la Comisión, por lo que no ha sido posible exigirles ninguna responsabilidad. 
El Presidente de la Comisión, el señor Santer, no ha dado muestras de comprensión hacia las críticas que se le han formulado. 
De esta manera, la Comisión- como tal- ha asumido la responsabilidad del conjunto de críticas que se ha dirigido en contra de esta institución por parte del Tribunal de Cuentas, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y un gran número de diputados. 
Por todo ello, nos hemos pronunciado a favor de la moción de censura contra la Comisión. 
Al corregir las deficiencias e irregularidades que ahora han salido a la luz se actúa por el bien de todos. 
Yo acabo de votar a favor de la moción de censura contra la Comisión Europea, motivada por la gestión errónea, incompetente y causante de escándalos de dos Comisarios. 
La propia Comisión presentó injustificadamente como una «crisis de confianza» la denegación de la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto de 1996 en diciembre de 1998, por decisión mayoritaria del Parlamento. 
La presidenta del Grupo del Partido Socialista Europeo, Sra. Pauline Green, anunció en el momento de aquella votación su intención de presentar una moción de censura, con la esperanza de que una votación insuficiente la convirtiese en una moción de confianza. 
Su maniobra táctica aparentemente sutil, incluido el gesto teatral de retirar hoy dicha moción contribuirán a definir el debate en el marco de la próxima campaña electoral europea. 
Los dos Comisarios socialistas acusados, la Sra. Cresson y el Sr. Marín, no han respondido a la petición de dimisión suscrita por una gran mayoría del Partido Popular Europeo y por la totalidad del Grupo demócratacristiano alemán. 
Esto lesiona de manera permanente la confianza hacia la actual Comisión, como lo demuestra claramente el resultado de 232 votos contra 293. 
La Sra. Cresson es responsable de una pésima gestión del programa LEONARDO, de un manejo indebido de los fondos, de nepotismo y de considerables despropósitos en la contratación de asesores externos. 
Tampoco el Sr. Marín ha dado pruebas de moderación en el gasto, aplicación eficaz y debido control de los fondos. 
Hasta ahora, ambos no se han mostrado dispuestos a asumir su plena responsabilidad. 
La Sra. Cresson dio, además, la semana pasada, abundantes pruebas adicionales de su menosprecio por el Parlamento Europeo. 
Su intento de trivializar las alegaciones de fraude y de presentarse como «víctima» de «conspiraciones» , que tendrían su origen en Alemania, resulta ridículo. 
La Comisión tuvo suficientes oportunidades de resolver a fondo los problemas, toda vez que el PE decidió aplazar la aprobación de la gestión en marzo de 1998. 
Hasta el momento no se aprecia que se hayan extraído consecuencias de los considerables errores de gestión en la ejecución de algunas políticas externas, como en los casos de ECHO, MED, PHARE y TACIS, ni tampoco de las sospechas de corrupción entre los funcionarios. 
No se han presentado listas con valor declaratorio de todas las investigaciones internas realizadas con miras a una lucha eficaz contra el fraude; se ha obstaculizado el control democrático a través del Parlamento Europeo mediante la retención, censura o falsificación de documentos. 
En la votación de hoy, yo también he votado en contra del «Comité de Sabios» propuesto por el Presidente de la Comisión en su Programa de 8 puntos. 
No necesitamos un órgano de investigación adicional formado por efectivos externos, que en cualquier caso no podrán completar la tarea en un plazo de pocas semanas. 
Yo lamento esta decisión de la mayoría, que equivale a una autoinhabilitación del PE. 
Además del Tribunal de Cuentas Europeo existe otro órgano de control que cumple bien su función: la Comisión de Control Presupuestario competente del PE. 
Este órgano es el lugar donde se deben desarrollar los procedimientos de investigación financiera. 
Yo soy partidario de una Comisión Europea fuerte. 
Pero ésta sólo podrá ser eficaz y operativa si está «limpia». 
Suprimir las anomalías, destituir a los funcionarios corruptos y proteger a los colaboradores que trabajan de manera competente, responsable y fiable habría redundado en su propio interés. 
La Comisión tiene que emprender una reforma desde dentro mediante un código de conducta para el nombramiento de los altos funcionarios y un Estatuto de los funcionarios. 
La época de los compadreos y de la ocultación bajo la cobertura de un colectivo se tiene que acabar. 
Cada miembro de la Comisión tiene que estar preparado para responder personalmente por su ámbito. 
Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a una Europa en la que prevalezca la transparencia, la legalidad y el trabajo honrado, que maneje con cuidado los fondos que se le han confiado. 
Y tienen derecho a unos diputados que ejerzan sus tareas de control libres de consideraciones tácticas partidistas. 
Me parece que la mejor manera de defender los intereses del contribuyente europeo no consiste en destituir a la Comisión, sino en lograr una reforma seria y positiva de la gestión financiera y de personal de la Comisión. 
Las acusaciones son graves: irregularidades financieras, nepotismo, amiguismo e incluso fraude en el seno de la Comisión. 
Estas circunstancias exigen que el Parlamento busque la verdad, consiga que se instalen mecanismos que rectifiquen la situación e insista en que se enjuicie a toda persona que se demuestre que es culpable de actividades delictivas. 
La destitución de toda la Comisión sería un acto espectacular pero no ayudaría a conseguir esos objetivos. 
La propuesta socialista de nombrar un comité de expertos independientes para que examine de qué forma la Comisión descubre los casos de fraude, mala gestión y nepotismo y se ocupa de ellos, brinda la base para erradicar esas prácticas inadmisibles. 
No está mal que, aunque tardíamente, el Presidente de la Comisión haya reconocido el grave carácter y la magnitud de la mala gestión financiera de sus servicios. 
Si el Parlamento y la Comisión trabajan juntos, se podrá hacer mucho para «limpiar» la Comisión. 
Si no lo conseguimos, el colegio de Comisarios perderá mi apoyo. 
Al que no se le censura por lo más, será censurado por lo menos. 
De 1989 a 1992, la Comisión Europea dejó alegremente que el Reino Unido envenenara millones de bovinos; 146.000 animales bovinos británicos fueron sacrificados sin que Bruselas rechistara. 
Continúan circulando harinas contaminadas. 
Y la Comisión Europea sigue sin decir nada. 
Se han declarado varias decenas de casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, condenando así a jóvenes europeos, ya que la enfermedad de la vaca puede transmitirse a las personas. 
En todo caso, a sabiendas, se corrió el riesgo de contaminar a millones de seres humanos. 
Esto lo ha hecho la Comisión Europea. 
Ha corrido este riesgo sanitario. 
Llamemos las cosas por su nombre: la Comisión Europea ha tenido, en este punto más que una actitud negligente, una actitud irresponsable, una actitud criminal. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo no decidió una sanción. 
La moción de censura del 20 de febrero de 1997 sobre la «vaca loca» no progresó. 
Igualmente, en 1992, la Comisión Europea, excediéndose en sus poderes, no dudó en firmar secretamente con los Estados Unidos el acuerdo de Blair House, acuerdo que sacrificaba los intereses agrícolas de Europa y de nuestros agricultores. 
Tampoco en ese caso hubo sanción. 
Asimismo, en el caso de los plátanos de América Central, la Comisión de Bruselas, por iniciativa propia, regaló 12 millardos en derechos de aduana anuales para único beneficio de tres multinacionales norteamericanas: Chiquita, Dole y Del Monte. 
No se presentó ninguna moción de censura; ni siquiera una declaración de indignación. 
Por el contrario, por 3, 9 millones de francos de fondos humanitarios para los Balcanes y por dos amigos de Édith Cresson, colocados en su despacho, la Comisión Europea suscita, por fin, su reprobación. 
Europa es un sistema en el que el envenenamiento de animales bovinos le deja a uno frío, en que un regalo de 12 millardos de francos puede provocar la indiferencia, pero en que el fraude silencioso de un buen socialista tradicional, las buenas costumbres cleptómanas del socialismo de la década de los 80, suscitan reacciones, esta vez apasionadas. 
Se trata de la confirmación del principio según el cual aquél que no es sancionado por lo más, se le sanciona por lo menos. 
Más vale tarde que nunca. 
Después de todo, Al Capone simplemente fue condenado por fraude fiscal, cuando se había librado de ser condenado por asesinato, agresión, atraco a mano armada y bandolerismo. 
Hoy es una fecha decisiva en la reforma de la Comisión Europea. 
Era necesario amenazar con la destitución a la Comisión para conseguir que se prestara atención a las demandas del Parlamento en términos de mayor cuidado respecto de los procedimientos presupuestarios y de la gestión financiera, y para obligar a la Comisión a realizar un examen a fondo de su gestión del dinero de los contribuyentes. 
No cabe tolerancia alguna para los casos de fraude, corrupción o irregularidad financiera en la Comisión. 
El Presidente Santer ha aceptado las reformas propuestas por el dirigente del EPLP, Alan Donnelly. 
En particular, un grupo de expertos que se encargará de analizar las finanzas permitirá que haya una supervisión actual y no una supervisión retrospectiva, con lo cual se podrá hacer frente rápidamente a cualquier irregularidad. 
Con esto comenzará el proceso de restablecimiento de la confianza pública, pero tanto el Parlamento como la Comisión tienen que reconocer que ha habido una verdadera crisis de confianza y que habrá que desplegar arduos esfuerzos para superar la pérdida de credibilidad. 
En mi calidad de portavoz regional de los Laboristas, pediré que en el orden del día de la Comisión de Política Regional haya permanentemente un tema consagrado al examen y la ejecución del presupuesto, y espero sinceramente trabajar en estrecha colaboración con la Comisión para supervisar la asignación de fondos en el marco de las subvenciones regionales europeas a fin de velar por la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 
Si hubiéramos votado hoy en favor de la moción de censura presentada por el Sr. Fabre-Aubrespy y encaminada a destituir a la Comisión, en un momento crítico en el que la Comisión necesita estar en condiciones de adoptar decisiones de gran importancia sobre Agenda 2000 y la reforma de las subvenciones regionales, es posible que todo el proceso de adopción de decisiones hubiera quedado paralizado. 
Esto hubiera puesto en peligro los calendarios de ejecución y hubiera podido provocar retrasos en el desarrollo de los futuros programas europeos. 
Hubiera sido irresponsable dejar a nuestras regiones necesitadas de Gran Bretaña en la incertidumbre y la inseguridad acerca de las futuras subvenciones. 
Hemos conseguido lo que pedíamos, y nuestra obligación ahora es cerciorarnos de que la retórica y los compromisos de la Comisión se traducen en actos. 
Insisto en que se trata únicamente del comienzo de un proceso de control financiero y de rendición de cuentas más estricto y más riguroso. 
La votación de hoy constituye una desaprobación sin precedentes de la Comisión, aun cuando no se ha podido lograr la mayoría a favor de la censura, por sólo algunas decenas de votos. 
Es la primera vez que una moción de censura obtiene estos resultados. 
A pesar de las maniobras de los dos principales grupos del Parlamento Europeo, opuestos a cualquier tipo de censura, 232 diputados europeos (de un total de 552 diputados presentes) , entre los cuales se cuentan los diputados comunistas y afines franceses y la gran mayoría del Grupo GUE/NGL, han votado a favor de la censura. 
Esto demuestra el gran descontento que existe en la Unión con respecto a las opciones ultraliberales, al papel excesivo y a las prácticas arrogantes de la Comisión. 
El Grupo GUE/NGL también ha querido hacer fracasar las maniobras de la derecha, que deseaba exonerar a la Comisión de sus responsabilidades, acusando solamente a dos comisarios socialistas. 
En apoyo de esta nueva realidad, nosotros seguiremos actuando en pro de una reorientación progresista de la construcción europea, así como de la transparencia y la democratización de las instituciones. 
Me he pronunciado en contra de la moción de censura a la Comisión que se ha votado en el día de hoy. 
Justifico mi decisión apelando a los intereses globales de la Unión Europea. 
La destitución de la Comisión no va a mejorar la situación de desconfianza que se ha creado. 
Esta destitución paralizaría la capacidad de actuación de la UE, algo que no podemos permitirnos si tenemos en cuenta las grandes cuestiones políticas que precisan una solución en un futuro no lejano. 
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha de poder llevar a cabo su labor de investigación acerca de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996 por lo que respecta a las sospechas de abusos en la Comisión. 
Es importante que todo esto tenga lugar de aquí a mediados de marzo, antes de que finalicen el mandato de la actual Comisión y la presente legislatura parlamentaria. 
Además, es necesario instaurar un acuerdo de confianza entre las instituciones de la UE- el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento -, como ha propuesto Gerhard Schröder, Canciller Federal del país que ocupa en la actualidad la Presidencia de la Unión Europea. 
Es preciso lograr urgentemente este acuerdo de confianza para poder corregir los errores que han surgido durante un proceso tan mal gestionado como éste. 
Habida cuenta de que existen pruebas y motivos claros para sospechar una mala gestión administrativa por parte de la Comisión, se debe crear también un órgano independiente de investigación para indagar todas las sospechas que recaigan en la Comisión. 
En caso de que, a resultas de estas investigaciones, se detectaran graves abusos o delitos, se debería imponer a los culpables las sanciones adecuadas. 
Esta crisis de confianza muestra ante todo los serios roces que existen entre las diversas instituciones de la UE y refleja los problemas relacionados con el equilibrio de poder entre dichas instituciones. 
Es preciso aumentar la transparencia de las actividades de la UE y de sus distintas instituciones para evitar que se repitan en el futuro acontecimientos tan lamentables como éste. 
Si hoy voto a favor de la censura de la Comisión, como lo había hecho cuando la crisis de la EEB, es para expresar una posición política precisa, sin desacreditar a ningún miembro, lo cual no incumbe a nuestra responsabilidad. 
El ensañamiento con el que se ha acusado a uno u otro me impulsaría a retirarme de este debate, pero la responsabilidad política exige una posición clara. 
En tres ocasiones, la Comisión ha demostrado su incapacidad para gestionar, con transparencia y en beneficio de los ciudadanos europeos, expedientes tan esenciales y variados como la EEB (salud pública) , las relaciones internacionales (acuerdos del GATT, NTM, AMI, PET, etcétera) o el presupuesto (en varias ocasiones). 
Considero incoherente y peligroso para el futuro de la construcción europea el hecho de continuar otorgando la confianza a una Comisión que sigue siendo arrogante en lo cotidiano, pero que pide perdón y promete cambiar cuando la cosa se pone mal, ¡sin concretar nunca sus promesas! 
No deseo otorgar la confianza política a una institución que, por lo general, representa únicamente la orientación ultraliberal, sin tener en cuenta las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos europeos. 
El Parlamento desempeña una importante función de control de las actividades de la Comisión. 
El hecho de que el Parlamento no conceda la aprobación de la gestión del ejercicio 1996 apunta lógicamente a una situación de desconfianza hacia la Comisión, y esto es, precisamente, lo que ha ocurrido. 
La arrogancia con la que el Presidente de la Comisión ha afrontado las críticas del Parlamento es incomprensible e inaceptable. 
Sancionar con una suspensión al funcionario que ha facilitado al Parlamento información acerca de la falta de voluntad por parte de la Comisión para ocuparse de una vez por todas del fraude y la estafa no da muestras de la transparencia necesaria para ganarse la confianza de los ciudadanos europeos. 
Los datos sobre nepotismo tampoco mejoran de ningún modo la confianza depositada en la Comisión. 
Resulta imprescindible llevar a cabo una investigación independiente de las informaciones acerca de fraudes, estafas y enchufismo, y es necesario introducir mejoras fundamentales en los trabajos de la Comisión. 
La verdad es que no tenemos el mínimo grado de confianza en el presidente de la Comisión. 
Independientemente del resultado de la votación de esta moción de censura, la Comisión se ha debilitado enormemente desde un punto de vista político por medio de su propia actuación. 
Al rechazar la moción de censura presentada por 70 diputados de todas las tendencias políticas, el Parlamento Europeo ha protegido los fraudes y las graves irregularidades de la Comisión Europea, y, de este modo, ha perdido su credibilidad frente a los ciudadanos. 
Al querer amparar a los dos comisarios europeos socialistas, la francesa Édith Cresson y el español Manuel Marín, el Partido Socialista, como de costumbre, se ha convertido en cómplice de malhechores- incluso de mafiosos- y ha alejado un poco más las maniobras de los burócratas de Bruselas de los intereses de las naciones y de los pueblos. 
En esta ocasión, el Frente Nacional ha reafirmado unánimemente su vocación: defender los intereses de las patrias y la libertad de los pueblos de Europa, en particular de los franceses. 
He votado en contra de la resolución del Grupo del PPE y a favor de la resolución del Grupo del PSE, y ello simplemente en razón de que la resolución de mi Grupo político habría desestabilizado la Comisión en un momento en que Europa necesita, en lugar de dificultades suplementarias, fuerza y valor para superar las dificultades. 
He votado la resolución socialista, ya que la misma pide una comisión de investigación para aclarar- en breve plazo- los fraudes y las irregularidades cometidas en el seno de la Comisión. 
Esta resolución recoge, por otra parte, los argumentos que, en el mes de diciembre, llevaron al Parlamento a denegar la aprobación de la gestión del presupuesto. 
El Presidente Santer y la gran mayoría de su Comisión tienen toda mi confianza. 
No dudo que la advertencia ha sido escuchada y que las amonestaciones del Parlamento y del Tribunal de Cuentas van a ser cumplidas. 
Jacques Santer ha prometido reorganizar su Comisión; por eso he rechazado la moción de censura. 
Deseo dar a la Comisión la posibilidad de corregir sus errores, de hacer que los culpables asuman sus responsabilidades y de salir fortalecida de esta crisis. 
Mediante este voto, expreso al Presidente Santer la confianza que tengo depositada en él y mi confianza en la construcción de una Europa fuerte, transparente y democrática, una Europa que en el futuro sabrá evitar fraudes e irregularidades. 
Indirectamente, se va a someter a votación la aprobación de la gestión de la Comisión Santer correspondiente al ejercicio de 1996 y yo voy a votar a favor de la misma, o sea, de la confianza en la Comisión presidida por Jacques Santer. 
También ha sido una decisión difícil para mí, pues el informe del Tribunal de Cuentas Europeo señalaba con razón el poco cuidado con que han realizado su trabajo algunos Comisarios concretos y una parte de los funcionarios subordinados a ellos. 
Sin embargo, esto no es responsabilidad de Jacques Santer que, con la mejor intención del mundo, no se ha inmiscuido en los ámbitos de competencia de sus Comisarios. 
Aun así, es preciso añadir también que el Parlamento Europeo ha instado reiteradamente a las instituciones europeas, pero también a las instancias nacionales, a cuidar más la gestión de los fondos que les han sido confiados. 
Lamentablemente, el Presidente del Tribunal de Cuentas ha vuelto a constatar que en el pasado ejercicio la Comunidad volvió a perder ingresos por un montante de millardos debido a la insatisfactoria colaboración entre las diferentes administraciones. 
En este caso no deben exigirse, sin embargo, responsabilidades a la Comisión, sino a los distintos Estados miembros que no han equipado a sus administraciones de manera que permita mejorar la cooperación europea. 
A pesar de la reiterada insistencia del Tribunal de Cuentas de la UE y del Parlamento Europeo para que se realicen controles más adecuados y más rápidos, la falta de voluntad de actuar de los Estados miembros es manifiesta. 
Por lo tanto, es necesario procurar poner remedio. Esto no se conseguirá, no obstante, con la destitución de la Comisión Santer. 
El interés general sin duda habría salido beneficiado si un par de Comisarios hubiesen asumido su responsabilidad política, pero puesto que no lo han hecho, habrá que buscar los medios y las vías para poder evitar en el futuro el escollo de que una moción de confianza obligue sustituir a toda la Comisión. 
El Parlamento, como órgano de control supremo tiene que tener el derecho a destituir a Comisarios individuales y también a los funcionarios que no cumplan sus obligaciones de conformidad con el interés común, incluso cuando esto no sea del agrado de algunos Gobiernos concretos. 
Si los informes establecen que esto no es posible, yo lo lamentaré por cada uno de los futuros Presidentes de la Comisión, pues eso significaría que no se modificaría en absoluto el sistema actual, pero inadecuado. 
Además, en vísperas de una ampliación de la Unión Europea que sin duda no simplificará la situación general. 
Y el Parlamento Europeo tampoco podrá eludir una vez más su función de control absoluto. 
Con la esperanza de que esto no vuelva a ser necesario en el futuro, yo voy a votar, como ya he anunciado, a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión bajo la Presidencia de Jacques Santer. 
Hemos votado a favor de la moción de censura contra la Comisión. 
Hemos actuado en este sentido atendiendo a la responsabilidad que hemos asumido como representantes de los ciudadanos de Suecia y del resto de la Unión. 
Hemos intentado evitar puntos de vista tácticos de carácter partidista que no vienen al caso. 
Hemos dado nuestro voto para ayudar a emprender profundas reformas con el fin de crear una administración honesta y digna de confianza dentro de la Unión. 
La credibilidad de la actual Comisión se ha visto seriamente dañada. 
Se ha permitido durante demasiado tiempo una situación de irregularidad en la gestión económica. 
Las promesas del Presidente de la Comisión para introducir mejoras, formuladas en momentos de fuerte presión política, no pueden inspirarnos confianza. 
La incapacidad- y en gran medida la falta de voluntad- para abordar de una vez por todas estas irregularidades están ampliamente documentadas, principalmente gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas y, en último lugar, al informe Bösch de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. 
Es imprescindible un cambio de esquemas. 
Nuestra postura parte de la premisa de que la Comisión tiene una responsabilidad colectiva. 
Nuestro voto no arroja ninguna sombra sobre el gran número de funcionarios honestos y conscientes de su responsabilidad que desempeñan su labor en las oficinas de la Comisión. 
Deseamos expresar nuestra solidaridad con Paul van Buitenen; el trato que se le ha deparado constituye una prueba más de todo esto. 
Sin embargo, estamos convencidos de que solamente una nueva Comisión podría devolver a esta institución su confianza e introducir las reformas estructurales, las nuevas reglas y la transparencia que requiere la situación. 
Por primera vez en la historia de nuestro Parlamento, una moción de censura contra la Comisión ha obtenido un número de votos cercano a la mayoría simple, procedente de todos los grupos políticos y de todos los Estados miembros representados en el seno de nuestra Asamblea. 
La amplitud de este voto de reprobación, que ha reunido 232 votos a favor del verdadero proyecto de moción de censura, presentado por iniciativa del Grupo Europa de las Naciones, revela claramente el rechazo de que es objeto por nuestros pueblos el modo de funcionamiento actual de la construcción europea. 
Los escándalos reiterados que salpican a la Comisión en todos sus ámbitos de intervención no son mera casualidad: son fruto de un sistema que los Estados miembros han dejado que se desarrollara y que genera una corrupción de carácter estructural. 
Este sistema puede considerarse como una verdadera perversión de la democracia, ya que implica que las responsabilidades que los pueblos confían a los gobiernos que eligen, son ejercidas, de hecho- Comisión mediante -, por subcontratistas que nadie controla: gestorías, sociedades de servicios ad hoc, etcétera. 
Sí, hay que revisar las instituciones europeas, pero revisarlas a fondo: esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a la necesidad de construir «otra Europa». 
Nosotros decimos que hay que acabar absolutamente con este proceso absurdo que consiste en que los Estados deben ceder competencias en provecho de una Comisión, tan ávida de poderes, que es incapaz de ejercerlos. 
La solución no está ni en la subcontratación, que provoca despilfarros y fraudes en detrimento de los contribuyentes de nuestros Estados miembros, ni en la construcción de una «superburocracia» federal. 
Los fraudes que descubrimos y denunciamos hoy no son más que el resultado de la aplicación del dogma federalista de la sacrosanta independencia de la Comisión frente a los Estados miembros. 
Con el pretexto de esta «independencia» se han desarrollado naturalmente un hábito de ejercer un poder que carece de control, una cultura de la opacidad, del nepotismo y de la arrogancia, una sociedad de connivencia e indulgente, un desprecio por la norma de Derecho, un mundo cerrado, alejado de los pueblos y de sus representantes, y que cree que todo vale: en una palabra, lo contrario de la democracia. 
Por consiguiente, conviene proceder a un cambio radical de método y a una reorientación de la construcción europea, si deseamos realmente acabar con esta deriva de las instituciones de la Unión, que desacredita la propia idea de Europa. 
Los Estados miembros reunidos en el Consejo deben recobrar enérgicamente el control de la Comisión. 
El laxismo que revelaron en el pasado, al dejar torpemente que se desarrollase un órgano que escapa a todo control- eludiendo sus responsabilidades y cediendo frente al apetito bulímico de poder de la Comisión -, ha puesto en peligro el futuro de la construcción europea. 
Para limpiar esa pocilga, hoy no existe otra vía que la de poner en marcha una verdadera Europa democrática y transparente. 
El sistema actual resulta, en efecto, incapaz de reformarse a sí mismo e incapaz de tomar en consideración la voluntad de reforma manifestada por el Parlamento Europeo: basta con ver lo ocurrido con las conclusiones de nuestras dos primeras comisiones de investigación. 
La Comisión no encuentra energía más que para condenar en su seno a los partidarios de la transparencia, desde Bernard Connolly hasta Paul van Buitenen. 
Es evidente que los arreglos preparados minuciosamente entre el Presidente de la Comisión y el Grupo Socialista- que ni siquiera establecen la creación de una comisión de investigación de nuestro Parlamento, sino la de un comité de expertos, en cuya designación la Comisión tendrá derecho de veto- no están a la altura de los problemas que hay que solucionar y no permitirán salir del estancamiento en el que se encuentra actualmente la construcción europea. 
No he votado a favor de la moción de censura pero estaré dispuesto a votar en favor de una moción análoga en el futuro si el comité de expertos independientes descubre graves errores o casos de mala gestión y si los Comisarios responsables no saben hacer frente entonces a sus responsabilidades. 
Para utilizar uno de los escasos lugares comunes políticos que no se han oído esta semana, diré que la actual Comisión está apurando las últimas gotas de sus oportunidades. 
He votado hoy en contra de la moción de censura a la Comisión porque, de acuerdo con mi valoración, la destitución de la Comisión ocasionaría más perjuicios que beneficios a la Unión. 
Uno de los motivos que me ha llevado a adoptar esta decisión hay que buscarlo en mi deseo por que se lleven a cabo, a la mayor brevedad posible, las decisivas negociaciones acerca del presupuesto, la política estructural y la política agrícola. 
Todo ello redundaría en interés de Finlandia, especialmente por lo que respecta a la política agrícola. 
La cuestión ahora estriba en conocer las responsabilidades de uno y no en mostrar su fuerza, lo cual ha sido- incorrectamente- el caso de numerosos miembros del Parlamento Europeo. 
Para continuar luchando contra los abusos en la Unión Europea, para lograr una buena cultura administrativa y para dejar de echar la culpa a los demás, es necesario que los comisarios asuman responsabilidades a título personal. 
Resulta crucial luchar para lograr una administración mejor y más transparente. 
Por todo ello, éste es el motivo por el que he respaldado los planteamientos de la resolución del Grupo Liberal. 
Éstos están también en línea con las reformas administrativas que ya se han puesto en marcha. 
Creo también que la Comisión ha dado suficientes pasos para hacer una limpieza administrativa. 
El hecho de que se hayan descubiertos irregularidades se debe, en gran medida, al mayor esfuerzo que se ha venido realizando a fin de conseguir una gestión saneada y favorable. 
Lo que se ha descubierto tiene mucho de mala administración, pero, afortunadamente, poco de fraude. 
Me he abstenido en la votación sobre la moción de censura. 
He votado así para expresar mi protesta por el desarrollo de los acontecimientos que el Grupo socialista puso en marcha mientras se estuvo tratando la aprobación de la gestión en la presentación del presupuesto de 1996. 
El autor del informe formulaba una excelente propuesta, entre tanto conocida como los parágrafos 26 y 27 del informe Elles. 
Sugería un programa de trabajo que la Comisión debía terminar en fechas determinadas. 
De esa manera, el Parlamento podía mantener abierto el debate y exigir que la Comisión pusiera en orden los asuntos. 
El Grupo socialista quiso concluir el debate y presentó una moción de censura que ni siquiera ellos mismos aprobarían. 
La moción ha llevado a una excesiva politización de todo el dossier y, peor aún, a un resultado que es más flojo que el informe Elles. 
El comité de expertos es una capitulación del Parlamento Europeo. 
No debíamos de haber llegado a este punto. 
La moción de censura presentada contra la Comisión Europea, no ha sido suficientemente fundamentada. 
Los debates celebrados no han aportado ni pruebas nuevas, ni evidencias, ni argumentos sólidos. 
Por estas circunstancias no he podido apoyar con mi voto la moción de censura. 
Se ha producido un gran confusionismo político e institucional. 
Se ha transmitido a la opinión pública un mensaje negativo sobre las instituciones europeas. 
Los antieuropeístas de siempre han aprovechado la ocasión para deteriorar la estabilidad del proyecto de construcción europea. 
No se ha tenido en cuenta una realidad esencial de la doctrina constitucional y administrativa: Hay que diferenciar entre responsabilidades de Gobierno y responsabilidades de la Administración. 
También se ha olvidado el espíritu y la letra del Tradado de la Unión Europea. 
El Parlamento europeo tiene plena capacidad para controlar toda la actividad de la Comisión europea, día a día. 
Esta es una de las funciones del Parlamento, que realizamos a través de las preguntas orales y escritas y en los informes periódicos de gestión de la actividad de la Unión Europea. 
Asimismo, el Parlamento Europeo dispone de la gran potestad de votar una moción de censura, para cesar a la Comisión Europea de sus funciones. 
Pero, este gran poder decisorio, ha de utilizarse para evaluar una actuación negligente grave de las responsabilidades institucionales esenciales de la Comisión Europea, que son, esencialmente, su capacidad de iniciativa legislativa y su responsabilidad como guardiana de los Tratados. 
Toda la opinión pública, a nivel mundial, sabe que en estos últimos años, la Unión Europea ha alcanzado un nivel de desarrollo y unas metas revolucionarias. 
El lanzamiento de la moneda única ha sido un éxito decisivo. 
La iniciación de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y del este nos conducirá a la gran Europa Unida, modelo institucional revolucionario y factor de paz y prosperidad mundiales. 
También están en marcha los debates de la Agenda 2000 que situarán a Europa para desafiar, con éxito, el futuro de un nuevo septenio. 
Cuando todo esto es un éxito pleno, sería poco responsable censurar a la Comisión Europea, motor indiscutible de las instituciones comunitarias. 
Esta realidad no nos impide el seguir, desde el Parlamento Europeo, nuestra función de control estricto de todas las actividades de la Comisión Europea, incluida la exigencia de mejora de sus estructuras de funcionamiento. 
Personalmente, a lo largo de los últimos doce años, vengo pidiendo cambios en los procedimientos de la Comisión. 
Entre otras propuestas, se ha formulado la exigencia de aprobación de un Reglamento de procedimiento admistrativo y de justicia administrativa. 
Aquí existe un gran vacío en la legislación comunitaria. 
Dicho reglamento dará seguridad jurídica a los ciudadanos, eficacia y transparencia. 
Al mismo tiempo, será un instrumento esencial para abordar las disfunciones de la función económico-administrativa de la Comisión Europea y permitirá distinguir, con seguridad jurídica, las responsabilidades económico-administrativas de las altas responsabilidades políticas e institucionales, que tienen su respuesta última y máxima en la moción de censura. 
La sesión, interrumpida a las 12.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Señor Presidente, con el fin de clarificar el procedimiento con miras al futuro, desearía que se preguntara a la Comisión de Reglamento sobre qué base reglamentaria se ha retirado la moción de censura presentada por el Grupo Socialista, que, como mínimo, habían firmado 63 diputados. 
Considero que si esta moción de censura se hubiese mantenido, habría obtenido más votos que la moción sometida a votación. 
Por consiguiente, desearía saber qué artículo de nuestro Reglamento ha servido de base para retirar dicha moción de censura propuesta por más de 63 firmantes del Grupo Socialista. 
Muchas gracias, señor Happart. 
Transmitiré su intervención a la comisión. 
Señor Presidente, sin más intención que la de aclarar el Orden del día diré que mi entendimiento es que vamos a seguir examinando la propuesta Van Lancker, y que después pasaremos a las cuestiones de actualidad y urgencia. 
He preconizado que se considere como cuestión de urgencia el examen del punto 5 del Orden del día, y le agradeceré que nos confirme que vamos a finalizar el Orden del día, lo que significa sencillamente que la votación se retrasará unos cuantos minutos, en vez de quedarnos sin discutir una cuestión urgente que, como sabe usted muy bien, no se pudo tratar el mes pasado por un motivo análogo. 
En la galería hay personas que han venido del Reino Unido para seguir este debate. 
Sería absurdo que hubiera que decirles por segunda vez en dos meses consecutivos: «Vuelvan de nuevo el mes que viene». 
Señor Ford, soy consciente de la importancia del problema de urgencia al que usted alude; le confirmo que se tratarán todos los problemas de urgencia y que las votaciones serán retrasadas posiblemente algunos minutos. 
Artículo K.6 del Tratado UE, Cooperación Schengen (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las dos preguntas orales al Consejo y a la Comisión y de la propuesta de recomendación de la Sra. Van Lancker sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado. 
Tanto la Comisión como el Consejo están representados. 
Les doy las gracias por estar presentes esta tarde, cumpliendo con su deber ante el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo lamento que este interesante debate y sus interesantes declaraciones hayan quedado ensombrecidos por los demás acontecimientos de hoy. 
Yo le agradezco, no obstante, que haya permanecido aquí. 
Es una señal alentadora y un gesto de aproximación al Parlamento por parte de la Presidencia del Consejo y del Consejo. 
Voy a referirme a tres puntos. 
En primer lugar, yo le agradezco sus abundantes referencias al tema de la ampliación al Este. 
En mi calidad de ponente de esta Cámara para la ampliación al Este y la seguridad interior yo creo que se trata efectivamente de cuestiones centrales y no sólo por lo que respecta a la estrategia de preparación de la adhesión y al acervo comunitario, sino también en relación con una serie de medidas, que abarcan desde la lucha común contra la delincuencia hasta la ampliación al Este de Europol- y que ya se podrían anticipar por medio de acuerdos con las policías de los países candidatos -, o el aspecto decisivo de la formación profesional, para el cual será preciso adecuar los programas PHARE, pero en el que ya es posible hacer muchas cosas. 
También existen, empero, dos objetivos a largo plazo que yo señalo en mi informe y sobre los cuales quisiera llamarle la atención. 
El primero está relacionado con la protección de las futuras fronteras exteriores europeas. 
Yo creo que tenemos que adoptar medidas de apoyo para preparar la protección común de las fronteras europeas, ya que pienso que ésta será necesaria a largo plazo. 
Por otro lado, yo quisiera recordar que propusimos la creación de una academia europea dedicada a la seguridad interior. 
La Presidencia austriaca se mostró abierta hasta cierto punto a este proyecto y yo quisiera pedirle que considere seriamente la posibilidad de que su emplazamiento se sitúe en la zona fronteriza entre la UE y los países candidatos a la adhesión. 
En segundo lugar, yo quisiera referirme al tema del reparto de las cargas. 
Necesitamos un reparto de las cargas personales por medio de cuotas de refugiados de guerra y solicitantes de asilo en la Unión Europea. 
La Presidencia austriaca y el Parlamento también realizaron importantes trabajos previos en relación con este tema. 
Nuestra valoración de la actual Presidencia del Consejo dependerá de las actuaciones en este ámbito. 
En tercer lugar, yo le ruego, sin entrar en debates políticos internos, que influya para que se aplacen los temas sensibles del Derecho nacional de ciudadanía y, por lo tanto, del Derecho de ciudadanía de la UE en los distintos Estados... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, tanto en la propuesta de resolución como en el informe que estamos sometiendo a debate echo de menos una perspectiva clara en materia de refugiados, esto es, una perspectiva de los refugiados. 
Resulta cada vez más obvio que el Convenio de Dublín y el Acuerdo de Schengen contribuyen negativamente a crear en Europa occidental una política de refugiados brutal y restrictiva. 
Estamos viendo ya las disparatadas consecuencias del Convenio de Dublín cuando se aplican los principios del primer país de asilo en los países que requieren otras condiciones para la concesión de asilo. 
Se envían a las personas de un país a otro, mientras que sus solicitudes no se tramitan de la manera adecuada. 
Podemos ver que, en realidad, uno de los principales objetivos del Acuerdo de Schengen parece ser- gracias a métodos como la asunción de responsabilidades por parte de los transportistas, una durísima política de visados y los desmesurados controles fronterizos- el evitar que el solicitante de asilo pueda llegar a la UE para poder hacerlo. 
Además, podemos comprobar cómo esta propuesta de resolución defiende un documento de la Presidencia austríaca, completamente desmesurado, que no es más que un poderoso ataque a todo lo que representa una política humana y responsable en materia de refugiados. 
El tema principal de este documento es la visión de Europa como una fortaleza, y no las responsabilidades para con los solicitantes de asilo. 
Señor Presidente, desearía únicamente señalar algunos de los numerosos puntos que se deberían someter a debate. 
El objetivo del espacio de Schengen es llevar a la práctica la libre circulación de personas en la UE. 
Sin embargo, la normativa de Schengen está única y exclusivamente centrada en los controles fronterizos, los controles de seguridad y las medidas compensatorias. 
¿Cuál es el mensaje que se está enviando a los ciudadanos? 
La libre circulación, algo positivo en sí, no se aborda más que en un par de artículos. 
Se trata de una circunstancia inaceptable. 
Nos produce un gran temor e inquietud el hecho de que Schengen pueda desembocar en una política de refugiados y asilo menos generosa y humana. 
Hay muchos indicios en este sentido. 
Por todo ello, exigimos que se aplique la Convención de los refugiados de las Naciones Unidas en todas las situaciones, también dentro de la Unión Europea. 
Además, Schengen ha de ser también compatible con la unión de pasaportes nórdica, de carácter interestatal, de manera que sea posible proseguir y desarrollar aún más la libre circulación en los países nórdicos, como ya se ha venido haciendo durante cuarenta años. 
Es un motivo de satisfacción que la comisión haya dado su respaldo unánime a este respecto. 
Por lo que respecta a la integración de Schengen en el Tratado, las negociaciones han de ser abiertas y deben involucrar tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales. 
Resulta imprescindible facilitar el acceso a la información y a los documentos con el fin de permitir la participación tanto de los políticos como de los ciudadanos. 
Los Verdes consideramos que se debería revisar y modificar el Convenio de Schengen en lo relativo al principio de subsidiariedad, a determinados derechos importantes y a las garantías jurídicas que permitan proteger la seguridad personal y la integridad de los ciudadanos. 
Mostramos nuestra inquietud ante las enormes exigencias que se han establecido a los países candidatos y ante las posibilidades con que cuentan dichos países para cumplir los requisitos que se han fijado en materia de control fronterizo, legislación, etcétera. 
Por consiguiente, exigimos una mayor flexibilidad, responsabilidad y comprensión por parte de la UE ante los problemas que presentan estos países. 
Señor Presidente, seré muy breve. 
Estoy de acuerdo en todos los puntos esenciales con las palabras de mis colegas suecos, el Sr. Sjöstedt y la Sra. Lindholm. 
Las dos propuestas existentes presentan dos tendencias fundamentales para nuestro grupo, para mí personalmente y para el movimiento danés al que represento. 
La primera tendencia va encaminada a reforzar el poder del Parlamento en estos ámbitos a costa de las competencias de los parlamentos nacionales, la segunda tendencia representa la integración tan en boga y la necesidad casi imperialista de dominar el mundo circundante, especialmente Noruega e Islandia. 
Comunico que vamos a luchar contra la tendencia encaminada hacia la integración del ámbito penal y de todos los restantes ámbitos judiciales, incluida la cooperación policial, o dicho con otras palabras, contra su paso del tercer pilar al primer pilar. 
Ni se ha pensado sobre ello ni se han considerado debidamente sus repercusiones. 
Es una evolución que nos produce grandes reparos y que, además, choca con las diversas tradiciones jurídicas nacionales, especialmente la danesa, a la cual defiendo. 
Señor Presidente, yo me sumo en primer lugar a la crítica que ha expresado el señor Ponente en el momento del debate. 
Éste se celebra hoy con la presencia de una Presidencia del Consejo que entró en funciones hace apenas unos días. 
Nuestra misión es hacer un balance del trabajo de las Presidencias británica y austriaca. 
Ambas presentaron al principio un programa realista y anunciaron una mejor colaboración con el Parlamento. 
La situación fue luego distinta en la práctica. 
No se cumplieron las promesas en lo que se refiere al contenido ni tampoco en el aspecto formal. 
Muchas de las decisiones previstas quedaron aplazadas y en algunos ámbitos se alcanzaron compromisos insuficientes. 
El ejemplo más destacado de los dificultosos progresos de la Unión en los aspectos relativos a la seguridad es sin duda la lenta puesta en marcha a medio gas de Europol. 
Antes de acabar, permítanme que añada que el hecho de que el Informe Van Lancker dé por sentado en el apartado 2 del primer punto, al menos en la versión de la que yo dispongo, que el Tratado de Amsterdam lleva ya un año en vigor, seguramente responde a uno de esos «deslices» o «pasos en falso» (Vorbei-Tritte) que el señor Presidente ha puesto al descubierto esta mañana. 
Señor Presidente, por lo que se refiere al informe del Sr. Nassauer sobre cooperación policial y desarrollo de EUROPOL diré que estoy muy satisfecho con lo que nos ha dicho la presidencia alemana en relación con el desarrollo de EUROPOL en el contexto de la nueva convención ratificada. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho otros oradores: si queremos que EUROPOL se desarrolle debidamente en el plano internacional, tenemos que conseguir que haya un sistema adecuado de rendición de cuentas democrático sobre sus actividades, que incluya un papel más importante para este Parlamento, así como un sistema apropiado e independiente en caso de posible queja contra cualquiera de sus actividades. 
Esto es esencial, como lo es en el caso de cualquier fuerza policial nacional. 
Antes que nada, en toda esta esfera de asuntos judiciales y del interior se deja sentir ahora una acuciante necesidad de efectuar progresos amplios y rápidos en materia de armonización. 
Lo mínimo de los progresos que hemos efectuado en esta esfera, en comparación con los progresos más amplios que hemos conseguido en las esfera financiera, económica y otras muchas esferas de la actividad comunitaria, es causa actualmente de graves problemas. 
Necesitamos hacer todo lo que podamos para progresar en la esfera de, por ejemplo, la extradición, los delitos transfronterizos, la cooperación judicial y entre tribunales, con inclusión de cuestiones civiles como ha destacado el Ministro alemán, así como la legislación en materia de nacionalidad y ciudadanía. 
Permítanme que les dé un ejemplo: me estoy ocupando del caso de una familia en la que la madre es irlandesa, el padre es británico, y su hija nació en Países Bajos, y que durante los ocho últimos años han vivido en España: una familia, como verán, muy europea. 
Ahora bien, la hija, que tiene ahora 13 años, no tiene nacionalidad y sólo posee un documento de viaje temporal expedido por las autoridades irlandesas a título de concesión. 
Tenemos que estar en condiciones de tratar debidamente de la situación de personas en esas circunstancias y de impedir que se cree una situación en la que los hijos pueden ser considerados como apátridas. 
Estoy totalmente de acuerdo con el informe de la Sra. van Lancker. 
Contiene muchas propuestas excelentes. 
Me alegra que las enmiendas aprobadas en la comisión parlamentaria hayan disipado algunas de las críticas menores acerca de la posición británica e irlandesa que se adoptó en Amsterdam en materia de no participación, por lo menos a título temporal, en el Acuerdo Schengen. 
Tengo la convicción de que a medida que transcurre el tiempo la situación se modificará. 
Tenemos que mentalizarnos acerca de las repercusiones para el funcionamiento íntegro de la Unión Europea del hecho de que Schengen incluirá a dos Estados miembros que no pertenecen a la Unión Europea cuando se confirme la participación de Islandia y de Noruega. 
Además, el hecho de que dos o tres de los actuales Estados miembros de la Unión Europea no formen parte del Acuerdo Schengen crea complicaciones que hay que resolver. 
Por último, me satisface lo que ha dicho el Ministro acerca de la cuestión de los países solicitantes. 
La Comisión de Libertades Públicas ha tenido una reunión positiva con parlamentarios de esos países solicitantes a fin de examinar la cuestión íntegra de los asuntos judiciales y del interior. 
La afluencia actual de personas que piden asilo, procedentes de algunos de esos países de Europa oriental, pone de relieve la situación en algunos de ellos y hace que sea urgentemente necesario que promulguen una legislación eficaz para proteger a sus minorías étnicas. 
Espero muy sinceramente que en las negociaciones en curso el Consejo y la Comisión velen por que la cuestión de los derechos humanos y la protección de las minorías reciba la prioridad urgente que merece. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el sistema de seguridad de Schengen- en eso todos estamos de acuerdo- es sencillamente el requisito previo para poder hacer realidad la libre circulación. 
No debemos olvidar nunca que sólo será posible gozar de la libre circulación si sigue estando garantizada o incluso se mejora, si es posible, la seguridad para todos los ciudadanos. 
La realidad y los hechos demuestran cuán importante es en realidad dicho sistema de seguridad de Schengen. 
Yo he solicitado los datos y cuales demuestran que cada año se completan con éxito 30.000 inspecciones, alrededor de 120.000 hasta finales de 1998. Es decir que se han incautado toneladas de drogas, se han recuperado millares de vehículos robados en las fronteras, se han incautado armas y obras de arte robadas, se ha detenido en las fronteras a millares de traficantes e ilegales. 
Schengen nos permite obtener, por lo tanto, un plus de seguridad. 
Esto también constituye una prueba de que el sistema de seguridad de Schengen, tal como existe en la actualidad para diez Estados miembros, es funcionalmente eficiente. 
Yo diría incluso que es un sistema único en el mundo; almacena 6 millones de entradas de datos relativos a la investigación de personas y objetos materiales y controla 1.500 pasos fronterizos. 
¿Cuáles deben ser, no obstante, los siguientes pasos? 
Yo desearía que se centrase la atención en tres puntos, que voy a resaltar. 
En primer lugar, ahora que se ha constatado que Schengen puede funcionar tan bien y su gran importancia para la hacer realidad la libre circulación, se debería extender el Convenio de Schengen a todos los Estados miembros y crear así un plus de seguridad para los ciudadanos de Europa. 
El segundo punto es reforzar la ayuda a los Estados miembros que deben hacer frente a mayores exigencias, particularmente en relación con la inmigración; ayuda para la protección de las fronteras y también en lo que respecta al reparto de las cargas personales. 
El tercer punto es prestar ayuda a los países candidatos a través del compromiso de preadhesión, pues la adhesión a la Unión Europea sólo será posible si se cumplen las normas de seguridad. 
Señor Presidente, es comprensible que los países que se han adherido al espacio de Schengen hayan mostrado dudas a la hora de aprobar en su totalidad la normativa relativa a la circulación sin pasaportes en dicho espacio. 
Entre otros motivos de preocupación, destaca la facilidad con que se mueven los estupefacientes en el mercado único y la permeabilidad de las fronteras exteriores de la Unión, aspectos éstos que lamentablemente nos recuerdan las actividades de la delincuencia organizada de los países del Este. 
La realidad es que Schengen no es todavía un sistema completamente funcional. 
En el momento de su entrada en vigor, el Tratado de Amsterdam introducirá importantes cambios en el significado jurídico de la normativa de Schengen, cuando la mayor parte de estas normas pasen a inscribirse en el ámbito de los pilares comunitarios. 
Por este motivo, para lograr una solución a los problemas que plantea este espacio de Schengen y para disipar las sospechas de los ciudadanos, es imprescindible que los países que ocupen la Presidencia de la UE durante este año, Alemania y Finlandia, emprendan medidas activas al respecto. 
La mejor manera de garantizar la seguridad de quienes se desplazan en el espacio de Schengen es hacerlo en un marco de cooperación a distintos niveles, cuyos elementos esenciales son un ágil intercambio de información entre las autoridades nacionales, las actividades de Europol y unos avanzados sistemas de información aduanera. 
Al haber desaparecido los controles en las fronteras interiores, se hace imprescindible intensificar en una medida suficiente el denominado control invisible para impedir que sean las organizaciones de delincuentes y los defraudadores de impuestos quienes más se beneficien de la libre circulación. 
Es necesario encontrar un sólido equilibrio entre las libertades de los ciudadanos y la seguridad común que permita extraer el mayor número de ventajas de la libre circulación. 
En las últimas encuestas, los finlandeses consideran que la tarea más importante de la Presidencia finlandesa estriba en la lucha contra la delincuencia internacional. 
Es preciso tener presente este dato cuando se vuelva a debatir esta cuestión con motivo de la Cumbre de Tampere. 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo. 
Tiene la palabra el Sr. Mendes Bota. 
Le pido me disculpe, señor Presidente, pero deseo protestar por la falta de interpretación en lengua portuguesa de la intervención del Presidente del Consejo. Lo considero inadmisible. 
Señor Mendes Bota, en efecto, es incomprensible, contrario a nuestra norma y a la calidad del trabajo de nuestros intérpretes. 
Resolveremos de inmediato este problema. 
Mientras tanto, doy las gracias al Presidente del Consejo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0044/99 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Iraq; -B4-0059/99 del Sr. Swoboda, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la evolución de la situación en el Iraq; -B4-0079/99 del Sr. Oostlander, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre el Iraq; -B4-0097/99 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en el Iraq; -B4-0098/99 del Sr. Manisco, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Iraq; -B4-0104/99 de la Sra. Aelvoet, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre el Iraq; -B4-0105/99 de la Sra. Aelvoet, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre los kurdos del Iraq. 
Señor Presidente, en la última sesión nos ocupamos exhaustivamente y con gran atención del tema de Iraq y el bombardeo por los americanos y Gran Bretaña. 
No vamos a repetir hoy ese debate, sino que el objetivo es aclarar lo siguiente: en esta Asamblea, entre la población y en todo el mundo se formulan críticas perfectamente comprensibles contra la actuación de los americanos y británicos en lo que se refiere al bombardeo. 
Lo cual no significa, empero, que se comprenda, se tolere y se acepte lo que Saddam Hussein y su régimen están haciendo en Iraq y en particular también contra su propia población. 
Yo quisiera decir que la defensa de las llamadas «zonas de exclusión aérea» en Iraq es absolutamente necesaria y justificada, sobre todo para proteger a los kurdos y los chiítas. 
Todos lo apoyamos plenamente aunque podamos discrepar con respecto a lo ocurrido en el contexto del bombardeo. 
En segundo lugar, las organizaciones kurdas alcanzaron un acuerdo en Washington. 
Desde esta Cámara queremos instar a las organizaciones kurdas a que respeten dicho acuerdo, a que dejen en un segundo plano las disputas, que no interesan a nadie- salvo quizá a algunos funcionarios políticos kurdos, pero ciertamente no a la población kurda ni tampoco al mundo occidental -, y a que trabajen unidas y defiendan con toda claridad los intereses kurdos. 
En tercer lugar, queremos llamar la atención sobre los problemas humanitarios y sobre la ayuda humanitaria para Iraq, y sobre todo para esas zonas. 
Además, también tendríamos que hacer lo que esté en nuestra mano para que el conjunto de la población sufra lo menos posible a causa de Saddam Hussein, de las acciones militares o también de las sanciones. 
Yo creo que este es nuestro objetivo. 
Queremos ayudar a la población, no al régimen. 
Esto es lo que queríamos volver a aclarar hoy. 
Señor Presidente, es la primera vez que decimos algo en esta Asamblea sobre Iraq desde los bombardeos del mes pasado. 
Mi Grupo lamenta que hayan sido necesarios estos bombardeos pero, dadas las circunstancias, expresa su apoyo a las acciones norteamericanas y británicas. 
Después de todo, fue el propio Sadam Husein quien se limpió las botas con las resoluciones de la ONU. 
Es Sadam quien no deja hacer su trabajo a la UNSCOM, quien oprime a su propio pueblo y amenaza a los países vecinos con sus armas. 
Fue Sadam quien hizo caso omiso del acuerdo con Kofi Annan. 
Los bombardeos eran justos y en el futuro también podrían justificarse este tipo de acciones si el dirigente iraquí prosigue por el mismo camino. 
Debemos aferrarnos a las resoluciones de la ONU. 
Debemos aferrarnos a la UNSCOM, a la que se debe permitir que continúe con su trabajo. 
Se deben detener las campañas para minar la política justa y consecuente con respecto a Sadam. 
Si cedemos ante este dictador no sólo estaremos minando el orden jurídico internacional, sino que también estaremos tolerando la opresión y la amenaza. 
La Unión debe adoptar una línea dura. 
También se deben mantener las zonas de exclusión aérea. 
Se debe ayudar a los ciudadanos de Iraq, naturalmente. 
Debe ser desenmascarada la política que realiza Sadam matando de hambre a su propio pueblo para el provecho político propio. 
Es una política inhumana. 
Pero la Unión debe estar dispuesta a dar ayuda alimentaria si Sadam permite que se ayude a su pueblo. 
Pero esa ayuda deberíamos llevarla a través de organizaciones independientes. 
No se debe permitir a Sadam que se aproveche de estas acciones. 
Señor Presidente, yo creo que la resolución se ocupa tal vez demasiado del pasado y no tiene presente un nuevo peligro inminente. 
Es absolutamente evidente que se han reanudado las provocaciones y que continúan las acciones por parte iraquí o, más bien, por parte de Saddam Hussein, con lo cual el riesgo de una guerra comienza a perfilarse seriamente. 
Saddam Hussein hace lo que le place, ya que manifiesta un total menosprecio hacia todo el mundo. 
Su rechazo del programa «Petróleo a cambio de alimentos» constituye ya de por sí una clara demostración de que dispone a placer de su propia población. 
No se debe olvidar que es originario de la ciudad de Dekrit y sólo le preocupa el clan de Dekrit; todos los demás son meros esclavos maltratados. 
Saddam Hussein es, en realidad, una versión árabe de lo que fue Hitler entre nosotros. 
Nos encontramos exactamente ante la misma estructura de la personalidad, exactamente la misma política y, por consiguiente, no habrá paz mientras ese hombre no sea sustituido, mientras no haya otro Gobierno al frente. 
Está plenamente justificado, por lo tanto, emprender acciones que indiquen la voluntad de sustituirle. 
De ahí mi crítica contra el bombardeo, que fue una acción sin sentido. 
Se lanzaron bombas, se asustó a la población y con ello no se causó ningún daño a Saddam Hussein; al contrario, se le ofreció la oportunidad de reforzar todavía más su poder y se levantó la sospecha en todo el mundo de que todo ello sólo sirvió para desviar la atención de ciertos acontecimientos incómodos en los Estados Unidos. 
Incluso he leído en uno de nuestros periódicos que se ha bautizado a las bombas con el nombre de «Mónica». 
Todo esto debería expresarse tal vez más claramente en la resolución o al menos en el debate sobre la misma. 
Por esto, si se adopta la resolución, que es adecuada, deberíamos rechazar las tres enmiendas, cuyo objetivo en realidad sólo es socavar y desvirtuar la resolución. 
Es importante que así lo hagamos si queremos emitir un mensaje claro. 
Señor Presidente, es conocido todo lo que sucede en Irak y acertadamente lo señalamos. 
Sin embargo vivimos en un teatro del absurdo. 
Es cierto que el Consejo Europeo no ha definido la postura de la Unión sobre la crisis, pero deberíamos señalar de nuevo el desprecio del Consejo de Seguridad por parte de aquellos que decidieron los bombardeos, así como el hecho de que la elección también de objetivos no militares, las muertes de no combatientes y niños que, además, mueren de hambre, tan solo consiguieron ayudar a un dictador que, más que ponerle en un aprieto, salió fortalecido de dicha historia. 
El hecho de que Sadam Husein base su poder en las armas que le dio Occidente, lo único que hace es poner de manifiesto nuestra falsa conciencia. 
Si tenemos en cuenta el curioso programa de bombardeos y los problemas personales del presidente americano, la cosa empeora. 
Y, de nuevo, la conclusión es que necesitamos una política exterior común lo más honesta y consecuente posible que, muchas veces, podrá coincidir con la americana, pero que nunca le irá a la zaga. 
Señor Presidente, permítame que haga algo que es poco corriente en el Parlamento Europeo y que responda a los cuatro oradores anteriores, cosa que poca gente suele hacer. 
Los cuatro han criticado de una u otra forma el bombardeo de Bagdad efectuado el mes pasados por los Estados Unidos y el Reino Unido. 
Lo que quisiera decirles es lo siguiente: si eso es lo que ustedes creen, ¿por qué no lo dicen en su resolución conjunta? 
También nosotros deberíamos condenar ese bombardeo, como en realidad han hecho la mayor parte de los pueblos de la Unión Europea cuando tuvo lugar, el mes pasado. 
Como uno de los oradores indicó, la causa principal del bombardeo tenía que ver con asuntos interiores de los Estados Unidos. 
No hace falta decir que los Verdes deploramos el bombardeo. 
Como los oradores han dicho con mucha razón, lo que ha hecho es fortalecer a Saddam Hussein y no debilitarle. 
La verdadera manera de debilitar a Saddam consiste en prestar ayuda a los movimientos democráticos dentro de Iraq, levantar las sanciones, ayudar al pueblo a restablecer la democracia. 
Ésa sería la forma más rápida de quitar de en medio a Saddam. 
Entre nosotros hay personas que forman parte de este Parlamento desde hace mucho tiempo y que se han opuesto a Saddam desde el principio, cuando los gobiernos demócrata-cristianos y socialistas de todo el mundo le vendían armas y le ayudaban a fortalecerse. 
Procuremos tener algo de coherencia en términos de perspectiva histórica; estoy seguro de que el Sr. von Habsburg la tiene. 
Digamos que deberíamos mantener nuestro apoyo de la democracia. 
En particular tengo que deplorar el papel que desempeña el Gobierno británico en toda esta cuestión. 
Una vez más el Sr. Blair dio muestras, a pesar de sus calurosas palabras acerca de Europa, de su falta de voluntad. 
Es una persona que va por ahí diciendo que necesitamos una política común europea de defensa, y que en cuanto se perciben las primeras señales de acción por parte de los Estados Unidos anuncia que apoyará el bombardeo, antes incluso de que los Estados Unidos anunciaran que estaban bombardeando. 
Si el Sr. Blair habla con seriedad cuando cita la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, lo que tiene que hacer es demostrarlo con actos y no solamente con palabras. 
En cuanto al Secretario de Estado británico, que anteriormente era un destacado seguidor de CND en Gran Bretaña, es una vergüenza que añada su nombre y su apoyo a esa acción. 
Por lo tanto, apoyemos las enmiendas presentadas por los Verdes y mencionemos el papel de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para el Iraq, a la que se acusa de ser una antena de la CIA. 
Es preciso que investiguemos esta cuestión antes de que la Comisión Especial pueda volver al Iraq sin pérdida de autoridad. 
Señor Presidente, lo esencial ya lo ha dicho el Sr. Bertens como signatario de esta resolución. 
Creo que, por mucho que todos podamos lamentar que haya sido necesario emprender de nuevo una acción militar contra Iraq, debe quedar bien claro que el responsable principal de esa acción es Sadam Husein que, tal y como han dicho los diputados anteriores, sigue secuestrando de manera despiadada a su pueblo, lo que resulta muy claro de la forma en que ha bloqueado el programa «petróleo por alimentos» , que tiene como consecuencia una mayor miseria para la población iraquí. 
Habiendo dicho esto, quisiera apoyar, también en nombre de nuestro Grupo, el llamamiento que se ha hecho al Consejo para intentar llegar a una posición y a una postura comunes en este asunto. 
Señor Presidente, la Comisión ve con mucha preocupación los acontecimientos que siguieron a las incursiones aéreas de los días 16 al 19 de diciembre de 1998. 
Naturalmente, la Comisión- como los Estados miembros- apoya plenamente la aplicación del mecanismo «petróleo por alimentos» , administrado por las Naciones Unidas, que permite la venta de petróleo hasta un importe de 5.000 millones de dólares, durante un periodo de seis meses, para la adquisición de suministros humanitarios y de piezas de recambio y equipo para las instalaciones de producción de petróleo. 
La Comisión también ve con satisfacción que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovara el 24 de noviembre de 1998, por un nuevo periodo de seis meses, este mecanismo de «petróleo por alimentos». 
Nos preocupa, naturalmente, la lentitud con la que se están suministrando la ayuda humanitaria y las piezas de recambio, y esperamos que el Gobierno del Iraq apoye plenamente la aplicación de este programa y establezca unas condiciones favorables para su ejecución. 
Desde la guerra del Golfo de 1991, la Unión Europea ha sido el mayor donante de ayuda humanitaria al Iraq, más de 200 millones de ecus. 
ECHO asignó 10 millones de ecus para los primeros ocho meses de 1998 y otros 4 millones de ecus para el periodo que va de octubre de 1998 a 1999. 
Nuestro compromiso, el de la Unión Europea, es el de aliviar las penalidades del pueblo iraquí, y esto seguirá siendo la guía de las acciones de la Comisión, siguiendo, naturalmente, el mandato y las decisiones del Consejo. 
No obstante, hay que señalar que el Gobierno iraquí nos crea muchas dificultades debido a las restricciones que impone a las organizaciones no gubernamentales. Esta actitud puede poner en peligro la ejecución de programas de ayuda humanitaria financiados por la Unión Europea. 
Debemos felicitarnos también, en lo que concierne al conflicto kurdo, por el acercamiento entre las dos facciones rivales kurdas en el norte del Iraq, a raíz del acuerdo de 1998 sobre un sistema de reparto de poder, mientras se preparan las elecciones para establecer una asamblea regional kurda. 
La Comisión, juntamente con los Estados miembros, explorará las posibilidades de favorecer la aplicación del acuerdo dentro del marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0054/99 de los Sres. Cunha y Coelho, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Angola; -B4-0057/99 del Sr. Nordmann, en nombre del Grupo ELDR, sobre la reanudación de la guerra en Angola; -B4-0060/99 del Sr. Newens, en nombre del Grupo del PSE, sobre la crisis del proceso de paz en Angola; -B4-0075/99 del Sr. Telkämper, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la crisis en Angola; -B4-0088/99 del Sr. Hory, entre otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Angola; -B4-0094/99 del Sr. Pasty, entre otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Angola; -B4-0099/99 del Sr. Miranda, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Angola. 
Señor Presidente, petróleo y diamantes: si se quiere encontrar el combustible que alimenta hace un cuarto de siglo la guerra civil angolana, todos los caminos van a parar ahí. 
Petróleo y diamantes, la pobreza y la miseria del pueblo angolano, propician la prosperidad de los traficantes de armas y los políticos corruptos. 
A las minas que se retiran en un día suceden el doble de ellas, colocadas en el silencio de una noche. 
Los cargamentos de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, parecen una gota de agua en el océano de las poblaciones necesitadas. 
El derribo de dos aviones de carga fletados por la MONUA y que provocó la muerte de 23 personas inauguró una nueva escalada en la violación de todos los convenios y las instituciones internacionales. 
Se reavivó la guerra a partir de las cenizas del protocolo de Lusaka, con lo que mostró con evidencia el fracaso de la misión de las Naciones Unidas encargada de velar por su materialización. 
Ya no hay tolerancia posible para afrontar el problema angolano con equilibrio y respeto equitativo por todas las partes implicadas. 
Por parte gubernamental, todos lo sabemos, campa la corrupción y la incompetencia. 
Pero la culpa mayor de esta carnicería tiene un nombre: se llama UNITA, la organización de Jonas Savimbi, que consiguió recientemente casi 4.000 millones de dólares en el mercado mundial de diamantes, fortaleció las posiciones militares en el terreno y en equipo, no se desarmó ni facilitó la ampliación de la administración pública e infringió todos los acuerdos y todas las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Este órgano acaba de votar otra resolución en el sentido de limitar las telecomunicaciones en el espacio controlado por la UNITA e impedir el tráfico de diamantes. 
La paciencia de la comunidad internacional ha llegado al límite. 
Hay poderosos intereses económicos y geoestratégicos que alimentan esa máquina de guerra. 
Ha llegado el momento de gritar: «¡Basta!» 
Los responsables de ese conflicto deben ser acusados por la comisión de crímenes contra la Humanidad. 
Arruinar y enriquecerse con la riqueza con que la Providencia dotó a Angola, dejando morir a millones de víctimas de la guerra y del hambre, es un crimen contra la Humanidad. 
Señor Presidente, la situación en Angola es extremadamente grave, y la reanudación de la guerra civil, muy preocupante. 
Vimos desmoronarse un proceso de paz. 
El Gobierno angoleño, cuya legitimidad es dudosa habida cuenta de la interrupción del proceso de la elección presidencial, ha tratado de destruir política y físicamente a aquellos que deberían haber sido sus socios y ha obligado a UNITA a ejercer la legítima defensa. 
Esta es la situación actual. 
La misma es dramática, ya que, mientras tanto, el pueblo angoleño se sume en una miseria incalificable, cuando algunas supuestas elites se reparten un maná petrolífero embargado. 
Señor Presidente, debemos expresar con la mayor firmeza nuestra reprobación ante esta situación, y nuestra determinación en nuestro llamamiento a la paz. 
Ahora bien, la paz se consigue entre quienes se combaten. 
Ninguno de los dos bandos podrá destruirse, es preciso que ambas partes puedan finalmente... 
Muchas gracias, señor Nordmann. 
El Sr. Newens tiene la palabra por un tiempo de dos minutos, como autor de la propuesta de resolución. 
Señalo a los oradores que debemos respetar rigurosamente el tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, cientos de miles de angolanos se enfrentan en la actualidad con la amenaza de la miseria, el hambre y la muerte en Angola central como resultado de un nuevo estallido de la guerra civil iniciada por el Dr. Savimbi y UNITA, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y otras partes a fin de llevar paz y alivio a este país que lleva lustros y lustros sufriendo como resultado de crueles destrucciones y hostilidades. 
La ayuda humanitaria, tan necesaria para el país, ha quedado interrumpida tras los desgraciados incidentes en los que dos aviones de las Naciones Unidas fueron derribado, sin que se sepa todavía lo que ha sucedido con su personal. 
El hijo del piloto del primer avión viajaba a bordo del segundo, lo que ilustra la tragedia de los que participan en las misiones de socorro. 
Hay que desplegar todos los esfuerzos necesarios para poner fin a esta guerra y hay que reforzar la imposición de sanciones. 
En particular, hay que adoptar medidas para evitar que UNITA encuentre un mercado para los diamantes de que se sirve para adquirir armamentos y suministros, y De Beers y todos los demás negociantes tienen que comprobar el origen de las piedras que adquieren y tienen que velar por que el producto de las ventas no se utilice para financiar esta guerra. 
No se puede llegar a la paz a través de un conflicto armado, y hay que recurrir de nuevo al protocolo de Lusaka. 
Instamos a las dos partes en conflicto a que cooperen inmediatamente con las Naciones Unidas a fin de determinar la suerte de los ocupantes de los aviones de las Naciones Unidas que han sido derribados. 
En interés del pueblo de Angola, que tanto sufre desde hace tanto tiempo, es de importancia capital que las Naciones Unidas, siempre y cuando se garantice la seguridad de su personal, continúen su participación en Angola. 
Instamos a la Comisión a que colabore en el suministro de ayuda humanitaria y, cuando sea posible, la limpieza de minas. 
Esta guerra es una gran catástrofe y hay que hacer todo lo que sea posible para restablecer finalmente la paz. 
Ya hemos tenido esa esperanza en varias ocasiones. 
Hace años, Savimbi acudió como invitado al Parlamento y prometió que alcanzaría la paz. 
Luego tomó las armas y se reanudó la guerra. 
Hace cuatro años se celebró el Acuerdo de Lusaka, un acuerdo de paz que creímos que sentaría las bases para una paz duradera. 
Varias delegaciones del Parlamento viajamos allí y presenciamos la entrega de armas; en Huambo, por ejemplo. 
En nuestra calidad de parlamentarios, criticamos que las armas entregadas fuesen armas de la Segunda Guerra Mundial y no las armas con las que se está luchando. 
O sea, que UNITA nos ha estado engañando durante años, durante años ha mantenido la guerra civil relativamente controlada mediante una tregua, pero dicha situación de guerra civil formaba parte de su proyecto y tenía el propósito de activarla. 
Yo creo que tenemos que tomarnos en serio la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide la aplicación de sanciones contra UNITA. 
Tenemos que tomárnosla en serio en dos aspectos. 
Por un lado, es preciso procurar que UNITA no siga extrayendo diamantes para financiar la compra de armas modernas. 
Por el otro lado, no se debe permitir que estos diamantes entren en la Unión Europea y que su comercialización permita financiar dichas adquisiciones de armas. 
En este sentido, instamos a los Estados miembros a que impidan el acceso a nuestros mercados de esos diamantes procedentes de Angola y que adopten medidas contra su venta. 
Por otra parte nos encontramos- como ocurre siempre en las situaciones de guerra- con una población civil que sufre y que por lo general no desea la guerra, sino que se ha visto envuelta en ella a la fuerza. 
Frente a este hecho, señor Marín de la Comisión, tenemos que seguir prestando ayuda humanitaria donde sea posible y donde las personas dispuestas a prestar esta ayuda no corran peligro. 
Yo creo que para que esto sea posible es necesario que también continuemos apoyando los esfuerzos ya iniciados en el ámbito de la limpieza de minas, a fin de librar al país del arma realmente más cruel que existe. 
También tendríamos que apoyar la rehabilitación. 
Visitamos algunos talleres de rehabilitación que trabajan bien. 
La ayuda humanitaria en general y también las medidas concretas son, a mi parecer, muy importantes para la población que sufre y una contribución favorable y esencial de la Unión Europea, de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, de la institución presupuestaria y de quienes ejecutan las medidas. 
Señor Presidente, nuestro Grupo no tiene más simpatía que el Sr. Nordmann por el régimen angoleño, debido a sus prácticas internas heredadas de un «sovietismo» africanizado, o incluso por el cinismo con el que ahora interviene en las cuestiones regionales. 
Es necesario restablecer la verdad, y no nos parece justo atribuir al gobierno y a la rebelión de Jonas Savimbi la reanudación de una guerra civil, cuya responsabilidad gravita claramente sobre UNITA, sobre todo por la recuperación de los territorios y las localidades teóricamente restituidas a las autoridades gubernamentales. 
De igual modo, no nos parece equitativo sugerir, como lo hacía el texto liberal inicial, un boicot europeo del petróleo y de los diamantes angoleños. 
Creemos más adecuado comprobar que estos productos son exportados por el Estado angoleño y no por UNITA, que busca así la manera de hundir a la vez a su país y los acuerdos de paz que ha firmado. 
A propósito de estos acuerdos concluidos a regañadientes, y que realmente nunca se han aplicado, ¿es razonable exigir la aplicación del protocolo de Lusaka? 
Pensamos que la paz debe reconstruirse completamente, con una muy seria advertencia previa a UNITA, y que implica una nueva conferencia en la cual la diplomacia de la Unión Europea podría, por fin, afirmarse. 
Señor Presidente, la Sra. van Bladel, que no puede estar presente por razones familiares, me pide que haga una declaración en la que dice que, después de la sesión de diciembre de 1997, ya fuera mediante las urgencias o mediante preguntas al Consejo, pidió que se adoptaran medidas para evitar una guerra en Angola. 
Dice que en tres ocasiones presentó resoluciones que no fueron aceptadas por el Parlamento y, por eso, considera que el Parlamento es responsable también de esa situación que se vive ahora en Angola. 
Dice también que, según ella, la desconfianza profunda entre el Gobierno y la UNITA, que tiene razones históricas, se agravó con las matanzas de 1992 y que ésa es la razón fundamental de la discordia en Angola. 
Desde mi punto de vista personal, el problema de Angola es fundamentalmente una cuestión de confianza, y el clima de desconfianza es culpa de ambas partes, no sólo de la UNITA. 
Tampoco el Gobierno del MPLA cumplió- y conviene que se diga- muchas de las cláusulas del Acuerdo de Lusaka. 
Por ejemplo, no se recogieron de manos de la población civil 700.000 armas, instrumento de la matanza de 1992. 
No se celebró la segunda vuelta de las elecciones. 
No se acantonaron las fuerzas armadas, exceptuadas las de UNITA. 
No se hizo la reorganización de la policía. 
No se abrió la frecuencia de las Naciones Unidas, como se había prometido. 
No se modificaron los símbolos nacionales (bandera e himno) , que siguen siendo los del Partido MPLA. 
No se devolvió a los mercenarios a sus países y, contrariamente a lo acordado, el Gobierno sigue comprando armas, en particular en Rusia, miembro de la Troika y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El cumplimiento de esas cláusulas habría propiciado la confianza mutua. 
Pero más grave es que, cuando se hace la ampliación de la administración, no está compuesta por funcionarios administrativos, sino por la policía y por el ejército, que destruyen todas las sedes de la UNITA y matan o detienen a todos los cuadros de esa organización. 
Entretanto, se creó en Luanda una UNITA ficticia, se impidió al representante de las Naciones Unidas hablar con la UNITA real e histórica y se agravó la desconfianza. 
Señor Presidente, Señorías, no soy aquí representante de nadie, a no ser de mi conciencia y mis convicciones. 
He querido relatar estos hechos porque no me parece correcta la actitud maniquea de acusar siempre a una de las partes. 
No es así como se resuelven los problemas de la guerra. 
Las sanciones no traerán la paz a Angola. 
Sólo un clima de confianza, que este Parlamento puede contribuir a crear. 
Señor Presidente, señor Comisario, al no ajustarse a los resultados electorales, al haber impedido la desmilitarización de sus fuerzas y la ampliación de la administración del Estado a todo el territorio, al no respetar los Acuerdos de Lusaka ni las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UNITA es sin lugar a dudas la responsable de la reavivación de la guerra en Angola y como tal se la debe responsabilizar. 
Entretanto, se comprueba el rearme de esta organización, sólo posible con una clara mitigación del embargo internacional, por lo que resulta necesaria la aplicación y el fortalecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea y toda la comunidad internacional y acogemos con beneplácito la propuesta que hoy hace la Comisión de investigar el circuito del tráfico de diamantes que permite financiar el esfuerzo de guerra de la UNITA. 
El increíble y lamentable episodio del derribo de dos aviones de la MONUA en territorio ocupado y controlado por la UNITA, los centenares de víctimas y millares de desalojados que ya ha provocado la reavivación de la guerra, nos hacen exigir que callen las armas, que se reanude el proceso de paz, que la UNITA acepte respetar los Acuerdos de Lusaka y las decisiones de las Naciones Unidas, que éstas decidan prorrogar el mandato de la MONUA a fin de que haya condiciones para socorrer a los refugiados y prestar ayuda alimentaria de urgencia. 
Termino diciendo que, ante el reiterado incumplimiento por parte de UNITA de las decisiones de las Naciones Unidas, la comunidad internacional tendrá que actuar de forma más firme, so pena de verse acusada de utilizar dos pesos diferentes, según la localización de los conflictos y la conciencia de algunos países. 
Hay que actuar en pro de la paz y de la ayuda a un pueblo martirizado por una guerra permanente de una organización- la UNITA- cada vez más irresponsable, cada vez más terrorista. 
Señor Presidente, yo debo decirle con toda sinceridad que lamento mucho que la resolución no refleje, por desgracia, la opinión de muchas personas que han intervenido como oradoras o en representación de los autores. 
La resolución, aunque yo apoyo su contenido, es lamentablemente muy unilateral. 
Da a entender que «los malos» son en realidad sólo los de UNITA. Con esto se olvida que un cruel régimen dictatorial ocupa de hecho el poder en Luanda y que en realidad se debería tratar por un igual a ambas partes, tal como ya hacen en parte las Naciones Unidas. 
Yo creo que no basta con condenar el comercio de diamantes, señor Telkämper, sino que debería condenar usted igualmente el comercio de petróleo, procedente por ejemplo de la provincia de Kabinda, ocupada por el Gobierno, que no tiene reparos en emplear tropas extranjeras para imponer su poder. 
Se debería impedir la comercialización de dicho petróleo igual como se pide que se impida momentáneamente el comercio de diamantes. 
Yo creo que es importante que se dispense el mismo trato a ambas partes. 
Sólo así podremos mantener la credibilidad. 
Señor Presidente, a pesar de todos los esfuerzos de la Naciones Unidas, de nuevo hemos perdido la partida en Angola. 
Las partes contendientes desaprovechan de nuevo, como antes, la riqueza del país, llevando a los ciudadanos a la miseria. 
Por otro lado, no es justo echarle la culpa sólo a una parte. 
El Gobierno y el ejército también son culpables. 
No han conseguido ninguna estabilidad. 
Hacen a dos caras. 
No debemos permitir que se nos involucre en juegos políticos. 
Observo una falta de disposición por ambas partes para realizar un serio esfuerzo que lleve a alcanzar una paz duradera. 
¿Qué debemos hacer para detener la espiral de violencia? 
Confío en que las Naciones Unidas no abandonen y que MONUA seguirá existiendo después del 26 de febrero. 
La comunidad internacional ha de seguir suministrando ayuda, pero en este momento no será fácil mantener las donaciones para Angola. 
Sin embargo, debemos intentarlo. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Hay un fallo de imprenta en el proyecto de resolución común. 
Allí aparece que la resolución del Grupo ELDR ha sido presentada por el Sr. Bertens, el Sr. Fassa y el Sr. Cunha. 
Pero el último hace ya mucho tiempo que lo transferimos al Grupo PPE. 
Señor Presidente, condenamos enérgicamente la reanudación de la guerra en Angola que implica la paralización del proceso de paz y consideramos necesario, como por otra parte se recalca en la resolución que nos ocupa, volver a aplicar el Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 
En este sentido, consideramos oportuno invitar a Unidad a que respete los derechos humanos y a que coopere con el representante especial de la ONU, con vistas a encontrar una solución negociada a la actual crisis. 
Este llamamiento debe dirigirse también al Presidente de Angola, Sr. Dos Santos, que tampoco ha respetado los derechos de los diputados de la oposición que han sido perseguidos y a los cuales se les ha impedido desarrollar su cometido de representantes elegidos directamente por el pueblo. 
Por último, no podemos dejar de subrayar que la Unión Europea tiene el cometido de movilizar todos los recursos necesarios para contribuir a la ayuda humanitaria y tiene el deber de recordar a las partes en conflicto que no existe ninguna posible solución militar al conflicto, sino que únicamente la reanudación de las negociaciones permitirá al pueblo angoleño volver a alcanzar la paz. 
El Sr. Telkämper ha planteado una cuestión de orden. 
Estamos realmente cortísimos de tiempo. 
No vamos a iniciar un debate dentro de otro debate, pero si lo que usted quiere es formular un comentario personal en respuesta a un comentario anterior, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, puedo ser breve. 
El Sr. Habsburg casi ha dado a entender que no tenemos credibilidad. 
Lo que yo he expuesto es el resultado del informe sobre el viaje a Angola, a Huambo, de una delegación del Parlamento Europeo. 
Allí pudimos constatar repetidamente que UNITA ha roto la paz y ha vuelto a tomar las armas. 
Yo creo que el referente ha de ser el Acuerdo de Paz de Lusaka y el Parlamento debe insistir en ello. 
Dicho Acuerdo constituye el fundamento para una paz futura y tenemos que presionar para que se cumpla. 
¡Esta es una propuesta creíble! Por lo tanto, la asumimos y queremos que salga adelante. 
vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, la Comisión Europea coincide con la opinión de que la reanudación de los combates en Angola constituye, sin duda, un triste acontecimiento y que cualquier ataque contra aviones que no participen en operaciones militares es inaceptable. 
Coincide, asimismo, en que UNITA es la principal responsable de la reanudación de los combates y que se financia a través del comercio ilegal de diamantes. 
Respecto a este punto, sin embargo, la Comisión no dispone de medios adecuados para llevar a cabo una investigación sobre dicho comercio ilegal de diamantes. 
No obstante, comunicaremos al Consejo esta inquietud del Parlamento Europeo sobre este comercio ilegal. 
La Comisión considera que la Unión Europea sólo podrá adoptar sanciones adicionales en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Con el fin de contribuir a las necesidades de la población angoleña, los servicios de la Comisión han llevado a cabo un seguimiento de la situación tan minucioso como ha sido posible y, a este respecto, el control de la cooperación llevada a cabo por la Unión Europea incluirá, entre otros aspectos, un análisis de la posible reorientación de la ayuda que en este momento presta la Unión. 
Ciertamente, la ayuda de la Unión dependerá de las posibilidades concretas sobre el terreno. Esto incluye, como señalaba bien el Sr. Telkämper, la eliminación de minas que, aunque no paralizada totalmente, se ha visto entorpecida por las operaciones militares con lo que ello ha supuesto de mayor inseguridad para los equipos de desminado que estaban trabajando en Angola. 
La Comisión Europea ha asignado y financiado ayuda humanitaria en favor, naturalmente, de las capas más vulnerables de la población angoleña en distintos sectores. 
La ejecución de estos programas se ha visto también parcialmente afectada por el deterioro de la situación política y militar tras el recomienzo de la lucha armada. 
La suspensión del apoyo logístico aéreo por las Naciones Unidas tras los serios incidentes ocurridos- el derribo de aviones-ha supuesto una casi completa paralización de la ayuda humanitaria en las provincias más afectadas por los combates. 
Confirmo, pues, que la situación es muy crítica. 
La Comisión, a través no solamente de los servicios de nuestra delegación sino también de las instituciones internacionales y de las ONGs que están trabajando con nosotros, va a hacer todo lo posible para reanudar el proceso de ayuda humanitaria cuando las condiciones de seguridad así lo permitan. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las 25 propuestas de resolución siguientes: 
Timor Oriental e Indonesia 
Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia (B4-0056/99) ; -Marinho y Barros Moura, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental (B4-0064/99) ; -Cunha, Coelho, Costa Neves, Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental (B4-0066/99) ; -Dupuis, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Timor Oriental (B4-0092/99) ; -Janssen van Raay y Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre la libre determinación para el pueblo de Timor Oriental (B4-0095/99) ; -Ribeiro, Miranda, Novo, Jové Peres, Elmalan, Manisco y Ripa di Meana, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Timor Oriental e Indonesia (B4-0101/99) ; -Telkämper, Hautala y McKenna, en nombre del Grupo V, sobre Indonesia (B4-0108/99); 
Sahara Occidental 
Watson, Fassa, Vallvé y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Sahara Occidental (B4-0045/99) ; -Swoboda, García Arias y Schmidbauer, en nombre del Grupo PSE, sobre el Sahara Occidental (B4-0061/99) ; -Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo V, sobre el Sahara Occidental (B4-0073/99) ; -Oostlander y Hernández Mollar, en nombre del Grupo PPE, sobre el Sahara Occidental (B4-0080/99) ; -Ainardi, Sierra González, Eriksson, Miranda, Ephremidis, Vinci, Carnero Gónzales, Marset Campos, Alavanos, Seppänen y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en el Sahara Occidental (B4-0100/99); 
Tráfico de niños en Guatemala 
Bertens, André-Léonard, Vallvé y Goerens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0058/99) ; -Van Putten, Kinnock y Newens, en nombre del Grupo PSE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0062/99) ; -Kreissl-Dörfler, Kerr y Lindholm, en nombre del Grupo V, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0076/99) ; -Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0089/99) ; -Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0096/99) ; -González Álvarez y Novo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0103/99); 
Proceso de paz en Colombia 
Gasòliba i Böhm y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el proceso de paz en Colombia (B4-0055/99) ; -Miranda de Lage, Howitt y Morgan, en nombre del Grupo PSE, y Escolá Hernando, en nombre del Grupo ARE, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0063/99) ; -Kreissl-Dörfler, Aelvoet, McKenna y Lindholm, en nombre del Grupo V, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0074/99) ; -De Esteban Martín, en nombre del Grupo PPE, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0085/99) ; -Puerta, Sornosa Martínez, Elmalan, Novo, Seppänen, Ojala, Alavanos, Theonas y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0102/99); 
Sierra Leona 
Telkämper, Aelvoet y Schörling, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Sierra Leona (B4-0072/99) ; -Hory, Castagnède y Maes, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Sierra Leona (B4-0087/99); 
Timor Oriental e Indonesia 
Señor Presidente, el nuevo presidente de Indonesia, Habibie, se queda atascado en medidas selectivas en sus medidas de reforma, mientras que Indonesia necesita otras medidas que procuren democracia y respeto a los derechos humanos y renovación económica. 
La población de Indonesia tiene derecho a eso. 
El Gobierno debe entender que la democracia y los derechos humanos son componentes incuestionables que volverán a dar un nuevo brío al resurgimiento económico. 
La Unión quiere ayudar a Indonesia, pero se deben tomar medidas. 
La Unión debe presionar al Gobierno indonesio para que continúe con las reformas. 
¿Cuándo se liberará a todos los prisioneros políticos, incluido Gusmao? 
¿Cuándo se pondrá fin a las medidas represivas en territorios tales como Timor Oriental, Achin o Irian Jaya? 
Mi esperanza es que el nuevo Gobierno comience a actuar de un modo realmente democrático e instale una nueva autoridad legítima que, en efecto, pueda adoptar medidas. 
El camino es largo todavía, pero también largo para Timor Oriental. 
Señor Presidente, no puede ser más oportuna la presente resolución. 
Los cambios ocurridos en Indonesia han hecho creer que se habían creado las condiciones para negociar soluciones pacíficas. 
Pero no ha pasado de ser mera habilidad cosmética. 
Pues, a pesar de que el Presidente Habibie ha reconocido el estatuto especial de Timor Oriental por sus profundas diferencias culturales y religiosas, de que se han concertado acuerdos previos a las negociaciones en el sentido de demostrar la buena fe de las partes y de que se han iniciado las negociaciones, nada ha cambiado en la actitud de Indonesia para con el pueblo de Timor. 
Sigue la desproporcionada y agresiva presencia militar con funciones de mantenimiento del orden y de instrucción penal en substitución de cuerpos policiales y de un sistema judicial independiente. 
Los militares son responsables de nuevos actos de violencia, nuevas desapariciones, nuevos encarcelamientos políticos y recientemente en Alas murió la esperanza de los timorenses junto con un número aún desconocido de ciudadanos. 
La presente resolución, de la que destacamos la inmediata realización de una investigación con la égida de las Naciones Unidas, para responsabilizar directamente a quienes cometen tales crímenes, así como el llamamiento a las negociaciones que permitan una rápida solución, que exige también la democratización de Indonesia, es absolutamente urgente y oportuna, como ya hemos dicho. 
En el primer decenio de la ocupación desaparecieron 200.000 timorenses. 
Para despertar las conciencias internacionales, fue necesario que unos periodistas presenciaran una matanza. 
Ojalá no sean necesarias más matanzas para que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Es hora de exigir a Indonesia el respeto de los derechos humanos, es hora de acabar con el sufrimiento del pueblo de Timor, es hora de someter a la justicia internacional al dictador Suharto y a los militares responsables. 
No podemos tener dos pesos y dos medidas, exigir, como algunos desean, la condena de Pinochet y absolver a Suharto. 
Señor Presidente, Timor Oriental vuelve a la atención del Parlamento Europeo en un momento en que ocurren tres hechos importantes. 
En primer lugar, el mayor aislamiento de Indonesia con la modificación de la posición oficial del Gobierno de Australia respecto de Timor Oriental, aplaudida por casi todas las fuerzas políticas australianas y sólo criticada por el Gobierno indonesio. 
Indonesia está cada vez más aislada en su pretensión de continuar ocupando militarmente Timor Oriental e intentar forzar su integración de en su territorio. 
En segundo lugar, el recrudecimiento de atentados contra los derechos humanos; después del atentado contra civiles en Alas, el pasado mes de noviembre, las noticias que nos llegan de Timor Oriental, aun filtradas por la censura de las autoridades militares, nos ofrecen preocupantes señales de repetidos atentados contra los derechos humanos y de la creación de milicias populares armadas por los militares, que intentan sembrar por la fuerza el terror entre los que se oponen a la integración en Indonesia. 
El obispo Ximenes Belo confirmó recientemente la llegada a la capital de Timor Oriental de millares de timorenses expulsados de su casas por la fuerza de la violencia y del terror. 
En tercer lugar, la denegación del permiso de visita de este Parlamento. 
Ayer se reunió el intergrupo en pro de Timor Oriental y analizó una carta del embajador indonesio en la que deniega el visado a los diputados europeos para visitar Timor Oriental. 
Denegación significativa de quien tiene miedo de este Parlamento, donde se respira la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, no desistimos de nuestro propósito y consideramos que el Parlamento Europeo debe seguir colaborando en la línea de las resoluciones que ha aprobado y de la que hoy se presenta a la aprobación de la Asamblea, que proponemos junto con colegas de otros sectores. 
Estamos seguros de que con tenacidad, persistencia y valor, el camino de la Historia avanza hacia el respeto de la persona humana y la libertad y no hacia la tiranía, la violencia y el desprecio de los derechos humanos más elementales. 
Señor Presidente, ya ha sido señalada aquí por diferentes diputados la prolongada situación de conflicto en la que se encuentra inmerso injustamente Timor Oriental. 
Las resoluciones de la ONU se han suscrito siempre por el Parlamento Europeo y, en realidad, ahora estamos en una circunstancia favorable para seguir adelante e incluir de nuevo este asunto en la agenda internacional. 
Se ha señalado con razón el hecho de que Australia, el único país que ha reconocido la anexión de Timor Oriental, ha modificado su postura. 
Eso subraya que las nuevas ideas, que van fermentando por momentos en todas las capas de la población en Indonesia, pueden despertar nuevas esperanzas para Timor Oriental. 
Después de todo, el Gobierno indonesio se encuentra presionado de manera creciente para que lleve a cabo la democratización, y también para reconocer el carácter propio y la autodeterminación de Timor Oriental y de los otros territorios, tales como Irian Jaya, cuya identidad tradicional se ven amenazadas por la política indonesia. 
Señor Presidente, quisiera decir que el problema de Timor Oriental, después de haber estado olvidado durante años por la comunidad internacional, en los últimos tiempos ha sido, por fortuna, un tema de debate casi continuo e importante en las instituciones internacionales, en las Naciones Unidas, en el Congreso americano, etc. Quisiera felicitarme también por que el propio Consejo se haya pronunciado ya a ese respecto. 
Y creo que la propia Comisión también lo ha hecho. 
Este Parlamento también ha desempeñado un papel importante en el debate de esa cuestión, del problema de Timor, de la violación de los derechos humanos. 
Apoyamos claramente esta propuesta, pero lamento que no se haya transcrito en ella una propuesta de nuestro colega Janssen van Ray, que proponía que, con ocasión de las elecciones en Indonesia, se celebrara un referéndum en Timor Oriental sobre la libre determinación. 
Abundando en la expresión «libre determinación» , creo que ése es, de hecho, el camino por el que debemos seguir y por el que el Parlamento debe seguir luchando. 
Señor Presidente, de nuevo tenemos a Indonesia y a Timor Oriental en las cuestiones urgentes de este Parlamento, como ha sucedido periódicamente con las indispensables persistencia e insistencia para que de ningún modo y en ningún momento se pueda olvidar la heroica lucha de más de veinte años de un pueblo por su derecho a la libre determinación. 
Además, aparte de lo que es necesario mantener vivo, hay siempre nuevos motivos que Indonesia, con su ocupación militar y la represión, brinda para justificar las insistencias y reiteraciones. 
Ahora son los recientes acontecimientos en Alas y la violenta represión militar indonesia cuya dimensión y consecuencia es preciso conocer. 
Por eso, reiteramos la exigencia de investigaciones y de la visita a Timor Oriental que desde noviembre de 1991 Indonesia deniega a este Parlamento. 
Y denunciamos también la maniobra que se deriva de la debilidad inconfesable, que se pretende ocultar y que consiste en afirmar la aceptación del principio de libre determinación, pero acompañada del supuesto de que Timor es una provincia indonesia, haciendo coincidir un simulacro de referéndum con las elecciones indonesias del próximo mes de junio. 
Señor Presidente, a pesar de que la caída de Suharto en Indonesia había tenido lugar ya durante la pasada primavera, Amnistía Internacional pudo comprobar seis meses después que no se habían cumplido las promesas hechas por el nuevo presidente en materia de derechos humanos. 
Estoy muy preocupada por que en este país se ha venido haciendo uso de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y por que no se han registrado avances en la liberación de los presos políticos. 
Me gustaría referirme de manera especial a Timor Oriental, ya que también allí ha aumentado de manera preocupante la represión. 
Debemos fiarnos de las informaciones que señalan un aumento de la fuerza militar mayor que el que nos dejan entrever los comunicados oficiales. 
Afortunadamente, la Unión Europea ha cobrado en los últimos tiempos algo de vigor por lo que respecta a esta cuestión, y es posible comprobar con satisfacción, por ejemplo, las conclusiones a las que se llegaron en la Cumbre de Viena acerca de Timor Oriental. 
Según informaciones recién llegadas, también Australia ha modificado su postura sobre Timor Oriental hacia posiciones más satisfactorias de cara al futuro. 
Debemos perseguir el objetivo de emprender cuidadosamente los preparativos para la celebración de un referéndum en torno al futuro de Timor Oriental. 
Desearía preguntarle al Comisario Marín si la Unión Europea está ejerciendo también en la práctica una política más activa por lo que se refiere a Timor Oriental. 
¿Cabría imaginar, por ejemplo, la apertura de una oficina de la Unión Europea en Timor Oriental, al estilo de la que los estadounidenses tienen en Kósovo? 
Si fuera una medida de un carácter excesivamente delicado, no tendría por qué ser necesariamente una representación diplomática con plenos poderes. 
En segundo lugar, desearía resaltar que las próximas elecciones parlamentarias indonesias del 7 de junio requieren la participación activa de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de la propia Unión, mediante el envío de observadores electorales, no sólo parlamentarios, sino también pertenecientes a ONG. 
En último lugar, desearía comunicar que, en nombre del Grupo de solidaridad con Timor Oriental, estoy manteniendo en la actualidad negociaciones con el Gobierno de Indonesia para permitir a los diputados del Parlamento enviar una delegación extraoficial a Timor Oriental. 
Sahara Occidental 
Señor Presidente, Señorías, estamos asistiendo a un lento y progresivo proceso de pacificación en el Sahara Occidental. 
Probablemente, es todavía prematuro mostrarnos optimistas respecto a sus resultados, sin embargo, en cierta manera, no podemos dejar de considerar estimable la organización del referéndum que podría desembocar en la consecución de la autodeterminación por parte del pueblo de esta región. 
Por ello, es extremadamente importante que la Unión Europea invite firmemente al Gobierno de Marruecos y al Frente Polisario a que cooperen plenamente con la Organización de la Naciones Unidas, con miras a convocar un referéndum libre, justo e imparcial para la autodeterminación de esa región cuyo pasado ha sido sumamente difícil y atormentado. 
Señor Presidente, la Unión Europea promueve la democracia, los derechos humanos, la libre determinación, y nada más. 
Hay una posibilidad muy grande de que las Naciones Unidas decidan retirarse al final de este mes del territorio ocupado ilegalmente del Sahara Occidental, y precisamente en estos momentos Kofi Annan está preparando un informe para presentárselo al Consejo de Seguridad el 22 de enero. 
La última vez que tuve el placer de reunirme con él fue en noviembre, en Argelia. 
La Unión Europea se ha manifestado una y otra vez en favor de la libre determinación y en favor de poner término al conflicto. 
En particular quisiera dar gracias al Sr. Marín por el trabajo que ha efectuado, y agradecer también la ayuda humanitaria y el apoyo logístico prestados en vísperas del referéndum. 
Nos acercamos al final de este conflicto que tantos sufrimientos ha provocado durante más de 20 años, pero sabemos que el problema que se plantea actualmente- y eso es lo que dicen las Naciones Unidas- es que Marruecos está recurriendo una vez más a sus estratagemas para procurar retrasar y bloquear la conclusión de un acuerdo. 
Marruecos- que se halla presente en la galería- no se toma la molestia de reunirse con algunas personas del Parlamento Europeo, pero es muy eficaz a través de los grupos de presión, y recurre a la corrupción y no duda en cometer robos en este edificio. 
Marruecos es quien está impidiendo que se llegue a una solución pacífica. 
El Parlamento Europeo tiene en su mano la posibilidad de hacer mucho más. 
Esperamos de usted, Sr. Marín, que se esfuerce aún más: está usted muy al corriente de toda esta cuestión y se ha prestado al diálogo con Marruecos y con el Frente Polisario. 
No abandonemos al pueblo del Sahara Occidental. 
Asegurémonos de que respaldamos sin vacilaciones a las Naciones Unidas y de que compartimos la voluntad de Kofi Annan y de James Baker de poner término a este conflicto. 
Señor Presidente, una de las diferencias entre Angola y el Sahara Occidental es que en el Sahara Occidental existe una tregua. 
Una tregua no equivale, sin embargo, todavía a la paz. 
Allí se dirime uno de los últimos conflictos coloniales. 
Tras la retirada de los españoles y la ocupación del país por los marroquíes, nos encontramos ante una europeización de la antigua política colonial y por esto yo creo que la Unión Europea tiene un compromiso y una responsabilidad en relación con este fragmento de la historia colonial española. 
La población expulsada vive desde hace décadas en campamentos de refugiados. 
Marruecos ha impedido durante años la celebración del referéndum; por esto los debates sobre este tema son semejantes año tras año. 
Ahora las Naciones Unidas garantizan, al parecer, que el referéndum tendrá lugar en diciembre de 1999. 
Hemos esperado a menudo ese momento, confiamos llegue este año y Kofi Annan parece decidido a que así sea, como demostró su última visita a dicha región. 
Esto significa que ahora la Unión Europea también está llamada a actuar y que tenemos que apoyar decididamente este proceso en el aspecto político y logístico. 
Desde aquí instamos a Marruecos a que no siga obstaculizando el empadronamiento de las personas con derecho a voto y deje de buscar pretextos. 
Incluso sería conveniente impulsar negociaciones directas entre el pueblo saharaui y Marruecos. 
Desde aquí pedimos al Consejo- y la Presidencia austriaca emitió muchas señales positivas en este sentido- que se garantice la celebración del referéndum y que se mantenga la ayuda humanitaria hasta ese momento. 
Yo creo que también debemos enviar observadores durante la fase previa al referéndum y no sólo en el momento de su celebración. 
Solicitamos a la Comisión que libere los fondos necesarios para garantizar la celebración del referéndum y para la ayuda humanitaria. 
Un enfoque posible, en el contexto del Acuerdo pesquero que pronto se tendrá que negociar con Marruecos, sería procurar vincularlo a la celebración del referéndum. 
Independientemente del resultado, la Comisión y el Consejo, la troika, tendrían que avalar que la Unión Europea garantiza, junto con las Naciones Unidas, que el referéndum podrá tener lugar. 
Esta es mi petición a la Presidencia alemana del Consejo. 
Señor Presidente, una vez más nos encontramos, por un lado, ante la sensibilidad de esta Asamblea sobre el asunto del que tratamos y, por otro, ante la realidad del activo papel de las Naciones Unidas. 
Tampoco hay que olvidar la importante ayuda humanitaria que se está prestando y que debería continuar. 
Pero, al mismo tiempo que constatamos esta realidad, vemos entre las dunas del desierto una especie de espejismo: el espejismo del referéndum, un referéndum que parece que nunca llega. 
A pesar de ello, hay que evitar las impaciencias: impaciencias por parte de las Naciones Unidas, por parte de la comunidad internacional, del Frente Polisario o del Gobierno marroquí. 
Y es necesario sobreponerse a las impaciencias para no dejar problemas enquistados, que podrían provocar guerras futuras o una guerrilla permanente. 
Por ello, señor Presidente, deseamos y queremos aceptar un referéndum pronto y cuyo resultado sea aceptado por todos. 
Señor Presidente, nos congratulamos de que el Secretario General de las Naciones Unidas se haya ocupado personalmente del expediente del Sahara Occidental. 
En los meses de noviembre y diciembre se desplazó in situ y, al término de sus reuniones con las partes en conflicto, presentó un conjunto de recomendaciones para desbloquear el proceso de paz y para que se aplicasen los acuerdos de Houston. 
El Frente Polisario ha aceptado aplicar estas propuestas, en conjunto, que constituyen un todo indisociable. 
Pero la posición del Gobierno marroquí sigue siendo de rechazo. 
Debido a sus maniobras de bloqueo, es responsable de la interrupción de la aplicación del proceso de paz. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por otro lado, ha reconocido esta realidad. 
En su resolución del 17 de diciembre, se felicita del acuerdo del Frente Polisario y exhorta al Gobierno marroquí a aplicar el plan de las Naciones Unidas. 
Hoy nos encontramos en la recta final del procedimiento refrendario. 
Para que llegue a término, es decir, hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación, en diciembre de 1999, hay que hacer fracasar los intentos de bloqueo del Gobierno marroquí. 
El Consejo y los gobiernos de los Estados miembros pueden contribuir a ello desempeñando un papel más activo para lograr el proceso de paz, utilizando concretamente todos los medios de que disponen ante el Gobierno marroquí para que éste aplique el conjunto de las propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas. 
¿El Consejo no podría igualmente definir una posición común, como lo pidió el Parlamento Europeo el 10 de marzo de 1998, o al menos aprobar una declaración que exprese su compromiso ante las Naciones Unidas? 
Es necesario que apoyemos la resolución de compromiso, para dar una señal al Consejo y a los gobiernos de los Estados miembros, apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para llevar a término el procedimiento refrendario. 
Este referéndum, que permitirá por fin al pueblo saharaui expresar su derecho a la autodeterminación y a la independencia, constituye la vía democrática más apropiada con el fin de encontrar una solución justa y duradera de los problemas de descolonización del Sahara Occidental. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría que estuviera aquí también presente la Presidencia en ejercicio del Consejo para escuchar este debate. 
No voy a recordar lo que ya sabe la Comisión: la importancia que tuvo la reunión del Consejo de Seguridad y la última resolución que, en realidad, señor Fabra, refleja ya algo de impaciencia por parte de la comunidad internacional. 
Es cierto, podemos ser pacientes, y paciente se está mostrando la población saharaui, que espera interminablemente que se pueda llevar a cabo este referéndum. 
Nos encontramos en una situación efectivamente delicada: por el sufrimiento que está aguantando la población saharaui, por una parte, y porque esta situación de cese el fuego- como ha dicho otro orador- puede tener un límite. 
Lo que pedimos a la Comisión Europea y al Consejo es que, en vista de esta resolución apoyada por unanimidad por el Consejo de Seguridad, hagamos lo mismo; que la Comisión, el Parlamento y el Consejo expresen claramente en un documento- en una resolución- su apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y a estos esfuerzos. 
Quisiera recordar, además, señor Presidente, lo que dice el Consejo de Seguridad, y que todos sabemos: que el Frente Polisario ya ha aceptado el conjunto de medidas que propone el Secretario General, respondiendo además a los acuerdos de Houston y a la propuesta del Secretario General. 
También sabemos que Marruecos sigue dando largas al asunto, sigue al parecer jugando al agotamiento de la población y también al agotamiento de la paciencia de la comunidad internacional. 
Nosotros, señor Comisario, que estamos tan cerca de Marruecos, cuyo pueblo y cuyo Gobierno respetamos y admiramos, tenemos que decirle a su Gobierno- desde la amistad, pero también desde la firmeza- que dé ya su aceptación al plan de paz, que esta situación no puede seguir. 
Y ello por el hecho de que se trata de una región vecina, situada cerca de la Unión Europea, y todos esos esfuerzos los tendría que estar dedicando al desarrollo de la población marroquí y de la población saharaui. 
Señor Presidente, yo creo que todos deseamos la paz en el Sahara Occidental y por esto todos respaldamos seguramente también las intenciones de la presente resolución. 
Sin embargo, yo quisiera añadir que personalmente me habría parecido más acertado adoptarla después de la decisión del Consejo de Seguridad. 
Por otra parte, yo quisiera señalar, además, que desde luego no podemos conformarnos con que todos apunten con el dedo a Marruecos y acusen a dicho país de retrasarlo todo. 
Quizá convenga puntualizar algunos argumentos. 
Cuando se habla de las personas que deberían tener derecho a voto en el referéndum, no se puede excluir sin más a quienes viven desde hace bastante más de diez años en el territorio actual del Sahara Occidental y que en la práctica se han hecho acreedoras del derecho a establecer su vida allí. 
Al fin y al cabo, en la Unión Europea y en los diferentes Estados miembros ahora también se insiste mucho en que las personas que llevan unos años viviendo entre nosotros se han hecho acreedoras de ciertos derechos. 
No se puede excluir sencillamente de un referéndum a dichas personas, del mismo modo que también se debe incluir a las personas que viven en los campamentos de refugiados en Argelia. 
Permítanme que añada, por otro lado, una consideración histórica muy breve, puesto que tanto se habla de colonización, recolonización, etc. El territorio del Sahara Occidental perteneció durante siglos a Marruecos antes de que pasara a ser territorio español. 
Yo desde luego desearía que también se añadiese esto. 
Señor Presidente, en la última sesión mantuvimos un debate con el Consejo, y después que diez diputados hicieran una pregunta oral. 
Creo que es necesario repetir aquí algunas de las cosas que le dijimos entonces al Consejo. 
En primer lugar, se echa en falta la visibilidad de las instituciones europeas en la resolución de este conflicto. 
Hay ayuda humanitaria, hay presencia, pero presencia relativa. 
Se advierte una presencia mayor de los Estados Unidos, a pesar de que el conflicto del Sahara está más unido a la Unión Europea y a algunos países de la Unión Europea que a los Estados Unidos y, sin embargo, hay más presencia de ellos que de nosotros. 
En segundo lugar, y a pesar de lo que dice el Sr. von Habsburg- que respeto -, es Marruecos- y ha de quedar claro de una vez por todas- quien ha estado poniendo inconvenientes al referéndum. 
Yo sólo quiero recordar que, en principio, el Sahara aceptaba sólo el censo español con un 10 % de aumento y ahora los saharauis, en la última propuesta del Sr. Baker, han aceptado 65.000 posibles votantes más. 
Sin embargo, Marruecos aún pone inconvenientes. 
Parece que el referéndum va a retrasarse un año más, pero este año es crucial. 
Crucial para que no haya más obstáculos en el camino hacia un referéndum justo, que va a sacar adelante a un pueblo muy valeroso, que tiene mucho coraje y que, en unas circunstancias terribles, educa y atiende a la salud de su población. 
Por lo tanto, la Unión Europea debería dar ejemplo e intentar resolver ese conflicto, ayudar a resolver ese conflicto, y no dejar solo al Sr. James Baker y a las Naciones Unidas. 
También debería apoyar a las Naciones Unidas para que Marruecos no siga poniendo inconvenientes a la resolución del conflicto. 
Señor Presidente, ofrezco el pleno apoyo de nuestro Grupo a la resolución de compromiso y muy especialmente al proceso referendario en curso en el Sahara Occidental y a los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas por Marruecos, el Frente Polisario y las partes actualmente implicadas en esta delicada región del mundo: pleno apoyo a los compromisos contraídos sobre todo por Marruecos. 
Evidentemente, pido a sus Señorías y a este Parlamento que no empiecen, ya desde ahora, a señalar a los culpables y a las víctimas en un proceso que está fraguándose y que no niego que presenta las dificultades propias de una situación que está evolucionando, que precisa una gran atención internacional y que no necesita por nuestra parte una fuerza de intervención mayor que la que requieren los problemas actualmente en curso. 
En este sentido, reitero nuestro pleno apoyo, así como el de nuestro Grupo. 
Señor Presidente, señor Comisario, lo que estamos viendo aquí es un claro desequilibrio entre la insistencia de este Parlamento en torno al Sahara Occidental y el silencio del Consejo. 
Hemos aprobado hace meses una propuesta de recomendación. 
Además, hemos celebrado en diciembre un debate con más de diez preguntas. 
Y hoy discutimos una propuesta de resolución firmada, por cierto, por prácticamente todos los grupos de esta Asamblea-. 
A pesar de eso, el Consejo se mantiene en la postura de principio- importante, pero fácil- de decir que apoya la autodeterminación del Sahara Occidental y la resolución de las Naciones Unidas, pero no se atreve a dar el segundo paso necesario: ayudar al Secretario General a que pueda cumplir su labor para que esas resoluciones del Consejo de Seguridad se apliquen, en este caso organizando y celebrando un referéndum de autodeterminación en los plazos fijados y de manera libre. 
¿Cómo se consigue ayudar al Secretario General? 
Desde mi punto de vista, diciendo qué parte está impidiendo, está obstaculizando el cumplimiento de la legalidad internacional. 
Y esa parte hoy es claramente el Reino de Marruecos. 
Yo creo, pues, que el Consejo debería saber que la presión política- cierto, con la cooperación al mismo tiempo- es imprescindible para tener visibilidad en este conflicto y ayudar a terminar con esta situación. 
Tráfico de niños en Guatemala 
Señor Presidente, las bandas internacionales en Guatemala ganan dinero en abundancia con el comercio ilegal de bebés. 
Naturalmente, es algo completamente inadmisible y estos abusos inhumanos de la pobreza deben ser combatidos activamente. 
Por lo demás, me parece lamentable que un reciente informe de UNICEF, un informe «fidedigno» , no se haya mencionado en la resolución. 
El Gobierno de Guatemala debe ratificar pronto los convenios internacionales relevantes y la Unión debe ejercer presión en Guatemala para alcanzarlo. 
¿Qué puede esperar la población de un gobierno que permite que sus ciudadanos sean vendidos? 
La Unión debe procurar que exista vigilancia y control en los lugares donde se reciben los bebés de Guatemala. 
Además, la Unión debe apoyar los proyectos de ayuda para los programas de adopción legales en la propia Guatemala. 
En el año en que celebramos el décimo aniversario del Tratado de la ONU de los Derechos del Niño, las medidas para la protección de esos mismos niños merecen nuestras mayores publicidad y prioridad. 
Presidente, el orador anterior ya ha dejado claro la gravedad de la situación. 
Yo quisiera añadir lo siguiente. 
Creo que si no actuamos ahora en Guatemala en la medida de nuestras posibilidades, el problema se irá desplazando a otros países. 
Por lo demás, ese peligro acecha. 
Deberemos estar alerta en todas partes y, ciertamente, en este momento tanto más en la Europa Oriental. 
Pero estoy contenta con el texto de compromiso. 
Estoy contenta porque éste es un asunto concreto que está claro, por grande que sea también el problema, y el Comisario y sus colaboradores ofrecen la posibilidad de hacer algo a este respecto mediante los contactos realizados con las autoridades guatemaltecas. 
Está claro que la organización que nombramos, Casa Alianza, y su líder han sacado el asunto a la luz y ahora son ellos mismos los que están amenazados. 
Esta organización y las personas que la componen, y en este caso ciertamente también Bruce Harris, se merecen apoyo desde Europa. 
También me parece lamentable que no se mencione el informe de UNICEF. 
Quiero añadir a esto, Presidente, que también me parece lamentable- y me temo que los liberales han contribuido a esto- que no se haya recogido lo que estaba en mi texto original, a saber: que se necesita una prueba de ADN. 
Inglaterra exige ya que, cuando hay una adopción, los padres adoptivos puedan demostrar que han sido los padres legales quienes han cedido al niño. 
Porque en este momento alquilan a falsas madres y a otras mujeres pobres para ir a la embajada y decir: entrego a mi hijo. 
Se les paga por ello, pero otras madres pierden a sus hijos. 
Una prueba de ADN, como exige Inglaterra, pone en claro que son los auténticos padres quienes ceden al hijo. 
Así que abogo por una prueba de ADN en el contexto europeo. 
Señor Presidente, el tráfico de niños es un buen negocio en Guatemala. 
Una mafia en toda la regla secuestra niños, persuade a mujeres pobres para que cedan a sus hijos, falsifica certificados de nacimiento y vende niños en el extranjero. 
Basta con la intervención de un notario para certificar una adopción. 
No es raro que el precio de un niño alcance los 15.0- 20.000 dólares. 
El tráfico de niños no es un delito y no está penalizado en la legislación guatemalteca. 
Todos los países de la región han modificado su legislación en los últimos años para acabar con este abuso de lesa humanidad. 
Sólo Guatemala no lo ha hecho aún y ya va siendo hora de que lo haga. 
Guatemala también debe ratificar de inmediato la Convención de La Haya sobre la adopción y cumplir sus compromisos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, poniendo en marcha la aplicación del Código relativo a menores y adolescentes. 
Las adopciones son a veces una última tabla de salvación. 
En ese caso, el niño debe mantener la máxima proximidad cultural y geográfica posible con sus orígenes. 
Las adopciones no constituyen, sin embargo, en ningún caso una contribución a la ayuda al desarrollo. 
Ésta consiste, en efecto, en crear las condiciones para que los niños puedan crecer en su propio país. 
Yo les ruego que lo recuerden. 
Señor Presidente, debemos intervenir nuevamente sobre la suerte que corren los niños en el mundo. 
Hoy se trata de la adopción de niños guatemaltecos. 
Ciertamente, no hay que condenar las adopciones en el plano internacional, sino interrogarse sobre las condiciones en las que se practican. 
En este sentido, Guatemala se ha convertido en el escenario de un verdadero tráfico ilegal de recién nacidos. 
Así, en 1997, se estima en más de 2.000 el número de niños que habrían sido vendidos por un precio que oscila entre los 15 y 20.000 dólares. 
No es difícil imaginar la gran cantidad de prácticas escandalosas que una actividad tan lucrativa puede suponer por parte de traficantes, que no retroceden ante nada con tal de proteger su sospechoso comercio. 
Así, no dudan en intimidar, incluso amenazar, a aquellos que desean moralizar estas adopciones. 
Por tanto, sería imprescindible que los Estados miembros velaran por la aplicación de las disposiciones legales en materia de adopción internacional, en particular tratándose de niños procedentes de Guatemala. 
Pero también y sobre todo habría que incitar al Gobierno guatemalteco a ser más riguroso en la gestión de este expediente, tanto más por cuanto el ciclón Mitch aumenta el número de niños susceptibles de ser adoptados, lo que nos exige estar aún más vigilantes. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que está claro que hay personas que se están enriqueciendo con un tráfico que es el más deleznable y el más repugnante de todos: el tráfico de niños. 
Creo también que la Unión Europea ha de hacer valer su influencia sobre el Gobierno guatemalteco para impedir este tráfico, y creo que una posibilidad es ayudar a la Procuraduría general de Guatemala, que parece que vela por la legalidad de esas adopciones. 
No estamos en absoluto en contra de las adopciones legales. 
Creemos que salva a muchos niños de un destino incierto y terrible en algunos países; pero yo comparto lo que ha dicho algún compañero, en el sentido de que si hubiera mejores condiciones de vida en esos países, lo mejor sería que los niños se quedaran en su país. 
En todo caso, hay que evitar el tráfico terrible de niños, que es el más deleznable de todos los tráficos. 
Señor Presidente, este problema del tráfico ilegal de niños en Guatemala, o que provienen de Guatemala, podría insertarse en un ámbito mucho más amplio que podría afectar a otros muchos países en vías de desarrollo. 
Sin embargo, lo cierto es que el origen del problema hay que buscarlo frecuentemente en el mundo más desarrollado, donde se encuentran unas redes de tráfico bien estructuradas y con experiencia, tanto en el caso del tráfico de niños como de mujeres y de órganos humanos. 
Creo, señor Presidente, que la objetividad y el rigor deben acompañar siempre las resoluciones de este Parlamento, sobre todo cuando se refieren a países amigos como es el caso de Guatemala, país para el que este Parlamento ha reconocido, en repetidas ocasiones, los avances logrados por el Gobierno del Presidente Arzú en la consolidación del proceso de paz, en la democratización de Guatemala y en la consolidación del Estado de Derecho. 
Cierto es que se han detectado casos de tráfico de niños en este país, pero no es menos cierto que en este país también tienen de ello una larga experiencia que proviene del hecho lamentable de décadas de guerra civil, que ha provocado numerosos huérfanos, situación que se ve todavía más agravada por las terribles consecuencias que ha producido el huracán Mitch. 
La misión de Naciones Unidas en Guatemala tiene el mandato expreso de velar por los derechos humanos en ese país y yo creo que es importante subrayar que Guatemala forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Creo, señor Presidente, que es justo reconocer- y celebro que esté aquí esta tarde el Comisario responsable, el Sr. Marín- que, ante los devastadores efectos de ese huracán, la Comisión Europea ha reaccionado de forma rápida y eficaz, y esperamos que pueda proponer rápidamente un plan de reconstrucción para la región con arreglo a lo enunciado por el Comisario. 
Por eso quiero reiterar una vez más la necesidad de intensificar la cooperación con Guatemala y con toda América Central y, sobre todo, señor Presidente, intensificar las acciones tendentes a paliar el sufrimiento de la población y, muy especialmente, de los niños. 
Señor Presidente, en el año 1997 las adopciones internacionales en Guatemala se doblaron: más de 2.000 con un coste medio de 15-20.000 dólares. 
Lo que más nos llama la atención es que el código penal guatemalteco no contempla como delito el tráfico de niños y que el secuestro de niños es castigado con una pena de casi un año siendo posible suspender dicha pena. 
Por otra parte, consideramos imposible penalizar la adopción internacional, ya que estas adopciones, si se realizan cumpliendo correctamente todos los trámites, con garantías para el menor, brindan casi siempre la oportunidad de mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, no podemos negar que la adopción internacional es una forma importante de cooperación internacional. 
Mientras expresamos nuestra profunda preocupación por la difusión de la noticia de que, siempre en Guatemala, los que actúan para prevenir el tráfico ilegal de niños sufren amenazas e intimidaciones, pedimos firmemente a la Comisión y a los Estados miembros que exhorten al Gobierno guatemalteco a que vigile atentamente a fin de que los expedientes de adopción se tramiten con las debidas garantías jurídicas- nacionales e internacionales- y garanticen la seguridad de los funcionarios de justicia que luchan contra el tráfico ilegal. 
Proceso de paz en Colombia 
Señor Presidente, los últimos treinta años de Colombia representan una historia sombría. 
Decenas de miles de muertos, un paro gigantesco y un crecimiento económico demasiado modesto para las posibilidades que ofrece ese país. 
Los narcotraficantes ganan dinero a espuertas. 
El 80 % de las drogas que se venden en los Estados Unidos proviene de Colombia. 
El presidente Pastrana nos ha dado nuevas esperanzas y un nuevo impulso en las conversaciones de paz. 
Es una lástima que la ausencia en el último momento del líder de las FARC se pueda definir como decepcionante. 
Naturalmente, la Unión debe estimular ese proceso de paz y aportar su contribución. 
La estabilidad y la paz, lo sabe todo el mundo, son esenciales para dar un nuevo impulso a la economía. 
Confío en que así sea y confío en poder encender muchas velas a la María que sea. 
He de plantearle una cuestión a este Comisario en el marco del proceso de paz. 
En las Comunidades de Paz, una organización de pueblos que se creó hace un año en el norte de Colombia, cerca de Apartado y Río Sucio, hay bastantes proyectos ECHO. 
He estado allí hace un mes. 
Había un cartel en el campo: ECHO construye aquí un hospital. 
Las personas de allí me decían que se lo habían prometido hacía ocho meses, pero, por lo visto, el dinero se había quedado en Bogotá. 
Sé que usted no me puede dar una respuesta inmediata, pero quizá pueda usted llevarse la pregunta y en otro momento entraré personalmente en contacto con usted para hablar sobre el tema. 
Señor Presidente, quiero empezar esta intervención felicitando muy sinceramente al Presidente Pastrana por el trabajo que está haciendo en favor de la paz en su país, porque con los diálogos de San Vicente se abren expectativas reales y se da cumplimiento al mandato ciudadano por la paz expresado por diez millones de ciudadanos en las urnas. 
Pero también hay que decir que las FARC han entendido el momento histórico y aceptado el reto de participar en la construcción de ese nuevo espacio desde el diálogo. 
Hay que resaltarlo y reconocerlo, así como también reconocer que en la agenda del Presidente Pastrana hay coincidencias con las propuestas de la guerrilla. 
Tras el encuentro de ayer, las vías para la paz comienzan a percibirse con mayor nitidez. 
Sin embargo, la paz tiene enemigos muy poderosos. 
En esta ocasión, también hay que denunciar al paramilitarismo y condenar los crímenes. 
Más de cien personas han sido asesinadas con el único objetivo de obstaculizar la paz. 
Es un ataque frontal a toda la sociedad. 
La voluntad de combatir al paramilitarismo es clave para avanzar, como lo es erradicar el narcotráfico y la corrupción- todo ello está en la agenda -, pero, sobre todo, luchar contra la impunidad para asegurar la extensión de los derechos humanos y ciudadanos a toda la población. 
Los caminos de la paz son los que se expresan en el mandato ciudadano y no se puede desoír la voz del pueblo, ni empedrar el camino de víctimas. 
El Gobierno tiene la responsabilidad de extender y reforzar el Estado de Derecho y proteger a los que luchan por la dignidad y los principios democráticos. 
Pero también podemos pedir algunas cosas, y yo voy a pedir tres. 
La primera se la voy a pedir a la guerrilla: que ponga en libertad a todos los rehenes civiles. 
También tengo que agradecer a la guerrilla que haya puesto en libertad a la cooperante europea Camino Villanueva. 
Y quiero pedir a la Comisión, si es posible, ¿cuál podría ser la participación de la Unión Europea para la construcción de esos espacios de paz? 
Porque hay esperanza en Europa y creo que nosotros también podemos dar una respuesta. 
Señor Presidente, no puede haber paz sin derechos humanos. 
Pudimos constatarlo repetidamente durante el viaje de nuestra delegación a Colombia en diciembre. 
El mucho más de un centenar de asesinatos cometidos por los paramilitares han vuelto a evidenciarlo cruelmente una vez más. 
Los paramilitares no son interlocutores en las conversaciones de paz. 
Los paramilitares son bandas criminales que deben ser disueltas de inmediato. 
Sus miembros y quienes las financian deben ser juzgados y todos sus colaboradores dentro del Estado y de las fuerzas de seguridad deben ser destituidos en el acto. 
Porque sólo cuando el derecho a la vida esté garantizado en Colombia podrá existir la esperanza de una paz verdadera. 
Lo cual significa que las partes enfrentadas en la guerra deben comenzar a respetar de inmediato el Derecho humanitario. 
Significa que el Estado debe proteger a las víctimas, entre ellas el más de un millón de personas desplazadas, muchas de ellas negras e indígenas. 
¡Significa el fin de la impunidad y la reforma de la justicia, sobre todo de la jurisdicción militar! 
Debe ponerse en marcha la reforma agraria y es necesario establecer la justicia económica y social. 
También la Unión Europea debe contribuir a ello. 
Tenemos que prestar ayuda, en vez de buscar ventajas en la competencia por las exportaciones. 
Tenemos que pagar precios justos y promover un desarrollo regional. 
¡Porque la paz se alcanzará al final del proceso, no al principio! 
Señor Presidente, en el fondo sólo puedo sumarme a las palabras del orador que me ha precedido. 
Sin embargo, tenemos que preguntarnos cuándo se detendrá por fin el ciclo de violencia, asesinatos, secuestros y toma de rehenes en ese país, cuándo tendrán al fin las fuerzas políticas y los demócratas responsables la fuerza suficiente para hacer callar las armas y vencer a la corrupción y el tráfico de drogas. 
El Gobierno Pastrana- y le felicitamos por ello- ha comenzado a negociar ahora, con la fuerza de un nuevo gobierno, con la más poderosa de las partes en conflicto, con todas dificultades que esto supone. 
Sólo nos queda confiar en que a continuación se celebren también negociaciones con los demás grupos, que se acaben los secuestros, toma de rehenes y asesinatos por parte de los grupos paramilitares, pero también de la guerrilla, y que el ejército también comprenda al fin que no debe actuar militarmente sólo como defensor del poder del Estado, sino también como defensor de comportamientos democráticos y humanos. 
En este terreno, tanto al ejército como también- como ya se ha dicho- al Estado de derecho, para poder llegar a serlo, les queda en verdad mucho que aprender en Colombia y tenemos que ayudarles a hacerlo. 
Es deshonroso para un país encabezar una lista tan negativa. 
Pero todavía es más cruel y más terrible para sus gentes. 
Nosotros instamos al Gobierno a que proteja a los defensores de los derechos humanos y le apoyamos en el empeño, como también apoyamos sus esfuerzos en favor de la paz y la justicia. 
Durante nuestra visita a Bogotá, en diciembre, también hablamos con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Bogotá, que se ha manifestado con mucho valor en defensa de los derechos humanos. 
Estaba en duda si podría seguir abierta esa oficina. 
Nosotros lo deseamos encarecidamente y yo también quisiera preguntar a la Comisión si está haciendo todo lo posible para que se mantenga dicha oficina, que goza de una alta estima en Colombia. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que todos saludamos las propuestas de paz, pero es imposible que haya paz si en los últimos días, como dijeron otros compañeros, se asesinó a más de 100 campesinos, mujeres y niños, indiscriminadamente. 
Un artículo, que tengo aquí, de un colombiano que trabaja en Justicia y Paz, puede expresar mejor que nosotros cuáles serían las condiciones para alcanzar la paz en Colombia, y no se trata sólo de sentarse a hablar. 
Él menciona una reforma de la ley agraria, pues es necesario que se devuelva a los campesinos la tierra que se les robó; una ley de recursos naturales; y que se cumpla con cuatro necesidades básicas: vivienda, salud, educación y trabajo. 
Es decir, debe poder asegurarse un mínimo vital que impida que continúen de esta manera, no sólo los asesinatos, sino una guerra soterrada que acabaría con la gente de igual manera. 
Señor Presidente, desde el jueves 7 de enero entre 100 y 150 personas han perdido la vida en una serie de brutales matanzas cometidas principalmente por elementos paramilitares del EUC. 
No han sido matanzas indiscriminadas: los elementos paramilitares tenían listas de nombres, en particular de dirigentes y activistas comunitarios, y han ejecutado a las personas que figuraban en esas listas. 
Muchas de las víctimas de estos últimos días sufrieron crueles torturas antes de ser asesinadas, y la mayor parte de los ataques de elementos paramilitares tuvieron lugar en la parte septentrional del país. 
Al mismo tiempo que manifestamos nuestra satisfacción por las conversaciones de paz entre el Presidente Pastrana y las guerrillas de las FARC, que comenzaron en la fecha mencionada, el jueves 7 de enero, hemos de condenar el hecho de que los elementos paramilitares están esforzándose por sabotear dichas conversaciones. 
El Presidente de Colombia ha prometido que su gobierno desarrollará una acción decisiva contra esas fuerzas paramilitares ilegales. 
El lunes 11 de enero el Sr. Pastrana reiteró la responsabilidad exclusiva del Estado de desarmar a los elementos paramilitares en su proyecto de Orden del día de 10 puntos presentado a las FARC. 
Pero no ha sucedido nada de eso. 
Al contrario, hay pruebas bien documentadas y comprobadas en el plano internacional de que hay una colusión activa y continua entre las fuerzas armadas colombianas y esos grupos paramilitares. 
Pido al Comisario que, al clausurar este debate, se comprometa a formular una urgente demanda al Gobierno de Colombia para que examine la necesidad de adoptar medidas inmediatas y decisivas contra los grupos paramilitares a fin de proteger el frágil proceso de paz y para evitar nuevas y trágicas pérdidas de vidas, en particular durante las conversaciones de paz de estas próximas semanas. 
Señor Presidente, Colombia es un país que vive una situación muy difícil, con una guerra civil larvada desde hace más de 40 años, con dos importantes grupos guerrilleros que controlan un tercio del país y que, a diario, se enfrentan con el ejército, con numerosos grupos paramilitares empeñados en sembrar el terror entre la población a base de masacres, con 1.500 personas actualmente secuestradas, con dos procesos de paz fracasados en los últimos años y con docenas de miles de muertos. 
En medio de esta grave situación, surge una nueva oportunidad para la paz a propuesta del nuevo Presidente Pastrana. 
Una propuesta que, a mi juicio, recoge el sentir generalizado de los colombianos. 
Recientemente, un grupo de diputados tuvimos la oportunidad de conocer de cerca la situación colombiana entrevistándonos con prácticamente todos los ministros de Pastrana, con las entidades sociales y los principales sindicatos. 
La conclusión a la que personalmente llegué es que existe un deseo real y auténtico de alcanzar la paz, junto al convencimiento de que el proceso será largo y difícil y, sobre todo, la necesidad de contar con el apoyo internacional a nivel político y económico. 
Desde nuestro Grupo, entendemos que el Parlamento Europeo y la propia Unión Europea puedan jugar un importante papel en el proceso de paz de Colombia, internacionalizando el apoyo al mismo y poniéndose a disposición de las partes en aquello que les pueda ser útil. 
Sierra Leona 
Señor Presidente, estamos decepcionados e indignados por la reanudación de la guerra civil en Sierra Leona. 
Confiábamos en que el Gobierno y el Frente Revolucionario Unido conseguirían alcanzar una paz estable, una vez que el Presidente y el Gobierno civil recuperaron el control de la situación en marzo de 1998. 
Deberíamos hacer todo lo posible para restablecer la paz e instamos a ambas partes del conflicto a que acuerden sin demora una tregua e inicien negociaciones- las cuales yo creo que debemos apoyar -, y a que respeten plenamente los derechos humanos y reconozcan las convenciones internacionales sobre el respeto de los derechos humanos. 
Es necesario prestar ayuda humanitaria a la población necesitada que siempre se ve afectada por estos conflictos. 
Queremos evitar que se produzca una hambruna en dicho país, también es preciso atender a los refugiados en los países vecinos y, por lo tanto, en primer lugar es urgentemente necesario que se alcance una tregua. 
Señor Presidente, en este Parlamento ya se ha dicho todo sobre la legitimidad, incluso poco hábil, del Presidente Kabbah y sobre la ilegitimidad del RUF y de la rebelión militar. 
Por lo tanto, no insistiré en estas cuestiones, y desearía, sobre la base del ejemplo de Sierra Leona, efectuar un balance más general: el triple fracaso inducido por países inestables: el fracaso de la ONU, el de la OUA y- también hay que decir- el de la diplomacia de la Unión. 
El fracaso de la ONU; desde el momento en que el problema no es lo suficientemente grave, en opinión de los norteamericanos, como para que se arroguen el derecho de dictar la norma de Derecho internacional y de aplicarla militarmente, las Naciones Unidas van de humillación en desaire y retroceso. Desde la misión de los cascos azules en el ex Congo Belga hasta la misión de interposición en Sierra Leona, la lista de estos fracasos sería extensa. 
Esta lista seguirá abierta hasta tanto la ONU no sea dotada de los medios militares permanentes para hacer respetar el Derecho internacional que pretende crear. 
En cuanto a la tan mal llamada Organización para la Unidad Africana, que sería mejor llamar «Organización para la connivencia entre Jefes de Estado africanos» , ha decidido delegar sus poderes a potencias regionales. 
¿Se ocupa, mientras tanto, del desarrollo o de los progresos democráticos que permitirían relajar las tensiones? 
Desde su creación, ésta se preocupa casi exclusivamente de hacer respetar las antiguas fronteras coloniales, es decir, de garantizar la perennidad del sistema de poder de sus miembros. 
Con respecto a la Unión Europea, finalmente, debemos señalar que, tanto en Sierra Leona como en otros lugares, la misma está dramáticamente ausente, ya que no ha sabido conjugar su ayuda económica con una verdadera influencia diplomática. 
De este modo, deja el campo libre a las diplomacias postcoloniales de sus Estados miembros, que con frecuencia han demostrado en el pasado su propensión a alimentar las crisis y, en todos los casos, su impotencia para solucionarlas. 
Señor Presidente, en los pasados meses tuvimos que ocuparnos repetidamente del empeoramiento de la situación en Sierra Leona. 
De hecho, se trata de un país en el cual, durante los últimos años, la situación se ha ido deteriorando tanto en el plano político como en lo referente a las condiciones de vida de la población. 
En estas últimas semanas, debido al repetido intento de las fuerzas rebeldes de conquistar el país, se han vuelto a registrar luchas muy sangrientas que han causado de nuevo miles de víctimas y han convertido en aún más dramática, si cabe, la situación de la población civil. 
Hace pocas horas se ha difundido la noticia del secuestro del Arzobispo de Freetown, Josep Hendri Ganda, que se ha producido tras ser tomados como rehenes varios misioneros italianos, de los cuales uno, el javeriano Mario Guerra, sigue en manos de los rebeldes. 
Ante esta situación, obviamente, lo más urgente y prioritario es pedir el inmediato alto el fuego y la liberación de todos los rehenes, así como tomar medidas para cubrir las necesidades más inmediatas de la población. 
Es necesario poner fin a toda vejación de la población civil y permitir que los agentes encargados de prestar las ayudas realicen su labor. 
El restablecimiento del control del país por parte de las fuerzas gubernamentales legítimamente elegidas, sin embargo, ha de llevar aparejada la puesta en marcha de una tarea de mediación y de reconciliación nacional más profunda que, por sí sola, puede ofrecer al país un orden político e institucional estable y evitar futuras tragedias. 
Evidentemente, el papel de la Unión consiste en intervenir, también en este caso, en términos de ayuda humanitaria, para paliar las necesidades más urgentes de las poblaciones y de los miles de refugiados en los países vecinos, así como en actuar para promover el diálogo, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos convirtiéndose, si fuera necesario, en promotora de una iniciativa propia. 
Señor Presidente, señor Comisario, y también in absentia la Presidencia alemana del Consejo que no nos acompaña: todos estamos aterrorizados. 
Y esa es exactamente la expresión que ha utilizado el observador de ACNUR ante lo que está ocurriendo en Sierra Leona. 
Hemos tenido ocasión de contemplar en televisión, hace todavía poco tiempo, escenas terribles: lo que las fuerzas rebeldes de Foday Sankoh han calificado, con terrible humor negro, como la «manga corta» y la «manga larga» , según cortaban los brazos de los civiles, de los niños y de las mujeres un poco más abajo del hombro o a la altura de la muñeca. 
Señor Presidente, es verdad que la comunidad internacional tiene una responsabilidad al respecto, sin duda. 
Pero no lo es menos que son los habitantes mismos de Sierra Leona y, sobre todo las fuerzas políticas y militares, las que deben encontrar una solución a su problema. 
Se ha contemplado el espectáculo sorprendente del líder de los rebeldes que acabo de mencionar transportado en avión desde la ciudad donde está encarcelado, Freetown, hasta Conakry por las fuerzas nigerianas para unas negociaciones en las cuales él pone la condición previa de su propia libertad. 
Si esa libertad sirviera para que esas fuerzas que de él dependen no actuaran con esa brutal crueldad y también para que no respondiera en la misma moneda un gobierno al que tenemos por civil y que fusila a miembros de la junta militar sin derecho de apelación, algo habríamos avanzado. 
Señor Presidente, dos periodistas españoles excelentes- Javier Reverte y Alfonso Armada -, como sin duda los hay en otros países, han publicado recientemente muy buenos libros sobre el África subsahariana y nos han pedido a todos comprensión. 
Yo creo que tenemos que tener esa comprensión, pero también debemos tener la exigencia de pedir a los ciudadanos armados de Sierra Leona que se comporten, simplemente, como seres humanos. 
Señor Presidente, es sumamente importante haber presentado esta resolución en el Parlamento, porque puede contribuir, aunque sea mínimamente, a la reconstitución de lo que, hoy por hoy, falta en Sierra Leona, así como en otros muchos países del África subsahariana, es decir, un poco de sentido del Estado. 
En efecto, en esa región se ha perdido cualquier atisbo de Estado. 
Bandas armadas, señores de la guerra, traficantes de armas y sobre todo de materias primas, de las que esa tierra es tan rica, hacen lo que quieren y desprecian los derechos humanos más esenciales. 
Es primordial que la iniciativa de la Unión Europea llame la atención sobre la importancia de ser Estado, antes que Estado de Derecho, antes que Estado democrático, al objeto de contribuir a reconstituir algunas condiciones mínimas de convivencia civil. 
Señor Presidente, empezaré por el orden en que se han producido las distintas intervenciones. 
En cuanto a Timor Oriental/Indonesia, la Comisión siempre ha apoyado el proceso democrático en Indonesia y, naturalmente, prestará asistencia en las próximas elecciones en forma de un paquete general cuyos pormenores están todavía por determinar, aunque es una materia- como sabe bien el Sr. Bertens- que se está discutiendo en el Consejo. 
El 8 de diciembre de 1998, los Embajadores de la troika de la Unión Europea en Yakarta se reunieron con el Presidente Habibi para obtener información de primera mano sobre sus planes y acciones para aplicar las acciones tomadas por la Asamblea Popular consultiva en relación con las reformas políticas, económicas y, en particular, por lo que se refiere a unas elecciones democráticas, abiertas, libres y equitativas. 
El Presidente Habibi confirmó las fechas- del 7 de junio de 1999 para las elecciones, y el 29 de agosto de 1999 para tomar juramento a los nuevos miembros del Parlamento-. 
Tampoco tuvo problemas para aceptar asistencia y observación internacional, así como la presencia de observadores internacionales en estas elecciones. 
Por lo que concierne a Timor Oriental, la Unión Europea también apoya plenamente la iniciativa de las Naciones Unidas para crear una representación permanente de las Naciones Unidas en Timor Oriental. 
La Unión Europea ha expresado en innumerables ocasiones a las autoridades indonesias su preocupación en relación con los diversos incidentes violentos producidos en algunas zonas de Timor Oriental, en las que- se alega- murieron un considerable número de civiles. 
Para principios de febrero se prevé una visita a Timor Oriental del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, y la Unión Europea también se congratula por la creación, en enero de 1999, de secciones de interés que permitirán mantener una presencia portuguesa en Yakarta, con la posibilidad de acceso libre a Timor Oriental. 
La Unión Europea confía en que se alcance un acuerdo final sobre las propuestas de las Naciones Unidas para un estatuto de autonomía. 
Respecto a otras preguntas sobre Timor Oriental, hemos informado repetidas veces al Parlamento de que existe un programa específico de cooperación con Timor Oriental, que está realizado fundamentalmente a través de ONGs y de las iglesias presentes en la zona. 
En cuanto al Sáhara, Colombia, el tráfico de niños y Sierra Leona, quisiera decirles que, con toda simpatía- ya que, a partir de la sesión de esta mañana, queremos revisar todo el modo de funcionamiento de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo -, estoy seguro de que les voy a decepcionar, porque el 90 % de las cosas que me han preguntado, normalmente, se lo tendrían ustedes que preguntar al Consejo, porque finalmente yo no voy a hacer sino repetirles las posiciones comunes que han sido ya adoptadas y que ustedes saben. 
En consecuencia, les pido disculpas si nos les puedo dar una respuesta adecuada en los problemas que tienen que ver con el Sáhara Occidental, el problema de Colombia y de Sierra Leona así como el tráfico de niños. 
En cuanto al Sáhara Occidental, les tengo que comunicar, efectivamente, que la posición, hoy por hoy, de la Unión Europea es la declaración de la Presidencia del Consejo del día 29 de diciembre del año pasado. 
Informaré, en consecuencia, al Consejo de las inquietudes expresadas por este Parlamento. 
En lo que concierne a la Comisión Europea, vamos a mantener nuestro sistema de ayuda humanitaria para ayudar a las poblaciones saharauis a través de ONGs, como lo estamos haciendo. 
Se mantendrá el sistema de ayuda alimentaria y médico-sanitaria para los refugiados. 
En este sentido se ha adoptado una decisión- en octubre de 1998 -, como ustedes saben, y el conjunto de la ayuda que se está suministrando a la población saharaui asciende aproximadamente a 10 millones de euros. 
En cuanto al tráfico de niños en Guatemala, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento respecto a los serios problemas que afronta Guatemala en lo que concierne al tráfico de niños y a las adopciones ilegales. 
Se ha venido siguiendo de cerca esta situación- no solamente en Guatemala, sino también en otros países- y, en lo que concierne a Guatemala, se han puesto en marcha una serie de programas específicos destinados a aportar una solución, o una parte de la solución, a este sector de la población. 
En concreto, en Guatemala, existe un programa de aproximadamente 2, 5 millones de euros, que actúa en tres niveles. 
Primero, lógicamente, se dedica a la promoción de la aplicación del Convenio sobre la protección de los niños, ratificado por Guatemala en 1989, a la espera de que se ponga en marcha la aplicación del Código de la Infancia. 
Es decir, el problema ya no es tanto el Convenio de Protección y el Código de la Infancia, que se está ayudando a realizar con las autoridades guatemaltecas, sino- como ocurre en la mayoría de estos países- en la eficacia y capacidad de aplicación. 
Se está divulgando el nuevo Código de la Infancia a través de acciones de formación de personal y preparación de las instituciones implicadas- jueces, secretaría de bienestar social, procuraduría, instituciones encargadas de la infancia y de la juventud- y, naturalmente, con una gran colaboración con UNICEF en lo que concierne al Código de la Infancia. 
Y luego, se está intentando también que la Asamblea Nacional, que es una de las grandes lagunas que existen en Guatemala, adopte una ley sobre la adopción, tanto nacional como internacional, porque finalmente una adopción legal, en sí misma, no es deseable seguramente para las familias que son pobres, pero mejor será una adopción en forma regular y legal que de una manera ilegal. 
Y también mencionaría en este punto- no sólo para Guatemala, sino en general- todo lo que tiene que ver con tráfico de niños, prostitución infantil, pederastia, otros problemas que tenemos con los países del Tercer Mundo, como el tráfico de órganos, etc... 
Estos temas hay que tratarlos, para tener una visión de conjunto, bajo el principio de la corresponsabilidad. 
Quiero decir que los países ricos adoptamos ilegalmente, consumimos droga, compramos órganos, etc., y no se puede sólo mirar desde el Norte al Sur desde una perspectiva fiscalizadora, sabiendo que son los países más desarrollados los que facilitan, debido a su nivel económico y financiero, este tipo de comercio. 
En consecuencia, esto hay que equilibrarlo un poco. 
Sobre Colombia, diré que transmitiremos al Consejo los argumentos políticos que ustedes han señalado, así como lo que pueda hacer la Comisión. 
En cuanto a la posición de la Unión Europea, hay otra declaración del 8 de enero de 1999, y esa es la posición del Consejo. 
Y vuelvo a insistir en lo mismo: es muy difícil para la Comisión hacer este tipo de debates porque, aparte de decirles a ustedes algo que ya saben- que hay una posición del Consejo, y seguramente ustedes dirán que no aporta nada -, yo no puedo aportar más. 
Por eso creo que, en el futuro, sería muy bueno que en este tipo de debates participara fundamentalmente el Consejo para poder tener con ustedes un debate político real. 
En cuanto a lo que me preguntaba la Sra. Lenz- y eso sí que es competencia de la Comisión -, la Sra. Mazarrasa nos ha comunicado su deseo de partir, porque lleva dos años trabajando allí. 
Como ustedes pueden imaginar, el trabajo a favor de los derechos humanos en Colombia es muy duro, y entonces ha manifestado su derecho de partir. 
La Sra. Robinson vino a vernos porque había un compromiso para la Oficina en Bogotá, un compromiso de la Unión Europea de financiar solamente un año. 
Como la situación de los derechos humanos en Colombia era muy angustiante, decidimos financiar otro año más y una cuestión que tendremos que plantearnos es si seguimos financiando o no. 
Mi opinión es que debemos hacerlo porque la situación de las Naciones Unidas, y particularmente de la Oficina de la Sra. Robinson, no es muy brillante en términos financieros. 
De todas maneras, lo digo con mucha prudencia, porque ahora la Comisión, después del debate de esta mañana, no es fácil que tome decisiones independientes y entonces veremos la forma de informar al Parlamento Europeo. 
Si el Parlamento Europeo está de acuerdo- seguro que va a estar de acuerdo -, podremos iniciar la financiación. 
Vamos a ser muy escrupulosos con lo que ustedes decidan. 
Pero tenemos que empezar a ser coherentes. 
Estamos aprobando resoluciones que implican gastos. 
Y no podemos votar una cosa por la mañana y luego, por la tarde, pedir decisiones que implican gastos. 
Yo les he dicho que estoy de acuerdo con la propuesta, que necesitamos seguir financiando, pero lo tendremos que hacer, a partir de ahora, de la manera que ustedes han querido esta mañana. 
En consecuencia, mi posición y la propuesta que yo voy a hacer es positiva, de seguir financiando. 
Por otro lado, se plantea la cuestión de saber qué podemos hacer en materia de acompañamiento de la paz. 
La Unión Europea como tal no es parte internacional en el proceso, aunque es verdad que el delegado de la Comisión ha sido invitado a la ceremonia de apertura de la paz. 
La propuesta que hicimos al anterior Gobierno, y que hemos mantenido al presidente Pastrana- que creo que va a hacer próximamente una visita a la Comunidad Europea- será de hacer una política de acompañamiento sobre todo en lo que se refiere o a reformas internas, o a todo el capítulo que se refiere a desplazados y refugiados, donde ya tenemos una cierta experiencia por otros conflictos anteriores en El Salvador, Nicaragua o Guatemala. 
En cuanto a Sierra Leona, la Comisión, Sr. Robles Piquer, está siguiendo muy de cerca los acontecimiento de Sierra Leona y, particularmente las recientes luchas entre las fuerzas rebeldes, incluido el Frente Unido Revolucionario, y los soldados del antiguo ejército de Sierra Leona y las fuerzas de intervención regional de Ecomog. 
Y la Unión Europea, junto con otros socios, ha emitido una declaración también sobre la condena del reciente intento de los rebeldes de derribar por segunda vez en dos años el Gobierno legítimamente elegido del Presidente Kabbah. 
La Unión Europea ha decidido dar apoyo político al Gobierno del Presidente Kabbah y a todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para resolver actualmente esta crisis de una forma negociada, aunque la verdad, como usted ha señalado, la situación está cambiando cada día. 
Una vez que se aclare la situación, la Comisión considerará qué apoyo práctico puede suministrar para facilitar las negociaciones de paz. 
Y, sobre la parte que sí es competencia de la Comisión, que es la situación humanitaria, no le puedo ocultar que, debido a la situación que se ha creado, nos hemos visto obligados a evacuar a los ciudadanos extranjeros y, en consecuencia, debido a la extrema violencia que existe, sobre todo en Freetown y en sus alrededores, no hay posibilidad de prever ningún acceso de ayuda humanitaria. 
En consecuencia, le confirmo que, dentro del país, la situación es imposible. 
Es mucho mejor, en términos de ayuda humanitaria, la situación que existe en los países vecinos de Liberia y de Guinea Conakry, donde sí le puedo decir que la situación, si no se halla bajo control, por lo menos se está trabajando muy fácilmente. 
Presidente, no he comprendido del todo una puntualización del Comisario. 
Siento un gran respeto por sus palabras en el sentido de que él mismo se comisionará completamente en el Parlamento y en el trabajo. 
Lo único que nos queda apreciarlo mucho después del día de hoy. 
Pero no entiendo del todo que, cuando nombra a continuación una lista de países en los que queremos que se emprenda una acción, hable de presupuestos. 
Pienso, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, la Comisión tiene todas las cartas en su mano; en realidad, no debería significar ningún problema en este momento el caso de Bruce Harris, la Casa Alianza, que ya está financiada por la Comisión y, además, es un miembro activo del European Network on Streetchildren Worldwide, que también fue financiada por la Comisión en el pasado,. 
El Comisario podría llamar por teléfono mañana a la delegación de allí y decir: emprended una acción con el Gobierno de Guatemala. 
Señor Presidente, el Sr. Marín ha dicho algo que yo comparto en el sentido de que gran parte de lo que se aprueba en el debate de actualidad y urgencia corresponde al Consejo. 
Entonces, me gustaría que la Presidencia del Parlamento que usted representa me ilustrase respecto a esta situación, porque realmente si en el debate de actualidad y urgencia discutimos temas de política exterior que son responsabilidad del Consejo, ¿cómo podemos hacer los parlamentarios, o el Parlamento en sí, para garantizar en estos debates- que tienen mucha importancia- la presencia del Consejo? 
No sé si es un vacío de nuestro Reglamento. 
Si fuera ése el caso, le rogaría que lo transmitiera a la Presidencia del Parlamento para que analice este tema y nos haga una propuesta reglamentaria para resolver este problema. 
El señor Comisario me permitirá que le diga que tiene razón. 
Sin embargo, yo he notado que en el tratamiento de los distintos temas de procedimiento... 
El Presidente interrumpe a la oradora 
Creo que he sido muy indulgente pero no puedo permitir que siga usted haciendo uso de la palabra. 
Sin embargo, contestaré a lo que ha dicho acerca de la asistencia del Consejo. 
El Consejo tiene derecho a asistir a cualquiera de nuestros debates y a tomar la palabra en ellos si así lo desea. 
Hay alguien del Consejo en esta sala y está tomando notas. 
Hasta ahora no ha habido ningún caso en que un representante de la presidencia del Consejo que esté aquí presente tome la palabra. 
El Parlamento puede pedir en todo momento que el Consejo esté presente en nuestros debates. 
Si lo hiciéramos me temo que tendríamos que cambiar la fecha o la hora del debate sobre las cuestiones de urgencia, porque ningún Estado miembro podrá enviar a un ministro para que esté presente a esta hora en jueves. 
Señor Marín, ¿quiere contestar usted? 
vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, cuando he dicho que muchas de las preguntas que ustedes hacían eran para un debate político con el Consejo, no he querido crear una contradicción dialéctica o poner en evidencia que el Consejo no esté aquí. 
Todo se interpreta de una manera un poquito extraña. 
No me refería a eso, en absoluto. 
Quiero decirles que, aparte de las posiciones comunes y declaraciones aprobadas por el Consejo, difícilmente puedo yo contarles otra cosa diferente. 
En consecuencia, les advertía que ustedes han introducido gran parte de elementos políticos que yo no tengo la capacidad de responder. 
A eso me refería. 
Y como no tengo la capacidad, prefiero no hacerlo, porque esta es una materia que, en cualquier caso, yo la puedo trasladar, o el Parlamento la puede trasladar, al Consejo. 
Pero es al Consejo al que le compete tomar la decisión final. 
En el tema de Guatemala, Sra. Van Putten, nosotros tenemos el programa que le acabo de señalar, que se ocupa de los niños de Guatemala. 
Guatemala no es el único caso. 
Le citaré de memoria: en América Latina, si mi memoria funciona todavía, hay el mismo problema en Brasil, donde hay otro programa, tenemos otro programa en Colombia, lo mismo en cuatro o cinco países de América Latina. 
Y dentro de las posibilidades financieras que tenemos, se intenta implementar, en primer lugar, una legislación de base- eso en Guatemala está bastante avanzado-. 
Pero insisto, en estos países el problema no consiste sólo en tener la legislación, es sobre todo la capacidad de aplicarla. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Telkämper, creo que desea solicitar una cuestión de orden. ¿Es exacto? 
Señora Presidenta, yo quisiera recoger la sugerencia del Presidente de sesión, Sr. Martin. 
No se trata de crear una contradicción entre la Comisión y el Consejo o entre el Consejo y el Parlamento. 
Yo creo que el Consejo debería estar presente porque en nuestra calidad de parlamentarios nos hemos referido varias veces a él y debería conocer lo que aquí se dice. 
Por ejemplo, en el caso del Sahara Occidental, el Consejo tiene, a mi modo de ver, una función distinta a la de la Comisión en relación con la ayuda humanitaria y es preciso que lo sepa. 
Por lo tanto, se trata de una exigencia política. 
Por esto yo le ruego, señora Presidenta, que transmita a la Mesa, en nombre de los parlamentarios, la petición de que se celebre una sesión conjunta sobre este tema, en la que la Comisión exponga su posición, pero el Consejo tenga conocimiento de lo tratado. 
Sí, señor Telkämper, así se hará, y pienso, en efecto, que el Consejo debería estar presente. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1096/98 del Sr. Newens, en nombre del Grupo del PSE, sobre el proceso de paz en Filipinas; -B4-1106/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Filipinas; -B4-1147/98 de las Sras. Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre Filipinas; -B4-1158/98 del Sr. Puerta, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el proceso de paz en Filipinas; -B4-1160/98 del Sr. Telkämper y la Sra. McKenna, en nombre del Grupo V, sobre Filipinas. 
Señora Presidenta, desde hace mucho tiempo el Parlamento Europeo es partidario de que haya un proceso de paz en Filipinas y se ha esforzado por conseguirlo de diversas maneras. 
Ahora que hay en vigor un acuerdo entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional y que este acuerdo ha sido aceptado por ambas partes, es importante que sus propuestas se pongan en práctica íntegramente y que se adopten sin demora todas las medidas subsiguientes. 
Puede decirse que hay buena voluntad por ambas partes, pero algunas facciones que rechazan el papel dirigente del FDN parecen negarse a renunciar al conflicto y por lo tanto queda aún por hacer un gran volumen de penosos trabajos si queremos que la paz sea completa y duradera. 
Hay que esforzarse vigorosamente por promover las cuestiones de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la reforma agraria y el desarrollo rural si queremos que el acuerdo sea un éxito completo. 
La Comisión y el Consejo- y una vez más mencionamos al Consejo- tienen que brindar su pleno apoyo a este proceso y les instamos a que obren en ese sentido. 
Para acabar pediré al Parlamento que preste su apoyo completo y unánime a esta propuesta. 
Señora Presidenta, Señorías, por una vez, el jueves por la tarde, nos encontramos en este Pleno para saludar un ejemplo que parece bueno y no simplemente malo. 
El acuerdo de adherirse a los principios e instrumentos de respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, aprobado el 7 de agosto de 1998 por el Gobierno filipino y por los que eran los rebeldes, se está cumpliendo: se están aprobando proyectos de carácter socioeconómico, programas de desarrollo, de democratización de este país y parece que también se respetan los derechos humanos. 
Por lo tanto, no solo deberemos respaldar esta resolución, sino también estudiar atentamente el caso filipino, ya que se nos puede presentar como un ejemplo, como un modelo virtuoso que merece ser exportado. 
No creo que haya que añadir nada más, sino que es preciso no bajar la guardia, pues es indudable que sigue siendo necesario el apoyo, no sólo moral, de la Unión Europea para que el proceso de democratización pueda continuar y consolidarse. 
Señora Presidenta, Filipinas es un país que mantiene muchas vinculaciones con Europa, a veces lamentablemente también con algunas consecuencias negativas desde el punto de vista de Europa. 
Una de ellas es sobre todo el turismo sexual, cuyas causas residen sin embargo en su mayor parte en Europa. 
Hoy se debate una resolución sobre el proceso de paz en Filipinas, sobre el proceso de paz entre el Gobierno y el Frente Democrático Nacional. 
Proceso de paz que será favorable para la población y para el país. 
Deben cesar los enfrentamientos preñados de conflictos y los esfuerzos en favor de la paz, las reformas sociales y económicas y también la reforma agraria deben caracterizar, por el contrario, el panorama político. 
Los derechos humanos sólo pueden salir ganando con ello. 
Éstos forman parte del proceso. 
En Filipinas se conoce, en cualquier caso, muy bien el valor de la democracia. 
Y también el valor del Derecho Humanitario Internacional. 
En Filipinas hay muchas organizaciones, ONG de carácter social y eclesiástico, que trabajan en favor de las personas y de la paz. 
Yo desde luego deseo que la ayuda de la Unión Europea les llegue también, pues necesitamos contar con todo el apoyo en favor de este proceso de reconstrucción de la paz y la democracia en un país ya democrático, con toda su complejidad. 
Instamos al Gobierno y a los partidos a que intensifiquen sus esfuerzos y pedimos a la Unión Europea que los apoye. 
Yo quisiera aprovechar para añadir, señor Comisario, que no sé si debo alegrarme de que usted se muestre repentinamente tan solícito con el Consejo. 
Aquí no estamos habituados a esta actitud. 
El objetivo de la pregunta que le he formulado antes, como el de muchas otras, también era aclarar quién debe participar en las decisiones sobre la utilización de los fondos de la Unión Europea. 
Este es el aspecto al que me refería antes. 
Señora Presidenta, el proceso de paz en Filipinas ya es largo. 
La Unión Europea y el Parlamento también han contribuido de manera importante a la paz. 
Yo al menos recuerdo varias delegaciones en el marco de la ASEAN, en los primeros tiempos del Gobierno de la Sra. Aquino, por ejemplo; entonces apoyamos firmemente este proceso. 
La buena voluntad existe por ambas partes, por parte del FDNF y por parte del Gobierno, como ya se ha dicho, y exige nuestro apoyo. 
A mí me parecen particularmente importantes dos aspectos. 
En primer lugar, la vigilancia del respeto de los derechos humanos y, en segundo lugar, la reforma agraria necesaria. 
Esto nos lleva de nuevo al tema del conflicto institucional entre la Comisión y el Consejo. 
Yo creo- y quiero resaltarlo explícitamente hoy aquí, señor Marín- que la Comisión ha realizado un buen trabajo y un trabajo importante en Filipinas. 
Evidentemente, es importante que se lleven a cabo proyectos y sólo pueden realizarse aquellos que respeten los derechos humanos. 
Pero esto es una cuestión política. 
La exigencia de una reforma agraria se dirige al Consejo. 
Por esto, antes de acabar mi intervención, yo quiero rogar una vez más que la Mesa recabe la presencia del Consejo- tal como propuso antes David Martin- con objeto de que pueda recibir estos mensajes y podamos tratar conjuntamente el tema. 
Muchas gracias, señor Telkämper. 
Tomo nota de ello. 
Señora Presidenta, Comisario, me alegra que el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas se hayan consagrado a desarrollar un proceso de paz. 
Me alegra particularmente que en ese proceso las dos partes hayan dado pruebas de buena fe y también que hayan tratado de cuestiones políticas, de derechos humanos y de cuestiones sociales y económicas. 
Ahora bien, es una pena que últimamente el proceso haya perdido velocidad; éste es un rasgo inquietante. 
Reviste importancia vital que se invierta esa tendencia y que consigamos acelerar el ritmo de las negociaciones de paz. 
Un importante elemento para conseguir que eso suceda, como ya ha dicho el Sr. Smith al presentar la resolución, es el papel que desempeñen el Consejo y la Comisión. 
En este contexto quisiera subrayar la propuesta que figura en el párrafo 4 del texto de transacción, que insta a esas dos instituciones a prestar todo el apoyo y toda la asistencia que sean necesarios para facilitar las negociaciones de paz. 
Subrayo lo que acabo de decir y pediré a los diputados de este Parlamento que apoyen esta propuesta concreta de transacción. 
vicepresidente de la Comisión. Señora Presidenta, en la primera reunión de altos funcionarios Comunidad Europea-Gobierno filipino, celebrada en Manila en diciembre de 1997, se acordó definir como áreas prioritarias de la asistencia de la Unión Europea las cuestiones de rehabilitación y de reforma rural que afectan singularmente a la población musulmana indígena de Mindanao. 
En consecuencia, están en curso de ejecución tres proyectos por un importe total de 21 millones de euros con vistas a impulsar y consolidar el proceso de paz entre el Gobierno filipino y el NDF. 
Por otra parte, la Comisión está actualmente preparando un proyecto de 14 millones de euros para reforzar las comunidades de la reforma agraria de las cuatro provincias del centro de Mindanao y que va a ir dirigido preferentemente a las poblaciones musulmanas e indígenas de las provincias de la zona. 
Coincidiendo con la intención también del Gobierno filipino, el proyecto estará dirigido a las comunidades musulmanas, en especial a los repatriados rebeldes convertidos en beneficiarios de la reforma agraria de aproximadamente 37 comunidades. 
Su finalidad es prestar asistencia para mejorar la propiedad de la tierra, organizar y fortalecer las asociaciones de agricultores, proporcionar la infraestructura social básica, como el abastecimiento de agua y las instalaciones educativas y sanitarias, fomentar la productividad y emprender proyectos de infraestructuras menores. 
Este es el resumen que le puedo hacer de cuál es la intervención de la Unión Europea en el proceso de rehabilitación y reforma rural de la zona de Mindanao, pues es uno de los elementos centrales del proceso de paz que se negoció hace algunos años con el Frente Moro de Liberación. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de un momento. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1094/98 del Sr. Ford, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la deslocalización de Xerox; -B4-0077/99 del Sr. Langendijk, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la deslocalización de Xerox; -B4-0081/99 de la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Pronk, en nombre del Grupo del PPE, sobre la deslocalización de Xerox. 
Señora Presidenta, me referiré en nombre del Grupo Socialista a la deslocalización de puestos de trabajo de la sociedad Xerox, y antes que nada quisiera disculparme en nombre del Sr. Metten, autor como yo de este proyecto, que por haberse retrasado el presente debate ha tenido que regresar a los Países Bajos. 
Por lo que se refiere a nuestra resolución permítanme que les hable con toda claridad. 
Nuestra resolución trata del traslado de 250 puestos de trabajo de Venray en los Países Bajos, y de más de 500 puestos de trabajo de Mitcheldean en el Reino Unido, a Irlanda. 
Sin embargo, esta resolución no constituye un ataque contra Irlanda ni contra los irlandeses; tampoco es un ataque contra el proceso de paz. 
Vamos a votar a favor de la enmienda 6, presentada por la Sra. Ahern y la Sra. McKenna, que indica que la creación de puestos de trabajo en la región de Dundalk representa un importante apoyo para la paz y la reconciliación en la zona fronteriza y acoge con satisfacción en principio la iniciativa encaminada a crear empleo en la región. 
La resolución conjunta en nombre del Grupo Socialista, el Grupo Demócrata Cristiano y el Grupo GUE trata de dos importantes cuestiones diferentes. 
La primera es el hecho de que la sociedad Xerox, empresa transnacional radicada en América, no haya consultado adecuadamente a la fuerza de trabajo, particularmente en Mitcheldean, ni al gobierno local en los dos casos. 
La sociedad alega que ha seguido la ley al pie de la letra, pero el testimonio de la fuerza de trabajo de Mitcheldean, dos de cuyos integrantes están sentados hoy en la galería, sugiere que el espíritu de la ley ha sido víctima de un grave abuso. 
La sociedad- la sociedad Xerox -, dicen, les ha colocado ante un hecho consumado, actuando poco a poco pero con decisión. 
A principios de esta semana la sociedad Xerox me dijo que las consultas comenzaron el 7 de abril de 1998 y que hasta septiembre no se adoptó la decisión final. 
Ahora bien, más tarde he recibido una fotografía y un informe de prensa que muestran a la Sra. Mary Harney, Viceprimer Ministro irlandés, con el Sr. Bill Good, Director Gerente adjunto de Xerox, anunciando el 2 de junio la construcción de la nueva fábrica. 
El período de consulta auténtica fue tan corto que el proceso fue apenas algo más que una farsa. 
Espero que la sociedad Xerox, cuando se apruebe esta resolución, haga un nuevo esfuerzo más sincero y más apropiado. 
La segunda cuestión de que nos ocupamos se plasma en la inquietud de ámbito más general de que se puedan utilizar fondos de la ayuda de la Unión Europea para trasladar puestos de trabajo de un lado de Europa a otro. 
Con 20 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, número que no deja de aumentar, somos resueltamente partidarios de que se creen puestos de trabajo, pero Xerox nos brinda un ejemplo- que no es en absoluto el único, que no es en absoluto el peor y que, desgraciadamente, no será en absoluto el último- de que, si uno analiza de cerca la situación, comprueba que lo que se presenta como puestos de trabajo nuevos y relucientes no son en realidad más que un espejismo. 
Se trata de puestos que otras personas ocupaban, que han sido secuestrados y por los que se pide un rescate, y que acabarán por ser vendidos en Europa al mejor postor. 
Los «puestos que otras personas ocupaban» han sido causa de desconsuelo para muchas familias y comunidades. 
En los bosques de Dean, que es una zona en la que el desempleo es muy elevado, Xerox es la principal fuente individual de trabajo. 
Esto no es una forma adecuada de utilizar los fondos comunitarios. No es una forma adecuada de utilizar la asistencia de la Unión Europea. 
No es una forma adecuada de utilizar la asistencia nacional. 
Que queden las cosas bien claras: Irlanda ha sufrido tanto como el que más. 
La empresa «Fruit of the Loom» se ha trasladado recientemente a una región más rica. 
Tenemos que percatarnos todos nosotros, y tenemos que decírselo a los que no lo sepan, que este tipo de «subastas» realizadas por los Países Bajos no aportan nada de positivo en términos de creación de puestos de trabajo. 
He hablado esta semana con Xerox. 
Han cambiado ligeramente de actitud. 
Por fin han convenido en estudiar las solicitudes de cambios de puestos de trabajo de las personas que reúnan las condiciones apropiadas, y por eso hemos tenido que rechazar la enmienda 5 del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo ARE, que dice que Xerox está examinando esas solicitudes. 
Es una afirmación difícil de creer cuando el principio se aprobó hace apenas dos días. 
Xerox es un ejemplo concreto de un problema que desgraciadamente es demasiado corriente. 
Tenemos buenas razones para quejarnos y para protestar acerca de este caso concreto, pero también tenemos la obligación de utilizar el poder del Parlamento para modificar las reglas a fin de proteger también a las víctimas de mañana. 
Señora Presidenta, siempre es causa e profunda preocupación que la gente pierda sus puestos de trabajo y es perfectamente adecuado y natural que nos ocupemos de las cuestiones relativas a las consultas y al cumplimiento de las normas reglamentarias de la UE. 
Sin embargo, esforzarse por crear puestos de trabajo para otros, particularmente en una región como Dundalk que necesita estabilidad económica para afianzar el proceso de paz y de reconciliación, es algo inaceptable. 
Por eso me satisfacen mucho los comentarios del Sr. Ford, y es importante el hecho de que esté de acuerdo con mi enmienda, que enuncia el principio de la creación de puestos de trabajo en esa zona. 
La deslocalización se refiere al traslado de instalaciones industriales de un Estado miembro a otro, y afecta a la Unión Europea en la medida en que la ayuda estatal o los fondos estructurales alimentan y fomentan, o parecen alimentar y fomentar, dicha deslocalización. 
Sin embargo, muchos factores pueden contribuir a la decisión comercial de deslocalizar una fábrica. 
A este respecto, en Irlanda hay una cuestión que suscita críticas constantes y es el hecho de que miembros del gobierno, en particular primeros ministros y primeros ministros adjuntos, se precipiten y anuncien decisiones antes de que proceda hacerlo. 
Tengo que criticar a la Sra. Harney por hacerlo, si, como se ha dicho lo hizo en un momento del proceso en que procedía estar sosteniendo consultas. 
Ahora bien, en Irlanda no queremos que se nos achaque el papel de «malo de la película» únicamente a causa de un par de operaciones de deslocalización importantes que han tenido lugar en los últimos años. 
También hemos perdido importantes proyectos y un número considerable de puestos de trabajo. 
Los fondos estructurales no desempeñan un papel en esos resultados, y la política consistente en reducir la ayuda estatal si una empresa se deslocaliza ha sido la política y la práctica corrientes de la Junta de Desarrollo Industrial de Irlanda. 
Esto constituye sencillamente un ejemplo de la mejor práctica posible en materia de política industrial y de gestión apropiada de las finanzas públicas. 
Señora Presidenta, la razón por la que presentamos esta resolución no es que critiquemos el modo en que la empresa Xerox ha tratado con los comités de empresa. 
No criticamos eso. 
Tampoco criticamos, señora Presidenta, el modo en que las autoridades irlandesas han intentado captar a esta sucursal de Xerox para resolver su problema de paro. 
Presidenta, lo que criticamos es lo siguiente: que haya sido posible trasladar, con medios europeos, el departamento de electrónica de la sucursal Venray a una nueva localización en Irlanda. 
Presidenta, entonces viene Xerox y dice: no hay deslocalización. 
Sí que se ha trasladado personal, se ha trasladado una parte de la empresa. 
Presidenta, lo que queremos saber es cómo ha sido la deliberación de la Comisión Europea. 
Lo que queremos saber es por qué la Comisión Europea ha permitido que, bien en forma de terrenos edificables, bien en forma de subvenciones, le haya sido posible a esta multinacional, que como ya sabemos quiere empezara a reducir personal en todo el mundo, trasladar a una parte de su personal a la nueva filial en Irlanda. 
¿Cómo puede ser que haya tenido lugar semejante alteración de la libre competencia con medios de nuestra propia Unión Europea y, por consiguiente, con medios del contribuyente europeo? 
Señora Presidenta, éste no es un tema que se preste a que lo despachemos con carácter de urgencia. 
En primer lugar, la mayor parte de las inversiones efectuadas en Irlanda se hacen en proyectos totalmente nuevos y no implican la deslocalización de puestos de trabajo. 
Los incentivos ofrecidos a Xerox en Irlanda cumplen plenamente los principios de la política de competencia de la Unión Europea. 
En el proyecto no se ha invertido ni un sólo céntimo de la Unión. 
Aquí, por lo tanto, estamos cometiendo un grave error. 
El 40 por ciento de todas las inversiones extranjeras que proceden de la Unión Europea van al Reino Unido. 
¿Va a haber una investigación de la Comisión sobre el particular, so pretexto de que tiene que haber algo equivocado puesto que el Reino Unido obtiene el 40 por ciento de todas las inversiones? 
Recientemente hemos podido leer en los periódicos neerlandeses e irlandeses que se arrendaban aviones a reacción para llevar trabajadores de la parte occidental de Irlanda para que ocupen puestos de trabajo en los Países Bajos porque los Países Bajos no podían encontrar trabajadores que pudieran ocupar esos puestos de trabajo. 
A pesar de ello no podemos obtener suficientes trabajadores para nuestras industrias irlandesas que requieren mucha mano de obra. 
¿Vamos a pedir a la Comisión que investigue esa cuestión? 
Hagan el favor de no envidiar a Irlanda porque el año pasado o estos dos últimos años hemos tenido un crecimiento económico. 
Irlanda representa el uno por ciento de la Unión Europea, o sea el uno por ciento de la economía. 
Los 8.000 puestos de trabajo que ganamos el año pasado, que por cierto ha sido nuestro mejor año en términos absolutos, no resolverán el problema de los Países Bajos ni del Reino Unido. 
Por favor, distinguidos colegas, no digan a sus electores que el auge económico de Irlanda se está llevando los puestos de trabajo de sus circunscripciones. 
Eso sería una distorsión absoluta de la verdad y una mala forma de utilizar el procedimiento de urgencia en este Parlamento. 
Señora Presidenta, me satisface el tono más moderado de la resolución de transacción, pero sigo sin poder aceptarla porque implica una crítica inaceptable de Irlanda, una crítica que no responde a la verdad. 
Si no se adopta la resolución, diré que me opongo aún más firmemente a las líneas generales de las resoluciones de los socialistas y de los verdes y que tampoco puedo apoyar la resolución del PPE. 
Los fondos estructurales no son un factor en este tipo de situaciones. 
Nuestra ayuda estatal a la industria es razonable y permisible, y ha sido aprobada por la Comisión. 
Está disminuyendo en respuesta al incremento de nuestro desarrollo, a las reducciones de los gastos públicos y a las nuevas normas de la Unión Europea. 
La cuestión de la deslocalización se ha examinado en el Consejo de Ministros de Industria, y el Comisario van Miert estima que las normas vigentes son sobradamente adecuadas para evitar la mala utilización de las ayudas estatales y que no es preciso que la Comisión adopte ninguna otra medida. 
Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido en nuestros esfuerzos por obtener inversiones internas. 
Son muchos los factores que contribuyen a las decisiones en materia de deslocalización. 
En Irlanda poseemos en la actualidad una fuerza de trabajo adiestrada y bien preparada y una buena base en materia de aptitudes, y las características de la fuerza de trabajo de Dundalk son apropiadas. 
Poseemos buenos conocimientos en materia de idiomas y las aptitudes necesarias en materia de flexibilidad, productividad y costos laborales. 
Lo sensato de nuestras inversiones en telecomunicaciones ha puesto a nuestra disposición una de las redes más adelantadas de Europa. 
Quisiera recordar a los colegas británicos que preconizaban la moción de urgencia original que su propio Gobierno laborista fue el que más vociferaba cuando el Gobierno alemán discutió recientemente la introducción de un régimen fiscal armonizado en la Unión Europea. 
En efecto, ¿cómo puede uno pedir que se realineen los impuestos en los Estados miembros si su propio gobierno se opone a esa idea? 
El Gobierno irlandés ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea acerca de la reglamentación de nuestro régimen de impuestos sobre las sociedades. 
No hace falta decir que me satisface la decisión de Xerox de trasladarse a Irlanda y que les instaré a que hagan todo lo posible para evitar que haya que prescindir de algún puesto de trabajo. 
Señora Presidenta, pienso que la evolución de las cosas no puede sorprendernos. 
Algunos colegas, en este Parlamento, han ampliado siempre el ámbito de nuestras urgencias. 
Se ha hablado del dopaje, hoy nos encontramos frente a un caso aún más grave, el caso particular de una empresa. 
Imaginemos cuántos casos de empresas podrían someterse a esta Asamblea, convirtiéndola, como ahora, en una Asamblea de sindicados y empresarios, en la que nadie tiene los expedientes y nadie puede juzgar con documentos en la mano. 
En el caso presente, existen algunas inexactitudes, algunos elementos directamente falsos. 
Se habla, por otra parte, de deslocalización, pero se trata de una elección de las empresas, que tienen perfectamente derecho a ir donde les plazca, allí donde consideren que las condiciones para realizar su producción son mejores. 
Por consiguiente, pido encarecidamente a los colegas que aprueben las enmiendas- ya que sólo podemos limitar los daños- que el Grupo de Coalición Radical ha presentado, para poner las cosas en su sitio y para evitar sancionar a una empresa norteamericana que ha efectuado algunas reestructuraciones en los Países Bajos y en el Reino Unido y que, además, ha creado 1.000 empleos en otro país de la Unión Europea. 
Deberíamos- y debemos- felicitarlos. 
Por eso pido a nuestros colegas que voten a favor de las enmiendas del Grupo ARE, y me congratulo de que haya todavía norteamericanos que tengan confianza, que vengan a invertir en nuestros países y que efectúen reestructuraciones cuando es necesario. 
Presidenta, la presente resolución sobre la deslocalización de una gran empresa de un Estado miembro a otro Estado miembro de la Unión Europea nos confronta con un problema conocido pero fundamental. 
En este caso, significa que los gigantescos medios de, por ejemplo, los Fondos estructurales y de cohesión, se pueden emplear directa o indirectamente no para crear puestos de trabajo, sino para hacer desaparecer empresas y, por tanto, puestos de trabajo de otros Estados miembros de Europa. 
Dicho de manera brutal pero exacta: una especie de robo organizado de puestos de trabajo. 
Ahora debo decir sinceramente que no puedo hablar con conocimiento de causa sobre el dossier que tenemos hoy ante nosotros. 
Soy incluso de la opinión de que sobre todo Irlanda hizo esfuerzos muy grandes en años pasados para emplear los fondos europeos de manera inteligente y eficaz, lo que lamentablemente no puede decirse de los demás Estados miembros y regiones. 
Pero en general siguen siendo muy grandes los problemas de la utilización de los fondos europeos. 
Hay problemas con el derroche y el fraude- supongo que la Comisión no me contradirá hoy -; hay problemas con la concesión poco juiciosa de estos fondos y hay problemas con la deslocalización de los puestos de trabajo en lugar de crear nuevos puestos de trabajo. 
También en mi propia provincia, Flandes Occidental, nos hemos visto confrontados con algo parecido, a saber: con el hecho de que la vecina provincia valona atrae empresas sistemáticamente gracias a los treinta mil millones de francos de Fondos estructurales de los que puede disponer esta provincia. 
La Comisión Europea conoce y reconoce este problema pero hasta el día de hoy no ha hecho nada efectivo para resolverlo. 
Si no se aborda en su fundamento esta problemática, me temo que en un futuro no muy lejano los pueblos europeos ya no estarán muy dispuestos a la solidaridad. 
Éste sería un lamentable asunto. 
Si queremos evitarlo, es preciso que ya desde ahora vayamos haciendo algo al respecto. 
Señora Presidenta, la mayor parte de lo que se podría decir sobre esta cuestión se ha dicho ya, pero quisiera ocuparme de nuevo del hecho de que muchos colegas siguen pensando equivocadamente que se han utilizado fondos de la Unión Europea de forma poco ética, para atraer la sociedad Xerox a Irlanda. 
Creo sinceramente que lo que ha atraído a Xerox y a otras muchas compañías de alta tecnología a Irlanda ha sido la decisión, adoptada por sucesivos gobiernos irlandeses, de readaptar la educación de los jóvenes y de prepararlos para esos puestos de alta tecnología, lo que ha hecho que Irlanda resulte una plaza interesante para instalar esas sociedades. 
Diré también que me hago cargo perfectamente de la inquietud, sentida particularmente en el Reino Unido, de la fuerza de trabajo que considera lo sucedido como un ataque contra sus puestos. 
Acepto su opinión de que no ha sido objeto de las debidas consultas y que, si ha habido consultas, han sido de un tipo muy superficial, lo que en realidad está en contradicción con la directiva pertinente que ha apoyado este Parlamento. 
Después de decir lo que precede, diré que me satisface que los puestos de trabajo vayan a Dundalk, verdadero y triste punto negro que necesita desesperadamente más desarrollo y más puestos de trabajo. 
Espero que podamos resolver esta situación de forma que sea aceptable para todos nosotros. 
Es evidente que no parece haber fuertes discrepancias entre los aquí presentes. 
Señora Presidenta, me gustaría empezar diciendo que comprendo perfectamente, en nombre de la Comisión, los problemas de las regiones que pierden puestos de trabajo en beneficio de otras partes de la Comunidad. 
Afortunadamente, estos casos son todavía relativamente raros dentro de la Unión Europea y, desde luego, aquí se produce lo que ustedes acaban de señalar. 
Los nuevos puestos de trabajo que se crean en algunas regiones que reciben la inversión son bienvenidos, ya que esto supone un incremento de puestos de trabajo. 
Pero, sin embargo, dichos estos elementos positivos, tampoco podemos desviar nuestra atención de los efectos dolorosos que se producen en las regiones donde se pierden puestos de trabajo. 
En consecuencia, se trata de un equilibrio muy difícil. 
La repercusión social de las deslocalizaciones puede agravarse si previamente no se consulta de forma adecuada a los trabajadores o a sus representantes. 
Y, precisamente para aliviar los efectos sociales negativos que a menudo tienen las restructuraciones empresariales, la Unión Europea se dotó de varios instrumentos legales, encaminados a garantizar que este tipo de operaciones se lleve a cabo en un clima social aceptable y se tomen en consideración debidamente los intereses de los posibles afectados. 
A este respecto, quiero comunicarles que los servicios de la Comisión están averiguando si Xerox ha cumplido la normativa comunitaria y la normativa nacional en esta materia. 
A la hora de examinar los casos de deslocalización no hay que exagerar la influencia de las ayudas en las decisiones de las empresas. 
Puede que las ayudas influyan en la elección del nuevo emplazamiento, pero no influyen necesariamente en la decisión de cerrar o reducir las instalaciones existentes. 
Este tema, sin embargo, ha sido debatido en los dos últimos Consejos de Industria y, en ambas ocasiones, la Comisión ya explicó las medidas que se han tomado para reducir los incentivos que los Estados miembros pueden ofrecer a las empresas para que se desplacen de un lugar a otro. 
Se las voy a resumir telegráficamente: 
Primero: en las nuevas directrices de diciembre de 1997, la Comisión ha reducido los niveles de ayuda regional que los Estados miembros pueden conceder. 
Segundo: las recientes directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión pueden reducir aún más los niveles de ayuda de los grandes proyectos. 
Tercero: se ha introducido en las directrices sobre ayudas regionales y en la normativa sobre los Fondos estructurales una cláusula de durabilidad, según la cual las inversiones que han recibido una ayuda han de mantenerse durante cinco años. 
Cuarto: la Comisión también ha adoptado una nueva comunicación sobre las ayudas fiscales en las que se explica cómo se aplican las normas sobre ayudas estatales a los incentivos fiscales. 
Quinto: aspecto de especial importancia en este caso, la Comisión ha tomado medidas para suprimir los elementos de ayuda estatal existentes en el impuesto de sociedades irlandés. 
En lo que se refiere a la cuestión concreta de la financiación comunitaria, sería útil que el Parlamento supiera que, desde el 1 de enero de 1998, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ya no presta apoyo al régimen de inversión local en Irlanda. En consecuencia, no ha habido intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional desde 1998 en Irlanda. 
Esta decisión se tomó para racionalizar la ayuda comunitaria al sector productivo irlandés, pero también porque se estimó que este programa no debía seguir recibiendo ayuda comunitaria dado, precisamente, el avanzado estado de desarrollo de la economía irlandesa. 
Por tanto, toda nueva ayuda en favor de la nueva planta de Xerox en Duncalk no ha sido cofinanciada por el FEDER, ni tampoco ha recibido ayudas del Fondo Social Europeo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de un momento. 
Votaciones (continuación) 
Vivimos en un mercado interior que funciona dentro de la Unión Europea y que se caracteriza por la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales por el territorio de 15 Estados miembros que abarcan una población de casi 340 millones de personas. 
Sin embargo, en la actualidad no hay un sistema común de IVA que funcione dentro de la Unión Europea, y la actual falta de uniformidad a este respecto ha ocasionado una fragmentación del funcionamiento del mercado único en 15 zonas fiscales diferentes. 
El hecho de que sea imposible estar al corriente de todas las disposiciones vigentes en materia de IVA en los demás Estados miembros de la Unión Europea significa que los contribuyentes tienen que operar en una situación de incertidumbre jurídica además de tener que trabajar con diferentes estructuras burocráticas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
El IVA es una de las esferas correspondientes a la segunda fase de la iniciativa SLIM (legislación más sencilla para el mercado interior) respecto de la cual la Comisión Europea ha mostrado considerable interés. 
En particular, la iniciativa SLIM ha identificado la necesidad de instituir procedimientos de reembolso del IVA más sencillos, lo que ayudará a las empresas de la Unión Europea en cuanto se refiere al pago de reembolsos por la venta de mercancías o la prestación de servicios. 
Como parte de la labor que se está desarrollando para mejorar el sistema común del IVA, la Comisión Europea ha presentado propuestas acerca del derecho de deducir los gastos en que se haya incurrido en concepto de IVA. 
Procura modificar el sistema actual que obliga a los comerciantes a seguir procedimientos sumamente complicados y onerosos para pedir un reembolso a las autoridades fiscales del Estado miembro en que se abonó el IVA. 
Ese sistema quedará reemplazado por un sistema más sencillo en virtud del cual las sociedades puedan utilizar sus reembolsos regulares en concepto de IVA para deducir el importe del IVA abonado en otro Estado miembro. 
La propuesta se esfuerza también por establecer normas comunes para el derecho a deducir el IVA de determinadas categorías de gastos que poseen un componente de consumo privado, como los alimentos, las bebidas, el alojamiento en hoteles y los vehículos de pasajeros. 
Soy partidario de adoptar medidas que ayuden a las empresas a prosperar y a operar con mayor eficacia dentro del territorio de la UE. 
La Unión Europea tiene que introducir normas equitativas y definitivas que rijan el sistema común del IVA sobre la base del principio de un solo lugar de imposición fiscal y de deducción. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo se abstuvo en la votación final sobre el informe del Sr. Ricardo Garosci acerca de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modificaría la directiva 77/388/CEE y la directiva 98/XXX/CEE en materia de normas que rigen el derecho a deducir el IVA. 
Tanto las recomendaciones del relator como la propuesta de la Comisión introducían cambios considerables en relación con la posibilidad de deducir impuestos respecto de la utilización comercial de vehículos, hoteles, alimentos y bebidas, así como espectáculos o diversiones. 
En muchos casos esas propuestas aumentarán la carga administrativa de las empresas, especialmente las empresas pequeñas y medianas. 
Además, las propuestas carecen de suficiente flexibilidad para reflejar los sistemas nacionales en cuanto se refiere a la posibilidad de reducir el IVA. 
Informe Malerbe (A4-0366/98) 
Comparto la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo, que ha expresado su firme apoyo de una propuesta de la Comisión Europea encaminada a reforzar la coordinación internacional para hacer frente al reto de la mundialización y de la sociedad de información. 
La Comisión Europea ha examinado los problemas provocados por la interacción entre la reglamentación tradicional y las necesidades de una economía en línea y procura identificar esferas en las que se requiere una mayor coordinación internacional. 
La propuesta no brinda una solución concreta para esas cuestiones propiamente dichas ni sugiere que deba introducirse una reglamentación mundial para Internet o que deban crearse nuevas entidades internacionales. 
Sin embargo, estimo que la idea de establecer una carta de Internet que sea un documento jurídicamente no vinculante que fije principios y objetivos convenidos en el plano internacional en materia de imposición fiscal, responsabilidad, jurisdicción y protección de datos, sería una excelente idea. 
Desde un punto de vista europeo, la finalidad principal de esa carta sería conseguir que las organizaciones y empresas europeas puedan participar plenamente en la oportunidad que ofrecen Internet y el comercio electrónico, a fin de evitar que se establezcan normas prematuras y contradictorias y para lograr que los intereses de los consumidores queden protegidos en todo momento. 
La Comisión de Asuntos Económicos Monetarios y de Política Industrial del Parlamento tiene razón cuando respalda la propuesta de la Comisión Europea en favor de una iniciativa internacional para Internet y el comercio electrónico. 
Semejante documento permitiría que se preparasen una serie de objetivos aceptados en el plano internacional en estrecha cooperación con otros países, muy particularmente los Estados Unidos de América, y promovería normas reglamentarias apropiadas y simplificadas para Internet. 
La tecnología de la información ha hecho extraordinarios adelantos en los últimos años y el advenimiento de Internet ha llevado a muchos hogares y empresas en los últimos tiempos los beneficios de la tecnología de la información. 
El establecimiento de una carta de Internet sería una idea sumamente positiva que beneficiaría a los consumidores. 
Los derechos de los consumidores deben ser un concepto de la máxima importancia para la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en todo momento. 
Desde un punto de vista irlandés manifiesto mi satisfacción por la reciente iniciativa del Gobierno irlandés, que se está esforzando por hacer de Irlanda el centro del comercio electrónico en Europa en el próximo futuro. 
El mercado electrónico global demanda una regulación técnica, jurídica y comercial que, además, sea flexible para que no impida el desarrollo de éste. 
Por ello estoy de acuerdo con la Comisión en la absoluta necesidad de establecer un amplio diálogo entre las autoridades, la industria, los consumidores y las organizaciones internacionales. 
Por estas mismas razones he sido partidario desde hace mucho tiempo de la elaboración de una Declaración internacional sobre Internet y precisamente por ello me alegra esta propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, también respaldo las ampliaciones de la Declaración que la comisión propone a fin de proteger, entre otros, los intereses de los consumidores y evitar legislaciones contrapuestas tanto dentro como fuera de la Unión. 
Voy a votar hoy en favor de este informe. 
Una coordinación internacional reforzada ayudará a luchar contra la pornografía en Internet y protegerá a los consumidores que recurran al mercado electrónico contra los fraudes en materia de tarjetas de crédito. 
En una sociedad que se asienta cada vez más en el conocimiento, Internet es un instrumento importante de potenciación para los pueblos occidentales del norte, la Gran Bretaña y Europa en su conjunto, tanto en el mercado como en el lugar de trabajo. 
El Partido Laborista posee un largo historial de apoyo del desarrollo de la tecnología de la información. 
Fue Tony Blair quien consiguió un acuerdo sin precedentes con British Telecom, con miras a conectar todas las escuelas de Gran Bretaña a Internet. 
Una reciente encuesta revela que el 29 por ciento de los adultos británicos tienen actualmente acceso a Internet. 
Me gustaría que esa cifra aumentara y que el acceso a Internet abarcara al mayor segmento posible de la sociedad. 
Para tener una economía rica en aptitudes y que tenga éxito, es preciso que el conocimiento esté a disposición de la mayoría y no de una minoría. 
Informe Larive (A4-0503/98) 
Aunque hay un gran número de asuntos interesantes en el informe de la Sra. Larive, hemos votado finalmente en contra de la resolución. 
Quiero mencionar brevemente las consideraciones más importantes que han llevado a nuestra toma de postura. 
Puede estar claro de antemano que, en la comunicación comercial, es imposible llevar a cabo de modo fácil la aplicación de los principios del mercado interior con la remuneración simultánea de los objetivos de interés público. 
Cada Estado miembro tiene sus propias normas en lo relativo a la admisibilidad de comunicación comercial. 
La diversidad de leyes, reglas y prácticas de aplicación se corresponden con la diversidad de valores religiosos, culturales y sociales que apoyan los ciudadanos en los Estados miembros. 
Por tanto, no se trata de un problema puramente jurídico. 
El fomento de la funcionalidad es, en sí, un buen asunto; pero, cuando el deseo de eficacia empieza a llevar la voz cantante y se marginan, por tanto, sobre todo aspectos de interés ético y cultural- declarándolos, por ejemplo, fuera de la concepción de «bienestar común» -, ya no se tiene ningún medio como legislador para garantizar el respeto necesario a valores fundamentales y para evitar que las personas sean ofendidas y agraviadas por declaraciones de comunicación comercial. 
El reconocimiento de las diferencias religiosas, culturales y sociales en los Estados miembros debe, por ello, obtener un amplio espacio en la legislación con respecto a la comunicación comercial transfronteriza. 
Los considerandos D y H, así como los parágrafos 2 y 5 de la resolución, defienden precisamente lo contrario. 
Por último, se debe considerar como una omisión que no se preste, en conjunto, ninguna atención al nocivo efecto indirecto sobre el entorno vital cuando sólo se aviva el afán consumista de los consumidores a través de muchas declaraciones de comunicación comercial. 
La comunicación comercial desempeña un papel fundamental dentro de la UE. 
Emplea a más de un millón de europeos y presenta un crecimiento constante gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y a la nueva demanda. 
La Comisión ha decidido aprobar ahora un paquete de medidas que facilitarán la oferta de servicios de comunicación comercial transfronterizos, pero naturalmente no a costa de los intereses de la mayoría. 
La iniciativa de la Comisión es positiva y necesaria, sin embargo, coincido con la comisión en que las acciones propuestas deben ser adaptadas y precisadas en una serie de puntos. 
Será importantísimo atender a las recomendaciones de la comisión cuando vayan a tramitarse las propuestas concretas de medidas. 
Servicios postales europeos 
Los beneficios económicos, sociales y en materia de empleo derivados de los servicios postales no pueden desaparecer ni quedar reducidos por la tendencia precipitada a la liberalización del mercado libre, pues no hay ninguna garantía de que esa tendencia permita que continúen servicios que son esenciales por su costo y su universalidad. 
En Irlanda las oficinas locales de correos desempeñan un importantísimo papel como punto de contacto para la gente, especialmente para las personas de edad. 
Además, de todos los servicios públicos, las personas empleadas por Correos suelen vivir en la zona en que trabajan y contribuyen a la economía local y al desarrollo comunitario. 
Por consiguiente, reviste importancia vital que cualquier tendencia a la liberalización vaya precedida por una evaluación completa de sus efectos económicos, sociales, comunitarios y en materia de empleo en cada Estado. 
La liberalización gradual y controlada de los servicios postales está en curso desde la aprobación de la Directiva 97/67/CE. 
Los socialistas luxemburgueses han insistido siempre en la importancia social y económica de los servicios postales y en la necesidad de garantizar unos servicios de calidad. 
Insisten, igualmente, en que este servicio universal no debe ser un mínimo, sino que debe garantizar una cobertura óptima de todo el territorio nacional. 
La Comisión había anunciado que presentaría una nueva propuesta en materia de liberación gradual y controlada de los servicios postales antes de finales de 1998. 
No ha sido así. 
Por lo tanto, apoyamos la voluntad del Parlamento Europeo de proceder, antes que se efectúe ningún progreso en la materia, a una evaluación de las consecuencias de la liberalización. 
Dicha evaluación debe basarse en estudios de la Comisión sobre su viabilidad, pero también en el análisis propio del Parlamento, en colaboración con los servicios postales de los Estados miembros. 
No hay duda que esta evaluación no sólo debe tener en cuenta una rentabilidad a corto plazo, sino también y sobre todo las consecuencias para el empleo, la utilidad social para todos los consumidores y la eficacia para la economía. 
En este sentido, los socialistas luxemburgueses discutirán cualquier otra veleidad de liberalización de la Comisión. 
Acojo favorablemente la resolución relativa a la liberalización de los servicios postales. 
El buen funcionamiento de los servicios postales constituye un derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, y no se deben abandonar estos servicios al arbitrio del mercado. 
Tampoco puedo compartir los diversos estudios de aplicación que ha realizado la Comisión. 
Hace solamente un año, el 15 de diciembre de 1997, aprobábamos una directiva marco sobre los servicios postales. 
Ahora bien, ciertas informaciones hacen referencia a una nueva propuesta de reglamentación que estarían preparando los servicios de la Comisión. 
Esta última volvería a poner en entredicho el dispositivo aprobado recientemente, orientado hacia una mayor liberalización. 
Sin embargo, nosotros habíamos decidido que antes de cualquier medida de revisión, era conveniente evaluar los efectos de la nueva reglamentación. 
Si bien es posible admitir que todo dispositivo puede adaptarse con miras a una mejor eficacia, nos interrogamos sobre la legitimidad de cuestionar sustancialmente la reciente reglamentación relativa a los servicios postales europeos, cuando aún no se ha efectuado ningún balance. 
Por querer legislar demasiado, y demasiado rápido, se legisla mal. 
Por eso consideramos que antes de modificar nada, es imprescindible conocer los efectos de la reglamentación en vigor. 
Dentro de este espíritu, pedimos, por lo tanto, a la Comisión que realice un estudio de los efectos de las modificaciones introducidas por la directiva de 1997. 
Esta evaluación se referiría a las consecuencias de la mayor liberalización de los servicios postales, integrando en la misma los aspectos sociales, económicos y financieros. 
Los resultados de dicho estudio permitirían al legislador europeo disponer, país por país, de informaciones sumamente precisas, a fin de juzgar si es realmente necesario aprobar nuevas disposiciones, y en qué medida. 
Mientras no se conozcan los resultados, país por país, de este estudio sobre los efectos de la Directiva 97/67/CE, consideramos que cualquier modificación de la reglamentación sería inapropiada. 
Debate anual previsto en el artículo K.6 
Existen motivos para felicitar a la señora Van Lancker por la ejemplar cooperación que ha entablado en este delicado ámbito. 
Con Schengen se crean las condiciones para alcanzar la libre circulación a la que aspiramos. 
Un funcionamiento eficaz del Convenio de Schengen, que no implique restricciones de la integridad, redunda en interés de todos. 
También en estas cuestiones existen motivos para hacer una buena valoración de este informe. 
Mis observaciones están relacionadas con la unión de pasaportes nórdica. 
En los países nórdicos contamos con una libre circulación que funciona favorablemente. 
Es importante que se pueda conservar esta unión incluso después de la incorporación de Schengen al Tratado. 
Resulta necesario hacer una interpretación más nórdica de la legislación de la UE. 
Un ejemplo de ello lo constituye la legislación noruega en materia de extradición. 
También es posible encontrar otros ejemplos de lo necesaria que resulta esta coherencia nórdica. 
El Consejo nórdico debería llevar a cabo un estudio para establecer los ámbitos jurídicos que recaen en Schengen, con objeto de lograr una coordinación común entre los países nórdicos. 
La cooperación policial y aduanera nórdica, la unión de pasaportes nórdica y el espacio común entre Gran Bretaña e Irlanda son ejemplos muy válidos de un desarrollo de la libre circulación sin necesidad de recurrir a un mayor control policial que el existente en otros países. 
Si bien en los países nórdicos no existe una legislación común, la proximidad es evidente. 
De este modo se demuestra que es posible una mera proximidad de estas características también a escala europea, al mismo tiempo que aumentan los intercambios cotidianos entre ciudadanos de la Unión y se refuerzan la identidad y la cultura comunes. 
Es indispensable llevar a cabo con prudencia todo ajuste jurídico entre países distintos. 
Sin embargo, resulta obvia la necesidad que hay en la Unión Europea de estos ajustes. 
Así se facilitaría la convivencia en la Unión. 
Durante los debates de esta semana, ha sido posible vislumbrar una cierta dicotomía norte/sur en los puntos de vista, acertados o no, acerca de las irregularidades de la Comisión. 
Sería favorable que se produjera una aproximación entre nuestros países, como ya ocurre entre los países nórdicos, en torno a una conciencia jurídica. 
Para finalizar, desearía agradecer a la Presidencia las amables palabras que ha dedicado a mi informe sobre la delincuencia organizada; espero que los últimos comentarios acerca de las medidas constructivas puedan impulsar de manera especial el desarrollo de una perspectiva comunitaria en materia jurídica. 
El Grupo Socialista ha votado positivamente la Resolución Nassauer sobre el artículo K.6, puesto que dicha resolución, con las enmiendas incorporadas en comisión y en el Pleno, hace hincapié en diferentes puntos que nos parecen esenciales: la lentitud de los trabajos que deben desembocar en la aplicación del espacio de libertad, de seguridad, de justicia, y en la integración del acervo de Schengen en el Tratado; los retrasos registrados en la ratificación de actos esenciales; la insuficiente atención del Consejo respecto a las peticiones del PE en cuanto a su información, su consulta y sus dictámenes. 
Si se hubiese mantenido el apartado 16, no habríamos podido votar positivamente el informe final, ya que éste anticipaba la consulta solicitada por el PE sobre el documento estratégico de la Presidencia austríaca y se felicitaba de sus aspectos represivos. 
Una vez eliminado este apartado por la enmienda 4- más neutra -, hemos votado a favor del texto final a pesar de la aprobación del artículo 19, que también hubiésemos deseado que se suprimiese. 
Hemos creído necesario que se aprobara dicho informe, para comprometer al Consejo a paliar los retrasos señalados y a que tome en consideración las peticiones del PE relativas a las relaciones PE/Consejo. 
Señora Presidenta, la recomendación que acaba de aprobar el Parlamento europeo sobre la cooperación de Schengen expresa fríamente que «las medidas compensatorias en materia de cooperación policial y judicial no pueden prevalecer en ningún caso [- subrayo, ʼen ningún caso´-] sobre la consolidación de ese espacio de libertad y seguridad y el mantenimiento de la libre circulación de las personas». 
Dicho de otra manera, la libre circulación de las personas es prioritaria, y las medidas compensatorias relativas a la seguridad deben, en todos los casos, pasar a un plano secundario. 
Esta tesis sorprendente interpreta peligrosamente los artículos 61 y siguientes del Tratado de Amsterdam y por sí sola motivaría la interrupción, en Francia, del proceso de ratificación de este Tratado, para obtener más información al respecto. 
En particular, consideraríamos intolerable que el Grupo de trabajo del Consejo, que reflexiona actualmente en la repartición del acervo de Schengen entre los pilares primero y tercero, salte la cláusula de salvaguardia de Schengen. 
Esta cláusula debe incorporarse tal cual y sin la más mínima restricción en el primer pilar, a pesar de los considerandos del protocolo de Schengen, que, absurdamente, parecen decir lo contrario. 
Si es necesario, el Gobierno francés deberá pugnar por este asunto, ya que es capital para la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Antes de concluir, desearía añadir lo siguiente. 
Desde hace una semana, en los debates sobre el fraude, la Comisión nos dice que si todo va mal es porque está sobrecargada de tareas, que no puede asumir por falta de medios. 
Ahora bien, precisamente, la recomendación sobre Schengen, que acabamos de aprobar tras el Tratado de Amsterdam, exige que se transfiera a la Comisión una cantidad increíble de nuevos cometidos, desde la cuestión de las redes de la delincuencia internacional en Nápoles hasta la batida de clandestinos en los extrarradios franceses. 
¿Se piensa, quizá, que las cosas no van tal mal? 
Las cuestiones en el ámbito jurídico y de interior han de abordarse primordialmente en los parlamentos nacionales. 
No apoyamos la normativa de Schengen ni su integración en el marco de la Unión, puesto que de esta manera se priva a los Estados miembros de su derecho de decisión directa por lo que respecta a numerosas cuestiones en el ámbito jurídico y de interior, en materia de asilo y de política de visados, etcétera. 
La cooperación es necesaria en la lucha contra la delincuencia. 
Esta cooperación ha de desarrollarse principalmente entre los cuerpos policiales nacionales e Interpol, y no recurriendo a la competencia de una nueva organización policial europea, Europol. 
El motivo de que la cooperación en el ámbito jurídico y de interior no haya sido más ágil estriba probablemente en el carácter nacional de estas cuestiones, por lo que las decisiones a este respecto deberán adoptarse también a nivel nacional. 
No obstante, sería deseable la cooperación para distribuir las cargas en caso de una afluencia de refugiados en momentos de crisis. 
Schengen tiene que tratar sobre la libre circulación de las personas. 
Sin embargo, la libre circulación apenas se aborda en un par de artículos, mientras que, en su mayor parte, las reglas de Schengen versan sobre controles fronterizos y de seguridad. 
Los registros personales que se están creando en torno a Schengen resultan inaceptables y violan la integridad de las personas. 
Schengen puede dar lugar a una política menos generosa en materia de refugiados y asilo. 
Hay que revisar todo el sistema de Schengen. 
Además, Schengen puede repercutir negativamente en la unión de pasaportes nórdica. 
Por todo ello, hemos votado en contra del informe. 
Protección de la familia y del niño 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0004/99) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la protección de la familia y del niño. 
Señora Presidenta, el famoso pediatra, Robert Debré, acostumbraba decir de nuestros hijos: son nuestra eternidad. 
Ahora bien, en el proceso de la construcción europea los niños y la familia son los grandes olvidados de los mecanismos de cooperación y de solidaridad que se aplican. 
Esto es inadmisible, ya que nuestros hijos se enfrentan a riesgos específicos que se llaman accidentes de carretera, toxicomanía, abusos sexuales, estrés escolar, analfabetismo, inestabilidad, redes de pedofilia. 
Es inadmisible comprobar, además, que en el mundo trabajan 250 millones de niños y que en nuestros países desarrollados compramos, a bajo coste, algunos productos fabricados por estos mismos niños. 
Es inadmisible comprobar que más de un millón de niños se dedican a la prostitución y a la satisfacción perversa de turistas occidentales. 
Asimismo, es inadmisible comprobar que algunas familias son víctimas del desconcierto. 
Y, estos últimos días, cuando estábamos sumidos en un debate político importante, algunos diputados nos hemos ocupado de un expediente muy delicado, el caso Lancelin-Tiemann, sobre los niños que fueron secuestrados por su padre, puesto que los procedimientos entre dos países no están armonizados. 
Por esta razón, en nombre de la comisión, les presento hoy un informe de propia iniciativa que tiene un sólo objetivo: promover una verdadera voluntad política para un planteamiento global de la política de la familia basada prioritariamente en el niño y en cuatro principios: respetar la diversidad de modelos familiares, poner el bienestar del niño en el centro del debate europeo, superar el debate socioeconómico de las políticas de prestaciones y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 
Primera medida de este informe: dicho planteamiento implica, en primer lugar, la elaboración de una «ficha de impacto familiar» enfocada hacia el bienestar del niño, que deberá acompañar todas las propuestas de actos comunitarios. 
Luego, en el plano institucional, deberían aplicarse de inmediato una serie de medidas tales como la celebración de un Consejo Europeo extraordinario para debatir las consecuencias de las políticas demográficas, de la familia y de protección de la infancia aplicadas por los diferentes Estados miembros, así como la instauración de un debate regular en el seno del Consejo de Ministros sobre las cuestiones relativas a la familia y a la infancia y la reestructuración de la unidad de la Comisión Europea destinada a esta política. 
En este sentido, deseo encarecidamente la reactivación del Grupo Interservicios de la Comisión Europea consagrado a la infancia, sobre todo por cuanto el problema de fundamento jurídico se plantea particularmente en relación con las líneas presupuestarias referentes a los niños. 
Por otro lado, desearía señalar que, para promover esta estrategia europea, preconizo la adopción de líneas de acción directrices para la infancia, elaboradas por los interlocutores gubernamentales, previa consulta de nuestro Parlamento y en estrecha colaboración con las asociaciones familiares y de solidaridad que trabajan directa o indirectamente para mejorar la integración social del niño en Europa. 
Con respecto a esta política de protección de la infancia, algunas propuestas merecen ser subrayadas. 
En el ámbito de la política sanitaria, deseamos crear una red europea epidemiológica de perinatalidad, compuesta por unidades regionales de vigilancia perinatal en cada país y de un banco de datos común, a escala europea; esta política debería aplicarse de inmediato para luchar contra la mortalidad infantil y materna. 
En relación con los vínculos parentales y la educación, que hoy constituye un grave problema, conviene promover estrategias de relación madres/hijos desde la más temprana edad, así como la creación de escuelas de padres y de asociaciones paraescolares que permitan una mayor integración del niño en la vida social. 
En el ámbito de la política de prevención y protección de la infancia en peligro, desearía alentar a los Estados miembros a dotarse de defensores del niño, encargados de resolver amigablemente los conflictos en que se vean implicados jóvenes menores de 18 años. 
Finalmente, a fin de prevenir los malos tratos y los actos de violencia contra los niños, propongo que se cree un centro europeo para la infancia en peligro, cuya misión sería fomentar el intercambio de conocimientos y disponer de un registro europeo, tanto de los niños desaparecidos como de los secuestradores condenados, establecido en cooperación con las autoridades policiales y judiciales nacionales y con Europol. 
Desgraciadamente, la actualidad subraya con demasiada frecuencia la necesidad de idear, a partir de reflexiones actuales sobre el espacio judicial europeo, un dispositivo coordinado entre nuestros países en materia de Derecho de familia, para el bienestar de nuestros hijos. 
Estas son las principales disposiciones, señora Presidenta, que deseo someter a nuestro Parlamento. 
El 24 de noviembre pasado, la Comisión de Derechos de la Mujer se adhirió unánimemente a mi informe. 
Según esta comisión, es imposible llevar a cabo una política familiar a escala europea y tampoco es deseable por las siguientes razones. 
En primer lugar, la política familiar es típicamente uno de los ámbitos en los que es aplicable el principio de subsidiariedad. 
Los Estados miembros no necesitan a la Comunidad para realizar una política familiar más eficaz. 
Un segundo argumento contra una política familiar europea es que ni existe ni tiene por qué existir la definición de lo que es una familia europea. 
Las diferencias de cultura y tradición no permiten encontrar una base común en virtud de la cual se puedan formular determinadas propuestas políticas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer está por ello en contra de las propuestas de la ponente que convocan a un Consejo Europeo de Ministros para política familiar y en contra las demás propuestas de la ponente que aspiran a una política familiar específica a escala europea. 
La tarea de Europa puede consistir, a lo sumo, en procurar que con la formulación de nuevas medidas políticas se tengan en cuenta los efectos de las mismas en la situación de las familias en los Estados miembros. 
Con una mayor injerencia de Europa en la familia, la familia podría llegar a verse perjudicada. 
La Comisión de Derechos de la Mujer sí que está de acuerdo con las propuestas de la ponente, encaminadas a una mayor protección de los niños y sus derechos, en la medida en que esto guarde relación con el marco legal internacional ya existente y que se trate de asuntos que vayan más allá de nuestras fronteras. 
El Grupo liberal se opone, asimismo, a la injerencia de Europa en asuntos familiares y, por tanto, sólo apoyará aquellos parágrafos que aspiren a una mejor protección de los niños. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, yo quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la ponente su voluntad de compromiso, ya que sólo gracias a ella se presenta hoy ante el Pleno un informe que los y las socialistas también podemos apoyar. 
Lo cierto es que al principio tuvimos problemas porque en el Parlamento ya se han adoptado, obviamente, muchas decisiones parecidas. 
Sin embargo, también tuvimos problemas porque en la primera versión de la Sra. Hermange se quedaban plasmadas muchas consideraciones políticosociales que nosotros no podíamos aceptar de ningún modo, como por ejemplo la expresión «Europa sin europeos» o la frase «el descenso de la natalidad es un suicidio para Europa». 
Estas y otras frases que se prestaban a interpretaciones equívocas nos hicieron dudar mucho al principio. 
A lo cual se sumó desde luego también el debate, ciertamente intenso, que mantuvimos en nuestra comisión sobre la consolidación del modelo tradicional de familia. 
Enseguida volveré sobre ello. 
Luego nos encontramos, además, de improviso con una serie de enmiendas de otros miembros de nuestra comisión, que habrían desvirtuado por completo el informe. Por otra parte, debo añadir que las comisiones encargadas de elaborar informes de opinión tampoco nos facilitaron exactamente las cosas. 
La Comisión de Libertades Públicas cambió, además, de ponente, pero éste intentó que se desestimara el asunto debido al tema de la subsidiariedad. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no compartía esta posición. 
Nosotros opinamos que es ciertamente un cometido europeo desarrollar una política familiar a escala europea. 
Además, el Parlamento Europeo se encuentra precisamente en una posición más idónea para llevar a cabo este debate, toda vez que en todos los Estados miembros existen enfrentamientos ideológicos en torno al concepto de familia y al debate sobre qué constituye una familia y qué no. 
En el Parlamento Europeo, con la tolerancia y el respeto que nos dispensamos mutuamente, sin duda podemos llegar a un acuerdo sobre los modelos modernos de familia, que a la vez también sirva de ejemplo para los debates en los Estados miembros. 
Finalmente, algunas consideraciones sobre el tema de la subsidiariedad. Yo no comparto la opinión de la oradora que me ha precedido en el sentido de que este tema no entra dentro de nuestro ámbito de competencias. 
Por otra parte, tampoco suscribiría, desde luego, una interpretación demasiado amplia, pues la política familiar debe articularse obviamente sobre todo a escala nacional o, mejor aún, municipal. 
Sin embargo, como es sabido, la política familiar siempre aparece vinculada también a la política en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres y, por consiguiente, también es naturalmente un cometido europeo. 
Recuerden las orientaciones para 1999- que incluían un nuevo pilar especial dedicado a la igualdad de oportunidades- y la reivindicación de una organización moderna del trabajo. 
¿Qué significa esto sino que la familia y la profesión han de ser conciliables para hombres y mujeres, que se ha de organizar la participación de padres y madres en la actividad profesional y en la sociedad? 
Esta es también, por otro lado, la posición que mantiene el Tribunal de Justicia Europeo, que ha emitido algunos dictámenes en este sentido, como por ejemplo sobre el trabajo a tiempo o sobre la igualdad de retribución. 
Lo cual corrobora asimismo nuestra posición. 
Adoptamos conjuntamente el permiso parental a escala europea, que también es una aportación a una política familiar moderna y razonable. 
El uso tan desigual del permiso parental en Europa constituye, a mi parecer, un acicate importante para el debate en los Estados miembros. 
Sólo voy a citar un dato: en Suecia, los padres hacen uso de un 30 % de los permisos parentales, en Alemania de un 3 % y en Grecia, aunque parezca increíble, han hecho uso de él 3 hombres. 
Esto también es una indicación de lo que podemos aprender unos de otros en Europa. 
Para finalizar, otro aspecto que me preocupa mucho y en el que deberíamos empezar a actuar. 
La libre circulación de los trabajadores y trabajadoras está enraizada en la Unión Europea y ésta incluye naturalmente también la de sus familias. 
Por este motivo y como resultado del mercado interior estamos obligados a aplicar- naturalmente, no nosotros solos- una política familiar en Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, yo francamente no entiendo por qué algunos de nuestros colegas quieren votar en contra del presente informe alegando que atenta contra el principio de subsidiariedad. 
La verdad es que yo sinceramente no lo veo así. 
En efecto, ¿puede haber algo más importante para nosotros que nuestros hijos? 
Por esto es necesario precisamente este informe. 
El tema es tan amplio y concierne a tantos ámbitos que en realidad habría que dedicarle varios informes. 
El concepto de familia no es un concepto nacional ni europeo, sino de alcance mundial, bajo el que muchos entienden muchas cosas distintas. 
Lo único seguro para mí es que podemos hablar de familia cuando allí nacen y se crían los niños. 
Sin embargo, también podemos considerarla un tema europeo porque en Europa las familias se encuentran en una situación similar y tienen problemas parecidos. 
Es muy importante que Europa ofrezca respuestas en relación con este tema por dos motivos: Europa se está volviendo vieja y canosa. 
Esto no sólo tiene consecuencias gravosas para la protección social. 
Europa también se está volviendo solitaria. 
Cada vez hay más unidades domésticas unipersonales y personas mayores que viven solas. 
En nuestra sociedad se observa una creciente individualización. 
El eslabón más débil de nuestra sociedad, nuestros niños, están expuestos a cada vez mayores riesgos. 
La televisión e Internet sin fronteras transportan contenidos deleznables hasta las salas de estar. 
La delincuencia organizada hace tiempo que descubrió a los niños. 
El informe está dedicado a la protección de la familia y del niño. 
Ambos necesitan protección y ayuda. 
Finalmente, una tendencia positiva, pero también con profundas repercusiones: en Europa son cada vez más las mujeres que salen a trabajar y que tienen que tener la posibilidad de conciliar la familia y la profesión. 
Estas tendencias tienen efectos gravosos que deben encontrar eco en la acción política. 
Europa tiene que ofrecer respuestas porque las familias son mucho más importantes de lo que se tiene conciencia en la vida cotidiana. 
Hablamos muy a menudo de exclusión social. 
La familia es el recurso más natural para combatirla. 
¿Dónde pasa un ser humano los años más importantes para su proceso de socialización? 
¡En la familia! 
¿Cuál es el marco más adecuado para la atención a las personas mayores y discapacitadas? 
¡La familia! 
Para reducirlo a una fórmula: la política social empieza por la política familiar. 
En la era del euro y del mercado interior, el concepto de bienestar no puede quedar reducido al incremento del Producto Nacional Bruto. 
La familia es un elemento esencial para el bienestar cualitativo. 
Nosotros le concedemos un valor incalculable y yo quiero agradecer una vez más desde aquí a la ponente la buena cooperación y su excelente informe. 
Yo espero que estas ideas también tengan luego continuidad y no se queden sólo sobre el papel. 
Señora Presidenta, muchas de las cosas que aquí se han dicho demuestran una gran inteligencia. 
Lo esencial para crecer en un medio seguro es, a menudo, educarse en una familia segura. 
Sin embargo, las familias pueden ser muy distintas. 
Pueden estar formadas por dos progenitores, o solamente por uno, lo cual es actualmente el caso de muchas familias en toda Europa. 
Resulta obvia la importancia de que nos esforcemos, en todos y cada uno de nuestros países, por combinar la vida laboral con una responsabilidad compartida en casa. 
Hay muchísimas maneras distintas de crecer en un medio seguro. 
No se trata únicamente de las meras diferencias entre las propias familias, sino que también existen considerables diferencias entre las grandes ciudades y las regiones menos pobladas. 
El aislamiento es, a menudo, un factor que representa un motivo serio de inseguridad entre los niños del medio rural; naturalmente, es necesario poner remedio a esta circunstancia mediante ayudas de distinto tipo encaminadas a crear una mayor seguridad en sus condiciones de crecimiento. 
La pobreza, la marginación, el ritmo laboral acelerado de nuestro mundo moderno y, en especial, el desempleo influyen enormemente en los niños. 
Naturalmente, nuestros niños se ven influidos por los dieciocho o veinte millones de desempleados que existen en Europa. 
Lo que debemos hacer, por lo tanto, es ofrecerles una seguridad que permita evitarles los problemas sociales en el futuro. Esta cuestión ha sido ya mencionada por otros oradores anteriormente. 
Sin embargo, en el Grupo Liberal pensamos que son exageradas las propuestas para que los ministros responsables de cuestiones familiares se reúnan regularmente, para dotar a la Comisión de una unidad especial para las cuestiones en materia de política familiar y, quizás, para elaborar una directiva sobre el cuidado de los niños. 
Se trata de cuestiones que recaen principalmente en el ámbito más privado de todos: las relaciones entre padres e hijos. 
Estas cuestiones han de regularse a nivel familiar y municipal, es decir, en una escala de proximidad. 
Se trata, pues, de cuestiones municipales, sociales, regionales y nacionales. 
En Suecia contamos con la figura del Defensor del Niño, que funciona de manera excelente. 
Naturalmente, cabría pensar que este modelo pudiera ser también introducido en otros países. 
El cometido del Defensor del Niño es velar por los derechos y los intereses de la infancia. 
Se trata, pues, de un objetivo que difícilmente podría regularse por medio de una política familiar de ámbito europeo. 
Resulta evidente la necesidad de hacer esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y los niños, que aumenta precisamente a causa de las difíciles condiciones en que viven numerosas personas hoy en día. 
Este tipo de problemas está ligado a la dureza de la vida laboral y a los altos índices de desempleo. 
Se necesitan «servicios de guardia» para la gestión de crisis, como los que ya existen en Suecia y en los países nórdicos, así como en otras partes. 
Ya nos hemos referido a los abusos sexuales de niños. 
Es obvio que se debe combatir esta plaga, pero con los métodos justos y al nivel adecuado. 
Si hay algo que creo que podemos hacer juntos desde aquí, es combatir por todos los medios, y en el marco de las negociaciones con los futuros Estados miembros, el abuso infantil y el tráfico de niños procedente de la Europa oriental y de otros países no europeos. 
Desde nuestra perspectiva liberal, desearíamos señalar la enorme importancia que revisten estas cuestiones, cuyo control no es tampoco menos importante. 
De todos modos, este control ha de llevarse a cabo de la manera y en el lugar adecuados. La política familiar, el cuidado de los niños y la educación infantil constituyen cuestiones ante todo de carácter nacional que, por lo tanto, deberán abordarse a nivel nacional. 
Hemos de trazar un límite entre lo que son los derechos de los niños y lo que son las cuestiones privadas en materia de política familiar y cuidado infantil. 
Atendiendo a la confianza en nosotros depositada, tenemos el deber de proteger a los niños recurriendo, entre otros medios, a la Convención sobre los derechos del niño. 
A pesar de que estamos ante un buen informe en sí, no podemos respaldar las propuestas encaminadas a establecer una política familiar europea. 
Señora Presidenta, por fortuna hay informes para debatir en este Parlamento como el informe Hermange y lo mismo podríamos decir también en relación con el que ayer aprobamos, el informe Sainjon. 
Por fortuna, aún se consigue algún tiempo en este Parlamento para debatir estos temas y aprobar resoluciones como las que resultan de informes como éstos, por lo que felicito a los autores por su trabajo. 
Por fortuna, podemos así, debatiendo estos informes y aprobando estas resoluciones, sentir recuperadas algunas de las razones que nos trajeron a este Parlamento después de haber merecido (si es que los merecemos... ) el voto y la representación de quienes nos eligieron. 
No quiere esto decir que, pese al acuerdo global, no tengamos observaciones y reservas o que nuestro acuerdo con la propuesta de resolución presentada por la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sea total. 
Pero para expresar esas observaciones y reservas existen los debates, con la intención de mejorar, con las contribuciones de todos, lo que ya sería satisfactorio. 
Y no estamos del todo de acuerdo con la propuesta no sólo por los términos exactos elegidos, sino también por lo que consideramos omitido y no suficientemente destacado en el informe. 
En verdad, nos parece que sería totalmente pertinente una mayor vinculación de la temática de la protección de la familia y del niño con las consecuencias sociales de una determinada estrategia económica y de los intereses a los que sirve. 
Es verdad, como dice la autora en un considerando, que «la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar de madres y padres es un factor esencial de una política de la familia moderna» , como también en el punto 14 del articulado se puede ver la misma preocupación, pero consideramos insuficiente el peso de esa vinculación y no enteramente satisfactorias las formulaciones. 
Por eso mismo, presentamos dos propuestas de enmienda con la intención de fortalecer expresamente esa vertiente, como nos parece de todo punto necesario hacer, y contribuir mínimamente a la mejora de la resolución por aprobar sin provocar desequilibrios. 
Así, aprovechamos un punto de la propuesta de resolución de la que tuvimos el honor de ser el primer firmante sobre el trabajo infantil (y que está asociada a este informe) , poniendo en relación la desreglamentación en las relaciones laborales, la clandestinización del empleo de la fuerza de trabajo, sus consecuencias para la protección de las familias y de los niños, y la promoción, la tolerancia y el encubrimiento del trabajo infantil. 
Justificamos la otra enmienda en el sentido de retirar una apreciación valorativa a lo que no puede ser sino una referencia objetiva. 
Nos parece, en verdad, que, si bien es aceptable decir que la directiva sobre el trabajo parcial «tiene la intención (o el objetivo) de permitir» , con carácter voluntario y sin discriminación, una mejor conciliación entre vida familiar y vida profesional, resulta abusivo afirmar que se tiene en cuenta que la directiva «permite» esa conciliación, como se dice en la versión portuguesa del informe. 
Por último, y para terminar como he comenzado, señora Presidenta, por fortuna, tenemos estas oportunidades para debatir en este Parlamento estos asuntos, pero es preciso mucho más: es preciso que las solicitudes, recomendaciones y exigencias que se consagren en una resolución no sean después menospreciadas o sometidas a finalidades consideradas más importantes por estar toda la intervención política y social condicionada por las reacciones de los llamados mercados. 
Señora Presidenta, el problema concreto que estamos tratando en el presente debate consiste en saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las familias. 
Cuando era joven solíamos tener en Escocia un acontecimiento que denominábamos Kerr Jaunt; por si no lo saben los intérpretes, les diré que se trataba de la excursión de la familia Kerr. 
La excursión se hacía en dos grandes autobuses que una vez al año llevaban a unas 150 personas a la orilla del mar. 
Era una verdadera «familia extensa». 
Sospecho que la Sra. Hermange cuando habla de la familia se refiere a la «familia nuclear» formada por dos progenitores: el marido que trabaja, y la madre que está en casa y cuida de un hijo; en realidad, cuida solamente de parte de un hijo, pues la actual tasa de natalidad en Europa no da para más. 
La verdad es que esa descripción de la familia es una descripción que pierde constantemente actualidad. 
Las familias constituyen una entidad que varía sobremanera de un país de la Unión a otro, y esforzarse por adoptar políticas sociales, jurídicas y políticas económicas comunes que valgan para todas las familias es, probablemente, un grave error. 
Mejor sería que procurásemos encontrar la mejor práctica y la mejor política para tratar de cuestiones que pueden repercutir en la forma en que la gente quiere vivir su vida, criar sus hijos y vivir juntos, cosas que ya de por sí varían considerablemente según los Estados miembros. 
Por lo tanto, necesitamos buenas políticas en materia de seguridad social que, por ejemplo, incluyan la noción de desagregación, es decir, que traten a la mujer independientemente del hombre, por su propio mérito, con derecho y acceso a la seguridad social, la cuestión de los derechos de los hijos, las prestaciones para hijos y las primas por hijos, que traten de los hijos y de su costo, de la cuestión de la atención infantil y de la protección de los hijos y de la institución de esos derechos. 
El modelo sueco a que se ha referido la Sra. Lindquist, con su institución del defensor de la infancia, es una idea muy buena. 
Todo esto parece diferir mucho de las políticas familiares pero, al fin y al cabo, acaba por ser prácticamente lo mismo. 
El que necesitemos en el plano europeo el tipo de políticas que sugiere la Sra. Hermange es algo que cabe discutir, y aunque soy federalista, hay esferas en las que tiene que funcionar la subsidiariedad. 
Sospecho que otros muchos diputados piensan como yo. 
Podemos conseguir los mismos objetivos siguiendo caminos diferentes. 
Quizá sea esa la forma de enfocar la cuestión. 
En el informe hay un ligero prejuicio moral, pues se sugiere que las familias monoparentales son en cierto modo deficientes. 
Todas mis investigaciones sociales a lo largo de los años me han persuadido claramente de que las familias monoparentales pueden tener tanto éxito como las familias nucleares cuando reciben el mismo apoyo en términos de seguridad social, derechos jurídicos y atención infantil. 
Tenemos que promover y tolerar esta diversidad en toda Europa. 
Señora Presidenta, si leemos este informe, queda claro que se han dicho en él bastantes vaguedades. 
La idea del envejecimiento de nuestra sociedad empieza a trascender poco a poco dentro de las personas dedicadas a la política y se hubiera podido pensar que este informe iba a desviarse, por tanto, hacia ese tema. 
Pero sería inocente optar por una pura política de natalidad, ciertamente en el ámbito europeo. 
Lo que cuenta es que se pueda llegar a una sociedad en la que los padres puedan ver realizado su deseo de tener hijos y en la que los hijos puedan desarrollarse por completo. 
En nuestra opinión, ésa es sobre todo la tarea de los Estados miembros, las regiones y las comunidades, como ya se ha dicho aquí por otros. 
Yo también he dado preferencia a esto, no mencionado suficientemente en el informe, pero quisiera subrayar la importancia de esa tarea. 
En este informe se aprecia, en cierto sentido, un ligero tono moralizante: cuidado, debéis hacer esto y lo otro. 
Si miramos a nuestras diferentes iniciativas, vemos que eso ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que en este informe podría enumerarse. 
Pero la protección de los niños sigue siendo todavía una gran preocupación y quisiera señalar que diferentes Estados también tienen grandes problemas en este sentido y que se requieren incluso medidas europeas e internacionales. 
Sólo menciono las redes internacionales de explotación sexual de jóvenes, el turismo sexual, la pornografía infantil, etc. 
Me remito a la declaración internacional de los derechos del niño que exige que también en diversos ámbitos, también en el ámbito europeo, se informe sobre el modo en que se ha elaborado este informe. 
Por eso estoy muy contenta con una de las iniciativas concretas de este informe de la Sra. Hermange, que aboga por una unidad identificable dirigida a la protección infantil. 
Quiero señalar hacia el ejemplo que ya fue dado aquí en Suecia. 
En Flandes tenemos también un comisario de derechos de los niños. 
Por eso, quiero presentar dentro de poco una propuesta a este Parlamento, pero todavía se está traduciendo. 
Señora Presidenta, la terminología en materia de legislación en el terreno de la protección infantil es también algo que podríamos sintonizar. 
Aprobamos la lucha contra el trabajo infantil en el informe Sainjon, por tanto no debemos volver una y otra vez sobre lo mismo en otros informes. 
Quisiera pronunciar, especialmente, un alegato apasionado en defensa de la búsqueda de niños desaparecidos y en defensa de la lucha contra el secuestro de niños. 
Ésos son compromisos internacionales en los que Europa no se puede mantener oculta por más tiempo. 
Señora Presidenta, felicito a nuestra colega, la Sra. Hermange, por el trabajo que ha realizado y sobre todo por la amplia exposición de motivos, que nos permite considerar la familia en todos sus aspectos y comprobar en qué medida es, de hecho, el núcleo de la realidad de la vida en Europa y, a su vez, en qué medida debería ser el núcleo de todas las políticas sectoriales. 
Por lo tanto, la política de la familia, más que una política en sí misma, es una preocupación que debería impulsar a todos cuantos reflexionan sobre todos los aspectos de la vida económica, la vida social, la vida cultural, en nuestros diferentes países de Europa. 
Reservo para las explicaciones de voto del 28 de enero la cuestión de discutir sobre una política común de la familia, comunitarizada, y desearía simplemente hacer hincapié en algunos puntos que han sido suavizados en el informe final presentado, debido a las enmiendas transaccionales. 
Creo, en efecto, que se ha hecho bien en insistir en la necesaria justicia económica en favor de las familias. 
Las familias no están formadas por personas beneficiarias de prestaciones sociales, con las que los gobiernos y sus políticas deberían mostrarse caritativas. 
No, las familias son realmente el núcleo de la creación de la riqueza nacional. 
Creo que este concepto encierra un cambio profundo de las mentalidades al que el informe puede contribuir; pero es necesario ir más lejos. 
Cuando se consideran los problemas del coste de vida, hay que tener en cuenta la dimensión de aquellos que tienen una carga familiar y no considerar nuestras finanzas desde una perspectiva demasiado individual o, más bien, demasiado individualista. 
Desearía concluir con un punto que considero muy importante. 
No dudamos en hablar, queridos colegas, de un modelo político. En Europa nos referimos a la democracia. 
No dudamos en hablar de modelo cuando abordamos las cuestiones sociales. 
Se habla del modelo social europeo, que asocia la responsabilidad, la iniciativa personal y la solidaridad. 
¿Entonces por qué no nos atrevemos a mencionar la existencia de un modelo familiar europeo en el que el hombre y la mujer- en un plano de igualdad de responsabilidades, que forman una pareja que se quiere- son capaces de comprometerse ante la sociedad, ante los hijos que nacerán de esa unión y de asumir esta responsabilidad? 
Señora Presidenta, es muy reconfortante que el Parlamento Europeo se interese por la evolución de la familia como célula básica de la sociedad. 
Siempre que estemos de acuerdo en lo que se entiende por familia y por hogar. 
Las tendencias actuales de la evolución de las costumbres nos llevan a desvalorizar el propio concepto de familia. 
No me extenderé demasiado sobre esta cuestión, puesto que otros ya lo han hecho antes. 
Yo desearía simplemente proponer ir a Brasil, por ejemplo, para ver lo que ocurre con los hijos de familias destruidas o monoparentales. 
La protección de la familia y del niño es una cuestión muy amplia. 
Sólo querría abordar aquí, señora Presidenta, un aspecto entre tantos, pero un aspecto que afecta a casi todos los niños y que los marca muy profundamente. 
Se trata de la violencia en la televisión, y me sorprende que en el presente informe no se haya abordado este grave problema. 
Algunas cifras. 
Durante una semana, cogida al azar, el semanario francés Le Point ha contabilizado 670 asesinatos, 15 violaciones, 848 riñas, 419 tiroteos, 14 secuestros, 32 tomas de rehenes y 27 escenas de tortura. 
Ahora bien, los científicos observan una correlación e incluso a veces una relación de causalidad entre la violencia que se desprende de las imágenes que ven los niños y su grado de agresividad en la vida real. 
La televisión es culpable de incitación a la violencia. 
Cualquiera sea la edad, el hecho de estar expuesto a la violencia televisiva supone un aumento de la agresividad infantil. 
Ahora bien, hay cada vez más violencia en la televisión. 
En 40 años, el número de asesinatos se ha multiplicado por mil. 
Finalmente, no hay que ignorar que en los días siguientes a la mención de un suicidio, el porcentaje de suicidios reales de los adolescentes aumenta un 13, 5 % en el caso de las mujeres y un 5, 2 % en el de los varones. 
Usted comprenderá mi sorpresa, señora Presidenta, por el hecho de que este problema de la violencia televisiva no figure en dicho informe. 
Pero quizá ello afecte a intereses comerciales que nos superan. 
Desgraciadamente, no sería la primera vez. 
Señora Presidenta, en el contexto del presente debate quisiera expresar mi inquietud por la coordinación y cooperación totalmente inadecuadas en toda la Unión Europea frente a la creciente actividad de grupos internacionales de pedófilos. 
El reciente informe titulado «Maltrato de niños en Internet» , junto con otras investigaciones, da una idea de la escala en que los pedófilos se sirven de la tecnología de la información. 
Se ha descubierto recientemente que los grupos internacionales de pedófilos buscan las páginas de Internet dedicadas a los niños para encontrar posibles víctimas. 
Se ha calculado que unos 20.000 pedófilos de Europa utilizan todos los días Internet. 
Me hago cargo de que se trata de una cuestión de gran complejidad técnica, pero me parece que se puede hacer más de lo que se hace actualmente para vigilar este uso indebido de la tecnología. 
Me preocupa también que recientemente en mi propio país se haya podido observar cierto número de tentativas de secuestro de niños, especialmente estos dos últimos meses. 
Se teme que se deba esto a los pedófilos británicos que han escapado de sus países de origen. Esto ilustra la necesidad de que haya mejor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los diversos Estados miembros. 
Los Estados miembros de la Unión Europea deberían estudiar la forma de poder armonizar nuestra legislación a fin de intercambiar o recopilar registros de autores de graves delitos sexuales. 
Por lo que a mí respecta, estoy a favor del concepto de que se confeccione una lista que abarque a toda la Unión Europea. 
Necesitamos también imponer restricciones de circulación a las personas que han cumplido penas de prisión preventiva. 
Señora Presidenta, el presente informe es sumamente de agradecer por su tono general, que sitúa al niño en el centro del debate europeo. 
Sin embargo, también da con la nota justa en muchos aspectos de detalle y aborda las realidades con toda franqueza. 
El problema de la subsidiariedad o de las competencias no se me plantea en este contexto. 
La familia y la protección del niño son, evidentemente, un asunto que compete a las comunidades, a las ciudades y a las asociaciones. 
Pero también se trata de un fenómeno mundial y europeo. 
¿Por qué no habría de ocuparse, por lo tanto, la política europea también del tema de la familia y, sobre todo, por qué no habría de ser también un objetivo europeo la protección del niño? 
Es necesario romper los muros del silencio, pues en un medio familiar alterado son demasiado frecuentes los malos tratos a los niños. 
Entre las numerosas propuestas del informe, también son muy importantes las que se refieren precisamente a los malos tratos a los niños. 
¿Dónde tiene su origen el abuso sexual de los niños? 
Posiblemente en el medio familiar. 
Sin embargo, ya hace tiempo que adquirió una dimensión mundial y lo que sucede en Internet y lo que ocurre en el contexto del turismo de masas se podría describir tal vez como la globalización de la perversión. 
Yo quisiera mencionar dos puntos, que considero muy interesantes y constructivos, a saber, la petición de que se celebre un Consejo Europeo extraordinario sobre el tema de la política de protección del niño y la propuesta de que se cree un Centro europeo para la infancia, que también tendría encomendada la importante tarea de elaborar y gestionar, en colaboración con las autoridades nacionales y con Europol, un registro de los niños desaparecidos, así como de los secuestradores condenados. 
Señora Presidenta, me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Sra. Hermange por haber tenido la iniciativa de elaborar un informe sobre la protección de la familia y de la infancia en la Unión Europea. 
Se trata de una cuestión de extrema importancia, ya que los cambios que experimenta actualmente nuestra sociedad, sean de naturaleza demográfica, sociológica, etnológica o científica, tienen una fuerte influencia sobre la familia. 
La Comisión presta atención a las peticiones recogidas en la resolución, reconociendo, al mismo tiempo, que las cuestiones de la familia siguen quedando dentro del ámbito de las competencias nacionales de los distintos Estados miembros. 
Podemos observar una tasa de natalidad decreciente en casi todos los Estados miembros de la Unión, un descenso de la cifra de matrimonios, un mayor número de parejas que conviven sin estar casadas y de niños nacidos fuera del matrimonio, así como una tasa creciente de divorcios. 
Este es el conjunto de tendencias que influyen en la actualidad sobre la unidad familiar y, en último término, sobre la sociedad en su conjunto. 
Existe un permanente interés por la situación de las familias y por sus implicaciones para la política social y de empleo, y resulta cada vez más evidente, asimismo, la necesidad de una mayor cooperación internacional en torno a las cuestiones relacionadas con la familia como parte del esfuerzo global para fomentar el progreso social y el desarrollo. 
Y aunque la Comunidad carece de competencias directas en el ámbito de la política familiar, presta cada vez mayor atención al análisis y la comprensión de las repercusiones sociales y económicas que suponen para las familias las nuevas tendencias y cambios sociales. 
En el ámbito de la política familiar existen grandes divergencias entre los Estados miembros. Estas tienen su origen en las distintas concepciones sobre el papel del Estado en la vida económica y social, la posición de la familia en la sociedad, sus derechos y obligaciones, las funciones confiadas a hombres y mujeres en el seno de la familia y el principio de los derechos del niño. 
No obstante, a la familia se le ha concedido siempre y se le sigue concediendo un valor extraordinario en todos los países de la Unión Europea. 
La Comisión está fomentando una serie de medidas y políticas dirigidas a conciliar el trabajo y la vida familiar, pues el reto de conseguir una mejor conciliación de ambas esferas es esencial para toda una serie de cuestiones laborales y sociales. 
Las modificaciones en la composición de la mano de obra, las nuevas formas de organización del trabajo, la reestructuración de la protección social, los cambios en la distribución de las tareas relacionadas con el cuidado de las personas dependientes entre hombres y mujeres son todas ellas cuestiones que afectan directamente a la familia. 
Las directivas sobre las trabajadoras embarazadas, el permiso parental, el trabajo a tiempo parcial constituyen valiosos ejemplos del compromiso de la Unión Europea de ayudar a hombres y mujeres en su labor familiar. 
Por su parte, la recomendación sobre el cuidado de los niños sugiere que se deberían adoptar iniciativas destinadas a proporcionar servicios de cuidado de niños a aquellos padres que trabajan o prosiguen su formación, a que se preste mayor atención en el lugar de trabajo a las necesidades de los trabajadores con hijos y a fomentar la participación de los hombres en su cuidado. 
Las directrices para el empleo están dando un gran impulso también al objetivo de conciliar el trabajo y la vida familiar. 
Las directrices para el empleo en 1999 ponen mayor énfasis, si cabe, en la cuestión de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares como parte integral de la estrategia europea de empleo. 
Y permítanme concluir mi intervención afirmando que la Unión Europea debe contribuir de manera destacada a determinar las similitudes y las diferencias de las maneras en que reaccionan los Estados miembros ante los cambios que les he mencionado, así como a estimular, en el ámbito comunitario, los intercambios de información y la recopilación de experiencia en torno al tema de la familia. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves 28 de enero de 1999, en la sesión de Bruselas. 
Código de conducta para las empresas europeas en los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0508/98) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la adopción de normas por la UE para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo. 
Señora Presidenta, 500 trabajadores perecieron en una fábrica tailandesa que suministraba mercancía a empresas europeas de venta de juguetes, como consecuencia de los vapores de pintura y de cola, por la mala ventilación de la fábrica; 110.000 toneladas de desechos vertidos cada día en un río de Papúa occidental por una empresa minera europea, que asolaba las tierras tradicionales de las poblaciones nativas que, si protestaban, eran torturadas e incluso a veces asesinadas por el ejercito indonesio; empresas petroleras europeas en Birmania, Nigeria y Colombia, acusadas de promover regímenes represivos y de colusión en el abuso de los derechos humanos; una empresa farmacéutica europea que comercializaba un producto plaguicida en Filipinas, prohibido ya en tres países de la Unión Europea, y del que se sabe que ataca los órganos internos, causa parálisis y daños genéticos. 
Las inversiones directas europeas pueden ser y tienen que ser una fuerza del bien en el mundo en desarrollo, pero este Parlamento Europeo registra nuestra profunda preocupación por los casos de abuso imputables a empresas, casos en que la reglamentación local es inadecuada o en los que no se respetan los derechos humanos. 
He visto en la India septentrional a niños que apenas tenían seis años y que habían quedado liberados de una forma de trabajos forzados gracias a iniciativas como el código «rugmark» , gracias al cual esos niños se libraron de una forma de esclavitud fuera de lugar en nuestro siglo XX y pudieron volver a la escuela. 
Ese código empieza a dar resultados, no es solamente por que las empresa involucradas firman una declaración de principios adecuada, sino por que va acompañado de un sistema práctico de vigilancia y comprobación que garantiza el cumplimiento de esos principios. 
Eso es sencillamente lo que estamos discutiendo esta noche: mejores normas para las empresas europeas que trabajan en todo el mundo, y mejores mecanismos prácticos para conseguir que se cumplan esas normas. 
Les recomiendo estas propuestas porque procuran aplicar de forma más completa normas vigentes reconocidas en el plano internacional en la esfera del empleo, la protección ambiental, y los derechos sociales y humanos. 
No se trata de una forma nueva o diferente de requisitos, no se trata de un sustituto de las normas nacionales e internacionales. 
Les recomiendo estas propuestas porque son resultado de intensas consultas con más de 100 empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y académicos, a quienes ofrezco mi agradecimiento y de quienes he podido percibir un creciente consenso en favor de un acuerdo y diálogo sistemáticos entre empresas y entre todos los que afectan sus negocios. 
Les recomiendo el informe porque las propuestas se derivan de discusiones con gobiernos y con la sociedad civil del mundo en desarrollo, desde Ecuador hasta Nigeria y Filipinas. 
Hemos consultado ya con los países ACP, y la conclusión firme a que hemos llegado es que necesitamos un enfoque basado en el desarrollo. 
No un enfoque basado en una burocracia aún mayor, enfoque que siempre dará ventaja a las empresas, sino un enfoque que dé voz y voto, participación y poder a las comunidades de los propios países en desarrollo. 
Me ocuparé a continuación de lo que sé que constituyen algunas de las principales esferas de las preocupaciones que han sido expresadas por mis colegas del Parlamento. 
A algunos les preocupa la extraterritorialidad mis colegas del Parlamento. 
¿Por qué no ha de tener Europa más responsabilidad respecto de sus propias empresas? 
Todos queremos que así suceda y por eso aceptamos las normas internacionales contra el soborno y la corrupción y contra todos los que se dedican al turismo infantil sexual. 
¡No se puede decir que no tengamos razón! 
Desde 1968 los Estados miembros han aceptado una convención jurídica que permite llevar ante la justicia a las empresas culpables de haber cometido las faltas más graves en el desarrollo del trabajo en terceros países. 
Utilicemos esos poderes ya existentes de forma más eficaz, y no olvidemos nuestra voluntad de concertar acuerdos multilaterales con los gobiernos de los países en desarrollo propiamente dichos. 
Otros desean que las propuestas traten únicamente de acciones voluntarias. 
Sin embargo, nuestra resolución indica explícitamente que los enfoques voluntarios y los enfoques obligatorios no se excluyen mutuamente. 
Siempre habrá algunas malas empresas, y ninguna empresa debe beneficiarse de ventajas competitivas debidas al hecho de no tener en cuenta las leyes laborales básicas y las normas sociales y medioambientales. 
Si hay normas obligatorias, habrá normas mínimas. 
Si hay códigos voluntarios, se mejorarán las normas. 
Unas y otras son compatibles. 
Veo que a algunos de mis colegas les preocupa que un mecanismo europeo de vigilancia pueda colocar a nuestras empresas en situación de desventaja en comparación con las empresas basadas en América y en otros países. 
Sin embargo, 42 de las 100 principales empresas transnacionales están radicadas en Europa, y solamente 35 en América del Norte. 
En la zona de libre comercio de América del Norte existe ya un sistema de resoluciones de queja o denuncia en materia de prácticas laborales y medioambientales. 
Cuando nuestra Unión Europea decidió ofrecer un mayor acceso al mercado a los países que respetaban las normas laborales fundamentales, cuando convinimos en un código para prevenir la venta de armamentos a los países responsables de torturas y agresiones, lo hicimos porque estimábamos que la Unión Europea podía dar un ejemplo al mundo. 
También podemos hacer lo mismo para que las empresas transnacionales observen mejores normas. 
Señora Presidenta, Señorías, el ponente seguramente no ignora que yo tengo muchas dudas sobre la legalidad de las medidas que propone, de las que por razones de tiempo sólo voy a poder referirme a unas pocas como muestra del conjunto. 
Los casos que usted ha descrito son dramáticos y execrables. 
Tendremos que hacer todo lo posible para intentar encontrar la oportunidad y la posibilidad de establecer un código de conducta en el marco del Derecho Internacional que justifique la condena moral de las empresas que atenten contra estos principios humanos fundamentales. 
Por otra parte, todos debemos procurar cumplir también siempre en nuestros informes- y es algo que me llama repetidamente la atención entre nosotros- nuestra responsabilidad de mantenernos dentro de los límites de la legalidad que nos hemos impuesto. 
Yo soy muy partidario de que las organizaciones no gubernamentales intervengan en las directrices ya existentes con miras al establecimiento de un código internacional de conducta, como las que aplica la OCDE. 
Sin embargo, también tenemos que comprender que es utópico o incluso antijurídico propugnar un marco europeo destinado a imponer una norma jurídicamente establecida a las empresas de la Unión Europea que operen en cualquier lugar del mundo. 
Esto es jurídicamente imposible debido a su carácter extraterritorial. 
No podemos condenarlo, por un lado, en el caso de las Leyes Helms-Burton o D ' Amato y pensar, por el otro lado, que podemos practicarlo aquí. 
¡Lo que es justo es justo! 
Por esto yo lamento un poco que nos encontremos ante cuatro, cinco o seis otros casos, que mañana influirán en la votación, que se apartan de las normas jurídicas. 
Por esto, señor Ponente, yo me congratularé si usted mantiene mañana una actitud de tolerante flexibilidad en el momento de la votación en el Pleno; de lo contrario, yo creo que la forma en que se propone reglamentar usted el asunto no será aceptable para muchos, al menos no para el Partido Popular Europeo, a pesar de que su objetivo es sin duda justificado. 
Señora Presidenta, en primer lugar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y en el mío propio, quiero dar las gracias al Sr. Howitt por haber promovido firmemente este informe de iniciativa de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y por haber realizado con decisión, corrección y diligencia un excelente trabajo, fruto de un análisis muy serio de la situación internacional y de la atención prestada a las opiniones de los interlocutores de la sociedad civil y caracterizado por la creatividad de las propuestas formuladas. 
Debido a sus repercusiones, se trata de un informe sobre un asunto nada fácil: el de caracterizar la presencia y las actividades de las empresas europeas que operan en los países en desarrollo sobre la base del respeto de principios, normas y objetivos de reconocimiento de los derechos sociales y humanos. 
Antes que nada hay decir lo que no se trata de hacer: no se trata de imponer artificialmente normas que conviertan en menos competitivas o más cohibidas las empresas europeas en la competición internacional; no se trata de inventar nuevas normas, ni siquiera se propone. 
Se trata simplemente, aunque sabemos que nos es tan fácil, de garantizar el respeto efectivo por parte de las empresas europeas de las normas internacionales y europeas ya existentes, pero que con frecuencia son simplemente ignoradas o incluso vulneradas. 
Se trata de establecer una sólida base política y jurídica europea que haga más fuerte y creíble el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros, al objeto de imponer, también a escala internacional, dichas normas sin aprovechar la excusa fácil de dejar a otros foros o a otros ámbitos la obligación de tener que intervenir. 
Creemos que la Unión Europea tiene algo que decir y que hacer en este ámbito, empezando por ella misma. 
Quiero añadir que también con respecto a este asunto- y con esto quiero tranquilizar al Sr. Kittelmann- el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha actuado con miras a alcanzar un amplio acuerdo con los demás Grupos del Parlamento Europeo partiendo, con frecuencia, de puntos de vista muy encontrados. 
Espero que lo hayamos conseguido y que la votación del informe Howitt que tendrá lugar mañana, pueda ser positiva y lo más unánime posible. 
¿Cuáles son los elementos fundamentales en que nos basamos en este tema? 
Ante todo la convicción de que, especialmente en la era de la globalización, es necesario promover e incorporar diferentes instrumentos de intervención para garantizar y promover los derechos humanos, sociales y económicos, el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
En segundo lugar, la convicción de que la acción de las varias partes que operan a escala internacional- organizaciones regionales e internacionales, Estados y corporaciones locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas- aunque se caracteriza por la diversidad, incluso profunda, de motivos y fines, ha de ser igualmente importante en lo que se refiere a los efectos reales en la situación concreta de las personas, de las comunidades locales y de los pueblos. 
La búsqueda de la optimización de la acción de los diferentes actores- públicos y privados- en los distintos sectores y en las varias regiones del mundo es fundamental para perseguir esos objetivos de desarrollo y de justicia que deberían caracterizar el mundo del futuro. 
En este contexto, el apoyo a un proceso, ya emprendido, de creación de códigos de conducta voluntarios por parte de las empresas que operan en los terceros países es un elemento sumamente importante. 
Sin embargo, estos códigos no pueden sustituir la obligación de respetar los principios, las normas y las reglas de derecho; pueden anticipar y complementar la acción de los poderes públicos para proteger los derechos individuales y colectivos. 
En consecuencia, no existe contradicción entre los códigos voluntarios y los códigos de conducta basados en fundamentos jurídicos: tiene que haber, por el contrario, una complementariedad. 
Para que los códigos de conducta- voluntarios o no voluntarios- las normas, los principios y los instrumentos de control sean realistas y eficaces, deben basarse necesariamente en la implicación directa de todas las partes afectadas: las Instituciones, las empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. 
Por último, es preciso que las políticas de cooperación al desarrollo y de cooperación económica en sentido amplio traten de responder a principios y objetivos coherentes, aunque diferentes. 
Entre las varias propuestas formuladas en el informe que hoy debatimos hay una que considero fundamental: la propuesta en la que el Parlamento Europeo invita a la Comisión y al Consejo a que presenten propuestas dirigidas a establecer un fundamento jurídico adecuado para crear una estructura europea multilateral que regule las operaciones de las empresas en todo el mundo llevando a cabo, a dicho fin, una intensa consulta con todos los interlocutores de la sociedad que se verán afectados por dicho código. 
Si lo logramos, creo que el Parlamento Europeo habrá contribuido sobremanera a la promoción de una visión del mundo y de las relaciones internacionales que cumple las expectativas de los ciudadanos europeos y de los países en desarrollo que, justamente, miran a Europa como un factor positivo de equidad y de desarrollo. 
Señora Presidenta, los ejemplos que ha expuesto el ponente al principio de su intervención no carecen, desde luego, de fundamento, pero también existen ejemplos igualmente sólidos que demuestran que hay asimismo empresas que invierten con responsabilidad en terceros países. 
Cuando vemos, por un lado, los dramáticos sucesos que han llegado a ser posibles pero, por el otro lado, también muchas actuaciones positivas, sin duda podemos abrigar la esperanza de que al final encontraremos una solución y conseguiremos que disminuyan los casos que ahora tenemos que lamentar tan vivamente. 
Yo también enmarco toda esta cuestión en el contexto de nuestro gran objetivo, que es el apoyo al buen gobierno, dondequiera que se practique, en el marco de la cooperación al desarrollo. 
Esto también incluye, a mi modo de ver, que alentemos a los países del Tercer Mundo a que establezcan en su propia legislación, en su jurisprudencia y en la aplicación de la misma las normas y regulaciones correspondientes, con lo cual quedaría más o menos resuelto el problema de la extraterritorialidad que ha señalado antes el colega Kittelmann. 
El informe debe considerarse con justicia en el contexto de toda una serie de acuerdos, normas y convenios. 
Yo creo que deberíamos prestar seriamente atención a que lo ya decidido se transponga en la práctica y a controlar cómo se cumplen los compromisos. 
Las numerosas declaraciones ya adoptadas fueron uno de los motivos por lo que mi Grupo político dentro de la comisión no consideró necesariamente prioritaria una iniciativa en este ámbito y, por consiguiente, no se mostró partidario de tratar el tema en este momento. 
No obstante, por el otro lado, consideramos perfectamente aceptables estos códigos de conducta, siempre que se basen en la voluntariedad y que tengamos la posibilidad de publicar los nombres de las empresas implicadas, tanto en sentido positivo como negativo, con objeto de presionar también por el lado de la opinión pública, lo cual resulta muy eficaz en cualquier caso. 
Ya he apuntado que estamos en contra de una aplicación extraterritorial. 
Yo tampoco considero necesariamente concluyentes los ejemplos que ha citado el ponente en este sentido, pues el tema de la exportación de armamento concierne a los Estados miembros que regulan estos aspectos en su reglamento de exportación. 
Sin embargo, no es admisible que cuando aparezcan armas en cualquier país se sancione retroactivamente, por decirlo así, a los países de procedencia. 
También deberíamos procurar no poner forzosamente en el mismo saco el incumplimiento de las normas sociales y ambientales y los malos tratos a los niños, pues en este último caso interviene un bien jurídico muy estimable, que desde luego puede estar amparado por la aplicación extraterritorial, lo cual a mi modo de ver no ocurre en el caso anterior. 
El tercer punto crítico del informe era el tema de la llamada plataforma de seguimiento, en la que colaborarían organismos muy diversos, bajo el control del Parlamento Europeo. 
Nosotros no creemos que exista un fundamento jurídico para ello. 
En las negociaciones alcanzamos una serie de compromisos y yo confío en que el informe que ahora se presenta pueda obtener aceptación y todos demostremos la flexibilidad suficiente para alcanzar un resultado positivo en la votación final. 
Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero agradecer profundamente al Sr. Howitt el amplio, exhaustivo y sumamente claro trabajo que ha realizado, así como el generoso y apasionado empeño que ha puesto a la hora de elaborar este informe. 
Sería muy grave que el informe Howitt fuera leído en clave contraria a las empresas. 
Nosotros, como liberales, lejos de estar en contra de la intervención de las empresas en los países en desarrollo, la consideramos una condición fundamental y esencial para ese desarrollo económico que es la lógica premisa de todo desarrollo humano. 
Cierto que hay que evitar que algunos casos, extremadamente negativos, acaben por estropear el clima y por hacer creer que se trata de un instrumento inadecuado. 
Desde este punto de vista, el informe Howitt ofrece, sin duda, una ayuda. 
Por lo tanto, apoyamos los códigos de conducta voluntarios de las empresas, así como un código de conducta europeo que se base ante todo en un referencia firme y precisa a las normas internacionales en vigor; estamos de acuerdo con los procedimientos transparentes, precisos y concordantes para descubrir las posibles infracciones o violaciones de las normas establecidas, y con derecho de réplica; estamos, en cambio, absolutamente en contra de esa especie de plataforma provisional que en la fase interina el informe Howitt prefigura bajo el auspicio y el amparo del Parlamento Europeo que podría, en nuestra opinión de liberales, convertirse en una especie de tribunal del pueblo, sin garantías suficientes y, en definitiva, contraproducente. 
Por lo tanto, contamos con la sensibilidad del Sr. Howitt hacia las enmiendas que presentamos al respecto. 
Señora Presidenta, nosotros acogemos con satisfacción el informe del Sr. Howitt sobre la adopción de normas por la UE para las empresas europeas que operan en países en desarrollo. 
La elaboración de un código de conducta europeo es una tarea muy importante, que debemos impulsar con ahínco. 
Es una buena iniciativa crear un fundamento jurídico en este ámbito, señor Howitt. 
El modelo de un código de conducta es necesario. 
Es importante que se cree una plataforma europea de seguimiento, pero para nosotros también es esencial la forma en que tendrá lugar dicho seguimiento y la verificación. 
Un código de estas características no significa nada sin un seguimiento y una verificación. 
El principio de voluntariedad es esencial a nuestro modo de ver y también debe estar en la base de un fundamento jurídico como el que se propone, pero lo que debe ser voluntario es lo que decida hacer por su cuenta cada empresa. 
No obstante, tiene que haber unas normas mínimas obligatorias. 
Éstas corresponden a una ética aceptada en la Comunidad y que también debe aplicarse de cara al exterior. 
En resumen: unas normas obligatorias como base mínima y un elemento adicional de voluntariedad. 
La cooperación que usted propone en el marco del nuevo Acuerdo global con los países ACP es importante y constituye una medida complementaria que nosotros apoyamos. 
También apoyamos que se promuevan iniciativas de ámbito europeo. 
Yo no he entendido bien lo que ha dicho el Sr. Kittelmann. 
Ha hablado de moral y ha dicho que algún día encontraremos la oportunidad de desarrollar esta propuesta. 
Yo no sé cómo se propone hacerlo. 
Sin duda también ha tenido un lapsus. 
Ha hablado en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y al final ha declarado que el PPE no podía aceptar la propuesta. 
La Sra. Günther ha dicho luego otra cosa. 
Yo pienso, siguiendo a Brecht, que lo primero es la pitanza y luego viene la moral, y todos sabemos que el capital es un gran tiburón y cuando está hambriento, poca cosa deja en los negocios internacionales. 
Yo también creo que la propuesta no es comparable con la Ley Helms-Burton. 
Ésta es una medida represiva internacional. 
Lo que aquí se propone es el establecimiento de un código de conducta particular para las empresas europeas. 
Ya lo hemos hecho bajo otra forma con la Convención de Basilea, con el Convenio del Rin en el ámbito interior y en relación con los residuos tóxicos que se transportan de la UE a Suráfrica, por ejemplo, como demuestra el ejemplo de Inglaterra. 
Por consiguiente, ya nos hemos impuesto otros códigos de conducta de este tipo y nos hemos adherido a ellos. 
En este sentido, es importante y acertado adoptar la presente iniciativa. 
Nosotros la apoyamos y esperamos que obtenga una amplia mayoría en el Parlamento. 
Señora Presidenta, hace un momento hablábamos de la protección de las familias y de los niños y ahora estamos hablando sobre un duradero desarrollo social y económico que, en realidad, debe formar la base de lo anterior no sólo en Occidente, sino también en los países en desarrollo. 
La salvaje globalización y mundialización no pueden asegurarlo; a lo sumo, puede ofrecer una oportunidad para su desarrollo. 
Pero el afán de una maximalización de las ganancias también puede perturbar un desarrollo duradero. 
Ya discutimos esta semana el informe Sainjon, que está en la misma línea. 
Los países pobres no se pueden imponer a sí mismos este buen comportamiento y, en realidad, los países ricos tampoco. 
Algunas empresas multinacionales tienen un presupuesto que supera con mucho el de varios países en vías de desarrollo. 
Es difícil, incluso para organizaciones internacionales, tomar a estos países en desarrollo. 
Sin embargo, el mayor reto sigue siendo ver qué somos capaces de hacer como comunidad política. 
Crear un orden jurídico internacional basado en normas aceptadas internacionalmente- por ejemplo, la creación de una organización mundial de comercio -, en muchos aspectos fue para mí una oportunidad perdida, porque entonces se hubiera podido hacer mucho. 
Por tanto, deberemos plantearlo con las posibilidades que tenemos. 
Deberá ocurrir con sentido de la medida y del realismo, pero el control será absolutamente necesario, porque no se pondrá en funcionamiento por sí solo. 
Naturalmente, aplaudimos los códigos de conducta voluntarios. 
Pero eso no es suficiente. 
Creemos que podemos contar con la creciente conciencia de nuestros consumidores europeos, que no quieren ser cómplices de la explotación. 
De ahí el alegato en defensa de acuerdos vinculantes y una advertencia también para la hipocresía. 
Con esto quiero concluir, porque no sería la primera vez que los países europeos se protegen a sí mismos contra los avances de los países en vías de desarrollo en nombre de grandes y bellos principios. 
Señora Presidenta, antes que nada mis felicitaciones cordiales al ponente por su informe. 
Las normas para el comercio merecen nuestra continua atención, ciertamente cuando se trata del comercio con países en desarrollo. 
Hay que poner fin a situaciones de explotación en estos países. 
Las empresas europeas deben ser responsables, por ejemplo, de la creación de industrias peligrosas en países donde no exista la inspección de trabajo. 
En los últimos años, las empresas dentro de Europa han prestado cada vez mayor atención a los códigos de conducta. 
Así hay un gran número de empresas multinacionales que, si bien presionadas por grupos de presión internacionales y por la opinión pública, se han sentido obligadas voluntariamente a observar los derechos humanos en su actividad comercial y a publicar un informe social anual. 
Nosotros, como Unión Europea, debemos unirnos a esta tendencia en la vida empresarial. 
Por eso soy partidario de un código de conducta voluntario a escala europea. 
De esa manera facilitamos la práctica de actuar de forma ética y responsable, y la responsabilidad seguirá estando donde debe estar: en las empresas. 
Una segunda manera de fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta internacionales es nuestra inserción en organizaciones internacionales. 
No me parece sensato crear todo tipo de legislación e instancias europeas. 
Sólo conseguiríamos aumentar la burocracia europea y, sobre todo después de los anteriores debates de esta semana, no tenemos ninguna necesidad. 
Por último, quiero observar que estoy de acuerdo con mi colega Maij-Weggen en el sentido de que, en la medida de lo posible, hay que implicar a los países en desarrollo en la elaboración de los códigos de conducta. 
Sin embargo, no veo necesario aplazar la votación de este informe por esa razón. 
Presidenta, creo que las felicitaciones al ponente pueden ser apoyadas por mí en gran medida, pero me gustaría tomar en consideración el resultado posterior del informe para el futuro, porque veo este informe como un principio importante de una discusión sobre el tema. 
Me gustaría exponer seis puntos a petición del Sr. Howitt. 
El primero: ¿qué significarán los avances que ahora hemos presentado para la pequeña y mediana empresa? 
¿No habría que tomar medidas comparables o las mismas medidas para las pequeñas y medianas empresas, ya que hay muchas operando también en los países en vías de desarrollo? 
El segundo: ¿no estaría bien tomar en consideración además lo que ya hemos avanzado en el ámbito del medio ambiente, a saber: los convenios reguladores? 
¿Qué significa el modelo de convenios reguladores en este caso para las empresas? 
¿No hay que avanzar algo en ese terreno? 
Lo mismo sirve para las marcas de calidad. 
El tercero: soy sensible al argumento del mundo empresarial de que si sólo se toma a las empresas europeas, al final podrían surgir problemas en el terreno de la competencia. 
Tome el ejemplo de la Shell en Nigeria. 
Uno: estuvo bien que presionáramos a la Shell, pero también vimos que empresas petrolíferas canadienses y no europeas sacaron finalmente provecho. 
Debemos tener esto bien en cuenta. 
Punto cuarto: ¿Qué hacemos con el sector informal? 
Creo que aparece demasiado poco en el informe, porque el sector informal también forma parte de la vida empresarial y precisamente por eso se le debe apoyar. 
Quinto: Ya lo he tratado. 
Que sólo se investiga a las empresas europeas. 
El sexto punto es la inclusión de las propias empresas en el debate. 
En realidad, lo he echado algo de menos y para el futuro me parece importante que incluyamos a las empresas, ya sean grandes o pequeñas, en el debate. 
Presidenta, con esto concluyo. 
Creo que, finalmente, deberíamos tener una discusión mucho más amplia sobre este tema. 
Presidenta, lo primero de todo expresar mi simpatía por el trabajo del colega Howitt. 
Aunque no estemos de acuerdo con todos los puntos de su informe, apoyamos las líneas principales y respaldamos también el principio de la necesidad de llegar a un código de conducta para las empresas multinacionales. 
Estoy de acuerdo con la oradora anterior en que eso no significa que la PYME deba mantenerse a salvo. 
El que haya una necesidad es consecuencia del gran número de incidentes, incluso catástrofes, que en años anteriores han sido causados por un gran número de empresas en el tercer mundo. 
Estoy pensando en la contaminación medioambiental en la zona del río Ogun, en Nigeria. 
Estoy pensando en los problemas de esclavitud en el trabajo que han surgido en la instalación de tuberías petrolíferas en Birmania; algo que, por lo demás, fue castigado por la Unión Europea con la supresión del sistema preferencial. 
Estoy pensando también en, por ejemplo, el trabajo infantil en la industria textil de India, Pakistán y Filipinas. 
Todos ellos problemas que apenas pueden darse en Europa Occidental, porque tenemos legislación y la controlamos razonablemente bien, pero en los países en vías de desarrollo no tienen precisamente esa legislación. 
Eso, en realidad, significa manos libres no sólo para las buenas empresas, que también las hay, por supuesto, sino también para las malas empresas que no respetan allí la legislación en el ámbito social y medioambiental que deberían respetar en sus propios países. 
Precisamente son los países en vías de desarrollo, así se ha visto, los que necesitan recibir con urgencia ayuda de nuestra parte. 
Por otro lado, debo decir aquí que eso también es algo bueno para esas empresas honestas. 
Al observar cómo funciona ahora la Shell, con un buen código de conducta, vemos que la Shell nos informa también que en Nigeria las empresas canadienses y norteamericanas no guardan ese código de conducta, por lo que se obtiene una competencia desleal. 
Así pues, en ese sentido hay que tener también cuidado de que el goodwill en las empresas no vuelva a llevar a malas prácticas al no aceptarse de manera general los códigos de conducta. 
Presidenta, eso hace necesario y útil un código de conducta europeo. 
También lo apoyo por eso. 
Lo que no nos parece útil es un instituto como una plataforma que conduzca a demasiada burocracia. 
Naturalmente, lo que tampoco está bien es que se den competencias extraterritoriales. 
Eso tampoco se puede. Por lo demás, eso lo castigaría la OMC. 
Presidenta, habríamos visto mejor que el tema se hubiera presentado primero en la Asamblea de Países de África, Caribe y Pacífico. 
Tengo entendido que el ponente no lo ve así. 
Pero quizá podamos aprobar mañana el informe y presentarlo consecuentemente allí. 
Eso sería algo bueno. 
Presidenta, voy apoyar la propuesta. 
Naturalmente, aguardamos a la votación de mañana, pero confío en que la votación discurra de tal manera que el buen informe del Sr. Howitt, por el que vuelvo a darle las gracias al ponente, obtenga un amplio apoyo. 
Señor Presidente, los países pobres no pueden sencillamente aplicar en su vida laboral las mismas normas y condiciones que los países ricos. 
Si fuera tan fácil elevar el nivel de bienestar en los países en desarrollo mediante el cumplimiento por parte de estos países de convenios, declaraciones, conferencias internacionales y sanciones, no habría países pobres ni trabajadores sometidos a condiciones laborales deficientes desde nuestro punto de vista. 
Pero, desgraciadamente, no es tan sencillo. 
Hay numerosos países interesados en atraer la inversión extranjera para tener un mejor acceso al capital, el mundo empresarial y las tecnologías, lo cual, a su vez, crea empleo y crecimiento. 
El crecimiento representa verdaderamente la única posibilidad de mejorar las condiciones laborales, lograr aumentos salariales y crear unos interlocutores sociales. 
Resulta evidente que se registran deficiencias de carácter específico en numerosos ámbitos, pero también es cierto que, hoy por hoy, existen reglas para abordar estos problemas. 
Ahora que estamos tratando sobre el problema de base, permítanme señalar que los países que han depositado su confianza en las inversiones internacionales han tenido mucho más éxito que los países que se han parapetado tras todo tipo de regulaciones socialistas. 
Por este motivo, el desarrollo económico de Tailandia ha sido mucho más rápido que el de Tanzania. 
La pobreza impera en Cuba, no en Taiwán. 
La explotación es un hecho característico de Corea del Norte, no de Corea del Sur. 
Los empresarios extranjeros han contribuido a mejorar los salarios y las condiciones sociales. 
Creo que todo esto es, básicamente, lo que ha de tenerse presente cuando se haga una valoración de las medidas que resulten aún necesarias. 
Sin embargo, creo que en el presente informe no se comprende suficientemente este proceso, sino que en él se presentan las inversiones extranjeras, más bien, como un mecanismo de explotación que ha de ser objeto de regulación. 
De esta manera, como los países del mundo no comprenden qué es lo mejor para ellos, la Unión Europea debe emprender una intervención extraterritorial- algo a lo que, por otra parte, nos oponemos- para velar por que se cumpla nuestra voluntad. 
Todos los informes tienen sus méritos, y éste no es ninguna excepción. 
No obstante, el presente informe no constituye una contribución lo suficientemente constructiva puesto que, en mi opinión, parte de los criterios erróneos que he mencionado. 
Señora Presidenta, Comisario, antes que nada quisiera felicitar al ponente por haber preparado este informe. 
Es curioso que la Unión Europea pueda enorgullecerse de lo conseguido para mejorar la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo mediante la aplicación del capítulo social. 
Nosotros también somos resueltos partidarios de la protección de los derechos humanos y nos hemos esforzado siempre por promulgar legislación que proteja el medio ambiente. 
Es inaceptable que al mismo tiempo que mejoramos la calidad de la vida en nuestra Unión Europea haya empresas de la Unión Europea que infringen las normas de salud y seguridad o que explotan a su fuerza de trabajo y que están causando daños graves y permanentes al medio ambiente de los países en desarrollo. 
Es totalmente inmoral que mejoremos la prosperidad de la Unión Europea a costa de la población de los países en desarrollo. 
Estoy en favor de que se adopte un código de conducta y que se establezca una plataforma europea de vigilancia. 
Tenemos que conseguir que las empresas de la Unión Europea que operen fuera de la Unión traten equitativamente a sus empleados, tanto por lo que se refiere a la remuneración que perciben como al respeto de normas adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
Hemos de evitar también que se desarrollen proyectos o se fabriquen productos que tengan consecuencias devastadoras para el medio ambiente en esos lugares. 
Coincido con los comentarios que ha hecho el ponente al presentar el informe en que los códigos voluntarios de conducta y los acuerdos obligatorios no son necesariamente incompatibles entre sí. 
En realidad se complementan unos a otros y deben constituir la base de nuestra estrategia en esta esfera concreta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es notorio que la Unión Europea es el primer donante mundial de ayuda al desarrollo. 
No obstante, es necesaria una ayuda coordinada con el fin de que, en los países en desarrollo, los Gobiernos puedan incorporar a su propia legislación interna las normas ya aceptadas internacionalmente. 
En este contexto, es fundamental apoyar las empresas europeas, ya que éstas son las mayores inversoras directas en los países en desarrollo y cumplen un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico sostenible global. 
Las empresas, al contribuir directamente al proceso de desarrollo económico de las regiones más desfavorecidas, tienen una gran responsabilidad social, en particular en lo que respecta a los derechos humanos. 
Por ello considero interesante la propuesta de elaborar un modelo de conducta europeo que pueda contribuir, sobre la base de normas internacionales, a una mejor armonización de los códigos de conducta voluntarios nacionales. 
El principal objetivo de dicho código debería ser garantizar la aplicación de normas mínimas en materia de medio ambiente, de condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, de eliminación del trabajo infantil, de protección de los derechos de las mujeres y, obviamente, de respeto de los derechos fundamentales. 
Es preciso prever un enfoque evolutivo y gradual de las normas de dicho código ofreciendo incentivos positivos a las empresas que se comprometen a cumplir las nuevas disposiciones. 
No comparto, por el contrario, la creación de un observatorio europeo, ya propuesto por algunas asociaciones sindicales que llevaría a cabo una actividad de control, mediante informes valorados empíricamente, que no solo no puede establecer las condiciones salariales en los países en desarrollo, sino que, tal como está planteado, no mejora en absoluto las condiciones laborales y, sobre todo, no existe un fundamento jurídico respecto a una cuestión de vigilancia europea. 
Es importante reconocer, sin embargo, que el impacto de la globalización en la comunidad internacional tiene efectos tanto positivos como negativos. 
La progresiva expansión de una conciencia social, el reconocimiento internacional de los derechos humanos y la libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios podrían incluirse entre los aspectos positivos. 
Lamentablemente, los derechos se ponen en tela de juicio debido a las condiciones medioambientales y a la gran diferencia entre riqueza y pobreza. 
Señora Presidenta, no faltan convenios, ni cartas, ni declaraciones en las que figuran normas de respeto de los derechos laborales, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías y de las poblaciones indígenas, del medio ambiente y de la lucha contra el fraude y la corrupción. 
La OIT, las Naciones Unidas, la OCDE, la FAO, la OMS y el Banco Mundial proporcionan alimento ético y jurídico suficiente como punto de partida para la elaboración de un código de conducta europeo destinado a las empresas europeas que funcionan comercialmente en los países en vías de desarrollo. 
Por desgracia, muchas multinacionales europeas y americanas tienen los beneficios manchados por su connivencia con regímenes autoritarios en los que los métodos opresivos, los abusos y la explotación de los trabajadores subvierten completamente las normas básicas de la competencia leal. 
Son un atentado contra los derechos de poblaciones en situación de fragilidad social, muy en particular de las mujeres y los niños sujetos a auténticos métodos de trabajo forzado. 
Hay que responsabilizar a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo para la aplicación de normas que respeten los principios y derechos fundamentales del trabajo. 
Pero el problema radica en la dificultad para imponer sanciones efectivas a los prevaricadores. 
Una de las formas prácticas puede estribar en la discriminación positiva, premiando con apoyos e incentivos especiales a los países que demuestren una buena administración. 
Es preciso adoptar iniciativas concretas. 
Estamos de acuerdo con la creación de la plataforma europea de acompañamiento, compuesta por asociaciones empresariales y sindicales, ONG y entidades públicas, y el Parlamento Europeo puede dar el impulso inicial, servir de catalizador, pero nada más, pues es algo que no corresponde a sus competencias. 
Aunque comparto algunas de las consideraciones de mi colega la Sra. Ghunter, felicitamos al ponente, el Sr. Howitt, por el informe que ha presentado en el que da expresión a la idea de que la práctica del comercio justo y solidario es, por encima de todo, una forma diferente de estar en el mundo compartiendo la prosperidad. 
vicepresidente de la Comisión. Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. Howitt y al Parlamento por su iniciativa y su acción en pro de una mejor protección de los derechos de los trabajadores de todo el mundo, y en particular de las personas de los países en desarrollo que trabajan, sea directa o indirectamente, para empresas europeas. 
A lo largo de los últimos años, la opinión pública ha sido muy sensible respecto a estas cuestiones y se han logrado una serie de avances, en ocasiones gracias a la acción del Parlamento Europeo. 
Pienso concretamente en las iniciativas- que luego la Comisión llevó a cabo- de incluir siempre un sistema incitativo en lo que se refiere, por ejemplo, al sistema de preferencias generalizadas en las llamadas cláusulas sociales y medioambientales. 
Ahí ha habido ciertamente un progreso bastante interesante en los últimos años dentro de la Unión Europea y sus instrumentos comerciales y su desarrollo. 
Vamos a ver ahora el aspecto más concreto de los códigos de conducta y los labels sociales. 
En este sentido, la Comisión- después de las reuniones de carácter técnico que se celebraron en el Parlamento Europeo, invitando a expertos para que se discutiera respecto al asunto- considera el carácter voluntario de este instrumento y concede una gran importancia sobre todo- junto a la voluntariedad- a la búsqueda de instrumentos que inciten a la colaboración entre ellas para que, con presión social y con elementos incitativos, se vaya incorporando progresivamente a la cultura de las empresas europeas la convicción de que, cuando trabajen en el extranjero, han de tener en cuenta elementales normas de derecho del trabajo y sociales. 
Y a este respecto y dentro de esta filosofía general positiva, quisiera hacer algunas consideraciones más específicas. 
En relación con las iniciativas voluntarias de empresas, industrias, sindicatos y ONGs para promover los códigos de conducta, la Comisión las ha apoyado desde hace años promoviendo principalmente el diálogo entre los diferentes interlocutores. 
Así, en febrero de 1998, se organizó en Bruselas una conferencia conjunta con el Departamento del Trabajo norteamericano donde reunimos a empresas, organizaciones sindicales y ONGs, cuyo objetivo consistía precisamente en analizar las posibilidades y límites de los códigos de conducta y de las normas sociales y considerar cuál podría ser el papel de las autoridades públicas en este proceso. 
Esta conferencia fue seguida de un seminario, en noviembre, sobre cuestiones de monitoring de los códigos de conducta y los labels sociales y de una visita a los Estados Unidos en diciembre de 1998. 
Sin embargo, no debe olvidarse que los códigos de conducta- y ésta es una precisión que quiero hacer en nombre de la Comisión- no pueden sustituir, en ningún caso, la normativa nacional e internacional del trabajo que son, en último término, las únicas garantes del respeto universal de los derechos fundamentales de los trabajadores. 
¿Qué quiero decir con esto? 
Que se puede tener un código de conducta interesante, positivo, y hacer mucha presión social, pero también es muy importante que el país que recibe la ayuda al desarrollo incorpore a su propia legislación interna las convenciones internacionales de protección del trabajo. 
Es decir, tiene que ser una acción combinada, porque no todos los países que reciben nuestra ayuda han incorporado a su legislación nacional determinadas normas básicas en materia de protección. 
Por lo que se refiere al fundamento jurídico de un marco europeo que regule las operaciones de las empresas a escala mundial, la Comisión concede prioridad a las medidas incentivadoras y con carácter participativo frente a un planteamiento de tipo represivo. 
Es decir, nunca hemos estado de acuerdo respecto a la certificación. 
Siempre hemos pensado en términos de discriminación positiva y de incentivos antes que en sanciones. 
Por otra parte, la Comisión- y la Unión Europea en su conjunto- dan prioridad a los acuerdos multilaterales sobre las reglas unilaterales de dimensión internacional. 
No necesito explicar el conflicto Helms-Burton. 
La Unión Europea no está por este tipo de medidas de alcance extraterritorial. 
En consecuencia, por mantener un mínimo de lógica, si nos hemos opuesto a la extraterritorialidad propugnada por el I Congreso estadounidense, difícilmente la Unión Europea podría aplicar leyes extraterritoriales aunque se trate de perseguir un fin noble como la protección social, la protección del medio ambiente, que reconozco como tales. 
Hay que ser coherentes y, en consecuencia, tiene que ser por la vía del diálogo y por la vía de la incitación como hay que introducir ese tipo de planteamientos en el plano interno. 
Sobre la posibilidad de crear un observatorio europeo, es cierto que la Comisión no lo había previsto en sus conclusiones del seminario de noviembre. 
Sin embargo, estamos dispuestos a ayudar a los interlocutores afectados a reunirse para crear vínculos en las diferentes iniciativas y está dispuesta igualmente a favorecer los intercambios, la promoción, difusión de experiencias, así como la visibilidad de las empresas que ponen en práctica estos códigos. 
Es decir, la Comisión puede proporcionar un elemento integrador de todas las experiencias, de todos los códigos, de lo que hace cada empresa, no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos; porque algunas empresas norteamericanas han introducido ya comportamientos éticos cuando trabajan en el extranjero. 
En ese sentido estamos abiertos a lo que decida el Parlamento. 
Y por último, la Comisión también está dispuesta, si los interlocutores así lo desean, a establecer una red que permita trabajar sobre el contenido de los códigos y la puesta en común de distintos elementos y también sobre la delicada cuestión de un seguimiento, de un monitoring independiente. 
Esta es una cuestión muy delicada, porque si establecemos un sistema de monitoring, tendrá que tratarse de un monitoring muy objetivo, muy neutral, muy aséptico para impedir que, naturalmente, empiecen a juzgarse las situaciones en función de intereses económicos, de intereses de empresa o de intereses simplemente políticos. 
De todas maneras, como ya hemos señalado, han pedido subvenciones la Federación sindical europea del textil, la Federación sindical europea del vestido y la del cuero. 
Y, en principio, la respuesta de la Comisión va a ser trabajar con los sindicatos y con las federaciones del textil, del vestido y del cuero con objeto de ofrecerles mecanismos financieros que les permitan constituir sus propias redes. 
Y en relación con los recursos financieros, por los que ustedes preguntaban, disponemos de la línea B7-6000 para cofinanciar un gran número de ONGs, de manera que se puede fomentar este tipo de sensibilización. 
En cualquier caso, ya estamos actuando en ese sentido, y espero que se pueda seguir haciendo. 
El año pasado se concedió financiación sobre todo a aquellas ONGs que trabajaron con el eslógan- que seguramente conocerán ustedes- del «comercio justo». 
Prácticamente en todos los supermercados de Europa se desarrolló una campaña de «comercio justo» con productos de ese tipo de comercio, con una compensación al pagar en caja. 
Ese tipo de acciones de sensibilización se puede continuar haciendo. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
¡Cerramos la jornada con un poco más de tranquilidad que cuando la iniciamos! 
Se cierra la sesión a las 20.50 horas 
Votaciones 
Señor Presidente, en respuesta al abucheo, he de decir que no deseaba hacer una enmienda oral, pero hemos logrado una transacción y parece estar manteniéndose por lo que se refiere al voto de esta mañana. 
El párrafo 24 ha causado muchos debates entre los Grupos políticos. 
Hemos logrado llegar a una transacción sólo sobre una parte muy corta de este párrafo. 
Voy a leer cuidadosamente la redacción ligeramente modificada de la primera línea. 
Es muy breve. 
Es la siguiente: «Pide al Consejo Europeo que aclare el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas de 1968». 
Tiene la palabra el Sr. Wolf para expresar su oposición a la enmienda oral. 
Señor Presidente, formulo una objeción, porque con esto cambia el significado del párrafo y no creo que debamos hacerlo oralmente. 
Señor Presidente, hay dos elementos en esta enmienda del Grupo UPE. 
El primero consiste en suprimir cinco palabras y, como ponente, me opongo a esa supresión. 
La segunda enmienda consiste en añadir a continuación las palabras «el Comité para la Inversión Internacional y las Empresas Multinacionales de la OCDE». 
Sobre esta segunda parte recomiendo a la Asamblea que vote a favor. 
Contra lo que recomiendo a la Asamblea votar no es contra todo el primer párrafo, sino contra la supresión de esas cinco palabras. 
Entiendo que las cinco palabras en inglés son las 11 del texto español. 
En todo caso, es un problema puramente lingüístico. 
Risas 
En este caso, Señorías, los españoles ganamos por 11 a 5. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Permítanme que felicite al Sr. Howitt y les agradezca una vez más a todos ustedes su colaboración en esta complicada votación. 
¿Quién lo sabe? 
La pobreza es la regla en los países en desarrollo. 
El patrimonio de las quince personas más ricas de nuestro planeta supera el producto interior bruto (PIB) global del África negra. 
Ahora bien, es probable que este subdesarrollo de los países del tercer mundo perdure e incluso empeore. 
El precio de las materias primas, de cuya venta depende esencialmente la economía de los países en desarrollo, llega a su tope máximo o cae sin cesar y sin esperanzas de subir, ya que la cantidad de productos de síntesis capaces de sustituirlos es cada vez mayor. 
Estos mismos países acusan un retraso cada vez mayor con respecto a la enseñanza y al acceso a las nuevas tecnologías. 
Frente a este panorama desolador, vemos como continúa la fusión de las grandes multinacionales, algunas de las cuales poseen un presupuesto superior al de Estados como Austria o Dinamarca. 
Juntas, controlan el 70 % del comercio mundial. 
Los «contrapoderes» que representan los partidos, los sindicatos y los medios de comunicación independientes son cada vez más inoperantes, lo que provoca el sentimiento profundo de su impotencia en la opinión pública. 
Ante el estado del mundo y la concentración de la economía, algunos están tentados de renunciar, al no poder proponer una alternativa realista. 
Pero el mundo nunca se detiene, y lo peor sería desanimarse y bajar los brazos. 
Potencialmente, la humanidad ha alcanzado un estadio de desarrollo que permitiría- por primera vez en su historia- alimentar, alojar, prestar atención sanitaria e instruir a todos. 
Bastaría con destinar para ello una parte del presupuesto mundial. 
El escándalo de la miseria no es, pues, una fatalidad, y me congratulo que así lo demuestren los informes como el de Richard Howitt, que pretenden regular las leyes del mercado. 
El primer considerando de su propuesta de resolución subraya que «la Unión Europea [... ] y las empresas europeas [... ] pueden desempeñar un papel decisivo en un desarrollo social y económico sostenible del mundo». 
Teniendo en cuenta la lección de los «comités de empresas europeos» -creados sin que se haya establecido ninguna sanción en caso de que las normas sean transgredidas, lo que había llevado a algunas multinacionales europeas a no tomarlas en serio -, apruebo la triple acción que se propone: primeramente, establecer un marco europeo que regule las operaciones de las empresas a escala mundial y definir un código de conducta que incluya las normas mínimas internacionales que garantizan el respeto de los derechos humanos, de las minorías, de los pueblos indígenas, de las condiciones de trabajo, el respeto del medio ambiente, la lucha contra la corrupción... 
En segundo lugar, un «observatorio europeo» independiente, encargado de vigilar la aplicación de dicho código de conducta y de comprobar que las actividades desarrolladas en los países de acogida sean sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental. 
En tercer lugar, emprender acciones judiciales contra las empresas que incumplan sus compromisos. 
Pero la Unión debe actuar para aplicar este código de conducta, para que se creen, a través de acuerdos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , mecanismos de vigilancia eficaces, y para que se apliquen sanciones en caso de infracción. 
El mundo político y la opinión pública, principalmente con la ayuda de las ONG, deben ganar este combate. 
La Unión Europea es el primer donante de ayuda al desarrollo. 
Las empresas europeas son los primeros inversores directos en los países en vías de desarrollo. 
Como lo expresa nuestro ponente, la actitud europea, por lo tanto, puede resultar determinante para fomentar un desarrollo mundial económica y socialmente sostenible. 
Personalmente, estoy convencido de que una política social que se precie debe basarse necesariamente en una producción de riquezas, que sólo permite un desarrollo económico sostenido. 
Al mismo tiempo, estoy persuadido de que un impulso económico basado en la injusticia social no puede durar. 
En esta perspectiva, el Parlamento Europeo debe aprobar y apoyar las iniciativas voluntaristas adoptadas como complemento de las normas internacionales y de las obligaciones que incumben a las autoridades nacionales, con el fin de promover códigos de conducta- siempre que éstos se elaboren por todas las partes afectadas y que se les aplique un seguimiento y control eficaz e independiente-. 
La elaboración de un código de conducta modelo que recoja las normas mínimas internacionales existentes y la creación de un observatorio europeo encargado de velar por su respeto, son ideas que deben apoyarse si dicho observatorio actúa en estrecha cooperación con el conjunto de interlocutores y no se convierte luego en un instrumento utilizado como una forma elaborada de proteccionismo contra los bienes y los servicios producidos en los países emergentes y en desarrollo. 
Finalmente, el hecho de emprender acciones judiciales contra una empresa en el Estado miembro de la Unión donde tenga su sede, en los casos de incumplimiento grave de sus compromisos en un país emergente o en desarrollo, así como la elaboración de una legislación que permita emprender acciones judiciales ante los tribunales europeos contra las multinacionales acusadas de dicho incumplimiento, son dos ideas atractivas. 
Sin embargo, éstas deben estudiarse detenidamente, ya que también podrían, si no se tiene cuidado, desviarse de su principal objetivo, con fines proteccionistas. 
He votado en contra del Informe Howitt. 
Sus intenciones, sin embargo, son excelentes: definir normas mínimas de trabajo aplicables al comercio con los países en vías de desarrollo. 
Pero el método elegido es ilógico y peligroso, puesto que circunscribe al marco europeo una cuestión que compete, en realidad, al marco internacional. 
Estos códigos de conducta deben negociarse en un marco internacional para poder lograr un dispositivo obligatorio que se aplique equitativamente al conjunto de las empresas, tanto a las de los terceros países como a las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea. 
De lo contrario, no iremos más allá, fatalmente, de medidas parciales y facultativas. 
Debemos, de hecho, procurar rigurosamente que las normas internacionales que ya existen, en particular en el marco de la OIT, sean efectivamente aplicadas por todos. Además, hay que hacer evolucionar las normas de la OMC, de tal manera que tomen en consideración la cuestión esencial del dumping social y, también, del dumping medioambiental. 
Es responsabilidad directa de los Estados miembros y de la Comisión. 
El Parlamento Europeo no aporta al debate ningún valor añadido, incluso al contrario, al limitarse a actuar con una ingenuidad que puede acarrear una autopenalización sólo con respecto a las empresas europeas. 
Democratización, Estado de Derecho, derechos humanos en la asociación UE/ACP 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0411/98) del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión «Democratización, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y buen gobierno: retos políticos de la asociación entre la Unión Europea y los países ACP» [COM (98) 0146- C4-0390/98]. 
Tiene la palabra el Sr. Pomés Ruiz como ponente suplente. 
. Señor Presidente, es para mí un honor presentar ante esta Asamblea el excelente informe que ha realizado Fernando Fernández Martín, que pretende dar un nuevo impulso a las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico. 
El contenido de este informe supone, ciertamente, un auténtico reto político para el futuro de nuestras relaciones con los países ACP, como con acierto destaca la comunicación de la Comisión Europea en el título del documento que nos ha remitido al Parlamento para su debate y aprobación. 
Ya el Convenio de Lomé IV había aportado alguna innovación al hacer referencia al respeto y promoción de los derechos humanos en el cuerpo mismo del Convenio. 
La revisión de Lomé IV, en 1995, introdujo una referencia explícita al reconocimiento y aplicación de los principios democráticos en el artículo 5, a la consolidación del Estado de Derecho y al buen gobierno en el artículo 366 bis, y en el 224 se abunda y profundiza en esta misma dirección. 
Ahora se trata de que, más allá de un debate teórico sobre conceptos llenos de buena intención, avancemos en la definición de medidas concretas que faciliten el tránsito de la teoría a la práctica. 
A nuestros amigos ACP debemos concienciar de que en modo alguno estas orientaciones deben ser entendidas como un intento de intervención en asuntos que son de su competencia, de su responsabilidad, de su soberanía. 
Debo decir que buena parte de las orientaciones y medidas por las que abogamos en este informe no tendrían eficacia alguna y sus efectos serían nulos si no fuesen asumidas como propias por los distintos actores ACP, y muy especialmente por la sociedad civil de los países ACP, que es la destinataria última del beneficio de estas medidas. 
Debo añadir, en seguida, que en algunos de los problemas que hemos de afrontar, como el de la corrupción por ejemplo, la Unión debe hacer un esfuerzo de vigilancia y adoptar medidas sancionadoras ejemplares, cuando las infracciones impliquen a personas físicas o jurídicas o a empresas europeas. 
Como ha dicho uno de los más brillantes pensadores europeos de este fin de siglo «la corrupción es el cáncer que corroe a las democracias». 
La corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, desemboca inevitablemente en un sistema económico que favorece el beneficio inmediato, la arbitrariedad y los intereses particulares y se opone a toda idea de transparencia, equidad y Estado de Derecho. 
Desde los informes de los Sres. Martens y Rocard, el Parlamento Europeo reclama una nueva dimensión política en las relaciones Unión Europea-ACP basada en la promoción de los valores democráticos y en el respeto de los derechos humanos. 
En este aspecto, la educación es el ámbito esencial de una acción política destinada a promover el fortalecimiento de una sociedad civil fuerte y saludable. 
Es exigible que estas acciones contemplen de manera especial el papel específico de la mujer y la protección de los derechos de los menores víctimas, en algunos casos, de nuevas de formas de esclavitud autóctona que humilla y ofende toda la dignidad humana. 
El refuerzo del Estado de Derecho y de la democracia debe incorporar el desarrollo de las condiciones de funcionamiento de los tribunales de justicia, de la policía y del ejército, promover ayudas a los medios de comunicación que sirvan al objetivo de una información veraz e independiente de los poderes públicos, fortalecer la sociedad a través del asociacionismo y de organizaciones empresariales y sindicales. 
Somos conscientes de que estos objetivos, que no por ser ambiciosos son menos urgentes o utópicos, no son alcanzables sin un esfuerzo de diálogo tanto entre la Unión Europea y los países ACP, como entre los propios países ACP. 
Este diálogo debe ser lo más amplio e intenso posible, incorporando todos los temas y ámbitos afectados. 
Debe incorporar, además, no sólo a los representantes de cada Estado sino, especialmente, a miembros y organizaciones de la oposición política, a representantes de los poderes legislativo y judicial, así como al conjunto de representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 
En este sentido, propugnamos un refuerzo del papel de la Asamblea Paritaria ACP-UE como foro privilegiado para el desarrollo de dicho diálogo. 
Presidente, me parece un estupendo documento la presente Comunicación de la Comisión que pone de manifiesto el apoyo de la Unión Europea en los países ACP, basado en la promoción de la democratización, en la configuración y consolidación del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno. 
Se trata de una buena iniciativa de la Comisión. 
Esta es la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, y en su nombre me he permitido emitir un dictamen a la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Es cierto que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha hecho algunas observaciones que han sido elaboradas en las enmiendas. 
Así, por ejemplo, llama la atención que en la Comunicación no se tome suficientemente en cuenta la actual y única estructura entre la UE y los países ACP que, a través del Consejo EU-ACP y a través de la Asamblea UE-ACP, se puede utilizar para responsabilizarse mutuamente de los derechos humanos, democracia y buen gobierno. 
En lugar de crear nuevas estructuras, nos parece mejor que se utilicen las estructuras actuales de la mejor manera posible. 
Si en alguno de los países ACP hay indicios de violación de los derechos humanos o una carencia perjudicial de buen gobierno y democracia, la Asamblea UE-ACP tiene la posibilidad de enviar delegaciones, redactar informes, y de discutir esos informes en la Asamblea y tomar medidas. 
En lugar de optar por redactar demasiados informes oficiales nos parece mejor utilizar siempre la vía de la Asamblea y de intensificar ese procedimiento. 
Esto evita que se haga doble trabajo y pone el acento, enseguida, en el enfoque político, en lugar de en el administrativo. 
Esto es, por lo general, más efectivo. 
Tercera observación. 
La mayoría de los países ACP son países firmantes de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y democracia. 
Esto significa que esos países tienen incluso la obligación de redactar informes periódicamente y de evaluarlos en su Parlamento. 
Cuando la Unión Europea quiera emprender una acción, creemos que se tiene que tener en cuenta la propia responsabilidad de esos países. 
Presidente, estos puntos los hemos plasmado en enmiendas. El Sr. Fernández Martín los ha recogido en el informe. 
Por lo tanto estamos muy satisfechos con su informe y esperamos que la Comisión Europea responda también con agrado a este informe y a nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, uno de los retos de nuestra era es lograr que arraiguen en los países en desarrollo la democracia y los principios comunes del Estado de Derecho. 
El desarrollo material y de las ideas es posible únicamente en unas condiciones donde imperen el carácter general de la protección jurídica y la igualdad de los derechos sociales. 
La actividad económica exige una clara legislación que la proteja. 
El gran cometido de la Unión Europea es fomentar la democratización, el respeto de los derechos humanos y la adopción de los principios del Estado de Derecho. 
La UE ha venido fomentando esta labor y lo seguirá haciendo también en el futuro, y como muestra de ello también se han reservado en el presupuesto créditos a este fin. 
La democracia ha de echar raíces desde la base. 
Es necesario fomentar la creación y el desarrollo de partidos políticos. 
Hay que apoyar la transparencia, la honestidad y la legalidad en la administración. 
A menudo, este objetivo se ve obstaculizado por las tradiciones y las costumbres locales. 
La corrupción y el nepotismo son prácticas bastante generalizadas e incluso, lo que aún es peor, aceptadas y comprendidas en gran medida. 
En estas condiciones es difícil hacer uso de los recursos de la UE, ya que resulta muy fácil la aparición del fraude. 
Este motivo explica las dificultades de los programas de democratización, por lo que son imprescindibles grandes dosis de responsabilidad por parte de las autoridades competentes. 
Ya durante la elaboración del presupuesto del pasado año, el Parlamento decidió que se debería crear un grupo de trabajo interinstitucional, que contaría también con un representante del Parlamento Europeo, para vigilar la utilización de los recursos destinados a la promoción de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo del Estado de Derecho. 
El cometido de este grupo de trabajo sería ayudar en la aplicación y el seguimiento de estos programas. 
Cabe esperar que se inicien a la mayor brevedad posible estos trabajos de coordinación. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, congratularme con el Sr. Fernández Martín del inteligente y equilibrado trabajo que ha realizado en torno a este informe y le felicito sinceramente. 
¿Cuál es el punto central de la Comunicación de la Comisión y del informe parlamentario que estamos abordando? 
No es nada menos que la constatación de que la democracia, la consolidación del Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el buen gobierno no son meros principios y objetivos universalmente válidos que, obviamente, han de promoverse en todo el mundo, sino que también y ante todo son condiciones esenciales para poder llevar a cabo políticas de desarrollo sanas, equilibradas y reales. 
En definitiva, no se quieren «exportar» modelos a nuestros socios del tercer mundo, en particular los países ACP; no se trata de imponer principios y prácticas típicos de los países más desarrollados del mundo, sino que se quiere apoyar la que, a estas alturas, es una constatación objetiva, o sea, que la democracia y los derechos humanos son las bases sobre las cuales se puede desarrollar una sociedad moderna y no el resultado final del desarrollo. 
Evidentemente, sabemos que existe una estrecha correlación entre democracia y desarrollo, sin embargo, esto no puede utilizarse nunca como una excusa para justificar los regímenes antidemocráticos y las violaciones de los derechos humanos más esenciales, para negar el derecho a participar en la toma de decisiones, para tolerar la corrupción a todos los niveles, etcétera. 
En el transcurso de los pasados años hemos asistido en muchos países ACP a la sublevación violenta, aunque a veces contradictoria, de la sociedad civil que reivindica espacios, garantías y normas, que pide una nueva organización de los poderes, que exige que la acción de los poderes públicos se oriente hacia el interés colectivo y el bienestar de los ciudadanos. 
Es sobre esta base que se han empezado a poner en marcha, incluso en el Continente africano, procesos de democratización inéditos. 
El enfoque de la Unión Europea ha evolucionado mucho a lo largo de los años y desde el comienzo de los años noventa la cuestión democrática se ha puesto justamente en el centro de los objetivos de toda cooperación al desarrollo. Evidentemente, es siempre oportuno calibrar los instrumentos sobre la base de los dos grandes tipos de medidas posibles. 
Ante todo las medidas de «discriminación negativa» que permiten sancionar los países responsables de vulnerar los derechos humanos, que introducen el elemento activo de intervención y que, en definitiva, convierten estos comportamientos negativos en «costosos» y «no convenientes» El problema estriba en que, con frecuencia, este planteamiento, pese a ser necesario, carece de la participación coordinada de todos los actores de la cooperación internacional en favor de un país y, a menudo, convierte en inútiles las medidas adoptadas. 
Sin embargo, se está acertadamente poniendo el acento en la necesidad de «medidas positivas» , o sea, esas medidas que permiten, a través de la cooperación directa, crear las condiciones para que los compromisos previstos en el artículo 5 del Convenio de Lomé sean cumplidos efectivamente.. 
Habida cuenta de que comparto todo el contenido de la Comunicación de la Comisión, así como del informe del Sr. Fernández Martín, no quiero entrar en el fondo de las varias iniciativas propuestas. 
Me voy a limitar únicamente a subrayar la que, casi inevitablemente, corre el riesgo de ser una omisión. 
Debemos preguntarnos si las normas y los procedimientos previstos en el actual Convenio de Lomé en materia de contratos, de asignación y gestión de los recursos financieros y de respeto de las reglas comerciales de origen, en algunos casos, pueden ser objeto de mala gestión e incluso de corrupción en algunos países ACP. 
Me explico: el problema es que la falta de transparencia y de conocimiento de los instrumentos del Convenio que concentra en los países ACP un enorme poder sobre el ordenante nacional, puede ciertamente dar pie a problemas de mala gestión o de corrupción o de empleo fraudulento de los recursos. 
Creo que se trata de un aspecto que ha de afrontarse seriamente en el momento en que se están renegociando las disposiciones del futuro Convenio. 
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo al ponente su excelente informe y que tenga el suficiente valor como para destacar cuestiones como la corrupción y la falta de pluralismo en algunos Estados. 
Todos sabemos que muchas naciones en desarrollo se encuentran en una grave situación financiera porque la corrupción contribuye a agravar el problema de la deuda. 
Lamentablemente, en muchos sentidos la democracia- o la falta de ella- va a la par con la corrupción. 
Tras haber utilizado la democracia para conseguir el poder, algunos no desean cederlo. 
Por esa razón, para luchar contra la corrupción, además de la democracia, es necesaria una buena administración. 
Toda la estructura de nuestro Acuerdo de Lomé está basada en la democracia, los derechos humanos y la buena administración. 
Quisiera decir al Comisario que las buenas palabras no bastan. 
No podemos obligar a las naciones a atenerse a esos principios, pero podemos utilizar los incentivos. 
Cualquier nuevo acuerdo a partir del año 2000 tendrá una dimensión mucho más política y debemos insistir en el pluralismo político en los países que reciben programas de ayuda. 
Corresponde a las propias naciones desarrollarlo. 
Como dice nuestro ponente, se deben adoptar medidas para ayudar a las naciones ACP que luchan por la democracia. 
La cooperación regional debe contribuir a ello. 
Lo apoyo totalmente, pero debemos lograr el equilibrio adecuado. 
Cada vez hay más Estados candidatos que están modificando sus constituciones de modo que el pluralismo político resultará imposible y los partidos de oposición nunca tendrán la oportunidad de llegar al poder. 
No debemos tolerar eso. 
¿Qué incentivo tienen las naciones responsables para esforzarse por respetar las normas, si otras naciones que incumplen dichas normas de la democracia siguen recibiendo ayuda? 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo, me sumo a los elogios dirigidos al ponente, Sr. Fernández Martín, el cual, he de decirlo, ha trabajado con una rapidez extraordinaria. En efecto, se trata de uno de los informes elaborados con mayor rapidez en el ámbito de las actividades de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Es muy importante el marco que el señor ponente traza de las relaciones entre los países de África, Caribe y Pacífico y los países de la Unión Europea. 
Justamente, pone de relieve el paso de un concepto puramente económico a un concepto de la cooperación que, por el contrario, hace especial hincapié en los aspectos de los derechos humanos, de la transición hacia la democracia, de la ayuda de los países de la Unión Europea para crear un Estado de Derecho en los países en desarrollo, al objeto de que no solo sea formal, sino también y ante todo sustancial. 
De hecho, no podemos olvidar que no es suficiente afirmar las normas y los principios de las constituciones occidentales contemporáneas para que exista automáticamente la democracia, ni tampoco es suficiente instaurar la democracia para que se instauren automáticamente unas verdaderas condiciones de desarrollo. 
He ahí porque el informe del Sr. Fernández Martín pone inteligentemente el acento en las especificidades locales; no podemos pensar en que nuestros modelos institucionales son universales, eternos e indiscutibles, ni tampoco podemos pensar en superponerlos inflexiblemente a las realidades de unos países que tienen historias muy diferentes de las nuestras. 
Sin embargo, una cosa es cierta: la lucha contra la corrupción, las malversaciones y el mal gobierno debe ser tenaz tanto en Europa como en los países en desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero también, en nombre de mi Grupo, acoger con beneplácito la iniciativa de la Comisión y el informe del Sr. Fernández Martín. 
Y me refiero a la iniciativa de la Comisión porque la considero extraordinariamente oportuna. 
En un momento en que se acerca la renovación del Convenio, creo que es el momento de aclarar la forma como la Unión Europea interpreta el contenido de ese mismo Convenio sobre los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la buena administración. 
El propio Comisario Deus Pinheiro, hace algunos meses lanzó aquí, ante la Asamblea, el imperativo de una reflexión sobre la forma de cooperación de la Unión Europea con los países ACP, con los países en vías de desarrollo, en particular con los que tienen regímenes violentos, en que los derechos fundamentales no se cumplen, con aquellos en que la corrupción forma parte de la vida cotidiana colectiva y, en particular, con aquellos en que la existencia de conflictos puede propiciar la desviación para el esfuerzo de guerra de las asignaciones de la cooperación. 
Pero resulta consolador comprobar que en los últimos años muchos países ACP han llevado a cabo reformas institucionales importantes, a veces en condiciones socioeconómicas y políticas muy difíciles, en que los valores fundamentales del Estado de derecho, de la participación de los ciudadanos, de la buena administración, de la protección de los derechos humanos, son objetivos estructurales de los Gobiernos. 
Quien participa en las Asambleas ACP puede comprobar esa preocupación por parte de esos mismos países. 
Así, pues, la nueva asociación ACP-UE debe entrañar una fuerte dimensión política basada en la promoción de los valores de la democracia, porque sólo un Estado democrático es garante del pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Por otro lado, es imperativo que el Convenio comprenda, de hecho, disposiciones detalladas y muy claras en materia de lucha contra la corrupción, con sanciones muy concretas aplicables a los países ACP, a los Estados miembros y a los operadores económicos. 
Por último, tengo también la convicción de que el marco institucional adecuado para el debate de las nuevas concepciones del Convenio y para la prosecución de esta política es la Asamblea Paritaria ACP readaptada y con nuevas estructuras. 
Señor Presidente, también nuestro Grupo apoyará el informe del Sr. Fernández Martín. 
Es un buen informe. 
Desde hace años venimos analizando la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el buen gobierno en los países en desarrollo, en los países ACP. 
Una aportación importante ha sido la negociación del Convenio de Lomé IV, y el presente informe constituye la siguiente etapa. 
Es importante establecer la infraestructura necesaria para la separación de poderes. 
Pero para ello muchos países necesitan ayuda, una ayuda que nosotros debemos prestarles en el marco de la política de desarrollo y en la colaboración con los países ACP. 
Es muy importante que la Asamblea Paritaria sea plural y que en ella participen los representantes de los distintos partidos y no necesariamente los representantes de regímenes autoritarios. 
Todos debemos poner los medios para que así sea. 
Lo mismo es válido para la concesión de fondos. 
Si queremos combatir la corrupción en el seno de la Unión Europea- que fue el tema del debate de ayer -, debemos hacer lo propio, naturalmente, en la colaboración con los países ACP. 
Pero también debemos tener presente los casos en que los derechos humanos se ven perjudicados por las medidas de infraestructura como consecuencia de la actual economía mundial- como dice el Sr. Fernández Martín en el apartado 7 -, a saber, por la problemática del endeudamiento, por las medidas de adaptación a las estructuras o porque empresas europeas obligan a la población local a someterse a las medidas de adaptación a las estructuras, lo que a menudo dificulta el establecimiento del Estado de Derecho y la separación de poderes. 
Presidente, en el documento de la Comisión sobre las relaciones de la Unión Europea y los países ACP me he encontrado con una bonita descripción de buen gobierno: «Buen gobierno se corresponde con la gestión transparente y fiable de los recursos comunes de un país». 
Me siento inclinado a sustituir la palabra país por Unión Europea. 
Y está claro que nosotros no debemos adoptar una postura paternalista con respecto a los países ACP. 
Tengo la impresión de que utilizamos el término diálogo político para ocultar que, en realidad, lo que queremos es imponer un sistema político occidental a los países ACP. 
Los pobres resultados del Convenio de Lomé que se dieron a conocer en el año 1997 en el Libro Verde de la Comisión, han conducido a una amplia discusión sobre si se debía continuar o no con el Convenio. 
Si en el año 2000 se llega a un nuevo Convenio, éste tendría que adoptar una dimensión diferente. Y parece que ya la hemos encontrado, una dimensión política. 
Los fracasos del pasado se deben, en su totalidad, al ineficaz aparato administrativo del Estado, a la corrupción y a otras prácticas infractoras. 
Me pregunto muy seriamente si ese esfuerzo es efectivo. 
Además no me parece que la Unión Europea sea el lugar correcto para este tipo de diálogos. 
Podríamos hacer mejor un esfuerzo para que los países en vías de desarrollo puedan participar eficazmente en la economía mundial, aunque en alguna ocasión pueda ir en contra de nuestros intereses económicos. 
Señor Presidente, felicito al ponente porque ha elaborado un excelente informe y, por mi parte, quiero destacar la importancia de que el fomento de los derechos humanos se convierta en un futuro en un elemento de primer orden de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Considero importante destacar la lucha contra la corrupción, que en muchos Estados ACP es un mal endémico. 
Sin querer polemizar aquí, deseo decir que en el futuro será importante que la Unión Europea dé ejemplo en este sentido, porque no podemos predicar que se beba agua, mientras nosotros bebemos whisky. 
En el marco de las negociaciones ACP-UE debe darse especial prioridad a la situación de los niños y la protección de los derechos del menor. 
El único medio eficaz de mejorar de manera duradera el destino de los niños social o sexualmente maltratados en algunos países afectados consiste en exponer el problema con total claridad y de manera inequívoca en el marco de la política de desarrollo y también imponer condiciones. 
El niño debe ser el centro, si queremos que la dimensión «democracia y derechos humanos» se convierta realmente en parte esencial de la política exterior y de desarrollo de la Comunidad. 
No debemos permitir, en ninguno de los países con los que estamos asociados, el creciente trabajo infantil ni la masiva explotación sexual de los niños. 
A pesar de que los abusos en el ámbito del medio ambiente no tengan lugar necesariamente ante nuestras puertas, debemos tener en cuenta las importantes repercusiones mundiales y también los aspectos ecológicos en nuestras relaciones con los Estados ACP. 
Señor Presidente, yo también deseo, naturalmente, unirme a las felicitaciones al Sr. Fernández Martín. 
Atribuyo una gran importancia a este informe y naturalmente también a la comunicación de la Comisión, porque los conflictos que surgen regularmente entre los Estados Unidos de América y Europa son debidos no en última instancia a las relaciones comerciales especialmente estrechas y al gran apoyo recíproco que mantenemos con 70 Estados del mundo. 
Creo que por eso es perfectamente comprensible que como europeos intentemos establecer y apoyar, en esos 70 Estados con los que colaboramos, una serie de principios, que reconocemos como acertados y que prácticamente consideramos un requisito en este ámbito. 
Permítanme, no obstante, hacer una pequeña crítica al presente informe que me parece muy importante. 
Se refiere al hecho de que, naturalmente, una vez garantizados los derechos de los Estados y también los derechos dentro del ámbito del Estado, atribuimos gran importancia a los derechos humanos y con ello nos referimos, naturalmente, al individuo. 
No obstante, existen algunos colectivos que también tienen derechos que, lamentablemente, aquí pasan inadvertidos. 
Me refiero en particular a las minorías y a los distintos grupos étnicos que viven en dichos Estados y que no aparecen en este informe. 
Con demasiada frecuencia comprobamos que precisamente las minorías reciben un trato espantoso en dichos Estados, que no tienen garantizado absolutamente ningún derecho. 
Me refiero a algunos Estados africanos, por ejemplo, de la región de los Grandes Lagos. 
Si contemplamos lo que sucede en Ruanda y Burundi, creo que sería muy importante que el Parlamento Europeo, que siempre ha defendido los derechos humanos y también los derechos de las minorías étnicas, debe intentar que en los marcos internacionales se garanticen de manera distinta de como se ha hecho hasta ahora determinados derechos de estos grupos. 
Señor Presidente, valoro en gran medida la ampliación paulatina de la política de los derechos humanos que lleva a cabo la Unión. 
Para su mayor efectividad la política de los derechos humanos debe ser unívoca, transparente, íntegra, en definitiva ser consecuente. 
En la propuesta que tenemos entre manos se han hecho propuestas buenas y no tan buenas. 
En lo que a esto respecta me sumo, en parte, a las palabras del ponente anterior, el Sr. Habsburg-Lothringen. 
En la comunicación la Comisión expresa su deseo de ampliar el diálogo con los países ACP. 
Después de todo la intención es fomentar la democracia y los derechos humanos en esos países. 
A continuación se indica adecuadamente una combinación de instrumentos positivos y negativos para fomentar eso mismo. 
En mi opinión esa balanza es esencial para que se produzca el éxito. 
El ponente Fernández Martín nos recuerda que este Parlamento debe tener poder de decisión ante una eventual resolución que propugne la suspensión de la colaboración con los países ACP. 
Finalmente, señor Presidente, invito a la Comisión a que elabore una comunicación parecida sobre el desarrollo de la democracia y la política de los derechos humanos en otros países. 
Es muy importante que esa política de la Unión se base en criterios claros. 
Vds. ya conocen esos criterios que he citado anteriormente. 
La política debe ser íntegra, unívoca, transparente, consecuente, y tener en cuenta que no todas las personas en el mundo han ido tan lejos como nosotros. 
Aunque en este caso estoy completamente de acuerdo con mi colega, amigo y compatriota Blokland, cuando dice que, de vez en cuando, debemos quitar las malas hierbas en nuestro propio jardín. 
Señor Presidente, en septiembre de 1998 se iniciaron las negociaciones entre la UE y los países ACP para acordar la substitución del Convenio de Lomé. 
Acojo con beneplácito que una base fundamental para esa negociación sea el fortalecimiento y la profundización del diálogo político, elemento que había faltado en gran medida en las conversaciones anteriores. 
Uno de los más importantes componentes del diálogo político es el objeto de este informe, a saber, la democratización, la protección de los derechos humanos y el funcionamiento del Estado de derecho. 
En el informe se examinan esas cuestiones detenidamente, por lo que apoyo sus recomendaciones para que se incluyan disposiciones más enérgicas en el frente de los derechos humanos y para abordar la corrupción y- lo que resulta particularmente importante- sus recomendaciones sobre los derechos para la aplicación de sanciones. 
Apoyo la estrategia expuesta en este informe, felicito al ponente y espero que el Parlamento lo apruebe por una mayoría abrumadora. 
Señor Presidente, Señorías, quiero, en primer lugar, agradecer al Parlamento su propuesta de resolución sobre la comunicación de la Comisión «Democratización, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y buen gobierno: Retos políticos de la asociación entre la Unión Europea y los países ACP». 
Y quiero también muy especialmente felicitar tanto al autor del informe, el Sr. Fernández Martín, como a quien ha intervenido en su nombre hoy, el Sr. Pomés, por la calidad del trabajo, y agradecer su participación a todos los oradores que han tomado la palabra en este debate. 
Durante la última década, la inclusión de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos en la política de la Unión Europea en general, y en sus relaciones exteriores en particular, ha adquirido una importancia creciente, y esto se debe fundamentalmente al convencimiento de que no puede haber desarrollo humano duradero sin un entorno institucional y político respetuoso de estos principios. 
Sin embargo, a cada país le corresponde decidir el modelo político y económico sobre el que organizar la vida colectiva dentro del respeto de los principios generales en materia de derechos humanos y de los convenios e instrumentos jurídicos internacionales y regionales en estas materias. 
Esta comunicación está en línea con las anteriores comunicaciones de la Comisión sobre estos temas, en particular, la de mayo de 1995 sobre inclusión y respeto de los principios democráticos en los acuerdos entre la Comunidad y los terceros países, la de noviembre de 1995 sobre la Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos, «De Roma a Maastricht y en adelante» , así como la de marzo de 1996 sobre la Unión Europea y los conflictos africanos, «Restablecimiento de la paz, prevención de conflictos y otros problemas». 
La comunicación responde a una triple exigencia: aclarar a los socios ACP cómo interpreta la Comisión Europea estos principios, contribuir a intensificar el debate en los países ACP y preparar y facilitar el debate sobre las futuras relaciones entre los países ACP y la Unión Europea. 
Por estas razones, la Comisión considera necesario elaborar una comunicación específica sobre los países ACP, con el propósito de aclarar los conceptos que figuran en el artículo 5 del Convenio de Lomé IV revisado y elaborar un plan de acción a fin de sistematizar el diálogo con los países ACP y reforzar el debate en estos países sobre estas cuestiones y hacer hincapié en una serie de medidas concretas y de acciones prioritarias. 
En lo referente a principios y objetivos, la Comisión se felicita de su aprobación por el Parlamento y de que responda a las orientaciones de los informes de los Sres. Rocard y Martens. 
La Comisión reitera el principio de que la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos forman parte integrante de la política de desarrollo de la Unión Europea y constituyen un elemento esencial del Convenio de Lomé, y asume la solicitud del Parlamento de añadir el buen gobierno con una referencia explícita a la lucha contra la corrupción, tal como viene estipulado en el mandato de negociación de los países ACP y la Unión Europea. 
Por lo que respecta al plan de acción, la Comisión se congratula del acuerdo del Parlamento sobre el enfoque positivo en estos temas, la sugerencia a los países ACP de que propongan criterios para la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento de las especificidades sociales, económicas, políticas y culturales de cada país ACP y que por ello puedan definir los objetivos y las acciones prioritarias, el ritmo de desarrollo así como la evaluación del progreso realizado. 
En fin, deseo subrayar el convencimiento de que sólo a través de un diálogo entre la Comunidad y los países ACP sobre estos temas podrá desarrollarse la dimensión política e institucional de la cooperación y, al mismo tiempo, respetar la soberanía y las características concretas de los países en cuestión, lo que nos conduce a compartir las propuestas de la presente resolución relativas a la oportunidad de avanzar en estos temas- con motivo de la negociación del Convenio ACP/Unión Europea -, la necesidad de definir e institucionalizar el proceso y las modalidades de este diálogo en el próximo Convenio ACP/UE- tal como está definido en el mandato de negociación -, la importancia de desarrollar y ampliar este diálogo, integrando a los diferentes actores de la sociedad civil, el interés de desarrollar este diálogo con motivo de la negociación de programas indicativos, nacionales y regionales, y la necesidad de aprovechar y reforzar las instituciones paritarias, incluyendo su Asamblea, para fomentar y desarrollar este diálogo. 
Respecto a la identificación de medidas concretas y de acciones prioritarias que deban realizarse, compartimos, evidentemente, las propuestas de la resolución sobre la importancia de apoyar las acciones en beneficio de los grupos vulnerables, en particular, los derechos de los niños y del personal del ejército y la policía, tal como se ha venido realizando en los últimos años a través de la financiación de proyectos en estos sectores con cargo a las líneas presupuestarias del capítulo B-7, Iniciativas para la democracia. 
Finalmente, permítanme compartir con ustedes- lo reitero- el reconocimiento recogido en la resolución del Sr. Fernández Martín de los meritorios esfuerzos y avances realizados en numerosos países ACP en los últimos años, a pesar de las difíciles condiciones económicas por las que atraviesan. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Debemos congratularnos nuevamente por el lugar prioritario atribuido a la promoción de los derechos humanos, del Estado de derecho y de los principios democráticos en la política europea de ayuda al desarrollo. 
En este sentido, nunca se insistirá lo bastante en que no sólo debemos congratularnos por los esfuerzos realizados en estos ámbitos por los países en desarrollo, sino que también debemos fomentarlos y apoyarlos, sobre todo teniendo en cuenta que por lo general se realizan en unas condiciones socioeconómicas penosas. 
A estos esfuerzos debemos añadir otra prioridad en el próximo convenio ACP-UE: la promoción de la buena gestión de los asuntos públicos y la lucha contra la corrupción, con los instrumentos y las medidas concretas para aplicarlos. 
En efecto, no existirá una política de desarrollo económico socialmente equilibrada mientras los recursos esenciales de un Estado se desvíen en provecho de unos pocos. 
De igual modo, otra de las condiciones que creo indispensable para cualquier tipo de desarrollo duradero consiste en que el nuevo convenio preste un interés muy particular al respeto y a la aplicación por nuestros socios de las normas mínimas internacionales de la OIT. 
Este convenio deberá también procurar fortalecer a los interlocutores económicos y sociales en los países ACP, así como establecer un diálogo permanente y constructivo entre ellos. 
En general, es importante apoyar e incrementar nuevamente el papel de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de programas de desarrollo y de democratización en nuestros países socios. 
Para concluir, haré hincapié asimismo en el papel esencial que desempeñan las mujeres en todos los procesos fiables de desarrollo. E insisto, con nuestro ponente, en la necesidad de prestar una atención constante para que sus derechos jurídicos y sociales tengan un mayor peso y para que aumente la participación de las mujeres en la vida política. 
Exportación de tecnologías de las energías renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0477/98) del Sr. Elchlepp, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre las nuevas oportunidades de la Unión en la exportación de tecnologías y servicios relativos a la utilización de energías renovables. 
Tiene la palabra el Sr. Elchlepp como ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados. El presente informe pretende llamar la atención sobre una nueva forma de cooperación y exportación, entre Europa y terceros países, en el ámbito de las energías renovables, con enorme capacidad de futuro pero desgraciadamente poco utilizada, y asimismo presentar una propuesta de actuación concreta. 
Se basa en que, precisamente en este sector, Europa puede unir de modo idóneo sus intereses de exportación y de mercado con los intereses de los terceros países en sistemas de abastecimiento energético a bajo precio. 
Es de esperar que todos reconozcan que las energías renovables constituyen una contribución inestimable a una política consciente y responsable en materia de energía y medio ambiente, con el fin de alcanzar los objetivos fijados en la cumbre de Kyoto. 
Pero, además, la energía eólica, la energía solar, la transformación de la biomasa y otras energías incluidas entre las fuentes energéticas renovables, a partir de los análisis económicos y extraeconómicos, han merecido, como muestran los pronósticos, un apoyo mayor en las políticas industriales y de empleo de la UE. 
Por tanto, confío en que la Presidencia alemana dé un nuevo impulso a este proceso. 
En el Libro Blanco sobre la política energética de 1995 se hace una declaración clara a favor de las energías renovables, incluyendo consideraciones extraeconómicas, y en el Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables de 1997 se menciona el programa de fomento relativo al equipamiento de un millón de casas con células solares, la mitad de las cuales debe servir al abastecimiento energético en los terceros países, que podrá representar un gran potencial de ayuda a las exportaciones para nuestras industrias domésticas en Europa. 
Ahora bien, lo que me pregunto es: ¿dónde están los hechos? 
Pregunto a la Comisión: ¿dónde están las propuestas de aplicación? 
Pregunto al Consejo: ¿dónde están los recursos necesarios que deben proceder primordialmente de los Estados miembros? 
Además de esto, hay dos cosas que hacer: en primer lugar necesitamos una estrategia de ayuda a la exportación establecida a escala europea y a largo plazo para las energías renovables, que abarque todos los eslabones de la cadena de ayudas a la exportación y que en particular apoye a nuestras pequeñas y medianas empresas a afianzarse en el mercado mundial. 
A menudo, a nuestras empresas les falta información suficiente y fiable sobre los mercados extranjeros, aspecto éste del cual me pude convencer ayer tarde en la visita a una empresa de mi ámbito de asesoramiento, que exporta sistemas solares a terceros países. 
Tal como se desprende de un dictamen, de 17 posibles programas específicos de ayuda de la UE no hay ninguno especialmente dedicado al fomento de las exportaciones para las energías renovables. 
Muchos de estos programas no son adecuados para la pequeña y mediana empresa, ya que sólo se financian grandes proyectos que superen el millón de euros. 
Otros obstáculos de primer orden son la falta de información sobre los mercados y los problemas en la negociación con los socios comerciales, de lo cual también pude cerciorarme. 
Para coordinar y reforzar sustancialmente las correspondientes actividades europeas de comercio exterior, pido en mi informe la constitución de un Consejo Europeo de Exportaciones de Energías Renovables para ayudar de modo eficaz en las deliberaciones a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente y facilitarles el camino a los grandes mercados mundiales de futuro. 
Este Consejo de Exportación podría ser sufragado conjuntamente por la UE y los representantes sectoriales. 
Debería servir en primer lugar como organismo de coordinación, fomentar la creación de cooperativas de exportación, fomentar su conexión en redes con socios fuertes en los países de destino y apoyar actividades de mercadotecnia. 
La rapidez es crucial. 
La competencia en los Estados Unidos y Japón no descansa. 
En los Estados Unidos ya existe el US Export Council for Renewable Energies, Consejo de Exportación de Energías Renovables, con oficinas nacionales en los futuros países de exportación y con una sustanciosa dotación financiera. 
Para ver cuán importante es todo el sector, bastan unas cifras de muestra: para el periodo comprendido entre 1990 y 2010, la totalidad del mercado mundial representará cerca de 1, 8 billones de euros en el sector de las energías renovables. 
El volumen de inversiones iniciales calculado anualmente asciende a 86.000 millones de euros. 
La energía fotovoltaica, que no es el sector mayor, registra ya un crecimiento de mercado del 15 % anual. 
En el ámbito de la energía eólica, para los años 1998 a 2002 se pronostica un crecimiento de mercado medio del 26 % en los países recientemente industrializados y en los países en vías de desarrollo. 
El potencial de empleo también es considerable. 
La Comisión ha hablado incluso de 500.000 a 900.000 nuevos puestos de trabajo hasta el año 2010, y por las exportaciones en este campo se podría alcanzar la misma cifra. 
Ningún otro sector industrial, aparte de las telecomunicaciones, muestra unos índices de crecimiento tan elevados en el empleo como, por ejemplo, la energía solar (véase el caso de Dinamarca). 
Las iniciativas de exportación propuestas sólo pueden ponerse en práctica si en Europa contribuimos a que penetren las energías renovables, porque la confianza de nuestros socios mundiales en la tecnología se afianzará fundamentalmente si sabemos utilizarla y creamos un mercado interno sólido, es decir, si lo fomentamos con más decisión que hasta ahora y con objetivos muy específicos. 
Señor Presidente, esta cuestión reviste una gran importancia y debe ser examinada especialmente con vistas a la creación de una demanda de las fuentes de energía renovable. 
Vivimos en una economía de mercado en la que se desarrollan solamente en muy contadas ocasiones aplicaciones comerciales sin demanda. 
Sin embargo, Europa se encuentra en una situación donde existe una demanda natural. 
Tenemos una demanda natural en los Estados miembros de la Unión Europea, pero aún existe una mayor demanda en los países candidatos. 
La Unión Europea va a ampliarse, y los países que persiguen ahora su adhesión a la Unión registran graves problemas en el sector energético. 
Estos países cuentan con instalaciones anticuadas de producción energética, que entrañan grandes riesgos medioambientales, y con centrales nucleares igualmente anticuadas, que encierran asimismo un gran peligro para la seguridad y la salud. 
Es preciso elevar los niveles de seguridad nuclear de estos países para que puedan cumplir las disposiciones internacionales en este ámbito, así como desmantelar las centrales nucleares que se encuentren en malas condiciones. 
Se trata de un punto que ya se ha repetido en numerosas ocasiones. 
¿Y con qué las sustituiremos? 
Creo que se deberían sustituir con recursos energéticos renovables y con instalaciones que hagan uso de la tecnología más avanzada. 
Este objetivo redundará también en beneficio de los propios países candidatos una vez que estén dentro del mercado interior de la Unión Europea. 
De esta manera, dichos países podrán obtener, en momentos muy difíciles, una ventaja competitiva frente a los actuales miembros de la Unión. 
Todo ello implicaría para los actuales Estados miembros un papel de transmisor de los conocimientos y las aptitudes necesarios. 
Pero, naturalmente, corresponde a los propios países solucionar sus problemas. 
El Acuerdo de Kioto nos obliga a encontrar soluciones. 
Habida cuenta de que, por ejemplo, los organismos de financiación internacional de la Unión Europea respaldan los programas energéticos de los países candidatos, se debería prestar especial atención a una transición hacia las fuentes energéticas renovables haciendo uso de las mejores tecnologías posibles. 
De este modo, se contribuiría a cumplir los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente. 
El ponente ha abordado con gran decisión la situación del empleo, una cuestión importante tanto en la Unión Europea como en los países candidatos. 
Si se plantea esta cuestión desde el punto de vista de los países candidatos, haciendo hincapié en una dispersión de la producción y en el uso de fuentes de energía renovable, se pueden atenuar también las contradicciones que existen entre los requisitos medioambientales y los requisitos que plantea la situación del empleo. 
Es posible restar importancia a este problema una vez que la producción energética permita crear más puestos de trabajo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, el informe Elchlepp es un informe especialmente concreto y reivindicativo que nos permite actuar directamente en los ámbitos de acción de la Comunidad Europea y aplicar su contenido en la práctica. 
Creo- el Sr. Elchlepp ya lo ha dicho- que puede ser una contribución sustancial para los terceros países cumplir las normas medioambientales que se establecieron conjuntamente en Kyoto. 
Pero para nosotros es una oportunidad enorme de impulsar la cooperación económica concreta dentro de las diversas posibilidades y acuerdos de desarrollo, y no limitarnos a exportar nuevas tecnologías dentro de planes de cooperación, sino desarrollarnos conjuntamente con los países en vías de desarrollo en el contexto de las joint ventures. 
Estas nuevas tecnologías pueden ayudar por encima de todo a los países africanos a reducir el empleo, muy costoso, de combustibles fósiles y, sobre todo, a plantear como objetivo realizar progresos en el ámbito rural, no sólo en la producción de energía para la electricidad, la iluminación, el agua caliente, sino también para responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y la artesanía. 
Así pues, en conjunto es un informe excelente, que ahora nos exige que pasemos a los hechos. 
Quisiera mencionar también que la Unión Europea, así como los Estados Unidos, debe construir una estructura de ayudas. 
Ahora bien, no estamos a favor de una estructura que se dedique, por ejemplo, a establecer subsidios a la exportación como en el sector agrario, sino a favor de una estructura que cubra un amplio espectro, como ya ha dicho en parte el Sr. Elchlepp. 
En primer lugar, debe incluir la información: información a nuestras pequeñas y medianas empresas, que tienen un papel rector en este ámbito, sobre las posibilidades de desempeñar su actividad en el Tercer Mundo. 
Al mismo tiempo, información a los terceros países, sobre todo a los países ACP, sobre estas posibilidades, y sobre todo, sobre las posibilidades del sector rural, donde, por ejemplo, las cooperativas o asociaciones de productores podrían introducir estas tecnologías poco complicadas. 
En segundo lugar, debe incluir la formación y perfeccionamiento profesional, una vez más para los nuevos mercados que podrían abrirse para nuestras empresas. 
Aquí existen ya las correspondientes disposiciones, incluso las líneas presupuestarias que nos lo permiten. 
No obstante, son demasiado modestas, y, cada año, en la Comisión de Relaciones Exteriores luchamos por que la Comisión de Presupuestos comprenda finalmente el alcance de estas posibilidades y las convierta consecuentemente en un par de millones más. 
Eso no es nada en comparación con los grandes apartados presupuestarios. 
Por último, debe tener en cuenta los proyectos pilotos que muestran a las pequeñas y medianas empresas lo que es posible realizar en el ámbito rural en el Tercer Mundo. 
Para finalizar, permítanme que añada algo más sobre la aplicación concreta. 
Hablo ahora en mi calidad de vicepresidente de la Asamblea ACP sobre la aplicación concreta en estos países. 
Debemos utilizarlo y debemos dar a nuestros amigos africanos la oportunidad de emplear adecuadamente esta energía. 
En segundo lugar, debemos tomar las decisiones necesarias también desde el punto de vista organizativo. 
Me alegro de que nuestro ponente para el futuro del Convenio de Lomé, nuestro presidente del Grupo del PPE, Wilfried Martens, siga aquí y esté escuchando mi intervención. 
Por primera vez quizá tengamos la posibilidad de introducir un capítulo sobre la energía en el nuevo Convenio y, dentro de este capítulo, conceder un lugar prioritario a las nuevas tecnologías. 
En tercer lugar, debemos informar de este informe al Centro de Desarrollo Industrial previsto en el Convenio de Lomé y mencionar este centro en nuestra próxima Asamblea de Estados ACP, ya que aquí se abren nuevas posibilidades de actuación que son aplicables con suma rapidez. 
En cuarto lugar, quisiera decir que en los próximos meses debemos mantener este debate en la Asamblea ACP con mucha intensidad y orientado a los objetivos y a los resultados. 
Señor Presidente, el ponente Elchlepp ha elaborado un buen informe, muy interesante, acerca de una cuestión de gran importancia. 
El desarrollo y el mercado de las tecnologías destinadas a aprovechar la energía renovable constituyen una cuestión de orden mundial que exige la provisión de recursos por parte de la UE. 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el presente informe, las nuevas posibilidades que ahora se abren pueden contribuir a solucionar los problemas que ocasionan las oleadas migratorias incontrolables que se producen en los países en desarrollo, en el medio rural o en cualquier otro entorno. 
Creo que una mayor incorporación de las tecnologías sobre energías renovables, como la bioenergía y la basada en los productos madereros- por una parte -, y de los conocimientos logísticos relacionados con todo este sector- por la otra- en las estrategias de desarrollo de estas regiones nos proporcionaría grandes oportunidades en dicho ámbito. 
Desearía igualmente hacer hincapié en una cuestión de gran importancia para nosotros, los nórdicos, que no se conoce de manera suficiente en la Europa más meridional: para nosotros, el componente más importante de la energía renovable es precisamente la biomasa procedente de los bosques naturales: la enramada, la copa de follaje y los árboles de menor diámetro de los bosques ralos. 
La exportación de los conocimientos y la logística relacionados con su recolección podría hallar una demanda en otras partes del mundo, en especial en los países candidatos asociados de la Unión Europea. 
Ya hemos logrado alcanzar los mayores niveles mundiales de conocimientos por lo que respecta a las tecnologías relacionadas con centrales térmicas y eléctricas de pequeñas dimensiones. 
Además, se ha generalizado en gran medida su uso, ya que, de acuerdo con las estadísticas más recientes, los biocombustibles representan la mayor fuente energética de Finlandia. 
Así pues, es posible utilizar la energía renovable para la producción combinada de calor y electricidad. 
Asimismo, se podría reducir la utilización en la Europa Central de fuentes energéticas tradicionales con pequeñas chimeneas y calefactores, y sustituirlas con energía renovable. 
Hoy por hoy, existen los conocimientos necesarios para lograr sistemas calefactores más eficaces. 
Cuando disponemos de recursos limitados, la política común de la Unión Europea exige que nos centremos en los objetivos globales de mayor importancia. 
Me gustaría resaltar aquí la importancia que revisten las empresas a la hora de desarrollar y exportar las tecnologías renovables. 
Por este motivo, las actividades de la UE han de ir encaminadas primordialmente a apoyar los esfuerzos exportadores de las empresas, respaldando- entre otros aspectos- la comercialización y las actividades inversoras en las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea. 
De la misma manera, también deberían existir más oportunidades de carácter empresarial en los países asociados en el marco de programas como TACIS y PHARE. 
Dado que la tecnología no ha terminado aún de asentarse, en lugar de una planificación demasiado dirigida, el planteamiento inicial debería basarse en un desarrollo descentralizado que hiciera posible el apoyo de todas las posibilidades y permitiera que estas modalidades de energía renovable pudiesen presentar precios competitivos frente al resto de las fuentes energéticas. 
A pesar de todo, las ayudas económicas aún son necesarias en una primera fase. 
Señor Presidente, se prevé que la producción energética mundial crezca a un ritmo anual del 1, 6 %. 
Este dato significa que, desde ahora hasta el año 2020, la producción energética mundial crecerá en un 50 %. 
Los países en desarrollo desempeñarán un papel fundamental en este crecimiento, y su consumo de petróleo puede llegar a suponer el 75 % del aumento que se registre en todo el mundo. 
Sin embargo, al paso que vamos, nuestro planeta no aguantará una democratización del uso energético de estas características. 
La democracia aplicada al uso energético nos obliga a utilizar nuevos planteamientos y tecnologías. 
Nos obliga a hacer sitio, en nuestros países capitalistas desarrollados, al aprovechamiento energético por parte de otros países. 
Por su parte, los mecanismos del mercado obstaculizan la llegada de la democracia al uso de la energía. 
En estos momentos, el precio de las modalidades energéticas tradicionales es demasiado reducido en relación con el de las nuevas tecnologías, por lo que debemos buscar nuevos incentivos para poner en práctica estas últimas. 
En la tierra disponemos de unos recursos que son comunes, y el ponente Elchlepp resalta, con toda la razón, que los Estados asociados y los países en desarrollo ocupan una posición de gran importancia desde el punto de vista del futuro energético y de su desarrollo tecnológico. 
Además, es muy importante hacer hincapié en la significación que revisten la energía solar y la biomasa. 
No será posible cumplir el objetivo de incrementar en un cien por cien el uso de las energías renovables de aquí al año 2010 ni respetar el Acuerdo de Kioto si no se hace sitio a las nuevas tecnologías en la producción energética. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, me ha producido una gran satisfacción este informe exhaustivo y claro del Sr. Elchlepp. 
Me alegro de que poco a poco vaya penetrando en esta cámara la idea de que las energías renovables serán un factor decisivo para el futuro. 
Hemos dejado de lado este sector durante demasiado tiempo, nos hemos centrado excesivamente en energías que cuestan tantísimo dinero, cuyos residuos no pueden eliminarse, por poner el ejemplo de la energía nuclear. 
Aquí también cabe la posibilidad de que en el futuro, conjuntamente con los países del sur, podamos embarcarnos en nuevas energías con los nuevos países del este. 
Esto también constituye un gran reto para la Presidencia del Consejo, que asume Joschka Fischer. 
Para ello también necesitaremos fondos, que deberemos quitar a otras fuentes de energía para producir un cambio de orientación. 
Incluso aunque se encuentren nuevas reservas de gas natural, es necesario que nos vayamos haciendo a la idea de que esa materia prima es finita. 
Por ello, por responsabilidad de cara a las futuras generaciones, debemos emprender esta nueva vía. 
Señor Presidente, Europa ocupa en la actualidad una posición aventajada en términos de I+D en el ámbito de las energías renovables, a pesar del escaso apoyo que recibe la industria europea dedicada a este sector en comparación con sus más directos competidores: Estados Unidos y Japón. 
Para continuar manteniendo esta posición es imprescindible que desde las instituciones europeas mostremos nuestro apoyo político y financiero a este importante sector industrial, un sector que es capaz de hacer compatible la creación de empleo con la protección del medio ambiente. 
Una auténtica política comunitaria en favor de las energías renovables y las PYME del sector, acompañada de un incremento del presupuesto específico para este tipo de energías y un aumento de los créditos para su exportación, contribuiría, en gran medida, a la creación de empleo, la gran asignatura pendiente de la Unión Europea. 
Se calcula que cerca de un millón de puestos de trabajo, directos e indirectos, podrían crearse de aquí al año 2010 si se duplicara la proporción de las energías renovables. 
Creación de empleo compatible, por otra parte, con la protección del medio ambiente porque el uso y fomento de estas energías evita la utilización de combustibles fósiles, eliminando, de esta forma, las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Este punto resulta de especial interés si tenemos en cuenta que con esta reducción de la contaminación medioambiental estaremos, al mismo tiempo, cumpliendo con los compromisos adquiridos en su día en la Conferencia sobre el Clima de Kyoto. 
Por otro lado, pensemos por un momento que la tercera parte de la población mundial carece de suministro eléctrico, principalmente en los países del Tercer Mundo, y la utilización de fuentes de energía renovables constituiría una fórmula rápida y eficaz de paliar este problema sin perjudicar al medio ambiente. 
Por todo ello, Señorías, aplaudimos la idea de crear un consejo regulador de las exportaciones europeas de energía renovable para que la Unión cuente con un órgano que coordine una auténtica estrategia europea en toda la cadena de exportación, colaborando de esta manera en la creación de empleo, en la protección del medio ambiente y en el desarrollo de los países del Tercer Mundo. 
Señora Presidenta, sin pretender ser una experta en el tema, quisiera subrayar algunos de los muy positivos aspectos del excepcional informe de nuestro colega Elchlepp, así como unir mi voz a la de millones de personas que viven angustiadas por el futuro del planeta, que se ve amenazado por la rápida destrucción del medio ambiente, por la utilización ilógica de recursos terrestres y por la ampliación de la diferencia entre los países ricos y pobres. 
Ante la vacilación de los líderes del mundo, y especialmente del mayor contaminador- los Estados Unidos- que emite 1/4 del total de emisiones a nivel mundial, en tomar medidas inmediatas, la Unión es la única esperanza y la única posibilidad de una acción eficaz. 
El Libro Blanco, junto con las posturas del Parlamento Europeo, tal como están formuladas en el presente informe, constituyen un marco muy adecuado para la intensificación de los esfuerzos por desarrollar más la tecnología, principalmente mediante la ayuda a las pequeñas y medianas empresas y el traslado de dichos conocimientos técnicos, para que las tremendas necesidades de energía sean cubiertas por fuentes renovables. 
Es aterrador pensar que en nuestro planeta aún viven dos mil millones de personas sin energía eléctrica. 
La energía renovable es claramente un mercado futuro importante porque sus posibilidades son ilimitadas en relación con las fuentes energéticas de la corteza de la tierra, limitadas y de baja entropía. 
En todo caso, la Unión Europea deberá colaborar estrechamente con los países en desarrollo en el marco del nuevo Convenio de Lomé, para fomentar formas de desarrollo viables, y para regular su deuda- tal como se propone en el informe- a cambio de la cobertura de sus necesidades energéticas con energías renovables. 
Deberemos entender todos que las reservas energéticas fósiles ya están superadas, mientras que la energía solar y la eólica garantizan un flujo continuo e ilimitado y su consumo no conlleva contaminación alguna. 
En mi país, en Grecia, hay abundancia de estos dos tipos de energía. 
Los poderosos de la tierra nos aseguraron en Buenos Aires que en el próximo siglo van a tomar medidas para aplicar las decisiones de Kyoto; sin embargo, en los pocos meses que quedan hasta el fin del milenio, los ecosistemas- que, por supuesto, no pueden esperar las negociaciones- habrán sufrido todavía más catástrofes serias. 
Por eso, la Unión deberá emprender inmediatamente una acción e incorporar completamente en su política comercial, en sus relaciones económicas exteriores y en el marco de la ampliación, el fomento de las fuentes de energía renovables como medio principal para garantizar un desarrollo viable, el fomento de la protección del medio ambiente, así como del refuerzo de la competitividad de la Unión y de la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, antes todo quisiera felicitar al Sr. Elchlepp. 
Llevo veinte años en el Parlamento y hasta ahora pocas veces ha habido informes tan buenos como éste que ha escrito. 
Muchísimas gracias. 
Aplausos 
Quisiera ampliar este tema a un ámbito que me resulta muy cercano. 
Tenemos a nuestras puertas un mercado inmenso para las energías renovables, en concreto, en los países de Europa Central y Oriental. 
Quisiera poner como ejemplo algunos países que a menudo visito: Hungría, Croacia, la República Checa y Lituania. 
En todas estas regiones aún queda muchísimo trabajo por hacer. 
En este sentido, señor Elchlepp, quisiera añadir algo a su excelente informe. 
Los ciudadanos de estas regiones todavía no tienen suficiente información sobre las energías renovables. 
Deben ser informados, y los gobiernos deben ser informados, porque en estos países nos topamos con ciertos grandes intereses económicos que no tienen ningún interés en el empleo de energías renovables y que por tanto harán todo lo posible por sofocarlas. 
Quisiera pedirle que haga lo posible por que estos países reciban información, incluidos sus gobiernos, que también saben poco al respecto. 
Esto obedece en particular a dos motivos. 
No hay que olvidar que bajo el régimen ruso se produjeron horrorosos atentados contra el medio ambiente en todos los ámbitos, y que ahora estos países sufren graves daños a causa del lignito. 
El empleo masivo de lignito, lo veo especialmente en Hungría, en los alrededores de Obosar, hay que sustituirlo por estas fuentes de energía, que no ocasionan daños ambientales tan graves. 
Esta es una tarea que nos compete, porque podemos lograr mucho en este terreno. 
Podemos ofrecer mucho a estos países y debemos hacerlo, ya que en ellos se puede empezar de cero y avanzar en una buena dirección. 
Aplausos 
Señora Presidenta, quiero expresar mi felicitación al señor Elchlepp por su excelente informe. 
De las fuentes energéticas renovables, en Finlandia destaca el uso que se hace de la madera, en sus distintas formas, y de la turba, cuya proporción es considerable. 
En los pantanos crece en un año una masa de turba equivalente a la masa de madera de un bosque. 
En su proceso de formación, la madera y la turba absorben dióxido de carbono, por lo que su utilización no repercute en el equilibrio de este dióxido en el planeta, al contrario que el uso de los combustibles fósiles. 
La recolección y fabricación de madera y turba exigen trabajo, por lo que su utilización fomenta al mismo tiempo la creación de empleo. 
Igualmente, resulta razonable potenciar el uso de la madera y la turba si tenemos en cuenta que éste permite producir energía para uso doméstico mediante métodos bastante simples. 
Por el contrario, la producción masiva requiere una tecnología muy avanzada. 
Tanto en la UE como en nuestro país, el uso generalizado de las energías renovables se sitúan a la cabeza mundial, lo cual ofrece grandes posibilidades también de cara a la exportación. 
Señora Presidenta, nuestro grupo apoya plenamente el informe concreto y detallado del Sr. Elchlepp, que es tanto más importante cuanto que en el futuro existirá un gran mercado de exportación para las energías renovables y será necesario reducir en este ámbito la dependencia de las importaciones de muchos países en vías de desarrollo. 
Asimismo, la mejora de las relaciones sociales y ecológicas, en especial en los países del Tercer Mundo y en Europa del Este, y la limitación de los combustibles fósiles, así como la comprensión de los peligros de la energía nuclear, hacen urgentemente necesario adoptar medidas de ayuda y cooperación en el ámbito de las energías renovables. 
Consideramos que este informe es una importante base para ello. 
En el ámbito del Tercer Mundo hemos adoptado cinco líneas presupuestarias. 
Esto podría ser un comienzo para seguir desarrollándolas a partir de este informe. 
Hay que fomentar la creación de capacidades en los países del Tercer Mundo, por ejemplo, a través del Fondo de Desarrollo Europeo. 
También es importante la formación y perfeccionamiento profesional, el fomento de pequeñas y medianas empresas, el programa de un millón de casas con células solares, los acuerdos de debt for solar swaps y, asimismo, lo que ha mencionado el Sr. Habsburg. 
Pienso que el programa Phare ofrece una importante base para fomentar, no la energía nuclear en el Este, sino las energías renovables. 
En el marco del nuevo Convenio de Lomé necesitamos no sólo un capítulo sobre la energía, sino, como dijo el Sr. Schwaiger, una intervención enérgica de la Comisión en la aplicación de las medidas correspondientes. 
Opino que la Comisión debe crear una división propia que se encargue de fomentar entre nosotros la comercialización y la cooperación, que fomente los proyectos de las ONG en los países del Tercer Mundo y que, a través de PHARE, TACIS o MEDA, fomente proyectos en el Mediterráneo o en Europa del Este. 
Como no tenemos la competencia presupuestaria en el Fondo de Desarrollo Europeo, una vez más se pide a los gobiernos que el impulso proceda de la Comisión. 
Deben utilizar nuestro potencial común con estos países, para ayudar a los ciudadanos y para mantener los fundamentos de nuestra vida y de nuestra existencia. 
De lo contrario, no podríamos sobrevivir, porque nos faltarían las fuentes de energía. 
Señora Presidenta, Señorías, me complace mucho tener la oportunidad de intervenir en el Parlamento sobre el tema de este informe, tan oportuno, y en respuesta a la propuesta de resolución. 
Ello me permitirá, al menos durante unos instantes, volver a una antigua responsabilidad que tuve hace ya años como Comisario responsable del sector de la energía. 
El informe y su exposición de motivos constituyen una valiosa aportación a los esfuerzos de promoción de las energías renovables actualmente en curso y permitirán dar a conocer en mayor medida las oportunidades que ofrecen. 
En ello se incluyen también, de forma muy clara y completa, las distintas posibilidades de actuación que cabe contemplar para conseguir que nuestras ambiciosas metas se hagan realidad. 
Por todo ello, me gustaría comenzar mi intervención expresando mi profundo agradecimiento al Sr. Elchlepp por este informe. 
La estrategia en la Unión, contenida en el Libro Blanco sobre energías renovables de noviembre de 1997, cuenta ya con el respaldo tanto del Parlamento como del Consejo, y su primer objetivo es la expansión de las energías renovables en la Unión, que permitirá crear la base interna y la plataforma precisa para incrementar las exportaciones a todo el mundo. 
En los trabajos que condujeron a la adopción del Libro Blanco, a finales de 1997, la Comisión procuró tener en cuenta las aportaciones del Parlamento, representadas por sus resoluciones sobre el propio Libro Blanco y sobre el acceso de las energías renovables al mercado de la electricidad y al programa Altener II, adoptado en el año 1998. 
El Libro Blanco refleja ya las posiciones expresadas en 1997 por el Parlamento sobre cuestiones principales, relacionadas con las energías renovables, de interés para la elaboración de una política comunitaria en este campo, así como la amplia gama de reacciones y peticiones explicitadas por la industria, los especialistas, los grupos de interés y la población afectada en general en toda la Unión. 
Un aspecto esencial de nuestras prioridades comunes es, desde luego, el mercado de exportación de energías renovables. 
A continuación, voy a pasar brevemente a informar al Parlamento sobre los progresos conseguidos en el primer año desde la adopción del Libro Blanco. 
Están casi concluidos los trabajos relativos al necesario estudio previo de los programas y esfuerzos actuales en materia de energías renovables de los Estados miembros y de la Comunidad. 
Puedo expresar la satisfacción de la Comisión a la vista de los avances logrados y de la diversidad de planes de actuación y programas nacionales sobre el desarrollo de energías renovables después de la adopción del Libro Blanco. 
Es evidente que buena parte del esfuerzo que pedimos que lleven a cabo los Estados miembros a lo largo de la próxima década está ya planificado o, al menos, iniciado. 
Por supuesto, es mucho lo que queda todavía por hacer, y no hay motivo para la autocomplacencia, especialmente si se tienen en cuenta los compromisos adquiridos en Kyoto como acertadamente se subraya en el informe. 
Me satisface, no obstante, que la mayor parte de los Estados miembros hayan anunciado ya políticas y planes nacionales cuya ambición y alcance son comparables, en líneas generales, a las propuestas de estrategia y plan de actuación comunitarios cuya aplicación, por tanto, se verá facilitada. 
El debate público, que tuvo lugar en el Consejo de Energía celebrado en noviembre de 1998, confirmó esta apreciación, y la Comisión elaborará lo antes posible un estudio detallado que servirá de punto de partida para la planificación y la coordinación ulteriores. 
Las actuaciones clave deben aplicarse dentro de la Unión, pero resulta evidente tanto el valor de la actual experiencia de fomento de las exportaciones como la credibilidad que aportan sus éxitos en la comercialización a terceros países. 
También son evidentes los esfuerzos de planificación y de presentación que todo esto va a exigir y la Comisión comparte plenamente el deseo del Parlamento de que haya una estrecha cooperación entre la industria y el sector público, tanto a nivel de la Unión como en cada uno de los Estados miembros. 
Según el deseo expresado por el Parlamento, las energías renovables son, y serán cada vez en mayor medida, objeto de promoción de los programas europeos de asistencia, tales como PHARE, TACIS, MEDA, el Fondo Europeo de Desarrollo y otros instrumentos del Convenio de Lomé. 
Se pasará asimismo revista a todos los acuerdos relevantes de cooperación y de otro tipo con terceros países, en desarrollo e industrializados, instando a nuestros socios a seguir esta línea, sin por ello dejar de tener presentes las prioridades y limitaciones específicas de cada uno. 
Según se contempla en la propuesta de resolución, se fomentará un planteamiento activo en materia de exportaciones y de cooperación en favor de las energías renovables, en particular a través de los programas de la Unión Europea relacionados con la energía, como, por ejemplo, el SYNERGY, así como los componentes de cooperación científica y tecnológica del V programa marco de investigación. 
Son muchas las actividades emprendidas ya en el marco del programa Thermie. 
A lo largo de los cinco años de vigencia de este programa, más de 190 proyectos iniciados por la industria europea han sido cofinancia dos por la Comunidad con más de 20 millones de euros, acompañando medidas dedicadas a países no pertenecientes a la Unión Europea. 
Entre ellos figuran proyectos destinados a detectar y evaluar mercados de exportación para las tecnologías de la Unión Europea y a diseñar y aplicar estrategias óptimas para fomentar la asimilación de las tecnologías por los mercados así seleccionados. 
La ayuda a los exportadores de energías renovables de la Unión Europea seguirá considerándose prioritaria, revistiendo en particular la forma de garantías de crédito y seguros y de organización de los contratos necesarios, así como difusión de conocimientos y establecimiento de redes. 
Otra prioridad es la cooperación en materia de planificación energética y planificación integrada de recursos, especialmente con las economías emergentes por los motivos de política energética que asimismo se señalan en la resolución. 
Otro aspecto al que la Comisión concede gran importancia es el acceso a los instrumentos de financiación innovadores, especialmente adaptados a las necesidades del mercado de las energías renovables; seguirá adelante la cooperación con instituciones financieras tales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 
Podría citar muchos casos de cooperación, que se extiende actualmente más allá de las fronteras de la Unión Europea, como, por ejemplo, el programa solar mundial 1996-2005, cuyo objetivo es la realización de proyectos regionales y nacionales de alta prioridad en todo el mundo, en especial en los países en desarrollo. 
Y respecto a esto, quiero recordar que el Libro Blanco subrayaba la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo especial en el caso de los países de África, el Caribe y el Pacífico. 
Se llevaron a cabo iniciativas de promoción de la electricidad solar y de fomento de la diversificación hacia fuentes renovables de energías alternativas. 
Respecto a los países asociados, figura entre nuestras prioridades la de respaldar la aproximación de éstos a la legislación europea en materia de energías renovables y extender a dichos países programas de la Unión Europea tales como Altener, así como su participación en actividades del V programa marco de investigación. 
Varios de los oradores de esta mañana preguntaban si se ha establecido alguna organización a nivel europeo con competencias similares a las del Consejo de Exportación de Energías Renovables norteamericano, que cuenta con fondos federales. 
A este respecto, quiero decirles que ya en el año 1996 el Comisario Papoutsis inauguró en Bruselas el Consejo Europeo de Exportación de Energías Renovables en presencia de varios responsables de alto rango de la Comisión y de otras organizaciones, y actualmente los miembros de dicho Consejo son cinco asociaciones europeas de energías renovables. 
En fin, señora Presidenta, he intentado exponer brevemente lo que estamos haciendo, lo que tenemos previsto que se haga en la línea del contenido del informe y de la resolución que nos ocupa. 
El Parlamento Europeo se ha mostrado una vez más constructivo en sus iniciativas a favor de la promoción de las fuentes renovables de energía. 
Puedo confirmarles que también la Comisión Europea considera que el mercado de exportación de fuentes renovables de energía constituye una de las prioridades esenciales para el futuro inmediato. 
Quiero concluir mi intervención dando de nuevo las gracias al ponente, Sr. Elchlepp, y a todos los señores diputados que han intervenido en este debate. 
Muchas gracias, señor Comisario Oreja. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Indudablemente, las tecnologías que utilizan las energías renovables y respetuosas del medio ambiente permiten un abastecimiento energético descentralizado y barato. 
Éstas representan, pues, una oportunidad tanto más real por cuanto una utilización intensiva de estas nuevas tecnologías permitirá a los países en desarrollo reducir su factura energética y a la vez aumentar la cantidad de energía disponible para sus poblaciones, sobre todo en las zonas rurales. 
Una mayor utilización de estas tecnologías limpias y poco onerosas constituye también una oportunidad para los países industrializados en la medida en que ello puede efectivamente ser sinónimo de creación de nuevos empleos en los sectores de alto valor añadido y, además, permitir el acceso a los inmensos y nuevos mercados del sur del planeta. 
Dicho sea de paso, deseo señalar, al igual que nuestro ponente, que una mayor utilización de estas tecnologías dentro mismo de las fronteras de la Unión permitiría realizar los objetivos que nos hemos fijado en materia de protección de nuestro clima, aumentaría nuestra independencia energética e incidiría favorablemente en nuestro equilibrio energético. 
En general, apoyo la propuesta de crear un Consejo Europeo de Exportación de Energías Renovables, que tendrá, entre otros cometidos, el de fomentar y estructurar las actividades de las PYME en este ámbito. 
Estoy de acuerdo con nuestro ponente en que el planteamiento europeo debe ser transversal y en que es imprescindible, en el contexto de nuestra cooperación internacional y de los acuerdos de cooperación que celebramos, incitar a nuestros interlocutores a que den una prioridad estratégica a las energías renovables en la planificación de su política energética, medioambiental y de desarrollo. 
Y ello en la medida en que, en este caso, su interés bien entendido de un desarrollo con un coste mínimo, coincide, evidentemente, con nuestra búsqueda de mercados exteriores. 
Este extraordinario informe sobre las nuevas posibilidades que ofrece la exportación de tecnología relacionada con las fuentes de energía renovable, y que he apoyado con mi voto, ganaría en credibilidad si la política energética de la UE se orientara, también de puertas adentro, en esta misma dirección. 
Por lo tanto, hay que eliminar las ayudas a la energía nuclear y desmantelar las centrales. 
Es imprescindible reducir nuestra dependencia del petróleo y el gas, y aumentar el uso de las fuentes de energía renovable. 
Impacto de la crisis financiera sobre la industria europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales (B4-1162/98, B4-1163/98, B4-0005/99, B4-0008/99 y B4-0010/99) sobre la crisis financiera mundial y la industria. 
Señora Presidenta, este debate no puede ser más pertinente y de actualidad. 
Hace un mes nos preguntábamos cuáles iban a ser las consecuencias de la inestabilidad económica producida por las crisis de los mercados asiáticos y latinoamericanos. 
Y sin tener todavía una evaluación aproximada de estas consecuencias de la crisis que se desataba en agosto, esta semana se produce un nuevo episodio con la devaluación del real brasileño, que quizás arrastre u obligue a realizar ajustes a otras monedas del Mercosur. 
Esta situación, aunque podría temporalmente favorecer a la economía brasileña, ha provocado ya una estampida de capitales verdaderamente espectacular. 
Y a esta nueva crisis nos enfrentamos con nuestra nueva moneda- el euro- que, por cierto, fue recibida con grandes aplausos por el mercado japonés. 
Sin embargo, no sabemos cómo se comportará la economía ni cómo soportará a medio plazo el impacto de un posible agravamiento de la crisis, el aumento de las importaciones o las prácticas desleales con nuestra industria y nuestras exportaciones. 
Porque lo que sabemos es que las prácticas desleales y el aumento de las importaciones están perjudicando ya a dos sectores industriales especialmente sensibles: el siderúrgico y el naval. 
Los dos han sufrido sangrías a lo largo de las dos últimas décadas y sus efectivos se han reducido dramáticamente. 
Si continúan las reducciones ello significará la desaparición de estos sectores, que pasarían de la consideración de estratégicos a la de ruinas industriales, en un período de cuarenta años. 
Nos preguntamos qué va a ser del empleo: esa es la gran incógnita. 
Las prácticas de Corea y Japón, dirigidas a acaparar mercados, sus ayudas de Estado y, en definitiva, su deslealtad y desprecio a las normas que intentan regular internacionalmente el sector, deben hacernos reflexionar. 
Si estas actitudes se mantienen, la OCDE o incluso la Organización Mundial de Comercio se verán seriamente afectadas en su papel regulador y en su prestigio. 
El sector naval, por ejemplo, no puede hacer más sacrificios. 
Si las ayudas públicas desaparecen, antes del año 2000 y con las prácticas actuales- es decir, el dumping asiático- los astilleros tendrán que clausurarse en su mayor parte y todos los esfuerzos realizados para su modernización y adaptación, realizados con el dinero de los ciudadanos europeos, habrán sido baldíos. 
Si continúan las importaciones de acero subsidiadas en origen, me pregunto cómo podrán sobrevivir nuestras empresas en una situación de inaceptable desventaja. 
Por ello, me permito recordar a la Comisión que la propuesta de reglamento sobre la construcción naval incorporó una enmienda que pedía la elaboración de un estudio para abordar los problemas descritos. 
¿Podría la Comisión informar sobre los resultados de este estudio y las propuestas correspondientes, así como también sobre su opinión para la ampliación de las ayudas de Estado hasta el año 2000? 
Y en cuanto al acero y la industria, ¿cuáles podrían ser sus propuestas para apoyar a los sectores afectados y en qué plazos podrían presentarlas? 
¿Qué medidas se podrían arbitrar en política comercial para combatir la proliferación de las prácticas desleales? 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, por primera vez nos alcanzan las repercusiones de la crisis financiera que ha producido grandes reacciones en los últimos meses. 
La crisis en el Sudeste asiático, como hemos previsto, tiene repercusiones globales. 
La caída del sistema económico en Extremo Oriente ha llevado a una mayor escasez de demanda en los mercados. 
La pregunta actual puede ser sólo el comienzo de un debate fundamental en el Parlamento sobre este problema. 
La economía europea, en la medida en que se vea perjudicada, tiene derecho a ser asistida por las instancias competentes. 
De ahí viene nuestra pregunta. 
La Unión Europea hasta ahora ha amortiguado en sectores esenciales los cambios comerciales surgidos a raíz de la crisis y ha soportado las correspondientes cargas. 
No hay otro mercado, ni siquiera el americano, que pueda combatir tal aumento de las importaciones ni en cifras absolutas ni porcentuales. 
El mercado europeo se ve inundado ahora de materias que normalmente se exportarían a los mercados orientales. 
Según todos los indicios, esta tendencia no sólo seguirá sino que incluso se acelerará. 
Los daños para la industria siderúrgica europea, por ejemplo, se verán agravados por las prácticas comerciales desleales de algunos países. 
En este contexto, la intención de la industria siderúrgica americana de solucionar el problema con masivas medidas de política comercial o con medidas de protección representa una verdadera amenaza para el mercado de la UE. 
Hago un llamamiento a la Comisión a que vele por que el gobierno americano tenga claro que si en estas cuestiones no practica una actitud solidaria, sino que toma medidas de competencia poco lícitas, tendrá que contar con que la Unión Europea adoptará duras medidas en contra. 
Si la Unión Europea no adopta una posición clara y firme, los Estados Unidos volverán a intentar imponer su propia política comercial mundial. 
Con respecto al hecho de que la industria europea claramente no tiene ninguna culpa de la crítica situación actual en el mercado estadounidense, en el que opera con buen resultado desde hace tiempo, es preciso exigir a los Estados Unidos, al más alto nivel político, que procuren que haya unas relaciones comerciales equitativas. Los Estados Unidos y Europa ejercen un papel dirigente en la Organización Mundial de Comercio. 
Si no nos comportamos ejemplarmente, la situación se volverá en contra de ambas partes. 
Señora Presidenta, en este primer Pleno del año, las resoluciones de 17 de septiembre y de 3 de diciembre de 1998 sobre las crisis financieras mundiales no volverán redundantes ni convertirán en meras excepciones las preguntas orales y las propuestas de resolución presentes. 
Porque este asunto no ha perdido actualidad y, al mismo tiempo, la coyuntura no es propia para tranquilizar. 
Si a esta referencia a resoluciones recientes sumamos otra, también de diciembre, sobre los choques asimétricos y que tan pertinente fue en el marco de la crisis financiera y sus consecuencias en las economías nacionales reales, se refuerza aún más la convicción de la oportunidad de debatir y buscar antídotos para prevenir consecuencias económicas y sociales de la situación y evolución financiera internacional en la industria europea. 
Y la situación se modifica y evoluciona a veces vertiginosamente y las señales no son tranquilizadoras. 
Si se considera a Brasil el punto neurálgico de la crisis en octubre y se movilizaron esfuerzos y medios financieros para evitar lo que se llegó a temer que fuera catastrófico, las noticias de estos últimos días son preocupantes. 
Por eso mismo subscribimos la resolución común, aunque la consideramos floja en cuanto a la responsabilización de fondo, la primacía de lo financiero y lo nominal sobre la economía real, y nos parece que hay motivos para que se agraven las inquietudes y para que las solicitudes cobren carácter de urgencia. 
La inclusión de referencias a la construcción naval y a la siderurgia, como pretende la enmienda nº 2, resulta muy pertinente, justificaría la ampliación a otros sectores, en particular el textil, que iba incluido entre esos sectores en un considerando de nuestra propuesta de resolución y que fue sacrificado en pro de la resolución común. 
Por eso mismo consideramos que, si se aprobara la enmienda, debería abarcar el sector textil. 
Y sobre lo que venimos hablando se hicieron estas preguntas orales y propuestas de resolución. 
Ahora bien, el fondo de la cuestión es el de que empieza a ser evidente que se trata más de los aspectos monetarios, bolsistas y financieros de una crisis económica latente y susceptible de explotar- ¡Atención al Brasil! -por desajuste de los instrumentos y los mecanismos financiero-especulativos en la fase y en el funcionamiento de la economía real. 
Señora Presidenta, con tres importantes cataclismos económicos en pocos años en Asia, Rusia y ahora América Latina, tal vez deberíamos extraer algunas enseñanzas de esta experiencia y aprender de nuestros errores. 
Parece haber una notable similitud entre la situación previa a la crisis de Asia y la más reciente de Brasil, pues en ambos casos ha habido una concesión de préstamos en gran escala a partir de proyecciones excesivamente optimistas de crecimiento e industrialización. 
Naturalmente, los inversores pueden marcharse tan rápidamente como llegan y llevarse consigo su dinero. 
Y, cuando la base de una economía se desploma, los efectos en cadena pueden ser tremendos. 
En Escocia, como en todas partes, seguimos sufriendo los efectos de la crisis de Asia: no se hacen realidad inversiones prometidas y se producen retrasos en la reducción de los tipos de interés y el elevado tipo de cambio de la libra esterlina sigue afectando gravemente a nuestras industrias y a nuestras exportaciones. 
Si bien la crisis de Brasil puede no ser tan grave, aún puede tener repercusiones. 
Una mayor estabilidad económica en Europa debe aumentar nuestra capacidad para salvaguardar el bienestar de aquellos de nuestros ciudadanos que resulten más directamente afectados. 
Señora Presidenta, Señorías, dado que existen varias preguntas relativas al impacto de la crisis financiera sobre el sector industrial de la Unión, procederé, si les parece, a una respuesta conjunta, comenzando por las relativas al impacto general de la crisis para pasar después a lo que se refiere específicamente al sector del acero. 
El deterioro del clima económico mundial el pasado año tuvo sin duda consecuencias negativas para la Unión Europea. 
Sin embargo, en 1998, las buenas condiciones internas tuvieron como efecto compensar con creces los efectos negativos exteriores. 
El crecimiento de los quince países en 1998 ha sido en un 0, 1 % superior al pronosticado en marzo de 1998, y en 1999 la crisis económica traerá consigo pérdidas para la economía de la Unión Europea, pero sus efectos deberían ser, en principio, limitados, gracias a la introducción del euro- a ello ha hecho referencia la Sra. Miranda hace un momento- y al mantenimiento de condiciones económicas saneadas. 
La Comisión confía en que la economía de la Unión Europea se recuperará en el año 2000, año en el que espera que el crecimiento sea del 2, 8 %. 
En ese contexto general, algunos sectores de la industria de la Unión Europea se enfrentan a una dura competencia de las importaciones. 
Las procedentes del Sudeste asiático y de otras regiones han aumentado, mientras que las exportaciones han conseguido incrementarse en todos los sectores a pesar del descenso experimentado en las que se dirigen al Sudeste asiático. 
En el año transcurrido hasta septiembre de 1998, la Unión Europea registró un superávit comercial de 22.000 millones de ecus, en lo que se refiere a productos industriales, es decir, 16.000 millones de ecus por debajo del superávit del mismo período del año 1997. 
Las importantes devaluaciones de la moneda en el Sudeste asiático han perjudicado a la competitividad de los precios a corto plazo de la Unión Europea. 
Sin embargo, esto se ha visto parcialmente compensado por la alta tasa de inflación nacional en esos países. 
Es difícil pronosticar cuál será el efecto final de la crisis del Sudeste asiático para la posición de competencia relativa de la Unión Europea, en especial si se considera que la fluctuación de los tipos de cambio en los países del Sudeste asiático puede tener una repercusión sobre su rendimiento comercial y su competencia, de forma que es difícil en este momento hacer pronósticos. 
Evidentemente, la Comisión está preocupada por la repercusión del aumento de la presión competitiva sobre el sector industrial europeo. 
Esta fuerte presión continuará probablemente en 1999, aunque tal vez a niveles no tan elevados como en 1998. 
La balanza comercial de la Unión Europea, en lo que se refiere a productos industriales, deberá mejorar respecto a 1998. 
Aun cuando no se cuenta con datos para el conjunto de 1998, la Comisión calcula que la repercusión directa, en términos de producción industrial total para ese año, es marginal, pero podría ser algo más importante en 1999. 
Cuando hizo su previsión de otoño, la Comisión señaló que esperaba que el crecimiento del empleo alcanzara el 1, 2 % en 1998, una tasa de incremento más rápida que la del 0, 8 % que se registró en la primavera. 
Sin embargo, la ralentización del crecimiento del Producto Interior Bruto en 1999 se verá acompañada de una reducción de la velocidad de crecimiento del empleo a un nivel del 0, 9 % en ese mismo año. 
No obstante, se espera que el desempleo siga disminuyendo y, del máximo del 11, 2 % registrado en 1994, el desempleo debe bajar a un 10 % en 1998 y a un 9, 5 % en 1999. 
En cuanto al aumento de la presión de la competencia sobre la industria de la Unión Europea, ello no significa necesariamente que los socios comerciales de la Unión estén empleando prácticas comerciales desleales. 
La Comisión está dispuesta a aplicar los instrumentos de política comercial de la Unión allí donde se cumplan las condiciones necesarias y de conformidad con los acuerdos de la OMC que vengan al caso. 
Para ilustrar este extremo, la Comisión ha iniciado ya la semana pasada dos procedimientos motivados por denuncias presentadas por la industria del acero de la Unión Europea que se refieren a una denuncia antidumping relativa a flejes laminados en caliente originarios de Bulgaria, Irán, Yugoslavia, India, Taiwán y Sudáfrica, así como una denuncia antisubvenciones relativa a los mismos productos originarios de India, Taiwán y Sudáfrica. 
Ninguno de los países mencionados en las reclamaciones antidumping o antisubvenciones son países del Sudeste asiático que estén aplicando programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional. 
La Comisión no está al corriente de prácticas comerciales desleales que afecten a las importaciones de productos siderúrgicos en la Comunidad, aparte de aquellas de las que ya se está ocupando. 
A lo largo de 1998, hasta el mes de septiembre, las importaciones de productos siderúrgicos, acabados o semiacabados, ascendían a 18, 5 millones de toneladas, 6, 6 millones de toneladas por encima de las del mismo período de 1997. 
Mientras tanto, las exportaciones descendieron en 2, 7 millones de toneladas hasta llegar a 18, 3 millones de toneladas. 
Por lo tanto, la Unión Europea registró un déficit comercial de 0, 2 millones de toneladas comparado con el superávit de 9, 2 millones de toneladas del año anterior. 
El inusitado aumento de las importaciones de productos siderúrgicos en la Unión Europea ocasionó un colapso de los precios en el segundo semestre de 1998. 
Se espera que la demanda de acero de la industria manufacturera se reduzca en el primer semestre de 1999, pero que mejore posteriormente arrojando unos resultados totales anuales que sean comparables a los de los años anteriores. 
En 1999 se espera que las importaciones sigan siendo altas. 
A la Comisión le resulta difícil hacer una estimación de la contribución de lo que representa la industria siderúrgica del Sudeste asiático en la recuperación económica de la región, dado que esto varía según los países. 
No obstante, está claro que varios países de la región aumentaron de forma importante las ganancias derivadas de los productos siderúrgicos en 1998. 
Este es el caso, entre otros países, de Corea del Sur, Taiwán, Japón, China e Indonesia. 
En la Cumbre de la Unión Europea-Estados Unidos, que se celebró en Washington el 18 de diciembre de 1998, se produjeron debates sobre diversas cuestiones y, entre ellas, sobre la importación de productos siderúrgicos. 
La Comisión destacó la necesidad de mantener los mercados abiertos y de evitar retrasar la recuperación de los países afectados por la crisis que estuvieran llevando a cabo programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional. 
Es fundamental que todas las partes implicadas actúen de manera responsable y conforme a las normas internacionales para poder conservar las ventajas de la liberalización del comercio y evitar la escalada de conflictos comerciales. 
La Administración estadounidense, por su parte, es consciente de que la imposición de obstáculos comerciales perjudicaría a países que se han visto seriamente afectados por problemas económicos, pero también se enfrenta a fuertes presiones internas que le urgen a reaccionar ante las recientes oscilaciones en las importaciones de acero. 
Es posible que Estados Unidos adopte medidas comerciales respecto de las importaciones de acero en los próximos meses. 
La Comisión seguirá de cerca la evolución para asegurarse de que dicho país actúa de conformidad con las normas comerciales internacionales. 
Quiero referirme ahora brevemente a dos cuestiones que han sido planteadas. 
Una, concretamente, por la Sra. Miranda de Lage respecto al efecto de la crisis asiática sobre el sector de la construcción naval. 
Tras la devaluación de distintas monedas en el Sudeste asiático, los coreanos, en particular, se han beneficiado de las condiciones de venta favorables en este sector. 
Sin embargo, la industria comunitaria ha logrado, en 1998, mantener una buena posición en el mercado mundial: ha conseguido el 29 % de los nuevos pedidos, contra el 22 % de Corea, de enero a septiembre de 1998. 
La Comisión está vigilante para que los países en crisis, como ya he dicho antes, respeten las condiciones fijadas por el Fondo Monetario Internacional, y concretamente en el ámbito de las reformas estructurales y en el marco de las relaciones entre la industria y el Gobierno coreano. 
Unas palabras nada más sobre el impacto en la industria europea de los últimos acontecimientos que se están produciendo en Brasil. 
Yo creo que, en este momento, es todavía difícil y precipitado hacer un diagnóstico correcto. 
Mucho dependerá de cómo reaccionen los mercados financieros respecto a los acontecimientos de Brasil. 
Tenemos aquí- ustedes las tendrán también-las últimas noticias que nos han llegado hoy respecto de los comportamientos que han tenido lugar, el paquete de medidas urgentes que ha aprobado el Congreso brasileño como parte del ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional a cambio de una ayuda de 42.000 millones de dólares, medidas que forman parte del plan de ajuste que persigue el Presidente Fernando Cardoso. 
El director del FMI, Michel Camdessus, manifestó ayer mismo su satisfacción por el compromiso adoptado por Brasil de aplicar el programa de saneamiento presupuestario firmado con el FMI y, al mismo tiempo, el Presidente brasileño ha continuado lanzando mensajes de confianza a los inversores. 
En todo caso, puedo decir que la Unión Europea y Brasil tienen unos importantes lazos comerciales y las empresas europeas han invertido de forma sustancial en desarrollo industrial en Brasil, por ejemplo en el sector de la automoción. 
La Unión Europea importa gran cantidad de materias primas de Brasil y, evidentemente, la devaluación del real puede hacer bajar los precios de estos productos, con algunos efectos positivos en la industria europea. 
Sin embargo, es verdad también que la devaluación puede aumentar la competitividad de las industrias de exportación brasileñas a la Unión Europea y reducir la capacidad de competitividad que tiene la industria europea en sus exportaciones a Brasil. 
En fin, estos son algunos comentarios que quería hacer al hilo de la situación que se está produciendo en este momento, aunque todavía dentro de la prudencia que exige una situación en la que no sabemos cuál será el comportamiento de los mercados financieros a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores colegas, por supuesto, la introducción exitosa de la moneda única justifica una mayor confianza en nosotros mismos y nadie quiere ser pájaro de mal agüero en un momento así. 
Sin embargo, también creo que todos sabemos que el éxito de la economía europea será juzgado no tanto desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de la economía real. 
Y ahí, la situación no es nada alentadora. 
El paro, el problema económico número uno y que, me temo que para combatirlo no hacemos ningún esfuerzo, se ha estabilizado aproximadamente en el 10, 5 %, a pesar de todas sus previsiones- porque lo que nos ha dicho son sólo previsiones, señor Comisario. 
Y si desciende en un 0, 5 % no es gran cosa. 
Ya hace tiempo que hemos olvidado las palabras llenas de optimismo del Sr. Delors en esta Asamblea, al principio de nuestra legislatura, sobre la creación de 15 millones de nuevos puestos de trabajo que harían descender el paro a un 6-7 %. 
La perspectiva sobre el ritmo de crecimiento de la economía europea en 1999 ha descendido sólo al 1, 4 %. 
La crisis de los mercados de capitales en el Tercer Mundo, que allí se ha convertido en una verdadera crisis de la economía real, tuvo como consecuencia unas pérdidas terribles en el empleo, en renta real y en nuestras exportaciones. 
Es un hecho: cualquier desarrollo en la Unión y en los Estados Unidos se debe al sector de los servicios. 
Por el contrario, en la industria ya tenemos claros fenómenos de mano de obra excedente. 
Y ante una situación de este tipo, no es extraño que ya hayamos empezado a escuchar voces a favor del proteccionismo. 
Y lo que nos ha dicho sobre la industria siderúrgica es más o menos un resumen de un sermón proteccionista, no suyo, sino del que cada vez se escucha más en los grandes Parlamentos, en el Congreso y en otros centros decisorios en el mundo. 
Se trata de una evolución muy peligrosa, porque nada hay más peligroso que el resurgimiento de las limitaciones a nivel mundial, que va a estallar, por supuesto, contra los más débiles económicamente. 
Sin extremar las simplificaciones, señora Presidenta, la lógica común dice que no debemos dificultar aún más una situación tan difícil como ésta, comprimiendo la demanda en nuestra economía con las limitaciones que hemos impuesto en la política financiera, es decir, con el famoso umbral del 3 % de los déficit del pacto de estabilidad. 
Además las previsiones dicen que el 3 %, en la situación económica actual, no pueden conseguirlo fácilmente en 1999 Alemania, Italia y Francia, es decir, los grandes países europeos. 
¿Acaso debemos llegar a un paro del 25 % para empezar a reconsiderar la política restrictiva con la que hemos conseguido una inflación cero, pero que ahora se encamina a conseguir también un empleo cero? 
Señor Comisario, la cuestión que se le plantea nos aporta respuestas relativamente generales, que podemos leer- así como los comentarios que usted ha hecho- en nuestra prensa. 
Desearía hacer una primera observación: ¡qué imprudentes fuimos al renunciar a los instrumentos que nos ofrecía el Tratado CECA! 
En aquel momento, yo había pedido mayor prudencia; sabíamos que las crisis del sector siderúrgico se producen con bastante regularidad, y hoy nos encontramos totalmente desarmados. 
Cuando se nos dice que la Comisión va a investigar si los Estados Unidos actúan en contra de los convenios internacionales o de los compromisos internacionales de la OMC, llegan un poco retrasados. 
Como el Sr. Katiforis acaba de indicarlo, los Estados Unidos ya han adoptado medidas. Y éstas, a primera vista, no parecen respetar estrictamente los compromisos de la OMC. 
Eso significa que la Comisión, además, parece estar desamparada cuando nos dice que debe imponerse la prudencia, que la situación es difícil y poco más... 
Tendríamos que argumentar que las modificaciones de los tipos de cambio son afines, en ciertos aspectos, a los derechos de aduana. 
¿Cuál es la diferencia entre imponer un derecho de aduana a la entrada de bienes y la devaluación de la moneda de manera que sea competitiva? 
Hay algo que no es normal, o entonces hay que hacer mayor hincapié en la estabilización de los tipos de cambio y optar firmemente por las vías que el Japón y algunos de nosotros ya han iniciado. 
Creo que o bien habría que mejorar la estabilidad de los tipos de cambio, o bien procurar seguir contando con los medios para defendernos como los demás países. 
Señora Presidenta, han entrado en erupción tres grandes volcanes: uno en Asia, otro en Rusia y el último en América Latina. 
El siguiente volcán está comenzando ya a dar señales de actividad; se trata de China. 
El problema reside en la inestabilidad y el desequilibrio que el capitalismo aporta al mundo a través de los mercados de capital. 
En estos mercados se registra inflación. 
El concepto de inflación se carga de un contenido erróneo si no tenemos en consideración que, en los mercados de capital, este concepto implica un incremento ilimitado del valor de los bienes capitales. 
Ante esta situación, los organismos internacionales reparten consejos equivocados. 
Dan los mismos consejos por igual a todos los países, a pesar de que todos ellos son distintos entre sí, y- por lo general- sus consejos se limitan a la deflación o, en los países en desarrollo, a la reducción de los niveles de protección social. 
Estas instituciones, con el FMI a la cabeza, no impiden que se produzcan los incendios, sino que lo que pretenden es cavar cortafuegos, lo cual, en mi opinión, no es suficiente. 
Deberíamos evitar desde un principio que se produjera el incendio o, en este caso, también la erupción de volcanes. 
Ante esta situación, la izquierda cuenta con una oportunidad. 
Si el capitalismo real nos causa problemas, hagamos una evaluación común de la situación y actuemos en consecuencia. 
La tercera vía es una vía de progreso. 
Ahora tenemos que encontrar juntos, entre la izquierda y los verdes, esta otra vía. 
Señora Presidenta, estimados colegas, no se trata de procurar siempre que las cosas no vayan muy mal, lo que a menudo se consigue gestionando las crisis con una perspectiva a corto plazo, sino más bien de desarrollar estrategias cuyo centro no sean los consejos morales, sino el bien entendido interés propio. 
El peligro concreto de un proceso deflacionario, que ya no se puede controlar, se aproxima cada vez más. 
Las aseveraciones de que esto no es ningún problema suenan cada vez más huecas. 
Tenemos que tener presente que no puede haber ninguna estabilización duradera de la arquitectura financiera mundial si no hay una estabilización de la economía a escala mundial, y ésta no puede darse sin la estabilización de la sociedad internacional. 
Esto significa que, dicho brevemente, la pregunta no es: ¿cómo podemos conseguir otra economía y sociedad internacionales? , lo que constituiría una ilusión, sino que las viejas preguntas de Keynes- no sus respuestas- vuelven a ser críticas. 
¿Cómo podemos conseguir un sistema internacional de pagos que funcione y que permanezca estable ante volatilidades y distorsiones a corto plazo? 
¿Cómo podemos alcanzar una política monetaria mundial? 
Cómo conseguimos, en cuarto lugar, programas de ayuda con préstamos a bajo interés y subvenciones como apoyo a los países en vías de desarrollo, siendo imprescindible decir hoy que, teniendo en cuenta la globalización, ya no sólo se trata de países en vías de desarrollo, sino también de sectores, proyectos y subsectores. 
Hoy también se discute profusamente sobre el antidumping y el antisubvencionismo, lo que quiere decir que, de hecho, se quiere negar a determinados países sus posibles oportunidades de desarrollo. 
Hay que formular la pregunta de otra forma, en concreto: ¿cómo se puede resolver efectivamente la demanda real de valor monetario que actualmente no está cubierta? 
Quizá con el ejemplo de la navegación internacional. 
Tenemos una flota de navegación internacional completamente obsoleta, antiecológica e insegura, cuya renovación aportaría empleo realmente duradero y avances en la eficiencia de los recursos. 
Por tanto, en lugar de hacernos siempre la misma pregunta errónea sobre la locomotora de la coyuntura mundial, tenemos que interrogarnos acerca de un impulso común de la inversión mundial, y a esto, nosotros, en tanto europeos, tenemos algo que aportar, y también tenemos una responsabilidad que no estamos asumiendo en la actualidad. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, actualmente se encuentra en esta Asamblea una delegación del Congreso de los EE.UU. Evidentemente, nuestro debate es plenamente actual, y es preciso que los problemas que surgen a nivel mundial sean combatidos también a nivel mundial. 
Aunque al Parlamento Europeo se nos critica que en determinadas cuestiones procedemos quizá con mucha cautela y de manera reflexiva creo que para el Parlamento Europeo el criterio esencial es avanzar algo en las cuestiones y generar soluciones provechosas. 
En esta Asamblea nos hemos ocupado repetidas veces de las turbulencias del mundo financiero internacional. 
Desde hace pocos días tenemos en Europa el euro, el cual nos proporciona una nueva estabilidad, al menos en el ámbito de los euro-11 y, en consecuencia, también en la Unión Europea. 
Gracias al mercado interior hemos avanzado en los problemas aduaneros, y en la cuestión de las subvenciones nos hallamos en el camino correcto. 
Por esta razón, distinguidos colegas, les doy también las gracias por el hecho de que hoy nos ocupemos una vez más de este tema, en especial de los efectos en Europa. 
Entretanto sectores industriales enteros se enfrentan a nuevos desafíos. 
Entre ellos se encuentran el sector farmacéutico, el de la construcción naval y también, sobre todo, el sector del acero. 
Justamente aquí se ha llegado a una considerable restricción de nuestras posibilidades de exportación. 
En Asia, por ejemplo, ésta significa el 56 %. 
Por otro lado, el mercado único se ve enfrentado a un fuerte aumento de las importaciones procedentes de esta región. 
Actualmente se habla de tasas de crecimiento de hasta el 700 %. 
Por vez primera la Unión Europea se ha convertido en importador neto de acero. 
Hemos de oponernos a esta tendencia tanto en interés de las industrias afectadas como de los trabajadores de las mismas. 
A la vista de estos desarrollos celebro sobremanera que hoy podamos saludar en Estrasburgo a una delegación del Congreso de los EE.UU. Los EE.UU. se enfrentan a retos semejantes, si no más amplios. 
Sólo a través de la cooperación, a través de estrategias comunes y mediante planteamientos de solución comunes podremos lograr el control de estas tendencias. 
Cada cual deberá asumir su correspondiente participación, aunque siempre en proporción a sus cargas y posibilidades reales. 
En todo esto el libre acceso a los mercados desempeña, en definitiva, un papel decisivo. 
Los instrumentos de la política comercial implican también, sin duda, medidas antidumping y procedimientos de la OMC allí donde las intervenciones estatales presionen sobre los precios de los productos de exportación. 
Pero tales pasos sólo pueden constituir la última consecuencia. 
A largo plazo necesitamos más bien un diálogo transatlántico constructivo, pues solamente si mantenemos el libre comercio de mercancías y respetamos por doquier las reglas de la libre competencia podremos asegurar un panorama global estable. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Comisario su información que, en cierta medida, ha sido un poco optimista pero, por otro lado, manifiesta la misma inquietud que tenemos nosotros a la hora de hacer las preguntas. 
Y nos inquietamos quienes vivimos, por ejemplo, en una región como Asturias, que ya ha perdido más de 6.000 empleos directos en la siderurgia, además de los indirectos que se pueden añadir a aquellos. 
Es muy importante para nosotros evitar que se siga perdiendo empleo. 
Esta es la preocupación fundamental de la Unión Europea actualmente. 
No sólo hay que crear empleo, sino procurar que no se pierda el existente. Si no, los planes de empleo elaborados en todos los países servirían de poco. 
Lo que se plantea en la resolución que hemos firmado es que debe hablarse de nuevo- yo sé que no es muy popular- de una tasa sobre los capitales financieros que están moviéndose en las economías de esos países. 
No sabemos qué puede ocurrir en Brasil. 
Usted mismo lo ha dicho. 
Hemos recibido esas noticias, pero no sabemos cuál va a ser su impacto sobre la economía de la Unión Europea. 
Tampoco sabemos si la Unión Europea, a pesar del paraguas del euro, va a poder hacer frente, en el futuro, a los problemas que van a afectar a estos sectores que son importantísimos, como la siderurgia, el sector naval o el textil. 
Este último no está recogido en una enmienda del Sr. Kittelman, pero nosotros vamos a proponer que se recoja, porque es un sector también muy importante. 
Señora Presidenta, un minuto nada más para agradecer las intervenciones que se han producido aquí esta mañana. 
Diré muy brevemente al Sr. Katiforis- a quien no veo aquí en este momento- que, efectivamente, creo que sería un grave error, en este momento de fragilidad económica internacional, el que la Unión Europea pudiera levantar barreras de proteccionismo que pudieran suscitar respuestas similares por todas partes y conducirnos a una recesión mundial que podría prolongarse mucho en el tiempo. 
Al Sr. Herman- a quien tampoco veo aquí- quería decirle que, por una parte, la Comisión considera que el plan de la industria del acero norteamericano no constituye la última palabra sobre la política que van a adoptar los Estados Unidos para abordar las presiones en el comercio del acero, sino que supone el inicio de un proceso de negociación con el Congreso y la industria del acero que pueda traducirse en medidas concretas dentro de unos meses. 
Y quería decirle también al Sr. Herman que el Tratado CECA sigue siendo siempre de aplicación. 
Nuestra industria siderúrgica se comporta bien y, en cuanto a las medidas que adoptan los Estados Unidos actualmente, son las mismas que está adoptando la Comunidad Europea, es decir, medidas de aplicación de los instrumentos de política comercial. 
Quiero decir también en respuesta a algunas de las intervenciones, concretamente la del Sr. Wolf, que nuestro interés en el momento actual es que esos países en crisis puedan salir de ella lo más rápidamente posible porque eso no sólo será un beneficio para ellos sino que permitirá también el que puedan importar los productos europeos. 
Por consiguiente, creo que tenemos que ver, por una parte, cómo podemos defendernos de esta situación y, por otra, contribuir a la mejora de esos países porque ello contribuirá a que podamos exportar a esos países. 
La Organización Mundial de Comercio no admite, como es bien sabido, medidas contra las devaluaciones monetarias y, hasta ahora, los Estados Unidos y la Unión Europea no han aplicado ninguna medida a este respecto. 
Por último, quiero decirle al Sr. Rübig que nosotros tenemos que hacer frente a las importaciones desleales con los instrumentos políticos comerciales, es decir, con los instrumentos a que me he referido antes, los instrumentos anti-dumping y los instrumentos antisubvención. 
Y en todo caso, quiero decirles que he tomado buena nota de todas las intervenciones de esta mañana y trasladaré las mismas a mis colegas del Colegio de Comisarios. 
Muchas gracias, señor Comisario Oreja. 
El debate queda cerrado. 
Con arreglo al artículo 40, 5 del Reglamento he recibido seis propuestas de resolución. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre las repercusiones económicas y sociales de la crisis financiera mundial sobre la industria europea 
Antes de la votación sobre la enmienda 2 
Aplicación de la Política Pesquera Común 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0462/98) del Sr. Novo, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Documento de Trabajo de la Comisión para una mejor aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) -Plan de actuación (SEC (98) 0949- C4-0378/98). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, además del tratamiento de las propuestas concretas del plan de acción de la Comisión, la intención de este informe ha sido la de abordar, y muchas veces confirmar, estas cuestiones políticas relacionadas con la globalidad de la Política Pesquera Común. 
De hecho, opino que no se puede ni se debe considerar el control como prioridad política aislada, sino que debe ser una vertiente de un conjunto de orientaciones más amplias que aseguren la sostenibilidad económica y social del sector y de las comunidades pesqueras que de él dependen. 
El control es, desde luego, decisivo para el éxito de la política de pesca en un marco de disminución de recursos que afecta a un número cada vez mayor de especies. 
Pero, para que el control sea aceptado y eficaz, resulta esencial que sea correcto y universal, transparente y justo, lo que exige, desde el principio, que haya una simplificación de normas y una participación amplia y efectiva de todos los interlocutores sociales del nivel de los Estados y del comunitario en el proceso de formulación de esas mismas normas. 
Por otro lado, la adecuación del esfuerzo de pesca tiene que basarse en una investigación científica- multilateral, sistemática y con medios financieros adecuados y humanos- que garantice el estado real de los recursos y también evalúe de forma independiente y fiable las consecuencias de las diversas fuentes de contaminación en el estado de los océanos. 
Hay que dar estabilidad al sector, en particular en lo relativo al acceso a los recursos, por lo que resultan cuestiones fundamentales el mantenimiento de la utilización nacional exclusiva del mar territorial de las 12 millas- examinando incluso la necesidad de su ampliación- y la garantía de continuidad de los acuerdos internacionales de pesca. 
El desarrollo social del sector exige también políticas que establezcan niveles generales de regalías y seguridad social idénticos para todos los pescadores de la Comunidad y les garanticen las bases para un estatuto jurídico compatible con niveles más elevados de calidad de vida. 
La introducción generalizada de la innovación tecnológica es, desde luego, buena, no sólo para mejorar la fiabilidad y transparencia del control, sino también para viabilizar una modernización global de infraestructuras, mejorando los niveles de higiene y seguridad laboral y garantizando una mayor calidad de los productos de la pesca. 
Pero hay que evaluar sus efectos en los aumentos de productividad y se debe evitar una sobreexplotación o la creación de condiciones para concentraciones empresariales de tipo monopolista, completamente dispares de la realidad económica del sector. 
Para que esas orientaciones puedan llevarse a la práctica de forma global e integrada y el control pueda, así, tener éxito, es esencial que la política de pesca pase a tener un apoyo financiero adecuado en el nivel de los Estados y en el comunitario y deje de ser el pariente pobre «en la mesa» de sus presupuestos. 
En este marco, el tratamiento de este sector en la Agenda 2000 no augura nada bueno, por lo que resulta fundamental que se modifique esta situación radicalmente. 
En cuanto a las propuestas del plan de acción, conviene subrayar, desde luego, que las competencias en materia de control corresponden y siguen correspondiendo, esencialmente, a los Estados miembros. 
Eso no significa que no se deban hacer esfuerzos en pro de una auténtica cooperación informativa- sin menoscabo de las normas de la confidencialidad -, de una compatibilización efectiva y una fiabilidad de los procesos de evaluación- tendencialmente informatizados -, de la formulación consensual de normas e infracciones esenciales y las sanciones equivalentes. 
Por otro lado, hay que consensuar procedimientos de inspección- proponiendo el establecimiento de un código de conducta -, hay que aumentar la cooperación entre administraciones, pero al mismo tiempo hay que promover una formación profesional equiparada y aumentar los recursos humanos dedicados al control en todos los niveles. 
De igual modo, es fundamental concluir los procesos que permiten una auténtica comparación de flotas y sus productividades, dando cumplimiento a los compromisos subscritos por algunos países en el ámbito de los planes operativos. 
Al mismo tiempo, hay que aceptar que la reducción del esfuerzo de pesca no debe consistir exclusivamente en la reducción del número de barcos, sino también en la reducción voluntaria de las operaciones, medidas que, en cualquier caso, deberán ir siempre acompañadas de compensaciones generalizadas y adecuadas y de programas de formación y ayuda a la reorientación profesional. 
El informe propugna el fortalecimiento de los controles de los navíos de terceros países y los de los llamados pabellones de conveniencia, ya sea en el nivel del acceso a los recursos o el de los desembarcos. 
Para ello reclama la obligatoriedad de su seguimiento por satélite en aguas comunitarias y una equiparación entre los controles en aguas comunitarias e internacionales. 
Por último, consideramos determinante que haya una mayor certificación de los productos desembarcados y comercializados en la Unión, por lo que resulta necesario un fortalecimiento del control sobre su origen- teniendo en cuenta las condiciones sociales y medioambientales de su producción, los tamaños mínimos de las especies y la condiciones higiénico-sanitarias exigidas en la Unión- y también un fortalecimiento del control de los transportes desde el desembarco hasta el punto final de venta que garantice el conocimiento fiable de la procedencia y legalidad de los productos comercializados. 
El ponente y el Parlamento esperan ahora que la Comisión y el Consejo tengan debidamente en cuenta todas las orientaciones políticas que hoy aprobamos y, si se siguen, podrán contribuir de forma positiva a una mejor aplicación de la Política Pesquera Común. 
Debo agradecer también a todos los colegas la contribución hecha a la elaboración de este informe y agradezco también de forma especial a todos los servicios de la secretaría de la Comisión de Pesca el empeño manifestado en cuanto a la elaboración de este informe. 
Señora Presidenta, el Sr. Novo ha presentado un informe muy interesante. 
Resulta muy oportuno en una semana en que hemos estado hablando del control de las finanzas y las actividades de la Unión Europea que ahora, al final del período parcial de sesiones, examinemos el control de una de las políticas más importantes y una de las pocas políticas comunes que tenemos, a saber, la Política Pesquera Común. 
La Comisión ha presentado un plan quinquenal para la Política Pesquera Común a lo largo de los cinco próximos años. 
Cuando mi partido ejerció la Presidencia del Consejo el año pasado, encabezada por Jack Cunningham y Elliot Morley, concedió máxima prioridad al control y la supervisión del control. 
Es muy importante porque, como hemos visto esta semana, nada ha desacreditado más a la Unión que las pendencias y alegaciones sobre sobornos y trampas. 
La pesca es un sector en el que se producen muchos de esos fenómenos. 
De hecho, en mi circunscripción tan sólo el año pasado se detuvo y confiscó un arrastrero español en Greenock por pesca ilegal en las costas de Irlanda. 
Sin duda barcos escoceses e irlandeses han sido confiscados en otros lugares. 
Todos los pescadores, independientemente de su nacionalidad, son muy expertos a la hora de aprovecharse de las normas para su propio beneficio y reprochárselo a los extranjeros: a los irlandeses o a los daneses o a los españoles. 
Así ocurre en toda la Unión y es importante que la Comisión y los Estados miembros se reúnan y establezcan algunas normas y obligaciones comunes. 
Los Estados miembros deben afrontar sus responsabilidades y nosotros, en el Parlamento, debemos desempeñar nuestro papel velando por que se voten recursos suficientes para la inspección y la vigilancia. 
También resulta oportuno que el Sr. Novo sea el ponente, porque Portugal tiene un sistema de vigilancia por satélite inmejorable, como comprobó nuestra Comisión de Pesca en la visita que hizo el año pasado. 
Me impresionó mucho ver cómo llevaban a cabo la vigilancia por satélite y después enviaban aviones observadores. 
Pueden tomar fotografías de barcos y, si éstos están en una zona en la que no deben, se les puede llamar a capítulo y los pescadores pueden ser multados en los tribunales. 
Es un método que da unos resultados excelentes. 
Mi Gobierno ha introducido un plan de puertos designados que impedirá el desembarco de pesca ilegal. Ése ha sido un problema muy grave en el Reino Unido. 
La Asociación de Comerciantes de Pescado de Aberdeen se ha dirigido a mí a ese respecto. 
Le preocupan las repercusiones de la pesca ilegal en los precios del norte de Escocia. 
Ésas son algunas de las zonas mencionadas en el informe. 
Es un informe muy bueno. 
La Comisión ha presentado un documento de trabajo razonable y es de esperar que la Comisión de Pesca del Parlamento, la Comisión y el Consejo- que deben afrontar sus responsabilidades a éste respecto- lleven a cabo juntos un control adecuado de la Política Pesquera Común. 
Señora Presidenta, el éxito de la Política Pesquera Común depende de una supervisión eficaz y una imposición estricta del cumplimiento de la ley. 
Ello es aplicable tanto a los barcos de fuera de la UE como a las flotas de los Estados miembros. 
Algunos recursos han resultado diezmados por la pesca excesiva que amenaza el sustento cotidiano de los pescadores y de las comunidades pesqueras, que en muchos casos se encuentran en las regiones periféricas más pobres de la UE. 
Igualmente importante es la amenaza que representa para su futuro a largo plazo. 
Creo que el ponente está en lo cierto al criticar a ciertos Estados miembros por no facilitar datos adecuados. 
Resulta totalmente inaceptable que los barcos del Mediterráneo estén exentos de la obligación de llevar registros y hacer declaraciones de las capturas frente a las obligaciones impuestas a los que faenan en otras aguas de la UE. 
Se trata supuestamente de una Política Pesquera Común, por lo que las normas y obligaciones deben ser aplicables a todos por igual. 
Debemos mejorar los métodos de supervisión e imponer castigos mayores para las infracciones. 
Se necesita una mayor cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para lograr una aplicación eficaz del control de la política pesquera de la UE, aun cuando el cometido del control corresponda a los Estados miembros. 
Si excluimos a los principales afectados por la política pesquera, a saber, los pescadores, las organizaciones de productores y los armadores, esa cooperación no será completa. 
Como las medidas de control podrían perjudicar a la industria, debemos apoyar también la petición del ponente de que se formulen nuevas medidas compensatorias de formación y reconversión. 
También reviste importancia decisiva que los Estados miembros permitan el acceso a los inspectores de la Comunidad a sus aguas y con ello una cooperación más completa y eficaz entre las autoridades nacionales y las europeas. 
Además, si no se adoptan medidas en materia de comercialización de productos marinos, el control de la PPC será también incompleto. 
El control del tamaño debe ser también imprescindible, cuando examinemos la formulación de una política de control eficaz. 
Por último, quisiera formular una observación en relación con mi país. 
La armada irlandesa tiene la obligación de vigilar el 20 %, aproximadamente, de las aguas costeras de la UE. 
Pese a los escasos recursos de que dispone, lleva a cabo una labor excelente, excepcional. 
Si bien la UE ha ayudado aportando recursos suplementarios, siempre es necesario más. 
La razón por la que subrayo este aspecto es la de que el papel desempeñado por dicha armada no es irlandés; está desempeñando una tarea europea. 
La Comisión debe aportar muchos más recursos, porque la tarea que desempeña mejorará sin lugar a dudas la suerte de los pescadores de toda la UE. 
Señora Presidenta, el plan de acción de la Comisión sobre la supervisión, si se cumplen sus objetivos, es una iniciativa positiva con vistas a la mejora de la aplicación de la Política Pesquera Común. 
Sin embargo, sospecho que la aplicación de la PPC, pese a las medidas adoptadas en repetidas ocasiones, sigue siendo ineficaz. 
De modo que es importante subrayar la necesidad de que el control sea eficaz en toda la Comunidad y no sólo en ciertos Estados miembros. 
La aplicación uniforme de los métodos de control y de las normas de aplicación debe persistir en toda la Comunidad Europea y se debe poner fin a las disparidades existentes. 
Para ese fin, acojo con beneplácito la reciente aprobación de un reglamento encaminado a establecer un sistema de control aplicable a la PPC en el que se hace hincapié en la utilización de inspectores de la Comunidad, además de los inspectores nacionales. 
La utilización de nuevas tecnologías para la mejora de la aplicación es un paso adelante, pero es evidente que se deben financiar dichos métodos de forma adecuada e igual en todos los Estados miembros. 
No es de extrañar, por ejemplo, que los pescadores escoceses se irriten cuando se les impide tener acceso al apoyo que reciben los pescadores de otros Estados miembros. 
En mi opinión, esas desigualdades socavan los objetivos de la PPC. 
Estoy totalmente de acuerdo con el informe, cuando afirma que la norma en toda la Comunidad debe ser la de unas penas uniformes para los mismos delitos. 
La aplicación equitativa y coherente de los controles es importante, pero el sistema de controles debe ser- y en esto vuelvo a estar de acuerdo con el informe- parte integrante de todas las medidas de aplicación de la PPC. 
Debe haber un planteamiento más amplio de la pesca, caracterizado, entre otras cosas, por la transparencia, la cooperación y la armonización de los datos y los documentos administrativos. 
Un requisito fundamental para una aplicación lograda es una mayor participación de la industria pesquera desde la adopción de decisiones hasta la ejecución. 
Eso es algo que debemos esforzarnos por lograr. 
El de puertos designados del Reino Unido puede haber sido un plan bien intencionado, pero no ha sido útil para los puertos no designados pero que, de hecho, tienen una actividad de elaboración de pescado, que es importante para esas comunidades. 
Señora Presidenta, me expresaré en nombre del Sr. Souchet, vicepresidente de la Comisión de Pesca, y según sus indicaciones. 
La reflexión de nuestro colega Novo y de la Comisión de Pesca sobre la necesidad de mejorar la aplicación de la política pesquera común pone de manifiesto cuatro orientaciones principales, que aprobamos totalmente. 
En primer lugar, la cuestión de los controles. 
Éstos deben ser equitativos, y, para ello, debemos utilizar las nuevas tecnologías. 
Pero esta cuestión no debe ser tratada aisladamente y hay que asociar plenamente a los profesionales. 
En segundo lugar, la necesidad de una acción internacional muy activa, con el fin de que las medidas que permiten una pesca responsable se apliquen tanto a los pescadores de los terceros países como a los pescadores comunitarios, de tal modo que los nuestros no resulten perjudicados. 
En tercer lugar, las acciones de investigación deben ser prioritarias, lo que evitará tomar decisiones criticables, por carecer de base científica, como ha sucedido recientemente con las medidas relativas a las redes de enmalle de deriva. 
En cuarto lugar, finalmente, una voluntad política firme para que el sector pesquero ocupe el lugar que le corresponde en el presupuesto comunitario y sea reconocido, por fin, como una baza específica de los países de la Unión Europea. 
Por lo tanto, dichas orientaciones nos parecen excelentes, y votaremos positivamente este informe. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero, en primer lugar, agradecerles en nombre de la Comisión la elaboración de este informe que muestra una amplia convergencia de puntos de vista entre la Comisión y el Parlamento. 
Ciñéndome a dos cuestiones concretas que contiene, la Comisión comparte su idea de la necesidad de una coherencia global en materia de Política Pesquera Común y considera que el esfuerzo de control debe ejercerse en todas las actividades del sector de la pesca y debe realizarse de forma equitativa. 
También está de acuerdo con la importancia que ustedes otorgan a la transparencia y a la cooperación, tanto entre Estados miembros como con la Comisión. 
Además, esto se refleja tanto en el propio plan como en nuestra propuesta de modificación del reglamento de control. 
Otros elementos del informe ya están recogidos en las modificaciones del reglamento de control adoptado por el Consejo en diciembre. 
Hemos tenido ocasión de hablar de ello a propósito del informe elaborado por el Sr. Teverson, que ustedes han aprobado. 
Se trata de reforzar los controles después del desembarco, de la cooperación entre Estados miembros y la Comisión, de los controles de los buques de terceros países e incluso de la utilización de nuevas tecnologías de control como los satélites y, por último, la cuestión- por el momento distante- de la armonización de las sanciones e infracciones que también había sido debatida en dicha ocasión. 
Algunas cuestiones abordadas en el informe corresponden, por su relación con el control de las pesquerías, a decisiones que pertenecen a otro contexto. 
Me refiero a cuestiones tales como las ayudas del Fondo Social para la formación en el sector de la pesca o las relativas a los controles de las aguas internacionales, que se tratan en principio en las organizaciones regionales de pesca competentes. 
Ocurre lo mismo en lo relativo a la participación financiera de la Comunidad en los gastos de control aprobados por los Estados miembros, regulado por la Decisión 95/527. 
Su informe menciona también un control previo al control de las pesquerías- que compartimos- sobre investigación científica en relación al estado de los recursos. 
La Comisión comparte su opinión, aunque abordará esta cuestión de otra manera. 
Por lo demás, Señorías, nosotros hemos dado especial importancia a la participación del sector de la pesca en estas iniciativas para reforzar su cooperación y fomentar una mejor información. 
Hemos puesto en marcha las bases para la adopción de parámetros comunes útiles para la medición de la potencia y del tamaño de las flotas comunitarias y nos hemos comprometido, en un debate consultivo con los Estados miembros, respecto a determinadas cuestiones en las que se apoyaría una definición común respecto de la inspección. 
La Comisión toma nota de los comentarios del Parlamento sobre el contenido de la lista de los proyectos piloto, que considera desequilibrada porque se centra demasiado en determinadas zonas, y examinará con atención y espíritu abierto la posibilidad de reforzar el lugar asignado al Mediterráneo. 
Muchas gracias, señor Comisario Oreja. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución. 
Descartes en la pesca 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0403) de la Sra. Hardstaff, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el problema de los descartes en la pesca. 
Señora Presidenta, antes de comenzar, quisiera pedir que se celebre la votación al comienzo del próximo período parcial de sesiones en Bruselas. 
Ahora hay 38 diputados presentes y estoy seguro de que algunos de ellos tendrán que marcharse al cabo de media hora, durante la celebración de este debate. 
Me gustaría que un número razonable de diputados tuviera la oportunidad de votar. 
La Sra. Hardstaff solicita que la votación tenga lugar en el próximo período parcial de sesiones en Bruselas. 
El Parlamento aprueba la solicitud. 
El pescado es el único alimento importante de la dieta europea que se captura en lugar de cultivarse. 
En nuestro siglo ha habido importantes innovaciones en los métodos de pesca que han propiciado un aumento enorme de las capturas, a consecuencia de lo cual ha habido un grave descenso en las poblaciones de peces. 
Se han introducido muchas medidas a escala mundial, en particular mediante la Política Pesquera Común europea, para intentar detener y dar marcha atrás a esa reducción. 
Por desgracia, la introducción de cuotas y números totales admisibles de capturas para abordar ese problema ha provocado, a su vez, otro: el desecho del pescado que excede las cuotas o que no corresponde a ellas, que, a su vez, provoca la muerte de gran cantidad de peces. 
Muchos de esos peces son desechados porque no corresponden a la especie objeto de la pesca, porque tienen un tamaño menor del legal o son inmaduros y, por tanto, se los mata antes de que se hayan reproducido. 
Se calcula que entre el 20 % y el 40 % de todas las capturas se desechan. 
No todos los desechos dañan al ecosistema: algunos corresponden a especies que no están en peligro o constituyen alimento para otras especies. 
Aun así, no cabe duda de que ese método de desechar, en particular, los peces inmaduros y las especies ya en peligro, es una contribución importante al agotamiento de las poblaciones de peces. 
Los propios pescadores llevan muy mal la obligación de arrojar otra vez al mar parte de sus capturas, que, si no existieran esas normas, se podrían vender. 
No podemos eludir la necesidad de seguir reduciendo el esfuerzo total de pesca a corto plazo. 
Con las medidas técnicas se pueden lograr grandes resultados, pero se deben adoptar en el marco de un esfuerzo total estrictamente controlado. 
Es evidente que el papel fundamental corresponde a un tamaño mayor de las mallas, una introducción más amplia de la malla cuadrada utilizada para pescar bacalao y otras artes seleccionadas que permitan escapar a los peces de menor tamaño y a las especies que no sean objeto de la pesca. 
Sin embargo, también es necesaria la supervisión cuidadosa de los caladeros en que se da la reproducción de los peces, que debe propiciar la exclusión a corto plazo de ciertas zonas. 
Si entre las capturas figura un 15 % de peces inmaduros, se debe obligar legalmente a los barcos a abandonar esa zona. 
Hacen falta más investigaciones en Europa para determinar las especies que corren más peligro de verse afectadas por el método del desecho en nuestras aguas y también investigaciones sobre el comportamiento de los peces para idear las artes selectivas más apropiadas y eficaces. 
En particular, mi informe pide un proyecto experimental e investigaciones asociadas para ver si el sistema noruego de prohibición de todos los desechos podría contribuir a preservar las poblaciones de peces de una o más especies particularmente en peligro. 
Dicho proyecto experimental debería entrañar cierta flexibilidad para permitir que se venda en el mercado hasta un 10 % del pescado de calidad que supere la cuota y se lo suprima de la cuota en el año siguiente. 
Evidentemente, no debe haber un exceso de pesca deliberado, pero esa medida incitaría a los pescadores a observar la norma que prohíbe el desecho. 
Se deben desembarcar las especies de pescado autorizadas sólo en puertos designados y con inspección adecuada para reducir la cantidad de pesca ilegal que supera las cuotas y se introduce de contrabando en el mercado. 
Siempre que sea económicamente práctico, se debe utilizar el pescado desembarcado que no sea idóneo para el consumo humano con vistas a la elaboración de abono o pienso para animales y de aceite de pescado a fin de reducir la dependencia respecto de la pesca industrial. 
Los Gobiernos de los Estados miembros deben desempeñar el papel que les corresponde cooperando plenamente con la Comisión para velar por que los caladeros en peligro correspondientes a su jurisdicción queden excluidos de la pesca, cuando sea necesario, y por que se lleven a cabo los controles e inspecciones que les incumben entera y eficazmente. 
Los pescadores aceptan muy mal la sensación de estar sometidos a controles muy estrictos, mientras a otros de otros Estados miembros se les permite transgredir las normas con impunidad. 
Se ha propuesto la acuicultura como medio de proporcionar pescado suplementario, en particular para la elaboración, y con ello reducir la presión ejercida sobre las especies más populares y en peligro. 
Así se podría aportar también empleo en zonas afectadas por una reducción de la pesca tradicional. 
No existe una solución sencilla para este problema de los desechos. 
Es necesaria una multiplicidad de medidas conexas para que tenga repercusiones reales. 
Sobre todo, los propios pescadores deben participar plenamente, pues de ellos depende que funcionen cualesquiera estrategias que se acuerden. 
Es importante que mejoremos la formación para que esté tan bien organizada en este sector como en el agrario. 
Si todos cuantos pescan entienden las razones a que se deben las nuevas medidas que se están introduciendo para conservar los peces y los detalles técnicos al respecto, estarán dispuestos a cooperar en pro del futuro a largo plazo de su industria. 
Por último, si hay que reducir el esfuerzo de pesca total, habrá menos personas dedicadas a la pesca y durante menos días. 
La UE debe velar por que haya fondos disponibles para ayudar a las zonas muy dependientes de la pesca a adaptarse y crear oportunidades de empleo substitutivas. 
Creo que una combinación de esas estrategias puede propiciar una importante reducción del despilfarro que entraña el desecho de pescado comestible y de buena calidad. 
Señora Presidenta, el Grupo PPE acoge con beneplácito esta iniciativa en particular, porque es la primera presentada por el Parlamento Europeo sobre el desecho de pescado capturado. 
Demuestra que la Unión está trabajando actualmente junto con otras organizaciones internacionales para abordar el problema de los desechos. 
No obstante, los desechos no afectan sólo a la capturas de alevines, sino que, además, menoscaban las poblaciones de peces. 
El informe centra toda la atención en el problema de los alevines, pero esos desechos tienen consecuencias más amplias. 
En realidad, tienen efectos negativos en las poblaciones de peces, la comercialización de especies no dedicadas al consumo humano, en medidas técnicas y demás. 
Ésa es la razón por la que, pese a apoyar este informe, considero importante que se mantenga la vigilancia sobre todas las iniciativas adoptadas por la Comisión para abordar eficazmente y en forma más amplia el problema. 
Los principales protagonistas con vistas a la solución del problema de los desechos son los Estados miembros, pues tienen que apoyar a la Comisaria europea, si decide cerrar caladeros dentro de las aguas o la jurisdicción de sus Estados miembros, cuando, al hacerlo, se cumpla un objetivo claro de conservación. 
El informe subraya la necesidad de estudios suplementarios sobre los desechos y sus consecuencias biológicas, marinas y económicas. 
Sin embargo, ése debe ser sólo un primer paso para abordarlo, en el nivel europeo y en el internacional. 
En el informe se mencionan otras medidas, tales como la aplicación de nuevas medidas técnicas, el desembarco obligatorio de las capturas en determinados puertos de pesca y un precio fijo de referencia para las especies no destinadas al consumo humano. 
El Grupo PPE seguirá atento a las demás propuestas de la Comisión y, aunque no compartimos en particular el limitado planteamiento adoptado por el ponente, estamos dispuestos a prestar nuestro apoyo sobre este importante asunto. 
Señora Presidenta, la Comisión agradece la posibilidad de dar su opinión sobre este informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, y quiero empezar felicitando a la Comisión de Pesca y, muy particularmente, a la Sra. Hardstaff por la elaboración de este informe. 
La Comisión apoya, en líneas generales, la mayor parte de las conclusiones y recomendaciones incluidas en la propuesta de resolución, y estamos satisfechos de constatar que el informe subraya la importancia vital de aumentar la selectividad de las artes de pesca. 
El informe también incluye una referencia a la implantación de una prohibición de los descartes. 
Tal como ya conocen los miembros de la Comisión de Pesca, la Comisión no comparte completamente la idea de una prohibición global de los descartes por una serie de razones, pero el nuevo reglamento de medidas técnicas de conservación- que entrará en vigor el 1 de enero del año 2000- incluye un importante número de disposiciones que deberán llevar a un aumento de la selectividad de las artes de pesca y, por tanto, a un descenso de los descartes obligatorios. 
La Comisión toma nota de la sugerencia incluida en el informe de investigar la utilidad de prohibir los descartes de una o dos especies como proyecto piloto. 
Una vez más, señora Presidenta, la Comisión quiere manifestar su agradecimiento por la elaboración de este informe. 
Señora Presidenta, sólo quisiera decir, para terminar, que hemos tenido una semana muy fatigosa y que ha producido un hecho realmente importante: hemos recibido de un representante del Consejo la promesa de que ahora el Consejo se va a ocupar también de la seguridad en Bruselas. 
Ésta es una información importante. 
Muchas gracias, señor Rübig. 
El debate queda cerrado. 
La votación del debate de la Sra. Hardstaff tendrá lugar el 28 de enero de 1999 en Bruselas. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 15 de enero de 1999. 
Señor Presidente, me dirijo a usted y a la Mesa para pedir que a lo largo de este periodo parcial de sesiones de nuestro Parlamento se encuentre un espacio siquiera breve para conmemorar el 30º aniversario de la muerte de un joven europeo que sacrificó su vida suicidándose por la libertad y la dignidad de su pueblo y de su patria. 
Como muchos de ustedes habrán comprendido, me estoy refiriendo al joven Jan Palach que, en enero de 1969, convirtió su cuerpo en antorcha humana para protestar por la opresión del comunismo interior e internacional que sufría su pueblo. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional considera que, entre las muchas conmemoraciones y premios que promueve este Parlamento, se debería crear un puesto, a ser posible un puesto de honor, en memoria de un joven de Praga que lo sacrificó todo por la libertad por la que lucha también este Parlamento. 
Señor Schifone, como comprenderá, lo que acaba de decir no hace referencia alguna al orden del día ni puede ser incluido, en este momento, en el orden del día. 
Señor Presidente, en el periodo parcial de sesiones de diciembre, en el turno de preguntas, el Sr. Pérez Royo y yo formulamos una pregunta al Sr. Van Miert sobre el tema de la legalidad de las ayudas que el Gobierno español pretende otorgar al sector eléctrico. 
Con posterioridad, hace unos días, en una reunión de la Fundación Europea de la Energía, el Director General de Energía de la Comisión Europea se permitió criticar el exhibicionismo político y el hecho de que se hayan llevado a la arena pública temas que, según él, tenían que haber sido tratados con discreción dentro de los despachos de la Comisión Europea. 
Si se estuvo refiriendo a los contenidos del debate público, al que tenemos derecho los diputados europeos en la sesión de control de la Comisión, le ruego, por favor, que transmita a la Comisión Europea mi más enérgica protesta por el hecho de que un alto funcionario de la Comisión Europea diga que estos temas no se deben tratar en la arena pública- él dijo expresamente «la plaza pública» -, sino que se tienen que debatir con discreción dentro de los despachos de la Comisión Europea. 
Yo creo que declaraciones de este tipo, públicas, en una instancia europea, como es la Fundación Europea de la Energía, son censurables y, en lo que respecta a la transparencia del debate del Parlamento Europeo en el periodo parcial de sesiones de diciembre, le ruego que transmita mi enérgica protesta al Presidente de la Comisión Europea. 
Se le transmitirá. 
Señor Presidente, permítaseme plantear una cuestión de orden sobre la declaración de intereses de los Comisarios. 
Como recordará usted, por haber sido un distinguido miembro de la Comisión de Reglamento, hace un tiempo se presionó a la Comisión para que hubiera una declaración de intereses de los Comisarios. 
Se hizo con renuencia, pero, con la actitud más propia de la burocracia soviética, se mantuvo secreta y a disposición sólo del Presidente y del Secretario General de la Comisión. 
A raíz de los acontecimientos de la semana pasada, se ha publicado y lo que vemos es veinte hojas de papel virtualmente vacías, con tres años de desfase, en las que se indica, para sorpresa mía incluso, que los Comisarios son tan aburridos y carentes de interés, que no tienen intereses. 
Señor Ford, ésa no es una cuestión que debamos examinar hoy. 
Su Señoría sabe perfectamente, como miembro que es de la Comisión de Reglamento, que tiene la opción de formular preguntas a la Comisión. 
Entonces podrá explicársele el asunto para satisfacción de Su Señoría o Su Señoría podrá pedir que se hagan cambios. 
No figura en el orden del día para hoy. 
Pistas para una agricultura durable 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la agricultura y el medio ambiente- Pistas para una agricultura durable. 
Tiene la palabra la Comisaria Bjerregaard. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario Fischler y yo hemos presentado hoy una comunicación de la Comisión sobre la relación existente entre agricultura y política medio ambiental. 
La comunicación es el resultado de una larga y fructífera cooperación entre nuestros servicios y por ello me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario Fischler. 
La respuesta política a las demandas de un mejor medio ambiente está reformando durante estos últimos años el modo de hacer política de la UE. 
La palabra clave de este proceso iniciado con el Tratado de Amsterdam y apoyado por las conclusiones de las cumbres de Cardiff y de Viena es integración. 
Un proceso éste de la integración que este Parlamento también ha defendido calurosamente. 
La integración puede llevarnos allí donde no podemos llegar con la política medioambiental tradicional. 
La relación entre naturaleza y agricultura es un buen ejemplo de las dificultades a las que nos hemos enfrentado para asegurar un equilibrio justo con los recursos tradicionales. 
Durante demasiado años las políticas agraria y medioambiental han seguido cada una caminos diferentes. 
Las consecuencias han sido dramáticas en sendos casos. 
La contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y pesticidas y la erosión y el agotamiento de algunas de las regiones europeas son en parte las consecuencias de una agricultura intensiva. 
Otras zonas sufren la marginación de las tierras de cultivo y la despoblación- una evolución que acarrea también graves consecuencias para la naturaleza y el paisaje. 
Paralelamente a esta evolución en la agricultura, Europa ha aprobado una ambiciosa legislación en materia medioambiental, reflejo de los deseos de sus ciudadanos de un futuro mejor, más limpio y más sano. 
Sin embargo, también ha quedado claro que precisamente esta evolución en la agricultura ha dificultado el cumplimiento de esta legislación medioambiental. 
El reciente informe del Parlamento sobre la puesta en marcha de la directiva sobre nitratos ilustró muy bien este problema. 
Así pues, está totalmente justificada la integración del medio ambiente en la política agraria, siendo precisamente ésta el gran deseo de la propuesta de la Comisión de reforma agraria incluida dentro del paquete de medidas de la Agenda 2000. 
Como ustedes saben, me refiero al paquete de medidas que presentamos en marzo del año pasado. 
Como parte de este proyecto de integración, el Sr. Comisario Fischler y yo presentamos hoy una comunicación de la Comisión sobre la agricultura y el medio ambiente. 
La comunicación pretende demostrar y defender la necesidad de mantener los elementos medioambientales que aparecen incluidos en la propuesta de la Comisión. 
Todo lo que no sea esto dejaría en agua de borrajas las demandas de integración lanzadas por los gobiernos. 
Antes de abordar algunos de los elementos claves de la Agenda 2000, permítaseme subrayar la trascendencia que muchas partes de la legislación comunitaria- también fuera de la tradicional política agraria- tienen para la producción agraria. 
Como se ha dicho, la directiva sobre nitratos es un buen ejemplo, además de bien conocido; sin embargo, también podemos hablar de la legislación comunitaria sobre pesticidas, organismos modificados genéticamente o protección de los consumidores. 
La legislación en estos tres ámbitos contribuye a limitar la carga medioambiental de la agricultura. 
No obstante, cuando hablamos de la política puramente agraria y del medio ambiente, la Agenda 2000 ocupa un lugar de primerísima importancia. 
Por resumirlo en pocas palabras, lo que se propone es una reforma tan ecológica que la política agraria y la política medioambiental se complementen cada vez más la una a la otra. 
Permítanme mencionar algunas líneas maestras: 
En primer lugar, se reducen los precios de intervención para la carne de vacuno, el grano y la leche. 
Esta reducción de precios es necesaria para lograr un mercado más equilibrado y al mismo tiempo, los precios más bajos son buenos para el medio ambiente. 
Esta parte de la propuesta es un intento por contrarrestar los precios artificialmente altos que han sido corresponsables durante años del uso excesivo de productos de aspersión, fertilizantes y energía. 
En segundo lugar, la Comisión propone que los países miembros condicionen el pago de todas las ayudas a las rentas al cumplimiento por parte del agricultor de las normas necesarias para la protección del medio ambiente. 
Este punto supondrá un incentivo mucho más poderoso para la puesta en práctica de ambiciosas, aunque necesarias, normas comunitarias y vuelvo a mencionar la directiva sobre nitratos, además de las leyes de protección de la naturaleza y sobre pesticidas. 
En tercer lugar y dentro de las llamadas medidas de prevención, se aumentan las ayudas a los regímenes de explotación especialmente respetuosos con el medio ambiente. 
Son las ayudas destinadas a aquellos agricultores que deseen realizar un esfuerzo medioambiental positivo más allá del que marcan los requisitos mínimos fijados en la ley. 
Hablamos del cultivo ecológico, del cultivo extensivo y de la repoblación forestal. 
La propuesta consolida en este punto los regímenes pioneros introducidos a comienzos de la década de los noventa con la llamada reforma MacSharry. 
En cuarto lugar, se crean con respecto al sector ganadero los llamados sobres nacionales- una expresión bajo la que se oculta el dinero que los Estados miembros pueden repartir libremente dentro del sector. 
Un punto de partida para este reparto más adecuado, hablando desde el punto de vista del medio ambiente, podría ser la superficie que cada agricultor dedica al pastoreo en lugar del sistema actual que reparte la ayuda conforme al número de animales. 
Estos sobres, si se utilizan correctamente, pueden contribuir a promover regímenes de cultivo respetuosos con el medio ambiente y a reducir la presión que supone el cultivo sobre los suelos sensibles. 
Quiero que quede claro que son los Estados miembros y no sólo la Comisión quienes han de garantizar que así ocurra. 
En quinto lugar, ahora será posible que los agricultores de las zonas incluidas dentro del programa Natura 2000 a los que se les ha impuesto cargas adicionales participen de la ayuda que se reparte entre las zonas menos favorecidas. 
Esto debería permitirnos sacar mayor rendimiento a este pilar fundamental dentro de la protección de la naturaleza europea. 
Permítanme recordarles adicionalmente que yo misma presenté la pasada primavera y logré aprobar una estrategia para la biodiversidad en Europa. 
Ésta permitirá que antes de que acabe este año se presente un plan de actuación sobre cómo la agricultura europea contribuirá a garantizar esta biodiversidad. 
Naturalmente, la reforma agraria es uno de los elementos necesarios de esta apuesta. 
Todos estos pilares que conformarán la nueva política agraria siguen el camino defendido por algunas asociaciones no gubernamentales de carácter ecologista y gran parte del Parlamento Europeo. 
Es evidente que la propuesta de reforma de la Agenda 2000 constituye una señal inequívoca de que las ayudas serán sustituidas de ahora en adelante por una ayuda a la producción más neutral y una mayor ayuda de carácter ambiental. 
En el futuro, la Política Agrícola Común recompensará cada vez más los valores naturales y la agricultura responsable. 
Los agricultores que asuman el reto medioambiental se verán beneficiados económicamente en comparación con el sistema actual. 
A la propia agricultura- tal y como ha dejado claro muchas veces el Sr. Fischler- le interesa a largo plazo que se reestructuren las ayudas. 
Espero que el resultado de la próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apunte también en esta dirección. 
Es un avance positivo, en el que el gran desafío reside en asegurar que la ayuda medioambiental no se convierta sólo en un adorno que proteja los flujos monetarios tradicionales. 
Sin embargo, la reforma plantea otras perspectivas a largo plazo. 
En mi opinión, la propuesta, en caso de ser aprobada, supondrá una influencia local sobre la política, mayor que la actual. 
La política agraria se convertirá cada vez más en un asunto entre los ciudadanos y los agricultores. 
Cada país y cada región deberán ayudar a plantear los requisitos valederos en su zona. 
Naturalmente habrá condiciones que garanticen el cumplimiento de las leyes nacionales y europeas existentes, sin embargo, con la posibilidad de atender a las circunstancias locales mejor de lo que permiten las soluciones muy centralizadas. 
De hecho, sólo es el principio de subsidiariedad en la práctica. 
Las oficinas de protección de la naturaleza, las autoridades locales, las centrales abastecedoras de agua y restantes grupos interesados deberán sentarse junto al sector agrario y discutir cómo pueden compatibilizarse naturaleza y agricultura para contribuir a un desarrollo sostenible. 
Bruselas seguirá fijando los marcos, aunque serán los ciudadanos quienes los llenen de contenido. 
Esto planteará naturalmente grandes exigencias tanto a los agricultores como a los ciudadanos. 
Será necesario establecer un diálogo entre todos los intereses. 
De esta forma los ciudadanos podrán influir considerablemente en este desarrollo; sin embargo, esto exige naturalmente que se involucren y estén dispuestos a asumir la responsabilidad que lleva aparejada. 
Es importante que todos los países de la UE asuman este reto. 
La propuesta de la Comisión, presentada en marzo de 1998, ha sido debatida después en el Consejo de Ministros de Agricultura junto al Sr. Fischler. 
Queda mucho camino para su aprobación y sería falso decir que todos los ministros de Agricultura europeos se han mostrado tremendamente entusiasmados ante la perspectiva de una política más verde. 
No obstante, como es sabido, los Jefes de Estado y de Gobierno ordenaron en la cumbre de Cardiff celebrada el pasado junio que la agricultura fuera uno de los ámbitos políticos en ir por delante y demostrar cómo poner en práctica la integración. 
Esta solicitud fue repetida y ampliada en la cumbre de Viena añadiéndose a esta la petición de un informe de cara a Helsinki. 
Este informe deberá incluir un calendario para aumentar la orientación medioambiental de la política agraria y abordar la cuestión sobre qué indicadores pueden emplearse para medir el estado del medio ambiente. 
Es una cuestión importante pues resulta difícil perseguir los objetivos ambientales si la relación entre producción agraria y estado del medio ambiente no puede liquidarse de una manera en la que todos estén de acuerdo. 
Una condición previa para que se produzcan avances es naturalmente que los ministros de Agricultura se pongan de acuerdo en el paquete de reformas. 
No basta sólo con admirar el resultado. 
El medio ambiente puede quedar fácilmente olvidado en el esfuerzo final por hacerse con los miles de millones en juego. 
Considero un desafío personal asegurarme de que esto no suceda y es por este motivo que hoy hemos presentado, el Sr. Fischler y yo, la comunicación que recalca, entre otras cosas, que la agricultura intensiva está reñida con las ambiciones comunitarias en materia medioambiental y que es preciso redoblar nuestros esfuerzos para salvar el agua potable y la biodiversidad. 
La Comunicación señala también el importante papel que desempeña la agricultura ecológica puesto que puede contribuir activamente a la solución de estos problemas. 
Los ministros de Agricultura deben cumplir las instrucciones dadas por los primeros ministros en Viena y en cumbres anteriores. 
Ante todo, debe quedar claro que una reforma sin avances en materia medioambiental no es sostenible- ni para la naturaleza ni tampoco, si vamos a eso, políticamente. 
Los contribuyentes europeos se merecen y exigen un beneficio desde el punto de vista medioambiental del cheque de 40.000 millones de euros que cada año envían al sector agrario. 
Al igual que el Sr. Fischler, espero que el Parlamento Europeo acoja esta iniciativa positivamente y la utilice para relanzar el tan necesario debate público sobre la reforma agraria y el medio ambiente. 
El éxito a largo plazo y la aceptación de la reforma dependen tanto de que ésta presente un serio perfil medioambiental como del precio del grano y del tocino. 
Creo que, de unos años a esta parte, se han logrado grandes avances en materia de fortalecimiento de la dimensión medioambiental de la Política Agrícola Común, como también creo que la reforma de 1992 dio un paso muy importante con la creación de las medidas agromedioambientales y agroforestales. 
Ahora esta comunicación de la Comisión sigue esa misma orientación y viene a fortalecer esa perspectiva. 
Ahora bien, hay una cuestión que me parece algo contradictoria. 
Si analizamos estas propuestas de reforma de la Política Agrícola Común, que estamos examinando ahora en la Agenda 2000, observamos que sólo se registra un aumento del 5 % en las asignaciones destinadas a las medidas agromedioambientales, es decir, un aumento muy modesto, modestísimo, en este fortalecimiento de la dimensión medioambiental de la PAC o que de algún modo contradice la actual ambición política de la Comisión y con la cual coincido. 
Pregunto: ¿cómo es que el Comisario me explica que sólo hay un aumento del 5 % en las asignaciones para el sector agromedioambiental? 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera hacer notar que aunque el Sr. Cunha no haya formulado una pregunta propiamente dicha, no comparto su última apreciación y, por tanto, desearía dejar claro lo siguiente. Si bien es cierto que los medios previstos para las medidas medioambientales contempladas en el Reglamento (CEE) nº 20/78 experimentan una subida más bien modesta, también lo es que estos fondos se completan con toda una serie de recursos suplementarios, por ejemplo un incentivo adicional destinado a la extensificación de la producción de ganado vacuno. 
En última instancia, es preciso subrayar que, de cara al futuro, todas las ayudas directas en el marco del fomento de la agricultura tienen por objeto respetar la buena práctica agrícola. Dicha pretensión supone de facto una mayor obligación ambiental y no se consideraba en nuestra normativa anterior. 
Señor Presidente, yo quisiera, en primer lugar, reconocer que se han hecho avances en el intento de vincular medio ambiente y agricultura. 
Sin embargo, yo creo que hay una cierta falta de criterio por parte de la Comisión, porque sería bueno que se distinguiese entre las medidas para el fomento de unas buenas prácticas medioambientales y el cumplimiento de unas obligaciones mínimas. 
Ahora se ha puesto en marcha un reglamento por el que la inobservancia de las obligaciones mínimas puede poner en cuestión la percepción de ayudas por los agricultores. 
Pero sería necesario que la Comisión codificase perfectamente cuáles son esas obligaciones mínimas, porque están dispersas a lo largo y ancho de la legislación comunitaria. 
Sin embargo, las que son de fomento están mucho más codificadas; las encontraremos, seguramente en el futuro, en el reglamento sobre desarrollo rural y, luego, en algunas OCM sectoriales. 
Por ejemplo, el Sr. Comisario acaba de hacer referencia a que aquellos que quieran percibir la prima de 100 ecus por extensificación saben que tienen que mantener una determinada carga ganadera. 
Pero esas medidas son de fomento medioambiental. 
A mí me gustaría que aquellas medidas que van a poner en cuestión la percepción de ayudas por parte de los agricultores fueran codificadas por la Comisión, sin dejar libertad a los Estados miembros para que hagan lo que quieran porque, en la propuesta de la Comisión, parece que cede toda su responsabilidad a los Estados miembros, cuando yo creo que sería obligación de la Comisión el codificar correctamente las obligaciones mínimas a lo largo y ancho de la Comunidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera expresar mi más sincera gratitud al Sr. Colino Salamanca por sus observaciones. 
Sin embargo, quisiera volver a exponer una vez más el punto de vista de la Comisión al respecto. 
Para empezar, debemos hacer una diferencia entre las medidas de las propuestas que son obligatorias y las que tienen carácter voluntario y que más que nada son obligatorias o voluntarias para el agricultor. 
Se trata, pues, de que las ayudas directas al agricultor, que son del tipo de las ayudas compensatorias, se mantengan en el mismo nivel, aunque al mismo tiempo se impondrá una obligación general de acuerdo con el llamado principio de groses compliance, y los Estados miembros están obligados a respetarla. 
Los reglamentos de aplicación sin duda nos permitirán ajustar el nivel de estas obligaciones de tal modo que no se produzcan injusticias. 
El segundo punto atañe a las ayudas voluntarias que han de ir más allá de las prácticas normales. 
Es una de las condiciones necesarias para poder reclamarlas. 
Asimismo queda de manifiesto que estas ayudas entran a formar parte del denominado segundo pilar, es decir, de la política de desarrollo rural. 
Pues bien, nuestra propuesta pretende que cada una de las zonas rurales cuente con una política de desarrollo rural de estas características. 
Pero al mismo tiempo impone la condición de que solamente se aceptarán aquellos programas que contemplen el capítulo «medidas medioambientales en el mundo rural». 
Creo que, desde esta perspectiva, nuestras propuestas consideran en gran parte las reclamaciones formuladas por usted. 
Señor Presidente, señor Fischler, ¿están de acuerdo conmigo en que la agricultura respetuosa con el medio ambiente sigue siendo una excepción, que la intensificación de la agricultura sigue siendo la regla, que la reducción de los precios en el seno del sistema de intervención redunda en beneficio de la intensificación de la producción? 
En segundo lugar, me parece muy sensato que usted reclame un programa medioambiental básico para el segundo pilar, pero por otra parte, me temo que los recursos financieros previstos para ello son demasiado escasos. 
El tercer punto tiene que ver con la subsidiariedad. Cuando usted o la Sra. Bjerregaard se refieren a este principio, me pregunto cómo es posible delegar en una autoridad inferior si no existen condiciones básicas a escala europea. 
Quisiera ilustrar mi postura con dos pequeños ejemplos: con respecto a la retirada voluntaria de tierras contemplan el cultivo de materias primas industriales elaboradas por vía química, pero no el cultivo de leguminosas para piensos. 
El otro ejemplo... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, para mayor comodidad, yo me encargaré de la primera parte de la respuesta y, tal y como desea el Sr. Graefe zu Baringdorf, la Sra. Bjerregaard se hará cargo de la segunda parte de la respuesta. 
Señor Graefe zu Baringdorf, la mayoría de las veces comparto su punto de vista, pero en este caso no suscribo su opinión de que la reducción de los precios e incluso la reducción de los precios garantizados conduzca automáticamente a la intensificación. 
La reforma de 1992 nos mostró todo lo contrario. 
Al examinar la evolución de los gastos en fertilizantes, pesticidas y productos afines entre 1992 y 1998, podrá comprobar que éstos no han aumentado, sino que han disminuido. 
Por lo tanto, los términos en los que usted ha formulado su hipótesis no son correctos. 
Permítanme añadir que en mis comentarios sobre la subsidiariedad no hubo ninguna alusión a que no hiciera falta cumplir la legislación en materia medioambiental. 
Al contrario, en mi intervención subrayé muy claramente que el cumplimiento de esta legislación era una condición previa para discutir estas cuestiones. 
La buena noticia, que, además, figura dentro de las propuestas de la Agenda 2000, es la colaboración que se entablará entre los grupos locales de personas cuya vida se vea afectada por estos problemas, como queda también subrayado en la Comunicación. 
Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la legislación en materia medioambiental debe cumplirse y también en que las personas cuya vida se vea afectada por estos problemas deben unirse cada vez más para tratar de hallar soluciones razonables. 
Señor Presidente, soy partidario de la descentralización y opino que es correcto que se descentralice. 
Sin embargo, me sorprende un poco escuchar a la Comisaria Bjerregaard elogiar la descentralización de la política medioambiental. 
Es evidente que si se descentralizan las decisiones que atañen a la política medioambiental, nos enfrentaremos a distintas situaciones en los diferentes países. 
Esto conducirá a que la competencia se vea afectada de forma negativa, ofreciendo las mejores condiciones de competencia a quienes descuiden los aspectos medioambientales. 
En la Unión, esto no puede aceptarse. 
No, señor Olsson, de ninguna forma. 
La legislación europea en materia medioambiental debe cumplirse. 
Ésta fue precisamente la razón por la que en mi intervención manifesté mi alegría ante el informe del Parlamento Europeo sobre la directiva sobre nitratos y dije que hemos dado pasos concretos ante los países que no cumplen la directiva. 
Precisamente dije en mi intervención que «... La política agrícola se convertirá en un asunto entre los ciudadanos y los agricultores. 
Cada país y cada región deberán ayudar a plantear los requisitos valederos en su zona. 
Naturalmente habrá condiciones que garanticen el cumplimiento de las leyes nacionales y europeas existentes, sin embargo, con la posibilidad de atender a las circunstancias locales mejor de lo que permiten las soluciones muy centralizadas.» 
Luego creo que la posición del Sr. Olsson y la mía propia no son muy diferentes en este tema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, la agricultura biológica constituye un magnífico ejemplo de agricultura duradera. 
En la resolución común del Parlamento Europeo sobre la ganadería biológica se interpela a la Comisión y al Consejo acerca de los progresos técnicos que se han de satisfacer en la propuesta de la Comisión que se está examinando actualmente y, respecto al punto fundamental de la alimentación animal, la excepción que autoriza un 10 % de alimentos convencionales en la propuesta ya es suficiente. 
Con el 25 % que recomienda el Consejo, ¿se puede hablar aún de producción biológica, teniendo en cuenta que la agricultura biológica debe ser la señal de calidad más estricta y exigente? 
Ustedes además lo reconocen, lo sé perfectamente. 
¿Considera la Comisión que un animal alimentado con un 25 % de alimentos convencionales sigue mereciendo la denominación de» producto biológico»? 
Además, la naturaleza de ese alimento convencional no se especifica en absoluto. 
Puede tratarse de productos obtenidos de la agricultura intensiva, cuando se podrían contemplar, por lo menos, productos procedentes de las zonas que se benefician de medidas agroambientales o de agricultura integrada o que siguen en fase de conversión hacia la agricultura biológica. 
¿Qué piensa hacer... 
El Presidente retira la palabra a la oradora 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, podríamos decir que la pregunta lanzada por la Sra. Barthet-Mayer consta de varias partes. 
Debemos distinguirlas cuidadosamente. ¿Qué se entiende por producción convencional, por producción integrada y por agricultura biológica? 
Son tres categorías bien distintas. 
Como es sabido, la Comisión- señora Barthet-Mayer, hace poco hemos debatido esta cuestión en el Parlamento- ha formulado una propuesta en la cual se aboga por la elaboración de directivas comunitarias que también contemple garantías relacionadas con los productos animales para que podamos disponer de una misma norma común en toda la Unión por lo que a la definición de productos biológicos se refiere. 
Dicha propuesta ya lleva varios años encima de la mesa y aunque en el Consejo de Ministros de Agricultura se estén celebrando intensos debates al respecto- el último data del Consejo de diciembre- hasta la fecha no se ha podido llegar a ningún acuerdo en esta materia. 
La propuesta aborda algunos temas sensibles sobre los cuales creo que hay que seguir discutiendo, sin que se pueda aceptar que la idea básica, es decir, la definición de lo que se entiende por productos biológicos, se debilite. 
Y en este contexto, una de las cuestiones específicas a la que usted ha hecho referencia aquí concierne precisamente al uso de piensos tradicionales y piensos a base de GMO. 
Se trata de un problema que en su día fue objeto de discusión en otro contexto, más en concreto en el marco de la modificación del Reglamento (CEE) nº 220/90, y mi opinión al respecto es que debemos procurar que todos los elementos que contribuyan a una mayor transparencia de cara al consumidor se desarrollen en paralelo. 
Señor Presidente, ¿podría dárseme la seguridad de que los dos Comisarios están unidos en la oposición a la importación de carne de bovino producida con hormonas y también leche producida con BST? 
Señor Presidente, señora Hardstaff, aunque no esté directamente relacionado con el tema de hoy, quisiera dejarle claro una cosa. Lo que debemos y lo que queremos hacer es ajustar nuestra evaluación de riesgos, tal y como se recoge en las conclusiones del foro, a las normas establecidas por la OMC. 
A este fin, la Comisión ha mandado elaborar ocho estudios científicos en total. 
En este momento, estamos a la espera de los resultados de estas investigaciones y confío en que a raíz de ello podamos mantener nuestra posición, como siempre nos hemos propuesto. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, ¿acierto cuando sugiero que en el fondo ustedes han concebido la Agenda 2000 para fortalecer la competitividad de los agricultores en el mercado mundial y no para reducir el uso de fertilizantes y otros medios de producción de los cuales los agricultores en sí no pueden prescindir? 
Es ésta mi primera pregunta. 
Debo admitir que la justificación aducida por la Sra. Bjerregaard es realmente el último argumento a favor de la necesaria implantación de la Agenda 2000 que hubiera podido imaginarme. 
Y ahora paso a formular mi segunda pregunta. ¿Puede comunicarme el porcentaje en que los diferentes Estados miembros aplican el Reglamento (CEE) nº 20/78? 
En mi región, dicho porcentaje asciende al 100 %. 
Merece la pena poner este tema sobre la mesa. Por lo demás, querría saber qué es lo que usted entiende concretamente por práctica agrícola. 
Por favor, no vaya usted a confundir el concepto de agricultura intensiva con una agricultura adaptada a su lugar de origen. 
Señor Presidente, creo que puede hablarse de una coincidencia muy positiva entre mis palabras hoy ante este Parlamento y las propuestas que la Comisión ha presentado dentro de la Agenda 2000. 
En las nuevas comunicaciones sobre las que nos hemos puesto de acuerdo el Sr. Fischler y yo misma y que es importante dar a conocer, se señala la conveniencia de la colaboración mutua entre el respeto al medio ambiente y el respeto a la agricultura. 
Ninguno de nosotros acepta que la legislación en materia de medio ambiente no se cumpla. 
Organizamos la política de tal forma que esto es posible. 
Los dos estamos convencidos de que así sucede y de que pueden alcanzarse decisiones razonables en los Estados miembros. 
Puede ser útil antes de que alcancemos un resultado constructivo y por supuesto esperamos también que el Parlamento participe en este debate para que el resultado alcanzado garantice tanto una agricultura razonable como una política razonable en materia medioambiental. 
Señora Comisaria, supongamos que su intención es buena y que lo que nos ha dicho es interesante. 
Permítame recordarle que la agricultura en la economía no está sola. 
Depende de todo un entorno. 
¿Cómo va a ser posible que nuestros agricultores practiquen cultivos ecológicos si la industria que los abastece y las industrias que son sus clientes los empujan a tener un comportamiento antiecológico? 
¿Cómo van a competir países de los que importamos productos que no son ecológicos, que no son los productos de los agricultores pobres, sino de la peor, de la más infame explotación extensiva de la tierra y de los animales? 
¿Y cómo van a desarrollar una agricultura ecológica- y conozco a muchos que lo hacen en Grecia- cuando se enfrentan a tremendos problemas para comercializar sus productos, comercio al que no ayudamos con nuestros reglamentos? 
¿No deberíamos ver estas cosas en relación con su entorno? 
¿No deberíamos hablar de economía ecológica en lugar de agricultura ecológica, señora Comisaria? 
Señor Presidente, como dijo el Sr. Fischler hace un momento, el propósito de la reforma no es la agricultura ecológica, que supone un porcentaje muy pequeño de la agricultura europea. 
Es evidente que sería deseable que este porcentaje aumentase, sin embargo, y no hace falta decirlo, nos hemos concentrado en muchas cosas más. 
Permítanme decirlo muy claramente: creo que los ciudadanos europeos desean aguas limpias. 
No están dispuestos a aceptar que el agua que beben no esté limpia. 
No entienden que no sea posible hacer una política agrícola racional al mismo tiempo que disponen de aguas limpias. 
Creemos que esto también es posible y por ello hemos presentado estas propuestas y mantenemos que las leyes medioambientales deben ser cumplidas, disfrutando al mismo tiempo de una agricultura racional en Europa. 
Pudiera suceder que algunas veces tengamos que discutir bastante con los americanos, sin embargo, si éste fuera el caso, también lo haremos. 
Quería preguntar a la Comisión: dentro de esta perspectiva de conciliación natural entre la producción agrícola y el medio ambiente, ¿qué papel reserva la Comisión a la producción agrícola destinada a fines no alimenticios, y más particularmente a la biomasa que pudiera servir para la producción de energía renovable? 
Porque creo que es un destino natural para una parte de la producción excedentaria de la agricultura europea. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, mi respuesta a la segunda parte de su pregunta de si estamos dispuestos a subvencionar igualmente el cultivo de biomasa y la producción de energías alternativas y materias primas vegetales renovables gira en torno a tres puntos. En primer lugar, nuestras propuestas relativas al cultivo de cereales y semillas oleaginosas contemplan la posibilidad de subvencionar estos productos. 
En segundo término, nuestras propuestas relativas al desarrollo rural prevén que este tipo de inversiones pueden ser objeto de subvenciones siempre y cuando estén relacionadas con el mundo rural. 
Y por último, hemos incorporado en el ámbito del desarrollo rural un amplio capítulo referido a los bosques. Las posibilidades de subvención que ahí se contemplan conllevarán ciertamente un incremento de la producción de la madera, materia prima vegetal renovable. 
Señor Presidente, es muy importante que se integre la política medioambiental en la política agrícola, de la misma manera que es importante integrar la política medioambiental en el conjunto de la política de la Unión Europea. 
Desde el punto de vista de la política agrícola, la protección de las aguas reviste, como ya se ha señalado aquí, una extrema importancia. 
Si bien no cabe la menor duda de que al exigirse el cumplimiento de las normas medioambientales como requisito para la concesión de ayudas directas se está dando un paso adelante, por otra parte debería resultar obvio que las ayudas han de pagarse únicamente cuando se respetan las normas. 
Sin embargo, deberíamos estar satisfechos por haber llegado hasta aquí. 
Ahora se suscitan cuestiones como cuál será la acogida de los Estados miembros ante esto que yo considero un paso adelante, cómo se llevará a cabo su control, si serán necesarios o no largos periodos transitorios y de qué manera se entablará un debate a este respecto. 
Se recurrirá, por ejemplo, a elaborar unas normas prácticas para la agricultura conformes al desarrollo sostenible, que servirán posteriormente de base para cotejar la política aplicada y permitir, así, el pago de ayudas directas? 
Señor Presidente, señora Diputada, antes que nada quisiera señalar que, evidentemente, se tomarán las medidas de control oportunas y- como viene siendo habitual en estos casos- compartiremos las responsabilidades correspondientes. 
Es decir, la supervisión sobre el terreno de las explotaciones agrícolas correrá principalmente a cargo de los Estados miembros, en tanto que la misión de los servicios de la Comisión consistirá en asegurar y controlar que los Estados miembros efectivamente cumplan con esta obligación de forma satisfactoria. 
Además, usted no puede perder de vista que todo lo que se refiere a la implantación y aplicación de la práctica agrícola así como a la financiación de las ayudas directas está relacionado con los instrumentos del Fondo de Garantía, lo que implica que el conjunto de los gastos está sometido, además, al control del FEOGA. 
Ello significa que en caso de que los Estados miembros no lleven a cabo de forma satisfactoria las medidas de control necesarias, siempre nos quedará la posibilidad de llamar al orden a aquellos Estados que hayan incumplido su deber en el momento de la liquidación. 
Señor Presidente, la directiva sobre nitratos ilustra estupendamente nuestra forma de proceder en materia medioambiental. 
Cuando era evidente que los Estados miembros ya deberían haber implantado la directiva sobre nitratos, investigamos simplemente los avances realizados en su ejecución en todos los Estados miembros. 
Hicimos público este informe e iniciamos proceso- por lo que recuerdo- contra doce Estados miembros que no habían implantado la directiva sobre nitratos. 
Creo que este procedimiento, en el cual se analiza la situación en todos los Estados miembros, aumenta nuestras posibilidades a la hora de lograr que los Estados miembros implanten la legislación. 
Naturalmente- y coincido plenamente con la Sra. Myller -, esta implantación por parte de los Estados miembros resulta fundamental para la credibilidad de nuestra política. 
Señor Presidente, siempre que el Comisario Fischler y la señora Bjerregaard proponen una estrategia común en esta Casa, me pongo en estado de máxima alerta, ya que en los últimos cinco años la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha elaborado una sola armonización y, a mi modo de ver, no ha conseguido absolutamente nada en el ámbito del medio ambiente; ¡todo lo contrario! 
La legislación de los últimos cinco años está plagada de conceptos jurídicos sumamente vagos, como por ejemplo BAT, alto nivel de protección, práctica agrícola adecuada, etc. Primeramente esta normativa ha de incorporarse al derecho nacional y hasta que no se consiga una línea más o menos uniforme en este sentido, señor Fischler, no podrá llevarse a cabo medida de control alguna. 
Señora Bjerregaard, tengo una pregunta para usted. ¿Tiene previsto definir algún día este sinfín de vagos conceptos jurídicos a través de Ispra o de quién sea? 
Ante todo, he de decirle al Sr. Florenz que tranquilamente le paso su pregunta, en la que solicitaba una definición y explicación más detallada del concepto de buena práctica agrícola, a mi colega, el Sr. Fischler. 
Sin embargo, quiero decir que, considerando el gran número de discusiones que he tenido con la Comisión de Medio Ambiente, podemos alegrarnos de disponer de una comunicación común sobre la agricultura y el medio ambiente. 
Estoy segura de que el Parlamento- de haber debatido esta cuestión hace dos o tres años- habría jurado que no llegaríamos a encontrarnos con un documento como la Agenda 2000, gracias al cual se incluyen en la política agrícola tantas consideraciones de índole medioambiental como es ahora el caso. 
Es evidente que puede haber áreas en las que quisiéramos avanzar más y sobre las que hay deseos específicos, sin embargo, creo igual que la Sra. Myller que podemos alegrarnos con toda la razón del mundo de haber avanzado hoy tanto. 
Señor Presidente, tengo dos preguntas por hacer. 
En 1950 el 35 % del total de la población europea estaba dedicada a la agricultura. 
Hoy es un 5 %. 
Con esta reforma y con el envejecimiento que hay en el sector, en el año 2006 el porcentaje será de entre el 2, 5 % y el 3 %. 
La primera pregunta que hago es si se preserva el medio ambiente desertizando el mundo rural. 
Porque a eso va encaminada la propia reforma... 
Segunda pregunta: ¿cómo es posible promover la defensa del medio ambiente gastando el 50 % del presupuesto con ese 5 %, que en breve va a ser un 2, 5 %? 
Y, encima, ayudando a la producción, es decir, incentivando a los productores que utilicen todas las políticas productivistas, sin preservar el empleo, sin preservar la calidad, sin preservar el medio ambiente, sin preservar la seguridad. 
¿Cómo es que el Comisario compatibiliza la política que, según dice, quiere hacer con la desertización y el pago a la producción? 
Y más aún :... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, señor diputado Campos, en primer lugar quisiera referirme a la relación entre gastos y porcentaje de la población agrícola. Si pretende jugar limpio, ha de tener en cuenta todos los gastos públicos. 
Sumando los presupuestos nacionales y el presupuesto comunitario y calculando la porción que corresponde a la agricultura, se llega a un 2 %, destinado a un 5 % de la población. 
No creo que se trate de una proporción excesiva. 
En segundo término, con respecto a la evolución del empleo en el ámbito de la agricultura solamente le puedo decir que a un mayor respeto del medio ambiente corresponderá un mayor número de puestos de trabajo, no al revés. 
Por todo ello, la presente iniciativa de incorporar en la reforma condiciones medioambientales más estrictas redunda ciertamente en beneficio de la agricultura y del empleo. 
Hay otro asunto que usted no puede olvidar. Si en nuestro debate exigimos que los agricultores europeos hagan estos esfuerzos adicionales que, además, están muy por encima de los que han de realizar sus competidores del otro lado del Atlántico, debemos estar dispuestos a prever los recursos financieros necesarios para ello. 
¡Así las cosas ya va siendo hora de que se deje de argumentar que la reforma agrícola no puede costar nada! 
Señor Presidente, ya se ha hablado en varias ocasiones sobre la aplicación de la directiva relativa a los nitratos. 
En una pregunta escrita que yo mismo presenté, la Comisión respondió recientemente que no hay normas uniformes de muestreo de las aguas subterráneas para comprobar si la directiva está siendo aplicada correctamente. 
Esto me parece una base bastante poco sólida para controlar la legislación. 
¿Cuándo va a mejorarse esta situación? 
Los nitratos de las aguas subterráneas no proceden únicamente de los abonos animales. Proceden también de los abonos químicos que también pueden generarse en fábricas, instalaciones de depuración de aguas y similares. 
¿Cómo piensa la Comisión diferenciar los nitratos de las aguas subterráneas que proceden de esas fuentes de los nitratos que proceden de los abonos animales para no achacarlos sólo a la agricultura? 
Señor Presidente, por supuesto no es tarea de la Comisión diferenciar si el origen de los nitratos es éste o aquél. 
Nuestra tarea es controlar si los Estados miembros cumplen la directiva sobre nitratos, es decir, simplemente vigilar la cantidad de nitratos que hay en las aguas subterráneas. 
Esto es lo que hacemos. 
Esto es lo que analizamos y ha quedado claro que las zonas en las que ha habido especiales problemas a raíz de la directiva sobre nitratos han sido las zonas con una producción ganadera muy compacta, ya sea de vacuno o de porcino, aunque el ganado porcino en especial ha ocasionado grandes quebraderos. 
Por este motivo, ciertos países han tenido considerables dificultades a la hora de implantar la directiva sobre nitratos. 
Sin embargo, nuestra tarea, tal y como ha quedado ya dicho, no es vigilar el origen de éstos, sino velar por el cumplimiento de la directiva. 
Señor Presidente, mi pregunta es para los dos Comisarios. 
Mañana celebraremos una votación sobre un instrumento legislativo bastante importante: el informe del Sr. Kindermann sobre el bienestar animal. 
Quisiera saber cómo ve la situación la Comisión. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, el criador británico de ganado porcino está sufriendo las consecuencias de la legislación relativa al bienestar animal. 
En Suecia se calcula que la legislación medioambiental del país añade una corona sueca por kilogramo al precio de la carne. 
¿Cómo ve la Comisión la protección de la agricultura europea en relación con las importaciones procedentes de países que no tienen la clase de legislación sobre el bienestar animal que tenemos en la Unión Europea? 
Por favor, Comisarios, no utilicen el argumento de que el consumidor decidirá. 
El consumidor decide sobre el precio. 
Espero que se me pueda dar una respuesta satisfactoria. 
Señor Presidente, señoras y señores, por lo que a la protección de los animales se refiere quisiera señalar que este tema- precisamente para contrarrestar el argumento de la distorsión de la competencia a escala internacional-habría de abordarse en la próxima ronda de la OMC y debería estar en el orden del día de las próximas negociaciones agrícolas. 
En segundo lugar, querría dejar claro que, obviamente, se incluirán disposiciones relativas a la protección de los animales. 
No puede aceptarse bajo ningún concepto, independientemente de que se trate de explotación ganadera o de posesión de animales para fines no agrícolas, que se infrinjan las leyes dictadas a este efecto. 
Asimismo hemos previsto, especialmente en el contexto de la subvención de las inversiones en empresas agrícolas, que un agricultor que opte por unas instalaciones de explotación respetuosas con el bienestar de los animales y que invierta en dichas instalaciones, reciba más ayudas que un agricultor que se limite a cumplir las normas mínimas. 
He leído en Internet, en la página de la Dirección General XXIV, el informe del Comité consultivo de los consumidores sobre la reforma de la PAC. 
Se trata de un escrito de acusación muy duro que expone el punto de vista de los consumidores y que reaparece puntualmente en las posiciones expresadas por el BEUC. 
Mis preguntas son: ¿Qué estiman al respecto y qué piensan hacer para tratar de acercar las dos orillas, la agricultura y las exigencias de los consumidores? 
Señor Presidente, señoras y señores, en este punto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Fantuzzi. 
Lamento profundamente que este informe se fundamente en parte en aseveraciones que no se corresponden ni con la realidad de nuestras propuestas ni con el estado de la discusión. 
Les invito, por tanto, a que hagamos un esfuerzo común por facilitar a la opinión pública una explicación más objetiva a fin de evitar que la agricultura se convierta en víctima de ataques subjetivos que no vienen a cuento. 
Señor Presidente, mi pregunta va dirigida más en concreto a la Sra. Bjerregaard. 
Evidentemente, me alegro de la cooperación entre ambos comisarios en el tema agricultura-medio ambiente, pero me pregunto sobre un riesgo que podría surgir en la evolución futura de este sector, que es el de la transferencia de agentes nocivos. 
Creo que la biodiversidad es esencial. 
Pero cuando veo que la Comisión, y en particular el departamento de la Sra. Bjerregaard, se muestra más bien favorable a recurrir a la tecnología genética y a la comercialización de organismos genéticamente modificados sin que hayamos hecho una evaluación seria de su repercusión sobre la biodiversidad, me surgen dudas. 
Querría saber si la Sra. Bjerregaard está dispuesta a revisar la autorización que ya ha sido concedida para ciertos organismos genéticamente modificados si se viera que dicha autorización tiene efectos negativos en materia de biodiversidad. 
Señor Presidente, con respecto a la pregunta sobre los organismos modificados genéticamente me gustaría decir que la Comisión ha sido muy cuidadosa evitando pronunciarse sobre ellos tanto a favor como en contra. 
En lugar de esto, lo que hemos hecho ha sido ocuparnos en primera instancia de que todas las personas que necesitaran estar enteradas, se enteraran y para ello hemos implantado, muy pronto, el etiquetado de los productos. 
A continuación, hemos abordado la segunda cuestión que se planteó, es decir, los efectos de los organismos modificados genéticamente. 
Es evidente que también somos conscientes de su relación con la biodiversidad. 
Lo cual se traduce en que en la nueva propuesta que se tramitará en el Parlamento seamos muy claros con respecto a la cuestión de los análisis de riesgos. 
Sin embargo, hemos abordado también los efectos a largo plazo, que eran realmente el tema de la pregunta. 
Por supuesto, debemos investigar las implicaciones que tiene la exposición de estos productos al medio ambiente y si ésta puede tener consecuencias a largo plazo. 
Seguimos esta cuestión muy de cerca y como quizá sabe la señora diputada, la propuesta 90/220 contiene disposiciones para que la aprobación de los productos que incluyen organismos modificados genéticamente no sea eterna, sino que vuelva a examinarse, puesto que no puede excluirse que dispongamos en un futuro de datos sobre los efectos a largo plazo o de nuevas informaciones. 
Luego puede decirse que tratamos de ser todo lo cuidadosos que podemos y quiero añadir que me alegra poder debatir este tema con el Parlamento, según parece, el próximo mes de febrero. 
Agradezco su intervención a la Comisión. 
Declaro cerrado este punto. 
Industrias vinculadas a la defensa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0482/98) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión «La aplicación de la estrategia de la Unión sobre los sectores industriales vinculados a la defensa» (COM (97) 0583- C4-0223/98). 
Señor Presidente, la base industrial, científica y tecnológica europea es esencial para la seguridad de la Unión Europea. 
Esa base es la que proporciona la capacidad que hace posibles los pilares político y militar de la identidad europea de defensa, expresada mediante la PESC, la UEO y la OTAN. 
Esa afirmación es tan cierta hoy como cuando la hice en mi primer informe hace casi dos años. 
Y, sin embargo, esa base sigue debilitándose, pese a que Europa tiene algunas empresas destacadas. 
En los 10 últimos años hemos perdido el 50 % de los puestos de trabajo en ese sector. 
En 1995 la UE importó de los EE.UU. seis veces el valor de sus exportaciones. 
En 1985 el coeficiente era 4: 1. 
En mi primer informe están expuestas muy claramente las razones a que se debe eso, pero se pueden resumir en una estadística: tenemos 43 empresas relacionadas con la defensa y un presupuesto de defensa de 94.500 millones de euros. Los EE.UU. tienen 14 empresas relacionadas con la defensa y un presupuesto de defensa de 212.000 millones de euros. 
Otro 75 % de lo que importamos procede de los EE.UU. Ni siquiera comerciamos entre nosotros, pues el comercio intracomunitario representa sólo el 4 % o el 5 % de los contratos públicos. 
No es que no seamos conscientes del problema. 
He pasado los tres últimos años asistiendo a conferencias interminables en las que todo el mundo conviene en la existencia del problema, la mayoría están de acuerdo respecto de la solución, pero muy pocos parecen dispuestos a adoptar las medidas necesarias. 
Se trata de un ámbito en el que la retórica y la acción casi nunca coinciden. 
De hecho, con frecuencia tengo la sensación de que todos los participantes están dando vueltas cuidadosamente unos en torno a los otros en una danza dieciochesca primorosamente coreografiada, cuando, en realidad, lo que necesitamos en este momento es una buena dosis de rock-and-roll. 
Estoy seguro de que el Comisario Bangemann tendrá mucho gusto en encabezar el rock-and-roll. 
Naturalmente, se han logrado avances. 
Ha habido la creación de POLARM. 
Se ha incluido en el Tratado de Amsterdam la sección relativa al armamento. 
Se ha creado la OCCAR. 
Ha habido declaraciones de los Jefes de Estado en las que se decía lo importante que es esto. 
Ha habido la carta de intenciones de 6 de julio, firmada por los seis ministros de Defensa, que fue, en realidad, un paso decisivo por esa vía, como también lo fue el código de conducta sobre las ventas de armas. 
El pasado mes de noviembre se decidió el plan de acción WEAG, pero no siempre se llevan a cabo las acciones en esa sección. 
El año pasado se anunció la intención de crear una empresa aeroespacial y de defensa europea, pero nadie se pone de acuerdo sobre cómo hacerlo y hay una batalla entre quienes creen que debe haber una gran inversión estatal y quienes creen que debe ser una empresa privada. 
Hace mucho tiempo acordamos que debía haber una sola entidad empresarial para Airbus, pero, en realidad, aún no se ha firmado. 
La situación ha llegado a ser como la contemplación de la obra de teatro de Beckett Esperando a Godot. 
Las empresas de los helicópteros Westland y Agusta tenían intención de fusionarse, pero siguen discutiendo sobre simples asuntos de valoración. 
British Aerospace y DASA tenían intención de fusionarse, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre el accionariado compatible. 
El matrimonio entre Aérospatiale y Dassault, tantas veces propuesto, no ha llegado a consumarse. 
De hecho, en Europa hacen falta tres veces más tiempo para crear una fusión que en los EE.UU. y el resultado final es menor. 
British Aerospace/Matra tiene unas ventas de 1.500 millones de dólares frente a su competidor principal en los EE.UU, cuyas ventas ascienden a 5.000 millones de dólares. 
No voy a decir nada más sobre la historia de Euro-fighter, Horizon o el vehículo acorazado polivalente. 
Compárese ese pequeño minué con el rock-and-roll en los Estados Unidos, donde a partir de 1992 ha habido una gran cantidad de fusiones, de las que han resultado tres y media empresas importantes. 
Por eso es esencial que actuemos ahora. 
Debemos utilizar todos nuestros recursos. 
No debe haber discusiones institucionales. 
No debemos adoptar actitudes intransigentes por dignidad o ceremoniosidad. 
La reciente comunicación de la Comisión es tan importante porque muestra una voluntad de utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición, ya sean instrumentos comunitarios o de los Estados miembros. 
En primer lugar, se debe permitir a las empresas que sigan una lógica comercial al respecto. 
Los Gobiernos deben retirarse y recurrir al artículo 223 sólo cuando sea absolutamente esencial. 
Eso es, en realidad, lo que British Aerospace está haciendo, que es probablemente lo máximo que nos hemos acercado en ese sector a un roquero con chaqueta de cuero, en sus fusiones con empresas como Saab y Matra. 
La reciente fusión con GEC/Marconi es un buen acuerdo, porque se basa en los principios del valor de las acciones y, para hacer que el dinero de los contribuyentes sea rentable, es importante una base financiera sólida. 
También es importante porque lo que hemos visto en los EE.UU. es que las fusiones han avanzado, como en el arca de Noé, de dos en dos. 
No han intentado forzar a demasiadas empresas a juntarse en determinado momento. 
Por eso creo que la fusión de British Aerospace con Marconi tiene sentido. 
En segundo lugar, ahora tenemos que seguir el plan de acción de la Comisión y aplicar al máximo los principios de un mercado único. 
También debemos utilizar los instrumentos de la PESC para formular una posición común sobre la cooperación en materia de armamentos, aunque dicha posición común debe ser flexible, teniendo presentes las necesidades de ese sector particular. 
También debemos dar mayor claridad a la PESC y a la función de la identidad europea de defensa, razón por la cual la iniciativa del Primer Ministro británico y el Acuerdo de San Malo son tan importantes. 
Tenemos que formular exactamente lo que las misiones Petersberg entrañan para nuestros ejércitos a fin de que la industria sepa qué equipo debe suministrar. 
Sobre los contratos públicos, debemos avanzar hacia una agencia europea de armamento, juntando, en caso necesario, la OCCAR y WEAG en un acuerdo poco estricto. 
Tiene que haber una mayor coordinación al respecto como tiene que haberla, de hecho, en materia de investigación. 
Tiene que quedar claro que quien obtendrá el contrato será el mejor prestatario. 
Ahora no debemos confiar por más tiempo en un juste retour. 
Básicamente, si no empezamos a rocanrolear, los americanos van a pasar rodando por encima de nosotros. 
Ahora bien, la intención de este informe no es deliberadamente antiamericana. 
Lo que necesitamos más bien es una industria fuerte, si queremos competir o colaborar con los americanos y si queremos satisfacer los requisitos de la OTAN en materia de seguridad, de conformidad con la identidad europea de defensa. 
Debemos procurar colaborar con los americanos. 
Al fin y al cabo, se trata de una industria mundial. 
Las empresas europeas ya no son empresas europeas en realidad. 
Tienen inversiones en los Estados Unidos y empresas como Boeing tienen inversiones en Europa. 
Conque acabemos con esa distinción artificial y construyamos una industria europea fuerte para colaborar con los americanos. 
De hecho, sé que la industria me va a odiar por decirlo, pero la consecuencia lógica de la fusión Boeing/McDonnell Douglas es la de que el próximo paso adelante debe ser una vinculación entre Airbus y Lockheed Martin. 
Después habrá competencia mundial en la industria aerospacial. 
Señor Presidente, la democracia y la libertad merecen defenderse. 
Si esta voluntad no hubiese existido en Europa y en América cuando más se necesitaba, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. 
También en Europa hemos podido ver que una buena defensa evita las guerras y contribuye al derrumbamiento de poderosos estados dictatoriales. 
La idea de la libertad, protegida por una buena defensa, puede traspasar y derribar los muros más gruesos. 
Los hombres y mujeres que en nuestros países miembros tienen la misión de defender Europa, tienen derecho a usar armamento moderno. 
La pregunta que hoy tenemos que plantearnos es si es importante que algunas de esas armas se desarrollen y se produzcan en Europa. 
Mi respuesta a esta pregunta, y la de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, es un sí incondicional. 
Es importante que Europa esté en la vanguardia, sí, y ojalá a la cabeza en algunos campos. 
Si tenemos algo que ofrecer como fabricantes, también seremos respetados como clientes. 
De otro modo, aumenta el riesgo de que tengamos que conformarnos con lo que el fabricante nos ofrezca y a los precios que éste estime justos. 
En esta época de paz duradera- algo en lo que nos atrevemos a creer- es natural que bajemos los costes de nuestra defensa. 
Aún más importante es que coordinemos la decreciente industria europea de armamentos, de modo que lo que quede de ella conserve competitividad, pueda satisfacer la necesidad de armas de nuestros ejércitos y también haga interesante para Estados Unidos el intercambio de experiencias y de material bélico con nosotros. 
Señor Presidente, señoras y señores, la apasionada exposición del ponente, el Sr. Gary Titley, prácticamente hace innecesario cualquier comentario. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias a Gary Titley por su informe, puesto que no cabe duda de que ha abordado y llevado a buen puerto el estudio de un tema fundamental, tanto desde un punto de vista económico como en el plano de la política de defensa y seguridad. 
No nos hagamos ilusiones por lo que a la perspectiva científica se refiere. 
Los Estados Unidos de América, en su eterna lucha por el comercio totalmente libre y por un desarrollo plenamente libre de la economía, siempre dan muestras de un gran interés y una actividad febril cuando les corresponde defender su propia industria y salvaguardar su posición en el mercado mundial. 
Sus esfuerzos se concentran especialmente en todo lo relacionado con los sectores industriales vinculados a la defensa, a la industria aeronáutica, etc. Por todo ello, Europa debe formular una respuesta contundente ante esta actitud si no quiere pasar por ingenua. 
Gary Titley ha insistido en esta necesidad. 
Y la Comisión también ha dejado claro que está dispuesta a afrontar esta clase de competencia, sin que sea preciso crear nuevas posiciones monopolísticas. 
Pero sí hemos de darnos cuenta de que se trata de una competencia más global, a la que tenemos que responder. 
El segundo aspecto atañe a la política de defensa. Estamos hablando- por el momento todo se queda en palabras, pero ojalá puedan tomarse pronto medidas concretas- de una identidad de defensa. 
Estamos diciendo que, en determinados contextos, Europa ha de actuar por su cuenta, sin mirar de reojo a la OTAN, o más en particular a los Estados Unidos, para ver por dónde van los tiros. 
Naturalmente, una identidad europea de defensa de estas características no puede basarse en una autarquía absoluta, pero por otra parte, es imprescindible que dispongamos hasta cierto punto de una industria de armamento autónoma, por supuesto sin dejar de colaborar con los norteamericanos. 
Espero que nuestro colega Gary Titley tenga razón y que lo que está sucediendo hoy día entre empresas británicas y empresas norteamericanas no obstaculice la toma de decisiones y la realización de planes de fusión de esta naturaleza a escala europea. 
Tal vez estas circunstancias tengan el efecto contrario y acaben ejerciendo presión para que se aceleren las negociaciones y se construya una industria europea en un futuro próximo, no con idea de hacer frente a la industria norteamericana sino para convertirse en su socio. 
Por último, quisiera destacar algo que también forma parte del informe aunque no constituye el tema principal. Nosotros, los miembros del Parlamento Europeo, no deberíamos referirnos nunca a la defensa sin hacer referencia al mismo tiempo al desarme. 
En opinión de los socialdemócratas, todos estos esfuerzos por crear una identidad europea de defensa y por construir una industria europea de defensa no son incompatibles con la decisión de seguir avanzando en el ámbito del desarme. 
¡Es un punto que continúa estando en el orden del día! 
El mundo más seguro es un mundo en el que desarme se escribe con mayúscula y, por tanto, es fundamental que no se aproveche una cosa en detrimento de la otra. 
Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que el armamento no puede faltar y en el que estamos obligados a introducir continuamente modernizaciones. 
Es lo que debemos hacer a escala europea pero, al mismo tiempo, debemos luchar por el desarme del mundo a escala global. 
Señor Presidente, Señorías, ya estamos acostumbrados a los numerosos y bien elaborados informes e intervenciones de nuestro colega el Sr. Titley, al abordar el asunto de las industrias relacionadas con la defensa. 
Todo el trabajo del Sr. Titley ha constituido un loable esfuerzo de nuestro Parlamento, al señalar a la atención de las instituciones europeas y solicitar la modificación de una política inadecuada en materia de equipo militar para las fuerzas armadas de los países que forman parte de la Unión Europea. 
Permítame, señor Titley, que transmita aquí mi pleno acuerdo y el de mi Grupo a su informe. 
Ahora bien, quiero mencionar una moderada posición de pesimismo en relación con el dinamismo que una política europea de armamento puede tener en la política de defensa común: punto 3 de su informe. 
Al contrario, considero que sólo una política efectiva de defensa común permitirá avanzar, con fuerza y sentido común, hacia una estrategia concertada en la industria europea de armamento. 
Aún vamos a esperar muchos años, en mi opinión, para concretar acciones comunes en política de defensa. 
Nos sentimos confortados por el paraguas americano en materia de defensa, aun menoscabando nuestro papel secundario en los asuntos exteriores. 
Y, mientras esta situación perdure, no vislumbro una voluntad fuerte, sobre todo de algunos miembros de la Unión, con vistas al desarrollo y la aceptación real de una estrategia de la Unión en materia de equipo militar. 
Permítaseme una ligera referencia a las colaboraciones bilaterales y plurilaterales, a las que no quiero quitar mérito: también son de alabar esas iniciativas, que muchas veces disfrutan de apoyo de la UEO. 
Pero no dejan de ser esporádicas y tímidas, pues les falta una voluntad política global en la Unión. 
Cada año que pasa vamos, en la Unión Europea, distanciándonos, en materia de calidad de equipo militar, de nuestros aliados americanos. 
Como también en cuestiones de defensa. 
Por eso somos cada vez más súbditos y no señores en la política mundial. 
El informe del Sr. Titley, al señalar a la atención de la Unión esos problemas, tiene mérito y, por consiguiente, cuenta con nuestro apoyo total. 
Señor Presidente, la Comisión ha dado justificada prioridad al desarrollo de una política europea sobre la industria armamentística. 
La industria europea está fragmentada y perdiendo la batalla de la competitividad con sus competidores estadounidenses. 
Afortunadamente, la propia industria toma de vez en cuando la iniciativa en materia de cooperación, fusión o ampliación a gran escala. 
Pero, no obstante, la legislación no puede quedar postergada. 
Los Estados miembros han cometido un grave error, que se ha repetido en Amsterdam, al seguir manteniendo la industria armamentística excluida del mercado interior. 
En defensa de su propia industria nacional, nuestros dirigentes gubernamentales han firmado la pena de muerte de esta misma industria. 
Esperemos que las propuestas actuales de la Comisión introduzcan un cambio al respecto. 
Pero la europeización de la industria implica también la europeización de las normas en materia de control de las exportaciones. 
El código de conducta de julio de los miembros más recientes fue un primer y pequeño paso y ahora requiere dar nuevos pasos. 
Mi grupo, el Grupo liberal, apoya las propuestas de la Presidencia alemana en el sentido de incluir dentro de la legislación este código de conducta. 
Se trata, no sólo de la industria, sino también de la legislación. 
Asimismo, quiero agradecer a mi colega Titley las muchas horas que nos ha concedido para que pudiéramos debatir su informe, tanto en la Subcomisión de Seguridad como en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Mi enhorabuena. 
Señor Presidente, el Sr. Titley, en calidad de coordinador del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, contribuye en gran medida a los trabajos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Pero concretamente, en materia de armamento, creo que le distingue una pasión y un fanatismo, diría, que quizás mejor sería si cediese su sitio a la calma y a una mayor adaptación a la realidad. 
Porque creo que sería un error que la Unión Europea entrara en una competencia febril, alguien podría llamarlo así, con los Estados Unidos en cuestiones relativas a la industria de armamento cuando la Unión Europea aún no tiene principios ni mecanismos básicos para su política exterior. 
Cuando, en temas graves, como es, por ejemplo, el ataque que sufrió Irak hace poco, vemos que unos países se sitúan al lado de los americanos, otros esconden la cabeza bajo el ala como el avestruz y que otros países hacen observaciones críticas, ¿en qué vamos a basar una política armamentística? 
Creo que nos estamos moviendo en un terreno peligroso. 
Y lo importante sería sentar las bases de nuestra política exterior y después ver los aspectos económicos y demás aspectos armamentíscos de la seguridad. 
Naturalmente, yo también quiero subrayar que en el informe del Sr. Titley hay puntualizaciones muy significativas que vamos a apoyar, a pesar de nuestra postura general inicial, como es la continuación del programa KONVER, como son las medidas sobre las minas anti personas, y como es el código de exportaciones de armas, que mucho nos tememos que se va a quedar sólo en un principio general. 
Sabemos muy bien que los países de la Unión Europea siguen teniendo las manos manchadas, por las armas que exportan a diversos regímenes, a los más terribles y a los más sangrientos que rodean a Europa. 
Señor Presidente, estimados colegas, ¿tal vez lo han olvidado? 
La guerra fría ha terminado. 
En Europa reina la paz. 
Vivimos en tiempos de paz. 
Es la hora del desarme. 
Lo que ocurre es que la industria de armamento no está dispuesta a adaptarse a estas nuevas normas, propias de tiempos de desarme, y, por tanto, da la voz de alarma. 
Reclama procesos de concentración industrial cuya autorización sería inconcebible en los sectores civiles. 
Exige subvenciones, exige apoyo político para exportar armamento, exige un debilitamiento de la política de cárteles. 
¿Qué nos puede obligar a ceder ante estas reclamaciones, a sabiendas de que no van a ningún lado, a sabiendas de que no van a solucionar los problemas universales de la humanidad, los problemas del desempleo y de la pobreza, los problemas del cambio climático? 
No olviden que hemos creado el programa KONVER como sustitución del rearme, no como complemento. 
Es por esto por lo que los Verdes rechazan este informe. 
Señor Presidente, quiero adherirme a las voces críticas que se han escuchado hoy aquí con respecto al informe y a la comunicación de la Comisión. 
Hay demasiadas armas en el mundo, las nucleares deben ser totalmente prohibidas y las clásicas deben reducirse drásticamente. 
Se trafica con demasiadas armas en zonas vulnerables, sea o no legal el tráfico, lo que no hace sino aumentar la violencia y la inseguridad en el mundo. 
Los códigos de conducta son incompletos y se aplican inadecuadamente. 
Si lo que se pide es una política europea, decimos sí a una política europea en materia de Asuntos Exteriores y a una política de seguridad que esté de acuerdo con las prioridades anteriores. 
Queremos armas en la medida en que sean absolutamente necesarias. 
A lo único a lo que puedo dar mi apoyo total es, y ésta es mi opinión personal, al rechazo del tema dentro de un espacio comunitario europeo. 
Por lo demás, tengo otras prioridades. 
Deseo una política de desarme comunitaria. 
Deseo la transformación de la industria armamentística en una industria con objetivos pacíficos. 
Deseo que exista la menor cantidad posible de trabajadores cuya existencia deba depender de la producción de armas. 
Solicito una normativa en materia de exportación de armas que sea jurídicamente vinculante a nivel europeo. 
Por supuesto, me adhiero a la petición de un informe anual consolidado sobre la exportación de armas, relativo a la aplicación de los códigos de conducta, que sea presentado por el Consejo a este Parlamento. 
Entretanto, debemos señalar que en las reestructuraciones que se están llevando a cabo en estos momentos no parece haber mucha inspiración europea. 
Señor Presidente, la Comisión Europea quiere poner en práctica una política europea sobre industrias vinculadas a la defensa. 
¡Muy bien, nunca es demasiado tarde para hacer bien las cosas! 
Y el informe Titley desea afirmar la identidad europea de seguridad y de defensa- hasta ahí, lo alabo -, pero pretende que sea en el seno de la OTAN. 
¡Esto es lo que me entristece! 
Para un incrédulo como yo, el ogro soviético pudo bastar en su momento para justificar, a mis ojos, que Europa olvidara todos los conflictos de intereses que la oponen a Estados Unidos para enfrentarse juntos a un peligro común. 
Posteriormente, con la expansión de la Unión Europea, estas contradicciones no han hecho sino confirmarse. 
Hoy en día, sólo un ataque de monstruos extraterrestres podría hacerme olvidar por un tiempo que Europa es el principal competidor de los Estados Unidos, y que éstos no cesan de oponerse a nuestro progreso. 
Una vez más, que «viva la Europa libre» no es posible sin un «no» a la OTAN. 
Señor Presidente, yo también quiero decir que el informe Titley es un informe importante que llega en un momento significativo. 
Por otra parte, creo que no contradice las ideas de fondo que muchos de nosotros tenemos y reiteramos, porque controlar la fabricación y la exportación de armas, es decir, plantearse esta cuestión ya es una manera de impedir que hagan política las armas y quienes las fabrican, que es precisamente lo que no queremos. 
Por lo tanto, es un informe importante, sobre todo por tres motivos: en primer lugar, porque valora la industria europea vinculada a la defensa, capaz de crear unos grupos europeos y de competir con los demás, en particular con los Estados Unidos; luego, porque apoya la investigación científica y las tecnologías avanzadas y, por último, porque, al mismo tiempo, se ha de emprender una acción de coordinación entre los Estados que ofrezca un marco de referencia. 
En segundo lugar, porque hablar de la industria vinculada a la defensa significa subrayar la urgente necesidad de un despegue de la Política Exterior y de Defensa Común, absolutamente necesaria para conferir credibilidad internacional a la Unión Europea. Desde este punto de vista, considero asimismo sustancial la coordinación de los países candidatos a la ampliación. 
En tercer lugar, porque creo que es justo valorar el hecho de que se establezca un código de conducta para la exportación de armas, un código que regule este aspecto tan delicado, lo moralice, lo convierta en más transparente e impida precisamente que las exportaciones de armas estén en contradicción con la política de la Unión Europea. 
Es importante que la Presidencia alemana haya declarado hace poco su intención de convertir en jurídicamente más vinculante el código de conducta. 
Éste es el camino acertado. 
Por último, me parece justo resaltar y recordar en este Pleno que el informe Titley dedica una pequeño apartado a la adhesión de todos los Estados al Tratado de Ottawa sobre las minas antipersonas. 
En consecuencia, teniendo en cuenta todos sus elementos, considero que este informe es importante. 
Señor Presidente, habría preferido que el debate de este importante informe se hubiera centrado más en los aspectos de la política de seguridad en lugar de fijarse tanto en la política económica, puesto que constituye un paso fundamental hacia la realización de una política exterior y de seguridad común. Y ya va siendo hora de que se deje de poner en tela de juicio la necesidad política de tal procedimiento. 
En este marco no puede faltar- podría decirse desgraciadamente- una política de armamento y de adquisición que también ha de coordinarse a escala europea. 
¿Por qué? 
En primer lugar, estoy convencido de la importancia de que Europa conserve cierta autonomía a la hora de adquirir material militar. 
En este sentido no me preocupa tanto la competencia económica, sino más bien la autonomía de cara a los Estados Unidos en el ámbito de la política de seguridad. 
En segundo lugar, considero fundamental que la sobrecapacidad actual en la industria de armamento se reduzca de forma coordinada para que, de esta manera, se logre impedir la inversión errónea de recursos financieros en encargos de armamento, cosa que suele justificarse con el lema «Pretendemos aumentar la adquisición con objeto de crear empleo». 
Todos conocemos ejemplos de este tipo en nuestros países de origen. 
Por otra parte, también me parece especialmente relevante que impliquemos consecuentemente a los países de la Europa central y oriental. 
Tienen grandes problemas a este respecto y estimo fundamental, sobre todo de cara a la ampliación de la UE y de la OTAN, que los hagamos partícipes de nuestro proyecto. En este sentido lamento- y apoyo, por tanto, la tendencia del presente informe- la terminación del programa KONVER. 
¡Debemos exigir su continuación por todos los medios posibles! 
Al fin y al cabo no se trata del mercado. 
La economía del armamento no es un producto de mercado. En mi opinión, el aspecto decisivo es el de la política de seguridad y, por ello mismo, es importante que coordinemos la industria de armamento y la adquisición de armamento a escala europea, en beneficio de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Señor Presidente, Señorías, continuando su comunicación en 1996, la Comisión propuso en 1997 un plan de acción para las industrias vinculadas a la defensa. 
Negándose a tener en cuenta el carácter específico de este sector, sobre todo por el estrecho vínculo que existe entre defensa y soberanía, quiere aplicar, en nombre de la competitividad, el principio de la libre competencia. 
Va incluso más lejos, al abrir el camino a una política europea de armamento en el marco de una identidad europea de seguridad y de defensa. 
Aprobadas por el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, estas orientaciones están recogidas en las políticas de reestructuración que han puesto en marcha los Estados miembros. 
Dichas reestructuraciones, que adoptan la forma de operaciones de fusión-adquisición a escala mundial, obedecen más a una lógica financiera que a una lógica puramente industrial. 
Tienen además graves consecuencias económicas, sociales y regionales. 
Así es como, en Francia, el Gobierno está llevando a cabo la reestructuración y privatización de las industrias de armamento, poniendo en peligro más de cincuenta mil puestos de trabajo. 
Militantes activos de la paz y el desarme, los diputados franceses de mi grupo somos favorables a una disminución de los gastos armamentísticos, prioritariamente en el sector nuclear. 
Proponemos asimismo que se organice una conferencia internacional para la reducción del comercio de armas, que podría desembocar en un convenio internacional. 
Pero, al mismo tiempo, nos oponemos a las reestructuraciones y privatizaciones que resultan costosas en puestos de trabajo. 
Actualmente, sólo el 5 % de las necesidades de Francia son cubiertas por los arsenales y empresas estatales. 
Por ello consideramos que los suministros de armas necesarias para nuestra defensa deben ser asegurados por empresas nacionales, mal que le pese a la Comisión, que querría aplicar al equipamiento militar las normas relativas a los contratos públicos. 
Esta reconquista de actividades industriales puede ir unida además a una intensificación de la cooperación a escala europea, pero sin que ello menoscabe nuestros logros, nuestras tecnologías, nuestros conocimientos técnicos. 
Esta cooperación no será realmente eficaz a menos que se complete con la instauración de una verdadera preferencia comunitaria en las adquisiciones de armamento, ante el dominio estadounidense que acapara el 50 % del mercado mundial. 
Estas orientaciones están tanto más justificadas si se tiene en cuenta que el 75 % de las armas convencionales importantes adquiridas por los países europeos provienen de Estados Unidos. 
Es igualmente necesario iniciar y proseguir el proceso de diversificación y reorientación de algunas actividades militares hacia lo civil, sobre todo la industria aeronáutica, espacial y electrónica. 
Tal como ha señalado la Fédération nationale des travailleurs de l ' État CGT, el personal de los arsenales, ingenieros y técnicos, tienen competencias, medios industriales, y utilizan tecnologías que pueden muy bien ponerse al servicio de necesidades civiles. 
Esta diversificación no será realmente eficaz a menos que vaya acompañada de medidas sociales- como la reducción del tiempo de trabajo y la mejora de la formación- a fin de proteger el empleo y mantener en actividad los lugares en los que la vida económica y social depende casi exclusivamente de las industrias armamentísticas. 
Señor Presidente, el objetivo general de la política de seguridad es el desarme global. 
Esto presupone que disminuya la producción y venta de armamento. 
La UE debe estar a la vanguardia del desarme y de la limitación del comercio de armas. 
Esto es algo que siempre debe estar presente en la discusión sobre la industria de defensa europea. 
Los Estados miembros de la UE son, en su conjunto, el segundo mayor actor en el comercio internacional de armas y tienen un responsabilidad especial. 
Titley seguramente ha hecho un buen trabajo, pero no estoy de acuerdo con lo que se expresa en el punto 3 del informe, esto es, que la política europea de material bélico constituye una parte importante del reforzamiento de una identidad europea de seguridad y defensa en el seno de la OTAN. 
Suecia es un país neutral y no alineado, que no es miembro de la OTAN y que no va a formar parte de una defensa común. 
Opino que es un camino errado intentar crear instituciones relacionadas con la producción de armamento antes de decidir acerca de la defensa militar común. 
En cuanto al artículo 223 del Tratado de Roma, opino que las armas no deben ser reputadas como si fuesen mercancías o productos corrientes que pueden ser vendidos libremente, sino que necesitan reglas especiales. 
La UE debe tener un papel activo, no para ampliar el derecho de la industria militar a producir y exportar armas, sino que para conseguir normas más severas respecto a la limitación de venta y exportación de armas. 
Señor Presidente, afortunadamente vivimos una época con muy pocas amenazas militares contra nuestros países y hay un gran espacio para continuar con el desarme y con la política de distensión en Europa. 
Éste, por el contrario, se ocupa de la construcción de una política de defensa común y del desarrollo de una política común respecto a la industria bélica y a la exportación de armamento. 
Lo que se necesitaría en este tipo de informes es, en cambio, una planificación común para reconvertir la producción militar en producción civil. 
Si desde la Unión Europea se trabaja por una exportación de armas más dinámica y más activa, se estará contribuyendo al empeoramiento de los conflictos en todo el mundo. 
Tampoco estoy de acuerdo con lo que se expresa en el punto 2, esto es, que se empezarán a usar recursos de investigación comunitarios para objetivos militares. 
Hoy, por el contrario, deberíamos reorientar las grandes sumas que se derrochan en investigación de carácter militar hacia la investigación civil, que es provechosa para las personas. 
Además, este informe carece totalmente de respeto hacia algunos Estados miembros de la Unión que no participan en la OTAN y que no son miembros de la UEO. 
Pero aquí se intenta abarcar esas estructuras en la Unión Europea Occidental y en colaboración con la OTAN. 
También quisiera manifestar que lamento los efectos que estamos observando de la ampliación de la OTAN hacia Europa central y oriental. Esos países están nuevamente armando fuertemente a sus ejércitos, lo que también puede conllevar que, a su vez, otros países adquieran nuevos sistemas de armamento. 
Esto, en lugar de disminuir la tensión en Europa, la aumenta, aunque tal vez se alegren algunos fabricantes de armas. 
Lo que me puedo imaginar en este campo son reglas mínimas interestatales para limitar la exportación de armas, pero el informe va mucho más allá. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Titley, no solamente porque su informe incida en las líneas propuestas por la Comisión, sino también por su sentido de la realidad y su valor, que consiste en haber tratado un caso tan sumamente complejo de forma realista. 
Por tanto, querría comenzar con una observación sencilla antes de que abandone la sala el Sr. Sjöstedt. 
Es ésta la cultura de la discusión que viene siendo la regla. Los diputados cuentan alguna cosa y luego se marchan sin escuchar lo que dicen los demás. 
Aplausos 
Quisiera empezar mi intervención con una observación sencilla. 
No creo que en el Parlamento Europeo haya una gran polémica sobre la necesidad de desarrollar una política de seguridad y de defensa común. Una política de seguridad y de defensa común que, como su propio nombre indica, no puede ser de ninguna manera una política agresiva, sino que debe ofrecer una respuesta a la necesidad de implantar un sistema que permita explicar a los ciudadanos que estamos en condiciones de defendernos en un mundo en que, desafortunadamente, no resulta posible garantizar la seguridad con la ayuda exclusiva de métodos pacíficos. 
En razón de este mismo argumento, ni siquiera Suecia, pese a ser un país neutral, somete a discusión su propia defensa nacional. 
Señor Sjösjedt, pongamos un ejemplo. En caso de que la Unión Europea exportara proporcionalmente tantas armas como Suecia, nos veríamos obligados a incrementar notablemente nuestra exportación. 
Si la postura de Suecia ante la OTAN difiere de la que adoptan Letonia, Estonia y Lituania, ello depende en parte del hecho de que Suecia nunca formó parte de la Unión Soviética. 
Por tanto, el sentido común nos dice que no podemos sino defendernos. Éste es el primer punto. 
Pasemos ahora al segundo punto. 
Habida cuenta de esta necesidad y sabiendo que necesitaremos algún tiempo para lograr una política de seguridad común- tarea harto difícil desde una perspectiva política- se nos plantea un problema. Cuando al cabo de cinco o seis años por fin logremos una política de seguridad común y, una vez la hayamos conseguido, nos demos cuenta de que nos hemos quedado sin industria de armamento común, tropezaremos con la contradicción de que disponemos de una política de seguridad, pero no podemos producir nuestras propias armas. 
¡El que no comprenda esto es que no quiere ver la realidad! 
Es por lo que la Comisión ha tomado la iniciativa de dirigirse al Parlamento y a los Estados miembros para comunicarles que algo hay que hacer. 
Si una cosa está clara es que hasta la fecha nuestra organización en el ámbito de la política industrial ha revestido siempre un carácter meramente nacional. 
Así no llegamos a ninguna parte. 
Creo poder afirmar que lo que se lamenta aquí, y lo que también deplora la Sra. Elmalan, es que la Unión Europea no deja de perder terreno ante las exportaciones norteamericanas, ¡y es cierto! 
Pero esta situación se explica por el sencillo hecho de que la industria europea está subdividida en diversas unidades nacionales y, por tanto, no alcanza la misma fuerza común para imponerse que las diferentes empresas norteamericanas. 
Basta con tener presente una sola cifra. Imaginémonos que todas las empresas de Europa que producen productos de defensa se unieran, se agruparan. 
Pues ni siquiera así llegarían a tener el tamaño de la mayor empresa norteamericana del sector. 
Es una cuestión que también afecta a la política industrial. La solución no reside únicamente en la Comisión, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europa, sino también en los Estados miembros. 
Todos los Estados miembros han declarado estar de acuerdo en que se impone una reestructuración de la industria. 
También es el caso de Airbus. 
Hace poco, los seis países que colaboran en este campo han vuelto a reunirse. 
El problema no tiene mayor complicación. 
Cada país defiende sus propios intereses y en parte también su propia política. 
El que Francia experimente mayores dificultades a la hora de privatizar Aérospatiale no significa que Aérospatiale esté disconforme, sino que el actual Gobierno de Francia tiene más problemas con este asunto que otros gobiernos. 
La fusión de dos empresas británicas en Gran Bretaña se basa en el razonamiento de que la empresa que nazca de la asociación de dos compañías aéreas lógicamente tendrá un volumen mayor y, por tanto, podrá exigir más. 
Debemos darnos cuenta de que ahí se desarrolla lo que podríamos llamar una lucha por el poder. 
Cerrar los ojos ante esta evidencia es señal de ingenuidad. 
Ello no obstante, todos estos movimientos muestran que tanto la industria como los Estados miembros reconocen que algo hay que hacer. 
Me parece reconfortante que el Parlamento Europeo de cara a un problema tan complejo concluya que en el fondo el desarme es el método más adecuado. 
Es relativamente fácil inclinarse por esta solución y algunos de hecho han optado por ella, incluso el Sr. Frischenschlager. 
La Unión Europea sería sin duda la primera en suscribir esta opción si pudiera imponerla en todo el mundo. 
Desgraciadamente ello no es posible, así que debemos avanzar por otro camino. 
Hemos elaborado un plan de acción que define claramente los pasos que podemos dar. 
Puedo asegurarles que la Comisión propondrá y transpondrá todas las medidas imprescindibles de dicho plan de acción durante el año en curso. 
Lo primero es la estandarización. 
Lo que ha dicho la Sra. Elmalan respecto a los concursos es moneda corriente en determinados Estados miembros de la Unión. Cada vez que surge un problema, se amparan en el proteccionismo y en la fijación de una cuota europea. 
Es como si trasladaran la política agrícola a la industria de armamento. 
Es realmente lo último que se debe hacer. 
De ese modo no se llega a ninguna parte. 
En otras palabras, debemos tomarnos la molestia de crear estructuras competitivas. 
Entre ellas deben figurar una estandarización común y concursos comunes, porque la convocatoria de este tipo de concursos constituye la única manera de lograr una industria europea de armamento competitiva. También necesitamos normas comunes para el comercio interior de productos de defensa y para la exportación de los mismos. 
El Tribunal de Justicia Europeo ya ha declarado reiteradamente en sus sentencias que la exportación de productos de defensa también es competencia de la Unión. 
La Comisión hará todo lo posible para que podamos avanzar en este ámbito porque, si no entramos en acción ahora, no podremos lamentarnos dentro de cinco años de que ni siquiera podamos defendernos a nosotros mismos. 
Creo que a este respecto hemos de seguir fieles a la buena tradición europea en el sentido de que uno mismo debe ser capaz de fabricar lo que necesita para defenderse. 
Es el objetivo que se marca la Comisión y me alegro de que el Sr. Titely comparta y apoye nuestro punto de vista. 
El Comisario se dirigió a mí al comentar la exportación sueca de armas. 
Estoy de acuerdo con él en que dicha exportación es un ejemplo aterrador que muestra una conducta irresponsable cuando, por ejemplo, se han exportado armas a Indonesia o, actualmente, con la muy intensiva exportación de aviones de guerra. 
Por tanto, no estimo que esto haya sido algo correcto. 
No obstante, no quiero que se cometan otra vez los mismos errores en el ámbito de la UE, sino que por el contrario, deseo que ese riesgo disminuya. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Medio ambiente, seguridad y asuntos exteriores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0005/99) de la Sra. Theorin, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el medio ambiente, la seguridad y los asuntos exteriores. 
Señor Presidente, la política de seguridad ha experimentado grandes cambios. 
La guerra fría ha concluido y una guerra de grandes proporciones en Europa se presenta actualmente como imposible. 
Los conflictos que podemos imaginar son entre naciones y ocasionados por controversias étnicas, religiosas y sociales. 
Al mismo tiempo aparecen nuevas amenazas como, por ejemplo, grandes corrientes de refugiados, terrorismo, delincuencia internacional e, incluso, amenazas medioambientales y catástrofes naturales. 
No es posible enfrentarse a este tipo de conflictos con balas y pólvora. 
Una serie de catástrofes medioambientales han puesto a la humanidad frente a nuevos problemas como, por ejemplo, las continuas inundaciones en Europa, la ruptura del embalse en España y, ahora por último, la considerable erosión en América Central. 
Puesto que las amenazas medioambientales no respetan las fronteras nacionales, se necesita que los países colaboren. 
Existe una creciente conciencia internacional acerca de la dimensión de los problemas medioambientales. 
Esto lo demuestran las diferentes conferencias de la ONU sobre el agua, la desertización, el medio ambiente y el desarrollo y, además, sobre el cambio climático. 
Los problemas medioambientales pueden conducirnos a situaciones muy graves que afecten a la seguridad tanto de las personas como de los estados. 
El agua dulce es un recurso natural distribuido muy irregularmente distribuido. 
Menos de 10 países poseen el 60 por ciento de las reservas totales mundiales de agua dulce y muchos estados europeos dependen de la importación de agua dulce. 
El ataque a las fuentes de agua no sólo puede llegar a ser un objetivo sino también la causa de futuros conflictos. 
Existen aproximadamente 300 ríos, lagos y fuentes de aguas subterráneas en regiones fronterizas internacionales. 
Nueve de catorce países sufren en Oriente Medio escasez de agua. 
Los problemas ecológicos locales y regionales pueden llegar a tener notables consecuencias en las relaciones internacionales como, por ejemplo, limitación de recursos acuíferos o grandes grupos de refugiados por causas medioambientales. 
Los refugiados por causas medioambientales alcanzan hoy la cifra de 25 millones, comparados con los 22 millones de refugiados «tradicionales». 
Se calcula que en el año 2010 llegarán a ser el doble. 
Esas nuevas causas de conflictos tienen que reflejarse en la política exterior, de seguridad y de defensa y en la forma cómo las naciones crean y mantienen la paz y la seguridad. 
Es necesario movilizar recursos para enfrentar el reto medioambiental. 
Se necesitan esfuerzos muy grandes, pero los medios son muy limitados. 
Simultáneamente, la situación en política de seguridad ha cambiado posibilitando la distensión militar y el desarme. 
Como consecuencia de la liberación de recursos bélicos, el ejército tiene una oportunidad única- y una capacidad notable- para enfrentarse a las crecientes amenazas medioambientales. 
Las fuerzas armadas tienen, además, una buena organización y muchos medios técnicos que pueden emplearse en tareas medioambientales sin grandes costes. 
Para poder prevenir las crisis medioambientales hay que contar con infraestructuras, con organización y con más medios. 
Todo ello lo tienen los ejércitos, con variaciones lógicas entre los países, que cuentan con personal cualificado, con técnicos, con avanzados equipos de alta tecnología, con capacidad de organización y con investigación y desarrollo militar. 
El personal del ejército está bien capacitado para intervenir en catástrofes y para cumplir misiones en situaciones extremas. 
Sin embargo, las actividades militares también son responsables de un considerable deterioro medioambiental. 
Desde la antigüedad la destrucción del medio ambiente ha sido un reconocido método de hacer la guerra. 
Las guerras constituyen también la amenaza más grave al medio ambiente. 
Además, los ejércitos son responsables de la emisión de gases, carburantes fósiles, freones, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, que influyen en el clima. 
Las armas atómicas, las armas químicas y las minas antipersonales son algunos de los sistemas de armamento que tienen considerables efectos nocivos sobre el medio ambiente, incluso en tiempos de paz. 
En una sesión pública de preguntas, ha llegado a conocimiento de la comisión que se están desarrollando las llamadas armas no letales y el HAARP, un programa de investigación de la llamada radiación de alta frecuencia. 
Lamento realmente que EE.UU. no haya enviado un representante a la sesión pública de preguntas ni haya utilizado la posibilidad de comentar el material que ha sido presentado. 
Hemos tenido dos sesiones públicas de preguntas para informar, entre otras cosas, de los complicados aspectos técnicos y legales de las llamadas armas no letales y del HAARP y hemos tenido una presentación del plan económico y práctico para la formación de soldados defensores del medio ambiente. 
Mi propuesta original ha sido tratada de acuerdo al procedimiento Hughes y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha cuidado de los aspectos medioambientales de modo ejemplar. 
Basándome en esta algo extensa introducción, presento hoy esta resolución sobre medio ambiente, seguridad y asuntos exteriores y una serie de propuestas de medidas tanto en el ámbito comunitario como nacional. 
La resolución recomienda a los Estados miembros trabajar en favor de la utilización de recursos relacionados con las actividades militares para la protección del medio ambiente, entre otras cosas, mediante la creación de establecimientos para la formación de soldados encargados de la defensa del medioambiente, con el objetivo de organizar una brigada medioambiental europea coordinada, de hacer un inventario de sus necesidades medioambientales y de sus medios militares y de utilizar tales recursos en planes medioambientales nacionales, pero también poniéndolos a disposición de la ONU y de la UE en caso de catástrofes medioambientales o en el marco de la Asociación para la Paz. 
En la propuesta se contempla que los militares deberán acatar las normas medioambientales vigentes y reparar anteriores daños medioambientales. 
Las normas medioambientales que rigen para la sociedad civil deben aplicarse a todas las actividades militares. 
Proponemos que la Comisión- en concordancia con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam- presente ante el Consejo y el Parlamento una estrategia común que aúne la política de asuntos exteriores y de seguridad con la política de la UE referente al comercio, a las ayudas para el desarrollo y a los asuntos medioambientales internacionales. 
La resolución deja en claro que los esfuerzos de prevención medioambiental son un instrumento importante en la política de seguridad e insta, por eso, a los Estados miembros para definir sus metas medioambientales y de salud en los esquemas de la política de seguridad y defensa a largo plazo. 
La resolución también se ocupa del almacenamiento y desguace- incontrolado, inseguro y poco profesional- de submarinos atómicos y de naves, con sus respectivos combustibles radiactivos y sus desvencijados reactores atómicos. 
También exigimos en la resolución que la Comisión haga un estudio profundo de las amenazas a la seguridad en Europa y edite un Libro Verde sobre las actividades militares que influyen en el medio ambiente. 
También se ocupa el informe de aspectos legales relacionados con las actividades militares. 
El informe insta a la UE para que procure que las nuevas técnicas de las llamadas armas no letales sean contempladas y regladas por las convenciones internacionales. 
El riesgo de que se usen las armas atómicas existirá mientras ellas existan. 
Este riesgo podría disminuirse considerablemente en muy poco tiempo si los países que cuentan con ellas cumpliesen con los seis pasos de la Comisión de Camberra. 
Permítanme terminar diciendo que diariamente nos llegan informaciones sobre catástrofes medioambientales que podrían evitarse si usásemos los recursos existentes de un modo razonable. 
Esos recursos están en manos de los militares. 
No es necesario quitárselos, pero sí usarlos. 
Ahora falta solamente la voluntad política. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha tratado este informe y ha emitido unas opiniones que quisiera comentar someramente. 
En primer lugar, quiero decir que apoyamos en su totalidad la descripción de los antecedentes que la Sra.Theorin ha realizado aquí en el Parlamento. 
Sin embargo, al final de mi intervención quisiera mencionar algunos asuntos en los que tenemos opiniones divergentes. 
Es evidente que hoy no existen amenazas militares directas contra Europa. 
Hay otros asuntos que son más importantes como, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, la escasez de agua potable, la desertización, los cambios climáticos, los accidentes en las industrias químicas, los reactores atómicos, etcétera. 
Por eso es importante que meditemos sobre el concepto de defensa y lo ampliemos para que incluya también las amenazas medioambientales. 
En general, es lo que hace esta resolución. 
Es muy provechoso que se impongan las exigencias medioambientales de la sociedad civil normal a las actividades militares; es necesario en la situación actual. 
En este contexto, es relevante hacerse cargo de las armas atómicas en desuso. 
En cuanto a la forma de hacerlo, el informe Theorin propone una «transformación» de los militares de modo que puedan trabajar en asuntos medioambientales. 
Seguramente es, en parte, una solución posible. 
Pero una cosa que la Comisión de Medio Ambiente desea mencionar es que, si hay demasiados medios concentrados en manos militares, lo que posiblemente ocurre hoy, habrá que trasladar los recursos de defensa al sector del medio ambiente, a los servicios de rescate, a los preparativos para actuar en caso de catástrofe, al saneamiento de aguas y tierras, al trabajo de prevención medioambiental, etcétera. 
Opinamos que esto es más importante que la creación de fuerzas militares especiales con objetivos medioambientales. 
No obstante, la Comisión de Medio Ambiente opina que ésta es una posibilidad que puede contemplarse. 
Señor Presidente, espero que Sus Señorías sean conscientes de la importancia de este informe. 
Me refiero no sólo a la calidad de la labor de la Sra. Theorin, a la que felicito, sino también a que este informe ha sido elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Es una señal de que el Parlamento ha reconocido que el fin de la guerra fría ha traído consigo una concepción totalmente nueva de la seguridad y que la seguridad medioambiental es decisiva para la paz y la prosperidad futuras. 
No cabe duda de que la escasez y la degradación de los recursos medioambientales propiciarán en el futuro conflictos y debemos utilizar todos los recursos disponibles para impedir que así sea. 
Si he de criticar el informe en su forma final, diré que con las enmiendas aportadas por la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos tenido tendencia a tirar incluso al niño con el agua del baño. 
Es un error. 
Debemos centrarnos en los puntos básicos. 
Lo importante para la mayoría de las personas es el aire que respiran, los alimentos que comen y el agua que beben: el agua, de hecho, que ayuda a cultivar los alimentos que comen. 
Quisiera centrarme en esa cuestión del agua. 
Tal vez sea el peligro mayor que afrontamos en materia de seguridad en el próximo siglo. 
Por ejemplo, si examinamos la región del Mar Caspio, vemos que tiene enormes posibilidades en materia de producción de petróleo que pueden propiciar una gran prosperidad. 
Pero es también un desastre anunciado, en particular en las repúblicas del Asia central. 
Todos conocemos la espantosa historia del mar de Aral. 
Asimismo, hay otros conflictos a consecuencia del despilfarro de agua por parte del sistema soviético y del hundimiento del sistema que ha propiciado el caos en materia de la distribución del suministro de agua. 
En Kirguistán hay una central hidroeléctrica que está agotando los recursos hídricos de los países situados por debajo. 
El robo de los suministros de agua y las cuestiones del acceso al agua, combinadas con las rivalidades nacionales, podrían explotar fácilmente en cualquier momento. 
Asimismo, si observamos el subcontinente indio, el aumento de la población, acompañado de la desforestación, está causando inundaciones que están agotando los suministros de agua y las presas. 
Las cabeceras de diversos sistemas de ríos se encuentran en Cachemira y todos sabemos las consecuencias que eso tiene para la seguridad. 
En el Oriente Medio el acceso al río Jordán es uno de los aspectos esenciales del proceso de paz del Oriente Medio, en particular en relación con las Alturas del Golán. 
De hecho, la historia de las relaciones Israel-Jordania es una historia de relaciones en materia de agua tanto como cualquier otra cosa. 
De modo que acojo con beneplácito que por fin estemos abordando estas cuestiones. 
Comparto con la Sra. Theorin la esperanza de que podamos utilizar todos nuestros recursos- concretamente, los recursos militares de los servicios de inteligencia por satélite, etc.- para empezar a abordar la seguridad medioambiental. 
Si no lo hacemos, «todavía no hemos visto nada» en materia de conflictos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el informe de la Sra. Theorin sobre medio ambiente, seguridad y política exterior se detiene en un detalle del problema de la seguridad, más en concreto en las cuestiones relevantes para el medio ambiente, realzándolas. Procura enfocar el papel que desempeñan las fuerzas armadas en el ámbito de la política de seguridad principalmente desde esta perspectiva y pretende modificar y transformar el cometido y la función de dichas fuerzas. 
En los antiguos Estados miembros del Pacto de Varsovia, donde, en no pocas ocasiones, las entonces tropas soviéticas dejaron tras su retirada enormes estragos en el ámbito de la política medioambiental, hemos podido comprobar cómo las fuerzas militares pueden contribuir a la destrucción del medio ambiente. 
Los submarinos atómicos descuidados y medio podridos se han convertido en un peligro para los mares; el terreno de muchos antiguos cuarteles está contaminado por hidrocarburos. 
Precisamente en estos países se impone la pregunta de quién se encargará de la evacuación de la chatarra. 
No obstante, todo ello se utiliza como pretexto para limitar la definición de las fuerzas armadas al aspecto medioambiental; se parte de la convicción de que obstaculizar la investigación de la incidencia de dichas fuerzas en el medio ambiente equivale a socavar la misión que cumplen en el plano de la política de seguridad. 
Habida cuenta de que el final de la guerra fría no implica automáticamente el advenimiento de la paz, es preciso adoptar una actitud reprobatoria ante este punto de partida básico del informe. 
De todas formas, responsabilizar a las fuerzas militares de los daños causados en el medio ambiente no es una base viable, puesto que supondría una carga excesiva para el presupuesto, ya de por sí limitado, de la política de defensa. 
Lo que sí considero importante y acertado es que los Gobiernos se hagan cargo del medio ambiente, ya que el origen de los problemas se sitúa a este nivel. 
Aunque me vea obligada a rechazar el punto de partida básico del informe por considerarlo poco realista, hay algunos puntos que merecen mi más fuerte apoyo, como pueden ser la incorporación de aspectos medioambientales en la investigación militar, la intensificación de la reconversión de la industria de armamento hacia la fabricación de productos civiles, la lucha por la prohibición de las minas antipersonales y el llamamiento a que se firme sin demora el acuerdo de Ottawa de 1997, el control de los residuos procedentes de la industria de armas nucleares, el control de las armas biológicas y químicas, la continuación del desmantelamiento de las armas nucleares y especialmente el respeto del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. 
La posibilidad de que este tipo de armas lleguen a las manos de déspotas irresponsables u organizaciones terroristas supone un enorme peligro que ha de ser conjurado mediante una red de tratados internacionales y medidas de control adecuadas. 
En mi opinión, el deseo de formar soldados del medio ambiente con vistas a crear una brigada medioambiental, coordinada a escala europea, no solamente pierde de vista la cuestión principal sino que, además, es superflua en la medida en que el aspecto ecológico ya se tiene en cuenta en el marco de las fuerzas nacionales y la participación en la OTAN. 
No cabe duda de que las fuerzas militares deben estar preparadas para actuar en caso de que se produzcan catástrofes ecológicas, pero ciertamente no es su misión más importante. 
Señor Presidente, el medio ambiente debe constituir un factor importante de la política exterior y de seguridad. 
Este es el mensaje central de este informe. 
Agradezco a la Sra. Theorin la energía que le ha dedicado. 
Indudablemente, sería bueno que la Unión Europea desarrollara una estrategia comunitaria. 
Ya hay bastantes conflictos que tienen su raíz en problemas ambientales. 
El Sr. Titley ya lo ha dicho: el agua en Oriente Medio, la superpoblación como factor de conflictos en la región de los Grandes Lagos, la deforestación y las inundaciones en el Sudeste Asiático. 
Además, debe quedar claro que las fuerzas en conflicto forman parte de la sociedad, de la vida en común dentro de la cual la protección del medio ambiente adquiere gran prioridad. 
En la medida de lo posible debemos emplear fuerzas militares para solucionar los problemas ambientales. 
Por ejemplo, el control desde el aire de los vertidos ilegales de petroleros en el mar del Norte constituye un buen ejemplo de empleo útil de las fuerzas militares. 
La intervención de soldados de protección del medio ambiente también hubiera sido una buena aportación durante los incendios en Indonesia. 
Pero en este informe también se incluyen muchos temas muy poco realistas e innecesarios. 
No intentemos volver a fundar centros y escribir un sinfín de libros verdes y crear nuevas brigadas. 
Además debemos dejar a las autoridades nacionales la tarea de recaudar fondos de su presupuesto procedentes del sector de defensa. 
No compete a este Parlamento imponer a los gobiernos que el ejército lleve a cabo la política ambiental. 
Que cada Estado miembro plantee su presupuesto como quiera, incluyendo por supuesto el medio ambiente. 
Mi grupo, el Grupo liberal, quiere devolver a este informe su propia esencia. 
Estaríamos de acuerdo con suprimir una serie de apartados por medio de las enmiendas. 
En función de ello, mi Grupo decidirá si apoya o no el informe. 
Señor Presidente, la Sra. Theorin ha redactado un importante informe que ha sido mejorado durante su tramitación en la comisión pero que aún es demasiado débil en algunos puntos como, por ejemplo, en lo tocante a la responsabilidad de las fuerzas armadas por el deterioro del medio ambiente en tiempos de paz, a las reclamaciones de indemnización por estos daños y, especialmente, en lo que respecta a los sistemas de armamento en el espacio. 
Existe una extraña contradicción entre la exposición de motivos del informe y la resolución misma. 
En la exposición de motivos se habla del HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project, como de una investigación de carácter militar, «la guerra de las galaxias» , una investigación que debe considerarse como altamente nociva para el medio ambiente, que puede tener consecuencias imprevisibles para la vida humana, que es discutible desde el punto de vista legal y que, quizás, constituye una violación al derecho internacional. 
No hay nada de esto en la resolución. 
En ella sólo se habla de la necesidad de más estudios. 
El Grupo V opina que ha llegado la hora de hablar claro. 
Hay que exigir la terminación de este tipo de investigación, cosa que hacemos en nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, considero altamente positivo e importante que en este informe se reconozca la estrecha relación entre la política exterior y de seguridad común y los problemas medioambientales. 
También me parece fundamental la conclusión de que las operaciones militares tienen un impacto ecológico de gran envergadura. 
Quisiera, sin embargo, llamar la atención hacia una circunstancia que, a mi modo de ver, merece una consideración especial en el marco de las actividades que pensamos desplegar en el futuro en el ámbito de la política de paz. 
En la actualidad, tanto África como Oriente Medio, América del Sur y los Estados de la antigua Unión Soviética sufren guerras motivadas por la presencia de petróleo u otros recursos. 
Mientras no consigamos erradicar este problema fundamental que está en el origen de gran parte de las guerras del último siglo, sustituyendo las energías tradicionales por fuentes de energía primarias renovables, será difícil avanzar en la dirección de una paz ecológica a largo plazo. 
A este respecto quisiera destacar un punto que estimo fundamental. La UE debería lanzar una ofensiva contra el recurso abusivo a mercenarios que se extiende cada vez más y que participa de forma intensa en estas luchas por los recursos. 
Las tropas mercenarias deberían estar prohibidas en todo el mundo y sus centrales europeas deberían ser perseguidas por la justicia. 
Señor Presidente, quiero hacer mías las conclusiones a que llega este informe. 
Me parece claro que las repercusiones del medio ambiente en la seguridad son a un tiempo inmediatas e importantes y van en aumento. 
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que la Sra. Theorin y el Sr. Titley dicen sobre el conflicto por el agua y los recursos y la fundamental importancia que debemos concederle cuando preparamos la Política Exterior y de Seguridad Común para los diez próximos años. 
Asimismo, no voy a añadir más observaciones a las que se han hecho sobre las repercusiones del ejército en el medio ambiente. 
Se puede ver en la península de Kola. 
Se puede ver en la inseguridad de los emplazamientos nucleares en la Unión Soviética del tipo de los que ha puesto de relieve el general Lee Butler. 
Sin embargo, quiero decir unas palabras sobre el proyecto HAARP, mencionado por el Sr. Gahrton. 
Tras haber asistido a la audiencia y haber hecho considerable trabajo, a mi vez, considero que los peligros de los experimentos con el electromagnetismo polar potencialmente muy graves y posiblemente calamitosos. 
Lo digo sin hacer juicio particular alguno sobre las posibles aplicaciones militares de esa tecnología, como arma para desbaratar el clima del enemigo o su adaptabilidad para la utilización de armas no letales en una situación militar o civil o tal vez- lo que sería lo más peligroso de todo- como continuación encubierta de las políticas de defensa de «guerra de las galaxias». 
El caso es que, cuando examinamos esta cuestión y cuando asistimos a la audiencia sobre HAARP, parecíamos estar escuchando a veces historias de ciencia ficción. 
Pero esa ciencia ficción no debe impedirnos ver que se puede convertir en una realidad considerablemente amenazadora. 
Me hago eco de las observaciones de otros oradores al decir que lamento que el Gobierno americano, pese a los contactos en el más alto nivel y dentro de la OTAN, no consideraran razonable acudir a este Parlamento y expresar una opinión. 
A falta de ello, he de decir que este Parlamento debe adoptar la opinión de que se trata de una cuestión que debe preocuparnos a todos y sobre la que debemos volver en el próximo mandato. 
Hay preguntas que no han recibido respuesta y este Parlamento merece algunas respuestas de los americanos y de los científicos implicados en este asunto. 
Señor Presidente, permítame comenzar expresando mi agradecimiento a la ponente, Sra. Theorin, quien ha hecho un esfuerzo considerable, aunque esto no debería sorprendernos- si se me permite este pequeño comentario personal- a la vista del considerable trabajo político efectuado anteriormente por la Sra. Theorin. 
Es evidente que el informe toca una serie de campos diferentes a los que me enfrento en mi trabajo diario en temas de medio ambiente, sin embargo, voy a considerar el informe en su conjunto. 
La Comisión ha recibido con gran interés el informe del Parlamento y la propuesta de decisión que en él se incluye sobre el medio ambiente, la seguridad y la política exterior. 
Se trata, como se ha dicho también aquí hoy, de una materia compleja, de cuya enorme trascendencia la sociedad internacional por regla general está comenzando a darse cuenta. 
El informe es digno de elogio al señalar claramente muchas de las conexiones existentes o que pueden establecerse entre el medio ambiente, la escasez de recursos naturales y la seguridad. 
Durante el debate se han mencionado algunos ejemplos como el problema de los refugiados y la superpoblación o- en el plano puramente medio ambiental- el agua y el clima. 
Los servicios de la Comisión han examinado algunos problemas de seguridad y las consecuencias económicas que de éstos se derivan dentro de un contexto más amplio. 
En este sentido, hemos celebrado una serie de seminarios, entre los cuales puede mencionarse, por ejemplo, uno sobre medio ambiente y seguridad. 
Se decidió que la Comisión elaboraría como seguimiento de estos seminarios un borrador sobre la relación existente entre la política exterior, la seguridad y el desarrollo sostenible con el objeto de iniciar un debate sobre este tema con las partes involucradas y los encargados de tomar las decisiones de toda Europa. 
En consecuencia, mis propios servicios ya están examinando más detenidamente algunos de los puntos del informe del Parlamento que hacen referencia a los riesgos asociados a los cambios climáticos globales y a la explotación de los recursos y que pueden provocar un aumento en el número de refugiados medioambientales, situaciones de crisis y- como subrayara también la propia Sra. Theorin- conflictos directos. 
En la Dirección XI ya se ha comenzado a trabajar sobre el medio ambiente y la seguridad, poniendo énfasis en la cuestión de los recursos hidráulicos y en la escasez de agua, cuestión abordada especialmente por el Sr. Titley, ya estemos hablando del Mar Caspio, del Lago Aral o del Mar Negro, como tuvimos oportunidad de ver de cerca el Sr. Spencer y yo misma hace ya algún tiempo. 
También nos centraremos en la desertización de las tierras, en la escasez de recursos naturales, en los problemas transfronterizos que van unidos a la destrucción de los bosques y a la biodiversidad biológica y en los problemas de seguridad que pueden surgir como consecuencia de lo anterior. 
En este sentido, también serán examinadas detenidamente las consecuencias para las políticas que se llevan a cabo en otros ámbitos, como por ejemplo, el comercio, la ayuda a los países en desarrollo y la cooperación. 
Por ello, este trabajo cubre algunas de las propuestas provenientes del Parlamento Europeo, especialmente el importantísimo punto 1 de la decisión. 
En varias ocasiones, la Comisión ha manifestado ya su preocupación ante la deforestación y la desertización de África. 
Una gran parte de la ayuda urgente incluida dentro del Programa de Lomé ha sido destinada a la lucha contra estos dos fenómenos, que naturalmente tienen muchas causas, algunas de las cuales son evidentemente militares. 
Sin embargo, la Comisión ni tiene competencias ni experiencia en asuntos militares. 
No puede disponer de ejércitos ni de recursos militares, pues éstos competen exclusivamente a las autoridades nacionales. 
Por este motivo, la Comisión no podrá ocuparse de hacer el seguimiento de ciertos puntos de la propuesta de decisión, me refiero especialmente a los puntos 18 y 29. 
La Comisión participa plenamente en la política exterior y de seguridad común. 
En consecuencia, junto a la Presidencia del Consejo trataremos de convertirnos en portavoz ante los diversos foros internacionales de seguridad, incluida Naciones Unidas, de las opiniones manifestadas en la decisión. 
Por último, señor Presidente, la Comisión considera positivo, que el Parlamento haya elaborado esta decisión y este informe. 
También comparte la preocupación del Parlamento por la relación existente entre el deterioro del medio ambiente y los riesgos futuros para la seguridad. 
Como he mencionado, ya estamos trabajando sobre ciertos aspectos del problema, especialmente aquellos que afectan directamente al medio ambiente. 
Después de estos comentarios, señor Presidente, quiero volver a agradecer una vez más a la ponente, Sra. Theorin, su excelente informe y el debate de hoy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Asociación global con China 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0479/98) del Sr. Bernard-Reymond, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión- Hacia una cooperación global con China (COM (98) 0181- C4-0248/98). 
Señor Presidente, inmutable y cambiante, China nos acaba de ofrecer nuevamente un ejemplo de sus contradicciones y dificultades. 
Después de haber mostrado signos alentadores de apertura en materia de derechos humanos, una serie de procesos sumarísimos acaba de recordarnos- si es que todavía era necesario- que, desgraciadamente, este país sigue aprisionado por una política autoritaria que da la espalda a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. 
La firma de dos convenios de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos, la existencia de contactos indirectos con los representantes del pueblo tibetano, la visita a Pequín de un representante de Taiwán, la liberación de presos políticos, la visita de la Troika al Tíbet, la visita a Pequín de Marie Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el diálogo público mantenido en la televisión china entre el presidente de Estados Unidos y Jiang Zemín, han sido signos esperanzadores que han marcado el periodo reciente. 
Desde luego no éramos tan ingenuos como para creer que constituían por sí solos una política realmente nueva, pero el mero hecho de que existieran, el mero hecho de que las autoridades de Pequín los juzgaran necesarios, era de por sí un estímulo para proseguir y ampliar el diálogo. 
Y éste es el contexto en el que la Comisión quiso elaborar una nueva comunicación, que ha sido aprobada por el Consejo, de hecho incluso antes de que el Parlamento se haya pronunciado al respecto- lo que, por otro lado, constituye un mal ejemplo de democracia ante China. 
La Comisión ha definido cinco orientaciones que ustedes conocen y que han sido aprobadas por su Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Observo con satisfacción el lugar que ocupan en estas orientaciones el diálogo político y la ayuda propuesta a China para que en ella se establezca un Estado de derecho acorde con las normas internacionales. 
Es necesario que haya un diálogo político con este futuro gran protagonista del mundo multipolar, y también con esta potencia asiática que puede desempeñar un papel estabilizador en su región. 
Pero el diálogo político es igualmente necesario para convencer a China de que la clave de la sociedad internacional reside en el respeto de los valores universales. 
En este contexto, nos congratulamos por el programa de cooperación jurídica y judicial propuesto por la Comisión, por una suma de 13 millones de ecus en cuatro años. 
En él se deberá dar prioridad al respeto de las libertades individuales y sindicales, aunque también sea necesaria la seguridad jurídica de la sociedad económica, sobre todo en lo que se refiere a la protección de las inversiones y de la propiedad intelectual. 
Pero, Señorías, estamos examinando estas orientaciones en el momento en que Xu Wenli, Wang Youcai y Qin Yongmin han vuelto a prisión, y en que una ola de detenciones y juicios nos obliga a plantearnos qué significa este endurecimiento. 
Ciertamente, sabemos que a Pequín le preocupa la perspectiva del décimo aniversario de los acontecimientos de Tiananmen preocupa a Pequín, pero tememos que esta falta de flexibilidad tenga su origen más allá de ese temor. 
En el plano económico, efectivamente, China ha iniciado una gran transformación. 
Aprendiendo de la evolución internacional de las dos últimas décadas, del desarrollo de la mundialización y de la eficacia de la economía de mercado, ha decidido abrirse al mundo y pasar de una economía burocrática y centralizada a una economía socialista de mercado. 
Los beneficios se han dejado sentir rápidamente: un crecimiento que durante mucho tiempo ha alcanzado o superado el 10 %, importantes reservas de divisas, un aumento perceptible de las inversiones extranjeras, un comercio exterior en plena expansión y un progresivo control de la inflación. 
La Comisión propone contribuir a esta tendencia aportando su cooperación en ámbitos tan diversos como el desarrollo de los recursos humanos, la reforma administrativa, la protección social, la reforma del sector financiero, la lucha contra la pobreza y las disparidades regionales, la transferencia de conocimientos técnicos en el campo de la energía, la ampliación de la cooperación científica y técnica y la protección del medio ambiente. 
Pero esta gran transformación va acompañada, como siempre, de la acentuación o aparición de grandes disparidades: disparidad entre las ciudades y el campo, entre las regiones costeras y el interior, entre Pequín y los poderes locales, entre pobres y nuevos ricos, entre activos y desempleados, y en el ámbito del medio ambiente. 
El deseo de las autoridades de superar estas dificultades, sin poner el peligro la unidad de China y conservando su estabilidad interna, es legítimo; pero el camino que parecen elegir las autoridades de Pequín, ¿no aumenta el peligro en lugar de conjurarlo? 
Una sociedad en transformación exige flexibilidad, descentralización, responsabilidad, iniciativa, debate; en una palabra, democracia. 
Todo lo que supone rigidez, autoritarismo, centralismo, puede embaucar durante un tiempo; pero, en una sociedad económica en transformación, esta actitud siempre acaba por crear un bloqueo que tan sólo puede conducir a un estallido o a la congelación y el aislamiento. 
Europa, que mantiene su voluntad de diálogo constructivo, no desea ninguna de estas dos últimas cosas para China. 
Quisiera que ésta se integrara progresivamente en la sociedad política y económica internacional. 
Para ello está dispuesta a ayudarla. 
Pero también haría falta que China pudiera demostrar tanta valentía en el ámbito político como determinación ha mostrado en el económico. 
La animamos encarecidamente a ello, porque sabemos que, para todos los pueblos, la libertad es el futuro de la Historia. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el cuadro que nos ha dibujado el ponente, Sr. Bernard-Reymond, es verdaderamente ejemplar en cuanto al fracaso de la política llamada de «diálogo constructivo» que lleva a cabo la Unión Europea con respecto a China desde hace ya numerosos años. 
El Sr. Bernard-Reymond ha recordado todo lo que no funciona o que, en todo caso, sólo funciona en parte, y verdaderamente es un fracaso, un fracaso importante. 
Hay que recordar que la Unión y sus países miembros tuvieron la misma actitud condescendiente hacia los ciudadanos de la Unión Soviética que no eran tales. 
Durante años, se consideró que lo que era válido para nosotros, la democracia, no valía para ellos, y actualmente, y desde hace tiempo, hacemos el mismo análisis con respecto a China, proponemos la misma política, la de no reconocer que los ciudadanos chinos tienen derecho, como nosotros, a la democracia. 
Ello es si cabe más grave si se tiene en cuenta que China se encuentra en una situación dramática, mucho peor de lo que se oye normalmente. 
Las contradicciones sociales y económicas están produciendo decenas de millones de parados. 
Al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, no es el sistema comunista- porque de ello se trata precisamente- el que podrá garantizar la estabilidad de la que nos hablaba nuestro colega socialista, sino que sólo la democracia, con sus parapetos, sus contrapoderes, sus mecanismos de control por parte de los ciudadanos, podría permitir con toda seguridad que China saliera de sus contradicciones. 
Lo que habría que hacer es instar a China, exigir que China y su clase dirigente comunista- porque de ella se trata, siempre lo olvidamos- renuncie al monopolio del poder, al monopolio de la violencia, a esa violencia cotidiana que se ejerce sobre decenas, centenas de millones de personas, que produce- y son cifras oficiales- decenas de miles de presos políticos. 
Invito a todos los diputados a que piensen por un instante en las condiciones de alguien que actualmente sea preso político en China, en el Tíbet, en Mongolia Interior o en Turquestán. 
Se olvidan las cosas; se escucha a los disidentes cuando salen de prisión, se les aplaude, pero se olvida que decenas de miles de otros presos políticos se encuentran hoy, en el momento en que debatimos el presente informe, en las mismas condiciones de tortura, de violencia y, con mucha frecuencia, de muerte. 
Esa es la política de diálogo constructivo con la República Popular de China que aprueba la Unión Europea, y es un fracaso. 
Ya hemos tenido ejemplos con los empréstitos rusos a principios de siglo y, aunque no todo sea comparable, creo que, a nivel de nuestras empresas, quizá habría que empezar a preocuparse un poco por el peligro que corren los cuantiosos capitales que han invertido las empresas de los países miembros de la Unión Europea, que corren el riesgo de encontrarse mañana en una situación de confusión sin igual ante la pérdida de enormes inversiones. 
Al lado se encuentra la mayor democracia del mundo, la India. 
La Unión Europea hace como si no se acordara de que existe este gran país, esta gran democracia, que allí se podría contar con clases dirigentes democráticas. 
Pero no, nos obstinamos, creamos autopistas privilegiadas hacia China y olvidamos estos ejemplos. 
Ha hablado usted, estimado colega socialista, de los tigres asiáticos, pero olvida que Corea del Sur, a raíz de la reciente crisis económica, una crisis de crecimiento, ha desarrollado sus instituciones democráticas. 
Olvida que Taiwán, que es un país chino, tiene una democracia que funciona cada vez mejor. 
Olvida los ejemplos positivos, pero olvida también a Corea del Norte, que es vasallo de la República Popular de China. 
Dentro de algunos años, cuando el régimen de Corea del Norte se venga abajo porque, por una u otra razón, no cuente ya con el apoyo de la comunidad internacional, se descubrirá que ha habido millones de muertos en Corea del Norte, y se pondrá cara de sorpresa. 
Esos son los regímenes que fomentamos con nuestras políticas de diálogo constructivo. 
No hemos observado ningún progreso en la República Popular de China. 
El ponente ha recordado la firma de los convenios internacionales y ahora estamos presenciando, unas semanas después de la ratificación de esos convenios internacionales, la detención de nuevos disidentes, su envío a los famosos «laogai» , los campos de concentración chinos. 
Estamos presenciando la detención de jóvenes chinos que navegan en Internet. 
Ésta es la China que queremos apoyar y que apoyamos de facto con nuestra política, con la política de diálogo constructivo. 
Me alegro de que Sir Leon Brittan esté con nosotros porque nuestro Parlamento, en sus resoluciones de urgencia, tenía una política algo diferente: había presentado no menos de veinte resoluciones a lo largo de los últimos cinco años pidiendo en particular la liberación de disidentes. 
Ninguno de ellos ha sido liberado bajo la presión europea. 
Dos o tres lo ha sido gracias a la presión estadounidense: Wong Dan, Wei Jingsheng. 
Nosotros no hemos conseguido nada. 
El Sr. Ada, líder democrático de la Mongolia Interior, sigue estando en prisión, como lo están los disidentes del Turquestán oriental, como lo siguen estando decenas de miles de presos políticos. 
No tenemos ningún alto representante de la Unión Europea en el Tíbet, tal como ha pedido nuestro Parlamento. 
En este terreno, en el de los derechos humanos, en el de las libertades políticas, no hemos conseguido nada. 
Señor Presidente, quisiera decir con claridad desde el principio que el Grupo Socialista está a favor de la comunicación de la Comisión sobre la creación de una asociación amplia con China. 
Subrayamos la palabra «asociación» , que se refiere al diálogo entre dos partes y no a que una parte esté constantemente sermoneando a la otra. 
Como sabe el Sr. Bernard-Reymond, mi preocupación inicial en este primer proyecto de informe fue la de que estábamos dedicando la mayor parte del tiempo a sermonear a China. 
Quisiera agradecerle y rendirle homenaje por haber estado dispuesto a aceptar enmiendas y adaptar su informe. Creo que ahora es un informe mucho más equilibrado. 
China es importante, naturalmente, no sólo para la UE, sino también para el mundo, como vimos cuando todo el mundo temblaba ante la perspectiva de una devaluación de su divisa. 
Eso no justifica, naturalmente, que pasemos por alto nuestras posiciones tradicionales. 
Tenemos nuestros propios criterios y nuestras creencias en relación con la democracia y los derechos humanos y tenemos todo el derecho a expresarlas y a esperar que nuestros interlocutores respeten los mismos principios. 
Sin embargo, hemos de reconocer que cambiar un sistema no es fácil y que en muchos sentidos China es, en realidad, un país en desarrollo, no un país desarrollado. 
Así, pues, debemos procurar fomentar el progreso y la reforma. 
El Sr. Dupuis tiene razón. 
Las reformas políticas y económicas van a la par. No están aisladas unas de las otras. 
Los vuelcos repentinos y espectaculares, como los que hubo durante la Revolución Cultural en China, no benefician a nadie. 
Perturban y aumentan la pobreza. 
Debemos estar dispuestos a reconocerlo, cuando China avanza en la dirección adecuada: por ejemplo, la transición al gobierno chino en Hong Kong ha ido mucho mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba y debemos reconocerlo. 
Debemos intentar alentar a China para que ocupe su lugar en el sistema mundial, en particular su ingreso en la OMC. 
Eso nos permitirá abordar cuestiones como la falsificación y la falta de respeto de la propiedad intelectual, que son preocupaciones importantes para nosotros en este momento. 
Naturalmente, debemos remachar constantemente el mensaje de los derechos humanos, pero hemos de reconocer que se brindó el acceso a Mary Robinson y que China ha avanzado con vistas a aceptar los convenios de las Naciones Unidas. 
Debemos velar por que sean ratificados y tenemos toda la razón en condenar las recientes medidas severas que contradicen la tendencia que hemos visto en los 12 últimos meses. 
Debemos ser conscientes de que, cuando criticamos a China, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. 
Debemos hablar como Unión Europea con una sola voz en nuestras relaciones con China. 
No está bien que uno o dos Estados miembros decidan actuar por su cuenta por razones comerciales. 
La Unión Europea tiene que tener una política común en relación con China. 
Mi observación final se refiere a Taiwán. 
Me alegro de que pudiéramos cambiar las observaciones del informe sobre las relaciones con Taiwán, porque, si bien no debemos inmiscuirnos en las relaciones entre Taiwán y China, nuestra posición debe ser muy simple. 
Cualquier solución para Taiwán debe respetar el derecho internacional y el derecho a la libre determinación. 
Aparte de eso, se trata, naturalmente, de una cuestión que deben resolver los chinos. 
Señor Presidente, nosotros, los demócratacristianos, apoyamos la línea defendida por la Comisión y por nuestro ponente, al cual damos las gracias por su excelente informe. 
En nuestra opinión, el diálogo constructivo es la única vía que nos permite progresar y en respuesta al Sr. Dupuis quisiera decir que si bien comparto muchas de sus ideas también he de señalarle que todas nuestras resoluciones de urgencia no han servido para nada. 
Debemos entablar un diálogo constructivo y debemos reforzarlo, y espero que la otra parte, la República Popular de China, comprenda que nosotros estamos dispuestos a acercarnos a ellos siempre y cuando ellos muestren su voluntad de aproximarse a nosotros. 
Ambas partes cargan con una gran responsabilidad. 
En primer lugar, la Unión Europea desea y espera que la República Popular de China tome las medidas internas necesarias a fin de convertirse lo antes posible en miembro de la Organización Mundial del Comercio. 
Si así lo desea la República Popular de China, le prestaremos con mucho gusto nuestro apoyo para que pueda alcanzar las metas que se ha fijado y para que pueda llevar a buen término la transformación de su estructura económica de sistema planificado y burocrático en una economía socialista de mercado. 
Consideramos fundamental que para ser consecuente el camino emprendido por la República Popular de China debe conducir a reformas en el sistema jurídico y fiscal, en beneficio del comercio y de las inversiones. De lo contrario, el comercio mundial no podrá seguir desarrollándose. 
Por lo que a la evolución de los derechos humanos y la democracia se refiere, no basta con firmar las convenciones de Naciones Unidas. Debemos decir claramente a nuestros amigos que, a nuestro entender, los principios de la democracia y de los derechos humanos requieren el reconocimiento de partidos de orientaciones muy distintas, el reconocimiento de la autonomía cultural de regiones, como el Tíbet, el derecho de los individuos a que se le respeten sus derechos civiles así como la liberación de personas encarceladas por ejercer sus derechos civiles. 
Este mensaje también debería haber estado aquí hoy. 
Permítanme una observación más con respecto al tema de la paz y de la estabilidad en Asia. Sin el reconocimiento de la existencia del Estado de Taiwan y del derecho a la autodeterminación de sus ciudadanos no puede haber estabilidad. 
Las conversaciones entre los representantes de la República Popular de China y Taiwan son señales esperanzadoras de que ambas partes se dirigen hacia una solución pacífica. 
Señor Presidente, el escritor sueco Per Ahlmark- en colaboración con destacados estudiosos de la paz provenientes de diferentes lugares del mundo- ha demostrado de manera fehaciente que las democracias jamás han hecho guerras entre ellas y que las grandes hambrunas no tienen lugar en países con prensa libre y economía de mercado. 
En este siglo ha habido decenas de millones de víctimas de las dictaduras, seres humanos que los dictadores han enviado a los campos de batalla, que han sido ejecutados, que han sido eliminados en campos de concentración y de trabajos forzados o que han muerto de hambre. 
Entre los grandes genocidas de nuestro tiempo están Hitler, Stalin y Mao, pero ellos han tenido- y todavía tienen- muchos seguidores en muchos sitios: Pol Pot, Verwoerd, Saddam Hussein, Kim Il Sung, por nombrar sólo a algunos de ellos. 
Después de Mao, China ha rectificado el rumbo en muchos aspectos. 
En Europa recibimos estos cambios con alegría, una alegría que compartimos con millones de chinos que, gracias a estos cambios, tienen una vida mejor. 
Pero los problemas que aún quedan en China, son cada vez mayores para los chinos. 
China está lejos de ser una democracia. 
Las libertades de expresión y de asociación son escasas. 
Quienes reivindican los derechos humanos y democráticos son castigados con severas penas. 
Hay numerosas ejecuciones, se persigue a los tibetanos y Pekín somete a Taiwán a periódicas amenazas. 
En tanto subsistan estas condiciones, la Unión Europea y este Parlamento deberán exigir cambios y utilizar todos los medios a su alcance para lograrlos. 
Esto es por nuestro propio interés- sin lugar a dudas- pero más que nada es por el bien de China y de los chinos. 
Señor Presidente, la declaración de la Comisión Europea y, por extensión, creo, el debate tal como se está desarrollando, parece que ignoran la historia. 
No tienen nada que ver con la realidad. 
Ustedes no quieren tener en cuenta que este gran país, este gran pueblo, hace sólo cincuenta años que ha salido de contiendas exteriores, de un régimen de un largo colonialismo, de guerras civiles, y que desde hace cincuenta años intenta construir su modelo, un modelo que sea digno de su historia, de su cultura, que es 5000 años anterior al momento en que estamos debatiendo. 
Por eso, señor Presidente, la declaración de la Comisión es de una credibilidad dudosa, es arrogante, interesada en sus propósitos, al calcular, cómo, desde qué esquina, con qué enfoque, podrán las grandes multinacionales europeas comer de este gran pastel que se llama mercado chino. 
¿Qué es lo que hace la declaración? 
No me puedo alargar. 
Voy a intentar referirme a unos pocos puntos. 
Uno de estos dice: «... que prosigan las reformas y les prestaremos ayuda». 
Si esto verdaderamente pretendiera el desarrollo de China, el bienestar de su pueblo, estaríamos todos de acuerdo. 
¡No! 
Aspira, por el camino de las reformas, a la incorporación, a la sumisión de China al modelo de ustedes, a un modelo a la medida de sus grandes empresas multinacionales. 
Y dice: «... ayudar a las reformas para evitar que sufra fenómenos de crisis, como el resto de los países asiáticos». 
Pero, señores colegas, esos países, los tres a los que se han referido anteriormente, hace muchísimo que se habían sumergido hasta el cuello en sus modelos, en sus medidas liberales. 
Sin embargo hemos tenido una crisis. 
¿Es ahí a donde quieren conducir también a China? 
¿Acaso no hubo crisis también en sus países a pesar del liberalismo extremo? 
¿Dónde están buscando las causas de la crisis? ¿Quieren llegar a tiempo de evitarla en China, se supone que por solidaridad, con reformas basadas en sus modelos? 
Una cosa más, señor Presidente, que equivale a un intento de intervenir en las cuestiones internas de China: comercio bilateral, de acuerdo; pero cuando se trata de empresas chinas que en el interior de China no se atienen completamente a las normas del libre mercado, aplicamos medidas especiales de dumping en su contra. 
Esto es una intervención abierta, intolerable. 
Finalmente, señor Presidente, necesitamos un Estado de derecho, democracia, etc. para tener «partenariat» , para tener relaciones estrechas con China. 
Por supuesto, esto es deseable para el pueblo chino, para a la Unión Europea y para la realidad internacional. 
¿Pero por qué cierran los ojos? 
En la pequeña Letonia, con la que mantienen relaciones muy estrechas y se mueren por anexionarla a la Comunidad, de 2, 5 millones de habitantes 700.000 no poseen el derecho a llamarse ciudadanos, no tienen ningún derecho. 
¿Por qué? 
Porque tienen la desventaja de ser rusoparlantes. 
¿Por qué quieren relacionarse con los letones? 
¿Por qué no ven estas cosas? 
Es pues, hipocresía, interés y soberbia. 
Señor Presidente, China ha entreabierto la puerta, pero al mismo tiempo ha presionado con todas sus fuerzas desde dentro para que la puerta no se abra demasiado. 
China quiere participar en el salto adelante económico de la economía global, pero no quiere aceptar las consecuencias que de ello se derivan de cara a avanzar en el terreno político. 
Actualmente, la democracia y el respeto de los derechos humanos se tratan desde el miedo. 
El ponente incluso ha mencionado el autoritarismo. 
En la práctica vemos, por ejemplo, que el fundador del Partido Democrático Chino ha sido condenado a once años de prisión. 
Otro ejemplo: un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel simplemente por transmitir direcciones de Internet. 
En la víspera de la visita estadounidense y de las conferencia del Comité Olímpico Internacional se libera a algunos disidentes. Unas semanas vuelven a estar en prisión muchos otros disidentes. 
Se juega una partida con el resto del mundo. Una partida que no cuadra con una asociación global, tal como propone la Comisión. 
No cuadra. 
Yo incluso lo encuentro inaceptable. 
Es cierto que todos los Estados miembros piden la vez para realizar negocios con China. 
Pero estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Dupuis. Estas inversiones sólo pueden tener éxito si China se convierte en una comunidad abierta y democrática. 
Para ello, nuestra asociación puede ser muy beneficiosa. 
El ponente ha propuesto entablar un diálogo constructivo, pero que debe llevar a una serie de pasos adecuados en el terreno económico y político. 
De lo contrario, preveo que en este Parlamento se desarrollará un interminable debate acerca de entablar un diálogo constructivo que no conduce a nada, a semejanza de lo que ya ha ocurrido con el diálogo crítico con Irán. 
El diálogo constructivo debe producir avances. 
La propuesta del ponente de incluir una cláusula sobre los derechos humanos en el acuerdo de cooperación y comercio con China, que ha de renovarse, es un paso en la dirección correcta. 
Mi enhorabuena al ponente. 
Señor Presidente, en los últimos meses han tenido lugar en China graves contratiempos que afectan a los afanes de democratización. 
Por este motivo, como presidente de la delegación China he presentado, junto a otros miembros de la dirección y muchos otros colegas, una enmienda especial en la cual no sólo manifestamos nuestra inquietud sino que también pedimos a las autoridades chinas que nos informen concretamente- con nombres y apellidos- acerca de la gran cantidad de personas que han sido arrestadas en el último tiempo. 
Es muy importante que ejerzamos presión sobre el régimen chino para que no crea que solamente vemos señales esperanzadoras; no podemos hacer esto. 
¿Por qué se comportan los chinos de este modo? 
Hay motivos que son extraordinariamente graves. 
Quiero citar una sola frase de un informe de la conferencia anual que organiza la European Union China Academic Network, que tuvo lugar en Madrid la semana pasada. 
En este informe escribe el profesor francés Jean-Louis Rocker lo siguiente: In recent years numerous demonstrations, petitions, sit-ins and violent actions have taken place in most big cities in order to protest against the degradation of living conditions. 
En China existe una inquietud social que las autoridades combaten con la represión. 
Existen fundados motivos para que la Unión Europea medite sobre su política respecto a China. 
Señor Presidente, debemos felicitar y dar la enhorabuena al ponente Bernard-Reymond. 
Ha redactado un informe excelente. 
Ha habido muchas discusiones y enmiendas y creo poder afirmar que el resultado de todo ello es un informe sumamente equilibrado. 
De cara a China, y aquí debemos ser sinceros con nosotros mismos, nuestra condición de diputados nos pone en una situación francamente complicada. 
Si cito las palabras de Gorbachov «La vida castigará a quien llegue tarde» , no será fácil que China las acate y menos sabiendo quién las ha pronunciado, sobre todo si se tiene en cuenta que la Unión Soviética se ha desmoronado de una forma nada positiva, y sería una verdadera catástrofe para China y para todo el mundo que esta situación se repitiera en este país. 
Por esta razón, estimo fundamental que mantengamos un diálogo permanente con los chinos, con los representantes de China, convenciéndolos de que para ellos, para China, es sumamente importante que se lleven a cabo las reformas necesarias y que no es algo que se les impone desde fuera, sino que es la consecuencia lógica del movimiento democrático nacido en China. 
A este respecto hemos de centrarnos en tres ámbitos clave: el de la política, el de la economía y el del respeto de los derechos humanos. 
No seamos ingenuos y pensemos que podemos eliminar uno de estos puntos. 
No seamos tan ingenuos que creamos que la lucha por la defensa de los derechos humanos puede llevarse a cabo sin que al mismo tiempo siga en pie el diálogo político y se continúe apoyando y fomentando la evolución económica de China. 
Desde el punto de vista político, China es un socio importante y precisamente los que reiteran una y otra vez que necesitamos las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para imponer medidas y tomar decisiones en el ámbito de la política de seguridad a escala mundial deberían ser los primeros en percatarse de la necesidad de este diálogo político con China, independientemente de su actual situación política. 
Ahora me referiré a la cuestión económica. Evidentemente, soy consciente de que muchas empresas tienen intereses puramente empresariales o comerciales en China. 
Pero por otra parte perseguimos todos un mismo objetivo: hacer avanzar la evolución económica de este país. 
No tenemos ningún interés en que China se hunda; al contrario, deseamos que China se desarrolle económicamente. 
Pero al mismo tiempo, nuestra política y la de la Unión Europea debe seguir siendo inflexible en materia de derechos humanos- aunque nunca como contraposición o sucedáneo del aspecto anterior- y debemos intentar convencer a China para que realice serios esfuerzos en el ámbito de la democracia política en beneficio suyo y en beneficio del respeto de los derechos humanos. 
Por más errores que haya podido cometer Gorbachov, ha pronunciado una frase clave que también puede llegar a ser aplicable a China, aunque los resultados y las consecuencias serían mucho más catastróficos para todo el mundo: ¡La vida castigará a quien llegue tarde! 
China será el primer castigado si tarda más de la cuenta en tomar medidas paralelas en el ámbito económico, político y de los derechos humanos. En este sentido, la contribución del informe me parece fundamental. 
Pretende implicar a China en el diálogo en lugar de imponerle un estilo de vida desde fuera, desde una perspectiva poco menos que imperialista. Propone que invitemos a China a construir junto con nosotros un mundo mejor, más justo y económicamente más rentable. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bernard-Reymond constituye una valiosa contribución al debate en curso sobre la naturaleza de la relación entre China y la Unión Europea. 
Es importante que entablemos una relación positiva y constructiva con China. 
Sin embargo, debe ser una relación transparente y sincera. 
La Unión Europea ha apoyado coherentemente los principios de la democracia y la protección de los derechos humanos. 
Si bien queremos adoptar una actitud positiva respecto de los numerosos cambios que se están produciendo en China, no podemos- ni, de hecho, debemos- hacer la vista gorda ante las continuas violaciones de los derechos humanos, en particular el escandaloso trato dispensado a los disidentes políticos y a los miembros de confesiones religiosas. 
Si no alzáramos nuestra voz simplemente porque muchos de los principales Estados miembros de la Unión Europea tienen provechosas relaciones comerciales con China, sería una abdicación de nuestro deber y socavaría la autoridad moral de la Unión para hablar sobre otras situaciones del mundo en que se violan abiertamente los derechos humanos. 
Además, sería una traición a los principios de los padres fundadores de la Unión. 
Por lo que se refiere a Hong Kong, acojo con beneplácito que se haya hecho el traspaso sin que se cumplieran muchos de nuestros peores temores. 
Sin embargo, debemos seguir adoptando una actitud vigilante respecto de Hong Kong y acojo con beneplácito la publicación del reciente informe de la Comisión a ese respecto, a la que espero que correspondamos. 
Ha habido varios casos en que se han puesto en tela de juicio la independencia del Estado de derecho y la observancia de los derechos humanos. 
Hay que abordar las causas de esos temores y también el deseo de que se establezca un calendario acelerado para la introducción del sufragio universal. 
Con estas pocas observaciones, elogio las gestiones del ponente y acojo con el mayor beneplácito el informe que ha presentado. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Bernard-Reymond indica que no hay una opción substitutiva razonable de un planteamiento equilibrado y completo. 
Así lo ve una gran mayoría de este Parlamento. 
También acojo con beneplácito que no tengamos una serie de urgencias inacabables sobre asuntos secundarios, sino un planteamiento completo. 
Este Parlamento debe adoptar un planteamiento maduro y eso es lo que el Sr. Bernard-Reymond ha hecho. 
Como ha indicado el Sr. Gahrton, la Delegación para China presentó la enmienda nº 11, según la cual es muy importante que se aborden algunos acontecimientos negativos del presente. 
Me gustaría oír al Sr. Brittan explicar cómo ve ese vuelco en materia de democracia y derechos humanos. 
Es una novedad importante y negativa. 
Como han dicho otros oradores, también hay novedades positivas. 
En el momento presente debemos ver que, desde el punto de vista económico, China está en medio de un huracán. 
Si ese huracán hace presa en ella, también nosotros notaremos los efectos. 
Ha habido valentía económica y política por parte de los chinos, de la que vale la pena tomar nota. 
Respecto de Hong Kong, como han dicho otros, las cosas están mejor de lo que esperábamos. 
Ésa es la razón por la que quisiera insistir en que, entre el extremismo del Sr. Ephremidis y- mis excusas, señor Dupuis- la falta de posición propia de ARE, que ha presentado 26 enmiendas, pero carece de políticas substitutivas, la orientación del Sr. Bernard-Reymond es la idónea. 
Queremos presionar a China sobre los derechos humanos, no sólo por autosatisfacción moral, sino también porque redundará al máximo en beneficio de la propia China. 
Sólo si tiene en cuenta la pluriformidad, los derechos humanos y la oposición política, podrá esa sociedad desarrollarse. 
Ésa es la vía por la que debe avanzar, como ha indicado el ejemplo de Rusia. 
El tamaño de China es tal, que no hay demasiados modelos que se puedan aplicar a ese país. 
Por esa razón, esperamos que el planteamiento del Sr. Bernard-Reymond sea compartido por una gran mayoría de este Parlamento. 
Señora Presidenta, Señorías, me parece que con respecto a China se está demostrando una vez más que Europa es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. 
Es fácil enfadarse con Sierra Leona o Guinea-Bissau; mucho más difícil es decir la verdad sobre lo que, hoy por hoy, está ocurriendo en China: feroz represión de cualquier tipo de oposición, privación de cualquier libertad de expresión y de pensamiento, condenas tras juicios-farsa de los únicos representantes de una posible oposición al régimen comunista que tortura y mata a sus opositores; mientras tanto, nosotros seguimos manteniendo esta actitud acomodaticia. 
Lo constatamos también en este informe, ya que, pese a la buena voluntad del Sr. Bernard-Reymond, me parece que también esta vez Europa demuestra su total sometimiento a lógicas puramente comerciales. 
Lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas no puede silenciarse. 
Creo firmemente que, si Europa tiene un valor y un sentido, debe alzar su voz en defensa del respeto de los derechos humanos, sobre todo frente a los países más fuertes que, evidentemente, desempeñan un papel de liderazgo como es el caso de China en el actual panorama asiático y no solo asiático. 
A la vista de todo esto, me pregunto si es posible pensar todavía en proporcionar ayudas y subvenciones, en mantener relaciones con quien tortura y mata a los opositores políticos. 
A la vista de todo esto, les pregunto si no se tendría que cambiar radicalmente la actitud del Parlamento Europeo y de la Comisión con respecto a un régimen sanguinario y opresor. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero subscribir también la estrategia en cinco puntos propuesta por la Comisión y que, por lo demás, merece ya el apoyo del Consejo, encaminada a apoyar la inserción cada vez más fuerte de China en el orden internacional. 
En ese sentido considero que, teniendo en cuenta sus intereses propios y la necesidad de formular una política con autonomía respecto de los Estados Unidos de América, la Unión Europea debería apoyar, de hecho, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, con respeto de las obligaciones a ello inherentes. 
Compruebo con agrado que ha habido algunos avances en el capítulo de los derechos humanos, pero considero que la Realpolitik de los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea o, mejor dicho, de algunos Estados miembros de la Unión Europea, no debería hacernos suponer que China ya es un Estado de derecho, ¡porque no lo es! 
Y deberíamos, sí, apoyar las evoluciones encaminadas en ese sentido. 
Pero creo que deberíamos hacer serias advertencias a nuestros interlocutores chinos respecto del agravamiento reciente de algunos problemas en materia de derechos humanos, de persecuciones a opositores políticos y a minorías étnicas y nacionales y, en particular, por lo que se refiere a la situación de los trabajadores obligados al lay-off, sin derechos sindicales, sin libertad sindical, sin respeto del derecho de huelga. 
Sentado esto, quisiera, señor Presidente y Señorías, abordar concretamente el caso de Macao. 
Me parece que nuestro ponente lo ha tratado bien, porque ha comprendido la situación concreta del territorio, derivada de su historia y de sus características propias. 
Macao puede ser una puerta abierta de China para Occidente y para la Unión Europea y un puente entre Europa, en su diversidad, y China. 
A este respecto, creo, señor Presidente, que la Unión Europea debería seguir con mucha atención, con una exigencia idéntica a la que adoptó para con Hong-Kong, el proceso de transición de Macao- que se producirá al final de este año- a la soberanía china, a fin de apoyar la aplicación del principio «un país, dos sistemas». 
Hay muchos problemas aún por resolver en el capítulo de los derechos y libertades fundamentales, de la nacionalidad, de la garantía de que China respete la prohibición ya existente de la pena de muerte, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la reglamentación de las dos lenguas oficiales del territorio- el chino y el portugués -, la necesidad de establecer cuanto antes un sistema judicial independiente, es decir, con un tribunal local de última instancia. 
Creo que la Unión Europea podría apoyar el desarrollo de la sociedad civil en aquel territorio. 
Pido a la Comisión que, a semejanza de lo que hizo con Hong Kong, haga una comunicación sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y Macao y, al mismo tiempo, elabore informes periódicos sobre esa situación. 
Para que las cosas funcionen, señora Presidenta, es necesario que exista, para Macao, una delegación de la Comisión. 
Y yo hago constar que la actual delegación para Hong Kong no ha sabido asumir el cometido de representar a la Unión Europea también en Macao. 
Y pido explicaciones al Comisario por esta actitud inaceptable del delegado de la Unión Europea para Hong Kong, que parece desconocer que también tiene a su cargo la representación en Macao. 
Señora Presidenta, por toda clase de razones es digno de beneplácito el desarrollo de una asociación global con China, en pro de nuestro interés, del interés de ese país y sin duda también en pro de la paz y la prosperidad mundiales, como se subraya debidamente en la comunicación de la Comisión y en el informe del Sr. Bernard-Raymond, merecedores por ello de nuestras felicitaciones. 
En este marco, es comprensible que se dé un relieve muy especial al párrafo A-5 de la comunicación y al párrafo 41 de la propuesta de resolución por abordar y que expresa el deseo de una transferencia correcta de la soberanía de Macao a China. 
Así deberá ser en beneficio de su población y de China, que mucho podría ganar con la existencia, allí, de una sociedad próspera y democrática y de una puerta más de vinculación con el resto del mundo. 
Pero también reviste interés prioritario para la Unión Europea el papel que podría caber a Macao, totalmente independiente del de Hong Kong, como se acaba de decir. 
La opción substitutiva de una vinculación con nosotros no será, por lo demás, en modo alguno una vinculación por mediación de Hong Kong, que los macaenses tienen derecho a no querer, temiendo la posición secundaria que les correspondería así y el riesgo real de verse diluidos, sin voz propia, en el gran territorio chino. 
Macao tiene, por lo demás, una identidad propia y se inserta en una zona muy diferente de China, por lo que se duplican nuestras posibilidades de aproximación. 
Se trata de identidad y de oportunidades que han justificado hasta ahora la participación del territorio en la Organización Mundial del Comercio y han justificado la celebración de un acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Macao, que no había con Hong-Kong, y que se deberá mantener después de la transferencia de la soberanía. 
Así, pues, hay un camino abierto que sería una ingenuidad por parte de la Unión Europea desperdiciar. 
Un paso claro con vistas a mantenernos y profundizar será la implantación inmediata de una representación propia en Macao, con costos bajos que las autoridades del territorio tendrán, por cierto, el gusto de compartir con nosotros. 
Pregunto al Comisario si tiene intención de dar algún paso en ese sentido. 
Señora Presidenta, me complace tener la oportunidad de responder al equilibrado y bien razonado informe del Sr. Bernard-Reymond. 
Me alegro de que en muchos sectores de la Asamblea, en particular el Sr. Swoboda, el Sr. Brinkhorst y el Sr. Porto, haya considerable apoyo para su equilibrado planteamiento. 
La Unión Europea tiene un profundo interés en ayudar al surgimiento de una China estable, próspera y abierta que adopte el pluralismo político, los mercados libres y el Estado de derecho y contribuya a la creación de un orden internacional seguro. 
Para quienes, como la corriente del Sr. Dupuis, creen que no hemos sido lo bastante firmes respecto de la situación en materia de derechos humanos o el Sr. Ephremidis, cuyo planteamiento es bastante diferente, he de decir que no creo que hayan presentado una auténtica opción substitutiva. 
La esencia de nuestro planteamiento es la de que va encaminado a la consecución de objetivos a largo plazo. 
Se debe aplicar en los buenos momentos y en los malos, salvo que haya un cambio fundamental en la situación. 
No cabe duda de que tanto económica como políticamente la situación en China hoy es menos esperanzadora que hace un año. 
No creo que ésa sea una razón para cambiar fundamentalmente el planteamiento que hemos aplicado ni el recomendado por el Sr. Bernard-Reymond en su discurso y en su informe. 
La aprobación del informe es oportuna. 
Con el Primer Ministro Zhu Rongii, China ha lanzado una serie de reformas económicas fundamentales. 
Sin embargo, sobre el fondo de la crisis asiática, es probable que esas reformas se produzcan bajo presión este próximo año, cuando se reduzca el crecimiento económico. 
Los acontecimientos recientes de China han inspirado también graves motivos de preocupación relacionados con el respeto de los derechos humanos. 
En esas circunstancias es importante- esencial, de hecho- para nosotros enviar las señales adecuadas a China. 
Nuestra comunicación fijó varios objetivos fundamentales. 
En primer lugar, queremos lograr que China participe más en la comunidad internacional mediante un diálogo político perfeccionado. 
A lo largo del pasado decenio, China ha dado pasos dignos de beneplácito en materia de control y no proliferación de armamento, preservación del medio ambiente mundial, lucha contra la delincuencia internacional y tráfico de drogas. 
Debemos aprovechar el deseo de China de ser reconocida como protagonista mundial responsable en el escenario mundial y entablar un diálogo sobre cuestiones mundiales de preocupación común. 
La historia del pasado revela que eso puede dar resultados prácticos y no es un simple sueño vano. 
En segundo lugar, debemos integrar más a China en la economía mundial haciéndola entrar más en el sistema de comercio mundial y apoyando el proceso de reforma económico y social que está en marcha. 
China es el mercado para bienes y servicios europeos que crece más rápidamente. 
Está claro que redundará en beneficio nuestro lograr que se integre más en la economía mundial. 
El acceso a ese mercado es demasiado restrictivo. 
No queremos ejercer represalias mediante la creación de un ciclo de proteccionismo contraproducente. 
Al contrario, la apertura del mercado europeo constituirá nuestra mejor contribución para ayudar a China a afrontar la crisis actual en Asia, pero mantenemos la determinación de lograr aún más la apertura de los mercados, incluido el de China. 
A la propuesta de que China ingrese en la OMC, la respuesta es afirmativa, pero en condiciones comercialmente coherentes, accediendo a abrir su economía. 
Es algo apropiado para un país de su tamaño y estado de desarrollo económico. 
No me excuso por referirme a la cuestión del tamaño. 
Resulta que sólo mediante actitudes económicas y políticas sinceras, mediante la franqueza y la apertura, tenemos la posibilidad de lograr cambios en un país del tamaño de China... y no va a desaparecer ni va a cambiar, porque hagamos afirmaciones mas acerbas o aprobemos resoluciones más acerbas. 
La Unión Europea tiene la determinación de apoyar la transición de China a una sociedad abierta basada en el Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos. 
Naturalmente, no estamos satisfechos con la situación actual de China. 
Hemos optado por un planteamiento pragmático y orientado a la consecución de resultados respecto de esta cuestión, en el que contradecimos a las autoridades chinas respecto de cuestiones y acontecimientos que son motivo de preocupación para nosotros, como, por ejemplo, la reciente avalancha de juicios y detenciones de disidentes. 
No guardamos silencio sobre estas cuestiones, pero al mismo tiempo ampliamos nuestros sectores de cooperación. 
Esos dos polos de la política son necesarios. 
El diálogo sobre los derechos humanos ha sido útil, pero hemos dicho con toda claridad a las autoridades chinas que ahora debemos lograr avances concretos y tangibles para mantener la credibilidad de ese diálogo. 
Los acontecimientos recientes en China a los que se ha hecho referencia han puesto de relieve esa necesidad. 
Hemos pedido la liberación de los disidentes encarcelados después de la reciente campaña y esa cuestión seguirá en nuestro orden del día hasta que se libere a esos disidentes. 
Lo más importante de todo es que hemos dicho con claridad a las autoridades chinas que vamos a formular criterios mediante los cuales juzgar los avances en el diálogo. 
Esa innovación garantizará el mantenimiento de la presión y el impulso necesarios en el diálogo. 
Surge la pregunta: ¿qué tipo de criterios? 
Entre los que vamos a examinar, figuran las siguientes exigencias: en primer lugar, necesitamos información más detallada sobre los presos políticos, su número, las acusaciones por las que se los ha sentenciado, sus condiciones de salud, así como la posibilidad de que representantes europeos y de las ONG se entrevisten con algunos presos. 
En segundo lugar, queremos que se adopten medidas concretas para mejorar las condiciones de encarcelamiento y reformar el sistema penal, incluidas condiciones de apelación y acceso a la revisión judicial, en consonancia con las normas internacionales. 
Este último punto es particularmente pertinente respecto de la pena de muerte y la situación de los disidentes condenados por supuestos delitos contrarrevolucionarios. 
En tercer lugar, queremos que haya criterios para los avances hacia la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos el seguimiento de la visita de Mary Robinson y una cooperación más estrecha con la Unión Europea dentro del diálogo sobre los derechos humanos. 
En cuarto lugar, otra categoría de criterios relacionados con las minorías étnicas, en particular las del Tíbet. 
Abarca una gran diversidad de cuestiones, tales como la transparencia de la información demográfica, la libertad para usar la lengua tibetana, así como información clara y transparente sobre los supuestos incidentes en los que han participado grupos de minorías étnicas y disidentes. 
Pese a esas recientes diferencias en materia de derechos humanos, espero que Sus Señorías convendrán conmigo en que la política europea para con China, ejemplificada por la comunicación de la Comisión y el informe del Sr. Bernard-Reymond, ha progresado en gran medida en una dirección positiva en los últimos años. 
Me alienta ver que nuestra comunicación y el informe de Su Señoría coinciden ampliamente. 
Eso es aplicable también a Hong Kong. 
Lamento no poder prometer una pronta apertura de una delegación en Macao. 
Estamos encontrando grandes dificultades para conseguir los recursos y el apoyo que necesitamos para las delegaciones que queremos abrir. 
Desde luego, examinaremos las propuestas concretas que figuran en el informe y las incluiremos lo más plenamente posible en nuestras relaciones con China. 
El del desarrollo de una relación amplia y sólida entre China y la Unión Europea es uno de los grandes imperativos geoestratégicos para el próximo siglo. 
Estoy convencido de que hemos puesto fundamentos sólidos para que la Unión Europea del futuro pueda afrontar tan decisivo imperativo y de que debemos adoptar un planteamiento coherente: firme en lo que hemos de decir, pero equilibrado en nuestra política. 
¡Muchas gracias, señor Comisario Brittan! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Política regional y política de competencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0412/98 del Sr. Azzolini, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la política regional y a la política de la competencia (C (98) 0673- C4-0247/98).-A4-0421/98 de la Sra. Riis-Jørgensen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el XXVII Informe de la Comisión sobre la política de competencia- 1997 (SEC (98) 0636- C4-0379/98). 
Señora Presidenta, como ponente de opinión sobre el XXVII Informe de la Comisión sobre la política de competencia, tendría que empezar por decir que la política comunitaria de competencia se va orientando progresivamente hacia una mayor transparencia así como, desde el punto de vista jurídico, hacia una mayor eficacia y una mejor administración. 
Estas circunstancias, sin duda, son el resultado de una mayor descentralización de la aplicación de ciertas normas de competencia en favor de las autoridades nacionales competentes y de la reducción de notificaciones innecesarias. 
La continuación de esa vía seguramente favorecerá la eficacia y la transparencia. 
Sin embargo, el objetivo de la descentralización se enfrenta a un grave obstáculo, a saber: el hecho de que hay Estados miembros que carecen de una legislación que les faculte para aplicar esa legislación comunitaria o, en otros casos, el hecho de que la jurisprudencia nacional no les permita aplicar directamente ésta. 
Pero a estos conflictos jurisdiccionales se suman otros no menos importantes en materia de ayudas de Estado, donde, según se aplique el Derecho nacional o comunitario, puede verse mermada la protección jurídica. 
Así, las empresas y los particulares pueden gozar, en base a los artículos 85 y 86 del Tratado, de una mayor protección jurisdiccional y, por tanto, de más amplias vías de recursos, según su Derecho nacional, de las que gozarían en base a los artículos 92 y 94 del Tratado. 
Y no se ha establecido qué Derecho, en esos casos, debe aplicarse prioritariamente. 
Esa es una situación no resuelta, que origina conflictos. 
Por último, quiero señalar que el procedimiento seguido para controlar las ayudas estatales con finalidad regional debería estar sometido al imperativo de la cohesión económica y social e integrar, en el método de fijación de recursos, el concepto jurídico de ultraperificidad. 
Señor Presidente, el informe Azzolini sobre la comunicación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la política regional y la política de competencia llega en un momento muy pertinente, sólo meses antes de que los Estados miembros entreguen su lista de sectores de ayuda estatal a la DG IV y en un momento en que los Estados miembros deben adoptar decisiones importantes sobre los mapas futuros correspondiente a los Fondos estructurales para los objetivos 1 y 2. 
Esperemos que sea en la cumbre de Berlín, que se celebrará en marzo. 
En este debate voy a limitar mis observaciones a la cuestión de la coherencia y la vinculación entre la política regional y la política de competencia. 
Sabemos que de lo que se trata ahora es de la concentración tanto en la política comunitaria en materia de competencia como, de hecho, en la asistencia con cargo a los Fondos estructurales. 
Naturalmente, en la comunicación de la Comisión la coherencia es un objetivo declarado. 
Apoyamos esos principios, apoyamos la coherencia. 
Tal vez difiramos sobre cómo aplicar dicha coherencia y cómo velar por que haya cierta flexibilidad sobre las cuestiones planteadas. 
He de decir que resulta algo decepcionante que algunas de las enmiendas a este informe vayan encaminadas a brindar exenciones para zonas acogidas a la letra a) del apartado 3 del artículo 92, encaminadas, en mi opinión, a lograr subrepticiamente el derecho a acogerse al objetivo 1. 
Mi Grupo no va a votar esas enmiendas. 
Se pide al Parlamento que tenga en cuenta la necesidad de esa coherencia y somos partidarios de velar por una mayor coherencia. 
Resulta evidente con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92, zonas de objetivo 1, y ese principio se cumple firmemente al respecto. 
No obstante, es necesario que la Comisión reconozca en sus propuestas, como así hace en la comunicación- y cito -, que «los Estados miembros deben tener un margen de maniobra para perseguir las metas de la política regional específicas de su situación, además de las zonas designadas conjuntamente para los fines de la política comunitaria y regional. 
La Comisión sabe que los Estados miembros despliegan objetivos y metas diferentes para la política de ayuda nacional y regional. 
Debemos respetar esa diversidad y encontrar un equilibrio entre la diversidad y el logro de la coherencia». 
Así, pues, el marco de concentración y coherencia, en relación con las zonas acogidas a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, es algo restrictivo y permítaseme decir por qué es así. 
El calendario según el cual los Estados miembros presentarán sus mapas a la DG IV determina de antemano posibles zonas de objetivo 2 en el futuro mapa de los Fondos estructurales. 
Voy a ofrecer un ejemplo muy bueno de ello a Sus Señorías: en las reformas de 1994 a 1999, el entonces Gobierno conservador presentó un mapa a la DG IV con la esperanza de que esas zonas pasaran a ser automáticamente de objetivo 2. 
Me complace decir que el Comisario laborista, Bruce Millan, lo descubrió y dijo con toda claridad que esas zonas no podían en absoluto acogerse al objetivo 2 europeo como zonas necesitadas en materia de cohesión económica y social. 
Ésa es la razón por la que necesitamos esa flexibilidad y no creemos que deban figurar, de hecho, en el mismo mapa, incluso con la medida de flexibilidad que la Comisión ha propuesto. 
En ciertos sentidos esta comunicación de la Comisión ha sido superada por los acontecimientos y me ha encantado que en el Consejo de Asuntos Generales de este semana haya habido una victoria para el sentido común. 
Creo que los Estados miembros deben abordar la necesidad de una mayor coherencia, pero necesitamos la flexibilidad a fin de velar por que consigamos las zonas idóneas para la ayuda estatal y el objetivo 2. 
En ese sentido, ha llegado el momento del cambio, el momento de la concentración, pero la Comisión no debe complicar ni imponer limitaciones suplementarias que obliguen a la integración de dichas zonas mediante mecanismos prescriptivos. 
Ha sido acertado por parte de la Comisión haber elegido la vía de permitir algún margen de maniobra mediante el cual intentar alentar a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer esos mapas más coherentes. 
Señora Presidenta, como miembro de la Comisión de Política Regional, voy a hablar sobre el informe del Sr. Azzolini, a quien desearía darle mi sincera enhorabuena por la labor que ha realizado, que ha sido excepcionalmente ardua, ya que había intereses encontrados y porque- creo que no hace falta explicarlo- el tema «ayudas nacionales» habla por sí solo. 
También quiero felicitar a la Comisión por su postura valiente- en líneas generales- sobre esta cuestión. 
Las ayudas de los países miembros a sus distintas regiones pueden realmente adulterar la competencia y, por consiguiente, obstaculizar el buen y eficaz funcionamiento del mercado interior. 
Por eso el principio básico deberá ser que, cuando se permitan ayudas nacionales, más allá de las regiones que cubren las acciones de los Fondos estructurales, deberán constituir excepciones y permitirse exclusivamente en ocasiones excepcionales, siempre y cuando ello esté justificado por la necesidad de lograr una cohesión económica y social. 
En este sentido, realmente hace falta una mayor conexión y correspondencia entre la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con la intención de la Comisión de reducir las regiones elegibles, en cuanto a las ayudas comunitarias, del actual 51 % al 35 %-40 % de la población, reducción que se corresponde plenamente con la correspondiente reducción de la población elegible que tendrá derecho a las ayudas estructurales en el futuro. 
También estoy de acuerdo con que los criterios de las ayudas de Estado deberán corresponderse con los de las ayudas comunitarias. 
Pero debo expresar mi inquietud y mi oposición a restringir el volúmen de las ayudas nacionales admisibles en las regiones del Objetivo 1 a sólo el 50 % de la cofinanciación para las regiones situadas por debajo del 60 % del PIB de la media comunitaria, y al 40 % en las que superan el 60 %. 
Tampoco debemos olvidar que, aún cuando globalmente el 66 % de las ayudas nacionales va a las regiones menos desarrolladas, los considerables recursos presupuestarios de que disponen algunos de los Estados miembros más ricos, les permiten subvencionar a regiones que, aunque estén menos desarrolladas a nivel nacional, no se encuentran, sin embargo, entre las regiones más desfavorecidas de la UE. 
Esto, por supuesto, es contrario tanto a los principios de la competencia, como a la necesidad de lograr una cohesión económica y social. 
Porque significa que las regiones ya ricas serán aún más ricas, aumentando así la diferencia con las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, yo querría, en primer lugar, hacer llegar mi felicitación al Sr. Azzolini por su informe, porque creo que se trata de un tema complejo y complicado. 
Estamos hablando de política de competencia y, en este sentido, la prohibición de las ayudas de Estado debe ser la garantía del funcionamiento del libre mercado. 
En este sentido, hay que regular las ayudas de Estado y también las ayudas regionales en Estados donde existen regiones que tienen competencia para dar estas ayudas. 
La delimitación de las zonas donde son posibles estas ayudas de Estado- lo que nos queda determinado en el artículo 92.3, a) y c) del Tratado- debe ser compatible con las ayudas de Estado en las regiones Objetivo 1 y Objetivo 2. 
Me referiré ahora concretamente a estas últimas- las zonas Objetivo 2 -, que son las llamadas «áreas en reconversión». 
Precisamente, estas ayudas de Estado deben incidir en estas zonas en reconversión: zonas en reconversión rural, zonas con baja densidad de población, con pérdida de población y envejecimiento de la población. 
Allí deben ser posibles estas ayudas de Estado. 
Otro tipo de zonas en reconversión son aquellas que sufren algún tipo de crisis industrial, con necesidad de reconversión industrial y que muestran unos índices de paro elevados y en aumento. 
Estas ayudas de Estado son importantes con el fin de completar y de garantizar una mejor cohesión económica y social y una cohesión territorial en los lugares donde se apliquen. 
Y yo no querría terminar mi intervención sin dar mi apoyo a lo que ha expresado la diputada Sra. Riis-Jørgensen sobre la necesaria transparencia de estas ayudas. 
Creo que estas ayudas deben existir, pero debe existir una gran transparencia en el lugar donde se otorgan y saber que son ayudas que, en ningún caso, van a perjudicar la libre competencia y la unidad de mercado que ha de existir en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la cuestión esencial planteada por el documento de la Comisión esta relacionada con la de si los apoyos públicos, estatales o regionales deberían estar limitados territorialmente, con lo que se aceptaría, como propone la Comisión, la superposición cada vez mayor y casi ineludible entre mapas de regiones de Objetivo 1 y 2 y el mapa de las regiones potencialmente admisibles para poder ser apoyadas públicamente. 
Esta perspectiva no nos parece correcta, ya que, a nuestro entender, los apoyos públicos deberán ser admisibles siempre que esté en juego la sostenibilidad social de determinados sectores, en particular por razones de empleo, y, con mayor razón, siempre que se planteen problemas de cohesión económica y social, independientemente de la localización territorial en que ocurran. 
Es cierto que serán admisibles y necesarias formas de control y acompañamiento para evitar abusos y fenómenos de competencia desleal, lo que no se puede confundir ni plasmarse como impedimento global y generalizado de la existencia de apoyos públicos, siempre que se inscriban en los presupuestos antes mencionados. 
El informe del Sr. Azzolini- aprovecho para felicitarlo- no aborda, en nuestra opinión, de forma clara y profunda esta cuestión. 
Pero afronta de forma suficiente la necesidad de flexibilizar decisiones en función de las realidades regionales concretas. 
Hay enmiendas que, de ser aprobadas- y merecen nuestro apoyo -, profundizan y aumentan los niveles y el ámbito de esa flexibilidad. 
Ahora bien, conviene destacar en el informe Azzolini el hincapié que hace a favor de las regiones más atrasadas, por razones evidentes de cohesión económica y social, la inclusión en el Marco de las posibilidades de apoyos públicos de las zonas que vayan a entrar en phasing out en el próximo Marco Comunitario de Apoyo y el rechazo de la propuesta de la Comisión de disminuir en gran medida los apoyos públicos que se deben conceder a las regiones y a los sectores que los necesiten y reúnan las condiciones para acogerse a ellos. 
Por último, conviene señalar como positiva la referencia a la necesidad de seguir y controlar los apoyos públicos concedidos a empresas transnacionales a fin de impedir su traslado e impedir que recurran a las ventajas de las ayudas públicas sin que lleven a cabo actividades económicas regionales a largo plazo. 
Señora Presidenta, Señorías, la política regional y la política de competencia persiguen objetivos de finalidad distinta. 
La política de competencia se basa en el principio de prohibición de las ayudas públicas a las empresas, unido a las excepciones contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92, las cuales se aplican de forma limitativa en el contexto de la libre competencia dentro del mercado único. 
La política regional, por su parte, se basa en el principio de ayuda solidaria al desarrollo regional por medio de la redistribución del presupuesto comunitario y se traduce en un apoyo financiero a los proyectos de todos los agentes socioeconómicos de una región, entre los cuales figuran, aunque de forma minoritaria, las empresas. 
Si bien es deseable aumentar la coherencia, no por ello debe prohibirse distinguir entre ambas subdivisiones zonales cuando el diagnóstico de algunos territorios indica que les sería beneficioso. 
Los Estados deben conservar la libertad de definir su propia política de desarrollo de las empresas, porque una superposición perfecta con la política regional suprimiría el carácter específico de la subdivisión zonal para las ayudas de finalidad regional, con su componente de ordenación del territorio. 
La elección del nivel de coherencia debe dejarse al arbitrio de los Estados que, de todos modos, siguen teniendo la responsabilidad de presentar a la Comisión las propuestas de mapas que van a negociarse. 
Conviene asimismo hacer notar a la Comisión que sus propuestas encaminadas a restringir drásticamente la intensidad y duración de las ayudas autorizadas en virtud del apartado 3 del artículo 92 podrían perjudicar a muchas regiones todavía frágiles, sobre todo, según se acaba de decir, a las que tendrán que pasar por un periodo de phasing out. 
Por último, deseo pedir solemnemente a la Comisión que tenga a bien reconsiderar la posibilidad de incluir, en la lista de las regiones beneficiarias de ayudas en virtud del apartado 3 del artículo 92, aquellas cuya desventaja permanente ha sido reconocida por el Tratado de Amsterdam: las regiones insulares, incluidas las que no son subvencionables con arreglo al Objetivo 1. 
Señora Presidenta, estimados colegas, señora Comisaria, señor Comisario, los Gobiernos de los Estados miembros, al igual que ustedes, estimados colegas, han subrayado reiteradamente en el marco de la Agenda 2000 que la nueva política estructural de la Unión debe guiarse fundamentalmente por los principios de concentración, eficacia y acuerdo administrativo. 
Quisiera añadir que la transparencia desempeña asimismo un papel clave. 
De acuerdo con ello, la Comisión ha elaborado una propuesta que transpone estas ideas básicas y define los recursos de los Fondos estructurales sobre la base de los cuales deberán establecerse de forma congruente las ayudas nacionales. 
Es una solución consecuente y sensata. 
Espero que la actitud de los Estados miembros al respecto sea igual de consecuente. 
Es la única manera de restringir la competencia desleal y el abuso de las subvenciones. 
A este respecto debemos darnos cuenta de que los Estados miembros se servirán de la existencia de diferentes plazos de autorización para sustraerse hábilmente a sus obligaciones. 
Por esta razón insto a la Comisión a que nos explique cómo piensa organizar la gestión del tiempo para evitar que esto suceda. 
Por último quisiera señalar que la propuesta de la Comisión deja de lado un problema. En concreto me refiero a la cuestión del subsidy shopping. 
Al igual que antes, las empresas nacionales pueden gastar subvenciones de manera descontrolada y perjudicar a las regiones. 
Algo falla en la propuesta. 
¿Cómo tienen previsto solucionarlo? 
Señora Presidenta, tanto las propuestas de la Agenda 2000 como el informe que tenemos delante pretenden reforzar la complementariedad de la política de competencia y la política regional. 
Como argumentos se aducen el abismo cada vez mayor entre ambas políticas así como las superposiciones de los diferentes mapas que recogen las zonas subvencionadas. 
En todo eso, los partidarios de este procedimiento se olvidan de que la tan deseada coincidencia entre las zonas nacionales y europeas que pueden ser objeto de ayudas contribuye a restringir aún más la posibilidad que tienen los Estados miembros y las regiones de apoyar sus propios ámbitos problemáticos con sus propios medios. 
Así, esta política de discriminación positiva en favor de las regiones más desfavorecidas se ve aún más reforzada. 
Los mismos objetivos de la Agenda 2000, es decir, la búsqueda de una mayor concentración y mayor coherencia, ya suponen de por sí un serio recorte para las regiones relativamente prósperas. 
Privarles además de facto del instrumento de las ayudas nacionales no es sólo absurdo sino que atenta contra el principio de subsidiariedad. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a los ponentes, al Sr. Comisario y a sus servicios por sus informes. 
La política de competencia a veces se percibe por los ciudadanos como un asunto básicamente económico, como el marco que establece las reglas de juego entre las empresas en una economía de mercado. 
Y así es. 
Pero, a veces, a los ciudadanos se les escapan las implicaciones que estas normas tienen para su vida cotidiana en cuanto consumidores y trabajadores, pero también, y sobre todo, en cuanto ciudadanos, puesto que el control, por ejemplo, de las concentraciones y de las posiciones dominantes será cada vez más decisivo en vista del proceso de globalización o mundialización y del desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo en los sectores de la energía, de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información y de la industria audiovisual, donde no sólo hay un fenómeno de concentración, sino que, cada vez más, estas empresas se interrelacionan entre sí y con grupos financieros que controlan los núcleos de decisión. 
Por eso, resultan especialmente escandalosas, y preocupantes para los demócratas, declaraciones en un foro público como las del Director General de la Energía de la Comisión- a quien quiero contestar -, que expresan una filosofía rechazable de secretismo y de confidencialidad, en el mal sentido de la palabra, dentro de los despachos de la Comisión Europea sobre asuntos que afectan- como digo- muy directamente a los consumidores y a los ciudadanos, y que, por tanto, deben- por qué no- también ser debatidos en la plaza pública y con el mayor exhibicionismo público posible, usando las palabras que, despectivamente, utilizó el Sr. Benavides al referirse al debate parlamentario que tiene lugar en mi país. 
Despachos, por cierto, donde a veces esos importantes poderes económicos y estratégicos, que a veces llamamos eufemísticamente «lobbies» , se pueden acercar con mucha mayor facilidad que un simple consumidor o ciudadano. 
Me duele decirlo porque es un funcionario español, pero, al parecer, en el caso del Director General de la Energía, podemos decir que ha roto clamorosamente el principio de neutralidad y objetividad al tratar el caso de los llamados «costes de transición» a la competencia en el mercado eléctrico español, y a quien el Sr. Comisario de la Energía, como autoridad política, debería retirarle inmediatamente la responsabilidad de tratar sobre este dossier porque ya es la segunda vez que se muestra instrumentalizado por presiones externas y porque, en este tema, hay fuertes dudas en mi país sobre su objetividad y ecuanimidad. 
Yo no pretendo que me conteste el Comisario responsable de la política de competencia, que también estudiará este tema, porque estoy segura de que analizará con rigor y objetividad la legalidad de estas ayudas, y estará pensando en los consumidores y en las pequeñas empresas, quienes se supone que son los destinatarios últimos de los beneficios de la libertad de mercado y de la liberalización y que, en este caso, se han expresado unánimemente en contra de estas ayudas- ilegales, a mi juicio- que, como nuevos siervos de la gleba, se verán obligados a pagar a través del recibo de la luz. 
Tendrán no sólo que pagar lo que supuestamente las empresas liberalizadas dejarán de ganar en los próximos 10 o 15 años en un marco de libre competencia, sino que lo harán bajo el argumento jurídico de un supuesto derecho adquirido que debe implicar una indemnización o una compensación para las empresas eléctricas. 
Esto, a mi juicio, sería aceptar un grave precedente jurídico en los sectores liberalizados que, de hecho, ya ha empezado a esgrimir la empresa Telefónica que, hasta hace poco, detentaba el monopolio del servicio telefónico en España. 
Señora Presidenta, yo creo que los consumidores y los ciudadanos son el último argumento en materia de liberalización. 
Si la Unión Europea no garantiza que no sean ellos los «paganos» de los procesos de liberalización, nos alejaremos, como instituciones europeas, cada vez más de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, mi comentario se ciñe a dos aspectos. 
Primero quisiera manifestar mi más firme apoyo a lo que se expresa con toda claridad en los puntos 17 a 20 del excelente informe de nuestro colega Azzolini. ¡El turismo es algo bueno! 
En muchos lugares de Europa, el turismo tiene una importancia vital. 
El turismo subvencionado, sin embargo, es malo, es inaceptable, dado que no contribuye a una mejora estructural duradera, sino que lo único que hace es despilfarrar y destruir de forma masiva dinero europeo. 
Cuando una empresa altamente subvencionada se traslada, suele dejar más problemas que beneficios. 
¡Por tanto, debemos poner fin a este sin sentido lo antes posible! 
La Comisión haría mejor en poner su sabiduría colectiva al servicio de las buenas soluciones. 
También necesitamos buenas soluciones- y con esto llego al segundo aspecto que quiero destacar- para la Agenda 2000 en su conjunto y para la reforma estructural en particular. 
Necesitamos estas soluciones ya mismo. 
Según el calendario marcado por la Presidencia alemana nos quedan algo menos de dos meses y todos debemos aprovechar este tiempo. 
En los últimos meses, la Comisión y el Parlamento Europeo han aunado sus fuerzas y han hecho un buen trabajo. 
Ahora le corresponde al Consejo demostrar que está dispuesto a buscar un consenso. 
Seguramente no será fácil poner de acuerdo a quince posturas en un tema tan complejo. 
Por otra parte, el Consejo asimismo debe manifestar su voluntad de colaborar no sólo con la Comisión sino también y sobre todo con este Parlamento, que hasta la fecha se ha comprometido con este proceso de una forma extremamente responsable, que se ha molestado en buscar soluciones comunes, sensatas y objetivas y que, por eso mismo, debe empeñarse en participar también en las decisiones finales. 
No podemos esperar otros siete años más hasta que entren en vigor las disposiciones de dictamen conforme del Tratado de Amsterdam. 
Queremos tener voz ahora. 
Señor Presidente, al principio quiero felicitar a los dos ponentes por la presentación y, naturalmente, la preparación de sus informes. 
Naturalmente, convengo en que el Mercado Interior para la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales debe funcionar de forma imparcial. 
Para que un mercado interior dé resultado, todas las regiones de Europa deben poder competir económicamente de forma eficaz en esa zona. 
Actualmente hay algunas regiones de mi país y de Europa que van rezagadas respecto de la media de la Unión Europea en materia de resultados económicos. 
Resulta más que adecuado que las partes pobres, desfavorecidas y periféricas de Europa, a saber, las regiones de objetivo 1, sigan teniendo derecho a conceder ayuda a las industrias que se establezcan en su región hasta un máximo del 40 % o, incluso superior, en caso necesario. 
La Comisión ya ha publicado nuevas directrices revisadas relativas a la ayuda estatal y que han aprobado los 15 Estados miembros de la Unión. 
Dichas directrices establecen que las regiones de objetivo 1 tendrán derecho a conceder ayuda a las empresas que hagan inversiones endógenas e internas para establecerse en sus localidades hasta un límite máximo del 40 %. 
Las regiones distintas de las de objetivo 1 de la Unión tendrán derecho a conceder ayuda a la industria hasta un límite del 20 %, mientras que las zonas de la Unión que van mejor que la media comunitaria sólo tendrán derecho a conceder a la industria hasta un 10 %. 
Puede parecer competencia desleal, pero es necesario para lograr que las regiones que van peor alcancen una media de la Unión. 
Convengo con las directrices relativas a la ayuda estatal y, naturalmente, unas políticas de ayuda estatal favorables para las regiones del objetivo 1, incluida mi circunscripción de Connaught-Ulster, contribuirán en gran medida a velar por la creación de puestos de trabajo sostenibles a largo plazo en la región. 
También es importante que esas políticas sean complementadas con una proporción mayor de gasto con cargo al FEDER para garantizar la rectificación en un futuro próximo de cualquier déficit infraestructural existente en nuestra red de transporte. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Azzolini por su excelente informe. 
En cuanto a la propuesta de la Comisión sobre ayudas regionales, creo que es inaceptable y absurda. 
El motivo es que la Comisión propone que solamente los sectores que reciben ayudas comunitarias tendrán derecho a ayudas regionales de carácter nacional. 
Esto implica que la Comisión estima que será posible para los Estados miembros diseñar una política regional propia que favorezca al país y a los ciudadanos. 
Todo deberá centralizarse y dirigirse, en cambio, desde la UE y desde Bruselas. 
La descentralización y la flexibilidad brillan por su ausencia. 
No se trata de que yo esté en contra de que existan ayudas regionales, pero considero inaceptable que éstas entorpezcan las ayudas regionales nacionales. 
En Suecia tenemos una larga tradición de ayudas regionales destinadas a lograr un mejor equilibrio y a reducir las diferencias entre las distintas regiones. 
Esto lo hemos hecho con un espíritu de solidaridad y nos ha costado grandes recursos financieros. 
No obstante, ha merecido la pena y estimo que es provechoso que existan tales ayudas. 
La propuesta de la Comisión imposibilitaría semejante solidaridad económica y social, lo cual sería erróneo. 
Por este motivo, creo que el ponente ha intentado corregir las deficiencias mas notables contenidas en el documento de la Comisión y que el Sr.Macartney ha presentado buenas enmiendas, a las que daré mi voto, y que mejoran muchísimo el informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, espero que todos comprendamos la necesidad de complementariedad y de coordinación entre la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea, a fin de proporcionar las mismas oportunidades de desarrollo a todas las regiones y garantizar la cohesión económica y social, así como la necesidad de que la economía europea se adapte y se corresponda con éxito con el nuevo ambiente competitivo mundial. 
Ciertamente, no puede ser verosímil, ni viable, ni competitiva una Unión con tremendas diferencias de desarrollo económico y social entre sus distintas regiones. 
Por eso, la política de la cohesión económica y social, la convergencia real de las economías, la reducción de las divergencias regionales, la concentración de los recursos en los países más pobres de la Unión, la solidaridad entre los europeos, constituyen los parámetros necesarios de un desarrollo que cuanto más justamente se distribuya, más efectivo y competitivo será. 
Es un hecho que la Política Regional Europea ha traído mejoras considerables del ritmo de desarrollo de regiones que, como Grecia, se caracterizan por desequilibrios macroeconómicos y una baja competitividad. 
Con todo, sigue habiendo discordancias regionales importantes que posiblemente se agudicen, como fenómeno más general, a la vista de la UEM y de la ampliación de la Unión. 
Por tanto, la política de la cohesión económica y social es un proceso largo y laborioso que, en cualquier caso, para que sea efectiva, deberá ser compatible con la política de la competencia. 
Sin embargo, todos sabemos que bastantes Estados miembros siguen estrategias y políticas nacionales de subvenciones estatales que, en su mayor parte, son incompatibles y no están coordinadas con la política europea de cohesión para combatir las discordancias regionales. 
Si, por otro lado, incluimos todas las ayudas horizontales, sectoriales y de finalidad regional, constatamos que las regiones más ricas son aquellas que obtienen los mayores beneficios, y no las regiones que están en desventaja. 
Por eso considero que las propuestas de la Comisión, y especialmente los esfuerzos de la Comisaria competente, de la Sra. Wulf-Mathies, por un nuevo sistema justo y efectivo de ayudas de finalidad regional se encuentran en la dirección correcta y los apoyamos. 
Con todo, tengo una pequeña reserva en cuanto a la reducción de intensidad de las ayudas permisibles en el Objetivo 1, reducción que puede funcionar negativamente hacia el logro de la cohesión económica y social, como muy correcta y acertadamente señala el Sr. Azzolini en su excepcional informe, por el que le doy mi enhorabuena. 
Señor Presidente, el 27º informe de la Comisión sobre la política de competencia ofrece, como es costumbre cada año, una visión general de la postura y de los datos concretos de la política de la Comisión en este terreno. 
Indudablemente, ahora que el euro está en vigor, el funcionamiento flexible del mercado interior sólo puede tener lugar si las relaciones de competencia son leales, no sólo en términos jurídicos sino también en la práctica, y si las empresas disfrutan verdaderamente de igualdad de oportunidades. 
Asimismo, también es muy importante la intervención de la Comisión para garantizar la libre competencia en el mercado interior. 
En esta materia, la Comisión lleva a cabo un buen trabajo, y el hecho de que a los Estados miembros amonestados a veces les resulte difícil aceptarlo no invalida esta certeza. 
Quisiera felicitar a la ponente, Sra. Riis-Jørgensen, por el trabajo realizado. 
Le agradezco su excelente y constructiva cooperación y en realidad sólo puedo decir que lo que su informe expone también hubiéramos querido decirlo en nombre del PPE. 
Por tanto, realmente no tengo nada más que añadir a este respecto. 
Sólo quiero hacer una pregunta a la Comisión, una pregunta muy específica. 
El Tribunal de Justicia, en el transcurso del pasado año, en junio de 1998, en un asunto contra el Consejo Nacional Italiano de agentes de aduanas, sentenció que los profesionales liberales son empresarios, como todos los demás, y están sometidos a los artículos 85 y 86 del Tratado. 
Me hubiera gustado que la Sra. Comisaria nos dijera si esta sentencia tiene consecuencias para todas las profesiones liberales sujetas a reglamentación. 
El PPE piensa que, no obstante, es preciso tener en cuenta el papel especial que algunas profesiones liberales desempeñan para el interés general de la comunidad. 
Nos hubiera gustado conocer la postura de la Comisión a este respecto. 
Puedo comprender que esto quizá coja de sorpresa a la Sra. Comisaria. Puedo entender que no me dé una respuesta directa en este momento, pero quizá pueda hacerlo por escrito. 
Mis excusas, señora comisaría, por no poder esperar a escuchar su respuesta, pero hay un grupo de 100 personas que me está esperando hoy a 50 km de aquí. Lo lamento, pero debo abandonar inmediatamente el hemiciclo. 
Señor Presidente, creo que es muy importante la presencia simultánea de los dos Comisarios para poder hablar al mismo tiempo de política regional y política de competencia, para poder hablar a la vez de ayudas regionales y de ayudas estatales. 
La Comisión debe intensificar sus esfuerzos para lograr la mayor transparencia posible en todo lo relativo a las ayudas públicas. 
En este orden de cosas, creo que es indiferente si se trata de ayudas estatales o de ayudas regionales. 
Se debería ofrecer la posibilidad a todos los ciudadanos y a todas las empresas de saber en cualquier momento a cuánto ascienden y a qué se han destinado las ayudas estatales y las ayudas en materia de política regional concedidas a un proyecto en particular. 
Con el fin de garantizar la transparencia de las actividades, habría que introducir en Internet una página de estas características en la que se recogieran los datos relativos a todas las ayudas públicas. 
También me gustaría señalar la gran importancia que reviste una verdadera vinculación de las empresas al desarrollo regional. 
De esta manera, la empresa que obtenga ayudas deberá permanecer en su región. 
Debería permanecer allí un mínimo de cinco años y velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
No es posible que haga las maletas apenas se haya beneficiado de las ayudas públicas. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que se advierte la necesidad plantear una estrategia para coordinar mejor la política regional y la política de competencia a escala europea. 
La Comisión prevé reducir el porcentaje total de la población de la Unión cubierta por las ayudas estatales con finalidad regional en el periodo 2000-2006. 
Bienvenida sea la concentración geográfica si sirve para mejorar la eficacia de este tipo de ayudas y para crear una discriminación positiva con respecto a las regiones más desventajadas, porque a estas alturas el 85 % de las ayudas nacionales para proyectos industriales en las regiones ha sido concedido por los Estados miembros más ricos y sólo el 8, 3 % por los cuatro menos desarrollados. 
En este periodo de vacas flacas en lo que a empleo se refiere, la sinergia entre las ayudas estatales y las comunitarias puede servir para abrir nuevas pistas y abrigar nuevas esperanzas. En particular podrían concederse ayudas estatales con finalidad regional para incentivar las inversiones productivas prestando especial atención a la creación de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a las inversiones. 
Asimismo, las inversiones en los puestos de trabajo deberán mantenerse en la región afectada durante al menos 5 años, al objeto de que a través de las ayudas estatales no se fomenten las deslocalizaciones de empresas. 
Para terminar, aun tomando nota de las líneas directrices marcadas por la Comisión, estoy perplejo por algunos puntos que, en mi opinión, no fomentan la mejora de la cohesión económica y social, como justamente se ha subrayado en el excelente informe del Sr. Azzolini. 
Me refiero a la reducción de la intensidad máxima de las ayudas con finalidad regional, sobre todo para las regiones del nuevo Objetivo 2, cuya intensidad máxima de ayudas se reducirá del 30 al 20 o incluso al 10 %, por lo que estas regiones recibirán menos ayudas respecto al pasado. 
Además de esto, el problema se plantea también para las regiones ultraperiféricas e insulares que, por su difícil situación geográfica y su especificidad intrínseca, son las regiones más desventajadas de todo el territorio comunitario. 
Al haber sido elegidos por los ciudadanos europeos, tenemos la obligación de erigirnos en portavoces de las necesidades de las poblaciones de las zonas más desventajadas y de velar atentamente por que se respete en todo momento el principio fundamental de la cohesión económica y social en las políticas de la Unión. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para referirme al informe sobre la competencia presentado por mi colega la Sra. Riis-Jørgensen, a quien presento mi felicitación por la calidad de su trabajo. 
Quiero elogiar en particular el párrafo 14, en el que se pide a la Comisión que examine los métodos desleales, y también el párrafo 22, en el que se reconoce la necesidad de aumentar la coherencia entre los planes nacionales de ayuda, los planes comunitarios de ayuda y la política de competencia. 
Quiero apoyar en particular las enmiendas de mis colegas el Sr. Hendrick y la Sra. García Arias relativas a los posibles abusos de posiciones dominantes. 
En toda la Unión Europea estamos viendo una fusión de la propiedad de las antiguas empresas de servicios públicos y de propiedad pública: telecomunicaciones con radiotelevisión, electricidad con telecomunicaciones, enlaces ferroviarios utilizados como redes de telecomunicaciones, empresas de gas que invierten en el suministro de agua y, por encima de todo, bancos que se hacen con participaciones importantes en dichas empresas de servicios públicos. 
Esa evolución no es en sí inconveniente, pero sí que exacerba el riesgo de una concentración excesiva de la propiedad de las empresas de servicios públicos. 
El sentido del proceso de liberalización estriba enteramente en poner a disposición de todos los consumidores- los domésticos y los empresariales- los beneficios de unos suministros de esos servicios públicos eficientes, competitivos y favorables para los consumidores. 
Así, pues, esa situación en España de la que se nos ha informado constituye un importante motivo de preocupación. 
Sería contraria a todo el espíritu y la letra de las normas sobre la competencia de la Unión Europea, si los costos de la transición a la competencia en el suministro de electricidad tuvieran que sufragarlos al principio fondos públicos y después se repercutieran en los recibos de los consumidores. 
Se trata de una distorsión de lo más grave del terreno de juego igual para todos, sobre todo si después se va a utilizar el dinero para lograr una participación en otros mercados de servicios públicos. 
Espero que la Comisión aborde este punto en su respuesta, porque es particularmente importante que se ponga de relieve esa cuestión y que la respuesta de la Comisión conste en acta públicamente. 
La ponente en este informe ha mencionado nombres para avergonzarlos y a partir de la documentación disponible se trata de una situación de la suficiente gravedad como para merecer una respuesta considerada de la Comisión. 
Estoy seguro de que así será. 
Me he excusado ante usted, Comisaria, porque no puedo quedarme. 
Mis colegas van a tomar nota cuidadosamente de su respuesta. 
Sé que queremos hacer un seguimiento de esta cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Azzolini, por su excelente trabajo. 
En los años sesenta fue la Asamblea Europea, hoy Parlamento Europeo, quien se preocupó de los desequilibrios regionales, elaboró el proyecto de la política regional y puso en marcha el procedimiento para su desarrollo; treinta años después, el reparto geográfico de la prosperidad económica, o sea, la consecución de la cohesión económica y social, es una prioridad para el Parlamento y sobre todo para nuestro Grupo político. 
Cierto que ya desde el Tratado de Roma la política de competencia ha pasado a ser parte integrante de la economía europea en cuanto factor esencial de competitividad para cada una de las regiones europeas tanto desventajadas como desarrolladas. 
Antes del Tratado de Maastricht, la política de competencia y la política de cohesión económica y social siguieron caminos paralelos, sin embargo, con las nuevas disposiciones del Tratado, confirmadas por el Tratado de Amsterdam, actualmente en curso de ratificación, se ha convertido en necesario reforzar la complementariedad y el equilibrio entre ellas, habida cuenta de que la cohesión, es decir, el deber de solidaridad entre los Estados miembros, se ha trasformado en una prioridad para la construcción europea. 
Existe un peligro y es que la ayuda de la Unión Europea a determinadas regiones pueda distorsionar el trabajo hecho en el mercado en favor de ciertas zonas. 
En este sentido, el señor ponente ha puesto en evidencia la importancia de tener normas de competencia capaces de asegurar operaciones justas y transparentes en el mercado interior, recordando que las excepciones a la libre competencia, representadas por las ayudas a los Estados miembros, se justifican con la finalidad de preservar la cohesión económica y social. 
Aunque la política estructural de la Unión Europea ha contribuido, por un lado, a reducir la disparidad de desarrollo, en particular en los países de cohesión, por otro, también ha supuesto una multiplicación de los objetivos, de los programas y de las iniciativas comunitarias, así como una dispersión de las subvenciones y unas distribuciones complejas e incoherentes en zonas. 
En consecuencia, considero fundamental que todo esto se vea desde la óptica que ha evidenciado el señor ponente y mi deseo es que este Parlamento continúe en esta dirección. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito el informe Azzolini y convengo con los argumentos esenciales expuestos. 
Aunque la política de la competencia de la Unión Europea y su política regional tienen raíces muy diferentes, ahora existe una necesidad evidente de una mayor coherencia en la coordinación entre, por un lado, las ayudas estatales nacionales, la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea. 
He de decir que tengo una reserva y es la de si los dos tipos de mapas de que estamos hablando deben ser virtual y totalmente colindantes. 
Temo que estemos fijando el objetivo de la uniformidad por la uniformidad. 
Creo, la verdad, que es necesaria de verdad cierta flexibilidad, mediante la cual se reconozca que hay situaciones particulares en las diferentes partes de la Unión. 
La flexibilidad es necesaria esencialmente porque estamos hablando de dos tipos diferentes de ayuda. 
Por una parte, hay ayuda para el desarrollo de la infraestructura y los recursos humanos de las regiones menos prósperas. 
Eso se hace mediante los Fondos estructurales de la Unión Europea. 
Por otra parte, existe la ayuda para las industrias y empresas particulares mediante las ayudas estatales nacionales, como la asistencia regional selectiva en el Reino Unido. 
Ésa es una ayuda estatal nacional. 
En muchos casos, las dos irán, naturalmente, unidas. 
Pero en algunos casos hemos de reconocer que a veces, para ayudar a ciertas zonas, tenemos que apoyar industrias de zonas adyacentes a las de Objetivo 1 y 2. 
¿Por qué tenemos que hacerlo? 
Una razón sencilla es la de que las personas cada vez recorren distancias mayores para acudir al trabajo. 
Para ayudar a las personas de una zona a veces hay que permitir la ayuda estatal a industrias de otra. 
Naturalmente, las empresas que se constituyen en una zona determinada con frecuencia ayudan a la región inmediatamente contigua. 
Hay un efecto dominó en el desarrollo económico. 
Así, pues, existen razones muy válidas para la flexibilidad y con esta única reserva apoyo el informe del Sr. Azzolini en su totalidad. 
Señor Presidente, convengo con el Sr. Azzolini cuando dice que las regiones que están saliendo del Objetivo 1 no deben recibir un trato tan estricto como el que propone la Comisión. 
Las regiones que acaban de superar un estado de bajo desarrollo económico suelen padecer graves deficiencias en su infraestructura. 
En el caso de Irlanda, país del que procedo, se calcula que harían falta 10.000 millones de euros para que nuestra red de carreteras estuviera a la altura de la media de la UE, aunque hayamos disfrutado de seis años de Fondos estructurales muy generosos. 
Debemos comprender que en todas las regiones de la UE que están superando ahora mismo su atraso económico, sigue existiendo una pesada carga heredada del pasado. 
Mientras no se alcance una auténtica igualdad económica, la Comisión debe ser extraordinariamente cuidadosa para no imponer una armonización rigurosa que podría provocar una inversión de los beneficios ya conseguidos. 
La Comisión debe ser consciente también de que los países que tienen regímenes fiscales opresivos, que están retrasando el crecimiento económico y creando desempleo, son a veces los causantes de su propia desgracia y sus políticas nacionales son las que obligan a algunas industrias a establecerse en otros países. 
La Comisión no debe imponer semejantes regímenes fiscales como norma para la UE en conjunto. 
Antes bien, debemos promover como normales para todos los Estados miembros los regímenes fiscales que han demostrado dar resultados positivos. 
La base para el modelo de convergencia europea debe ser los regímenes fiscales que han dado resultados positivos y no los que están creando dificultades. 
Es importante explicar a los ciudadanos de la UE que, sólo si están dispuestos a que exista un órgano que imponga la disciplina y la equidad, podrán disfrutar del libre comercio y de los beneficios que reporta. 
Siempre habrá quienes ataquen las medidas adoptadas por la Comisión Europea como injerencia burocrática, pero debemos estar dispuestos a explicar a nuestros ciudadanos que, sólo si se imponen la equidad y la igualdad, podrán gozar de beneficios para los consumidores en un mercado único. 
También es justo decir que los niveles de trato preferente, ya sea en forma de exenciones fiscales o de concesión de ayuda, que no son aceptables dentro de un Estado miembro son también inaceptables dentro de la Unión Europea, ya revistan la forma de subvenciones procedentes de la UE o de los gobiernos nacionales. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la profundización en el mercado interior, la creación de la Unión Económica y Monetaria y la globalización de los mercados también modifican las condiciones que determinan la organización de la competencia así como las reglas de juego de la política de competencia, no sólo a escala internacional, sino incluso a escala europea. 
He podido comprobar que el informe de la Comisión sobre la competencia aborda muchos de estos nuevos problemas y que asimismo llama la atención sobre el hecho de que en la era de la globalización el número de fusiones, agrupaciones y «matrimonios entre elefantes» irá en aumento. 
Me pregunto, sin embargo, si acertamos cada vez que distinguimos entre alianza estratégica y posibilidad de monopolización y, por tanto, de competencia distorsionada. 
Cuando examino el derecho comunitario en materia de competencia, por ejemplo en lo que a la política de carteles y de ayudas se refiere, me doy cuenta de que a este respecto se propone una revisión continua y necesaria. 
Por lo que respecta a las ayudas de Estado, debe subrayarse que seguirán existiendo en el futuro. 
No obstante, merecen de hecho una seria crítica las excesivas cuantías de ayuda que facilitan algunos Estados miembros. 
Por otra parte, también se critica con razón que los recursos previstos para las ayudas correspondientes al mercado común se reduzcan cada vez más, como es el caso de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, la protección del medio ambiente, investigación y desarrollo, en tanto que los medios destinados a las empresas individuales van en aumento. 
Este procedimiento ciertamente no redunda en beneficio de una competencia eficaz, libre y leal. 
En los tiempos que corren son más importantes las distorsiones de la competencia que tienen su origen en ayudas de carácter fiscal. 
No podemos cerrar los ojos ante esta evidencia. 
Son demasiado pocos los casos que se denuncian. 
Cada vez son más los Estados miembros que procuran captar a las empresas dotando al entorno nacional de un atractivo especial mediante la oferta de ventajas fiscales. Garantizan ventajas fiscales en el sector financiero y de seguros, pero también en otros sectores económicos. 
El resultado de todo ello es que la competencia se distorsiona. 
En mi opinión, el derecho en materia de ayudas debería estudiar con mayor detenimiento estas circunstancias de competencia desleal. 
A este respecto le corresponde a la Comisión desvelar más casos. 
El elenco de 85 sumarios relacionados con la creación de ventajas fiscales, y en ocasiones incluso con la existencia de verdaderos países fiscales, del que disponemos en la actualidad, habla por sí solo. 
Instamos asimismo a la Comisión a que colabore en la preparación de la próxima ronda de la Organización Mundial de Comercio, puesto que también a escala internacional necesitamos un derecho en materia de competencia que funcione. 
En este contexto, las actuales normativas del GATT y de la OMC deben ser sustituidas por un sistema internacional de competencia que resulte eficaz. 
Estimo que podría ser interesante elaborar informes nacionales sobre la competencia, del mismo modo que existen informes comerciales en el marco de la OMC. 
También me parece fundamental que se lleguen a establecer normas mínimas para todos los Estados con objeto de impedir comportamientos desleales y que en el ámbito de la competencia se creen autoridades independientes. 
De este modo, podremos conseguir un régimen internacional de competencia que surta efecto y en la que los Estados signatarios se comprometan a transponer su derecho nacional en materia de competencia al ámbito internacional. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, quisiera ante todo comenzar mi intervención felicitando al Sr. Azzolini por la excelente labor que ha realizado con su informe sobre la competencia y la cohesión. 
Pasando al fondo, quiero decir enseguida que el principio según el cual los dos mapas diseñados por la Dirección General IV y por la Dirección General XVI, deberían coincidir, tendría sentido si la Unión Europea utilizando todos sus instrumentos financieros y constitucionales, afrontara sus problemas de carácter geoeconómico de manera similar en los dos ámbitos de aplicación de las políticas comunitarias de competencia y de cohesión; si no fuera así, tendría más sentido dejar a los Estados miembros libres, aunque dentro de los límites establecidos por los reglamentos de las dos diferentes políticas comunitarias, de actuar cuando la Unión no está en condiciones de hacerlo o, por el contrario, de prestar ayuda a los países o de sustituirse allí donde, en cambio, los recursos comunitarios y sobre todo la lógica europea, impuesta por las exigencias del mercado de la moneda común, lo permitan. 
El Tratado de Roma definió la política de competencia con el fin de eliminar cualquier forma de distorsión que pudiera desvirtuar el papel de la economía de mercado. 
De Roma a Maastricht se ha añadido la necesidad de una política de cohesión, dirigida a reforzar las regiones más desventajadas de la Unión, persiguiendo, a la postre, el mismo objetivo, esto es, un mercado común homogéneo. 
De Maastricht a Amsterdam se ha afinado la puntería reconociendo que el libre juego de la competencia y la homogeneidad del mercado sólo se consiguen a través de una política de cohesión económica y social más atenta a las realidades del territorio. 
Es en esta lógica que, por ejemplo, el Tratado de Amsterdam añade una referencia a las regiones insulares, al objeto de que estás partan de un plano de igualdad y desde él compitan brazo a brazo en el respeto de las reglas de juego del mercado. 
Hoy, por el contrario, nos encontramos ante una evolución de la política de competencia que pretende tener en cuenta la política de cohesión hasta el punto que figura en su reglamento más importante, pero que, en realidad, es una involución del mismo. 
En efecto, las que quedarán fuera de juego serán, según la Comisión y no obstante el dictamen del Parlamento, sólo las regiones insulares, a las cuales el Ejecutivo deberá explicar por qué, además de perder las ayudas comunitarias, van a perder también las nacionales o por qué, ante la negativa comunitaria de tomar en consideración su caso, a pesar del Tratado, deberán renunciar, por coherencia con la voluntad de la Dirección General IV, a pedir fórmulas de intervención públicas que les permitan eliminar la desventaja competitiva sufrida. 
Señor Presidente, la política regional y la política de competencia pueden ser complementarias y no tienen por qué estar en conflicto. 
Son los Estados miembros ricos los que más aprovechan el instrumento de las ayudas públicas, y la reducción de las mismas a través de una aplicación más estricta de la política de competencia indudablemente repercute en beneficio de los Estados miembros más pobres, al crear unas condiciones iguales de actuación. 
No obstante, la política regional también puede dar lugar a distorsiones no intencionadas de la competencia. 
Con esto no me refiero a un apoyo explícito de las regiones más pobres, porque eso es intencionado. Me refiero más bien a que hay regiones que, en función del baremo correspondiente, ya no se consideran beneficiarias de ayudas, pero sin embargo reciben muchas ayudas y deben gestionar regímenes fiscales discriminatorios porque en el pasado eran receptoras de ayudas. 
Así pues, nuestra política regional reacciona con mucha lentitud ante los cambios. 
Esto sucede, entre otras cosas, porque en seis o siete años debe adoptarse una decisión sobre qué regiones se incluyen en las ayudas, y esto sobre la base de cifras que datan de uno o dos años atrás. 
Así, puede darse el caso de que Irlanda en el año 1999 aún siga incluida entre las regiones del objetivo nº 1, al ser el criterio inferior al 75 % de la media del PIB de la Unión. Mientras tanto, el PIB irlandés en 1997 ascendió por encima de la media de la Unión y el siguiente año representó incluso el 116 % del PIB de la Unión. 
Asimismo, para un país como Irlanda, afirmar que debe acostumbrarse a que con las nuevas perspectivas financieras ya no formará parte de las regiones del Objetivo nº 1 y que, por tanto, durante algunos años todavía puede proporcionar ayudas tanto al funcionamiento como a la inversión, y pueden seguir aplicando medidas fiscales discriminatorias incluso hasta el año 2010, a mi juicio es una equivocación. 
Porque, con estas ayudas, Irlanda atrae empresas de otros países de la Unión que son aún más pobres que Irlanda. 
La afirmación del informe Azzolini de que las disposiciones para los beneficiarios de ayudas que han superado los límites de pobreza y que perderán el carácter de tales son demasiado rigurosas no puede ser aceptada por una parte de mi grupo. 
Señor Presidente, quiero agradecer la presencia aquí de los Comisarios, Sra. Wulf-Mathies y el Sr. Van Miert. 
El mercado único- y su obligado corolario, la unión económica y monetaria- es sin duda, al día de hoy, el más brillante resultado del proceso de construcción europea. 
Este éxito no hubiera sido posible sin una política para garantizar la competencia como mejor garantía del crecimiento económico y de la creación de empleo. 
Pero la libre competencia, Señorías, y el crecimiento no pueden poner en cuestión la cohesión económica y social como elementos fundamentales del acervo comunitario, a cuyo fin la Unión dedica una buena parte de su presupuesto. 
Quiero centrar mi atención, en particular, en la necesidad de abordar la espinosa cuestión de las ayudas de Estado. 
La vigilancia en pro de la competencia limita los acuerdos entre empresas, los abusos de posición dominante y las ayudas de Estado injustificadas, dicen las normas. 
Pero ¿cuáles estarían justificadas? 
La cuestión ni es baladí ni está clarificada, pese a que la Comisión lo intentó en 1975, en 1979 y en 1988. 
Hoy, la interpretación de los artículos 92.1, 92.3 a) y 92.3 c) continúa siendo motivo de no pocos problemas. 
Para las regiones con mayores déficits objetivos y estructurales, la interpretación no puede ser otra que aquella que garantice el mayor desarrollo de las mismas. 
Cualquier otra interpretación sólo podría ser entendida como un eurocentrismo de difícil justificación y, por tanto, inaceptable. 
El Sr. Van Miert es un político y no un técnico. 
El entendería que yo sería un mal político si no aprovechara su presencia aquí para preguntarle por la situación actual del problema que discute el Gobierno de España y su departamento en relación con las ayudas del Estado español a las Islas Canarias. 
Ya sé que no puede darme una respuesta pormenorizada, ya sé que este no es el momento, pero estoy seguro de que puede darme su opinión sobre cuál es el estado de la cuestión y tranquilizar a una opinión pública muy sensibilizada por esta cuestión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, el informe del Sr. Azzolini sobre la relación entre la política regional y la política de competencia tiene una especial relevancia, ya que aborda intereses que afectan directamente a los habitantes de los Estados miembros y de las regiones. 
Aunque la resolución no tendrá un impacto inmediato en la evolución de la reforma de la política regional, está estrechamente relacionada con ella, puesto que en última instancia se trata de la coherencia entre las ayudas regionales de carácter comunitario y nacional. 
En muchos Estados miembros, el precepto de la coherencia que impone la Comisión para garantizar el cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la política de competencia no supone ningún problema, puesto que la casi totalidad del territorio está cubierta por las ayudas europeas. 
En otros países la situación es, sin embargo, bien distinta. 
Aquí, el doble punto de partida de reducir las regiones elegibles para ayudas europeas a lo estrictamente necesario, lo cual me parece correcto, y de reclamar al mismo tiempo un máximo de coherencia con las ayudas nacionales, dará en parte lugar a una doble carga altamente problemática en lo que a la política regional se refiere. 
¿Cómo explicar a los habitantes de las regiones afectadas que tanto las ayudas europeas como las ayudas nacionales están prohibidas, pese a la amenaza aguda del desempleo, pese a la falta de perspectivas futuras en materia de empleo? 
Es contradictorio que la Comisión establezca plazos transitorios de varios años para la reducción de las ayudas europeas con idea de ofrecer cierta libertad de acción a las regiones a la hora de introducir las modificaciones previstas, en tanto que no concede ni la más mínima prórroga en la reducción de las ayudas nacionales cuyo recorte debe llevarse a la práctica en un plazo sumamente breve. 
En este caso, el margen de flexibilidad del 2 % no es suficiente ni convincente. 
Tampoco puede justificarse por qué se ha optado por este porcentaje y no por uno mayor o menor. 
Ello no quiere decir que la propuesta de la Comisión de promover la coherencia sea algo erróneo en sí. 
A largo plazo necesitamos una mayor coincidencia entre los diferentes regímenes de ayudas, al menos si queremos evitar distorsiones de la competencia. 
Pero de todas formas, la Comisión no contribuye a la solución de los problemas específicos de las regiones subordinándolo todo al imperativo de la libre competencia, recortando las ayudas europeas y evitando al mismo tiempo que las ayudas nacionales puedan subsanar esta pérdida de manera flexible. 
Ello equivale a privar a muchas regiones de toda posibilidad de adaptación. 
En este sentido, me congratulo de que entre el Consejo y la Comisión se esté perfilando un acuerdo que enfoca el problema de la flexibilidad de una forma menos rígida, que no menciona fechas concretas y que deja un mayor margen de decisión a los Estados miembros. 
Puede concluirse, pues, que el debate celebrado en el Parlamento ha surtido efecto. 
Señor Presidente, hemos acordado que yo sea la primera en tomar la palabra y que comentaré el informe del Sr. Azzolini. 
Luego, mi colega Van Miert se encargará de contestar a las numerosas preguntas concretas que han surgido a propósito del informe sobre la competencia. 
Quisiera comenzar dando las gracias al Sr. Azzolini por su informe tan interesante y minucioso. 
Por otra parte, también le estoy agradecida porque por una vez nuestras posturas coinciden, al menos en lo fundamental, en el sentido de que estamos de acuerdo en que necesitamos una mayor coherencia entre la política de ayudas nacional y regional. 
También quisiera hacer hincapié en que a este respecto existen diversos problemas, tal y como se ha señalado con razón. 
Es decir, en el objetivo 1, las ayudas en materia de competencia y las ayudas con finalidad regional procedentes de los fondos europeos se cubren de entrada. 
Por tanto, aquí no habrá problemas. Sí los habrá donde se reduzcan las ayudas en materia de competencia y donde a raíz del precepto de la concentración- en el sentido de que la Agenda 2000 supone una concentración geográfica más fuerte- se imponga poco más o menos un recorte por partida doble. 
Creo que debemos detenernos un momento en la lógica de nuestra política. 
No podemos sino admitir que concentrar los recursos europeos en un mínimo de regiones elegibles para las ayudas, en concreto en aquellas que sufran los procesos de adaptación estructural más profundos, y asignar a estas mismas regiones, además, todos los medios, no sólo los fondos europeos, sino también la intensidad incrementada de las ayudas, es un procedimiento absurdo. 
Realmente no tiene sentido repartir las competencias de tal forma que la política estructural europea ayude las zonas menos aptas para recibir ayudas y que las ayudas nacionales se concentren en aquellas zonas que hayan de hacer frente a transformaciones estructurales más radicales. 
En mi opinión, esta opción carece de toda lógica. 
Lo que sí proponemos es que se amplíe el margen de acción regional de los Estados miembros porque, por regla general, el territorio cubierto por las ayudas nacionales de la política de competencia es superior al conjunto de las zonas que pueden ser subvencionadas por los fondos estructurales. 
De este modo, además de las ayudas estructurales, los Estados nacionales y las corporaciones regionales pueden disponer de otras muchas posibilidades para apoyar sus zonas estructuralmente débiles. 
Considero muy importante lo que ha dicho la Sra. Randzio-Plath. Es cierto que, desgraciadamente, la frecuencia con la que se recurre a las ayudas autorizadas, aquellas que se refieren a la protección del medio ambiente y al fomento de la tecnología, es sensiblemente inferior al uso que se hace de la ayudas a empresas individuales, en cuyo caso no siempre está garantizado que estas inversiones redunden en beneficio de un desarrollo regional integrado. 
Por todo ello, estimo que efectivamente sería deseable que también en el caso de las regiones del objetivo 2 se introdujera una coherencia más fuerte entre las ayudas asignadas a las zonas correspondientes y la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 
Muchos de ustedes ya han aludido al acuerdo que los ministros de Asuntos Exteriores han alcanzado durante el Consejo del 25 de enero y que querría comentar brevemente porque desempeña un papel fundamental de cara a las futuras discusiones. 
Suscribo lo que ha destacado el Sr. Rack. Para que el Parlamento pueda participar debidamente en las discusiones y en la búsqueda de soluciones para la Agenda 2000, es imprescindible que se le facilite la información necesaria. 
Por eso mismo me dispongo a citar la siguiente frase. 
En el acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores se puede leer: «En beneficio de una planificación eficaz del programa es aconsejable que las regiones afectadas por la reconversión económica y social coincidan en gran parte con aquellas que reciban subvenciones de los Estados miembros de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 
Con todo ello, la Comunidad pretende lograr una mayor coherencia hacia finales del período 2000-2006 gracias a los esfuerzos correspondientes de los Estados miembros, cada uno de acuerdo con su situación peculiar.» 
Se habrán dado cuenta de que ésta no es precisamente la manera más directa de decir que queremos mejorar la situación. 
Tampoco es ningún secreto que el Sr. Van Miert y yo hubiéramos deseado que se abogase por una cohesión mayor. 
Pese a ello, considero que el compromiso alcanzado por el Consejo al menos permite una flexibilidad un poco mayor, tal y como la había solicitado el Parlamento y que, por otra parte, -y es algo que quiero dejar muy claro, también el sentido de lo que ha dicho la Sra. Schroedter- obliga a los Estados miembros a contribuir a una mayor concentración a través de este Reglamento. 
Aunque la Sra. McCarthy ya no se encuentra en la sala, quisiera señalar que no podremos decir que haya vencido el consenso hasta que no consigamos realmente que el proceso desemboque en una mayor coherencia, no porque seamos puristas o porque en la Comisión adoptemos posiciones fundamentalistas, sino porque es la única forma de obtener los efectos deseados. 
Por lo que a la gestión del tiempo se refiere, existen efectivamente diferencias entre la política de competencia y la política estructural. 
Partimos del supuesto de que el acercamiento que ya hemos logrado en vista de la comunicación común contribuirá a que podamos encontrar soluciones sensatas y estrechamente coordinadas en ambas políticas, en la política de competencia y en la política estructural. 
En cuanto al subsidy shopping quiero señalar que para ambas políticas reclamamos un carácter relativamente duradero de las inversiones a fin de garantizar que una vez percibidas las subvenciones las empresas no trasladan su negocio a otro lugar distinto con objeto de solicitar nuevos recursos, ya sean ayudas nacionales o europeas. 
En lo que respecta al ámbito de la política estructural me limitaré a expresar mi deseo de que se refuerce el papel de los comités de seguimiento, tanto en cuanto a la evaluación como en lo que a la selección de los proyectos se refiere, que se discuta en detalle la durabilidad de las inversiones y que la vinculación de las empresas subvencionadas con la región constituya un argumento fundamental para la autorización y la denegación de las ayudas. 
Ello nos permitirá movilizar un importante instrumento de control. 
Espero que en el futuro los comités de seguimiento también nos ofrezcan garantías al respecto. 
Volvamos a la concentración de las subvenciones en las regiones más desfavorecidas. 
Durante el debate, muchos oradores han destacado que la concentración constituye el núcleo de la reforma y que sin la concentración los efectos que favorecen a las regiones más pobres se nivelan. 
Por eso mismo, me parece importante que no contrarrestemos nuestros propios esfuerzos socavando el criterio del 75 %. 
Por lo demás, las regiones ultraperiféricas no tienen problemas ya que todas ellas cumplen estrictamente el criterio del 75 %. 
Estoy de acuerdo en que conviene introducir una diferenciación en las regiones pertenecientes al objetivo 6, tal y como es el caso de las islas, dado que presentan estados de desarrollo muy diversos que deberíamos examinar en común. 
No nos hacemos ningún favor cuando decimos aquí que, de esta forma, las excepciones garantizan una normativa especial para cada cual. Pero saldremos ganando todos a partir del momento en que logremos asegurar que la intensidad de las ayudas se ajusta a la gravedad de los problemas. 
En este sentido, confío en que en las próximas discusiones sobre la Agenda 2000 y sobre todo en la ejecución de la misma decidamos de común acuerdo garantizar la coherencia necesaria en beneficio de la recuperación de las regiones estructuralmente más débiles. 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias muy sinceramente a los dos ponentes, el Sr. Azzolini y la Sra. Riis-Jørgensen. 
No es la primera vez que tengo el placer de debatir directamente con la Sra. Riis-Jørgensen a propósito de nuestro informe anual. 
Me congratulo verdaderamente de la calidad de los informes, pero también del debate. 
Por ello es un poco lamentable, señor Presidente, tener tan poco tiempo para responder a las numerosas observaciones y preguntas concretas. 
Así pues, querría pedir que me perdonaran si, necesariamente, debo limitarme a algunos de los puntos que se han planteado. 
Para empezar, quisiera responder a la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen acerca del control democrático y la transparencia. 
Se trata de una cuestión esencial desde el momento en que la Comisión tiene, en este ámbito, una responsabilidad directa y propia. 
Es totalmente lógico y necesario que la Comisión esté dispuesta, en todo momento, a presentarse ante el Parlamento o ante las comisiones competentes para explicar las decisiones que toma o deja de tomar. 
Señora, estoy totalmente dispuesto, yendo mucho más allá de lo que se hacía hace algunos años, es decir, tres veces al año como mínimo, a comprometerme, si ustedes lo desean, a venir a explicarme todos los meses ante la comisión competente. 
No quiero otra cosa. 
Estoy en sus manos. 
Hay bastantes temas y problemas por debatir. 
Dicho esto, querría pasar muy rápidamente al informe del Sr. Azzolini, ya que la Sra. Wulf-Mathies ha respondido ya a varias observaciones. 
Habría que conseguir entenderse sobre los objetivos de esta operación. 
Actualmente el 51 % de la población vive en regiones que pueden recibir ayudas de los fondos estructurales y, el 47 %, de los fondos nacionales o ayudas regionales. 
Con la ampliación a la vista, y sabiendo que todos esos países serán subvencionables, nos encontramos ante una política regional que va en contra de la lógica, dado que el fin de la política regional es ayudar a las regiones que más necesidad tienen. 
Por ello ahora, entre la Sra. Wulf-Mathies y nosotros, tenemos que intentar reducir conjuntamente las regiones subvencionables, hacer un esfuerzo de concentración y ser los más coherentes posible. 
Y me congratulo de que, a nivel de la Comisión, hayamos podido ponernos de acuerdo sobre este asunto. 
Se trata por lo tanto de una operación algo delicada y a veces políticamente difícil, porque el solo hecho de reducir en un 4 % las regiones subvencionables- y no es mucho, del 47 % al 43 % ó 42, 7 %- provoca ya muchas turbulencias políticas. 
La más pequeña reducción moviliza todo tipo de fuerzas, que se alzan para reclamar que su región sea siendo subvencionable. 
Pero si no se hiciera, tengo la sensación de que no estaríamos haciendo nuestro trabajo ni cumpliendo nuestro deber de cara a la ampliación de la Unión Europea. 
Hay que trabajar en este sentido y, por consiguiente, aceptar también algunos efectos de esta política. 
Por ello debemos reducir además la intensidad de las ayudas. 
Ustedes han criticado, en varias ocasiones, el fenómeno del traslado de empresas. 
Estos traslados se explican por el hecho de que a veces, en algunas regiones, la intensidad de las ayudas es tal que incluso se abandonan otras regiones subvencionables para ir hacia regiones donde las ayudas son mucho más importantes, donde la intensidad de las ayudas puede ser mucho mayor. 
Ustedes nos han pedido que hagamos algo. 
Pues bien, como respuesta, reducimos las diferencias entre intensidades, manteniéndonos sin embargo dentro de unos límites absolutamente correctos, porque, para las regiones A, el límite es del 40 % o el 50 %. 
Para las regiones ultraperiféricas, este límite se puede incluso superar; pero, para las regiones C, me parece que una intensidad del 20 % es el máximo adecuado e incluso puede descender, en algunas circunstancias, al 10 %. 
De este modo, creo que el equilibrio es mejor, y las autoridades nacionales siguen teniendo además la posibilidad de hacer esfuerzos considerables para las regiones que más necesidad tienen. 
Así nuestra política, en el futuro, será mucho más equilibrada que antes. 
Aquí me detengo en lo que respecta a su informe, porque una serie de cuestiones a propósito del informe de la Sra. Riis-Jørgensen también esperan respuesta. 
Para empezar, la cuestión de las ayudas de Estado en general. 
Varios de entre ustedes han dicho que los países económicamente más desarrollados son los que más ayudas dan. 
Es cierto. 
Y también por esto nos esforzamos por ser mucho más estrictos. 
Puedo anunciarles que, el año pasado, tomamos une serie de decisiones negativas en el ámbito de las ayudas de Estado, hasta un número de 31, cuando, en 1997, sólo hubo 9. 
Esto demuestra que, paso a paso, nos hemos vuelto mucho más estrictos, como debe ser. 
Ustedes conocen las consecuencias, que pueden llegar a veces a trifulcas con gobiernos, con autoridades regionales, etc. Pero es el precio que hay que pagar por tener una política de control de las ayudas de Estado más creíble, más consecuente y más coherente. 
No hay otra solución. 
Hay que saber lo que se quiere. 
Dicho esto, debemos mantener este impulso. 
El Sr. Metten, en particular, ha hablado de las ayudas fiscales. 
Señor Metten, usted sabe que tenemos actualmente una treintena de casos por examinar, pero querría preguntarle dónde puedo encontrar los recursos humanos para hacerlo. 
Se nos adjudica, una vez más, una tarea suplementaria, que estamos totalmente dispuestos a ejecutar porque es necesario, pero ¿nadie, en el Consejo de Ministros de Finanzas, se pregunta si la DG IV tendrá los medios necesarios para hacerlo? 
¿Dispone de los expertos fiscales para hacerlo? 
Nadie se plantea la pregunta. 
Se nos adjudica, una vez más, una carga suplementaria, que aceptamos ejecutar, pero, por favor, en lo sucesivo, que se sea un poco más consecuente dándonos los medios necesarios para ejecutar tareas de este tipo. 
También muy rápidamente, en relación con las ayudas de Estado, mencionaré en particular la cuestión del sector de la energía en España. 
Así es cómo se presenta: en primer lugar, si las autoridades españolas desean liberalizar el sector energético antes de lo previsto en otros Estados miembros o en la directiva, sólo podemos felicitarnos. 
Es evidente. 
En segundo lugar, es cierto que esta operación, no sólo en España sino en toda una serie de Estados miembros, conllevará operaciones con «costes encallados» -» stranded costs» , según los llaman. 
Pero se trata, en principio, de ayudas públicas. 
Por ello, todos estos casos deberán notificarse a la Comisión, a la DG IV, y no sólo a la DG XVII, para que podamos examinarlos de forma coherente, pero uno a uno. 
El Gobierno español, después del contacto que tuve con el ministro hace algunos días, ha aceptado notificar también el caso español, permitiendo que mi departamento lo examine como es debido, de acuerdo con el principio de que los costes encallados son costes reales, derivados de unas obligaciones de servicio público que las instituciones públicas impusieron anteriormente a sus empresas, y que ahora, en el proceso de liberalización, pueden ocasionar pérdidas a las empresas en cuestión. 
Éste es el marco en el que se inscribe este ejercicio. 
De momento, no puedo decir más al respecto. 
Por supuesto, después de la notificación, vamos a intentar verlo más claro enseguida. 
Otra cuestión: las Islas Canarias. 
Ya hemos aprobado lo que se ha denominado «REF». 
Ahora, se ha hecho una notificación a propósito de la llamada ZEC. 
El hecho de que las Islas Canarias vayan a seguir siendo una región A evidentemente permitirá prever más ayudas que si hubieran pasado de la calidad A a la calidad C, por decirlo de algún modo. 
Esto permite un enfoque más amplio. 
Pero, por el momento, vamos a examinar lo que el Gobierno nos ha notificado. 
A día de hoy, no puedo decirles más. 
Señor Presidente, veo que he sobrepasado ya mi tiempo de palabra. 
Permítame aún, a modo de conclusión, exponer un tema que, desgraciadamente, apenas se ha debatido hoy aquí: la modernización de la política de competencia. 
Señora Riis-Jørgensen, me permito sugerir un tema a la Comisión de Asuntos Económicos, para que podamos debatirlo. 
Saben que hemos adoptado ya toda una serie de medidas en lo que se refiere a las ayudas de Estado y a otros ámbitos como, por ejemplo, las restricciones verticales. 
Pero hay otros, y yo quisiera, brevemente, tener la ocasión de debatirlos con la comisión competente. 
Así pues, estamos intentando, y con esto termino, hacer lo posible por que nuestra política de competencia sea a la vez más transparente, más eficaz, más creíble, pero también que esté más preparada para responder a los retos que se nos presentan: la ampliación, que es un reto extraordinario, pero asimismo, antes de que termine el mandato de la actual Comisión, que entre todos podamos decir que hemos hecho todo lo posible por preparar este futuro, y para que la nueva Comisión pueda hacer bien su trabajo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Cambios climáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los cambios climáticos. 
Tiene la palabra la Comisaria Sra. Bjerregaard. 
Señor Presidente, estimados miembros, es para mí motivo de alegría dar cuenta hoy aquí de los resultados de las negociaciones sobre el clima celebradas en Buenos Aires y del trabajo que a éstas seguirá en los próximos meses. 
El Parlamento ha presentado una decisión muy interesante y puedo señalar con gran satisfacción que estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos. 
Mi valoración de la conferencia de Buenos Aires habla también de éxito, aunque el resultado global haya sido reducido. 
En primer lugar, la Comunidad alcanzó el mínimo que nos habíamos fijado, es decir, un plan de acción que incluya un programa de trabajo de decisiones concretas sobre las cuestiones pendientes vinculadas al Convenio y al Protocolo de Kioto, que, como es bien sabido, serán abordadas por la sexta conferencia de partes signatarias dentro de menos de dos años. 
En segundo lugar, la UE desempeñó un papel fundamental a la hora de sentar a la mesa de negociaciones al grupo de los 77 países y a China y conseguir de este modo que éstos se sintieran más estrechamente involucrados en este proceso. 
Seguiré insistiendo en mejorar las relaciones con los países en vías de desarrollo en relación con los preparativos de la quinta conferencia de partes, especialmente, dando prioridad al modelo práctico del mecanismo para el desarrollo sostenible, the clean development mechanism. 
Finalmente, hay que hablar de un compromiso de la Presidencia argentina para fortalecer el control político del proceso celebrando encuentros ad-hoc a nivel ministerial en el comité ejecutivo ampliado entre las sesiones anuales de la conferencia de partes. 
Creo que tales encuentros ad-hoc son fundamentales para mantener bien encaminado el proceso. 
En general, pienso que la cuarta conferencia de partes logró avanzar bastante en el camino hacia la puesta en práctica del Protocolo de Kioto. 
Por lo que respecta a las partes del plan de acción de Buenos Aires, me gustaría decir lo siguiente: Nos espera un duro trabajo a la hora de concretar las normas que hacen referencia a los mecanismos, especialmente porque esto requiere una vigilancia y un registro a fin de evitar que estos mecanismos se utilicen para burlar la legislación relativa al medio ambiente. 
Por ello me parece importante que en la sexta conferencia de partes se adopte una decisión sobre los tres mecanismos a la vez con lo que el paquete incluiría un sistema sólido y coherente con el que vigilar el funcionamiento de los mecanismos. 
Queremos proseguir también el debate sobre cómo podemos alcanzar los objetivos finales del convenio, es decir, impedir los cambios climáticos peligrosos asegurando al mismo tiempo un reparto justo de las cargas y teniendo en cuenta nuestras responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. 
Pido a los estimados miembros que consideren cuál es la mejor manera de solucionar esta difícil cuestión, especialmente considerando las reticencias de los países en vías de desarrollo a entablar negociaciones sobre sus propios compromisos, tal y como volvió a quedar claramente demostrado en la cuarta conferencia de partes. 
Es importante, no sólo en el plano internacional, sino también y en mayor medida aún para la UE y por ende para los Estados miembros, seguir trabajando para poner en práctica políticas y medidas que combatan los cambios climáticos. 
También estoy de acuerdo con el Parlamento en la obligación de concretar la forma en que podemos alcanzar nuestros objetivos, pues no bastan sólo las buenas intenciones. 
La Comisión, el Parlamento y el Consejo han de tomar en serio su responsabilidad y presentar actuaciones y decisiones concretas. 
En este sentido, me gustaría subrayar la presentación de algunas propuestas importantes que exigen una decisión, por ejemplo, la propuesta de tributación de los productos energéticos. 
Debo pedirle enérgicamente al Parlamento que emita un dictamen sobre esta propuesta antes de las elecciones al Parlamento, para que pueda utilizarse el nuevo impulso que ha supuesto la Presidencia alemana y sea posible alcanzar un acuerdo político en la sesión del Consejo ECOFIN del mes de mayo. 
En materia fiscal nuestro primer objetivo ha de ser la aprobación de la propuesta sobre la tributación de los productos energéticos, puesto que un número creciente de Estados miembros admite que tal tributación resulta necesaria. 
Si la Presidencia alemana no logra alcanzar un acuerdo- lo cual sí espero -, siempre podemos considerar qué hacer con la propuesta sobre una tasa energética sobre el CO2, originariamente propuesta en 1992, que, como es sabido, la Comisión no ha retirado. 
Con el plan de acción y las medidas y políticas internas aspiramos a una ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Kioto lo más rápida posible. 
Me parece muy positiva y necesaria su rápida ratificación. 
Sin embargo, esto nos exige poner en orden nuestra propia casa para que la ratificación no sea sólo un gesto vacío de contenido. 
En este sentido, la posición más activa adoptada por ciertas empresas energéticas americanas en favor de la lucha contra los cambios climáticos y la firma del protocolo por los EE.UU. pueden ser consideradas pasos positivos. 
Hubo señales en Buenos Aires de una postura más positiva en ciertos sectores del Congreso norteamericano. 
Sin embargo, aún queda mucho camino por delante antes de alcanzar este objetivo y los estimados miembros pueden en gran medida seguir desempeñando- tal y como hicieron en Buenos Aires- un importante papel a la hora de convencer a sus colegas en el Congreso norteamericano de la necesidad de ratificar el protocolo. 
En este punto, me gustaría manifestar mi escepticismo ante las declaraciones de Argentina y Kazajistán donde anunciaban su deseo de comprometerse en un objetivo vinculante durante la quinta conferencia de partes. 
A largo plazo resulta importante involucrar a los países en vías de desarrollo, sin embargo, la prueba real de tales compromisos voluntarios reside en la forma que éstos adoptan en última instancia. 
Para que un país pueda sacar provecho de las ventajas del protocolo, ha de firmarlo. 
También ha de asumir los compromisos que éste lleva aparejado. 
Por lo demás, hemos de cuidar- como hemos hablado antes- de no calentar aún más el ambiente con objetivos nada ambiciosos. 
Permítanme volver a nuestro programa de trabajo interno. 
Como ya anunciara en septiembre, presentaré una comunicación en la primavera de 1999. 
Esta iniciativa fue recibida positivamente por el Consejo Europeo en Viena, el cual acordó que sobre la base de un informe de la Comisión adoptaría una postura relativa a una amplia estrategia comunitaria en materia de política climática en su reunión de Colonia que, como es sabido, se celebrará a comienzos de junio. 
Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una estrategia comunitaria de gran envergadura. 
El año 2008 puede parecer muy lejos en el futuro, sin embargo, debemos actuar ahora si queremos tener alguna oportunidad de alcanzar nuestros objetivos. 
En la comunicación de la Comisión nos concentraremos por ello en los elementos que resultan fundamentales para que la UE pueda alcanzar sus objetivos. 
De estos elementos claves podemos mencionar políticas y medidas comunes y coordinadas, los mecanismos de Kioto y las relaciones con terceros países. 
La comunicación contendrá un análisis a fondo de las consecuencias del comercio con los derechos de emisión, la puesta en práctica común y el mecanismo para un desarrollo sostenible. 
Les aseguro a ustedes que haré todo lo que esté en mi mano para promover la aprobación de esta comunicación a fin de que esté lista a tiempo para la cumbre de Colonia. 
Señor Presidente, estimados miembros, diré para acabar que me sumo en general a la decisión del Parlamento y que espero que sigamos colaborando constructivamente en nuestra lucha común contra los cambios climáticos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hay un refrán que dice que entre el dicho y el hecho media un océano. 
Tenemos que cruzar este océano cuanto antes y con medidas lo más concretas posible si queremos cumplir el calendario que se elaboró en Buenos Aires y establecer además nuestro propio calendario. De lo contrario nos quedaremos varados en la orilla, mientras en la otra orilla comienza el desastre climático. 
Señora Comisaria, yo creo que es necesario dar una serie de pasos a escala internacional. 
En primer lugar- como paso muy importante -, es preciso continuar el diálogo con los países en desarrollo, que fue tan fluido en Buenos Aires, a fin de definir conjuntamente las propuestas relativas al «mecanismo de desarrollo no contaminante» (clean development mechanism). 
Pienso asimismo, aunque de entrada no acogimos la idea con demasiado entusiasmo, que desde la Unión Europea deberíamos elaborar propuestas muy concretas para determinar de manera definitiva la forma que deberá adoptar el «intercambio de emisiones» , cómo se efectuará el seguimiento y cómo se evaluarán las diferentes emisiones y su reducción, con objeto de estar preparados cuando llegue el momento. 
También opino que es necesario vincular más estrechamente a nuestras estrategias a los países candidatos a la adhesión con ocasión de las negociaciones para la ampliación de la Unión. 
Los primeros candidatos se comprometieron en Kioto a las mismas reducciones de sus emisiones que la Unión Europea. 
Sin embargo, ahora es necesario incluirlos en los preparativos, a fin de evitar que en el momento de la adhesión no hayan adoptado las medidas previas necesarias y no puedan tener cabida en el reparto de cargas europeo. 
Supongo que mis colegas se expresarán en parte con mayor contundencia en relación con este último punto. 
Yo sólo quisiera manifestar al respecto que, además de promover la coordinación de los planes nacionales, también debemos preocuparnos de contar con los fundamentos jurídicos necesarios a escala de la Unión o de crearlos cuando todavía no existan, ya que sólo aunando todos los esfuerzos conseguiremos alcanzar el objetivo que nos marcamos en Kioto. 
En mi opinión, el empeño deberá incluir también la elaboración de medidas preventivas en los ámbitos de la salud, la agricultura y la protección de los ecosistemas, pues con el cambio climático cada vez más visible aparecen unos riesgos que quizá no habíamos tenido en cuenta antes. 
Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer posible, en los albores del nuevo siglo, un desarrollo sostenible, un salto tecnológico y, sobre todo, un reparto más justo de los recursos mundiales, ¡y espero que tengamos la energía y el valor necesarios para conseguirlo! 
Señor Presidente, antes de referirme a la resolución, quisiera aclarar un error de traducción. 
En la interpretación inglesa de lo que ha dicho la Comisaria, se ha hecho referencia a la retirada por la Comisión de la tasa correspondiente al CO2. 
En realidad, su actitud ha sido mucha más sensata. 
No ha retirado la propuesta, la ha modificado y esa propuesta modificada sigue sobre la mesa y espero que el Consejo la acepte. 
Confío en que todas las versiones lingüísticas serán coherentes con lo que usted ha dicho en realidad. 
Agradezco que se me haya entregado una copia del texto en inglés. 
Tuve el honor de encabezar la delegación del Parlamento a la Conferencia de Buenos Aires y el informe que otros colegas y yo elaboramos está a disposición del Parlamento. 
En mi opinión, la Cuarta Conferencia de las Partes fue un éxito moderado arrancado entre alaridos de las fauces de lo que podría haber sido un punto muerto en la negociación. 
El Plan de Acción de Buenos Aires promete algunos avances para cuando se celebre la Sexta Conferencia de las Partes en el año 2000. 
Por primera vez, refleja interés en los principios de contracción y convergencia y de igualdad mundial, a favor de los cuales ha votado este Parlamento periódicamente. 
En mi informe se señala el útil y positivo papel desempeñado por la Comisión en Buenos Aires, cosa que agradezco y también la cortesía que mostró para con el Parlamento. 
En mi informe se señala también la incapacidad del Consejo para reconocer, utilizar o consultar inteligentemente a los diputados al PE durante el trascurso de la Conferencia. 
Las más recientes directrices del Consejo sobre la participación de los diputados al PE, decididas una semana antes de la Conferencia de Buenos Aires, son claramente insultantes para el Parlamento. 
He planteado esa cuestión al Presidente y espero que la Comisión de Asuntos Institucionales la examine en el marco de la próxima CIG. 
La Unión tuvo en cuenta las enseñanzas de nuestro relativo fracaso de Kyoto y se puso en contacto con los países del Grupo de los 77 a fin de buscar aliados para la causa de la cordura con vistas a proteger el clima del planeta. 
Quisiera utilizar los últimos segundos de que dispongo para hacer un llamamiento a la Comisión. 
Pese a lo que ha dicho la Comisaria sobre la posibilidad de avances políticos entre las Conferencias de las Partes, quisiera fomentar la idea de un examen estructural de todo el proceso de la Conferencia de las Partes. 
En mi opinión, en este momento tiene demasiada tendencia a meterse en atolladeros técnicos que paralizan las iniciativas políticas. 
El ritmo de la Conferencia de las Partes hace difícil adoptar iniciativas políticas entre conferencias. 
Ayer estuve en Bonn hablando con Michael Zammit-Cutajar, de la Secretaría del Cambio Climático, y le indiqué que tal vez haya llegado el momento de una revisión estructural de la organización de todo este proceso, tal vez utilizando nuestro viejo y fiable amigo, el Grupo de Sabios- o Personas Eminentes o como lo llamemos hoy día- para distanciarnos de las negociaciones detalladas y examinar el destino de ese proceso. 
Por haber asistido a todas esas Conferencias de las Partes, me parece que ahora estamos atrapados entre que se trate de una negociación continua y a veces difícil y al mismo tiempo sea una institución con cometidos administrativos. 
Espero que la Comisión acepte esta propuesta. 
Agradezco a la Comisaria su declaración y recomiendo la resolución a la Asamblea. 
Lamentablemente lo conseguido en las conversaciones de Kioto con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero no ha podido concretarse en la adopción de normas detalladas para poner en práctica el acuerdo. 
Creo que puedo afirmar que la Unión ha hecho lo que ha podido y quiero felicitar cordialmente a la Sra. Comisaria Bjerregaard por su dedicación y su determinación. 
Existe el plan de acción de Buenos Aires, y debemos adoptar un enfoque correcto al respecto, porque en la Conferencia sobre el clima del año 2000 se adoptarán importantes decisiones en la materia. 
Quisiera subrayar dos aspectos. 
En primer lugar, el Protocolo de Kioto entrará en vigor y deberá ser ratificado al menos por 55 de las partes que son responsables al menos del 55 % de las emisiones. 
Debemos seguir haciendo hincapié en que es necesario que Estados Unidos proceda a ratificarlo. 
Mientras que el mayor contaminador, Estados Unidos, y, por ejemplo, Rusia no ratifiquen el Protocolo, Kioto será una norma inútil. 
Un segundo punto que quiero subrayar es que el comercio de los derechos de emisión sólo se permite si el grueso de los intercambios se realiza a nivel nacional. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Comisaria en que debemos determinar un límite máximo para el comercio de los derechos de emisión. 
Por así decirlo, no tenemos que exportar el problema. 
En este tema, la Unión Europea y los Estados Unidos mantienen una postura diametralmente opuesta. 
Justificadamente, la Unión señala que la lucha contra el cambio climático sólo tiene sentido si todos realizan un esfuerzo. 
Este ha sido siempre el punto de vista del Parlamento aunque no está explícitamente recogido en la presente resolución. 
Una última reflexión para terminar: en lo que respecta a la armonización del impuesto sobre la energía, somos partidarios de su introducción, pero sólo a condición de que tenga neutralidad fiscal. 
El Grupo ha presentado dos enmiendas en las que se aboga por un impuesto armonizado. 
Este el sentido en el que hay que entender las enmiendas. 
Aún quiero formular otra pregunta a la Sra. Comisaria: ¿cuál es el punto de vista de la Sra. Comisaria con respecto a la introducción a nivel europeo de un impuesto sobre el queroseno? 
Algunas personas sostienen, quizá justificadamente, que más bien debe hallarse una solución empleando mejores tecnologías para reducir las emisiones. 
Debido al tráfico aéreo creciente, en este caso es preciso adoptar medidas en todos los terrenos. 
Señor Presidente, ¿cómo no estar de acuerdo con la Sra. Comisaria cuando propone medidas concretas, mecanismos de seguimiento, cooperación con los países en desarrollo y fiscalidad en relación con los productos energéticos? 
Yo creo que todos estamos de acuerdo con ella, sobre todo cuando propone medidas concretas para la puesta en práctica de lo que se acordó. 
Porque está claro que, según los científicos, en el año 1998, y según el infame de las Naciones Unidas, los desastres naturales- que yo no consideraría tan naturales- han causado 50.000 muertos y pérdidas de 12 billones de pesetas. 
No sé lo que será en euros, pero 12 billones de pesetas son muchas pesetas. 
Yo creo que, aunque sólo fuera por los efectos económicos que estos desastres naturales tienen, muchos de los poderes económicos y de los gobiernos deberían tomar medidas, pero nosotros vamos más allá: creemos de verdad que la propuesta de la Unión Europea, que fue la mejor, aun así era una propuesta tímida. 
El Parlamento Europeo lo dijo en varias ocasiones. 
También dicen los científicos que para que realmente hubiera efectos positivos contra el cambio climático habría que reducir entre un 50 % y un 60 % las emisiones con relación al año 1990. 
Estamos intentando conseguir una reducción del 8 % en seis gases de efecto invernadero. 
Si ni siquiera se cumple con ese 8 %, estaremos poniendo en peligro el futuro del planeta. 
Por eso, señora Comisaria, nos parecen bien las propuestas que usted hace si realmente consigue que los Estados miembros cumplan con ellas y, sobre todo, si consigue que tengan en cuenta una carga equitativa entre los países industrializados y los países en desarrollo. 
Estamos en contra de que, como dicen los Estados Unidos, deban ser los países en desarrollo quienes empiecen a pagar. 
Somos nosotros quienes debemos pagar. 
Señor Presidente, yo participé, junto con el Sr. Spencer y el Sr. Linkohr, en la conferencia de Buenos Aires. 
El juicio que se pueda emitir sobre la conferencia es cuestión de opinión. 
El Sr. Spencer ha dicho que fue un éxito moderado. 
Creo que es una calificación correcta. 
Recuerdo que, en la conferencia de prensa celebrada al final, la Comisaria Bjerregaard dijo que nos habría gustado lograr más, que siempre es así, pero que eso fue lo máximo que pudimos lograr que aceptaran las otras partes en la conferencia. 
La Unión Europea demostró tener autoridad auténtica, apoyada hasta cierto punto por los países candidatos, el G77 y China. 
También recuerdo que el Presidente en ejercicio del Consejo dijo que en Kyoto acordamos metas concretas de reducción de los gases que provocan el efecto de invernadero por parte de los países industrializados. 
En Buenos Aires mantuvimos el impulso de Kyoto estableciendo el plan de acción, que fue uno de los objetivos de Buenos Aires, y decidiendo sobre otras medidas como la elaboración de un sistema de cumplimiento. 
La prensa internacional trató la conferencia con cierto cinismo; algunos la consideraron un fracaso. 
Fue una conferencia difícil, porque hubo negociaciones largas, tortuosas y ampulosas, pero no puedo por menos de apoyar al Sr. Spencer y felicitar a la Comisión. 
También aplaudo la decisión adoptada por los Estados Unidos de firmar el protocolo. 
Si bien reconozco que puede ser una formalidad diplomática, como decimos en la resolución, al mismo tiempo es muy eficaz e indica un cambio de opinión en los Estados Unidos. 
También debemos aplaudir a los países anfitriones de la Cuarta Conferencia de las Partes- Argentina y Kazajstán- por manifestar su disposición a subscribir compromisos vinculantes en la Quinta Conferencia de las Partes para reducir aún más sus emisiones de las gases que provocan el efecto de invernadero. 
Eso es algún avance, por pequeño que sea. 
De modo que se trata de una buena resolución. La apoyo, como mi Grupo, y, junto con el Sr. Spencer, la recomiendo a la Asamblea. 
Señorías, señor Fitzsimons, tengo que rogarles que procuren ajustarse al tiempo que tienen atribuido. 
Los servicios de la Asamblea me han advertido que vamos con retraso. 
Yo no les quito la palabra, son ustedes quienes se autoadministran. 
Sé que son ustedes muy responsables y, por lo tanto, me permito hacerles esta advertencia. 
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, la Sra. Hautala por el tiempo de un minuto. 
Señor Presidente, La Unión Europea ha desempeñado un papel muy positivo en las negociaciones mundiales y creo que la Comisaria merece un reconocimiento a título personal. 
Sin embargo, cada vez resulta más engorroso comprobar que, por su parte, la Unión no ha sido capaz de adoptar las decisiones necesarias para poder cumplir sus propios compromisos. 
Por este motivo, es importantísimo que abordemos la imposición fiscal del sector energético, una cuestión que acaba de mencionar la propia Comisaria. 
Es igualmente importante permitir que los países que deseen ir por delante del resto puedan adoptar, además, esta propuesta original acerca de un impuesto sobre el dióxido de carbono y la energía. 
Sería interesante escuchar los cálculos de la Comisión al respecto. 
Debemos recordar que en el Tratado de Amsterdam se recoge la posibilidad de avanzar más rápidamente que el resto de los países en caso de que éstos no se encuentren preparados. 
Pero estoy segura de que también la industria se ha percatado de las ventajas competitivas que puede ofrecerle la política en materia de medio ambiente, y a esta circunstancia deberemos aferrarnos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ¿fue Buenos Aires un fiasco? 
Yo diría que no. 
Buenos Aires no era un fiasco. 
Buenos Aires simplemente se resintió por la última noche de Kioto, en que los norteamericanos consiguieron introducir los mecanismos flexibles en el protocolo, condición sin la cual no firmaban. 
Hay que decir también que la presidenta de la conferencia no hizo gala de la misma diplomacia que el embajador Estrada, quien verdaderamente dirigió bien los trabajos de Kioto, pero esto no es más que un pequeño detalle. 
Mi Grupo está de acuerdo con la teoría de intentar que se admita la postura del 50/50 % en los mecanismos flexibles, lo cual significa que el 50 % de las reducciones, como mínimo, se hagan en casa antes de tener derecho a utilizar los mecanismos flexibles. 
Esta es una postura que debe seguir sosteniendo la Unión Europea. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se introduzcan los mecanismos flexibles que por fin permiten saber, a nivel económico, cuánto costará la emisión de una tonelada de carbono. 
Ello tendrá repercusiones en los sistemas fiscales de los países industrializados, los que forman parte del Anexo 1. No me gusta en absoluto la presión- sobre todo de los norteamericanos- que ejercen los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo para que ellos también se comprometan a reducir sus emisiones. 
Hay que decir que los países en vías de desarrollo, que no son los del Anexo 1, ni siquiera tienen cuota que vender en el marco del artículo 6. 
Recuerdo las palabras del delegado chino en Kioto que decía: «Escuchen, ustedes los norteamericanos tienen tres coches por familia; nosotros, los chinos, vamos andando al trabajo, y ustedes, los norteamericanos y los europeos, no quieren darnos el derecho a ir al trabajo en autobús.» 
Seamos serios sobre este tema, y un poco más flexibles con los países en vías de desarrollo. 
Quisiera tocar un tema que me interesa mucho: la silvicultura. 
El protocolo de Kioto prevé que se puedan conceder créditos para la reforestación, y sobre todo créditos de fijación del carbono, y sobre todo dentro del mecanismo CDM (Clean Development Mechanism). 
Esto puede contribuir de forma importante a que los países industrializados apoyen, den fondos para proyectos de reforestación en los países en vías de desarrollo. 
Las ONG que se ocupan de la protección del medio ambiente nos recuerdan que es muy importante que sólo se subvencionen proyectos que respeten la biodiversidad. 
Habrá que procurar que no se subvencionen proyectos de plantación de especies de crecimiento rápido, a expensas de la protección de la biodiversidad. 
Señor Presidente, los resultados de la conferencia sobre el clima celebrada en Kioto en 1997 han sido justamente considerados como un punto crucial, aunque sólo sea como primer paso en la dirección correcta. Es una iniciativa de reducción de seis gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático causado por la acción del hombre. 
Es de suma importancia que todas las partes implicadas lleven a cabo una rápida ratificación del Protocolo de Kioto, especialmente los Estados Unidos y Rusia. 
Esto constituiría un avance muy positivo, sobre todo para las empresas de los Estados Unidos. 
Es evidente que después de Kioto aún quedan muchas cosas por aplicar concretamente. 
La conferencia de Buenos Aires ha dado lugar a un programa de acción común con compromisos y fechas concretas. Esta es una buena noticia. 
También es preciso prestar atención al diálogo con los países en vías de desarrollo. 
No obstante, existe el peligro de que dicho diálogo se limite a alcanzar acuerdos sobre el comercio de emisiones. 
Considero que, primeramente, la Unión Europea debe trabajar en favor de la reducción de las emisiones de gases invernadero dentro de la UE. 
Al mismo tiempo, es muy importante prestar ayuda a otros países, entre otras cosas, mediante la transferencia de tecnologías limpias como apoyo al desarrollo. 
Eventualmente, dentro del continente europeo también se produce comercio de emisiones. Sólo se lleva a cabo con países fuera de Europa si estos países realmente están trabajando en favor de la reducción de los gases de efecto invernadero. 
Para que los países pertenecientes a la UE puedan realizar esfuerzos es preciso instar a los países no europeos a llevar a cabo su contribución a la reducción de emisiones. 
Para esta reducción de las emisiones, es muy importante la integración de la política de medio ambiente en otros sectores políticos, en otras políticas como energía, transporte y agricultura. 
El fomento de la eficacia energética, de las energías renovables y los impuestos sobre la energía son medios adecuados. 
Una vez más, abogo por la introducción de un impuesto sobre los combustibles de los aviones. 
Por último, todos somos conjuntamente responsables de estos problemas, pero todos los países deben responsabilizarse individualmente de contribuir a su solución. 
Esta responsabilidad también se aplica, por supuesto, a cada ciudadano individualmente. 
Por lo tanto, es preciso despertar una conciencia a nivel mundial de que no se puede seguir así y de que es necesario elaborar un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible, basado en al respecto por la creación y por el Creador de la vida. 
Señor Presidente, el enfoque más que vacilante que se adoptó en Buenos Aires en relación con la reducción de las emisiones parece indicar que se está intentando nadar y guardar la ropa. 
Sólo contaremos con una política climática eficaz cuando se repercutan sobre los causantes los costes reales que ocasiona la liberación de las substancias que afectan al clima. 
Para esto necesitamos un marco jurídico adecuado. 
¡La tantas veces repetida excusa de que resulta demasiado caro reducir las emisiones es suicida! 
Una sociedad que no esté dispuesta a invertir en la conservación de la base de su propia existencia y, por lo tanto, también en la conservación de su especie, está condenada a desaparecer. 
El catálogo de emisiones que se negoció en Buenos Aires no es un enfoque adecuado para alcanzar una solución. 
Los problemas sólo se pueden resolver de manera duradera en su lugar de origen. 
Señor Presidente, los debates de nuestra Asamblea sobre la política climática tienen el agradable efecto secundario de conseguir una coincidencia general. 
¡Este es el aspecto favorable! 
El panorama ya no resulta, sin embargo, tan halagüeño si comparamos nuestras declaraciones de intenciones con los resultados. 
Voy a citar sólo algunos datos de la Comisión que tengo sobre la mesa. 
Entre 1990 y 1996, las emisiones de CO2 se incrementaron un 2 % en la Unión Europea. 
En 1997 se registró una ligera reducción, pero el invierno fue cálido y nada indica que se haya conseguido un cambio estructural. 
La reducción durante la primera mitad de esta década- ahora vuelve a registrarse un incremento- también tiene una explicación. 
La reunificación alemana supuso la desindustrialización de toda una región. 
Además, también se modernizaron las instalaciones existentes. 
Este es un hecho que tampoco se repetirá. 
Dicho con otras palabras, dado el mayor crecimiento económico, más bien debemos contar con que las emisiones de CO2 en la Unión Europea se habrán incrementado en el año 2000 y serán mensurablemente más elevadas que en 1990. 
Voy a citar el ejemplo de mi propio Estado federal, Baden-Württemberg, con una industrialización relativamente importante. 
Las emisiones de CO2 han venido incrementándose considerablemente allí, sobre todo a partir de 1995, lo cual es atribuible en último término al crecimiento económico. 
Por lo tanto, no es posible hablar de un cambio. 
Esto da que pensar. 
También esto da que pensar. 
Significa que la situación es peor que hace diez o quince años. 
Lo que se requiere- y este comentario va dirigido a la Comisión y sobre todo, naturalmente, al Consejo- es un plan de acción mensurable. 
Yo desearía saber realmente qué debe hacer cada país, cada sector industrial, qué hay que hacer en el ámbito del transporte, pero también en los hogares. 
Sobre todo, tenemos que preguntarnos: ¿cómo vamos a financiarlo? 
¿Cómo podemos financiarlo? 
Esta es mi última recomendación a la Comisión: aclárennos también de una vez cómo se proponen llegar a un acuerdo con los bancos para que sea posible financiar por adelantado las inversiones en el sector de la energía, ya que a mi parecer la causa principal de que no avancemos en este momento es esta: la financiación anticipada de las inversiones en el sector de la energía. 
La tecnología en la mayoría de los casos ya existe, ¡lo que falta es el dinero! 
Señor Presidente, el señor Linkohr me ha robado dos tercios de mi discurso: en verdad, estoy en un 100 % de acuerdo con lo que ha dicho. 
Quiero comenzar agradeciendo a la Comisión y, en particular, a la Comisaria su trabajo, su compromiso personal e igualmente la forma como en Buenos Aires recibió y trabajó con los representantes del Parlamento. 
Por desgracia, el Consejo tuvo una actitud que no puede seguir teniendo. 
Esta Asamblea, desde el punto de vista institucional, debe adoptar una posición en relación con el Consejo y con cada una de las presidencias, antes incluso de la próxima conferencia intergubernamental. 
La segunda parte de lo que yo quería decir está relacionada con lo que el Sr. Linkohr ha dicho sobre policies and measures. 
Lo que me preocupa es que se están haciendo las reducciones en muchas de las zonas de la Unión y en la mayor parte de los países del mundo. 
En mi país, por ejemplo, en Portugal, el año pasado el aumento del consumo de energía eléctrica fue de 6 %, que es el doble del crecimiento del producto. 
Así no llegaremos a eso. 
¡Es evidente que así no llegaremos! 
Apoyo la intención de la Comisión de elaborar una directiva- que me gustaría que llegara aquí lo antes posible- para que vuelva obligatorios ciertos niveles mínimos de penetración de las energías renovables. 
Hemos hablado con el Comisario Papoutsis y estamos de acuerdo en que la directiva es urgente. 
La penetración de las energías renovables en el mercado ha ido disminuyendo por la bajada del precio del petróleo y del gas natural y porque hoy el costo de la energía no recoge los costos para el medio ambiente. 
En segundo lugar, veamos los Fondos estructurales y la red europea de transportes, esferas en las que la Comisión de Agricultura tiene cierta influencia mediante el presupuesto: hay que obligar a los Estados miembros que utilizan esos fondos a tener en cuenta opciones de transporte menos consumidoras de energía. 
En cuanto a los países candidatos a la adhesión: PHARE y TACIS no tienen influencia hoy en su consumo energético. 
En caso de que se prolongue esta situación, va a suceder lo que el Sr. Linkohr dice: cuando acabe la situación de crisis aguda, las emisiones aumentarán. 
Para terminar, quisiera decir que tal vez la Comisión pudiera apoyar iniciativas de ciertas empresas, como BP y otras, que están adoptando una actitud muy positiva en cuanto al cambio climático, organizando un gran acto en Bruselas sobre el papel positivo que pueden desempeñar las empresas que quieren tomarse en serio este asunto. 
Gracias, señor Pimenta. 
Señor Pimenta, después de sus primeras palabras, he estado a punto de quitarle dos tercios del tiempo de su intervención, pero lo que sucede es que usted lo ha aumentado en un minuto más. 
Debo rogarles, una vez más, por favor, que se atengan al tiempo establecido porque los servicios de la Asamblea me advierten que vamos con retraso. 
Yo sé que todas y todos ustedes tienen cosas muy importantes que decir, pero les ruego que procuren limitarse. 
Y esto se lo pido en primer lugar a la Sra. Breyer, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, usted se ha referido al papel de América. 
Yo creo que hoy deberíamos ocuparnos de otro tema. Lo que debería preocuparnos es que la Unión Europea se convierta en pionera. 
Hablando claro, no se puede eludir la responsabilidad aprovechando resquicios del Protocolo como el del «intercambio de emisiones». 
Lo cual nos obliga a preguntarnos de inmediato: ¿y qué hay de las medidas que se iban a adoptar? 
Yo también quisiera saber exactamente qué se va hacer en relación con la transposición del Libro blanco sobre las energías renovables. 
Usted ha mencionado el papel fundamental del impuesto energético. 
Muy bien, ahora contamos con una propuesta para gravar con impuesto el consumo de energía, pero sólo es un pequeño paso. 
La Comisión misma ha reconocido, en efecto, que las emisiones se incrementarán en un 6 % hasta el año 2010 a pesar de esta propuesta. 
¿Qué ha dicho usted sobre el sector más difícil, el del transporte? 
Sabemos que las emisiones de CO2 aumentarán un 38 % en este ámbito hasta el año 2010. 
Y en este contexto yo le ruego que responda también a las preguntas que ya le han formulado los colegas: ¿cuándo se establecerá finalmente el impuesto sobre el queroseno? 
¿Cuándo se tomarán en serio la promesa que ya nos hicieron el año pasado? 
Lo que hace falta son acciones, no papeles ni lirismo. 
Señor Presidente, debemos abandonar la concentración exclusiva en las medidas fiscales. 
Parece que estamos tirándonos demasiado de los pelos por la renuencia del Consejo a acordar una tasa sobre la energía y otras medidas fiscales. 
Convengo con la Comisaria en que ya es hora de que la Comisión ponga su propia casa en orden en relación con el cambio climático. 
Quiero oír algunos compromisos detallados con vistas a que así sea. 
Al comienzo de los debates hemos oído simpáticas aspiraciones sobre la agricultura sostenible y las hemos acogido con beneplácito. 
Sin embargo, quiero preguntar a la Comisión qué medidas está adoptando para volver más «verde» su planteamiento del Mercado Único, de la forma como se aplica y de la forma como funciona la política de competencia, de la forma como gasta la ayuda exterior, de su política en materia de comercio, de sus negociaciones sobre la adhesión, que muchos colegas han mencionado, y los Fondos estructurales y la PAC. 
Es necesaria una ejecución activa de la evaluación medioambiental estratégica para luchar contra el cambio climático y utilizarla como instrumento para la evaluación de la política en el nivel europeo, en particular la ayuda exterior y la política aquí, en la Unión Europea. 
También es necesaria una labor suplementaria sobre en qué consistirá exactamente la transferencia de tecnología inocua y la relación con nuestra asistencia exterior para el desarrollo. 
La aplicación activa de los CDM va a ser fundamental para conseguir el apoyo que necesitamos al protocolo de Kyoto por parte de los países en desarrollo. 
Sin algún apoyo de ellos en pro de la idea de equidad, seguiremos teniendo problemas para intentar conseguir que los Estados Unidos lo ratifiquen. 
Si podemos lograr avances sobre algunas de esas cuestiones, la Unión Europea podría avanzar con confianza para preparar el tono de la Quinta y la Sexta Conferencia de las Partes. Desde luego, sabemos que el cambio climático no está desapareciendo y, desde luego, no desaparecerá por el texto que el Parlamento votará mañana. 
Los Estados Unidos no van a ratificar simplemente porque nosotros se lo pidamos. 
Esta semana los Ministros de Medio Ambiente están allí abajo, en el Antártico, viendo cómo se derrite, viendo cuáles van a ser los problemas. 
Necesitamos algún tipo de compromiso de la Comisión y espero que oigamos a la Comisión y al Consejo garantizar que la Unión Europea adoptará las medidas necesarias para abordar las cuestiones que he planteado y nuestras perennes medidas favoritas: los impuestos sobre la energía. 
Señor Presidente, Señorías, después de la Conferencia sobre el cambio climático de Kyoto y de la Conferencia de Buenos Aires del pasado mes de noviembre, la Unión Europea ha elaborado un verdadero plan de acción basado en cuestiones clave, a saber, primero, los mecanismos financieros que ayudarán a los países en desarrollo a afrontar los desafíos del cambio climático; segundo, los futuros trabajos relacionados con las políticas y las medidas a aplicar que ya figuran en el orden del día de las próximas conferencias de las partes adheridas a los convenios marco de las Naciones Unidas; tercero, el desarrollo y la transferencia de tecnologías limpias que ayudarán a los países en desarrollo a no repetir los errores medioambientales cometidos en los países desarrollados; cuarto, las normas de base de los mecanismos de flexibilidad contempladas en el Protocolo de Kyoto, aunque es preciso alcanzar un acuerdo sobre una estructura institucional para los mecanismos de flexibilidad. 
Por lo tanto, quiero recordar que, como decían mis colegas, es fundamental entablar un diálogo, sin embargo, también quiero recordar que, justamente dentro de dos meses, la Asamblea Paritaria ACP-UE, con su grupo de trabajo encargado del cambio climático de los pequeños Estados insulares, no solo aprobará una resolución muy importante para los países en desarrollo, sino que seguramente va a ofrecer una contribución después de dos años de trabajo. 
En consecuencia, quiero preguntar a la señora Comisaria Bjerregaard, por qué no hemos obtenido todavía una respuesta adecuada de la Comisión, por ejemplo, cuando hemos señalado la importancia de emprender acciones conjuntas con otras Direcciones Generales como la Dirección General VIII y la Dirección General XI, en materia de ciencia, investigación y desarrollo, pues estamos muy preocupados por los países ACP y hemos pedido un fondo de prevención de las catástrofes, ya que consideramos que los pequeños Estados insulares son extremadamente vulnerables al cambio climático. 
Por tanto, pido a la señora Comisaria si puede contestar en este Pleno o enviar cuanto antes las respuestas a los que estamos trabajando conjuntamente. 
Para nosotros es fundamental, puesto que las crisis que se producen en África y en los Estados insulares de los ACP están causando graves desastres. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Parlamento por este debate. 
Creo que el Sr. Linkohr tenía mucha razón y que acertó con el tono, como hemos podido ver con respecto a este debate. 
El Parlamento y la Comisión están de acuerdo, sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos es diferente o, por decirlo de otro modo, nuestros otros compañeros, que son fundamentales para el éxito de todos estos esfuerzos, no están en nuestra misma línea. 
He escuchado durante el debate algunas sugerencias sobre cómo seguir trabajando para que las otras partes se unan a la línea que hemos adoptado. 
Comparto totalmente la opinión de la Sra. Graenitz sobre la importancia que tiene para nosotros continuar el esfuerzo internacional y también con respecto a los países en vías de desarrollo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Graenitz y otros parlamentarios en que los países solicitantes han de involucrarse aún más activamente. 
Creo que también el Sr. Pimenta subrayó este punto. 
En eso estamos. 
También lo intentamos en Buenos Aires, es evidente que cuando hablamos de política energética y de las consecuencias de la política energética, los países solicitantes son un campo en el que hay mucho que ganar. 
El Sr. Spencer tenía toda la razón en que fue una mala traducción- sucede a veces cuando uno habla una lengua minoritaria- y por ello me gustaría certificar que lo que dije fue que la tasa energética sobre el CO2, originariamente propuesta en 1992, «was not withdrawn by the Comission». 
Por lo demás, he de decir que creo que hay razones sólidas para reflexionar sobre la forma en la que estamos organizados. 
Debatimos este punto por encima en Buenos Aires. 
También mencioné que la Presidencia argentina, la cual continúa, tenía planes relativos a un proceso más político, sin embargo, me gustaría debatir otras formas de abordar esta cuestión. 
La Sra. Hautala subrayó- y también me parece acertado- la necesidad de cumplir nuestros propios objetivos. 
Si queremos mantener la línea que hemos propuesto, es imprescindible que nosotros mismos estemos también en condiciones de encabezar este proceso, tal y como en verdad teníamos pensado, tanto presentando una comunicación como abordando la cuestión en las sesiones del Consejo. 
Esto se traducirá en un próximo plan adicional cuyo debate en este Parlamento aguardo ansiosa. 
La cuestión de una tasa a los aviones o una tasa al queroseno, cuestión que ya ha sido debatida en varias ocasiones, resulta un poco más complicada. 
La hemos abordado en diversos foros. 
La última vez, en la que yo misma ayudé a presionar muy enérgicamente, fue un encuentro celebrado bajo los auspicios de la OCDE con los ministros de medio ambiente. 
Quedó muy claro la muy violenta oposición por parte de los EE.UU., Canadá, Japón, etc. a esta propuesta y por este motivo la cuestión pasa por ver la posibilidad de actuar en el ámbito europeo, pues la resistencia en el ámbito internacional es demasiado grande. 
Comparto la opinión de la Sra. Pollack referida a la existencia de muchísimos campos que debemos abordar. 
Aparecerán varias iniciativas relativas al mercado interior. 
A lo largo de este año, creo, tendremos oportunidad de discutir los problemas relacionados con la OMC. 
Creo que el Parlamento recordará la existencia de una comunicación común del Sr. Brittan y mía y cómo ciertamente tenemos pensado proseguir esta colaboración también de cara a las próximas negociaciones de la OMC. 
Afortunadamente puedo decir que la Presidencia alemana ha incorporado la propuesta relativa a una evaluación medioambiental estratégica a su lista de prioridades, luego espero que podamos hacer avances en este terreno. 
Señor Presidente, es verdad que puede haber muchas más cosas que necesitáramos debatir, sin embargo, permítame concluir agradeciendo el respaldo dado por el Parlamento a la línea que hemos adoptado y manifestando mi deseo de mantener esta colaboración. 
Necesitamos todas nuestras fuerzas para convencer también a las otras partes de que el camino correcto es éste en el que nos encontramos. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
He recibido una propuesta de resolución presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0008/99) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a: 
I.la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre productos alimenticios y sus ingredientes tratados con radiaciones ionizantes (3631/98- C4-0021/99-00 (0169 (COD) ); 
II.el establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 3632/98- C4-0022/99-00169B (COD) ).Tiene la palabra la ponente Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, yo debo decir que ciertamente me alegro de que por fin, al cabo de diez años, podamos contar con una posición común en relación con la directiva sobre la «irradiación de los alimentos». 
Por otra parte, es preciso constatar, sin duda, que el proyecto permaneció bloqueado durante ocho años en el Consejo, lo cual demuestra una vez más que se trata de un método muy controvertido. 
Evidentemente es posible preguntarse con qué objeto y por qué motivos se han de irradiar los alimentos cuando está comprobado que esto destruye las vitaminas de las frutas y verduras, o sea, que se pierden, y por otra parte también se sabe que la irradiación de productos grasos genera radicales libres que, obviamente, son cancerígenos. 
Sin embargo, yo quisiera recordar, además, otro aspecto: mientras- como ha ocurrido hasta ahora- no dispongamos de una normativa común, tampoco existirá la obligación de indicar este dato en el etiquetado. 
Puesto que en varios países, como por ejemplo Francia, Bélgica, los Países Bajos y otros, se emplea el tratamiento con radiaciones ionizantes, y puesto que existe un mercado interior y esos productos están a la venta, en realidad de nada nos sirve seguir insistiendo en la posición que mantuvo en su momento el Parlamento. 
La prohibición es necesaria. ¡Un momento, señor Bangemann, esto no significa que haya motivos para el regocijo! 
Esa situación ya no se dará ahora. 
A los 18 meses de la entrada en vigor de la directiva será obligatoria la indicación en el etiquetado. Ésta se extiende, obviamente, también a los condimentos y otros ingredientes, incluso- y esto es muy importante-cuando su proporción sea inferior al 25 %. 
Por otro lado, hemos conseguido que a partir del 1.1.2003 sólo esté autorizado el tratamiento con radiaciones ionizantes cuando se disponga de métodos normalizados y homologados de control. 
¡Usted se había atrincherado firmemente en relación con este punto, señor Bangemann! En efecto, sólo conseguimos sacarlo adelante, en contra de la posición de la Comisión, porque por una vez tuvimos al Consejo de nuestra parte, lo cual evidentemente fue muy de agradecer. 
Otro punto importante es que para la revisión de la lista de productos que pueden ser tratados, que por otra parte deberá presentarse antes del 31.12.2000, se aplicará igualmente el fundamento jurídico del artículo 100 A. 
Se mantiene asimismo el principio de que la irradiación de los alimentos no puede sustituir a la higiene y tampoco puede ocupar el lugar de una elaboración adecuada y unas buenas prácticas agrícolas. 
Antes lo que se hacía era que cuando los productos empezaban a deteriorarse, o sea, cuando empezaban a pudrirse, se irradiaban y se engañaba en cierto modo a la vista. 
Esto ya no será posible en el futuro. 
No obstante, seguirá siendo decisiva, naturalmente, la información que ofrezcamos a las consumidoras y los consumidores sobre el significado de la indicación «tratado con radiaciones ionizantes». 
El ama de casa corriente no puede saberlo, como es lógico. 
Sólo me queda esperar, y presionaremos para que así sea, que la letra no sea tan pequeña que pase inadvertida, pues yo sigo pensando, hoy como ayer, que en realidad no es necesario irradiar los alimentos. Sería preferible que procurásemos comer productos del tiempo. 
No es absolutamente indispensable impedir que germinen las cebollas, patatas, etc. Aun así, apoyamos naturalmente el acuerdo que ahora se ha alcanzado. 
Si ese es el caso, yo creo que habremos conseguido una buena norma comunitaria. Yo me congratulo de que por fin haya salido adelante y en último término podemos darnos casi- aunque no completamente- por satisfechos de que todos hayamos visto reconocidas nuestras razones. 
Señor Presidente, en muchas lenguas europeas el verbo «felicitar» es reflexivo. Yo creo que, además de felicitar a la señora Ponente por su trabajo, hoy también podemos felicitarnos en tanto que Parlamento por haber conseguido introducir al fin, con empecinamiento y un largo esfuerzo, una serie de mejoras en la propuesta inicial del Consejo y finalmente también en la posición común. 
A pesar de que, personalmente, yo considero que no es necesario irradiar un gran número de alimentos, pues comparto la opinión de la señora Ponente en el sentido de que la alimentación más sana se obtiene con el consumo de alimentos locales en el momento de su maduración, la indicación en la etiqueta me parece muy importante para los consumidores, con objeto de que sepan lo que compran y lo que pueden esperar obtener. 
También me parece importante resaltar que la irradiación no puede sustituir a una buena práctica agrícola, lo cual obligaría a irradiar los alimentos frescos en todos los casos. 
También considero que es muy importante la validación y homologación de los procedimientos de control, de manera que el control de los Estados miembros pueda ser transparente y que los consumidores y consumidoras puedan hacer valer en último término sus derechos. 
Una directiva de este tipo es necesaria precisamente en estos momentos en los que se está debatiendo minuciosamente el tema de la seguridad de los alimentos. 
Yo creo que, a la vista de las grandes explotaciones agrícolas que existen en los países candidatos a la adhesión, también es necesario que la directiva ya esté aprobada antes de la ampliación de la Unión, a fin de que se pueda incluir de inmediato en el acervo comunitario. 
Señor Presidente, Señorías, la irradiación de los alimentos evoca imágenes terroríficas entre algunos ciudadanos y, en cambio, causa una impresión sublime entre algunos profesionales y expertos. 
La política europea ha tenido que enfrentarse con la tarea de conciliar ambos aspectos y hacer posible una aplicación práctica. 
El tratamiento de los alimentos con radiaciones ionizantes tiene que estar permitido, en nuestra opinión, en los casos en los que sea razonable y necesario, y siempre que no se recurra a él como sustituto de las medidas higiénicas y sanitarias. 
Yo no creo que se aplique sólo a los alimentos ya pasados para devolverles la lozanía, como ha afirmado la colega Bloch von Blottnitz. 
Además, las radiaciones no permiten obtener este resultado. Así se establecerá también explícitamente en las futuras directivas. 
Este es otro principio muy importante. 
A mi modo de ver, la inocuidad para la salud es, de hecho, una condición evidente. Sin embargo, es preciso volver a insistir sobre ello porque hoy hemos escuchado una vez más lo contrario. 
Los alimentos tratados con radiaciones ionizantes no son alimentos irradiados y los ciudadanos de la UE los consumimos sin enfermar gravemente. 
Por esto es urgente una armonización a escala europea. 
La situación jurídica en los diferentes Estados miembros ha sido demasiado diferente hasta ahora. 
Mientras que en Francia, Bélgica y los Países Bajos, por ejemplo, se tratan desde hace años los alimentos con radiaciones ionizantes, esto está prohibido en otros países; con lo cual ni se vislumbra la realización del mercado interior. 
El resultado de la conciliación con el Consejo es bueno y nosotros también lo aprobamos. 
Permitirá avanzar paso a paso también en la realización del mercado interior para los alimentos tratados con radiaciones ionizantes. 
La identificación obligatoria ofrece, además, a los consumidores la posibilidad de elegir. 
Yo creo que es un gran éxito y quisiera resaltar no sin motivo la especial intervención de mi Grupo en la inclusión de la validación y homologación de los métodos de control en la directiva. 
Sin unos métodos de control homologados es imposible un etiquetado fiable y sin un etiquetado fiable es imposible obtener, a su vez, la confianza de los consumidores. 
Es necesario insistir una vez más- y en esto coincido con la Sra. Bloch von Blottnitz- en la palabra clave, confianza de los consumidores; raras veces podemos permitirnos dedicar un periodo de diez años a la elaboración de una directiva como esta. 
No podemos volver a repetirlo- ahora me dirijo a los señores Comisarios- en el caso de las directivas sobre el chocolate o sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
No deberíamos seguir el ejemplo de la presente directiva. ¡Tenemos que ganarnos al fin la confianza de los consumidores mediante una actuación rápida! 
Señor Presidente, acojo con beneplácito esta directiva porque crea un marco jurídico para el Mercado Único de productos alimenticios tratados con radiación ionizante. 
Establece normas y límites rigurosos a la producción que se puede tratar. 
Ahora la mejora de la variedad y la calidad de los alimentos mediante un valor añadido es fundamental para un sector moderno de la alimentación. 
La calidad del producto, la información sobre su origen y todos los detalles del proceso de valor añadido deben estar en todo momento a disposición de los consumidores. 
Los productos alimenticios resultantes de nuevas investigaciones no deben entrar en la cadena alimentaria hasta que se hayan llevado a cabo los análisis más rigurosos. 
Los consumidores deben estar protegidos en todo momento de la incertidumbre relacionada con análisis inadecuados de los productos nuevos. 
Dicho en pocas palabras, la salud pública y la protección del consumidor debe estar por encima de todas las demás consideraciones relativas al sector agroalimentario de Europa. 
Este Parlamento ha desempeñado un papel fundamental para velar por que se tengan en cuenta las preocupaciones de los consumidores y por que se reduzcan al mínimo los posibles riesgos relacionados con los mecanismos de control. 
El objetivo primordial de los gobiernos nacionales y de la UE debe ser el de la consecución de los niveles más altos de calidad de los alimentos. Y se deben apoyar las medidas que aumenten y mejoren la calidad de los alimentos. 
Me complace que en Irlanda cada vez se aprecie más el papel profesional de los agricultores a la hora de facilitar una materia prima de calidad a un sector alimentario comprometido con los niveles más altos de satisfacción de los consumidores. 
Señor Presidente, en su ausencia, quisiera felicitar a la Sra. Bloch von Blottnitz por haber llevado a buen término esta difícil conciliación. 
Podría haber llegado antes. 
Todo lo que incluya la palabra «radiación» presenta dificultades, malentendidos y recelos. 
¿Cuál es el uso idóneo de la radiación ionizada? 
Esencialmente, tiene que ser lo que beneficie a la seguridad del consumidor. 
Es para el consumidor y para la salud del consumidor. 
No es lo que beneficie al productor por su efecto cosmético en la fruta y otros alimentos de durabilidad limitada. 
No nos beneficiamos de comer fresas que hayan superado su duración natural simplemente porque se puedan preservar artificialmente. 
Sin embargo, sí que nos beneficiamos del mantenimiento de la duración natural de las especias y los conservantes que se utilizan en nuestras tiendas y que se mantienen durante largos periodos de tiempo. 
Tenemos una diversidad de productos muy concretos que se pueden vender ahora en todo el Mercado Único. 
Podemos entender que en cada uno de los Estados miembros se apliquen las mismas condiciones y las mismas salvaguardias. 
En vista de la próxima ampliación en un futuro no muy lejano, debemos entender también que ése es un criterio importante para los Estados candidatos, en cuyos sectores agrarios están al acecho toda clases de tentaciones, como ya ha dicho el Sr. Schnellhardt. 
Tal vez sea ésta la primera vez que hemos podido lograr algún consenso sobre un aspecto de la radiación y del tratamiento con radiación. 
No será la última. 
Señor Presidente, siempre se crea una situación muy absurda cuando uno siente que han acabado imponiéndose sus razones. En efecto, es demasiado fácil caer en la tentación de reafirmar la propia opinión y decir, lo ven, me he pasado diez años pidiendo lo acertado y la otra parte por fin lo ha reconocido. 
Sin embargo, ya se lo dije a la Sra. Bloch von Blottnitz- y quiero decir con ello que el Parlamento posiblemente no fue el primer responsable -, lo cierto es que es preciso reconocer que el Consejo ha hecho lisa y llanamente oídos sordos durante diez años al argumento que acaba de exponer la Sra. Bloch von Blottnitz y que yo he venido planteando durante diez años en cada reunión del Consejo, a saber, que la situación existente era más desfavorable para el consumidor que la que nosotros proponíamos. 
¿Por qué? 
Porque restringíamos mucho el ámbito de aplicación de la irradiación. 
En segundo lugar, siempre presionamos en favor de una indicación en el etiquetado, de manera que cada consumidor pueda decidir si desea comprar o no un alimento tratado con radiaciones ionizantes dentro de esta reducida gama. 
También puede abstenerse de hacerlo. 
No está obligado a comprarlo y cuenta con una indicación en el etiquetado. 
En cuanto al parlamentario que ha vuelto a abandonar la sala... señor Presidente, en una de las próximas sesiones yo también me marcharé para demostrarles de una vez a Sus Señorías que es una estupidez, además de una descortesía hacia la Comisión, hacer un comentario sobre el chocolate y luego irse enseguida, ¡sin escuchar siquiera al Comisario que se disponía a responder a ese argumento! 
Exclamación 
Muy bien, de acuerdo, sólo se ha puesto la chaqueta. 
Creí que ya no estaba aquí porque antes ha hablado en mangas de camisa. 
En fin, en el caso del chocolate se plantea exactamente el mismo problema. 
Hemos propuesto un etiquetado para que cada consumidor pueda decidir libremente si quiere comprar un chocolate que sólo contiene componentes procedentes del cacao o si acepta que incluya también otras grasas vegetales. 
La Sra. Bloch von Blottnitz ha manifestado con razón que es preciso tener una cierta confianza en el consumidor. La Comisión opina lo mismo. 
¿Por qué no dejamos que el consumidor decida libremente qué es lo que desea? 
Entonces podrá decir, sólo voy a comprar chocolate con grasas procedentes del cacao, mientras que otro podrá decir, a mí no me importa y también estoy dispuesto a comprar otros tipos de chocolate. 
El problema era exactamente idéntico en el caso del tratamiento con radiaciones ionizantes. 
Mientras no existiera una norma, los Estados miembros lo aplicaban y no se indicaba en el etiquetado. 
Este es mi undécimo año como Comisario y espero poder completarlo, si la magnanimidad del Parlamento lo permite. 
Pero tampoco me preocuparía si no fuese así. 
Sin embargo, me he pasado diez años defendiendo esta directiva ante el Consejo, diez años planteando estos argumentos, también en algunos debates parlamentarios, dicho sea de paso, ¡y ha sido como hablar a una pared! 
A veces uno francamente se pregunta si no es posible adoptar una norma razonable, aunque todos sepan que no responde al ideal que cada uno se había imaginado. 
Además, esto jamás ocurre en una democracia, pues si reunimos a cien personas, tendremos por lo menos tres o cuatro opiniones distintas. 
Con una indicación en el etiquetado se concede, no obstante, al consumidor la libertad de decidir por sí mismo. 
Esta es precisamente la única posibilidad ante una gama tan variada de opiniones: conceder al individuo la oportunidad de una elección racional. 
Por esto yo me congratulo de que por fin hayamos llegado a este punto. 
Sin embargo, yo me lo pensaría tres veces antes de celebrar grandes méritos propios en el Parlamento. 
Gracias, señor Comisario, por su franqueza a la hora de dirigirse al Parlamento. 
Sin embargo, ésta ha provocado un comentario por parte del Sr. Fernández Martín. 
Señor Presidente, yo creo que la actitud del Comisario, al sufrir el error que ha sufrido y los comentarios que ha hecho, obliga a que presente sus excusas al diputado al que se dirigió de manera tan descortés y a los que estamos aquí escuchándole. 
Él no puede irse cuando quiera. 
Señor Presidente, no voy a hacer lo que me piden y el motivo es que ha llegado la hora de delimitar claramente los frentes políticos en este debate. 
Yo no he dicho que el único responsable fuera el Parlamento, mi propio Estado miembro, Alemania, ha obstaculizado durante diez años esta solución. 
¡Yo he estado planteando durante diez años los argumentos que ha expuesto esta tarde la Sra. Bloch von Blottnitz! 
No estoy dispuesto a disculparme, pues se trata de un enfrentamiento perfectamente democrático. 
Ustedes se han estado equivocando durante diez años y ahora no quieren reconocerlo. 
Esto no es admisible. 
¡La hipocresía mata la democracia! 
Señor Bangemann, usted sabe perfectamente lo que dice la Biblia sobre el pecador convertido y así creo que debería usted ver a la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, sólo una breve observación. 
Señor Comisario, no comprendo por qué ataca usted al Parlamento. 
Mi referencia a la directiva sobre el chocolate apuntaba exactamente en el mismo sentido que ha expuesto usted. 
El Consejo se reserva el derecho a retrasar todo el asunto con pretextos, al igual que en el otro caso, que es totalmente distinto. 
Evidentemente, si usted tiene la bondad de citarme una disposición del Reglamento o del Tratado de Maastricht que indique cómo hubiese podido agilizar el Parlamento el asunto, yo desde luego estoy dispuesto a invocarlo gustosamente en relación con los otros dos temas. 
Sin embargo, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. ¡Ambos- la Comisión y el Parlamento- tenemos que presionar al Consejo! 
Yo no he dicho otra cosa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Asistencia a los proveedores tradicionales de plátanos ACP 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0012/98) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se establece un régimen especial de asistencia a los proveedores tradicionales de plátano ACP (10460/98- C4-0583/98-98/0014 (SYN) ) (Ponente: Liese). 
Señor Presidente, Señorías, es francamente asombroso lo que ha podido escuchar quien haya seguido el debate anterior en calidad de ponente. 
A mí me ha extrañado un poco, no obstante, oírle decir al Sr. Bangemann que no le «preocuparía» no poder concluir su mandato. 
A mí no me sería del todo indiferente si tuviese una responsabilidad ante Europa en calidad de Comisario. 
Quizá también procuraría influir en la Comisión para que los casos que ha criticado el Parlamento no vuelvan a ser motivo de crítica. 
Pasando ahora al tema de los plátanos, el presente debate en segunda lectura de mi informe aborda dicho tema en un momento en el que éste vuelve a ser objeto de atención por parte de la opinión pública mundial debido a la posible escalada del conflicto entre la UE y Estados Unidos, así como con algunos países latinoamericanos, y al riesgo de una guerra comercial. 
El informe, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, se ocupa de un aspecto parcial del problema de los plátanos y, aunque ciertamente guarda relación con el tema de la OMC, sólo trata de los pagos a los productores de plátanos de los países ACP. 
Estados Unidos y algunos países latinoamericanos solicitaron en 1997 la opinión de un grupo de trabajo de la OMC. 
Éste decidió que la ordenación común de mercados de la UE entonces en vigor no cumplía las reglas de la OMC. 
La Comisión presentó entonces una propuesta de modificación, que se aprobó en 1999. 
Dentro del mismo paquete, se propuso conceder a los productores de plátanos de los países ACP unos pagos financieros adicionales con cargo al presupuesto de la Unión. 
Todavía existen dudas, también por parte de la OMC, sobre si la adaptación de la organización común de mercados propiamente dicha se ajusta a las exigencias de la OMC. 
Creo expresar el sentir de todos si resalto que esto es algo que no le corresponde decidir a Estados Unidos, sino a los correspondientes órganos de la OMC. 
Es preciso insistir en dejar claro que Estados Unidos no puede imponer medidas unilaterales. 
Sin embargo, hablando personalmente y sólo en nombre propio, yo digo que la Unión Europea desde luego también debe estar preparada para aceptar el fallo de la OMC y posiblemente habrá que introducir nuevas modificaciones en algún momento. 
El informe sólo se ocupa, sin embargo, de los pagos en concepto de compensación que propuso la Comisión como parte del paquete, aunque no se contemplen dentro de un marco jurídico. 
Se trata de determinar cómo se efectuarán estos pagos, bajo qué forma y a qué productores. 
En la Unión Europea existen también diferentes posiciones al respecto y hay diferencias entre el Consejo y el Parlamento. 
El Consejo no ha aceptado algunas enmiendas importantes que presentó el Parlamento en la primera lectura. Esto me resulta en parte incomprensible en mi calidad de ponente y seguro que también lo es para toda nuestra comisión. 
Una prioridad importante para el Parlamento era el apoyo a los productores de plátanos destinados al comercio justo. 
Esto ha sido siempre prioritario para el Parlamento y también debería ser una consideración de primer orden en la adjudicación de las ayudas financieras a los productores y no sólo un aspecto secundario como da a entender el Consejo en su posición común. 
Nosotros abogamos por unas normas mínimas en relación con las condiciones de trabajo como requisito para el pago y por la participación de las organizaciones de cultivadores y productores, de las organizaciones de agricultores, en la adjudicación de las ayudas. 
La comisión aprobó asimismo por mayoría un incremento de la dotación financiera del programa y también- en otras partes del texto, como por ejemplo en las enmiendas 19, 9 y 15- una ampliación de los pagos con cargo al presupuesto de la Unión. 
Yo me había manifestado contrario a ello en mi calidad de ponente, pero tuve que plegarme a la decisión mayoritaria del Pleno. 
Una enmienda fundamental en mi opinión es la exclusión de las empresas multinacionales del apoyo en el marco del presente instrumento financiero. 
En efecto, desde luego no parece admisible que todo el mundo afirme que el objetivo que persigue Europa con la presente ordenación común de mercados y con todo lo que hacemos en el sector del plátano es proteger a los pequeños productores frente a las grandes multinacionales, y que luego se rechace una enmienda que formula exactamente que los pagos financieros deben beneficiar a los pequeños productores independientes y no a las empresas multinacionales. 
Sin embargo, esto es justamente lo que han hecho la Comisión y el Consejo, a pesar de que el Parlamento ya aprobó esta enmienda por una gran mayoría en la primera lectura. 
Nuestra comisión vuelve a incluirla ahora y yo ruego a la Comisión que vuelva a reconsiderar detenidamente su posición de rechazo, pues la Unión Europea perderá toda su credibilidad si seguimos el criterio de que podemos apoyar a las multinacionales siempre que operen en los Estados ACP, pero si operan en América Latina, ¡entonces son perversas y tenemos que mantenerlas alejadas del mercado europeo mediante todo tipo de normas burocráticas! 
A mi modo de ver, esto es una hipocresía que hace perder credibilidad a toda la política. 
Yo creo que la Comisión Europea tendría que manifestarse muy claramente sobre este punto. 
De lo contrario, para mí quedará todavía más claro que antes que en la política del plátano hay mucha hipocresía. 
Tenemos que transponerla de manera consecuente en este contexto. 
Señor Presidente, señor Comisario, querría, en nombre del grupo socialista, apoyar el informe del Sr. Liese relativo al establecimiento de un régimen especial de asistencia técnica y financiera a fin de ayudar a los proveedores tradicionales de plátanos ACP a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. 
Apoyo el informe porque toma en consideración los intereses de los proveedores más desfavorecidos. 
Es preciso ayudar en particular a los pequeños productores independientes y que las multinacionales, que poseen plantaciones de plátanos en varios países, queden excluidas de la ayuda. 
Apoyo el informe porque destaca el interés de respetar las normas sociales, las condiciones de trabajo y el medio ambiente y porque contempla medidas especiales para apoyar a los plátanos que responden al comercio equitativo. 
Nosotros, los socialistas, deseamos que la ayuda se dedique a mejorar la calidad y pensamos que es indispensable ayudar a la diversificación de las producciones porque, para muchos países ACP, el plátano es la única y exclusiva fuente de ingresos. 
Así pues, creo que las aportaciones de los diputados, añadidas a las propuestas mantenidas por el Consejo al terminar la primera lectura, como, por ejemplo, la consideración de la situación especialmente dramática de Somalia, pueden dar lugar a una reglamentación completamente satisfactoria si podemos dedicarle un presupuesto, un esfuerzo financiero que esté a su altura- calculamos que de 500 millones de ecus- y que sea sostenido, es decir, que se prolongue más allá de los diez años, dependiendo de la evolución de los países ACP y de la evolución del mercado. 
Pero lo que nos preocupa, como usted supone, señor Comisario, es el nuevo recurso presentado por Estados Unidos ante la OMC. 
Las amenazas de sanciones sobre numerosos productos europeos y la utilización de técnicas dilatorias son métodos que no son dignos de un gran país. 
Dentro de algunos días, la OMC se pronunciará acerca del régimen de importación de plátanos y, de hecho, acerca de las posibilidades de que los países que se consideran perjudicados por el mismo impongan sanciones. 
Temo que la decisión de la Organización Mundial del Comercio sirva, una vez más, a los intereses estadounidenses; no deseo que estas decisiones se impongan a la Unión Europea sin que ésta reaccione o que, por lo menos, muestre su voluntad política de reaccionar para defender, cueste lo que cueste, a sus propios productores y a los productores de los países pobres de África, el Caribe y el Pacífico. 
Creo que con estos países tenemos algo más que tratados comerciales: tenemos compromisos morales. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como dije en junio del año pasado con motivo del debate de este informe en primera lectura, la reforma de la OCM del plátano que nos propone la Comisión viene impuesta por la decisión del Grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio ante la denuncia presentada por Ecuador y otros tres países. 
Ahora como entonces, el Parlamento apoyó, en líneas generales, la propuesta de la Comisión, por una sólida mayoría, introduciendo algunas enmiendas que quisiéramos ver recogidas en segunda lectura. 
Pero de entonces a hoy, se ha producido un cambio fundamental en el desarrollo de lo que algunos llaman «la guerra del plátano» , y hoy estamos ante un debate más político que técnico. 
El hecho nuevo es que Estados Unidos se ha quitado la careta y amenaza directamente a la Unión con tomar represalias comerciales contra una lista de productos europeos si no modificamos nuestra política de protección a las producciones plataneras ACP. 
Debilitados por determinados hechos de su política interna e internacional, la Administración americana no ha podido resistir la enorme presión de algunas de las multinacionales americanas del plátano y se dispone a tomar la justicia por su mano. 
Ayer, en la Comisión REX de este Parlamento, asistimos a un hecho insólito: en este mismo Parlamento, el embajador de los Estados Unidos dio un ejemplo de cómo entiende el imperio el respeto a las normas de la OMC, exigiendo su cumplimiento cuando le conviene e ignorándolas cuando le parece oportuno. 
Aprovecho esta ocasión para aplaudir la enérgica actitud expresada ayer por el Comisario Brittan en la Comisión REX, defendiendo la legitimidad y la legalidad de nuestras normas. 
Y pido a la Comisión que, en una situación de incertidumbre como la actual, acepte las sugerencias de este Parlamento en segunda lectura, tal como se recogen en el informe del Sr. Liese. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y en el mío propio, no puedo sino felicitar al Sr. Liese por la forma en que ha sabido sostener en este informe la posición de la Unión Europea con respecto al régimen de las ayudas a los productores de plátanos. 
Los puntos que merecen ser destacados son, sin duda, el acento puesto en la diversificación, la situación particular de Somalia y, por último, no por ser menos importantes, la producción socialmente sostenible y el comercio justo y solidario. 
Precisamente estos puntos definen una filosofía de la Unión Europea que nos ofrece una perfecta visión del libre mercado. 
Es un error considerar el libre mercado un mercado sin normas y en que se compite prescindiendo de las relaciones de fuerza. 
Está claro que semejante libre mercado daría pie a los abusos del operador económico o de los operadores económicos más fuertes o del país económicamente más fuerte en detrimento de los demás. 
Esto es precisamente lo que la Unión Europea debe tratar de evitar por todos los medios, a través de todas las iniciativas necesarias, útiles y oportunas. 
Precisamente en nombre de este concepto de libre mercado, en nombre de mi Grupo, expreso nuestro desacuerdo con la enmienda 9 al apartado 2 del artículo 1 de este informe, presentada por el Grupo Radical. 
El texto originario contempla un régimen especial en favor de los productores de plátanos que se aplicará durante un periodo no superior a 10 años a partir de 1 de enero de 1999. 
Creemos que este texto ha de mantenerse. 
Tenemos que poner los países ACP productores de plátanos en condiciones de caminar por sí solos y no debemos mantenerlos en un estado de perenne e indefinida inferioridad, como sucedería si se admitiera la enmienda del Grupo de Coalición Radical Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, la modificación de la organización de mercado del plátano no puede ir en detrimento de los productores comunitarios ni de los productores ACP. 
Y aunque sea pronto para determinar si, como consecuencia de la modificación puesta en práctica, los proveedores del plátano ACP han sufrido perjuicios, se han de tomar medidas para evitarlo. 
Esas medidas deberán inspirarse en los valores que inspiran el principio del comercio justo, que deberían extenderse y aplicarse al fomento de actividades económicas alternativas para los productores menos capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, incluyendo asistencia técnica y financiera para aquellos proveedores ACP, que estén en condiciones de adaptarse, para que lo hagan en las mejores condiciones posibles. 
El objetivo es que el régimen especial de ayudas no solamente exprese la voluntad de cumplir los compromisos adquiridos por parte de la Unión con sus proveedores tradicionales, sino también que se contribuya con ello a la lucha contra la pobreza, a la vez que se envía un mensaje claro y contundente de que la Unión no se someterá a presiones inaceptables, como las ejercidas actualmente por los Estados Unidos y su lista de represalias. 
Pido a la Comisión que tome en consideración las enmiendas presentadas en el informe Liese, en particular las que están inspiradas en la idea del comercio justo, que no han merecido en la posición común sino una consideración marginal. 
Esta es una actitud absolutamente decepcionante, como lo es igualmente que las grandes multinacionales puedan recibir ayudas en los Estados ACP con cargo a los recursos financieros de la Unión. 
Sería bastante incomprensible que, en vez de ayudar a los pobres, se ayudara a los ricos. 
Señor Presidente, esta tarde tenemos dos informes emblemáticos. 
Dentro de un momento, con las gallinas ponedoras y el informe Kindermann sobre la indignante cría de concentración, seremos el ejemplo del hiperproductivismo. 
Y con el informe de Peter Liese sobre el plátano, somos el ejemplo del mundialismo. 
Es un tema muy antiguo que ronda por aquí desde hace años. 
Los europeos producimos entre 800.000 y 830.000 toneladas de plátanos aproximadamente- de Guadalupe, Creta, Martinica, Canarias, Madeira. 
Compramos unas 830.000 toneladas de plátanos a los países ACP, entre ellos Costa de Marfil y Camerún. 
Y después están los plátanos-dólar, a los que tan aficionados son los alemanes, que son plátanos de América Central. 
Al principio eran dos millones de toneladas, que llevaban consigo el regalo de los derechos de aduana, al igual que los PSC, los productos sustitutivos de los cereales. 
Después, con el pretexto de que entraban en la Unión Europea Suecia, Austria y Finlandia, ocasionando un perjuicio a Estados Unidos, hemos aceptado importar 2, 5 millones de toneladas de plátanos latinoamericanos sin derechos de aduana o con derechos de aduana reducidos. 
Todo ello no ha bastado a Estados Unidos. 
Han recurrido a la Organización Mundial del Comercio, se han multiplicado los grupos especiales en primera instancia y en apelación, se ha modificado nuestra legislación, se ha vuelto a recurrir a la Organización Mundial, y hete aquí que esta tarde, ahora que nos sometemos, de todos modos hay que prever compensaciones para los pobres países ACP que van a salir perjudicados. 
Somos emblemáticos. 
Primero, la hipocresía, cuando hablamos de la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea, porque, al fin y al cabo, puede que la Sra. Cresson y el Sr. Marín hayan malversado 4 ó 5 céntimos, como cualquier socialista normal, pero en este caso son 14.000 millones de francos de regalos hechos a una multinacional, la multinacional Chiquita. 
Después podemos hablar de los intereses financieros de la Comunidad Europea. 
Ponemos en tela de juicio nuestra política regional en Creta, Madeira, Canarias, Guadalupe, Martinica. 
Ponemos en tela de juicio nuestra política de cooperación con los ACP, puesto que se cuestionan las licencias de importación. 
Ponemos en tela de juicio la política de derechos humanos, puesto que en Honduras es la multinacional United Brand, comprada ahora por Chiquita, la que realiza las labores policiales. 
Ponemos en tela de juicio la política social, puesto que los que producen esos plátanos son esclavos que trabajan a 35 euros al mes. 
Ponemos en tela de juicio la superioridad del Derecho europeo puesto que nos sometemos al Derecho de Ginebra, al Derecho de la Organización Mundial. 
Y, una vez más, ante la sección 301 de Estados Unidos, la Europa de 370 millones de habitantes, la Europa del euro, la Europa-nueva-potencia, se somete en Kosovo, en Irak, y ahora con el plátano. 
Es una supeditación a Estados Unidos. 
¡Ojalá pudiéramos resbalar con esta piel de plátano para volver al buen camino, pero tengo mis dudas! 
Señor Presidente, hemos llegado a la segunda lectura de la propuesta de reglamento que nos hemos visto obligados a aprobar tras los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio para tratar de no perjudicar más todavía, si cabe, a los proveedores tradicionales de plátanos de los países de África, Caribe y Pacífico. 
En su conjunto la posición común del Consejo ha permitido mejorar la propuesta de reglamento originaria, gracias sobre todo a la labor, en primera lectura, del Parlamento Europeo. 
En particular, quisiera recordar que se refuerza la posibilidad de utilizar parte de los recursos previstos en el reglamento también para promover acciones de diversificación de las producciones, en el caso de que no existan las condiciones adecuadas para continuar la producción de plátanos. 
En lo que respecta a otros puntos, el Parlamento deberá reiterar sus enmiendas con miras a garantizar una utilización de los recursos en favor de los pequeños productores y de los productores independientes. 
La posición común del Consejo ha admitido las enmiendas de nuestro Parlamento encaminadas a tener en cuenta la situación particular de Somalia y de sus productores de plátanos. 
Se trata de la única mercancía que podría exportarse de ese país al mercado europeo y de la posibilidad de mantener y fortalecer la producción platanera depende gran parte del futuro de ese desdichado país. 
Esto es positivo, sin embargo, quisiera comentar que, a pesar las claras indicaciones, entre otros, del Parlamento Europeo y de la Comisión se ha mostrado una actitud de boicot respecto a las exportaciones de plátanos de Somalia en el transcurso de los pasados años. 
Las catástrofes naturales que han afectado a las regiones plataneras del país en los últimos dos años han causado graves daños, aunque increíblemente la Unión Europea no ha considerado necesario emprender acciones en materia de ayudas. 
Es preciso que la Unión se comprometa desde ahora a fin de que los productores somalíes de plátanos obtengan el acceso inmediato a las ayudas previstas en el reglamento que estamos debatiendo. 
Éste sería una de las maneras más concretas para favorecer la resurrección de Somalia y para evitar que salga definitivamente del Banana's Club comunitario. 
Señor Presidente, señor Comisario, el caso de los plátanos, además de las mejores o peores razones que asisten a las partes intervinientes, no puede dejar de resultar sorprendente por la desproporción de las reacciones americanas. 
Desde luego, es desproporcionada la reacción habida ahora en relación con este producto después de que, a lo largo de cuatro decenios, la Unión Europea haya seguido una política agraria proteccionista en relación con varios bienes producidos en el propio territorio de los Estados Unidos. 
Al no haber habido entonces una reacción semejante, habrá que concluir que la administración de ese país está más preocupada por una o dos multinacionales que explotan la producción de plátanos en América Latina que por sus propios agricultores. 
Además, la reacción es desproporcionada frente a la producción reivindicada por la Unión Europea, de dimensión relativamente reducida y procedente de regiones periféricas como Madeira y las Canarias o de países ACP pobres, en los que no es posible encontrar opciones substitutivas que puedan mantener a la población rural, con un nivel de vida mínimamente digno. 
Así, pues, no se trata de regiones ricas, sino de zonas en las que se justifican comprensiblemente algunos apoyos. 
Como ocurre también con el apoyo financiero ahora propuesto en una cantidad que deberá fijarse en breve, disipando toda posible duda sobre la seriedad de nuestros propósitos. 
Por último, también es desproporcionada y está fuera de lugar la represalia decretada, en el sentido de limitar las importaciones de productos diversos, lo que castiga sin criterio a países, regiones y sectores que nada tienen que ver con los plátanos. 
Al recorrer la lista, observamos, por lo demás, que, para defender a una gran multinacional, cuyo nombre ya se ha mencionado varias veces aquí, se está condenando a sectores europeos en los que predominan las pequeñas y medianas empresas, en gran parte de los casos de países y regiones menos favorecidos. 
Nos parece también de muy mal gusto que se procure dividir a la Unión Europea con la excepción concedida a Dinamarca y a Holanda, con el argumento de sus supuestos buenos comportamientos, cuando está en juego una política común que, después de decidida, asumimos solidariamente. 
Además de este triste episodio- que esperamos caiga rápidamente en el olvido -, queda la pregunta de si será éste el camino a seguir, cuando están involucradas las dos mayores potencias del mundo con responsabilidades muy especiales en el comercio internacional. 
Señor Presidente, quiero centrar mi intervención sólo en el tema que acaba de ser abordado por el Sr. Vecchi: el llamado caso de Somalia. 
Deseo subrayar, esta vez con satisfacción, que por fin este reglamento del Consejo presta a este problema la debida atención. Un problema inútilmente evidenciado por quien les habla cuando fui ponente de la OCM del plátano, cuando debatimos en este Pleno el problema en general, así como alguna situación específica. 
Somalia acaba de salir de un par de campañas cuando menos desastrosas a causa de catástrofes medioambientales que se añaden a las del pasado: desde octubre de 1997 hasta enero de 1998 el 70 % de los cultivos de plátanos quedaron destruidos a causa de una inundación que mantuvo bajo el agua las plantas durante cuatro o cinco meses dañándolas definitivamente. 
No obstante los penosos llamamientos lanzados, la Comisión Europea no ha considerado oportuno intervenir en absoluto ni con los recursos del Fondo Social Europeo ni con los de STABEX ni tampoco de otra forma. 
Incluso antes, durante el debate de la OCM, no quiso reconocer en la guerra civil, endémica e ininterrumpida desde hace unos treinta años, una causa de fuerza mayor, una catástrofe como aquellas que, por ejemplo, han proporcionado fuertes indemnizaciones a los productores de las islas del Caribe. 
Desde el pasado mes de junio, se ha suspendido todo tipo de exportación de plátanos de Somalia: falta la mercancía y la que hay no es competitiva, en definitiva, no se puede situar en el mercado. 
Ahora, con este reglamento los productores somalíes podrán al fin levantar cabeza. 
Sin embargo, deben tener acceso directo e inmediato a las ventajas financieras a través de su libre asociación que se ha creado para obviar una vieja excusa según la cual las ayudas no tuvieron destinatarios concretos y autorizados en el pasado. 
Pues bien, ahora la organización de los productores somalíes existe y está reconocida a escala continental, así como internacional. 
La Dirección General VIII ha de tenerlo especialmente en cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera en primer lugar agradecer a la Comisión de Desarrollo y Cooperación y, en particular, al Sr. Liese la intensa labor dedicada a este expediente. 
Antes de pasar a las enmiendas, quisiera recordar brevemente a Sus Señorías por qué es tan importante esta propuesta para la Comisión. 
El año pasado el Consejo aprobó las medidas necesarias para ajustar la organización común del mercado de los plátanos a las normas de la OMC. 
Ahora se están aplicando dichas normas desde el 1 de enero y van a modificar radicalmente las condiciones del mercado para los proveedores tradicionales de plátanos ACP. 
En nuestra opinión, eso va a poner en peligro la continuidad de su viabilidad en el mercado de la UE, dado que, en particular, se ha desmantelado el importante sistema de licencias y no va a haber ya un mecanismo para colmar el desfase en competitividad entre los plátanos ACP y los de la zona del dólar. 
Para permitir a los proveedores tradicionales ACP mantener su presencia en el mercado de la UE, según lo acordado en el Convenio de Lomé, la Comisión ha presentado paralelamente esta propuesta por la que se establece un marco especial para la asistencia técnica y financiera. 
Ese apoyo va encaminado a ayudarlos a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y, en particular, a aumentar la competitividad de su producción. 
Creo que estamos de acuerdo en la necesidad de este reglamento y en la necesidad de aplicarlo lo antes posible para que los proveedores tradicionales ACP puedan continuar adoptando medidas para mejorar su competitividad. 
Sea cual fuere el resultado de las debates en curso en Ginebra, dichas medidas son necesarias. 
Pasando al asunto que nos ocupa, quisiera subrayar que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta. 
Hemos aceptado cuatro enmiendas concretas, pero nuestro acuerdo va mucho más allá de eso. 
Tomemos la diversificación. 
Acordamos que debía haber financiación disponible para los proyectos de diversificación en los casos en que las mejoras en la competitividad no fueran viables ni sostenibles. 
Todos sabemos que hay regiones del sector del plátano en los países tradicionales ACP en las que probablemente no sobrevivirá en un mercado de la UE más competitivo. 
Esos agricultores deben recibir asistencia para diversificar sus cultivos. 
Ahora se han introducido nuevas disposiciones al respecto en la posición común. 
Otro sector es la producción social e inocua para el medio ambiente de plátanos, los llamados plátanos del comercio justo. 
Se trata de una faceta importante de una estrategia de los países ACP para mejorar su competitividad. 
Ésa es la razón por la que se añadieron disposiciones especiales a la posición común, pero debo subrayar que no se trata de un reglamento sobre el comercio justo. 
Hay muchos otros métodos mediante los cuales un país ACP puede mejorar su sector del plátano de forma sostenible. 
Entre ellos, figuran las mejoras en los enlaces de transporte y la distribución, la formulación de nuevas estrategias de comercialización y la asistencia técnica a los agricultores. 
También conviene recordar que la lista de criterios para programas no es prescriptiva ni exhaustiva. 
Se ha mantenido una redacción simple para permitir la necesaria flexibilidad. 
Otro sector sobre el que estamos de acuerdo es el de la necesidad de consultas abiertas y transparentes. 
Es una parte de la metodología idónea para velar por que los grupos de productores y las asociaciones de cultivadores de plátanos participen en el proceso de formulación de estrategias para el sector del plátano. 
Ya estamos fomentando esos debates. 
No es necesario añadir al reglamento disposiciones específicas a ese respecto. 
Hay uno o dos sectores en los que tenemos opiniones algo divergentes. 
Ésos son los casos en que no hemos podido aceptar las enmiendas propuestas por Sus Señorías. 
Nuestros argumentos son los mismos que en la primera lectura de junio. 
Uno de esos aspectos es la prestación de ayuda directa a los agricultores, una forma de apoyo a la renta. 
Ese concepto no refleja nuestro objetivo global de mejora del nivel de competitividad de la producción tradicional de plátanos ACP. 
La prestación de apoyo a la renta aplazaría el momento en que los productores no competitivos deban abandonar el mercado. 
Es una medida a corto plazo. 
No producirá una industria sostenible. 
Se deben hacer las inversiones para la estructura del sector del plátano a fin de eliminar los cuellos de botella y producir una industria eficiente para los países en conjunto. 
Voy a ofrecer un ejemplo a Sus Señorías: uno de los países productores importantes, en los que el plátano es muy importante para la economía, es Santa Lucía. 
Para quienes no lo conozcan, Santa Lucía es un país muy pequeño y montañoso en el que se tarda más de una hora en recorrer una distancia de 20 km en automóvil. 
Allí la mejora decisiva de la producción, la competitividad y la productividad de los plátanos sería poder hacer el riego gota a gota. 
Como algunas de las explotaciones son relativamente pequeñas, para hacerlo, tendrían que asociarse. 
Conque muy pronto comenzamos a constituir una fuerte asociación de agricultores para que pudieran compartir ese tipo de sistema de riego. 
Pero eso también requiere el apoyo del Gobierno, por lo que éste se hará cargo de parte de la infraestructura relacionada con esa importante labor. 
Así, pues, la prestación de esa ayuda corre el riesgo de que nuestros interlocutores comerciales la impugnen por ser incompatible con las normas comerciales internacionales. 
También creemos que en los reglamentos no deben figurar cifras presupuestarias concretas para no prejuzgar los debates presupuestarios anuales, según lo acordado en la Declaración Común de 1982. 
La cifra anual de 45 millones de euros es la correcta y no se deben reservar fondos suplementarios para medidas urgentes. 
Eso infundiría esperanzas. 
Tendríamos que examinar lo que constituye una medida urgente y, en mi opinión, eso aplazaría la ejecución de este proyecto. 
Todos los proyectos deben estar integrados como parte de una estrategia por países en el plan global previsto. 
Tampoco se debe dejar la puerta abierta a la posibilidad de ampliar la asistencia más allá de los diez años previstos. 
No es porque yo esté absolutamente convencido de que diez años sean suficientes, sino porque en este momento debemos hacer algunos cambios radicales lo antes posible para lograr esa competitividad. 
Dar la idea de una prórroga en esta fase sería enviar un mensaje inoportuno. 
Una cuestión final es la posición de las multinacionales. 
A ese respecto, la única interesada, si no estoy mal informado, es «Fyffes» de Surinam, Belice y las Islas de Barlovento. 
La razón de que encontremos cierta resistencia es muy sencilla. 
No es porque queramos financiar a multinacionales ricas. 
Es porque con mucha frecuencia es importante no sólo disponer de financiación conjunta para algunos proyectos, sino también porque, respecto de la concreta asignación de fondos, se debe examinar la situación concreta de quien formula la petición y de las características del proyecto. Eso nos brindaría mayor flexibilidad y sería, a fin de cuentas, más eficaz para el país. 
Si me preguntan Sus Señorías si espero que las multinacionales tengan una importante participación, la respuesta es negativa. 
Pero debemos permitir que se haga esa contribución conjunta, si la multinacional- en este caso, Fyffes- lo desea. 
No veo por qué no debe aportar su contribución. 
Por último, quisiera decir unas palabras sobre Somalia. 
Ese país, como saben Sus Señorías, lleva mucho tiempo sin un Gobierno propiamente dicho. 
Así, pues, no pudo ratificar el Convenio de Lomé IV revisado, el que fue revisado en Mauricio. 
De modo que, en principio y en teoría, Somalia no tenía derecho a ayuda alguna de la Unión Europea. 
La Comisión propuso que, teniendo en cuenta las condiciones existentes en Somalia y que en algunas partes del país la situación era más pacífica y la población estaba dispuesta a adoptar medias en pro del desarrollo, continuara nuestra asistencia, incluido el caso de los plátanos. 
Y así lo hicimos. 
¿Cuál es la dificultad actual en Somalia? 
No es la determinación de una cuota ni la prestación de fondos de asistencia. 
Es la de determinar quién debe ser quien conceda un certificado para exportar plátanos desde Somalia. 
Por ciertas indicaciones que se nos han transmitido, una de las facciones que está en guerra en Somalia está dispuesta a aceptar la posibilidad de la certificación. 
Sería equivalente a la financiación del esfuerzo de guerra de esa facción concreta. 
Eso no lo podemos hacer. 
Ésa es la razón por la que continúan los debates. 
Queremos que la asociación de productores sea la que expida el certificado y no facción política alguna de Somalia. 
Confío en que, con el apoyo de nuestros Estados miembros y en particular las medidas que está adoptando Italia, podamos superar esas dificultades. 
Por último, sobre el grupo especial de la OMC, estoy absolutamente de acuerdo con quienes dicen que ya no es un problema técnico. 
Es una clara situación en la que se están pasando por alto absolutamente las economías de diferentes países pequeños- y si Sus Señorías los visitan, entenderán por qué dependen tanto de este producto, pues no hay muchas opciones- en comparación con los intereses de las dos multinacionales. 
Además, el hecho de que los Estados Unidos no estén dispuestos, al parecer, a aceptar las normas de la OMC significa que vamos a tener que reexaminar ese concepto de la liberalización mundializada. 
Yo opino que, si abandonamos esto, dejamos de fijarnos en los intereses de los pequeños y los pobres y no creo que Europa cumpliría con sus deberes. 
Hasta ahora la Comisión ha estado muy firme en esta disputa. 
Convengo plenamente en que Sir Leon Brittan ha llevado a cabo una buena labor. 
Pero debemos ser conscientes de que, si no nos mantenemos unidos, ya sea en el Parlamento o sobre todo en el Consejo, debilitaremos mucho nuestra posición. 
Espero sinceramente que no sea así. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Servicio universal de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0386/98) de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión relativa al primer informe de seguimiento sobre el servicio universal de telecomunicaciones en la Unión Europea (COM (98) 0101- C4-0249/98). 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme decir que el Parlamento y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios reconocen que la aplicación del servicio universal se encuentra en fase muy temprana y espero que se entiendan mis críticas, expuestas en el informe, en ese sentido. 
También quiero recordar a todos Sus Señorías que el apoyo del Parlamento Europeo al proceso de liberalización de las telecomunicaciones va a la par con la introducción y aplicación del servicio universal. 
Está muy claro que las fuerzas del mercado no pueden- al menos a corto plazo- prestar un servicio universal. 
Si así ocurre el año próximo mediante las fuerzas del mercado, seré el primero en congratularme y señalarlo. 
Por desgracia, como se expone con claridad en el texto de mi informe, hay una falta de información por parte de los Estados miembros con la que evaluar los avances logrados. 
Voy a ofrecer algunos ejemplos: faltan datos nacionales de verdad armonizados, no se alcanzan tarifas uniformes en un territorio operativo. 
Resulta particularmente decepcionante que en la mitad de los Estados miembros haya habido un aumento importante de los alquileres para el consumidor doméstico. 
Naturalmente, resulta una carga particularmente pesada para el usuario infrecuente, con frecuencia anciano y recluido en su casa, que se ve obligado a reducir sus llamadas telefónicas. 
También es importante señalar el caso de los usuarios discapacitados. 
Recuérdese que en la directiva sobre la telefonía vocal, el Parlamento insistió mucho en los derechos de los usuarios discapacitados a tener acceso a teléfonos, tanto desde un punto de vista social como del de poder en muchos casos obtener trabajo desde sus hogares. 
En la Comunidad en conjunto los usuarios discapacitados no disfrutan todavía de disposiciones especiales y satisfactorias. 
De hecho, la tendencia general parece ser la de que se ven perjudicados los usuarios domésticos. 
Aunque han bajado las tarifas, ha sido de forma desproporcionada a favor de las llamadas internacionales, lo que, naturalmente, favorece en gran medida a los usuarios empresariales. 
No critico esas reducciones de tarifas, pero señalo que ese sesgo no favorece a los usuarios domésticos. 
Quería señalar a la atención de Sus Señorías el párrafo 9 del informe, en el que se habla de la definición de asequibilidad por parte de los Estados miembros. 
Sin esa definición de asequibilidad, los consumidores se ven realmente privados de un fundamento jurídico válido con el que defender sus intereses. 
Sé lo denodadamente que ha trabajado la Comisión para conseguir un equilibrio entre una actitud excesivamente prescriptiva desde el punto de vista de las directivas y la concesión a los Estados miembros de cierta discrecionalidad, pero, cuando ha habido relativamente pocos avances, la verdad, en relación con algo tan básico como la definición de asequibilidad, nuestra fe en el grado de discrecionalidad concedida a los Estados miembros se tambalea. 
Después de redactar este informe, la OEUC, la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, presentó su análisis de la aplicación de la directiva relativa a la telefonía vocal. 
Como yo, reconoce que está relativamente en una fase temprana. 
No obstante, la documentación que figura en el informe de la OEUC y la falta de documentación satisfactoria facilitada por la Comisión constituyen un motivo de preocupación. 
Concluiré con una nota personal, porque creo que las opiniones de los consumidores a este respecto en toda la Unión Europea son en verdad importantes. 
Después de haber estado abonado a British Telecom, hace unos 18 meses me pasé a Ionica, compañía que, lamentablemente, ha cerrado. 
Transferí mi número, como determinó mi colega el Sr. van Velzen y como propuso atinadamente la Comisión. 
Ahora, cuando intento pasarme a una compañía de cable, me dicen que no es posible la portabilidad del número. 
Si quiero conservar mi número, mi única opción es la de volver a British Telecom, el antiguo monopolio público. 
Fue una enseñanza beneficiosa para mí que, pese a todas las medidas adoptadas por la Comisión y por el Parlamento, desde el punto de vista práctico resulte muy poco común encontrar una competencia efectiva en el nivel local para el consumidor doméstico. 
Espero fervientemente que el Comisario acepte este informe con sus críticas para que fortalezca su brazo y los de sus funcionarios a fin de que exijan con mayor firmeza y celeridad a los Estados miembros que apliquen de verdad un servicio universal en la esfera telefónica. 
Señor Presidente, debo empezar reconociendo la magnífica labor parlamentaria que la ponente, Sra. Read, ha desarrollado durante la tramitación de este informe, así como mostrar mi satisfacción por el hecho de que prácticamente todas nuestras enmiendas- 8 en total- fueron aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos. 
Enmiendas que para nosotros eran transcendentales porque, entre otras cuestiones, insistíamos en potenciar el apoyo social a los usuarios más vulnerables- que son las personas discapacitadas -, propiciar la información a los consumidores, prestar la debida atención a las necesidades de las personas con rentas más bajas, o eliminar los perjuicios actuales que están sufriendo los usuarios residenciales. 
Nos satisface igualmente- dado que el lograr cuanto antes una verdadera sociedad de la información es un objetivo irrenunciable-que se esté dando con esta iniciativa un paso más hacia la consumación de acuerdos en materia de interconexión para hacer factible la oferta de tarifas preferenciales a centros escolares, bibliotecas y otras instituciones formativas. 
Obviamente, estoy hablando del acceso a Internet. 
Nos sigue preocupando que todavía no se haya llegado en la Unión Europea a una generalización armonizada de máximo respeto a la atención de las necesidades de los minusválidos, dado que todavía un Estado miembro, a estas alturas, propone acceso gratuito al servicio de información telefónico tan sólo a los deficientes visuales, y otro que todavía no ha propuesto ninguna fórmula. 
Ya sé que en la mayoría de los Estados miembros existen reducciones de las cuotas de conexión o hay suministros gratuitos de equipos especiales. 
Ya sé, efectivamente, que se ha avanzado bastante, pero la meta final, lo ideal, está aún pendiente. 
También se hace cada vez más necesario, si realmente perseguimos una Unión Europea cada vez más cohesionada, el avance decidido hacia las facilidades que se deben disponer para los usuarios de las regiones menos pobladas. 
La universalidad en el servicio de las telecomunicaciones ha de seguir avanzando, no sólo en su aplicación cuantitativa sino también en el incremento de la calidad. 
Así, habrá que insistir, por ejemplo, en la reducción general de los plazos para la conexión a la red o del suministro, y en la reducción de los plazos de avería, y algo semejante podría decirse también sobre la mejora en la asequibilidad de los servicios y en el control de los gastos, fundamentalmente en materia de implantación de pagos aplazados, formas de prepago o desconexión blanda, o el establecimiento a precio razonable de las llamadas selectivas o la posibilidad, por parte de los operadores, de ofrecer distintas fórmulas según las circunstancias de cada tipo de usuario. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, es un paso importante el que se da con este informe, pero sólo un paso más. 
Señor Presidente, sobre el primer informe de acompañamiento del servicio universal de telecomunicaciones llega al Pleno una propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos en la que la Sra. Read nos ofrece una oportunidad excelente para una reflexión sobre el paso de los que eran servicios públicos originarios del sector público al llamado servicio universal, garantizado por empresas privadas. 
Las peores perspectivas y previsiones parecen haberse confirmado. 
Las promesas o transacciones no se han cumplido. 
La liberalización y la privatización del sector no ha propiciado la reducción de los precios para los usuarios de menor poder económico, como el servicio universal, mediante las pregonadas virtudes de la competencia, debería garantizar. 
En contrapartida, los usuarios económicamente más poderosos, las empresas multinacionales, se han beneficiado del cambio y los agentes privados que han pasado a dominar el sector pueden incluso llegar a obtener otros cuantiosos beneficios mediante la financiación pública para reducir la evolución contraria al espíritu del servicio universal, por no hablar de las obligaciones de servicio público. 
Es verdad que la competencia actual de los teléfonos portátiles, además de modificaciones en el comportamiento social, ha venido a agitar los parámetros del mercado de las telecomunicaciones, pero eso no puede justificar los aumentos de los abonos y las llamadas locales, que pueden configurar incluso situaciones de perversidad competitiva mediante el aumento de precios de productos en competencia ya existentes para introducir mejor los nuevos y más lucrativos productos. 
Portugal y su Portugal Telecom, que en muchos aspectos no se sabe si es original o fotocopia de otras empresas nacionales de telecomunicaciones, aparece en ese proceso y en este informe de seguimiento en una situación muy poco lisonjera a partir de una perspectiva de equilibrio y justicia social, que debería ser inherente al servicio universal, si no fuese sólo un expediente dulcificante del desmantelamiento del servicio público. 
Portugal participa en la evolución global del aumento de tarifas, es uno de los nueve países que han aumentado los precios de los abonos y es, junto con Alemania, uno de los dos únicos países que han aumentado la tasa de instalación, además de haber creado la tasa de activación, con lo que se castiga sobre todo a los usuarios de menores recursos. 
De modo que este informe de seguimiento es también una forma de evaluar una dinámica en la que, mucho más que el nombre, «servicio universal» en vez de «servicio público» , es toda una filosofía la que se autodenuncia al mostrar la forma como se han secundarizado o incluso pasado por alto lo que eran compromisos que le servían de justificación o incluso de pretexto. 
Señor Presidente, también yo quisiera unirme a mis colegas a la hora de acoger con beneplácito el informe de la Sra. Read. 
En particular, nos brinda ahora una oportunidad para examinar la cuestión de la liberalización y sus efectos en la cuestión del servicio universal. 
Lo que tienen en común todas las empresas de servicios públicos de toda Europa es que originalmente se crearon para velar por que hubiera igualdad social respecto de la distribución de los servicios. 
Tanto en los servicios de telecomunicaciones como en los de correos, suministro de agua y demás imperaba esa idea de la universalidad. 
Fuera cual fuese la parte del país en que se viviera, se recibía el mismo nivel de servicio con el mismo costo que todos los demás. 
Con la llegada de la liberalización y una mayor competencia, que- permítaseme apresurarme a añadir- acojo con beneplácito, hemos visto también algunos de los errores que se pueden cometer por lanzarse de cabeza a la liberalización. 
Debe haber algunas limitaciones y algunos mecanismos y métodos de control respecto de dicha liberalización. 
Algunos de mis colegas ya se han referido a esos aspectos. 
Quisiera abordar cuatro aspectos determinados: en primer lugar, el de velar por que las empresas no orienten sus actividades hacia las zonas más rentables y fáciles de servir de las telecomunicaciones. 
En segundo lugar, la necesidad de brindar servicios especiales a la población anciana, en particular en este Año Internacional de las Personas de Edad Avanzada. 
Cuando vemos el aumento del número de personas que superan los 55 años en la Unión Europea, comprendemos que existe una necesidad social de garantizarles un fácil acceso a la red de telecomunicaciones a un costo muy módico, a veces sin costo. 
Voy a poner un ejemplo a Sus Señorías: en Irlanda el alquiler de la línea telefónica para los pensionistas ancianos es gratuito. 
A continuación, los discapacitados. 
Como las nuevas tecnologías que han aparecido ofrecen, en efecto, nuevas oportunidades para las comunicaciones y para una mayor interacción de las personas con discapacidades y la comunidad en sentido más amplio, se deben fomentar y ofrecer a una tarifa inferior. 
Por último, ahora que disponemos de la red Internet, debemos velar por que se aproveche ese recurso en pro de la mayoría y no en sentido exclusivista. 
Señor Presidente, yo me congratulo de que la ponente también haya tomado en consideración los aspectos político sociales, que han adquirido una nueva dimensión en la moderna sociedad de la información. 
También apoyo las enmiendas en este sentido. 
Así, por ejemplo, debe promoverse con la máxima coherencia que las personas discapacitadas tengo acceso a modelos que respondan a sus necesidades especiales. 
El desarrollo del acceso público a Internet, en los colegios y bibliotecas, por ejemplo, es un tema de suma importancia al que esta Cámara también debería dedicar una mayor atención en el futuro. 
La sociedad de la información no debe acrecentar los contrastes sociales. 
Si el acceso a los medios de información está vedado o resulta más difícil para una parte de la población, esto genera diferencias en el nivel de formación que luego pueden determinar una dramática diferencia de oportunidades en el mercado de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, la liberalización del sector de las telecomunicaciones ha sido una estrategia que marca una orientación y que no sólo ha representado un paso más en la transformación del mercado interior en un mercado local europeo. También tiene, además, una dimensión significativa en el ámbito de la política de empleo. 
Con motivo del seguimiento de la transposición del paquete de reformas se puso de manifiesto este fenómeno. 
La sociedad de la información crea en estos momentos uno de cada cuatro nuevos empleos en Europa. 
La Comisión y el Sr. Bangemann, en particular, merecen nuestro agradecimiento por ello. 
El Informe Read que hoy se debate establece como condición previa para el apoyo al proceso de liberalización en curso la posibilidad de acceso a los servicios esenciales por un precio asequible y en condiciones satisfactorias de calidad. 
En efecto, la prestación del servicio universal también puede ser, en última instancia, una consecuencia lógica y un producto de la liberalización. 
¿En qué consiste en realidad el servicio universal? 
La definición generalmente aceptada es la de una oferta mínima de servicios de telecomunicaciones de una calidad determinada a la que puedan tener acceso todos los usuarios a un precio razonable. 
Esto incluye el acceso a servicios ofrecidos por la red pública fija, como los teléfonos de urgencia o de información, cabinas telefónicas públicas y también medidas especiales para los grupos desfavorecidos. 
Se trata, por lo tanto, de una cuestión significativa para la confianza general con la que deberían contar las tecnologías de futuro en Europa. 
También es evidente que el libre mercado no puede generar unas condiciones ventajosas para todos desde el primer momento en muchos ámbitos. 
Por esto, actualmente se contempla con razón el concepto de asequibilidad. Éste permite que los Estados miembros establezcan precios medios para las diferentes zonas geográficas, precios máximos y otras medidas análogas. 
En este contexto también es importante, por otra parte, la posibilidad de aliviar las cargas no equitativas para los operadores del servicio universal. 
Yo apoyo, no obstante, la afirmación de la Comisión en el sentido de este tipo de medidas estarán autorizadas hasta que el juego de la competencia asegure un control eficaz de los precios. 
Señor Presidente, al substituir a mi colega el Sr. Mendes Bota, he de decir que las telecomunicaciones se han instalado definitivamente en nuestra vida, son parte integrante e indispensable de la sociedad de la información en la que Europa desea integrarse cada vez más y avanzan hacia un mercado global del que el mercado europeo es vanguardia. 
Pero algunos puntos merecen reflexión. 
Primero: existe una gran disparidad de tendencias tarifarias en el nivel de las tasas de instalación y de abono o de los costos de las llamadas locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Hay países en baja y otros en alza, pero no se desprende de este informe una idea comparativa y clara, entre los diferentes Estados miembros, de los costos de utilización de las redes de telecomunicaciones europeas. 
Creemos que el propio mercado, cuanto más abierto esté a la competencia del sector privado, más se encargará de autorregularse y armonizar mínimamente el sistema tarifario europeo. 
Segundo: se comprueba que los usuarios de bajos ingresos y las regiones más periféricas y aisladas son los sectores más perjudicados por los regímenes tarifarios actuales, aspecto éste bastante desatendido por los Estados miembros. 
Tercero: el uso de la red Internet se encuentra en fase de explosión y adopción por parte de los ciudadanos, las empresas y las instituciones. 
Pero dista de ser accesible a toda la gente o de ser un instrumento fundamental para la solidaridad y la igualdad de trato. 
Las negociaciones para la creación de una carta o código Internet prosiguen, pero Internet sigue estando fuera del servicio universal de las telecomunicaciones. 
Concordamos totalmente con la adopción de medidas que hagan viable la oferta de tarifas especiales para las escuelas, las bibliotecas y las instituciones vinculadas con el conocimiento y para fines de voluntariado no lucrativo. 
El acceso público a Internet tendrá que abordarse cono un derecho de los ciudadanos y como posición estratégica de lucha contra una forma nueva de analfabetismo en ascenso al que corresponderán todos cuantos en el futuro no dominen la utilización de las modernas tecnologías de la información o no tengan acceso a ellas. 
Señor Presidente, yo quisiera agradecer muy sinceramente las observaciones de la Sra. Read y también de todos los oradores que han intervenido en el debate. 
La Comisión procura alcanzar soluciones razonables para las diferentes problemáticas citadas. 
El informe que presentamos no está plenamente actualizado, puesto que todavía no fue posible incluir la transposición de la Directiva sobre la telefonía vocal en su forma modificada; por consiguiente, podremos profundizar mucho más en algunos temas cuando presentemos este año un nuevo informe actualizado, en el marco del seguimiento de la transposición de las directivas adoptadas hasta ahora que nos ha sido encomendado. 
Yo quisiera dedicar, no obstante, especial atención a cuatro consideraciones que también han tenido un papel destacado en el debate. 
Voy a empezar por la pregunta relativa a cómo han definido los Estados miembros la asequibilidad. 
Algunos Estados miembros ya habían adoptado medidas más rigurosas para la protección de los consumidores, anticipándose a la modificación de la Directiva sobre la telefonía vocal. 
También se han establecido sistemas de control de precios o de pago anticipado, sobre todo en el ámbito de los servicios móviles. 
Seis Estados miembros- Dinamarca, Alemania, España, Francia, Finlandia y el Reino Unido- han comunicado ya la transposición de la Directiva modificada y esperamos la pronta adopción de medidas en Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Austria y Suecia. 
La asequibilidad, como también ha manifestado un orador en el curso del debate, depende mucho del nivel de renta de cada Estado miembro, que es muy variable. 
Las diferencias son en parte del orden del triple o el cuádruple. 
Por esto esperamos, de hecho, que los Estados miembros, de conformidad con el concepto de la subsidiariedad, asuman una responsabilidad superior a la que podríamos asumir nosotros en este ámbito. 
En el nuevo informe sobre la transposición podremos ofrecer, no obstante, algunos detalles sobre la situación en lo que respecta a la introducción de medidas más rigurosas de protección de los consumidores. 
Un segundo detalle es el relativo a las medidas de apoyo a los usuarios de baja renta y en circunstancias desventajosas y para los usuarios ocasionales. 
Recomendamos que se estableciesen tarifas especiales para estos usuarios con objeto de contrarrestar precisamente los primeros efectos negativos de la liberalización, que también nosotros ya esperábamos. 
Entre tanto- y la Sra. Read y los colegas que se han referido a ello ya lo saben, puesto que todos colaboran en este ámbito -, este año ya podemos señalar reducciones de precios muy considerables sobre todo en los servicios móviles, lo cual por otro lado se ha reflejado posteriormente también en las tarifas normales de las redes fijas. 
En la Directiva modificada sobre la telefonía vocal ya se prevén, no obstante- en el artículo 3 -, tarifas especiales para los usuarios de baja renta, precios máximos y aspectos de asequibilidad, y también- en el artículo 8- medidas especiales para los usuarios discapacitados y los usuarios con necesidades sociales especiales. 
Cinco Estados miembros, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido- y no sólo Francia como indicaba el informe-ya han transpuesto estas medidas. 
En el nuevo informe podremos comprobar los posteriores resultados. 
La Comisión tiene un gran interés, al igual que el Parlamento, en que se traduzcan en ventajas reales para este grupo de usuarios. 
¿Cómo se deben seleccionar los operadores que estarán a cargo del servicio universal? 
La Comisión no se opone a que se escoja una fórmula que permita ofrecer el servicio universal a un coste eficiente y en condiciones ventajosas para el usuario. 
Esto se puede conseguir mediante un concurso público, pero también a través de la verificación de los costes y la fijación de precios que incluyan sólo los costes netos. 
Por esto no queremos anticipar una preferencia unilateral por un procedimiento determinado. 
El último punto es el de la ampliación del acceso público a Internet y, en particular, el acceso a Internet a través de instituciones públicas. 
Siempre hemos dicho que esto es absolutamente decisivo para el desarrollo de la sociedad de la información y entre tanto hemos podido constatar con satisfacción que se ha establecido una competencia que no sólo permite un acceso adecuado a Internet en el aspecto funcional material, sino que también ha provocado un descenso de los precios. 
No ha ocurrido así en todas partes, señor Presidente, y la Sra. Read tiene razón en su crítica. El motivo es que el llamado «reequilibrio» de tarifas incrementa los precios relativamente bajos de las llamadas locales y reduce los precios relativamente altos de las llamadas de larga distancia, y dado que el acceso a Internet se realiza a través de una llamada local, éste se encareció inicialmente. 
Pero esta situación se ha acabado. 
Podemos señalar una indudable reducción de los precios, y las tarifas especiales para las escuelas y otras tarifas especiales cumplen plenamente las normas de la competencia y nosotros también pedimos que se introduzcan, siempre que se cubran los costes marginales. 
Yo puedo asegurarles, no obstante, que nos proponemos hacer un nuevo seguimiento del servicio universal en el contexto del examen de las normas jurídicas previsto para finales de 1999, cuyos resultados comunicaremos luego al Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Contrataciones públicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0394/98) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre «La contratación pública en la Unión Europea» (COM (98) 0143- C4-0202/98). 
Señor Presidente, como han de saber Sus Señorías, este informe ofrece un amplio panorama de los avances que se están logrando y se han de hacer en el futuro inmediato sobre la cuestión de los contratos públicos. 
En general, la Comisión demuestra que nuestros exámenes durante el debate sobre el Libro Verde han sido escuchados. 
Lo que ahora necesitamos es velar por que, aunque el planteamiento global es correcto, los detalles sean igualmente precisos, en primer lugar, desde el punto de vista de normas sociales y medioambientales y de la sostenibilidad. 
A raíz de la aprobación del Tratado de Amsterdam, en el que la UE subrayó su compromiso con la armonización de las políticas europeas con el medio ambiente, tenemos que aclarar cómo afectarán esos principios a la legislación relativa a los contratos públicos. 
Como puede que recuerden Sus Señorías de debates anteriores, pedimos a la Comisión una garantía de que habría una armonización horizontal de las directivas de la UE. 
Resulta ridículo que la DG derecha no sepa lo que está haciendo la DG izquierda. 
Lo mismo es aplicable a las comisiones parlamentarias. 
Es peor incluso, si somos conscientes de las discrepancias, pero no adoptamos medidas positivas para eliminarlas. 
De este modo tenemos que afrontar los problemas que plantea la creación de cierto modelo en nuestra Unión que no siempre se refleja en las directivas que aprobamos. 
Los compromisos mundiales o internacionales nos imponen otros requisitos. 
Debemos reconocerlos. 
No se trata de una petición en pro de una posición normativa u otra, sino de un reconocimiento de la necesidad de una legislación clara que descanse sobre una base sólida y, por tanto, resulte operativa. 
Mientras no abordemos ese problema, que no sólo afecta los contratos públicos, nos exponemos a que se alegue que el Estado miembro es el origen de toda la claridad y la sabiduría y que es la UE la que está desbaratando el sistema. 
Como, después del Libro Verde, hemos acordado que las autoridades contratantes tienen derecho a fijar normas medioambientales, si lo desean, hemos de saber exactamente cómo pueden aplicar esos derechos sin infringir las normas de mayor rango sobre la competencia. 
He de decir una vez más- y debe quedar claro- que no estamos recomendando una política particular. 
Estamos reconociendo la necesidad de claridad, simplicidad y aplicabilidad. 
Del mismo modo, respecto de las cuestiones de los asuntos sociales y del empleo, hemos dicho coherentemente que los contratos públicos no son un vehículo para fomentar una política determinada en ese sector, sino que no se debe permitir que las normas y reglamentos relativos a los contratos públicos impidan aplicar los procedimientos idóneos en materia de empleo. 
Una vez más, necesitamos directrices claras sobre cómo se pueden poner en práctica. 
La Comisión ha prometido un informe al respecto. Esperamos con ansiedad. 
Queremos ver cómo aplican los principios de claridad, simplicidad y aplicabilidad jurídica y dan a la legislación relativa a los contratos públicos un carácter pertinente, eficaz y con fuerza ejecutiva en nuestra moderna sociedad. 
Cualquier nueva legislación que se presente ahora debe comprender esos aspectos. 
Ya estamos examinando la posibilidad de eximir a las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones del cumplimiento de las directivas relativas a los contratos públicos. 
No creo que nadie discuta que, en general, están aumentando las posibilidades de elección para el usuario medio. 
Puede haber aún algunas diferencias que se pueden advertir en el nivel nacional, pero está claro que el proceso de liberalización en este sector es irreversible. 
Sin embargo, ahora estamos examinando también la futura liberalización y la posible exención de otros sectores respecto de la normativa relativa a los contratos públicos. 
A este respecto hay un par de cuestiones. 
En primer lugar, estamos esperando que la Comisión presente propuestas para el proceso que se propone seguir en esos sectores: qué artículo, cuáles serán los criterios para decidir quién puede concurrir y quién no. 
En segundo lugar, volvemos a la observación que formulamos al comienzo mismo de las negociaciones sobre el Libro Verde, a saber, la cuestión de la competitividad. 
No debemos olvidar nunca que la legislación relativa a los contratos públicos existe para beneficiar y proteger al consumidor. 
Ésa es la razón por la que somos partidarios de la competencia. 
Debe beneficiar al usuario para que el principio subyacente a cualquier decisión sobre la competencia deba incluir siempre al consumidor para velar por que conserve el derecho a elegir el servicio más eficaz en función de los costos que entrañen para él. 
El de mantener la posibilidad de elección del consumidor será un elemento fundamental para demostrar que existe una competencia real. 
Como he dicho antes, unos nuevos procedimientos sencillos no deben socavar los principios relativos a los procedimientos idóneos mediante la competencia plena. 
Sé que conseguir una definición uniforme de lo que constituye competencia no va a ser fácil. 
Nuestro objetivo no es dificultarlo aún más, pero, para que la industria europea no siga en una situación de desventaja por el requisito de demostrar la competencia de jure y de facto, se trata de un imperativo que debemos afrontar. 
Hemos presentado una enmienda para ello y esperamos que la Asamblea nos apoye. 
Deseo presentar una sola enmienda oral mañana. 
Quisiera agradecer a la Comisión que haya escuchado. 
He hablado fuera con el Sr. Monti. 
Ahora tengo otro compromiso y sé que entenderá el motivo que tengo para marcharme. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos examinado esta comunicación especialmente desde el sector de la contratación pública, por un lado, y el respeto de la legislación social y la utilización de las cláusulas sociales, por otro. 
Asimismo, quisiera agradecer sinceramente al Sr. Tappin que haya incluido muchas de nuestras conclusiones en su informe. 
Realmente, no es la primera vez que nos pronunciamos sobre este tema. 
Señor Comisario, quiero decirle francamente que estoy bastante decepcionado porque la Comisión Europea no se atreva en su comunicación a dar un paso importante en la materia y se limite a plantear una comunicación interpretativa. 
Por nuestra parte, tenemos la convicción de que el soft law no es suficiente. 
Las prácticas de las cláusulas sociales en los diferentes Estados miembros se diferencian mucho unas de otras. 
Hay muchísimas posibilidades de interpretación y por ello opinamos que es necesario elaborar una normativa clara. 
Quisiera señalar dos aspectos sobre este tema. 
En primer lugar, las licitaciones públicas deben ser, por supuesto, conformes con el mercado, pero no debe usarse como pretexto el mercado, señor Comisario, para atacar la legislación social. 
Por ello, es preciso mencionar directivas explícitas de tal modo que la legislación social, tanto nacional como internacional, así como los convenios colectivos, se respeten, tanto en el caso de los contratistas principales como de los subcontratistas. 
En segundo lugar, muchos Estados miembros y autoridades locales utilizan las licitaciones públicas para adoptar medidas positivas para los parados de larga duración, la integración de los emigrantes y la puesta en marcha de acciones vecinales. 
El Tribunal ha señalado claramente que las acciones positivas no están en conflicto con los principios de la competencia. 
Pero, para evitar imprecisiones, señor Comisario, las directivas deben señalar muy explícitamente que pueden tomarse acciones positivas y de qué manera pueden integrarse las cláusulas sociales. 
Pienso que una vez que el Reino Unido, con el gobierno laborista, ha modificado radicalmente su posición con respecto a las cláusulas sociales en las licitaciones públicas, hay que esperar con interés el seguimiento que la Comisión dará a nuestras recomendaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, la Comisión ha elaborado una comunicación acerca de las contrataciones públicas con la que desea crear un marco jurídico, simplificar los procedimientos y lograr una mayor flexibilidad de la situación del mercado. 
Además de todo esto, es importante recordar los objetivos sociales de mayor alcance: unos principios próximos a las personas, las exigencias relativas a una sociedad de los ciudadanos y los principios de actuación del sector público. Sin embargo, estos objetivos no pueden ajustarse siempre de una manera directa a los modelos de la actividad empresarial privada. 
Desearía felicitar al Sr. Tappin por su extraordinario informe. 
De acuerdo con el ponente, es necesario aunar los principios de acción social de la Unión y la legislación de la UE. 
No todos los adjudicatarios de contrataciones públicas ven los derechos de los trabajadores- el salario mínimo, los horarios de trabajo, la protección laboral- como algo obvio. 
Así, por ejemplo, ¿por qué cuando se privatizan los servicios de transporte se despide a los antiguos conductores a la vez que entran en servicio autobuses antiguos? 
Al desarrollar la legislación de la UE en materia de contratación, es necesario lograr unas disposiciones más estrictas. 
Además, hay que intensificar el control de aplicación. 
Precisamente, parece que es en el cumplimiento de las directivas donde se han registrado problemas. 
Hay motivos, incluso, para sospechar que no se trata únicamente de problemas de orden práctico, como la complejidad de la legislación o las diferencias culturales de los distintos mercados de trabajo. 
¿Y si la cuestión residiera en que la licitación de contratos públicos sencillamente no es compatible en todo momento con los demás principios del sector público? 
Los colectivos públicos han de poder cumplir también en sus actividades de contratación los principios comunes en materia de política social. 
Es necesario lograr una mayor calidad de los servicios, mejorar la situación del empleo y velar por las cuestiones medioambientales. 
Estoy a la espera de que la Comisión elabore el estudio que ha prometido en torno a las repercusiones globales de las actividades de contratación. 
Tanto la comunicación como el informe del Sr. Tappin sacan a relucir la necesidad de facilitar el acceso de las PYME a los mercados de contratación pública. 
Se trata de una medida adecuada e importante, ya que parece que la licitación de contratos públicos implica un riesgo de cartelización. 
Las PYME precisan de manera especial más formación e información por lo que respecta al cumplimiento de la legislación laboral y de las normas en materia de medio ambiente. 
Y no cabe la menor duda de que todo esto es igualmente importante de cara a la aplicación de las tecnologías de la información, algo a lo que ya hace referencia el ponente y que debe ser objeto de una gran adaptación, puesto que agiliza y simplifica los procesos. 
Cabe igualmente recordar que, por lo general, en los municipios se respeta mejor la moral que en el mundo de los negocios, ya que los primeros tienen una base democrática. 
Señor Presidente, las directivas sobre la contratación pública han constituido un importante paso en los esfuerzos en favor de un mercado europeo abierto y más competitivo. 
Mucho ha cambiado en Europa desde la primera directiva en este terreno. 
Se ha liberalizado un sector como el de las telecomunicaciones y en diversos casos hay señales esperanzadoras en lo que respecta a los contratos públicos. 
Se ha vuelto a hablar generalizadamente de burocracia nociva. Los procedimientos en los que se ven inmersas las empresas han sido imprevisiblemente complicados e ineficaces. 
Estamos hablando de un mercado de 720.000 millones de euros, que deben abrirse efectivamente si queremos hablar en serio de un verdadero mercado interno. 
Ahora bien ¿a qué precio? 
La directiva prevé una serie de umbrales cuantitativos por encima de los cuales no es posible efectuar licitaciones, privadas o estatales. 
En principio, este es un buen criterio. 
El problema es que la excesiva burocracia se encarga de que a la pequeña y mediana empresa sólo le llegue el turno tras realizar ingentes esfuerzos. 
Además, ya no hay compensaciones dentro del sistema. 
Las grandes empresas deciden simplemente no tener nada que ver con la contratación pública y se ocupan exclusivamente del mercado. 
Además, el concepto de «oferta económica más ventajosa» a menudo se interpreta como la oferta más barata. 
Esto repercute en detrimento, por ejemplo, de una construcción sostenible, porque las autoridades públicas sólo están interesadas en el precio más bajo. 
Muchas instancias públicas siguen sin tener servicio de capitales, un sistema caro y de poco futuro para los ciudadanos a largo plazo. 
Un mal sistema para la pequeña y mediana empresa, que no tiene suficiente impulso como una gran empresa que puede calcular sus beneficios sin el mantenimiento. 
Por consiguiente, es justo que las PYME cuenten con una atención especial por parte de la Comisión. 
Una empresa grande o mediana puede acceder a las licitaciones que se publican a través de los sistemas electrónicos. 
Entre la manifestación de interés y la obtención efectiva de una oferta hay muchos pasos intermedios. 
Aparte de presentar la oferta más interesante, la empresa o el consorcio en cuestión deben señalar su solidez financiera y la suficiente experiencia en el ámbito a que se refiera la licitación. 
El sistema de cualificaciones puede constituir una solución a este respecto. 
A través de él, las empresas pueden mostrar de una vez por todas que la empresa tiene solidez y capacidad, pero para una instancia pública que no realiza licitaciones a menudo, no es interesante crear un sistema de estas características. 
Por ello, conjuntamente con Werner Langen y con mi Grupo, hemos presentado una enmienda que ha sido aceptada por la Comisión de Asuntos Económicos para aumentar los umbrales cuantitativos. 
Con esto, gran parte de las licitaciones quedan fuera del ámbito de aplicación de la directiva. 
A mi juicio, los límites actuales son inaceptablemente bajos en vista de la enorme burocracia. 
De ahí el aumento. 
La Comisión Europea presentó en 1996 un Libro Verde y ahora presenta una comunicación. 
En la comunicación se exponen muchas propuestas constructivas, pero no se mencionan en ningún momento los umbrales cuantitativos máximos. 
Espero que con este informe el Parlamento transmita una clara señal a la Comisión de que es preciso llevar a cabo modificaciones y espero que la Comisión examine este punto. 
Mi Grupo votará en contra de la enmienda 5 del Sr. Tappin. 
Es inaceptable poner empresas en la lista negra sobre la base de denuncias. 
En mi país, uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. 
Así es muy fácil la competencia. 
Con respecto a la enmienda 4, estamos en contra porque no entendemos nada de ella. 
Ya hemos solicitado votaciones por partes y, por lo demás, queremos felicitar al Sr. Tappin por su informe. 
Señor Presidente, opino que la Comisión en su comunicación ha hecho especial hincapié en la importancia de la libre competencia. 
Por el contrario, no se ha dado la misma trascendencia a que se pongan exigencias de carácter medioambiental o social a las contrataciones públicas. 
El ponente se ha dado cuenta de esto y también lo ha hecho Van Lancker, redactora del informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Se proponen algunas modificaciones de modo que se tomen en cuenta los aspectos ambientales y sociales en las contrataciones públicas. 
En mi opinión, quizás se tendrían que haber redactado aún más claramente y con mayor rigurosidad, pero, obviamente, mi Grupo va a votar a favor de las enmiendas que, en todo caso, van un poco más allá de lo propuesto tanto por la Comisión como por el propio informe. 
Me parece que es una idea bastante generalizada que el derecho a poner exigencias medioambientales y sociales a las contrataciones públicas amenaza a la libre competencia. 
Nada puede ser más erróneo, puesto que las consideraciones de carácter medioambiental y social conllevan obviamente mayores costes para las empresas. 
Entonces, si no fuera posible tomar en cuenta esos mayores costes en las contrataciones públicas, esas empresas se verían desfavorecidas, lo que implicaría el fin de la libre competencia. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera ante todo expresar nuestro apoyo a la iniciativa de la Comisión dirigida a mejorar el marco legislativo comunitario en materia de contratación pública: un ámbito de actuación que, como se ha dicho, reviste una enorme importancia, más del 10 % del PIB de la Unión. 
Hay numerosos elementos innovadores, se propone un calendario ambicioso y naturalmente esperamos que la implementación de las diversas acciones sea rápida. 
Quiero abordar dos aspectos: el primero explica, entre otras cosas, el porqué de mi enmienda 1 al apartado 30 y tiene que ver con la extensión de los procedimientos de diálogo competitivo. 
He de decir que estoy en contra de la posibilidad de una negociación posterior a la licitación, ya que, incluso admitiendo que la misma se lleve a cabo de forma transparente- algo que, de todos modos, me parece difícil, pues, dejando aparte la publicidad propiamente dicha, no se comprende en qué puede basarse -, seguramente tal negociación violaría el principio de la par condicio, dado que sus resultados sólo beneficiarían al adjudicatario. 
Éste es el sentido de la enmienda 1. 
He presentado asimismo la enmienda 2 que anuncio que retiraré y que, como es obvio, no voy a explicar. 
Por mi parte, sólo subsiste la enmienda 1. 
Más en general, quiero aprovechar esta ocasión para subrayar la necesidad de convertir los procedimientos de contratación en más transparentes a escala europea tanto en términos de procedimientos como de divulgación de la información. 
Sin embargo, esta acción meritoria no debe ir en detrimento de la necesidad de simplificar y aligerar los trámites burocráticos, conceptos que la Sra. Peijs y otros ya han abordado, con vistas sobre todo a la necesidad de integrar más todavía, si cabe, a las pequeñas y medianas empresas en el mercado único. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera destacar un aspecto de las directivas que hoy nos ocupan y del informe de la Comisión. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento ha pedido un claro incremento de los umbrales cuantitativos y yo creo que la Comisión debería actuar con mayor determinación que en el pasado en relación con esta cuestión. 
Los umbrales cuantitativos actualmente vigentes son excesivamente bajos en muchos ámbitos. Sobre todo, la experiencia ha demostrado, además, que la adjudicación a escala transfronteriza de menos del 3 % de los contratos no justifica en absoluto todo el alarde burocrático, si me permiten llamarlo así, cuando los umbrales cuantitativos son demasiado bajos y, por lo tanto, ni siquiera existe una verdadera competencia. 
Por esto pedimos un claro incremento del umbral cuantitativo aplicable, que se duplicaría como media. 
Solicitamos que se recoja esta petición en la próxima modificación de las directivas; sin esperar, por otra parte, a que se muevan las cosas a escala internacional. 
Europa tendría que tener, por el contrario, el valor de adelantarse a dar el paso de incrementar dichos umbrales cuantitativos. 
En efecto, no sirve absolutamente de nada que sea preciso convocar en todos los casos un concurso público, con escasa transparencia, sin que participen las pequeñas y medianas empresas y con el resultado final de que los umbrales cuantitativos quedan muy alejados de cualquier gradación competitiva en Europa. 
Por esto, nosotros no sólo le pedimos que mejore la transparencia, señor Comisario, sino también que dé ahora un paso adelante con vistas a las negociaciones internacionales que se iniciarán en el año 2000 en el marco de la próxima ronda de negociaciones del GATT, incrementando claramente los umbrales cuantitativos no sólo para los contratos públicos de servicios, sino también para los de obras. 
Esto, unido a la exclusión del ámbito de las telecomunicaciones de la directiva sectorial, constituiría a mi parecer una indicación de cómo se propone configurar Europa la contratación pública en el futuro. 
Si a ello se le añade una mayor transparencia gracias al uso de los medios de comunicación modernos, como por ejemplo Internet, yo creo que avanzaremos en la dirección adecuada y tengo el convencimiento de que la Comisión podrá actuar también en este sentido con el apoyo del Parlamento. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y al ponente, Sr. Tappin, por la valiosa contribución, prestada a través del informe que nos ocupa, al objetivo de convertir en más eficaz la política en materia de contratación pública y de adaptarla a las necesidades de la sociedad actual. 
La valoración, sustancialmente positiva, del programa de acción propuesto por la Comisión a través de la Comunicación sobre la contratación pública que queda de manifiesto tras la lectura del informe del Sr. Tappin y de la aneja propuesta de resolución, vuelve a confirmar el espíritu de cooperación fructífera que está estableciéndose entre la Comisión y el Parlamento Europeo en este ámbito. 
Acojo con satisfacción las propuestas y las sugerencias formulados en el informe respecto a las cuales existe una convergencia sustancial de puntos de vista entre nuestras dos Instituciones. 
Esto vale ante todo en lo que se refiere a las preocupaciones manifestadas por el Parlamento en relación con las cuestiones medioambientales y sociales, unas preocupaciones ampliamente compartidas y expresadas por la Comisión en su Comunicación. 
En efecto, nuestra intención es profundizar en estas problemáticas a fin de encontrar los instrumentos aptos para conciliar, por una parte, los objetivos de competencia y de transparencia perseguidos por las normas sobre contratación pública y, por otra, las legítimas exigencias relacionadas con la protección medioambiental y social, recientemente fortalecidas por el Tratado de Amsterdam. 
En este sentido, no debe silenciarse que el actual ordenamiento ya ofrece posibilidades concretas con vistas a alcanzar un nivel de protección elevado tanto medioambiental como social, sin alterar con esto el objetivo fundamental de la política de contratación pública que sigue siendo de carácter esencialmente económico. 
Por lo general, sin embargo, estas posibilidades no se conocen y la Comisión, en consecuencia, considera necesario valorizarlas y aclarar su alcance. 
Es por esto que nos proponemos adoptar, cuanto antes, instrumentos encaminados a cumplir esta finalidad. 
Si esto no fuera suficiente, la Comisión no dejará de examinar la conveniencia de formular propuestas más incisivas. 
Con referencia a los aspectos sociales abordados por los Sres. Van Lancker, Paasilinna y Schörling, deseo comentar que el respeto de la legislación social vigente forma parte de la obligación, obvia y tutelada, de respetar la legislación en vigor- toda la legislación en vigor y no sólo la social- y esto no depende de la directiva, sino del ordenamiento jurídico nacional en cuyo marco se incorpora la directiva. 
Las acciones positivas son posibles, mucho más de lo que se piensa; evidentemente, es necesario que respeten los principios del Tratado, y aclarar todo esto es precisamente la finalidad de la Comunicación interpretativa que vamos a presentar. 
He de añadir que las directivas prevén disposiciones que permiten excluir a los candidatos que no respetan la legislación social nacional. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha afirmado que, si constan en las cláusulas generales de un contrato público, será posible tener en cuenta las exigencias de carácter social (Sentencia Benjes). 
La Comisión aclarará, repito, en una comunicación interpretativa las posibilidades de tener en cuenta estas exigencias. 
En cuanto a la necesidad, recalcada por el Sr. Secchi, de simplificar y de convertir en más flexibles el ordenamiento actual y los procedimientos respectivos para adaptarlos a la evolución del mercado, la Comisión tiene la intención de aclarar el alcance de las disposiciones oscuras o complejas y de modificar, si fuera necesario, el régimen en vigor. 
En este sentido se formulan las propuestas encaminadas a excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38 los sectores y/o los servicios incluidos en la misma- abastecimientos de aguas, energía, transportes y telecomunicaciones- que actúan en condiciones de competencia efectiva, así como a establecer procedimientos más flexibles como el llamado procedimiento de «diálogo competitivo» y el régimen de los acuerdos marco. 
Estamos examinando con los dos Comités consultivos sobre «contrataciones públicas» un nuevo procedimiento de diálogo competitivo que, además de permitir una mayor flexibilidad, garantice la máxima transparencia. 
Señor Presidente, otra exigencia que el informe señala expresamente, se refiere a la necesidad de que las nuevas iniciativas, anunciadas en la Comunicación, contribuyan a asegurar una competencia justa y eficaz entre los operadores económicos a lo largo de los procedimientos de adjudicación. 
Este objetivo coincide con el perseguido desde siempre por la Comisión en materia de contratación pública y, en última instancia, es el que pretende cumplir la Comunicación interpretativa sobre las concesiones y las demás formas de asociación pública y privada, que se publicará en forma de proyecto en las próximas semanas. 
Quisiera abordar muy rápidamente un aspecto importante en que ha hecho especial hincapié la Sra. Peijs. 
Somos conscientes de las dificultades que, hoy por hoy, encuentran las pequeñas y medianas empresas en la participación directa en los contratos públicos, sobre todo transfronterizos. 
Para reducir estas dificultades y para fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, la Comisión está elaborando una comunicación cuyo objetivo es evidenciar las posibilidades de incrementar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos en general tanto a través de las oportunas modificaciones legislativas como a través de la definición de las oportunidades que los programas en curso ofrecen actualmente. 
En lo que respecta a la dimensión internacional, la Comisión, en el marco de las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio con vistas a la modificación y la simplificación del Acuerdo sobre contratación pública, continuará a emplearse a fondo con el fin de que se garantice el principio de reciprocidad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Tappin cuando señala que la Comunicación se limita a anunciar y a presentar en líneas generales las iniciativas que la Comisión va a emprender, sin, por otra parte, facilitar detalles de cada una de ellas. 
Señor Tappin, tiene usted toda la razón. 
Esto es inherente a la propia naturaleza de un texto programático como lo es la Comunicación en cuestión. 
Está claro que las peculiaridades propias de cada iniciativa quedarán patentes cuando dichas iniciativas se plasmen. 
En cuanto a las iniciativas legislativas, las mismas se basarán en el artículo 100 A del Tratado y requerirán, por tanto, la participación activa del Parlamento en su proceso de adopción. 
Por último, en cuanto a la elaboración de instrumentos interpretativos, la Comisión, aunque subraya que en este caso se trata de responsabilidades institucionales que el Tratado atribuye a la Comisión, no podrá dejar de valorar la contribución del Parlamento. 
En este sentido, la idea, que ya formulé, de la creación de un grupo de debate y de reunión informal ad hoc en el Parlamento, encargado de interactuar con los servicios de la Comisión al respecto, creo que podría ser examinada y llevada a la práctica, obviamente, en el respeto de las respectivas competencias de nuestras dos Instituciones. 
Señor Presidente, incluso en esta hora avanzada se necesita una cierta atención. 
He tenido dificultades para escuchar las interesantes explicaciones del Sr. Comisario, porque el nivel de ruido causado por las conversaciones particulares ha aumentado de forma muy significativa a pesar de que esta Sala lo absorbe muy bien. 
Por favor, ordene las diligencias necesarias para que en el futuro podamos escuchar con tranquilidad a todos los oradores. Indique, por favor, a todas y a todos los colegas y a sus colaboradores, que las conversaciones que se desarrollan en grupos numerosos también pueden tener lugar fuera. 
Exclamaciones 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0475/98) del Sr. Mann, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre los empleos del futuro en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, numerosos estudios científicos y publicaciones de asociaciones de la industria, de organizaciones profesionales, de sindicatos y de instituciones públicas han servido de base a mi informe sobre empleos del futuro en Europa. 
Quiero dar las gracias a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ya la Comisión de Derechos de la Mujer por sus enmiendas que yo he integrado en gran medida. 
En los folletos de que dispongo, incluso en los más generosos, sólo se hace balance de lo que se ha logrado. Faltan visiones y aserciones concretas acerca de los próximos 10-15 años. 
La globalización y la dura competencia internacional y los valores cada vez más cortos de la vigencia de las innovaciones y de las decisiones están conduciendo hacia una inseguridad constante que se extiende desde el ámbito de la gestión hasta el de los trabajadores a tiempo parcial. 
Igualmente, el hearing practicado en la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, en el que tomaron parte la UNICE, la CES y, en representación del nivel medio la UEAPME, puso de manifiesto que el actual cambio estructural es demasiado rápido como para plantearse perspectivas a largo plazo. 
¿Cuáles son las posibles tendencias en los futuros puestos de trabajo? 
En primer lugar: en la camino hacia la sociedad del conocimiento y de la información necesitamos trabajadores cualificados. 
Deben conocer la realidad, ha de practicar la formación continua, incluso en el tiempo libre, y deben dominar el equipamiento tecnológico. 
Sólo a través de la variedad de conocimientos podrán moverse entre las diversas disciplinas y podrán cambiar desde su primer empleo aprendido a otras cuatro o cinco profesiones a lo largo de su vida laboral. 
Han de ser especialistas y, al mismo tiempo, deben ser generalistas que adquieran cualificaciones clave como, por ejemplo, capacidad de comunicación interna y externa, creatividad, capacidad para solucionar conflictos y para trabajar en equipo generando jerarquía y corresponsabilidad en el trabajo conjunto, deben conocer otras idiomas y han de ser capaces de comprender otros contextos culturales. 
Es preciso reformar en los Estados miembros los planes de formación profesional y de enseñanza poniendo el acento en la técnica aplicada, en la amplitud de la formación, en las nuevas imágenes profesionales y en la mentalidad que practique el long life learning. 
No sólo es un error plantear demandas excesivas a las personas, también lo es plantearles demandas insuficientes. 
En segundo lugar: para conseguir un alto potencial de empleo deben crecer también, junto a las cualificaciones mencionadas, las actividades sencillas. Éstas son necesarias en el sector de productos manufacturados y en los sectores de la industria que demandan gran cantidad de mano de obra. 
Por lo demás, la demanda crecerá según regiones y según la identidad social de las personas. Aquí se encuentran servicios de asistencia personal, desde la enseñanza de la asistencia personal, pasando por la gestión de la asistencia, hasta el cuidado de los ancianos y vecinos y hasta los servicios sanitarios. 
Los servicios están condicionados por la economía, desde el seguro hasta la asesoría de empresas, son distributivos desde el transporte hasta la comunicación, dependen del nivel presupuestario personal, desde el comercio hasta la gastronomía, y dependen del asesoramiento, desde las cuestiones de personal hasta la gestión financiera. 
El sector del turismo va a registrar enormes tasas de crecimiento, desde las agencias de viaje con una comercialización dirigida a grupos concretos hasta el turismo rural y cultural. 
Para facilitar vías de acceso a estas profesiones del futuro en los Estados miembros se necesitan iniciativas de la Comisión Europea, respetando, naturalmente, el principio de la subsidiariedad. 
En cuarto lugar: los productos biofarmacéuticos y la tecnología biológica en la agricultura tienen grandes posibilidades, aunque antes se han de granjear la aceptación de la población. 
Por el contrario, es indiscutible la tecnología medioambiental aplicada de manera consecuente, a la cabeza de la cual nos encontramos los europeos. 
Debe ampliarse notablemente la investigación y el desarrollo, los cuales capacitan a las empresas a ocupar nichos del mercado mundial mediante productos innovadores y formas innovadoras de producción. 
Igualmente, las profesiones de nuestro tiempo- los sectores de la telecomunicación, de la tecnología de la información, de los medios y de la electrónica- se contarán entre los beneficiarios del cambio gracias a la interconexión y a la descentralización. 
Hay tres puntos que considero prioritarios respecto de los puestos de trabajo propios del futuro en la Unión Europea: en primer lugar: es preciso garantizar con carácter permanente- y éste, señor Comisario Flynn, es un mensaje dirigido a la Comisión- el nivel de la dotación de los programas europeos de fomento. 
Aquí se encuentran las nuevas bases de existencia y la mejora de las posibilidades competitivas para las PYME. Así como las medidas para la mejora de la cualificación y de la equiparación de las mujeres que siguen estando desfavorecidas. 
En segundo lugar: la flexibilidad que se precisa para las profesiones del futuro requiere una nueva reorganización del trabajo. 
Han de celebrarse más acuerdos en seno de las empresas, como, por ejemplo, regulaciones del trabajo a tiempo parcial que se ajusten a las exigencias de la familia y de la profesión y que incluyan una adecuada protección social y cuidado de los niños. 
En tercer lugar: en lugar de ocuparse exclusivamente de la distribución del trabajo entre muchas personas, se han de poner en marcha en los Estados miembros diversas ofensivas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional. 
En vez de tender hacia una alianza europea para el trabajo, de carácter nebuloso, la actual Presidencia del Consejo haría bien en buscar una alianza más significativa y factible para el futuro. 
A este gallardo paso hacia el mañana están esperando, sobre todo, los excluídos y los desempleados, los jóvenes, los trabajadores de más edad y las mujeres trabajadoras. 
Señor Presidente, señor Mann, estimados colegas, no he entendido, en absoluto, señor Mann, el último comentario. 
Sin embargo, no constituye contradicción alguna que el pacto por el empleo que el Gobierno Federal de Alemania organiza a nivel nacional y que durante la Presidencia alemana organiza a nivel europeo constituya una aportación importante al crecimiento del empleo. 
Por consiguiente, estoy muy maravillado de su comentario, pues en principio, lo sabe usted también, apoyamos su informe. También apoyamos sus propuestas acerca de la orientación ecológica y sobre el permiso de un año para formación y esperamos que su Grupo no pueda lograr imponerse a base de que usted desagüe su informe. 
Nosotros somos de la opinión de que su informe constituye una pieza de mosaico en el esfuerzo del Parlamento por lograr más empleo en el marco de la continuidad que desde hace años hemos conseguido en el Parlamento a través de la política de empleo que iniciamos mediante la Cumbre de Amsterdam sobre el empleo, mediante las directrices de Luxemburgo a pesar de algunos cortes ocasionales practicados por algunos gobiernos. 
También considero acertado que usted incluya en su informe la valoración crítica de la Comisión sobre los planes de nacionales de acción, pues esto no tiene sentido si no estamos dispuestos a aprender de los errores. 
Sin embargo, me alegro, y me permito decirlo aquí, de que la Presidencia alemana vaya a poner todo su esfuerzo en la lucha contra el desempleo juvenil y contra el desempleo entre las mujeres. 
En Alemania esto no fue tan evidente como usted acaba de formular ahora. 
Apoyo su informe en lo que respecta a las diversas vías para crear puestos de trabajo con futuro y las dos opciones tan especiales. 
La una sostiene que hay que repartir el trabajo existente. Seguramente no es la más actual, pero no deberíamos minusvalorarla de cara a una sociedad democrática que posibilita a la madres poder trabajar y posibilita a los padres asumir también otras tareas sociales. 
La segunda opción, el fortalecimiento de los potenciales de crecimiento y la mejora de condiciones marco, requiere también, en mi opinión, un especial apoyo. 
Esto significa, naturalmente, el apoyo a nuevos sectores, al tercer sector, a los servicios de asistencia y, evidentemente, también a nuestra gran esperanza de futuro, las PYME. 
Acabo de hablar de condiciones marco. Con este término no me refiero a una política orientada hacia la oferta, política que se ha practicado hasta ahora en algunos países, sino a la condición previa para un sistema moderno de educación y formación profesional. 
Celebro también que la Sra. Ministra Bulmahn pusiera de manifiesto el jueves por la mañana en nuestra comisión que muchos Estados miembros y, lamentablemente, también Alemania, poseen sistemas educativos que no son adecuados para Europa, ni siquiera el sistema de reciclaje profesional que realmente constituye una contradicción con lo que demandamos siempre en relación con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Es importante también, sin duda, adquirir nuevas cualificaciones clave, la capacidad de trabajar en equipo, una mentalidad holística, en esto estamos de acuerdo y ustedes saben que yo he dado una especial importancia a que esta capacidad para trabajar en equipo sea aprendida también por los varones en nuestra sociedad. 
Quiero dar también las gracias a la Sra. Bulmahn que ha dicho que en los próximos cinco años Alemania duplicará al menos el presupuesto para investigación y educación. 
Esta es una señal con arreglo a la cual, evidentemente, la vamos a evaluar. 
Todos sabemos que la transferencia de conocimientos entre la universidad y los éxitos realmente realizables es demasiado lenta y que va muy por detrás de las necesidades en todos los Estados miembros. 
Nuestra mayor esperanza inicial es, por supuesto, el apoyo de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el motor más poderoso de empleo. 
Quisiera mencionar aún un grupo específico que ha sido obviado con frecuencia durante el debate, en concreto, las conciudadanas y conciudadanos extranjeros de nuestros Estados de la UE que gracias a su autonomía han contribuido también en gran medida a una ampliación del empleo. 
Permítanme decir que considero escandaloso que en mi tierra de origen, Hessen, los extranjeros estén siendo discriminados en este momento mediante una campaña que es inaceptable. 
El último punto es la poca valoración del factor de lo que pueden hacer las mujeres en las PYME. La capacidad de innovación y la creatividad no están a la altura de la realidad. 
Creo que la Unión Europea debería fomentar de manera especial esta autonomía, la constitución de nuevas PYME por mujeres. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias cordialmente al Sr. Mann por su informe. 
Creo que ha realizado un excelente esfuerzo por llamar la atención sobre una serie de nuevos sectores en los que perfectamente podrían crearse puestos de trabajo. Ha mencionado las PYME. 
También ha hecho referencia a la necesidad de aprender. 
Aprender, aprender, aprender, llamaría yo a su informe, porque sólo con una población que realmente sea capaz de afrontar el reto de las nuevas tecnologías estaremos en condiciones de crear suficientes puestos de trabajo. 
Creo que esto es muy importante y, desde luego, queda reflejado en su informe. 
Naturalmente, como Grupo del PPE apoyamos plenamente este informe, aunque en gran medida tiene carácter de compromiso. 
Pienso que la Sra. Weiler tiene razón al hablar de mosaico. 
He de decir que algunas de las piezas de este mosaico que se han añadido son menores que otras piezas. 
Las que ha aportado el ponente, en particular, son mejores que las que se han añadido después, y esto es un peligro. 
Cuando aprendía alemán usaba un libro que se llamaba Schwere Wörter, palabras difíciles. 
Eran palabras que resultaba difícil distinguir entre el alemán y el neerlandés. 
En este momento, con el actual gobierno federal, nos vemos confrontados con Schöne Wörter, bellas palabras. No hay hechos nuevos. 
Se actúa en la misma medida en que lo hizo el anterior gobierno. No se hace nada nuevo. 
Absolutamente nada nuevo en la práctica. Pero se habla de ello con muy bellas palabras. 
Hay muchas bellas y nuevas palabras para elegir. 
Pero para nosotros la cuestión son los hechos. Me parece muy importante que el ponente se haya referido a los hechos, a los nuevos puestos de trabajo reales y no a un sinfín de métodos de reparto y maneras de actuar, no a las bellas palabras del Canciller federal. 
Se trata de hechos y en última instancia seremos juzgados por los hechos. 
Señor Presidente, el empleo es el talón de Aquiles de la UE. 
La cooperación en el ámbito de la UE ha estado dominada demasiado tiempo por la economía y la competencia en los mercados. 
La UEM se ha convertido para los países miembros en una especie de cantinela que ha impulsado el combate a la inflación, las exigencias de la convergencia, los ahorros presupuestarios y la disminución del déficit fiscal en detrimento de las posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo. 
Son aspectos importantes, pero, desde una perspectiva europea, demasiado unívocos. 
De hecho, la UEM dificulta las apuestas por el empleo en el futuro. 
Creo que la paz, el empleo y el medio ambiente son posiblemente los campos que más interesan a los ciudadanos de Europa. 
El capítulo sobre el empleo en el Tratado de Amsterdam es bueno. 
El método- que contempla la cooperación internacional, objetivos y directrices en el ámbito europeo y el derecho a coordinar esfuerzos- recoge buenas ideas de otros países como, por ejemplo, la compensación de impuestos, la reducción de la jornada laboral y formación y autorizaciones para estudios, que permiten a los países coordinar sus acciones. 
Quisiera que se destacasen los sectores del transporte, del medio ambiente y de la energía, todos ellos importantes para el futuro. 
Por ejemplo, quisiera ver que la UE junto a los países miembros apostase por un gran proyecto que, en el plazo de diez años, hiciese posible sustituir la gasolina por otros combustibles más ecológicos. 
Esto generaría muchos puestos de trabajo. 
El etanol, el metanol, los coches eléctricos, etcétera; todos verían abrirse nuevos mercados. 
Durante el pasado verano visité una empresa en la parte central de Suecia, una fábrica de papel relativamente pequeña con 300 trabajadores. 
Pregunté al gerente acerca de cuál era su principal problema para conseguir operarios. 
Pensé que se trataría de los sueldos, de los impuestos y de las reglas comunitarias, pero me contestó que lo primero que preguntan es sobre el colegio, las guarderías, los hospitales y las comunicaciones. 
Los servicios sociales básicos son imprescindibles para que se puedan crear puestos de trabajo en muchas zonas, por ejemplo, en el Norte de Europa. 
Señor Presidente, quisiera acoger con beneplácito y muy efusivamente el informe de mi colega Thomas Mann, porque va orientado hacia el futuro y de eso es de lo que estamos hablando. 
No probar sistemas fracasados del pasado, no probar mecanismos fracasados del pasado, sino abordar la realidad que se nos presenta. 
Pese a los riesgos y los peligros que los nuevos avances y las nuevas tecnologías representan, también nos ofrecen una nueva y maravillosa oportunidad de corregir algunos de los errores del pasado, para tener una mayor cohesión social en Europa. 
Muchas cosas se han dicho en el informe y por parte de los diputados que han hablado aquí esta noche y estoy seguro de que el Comisario también se referirá a ello, a la importancia del aprendizaje y la educación a lo largo de toda al vida. 
Según un dicho muy antiguo, «si das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. 
Si le enseñas a pescar, lo alimentarás para toda la vida». 
Al invertir una parte mayor de nuestros recursos en impartir educación y formación real a nuestra población, podemos garantizar que se beneficiarán de la enorme explosión de oportunidades en materia de creación de puestos de trabajo que se presentarán. 
Pero hay peligros relacionados no sólo con las medidas particulares adoptadas por los Estados miembros, sino también con la cuestión de la armonización fiscal, con el aumento de la fiscalidad. 
Ése es el mayor factor disuasor de la inversión que afectará a las oportunidades en materia de puestos de trabajo. 
Ya no podemos tener un enorme sector estatal que se haga cargo automáticamente del exceso de desempleados y les ofrezca puestos de trabajo sin sentido. 
La gente ahora quiere tener un papel valioso en la vida, con dignidad. 
Si eso le obliga a trabajar con jornada parcial, sea. 
Si obliga a devolver a más mujeres al lugar de trabajo, sea. 
A nadie se le debe negar la oportunidad de procurar desempeñar su papel plenamente en la vida. 
Pero tampoco debe verse ninguna persona obligada por la necesidad, por la pobreza, a aprovechar una oportunidad de empleo que no sea idónea para ella. 
Centrémonos en la educación, trabajemos juntos por el bien común. 
Señor Presidente, hechos en vez de palabras, esto es acertado, y, antes de nada, hay que aclarar las cosas. 
Un pacto por el empleo, en lugar de un pacto por lo bueno, lo bello y lo verdadero en el que no se pueda reconocer ningún objeto concreto, me parece que es un paso adelante que es acertado dar. 
En el informe del Sr. Mann figuran muchas cosas que podemos apoyar y estamos también en contra de que el PPE lo castre, sin embargo también contienen alguna cosa que está bastante oscura. 
Hay dos grupos de medidas. 
Se puede crear una demanda adicional de volumen de trabajo. Esto implica la macropolítica orientada al empleo, la reconversión socio-ecológica, la reforma fiscal ecológica, el desarrollo del tercer sector, para realizar trabajos sociales que son necesarios pero que no son realizados por el mercado. 
En segundo lugar, se puede practicar una repartición del volumen de trabajo existente, lo cual comprende la redistribución del trabajo, la reducción de la jornada laboral, el trabajo a tiempo parcial, la reorganización del trabajo, la repartición del volumen de la oferta de trabajo a través de los derechos individuales y colectivos a interrupciones del trabajo, y el Sr. Mann incluía el año sabático, que ahora su Grupo le quiere borrar. 
Cualificación con el doble efecto de que después tengamos una mejor mano de obra y haya mucho menos mano de obra desempleada. 
Se pueden acometer estas medidas y podemos llenar el vacío de mano de obra en la Unión Europea; entre 27 y 34 millones según cálculos de la Comisión. 
Pero para ello hemos de abordar también esto de manera consciente y para ello necesitamos un pacto por el empleo que sea rico de contenido y que no consista meramente en buenas palabras. En esto estamos de acuerdo todos. 
Señor Presidente, este informe-mosaico tiene exactamente la virtud de hacer muchas contribuciones y de plantearnos muchas cuestiones. 
Es un informe que no se ha limitado a enunciar nuestras preocupaciones y a recoger la unanimidad de la Comisión de Empleo (nuestras preocupaciones son necesariamente contra las exclusiones del actual modelo de desarrollo) y señala algunas soluciones que ya se han mencionado aquí, como, por ejemplo, el reparto del trabajo. 
Pero todos nosotros sabemos que el reparto del trabajo es una metodología que dará algunos resultados inmediatos más insuficientes ante la dimensión del problema. 
Por tanto, tenemos que abordar nuevas formas de afrontar este problema reconociendo que hay que crear empresas ciudadanas que participen, como ya se ha dicho aquí, en la solución de los problemas del sector terciario, de los servicios para la comunidad y del medio ambiente y sean reconocidas y compensadas por ello en el plano fiscal. 
Son empresas de ciudadanos y empresas ciudadanas con un papel nuevo que se debe acoger e incentivar. 
Sabemos que los sistemas de seguridad social desempeñan hoy un papel para el que no están preparados ni fueron creados. 
Nunca, desde el final de la guerra, tantos dependieron tanto, total o parcialmente, de esos sistemas. 
Y esos sistemas no van a seguir resistiendo. 
Por tanto, sólo el empleo produce inserción social digna, seria y real. 
Así, pues, hay que crear puestos de trabajo y eso significa que haya convergencias y sinergias en cuanto a la inversión, porque puestos de trabajo que figuren sólo en las estadísticas sociales, que no tengan calidad social, que no tengan futuro y que sean formas indignas de convivencia entre los ciudadanos no son seguramente el modelo social de Europa que nosotros deseamos. 
Y, por tanto, no es con puestos de trabajo «para las estadísticas» como resolvemos los problemas ni con aspirinas de formación/ocupación vamos a afrontar este mosaico que se declara resuelto. 
Apelamos a la Comisión, conscientes de que, después del Libro Blanco, vencemos la barrera de la indiferencia. 
¡Es hora de actuar! 
Señor Presidente, quisiera dar mi sincera enhorabuena al Sr. Thomas Mann, a mi estimado colega y amigo, por la espléndida labor que ha realizado, aunque creo que el resultado final no es tan bueno comparado con las propuestas iniciales que él mismo había hecho a la Comisión de Asuntos Sociales. 
En cualquier caso, creo que este informe es especialmente importante por dos razones principales. 
La primera razón es que estamos en una época de avances rápidos. 
Estamos en la época de la mundialización, de la biotecnología, de la sociedad de la información y es importante y esencial que el Parlamento Europeo analice la cuestión que hoy estamos examinando, las profesiones del futuro. 
La segunda razón es el paro, que azota a la mano de obra, especialmente en la Unión Europea y, por tanto, esta es una razón más para que todos veamos cómo podemos afrontar los cambios que vienen y que están frente a nosotros. 
En una economía libre, señor Presidente, está claro que el Estado no puede prever qué es lo que va a suceder exactamente. 
Pero puede hacer dos cosas. 
Primero apoyar sistemas de formación y de reconversión profesional de los trabajadores, sistemas flexibles, modernos y eficaces para afrontar los cambios y segundo, poner énfasis en la educación lingüística para animar la movilidad de los trabajadores, especialmente con vistas al mercado común. 
A partir de ahí, está claro que podemos entender cuáles son los sectores hacia los que, aunque sea indicativamente, debemos dirigir nuestra atención. 
Y creo que aquí, correctamente, el informe señala que, primero, un sector de este tipo es la industria informática y electrónica; un segundo sector, que interesa especialmente a mi país, es el turismo, el turismo rural y en general, la industria del ocio. 
Tercero, se debe poner énfasis en el tercer sector, en la prestación de servicios. 
Es evidente que este sector se reforzará a costa del segundo; y, por supuesto, constituyen un cuarto sector las pequeñas y medianas empresas, que son mucho más flexibles y que, como está demostrado pueden crear muchos puestos de trabajo. 
En el futuro un gran grupo problemático en el mercado de trabajo de toda Europa serán no sólo los jóvenes y adultos carentes de formación profesional, sino también los que posean una formación anticuada y obsoleta. 
La adaptación de los sistemas de formación profesional y de reciclaje profesional al cambio estructural, debe hacerse cada vez con mayor celeridad. 
Los esfuerzos comunes de los Estados miembros en pro de la innovación en este ámbito son especialmente prometedores de éxito. 
Precisamente el programa LEONARDO II ofrecerá aquí posibilidades excelentes de cooperación que habría que aprovechar con urgencia. 
En segundo lugar: hasta ahora la utilización del mercado laboral a escala europea por parte de los ciudadanos está siendo escasa. Justamente el 2 % de éstos vive y trabaja de manera prolongada en otro Estado miembro. 
Las oportunidades de empleo fuera de las fronteras nacionales son todavía demasiado desconocidas y no se han removido aún los obstáculos a la movilidad en el ámbito de la formación y del trabajo. 
Iniciativas tales como EURES y CITIZENS FIRST constituyen pasos en la dirección adecuada, pero no son suficientes todavía. 
Se insta al Parlamento, a la Comisión y al Consejo a poner en marcha nuevas iniciativas. 
Hay que mencionar de manera positiva la introducción del europasaporte el cual asegura la transparencia de las cualificaciones profesionales adquiridas en el extranjero. 
En tercer lugar: se pueden crear en Europa posibilidades adicionales de trabajo fundando nuevas empresas sobre la base de una tecnología innovadora, de nuevas posibilidades de comercialización y de prestaciones de servicios. Sin embargo, esto presupone que el potencial que se requiere para ello debe aprovecharse plenamente precisamente entre las personas jóvenes. 
Ya en la primera formación profesional y, luego, en el aprendizaje a lo largo de la vida se deben transmitir y fomentar el entrepreneurship y los conocimientos relativos a la vida económica. 
Al mismo tiempo, es preciso remover también las excesivas regulaciones existentes en el ámbito legal, las barreras financieras y los déficits de información. 
A este respecto, la disponibilidad de capital de riesgo, por ejemplo, es un factor adecuado. Para terminar, quiero reiterar las gracias a Thomas Mann por su excelente informe. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, por primera vez desde hace largo tiempo ha descendido el número de desempleados por debajo del 10 %. 
Esto es alentador, pero no podemos darnos por satisfechos. 
Sobre todo parece importante indicar las tendencias positivas y los mercados de futuro en relación con los puestos de trabajo. 
A este respecto, el excelente informe de Thomas Mann realiza una contribución especial. 
Afirma con toda razón que los patronos están obligados a garantizar la formación permanente de sus trabajadores. 
Con ello queremos referirnos a que, ante todo, interesa al propio empresario, que los trabajadores puedan aportar los nuevos conocimientos oportunos. 
Por consiguiente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida debe figurar en primer término, como nuestro objetivo supremo para el aumento de la actividad económica a nivel de toda la Unión, pues sólo el consumidor genera puestos de trabajo. 
Por esta razón deben ofertarse productos y servicios que también se compren. 
Por lo demás, hay que velar también por que en la transmisión de venta de las empresas exista la posibilidad de asegurar los puestos de trabajo y de ampliarlos también después. 
El informe aborda el temor al cambio tecnológico que podría convertir en superfluas a más profesiones que las nuevas que pudieran surgir. 
Debemos contradecir de manera decidida y consecuente tales temores. 
La sociedad de la información, por ejemplo, es el sector económico más dinámico de la Unión Europea. Constituye ya el 5 % del PIB. 
Este sector está creciendo con más rapidez que todos los demás y está generando también más puestos de trabajo. 
Más de 4 millones de personas trabajan ya en las empresas denominadas empresas de tecnología de la información y de la comunicación. 
Entre 1995 y 1997 se han creado más de 300.000 nuevos puestos de trabajo en este contexto de la sociedad de la información. Este potencial no se ha agotado aún. 
Alrededor de 500.000 puesto de trabajo sin cubrir están aguardando a especialistas de este ámbito. 
Sólo tenemos que hacernos conscientes de ellas. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, permitanme que en mi calidad de último orador enfoque el problema de una forma algo diferente. ¿Qué son los puestos de trabajo con perspectivas de futuro? 
El elemento decisivo que los define no es el tipo de trabajo que se realiza en ellos sino si tales puestos de trabajo van a seguir existiendo en el futuro. 
Esto significa, desde mi punto de vista, que una parte de estos puestos de trabajo existe ya. 
Por consiguiente, deseo analizar por qué estos puestos de trabajo que ya existen, tienen perspectivas de futuro. 
Esto no es tan difícil. 
La gerencia, o el jefe en la empresas pequeñas, debe adivinar a tiempo las oportunidades de mercado para sus productos y servicios y debe adaptar rápidamente la oferta a los requisitos del mismo. 
Para esto necesita colaboradores y colaboradoras que posean una buena formación, que estén óptimamente motivados y que estén dispuestos siempre a ampliar su formación. 
Tales equipos no caen del cielo. 
Desean ser bien tratados, estar bien informados y ser bien remunerados. 
La flexibilización se necesita hoy más que nunca, no sólo en beneficio de la empresa, sino también en beneficio de los empleados. 
Los modelos modernos de jornada laboral no deben ir en detrimento de los trabajadores, como muestra el reciente ejemplo de la V. en Wolfsburg. 
Las exigencias profesionales no deben excluir a nadie del círculos de la propia familia o de la propia sociedad. 
El estado nacional debe hacer lo que le corresponde a través de unos impuestos adecuados y, en caso de necesidad, a través de una exención oportuna y no fallar después, como su nuevo gobierno, querida colega, en el caso de la ley de los 630 marcos. 
Hasta aquí, mi análisis de fondo. 
Una educación escolar deficiente, la falta de formación profesional, la ausencia de un reciclaje y una insuficiente cualificación impiden a muchas personas un despegue exitoso. 
En el futuro es preciso suprimir por medios legales la discriminación de los trabajadores de más edad y de los discapacitados. 
En Europa hemos de aprender los unos de los otros en este punto. 
El ponente, Thomas Mann, formula algunas buenas propuestas. 
La utilización de las nuevas tecnologías y, en especial, el ámbito de los servicios ofrecen posibilidades de crear puestos de trabajo con perspectivas de futuro y, por cierto, en igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres. 
Yo apoyo la defensa de la economía social de mercado en Europa, pero rechazo todos los intentos de tutelar demasiado a las personas pues esto podría obstaculizar la creación de puestos de trabajo con perspectivas de futuro. 
Señor Presidente, el empleo es la máxima prioridad política de Europa, por lo que acojo con beneplácito este informe sobre los puestos de trabajo del futuro y felicito al ponente por su excelente labor. 
Gracias, señor Mann. 
Complementa, naturalmente, el informe de la Comisión sobre las tasas de empleo de 1998, en el que se determinaban las limitaciones de los resultados de Europa en materia de empleo y los sectores en los que el empleo está rezagado en Europa. 
Acojo con beneplácito muchos aspectos del informe y, por ejemplo, el de que la resolución determine la vía que debe seguir Europa. 
Debemos ampliar nuestra capacidad para brindar productos y servicios de la mayor calidad y que estén en la vanguardia del cambio tecnológico y que propicien la creación de puestos de trabajo de la mayor calidad. 
Se insiste en las posibilidades que existen para aumentar el empleo y los servicios, en la necesidad de reformar los sistemas de educación y formación y permitir el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la necesidad de hacer hincapié en las mujeres en la política de empleo y en la importancia de centrar la política de empleo en las pequeñas y medianas empresas, en la petición de participación de los interlocutores sociales en la formulación de la política de formación y las peticiones de mayores vínculos entre las industrias y las localidades en que estén radicadas. 
Ahora se pide a la Comisión que actúe en relación con varios aspectos de esta resolución y, si se me permite, quisiera formular las siguientes observaciones breves. 
En el párrafo 21 la resolución menciona el programa Philoxenia. 
Se trata de un programa relativo al turismo que la Comisión propuso en 1996, pero que el Consejo aún no ha aprobado. 
Permítaseme aclarar que la Comisión no ha retirado la propuesta ni tiene intención de hacerlo. 
Creo que la Presidencia alemana puede examinarlo. 
Respecto del párrafo 24, en el marco de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, la Comisión ha lanzando una serie de exámenes colegiados y encaminados a determinar los procedimientos idóneos en las políticas de empleo de los Estados miembros. 
En el informe conjunto sobre el empleo de 1999 se incluirán los resultados de dichos exámenes colegiados. 
Las enseñanzas que se desprendan de dicho examen se utilizarán para la redacción de las directrices de empleo. 
Sin embargo, quisiera hacer la observación de que normalmente se determinan mejor las políticas concretas que aplicará cada uno de los Estados miembros en el nivel nacional. 
Acojo con beneplácito que en los párrafos 32 y 33 el Parlamento reconozca a las mujeres como un grupo beneficiario especial. 
El desempleo de las mujeres es mayor que el de los hombres y el nivel de empleo es también muy inferior. 
Ya existe, naturalmente, una acción de la Comunidad en pro del empleo de las mujeres tanto en la iniciativa comunitaria NOW como en el objetivo 3 del Fondo Social Europeo. 
Pero se puede hacer más y más se ha propuesto en la reforma de un fondo social que ahora se está negociando. 
El nuevo fondo abarcará acciones específicas en pro de las mujeres que les permitan aprovechar plenamente las nuevas oportunidades de empleo. 
Por lo que se refiere a la jornada laboral, abordada en el párrafo 16, la formulación hecha por el Parlamento en su resolución, que comprende la propuesta del Parlamento a la cumbre sobre el empleo celebrada en Luxemburgo, aprobada en octubre de 1997, refleja la que debe ser la posición en el nivel europeo. 
Se declara- y cito- que «los Estados miembros deben abordar la cuestión del fomento de la flexibilidad en el mercado laboral respecto de las horas de trabajo, la jornada laboral y las modalidades de trabajo, tales como las interrupciones de la carrera profesional y los años sabáticos, etc., mediante un proceso no legislativo y no obligatorio basado en el diálogo social en el nivel de las empresas particulares». 
Quisiera decir al Sr. Mann que está en lo cierto cuando dice que los puestos de trabajo en cartera estarán a la orden del día en el futuro: tres y cuatro cambios en una vida. 
Eso sólo puede llegar a ser realidad, señor Mann, haciendo hincapié en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, diciendo lo que el Sr. Crowley ha dicho: que debe haber una situación diferente en materia de educación y formación para que todo el mundo pueda participar en el mercado laboral. 
Quisiera decirle, señora Weiler, que, según tengo entendido, va a haber un plan de acción nacional alemán muy fortalecido. 
Eso es lo que tengo entendido, tras haber estado en Bonn y haber hablado con el Gobierno alemán sobre esa cuestión determinada. 
Se está centrando extraordinariamente en la cuestión de los jóvenes desempleados y la de las mujeres en el mercado laboral. 
El aspecto fundamental, por lo que se refiere al fortalecimiento del plan alemán, va a ser que están asignando más fondos, millones y miles de millones de marcos alemanes, para lograr la aplicación de las directrices. 
Eso es lo que queremos en materia de aplicación en cada uno de los Estados miembros. 
Ahora bien, entiendo perfectamente, señor Pronk, lo que dice Su Señoría sobre los nuevos servicios y lo interesante a ese respecto es, naturalmente, que hay un desfase enorme. 
Pero no es en el sector agropecuario ni en el industrial ni en el sector público. Es en el sector de servicios, los servicios comunales, los servicios empresariales, la distribución de los servicios y la cuestión del ocio. 
En ese sector es en el que hemos quedado rezagados respecto de los Estados Unidos y tenemos que compensar esa diferencia, porque nuestra tasa de empleo ha ido reduciéndose en los 25 últimos años. 
Pero no será así, señor Lidqvist, si no se dedica una cantidad enorme de recursos para guarderías y los medios para aprovechar todos los recursos del mercado laboral, lo que significa, entre otras cosas, prestar mucha mayor atención a las mujeres. 
He de decirle, señora Heinisch, que la cuestión de la movilidad es un elemento fundamental en este caso, por lo que se refiere al mercado laboral europeo. 
No tenemos una buena ejecutoria al respecto, pero estamos aplicando en la red EURES un sistema que está posibilitando a las personas moverse con mayor facilidad por la Unión y crear- es de esperar- una situación en la que puede aumentar la movilidad. 
Por último, medio millón de puestos de trabajo están vacantes en este momento en el sector de la sociedad de la información y de la tecnología de la Unión Europea. 
Tiene toda la razón, señor Rübig: medio millón de puestos de trabajo. 
Pero, según me cuentan los representantes de ese sector, dentro de cinco años serán 1.200.000 puestos de trabajo vacantes en Europa los que no se podrán cubrir. 
He de decir que la única forma como podemos afrontarlo es cambiando, señora Weiler, y reformando los sistemas de educación y formación para que a la tecnología que existe hoy y que dentro de diez años estará obsoleta corresponda un sistema educativo, señor Crowley, que permita a todo el mundo participar y tener una oportunidad de trabajar en esta Unión. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Protección de las gallinas ponedoras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0481/98) del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras en los diferentes sistemas de cría (COM (98) 0135- C4-0196/98-98/0092 (CNS) ). 
Señor Presidente, la presente propuesta de la Comisión tiene por objeto sustituir la Directiva 88/166/CEE, actualmente en vigor, relativa a las baterías de jaulas, por una directiva sobre la protección de las gallinas ponedoras en los diversos sistema de cría. 
Se trata de establecer unas normas mínimas. 
Con ello la Comisión pone en práctica la clausula de revisión del artículo 9 de la directiva en vigor, según la cual deberá formular sobre la base de un informe del Comité Científico Veterinario propuestas de adaptación que tengan en cuenta el avance del conocimiento. 
Está previsto que todos los sistemas de cría que se pongan en uso por primera vez han de disponer de nidos, aseladeros y baños de arena. 
Las jaulas tradicionales sin nido ni yacija pueden seguir siendo autorizadas a modo de excepción por los Estados miembros. 
Pero deben tener como mínimo 800 cm2 de superficie por gallina y han de tener en todas sus partes al menos 50 cm de altura. 
Bajo determinadas condiciones las instalaciones viejas pueden seguir aún en explotación hasta el 31 de diciembre del año 1008 como muy tarde. 
Nuestra comisión ha celebrado la propuesta de la Comisión pues apunta en la dirección adecuada, es decir, hacia un mejoramiento de las condiciones de cría de las gallinas ponedoras. 
Hay que mencionar, ante todo, el aumento de la superficie mínima por gallina de 450 cm2 a 800 cm2, una medida que nosotros apoyamos de manera especial pues, en opinión de muchos, la regulación vigente no permite la práctica de determinadas conductas innatas de los animales y por consiguiente una cría adecuada a la especie. 
Lamentablemente la Comisión se ha quedado a medio camino a la hora de formular las exigencias mínimas para otros sistemas de cría. 
La regulación en el caso de los sistemas que no implican jaulas en espacios cerrados tienen lagunas y faltan, sobre todo, normas sobre la densidad de ocupación. 
Faltan normas sobre la cría de gallinas camperas. Lamentamos esto, pues con la nueva directiva entrarán en una mayor competencia mutua los diversos sistema de cría. 
Por consiguiente, instamos a la Comisión a que presente pronto una propuesta al respecto. 
La comisión lamenta también que la nueva jaula, denominada jaula enriquecida, con nidos de puesta, aseladeros y yacija, que en el futuro va a ser la jaula estándar, no esté definida con más profusión. 
Por lo demás, hemos propuesto un aplazamiento de dos años para la entrada en vigor de la nueva directiva pues el momento que prevé la Comisión no es realista, en absoluto. 
Hasta entonces no se pondrá en el mercado ninguna jaula en la forma que se exige para su explotación comercial. 
Exigimos también un endurecimiento de la disposición relativa a la actividad controladora de la Comisión. 
Paso ahora a los comentarios socioeconómicos. 
La comisión propone introducir de manera complementaria a la posibilidad facultativa de subvenciones cofinanciadas a la inversión un sistema de ayudas independiente de la producción, temporalmente limitado y escalonado de manera decreciente, en el marco del Reglamento 950/97/CE relativo a la mejora de la eficacia. 
Estimamos que con este instrumentario fiscal se podría mover a aceptar estándares más elevados de protección de los animales a los Estados miembros que aún se muestran remisos y, en consecuencia, instamos al Consejo y a la Comisión a que reflexione detenidamente sobre esta propuesta. 
La comisión demanda, además, que adopten las medidas necesarias para que los productores comunitarios no resulten perjudicados frente a las importaciones de terceros países. 
Esto implica especialmente que éstas tienen que satisfacer los mismos estándares de protección, de sanidad y de higiene animal. 
Permitanme que en esta instante diga aún algunas palabras acerca de la exigencia presentada por todas las asociaciones de protección de los animales, encaminada a la prohibición de las llamadas jaulas en batería. 
La comisión ha rechazado el uso del concepto jaula de batería en el marco de la nueva propuesta de directiva porque es insuficiente y equívoco. 
Dentro de este concepto cabe distinguir al menos tres tipos de jaulas y cada una de ellas, incluso la denominada jaula enriquecida, es integrable en una batería. 
Por consiguiente, el concepto de jaula de batería afirma solamente algo sobre el tipo de utilización de la jaula y no sobre su naturaleza. 
Por tanto, nuestra comisión propone que se hable de jaulas tradicionales cuando se haga referencia a las jaulas definidas por la directiva que está en vigor. 
Es cierto que el informe del Comité Científico Veterinario de octubre de 1996 llega a la conclusión de que los actuales sistemas de jaulas, debido a su escasa oferta de sitio o a la pobreza de estímulos presentan graves inconvenientes para el bienestar de los animales. 
Sin embargo, el acento recae sobre el término actuales, pues el Comité veterinario presenta también en los sistemas alternativos de cría graves inconvenientes a consecuencia de los picotazos y del canibalismo... 
El Presidente retira la palabra al orador. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que acojo con el mayor beneplácito la constructiva y bien informada labor del Sr. Kindermann como mejora importante de las propuestas de la Comisión, que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor considera una transacción inadecuada entre las preocupaciones comprensibles de los productores y el bienestar de las gallinas ponedoras. 
La fotografía de tamaño natural que he traído conmigo esta noche de un periódico nacional en la que se ven las realidades del espacio que permite una jaula tradicional o en batería resulta más expresiva que muchas horas de debate aquí. 
Lamentablemente, mi comisión opina que, sin medidas financieras en los Estados miembros para asistir a los productores a adoptar los nuevos métodos, no es probable que se consigan efectivamente los fines de la directiva, tan dignos de beneplácito. 
No satisfacen ni las aspiraciones de quienes quieren alcanzar los mejores niveles posibles de bienestar ni aportan un marco realista para que los productores de huevos de la UE sigan siendo competitivos o cambien los métodos de cría y mantengan niveles de empleo sostenibles. 
En esas circunstancias, la comisión dio prioridad a la tarea de abordar las profundas desventajas inherentes citadas en el informe sobre el sistema de batería, por lo que pide que aplique lo antes posible una prohibición, a escala de la UE, de la utilización de semejantes jaulas, pero junto con medidas financieras apropiadas que adopten los Estados miembros con apoyo de la Comisión en materia de sistemas substitutivos y estudios pertinentes. 
Se insta también a la Comisión a que adopte una posición negociadora firme en las próximas negociaciones de la OMC sobre condiciones iguales de bienestar para los huevos importados y, en particular, los productos a base de huevos, en consonancia con la recomendación del comité consultivo del huevo y de las aves de corral de la Comisión. 
Así, pues, en conclusión espero que mañana el Parlamento apruebe enmiendas tales como las núms. 50 y 92, presentadas por mi colega el Sr. Watts y otros, y que se considere un paso positivo hacia el fin de esas jaulas- como quiera que las llamemos- en la Unión Europea la aprobación del válido informe del Sr. Kindermann, así modificado,. 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer al ponente su informe y la constructiva y completa forma como ha abordado esta cuestión tan delicada y polémica. 
Como él, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de reformar el sistema de jaulas en batería. 
Parece haber reconocimiento general de que el sistema vigente de jaulas en batería tiene que desaparecer. 
Si bien la propuesta, desde mi punto de vista, se queda corta, señala el fin del sistema de producción vigente de jaulas en batería. 
¡Y, además, ya es hora! 
Según el propio Comité Científico Veterinario de la Comisión, el sistema de jaulas en batería presenta- y mi colega Clive Needle acaba de hacer referencia a ello- «graves desventajas inherentes para el bienestar de las gallinas». 
Ayer, sin ir más lejos, un nuevo informe ponía de relieve la lastimosa situación de las gallinas en las jaulas en batería, metidas en jaulas a partir de tan sólo 18 semanas de vida, sin espacio para agitar las alas, sin espacio suficiente para erguirse del todo, sin poder escarbar, dormitar ni bañarse. 
Al cabo de un año, al final de su vida laboral, las escuálidas y casi desplumadas aves son sacrificadas y convertidas en empanadas, sopa o alimento para animales domésticos. 
Una de cada tres de esas aves enviadas al sacrificio tienen roturas recientes de huesos y casi todas padecen osteoporosis. 
La jaula es la peor representación de la cría industrial. 
Sin embargo, si creemos que el sistema de jaulas es cruel, debemos prohibirlo completamente. 
Mis enmiendas y las de otros colegas van encaminadas a eso precisamente. 
En el año 2009, a más tardar, habrá dejado de existir el sistema de producción de huevos en jaulas en batería. 
Un periodo de diez años para su desaparición progresiva es la mejor forma de fomentar el bienestar de las gallinas ponedoras. 
Un periodo de diez años para su desaparición progresiva es justo para la industria, que dispone así de un futuro claro y seguro para hacer planes. 
Ese futuro está en la producción en granjas. 
En Gran Bretaña funciona. 
Protege el bienestar de las gallinas; es rentable y popular. 
El 89 % del público británico considera que mantener a gallinas en jaulas pequeñas es cruel. 
Casi la mitad de todas las familias británicas compran ahora huevos procedentes de granjas. 
Algunos supermercados, como Marks& Spencer, han eliminado completamente los huevos procedentes de jaulas en batería y ahora sólo venden huevos procedentes de granjas. 
Ése es el futuro sin crueldad para el que todos debemos hacer planes y espero que todos votemos a favor de él mañana. 
Señor Presidente, la nueva directiva relativa a los ponederos de gallinas en bateria es un asunto político de primer orden. 
Hemos recibido muchas reacciones por parte de los ciudadanos. 
También se ha hecho referencia a las granjas avícolas de la UE que obtienen de ellas sus ingresos. 
Esto último nos obliga a trabajar concienzudamente con nuestra legislación y de ese modo proporcionar a los productores un fuerte incentivo para revisar sus sistemas de gestión empresarial, de modo que al mismo tiempo se alcance un nivel mayor de bienestar para los animales en empresas que son viables económicamente dentro de la Unión Europea. 
Esto en ningún caso significa un enfoque que implique que todas las granjas avícolas de la UE deban cambiar a la producción de huevos de corral, incluso aunque este método siga ganando importancia. 
Pero las jaulas de batería deben seguir siendo una alternativa en la que los animales puedan criarse, si bien en condiciones mejores. 
Las pruebas de estos sistemas demuestran que la situación de bienestar mejora notablemente. 
A este respecto, el Comité Científico Veterinario debe dictar sentencia, al tiempo que deben tenerse en cuenta otros aspectos, como los medioambientales y las condiciones laborales de las granjas avícolas. 
Si se quiere poner en pie a corto plazo sistemas en condiciones mejores es preciso encarecer la cría de gallinas ponedoras en las jaulas de batería tradicionales, aumentando sustancialmente la cantidad prescrita de centímetros cuadrados por animal. 
Sea cual sea de los dos el método de producción que se escoja en las granjas avícolas europeas en los próximos años, desde el punto de vista de unas condiciones de competencia leales es preciso tener plenamente en cuenta las circunstancias de la producción de los huevos que se importan, ya sean frescos o en forma de productos derivados. 
En cualquier caso, es preciso evitar todo intento de prohibir, con la fijación de una fecha concreta, el sistema de cría en jaulas muy mejoradas. 
El PPE secunda mayoritariamente la línea del Informe Kindermann. 
Lo hacemos expresando todo nuestro agradecimiento al ponente. Hemos apreciado enormemente su experta dirección en el tratamiento de este tema. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Sr. Kindermann por su informe y por el trabajo que ha realizado. 
Pienso que ha elaborado un excelente informe. 
En primer lugar, el Grupo liberal opina que en este caso no ha de elaborarse una directiva, sino un reglamento. 
Pensamos que es muy importante que esta normativa se aplique de modo uniforme en todos los países de la Unión Europea. 
No puede ocurrir que determinados países se queden demasiado rezagados. 
Así pues, este es un aspecto muy importante para el Grupo liberal. 
Debo decir, señor Presidente, que pocas veces he recibido tanto correo como el que he recibido sobre este tema en las últimas semanas. 
Desde hace años, mi grupo defiende que sean los consumidores los que determinen lo que quieren comer, y si quieren comer huevos que procedan de corrales con mayor superficie, nosotros estamos firmemente a favor de ello. 
Así pues, apoyamos en líneas generales el Informe Kindermann en el sentido de que se aumenten los actuales 400 cm2 a 800 cm2. 
Consideramos que entretanto deben examinarse del modo más exhaustivo posible los sistemas alternativos. 
Esperamos con gran interés el informe de la Comisión sobre la materia. 
Hay una cosa que nos preocupa. 
Los Estados Unidos, un importante exportador hacia Europa, establece una superficie de 350 cm2 para las gallinas ponedoras. 
En América no hay una sola gallina que cacaree. 
El que puedan importarse de manera totalmente libre conforme a las nuevas normas de la OMC constituye a todas luces una competencia absolutamente desleal, y por ello queremos instar vivamente a la Comisión a que plantee con firmeza este tema en los debates de la Organización Mundial de Comercio. 
Hemos de disfrutar de condiciones de competencia equitativas. 
Somos firmes defensores del etiquetado obligatorio. 
El cliente debe tener la posibilidad de elegir. 
Confiamos en que hagan exactamente lo que nos escriben.. 
Por último, con respecto a la enmienda del señor Watts de prohibir para el año 2009 las gallinas de batería, mi grupo votara sobre la enmienda por partes. 
Señor Presidente, una jaula no constituye un espacio vital. 
Esto no lo va a modificar en absoluto el informe del Sr. Kindermann pues se refiere solamente a la mejora de las jaulas y esto también dentro de los próximos diez años. 
Sin embargo, nosotros no queremos ninguna cría en jaulas y, por esta razón espero que se aprueben mañana las enmiendas que ha presentado mi colega, Graefe zu Baringdorf, pues mientras consideremos a los animales como una mercancía con fecha de caducidad que nos han de proporcionar productos al coste más favorable posible, no llegaremos a una cría animal que sea adecuada a la especie. 
Tenemos que pensar que quizá estemos considerando a los animales como mercancías que podemos utilizar a capricho y que, luego, podemos desechar, en vez de considerarlos como lo que son, es decir, como seres vivientes. 
Por consiguiente, pido a mis colegas que aprueben mañana nuestras enmiendas. 
Esto sería de mucha utilidad para las consumidoras y consumidores pues iría también en provecho de la salud. 
Sólo una cría animal adecuada a la especie puede proporcionar una producción sana. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Es un tema que causa gran preocupación a muchas personas. 
Resulta extraordinariamente difícil lograr el necesario equilibrio entre todos los elementos en presencia y las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son, más o menos, todo lo buenas que podemos conseguir en este momento. 
Sé que algunos quisieran ir más lejos y más rápido. 
Pero no creo que estemos en la posición adecuada para hacerlo en el momento actual. 
A largo plazo, debemos aspirar a obtener el objetivo final. 
Sólo se puede obtener en cooperación con la industria. 
Debemos velar por que la industria se encuentre en una posición rentable para estos nuevos reglamentos y otros que serán necesarios en el futuro y cuyo cumplimiento y aplicación son extraordinariamente onerosos. 
En este momento la industria no está en condiciones de afrontar el imperativo que se le ha planteado. 
Los márgenes de beneficio son bajos. 
Quisiera apoyar la enmienda encaminada a prestar ayuda para la modernización, pero sin un aumento del número de aves en la industria. 
También debemos ser muy conscientes de que, mientras cargamos a nuestra industria con costos suplementarios, otros productores mundiales no habrán de atender los mismos criterios ni presiones. 
Lo hemos visto en la industria de la cría de ganado porcino, la industria de la carne de bovino y la industria lechera. 
Sé que parezco un disco rayado, pero estoy firmemente convencido de que, si en la Unión Europea vamos a establecer criterios tan estrictos y mantener con las manos tan atadas a nuestros productores, no debemos permitir las importaciones a la Unión Europea que no respeten los criterios con los que nosotros debemos producir. 
Eso debe ser lo esencial. 
Insto al Comisario a que respalde firmemente a los productores de la Unión Europea, porque, si bien le corresponderemos, él debe defenderlos contra el mundo, cuando intenta apoderarse de nuestros mercados. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, yo soy partidaria de abandonar la cría en jaulas de las gallinas ponedoras. 
Naturalmente, celebro la iniciativa de la comisión de mejorar la cría en jaulas y de elaborar una nueva directiva, pero esto no basta. 
La actual forma de cría en jaulas constituye incluso, según la opinión del Comité Científico Veterinario, una forma especialmente problemática de cría de animales. 
La considero una forma especialmente cruel de cría de animales que es preciso eliminar tan rápidamente como sea posible. 
Naturalmente los aseladeros, lo del polvo, los baños y los nidos constituyen una mejora, pero ¿no provocamos con esto una vez más inversiones de los productores que luego se pondrán en cuestión muy pronto? 
Efectivamente, cada vez más consumidores en toda Europa exigen una prohibición general de la cría en jaulas. 
El abandono de esta modalidad llega, la cuestión solamente es cuándo. 
50 millones de gallinas en jaulas tradicionales, sólo 8 millones en la cría al aire libre. 
Seguramente no vamos a poder cambiar esto de la noche a la mañana, pero quizá sí en 8, 9 o 10 años, y hay enmiendas de Michl Ebner, de mister Watts, del Sr. Graefe zu Baringdorf, que van todas en esta dirección. 
Los campesinos de Europa tienen suficiente tierra para el cambio y los puestos de trabajo adicionales, esos, ciertamente los podremos cubrir. 
Esto tampoco puede ser sano con la cría en baterías. 
Esas pobres gallinas mueren por regla general al año, no lo soportan más tiempo, mientras una gallina normal para carne llega por lo regular a 4 y 5 años. 
La Comisión estima- y en esto doy las gracias a la Comisión- que en una cría adecuada a las gallinas los costes suplementarios para los consumidores ascienden a dos euros por cabeza y año. 
Todo el que alguna vez haya contemplado una batería de gallinas, se pasará largo tiempo sin probar un huevo. 
Sin embargo, el consumidor informado pagará a gusto algo más y desea- aquí he de citar de nuevo a la Comisión- el final de la cría en jaulas. 
Por favor, voten mañana a favor de las enmiendas 52, 62 y 67. 
Entonces su huevo del desayuno les sabrá algo mejor a todos ustedes. 
Señor Presidente, conviene recordar que las normas actuales sobre la protección de las gallinas ponedoras se remontan al año 1998 y que debían ser modificadas en el año 1993. 
Este debate, por tanto, tiene lugar con al menos cinco años de retraso; no obstante, la modificación propuesta por la Comisión que debería garantizar tanto el bienestar de los animales como la calidad del producto, no es del todo satisfactoria. 
Hay que recordar la increíble lógica en que se basa la cría de gallinas ponedoras en batería: los animales no se consideran seres vivos, sino simples objetos, máquinas de producción de tipo industrial, utilizados como cadenas de montaje. 
En Europa, lamentablemente, el 93 % de los huevos se produce así, aunque el consumidor no sabe que los huevos que compra son el resultado de fábricas de huevos, donde las gallinas están en jaulas angostas, apiladas en columnas de hasta diez pisos, como en una especie de campo de concentración; en cada jaula hay cuatro o cinco gallinas que no pueden desplegar sus alas ni escarbar en la tierra ni tampoco realizar ninguna actividad propia de su comportamiento natural. 
El problema, sin embargo, no se resuelve con algún centímetro cuadrado más de espacio. 
Por esto, los Verdes invitan a todas sus Señorías a acoger las enmiendas cuyo objetivo es la eliminación de las jaulas a lo largo de los próximos años y que proponen sistemas de cría de suelo con densidades compatibles con las características de los animales, una norma que, por otra parte, ya está en vigor en Suiza. 
Por último, pedimos nuevamente a la Comisión que convierta cuanto antes en obligatorio el etiquetado de los huevos, al objeto de que el consumidor sepa cómo se crían las gallinas ponedoras. 
Señor Presidente, me parece sumamente lamentable que el bienestar de los animales sólo se tome realmente en serio en este Parlamento cuando hablamos de cepos o de la caza de focas y cuando son los pueblos aborígenes quienes pagarán el precio de ese bienestar con el suyo propio, que en ciertos casos incluso es inferior al de los animales. 
70 enmiendas a un informe sobre gallinas, que intenta mejorar las condiciones de las gallinas ponedoras exigiendo para éstas mayor espacio y más estímulos. 
Muy poco lógico, cuando lo que perturba el bienestar de las gallinas es no poder satisfacer sus especiales necesidades naturales antes de la puesta. 
Y esta situación no cambiará dándole a las gallinas más espacio, lo que, por el contrario, contribuirá a legitimar la situación actual por muchos años. 
Tenemos que ser más ambiciosos. 
Naturalmente, las jaulas de batería deben prohibirse a largo plazo. 
Para reducir lo más posible los inconvenientes que esto pudiera causar a los productores de huevos podrían pagarse primas a la reestructuración y al paso a sistemas de cría alternativos. 
Ni los documentos de la Comisión ni el Informe Kindermann contienen propuesta alguna de prohibición semejante. 
Por ello sólo puedo pedir que se apoyen las enmiendas que tratan de lograr esto. 
Si en las próximas negociaciones de la OMC, la UE desea convertirse en el portavoz de la inclusión del bienestar de los animales en el comercio mundial, una prohibición nacional de las jaulas de batería fortalecería innegablemente la credibilidad y con ello la posición negociadora de la UE. 
La propuesta de la Comisión por la que se establece un etiquetado obligatorio del sistema de cría utilizado se acoge con satisfacción como segunda mejor solución. 
Todo apunta a que muchísimos consumidores estarían dispuestos a pagar un sobreprecio y elegir huevos producidos de forma alternativa. 
Sin embargo, esto sólo es posible si el mercado es transparente. 
Por ejemplo, la marca «huevos frescos» induce a engaño. 
Todos los huevos deberían ser frescos. 
Además, estos huevos no proceden de gallinas camperas, como quizá se podría hacer creer a algunas personas. 
En Dinamarca, se ha instaurado recientemente un etiquetado similar que refleja la forma de cría y ha tenido lugar un cambio significativo en la elección de los consumidores, pues quedaba claro qué huevos eran de gallinas enjauladas. 
El consumidor político es por lo general bastante más consciente de su responsabilidad que los políticos. 
La propuesta de la Comisión por la que el etiquetado debería incluir también los ovoproductos sería un paso positivo de cara a mejorar la información al consumidor; de la misma forma debería apoyarse también la propuesta para que las nuevas normas mínimas rijan también para las importaciones procedentes de terceros países. 
Señor Presidente, Señorías, no hay que contentarse con mejorar la cría en batería, hay que prohibirla. 
Si se hace balance de la cría de concentración en general, se observa, en primer lugar, que destruye la biodiversidad; en segundo lugar, que destruye el empleo en general y el empleo rural en particular; y en tercer lugar, que constituye, para esos animales mártires, un verdadero infierno en este mundo. 
Por mi parte, no puedo admitir que miles de millones de gallinas pasen su desgraciada vida en un espacio más reducido que el de una caja de zapatos, que, encima, les corten el cuello; que su esqueleto descalcificado se quiebre en múltiples fracturas; que se les queme la piel de las patas y el abdomen con el amoniaco de sus excrementos. 
¿Cómo hablar de calidad después de esto? 
Y, para terminar, las gallinas ponedoras, en torno a la edad de un año, cuando desciende su producción, son reunidas en condiciones escandalosas y amontonadas para su último viaje; al llegar al matadero, una de cada tres tiene rotas las patas. 
Como las cerdas, su triste estado no permite vender su carne ni en pedazos; acabarán siendo relleno de raviolis o en cubitos de caldo. 
Por otro lado, hay un cuarto aspecto que debería ser decisivo en este tema y que debiera conducir- en fin, si tuviéramos la suerte de vivir en un sistema económico y social inteligente- a la prohibición total y definitiva de este tipo de cría. 
Ese cuarto aspecto es el de la salud de los consumidores. 
Esos animales dan alimentos sin sabor ni consistencia, pero que, sobre todo, están cargados de hormonas, aunque sólo sea la hormona natural producida por el estrés del animal, y de antibióticos, cuyo uso abusivo ha contribuido considerablemente, por un fenómeno de tolerancia, a hacer inoperantes en el hombre los antibióticos de uso médico derivados de la penicilina. 
Señor Presidente, Señorías, hoy está claro que estos métodos infernales y el gigantismo, en general, no benefician ni al consumidor, que está en su derecho de esperar otra cosa que alimentos deteriorados, llenos de agua y medicamentos, ni a los productores que ven cómo caen sus precios, con el riesgo de quiebra que ello produce, ni, por supuesto, a los animales, que son las primeras víctimas. 
La solución es evidente, pero va en contra de los intereses de las grandes empresas multinacionales. 
Hay que dar prioridad a lo que es sano, a lo que produce puestos de trabajo, a lo que es capaz de revitalizar el mundo rural, en una palabra, a todo lo que es contrario a las fábricas de carne. 
Lo que nos hace falta es la cría al aire libre, las gallinas que corren sobre la hierba y la grava. 
Lo que nos hace falta son producciones de calidad que, es cierto, resultan unos dos euros más caras por año y habitante en las tiendas, pero que harán disminuir nuestras cargas sociales y gastos médicos. 
Por último, no olvidemos que una de las cosas fundamentales que está en juego en un tema así es, sencillamente, el futuro del mundo rural. 
Señor Presidente, yo también lamento extraordinariamente que el informe de la Comisión ni el informe del Sr. Kindermann propongan el término de la cría en jaulas para las gallinas ponedoras. 
Pero mientras encuentren aplicación las jaulas, aunque éstas sean más grandes y estén provistas de aseladeros, no se podrá hablar de una cría adecuada a la especie. 
El Parlamento Europeo debería demostrar que en materia de cría de animales no desea compromisos a medias y que desea aprobar las enmiendas encaminadas a la eliminación del sistema de cría en jaulas. 
El hecho de que actualmente el 93 % de los huevos para el consumo producidos en la Unión Europea procedan de baterias de jaulas no debe ser obstáculo para suprimir esta ignominiosa forma de tortura masiva de animales. 
Esta cifra es más bien una prueba de que los consumidores europeos sólo están insuficientemente informados en cuestiones de protección de los animales y también en la cuestión de la calidad de los productos. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores Diputados, distinguidas señoras y señores, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Diputado Kindermann por la presentación de su muy competente y detallado informe. 
Puedo afirmar con satisfacción que la posición fundamental del Parlamento Europeo sobre la protección de las gallinas ponedoras en los diversos sistemas de cría coincide con la posición de la Comisión. 
¿Qué objetivo persigue la Comisión con la propuesta de reglamento que hoy se está debatiendo? 
En primer lugar, se trata de una mejora eficaz del bienestar de las gallinas ponedoras sobre la base de los conocimientos científicos. 
La actual cría en jaulas puede mejorarse o sustituirse absolutamente. 
En segundo lugar, para facilitar la transición hacia formas de cría que tengan en cuenta las necesidades fundamentales de las gallinas ponedoras es preciso procurar que las exigencias mínimas generen costes semejantes de producción para las diversas formas alternativas de cría y para la cría mejorada en jaulas. 
Sistemas aceptables de cría son las crías fuera de jaula y las llamadas jaulas enriquecidas. 
Enriquecidas porque no sólo porque poseen aseladeros, como se ha dicho aquí, sino porque, además, tienen nidales y lugares con arena. 
En tercer lugar, para los gallineros actuales está previsto un periodo de transición de diez años, pero los gallineros nuevos y modificados deben ser adaptados de inmediato a las nuevas normas. 
En cuarto lugar, se prevé una revisión a los siete años a fin de adaptarse, en todo caso, a los futuros conocimientos científicos. 
Será obligatorio el etiquetado de los huevos. 
Permítanme ahora que emita mi opinión acerca de las enmiendas que se han presentado. 
En la elaboración de su propuesta la Comisión ha contemplado los aspectos del trabajo, del medio ambiente, de la salud y de la economía. 
Así, pues, la enmienda 1 responde a la concepción de la Comisión y será aceptada. 
Esto no es así, sin embargo, en lo que respecta a las enmiendas 20, 21, 45, 51 y 61. 
La enmienda 10 representa una mejora de tipo redaccional y contribuye a una mejora de la protección de las aves. 
Por consiguiente, esta enmienda es también aceptable. 
Aunque la propuesta de la Comisión pretende lo mismo que la enmienda 13 que ha presentado el Parlamento, esta enmienda puede ser aceptada pues contribuye a una mejor inteligibilidad. 
La enmienda 15 es aceptable, porque en la propuesta de la Comisión las disposiciones sobre los comederos y bebederos se refieren a las jaulas. 
Sin embargo, en el caso de otras formas de cría, diferentes a la cría en jaulas, cabe reducir la demanda de espacio por gallina. 
La diferenciación entre crías en jaula con un nivel y sistemas con varios niveles es absolutamente aceptable. 
Por consiguiente cabe aceptar también las enmiendas 16 a 19. 
Las enmiendas 22, 23 y 29 son también aceptables. 
En ellas se trata de mejoras de la propuesta de la Comisión. 
Las restantes enmiendas no resultan aceptables para la Comisión por las siguientes razones: las enmiendas 2, 37 (3) y 36, 42, 59, 69 y 70 no están en consonancia con la política comunitaria. 
En lo que respecta a las enmiendas 5, 38 y 55, las disposiciones vigentes de la OMC no permiten establecer disposiciones relativas a la protección de los animales para regular el comercio. 
Sin embargo, como ustedes saben, la Comisión estudia la posibilidad de introducir en la próxima ronda de negociaciones de la OMC disposiciones relativas a la protección de los animales como nuevas disposiciones a integrar en las disposiciones de la OMC relativas al comercio. 
Las enmiendas 4, 54, 57 y 68 son supérfluas para la presente propuesta. 
Las enmiendas 6, 12, 43, 44, 45, 51, 58, 63, 64 y 65 carecen de fundamento científico y nosotros debemos elaborar sobre una base científica nuestras propuestas. 
La enmienda 8 está en relación con las enmiendas 24 a 28, y luego con la 30, 32 y 33. 
Estas enmiendas, así como las enmiendas 9, 14, 46, 49 y 56 no representan mejora alguna y, por consiguiente, no pueden ser aceptadas. 
En la enmienda 7 se trata con toda claridad de un problema lingüístico, pues esta enmienda responde exactamente al tenor literal inglés de la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas 50, 52, 60, 62, 66 y 67 son prematuras, en opinión de la Comisión, mientras que, por el contrario, la discusión del asunto que se trata en las mismas no está cerrada todavía. 
Por consiguiente, es aconsejable retrasar la fecha de entrada en vigor de la directiva. 
Sin embargo, por esta razón son aceptables las enmiendas 11 y las enmiendas 31, 34, 35, 39, 40 451, 47 y 48, relacionadas con ella. 
Finalmente, coincido también con la opinión de preferir la forma de directiva a la de un reglamento y, por consiguiente, tampoco puedo aceptar la enmienda 53. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 00.15 horas 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación quisiera hacer un comentario respecto del Reglamento. 
En la sesión plenaria de Estrasburgo, del miércoles 13 de enero de 1999, el Comisario Sr. Bangemann comentó el Informe Malerba sobre la globalización y la sociedad de la información. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación lamentan constatar que el Sr. Bangemann, aparentemente, le tenga tanto miedo que se sintió obligado a recurrir a sus prerrogativas dentro del Reglamento para criticar a toda la comisión, después de que aquél tuviera la osadía de presentar en un escrito únicamente sus propias impresiones sobre el tema del informe. 
No obstante, los miembros de la comisión muestran comprensión por las observaciones del Sr. Bangemann. 
La Comisión de Cultura celebra que sus ideas fueran adoptadas en el Libro Verde sobre la convergencia en octubre del año pasado. 
El Sr. Bangemann debió contrariarse mucho al constatar que una comisión, que en su opinión es tan insignificante, estuviera de hecho en disposición de imponer sus ideas principales sobre la convergencia. 
Gracias, señora Hawlicek. 
Tomo buena nota de lo que acaba de decir, pero el Sr. Bangemann no está aquí para responderle. 
Señora Presidenta, quisiera decir que la acústica de la sala es pésima. 
Apenas se la oye cuando no se tienen puestos los auriculares. 
Se tendría que recurrir a la técnica, porque la situación es verdaderamente imposible. 
Señor Fayot, tiene usted toda la razón. 
Sabe que somos varios los que hemos planteado el problema de la acústica en este hemiciclo. 
Haré dos observaciones en respuesta a la suya. 
En primer lugar, he de decir que la Mesa se ha preocupado de ello, y que hemos llamado a una empresa que va a ver cómo se podría mejorar la acústica. 
Mi segunda observación es un llamamiento a la cooperación de los diputados; si tuvieran la amabilidad de instalarse en sus asientos lo más rápida y silenciosamente posible, evidentemente mejoraría la situación. 
Señora Presidenta, querría volver al punto relativo al Sr. Bangemann y rogar por la comprensión de esta Asamblea, ya que presenta un caso evidente de síndrome de fin de mandato. 
Gracias, señor Wolf. 
Votaciones 
Señora Presidenta, me permito proponer que se posponga la votación sobre la propuesta de resolución legislativa, en analogía con la práctica en otros informes agrícolas y, sobre todo, porque la Comisión, contrariamente a la promesa que realizó en Estrasburgo, no nos ha comunicado su postura sobre los informes hasta ayer por la tarde. 
Señora Presidenta, estamos de acuerdo con ello. 
Pero queremos ver qué es lo que el Consejo nos va a presentar efectivamente en las negociaciones directas que empiezan la semana que viene, y entonces votaremos. 
Ayer por la noche, naturalmente, todos tuvimos la oportunidad de leer esto. 
Le damos las gracias a la Comisión, aunque sea algo tarde. 
Para hacer las cosas en la forma debida, voy a someter a votación la propuesta del Sr. Mulder. 
El Parlamento decide el aplazamiento de la votación y la devolución del informe a comisión 
Señora Presidenta, quisiera preguntar a la Comisión, de conformidad con el artículo 60, si esta preparada para adoptar las enmiendas que hemos incluido. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores diputados. Ayer distribuimos una lista con las enmiendas que la Comisión puede aceptar en el momento actual. 
Lamentablemente debo decirles que la Comisión no está en disposición de aceptar todas las enmiendas que aquí fueron aprobadas. 
Señora Presidenta, he leído el documento de la Comisión. 
Pero quería satisfacer los requisitos formales y por eso le he pedido de nuevo al Sr. Fischler que dijese que la Comisión no adopta todo. 
Por tanto, conforme al artículo 60 párrafo 2, solicito el reenvío a la comisión. 
El Parlamento decide el aplazamiento de la votación y la devolución del informe a comisión 
Señora Presidenta, de esta manera tenemos, por fin, sobre nuestra mesa una de las recompensas más espantosas, en concreto la recompensa de Herodes. 
¡Muchas gracias a todos los colegas! 
Antes de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa 
Señora Presidenta, solicito que se aplace la votación sobre la resolución legislativa, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60 de nuestro Reglamento. 
El Parlamento decide el aplazamiento de la votación y la devolución del informe a comisión 
Señora Presidenta, aun quisiera aclarar algo sobre la votación del Informe Graefe zu Baringdorf. 
Creo que al final hubo algunas confusiones. 
Hemos aprobado positivamente el informe, y el deseo del ponente de reenviarlo se refirió, según creo, a la resolución legislativa. 
Por lo tanto, no se trata de un reenvío a la comisión, sino de una remisión hacia el mejor futuro de la resolución legislativa. 
Confiamos en la sabiduría de la Comisión y el Consejo para que pongan algo más de carne en el asador. 
Absolutamente, Su Señoría. 
Creo que estaba bien claro. 
Había sometido a votación la propuesta modificada de la Comisión, que había sido ampliamente votada. 
Lo mismo ha ocurrido, por otra parte, con los demás informes, como el del Sr. Garot hace un momento. 
Señora Presidenta, estimados colegas, estoy muy satisfecho con la votación, en aquello que concierne a nuestra Asamblea. 
Quiero aprovechar la ocasión y pedir el voto a mis colegas para que, de conformidad con el artículo 60 (2) , pospongamos esta votación final, es decir, hasta el momento de la resolución legislativa. 
Desde luego, señor Goepel, se anticipa usted un poco, pero creo que todo el mundo le habrá comprendido bien. 
Antes de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa 
Señora Presidenta, distinguido señor Comisario. Le pregunto conforme al Reglamento: ¿está usted dispuesto a aceptar las enmiendas 7, 10 y 11- estas son las enmiendas que se refieren a la afectación facultativa de las explotaciones y al diseño más flexible de la tasa suplementaria en el caso de una prórroga de las cuotas hasta el año 2006? 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, el Sr. Goepel ha planteado realmente dos cuestiones. 
La primera cuestión se refiere a la afectación facultativa de las explotaciones. 
Estoy en disposición de aceptar aquellas enmiendas que se refieren a la afectación facultativa de las explotaciones. 
En lo que concierne a la tasa suplementaria quisiera hacer notar que una flexibilización de la tasa suplementaria no es algo que se pueda realizar de un día para otro. 
Entretanto también hay un debate acerca de que debería hacerse una revisión en la mitad del periodo de transposición, es decir, en el 2003, sobre los resultados del sistema lácteo, y por lo tanto pediría que se volviese a retomar esta cuestión en el curso de una revisión de esta suerte. 
Señora Presidenta, le doy las gracias al Comisario por haberlo aclarado por tercera vez. Espero que ahora lo haya entendido todo el mundo. 
Señora Presidenta, le tomo la palabra al Comisario, pues creo que estos son los high-lights de esta organización de mercado. 
Ha afirmado que la quiere adoptar. 
Por lo tanto, podemos votar la resolución legislativa. 
El Parlamento rechaza el proyecto de resolución legislativa y decide la devolución del informe a comisión 
Señora Presidenta, después de este golpe de suerte, espero tener la misma suerte a la hora de solicitar el aplazamiento de la votación de la resolución legislativa. 
El Parlamento decide el aplazamiento de la votación y la devolución del informe a comisión 
Tenemos un informe que sólo cubre un aspecto parcial del conflicto bananero, pero precisamente en la actual situación sensible no deberíamos cometer errores que quizá se pudieran imputar a una insuficiente concurrencia. 
Tengo la impresión de que, ya que necesitamos 314 votos, sí que precisamos de una asistencia algo mayor para esta votación. 
Por otra parte, también es cierto que la posición común del Consejo nos fue trasladada el 5 de noviembre. 
Por lo tanto, solicito a la Presidencia que compruebe si a causa de la concurrencia insuficiente es aun posible votar este informe en Estrasburgo o si entonces el plazo ha decaído automáticamente. 
Yo pediría entonces a los colegas que volvieran a acudir al Hemiciclo, porque en caso de que no alcanzásemos los 314 votos no tendríamos la posibilidad de influir en este proceso. 
Señor Liese, ya veo cuál es el problema. 
Primero efectuaré un control para ver cuántos permanecen en la sala y después veré qué podemos hacer. 
Porque, por otra parte, si dejamos la votación para Estrasburgo, para el periodo de febrero, tenemos problemas con el plazo. 
Se confirma la asistencia de 335 diputados 
No sé si debo proponer un aplazamiento de la votación para febrero y, si hace falta, pedir una ampliación del plazo. 
Señor Presidente, quiero señalar que es cierto que contamos con el apoyo de unos cuantos colegas que nos permitiría alcanzar la mayoría absoluta exigida; pero no es menos cierto que los colegas están. 
Todas las enmiendas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación fueron aprobadas por amplia mayoría. 
Se trata de una propuesta legislativa en segunda lectura muy urgente y muy importante, por lo tanto creo que conviene votarla ahora. 
Cada diputado y cada Grupo se responsabilizará del resultado de la enmiendas. 
Señor Presidente, pienso, no obstante, que las mayorías son muy ajustadas. 
Por ello quisiera proponer que se posponga la votación y que se ponga esto a votación. 
Se somete a votación la propuesta de aplazamiento de la votación para febrero. 
El Parlamento rechaza la propuesta de aplazamiento 
(El Presidente declara aprobada la posición común, así modificada) 
Quisiera señalar al Parlamento que en el futuro la Presidencia no tiene la intención de aceptar este tipo de solicitudes de votaciones por partes, que crean una confusión total. 
Y rogamos a los Grupos Políticos que sean más cuidadosos. 
Al Parlamento le es dificilísimo comprender el sentido cuando se aíslan frases dentro de otras frases. 
Lo voy a aceptar ahora; pero por última vez. 
El Parlamento aprueba la propuesta de resolución 
Señor Presidente, quisiera pedir, después de haber tenido este breve debate, que se finalice la votación. 
Creo que no sólo nosotros, sino también la presidencia, que ha funcionado a la perfección, ya está un poco cansada. 
Pido excusas por aquellos que todavía no han votado los informes. Pero pienso, señor Presidente, que ya no tiene sentido. 
Señor Presidente, desearía hacer una pequeña puntualización al exhaustivo y excelente informe del Sr. Bernard-Reymond que vamos a someter en breve a votación. 
Esta votación podrá desarrollarse mucho más rápidamente si se retiran algunas de las enmiendas, y explicaré el porqué, ya que creo que se trata de un punto importante. 
Llevamos toda la mañana debatiendo sobre algunas enmiendas muy nimias. 
El informe del Sr. Bernard-Reymond incluye 32 enmiendas del Sr. Dupuis. Ninguna de ellas fue presentada en comisión. 
Generosamente, el ponente ha aceptado cinco de ellas, si bien únicamente dos de estas enmiendas hacen referencia a acontecimientos posteriores a la aprobación del informe en comisión. 
Por todo ello, solicitaría al Sr. Dupuis que retirara todas sus enmiendas con la excepción de estas dos. 
Si procediera en este sentido, podríamos ocuparnos del presente informe en dos minutos. 
Señor Presidente, la propuesta de la Sra. Oomen-Ruijten me merece mucho respeto, pero observo que aún no son las 13: 00 horas. 
Así que podríamos votar el informe del Sr. Pierre Bernard-Reymond. 
Reacciones diversas 
Soy muy consciente de que todos estamos muy cansados, pero aún no son las 13: 00 horas y podríamos seguir la propuesta del Sr. McMillan-Scott y votar este último informe. 
Se somete a votación la propuesta de interrumpir ahora las votaciones, antes de votar el informe del Sr. Bernard- Reymond. 
El Parlamento aprueba la propuesta de interrumpir las votaciones 
Señor Presidente, pedí la palabra hace cinco minutos, en primer lugar para felicitarle por el modo en que dirigido la sesión. 
Tomo nota del resultado de la votación. 
Me pregunto por la propuesta que ha hecho un diputado de esta Asamblea, concretamente el Sr. McMillan-Scott. 
Pensaba que estos métodos eran más bien los de la Asamblea Popular de China. 
Me doy cuenta de que, incluso en el Parlamento de Estrasburgo y de Bruselas, se osan hacer propuestas semejantes. 
Señor Presidente, he votado a favor del Informe Mulder porque ha sido la primera vez en que en una resolución del Parlamento Europeo se ha aludido oficialmente al principio de cofinanciación. 
Considero que esto es un gran éxito de nuestra política, ya que cuando decimos que la independencia de las regiones y de las naciones debe ser salvaguardada, que solo debe ser regulado en el plano europeo lo que no puede regularse en el plano nacional, también este sería el caso de la financiación agrícola. 
Los recursos no tienen que fluir en primer lugar hacia Bruselas y luego ser devueltos desde Bruselas. 
Esto puede y debe regularse en parte- un 25 % o incluso un 50 %- de forma más racional, de modo que las regiones y los estados nacionales pudiesen asumir ellos mismos esa parte de la financiación agrícola. 
Entonces también habría menos posibilidades de que apareciesen casos de fraude y mala gestión, y que, al contrario, el dinero permaneciese bajo responsabilidad nacional. 
Considero que este concepto y resolución del Parlamento Europeo es progresista y que garantiza el futuro y, por ello, he votado con convicción a favor del Informe Mulder. 
El grupo de los socialdemócratas suecos apoya los tres objetivos generales de la política de la Unión Europea en materia agrícola y de alimentos. 
En primer lugar, es preciso orientar la producción de los sectores agrícola y alimentario con arreglo a la demanda de los consumidores. 
Además, la producción ha de ser sostenible a largo plazo tanto ecológica como económicamente. 
En tercer lugar, la UE ha de contribuir a la seguridad global de los productos alimenticios, por ejemplo, reafirmando los principios del libre comercio también en el ámbito agroalimentario. 
Sin embargo, es preciso complementar este libre comercio con esfuerzos en materia de política de consumidores, de protección de los animales y del medio ambiente, así como en el ámbito de la política regional. 
Consideramos que con el tiempo será necesario suprimir las restricciones a la producción y los subsidios para la regulación del mercado. 
Los créditos que se liberaran de esta manera podrían servir para cubrir las necesidades que, como resultado de la reforma, pudieran surgir en materia de desarrollo económico regional, inversiones estructurales, desarrollo rural y servicios medioambientales. 
Al igual que otros sectores, también la agricultura deberá poder influir, con el paso del tiempo, en las condiciones del mercado. 
Sin embargo, es posible que exista la necesidad, durante un período de carácter transitorio, de disponer de ayudas de adaptación para facilitar este reajuste de acuerdo con criterios socialmente aceptables. 
Va a ser preciso orientar las acciones necesarias con el fin de alcanzar objetivos tan importantes como son los requisitos medioambientales, el desarrollo rural y el desarrollo económico regional. 
Igualmente, estamos convencidos de que una reducción progresiva de las ayudas de mercado y una mejor adaptación de este mismo mercado servirán para rebajar los costes socioeconómicos de la política agrícola. 
Para lograr este objetivo se podrían aprobar determinadas partidas extraordinarias, y provisionales en el presupuesto de la UE, si bien, a largo plazo, también se reducirá el coste presupuestario de esta política agrícola. 
Consideramos que se trata de una cuestión de gran importancia, ya que estas medidas facilitarán asimismo una futura ampliación de la Unión hacia el Este. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Mulder. 
La razón para ello radica en nuestro apoyo a todo el proyecto de ampliación, que nos parece uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser asegurar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Sin embargo, hemos votado en contra de la enmienda relativa a la cofinanciación, puesto que pensamos que ésta implicaría una renacionalización de la política agraria. 
Sólo con eufemismos, podemos hablar ya sobre la financiación de la PAC porque las propuestas sobre las que estamos debatiendo afectan en realidad a recortes salvajes de los fondos de los que disponemos para la agricultura, que conducen al exterminio de las explotaciones familiares, pequeñas y medianas, principalmente en las regiones del sur de la Comunidad, cuya consecuencia es la reducción drástica del número de explotaciones y del número de trabajadores, recortes que catapultan a las alturas el porcentaje del paro en las regiones agrícolas y aumentan peligrosamente el ritmo de desertización rural. 
Al poner en tela de juicio y bajo una continua reducción el apartado del presupuesto comunitario para la agricultura, tal como ocurre con las propuestas de la «Agenda 2000» y las propuestas sobre la revisión de la PAC, en realidad- y ya sin pretextos- se pone en tela de juicio y se socava el papel fundamental que la agricultura desempeñaba hasta hoy en la mayoría de las regiones de Europa, especialmente en el sur. 
La Unión Europea reduce continuamente su mano de obra agrícola, pues sus objetivos declarados son el ahorro de recursos y la preparación de un intento-ampliación depredador hacia los países de Europa central y oriental y que el capital monopolístico europeo pueda responder al nuevo régimen de la Organización Mundial de Comercio- con la conocida subordinación a las exigencias de los Estados Unidos- del año 2000 en adelante. 
No estamos de acuerdo con la opinión del ponente de que la ayuda de preadhesión no debe producirse en una categoría aparte en los países bajo adhesión y debe incluirse en la línea directriz agrícola para aliviar la carga del resto del presupuesto. 
La ayuda de preadhesión debe producirse al margen de la línea directriz agrícola, para no reducir los ya mutilados fondos de que se dispone para la agricultura en los Estados miembros en la Sección de Garantías. 
Con la cofinanciación obligatoria de las ayudas directas por parte de los Estados miembros, esta propuesta se convierte en un anticipo de una intervención insultante e intolerable en los presupuestos nacionales de los Estados miembros, introduciendo condiciones de subordinación. 
Una cosa así, no sólo es contraria a las disposiciones del Tratado, sino que también prepara el terreno indirectamente para una transferencia esencial de los gastos obligatorios hacia los presupuestos nacionales- sin la opinión de los Parlamentos nacionales- para las políticas y decisiones que tomará la Dirección de la Unión Europea. 
Con abundante hipocresía y demagogia, en nombre de un supuesto racionalismo ilógico, contrario a todo concepto de solidaridad, se da publicidad a una falsa renacionalización que, sin embargo, afectará única y exclusivamente a los gastos y la Comunidad seguirá teniendo la competencia exclusiva de la formación de cada detalle de la PAC- contingentes, subvenciones de precios y de exportaciones, derechos etc, sin que el propio Estado miembro tenga margen alguno de movimientos o de diseño de una política agrícola. 
Somos categóricamente contrarios a esta propuesta de la Comisión, señor Presidente, y no hay márgenes para «su mejor gestión». 
Nuestra obligación es resistirnos a ella y derrocar una política así, que es contraria a los pequeños y medianos agricultores. 
Estoy dispuesto, en líneas generales, a apoyar la Agenda 2000. 
Es imprescindible modificar la política agrícola, si bien el ritmo y el modo en que tengan lugar estas modificaciones no deben en ningún momento poner en peligro la práctica de la agricultura ni incrementar los índices de desempleo. 
Por todo ello, existen motivos para moderar en cierta medida la bajada de los precios. 
Es necesario dedicar un numero mayor de cultivos para usos no alimentarios como, por ejemplo, para producir combustible o con fines industriales. 
Hay que elaborar un programa global para remplazar el uso de la gasolina con combustibles más respetuosos con el medio ambiente. 
Es preciso establecer un nivel máximo para las ayudas que se puedan conceder a una misma explotación agrícola. 
Ha de existir la posibilidad de introducir ayudas extraordinarias a las regiones de difíciles condiciones, especialmente en el norte de Europa, para permitir mantener la práctica agrícola en todo el territorio de Suecia y Finlandia. 
Asimismo, se deben establecer garantías de calidad para las explotaciones y los productos agrícolas. 
En líneas generales, hay que orientar las ayudas con un planteamiento más medioambiental. 
A pesar de esto, la financiación compartida podrá variar entre los distintos países y regiones. 
Naturalmente, todas las compensaciones han de ir a parar a los agricultores, ya que es el mercado mundial el que provoca la caída de los precios. 
Ha de existir la posibilidad de retener las ayudas en caso de que no se respete la legislación medioambiental- o la legislación sobre protección de animales- en vigor. 
Si podemos producir alimentos de alta calidad medioambiental, la caída de los precios no será tan acusada ni acelerada. 
Es imprescindible examinar el sistema actual atendiendo a una mayor comercialización y pagando por lo que se produce, encaminándonos hacia una supresión progresiva de las ayudas, tal como estaba ocurriendo en Suecia justo antes de su adhesión a la Unión Europea. 
Las ayudas se deberán conceder cada vez más en términos de desarrollo medioambiental y rural; esto es lo que desean numerosos agricultores y una gran parte de la opinión pública. 
De cara a la ampliación, la cuota agrícola es necesaria en el marco presupuestario de la UE, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. 
Voy a votar hoy a favor de este informe, si bien con renuencias. Creo que es demasiado cauteloso. 
Lo único viable es una reforma radical de la PAC. Una PAC diseñada para la Europa de los años 50 ha dejado de ser la política adecuada para esta Europa que se adentra en el nuevo milenio. 
Una reforma radical beneficiará a los consumidores, a los contribuyentes y a la mayoría de los agricultores. 
Los habitantes del Noroeste, como los del resto de Europa, llevan demasiado tiempo pagando- literalmente- el fracaso de la PAC. 
Los consumidores han venido pagando demasiado por los alimentos, los contribuyentes han contribuido demasiado en sus declaraciones de la renta y los pequeños agricultores en apuros y los agricultores de las regiones de montaña no han recibido el apoyo que necesitaban. 
De hecho, es difícil comprender quién es el que se beneficia de la PAC. 
Naturalmente, los que se benefician son los grandes agricultores, con el respaldo de sus aliados conservadores. 
Los conservadores han sido siempre los lacayos de los grandes terratenientes. 
Fueron ellos los que les apoyaron durante la crisis de la EEB, mientras que los laboristas respaldaron a los consumidores. 
Son ellos los que continúan apoyándoles en la cuestión de la caza del zorro, mientras que los laboristas- como la mayor parte de la gente- propugnan su abolición. 
A la hora de sostener la reforma de la PAC, corresponde a los laboristas, una vez más, defender los intereses de la gente corriente. 
sobre el informe Graefe zu Baringdorf (A4-0480/98) 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Graefe zu Baringdorf sobre la ayuda directa. 
Nos parece importante reducir la intervención como parte de toda la reforma de la política agraria común. 
La reforma de la política agraria común es una condición previa para el proyecto de ampliación, que nos parece uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser asegurar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Hemos votado en contra de las enmiendas relativas a las ayudas especiales al cultivo de leguminosas para pasto y forraje, que dicen resultan positivas para el medio ambiente. 
Sin embargo, no pensamos que las leguminosas para pasto y forraje en particular sean mejores para el medio ambiente que otras especies vegetales. 
En estos dos informes seguimos las orientaciones de voto del PSE, con las enmiendas y especificaciones que consideramos adecuadas para la salvaguardia de los intereses de la agricultura y los agricultores portugueses en el marco de una Política Agraria Europea renovada y más equitativa. 
A pesar de que se puede considerar que los resultados alcanzados en las votaciones se orientan en una dirección más favorable para aquellos intereses que las propuestas originales, en particular las de la Comisión, hemos considerado necesario votar en contra, en la votación final, por entender que sólo tiene sentido adoptar decisiones sobre la financiación de la PAC- o que tengan consecuencias en ella- en el marco de la negociación global, aún en curso, sobre los recursos propios, las perspectivas financieras, la financiación y el contenido de las políticas financiadas con cargo a los Fondos estructurales y de todas las políticas de la UE. 
Así, pues, nos orientamos una vez más- sin perjuicio de nuestro apoyo a una reforma profunda de la PAC- hacia el objetivo de no limitar ni comprometer antes de tiempo, con decisiones de carácter fragmentario, la capacidad negociadora necesaria para resguardar un resultado final favorable para los intereses de Portugal en esa difícil negociación global que debería propiciar una UE más solidaria y más equitativamente financiada. 
El grupo socialdemócrata sueco considera que es correcto y completamente necesario apostar por el desarrollo de las zonas rurales. 
Sin embargo, dudamos que este desarrollo vaya a alcanzarse por medio de una reducción deliberada de la productividad agrícola. 
Creemos que es mejor para el conjunto de la economía, el empleo y el medio ambiente de las zonas rurales que se produzca una adaptación de la agricultura al mercado y que esta actividad económica se vea expuesta a la competencia. 
sobre el informe Garot (A4-0494/98) 
El grupo de los socialdemócratas suecos considera que corresponde a los propios Estados miembros decidir si quieren permitir ayudas al 20 por ciento de las novillas dentro del máximo establecido para las vacas lecheras, lo cual implicaría para Suecia el restablecimiento a su formulación original del límite máximo para los animales machos. 
Lo mismo ocurriría con las cuotas originales para las vacas lecheras y nodrizas. 
Albergamos temores de las repercusiones que una mayor intensidad de la producción, tal como propone la Comisión, podría tener en el medio ambiente. 
Para disipar estos temores, proponemos que la Comisión presente una propuesta más completa y exhaustiva con objeto de describir las consecuencias medioambientales de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Cardiff. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Garot sobre la organización de mercado de la carne de vacuno. 
La razón para ello radica en que el informe mantendrá la intervención de la carne de vacuno. 
Nos parece importante reducir la intervención como parte de toda la reforma de la política agraria común. 
La reforma de la política agraria común es una condición previa para el proyecto de ampliación, que nos parece uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser asegurar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Apoyamos la propuesta presentada por la Comisión relativa a la organización de mercado de la carne de vacuno. 
Ayer, en el pleno, la Comisión nos presentó su propuesta sobre agricultura y medio ambiente, insistiendo, con razón, en la necesidad de que Europa tenga una agricultura respetuosa con el medio ambiente. 
Sin embargo, la propuesta de reforma de la OCM de la carne de vacuno que nos propone la propia Comisión está en absoluta contradicción con esa voluntad de fomento de una agricultura respetuosa con el medio ambiente. 
En efecto, la Comisión desea suprimir las compensaciones específicas del sistema de producción más respetuoso con el medio ambiente que puede haber: la producción de vacas lecheras. 
En lugar de consumir proteínas importadas, estas vacas lecheras consumen hierba y utilizan pastos. 
Esta forma de producción agraria, que se practica fundamentalmente en las zonas desfavorecidas y en las zonas ecológicamente sensibles, se va a ver abocada a desaparecer si se aceptan las propuestas de la Comisión en su forma actual. 
Por este motivo, el grupo Europa de las Naciones ha presentado una serie de enmiendas que permitan restablecer esta producción que responde a unas expectativas concretas de los consumidores, tanto en lo que respecta a la seguridad sanitaria como a la gestión del territorio. 
La supresión de este tipo de producción aumentaría la fragilidad de unas regiones que ya se ven afectadas por un intenso despoblamiento. 
En cuanto a la reducción de los precios en un 30 %, es inaceptable. 
El precio mundial de la carne de vacuno corresponde a la mitad del precio europeo. 
Por lo tanto, la reducción del 30 % no tendrá ningún efecto que permita ganar cuotas de mercado, sino que provocará a la vez una mayor fragilidad del sector y un fuerte descenso en la renta de un cierto grupo de productores agrarios, el que ya tiene los ingresos más bajos. 
Para compensar este descenso de los precios, la Comisión ha previsto, por su parte, una compensación parcial por medio de ayudas directas. 
Ahora bien, las ayudas directas, como todos sabemos, serán cuestionadas por nuestros socios en el marco de la OMC (antiguo GATT). 
Concluyendo, lo que hoy se nos propone es un fuerte descenso del precio de la carne de vacuno, compensado sólo parcialmente; y a partir del 2003- para cumplir nuestras obligaciones internacionales según nos explicarán- es indispensable reducir las ayudas compensatorias. 
A fin de cuentas, los únicos perdedores serán los ganaderos que verán disminuir su renta, a no ser que incrementen su producción utilizando activadores del crecimiento (tipo hormonas). 
Una vez más, el productor agrario se tendrá que enfrentar a un dilema: o desaparecer o utilizar tecnologías incompatibles con un comportamiento éticamente responsable. 
Nuestro grupo votará contra la propuesta de la Comisión si las enmiendas que ha presentado no son adoptadas y aceptadas por la Comisión. 
Señor Presidente, por supuesto, compartimos la opinión del ponente de que la reducción de los precios de garantía para la carne de vacuno en un 30 % es especialmente drástica. 
Por desgracia, es indispensable efectuar una reducción con vistas a la adhesión inminente de los países de Europa Central y Oriental. 
En estos países se necesita un gran porcentaje de los ingresos para comida, pese a sus precios relativamente bajos. 
Los actuales precios de garantía de la UE serían desastrosos para los países y constituirían un pesado obstáculo para adhesión. 
La reducción de los precios de garantía al nivel del mercado mundial nos parece excesiva. 
En concreto, los ganaderos en la UE deben mantenerse asegurados con unos ingresos razonables, el pensamiento que subyace a la PAC. 
La reducción de los precios de garantía debe ir pareja a un aumento de las compensaciones de los ingresos, lo cual resulta imposible de sufragar si ya no se cuenta con ninguna medida de sostenimiento de los precios. 
En la propuesta de la Comisión se da muy poca importancia a la limitación de la producción, como ha señalado acertadamente el ponente. 
La retirada de tierras y las cuotas son necesarios para contener los excedentes, que en gran medida repercuten en perjuicio de los países en vías de desarrollo. 
La limitación de la producción, no obstante, no debe conducir a que se genere una escasez artificial por la cual los precios de mercado se pondrían muy por encima de los precios de garantía. 
sobre el informe Goepel (A4-0446/98) 
El grupo socialdemócrata sueco estima que se debe suprimir el sistema de cuotas para la leche a la mayor brevedad posible y, a más tardar, en el año 2006. 
Asimismo, pensamos que es razonable que se aumenten durante un período transitorio las cuotas en un 2 % adicional al 2 % que se ha propuesto. 
Consideramos que se debe reducir el precio de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo a los niveles del mercado mundial, lo cual supondría un descenso del 30 % en lugar del 15 % propuesto. 
Finalmente, creemos que es muy importante que las ayudas de la directiva se basen única y exclusivamente en la cantidad de leche producida, es decir, en la denominada cuota lechera. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Goepel sobre la leche y los productos lácteos. 
La razón para ello radica en que el informe sólo reducirá el precio de intervención en un 10 %, frente al 15 % propuesto por la Comisión. 
Nos parece importante reducir la intervención como parte de toda la reforma de la política agraria común y apoyamos una reducción del 30 %. 
La reforma de la política agraria común es una condición previa para el proyecto de ampliación, que nos parece uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser asegurar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Aunque existe un mercado mundial de los cereales, de la carne, de las proteaginosas, nuestro grupo desea recordar que no existe un mercado mundial de la leche, sino únicamente de los productos lácteos. 
De ahí la postura del grupo Europa de las Naciones, que se opone a cualquier disminución del precio de la leche. 
Por otro lado, más del 90 % de la producción lechera europea se consume en el propio mercado europeo. 
¿Por qué la Comisión rechaza entonces el sistema del «doble precio-doble contingente» que se utiliza en algunos países, como Canadá? 
En lugar de mantener un precio europeo para la leche consumida en el mercado europeo y definir, junto a un contingente específico, un precio ajustado que permita a las empresas y cooperativas lecheras comercializar productos lácteos transformados en terceros países, y ello sin restitución, la Comisión prefiere bajar el precio de la leche de toda la producción europea. 
Esta bajada no hará sino incitar a los productores a incrementar su productividad, bien por medio de una intensificación, bien mediante la ampliación de las explotaciones. 
Durante la presente legislatura hemos vivido el doloroso problema de la EEB. 
Todos sabemos que el problema guardaba relación con la alimentación de los rebaños lecheros. 
Entonces, ¿por qué incitar aún más a la intensificación? 
La ampliación de las explotaciones provoca, por su parte, el despoblamiento del campo. 
Ya han desaparecido desde 1992 más de dos millones de agricultores en la Unión Europea. 
¿Deseamos que aumente el nivel de desempleo? 
El grupo Europa de las Naciones votará en contra de la propuesta de la Comisión porque nada justifica, en el sector lechero, una reforma de la organización común del mercado de la leche y de los productos lácteos. 
sobre el informe Fantuzzi (A4-0496/98) 
El grupo socialdemócrata sueco acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que representa un paso en la dirección adecuada. 
Los consumidores se benefician de una caída de los precios a la vez que mejoran las condiciones para una exportación libre de subsidios. 
Las enmiendas que se proponen son especialmente importantes en el ámbito de los cereales, puesto que éste es un sector predominante y muy importante de la producción agrícola, a la vez que un recurso fundamental de la producción animal. 
Creemos que se deberían suprimir las ayudas a los forrajes de cereales, ya que distorsionan la competencia en aquellos países septentrionales de la Unión donde no es posible beneficiarse de dichas ayudas a causa de las condiciones climatológicas. 
Si por cualquier motivo no desaparecieran estas ayudas, habría que compensar a los agricultores afectados de estos países por los cambios en los precios de la leche y por los animales machos que requieren estas ayudas continuas. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de la primera parte del informe del Sr. Fantuzzi sobre cultivos herbáceos y en contra de la segunda. 
Apoyamos la primera parte del informe que respalda la propuesta de la Comisión por la que se reduce el precio de intervención de los cereales en un 30 %. 
Nos parece importante reducir la intervención como parte de toda la reforma de la política agraria común. 
Asimismo, apoyamos la propuesta de la Comisión por la que se establece un régimen de apoyo a determinados cultivos herbáceos y puesto que la segunda parte del informe rechaza esta propuesta, votamos en contra de la segunda parte del informe. 
La propuesta de la Comisión insiste en la retirada obligatoria de tierras y los pagos directos a las semillas oleaginosas y a la linaza se mantienen al mismo nivel. 
La reforma de la política agraria común es una condición previa para el proyecto de ampliación, que nos parece uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser asegurar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
El proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado de los cultivos herbáceos, tal como lo ha propuesto la Comisión, debería modificarse en profundidad para que nuestro grupo pueda aceptarlo. 
Sobre los productos agrícolas de uso no alimentario, la propuesta de la Comisión no dice absolutamente nada. 
El grupo Europa de las Naciones lo lamenta y desea recordar su interés por este sector que puede permitir avances importantes en materia medioambiental (energías renovables, biocombustibles, etc.). 
En cuanto a los productos oleoproteaginosos, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta en absoluto el enorme déficit de la Unión Europea en cuanto a proteínas. 
Debido a la prohibición de utilizar harinas de origen animal en la alimentación de los rumiantes a consecuencia del problema de la EEB, la tasa de autoabastecimiento de la Unión Europea ha descendido del 20 % al 10 %. 
En lugar de favorecer una política de desarrollo de las proteaginosas, la Comisión, por el contrario, parece querer destruir este sector al proponer una drástica disminución de las ayudas compensatorias en el mismo. 
Aparte de la utilidad de estas proteaginosas para hacer disminuir la dependencia de la Unión Europea frente a los suministros procedentes sobre todo de Estados Unidos y Brasil, deseo recordar la importancia de esta producción desde el punto de vista agronómico, ya que constituye una base ideal para los agricultores en la rotación de cultivos. 
Otra base ideal para la rotación de cultivos: el maíz. 
En este sector, las propuestas de la Comisión son inaceptables en su forma actual. 
En efecto, si aplicáramos la reforma tal como se nos propone, la producción europea de maíz se vería drásticamente reducida. 
Ahora bien, quiero recordar que la calidad de la cabeza de rotación permite evitar, a nivel de los suelos, rotaciones de trigo con trigo demasiado frecuentes. 
Todos los agricultores saben que la ausencia de una cabeza de rotación reduce la calidad de la tierra y les obliga a aumentar el empleo de abonos y productos fitosanitarios. 
Como conclusión, señor Presidente, sería necesario que los funcionarios de la Comisión de Bruselas, en lugar de concebir en su despacho sofisticadas propuestas tecnocráticas, se tomaran las molestia de conocer un poco mejor las dificultades de los agricultores en términos agronómicos. 
Algunas directivas y reglamentos desean orientar la agricultura europea hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, que utilice menos abonos (directiva sobre nitratos) , menos productos fitosanitarios (directivas sobre residuos y responsabilidad de los productos alimentarios). 
Pero existe una total contradicción entre esas orientaciones positivas y la propuesta de reforma de la OCM de los cultivos herbáceos que nos ha presentado. 
Para compensar las lagunas y carencias de la propuesta de la Comisión, nuestro grupo ha presentado varias enmiendas que, si no son aceptadas por los comisarios, nos obligarán a votar en contra de la propuesta. 
sobre los informes Mulder, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel y Fantuzzi 
Hemos optado por apoyar en líneas generales la propuesta de la Comisión durante la votación sobre la función de la agricultura en la Agenda 2000. 
En nuestra opinión, con este documento se aumenta el poder competitivo de la agricultura europea en el mercado internacional, lo cual es- a su vez- un motivo de mayor prosperidad. 
Además, también bajarán los precios al consumidor de los productos alimenticios, con lo que se compensará sobradamente el mayor gasto presupuestario inicial. 
Una reforma como la que propone la Comisión facilitará asimismo la ampliación de la Unión. 
En las numerosas votaciones sobre las ayudas a la agricultura, he intentado votar en la medida de lo posible a favor del desmantelamiento de los subsidios y de una mayor liberalización del sector alimentario. 
Teniendo en cuenta unos requisitos razonables en materia medioambiental, los objetivos de la política agrícola de la UE han de ser el desmantelamiento del sistema de subsidios y la equiparación de los agricultores y los otros productores de alimentos al resto de productores y empresarios de nuestra Unión. 
Quiero que la política agraria modifique su base para adaptarla a las condiciones del mercado. 
Éste ha de ser el objetivo de las reformas de la política agraria comunitaria. 
Sin embargo, éstas deberán considerar obligatoriamente los regímenes transitorios y el medio ambiente. 
Hemos votado en contra de los informes de referencia por las razones que se exponen a continuación: 
Los informes reflejan la falta de voluntad de la mayoría del Parlamento para aceptar la reforma y el cambio de curso que es preciso introducir en la Política Agrícola Común. 
Los informes Garot, Fantuzzi y Goepel no parecen tener otro objetivo que el de intentar sabotear los esfuerzos reformistas de la Comisión y el Consejo. 
La propuesta de la Comisión para reducir los precios de intervención como un procedimiento de reestructuración se contrarresta tanto por las exigencias de compensaciones plenas por medio de ayudas directas, como por el establecimiento de nuevas ayudas o de otras intervenciones de regulación del mercado. 
Las exigencias que plantea la mayoría del Parlamento obstaculizan la aplicación de una política rural activa, necesaria a la hora de ofrecer ingresos alternativos a las familias agricultoras y al resto de la población rural. 
Respaldamos los esfuerzos que está realizando la Comisión para reformar la política agrícola, especialmente por lo que respecta a la importancia de aplicar una política rural de carácter más general. 
Apoyamos las propuestas para reducir la intervención. 
Nos mostramos escépticos o críticos ante determinados elementos concretos como, por ejemplo, las denominadas medidas horizontales, cuyas posibles repercusiones se deberían someter a un mayor estudio. 
La inexistencia de un informe exhaustivo acerca de las consecuencias medioambientales de las distintas propuestas de reforma constituye también una deficiencia que deberá corregirse. 
En esta continua labor de reforma, resultará igualmente imprescindible abordar la cuestión de las restituciones a la exportación, las cuales, además de constituir un problema en sí, tienen efectos negativos en la situación del sector alimentario mundial. 
Estimamos que una gran reforma ha de llevarse a cabo de manera progresiva y teniendo presentes las importantes condiciones sociales, especialmente en las numerosas explotaciones pequeñas que existen en los distintos Estados miembros. 
Nos oponemos a una política de mercado desenfrenadamente liberal en el sector agrícola al estilo de la neozelandesa. 
Este tipo de políticas sólo sirve para perturbar aún más el mercado mundial y para deteriorar las condiciones de la producción alimentaria en el tercer mundo. 
La agricultura representa una actividad económica sometida a condiciones especiales que no hacen recomendable un dogmatismo en las doctrinas económicas o en las filosofías de mercado. 
Con esta declaración de voto pretendemos que no queden dudas sobre nuestra posición respecto de las propuestas que el Parlamento Europeo acaba de votar en Pleno. 
Hay enmiendas nuestras que se han aceptado. 
Sólo, que dichas enmiendas, aunque son positivas, únicamente consiguen- salta a la vista- modificar aspectos parciales de los reglamentos, sin modificar su contenido fundamental ni sus orientaciones. 
Habría que impedir que esta reforma fuera una mera profundización de la de 1992, eliminando las discriminaciones que ésta introdujo y fue agravando entre agricultores, regiones y producciones, con consecuencias profundas en la disminución de las explotaciones agrarias, en la desertización del mundo rural y en la pauperización de las pequeñas y medianas explotaciones y de la agricultura familiar. 
Habría que impedir el intento de sumisión a la OMC y rechazar nuevas disminuciones del precio que van a engendrar nuevas disminuciones de las rentas agrarias- que en Portugal han descendido ya un 13 % en cada uno de los dos últimos años- sin que hubiera una plena y total compensación. 
Habría que hacer reequilibrios financieros que limitaran drásticamente los apoyos a los grandes agricultores para que fueran destinados a las pequeñas y medianas explotaciones. 
Habría que realizar una verdadera modulación y no aceptar, a ese respecto, la burla que la CE pretende materializar. 
Por eso hemos votado contra las propuestas relativas a la reforma de los sectores de la carne, la leche, los cereales y el reglamento relativo a las medidas horizontales, con lo que hacemos constar, porque nos parece muy relevante, la posición del Grupo Socialista contra los principios de una verdadera modulación. 
Hemos votado asimismo contra la propuesta de reglamento de financiación de la PAC, en la que se ha aprobado una enmienda, presentada por el Sr. Arlindo Cunha en la Comisión de Agricultura, que introduce la clara posibilidad de que se apruebe la propuesta de la CE de cofinanciación de esa política común. 
Con esa puerta abierta por ese diputado portugués será más fácil, desde luego, proceder a la renacionalización de los costos de la PAC, se agravarán aún más las discriminaciones y las consecuencias negativas para la cohesión interna, se infringirán los propios Tratados y se pondrán en tela de juicio principios básicos de solidaridad. 
Considero acertada la posición de la Comisión Europea respecto a no modificar radicalmente el viejo modelo de financiación de la PAC que aún precisando algunas correcciones ha sido un eficaz y eficiente instrumento de apoyo a la agricultura europea. 
Comparto la necesidad de incluir las intervenciones en materia de desarrollo rural en la sección «Garantía» del Fondo, al objeto de asegurar la modernización y la diversificación más allá de los programas del Objetivo 1, y subrayo la importancia de incluir en dicha sección las medidas de mejora de la calidad de los productos agrícolas, alimenticios y no alimenticios, a fin de garantizar a los productores europeos una adecuada rentabilidad del capital invertido. 
Coincido asimismo en la necesidad de incluir en el ámbito de la sección «Orientación» , las medidas de desarrollo rural previstas en el marco del Objetivo 1 y de las iniciativas comunitarias. 
En lo que se refiere a la facultad de control del Parlamento, creo en la necesidad de que el Pleno intervenga en la etapa de liquidación. 
Estoy de acuerdo además con la necesidad de garantizar la cofinanciación nacional de las medidas de apoyo a la renta de los agricultores, así como de dar mayor realce al principio de subsidiariedad de las ayudas. 
Por último, acepto la propuesta del Ejecutivo por la que se establece un nuevo régimen de apoyo directo a los agricultores que prevé posibilidades de ayudas escalonadas de forma degresiva en función del empleo de población activa y de los imperativos medioambientales, pero no considero justo imponer un umbral máximo de intervención vinculado al cumplimiento de las normas medioambientales. 
En general, considero importante que la reforma de la PAC en el marco de la Agenda 2000 se realice antes de la próxima primavera y que, pese a prever medidas de protección del consumidor y de orientación al mercado en una lógica de protección medioambiental, garantice la protección de los intereses de los pequeños agricultores; de hecho, estos últimos, al representar un alto porcentaje de las economías preferentemente agrícolas de algunas regiones europeas, por ejemplo, del sur de Italia, han de poder contar con las ayudas compensatorias para sufragar las mayores cargas impuestas por la reforma. 
sobre la recomendación Liese (A4-0012/99) 
Nuestra postura fundamental se basa en que las investigaciones de conjunto realizadas- entre otros- por la Comisión muestran que las preferencias del mercado no funcionan como un verdadero motor. 
Consideramos por lo tanto que, de acuerdo con la propuesta del Consejo, el protocolo del plátano será adecuado únicamente mientras esté en vigor el convenio. 
En las enmiendas de la comisión se hace referencia al «comercio justo». 
En un principio, somos favorables a un «comercio solidario» , si bien estimamos que no se deben concentrar las ayudas únicamente en una producción de este tipo. 
En cambio, consideramos que es prioritario que las ayudas contribuyan a la diversificación, es decir, a evitar la dependencia de la producción de plátano. 
Las ayudas deberán ser concedidas por los Estados. Pensamos que es importante la propiedad de carácter local, por lo que es preciso ubicar la administración en los países beneficiarios. 
En función de todo lo expuesto anteriormente, no podemos mostrarnos de acuerdo con las enmiendas de la comisión 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 y 20. 
El grupo Europa de las Naciones ha apoyado el informe del Sr. Liese. 
Nuestra Asamblea, en efecto, debe apoyar todos los esfuerzos de la Unión y de sus Estados miembros para ayudar a nuestros socios de África y el Caribe a afrontar las consecuencias negativas que pueden tener para su economía las modificaciones introducidas en nuestra OCM del plátano a resultas de las observaciones formuladas por la Organización Mundial del Comercio. 
No obstante, hay que lamentar que el informe del Sr. de Liese, al pedir que se incluyan en este programa ayudas destinadas a la reconversión de los productores de plátanos, entre en la lógica de nuestros adversarios. 
Lo cierto es que, después de haber modificado nuestra OCM según lo exigido por el grupo especial de la OMC, nos encontramos en la situación paradójica de tener que defender la conformidad frente a un adversario, Estados Unidos, que se niega de antemano a someterse a cualquier arbitraje que no vaya en la línea de la no compatibilidad de este régimen. 
Más allá incluso de nuestras obligaciones hacia nuestros socios del mundo en desarrollo, cuya importancia política es comparable a las de las que hemos contraído en el marco de la OMC, la crisis actual del plátano reviste un carácter ejemplar y su solución sentará jurisprudencia: o bien se demostrará que el respeto del Derecho y de los compromisos internacionales son exigencias legítimas, o bien el comercio generalizado a escala mundial, tal como lo conocemos hoy en día, no conocerá más que una sola regla, la del unilateralismo, la ley del más fuerte. 
Porque la cuestión de fondo que plantea esta controversia es la siguiente: ¿cuál es el objetivo que busca la administración estadounidense a través de este pulso? 
¿Qué empuja a un país que no produce ni un solo plátano a correr el riesgo de desencadenar una guerra económica con Europa, con el Caribe y con una parte de África? 
La mundialización, para Estados Unidos, ¿será entonces la simple transposición del Derecho estadounidense a escala mundial? 
Anteayer el Comisario Brittan, ante nuestra comisión REX, al presentar los diferentes aspectos del contencioso sobre los plátanos, atribuía la responsabilidad de la crisis a algunas multinacionales, en particular a Chiquita. 
La explicación es simplista. 
De hecho, lo que esta crisis está sometiendo a una dura prueba es al conjunto del diálogo transatlántico. 
Lo que se plantea es la utilidad del TABD, de las reuniones en la cumbre. 
La verdadera cuestión que nos plantea la crisis del plátano es la siguiente: ¿aceptamos o no aceptamos la ley del unilateralismo y que se eluda una y otra vez a la OMC? 
sobre el informe Kindermann (A4-0481/98) 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Kindermann, que no es serio con los productores de huevos y apela a la sensibilidad de las personas ocultando una ofensiva económica bajo la apariencia de buenos sentimientos hacia al bienestar de los animales. 
Los investigadores especializados en producciones de alimentación animal con los que me he reunido en lo más recóndito de Bretaña me han asegurado que un estudio sobre la aplicación de las propuestas de la directiva revisada no permitía comprobar la mejora del bienestar de las gallinas. 
Los esfuerzos de comunicación de un grupo de presión para disfrazar a los parlamentarios de gallinas ponedoras, sacarles una foto, distribuir jaulas de gallinas en nuestros buzones, son acciones inadmisibles en un Parlamento. 
¿Quien paga todo eso sino los que tienen interés en que caiga el sector de la producción de huevos? 
¿Dónde se presta atención, en este informe, a la salud del consumidor, puesto que se prefiere depositar los huevos en nidos sucios y polvorientos con tal de que las gallinas estén contentas? 
Los Europeos están asombrados de ver cómo Europa se preocupa más del hábitat de las gallinas que del alojamiento de los que se ven obligados a dormir bajos los puentes y que, algunas veces, no tienen sino sacos de dormir para calentarse. 
Recobremos la razón, dejemos de ceder ante los grupos de presión que no tienen otra razón de existir que el dinero que reciben de los países o empresas para los que actúan, haciendo llorar a la gente en su cobijo. 
Señor Presidente, con relación al informe del Sr. Kindermann sobre gallinas enjauladas diré que los socialdemócratas daneses estamos a favor de todo lo que vaya encaminado a acabar con las gallinas enjauladas. 
De hecho los consumidores se han manifestado ya de diversas formas a favor de las gallinas camperas. 
Creo que nuestra tarea consiste en colaborar en la puesta al día de la producción agraria y no aferrarnos a viejas formas de cría, que no toman en consideración el bienestar de los animales. 
El paso hoy dado supone en mi opinión una victoria parcial para la postura que pretende la desaparición de estas jaulas, aunque ésta no sea, en nuestra opinión, lo suficientemente rápida. 
Aún así, la aprobación de las enmiendas que abolirán esta forma de cría en el plazo de diez años es una victoria parcial. 
Ha sido positivo, y espero que la Comisión, que ya se ha marchado, lo comprenda. Espero también que el Consejo tenga en cuenta en sus negociaciones lo que hoy se ha aprobado en este Parlamento. 
Señor Presidente, estoy encantado de que el Parlamento haya aprobado el informe Kindermann y, en especial, de que se hayan aprobado las enmiendas que propugnan la total supresión del sistema de cría intensiva antes de 2009. 
Espero que la Comisión y el Consejo escuchen el punto de vista del Parlamento a este respecto. 
No puedo mostrarme más en desacuerdo con la Sra. Guinebertière. 
Por supuesto que a mí también me preocupa la gente sin hogar, pero es posible compatibilizar las preocupaciones por el bienestar de los animales y por el bienestar de las personas. 
Vamos a dar un paso adelante muy progresista y de gran importancia. Se trata de algo que ha venido solicitando desde hace mucho tiempo el intergrupo del Parlamento para el bienestar de los animales, que tengo el honor de presidir. 
Hemos de poner fin a este dominio de la sociedad por parte de los productores, y garantizar que se presta mucha más atención a las preocupaciones de los consumidores y de la gente normal y corriente. 
La abrumadora mayoría de la población condena las explotaciones en fábricas y la cría intensiva. 
El hecho de que sea cada vez importante la venta de huevos de granja y de que cada vez sean más los minoristas que se pasan a la venta de este tipo de huevos demuestra las preocupaciones de los ciudadanos de numerosos países de la Unión. 
Esperemos que sea posible contar con muchos más ejemplos como este paso adelante tan importante y avanzado. 
Desearíamos agradecer al ponente su exhaustiva labor y el importante informe que ha realizado. 
Las condiciones en las que viven las gallinas ponedoras en algunos sistemas de cría son agravantes desde el punto de vista de la protección de animales. 
Por este motivo, hay que acoger favorablemente el proyecto de informe de la Comisión. 
Al fomentar la protección de los animales, es fundamental establecer los sistemas de cría de acuerdo con las pruebas científicas que demuestren ser más satisfactorias para no inhibir el comportamiento natural de los animales. 
Al mismo tiempo, estos sistemas deberán formularse de manera que puedan cumplir unos requisitos estrictos en materia de protección laboral para los trabajadores de las instalaciones. 
Apoyamos las propuestas de la comisión para reforzar los aspectos en materia de protección de animales, si bien no creemos que haya motivos para un retraso en la aplicación de la directiva. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Kindermann sobre la protección de las gallinas ponedoras en los diferentes sistemas de cría. 
Hemos apoyado parte de las enmiendas, puesto que implican mejoras en este campo, sin embargo, hemos votado en contra del informe en su conjunto. 
La razón para ello radica en que el resultado a pesar de todo no es lo bastante bueno. 
El informe contiene demasiadas excepciones y los plazos para las mejoras son demasiado largos. 
Creemos obligada una reconversión a largo plazo de esta cría hacia otras formas de cría que tengan más en cuenta el medio ambiente y el bienestar de los animales. 
En general, el informe no contiene las suficientes mejoras y por ello no podemos votar a favor de él. 
Voy a votar a favor de esta resolución en el día de hoy. 
Soy un ferviente defensor del bienestar de los animales y he recibido numerosas cartas de ciudadanos de mi circunscripción electoral a este respecto. 
La presente resolución es solamente un primer paso hacia la prohibición, de una vez por todas, de la cría intensiva de gallinas en toda la Unión Europea. 
Es innegable que la cría intensiva de gallinas en batería es una práctica cruel. 
En ocasiones se acostumbra a mantener a cuatro o cinco gallinas encerradas durante toda su vida en jaulas. 
Estas jaulas son tan pequeñas que ni siquiera pueden estirar las alas. 
Además, la cría intensiva de gallinas es innecesaria. 
Los consumidores británicos pueden y quieren adquirir huevos de gallinas de granja. 
Prefieren pagar un poco más por estos huevos que apoyar métodos de cría inhumanos. 
El Gobierno laborista británico está mostrando el camino. 
Hemos anunciado nuestra intención de abolir la cría intensiva de gallinas en el Reino Unido. Este planteamiento contrasta claramente con la actitud de indiferencia de nuestros predecesores conservadores, que siempre antepusieron la riqueza al bienestar, ya fuera de las gallinas o de las personas. 
Sin embargo, para que sea eficaz, la prohibición ha de establecerse a escala de la UE. 
No se debe permitir a los responsables de la cría intensiva de gallinas que practiquen esta cruel actividad en ningún otro lugar de Europa. 
En Gran Bretaña, famosa por ser una nación amante de los animales, esta prohibición deberá entrar en vigor lo antes posible. 
sobre el informe Hermange (A4-0004/99) 
A finales del siglo XX, ¿aún tiene la familia un papel que desempeñar en nuestras sociedades europeas? 
Los debates que agitan regularmente a nuestros parlamentos nacionales, a nuestras instituciones regionales y a nuestros medios de comunicación no dejan lugar a dudas. 
Los sociólogos y demógrafos están todos de acuerdo en reconocer que la familia es la que da cohesión a un sistema social. 
Sin la célula familiar no hay sociedad que funcione. 
Si, globalmente, admitimos este hecho, debemos reconocer asimismo que es de vital importancia que nuestros Estados nacionales se preocupen de la familia en un contexto de envejecimiento de las poblaciones. 
¿Quién mejor que la familia puede luchar contra la marginación y el aislamiento? 
¿Quién educa preferentemente a los niños? 
¿Quién se hace cargo fundamentalmente de los miembros mayores y discapacitados de la familia? 
¿Quién garantiza la solidaridad ente las generaciones? 
Si bien la respuesta es casi idéntica en los quince países que componen la Unión Europea, el apoyo por parte de los Estados difiere considerablemente. 
Las políticas familiares son sumamente dispares y, al no existir una competencia jurídica y legislativamente reconocida en relación con la familia, no se ha emprendido hasta ahora ningún esfuerzo de convergencia. 
Teniendo en cuenta esta situación, la Unión Europea debe actuar dentro de sus propias instituciones y ante los gobiernos de los Estados miembros para hacer valer estos argumentos: no existe sociedad equilibrada sin un apoyo activo a la familia. 
La política en pro de la familia merece verse apoyada por medio de una acción global que sitúe al niño en el centro de la sociedad. 
Una política familiar no puede limitarse al pago de subsidios y prestaciones, sino que debe incluir la cuestión del alojamiento, de las infraestructuras recreativas, de los servicios de acogida de los más pequeños, de la ayuda periescolar. 
Pese a los avances de las instancias internacionales, la infancia necesita una mayor protección. 
También en este campo las estructuras familiares pueden desempeñar un papel determinante, luchando contra la pobreza, el trabajo, la prostitución de los niños, la violencia o la pedofilia. 
Apruebo por lo tanto el informe Hermange y sus disposiciones porque traducen una voluntad real de actuaciones concretas y no sólo un catálogo de ideas generosas. 
A título de ejemplo, pienso en las muy concretas medidas encaminadas a que se haga una evaluación familiar de cada medida europea. 
El papel del Parlamento Europeo deberá ejercerse plenamente en tales proyectos. 
Nos hemos abstenido en la votación del informe de la Sra. Hermange. 
Compartimos plenamente el punto de vista según el cual la política familiar es responsabilidad y competencia de los Estados miembros, por lo que la UE no debe inmiscuirse en ella. 
De ahí que no podamos apoyar los párrafos del informe que tratan de Europol y de la responsabilidad de la Comisión en diversas iniciativas relacionadas con las políticas de los Estados miembros y las consideraciones referidas a un ámbito judicial europeo. 
Estamos convencidos de que los niños deben ser protegidos ante posibles desmanes y, además, ser integrados en la sociedad y recibir ofertas adecuadas en materia educativa y social, etc.; no obstante, estas cuestiones son y serán responsabilidad de los Estados miembros. 
He votado en contra de la totalidad del presente informe ya que considero que la política familiar, incluida la protección de la familia y de los niños, ha de seguir siendo una cuestión de competencia nacional que no debe abordarse ni ser objeto de decisiones en el ámbito de la UE. 
En nuestras sociedades europeas, que están experimentando varios cambios fundamentales simultáneamente, la educación, la protección y el bienestar de los niños debe ser el centro de nuestras preocupaciones. 
En el propio seno de la Unión Europea, demasiados niños son víctimas de la pobreza, explotados o maltratados porque no distinguimos los síntomas de un mal profundo que gangrena a la sociedad y apela, por lo tanto, a la política. 
Al igual que nuestra ponente, creo que es necesario que cada nivel de autoridad conceda, con el debido respeto al principio de subsidiariedad, un lugar significativo a las políticas de cuidado y ayuda a la infancia. 
Desde este punto de vista, efectivamente sería útil que la Comisión emprendiera una reflexión a fondo sobre las políticas que convendría aplicar, en las distintas escalas de poder, para garantizar a los niños las condiciones de un desarrollo que sea lo más armonioso posible. 
Esta reflexión deberá ser ambiciosa y comprender un amplio campo de actuación, que abarque las dimensiones económicas, sociales y culturales del problema. 
Apoyo sin reserva las propuestas que figuran en la resolución que se nos propone. 
Considero, en efecto, que, en lo que le concierne, cada grado de poder debe dotarse de los medios necesarios para corregir lo que las realidades económicas, sociales y culturales puedan tener de injusto o de excesivamente duro para los niños. 
Sin embargo, hay que tener la valentía de señalar que ninguna política podrá jamás sustituir a un buen entendimiento y un verdadero diálogo entre los padres. 
Y ello, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. 
Los responsables políticos deben atreverse a recordar a los padres que, sea cual sea su estado civil y el estado de sus relaciones personales, al tener niños han contraído el deber de mantener entre ellos un mínimo diálogo sin el cual dejarían a su progenie abandonada a su propio cuidado. 
Simpatizamos en gran medida con las conclusiones del presente informe por lo que respecta a las condiciones de la infancia en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, no podemos respaldar las reivindicaciones en torno a una «política familiar coherente y coordinada» , a la celebración de reuniones específicas por parte del Consejo ni a una estructura reforzada en el ámbito de la Comisión por lo que respecta a las cuestiones en materia de política familiar. 
Asimismo, somos extremadamente escépticos en lo relativo a Europol y SIS. 
Los convenios sobre las condiciones de la infancia están ya regulados en el Consejo de Europa y en las Naciones Unidas, donde los Estados miembros de la UE cuentan con representación. 
Por todo ello, hemos optado por abstenernos en los apartados que son dignos de apoyo y por pronunciarnos en contra del informe en la votación final. 
Quisiera dar las gracias a mis compañeros del Parlamento por haber votado a favor de este informe sobre la protección de la familia y el niño. 
En efecto, desde que se reúne el Parlamento Europeo, nunca había tenido que tratar un informe relativo a un tema tan sensible. 
Razones ideológicas y de hostilidad a la protección de la familia y del niño habían llevado a nuestra institución, hasta ahora, a no examinar un tema tan importante. 
Se aducían argumentos jurídicos, pretextando el principio de subsidiariedad. 
Es cierto que no podemos subestimar estos obstáculos jurídicos, pero no podemos decir por un lado que Europa es demasiado tecnocrática, que no debe ser únicamente una «Europa de los mercaderes» , y por otro mostrarnos hostiles cuando se trata de poner en marcha la Europa al servicio de los hombres. 
Es la razón por la que me alegro de esta votación. 
También me alegro de que sea mi grupo político, Unión por Europa (UPE) , el portador de un mensaje de optimismo dirigido a la familia y los niños. 
Por último, quisiera decir que aunque, como ponente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, he tenido que oponerme a una serie de enmiendas completamente esenciales, ha sido sólo por este motivo, puesto que se había llegado a un compromiso y yo tenía la obligación de respetarlo. 
En caso contrario, corríamos el riesgo de no alcanzar una mayoría sobre el texto, y privar así a las familias y niños de Europa de avances concretos. 
A los autores de las enmiendas, que defienden a la familia como componente esencial de nuestra sociedad, una familia basada en la pareja capaz de ofrecer un marco educativo sólido, deseo expresar aquí mi acuerdo y mi total apoyo. 
Les agradezco su aportación fundamental a esta importante reflexión para construir una Europa más humana, basada en los valores sociales, al comienzo del siglo XXI. 
El objetivo del presente informe es naturalmente digno de encomio y es preciso prestar una gran atención a su contenido por lo que se refiere al bienestar de los niños. 
Muchos de los apartados e intenciones de este informe son también favorables y merecedores de mi apoyo. 
Sin embargo, tengo dos objeciones importantes que hacer al respecto. 
En primer lugar, el informe parte indirectamente de un esquema familiar hombre-mujer-niños, que responde a la realidad en la mayor parte de los casos. 
No obstante, hubiera preferido que se prestara también atención a otras situaciones familiares como las de las familias homosexuales con niños. 
En Suecia se está examinando en la actualidad la manera de permitir a las parejas homosexuales la posibilidad de adoptar niños por medios legales, planteamiento éste que considero favorable. 
Habría sido positivo que se hubiera abordado también este aspecto. 
En segundo lugar, muchas de las demandas e intenciones relativas a la protección y el bienestar de los niños se abordan ya a escala nacional, regional o municipal, es decir, en un ámbito de proximidad con las partes implicadas. 
No creo que las cuestiones relacionadas con el cuidado infantil deban tratarse en el ámbito de la UE por distintas razones. 
Es imprescindible aplicar el principio de subsidiariedad de la UE. 
Todo esto no significa naturalmente que me produzca indiferencia la situación de los niños, por ejemplo, en Grecia. 
Pero el contexto de muchas de estas cuestiones es completamente distinto, y creo que una intromisión por parte de la UE complicaría la situación. 
Así pues, considero obvio que sean los países y las regiones los que compartan sus aptitudes y conocimientos en este ámbito. 
La mayor parte de las propuestas concretas que se recogen en el presente informe son positivas. 
No obstante, muchas de ellas no recaen por su naturaleza en el ámbito de actuación de la UE, ya que se trata de cuestiones municipales, regionales o nacionales. 
Doy mi apoyo a todas las propuestas encaminadas a defender los derechos de los niños, pero no puedo respaldar las propuestas que impliquen el establecimiento de una política familiar común a escala de la UE. 
sobre el informe Hardstaff (A4-0403/98) 
La gestión de los recursos pesqueros a escala comunitaria gira en torno a tres ejes principales: la fijación de los contingentes de pesca para determinadas especies, la regulación del esfuerzo pesquero y las características técnicas de los diferentes artes de pesca. 
Este conjunto permite controlar las capturas y garantizar la continuidad de las diferentes reservas de peces. 
Es cierto que la actividad pesquera conlleva un derroche de recursos. 
Ese derroche se debe principalmente a los descartes de peces. 
El informe de nuestra compañera Hardstaff pone perfectamente de relieve este problema y su complejidad. 
No obstante, nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas al informe, ya que éste aborda de forma discutible varios problemas de las técnicas de pesca, tales como la utilización de las redes de malla cuadrada o la prohibición de utilizar redes de enmalle a la deriva. 
Respecto a la utilización de las redes de malla cuadrada, hay que saber que varios estudios científicos han demostrado que este arte es, en determinadas circunstancias y para determinadas especies, menos selectivo que los copos de las redes de arrastre tradicionales. 
Es el motivo por el que el Consejo, cuando aprobó el Reglamento 850/98, no consideró oportuno generalizarlo. 
Respecto a la utilización de las redes de enmalle a la deriva, es la primera vez que se asocia este arte de pesca al problema de los descartes. 
En todo el mundo, menos en las instituciones comunitarias, la red de enmalle a la deriva se considera como uno de los artes de pesca más selectivos. 
Por último, no podemos sino apoyar la sugerencia de que se limiten o prohíban los descartes al mar de algunas especies y pedimos a la Comisión que examine con atención esta propuesta. 
sobre el informe Titley (A4-0482/98) 
El desarme global constituye un objetivo fundamental de la política de seguridad. 
Este objetivo presupone una reducción de la producción y venta de armas. 
La Unión Europea ha de emprender la iniciativa y marcar el camino por lo que respecta al desarme y a la restricción del comercio de armas. 
En el debate acerca de una industria de defensa europea es indispensable tener presente en todo momento el objetivo del desarme global, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que los Estados miembros de la Unión Europea son, en su conjunto, prácticamente los principales protagonistas del mercado internacional de armas. 
En el apartado 3 del informe se señala que una política europea sobre material de guerra constituye un elemento importante en el refuerzo de la identidad de seguridad y defensa europea en el seno de la OTAN. 
Suecia es un país neutral que no forma parte de la OTAN y que no va a participar en una defensa común. 
Además, no es adecuado crear las instituciones para la producción de armas antes de que se haya adoptado una decisión acerca de una defensa militar común. 
Por lo que respecta al artículo 223 del Tratado de Roma, las armas no pueden considerarse mercancías o productos normales que puedan venderse libremente, sino que, por el contrario, exigen la existencia de reglas restrictivas especiales. 
La UE ha de desempeñar un papel activo, no para ampliar el derecho de la industria de material bélico a producir y exportar armamento, sino a la hora de ajustar más las disposiciones para la limitación de la venta de armas y de la producción armamentística. 
Votamos en contra del informe del Sr. Titley, pues no apoyamos de ninguna forma la política armamentística comunitaria, estrechamente ligada a las ambiciones de establecer una política de defensa comunitaria dentro de los marcos de la PESC. 
La opinión del informe de que la producción del sector armamentístico debe adecuarse a las acciones que se emprendan bajo los auspicios de la PESC y las exigencias específicas que plantea al material militar reflejan un deseo de convertir a la UE en una superpotencia militar- un deseo al que nosotros nos oponemos. 
Las lagunas de la PESC, la ausencia de una verdadera identidad europea de seguridad y de defensa, la inexistencia de un brazo armado europeo realmente operativo, la dispersión de los presupuestos debido a su fragmentación nacional y a la disgregación de los contratos relacionados con la defensa entre empresas a la vez demasiado numerosas y demasiado pequeñas, sitúan a la Unión Europea y a los Estados miembros en una situación de incapacidad y dependencia militar patentes. 
La historia reciente y la actualidad no dejan de demostrar lo trágico de todo ello. Y ello sólo a apenas unos cientos de metros de las fronteras exteriores de la Unión. 
Desde luego ya es hora de que el mercado único se amplíe al equipamiento defensivo. 
El plan de actuación propuesto por la Comisión en su segunda comunicación seguramente va en la dirección correcta. 
Por otro lado, comparto totalmente la opinión de nuestro ponente cuando dice que la introducción y el desarrollo de una base tecnológica e industrial de defensa exigen una estrecha colaboración entre la UEO y la Unión Europea, así como la concesión a esta última de un estatuto de observador en los órganos de cooperación europea en materia de armamento. 
Por lo menos en el ámbito aeroespacial, la reestructuración de las industrias europeas de defensa parece estar en marcha. 
Para avanzar sin obstáculos, sin embargo, las industrias necesitan un marco de referencia claro establecido por la Unión Europea y los Estados con arreglo a la PESC. 
Los Estados miembros necesitan igualmente un cuerpo común de doctrina sobre el uso de las armas. 
Sólo un acuerdo de este tipo hará posibles las economías de escala que permiten las adquisiciones en grupo. 
Por lo tanto, comparto totalmente las conclusiones de nuestro ponente cuando insiste en la necesidad de que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre unos objetivos claramente definidos en el marco de la PESC, tanto en su dimensión de política exterior como en su dimensión de política de seguridad y de defensa. 
El objetivo ha de ser el desarme global. 
Este desarme tiene que ser recíproco. 
La UE debe emprender la iniciativa en materia de desarme y de control armamentístico. 
El establecimiento de unas disposiciones mínimas para luchar contra la exportación de armas debería poder ser una solución viable. 
No estoy de acuerdo con las propuestas del ponente por lo que respecta a los fondos de la UE para la investigación con fines militares, ni tampoco con la propuesta recogida en el apartado 3 acerca de una política europea sobre material bélico. 
Esta propuesta no tiene en cuenta que varios de los Estados miembros de la Unión Europea son países neutrales que, como Suecia, permanecen al margen de alianzas militares y no forman parte ni de la OTAN ni de la UEO. 
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, he votado en contra del informe. 
El impulso en la aplicación de una estrategia de la Unión Europea sobre las industrias relacionadas con la defensa tiene como claro objetivo el fomento de la venta de armamento y la búsqueda de nuevos mercados para los fabricantes de armas de la UE. 
La UE se está encaminando exactamente en la misma dirección que los Estados Unidos y ello nos hace plantearnos a muchos si, en nuestro intento por competir con este país, el contribuyente comunitario no terminará subvencionando a los fabricantes de armas de la UE. 
Creemos que la promoción de la industria armamentística es totalmente irresponsable y choca con los esfuerzos que se llevan a cabo en todo el mundo para poner fin a los conflictos armados. 
Un informe especial del «Arms Trade Resource Centre World Policy Institute» de los Estados Unidos explica claramente cómo puede el desprevenido contribuyente terminar ayudando a los mercaderes de la muerte, a los fabricantes de armas. 
El informe señala que tras la guerra fría no se ha puesto fin a los subsidios del Gobierno de los Estados Unidos en apoyo de las exportaciones de armas, sino que, por el contrario, ha aumentado el apoyo gubernamental a las exportaciones de armas en forma de subvenciones, préstamos y actividades de promoción respaldadas económicamente por el contribuyente. 
Y es muy probable que, si siguen adelante los planes para ampliar la OTAN a Polonia, Hungría y la República Checa, estos subsidios aumenten a un ritmo aún mayor. 
Diecinueve posibles futuros miembros de la OTAN están obteniendo financiación militar extranjera del Pentágono. 
Estos fondos proceden de la financiación que a este fin se ha destinado en el programa de la Asociación por la Paz. 
La sumisión de la Administración Clinton al Congreso en materia de ayuda exterior deja claro que estos fondos de la Asociación por la Paz tienen como cometido específico «preparar países para su adhesión a la OTAN» fomentando «la adquisición de equipos compatibles dentro de esta organización». 
Estas conclusiones dejan bien claro en primer lugar que la Asociación por la Paz no es más que un peldaño en el camino hacia la plena adhesión a la OTAN y, en segundo lugar, que esta Asociación por la Paz tiene mucho que ver con el apoyo a los fabricantes de armas para vender sus productos a unos países que ni siquiera disponen de dinero suficiente para ofrecer unos servicios sanitarios y educativos adecuados a sus ciudadanos. 
Si bien los Estados Unidos no tienen ninguna intención de abonar la deuda que han contraído con las Naciones Unidas, este país sí está dispuesto a cancelar créditos destinados a la exportación de armas. 
Solamente durante esta década, los Estados Unidos han cancelado o perdonado 10.000 millones de dólares en créditos de exportación militar, entre los que cabe mencionar 2.000 millones en préstamos garantizados a Iraq para tecnologías de uso militar. 
En 1997, Norman Augustine- antiguo presidente de Lockheed Martin, una importante empresa contratista de carácter militar-hizo una gira por Hungría, Polonia, la República Checa, Rumania y Eslovenia con el objetivo de «hacer negocios y de propugnar la mayor ampliación posible de la OTAN». 
En Rumania, Augustine incluso prometió ofrecer su apoyo a la candidatura de adhesión de este país a la OTAN una vez que Rumania hubiera adquirido un sistema de radar de Lockheed Martin valorado en 82 millones de dólares. 
Lockheed Martin es uno más de los fabricantes de armas estadounidenses que están financiando una fundación para la ampliación de la OTAN, actualmente en fase de creación en la Embajada de Rumania de Washington. 
Los Estados Unidos no son el único país que está apoyando la ampliación de la OTAN con el objetivo primordial de encontrar nuevos mercados donde vender su armamento, puesto que los países productores de armas de la UE están adoptando este mismo planteamiento. 
En 1996, el anterior Secretario de Asuntos Exteriores británico, Malcolm Rifkind, hizo escala en Eslovenia durante un viaje a Bosnia. 
En los periódicos se sugirió por entonces que Rifkind había hecho saber al Gobierno de Eslovenia que la adquisición de un mejor armamento sería una de las condiciones previas para lograr el apoyo británico a su candidatura de adhesión a la UE y a la OTAN. 
Con el final de la guerra fría no sólo no se ha puesto fin a las excesivas ayudas de que se beneficiaban los fabricantes de armamento, sino que la UE está ejerciendo presiones- junto con los EE.UU.- con el fin de ampliar la OTAN y de encontrar una nueva justificación para la fabricación y exportación de armamento. 
La dura realidad es que los fabricantes de armas de la Unión Europea y de los Estados Unidos han contribuido a avivar conflictos en todo el mundo y han coaccionado a países pobres para que adquirieran armas que causan muerte y destrucción, desviándose así un dinero muy necesitado en servicios fundamentales como la salud y la educación. 
Resulta completamente inaceptable la participación en la política de la Unión sobre esta cuestión de grupos de intereses creados, como son los de fabricantes de armamento de la UE. 
La participación, entre otros, de la UEO constituye una prueba clara de que cualquier política de la UE sobre armamento favorecerá, apoyará e incentivará abiertamente la industria armamentística. 
La Política Exterior y de Seguridad Común de la UE tiene claramente como objetivo ayudar a los fabricantes de armas, tal como queda reflejado en el tercer párrafo de la resolución. 
¿Se arrastrará también a los países de la Unión Europea que no participan en este espantoso comercio? 
Lo que debemos hacer es impulsar la conversión hacia una producción no armamentística. 
Es preciso volver a orientar las enormes sumas de dinero que se destinan a las industrias armamentísticas y los conocimientos técnicos que éstas requieren para ayudar a los pueblos a no matarse entre sí. 
Si se dirigiesen estos mismos esfuerzos para ayudar a curar enfermedades, acabar con el hambre en el mundo y dejar de destruir el medio ambiente, el mundo sería un lugar mucho mejor para vivir y se restaría toda justificación a los bloques militares armados hasta los dientes con armas de destrucción masiva. 
El Grupo de los Verdes ha votado en contra del informe Titley porque éste apoya y valora a los fabricantes de armas y a la industria armamentística por encima de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la UE, política ésta que el Grupo de los Verdes no puede suscribir bajo ninguna circunstancia. 
sobre el informe Theorin (A4-0005/99) 
por escrito. (NL) Señor Presidente, el medio ambiente es sin duda un tema importante y es de gran interés que las cuestiones ambientales queden integradas en la política de asuntos exteriores. 
Este informe pone de relieve este y otra serie de puntos. 
Pero al mismo tiempo, el informe trata también de temas tan extensos que el enfoque central se ha difuminado. 
El Grupo liberal ha intentado extraer del texto algunas de las propuestas menos realistas y más inconvenientes. 
El Grupo liberal prefiere una transferencia de fondos de la defensa al medio ambiente por encima de una realización de objetivos medioambientales a través de la defensa. 
Hemos intentado excluir del informe los puntos más problemáticos, pero no hemos tenido suficiente éxito. 
Por consiguiente, mi grupo se ha abstenido en la votación. 
Votamos a favor de este informe puesto que nos parece razonable emplear recursos militares con fines medioambientales. 
Conocemos el problema de la falta de recursos suficientes en el mundo para luchar contra los problemas medioambientales ya existentes y contra los que surgirán en el futuro. 
Por ello nos parece una iniciativa estupenda pedir a los estados nacionales que reestructuren sus defensas militares con el fin de poder movilizarlas en situaciones de catástrofe medioambiental. 
Apoyamos las palabras de la comisión en las que ésta constata que las acciones medioambientales preventivas son un instrumento importante de la política de seguridad. 
Nos gustaría precisar que a quienes hay que pedir que creen centros, formen al personal militar y tengan en cuenta el medio ambiente es a los estados nacionales y no a la Comisión o al Consejo. 
Apoyamos el desarme y la eliminación de las armas nucleares y la destrucción responsable desde el punto de vista medioambiental de las armas en general. 
Además, nos parece estupenda la petición de apertura y transparencia en las defensas militares nacionales. 
Y apoyamos también el punto donde se pide que se forme a los ejércitos para que puedan intervenir en catástrofes y crisis medioambientales. 
Hemos votado a favor de las partes del informe que piden a los Estados nacionales que tomen en consideración el medio ambiente. 
Además, nos parece positivo sugerir que el ejército arregle los daños causados durante las maniobras, etc.. 
Hemos optado por votar a favor de este informe pues nos parece excelente que se pida los Estados nacionales que reestructuren sus ejércitos en favor del medio ambiente. 
Nos hemos abstenido en la votación del informe al que se ha hecho referencia anteriormente pues no es buena idea emplear el personal y los recursos militares que ya no son necesarios en el medio ambiente. 
Si sobran recursos militares, la solución debe ser entonces reducir el gasto militar. 
No puedo votar a favor de este informe puesto que no apoyo una cooperación militar bajo los auspicios de la UE. 
Rechazo la idea básica de reforzar el perfil de la política exterior y de seguridad de la UE. 
Este informe hace hincapié en la necesidad de vincular los aspectos de la PESC de la política comunitaria a las políticas internacionales comunitarias comercial, de ayuda, de desarrollo y medioambiental. 
El informe es un reflejo de las ideas que circulan sobre un cuerpo militar común organizado bajo los auspicios de la UE. 
Temo, a pesar de las bien intencionadas referencias al medio ambiente, que esta fuerza común sea simplemente el comienzo de una auténtica fuerza militar bajo los auspicios de la UE, a la que se asignen tareas verdaderamente militares en el ámbito comunitario y especialmente fuera del ámbito comunitario. 
No deseo legitimar una cooperación militar general mediante «una cooperación militar en materia medioambiental». 
Apoyo la parte del informe relativa al desarme y a la eliminación de las armas nucleares y a la destrucción responsable desde el punto de vista medioambiental de las armas en general. También apruebo la petición de apertura y transparencia en las defensas militares nacionales. 
Hemos votado a favor de las partes del informe que piden a los estados nacionales que tomen en consideración el medio ambiente durante las maniobras, etc.. 
Sin embargo, el Movimiento Popular no apoya este informe por las razones antes mencionadas. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a la 13.15 horas 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 28 de enero de 1999. 
Comunicación del Presidente 
Pongo en su conocimiento que he dirigido un telegrama al Palacio Real en Ammán, así como al Presidente del Parlamento de Jordania, transmitiendo el pésame del Parlamento Europeo por el fallecimiento del Rey Husein. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 28 de enero de 1999 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
La semana pasada me dirigí a usted por escrito para llamar su atención sobre la carta que le envió a usted el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
A pesar de que iba dirigida a usted, en realidad, la carta era la respuesta a una carta mía. 
Me dirigí al Sr. Santer el 28 de octubre; su respuesta, dirigida a usted, llegó el 7 de enero. 
Mi intervención no obedece a la esencia de la carta, sino para preguntar si es habitual que la Comisión responda a las cartas de los diputados de esta manera y si es aceptable que tarde diez semanas en hacerlo. 
Quizá deba añadir que la correspondencia trataba sobre asuntos que fueron objeto de vivos debates durante el pasado período parcial de sesiones. 
Quisiera pedirle su opinión acerca de la conducta de la Comisión en este sentido. 
Señor Chichester, como usted comprenderá, se trata de una pregunta a la que sólo la Comisión puede responder, especialmente en lo relativo al retraso. 
Quizá podría dirigir la pregunta a la Comisión siguiendo el procedimiento habitual. 
En cualquier caso, cuando me reúna con el Presidente Santer, algo que actualmente ocurre con mucha frecuencia, le plantearé este asunto. 
Señor Presidente, en esta Acta no figura mi nombre en la lista de asistentes. 
Puesto que mi presencia está demostrada por numerosos comentarios sobre las votaciones personales y nominales permítame solicitar amablemente que se complete pertinentemente la lista. 
Gracias, señor Malangré. 
Haremos las comprobaciones oportunas. 
Señor Presidente, en relación con la enmienda 6 del informe del Sr. Garot mi nombre aparece entre los votos afirmativos. 
No sé si es por mi culpa, pero, en cualquier caso, yo quise rechazar esta enmienda tan importante. 
Lo rectificaremos así. 
Señor Presidente, estuve presente el último día del Pleno. 
Reconozco que no firmé. Estuvimos votando tanto tiempo que salí muy cansada y se me olvidó firmar. 
Le ruego que tome nota de que estuve presente durante el último Pleno. 
Gracias, señora García Arias. 
El Acta queda aprobada 
Tiene la palabra el Sr. Spencer. 
Señor Presidente, deseo hacer una breve declaración personal para pedir disculpas a la Asamblea. 
Dicen que el más ilustre Primer Ministro Conservador de cuantos han existido aconsejó a los diputados no pedir jamás disculpas ni dar explicaciones. 
Me dispongo a desobedecer la mitad de la sabia misiva de Benjamin Disraeli. 
El hecho que llevó mi vida privada a la atención de la opinión pública fue una estupidez extraordinaria. 
Quebranté la Ley de Inglaterra, los agentes aduaneros de Su Majestad me dieron un trato justo, y he pagado por ello. 
Aunque creo que mi vida privada ha estado siempre y sigue estando enraizada en el amor, reconozco que ha podido ofender a mis colegas. 
Deseo, por consiguiente, presentar mis disculpas personales a todo aquel que se haya sentido ofendido, a todos los diputados de esta Asamblea. 
Amo esta Asamblea y este Parlamento. 
Estuve presente en el momento de nuestro nacimiento democrático en 1979 y estaba aquí en el debate de censura, cuando alcanzamos la mayoría de edad. 
Creo en el Parlamento y creo en Europa, y los futuros historiadores comprenderán que el espíritu de Europa vive aquí. 
Por ello deseo dejar claro a aquellos que podrían servirse de mi estupidez y mi orgullo desmedido para atacar a Europa y a su Parlamento que la culpa es mía y sólo mía. 
Presento mis disculpas al Parlamento. 
Aplausos 
Deseo agradecer al Sr. Spencer su declaración. 
Ha informado a la Asamblea con dignidad y con coraje. 
Él y su familia han pagado un alto precio por lo que es un asunto personal. 
En este Parlamento debemos respetar la línea divisoria entre los asuntos privados y los asuntos públicos y políticos. 
Aplausos 
La Asamblea ha manifestado su sentir sobre la cuestión y, de conformidad con el artículo 108 de nuestro Reglamento, no es necesario un debate. 
Aplausos 
Composición del Parlamento 
Las autoridades españolas me han informado de la sustitución de la Sra. Díez de Rivera Icaza por el Sr. D. Carlos María Bru Purón con efectos a partir del 4 de febrero de 1999. 
No puedo aún dar la bienvenida en este momento al Sr. Bru porque ha tenido el mismo problema que yo- menos facilidades de transporte- y ha llegado en un avión de París que llegaba con más de dos horas de retraso. 
Pero sí me gustaría hacer constar cuánto lamento la dimisión de la Sra. Díez de Rivera Icaza y mucho más los motivos por los cuales ha tenido que tomar esa decisión. 
Creo que cuantos los conocemos lo sentimos. 
Aplausos 
Señor Presidente, quiero darle las gracias por sus palabras y le agradecería que enviase un telegrama pertinente a la Sra. Díez de Rivera Icaza. 
Aplausos 
Se lo diré, haciendo constar la adhesión de la Asamblea a sus palabras. 
Señor Presidente, usted ha anunciado que nuestra compañera Carmen Díez de Rivera ha comunicado su dimisión del Parlamento. 
Todos sabemos las razones de ello. 
Y yo, como miembro de la delegación socialista española, en cuyo marco trabajaba Carmen, no quiero dejar de tomar la palabra en nombre de todos nosotros y señalar la enorme pérdida que significa para nosotros, para los socialistas españoles, su dura batalla a favor del medio ambiente y a favor también de la construcción europea. 
Quisiera que constara en acta este recuerdo de sus compañeros. 
Aplausos 
Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras de la Sra. García Arias porque ha expresado un sentimiento que no sólo afecta al Grupo Socialista español, sino a todos los diputados, españoles y no españoles. 
Todos rendimos tributo al trabajo de nuestra compañera diputada. 
Sabemos que dimite por motivos de salud, y esperamos que pueda recuperarse y que pueda volver a trabajar entre nosotros. 
Pero la recordamos, la tenemos muy presente, y sabemos que el trabajo que ha realizado ha sido muy importante y, además, lo ha hecho con gran amistad y cordialidad con todos los diputados, cualquiera que fuera su grupo político. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero decir que nosotros también sentimos mucho que Carmen Díez de Rivera no pueda seguir trabajando con nosotros. 
Hemos compartido muchas horas de trabajo, de amistad, conocemos muy bien su dignidad personal, su coherencia, la solidaridad que siempre la ha caracterizado en su trabajo y, por lo tanto, sentimos esta situación, y tenemos a Carmen muy presente. 
Señor Presidente, para que nadie piense que sólo los diputados españoles aprecian a la Sra. Díez de Rivera Icaza, quisiera decir, como integrante del grupo de amigos que tiene en este Grupo, que sentimos una gran preocupación por su salud y lamentamos profundamente que no pueda seguir entre nosotros por algún tiempo. 
La diputada es muy querida en toda Europa. 
Conoce muy bien mi país y la noticia de su enfermedad y de que no puede proseguir su labor aquí en el Parlamento causará mucho pesar. 
Señor Presidente, en nombre de la delegación socialista española quiero agradecer el reconocimiento que han expresado aquí diferentes miembros del Parlamento, no todos pertenecientes a la fracción socialista, y, desde luego, le transmitiré personalmente el resumen de este debate, que creo que demuestra el cariño que todos tenemos a Carmen Díez de Rivera y, como ha dicho Alonso Puerta, esperemos que se recupere en breve. 
Señor Presidente, llevo aquí más tiempo que ningún otro diputado y desde la llegada de la Sra. Díez de Rivera Icaza hemos sido amigas íntimas. 
La admiro en todos los aspectos, como amiga, como política y como diputada leal a este Parlamento. 
Deseo sumar mis palabras al tributo que se le rinde. 
Señor Presidente, he tenido la gran satisfacción de haber trabajado conjuntamente con ella de 1984 a 1989 en la Comisión de Medio Ambiente. 
Era realmente una persona luchadora, pero jamás una persona obstinada. 
Durante todo el período fue una persona alegre. 
Trabajamos muy bien entonces y también con Beate Weber. 
En nombre de mi todo Grupo quisiera desearle una buena mejoría y mucho futuro. 
Transmitiré este sentimiento unánime a la Sra. Díez de Rivera. 
Seguimiento de las emisiones de CO y de otros gases de efecto invernadero 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0052/99) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 93/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad [8829/88- C4-0542/98-96/0192 (SYN) ] (Ponente: Sr. Fitzsimons) 
Tiene la palabra el Sr. Hyland como ponente suplente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera pedir disculpas en nombre de mi colega, Sr. Fitzsimons, que no puede estar presente por razones inevitables, y me ha pedido que presente su informe en su nombre. 
En 1993 se adoptó una decisión por la que se establecía un mecanismo de seguimiento de las emisiones antropógenas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad. 
Siempre se ha considerado una idea razonable disponer de un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases como parte de una estrategia general coherente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética. 
Este mecanismo de seguimiento tenía un doble objetivo. Debía permitir una evaluación de los progresos comunitarios en la realización del objetivo de estabilización de las emisiones de CO2 para el año 2000 en los niveles de 1990, así como la vigilancia del cumplimiento por la Comunidad de los compromisos contraídos en el marco de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que entró en vigor en 1994. 
El Protocolo de Kioto adoptado en diciembre de 1997 establece los principios e incorpora objetivos y calendarios de obligado cumplimiento para que los países incluidos en el Anexo 1 reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
En la IV COP de Buenos Aires, celebrada en noviembre del pasado año, se lograron nuevos avances. 
Por primera vez, las partes acordaron la adopción de un plan de acción único. El plan de acción de Buenos Aires, que contiene una importante lista de compromisos con calendarios sobre una serie de temas clave, ayudará a alcanzar los objetivos de Kioto. 
El mecanismo de seguimiento se hace tanto más necesario ahora, cuando muchos estudios apuntan a la probabilidad de que las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero experimenten un aumento considerable. 
Al mismo tiempo, la Comunidad ha subscrito el Protocolo de Kioto y se ha comprometido a reducir sus emisiones de dióxido de carbono y de un grupo de otros gases entre 2008 y 2012 hasta un 8 % por debajo de los niveles de 1990, es decir, un 5, 2 % en el caso de las partes del Protocolo de Kioto en su conjunto. 
Es tan sencillo como eso. Necesitamos un sistema eficiente y fiable de medición y seguimiento de nuestras emisiones. 
La presente propuesta de recomendación es el resultado de la consideración del Parlamento y el Consejo de la propuesta de actualización de la Comisión de 1996. 
El Parlamento celebró su primera lectura de esta propuesta en septiembre de 1997. 
El Parlamento recibió la posición común del Consejo en octubre de 1998. 
Entretanto, naturalmente, la propuesta y el informe de 1996/97 han quedado ampliamente desfasados a raíz de la adopción del Protocolo de Kioto. 
La posición común ha tenido un efecto muy eficaz sobre la actualización de dicho mecanismo, que lo ha hecho más coherente con los requisitos del Protocolo de Kioto. Asimismo ha incorporado varias enmiendas del Parlamento. 
No obstante, a pesar de que el ponente se siente en general satisfecho con estos aspectos de la posición común, ha vuelto a presentar varias de las enmiendas que presentó el Parlamento en primera lectura que, en su opinión, reforzarán el texto. 
Se han añadido otras enmiendas nuevas para aumentar la coherencia con los nuevos elementos introducidos en la posición común a raíz de la adopción del Protocolo de Kioto. 
La mayoría de las enmiendas tienen objetivos perfectamente claros, pero el Sr. Fitzsimons quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre dos enmiendas de compromiso que ha presentado. 
Una de ellas es el compromiso alcanzado entre el Sr. Fitzsimons y la Sra. Pollack: refuerza el texto y se ajusta a ambos requisitos de la Convención marco sobre el cambio climático de las Naciones Unidas y del Protocolo de Kioto. 
La segunda enmienda es un compromiso entre el ponente, Sr. Fitzsimons, y la Comisión: es relativa a la evaluación del progreso y llama la atención sobre la ausencia o el carácter incompleto de los datos de los Estados miembros transmitidos recientemente. 
Si la propuesta no prevé sanciones, el texto de compromiso del Sr. Fitzsimons y la Comisión sobre el artículo 6 es, en opinión del ponente, el mejor modo de avanzar. 
El Sr. Fitzsimons espera que los diputados apoyen estas enmiendas de compromiso. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, sin un sistema adecuado de seguimiento carece de sentido, naturalmente, cualquier acuerdo relativo a las emisiones de CO2. 
También hemos de poder comprobar lo que acordemos. 
De lo contrario, podemos acordar y negociar cualquier cosa; sin un sistema de seguimiento todo esto carecerá de base. 
Por consiguiente, debemos poner manos a la obra con la mayor rapidez posible y construir un consistente sistema de seguimiento para la Unión Europea. 
La Comisión presentó la propuesta el 4 de septiembre de 1996. 
Por consiguiente, estamos negociando ya desde hace casi tres años. Considero esto muy poco agradable, sobre todo de cara a los resultados que se están produciendo y a la urgente necesidad de avanzar en la cuestión del medio ambiente. 
En consecuencia, deseo de corazón que en este momento no propongamos ninguna dilación temporal más, sino que podamos transponer esta directiva con la mayor celeridad posible. 
No obstante, abrigo algunas reservas, en especial, porque debido al desarrollo de las cosas no hemos podido contemplar todavía algunos aspectos de las negociaciones internacionales sobre la reducción de CO2. 
En la actualidad ya no negociamos únicamente acerca si queremos reducir, y en qué porcentaje, el volumen de CO2. Esto se ha vuelto indiscutible. 
Las negociaciones giran, entretanto, en torno a la cuestión de si se puede comerciar también con las emisiones y dentro de qué marco. 
Esto no está recogido todavía aquí. 
En este sentido, hemos de seguir ampliando esta legislación. Naturalmente, para esto necesitamos también un marco en el que estén asegurados los derechos democráticos del Parlamento. 
En consecuencia, cabe reflexionar acerca de si la modificación del artículo 8 por parte del Consejo es tan sustancial como para que con arreglo al artículo 62 de nuestro Reglamento nos planteemos si debe llevarse adelante la discusión. 
Soy de la opinión de que ahora debemos plantear esto de una vez a fin de que dispongamos de un instrumento para poder avanzar y para que podamos implantar un sistema de seguimiento. 
Por esta razón, tampoco quiero avanzar por esta vía. No obstante, señora Comisaria, en vista del futuro desarrollo de la discusión sobre el CO2 y en vista de la cuestión de la participación democrática del Parlamento quisiera plantearle dos preguntas y rogarle que también que conteste ambas preguntas en el Pleno. 
La primera pregunta se refiere a la actividad de la comisión. 
En el artículo 8 está prevista una comisión de regulación la cual, aunque se apruebe nuestra enmienda, echa únicamente sobre las espaldas de la Comisión la responsabilidad por el futuro desarrollo. 
Mi primera pregunta reza así: ¿Puede asegurar la Comisión que el Parlamento será informado previamente, a su debido tiempo y de manera detallada sobre los acuerdos que se adopten en el marco de esta comisión y del desarrollo ulterior? 
Mi segunda pregunta es la siguiente: ¿Puede asegurar la Comisión que debido al necesario desarrollo ulterior de los sistemas de seguimiento se pondrá sobre la mesa rápidamente un desarrollo ulterior pertinente, una nueva modificación de esta directiva, y que en esta nueva redacción se contemplarán de manera especial los mecanismos flexibles del comercio de emisiones? 
Señor Presidente, señoras y señores, el Sr. Lange acaba de referirse a que si queremos acometer objetivos, tenemos que presentar también, naturalmente, pruebas. 
Para luchar contra el efecto invernadero no deben hacerse más estrictas las emisiones que se determinaron en 1990. 
Naturalmente, el dióxido de carbono, es decir, el CO2, y otros gases de efecto invernadero son los responsables de que se esté produciendo un calentamiento, como afirman los expertos. 
Si en este momento contemplamos el paisaje ahí afuera, no tenemos la impresión de que va a hacer más calor sino más frío. 
Pero ustedes saben que las estaciones del año tienen derroteros muy diferentes y no nos queda más remedio que admitir que probablemente se está produciendo, en conjunto, un calentamiento. 
Por esta razón se ha exigido a nivel mundial que cada parte de la Tierra deba hacer su aportación. 
No puedo menos de afirmar que esta presentación de la directiva junto con la posición común responde plenamente a lo que desea también nuestro Grupo. 
Se ha aceptado toda una serie de enmiendas de nuestro Parlamento. 
Ahora tenemos otra vez una serie de enmiendas. 
Quisiera preguntar a la Sra Comisaria Bjerregaard si está dispuesta a aceptar las enmiendas de la comisión. Esto es importante para nosotros, pues creemos que con las enmiendas logramos una mayor precisión. 
Permítanme afirmar una vez más que creemos que con este sistema disponemos ahora de una base fiable para poder preparar también una acción legislativa ulterior. 
Efectivamente, sin esta visión panorámica estaremos pescando en aguas revueltas. 
Sólo la entrada en vigor de los auténticos sistemas de medición y de observación asegurará que dispongamos de datos fiables sobre lo que está sucediendo. 
Desde la primera lectura en el Parlamento se han adoptado decisiones internacionales importantes que también contempla ya la posición común; así, por ejemplo, el sistema de seguimiento del efecto invernadero de la Unión Europea está siendo adaptado a las exigencias del Protocolo de Kyoto. 
De esta manera esta legislación se convierte en un elemento importante para la puesta en práctica de la política europea de protección del clima. 
Creo que en este punto Europa se encuentra mucho más avanzada que otras partes del mundo. 
Eso es cierto también en lo que respecta a las obligaciones de informar y a los compromisos del acuerdo marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pues los deberes de informar significan que habrá de asumirse también la recogida de datos y que nosotros no podremos analizar los resultados hasta que no dispongamos de estos datos. 
En este sentido no puedo menos de decir que el trabajo del Parlamento en colaboración con la Comisión y con el Consejo constituye un éxito. 
Espero que lleguemos a buen término muy rápidamente y que no se produzcan más aplazamientos pues es importante para Europa dar un buen ejemplo. 
Señor Presidente, el Sr. Fitzimons ha realizado un buen trabajo en su informe. 
El seguimiento de las emisiones de CO2 es de gran importancia para el cumplimiento de los acuerdos firmados en el Protocolo de Kioto. 
Este seguimiento tiene dos objetivos, a saber la evaluación de los progresos en la reducción de los gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Suscribo la propuesta de la Comisión Europea de prolongar el seguimiento de las emisiones más allá del año 2000. 
La inclusión en el mecanismo de seguimiento de las emisiones antropógenas y de la reducción de las mismas ha sido un complemento sensato. 
Sin embargo, seguirá siendo muy difícil vigilar la emisión de gases de efecto invernadero. 
Empiezas a marearte si te imaginas de cuántos factores depende la emisión y la concentración. 
Este sistema para el seguimiento de la emisión de CO2 se queda sólo en un primer intento. 
No debemos hacernos más ilusiones sobre eso. 
Por último, apoyo enérgicamente las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, señoras y señores, señora Comisaria, la discusión sobre la reducción de gases de efecto invernadero se parece a la historia interminable. 
Todos hablan de ella, cada cual está convencido de que debe llegar, pero su realización concreta no tiene unas perspectivas relativamente buenas. 
Los dos informes constituyen pasos acertados en la dirección correcta. 
Sin embargo, hemos de tener claro de qué se trata fundamentalmente. 
En todo el mundo se está emitiendo a diario tanto CO2 como el que se ha acumulado en lo 3.000 años anteriores a la revolución industrial. 
Si esta cantidad se calcula ahora por un año, tendremos que reconocer que esto equivale a un período de un millón de años por año, es decir, que en un año emitimos en todo el mundo tanto CO2, como el que se ha acumulado en la historia de la Tierra desde hace un millón de años. 
Estos son resultados científicos. 
Nadie puede prever con exactitud por cuánto tiempo se mantendrá la atmósfera terrestre o qué consecuencias se derivarán de esto. 
Es indiscutible que hoy cabe observar ya los efectos. 
Lo importante en el caso de estos objetivos de reducción es que se alcancen tan rápidamente como sea posible. 
En este sentido revisten una importancia decisiva las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre el Informe Hautala. 
La anticipación de las medidas en dos o cuatro años es, sin duda, fácilmente factible desde el punto de vista técnico. 
Para alcanzar el objetivo de Kioto se suele recomendar con mucha frecuencia cambiar desde el petróleo y el carbón al gas natural. 
Esta es sólo una solución aparente. 
Ciertamente, en la combustión directa del gas natural se emite menos CO2 que en el caso del petróleo o del carbón, pero en las prospecciones se libera ya gas metano en grandes cantidades. 
Al mismo tiempo, para transportar la energía desde Siberia o desde Argelia hasta Europa se precisa utilizar una enorme cantidad de energía. 
El en otro tiempo ministro ruso de Asuntos Exteriores y actual Presidente de Georgia, Edward Severnaze ha admitido que a la atmósfera se escapa hasta el 50 % del gas metano en explotación. 
Estos argumentos deben tomarse también en cuenta a la hora de hacer el cálculo global concreto de los gases con efecto invernadero. 
Especialmente importantes son también las enmiendas 2, 3 y 4 sobre el Informe Fitzsimons, que quieren que se tachen las palabras «en la medida de lo posible». 
Precisamente aquellos Estados miembros que no muestran un interés especial en la reducción de los gases de efecto invernadero, podrían tomar estas palabras como pretexto para no satisfacer completamente sus compromisos. 
Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, no pretendo añadir mucho a lo que ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. 
Quisiera pedir al Sr. Hyland que transmita mi felicitación al Sr. Fitzsimoms por su informe, sobre todo por haber clarificado también con más precisión, con más exactitud, algunos puntos y por haber eliminado del texto algunas cosas eventuales. 
A lo que ya se ha dicho, en concreto, que sin realizar mediciones no podemos constatar realmente de forma exacta dónde y de qué manera han de hacerse primero las reducciones de las emisiones y cómo se puede controlar después si han sido alcanzados los objetivos, quisiera añadir lo siguiente: si logramos disponer a tiempo de esta legislación, significará también que los candidatos a la adhesión, en la preparación de la misma, tendrán que asumirla como legislación general y, de esta manera, podrán orientar mejor ahora sus estrategias a la estrategia de la Unión Europea, podrán realizar sus mediciones como los actuales Estados miembros y así, cuando se produzca su adhesión, podrán ser encuadrados también sin estorbo en la estrategia europea de reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de Kioto, una cosa a la que atribuyo una gran importancia. 
Por lo demás, creo también que todo lo que se discute ahora- los instrumentos flexibles- no va a ser posible sin una medición exacta tanto en seno de la Unión Europea como también a nivel mundial. 
A este respecto permítanme recordarles que el instrumento flexible empleado con mayor éxito en favor del medio ambiente y, en último término, también en favor de la industria, en concreto, la reducción de las emisiones de CO2 en la industria de los EE.UU. tuvo tanto éxito porque estaban previstas sanciones económicas, si no se cumplían dentro de los períodos temporales correspondientes los compromisos contraídos. 
Me pregunto si no deberíamos pensar también un punto semejante dentro de la Unión Europea, en especial a la vista del hecho de que los Estados miembros no comunican siempre a su debido tiempo a la Comisión sus cifras, sus datos y sus reducciones, de tal manera que la propia Comisión se encuentra con retraso en lo que respecta a los informes que ha de enviar al Parlamento y no está claro por qué y por cuáles razones sucede esto. 
Creo que para nosotros sería muy importante poder realizar desde el principio un seguimiento de cómo son las mediciones, de qué esfuerzos realizan los Estados miembros y de qué hay que hacer para que estos esfuerzos puedan ser aunados realmente para alcanzar el objetivo, es decir, el objetivo de Kioto. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y al Sr. Hyland, quien sustituyó al ponente, el Sr. Fitzsimons. 
Me gustaría agradecerles el esfuerzo realizado y la atención puesta en esta propuesta. 
Todos sabemos que tras la aprobación del Protocolo de Kioto es sumamente importante disponer de un mecanismo de seguimiento claro y eficaz para las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 
Existe un evidente nexo de unión entre tal mecanismo y el Protocolo. 
La conformidad con los compromisos de Kioto es por supuesto lo más importante, si queremos demostrar que nuestras medidas producen verdadero efecto a la hora de reducir los cambios climáticos. 
Una vez dicho esto, reconozco que la propuesta actual por la que se modifica la Decisión 92/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento no cubre todos los elementos presentes en el Protocolo de Kioto, tal y como han mencionado también varios de los oradores. 
Por ejemplo, no hay decisiones relativas al modo en que deberá llevarse a cabo el seguimiento de los mecanismos. 
Hay buenas razones para ello. 
En primer lugar, no debe olvidarse que la Comisión presentó al Consejo su propuesta primitiva en septiembre del año 1996, mucho antes de la cumbre de Kioto, y es cierto, tal y como dijo el Sr. Lange, que han pasado muchas cosas desde entonces. 
En segundo lugar- y quizá más importante -, estos principios, reglas y directrices que hacen referencia a estos mecanismos aún no han sido establecidos en el ámbito internacional. 
Si echamos un vistazo al plan de acción de Buenos Aires, vemos que éstos deben quedar establecidos en el plazo de dos años a partir de ahora en la 6ª COP. 
La postura de la Comisión ha sido también clara en este asunto. 
Tan pronto como clarifiquemos más la forma en que funcionarán estos regímenes flexibles, presentaremos una nueva decisión sobre el seguimiento que cubra este aspecto esencial del protocolo, por lo que queda claro que seguimos trabajando en este asunto. 
En lo que respecta a las enmiendas, puedo decir que la Comisión apoya todas las enmiendas actuales. 
El Sr. Lange me planteó un par de preguntas específicas. 
Primero, me preguntó sobre otras propuestas suplementarias y ha quedado claro que éstas llegarán. 
Calculo tener preparada una nueva comunicación durante la primavera, cuestión que tratamos recientemente en la cumbre de Bruselas. 
En cuanto a la comunicación con el Parlamento, es evidente que ésta es importante. 
Ha sido importante con relación a los avances hechos en Kioto y Buenos Aires. 
En Bruselas hablamos de la necesidad de mejorar la colaboración con el Parlamento Europeo, teniendo también en cuenta las próximas negociaciones de la COP y en cualquier caso no cabe duda de que cuidaré de hacer todo lo posible por involucrar activamente al Parlamento en el futuro debate. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0002/99) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE [10577/98- C4-0564/98-97/0105 (SYN) ] (Ponente: Sra. Hautala) 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, de lo que se trata en esta propuesta es de reducir en la medida de lo posible las emisiones que ocasionan la acidificación del aire. 
La Unión cuenta con una estrategia contra la acidificación, y esta propuesta afecta a toda aquella legislación que permita limitar el contenido de azufre en los combustibles líquidos. 
Como ya sabemos, el azufre se deposita sobre la tierra, acidifica el suelo y deteriora la naturaleza, además de ocasionar también daños en los edificios. 
Por todo ello, cabe decir que el azufre es motivo de muchos y variados perjuicios. 
Al examinar la posición común del Consejo de Ministros, es posible comprobar que, de hecho, el Parlamento Europeo ya ha convencido al Consejo acerca de la conveniencia de algunos de sus puntos de vista. 
El Consejo ya ha actuado de acuerdo con nuestros deseos: así, por ejemplo, el Consejo y la Comisión han decidido conjuntamente limitar el contenido de azufre también en los combustibles de los barcos, lo cual representa indudablemente un paso positivo. 
En teoría, el Consejo ha aprobado también la posición del Parlamento en el sentido de que se deberían establecer restricciones al contenido de azufre de los combustibles ligeros de una manera más estricta que como se preveía en un primer momento. 
Sin lugar a dudas, hemos de acoger con satisfacción esta circunstancia. 
El problema reside en el hecho de que la posición común del Consejo- un compromiso adoptado por unanimidad- haría posible la reducción del contenido de azufre de estos combustibles ligeros únicamente a partir del ao 2008, lo cual no puede considerarse de ninguna manera una medida muy radical. 
Estamos hablando de unos períodos de transición verdaderamente largos si nos ponemos ahora a establecer restricciones que no entrarán en vigor hasta el ao 2008. 
Así pues, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor propone la adopción de un compromiso para que entren en vigor ya en el 2004 estos límites más estrictos acerca del contenido de azufre en los combustibles ligeros. 
Además, es importantísimo establecer el modo en que se limitará el contenido de azufre de los combustibles pesados. 
Las divergencias que aún persisten entre el Consejo y la Comisión de Medio Ambiente con motivo del examen de la posición común se centran en el hecho de que el Consejo está dispuesto a limitar el contenido del azufre en los combustibles pesados únicamente a partir del ao 2003. 
La Comisión de Medio Ambiente propone ahora que se llegue a un compromiso razonable también a este respecto para permitir su entrada en vigor ya a partir del ao 2001. 
En este informe se incluye un aspecto que quizás no se tiene siempre presente: con motivo de su adhesión a la UE, Finlandia, Suecia y Austria obtuvieron el derecho a conservar sus disposiciones más estrictas en materia de medio ambiente durante cuatro aos. 
Este período de cuatro aos expiró a finales del ao pasado, y el cometido inicial de esta propuesta era garantizar la aplicación en todos los Estados miembros de la Unión de unas restricciones acerca del contenido de azufre tan estrictas como las existentes en Austria. 
Ciertamente, este objetivo no se ha cumplido; los Estados miembros no han tenido el coraje de llegar tan lejos como establecen las disposiciones ya vigentes actualmente en Austria. 
A esto se refiere precisamente el Consejo cuando considera que en el ao 2008 será posible alcanzar los niveles austríacos. 
Como ya he señalado, se trata de un período transitorio bastante largo. 
También es cierto que no ha sido necesario llegar a una situación de pesadilla en la que Austria se hubiera visto obligada a renunciar a sus valores límite, más estrictos. 
Todo esto se ha organizado de manera que el fundamento jurídico de la propuesta sea el artículo 130 S. Así pues, se trata de una regulación mínima que permite a Austria mantener el carácter más estricto de sus propios valores límite. 
Se puede decir que, por lo menos en esta cuestión, no ha tenido lugar lo peor que podía haber ocurrido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la ponente, Sra. Hautala, y yo nos templamos en el enfrentamiento con el Consejo en relación con el programa Auto-Oil. 
En el mismo luchamos también por la reducción del contenido de azufre en los carburantes y pensamos realmente que ahora entraríamos en la segunda ronda del combate. 
Pero, entretanto, este se ha vuelto innecesario en gran medida. 
Afortunadamente, porque, naturalmente, el problema de la acidificación es de importancia vital, en especial para los Estados miembros septentrionales y, por esta razón, celebramos sobremanera que el Consejo haya aceptado casi todos los deseos del Parlamento y que, en consecuencia, se encuentre sobre la mesa, en último término, un bloque realmente considerable de legislación. 
A este respecto me viene siempre a la mente una canción alemana, cuya letra dice que se siguen produciendo milagros. 
Debo decir que el Consejo ha mostrado aquí una vez más que esto es cierto y que puede aceptar sin problemas cosas que el Parlamento haya propuesto, naturalmente, con la debida fundamentación. 
Quisiera destacar especialmente un punto, la cuestión de la inclusión del gasóleo para uso marítimo para navíos y la activación de las negociaciones a nivel internacional para configurar a nivel internacional con la menor emisión de azufre posible la iluminación de los barcos, pues entretanto el potencial de emisión resultante es considerablemente mayor que el de las centrales eléctricas de tierra firme. 
Existe también, naturalmente, una pequeña interrelación con el Programa Auto-Oil. Mientras por una parte se exigen carburantes para automóviles que han de tener un contenido relativamente bajo de azufre, puede suceder también que a las refinerías se les ocurra ofertar el resto, es decir, el producto sucio, a los barcos. 
En este sentido, en interés de la coherencia, debe reinar también en este ámbito una legislación semejante o igual. 
Por esta razón celebro en especial la inclusión del gasóleo de uso marítimo en la directiva y recomiendo que se haga presión sobre las regulaciones internacionales. 
Mi único y modesto pequeño deseo se refiere en realidad a la enmienda 1, en la que se trata del contenido de azufre en los fuelóleos pesados. 
Esto es realmente lo único que falta para sentirme satisfecho de esta legislación. 
En ella propone la Comisión de Medio Ambiente que se anticipe la fecha en dos años, del año 2003 al 2001. 
Esto no constituye una propuesta inmoral, sino que constituye en el fondo la reimplantación de lo que usted, señora Comisaria, había propuesto. 
En este sentido quisiera instarle a usted a que acepte al menos esta enmienda y quedaré así plenamente satisfecho. 
Señor Presidente, señorías, creo que todo el mundo se entiende sobre los objetivos que han de alcanzarse con respecto al tema de la acidificación. 
Todos somos muy conscientes de los problemas que ello provoca y podemos sentirnos satisfechos de la posición común, que ha recogido la mayoría de las enmiendas que el Parlamento Europeo había adoptado en primera lectura. 
Por lo que respecta a los aceites pesados, algunos discuten la fecha que ha considerado el Consejo, el 1 de enero del 2003. 
Creo que esta fecha es acaso más razonable, ya que si se pretenden alcanzar objetivos en el ámbito del medio ambiente, aún falta tener en cuenta los problemas de unos y otros, que no siempre son los mismos en Europa del Norte o en Europa del Sur. 
Por lo que respecta al gasóleo, el Consejo prevé dos etapas para la reducción de azufre. 
Sigo siendo favorable a una progresión por etapas, en lugar de fijarse objetivos en ocasiones bastante apremiantes en una sola etapa. 
El Consejo prevé un primer plazo en el 2000, el año 2000 es mañana, para limitar a un 0, 20 % el contenido en azufre y después un segundo plazo, en el 2008, para limitar este contenido a un 0, 10 %. 
También prevé supuestos de excepción, limitando su duración a un período de 5 años a partir del 2008 y quedando claro que este período de excepción no será renovable. 
Creo que podemos estar satisfechos de que el Consejo no haya recogido en su posición común el fuel para calderetas, ya que este último no representa más que el 2 % de las emisiones totales de azufre. 
Sin embargo, creo que es importante estar atentos en el caso de algunas zonas especialmente frágiles y que es preciso proteger, en particular el Mar del Norte o el Báltico. 
Conviene en este caso actuar en el marco del Convenio Marpol. 
Creo que es importante repetirlo y estar muy atentos. 
Por consiguiente, es preciso insistir para que algunas zonas especialmente sensibles a las emisiones de azufre procedentes del fuel para calderetas, como las que acabo de citar, se declaren zonas de protección especial. 
Finalmente, creo que está muy bien que el queroseno para aviación, que no contribuye a las emisiones de azufre más que hasta un 0, 2 %, no se tome en consideración y no constituya una prioridad. 
Como conclusión, la posición común ha sido objeto de negociaciones difíciles en el Consejo y creo que es necesario tenerlo en consideración. 
Globalmente, su contenido va en el sentido que habíamos pretendido en primera lectura. 
Esta posición común me parece equilibrada, ya que permite aplazar al 2003 la fecha de entrada en vigor del valor límite para el contenido de azufre del aceite pesado, encuadrando más estrictamente las excepciones que se puedan acordar. 
En estas condiciones, el Grupo del Partido Popular Europeo se niega a hacer demagogia sistemática. 
Votará en contra de las 3 enmiendas presentadas. 
La adopción de una sola enmienda por el Parlamento Europeo en segunda lectura significa que será necesaria unanimidad o mayoría cualificada en el Consejo, en función de si la Comisión acepta o no la enmienda, lo que será imposible, habida cuenta de las divergencias que existen entre los países del Sur y los del Norte, que saben que los petróleos procedentes del Golfo Pérsico son mucho más pesados en azufre. 
Señor Presidente, es necesario un enfoque dinámico para reducir las emisiones de azufre a fin de proteger la salud humana, las plantas y los ecosistemas sensibles, así como los edificios. 
La propuesta aquí presentada es sólo una parte de este enfoque. 
La lucha más eficaz contra la acidificación es abordar el problema de las grandes centrales térmicas, porque son responsables del 63 % de las emisiones de SO2 en la Unión Europea. 
A pesar de todo, estamos satisfechos con la posición común del Consejo respecto de la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos. 
Gracias a las buenas propuestas de la Sra. Hautala la posición común es mucho mejor que la propuesta original de la Comisión. 
También estoy completamente de acuerdo con las pocas adaptaciones que propone la ponente en segunda lectura. 
Las posibilidades de cumplir con las diferentes exigencias ofrecen suficiente perspectiva. 
El petróleo de Noruega, Libia y Rusia contiene menos del 0, 5 % de azufre y existen buenas técnicas para la desulfuración del petróleo con alto contenido de azufre procedente de Oriente Próximo. 
Otra cuestión es que el fuelóleo pesado que se utiliza en las centrales térmicas y las fábricas de cemento debería tener menor contenido de azufre. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a la ponente, la Sra. Hautala, por el valioso trabajo que han realizado con esta propuesta. También me gustaría agradecer los comentarios de la Sra. Hautala y del Sr. Lange sobre los avances producidos. 
La propuesta plantea una reducción de las emisiones globales de SO2 de aproximadamente un millón de toneladas frente a los tres millones que requiere la estrategia contra la acidificación. 
El coste aproximado de 700 euros por tonelada de menor contaminación se ve ampliamente superado por las ventajas, en especial para la salud pública, cifradas- también se ha calculado- en cerca de 4.000 euros por tonelada. 
Estas cifras de costes y efectos ilustran la importancia de esta propuesta. 
En la posición común ya se han recogido la mayoría de las 27 enmiendas que el Parlamento aprobó en la primera lectura. 
En la posición común se ha intentado alcanzar un difícil equilibrio entre las especificaciones sobre el contenido de azufre de los combustibles que resultan necesarias para reducir los daños de la acidificación y lo que se piensa que puede hacer la industria europea. 
De ahí que la Comisión manifestara en su comunicación al Parlamento su adhesión a la posición común. 
Ahora comentaré las tres nuevas enmiendas. 
El Sr. Lange y la Sra. Hautala preguntaron sin ambages por la enmienda 1, que adelanta del año 2003 al 2001 la fecha de entrada en vigor del nuevo valor límite del 1 % para el azufre en el fuelóleo pesado. 
Como señaló también el Sr. Lange, la Comisión propuso originariamente el año 2000 y lamentamos en la comunicación incluida dentro de la posición común que el Consejo hubiera postergado la fecha. 
En consecuencia, la Comisión también cree que el Consejo debe volver a examinar esta cuestión de nuevo, lo cual quiere decir que aceptamos la enmienda 1. Además, si encima con ello hago feliz al Sr. Lange, pues miel sobre hojuelas. 
Sin embargo, y tal y como dijera al comenzar mi intervención, en la posición común se ha llevado a cabo un ajuste muy cuidadoso y quizá al final nos veamos obligados a aceptar que no es posible lograr que el Consejo cambie de opinión, aunque vamos a intentarlo en cualquier caso. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 y 3. 
La enmienda 2 contiene otro límite superior para el mayor contenido en azufre del fuelóleo pesado unido a una eventual exención del requisito del 1 %. 
La Comisión tramitará las solicitudes de exención individualmente basándose en los criterios recogidos en la Directiva para que en este sentido el límite exacto superior no resulte tan determinante. 
Debe subrayarse que el Consejo en la posición común ha endurecido las condiciones previas al reconocimiento de exención introduciendo el concepto de «cargas críticas» , algo que creo que podemos acoger con satisfacción. 
La enmienda 3 pretende acelerar la entrada en vigor del límite del 0, 1 % para el contenido de azufre de los gasóleos del año 2008 al año 2004. 
La Comisión se mostró satisfecha en su comunicación sobre la posición común de que los requisitos relativos al contenido de azufre de los gasóleos se hubieran vuelto más rigurosos a partir del año 2008. 
El motivo por el cual la Comisión no propuso en un primer momento este valor límite más estricto fue, sin embargo, que no era efectivo desde el punto de vista de los costes en toda Europa. 
Tampoco es defendible en este momento adelantar la fecha para su implantación en toda Europa. 
Por ello, me gustaría subrayar- algo que hizo también la ponente, la Sra. Hautala- que hablamos de un requisito mínimo, algo que era también un elemento fundamental de la propuesta originaria de la Comisión, es decir, que los Estados miembros tendrán posibilidad de implantar el valor límite más estricto antes del año 2008. 
La propuesta, tal y como está ahora, mejorará el medio ambiente ya a partir del próximo año. 
De ahí que sea una buena forma de arrancar la implantación concreta de la estrategia contra la acidificación. 
Señor Presidente, gracias por su tiempo y atención. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Envíos de residuos a países no miembros de la OCDE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0001/99) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los envíos de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE [(5474/98- C4-0538/98-95/0029 (SYN) ] (Ponente: Sr. Virgin) 
Tiene la palabra la Sra. Jackson como ponente suplente. 
Señor Presidente, como habrán notado los más observadores entre ustedes, no soy el Sr. Virgin. 
El Sr. Virgin ha quedado atrapado por la nieve en algún lugar entre aquí y Suecia. 
Es posible que haya llegado hasta Bruselas y probablemente ahora estará intentando llegar campo a través en un trineo tirado por perros huskys. 
Pido disculpas por no ser el Sr. Virgin, pero presentaré el informe en su nombre. 
Es especialmente triste que no esté presente, porque se trata de un informe importante en el que ha trabajo con ahínco durante estos últimos años. 
Sólo debo hacer algunas observaciones en relación con el informe y dirigir una pregunta muy importante a la Comisaria, una pregunta a la que espero que pueda responder. 
Las enmiendas parecen sumamente técnicas y lo son. 
En particular, el Sr. Virgin, en nombre de la comisión, considera que el nuevo Anexo C propuesto por el Consejo debería ser eliminado, porque la prohibición de exportar los tipos de residuos enumerados ya está contemplada en las listas de residuos de la Convención de Basilea, y una nueva lista complicaría una legislación de por sí muy compleja. 
Le agradecería a la Sra. Comisaria que comentara las distintas enmiendas a medida que las aborda y que nos informara sobre si la Comisión puede aceptarlas. 
El argumento general que deseo presentar ya ha sido planteado por varios diputados al Parlamento Europeo, especialmente por los diputados del Reino Unido. 
En mi país, y probablemente también en otros países, existe el temor de que el efecto neto de esta legislación sería hacer mucho más difícil la exportación de ropa usada de todo tipo que recogen las organizaciones caritativas para países que no han respondido al cuestionario de la Comisión sobre la aceptabilidad de exportaciones de residuos a los mismos. 
Puede que esto suene complicado, pero no tiene por que serlo. 
El problema radica en que- quizá porque no les enseñaron buenos modales- varios países sencillamente no han respondido al cuestionario que les envió la Comisión. 
Crece la sospecha entre los diputados al Parlamento Europeo de que una de las consecuencias de ello es que pueda resultar sumamente difícil continuar exportando ropa usada a dichos países. 
El problema, según hemos podido entender en el transcurso de los debates entre bastidores sobre el informe Virgin, es que la ropa usada, cuando es recogida por organizaciones pertenecientes a las iglesias, OXFAM u otras, deja de ser considerada como residuos una vez que es clasificada, y que la ropa usada clasificada no entra en el ámbito de esta directiva en absoluto. 
Por tanto, las organizaciones benéficas y otras no tendrían ninguna dificultad para exportar este tipo de ropa usada. 
Esta tarde he hablado con la BIR- la oficina internacional de reciclado- y me han dicho: «Sí, eso es lo que tenemos entendido, pero existe inseguridad jurídica sobre este punto». 
Mi pregunta a la Comisaria- es posible que no pueda responder ahora, pero quizá nos podría enviar una respuesta por escrito para comunicarnos exactamente cuál es su posición- es la siguiente: ¿es cierto, por consiguiente, que no existe absolutamente nada derivado de esta legislación que impida a las organizaciones benéficas de nuestros países exportar con total libertad y sin trabas burocráticas ropa usada a aquellos países- sospecho que, predominantemente, de África- que la importan actualmente? Si es así, ¿podemos asegurar que existe seguridad jurídica sobre este punto? 
Si necesitamos seguridad jurídica, ¿quiere eso decir que debemos, por consiguiente, introducir algunos ajustes a este reglamento? 
Siento insistir tanto en este punto, pero se trata de un problema que ha surgido en lo que, por lo demás, es un reglamento bastante técnico, un problema que la gente puede entender y que preocupa a muchas personas. 
Agradecería mucho a la Comisión que me diera una respuesta. 
Señor Presidente, Señor Comisario, desgraciadamente las actividades económicas de los países desarrollados ocasionan graves riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud pública. 
Los residuos constituyen una parte integrante de dichas actividades. 
Los residuos, sean tóxicos o no, generan enormes problemas en todos los países, tanto en lo relativo a su tratamiento como al lugar de almacenamiento. 
El transporte de los residuos desde los países en que se producen hacia otros países, para su tratamiento o para su almacenamiento definitivo, es una «solución» que encierra muchos riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud de los ciudadanos de la Unión. 
Por ello deberá estar sujeto a normas y procedimientos estrictos. 
La Unión Europea, consciente de dicha necesidad, ha propuesto una serie de medidas y normas para el transporte de los residuos. 
Una de ellas es el reglamento que hoy examinamos con vistas a adoptar procedimientos comunes que serán de aplicación en los transportes de residuos de una clase determinada hacia ciertos países que no son miembros de la OCDE. 
El reglamento en cuestión debe poner límites y respetar las decisiones de los países interesados sin crear problemas. 
Es un hecho que la mano de obra barata, la escasez de normativas vigentes en materia de protección del medio ambiente en estos países, así como un régimen de importaciones bastante libre, contribuyen a la exportación continua de residuos hacia los mismos. 
Las organizaciones ecologistas han iniciado campañas de información sobre dicho tema, tanto en los países desarrollados, como en aquellos que, por razones económicas, son destinatarios de los residuos. 
Lo único que ocurre es que el tema de la exportación de los residuos no es un tema comercial. 
El informe del Sr. Virgin- y lamento mucho que no se encuentre hoy aquí para que el mismo lo desarrolle- tiene nuestra conformidad en la mayoría de los apartados. 
Nuestro grupo únicamente está de acuerdo con la enmienda nº 2. 
Consideramos que el procedimiento de control, actualmente contenido en el artículo 15 del Reglamento 259/93/CEE, debe mantenerse en el artículo 2 porque la simplificación del procedimiento encierra graves riesgos. 
Permítanme además hacer referencia a otro tema relevante: el del control de la aplicación de dicho reglamento. 
La Unión Europea habrá de prever severas sanciones para los Estados miembros que contravengan el reglamento y, en cualquier caso, los procedimientos destinados a ejercer un efecto disuasorio sobre el transporte clandestino que, como es sabido, se realiza. 
El ultimo punto al que me referiré está relacionado con el añadido de un nuevo Anexo V en el Reglamento 259/93/CEE. 
Considero que la fusión de las listas de residuos del Acuerdo de Basilea simplificará la aplicación de la legislación. 
Deseo- aún en su ausencia- felicitar al Sr. Virgin por su informe. 
Señor Presidente, señorías, quisiera únicamente señalarles que se encuentra presente en la tribuna una delegación del Consejo Regional de Alsacia y del Consejo General del Alto Rhin, con su presidente, Sr. Constant Goerg, a la cabeza. 
Muchas gracias. 
Les damos, pues, la bienvenida. 
Señor Presidente, la cuestión de la transferencia de residuos a los países que no son miembros de la OCDE nos remite a problemáticas algo delicadas y difíciles y que tienen, todas, un coste: el problema de la salud pública, y por tanto de nuestra capacidad para participar en la protección de las poblaciones más vulnerables, principalmente los niños, y de aquellos que, con frecuencia en esos países, se llaman los niños de la calle; el problema del riesgo de «dumping» ambiental, que consistiría en transformar algunos países, principalmente los llamados en vías de desarrollo, en vertederos, porque esos países se ven obligados frecuentemente a entregarse a todo tipo de negocios si quieren generar los ingresos necesarios para financiar sus necesidades, principalmente en infraestructuras públicas; también el problema de la soberanía, de los límites de las posibilidades de elección de algunas actividades. 
Dicho de otro modo, estamos obligados a buscar un equilibrio entre, por una parte, el rigor extremo que consiste en situar lo más alto posible el nivel de exigencia para la transferencia de esos residuos y, por otra, la flexibilidad necesaria que permitiría a esos países elegir las posibles oportunidades de reciclaje, y por tanto de puesta en marcha de actividades industriales o semi-industriales, que les permitirían generar ingresos a partir de esas actividades. 
Es evidente, cuando se considera el principio de elaboración de listas, principalmente la lista roja y la lista verde, que esas oportunidades industriales afectan principalmente a los productos de la lista verde. 
Ha de mantenerse el principio mismo que consiste en decir que el nivel de peligro está vinculado al producto y no a la dificultad de respuesta de algunos países. 
Sabemos bien que los países son desiguales en términos de controles administrativos y técnicos a la importación, al almacenado y al tratamiento de esos residuos. 
Ha de aportárseles una ayuda pero se trata ante todo de plantear el principio de transparencia, de plantear la cuestión de la prolongación de la responsabilidad de los productores de residuos. 
Se trata quizá finalmente de que nos hagamos preguntas sobre los volúmenes de residuos producidos; dicho de otro modo, sobre los riesgos que nuestra defensa del consumo hace pesar sobre el patrimonio común y los derechos de giro que nos damos a nosotros mismos sobre el patrimonio común del planeta, y por consiguiente sobre la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, aunque el Sr. Virgin no se encuentre hoy aquí, me gustaría expresar mi agradecimiento por este informe y el trabajo de los miembros con él. 
Como dijo la Sra. Jackson, hoy habido muchas alteraciones a causa del tiempo y hemos de arreglárnoslas sin el Sr. Virgin. 
La propuesta de reglamento se ocupa de los envíos de residuos incluidos en la llamada lista verde de recuperación a determinados países no miembros de la OCDE. 
Los residuos incluidos en la lista verde son residuos cuyo traslado en general no se considera que entrañe riesgos para el medio ambiente. 
Los residuos incluidos en la lista verde de recuperación se negocian como una mercancía más dentro de la OCDE y la UE. 
También querría dejar perfectamente claro que la exportación de los residuos peligrosos a países no miembros de la OCDE está prohibida según la legislación comunitaria vigente. 
En 1994, la Comisión preguntó a todos los países no miembros de la OCDE sobre qué posibles procedimientos de control deseaban que se llevaran a cabo en los envíos de residuos incluidos en la lista verde. 
La propuesta de reglamento se ocupa sólo de los países que contestaron que no deseaban recibir artículos de la lista verde o algunos de estos artículos y de los países que no han respondido a las preguntas de la Comisión. 
La Sra. Jackson buscaba respuestas precisas a las ocho enmiendas presentadas y voy a hacer ciertos comentarios sobre ellas. 
La Comisión acepta seis de ellas, cinco íntegramente y una con una modificación menor; además, la Comisión acepta parcialmente otra de las enmiendas. 
Sólo hay una enmienda que no resulta aceptable para la Comisión. 
Según la enmienda 1, la Comisión informará regularmente a los países a los que se aplique el presente Reglamento sobre toda modificación introducida en los Anexos A y B. La Comisión acepta este punto y naturalmente nos ocuparemos de que así ocurra. 
La enmienda 2 indica que los envíos de residuos incluidos en la lista verde a los países que no han contestado al cuestionario podrán llevarse a cabo según el procedimiento para la lista naranja que sólo exige el consentimiento tácito del país importador. 
Celebro ver que el Parlamento ya no exige como durante la primera lectura la prohibición de semejante exportación, pues esto estaría en contra de las normas de la OMC. 
Sin embargo, su propuesta relativa a seguir el procedimiento para la lista naranja, es decir, aquél basado en el consentimiento tácito, va en la dirección contraria. 
Los procedimientos de control, sobre los que hoy presentan ustedes exigencias, implicarán la autorización del envío si no hay respuesta del país importador antes de 30 días, lo cual quiere decir que ustedes interpretan el silencio como un sí. 
En julio de 1997 se oyó en esta sala y cito: «es inaceptable que la Comisión se adjudique el derecho a interpretar la falta de contestación de un país en su propio beneficio». 
La Comisión está de acuerdo con esta declaración, de ahí que sea más conveniente en los casos en que no hayamos observado reacción alguna por parte del país emplear un procedimiento basado en el consentimiento expreso por escrito. 
De esta forma podemos asegurarnos antes del envío de que el país de destino realmente es consciente de la importación de residuos en cuestión. 
Me gustaría que se prestara atención a este punto. 
La Comisión sigue prefiriendo por ello el procedimiento de la lista roja, según el cual el envío puede llevarse a cabo tras el consentimiento expreso por escrito. 
Actuando de esta forma, se tienen en cuenta de una forma transparente tanto los intereses del exportador como los del importador. 
El Consejo solicitó en su posición común el empleo del procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo 259/93, en el que se exige el consentimiento por escrito, además de un plazo más largo. 
La Comisión piensa que la solución del procedimiento de la lista roja supone el justo punto medio entre las propuestas del Consejo y del Parlamento y por ello la Comisión no acepta la enmienda 2. 
Luego están las enmiendas 3, 5 y 8 que se refieren a los residuos que según el artículo 39 del cuarto Convenio de Lomé no pueden ser exportados a los países ACP. 
Son propuestas útiles, pues el considerando 9 del preámbulo es suficientemente claro y otro anexo con otra lista de residuos puede inducir a confusión. 
La Comisión apoya por ello estas tres enmiendas. 
También la enmienda 4 resulta aceptable para la Comisión, pues su tenor responde al tenor del apartado 3 del artículo 17 del Reglamento del Consejo 259/93. 
Finalmente, la Comisión se suma a la modificación del plazo de la revisión periódica incluida en la enmienda 6; sin embargo, la Comisión no puede apoyar un dictamen del Parlamento en este sentido, ya que piensa que el Reglamento queda encuadrado dentro de la política comercial común y que el artículo 113 es la única base legal. 
La Comisión se suma a la enmienda 7, siempre que el Reglamento de la Comisión 2048/98 aparezca mencionado explícitamente junto al Reglamento del Consejo 120/97. 
El Reglamento de la Comisión de 6 de noviembre de 1998 implica la modificación del anexo V en el Reglamento del Consejo. 
Ahora me gustaría volver a la muy importante cuestión del envío de ropa de segunda mano, sobre la que insistió mucho la Sra. Jackson en su intervención, y que también me ha sido planteada en diversas reuniones. 
Es evidente que hay organizaciones humanitarias muy preocupadas por cómo podría ser interpretada la propuesta que hoy tramitamos. 
Sé que en la reunión de enero de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Protección del Consumidor se presentaron tres enmiendas, sin embargo, por motivos de procedimiento no se ha seguido adelante. 
Han surgido ciertos malentendidos a este respecto. 
También es evidente que ha habido muchas peticiones, gran inquietud y preocupación. 
Es verdad, tal y como mencionó la Sra. Jackson, que simplemente ha habido miedo a que la exportación de ropa de segunda mano se viera obstaculizada. 
Por ello me gustaría señalar que la posición de la Comisión es que las ropas de segunda mano, una vez clasificadas, limpias y arregladas antes de su exportación, no pueden ser consideradas residuos, sino productos. 
Puesto que la propuesta de reglamento sólo se ocupa de los artículos de residuos, este reglamento no es de aplicación a la ropa de segunda mano y por ello y mediante el debate que ha tenido lugar hoy aquí, deberíamos estar en condiciones de alejar completamente el miedo y la preocupación manifestadas por organizaciones humanitarias. 
De hecho creo que esto las tranquilizará mucho. 
Señor Presidente, ¿estaría la señora Comisaria dispuesta a reconocer, a la luz de lo que acaba de decir, que deberá introducir una enmienda al texto que nos ocupa para aclarar que no es aplicable a la ropa usada que ha sido clasificada y desinfectada? 
Quiero decirle a la Sra. Jackson que no nos parece necesaria una enmienda pues pensamos que el texto ya es lo suficientemente claro. 
Sin embargo, visto así, estoy de acuerdo con ella en que a causa de los numerosos malentendidos que se han producido debemos hallar una forma que garantice que las organizaciones humanitarias sepan cuáles son las normas en vigor. 
Intentaremos hallar una forma adecuada de solucionar este problema. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0028/99) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo relativa al vertido de residuos [6919/98- C4-0539/98-97/0085 (SYN) ] (Ponente: Sra. Jackson) 
Señor Presidente, espero que alguien tome nota de que la Sra. Bjerregaard, otros diputados y yo estamos dedicando esta noche a asuntos muy poco elegantes como los debates sobre el vertido de residuos y la exportación de rebecas usadas. 
La relativa al vertido de residuos es una de las directivas sobre el medio ambiente más importantes de cuantas se ha ocupado el Parlamento Europeo durante los últimos años. Marca el inicio de un cambio radical en la práctica de la gestión de residuos en Europa. 
Para la sociedad, es el final de una era en la que muchas personas de muchos países no necesitaban preocuparse demasiado por lo que sucede con los residuos que producen. 
Siete países vierten actualmente más de la mitad de los residuos municipales que producen. 
Éstos son Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido. 
En el caso de estos países, en particular, la directiva marca el final de lo que podríamos denominar la sociedad de los residuos. La directiva marca asimismo el inicio de un período de innovación intensiva de la reestructuración de la gestión de residuos y, sobre todo, de gastos en otros métodos de eliminación con cargo a los contribuyentes. 
Yo represento parte del suroeste de Inglaterra, y el estudio que he realizado recientemente sobre las autoridades locales de esta región de Inglaterra me ha llevado a la conclusión de que en la mayoría de los casos están estudiando con ahínco planes de reciclado, nueva utilización y recuperación de los residuos. 
No obstante, ninguna de estas autoridades locales ha podido avanzar ni mucho menos hasta el tipo de exigencias que esta directiva impondrá sobre ellas en un plazo de entre cinco y diez años. 
Las tres características principales de la directiva son, en primer lugar, fomentar el abandono de los vertidos para pasar a otras alternativas que se consideran más aceptables desde el punto de vista ambiental. 
Utilizo los términos «alternativas que se consideran más aceptables desde el punto de vista ambiental» con conocimiento de causa, puesto que personalmente no tengo mucha fe en la jerarquía de alternativas para la gestión de residuos. 
En segundo lugar, la directiva hace un llamamiento en favor del establecimiento de normas a nivel de la Unión Europea relativas a la gestión adecuada de vertidos; en tercer lugar, desaconseja el transporte transfronterizo de residuos- el turismo de residuos, lo denominamos- a través de la eliminación de las desigualdades entre las prácticas y los precios relativos al vertido en los 15 Estados miembros, por lo que los residuos se limitan a buscar el vertedero más económico. 
La Comisión de Medio Ambiente, a pesar de que acoge con satisfacción la directiva según enmienda del Consejo, quería insistir en otras enmiendas adicionales y son éstas las que propongo esta noche, puesto que se trata de la segunda lectura de esta directiva que avanza de acuerdo con el procedimiento de cooperación, por lo que, lamento tener que decir, no volveremos a verla. 
Primero, en lo relativo al calendario de aplicación; como máximo tendremos que esperar hasta el año 2020 para que dichos Estados miembros que dependen en más del 80 % del vertido, a saber, Grecia, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido, reduzcan el volumen de residuos que van a parar a vertederos hasta un 35 % del total en 1995. Se trata realmente de un cambio muy grande. 
Pero estamos hablando de un momento muy lejano en el futuro. Pensemos sobre ello. 
Cuatro Parlamentos se sucederán hasta entonces. 
Por ello, los diputados al Parlamento Europeo hemos reducido este período de gracia en dos años y hemos fijado la cifra que debe alcanzarse en el 25 %. 
Lo que estamos diciendo es que, como máximo, esta directiva significaría que a más tardar en 2018, todos los Estados miembros de la Unión Europea sólo deberían destinar al vertido el 25 % de sus niveles en 1995. 
No nos engañemos, esta directiva no descarta la opción del vertido. 
El vertido seguirá siendo una opción muy importante, pero disminuirá con respecto a los niveles actuales. 
Será algo muy difícil de alcanzar y pensamos que los totales y los calendarios que establece la directiva tienden a representar, como ocurre muy a menudo en esta Asamblea, el triunfo de la esperanza sobre la práctica. 
Por ello hemos presentado dos enmiendas al apartado 2 del artículo 5. 
La primera garantizaría la participación del Parlamento en el seguimiento, durante los próximos 20 años, de los avances reales que realice la directiva. 
En la enmienda 10 al artículo 5 intentamos garantizar que la directiva no se convierta en el rey legislativo Titanic que navega rumbo al iceberg del incumplimiento. 
Habida cuenta de que el calendario establecido para el cumplimiento se divide en tres fases, ciertamente deberíamos hacer un seguimiento durante la trayectoria para comprobar si se cumple satisfactoriamente en toda Europa. 
De no ser así, es posible que debamos adoptar medidas prácticas para garantizar que realmente se alcanza el alto nivel de protección que exige la directiva. 
En el pasado, la Comisión se ha mostrado reacia a secundar el complicado mecanismo consistente en que los Estados miembros notifiquen a la Comisión y al Parlamento Europeo, que es lo que nosotros deseamos. 
Creemos que este sistema de notificación es nuestra mejor esperanza de garantizar que esta directiva no va a parar como otras, y cambio mi metáfora, al vertedero del incumplimiento. 
Nuestras enmiendas 14 y 16 representan la inquietud de la comisión acerca de las dos importantes lagunas contenidas en la directiva. 
Primera, los vertederos por debajo de un tamaño determinado que existen actualmente en islas quedarán exentos, en proporciones considerables, de la directiva. 
Creemos que no debe permitirse que dichos vertederos sigan funcionando sin poner a disposición del público el registro de lo que allí se vierte. 
En segundo lugar, insistimos en que los Estados miembros cierren los vertederos que se explotan actualmente sin el permiso pertinente conforme a la directiva marco sobre residuos. 
Es un mal augurio que dichos vertederos sigan funcionando. 
El emplazamiento de vertederos es un tema muy controvertido. 
No nos compete a nosotros interferir en asuntos de planificación local, pero la comisión ha acordado que deberíamos establecer nuestras orientaciones en el anexo respecto a la distancia mínima recomendada entre nuevos vertederos y zonas residenciales. 
Como ponente, debo presentar el informe en nombre de la comisión, aunque personalmente no estoy a favor de algunas de las enmiendas de la comisión, en particular, la negativa a fijar un plazo para exigir compensación por daños ocasionados por el vertido de residuos. 
Agradecería a la Comisión que nos ofreciera su opinión sobre la enmienda 15 y su viabilidad. 
Para terminar, recomiendo la presente directiva al Parlamento. 
Una vez que se haya adoptado, iniciará el trabajo, especialmente en mi país. 
Cuando aprobemos los objetivos de la directiva, debemos poner en marcha planes de reciclado y de producción de abono- y esperamos contar con una directiva sobre la producción de abono antes de finales de este año- que funcionen y encuentren buenos mercados para lo que producen. 
Debemos reducir la cantidad de residuos que producimos. 
Debemos hacer una evaluación audaz del papel que puede desempeñar la energía procedente de la incineración de residuos a la hora de abordar la problemática del desvío del vertedero y, si decidimos seguir por ese camino, adoptar las decisiones necesarias para la construcción de dichos incineradores, sin olvidar que será necesario convencer a la opinión pública. 
Esta noche y mañana, cuando votemos, pasamos el testigo a los diputados al Parlamento y, sobre todo, a los concejales municipales de nuestros distintos países, algunos de los cuales creo que se encuentran aquí esta noche en la tribuna de invitados. 
No se me ocurre ninguna otra directiva que ilustre mejor las asociaciones que deben existir entre los legisladores comunitarios y aquéllos nacionales y municipales. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Jackson por su trabajo. 
Quiero tranquilizarla en el sentido de que las personas están interesadas en el medio ambiente, aunque no lo están tanto a la hora de pagar las mejoras que todos deseamos. 
Fui miembro de un ayuntamiento durante muchos años y nunca pensé que los distintos Estados miembros tardaran tanto tiempo en coordinar la acción en este ámbito. 
Es sorprendente lo poco que hemos avanzado. 
Represento a uno de los países que han sido mencionados entre las partes culpables respecto a los vertidos de residuos. Por este motivo he estudiado el informe muy detenidamente. 
Lo que me parece más decepcionante es la actitud del Consejo con respecto a esta legislación. 
Los Estados miembros han antepuesto los intereses de la industria y los costes que ellos mismos deben soportar a los intereses de nuestros ciudadanos. 
Observo, en particular, que el Consejo no ha incluido la distancia mínima que debe existir entre zonas residenciales y los vertederos que contengan residuos peligrosos o no peligrosos. 
Éste es sin duda un asunto muy polémico en mi zona de Dublín. 
El Consejo, en cambio, ha mantenido su vago compromiso de considerar el asunto cuando se elija el emplazamiento de futuros vertederos. 
También estoy en contra de la posición del Consejo de que los Estados miembros dispongan de ocho años, en vez de los cinco propuestos por el Parlamento, para garantizar que los vertederos existentes cumplen las condiciones establecidas en esta directiva. 
Acojo con satisfacción el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor al principio de que quien contamina paga y a la propuesta de gravar los residuos que van a parar a vertederos. 
Encuentro muy irónico que Irlanda haya apoyado esta posición común. 
En un reciente documento político, el Gobierno irlandés se comprometía a reducir el vertido de residuos y a incrementar la utilización de métodos más sostenibles de eliminación de residuos. 
Como se ha dicho, Irlanda depende en buena medida del vertido- creo que sólo Grecia depende aún en mayor medida. 
Por ello debemos preguntarnos hasta qué punto se siente comprometido el Gobierno irlandés a atajar el problema si sigue apoyando las enmiendas tan debilitadas del Consejo. 
Me gustaría pensar que la Comisaria que hoy se encuentra entre nosotros está dispuesta a defender la causa de los consumidores y los ciudadanos que desean que todo este asunto de la eliminación y el vertido de residuos sea abordado de la manera que menos perjudique al medio ambiente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, con muchísimo gusto daré mi aprobación al informe de la Sra. Jackson, porque creo que aquí damos realmente un gran paso adelante en materia de medio ambiente en toda Europa. 
Incluso para Austria se producirán algunas disposiciones más severas, pero no quisiera callar aquí y, quisiera señalar, en especial, que en Austria ya hay disposiciones que no habrían podido ser impuestas en toda Europa. 
En todo caso, he intentado llamar claramente la atención hacia esto mediante mi comportamiento de voto en la comisión. 
Permítanme que aclare esto con un solo ejemplo: artículo 6, clasificación de los residuos entre las categorías de residuos. 
En vertederos para residuos no peligrosos pueden depositarse determinados residuos sólidos no reactivos. 
A este respecto se trata de residuos que por razón del handling o del peligro de un tratamiento inadecuado se han clasificado como peligrosos, pero cuyo vertido con otros residuos no reactivos no representa peligro alguno para el medio ambiente. 
En el caso de estos residuos se trata de residuos con escasa lixivización. 
Estos residuos no pueden ser depositados, salvo que se demuestre científicamente que son inocuos en condiciones de vertedero. 
También hemos desarrollado una concepción acerca de cómo se puede realizar esta prueba. 
En la mayoría de los casos se trata de residuos peligrosos cristalizados o solidificados. 
Creo, que este es también un punto muy importante sobre el que será preciso reflexionar en el futuro. 
No obstante, para Europa esta directiva significa un gran paso adelante y, por esta razón, le daré gustosamente mi conformidad. 
Señor Presidente, antes de nada quiero dar las gracias a la Sra. Jackson y transmitirle mis felicitaciones por su informe. 
De todas formas, señor Presidente, desearía expresar algunas reflexiones. 
Escuchando el debate, me siento como si nos encontráramos un poco en otro mundo. Al menos yo, que pertenezco a uno de los países que, como dijo la señora Jackson, ostentan el récord de dependencia de los vertederos. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con la propuesta que afirma que primero hay que prevenir, luego explotar, después reciclar, más tarde incinerar y, finalmente, enterrar. 
Sin embargo, señora Comisaria, en mi país los esfuerzos de prevención son casi inexistentes, también los de explotación, el reciclaje sólo existe de boquilla; en cuanto a la incineración, muchos nos la recomiendan e incluso desde la propia Comisión. 
¿Está la Comisión tan a favor de la incineración?. 
Yo tendría muchas dudas después de contemplar cómo grandes ciudades como Bruselas y otras ciudades de Bélgica, Lille en Francia, recientemente, se pronuncian contra la incineración y afirman que genera numerosos problemas de consideración tanto para el medio ambiente como para la salud pública. 
Desearía una respuesta mejor sobre este particular, esto es, antes de votar que también la incineración constituye una vía para la solución del problema. 
Un segundo punto, con el que estoy totalmente de acuerdo, es el de gravar con impuestos los residuos destinados al enterramiento. 
Lo encuentro muy acertado. 
Sin embargo, ¿quién establece los impuestos, su cuantía? 
¿Quién cobra y qué hace con el dinero? 
Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un espacio temporal amplio de tres décadas. 
En mi país, por ejemplo, donde la administración local no tiene potestad fiscal, dicha solución, en mi opinión, muy acertada, se excluye por el momento. 
Un tercer problema que querría mencionar es la responsabilidad del agente encargado de los lugares de enterramiento. 
La Sra. Jackson, creo que muy acertadamente, afirma que debería existir algún límite. 
En cualquier caso, diré lo siguiente: No sé si estoy plenamente de acuerdo con ella. 
Un agente responsable durante treinta años después del cierre y, en cualquier caso, siempre responsable de indemnizaciones tendrán que ser, necesariamente en razón de este límite temporal, un agente público. 
Un agente central, autónomo, independiente, público en cualquier caso. 
Se descarta cualquier otra solución y debemos decirlo porque, de no ser así, ¿dónde voy a encontrar yo dentro de treinta años al particular responsable que, entre tanto, habrá cerrado su compañía o su empresa? 
Por último, señor Presidente, un punto más. 
No hemos mencionado lo suficiente antiguos debates que hemos celebrado. 
Los grandes problemas que tendrán ciertas regiones como las islas pequeñas y las regiones montañosas aisladas para aplicar dicha legislación. 
El transporte de residuos a lugares que puedan justificar económicamente dicho transporte es casi imposible y deberíamos hallar no exenciones, por supuesto, pero sí otro tipo de ayudas para que dichas regiones puedan deshacerse de sus residuos de forma saludable y respetuosa con el medio ambiente. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el impulso de este informe, que se propone aplicar normas estrictas con respecto a la explotación de los vertederos que existen en el territorio de la Unión. 
La esencia del presente informe incluye el cumplimiento de las siguientes disposiciones fundamentales: los procedimientos que deberán cumplirse para obtener una licencia de explotación de los vertederos; el procedimiento de seguimiento durante la fase operativa y la clausura de vertederos; las condiciones técnicas que deberán cumplir los emplazamientos e instalaciones que sean destinados a vertederos; la clasificación de las diferentes categorías de residuos que podrán aceptar los vertederos de toda Europa y el establecimiento de objetivos para la reducción de las cantidades de residuos biodegradables que se depositan en vertederos. 
Las políticas europea e irlandesa en materia de gestión de residuos deben apoyarse en una jerarquía de opciones, con la prevención de las deseables y la eliminación de las menos deseables. 
No obstante, la cruda realidad es que más del 90 % de los residuos municipales son depositados en vertederos en mi país, y el continente europeo produce cada año cuatro millones de toneladas de residuos. 
La futura eliminación de residuos en Irlanda no depende ni puede depender de la búsqueda constante de vertederos en todo el país por parte de las autoridades municipales. 
Acojo con plena satisfacción la iniciativa adoptada por mi Gobierno de encargar un estudio sobre la posible utilización de otras formas alternativas de gestión y eliminación de residuos. 
Es acertado que el Gobierno busque nuevas formas de eliminar residuos urbanos, industriales, comerciales y agrícolas. 
En Irlanda sólo se recicla el 8 % de todos los residuos municipales, y esta cifra es sencillamente demasiado baja. 
Debemos tomar en consideración todas las opciones innovadoras para reducir al mínimo los residuos y poner en marcha el proceso a medio y largo plazo de suprimir la utilización de vertederos en el futuro. 
Es un objetivo muy ambicioso. 
El Gobierno está formulando actualmente su plan nacional de desarrollo en el que se recogen nuestras prioridades en materia de inversión social y económica para los años 2000-2006. 
Estoy convencido de que si dicho plan incluye propuestas para atajar nuestro problema de residuos de una manera innovadora, la Comisión Europea prestará ayuda económica para los métodos alternativos de eliminación de residuos durante la próxima ronda de los Fondos Estructurales de la UE. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo desean sin duda que todos los Estados miembros se beneficien de las nuevas tecnologías más limpias que van apareciendo para solucionar el problema de la gestión de residuos. 
La aplicación de la Ley de gestión de residuos de 1995 también es un paso positivo en la dirección acertada. 
En virtud de la actual legislación, las autoridades locales están obligadas a elaborar planes de gestión de residuos bien a nivel individual o conjuntamente, pero creo que debe procederse a una amplia consulta pública a la hora de elaborar dichos planes. 
Por último, es importante que, a medida que surgen nuevas tecnologías, este proceso incluya el consentimiento y la amplia participación del público en general y de las comunidades locales. 
Señor Presidente, quisiera pedir a la Comisión que aclare el artículo 14. 
Las autoridades de algunos países, incluido el mío, ya están planeando clausurar una serie de vertederos durante los próximos dos años. 
Uno de los aspectos importantes de esta legislación es el mantenimiento posterior al cierre. 
Lo que deseo saber es lo siguiente: si, por ejemplo, se clausuran dichos vertederos antes de la transposición en ley de la presente directiva, ¿estarán exentos de la directiva, en particular, en lo que respecta a su mantenimiento posterior? 
Es uno de los principales problemas. 
Algunos de los vertederos que se están cerrando presentan problemas graves, por lo que es fundamental que dichos vertederos entren también en el ámbito de esta directiva. 
Parece existir una ligera confusión al respecto. 
Uno de los aspectos más importantes de este informe que deseo plantear es el tema de la distancia que debe existir entre los vertederos y las zonas residenciales. 
Nos ha decepcionado mucho la respuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y de sus miembros, que están para proteger la salud pública, porque, básicamente, están diciendo que en el texto se proponga una orientación. 
Es inaceptable. 
Es como decir que haremos legislación a título orientativo, para que luego cada uno haga lo que quiera. 
Una serie de informes aparecidos recientemente- por ejemplo, un estudio muy importante publicado el pasado año en The Lancet- demuestran que los niños nacidos a menos de tres kilómetros de vertederos tóxicos, y posiblemente de cualquier tipo de vertedero, tienen más probabilidades de presentar defectos de nacimiento que aquéllos nacidos en otras partes. 
La investigación afirma que las personas que viven a menos de tres kilómetros de un vertedero corren un riesgo significativamente más alto de padecer anomalías congénitas y que es necesaria una vigilancia sanitaria sistemática del medio ambiente en el caso de vertederos y otras fuentes de contaminación. 
Es de la máxima importancia que, en este sentido, se adopte un enfoque cautelar. 
Es evidente que la proximidad de zonas residenciales a vertederos representa un gran riesgo. 
Es fundamental que esta legislación obligue a las autoridades locales y a las autoridades de los Estados miembros a cumplir el requisito de mantener una distancia mínima. 
Sabemos que existen casos de vertidos de residuos tóxicos en los Estados miembros, incluido el mío, en vertederos que no están acondicionados para recibir vertidos tóxicos: las autoridades locales de mi país han sido declaradas responsables de realizar vertidos ilegales de residuos tóxicos, como mercurio, en vertederos que no están preparados para eliminar este tipo de residuos. 
Se trata, por consiguiente, de una enorme bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento si, en primer lugar, estos vertederos no son incluidos en la directiva y son clausurados antes de que ésta entre en vigor y, en segundo lugar, si no se adoptan medidas para garantizar que todo vertedero se emplaza fuera de un radio determinado de las zonas residenciales. 
Es inadmisible que se ponga en peligro la salud pública de esta manera. 
Mañana intentaremos que la votación sobre este aspecto del informe sea nominal. 
Es fundamental que los electores de los Estados miembros sepan hasta qué punto se toman en serio los diputados de esta Asamblea la protección de la salud de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Hay estudios que demuestran que los niños- los miembros mas vulnerables de la sociedad- corren peligro. 
Existen otros aspectos de la legislación que son también sumamente inquietantes. 
Habrá una laguna jurídica que permitirá a los vertederos que son explotados para residuos no tóxicos añadir residuos tóxicos, dependiendo del tipo de justificación que presenten. 
A pesar de que la directiva supone una mejora respecto a la propuesta de la Comisión que rechazamos en 1996, sigue siendo insuficiente para proteger el medio ambiente y la salud pública. 
Por ello desearía que la Comisión aclare el artículo 14. 
La directiva debe imponer la condición de obligado cumplimiento de que los vertederos estén situados a una distancia mínima de las zonas residenciales. 
Señor Presidente, en primer lugar, tengo que felicitar a la ponente, la Sra. Jackson, por su excelente informe y apoyar las enmiendas ya presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Estoy totalmente de acuerdo con la prioridad. 
La contaminación es una antigua preocupación europea y nosotros tenemos en Galicia, en el Estado español, un problema de eliminación de detritos, en nuestra opinión, no resuelto y que se debe a un programa de incineración de detritos de las ciudades. 
Una instalación conocida (... ) está proyectada para Vila Boa, situación geográficamente desafortunada, pues 
en primer lugar, estará en una zona costera, en las rías de Galicia, conocidas mundialmente por su riqueza piscícola y turística; -en segundo lugar, se ubicará dentro de una población, Vila Boa, densamente poblada, y también cerca de Pontevedra, ciudad ya muy contaminada por una fábrica de celulosa, y habrá que desviar un río de un valle bellísimo y fértil por la construcción de una línea de ferrocarril y habrá que destruir una parte del histórico Camino de Santiago portugués. 
Las poblaciones han rechazado esa instalación con frecuentes manifestaciones, que llegaron a reunir a 30.000 personas, y reclamaciones ante la Comisión de Medio Ambiente en Bruselas.Compete a la Comisión el control de estas instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos. 
Si su construcción se beneficia de considerables ayudas económicas europeas, como en el caso de este plan, 78 millones de euros, tiene que haber un control de la localización, de la construcción y del funcionamiento. 
Pues la Comisión debe obligatoriamente saber y verificar si se utilizan de forma rentable esas inversiones, debidamente planificadas y ejecutadas. 
Señora Presidenta, disponemos de diferentes posibilidades para el tratamiento de residuos. 
La solución del problema de los residuos se debe buscar en la prevención, la reutilización y el reciclaje. 
La política europea en materia de residuos tiene que estar enfocada cada vez más a que haya el menor vertido posible de residuos. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Jackson, cuando menciona el vertido como última opción en la lista de posibilidades del tratamiento de residuos. 
Los intentos de llegar a una regulación del vertido de residuos fracasaron lamentablemente en el pasado, y estamos hablando del periodo de 1991 a 1996. 
Afortunadamente, después ha habido un gran cambio en sentido positivo. 
La propuesta de la Comisión supone una gran mejora en relación con la posición común de 1995 que fue rechazada. 
De la directiva ya no queda excluido el 50 % del territorio de la Unión Europea. 
De los residuos biodegradables se debe hacer compost y biogás en la medida de lo posible, en vez de recurrir al vertido o a la incineración. 
Mediante un buen sistema de recogida separada hemos de poder rebajar aún más la norma del 25 % del vertido de este tipo de residuos. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de la ponente relativa a los impuestos sobre los residuos destinados a vertederos. 
Ha de tratarse de los costes reales de la explotación, de modo que no se imputen a los contribuyentes. 
Con respecto a esto, nos deberíamos preocupar por los transportes de residuos hacia vertederos e incineradoras más baratos. 
En España por ejemplo hay un vertedero muy grande que sólo se clausurará cuando esté completamente lleno, lo cual tardará unas decenas de años. 
Con respecto a la protección y el control posterior de los vertederos quedan muchas incógnitas. 
Los riesgos de dispersión, como la contaminación del suelo y del agua, siguen siendo grandes, sobre todo a largo plazo. 
Mi deseo es que los Estados miembros apliquen bien esta directiva, en el sentido de que de verdad se dé prioridad a la prevención, la reutilización y el reciclaje. 
Señora Presidenta, como liberales nos parece importante que haya una estrategia de gestión de los residuos en relación con el vertido, que ha de ser la última opción. 
A causa de la liberación de materias perjudiciales en el suelo y en las aguas subterráneas se sobrecarga demasiado tanto el medio ambiente como la salud pública. 
A nuestro juicio, es irresponsable esperar más tiempo a una legislación adecuada. Por eso, nos parece que la posición común debe ser aprobada, naturalmente con unos ajustes por medio de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En este marco las enmiendas sobre los residuos biodegradables me parecen cruciales. 
La ponente asegura acertadamente que es mucho más ecológico hacer compost y biogás a partir de los residuos biodegradables que verterlos o incinerarlos. 
Quiero mostrarle mi apoyo al respecto. 
No obstante, por lo que se refiere a la enmienda de la distancia mínima de los vertederos de residuos municipales, soy de la opinión de que la ponente ha sido demasiado cautelosa indicando solamente una línea directriz. 
No estoy de acuerdo con que esto sea una cuestión de subsidiariedad. 
En este caso tenemos preferencia por las enmiendas del Grupo de los Verdes, que quieren establecer una distancia mínima de medio kilómetro en el caso de los residuos municipales y de dos kilómetros en caso de los residuos peligrosos, haciendo prevalecer de este modo el principio de la prevención por encima del de subsidiariedad. 
Señor Presidente, porque provengo de un pequeño país que vierte el 99 % de sus residuos, me siento especialmente motivada a hacer algunas observaciones sobre esta directiva tan importante. 
La directiva prevé un plazo de 20 años para que los países que vierten más del 80 % de sus residuos se equiparen al resto. 
Pero los países pequeños como Irlanda sencillamente no disponen de 20 años. 
Debemos corregir este problema mucho más rápidamente, en particular, debemos solucionar por fin el tema tan espinoso de la incineración que, según creo, en la mayoría de los países levanta fuertes polémicas a nivel local cada vez que se plantea. 
Hace muchos años, alguien me preguntó cuáles eran, en mi opinión, los cinco problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo. 
Respondí: número uno, los residuos, número dos, los residuos, número tres, los residuos, número cuatro, los residuos y número cinco, los residuos. 
Sigue siendo quizá uno de los problemas más inextricables a los que nos enfrentamos todos. 
Debo decir también que me hubiera gustado que la directiva fuera algo más estricta respecto a la protección de los vertederos que se cierren, porque, en muchos casos, la resistencia al vertido y también a la incineración está directamente relacionada a los temores de aquellos que residen en las proximidades de que dichos vertederos no sean mantenidos y protegidos debidamente. 
Por último, también debemos tomarnos en serio la cuestión de la clasificación de residuos en grupos reciclables y, naturalmente, el reciclado de los residuos tratados. 
Felicito a la ponente. 
Hemos confiado mucho en el liderazgo de la Comisión para impulsar esto como un asunto político en nuestro país. Apoyaré muy gustosamente este informe. 
Señora Presidenta, creo que esta directiva tiene un valor ejemplar porque está dirigida a los ciudadanos y afecta a la vida cotidiana. 
Y también es ejemplar porque se puede ver que la normativa comunitaria que aprueban las instituciones a nivel central, después tiene que ser ejecutada por las autoridades locales y, por lo tanto, nos estamos dirigiendo fundamentalmente a las autoridades locales y regionales. 
Y hay tres mensajes muy importantes que, aunque sean repetidos, creo que hay que recordar permanentemente: que consideramos que el vertido debe ser el último recurso, que todos los vertederos tienen que ser seguros y controlados y que se deben cubrir todos los costes. 
Parece simple expresar estas tres exigencias, pero no va a ser tan fácil cumplirlas. 
Y aunque las regiones están pidiendo siempre que se aplique el principio de subsidiariedad y que se les deje autonomía suficiente para aplicar la legislación oportuna, tenemos que hacer un llamamiento a los que tienen la responsabilidad de cumplir esta legislación, que es muy importante y, sin embargo, hay miles y miles de vertederos incontrolados. 
Y yo diría más, hay vertederos oficiales en pequeños pueblos incluso en los barrancos de los ríos y cada día se incineran residuos, práctica totalmente inconcebible en el momento actual y que, sin embargo, es una realidad. 
Creo que este es un mensaje claro, muy positivo, del Parlamento Europeo y creo que tenemos que felicitar a la ponente por haber llegado a este resultado global y, por supuesto, a la Comisión Europea que durante años ha mantenido esta propuesta a pesar de las muchas dificultades que ha tenido, incluso en el Consejo de Ministros. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar a la Sra. Jackson por los grandes esfuerzos que ha dedicado a este asunto. 
Como Liberal Demócrata, siempre estoy a favor de medidas que protejan y mejoren nuestro medio ambiente, y en la directiva de la Comisión, así como en este informe hay muchas cosas que hacen precisamente eso. 
No obstante, creo que una buena legislación debería ser viable. 
Y me sorprende que la ponente, siendo originaria del suroeste de Inglaterra, crea que la enmienda 11, que reduce el plazo de que disponen los Estados miembros para aplazar la consecución de los objetivos de cuatro a dos años, y la enmienda 17 que reduce el plazo de cumplimiento en tres años, pasando de ocho a cinco años, son viables en la práctica. 
En realidad, la enmienda 17 puede conducir a la rápida adopción de nuevos métodos de eliminación, lo que se traducirá en menos sostenibilidad. 
En el suroeste de Inglaterra vertimos más del 85 % de nuestros residuos. 
Se está produciendo un rápido aumento del nivel de sensibilización respecto a los temas ambientales, que está teniendo como resultado que muchos vertederos sean explotados especialmente con vistas a la producción de abono y de biogás. 
De hecho, esta mañana lancé un informe denominado The Greening of Somerset en el que apuntamos a lo que han hecho las autoridades Liberales Demócratas en este sentido. 
Nos sentimos orgullosos de nuestros logros. 
Estamos haciendo grandes progresos, pero votaré en contra de las enmiendas 11 y 18, porque creo que son prácticamente imposibles de realizar, desmoralizarán a la industria e incrementarán de manera muy considerable los costes que deben soportar los explotadores de vertederos y las autoridades locales. 
Para terminar, estoy a favor de que se utilice la legislación para impulsar, convencer y acelerar el cambio, pero hay muchas maneras de cascar un huevo. Utilizar un mazo sólo es una de ellas. 
Estas dos enmiendas representan el enfoque del mazo. 
Señora Presidenta, la directiva del Consejo es muy positiva, y más positivas son las enmiendas propuestas en la recomendación de la Sra. Jackson. 
Sin embargo, aunque mejoremos la situación vigente hasta el momento, me temo- no deseo hacer previsiones- que en el futuro no disfrutaremos de una situación radicalmente diferente. 
Oigo hablar de medidas a treinta años vista. 
Y eso será así porque todas esas medidas llegan con mucho retraso, mientras que los materiales destinados al enterramiento, incineración, etc, aumentan mucho más rápido, con mucho más peligro, de lo que tardan en llegar las medidas del Consejo, de la Comisión o las que aquí proponemos. 
Corremos el riesgo los que proponemos estas medidas de quedar sepultados por estos materiales debido a la lentitud con la que nos movemos para hacer frente al problema. 
Señora Presidenta, he oído hablar de prevención. 
¿Y por qué en otro tiempo no teníamos esa brutal producción de residuos?. 
Es sabido: son ciertas industrias, ciertos grupos productores, que persiguen el beneficio en el mercado sin tener en cuenta los residuos resultantes. 
Por tanto, prevención en la fuente. 
Que se limite el volumen de los residuos, que es lo peligroso. 
Prevención en la forma de tratamiento de la menor cantidad de residuos que existirá mediante su explotación, mediante los tratamientos alternativos y un porcentaje muy reducido que requiera enterramiento, de nuevo con medidas preventivas para que no suponga un riesgo para la salud, el medio ambiente, el sistema. 
Esas medidas, señora Presidenta, no las veo, no las he oído, y por eso he expuesto los recelos que he formulado. 
Y deseo afirmar que esa indecisión del Consejo y de la Comisión se debe, sobre todo, al temor a enfrentarse con los principales responsables de todo este infortunio provocado por los residuos. 
Tengan coraje, afróntenlo con osadía. El Parlamento y la opinión pública estarán de su parte porque, señora Presidenta, no hay región en la Comunidad donde no se libren batallas homéricas para evitar los vertederos en su territorio. 
Y, por otra parte, existen intereses que desean instalar vertederos en la región A o B, abrir plantas de incineración, etc, para obtener de ellas ingresos, comisiones, beneficios. 
Existen múltiples grupos de presión alrededor del asunto. 
Acaben con la pesadilla de la presión de los grupos y aborden el problema, que es una cuestión de vida o muerte para nuestra sociedad. 
Señora Presidenta, yo también deseo unirme a mis colegas en la acogida favorable que han dado al informe de la Sra. Jackson. 
A medida que nos acercamos al nuevo milenio, nos enfrentamos a nuevos problemas derivados de la riqueza que se está creando y del crecimiento económico. 
Uno de estos problemas es cómo eliminar los residuos. 
Durante muchos años se ha considerado el vertido como la opción más fácil y menos costosa. 
No obstante, los estudios que se han llevado a cabo- y a los que se ha hecho referencia aquí- sobre la salud pública y, en particular, la salud de los niños y bebés, demuestran que existe la necesidad urgente de tomar medidas para solucionar este problema. 
Acojo con satisfacción el informe de la Sra. Jackson. En general, es un enfoque equilibrado sobre el modo de atajar este problema. 
En particular, pone de relieve la necesidad de recurrir en mayor medida al reglamento para garantizar que todos los Estados miembros toman medidas al mismo tiempo. 
No obstante, también apunta al hecho de que algunos Estados miembros están más avanzados que otros, creo que ahora deberíamos centrarnos en las nuevas oportunidades y las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. 
Utilizar los residuos para producir energías renovables, reciclar algunos de los otros tipos de residuos y la incineración son algunas de las soluciones mencionadas. 
Los peligros asociados a la incineración en el pasado han sido superados en general gracias al progreso tecnológico. 
Asimismo, los nuevos diseños de los vertederos han permitido eliminar algunos de los peligros. 
Quisiera llamar la atención de los diputados sobre la enmienda 7, en la que establecemos directrices por las que se permite la exclusión de residuos no peligrosos y materiales inertes del alcance de la directiva. 
No obstante, no deberíamos permitir que dicha enmienda, en caso de ser aprobada, se convierta en carte blanche para aquellos que deseen abusar de la directiva. 
Está ahí sencillamente para ayudar a los Estados miembros más retrasados o que no consiguen ponerse al día con la necesaria rapidez en lo relativo a las nuevas tecnologías. 
Acojo favorablemente la acción del Gobierno irlandés de iniciar un proceso que permita estudiar otras opciones. 
Con la reforma de los Fondos Estructurales y de cohesión, en el marco de las propuestas de la Agenda 2000, quizá podría encontrarse la posibilidad de destinar nuevos fondos no sólo a la investigación y desarrollo sobre la mejor forma de adaptar las nuevas tecnologías, sino también a programas cooperativos entre las autoridades locales y los Estados miembros a nivel local, así como a nivel de la Unión Europea, para intentar resolver algunas de estas dificultades y problemas. 
Mi última observación es que no existe una solución sencilla a los problemas relativos al exceso de residuos que producimos actualmente. 
No existe ninguna respuesta sencilla. 
Existe una serie de opciones multifacéticas que pueden ayudar a paliar el problema. 
También es posible dar una buena utilización a los residuos a través de diferentes procesos. 
A menos que estemos dispuestos a cooperar unos con otros y a aprender de las mejores prácticas disponibles, no podemos esperar resolver estas dificultades. 
Recomiendo la mayor parte de este informe a la Asamblea. 
Mi Grupo apoyará su tenor general. 
Señora Presidenta, quiero sumarme a los colegas que han criticado la posición común del Consejo que no parece tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y del medio ambiente. 
En particular, es importante señalar que la opción a tomar de cara a la gestión de residuos debe ser la prevención, la reutilización y el reciclaje; normalmente, la incineración y el vertido, peligrosos ambos para la salud y el medio ambiente, deberían ser una excepción y no la regla. 
Por ello es importante evitar sin mayor dilación que la materia orgánica biodegradable llegue a los vertederos o a los incineradores. 
El objetivo debe ser la producción de abono orgánico o de biogás, y a este propósito espero que la Comisión nos presente cuanto antes la propuesta de directiva sobre el compostaje. 
Hay que añadir que si se emprende una seria acción de recogida selectiva de los residuos reutilizables y reciclables y se fabrica abono orgánico, sólo quedarán los residuos inorgánicos que podrán ser gestionados mucho más fácilmente y se evitará esa incineración que produce cenizas que necesariamente han de ir al vertedero. 
Y termino afirmando que es fundamental aprobar las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo y, en particular, que es necesario tratar de convertir en obligatoria una distancia mínima de seguridad de las zonas habitadas. 
Señora Presidenta, vaya desde aquí mi agradecimiento más sincero a la ponente del informe por un examen de la directiva tan rico en matices. 
En las enmiendas se ha prestado una gran atención a las cuestiones que requiere una directiva sobre los residuos. 
Desearía resaltar especialmente dos puntos, las enmiendas 6 y 7, en las que se hace hincapié en un tratamiento seguro de los residuos. 
Según su definición, un residuo seguro es todo aquel que no sufre transformaciones físicas, químicas o biológicas de importancia. 
De este tipo son, por ejemplo, los residuos o los productos secundarios derivados de las actividades de extracción y procesamiento en la minería. 
Se consideran productos secundarios la masa de tierra, el mineral secundario y la arena enriquecida procedentes de las extracciones que pueden ser almacenados en las cercanías de la explotación minera o en instalaciones anexas, y que son de utilidad en la actividad minera- por ejemplo para rellenar los espacios huecos que genera la extracción con el objetivo de aumentar la seguridad de las instalaciones -, o que pueden ser sometidos a un nuevo procesamiento. 
El principio del aprovechamiento sostenible reviste una extrema importancia, y esto lo deberíamos saber todos. 
Hagamos el mayor uso posible de los materiales. 
No es razonable clasificar como residuo de vertedero un material como éste, que no puede ser asimilado por la tierra y que es aún aprovechable. 
Lo único que necesita este tipo de material es un tratamiento ulterior. 
La Sra. Jackson ha comprendido bien esta circunstancia y la ha tenido en cuenta en su propuesta. 
Finalmente, desearía preguntar a la Comisión por qué no ha hecho en su propuesta una distinción entre el mineral duro, inocuo e insoluble y los materiales solubles. 
Señora Presidenta, estoy muy contenta de que el Parlamento haya incluido hoy en el orden del día los vertederos, pues poco a poco hemos avanzado mucho con esta propuesta relativa al vertido de residuos. 
También escuchando el debate de hoy o leyendo el informe, uno puede ver que llevamos camino de alcanzar un resultado importante. 
He leído con enorme interés el borrador del informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a la comisión, y en especial a la Sra. Jackson, por el gran esfuerzo realizado con respecto a esta propuesta. 
Muchos se han referido hoy a la trascendencia de esta propuesta, por lo que supone tanto para los consumidores como también para los ciudadanos europeos en general. 
Sin embargo, no voy a entrar en ello. 
Comparto estos comentarios. 
Voy a concentrarme en las enmiendas, en parte porque ésta es ahora la forma en que debatimos las propuestas y en parte también porque son importantes y útiles y porque harán la posición común adoptada por el Consejo más consecuente y los procedimientos más transparentes. 
En general, puedo comunicarles que la Comisión acepta 12 de las 19 enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Voy a examinar las diferentes enmiendas. 
Estoy totalmente de acuerdo con la enmienda 1, que menciona en un nuevo apartado las prioridades de la Comunidad en lo que se refiere a posibilidades de gestión de residuos. 
Además, la Comisión acepta la enmienda 4 que precisa que los costes de la garantía financiera deben ser incluidos en el precio a exigir para el vertido de residuos. 
Esta misma modificación aparece en la enmienda 12, que también es aceptada. 
La enmienda 3, que indica que los impuestos sobre los residuos que se viertan pueden ayudar a cumplir los objetivos de la directiva, es aceptada, en cuanto a que se refiere a iniciativas en el ámbito de los Estados miembros. 
En cambio, la Comisión no puede comprometerse a presentar una nueva propuesta por medio de la cual se promueva el empleo de instrumentos económicos en forma de impuesto sobre los vertidos, tal y como aparece propuesto en la enmienda 13. 
En la enmienda 2 se llama la atención sobre una nueva directiva sobre la formación de abono, algo que defendió especialmente el Sr. Eisma. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Parlamento Europeo en que fabricar abono a partir de residuos biodegradables es una solución respetuosa con el medio ambiente para esta parte de los residuos. 
Luego la Comisión ya ha dado inicio a los trabajos preparatorios de cara a una iniciativa sobre la formación de abono. 
Sin embargo, no puedo aceptar la forma en que esta exigencia es presentada en la enmienda y por ello la enmienda es rechazada, aunque por supuesto no el trabajo ya iniciado. 
Ha sido una alegría para mí ver que el Parlamento Europeo se suma al deseo del Consejo y de la Comisión de reducir el vertido de los residuos municipales biodegradables. 
Me alegra especialmente que el Parlamento proponga en la enmienda 8 volver al objetivo final del 25 % presentado en la propuesta de la Comisión. 
La posición común adoptada plantea objetivos de reducción razonables a largo plazo para los Estados miembros. 
La Sra. Jackson preguntó concretamente sobre la enmienda 11. 
También me sumo a ella. 
Me refiero a la que dice que a los Estados miembros que vierten más del 80 % de sus residuos sólo debe otorgárseles un plazo adicional de 2 años para la consecución de los objetivos. 
Sin embargo, es fundamental que los objetivos de reducción para los residuos biodegradables del artículo 5 permanezcan sin modificarse y sean jurídicamente vinculantes. 
Sólo de esta forma podemos asegurarnos de que los Estados miembros tengan las máximas oportunidades de planificar, iniciar y poner en práctica procedimientos alternativos de gestión de los residuos biodegradables. 
Por este motivo la Comisión no puede aceptar las enmiendas 9 y 10. 
Me gustaría subrayar que la Comisión no puede tolerar más excepciones de las incluidas en la posición común. 
La posición común contiene ya muchas excepciones- quizá incluso podría decirse demasiadas excepciones- que no estaban en la propuesta de la Comisión y creo que no debemos hacer esta lista más larga. 
Las enmiendas 6 y 7, a las que ha hecho referencia el Sr. Crowley, me producen especiales reparos. 
Son las que tienen por objeto que la utilización de residuos no peligrosos en obras de acondicionamiento y construcción y el vertido de residuos no peligrosos procedentes de la minería queden fuera del campo de aplicación de la directiva. 
La Comisión no puede aceptar estas enmiendas. 
No podemos garantizar una protección del medioambiente satisfactoria si los residuos no peligrosos pueden ser vertidos sin miramiento alguno hacia las disposiciones de la directiva. 
La enmienda 15 precisa los compromisos de la entidad explotadora durante el tratamiento posterior, siendo una enmienda en la que la Sra. Jackson se fijó especialmente. 
Estoy de acuerdo con la intención de esta propuesta. 
La redacción de la última frase, relativa a la responsabilidad de indemnización, sin embargo, no es del todo clara. 
La Comisión acepta la enmienda en principio, si la última frase va a entenderse de tal forma que esta responsabilidad sobre el cierre y el tratamiento posterior no afecta a posibles leyes nacionales relativas a la responsabilidad del productor de residuos. 
Tenemos un grave problema con los vertederos ilegales en la Comunidad. 
Así lo atestiguan las numerosas quejas y solicitudes que la Comisión recibe, y pensamos al igual que el Parlamento Europeo y como han subrayado diversos oradores esta tarde que esta situación debe cambiar. 
En consecuencia la Comisión acepta la enmienda 16 que subraya que estos vertederos han de clausurarse. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 19. 
Es la comisión técnica, tal y como queda reflejado en el artículo 16 de la propuesta de la Comisión, la que debe fijar las especificaciones de los anexos. 
Los anexos deben ser vistos como una única cosa y la Comisión no puede garantizar la necesaria protección medioambiental si algunos de los parámetros de los anexos se ven modificados a estas alturas. 
Sin embargo, la Comisión acepta la modificación del anexo 1 que supone la enmienda 18, es decir, la recuperación del requisito sobre la distancia mínima al vertedero. 
Soy consciente de que la enmienda no introduce una distancia mínima jurídicamente vinculante como sucede en la enmienda 3 de la Comisión. 
Este punto ha sido tratado en sus intervenciones por las Sras. Malone y McKenna. 
En su lugar, se propone una directriz sobre las distancias mínimas entre el vertedero y las zonas recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas. 
El Consejo, como es sabido, no pudo aceptar una distancia mínima vinculante tal y como figuraba en la propuesta de la Comisión y en la enmienda 20. 
Espero que el Consejo podrá aceptar esta forma más favorable de asegurar una distancia mínima a los vertederos y por ello en el momento actual prefiero la enmienda 18 a la enmienda 20, sobre todo porque creo que con ello tenemos mayores posibilidades de lograr sacar adelante la propuesta en el Consejo. 
Por último, sólo voy a mencionar que la Comisión acepta la enmienda 17 sobre el plazo para los vertederos ya existentes, la enmienda 14 sobre el seguimiento de los vertederos que quedan fuera de la directiva y la enmienda 5 sobre la definición de residuo líquido. 
La Sra. McKenna me preguntó concretamente sobre el artículo 14 que dicta que los vertederos en funcionamiento deben cumplir las exigencias de la directiva. 
Los vertederos que hayan sido clausurados antes de que esta directiva haya sido transpuesta a la legislación nacional no se verán afectados por las exigencias de la directiva. 
Es decir, con esta directiva no tenemos posibilidad de intervenir en tal situación, por lo que espero naturalmente que los Estados miembros actuarán responsablemente; además, quiero subrayar la importancia de recordar que los vertederos existentes deben cumplir naturalmente el artículo 4 de nuestra Directiva marco sobre residuos y que esta directiva dicta que los vertederos hoy deben tener autorización y que los residuos deben ser vertidos sin causar daños a la población o el medio ambiente. 
Espero que el Parlamento Europeo apruebe este texto que garantiza un alto nivel de protección medioambiental. 
Muchas de las enmiendas van bien encaminadas y refuerzan las exigencias en materia de medio ambiente de la posición común adoptada por el Consejo y por ello supone para mí un motivo de alegría ver el constructivo apoyo que nos ha brindado el Parlamento Europeo. 
Haré todo lo que esté en mi mano para lograr aprobar lo antes posible una directiva responsable desde el punto de vista ambiental sobre vertido de residuos. 
Señora Presidenta, he escuchado con atención la opinión de la Comisión con respecto a todas las enmiendas, pero he echado en falta la posición de la Comisión en relación con la enmienda 19. 
Señora Comisaria, ¿puede usted responder todavía a esto? 
Se trata de la enmienda 19. 
Sí, señor Eisma, creo que lo traté pues veo que se trata de la enmienda relativa al comité técnico que no pude aceptar. 
¿Podría la señora Comisaria aclarar también si ha dicho o no que aceptará la enmienda 11? 
No lo he entendido bien. 
Sí, señora Presidenta, también mencioné esta enmienda. 
Aceptamos la enmienda 11. 
Muchas gracias, Sra. Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Se levanta la sesión a las 19.35 horas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, un semanario francés, Marianne, acaba de anunciar que los miembros del Comité de sabios creado por el Parlamento y la Comisión cobrarían mensualmente 29.200 euros, es decir 191.000 francos franceses. 
Habida cuenta de que este comité fue establecido bajo los auspicios del Parlamento, cabe verificar si esta información es exacta. 
En caso contrario, ¿cuáles son los importes reales que es preciso dar a conocer a los contribuyentes de los distintos Estados miembros? 
¿En qué artículo del presupuesto se incluirán los importes correspondientes? 
Quisiera saber si esta información es realmente exacta, especialmente en lo relativo a los miembros del comité que perciben ya una pensión del presupuesto comunitario, y en ese caso, si los emolumentos previstos van a añadirse o no a su pensión. 
Señoras y señores, no podemos discutir aquí todos los artículos de prensa que se publican al respecto. 
La Mesa ha tomado una decisión que les podemos facilitar para que, de este modo, se pueda iniciar un debate en un marco apropiado. De todas formas, el Pleno no es el lugar indicado para ello. 
Señora Presidenta, anoche hubiera querido estudiar las enmiendas del informe Philippe Martin pero no estaban disponibles en inglés. 
Muchas de ellas estaban ya traducidas al alemán, pero hubiera preferido estudiarlas en mi propio idioma. 
Como se trata de un informe importantísimo y técnico, le agradeceré que haga lo posible para que estén disponibles a fin de que todo el mundo tenga la oportunidad de examinarlas cuidadosamente en su propio idioma antes de que votemos sobre ellas el jueves. 
Muchas gracias por haber llamado la atención sobre este asunto. 
Procuraremos que toda la documentación esté disponible con la debida antelación. 
Señora Presidenta, quisiera sugerir que, en vista de la reciente evolución de la situación política en Francia, la Conferencia de Presidentes incluya en el orden del día la cuestión del artículo 31 y considere, en interés del orden en esta sala, si no convendría separar a la facción del Sr.Mégret, del Frente Nacional, del grupo «estrella» del Sr. Le Pen. 
En segundo lugar, en relación con lo que ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy, me temo que la revista que está leyendo sea muy parecida a otras revistas que tenemos en el Reino Unido donde, según dice la gente, lo único que se puede creer es la fecha. 
Señora Presidenta, presento mis más sinceras disculpas. 
Ayer tuve el honor y el placer de intervenir en esta Casa durante dos minutos. 
Abrumada por este gran acontecimiento olvidé firmar la lista de asistencia. 
Le puedo asegurar que estuve presente. 
Por supuesto. Su discurso sirve de testimonio. 
Señora Presidenta, el motivo de mi intervención es el mismo que el de la colega que me ha precedido. 
No veo mi nombre en la lista de asistencia, mientras que ayer estuve presente en este Parlamento desde las 10.30 horas. 
Tomamos nota de su observación y la comprobaremos. 
Señora Presidenta, sólo quiero decir que ayer estuve presente. 
Deseo, por tanto, que conste mi presencia, aunque me olvidé de firmar. 
Señoras y señores, realmente estamos llegando a una situación extrema por lo que a la comprobación de la asistencia se refiere. Mientras haya que recoger solamente dos nombres, no pasa nada, pero si son diez o veinte se nos plantea un serio problema. 
Les rogaría, pues, que no olviden firmar la lista de asistencia. 
El Acta queda aprobada 
Ayer se produjo un malentendido. Se dijo que la votación del informe Fitzsimons tendría lugar el miércoles. 
Ello no es así. Figura correctamente en el orden del día de hoy y la votación del mismo tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Ya se ha agotado el plazo para la presentación de enmiendas, de modo que perderíamos la ocasión de dar a conocer nuestra opinión en caso de que no procediéramos a la votación. 
Debemos votar hoy. 
Solamente quería recordarles esta necesidad. 
Señora Presidenta, lo entiendo, tiene usted mucha razón, pero quiero señalarle que esta mañana todavía no disponíamos de las enmiendas al informe Fitzsimons. 
Es otro asunto que habrá que comprobar. 
Lo averiguaremos. 
Imposición de los productos energéticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0015/99) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (COM (97) 0030- C4-0155/97-97/0111 (CNS) ). 
Señora Presidenta, en su propuesta en favor de ampliar y profundizar la base fiscal de los productos energéticos la Comisión contará con el apoyo del Parlamento. 
La directiva sobre la imposición de los productos energéticos es oportuna en el marco de nuestro compromiso de reducir el calentamiento mundial y es conveniente como medio de promover una mayor eficiencia energética y de fomentar una intensidad energética más baja por unidad de producción; además es necesaria para explorar nuevas bases fiscales si queremos abordar con éxito las dificultades estructurales de demasiados de nuestros Estados que desean disminuir los gastos no salariales de la mano de obra en sociedades que experimentan tasas de desempleo inaceptablemente elevadas. 
En el Parlamento somos partidarios de aceptar nuevos impuestos pero no somos partidarios de aceptar el incremento de los impuestos existentes. 
Es una lástima que el Parlamento no pueda insistir por la vía legal en la neutralidad fiscal y que tenga que limitarse a hacerlo en términos de convicción política. 
Los Estados miembros y el Consejo traicionarán la amplia finalidad pública de esta propuesta si no se sirven de los ingresos adicionales provenientes de la imposición de los productos energéticos para compensar los gastos no salariales de mano de obra que sean excesivos y que se deban a la imposición fiscal. 
Insistimos en ese concepto porque, para reiterar lo que ya he dicho, este Parlamento acepta que haya un nuevo impuesto pero no quiere que se incremente un impuesto ya existente. 
La Comisión propone que se amplíe el régimen de impuestos al consumo en el caso de los hidrocarburos a fin de que tenga una base fiscal mucho más extensa, con inclusión de sectores que hasta ahora han quedado excluidos en la totalidad o en algunos de los Estados miembros, sectores como el carbón, el gas, la electricidad y el petróleo para calefacción doméstica. 
El Parlamento apoya este enfoque por considerarlo recomendable, pero apenas ha quedado establecida esta definición de la base fiscal en la propuesta de la Comisión cuando, mediante una compleja serie de exenciones totales o parciales y de reembolsos totales o parciales, que en algunos casos son obligatorios y en otros casos son facultativos, la Comisión propone una forma de régimen fiscal que se basa más en excepciones que en normas. 
Esto, en nuestra opinión, constituye una mala propuesta legislativa porque peca por exceso de complejidad. 
Le faltan las características de la buena legislación fiscal, que debe ser de comprensión sencilla, fácil en materia de recaudaciones, previsible en cuanto a sus repercusiones legales, y difícil de soslayar. 
Creo que algunos colegas confunden a esta propuesta con el impuesto sobre el dióxido de carbono. 
No se trata de una directiva sobre el dióxido de carbono. 
Los servicios de la Comisión, y por ende el Colegio de Comisarios, han presentado al Parlamento una propuesta que, en nuestra opinión, refleja demasiadas prioridades de los grupos de presión con los que tratan y que se ocupa demasiado poco de los intereses del público en general. 
Al estudiar por primera vez la propuesta me acordé de una observación no muy amable acerca de una reciente presidencia de los Estados Unidos, que comparaba la conducta del Presidente a un cojín que, según decía, llevaba siempre la marca del último trasero que se había sentado en él. 
Desde algunos puntos de vista el carácter excepcional de este documento me parece que refleja el mismo tipo de lógica. 
Mi informe propone una cirugía radical para extirpar esa invasión de exenciones, pero sigue proponiendo que se conserven las exenciones medioambientales. 
En cuanto a la profundización del aspecto fiscal, estimamos que la Comisión ha optado por una fórmula que es innecesariamente complicada. 
Proponemos que se comience con las tasas fiscales propuestas por la Comisión para el año 2000 y que a continuación se aplique una fórmula de aceleración, sujeta a exámenes quinquenales, pero que seguiría en vigor hasta que se conocieran los resultados del examen. 
Esta sugerencia ofrece la ventaja de que es clara y segura y de que evita las ilimitadas complicaciones institucionales de la alternativa que se nos ha propuesto. 
Queda por superar una dificultad, que es la de las empresas y los sectores cuyos costos pueden aumentar espectacularmente hasta llegar al punto en que su posición competitiva quizá quede destruida. 
No ignoramos este aspecto, y proponemos una forma de subsidiariedad limitada en la que dichas empresas y dichos sectores pueden buscar compensación siempre y cuando se den determinadas circunstancias, pero para ello es preciso que pasen una prueba de objetividad más amplia en el plano de la Unión Europea para que no puedan violar las normas de la competencia leal o las relativas a las ayudas estatales. 
Propongo también una enmienda adicional en esta fase para que los sectores en que dicha situación sea sistemática puedan ser objeto de un reembolso o una exención general con la aprobación de la Comisión. 
En suma, el Parlamento Europeo es partidario de que haya nuevos impuestos ecológicos y energéticos, pero no es partidario de que se aumenten los impuestos ya existentes. 
Queremos que en los Estados haya una neutralidad fiscal. 
Insistimos en que se reduzcan los impuestos laborales como contrapartida de este nuevo impuesto. 
Queremos una definición del impuesto que sea más sencilla y que sea más segura que la que ha propuesto la Comisión. 
Queremos una fórmula más previsible para aumentar la base y para determinar la evolución de las tasas fiscales. 
Queremos que se busque remedio a los casos en que haya una desventaja competitiva cuando se trate de un verdadero problema, pero no queremos que una posible desventaja competitiva se use como disculpa para no aceptar todos los cambios necesarios. 
Recomiendo el informe al Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía entiende muy bien que se tiene que tender a una armonización de los impuestos y que- como ha dicho el Sr. Cox- no queremos más impuestos sino otra forma de gravar las economías europeas. 
Pero tengan en cuenta que, en este momento, estamos aplicando la directiva que liberaliza los mercados eléctricos y que liberaliza los mercados del gas con el fin básico de reducir los precios de la energía. 
Y, de hecho, se está consiguiendo. 
Yo conozco, mejor que otros países, el caso de España, mi país, donde la electricidad ha bajado un 11 %. 
Pero en otros países no se ha ido tan deprisa. 
Se están implementando estas directivas y se está empezando a aplicar la liberalización de los mercados eléctricos. 
Si en este momento gravamos más la energía me parece que estamos intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. 
Por tanto, señor Comisario, sí estamos de acuerdo en que, en un futuro, los impuestos directos pasen a ser indirectos y en que se grave la energía siempre y cuando haya una verdadera neutralidad fiscal y siempre y cuando ello no suponga un incremento de costes para las empresas. 
Estamos en un momento en el que forzosamente hemos de ser más competitivos. 
En Estados Unidos la energía es muy barata, usted lo sabe muy bien; en Europa la mayor parte del coste de la energía- por ejemplo, de los hidrocarburos- son impuestos y en unos países- como Francia o Bélgica- son muy altos ya para el transporte y en otros- como España- bastante más bajos. 
En la Unión hay que legislar para los quince países, y no es tarea fácil. 
Hay que poner en marcha el mercado eléctrico liberalizado, la liberalización del mercado del gas, tenemos que ser más competitivos y aplicar innumerables normas en materia de medio ambiente que las empresas deben cumplir. 
Esta semana veremos la directiva del agua, que afecta muchísimo a las industrias, que deben hacer enormes inversiones. 
Veremos también otras directivas sobre residuos. 
Nos parece que habría que esperar un poco a aplicar esta directiva. 
Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con el espíritu de la directiva, señor Comisario, creemos que no es el momento oportuno. 
No sigamos hablando del impuesto sobre el CO2. 
Es verdad que si aumentamos los precios de la energía se usará más eficientemente, se consumirá menos. 
Pero ello requiere hacer grandes inversiones y, naturalmente, se emitirá menos CO2 y habrá menos emisiones de otros contaminantes. 
No vamos a apoyar el informe del Sr. Cox. 
No lo vamos a hacer porque si ya la directiva que usted propone es compleja, señor Comisario, y llena de excepciones, lo que hace el Sr. Cox y ha aprobado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial es mucho más radical y, además, es inaplicable: fuera todas las ayudas, fuera todos los subsidios. 
Votaremos en contra de las enmiendas 13, 14, 15 y 16 y de alguna más. 
Y si esta Asamblea las aprobara, votaríamos en contra del informe. 
Ahora es una consulta pero quizás en el futuro sea codecisión. 
En cualquier caso, sería bueno aplazar un poco esta directiva. 
Señora Presidenta, permítame que diga que es para mí un verdadero placer poder tomar la palabra ante el Parlamento sobre esta cuestión. 
Debo añadir que, probablemente a causa de mi distracción, ayer me olvidé de firmar el registro. 
Quisiera respaldar absolutamente todo lo que ha dicho el ponente. 
Quisiera exponer mi propia opinión en nombre de la Comisión de Medio Ambiente en la cual todos los miembros de todos los grupos aceptaron unánimemente las enmiendas. 
La finalidad de esas enmiendas es indicar que, aunque las propuestas del Sr. Monti sean buenas, una versión «verde» de sus propuestas sería mejor. 
O sea que nuestra opinión es que «un Monti moreno es bueno, pero un Monti verde es buenísimo». 
Ahora bien, me temo que el Consejo no tenga la sensatez de aceptar las propuestas del Sr. Monti moreno ni siquiera una versión verde de las propuestas del Sr. Monti que resolvamos recomendarle. 
Creo que cuando hablamos de armonizar los impuestos no nos estamos refiriendo a los aspectos técnicos de la armonización fiscal sino a la forma de utilizar los impuestos, y- me parece- el Consejo dejará pasar una excelente oportunidad si no hace suyas las propuestas del Sr. Monti. 
Debería recordar lo que viene diciendo acerca de Kyoto y de Buenos Aires, y utilizar esta oportunidad presente para influir en la forma en que la energía se utiliza en nuestra Unión. 
Es posible que, como consecuencia de mi propia estupidez, el informe Spencer sobre el impuesto energético sobre el dióxido de carbono, respecto del cual he sido ponente hereditario durante casi 10 años, no llegue a tiempo a este Parlamento. 
Por el momento está en manos de la comisión parlamentaria y recomiendo firmemente al Parlamento que lo deje donde está. 
Creo que la Comisión y el Consejo tendrán que volver a ocuparse de un impuesto energético sobre el dióxido de carbono porque es una de las formas de establecer una verdadera diferencia. 
Recomiendo que los futuros Parlamentos dejen ese informe en la comisión parlamentaria y, si se me permite que sea un poco malicioso, que lo marquen con la palabra «Spencer» , no para mí- pues el cambio climático es una cuestión de larga duración- sino para cuando mis hijas puedan seguir la labor de este Parlamento. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya tanto la propuesta Monti como la propuesta modificada contenida en el presente informe, dado que para muchos problemas ofrece soluciones concretas que se ajustan mejor al objetivo de modificar el sistema fiscal mediante la introducción de nuevos impuestos. 
Desde este punto de vista es preciso subrayar que la propuesta de directiva, al igual que la propuesta de directiva enmendada por el Parlamento Europeo, no puede ser sino el primer paso en la dirección de una reforma fiscal ecológica, aun cuando lamente, como también ha subrayado el Sr. Spencer, que la propuesta de directiva en sí no prevea ningún impuesto verde sobre la energía. 
Es la razón por la que mi Grupo respalda el cambio introducido por el ponente en el sentido de que es necesario incorporar la obligación de que los Estados miembros de la Unión Europea no graven la electricidad y demás productos procedentes de energías renovables. 
En mi opinión, la presente propuesta, que con razón pretende gravar los recursos energéticos a fin de reducir las cargas laborales, tal y como ya estaba previsto en el Libro Blanco Delors de 1993, mejora notablemente la propuesta de directiva, además de dotarla de un «elemento verde». 
Creo que no es incompatible con el sistema, es más, lo considero imprescindible. 
Esta directiva tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y pretende erradicar los obstáculos correspondientes, también los que se sitúan en el país de consumo; pero no podemos perder de vista que nuestros debates experimentaron un cambio cualitativo gracias a la aportación de Pigou, especialista en asuntos financieros, que en 1920 formuló la idea de contribuir a la protección de los recursos naturales mediante la imposición de cargas. 
Asimismo es fundamental que en la presente propuesta de directiva se conceda especial importancia a la neutralidad fiscal. 
A este respecto, los Estados miembros también han de perseguir en sus respectivas reformas la disminución de las cargas laborales a fin de promover el empleo. 
El impuesto sobre la energía- conviene subrayarlo- no es un impuesto ecológico. 
A mi modo de ver debemos reanudar urgentemente las hasta ahora deplorables discusiones y debates en el marco de Río y Kioto que a escala europea no han conducido a ningún resultado. 
Creo que muchos Estados miembros ya han llegado más allá de lo mencionado en la propuesta de directiva. 
También es importante que los Estados europeos intercambien experiencias, y en este sentido consideraría sumamente positivo que las empresas altamente consumidoras de energía, que han de tener derecho a la devolución de impuestos, siguieran el ejemplo de Dinamarca, que está surtiendo efecto, y se sometieran a una auditoría energética. 
Señora Presidenta, esta directiva nace en principio con un triple objetivo, que ha hecho difícil su análisis e incluso el informe del Sr. Cox. 
Por un lado, busca un objetivo de armonización fiscal para mejorar el funcionamiento del mercado. 
Por otro lado, se propone un objetivo económico: trasladar cargas fiscales sobre el trabajo a cargas fiscales sobre la energía. 
Y también se le ha añadido un objetivo ecológico. 
Mezclar tres objetivos en una misma directiva siempre es complicado. 
Yo creo que el ponente, Sr. Cox, ha intentado aliviar un poco esta pesada carga en su informe y reducir un poco el ámbito del triple objetivo. 
En cualquier caso, es muy complicado establecer una directiva armonizadora, sobre un tema tan complejo como es el energético, dentro de la Unión Europea. 
Creo que la Comisión ha hecho un primer enfoque acertado, porque el problema exige la existencia y la presencia de innumerables excepciones a la regla general. 
Y no hay otra forma de tratar el asunto. 
Nuestro Grupo disiente, en este punto, del enfoque del Sr. Cox. 
La verdad es que, a la hora de hacer normas fiscales, las excepciones- como vemos en toda nuestra normativa fiscal- son práctica generalizada y no entiendo por qué aquí no aceptamos también unas excepciones que consideramos fundamentales para no dañar la competitividad del sistema productivo de la Unión Europea. 
Por consiguiente, señora Presidenta- y lo ha dicho antes también la Sra. Estevan Bolea -, nosotros, si se mantiene la posición del ponente de suprimir una serie de artículos- en concreto, los artículos 13, 14 y 15 -, votaríamos en contra del informe porque, sinceramente, pensamos que el tratamiento que debe darse al problema, además de todas las demás dificultades que tiene, exige la presencia y el análisis en profundidad de toda la casuística de excepciones previstas por la Comisión, más otras que sabemos que va a presentar. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero mostrar el apoyo del Grupo Liberal al informe de nuestro colega Sr. Cox, que implica una serie de mejoras a la propuesta de directiva de la Comisión y hace un enfoque adecuado y oportuno a nivel de la Unión Europea para conseguir tres objetivos básicos. 
En primer lugar, reforzar el mercado interior, pues la propuesta de una armonización fiscal en este ámbito está precisamente dirigida a evitar las distorsiones que existen en estos momentos. 
En segundo lugar, asegurar un mayor nivel de competencia del mercado interior europeo a nivel internacional. 
Es obvio que, si logramos una mejor armonización fiscal, como se propone la aplicación de este impuesto, se podrán eliminar o rebajar los costes laborales sin mermar el nivel de los ingresos fiscales a nivel de la Unión y de los Estados miembros, y con ello estaremos introduciendo un nivel de competitividad en la estructura de costes, por parte del conjunto de la Unión Europea, en el mercado internacional. 
Y en tercer lugar- aunque aquí he oído algunas críticas -, es importante el tercer objetivo porque, evidentemente, hay una política medioambiental que contribuye a una economía sostenible, que es uno de los principales objetivos de la Unión Europea. 
Entendemos precisamente que el informe del Sr. Cox permite cubrir estos tres objetivos y, además, da un margen de maniobra importante a los Estados miembros para adaptar esta directiva, siempre que- insisto- no se distorsione el nivel de competitividad ni la consecución del mercado interior europeo, que es uno de los principales objetivos de la Unión. 
Señora Presidenta, refiriéndome a la propuesta de directiva de la Comisión y al informe del colega Cox, me gustaría hacer tres observaciones: 
Primera observación: No puede existir una segunda opinión sobre la necesidad de proteger al medio ambiente de las emisiones de productos energéticos. 
Se requiere, por tanto, una intervención positiva en favor de las formas de energía suaves, en favor de la modernización de las instalaciones y de los métodos de producción para que sean más respetuosas con el medio ambiente y no medidas indirectas de recaudación de impuestos que afectan de forma crucial a las rentas populares. 
Segunda observación: La intensificación de la carga impositiva sobre los productos energéticos de cualquier naturaleza, como se propone, conducirá, en nuestra opinión, a un aumento espectacular de los precios que, en ciertos casos, superará el 9 % hasta el 11 % y, en un período de restricciones financieras en el marco de la UEM, intensificará la presión en el nivel y en las condiciones de vida de las capas más populares. 
Tercera observación: Me gustaría, señora Presidenta, expresar una vez más nuestra inquietud por la propuesta sustitución de las contribuciones sociales al sistema de seguridad social, de los denominados «impuestos sobre el trabajo» , por los llamados «impuestos energéticos». 
Dicha sustitución, no sólo no conducirá a reforzar los recursos de los agentes aseguradores, sino que permitirá a los gobiernos la privatización de los mismos, con consecuencias dramáticas para el sistema de la seguridad social. 
Señora Presidenta, el Sr. Cox ha llevado a cabo una excelente labor con esta propuesta de la Comisión. 
Quisiera felicitar igualmente al Sr. Spencer por la labor que ha venido desempeñando durante aos en este Parlamento acerca de la propuesta del impuesto sobre el dióxido de carbono. 
El Grupo de los Verdes se muestra completamente de acuerdo con el Sr. Spencer en el sentido de que tenemos que mantener esta propuesta de imposición fiscal sobre el dióxido de carbono. 
No podemos rechazar dicha propuesta, ya que contiene un mayor número de elementos orientadores del comportamiento medioambiental que la mencionada propuesta Monti que ahora sometemos a debate. 
Pero la verdad es que el Sr. Cox ha hecho «mucho más verde» esta propuesta del Comisario Monti. 
En dicha propuesta se justifican claramente las excepciones, y estas excepciones han de ser motivadas desde un punto de vista medioambiental. 
Excepcionalmente clara es también su exposición de motivos sobre el modo en que la industria podrá beneficiarse de desgravaciones en el ámbito de la imposición energética. 
De acuerdo con la propuesta del Sr. Cox, la industria ha de ser capaz de justificar estas desgravaciones en términos de competencia, y todo ello ha de someterse al control de la Comisión. 
En el informe del Sr. Cox se propone como punto de partida la base fiscal del ao 2000, que se incrementaría durante cinco aos en un dos por ciento anual, más la inflación. 
Señorías, éste es un nivel muy modesto de incremento fiscal. 
Si lo que queremos es que la imposición contribuya a planteamientos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, hemos de ir pensando en una línea un poco más intrépida. 
Por este motivo, los Verdes han presentado una propuesta con un índice anual del cuatro por ciento, más la inflación. 
La diferencia entre nuestra propuesta y la del Sr. Cox es que mientras que ésta última incrementaría en cinco aos el impuesto energético en torno a un diez por ciento, la nuestra lo haría en un máximo del veinte por ciento. 
Por consiguiente, les rogaría que reflexionaran verdaderamente sobre esta enmienda de los Verdes. 
Señora Presidenta, el Movimiento de Junio apoya los impuestos mínimos sobre la energía, sin embargo, este dinero debe permanecer en las cajas nacionales y no convertirse en una nueva fuente de ingresos para la UE. 
Queremos tener derecho a fijar un impuesto más alto sobre la energía para aumentar el ahorro y promover el paso a energías renovables. 
El Movimiento de Junio también hace hincapié en representar a los que no tienen voto, a los que vienen detrás de nosotros. 
Sencillamente no podemos saquear los escasos recursos del globo. 
Si desaparece la frontera entre Dinamarca y Alemania, la gente viajará a Alemania y comprará gasolina y aceite combustible baratos. 
Los impuestos ingresarán en el caja estatal alemana en lugar de en la danesa. 
Nos veremos obligados a reducir nuestros impuestos y tasas al nivel alemán. 
Entrará menos dinero en la caja común para financiar las ayudas a la educación, las jubilaciones anticipadas y las pensiones. 
Existe una mayor igualdad entre las personas que viven en Dinamarca que entre las que viven en Alemania y el resto de los países de la UE. 
El Movimiento de Junio defiende este modelo de bienestar escandinavo, siendo ésta la razón por la cual votamos a favor de los precios mínimos más altos posibles; sin embargo, también queremos que se nos permita fijar impuestos a la energía que se importa a precios más bajos para que la energía atómica francesa no acabe con la apuesta por la adaptación a energías renovables, al sol y al viento. 
Sólo hay precios mínimos garantizados para la energía eólica en tres países comunitarios: Alemania, España y Dinamarca. 
Y en ellos tenemos la mayor parte de los molinos de viento del mundo. 
El sol y el viento no deben ser reemplazados por la energía atómica. 
Señora Presidenta, el ponente ha logrado un compromiso entre las necesidades propias del medio ambiente y la necesidad de reducir las exacciones obligatorias sobre la mano de obra. 
Se trata de un excelente juego de equilibrio entre las dos orientaciones principales de nuestra política que con un enfoque fundamentalista acabarían enfrentándose. 
En un momento en que la lucha contra el enorme problema del desempleo se ha convertido en prioridad económica y socio-política de la Unión Europea y cuando todos conocemos el impacto negativo de las energías no renovables sobre el medio ambiente, la solución correcta parece estar en un procedimiento cauteloso, pero contundente, como el que se nos presenta aquí. 
Es de esperar que sean aprobadas algunas de las enmiendas que confieren al informe una dimensión verde y que realzan y fomentan el papel fundamental que desempeñan las energías renovables de cara al futuro. 
Por otra parte hay que rechazar enmiendas como la nº 13, cuya aprobación ocasionaría grandes pérdidas en el sector industrial y contribuiría a reducir el número de puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, el informe del Sr. Cox merece mi más sincero apoyo. Logra hacer más comprensible la propuesta de la Comisión y garantiza una solución eficaz. 
No obstante, quisiera destacar dos puntos que se mencionan en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Quisiera aprovechar la ocasión para manifestar mi gratitud al Sr. Spencer por sus esfuerzos y su tenacidad así como por su colaboración y su confianza. 
Mi primer comentario está relacionado con la cuestión de las energías renovables. 
Si pretendemos que esta reforma fiscal tenga como consecuencia una disminución del consumo energético, hemos de dejar fuera las energías renovables habida cuenta de que no deberíamos someterlas a la competencia entre Estados nacionales. 
Si algunos países deciden retirarlas y otros deciden no retirarlas acaban estando a la merced de las leyes de la competencia. 
Por todo ello, prefiero que se opte por una solución unívoca, por una normativa clara y eficaz, sobre la base de la propuesta del Sr. Cox. 
Soy partidario de que retiremos las energías renovables de este impuesto. 
El segundo punto se refiere al sector que hoy día experimenta el mayor incremento de emisiones de CO2, a saber, la navegación aérea. El último año las emisiones de CO2 aumentaron en un 17 %. 
Este sector no se ha tenido en cuenta porque la aplicación del presente impuesto al queroseno plantea algunos problemas. 
Me parece, sin embargo, inaceptable que formulemos una propuesta que no tome en consideración el sector que se caracteriza por la mayor subida porcentual de emisiones de CO2. 
Por lo tanto, propongo que incorporemos la enmienda nº 29, dejando claro que somos conscientes de este problema y que instamos a la Comisión a que elabore una solución adecuada para que este sector también pueda ser integrado en el sistema fiscal. 
Señora Presidenta, se quieren lograr muchos objetivos con esta propuesta relativa a la introducción de niveles mínimos de imposición armonizados para los productos energéticos. 
Se pretende tanto mejorar el entorno vital como disminuir las cargas laborales y fomentar el óptimo funcionamiento del mercado interior; todo esto, por supuesto, sin correr el riesgo de que se debilite la competitividad de nuestras empresas. 
La propuesta se basa, sin duda alguna, en buenas premisas, pero, tanto la propuesta misma como su variante enmendada, me llevan a interrogarme por las consecuencias concretas para las empresas de gran intensidad de mano de obra, entre ellas, muchas PYMES. 
Si se admite la exención, devolución o reducción de la imposición de los productos energéticos a las empresas de gran intensidad energética, sea o no sobre una base individual, debido a una preocupación justificada por la competitividad, me pegunto si no existe un riesgo real de que sobre todo sean las empresas de gran intensidad de mano de obra las que terminen pagando la tasa del CO2. 
Si partimos de que la neutralidad fiscal no se permite por unidad de empresa sino que posiblemente se deberá cumplir con carácter general, más bien de forma horizontal, ¿no hay peligro de que se produzca un desplazamiento de la presión fiscal de las empresas de gran intensidad energética hacia las empresas de mano de obra intensiva? 
Y me pregunto, ¿no logramos justamente lo contrario de lo que perseguimos? 
Los pequeños contaminadores pagan relativamente más que los grandes y las empresas de gran intensidad de mano de obra se ven más afectadas que las de uso intensivo de la energía. 
Señor Comisario, las PYMES no están tan satisfechas con esto. 
Considero que esta propuesta no es aceptable para ellas y me agradaría escuchar sus argumentos en contra de las opiniones que acabo de manifestar. 
Así mismo, me gustaría conocer sus previsiones sobre el calendario, ¿cuándo cree que el Consejo adoptará una decisión sobre este asunto? 
Señora Presidenta, a un buen impuesto medioambiental se le ha de poder dar la vuelta. 
Ha de servir para orientar el comportamiento de los productores y los consumidores de una manera favorable para el medio ambiente. 
El objetivo primordial de este impuesto no ha de tener un carácter fiscal. 
Pero hay cosas a las que no se puede dar la vuelta, y éste es el punto de vista de vista septentrional sobre la cuestión que nos ocupa. 
En Finlandia se ha registrado este invierno un nuevo récord, una temperatura mínima de- 54 ºC. 
En estos momentos hace- 30 ºC en Helsinki, y menos de- 40 ºC al norte del país. 
Además de estos datos, querría llamar la atención acerca del hecho de que en el norte las distancias son muy grandes y que los desplazamientos requieren energía. 
Mi circunscripción electoral tiene un diámetro de 1.300 kilómetros. 
Y si llamo la atención sobre estas dos circunstancias, las necesidades que plantean la calefacción y los largos desplazamientos, es porque hemos de poder acogernos a excepciones, a unas excepciones que han de ser posibles igualmente para las economías domésticas, ya que las personas normales y corrientes que habitan en las regiones periféricas se ven obligadas a pagar las desgravaciones fiscales que ahora se pretende conceder al uso energético intensivo de carácter industrial. 
La reducción de gastos que se propone en beneficio de los patronos partiría, en nuestro caso, de unos objetivos erróneos. 
Habida cuenta de las diferentes condiciones naturales que se dan en la Unión Europea, ha de existir también la posibilidad de aplicar distintos regímenes fiscales. 
Aprobamos una norma mínima, pero la regulación de la UE no ha de ir más allá. 
Señora Presidenta, evidentemente, como miembro del Grupo de los Verdes hubiera preferido una propuesta aún más verde, al igual que el Sr. Spencer. 
Pero a pesar de ello, debo admitir que desde mi perspectiva verde considero este informe como un primer paso, pequeño pero importante, un avance, aunque mínimo, hacia una imposición o al menos hacia una armonización en el ámbito medioambiental. 
Me van a permitir que haga dos observaciones al respecto. Estoy de acuerdo con el Sr. Cox en que no hay que incluir las energías renovables, puesto que ha llegado la hora de que la política energética cambie de rumbo. 
Todos sabemos que las energías renovables son los recursos energéticos del futuro y que en esta materia no nos podemos equivocar de camino. 
Por otra parte, espero que el Pleno respalde nuestra enmienda que propone no incorporar el transporte público local, ya que desempeña asimismo un papel clave. 
Si pretendemos contribuir a que disminuyan las emisiones de CO2, lo importante es que se reduzca en cierta medida la circulación de los turismos, tan perjudiciales desde un punto de vista ecológico. Es lo que se quiere conseguir con el impuesto sobre el consumo. 
Pero, al mismo tiempo, es fundamental que se fomente un transporte público local respetuoso con el medio ambiente. 
Compartimos la opinión de que ya no se puede seguir subvencionando la navegación aérea. 
Existen otras posibilidades, como por ejemplo un impuesto sobre emisiones de CO2, que podrían tener la ventaja de no estar sometidas al principio de unanimidad y de ser compatibles con los acuerdos internacionales. 
Esperemos, pues, que también en este campo la Comisión presente una propuesta adecuada en el mes de marzo. 
En resumen, consideramos el presente informe como un paso importante en la buena dirección. 
Señora Presidenta, durante los dos últimos decenios se viene aplicando en la Unión Europea un impuesto cada vez más alto sobre el factor trabajo. 
Si esta tendencia se invierte, algo que en mi propio país, en tanto excepción que confirma la regla, viene haciéndose desde 1994, podrá reducirse considerablemente el persistente elevado desempleo en la Unión Europea. 
Éste es el contexto en que debemos analizar los dos informes de hoy sobre imposición, Cox y Pérez Royo. 
La presión fiscal debe desplazarse del factor trabajo al medio ambiente y a las rentas del capital. 
El informe Cox aborda los impuestos sobre el consumo de las fuentes de energía. 
El problema más importante de la legislación actual es que el fundamento de la imposición es muy incompleto. 
Algunas fuentes de energía, tales como el gas natural, el carbón y la electricidad, han estado hasta ahora exentas del pago de impuestos sobre el consumo. 
En otros casos, como el de los carburantes, normalmente sí están gravados, pero algunos usos específicos están exentos, como el queroseno para la aviación o el combustible para la navegación o la pesca. 
Un tercer problema es que los mismos combustibles se gravan de distinta forma según su utilización. 
Así, los combustibles para transporte soportan un gravamen superior al de los combustibles para calefacción. 
Además, los combustibles que generalmente se utilizan para fines industriales y comerciales cuentan con un impuesto más bajo que los combustibles destinados al consumidor. 
Un último problema es que los niveles mínimos de imposición en el ámbito europeo sí están armonizados, pero los niveles son tan bajos que apenas tienen mayores consecuencias. 
El informe Cox no puede abordar, por supuesto, todos estos problemas a la vez. 
Se trata de legislación que exige la unanimidad en el Consejo, y eso, la mayoría de las veces, implica su estancamiento. 
Lo que sí hace el informe- y lo respaldamos totalmente- es apoyar la ampliación de la aplicación del impuesto al carbón, al gas natural y a la electricidad; eliminar una parte de las exenciones obligatorias de utilización y elevar e indexar las tasas mínimas. 
Mediante esta indexación, se introduce, al mismo tiempo, la idea de una aceleración. 
Los impuestos no sólo deben ajustarse a la inflación anual, sino que, además, deben aumentar un dos por ciento por encima de ella. 
Por último, el informe Cox mantiene la serie de exenciones que los Estados miembros pueden conceder, pero endurece los requisitos para su concesión. 
Con todo ello, este informe constituye un paso importante en el buen camino, no sólo desde la perspectiva del desplazamiento de la presión fiscal, sino también desde el punto de vista del medio ambiente, porque muchos de los usos hasta este momento libres de impuestos, se gravan ahora por primera vez. 
Sin embargo, también es cierto que, teniendo en cuenta ambas perspectivas, debería hacerse todavía mucho más. 
Los bajos tipos de imposición aplicados a las fuentes de energía para fines industriales y comerciales son, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente, absolutamente indefendibles porque se trata precisamente de los carburantes que más contaminan. 
Finalmente, la serie de exenciones que los Estados miembros todavía pueden conceder es, desde la perspectiva medioambiental, completamente irracional. 
Así y todo, este informe es muy necesario y constituye una importante señal para que el Consejo sepa adónde quiere llegar el Parlamento. 
Esta señal es necesaria, puesto que el Consejo parece no desear endurecer la propuesta de la Comisión y pretende, incluso, vaciarla de forma que apenas tenga consecuencias. 
Por ello, hago aquí un llamamiento a mis compañeros de partido en los Gobiernos europeos a fin de que se preocupen más por la importancia de desplazar la imposición sobre el factor trabajo que por los intereses nacionales a corto plazo. 
Este es un expediente que, en mi opinión, debería ser un testcase en este sentido. 
Señora Presidenta, pocas serán las esferas que, como la tributación de la energía, exijan un análisis desapasionado, con aclaración de su adecuación a los objetivos que se afirma querer alcanzar y la consideración también de objetivos de equidad y cohesión que no se pueden olvidar. 
Como en el caso de la iniciativa sobre la tributación de emisiones de CO2, se dice que se persigue el objetivo de la neutralidad fiscal y un objetivo de substitución de la tributación del trabajo, lo que contribuirá a la promoción del empleo. 
Además del aspecto formal de que algo que modifica las funciones de producción no es, en realidad, neutral, conviene saber, por un lado, si una tributación sancionadora de la energía no desincentivará la inversión- en particular de las PYME- y, con ello, la creación de empleo y, por otro lado, hasta qué punto substituirá en gran medida a la del trabajo una tributación que, para ser eficaz, al desincentivar la utilización de energía, no aportará recursos financieros suplementarios... 
Hay, pues, un conflicto entre un objetivo parafiscal y el objetivo fiscal, al no poder tenerse todo al mismo tiempo. 
Hay que preguntar también cómo se asegura la no regresividad de la tributación, dado que las personas pobres gastan porcentajes mayores de sus rentas en la energía, y la no penalización de los países más pobres de la periferia con equipos más anticuados y recargos mayores con los transportes. 
El problema se plantea en el Norte, como ha dicho el Sr. Seppänen, pero se plantea con mayor gravedad en el Sur. 
En particular, no se puede aceptar que se castigue el transporte por carretera, mientras no haya opciones substitutivas más correctas, en particular con el transporte ferroviario, que la Unión Europea debería apoyar primordialmente. 
Observando los números, comprobamos, por lo demás, que ya hoy los usuarios de las carreteras pagan (en impuestos sobre los combustibles y sobre los vehículos y en peajes) el doble del gasto que con ellos se hace, cuando en el ferrocarril se paga el 56 % y en la vía navegable el 18 %, recargos que corresponden al 2 % del PIB de la Unión Europea. 
Para evitar también una distorsión entre los diversos modos de transporte, incluido el contaminante transporte aéreo, se debe apoyar una enmienda de la Sra. Esteban Bolea, de mi Grupo, que se ha presentado en este Pleno. 
Señora Presidenta, con la propuesta de la Comisión relativa a la fiscalidad de los productos energéticos ha pasado algo parecido que con lo que se dice en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, es decir, que es una resolución para crear un mercado interior que funcione mejor. 
Ahora el ponente Cox, los informes de otras comisiones y algunas de las enmiendas, han hecho de este informe una propuesta «verde» que nos encauza hacia los compromisos que hemos contraídos en Kioto, en Buenos Aires y en otras convenciones para limitar las emisiones de dióxido de carbono. 
Las excepciones fiscales para el sol, el viento y el agua pueden llegar a convertirse en una clara señal para la industria a la hora de hacer sus inversiones. 
De este modo se puede facilitar la evolución hacia productos energéticos renovables. 
Por tanto, veo esta propuesta como un primer paso en la dirección correcta. 
También el deseo de neutralizar esta propuesta desde el punto de vista fiscal, es decir, que en ella se recomienda a los Estados miembros rebajar los impuestos sobre el trabajo y en cambio gravar la energía, el llamado canje de impuestos, es también una idea muy, muy buena, con una clara orientación «verde». 
Les pido que den su apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. 
Señora Presidenta, es cierto que tenemos que tender a una armonización fiscal en el sector energético aunque la tarea es difícil dadas las diferencias existentes entre los quince Estados miembros y dado el hecho de que no debemos aumentar los precios porque, contrariamente a los objetivos que se pretenden, podemos perder competitividad y empleo. 
De momento, esta propuesta significa elevar los tipos impositivos y encarecer los precios del transporte precisamente en los «países de la cohesión» , aquellos que se encuentran en la periferia y que, además, producen menos contaminación en Europa. 
Por otro lado, al extender el impuesto a otros productos energéticos, nos encontramos con que no armonizamos el mercado interior, sino que falseamos la competencia entre las distintas fuentes de energía penalizando- por ejemplo- especialmente al carbón, que sigue siendo la principal fuente de energía autóctona y que está llevando a cabo enormes esfuerzos técnicos. 
En cuanto a las propuestas del Sr. Cox, nos encontramos ante una situación contradictoria. 
Perderemos competitividad si eximimos a las industrias europeas que consumen energía y que están llevando a cabo serios esfuerzos de ahorro energético. 
Estaríamos penalizando esos esfuerzos tecnológicos y vamos a complicar su competencia en el sector internacional. 
Y un ejemplo de muchas de estas industrias sería el sector siderúrgico, que compite dentro de la Unión Europea- y el componente energético es factor de competencia- pero, además, compite internacionalmente. 
Siendo así las cosas, hay una serie de propuestas unilaterales que son difícilmente aceptables. 
Los socialistas españoles, señora Presidenta, vamos a votar en contra de las propuestas del Sr. Cox y esperamos que el Consejo pueda llegar a acuerdos pero, en principio, -ya digo- es una tarea difícil si tenemos en cuenta que hay que armonizar situaciones energéticas distintas en los distintos países y además exigir un esfuerzo que penaliza especialmente a los países que no son precisamente los responsables de la enorme contaminación en Europa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el hecho de que este tema se haya convertido en una auténtica rémora que nos persigue por doquier es señal de que se trata de un asunto enormemente complejo del que, debido a las opiniones divergentes, tardaremos en librarnos. 
Aunque el esfuerzo del Sr. Cox por simplificar la propuesta sea loable en sí, no cuenta con el apoyo de la mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo, como ya ha quedado de manifiesto. 
Creo que también en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hemos dejado claro que suscribimos los artículos 13 y 15 tal y como los presentó la Comisión desde un principio, por lo que la eliminación de los mismos no merece nuestro apoyo. 
Nos adherimos a la idea de la Comisión de definir las grandes excepciones a través de la UE, y no a través de los Estados miembros, en el convencimiento de que dejando la fijación de las normativas de excepción en manos de los Estados miembros se concedería un papel importante a la competencia, puesto que no se establece el margen de acción de dichas normativas. Ello daría lugar un sinfín de medidas de control. 
Se ha dicho, y lo sabemos, que nuestra atención no se centra solamente en el medio ambiente, sino también en el empleo. 
A este respecto está en juego la competitividad de los grandes consumidores finales de energía, como el sector del acero, cemento, aluminio y otras industrias similares. De cara a la competencia con los terceros Estados es fundamental que se cree una normativa uniforme en la UE, tal y como propone la Comisión. 
Rechazamos el aumento de los precios energéticos contemplado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, y más en concreto las enmiendas presentadas por el Sr. Cox, porque estimamos que tendría consecuencias negativas para el empleo. 
Señora Presidenta, comparto la opinión de que el Sr. Cox ha elaborado un informe muy sensato y, por tanto, votaré a favor del mismo. 
Asimismo quisiera dar las gracias a Tom Spencer, que durante tantos años se ha esforzado por sacar adelante este tema. 
Desafortunadamente, todos los indicios apuntan a que aún nos queda mucho camino por recorrer, ya que me temo que el Consejo de Ministros no llegará a ningún acuerdo. 
Sin hablar de las contradicciones que reinan en esta Casa. 
Ése es el verdadero problema. 
Y en este sentido me parece inteligente la propuesta de la Comisión, porque no toma como punto de partida el medio ambiente sino el artículo 99, es decir, la armonización de impuestos existentes. 
En mi opinión, se trata de una opción mucho más razonable que tal vez nos permita acercarnos a la meta final, puesto que la liberalización de los mercados nos obliga a armonizar el marco general. Y si encima redunda en beneficio del medio ambiente, tanto mejor. 
No sé si el Consejo lo entenderá así. 
Supongo que a ese nivel se plantearán numerosos problemas, pero de todas formas deseo mucha suerte a la Presidencia alemana y espero que pueda avanzar en esta materia. 
Quisiera formular una última observación. Paradójicamente, en los últimos años los mayores ahorros energéticos corren a cargo de la industria, mientras que el consumo doméstico y el del sector del transporte ha ido en aumento. 
El consumo de productos energéticos en relación con el producto interior bruto ha disminuido, en tanto que el consumo doméstico y el del sector del transporte ha aumentado. 
Por tanto, si se pretende crear un instrumento, un instrumento ecológico, que contribuya a reducir el consumo energético, es necesario encaminarlo principalmente en dirección a los hogares y al transporte, por más que me pese, y elaborar un mecanismo fiscal que penalice especialmente estos dos sectores. 
Probablemente sea ésta la razón por la que un impuesto de estas características resulte tan impopular. 
Ningún partido ganaría las elecciones si su política girase en torno a este aspecto. 
Ello no obstante, estoy convencido de que se trata de una misión que debemos cumplir a largo plazo y en este sentido quisiera dar las gracias a todos los que colaboran en esta medida tan impopular pero de suma transcendencia. 
Señora Presidenta, me alegro de que en mi calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Turismo y de ponente para el Libro verde sobre la internalización de los costes externos del transporte y el posterior Libro blanco de la Comisión que reclama precios justos y eficaces para la utilización de las infraestructuras tenga la oportunidad de comentar en el presente debate el tema harto complejo de la imposición de los productos energéticos desde la perspectiva de la política de transportes. 
En su propuesta de directiva por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos la Comisión presenta una propuesta sobre el transporte por carretera que el ponente, el Sr. Cox, parece considerar como un ejemplo más de estas inextricables normativas de excepción que él pretende suprimir de la propuesta de directiva. 
En el artículo 16 de la propuesta, la Comisión considera la posibilidad de autorizar a los Estados miembros a aplicar reducciones del nivel de imposición en el ámbito del transporte por carretera si, al mismo tiempo, se introducen, de forma no discriminatoria, tarifas específicas para el transporte por carretera encaminados a la cobertura de los costes de las infraestructuras, los derivados de la congestión y los medioambientales. 
Ustedes saben que en las comisiones mis colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han votado contra la supresión del artículo 16 y rogaría encarecidamente a todos ustedes que hagan lo mismo en la votación en el Pleno, puesto que aquello que el ponente pretende eliminar de la propuesta de directiva constituye el primer paso hacia un nuevo concepto de política europea de transportes, una política de transportes eficaz y respetuosa con el medio ambiente. 
Al integrar el sistema de tarifas en la propuesta sobre la imposición de los productos energéticos, la Comisión ha dado muestras de una actitud coherente, puesto que dicha opción está en línea con lo que defiende en su Libro verde y más recientemente en su Libro blanco. 
Como ponente suscribo las ideas básicas ahí expuestas y, por tanto, recomendaría al Parlamente que también actúe en consecuencia, respaldando este nuevo impulso para la política de transportes en el marco del debate sobre la imposición de los productos energéticos, como ya hicimos en este Parlamento con motivo del Libro verde. 
Por todo ello, quisiera instarles a que no obstaculicen la puesta en marcha de una política europea de transportes eficaz y sostenible. ¡Les invito a votar a favor del artículo 16 tal y como figura en la propuesta de la Comisión! 
Señora Presidenta, señoras y señores, la Sra. Schmidbauer ha dado en el clavo. El modelo de las tarifas eficaces en materia de transporte nos ha demostrado que debemos trabajar sobre cuestiones fundamentales y renunciar a las subvenciones cruzadas. 
Las cargas laborales no salariales forman un bloque totalmente independiente que ha de ser tratado por separado. 
En este ámbito necesitamos una mayor competitividad y es importante que logremos disminuir los costes y que este sistema se dote de una mayor responsabilidad propia. 
La imposición de los productos energéticos es un ámbito totalmente distinto. En este caso se trata sobre todo de introducir las mejoras necesarias para que seamos más competitivos a escala internacional y podamos crear más empleo. 
Si encarecemos excesivamente los costes energéticos perderemos puestos de trabajo en los sectores altamente consumidores de energía como la industria del acero- disponemos de una lista exhaustiva de los mismos-. 
Quiero destacar igualmente que no podemos pasar por alto a los consumidores. En última instancia, es el consumidor quien crea los puestos de trabajo a la hora de elegir los productos que desea comprar y los servicios que quiere utilizar. 
Estas decisiones no se pueden modelar con la ayuda de normativas obligatorias. 
Por todo ello, considero fundamental que se establezca un límite superior para empresas altamente consumidoras de energía. 
Este límite debe garantizar que se reconocen los esfuerzos de las compañías que ya hayan puesto al día sus instalaciones técnicas en el pasado, reduciendo el consumo energético hasta el mínimo operacional. 
Recompensaremos a todo el que minimice el uso energético. 
En este caso no podemos lograr mayores ahorros energéticos a través de un aumento del impuesto sobre la energía. 
Pero aparte de la dimensión ecológica también se pone en duda el efecto de la reducción de los impuestos sobre la mano de obra. Solamente las empresas competitivas están en condiciones de cumplir estas exigencias. 
Por eso, soy partidario de una normativa moderada que, al mismo tiempo, permita alcanzar las metas que nos hemos marcado. 
Señora Presidenta, Señorías, deseo agradecer profundamente al Sr. Cox su informe que se caracteriza por la lucidez y la coherencia y por las conclusiones que ha formulado en el mismo. 
Me es muy grato que sus Señorías estén plenamente de acuerdo con las argumentaciones en que se basa esta propuesta y con la manera en que éstas se han hecho. 
La Comisión ha presentado al Consejo una propuesta cuyo principal objetivo es la modernización del sistema comunitario de imposición de los hidrocarburos y una ampliación de su ámbito de aplicación a todos los productos energéticos. 
Esto es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado único. 
De hecho, la medidas propuestas están encaminadas a reducir las distorsiones financieras que existen en este sector en estos momentos. 
La Comisión asimismo ha aprovechado la ocasión que le brinda esta propuesta para cumplir su cometido de revisar los tipos mínimos impositivos aplicables a los hidrocarburos y responder, al mismo tiempo, a la solicitud del Consejo ECOFIN en orden a formular nuevas propuestas tras el estancamiento al que, como es sabido, se ha llegado en el ámbito de las negociaciones sobre el impuesto CO2- energía. 
Quiero asimismo subrayar que se registra un creciente interés- mostrado muy claramente esta mañana- por los efectos medioambientales de la combustión de los carburantes fósiles, como resulta también de la reciente adopción por el Consejo, en respuesta al Protocolo de Kyoto, de los límites, objetivo a alcanzar en la Unión en materia de emisiones contaminantes. 
La consecución de dichos objetivos no será fácil y las medidas fiscales- lo han recalcado el Sr. Spencer y otros diputados-son uno de los instrumentos concretos que pueden utilizarse para alcanzarlos. 
Agradezco también el reconocimiento, mostrado por muchos sectores, de que se trata, también desde un punto de vista medioambiental, de un primer paso en la dirección correcta. 
La Comisión puede admitir las enmiendas 1, 2, 4 y 5 y parte de las enmiendas 12 y 14, y de esta última especialmente la parte que se refiere a las energías renovables. 
Sin embargo, no podemos aceptar la propuesta de pasar directamente a la segunda fase, prevista para los tipos mínimos ya a partir del mes de enero de 2000 y de proceder posteriormente a incrementos anuales según el nivel de inflación aumentado del 2 % para los 5 años siguientes. 
Además, con relación a la supresión de la fase inicial de incremento de los tipos mínimos, para la que se previó la fecha inicial del 1 de enero de 1998, conviene señalar que el plazo se ha superado con creces. 
No obstante, los debates en el seno del Consejo han demostrado que también los niveles mínimos fueron los causantes de dificultades para algunos Estados miembros. 
En consecuencia, todo incremento de dichos niveles es inaceptable. 
Lo dicho vale también para la propuesta de que se podrían elevar anualmente los niveles mínimos de imposición sobre la base del nivel de inflación incrementado del 2 % para un período de 5 años. 
La propuesta de la Comisión limita los incrementos impositivos al nivel de inflación, al objeto de ayudar a los Estados miembros que se verían obligados a imponer incrementos impositivos substanciales sólo para alcanzar el nivel mínimo establecido. 
Por lo tanto, es inaceptable obligar a los Estados miembros a imponer incrementos incluso superiores al nivel de inflación. 
Tampoco se puede admitir la eliminación de la mayor parte de las exenciones y reducciones tanto obligatorias como facultativas que se han propuesto y que afectan a productos que, hoy por hoy, no están sujetos a imposición. 
Dichas exenciones y reducciones han sido formuladas por una serie de razones concretas. Algunas ya figuran en la legislación comunitaria en vigor, mientras que otras son necesarias para cumplir ciertas obligaciones comunitarias derivadas de acuerdos internacionales. 
Finalmente, un último grupo se considera indispensable para proteger la competitividad de las industrias comunitarias respecto a sus competidoras de los terceros países. 
Por otra parte, no es necesario que recuerde a este Parlamento que la que estamos debatiendo es una materia sometida a la unanimidad. 
La Sra. Thyssen y otros diputados han solicitado información sobre el estado de la cuestión en el seno del Consejo y sobre su calendario. 
Puedo manifestar que se ha pedido al Grupo de trabajo ad hoc del Consejo que presente al Consejo ECOFIN del día 15 de marzo un informe que, a su vez, se presentará al Consejo Europeo de Colonia que tendrá lugar en el mes de junio. 
Por lo tanto, muy pronto podremos comprobar si se alcanza o no un consenso político. 
Yo lo espero firmemente. 
Quisiera terminar, señora Presidenta, con una observación. 
Nos encontramos en el ámbito de la armonización fiscal que responde a exigencias del mercado único y a necesidades, en este caso, medioambientales y cumple asimismo la necesidad, resaltada por muchos de ustedes, de fomentar el reequilibrio de la carga fiscal en beneficio del empleo. 
En los últimos debates europeos, a veces se registra una extraña actitud: se mira hacia atrás, se miran los Libros Blancos del pasado, como si desde entonces no se hubieran dado pasos adelante hacia la realización de esta armonización. 
Por el contrario, en esta ocasión podemos comprobar concretamente los avances: esta mañana el informe Cox sobre la energía y, dentro de unos momentos, el informe Pérez Royo sobre el ahorro. 
Mientras tanto, está en curso la aplicación del Código de conducta contra la competencia fiscal perjudicial y la próxima semana presentaré a la Comisión la propuesta por la que se permite a los Estados miembros aplicar discrecionalmente un tipo reducido del IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra. 
En consecuencia, como pueden comprobar, están en marcha los distintos elementos de un verdadero tren de armonización fiscal en beneficio del empleo; todos ellos merecen el respaldo muy convencido de este Parlamento, un respaldo que les agradezco infinitamente. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0040/99) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo destinada a garantizar un mínimo de imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro de la Comunidad (COM (98) 0295- C4-0404/98-98/0193 (CNS) ). 
Señora Presidenta, nuestro Grupo respalda el punto de vista del ponente. 
Junto con el ponente, al que felicito, quisiera expresar una vez más mi satisfacción por el hecho de que ahora, diez años después del último fracaso de la propuesta, por fin resulta posible avanzar en este terreno. 
Creo, además, que estos progresos no podían retrasarse más por razones de justicia fiscal en el marco de la Unión Europea. 
Esta necesidad de justicia fiscal es un principio que ha de tratarse en el contexto del mercado interior para que los rendimientos del ahorro en forma de intereses no queden exentos de impuestos. 
Tanto la propuesta de directiva como el informe del ponente ponen de manifiesto que las ventajas concedidas a los no residentes- un término que en el fondo no es compatible con el mercado interior- pertenecen definitivamente al pasado, puesto que la directiva pretende suprimir toda discriminación. 
Evidentemente, el gran problema de esta propuesta es que estaba y sigue estando sujeta a la regla de la unanimidad. 
Aprovecho la ocasión para instar a que se reanude el debate sobre la cuestión de la decisión por mayoría en el Consejo. 
La Comisión ha acertado al presentar una propuesta de compromiso, ya que, a mi modo de ver, ésa era la única forma de que tal vez se pudiera adoptar una decisión, aunque también opino que a largo plazo deberá instaurarse una normativa unitaria. 
Es importante que la presente propuesta forme parte del paquete fiscal ya que, de esta forma, la competencia fiscal desleal queda relegada definitivamente al pasado. 
Por eso mismo, resulta imposible aceptar excepciones, puesto que, de lo contrario, habría un ámbito en el que seguiría existiendo un a modo de paraíso fiscal. 
A este respecto me veo obligada a respaldar la propuesta de la Comisión, que incluye asimismo las euro-obligaciones. 
Ahora quisiera referirme brevemente a los problemas específicos relacionados con la imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses. 
Aun cuando la presente propuesta por el momento no pretenda registrar y gravar los intereses percibidos por personas jurídicas y empresas, es preciso averiguar cómo podríamos ampliar su ámbito de aplicación en vista de una mayor justicia fiscal y de cara a la posibilidad de que todos los Estados miembros de la Unión Europea perciban ingresos. 
Por otra parte, suscribo asimismo la solicitud del ponente de mantener el importe en concepto de retención a cuenta en el 20 %, tal y como propone la Comisión. 
Señora Presidenta, el hecho de que en bastantes Estados miembros los rendimientos de los bienes muebles de los no residentes tengan un trato fiscal más favorable que los rendimientos de sus propios habitantes, ocasiona problemas en el mercado interior. 
El ciudadano busca las ventajas fiscales para sus ahorros y, por razones obvias, olvida bastante a menudo declarar los rendimientos de los bienes muebles que obtiene en otro Estado miembro a su propia administración fiscal. 
Con ello, el ciudadano inversor evade impuestos, el Estado miembro de residencia pierde ingresos fiscales procedentes de los bienes muebles y el mercado interior se ve seriamente perturbado. 
Evidentemente, los Estados miembros se esfuerzan por mantener baja o disminuir la presión fiscal sobre el capital volátil, algo que generalmente se logra a costa de una presión ascendente sobre las cargas laborales. 
Ahora que el período euro ha llegado y, por tanto, el riesgo asociado al tipo de cambio y, en breve también, el coste de las transacciones, desaparecen totalmente, es grande el miedo a que la tentación de esta forma de evasión fiscal aumente. 
El fisco belga ya tiene, además, experiencia en este asunto. 
El riesgo asociado al tipo de cambio es desde hace años inexistente entre Bélgica y Luxemburgo, y el llamado viaje de las rentas a Luxemburgo está siempre concurrido. 
Aunque la directiva propuesta sólo cuente al fin y al cabo con quince artículos, se presentaron no menos de 89 enmiendas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Afortunadamente, opinamos en el PPE, únicamente diez han sido aprobadas. 
Cada una de esas diez enmiendas cuenta con el respaldo de nuestro Grupo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el PPE quiere que se respete tanto como sea posible la propuesta de la Comisión. 
Solamente debe rebajarse el tipo de retención a cuenta hasta el quince por ciento. 
Esperamos que esta enmienda, que también ha sido adoptada por la Comisión de Asuntos Económico y Monetarios y Política Industrial, sea adoptada en la sesión plenaria. 
Además, el PPE se sigue resistiendo a ampliar el ámbito de aplicación a las entidades jurídicas y a excluir las euro-obligaciones del campo de aplicación, y ello, por los motivos ampliamente expuestos en la discusión que ha tenido lugar en esa Comisión. 
Por último, el PPE tampoco apoya las enmiendas que quieren que primero se logre un acuerdo en el ámbito de la OCDE y que pretenden que la entrada en vigor de la directiva dependa de ello. 
En nuestra opinión, existen serios argumentos a favor de un trato diferente de la circulación de capital intracomunitario y de capital internacional, entre otros motivos, por la libre circulación de capitales y por la existencia de un riesgo asociado al tipo de cambio. 
Señora Presidenta, esta directiva no constituye una solución final y omnímoda, pero sí supone un importante paso adelante. 
Queremos incentivar esto y aceptaremos, por tanto, la propuesta de la Comisión. 
Únicamente me gustaría que el Comisario señalara, y con esto concluyo, cuándo cree que el Consejo aprobará este acuerdo. 
Señora Presidenta, la propuesta que está ante nosotros y que es resultado de una amplia discusión que hace diez años no nos condujo a ninguna parte, se ha retomado con facilidad gracias a la elección de un modelo de coexistencia. 
Creo que es una buena solución y un paso más para que las diferencias que existen, especialmente las diferencias injustas, se eliminen. 
El Grupo Liberal apoya en grandes líneas la propuesta tal como aquí aparece y se alegra de que su ampliación a las empresas, originariamente propuesta, no se lleve a cabo y se trate exclusivamente de los rendimientos e intereses de las personas físicas. 
Creemos que cuando se habla de los intereses de las personas físicas, tal como se discutía con la anterior propuesta, debe estudiarse si se pueden disminuir las cargas laborales. 
Por ello, esta vez hemos reformado las enmiendas que habíamos presentado a fin de lograr una forma de neutralidad fiscal para que los recursos en cuestión se devuelvan al ciudadano. 
A fin de cuentas, como algunas personas, y se trata de grupos bastante grandes, han llegado a pagar el mínimo de impuestos, se originan consecuencias para los restantes ciudadanos, ya que el dinero debe salir de algún sitio. 
Ahora bien, si se va a introducir la imposición, y se sabe hacer desde una base comunitaria, creo que también hay que ocuparse de que los restantes ciudadanos, que han tenido que pagar más, se beneficien de un impuesto sobre los rendimientos más bajo. 
Todavía tengo una observación respecto del artículo y la enmienda relativos a la venta anticipada de los créditos contemplados en la propuesta, tal como han sido aprobados en la Comisión del Sr. Pérez Royo. 
He añadido una enmienda técnica precisamente en ese punto, a fin de que también se adopte una disposición para los particulares; ya que cuando se compra anticipadamente, por tanto, tras una emisión, hay que estar atento, precisamente ahora que cada vez es más frecuente que la cartera se reclasifique conforme a la evolución del mercado financiero. 
Señora Presidenta, para empezar quisiera dar gracias al ponente, Sr. Pérez Royo, por su informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la imposición de los rendimientos del ahorro. 
La dificultad que presenta el tratar de encontrar un sistema encaminado a fijar un mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en la Unión Europea ha ido suscitando un interés cada vez mayor a medida que se progresaba en la liberalización de la circulación de capitales. 
Esa liberalización tiene ya casi 12 años. 
Es importante recordar que la directiva de la Comisión encaminada a introducir un plan único para toda la Comunidad en cuanto a la retención de intereses en la fuente no obtuvo el consentimiento unánime del Consejo. La propuesta fue retirada y sustituida por la que estamos discutiendo hoy. 
En 1997 el Consejo convino en que la Comisión retuviera la idea de un modelo fiscal de coexistencia, lo que quería decir que cada Estado miembro tendría opciones diferentes: o bien promulgar una retención fiscal en la fuente o proporcionar a los demás Estados miembros datos acerca de los ingresos en concepto de ahorro abonados a los residentes o, si no, una combinación de las dos. 
La Comisión propuso que la retención fiscal en la fuente fuera como mínimo del 20 por ciento para la persona que percibía los intereses. 
Nuestra comisión parlamentaria, quizá de forma demasiado conservadora, ha optado por una tasa más baja del 15 por ciento. 
Es importante saber que los Estados miembros estaban de acuerdo en que la Unión promoviera el establecimiento de medidas equivalentes en terceros países, al mismo tiempo que continuaban las discusiones sobre la directiva propuesta. 
La Comisión va a informar a ECOFIN el mes que viene sobre las consultas con terceros países. 
Los contactos con terceros países y territorios asociados tienen que tratar de las mismas cuestiones: dicho con otras palabras, una imposición mínima sobre el modelo equivalente de coexistencia y la adopción del método del agente que paga. 
Estoy totalmente de acuerdo en que es necesario establecer contactos con terceros países. 
En esta fase es necesario evidentemente limitar los contactos iniciales a terceros países próximos, como por ejemplo Suiza y Mónaco. 
Nuestro grupo puede apoyar el principio del proyecto de directiva. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, no hace falta que me detenga en el problema general de la competencia fiscal, que en sí presenta un conflicto entre el principio democrático del derecho de voto universal y el principio económico del poder adquisitivo. 
En este punto, todos estamos de acuerdo. En el seno de la UE se dan casos de competencia fiscal desleal. 
Ahí entra en juego el mecanismo que sienta las bases para la denominada necesidad de globalización y que distorsiona la competencia entre los Estados miembros en el mercado interior. Se trata de un movimiento en espiral hacia abajo que mina los cimientos fiscales, la justicia fiscal y el empleo. 
A este respecto podemos tomar medidas. 
Podemos intervenir en este mecanismo desde nuestro propio ámbito de acción, sin tener que esperar un principio común en el marco de la OCDE o negociaciones a escala mundial. 
Quisiera destacar tres puntos clave. En primer lugar, no podemos ser más cautelosos que la Comisión. 
En principio deberíamos aplicar el modelo de los EE.UU. y reclamar un 25 %. 
En segundo término, no podemos admitir que este asunto se difiera ad calendas graecas y que se limite a las personas físicas. 
Si logramos estos propósitos, no sólo habremos dado un paso en la buena dirección, señora Thyssen y señor Goedbloed, sino que además nos habremos aproximado un poco más a la reforma, a la unión política. 
A este respecto quisiera manifestar mi gratitud al comisario Monti por su paciencia, su precisión y su perseverancia. La única manera de sobreponerse al principio de unanimidad consiste en desarrollar el sistema fiscal en relación con el mercado interior. 
Señor Presidente, como usted sabe, este tema del mínimo de imposición a los intereses del ahorro en el seno de la Unión no ha suscitado una unanimidad total entre los Estados miembros, y estas divergencias de opinión vuelven a encontrarse en el interior de nuestro Grupo. 
Por tanto, me expresaré aquí únicamente a título personal y en nombre de la mayoría del Grupo de Coalición Radical Europea para decir que estamos a favor de la propuesta de directiva de la Comisión sobre un mínimo de imposición sobre los intereses del 20 %; conjuntamente con la alternativa de una declaración de los intereses abonados a las autoridades fiscales de los países de residencia. 
Nosotros defendemos esta posición por dos razones esenciales, cuyo detalle pasaré por alto: por un lado, la necesidad- que acaba de recordar hace un momento el señor Comisario Monti- de un nuevo equilibrio de la fiscalidad en la Unión, fiscalidad que, hoy día, pesa excesivamente sobre el factor «trabajo» ; por otro, la necesidad de una aproximación de las fiscalidades directas que sea compatible con una sana competencia fiscal, sin ir hasta la armonización de estas fiscalidades. 
Nuestro apoyo a la posición de la Comisión solamente se acompaña de algunas recomendaciones. 
Agradecemos de antemano a la Comisión el que haga todo lo que esté en su mano para extender esta imposición mínima más allá de la Unión y, especialmente, en los países de la OCDE. 
Quizás también sea preciso consentir esfuerzos complementarios para llegar a un consenso de conjunto de los Estados sobre este mínimo de imposición, gracias, llegado el caso, a un calendario adecuado. 
Asimismo, pensamos que es importante llegar a una buena articulación entre las disposiciones de los convenios fiscales y este proyecto de mínimo impositivo. 
Este es, a nuestro juicio, el sentido de la enmienda que presentamos y que fue aprobada por la Comisión: velar correctamente por la articulación entre el mínimo de imposición y las disposiciones de los convenios fiscales. 
A este respecto, es un tanto lamentable que nuestros dispositivos para la eliminación de la doble imposición en el seno de la Unión se basen hoy día en convenios bilaterales. 
Por último, volviendo al excelente informe del Sr. Pérez Royo, recordaremos de manera sencilla y sucinta que no compartimos la idea de extender la imposición a los intereses abonados a las empresas. 
En cambio, somos favorables a una imposición de los intereses abonados a través de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). 
Señor Presidente, al final del informe el señor ponente menciona el propósito de éste: ser un paso importante para enfrentarse a la evasión fiscal y a las distorsiones en el funcionamiento de los mercados financieros a nivel comunitario. 
Me parece un muy bello propósito; sin embargo, no he dejado de hacerme la siguiente pregunta todo este tiempo: ¿Es suficiente? 
¿Es suficiente preparar medidas para la evasión fiscal de los rendimientos del ahorro en forma de intereses en el ámbito comunitario? 
En mi opinión, la respuesta a estas preguntas ha de ser un no rotundo. 
Es un problema de ámbito global más que comunitario. 
Es necesaria la elaboración de medidas a escala mundial en este campo. 
Considero innecesario en esta asamblea recordar la existencia de paraísos fiscales en otras partes del mundo que no forman parte de la UE. 
Las posibilidades existen. 
La Comisión dice en el punto 8 de su documento: «El objetivo de la presente directiva, una imposición real de las rentas y el ahorro en toda la Comunidad, no puede ser cumplido suficientemente por los Estados miembros. 
Por tanto, según el principio de subsidiariedad, cfr. el artículo 3 B del Tratado, éste puede llevarse a cabo mejor en el ámbito comunitario». 
¿Quizá se trata en realidad de otra cosa? 
Quizá sea que tras la entrada en vigor de la moneda única, el euro, el 1 de enero de 1999, no es posible ir lo suficientemente rápido en la armonización de todo el ámbito fiscal y tributario. 
Algo entendible, por supuesto, cuando recordamos cuál es la finalidad de la unión monetaria: una mayor integración política. 
El anterior Presidente de la Comisión Europea, Sr. Delors, lo manifestó de la siguiente manera: la UEM es una rampa de lanzamiento para la unión política, siendo verdaderamente muy difícil expresarlo de manera más clara. 
Sin embargo, éstas no son las mismas palabras utilizadas diariamente ante la población asombrada de los países de la UE. 
¿Por qué no poner las cartas encima de la mesa y decir que para que la unión monetaria funcione satisfactoriamente, es necesario llevar a cabo una política de distribución, fiscal y financiera común? 
Así la gente al menos podrá realmente entender de qué se está hablando. 
Quizá no se da este paso por miedo a la reacción del pueblo en el caso de que se dijera toda la verdad. 
Abrir las puertas de los paraísos fiscales del ahorro es un tanto a favor de la Comisión que, de un solo tiro, pone en aprietos a los partidos políticos más corruptos de Europa: el Partido Socialista francohablante de Bélgica (el PS) y su clon flamenco (el SP) que han adquirido la fea costumbre de esconder su botín con los acogedores banqueros luxemburgueses, encubridores a su pesar, de las jugosas gratificaciones generosamente ingresadas por Dassault y Agusta. 
Sin embargo, no puedo impedirme pensar conmovido en el pequeño ahorrador belga que, después de haber pagado un desmesurado impuesto directo, previamente descontado del fruto de su trabajo, verá sus pequeños ahorros, honestamente ganados, fuertemente gravados de nuevo. 
Este no tiene la suerte de beneficiarse de los ingresos astronómicos que suscitan la benevolencia del Príncipe plenipotenciario de Mónaco al que la Unión Europea confirma, sin hacerse mayores preguntas, sin problemas de conciencia, de la manera más ilegal y más inmoral que existe, la condición de paraíso fiscal, reservado a los ricos, cualquiera que sea el origen de su fortuna. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después del euro, sabemos muy bien que una de nuestras grandes obras es la lucha en contra del dumping fiscal. 
La iniciativa del señor Comisario Monti ha sido, a este respecto, muy oportuna. 
El texto que hoy nos ocupa sobre la base del excelente informe de mi compañero Pérez Royo constituye uno de sus aspectos. 
El otro se refiere evidentemente a los intereses y cánones. 
No mezclemos los ejercicios. 
Comprendo la preocupación de aquellos que no han querido que a través de este texto tratemos la cuestión del derecho de sociedades o de las personas jurídicas, que atañe manifiestamente al otro proyecto de directiva. 
En cuanto a los opciones propuestas, creo que tienen el mérito de permitir obtener con mayor facilidad la unanimidad en el seno del Consejo: si nos permite progresar, utilicemos este artificio. 
Comprendo que hay materia para negociar en lo que se refiere a los tipos. 
Algunos han propuesto el 15 %. 
Para nosotros sería una situación totalmente inaceptable. 
La Comisión, en su propuesta, retiene el tipo del 20 %. 
En mi país, el tipo actualmente en vigor es del 25 %. 
Hay allí un espacio de negociación y creo que la propuesta de la Comisión es una propuesta útil. 
En lo relativo al campo de aplicación de la directiva, se planteó la cuestión de las euro-obligaciones. 
Me alegro de la propuesta de la Comisión que incluye a estas euro-obligaciones en el campo de aplicación de la directiva. 
Ya que, ¿qué sentido tendría una directiva sobre este tema que no abarcara dichas euro-obligaciones cuando éstas constituyen para algunos de nuestros Estados miembros, lo sabemos bien, lo esencial de la actividad? 
Esta directiva sólo tiene sentido si puede aplicarse al conjunto de los protagonistas y operadores en todos los Estados miembros en su conjunto. 
Este es el sentido, señor Comisario, en que usted la elaboró. 
Espero que sea en este sentido que el Consejo pueda aceptarla. 
Con motivo de este informe, me parece que quizás deberíamos empezar a sacar provecho de las enseñanzas en cuanto al método que ha de aplicarse en materia de armonización fiscal. 
Se desprenden dos enfoques: por un lado, el pragmatismo. 
La directiva que hoy nos ocupa va manifiestamente en este sentido, nos alegramos y aprovecharemos todas las ocasiones que permitan utilizarla. 
Por otro lado, el plazo más largo. 
En relación con este tema, distingo tres aspectos: el primero es evidentemente la cuestión de los paraísos fiscales que algún día deberemos resolver, ya que no podemos, en el interior de la Unión, dotarnos de instrumentos drásticos y ver cómo florecen los paraísos fiscales a nuestras puertas o en nuestro propio seno. 
El segundo aspecto se refiere a la cuestión de la mayoría cualificada. 
Algunos piensan que el paso a la mayoría cualificada tropieza ante todo con un problema de transferencia de soberanía. 
Lamentablemente, la cuestión es más complicada. 
No cabe duda de que existe en algunos de nuestros Estados miembros una interrogante respecto a la transferencia de soberanía que representaría el paso a la mayoría cualificada, pero también existe la divergencia de intereses entre los Estados que se encuentran en la zona y los Estados que están fuera de la zona. 
Por último, y con ello concluyo, señor Presidente, el tercer aspecto se refiere a cuestiones externas. 
A este respecto, la propuesta planteada por nuestro ponente sobre los convenios multilaterales que podrían concluirse con nuestros principales socios, Estados Unidos o Suiza, sin hacer de ello una condición sine qua non, parece perfectamente factible y realista a un plazo mayor. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, yo también intervengo sobre esta importantísima propuesta de la Comisión que, como ya se ha dicho, forma parte de un paquete más amplio que trata de implementar un proceso de coordinación fiscal entre los Estados miembros en todos aquellos ámbitos en que el exceso de competencia fiscal provoca efectos negativos muy evidentes que, por lo tanto, han de ser reparados. 
Quiero subrayar, sin embargo, la profunda convicción de nuestro Grupo de que es importante seguir en esta dirección, así como limitarse a las situaciones en las cuales los perjuicios resultan evidentes, sin reducir las ventajas de una competencia fiscal limpia que puede dar lugar a una convergencia de los sistemas fiscales, en particular hacia niveles de presión fiscal más bajos en beneficio de la competitividad del sistema Europa. 
En cuanto a la directiva y a la propuesta de directiva que hoy abordamos, me sumo a lo manifestado por la Sra. Thyssen, así como a todos aquellos que han felicitado al ponente, Sr. Pérez Royo, por su trabajo, aunque no estamos de acuerdo con algunas de sus propuestas. 
Consideramos que la propuesta de la Comisión se puede compartir plenamente, salvo algunas mejoras de carácter técnico que la Comisión de Asuntos Económicos ha intentado proponer. En particular, estamos convencidos de que debe limitarse a las personas físicas no residentes, excluyendo, por tanto, las sociedades ya gravadas sobre la base de los balances. 
Estamos de acuerdo con el modelo de coexistencia y consideramos que, en lo que se refiere al tipo propuesto, sin perjuicio, como es obvio, de las prerrogativas del Consejo, la idea de reducirlo en una primera fase del 20 al 15 % puede servir para evitar el riesgo de evasión de capitales fuera de la Unión. 
En efecto, hemos insistido a fin de que la Comisión entable cuanto antes negociaciones, sobre todo con los países más cercanos a la Unión Europea, al objeto de extender los mismos principios en que se basa la directiva a sus sistemas de imposición que regulan esta materia. 
Sin embargo, nos damos cuenta de que será un proceso difícil, también si no queremos que exista ningún tipo de condicionamiento en el trabajo que pedimos a la Comisión para evitar que la entrada en vigor de esta directiva se aplace sine die; mejor dicho, confiamos en que el Consejo dé su visto bueno rápidamente. 
Es importante que todo el paquete se aplique cuanto antes, lo que nos permitirá adquirir experiencia para ponernos a trabajar en otros ámbitos: me limito a citar el impuesto de sociedades y el impuesto sobre las actividades de trabajo transfronterizo, por lo que esta aspiración se justifica también en esa perspectiva. 
Estamos de acuerdo con las enmiendas 1 a 10 de la Comisión de Asuntos Económicos, mientras que estamos en contra de todas las demás, aunque valoramos las enmiendas 23 y 24 del Grupo Liberal y la 25 del Grupo Socialista que, por tanto, respaldaremos. 
Señor Presidente, hablo en calidad de ecologista y de luxemburgués. 
Permítame vincular el informe Pérez Royo con el informe Cox, del que nos ocupamos hace un momento. 
Una reforma fiscal digna de este nombre en el seno de la Unión Europea ha de implicar necesariamente un nuevo equilibrio de la carga fiscal en favor del medio ambiente y del trabajo, y no pienso que la introducción de un impuesto a cuenta sobre el ahorro le sea favorable. 
Estoy de acuerdo con la introducción de impuestos sobre la energía para fomentar la eficacia energética y, a este respecto, quiero precisar que también hablo en tanto que representante de un país que, en el marco del Protocolo de Kyoto, se comprometió a reducir sus emisiones en un 28 %. 
No cabe duda de que Luxemburgo deberá hacer algo en lo relativo a los impuestos sobre la energía. 
Por lo demás, no pienso que la introducción de un tipo uniforme del 20 % sobre el ahorro para los residentes y los no residentes sea algo bueno, sencillamente porque son las clases medias las que deberán pagar la factura, mientras que el ahorro es para ellas un medio de asegurar un complemento de pensión. 
Estos ahorradores, que a menudo no se benefician de regímenes de pensión muy cómodos, no merecen ser castigados mediante la introducción de una imposición general sobre los rendimientos del ahorro. 
Pueden estar seguros de que las grandes sociedades, las multinacionales sabrán organizarse para poner sus capitales a salvo fuera de la Unión. 
Yo no estoy seguro de que hagamos un favor a nuestras plazas financieras en el interior de la Unión Europea permitiendo algo semejante. 
En resumen, señor Presidente: sí a una reforma fiscal que implique un nuevo equilibrio en favor del medio ambiente y del trabajo, no a la imposición sobre los rendimientos del ahorro. 
Señor Presidente, señor Comisario, comparto el enfoque fundamental de la gran mayoría de este Parlamento que consiste en decir que un espacio económico y monetario único exige igualmente un determinado grado de coordinación fiscal y que, sin ello, vamos hacia el dumping fiscal y social. 
Asimismo, comparto la posición de aquellos- y pienso que es la gran mayoría de los diputados que integran este Parlamento- que quieren dar un nuevo equilibrio a la presión fiscal del trabajo, del capital y de los recursos naturales con el fin de contribuir a la lucha contra el paro. 
Insisto también en que el paquete de medidas fiscales, preparado bajo la Presidencia luxemburguesa, quiero señalarlo, se ejecute en su globalidad. 
Volviendo a la directiva que hoy nos ocupa, sin duda alguna va a ser objeto de largas negociaciones en el Consejo, donde se exige la unanimidad. 
Es preciso decir que el instrumento fiscal, conjuntamente con toda una serie de disposiciones legislativas y reglamentarias, tiene una importancia esencial para el desarrollo de los servicios financieros en Europa. 
No puede manejarse este instrumento sin ocuparse de los competidores y vecinos inmediatos, so pena de debilitar este importante sector de servicios en la Unión Europea. 
Por tanto, saludo las enmiendas aprobadas a este respecto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
También quisiera preguntar al señor Comisario en qué punto se encuentran las negociaciones con los terceros países que son, en el sector de los servicios financieros, los competidores inmediatos de las plazas de la Unión Europea. 
¿Ya han comenzado seriamente las negociaciones? 
¿Para cuándo se prevén los resultados? 
Pienso que la respuesta a estas preguntas es primordial para el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo las negociaciones en el seno del Consejo. 
A mi juicio, sólo puede nacer en el seno de la Unión Europea una fiscalidad europea al precio de convenios vinculantes sobre un código de conducta en materia de fiscalidad. 
Se me ha dicho, comencemos primero por la Unión Europea, los demás van a seguir. 
Yo no lo creo realmente. 
Creo más bien que habrá un cierto movimiento, que los capitales van a volver a colocarse en otros lugares, en las mejores condiciones fiscales, y que el sector de los servicios financieros va a sufrir las consecuencias. 
Por lo demás, se observa que los medios profesionales son bastante reticentes en lo relativo al doble sistema propuesto por la directiva. 
La Federación bancaria de la Unión Europea acepta un tipo mínimo del 10 % de retención mobiliaria, pero rechaza el sistema de información. 
Es verdad que ese sistema de información es técnicamente pesado y corre el riesgo de ser burocrático. No obstante, tiene la ventaja de facilitar la coordinación de la fiscalidad del ahorro y puede contribuir, como lo acaba de decir la Sra. Berès, a obtener la unanimidad en el seno del Consejo. 
A mi juicio, un tipo del orden del 10 %, liberatorio además, permitiría al mercado interior de capitales, e insisto en la noción de mercado interior, funcionar correctamente y al sector de los servicios desarrollarse. 
Si insisto en estos aspectos, señor Presidente, es porque me importa ante todo el desarrollo de un sector de servicios con un fuerte potencial de puestos de trabajo, tanto en mi propio país como en todos los países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, usted podrá comprobar que en la lista de oradores figura un gran número de colegas luxemburgueses. 
Ello hace suponer que el debate tiene algo que ver con Luxemburgo. 
Recuerdo perfectamente que el primer ministro y ministro de Hacienda luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha reiterado en más de una ocasión que, a su modo de ver, la elaboración de un régimen de coexistencia en este ámbito tan importante podría conducir a una armonización relativamente aceptable de la imposición de los intereses. 
Pues, señora Randzio-Plath, no se trata solamente de rendimientos del ahorro sino de cualesquiera rendimientos percibidos por personas físicas. 
Por esa misma razón, la propuesta presentada en comisión pretendía incluir asimismo las euro-obligaciones a fin de evitar que Gran Bretaña, el mercado financiero de Londres, gozara de una situación excepcional. 
La fijación del tipo impositivo que debía acompañar a este modelo de compromiso supuso otro problema importante para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de este Parlamento. 
La Comisión propuso un 20 %, en tanto que nuestro colega Fayot se inclinó por un 10 %. 
No encuentro, sin embargo, ninguna enmienda que recoja ese 10 %. 
Aunque las he leído todas, no he visto ninguna. 
Nosotros optamos por una solución sensata, por un 15 %. 
Curiosamente, el ponente, nuestro colega Pérez Royo, se ha pronunciado igualmente a favor del 20 %, a pesar de que no tiene derecho a ello. 
El informe que hemos aprobado preconizaba un 15 % y el ponente está obligado a presentarlo tal cual ante el Pleno. 
Por todo ello, quisiera proponer que adoptemos el compromiso alcanzado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sin reservas, incluyendo el mínimo de imposición del 15 %, la exigencia de que se lleve a cabo una mayor armonización en el marco de las negociaciones con los Estados terceros en el contexto de la OCDE y la conciencia, señor Comisario Monti, de que ya va siendo hora de que sus loables esfuerzos en el ámbito de la armonización fiscal se vean recompensados. 
Es lo que deseamos para nosotros y para usted. 
Espero que podamos lograr una solución razonable a pesar del principio de unanimidad. 
Señor Presidente, la propuesta relativa al mínimo de imposición de los rendimientos es realmente modesta. 
La mayoría de los Estados miembros gravan los intereses que sus propios residentes perciben, pero no los de los residentes en otros países. 
Eso constituye naturalmente una invitación al fraude fiscal del que se hace uso a gran escala. 
Si los impuesto sobre los rendimientos de los bienes muebles son tan fáciles de evadir, tampoco tenemos que sorprendernos de que la presión fiscal sobre el factor trabajo, que no es tan fácil de eludir, aumente. 
Quien quiera modificar esta tendencia- y nosotros ciertamente queremos- debe ocuparse, por tanto, de que también los rendimientos de los bienes muebles puedan gravarse de forma efectiva. 
La propuesta de la Comisión relativa a un modelo de coexistencia no hace más que eso. 
Los Estados miembros pueden bien intercambiar información con el fisco del país de residencia del ahorrador sobre los intereses percibidos a fin de que éste proceda a la recaudación, bien recaudar ellos mismos una retención a cuenta sin intercambiar esa información relativa al ahorrador. 
Esta propuesta, aunque mejor que nada, resulta, por supuesto, muy imperfecta. 
Si bien la retención a cuenta en teoría no es eximente, por tanto, en principio en el país de residencia todavía debe descontarse del impuesto sobre los rendimientos, en la práctica, puede fácilmente eximirse porque la información sobre la retención a cuenta pagada no se intercambie. 
Un modelo obligatorio de intercambio de información sería, en consecuencia, mejor. 
A causa de estos defectos, es importante que la retención a cuenta sea lo más elevada posible porque el incentivo del descuento de su propio fisco también lo es. 
Por tanto, la propuesta adoptada por una mayoría ajustada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial relativa a la disminución de hasta el quince por ciento de la retención a cuenta es absolutamente increíble. 
Esto parece más bien una incitación a que en toda Europa se graven menos, en lugar de más, los intereses de los rendimientos. 
El argumento que señala que de otra forma los ahorradores se trasladarán a Suiza o a Europa del Este, no me convence. 
La Unión Europea tiene una posición tan fuerte de negociación frente a todos esos países que la evasión fiscal hacia ellos puede evitarse una vez que la propia Unión cuente con una norma creíble. 
Además, el riesgo asociado al tipo de cambio disuadirá a la mayoría de los ahorradores. 
Finalmente, la propuesta británico-luxemburguesa para excluir las euro-obligaciones es inaceptable. 
Si los residentes se aprovechan de ello, se trata verdaderamente de una cuestión de evasión fiscal. 
Aquéllos que en esta Casa son claros partidarios de exceptuar las euro-obligaciones no deberían olvidarse de esto. 
Con todas sus limitaciones, esta propuesta debe, no obstante, respaldarse, aunque estableciendo un nivel superior al quince por ciento de la retención a cuenta. 
Señor Presidente, antes que nada diré, cosa que me supongo no sorprenderá al Comisario, que no veo la necesidad de esta directiva concreta, porque me parece que el concepto de competencia fiscal nociva es un completo absurdo. 
En el Parlamento Europeo estimamos que la competencia es buena para el consumidor de bienes y de servicios. 
¿Qué tiene, pues, de malo la competencia fiscal? 
Mi conclusión es que algunos Estados miembros se están perjudicando porque tienen tasas fiscales demasiado elevadas, cuando lo que deberían hacer es reducir la carga fiscal para sus ciudadanos. 
Sin embargo, como el tiempo de que dispongo aquí es limitado, no me explayaré sobre la forma de hacer lo que he dicho, pero responderé con placer a los que quieran hacerme preguntas más tarde. 
Hay una cuestión respecto de la cual apoyo sinceramente la excelente labor realizada por el ponente. 
Desgraciadamente, ni yo ni el resto de mi grupo coincidimos con él cuando propone que la directiva se amplíe a las sociedades; esto entrañaría un daño enorme para los ciudadanos de Europa, pues tendría efectos negativos, por ejemplo, para las empresas encargadas de negociar con valores inmobiliarios, además de perjudicar el potencial transfronterizo de las cajas de pensiones. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial rechazó acertadamente la enmienda del ponente y, desde ese punto de vista, prefiero lo que está proponiendo la Comisión. 
Tengo entendido que algunos Estados miembros tienen reservas acerca de los detalles de la propuesta. 
¿Podría decirnos algo el Comisario acerca de esos Estados miembros y acerca de sus reservas técnicas? 
En segundo lugar, tengo entendido que la Presidencia, la Comisión y la anterior presidencia han iniciado contactos exploratorios con terceros países acerca de la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta. 
En tercer lugar, quisiera hacer una pregunta al Grupo Socialista: ¿es política del Grupo Socialista el apoyar la enmienda 25 del Sr. Hendrick que pide la armonización de los impuestos sobre ganancias de capital en Europa? 
Señor Presidente, Señorías, la coordinación fiscal es muy importante, se quiera o no se quiera. 
Es mérito del Comisario Monti, y soy testigo principal de ello, que este expediente se haya reactivado. 
El código de conducta relativo al impuesto de sociedades es operativo. 
Hoy tenemos ante nosotros dos directivas de las que ésta se refiere a los rendimientos del capital. 
Dejémoslo claro: este debate es fundamental desde tres perspectivas. La perspectiva del mercado único, a la que la Sra. Thyssen ha aludido; la perspectiva de los recursos presupuestarios suficientes a disposición de la Comunidad y, por último, la ruptura de la fatídica espiral por la que las cargas laborales sólo aumentan y los gravámenes sobre las rentas del capital y otras bases impositivas muebles sólo disminuyen. 
La coexistencia no es un sistema óptimo. 
A corto plazo era la única posibilidad de alcanzar un compromiso. 
Continúo esperanzado, e incluso convencido, de que en el transcurso de la toma de decisión en el Consejo ECOFIN quizá podamos evolucionar hacia un sistema, y, tal vez, sea un sistema de retención a cuenta. 
Es evidente que los enemigos de la coexistencia tienen razón en una cosa, a saber, el sistema no puede nunca desembocar en una subvención de los Estados miembros que cuentan con un secreto bancario más fuerte, es decir, de los Estados miembros con el mayor número de no residentes que van a percibir la retención a cuenta. 
Eso debe compensarse. 
Por ello, abogo por la incorporación de esta discusión al debate sobre los recursos propios de la Unión Europea. 
Ésta es la posición de Bélgica, formulada, por el momento, en la discusión relativa a los recursos propios. 
Creo que debe reflexionarse bien acerca de esta postura. 
Por último, estoy convencido de que no somos nosotros los que debemos llevar a cabo una modulación de la tasa. 
La cuantía de la tasa se mantiene o cae, por ejemplo, con el carácter eximente o no. 
Creo que este asunto debe dejarse para el final de la ronda de compromisos de los Ministros de Hacienda. 
Esto constituye de nuevo un examen de la estabilidad de la regla de la unanimidad. 
Espero y cuento con que ningún país se atreva a utilizar el derecho de veto para seguir bloqueando lo que la inmensa mayoría del pueblo europeo quiere, es decir, el desplazamiento de las cargas laborales al factor capital. 
Señor Presidente, primeramente, quisiera recordar que se consiguió un adelanto histórico en la armonización fiscal directa precisamente bajo la Presidencia luxemburguesa, el 1 de diciembre de 1997. 
En esa ocasión, se retuvieron cuatro elementos, que podrían constituir la base para una propuesta de directiva en materia de fiscalidad del ahorro. 
Uno de estos elementos es la coexistencia del sistema de la retención a cuenta y del sistema de información. 
Lamentablemente, si se quiere que sea operativo, el sistema previsto en la propuesta de directiva es demasiado complicado y costoso para los agentes pagadores. 
El procedimiento de los certificados, previsto en el marco del régimen de la retención, es de una complejidad poco común y hace que el sistema de coexistencia sea prácticamente imposible de administrar, incluso lo desfigura. 
Haciendo abstracción de estas monstruosidades administrativas, el nivel propuesto de la retención mínima a cuenta del 20 % resultaría desestabilizador para los mercados financieros de la Unión; el 15 % es todavía inaceptable y, a mi juicio, una retención del 10 % liberatorio es el máximo aceptable. 
Además, la definición extensiva de los intereses, que diverge de las definiciones que figuran en los convenios contra la doble imposición, engendra conflictos, incluso discriminaciones, entre productos financieros que se parecen como dos gotas de agua. 
Introducir en el ámbito de aplicación de la directiva a los organismos de inversión colectiva, en el sentido de la directiva de 1985, los ahuyenta definitivamente de la Unión Europea, si acaso, si me permiten la expresión, no se han «largado» ya de Europa a causa de las cargas administrativas que acabarían siendo una desventaja competitiva a nivel de sus gastos de gestión interna. 
Por tanto, la muerte de los OIC europeos está programada, al igual que el reembolso anticipado de las euro-obligaciones cuyo mercado se creará fuera de Europa. 
No podemos consolarnos de que pocas personas físicas posean euro-obligaciones y, por ende, los grandes capitalistas sabrán arreglárselas fuera de la Comunidad. 
Ello sería aceptar que la retención a cuenta sólo se aplicará en los depósitos de los pequeños ahorradores. 
Vista la situación, aprobar este chasco de texto, que sólo recomienda los convenios con los terceros países que ofrezcan un entorno especialmente interesante a los no residentes, es ignorar totalmente que Suiza, por ejemplo, que ya se está frotando las manos, no hace discriminación entre residentes y no residentes en lo que se refiere a la fiscalidad del ahorro. 
Es preciso celebrar convenios con todos los terceros países con fuerte potencial de atracción de los capitales de la Unión para aplicar de manera simultánea medidas equivalentes a las adoptadas en una directiva. 
De ninguna manera ha de aceptarse que la directiva, si llega a entrar en vigor, deje de aplicarse a los territorios dependientes o asociados a los Estados miembros. 
Señor Presidente, he de decirle que no nos dejaremos engañar. 
Señor Presidente, siento una profunda admiración por la paciencia con la que el Sr. Monti se empeña una y otra vez en quitar el freno de mano de la Unión Europea en el ámbito de la coordinación de la política fiscal. 
Su trabajo realmente merece los más sinceros elogios. 
Por lo que a la política fiscal se refiere, es fundamental que se reduzcan las desigualdades y las distorsiones existentes en los mercados de capitales. 
Lo importante es que se intente erradicar la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros. Además, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades en materia económica, es importante que los inversores tengan un carga fiscal similar, al menos en un principio. 
Desde este punto de vista, la propuesta de la Comisión significa ciertamente un paso en la buena dirección y eso es lo que en el fondo también suscribe nuestro ponente, el Sr. Pérez Royo. 
Pero precisamente porque este Parlamento está, al menos verbalmente, de acuerdo con las ideas básicas, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial deben considerarse más bien como un freno o una precaución teóricos de cara a la futura evolución de la política fiscal. 
No obstante, la opción de reducir el tipo de la retención a cuenta contemplado en la propuesta de la Comisión al 15 %, o incluso al 10 %, equivale a volver a empezar de cero. 
A este respecto, no debe olvidarse que en algunos países de la Unión Europea el tipo impositivo es del 25 %. Mi país es uno de ellos. 
En fin de cuentas, también se trata de reducir el desequilibrio entre la imposición de los salarios y de los sueldos, por una parte, y la imposición del capital, por otra. 
Es el objetivo que nos hemos fijado. 
Además de todo lo anterior- y merece la pena mencionarlo- la exclusión fiscal de las euro-obligaciones, tan esperada y deseada por algunos mercados financieros europeos, concedería serias ventajas al mercado de valores en detrimento de los demás instrumentos de ahorro y limitaría sustancialmente el ámbito de aplicación de la directiva objeto de debate. 
Evidentemente, la coordinación de la política fiscal no se logra con el lema «¡Un poco menos por favor! ». 
¡Paciencia, señor Comisario! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi calidad de socialista y francés, estoy especialmente contento, hoy, de aprobar un proyecto de directiva que por fin acabará con una situación en la que toda una parte de los ingresos del ahorro escapa a todo tipo de imposición en el seno mismo de la Unión Europea. 
Quiero agradecer al señor Comisario Monti y a su equipo. 
Claro está, también quiero felicitar efusivamente a nuestro compañero y ponente Pérez Royo por el trabajo importante y serio que ha realizado con este expediente. 
Señorías, en un momento en el que la moneda única va a favorecer los movimientos de capitales transfronterizos, este texto era más que urgente. 
Es sencillamente de vital importancia para la cohesión de la Unión. 
Claro está, como muchos, apruebo la negativa de excluir las euro-obligaciones del campo de aplicación de la directiva. 
Ello representaría un riesgo grave de evasión fiscal y de distorsión de la competencia. 
Por último, claro está que también estoy en contra del establecimiento de un vínculo de condicionalidad entre la adopción de la directiva y su aplicación simultánea por parte de los terceros Estados. 
Para concluir, respecto a un punto muy importante y ampliamente debatido esta mañana, es decir el tipo de retención a cuenta, si bien, a título personal hubiera preferido el 25 %, puedo, con el ponente y el Grupo de los Socialistas Europeos, aceptar el 20 % propuesto por la Comisión y ello en un espíritu de compromiso y negociación. 
Ahora espero, señor Comisario, Señorías, que ese expediente se cierre, previsiblemente, a más tardar en Helsinki, en diciembre de 1999, y luego, que la armonización fiscal finalmente experimente una aceleración en su movimiento. 
Estimado señor Presidente, yo también acojo con satisfacción esta propuesta a favor de una mayor coordinación. 
A mi modo de ver, debemos buscar definiciones comunes y crear un marco general que permita una competencia leal. 
Me pregunto si ya existe un estudio o un modelo de cálculo susceptible de simular los efectos de las decisiones o las ideas propuestas. 
¿Cuál será el rumbo de la competencia en el contexto de la Unión Europea sobre la base de esta normativa modificada, y cómo sobrevivirá la Unión Europea en el mare mágnum de la competencia internacional? 
Al mismo tiempo, estimo fundamental que se conceda la debida atención a la diferencia entre la imposición de las empresas y sus consecuencias y la imposición de los consumidores. 
En última instancia, lo que se pretende es reducir las cargas fiscales en general a fin de aumentar la competitividad e incrementar los ingresos personales del consumidor. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Pérez Royo por su magnífico informe, fruto de su gran competencia, y por el apoyo demostrado de cara a una rápida adopción de la directiva. 
Agradezco asimismo a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a sus Señorías su contribución al debate, así como la estima mostrada hacia la Comisión. 
La presente propuesta forma parte de un paquete que, como todos ustedes han recordado, fue aprobado durante la Presidencia luxemburguesa y cuyo primer elemento- el código de conducta- se elaboró durante la Presidencia británica. 
Por lo tanto, quiero subrayar que Luxemburgo y Reino Unido- que pueden formular reservas con respecto a algunos puntos concretos-participan plenamente en este proceso contra la competencia fiscal perjudicial, cuyo fin, como han recordado el Sr. Secchi y otros diputados, no es una armonización generalizada, sino la concentración contra los efectos perjudiciales de la competencia fiscal. 
El objetivo no es aumentar la presión fiscal en Europa, sino, por el contrario, permitir su gradual y ordenada reducción. 
El objetivo es reequilibrar la carga fiscal que actualmente grava demasiado el trabajo. 
Acojo favorablemente la propuesta de enmienda presentada por el ponente dirigida a mejorar el texto actual de la letra c) del artículo 5 para aclarar los criterios de identificación de los fondos comunes de inversión. 
Creo que puedo adelantar que los servicios de la Comisión, aun reservándose eventuales mejoras a nivel de redacción técnica, están positivamente orientados hacia la posibilidad de incluir dicha enmienda, así como la enmienda en materia de competencia fiscal, o sea, el nuevo considerando 7 bis, en una propuesta modificada de directiva. 
Aunque valoro el espíritu de las demás enmiendas presentadas con respecto al ámbito de aplicación de la directiva, considero que en este momento deben considerarse más como aportaciones útiles al debate que como una aportación directa al texto legislativo. 
Me refiero, en particular, a la cuestión de las obligaciones de cupón cero que es objeto de exhaustivos debates en el seno del Consejo. 
Podemos acoger el espíritu, aunque no la formulación de la enmienda 24 del Sr. Goedbloed y nos emplearemos a fondo a fin de que sea aceptada por el Consejo. 
En cuanto a las emisiones de Eurobonos la posición de la Comisión es la siguiente: estamos en contra de las exenciones generalizadas; estamos dispuestos a estudiar soluciones que permitan limitar las cargas administrativas para los intermediarios y de hacer frente de forma equilibrada a las problemáticas relacionadas con los títulos ya en circulación. 
En cuanto al tipo, la Comisión sigue considerando que una alícuota del 20 % representa un compromiso adecuado que puede responder, en la perspectiva de todos los Estados miembros, a la necesidad de asegurar un nivel mínimo de imposición efectiva aplicable a los intereses. 
He comprobado que se ha prestado mucha atención- que por otra parte comparto plenamente- al tema de los contactos con los terceros países. 
No se han formulado preguntas al respecto, sin embargo, recuerdo que, con arreglo al mandato conferido por el Consejo ECOFIN, la Presidencia alemana junto con la anterior Presidencia austriaca, la futura Presidencia finlandesa y la Comisión están manteniendo contactos tanto a nivel técnico como político con Suiza, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Andorra y se nos ha pedido que informemos al respecto al Consejo ECOFIN del 15 de marzo. 
En cuanto a la temática global de la directiva se presentará un informe al Consejo ECOFIN del próximo mes de mayo y, señora Thyssen, en lo que se refiere a los plazos del acuerdo sobre la materia, el Consejo Europeo de Viena puso como objetivo el Consejo de Helsinki. 
Por último, dos puntos: no se trata de una propuesta de un nuevo impuesto; esto sería un gran error. 
No se trata de una propuesta de un nuevo impuesto, sino de una modalidad de cooperación entre los Estados miembros a fin de que las imposiciones hoy establecidas no se eludan sistemáticamente a través de la creación de una especie de quinta libertad además de las cuatro del mercado único, es decir, la libertad de no pagar los impuestos gracias a los movimientos transfronterizos. 
En lo que respecta a los servicios financieros y respondiendo al Sr. Fayot y a otros diputados, quiero señalar que la Comisión es muy sensible a la necesidad de potenciar la industria de los servicios financieros en Europa y que, a este propósito, en el reciente marco de acción en materia de servicios financieros ha evidenciado que ciertas armonizaciones moderadas de la fiscalidad pueden beneficiar, en lugar de penalizar, los servicios financieros. 
Por último, señor Cassidy, hoy he valorado su contribución, así como valoro sus intervenciones, incluso las críticas. 
He manifestado que no estamos a favor de una lucha contra toda forma de competencia fiscal, sino sólo de las formas perjudiciales y desleales. 
Sin embargo, si aceptáramos la idea de que cualquier forma de competencia entre los Estados es oportuna, ya que la competencia es positiva, por coherencia deberíamos aceptar también que los Estados se hagan la competencia mediante la utilización de las ayudas estatales. 
No creo que ésta sea una posición generalmente aceptada. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
Transporte de carburante líquido 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Camisón Asensio (A4-0495/98) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0097- C4-0257/98-98/0071 (COD) por la que se modifica la Directiva 70/221/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y de sus remolques. 
Señor Presidente, como es sabido, el objetivo de la presente propuesta es introducir nuevas disposiciones sobre depósitos de material plástico destinados a vehículos, ampliar el título y el ámbito de aplicación de la Directiva 70/221 a los depósitos de carburantes no líquidos- por ejemplo, los carburantes gaseosos- y modificar esta directiva adaptándola al progreso técnico de manera que se puedan introducir disposiciones técnicas sobre todo tipo de depósitos y modificarlas a través del procedimiento del comité. 
Es, por otra parte, conveniente ajustar la directiva a los requisitos técnicos del Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas referente a la homologación de los servicios en cuanto a la prevención del peligro de incendio. 
Es conocido que se está extendiendo el uso de combustibles gaseosos para la propulsión de los vehículos de motor, en particular por motivos ecológicos. 
Por ello, procede incluir también disposiciones sobre depósitos de carburantes no líquidos. 
Hay que modificar, por tanto, el título y el ámbito de aplicación de tal directiva para poder introducir especificaciones técnicas sobre los depósitos de carburantes gaseosos. Todo ello por razones de coherencia. 
Dadas las repercusiones de la actuación propuesta en el sector, las medidas consideradas son imprescindibles para lograr el objetivo, que consiste, en realidad, en la homologación comunitaria de vehículos. 
Objetivo, por otra parte, que a los Estados miembros les es imposible conseguir de una manera aislada o individual. 
La Comisión propone que estas nuevas disposiciones se apliquen a partir del primero de octubre de 1999 a todos los tipos nuevos de vehículos y del primero de octubre del 2000 a todos los vehículos nuevos. 
Plazos evidentemente escasos, por lo que los enmendamos en nuestro informe. 
Procede recordar que las modificaciones de la presente directiva afectan únicamente a los depósitos de carburante de material plástico, por lo que no es necesario invalidar las homologaciones existentes concedidas con arreglo a tal directiva. 
Ni impedir la matriculación, venta o puesta en circulación de los vehículos nuevos con depósitos de carburante líquidos metálicos aceptados de acuerdo con esas homologaciones. 
En base a estos argumentos propusimos a la Comisión de Asuntos Económicos ocho enmiendas que fueron aprobadas y que constituyen la base de nuestra propuesta legislativa. 
En una propusimos que las modificaciones necesarias para adaptar los requisitos a los anexos al proyecto técnico se adoptaran de acuerdo con un procedimiento más acorde; otra se refiere a los plazos antes aludidos; otra define más racionalmente el concepto de masa en vacío; otras dos también introducen racionalidad al limitar el paso de carburantes de un habitáculo a otro tan sólo en condiciones normales de uso- o sea, se trata de frenar que se le pidan imposibles a la industria del sector -; otra simplifica la cuestión al entender que todas las referencias al depósito incluyen, lógicamente, todos sus accesorios; y las dos últimas ponen todo el énfasis en considerar que el vertido accidental de carburantes- en particular diesel- en las carreteras representa un importante factor de riesgo para los motociclistas y ciclistas, que era una gran laguna en la propuesta de la Comisión. 
En definitiva, señor Presidente, creemos que, con esta propuesta, se da un importante paso adelante en la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los depósitos de carburantes líquidos y dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y sus remolques, con lo que será más racional la homologación de los vehículos en cuanto a la prevención del peligro de incendio, en particular sobre los depósitos de carburante de material plástico para vehículos de categoría M1, que son aquellos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo. 
El objetivo general de la propuesta de la Comisión nos ha parecido muy razonable y, en consecuencia, creemos que la situación del sector de la industria afectado mejorará una vez que las disposiciones, a nivel europeo, se armonicen con estas disposiciones. 
Las modificaciones técnicas propuestas por la Comisión en relación con el título y el ámbito de aplicación para hacer posible la inclusión de los carburantes gaseosos no crea tampoco ningún problema para la industria afectada, y la propuesta para modificar el anexo 1 de tal directiva para incluir ensayos más rigurosos tampoco parece plantear problemas a la industria afectada, ya que estas disposiciones ya figuran en el reglamento de las Naciones Unidas, como habíamos dicho. 
No obstante, en lo que se refiere a la enmienda propuesta en relación con el procedimiento de comitología, que ha de aplicarse para las adaptaciones de esta directiva al progreso técnico, no compartimos el punto de vista de la Comisión. 
Creemos más lógico establecer el procedimiento 2A del comité de gestión, lo que supondría que la Comisión podría aplazar la aplicación de las medidas propuestas cuando no sean conformes al dictamen emitido por el comité durante un periodo no superior a un mes. 
Por otra parte, la propuesta se inscribe en la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tienen por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. 
En este marco, la Comisión intenta- y nosotros le apoyamos- garantizar un nivel de protección elevado en materia de salud, de protección de los consumidores, del medio ambiente y de la seguridad. 
También se respeta el principio de subsidiariedad, ya que la medida propuesta por la Comisión se justifica por el hecho de que los Estados miembros no podrían realizar el objetivo de la directiva de forma satisfactoria actuando por separado. 
Termino, señor Presidente, resumiendo que estamos ante medidas de carácter puramente técnico que no tendrán ningún efecto negativo en la competitividad de las empresas o en el empleo y que contribuirán también a la seguridad vial. 
Por ello, pedimos el voto favorable. 
Señor Presidente, agradecemos al ponente el empeño que ha puesto en elaborar un informe tan sumamente técnico. 
Aunque el informe gire en torno a la técnica, el ponente tiene toda la razón cuando afirma que en el fondo se detiene en cuestiones de seguridad, en problemas medioambientales, es decir, en objetivos fundamentales de nuestra política. 
Obviamente, nuestra propuesta pretende asimismo garantizar el buen funcionamiento del mercado interior al tiempo que tiene por objeto facilitar a los fabricantes un modelo de licencia unitario que les permita cumplir los requisitos sin mayores complicaciones. 
De las diferentes enmiendas que han sido presentadas podemos aceptar cuatro; a saber, las enmiendas nº 3, 4, 5 y 6. 
Por lo que a las cuatro enmiendas restantes se refiere, opinamos que éste no es el lugar adecuado para insertar las normas en ellas contempladas, habida cuenta de que podemos referirnos a otras disposiciones ya disponibles o que aún han de ser aprobadas. 
Por todo ello, estimamos que no podemos aceptar dichas enmiendas. 
Pero como nos hallamos en la primera lectura, señor ponente, señoras y señores, seguramente podremos volver a discutir determinados puntos y aún no debemos descartar la posibilidad de alcanzar un acuerdo común. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
La sesión, interrumpida a las 11.25 horas, en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 11.30 horas 
Votaciones 
Señor Presidente, hace un momento, después del debate sobre el informe Pérez Royo, el Presidente en ejercicio anunció que se votaría mañana. 
Ahora bien, figura en la lista de votación de hoy cuando acaba de tener lugar su debate. 
De todas maneras, sería más prudente votarlo mañana. 
Señora Lulling, tiene toda la razón, la votación del informe Pérez Royo está prevista para hoy, como muy acertadamente lo ha señalado y, si disponemos de tiempo, espero que podamos proceder hoy a su votación. 
Señor Presidente, es lo contrario. 
Su predecesor dijo hace un momento- hace apenas unos veinte minutos que acabamos de terminar el debate- que este informe se votaría mañana. 
Pido que efectivamente se vote mañana, tal como lo anunció el Presidente. 
Señora Lulling, puede que mi predecesor en la Presidencia cometiera un pequeño error. 
La votación del informe Pérez Royo está prevista para hoy y, como dije, si disponemos de tiempo, procederemos hoy a su votación. 
Propuesta de decisión de Consejo sobre la postura que deberá adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación establecido en virtud del Acuerdo Europeo firmado el 19 de Diciembre de 1994 entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Eslovaquia, por otra, respecto a la ampliación por otro período de cinco años de conformidad con las disposiciones de la letra a) del apartado 4 del artículo 64 del Acuerdo Europeo (11544/98- C4-0633/98-98/0073 (CNS) ) (Procedimiento de consulta) 
El Parlamento aprueba la propuesta de decisión 
Señor Presidente, me gustaría presentar una enmienda oral encaminada a retirar las palabras: «en virtud del Tratado de Amsterdam». 
Quiero solicitar la supresión de estas palabras. 
El significado profundo no se ve modificado por esta enmienda; sin embargo, ésta ofrece más posibilidades de garantizar su desarrollo futuro. 
Señora Riis-Jørgensen, su propuesta está muy clara. 
¿Tiene objeción el Parlamento en someter a votación la enmienda oral? 
El Parlamento coincide en someter a votación el apartado 17 con la enmienda oral 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
¿Podría recordar usted al personal presente en el Parlamento que su trabajo no consiste en decir en lugar de los diputados de qué forma hay que votar? 
En el escaño 301 hay una mujer que, por lo visto, está diciendo al resto de su grupo de qué forma tienen que votar. 
Nosotros apoyamos la estrategia en cinco puntos propuesta por la Comisión y ya apoyada por el Consejo (29/06/98) , porque redunda en beneficio de Europa y de toda la situación internacional. 
Nos congratulamos de la mejora de las relaciones entre la UE y China, que corresponde a los intereses de sus poblaciones respectivas y que debería reforzar el peso de la UE en la política internacional, con autonomía respecto de los EE.UU. Así, pues, en cuanto UE, debemos apoyar la adhesión de China a la OMC con respeto de los principios multilaterales por su parte. 
Pero- sin negar algunos avances vinculados con la reanudación del diálogo sobre los derechos humanos, como la ratificación de los dos pactos de las Naciones Unidas (sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos) -considero que la UE no puede proceder como si China estuviera pasando a ser, de hecho, un Estado de derecho que respete los derechos y libertades fundamentales. 
China dista mucho de serlo. 
Los intereses económico-financieros de ciertos Estados miembros de la UE no pueden legitimar una Realpolitik que pase por encima de la verdad y de la justicia y se manifieste en exigir- usando dos pesos y dos medidas- menos a China que a otros países más débiles con los cuales la UE tiene acuerdos económicos o comerciales basados en la «cláusula de los derechos humanos». 
Las más recientes y graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en China, con la persecución a los opositores políticos y defensores de los derechos humanos, o a minorías nacionales, no pueden pasar sin un firme reparo y advertencia por parte de la UE. 
Lo mismo se puede decir en cuanto a la violación de los derechos de los trabajadores (en particular, los situados en lay-off) y a la inexistencia de libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga. 
Quisiera hacer constar las referencias a Macao. 
Propuesta de resolución: 
» Expresa el deseo de que la transferencia de Macao a la soberanía china se haga con respeto del acuerdo de 13 de abril de 1987 y permita desarrollar en ese territorio una sociedad próspera y democrática». 
» Macao: otro puente entre Europa y China. 
Asimismo, es conveniente seguir de cerca la evolución de la situación en Macao, cuya transferencia a la soberanía china se producirá en diciembre de 1999, en virtud de un acuerdo subscrito el 13 de abril de 1987. 
Macao representa una cultura latina, o sea, uno de los componentes fundamentales de la civilización europea. 
En ese sentido, puede contribuir a la mejora de las relaciones con China, al permitir a este país comprendernos mejor en nuestra diversidad de europeos». 
Creo que el ponente ha comprendido el papel que Macao puede desempeñar en el futuro, por su historia y características propias, como «puerta abierta» de China a Europa y a Occidente en general y como «puente» entre Europa, en su diversidad, y China. 
La UE debería seguir con mucha atención el proceso de transferencia de soberanía que se concretará el 20 de diciembre del año en curso, con una exigencia no inferior a la que adoptó en relación con Hong Kong, a pesar de la diferencia de proporciones y problemas, a fin de garantizar la consistencia futura del principio de «un país, dos sistemas». 
Subsisten problemas en la consolidación de la legislación local de derechos y principios ya vigentes en el orden constitucional y garantizados por la Declaración Conjunta Luso-China. 
La UE podría apoyar a las dos partes y a las autoridades del territorio con vistas, en particular, a 
garantizar que China respetará la prohibición de la pena de muerte; -velar por que China cumpla con su compromiso de no estacionar tropas en el territorio; -garantizar que China, como es su deber, controlará su frontera para impedir el paso de delincuentes que provocan la inseguridad en Macao; -reglamentar y garantizar las libertades fundamentales, en particular la libertad religiosa, la libertad de asociación y de partidos políticos, la libertad sindical y el derecho de huelga; -reglamentar el uso de las dos lenguas oficiales del territorio: el chino y el portugués; -regular equitativa y humanamente la cuestión de la nacionalidad; -establecer un sistema judicial independiente, con un Tribunal local de última instancia.La UE debería, desde ahora mismo, y en el futuro, apoyar el desarrollo de la sociedad civil; apoyar las asociaciones, incluidas las de defensa de los derechos humanos; apoyar las actividades culturales y la cooperación universitaria con China; apoyar la acción del Instituto de Estudios Europeos; fomentar el intercambio entre juristas, permitiendo la divulgación del derecho europeo continental en China, en particular mediante las actividades del Centro de Traducción Jurídica y del Centro de Formación de Magistrados. 
Pido a la Comisión que, a semejanza de lo que hizo para Hong Kong, presente una comunicación sobre las relaciones futuras UE-Macao y garantice, desde ahora mismo, que elaborará informes periódicos sobre la evolución de la situación después de la trasferencia de soberanía. 
La responsabilidad de la UE para con Macao exige una activa y competente Delegación de la Comisión y de la UE presente en el territorio. 
Pregunto a la Comisión qué medidas va a adoptar o ha adoptado ya para garantizar ese aspecto. 
Señalo, una vez más, a la Comisión el desagrado de toda la Delegación PE/China, al comprobar que el Delegado de la Comisión para Hong Kong y Macao se permitió no comparecer ni enviar un representante, durante la última visita de los diputados europeos al territorio a mediados de 1998. 
Me gustaría que en el futuro no pudieran repetirse hechos tan graves, inelegantes, incompetentes y mezquinos. 
La evolución de China es un dato fundamental para la evolución de nuestras propias sociedades. 
Influirá no sólo en nuestras economías, sino también y sobre todo en las perspectivas de una democracia a escala mundial. 
Creo que corresponde a la Unión Europea el cometido principal de traer a China al capo democrático. 
Y debe hacerlo de forma audible, consistente y eficaz, en particular en su apoyo al concepto de «un país, varios regímenes». 
Europa no presta a Macao y a Taipei la atención que su estatuto de puestos avanzados de la democracia en Oriente merece. 
La Unión Europea debe mostrar en esta causa mayor determinación. 
Necesitamos: 
misiones de la Unión Europea instaladas en Macao y en Taipei (no despachos avergonzados, sino agencias verdaderamente operativas) ; -un claro apoyo a la entrada de China y de Taipei en la OMC; -intervenciones políticas de diputados europeos de todas las tendencias para apoyar a Portugal en este «sprint» final en el que se procura consagrar en el acuerdo con China la identidad democrática y chinoeuropea de Macao.Me habría gustado ver en el informe Bernard-Reymond, con el que estoy de acuerdo, mayor firmeza en el llamamiento a la responsabilidad de la Unión Europea. 
Felicito a la Comisión y a la Sra. Caroline Jackson por la iniciativa y el informe elaborado, que corresponde a una preocupación a la que nadie puede dejar de ser sensible. 
Con particular relieve se expresa la preocupación por la calidad de vida en los medios urbanos, por lo que se comprende que se exija un mínimo de distancia entre los vertederos y las zonas residenciales y recreativas. 
Con mayor razón, y al exigirse, evidentemente, una distancia de muchos kilómetros, se aborda la preocupación que, desde luego, los Gobiernos no deberían dejar de tener- por desgracia, no es así en el caso del Gobierno portugués- en los procesos de incineración o de coincineración de basuras tóxicas y resulta inadmisible que, al no poderse decir en serio que no hay riesgos, se sacrifique a personas que tienen derecho a su salud y a su vida. 
El principio según el cual los vehículos industriales de carretera deben pasar controles técnicos anuales en centros de inspección técnica autorizados se implantó mediante la Directiva 96/96/CEE. 
La Comisión, en su propuesta de directiva, prevé la posibilidad de que cada Estado miembro realice controles técnicos inesperados y en la carretera de estos vehículos. 
A nuestro juicio, esta iniciativa se preocupa por el respeto de la seguridad de los usuarios. 
En efecto, si consideramos el aumento del tráfico internacional, las estadísticas nos demuestran que ¡un buen número de vehículos efectúan más de 150.000 kilómetros anuales! 
Un control técnico anual no basta para garantizar la seguridad y la fiabilidad del vehículo. 
Nuestro ponente sostiene esta propuesta de control inesperado en la carretera, y no podemos sino felicitarnos por ello. 
Ahora bien, para dar un máximo efecto a esta iniciativa, es preciso establecer un verdadero sistema de control, con agentes dotados de una formación técnica de alto nivel. 
Asimismo, los Estados deben colaborar con la Comisión para reforzar los procedimientos de autorización. 
Por último, los transportistas no deben ver en esta medida únicamente un aspecto represivo. 
El hecho de pedir la inmovilización inmediata del vehículo industrial de carretera, después de un control técnico inesperado que revele un riesgo importante, ha sido dictado por la seguridad de los usuarios. 
No podemos permitirnos- en nombre de la lógica económica-dejar circular «bombas sobre ruedas». 
sobre el informe Camisón Asensio (A4-0010/99) 
¿Qué sería de todos nuestros esfuerzos para eliminar los obstáculos a la libre circulación y acelerar la supresión de nuestras fronteras, sin una política ambiciosa y de calidad en materia de transportes? 
¿A dónde pueden llegar nuestras acciones de cohesión económica y social y de desarrollo regional sin el relevo vital de las infraestructuras? 
¿A dónde puede llegar una política de reactivación del empleo sin una verdadera voluntad de comunicación? 
Hoy en día, la coordinación de nuestros esfuerzos nacionales es primordial, al igual que la cooperación entre los sectores públicos y los sectores privados. 
Hasta ahora, las realizaciones en el ámbito del transporte de las mercancías y de las personas no ha avanzado de manera significativa. 
Se requiere más que nunca una nueva dinámica. 
Demasiados proyectos permanecen vagos, sus calendarios inciertos y su financiación aleatoria. 
El Parlamento Europeo ha de ser capaz de vigilar este avance, especialmente cuando se trata de financiaciones locales y regionales. 
En efecto, el aporte de finanzas públicas se revela primordial a pesar de las restricciones actuales. 
No puede hacerse nada sin este papel activo porque, como en muchos ámbitos, son las cuestiones financieras las que se encuentran en el centro de los debates. 
Por tanto, apruebo el informe Camisón Asensio, lamentando los graves retrasos y discordancias en la ejecución de la mayoría de los proyectos definidos en Essen, en 1994. 
Asimismo, lamento que, ante esta situación, la Comisión Europea no haya propuesto medidas de reactivación y se haya contentado con este estado de hecho. 
Ahora sería útil recordarle su misión y pedirle un Consejo de Ministros para buscar soluciones a los problemas que acabo de destacar. 
Con la presente explicación de voto quiero hacer constar mi voto favorable al informe Camisón Asensio debido, principalmente, a su petición explícita de la necesidad de agilizar los catorce proyectos de Essen. 
Efectivamente, resulta de vital importancia para el desarrollo de la cohesión económica y social de la UE la pronta finalización de los proyectos prioritarios de Essen que, junto al resto de las redes transeuropeas de transporte- RTET -, suponen un reforzamiento del mercado interior y una importante base en la creación de empleo. 
Para conseguirlo, es necesario cohesionar la política estructural comunitaria con las RTET, en beneficio de un desarrollo equilibrado y sostenible de la UE, y lograr reducir las disparidades regionales existentes en la actualidad. 
La mayor parte de los proyectos prioritarios seleccionados en la Cumbre de Essen sufre un retraso considerable en su ejecución. Ello se debe, entre otras causas, a la falta de financiación para el desarrollo de dichos proyectos. 
Una buena política comunitaria para satisfacer dichas necesidades financieras sería el fomento de las asociaciones público-privadas y un esfuerzo financiero del propio Estado miembro, lo que ayudaría sobremanera al relanzamiento tanto de los proyectos en retraso de ejecución como del resto de las RTET. 
sobre el informe Soltwedel-Schäfer (A4-0044/99) 
Queremos destacar la importancia de que en la formación del euro se tomen en consideración las exigencias específicas de los minusválidos. 
El euro es una moneda que debe tener una forma tal, que pueda ser usada por todos los ciudadanos. 
En cuanto a la propuesta específica presentada por la ponente de instaurar una moneda de oro de cien euros, opinamos que carece claramente de fundamento. 
No obstante, en la votación hemos optado por seguir el juicio que nuestro Grupo planteó durante el tratamiento en la comisión. 
La segunda lectura del proyecto de reglamento del Consejo sobre la definición de las características técnicas de las monedas de euros me brinda la ocasión de recordar que es totalmente inoportuno querer retirar de la circulación todas las monedas nacionales el 1 de enero de 2002. 
Esta operación sería sumamente costosa, desde el punto de vista psicológico, para los ciudadanos, y sólo serviría para la satisfacción ideológica de aquellos que quieren hacer desaparecer las naciones. 
En cambio, muy bien podría seguirse haciendo coexistir, como ahora, por una parte el euro, tal como ha entrado en vigor, reservado a los mercados bursátiles y a las actividades financieras internacionales, y por otra, las monedas nacionales, cuya circulación se mantendría. 
De todas maneras, la eliminación del nivel monetario nacional no sería prudente, ya que no sabemos qué crisis nos depara en el futuro: si dentro de un tiempo sufriéramos un choque asimétrico, quizás estemos muy contentos de poder modificar las paridades entre el euro y algunas monedas nacionales, con el fin de introducir un poco de flexibilidad en el sistema y no imponer a nuestros conciudadanos sacrificios inútiles. 
De este modo, si mantenemos la coexistencia de los dos niveles de monedas, la europea y las nacionales, habremos descubierto de nuevo un sistema próximo a la moneda común, que el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones siempre ha defendido. 
Esta solución preservaría el porvenir sin imponer a nuestros conciudadanos riesgos inútiles. 
Por tanto, espero que el Consejo escuche la voz de la prudencia y que los ministros no sigan a ciegas el esquema de la unificación, que no tendría salida. 
Sin embargo, con el fin de justificar esta continuación, algunos se refugiarán sin duda alguna en el argumento jurídico del artículo 109 L-4, que prevé que «En la fecha en que entre en vigor la tercera fase, el Consejo ,... adoptará los tipos de conversión a los que quedarán irrevocablemente fijadas las monedas respectivas de los Estados miembros y el tipo irrevocablemente fijo al cual el ecu sustituirá dichas monedas (las monedas de los Estados participantes )... El Consejo adoptará asimismo, con arreglo al mismo procedimiento, las restantes medidas necesarias para la rápida introducción del ecu como moneda única de dichos Estados miembros». 
Sin embargo, este argumento no tiene más valor que los argumentos jurídicos: en caso de fuerza mayor, se modifica el texto con toda urgencia, o bien se le descubre otra interpretación. 
Por ejemplo, podríamos decir que si el euro debía sustituir a las monedas nacionales el día de la entrada en vigor de la tercera fase, es decir el 1 de enero de 1999, entonces ya está hecho, no se diga más. 
Los Gobiernos harían bien en reflexionar seriamente en esta cuestión. 
En nombre de Alianza Nacional insisto en la necesidad de prever una moneda de oro con un valor nominal de 100 euros. 
De esta forma, además de aumentar la fuerza simbólica de la moneda única, se estabilizaría el precio del oro convirtiendo sus reservas en cada vez menos necesarias. 
Comparto, por ultimo, la opción del ponente de limitar el coste del metal y de la producción efectiva de la moneda al valor nominal de la misma. 
sobre el informe Bernard-Reymond (A4-0479/98) 
Hemos votado de acuerdo a una postura que implica una crítica más severa a las violaciones chinas a los derechos humanos que la formulada en la propuesta de resolución. 
Aunque es importante desarrollar las relaciones comerciales y políticas de la UE con China, los intereses económicos no deben ocultar la importante crítica a las violaciones de los derechos humanos en China. 
La UE también debería tener de manera consecuente esta postura respecto de muchos otros estados como, por ejemplo, Colombia y Perú. 
Obviamente que apoyo el desarrollo y la apertura que tienen lugar en China. 
La apertura es un camino para romper un sistema totalitario y para dar libertad al pueblo chino. 
Sin embargo, tengo serias dudas sobre la glorificación de las soluciones de economía de mercado que contiene el informe. 
Tenemos que aprender de los errores cometidos, por ejemplo, en los antiguos países comunistas de Europa del Este. 
Buscaban libertad y apertura pero consiguieron la forma más brutal de capitalismo que, a su vez, conlleva marginación y miseria. 
En el caso del aumento de la colaboración con China, se deberá dar más importancia a la situación social y a aquellos aspectos que nosotros podemos coadyuvar a desarrollar, tales como intercambio de jóvenes, estudios y posibilidades de desarrollar las organizaciones no gubernamentales. 
Además, como se señala claramente en el informe, tenemos que presionar continuamente para que se respeten los derechos humanos. 
La Comisión ha observado muy acertadamente en su comunicación los grandes cambios que actualmente se están produciendo en la economía y la sociedad civil chinas. 
Sin embargo, también es importante recalcar que el gobierno chino continúa reprimiendo derechos humanos fundamentales. 
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Exteriores ha planteado también la exigencia muy positiva de incorporar una cláusula de derechos humanos al acuerdo de la UE con China. 
Para facilitar la cooperación económica con China, es fundamental que tal cláusula se respete totalmente. 
Las exigencias adicionales que la comisión plantea sobre los campos a los que la Comisión ha dado prioridad pueden contribuir a situar el desarrollo chino en la dirección correcta. 
El informe del señor Bernard-Reymond pretende inscribir el desarrollo de los vínculos económicos y culturales de los países de la Unión Europea con China, que él recomienda, en una lógica que quisiera que tal intensificación de las relaciones implique necesariamente y traiga consigo de manera mecánica una mejora de la situación de la democracia y de los derechos humanos en este país. 
Esta estrategia, que puede resultar eficaz en algunos casos, parece, en China, chocar con realidades que no deben ser abordadas de manera reduccionista. 
Hace ya casi quince años que China emprendió su modernización económica, que experimenta en este ámbito un desarrollo sin precedentes, y que los jefes de Estado, jefes de empresa y compradores de la gran distribución occidentales acuden presurosos a Pekín y Shanghai para concluir múltiples contratos. 
Sin embargo, es preciso comprobar que China, desde hace 15 años, si bien ha liberalizado fuertemente su economía, en cambio ha progresado muy poco en materia de libertades civiles y religiosas. 
La política de sinización del Tíbet, que es, no obstante, objeto de las más vivas presiones occidentales, no ha disminuido en lo más mínimo en el curso de estos últimos años. 
De manera más general, los muy graves problemas relacionados con las violaciones de la libertad religiosa en China habrían merecido más atención por parte de nuestro ponente. 
La aplicación de una política de registro obligatorio de todos los lugares de culto en 1991, dio pie a la mayor ola de represión antirreligiosa que se haya dado desde la revolución cultural. 
Esta nueva política da a las autoridades chinas los medios de controlar totalmente las actividades religiosas tanto en el plano material como espiritual. 
El Estado chino ha emprendido así, por ejemplo, controlar el contenido de los artículos de fe de las distintas confesiones cristianas y realizar una selección entre aquellos que le parecen aceptables y los que han de proscribirse. 
El poder civil prohíbe así verdades de fe tales como el juicio final, la comunión de los santos, el génesis o el carácter inviolable de la vida. 
Ante tales presiones, numerosos fieles chinos se incorporan a las «iglesias de la sombra» entre las que se encuentra la Iglesia católica clandestina. 
Por tanto, se exponen al acoso policial, a la confiscación de sus bienes, al internamiento y a la tortura. 
Los miembros de la clerecía son objeto de torturas especialmente insidiosas. 
Estas prácticas totalitarias no son parte de un pasado caduco, sino que afectan a la vida cotidiana actual de la población china y no podemos hacer abstracción de ello. 
El Parlamento Europeo suele mostrarse más exigente en materia de respeto de los derechos humanos. 
¿Por qué la China comunista goza de una indulgencia particular? 
sobre el informe Azzolini (A4-0412/98) 
La comunicación de la Comisión, objeto del informe de nuestro compañero, refleja una prioridad política en lo relativo a la aplicación de las reglas de competencia en la política de los fondos estructurales. 
La Comisión se preocupa por buscar una coherencia perfecta entre la carta de las ayudas del Estado y la carta de los fondos estructurales. 
Nosotros sostenemos el principio de una reflexión en este ámbito que tenga en consideración las especificidades de ciertas regiones, especificidades que le confieren la elegibilidad comunitaria. 
En efecto, es preciso reconocer que las excepciones a la libre competencia que constituyen las ayudas de Estado tienen una razón muy particular: el mantenimiento de la cohesión económica y social. 
Los Estados miembros, en asociación con las colectividades locales, deben poder disponer de flexibilidad. 
Esta ha de ser en función de los problemas de desarrollo de algunas regiones, y pienso de manera más especial en las regiones del objetivo 1 y 2. 
No sería deseable aplicar ciegamente las reglas de competencia arriesgando poner en peligro la eficacia de las intervenciones comunitarias y nacionales. 
Pienso que el informe de nuestra Comisión de Política Regional, completado por las enmiendas del Partido de los Socialistas Europeos propuestas en nuestra Asamblea, va en la dirección correcta. 
Por lo demás, la última reunión del Consejo «Asunto Generales» tomó acta de esta voluntad de flexibilidad: concertación con los Estados miembros, las colectividades locales y la Comisión con el fin de despejar criterios económicos y sociales propios a cada región que permitan las excepciones. 
La iniciativa de la Comisión Europea, destinada a buscar una mejor concentración y una mayor coherencia de las ayudas regionales nacionales y europeas, con la finalidad de reforzar su eficacia, es evidentemente loable y necesaria. 
Se trata de identificar las regiones más afectadas y de hacer coincidir en éstas las ayudas estructurales europeas y las ayudas nacionales con finalidad regional. 
La Comisión quiere mostrarse así pragmática ,... por lo demás, ¡quizás demasiado! 
En efecto, hasta ahora, el Consejo ha determinado las zonas del objetivo 1 estatuyendo por unanimidad sobre la base de una propuesta de la Comisión (regiones NUTS, donde el PIB por habitante es inferior al 75 % de la media comunitaria). 
Las zonas de los objetivos 2 y 5b fueron determinadas por la Comisión tomando como base criterios socioeconómicos comunitarios y nacionales, en concertación con los Estados miembros. 
Por lo demás, la Comisión posee una competencia exclusiva en materia de ayudas de Estado. 
En esta nueva propuesta, la Comisión propone además incluir la carta del objetivo 2 en las cartas de las ayudas de Estado (artículo 92.3 c). 
Ello significa que la Comisión incluirá únicamente en el nuevo objetivo 2 las regiones que el Estado miembro se comprometa a incluir en la lista de las regiones que reciben ayuda y que éste notifica a la Comisión de conformidad con el artículo 92.3 c. 
Asimismo, propone que las regiones del objetivo 1 se determinen en función del respeto estricto del criterio del 75 % del PIB por habitante, de manera a que correspondan totalmente a las que se beneficiarán de la derogación del artículo 92.3 a, por tanto a aquellas que podrán recibir ayuda a nivel nacional, todo ello debiendo definirse a más tardar el 31 de marzo de 1999. 
Ello nos parece demasiado estricto para ser aceptado tal cual por los Gobiernos, por nuestro Grupo y nuestro Parlamento, habida cuenta que cada Estado reivindica un margen de flexibilidad en la elección de sus políticas de ayuda, en la definición de sus competencias territoriales. 
Creo que la coherencia del establecimiento en zonas debe permanecer un objetivo político del Estado miembro, sin añadir a ello una obligación de resultados. 
Esta es la razón por la que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha presentado varias enmiendas, especialmente un nuevo apartado después del considerando Q y una nueva enmienda 6 pidiendo más flexibilidad, enmiendas que, espero, sean refrendadas por nuestra Asamblea. 
El gran mérito de la comunicación de la Comisión y del informe que hoy nos ocupa es poner otra vez de manifiesto de manera casi paradigmática las contradicciones inherentes a la construcción europea, que oponen a las políticas europeas entre ellas, y los efectos paradójicos de estas mismas políticas. 
Aplicada de manera pragmática, y a veces incluso errática, desde hace veinte años para responder a las sucesivas ampliaciones y a las diferentes crisis que han afectado al tejido económico y social de los Estados miembros, la política de cohesión económica y social tiene efectivamente una gran necesidad de revisión y racionalización para encarar los nuevos desafíos y responder mejor a sus objetivos. 
En este espíritu, yo doy mi apoyo a las opciones recomendadas por nuestro ponente. 
Por tanto, concentraré mi intervención en dos nuevas medidas propuestas en el marco de la reforma de la política de cohesión social. 
Ideada para reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones europeas, tiene de hecho, como consecuencia, acrecentar la disparidad entre los más ricos y los más pobres. 
Reducir la parte cofinanciada por la Unión Europea significaría agravar todavía más el fenómeno, puesto que tal decisión obligaría efectivamente a los Estados miembros a hacer un esfuerzo financiero más importante y, por ende, necesariamente más pesado para los más pobres. 
Queda de manifiesto que existe una contradicción entre las finalidades anunciadas de la política de cohesión social y las consecuencias previsibles de las medidas previstas para aplicarlas. 
Por último, también creo que la limitación en el tiempo de las ayudas de phasing out concedidas a las regiones que se hayan beneficiado del objetivo 1 me parece demasiado draconiana para economías todavía titubeantes. 
No hay razón para que las ayudas regionales de la UE constituyan una condición para el otorgamiento de ayudas nacionales. 
Es una limitación inaceptable a la libertad de gestión nacional. 
Por esta razón, apoyo la propuesta de la comisión en el sentido de que se haga una excepción con el Objetivo 6. 
Las ayudas del Objetivo 6 que se acordaron en las negociaciones de adhesión van a incorporarse, según la Agenda 2000, en el Objetivo 1. 
Esto puede aceptarse con la condición de que los criterios se traspasen sin cambios del Objetivo 6 al Objetivo 1 y de que no disminuyan los recursos del Objetivo 6. 
La Comisión ha presentado en su comunicación algunas propuestas para mejorar la relación entre la política regional y la política de la competencia dentro de la UE. 
Se trata de una iniciativa muy importante y sumamente interesante. 
Con las normas actuales que regulan las ayudas a las zonas poco desarrolladas y pobres existe el riesgo de que se produzcan distorsiones de la competencia. 
Desgraciadamente ha habido ejemplos de ello. 
Resulta fundamental que el reparto de zonas por el que a partir de ahora se regirán los Estados miembros a la hora de conceder ayudas regionales quede definido de tal forma que las consecuencias negativas para la libre competencia sean reducidas al mínimo. 
En consecuencia, me sumo al análisis presentado en el informe de la comisión. 
No cabe duda de que, a pesar de los intensos esfuerzos, siguen existiendo diferencias notables entre las regiones de la UE por lo que a su nivel de desarrollo se refiere. 
Por otra parte, la aplicación más estricta del principio de la concentración de los recursos, que tiene por objeto cumplir el objetivo de la coherencia en el uso de los recursos disponibles, no nos puede hacer perder de vista la necesidad de autorizar el despliegue de medidas de apoyo nacionales fuera de estas regiones en el marco de la subsidiariedad. 
Es fundamental que los denominados países ricos, de ser necesario, puedan tomar medidas de apoyo eficaces, especialmente en las regiones estructuralmente débiles limítrofes con terceros países. 
Voto a favor de este informe, puesto que mi enmienda nº 1 abre la posibilidad a la que acabo de referirme. 
El informe del señor Azzolini, dedicado a la política regional y a la política de competencia, aborda la cuestión de las ayudas de Estado con finalidad regional. 
Se inquieta especialmente por las disposiciones de las nuevas líneas directrices que reducen de manera sensible la intensidad de las ayudas admisibles: el 40 o el 50 % según la pobreza de la región afectada, para las zonas del objetivo 1, del 10 o el 20 % para las zonas del objetivo 2, y se pregunta si esta evolución no prefigura una desaparición progresiva de las ayudas de Estado con finalidad regional y, en un momento dado, su prohibición simple y llana. 
El informe de la Comisión de Política Regional aboga una vez más en favor de que la política de ordenación del territorio entre en el ámbito comunitario. 
Este sistematismo no puede suscitar nuestra adhesión, incluso si, en algunos ámbitos, las armonizaciones o las cooperaciones estrechas nos parecen indispensables, por ejemplo, en materia de redes de transportes transeuropeos o de zonas ecológicamente sensibles. 
Sin embargo, los Estados deben conservar toda la libertad de utilizar, si lo juzgan necesario, las ayudas públicas para mantener el equilibrio de su territorio y corregir las distorsiones inducidas en algunos casos por determinadas políticas comunitarias, tales como las de un libre cambismo cuyas consecuencias no se han evaluado. 
A este respecto, recuerdo que el considerando C del informe conlleva un informe de nuestro Grupo adoptado en comisión; recuerda que la política de competencia constituyó un factor esencial de competitividad de la economía de la Unión Europea, a condición, no obstante, de que esta competencia se ejerza lealmente, especialmente de la parte de algunos socios comerciales de la Unión, y no tenga por efecto sacrificar nuestras normas sociales y medioambientales. 
Este texto demuestra el carácter inadmisible de la prohibición recientemente impuesta a Francia por la Comisión de conceder ayudas a su industria textil, víctima de un proceso especialmente cargado de transferencias. 
Esta es una ilustración ejemplar de la aplicación ciega de la competencia concebida como un dogma, independientemente de toda consideración social o de ordenación del territorio, concepción a la que nuestro Grupo se opone resueltamente. 
sobre el informe Read (A4-0386/98) 
Primeramente, quiero felicitar a Imelda Read por la seriedad y la calidad de su trabajo que ha permitido entablar un debate de calidad. 
Más allá de estos preliminares relativos a la forma, quiero dar un franco apoyo a las recomendaciones emitidas por nuestra compañera. 
Esta preocupación permanente de garantizar un acceso equitativo a todos, y en primer lugar a los más frágiles de entre nosotros, corresponde a lo que deberá ser un servicio universal. 
Al igual que Imelda Read, pienso que los Estados miembros de la Unión deberían pensar en aplicar, a través de un pliego de condiciones, una tarificación adaptada a las rentas más modestas. 
Si algunos consideran no equitativo una medida semejante, entonces qué piensan de la mayoría de los consumidores que subvenciona las llamadas de larga distancia de unos cuantos. 
En nombre de qué, porque se es pobre o se está en paro, sólo puede tenerse una autorización residual que ha de pagarse al precio más alto. 
No olvidemos que el teléfono es también un instrumento de búsqueda de empleo. 
Asimismo, la generalización de Internet implica el establecimiento de tarificaciones adaptadas tanto para los usuarios individuales como para los centros de carácter educativo. 
Ya lo he dicho, pero lo repito, ¡la Web no puede ser propiedad de una minoría acomodada! 
Por el contrario, quiero advertir a nuestros compañeros conservadores sobre las enmiendas que tienen previsto presentar. 
Considero que éstas amenazan en un determinado plazo la igualdad de acceso a estos medios de comunicación. 
Esas propuestas son peligrosas tanto para el sector de las telecomunicaciones como para el porvenir del servicio universal en general. 
Por último, me atrevo a esperar que la derecha tendrá el valor de anunciar en los próximos meses sus intenciones en este y otros ámbitos. 
El primer acto de todo hombre político es defender sus ideas. 
Entonces, si consideran que la liberalización de los servicios va emparejada con la desigualdad de acceso, tengan la franqueza de decirlo a nuestros conciudadanos. 
La garantía para todos de poder acceder a los servicios esenciales a un precio abordable por una calidad satisfactoria es la condición sine qua non de una liberalización lograda tanto a nivel social como duradero de lo que hasta hace poco se había convenido en llamar los servicios públicos. 
De allí, la gran importancia de este primer informe de seguimiento relativo al servicio universal en el sector de las telecomunicaciones, que hoy nos ocupa. 
Nos vemos obligados a comprobar que este primer informe describe una situación que está lejos de ser satisfactoria y que demuestra la incapacidad del libre juego de las fuerzas del mercado y de la competencia a asegurar por sí solos una participación efectiva de todos en la sociedad de la información y en las tecnologías de la comunicación. 
No cabe duda de que este primer informe señala un determinado número de disfuncionamientos que es importante corregir a la brevedad posible. 
Mencionaré especialmente la ausencia de la obligación para los operadores de tarificar, en todos los puntos del territorio, un precio análogo para un mismo servicio, lo que es una fuerte amenaza para un verdadero servicio universal. 
La comprobación de que algunos Estados miembros presentan una evolución global de las tarifas a la alza también es preocupante. Tanto más preocupante, por lo demás, visto que concierne muy especialmente a los usuarios residenciales, y especialmente los usuarios de baja renta. 
Al igual que nuestra ponente, estoy convencido de que es preciso dedicar con toda urgencia especial atención al caso de los usuarios vulnerables, especialmente las personas discapacitadas. 
La liberalización del sector de las telecomunicaciones en la UE ha supuesto que los Estados miembros están obligados a garantizar que todos los operadores oferten un conjunto mínimo de servicios de telecomunicaciones y a la intervención en los casos en que esto no se cumpla. 
La Comisión ha tomado buena nota de los pasos dados para garantizar este acceso mínimo a los servicios de telecomunicaciones a los consumidores; sin embargo, la recogida de datos no ha sido del todo satisfactoria en todos los casos. 
Por ello resulta acertado que se subraye en el informe la importancia de solucionar estas carencias y de garantizar que los datos relevantes sobre la conformidad de los servicios de telecomunicaciones con estas exigencias mínimas estén disponibles. 
El informe de la Sra. Read ha demostrado que los avances logrados por la introducción del servicio universal suscitan sentimientos contrarios. En general, los resultados son más bien insatisfactorios. 
Por tanto, es fundamental que se realicen esfuerzos suplementarios en este ámbito. Estos son los elementos del informe de la Sra. Read que merecen el apoyo de los Verdes. 
Aparte de ello, debemos averiguar si es preciso crear más instrumentos (como por ejemplo un cahier de charges, formas escalonadas de supervisión del Estado, etc.) destinados a fortalecer el interés público y garantizar la calidad de los servicios y relacionados con los efectos sociales de los nuevos servicios. 
El derecho de los medios ya contempla en parte este tipo de instrumentos, así que nos pueden servir de ejemplo. 
sobre el informe Tappin (A4-0394/98) 
Queremos dar las gracias al ponente por este excelente trabajo que versa sobre tan importante materia. 
El fundamento de esta explicación de voto es subrayar la importancia de poder aplicar criterios y objetivos sociales en conformidad con lo que se menciona en los puntos 10 y 11 de la propuesta de informe de la comisión y en las enmiendas 5 y 6 de la ponente Van Lancker. 
Opinamos que es trascendental que se realicen unas contrataciones públicas más transparentes, en beneficio del empleo y del aumento de la competencia, en el necesario equilibrio con los objetivos sociales y medioambientales. 
Por lo que se refiere al aumento de los umbrales cuantitativos propuestos en el informe, sabemos por experiencia que el número de empresas participantes en las contrataciones públicas aumenta según disminuyen los umbrales cuantitativos. 
Ello implica que asimismo va en aumento el número de empresas que se quedan al margen, con el resultado final de que se incrementa el número total de los llamados esfuerzos frustrados. 
Pero como estoy en contra de un aumento de los umbrales cuantitativos por razones de principio, me he abstenido en las votaciones relacionadas con esta cuestión. 
sobre el informe Th. 
Mann (A4-0475/98) 
En el umbral del próximo milenario, no podemos aceptar en el seno de la Unión Europea más de 18 millones de personas sin empleo. 
Es nuestra responsabilidad combatir esta plaga y los indicios formulados en el informe que hoy nos ocupa van en la dirección correcta. 
Ya, en la Cumbre de Luxemburgo, la instauración de líneas directrices en cada Estado miembro nos permitió captar la envergadura del compromiso de estos últimos. 
Sin embargo, el combate también debe librarse a nivel de las instancias europeas. 
Par ello, podemos pedir un esfuerzo, en primer lugar, a los sectores potencialmente creadores de empleo. 
Pienso en el sector del turismo, y lamento el bloqueo, en el seno del Consejo de Ministros, del programa Philoxenia. 
Este sigue siendo un formidable marco de acción y hay numerosos operadores y protagonistas que esperan su entrada en vigor. 
Pensemos también en los puestos de trabajo de los servicios de proximidad o de asistencia a las personas. 
A menudo, las colectividades locales difícilmente toman el relevo del esfuerzo de creación de empleo que ponen en marcha las asociaciones. 
Por otra parte, también es posible iniciar una reflexión sobre una nueva organización del trabajo. 
En el momento actual, comprobamos que varios Estados miembros se encaminan hacia una aplicación de una reducción del tiempo de trabajo negociada con los diferentes interlocutores. 
Esta solución no debe encerrarse en una lógica nacional. 
Es preciso tomar en cuenta un impulso concertado a escala europea. 
A beneficio de inventario, nuestro ponente propone excelentes recomendaciones. 
No debemos decepcionar las expectativas de nuestros ciudadanos. 
Desde hace muchos meses, he estado pidiendo que se abra un debate sobre las consecuencias sociales de las evoluciones técnicas. 
Por tanto, me felicito por el informe de nuestro compañero Thomas Mann que responde a uno de los ejes esenciales de esta reflexión. 
Efectivamente, es importante que nuestra Asamblea favorezca la emergencia de estos nuevos puestos de trabajo cuyo potencial parece importante. 
Quiero precisar que comparto en gran parte las preocupaciones y propuestas expresadas por el ponente. 
No obstante, emitiría algunas reservas y comentarios sobre diferentes puntos que en modo alguno desfiguran la intención inicial del autor. 
Si, a la par de Thomas Mann, comparto la idea de que la sociedad debe invertir financieramente para adaptar la formación de manera general a estas nuevas canteras de empleo, haré dos observaciones. 
Ante todo, pienso que estos esfuerzos deben ser importantes especialmente para los puestos de trabajo con fuerte valor añadido. 
Se trata de una obligación en atención a los medios necesarios para obtener una formación de calidad. 
Por otra parte, confieso mi agradable sorpresa al comprobar que nuestros compañeros conservadores toman conciencia de que la iniciativa privada no puede encargarse de ciertas necesidades de la sociedad. 
Asimismo, me alegro de la voluntad de legislar sobre la formación a lo largo de toda la vida introduciéndola en la ley del derecho a la licencia anual para formación. 
Esta petición constituye una base importante para el reconocimiento de este derecho que debe permitir a todos los trabajadores evoluciones de carrera y una mejor disposición para conseguir empleo. 
Por último, no quiero concluir sin mencionar ciertos riesgos para los derechos de los trabajadores que deben, a mi juicio, ya no adaptarse a las nuevas tecnologías, sino tratar de garantizar una calidad de vida aceptable para todos. 
Pienso que nuestros conciudadanos no aceptarán indefinidamente una degradación de esta calidad de vida, fuertemente amenazada por una minoría de entre nosotros. 
Cómo no votar en favor de este informe que, tomando como punto de partida lo que constata como un estado de hecho- una tasa de paro que alcanza alrededor del 11 % de la Unión Europea, cuyo 22 % son jóvenes, y la situación precaria de las mujeres- recomienda toda una serie de medidas de sentido común. 
Medidas de sentido común, puesto que hacen hincapié en las PYME, que ofrecen el mayor potencial de creación de empleo, pero que, en el contexto de una mundialización creciente, deben beneficiarse de condiciones favorables para desarrollarse. 
La Comisión ya ha preparado numerosas acciones en su favor. 
Es preciso amplificarlas y estimularlas. 
Medidas de sentido común, ya que insisten en los sectores de futuro: el turismo, la cultura, las nuevas tecnologías, la investigación, los medios de comunicación, todos son ámbitos que pueden regenerar nuestras colectividades locales y nuestras regiones si se prepara correctamente el acceso y la formación a las profesiones del futuro. 
Medidas de sentido común, puesto que piden a los Estados miembros que apliquen las líneas directrices para el empleo definidas en Luxemburgo, en 1997. 
Medidas de sentido común además, puesto que reivindican un sistema de formación permanente, adaptado a la evolución constante de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
Un sistema capaz de acompañar al trabajador a todo lo largo de su recorrido, de manera que pueda evolucionar paralelamente con las mutaciones tecnológicas. 
Medidas de sentido común una vez más, ya que no quieren abandonar en el camino ninguna categoría de personas, ni aislar más las regiones desfavorecidas. 
De allí los llamamientos al desarrollo de la infraestructura de transporte y de telecomunicaciones que permitan el acceso a los mercados mundiales, para que las regiones y sus habitantes no estén aislados del mundo del trabajo del futuro. 
Por último, medidas de sentido común puesto que piden un reconocimiento de los principios inscritos en el Tratado de Amsterdam, especialmente el de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Por lo demás, ¡algunos de nuestros senadores franceses podrían inspirarse en ellas! 
Por último, esta resolución, que analiza nuestra sociedad, sus mutaciones y sus perspectivas para el futuro, no es revolucionaria, pero si realmente fuera tomada en cuenta, sería el principio de un mundo mejor. 
No se encontraría aquí una sola persona para negar que la creación de empleo es una de esas problemáticas fundamentales que la opinión pública tomará como punto de partida para juzgar el efecto global positivo o negativo de la construcción europea en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. 
Por tanto, podemos alegrarnos otra vez de que el Tratado de Amsterdam haya captado la dimensión de este desafío y dedique un capítulo al empleo. 
Todavía falta que esta sensibilización desemboque en efectos positivos concretos para nuestros conciudadanos, especialmente para las categorías vulnerables como son los jóvenes y las mujeres. 
Apoyo plenamente los análisis y las recomendaciones formuladas por nuestro ponente, por tanto, votaré sin ninguna reticencia el presente informe. 
No obstante, quiero hacer especialmente hincapié en el hecho de que la reorganización del trabajo en función de las posibilidades que ofrece el desarrollo del sector multimedial tiene la potencialidad de permitir una ganancia sustancial en términos de balance ecológico para la sociedad en su conjunto y de calidad de vida para numerosos trabajadores que a partir de entonces ya no se verán obligados a realizar los fastidiosos desplazamientos cotidianos. 
Esa reorganización, que desatascaría las vías de acceso a las grandes ciudades, permitiría además reorientar en un momento dado recursos humanos y presupuestarios importantes que podrían así dedicarse al desarrollo de infraestructuras de comunicación en las regiones menos favorecidas y en los sectores de actividad creadores de empleo. 
Asimismo, deseo hacer hincapié en el hecho de que las medidas presupuestariamente poco costosas y, en suma, relativamente fáciles de aplicar, también tienen la posibilidad de permitir una rápida creación de empleo. 
Me refiero, por ejemplo, a la racionalización y la reducción de las cargas administrativas de todo tipo que pesan sobre las pequeñas y medianas empresas, o incluso, poner a disposición de éstas una red eficaz de prospección de los mercados y de redistribución de la información obtenida de este modo. 
Éste es fundamentalmente un buen informe. 
Hace hincapié en la lucha contra el desempleo y en el trabajo para todos. 
No excluye a nadie del concepto todos; por ejemplo las mujeres están claramente incluidas. 
En el informe hay muchas ideas interesantes acerca del mercado laboral del futuro. 
Nos alegramos al comprobar que la Unión ve los problemas y tiene voluntad de destacarlos. 
Desgraciadamente, en este buen informe, sin embargo, se han deslizado dos puntos francamente malos. 
En primer lugar, los impuestos son un asunto de carácter nacional. 
Por eso, el Parlamento Europeo no debe «recomendar» , como lo hace en el punto 41, que se disminuyan «cargas» , tales como los impuestos 
Aún más enojosa es, sin embargo, la ignorancia que se manifiesta en el punto 23. 
Lo que el ponente llama «impuesto al trabajo» no es otra cosa que el dinero de los asalariados. 
El dinero que los empleadores pagan al estado para que lo administre bajo el nombre de cotización de la seguridad social es dinero que hemos dejado de recibir en forma de aumento salarial. 
En cambio, obtenemos por ese dinero, entre otras cosas, indemnizaciones por enfermedad, pensión y protección del desempleo. 
Las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social constituyen subidas de sueldo a las que los trabajadores han optado por renunciar para pagar con ellas el bienestar común. 
Este sistema, en el que nos hacemos cargo de esas responsabilidades de modo colectivo, es, además, el más justo y eficiente. 
Éste es un informe de extraordinaria importancia y oportunidad, ya que la cuestión del empleo se encuentra en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía europea. 
La reflexión sobre el futuro nos permite sentar las bases ahora en la lucha contra el desempleo cuyo nivel inaceptable amenaza la cohesión de nuestras sociedades. 
El objetivo central es la lucha contra el desempleo a través de la creación de empleo suficiente y de calidad teniendo en cuenta las nuevas necesidades de una sociedad que ha cambiado y que todavía cambiará más en el futuro. 
La informática, las comunicaciones, la demografía, la sostenibilidad, el ocio, con el consiguiente desarrollo del turismo y sobre todo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, incrementándose la paridad y la igualdad, hacen que esta nueva sociedad tenga nuevas necesidades que, tal y como he dicho en mi Informe de opinión, merecen una propuesta política audaz, serena y realista que sin perder de vista estas grandes posibilidades de creación de empleo y dando respuesta a las nuevas demandas, esto no suponga otra forma de segregación en el trabajo de las mujeres ni una mayor precarización y desregularización. 
Sí que debemos apoyar y saludar las nuevas iniciativas de creación de empleo y universalizando la protección social y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que garanticen el pleno empleo de mujeres y de hombres así como la cohesión social. 
sobre el informe Fitzsimons (A4-0052/98) 
Se necesita la plena cooperación de los Estados miembros si queremos que la Unión Europea desempeñe el papel que le corresponde en los esfuerzos por reducir el nivel de las emisiones de gases de invernadero. 
Tenemos para con las generaciones futuras la obligación de tomar muy en serio las repercusiones a largo plazo de las emisiones no controladas de dióxido de carbono y sus efectos en el medio ambiente. 
El hecho de que algunos gobiernos de Estados miembros no cooperen plenamente en la actualización y comunicación de «nuevos datos» es absurdo y el único efecto que tiene es socavar los esfuerzos por aplicar programas eficaces de control, según se prevé en el protocolo de Kyoto. 
A menos que consigamos instituir medidas apropiadas será imposible supervisar la eficacia de los programas de control o la verdadera magnitud de la amenaza del calentamiento mundial para las «generaciones futuras». 
El ignorar hoy en día lo que está considerado como una verdadera amenaza no hará más que dificultar aún más la posibilidad de conseguir una solución definitiva. 
Me agrada que los Ministros de Medio Ambiente hayan convenido en reducir en la Unión Europea las emisiones de seis gases de invernadero en un ocho por ciento entre los años 2008 y 2012. 
Las cifras acordadas permitirán que Irlanda no aumente las emisiones más que en un 13 por ciento en relación con las cifras de 1990. 
El Parlamento Europeo se ha esforzado mucho por promulgar legislación que reduzca la utilización de gases de dióxido de carbono. 
Por ejemplo, la nueva directiva de la UE sobre la regulación de agentes contaminantes obliga a las compañías petroleras a comprometerse a conseguir que el contenido de azufre del petróleo se reduzca en un 300 por ciento y que el contenido de azufre del gasoil quede reducido en un 700 por ciento para el año 2005. 
Si queremos asegurar los beneficios generales sociales, humanos y medioambientales del hecho de contar con una atmósfera limpia entonces hay que atenerse estrictamente a los valores fijados en la reciente directiva de la UE sobre las emisiones de vehículos y la calidad del combustible. 
Tiene que haber la máxima cooperación posible entre los gobiernos de los Estados miembros de la UE y todos los organismos interesados para que la reducción en el uso del dióxido de carbono sea una realidad en un futuro muy próximo. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones votó a favor del conjunto de las enmiendas que permiten mejorar la propuesta del Consejo relativa a un mecanismo de vigilancia de las emisiones de CO2. 
Efectivamente, el mecanismo de vigilancia debe constituir una de las partes esenciales de la estrategia general de la Unión Europea relativa a la estabilización de las emisiones de CO2 a su nivel de 1990. 
Esta estabilización permite mejorar la eficacia energética, al mismo tiempo que nos permite cumplir con nuestros compromisos en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
No obstante, la vigilancia del CO2 no es suficiente. 
Es necesario vigilar y estabilizar las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2 O) , de gases que tienen efectos directos sobre la calidad del aire, así como las emisiones de gas que tienen efectos negativos sobre la capa de ozono (perflurocarburos- PFC -, hidrofluorocarburos- HFC- y el azufre hexafluoruro- SF6). 
Esta ampliación, en términos de vigilancia, a gases que inicialmente no estaban previstos permitirá un análisis más fiable del conjunto de los elementos que perturban nuestra atmósfera. 
No obstante, quiero recordar que si la Unión Europea realiza esfuerzos tangibles en favor del mantenimiento de la calidad del aire, todos los países desarrollados deben realizar esfuerzos equivalentes. 
Nuestros esfuerzos serían vanos si otros países no controlan sus emisiones de gas de efecto invernadero. 
De allí la importancia de la acción llevada a cabo por los Estados miembros destinada a plantear el debate a escala mundial. 
sobre el informe Hautala (A4-0002/99) 
La acidificación es uno de los problemas medioambientales más graves en los países nórdicos. 
Inglaterra, el continente y la Europa del Este contribuyen, igual que nosotros mismos, a estos problemas. 
La propuesta de la Comisión sobre límites para los contenidos de azufre en el fuel y en el gasóleo, es un paso en la dirección correcta. 
También constituyen pasos en la dirección adecuada las posibilidades de excepciones y el derecho a establecer reglas más severas en los países miembros. 
Con todo, la propuesta es demasiado difusa. 
La demanda de la comisión sobre la eliminación del azufre como agente contaminante del aire es un claro adelanto. 
La exigencia del Parlamento de que la directiva debería comprender también fuelóleo para barcos y para motores diesel marinos ha sido aceptada por el Consejo. 
En el segundo tratamiento la comisión demanda una aplicación más rápida, acercando los plazos para el fuel. 
Doy mi apoyo tanto a la propuesta de la comisión como a aquella que menciona que los valores mínimos para el gasóleo deberían regir desde el año 2004 en lugar del año 2008. 
sobre el informe Virgin (A4-0001/99) 
Un día los residuos no tienen valor y al día siguiente se han convertido de repente en algo muy valioso. 
Este cambio se ha notado antes especialmente cuando los residuos de la UE se exportaban a terceros países. 
Estos países probablemente han podido utilizar una pequeña parte de los metales presentes en los residuos; sin embargo, este negocio no ha sido bueno para el medio ambiente. 
Ha habido ejemplos de terceros países que no han podido utilizar los residuos recibidos y que sólo han recibido dinero por ser país de destino. 
En otras palabras, hemos utilizado estos terceros países como vertederos porque han sido alternativas baratas frente a las exigencias europeas en materia ambiental. 
Las nuevas normas han sido motivo de gran confusión y preocupación entre las organizaciones humanitarias que recaudan fondos para las personas necesitadas. 
Permítasenos recalcar que la recogida de ropa para su entrega a las personas de terceros países que la necesiten sigue siendo posible. 
Sin embargo, la novedad radica en que los países de destino deben notificar activamente a la Comisión que desean recibir los residuos. 
Ésta es la única forma en que podemos asegurarnos de que los países receptores se pronuncien realmente sobre si desean o no los residuos que les enviamos. 
Es también una garantía de que los países podrán tratarlos ordenadamente según sus propias normas. 
Nosotros debemos conservar todo lo que sean residuos propiamente dichos y su tratamiento debe seguir nuestras normas sobre vertederos respetuosos con el medio ambiente. 
El informe de nuestro compañero Ivar Virgin trata de dar una respuesta adecuada a los envíos de ciertos tipos de residuos a países no miembros de la OCDE. 
En lo esencial, comparto el punto de vista del ponente, especialmente en lo relativo al abandono de una nueva lista de residuos prohibidos para la exportación. 
A mi juicio, ésta tendría por efecto hacer todavía más compleja la legislación existente. 
Al igual que Ivar Virgin, considero que es necesario hacer un nuevo análisis de la definición de residuos. 
A este respecto, es preciso que la Comisión pueda tomar rápidamente una iniciativa en este ámbito. 
En este sentido, comparto los temores de las organizaciones caritativas sobre la exportación de ciertos residuos y más particularmente de las prendas de vestir de segunda mano para su uso. 
Estas actividades, además del hecho «de ofrecer» un determinado bienestar a las poblaciones interesadas en estos países, permiten a nuestros conciudadanos más vulnerables una inserción social efectiva. 
Poner en tela de juicio estas exportaciones de prendas de vestir de segunda mano tendría consecuencias sobre la viabilidad de esas organizaciones. 
sobre el informe Jackson (A4-0028/99) 
Acojo con satisfacción este informe de nuestra compañera Caroline Jackson. 
No obstante, no puedo dejar de pensar que la génesis de este texto es mucho más larga. 
Esta manifestación de mal humor no se dirige a la autora de este informe, sino más bien a la Comisión que, a mi juicio, ha demostrado negligencia ante un aspecto tan importante de las políticas medioambientales. 
Ante el aumento de los residuos procedentes de las zonas urbanas, es preciso, como lo destaca la ponente, tomar medidas para hacer disminuir el volumen de vertidos. 
En este contexto, sería positivo que la Comisión tomara iniciativas de envergadura para promover las alternativas que son hacer abono y biogás a partir de residuos biodegradables. 
Por otra parte, apoyo la propuesta de instauración de un impuesto sobre los residuos destinados al vertido. 
Efectivamente, ¿cómo imaginar que las superficies necesarias para los vertidos pueden ser infinitas? 
A esto se añaden las consideraciones sanitarias. Ya que nadie puede negar que estos vertidos son potencialmente peligrosos, no solamente para el medio ambiente sino también para el hombre. 
Por último, no puedo apoyar la jerarquización introducida por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para el tratamiento de los residuos. 
Sin embargo, una vez establecida esta jerarquía, es preciso que la Comisión la tenga en cuenta para establecer programas comunitarios que aborden estas problemáticas. 
¡Nos es preciso, en este ámbito, demostrar valor, ya que no puede admitirse que sean las generaciones futuras las que tengan que sufrir las consecuencias de nuestra actual inercia! 
Como en la primera lectura del informe de la Sra. Jackson, elijo apoyar el informe porque sus puntos de vista fundamentales están bien meditados y son razonables. 
Sin embargo, quiero seguir llamando la atención sobre el hecho de que la mayor amenaza para los Estados miembros a la hora de establecer sistemas nacionales de tratamiento de residuos que vayan más lejos que las normas que puedan aprobarse en la UE, sigue siendo el mercado interior comunitario. 
Mientras que los residuos sigan siendo considerados en la terminología comunitaria un artículo, se animará a los grandes productores de residuos de los países de la UE con normas muy estrictas sobre el tratamiento de residuos a que transporten sus residuos a las plantas de los países comunitarios que sólo cumplen las normas mínimas. 
Si no es posible, no sólo en principio, sino también en la realidad, detener este «turismo de residuos» dentro de los países de la UE, el medio ambiente seguirá sufriendo daños. 
Al mismo tiempo, tampoco deben olvidarse las negativas consecuencias económicas para las plantas de tratamiento de residuos situadas en los países comunitarios progresistas en materia medioambiental. 
Sus plantas perderían parte de los residuos en favor quizá del país vecino y de sus soluciones más baratas. 
Me alegra poder apoyar el informe de la Sra. Jackson. 
El vertido de residuos en vertederos debe ser, como dice la ponente, el último recurso en materia de opciones. 
Los vertederos son necesarios en algunos casos. 
Hay que aceptarlo. 
El problema estriba en que en muchos Estados miembros de la UE el recurso al vertido de residuos ha constituido una opción fácil que tiene graves consecuencias para el medio ambiente. 
Es necesario imponer controles más rigurosos. 
Las personas que viven en zonas residenciales no tienen por qué quedar expuestas a emplazamientos potencialmente peligrosos y de aspecto desagradable en sus proximidades. 
Al mismo tiempo es preciso que contemos con un programa mucho mejor en cada país para animar a la gente a evacuar los residuos teniendo debidamente en cuenta al medio ambiente. 
Sé que en algunos países ya hay planes para la separación de los residuos domésticos, a fin de facilitar el reciclado. 
Confío en que este sistema sea, con el tiempo, un sistema de uso corriente en todos los Estados miembros. 
Es responsabilidad de los Estados miembros el mejorar la eliminación de los residuos, utilizando alternativas diferentes al vertido, sin con ello penalizar a los contribuyentes. 
El impuesto sobre los vertederos de residuos en mi país es un buen ejemplo de la forma en que una idea mal concebida que no se enfrenta con el verdadero problema puede resultar onerosa para los bolsillos de los contribuyentes. 
Sin una estrategia del gobierno central que reconsidere la evacuación de residuos, el impuesto sobre el vertido de residuos lo único que significa es que las autoridades locales no tienen más remedio que transferir el costo a los contribuyentes. 
De qué forma puede contribuir esto a reducir la dependencia respecto del vertido de residuos es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo. 
Confío en que en el futuro tengamos un enfoque mucho mejor de la cuestión de la eliminación de residuos en la UE. 
Es esencial que la utilización del recurso al vertido de residuos sea, en la medida de lo posible, algo del pasado. 
Para conseguirlo es esencial que se cumpla la legislación. 
Los Estados miembros tienen que regirse por esa legislación si queremos que tenga algún efecto. 
La posición común del Consejo de la UE sobre una propuesta de directiva relativa al vertido de residuos está encaminada a prevenir o reducir los daños medioambientales y los riesgos para la salud causados por los vertederos, pero desgraciadamente acusa deficiencias en algunas esferas. 
Esta directiva tendrá importantes repercusiones para la cuestión de la evacuación de residuos en toda la UE y especialmente en Irlanda, en la que la gestión de los residuos ha tendido a centrarse exclusivamente en su utilización como materiales de vertido. 
A pesar de que dicha utilización está considerada como la opción menos favorecida para la evacuación de residuos en Europa, Irlanda va a la cabeza de los países de la UE que utilizan los vertederos para así eliminar sus enormes montañas de residuos. 
Ésta es la segunda tentativa en favor de una directiva de la UE sobre el vertido de residuos. 
La Comisión presentó una primera propuesta en 1991, que fue retirada después de que el Parlamento, bajo la presión de grupos medioambientales, rechazase la posición común del Consejo en 1996. 
Aunque desde algunos puntos de vista la propuesta es mucho mejor que la que se presentó en 1996, me inquieta que diversos aspectos de la legislación sean poco firmes y puedan dar lugar a que los gobiernos encuentren la forma de soslayar sus compromisos en materia de gestión de residuos y protección de la salud pública. 
Un problema importante es la posibilidad de que los emplazamientos de vertederos que estaban cerrados en el momento de la transposición de esta directiva queden descartados del ámbito de la legislación. 
Las autoridades están pensando ya en clausurar a lo largo de los dos próximos años un importante número de vertederos de residuos que están en servicio en la actualidad. 
Algunos de esos emplazamientos son sumamente problemáticos. 
Como la vigilancia posterior al cierre constituye una parte importante de la directiva, es esencial que esos emplazamientos que van a cerrarse queden incluidos en el ámbito de la directiva. 
Me desagrada mucho la actitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, del Parlamento Europeo, que no ha insistido en que haya una distancia mínima entre los límites del vertedero y las zonas residenciales. 
La Comisión de la UE había propuesto originalmente que hubiera una distancia mínima de 0, 5 km desde el límite del emplazamiento hasta las zonas residenciales, pero el Consejo de Ministros eliminó esa estipulación en el texto del proyecto de directiva. 
La cuestión de la distancia es importantísima para los grupos comunitarios de toda la UE, particularmente desde que las investigaciones (publicadas en The Lancet, en agosto de 1998) han mostrado que la mortalidad infantil y las taras natales aumentan en hasta un 33 por ciento en las comunidades que residen dentro de una distancia de 3 km a contar desde los vertederos de residuos. 
El no haber fijado una distancia mínima que hubiera protegido a las comunidades locales contra los peligros de los vertederos de residuos va en contra de la política de enfoque cautelar y de la protección de la salud pública. 
El Grupo de los Verdes presentó una enmienda sobre el particular y va a pedir que haya un voto nominal para que las comunidades locales del país vean lo mucho que preocupa a los diputados del Parlamento Europeo la protección de la salud pública. 
Nos parece increíble que tantos diputados del Parlamento Europeo rechacen medidas encaminadas a proteger la salud pública. 
Vale la pena señalar que en la propuesta original de la Comisión se incluyó una distancia mínima hasta las zonas residenciales, distancia que luego fue suprimida por el Consejo. 
La Comisión debería haberse atenido a su posición original y los socialistas no hubieran debido cambiar radicalmente de posición acerca de esta cuestión. 
Han fracasado por completo en su responsabilidad de proteger la salud del público. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones es favorable a la armonización comunitaria de las medidas relativas al vertido de los residuos. 
Efectivamente, si uno de los Estados miembros tuviera una legislación laxista, podríamos encontrarnos ante la transferencia de residuos. 
Dicho claramente, los Estados miembros con una legislación más estricta transferirían sus residuos hacia los Estados miembros más laxistas. 
No obstante, nuestro Grupo recuerda que los Estados miembros deben permanecer soberanos en cuanto a la fijación de un impuesto o de un canon. 
Por ello votamos en contra de las enmiendas que prevén una imposición europea relativa al vertido de los residuos. 
Desde el punto de vista técnico, hemos votado en contra de la enmienda que reemplaza la definición de los residuos inertes por residuos no peligrosos. 
Sé por experiencia que en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, la mayoría de los miembros prefieren la definición de residuos no peligrosos. 
¿A partir de qué nivel podemos considerar que un residuo no es peligroso? 
Algunos desean, en una primera etapa, establecer una definición suficientemente vaga para, en una segunda etapa, establecer normas cada vez más estrictas, incluso irrealistas y con consecuencias financieras importantes a la vez para los operadores económicos y las colectividades territoriales. 
Por último, nuestro Grupo votó en contra de la enmienda destinada a reducir el plazo de aplicación de la directiva. 
Es importante dejar un plazo suficiente a las colectividades territoriales y a los operadores del sector de los residuos para acomodarse. 
Quiero recordar que toda norma y toda decisión se acepta únicamente si es realista y equitativa. 
En conclusión, nuestro Grupo votó, claro está, en favor de las recomendaciones en segunda lectura y por el conjunto de las enmiendas que permiten favorecer los residuos biodegradables, que son los más respetuosos con el medio ambiente. 
sobre el informe Cox (A4-0015/99) 
Señor Presidente, nos hallamos ahora en una dificilísima situación por lo que se refiere a este informe. 
El informe íntegro ha sido devuelto. 
Espero que este Parlamento tenga ahora en cuenta las repercusiones para la imposición fiscal de los productos que se fabrican utilizando energía. 
En particular en el sector de la cerámica tenemos una política de la Unión Europea que consiste en promover el empleo, y conseguir que se apruebe una resolución que impondrá impuestos unilateralmente a un solo sector va a ser dificilísimo. 
Ya nos hemos comido otro trozo del pastel. 
Me reservo el derecho de volver a referirme a esta cuestión cuando la directiva vuelva a la comisión parlamentaria. 
El Grupo socialdemócrata sueco opina que un canje de impuestos para mejorar el medio ambiente y generar más puestos de trabajo debe realizarse con un nivel básico alto para los impuestos mínimos. 
Por eso, optamos por votar por el impuesto mínimo más alto posible sobre la electricidad y los combustibles. 
Con respecto a exceptuar a las industrias que consumen mucha energía, vemos tanto ventajas como desventajas en la propuesta de la Comisión. 
Puede haber riesgo de que unos gravámenes muy altos sobre las empresas de alto consumo energético conlleven un deterioro de su competitividad frente a industrias similares establecidas fuera de la Unión. 
Al mismo tiempo, opinamos que hay que tener en cuenta que las industrias de gran consumo energético son un ámbito importante en relación con este impuesto si queremos alcanzar, entre otras cosas, los objetivos medioambientales que conlleva el cambio de impuestos. 
Además, opinamos que las excepciones que se hagan respecto de las industrias de alto consumo energético pueden contribuir a crear desventajas en la competencia para aquellas actividades que se encuentran en el mismo segmento de competencia que las de alto consumo energético, pero que no producen bienes o materiales por medio de métodos que precisan tanta energía. 
En nuestra postura respecto a los impuestos a las industrias de alto consumo energético, hemos optado por equilibrar estos criterios. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de que la Comisión revise los tipos mínimos de imposición de los aceites minerales. 
La propuesta originaria de la Comisión incluía una larga serie de complicadas posibilidades de exención y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha presentado una solución mejor. 
Ésta implica que las empresas que puedan demostrar que sufrirán una pérdida de competencia como consecuencia de los impuestos podrán ser liberadas del pago de la tasa. 
La propuesta es una continuación de la política activa de la UE sobre el empleo por la que se promueve razonablemente la reestructuración de los sistemas fiscales reduciendo la tributación de la mano de obra al tiempo que aumentan los impuestos sobre el consumo de recursos naturales. 
Ésta es una política verde que no pierde de vista la cuestión del empleo. 
Respaldamos plenamente el informe de nuestro colega, el Sr. Cox. 
Testimonia una postura valiente y original en un expediente lleno de cepos y trampas. 
La propuesta de la Comisión intentaba salvar todos los escollos, pero el complicado resultado de este ejercicio ha encallado en el banco de arena del statu quo. 
La Unión Europea no se puede permitir esto. 
Debe cumplir el compromiso alcanzado en el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
El ponente toma acertadamente como punto de partida el principio «quien contamina paga». 
No se trata aquí de fastidiar al contribuyente con nuevos gravámenes, sino de enfrentar al contaminador con las consecuencias de su conducta. 
Nuestro objetivo final es la reducción de las emisiones perjudiciales y la mejora del medio ambiente y de la salud pública. 
Los Estados miembros deben, por tanto, comenzar en serio por reducir los costes laborales secundarios. 
Las posibilidades de exención deben, en nuestra opinión, ser desarrolladas tanto como sea posible por los Estados miembros, de modo que un Estado miembro pueda, por una parte, poner en práctica una política medioambiental más estricta que la media y, por otra parte, desarrollar su propia política de exenciones. 
Esta política, por supuesto, no debe frustrar los objetivos de la norma comunitaria. 
Hemos votado contra las enmiendas 37 y 38 porque rompen la consistencia de las propuestas del ponente. 
Además, hay que darse cuenta de que en general el precio del transporte se sitúa en un nivel demasiado bajo en relación con los efectos externos que ocasiona. 
La enmienda 29 merece nuestro respaldo. 
Las exenciones internacionales respecto del queroseno de los aviones deben suprimirse cuanto antes. 
En tanto no se alcance un acuerdo sobre esta cuestión, una buena medida provisional podría ser una norma de la UE relativa a una tasa de sobrevuelo. 
Por último, opinamos que la aceptación de estas normas aumentará mediante el establecimiento de un nivel mínimo de las tasas durante un período de cinco años. 
Las empresas sabrán con mucha antelación a qué atenerse. 
La indexación de tasas mínimas introducida por el Sr. Cox es un buen medio para lograr que la norma sea sencilla y fiable. 
Estoy totalmente de acuerdo con nuestro ponente al decir que un buen impuesto es sencillo de comprender, fácil de recaudar y difícilmente se presta al fraude. 
La propuesta de directiva del Consejo, tal y como ha sido enmendada, responde muy ampliamente a esta definición. 
Asimismo, apruebo la línea de conducta seguida por nuestro ponente cuando recomienda una aplicación estricta del principio «quien contamina paga». 
Asimismo, es importante que todo incremento de las medidas fiscales destinadas a obtener una mejor protección del medio ambiente se acompañe de una reducción equivalente de las cargas que afectan al trabajo. 
A través del principio de neutralidad fiscal, el mejor respeto del medio ambiente contribuirá positivamente a la lucha en contra del paro y a la creación de esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. Todo ello, sin poner en peligro la financiación de la seguridad social, que es el orgullo del modelo europeo de desarrollo. 
Lamentablemente, en último análisis, aparece que nuestro ponente no toma en consideración sino parcialmente los diferentes aspectos ecológicos de la cuestión. 
Así, se apunta, por ejemplo- y con toda razón- a un trato fiscal privilegiado en favor de los modos de transporte más respetuosos del medio ambiente, sin establecer diferencia entre la energía utilizada, ya sea que tenga o no efectos nocivos sobre el clima. 
La propuesta implica «que el nivel común mínimo se aplicará de igual forma a la electricidad y al calor generados por formas de energía de origen solar, eólico o por una combinación de calor y electricidad, y a la generada por el carbón». 
Cabe pensar, al igual que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que allí existe una laguna importante que ha de llenarse a la mayor brevedad posible si se quiere que la Unión y sus Estados miembros cumplan con sus compromisos internacionales en materia de preservación del clima. 
A mi juicio, es deseable que la propuesta se adentre aún más lejos en esta vía. 
No puedo apoyar el informe del Sr. Cox, aunque no porque no comparta sus puntos de vista sobre la necesidad de gravar el uso de la energía y los combustibles, pensando sobre todo en las energías no renovables y en los combustibles. 
La razón por la que no apoyo el informe es que no quiero contribuir a decidir una política tributaria e impositiva cada vez más rigurosa y determinada por la UE. 
Pueden existir muchas razones para que los países tramiten normas mínimas comunes para la imposición, por ejemplo, del consumo energético- en atención al medio ambiente, además de también con miras a una competencia limpia entre países- bajo los auspicios de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, la OCDE, la OMC, etc. 
En mi opinión, el informe del Sr. Cox y la propuesta de directiva que yace tras él, son ante todo un ejemplo de la soterrada armonización de las políticas tributarias y fiscales de los países miembros que se está produciendo actualmente bajo los auspicios de la UE. 
Una armonización sobre todo con vistas al mercado interior, aunque, también cada vez más con vistas a la UEM y al euro, la moneda única. 
Una armonización lógica y correcta si se es partidario de la UEM y del euro. 
Yo no soy partidaria ni del euro ni de la UEM ni del mercado interior- de ahí que no apoye el informe del Sr. Cox. 
La propuesta de la Comisión significa un primer paso hacia un cambio de impuestos, de impuesto al trabajo a impuesto a la energía mediante reglas mínimas. 
La propuesta de la Comisión contiene, no obstante, demasiadas excepciones para los sectores de alto consumo de energía, es decir, justamente aquellos que deberían gravarse. 
Esto hace que las normas sean complicadas y difíciles de entender y aplicar. 
La propuesta de la comisión amplía la base impositiva eliminando la mayoría de las excepciones. 
La comisión propone que los Estados miembros tengan derecho a liberar de impuestos por un tiempo limitado a ciertas empresas que puedan demostrar que dicho impuesto constituye una desventaja real para la competencia. 
Solamente se podrán otorgar excepciones de carácter general respecto de las fuentes de energía renovable, tales como la bioenergía y la energía solar y eólica. 
La comisión propone que las tasas de impuestos se reajusten automáticamente de acuerdo a la inflación más un dos por ciento cada año para facilitar la planificación por parte de las industrias. 
Es un buen método. 
No obstante, he votado a favor de un aumento del nivel hasta un 4 por ciento para que sea posible cumplir con las declaraciones sobre disminución de emisiones de gases de efecto invernadero de Río, Kioto y Buenos Aires. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, conjuntamente con la mayoría del Parlamento, ha rechazado el informe Cox. 
Ante todo, porque corresponde a los Estados miembros y sólo a ellos definir la imposición de los productos energéticos que juzguen apropiada sus necesidades (especialmente en materia de independencia energética) y a sus especificidades. 
Por otra parte, nuestro Grupo votó en contra de la propuesta de directiva tal como la presentó la Comisión, ya que ésta resultaba a la vez demasiado compleja y demasiado poco equitativa. 
Nuestro Grupo también votó en contra de las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo, ya que éstas últimas parecen a la vez excesivamente severas para algunos sectores de actividad y perfectamente contradictorias con los compromisos que hemos suscrito en el marco de la OMC. 
El tiempo de las informaciones ha concluido. 
La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15 horas 
Reconocimiento de la conformidad de los equipos de telecomunicación 
El orden del día prevé el debate sobre el informe de la Sra. Read (A4-0055/99) , en nombre de la Vicepresidencia del Parlamento Europeo en la Comisión de Reconciliación, sobre el proyecto común aprobado por la Comisión de Reconciliación, sobre una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos de telecomunicación conectados y reconocimiento mutuo de la conformidad de los equipos (3635/98- C4-0024/99-97/0149 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que la Sra. Read ha obtenido unos resultados excelentes. 
No he sabido hasta ahora que fuera tan buena diplomática en el campo de la política y el sector audiovisual. 
La Sra. Read ha logrado aunar todas estas cuestiones, tan distintas entre sí, por lo que me alegro en nombre de mi grupo de que se haya alcanzado un entendimiento tan positivo. 
Ahora se abordan algunos aspectos muy importantes para el Parlamento, como la adaptación de los aparatos para su utilización por parte de personas discapacitadas. Se trata de un aspecto que merece la pena tener en cuenta en todas las cuestiones de carácter técnico. 
Se han mejorado las normas y se ha prestado atención también a la cuestión de los radioaficionados. 
Igualmente, se han sacado a relucir las responsabilidades de los fabricantes y los distribuidores. 
Todo ello es de gran importancia si tenemos en cuenta que, una vez que tenga lugar una propagación mucho más amplia de este procedimiento, las responsabilidades serán igualmente mucho más remotas. 
Por este motivo, el Parlamento ha actuado adecuadamente al resaltar este punto. Se ha encontrado un procedimiento aplicable que responde a los requisitos de los aparatos en situaciones de emergencia, por lo que el Parlamento naturalmente ha dejado de manifiesto, como acostumbra, la necesidad de transparencia. 
Nos hemos dado cuenta asimismo de que se ha tenido en consideración la mayor parte de las exigencias que había planteado el Parlamento Europeo, lo cual ha propiciado un compromiso tan positivo como éste. 
De esta manera, tanto los clientes como los consumidores pueden sentirse seguros frente a estos aparatos, sabiendo que la adopción de sanciones y las actividades en este ámbito recaen en personas expertas. 
Por consiguiente, creo que estamos ante un acuerdo positivo que constituye un buen ejemplo de cómo se debe progresar y alcanzar, como debe ser, un buen entendimiento en un proceso de estas características. 
Es posible que la propia práctica nos muestre lo que ocurrirá en el futuro y, si se registran deficiencias, deberíamos volver a abordar esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, podría decirse que tomo la palabra por mera simpatía con el tema, ya que todo lo que se puede decir al respecto ya se ha dicho. 
Digo por simpatía porque se trata de una cuestión que desde 1992 ha venido desempeñando un papel fundamental. 
Ya nos hallamos en la última fase de la toma de decisiones, en la que participan el Parlamento y el Consejo, mientras que la Comisión y el conjunto de los servicios pusieron todo su empeño en la fase previa. 
Quiero subrayarlo porque- sobre todo por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con los equipos de telecomunicación- cuanto antes se comience a encauzar el trabajo de tal forma que vaya encaminado a un final que resulte eficaz, mejor. 
El ámbito de las telecomunicaciones reviste una especial importancia para nosotros. 
Sólo con pensar que gran parte de los productos finales del futuro serán productos teledirigidos, y por tanto inalámbricos, queda de manifiesto la importancia del tema y la relevancia del debate correspondiente. 
A la vista de lo que dicen los expertos, según los cuales los avances técnicos que hoy día se logran en un año en el pasado requerían siete años, no cabe duda de que la decisión a la que hemos llegado era urgente. 
Solamente me queda felicitarnos a todos- al Parlamento, al Consejo y también a la Comisión- por haber alcanzado un acuerdo y haber concluido este tema con grandes perspectivas de futuro de una forma altamente satisfactoria. 
Señor Presidente, si la Sra. Read se siente un poco solidaria en esta sesión plenaria quizá podría consolarse con las palabras del propio trovador de Inglaterra, Shakespeare: «Somos pocos, somos pocos y felices, somos un grupo de hermanos» (y quisiera añadir «hermanas» ). 
La presencia de muchas personas no es siempre una señal de la importancia o de la seriedad del tema que se examina. 
Tanto la Comisión como yo, personalmente, hemos apreciado siempre mucho el trabajo del Parlamento. 
Contribuyendo a promulgar la legislación europea y defendiendo de esa manera los intereses de los ciudadanos me parece que es usted uno de los diputados más eficaces de este Parlamento. 
Confío en que mis observaciones no perjudiquen sus posibilidades de reelección. 
Desgraciadamente los propios ciudadanos no siempre aprecian lo bueno del trabajo que se está realizando para ellos, especialmente aquí. 
Tanto el Parlamento como la Comisión tienen que demostrar que están luchando eficazmente contra la burocracia y contra el exceso de reglamentación. 
Hay un prejuicio según el cual producimos cada vez más normas pero, en realidad, la pieza de legislación que hemos estado produciendo aquí- y, gracias a los esfuerzos del Parlamento, hemos podido llevar a buen término y convencer al Consejo de ello- reemplazará a más de 1.000 reglamentos nacionales. 
Estoy seguro de que todos escuchamos lo que dicen los demás. 
Las personas que tienen prejuicios no nos escucharán. 
Repetirán lo que han estado repitiendo siempre, es decir que el Parlamento Europeo y especialmente la Comisión se esfuerzan por producir nuevas normas por el mero placer de reglamentar. 
Si tenemos en cuenta las ventajas para las empresas pequeñas y medianas que esta directiva les brinda, creo que algunas de sus asociaciones elogiarían a la Sra. Read. 
La directiva es algo que hará más fáciles sus vidas. 
Quisiera decir a nuestros asociados comerciales, los Estados Unidos y el Japón en particular, que están atacando siempre a Europa y diciendo que somos una Europa atrincherada, que en la actualidad somos el mercado más abierto del mundo para esos productos. 
Quisiéramos esperar- y haremos todo lo que podamos por conseguirlo- que nuestros asociados comerciales sigan nuestro ejemplo. 
Por lo tanto, doy muchas gracias a la Sra. Read y a todos los que han participado en la labor. 
La Comisión está muy satisfecha y respaldamos la declaración del Parlamento y del Consejo de que la introducción de esos equipos puede tener algún que otro efecto negativo. 
El debate ha concluido. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía. 
Derechos de autor en la sociedad de la información 
El orden del día prevé el debate sobre el informe del Sr. Barzanti (A4-0026/99) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM (97) 0628- C4-0079/98-97/0359 (COD) ). 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, Roberto Barzanti, que ha contribuido siempre con elegancia y elocuencia a nuestros debates. 
Siendo como soy una persona que es casi contemporánea de él, me alarma que piense que éste va a ser su último Parlamento, lo que, evidentemente, significa también que éste va a ser su último informe. 
Quisiera rendirle homenaje por todo lo que ha hecho en esta esfera. 
Es evidente que Roberto Barzanti ha quedado aprisionado en la balanza de fuerzas entre todos los grandes intereses que intervienen aquí y a los que se ha referido el Sr. Cassidy, y es evidente que ha quedado también aprisionado por el hecho de que los reglamentos que estamos procurando formular aquí tienen que encajar en el nuevo mundo de mensajes cifrados y de comercio electrónico, así como todas las demás esferas en las que los derechos de autor y la propiedad son elementos esenciales. 
Me hubiera gustado poder decir que todo en este debate ha sido claridad y suavidad, pero desgraciadamente no ha sido así y hay dudas que no queda más remedio que expresar. 
En el breve minuto que me queda expondré algunas. 
Muchos de nosotros no estamos seguros de que tengamos que partir del supuesto de que el mundo ha cambiado radicalmente como consecuencia de la tecnología digital. 
Por el informe podemos ver que la Comisión tiene un parecer más cauteloso que el ponente, y tiene razón. 
La copia por medios digitales tiene sin duda alguna repercusiones importantes para algunos, especialmente en la esfera de la reproducción musical, que hemos de tener en cuenta y que hemos de proteger en todo lo posible. 
Tenemos que abordar también con mano de hierro el problema de la «piratería» , pero cuando uno se sirve de la mano de hierro ha de tener mucho cuidado con lo que uno aplasta, y muchos de nosotros hemos presentado enmiendas que prestan cierta protección a otros intereses que pueden salir perdiendo con los nuevos instrumentos digitales lo que han disfrutado tradicionalmente en la esfera analógica, debido a las consecuencias de algunas de las sugerencias del ponente. 
Mencionaré en particular a los grupos que están amparados por exenciones en virtud del derecho de reproducción y que pueden perderlas: todas las diversas categorías de personas con discapacidad que el ponente no ha mencionado específicamente y con suficiente detalle; y todas las instituciones de enseñanza que quedarán también desfavorecidas. 
Las enmiendas 89 a 96 que hemos presentado algunos de mis colegas y yo mismo, están encaminadas a reforzar su posición, no porque tengamos algo en contra de la definición de los derechos de autor y la protección de los titulares de esos derechos, sino porque tenemos también en cuenta otros aspectos culturales. 
La última duda que quisiera mencionar en esta breve reseña se refiere al derecho a la libertad de palabra, que está enraizado en la protección de citas, críticas y reseñas. 
Tenemos que estar seguros de que esto no desaparece detrás de la afirmación del derecho de autor. 
He de reconocer que tengo intereses personales pues poseo algunos derechos en materia de emisiones radiofónicas y televisivas, pero no estoy hablando aquí como empresario: estoy hablando de mí mismo y en interés del acceso de los consumidores y los ciudadanos, que también hemos de tener muy seriamente en cuenta cuando discutimos acerca de esta directiva. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, porque, a mi modo de ver, el proyecto de informe, tal y como fue aprobado en la comisión competente, propone una modificación eficaz de la legislación que se ajusta a la nueva realidad tecnológica. 
Quisiera detenerme brevemente en los aspectos ya mencionados en relación con el artículo 5 que, durante los últimos meses, han sido una continua fuente de polémica y a los que remiten las numerosas cartas que se van apilando en nuestros despachos. 
La pregunta es si las excepciones contempladas en el artículo 5 han de tener carácter obligatorio o voluntario para los Estados miembros. 
A este respecto, tanto la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se pronuncian a favor de una normativa no obligatoria, puesto que pretende dejar cierto margen de libertad a los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Ahora bien, en caso de que los Estados miembros decidan establecer excepciones en este ámbito, han de garantizar que los titulares de derechos pueden participar en los beneficios de una manera determinada por los propios Estados miembros o que reciben una compensación. 
En opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, dichas normativas pueden o bien fundamentarse en el pago de una cantidad fija o bien ajustarse a los métodos que regulan la protección de los derechos de propiedad intelectual en los Estados miembros. 
La realización de copias privadas en el entorno digital plantea otro problema. 
Opino que tan sólo conviene establecer una excepción para reproducciones llevadas a cabo por particulares que realizan copias para uso propio, privado y no comercial y que se comprometen a no difundirlas a terceras personas. 
Si resulta imposible atajar los comportamientos abusivos con la ayuda de medidas técnicas, considero necesario que se acuda a un sistema de compensación, por ejemplo mediante un impuesto sobre la posesión de aparatos o soportes sonoros, a fin de garantizar que los titulares de derechos perciben al menos en parte una compensación, tal y como ya sucede en el ámbito analógico en once de los quince Estados miembros. 
A primera vista, uno podría tener la impresión de que esta postura atenta contra los intereses de los consumidores y de la industria de equipos físicos, ya que estos colectivos reclaman una extensión de las disposiciones existentes en el terreno analógico a la copia digital. 
Aunque dicha reclamación por parte de los colectivos mencionados me parece comprensible, considero que las únicas excepciones que se pueden establecer a los derechos exclusivos de autor son las que se fundamentan en un interés social general que, a su vez, ha de motivarse debidamente. Valoramos favorablemente que el número de colectivos que tenga acceso a las nuevas tecnologías de la información sea cada vez mayor. 
Pero por otra parte, no podemos olvidar que para satisfacer los deseos de los fabricantes y de los consumidores a largo plazo debemos garantizar una oferta variada en materia de contenidos. Y esta necesidad requiere una adecuada protección de aquellos que ofrecen dicha variedad. 
Es muy de agradecer que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos haya adoptado una serie de ideas propuestas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. Gracias a ello, somos partidarios de que el informe sea aprobado tal y como lo presenta dicha comisión. 
Por eso mismo no podrá sino desempeñar un papel fundamental en este ámbito. Y, en mi opinión, lo hará con toda la razón del mundo. 
Señor Presidente, en el ámbito cultural al Parlamento Europeo le corresponde la tarea de proteger a los artistas, fomentar la creatividad, fortalecer las fuerzas de creación mostrando respeto por la actividad intelectual. 
Ése es nuestro compromiso con la cultura y no cabe duda de que el ponente ha sabido afrontarlo de forma excelente. 
En consecuencia, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos respaldará su postura. 
Todos los indicios apuntan a que la propuesta de la Comisión es una solución de compromiso. 
Admito que resulta harto difícil trazar una línea común cuando los intereses son tan variados, pero también es cierto que la propuesta es mejorable. 
Me ceñiré a dos aspectos que para mí son fundamentales. 
El primer punto concierne a las limitaciones de los derechos de autor, para las cuales proponemos sistemáticamente una compensación. 
La limitación de los derechos de autor no es sinónimo de renuncia a la retribución. 
Sé que parte de la Comisión también lo entiende así. 
Quedaría, por tanto, muy agradecido si toda la Comisión adoptara estas propuestas. 
El segundo punto atañe al famoso artículo 5.1. En este contexto no logro comprender la actitud de la Comisión, porque lo que hace la Comisión en su artículo 5.1. es abandonar a su suerte a los artistas. 
Los deja indefensos ante la piratería. Y al privar a los artistas de todo instrumento de defensa se fomenta precisamente la difusión ilegal de las obras. 
El que favorece manifiestamente los intereses de quienes se encargan de dicha difusión deja de actuar de forma objetiva. 
No creo que lo que hemos podido escuchar al respecto en el debate sea cierto. 
Se ha dicho que Internet se colapsaría o que los servicios dejarían de funcionar correctamente. Estoy seguro de que no es así. 
Por tanto, les rogaría encarecidamente que rectifiquemos este punto, también en la propuesta modificada de la Comisión, por ser el más peligroso. 
Optemos por dotar a los artistas, a los titulares de derechos, de los instrumentos técnicos necesarios para que puedan defenderse de la piratería. 
Creo que, nosotros, el Parlamento Europeo, debemos ponernos del lado de los artistas, de los titulares de derechos, si pretendemos contribuir a la evolución intelectual de la Unión Europea. 
Señor Presidente, al menos tres grandes grupos de interés se dan cita en esta directiva con intereses, si no contrapuestos, desde luego no concurrentes. 
En primer lugar los creadores. 
Una de las señas de identidad de la cultura europea es precisamente haber creado desde hace mucho tiempo el fundo intelectual, el fundo del creador, haber entendido colectivamente que había que remunerar la creación sobre la base de un reconocimiento colectivo- reconocimiento colectivo que, en última instancia, se hace a través de la remuneración. 
Así pues, está en primer lugar ese grupo de interés y no lo hemos de olvidar porque esa es seña de identidad cultural europea. 
En segundo lugar están los consumidores. 
Y en tercer lugar está ese gran grupo de interés que son los intermediarios, aunque con intereses también diferenciados. 
Pues bien, señor Presidente, si hemos de sacar una conclusión, ésta es que nadie está contento con el informe del Parlamento. 
Lo cual, al menos por mi experiencia como abogada, sería una buena señal porque cuando, de tres partes encontradas, ninguna de las tres está de acuerdo con la solución, probablemente es que estamos en un buen punto de equilibrio entre unos y otros. 
En ese sentido tengo que felicitar al ponente porque, no sólo su buen conocimiento del asunto tratado, sino su buen hacer han sido cruciales para esta cuestión. 
Y debo decir que, aunque controvertido tanto en nuestro Grupo como en el suyo, el Partido Popular Europeo apoyará este informe, así como todas las enmiendas, incluidas, señor Barzanti, algunas que usted ha señalado que no quiere, que, efectivamente son en algunos detalles técnicamente incorrectas y que puede que sean muy problemáticas, como la 30, la 31 o la 48. 
Nuestro Grupo, haciendo un planteamiento global de carácter más político que técnico- sabemos que este informe tiene técnicamente muchos problemas pero para eso está la segunda lectura, para eso está la labor de la Comisión -, quiere lanzar un mensaje político: apoyamos este informe y creo que una buena señal ha sido que ninguno de los dos grandes Grupos políticos ha presentado enmiendas al Pleno como grupo. 
Señor Presidente, permítame decir además que, en este informe, estamos siguiendo el mensaje lanzado por la Comisión. 
Esta directiva no pretende ser una directiva de armonización absoluta. 
Se dice de «armonización de determinados aspectos» y, sobre todo, es una directiva que pretende poner al día la normativa comunitaria en relación a otras directivas que ya existen, como es la directiva de alquileres o la directiva de bases de datos o la directiva de programas de ordenador. 
Y, sobre todo, en relación con los dos grandes acuerdos de la OMPI de 1996. 
Por lo tanto, hay que respetar esa estructura y creo que este informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos respeta perfectamente el difícil equilibrio que ya plantea la propuesta de la Comisión, que es una armonización basada sobre los tres principios fundamentales- reproducción, comunicación y distribución- con un artículo que ofrece márgenes de maniobra, que se mantienen para que los distintos Estados miembros puedan plasmar las diferencias, que muchas veces se arrastran desde hace mucho tiempo, y que no son problemáticas para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Creo que esta es una directiva importante, y en ese sentido pionera de esas directivas de «armonización marco» , para armonizar, no hasta el último detalle, sino sólo en la medida de lo necesario. 
Por lo demás, señor Presidente, suscribo todas y cuantas cosas ha dicho el ponente y espero que mañana, con un voto muy mayoritario, se respalde su postura que, vuelvo a decir, es una postura de equilibrio y una señal clarísima para la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, en repetidas ocasiones hemos dicho en esta Asamblea y en la UE que necesitamos reglas internacionales para la sociedad de la información y, también, asegurar la competitividad para nuestros países en nuevas ramas de producción que crecen justamente en el seno de la sociedad de la información. 
Estimados amigos, si aprobamos la directiva en la forma propuesta por la comisión, me temo que no podamos cumplir lo que hemos dicho en otras ocasiones. 
Vamos a crear un sistema que dificulta la acción de muchos actores en la cadena de la sociedad de la información. 
Las reglas sobre distribución de las responsabilidades no son claras. 
Por eso, creo que una creciente proporción de actividades se va de Europa hacia otros destinos; «lo mejor es enemigo de lo bueno». 
Durante el tratamiento de la propuesta de directiva me he formulado frecuentemente esta pregunta existencial: ¿No sería mejor ratificar rápidamente la Convención OMPI y aprobar la directiva sobre comercio electrónico? 
¿Necesitamos algo más? 
¿No es la directiva un producto de una época anterior a la del comercio electrónico, antes de que en nuestro mundo conceptual tuviésemos ideas para manejar las materias de responsabilidad en la red? 
Es importante que la Convención OMPI se ratifique rápidamente. 
Todos en este sector lo piden. 
No es seguro que necesitemos esta directiva. 
De hecho, creo que la directiva retrasa la ratificación. 
¿Favorece esto a alguien? 
Somos muchos los que en Europa tenemos derecho a gozar de un derecho de servidumbre de paso de carácter general, esto es, de un derecho para que la gente transite por el terreno de otro sin dañar ni molestar. 
Mi opinión es que este derecho existente en algunas partes de Europa también tiene que regir en el mundo digital. 
La propuesta de la Comisión respetaba éste en cierta medida, pero no así la propuesta del ponente. 
Por este motivo, hemos presentado algunas enmiendas que establecen esta «servidumbre de paso digital». 
Estoy de acuerdo en lo que señala Whitehead: no tenemos que hacer tantas diferencias entre el mundo digital y el analógico. 
Entre nosotros existen diferencias culturales. 
No entiendo por qué las excepciones no son obligatorias. 
Pero la lista de excepciones al derecho de autor sería, por otra parte, exhaustiva. 
Es importante que combatamos las reproducciones ilegales. 
Tenemos que hacerlo junto con los países con los que comerciamos y tenemos acuerdos de asociación. 
No obstante, hay que instar a los actores para que creen una técnica que sea tecnológicamente neutral, que impida las reproducciones ilegales pero que no entorpezca la transparencia ni cree sistemas cerrados. 
Es lo que necesitamos. 
Me satisface ver que Cassidy ha despertado en este punto. 
Estimados amigos, al mismo tiempo es importante que no despojemos a la gente de los derechos que les otorga la directiva. 
Yo también quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas al ponente por lo excelentemente que ha sabido ocuparse de este informe tan difícil. 
Aunque no suscribo todas las propuestas formuladas por el ponente, personalmente estimo que nos ofrece un enfoque muy equilibrado de la manera de resolver el problema. 
Ahora bien, no estoy de acuerdo con algunos diputados que dicen que Internet y las nuevas tecnologías que nos ofrecen las comunicaciones digitales no representan un peligro ni entrañan un cambio radical en el futuro, pues ya podemos ver que, desde sus primeros momentos, la tecnología digital, Internet y la nueva sociedad de la información han modificado la forma en que hacemos negocios y en que nos comunicamos. 
En el futuro también modificarán la forma en que disfrutamos de nuestras aficiones, tanto si esas aficiones son la música como si son las obras de teatro, los programas de televisión, las películas o los libros. 
Por consiguiente, es esencial que establezcamos ahora un enfoque equilibrado de la mejor forma de proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores. 
A menudo las personas que se dedican a la música, el arte o la literatura suscitan la irrisión general porque carecen de sentido comercial: tienden a cuidarse más de su arte y de la presentación pública de su arte que de las meras necesidades o realidades comerciales. 
Por eso nos incumbe a nosotros, que nos beneficiamos espiritualmente de los que esas personas producen, el instaurar una protección que garantice que sus derechos no serán usurpados por piratas u otras personas sin escrúpulos. 
Hace tiempo discutimos acerca del reconocimiento de los derechos de los artistas que venden sus obras de arte. 
Hubo extensos debates en este Parlamento acerca de si las obras de arte vendidas en subastas irían a América en vez de quedarse en Europa si adoptábamos esa legislación. 
Desde que la legislación entró en vigor no se ha percibido ninguna diferencia tangible. 
Hay una forma equilibrada y apropiada de conseguir los derechos que todo el mundo prefiere aquí. 
Aunque los consumidores merecen también la protección de sus derechos- hay que conseguir que tengan el acceso más amplio posible a la información al costo más razonable (a veces gratuitamente) -también recae en el consumidor la obligación de pagar algunos de esos derechos. 
Esa responsabilidad tiene que guardar equilibrio con los derechos de los autores y los creadores de esas obras para lograr que sus derechos estén protegidos. 
He presentado diversas enmiendas de este informe para conseguir que no haya reducción en la difusión de información por la vía de bibliotecas públicas, servicios educativos, etc.; que la cultura autóctona se conserve y desarrolle; que las necesidades de las personas con discapacidades no sufran como consecuencia de esta legislación, y que se proteja la importancia cultural y social de los principales acontecimientos deportivos. 
En conjunto, mi grupo apoyará el informe Barzanti pero instamos a que se adopten nuestras enmiendas. 
Por último, quisiera preguntar al Comisario si en el futuro próximo va a haber alguna otra propuesta de la Comisión acerca de los derechos de autor y otros derechos conexos de la sociedad de la información. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como consecuencia de la digitalización, la tecnología de la reproducción ha llegado al extremo de que puede aniquilar la diferencia entre original y copia. 
Si pretendemos preservar los avances obtenidos en el ámbito de los derechos de autor, el advenimiento de la era de la digitalización nos obliga a formularlos de nuevo, de acuerdo con las exigencias de las nuevas tecnologías y la industria que las aplica. 
El hecho de que la propuesta que tenemos delante considere estas necesidades, entre otras razones porque pone énfasis en los derechos de autor, no se debe únicamente a los preparativos de la Comisión sino también a la precaución y la perseverancia, así como a la paciencia con la que ha actuado el ponente. 
Para evitar que peligren los logros alcanzados en esta materia es fundamental que aprobemos las enmiendas nº 33, 34 y 37 y que consideremos las consecuencias, como las que se formulan en las enmiendas nº 97 y 95. 
Espero que todos estemos de acuerdo en que no queremos volver a los tiempos en los que el famoso compositor Johann Nepomuk Hummel, profesor de Chopin, tuvo que luchar por los derechos de autor para compositores y el gran filósofo Schelling perdió un juicio contra la reproducción ilícita de sus textos porque en aquella época no existían derechos de autor. 
Señor Presidente, el Movimiento de Junio considera el libre acceso a la información como la piedra angular misma de la democracia. 
La población debe conservar su derecho a ser informados y educados en bibliotecas y otras instituciones que cuenten con financiación pública. 
En este sentido, hay que tener en cuenta a los grupos más débiles de la sociedad. 
Por ello, el Movimiento de Junio ha presentado varias enmiendas que garantizarán que las personas, por ejemplo, con deficiencias de visión dispongan del mismo libre acceso que el resto de la población a los materiales de las bibliotecas, cuando sea con fines no comerciales. 
Otro punto fundamental es que los artistas mantendrán todos los derechos en lo que respecta a la explotación de su obra. 
Ellos mismos podrán negociar la cuantía de su remuneración y qué derechos ceden a un productor. 
En los países nórdicos desde hace mucho tiempo es tradición, y hemos tenido buenas experiencias, para solucionar cuestiones jurídicas problemáticas recurrir a la ayuda de licencias contractuales. 
Debemos conservar este modelo. 
Por último, me gustaría llamar la atención sobre la enmienda 56, que de una forma totalmente irrazonable exige para los periodistas los mismos derechos que los escritores cuando los periódicos hagan uso de sus artículos. 
Un principio semejante choca tanto con el derecho de propiedad intelectual como con los convenios e implicará un riesgo profesional irrazonable para los periódicos. 
También ésta es una cuestión que versa sobre el libre acceso a la información. Por lo demás, me gustaría decir que, en lo que respecta a esta directiva, estoy completamente de acuerdo con la Sra. Thors. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva tiene carácter orientativo. Es lo que da a entender el eco que ha tenido en la opinión pública. 
El derecho de los artistas a la protección de sus obras también debe estar garantizado en la era de Internet. Para ello es necesario crear un marco legislativo adecuado, cosa que ha logrado el ponente. 
La mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos merecen mi apoyo. 
Aparte de las disposiciones en favor de los artistas quisiera destacar la normativa que se propone en el ámbito del uso de material de archivo. 
Soy partidario de que se elabore una reglamentación atractiva que invite a muchos fabricantes- productores de fonogramas y entidades de radiodifusión- a ofrecer productos suyos o productos fabricados por encargo on-line. 
Gracias a esta nueva posibilidad tecnológica, el material visual y sonoro que antes estaba sepultado en el olvido puede darse a conocer a un público mucho más amplio. 
Permítanme que concluya mi intervención con una nota crítica acerca de la calidad lingüística del informe. 
Es un claro ejemplo de un lenguaje jurídico ajeno al ciudadano y difícil de comprender que no respeta en absoluto el principio de la transparencia. 
Señor Presidente, en todo el tiempo que llevo en el Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos nunca he vivido un proceso legislativo tan complejo como el de la adaptación de los derechos de autor a las necesidades de la sociedad de la información. 
A la vista de estas circunstancias, los esfuerzos del ponente por encontrar una salida y mantener una línea consistente en medio de esta jungla de múltiples y contradictorios intereses merecen mi más sincero agradecimiento. 
Aunque uno tal vez no suscriba todos los aspectos de la línea marcada por el ponente, disponemos de un esbozo que puede servir de orientación al Consejo y a la Comisión. 
De todas formas, había un punto sobre el que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos estaba plenamente de acuerdo, a saber, la necesidad de elaborar un modelo de sociedad de la información europeo en el que las obras de alto nivel cultural y artístico ocupen un lugar central y las nuevas tecnologías no se utilicen para socavar los derechos existentes. 
Habida cuenta del carácter universal de los contenidos y de las tecnologías surge la pregunta de si para lograr este objetivo conviene crear un nivel de protección mayor a escala internacional o si esta medida, al contrario, perjudicaría hasta tal punto a los demás participantes en la sociedad de la información europea que acabaría teniendo consecuencias negativas para los titulares de derechos. 
Si pretendemos ampliar la oferta de contenidos de alta calidad, debemos procurar no crear demasiados obstáculos o impedimentos para evitar que los content providers- como se dice ahora- y en concreto las entidades de televisión y radiodifusión experimenten dificultades a la hora de difundir dichos contenidos y buscar nuevas vías de publicación. 
Los consumidores, por su parte, esperan que la sociedad de la información les facilite el acceso a un mayor número de contenidos sin tener que pagar más dinero. 
Es sobre todo el caso de los colectivos de consumidores que requieren una protección especial, en concreto los minusválidos. 
Así las cosas, quisiera invitar una vez más al ponente a que suavice sus reservas respecto a las enmiendas nº 30, 32 y 48 que han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
A este respecto quisiera agradecer el apoyo que he recibido hasta ahora por parte de los oradores de esta Casa. 
Señor Presidente, limitaré mi intervención a dos puntos. 
El primero es que en Europa necesitamos promover la utilización de Internet en vez de desaconsejarla. 
Tenemos que reconocer que la nueva tecnología requiere una nueva forma de ver las cosas y que una copia digital sencillamente no es lo mismo que una copia analógica. 
Es una reproducción fiel, y esto plantea un riesgo para la industria de la música si la posibilidad de efectuar reproducciones fieles está totalmente incontrolada. 
No debemos subestimar a los jóvenes de Europa ni a sus posibilidades técnicas de producir reproducciones de ese tipo. 
En el Financial Times de hoy he visto una referencia a un producto de una compañía francesa que ha lanzado un duplicador de discos compactos para fines múltiples. 
Basta con apoyar el dedo en un botón y uno puede lograr una reproducción exacta del disco compacto original. 
No tengo la menor duda de que la solución a largo plazo de toda esta cuestión estriba en las nuevas tecnologías, pero es preciso que haya también restricciones jurídicas cuando sea necesario. 
El segundo punto que quería plantear es la propuesta hecha en una serie de enmiendas, incluida la mía, acerca de la posibilidad de instituir un sistema de mediación para los casos en que haya controversias entre los productores y los distribuidores. 
Vamos a ser testigos de muchos litigios como resultado de esta legislación y eso, sin duda alguna, acabará en las manos de los abogados. 
Queremos que haya un sistema en el que, en los países que estén dispuestos a permitirlo, exista un derecho de recurso a un mediador independiente que pueda escuchar a las dos partes en el litigio y dictar una solución objetiva, sistema que no va a costar grandes cantidades de dinero de las que los pequeños usuarios, los pequeños productores y los músicos y otros artistas de ese tipo no pueden disponer. 
El punto que he planteado es de poca importancia pero espero que el ponente y la Comisión lo acojan favorablemente como forma de ayudar a algunos de los que van a quedar perjudicados por esta legislación. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Barzanti es excelente y perfectamente equilibrado. 
Defiende el derecho legítimo de los creadores, pero tiene en cuenta la preocupación de poner a la disposición del mayor número de personas las obras en su conjunto. 
Esta constatación es importante porque, en este debate técnico y complejo, algunos tratan de hacer creer que los intereses de los consumidores se ven perjudicados. 
Es totalmente inexacto. 
Ni el derecho del autor sobre su creación, ni la remuneración que tiene derecho a esperar de su difusión, constituyen obstáculos para poner las obras a disposición del público. 
Si hay Estados que consideran que la política cultural exige, por ejemplo, la gratuidad de acceso a las obras, a ellos corresponde prever los medios necesarios, no a los creadores a pagar la nota. 
¿Cabría imaginar, por ejemplo, en el sector de la enseñanza, pedir a los docentes que abandonaran la mitad de su remuneración para pagar el servicio público de la educación? 
Sería evidentemente absurdo. 
Por lo demás, los temores expresados por los operadores de televisión y los fabricantes de material electrónicos carecen, a mi juicio, de objeto. 
El derecho de autor nunca ha sido, y nunca lo será, un obstáculo al progreso técnico, y ello desde que se inventó la imprenta. 
En cambio, sin una protección seria, el desarrollo técnico puede poner en tela de juicio los derechos de autor, y como consecuencia, agotar la creación. 
Por último, considero que el sistema propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos en materia de copia privada numerada es bueno, puesto que antes de perfeccionar posibles técnicas destinadas a proteger a los derechohabientes habrá una participación financiera, una remuneración equitativa, probablemente como se la que existe actualmente en materia analógica. 
Por último, Señorías, no estamos aquí solamente para organizar un territorio tecnológico de libre competencia y de libre cambio. 
También estamos aquí, ya lo dijo el Sr. Rothley, para mantener y desarrollar la creación cultural europea en su diversidad. 
Esta directiva, con sus enmiendas, confirma generalizándolo el modelo europeo del derecho de autor sin impedir la circulación de las obras de creación. 
Esta es la razón por la que votaré en favor, con una parte del Grupo de Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, del informe del Sr. Barzanti. 
Señor Presidente, tanto la propuesta de la Comisión como el informe demuestran deficiencias en la técnica legislativa de la Unión. 
Aquí se debería haber formado un comité internacional de expertos para estudiar los difíciles problemas relacionados con el derecho de autor y el derecho de publicidad desde sus fundamentos. 
Ahora tenemos textos legales que no son claros y tampoco hechos de forma idónea. 
La existencia de demasiadas palabras no aumenta la claridad de las normas. 
Son especialmente lamentables las deficiencias en relación con las normas de los países nórdicos sobre el derecho de los ciudadanos a conocer los documentos públicos. 
En éste y en otros campos se necesitará, de ahora en adelante, un análisis mucho más profundo de los temas. 
Señor Presidente, Tony Blair dijo una vez que la industria cultural constituye una fuente de ingresos para su país más importante que la industria siderúrgica, pero las posibilidades de la tecnología digital, confieren una nueva dimensión a la piratería. 
Según estimaciones, alrededor de un millón de cds son robados diariamente de Internet. 
Por tanto, ya es hora de que se adopte un régimen legal sobre esta cuestión. 
Esto no es sólo aplicable a la música, sino a todas las formas audiovisuales. 
Debemos procurar que el autor o el titular de un derecho cuente con el derecho exclusivo de reproducción, distribución o de todo tipo de comunicación de su obra al público. 
Ésta es la única posibilidad de establecer un entorno favorable que estimule la creatividad y las inversiones. 
Una protección transfronteriza seria de la propiedad intelectual ofrece grandes ventajas. 
En el terreno económico, permitirá una ampliación del mercado. 
En el terreno social, esta ampliación del mercado conducirá a un mayor empleo y, last but not least, figura la dimensión cultural. 
Se debe garantizar a los consumidores una buena calidad. La creatividad e innovación artística, no lo olvidemos, constituyen para los autores su fuente de ingresos. 
Hay que incentivar más a nuestros artistas a fin de proteger nuestro patrimonio artístico y enriquecerlo aún más. 
Debemos preocuparnos sobre todo de los jóvenes talentos que ahora hacen trabajillos que, quizá mañana, sean célebres, pero que carezcan de protección. 
Se nos ha pedido que nos ocupemos de una regulación adecuada. 
También en nombre de quien todavía carece de él. 
Nosotros, en tanto legislador europeo, debemos ocuparnos de semejante cuestión. 
Por ello, votaré a favor del informe de nuestro colega, el Sr. Barzanti, a quien además felicito por el mismo. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente por su buen humor y su entereza al hacerse cargo de este difícil informe: difícil, en primer lugar, porque tiene que establecer un equilibrio entre los derechos de los autores y las necesidades de los consumidores, y, en segundo lugar, porque la tecnología cambia con gran rapidez y es difícil anticipar problemas legislativos en ese contexto. 
Permítanme que ponga de relieve tres cuestiones: derechos de las personas con discapacidad; necesidad de poder actuar en el plano parlamentario y judicial; y la cuestión de la debida compensación. 
Por lo que se refiere a la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, he presentado una enmienda para el Grupo Laborista Británico que tiene la preferencia de los grupos de presión que favorecen a las personas con discapacidad porque tiene carácter obligatorio y no facultativo, como la enmienda adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Philip Whitehead y yo hemos presentado también una enmienda que permitiría el desarrollo de un proceso justo en materia parlamentaria y judicial. 
En cuanto a la cuestión de la debida compensación, y hablo también en nombre de los diputados del Partido Laborista Británico, se trata de una cuestión que plantea un problema para el Reino Unido. 
Aunque las exenciones son facultativas y se pueden adaptar a la legislación nacional si los Estados miembros lo desean, las enmiendas tal como están redactadas en la actualidad establecerían la obligación de introducir un sistema de compensaciones adecuadas. 
En Gran Bretaña la gente está acostumbrada a copiar sus programas de televisión favoritos y a verlos después cuando les resulte más oportuno. 
Éste es un derecho que no entraña consecuencias financieras. 
El público británico se sentiría muy descontento si ese derecho se restringiera por obligársele a hacer un pago. 
Por eso mi Grupo no puede aceptar ese concepto. 
Señor Presidente, la cuestión de los derechos de autor no se limita exclusivamente a saber a quién le corresponden las indemnizaciones y cómo se pueden obtener de la manera más eficaz. 
En el informe Barzanti se deberían abordar fundamentalmente los principios del libre desarrollo y del aprovechamiento comercial de las redes informáticas o, lo que es lo mismo, las posibilidades de los consumidores para hacer uso de Internet con el menor gasto posible. 
La protección de los derechos de autor redunda en interés de todos las partes implicadas, si bien esta protección no tiene por qué necesariamente ajustarse a los criterios más estrictos ya existentes. 
Se trata de saber cuál es el objetivo primordial, la defensa de los derechos de los detentadores de los derechos de autor o las libertades de los usuarios de Internet y las posibilidades operativas de los operadores que proveen los servicios. 
Desde el punto de vista de la futura sociedad de la información, el segundo objetivo resulta más esencial. 
El planteamiento básico del informe, de acuerdo con el cual la mejor manera de proteger los derechos de autor de carácter digital es la prohibición de realizar las copias provisionales del material necesarias para su posterior transmisión, se presenta en plena contradicción con los principios operativos, ampliamente aceptados, de Internet. 
Si prosperan la prohibición de realizar copias intermedias y los monopolios técnicos, sería posible prohibir también «surfear» por Internet o considerar cualquier ordenador como un aparato ilegal para esquivar los sistemas de protección de los derechos de autor. 
Uno de los objetivos más importantes del informe Barzanti es el de mejorar las posibilidades de los derechohabientes europeos para ver publicadas sus obras. 
Sin embargo, más del 80 % del mercado de los productos musicales actualmente en venta en Europa va a parar a manos no europeas. 
Una mayor severidad en el ámbito de los derechos de autor de carácter electrónico conllevaría una concentración comercial aún mayor en manos de las grandes empresas de Hollywood. 
Esta medida, contraria a las opiniones expresadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no mejoraría las posibilidades con que cuentan los artistas europeos para publicar y vender sus obras. 
Señor Presidente, garantizar los derechos de autor de carácter digital en el mundo de las redes informáticas constituye un objetivo de fundamental importancia. 
La copia ilegal representa una amenaza para los intereses legítimos de los derechohabientes y, por consiguiente, para toda la producción de contenidos y la productividad de las actividades creativas. 
No obstante, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y el desarrollo transparente de la sociedad de la información son aspectos igualmente importantes y justificados. 
En numerosos Estados miembros se ha logrado crear un entorno jurídico donde funcionan los derechos de autor, donde se garantizan de manera equilibrada tanto la utilización flexible del material como los intereses de los derechohabientes. 
La directiva de la UE sobre los derechos de autor y, en especial, su actual formulación- más rigurosa tras su examen por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- representan una amenaza para este equilibrio. 
Tal como ha quedado formulada en la propuesta, la directiva restringiría considerablemente la libre circulación de la información y las posibilidades de que disponen los proveedores de servicios públicos para prestar dichos servicios a los ciudadanos. 
Este equilibrio en el ámbito de los derechos de autor presupone que cada firme medida comunitaria en defensa de los derechos de autor ha de contrarrestarse con el establecimiento obligatorio de excepciones mínimas relacionadas con la accesibilidad de la información, el estudio o la investigación que hayan sido reconocidas y ratificadas en todos los acuerdos internacionales de este sector. 
Además de las excepciones obligatorias, es necesario también regular en el ámbito nacional las prácticas que sean adecuadas con arreglo a la tradición y a la cultura propias, por ejemplo en el marco de convenios colectivos. 
En especial, sería una fatalidad que, tal como se establece en la presente propuesta de directiva, los servicios de las bibliotecas pasaran a depender exclusivamente de los hipotéticos permisos que les concedieran los derechohabientes. 
En una sociedad de la información marcada por el aprendizaje continuo, el derecho a la información no puede depender de permisos o autorizaciones en momentos en que se están generalizando el trabajo a distancia y los servicios en red. 
No creo que queramos llegar a una situación de atraso en la que fuera imposible ver, ojear o copiar material electrónico sin contar con autorización previa o sin haber pagado un canon específico. 
En una sociedad de la información democrática es correcto garantizar la copia con fines educativos, para la investigación o para su uso privado precisamente por medio de las bibliotecas, ya que las bibliotecas, los archivos y los museos tienen el deber de garantizar la conservación y la facilidad de acceso al material y las tradiciones culturales también en formato electrónico. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Barzanti. 
Ha sabido equilibrar muy bien intereses muy diferentes. 
Permítanme que diga muy sencillamente que la creación intelectual reviste importancia vital para el futuro de nuestra economía, pero que es también la savia de nuestra sociedad, tanto si se trata de música, de películas, de fotografías o de libros, como si se trata de programas informáticos. 
Se nos dice que tenemos que encontrar un equilibrio de los intereses pero, con toda franqueza, diré que todos los intereses no son iguales. 
Las grandes compañías de telecomunicaciones sobrevivirán, pero un creador individual al que estrangulemos y condenemos al silencio nunca volverá a poner pie en el escenario. 
Nuestra sociedad no se enriquecerá con pantallas sin imágenes. 
Tenemos que conseguir que los creadores reciban suficientes incentivos y recompensas por su trabajo. 
La Comisión nos propone un sistema firme de derechos de autor y el Sr. Barzanti se esfuerza por conseguir dignidad, independencia y supervivencia para los creadores. 
Muchos son los que siguen viviendo como pueden en un desván como el de La Bohème. 
Solamente el 7 % de los autores de Francia ganan más que el salario mínimo. 
No lo olvidemos. 
Tengo amigos que son autores y que sobreviven como pueden gracias a las regalías, y que tienen que vender sus propias pertenencias para escribir el próximo libro o para crear la próxima película. 
Nunca podré apoyar una enmienda que disponga el traslado forzado de los derechos de los autores a otras personas. 
Es absolutamente esencial que haya exenciones en favor de las personas con discapacidad, de las instituciones docentes o de investigación, de los archivos, del periodismo de investigación y de las bibliotecas. 
Algunos dirán que puede haber uso decente sin la debida compensación. 
¿Qué pedimos a los autores y a los artistas que no pidamos a otros trabajadores de nuestra economía? 
En 11 de nuestros 15 países hay sistemas de compensación leal que funcionan gracias a un impuesto sobre la cinta magnética virgen. 
Todos los creadores del Reino Unido y sus sindicatos son partidarios de que haya un impuesto sobre la cinta magnética virgen. 
Todo lo que puedo decir a los diputados británicos de este Parlamento es lo siguiente: no voten en contra de las enmiendas 34, 36, 37 y 41. 
Permitan que los creadores y otras personas del Reino Unido puedan discutir razonablemente sobre si debemos o no debemos tener un impuesto aplicable a la cinta magnética virgen. 
Permítanme que deje bien sentado que no se trata de exenciones obligatorias. 
El hecho de votar en favor de esas enmiendas no obligará al Gobierno británico a introducir un impuesto sobre la cinta magnética virgen. 
Como ha dicho nuestra gran autora Maureen Duffy, hagamos que todos estos debates culminen en una frondosa selva cultural. 
Señor Presidente, a mi modo de ver, el informe elaborado por el Sr. Barzanti es un documento muy equilibrado. 
La confrontación entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y quienes poseen el acceso a la información es una fuente permanente de conflictos. 
Creo que la cuestión de la propiedad es un tema fundamental que va más allá del problema del medio de transporte de la información. 
Por esta razón considero que los principios básicos que el ponente Barzanti ha incorporado y señalado en su informe son los correctos. 
Evidentemente, deben introducirse excepciones, pero solamente excepciones limitadas que confirmen la regla, es decir, la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
En los casi veinte años que llevo ejerciendo mi cargo de diputado- a escala nacional y aquí- no ha habido ningún otro tema con motivo del cual los grupos de presión se hayan preocupado tanto por ganarme para su causa. 
Espero que a la hora de la votación este Parlamento no convierta los nuevos medios- que tienen su función y, por tanto, deben cumplirla- en un nuevo Oklahoma en detrimento de los autores. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario, hay tres sectores de la economía que tienen importancia en una directiva sobre derechos de autor fuerte y clara, a saber, la industria de contenidos, los proveedores de telecomunicaciones y servicios y los proveedores de electrónica de consumo. 
Por supuesto, también hay que tener en cuenta a nuestros consumidores, bibliotecas, colegios, etc. 
En el informe Barzanti, la balanza se ha inclinado claramente a favor de las ventajas para la industria de contenidos a costa de otros sectores económicos y, particularmente, de los consumidores. 
Después de todo, los titulares de los derechos de autor logran un derecho absoluto de protección, conforme al cual, por ejemplo, se prohíben las copias para uso privado. 
Las empresas americanas intentan ahora que se legisle en Europa de tal forma que se vaya mucho más lejos que en América, puesto que en los Estados Unidos, ese derecho absoluto es fuertemente rechazado. 
Con éste, las empresas americanas colocan deliberadamente a Europa en una situación de retraso y Europa lo acepta si aprobamos el informe Barzanti. 
Nos colocamos en una situación de retraso, sobre todo, la industria. Va a suponer la pérdida de empleos. 
Señor Presidente, Comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos mantiene un combate especialmente en la retaguardia, puesto que la industria establecida intenta conservar mediante esta directiva su actual posición en el mercado en cuanto a los medios de comunicación tradicionales a costa de los nuevos. 
Los avances tecnológicos actuales, como Internet, se frenarán con la directiva, los artistas serán manipulados y podrán ser utilizados por la industria, que ataca con artillería pesada como, por ejemplo, Claudia Cardinale. 
Sin embargo, las nuevas generaciones de artistas que difundan y vendan sus productos a través de Internet, carecerán de protección. 
Por último, tengo una pregunta para el Comisario Monti: ¿cómo se relacionan la directiva relativa a los derechos de autor y la directiva relativa al comercio electrónico? 
En otras palabras, si existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la protección de los derechos de autor, ¿se aplica el principio del país de origen o el del país de destino? 
En la directiva relativa al comercio electrónico que está ante nosotros, el punto de partida es el país de origen. 
Espero con agrado la respuesta del Comisario Monti a esta pregunta. 
Estimados colegas, estamos debatiendo una directiva compleja y acojo con satisfacción el informe elaborado por el colega Roberto Barzanti. 
No obstante, hay algunos aspectos que no me convencen, como bien sabe el ponente y como bien saben muchos colegas de esta Casa. 
Nos hallamos en la fase de la primera lectura- aún hay tiempo para rectificar- y espero que nos encontremos en el buen camino. 
Pero tengamos una cosa clara y no nos hagamos ilusiones. No estamos librando una batalla cultural. 
No se trata de los pobres artistas. Carol, tú sabes hasta qué punto comparto tu postura en contra de las grandes empresas de telecomunicaciones. 
No se trata de la industria del software, no se trata de Microsoft contra las empresas europeas. 
No se trata de favorecer a un sector industrial en detrimento de otro. 
Seamos sinceros. Se trata de conquistar el mercado electrónico y ahí fuera se ha entablado una lucha feroz. 
Nosotros nos hallamos en medio de los intereses, como se desprende de las numerosas publicaciones que nos llegan todos los días. 
No nos aventuremos en situaciones difíciles accediendo a las peticiones de una industria determinada en el convencimiento de que ello redundará en beneficio de los artistas y de los creadores de obras y de que está en línea con un buena tradición europea para luego encontrarnos en un callejón sin salida americano. 
Por favor, no cometamos este error. Es lo único que pido. 
En Estados Unidos se ha logrado un compromiso aceptable desde diversos puntos de vista. Europa no puede quedarse atrás. 
Yo soy partidaria de que examinemos la ley. 
La virtud está en el término medio. Está en la propuesta de la Comisión. 
Está en la propuesta que ha formulado Roberto. Está en la propuesta que ha elaborado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y en la que yo he colaborado- ustedes saben que he formulado muchas propuestas-. 
Estará en la segunda lectura y en lo que aporte el Consejo. 
Solamente les pido que no nos equivoquemos de rumbo, que no nos hagamos ilusiones, sino que optemos por una solución realista y pragmática que conduzca la industria europea al buen camino, que proteja los intereses de los autores y que proteja los intereses de cuantos participan en este mercado, los grandes y los pequeños, y también la industria de telecomunicaciones y los proveedores de Internet. 
Ésta es la vía que yo defiendo y, por tanto, les ruego seamos sensatos y examinemos una vez más las enmiendas de cara a mañana, en especial los artículos 5 y 6. El artículo 6 salvaguarda asimismo los intereses de la industria europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay muy pocas esferas en que estén en juego la calidad y el futuro del proceso de integración europea. 
La del derecho de autor es una de ellas. 
Podría parecer que la Política Agraria Común o la red transeuropea y de transportes son prioridades mayores. 
No lo son. 
La política europea de derechos de autor trata también de alimentos y transportes. 
Trata de la producción y la circulación de los libros y los periódicos, de la música, del sector audiovisual y multimedios. 
Si faltaran esos alimentos o perdieran calidad, sería la muerte segura de Europa. 
Mientras no haya conseguido ocupar la parte del mercado de la cultura a que tiene derecho natural, la sociedad europea no afirmará su diferencia, no reforzará su vitalidad, no equilibrará su balanza comercial. 
Con el advenimiento de la red Internet, lo digital y lo demás que viene y que aún no sabemos, con la mundialización del mercado y la ampliación de la Unión, con la intensificación de los tratados multilaterales, una política de derechos de autor es una prioridad europea. 
Entre otras cosas, porque los creadores y artistas son nuestras antenas para el futuro, nuestra conciencia crítica y nuestra tarjeta de visita. 
Y en ese sentido interesa a todos nosotros que vivan y se multipliquen. 
¿De qué se trata, a fin de cuentas? 
Básicamente, de facilitar la circulación de las obras, remunerar a todas las partes intervinientes en el proceso, los que crean y los que invierten, y evitar la piratería. 
¿Qué conviene hacer? 
Crear una estructura permanente de concertación entre Estados miembros, garantizar la compatibilidad internacional de la legislación europea y su permanente actualización, automatizar al máximo los sistemas de remuneración, reforzar la utilización de las tecnologías de protección. 
El informe Barzanti es excelente, porque, además de tener una perspectiva cultural, es todo él un llamamiento para que las consignas sean «compatibilizar» y «armonizar». 
De hecho, ésa es la única forma de defender los intereses contrapuestos. 
La de mostrar tanto a los Estados miembros como a los artistas, productores y utilizadores que están todos en el mismo barco y deben remar conjuntamente y con fuerza para que el barco llegue a buen puerto. 
Señor Presidente, en la presente propuesta relativa a los derechos de autor se presta atención a la protección de los autores e intérpretes, así como de los productores discográficos y de las emisoras de radio que deben beneficiarse de una lógica remuneración. 
Sin embargo, en este momento se pide al Parlamento que apruebe una legislación que limita la facultad de acceso a Internet a los operadores europeos, en contra de lo previsto en el reciente Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la ley americana titulada Digital Millennium Copyright Act. 
Esto sucede precisamente para proteger los derechos de autor, pero bajo la presión de las grandes multinacionales discográficas que son todas americanas no por su origen, sino por intereses económicos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha impuesto una autorización para las copias técnicas que no se entiende cómo puede fortalecer los derechos del autor. 
Dichos derechos, en efecto, ya están ampliamente protegidos por el artículo 2 de la Directiva que establece el principio de que nadie puede introducir en la red obras sin la autorización de los derechohabientes. 
¿De qué forma esta autorización ulterior fortalece a los autores? 
No es así que se lucha contra la piratería, al menos según la ley americana que considera los procedimientos de indicación y cierre de los sitios sospechosos como la manera más eficaz para luchar contra esta plaga. 
Imponer a los operadores de la red la carga de controlar todos los «paquetes» enviados por los proveedores de servicios, supone imponer que se reduzca su número concentrándolos en pocas manos. 
No es esto lo que quiere la industria discográfica independiente europea, la misma industria que invierte en la mayor parte de las grabaciones realizadas en Europa, que crea empleo y desarrollo, que cree en los artistas jóvenes y exporta el producto musical europeo al extranjero. 
Quien quiere todo esto tiene intereses que están al otro lado del océano. 
Quien está pidiendo que se cierren los accesos a Internet importa en Europa música producida en otros lugares. 
También esa pequeña parte de música producida en Europa adopta estándares comerciales que imponen ventas masivas que se consiguen a través de campañas de promoción sumamente costosas que en Italia la autoridad garante ha condenado recientemente en su sentencia contra las Big Five, es decir, las cinco grandes industrias musicales. 
Y termino mi intervención recordando que la industria discográfica independiente y los manager que son los auténticos representantes de los artistas, nos piden que frenemos antes que sea demasiado tarde. 
Propongo que sigamos su consejo y que aprobemos las enmiendas del Sr. Cassidy y de la Sra. Thors, unas enmiendas que se ajustan a las necesidades de los artistas. 
De esta forma, protegeremos realmente el futuro de la sociedad de la información, de la música y de sus usuarios. 
Señor Presidente, el Sr. Barzanti ha dado grandes muestras de habilidad en la elaboración de este importante informe. 
Es cierto que al tratarse de la primera lectura estamos aún en condiciones de corregir más tarde muchos de los errores que puedan surgir en esta fase. 
Sin embargo, me gustaría señalar que en numerosos Estados, como es el caso de Finlandia, se ha logrado alcanzar mediante distintos acuerdos un equilibrio muy positivo sin necesidad de directiva alguna. 
En este ámbito hay tres aspectos encontrados entre sí: en primer lugar, el derecho de los ciudadanos a la información, que se refleja en las bibliotecas, la educación a lo largo de toda la vida, etcétera. 
Se trata de un importante principio que ha de ser respetado. 
La segunda cuestión fundamental estriba en el derecho de los autores a beneficiarse de su producción intelectual. 
En tercer lugar, tenemos que crear y mantener unas condiciones para el funcionamiento del mercado electrónico, ya que se trata de una cuestión de empleo en Europa. 
Es necesario, pues, compatibilizar estas tres cuestiones. 
Todos consideramos que el pirateo es una actividad delictiva que debemos combatir. 
Por este motivo, creo que, una vez que haya tenido lugar la votación a este respecto, deberíamos afrontar la siguiente fase de esta directiva y reflexionar desde la perspectiva del empleo las actividades tanto de los derechohabientes como de la industria, con el fin de lograr el mejor modelo posible para Europa desde el punto de vista del empleo, la industria y los autores, lo cual implica tener presentes las actividades del sector de la radio y la televisión y de otros ámbitos tecnológicos. 
Según parece, nos pasamos mucho tiempo discutiendo entre nosotros, lo cual actúa en perjuicio del empleo y de la producción de contenidos en Europa. Estamos hablando de las dos cuestiones más importantes en nuestra agenda o, lo que es lo mismo, de la identidad europea, de la cultura europea y de la situación del empleo en Europa. 
Señor Presidente, para clausurar este debate me gustaría hablar de algo que no se suele mencionar, esto es, de algunos considerandos. 
He dicho antes que este informe daba una dirección política pero que técnicamente era mejorable. De ello hay casos clarísimos en los considerandos. 
Considerandos que no se corresponden con ninguna enmienda en la parte dispositiva y que, desde ese punto de vista, técnicamente son incorrectos pero que, políticamente, dan tres direcciones claras: la primera- la ha mencionado el Sr. Barzanti -, es la de los pueblos indígenas y los derechos culturales de los pueblos indígenas; la segunda- mencionada por el Sr. Perry -, indica que la OMPI ha hecho una importante promoción de la mediación como solución de conflictos, y hay dos enmiendas- la 82 y la 91, creo recordar- al considerando 21 que el Partido Popular Europeo apoyará en ese sentido; y la última dirección clara, se refiere a un punto- que se ha dejado de lado pese a haber suscitado mucha controversia- que paso a mencionar. 
Es cierto que esta directiva está relacionada con otra directiva importante que se está tramitando en estos momentos- la directiva sobre el comercio electrónico- e incluso con una directiva sobre responsabilidad en términos generales, pero tiene su propia personalidad. 
Tiene su propia personalidad y tiene que seguir su curso y aprobarse cuanto antes. 
Sin embargo, hay una enmienda planteada, que también apoya el Grupo del Partido Popular Europeo, en el sentido de decir que si bien cada una de estas directivas tiene su individualidad propia, deberían ir parejas y deberían entrar en vigor lo más pronto posible. 
He de decir para terminar, señor Presidente, que me ha encantado escuchar a alguien tan autorizado como la Sra. Mann poner un punto de equilibrio frente a esa contraposición, tantas veces tan demagógica, que se hace entre la industria europea y la industria americana y suscribo sus palabras. 
Creo que esta es una directiva equilibrada. 
Habrá que buscar mejorarla en segunda lectura pero aquí hemos dado una señal política. 
Ahora la Comisión tiene que jugar. 
Señor Presidente, las empresas italianas son las promotoras de un 80 % de la producción original europea, mientras que las grandes multinacionales abarcan el 80 % del mercado importando productos no europeos, en particular americanos. 
Al principio, casi todos los mayores éxitos discográficos europeos se logran a través de un productor independiente que cree en ellos. 
Sólo después, por necesidades de distribución, dichos éxitos terminan en una multinacional. 
Por esto nuestro enfoque en cuanto a la directiva discrepa del de las grandes multinacionales discográficas que han creado un estrangulamiento a nivel de distribución y de promoción, gracias al cual controlan todos los sistemas de acceso a las tiendas, a los medios de comunicación y a las listas de éxitos. 
En nuestra opinión, Internet representa una manera eficaz para obviar este estrangulamiento. 
La verdadera apuesta en juego en esta batalla no es la protección de los derechos de autor que ya garantiza el artículo 2 de la Directiva, sino el mantenimiento de la actual situación de libertad de acceso a Internet para todo el mundo y no sólo para los grandes grupos. 
La obligación de la autorización para las copias técnicas, aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, tendría, por el contrario, el efecto de ampliar la supremacía de las multinacionales de la distribución tradicional de la música a la digital. 
Consideramos, por lo tanto, que es necesario volver a formular el apartado 1 del artículo 5 con el objeto de no limitar el acceso a la red a los operadores independientes. 
Asimismo consideramos oportuno fomentar las inversiones de los proveedores de accesos independientes que son el interlocutor natural de los productores musicales independientes en Europa. 
En realidad, los productores europeos necesitan, en primer lugar, un acceso libre y a bajo coste a la red para poder proponer la música que las grandes multinacionales consideran que no resulta económica de cara a sus estándares comerciales. 
Al proponerse en Internet, la empresas tienen también la necesidad de utilizar sistemas compatibles con las interfaces más utilizadas por los usuarios y no pueden correr el riesgo de invertir en sitios web que luego podrían ser incompatibles con las nuevas versiones de software dominantes. 
En segundo lugar, los productores europeos necesitan programas de apoyo similares a los que, a través de los medios de comunicación, respaldan el sector audiovisual. 
Por último, necesitan programas estratégicos de investigación y de desarrollo que permitan a la industria musical y a la industria tecnológica europeas establecer, de mutuo acuerdo, unos estándares para la difusión comercial, segura y eficaz de la música en alternativa a los estándares americanos análogos. 
Por estos motivos, el Grupo de Alianza Nacional considera oportuno volver a valorar la situación y, en consecuencia, pide la devolución a comisión de la Directiva. 
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta concreta acerca de la compatibilidad de esta directiva revisada de derechos de autor con la propuesta de directiva sobre el comercio electrónico que la Comisión formuló al Parlamento y al Consejo. 
En la propuesta sobre el comercio electrónico el país de origen es el principal elemento. 
En esta directiva sobre los derechos de autor se trata más bien del país de destino. 
Por eso he formulado mi pregunta pero el Comisario no la ha contestado. 
Señor Presidente, sé perfectamente bien que no he contestado. 
La razón era que disponía de poco tiempo. 
Ahora bien, en vista de las circunstancias voy a contestar ahora con mucha brevedad. 
La Comisión presentó su propuesta sobre el marco jurídico del comercio electrónico el año pasado. 
Las dos propuestas son independientes y cada una de ellas tiene su propia importancia decisiva. 
Según la propuesta sobre el comercio electrónico el principio del país de origen no se aplica a la propiedad intelectual e industrial, de conformidad con la legislación internacional vigente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Organización común del mercado vitivinícola 
De conformidad con el orden del día se procede a examinar el informe (A4-0261/98) del Sr. P. Martin, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (CE) sobre la organización común del mercado vitivinícola (COM (98) 0370- C4-0497/98-98/0126 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la organización común del mercado vitivinícola es sin duda alguna la más compleja de todas las OCM, ya que, además de los aspectos relativos al control del viñedo y a las condiciones de producción de la uva, se incluye el conjunto de la reglamentación relativa a las prácticas enológicas, es decir, a la transformación del vino, así como la reglamentación sobre el etiquetado. 
La propia estructura del texto de la OCM «vino» nos demuestra que el vino es un producto agrícola y no un producto industrial. 
En el tiempo que se me ha asignado no voy a presentar el conjunto de las 248 enmiendas que incluye mi informe como resultado de la votación en comisión de cerca de 600 enmiendas presentadas por el conjunto de los diputados. 
En este punto de mi presentación, desearía dar las gracias ante todo al conjunto de funcionarios de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a todos los compañeros que me han facilitado la tarea y me han permitido elaborar un informe coherente. 
¿Cuáles son los principales ejes de mi informe? 
Primeramente, un número significativo de enmiendas se relacionan con el procedimiento de decisión. 
La Comisión, en su propuesta, quería tener todo el conjunto de los poderes de modificación de la reglamentación. 
En mi informe, pedimos el restablecimiento del procedimiento llamado del artículo 43, es decir, que el Consejo tome la decisión con arreglo a las propuestas de la Comisión y después de que el Parlamento Europeo haya expresado su opinión. 
Personalmente, pienso que este procedimiento, aunque pesado, permitirá preservar una reglamentación específica para el vino, favoreciendo su condición de producto agrícola. 
Ante el vino de los países terceros y ciertas veleidades que conocemos, el vino europeo debe conservar su condición de producto tradicional y de calidad. 
A este respecto, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó una enmienda que yo había puntualizado, en la que prohíbe la vinificación de mostos importados de países terceros. 
Si esta propuesta es aceptada por el Consejo, tal como la adoptamos, se preservará la imagen de calidad de los vinos europeos. 
En el plano estructural, hemos adoptado en Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el principio del derecho al crecimiento, mediante un aumento del 3 % del viñedo, sin dejar de preservar la limitación de las plantaciones. 
Los viñedos que tengan un mercado en desarrollo podrán, por su parte, obtener otros derechos con la condición de que los Estados miembros y, llegado el caso, sus regiones, tengan un seguimiento real de sus derechos. 
Esta es la razón que nos hizo adoptar una enmienda específica, relativa al mantenimiento de la reglamentación sobre el registro vitícola informatizado. 
La duración de vida de los derechos de plantación se prolongó con el fin de preservar el descanso necesario del suelo. 
Se adoptaron otras medidas estructurales relativas a la renovación y el rejuvenecimiento del viñedo. 
Incluimos medidas relativas al instrumento de vinificación. 
Efectivamente, si financiamos medidas que permitan mejorar la calidad de la uva, es necesario que se adapte el instrumento de vinificación para que el vino sea de calidad. 
Por último, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, preocupada por el porvenir de la profesión de viticultor, ha deseado que el conjunto de las medidas estructurales se dediquen prioritariamente a los jóvenes, ya sea en el curso de su instalación, o en el período de crecimiento de su explotación. 
En el ámbito de la gestión de mercado, hemos deseado establecer una destilación para los alcoholes de boca, con la finalidad de que la viticultura europea pueda preservar este mercado que le es propio. 
Además, en relación con la destilación de excedentes, hemos adoptado una enmienda precisando que debe ser obligatoria y no facultativa, a condición de que se dirija únicamente a las regiones y únicamente a los productos excedentarios. 
Esta posición ha sido apoyada por razones presupuestarias y equitativas. 
En relación con las agrupaciones de productores, nuestra comisión modificó poco la propuesta de la Comisión. 
No obstante, suprimió las medidas relativas a la extensión de sus poderes y reservó únicamente a sus miembros las misiones que se les confieren. 
En lo concerniente a las organizaciones interprofesionales que nosotros hemos llamado «organismos del sector» hemos modificado completamente la propuesta de la Comisión que nos parecía más adaptada al sector de las frutas y hortalizas. 
A solicitud mía y del Presidente de nuestra comisión, Sr. Colino Salamanca, la Dirección General de estudios del Parlamento Europeo llevó a cabo un estudio analizando el papel de los organismos del sector en el sector vitícola. 
Quisiera saludar aquí el notable trabajo realizado bajo la batuta de los Sres. Ramsay y Angelidis, ya que éste nos ha permitido redactar un artículo 42 precisando el principio de delegación de competencias así como el papel de los organismos del sector. 
Pienso que la enmienda que hemos adoptado retoma los intereses de todos, es decir, los de los Estados miembros productores y de los Estados miembros no productores, sin dejar de preservar el conjunto de las normas relativas a la competencia y el mercado interior. 
En relación con las prácticas enológicas, hemos adoptado, señor Presidente, enmiendas que permiten rehabilitar el conjunto de la legislación comunitaria actualmente en vigor. 
En nuestra comisión, desconfiamos de los reglamentos de aplicación que podrían ser demasiado laxistas. 
Por último, en relación con los controles, hemos querido establecer un cuerpo de control comunitario dotado de medios humanos suficientes y encargado de verificar si los controladores de los Estados miembros aplican de manera equitativa y armonizada la reglamentación comunitaria. 
Para concluir con mi informe, señor Presidente, desearía precisar que, en mi calidad de ponente, daría una opinión positiva al conjunto de las enmiendas adoptadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con excepción, no obstante, de la enmienda 121 que es contradictoria con la enmienda 124. 
Pienso que es necesario preservar la producción de orujo, tales como el orujo de Borgoña o el orujo de Gewurztraminer. 
Esta es la razón por la que votaré en favor de la 124 y en contra de la 121. 
Algunos compañeros también han presentado enmiendas. 
Daré una opinión favorable a las que sean totalmente complementarias con mi informe, tal y como fue adoptado en comisión. 
Esta es la razón por la que daré mi conformidad a algunas enmiendas, y especialmente a las enmiendas 250 y 251 del Sr. Arias Canete, a las enmiendas 256, 257, 259, 261 y 268 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, así como la enmienda 273 de los Grupos de Coalición Radical Europea y de los Verdes en el Parlamento Europeo y la enmienda 274 de los Grupos de Coalición Radical Europea y de los Independientes por la Europa de las Naciones. 
Seré desfavorable a la enmienda 249, ya que no podemos conocer la evolución del mercado del alcohol de boca. 
Asimismo, mi voto será desfavorable para las enmiendas 252, 253, 260, 262, 264, 265, 266, 267 y 269 que son contrarias, ya sea al principio del statu quo que adoptó nuestra comisión en términos de enriquecimiento y adición de azúcar al mosto antes de que fermente, o bien a una enmienda tal como fue adoptada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor presidente, quisiera comenzar mi intervención dando las gracias al Sr. Martin. 
Merced a su espíritu de trabajo y su gran sentido del compromiso ha logrado un excelente compromiso entre las diferentes regiones europeas- algo que, evidentemente, también queda reflejado en el seno de nuestro Grupo-. 
Insisto, un excelente compromiso. 
Nada tiene que ver con esos compromisos precipitados a los que se llega cuando ya no se ve el final del túnel y lo único que se pretende es acabar con los problemas. 
¡Éste ciertamente no es el caso! Muchas gracias, señor Martin. 
Lo más importante es que al tratar la cuestión del sector vitivinícola en la Unión Europea no nos limitemos a enfocar el vino y las regiones de producción desde el punto de vista del producto final. 
Existe una diferencia abismal entre considerar el vino- ya sea directamente del barril, ya sea en botella- como producto sin más y considerarlo como parte integrante de una cultura, una región, un paisaje. 
Por eso mismo, estoy convencido de que merece la pena que Europa dedique la debida atención a su vino. 
Por lo que a este punto se refiere- hablo en nombre de mi Grupo, pero al mismo tiempo vengo de un país nórdico-quisiera manifestar mi gratitud hacia el Sr. Martin, porque ha sabido captar perfectamente las peculiaridades de las tradiciones vitivinícolas y los tratamientos enológicos que se han venido desarrollando a lo largo de los siglos y porque, gracias a sus propuestas, hemos podido relegar al pasado la lucha que durante mucho tiempo ha dividido a los países del norte, del sur y del centro de Europa. 
No obstante, seguirá habiendo problemas y surgirán nuevas dificultades. 
Así, por ejemplo, tendremos que instar a la Comisión a que vigile el problema de la cada vez mayor importación de mostos de uva concentrados rectificados en la Unión Europea. 
Considero muy positivo que se preserve la flexibilidad en el ámbito de los nuevos derechos de plantación y que se haya podido alcanzar un compromiso justo en esta materia. 
Hasta el año 2010 se propone un incremento máximo de la superficie vitícola del 3 %. Mientras que a unos les parece poco, a otros les parece excesivo. 
La vía elegida en el ámbito de la destilación, que ya había sido iniciada por la Comisión, es la correcta. Insiste en que demos marcha atrás en lo que a la destilación obligatoria se refiere y que también a este respecto abramos un poco más el mercado, aunque debemos conservar dicho instrumento en el futuro para poder aplicarlo ahí donde ello sea necesario. 
Valoramos muy favorablemente- tanto en cuanto a las propuestas de la Comisión como en lo que respecta a las propuestas discutidas y aprobadas en comisión- las imprescindibles medidas de apoyo a los jóvenes viticultores, uno de los objetivos prioritarios de la presente normativa. 
Todo lo que es importante en el ámbito de los jóvenes agricultores adquiere una relevancia aún mayor en el ámbito de los jóvenes viticultores. 
Quisiera dejar claro que el ponente gozará del pleno apoyo de mi Grupo a la hora de defender en comisión el compromiso alcanzado y controlar minuciosamente todas las enmiendas que puedan obstaculizarlo. 
Hay toda una serie de enmiendas que se enmarcan en la línea de dicho compromiso, pero también son muchas las que pueden socavarlo. 
Nuestro Grupo lo apoyará con mucho gusto a fin de que esta larga colaboración en comisión con el Sr. Martin pueda verse coronada por una amplia mayoría en la votación del Pleno. 
De esta forma, respaldaríamos a la Comisión, y el Consejo dispondría por fin de una buena base para sus debates si hiciera suyo este excelente informe del Parlamento, puesto que ya han pasado más de tres años y aún no ha cumplido sus deberes. 
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar agradeciendo al ponente y a sus colaboradores el excelente trabajo que han realizado. 
Con esta nueva propuesta de la Comisión iniciamos una vía distinta a la de 1994 y 1995. En aquel entonces, el Parlamento estaba dividido. 
Y aquella propuesta, señor Comisario Fischler, no era ni mucho menos tan buena como ésta. 
Algunos puntos del marco general han sido modificados, otros se han mantenido tal como estaban. 
En comparación con los años ochenta, los excedentes han disminuido. 
Desafortunadamente, el consumo per cápita ha bajado en los principales países productores, Italia y Francia. 
Como consecuencia de la ronda del GATT tenemos nuevos competidores en el ámbito de los vinos de calidad y por fin- y éste es el mayor logro que se ha conseguido bajo la dirección del Sr. Martin- hemos aceptado en este Parlamento las peculiaridades regionales del sector vitivinícola en el norte y el sur de Europa. 
Es éste el avance más importante que hemos logrado. 
Por todo ello, mi Grupo como tal, el Grupo del Partido Popular Europeo, no ha presentado enmiendas a la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ni a los compromisos del Sr. Martin. 
Quisiera explicar brevemente el porqué de la ausencia de enmiendas. 
Creo que en el informe que tenemos delante hemos conseguido suavizar los puntos críticos de la anterior organización común del mercado vitivinícola. 
Fijémonos por ejemplo en el tema de la destilación. 
No ha sobrevivido la antigua norma de la destilación obligatoria. Es correcto optar por la voluntariedad. 
Por otra parte, también es positivo- y, por eso, hemos suscrito varios compromisos- que se garantice el abastecimiento del mercado de alcohol de boca con vino, por ejemplo en el caso del coñac, el brandy y otros productos regionales tradicionales. 
En segundo lugar disponemos por primera vez de un marco jurídico apropiado para las organizaciones de productores e interprofesionales. 
A este respecto pretendemos simplificar la propuesta de la Comisión. Por esta razón, respaldamos la petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de crear un marco comunitario. 
Solamente hay un punto- todo nuestro Grupo está de acuerdo con ello- en relación con el cual nos distanciamos del compromiso. 
Se trata del primer guión de la enmienda nº 179. 
Señor ponente, hemos llegado al acuerdo de que el problema del envase obligatorio en la zona vitícola de origen, tal y como lo hemos venido debatiendo hasta ahora, se abordará en el marco del informe Lulling, no previamente, y que antes que nada vamos a esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia. 
Por lo tanto, votaremos contra el primer guión de la enmienda mencionada. 
Para todos los demás aspectos hemos logrado compromisos sumamente sensatos, como por ejemplo el statu quo en el ámbito de la sacarosa o las soluciones propuestas para los tratamientos enológicos o la diversidad de las tradiciones. 
Estimo que, en general, podemos aprobar este proyecto de informe. 
Es la primera vez que el Parlamento tiene la oportunidad de hablar con una sola voz en esta materia tan polémica y de ejercer influencia sobre la Comisión y el Consejo de Ministros de Agricultura. 
Aplausos 
Señor Presidente, creo que hemos logrado esta vez una OCM positiva en un sector tan complicado como el vitivinícola. 
Creo también que la propuesta de la Comisión- válida- ha sido sustancialmente mejorada por el informe del Parlamento. 
Nos encontramos con que la producción vitivinícola tiene lugar en unos territorios determinados en los que tradicionalmente se cultiva la vid, en los que difícilmente puede ser sustituida por otro tipo de producciones, con unos productores que llevan a cabo esta elaboración del vino y un consumo que durante muchos fue años tradicional y prácticamente el único consumo de bebidas alcohólicas de los ciudadanos pero que hoy, en la sociedad globalizada, ha cambiado absolutamente. 
Esta OCM busca la regularización de la producción con el mercado y, en este sentido, me parece positivo. 
Me parece positiva la autorización de un pequeño incremento de nuevas plantaciones; me parecen positivas las medidas para la incorporación de nuevas personas, de jóvenes, en la producción de este producto tradicional. 
No voy a abordar la cuestión de los sistemas de producción enológicos, que en algunos Estados tienen una tradición de muchos años. 
Cada lugar tiene su propia manera de elaborar el vino. 
Creo que hay un aspecto fundamental en nuestra sociedad: el relativo a los consumidores. 
No es suficiente poner el vino a disposición del mercado. 
Es necesaria una comunicación, una investigación sobre los efectos positivos del vino y una educación para un consumo inteligente de este producto. 
El vino produce efectos beneficiosos en la salud y es un producto que debe ser considerado un producto alimentario. 
Vino y salud creo que es una buena definición, pero esto no puede sencillamente ser fruto de la tradición, sino que las asociaciones de productores deben llevar a cabo esta información a los consumidores. 
Señor Presidente, no es frecuente que este Parlamento aborde el mismo expediente dos veces en la misma legislatura. 
Afortunadamente, el escenario que rodea a la reforma de la organización común del mercado del vino en esta ocasión es radicalmente distinto al que existió al principio de esta legislatura. 
La diferencia entre ambas ocasiones reside en la propuesta de la Comisión. 
La propuesta que examinamos a principios de la legislatura se basaba en la hipótesis de unos excedentes que yo llamaría apocalípticos. 
Según la Comisión, este riesgo sólo podría ser conjurado mediante el recurso a arranques masivos de viñedo. 
Dicha propuesta tuvo la virtud de provocar la aparición de posiciones encontradas en el seno del Consejo de modo que el expediente quedó bloqueado. 
Cinco años después, la situación es radicalmente distinta y lo es porque la propuesta de la Comisión es absolutamente diferente. 
La realidad es tozuda y, en cinco años, los temidos excedentes estructurales no han hecho aparición y, por lo tanto, las draconianas propuestas de la Comisión se han visto privadas de sentido. 
Por cierto, que este tipo de propuestas suelen ser frecuentes en la Comisión cuando abordamos reformas que afectan básicamente a los países del Sur. 
Pero hoy lo fundamental es el rigor y la calidad exigible en los análisis de la Comisión como institución competente para la presentación de propuestas legislativas. Este aspecto cobra la máxima importancia cuando está en discusión el paquete de reformas agrícolas contenidas en la Agenda 2000 y, muchas veces, el problema no reside tan sólo en los análisis efectuados, sino en lo que no se dice o no se ha efectuado. 
Yo espero que las propuestas de la Comisión no tengan hoy los efectos negativos que tuvo la reforma de 1992 en la desaparición de explotaciones y en la destrucción de empleo agrario. 
En cuanto al informe del Sr. Martin, yo quiero reconocer el excelente trabajo realizado por el mismo. 
Su informe tiene la virtud de ser coherente y esto cobra importancia por haber gestionado correctamente un gran número de enmiendas. 
En cambio, me gustaría también señalar- con todo mi elogio y él lo sabe muy bien- un problema de fondo que sigue subsistiendo: se pretende seguir autorizando el enriquecimiento con sacarosa y podemos perder una oportunidad valiosa de sustituir la sacarosa por mostos concentrados. 
Esta sustitución permitiría respetar las prácticas enológicas tradicionales y permitiría producir vino a partir del viñedo. 
Finalmente, señor Martin, le quiero recordar y agradecer vivamente un viaje que usted hizo a mi país, donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con las organizaciones agrarias, y yo, en estos momentos, quiero recordar esto y estarle vivamente agradecido. 
Pienso que, de alguna manera, aquel viaje fue útil. 
Señor Presidente, espero que no haya sido por influencia del vino por lo que haya surgido aquí un acuerdo tan amplio en todo este Parlamento. 
Pero si Dioniso nos ha ayudado a encontrar un punto de acuerdo, ¡tanto mejor! 
La verdad es que el informe de mi colega el Sr. Philippe-Armand Martin, al defender un status quo, consigue al mismo tiempo modernizarlo, adaptarlo, adaptarlo a las circunstancias nuevas de la mundialización del mercado, flexibilizarlo, liberarlo también de ese dirigismo un poco congénito que existe en la Comisión y responsabilizar simultáneamente a los Estados miembros, a las organizaciones de productores, a las comisiones vitivinícolas y, por último, a la producción y a los Gobiernos de los Estados miembros. 
También ha tenido en cuenta la necesidad que tenemos de aumentar nuestra producción vinícola, en caso de que el mercado lo permita, pero al mismo tiempo responsabilizar a quien lo permita con una mayor coordinación en el nivel de los países miembros. 
Para eso, no me cabe la menor duda de que son necesarias medidas muy sencillas, tales como un catastro fiable, que no existe. 
Por otro lado, también es necesario impedir el fraude con el mosto concentrado y, por eso, en ciertas negociaciones con terceros países y debe haber poca tolerancia con el fraude que así se produce. 
En cuanto a la cuestión de la destilación obligatoria, es preciso dar mayor flexibilidad. 
Todo ello con una gran responsabilidad por parte de quienes, según el mercado, van a destilar o no. 
Pero que no sea una destilación obligatoria, sin cabeza, sin dirección. 
Otro imperativo importante es el de respetar las identidades enológicas, los métodos enológicos de las regiones, y no entrar en litigios que a nada conducen: confieso que ya estoy harto de litigios que, de hecho, no han mejorado el entendimiento entre los viticultores europeos. 
También me parece importante- y confieso que Portugal es, en ese ámbito, extraordinariamente sensible- la cuestión del embotellamiento en origen, la cuestión de la responsabilización, la cuestión de los vinos de calidad, que, de hecho, son nombres muchas veces conocidos en el nivel mundial. 
Por eso, no estamos de acuerdo con las enmiendas núms. 171 y 179 y votaremos, al menos los que más próximos están a mí, contra ellas. 
Por lo demás, considero este informe extraordinariamente positivo, porque, sin caer en el consenso, hemos conseguido lograr buenos acuerdos. 
Y eso es lo que interesa: consenso es una forma previa de traición, acuerdo es la palabra que se da, es un contrato que a todos interesa. 
Señor Presidente, la reforma de la organización común del mercado vitivinícola es uno de los ámbitos en los que la UE debería erradicar la causa de los problemas en lugar de tomar medidas cuando el mal ya esté hecho. 
La destilación y la prima por arranque de las superficies plantadas no son sino típicas soluciones de emergencia. En principio deberían suprimirse, porque la destilación conduce a producciones masivas de vinos de baja calidad y la prima por arranque fomenta la sustitución de las zonas vitícolas de regiones problemáticas desde un punto de vista económico-laboral, pero significativas desde un punto de vista territorial, por una producción racional orientada a la exportación. 
La única forma de combatir la sobreproducción consiste en establecer nuevos criterios de calidad. 
Les advierto que aquí no sirve la tecnología de los genes. 
Nuestro objetivo es conservar los paisajes histórico-culturales y garantizar que los viticultores tengan una renta apropiada. Pero a largo plazo todo gira en torno a la calidad. 
Me tomo muy en serio este tema porque creo que en la próxima ronda de la OMC sólo lograremos defender la viticultura europea si nos amparamos en argumentos ecológicos, sociales y de calidad, porque no cabe duda de que los norteamericanos pretenden eliminar nuestras denominaciones de origen para pasar a las marcas comerciales. 
Ello significa que Coca Cola podría comprar la marca Bordeaux para luego vender los vinos más baratos del mundo con este nombre. ¿Cómo vamos a admitir eso? 
Por tanto, necesitamos argumentos contundentes para demostrar que la denominación de origen implica más que alcohol, grados y color. 
La única forma de dar cuerpo y peso al modelo agrícola comunitario que tantas protestas suscita pasa por inventariar las características regionales, sociales y ecológicas de cada vino para luego poder entablar unas negociaciones firmes sobre esta base. 
Respaldamos el informe de nuestro colega y exigimos calidad en vez de cantidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero agradecer vivamente a nuestro ponente, Philippe Martin, por la calidad de su informe que tiene en cuenta el conjunto de los viñedos europeos. 
A principios de agosto, se entrevistó en mi presencia, en mi Ayuntamiento de Carcasona, con representantes de la viticultura y del sector comercial de la región «Languedoc-Roussillon». 
Fue una satisfacción comprobar que las principales reivindicaciones de nuestros profesionales habían sido retomadas tanto en el informe como en la votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
¿Cuáles son las principales reivindicaciones? 
En relación con el potencial vitícola, es necesario preservar el principio de la limitación de los derechos previendo un derecho al crecimiento del 3 % a corto plazo, con la posibilidad de reactualización en función de las necesidades del mercado después del inventario real de los derechos de plantación. 
En relación con la mejora del viñedo, quiero precisar la importancia de este aspecto estructural. 
Siendo un cargo electo de la región vitícola europea más importante que ha experimentado una renovación considerable de su viñedo, puedo afirmarle, señor Comisario, que el porvenir de la viticultura ha de incluir la calidad. 
Por ello, hemos pedido que el conjunto del aspecto «reconversión» esté abierto al rejuvenecimiento del viñedo y a los instrumentos de vinificación. 
Todas estas medidas estructurales, tanto a nivel del potencial vitícola como a nivel de la mejora del viñedo, deben orientarse prioritariamente hacia los jóvenes viticultores. 
En relación con la gestión del mercado, es necesario mantener la obligación de la destilación de los subproductos, y hacerlo además de las derogaciones actuales. 
Los alcoholes así producidos han de poder ser orientados hacia el mercado del alcohol de boca, con el fin de disminuir el coste presupuestario de esta medida. 
En cuanto a la destilación en tiempos de crisis, para ser eficaz, es necesario que siga siendo obligatoria únicamente en las regiones excedentarias. 
En relación con la autorización del sector, es necesario reconocer la misión y las funciones de las agrupaciones de productores, y ello, sin que haya posibilidad de extensión de la norma. 
Por tanto, el informe, tal y como fue adoptado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, me conviene perfectamente. 
En relación con las prácticas enológicas, es necesario prever una lista exhaustiva de las prácticas admitidas y preservar el propio principio del statu quo incluido para las ayudas al enriquecimiento mediante mostos concentrados. 
Llamo especialmente su atención en la enmienda 274, relativa a las producciones de vino dulce natural. 
En relación con el etiquetado, también en este caso es necesario preservar una lista positiva de menciones obligatorias. 
Por último, señor Presidente, en relación con el régimen de intercambio con terceros países, es preciso preservar la reglamentación actual precisando la prohibición de vinificar los mostos procedentes de terceros países. 
Si se suprime esta prohibición, tal como lo propone la Comisión, existe un riesgo de debilitamiento considerable de la imagen de los vinos producidos en la Unión Europea así como un descenso real de la calidad y ello, contrariamente a los objetivos perseguidos por la OCM. 
Para concluir, quiero hablar del procedimiento propuesto por la Comisión tanto a nivel de la gestión de los derechos de plantación como a nivel del etiquetado de las prácticas enológicas y las medidas de gestión del mercado. 
Es necesario preservar, contrariamente a las propuestas de la Comisión, el procedimiento actual denominado «artículo 43». 
Señor Presidente, deseo vivamente que el conjunto de los diputados voten en favor de lo esencial de las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, propuestas que son el resultado de un considerable trabajo de compromiso llevado a cabo en un espíritu de equidad, de realismo y apertura por parte de nuestro compañero, al que felicito. 
Se trata esencialmente del mantenimiento del vino como producto agrícola con una definición reforzada, la prohibición de las importaciones de mostos procedentes de terceros países, la posibilidad de expansión de los viñedos en función de los mercados, el statu quo sobre las prácticas enológicas, el agregar azúcar al mosto antes de que fermente, la destilación en tiempos de crisis, obligatoria solamente en las regiones excedentarias. 
Visto que el texto no mencionaba directamente los vinos dulces naturales, presenté, conjuntamente con otros compañeros, la enmienda 274 para que se mencionara expresamente, lo que es indispensable para permanecer en nuestra lógica común de respeto de la diversidad de los productos tradicionales, soportes de la calidad y la especificidad de los vinos europeos. 
Concluyo diciéndole, Sr. Martin, que me permitiré presentar dos o tres enmiendas, especialmente sobre las OGM, esperando que esta nueva formulación convenga al ponente y a los diputados en su conjunto. 
Señor Presidente, hace seis años que estamos en este expediente vitícola. 
Ello quiere decir cuán importante es, diría incluso doblemente importante. 
Importante, primeramente, porque nuestros viticultores son importantes: el 7 % del PIB agrícola en relación con el 2, 5 % solamente de gastos presupuestarios, lo que quiere decir que un viticultor hace ganar mucho y cuesta poco. 
Importante también para la economía en general, visto que la viticultura es una partida clave de nuestra balanza comercial. 
Por lo demás, sobre ese punto, la balanza comercial, señor Comisario, tengo miedo de que su proyecto nos ponga un poco en peligro. 
El proyecto de la Comisión, ya se conoce. 
Por lo demás, se basa, como siempre en materia agrícola, en la mentira de la sobreproducción. 
En el horizonte del año 2000, habría habido, según usted, 180 millones de hectolitros de vino. 
Se consumen 150 millones. 
Por tanto, habría habido 30 millones de hectolitros de vino de sobreproducción. 
De ahí las medidas que propuso en 1993, la vendimia verde, las cuotas vitícolas, los excesos que conocemos. 
Felizmente, hoy día, se sabe que 1998 fue un año equilibrado y usted moderó sus pretensiones. 
Por tanto, técnicamente, hubo cambios positivos. 
Sin embargo, creo que, bajo las apariencias, las perversiones filosóficas de su Comisión subsisten. 
En primer lugar, los cambios positivos. 
Es verdad que del informe Sierra Bardaji, en 1993, al informe Fantuzzi en 1998, y ahora al informe Martin, se ha logrado a golpe de enmiendas- 600- mejorar las cosas: enmiendas sobre la destilación ahora obligatoria, sobre los nuevos derechos de plantación al 3 %, sobre el rejuvenecimiento del viñedo, sobre el descanso sanitario de las tierras, sobre los alcoholes de boca, sobre las ayudas al mosto concentrado- y no sencillamente para la región CIII, lo que inquietada a mis viticultores del Languedoc-Roussillon y a los de Raymond Chesa- enmiendas también sobre los controladores, puesto que no se tenían sino dos inspectores para toda Europa, e incluso quizás también sobre las organizaciones interprofesionales que remontan al Mariscal Pétain y que cuentan con el apoyo de la izquierda. 
Pero allí no está lo esencial. 
Quizás también se han hecho progresos en la guerra de religión de agregar azúcar al mosto. 
No obstante, tengo miedo de que bajo las melosas concesiones técnicas se escondan las amargas desviaciones filosóficas. 
Las desviaciones filosóficas, las perversiones filosóficas, veo cuatro: el malthusianismo, el integrismo, el mundialismo y la deshumanización. 
Ante todo, el malthusianismo. 
Al igual que con la carne, los cereales, la leche, e incluso con el carbón y el acero no se tiene, cada vez, sino un solo instrumento de gestión: la amputación de la oferta. 
Jamás se plantea el desarrollo de la demanda. 
Es verdad que hay que preparar la apertura vitícola al Este, la llegada del viñedo húngaro, rumano, búlgaro e incluso la Organización Mundial del Comercio para el año 2000, con nuestros amigos australianos, californianos y de Sudáfrica. 
El integrismo, es el integrismo fiscal antivino de la Europa del norte, con 3 euros de derecho de impuestos al consumo por litro de vino en Dinamarca o en Gran Bretaña. 
Es el integrismo sanitario de Suecia o Finlandia, laxista para la jeringa, pero puritana para la botella, cuando el vino es, sin embargo, un producto para la salud, con efectos cardiovasculares positivos, sin hablar de los efectos mentales que bien habrían podido probar los hooligans del Heisel, los que se encontraban, por su parte, bajo los efectos de la cerveza. 
El mundialismo, son seis millones de hectolitros de importación, un décimo de euro de derecho de aduana y los famosos mostos concentrados procedentes de terceros países que se prepara usted a autorizar. 
Felizmente, la Comisión ha podido resistir. 
Por lo demás, ya no quedaba sino autorizar los vinos a granel y no el embotellado en la región de explotación para que el mundialismo fuera perfecto, lo que me lleva a la cuarta y última desviación, la deshumanización, que querría que el vino fuera un producto industrial y no un producto agrícola. 
Y ese es el conflicto entre la Europa del norte, la civilización de la cerveza, y la Europa del vino, y tengo miedo del equilibrio en el Consejo de Ministros. 
Sin embargo, recuerdo a nuestros compañeros que si hubiera habido viñas en Arabia Saudí, este hecho hubiera cambiado la cara estratégica del mundo. 
Me temo que hay allí una complicidad entre el integrismo del Norte y el integrismo del Sur. 
En ambos casos, no consumen vino. 
Aplazamos el debate y pasamos al turno de preguntas. El debate se reanudará a las 21 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0020/99). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 38 formulada por Paul Rübig (H-1252/98) : Asunto: Paso al euro en los libros de texto 
La introducción sin problemas de la moneda común y su aceptación por los ciudadanos europeos dependerá también en muy gran medida de lo rápida y completa que sea la información que se ofrezca en el ámbito de la enseñanza. Debe prestarse naturalmente una atención particular a aquellos tipos de escuelas y asignaturas en los que en general se estudian intensivamente las cuestiones monetarias como son las escuelas de comercio y la contabilidad o la facturación. 
¿Podría indicar la Comisión cuál es actualmente el estado de avance del paso al euro en el ámbito de la enseñanza y, en particular, en lo que respecta a la remodelación de los libros de texto y de los medios docentes? 
Doy la bienvenida a la Sra. Cresson y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
Tiene usted la palabra, señora Cresson. 
La Comisión es consciente del aspecto tan importante que representa para el sector de la enseñanza el paso al euro. 
Para favorecer la adaptación de los padres a la moneda única, sus hijos desempeñarán un papel de esencial importancia. 
Sin dejar de respetar la competencia exclusiva de los Estados miembros en este sector, la Comisión financia, en el marco del programa SOCRATES, varios proyectos que contribuyen a difundir en el medio escolar informaciones relativas al euro y a integrar este tema en la distintas disciplinas escolares. 
Merecen mencionarse aquí varias medidas. 
Se ha establecido un grupo de trabajo denominado «Educación para el euro». 
Reúne representantes de los ministros de la Educación y de las agencias nacionales del programa SOCRATES. 
Los programas de este grupo versan sobre la promoción de iniciativas con carácter pedagógico sobre el euro y el intercambio de informaciones y de buenas prácticas en este ámbito. 
Los trabajos de este grupo han llevado especialmente al establecimiento de un recuento de las iniciativas e instrumentos pedagógicos sobre el euro, tanto a escala nacional como comunitaria, accesible por Internet en la página del servidor EUROPA titulada «El euro en la escuela». 
Se está elaborando un manual describiendo las iniciativas de los Estados miembros en este campo, especialmente en lo relativo a la formación de los docentes y la adaptación de los programas y manuales escolares. 
Este documento también estará disponible en Internet y será difundido entre los agentes interesados. 
Señora Comisaria, quisiera hacerle la siguiente pregunta complementaria. En el momento en que dicho documento se ofrezca en Internet y se disponga asimismo de contenidos multimedia ¿considera la posibilidad de invitar a la gente a que se familiarice con esta temática a través de un learning entertainment o learning adventure, porque al fin y al cabo también se trata de que los padres de los niños se den cuenta de las posibilidades que todo ello ofrece para el futuro? 
Por lo que a los programas de investigación se refiere, me gustaría saber si se han desarrollado programas que estudian cuál es la mejor manera de introducir el euro y cuáles son los problemas que pueden acompañar a dicha introducción a fin de paliarlos facilitando información previa con la debida antelación. 
Esta actividad o esta acción no concierne directamente el sector de la investigación, sino más bien al de la educación, y como ya lo señalé, vamos efectivamente a divulgar en Internet las informaciones adaptadas a un público escolar y, por tanto, se presentarán de la manera más atractiva posible. 
De ninguna manera se excluye que pueda innovarse en materia de programas informáticos y juegos educativos. 
Por lo demás, quisiera señalar que cada año llevamos a cabo una acción en lo relativo a la difusión de Internet y los multimedia durante la semana llamada los net days. 
Asimismo, durante la próxima semana de net days, que tendrá lugar al inicio del próximo curso académico, recomendaré la introducción del euro en los intercambios que tienen lugar entre las escuelas europeas, de manera que este tema, de verdadera actualidad, pueda figurar en los programas que se establecerán en esa ocasión. 
Por otra parte, pienso que una sensibilización de los docentes es totalmente indispensable. 
Se inició ya hace tres años, a iniciativa mía en lo relativo al uso de los multimedia y de Internet. 
No obstante, cuando sea necesario tratar con mayor precisión el tema del euro, podrá llevarse efectivamente a cabo una acción dirigida a los docentes. 
Eso es lo que puedo decirles acerca de este tipo de actividad. 
En lo relativo a la investigación, a solicitud y sugerencia mía, la arquitectura del Quinto Programa Marco de investigación ha sido modificada de manera sumamente sustancial en relación con el Cuarto Programa Marco y el segundo capítulo se refiere, como los principales capítulos de este Quinto Programa Marco, a las tecnologías de la información. 
En el interior de las tecnologías de la información hay, como en los demás capítulos del programa marco, varias acciones clave, es decir, acciones horizontales que se ocupan a la vez de las disciplinas de las ciencias puras, pero también de las ciencias humanas. 
En lo relativo al tema de los programas informáticos educativos y los multimedia, también sería muy útil introducir los incentivos y las licitaciones que hacen referencia al euro, de manera que tengamos respuestas a nuestras propuestas y podamos retener algunas, si son buenas, para poder difundirlas. 
El distinguido diputado ha preguntado en primer lugar si la cuantía de las comisiones cargadas por bancos británicos por las transferencias de fondos internacionales dentro de la Unión Europea podría constituir una infracción del artículo 85 del Tratado de Roma. 
Ese famoso artículo proscribe todo acuerdo o práctica concertada entre empresas en la medida en que posea efectos restrictivos para la competencia y afecten al mercado entre Estados miembros. 
Mientras la determinación de los precios sea resultado de una decisión independiente y no coordinada de un banco determinado no hay infracción del artículo 85, pero si la situación es diferente es muy posible que entonces nos enfrentemos con un verdadero problema. 
En segundo lugar, el distinguido diputado ha preguntado si la cuantía de las comisiones mencionadas constituye una infracción del mercado único de servicios financieros. 
En su comunicación de 1992 sobre la posibilidad de facilitar los pagos transfronterizos, la Comisión exponía su opinión de que la totalidad de los beneficios del mercado único y de la Unión Económica y Monetaria sólo se podría conseguir si las empresas y las personas podían transferir dinero de una parte de la Comunidad a otra con la rapidez, la fiabilidad y la baratura que caracterizan actualmente a las transferencias en la mayor parte de los Estados miembros. 
La Comisión sigue sustentando esa opinión. 
Ahora bien, en el Tratado no hay base jurídica para utilizar la legislación a fin de eliminar los costos más elevados que han de abonar los usuarios que efectúan transferencias transfronterizas, en comparación con las transferencias en el marco del país. 
Indirectamente la Comisión ha ejercido presión respecto de los sistemas de pagos y bancarios afectados, notablemente al proponer una directiva sobre transferencias transfronterizas. 
Esa directiva ha sido adoptada y va a entrar en vigor el 14 de agosto de 1999. 
En ella se anima a los bancos a revisar sus sistemas y a hacerlos más eficientes para poder cumplir los requisitos de la directiva, especialmente en materia de transparencia, plazos de tiempo garantizados para las transferencias y garantía de reembolso del dinero para los que lo han enviado. 
Hay ya pruebas de que algunos bancos han reducido sus comisiones en estos cinco últimos años, desde que la propuesta apareció en el orden del día de la Comisión. 
Ahora bien, la política de precios es, en última instancia, de la incumbencia de los que prestan los servicios de que se trate, tanto si las transferencias tienen lugar dentro de un país como si son entre países. 
Por último, en el Libro Verde sobre la introducción de la moneda única, la Comisión renovó su llamamiento a los bancos para que considerasen a la introducción del euro como una oportunidad única de prever una zona única de pagos, al menos por lo que se refiere a los pagos en euros. 
La Comisión está revisando actualmente su política en materia de pagos transfronterizos al por menor a fin de ocuparse, entre otras cuestiones, del problema de lo que siguen siendo precios excesivamente elevados. 
No hace falta decir que la situación actual no es satisfactoria, pero pueden confiar ustedes en que la Comisión seguirá esforzándose por remediarla. 
Doy gracias al Comisario por su respuesta, realmente detallada, y por coincidir conmigo en que la situación es insatisfactoria. 
¿Va a explayarse el Comisario y decir que el estudio de 1992 indicó que la mayor parte de los Estados miembros- la mayor parte, no todos- tienen sistemas de pago que son eficientes y baratos? 
¿Acaso el estudio hecho por una persona de mi circunscripción, el Sr. Vaughan- que ha demostrado que los bancos británicos cargan hasta tres veces más que sus homólogos neerlandeses -, no demuestra que el problema que tenemos en Gran Bretaña es muy particular? 
¿Se compromete usted concretamente a ocuparse del problema? 
Cuando dice usted que seguirá promoviendo los esfuerzos voluntarios no dice si tendrá en cuenta los compromisos contraídos por sus propio colega, el Comisario Monti, que cuando se reunió con la Federación Bancaria Europea el 29 de enero dijo lo siguiente: «Tengo la intención de examinar en una comunicación lo que queda por hacer para mejorar el funcionamiento del sistema de pagos al por menor en el mercado único». 
De manera análoga, el Comisario de Silguy formuló una advertencia el 7 de mayo de 1988 dirigida a las instituciones financieras europeas en las que les instaba a ocuparse de nuevo de esta cuestión. 
¿Va a haber nuevas iniciativas, o vamos a seguir como hasta ahora? 
Por lo que se refiere a la última parte de la pregunta, la respuesta es afirmativa, pero déjennos que utilicemos los instrumentos de la mejor manera que podamos y de conformidad con lo prescrito. 
No debe haber duda alguna acerca de la determinación que tenemos de obrar de esa manera a todos los respectos. 
En cuanto a lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, lo que procede es formulársela a las autoridades británicas para enterarse de lo que está sucediendo en Gran Bretaña. 
En la medida en que pueda afectar a la Comisión Europea, aunque sea en su calidad de autoridad en materia de competencia, es evidente que estamos dispuestos a ocuparnos de la cuestión. 
Quisiera agradecer al Comisario su visita de esta tarde al Parlamento. 
Me gustaría que me dijera si no está de acuerdo conmigo en que, en realidad, es muy difícil velar por la transparencia del costo de las transferencias mientras el euro no se utilice en todos los Estados miembros. 
Quizá esté también de acuerdo conmigo en que las posibilidades de elección son escasas en el Reino Unido si se desea buscar intermediarios financieros para ingresar en el mercado de capitales de riesgo, particularmente en el caso de las empresas pequeñas y medianas. 
Me preocupa mucho, y quiero que así conste en acta, que para tener acceso a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones no haya más que un sólo intermediario en el Reino Unido. 
¿Hay algo que el Comisario o las autoridades británicas puedan hacer para estimular la competencia en esta esfera? 
Por lo que se refiere a los intermediarios, si pudiera darme usted más detalles no hay duda de que nos ocuparíamos de la cuestión. 
Es algo que se relaciona con la responsabilidad de mi colega, Mario Monti, pero diré una vez más que somos muy receptivos a la cuestión y que estudiaremos cualquier dato que pueda usted facilitarnos. 
En cuanto al resto de la pregunta diré que me sorprende realmente que haya tan grandes diferencias entre las comisiones por las transferencias que se siguen cargando en Gran Bretaña y en algunos otros países europeos. 
Tiene que haber una explicación para ello aunque, por lo que veo, será muy difícil dar una explicación satisfactoria. 
No cabe duda de que hay que hacer algo. 
Como ya he indicado anteriormente, la situación justificaría que las autoridades británicas tomaran medidas sobre el particular o estudiaran lo que está sucediendo realmente. 
Sea como fuere, no hay duda de que, desde nuestro punto de vista, la situación actual es muy insatisfactoria. 
Pregunta nº 40 formulada por Willy C.E.H. De Clercq (H-0091/99) : Asunto: Grandes diferencias nacionales respecto a la autorización, procedimiento de autorización, calificación y control de los medicamentos 
Respecto a los medicamentos, parece que la realización del mercado interior está todavía lejos. 
Las empresas encuentran dificultades para la autorización de nuevos medicamentos en los distintos Estados miembros, debido a las diferencias en cuanto a autorización, procedimientos y calificaciones de lo que se considera o no como medicamento. 
Esta situación no afecta sólo a las empresas, sino también a los consumidores. 
Los pacientes pueden utilizar un medicamento en un Estado miembro, pero no en otro. 
Además, las diferencias de controles en los Estados miembros provocan a menudo una inseguridad jurídica y una protección insuficiente. 
Con ello tampoco se garantiza plenamente la seguridad para los pacientes. 
¿Puede indicar la Comisión cuál es el estado de la cuestión respecto a la realización de un mercado uniforme y armonizado para los productos farmacéuticos en la UE, y qué medidas se propone adoptar a corto plazo? 
Damos la bienvenida al Sr. Papoutsis y le invito a que responda a la pregunta del Sr De Clercq. 
Tiene usted la palabra, señor Comisario. 
Señor Presidente, el avance del mercado interior en lo relativo a los medicamentos es considerable. 
La imagen descrita por el honorable miembro del Parlamento, el Sr. De Clercq, se corresponde en realidad a la situación que reinaba hace algunos años. 
Sin embargo, desde 1995 en adelante, es cierto que se han dado pasos importantes en el mercado interior. 
La armonización técnica casi se ha completado. 
Básicamente, la obra realizada en dicho sector sigue tres ejes estratégicos: El desarrollo de un procedimiento europeo para la concesión de permisos de circulación, el desarrollo de una protección de alto nivel de la propiedad intelectual y el desarrollo del propio mercado farmacéutico. 
En lo que se refiere ahora a los permisos de circulación de medicamentos, en 1995 se adoptaron dos nuevos procedimientos comunitarios que hoy permiten el rápido acceso a todo el mercado europeo con un único procedimiento basado en la evaluación central común por parte del Organismo para la Evaluación del Medicamento, que tiene como resultado la emisión de un único permiso de circulación concedido por la Comisión Europea, y en el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, que da lugar en una serie de permisos nacionales de circulación armonizados. 
En lo relativo a la propiedad intelectual, debo decir que Europa ya dispone, a través de la legislación aprobada por los órganos comunitarios, de disposiciones más que suficientes a nivel mundial en lo que a productos farmacéuticos se refiere. 
La legislación aprobada en 1998 por los órganos comunitarios estableció la oportunidad de consolidar las innovaciones en dicho sector de la biotecnología mediante patentes, poniendo fin a un asunto pendiente de vital importancia en dicho sector. 
El Procedimiento de concesión de permisos de circulación protege los datos utilizados en las peticiones de concesión durante seis años y, de forma más general, durante diez. 
La tercera parte de la estrategia para el desarrollo del mercado interior en lo que a productos farmacéuticos se refiere es el desarrollo del propio mercado único y, más especialmente, el desarrollo de los principios de libre circulación y de la competencia en el marco de la regulación económica de dicho sector, en el que los productos se someten a fuertes controles en materia de fijación de precios y devolución. 
En mayo de 1998, el Consejo de Mercado Interior aprobó las conclusiones para el desarrollo de un mercado único de productos farmacéuticos. 
El noviembre pasado, la Comisión emitió una comunicación en la que se intenta revisar el avance registrado hasta el momento en lo referente a la construcción de un mercado interior para los productos farmacéuticos. 
Naturalmente, Señor Presiente, el honorable parlamentario, Sr, De Clercq, plantea un interrogante en lo relativo a la existencia, en el futuro cercano, de ciertos proyectos sobre la mejora del funcionamiento del mercado interior. 
Y aquí quiero asegurarles que la Comisión presenta propuestas en el sector de los denominados «medicamentos huérfanos» , es decir, de los medicamentos destinados a enfermedades poco frecuentes, así como para la demarcación reglamentaria del sector farmacéutico. 
La finalidad es, precisamente, mejorar el acceso de los enfermos a medicamentos de calidad y mejorar la competitividad de la industria farmacéutica. 
Agradezco esa respuesta, lo verificaré con aquéllos que me han pedido que efectuara la pregunta. 
Pregunta nº 41 formulada por Ludivina García Arias (H-0080/99) : Asunto: Neutralidad del Director General de Energía de la Comisión Europea 
¿No cree la Comisión que, en vista de las declaraciones realizadas con motivo del debate de la Fundación Europea de la Energía sobre «La Aplicación de la Directiva eléctrica en España» , que si el Director General de Energía de la Comisión Europea, de nacionalidad española, ha intervenido en los documentos que concretan e interpretan el artículo 24 de la Directiva 96/92 CE sobre los regímenes transitorios a la competencia, se pueden plantear serias dudas sobre su neutralidad en el tema de la legalidad de la titulización de los Costes de Transición a la Competencia del sector eléctrico español? 
Señor Papoutsis, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. García Arias. 
Señor Presidente, en respuesta a la pregunta planteada por el honorable miembro del Parlamento, la señora Ludivina García Arias, la Comisión Europea desea aclarar que el Director General de Energía nos aseguró que las publicaciones relativas a las declaraciones que realizó en el marco de una reunión organizada por la Fundación Europea de la Energía con representantes de la industria no se corresponden con el contenido de sus discursos. 
Por consiguiente, la Comisión Europea considera que no se pone en duda la neutralidad del Director General de Energía. 
En lo referente a lo esencial del tema, lo esencial de la pregunta formulada por la señora García, la Comisión Europea desearía señalar que: 
Primero, el coste de la transición a la competencia, en España y también en otros Estados miembros que han declarado gastos al respecto, constituye hoy objeto de análisis por parte de los servicios de la Comisión de conformidad con el artículo 24 de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica.-Segundo, aclaramos que, hasta ahora, la Comisión no ha adoptado ninguna posición oficial en cuanto a la naturaleza de los gastos controvertidos en lo relativo a las probables desviaciones del artículo 24 de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica y las posibles ayudas estatales.-Tercero, Europa debe, de conformidad con lo dispuesto en la directiva y sobre la base de una decisión expresa de los Estados miembros, realizar los análisis correspondientes observando de forma estricta el principio de la confidencialidad.El procedimiento de trasposición de la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica en España se ha desarrollado hasta hoy a un nivel satisfactorio; El grado de apertura del mercado, el número de los clientes a elegir, la creación de un gestor del mercado y de un gestor de la red independiente, así como la orden relativa a la producción paralela de fuentes renovables de energía. 
Las declaraciones efectuadas por el Director General de Energía a las que se refería la honorable señora parlamentaria deben interpretarse en dicho marco. 
Señor Comisario, en cuanto a la primera parte de su respuesta, me temo que no se ajusta a lo que realmente sucedió. 
Yo misma estaba en la cena de la Fundación Europea de la Energía, junto con otros periodistas y, por el tenor de algunas de las cosas que allí se dijeron, yo salí con la idea de que estaba, como española, cometiendo un delito de lesa patria. 
Pero la presencia de otros periodistas avala lo que efectivamente se ha sabido y yo- que estaba presente- lo suscribo. 
En segundo lugar, esto me lleva a tener serias dudas sobre la neutralidad, ecuanimidad y objetividad en el tratamiento de este expediente por parte del Director General de la Energía, puesto que en esta reunión avaló, con su presencia y con su intervención, la legalidad de los costes de transición a la competencia españoles. 
Pero le hago una pregunta concreta en vista de que el tema de la titularización no ha motivado posiciones unánimes en España. 
Al contrario, hay una gran discusión al respecto, hay un recurso de anticonstitucionalidad y recursos de las asociaciones de consumidores para garantizar que este procedimiento se haga de forma objetiva. 
¿Estaría dispuesto el señor Comisario a dar audiencia a todas esas partes de los consumidores y de los partidos políticos en España que son contrarios al procedimiento elegido para estas ayudas? 
Señor Presidente, yo también desearía insistir en eso. 
El coste de la transición a la competencia es un tema que los servicios de la Comisión Europea realmente examinan en condiciones de total confidencialidad y, en ningún caso, desearía, ni yo ni nadie en la Comisión Europea, prejuzgar dicho resultado, respetando lo dispuesto en el Tratado, que insiste precisamente en la confidencialidad de dicho procedimiento. 
Por esa razón realizaremos todos los esfuerzos para lograr la estimación más objetiva, neutral y real del caso concreto. 
En dicha marcha, todos tenemos la obligación, también, naturalmente, los Comisarios, los Directores Generales y todos cuadros de la Comisión Europea, de mantener el régimen de neutralidad y objetividad en lo relativo a la estimación de los diferentes asuntos. 
Desearía asegurar a todos los partidos políticos de España que, de cualquier forma, la Comisión Europea se moverá en esa dirección. 
Los costes de transición a la competencia no procederán de los presupuestos públicos. 
Los pagarán los consumidores y serán una parte más del coste del kw/h. 
Mi pregunta tiene que ver con la naturaleza de los costes, pero quiero decirle que, al hilo de lo que ha dicho la Sra. García Arias, yo también estuve en esa cena y estoy completamente de acuerdo con usted, con la neutralidad del Director General. 
Es muy normal que altos funcionarios de la Comisión vayan a cenas: ¡faltaría más que ustedes no les permitieran ir! 
Nosotros queremos escucharles. 
Y también estoy convencida de que ustedes trabajan con prudencia y con confidencialidad. 
Pero mi pregunta es ¿son estos costes de que hablamos ayudas públicas? 
¿O es un coste más del kw/h que se internaliza como otro cualquiera, puesto que deriva de inversiones que se hicieron para garantizar potencia, para garantizar los suministros en unos mercados muy regulados, muy intervenidos? 
Señor Presidente, desearía asegurarles que el gobierno español, tras los contactos mantenidos con la Comisión Europea, tanto conmigo como con mi colega Van Miert, admite que investigue el caso español, permitiendo así a nuestros servicios el examen de que dichos costes, adecuados según las autoridades, son realmente gastos relacionados con obligaciones de los servicios públicos impuestos mucho antes por las autoridades públicas a sus empresas y que, ahora, en el proceso de liberalización, corren el riesgo de generar pérdidas a las empresas interesadas. 
Ese es justamente el marco en el que se encuadra el tema. 
Sin embargo, por ahora, no puedo decir más y, en ningún caso, puedo prejuzgar la conclusión a la que llegarán nuestros servicios. 
Pero lo que sí puedo asegurarles- una vez más- es que nuestros servicios serán, en su proceso de valoración, totalmente neutrales, estimando única y exclusivamente los datos objetivos. 
Y querría, además, asegurarles que dicho procedimiento, debido a que ya se integra en el funcionamiento del mercado interior de la energía, deberá constituir una prueba para la fiabilidad del sistema. 
Y por eso la Comisión tiene una razón adicional para insistir en la objetividad de dicho procedimiento. 
Si los llamados costes de transición a la competencia son costes reales y se incluirán en el recibo de la luz o, por el contrario, serán considerados ayudas de Estado es algo que tendrá que examinar la Comisión. 
Y aprovecho la ocasión para decir que antes de que este debate se planteara, el Gobierno se había negado a plantear el tema ante la Comisión. 
En segundo lugar, he formulado una pregunta similar a la de la Sra. García Arias en relación con la actitud del Sr. Benavides, que considero francamente inadmisible. 
Me considero afectado. 
El Sr. Benavides habló de exhibicionismo político en una referencia que no podía entenderse más que como referencia o a diputados del Parlamento español o a diputados de este Parlamento, referencia que considero francamente inadmisible. 
Y aprovecho esta ocasión para indicar lo siguiente al Sr. Papoutsis: dentro de poco tiempo la cuestión de la energía- y esta cuestión en concreto- estará dentro del ámbito de competencias de la Comisión, al ponerse en marcha el mercado único de la energía. 
En relación con esto quiero llamar la atención sobre el hecho de que a mi juicio- a nuestro juicio- el Sr. Benavides ha perdido la imparcialidad objetiva indispensable para tratar de un asunto de esta naturaleza. 
Señor Presidente, desearía asegurar una vez más al honorable señor parlamentario, así como al Parlamento, que, tanto yo personalmente, como mis servicios en la Comisión Europea realizaremos todos los esfuerzos posibles para garantizar que la aplicación de la directiva sobre la liberalización del mercado interior de la electricidad se realice de la forma más neutral y objetiva. 
Y repito que es un tema que afecta a la propia fiabilidad del funcionamiento del sistema del mercado interior y a las responsabilidades asumidas por la Comisión Europea sobre la aplicación de dicha directiva. 
Sobre esa base, pues, desearía pedirles por favor que valoraran la respuesta que les he dado anteriormente relativa al Director General de Energía. 
Señor Presidente, de acuerdo con las disposiciones del Parlamento que rigen el funcionamiento del mismo, el señor parlamentario recibirá por escrito la misma respuesta que he dado a la señora García Arias, según prevé el reglamento. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Le agradecemos sus respuestas y su presencia. 
Pregunta nº 42 formulada por Jan Andersson (H-0020/99) : Asunto: Condiciones para la participación de Suecia en la moneda común 
Con la introducción del euro al iniciarse el año, el debate sobre la eventual participación de Suecia en la moneda común cobró un nuevo impulso. 
Uno de los principales temas de debate se refiere al posible momento de una eventual adhesión. 
En este sentido, es importante clarificar las condiciones formales para la adhesión al euro. 
¿Puede clarificar la Comisión la manera en que debe interpretarse la condición de tiempo de participación en el MTC? 
¿Esta condición de tiempo de participación en el MTC es una exigencia irreversible y absoluta o existen circunstancias que puedan permitir la entrada de Suecia en el euro antes de la fecha que implicaría la aplicación de las condiciones de tiempo de participación en el MTC? 
Señor de Silguy, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andersson. 
Para responder al Sr. Andersson, quisiera hacer un primer comentario, a saber, que el Tratado no prevé ninguna condición de tiempo para la entrada de un Estado miembro en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Le recuerdo que de conformidad con el artículo 109 K.2, que precisa el procedimiento de entrada en la UEM para los países que, en el momento actual, no pertenecen a ella, la Comisión y el Banco Central Europeo presentan un informe al Consejo, por lo menos, una vez cada dos años, o bien a la solicitud del Estado miembro interesado. 
Por tanto, para entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es preciso haber alcanzado un elevado grado de convergencia durable. 
Es el Tratado. 
Para ello, la Comisión examina los siguientes criterios: realización de un elevado grado de estabilidad de los precios, carácter sostenible de la situación de las finanzas públicas, trátese de los déficit o de la deuda, respecto de los márgenes de fluctuación normales previstos por el mecanismo de cambio del sistema monetario europeo durante, por lo menos, dos años. 
El carácter durable de la convergencia que ha alcanzado el Estado miembro y su participación en los mecanismos de cambio del sistema monetario europeo se reflejan, por lo demás, en el nivel de los tipos de interés a largo plazo. 
En relación con Suecia, la Comisión consideró, en su informe del 25 de marzo de 1998, que este país no cumplía con las condiciones necesarias para la adopción de una moneda común. 
Efectivamente, primeramente, en Suecia, la legislación nacional, incluidos los estatutos del Banco Central nacional, no eran compatibles con los artículos 107 y 108 del Tratado ni con el estatuto del sistema europeo de los bancos centrales. 
Por otra parte, Suecia no cumplía el criterio relativo a la estabilidad de los cambios. 
La corona sueca nunca ha participado en el mecanismo de cambio y, además, en el curso de los dos años examinados por la Comisión, 1996 y 1997, la corona sueca ha fluctuado en relación con las monedas que participan en el mecanismo de cambio, reflejando, entre otros aspectos, la inexistencia de un objetivo en relación con los tipos de interés. 
En relación con el criterio de estabilidad de los cambios previstos en el tercer inciso del artículo 109 J.1 del tratado, la Comisión consideró en su informe del mes de marzo del año pasado que, para las monedas finlandesas e italianas, aunque sólo hayan entrado en el mecanismo de cambio en octubre de 1996 y noviembre de 1996, respectivamente, éstas, es decir las monedas finlandesas e italianas habían, cito, demostrado una estabilidad suficiente en el curso de los dos años anteriores. 
Para concluir, diría que no hay condiciones de plazo y recordaré que las condiciones de entrada, para los Estados que hoy día se encuentran «previamente dentro» son las mismas que para los Estados que participan actualmente en la Unión Económica y Monetaria. 
Quisiera empezar dando las gracias al Comisario por su respuesta. 
El motivo por el cual he formulado esta pregunta es porque la principal razón de Suecia para no participar en la unión monetaria ha sido la situación de la opinión pública. 
Puedo decirles que esta opinión ha cambiado drásticamente en Suecia. 
Según las últimas encuestas de opinión, una gran mayoría de los suecos está hoy en favor del euro y de la participación en la moneda común. 
Esto implica también que en los próximos años, o quizá un poco más adelante, puede haber una decisión de Suecia, mediante plebiscito, para participar en la unión monetaria. 
Por este motivo quiero dar las gracias porque los plazos no sean tan rígidos. 
En el parlamento sueco se adoptó el año pasado una decisión acerca de la posición del banco central. 
Además, creo que podemos esperar un período de mayor estabilidad. 
Por eso formulo una vez más la pregunta al Comisario. 
El objetivo principal tiene que ser, en cualquier caso, la economía sueca y su capacidad para «estar a la altura» del grupo en cuanto a inflación, rentas, etcétera. 
Esto se ve relativamente bien. 
Ya he tenido ocasión de expresarme sobre este tema y recordar que sólo hay dos países que se benefician, en el Tratado, de una facilidad de opting-out, son Dinamarca y el Reino Unido. 
Queda claramente de manifiesto que no va a hacerse adoptar por la fuerza la moneda única a un país si éste no quiere adoptarla. 
Por lo demás, efectivamente deseo y espero que las ventajas, en términos económicos y políticos de la adhesión a la moneda única que se constatan en el momento actual puedan hacer evolucionar las opiniones en los países que no se adhieren a ésta por el momento. 
Espero que las opiniones podrán cambiar rápidamente y, en estas condiciones, la excelencia del programa de estabilidad presentado ayer por el Gobierno sueco, y aceptado por el Consejo de Ministros, es un elemento alentador. 
No obstante, añado que en materia de cambio, el criterio de cambio es importante. 
Se trata de un criterio que tiene fuerza jurídica y, por tanto, que será aplicado exactamente en las mismas condiciones. 
Haré llegar al señor diputado, si lo desea, el texto de mi intervención de ayer relativa al programa de convergencia del Gobierno sueco. 
Solamente quisiera cerciorarme de que hemos entendido correctamente la respuesta. 
El motivo es que el Ministro de Asuntos Europeos de Francia escribió un largo artículo en un periódico sueco acerca de su visión de Suecia en relación con el euro. 
El titular era: «El euro se fortalece si Suecia participa». 
Él también escribe que Suecia, de momento, ha utilizado su derecho a no instaurar el euro. 
Como expresara mi colega de Suecia anteriormente, ha habido un considerable cambio. 
Creo que es muy importante que la opinión favorable que hoy existe en Suecia también sienta que hay interés en los países que están en la colaboración del euro para que nosotros, los suecos, participemos y seamos bienvenidos. 
Quiero ratificar que la respuesta a la pregunta debe ser entendida como que hay conformidad entre la opinión del Comisario y la del Ministro de Asuntos Europeos francés en este asunto. 
No me corresponde comentar las declaraciones o los artículos de los ministros de la Unión Europea, sin importar, por lo demás, de quién se trate. 
Lo que puedo decir es que la Comisión desea evidentemente que Suecia, al igual que los demás países que no están en la Unión Económica y Monetaria, se incorporen o puedan incorporarse a la zona euro lo más rápidamente posible, ya que según nuestro análisis, es en el interés de los países y en el interés de la Unión en su conjunto. 
Pregunta nº 43 formulada por Astrid Thors (H-0042/99) : Asunto: El sistema de pagos Target 
El nuevo sistema Target para las transacciones financieras entre bancos europeos se empezó a utilizar al iniciarse el año simultáneamente al paso al euro. 
Este sistema, al menos durante la fase inicial, ha resultado especialmente defectuoso y dio lugar a grandes retrasos en las transacciones entre bancos de la UE. 
Estos retrasos han producido pérdidas importantes para los bancos. 
¿Qué medidas considera la Comisión que deben adoptarse para asegurar que el nuevo sistema Target facilite las transacciones financieras entre los bancos en lugar de complicarlas, como ha ocurrido hasta ahora? 
Señor de Silguy, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Thors. 
Señor Presidente, el sistema de pago Target pertenece al sistema europeo de bancos centrales. 
Asegura el funcionamiento de éstos. 
Por tanto, no entra en la competencia de la Comisión reglamentar cuestiones relativas al funcionamiento propiamente dicho de Target ni tampoco le corresponde aconsejar al sistema europeo de los bancos centrales en la materia. 
No obstante, la Comisión está al tanto de los diferentes informes que han expuesto las dificultades iniciales con las que se encontró el sistema. 
Insisto en el hecho de que esas dificultades son raras, son limitadas y que no se puede, en ningún caso, hablar de funcionamiento defectuoso. 
Según las informaciones de las que dispone la Comisión, el sistema Target propiamente dicho no ha planteado prácticamente problemas y parece haber funcionado normalmente desde el primer día. 
Las dificultades mencionadas se deberían más bien a la inexperiencia de algunos bancos comerciales al principio, lo que me parece normal, con un nuevo sistema. 
Por ejemplo, estos bancos han introducido datos que no eran conformes con las modalidades del sistema; asimismo, algunas veces, por costumbre, algunos bancos concentraron lo esencial de sus operaciones en las últimas horas del día, provocando con ello un atasco en el sistema. 
Por último, tiene que darse el rodaje necesario de las conexiones- especialmente informáticas- de los sistemas de pago nacionales en Target, lo que explica también algunos de los errores de juventud constatados. 
No obstante, habida cuenta de la envergadura y la complejidad del sistema, estas dificultades resultan menores. 
Actualmente, el sistema europeo de bancos centrales parece haberlas dominado perfectamente. 
Tengo como prueba un comunicado de prensa del 21 de enero en el que el Banco Central Europeo indicaba que los problemas experimentados durante los primeros días en el mercado monetario de la zona euro, respecto a los flujos de liquidez transfronterizos, se habían atenuado considerablemente y que, en conjunto, al cabo de sólo tres semanas de su creación, la integración de dicho mercado podía considerarse satisfactoria. 
Creo que ha explicado usted bien que el objeto de mi pregunta eran las dificultades iniciales. 
Lo que yo creo que es importante comprobar es que se produjeron algunos problemas debido a que ciertos sistemas no funcionaron todo el día, lo cual implica que los pagos se concentraron al final de la jornada. 
¿Es consciente la Comisión de que todavía existe este tipo de problemas? 
De acuerdo con la información que he obtenido, la situación a fines de enero era tal, que algunos bancos todavía no estaban conectados al sistema Target durante todo el día. 
Por eso se han producido problemas. 
Simultáneamente, quisiera preguntar al Comisario si ha participado en alguna de las discusiones que han surgido sobre la regulación de las remuneraciones en torno a estos retrasos. 
Entiendo que en ciertos casos se ha dicho que se deberían tratar esos asuntos. 
Además, quisiera aprovechar para dar las gracias al Comisario por una carta que recibí hoy en relación con otro asunto. 
Señor de Silguy, como trabajamos con interpretación, resulta que la intervención de la Sra. Thors en sueco todavía no había llegado al final, al menos, de la cabina española y, como es natural, yo estaba interesado en escucharla hasta las últimas consecuencias. 
Por lo tanto, le ruego que espere usted a que le dé la palabra, no para reafirmar mi autoridad sino para el buen funcionamiento de nuestros trabajos. 
Tiene usted ahora la palabra para responder a la pregunta complementaria de la Sra. Thors. 
Le ruego me disculpe, señor Presidente, quizás hay interpretaciones que son más rápidas en un sentido que en el otro. 
En todo caso, felicito a la Sra. Thors por su francés, yo soy totalmente incapaz de expresarme en sueco o en finés. 
Respecto a los dos aspectos que ha planteado, Señora, quiero señalar primeramente que se trataba de un sistema sumamente complejo, sumamente pesado y que las dificultades registradas fueron mínimas en relación con lo que hubiera podido pasar, aunque todo se haya preparado. 
Una vez más, se trata de una cuestión de costumbre. 
Usted alude a los pagos al final del día: también en ese caso se trata de una cuestión de costumbre y conforme el mercado vaya unificándose y rodándose, todos estos problemas van a desaparecer. 
Creo que actualmente sólo se producen a veces pequeños problemas técnicos o de tipo eléctrico, pero éstos se arreglan muy rápidamente y diría que de la mejor manera, para todo el mundo. 
En todo caso, el sistema funciona. 
Segunda observación, durante la puesta en práctica del sistema, la Comisión participó en algunos aspectos que entran en sus competencias, especialmente en las cuestiones relacionadas con la competencia, que quizás podían plantear problemas en el momento de su puesta en práctica. 
Ahora ya está arreglado y, una vez más, entra dentro de las competencias del Banco Central Europeo y podría usted formular la pregunta al Sr. Duisenberg en una próxima audición. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 44 decae. 
Pregunta nº 45 formulada por Anna Terrón i Cusí (H-0082/99) : Asunto: Comisiones abusivas de la banca española 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que, con motivo de la introducción del euro, la banca española está cobrando comisiones abusivas, en torno al 3 %, en el cambio entre divisas de los Once y que pueden llegar al 10 % en los cambios inferiores a 30.000 pesetas? 
¿Cree la Comisión que estas medidas entusiasmarán a los ciudadanos con la introducción del euro? 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Terrón. 
Ambas preguntas están estrechamente vinculadas y es difícil separarlas porque atañen, con toda razón, al problema del coste de las transacciones bancarias en el momento de introducir el euro. 
Se trata de un expediente de esencial importancia, capital para la Comisión, ya que de éste depende la aceptación del euro por el conjunto de los ciudadanos. 
Es preciso ser claro, y distinguir bien entre las transacciones bancarias nacionales y las transacciones transfronterizas en el seno de la zona euro. 
En relación con las operaciones nacionales, la Comisión adoptó, el 15 de abril, una recomendación en la que se prevé la igualdad de trato entre el euro y la moneda nacional y, por otra parte, la gratuidad de las operaciones obligatorias. 
Según este principio, el conjunto de los servicios bancarios debe tener la misma tarifa, ya sea que la cuenta esté en euros o en moneda nacional. 
Que nosotros sepamos, las transgresiones a la recomendación sobre este punto son bastante raras. 
En cambio, en lo relativo a las transacciones transfronterizas, la situación es diferente. 
Por una parte, están las operaciones de cambio manuales, billetes contra billetes y, por otra, las transferencias transfronterizas. 
Para ambas, la Comisión considera esencial una presentación clara y detallada del nivel y la estructura de los gastos bancarios con el fin de promover la competencia y, por tanto, la reducción del cobro de comisiones, y ello para el mayor beneficio de los consumidores. 
Efectivamente, con el euro, el riesgo de cambio ha desaparecido. 
Los tipos de cambio entre las monedas de la zona euro han quedado fijados de manera irrevocable, lo que prohíbe la práctica del spread, es decir, un precio de compra y de venta diferentes. 
Sin embargo, el euro no suprime todos los costes, especialmente ciertos costes de manipulación y de transacción. 
En total, según nuestras informaciones y nuestros cálculos, el nacimiento del euro debe corresponder como media a un ahorro en torno al 20 % en los costes de transacciones en relación con el período previo al euro, y éste debe repercutirse lógicamente, claro está, en el cliente. 
En lo que concierne más precisamente a los sistemas de pago transfronterizos de pequeños importes, la introducción del euro no tiene como efecto unificar automáticamente estos sistemas. 
Por tanto, van a continuar funcionando según las arquitecturas nacionales y sin vínculo entre ellas. 
En cuanto a la cuestión del cambio manual, ésta quedará definitivamente resuelta, por definición, el 1 de enero de 2002. 
Para las transferencias, no habrá un progreso automático. 
Por ello, el objetivo debe ser realizar lo más rápidamente posible un Target del ciudadano, de manera que las transferencias de pequeños importes, que interesan a los particulares- cuando el sistema Target del que se habló hace un momento interesa a los bancos -, entre los países de la zona euro alcancen un nivel de seguridad y rapidez idéntico y un nivel de coste comparable al de las transferencias nacionales. 
Esta es la situación. 
Visto lo anterior, la Comisión ha tomado un determinado número de medidas para incitar a los bancos a facilitar la utilización del euro, reduciendo los gastos bancarios excesivos. 
En primer lugar, se ha pedido a los bancos que refuercen la transparencia. 
Para ello, deben publicar la estructura de gastos bancarios que aplican desde el 1 de enero de 1999. 
Irlanda, sobre todo, procedió, sobre este punto, publicando comunicados en la prensa nacional, y creo que éste es un ejemplo para los demás países. 
Las federaciones bancarias europeas deben presentar a la Comisión un balance completo de la situación para el 31 de marzo a más tardar, y en ese momento, la Comisión procederá a una evaluación completa de la situación. 
En segundo lugar, la Comisión acaba de introducir un sistema de fax y de correo electrónico, bautizado Euro-signal, al que los ciudadanos pueden dirigirse directamente, y ha hecho públicas, por vía de prensa, las direcciones de estas mensajerías electrónicas en las que se pueden dejar mensajes que responderemos sin falta. 
En tercer lugar, se pide a los Estados miembros que introduzcan rápidamente los observatorios del euro, cuya creación ha sido recomendada por la Comisión. 
Por último, ésta acaba de incitar a los bancos a desarrollar sistemas de pagos transfronterizos que señalaba hace un momento, seguros, rápidos, eficaces y con un coste razonable. 
En la primavera, la Comisión publicará una comunicación que nos permitirá hacer la síntesis de todos estos elementos y proponer un marco para la realización de un espacio único en materia de pagos. 
Esta comunicación examinará a la vez los medios de pago existentes- cartas, cheques- pero también los medios futuros, y pienso en el monedero electrónico. 
Mi objetivo es que, este verano, todos los turistas, y Dios sabe si los hay en Europa, se den cuenta de que con el euro, les resulta menos costoso, en 1999, ir a otro país europeo y cambiar dinero, que lo que les costaba el año pasado. 
La Comisión no ha esperado para actuar, está determinada a obtener una verdadera mejora de la situación, y es preciso que sea visible aquí a más tardar en el verano. 
Señor Comisario, gracias por su exhaustiva información sobre cómo tienen que desarrollarse las cosas en el espacio euro, pero yo le preguntaba exactamente si sabe usted que en España, a partir del 4 de enero, se ha observado que el conjunto de las entidades financieras ha comenzado a aplicar, al mismo tiempo, elevadas comisiones por la compra de divisas comprendidas en el euro. 
Este hecho, y el que esto haya sucedido en el mismo momento y en todas las entidades, hace sospechar que ha habido algún acuerdo detrás de esta política, algún acuerdo que contravendría las normas elementales del mercado. 
En contra de lo que usted dice, señor Comisario, de que los turistas se van a encontrar con que viajar en el espacio euro es más barato este verano, los que vengan a España y pretendan cambiar dinero de bolsillo se pueden encontrar con que tienen hasta un 10 % menos del dinero que cambiaron, sin haber sido informados previamente. 
¿Tienen ustedes conocimiento de esto y van a tomar alguna medida concreta en relación con ello? 
Para mayores detalles, me permito decirle que el Sr. Van Miert va a venir a hablar ante la subcomisión monetaria la semana próxima. 
Estoy seguro de que en el caso preciso que usted menciona, podrá darle todos los elementos de información que usted desee y que sea posible dar. 
Por lo demás, quiero decirle que la Comisión asumirá plenamente su responsabilidad y aplicará los poderes que están en su mano y que ha de aplicar tomando como base el Tratado. 
Por último, desde hace ahora un mes y medio estamos en contacto directo y permanente con los bancos, precisamente para hacer evolucionar las cosas. 
Creo que están evolucionando. 
No podía arreglarse todo el primer día. 
Pienso que de ahora en adelante la sensibilización del conjunto del mundo bancario es buena y que las cosas han mejorado ya en un gran número de casos. 
Espero que esta situación se generalizará en las próximas semanas y meses. 
Señor Comisario, usted recordará que cuando este Parlamento aprobó el informe sobre el euro y el consumidor- del que yo mismo fui ponente- aprobó una recomendación para que la Comisión propusiera una iniciativa legislativa para poner coto o poner límites a ese tipo de prácticas. 
Desgraciadamente no se hizo y, desgraciadamente, la historia nos está dando la razón y ahora estamos obligados a hablar y a elevar nuestra voz de protesta en nombre de los consumidores por las diferentes prácticas que existen en los diversos países y que, en definitiva, están determinando que el ciudadano, el consumidor, no perciba que el euro ya está aquí y que, en consecuencia, los costes deberían desaparecer. 
En España ha habido una iniciativa, laudable, del Banco de España que se ha ofrecido a cambiar gratuitamente todas las monedas de las divisas de la «zona euro» , pero, desafortunadamente, el Banco de España tiene una red pequeña y su iniciativa no impide que las bancas particulares- las bancas privadas, en definitiva- estén llevando a cabo una política que posiblemente sea una política concertada- tendría algo que decir el Sr. Karel van Miert en este caso -, que, en todo caso, nos da la razón en cuanto a nuestros temores sobre la posibilidad de abusos en este campo. 
Primeramente, creo que no hay que generalizar algunos casos que ha podido producirse. 
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que la Comisión no tiene los poderes legislativos necesarios para obligar mediante vía reglamentaria a los bancos y a las oficinas de cambio a cambiar los billetes sin gastos o según una tarifa tope. 
Esto también es cierto para los gastos relativos a las transferencias transfronterizas. 
La Comisión vela por que los bancos respeten las obligaciones legales existentes: conversión entre euro y unidad monetaria nacional sin gastos, el paso sin gastos de las cuentas hacia el euro, no discriminación entre el euro y la unidad monetaria nacional en la tarificación por servicios idénticos. 
Por lo demás, gracias a nuestra acción, estamos haciendo evolucionar las cosas. 
Lo he dicho y lo repito: creo que lo que pasó al principio probablemente ha sido excesivamente ventilado por los medios de comunicación. 
No hay que generalizarlo a escala de la Unión Europea. 
Es preciso ser vigilantes. 
Esta es la razón por la que mantenemos la presión sobre los bancos. 
Es preciso que esta presión se traduzca en los hechos. 
Si, efectivamente, en el término de un plazo razonable no se comprobara ningún cambio, quizás se haría preciso prever otras disposiciones. 
Sin embargo, creo que no hemos llegado allí por ahora: los resultados de las acciones emprendidas estas últimas semanas nos permiten pensar que las cosas evolucionan. 
Han sido necesarios cuarenta años para poner esta moneda única en circulación, y no hay que esperarse que desaparezcan de un sólo golpe los obstáculos y las limitaciones a las que se enfrentan nuestros conciudadanos, nuestros consumidores. 
Por lo demás, estos obstáculos generalmente no tienen nada que ver con la moneda y dependen de otros factores; pienso especialmente en la interconexión de los sistemas bancarios. 
Como consecuencia, una vez más, puedo tranquilizarlos: la Comisión es consciente de los problemas. 
La Comisión es vigilante. 
Trabaja en estrecha concertación con los bancos y los consumidores. 
Ha puesto a disposición un número para recoger las quejas, las situaciones difíciles que se presentan. 
Responderemos a todas las llamadas. 
Yo creo en la construcción europea, igual que usted, y creo que, efectivamente, hemos dado un paso histórico. 
Y, de hecho, nos estamos gastando millones de euros en campañas de información a los ciudadanos respecto a algo que va a suceder y que les va a traer beneficios dentro de dos años. 
Sin embargo, la aparición de las comisiones de gasto en los bancos la han empezado a sufrir a partir del primer día hábil de apertura de los bancos, y, además, con la extraña intuición de que las entidades bancarias se hubieran puesto de acuerdo, lo cual es muy fácil porque no son tantas. 
Entonces, yo creo que no se puede decir «se han planteado algunos casos» , y hay demasiada mediatización respecto a esto. 
En la práctica, el ciudadano normal, cuando va a viajar, se va a encontrar con que le obligan a desembolsar una comisión. 
¿No cree, señor Comisario, que debería hacer un llamamiento público? 
Porque entiendo que usted está teniendo conversaciones con los bancos, pero ¿no podría ser más claro en beneficio de los ciudadanos que han presentado recursos? 
Creo que ya respondí hace un momento a los diversos puntos formulados por la Sra. Thors, salvo uno. 
Me pregunta usted si podía hacerlo públicamente. 
Lo hemos hecho: hemos publicado el 5 de febrero un comunicado sumamente preciso que menciona las preguntas que acaban de formularse. 
Les haré llegar inmediatamente este comunicado, que haré distribuir en todo el Parlamento para demostrarles que nos ocupamos del problema. 
De todas maneras tengo en cuenta- porque estos debates tienen un interés muy especial para mí- que existe una sensibilidad especial por parte de los españoles. 
Pregunta nº 46 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0002/99) : Asunto: Amnistía Internacional y la política de derechos humanos de la Unión Europea 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que Amnistía Internacional ha conmemorado el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la publicación de un informe sobre la política de derechos humanos de la UE? 
¿Qué medidas está adoptando la Comisión Europea a fin de evaluar este informe con la idea de utilizar sus principales recomendaciones para dar cuerpo a la política de derechos humanos de la UE? 
Doy la bienvenida al Sr. van den Broek y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Oddy. 
Tiene usted la palabra, señor Comisario. 
Me satisface confirmar que la Comisión ha recibido el informe al que alude su Señoría. 
Este informe de Amnistía contiene algunas propuestas interesantes que deben ser examinadas más detalladamente. 
La Comisión ha invitado a Amnistía Internacional y a algunas otras organizaciones de derechos humanos a intercambiar ideas con los miembros del grupo interservicios de derechos humanos de la Comisión, del que son miembros los representantes de todas nuestras Direcciones Generales implicadas en la materia. 
Quiero señalar con motivo de esta pregunta que la Unión europea desarrolla en el ámbito de la política exterior de derechos humanos, de la que hemos hablado más veces en el Parlamento y sobre la que hemos intercambiado ideas, una política de derechos humanos ciertamente muy activa. 
Creo, sin embargo, que debemos intensificar las propuestas para prestar más atención a la situación de los derechos humanos en la propia Unión Europea. 
A ese respecto, quiero decir algo sobre el Tratado de Amsterdam. 
Durante las negociaciones también se habló mucho de los párrafos relativos a los derechos humanos. 
Así mismo, quiero referirme a una propuesta de la Presidencia alemana que circula en este momento a fin de establecer un convenio sobre derechos humanos. 
Hablaremos mañana sobre ella con los representantes del Consejo de Europa, sobre todo para ver cómo se puede relacionar esta iniciativa con el actual Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Volviendo a la política exterior de derechos humanos, les recuerdo una importante declaración que el Consejo de Ministros realizó en Viena con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
En la declaración figuran, así mismo, algunas iniciativas y estudios anunciados en el ámbito de la política de derechos humanos, me gustaría mencionar una explícitamente. Se trata de la sugerencia de estudiar si la propia Unión Europea podría redactar un informe anual relativo a los derechos humanos, deseo que especialmente el Parlamento Europeo ha manifestado en varias ocasiones. 
Por último, quiero señalar que la Comisión considera que, cuando se logre esa ambiciosa iniciativa, sería muy importante establecer un informe anual que se limite a analizar un número determinado de cuestiones relativas a los derechos humanos, y que, quizá, resulte menos interesante, elaborar un informe anual que abarque toda la geografía mundial. 
Aparte de los recursos humanos y financieros que serían necesarios, el Departamento de Estado americano ya emite semejante informe. 
Me temo que en caso contrario, se produciría fácilmente una duplicación. 
Se están discutiendo todas estas iniciativas. Nos alegramos de ello. 
Así mismo, quisiera decirle a la Sra. Oddy que tenemos la clara impresión de que el interés por la problemática relativa a los derechos humanos no sólo aumenta en la Unión Europea, sino que también se profundiza, y eso constituye, ciertamente, un motivo de alegría. 
Agradezco al Comisario su útil respuesta. 
Como se trata de un tema sumamente amplio, me referiré únicamente a uno de sus aspectos. 
En el código de conducta de la Unión Europea sobre el comercio de armamentos, ¿hay ya una lista común de equipo militar abarcado por el código? 
¿Cuántos países se han negado a conceder licencias de exportación de armas? 
¿Y qué hacen ustedes para cerciorarse de que los Estados miembros cumplen debidamente las obligaciones contraídas con arreglo a ese código? 
La Sra. Oddy recordará que durante la Presidencia británica se alcanzó finalmente un acuerdo respecto del código de conducta en materia de exportación de armas. Su contenido fue resultado, por supuesto, de un compromiso entre los Estados miembros sobre esta difícil cuestión, que durante tantos años se ha discutido. 
La Presidencia alemana se ha propuesto examinar si los términos de este código de conducta se pueden endurecer más y si se puede elevar algo el nivel acordado respecto del control de la exportación de armas. 
Debemos esperar el resultado, pero la Comisión Europea, por descontado, respalda totalmente estas aspiraciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Retengo su atención sobre esta misma pregunta. 
Tiene la palabra para una pregunta complementaria el Sr. Truscott. 
La Comisión ha expresado su satisfacción por los recientes cambios legislativos en Letonia y Estonia que aceleran el proceso de naturalización de personas no ciudadanas nacidas en esos países, pero ¿estima la Comisión que es preciso adoptar nuevas medidas con arreglo a los criterios de Copenhague en materia de derechos humanos para conseguir la plena integración de las personas de Letonia y Estonia que hablan ruso? 
También el Consejo y la Comisión se alegran de la legislación adoptada no hace mucho por Estonia y Letonia facilitando la naturalización. 
Creo poder decir de memoria que, en aquel momento, acordamos que debían satisfacerse las recomendaciones emitidas por el Alto Comisariado de la OSCE; en cuanto a esta cuestión, y especialmente respecto de la política relativa a los niños apátridas, podemos decir, desde luego, que las recomendaciones se han cumplido. 
Lo que todavía nos ocupa, de forma conjunta y mediante un buen y constructivo diálogo con estos países, es la manera en que se ha formulado el régimen lingüístico de las minorías y los principios que se aplican respecto del conocimiento de las lenguas para las candidaturas a puestos de representación popular, bien en el ámbito nacional, bien en el regional. 
No obstante, creo que existen muchos motivos para el optimismo, ya que las difíciles decisiones políticas adoptadas en este terreno afortunadamente han logrado, sobre todo en Letonia, un apoyo muy amplio a través del referéndum celebrado sobre esta cuestión. 
Señor Van de Broek, usted habló de una Declaración comunitaria de derechos fundamentales; sin embargo, todos los países miembros han incluido los derechos humanos en sus constituciones y también existen decisiones internacionales sobre derechos humanos, ¿qué conseguiría, entonces, la UE con una Declaración comunitaria específica sobre derechos humanos? 
Ésa es por sí una pregunta interesante. 
Así mismo, ése es el motivo por el que he señalado antes que es necesario comprobar concienzudamente qué podría significar precisamente ese convenio respecto del refuerzo de la situación relativa a los derechos humanos dentro de la Unión. 
Su Señoría tiene toda la razón, al margen de las constituciones nacionales de los Estados miembros, que, en general, garantizan una protección adecuada de los derechos y libertades fundamentales, existe, por supuesto, el singular Convenio Europeo relativo a la Protección de los Derechos Humanos del Consejo Europa, que, en este sentido, es realmente el único convenio en el mundo relativo a los derechos humanos que contiene un mecanismo de imposición por el que se puede hacer un llamamiento especial al Tribunal de Estrasburgo para que se pronuncie sobre las infracciones y violaciones de este Convenio. 
Tomando en consideración todo ello, su Señoría recordará también que por aquél entonces tuvo lugar una detallada discusión sobre si no sería posible que la Comunidad europea, en tanto persona jurídica, contrajera este Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
El Tribunal de Luxemburgo determinó que conforme al actual Tratado de la UE no era posible. 
Por tanto, como eso no puede ser, surge la pregunta de qué otra forma puede ser viable para regular la protección de los derechos humanos en el ámbito comunitario, otorgando también una eventual competencia al Tribunal de Luxemburgo. 
Ésta es la discusión que nos ocupa en este momento y también se ha consultado con el Consejo de Europa. 
Nos complacerá mantenerles informados del desarrollo de estas conversaciones. 
Pregunta nº 47 formulada por Giorgos Dimitrakopoulos (H-0007/99) : Asunto: Seguridad en Chipre 
Toda vez que la UE, y en particular algunos Estados miembros, expresaron objeciones al plan inicial del gobierno chipriota de instalar en la isla un sistema de misiles tierra-aire, consistente en misiles del tipo S-300, y posteriormente se felicitaron al gobierno por la decisión de cancelar el plan, ¿de qué manera piensa la Comisión que se podría mejorar la seguridad de Chipre? 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos. 
Mis expertos han preparado una respuesta larga a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos. 
Con todos los respetos hacia todas las verdades que en ella figuran y que al Sr. Dimitrakopoulos no le resultarán desconocidas, quisiera intentar dar una respuesta más espontánea, puesto que estoy totalmente de acuerdo con él en que la evolución de Chipre ha experimentado un impulso positivo por la decisión del Presidente, el Sr. Clerides, de renunciar a colocar los misiles de defensa antiaérea en la isla. 
Decisión que ha contribuido considerablemente a la reducir las tensiones en la isla, y, realmente, no sólo en ella, sino también a reducir la tensión que amenazaba con afectar a Grecia y a Turquía y que, en consecuencia, también podía afectar fácilmente a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Además, sabemos que Chipre está inmerso en un intenso proceso de cooperación con nosotros en cuanto al ingreso. 
Creo que esta sabia y valiente decisión del Presidente Clerides contribuye a que este proceso se desarrolle en un clima mejor. 
En tercer lugar, y no es lo menos importante, su Señoría es consciente de que la Unión Europea, tanto el Consejo como la Comisión, respalda totalmente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas, y más concretamente, de su representante especial, Herkus, quien ahora reside en la isla, para intentar lograr una solución cercana del problema chipriota. 
Asímismo, podemos decir que este proceso no se ha facilitado, por supuesto, mientras la amenaza de este conflicto sobre los misiles antiaéreos se mantenía. 
El paso positivo dado por el Presidente Clerides- no sin que, por otra parte, también haya provocado tensiones dentro de su Gobierno- no ha sido sólo un acto sabio sino también valiente ¿Que implicaciones tiene esto para todo el desarrollo político de Chipre como tal? 
Aunque no puedo ser muy optimista- no contamos con suficientes indicios positivos de que el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas conduzca a resultados concretos dentro de un plazo razonable -, en todo caso debo decir que han aumentado las posibilidades de que, por ejemplo, el diálogo que sigue la ONU sobre la seguridad y la situación militar de la isla bajo la forma de diplomacia confidencial tenga éxito. 
Allí donde veamos que se desarrollan estas posibilidades, su Señoría puede contar con que la Unión Europea, mediante la Presidencia, los contactos de los Estados miembros y también la Comisión Europea, intentará colaborar. 
Concluyendo esta respuesta, todos sabemos lo enormemente positivo que resultaría para la integración de Chipre en la Unión Europea que los problemas políticos fundamentales de la isla, todavía numerosos, se resolvieran. 
Deseo dar las gracias al señor Comisario y, por supuesto, a sus colaboradores por su espontánea respuesta. 
Tengo dos cuestiones complementarias. 
Primero, ¿si el señor Comisario está en posición de darnos, si quiera, algunas muestras de los gestos que esperamos de la otra parte, esto es, Turquía, que ya figuraban en la comunicación de la Comisión sobre el tema de los S-300? , y-Segundo, debido a que el señor Comisario utilizó un lenguaje hipotético- si, si, si -, quiero preguntarle si no sucede todo lo que ha dicho, ¿qué camino seguirá la Comisión para que tengan éxito las soluciones políticas que la Comisión considera indispensables para la seguridad de Chipre?. 
Mi respuesta debe siempre- cuando expreso esperanza- estar condicionada, en el sentido de que se pueda esperar que las dos partes den pasos positivos cuando se trata de la solución de conflictos políticos. 
He señalado claramente qué ha supuesto la contribución del Presidente Clerides, tanto más cuando la situación relativa a la seguridad de la propia isla- y me refiero a asuntos como la militarización o desmilitarización de la misma- tiene mucho que ver con la decisión adoptada por el presidente Clerides, ése constituye un extraordinario motivo de júbilo y deberíamos alentar a la comunidad turco-chipriota y, por tanto, a Ankara a que precisamente den un paso adelante en esta cuestión. 
Ese esfuerzo también ha animado últimamente a Herkus a estudiar si se puede llegar a una progresiva desmilitarización de la isla, teniendo en cuenta el muy positivo clima que esto supondría para las restantes conversaciones políticas que, como muy bien sabe su Señoría, en este momento se encuentran realmente en un callejón sin salida. 
Repito, siempre que la Unión Europea, incluida la Comisión Europea, en sus contactos con el Gobierno turco pueda alentarle en este sentido, lo hará con toda seguridad. 
Creo que quizá también debamos ser igual de realistas a la hora de reconocer que en este momento Turquía se encuentra en vísperas de las elecciones parlamentarias, período que en la política no se caracteriza generalmente por la puesta en práctica de los actos de más valentía. 
No obstante, esperemos que cuando estas elecciones queden atrás, surjan nuevas posibilidades. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Retengo su atención porque, reglamentariamente, me ha pedido la palabra para una pregunta complementaria el Sr. Hatzidakis que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Con él terminaremos el tiempo de las preguntas dirigidas al Sr. van den Broek. 
Señor Presidente, desearía preguntarle dos cosas. 
Primero, existía antes una propuesta del gobierno turco para una desmilitarización total de la isla que- en mi opinión, erróneamente- rechazan los Turcochiprotas, pero, en cualquier caso, dado que la rechazan, existe una nueva propuesta del gobierno Turcochipriota para desarrollar una fuerza pacificadora de la OTAN, con la retirada paralela de las tropas turcas de ocupación y de la fuerza griega que hay en la isla. 
¿Cuál es su posición sobre ese asunto? 
Segundo, dados los gestos positivos del gobierno turco, dado que se ha paralizado el proyecto de instalación de los S-300, que ha propuesto la participación de los turcochipriotas en el grupo de integración, participación a la que éstos se niegan, y dada, en general, la disposición conciliadora del gobierno chipriota, ¿no creen que la Comisión y el Consejo deben decir ya de forma clara que, independientemente de la postura de los turcochipriotas, de su participación o no en las negociaciones, Chipre entrará en la Unión Europea? 
No es precisamente la Comisión Europea quien debe hacer una declaración sobre si es o no conveniente que el actual contingente de la ONU en Chipre sea sustituido por una fuerzas armadas para el mantenimiento de la paz más numerosas, pero estoy convencido de que si en un determinado momento, las partes se pusieran de acuerdo sobre los requisitos para llegar a la desmilitarización y el representante especial del SGNU considerara útil y necesario cumplir con el deseo de establecer unas fuerzas armadas de la ONU para el mantenimiento de la paz, eso se llevaría, por supuesto, al Consejo de Seguridad. 
Allí debería adoptarse en su momento tal decisión. Por tanto, no creo que se trate de falta de buena voluntad por parte de la comunidad internacional en cuanto a contribuir de cualquier forma a la solución del conflicto. 
No obstante, debe existir un acuerdo básico de principio entre las propias partes. 
En lo que respecta a las negociaciones, conoce la postura de la Comisión, hemos dicho más de una vez que ahora- las negociaciones llevan desarrollándose unos nueve o diez meses- no es de hecho el momento de hablar sobre cuál sería la situación si las negociaciones se cerraran y no se hubiera encontrado todavía una solución política respecto de la división de la isla. 
Cualquier especulación de este tipo nos parece proco productiva en este momento y, por ello, nos abstenemos de efectuarla. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha hecho en cualquier caso todo lo necesario para mantener el ritmo de las negociaciones y también hará eso si la situación actual no varía. 
Señorías, como ya les he anunciado, hemos agotado el tiempo de las preguntas destinadas al Comisario Sr. van den Broek. Por lo tanto, les anuncio que las preguntas 48 a 56 se contestarán por escrito. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 57 y 58 decaen. 
Pregunta nº 59 formulada por Alex Smith (H-0045/99) : Asunto: Mala gestión de residuos nucleares 
¿Ha examinado la Comisión el informe sobre mala gestión de residuos nucleares en las centrales del Reino Unido, elaborado por la Inspección de Instalaciones Nucleares y publicado en diciembre de 1998, en que se indica que la mala gestión de los residuos nucleares sólidos en Dounreay y Sellafield podría repercudir en la salud de los ciudadanos del Reino Unido y en el medio ambiente de otros Estados de la UE como consecuencia de las fugas de radiactividad hacia el mar? 
Señora Bjerregaard, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Smith. 
Señor Presidente, la Comisión no estaba enterada de que la Inspección de Instalaciones Nucleares hubiera publicado en diciembre de 1998 un informe sobre la cuestión de los residuos nucleares sólidos de Dounreay y Sellafield. 
La Comisión ha solicitado este informe a las autoridades británicas. 
No está claro si el informe al que hace referencia el Sr. Smith trata sólo de la seguridad de las plantas o si se ocupa también de las consecuencias para el medio ambientes en los casos de fugas de radioactividad hacia el mar. 
Si se trata de esto último, la tramitación del informe girará en torno al cumplimiento de las normas básicas de seguridad para proteger a la población de la radiación ionizada, sobre la base, llegado el caso, de un control conforme al artículo 35 del Tratado Euratom. 
La Comisión proyecta volver a llevar a cabo un control en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom en marzo del año 1999 en Dounreay y probablemente en el año 2000 en Sellafield. 
Veo que el Sr. Fitzsimons está en esta sala. 
Quizá la Comisaria desee contestar también a su pregunta. 
He de confesar que me sorprende profundamente que la Comisión no esté al tanto de este informe, en vista de la sensibilidad de que da pruebas en estos momentos concretos. 
Es posible que se refiera a las cosas acerca de las que habla la Comisaria, o puede muy bien suceder que trate de algo totalmente diferente. 
Ahora bien, lo importante es lo siguiente: yo hubiera dado por supuesto que la Comisión, en vista de las obligaciones que le impone el artículo 35, estaría al tanto de esta cuestión concreta. 
Diré con toda franqueza que empieza a aburrirme que la Comisión venga aquí y nos diga lo que se le ocurre. 
Cuando planteamos estas cuestiones al Consejo, el Consejo dice siempre que se trata de cuestiones de la incumbencia de la Comisión, de la responsabilidad de la Comisión. 
Venimos aquí para preguntar algo a la Comisión y la Comisión nos dice: «No sabemos nada de eso». 
No voy a hacer ninguna pregunta complementaria, lo único que quiero es dejar constancia de mi protesta. 
Señor Presidente, yo en cambio estoy muy sorprendida del comentario del Sr. Smith, pues ha sido a raíz de la pregunta del Sr. Smith que me he visto obligada a explicar ante la sesión plenaria del Parlamento que no conocíamos el informe y que, tan pronto como se llamó nuestra atención sobre él, solicitamos este informe a las autoridades británicas. 
Damos por sentado naturalmente que lo obtendremos y que entonces lo tramitaremos, tal como dije, en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom. 
Puesto que no habíamos tenido noticia de este informe, habría sido muy difícil en mi opinión responder de forma diferente a como lo hice aquí hoy. 
Me gustaría preguntarle a la Sra. Bjerregaard si la comunicación entre los ministros de Medio Ambiente y la Comisión es tan mala que la Comisión tampoco tiene conocimiento del punto sobre el que llama la atención la pregunta de la Sra. Ahern, es decir, la queja presentada por los ministros de Medio Ambiente nórdicos en diciembre de 1998 al gobierno británico relativa a la contaminación radioactiva que también afecta a los mares nórdicos, si en vista de esto esperar al año 2000 no es esperar demasiado tiempo para poner en marcha una investigación y si no sería más adecuado enviar inmediatamente al equipo de investigadores a Dounreay, tal y como la Sra. Ahern le pide a la Comisión que haga. 
Señor Presidente, voy a utilizar la respuesta que estaba preparada para la Sra. Ahern, quien no está presente hoy aquí, para contestar en su lugar a la Sra. Sandbæk, pues las dos tocan la misma cuestión, tal como yo lo veo. 
La Comisión tampoco tiene conocimiento de que los ministros de Medio Ambiente nórdicos hubieran presentado quejas de la contaminación marina causada por los vertidos radioactivos de las plantas de desarrollo de Sellafield y Dounreay. 
Realmente, no nos sorprende demasiado, pues son circunstancias que forman parte de las relaciones bilaterales o multilaterales entre estos países y el Reino Unido. La Sra. Sandbæk dijo también que el destinatario había sido el Reino Unido. 
No obstante, la Comisión está al corriente de que se han localizado concentraciones elevadas de tecnecio 99 en las costas de los mares nórdicos y en el Océano Ártico. 
La Comisión tomó parte activa en la reunión de ministros celebrada en Sintra en julio de 1998. 
En esta ocasión, donde yo misma, además, estuve presente, fue discutida la cuestión de los vertidos radioactivos, aprobándose una importante reducción de la cantidad de residuos con vistas a llegar a una concentración próxima a cero antes del año 2000- y ahora, por tanto, hablamos mirando al futuro. 
El gobierno británico ha asegurado que prestará la máxima atención al problema del tecnecio 99, especialmente en la tramitación de las autorizaciones de vertidos. 
En vista de esto, creo que puedo decir que nos mantenemos al corriente del curso de los acontecimientos y que tenemos los contactos necesarios, y que por supuesto hemos de incluir este asunto en nuestro programa de trabajo y tener en cuenta el número de personas disponibles cuando haya que llevar a cabo las investigaciones de control. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
Les recuerdo que estamos dentro de la pregunta 59 formulada por el Sr. Smith y que esta era una pregunta complementaria a la pregunta 59. 
Tiene ahora, para otra pregunta complementaria, la palabra el Sr. Fitzsimons. 
Mi pregunta se relaciona con la del Sr. Smith. 
Agradezco a la Comisaria las respuestas que nos ha dado hasta ahora, pero hace años que la Comisión viene soslayando toda la cuestión de Sellafield que el Sr. Smith, otros muchos y también yo hemos planteado una y otra vez. 
Nunca se ha enfrentado con el verdadero problema, que es el cierre de Sellafield. 
Recientemente el Gobierno alemán ha cambiado varias veces de dirección y ha hecho todo tipo de acrobacias en relación con la cuestión nuclear. 
Puesto que la reelaboración de desechos nucleares es algo que no tiene futuro, ¿no le parece, Comisaria, que ya es hora de clausurar Sellafield y que ya hay motivos para hacerlo? 
Señor Presidente, estoy encantada naturalmente de ver al Sr. Fitzsimons y poder así también zanjar esta parte de la pregunta. 
Podemos tener opiniones muy distintas sobre la energía atómica, y para el caso, sobre Sellafield y otros temas. 
Entiendo perfectamente que el Sr. Fitzsimons y otras personas consideren insatisfactorias algunas de las respuestas; sin embargo, me veo obligada a atenerme a nuestras competencias. 
Y la Comisión no tiene competencias en lo relativo a la seguridad de las plantas nucleares. 
Este control corresponde a las autoridades nacionales competentes. 
El gerente y el Estado miembro en cuestión son también quienes deben valorar la viabilidad económica de las plantas. 
Por este motivo, cada vez que se nos ha planteado una pregunta en esta dirección, hemos tenido que ver dónde somos competentes y dónde no y si se desea- como me parece que lo desean el Sr. Fitzsimons y otros- hacer algo más, yo naturalmente llevo la peor parte, pues no puedo salirme de las competencias que se me han otorgado en este campo. 
Señor Presidente, quisiera formular una pregunta complementaria. 
Indiqué al principio del turno de preguntas que iba a hacerlo. 
He estado sentada esperando pacientemente y me parece bastante curioso que no me haya llamado usted. 
Dounreay está en mi circunscripción. 
Señora Ewing, no es que yo no le conceda una pregunta complementaria sino que el Reglamento autoriza a dos preguntas complementarias y han sido realizadas ya y, por lo tanto, yo no puedo vulnerar el Reglamento desde la Presidencia. 
Han sido ya formuladas las dos preguntas complementarias sobre la pregunta del Sr. Smith. 
Ahora, debo pasar a la pregunta nº 60. 
Diga, señora Ewing. 
Señor Presidente, el Sr. Fitzsimons ha podido formular su pregunta. 
Lo corriente es que cuando alguien está retrasado, por ejemplo uno o dos minutos, se le permita que formule su pregunta. 
Eso es lo que sugirió el Sr. Smith. 
En vez de ello, ha dado usted la palabra al Sr. Fitzsimons como si su pregunta fuera complementaria de la del Sr. Smith. 
Mi solicitud, que se registró a su debido tiempo, no se ha tenido en cuenta. 
Soy la persona que más tiempo lleva prestando servicios en este Parlamento y he de decirle que no vale la pena de venir al turno de preguntas si va usted a tratar de esa manera al diputado que representa a esa zona. 
Estoy realmente disgustada. 
Señora Ewing, yo también estoy muy apenado. 
Pero, en todo caso, al Sr. Fitzsimons yo no le he dado la palabra para su pregunta sino para una pregunta complementaria porque el Sr. Fitzsimons ha llegado tarde, señora Ewing. 
Pregunta nº 60 formulada por Antonios Trakatellis (H-0026/99) : Asunto: Enlace del Golfo Maliakós- vulneración del Derecho ambiental comunitario 
En el proyecto de la «red viaria Patras-Atenas-Salónica-Evzoni» , en fase de ejecución, se prevé la licitación del enlace del Golfo Maliakós, consistente en la construcción de un túnel subterráneo de 4, 5 km de longitud y 4 m de anchura a 18 m de profundidad bajo el fondo marino del Golfo. 
Las autoridades y representantes de la región así como de las provincias circundantes se oponen rotundamente a la obra propuesta, mientras que diversos estudios han demostrado lo inadecuado del Golfo Maliakós para la construcción de una obra semejante (golfo cerrado pequeño y poco profundo, presencia de una falla geológica y elevado riesgo sísmico, piscifactoría). 
¿Está informada la Comisión de que la ubicación y la licitación del proyecto se efectuaron contraviniendo las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE, sin haberse llevado a cabo previamente un estudio completo y específico de las repercusiones en el medio ambiente, una campaña de información de la opinión pública y una búsqueda de soluciones alternativas? 
Teniendo en cuenta que el Golfo Maliakós y el biotopo acuático del río Sperjiós han sido propuestos como zonas protegidas del programa Natura 2000, ¿es posible que se lleve a cabo el citado proyecto, cuando sus repercusiones amenazan el ecosistema de la región y pueden suponer la desaparición de todo tipo de vida marina? 
¿Puede cofinanciarse el proyecto mediante fondos comunitarios, cuando se vulneran normas del Derecho comunitario? 
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión con miras a que se cumplan las normas citadas? 
Señora Bjerregaard, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Trakatellis. 
Señor Presidente, el proyecto en cuestión forma parte de la nueva autopista entre Atenas y Tesalónica. 
Grandes tramos de esta autopista son cofinanciados con la Comisión. 
El tramo al que se refiere el estimado miembro no está incluido dentro de esta financiación. 
Al contrario, va ser construido, financiado y explotado por inversores privados. 
Sin embargo, -y quiero recalcarlo- naturalmente debe seguir cumpliéndose la legislación comunitaria. 
Sólo los estudios preliminares relativos al túnel, entre los que figuran también los estudios medioambientales, han sido cofinanciados a través del programa operativo para la red viaria incluido dentro de los marcos de la ayuda comunitaria destinada a Grecia para el período 1994-1999. 
Tengo la impresión de que el estimado miembro piensa que la oferta de licitación pública del túnel ya se ha iniciado. 
No son éstas las informaciones de que dispongo. 
Las informaciones que tenemos en la Comisión son que éste no es el caso y que el único paso dado hasta ahora por las autoridades griegas ha sido dar a conocer que el proyecto se llevará a cabo, y así han brindado la posibilidad a la iniciativa privada de que señale sus intereses. 
Antes de que la oferta pública tenga lugar, habrá una evaluación de su impacto sobre el medio ambiente de acuerdo con las disposiciones recogidas en la Directiva 85/337. 
Es verdad que la vega del río Sperjiós y la desembocadura del Maliakos Kolpos son algunos de los lugares propuestos por las autoridades griegas para entrar dentro de la Red Natura 2000 de acuerdo con la Directiva sobre hábitat. 
La vega del río Sperjiós es señalada como zona de especial protección de acuerdo con la Directiva sobre aves. 
Según el artículo 6 de la Directiva sobre hábitat, sólo puede otorgarse el permiso a un proyecto que dañe la integridad ecológica de una zona del programa Natura 2000 y para el que no haya otras alternativas posibles, si éste es necesario de cara a intereses sociales fundamentales y si se adoptan las adecuadas medidas compensatorias. 
Estas disposiciones son ya de aplicación para las zonas de especial protección, incluida la vega del río Sperjiós, pero no para el lugar en su conjunto. 
Esto se producirá automáticamente cuando la localidad pase a formar parte de la red Natura 2000. 
Por lo tanto, las autoridades griegas deben abstenerse, de acuerdo con la Directiva 92/43 y el Tratado de la Unión Europea, de autorizar o realizar cualquier actividad que pueda dañar de manera importante la integridad ecológica de este lugar. 
Los servicios de la Comisión harán gestiones ante las autoridades griegas a fin de asegurarse de que éstas han cumplido sus compromisos según la legislación vigente, también en lo que respecta al proyecto en cuestión. 
Según las autoridades griegas, el proyecto no afectará a la zona del río Sperjiós; sin embargo, la Comisión quiere asegurarse de ello completamente. 
Señor Presidente, para empezar me gustaría agradecer a la señora Comisaria por su respuesta y poner en su conocimiento- y creo que lo tendrá en cuenta- que ya se ha enviado una queja de todos los gobiernos civiles y municipios. 
Treinta y dos agentes oficiales de toda la región que se quejan y a los que no se les ha preguntado por la obra han recurrido al Consejo Nacional, en el sistema judicial Griego. 
De conformidad con la directiva comunitaria, dichos agentes oficiales deberían también participar en la materialización de la obra. 
Por consiguiente, hay un gran revuelo en la región y nadie quiere la obra. 
Dicha obra, el tendido, puede realizarse de otra forma- no a través del Golfo Maliakós- y es curioso que mientras el Ministerio de Medio Ambiente integra la región en el programa Natura 2000, con el comienzo de las obras se viene a destruir lo que ha integrado al querer trazar un tendido que transformará de hecho dicho golfo, que es profundo, en un golfo inapropiado para la vida marina. 
Por tanto, pediré a la señora Comisaria que, por favor, siga este asunto, que es muy importante para todas las comarcas y habitantes de la región. 
Sí, soy consciente de que éste es un asunto que ha despertado gran expectación en Grecia y de que han surgido protestas ante el proyecto. 
También por ello puedo decirle al Sr. Trakatellis que preguntaremos a las autoridades griegas sobre este asunto. 
Hay normas tanto con respecto a la Directiva sobre hábitat como con relación al programa Natura 2000 que son de aplicación en este asunto y naturalmente vamos a estudiar atentamente las respuestas que se nos den, pues nuestra labor es garantizar un buen tratamiento de la naturaleza y eso vamos a hacer también en este asunto. 
Son las 7 y 14 minutos de la tarde, y como la Comisaria Bjerregaard tiene 20 minutos para responder a las preguntas y hemos empezado a las 6.55 de la tarde, calculo que aún queda tiempo. 
Me permite que señale a su atención el Reglamento de este Parlamento y en particular el anexo del Artículo 7- turno de preguntas- y que le sugiera respetuosamente que, así como interrumpe usted a los diputados cuando lo estima necesario, interrumpa usted también a los comisarios a veces, por que son ellos los que nos dejan sin tiempo. 
La última respuesta de la Comisaria Bjerregaard llevó tres minutos y cincuenta y seis segundos. 
A los diputados se les interrumpe al cabo de un minuto, mientras que algunas de las respuestas del Comisario van den Broek han sido verdaderamente prolijas. 
Una buena solución sería que los comisarios dieran instrucciones para que su personal facilitara respuestas más concisas y más agudas a las preguntas de los diputados, lo que a su vez permitiría que un número mayor de diputados tuvieran la posibilidad de exponer las preocupaciones de su electorado. 
He estado a punto de referirme a un gravísimo incidente relacionado con un corte de electricidad en una central nuclear, que, si hubiera tenido lugar, podría haber tenido repercusiones catastróficas. 
Quisiera que lo tuviera usted en cuenta. 
Escúcheme, señor McMahon. 
Eso quiere decir que a las siete debiéramos haber agotado el turno de preguntas a la Comisión porque no sólo es una cuestión de los diputados y diputadas sino de los servicios de la Asamblea y, en este momento, por ejemplo, estamos excediendo en 16 minutos al trabajo previsto para los servicios de la Asamblea, todos los servicios, incluyendo los servicios de interpretación, que usted sabe muy bien que es un trabajo extraordinariamente pesado. 
Señor McMahon, el Presidente intenta ir administrando las muchas preguntas complementarias que van apareciendo, pero no puede, en ningún caso, hacer milagros. 
Entonces, hoy nos hemos alargado en este momento 16 minutos sobre el horario previsto y la Sra. Bjerregaard ha gastado el tiempo que, efectivamente, le correspondía a ella. 
Yo debo cerrar el turno de preguntas en este momento después de agradecer a la Sra. Bjerregaard sus respuestas, su presencia aquí e incluso su paciencia y debo advertirles que las preguntas 61 a 104 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Organización común del mercado vitivinícola (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe del Sr. P. Martin (A4-0046/99) , en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0370- C4-0497/98-98/0126 (CNS) ) por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. 
Señor Presidente, creo que hay que comenzar por reconocer a la Comisión Europea las importantes rectificaciones que hace a la propuesta de 1994. 
De aquella propuesta- afortunadamente hoy superada- sólo quedó el mensaje de un sector vinícola extraordinariamente excedentario y cuya única bandera era el arranque masivo de viñas. 
El enfoque de la presente reforma- sin duda también hoy objeto de discusión y controversia- es, sin embargo, mejorar el actual equilibrio entre oferta y demanda pero, sobre todo, ofrecer a los productores la posibilidad de adaptarse y explotar unos mercados en expansión. 
Sin embargo, no deberíamos caer en un excesivo optimismo. 
Personalmente, y en relación con uno de los temas de debate- los derechos de nuevas plantaciones -, me parecen más ajustadas las propuestas de la Comisión Europea que la opinión de la Comisión de Agricultura. 
A mi juicio, las propuestas de la Comisión aseguran mejor esa garantía de equilibrio dinámico. 
El 1 % de los nuevos derechos de plantación en relación con las superficies dedicadas a viñedo para zonas cuya demanda está en expansión me parece un mensaje más positivo que abrir hasta el 2010 este límite. 
Las medidas de arranque definitivo para regiones con excedentes estructurales y una ajustada regulación de los derechos de replantación, superando posiblemente hasta 13 campañas posteriores a aquella en que se produjo el arranque, pueden ser medidas complementarias en esa misma dirección. 
El capítulo dedicado a la reconversión y orientado a una adaptación de la producción a la demanda del mercado en su momento ha sido completado en sentido positivo, tanto para recoger los supuestos de renovación como para incluir la posibilidad de financiar medidas específicas destinadas a sostener la viticultura de regiones desfavorecidas por la sequía. 
Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la autorización para financiar nacionalmente hasta un 25 % en las regiones no incluidas en el objetivo nº 1. 
En relación con los mecanismos de mercados, apoyamos decididamente la elevación al 15 % del volumen de alcohol en las prestaciones vínicas del 7 % a partir de la vinificación del mosto de uva. 
Asimismo, nos parece un importante paso las destilaciones específicas para alcohol de boca que permitan garantizar el abastecimiento del sector comunitario, que cada año demanda casi 15 millones de hectolitros. 
Finalmente, desearíamos que la aplicación de la legislación de crisis en situaciones extraordinarias mantenga su carácter voluntario conforme a la propuesta de la Comisión en su artículo 30. 
Nos parece imprescindible la incorporación al nuevo reglamento de un nuevo título dedicado a ayudas específicas y a las medidas de promoción del consumo de vino, incluida la información a los consumidores. 
Desde el punto de vista competencial parece excesivo el número de decisiones trascendentes que se encomiendan al comité de gestión regulado en el artículo 74 y siguientes y en este sentido apoyamos las enmiendas que tratan de reequilibrar los procedimientos decisorios. 
Finalmente, debemos volver a insistir en nuestra oposición a las prácticas enológicas relativas al aumento del grado alcohólico mediante la adición de sacarosa, que cuestiona directamente la definición del vino que se hace en el anexo 1 como producto obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto de uva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, comienzo felicitando a la Comisión por haber tomado la iniciativa de presentar una propuesta de reforma de la Política Común para el sector del vino. 
En verdad, si contemplamos el mundo, a nuestra vez, comprobamos que Europa ha perdido peso económico y comercial en el sector en beneficio de los nuevos países productores, como los Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Argentina, Brasil, Australia o la propia Nueva Zelanda. 
Estamos ante países que han ampliado enormemente sus superficies de viña, que han aumentado exponencialmente su producción y que, sin lugar a dudas, han mejorado la calidad de sus vinos. 
En contraste con esa política expansionista, la Comisión propone que continuemos en la Unión Europea con una política de condicionamiento de la plantación y de la viña en los diez próximos años. 
La propuesta de la Comisión merece algunas críticas fundamentales: 
Primera: el aumento de 1 % en los derechos de plantación para nuevas viñas es demasiado corto para el desarrollo de nuestro potencial vinícola y vitícola en la Unión Europea. 
La propuesta de 3 %, aprobada por la Comisión de Agricultura y que este Parlamento va a proponer, resulta bastante más realista, pese a que, en mi opinión, es poco ambiciosa.-Segunda: el programa de reestructuración de las viñas ha excluido las más antiguas, cosa que es inaceptable ante la elevada edad media de la mayoría de las viñas europeas. 
Doy como ejemplo el caso de Portugal, mi país, donde el 60 % de las viñas tienen más de 40 años. 
También a este respecto se propone el Parlamento corregir ese fallo de la propuesta de la Comisión incluyendo explícitamente el rejuvenecimiento de las viñas como una de las prioridades de los programas de reestructuración del sector.-Tercera: la propuesta es demasiado rígida sobre el modelo de las organizaciones sectoriales e interprofesionales. 
A ese respecto, es preciso dar más fuerza a la subsidiariedad y respetar las tradiciones organizativas de los diferentes Estados miembros. 
Por ejemplo, la enmienda nº 171, en el segundo guión, debe ser rechazada.Para terminar, quiero felicitar al Sr. Philippe-Armand Martin por la transacción que ha sido capaz de negociar, de lo que ha resultado, con su mérito y su trabajo, una propuesta claramente mejor que la que la Comisión nos presentó. 
Ahora bien, quiero subrayar que el artículo 42 bis, que ha incluido en el texto, es una violencia para la mayoría de los países productores, pues impide a los Estados miembros hacer obligatorio el embotellamiento en origen. 
No tiene sentido examinar ese asunto en el ámbito de este reglamento, dado que la Comisión ha presentado una propuesta específica para ello que se está tratando en el ámbito del informe de la Sra. Lulling. 
Por eso, hay que rechazar la enmienda nº 179, so pena de que cometamos una gran injusticia y una jugada, en mi opinión, poco transparente. 
Sólo en ese ámbito debemos analizar esta cuestión. 
Además, el Tribunal de Justicia aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre esta cuestión, a propósito del «Rioja» , por lo que hay toda clase de razones y argumentos para que sólo se pueda examinar esto más adelante en el ámbito del informe Lulling. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos de felicitarnos a propósito de este informe de nuestro colega Martin, no solamente por la importancia y la calidad del trabajo realizado por el ponente, sino también por el hecho de que el tiempo que se ha dedicado a la elaboración, al debate, a la organización de este trabajo, ha permitido a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural proporcionar a esta Asamblea un buen informe, completo y coherente, que se ha aprobado por una amplia mayoría. 
Es importante saber que un informe así sólo ha sido posible gracias a la estrecha concertación realizada con los productores, y también porque la filosofía del informe se inspira en el informe general sobre la reforma de la PAC ya aprobado por esta Asamblea. 
Eso quiere decir también que este informe no sigue en algunos puntos las propuestas liberales de la Comisión. 
Así, el informe mantiene una definición de calidad del vino, producto de la agricultura y de la viticultura, rechazando por lo mismo cualquier forma de industrialización. 
Afirma también la voluntad de la producción europea de ocupar una plaza creciente en una producción mundial de calidad, que combina consumo moderado y salud. 
Por ello, propone un crecimiento controlado del viñedo, principalmente en beneficio de los jóvenes agricultores, y un dispositivo más eficaz para la replantación y mejora. 
Finalmente, todo esto ha de quedar asegurado mediante una gestión controlada, que incluya promoción y mecanismos de ajuste como la destilación obligatoria, que no ha de dejarse a la responsabilidad de la Comisión. 
En un marco como ése, defiendo la prioridad concedida al enriquecimiento a través de los mostos antes que a través de los azúcares, la prohibición de importación de mostos procedentes de países terceros, que sería el caballo de Troya contra la calidad de la producción europea, la prohibición de las mezclas para los vinos tintos y blancos y, finalmente, la definición clara de cada especificidad vitícola, por ejemplo los vinos dulces naturales que representan el único producto que puede mantener una actividad humana de producción en algunas zonas de la Unión. 
Cualquiera puede constatar que los proyectos de reforma de la PAC tienen una tendencia a atascarse en los hábitos trazados por las orientaciones demasiado liberales de la Comisión. 
Nuestra Comisión de Agricultura está muy atenta a las exigencias de los profesionales y de la sociedad. Ésta es la razón por la cual daremos nuestra aprobación al informe que se nos ha presentado. 
Señor Presidente, hoy concluye el ciclo de debates sobre la revisión de la PAC en el marco de la Agenda 2000. 
Debates que han demostrado las enormes dificultades de hallar un denominador común que comprometa las intensas y ya evidentes contradicciones de los intereses nacionales. 
Espero que el debate sobre el sector vitivinícola conduzca a una contribución positiva en beneficio tanto de los productores como del producto y de los consumidores. 
En ese sentido también ha ayudado nuestro ponente, el Sr. Martin. 
Porque el vino, ¿qué otra cosa si no? , ha unido a los hombres desde tiempos inmemoriales constituyendo un elemento importante de la vida social, política y religiosa. 
Al examinar la propuesta de la Comisión, señalamos que, para empezar, constituye un paso en la dirección acertada en relación con los problemas a los que se enfrenta el sector. 
El complejo marco reglamentario elaborado hasta la fecha constituye un elemento disuasorio para el equilibrio del mercado, el desarrollo del potencial productivo, la mejora de la calidad del vino y el impulso de los productos en el mercado europeo y mundial. 
La política de arrancado de viñas aplicada hasta ahora tuvo como resultado la disminución en alrededor de un 20 % de las extensiones de viñedos de la Unión Europea, al tiempo que la Unión se inundó de vinos procedentes de terceros países que siguieron una política hostil de producción y comercialización. 
En Grecia concretamente, el porcentaje de disminución alcanzó el 35 %, amenazando al potencial de calidad del viñedo griego, puesto que se arrancaron principalmente viñedos de variedades locales con pequeña producción pero de alta calidad. 
Por dicha razón, es necesario prever un porcentaje de al menos el 3 % para los derechos de plantación, para que sea posible la adaptación cualitativa del viñedo europeo y, en especial, de las regiones más afectadas por la política de arrancado. 
Al mismo tiempo, y en relación con negocios realizados con terceros países, no se puede admitir la propuesta para permitir la importación de mostos de terceros países destinados a la vinificación. 
En lo relativo a las prácticas enológicas y a la posibilidad de enriquecer el grado alcohólico mediante la utilización de azúcar, se deberá mantener la situación vigente hasta ahora, permitiendo la continuidad histórica de un producto por excelencia tradicional. 
Desearía terminar refiriéndome a un tema específico; Se trata de los problemas a los que se enfrentan los viñedos de las islas y de las zonas montañosas. 
Este problema afecta sobre todo a Grecia, que tiene una producción dispersa en pequeños viñedos situados en las islas y en las regiones montañosas. 
Las específicas condiciones climáticas y del suelo permiten la producción de productos de alta calidad, cosa que necesita el consumidor, sin embargo, el elevado coste constituye un factor disuasorio. 
La nueva OCM deberá prever alguna forma especial de apoyo para dichos cultivos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, quiero unirme a las felicitaciones al Sr. Martin no sólo por el excelente informe que ha elaborado, sino, además, por sus incansables esfuerzos en la búsqueda de acuerdos y compromisos. 
Quiero felicitar también a la Comisión porque ha presentado en esta ocasión una propuesta sustancialmente distinta de la tristemente célebre presentada en el año 1994. 
Esta vez la propuesta se adecua mejor a las necesidades y preocupaciones del sector en los momentos actuales y constituye, por tanto, un punto de partida aceptable para lograr acuerdos importantes de Parlamento y Consejo. 
En esta intervención quiero centrarme en tres de los temas fundamentales aprobados por este Parlamento. 
En primer lugar, en la incorporación de cláusulas de salvaguardia en los considerandos, articulado y disposición derogatoria, que, pese a la derogación de más de 23 reglamentos del Consejo, tienen por objeto garantizar en el futuro el respeto del acervo comunitario en materia de vinos de calidad producidos en regiones determinadas. 
En segundo lugar, respecto a la destilación de vinos de mesa con destino a la obtención de alcoholes para usos de boca, agradezco al ponente que haya aceptado nuestras enmiendas, integrándolas en el compromiso. 
Gracias a ello se ha garantizado que el establecimiento de las ayudas para vinos de mesa con destino a su destilación para alcoholes de boca no sea una facultad discrecional de la Comisión, sino una obligación para la misma en congruencia con la importancia de las necesidades de aprovisionamiento de alcohol de boca por parte de aquellos sectores que, reglamentariamente, están obligados a utilizarlo. 
Ello va a permitir la supervivencia del brandy y de los vinos de licor, manteniendo la producción de más de 300.000 hectáreas de viñedo y miles de empleos en viñas, bodegas, industrias y servicios auxiliares. 
Es fundamental que estas ayudas se establezcan en un nivel que permita que los destilados de vino para usos de boca sean competitivos, puesto que, si desaparecieran las destilaciones de vino y sus ayudas, el coste de los destilados que emplea el brandy se incrementaría en un 300 %, mientras que los alcoholes de melazas y cereales se mantendrían estables, aumentando los diferenciales existentes con el precio de los alcoholes de vino, lo cual desplazaría del mercado a las bebidas que, reglamentariamente, están obligadas a emplearlos. 
El Parlamento ha mejorado, además, la propuesta de la Comisión estableciendo la forma de revisar anualmente las ayudas y regulando con detalle la ayuda principal y secundaria, y pretendo, en ulteriores enmiendas que he presentado al Pleno, que se garantice la competitividad del precio de los alcoholes de boca, así como un volumen mínimo anual de destilación de 15 millones de hectolitros. 
Finalmente, me congratulo de la aceptación por parte de la Comisión de Agricultura de definiciones técnicas separadas para los vinos generosos y generosos de licor en el anexo 1. 
Las particularidades de la elaboración y las características organolépticas de estos tipos de vino hacen de ellos un producto diferenciado y distinto que merece una definición propia y separada. 
La propuesta de reforma ofrece la ocasión adecuada para el establecimiento reglamentario de una definición propia y separada de estos vinos generosos, que no eran ni son los vinos de licor contemplados en la versión inicial de la OCM en 1970 y que, en términos de denominación de origen, superficie de viñedo, elaboración y crianza, comercio y generación de mano de obra, suponen más que otros productos con definición separada en el reglamento de base de la OCM inicial. 
Señor Presidente, la propuesta anima, impulsa la liberalización de las importaciones de terceros países de vinos y mostos para su mezcla con vinos comunitarios. 
El Consejo y la Comisión olvidan que hay vinos comunitarios de calidad especial y que no es necesario que vengan de terceros países. 
Por otra parte, también olvidan la locura, la locura del acoso, la manía persecutoria por los viñedos. 
Se han arrancado decenas de miles de hectáreas y, especialmente en Grecia, en un porcentaje muy desfavorable. 
Aquí hay una trágica contradicción sobre la forma de actuación, si es que no oculta otras intenciones y un servicio a intereses sospechosos. 
Impulsan la congelación de las plantaciones, van a limitar el cultivo de viñas, a llegar a puntos límite para que resulte deficitaria y justificar la apertura de la puerta a las importaciones, queriendo de nuevo servir intereses en el círculo OMC, GATT, etc., para obtener compensaciones en otros sectores que les interesan. 
Permiten añadir azúcar a los vinos comunitarios, sobre todo en los alemanes, para mejorar el contenido alcohólico. 
Eso se contradice con la reducción de la producción y con la calidad que desean. 
Si quieren favorecer a Alemania, entonces que se indique, al menos en el producto, su contenido en azúcar. 
Por último, señor Presidente, la propuesta mejora esa institución de los grupos interprofesionales, etc. y quiere presionar al viticultor pobre para que viva en el mismo redil con las fieras denominadas reconversiones, los industriales de ese preciado producto. 
Lo han sacrificado, señor Comisario, y lo han sacrificado a intereses anónimos y sospechosos. 
Olvidan que no se trata sólo de un producto, es, desde siempre, un alimento popular, da empleo a mucha gente y, por último, el vino es cultura, tradición, educación. 
No lo olviden, hay países que desde los tiempos de Homero vivieron y se educaron con esa cultura del vino. 
Y ustedes la sacrifican en aras de esos sospechosos intereses multinacionales. 
Señor Presidente, yo también creo que el Sr. Martin ha llevado a cabo una excelente labor de síntesis, sobre todo si se compara con otros el resultado alcanzado en la Comisión de Agricultura en este sector. 
Sin embargo, no me sumo al coro de los que están satisfechos por el trabajo realizado y por este motivo mi voto no fue afirmativo en la Comisión de Agricultura. 
Considero que se puede hacer más y por ello me centraré en dos aspectos que estimo incompletos y respecto a los cuales expreso mi insatisfacción. 
El primero se refiere a la reincorporación de la destilación obligatoria que, en cambio, fue suprimida en la propuesta de la Comisión. 
La propuesta presenta una contradicción, ya que, sobre la base de un equilibrio de mercado ya alcanzado, no podemos reivindicar la posibilidad de aplicar una política de replantación y de reestructuración de las instalaciones volviendo a proponer al mismo tiempo la destilación obligatoria. 
A mi entender, nos encontramos ante una contradicción que ha de eliminarse con la votación en el Pleno, actuando- como propuse en el paquete de precios del año 1997- sobre todo a través de una política de nuevas instalaciones o de arranque inteligente gestionada en las regiones de la Unión Europea. 
Considero que ésta es la política que se ha de llevar adelante con esa elasticidad, flexibilidad y creatividad que también otros colegas han recordado. 
Estimo que éste es un punto que ha de corregirse. 
Así y todo, todos los diputados italianos actuaremos al unísono, incluso en la votación en el Pleno. 
El segundo punto se refiere a nuestro concepto de calidad. 
En este Pleno muchos diputados han intervenido a propósito de la calidad y de la necesidad de defender el origen agrícola del vino y del producto; sin embargo, no se ha hecho nada para tratar de conseguir la armonización, incluso de las técnicas de producción y de vinificación. 
Reconozco que es difícil suprimir la chaptalización, no obstante, se podía haber hecho algo para mejorar la calidad: se podía intervenir en el aumento del grado alcohólico mínimo de los mostos o en el etiquetado o se podía dejar la situación tal como estaba asignando, de alguna manera, una prima a los países con más méritos desde este punto de vista. 
Sin embargo, no se ha hecho nada significativo en este sentido. 
Por esto- sin querer levantar barricadas- volvemos a proponer el tema de la calidad en términos algo más serios y coherentes. 
Por último, conviene recordar que este sector está penalizado en lo que a recursos de refiere; se asigna al sector la mitad de lo que el mismo representa en términos de producto interior bruto de la agricultura europea. 
Es necesario hacer algo más para promover el producto en los mercados internacionales. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Philippe-Armand Martin modifica en algunos aspectos la propuesta de la Comisión. 
Esas modificaciones son, en lo esencial, positivas y entrañan enmiendas que presentamos y subscribimos en la Comisión de Agricultura. 
Citemos, entre otras, la posibilidad de renovar la viña y las ayudas para el fomento del consumo en el mercado interior/exterior, la imposibilidad de considerar el producto resultante de la utilización de mostos de terceros países o la prohibición de su importación para la vinificación de vinos. 
Citemos, por último, la aceptación de la destilación en tiempos de crisis de producción o la introducción de algunas ayudas, aunque insuficientes, destinadas a las organizaciones de productores y a la viña plantada en zonas desfavorecidas. 
Pero no podemos seguir aceptando que se financie el vino- un producto mediterráneo -, que representa cerca del 7 % de la producción agrícola comunitaria, con sólo el 2, 5 % de su presupuesto, mientras que los cultivos arables, que interesan sobre todo los países del centro y del norte de la Unión Europea, reciben el 43 % de ese presupuesto, a pesar de que no representan más del 15 % de la producción agrícola comunitaria. 
Éste es un ejemplo, entre otros, que revela la discriminación que existe y sigue existiendo entre producciones y que continúa con esta reforma. 
Consideramos también inaceptable que se siga pudiendo considerar vino el producto resultante de tratamientos que permiten la adición de azúcar para elevar su contenido alcohólico. 
Para evitar esa posibilidad, presentamos enmiendas al Pleno- y esperamos que se aprueben- que obligan a un etiquetado de los productos que se produzcan de esa forma, con lo que se informará y defenderá a los consumidores, o que, en otro plano, establecen un período de cinco años al final del cual se abandone definitivamente la posibilidad de añadir azúcar al vino. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace al menos 7 u 8 años que hablamos del vino y de su famosa reforma. 
En particular, como usted sabe, señor Comisario, ya en el período de 1993-1994 se presentaron propuestas para las cuales tuve el honor de ser ponente en este Pleno en el año 1995. 
El asunto del vino, por lo tanto, se ha alargado demasiado. 
Esto demuestra, por un lado, lo compleja y controvertida que es la reforma del sector, sin embargo, por otro, demuestra que no hay mal que por bien no venga. 
Y es bueno que haya sido así, porque la no realización de la vieja idea de reforma del año 1994 ha sido un regalo para los viticultores europeos. 
En efecto, dicha reforma acabó en un cajón y hoy, como han mencionado los oradores que me han precedido, sobre la mesa hay otras ideas que, sin duda, suponen un avance con respecto al pasado. 
De hecho, los presupuestos ideológicos del pasado eran erróneos. 
Recuerdo que su antecesor, el señor Comisario Steichen, calculó que en el 2000 habría un excedente de 40 millones de hectolitros de vino; esto justificaba la adopción de medidas drásticas muy penalizadoras e inspiradas en un pesimismo notarial que habrían sido sumamente perjudiciales para los viticultores europeos. 
En realidad, desde hace algunos años ya no hay excedentes. Considero que esta situación no obedece a un golpe de suerte del dios Baco sino al hecho de que, en estos años, los arranques masivos y el bloqueo de las nuevas instalaciones han empobrecido y envejecido notablemente el viñedo europeo. 
Europa, en consecuencia, ha ido perdiendo terreno en un arte en que fue y sigue siendo una maestra en el mundo. 
Naturalmente esto ha disparado alguna alarma. 
La competencia de los nuevos productores europeos se empieza a sentir gravemente también en Europa. 
En pocos años, se han doblado las importaciones de vinos no europeos. 
Hay países cuyos costes son mucho más bajos que los nuestros, países que gozan de mayor libertad de movimiento y que no están sujetos a las obligaciones y a las trabas burocráticas que, desde siempre, sufren los viticultores europeos. 
Por tanto, bienvenida sea esta nueva sabiduría; se lo reconozco, señor Comisario Fischler. 
Considero que con la nueva propuesta de la Comisión se está adoptando un nuevo enfoque basado en el supuesto de que hoy es preciso secundar un mercado que ha alcanzado su propio equilibrio en estos años evitando, por lo tanto, tomar medidas que podrían destruirlo. 
Creo que el mejor remedio es una buena dosis de liberalización. 
Entiendo que esta afirmación, hecha por un socialista, puede sorprender, pero precisamente en el caso del vino tenemos la prueba de que con una reglamentación excesiva se puede correr el riesgo de morir. 
En consecuencia, son necesarias una mayor dinámica del viñedo europeo, nuevas plantaciones anticipadas, una amplia reestructuración del viñedo, así como ayudas más consistentes que las previstas en la propuesta de la Comisión. 
De hecho, considero, como otros colegas ya han sostenido, que sería deseable un reequilibrio aún mayor. 
Tenemos una política agrícola que continúa protegiendo sus productos con dos pesos y medidas, una política que presenta grandes, abismales diferencias entre la ayuda asignada a los productos continentales y la asignada a los productos mediterráneos. 
Estimo que el trabajo del ponente ha sido bueno, pero no suficiente: bueno en lo que a algunos puntos controvertidos se refiere, como la importación de los mostos, las facultades de la Comisión y el esfuerzo realizado para ampliar las dinámicas del viñedo europeo. 
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el señor Comisario Fischler en dos puntos que ya ha señalado el Sr. Filippi, a saber, la destilación obligatoria y la cuestión del enriquecimiento con sacarosa. 
No coincido en el punto relativo a la destilación obligatoria porque la Comisión presentaba la propuesta de una destilación facultativa de crisis que, en mi opinión, es apropiada para responder a la nueva dinámica del mercado. 
En cuanto al punto relativo a la sacarosa, soy plenamente consciente de que quien afronta este problema corre enormes riesgos, en particular, el de bloquear todo el resto de la reforma. 
No obstante, habría sido de agradecer que se hubieran tenido en cuenta las diferencias y las iniquidades existentes y lanzar una señal en pos de la igualdad de dignidad y solidaridad entre los productores europeos que invocamos en todo momento. 
Se habla siempre de calidad, pues bien, creo que la calidad implica primar el producto obtenido enteramente con productos derivados del viñedo. 
Señor Presidente, señor Comisario, esperemos que algo que se ha hecho esperar tanto tiempo tenga un final feliz. 
Aunque la Comisión ha necesitado mucho tiempo para preparar una nueva propuesta de reforma de la organización común del mercado vitivinícola, después del fracaso de la propuesta de 1994 y nuestras propuestas de modificación de 1995, no se puede negar que el resultado actual es mucho más positivo. No podemos admitir que el potencial de la viticultura europea, tan rica en tradiciones y extraordinariamente diversa, se venga abajo y que la competencia de terceros países se apodere del mercado interior europeo y del mercado mundial, independientemente de lo que diga la Organización Mundial del Comercio. 
La salud de la humanidad saldría ganando si un mayor número de personas pudiera permitirse el lujo de tomarse entre una y tres copas de vino al día. 
Para cubrir esta necesidad no necesitamos ni destilación obligatoria ni arranque, sino una producción mucho más elevada de vinos de calidad, especialmente en la Comunidad, y evidentemente un nivel de impuestos sobre el consumo mucho más bajo del que existe actualmente en gran parte de los Estados miembros, sobre todo en el norte de la Unión. 
Así las cosas, me felicito de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros merced a los esfuerzos sobrehumanos de nuestro ponente, el Sr. Martin, a quien doy las gracias por ello, haya conseguido introducir notables mejoras en la propuesta de la Comisión a través de un excelente compromiso en el que cada cual ha tenido que hacer algunas concesiones. 
Lamento profundamente que a pesar de estos esfuerzos algunos colegas del sur hayan vuelto a la carga con sus enmiendas en las que arremeten contra las prácticas enológicas que se aplican desde hace muchos siglos en el norte de la Comunidad. 
Son igual de absurdas las extrañas reflexiones de quienes pretenden que los viticultores que no aumentan artificialmente el grado de alcohol deben poder optar a derechos de plantación suplementarios. 
Yo suscribo el compromiso que tanto trabajo ha costado. A mí no me causa ningún problema, puesto que en líneas generales aboga por el mantenimiento y la ampliación de las producciones de vino de fácil comercialización y la preservación de los maravillosos paisajes, asimismo en mi país. 
Pero también por lo que se refiere a los tratamientos enológicos, los derechos de nueva plantación, la flexibilidad de las medidas en caso de que se produzcan condiciones climatológicas adversas o cosechas excepcionalmente buenas- aquí entran el juego los rendimientos máximos -, las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presentan un gran equilibrio y sentido común. 
Quisiera instar a la Comisión en general, y al Sr. Fischler en particular, a que adopte nuestras propuestas relativas al capítulo complementario «Ayudas específicas y medidas de promoción de los productos de la vid» y la correspondiente colaboración de las organizaciones profesionales. 
Me gustaría que nos diera su consentimiento ahora. 
Se trata entre otras cosas de medidas destinadas a fomentar un consumo moderado de vino y a lanzar campañas publicitarias fuera de la Comunidad. ¡Éste es el buen camino! 
Espero que la Comisión y el Consejo de Ministros decidan seguir por esta misma vía y confío en que reciba el apoyo mayoritario de esta Casa, porque si nosotros aprobamos este excelente compromiso por amplia mayoría, tenemos más probabilidades de que el Consejo de Ministros nos haga caso. 
Por otra, sufren una fuerte discriminación. 
Según los datos del señor Comisario, de la Comisión, una empresa lechera recibía en 1994, por término medio, 13.140 ECU anualmente, una empresa mixta de productos lácteos y de carne 11.536 ECU, los cultivos de arado 11.207 ECU, mientras que una empresa productora de vino recibía por término medio 4.590 ECU. 
Eso da muestra de la situación. 
Nosotros estamos preocupados por lo que sucede y quiero hacer hincapié en los siguientes puntos que consideramos importantes: 
Primero, el azúcar es para hacer bizcochos o milhojas, no para hacer vino. 
Y las regulaciones que existen y su prevista ampliación creo que es algo que adultera la verdadera propuesta de producción de vino y la posición de la Unión Europea. 
Segundo, deseamos un enriquecimiento cualitativo de los vinos. 
Hay mosto en la Comunidad, en el seno de la Unión Europea, y no es necesario recurrir a importaciones de terceros países. 
Tercero, ante dicha conmoción del arrancado debe haber un aumento que puede comenzar con el 3 % que se debate. 
Cuarto, creemos que la destilación es algo que no podemos imponer, de buenas a primeras, al productor. 
El productor produce vino. 
Si desea hacer destilación, esta habrá de ser voluntaria, como hasta ahora, y no institucionalizar la destilación obligatoria. 
Por último, señor Presidente, creo que son necesarias medidas especiales para los viñedos de las regiones montañosas e insulares. 
Señor Presidente, lamento que la idea de insistir en que el embotellamiento tenga lugar en el punto de origen se haya deslizado en el informe del Sr. Martin, que por lo demás es excelente. 
La insistencia en el embotellamiento en el punto de origen es una tentativa bienintencionada y cándida de proteger los puestos de trabajo y la reputación de los vinos de determinadas regiones vitivinícolas. 
Con todo respeto diré que, desgraciadamente, es prueba de una enorme ignorancia de lo que realmente sucede al vino en los países a los que se envía. Tampoco reconoce las muy diversas formas en que el vino se distribuye, se comercializa o se consume, especialmente en Europa septentrional. 
A su llegada los vinos se acondicionan según lo requieran las necesidades de los diversos mercados. 
Se vierten en recipientes o en botellas que se colocan en cajas que llevan las etiquetas de los supermercados o se colocan en contenedores especialmente refrigerados para que los restaurantes y los bares puedan venderlos fácilmente por copas o vasos. 
Estoy convencido de que las importaciones a granel en el Reino Unido están protegidas cuidadosamente para cerciorarse de que las etiquetas se colocan en las botellas de vino a que corresponden. 
Nunca pondrán la palabra «Bordeaux» en una botella de vino o en un recipiente que provenga de un tercer país. 
Velan cuidadosamente por que sus sistemas informáticos respeten la calidad. Los embotelladores tienen interés en que se vea que venden vinos de calidad. 
Es posible que necesitemos asegurarnos de que esos sistemas de control son transparentes y evidentes para todos. 
Quizá sea ésta una cuestión que podamos discutir detalladamente cuando estudiemos en algún momento futuro el informe de la Sra. Lulling. 
Ahora bien, no corramos el riesgo de perder puestos de trabajo en nuestras propias zonas vitivinícolas o de crear problemas para nuestros propios embotelladores al levantar entre productores, distribuidores y consumidores barreras que son artificiales y que perjudicarán el comercio dentro de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la importancia del sector vitivinícola en la economía agraria de la Unión Europea está reconocida por todos. Pero es preciso aclarar que se debe, señor Comisario, al lugar preponderante de Europa en el mundo: el porcentaje de la producción europea en este sector representa el 60 % y, sobre todo, un 80 % de esta producción está destinado a la exportación. 
Entonces, me dirán ustedes, ¿por qué una organización del mercado? 
Pues bien, simplemente porque la economía se globaliza y hemos de fijar reglas comunitarias para organizarnos convenientemente frente a este mundo económico. 
Por ello, me parece bueno señalar algunos aspectos del informe que presentan una importancia capital para la viticultura europea. 
En materia de plantaciones, hemos hecho muchos esfuerzos desde hace diez años para reducir la superficie de viñedos; en lo sucesivo, si bien es preciso saber arrancar de nuevo en algunas zonas frágiles, conviene también saber replantar tomando en consideración las necesidades y la demanda de calidad. 
Por ello es necesario dar prueba de flexibilidad y permitir a las regiones en desarrollo que satisfagan la demanda replantando, limitando los excedentes en algunas regiones. 
Por lo que respecta a las prácticas enológicas, lo que acabo de oír me preocupa mucho. 
Yo, que soy francés, en medio de Europa, les digo: detengamos esta Guerra de las Galias, detengamos la guerra de los sudistas contra los nordistas y respetemos las tradiciones ancestrales que están reconocidas y son eficaces. 
Con actitudes tan rígidas estamos luchando contra nosotros mismos. 
Con respecto a los sectores vitivinícolas, es evidente que ha sido la cooperación estrecha entre la producción y el comercio lo que ha permitido la instauración de corrientes de intercambios satisfactorios para el consumidor y para la calidad de los vinos que éste aprecia. 
Ésta es la razón por la que es necesario respetar los organismos de los que están dotadas nuestras regiones y, sobre todo, la función primordial que desempeñan en la adaptación de los recursos a las necesidades. 
En el plano de la exportación, hemos de saber abrirnos al mundo exterior y darnos los medios para favorecer la comunicación sobre la calidad de los productos europeos. 
Finalmente, ha sido en este espíritu y sobre la base de una propuesta de la Comisión que nos parece pusilánime, a veces maltusiana, otras demasiado administrativa, como la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha estudiado este informe sobre la OCM del vino. 
Numerosas reuniones y debates nos han permitido alcanzar el compromiso que refleja el texto que se les ha presentado. 
Es preciso, señorías del Norte y del Sur, que lo votemos. Constituye un progreso considerable con respecto a la posición de 1994. 
Este informe debería permitir que el Consejo tomara en consideración nuestra opinión. 
En todo caso, eso es lo que deseo encarecidamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la diversidad, la variedad, los rasgos peculiares, los sabores y también la identificación con la región de origen son inherentes a nuestro vino. 
Todos estos factores le confieren un carácter especial. 
Y ahora nos corresponde integrar esta diversidad en una organización común de tal forma que no se pierda, porque no queremos un vino europeo uniforme, pero sí necesitamos un marco jurídico que establezca normas viables. 
Yo soy originaria de una de las zonas de plantación del norte de Europa, de la región del Mosela. 
Nuestros vinos nacen en condiciones climatológicas distintas. 
Nuestros vinos se presentan de otra manera, pero también tienen sus aficionados y su mercado. 
Quisiera manifestar mi gratitud a la Comisión y al ponente Martin, así como a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por haber alcanzado un compromiso para la organización común del mercado vitivinícola que reconoce las peculiaridades regionales y mantiene los tratamientos enológicos tradicionales. 
Gracias a este compromiso, el vino, tal y como lo conocemos y apreciamos en las diferentes regiones de Europa, podrá sobrevivir. 
También se han salvado los puestos de trabajo en los sectores que se ocupan de las labores previas y posteriores al almacenamiento, así como los paisajes dominados por los viñedos. 
Podemos regular el mercado, pero no la naturaleza, el clima, la cosecha. 
Soy partidaria de que cada año se determine la cantidad de vino que pueda comercializarse. 
En nuestras zonas vitícolas ya se ha elaborado una normativa similar que fija el rendimiento máximo por hectárea. 
Pero a este respecto estoy absolutamente en contra de la propuesta de la Comisión que pretende retirar la denominación «vino de calidad» a la cosecha en su conjunto en caso de que se rebase en un 120 % el rendimiento máximo por hectárea previsto. 
Hasta hora el vino de calidad no obedecía a estos criterios. 
Todos los agricultores, todos los viticultores dependen de las condiciones climatológicas. Años malos han de ser compensados con años buenos. 
Las buenas cosechas se comercializan en momentos de menor rendimiento. Es la única manera de que las empresas pueden mantener a las familias que dependen de ellas. 
Por todo ello, no podemos privarles de la posibilidad de almacenamiento. 
Quisiera invitarles a que tengan en cuenta este punto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe y por el grado de consenso alcanzado en esta Asamblea, cosa que no ha sido fácil. 
Esta es una asignatura pendiente de la reforma de la PAC de 1992 y la propuesta presentada por la Comisión es de una importancia capital para el presente- y, sobre todo, para el futuro- de nuestro sector, especialmente en la encrucijada actual en que se halla la viticultura europea. 
Necesitamos los instrumentos que nos permitan ser competitivos en el mercado que ya hoy está abierto y preservar, para la Unión Europea, su puesto de líder mundial en este sector; sector que aporta un valor añadido enorme en términos tanto sociales como económicos. 
Está claro que este consenso alcanzado respeta las singularidades históricas y las distintas prácticas enológicas y que concede una gran importancia a la calidad y a la promoción, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y permite, además, un crecimiento moderado y controlado de nuestra viticultura. 
Sobre el tema de los alcoholes, etc., voy a tratar de no repetir lo que ya se ha dicho, pero sí quisiera decir que hay que mantener un equilibrio entre el progreso técnico y el mantenimiento de la especificidad de los vinos europeos. 
Es otra tarea que debe resolver esta reforma. 
Por todo ello, con una competitividad mejorable, no limitada sólo a los viñedos sino aplicada también a la mejora de las instalaciones- como ya se ha dicho- y a la promoción del vino, unida a la divulgación de los conocimientos científicos sobre el vino, aumentaría la demanda de nuestros caldos en un mercado cada vez más abierto. 
Estamos también a favor de la creación de un consejo superior de exportaciones. Creemos que esto es imprescindible. 
Pero, señor Comisario, me queda un pequeño fleco: el de la fabricación de vino, teóricamente europeo, con mostos importados de terceros países. 
¿Qué nos puede usted decir sobre esto? 
Señor Comisario, tiene usted una ocasión de oro- diría yo- para hacer suyas las enmiendas que apruebe esta Asamblea y, en el fondo, hacer suyo el consenso alcanzado aquí, donde todos hemos dado un gran paso al frente, unos con más esfuerzo que otros- hay que reconocerlo -, en beneficio, creo yo, de la viticultura europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, compruebo que soy el último orador. 
Pues bien, hemos llegado hasta el fondo de esta botella y, como sucede con frecuencia, encontramos algo de poso que incluso habría podido enturbiarla. 
Menos mal que soy, repito, el último en intervenir: sí, porque considero buena la propuesta de la Comisión y encomiable el esfuerzo de nuestro ponente que ha actuado más como diplomático que como técnico, sin embargo, no puedo lanzar las campanas al vuelo y saludar esta reforma y el resultado de este trabajo. 
En política se tiende a evaluar todos los problemas desde una óptica de derechas o de izquierdas. 
Señora Lulling, cuando se habla de agricultura volvemos fatalmente a las viejas posiciones de un problema visto desde el norte o desde el sur. 
Pese a la buena voluntad, esta divergencia no se ha paliado todavía; antes bien, las posiciones están aún alejadas. 
Ésta habría podido ser una ocasión para tratar de acercarlas, sin embargo, por los motivos que ya han explicado los diputados italianos, no podemos considerar que hemos enfilado el camino hacia la recuperación- que, algo pomposamente, me atrevo a definir casi histórica- de un handicap histórico que se sufre en esta comparación y que quizás sólo en los próximos años será posible superar parcialmente. 
Sin embargo, no quiero enturbiar totalmente este vino. 
Existe algún aspecto positivo y quiero señalar dos de ellos: primero, el impulso hacia la calidad y la promoción del vino como bebida absolutamente inofensiva y digerible, apta para todas las edades y todas las mesas; segundo, las ayudas a la reestructuración de los viñedos con la sustitución de los vinos de mesa con vinos de calidad, y las ayudas en favor de los jóvenes y las zonas desventajadas de montaña. 
Los aspectos que, por el contrario, no puedo valorar son: una escasa protección frente a los vinos de los terceros países; una excesiva atención por los aspectos técnicos de la elaboración y del envase y, por el contrario, una insuficiente atención por los aspectos de la producción; no es satisfactorio el impulso hacia la sustitución de la sacarosa con mosto concentrado y rectificado, con todos los incentivos oportunos, y esto por los motivos ya explicados por otros colegas. 
Por último, la destilación obligatoria: yo también quiero tirar de las orejas a mi viejo amigo Martin. 
La idea del señor Comisario y de la Comisión de eliminarla y de dejar sólo una destilación de crisis era una idea excelente. 
Nuestro amigo Martin- todavía no he entendido por qué- ha querido introducirla de nuevo. 
Señor Comisario, trate usted de restablecer el equilibrio. 
Señor Presidente, he quedado profundamente confuso con la explicación que ha dado el Comisario Fischler sobre la importación de mostos de terceros países para vinificación. 
No he comprendido su explicación y pregunto al Comisario si ya se ha dado cuenta de la «bomba» que representa sentar ese precedente. 
Señor Presidente, pensaba que mi intervención no dejaba ninguna duda al respecto. 
He puesto de manifiesto que las actuales disposiciones del GATT no permiten mantener la prohibición de importar mosto. 
Debemos suprimir esta prohibición si pretendemos cumplir la normativa impuesta por el GATT. 
Lo que sí podemos hacer es garantizar que el mosto importado- incluso el que se mezcle con mosto de origen comunitario -, todo producto que responda a esta definición, esté debidamente etiquetado para que todo el mundo sepa a ciencia cierta que se trata de un vino elaborado sobre la base de mosto extranjero. 
Debemos procurar, pues, que el consumidor pueda reconocer los vinos con mosto extranjero como tal, como vinos elaborados parcial o íntegramente a partir de mosto extranjero. 
Pero lo que no podemos hacer es prohibir a priori la importación de mosto. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Cruce de las fronteras de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
informe (A4-0450/98) de la Sra. Lindeperg, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre armonización de las formas de protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea-segundo informe (A4-0045/99) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobreI. la propuesta de acto del Consejo (COM597) 0387- C4-0681/97-97/0227 (CNS) ) por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembrosyII. el proyecto de Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros-informe (A4-0043/99) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobrela propuesta de Reglamento del Consejo (COM (93) 0684- C4-0665/97-97/0922 (CNS) ) por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembrosyla orientación del Consejo acerca de la propuesta de Reglamento del Consejo (11323/97) (COM (93) 0684- C4-0665/97-97/0922 (CNS) ) por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señoras y señores, hoy presento dos informes. El primero se refiere al Convenio relativo a los nacionales de terceros países y el segundo se centra en la armonización de la política de visados en la Unión Europea. 
Permítanme que dedique la primera parte de mi intervención al Convenio relativo a los nacionales de terceros países, que sin duda es un tema más complejo desde el punto de vista legislativo. 
Considero fundamental que el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea vaya acompañado de una estrecha colaboración en materia de inmigración y, evidentemente, en todo lo que a los derechos de los nacionales de terceros países residentes en la Unión se refiere. 
No tiene sentido suprimir las fronteras con medidas como Schengen y otras disposiciones por el estilo cuando, por otro lado, convivimos con numerosos nacionales de terceros países que ni mucho menos pueden aprovechar todas las posibilidades que ofrece la libre circulación dentro de dicho mercado interior, y cuando en los diferentes Estados miembros existen normativas muy diversas en materia de inmigración. 
Así se llega a la situación de que los inmigrantes acogidos por determinados Estados miembros entran en el mercado laboral del mercado interior en su conjunto y, por tanto, su acogida puede acabar teniendo consecuencias- no quiero utilizar la palabra carga- para otros Estados miembros. 
Es por lo que me congratulo de que la Comisión haya puesto sobre la mesa una propuesta para un Convenio relativo a nacionales de terceros países. 
Lo considero ya en sí como un enorme avance. 
Desafortunadamente, en este Parlamento el debate sobre el Convenio relativo a nacionales de terceros países ha tenido una trayectoria poco feliz. 
Se acordarán de que el debate en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores quedó cerrado el pasado verano y que estaba previsto celebrar el debate final sobre dicho Convenio en el Pleno en el mes de septiembre. 
En aquel entonces, el Grupo socialista solicitó- yo respaldé esta solicitud- la devolución del informe a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
El origen de todo ello fue simplemente que la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores había aprobado y, por lo tanto, presentado al Parlamento toda una serie de medidas enormemente controvertidas, por ejemplo una extensión prácticamente ilimitada del derecho a la reagrupación familiar a todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos. 
La existencia de relaciones de pareja se consideraba razón suficiente para justificar la reunificación familiar. 
Se ampliaron las posibilidades de conceder contratos indefinidos a trabajadores temporales. 
La mera oferta de un puesto de trabajo bastaba para justificar el derecho a la inmigración. 
Se suprimió la expulsión por delitos graves. 
De haberse llevado a la práctica, todos estos elementos hubieran significado una carga excesiva para los mercados laborales y los regímenes sociales de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Aparentemente, los que en aquel momento presentaron enmiendas recelaban de su propia valentía y para mayor seguridad tomaron la sagaz decisión de solicitar la devolución a comisión. 
Siendo yo el ponente, a partir de aquel momento puse todo mi empeño en buscar compromisos. A mi modo de ver se puede decir con toda razón que el informe que debatimos hoy es un verdadero compromiso y que ha logrado conciliar las distintas posturas existentes en comisión en un resultado común. 
Por lo que a la reunificación familiar se refiere nos hemos limitado a adoptar lo que propone la Comisión. 
Respecto al tema de los trabajadores temporales nos hemos guiado por el principio de la subsidiariedad, concediendo un margen de libertad a los diferentes Estados miembros. 
La puesta a disposición de puestos de trabajo en los Estados miembros se fundamenta igualmente en el principio de subsidiariedad. 
Al mismo tiempo- siempre he sido partidario de esta opción -, hemos eliminado del conjunto del Convenio la cuestión tratada en el capítulo 8, a saber, el derecho de los nacionales de terceros países residentes en la Unión Europea, en el convencimiento de que el Convenio tiene por objeto regular la cuestión de la inmigración y no el problema del derecho de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. 
Pero a la vez instamos a la Comisión a que prepare una nueva propuesta que se centre precisamente en el derecho de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, recogido en un proyecto complementario, puesto que no cabe duda de que estos asuntos también requieren una reglamentación. 
Por lo demás, de las conversaciones que mantuvimos previamente en comisión con los funcionarios de la Comisión se desprendió que la Comisión tenía de todas formas la intención- una vez que se conociera la postura del Parlamento respecto al Convenio relativo a los nacionales de terceros países, y después de que también el Consejo formulara su opinión al respecto- de retirar formalmente el proyecto de Convenio en aras de perfeccionarlo y con idea de volver a ponerlo sobre la mesa como propuesta de directiva tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Esta iniciativa también mereció mi apoyo, así como el de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
Estimo que la entrega por parte de la Comisión de un proyecto aún más elaborado nos permitiría discutir esta cuestión con mayor conocimiento de causa de lo que hemos podido hacer hasta la fecha. 
Quisiera dejar claro que rechazaré las enmiendas propuestas por el Grupo ARE, el Grupo GUE y el Grupo socialista lisa y llanamente por la razón de que, en principio, recogen ideas del debate inicial de septiembre que no puedo aceptar por los argumentos que he alegado antes y que me veo obligado a invocar de nuevo aquí. 
Hablando claro, en caso de que las enmiendas de estos Grupos se aprueben, mi calidad de ponente me obligará a hacer un llamamiento al final de la votación en el Pleno para que se rechace mi propio informe. 
Por tanto, les ruego no acepten dichas enmiendas. 
Pasemos ahora al segundo informe. Se trata de la denominada directiva del visado. 
También se caracteriza por una historia poco honrosa. 
Recordarán sin duda que el Parlamento Europeo adoptó hace años un punto de vista con respecto a esta directiva, que finalmente fue adoptada por el Consejo. 
No estuvimos de acuerdo con el resultado del Consejo, sencillamente porque la Comisión había presentado una propuesta vinculante para la elaboración de una lista de países que precisan de visado que fue aceptada por el Parlamento, mientras que el Consejo aprobó posteriormente una lista que en el fondo no suponía ningún compromiso, puesto que cada uno de los Estados miembros podía introducir otras obligaciones de visado para países no contemplados en la lista con la única condición de que comunicara sus decisiones al respecto a la Comisión. 
Por esta razón, el Parlamento Europeo interpuso una denuncia contra esta directiva ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la ganó con el argumento de que nuestra opinión no se había tenido suficientemente en cuenta. 
El debate de los últimos meses, desde el momento en que se dio a conocer la sentencia, se ha centrado casi exclusivamente en problemas de procedimiento, más en concreto en la pregunta de cuál debe ser el objeto de discusión: ¿la decisión modificada del Consejo que ha sido anulada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o la propuesta inicial de la Comisión? 
Podría decirse que al final hemos encontrado un compromiso en el que si bien la propuesta de la Comisión constituye el punto de partida de nuestros debates, el nuevo informe también ofrece una respuesta a las propuestas abordadas y contempladas en la decisión del Consejo. 
Ahora quisiera llamar su atención sobre un problema fundamental de carácter político con respecto al cual como ponente siempre he mantenido la postura adoptada por la mayoría del Parlamento en los debates anteriores. 
Se trata de la pregunta de si Bulgaria y Rumanía han de incluirse en la lista de los Estados que precisan de visado. 
Represento a quienes estiman que Bulgaria y Rumanía han de ser suprimidos de dicha lista, y ello por dos razones. En primer lugar porque las conversaciones con los funcionarios de la Comisión expertos en la materia, y especialmente con los miembros de la Dirección General Ia, han demostrado que estos dos países ya han cumplido parte de los requisitos previos a la anulación de la obligación de visado. 
Aunque todavía no reúnan todas las condiciones, ya cumplen buena parte de ellas. 
En segundo término, considero que ya va siendo hora de que el Parlamento Europeo emita una señal. 
Ustedes saben perfectamente que en el marco de las negociaciones sobre la ampliación hacia el este y los preparativos para las mismas algunos Estados creen haber empezado con buen pie, mientras que otros temen haber comenzado mal. 
Opino que corresponde a nosotros, en tanto que Parlamento, hacer un gesto de aproximación a los búlgaros y rumanos suprimiendo la obligación de visado para estos países. 
No voy a agotar el tiempo que me ha sido concedido. 
Para concluir mi intervención sobre los dos informes que tenía que presentar hoy en el Parlamento sólo me queda agradecerles su atención. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y también de mi Grupo, quisiera empezar esta intervención señalando algo que me llama la atención. 
Después de la aprobación del Tratado de Amsterdam, nuestra comisión ha recibido varios documentos que indican el avance en la comunitarización en los ámbitos de la inmigración y también en los del asilo y refugio, además de todos los trabajos que se llevan a cabo en el ámbito del tercer pilar. 
Todo esto nos alegra y nos parece un paso en la buena dirección. 
Pero no me llamaría tanto la atención si no fuese fácil ver en dichos avances que no siempre tienen el mismo contenido ni la misma estrategia. 
Esta propuesta que nos presenta la Comisión sobre admisión de ciudadanos de terceros países y otros documentos, por ejemplo el de estrategia del Consejo que ha llegado hace poco a este Parlamento para su consulta, son muestra de ello. 
Como creo que este Parlamento no es una máquina de emitir dictámenes ni de hacer enmiendas a cualquier documento que nos llegue, sino que tiene que tener una cierta visión de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que las instituciones nos proponen en relación con este tema, a mí me gustaría mucho poder saber, por parte del Consejo y de la Comisión, cuál es su estrategia, si ésta existe, y hacia dónde estamos avanzando. 
En relación con el convenio que nos ocupa, quisiera decir, en calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que somos conscientes de la importancia que la gestión de la inmigración tiene para la relación con los terceros países. 
Hay tres aspectos que quisiera señalar en este sentido: en primer lugar, la conciencia de que el control de fronteras no lo podemos hacer solos, hay que contar con estos terceros países como viene demostrándose claramente en las fronteras mediterráneas y en los dramas que allí se viven. 
También pensamos que el tema de la inmigración es un factor importante de codesarrollo y que hay que facilitar, por ejemplo- y así nos gustaría verlo reflejado en este informe -, la posibilidad de que ciudadanos de terceros países estudien en la Unión Europea y que esto sea tenido en la consideración debida. 
Entrando ya en el contenido de la propuesta de convenio que se nos presenta, quiero decir, de entrada, que no me parece muy afortunada la referencia del ponente al debate anterior. 
Creo que devolvimos este informe a comisión de acuerdo con él, y me parece que hemos hecho un esfuerzo para seguir adelante en este debate porque nos parece, como decía antes, que va en la buena dirección. 
No me han parecido muy oportunas, pues, estas palabras. 
Quisiéramos- y así lo hemos intentado- que este informe evite, sobre todo, algunas cosas. 
En primer lugar, la inseguridad jurídica de los inmigrantes y de los que pretenden entrar; en segundo lugar, la tendencia a la ilegalidad a causa de una excesiva burocratización o de trabas burocráticas, es decir, debemos evitar que gente que podría residir legalmente entre nosotros se vea abocada a la calidad de sans papiers, como dicen en Francia, y también debe evitarse la excesiva rigidez porque la emigración cero ni existe ni va a existir, y me parece que pensar con una excesiva rigidez es condenar a la gente a caer en manos de las redes de tráfico de personas. 
Por eso, hemos introducido algunas modificaciones y hemos llegado a un compromiso, lo cual me parece bueno en algunas cosas importantes. 
En lo que hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena, nos parece muy importante vincular la admisión a una oferta de empleo y el contrato a la posibilidad de residencia o el permiso de residencia, y no vincular, tanto la admisión como la residencia, a un contrato de trabajo. Esto me parece bastante utópico. 
Algunos países, como Italia, han avanzado en propuestas imaginativas en este sentido. 
En relación con el trabajo temporal, como señalaba el ponente, se trata de ceñirse a la subsidiariedad. 
Y en cuanto al ingreso por actividades económicas independientes, me parece importante señalar que hay que excluir los países que tienen cupos de la norma que prevé este informe. 
Me salto algunos puntos por no disponer de más tiempo, pero quiero señalar que hemos introducido, en el tema de la reagrupación familiar, la cuestión de las excepciones y que no vamos a poder aceptar en ningún caso la enmienda del Grupo Popular rebajando a 16 años la edad de los hijos que tienen derecho a la reagrupación familiar. 
Para terminar, quisiera hacer una referencia al capítulo 8. 
Nosotros creemos que es muy importante que haya una propuesta de la Comisión que señale cuáles son los derechos de los ciudadanos que viven aquí, para darles un estatuto y resolver su situación legal, derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea que vivimos aquí. 
No queremos una Comunidad con dos tipos de ciudadanos, unos con unos derechos y otros con otros. 
Pero, efectivamente, los derechos de ciudadanía que se desprenden de ser ciudadano de un Estado miembro- valga la redundancia- no sirven para estos ciudadanos y, por eso, creemos que la Comisión debe presentarnos una propuesta que incluya a éstos y que resuelva también el tema de la libre circulación para los residentes legalmente instalados. 
Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa abogó ya hace dos años, fue en diciembre de 1997, en el marco del Informe Oostlander, por la supresión de la obligación de visado tanto para Rumanía como para Bulgaria. 
Por otra parte, el Pleno apoyó también este punto de vista y también en marzo de 1998 se adoptó la misma postura en un informe posterior. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo ha defendido con mucha continuidad el punto de vista de que se debería suprimir la obligación de visado para estos países. 
Naturalmente, todos los que están aún aquí esta noche y que todavía aguantan saben de sobra que esto causa muchas dificultades en sendos países porque justo en el marco de la ampliación, muchísima gente toma la iniciativa para buscar, con motivo de este proceso, cursos de estudio, seminarios, intercambio de contactos etcétera, y cada vez más, oportunidades para poder estar presentes aquí en la Unión Europea. 
Eso provoca colas enormes delante de las embajadas de la Unión Europea en las que la gente tiene que aguantar, a menudo después de haber hecho un largo viaje. 
En resumen, esto requiere mucho esfuerzo y bloquea por lo tanto las posibilidades de un contacto más directo. 
De ahí que deseemos insistir en que hay que poner fin a esto. 
Además, sobre todo los países del grupo de cabecera, como los hemos denominado, países que están ya en una posición más adelantada con respecto a las negociaciones con la Unión Europea, están empezando a urdir planes para formular los mismos requisitos en el marco de la adquisición del «acquis communautaire». 
O sea, en vez de integrarse más, no solamente se ven cada vez más excluidos de la Unión, sino que también se hacen más difíciles para ellos los contactos con los antiguos países del Este. 
Por último, en la opinión, que ha sido apoyada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, presto atención al hecho de que es negativo que se establezca la obligación de visado para Hong-Kong dado que vice versa no se requiere. 
Los ciudadanos de la UE pueden entrar sin problemas en Hong-Kong sin visado. 
Además, es también una señal política importante que desde la Unión Europea sigamos considerando a Hong-Kong como una región administrativa autónoma. 
Señor Presidente, soy el ponente, o debería decir la ponente, de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre esta iniciativa de nuestra Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que pretende establecer una reglamentación mínima armonizada, destinada a aplicarse de manera uniforme a los solicitantes de asilo no amparados por el Convenio de Ginebra. 
Esta iniciativa, loable en sí misma, ciertamente no debe culminar abriendo unas puertas anchas y de par en par de la Unión Europea para conceder un derecho de asilo a casi todos los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo. 
Pero si se limita a una armonización justificada y necesaria, mi propósito es llamar la atención sobre los problemas específicos de algunas mujeres refugiadas de algunos países en condiciones especiales. 
La armonización preconizada para completar el Convenio de Ginebra debería, en opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, incluir, en situaciones particulares, las persecuciones de carácter sexual, los diferentes tipos de violencia y la explotación sexual, el tráfico de mujeres, desde el momento en que constituyen una amenaza para la vida y la salud de las mujeres afectadas. 
El objetivo no es sin duda el de pretender conceder un derecho de asilo a todas las mujeres de todos los países ya que se trata de seres humanos de sexo femenino que temen ser objeto de violencia sexual. 
Además, casos como estos se encuentran en los Estados miembros de la Comunidad. 
Pero cuando las mujeres pueden invocar legítimamente el derecho de asilo para situaciones particulares de este tipo en sus países de origen, nosotros estamos insistiendo principalmente para que consigan un estatuto propio, independiente del de su marido y su familia, e insistimos para que puedan disfrutar también de ayuda médica y psicológica particular, todo ello en el sentido de las conclusiones de mi informe de opinión. 
Señora Presidenta, la historia de este informe ha sido más que extraña. 
Ésta es la razón por la que también ha tardado en llegar hasta el Pleno, pero ahora está aquí. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, entre otras cosas, ha recomendado, por ejemplo, -y quisiera ver que el Parlamento les da su apoyo- enmiendas que dicen que los criterios para ser incorporado a la lista común- negra o gris o como se le quiera llamar- tienen que ser objetivos, iguales para todos los países, y públicos. 
No obstante, estos criterios de incorporación también tienen que contener normas acerca de cómo se procede para borrarse de la lista. 
También ésta debe evaluarse y actualizarse regularmente. 
No debe ser algo que dure eternamente. 
Ya se ha nombrado la obligación de visados para Bulgaria y Rumania. 
En este punto hay unanimidad en la comisión jurídica. 
Se trata de países candidatos que negocian su adhesión pero que son discriminados durante este tiempo. 
No es aceptable. 
También quisiéramos ver los informes que sirven de fundamento para la obligatoriedad de visados para Bulgaria y Rumania, informes presentados por comisiones de expertos que han visitado estos países. 
Desearíamos que esos informes se presentasen ante el Parlamento. 
Por esto quisiéramos tener apoyo para las enmiendas 28 y 29. 
En cuanto a la política de refugiados- éste es un debate común- quisiera decir en nombre de los Verdes que nos inquieta la política de refugiados de la UE, no menos a la luz del Tratado de Schengen, y el hecho de que cada vez menos refugiados se atreven a pensar en un refugio en la UE. 
Por eso disminuye también su número cada año. 
¿Están siendo demasiado altos los muros de la UE? 
Para los Verdes es una exigencia terminante que se siga una política de refugiados conforme a las convenciones de la ONU sobre esta materia. 
Señora Presidenta, permítame decirle que, muy a mi pesar, el asilo y la investigación son temas poplíticamente sensibles. 
Sobre todo en la recta final hacia las elecciones. 
Es extraordinariamente lamentable que nos veamos obligados a constatar que se abusa de estos temas por razones electorales, y eso a pesar de que muchos partidos políticos han firmado el manifiesto contra el racismo, redactado por nuestro observatorio en Viena. 
Por lo visto es muy tentador acaparar el favor del electorado demonizando el peligro de los incontrolables flujos de solicitantes de asilo y apelando al miedo de la gente de que la entrada de demasiados extranjeros amenazaría nuestro bienestar o nuestra identidad. 
Por lo tanto, no sólo para evitar el peligro de este tipo de abusos a nivel nacional, sino también por el aspecto transfronterizo de esta problemática, se deberían regular estas cuestiones- el asilo y la inmigración- a nivel europeo. 
Pero en este aspecto el Consejo nos está defraudando contínuamente. 
Eso sí, cuando se trata de medidas restrictivas, cuando se trata de construir la fortaleza Europa, cuando se trata de pasar los problemas a un estado vecino, entonces nuestras posturas están perfectamente alineadas. 
Entonces sí podemos llegar a acuerdos. 
Pero cuando se trata de la construcción, de la armonización de una política de asilo e inmigración humana y justa, entonces eso resulta ser casi imposible. 
Por esta razón, señora Presidenta, es positivo que la Comisión y nuestro Parlamento siempre incluyan estas cuestiones en la agenda política. 
El informe de la Sra. Lindeperg sobre la armonización de las formas de protección complementaria es una necesidad, ahora que muchas personas salen con una mano detrás y otra delante, a veces porque se interpreta la Convención de Ginebra de forma demasiado limitada, y a veces porque es verdad que la gente no cumple con los criterios de un auténtico refugiado pero que tampoco pueden volver a su país de origen. 
Señora Presidenta, se dice muchas veces que se abusa de la Convención de Ginebra, que no se trata de auténticos refugiados los que nos piden protección; que la problemática sobre el asilo está infestada de mentiras y criminalidad. 
Pero nosotros mismos somos en gran medida los causantes de esa situación porque realmente no hay otra posibilidad de entrar en Europa más que basándose en esa Convención. 
Por esta razón, Presidenta, es tan positivo que la Comisión se haya ocupado de esa parte de la cuestión y que haya estudiado con qué condiciones se puede admitir a ciudadanos de terceros países. 
Apreciamos muchísimo que la comisión, en especial la Comisaria Gradin, haya pedido nuestra opinión al respecto. 
Pero para llegar a este tipo de opinión, hemos tenido que hacer un sacrificio. 
Porque sólo se podía llegar a una mayoría en nuestra Comisión eliminando el capítulo 8. 
Nos podemos imaginar que esto supone una decepción para la Comisión. 
También para nosotros. 
Porque en el fondo se corta de raíz la ambición, que no podemos dejar de apreciar. 
La enmienda 49, en la que se pide un estatuto para los ciudadanos de terceros países, sirve para eliminar este inconveniente. 
Espero que la Comisión comprenda que por lo menos mi grupo parlamentario la apoya en su propósito de mejorar la situación de las personas que residen aquí ilegalmente. 
Por consiguiente, miramos con esperanza la adopción de un estatuto así, en el que queden fijados los derechos de nuestros conciudadanos de terceros países. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, en la exposición de mi punto de vista quisiera prestar especial atención a las propuestas, orientaciones básicas y enmiendas procedentes del ala izquierda de esta Casa. 
Todas ellas comparten uno o varios objetivos en el sentido de que reclaman una mayor acogida de nacionales de terceros países y, sobre todo, una ampliación de la acogida de familiares y reunificación familiar con tendencia a que se entienda por familia cualquier fórmula de pareja- independientemente del sexo- y que se aproveche la ocasión para incluir asimismo a los parientes en línea ascendente. 
No creo que deba explicarles cuál sería el efecto de todo lo anterior. 
Las propuestas a las que me refiero tienden asimismo a facilitar la entrada al mercado laboral de la Unión Europea, por ejemplo la propuesta de una enmienda según la cual una mera oferta de un contrato laboral es motivo suficiente para conceder un permiso de residencia de cuatro años en la Unión Europea. 
La extensión del estatuto de refugiado también produce quebraderos de cabeza. 
Soy partidario de que intercambiemos opiniones y busquemos soluciones adecuadas. 
De todas formas, está claro que no vamos a ningún lado con las definiciones difusas que manejamos en la actualidad para identificar a los colectivos que pueden optar a dicho estatuto. Éstas se refieren por ejemplo a los grupos de personas que ven amenazados sus derechos fundamentales, en cuyo caso suele surgir la duda de si el derecho a la salud o al trabajo ha de considerarse como un derecho humano y, por tanto, como un derecho fundamental, o a los colectivos en cuyos países se producen graves alteraciones del orden público, y también hay quien alega la homosexualidad como motivo de asilo. 
Me parece que llegaríamos a una situación rocambolesca si decidimos incorporar todos estos colectivos en el nuevo estatuto de refugiado. 
Habida cuenta del enorme alcance de los nuevos instrumentos jurídicos en el sentido de que todos estos grupos tendrán derecho a interponer un recurso con efectos suspensivos al ser rechazada su solicitud, también en casos de claro abuso, toparemos con problemas similares a los que les he expuesto antes. 
En relación con la política de asilo me parece positivo que emitamos señales positivas a los Estados que hacen serios esfuerzos, como Bulgaria y Rumanía, pero por otra parte sé por experiencia propia que el ministerio de Interior de dichos países tiene enormes dificultades con la justicia, la policía y la seguridad fronteriza. 
Somos conscientes de que todos los días llegan personas ilegales que entran en los Estados de la Unión Europea tras atravesar esos países. 
Es nuestro deber ayudar a estos dos Estados a crear una mayor seguridad, pero no podemos eliminar la obligación de visado mientras no esté garantizada la seguridad de Europa. 
El resultado de todas estas reclamaciones es que cada vez hay más inmigrantes, que se fomenta el abuso del asilo y que se crea la impresión de que no hacemos todo lo que deberíamos hacer por los refugiados. 
En otras palabras, así conseguimos un resultado inaceptable y una impresión falsa. 
Lo que necesitamos- y ahí se concentran los esfuerzos del Grupo del Partido Popular Europeo- es una solución integrada que abarque la migración laboral, el ámbito del asilo y el colectivo de los refugiados, que prevea un reparto de los gastos y que considere medidas encaminadas a combatir el abuso. 
Nuestro objetivo debe ser ayudar a los refugiados, aunque limitando y regulando la inmigración y luchando contra el abuso y la ilegalidad, para que en beneficio del ciudadano Europa pueda seguir gozando de seguridad y estabilidad en el futuro. 
Señor Presidente, en el debate conjunto sobre los informes Lindeperg y Lehne, quisiera hacer cuatro observaciones. 
La primera tiene relación con la oportunidad de mantener el debate sobre el informe Lehne ahora; el mismo Sr. Lehne lo escribió en su informe: se puede plantear la cuestión, desde el momento en que el Tratado de Amsterdam, una vez en vigor, permitirá abordar unos problemas vinculados a la admisión de los nacionales de países terceros en un marco más apropiado. 
Pero, en este caso, la Comisión ha ejercido por primera vez su derecho de iniciativa al elaborar una posición en esta materia. 
La Asamblea, que la ha invitado en repetidas ocasiones a impulsar aquellas políticas que dependen del tercer pilar, no desearía impedir un curso favorable. 
Además, la urgente necesidad de armonizar en este ámbito ya no hay que demostrarla. 
Segunda observación: la admisión de nacionales no comunitarios afecta a problemas tan importantes como el mercado de trabajo, la formación profesional, el agrupamiento familiar, cuestiones que pueden dar lugar a controversias a veces muy agudas; en resumen, estamos abordando en ese caso una temática extremadamente sensible que, llegado el caso, levanta pasiones y que además está con mucha frecuencia en el origen de reflexiones y comportamientos irracionales. 
Las palabras tienen, por tanto, su importancia, por las ideas que expresan y por los mensajes que vehiculan o, más bien, que sugieren. 
Algunos acontecimientos recientes nos recuerdan que la concepción ética de la nacionalidad, por ejemplo, puede despertar viejos demonios y permite, a los partidos que se comprometen en esta vía, obtener victorias electorales. 
Es toda la clase política la que se ve interpelada en la forma como ha de enfrentarse a estos desafíos. 
Para resumir mi pensamiento diré que, con respecto a la admisión de no nacionales comunitarios en el territorio de la Unión Europea en particular, y a las relaciones entre ciudadanos europeos y no nacionales comunitarios, en general, hay razón para reflexionar más que nunca sobre la forma de organizar el debate, de comprometer la reflexión, de convencer a los escépticos. 
Hay que dar prueba de comprensión, de paciencia a veces, de imaginación y de generosidad con respecto a las personas que están afectadas por las políticas que proponen los informes Lehne y Lindeperg. 
Dicho de otro modo, tenemos dos planteamientos posibles. 
Uno, populista y electoralista, tiende a enviar señales fuertes a los fuertes, por una parte, y señales débiles a los débiles, por otra. 
El segundo, que consiste en enviar señales fuertes a los débiles y señales débiles a los fuertes, me parece con toda evidencia más compatible con nuestro deber de solidaridad, tal como está estipulado por el Convenio de Ginebra en lo que respecta a los solicitantes de asilo. 
Tercera observación, y doy las gracias especialmente al Sr. Lehne por haber mencionado este aspecto, es que hay que felicitarse por la coherencia de este Parlamento en su actitud a propósito del mantenimiento de la obligación de visado para los nacionales rumanos y búlgaros. 
Bien entendido, es probable que los Estados miembros no sigan las conclusiones del Parlamento, que los invita a retirar a Bulgaria y a Rumanía de la famosa lista común. 
Si el Consejo de los Estados miembros tuviera que perseverar en su actitud, sería una lástima. Pero, sin hacerme demasiadas ilusiones, espero que dé curso favorable a nuestra reivindicación. 
Haciéndolo no haría más que reconocer los progresos realizados por ambos países; y además, no haría más que poner fin a una discriminación que perjudica a dos países asociados a la Unión Europea. 
Última observación: las políticas que están en el centro de nuestro debate forman parte de un todo. 
También soy el primero en lamentar que no se hayan realizado progresos en el tema del reparto de cargas, al que dedicamos un debate anterior. 
Tales progresos nos permitirían avanzar más rápido en las políticas sobre las que estamos debatiendo en la actualidad. 
Señora Presidenta, una vez más volvemos a tratar del importante tema del asilo y, más concretamente, de la protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea. 
Sin embargo, tenemos que volver a recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos- declaración muy manoseada y, presumiblemente, asumida por todos- reconoce a toda persona el derecho de protegerse contra la persecución y de obtener asilo en cualquier país, y que la Convención de Ginebra, sin interpretaciones restrictivas, debe ser el marco de referencia de toda regulación nacional o comunitaria sobre el derecho de asilo y el estatuto de refugiado. 
Basándonos en el contenido de estos textos, tenemos que criticar enérgicamente las condiciones, cada vez más rigurosas, que imponen los Estados miembros a las personas que buscan protección en los países de la Unión. 
La entrada, la estancia y el estatuto de las personas que buscan protección internacional en el territorio de los Estados miembros no se pueden reducir bajo ningún concepto a meras cuestiones de seguridad interior de dichos Estados y deben basarse en el respeto de los convenios internacionales y en una política solidaria de ayuda al desarrollo y de cooperación económica. 
En los últimos años tenemos que constatar, con preocupación, un endurecimiento de las legislaciones en materia de asilo, lo que se ha traducido en una tendencia a la baja de las solicitudes de asilo en la Unión Europea y un estancamiento en los índices de reconocimiento del estatuto de refugiado en muchos países cuando no se puede decir que el respeto de los derechos humanos en el mundo haya mejorado considerablemente. 
En materia de protección complementaria al estatuto de refugiado, compartimos con la ponente las medidas propuestas, centradas en la protección de las personas amenazadas por situaciones violentas generalizadas, conflictos internos o violaciones de los derechos humanos, haciendo especial hincapié en el reconocimiento, a nivel internacional, de las mujeres que sufren violaciones sexuales. 
Igualmente, consideramos imprescindible la adopción de medidas que tiendan a la integración en la vida social de los refugiados y que se les permita desarrollarse como personas de acogida. 
Por último, me gustaría recordar el caso del líder kurdo Abdulá Ocalan para solicitar al Consejo una intervención enérgica en este tema. 
Señora Presidenta, los derechos del hombre y del ciudadano no son principios de geometría variable. Deben conocer una aplicación estable, coherente en todos nuestros países. 
No han de constituir una red agujereada, que deje zonas de sombra e incertidumbre. 
En este sentido, el informe de la Sra. Lindeperg se inclina por incrementar la protección de los refugiados y de las personas perseguidas en todos los territorios de la Unión Europea. Propone un complemento útil a los dispositivos de protección de los derechos humanos. 
Con algunas reservas aprobamos la necesidad de armonizar en el ámbito de la Unión Europea las reglas que se aplican a los refugiados a quienes no se aplica el Convenio de Ginebra y que, sin embargo, no pueden regresar a sus países de origen bajo pena de perder la vida o sufrir tratos degradantes o humillantes. 
El Convenio de Ginebra da una definición del estatuto del refugiado, definición interpretada en un sentido restrictivo mediante una decisión del Consejo: únicamente las persecuciones comprometidas o estimuladas por los poderes públicos dan derecho al estatuto de refugiado. 
En la hipótesis de que los poderes públicos continuaran inactivos, las personas afectadas pueden disfrutar de formas de protección conformes al derecho nacional, y ahí es donde aprieta el zapato, ahí es donde el dispositivo puede revelarse como incompleto. 
La protección complementaria puede variar de un estado a otro, instituyendo casi una desigualdad de oportunidades según el lugar donde el perseguido haga su demanda. 
Esta desigualdad de trato puede tener graves consecuencias, por ejemplo, cuando un refugiado está amenazado de muerte en su país de origen. 
La armonización es por tanto deseable. 
Permitirá, además, el establecimiento de un estatuto que favorezca el examen de los medios de protección extraídos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, los refugiados que pueden disfrutar de la protección complementaria no deben confundirse con los inmigrantes. 
La miseria, la pobreza de un país pueden provocar acontecimientos que perturben gravemente el orden público o generar un conflicto interno. 
El que huye de estos desórdenes, ¿es un refugiado, que disfruta de protección complementaria, o un inmigrante? 
Ahí es donde se encuentra el riesgo de confusión. 
La armonización de estas formas de protección complementaria tampoco debe constituir, por supuesto, un fin en sí misma. 
No solamente hemos de llevar a cabo una política pedagógica denunciando sin tregua los ataques a los derechos humanos, sino proporcionar una ayuda al desarrollo de esos países, de esas regiones en los que los derechos se ven escarnecidos. 
El informe de la señora Lindeperg responde a esta filosofía generosa que nosotros suscribimos y propone soluciones que pretenden una mejora de los derechos de los perseguidos haciendo progresar el estado de derecho y, en este caso, la Europa del derecho. 
Sin embargo, por supuesto, nuestra votación final tendrá en cuenta posibles enmiendas que se presentarán y aprobarán en sesión plenaria. 
Señora Presidenta, en un momento en que en muchos países de la Unión Europea los refugiados no son siempre considerados como personas bienvenidas en busca de protección, el informe de la Sra. Lindeperg adquiere una especial relevancia. 
Es una diputada que se destaca por su valentía civil. 
Podría decirse que en la Unión Europea la inmigración es una realidad social. 
Manifestamos nuestra preocupación ante la tendencia de algunos Estados miembros a sustituir el reconocimiento de un verdadero estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra por una protección precaria. 
La armonización europea de las fórmulas de protección que sustituyen a la Convención de Ginebra no puede llevarse a cabo sin considerar la posibilidad de una interpretación liberal de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. 
En este sentido, coincidimos con la ponente en que es necesario reorientar el enfoque del documento estratégico sobre la política de inmigración y de asilo de la Presidencia austríaca. 
El informe pone de manifiesto que el llamado documento estratégico austríaco no permite afrontar de forma contundente los problemas relacionados con los movimientos migratorios y los solicitantes de asilo ya que tiende a mezclar las dos cuestiones, tanto en cuanto a sus causas como en lo que a las respuestas y las soluciones se refiere. 
Está claro que necesitamos urgentemente un marco de acción adecuado. 
A este fin debemos crear para los refugiados condiciones de acogida comparables en todos los Estados miembros de la Unión mediante un régimen de protección jurídica común basado en una definición uniforme de los criterios de acogida. 
El informe de la Sra. Lindeperg constituye un importante paso en esta dirección. 
Por último, quisiera comentar dos enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Opinamos que las enmiendas nº 16 y 17 no deben ser tratadas en este debate. 
No nos parece oportuno que al abordar el futuro o incluso el destino de los refugiados discutamos del destino del Sr. Ocalan. Debemos tratar este problema por separado. 
Señora Presidenta, estimado señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quiero dar las gracias sobre todo a la Sra. Lindeperg. 
El grupo parlamentario ARE siempre la ha apoyado en su esfuerzo por encontrar una solución humana a los problemas que se les presentan a los solicitantes de asilo y a los muchos que se sienten oprimidos y amenazados. 
Compartimos su preocupación y la seguiremos apoyando. 
En principio estamos a favor de la armonización de la legislación a nivel europeo, pero nos tememos que se convierta en una armonización alrededor de la fortaleza Europa, que provoque una aplicación cada vez más estricta de la legislación y de la Convención. 
Deseamos que haya comprensión por los grandes flujos de refugiados en todo el mundo. 
Deseamos que haya comprensión por las personas amenazadas. 
Lamentamos que el Parlamento Europeo quede reducido a un órgano de consulta al respecto y que no podamos colaborar con carácter decisorio. 
Constatamos que los Estados miembros son los únicos en la toma de decisión. Lo hacen a menudo de forma hipócrita, señora Presidenta. 
Muy a menudo se refieren a soluciones que hay que adoptar a nivel europeo, mientras que de hecho rechazan las soluciones europeas para dar paso a su propia política restrictiva. 
No estamos en absoluto felices con que esta tendencia continúe en los diferentes países. 
En cambio, somos de la opinión de que el Convenio debe ser actualizado mediante una interpretación moderna del concepto de refugiado político. 
Deseamos que se incorporen nuevas categorías a este obstáculo que hasta ahora ha sido muy difícil de salvar. 
Deseamos que las personas que son perseguidas por motivo de su sexo y de su sexualidad, sean reconocidas. 
Deseamos que se extiendan los derechos a una nueva generación. 
Después de todo, somos conscientes de que Europa no puede eludir sus responsabilidades. 
Sabemos que somos realmente muy débiles cuando se trata de proteger la democracia en el mundo. 
Y por otro lado nosotros mismos creamos ilegalidad. 
Con el tiempo será más difícil entrar en Europa por la vía legal- eso ya es así ahora- que por la vía ilegal. 
Y esta ilegalidad causa distorsiones en nuestra propia sociedad y condena a la gente a llevar una vida, en efecto, de sans papiers. 
No queremos colaborar con este tipo de política miope. 
Deseamos que se regulen las cuestiones de forma decente, y que se dominen los fenómenos. 
No queremos ser un estado totalitario, tampoco nos queremos convertir en uno, sino que queremos seguir un camino pragmático para afrontar los problemas actuales de un modo realista. 
Hemos propuesto dos enmiendas que probablemente pueden contar con el apoyo de muchos si he escuchado bien las muestras de aprobación. 
Señora Van Lancker, estoy seguro de que junto con usted hay muchos que en su interior están de acuerdo con esto, pero esperamos que voten, de hecho, a favor. 
Porque ¿qué sentido tiene ir buscando una mayoría conservadora cuando se puede encontrar una mayoría progresista en esta Casa, compuesta por los diferentes representantes tanto de los liberales como de estos grupos parlamentarios? 
Le indico que con respecto al Informe Lehne estamos de acuerdo con el primero pero que en absoluto podemos aprobar las decisiones del segundo informe en el cual los textos de la Comisión eran mucho mejores que los que ahora se han incorporado. 
Señora Presidenta, los tres informes sobre el cruce de las fronteras exteriores de la Unión que son objeto de este debate conjunto parecen muy diferentes. 
De ellos, dos proceden de lo que se ha convenido en llamar el método intergubernamental de negociación: se trata del proyecto de convenio relativo a las reglas de admisión de los nacionales de los países terceros y de la propuesta de reglamento, negociada también por consenso en el Consejo, que determina la lista de países cuyos nacionales están sometidos a visado para entrar en la Unión. 
El tercer texto señala una categoría diferente: se trata de un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo que propone una interpretación extensiva del estatuto de refugiado definido por el Convenio de Ginebra de 1951. 
Ahora bien, cuanto más rigurosos se pretendan los dos primeros textos en el capítulo del cruce de las fronteras exteriores, tanto más se ve el tercero y se inspira en consideraciones de las que sería difícil decir que son compartidas por la mayoría de nuestros conciudadanos. 
Volveré sobre este punto en mi explicación de voto. 
De hecho, todo sucede como si este debate conjunto hubiera estado maliciosamente organizado para llevarnos a la conclusión siguiente: las negociaciones intergubernamentales concluidas por unanimidad en el Consejo son las que producen los textos más próximos a las realidades del terreno. 
Por ello, por todas las cuestiones muy graves vinculadas a la circulación internacional de las personas, mi grupo desea que nos atengamos a este método y rechaza la posibilidad de bascular hacia la mayoría con codecisión del Parlamento Europeo, prevista por el Tratado de Amsterdam. 
Seora Presidenta, el derecho de asilo es sacrosanto. 
Éste es un importante y hermoso principio. 
Pero este derecho de asilo no debe en ningún caso ser deformado, ni por una interpretación restrictiva del Convenio de Ginebra por los Estados miembros, ni por abusos por parte de los interesados. 
Es necesario, por el contrario, una extensión de los preceptos del Convenio de Ginebra en virtud un régimen de protección complementaria para hacer frente a situaciones excepcionales. 
Pero una apertura así no debe en ningún caso servir a aquellos que pretenden desnaturalizar el derecho de asilo y que intentan abrir de par en par la puerta a todos los abusos. 
Si queremos ser eficaces necesitamos soluciones pragmáticas y humanitarias. 
Hemos de promover en primer lugar soluciones transparentes a nivel europeo y, a continuación, no liberalizar sino buscar soluciones de sentido común, que preserven el derecho de asilo impidiendo los abusos. 
No creo que los Estados miembros se cierren a los solicitantes de asilo, como sugiere el informe Lindeperg, pero se cierran con toda razón a los abusos de aquellos que emigran ilegalmente, no por razones políticas sino por razones económicas. 
Al combatir la emigración salvaje y descontrolada, los Estados miembros preservan el derecho de asilo e impiden un rechazo de los solicitantes de asilo por nuestros ciudadanos. 
Derecho de asilo: ¡Sí! 
Protección complementaria: ¡Sí! 
Pero laxismo e ideologismo en torno a este tema: ¡No! 
Señora Presidenta, doy mi total aprobación al Informe Lindeperg ya que refuerza el derecho de asilo y ofrece una buena respuesta al documento estratégico de la Presidencia austríaca, que ponía en tela de juicio el derecho internacional de los refugiados garantizado por el Convenio de Ginebra. 
Me opongo, por el contrario, al proyecto de convenio de la Comisión sobre las reglas de admisión de nacionales de países terceros. 
En efecto, éste propone un dispositivo de admisión y de estancia que se alinea con las reglas más restrictivas de los Estados miembros. 
Esto es especialmente cierto en lo que respecta al empleo, ya que hace de la preferencia nacional y comunitaria una de las claves del dispositivo de admisión. 
¿La Comisión, no ha tenido nunca conocimiento del estudio de la OCDE que reconoce que no hay, y cito a la propia OCDE, «correlación estrecha entre los flujos de entrada de extranjeros en un país y la evolución del desempleo»? 
Reconozco sin embargo que la adopción de algunas enmiendas corrige de forma positiva este proyecto. 
Pero estoy consternada por la enmienda de compromiso PSE/PPE en el artículo 7-1 relativa al empleo. 
No solamente esta enmienda acepta implícitamente la noción de preferencia comunitaria, sino que justifica explícitamente el sistema de cuotas que permitiría a cada Estado tomar en países pobres los brazos y cerebros que necesita. 
Mi grupo ha presentado por tanto una enmienda para corregir lo que yo esperaba que no fuera más que un paso en falso hasta que oiga a la Sra. Terrón i Cusí. 
La votación final de mi grupo dependerá del destino de esta enmienda y yo solicitaré una votación nominal. 
El proyecto de convenio de la Comisión no predice nada bueno sobre el contenido de la futura política comunitaria de la inmigración y del asilo, prevista por el Tratado de Amsterdam. 
Hemos de alertar a las asociaciones sobre sus peligros y actuar con ellas para transformar estas condiciones obstaculizantes en verdaderas condiciones de acogida. 
Estoy esforzándome por ello. 
Es preciso terminar con esta estrategia de cabeza de turco, que estaba igualmente en boca del Ministro del Interior, Otto Schily, en la Comisión de Libertades, hace quince días. 
Pero nuestro ministro francés no es mejor en esta materia. 
Nunca ha hablado de inmigrantes en términos de derecho. 
Ha vinculado sistemáticamente la inmigración al desempleo, a la inseguridad, a la delincuencia, como si el mal viniera siempre de otra parte. 
El peligro de esta xenofobia- no se le puede llamar de otra manera- es grande ya que, como escribía Gorki: «Vale más esperar lo mejor del hombre, esperar lo peor es pervertirlo». 
Señora Presidenta, hubiera preferido que la Sra. Lindeperg hubiese podido presentar su informe en un momento más oportuno y ante un hemiciclo más lleno. 
No se trata solamente de uno de los informes más importantes de los últimos tiempos, sino también de uno de los trabajos más excelentes. 
Dando muestras de un abrumador sentido de la realidad y un enorme poder explicativo, la ponente nos hace ver que estamos a punto de entrar en una situación conflictiva o incluso en un estado de emergencia en lo que a los derechos humanos se refiere. 
Después de estudiar el presente informe, muchos de los diputados que hoy no están presentes tendrán que dejar de engañar a la opinión pública asegurando que los derechos humanos y el Derecho internacional en materia de asilo se respetan plenamente. 
No se respetan. 
Pero como se desprende de la intervención del Sr. Pirker, no hay ningún impedimento para que alguien escuche todos estos datos y, a pesar de todo, persevere en sus prejuicios agresivos. 
Comienzo a preguntarme cómo uno puede huir hacia Europa. 
Creo que pronto se necesitará un manto que haga invisible a quien lo lleve o no quedará más remedio que saltar desde un satélite, porque dentro de nada las demás vías de acceso a este continente del derecho y de los derechos humanos quedarán cerradas. 
Hemos suprimido el derecho de asilo en el seno de la Unión Europea, contra la Convención de Ginebra, contra el Derecho internacional vigente, simplemente por iniciativa propia. 
No se inmuta nadie. 
Fuera de la UE hemos creado un cordón de Estados que hemos proclamado terceros Estados seguros, contra la Convención de Ginebra, contra el Derecho internacional vigente. 
Hemos modificado el derecho de asilo, que según la Convención de Ginebra se aplica cuando se puede alegar un temor fundado de persecución. Ahora es preciso aportar pruebas de una persecución fáctica. 
Las barreras son cada vez más altas, por todas partes surgen obstáculos, los requisitos se multiplican. Entrar en Europa es prácticamente imposible. 
El resultado final son expulsiones masivas, niños recluidos, familias destrozadas, repatriación de refugiados a países donde su vida está en peligro. 
Ésta es la situación en la que se halla la Unión Europea que, cuando se propone algo, es capaz de remover cielo y tierra para conseguirlo, como es el caso del mercado interior, del euro o del derecho en materia de competencia, pero desafortunadamente se esfuerza cada vez menos por aplicar el principio de esta Unión, a saber, derechos humanos y democracia. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Klaus Lehne me da una vez más ocasión para denunciar las derivas migratorias de Europa. 
La política de inmigración es competencia de cada Estado y ha de seguir siéndolo. 
Rechazo la voluntad sistemática de armonización de las políticas de inmigración, del derecho de asilo y de los procedimientos penales y judiciales propuesta por Bruselas. 
Un Estado sano es ante todo un Estado que gestiona sus flujos migratorios y permite a sus nacionales poder trabajar y salir por la noche con toda seguridad. 
Votaremos contra este informe que defiende al nacional extracomunitario y lesiona al nacional europeo, que estimula el agrupamiento familiar fuera incluso de cualquier familia legal o reconocida como tal, ya que se habla de parejas de hecho. 
Además, se pretende ofrecer empleos a los extranjeros, mientras siete millones de personas sufren en nuestro propio país el desempleo o viven por debajo del umbral de la pobreza. 
Debo recordar que en este informe bastará con un contrato de trabajo para obtener el estatuto de refugiado. 
Son muchas las enmiendas que, si se adoptan, permitirán sin duda transformar esta Europa, que es ya un coladero en materia de inmigración, en una «Europa-grifo» en la que la inmigración se volcará esta vez en oleadas. 
Algunos miembros de este Parlamento nos hablan de populismo, de electoralismo, de racismo. 
Pero ellos no viven en esos barrios llamados sensibles. 
Son los más pobres, los más débiles, los que soportan este tipo de situaciones, y eso ya no es tolerable. 
Resulta impensable que aquellos que proponen una Europa de la seguridad y del empleo puedan salir fiadores de tales iniciativas destructoras de nuestras naciones, de nuestros pueblos. 
Por mi parte, no lo haré. 
Permítanme que les recuerde una frase célebre de uno de nuestros colegas: «No podemos acoger toda la miseria del mundo.» 
Señora Presidenta, señoras y señores, me alegro profundamente de que la mayoría de los miembros de este Parlamento no compartamos la opinión de la Sra. Stirbois, sino que adoptemos mayoritariamente otro punto de vista respecto a los refugiados. 
Debo admitir que ahora me cuesta hablar de lo que quiero hablar, es decir, del informe del Sr. Lehne sobre la política de visados. 
Durante todo el período legislativo pasado nos hemos preocupado por encontrar una reglamentación que permita a los nacionales de terceros países acceder legalmente a la Unión Europea. 
Ni siquiera con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- el Sr. Lehne ya ha dicho que el Parlamento ha acudido a los tribunales- quedaba claro de qué forma debíamos afrontar dicho problema. 
Mi Grupo también era partidario de que nos pronunciáramos tanto sobre la propuesta del Consejo como sobre la propuesta de la Comisión si al menos queríamos salvar nuestra credibilidad. 
A la vista de la situación creada por la inminente ratificación del Tratado de Amsterdam instamos a la Comisión a que después de la ratificación y la entrada en vigor de dicho Tratado presente lo antes posible el nuevo informe que ha anunciado y que en él incorpore las propuestas de enmienda presentadas por el Parlamento, a cuya votación se procederá mañana. 
De todos modos, coincido con el ponente en que la política de visados de los diferentes Estados miembros debe fundamentarse en los mismos requisitos y en los mismos procedimientos. 
El hecho de que se establezca un régimen de visados para los nacionales de determinados terceros países no implica que los trámites correspondientes sean necesariamente injustos o incluso discriminatorios, aunque en la actualidad a menudo sucede así. 
Quienes necesiten un visado para familiares o visitantes comerciales o para el intercambio de jóvenes, de estudiantes, deben recibir en el momento de la solicitud toda la información necesaria sobre los documentos que han de aportar y el plazo previsto para la entrega del visado. 
Ya sabemos que en más de una ocasión el tiempo de espera llega al medio año y que los gastos relacionados con la tramitación pueden ser elevados. 
En este sentido, es importante que las autoridades de los Estados miembros se comprometan a respetar plazos preestablecidos a fin de dotar el procedimiento de una mayor dosis de transparencia y humanidad. 
El artículo 62 del Tratado de Amsterdam contempla una reglamentación uniforme de estas características. 
Es de esperar que la incorporación del Acuerdo de Schengen permita de una vez por todas elaborar una lista europea uniforme de terceros Estados cuyos nacionales precisan de un visado para entrar en la UE. 
Quisiera subrayar asimismo que muchos miembros de mi Grupo opinan- compartiendo la opinión que ha venido adoptando este Parlamento durante los últimos cuatro años y medio- que tanto Rumanía como Bulgaria han de ser borrados de la lista. 
No es aceptable que sigamos perjudicando a países con los que hemos firmado un acuerdo de asociación incluyéndolos en esta lista. Voy a menudo a Rumanía y a Bulgaria. 
Si uno ve todo lo que se está haciendo allí no puede sino llegar a la conclusión de que aquí estamos obligados a introducir cambios, puesto que ambos países ya han realizado muchos esfuerzos... 
La Presidenta le retira la palabra al orador 
Señora Presidenta, me voy a referir únicamente al informe Lindeperg- aunque los dos informes Lehne son importantísimos -, ya que referirme a todos ellos en dos minutos sería imposible. 
Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer la capacidad de diálogo de la ponente, que ha intentado siempre buscar soluciones y, desde luego, cuando no las hemos encontrado, ha buscado una situación de discrepancia que yo llamaría discrepancia constructiva. 
La ponente sabe que somos muchos- yo creo que una mayoría amplísima de esta Asamblea- los que compartimos sus objetivos. 
Hay que armonizar esos sistemas complementarios de protección para que, como ella dice, no haya situaciones en que personas que realmente merecen protección de un determinado tipo, pero que no cumplen las condiciones establecidas en el Convenio de Ginebra, la reciban. 
Pero eso, señora Presidenta, no nos debe hacer caer en la demagogia. Porque la demagogia es en última instancia el peor enemigo de aquellos que están o que deben ser acogidos bajo el manto de la Convención de Ginebra y de éstos para quienes tenemos que encontrar unas formas complementarias de protección. 
Y el ejemplo nos lo dan esas dos enmiendas del Grupo ARE que la Sra. Lindeperg querría aceptar y espero que no acepte. 
Y espero que no se aprueben porque son auténticamente el epítome de lo que este Parlamento no puede hacer. 
Queramos o no, Ginebra dice lo que dice y, señora Lindeperg, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hay otros legitimados para interpretar la Convención de Ginebra. 
Entre otros, todos nuestros altos tribunales en los distintos Estados miembros. 
Pero eso no hace al caso. 
Indudablemente, lo que no podemos es intentar cambiar el Convenio de Ginebra y decir que por el Convenio de Ginebra se proteja a los homosexuales. 
Pues no, porque no lo podemos conseguir ya que, para cambiar el Convenio de Ginebra, tenemos que seguir todos los instrumentos clásicos del Derecho internacional público y porque, en definitiva, con todo ello lo único que hacemos es perjudicar a aquellos colectivos- eventualmente incluso pueden ser los colectivos de homosexuales- a los que habrá que buscar una adecuada protección que no está en el marco del Convenio de Ginebra y para quienes son realmente estas medidas complementarias que ahora buscamos. 
Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, en primer lugar, y sobre todo, quisiera decir algo sobre el Convenio de admisión de nacionales de terceros países. 
El informe del Sr. Lehne y la propuesta de la Comisión son partes extraordinariamente importantes de lo que debería ser una política de inmigración común. 
Ese enfoque europeo es aún más importante porque en este momento las diferencias en nuestros Estados miembros no solamente hipotecan, como dijo nuestro colega Lehne, la libre circulación de personas, sino también a mi juicio los derechos que concedemos a los inmigrantes. 
De ahí que un enfoque europeo tenga una particular importancia. 
He de admitir que la visión hoy dada por el Parlamento no me llena de entusiasmo. 
Tampoco en este Parlamento hay una mayoría para abrir un poco más la puerta hacia una nueva inmigración. 
Por supuesto me doy cuenta de que se trata de una materia particularmente sensible. Tiene connotaciones de paro, de exclusión social. 
Pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que haya gente, también en esta Asamblea, que consigue hacer creer que inmigración es el sinónimo de amenaza y criminalidad y que consigue avivar de esta forma la xenofobia, por lo cual el debate se hace inviable. 
Espero que alguna vez exista una mayoría a favor de la opinión de que los inmigrantes no solamente necesitan a Europa, sino que Europa necesita también a los inmigrantes, aunque fuera para nuestro propio mercado laboral, para nuestro propio desarrollo demográfico. 
Sin embargo, me gustaría decir que es importante que este informe exista, ya que por medio de estas propuestas impedimos que la armonización europea se realice en el sentido de una armonización a la baja. 
La referencia a los cupos y a las medidas deja justo a los Estados miembros que tienen una política más amplia la posibilidad de poder llevarla a cabo. 
No defendemos esos cupos. 
Algunos países tienen simplemente cupos. 
Por lo tanto, es importante que los sigamos respaldando. 
También garantiza los derechos de reagrupación familiar. 
Hemos de aprender a aceptar que la gente no emigra temporalmente, que se trata de hombres y mujeres y niños y que ellos tienen derecho a una vida familiar. 
También me gustaría decir algo sobre el informe de nuestra colega Lindeperg. 
Quisiera felicitarla enérgicamente y estoy muy contenta de que por fin haya habido un amplio apoyo para su informe en este Parlamento; un estatuto complementario es absolutamente necesario. 
Esto, estimados colegas, tiene por lo tanto unas consecuencias particularmente nefastas. Esto conduce a una inseguridad para los refugiados en cuestión. 
También conduce a una inseguridad en la sociedad, porque carecer de derechos y sufrir de precariedad no es bueno para ninguna sociedad; por consiguiente, ese estatuto europeo complementario tiene que llegar. 
Sólo quisiera añadir una cosa: el Consejo de Ministros de Justicia y de Interior puso en diciembre de 1998 estas dos importantes cuestiones, que estamos debatiendo hoy, en la agenda para el próximo periodo, pero con un plazo tan poco razonable, que existe el peligro de que llegue a figurar en la agenda griega, que se dé largas al asunto o que incluso desaparezca del todo. 
Por lo tanto, me parece muy importante que demos ahora en este Parlamento una señal política a la Comisión, y a través de la Comisión al Consejo, de que nosotros como Parlamento sí queremos abordar estos dos temas difíciles y sensibles. 
Espero que esto conduzca a que, no dentro de cinco años ni de veinte años, sino ya en la Cumbre de Tampere, se dé una clara señal de que estos temas requieren una decisión. 
Señora Presidenta, señoras y señores, mi contribución al problema del asilo y de los refugiados en Europa me recuerda la famosa obra de teatro de Bertold Brecht «El buen hombre de Sezuan» en la que la vertiente realista del protagonista ha de poner todo su empeño en enderezar durante la noche los estragos que ha causado durante el día su vertiente de buena persona. 
Se recomienda anular la obligación de visado para Rumanía y Bulgaria en tanto que todo experto en materia de seguridad advierte que esta decisión fomentará el crimen organizado, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. 
¿Alguien me puede decir dónde está nuestra preocupación por la seguridad de nuestros ciudadanos? 
Europa hace bien en acoger a refugiados y personas perseguidas por razones políticas. 
Es algo que para una persona con sentido común no tiene vuelta de hoja. 
Ahora bien, hay asimismo muchos refugiados económicos que a largo plazo no podrán ni venir ni quedarse con nosotros, y frente a este problema la Sra. Lindeperg propone que acojamos a todos los refugiados procedentes de países azotados por la violencia, donde existen conflictos internos, donde se producen graves alteraciones del orden público. 
Esta definición, estimada señora Lindperg, afecta a tres cuartas partes de África y a la mitad de Asia. 
Llegado el momento, también querremos tomar medidas enfocadas a garantizar la integración de todas estas personas en el sistema social y económico- no olvidemos que Europa tiene aproximadamente 20 millones de parados- y además, les conferimos el derecho a apelar con efectos suspensivos contra cualquier decisión que implique el rechazo de su solicitud. 
Estimada señora Lindeperg, todo esto merece nuestro respeto y todas aquellas personas merecen nuestra simpatía, pero su informe no merece nuestro apoyo. 
Debemos limitar la inmigración en Europa. Es la única manera de que podamos dedicarnos seriamente a la integración de los inmigrantes que ya viven con nosotros, y creo que ésta es nuestra primera tarea. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a los dos ponentes, el Sr. Lehne y la Sra. Lindeperg, por el enorme volumen de trabajo que han representado para ellos los tres informes que estamos examinando conjuntamente esta tarde. 
Puedo apoyar el informe de la Sra. Lindeperg sin dudarlo. 
Las cuestiones de protección subsidiaria representan una esfera de creciente importancia para la Unión Europea, y es importante que los Estados miembros puedan seguir procedimientos análogos y establecer un nivel similar de disposiciones sociales para todos los refugiados. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Lehne sobre la admisión de nacionales de terceros países, uno no tiene más remedio que compartir la opinión del informe: el proyecto de convención no está bien equilibrado, pues adolece de una rigidez innecesaria en muchas esferas y contiene elementos inviables en otras. 
Sin embargo, a pesar de que he reconocido el enorme volumen de trabajo que ha desarrollado el Sr. Lehne, he de decir que su informe me plantea problemas en lo que se refiere a los visados para nacionales de terceros países. 
Las principales esferas de dificultad son las siguientes: en primer lugar, el hecho de que a la lista de visados requeridos añada una lista de excepciones de visado; en segundo lugar, la supresión del derecho de los Estados miembros a imponer regímenes nacionales de visado en determinadas circunstancias como las que hemos experimentado recientemente en el Reino Unido; en tercer lugar, aunque reconozco los progresos efectuados por las autoridades búlgaras y rumanas en la lucha contra la inmigración ilegal, lo cierto es que un número considerable de nacionales rumanos y búlgaros siguen formulando solicitudes de asilo escasamente fundadas en Estados miembros de la Unión Europea. 
A pesar de todo lo que he dicho, tengo la intención de apoyar el informe, principalmente porque estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ponente de que no debe exigirse visado a las personas que poseen permisos de residencia en cualquier Estado de la Unión. 
Mientras siga insistiendo en que los residentes en la Unión Europea deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ciudadanos, seguiré estando a favor de este informe. 
Señora Presidenta, el ponente Lehne y la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores han empleado mucho tiempo en estudiar las propuestas de convención de la Comisión sobre reglas para la inmigración, cosa que me satisface. 
He seguido con especial interés los diversos trámites en la comisión en relación con el tratamiento de esta propuesta. 
Se ha presentado una gran cantidad de enmiendas, muchas de las cuales se relacionan con el capítulo más esencial de la propuesta, que yo con mucho gusto quiero comentar. 
En primer lugar: la reunión familiar es un derecho fundamental reglado por el derecho internacional. 
Los Estados de la Unión Europea han reconocido en acuerdos internacionales la importancia de la familia para el bienestar de los individuos. 
Las condiciones para ponerse de acuerdo en torno a una postura común debieran ser buenas. 
El asunto es siempre saber hasta dónde se puede llegar. 
El concepto de familia varía de un país a otro. 
Lo mismo ocurre con los límites de edad. 
En ambos aspectos mi propuesta implica un paso hacia un mayor acercamiento en el ámbito de la UE. 
Las discusiones en el Consejo de Ministros nos mostrarán si hay espacio para avanzar aún más. 
En cualquier caso, es algo a lo que la Comisión, obviamente, da la bienvenida. 
En segundo lugar: la integración requiere estabilidad y metas a largo plazo. 
El objetivo tiene que ser que los inmigrantes puedan vivir en condiciones similares a las de los ciudadanos de la Unión. 
Por eso, esta idea tiene que estar presente en todas las iniciativas que se tomen en el campo de la política de inmigración. 
Por eso nuestra propuesta también destaca el asunto de los derechos que hay que ofrecer a los inmigrantes de Europa. 
En primer lugar, pienso en los ciudadanos de terceros países que han vivido legalmente desde hace mucho tiempo en Europa. 
En la propuesta hemos identificado algunos campos fundamentales, en los cuales estimamos que debe haber un tratamiento de igualdad para los ciudadanos y para los inmigrantes, y que son los siguientes: acceso al mercado de trabajo y posibilidades de vivir de sus actividades como empresarios por cuenta propia, educación básica, formación profesional, derechos sindicales, libertad de asociación, acceso al mercado de viviendas y acceso a ayudas sociales. 
Además, hemos tratado el asunto de la libre circulación de los ciudadanos de terceros países. 
Por ejemplo, es razonable que un inmigrante con domicilio establecido también pueda buscar trabajo en otro país miembro. 
La alternativa es una Europa segregada, con toda la discriminación, inquietud social e inestabilidad que ello implicaría. 
En el Consejo de Ministros las opiniones están divididas en esta materia. 
Por eso tenía la esperanza de contar con un claro apoyo del Parlamento Europeo. 
Ahora parece que no va a ser así, cosa que lamento profundamente. 
Sin embargo, no pienso retirar la propuesta. 
Los motivos principales de la inmigración actual son en gran medida invariables. 
La gente busca una vida mejor para sí mismos y para sus hijos. 
Actualmente no quedan continentes desiertos. 
Los emigrantes se desplazan por eso a lugares que puedan alcanzar físicamente. 
Europa va a continuar siendo un destino atractivo. 
Tenemos que aceptar esto como una situación normal y permanente y no como algo provisional y dramático. 
Una estrategia común de política de migración es, además, una consecuencia natural del proceso de integración y de la idea de que Europa tiene que desarrollarse con las mismas condiciones para todos, que nadie quede rezagado. 
Parto de la base de que las ideas contenidas en el Informe Lehne se tomarán en cuenta cuando se realicen las negociaciones. 
Obviamente, la Comisión hará lo posible para que el trabajo avance. 
Señora Presidenta, Lindeperg menciona en su informe el asunto de la protección para las personas que huyen pero que no cumplen con las exigencias de la Convención de Ginebra sobre refugiados, es decir, lo que a veces llamamos formas complementarias de la protección internacional. 
La ponente insta a la Comisión a que ésta empiece el trabajo de armonización de la política de asilo en el seno de la Unión. 
Puedo satisfacer a la Asamblea diciéndole que este trabajo ya ha comenzado. 
En primer lugar ya estoy preparando una propuesta de directiva sobre los procedimientos de asilo en la Unión. 
A petición de la Presidencia alemana presentaré dentro de poco un borrador sobre esta materia. 
La intención es iniciar una discusión sobre materias concretas ya en esta primavera. 
En segundo lugar hemos iniciado un trabajo para adecuar al nuevo tratado las propuestas de la Comisión sobre protección provisional y distribución de las cargas. 
Como todos saben, ha habido un intenso trabajo desde que la Comisión presentó su propuesta original en 1997. 
El asunto se debate ahora por tercera vez en el ámbito ministerial, en la reunión informal del Consejo en Berlín a fines de esta semana. 
A pesar de esto, a los Estados miembros les falta mucho para tomar decisiones. 
Si aún falta un acuerdo cuando entre en vigor el nuevo tratado, no tendremos más remedio que presentar instrumentos totalmente nuevos. 
Mi opinión es que va a ser así. 
Una tercera tarea importante es la adecuación de la Convención Eurodac. 
En la sesión de diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros acordó congelar el texto de Eurodac. 
El Consejo quiere esperar y no continuar las negociaciones hasta que el Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor. 
También en esa reunión se pidió a la Comisión que presentase una nueva propuesta en forma de reglamento. 
La exigencia de adecuación de Eurodac supone mucho trabajo y es obvio que éste debe empezarse inmediatamente. 
Señora Presidenta, el trabajo solamente en estas materias va a tomarnos mucho tiempo durante lo que queda de este semestre. 
En una perspectiva más larga, el nuevo tratado estipula también reglas mínimas para las formas de protección complementaria. 
Esto se menciona también como un punto central en el plan de acción sobre libertad, seguridad y justicia aprobado por el Consejo el 4 de diciembre. 
La política de asilo en general y el asunto de la protección complementaria en especial van a estar en el punto de mira durante los próximos años. 
Por eso, el informe Lindeperg constituye un aporte constructivo a la discusión sobre la orientación futura de la política de asilo en Europa. 
Señora Presidenta, agradezco al Sr. Lehne su excelente informe. 
Esta consulta al Parlamento Europeo completa el proceso emprendido a raíz de que el Tribunal de Justicia declarara, en junio de 1997, la nulidad del Reglamento nº 2317/95 que establecía la lista de terceros países cuyos nacionales debían estar provistos de un visado. 
Conviene recordar antes que nada en qué contexto se sitúa la misma. 
El reglamento anulado se basaba en el artículo 100 C del Tratado de Maastricht. 
En virtud de dicho artículo, la competencia comunitaria en el ámbito de los visados se limita, primero, a determinar cuales son los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado para el cruce de las fronteras exteriores y, segundo, a la adopción de un modelo uniforme de visado. 
El nuevo reglamento sobre los visados, en el caso de que su aprobación se produjera antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, será adoptado por el Consejo todavía sobre la base del artículo 100 C. Este elemento, del cual no se puede prescindir, hace que las cosas sean aún más complejas. 
El Sr. Lehne ha plasmado perfectamente esta delicada situación y algunas de las enmienda de sus Señorías son su reflejo. 
Mi punto de vista se basa en este contexto cambiante. 
Quiero señalar asimismo la perspectiva de la integración en la Unión de lo que se ha adquirido a través del Acuerdo de Schengen y las consiguientes consecuencias en el ámbito de la política en materia de visados. 
En primer lugar, un gran número de ellas encuentran su razón de ser en el marco jurídico cambiante que acabo de describir. Algo esquemáticamente, yo las calificaría de enmiendas precursoras, a saber, la enmienda 1 que atañe al título, considera el reglamento como provisional; las enmiendas 3, 7 y 11 que atañen a los considerandos, incluyen algunas referencias a las modificaciones que va a introducir el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, cuando se refieren a los artículos del reglamento, estas enmiendas que he definido como precursoras son contrarias a lo que dispone el actual artículo 100 C. A título de ejemplo puedo señalar las enmiendas 18, 19, 20 y 21 que se refieren a los distintos aspectos de la expedición de los visados, una materia que, por el momento, repito, por el momento, sobrepasa las competencias comunitarias. 
En estas condiciones para la Comisión es jurídicamente imposible aceptar todas esas enmiendas que anticipan una competencia comunitaria que existirá sólo cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo propone algunas enmiendas que se circunscriben al ámbito del artículo 100 C, ya que respetan el marco de este artículo; no obstante y aunque esto pueda parecer una paradoja, es necesario considerarlas en la perspectiva de la próxima entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Voy a explicarme mejor tomando como ejemplo la enmienda 5 que se refiere a los criterios para la determinación de la lista de países sometidos al visado. 
La forma de abordar esta materia, contemplada en el actual artículo 100 C, será notablemente diferente cuando el artículo 62.2 del Tratado de Amsterdam atribuirá a la Comunidad la competencia suplementaria para elaborar también la lista de los países cuyos nacionales están exentos de visado. 
La perspectiva de llegar a una total armonización de la política de los visados, por otra parte preconizada por el Parlamento, impone reconsiderar las materias contempladas en el artículo 100 C, y hacerlo desde el punto de vista del Tratado de Amsterdam. 
No quisiera, sin embargo, limitarme a formular una conclusión negativa en función de la imposibilidad de aceptar las enmiendas propuestas por el Parlamento en el marco de la nueva consulta sobre el reglamento bis. 
La perspectiva de la ya inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam modificará profundamente la materia de los visados; se transferirán nuevas competencias a la Comunidad con respecto a las medidas a adoptar en estos ámbitos. 
El Tratado de Amsterdam ha fijado algunos plazos estrictos, mientras que el reciente plan de acción de la Comisión y del Consejo sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia prevé incluso la adopción más rápida de algunas medidas en materia de visados. 
La Comunidad deberá cumplir las obligaciones derivadas de sus nuevas competencias y la Comisión tendrá que asumir sin demora sus responsabilidades. 
Puedo asegurarles que los trabajos que el Parlamento ha realizado en el marco de esta nueva consulta ciertamente no serán inútiles. 
Estoy seguro, además, de que algunas de las enmiendas propuestas serán sustancialmente tomadas en consideración en la nueva propuesta de reglamento que la Comisión ha incluido en su programa de trabajo, sobre el cual el Parlamento se ha pronunciado recientemente. 
Y termino, señora Presidenta, con una referencia a la ya apuntada cuestión de Bulgaria y Rumania. 
La presencia de un tercer país en la lista común de los países cuyos nacionales han de estar provistos de visado se debe a la valoración de los criterios prioritarios basados en los riesgos relacionados con la seguridad y la inmigración ilegal. 
Dicho esto, la valoración hecha en el momento de la adopción del reglamento no es un dato inmutable. 
En esta perspectiva, la Comunidad, así como Bulgaria y Rumania han tenido varias veces la oportunidad de abordar esta cuestión que tiene diversas implicaciones. 
A raíz de estos contactos, en el marco de los Consejos de Asociación tanto a nivel de los Ministros como documentalmente queda patente que Bulgaria y Rumania están realizando considerables esfuerzos, especialmente gracias a la ayuda de la Unión en el marco del programa PHARE, en toda una serie de ámbitos clave, con vistas a una decisión a tomar con respecto a su inclusión en la lista común. 
Sin entrar en detalles, quisiera mencionar el fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores, la celebración de acuerdos de readmisión con otros Estados, la seguridad de los documentos de viaje, los trámites de expedición de los visados, la lucha contra la criminalidad, etcétera. 
Los progresos realizados, puedo asegurarlo, son seguidos con atención, gracias también a la presencia de expertos sobre el terreno. 
La posición del Parlamento Europeo será probablemente un elemento decisivo para la Comisión a su tiempo, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Doy las gracias al Comisario Monti por su intervención y por las precisiones que ha aportado a esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0020/99) de la Sra. Baldi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común adoptada por el Consejo (8956/98- C4-0537/98-96/0200 (COD) ) con vistas a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, mediante la propuesta de directiva que nos ocupa se pretende sustituir, ampliar y reexaminar la Directiva 88/379 con miras a armonizar la normativa en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos comercializados en el mercado europeo. En consecuencia, se permite la libre circulación y se intenta evitar la creación de obstáculos al comercio garantizando de esta forma un nivel de protección elevado de la salud del ser humano y del medio ambiente. 
El 26 de junio de 1997 el Parlamento Europeo emitió en primera lectura su dictamen con 26 enmiendas. 
Posteriormente, el 23 de septiembre de 1997, la Comisión presentó una propuesta modificada y el 24 de septiembre de 1998 el Consejo adoptó por unanimidad su posición común e incorporó sin modificaciones 12 enmiendas, 2 se aceptaron en principio y 12 fueron rechazadas. 
Esta segunda lectura, aunque retoma los puntos esenciales aprobados en primera lectura, contiene una serie de nuevos e interesantes elementos, a saber, la referencia expresa al bienestar de los animales, la obligación de recurrir, siempre y cuando sea posible, a unas alternativas convenientes de experimentación animal, la ampliación a los plaguicidas de la obligación de especificar los riesgos en la clasificación y en el etiquetado debiendo figurar en la etiqueta la advertencia «Respeten las instrucciones de uso» , al objeto de evitar riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 
Asimismo se prevé un procedimiento más claro y menos complicado para conseguir la autorización de confidencialidad de los nombres de sustancias irritantes y nocivas permitiendo a la industria proteger su know-how y, por ende, defender su competitividad en el mercado global, con la garantía de un nivel de protección elevado del consumidor. 
En la propuesta se señala asimismo la obligación de facilitar fichas y datos de seguridad, una obligación que, en consecuencia, debe ampliarse a los preparados no clasificados como, por ejemplo, los detergentes industriales que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente. 
Este punto es importante porque las fichas de seguridad sirven sobre todo a los usuarios y a los expertos del sector. 
La advertencia obligatoria en la etiqueta está prevista también para los preparados que contengan al menos una sustancia clasificada como sensibilizante, existente en concentraciones iguales o superiores al 0, 1 %. 
Este límite, más bajo respecto al pasado, va a imponer el etiquetado del preparado en que figurará una advertencia para las personas ya sensibilizadas. 
Por último, figura la introducción de las disposiciones transitorias para Finlandia, Suecia y Austria que, en primera lectura, habían expresado objeciones. 
El objetivo de las disposiciones transitorias es conceder a dichos países una moratoria hasta la entrada en vigor de la directiva. 
En consecuencia, se ha pretendido seguir un proceso de racionalización y de armonización de la legislación aplicable a las sustancias químicas y, aunque la propuesta es difícilmente comprensible para los legos en la materia, es necesario tomar conciencia del papel de nuestro Parlamento. 
Sin embargo, la evaluación de los riesgos de un preparado se basa en la determinación de las características partiendo de sus propiedades físicas y químicas, de sus propiedades en función de los efectos en la salud y de sus propiedades medioambientales. 
Quisiera recordar que, respecto a la del año 1988, la propuesta actual introduce unas modificaciones tendentes a ampliar el ámbito de aplicación de la directiva sobre los preparados peligrosos a los cinco nuevos sectores siguientes: clasificación y etiquetado en función de los riesgos para el medio ambiente, productos fitosanitarios y biocidas, preparados peligrosos no clasificados, explosivos y etiquetado de algunos sensibilizantes. 
En la segunda lectura he considerado oportuno volver a presentar 3 de las 12 enmiendas rechazadas por el Consejo. 
Dichas enmiendas, aprobadas por unanimidad por la Comisión de Medio Ambiente el 20 de enero del año pasado, son: la enmienda 1 relativa a la comitología, a través de la que se pretende reiterar uno de los principios fundamentales del Parlamento Europeo. 
En este caso, hace referencia a la consulta de un comité de tipo A, integrado por un representante por cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión, que puede adoptar, previa consulta, las medidas propuestas en el caso de no haber respuesta por parte del Consejo. 
En lo que respecta, por el contrario, al comité de tipo B, este último no podrá adoptar medida alguna sin el visto bueno del Consejo. 
He vuelto a presentar la enmienda 2 que contempla la posibilidad de utilizar los ensayos ya existentes para la evaluación de eventuales efectos peligrosos para el medio ambiente evitando así la elaboración de nuevos métodos y, por último, la enmienda 3 relativa a una simplificación del texto que figura en la etiqueta de los preparados que contengan sustancias sensibilizantes. 
Si dichas enmiendas fueran aprobadas por el Pleno, será necesario, puesto que la Directiva se basa en el artículo 100 A del Tratado, crear cuanto antes la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación de conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 
Es indudable que el trabajo realizado para alcanzar el mayor consenso posible ha sido especialmente laborioso y complicado, sin embargo, considero prioritario formular una directiva que tenga en cuenta la salud de los consumidores, las diferentes legislaciones de los Estados miembros y las necesidades de los fabricantes de productos peligrosos. 
En consecuencia, el etiquetado de las sustancias y de los preparados peligrosos es un instrumento fundamental para facilitar una información más rápida y fácilmente comprensible sobre los riesgos del producto. 
Por lo tanto, es importante proteger al consumidor en el momento de la compra y del uso de ciertos productos previendo informaciones claras, correctas y simples que indiquen sus riesgos. 
El informe que nos ocupa se fija el objetivo de agrupar en un solo acto toda la legislación comunitaria existente en materia de preparados peligrosos y afectará a cientos de miles de productos destinados tanto a los consumidores europeos como a los operadores más especializados. 
A través de la aprobación de este nuevo etiquetado que atañe asimismo a la clasificación y al envasado en función de la peligrosidad, resultará más fácil identificar y emplear más correctamente cualquier tipo de producto. 
Señora Presidenta, nuevamente es hora de discutir importantes asuntos medioambientales y de salud en un momento que difícilmente satisface a los afectados por la directiva y a nosotros que estamos involucrados en el debate. 
Es extraña esta coincidencia que siempre ocurre los martes por la noche en Estrasburgo: se combina el trabajo nocturno con el debate medioambiental. 
Ante nosotros tenemos esta noche un informe bastante importante. 
Afecta a muchos ciudadanos de Europa, ya que trata de la clasificación y etiquetado de preparados peligrosos. 
Para países como Finlandia, Suecia y Austria es especialmente importante puesto que estos países tenían serias dudas respecto a las sustancias químicas cuando negociaron su adhesión. 
Se crearon normas transitorias para estos tres países a fin de que, al menos durante un tiempo, pudiesen mantener sus leyes sobre sustancias químicas, más estrictas que las existentes en la Unión. 
Tengo que reconocer que tenía grandes dudas cuando se inició el tratamiento de la directiva. 
La ponente, y después también la Comisión, tenían una postura que en mi opinión era demasiado débil frente a los riesgos que encierran las sustancias químicas. 
Por eso tuvimos una discusión bastante intensa en el primer tratamiento de este asunto. 
Con todo, el resultado ha sido bastante bueno. 
Muchas de las enmiendas propuestas anteriormente han hecho considerablemente más riguroso el texto del documento, intensificando los aspectos de salud de los ciudadanos de la Unión. 
Esto es importante para aquellos que trabajan cada día con este tipo de preparados. 
Ahora, mediante las hojas de información sobre seguridad de los productos, se les da la posibilidad de obtener información completa, tanto de los componentes de los preparados como de la forma de manipularlos. 
Es importante que esas hojas informativas estén al alcance de todos, independientemente de la dimensión de las industrias. 
Todos tenemos derecho a un ambiente de trabajo seguro. 
La clasificación y el etiquetado no sólo deberán hacerse cuando el peligro sea evidente o cuando amenace nuestras vidas. 
También deberán hacerse cuando los preparados causan alergias, irritaciones o sean peligrosos para el medio ambiente. 
Éstas son consideraciones importantes que aumentan la seguridad de los usuarios. 
En otras palabras, el informe ha llegado a ser un buen producto y la ponente merece un elogio por su trabajo. 
No es fácil discutir la clasificación de preparados, pero Baldi lo ha hecho bien. 
Sin embargo, nos guardamos un pequeño comentario para el final. 
Aunque ha habido unanimidad en la comisión, no me queda totalmente claro el provecho de la enmienda 1. 
Tal vez complicamos este proceso aún más en un asunto que debió haber dejado el Parlamento inmediatamente después de que se hubiese adoptado una decisión. 
Pero las cartas ya están echadas y ahora le toca a la Comisión manipular esta carta. 
Es hora de que, pensando en el futuro, se encuentren cada vez más sustancias alternativas a esos preparados peligrosos, para que en vez de discutir reglas encontremos productos sustitutivos. 
No se puede decir que alguno de estos preparados beneficie al medio ambiente o a la salud a largo plazo. 
Por eso, en primer lugar, debemos esforzarnos por encontrar buenos productos de reemplazo. 
Señora Presidenta, el título de este debate es tan aburrido que muchos piensan seguramente que carece de importancia. 
Sin embargo, detrás de las palabras etiquetado, clasificación y marcado de preparados peligrosos hay normas importantes para el medio ambiente y sobre todo para el ambiente de trabajo. 
Concretamente, la posición común implica que los pintores sepan ahora con que trabajan. 
A partir del 1 de julio del año 2000, los disolventes orgánicos volátiles deben ser etiquetados por sus efectos narcóticos. 
Uno puede preguntarse si este tipo de información no debería ser un derecho de la persona. 
El uso indebido de disolventes orgánicos causó problemas ya hace veinte años. 
En Dinamarca lo llamamos el síndrome del pintor. 
Ahora llegan las hojas con datos de seguridad, que llevamos propugnando por parte danesa desde hace décadas. 
Finalmente, conseguimos tapar la boca a la industria petrolífera que trató de detener la directiva con todos sus medios. 
La idea de que los pintores fueran a ser más tontos que otras personas ha sido rebatida para siempre y a partir de ahora podrá emplearse en los libros de historia para ilustrar cómo la discusión algunas veces puede degenerar por causa de intereses económicos. 
A todo el mundo debería quedarle claro que la UE progresa en la dirección correcta, que el ambiente de trabajo y la salud pública quedan ahora reforzados y que ésta es la única forma de que el proyecto comunitario reciba el apoyo popular. 
Ahora debemos proseguir este trabajo logrando reconocer los efectos a largo plazo de los disolventes sobre el sentido del equilibrio, el oído y la vista y poner de manifiesto los efectos de las sustancias semejantes a las hormonas. 
Los productos químicos siguen en nuestro orden del día en la UE. 
Señora Presidenta, la Comisión aprecia los valiosos esfuerzos de la ponente Baldi. 
La colaboración en torno a esta propuesta altamente técnica ha fluido muy bien. 
Gracias a esto, hemos alcanzado la última etapa antes de la votación. 
La propuesta es de especial importancia para Finlandia, Suecia y Austria. 
Ofrece una buena solución para los problemas de esos países cuando negociaron la adhesión en relación con la legislación vigente sobre preparados y pesticidas. 
Como es sabido, esto llevó también a que estos países obtuviesen algunas normas transitorias. 
En la primera lectura el Parlamento Europeo apoyó los principios fundamentales de la propuesta. 
Simultáneamente, el Parlamento tenía que decidir acerca de 26 enmiendas, las cuales fueron aceptadas. 
La mayoría de ellas pudieron ser incorporadas directamente en la postura común y las discusiones en el Consejo también han sido provechosas. 
La Comisión estima que la postura común del Consejo cubre totalmente los dos objetivos que se mencionan en el artículo 100a del Tratado de la CE, es decir, el establecimiento del mercado interno y un alto grado de protección. 
Además, la proposición toma en consideración las necesidades de los nuevos países miembros. 
Por eso, la Comisión trabaja para que la directiva sea aprobada rápidamente. 
Ahora el Parlamento ha presentado, durante esta segunda lectura, tres nuevas enmiendas. 
Las tres también pueden recibir el apoyo de la Comisión. 
La primera tiene por objeto cambiar el procedimiento de comité tipo 3b por el tipo 3a. 
De esta modo, volvemos a la propuesta originaria de la Comisión. 
Así fue como presentamos esta postura en el Consejo, pero fue rechazada unánimemente. 
Por eso, todavía opinamos que este cambio facilitaría una aplicación eficiente de la directiva. 
La finalidad de la segunda enmienda es aclarar y mejorar una norma específica, lo cual también podemos aceptar. 
La tercera enmienda ya ha sido aprobada por la Comisión en la primera lectura, pero, como es sabido, la rechazó el Consejo, y por eso volvemos gustosos a ella. 
La Comisión ve con gran beneplácito la postura pragmática demostrada por el Parlamento al presentar sólo tres enmiendas en este tratamiento. 
Como ya lo he señalado, las tres pueden aceptarse. 
Obviamente que esperamos que el Consejo también les dé su apoyo para evitar así una conciliación. 
La decisión está ahora en manos del Parlamento y del Consejo de Ministros. 
Doy las gracias a la Sra. Comisaria Gradin. 
Yo también lamento, señora Hulthén, que no haya habido más colegas para seguir el debate sobre este tema tan importante, pero es así. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 0.10 horas 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, quisiera intervenir respecto de una cuestión de orden bajo en artículo 9- Código de conducta. 
El mes pasado el Parlamento demandó justamente apertura y transparencia respecto de la Comisión, a pesar de que actualmente el Parlamento se esté comportando con hipocresía con respecto a su propia apertura y transparencia. 
Lo que es válido para unos debe ser válido para todos. 
El artículo 9 (2) y el Anexo I (artículo 3) indican que la declaración de intereses de los diputados debe estar a disposición del público. 
Actualmente el registro sólo está disponible en tres sedes- Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo. 
Me resulta muy difícil defender esto cuando recibo preguntas en mi circunscripción. 
Si alguien quiere consultar el registro tiene que viajar al extranjero para ello. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle si va a dar una interpretación del Reglamento en el sentido que «a disposición del público» signifique que debe estar disponible en las oficinas de información del Parlamento. 
Si no esta en posición de hacerlo así, ¿enviará usted la cuestión a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, ya que, en tanto miembro de esa comisión está al corriente de que la intención de la comisión fue que «a disposición del público» significase que lo fuera en cada Estado miembro? 
Señor Ford, comprobaré el asunto que ha suscitado. 
De hecho, se presentó una enmienda que solicitaba que el registro estuviera disponible en todos los Estados miembros, pero el Parlamento la rechazó. 
No puedo hacer una interpretación en contra de lo que claramente era la voluntad de la Asamblea en ese momento. 
Remitiré la cuestión a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, tal y como usted solicita, de modo que pueda presentar la propuesta adecuada si fuera necesario. 
En ese caso sería necesario traducir las declaraciones de los diputados que actualmente solo están disponibles en las lenguas originales. 
Señor Presidente, recordará que suscité esa misma cuestión la semana pasada en la Conferencia de Presidentes. 
Sugerí que, dada nuestra insistencia en que la Comisión sea más abierta, hay un modo muy simple con el que podemos situarnos en la vanguardia de la demostración efectiva de transparencia respecto de esta cuestión, en concreto, añadiendo la declaración de intereses de los diputados a cada entrada particular de los diputados en la página de Internet del Parlamento. 
Esto demostraría inmediatamente a todo el mundo tanto que somos transparentes como que, en el interés general, estamos dispuestos a publicar completamente nuestro registro en la página de Internet. 
Señora Green, estoy de acuerdo, pero no puedo dar una interpretación de una cuestión muy sensible en contra de lo que se decidió. 
No se decidió que estas declaraciones fueran públicas: la Asamblea decidió que fueran accesibles al público. 
La Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades podría presentar esta propuesta y, si obtiene la mayoría necesaria, sería excelente y podría presentarse a la asamblea para su ratificación. 
Esto sería mejor y todo el mundo podría tener un conocimiento completo de la propuesta contra la que, personalmente, no tengo nada en contra. 
Señor Presidente, todos hemos recibido su carta en la que nos comunica que la Conferencia de Presidentes ha decidido modificar la estrategia informativa del Parlamento. 
De ahora en adelante, se seleccionarán cada semana de sesión diez o doce cuestiones de interés sobre las que informará la Dirección de Información del Parlamento Europeo. 
Tenemos ante nosotros un resumen acerca de la sesión de ayer por la tarde. 
Este resumen se centra en el informe del Sr. Barzanti, un trabajo verdaderamente interesantísimo desde un punto de vista informativo. 
Lo que me preocupa es que si en el futuro se van a seleccionar diez o doce cuestiones de interés por período parcial de sesiones, ¿cómo afectara esta medida a la imagen del Parlamento? 
¿Cómo podrán, por ejemplo, los colectivos ciudadanos enterarse de aquellos temas que no cubra la prensa o que no sean necesariamente en ese momento titulares en los medios de comunicación? 
Este asunto me preocupa en cierta medida, por lo que, señor Presidente, tengo previsto dirigirme a usted por carta con el fin de cerciorarme de que esta modificación en los servicios de información del Parlamento no se traducirá en un grado insuficiente de información a los ciudadanos acerca de las actividades del Parlamento. 
Señora Ojala, esta es una decisión que tomó la Mesa después de estudiar la política informativa del Parlamento sobre la base de que, si el Parlamento expone todo lo que se ha debatido en Pleno, naturalmente, al final, no se transmite nada porque los periódicos no pueden transmitir 30 o 40 asuntos distintos. 
Hay que seleccionar aquello que puede tener un mayor interés para los medios de comunicación si, evidentemente, queremos que los medios de comunicación se hagan eco de nuestra actividad. 
Se trata simplemente de un problema técnico de transmisión y comunicación. 
Al mismo tiempo, el Arc-en- ciel estará disponible más pronto para que todos los miembros puedan leerlo en el plazo más breve posible. 
Señor Presidente, desearía que esta mañana tuviéramos presentes a las víctimas de la avalancha que ayer se llevó por delante veinte chalets en el valle de Chamonix. 
En este período de vacaciones de invierno, eso debe recordarnos que la montaña es un espacio concreto del que apenas nos ocupamos en el nivel de la Unión Europea. 
Con que propongo que en marzo se incluya esta cuestión en el próximo debate de actualidad y urgencia y en el marco de las catástrofes naturales, pero, entretanto, deseo que enviemos a las víctimas y a sus familias un mensaje de solidaridad. 
Gracias, Señoría. 
Naturalmente, enviaré un mensaje de condolencia a las familias en nombre de la Asamblea. 
Señor Presidente, esta mañana el Parlamento está siendo rodeado de fuerzas policiales y de otro tipo y, según se dice en la prensa, va a producirse otro nuevo asedio por parte de los agricultores, especialmente los de la región de Alsacia. 
Quisiera rogarle que nos dé información sobre ese asunto: qué es lo que está ocurriendo y si le han solicitado que reciba aquí a los agricultores. 
Probablemente traten de presentar algunas reivindicaciones al Parlamento y no estén simplemente haciendo ejercicio físico en las inmediaciones del mismo. 
Sería interesante que se nos diese alguna información porque, en estos momentos, los problemas agrícolas se encuentran en una fase crítica y han sido debatidos repetidas veces durante las dos últimas semanas. 
Señor Ephremidis, desde luego, no vendrán a hacer ejercicio gimnástico porque vendrán en tractores, al parecer. 
Pero, de todas maneras, el Presidente Santer, el Comisario Fischler, el Sr. Colino, presidente de la Comisión de Agricultura y yo mismo vamos a recibirles para tener un conocimiento exacto de cuáles son sus reivindicaciones. 
Señor Presidente, mi pregunta se refería también a los planes del Parlamento Europeo en relación con la manifestación que va a tener lugar durante el día. 
Es importante se hagan verdaderos esfuerzos para escuchar las exigencias de los agricultores europeos y que una delegación les reciba cuando lleguen aquí. 
Se me ha dado una respuesta y parece buena. 
Opino que es provechoso que se escuche a los agricultores y que contestemos sus preguntas cuando vengan al Parlamento. 
Señor Lindqvist, le recuerdo que el Parlamento no tiene fuerzas de orden público y que el mantenimiento del orden público en los alrededores depende del Estado francés. 
Por tanto, nosotros no hemos tomado medida alguna al respecto, como es lógico. 
Yo les agradecería que, sobre este mismo tema, una vez hemos dado información, no insistiesen porque no me parece necesario. 
Señor Presidente, respecto al artículo 47 y el punto sobre las catástrofes naturales, lo de la nieve y lo de los agricultores, permítame indicarle que ayer en los Países Bajos, que ocupan un territorio con una longitud máxima de 325 kilómetros, el total de las caravanas sumaba 975 kilómetros. 
Es decir, tres veces la vuelta al país; y eso significa que ya no entraba ni salía nadie. 
¿No es hora ya, señor Presidente, de que incluyamos entre las auténticas urgencias el tema de la tarificación vial y la mejora de la circulación en Europa? 
Yo creo, señor Wijsenbeek, que usted conoce bien el cauce de las urgencias. 
Preséntelo usted, si cree que es un tema urgente. 
Señor Presidente, quisiera pedirle consejo. 
Ayer presenté una cuestión a la Comisión y hoy tengo otra parecida para el Consejo. 
De hecho, estaba tan abajo en la lista que, por supuesto, no fue tomada. 
Esta mañana he recibido la respuesta a mi pregunta y ha sido la respuesta más elusiva y cobarde que jamás haya oído de la Comisión. 
Señor Presidente, ¿qué recurso tenemos en este Parlamento para estas respuestas cobardes a cuestiones importantes? 
Mi pregunta versaba sobre la destrucción total de los bancos de pesca del Atlántico norte provocada por las focas. 
Ahora se ha demostrado esto científicamente y de forma concluyente y, no obstante, en la Unión Europea no somos capaces ni competentes ni tenemos incluso el valor... 
Señor Killilea, no sé lo que podemos hacer. 
Lo que no podemos hacer es plantearlo en este momento, que no es el momento oportuno. 
Señor Presidente, encuentro muy interesante que el Sr. Killilea cite pruebas científicas. 
En cualquier caso, en relación con otra cuestión: quisiera saber con qué criterios decide reunirse con algunos manifestantes que vienen aquí a Estrasburgo. 
¿Tiene en cuenta a los agricultores de la periferia de Europa- Irlanda, Grecia, España o donde sea- que no pueden desplazarse hasta aquí? 
¿Bajo qué criterios se reúne con la gente? 
Las personas que se encuentran en las proximidades pueden venir, otras no. 
Señora McKenna, esto que dice usted me recuerda la anécdota siguiente: una vez, un ministro de Interior español decía, ante el anuncio de una manifestación, al embajador británico: «¿Quiere usted que le mandemos más policías?» 
El embajador británico contestó: «No, mándeme usted menos manifestantes». 
Risas 
Yo creo que el Parlamento no trae manifestantes ni organiza la manifestación. 
Por tanto, no le puedo contestar a su pregunta. 
Vamos a entrar en los escritos de objeción no sin felicitar a nuestro colega Sr. Menrad, que cumple 60 años, y le deseamos que cumpla muchos más con nosotros. 
Aplausos 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
La UEM en el marco de la ampliación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0030/99) del Sr. Barros Moura, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre las consecuencias constitucionales de la UEM en el contexto de la ampliación. 
Señor Presidente, Señorías, este informe toma como punto de partida el éxito indiscutible que fue la adopción de la moneda única, después de un proceso de convergencia seguido con rigor. 
La creación de la Unión Económica y Monetaria, con un Banco Central Europeo independiente, representa una transformación cualitativa de la Unión Europea con la aparición de un verdadero poder político supranacional que asume las competencias antes pertenecientes a las soberanías nacionales en materia de política monetaria y cambiaria. 
Pero la construcción institucional de la Unión Económica y Monetaria se presenta desequilibrada, en la medida en que los poderes de dirección centralizada de la política monetaria no van acompañados de auténticos poderes de la Unión para ejercer una coordinación efectiva de las políticas económicas mediante orientaciones generales y una supervisión multilateral de carácter vinculante. 
Al mismo tiempo resultan insuficientes los mecanismos de la Unión tendentes a garantizar la transparencia y la responsabilidad democrática de la acción del Banco Central Europeo. 
Para afrontar estos problemas el informe propugna dos caminos: por un lado, explotar a fondo las posibilidades ofrecidas por los Tratados en vigor, en particular mediante el acuerdo interinstitucional ya propuesto por el Parlamento Europeo; por otro, una reforma de los Tratados, ahora que el éxito en el paso al euro ha eliminado el riesgo de que el inicio de un proceso de revisión pusiera en entredicho la propia Unión Económica y Monetaria. 
Era el célebre argumento de la «caja de Pandora». 
La situación actual, de una autoridad monetaria común sin una autoridad política correspondiente, evidencia la insuficiente legitimidad democrática de la Unión y, por otro lado, repercute en el propio contenido de las políticas económicas y sociales nacionales, cuya posible disonancia con la política monetaria centralizada podría agravar los rigores de ésta, en el sentido de garantizar el objetivo primordial de mantenimiento de la estabilidad de los precios, cuando sería necesario garantizar también, en el mismo nivel, todas las políticas de la Unión Europea y, en particular, el fomento del empleo y la lucha contra el desempleo. 
Así, el informe propugna que la Unión Económica y Monetaria vaya acompañada de posibilidades efectivas de establecer y garantizar en el nivel europeo políticas económicas coordinadas y aptas para promover la solidaridad, la cohesión económica y social y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de los Estados miembros, lo que exige un marco constitucional del que yo sólo quiero destacar, en este momento, una Unión Económica y Social que sea el contrapeso político de la Unión Monetaria, un nuevo contrato social, fundamento de la solidaridad entre los europeos, que debe basarse en el mínimo de armonización social: legislación laboral, seguridad social, lucha contra la exclusión social, fomento del empleo. 
Las propuestas sobre la Unión Monetaria van encaminadas a garantizar la independencia del Banco Central Europeo, pero fortaleciendo su responsabilidad democrática. 
Las propuestas sobre la Unión Económica van encaminadas esencialmente a garantizar una coordinación y coherencia efectivas de las políticas económicas entre la Unión y los Estados miembros, mediante una combinación de políticas policy mix vinculantes. 
Para ello, al verificarse la insuficiencia e inadecuación del Pacto de Estabilidad, será necesario substituir el instrumento de la recomendación por la decisión en lo relativo a la formulación anual de las orientaciones generales de política económica y a la supervisión multilateral de su aplicación. 
Por lo que se refiere a las instituciones, el informe propugna el refuerzo del papel de control y codecisión del Parlamento en todas las esferas de la Unión Económica y Monetaria, el refuerzo del papel de iniciativa e impulso político de la Comisión, cuya responsabilidad política se debería, por esa razón, mejorar también una mayor coordinación de los trabajos del Consejo a fin de garantizar la primacía de la política de regulación macroeconómica sobre la tendencia a la descentralización del poder en el ECOFIN; el seguimiento de la coordinación económica y formal ejercida por el «Consejo Euro-Once» de mecanismos de legitimación democrática; la participación de los parlamentos nacionales en el seguimiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Por lo que se refiere a la representación exterior de la Unión Económica y Monetaria, el informe propugna que se exprese con una sola voz y con intervención del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, según sus respectivas competencias en las instancias financieras internacionales, como el FMI y el G-8. 
El objetivo debería ser la utilización del poder conferido por el euro, unidad monetaria que puede poner en entredicho la supremacía del dólar para ejercer una regulación económica de la mundialización que puede promover la justicia y afrontar la hegemonía de los Estados Unidos. 
Por último, quisiera mencionar las propuestas de nuevas políticas europeas, que, según el informe, el paso a la Unión Económica y Monetaria vuelve indispensables: la garantía de que el empleo sea la primera prioridad económica de la Unión, la armonización fiscal, una política social que promueva y garantice el modelo social europeo, un presupuesto de inspiración federal que promueva la cohesión económica y permita afrontar las crisis o choques asimétricos en uno o varios Estados miembros. 
No pretendemos poner en entredicho la Unión Económica y Monetaria, sino que este avance cualitativo vaya acompañado, en el plano político, económico y social, de idénticos avances democráticos. 
Señor Presidente, el ponente señala acertadamente en su excelente informe los problemas institucionales de más amplio alcance que se plantean en el contexto de la Unión Monetaria, pero también de la ampliación. 
Tenemos que dedicar, de hecho, mucho mayor atención intelectual y política a la posible solución de estas cuestiones, concretamente en lo que respecta a la representación internacional, pero sobre todo también a la coordinación de las políticas. 
Sobre el aspecto internacional, yo quisiera añadir que, tal como ha manifestado el ponente, tenemos que hablar con una sola voz en este contexto. 
Sin embargo, también debemos conceder a la Comisión, en su calidad de impulsora de la unificación europea y de garante de los Tratados, el derecho a participar en igualdad de condiciones en dicha representación internacional. 
El Parlamento debe seguir apoyando esta propuesta. 
Es particularmente importante, no obstante, aprovechar el éxito de la puesta en marcha de la Unión Monetaria para reducir el déficit democrático de la Unión Europea. 
Ya ha llegado ciertamente la hora de que se conceda al Parlamento Europeo un derecho de codecisión en consonancia con el futuro desarrollo democrático de la Unión Europea, no sólo en lo que se refiere al Informe económico anual y las orientaciones de la política económica, sino también con respecto a todos los temas relacionados con el procedimiento de determinación del déficit excesivo, así como en las deliberaciones sobre los planes de estabilidad y los programas de convergencia. 
Esto es imprescindible precisamente en el contexto de la ampliación y de la Unión Monetaria y su concreción. 
Yo quisiera hacer una última observación en relación con este tema. 
La constitución del Consejo Euro-11 es seguramente un paso útil y muy pragmático. 
No me propongo criticarlo, sino que por el contrario quiero expresar mi satisfacción por que también desde el Consejo se realicen esfuerzos para establecer una coordinación más adecuada en el ámbito de la política económica y para iniciar los primeros debates sobre la posible significación de una combinación de políticas europeas que permita estimular el crecimiento, la inversión y el empleo. 
El quid de la cuestión es, sobre todo, que no es posible que el Banco Central Europeo siga siendo el único responsable de la política monetaria; los interlocutores sociales, de la política salarial; y los Estados, de la política financiera. 
Necesitamos una actuación combinada de estos actores. 
El Parlamento Europeo no puede quedar marginado de esta acción combinada. 
El Consejo Euro-11 no es una institución enraizada en los Tratados. 
Por consiguiente, es verdaderamente necesario un acuerdo interinstitucional. 
Yo confío en que las Presidencias alemana y finlandesa lograrán encontrar un procedimiento que permita incluir al Parlamento Europeo en dichas deliberaciones y que los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Europa también podremos contribuir efectivamente a dar un impulso para que en la Unión Europea sea posible establecer una combinación de políticas equilibrada en favor del empleo. 
Dicho acuerdo interinstitucional se tendría que haber alcanzado ya. 
Nosotros lo reclamamos en 1994 y es preciso que quede cerrado antes del 2000. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo coincido plenamente en cuanto a la necesidad de mejorar la coordinación de la política económica como resultado de la introducción del euro. 
Esto es urgentemente necesario para redondear el proyecto global y que éste sea operativo. 
Yo quisiera formular, sin embargo, una advertencia contra el concepto de «contrapeso». 
No se trata de crear un «contrapeso» frente al Banco Central Europeo, sino de una actuación complementaria, que es algo completamente distinto. 
En efecto, no deseamos un contrapeso político que contrarreste la orientación del Banco Central Europeo en favor de la estabilidad, sino que ésta tiene entidad propia y es irrevocable. Tampoco apoyamos los intentos de socavar el Pacto de Estabilidad mediante de una combinación de políticas. 
Es decir, que debemos dejar claro que el enfoque decisivo ha de ser dicha política complementaria de coordinación, que es preciso apoyar la estabilidad, que ésta es una condición y no un objetivo entre muchos otros, y que debemos desarrollar una política económica razonable en favor del crecimiento, el progreso y el empleo sobre esta base. 
Este es un planteamiento muy distinto del que ha expuesto la Sra. Randzio-Plath. 
Nosotros consideramos, además, que lo que se plantea cuando se habla de un «contrato social» , no se puede formular en esos términos. 
Deseamos una aproximación de las políticas sociales, pero no un «contrato social» como contrapeso frente al Banco Central Europeo, cuando hasta ahora hemos desarrollado una política razonable en el ámbito social basada en unas normas mínimas y no en la armonización; yo creo que este es un punto de vista importante que no debemos olvidar. 
Señor Presidente, permítame una última observación sobre la representación exterior. 
Tenemos que insistir en una mayor participación de la Comisión, tal como ha manifestado también el Sr. Herman. 
La Unión Económica y Monetaria es un acto en el marco del Primer Pilar. 
Es una tarea comunitaria. 
Los Ministros de Finanzas actúan, sin embargo, como si se tratase de un acto intergubernamental, tanto en lo que se refiere a la representación exterior como también en lo que respecta al papel que se asigna al Consejo de los 11. Por esto, el Parlamento debería dejar claro que no estamos dispuestos a permitir que una tarea comunitaria se reduzca a la categoría de un órgano intergubernamental, sólo porque esto halaga la vanidad de los Ministros de Finanzas. 
Señor Presidente, Señorías, quien lea el título creerá que el informe trata de los aspectos constitucionales de la UEM en el marco de la ampliación. 
Sin embargo, al parecer no hay nada más lejos de la verdad, porque sólo se hace mención a la ampliación una única vez y sólo de manera indirecta bajo el considerando A. El ponente, en realidad, no se ocupa de la ampliación y sus consecuencias para la UEM o viceversa, sino ha utilizado el informe para defender una mezcla de políticas obligatorias e impositivas que abarcan unas medidas sociales, fiscales y económicas que han de ser tan vinculantes como las medidas relacionadas con la UEM. 
No tengo ninguna duda, señor Presidente, Señorías, que el ponente cree de buena fe que el crecimiento y el empleo puedan reglamentarse, aún muy a pesar de las numerosas demostraciones en sentido contrario. 
Ni mi grupo parlamentario, ni yo misma, compartimos esa creencia. 
No practicamos esa fe, y por esa razón la gran mayoría de nuestro grupo votará en contra del Informe Barros Moura. 
Dicho esto, permítanme que explique nuestra visión. 
Somos partidarios de una implicación mayor y más constante del Parlamento Europeo en la determinación de las directrices globales. Sin embargo, estamos en contra de que las directrices se conviertan en Directivas. 
Por tanto, somos partidarios del acuerdo interinstitucional que se propone. 
Estamos a favor de la convergencia social, sólo que no creemos que las normas mínimas puedan ser impuestas. 
Por último, desde luego somos partidarios también de unas reglas de jurisprudencia estrictas y claras. 
Pero no creemos, señor Presidente, Señorías, que un Consejo de Ministros- aunque esté compuesto por sabios- sea capaz de traernos empleo y prosperidad a Europa mediante una mezcla de medidas políticas de obligado cumplimiento. 
Señor Presidente, Señorías, cuando esta Asamblea dio su conformidad a la tercera fase de la Unión Monetaria, muchos oradores sostuvieron también que la moneda común conduciría casi automáticamente a una unión política, que por su lógica interna superaría el desequilibrio entre la integración económica y la integración política de Europa. 
Quienes quisieron verlo comprendieron ya entonces que se trataba de una ilusión peligrosa. 
Yo creo que esta ilusión ha quedado ahora claramente al descubierto. 
Quien haya creído que la moneda común debía conducir y conduciría necesariamente a una política económica común, a una política de empleo común, después, y finalmente a una Unión social debe estar desengañado. 
Una cumbre en favor del empleo tras otra han fracasado. 
Los actores económicos de la integración europea no crearán la Europa política. 
Son muchos los que están demasiado interesados en una Europa constituida como un mercado sin política para que esto llegue a suceder. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Barros Moura contiene muchas cosas que deben ser bien recibidas. 
Independientemente de lo que diga el Sr. Voggenhuber la UEM va a tener, con seguridad, importantes consecuencias políticas. 
Es prematuro esperar ver una unión económica y social inmediata y completamente desarrollada después de cinco semanas. 
De la UEM se derivarán importantes consecuencias económicas que a menudo han sido subestimadas o incluso negadas por sus proponentes. 
El Sr. Barros Moura debe ser felicitado por destacar esas consecuencias políticas. 
También debe ser felicitado por perseguir que se asegure que la UEM no va a ampliar el déficit democrático más de lo absolutamente necesario. 
Sin duda se ampliará: un banco central independiente y apenas responsable que publica sus actas en el momento que cree oportuno me parece absolutamente indeseable. 
En cualquier caso el Sr. Barros Moura hace varias propuestas sensatas para asegurar que el déficit democrático no crezca excesivamente. 
No obstante, tengo varias dudas acerca del informe y hablo en nombre de los diputados laboristas británicos. 
En particular no saludamos la propuesta de consagrar el Consejo euro-X en Tratado. Ya hay cuatro miembros de la Unión Europea que efectivamente no son miembros de la Unión Monetaria y, a medida que se proceda con la ampliación, otros miembros ingresarán en la Unión Europea sin adoptar el euro. 
Debemos ser cautos con la institucionalización de una Europa de dos rangos en la forma que lo haría la inclusión del Consejo euro-X en el Tratado. 
Tampoco aceptamos la necesidad de armonizar los impuestos por mayoría cualificada. 
Ya a lo largo de toda Europa, y no solo en Gran Bretaña, existe un considerable escepticismo y preocupación sobre los efectos que tendrá la unión monetaria y solo podrá ser un éxito si avanza por consenso. 
Ciertamente, intentar forzar a la gente en la armonización fiscal de esta manera no va a ayudar a alcanzar ese consenso en el Reino Unido. 
También por este motivo la referencia a un sistema presupuestario de estilo federal ha sido decididamente poco útil: cualquiera que sepa algo sobre la política británica sabe que nunca se debe emplear la palabra «f» en el contexto europeo si se intenta persuadir a la gente de que se involucre más en la Unión Europea. 
Por estas y otras razones los diputados laboristas británicos se abstendrán respecto del informe del Sr. Barros Moura. 
Señor Presidente, como portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo voy a cerrar este debate, en nombre de mi Grupo, diciendo que vamos a apoyar el informe del Sr. Barros Moura. 
Yo creo que este informe, y nuestro apoyo al Sr. Barros Moura, demuestra que existe un consenso esencial sobre las implicaciones de la Unión Económica y Monetaria. 
También creo que la decisión del 2 de mayo es una decisión fundamental. 
Para los españoles el 2 de mayo ha significado, durante dos siglos, la rebelión contra los franceses. 
Creo que el 2 de mayo, a partir de 1998, significará otra cosa: significará que construimos juntos Europa. 
Y yo creo que lo más importante del informe del Sr. Barros Moura es que mira hacia el futuro. 
Es evidente que este es un camino plagado de dificultades, puesto que estamos construyendo algo nuevo. 
Creo que era el barón Lamfalussy el que decía que en el proceso de construcción de la moneda única había más «síes» , más condicionales, que en el famoso poema de Rudyard Kipling, que se llama precisamente así: «Si». 
Efectivamente, hay muchos síes en el camino de la creación de la moneda única. 
El Sr. Barros Moura lo que hace es identificar los problemas a los que vamos a tener que hacer frente en el futuro. 
Y yo creo que lo hace bien respecto al papel del Parlamento Europeo y a las nuevas políticas europeas. 
Yo entiendo muy bien que al Sr. Spiers- me ha parecido que es más bien old labour que new labour- hay muchas cosas que no le gustan. Pero, señor Spiers: sucederá al final. 
Al final tendremos que ir- lo queramos o no- hacia una mayor armonización de las políticas fiscales, y las decisiones tendrán que adoptarse por mayoría cualificada. 
Porque en una Europa ampliada- que es el tema que plantea el Sr. Barros Moura -, con 28 o 30 Estados miembros, será imposible adoptar decisiones por unanimidad. 
Es cierto que lo deseable es el consenso, pero habrá que tomar decisiones si queremos que Europa funcione. 
Yo estoy seguro, señor Presidente, de que esta Asamblea, que siempre ha estado en la vanguardia de la integración europea, quiere que Europa funcione. 
Por eso, me parece que muchas de las consideraciones que hace el Sr. Barros Moura son útiles y serán útiles para el futuro. 
Por eso las apoyaremos. 
La Euro-colaboración requiere autodisciplina, impidiendo determinados disparates y obligando a los países a tenerse mutuamente más en cuenta. 
No pone en peligro el empleo. 
Redunda en beneficio del empleo y de la estabilidad social. 
Protege contra los disparates cometidos especialmente por algunos gobiernos socialdemócratas en el pasado y que perjudicaron el bienestar y la estabilidad. 
Sin embargo, todavía hay socialdemócratas que creen que deben protegernos de las consecuencias del euro con nuevos instrumentos de gestión centralistas. 
Al contrario, es el euro el que nos protege de la antigua política socialdemócrata de devaluaciones, déficit e injerencia en las medidas de los bancos centrales. 
Para nosotros, que venimos de un país que ha vivido con una política de cambio fijo durante 17 años, ésta ha sido la espina dorsal que ha consolidado el bienestar, la seguridad y el empleo de los que hemos disfrutado durante este mismo período. 
Esperamos poder sumarnos al euro y con ello disfrutar de todas sus ventajas. 
Señor Presidente, cuando se llevó a cabo la aprobación de la UEM y del euro habíamos considerado que con ello volvería la política a Europa y me parece que el informe del colega, el Sr. Moura, así lo demuestra. 
Creo que demuestra principalmente una cosa: que el Tratado de Amsterdam ha concluido y es hora de prepararnos para su revisión; así nos lo dijo el Sr. Fischer antes de ayer en esta Asamblea y así se comenta desde la Presidencia alemana. 
Señor Presidente, me he informado por la prensa que algunas comisiones de expertos- sabios ya están trabajando de manera informal en dicha revisión. 
Creo que el Parlamento Europeo debería prepararse de manera más oficial y contando con la participación de todos nosotros con vistas a la nueva revisión. 
Hasta aquí considero que las propuestas del colega, el Sr. Moura, son muy correctas y quisiera subrayar aquéllas que atañen al acuerdo interinstitucional, que es el que podría dar una interpretación política a las disposiciones existentes del Tratado, al control del Consejo Euro-11- es una hipocresía dejar que sea quien regule la política y no tener nada que decir- y al Acuerdo para la política social y el empleo, sin el cual ni el euro ni la Unión Monetaria carecerían de valor legal ante los ojos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, algunos han mencionado aquí el Tratado de Amsterdam, pero ese pobre Tratado ni siquiera mencionaba las consecuencias institucionales del paso a la UEM. 
Pasemos al asunto. 
Ya era hora, puesto que, si no lo hacemos, presenciaremos el regreso solapado de lo intergubernamental, que no deseamos. 
En primer lugar- y subscribo lo dicho por mi colega Philippe Herzog al respecto -, necesitamos, como venimos pidiendo en esta Asamblea desde hace tiempo, una articulación más estrecha entre las grandes orientaciones de la política económica y las directrices en materia de empleo; de lo contrario, lo social seguirá siendo un anexo de lo económico. 
No es ésa la forma correcta de resolver las cuestiones que se nos plantean. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la representación exterior de la zona del euro, la situación está manifiestamente en su comienzo tan sólo. 
Se ha hecho un arreglillo. No obstante, no es satisfactorio a largo plazo. 
Hay que encontrar algo más sólido. 
En tercer lugar, por lo que se refiere a la mayoría cualificada, el paso a la UEM y al euro nos obligará, Señorías, a pasar a una mayoría cualificada tanto en la esfera de la fiscalidad como en toda la esfera social. 
Por último, paso a la esencia del asunto. 
No se pueden analizar las consecuencias institucionales del paso al euro únicamente en el marco de la ampliación. 
Se deben analizar también en el marco más global de la reforma institucional necesaria. 
En ese doble marco, la existencia del Consejo del euro es algo bueno, pues es un elemento de eficacia que necesitamos. 
Pero es un niño que acaba de nacer. 
Hay que pensar en el mañana. 
Vamos a tener que fortalecer el control democrático de esa instancia; puesto que es eficaz, es esencial controlarla, saber cómo dialoga con este Parlamento. 
Habrá también que insertarla en el conjunto del mecanismo institucional con vistas a la ampliación. 
Creo que entre el informe del Sr. Barros Moura y el informe del Sr. Bourlanges, la cuestión esencial es la de la vinculación de esas dos interrogaciones. 
No, el Consejo Ecofin no puede pasar a ser el Consejo «leader» del Consejo. 
El Consejo de Asuntos Generales debe recuperar su función de coordinación. 
Si para ello debe no ocuparse sino de los asuntos exteriores, ¡sea! 
Pero necesitamos un Consejo que coordine asuntos exteriores, economía y hacienda y empleo. 
No puede ser el Consejo Ecofin. 
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo se orienta en la dirección de gestionar de una forma más centralizada la política económica y monetaria de la Unión y la de los Estados miembros que supera, según mi opinión, incluso a las aspiraciones de los arquitectos de la UEM, que, como es obvio, no se encontraban dentro del Parlamento Europeo. 
Refuerza el planteamiento institucional de una Europa de varias velocidades y aspira, en nombre de la unificación de la política económica, a conceder, por una parte, características de gobierno económico al ECOFIN y, por otra, un fundamento jurídico a las directrices generales de la política económica con carácter vinculante para los Estados miembros. 
Se trata de opciones que refuerzan las políticas para imponer un centro europeo y que anulan las posibilidades de los Estados miembros para diseñar una política económica y social y que sólo vienen a causar inquietud en los trabajadores y en amplias capas populares, que son las que pagan las consecuencias de las alternativas de Maastricht, de la UEM y del Pacto de estabilidad. 
Está claro, señor Presidente, que, de acuerdo con estas valoraciones, no podemos apoyar el informe. 
Señor Presidente, Señorías, justo después de la introducción del euro, el informe del Sr. Barros Moura es digno de bienvenida. 
Llega en tiempo útil, pues resultaba efectivamente interesante reflexionar ahora sobre las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria, sobre la próxima reforma institucional de la Unión antes de la próxima ampliación. 
La Comisión comparte en gran medida buena parte de las propuestas y los análisis que figuran en este informe. 
Pero creo que se debe profundizar en este ejercicio. 
Como ha dicho antes el Sr. Méndez de Vigo, debe orientarse hacia el futuro. 
Se deberá profundizar, en su momento, a la luz del funcionamiento en la práctica de la Unión Económica y Monetaria y de la dinámica del euro en las otras políticas y en las instituciones europeas. 
En esa perspectiva, quisiera brevemente mencionar dos puntos en respuesta a las preguntas de Sus Señorías. 
Por una parte, desde el punto de vista institucional, los aspectos económicos de la Unión Económica y Monetaria y, por otra, las consecuencias de la realización de la Unión Económica y Monetaria en el equilibrio institucional de la Comunidad. 
Por lo que se refiere al primer punto, la UEM, se trata de una construcción particular- varias de Sus Señorías lo han subrayado -, ya que entraña una política monetaria única y políticas económicas que siguen siendo competencia nacional. 
Por esa razón, es necesario coordinarlas; por esa razón, los Consejos Europeos, desde hace varios años, han determinado el marco de una coordinación reforzada de las políticas económicas. 
Como antes ha subrayado excelentemente el Sr. Brok, no se trata de crear contrapesos. 
Dicha coordinación reforzada descansa sobre toda una serie de instrumentos. 
Sus Señorías los conocen: son las grandes orientaciones, los déficit excesivos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero yo comparto la impresión del ponente parlamentario y la Comisión está de acuerdo con él, cuando dice que son las grandes orientaciones de política económica las que deben ser el instrumento global de coordinación de las políticas económicas. 
El Consejo Europeo de Amsterdam pidió que las grandes orientaciones tuvieran en cuenta unas directrices y, desde el Consejo Europeo de Viena, tenemos la perspectiva de dos aportaciones complementarias. 
Una relativa al Mercado Interior- el informe Cardiff 1- y la otra relativa a las reformas económicas: el informe Cardiff 2. 
Por consiguiente, la introducción del euro incita- y ha incitado -, como ven Sus Señorías, a elaborar un auténtico programa europeo de política económica. 
Así, pues, lo importante es el contenido de las grandes orientaciones de política económica, que versarán a la vez sobre las políticas presupuestarias, la mejora de la competitividad, la política de cambio, las reformas económicas y las políticas estructurales, tanto en la esfera del mercado de bienes y servicios como en el mercado laboral. 
El objetivo de todos esos elementos es el de poner la política económica al servicio del crecimiento y del empleo en Europa. 
Ése es, pues, muy esquemáticamente, el marco jurídico institucional actual y como ha señalado muy atinadamente Su Señoría, señor ponente, nos corresponde a nosotros, la Comisión, velar por la coherencia de esa operación garantizando una perfecta sincronización entre los diferentes componentes de esa coordinación de las políticas económicas. 
Tomo nota con interés de su propuesta- que han subrayado, por lo demás, el Sr. Herzog y la Sra. Berès- de elaborar directrices para el empleo al tiempo que las grandes orientaciones de política económica. 
A título personal, estoy de acuerdo con Su Señoría, pero este punto resulta muy polémico, incluso en la Comisión, porque plantea diferentes problemas. 
No voy a entrar aquí en detalles hoy, pero ésa es la razón por la que, a falta de haber solucionado totalmente ese problema, hemos introducido efectivamente en las grandes orientaciones de política económica- y ésa será la operación del próximo mes de junio- el contenido de las directrices para el empleo. 
Como ven Sus Señorías, la Comisión, para cumplir con su misión, intenta garantizar la sincronización entre esas operaciones, pero realiza al mismo tiempo un seguimiento permanente de la evolución económica de los Estados miembros. 
Ésa es la razón por la que- y son las instrucciones, el método, lo que aplicamos, al menos en los servicios que de mí dependen-trabajamos con profesionalidad, prontitud y conciencia. 
Ésa es la razón por la que en los últimos tiempos se han reorganizado completamente los servicios de la Dirección General II para poder evaluar lo más precisamente posible, tanto desde el punto de vista del análisis como de la previsión, la situación de la zona del euro. 
Hay que aprender a razonar en función de la zona del euro. 
Por otra parte, estamos reflexionando sobre la idea de organizar, a partir de este año- me gustaría que se pudiera hacer a intervalos periódicos: por ejemplo, una o dos veces al año -, unas reuniones económicas de Bruselas, que serían jornadas de estudio, en las que participaría, naturalmente, esta Asamblea, con la ayuda de los mejores expertos independientes, y que permitan profundizar en la reflexión sobre la política económica europea con el fin de hacerla más visible, más transparente y también contribuir al debate democrático que Sus Señorías desean. 
Además, el ponente parlamentario nos pide que vayamos más lejos y reflexionemos sobre la naturaleza del alcance de las grandes orientaciones con vistas a crear una policy mix vinculante. 
Su Señoría ha propuesto que se modifique el apartado 2 del artículo 103, pero le recuerdo que el Tratado actual establece ya la aprobación de las grandes orientaciones de política económica por parte del Consejo y por mayoría cualificada. 
No obstante, he tomado buena nota de su deseo y la Comisión considerará su propuesta con interés; en todo caso, comprende su motivación. 
Pero habrá que examinarla a la luz de la práctica del funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, que acaba de ponerse en marcha, y se deberá examinar también a la luz de los papeles respectivos del Euro II y del Ecofin. 
Yo había propuesto a Sus Señorías el reconocimiento en el Tratado del Euro 11, pero me ha parecido entender que el Sr. Spiers no estaba, por su parte, de acuerdo. 
Es un problema que se plantea y va a plantearse en los próximos años, también a la luz de la experiencia. 
Por su parte, la Comisión siempre ha propugnado la mejora del carácter operativo de las grandes orientaciones de política económica. 
No, señor Herman, no es un fracaso, aunque no sea tan bueno y tan eficiente como desearíamos. 
Este año vamos a formalizar nuestras propuestas a propósito de las grandes orientaciones de política económica para 1999 de forma aún más concreta para cada uno de los Estados miembros y Su Señoría lo advertirá a partir del mes de marzo. 
A propósito de la representación exterior, en Viena se concertó un acuerdo, que se debe respetar, y corresponde a la Presidencia alemana hacer que lo acepten nuestros principales interlocutores comerciales y nuestros principales interlocutores en la escena internacional. 
Confío totalmente en la Presidencia alemana para lograr que se respete el acuerdo logrado en el nivel de los Jefes de Estado o de Gobierno, que es un acuerdo de mínimos y de carácter transitorio. 
El segundo punto que quisiera mencionar rápidamente se refiere al equilibrio institucional. 
Señora Randzio-Plath, Su Señoría ha subrayado con toda razón el déficit democrático de que adolece la Unión Europea, en el marco de la UEM. 
Yo creo efectivamente que la idea de un acuerdo interinstitucional- que es una de las dos vías ofrecidas por el ponente parlamentario y que el Sr. Papayannakis ha subrayado también- es buena. 
La Comisión es partidaria de ella y siempre ha apoyado la posibilidad de firmar, de realizar, ese acuerdo. 
Personalmente, creo que debería oficializar las medidas que ya están en marcha al respecto y explorar ciertas vías que Su Señoría, señor ponente, ha mencionado, tanto para la formulación como para el seguimiento de la vigilancia multilateral. 
El euro va a tener también repercusiones en ciertas políticas. 
Pienso, esencialmente, en la política fiscal, para evitar, aunque sólo sea, la carrera hacia el mínimo denominador común fiscal. 
Pienso también en la política social, pues también a ese respecto esta Asamblea debe participar en la elaboración del nuevo contrato social y en las acciones destinadas a preservar el modelo social europeo. 
Se trata de esferas- que no detallo- en las que la Unión Económica y Monetaria tendrá, evidentemente, prolongaciones. 
Para terminar, falta la última etapa, es decir, los nuevos avances institucionales. 
La UEM nos ofrece la ventaja de un método. 
¿En qué consiste el método? 
Es la formulación de objetivos precisos- condiciones de paso, fechas límite- y de una flexibilidad organizada para inspirar ciertas innovaciones institucionales. 
Se debe tener en cuenta dicho método en particular en vísperas de la ampliación futura de la Unión Europea, en el marco de nuestras reflexiones sobre el debate institucional y en relación con dos asuntos esenciales. 
El primero es el de la votación por mayoría cualificada. 
La Sra. Berès tiene razón: si queremos evitar el riesgo de parálisis del sistema de adopción de decisiones, habrá que ampliarlo y generalizarlo. 
Pero presenta una dificultad importante- que el Sr. Spiers ha subrayado atinadamente -: el problema de la política fiscal. 
La alternativa es entre eficacia y soberanía nacional- o una o la otra- y en este caso habrá que resolver ese dilema. 
El segundo elemento esencial es el del funcionamiento de la Comisión, de las instituciones en general, y, por tanto, del Consejo. 
Sea cual fuere la fórmula que se pueda adoptar, deberá responder a la triple exigencia de la eficacia, de la representatividad y del control democrático. 
Para concluir, quisiera indicar, como subraya el ponente parlamentario que el euro constituye hoy, a mi juicio, un auténtico catalizador a partir del cual Europa puede estructurarse, reforzarse, desarrollarse y ampliarse. 
Pero hace falta que esté en condiciones de adaptarse y reformarse. 
En ese sentido el informe de Su Señoría es hoy un elemento interesante y útil, que contribuirá a la reflexión en los próximos meses. 
Señor Presidente, quisiera intervenir muy brevemente, no para comentar el debate, sino para dar una pequeña información al Sr. Herzog. 
Celebro que se reconozca que mi informe plantea cuestiones para el futuro, aunque no pueda, evidentemente, darles una respuesta ahora mismo. 
Celebro también las críticas procedentes de los liberales presentes en el hemiciclo, lo que me confirma la idea de que he elegido la política económica y social idónea. 
Quisiera pedir al Sr. Herzog que lea la enmienda 11, presentada a instancias mías por el Grupo Socialista y que versa precisamente sobre el papel del gasto público en materia de inversión, gasto que no se debe comparar, en el marco del cálculo del déficit público, con el gasto en materia de consumo ni se debe colocar en el mismo plano que éste. 
Aprecio la cortesía y diplomacia del Sr. Comisario; sin embargo, ¿no va a pronunciarse sobre el punto 10 del informe? 
¿Es partidario el Sr. Comisario de que el euro vaya acompañado de objetivos comunes o defiende- como aparece propuesto en el punto 10- la necesidad de una política económica común vinculante? 
Quiero pedirle al Sr. Comisario que se pronuncie sobre este punto. 
La Comisión suele decir a favor de que está y también en contra de que está. 
¿Está la Comisión a favor del punto 10? 
Espero que no, sin embargo, me gustaría que me lo confirmase. 
Creo que he respondido claramente: las grandes orientaciones de política económica deben ser lo más operativas, precisas y concretas posible. 
Efectivamente, el ideal sería que tuvieran carácter vinculante y obligatorio, pero, en el estado actual del Tratado, no es posible. 
Así, pues, es necesario, a ese respecto, proceder de forma pragmática, es decir, utilizar en un primer momento el sistema del group pressure, de la presión entre los ministros, para hacer evolucionar la situación. 
Ya ha comenzado- como advertimos el lunes pasado en el Consejo Ecofin- a propósito de los programas de estabilidad y convergencia. 
A la luz de la experiencia veremos en qué medida y cómo podemos salvar una etapa suplementaria para volver más vinculante el sistema. 
Un exceso de precipitación sería perjudicial y contrario a los objetivos perseguidos por quienes propugnan ese carácter vinculante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0049/99) del Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el proceso decisorio del Consejo en una Europa ampliada. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que tenemos que debatir se caracteriza a la vez por su objeto, su alcance, su contenido y su orientación. 
Por su objeto, en primer lugar, porque el Parlamento, por mediación de su Comisión de Asuntos Institucionales, ha optado por inmiscuirse en cosas que no le conciernen, es decir, hablar de forma transparente, de forma abierta, de otra institución: el Consejo. 
Algunos se han sentido ofendidos; ahora bien, nosotros consideramos que es nuestra función, a la vez porque el Parlamento debe preocuparse de la evolución institucional de la Unión en conjunto y también porque la observación ajena es mejor que la propia. 
Por mi parte, yo no vería inconveniente en que el Consejo hiciera un informe sobre el Parlamento. 
En segundo lugar, por su alcance. 
En este informe se analiza el proceso de adopción de decisiones en el Consejo y, de forma general, los problemas de funcionamiento del Consejo, con la preocupación de no constituir la verdad oculta de la historia institucional de la Unión Europea, cuando haya llegado a su realización última, sin por ello estar sometido al corto plazo. 
Intentamos formular ciertos cambios que se deben hacer a la luz de los tres imperativos que tenemos planteados: el del paso de la Unión Europea a la política, el del euro, que obliga a formular, a determinar, una política económica, y el de la ampliación, que ejerce una presión cuantitativa. 
Este informe se caracteriza también por su contenido. 
En algunas de sus partes, se proponen, se propugnan, reformas de carácter institucional pasando por los Tratados. 
En otras, modificaciones de carácter interinstitucional de alcance menos importante, o incluso ajustes administrativos. 
En verdad, nos parece que el Consejo funciona como un todo, poco importan los instrumentos jurídicos utilizados, las reformas que deben pasar por los Tratados son- cierto es- poco numerosas, pero el conjunto de las modificaciones por hacer en el funcionamiento del Consejo son, en cambio, muy importantes. 
Por último, el informe se define por su orientación. 
Pretende ser una protesta contra ciertas derivas. 
Voy a distinguir dos: una deriva hacia la parálisis, vinculada, en particular, con un aumento del número de participantes no acompañado de las reformas necesarias (en eso estriba todo el problema de la mayoría cualificada) y una deriva hacia el recurso a procedimientos oficiosos, a comités ad hoc, a reuniones entre personal o entre Gobiernos, que tienden a suplantar los procedimientos establecidos por el Tratado, procedimientos que tienen la ventaja de ser eficaces, transparentes y democráticos. 
Lanzamos un grito: ¡menos procedimientos oficiosos, más rigor y más respeto de los procedimientos oficiales! 
El informe se articula en torno a dos grandes capítulos: estructuras y procedimientos. 
Evidentemente, no dispongo de tiempo, con el que se me ha concedido, para describir todo eso. 
En cuanto a las estructuras, insistiré en un punto que la Sra. Berès acaba de mencionar muy atinadamente: la crisis del Consejo de Asuntos Generales. 
El informe propugna una distinción muy clara entre la función en materia de asuntos exteriores, que corresponde a los ministros de Asuntos Exteriores, y la de asuntos generales, que es una función de coordinación y corresponde a ministros próximos a la autoridad de coordinación. 
Eso es importante. 
Nada impide, por lo demás, si los Estados lo desean, que sean los ministros de Asuntos Exteriores. 
En el capítulo de los procedimientos, sentimos cierta inquietud en cuanto a los límites de la abstención de la mayoría cualificada. 
El informe hace propuestas un poco audaces, que tal vez no sigan nuestros colegas, sobre los recursos propios y la política exterior, pero hay que meterse en la cabeza que en la Europa del futuro todo lo que esté sujeto a la unanimidad adolecerá de ineficacia. 
Más en general, el informe pide a todos una distribución lógica de las competencias entre el Consejo y la Comisión. 
Actualmente presenciamos la constitución de dos ramificaciones ejecutivas paralelas. 
Eso no es conveniente, la Comisión debe proponer y ejecutar, respecto de todas las materias. 
El Consejo debe disponer, pero no debe proponer y ejecutar, y la Comisión no debe desempeñar funciones gubernamentales paralelas. 
Aclaremos el reparto de las funciones. 
Ése es nuestro mensaje. 
Señor Presidente, quisiera intervenir en relación a una cuestión de orden. 
Como ha dicho muy bien el Sr. Bourlanges, el centro de este debate es el Consejo. 
Yo quisiera preguntarle al Presidente del Parlamento quién representa al Consejo en este debate en estos momentos. 
Señora Izquierdo Rojo, la Mesa comparte la opinión de que el Consejo debería estar hoy aquí. 
Pero ni estaba previsto ni ha sido avisado y por ello no está presente; eso es lo que puedo decir. 
Señor Presidente, no hay asunto de mayor importancia para el futuro de la Unión, mientras avanzamos hacia un número de 20, 24, 25, 26, 27 Estados miembros como sucederá en los próximos años, que la reforma del proceso de toma de decisiones en el seno del Consejo. 
Esta es la razón por la que es legítimo por parte del Parlamento examinar esta cuestión. 
El funcionamiento real de una Unión Europea ampliada depende de las respuestas dadas a las preguntas surgidas en este informe. 
Sabemos que, como pronto vamos a tener veintitantos estados alrededor de la mesa del Consejo, cualquier área que precise la unanimidad será un área en la que la Unión Europea esté virtualmente paralizada. 
Si le es posible tomar decisiones éstas serán lentas, pesadas y sobre la base del mínimo común denominador. 
Esto es por lo que la reforma es esencial. 
Cualquier área política sujeta a la unanimidad estará bloqueada. 
Pero, además, el propio funcionamiento de la Unión Europea podrá ser fácilmente detenido por un solo gobierno si así lo decide. 
Tomen los nombramientos: nombrar al Presidente de la Comisión, nombrar al Gobernador del Banco Central, incluso nombrar un miembro del Tribunal de Cuentas requiere la unanimidad del Consejo. 
Un gobierno bien puede sentir la tentación de tener a la Unión como rehén. 
Después de todo, ya hemos visto esto en el pasado. 
El anterior gobierno conservador británico, hace algunos años, en la disputa sobre la enfermedad de las vacas locas bloqueó todo la toma de decisiones del Consejo que requerían unanimidad en apoyo de una disputa personal. 
¿Quién puede decir que cuando haya veintitantos estados alrededor de la mesa en algún momento uno u otro gobierno no tendrá la tentación de recurrir a una táctica similar? 
También asistimos recientemente a las disputas por el nombramiento del gobernador del Banco Central y, hace cuatro años, por el Presidente de la Comisión. 
En ambos casos un solo gobierno pudo retrasar el procedimiento para hacer pagar a los demás un precio político por la realización eventual de una concesión o la búsqueda de un nuevo compromiso. 
Fue muy difícil. 
Imaginense lo mismo con más de 20 Estados miembros. 
Esta es la razón por la que la primera y más esencial reforma es la extensión masiva del voto por mayoría cualificada. 
Sin esta, la ampliación será un ejercicio peligroso y amenaza con llevarnos a la parálisis. 
Sí, también tenemos que contemplar la cuestión del peso de los votos en el Consejo. 
Hay una propuesta de tener un sistema de doble mayoría: una mayoría de los votos y una mayoría de población o una mayoría de los estados y población. 
El informe del Sr. Bourlanges subraya que esto no es absolutamente necesario para evitar la posibilidad de una mayoría cualificada compuesta por estados que representan una minoría de la población. 
Aritméticamente eso no se puede producir. 
Eso es por lo que yo- y hasta ahora- mi grupo hemos sido muy reticentes respecto de la idea de avanzar hacia un sistema de doble mayoría en el Consejo. 
El Consejo debería tener votos que representasen a los estados justo al igual que el Parlamento tiene un sistema más proporcional que representa a la población de la Unión Europea. 
En este informe el Parlamento está cumpliendo su tradicional papel de mirar hacia delante, siendo un poco aventurero, pero mirando hacia el futuro: como hicimos con el Informe Spinelli que precedió al Acta Única, el Informe Martin que precedió a Maastricht y el Informe Bourlanges que precedió a Amsterdam. 
Sabemos que habrá nuevas negociaciones intergubernamentales para reformar los tratados en estos aspectos. 
Es acertado que pongamos cierta perspectiva de futuro sobre la mesa. 
Desde luego que habrá problemas en cuestiones específicas. 
Mi propio grupo tiene problemas y establecerá enmiendas y pedirá votos particulares para asuntos específicos. 
Pero si se entiende que el Parlamento está cumpliendo aquí su papel visionario, mirando hacia el futuro, poniendo los problemas sobre la mesa, forzando a los gobiernos a ir más allá en lugar de ser reticentes, entonces habrá un entendimiento del papel del presente informe y felicito al ponente por el enorme esfuerzo que le ha dedicado. 
Señor Presidente, me parece que el Sr. Corbett ha hecho el mejor elogio que se podía hacer del informe del Sr. Bourlanges, comparándolo con el informe Spinelli. 
En efecto, creo que ambos tienen algo en común: ambos piensan en el futuro y ambos proponen soluciones audaces. Y eso está muy bien. 
Pero yo creo que- al igual que el informe del Sr. Barros Moura, de esta mañana- lo que estamos haciendo aquí antes de que el Tratado de Amsterdam sea ratificado por todos los Estados miembros es mirar hacia el futuro, y esa es una de las labores de este Parlamento. 
También coincido con lo que se ha dicho aquí sobre la extensión de la mayoría cualificada. 
Creo que ese es el gran reto que tenemos ante nosotros, sobre todo porque este informe está hecho desde la perspectiva de una Europa ampliada. 
Y ahora, con la entrada de los tres últimos Estados miembros, las dificultades para tomar decisiones se han acrecentado. 
¿Qué sucederá en una Europa de 25 o 28 Estados miembros? 
Tenemos que dar soluciones, buscar maneras de evitar la parálisis, buscar maneras de evitar que la Unión Europea se convierta en una organización intergubernamental. 
Lo más importante es defender el principio de integración. 
Y al final, señoras y señores diputados, con 25, 26 o 28 Estados miembros el principio de integración sólo se solventa con la adopción de decisiones por mayoría cualificada. 
Eso está claro, tanto como que habrá que hacerlo de una u otra forma. 
Y en ese sentido, creo que el informe del Sr. Bourlanges pone el dedo en la llaga sobre los temas que hay que tratar, y lamento también que no esté aquí el Consejo porque creo que aprendería bastante de este debate y de las cosas que se van a decir en él. 
Respecto a la cuestión de la ponderación de votos, que es uno de los temas que está en el Protocolo sobre las instituciones del tratado de Amsterdam y sobre el que la Presidencia alemana parece que quiere hacer alguna propuesta, yo creo que hay que contemplar estas dos posibilidades: una nueva reponderación de votos o una doble mayoría simple, como propone el Sr. Bourlanges. 
Y me parece que tiene mérito también que el Sr. Bourlanges- que pertenece a un país que se ha opuesto siempre a esa consideración- en este momento la tenga en cuenta en su informe. 
Por eso, señor Presidente, y porque nos parece que es un informe que merece la pena, mi Grupo va a apoyarlo. 
Señor Presidente, Señorías, yo, que soy defensora de la regla de la unanimidad, voy a abandonarla aquí en este marco. 
El ponente, Sr. Bourlanges, al que respeto, pero con el que esencialmente no estoy de acuerdo, declaró y escribió en su último informe que éste era, es, un informe conservador. 
Quien conoce su pensamiento sobre Europa sabe que, si bien no carece de prudencia, de conservador, a mi juicio, tiene muy poco. 
Por eso, en un momento en que el debate sobre quién está a favor o en contra de Europa ha dejado de tener el menor sentido y en que el eurosocialismo nos pide más Europa, nosotros, los que no somos ni de izquierdas ni socialistas, debemos saber proponer y, por tanto, dar una mejor Europa. 
Y una mejor Europa en el marco de las instituciones- ése es el marco de este informe- significa simplemente que debe ser el Consejo quien se encargue de la dirección política de Europa, dado que en él toma cuerpo la Unión de los Estados y la primacía de las naciones soberanas. 
Debe ser el Parlamento Europeo quien controle, en perfecta, y tan próxima como posible, vinculación con los parlamentos nacionales, la acción ejecutiva de la Unión, y, a nuestro juicio, se debe atribuir de nuevo a la Comisión su papel ejecutivo y administrativo original, en lugar de procurar atribuirle nuevas tareas, nuevas prerrogativas, nuevos poderes. 
Sostiene también el ponente que el Consejo Europeo se ha convertido en la locomotora de la Unión Europea. 
No podríamos estar más de acuerdo. 
Pero también en esto la faceta conservadora de este informe sucumbe ante su faceta osada, cuando propone que el Consejo Europeo se reúna, cuando sea necesario, en forma de Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno y adopte para los fines de la toma de decisiones los procedimientos previstos para las reuniones normales de los Consejos de Ministros. 
No soy ni eurófoba ni euroalérgica. 
Lo que creo es que es preciso en primer lugar y con urgencia explicar a los ciudadanos de la Europa en que vivimos qué Europa tenemos y qué Europa queremos tener. 
Por adoptar esta actitud, me han tildado de eurorrealista, a pesar de mi optimismo. 
Es un adjetivo que no me incomoda: antes eurorrealista que eurocentralista, eurofederalista, en fin, eurosocialista. 
Señor Presidente, quiero felicitar a Bourlanges por este informe que es una iniciativa que considero muy interesante, aunque su lectura es a veces bastante complicada. 
Estoy plenamente de acuerdo en que hay que trabajar para conseguir una organización clara y sencilla y que hay que dejar en claro quién tiene competencias y responsabilidades. 
La confusión de las funciones que actualmente podemos observar es evidentemente condenable. 
Obviamente que tampoco son convenientes los grupos informales de trabajo ni las reuniones carentes de transparencia y control democrático. 
Además, sabemos que en el segundo pilar hay una falta de seguridad jurídica que es totalmente inaceptable. 
Hasta aquí estamos de acuerdo. 
Después, me permito, con todo respeto, cuestionar el análisis y el punto de partida de Bourlanges. 
Él opina que los Estados miembros han reaccionado ante los nuevos retos con un «exagerado empirismo institucional /... /ha conducido a una desinstitucionalización gradual e insidiosa». 
Pero, ¿es esto realmente así? 
Por el contrario, opino que los nuevos tratados y los nuevos acuerdos institucionales van en otra dirección. 
Sin embargo, una reforma importante que debiésemos realizar es la de la distribución de las funciones, es decir, quién va a tomar las decisiones. 
Opino que se debería devolver a los Estados miembros y a las regiones una parte de las decisiones que hoy son adoptadas por la UE. 
Tampoco hay motivos para que hoy el Consejo Europeo tenga un papel de menor relevancia. 
La Comisión carece de legitimidad para actuar como un «gobierno de la UE» , como propone Bourlanges. 
La UE está constituida por sus miembros y, aunque la unanimidad a veces es ineficiente, el objetivo no ha sido que fuera eficaz, sino que la meta ha sido la democracia. 
Opino que no está mal que la Comisión de Asuntos Institucionales se haya involucrado en este asunto como lo ha hecho, pero tomemos este informe por lo que es: un ejercicio intelectual. 
Señor Presidente, Señorías, también a mí me habría gustado saludar a la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Lamento, en vista de su ausencia, no poder hacerlo. 
Permítanme, en primer lugar, Señorías, felicitar, en nombre del Grupo ARE, al Sr. Bourlanges por el importante trabajo que ha llevado a cabo, tanto más cuanto que ha sabido integrar en su informe el espíritu de gran número de elementos propuestos por sus colegas de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
El informe así concebido y presentados al Pleno constituye para mi Grupo un excelente punto de partida. 
En el nivel de la Unión existe un defecto de transparencia debido principalmente a la doble naturaleza del Consejo, que puede reunirse como ejecutivo y como órgano legislador. 
Esta situación plantea un problema que podría agravarse con la ampliación de la Unión, en la medida en que, en su función legislativa, su funcionamiento actual se parece mucho más al Congreso de Viena que a una auténtica Asamblea legislativa. 
Nuestros ciudadanos deben poder comprender el sistema institucional de la Unión, cosa que en modo alguno ocurre hoy. 
Así, pues, el Consejo debe dejar de ser un agregado de los ejecutivos nacionales que se reúne en secreto y decide prácticamente todo por unanimidad. 
Debe pasar a ser una segunda Asamblea legislativa, con el mismo carácter que el Parlamento Europeo. 
Necesitamos también un reequilibrio institucional que ponga fin al fortalecimiento constante del Consejo y del Consejo Europeo. 
Este último debe profundizar en su papel de orientación general y de impulso político de la Unión, sin por ello ser un órgano encargado de adoptar decisiones. 
Las bases de esa nueva arquitectura requieren la generalización de la votación por mayoría cualificada en el Consejo. 
Aún subsisten en el Tratado no menos de 40 artículos en los que la unanimidad sigue siendo la norma, es decir, otras tantas esferas en las que, con vistas a la ampliación, la Unión se condena prácticamente al inmovilismo. 
Consideramos que aún se puede mejorar el informe del Sr. Bourlanges. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo ha presentado dos enmiendas, que señalamos a la atención del ponente. 
En primer lugar, la necesidad urgente de recurrir al método comunitario para preparar la próxima revisión de los Tratados, en vista de que, a raíz de las negociaciones de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, ha resultado muy claro que el método intergubernamental es poco adecuado, resulta ineficaz o incluso está superado. 
En segundo lugar, la oportunidad de considerar la posible creación de una nueva función, la de Presidente de la Unión, con vistas a establecer en una Unión ampliada una forma de permanencia y un mayor relieve público. 
Espero que la mayoría de esta Asamblea pueda aprobar estas propuestas, que presentamos con espíritu constructivo. 
Señor Presidente, el informe que hoy tramitamos ha sido escrito por el presidente francés del Movimiento de Europa bajo el epígrafe: Mucha más Unión. 
El Movimiento de Junio está en contra de la unión y, por tanto, votamos en contra. 
El Sr. Bourlanges quiere que haya muchas más leyes aprobadas por mayoría en el Consejo de Ministros; sin embargo, esto implica la derrota de la democracia, pues el meollo de la democracia pasa por presentarse a las elecciones, sacar una nueva mayoría y después promulgar nuevas leyes. 
Las propuestas del informe implican que podemos presentarnos a las elecciones y que, sin embargo, nunca más podremos, como votantes daneses, promulgar nuevas leyes. 
Podremos cambiar 3 de los 87 votos del Consejo de Ministros. 
Podremos cambiar 16 de los 626 representantes del Parlamento Europeo, sin embargo, nunca más podremos como electores votar una nueva ley. 
Podremos tener nuevos políticos, pero no una nueva política. 
Nos convertiremos en una circunscripción electoral en lugar de ser tratados como una nación. 
Seremos una minoría nacional en lugar de un pueblo independiente. 
El Movimiento de Junio no quiere cercenar la democracia. 
Nuestra misión es una Europa de las Democracias, en la que los países colaboren estrechamente y sólo hagan leyes comunes para los problemas que superen las fronteras. 
La contaminación atmosférica y la contaminación marina son problemas que no podemos resolver cada uno por separado. Hemos de mantener una cooperación internacional vinculante, y ha de haber normas mínimas, aunque todos tengamos derecho a ir más lejos de lo que éstas marcan. 
La UE no debe prohibir a un país el que éste prohíba los pesticidas y colorantes que producen alergia. 
Deseamos una Europa ecológica, pero no más unión ni por supuesto un nuevo estado, por lo que votamos en contra del Informe Bourlanges. 
Señor Presidente, mis excusas por haber llegado un poco tarde- tenía otro compromiso. 
Al Sr. Bonde le quiero decir que se encuentra en el debate equivocado. 
No estamos hablando sobre la posición general de Europa; estamos hablando del Consejo de Ministros. 
Saludo el excelente informe elaborado por nuestro colega, Sr. Bourlanges. 
Es consecuente y muy coherente. 
La institución en la que encontramos mayores dificultades en la toma de decisiones no es la Comisión o el Parlamento- aunque hay algunas dificultades de las que somos conscientes- sino que es el Consejo. 
El Sr. Bourlanges ha mencionado la rampante desinstitucionalización del Consejo de Ministros y eso es completamente cierto. 
El Consejo no sigue ni sus propias reglas. 
Ha hablado del Consejo Europeo como «el coche escoba del Tour de Francia». 
Ciertamente, el Consejo Europeo se está volviendo gradualmente más inconsecuente, y es sobre este trasfondo sobre el que saludo encarecidamente el enfoque general del Sr. Bourlanges. 
Quisiera mencionar dos cuestiones: la mayoría cualificada es un problema y el Comisario Oreja conoce cómo la Comisión ha luchado para conseguir los cambios necesarios en este particular. 
La cuestión de la coherencia interna se relaciona con el hecho de que hay demasiados consejos especializados, como ha dicho el Sr. Bourlanges, y el Consejo de Asuntos Exteriores no consigue desempeñar su verdadero papel. 
La propuesta de que establezcamos un verdadero Consejo de Asuntos Generales incrementa la coherencia. 
Espero que la Comisión también destaque este punto. 
Además, tenemos la proliferación de comités. 
Desgraciadamente, tenemos un primer, segundo y tercer pilar pero a medida que avanzamos hacia la comunitarización, por ejemplo en el área de Justicia e Interior, no tiene sentido conservar una suerte de Comité K.4 en el primer pilar. 
Erosiona el poder de iniciativa de la Comisión así como el papel del COREPER, el órgano principal que prepara el trabajo del Consejo de Ministros. 
También apoyo esta perspectiva. 
Volviendo al comité político, deberíamos movernos en esa dirección. 
Pero aquí todo depende de que la PESC se convierta finalmente en una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de la sesión de hoy es ofrecer una orientación institucional. 
¿En qué punto nos encontramos y hacia dónde deseamos avanzar? 
Nos encontramos en vísperas de la conclusión del procedimiento de ratificación y la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
La última Conferencia Intergubernamental no logró resolver, como todos sabemos, algunos problemas importantes con vistas a las futuras ampliaciones. 
La Presidencia alemana del Consejo se ha propuesto, por lo tanto, como meta que en la Cumbre de junio de este año se decida el procedimiento para emprender las reformas institucionales necesarias, una vez alcanzado previamente, a finales de marzo, un acuerdo sobre los temas fundamentales de la Agenda 2000. 
El Parlamento Europeo esbozó el alcance y la orientación de dichas reformas en su resolución Méndez-Tsatsos. 
El programa de trabajo de la Comisión de Asuntos Institucionales durante el último año y medio ha estado dedicado a concretar dicha orientación. 
El resultado son los tres informes que hoy se debaten. 
El Informe Bourlanges presenta al Parlamento una propuesta de resolución que se aparta de lo habitual. 
No se trata de una lista de peticiones, sino del importante esbozo de un proyecto. 
Su objetivo central es la necesaria transición al procedimiento de decisión por mayoría en ámbitos más amplios y la adaptación de las modalidades de votación en el Consejo, a fin de que pueda seguir siendo operativo incluso después de las ampliaciones previstas. 
Ambos empeños se desprenden del Tratado de Amsterdam y de los dictámenes adoptados por el Parlamento Europeo al respecto. 
No voy a ocultar que, a mi modo de ver, algunos detalles de la presente resolución tienen sobre todo un valor ilustrativo. 
Las orientaciones generales aspiran a obtener autoridad política en la fase actual de los debates europeos. 
De este modo Jean-Louis Bourlanges y todos nosotros podremos ser fieles a nuestra concepción de nuestro papel como impulsores del proceso de integración europea. 
El próximo Parlamento Europeo tendrá que seguir profundizando luego en el debate sobre la siguiente ronda de reformas institucionales. 
Con ese fin, esperamos que el Consejo Europeo de Colonia haga suyos nuestros planteamientos en sus decisiones sobre el calendario y el método para dichas reformas. 
Jean-Louis Bourlanges ha preparado el terreno con un excelente trabajo. 
-Señor Presidente, el informe del Sr. Bourlanges, que ha caído como una piedra sobre las estancadas aguas de las instituciones, se merece un premio, tanto por su rigor como por su realismo. 
Sólo me limitaré, por falta de tiempo, a señalar el esfuerzo que ha realizado con el fin de hacer despertar del letargo y disipar la confusión que durante años inhibía la formulación y la puesta en marcha de una Política Exterior y de Seguridad Común, es decir, de aquella política que es la conditio sine qua non para que podamos hablar de una unión verdadera de estados y de pueblos como habíamos emprendido en marzo y que denominamos Unión Europea. 
Lo que se había establecido inicialmente en el Tratado no sólo no había avanzado con la revisión de Amsterdam, sino que al contrario, se había visto debilitado. 
Se había vuelto más confuso y más turbio. 
Además, como ya se había emprendido el proceso de la ampliación, el retraso en solucionar los temas institucionales pendientes, básicamente existenciales, podría resultar peligroso. 
Una nota característica y triste es que algunos dirigentes de Estados miembros han pronunciado recientemente discursos nacionalistas. 
Esta marcha atrás significa que la prioridad se da a los intereses propios a costa de los comunitarios. 
El Informe Bourlanges contiene, a partir del apartado 24, propuestas concretas y claras para detener esta marcha descendente. 
Podría no estarse de acuerdo con una u otra regulación técnica concreta. 
Pero lo que es inaceptable es que se guarde silencio acerca de la impotencia constatada de la Unión para desempeñar su papel como una entidad supranacional con miras a la consolidación del orden y la paz a escala internacional. 
Sin embargo, señor Presidente, sólo cuando el euro sea un éxito y sólo cuando los Parlamentos nacionales estén dispuestos a constituir una base sólida debajo de la Europa de las naciones, sólo entonces creo que habrá llegado el momento de dar grandes pasos hacia delante. 
Mientras tanto, está por ver si la lucha conjunta contra el crimen, la acogida de los refugiados, la armonización de la política fiscal y la creación de empleo tiene algún éxito. 
A pesar de ello, es necesario que sigamos elaborando unas ideas europeas sobre la profundización de las instituciones y sobre la ampliación europea. 
No abrumemos al ciudadano con un exceso de adaptaciones en demasiada cantidad de terrenos; eso dificulta el control y la visión de ese ciudadano sobre la propia soberanía y producirá una aversión en contra de Europa en vez de lo opuesto. 
Es un ejercicio intelectual interesante, el Informe Bourlanges: no avanzar con pasos agigantados, sino con el método de Pulgarcito, ir marcando despacito el camino. 
Así mantendremos el interés del ciudadano. 
De momento, mi grupo parlamentario no puede apoyar su informe. 
Señor Presidente, el propósito de reformar el Consejo constituye sin duda el más difícil de los empeños. 
En efecto, en la práctica significa nada menos que pedirle al Consejo que emprenda su propia reforma. 
Por esto no me sorprende que ni siquiera se encuentre presente cuando se plantea esta petición y que los proyectos de reforma del Parlamento puedan serle relativamente indiferentes. 
El Consejo es el talón de Aquiles de la democracia europea, por no decir su agujero negro. 
Esto se debe a su existencia anfibia. 
En su calidad de institución europea se sustrae continuamente al control de los Parlamentos nacionales y de los tribunales nacionales y europeos. 
También se sustrae continuamente al control del Parlamento Europeo, actuando como asamblea de los Estados miembros. 
Por consiguiente, yo no tengo demasiadas esperanzas de que sea posible colmar dicho agujero negro, de que el procedimiento legislativo sea finalmente transparente, de que se llegue a establecer el procedimiento decisión por mayoría, de que se consiga la democratización del Segundo y Tercer Pilares. 
Una cooperación intergubernamental de estas características se convierte siempre en tierra de nadie desde el punto de vista de la democracia. 
Yo felicito al ponente por sus esfuerzos para esbozar al menos una posible reforma. 
También quiero congratularle por la sutileza con que propone un desplazamiento revolucionario del poder en favor de los grandes Estados y a la vez consigue presentarlo como un medio para mantener el presente equilibrio. 
Se trata de una propuesta intelectual particularmente lograda. 
Señor Presidente, el Informe Bourlanges se inscribe por sí mismo en una perspectiva en la que el Consejo evolucionaría hacia el estatuto de una segunda Asamblea representante de los Estados y la Comisión constituiría poco a poco el auténtico ejecutivo europeo. 
Como he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe, el Grupo Europa de las Naciones considera que semejante evolución sería peligrosa y que se debe mantener el papel del Consejo como órgano central de adopción de decisiones, representante de las naciones miembros y superior jerárquico de la Comisión. 
En efecto, una de las enseñanzas que deberíamos sacar de los recientes debates sobre la moción de censura contra la Comisión es que las instituciones europeas, que no están inmersas en una sola nación, corren mucho más fácilmente el riesgo de alejarse de los pueblos. 
Ello es aún más aplicable a la Comisión misma, que se apoya en una función pública europea con asiento nacional muy débil. 
El remedio debe encontrarse en el fortalecimiento, con mucho cuidado, del vínculo de subordinación que pone a Bruselas al servicio de las naciones miembros. 
Dicho vínculo pasa por el Consejo de forma preferente. 
Por eso, es necesario, por una parte, mantener la voz distinta de cada uno de los países miembros en el Consejo preservando la unanimidad y, por otra, utilizar todos los medios para fortalecer el control de la Comisión por parte del Consejo. 
Sobre ese capítulo esencial, el informe Bourlanges nada dice. 
En estas condiciones, desaprovecha la ocasión de resolver uno de los mayores problemas de la Europa de hoy: se interna por una vía inadecuada, la de un superestado alejado de los pueblos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar felicitando al ponente, que, desde mi punto de vista, nos ha presentado un magnífico ejercicio de reflexión prospectiva sobre las instituciones de una Unión Europea ampliada y sobre cuestiones que el Tratado de Amsterdam manifiestamente no ha resuelto. 
Creo que su informe vale sobre todo por la defensa del método comunitario en un momento en que asistimos a claras manifestaciones de retroceso hacia el funcionamiento intergubernamental de la Unión Europea. 
Considero, en particular, que van bien orientadas las propuestas del ponente relativas a la reorganización de los trabajos del Consejo: no sólo en cuanto a la eficacia, mediante la ampliación del voto por mayoría cualificada, sino también en cuanto a la reconstitución del equilibrio institucional previsto en el Tratado, que se ha venido modificando en beneficio del papel ejecutivo y gubernamental del Consejo, en detrimento del papel de iniciativa y de impulso político que la Comisión ha reconocido en el Tratado y debería poder seguir ejerciendo. 
Por eso no puedo comprender el detalle de las propuestas del ponente sobre la ponderación de votos en el Consejo. 
Está claro que el peso demográfico de los diferentes países debe reflejarse en su poder de voto y que una minoría de la población no debería poder imponerse contra la mayoría. 
Pero, en mi opinión, en el Parlamento, con poderes de codecisión legislativa, es en el que debería manifestarse el diferente peso demográfico de los Estados miembros: por lo demás, en breve, en una Europa ampliada y en un Parlamento reducido a setecientos diputados, tendremos que modificar la actual proporción de diputados por país. 
En el Consejo, en particular por su papel gubernamental, se deberían mantener los equilibrios fundadores entre países grandes y pequeños. 
Y no crear ni dar la impresión de que se está creando un directorio de los grandes y aún menos a cuatro meses de las elecciones y en medio de toda esta propaganda antieuropea que hoy, por lo demás, en este debate, podemos oír nosotros. 
Una última observación en cuanto al contenido del punto nº 33, que no puedo aceptar, porque, en materia presupuestaria, pretendería dar un mayor poder decisorio a los Estados mayores contribuyentes, lo que también es contrario al método comunitario. 
Señor Presidente, el Informe Bourlanges es un excelente informe. 
Otra cosa no era de esperar. 
Jean-Louis Bourlanges es desde hace años una punta de lanza del proceso de integración europea, aun cuando- viéndole a él- la palabra «punta» quizás no sea la descripción más adecuada. 
El Informe Bourlanges también es, además, un informe importante. 
En efecto, nos recuerda en el momento oportuno que la Unión debe hacer frente permanentemente a dos tareas: la ampliación y la profundización. 
En los últimos meses hemos hablado mucho del tema de la ampliación y hemos señalado repetida y justificadamente las tareas que deben cumplir los países candidatos a la adhesión. 
Recuerdo, por ejemplo, en este sentido, el debate de esta Asamblea previo a la Cumbre de Viena. 
Sin embargo, al mismo tiempo no debemos perder de vista nuestras propias tareas en esta Cámara y en el marco de la Unión. 
Es preciso mantener la operatividad de la Unión Europea o, más exactamente, es necesario mejorarla. 
La Cumbre de Amsterdam aportó algo en este sentido, pero es evidente que no se aprovechó el famoso último cuarto de hora. 
Quedaron pendientes, en particular, los importantes temas de la toma de decisiones en el Consejo. 
El Informe Bourlanges aborda estos temas e intenta ofrecer soluciones constructivas, orientadas hacia el futuro. 
En líneas generales, a mi parecer ha conseguido extraordinariamente bien este objetivo, tal como ya han destacado y resaltado muchos de los oradores que me han precedido. 
Yo creo que deberíamos poner, no obstante, entre interrogantes algunos puntos de la petición, en principio acertada, de que se introduzca con carácter general el procedimiento de decisión por mayoría cualificada en el Consejo. 
Yo quisiera expresar asimismo un particular escepticismo con respecto a los puntos 28, 32 y 33, sobre todo en lo que se refiere al tema de los recursos propios y de la mayoría cualificada. 
Finalmente, yo quisiera recordar un último aspecto, que se plantea acertadamente en una enmienda de nuestro colega Saint-Pierre: tenemos que abordar también el tema del método que se deberá seguir para la siguiente reforma del Tratado y lo acertado sería adoptar el método comunitario y no el método de la conferencia intergubernamental, donde sólo prevalece el derecho a veto. 
Señor Presidente, considero que actualmente reviste mucha importancia debatir y aprobar el informe, por otra parte excelente, sobre el Consejo. 
Es importante porque la etapa que atraviesa la Unión Europea es complicada, difícil y cambiante y porque están en discusión muchos equilibrios. 
Por lo tanto, volver a abordar el tema de las instituciones y de su funcionamiento se convierte en una labor esencial para el Parlamento Europeo. 
Me dan tentaciones de afirmar que, a falta de reformas concretas, es fundamental que el Parlamento retome su reflexión estratégica sobre la evolución de la Unión, dado que todos los equilibrios institucionales están en movimiento. Se asiste a un debilitamiento de la Comisión, y esto es evidente. 
No sé si está en curso un ataque político contra la Comisión; lo cierto es que se aprecia su debilitamiento. Se comprueba una evolución anómala de la función del Consejo Europeo, justamente recalcada en el informe del Sr. Bourlanges; existe una dificultad para reconocer hasta el final el paralelismo entre el Parlamento y el Consejo en términos de funcionamiento legislativo. 
En sustancia, es todo el funcionamiento del sistema que está en movimiento, especialmente con vistas a la ampliación y después del euro. 
El informe del Sr. Bourlanges aborda abiertamente estos temas, con un enfoque cargado de imaginación institucional. 
Previendo una interpretación no literal sino dinámica del Tratado- es notorio que a veces las interpretaciones dinámicas superan el texto legislativo- considero que nunca como hoy es necesaria la imaginación institucional con una inspiración de fondo: evidenciar la hipocresía institucional de quien afirma que la Unión Europea ampliada podrá seguir funcionando sin una reforma de las instituciones. 
Entre las muchas reflexiones de fondo que se podrían hacer sobre el informe, no subrayo especial y posiblemente un punto clave, es decir, la redefinición del funcionamiento del Consejo de Asuntos Generales, recordada por el Sr. Bourlanges. 
Por el contrario, sí quiero subrayar un punto que, en mi opinión, se desprende de la interpretación del informe. 
Estimo que el mismo se centra sobre todo en el intento de reequilibrar la relación entre el Consejo Europeo y la Comisión, dos instancias de impulso político y legislativo. 
La mayor parte de la futura evolución de la Unión Europea derivará de este equilibrio. 
Se trata de un punto fundamental. 
Considero que, hoy por hoy, el equilibrio está en entredicho tanto por el desarrollo anómalo del Consejo como por el debilitamiento de la Comisión. 
Para terminar, señor Presidente, soy de la opinión de que todo el informe va más allá del viejo esquema que contrapone la dimensión intergubernamental a la dimensión supranacional. 
La prueba de la superación de este esquema está precisamente en la redefinición del equilibrio entre el Consejo y la Comisión. 
Desde este punto de vista, considero que la aportación del Sr. Bourlanges reviste gran importancia. 
Señor Presidente, yo había preparado un texto, pero lo he olvidado. 
Lo he olvidado, porque los oradores que me han precedido han dicho ya muchas cosas y muy bien y no vale la pena repetir cosas ya dichas. 
No obstante, quisiera insistir en dos puntos. 
El primero es el de que se ha lamentado durante mucho tiempo y aún ahora que el Tratado de Amsterdam no fuera hasta el final y no preparara efectivamente la ampliación. 
El Parlamento Europeo tuvo, por lo demás, parte de culpa en ello, porque tampoco propuso una solución al respecto. 
Aún estaba dividido. 
Ahora es una etapa que ya se ha superado, quiero decir que la Comisión de Asuntos Institucionales y su ponente han sido audaces. 
Han tenido la audacia de presentar una solución; ése es hoy- me parece a mí- el hecho más importante: ya no llegamos con las manos vacías. 
Y tal vez haya soluciones mejores, pero habría que demostrarlo. 
En todo caso, hay una solución sobre la mesa. 
La segunda cosa que quisiera decir es que a lo largo de todos los debates, en los Grupos políticos, entre los Estados pequeños y los Estados grandes, se ha revelado algo esencial para el futuro de Europa: que, dentro de la estructura europea, cada uno de nosotros es minoritario, cada uno de los Estados miembros es minoritario y, por consiguiente, debemos prestar atención a los demás y desarrollar esa cultura de minorías que es el futuro de Europa. 
Señor Presidente, en cuanto al articulado, agradezco mucho al ponente, Sr. Bourlanges, que apoye la enmienda que hemos presentado, una enmienda que posibilitará en el futuro que puedan celebrarse Consejos de ministros formales con las ministras responsables de los derechos de la mujer. 
Esta enmienda es una enmienda importante, que aborda un problema capital en la Europa de hoy, que es la tradicional exclusión de las mujeres del ámbito del proceso de toma de decisiones. 
Espero que el Grupo popular apoye también esta enmienda y que la Comisión, que está presente en este debate, sea sensible también y apoye el que pueda abrirse este camino. 
Hasta el presente, las ministras responsables de los derechos de la mujer no pueden celebrar Consejos de ministros formales. 
Por tanto, creo que abriendo esta posibilidad damos un gran paso en defensa de esa necesaria presencia de las mujeres en el ámbito de los procesos de toma de decisiones. 
En segundo lugar, y en términos generales, yo creo que no sólo es conveniente sino necesario que, en un momento en que la Unión Europea inicia un proceso de ampliación de gran entidad, hagamos una reflexión de este tipo. 
Y el informe del Sr. Bourlanges propugna mejoras indiscutibles, y además tengo que decir que, a mi juicio, las avanza por el camino que queremos recorrer, es decir, avanza por un método comunitario que deja obsoleto el tradicional y, hasta ahora, imperante método intergubernamental. 
Es vergonzoso- realmente vergonzoso- que el Consejo de Ministros no esté presente cuando los representantes electos de Europa debaten sobre algo que les afecta directamente a ellos y a todos los europeos. 
Señor Presidente, señorías, no acabo de entender el objetivo y el calendario de este documento. 
Si bien puede que esté claro para algunos, también es cierto que no lo está para muchos de nosotros. 
A pesar de tratarse de una cuestión importante, no hemos contado aquí con un debate o con preparativos lo suficientemente amplios al respecto. 
No obstante, creo que es adecuado incrementar la mayoría cualificada para dotar a las actividades de la Unión de una mayor eficacia. 
Este informe incluye, sin embargo, contradicciones como, por ejemplo, en los apartados 35 y 36. 
En el apartado 35 se afirma que los Estados pequeños y medianos gozan de una excesiva representación, lo cual debería corregirse mediante un sistema de reponderación de votos y de doble mayoría. 
Por el contrario, en el apartado 36 se señala que no ha de romperse el actual equilibrio, lo cual parece entrar en contradicción con el apartado precedente. 
Puede que todo ello se deba a que, a la hora de la verdad, el ponente se refiere únicamente al equilibrio entre los Estados grandes. 
Finlandia presentó ya durante la Cumbre de Amsterdam una propuesta inicial sobre un compromiso para duplicar los votos de todos los Estados miembros, a lo que habría que sumar también la concesión dos o más votos suplementarios para cada uno de los Estados grandes. 
Ésta sería una solución aceptable también para los países pequeños. 
Así pues, sería necesario encontrar la solución que, siguiendo este modelo, altere en la menor medida posible el actual equilibrio, sin llegar a perturbarlo demasiado en perjuicio de los países pequeños. 
Cabe partir del principio de que no será posible llevar a cabo con éxito una reforma institucional si, a la hora de ponderar los votos, no se tiene presente la participación de los países pequeños. 
Comisión. Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Asuntos Institucionales y a sus ponentes los distintos informes parciales sobre cuestiones específicas relativos a la aplicación del Tratado de Amsterdam o sobre cuestiones que tendremos que abordar en un futuro próximo para conseguir un sistema institucional más eficaz, más democrático y más transparente. 
El informe del Sr. Bourlanges se sitúa perfectamente en este contexto y hemos podido comprobar cómo una gran mayoría de oradores así lo ha reconocido. 
Yo quiero felicitar, además, al Sr. Bourlanges por la presentación que ha hecho, muy didáctica, en la que nos ha expresado lo esencial de su informe: cuál es su objeto, por si teníamos duda del mismo; cuál es su alcance; cuál es su contenido y cuál es su orientación. 
En el informe se aborda un problema institucional que me parece esencial para definir la futura arquitectura de Europa y, más concretamente, de una Unión que desea convertirse en el instrumento para la unificación pacífica del continente. 
Me refiero al proceso de toma de decisiones en la Unión Europea en la perspectiva de la ampliación, y a ello se han referido la mayoría de los oradores. 
Nuestra misión es idear y construir un sistema institucional que, a mi juicio, debe reposar sobre tres principios esenciales: en primer lugar, la continuidad de un proceso y de un esquema institucional que ha dado resultados extraordinarios en términos de paz, de progreso y de democracia. 
En segundo lugar, la adaptación a un mundo cambiante que, incluso tratándose de las instituciones públicas, exige un elevado grado de flexibilidad. 
Estoy de acuerdo con la idea que ha manifestado aquí la Sra. Izquierdo Rojo sobre esas reuniones formales de las ministras responsables de los derechos de la mujer, sobre temas que puedan afectarles directamente y que debe de convertirse en una competencia comunitaria. 
Me parece que es una idea feliz y tomo nota de ello. 
Y en tercer lugar, la capacidad de organizar todo un continente en torno a un sistema que debe aspirar a ser política y económicamente solidario. 
Por ello me parece esencial examinar con carácter previo cuáles son los distintos aspectos de nuestro sistema con el objetivo de poder reformarlo y llevar a cabo lo que decía el Sr. De Giovanni sobre ese mecanismo constitucional que está en este momento en discusión y que es necesario clarificar. 
¿Existe una confusión entre el Consejo y sus distintas formaciones? 
A eso se ha referido, entre otros, el Sr. Brinkhorst. 
¿Existe una confusión entre las instituciones dotadas de un papel ejecutivo? 
Lo ha mencionado, entre otros, la Sra. Cardona en su intervención, aunque debo confesar que no estoy del todo de acuerdo en cuanto a la misión que parece que reconoce a la Comisión como una mera función de ejecución. 
Hay otra función que es fundamental, que es la de la iniciativa legislativa y no se puede olvidar. 
Por otra parte, ¿puede hablarse de un exceso de burocracia en la preparación de las decisiones políticas del Consejo? ¿No habrá que mejorar la capacidad de acción como decía el diputado Sr. Rack? 
El informe parece responder de una manera afirmativa a estas preguntas que yo me he planteado y también adelanta algunas propuestas que sin duda mejorarían la situación actual. 
Yo comparto enteramente la opinión del ponente respecto a la existencia de esa doble función ejecutiva y legislativa del Consejo. 
Y en ese sentido, comprendo las observaciones que hacía el Sr. Saint-Pierre de que el Consejo no puede ser una simple suma de ejecutivos nacionales. 
Me parece que esa doble función- legislativa y ejecutiva- sólo es posible desde un punto de vista institucional si en paralelo existe una Comisión fuerte, capaz de asumir plenamente su misión y de ejercer su derecho de iniciativa así como el control de la aplicación del Derecho comunitario y también, en la medida de lo posible, la ejecución. 
Sin entrar en las distintas propuestas concretas contenidas en el texto, considero que en las observaciones que hace el Sr. Bourlanges sobre el Consejo Europeo merece la pena reflexionar sobre ellas y, evidentemente, el Consejo Europeo- a mi juicio- debe seguir manteniendo esa función de impulso político, de orientación para el conjunto de la Unión. 
En ese sentido, también estoy de acuerdo con la observación del Sr. De Giovanni sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre cuál es el papel del Consejo Europeo y cuál es el papel de la Comisión. 
Yo recuerdo que, en la audiencia que tuve para responsabilizarme del tema institucional hubo una pregunta que se me hizo: alguien me preguntó si yo pensaba que la relación de la Comisión debía ser únicamente con respecto al Parlamento y no también respecto al Consejo Europeo. 
Yo contesté afirmativamente. 
Me parece que, en cierta forma, hay una especie de doble legitimidad y, por consiguiente, me parece lógico el que pudiera haber esa doble relación. 
En cuanto a la cuestión sobre el Consejo Europeo y la necesidad de reforzar el proceso jurídico de toma de decisiones por parte del Consejo a que se refiere el ponente- e incluso, como dice, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno -, yo debo manifestarle al Sr. Bourlanges que tengo algunas dudas. 
Está claro que, a la larga, el desarrollo en esta dirección debilitaría el papel noble del Consejo Europeo como una institución impulsora de las grandes orientaciones políticas y estratégicas con el riesgo de convertirlo- como ocurrió ya en los años ochenta- en un mero órgano al que se remitirían hasta las más pequeñas decisiones. 
No creo necesario recordarles los peligros que esta situación ha causado. 
En definitiva, lo que me parece evidente es que, en estos momentos, debemos reforzar nuestro sistema institucional, que ha llegado ya a un cierto grado de madurez dado que sus instituciones están cada vez más sujetas al control democrático de este Parlamento, así como se deben clarificar las competencias de los Parlamentos nacionales en el marco comunitario. 
Hay un doble papel: hay un papel fundamental del Parlamento Europeo y hay un papel que corresponde a los Parlamentos nacionales. 
Ahora bien, creo que esto hay que hacerlo de tal forma que- como decía la Sra. Schörling- hay que saber quién hace qué y, por consiguiente, tenemos que ir a una mayor clarificación de los temas, que muchas veces nos falta. 
Comparto también una idea que me parece esencial: es necesario hacer lo posible para reforzar la coherencia del Consejo. 
Y ello hace que, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de sus distintas formaciones como en la participación de los Gobiernos, debería garantizar la coherencia de sus posturas en los distintos órganos. 
Y este es un tema al que varios de los oradores se han referido. 
Hay otros temas de la resolución que me parecen también especialmente importantes: primero, comparto plenamente el principio fundamental de que el poder de iniciativa no debe recaer en el Consejo. 
El sistema comunitario está basado en el monopolio de iniciativa legislativa de la Comisión. 
Y es un sistema que ha funcionado bien en términos generales. 
Las negociaciones en la última Conferencia Intergubernamental, pese a algunos ataques que se produjeron al monopolio de iniciativa de la Comisión, confirmaron no solamente que éste permanece intacto en lo que se refiere a la Comisión sino que incluso en algunas materias- como son las materias de justicia e interior- al cabo de cinco años se atribuye automáticamente a la Comisión dicho monopolio. 
Este principio es, probablemente, la gran originalidad y tal vez, incluso, la piedra angular de nuestro sistema institucional, al cual no podemos, en ninguna forma, renunciar. 
En cuanto a las decisiones del Consejo, estoy, como es lógico, totalmente a favor de la extensión de la mayoría cualificada, y a ello se han referido la mayor parte de los oradores, aunque, naturalmente, ha habido quienes han mostrado su desacuerdo. 
Creo también que esta extensión de la mayoría cualificada no quiere decir que no haya algunas excepciones. 
Tiene que haber unas excepciones bien delimitadas, concretamente para lo que podríamos llamar las cuestiones constitucionales. 
La resolución contempla estas excepciones, lo que me parece lógico ya que es evidente que hay decisiones fundamentales que precisan ser consensuadas entre los Estados. 
Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo podrá- como decía el Sr. Corbett hace un momento- una Europa de 20 o 25 Estados tomar decisiones unánimes en ciertos ámbitos? 
En cuanto a la ponderación de votos, es una medida tan urgente como la relativa a la composición de la Comisión o a la ampliación del alcance de la mayoría cualificada, ya que estos temas, como es sabido, quedaron pendientes en la última Conferencia Intergubernamental y el protocolo institucional de Amsterdam así nos lo señala, al igual que lo hace la voluntad expresa de los Estados miembros, que coincide en esa misma dirección. 
Yo pienso que el informe formula, a este respecto, propuestas equilibradas en materia de ponderación de votos. 
Pero he tomado nota de algunas intervenciones, como, por ejemplo, la del Sr. Corbett, que ha mostrado cierta reticencia a la doble mayoría. 
Y también he tomado nota de los comentarios que al respecto ha hecho el Sr. Barros Moura. 
Y quiero concluir abordando dos temas muy rápidamente. 
Primero, hay un tema que me parece importante: es necesario que la estructura en materia de política exterior y seguridad común prevista en el Tratado de Amsterdam se aplique cuanto antes y con la máxima voluntad y eficacia, aunque es un tema sobre el cual he observado que hay algunos que manifiestan algún pesimismo. 
El segundo problema se refiere a la transparencia. 
El Tratado de Amsterdam impone a la Unión y a sus instituciones un esfuerzo adicional en este sentido. 
Cada institución debe, pues, revisar sus procedimientos y renunciar a una serie de prejuicios en materia de confidencialidad y de secreto en las deliberaciones, que son incompatibles con una actividad legislativa que exige la publicidad de las deliberaciones. 
El Consejo debe realizar un importante esfuerzo en esta dirección, como ha señalado el Tribunal de Justicia comunitario en su reciente jurisprudencia. 
La transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones son, especialmente en una Europa ampliada, una condición esencial tanto de la propia existencia como de la garantía de buen funcionamiento del sistema institucional. 
Podemos adoptar las reformas que queramos pero si lo hacemos en reuniones secretas, si damos la impresión a los ciudadanos de que deseamos ocultar las razones de nuestras decisiones, veremos que nos faltará un carácter importante, democrático y público que es el mismo que tienen las democracias nacionales y que tenemos que llevarlo también a la democracia europea. 
Por lo tanto, tres palabras nada más: democracia, eficacia y transparencia y, como ha dicho el Sr. Méndez de Vigo con gran acierto, es necesario pensar hacia el futuro con soluciones audaces. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Refuerzo de las instituciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0034/99) del Sr. Gutiérrez Díaz, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia y libertad. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe sobre el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia y libertad, que hoy presentamos al Pleno, es fruto de la aportación de la Comisión de Asuntos Institucionales, a la que se ha sumado la valiosa opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, de la que es ponente el Sr. Goerens. 
La reflexión inicial partió de la aportación del Sr. Herzog, a quien sustituí como ponente intentando en esta sustitución llegar a la formulación definitiva que hoy examinamos y que recoge los debates y la mayoría de las enmiendas presentadas en la Comisión de Asuntos Institucionales, destinadas a reforzar el papel de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea. 
La idea central del informe arranca de la convicción de que una Europa democrática sólo puede construirse a condición de que se reconozca a los ciudadanos no sólo como beneficiarios directos del proyecto de integración sino también- y, quizá, fundamentalmente- como sujetos que contribuyen de manera activa a la elaboración de los objetivos comunes. 
Para ello se recogen los nuevos aspectos que, pese a las insuficiencias, puede ofrecernos el Tratado de Amsterdam para mejorar la garantía del respeto a nivel europeo de los derechos fundamentales, para consolidar la dimensión social de la construcción europea mediante la coordinación de las políticas nacionales de empleo y la inclusión de los fundamentos jurídicos para la definición de una legislación social europea y para aplicar la libre circulación de las personas. 
Todo ello debería, a nuestro entender, reagruparse en un concepto global del espacio europeo de libertad y democracia sólidamente construido, precisando, para ello, los objetivos comunes de la sociedad europea, enriqueciendo el contenido de los derechos reconocidos a los ciudadanos europeos, reforzando los derechos de las minorías, definiendo los instrumentos jurídicos para la aplicación de estos derechos y organizando la participación de los ciudadanos en la creación y el enriquecimiento de este espacio. 
Para ello, el informe recoge tres grandes objetivos: la libre circulación, los derechos sociales y la ciudadanía europea. 
Con relación a la libre circulación desearía señalar especialmente que la seguridad y la justicia han de ir acompañadas de las garantías jurídicas y democráticas imprescindibles. 
Con respecto a los derechos sociales deseo destacar que la idea de la construcción europea reposa en la solidaridad entre los Estados miembros y que, en consecuencia, la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental no debe preverse como una ampliación del mercado interior, sino como un deber de solidaridad. 
Y en relación con la ciudadanía europea me agradaría subrayar la propuesta, que cierra el informe, de que el Tratado recoja en un título específico todos los derechos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero que la aprobación ampliamente mayoritaria de este informe sería una aportación a la necesaria construcción y refuerzo de un espacio de democracia y libertad propio de la Unión, por lo que pido este voto afirmativo. 
Por último, permítanme que agradezca las diversas aportaciones que he recibido en forma de enmiendas y que- como he dicho -, en general he intentado incorporar, salvo en dos ocasiones: cuando las enmiendas no me parecían coherentes con la visión de la construcción europea que defiendo, o cuando introducían reflexiones, legítimas, sobre la competitividad, pero que no consideraba propias de este informe. 
A todos ellos, señor Presidente, Señorías, muchas gracias. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que, como acaba de decir el ponente, Sr. Gutiérrez Díaz, a quien debemos este excelente informe, el espacio de libertad, de seguridad personal y de cooperación judicial, previsto en el Tratado de Amsterdam, es el programa de integración profunda más ambicioso en el futuro próximo de la Unión. 
Asimismo, por su conexión con la vida cotidiana de las familias, las ciudades y las empresas, el programa es también objeto de una gran atención popular. 
Se trata asimismo de un programa que establece conexiones vitales entre el papel de este Parlamento y el papel de los parlamentos nacionales. 
Considero que todo el sistema parlamentario europeo está en juego en este quinquenio de transición, sin embargo, es justo que sobre esta transición influya también la tensión hacia la rápida aplicación del sistema comunitario y de los procedimientos de codecisión en estas materias tan importantes para la integración. 
Por lo tanto, es natural que este programa que en cierto sentido ya ha entrado a formar parte de nuestro Derecho positivo, debe ser también el imán en torno al cual ha de girar la concepción más amplia que inspira este informe, es decir, la creación de una espacio de libertad política y de democracia europea. 
La reagrupación en una visión de conjunto del catálogo de los principios fundamentales y de los estatutos sociales, unida al desarrollo de los programas de libertad y de seguridad personal y de cooperación judicial, representa, de hecho, la posición acertada para perseguir el desarrollo y la concreta efectividad del concepto de ciudadanía europea introducido en Maastricht. 
Ésta es, en realidad, la figura constitucional clave en la que ha de asentarse la idea misma de espacio público y de espacio político europeo: un lugar de equilibrio y de compensación de los derechos y de los deberes, de todos los derechos y de todos los deberes, sin poner énfasis especial en unos u otros en el marco de la democracia global de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estos son los motivos por los cuales este informe merece nuestro voto afirmativo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a vivir en una democracia en paz. 
Es esto lo que trata de asegurar el informe. 
Un informe que sobresale más por los derechos sociales que por tratar de desarrollar los aspectos legales. 
Hasta ahora nos hemos contentado en la Unión con que los ciudadanos puedan gozar de los mismos derechos que los del país en que trabajan. 
Por eso damos nuestro apoyo incondicional a los incisos del punto 14, relativos a las demandas de mejoras en la colaboración internacional en materia de legislación civil. 
En esta materia, también queremos subrayar la necesidad del reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales. 
Las normas comunitarias sobre pensiones se cumplen muy mal. 
Tienen que ser más eficaces para que los ciudadanos realmente obtengan sus derechos de jubilación, independientemente de donde vivan y de donde hayan trabajado. 
En este aspecto tiene razón el ponente. 
No obstante, hay motivos para llamar la atención sobre algo que podría llevarnos a que el máximo denominador común, y consecuentemente las tasas más altas de impuestos, sea la norma. 
Una legislación social de este tipo difícilmente se ajusta a los objetivos generales como, por ejemplo, más empleo, menos paro y mayor bienestar, ya que todavía hay diferencias en el grado de desarrollo y en el nivel económico de los países. 
Los derechos sociales previstos para un país no siempre son aplicables si se traspasan al sistema social y económico de otro, en el que se ha dado primacía a aspectos diferentes. 
Amontonar derechos sociales nos puede llevar a un bienestar imaginario, que de hecho lo desvirtúa, en todo caso mientras éste sea financiado por los impuestos. 
Hay que empezar en el otro extremo. 
Tenemos que intentar que la Unión realmente tenga estructuras que refuercen la competitividad y el buen clima de crecimiento de las industrias, puesto que aquí se hallan las condiciones para el aumento de la prosperidad y, consecuentemente, de la mejoría del bienestar social. 
Falta por desarrollar una parte primordial del objetivo del informe, esto es, cómo reforzar la protección jurídica de los ciudadanos, en particular contra la delincuencia. 
En este campo es importante que la Unión dé un paso adelante, especialmente pensando en la ampliación. 
En relación con esto, hemos presentado enmiendas para incorporar Schengen en el Tratado. 
También queremos que se termine con la angustia del Consejo para decidir sobre la moratoria de cinco años para algunas materias legales. 
Se necesitan posturas claras y nítidas en estas materias, como el ejemplar y concreto Informe Bourlanges, recientemente tratado. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Gutiérrez Díaz por su informe que cubre un gran espectro de cuestiones. 
Originalmente no hacía del todo justicia al quid de la cuestión que supone el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la creación de un área de libertad, seguridad y justicia. 
Después de que el Tratado de Amsterdam entre en vigor esto constituirá uno de los mayores logros de la Conferencia Intergubernamental. 
Estas áreas de asilo, inmigración y controles fronterizos se convertirán en políticas comunes. 
En cualquier caso esto ha tenido su precio. 
Los Estados miembros han atenuado el papel y las competencias de las instituciones democráticas y judiciales del Unión Europea, especialmente el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, y también los procedimientos de toma de decisiones por un periodo no inferior a cinco años. 
Este socavamiento de la Comunidad no debe sentar un precedente. 
Más bien debe producirse una inversión. 
Con este trasfondo he presentado unas enmiendas y quisiera agradecer al Sr. Gutiérrez Díaz que las haya aceptado. 
Los puntos clave son que el requisito de unanimidad se encuentra en medio del camino hacia la eficiencia y la rápida acción en este campo. 
La acción en el campo de la libertad, seguridad y justicia debe ser acompañada de las necesarias garantías democráticas y judiciales. 
El Consejo debe empezar a aplicar completamente los métodos de la Comunidad. 
Finalmente el tratado también debe poner remedio a la peculiar posición del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda que se han desligado de las nuevas políticas, aunque, de hecho, un país como Dinamarca aplicará las políticas tal y como están aunque sobre una base intergubernamental. 
Por el momento- y esta es una cuestión que siempre he enfatizado en este Hemiciclo-sigue fracasando la incorporación de Schengen al primer pilar. 
Seguimos sin tener la división final entre el primer y segundo pilar. 
Sobre este trasfondo el informe ha desarrollado ahora estos conceptos y mi grupo votará a favor del mismo. 
En cualquier caso espero que lo veamos sólo como un comienzo. 
No hemos hecho más que dar comienzo al área común. 
El desarrollo final tendrá lugar durante los próximos años. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar al Sr. Gutiérrez Díaz por su excelente informe. 
El artículo 13 de Tratado de Amsterdam proporciona el fundamento jurídico para emprender las medidas necesarias en la lucha contra la discriminación por, entre otros motivos, discapacidad, edad u orientación sexual. 
La importancia que revista en el futuro este artículo 10 dependerá en gran medida de la voluntad política. 
Éste es el caso, por ejemplo, de las directrices en materia de empleo, ámbito éste en el que existe una suficiente voluntad política. 
Cabe esperar, pues, que se encuentre también un grado suficiente de voluntad política por lo que respecta al artículo 13. 
He comprobado con satisfacción que la Comisión ha emprendido ya medidas de preparación como consecuencia del artículo 13. 
Espero también que tanto Alemania, país que ocupa actualmente la Presidencia de la UE, como su sucesor, Finlandia, sean activos desde el Consejo en lo relativo a las posibilidades que ofrece este artículo 13. 
Los ciudadanos han depositado grandes expectativas a este respecto. 
Igualmente, es importante que el Parlamento Europeo desempeñe un papel central a la hora de definir el contenido real del artículo 13. 
Señor Presidente, se ha resaltado repetidamente que uno de los resultados del Tratado de Amsterdam será la progresiva construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
El consiguiente propósito de apoyar los pasos necesarios para la realización de la libre circulación con medidas de acompañamiento que tomen en consideración las crecientes necesidades de seguridad de los ciudadanos, como resultado de la apertura de las fronteras, es un planteamiento consecuente. 
La decisión recién adoptada de celebrar una Cumbre dedicada a la seguridad, de cuya organización se hará cargo la Presidencia finlandesa, es otra señal que apunta en la dirección adecuada. 
Por esto yo lamento mucho que el informe que ahora se debate aborde el tema de la seguridad con bastante negligencia y que quede reducido a un informe sobre la democracia y la libertad, sin incluir la seguridad. 
Según puedo constatar en mis relaciones cotidianas con los ciudadanos, éstos se toman muy en serio el tema de la seguridad. 
El Sr. Comisario ha resaltado también su importancia. 
Evidentemente es importante desarrollar nuevas visiones. 
Sin embargo, sería bueno que el Parlamento Europeo, en su calidad de representante del pueblo, también dedicase, además, una mayor atención a las necesidades en materia de seguridad de los ciudadanos, cuyos intereses debe tener especialmente en cuenta en el marco del engranaje institucional. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam representa un buen punto de partida a la hora de alcanzar una UE más democrática y abierta, con libre circulación y más derechos fundamentales para sus ciudadanos y una dimensión social reforzada. 
Creo que el informe contiene muchos puntos razonables. 
El nuevo tratado abre un amplio abanico de nuevas posibilidades, aunque su puesta en práctica dependa por supuesto de la voluntad política. 
No cabe ninguna duda que para alcanzar esto estamos obligados a presionar desde este Parlamento. 
No hay otros que lo puedan hacer. 
Algunas decisiones siguen exigiendo unanimidad y algunos países, Dinamarca entre ellos, aún mantienen reservas sobre la participación en la cooperación supranacional en el ámbito de los refugiados y asilados, por ejemplo. 
Es una decisión que fue adoptada tras un referéndum sobre el Tratado de Maastricht. 
Ésta, naturalmente, debe respetarse mientras que el pueblo no adopte otra decisión. 
Esto también- y quiero subrayarlo- forma parte de la democracia, así puede suceder que la población de los estados nacionales se pronuncie sobre estas cosas a partir de cómo las vea ella misma y que incluso modifique las decisiones adoptadas. 
El Sr. ponente está muy preocupado por una Europa de varias velocidades, que entraña que los países se den de baja en algunos sectores de la colaboración o que un grupo de países inicie una colaboración más estrecha. 
Veo que este peligro existe, sin embargo, de vez en cuando también hay que respetar- también cuando haya más países colaborando- que pueda haber varias velocidades en la colaboración. 
Creo que nos encontraremos también ante un dilema semejante en el futuro, cuando haya deseos diferentes sobre en qué debemos colaborar, sin embargo, una Europa de varias velocidades- y en esto estoy de acuerdo con el Sr. ponente- debe ser, naturalmente, la última salida. 
Creo que hay ser conscientes de que la colaboración pragmática que vamos a mantener, al mismo tiempo que vamos a tener diferentes visiones, también puede hacer preciso mantener diferentes velocidades. 
Señor Presidente, saludo el informe del Sr. Gutiérrez Díaz. 
Conozco al ponente desde hace mucho tiempo y le conozco bien. 
Ha elaborado un muy buen informe aunque hay algunos puntos con los que tengo dificultades para estar de acuerdo. 
Debemos recordar que Europa es un área de democracia. 
Hay 15 Estados miembros con gobiernos elegidos democráticamente. 
Así mismo hay numerosos gobiernos regionales y locales. 
Y esa es toda la democracia que necesitamos. 
Corremos el peligro de ir demasiado lejos. 
No creo que necesitemos más niveles de democracia pagados por el contribuyente europeo. 
No obstante, hay áreas en las que podríamos acercar más el Parlamento y, ciertamente, Europa a los ciudadanos. 
Creo firmemente que allí donde hay una oficina de la Comisión debería haber también una oficina del Parlamento. 
Esto es necesario porque los ciudadanos de Europa puede identificarse más fácilmente con el Parlamento Europeo que con la burocracia sin rostro de la Comisión. 
Esto ha sido recientemente constatado en este Parlamento. 
Así, donde haya parlamentos o asambleas también debería haber una oficina del Parlamento. 
Eso contrarrestaría enormemente la lejanía de Bruselas y la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mucho se ha hablado del déficit democrático europeo, acusación legítima y fundada que ha propiciado, a lo largo de la aprobación de los sucesivos Tratados, un refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo. 
El déficit democrático, en la arquitectura institucional de Europa, obligaba, naturalmente, a un refuerzo del órgano que tenía y tiene la legitimidad directa de los ciudadanos europeos. 
Pero a veces ese debate se ha circunscrito excesivamente a la relación entre las instituciones europeas, a su equilibrio de poder y a sus procesos de funcionamiento y decisión. 
El éxito del inicio de la adopción del euro y la dinámica de él resultante acentúan nuevamente el carácter económico de nuestra Unión y vuelven más evidentes los retrasos en otras esferas: la política, la de seguridad y la social. 
Así, pues, hay que afrontar la reforma de nuestras instituciones menos con la lógica del mero juego de la distribución de competencias entre los órganos comunitarios y más pensando en la vinculación con la fuente de legitimidad de nuestro mandato: los ciudadanos a los que aquí representamos. 
Ése es el debate que interesa cada vez más celebrar aquí y al que este informe del Sr. Gutiérrez Díaz viene a hacer otra contribución. 
Queremos una Unión más eficaz, sin duda, pero una Unión que sea menos un monstruo burocrático, un tejido complejo e impenetrable de intereses e influencias, y que cada vez más una referencia para las personas, para los ciudadanos. 
Las medidas que refuercen los derechos de los ciudadanos europeos, que mejoren los regímenes de prestación de trabajo y de protección social, que garanticen la libertad de circulación efectiva, que perfeccionen los mecanismos de información y de transparencia de la administración, son medidas encaminadas a reforzar la ciudadanía europea que tantos reclaman y a veces tan pocos practican. 
Además de esas medidas de simplificación y refuerzo del derecho, quisiera subrayar otras dos más: 
primero, que es necesario simplificar los Tratados, creando un cuerpo legislativo claro, accesible a los ciudadanos, que haga del derecho europeo una referencia que todos puedan comprender y no una maraña impenetrable de normas y disposiciones; -segundo, es necesaria una carta de los derechos de los ciudadanos que garantice a todos los europeos que, independientemente del Estado miembro en el que hayan nacido, vivido, estudiado o trabajado, se les reconocen y garanticen todos los derechos económicos y sociales que defienden nuestra civilización y nuestro nivel de bienestar. 
Si Europa no es sentida, asumida y deseada por los europeos, si no es una Europa que sea un verdadero espacio de democracia y libertad no irá más lejos, señor Presidente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quienquiera que haya seguido esta mañana los tres informes de los colegas ha sido incapaz de entender qué es lo que finalmente fue debatido en Amsterdam sobre los temas que atañen a las instituciones de la Unión Europea, al déficit democrático, a la transparencia y a los derechos del ciudadano europeo. 
La respuesta a todo ello es demoledora: ¡nada! 
Quisiera felicitar al estimado colega, el Sr. Gutiérrez Díaz, por su informe; sobre todo por la propuesta presentada en un punto del informe acerca de la creación de un capítulo especial relativo a los derechos de los ciudadanos europeos. 
A la vez, quisiera decir a los ciudadanos que hoy se encuentran en la tribuna y que nos están escuchando que sólo nos acordamos de ellos cada cinco años, cuando se acercan las elecciones. 
Les presentan manifiestos ideológicos, especialmente los dos grandes grupos del Parlamento, el socialista y el democristiano, que no guardan ninguna relación con la realidad y sobre todo con lo que hacen y con lo que votan durante los cinco años que dura su mandato en el Parlamento. 
Lamento de forma especial que el Consejo de Ministros esté hoy ausente porque parece tener mucho trabajo. 
Los ciudadanos de Europa deberán saber que dos instituciones en todo el mundo se reúnen a puerta cerrada: la Asamblea Nacional china, el parlamento chino, y el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
¡Cómo podemos llamar a esto democracia y cómo podemos convocarles a votar en las elecciones de junio en nombre de esta democracia! 
Señor Presidente, quisiera comenzar por felicitar al Vicepresidente Gutiérrez Díaz por su interesante informe, que incita a la reflexión. 
Si la Unión y sus instituciones han de seguir desarrollándose y haciéndose más fuertes en los próximos años es vital que los ciudadanos de cada uno de nuestros países sigan aceptando la legitimidad democrática de estas instituciones. 
Todos somos ciudadanos de países democráticos y, por lo que sé, la vasta mayoría de los ciudadanos de nuestros países acepta la naturaleza democrática de nuestros gobiernos nacionales. 
En cualquier caso, en el plano europeo muchos de nuestros ciudadanos siguen planteando serias preguntas acerca de la democracia y las instituciones europeas. 
Es importante que las instituciones europeas que son directamente responsables ante el electorado- en otras palabras el Parlamento y el Consejo de Ministros- sigan teniendo- y que se vea que tienen- la autoridad final en la toma de decisiones en los asuntos que tienen importancia para nuestros ciudadanos. 
Igualmente importante es que la Comisión, en tanto institución encargada de poner en práctica las políticas europeas, tenga la reputación de una administración eficiente, ecuánime e imparcial en la aplicación de las políticas europeas acordadas en el Parlamento y el Consejo. 
La forma óptima de alcanzar esto es asegurando, en primer lugar, que los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos de nuestros países sean dadas a conocer al más alto nivel de la Comisión. 
El sistema actual en el que por lo menos hay un comisario por cada Estado miembro a sido positivo en el pasado y debe ser conservado. 
Aquellos que abogan por el final de esta garantía de un comisario por Estado miembro, supuestamente en interés de la eficiencia, corren el riesgo de crear una Comisión alejada de los ciudadanos de cada uno de nuestros países. 
Esto, por el contrario, debilitaría a la Comisión como institución europea. 
En cualquier caso, las estructuras básicas de la Unión, que existían en el momento en que los estados individuales se adhirieron a la Unión y que gozaban del apoyo de la mayoría de nuestro electorado en aquel momento, deberían ser conservadas en la medida de lo posible. 
Ante todo, entre esas estructuras básicas se encontraba, y sigue estando, el principio de que cada estado debe estar representado en el nivel de la toma de decisiones en todas las instituciones principales. 
Finalmente, el Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia, todos ellos, tienen en la actualidad representantes de cada Estado miembro, un hecho que contribuye significativamente a la legitimidad de la que disfrutan estas instituciones en cada uno de nuestros países. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, también yo quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido el Sr. Gutiérrez Díaz- que comparto plenamente -, así como la Comisión de Asuntos Institucionales, por este excelente informe. 
A mi juicio, el Tratado de Amsterdam, pese a sus insuficiencias, con sus luces y sus sombras, ha permitido realizar progresos importantes en el ámbito de la ciudadanía; progresos que son difíciles de calibrar actualmente en todas sus consecuencias y en todas sus implicaciones. 
Del Tratado se desprende la posibilidad de crear el mayor espacio que jamás haya existido, un espacio en el que las personas puedan desplazarse y trabajar sin obstáculo alguno, en un contexto de igualdad y con total respeto de sus derechos y de los fundamentos del Estado de Derecho. 
En ese sentido, la Comisión presentó ya en julio de 1998 una comunicación sobre la creación de un espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia. 
Y como es bien conocido, en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de Pörtschach se decidió celebrar un Consejo especial dedicado monográficamente a las cuestiones de justicia y de asuntos de interior en octubre de este año en Tampere, Finlandia, como recordaba hace un momento el Sr. Hager. 
En estas condiciones, comprendo perfectamente su preocupación por algunas cuestiones que suscita el Tratado y, sobre todo, por cómo establecer las condiciones necesarias para su aplicación. 
El Tratado de Amsterdam no define con precisión cuáles son los objetivos que deben alcanzar las instituciones, y a ello se refería el Sr. Kaklamanis hace un momento. 
Pero esta indeterminación es, hasta cierto punto, necesaria, ya que un espacio de libertad no puede quedar nunca definitivamente consolidado; sólo puede existir si es capaz de adaptarse constantemente a la realidad y garantizar la libertad, los derechos, así como la seguridad y la justicia, tanto a todas las personas en general como a los ciudadanos en particular. 
La definición de estos objetivos y su aplicación implican una participación democrática, que, a largo plazo, debe ser una participación plena. 
Y es, desgraciadamente, verdad- y lo recordaba el Sr. Brinkhorst hace un momento- que el Tratado ha previsto que debe transcurrir un plazo de cinco años para que la Comisión tenga el monopolio de la iniciativa y para que se aplique la codecisión en el procedimiento de toma de decisiones. 
Por su parte, el Parlamento, en estrecha colaboración con los parlamentos nacionales, según una práctica que se ha ido afirmando y que se desarrolla constantemente, debe hacer todo lo necesario para ejercer el control democrático en este ámbito. 
Y en ese contexto, es preciso explotar plenamente el papel del Tribunal de Justicia para afirmar el respeto del Derecho como una condición para la creación de este espacio. 
Y un ejemplo de ello es la posibilidad de que el Tribunal de Justicia sancione la acción de las instituciones en el caso de que no respeten los derechos fundamentales. 
Las limitaciones a la plena jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo- que existen y, sobre todo, existen en el segundo y el tercer pilar- deben superarse progresivamente. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que un espacio completo de libertad sólo puede conseguirse respetando plenamente ciertos derechos inherentes a la libertad de circulación, que hoy sólo se respetan parcialmente. 
Es necesario velar por la adaptación de nuestras disposiciones a la realidad de la sociedad civil. 
Y hay normas sociales perfectamente adaptadas a la libertad de circulación de hace 20 o 30 años que mañana pueden ser ineficaces. 
Y del mismo modo, los límites exigidos antaño por los Estados miembros pueden hoy resultar injustificados. 
Y es necesario crear un espacio de libertad, al que, con gran acierto, se refería el Sr. Manzella. 
Asimismo, es necesario considerar que la democracia, en ese espacio, se afirmará plenamente cuando exista una ciudadanía europea que esté plenamente consolidada y sea plenamente aceptada en la vida cotidiana. 
Creo que la cuestión esencial consiste en volver al aspecto central del proceso de integración europea tal y como fue concebido en los años 50. 
Se trata de sustituir el sentimiento de hostilidad, de rechazo, o, simplemente, la idea de que el europeo de la nación vecina es un extranjero por la firme convicción de que el proceso de integración es, ante todo, un proceso de solidaridad. 
Y quiero también manifestar mi pleno acuerdo- porque esa es la dirección que ha seguido el ponente Sr. Gutiérrez Díaz -, y mi convencimiento de que, si estos principios se hubieran convertido en el verdadero punto de partida de la acción de los Estados miembros, nuestro sistema institucional se hubiera podido adaptar mucho más rápidamente a las necesidades de los ciudadanos. 
Y si se siguiera de verdad este principio, las conferencias intergubernamentales se ocuparían más del interés común y podrían desdramatizar unas negociaciones que tan necesarias resultan para continuar la construcción europea, y, al mismo tiempo, avanzaríamos hacia una Unión cada vez más estrecha, más solidaria y más cercana a las preocupaciones y a las necesidades de los ciudadanos. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Relaciones entre los PTU, ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0036/99) del Sr. Aldo, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las relaciones entre los países y territorios de Ultramar (PTU) , los países ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de iniciativa sobre el que nuestro Parlamento habrá de pronunciarse reviste un interés capital para el futuro de las poblaciones del ultramar europeo, que mantienen, en grados diversos, relaciones diferentes con la Unión Europea, desde el Tratado de Roma de 1957. 
Pero antes de entrar en su desarrollo, que evidencia los problemas estructurales, económicos y sociales que engendran las relaciones actuales, pero muy inadecuadas, de la Unión Europea con esas tierras lejanas, quisiera sobre todo expresar mi más sincero y efusivo agradecimiento a todos cuantos han contribuido, de una u otra forma, a la elaboración efectiva de este informe. 
Para una buena comprensión del asunto y a fin de evitar todo qui por quo, quisiera también hacer una breve exposición sobre la génesis y las motivaciones para la realización de este informe. 
En efecto, desde mi llegada al Parlamento, en 1994, me sorprendió el déficit de conocimientos y la ausencia total de familiaridad con ultramar, que se manifiestan, en particular, en una confusión entre DU y PTU hasta en la jurisprudencia Hansen del Tribunal de Justicia de 1978, y también que no se tuviera en cuenta la dimensión ultramarina que confieren esas regiones a la Unión, que no se tuviese en cuenta su particularismo para la aplicación del Derecho comunitario. 
Respecto de los PTU; un régimen de asociación anacrónico, cuyo fundamento es el Tratado de Roma de 1957 y que ha desconocido el acceso a la soberanía de una gran mayoría de esos países, una amalgama constante entre PTU y ACP, una financiación no adaptada a la realidad institucional de esos PTU con su metrópolis respectiva, una ausencia total de partenariado y concertación en el planteamiento del Derecho comunitario que les es aplicable. 
Así, pues, por ser originario de una región ultraperiférica de la Unión, me fijé, naturalmente, como objetivo, con el apoyo y el sostén incondicionales de mi Grupo político, pero también de otros diputados interesados en este asunto, aclarar, eliminar, todas esas ambigüedades, todas esas confusiones que durante casi medio siglo han contaminado las relaciones de la Unión Europea con sus diferentes interlocutores excéntricos. 
Así, ya en febrero de 1995 invité a mi Grupo político a que se trasladara a Guadalupe para conocer de forma tangible la realidad de los problemas que acabo de exponer, mediante unas jornadas de estudio sobre las relaciones de la Unión Europea con los Departamentos de Ultramar. 
Así, el 6 de febrero de 1995, delante de dirigentes políticos y socioprofesionales antillano-guayaneses, así como de los PTU y la prensa, propuse por primera vez una modificación del apartado 2 del artículo 227 del Tratado de Roma, que, después de que el ministro francés de Ultramar tomara el relevo, después de diferentes fases de aproximación y concertación, se plasmó en la consagración del nuevo apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam. 
El objetivo perseguido con esa gestión consistía, a semejanza de las disposiciones que figuran en el artículo 73 de la Constitución francesa de 1946, y después de 1958, en hacer evolucionar las regiones ultraperiféricas hacia una integración idónea, que las substraiga del igualitarismo jurídico que les afecta por la interpretación reductiva del derecho que se les aplica. 
Con la misma óptica, desde 1996 he militado en pro de la instauración de un debate más global sobre las relaciones de los países de la Unión Europea con las RUP, los PTU y los países ACP. 
Partiendo de esa gestión, pedí y obtuve el 8 de octubre de 1996, como coordinador, que ese tema de reflexión figurara en la lista de propuestas que se abordarían en un futuro informe de iniciativa parlamentaria en la Comisión de Desarrollo. 
Para ello, para hacer avanzar ese expediente y respetar las normas de procedimiento del Parlamento Europeo, el 20 de enero de 1998, dirigí una carta al Sr. Michel Rocard, recién nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, para pedirle que inscribiera en el orden del día de la comisión ese tema de reflexión sobre el que versaría un informe de iniciativa. 
Así, nuestra Comisión de Desarrollo, en su sesión del miércoles 25 de febrero de 1998, después de una votación, aceptó el principio de un informe de iniciativa sobre ese tema y formuló ante la Presidencia de nuestro Parlamento la autorización para redactar dicho informe. 
La Presidencia nos concedió dicha autorización a comienzos de julio de 1998. 
Por consiguiente, Señorías, tengo el gran honor y también la gran satisfacción de presentarles hoy este informe de iniciativa que es la síntesis de las relaciones verticales de la Unión Europea con sus interlocutores de ultramar, pero que pretende ser asimismo la síntesis de las relaciones transversales de esas diferentes entidades entre sí. 
Respecto de las RUP, consideramos que esas regiones integradas constituyen puntos avanzados de la Unión en diferentes puntos del globo y, por ello, se convierten en los portaestandartes y los protagonistas de la acción comunitaria en su medio respectivo. 
Las RUP, en la perspectiva de Lomé 2000, deben desempeñar un papel preponderante y deben ser el motor de la cooperación interregional. 
En cuanto a los PTU, conviene hoy aclarar su situación jurídica haciendo, en particular, desaparecer la analogía con los países ACP y también todas las ambigüedades que rodean el régimen de los derechos de ciudadanía y del derecho de establecimiento. 
El régimen híbrido de los PTU, que se sitúa en la confluencia de la integración y la cooperación, en modo alguno debe constituir un agregado de elementos negativos destinados a frenar por desconocimiento o incomprensión las buenas e inteligentes relaciones que deben existir entre la Unión Europea y los países y territorios de ultramar. 
Por eso, se debe refundar ese régimen de asociación, pues la dualidad original e institucional que los caracteriza por su autonomía en derecho interno y el régimen jurídico en Derecho comunitario requiere que la declaración PTU 2000 dé preferencia a cuatro ejes de reformas: el fortalecimiento de la dimensión humana; el fortalecimiento del partenariado entre los dirigentes políticos de los PTU y la Unión Europea; el fortalecimiento de la solidaridad financiera mediante la creación de un fondo especial de desarrollo para los PTU, que substituiría al FED actual; el respeto del particularismo institucional de cada uno de los PTU. 
La perspectiva PTU debe hacer, señor Presidente- y con esto acabo -, todo lo posible para preservar las competencias correspondientes a los PTU por su estatuto de autonomía. 
Señor Presidente, Señorías, mi voz, que resuena hoy en este hemiciclo, no es otra cosa que el reflejo de la espera conjugada de los representantes democráticos y de las poblaciones de ultramar a los que he procurado consultar a fin de asegurarme de mis opiniones, desde que empecé a ocuparme de este expediente, primero como consejero regional, miembro de la COPM desde 1986, después como miembro fundador del Comité de las Regiones en 1993 y, por último, en mi calidad de diputado a este Parlamento desde 1994. 
Cierto es que otros antes que yo tuvieron la ocasión y el mérito de intervenir a favor de los DU, mediante, en particular, el informe Ligios, que en 1987 fue el inicio de la toma de conciencia por parte de las instituciones comunitarias de las dificultades de los Departamentos de Ultramar y de las regiones ultraperiféricas y de su particularismo y quisiera también expresarles mi agradecimiento y felicitarlos por ello. 
Aplausos 
Señor Presidente, la Comisión de Política Regional acogió, en efecto, la excelente iniciativa del Sr. Aldo y tuvo que ocuparse de las relaciones entre las llamadas regiones ultraperiféricas y los PTU o países ACP vecinos de dichas regiones ultraperiféricas. 
Así es en el Caribe y en el océano Índico. 
¿Que ha comprobado la Comisión de Política Regional de forma unánime? 
Que teníamos ahí países unidos por la geografía, por la historia, por la cultura, con frecuencia por la lengua, pero que se desconocen completamente en el plano económico. 
Y luego vendrán a quejarse de la estrechez de los mercados de las regiones ultraperiféricas. 
En realidad, nos parece absolutamente necesario que esos países vecinos- a los que todo acerca naturalmente- constituyan, con vistas a un desarrollo duradero y equilibrado, auténticos mercados regionales. 
Pensamos que la Unión Europea debe contribuir a ello favoreciendo las joint ventures, las asociaciones entre empresas de las regiones ultraperiféricas y empresas de los países ACP o de los PTU vecinos para el desarrollo de esos mercados regionales y de sus exportaciones hacia la Unión o hacia terceros países. 
Pensamos también que la Unión deberá permitir la participación de las regiones ultraperiféricas, los PTU y los países ACP en las negociaciones que van a conducir a los futuros acuerdos de Lomé y que dichos acuerdos deberán, naturalmente, favorecer la constitución de esos mercados regionales haciendo saltar barreras aduaneras que nos parecen- lo señalo a la atención de Sus Señorías- auténticas secuelas del pacto colonial tradicional. 
Hay que asegurar los intercambios económicos entre esos diferentes países para favorecer su desarrollo armonioso y, una vez más, una mayor comprensión entre países vecinos que están muy próximos unos a otros. 
Señor Presidente, la Comisión de Pesca acoge con beneplácito la iniciativa del Sr. Aldo, que tiene el mérito de señalar los efectos perversos de la diversidad de los tipos de intervención comunitaria a favor de territorios geográficos vecinos, pero de estatuto diferente. 
Hay que evitar que la pertenencia a la Unión Europea se plasme en la sumisión a un conjunto de limitaciones inadecuadas y que la no pertenencia se plasme en el beneficio de ayudas que favorezcan una competencia extracomunitaria a expensas de nuestros propios territorios. 
Al estar el equilibrio socioeconómico de todos esos territorios vinculado en gran medida con las actividades dependientes del mar, y singularmente de la pesca, nuestra comisión aprobó por unanimidad una serie de recomendaciones, íntegramente recogidas por el ponente, encaminadas precisamente a evitar que la pertenencia a la Unión Europea constituya una desventaja para nuestros territorios ultraperiféricos. 
Nuestra comisión subraya la necesidad de una evolución jurídica que permita una aplicación diferenciada de la PPC en esas regiones extraordinariamente alejadas del continente europeo, adaptándola a las posibilidades de desarrollo que ofrecen sus espacios marítimos con fuerte potencial piscatorio y a la necesidad de mejorar los equipos, gracias, en particular, a la regionalización de los POP. 
Insiste en la necesidad de una modulación, en el marco de su continuación y su fortalecimiento, del régimen de las ayudas Poseidom, cuya eficacia está demostrada, pero algunas de cuyas disposiciones merecen un acrisolamiento a fin de garantizar una mejor protección de los recursos. 
Recomienda la consecución de una coherencia general entre las políticas comunitarias destinadas a los PTU y las políticas de cooperación de la Unión Europea a favor de los países ACP, en particular por lo que se refiere a las disposiciones comerciales preferentes y las políticas de ayuda directa, y con los dispositivos SPG, en particular el SPG en materia de droga, cuyo fundamento debe ser reexaminado. 
Nuestra comisión subraya, por último, la urgencia de una delimitación de las aguas del Caribe, lo único que permitirá la conclusión de acuerdos de pesca en esa zona, y pide el fortalecimiento de los controles en las aguas comunitarias dependientes de los PTU y de las RUP, frecuentadas numerosas flotillas de terceros países que reducen de forma anárquica los recursos. 
Se procede al turno de votaciones. 
Votaciones 
Señora Presidenta, intervengo sobre una cuestión de observancia del Reglamento en virtud del artículo 101. 
Como todos mis colegas presentes en el Pleno, esta mañana he comprobado con estupor la ausencia de representante alguno del Consejo en la sesión para el examen del Informe Bourlanges sobre el proceso de adopción de decisiones en el Consejo en una Europa ampliada. 
Según el artículo 101, la presencia del Consejo en una sesión es una posibilidad. 
Tratándose de un debate prospectivo sobre las reformas que se le deben hacer en el marco del gran proceso de reforma institucional que nuestro Parlamento reclama con firmeza y que recoge por fin un gran asentimiento, su presencia en la sesión nos parece una obligación. 
No una obligación reglamentaria propiamente dicha, pero una obligación de corrección sin lugar a dudas. 
Sean cuales fueren sus opiniones, todos coinciden en la importancia de este debate y de las reflexiones que permite profundizar antes de la ampliación. 
Pido a la Presidencia del Parlamento que presente, en nombre de todos nosotros, una protesta muy firme ante el Consejo por su ausencia, esta mañana, en la sesión. 
Aplausos 
Señor Duhamel, puedo asegurarle que la Presidencia transmitirá el deseo de Su Señoría, porque se trata, en efecto, de una ausencia totalmente lamentable. 
Señora Presidenta, ahora vamos a votar sobre la enmienda 18. 
Me plantea un problema técnico, pues creo que su primera parte substituiría ventajosamente la primera parte de la versión original del considerando D. Así, pues, propongo una votación en dos partes, la primera hasta «que con razón temen serlo». 
Pero, si no se aprueba la segunda parte de la enmienda, pido que podamos pronunciarnos sobre la segunda parte del original del considerando. 
Si no, carecería de sentido. 
Sí y así es, por lo demás, como procedemos siempre. 
Ahora la Asamblea está informada. 
Sobre el párrafo 11 
Señora Presidenta, respecto del párrafo 11 se plantea un problema lingüístico, en particular en la versión francesa. 
En comisión se trataba de una enmienda de la Sra. Pailler y yo le comenté que la expresión «estatuto de alegalidad» era en sí contradictoria. 
Así, pues, con su asentimiento, modificamos esa expresión. 
Ahora bien, hoy me la encuentro de nuevo en la versión francesa. 
Necesitaría saber cuál es la versión que da fe y, en cualquier caso, si es la versión francesa, hay que modificarla de nuevo. 
Sí, naturalmente, la versión francesa es la que da fe. 
Propongo que se ponga en la versión francesa «situación de alegalidad» en lugar de «estatuto de alegalidad». 
Eso fue, por lo demás, lo que se aprobó en comisión. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Voto en contra de esta recomendación/posición común porque creo que no contempla adecuadamente las cuestiones técnicas involucradas. 
Tengo la intención de votar en contra de la propuesta de reglamento del Consejo porque creo que los detalles técnicos no han sido adecuadamente o completamente investigados. 
Es necesaria una revisión completa de los niveles técnicos para asegurar que los niveles de seguridad sean alcanzados totalmente, al tiempo que las aeronaves que están funcionando satisfactoriamente desde todo punto de vista no sean perdidas por nuestras flotas. 
Informe Gahrton (A4-47/99) 
Una fuerza de paz civil es una antigua idea «verde» acerca de cómo la colaboración en materia de política internacional de la UE podría canalizarse hacia algo constructivo en lugar de ir por caminos militaristas y destructivos. 
La fuerza civil de paz europea podría constar tanto de expertos de dedicación exclusiva como de un grupo de peritos conocedores de campos específicos que podrían llamarse para misiones especiales, entre ellos, objetores de conciencia que lo deseen y voluntarios desinteresados. 
A menudo ocurre que los conflictos se avivan después de las misiones de paz de las fuerzas armadas, ya que los motivos de la violencia no han sido resueltos. 
En cada misión de paz se deberían incluir actos para facilitar el diálogo y recuperar la confianza recíproca. 
La paz estable sólo se consigue a través de un verdadero proceso de reconciliación. 
Es en este contexto donde una fuerza civil de paz podría llenar un vacío. 
Soy consciente de que muchos de los que han votado a favor de esta propuesta sobre una fuerza civil de paz la ven como un complemento a las acciones militares de la UE. 
Sin embargo, para mí y para los Verdes está claro que esperamos que llegue a ser una alternativa. 
No tenemos nada en contra de que la UE actúe en el extranjero, con la condición de que se trate de acciones pacíficas y constructivas. 
Quizá una fuerza civil de paz con éxito podría llevar a algunos activistas de la UE a entender que es anticuado y pasado de moda crear respeto en el escenario mundial mostrando los músculos militares. 
El futuro es de quienes contribuyen a la paz y no a la guerra. 
La iniciativa es muy importante y necesaria. 
Una fuerza de paz de esta naturaleza tiene que ser totalmente civil. 
La principal acción de esta fuerza de paz debe ser contribuir a disminuir tensiones y evitar que los conflictos se agraven. 
La fuerza de paz tiene que trabajar con un mandato apoyado por la ONU o por la OSCE y su objetivo principal debe ser el de prevenir conflictos. 
Opino que algunos ejemplos concretos de misiones para la fuerza de paz serían la mediación y el trabajo para crear confianza, las ayudas humanitarias, el desarme y la desmovilización de las partes en conflicto, el apoyo a los refugiados y también contribuir a la rehabilitación y reconstrucción, además de dar estabilidad a las estructuras económicas. 
Otras funciones pueden ser controlar y mejorar la situación de los derechos humanos, posibilitar la participación política y también ejercer como autoridades provisionales para facilitar la estabilidad a corto plazo. 
Otras funciones podrían ser la información y la creación de programas de educación encaminados a eliminar injusticias y las distintas representaciones simbólicas del enemigo. 
Una condición para que estas medidas tengan éxito en la consecución de la paz es que las partes en el conflicto se involucren en proyectos comunes. 
Lo que necesita una fuerza de paz es tanto un núcleo de empleados con dedicación exclusiva- hombres y mujeres profesionales e idóneos- como un grupo de especialistas para misiones especiales. 
Particularmente importante es la utilización de personal idóneo, tales como estudiosos de la paz, especialistas en solución de conflictos, psicólogos, etcétera. 
Informe Read (A4-55/99) 
Gracias al esfuerzo activo y muy hábil realizado por la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, el Parlamento ha conseguido realizar la mayoría de sus deseos de la primera y segunda lecturas. 
Durante todo el procedimiento relativo a la aprobación de esta importantísima directiva, ha sido fundamental para mí que se garantizase que los equipos de emisión y recepción construídos por los radioaficionados para su propio uso, no quedaran incluidos dentro de las normas de la directiva relativas a la aprobación del fabricante y la declaración de conformidad. 
Informe Barzanti (A4-26/99) 
Quisiera dar las gracias al ponente por su trabajo en la Directiva de Copyright de la UE que es una materia compleja y técnica de relevancia para los artistas europeos. 
Los Verdes persiguieron desde el principio que la protección de la creatividad de escritores, compositores, músicos-intérpretes cubriese toda la UE, una prioridad en la enmienda de la Directiva de Copyright. 
En Irlanda músicos e intérpretes como BoyZone y los Corrs han pedido protección para su trabajo. 
El ponente tiene todo mi apoyo en su apelación por una directiva fuerte, que proteja la industria musical de la piratería en Internet. 
El hecho es que la tecnología digital puede «clonar» una reproducción exacta del original, lo que aumenta el riesgo de piratería en Internet. 
Continuaré apoyando el llamamiento por una Directiva de Copyright fuerte. 
Estoy personalmente comprometido con la protección de los derechos de los artistas, escritores y compositores europeos. 
Las industrias culturales europeas tienen mucho que perder si esta nueva directiva no es absolutamente protectora de los derechos de autor y la propiedad intelectual. 
Compartimos la opinión general del ponente sobre la necesidad de armonizar para crear un mercado interior que funcione para aquellos que gozan de la protección de los derechos de autor. 
No obstante, no estamos de acuerdo con la enmienda 48, ya que ella implica una licencia obligatoria en beneficio de las empresas de radio y televisión. 
En Suecia tenemos un sistema que funciona bien, con licencias contratadas en forma de convenios colectivos celebrados por una persona jurídica. 
También queremos subrayar que opinamos que los Estados miembros tienen que establecer excepciones a las limitaciones de derechos contempladas en los artículos 2, 3 y 4 respecto del uso no comercial en beneficio de las personas con minusvalías. 
Donde mejor se expresa esto es en la enmienda 72. 
Deseamos puntualizar que nuestra opinión es que las restricciones contempladas en los artículos 2 y 3 deben tener por objeto que los documentos públicos sean más accesibles para las personas; la enmienda 69 lo menciona. 
Damos nuestro apoyo a las enmiendas que quieren que se hagan excepciones a las restricciones de los artículos 2 y 3 para instituciones tales como bibliotecas y archivos. 
La Comisión presentó a finales de 1997 una discutida propuesta de armonización de los derechos de autor en la Comunidad. 
Ésta consideraba que las leyes nacionales no eran eficaces ni habían seguido el desarrollo tecnológico. 
Además, la Comisión deseaba limitar el importantísimo pirateo de discos compactos y cd-roms. 
Según la propuesta inicial, un consumidor que hubiera comprado un disco compacto no podría copiarlo en cinta para así poder escuchar la música mientras estuviera haciendo footing. 
Además, la propuesta inicial de directiva de la Comisión pasó por alto que una larga serie de emisoras que efectúan servicios públicos tendrían problemas cuando fueran a utilizar los discos compactos como música de fondo en emisiones televisivas y que las personas invidentes o con problemas de lectura no podrían verse favorecidas por ofertas especiales de las bibliotecas. 
Las ofertas especiales, que las instituciones públicas ponen a disposición de los minusválidos, no se verán afectadas por la propuesta. 
En este sentido, los socialdemócratas daneses han apoyado una enmienda que garantiza que los regímenes especiales nacionales no estarán reñidos con las leyes comunitarias. 
De esta forma, se ha conseguido garantizar una ley de propiedad intelectual equilibrada que tanto garantiza los derechos de los productores sobre su propia producción como vela por los intereses de los consumidores y de las emisoras de radio y televisión. 
En la primera lectura del informe del Sr. Barzanti nos hemos abstenido de votar a favor del informe conjunto. 
Nos preocupa mucho que la armonización comunitaria de los derechos de autor impida el libre acceso a la información de todos los grupos sociales, especialmente de las personas, por ejemplo, con deficiencias visuales. 
El Movimiento de Junio considera el libre acceso a la información como la piedra angular misma de la democracia- sin la posibilidad de que cada ciudadano se procure conocimiento e información, el proceso democrático queda desdibujado. 
Hubiéramos querido apoyar el informe ante todo para atender de esta forma a los intereses de los artistas y garantizar sus derechos en cuanto a la explotación de su trabajo. 
Considerando que una parte muy considerable de las enmiendas que esperábamos garantizaran los derechos de los artistas no han sido aprobadas y puesto que la mayoría de las enmiendas que bien presentamos bien apoyábamos y que deberían garantizar el libre acceso a la información de disminuídos y de otros individuos también han sido rechazadas, elegimos hoy abstenernos en la votación del informe conjunto. 
Volveremos a considerar este tema en la segunda lectura. 
Las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información y la red Internet presentan, para mí, un gran interés. 
Además de los aspectos que entrañan una modificación radical de la organización de nuestras sociedades, siguen planteadas numerosas interrogaciones por lo que se refiere a la evolución de nuestras legislaciones y nuestros instrumentos jurídicos en esa esfera. 
Así, pues, quiero felicitar a nuestro Presidente, José María Gil Robles, y a Roberto Barzanti por haber respondido rápidamente a las inquietudes de los artistas ante la utilización, en demasiados casos ilegal, de sus obras en Internet. 
Si bien hacer constar en acta es relativamente fácil y defender el concepto de derecho de autor es lo mínimo que podemos hacer, no resulta fácil legislar en el nivel europeo para que las «víctimas» de esos saqueos estén correctamente protegidas. 
En efecto, en esa esfera hay que dar muestras de imaginación para establecer protecciones jurídicas eficaces. 
Para ello, me parece necesario promover medidas adaptadas a las diferentes formas de difusión y piratería. 
¿No habría también que establecer, a semejanza de la legislación vigente en la esfera de la radiodifusión, un derecho de utilización percibido en el momento de la compra de instrumentos de compresión como MP3 o MP4? 
Sin embargo, debemos dar muestras de realismo, ya que conviene encontrar un terreno de entendimiento con todos los interesados y en particular con los Estados Unidos y los editores de ese tipo de programas. 
En consecuencia, si bien comparto, en conjunto, las preocupaciones del ponente, me pregunto por la distinción que se hace entre copia analógica y copia digital. 
Para mí, lo digital ya ha ganado. 
El informe del Sr. Barzanti parte de un importante debate sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. 
Pensamos que con este informe tenemos un buen punto de partida desde el que seguir discutiendo la protección y el ejercicio de los privilegios de los titulares de los derechos. 
El que no apoyemos el informe no se debe a que queramos privar de sus ventajas a los titulares de los derechos en cuanto a la explotación de su trabajo, sino a que la propuesta plantea una clarificación de derechos innecesariamente restrictiva, que en el peor de los casos privará a los artistas de su derecho a negociar ellos mismos tanto la cuantía de su retribución como qué derechos transfieren a un productor. 
Los países escandinavos mantienen una larga tradición y poseen experiencias positivas a la hora de solucionar complejas cuestiones jurídicas por medio de licencias contractuales. 
Pensamos que este modelo escandinavo tradicional de acuerdos colectivos debe mantenerse. 
Al mismo tiempo, pensamos que las instituciones que cuentan con financiación pública y se hallan abiertas al público, como, por ejemplo, museos, bibliotecas, archivos, etc., deben tener posibilidad de participar plenamente en el desarrollo de la sociedad de la información. 
El contenido del informe implica en sus últimas consecuencias que la legislación en materia de derechos de autor impide a éstas cumplir con su función educativa y no comercial. 
De aprobarse el informe en su forma actual, sin tener en cuenta algunas enmiendas presentadas, por ejemplo, no será posible grabar emisiones radiofónicas o televisivas para su uso en un plazo breve a los habitantes de residencias de ancianos, hospitales o prisiones, etc. Pensamos que seguir por esta senda, que no toma suficientemente en cuenta la necesidad y el derecho del gran público a acceder libremente y en igualdad de condiciones a la información, resulta devastador para el desarrollo social y la democracia. 
Los cambios tecnológicos están desbaratando ciertas categorías jurídicas. 
Así es en la esfera fiscal, en la que Internet malbarata los conceptos básicos, como frontera fiscal, territorio fiscal o base tributaria. 
También lo es en la esfera de la propiedad artística y literaria. 
En efecto, dos principios están confrontados: por una parte, el derecho del autor a la protección de su creación, su derecho a los legítimos rendimientos de sus obras; por otra, la lógica de Internet, dominada por la libertad. 
A ese respecto, la Unión Europea está tanto más en contradicción cuanto que uno de sus principios fundamentales es precisamente el de la libre circulación. 
Ahora bien, si la circulación es libre, la protección no existe y viceversa. 
Por la vía de las obras literarias y artísticas, la Europa de Bruselas descubre por fin lo que desde hace 40 años se niega a ver para el carbón, el acero, el textil, el automóvil y los productos agrícolas, a saber, que la libre circulación impide la protección legítima. 
Lo que se ha denegado a los campesinos, al reducir los derechos de aduana y la deducción agrícola común, se quiere conceder a lo cultural, en nombre de una excepción. 
Está bien, pero hay que generalizarla. 
En sí, el proyecto de directiva que hemos examinado, cuando tiende a proteger los derechos morales y pecuniarios de un autor abarca elementos totalmente válidos. 
Si tomamos la esfera musical, por ejemplo, no cabe duda de que las tecnologías de compresión digital, como el MP3 o la nueva norma VQF, aparecida recientemente, son un peligro potencial para la industria del disco, aunque no se haya hecho hasta ahora ningún estudio científico para confirmar ese peligro. 
En Francia, se observa sólo un ligero descenso de la venta de «singles» , pero tal vez se trate de una simple coincidencia. 
Otro peligro, muy real asimismo, estriba en las soluciones que se deben dar. 
En efecto, sería muy tentador poner la sociedad de la información bajo tutela. 
Entonces se podría controlarlo todo. 
La Unión Europea no oculta sus ambiciones respecto de Internet: transformar ese espacio de información, ese instrumento de desarrollo cultural y personal, en simple galería comercial. 
En Francia, ha habido el éxito de Canal+: se creó, de hecho, un monopolio de la difusión. 
Pero nadie ha recordado que Canal+ se desarrolló sin competencia alguna. 
En efecto, en Francia el Estado tiene el monopolio de la difusión. 
Al castigar la piratería de los descodificadores de Canal+, se creó, de hecho, un monopolio de la recepción. 
Y algunos quisieran hacer lo mismo con Internet... 
¡El mejor de los mundos! 
La solución no consiste sólo en una directiva fatalmente limitada a la Unión Europea. 
Habida cuenta de las tasas de penetración del mercado, a los que protege sobre todo es a los autores americanos. 
En cambio, los autores europeos no gozan de una garantía semejante en los Estados Unidos, por ejemplo. 
En efecto, el concepto de derecho de autor es allí mucho más restrictivo que en Francia, por ejemplo. 
Para proteger eficazmente los derechos de autor y derechos afines habría que buscar la solución más bien en una conferencia internacional sobre los derechos de autor y derechos afines en la que los Estados soberanos defendieran su industria y aceptaran defender la de los demás en nombre del principio de reciprocidad. 
Hay que encontrar una armonía entre la libertad y la propiedad. 
Por primera vez en la Historia, la libertad resulta contraria al arte. 
Es una novedad para los artistas. 
La izquierda los había acostumbrado a ser defensores de la libertad. 
Hoy se oponen a ella, en nombre de su derecho de propiedad. 
La verdad es que Internet lo cambia todo, incluso los papeles más arraigados. 
No podemos dejar de resaltar el retraso con el que se aborda en sede comunitaria el tema de la armonización del marco normativo de los derechos de autor. 
A lo largo de estos años hemos visto, por un lado, legislaciones abiertas y flexibles, adecuadas a una realidad tecnológica e informática cada vez más desarrollada y, por otro, normativas antiguas y obsoletas, como ocurre en Italia donde la materia está regulada por una ley que se remonta a hace más de 60 años. 
Aunque no ponemos en tela de juicio el sacrosanto derecho a la protección de las obras de los autores y editores, consideramos fundamental, al regular las excepciones al derecho de reproducción de cada uno de los Estados miembros, no hacer el juego de las grandes multinacionales discográficas en perjuicio, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas discográficas europeas. 
Es necesario volver a formular el artículo 5 para no limitar el acceso a la red a los operadores independientes. 
Es necesario asimismo contemplar el derecho de reproducción de obras científico-culturales con fines didácticos y no comerciales acompañado por una compensación equitativa invariable si la reproducción supera el porcentaje del 20 % de todo el volumen. 
También en este caso se concederían facilidades a las pequeñas y medianas empresas artesanas que se dedican a la reproducción, así como a los destinatarios, casi siempre estudiantes universitarios obligados a adquirir libros de texto muy caros, también cuando deben consultar tan sólo un capítulo, lo que de hecho fomenta el mercado de los lobbies con frecuencia sin reglas y con evidentes especulaciones comparativas. 
Si por fin no se establecen a escala comunitaria criterios homogéneos y adecuados a las necesidades del mercado, se corre el riesgo de obligar a los Estados miembros a tomar caminos diferentes o, incluso, divergentes en perjuicio de la tan pregonada realización del mercado único. 
Muy a mi pesar me he abstenido de votar el informe del Sr. Barzanti. 
La aprobación del texto del apartado 1 del artículo 5, propuesto por el ponente y aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, impone autorizaciones injustificadas con respecto a las copias técnicas en Internet, cuyo único efecto será ampliar la supremacía, en términos de distribución, de las grandes multinacionales discográficas americanas al ámbito digital. 
Se trata de una medida extremadamente restrictiva para los operadores europeos que se contrapone paradójica y totalmente al Digital Millenium Copyright Act, que acaba de promulgarse en los Estados Unidos. 
En otras palabras, se están creando dos marcos legislativos diferentes en lo referente a la posibilidad de acceso a Internet. 
En los Estados Unidos se reconoce la libertad de acceso a los operadores, mientras que en la Unión Europea, por el impulso de las grandes multinacionales y so pretexto de la lucha contra la piratería, se están reduciendo los espacios de expresión de los autores y de los grupos independientes. 
Habida cuenta de que el procedimiento prevé una segunda lectura, se impone una amplia iniciativa de cara a un replanteamiento más ponderado de los legítimos principios de expresión y de los derechos de acceso en beneficio de los operadores europeos, hoy por hoy, excluidos. 
En una época donde el desarrollo digital avanza rapidísimamente, ha quedado claro que la anterior legislación en materia de derechos de autor no cubre este campo precisamente de forma satisfactoria. 
Con la tramitación de esta directiva, los diputados conservadores al Parlamento Europeo trabajamos por alcanzar un equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de los derechos de autor, que se ven amenazados por el desarrollo digital, y garantizar el acceso de cada consumidor a la información, especialmente, con relación al ámbito radiofónico y televisivo. 
Para mí resulta fundamental asegurar este equilibrio de la mejor manera posible para que en el futuro quede asegurado el pago por el uso de su trabajo a los titulares de los derechos de autor sin que la oferta informativa al ciudadano medio se vea de esta forma seriamente limitada. 
Los creadores de obras intelectuales y aquéllos que contribuyen a ellas se encuentran hoy prácticamente indefensos ante los fenómenos de uso, circulación y reproducción de sus creaciones a través de los nuevos medios tecnológicos de reproducción y comunicación. 
Tomando como base los nuevos datos tecnológicos es preciso revisar y completar de forma inmediata las legislaciones nacionales de protección de la propiedad intelectual y de los derechos afines, así como la legislación comunitaria correspondiente, que ya eran insuficientes antes de lo que se ha denominado mundialización y aplicación de las tecnologías digitales. 
Aún es más necesaria, y creemos que ya hay un importante retraso, la toma de medidas que garanticen, tanto a escala nacional como comunitaria e internacional, la protección de los creadores y de aquéllos que contribuyen a la creación de los fenómenos de piratería, robo, uso indebido y reproducción de su obra. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, a pesar de las objeciones y de las reservas que tenemos, hace un esfuerzo positivo para afrontar dicho problema y fomenta la actualización de la legislación comunitaria existente concediendo protección jurídica a sectores como: los derechos de reproducción, comunicación al público y distribución, así como la protección jurídica de los sistemas contra la piratería. 
La ampliación de la protección, aparte de los creadores, a aquéllos que contribuyen a ella y a los que la ejecutan, a quienes producen los CD y CD-ROM y a las emisoras radiofónicas, aunque en un principio es positiva y razonable, deberá ser examinada si identifica los derechos de los creadores con los de los ejecutantes, o deberá examinarse de forma separada para no correr el riesgo de dar una mala interpretación del concepto de creación intelectual y de la definición de aquéllos que contribuyen a la creación y de los ejecutantes. 
Por último, el problema más importante y probablemente el más difícil de solucionar es el de la circulación de las obras de arte, y en general de cualquier creación intelectual, a través de Internet y la posibilidad de reproducción de dichas obras mediante tecnología digital. 
A pesar de los esfuerzos de dicho informe con vistas a solucionar dicho problema, consideramos que sólo se puede resolver afrontando de manera general el comercio electrónico y especialmente a escala internacional, así como las nuevas formas de piratería y falsificación que se están desarrollando de forma impune. 
En el Grupo Socialdemócrata opinamos que está muy bien que se adopten medidas para atajar la competencia desleal en materia fiscal entre los estados, dentro y fuera de la Unión Europea. 
Sin embargo, tenemos dudas respecto al método propuesto por la Comisión para esto. 
Opinamos que el procedimiento más razonable es que los impuestos se paguen en el lugar en que el ciudadano tenga su residencia. 
Por tanto, damos nuestro apoyo incondicional a la idea de intercambiar información entre los estados y no al modelo de impuestos mínimos. 
Frente a esta propuesta, nos habría gustado más ver que se hubiese podido elegir entre el intercambio de información y los impuestos mínimos. 
Puesto que dicha elección no es posible, hemos optado por apoyar la enmienda que propone los niveles más altos para los impuestos mínimos. 
Los socialdemócratas daneses votamos a favor de que la UE establezca normas para el mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses. 
Hasta ahora, ha habido personas que han podido evitar el pago de impuestos sobre el ahorro que se hacía en otros países. 
Esto ha sido causa de ingresos incoherentes y distorsiones del mercado- y ha favorecido a bancos de Luxemburgo, entre otros países. 
El Parlamento Europeo acaba de aprobar un modelo bipartito, según el cual, o bien se retendrá en cada país miembro un porcentaje mínimo de los rendimientos en forma de intereses o bien los bancos y las autoridades intercambiaran de un país a otro información a fin de poder cobrar el impuesto. 
De esta forma, podrá mantenerse el secreto bancario si se emplea la primera posibilidad. 
Los socialdemócratas daneses de ninguna forma vemos en la propuesta la intención de proceder a una armonización fiscal, sino la prueba concluyente de que la UE puede poner freno a la amplia especulación fiscal existente en Europa. 
La propuesta de directiva del Consejo que examinamos hoy es una de las más importantes sobre las que hayamos tenido que pronunciarnos estos últimos años. 
En efecto, todo el mundo conviene en reconocer que la garantía de un tipo mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro en forma de pago de intereses en los Estados de la Unión distintos de aquel en que resida el inversor sirve perfectamente al objetivo consistente en evitar toda competencia fiscal perjudicial entre los Estados miembros. 
Además de que contribuirá a reducir las distorsiones que aún perturban en gran medida el Mercado Interior, esa ampliación de la base tributaria permitirá a los Estados miembros que lo deseen reducir las excesivas cargas que pesan sobre las rentas del trabajo y representan a veces una grave desventaja para nuestras empresas, sometidas a la competencia internacional en una economía que se mundializa. 
La propuesta de directiva que examinamos hoy no representa, desde luego, el alfa y omega de un régimen satisfactorio de imposición del capital. 
A ese respecto comparto enteramente las opiniones de nuestro ponente, cuando recuerda que queda mucho por hacer en el sentido de una fiscalidad del capital ideal y, en particular, cuando subraya la necesidad de una vasta concertación al respecto, entre otros, con los principales interlocutores de la Unión en el mercado de capitales: los Estados Unidos, el Japón y Suiza. 
Mientras se trabaja con vistas a semejante acuerdo, considero, junto con muchos otros, que esta propuesta de directiva constituye un avance indudable en la dirección adecuada. 
Más aún podríamos decir: un avance esperado desde hace muchos años. 
A ese respecto la Comisión ha hecho sin lugar a dudas un trabajo excelente. 
Así, pues, apoyaré sin reticencia alguna la propuesta de directiva en su forma enmendada por nuestra Asamblea. 
Me congratulo de las enmiendas introducidas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial a la propuesta de directiva sobre la fiscalidad del ahorro, encaminadas a garantizar un mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro de las personas físicas en forma de intereses dentro de la Comunidad. 
Me congratulo en particular de la aprobación de mi enmienda encaminada a reducir el tipo de retención en origen del 20 % al 15 % y por tres razones. 
En primer lugar, un tipo demasiado elevado perjudicaría a la inversión y, por tanto, al crecimiento y al empleo. 
En segundo lugar, el tipo de retención en origen aplicado en los convenios fiscales internacionales raras veces supera el 15 %. 
Por último, la elección de un tipo demasiado elevado haría que resultaran vanos los esfuerzos para limitar las fugas de capitales. 
En efecto, la directiva va encaminada a impedir la fuga de capitales hacia los Estados miembros de la Comunidad en los que el tipo es más ventajoso. 
¿Cómo impedir entonces que esos capitales fuesen a instalarse fuera de la zona, bajo otros cielos fiscalmente mas clementes? 
Desde esa óptica, elegir un tipo de 25 %, como propone el Gobierno francés, sería un error económico que iría en contra del objetivo perseguido: luchar contra la competencia fiscal perjudicial. 
Celebro a ese respecto la propuesta hecha por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de iniciar conversaciones con los países limítrofes sobre esas cuestiones fiscales. 
También se propone que después se amplíen dichas conversaciones a los Estados miembros de la OCDE. 
Ahora bien, es oportuno que la Unión Europea no convierta el resultado de esas conversaciones en una condición necesaria para la aplicación de la directiva sobre la fiscalidad del ahorro. 
Los factores de bloqueo son suficientemente numerosos como para no añadir otros... 
Así, pues, si no se aprueba enmienda alguna encaminada a modificar mi propuesta de un tipo de retención en origen del 15 %, votará a favor de la resolución y de la propuesta de directiva,. 
Puesto que esta Asamblea aprueba el 20 % y no opina necesario llegar primero a un acuerdo con nuestros países vecinos, voto en contra del informe. 
La política fiscal es, en general, un asunto de carácter nacional. 
Hay que combatir con reglas comunitarias el dumping a que da lugar la competencia fiscal desleal, cuando el objetivo es evadir impuestos, con la condición de que se trate de reglas mínimas. 
Por eso, he votado a favor del informe. 
He votado contra el Informe Pérez Royo sobre la fiscalidad del ahorro, porque representa el mejor medio de expulsar el ahorro fuera de la Unión Europea. 
Nueva York y Zurich, que ya están frotándose las manos, serán los grandes beneficiarios de esta operación suicida de deslocalización, Zurich sobre todo, para los fondos europeos de inversión en el sentido de la directiva de 1985. 
En efecto, es el colmo que sólo se vean afectados los fondos de inversión, con lo que los promotores procurarán domiciliarse fuera de la Unión para seguir vendiendo a sus clientes europeos fondos de inversión sin impuestos. 
Eso significará la muerte de una gran parte de los fondos de inversión. 
Se habrá fomentado la evasión fiscal afuera de la Comunidad y los ingresos fiscales internos serán nulos. 
En la Comisión de Asuntos Económicos hicieron oídos sordos. 
Ninguna de mis treinta y cuatro enmiendas fue aprobada y mis argumentos contra las monstruosidades administrativas propuestas no fueron escuchados. 
Esas cargas administrativas demasiado costosas para los agentes financieros entrañarán por sí solas desventajas en materia de competencia en cuanto a los gastos de gestión y provocarán la huida de la Unión de los fondos de inversión. 
La Comisión de Asuntos Económicos, como el Sr. Monti, hace también oídos sordos en relación con la necesidad de adoptar simultáneamente en terceros países con grandes posibilidades de atracción de los capitales de la Unión medidas equivalentes a las adoptadas en una directiva comunitaria. 
Si la directiva viera la luz, debería aplicarse sobre todo a los territorios dependientes o asociados de ciertos Estados miembros y allí donde dichos Estados miembros tienen responsabilidades particulares o prerrogativas fiscales. 
Ésos son los verdaderos paraísos fiscales dentro de la Comunidad: Mónaco, San Marino, Andorra, las Channel Islands, las Antillas neerlandesas y no sigo para no alargar la lista. 
De todos modos, ¿no irán a creer Sus Señorías que, como acaba de confirmar el ministro luxemburgués, Sr. Poos, ante nuestra Asamblea, mi país esté dispuesto a consentir un pacto leonino y a desempeñar el papel, poco envidiable, de cordero ofrecido en el altar de una armonización fiscal trucada? 
Además, no olviden que no hay ni que pensar en que renunciemos a nuestra condición de la globalidad del plan fiscal concertado el 1º de diciembre de 1997 durante la Presidencia luxemburguesa. 
¡Y viva la unanimidad! 
Se trata de un clásico de la armonización fiscal. 
Hay armonización del IVA y de los impuestos indirectos. 
Desde entonces la Comisión Europea viene arrastrando sus proyectos de armonización del impuesto de sociedades y sobre todo la armonización de la fiscalidad del ahorro: tanto más cuanto que la moneda única agudiza las distorsiones entre las fiscalidades múltiples, con todos los riesgos de deslocalización y competencia entre los sistemas fiscales. 
La Comisión, mala jugadora, ha intentado evitar el dumping fiscal inherente a la libre circulación mediante su código de conducta fiscal, que no es, en realidad, sino un código de cartelización de las administraciones fiscales para el mantenimiento de la situación oligopolítica. 
En ese marco interviene el Informe Pérez Royo sobre la propuesta de directiva de 4 de junio de 1998. 
Ésta va encaminada a establecer, evidentemente, un límite mínimo de imposición del rendimiento del ahorro para contrarrestar el paraíso fiscal luxemburgués. 
El límite mínimo sería doble: o una imposición de 20 % a los abonos de intereses o la información; gravar o informar; retener en origen o «denunciar» en la residencia. 
Es lo que se llama el modelo de la coexistencia; hacer coexistir los Estados fiscalizantes y los Estados exonerantes. 
Pero esa medida no resuelve el problema de la mundialización. 
Los capitales circulan, incluso allende Europa. 
El problema existe para las euro-obligaciones que pueden subscribir los inversores fuera de Europa. 
A eso se debe la propuesta del profesor Pérez Royo de un acuerdo multilateral con el Japón, Suiza y los Estados Unidos. 
Eso da idea de lo superada que está Europa: la aldea fiscal se vuelve planetaria. 
Para los capitales, la mundialización es cosa hecha. 
Así, pues, la fiscalidad europea está obsoleta. 
Sólo puede afectar a los contribuyentes fijos, localizados, con la escandalosa injusticia consiguiente y que conocemos. 
La Europa sin fronteras grava excesivamente las rentas del trabajo para vengarse por no poder atrapar con las rentas del capital. 
Por eso precisamente la Europa de la libre circulación es la Europa de la libre expoliación de los sedentarios en provecho de los nómadas. 
He votado a favor de esta propuesta legislativa sobre el establecimiento de un nivel mínimo de tributación efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses por tres convicciones muy fuertes: 
1.Éste es un primer paso, importante, en el sentido de poner término a la tremenda injusticia fiscal que reina en el planeta, donde las empresas multinacionales y los grandes volúmenes de capital escapan escandalosamente al fisco, refugiándose en los paraísos fiscales, condenando a los particulares y a las PYME al infierno fiscal de sustentar el grueso del sistema presupuestario. 
En el futuro el objetivo no estará, seguramente, ni en el off-shore ni en el on-shore. 
Estará en el all-shore, un mercado financiero a escala mundial, abierto, flexible, transparente, eficaz, líquido y coherente, con normas uniformes para todos.2.Con la realización de la Unión Económica y Monetaria y el advenimiento de la moneda única, la desaparición de los riesgos cambiarios tenderá a hacer de la fiscalidad del ahorro un factor de competencia poco saludable. 
Éste es un nivel mínimo de armonización de la fiscalidad, de momento sólo aplicable a los particulares, pero que en el futuro deberá aplicarse a las empresas también.El trato diferencial para los no residentes ha constituido un factor de distorsión. 
Puede haber quien no guste de la palabra armonización. 
Pero coordinación y coherencia fiscales son lo mínimo que se debe hacer. 
El Pacto de Estabilidad y la voluntad de transparencia que reinan hoy en Europa conducirán pragmáticamente a la convergencia fiscal. 
La situación actual, que oscila entre el 0 % y el 60 % del tipo de retención en origen sobre los rendimientos del capital, es una amplitud fiscal desestabilizadora para toda la Unión. 
3.El tipo del 15 % aprobado por el Parlamento para la retención en origen nos parece razonable, pero, para evitar una fuga masiva de capitales al exterior de la Unión Europea, resulta necesario establecer de inmediato acuerdos con los demás países de la OCDE, en particular los EE.UU., el Japón y Suiza, en el sentido de una coordinación de políticas fiscales sobre los rendimientos del capital que vuelva el sistema financiero mundial más equitativo y estable y en el que exista un equilibrio entre la liquidez nacional y la liquidez internacional. 
Los diputados laboristas británicos apoyan los principios que encierran las propuestas de la Comisión para prevenir la evasión de impuestos en los pagos de intereses transfronterizos a individuos- En cualquier caso, tal y como están diseñadas las propuestas actualmente resultan defectuosas y contrarias a los intereses laborales de la industria europea de servicios financieros. 
La coordinación de la introducción de una directiva fiscal retentiva es crucial. 
Una acción unilateral al nivel de la Unión europea corre el autentico riesgo de propiciar una huida de capital a terceros países- por ejemplo, Suiza. 
Si esto ocurriera los empleos de los centros financieros de la UE se perderían en favor de terceros países a medida que saliera el capital. 
Además, no habrá ningún beneficio para los tesoros públicos puesto que los pagos de intereses imponibles estarán fuera de los 15 Estados miembros. 
No se aprecia que los Eurobonos o los valores internacionales están incluidos en el ámbito de la directiva. 
Un movimiento de este tipo también causaría el riesgo de un traslado de todo el mercado de los Eurobonos fuera de la UE, en especial fuera de Londres. 
Los diputados laboristas británicos están muy al corriente de la experiencia de Nueva York de imponer un impuesto unilateral sobre esta clase de servicios. 
Durante muchos años el mercado de eurobonos se negoció casi exclusivamente en Nueva York. 
La introducción de un régimen fiscal unilateral asistió a su traslado prácticamente total a Londres. 
Tal y como está redactada actualmente esta directiva supone una amenaza directa para entre 10.000 y 110.000 puestos de trabajo, fundamentalmente en los servicios financieros de Londres, dependiendo en qué análisis se crea. 
Ciertamente, ya hay claros indicios de preparativos de suiza para cualquier oportunidad que surgir de la acción de la UE. 
Los diputados laboristas británicos apoyarán llamamientos a favor del desarrollo de una política multilateral junto con el resto de los centros financieros de la OCDE para acabar con la importante cuestión de la evasión fiscal, y a favor de la exclusión de los Eurobonos de esta directiva. 
Ante la ausencia de la presentación de enmiendas en este sentido, los diputados laboristas británicos votarán en contra de la directiva. 
La propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Pérez Royo, encaminados a garantizar un nivel mínimo de tributación del ahorro merecen sin duda nuestro acuerdo: en particular ahora, con la moneda única y la consiguiente ausencia de riesgos cambiarios. 
Si bien hemos de ser sensibles a una competencia de esa índole que podría proceder de terceros países, hemos de ser exigentes, en particular dentro de la OCDE, en el sentido de que también haya en ellos niveles mínimos de tributación. 
Sin embargo, al no poder esperarse que así sea de inmediato, hay que convenir con la enmienda aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, en el sentido de que el tipo mínimo no sea el 20 %, sino el 15 %, con lo que se atenuarán los efectos de una competencia que nos sea desfavorable. 
Discrepamos, pues, a ese respecto, con el ponente, quien ha afirmado hace poco que votaría a favor del 20 %. 
Bajo el manto del código de conducta aprobado por el Consejo y encaminado a evitar toda competencia fiscal perjudicial entre Estados miembros, la Comisión presenta, en forma de propuesta de directiva, un texto precoz e inmaduro. 
Precoz, porque brilla por su ausencia un planteamiento global en materia de armonización fiscal. 
La armonización de la fiscalidad del ahorro es un aspecto concreto de un esfuerzo de armonización que debe comprender otras esferas, de las cuales la de la fiscalidad de las empresas es una de las más importantes. 
Armonizar una parte solamente de la fiscalidad es potencialmente más perjudicial que mantener los divergentes regímenes fiscales vigentes. 
Por consiguiente, hasta que se haya preparado y aprobado el proyecto de conjunto no se podrá apreciar en su valor exacto una directiva sobre la armonización de la fiscalidad del ahorro. 
El texto es inmaduro, pues todos sus elementos son en gran medida polémicos y no se conocen bien sus efectos en la economía europea. 
La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial enuncian principios sobre los cuales se podría encontrar en efecto, un acuerdo en tiempo útil: la retención en origen, la coexistencia, un tipo común de retención. 
Pero la aplicación concreta de esos principios requiere una reflexión más madura y sobre todo que se encuentren soluciones previas para los numerosos problemas concretos: determinación de un tipo mínimo de retención realista; coexistencia, sí, pero sin las complicaciones suplementarias y opacas de un sistema de certificados y reembolsos, que abre la vía a las disfunciones; definiciones poco precisas del «beneficiario efectivo» y del agente financiero; efectos potencialmente negativos para los mercados financieros europeos de la inclusión sin derogación de las euro-obligaciones en esta directiva, etc. Todos esos problemas siguen sin resolverse hasta ahora y hacen que como máximo se pueda considerar este proyecto de directiva un primer esbozo de un texto que requiere aún trabajos intensivos. 
Algunas de las modificaciones hechas por el Parlamento van en la dirección adecuada, sin por ello rozar los problemas de fondo: se ha reducido el tipo de retención; se menciona el papel de ciertos terceros países limítrofes, que serán los únicos beneficiarios de la directiva en su versión actual; se subraya la utilidad de cierta competencia fiscal leal y la correspondiente flexibilidad benéfica de la presión fiscal. 
Si no, el informe sigue demasiado próximo al texto de la Comisión. 
La exposición de motivos, aunque no forme parte integrante del texto legislativo, contiene ciertas opiniones que no comparto: la reducción del problema de las euro-obligaciones a un problema puramente británico y, sobre todo, la visión ideal del ponente, según la cual «el régimen (fiscal) ideal debería descansar sobre el principio de la facilitación de información a las autoridades fiscales, a saber, la eliminación del secreto bancario para fines fiscales». 
Por estas razones, voto contra el Informe Pérez Royo. 
Apoyo el esfuerzo realizado para contrarrestar la especulación existente con las diversas normas que mantienen los países comunitarios sobre tributación de los intereses provenientes de cuentas de ahorro- de cara a garantizar una módica imposición mínima. 
Además, apoyo la idea de la Comisión sobre una imposición mínima, sin embargo, me gustaría subrayar que con ello los conservadores daneses no decimos sí a una auténtica armonización de los tipos impositivos. 
También me gustaría colaborar para que exista un cierto intercambio de información entre los países miembros que posibilite que la imposición tenga lugar de una forma u otra. 
Sin embargo, hemos de asegurarnos al mismo tiempo de que las nuevas normas comunitarias en este ámbito no motiven un traslado de fondos de pensiones y otras instituciones financieras radicadas hoy dentro de la UE a países que no forman parte de la UE. 
«No es necesario recordar los orígenes de esta propuesta de directiva ni la importancia que reviste el régimen fiscal para le funcionamiento del Mercado Único, en particular en relación con el establecimiento del euro». 
Las tres primeras líneas de la exposición de motivos del ponente revelan, así, con crudeza que el objetivo perseguido es el de luchar contra los efectos perversos, pero totalmente previsibles, de la creación del euro en ciertos movimientos de capitales. 
En efecto, con el establecimiento del euro en el marco de un mercado único, los diferenciales de fiscalidad entre los diferentes Estados miembros provocan desplazamientos importantes de capitales, que ahora se pretende atajar, en particular mediante el establecimiento de un mínimo de fiscalidad de los rendimientos de los capitales invertidos por personas físicas. 
Resulta asombroso comprobar que no se advirtieran correctamente las consecuencias del euro en los desplazamientos de capitales antes de su lanzamiento. 
Respecto de este informe propiamente dicho, el Grupo Europa de las Naciones ha votado a favor de las enmiendas que precisan la necesidad de una armonización de los principios básicos de la fiscalidad con los países miembros de la OCDE. 
En efecto, si se establece una armonización limitada tan sólo a los países de la Unión Europea, es muy probable que se produzca una huida de capitales hacia terceros países. 
Respecto de la tasa mínima de retención de los recursos correspondientes a los intereses pagados, nuestro Grupo ha votado a favor de la enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que establece una reducción de dicho mínimo al 15 %, frente al 20 % propuesto por la Comisión; una tasa mínima demasiado elevada podría provocar una evasión de ciertos capitales a terceros países. 
La UEM y el «euro» exigen la armonización de la política fiscal en la UE y la formulación de un marco fiscal único para la actividad económica en todos los Estados miembros. 
Ese esfuerzo de equiparación no tiene en cuenta el diferente grado de desarrollo de cada país ni las consecuencias que acarreará una política fiscal única para los presupuestos nacionales, ni para el desarrollo, ni para los gastos sociales ni, de manera especial, para las rentas de los trabajadores; al contrario, tiene como meta el aumento de las medidas fiscales a costa de los trabajadores y aligerar las cargas fiscales de las empresas y del gran capital e incrementar así sus beneficios. 
La política fiscal que paso a paso se va formulando por parte de la UE, y cuyo ejemplo característico es la propuesta de tratamiento fiscal de los intereses que estamos debatiendo hoy, va a venir a intensificar aún más las desigualdades regionales y sociales, hará más incontrolable al gran capital y vendrá a reforzar la corrupción de la vida económica. 
La propuesta de la Comisión favorece de forma sustancial a los paraísos fiscales de todo tipo y a las múltiples exenciones en las rentas del gran capital. 
Carga con impuestos a los intereses del pequeño ahorrador e inversor y exime de ellos a las empresas y al gran capital. 
Al mismo tiempo que, en nombre de la financiación de la seguridad social y de la reducción de los déficit públicos, se están elaborando propuestas y promoviendo ideas para el aumento de la carga fiscal indirecta, que es la que afecta principalmente a amplias capas populares, y la reducción de los servicios sociales públicos de salud y de jubilación por su alto coste. 
Probablemente, los dirigentes de la UE consideren que los beneficios y las rentas de grandes proporciones, que evitan de forma legal cualquier tipo de carga fiscal gracias a una serie de exenciones y excepciones previstas en las legislaciones fiscales nacionales, tales como las rentas obtenidas por acuerdos de recompra y otro tipo de derivados financieros, ni pueden ni deben contribuir al menos al logro de los objetivos citados. 
Esto supone que todo el coste recaerá sobre las espaldas del pueblo y de los trabajadores y todos los beneficios serán para las grandes empresas y el gran capital. 
Nosotros consideramos inaceptable, y a la vez revelador de las intenciones de la UE y la UEM, el hecho de que la directiva propuesta afecte sólo a las personas físicas cuando es sabido que, en su mayoría, los titulares de los depósitos en el exterior o de las obligaciones transfronterizas- estatales o no- son las grandes entidades inversoras. 
También es de destacar que las enmiendas que pedían la ampliación de la directiva a las personas jurídicas han sido rechazadas. 
Para nosotros es impensable que se establezcan impuestos que excluyan a las empresas. 
Una regulación de tal índole atenta de forma esencial y directa contra el empleo y el desarrollo ya que contribuye a la conservación de los capitales en los bancos o a su transformación en obligaciones u otros productos financieros en lugar de impulsarlos, mediante regulaciones fiscales adecuadas, hacia las inversiones en los procesos productivos. 
No estamos ante un tratamiento fiscal sino ante la penalización del duro esfuerzo que realizan los trabajadores para ahorrar. 
Esta regulación abre el camino para la corrupción de la vida económica, la explotación de los trabajadores y la creación de empresas fantasma con el único fin de estar exento del pago de impuestos. 
También crea las condiciones- facilitadas por la convergencia de los tipos de interés- para la transferencia de los depósitos a un estado diferente al del domicilio fiscal o para reforzar el mercado transfronterizo de obligaciones a costa del mercado interior y así infringir la legislación fiscal de «los ciudadanos de ese estado» y evitar con ello los impuestos. 
De manera especial se facilita la posibilidad de utilizar las obligaciones cupón cero (zero coupon bonds) como medio de blanqueo en caso de venderlas antes de su vencimiento a personas que no estén sujetas a esta directiva y por lo tanto no sujetas a un régimen fiscal. 
La presente propuesta de directiva es una parte del paquete acordado en diciembre de 1997 por parte del Consejo. Nosotros queremos reiterar nuestro completo desacuerdo con la lógica de dichos paquetes que tienen como fin desviar cualquier tipo de objeción que pudiese haber y aprobar decisiones que afectan a los países más débiles como ocurre con la propuesta de directiva sobre los intereses de las empresas asociadas que afectan de modo indirecto a Grecia, país importador de capital. 
Además, a causa de lo que está previsto al respecto en el proyecto de directiva y dado que se está acercando el comienzo de una nueva ronda de negociaciones multilaterales, consideramos que la Comisión y el Consejo deberían proseguir realizando las actuaciones necesarias para establecer a escala internacional un medio que prevea un tratamiento fiscal a los intereses de los depósitos y a las rentas de obligaciones de cualquier tipo y a otros productos financieros, teniendo como objetivo principal las grandes entidades inversoras internacionales y, en general, las personas jurídicas, y prevea un medio para la fiscalización de cualquier tipo de movimiento especulativo de capital transfronterizo y poner al menos algunas barreras al incremento del volumen de beneficio del parasitario capital especulativo. 
Informe Lehne (A4-45/99) 
Es esencial resaltar, llegados a este punto, que los solicitantes de asilo están cubiertos por las convenciones existentes que tienen por objetivo protegerles contra la persecución. 
Se deben aplicar criterios diferentes a aquellos que desean entrar en la Unión Europea por motivos económicos. 
La cuestión clave que ahora se debate es si deberíamos tener una política de admisión estricta o flexible. 
Yo diría que si la Unión Europea admite nacionales de terceros países con el objetivo de servir a las necesidades específicas de la escasez laboral de los Estados miembros individualmente considerados, sería repulsivo adoptar una política de «puerta giratoria» al no asumir ninguna responsabilidad por el tangible ingreso económico de los trabajadores de terceros países. 
También hablaría más en favor de una política estricta de admisión que de una flexible de modo que se puedan proteger los derechos de nacionales de terceros países al resaltar con claridad los criterios necesarios para la admisión. 
La armonización de las políticas de visado de los Estados miembros en relación con terceros países, en mi opinión, es un paso decisivo hacia la mejora de la seguridad de los documentos de viaje. 
El reconocimiento mutuo de documentos de viaje es esencial para poner en práctica la política de la UE sobre la admisión de nacionales de terceros países. 
Desde una perspectiva irlandesa, para nosotros, como nación, el flujo de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes es una experiencia relativamente nueva. 
Se han cometido errores en sucesivos gobiernos al tratar este problema evolutivo. 
Debo decir que estoy ofendido por la forma en que algunos de nuestros ciudadanos tratan a estos extranjeros. 
En ocasiones nos podemos esconder tras las disposiciones de la Convención de Dublin, que declara que el primer país de la UE en el que entra un solicitante de asilo debe tramitar su demanda de asilo. 
Irlanda es en pocas ocasiones el primer puerto de escala de probables solicitantes de asilo. 
El gobierno irlandés debería ser suficientemente audaz y valiente para introducir una amnistía para los refugiados existentes y los solicitantes de asilo en Irlanda. 
Debería entonces introducir nuevas y uniformes reglas para gestionar en el futuro nuevas solicitudes. 
El pueblo irlandés debe mostrar algo de compasión por este asunto. 
Nosotros, más que otras naciones, nos hemos beneficiado de la generosidad de espíritu y la amabilidad de otras naciones a lo largo de nuestra historia, sobre todo de Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos. 
El mero hecho de que Irlanda está experimentando un desarrollo económico sin precedente debe significar que no olvidamos nuestro deber humanitario para con los demás. 
El proyecto de convenio relativo a las normas para la admisión de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros de la Unión responde con toda evidencia a una necesidad: intentar establecer condiciones mínimas para el cruce de las fronteras exteriores de la Unión a fin de evitar las brechas abiertas por las que los inmigrantes pueden entrar en un país miembro y extenderse después por toda Europa. 
Este texto, que ha sido negociado con visible seriedad por el Consejo, ha resultado menoscabado por las enmiendas del Parlamento Europeo. 
De todos modos, adolece de un vicio de construcción que nos inspira una gran reserva: su revisión en el futuro sería casi imposible. 
En efecto, el artículo 42 establece que el Consejo deberá decidir las modificaciones del convenio por unanimidad, cosa que puede parecer lógica, tratándose de un texto que habrá sido aprobado por unanimidad. 
Pero esa afirmación plantea un problema, pues, si bien la unanimidad es protectora para la aprobación de un texto, se vuelve terriblemente conservadora, e incluso perversa, cuando se trata de su revisión. 
De hecho, la verdadera regla que habría que formular es la de que, cuando se ha aprobado un texto por unanimidad, la defección de un solo miembro que pida su revisión debe entrañar automáticamente la incoación de ese proceso. 
No se trata de una cuestión abstracta. 
Se plantea hoy en Francia con la directiva relativa a la caza de 1979. 
Puede plantearse en el futuro con este convenio sobre las normas relativas a la admisión de ciudadanos de terceros países: por ejemplo, si un país signatario pide la modificación de las normas relativas a la reagrupación familiar. 
Tampoco se trata de una cuestión extraordinaria: ningún texto es eterno y es normal prever los medios para hacerlo evolucionar en el futuro. 
En el convenio que hoy nos ocupa se plantea, por lo demás, un problema suplementario: si un país, al no haber obtenido la renegociación de un texto, quisiera democráticamente retirarse de una parte o del conjunto, resulta difícil imaginar cómo sería posible, dado que, según lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam, no tendría derecho a restablecer unilateralmente ciertos controles en sus fronteras. 
Así, pues, podemos considerar extraño que los Gobiernos se lancen por la vía de semejantes convenios sin haber resuelto antes problemas tan graves y haber adoptado todas las precauciones necesarias. 
Volvemos a encontrar en el informe del Sr. Lehne las reivindicaciones relativas a la voluntad de armonización de las políticas de inmigración y de visados. 
El punto de partida del ponente, como el de la Sra. Lindeperg, cuyo informe responde a la misma lógica, pese a las diferencias de Grupos políticos, es el de que, frente a las dificultades del momento en esos ámbitos, ya no se pueden tratar esas políticas en un plano puramente nacional. 
Así, el proyecto de Tratado de Amsterdam debería permitir una armonización simultánea de las políticas en materia de visados, sin la cual quedarían comprometidas la libre circulación de las personas, la aplicación de una política de asilo equitativa, la armonización de las reglamentaciones en materia de inmigración, la lucha contra la inmigración ilegal y la aplicación de controles eficaces en las fronteras exteriores. 
El informe se sitúa resueltamente en la perspectiva de la ratificación del proyecto de Tratado de Amsterdam. 
Establece un reglamento provisional, pues la Comisión ya se ha comprometido a presentar una nueva propuesta, en forma de directiva, en cuanto entren en vigor las modificaciones acordadas en el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, en la exposición de motivos de la propuesta de acto del Consejo la Comisión considera que la situación económica actual y del mercado del empleo no permite abandonar políticas selectivas en materia de admisión para fines de empleo asalariado o independiente, elaboradas por los Estados miembros. 
No obstante, se obstina en pensar que Europa debe adoptar un planteamiento global en materia de políticas de inmigración. 
¿Qué decir de los problemas de integración de las poblaciones entrantes en sociedades que ya tienen dificultades para estructurar las relaciones humanas y sociales dentro de ellas y entre ellas? 
¿Qué del costo económico y social de semejantes medidas? 
¿Qué de los citados controles en las fronteras exteriores de la Comunidad cuya ausencia real o efectiva en ciertas regiones es conocida? 
¿Qué será de la libertad de los Estados miembros para reaccionar ante situaciones particulares, ante una cláusula de salvaguardia que establece una derogación con carácter excepcional, limitada a la duración estrictamente necesaria y teniendo en cuenta los intereses de los demás Estados miembros a los que el Estado ha de mantener rigurosamente informados, como también a la Comisión? 
Todas esas preguntas permanecen hoy sin respuesta. 
Lo que está en juego es demasiado grave para lanzarnos así a lo desconocido. 
El infierno está empedrado con buenas intenciones. 
Esta máxima es más que aplicable al espíritu de los informes del Sr. Lehne. 
La política es el arte de lo real, no de la utopía. 
Nuestro siglo ha pagado un precio muy alto a ésta desde 1917 para que, en nombre de una falsa generosidad, transformemos la Unión Europea del futuro en una vasta Yugoslavia. 
El Tratado de Amsterdam y Schengen dan más poder a la UE en materia de inmigración, visados y asilo. 
El informe está en esta línea. 
La comisión opina, sin embargo, que el informe no llega suficientemente lejos en la armonización de las normas de visados de los Estados miembros. 
Las normas comunes sobre visados hacen que la UE se parezca más a un estado. 
Para muchos países estas reglas comunes tendrán como consecuencia que los ciudadanos de numerosas naciones tendrán que solicitar visados para entrar en la Unión. 
Esto aumenta el riesgo de que tanto las fronteras externas como la política de inmigración y de refugiados se hagan más rigurosas. 
Informe Lindeperg (A4-50/98) 
Señora Presidenta, en el Informe Lindeperg, sobre el que se acaba de votar, el Parlamento Europeo pide la armonización «por arriba» -es la expresión utilizada en la exposición de motivos- de las formas de protección complementarias del estatuto de refugiado. 
En efecto, el Convenio de Ginebra, de 28 de julio de 1951, subscrito por todos los Estados miembros de la Unión, establece la concesión de dicho estatuto a personas perseguidas por sus Estados de origen por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, lo que al Parlamento Europeo le parece demasiado restrictivo. 
Quisiera, en particular, ampliar la definición de las causas reconocidas de persecución, incluyendo, por ejemplo, las causas sexuales, y ampliar también la definición de los posibles perseguidores, que ya no estaría limitada a los organismos estatales. 
Esa ampliación de las definiciones del Convenio de Ginebra, que abriría la vía a un estatuto complementario de refugiado, se sumaría al régimen temporal de protección de las personas desplazadas, que la Unión Europea está instituyendo paralelamente, para ofrecer una gama completa de estructuras jurídicas de acogida a todos los individuos o los grupos de población que, por una u otra razón, quieran huir de su país de origen. 
La propuesta que hace el Parlamento Europeo con este estatuto complementario me parece totalmente típica del comportamiento habitual de esta Asamblea. 
Se proclama que el nuevo estatuto concederá derechos, sin molestarse en decir cuáles y dando a entender solamente que no estarán limitados en el tiempo. 
No se pretende saber cuántos nuevos refugiados resultarán así directa o indirectamente ni cuánto va a costar todo eso al contribuyente. 
Y, naturalmente, ni una palabra figura en ningún punto del informe sobre lo que puedan pensar al respecto los ciudadanos de los países miembros. 
Por nuestra parte, consideramos que se trata de un método de trabajo totalmente irresponsable. 
Naturalmente, los países de Europa deben mostrarse solícitos para con los extranjeros perseguidos y en primer lugar respetando escrupulosamente el Convenio de Ginebra. 
Pero esa actitud puede revestir formas muy diversas, entre ellas la instalación no limitada en nuestros territorios que deberíamos excluir casi sistemáticamente. 
Señora Presidenta, esta explicación de voto la hago no sólo en mi nombre sino en el de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Nos hemos abstenido en la votación sobre este informe y creo que ello merece una explicación porque una abstención es no estar ni a favor ni en contra, y parece que en un tema como éste hay que tomar partido y la delegación española del Partido Popular Europeo toma partido. 
Evidentemente, estamos a favor de que se armonicen los sistemas complementarios de protección para que no haya personas que racionalmente merecen una protección y que, por no estar en las condiciones previstas por el Convenio de Ginebra, no la reciben. 
Por eso no hemos votado en contra del informe. 
Coincidimos con la ponente y con la mayoría de la Asamblea en cuanto a los objetivos. 
Sin embargo, señora Presidenta, no hemos votado a favor de este informe porque adolece de graves defectos, y no sólo jurídicos, que también los tiene en la medida en que intenta forzar una interpretación del Convenio de Ginebra que es totalmente contraria al Derecho Internacional Público. 
Pero, fundamentalmente, no hemos podido votar a favor por razones políticas porque, en definitiva, señora Presidenta, con el tipo de demagogia que hay en este informe lo único que se hace es ir en contra de los intereses que se intenta proteger. 
Por lo tanto, eso explica la abstención constructiva de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de un informe que trata de la necesidad de aprobar normas comunes más allá de la Convención de Ginebra. 
Es precisa una colaboración europea en materia de refugiados. 
El primer paso de cara a una política común de refugiados se dio con la aprobación de la Convención de Ginebra. 
El siguiente paso deben ser normas comunes para las personas que no estén incluidas dentro de la Convención de Ginebra. 
Son personas que no están perseguidas individualmente por el poder público por motivos políticos, pero que necesitan asilo por otras causas humanitarias. 
Los países miembros deben hacer una interpretación similar de cómo se les garantiza a estas personas una adecuada protección. 
Es hora de que iniciemos la discusión de la definición común de «segunda protección humanitaria de hecho». 
Debe haber estándares mínimos a cuyo cumplimiento estén obligados todos los países miembros. 
Desde comienzos del decenio de 1990, la Unión Europea conoce un aflujo de refugiados que huyen de sus países por múltiples causas. 
Muchos de ellos no entran en la definición de refugiado que da el Convenio de Ginebra. 
Sin embargo, la Unión Europea no puede denegar el acceso a su territorio a esas personas. 
En efecto, rechazarlas, sin otra forma de proceso, a su país de origen pondría en peligro su vida o como mínimo su integridad física o moral. 
A ese respecto, es necesaria una armonización de las políticas aplicadas por los Estados miembros. 
Será posible en cuanto entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
En ese marco hay que establecer un instrumento que armonice las formas de protección complementaria del estatuto del refugiado. 
Sobre todos esos puntos comparto en muy gran medida la opinión de nuestra ponente. 
En efecto, considero que la Unión Europea debe conceder un estatuto particular a las personas que no respondan a la definición que da el Convenio de Ginebra del refugiado. 
El debate versa esencialmente sobre la definición de las categorías que pueden acogerse a ese estatuto complementario. 
Me parece que siguen sin aclarar algunos puntos. 
Un solo ejemplo ilustrará mi reflexión: independientemente de lo que pensemos de la pena de muerte, por lo demás, ¿puede de verdad un condenado por crímenes y delitos comunes a la pena capital al final de un proceso justo y que haya agotado todas las vías de recurso en un Estado de derecho beneficiarse- como parece sugerir nuestra ponente- de dicho estatuto particular con el pretexto de que los Estados de la Unión Europea han renunciado justamente a la aplicación de dicha pena? 
Y en caso afirmativo, ¿con qué condiciones? 
¿Puede colocarse a semejante condenado en el mismo plano estatutario que, por ejemplo, una mujer que huya de su país porque tema sufrir en él violencias sexuales o tratos inhumanos o degradantes? 
Semejante pregunta merece como mínimo un debate a fondo. 
Resulta indispensable un estatuto complementario. 
Simplemente creo que el expediente no está aún maduro. 
Así, pues, voto contra el presente informe e insisto en que prosiga el debate. 
El Movimiento de Junio vota a favor del Informe Lindeperg para mostrar nuestra predisposición a la acogida de refugiados. 
El Informe Lindeperg resulta más humano que la política planteada por los funcionarios y Ministros de Justicia. 
Sin embargo, y para mantener la costumbre, no vamos a evitar llamar la atención sobre la obligación de que sean los propios países quienes decidan en materia de inmigración y política de refugiados. 
No queremos ninguna colaboración supranacional en este campo, porque la política de refugiados mejorará cuando la población tenga posibilidad de apoyarla. 
Este informe es, en gran medida, un documento equilibrado que se ocupa de asuntos esenciales, de gran importancia. 
Tengo la esperanza de que las enmiendas presentadas por el Grupo conservador no sean aprobadas. 
El informe empeoraría mucho, ya que este grupo político no tiene la intención de facilitar la vida a los solicitantes de asilo ni a los refugiados. 
Por el contrario, espero que el Pleno apruebe las enmiendas 1 y 2 del Grupo ARE sobre los homosexuales. 
Es muy importante que este asunto se tome muy en serio, puesto que en muchos países se les persigue. 
En algunos países se condena incluso a la pena capital a causa de las preferencias sexuales. 
Es de vital importancia que se tome en cuenta esto, tanto cuando se discuten las leyes sobre refugio como al tratar de la protección a las personas homosexuales. 
No puedo apoyar el Informe Lindeperg porque pienso que la política de asilo no debe ser una cuestión de la UE. 
En mi opinión, pertenece sólo al ámbito de los estados nacionales. 
Naturalmente, cada país está obligado política y moralmente a cumplir las convenciones internacionales que pudieran existir sobre esta materia, tanto en su espíritu como en su letra. 
Especialmente los países democráticos ricos están obligados a llevar la delantera en todo lo referido a la protección de los perseguidos del mundo- también incluso otorgándoles asilo. 
Mi distanciamiento, políticamente hablando, del informe no debe ocultar, sin embargo, el hecho de que la Sra. Lindeperg aborda circunstancias importantes de una forma sensible y acertada. 
A modo de ejemplo, cuando señala el problema de las personas que en realidad hoy son refugiados, pero que no entran dentro del concepto tal y como lo entiende la Convención de Ginebra. 
Éste estaría reñido con el mismo principio por el que un refugiado se halla protegido mediante un convenio internacional, contraído bajo auspicios internacionales. 
Al mismo tiempo, también puedo imaginarme muy fácilmente cómo el acuerdo comunitario sobre otro concepto alternativo de refugiado no habría que considerarlo un aditamento a la Convención de Ginebra, sino como un paso hacia el vaciado de contenido de la Convención de Ginebra, para así (con buena conciencia) poder rechazar a muchas más personas en las fronteras exteriores de la UE. 
La impresión general que dan la UE y especialmente sus países miembros es que no desean una ampliación del concepto de refugiado, sino, al contrario, una reducción de éste. 
El Primer Ministro danés lo dejó claro en el referéndum danés sobre el Tratado de Amsterdam: «Un sí al Tratado de Amsterdam significará menos refugiados en Dinamarca». 
La ponente presenta un excelente informe al que, en general, doy mi apoyo. 
No obstante, hay motivos para hacer algunos comentarios. 
La política comunitaria de refugiados se ha hecho más rigurosa en estos últimos años. 
Esto ha tenido como consecuencia que el número de solicitantes de asilo en la UE haya disminuido, a pesar de que la situación en el mundo no haya mejorado. 
El resultado de esta política de refugiados más severa es una mayor inmigración ilegal. 
El contrabando de personas y las organizaciones mafiosas ilegales ganan mucho dinero introduciendo ilegalmente a seres humanos en la UE y arriesgando la vida de esas personas. 
Frágiles barcas repletas de gente que cruzan el Mediterráneo en la oscuridad de la noche, han terminado en el fondo del mar. 
La vida para aquellos que logran ingresar a la UE ilegalmente, tampoco es aceptable. 
Viven totalmente al margen del estado de derecho y sin los más elementales derechos. 
Los niños no tienen posibilidad de ir al colegio ni de recibir asistencia médica cuando enferman, por el fundado miedo de los padres a ser descubiertos y devueltos a sus países de origen. 
No comparto el criterio de la ponente de que una armonización sería la medida más aconsejable para la política de asilo, especialmente cuando la armonización comenzada en 1996 ha tenido como resultado una política de asilo generalizadora e invariablemente restrictiva. 
Por el contrario, comparto la opinión de la ponente de que se otorgue condición de refugiadas a las mujeres, tal como lo estipula el punto 15 del informe. 
Tal condición también debería valer para los homosexuales. 
Existe un vacío legal entre las normas de la Convención de Ginebra y el reglamento para la protección provisional, que sólo rige en situación de guerra y en relación con huidas masivas. 
Es deber de todos los Estados miembros asumir una mayor responsabilidad en la recepción de refugiados, especialmente aquellos países que tienen cuotas de refugiados considerablemente menores que Alemania que, por ejemplo, ha asumido una gran responsabilidad. 
Nuestra misión es trabajar para que los derechos humanos se transformen en algo concreto y universal y que puedan gozarlos no sólo quienes han tenido la suerte de nacer en una Europa próspera. 
¡Solicitar asilo es una derecho fundamental! 
El informe de nuestro colega Lindeperg pasa por alto completamente la propia esencia de la problemática de los solicitantes de asilo en la Unión Europea. 
Esa esencia radica en que de hecho no nos enfrentamos a un problema real de asilo político, sino a un problema de estafa de asilo político. Y esa es una cosa bien distinta. 
Todo el mundo sabe que apenas un reducido porcentaje de los solicitantes de asilo en Europa pueden apoyarse con alguna justificación o razón en las convenciones internacionalmente reconocidas sobre el derecho de asilo. 
Si pudiésemos expulsar fuera de nuestras fronteras de forma sistemática, eficaz y real a todos esos cientos de miles de estafadores de asilo que se apuntan cada año al aprovechamiento de la seguridad social de nuestros Estados miembros, de hecho no tendríamos ningún problema de asilo político en Europa. 
Utilizar la expresión estafador de asilo puede resultar chocante. 
Sin embargo, la palabra tiene la ventaja de la claridad, apunta a una realidad y desde luego no implica ninguna condena personal. 
Solo caben dos posturas: o bien jugamos a San Nicolás y decimos «todos los extranjeros son bienvenidos a Europa y podrán ser mantenidos por nosotros» o bien aplicamos estrictamente los convenios existentes de modo que los estafadores de asilo sean devueltos a sus propios países; no sólo porque hacen peligrar todo el sistema de asilos, perjudicando a los auténticos refugiados, sino también porque en la propia Europa quedan aún muchos pobres y menos pudientes para con quienes tenemos una primera obligación antes de cargar sobre nuestras espaldas con los padecimientos del resto del mundo. 
Está claro que el ponente Lindeperg elige la política de San Nicolás. 
Pero juega a San Nicolás a costa del contribuyente. 
Si sus propuestas para una mayor socavación de la reglamentación de los derechos de asilo se convierten en realidad, caerá la última barrera y nos veremos amenazados por un maremoto de buscadores de la fortuna de todo el mundo. 
Resumiendo, es un informe muy irresponsable- como otros tantos de este Parlamento- que no apoyaremos. 
La sesión, suspendida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15 horas 
Avance de la Agenda 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración del Consejo sobre el avance de la Agenda 2000. 
Tiene la palabra el representante del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, cuando el ministro Fischer presentó el programa de la Presidencia alemana aquí, hace aproximadamente un mes, en su calidad de Presidente del Consejo, entre las prioridades para el semestre en curso, citó en primer lugar la culminación con éxito de las negociaciones sobre la Agenda 2000 antes de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. 
Las negociaciones sobre los diferentes elementos concretos de la Agenda, que han venido desarrollándose activamente desde que la Comisión presentó las propuestas legislativas hace once meses y con especial intensidad desde principios de año, se encuentran actualmente en plena fase decisoria. 
Yo me congratulo de poder mantener hoy, dentro de esta fase, un detallado debate con ustedes sobre la Agenda 2000. 
Permítanme que empiece por esbozar brevemente las siguientes etapas del camino que culminará en la Cumbre extraordinaria. 
Antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y del Consejo de Agricultura que tendrá lugar dentro de menos de dos semanas habremos completado en los órganos del Consejo y en los Consejos un primer examen de todos los elementos esenciales para un posterior compromiso global. 
El primer examen de los temas clave, que todavía se está desarrollando bajo la responsabilidad del Consejo de Asuntos Generales, del Consejo de Economía y Finanzas y del Consejo de Agricultura, ya nos ha permitido alcanzar resultados considerables en la búsqueda de compromisos y de un consenso en relación con algunos puntos. 
Sin embargo, también ha quedado patente el considerable trecho que aún nos queda por recorrer en tan corto tiempo. 
Los progresos conseguidos hasta ahora, incluido particularmente también los resultados que cabe esperar que se alcancen en el Consejo de Agricultura del 22 y 23 de febrero, serán ratificados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre informal que tendrá lugar en Bonn. 
Esperamos que de dicho encuentro, al cual el canciller federal Schröder ha invitado también al Presidente del Parlamento Europeo, salgan importantes orientaciones para la fase final de los trabajos. 
Inmediatamente después de la Cumbre de Bonn deberá empezar a cerrarse finalmente, bajo la responsabilidad del Consejo de Asuntos Generales en su calidad de órgano coordinador, el paquete que acabarán de negociar y habrán de aprobar políticamente los Jefes de Estado y de Gobierno a finales de marzo y en abril. 
La decisión del canciller federal Schröder de trasladar la Cumbre extraordinaria de Bruselas a Berlín puede interpretarse, por otra parte, como una muestra de nuestro especial compromiso con el intento de culminar con éxito las negociaciones. 
La Presidencia alemana desea hacer cuanto esté en su mano para alcanzar este desenlace. 
Entre tanto hemos llegado al convencimiento de que los demás Estados miembros también tienen la firme voluntad de concluir las negociaciones y, en consecuencia, desean que se desarrollen de manera constructiva y orientada a alcanzar resultados. 
Todos tienen claro que la solución sólo puede estar en un paquete equilibrado, sin vencedores ni vencidos. 
Cada Estado miembro deberá sentirse suficientemente satisfecho con el resultado, pero cada uno tendrá que contribuir también a hacerlo posible. 
Todo debe ponerse sobre la mesa. 
¡Ningún tema debe ser tabú! 
Es del máximo interés para la Unión y, por lo tanto, para todos los Estados miembros- y todas las partes son también conscientes de ello- que a finales de marzo podamos declarar que la Unión Europea ha salido vencedora, pues si algo es seguro, es que podría acabar siendo muy fácilmente la perdedora. 
Esperar no facilitará, no obstante, la solución, sino todo lo contrario. 
Las consecuencias serían muy serias si defraudásemos las esperanzas depositadas en nuestra capacidad de maniobra pocos meses después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria y cuando faltarán, además, pocas semanas para las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio. 
Europa también sería la que perdería si la Unión Europea- que desde principios de año constituye un nuevo mercado financiero con un peso y una responsabilidad de alcance mundial- no es capaz de asumir decididamente- y aplicando también el Tratado de Amsterdam- la correspondiente responsabilidad política. 
Y si se demoran las negociaciones para la ampliación y se pospone el momento de su conclusión, las consecuencias desfavorables que esto provocaría retrasarían nuestra tarea durante largo tiempo. 
Es de esperar que este y muchos otros motivos incentiven asimismo a los Estados miembros a intensificar conjuntamente sus esfuerzos. 
Entre tanto, todos han comprendido que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió cuando se decidieron los anteriores paquetes Delors I y Delors II, no será posible facilitar al final el compromiso mediante la liberación de recursos adicionales. 
Al contrario, en esta ocasión habrá que rectificar, en interés de la legitimidad y la futura viabilidad de la Unión Europea, el reparto desigual de las cargas que se fomentó en anteriores ocasiones con ese proceder. 
Yo creo que ningún interlocutor cuestiona el principio de un reparto más equitativo de las cargas, igual como tampoco se debe poner en entredicho el principio de la solidaridad, que es un principio constitutivo de la Unión Europea. 
Una condición previa esencial para el éxito del conjunto de las negociaciones es el compromiso de incluir todos los elementos en el debate y proponerse alcanzar sólo una solución sobre el paquete global, que alcanzaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Viena. 
Todo está sobre la mesa. 
Esto permite alcanzar un equilibrio que abarque todos los ámbitos y garantiza, a través de la combinación de diversos parámetros, una flexibilidad y dinamismo suficientes con vistas a las ulteriores negociaciones. 
En las últimas semanas ha sido posible ampliar considerablemente la base para el acuerdo en muchos ámbitos de la Agenda. 
Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la reforma de los Fondos estructurales, donde ya existe un consenso sobre aspectos importantes. 
Pienso, por ejemplo, en la reducción de los objetivos de siete a tres, en la reducción de las iniciativas comunitarias y en los problemas largo tiempo debatidos de la coherencia entre las ayudas nacionales y europeas, y también en la reserva de eficiencia, sobre la cual fue posible lograr progresos satisfactorios en el último Consejo de Asuntos Generales. 
En relación con otros puntos importantes, concretamente en cuanto al estricto cumplimiento del criterio del 75 % en el Objetivo 1 y a la reserva de alrededor de dos terceras partes de los recursos destinados a dicho Objetivo 1, las conversaciones han permitido definir ya unas claras mayorías. 
Sin olvidar que bajo la Presidencia austriaca ya se logró alcanzar un acuerdo político general en lo que se refiere a los instrumentos para la aproximación, políticamente significativos con vistas a la ampliación. 
Otro tanto puede decirse en lo que respecta al reglamento de financiación de las redes transeuropeas. 
Ayer reanudé las conversaciones con representantes del Parlamento Europeo en el marco de la concertación informal, ya iniciadas bajo la Presidencia austriaca, sobre ambos ámbitos: la reforma estructural y los instrumentos para la aproximación. 
Nosotros concedemos una gran importancia a este diálogo en el plano político con vistas a cerrar con éxito la Agenda dentro de los plazos previstos. 
Por consiguiente, nos proponemos continuar desarrollando intensamente este diálogo con un espíritu constructivo durante las próximas semanas. 
El ministro Fischer volvió a ofrecer garantías en este sentido en su respuesta a la carta de su Presidente, Sr. Gil-Robles Gil-Delgado. 
El diálogo no es una vía de dirección única. 
Las posiciones expuestas por el Parlamento Europeo en dichas conversaciones influirán sobre el proceso de formación de opinión dentro del Consejo. 
La concertación informal forma parte de nuestros esfuerzos por mantener ampliamente informado en todo momento al Parlamento, entre los cuales debe incluirse también nuestro presente diálogo y la oferta de mantener en cualquier momento un intercambio de opiniones sobre la Agenda 2000 en el marco de nuestro diálogo político a tres bandas. 
Tenemos muy presente que para alcanzar dentro del plazo previsto una solución para los problemas que se plantean en el contexto de la Agenda no sólo es importante el papel del Consejo, sino también muy especialmente el que les corresponde cumplir a ustedes, como diputados del Parlamento Europeo. 
Desde la Presidencia haremos todo lo posible para mantener una estrecha cooperación en un marco de confianza. 
Aplausos 
No es necesario recordarle al Presidente en ejercicio lo esencial que es respetar el calendario, no solo para asegurar la necesaria legitimidad democrática para el paquete de la Agenda 2000 sino también para permitir poner en marcha programas y políticas de forma puntual y efectiva. 
Saludamos sus esfuerzos al respecto. 
Nosotros, no obstante, necesitamos hacer progresos en nuestras prioridades. 
Las prioridades del Parlamento en el reglamento marco están, de hecho, claras. 
En lo que respecta a la propuesta modificada sobre la reserva de rendimiento eficiente, el Parlamento debe estar involucrado en la revisión a mitad del periodo y en la reasignación de la reserva nacional. 
¿Qué papel puede prever para el Parlamento la Presidencia y el Consejo para garantizar el escrutinio parlamentario del mecanismo de reserva? 
Treinta y cuatro páginas de directrices han sido elaboradas por la Comisión para el funcionamiento de los programas regionales. 
¿Cómo se va a relacionar esto con los reglamentos? 
¿Cómo se van a discutir en el Consejo? 
Las directrices subrayan el papel esencial de las áreas urbanas en la economía europea. 
¿Va a demostrar la Presidencia su compromiso con las áreas urbanas hablando a favor de la prioridad del Parlamento pidiendo la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN? 
La propuesta de reforma de la Comisión no contiene planes de contingencia para inesperadas reestructuraciones económicas y sociales en las regiones. 
¿Coincide la Presidencia en que sería procedente reservar algunos recursos bajo una iniciativa comunitaria especial para crisis inesperadas para permitir que la Unión actúe en tales situaciones? 
Igualmente, ¿está la Comisión preparada para promover esta prioridad en el Consejo? 
Finalmente, la asociación es una prioridad clave para el Parlamento para asegurar que la Europa que construimos y sus políticas es realmente inclusiva, apoyando la Europa de los pueblos. 
Por esta razón queremos un pacto de asociación fuerte tanto en el diseño y la proyección como en la implementación de los programas de nueva generación. 
¿Va la Presidencia a apoyar en el Consejo las demandas del Parlamento en favor de un pacto de asociación más fuerte, y qué acciones concretas y prácticas va a emprender la Presidencia para asegurar que esta asociación no sea sólo un extra opcional pero sí un componente integrante de todos los programas, fortaleciendo la cohesión de una Europa de los pueblos? 
Señor Presidente, acabamos de escuchar la exposición del Consejo y no podemos decir precisamente que nos haya aportado gran cantidad de información. 
En sí, estamos muy interesados en conocer las actividades emprendidas por el Consejo con respecto a la ampliación. Nos interesa especialmente la visión del Consejo sobre el desarrollo de las negociaciones. 
¿Es cierto, tal y como actualmente se escribe con frecuencia y nos llega también de boca de muchos expertos, que en realidad sería deseable empezar a pensar ya en fechas concretas para la adhesión de algunos países? 
Existen algunas opiniones sobre esto, hay gran optimismo e incluso desde determinados Estados miembros pueden escucharse a algunos Ministros de Asuntos Exteriores que dicen: ha llegado el momento de empezar a mencionar fechas de adhesión. 
En la estrategia para la ampliación, la realidad siempre ha sido- especialmente para la Comisión y los negociadores-que la fecha de adhesión en el fondo es una cuestión del propio país, y no de la Comisión ni de las propias instituciones europeas. 
Son los países quienes han de cumplir con las normas y condiciones para su adhesión y es responsabilidad nuestra evaluar sus progresos. 
Siempre se ha dicho que al indicar una fecha algunos países podrían ver en ello una justificación para relajarse un poco, ya que podría interpretarse como una especie de garantía de nuestra parte para su admisión. 
¿Hay algún motivo para abandonar ese punto de vista y decir: bueno, en el fondo está bien que indiquemos unas fechas? 
Si es así, ¿cuál es la razón? 
¿Realmente le ven algún beneficio? 
En segundo lugar, vemos que a la luz de la opinión pública las negociaciones empiezan a cambiar de situación. 
En algunos de los estados candidatos a la adhesión la realidad es que la opinión pública se vuelve cada vez menos positiva con respecto a la adhesión a la Unión Europea. 
Tal vez sea que en muchos países, al igual que ocurre en estos momentos en nuestros Estados miembros, los conocimientos acerca de la Unión sean muy limitados. 
¿No hay razones suficientes para hacer que también en el Consejo se trabaje en una drástica mejora de la información sobre la Unión Europea en los estados candidatos a la adhesión? 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi estima por la Presidencia alemana que ha hecho un esfuerzo por venir a explicarnos aquí esta tarde los progresos de las negociaciones. 
Me satisface el que el Sr. Verheugen haya dicho que en esas negociaciones se pone realmente todo sobre el tapete. 
Quisiera subrayar que un justo reparto de las cargas es uno de los puntos de negociación más importantes. 
Creo que cuando hablamos de la base de Europa, no debemos pasarlo por alto. 
En estas últimas semanas hemos votado en este Parlamento sobre los principales asuntos de la Agenda 2000. 
Hemos votado la política estructural y hemos votado la política agrícola. 
Si no fallan mis cálculos, el precio nos resultará bastante más caro de lo que desprendo de las noticias en la prensa sobre las negociaciones de la Agenda 2000. Creo que ahí se encierra un peligro. 
El peligro de que no lleguemos a un acuerdo sobre las previsiones financieras. 
Para ello se necesitan- por lo que yo sé de las reglas- 314 votos; y si observo cómo fueron las proporciones de los votos sobre los puntos más importantes en este Parlamento, puede decirse que estamos muy divididos. 
También debo advertir que no podemos dar por supuesto que si hay acuerdo en el Consejo sobre unos recortes importantes, el Parlamento automáticamente los apruebe. 
Me temo que no vaya a ser así. 
Volveremos al artículo 203, lo que significa que el coste se disparará bastante por encima de lo que quieren los Ministros de Finanzas en general y de lo que sería deseable con motivo de la introducción del euro y por otras razones más. 
Yo vengo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y quiero hacer una observación también sobre la agricultura. 
He de avisar en contra de la tendencia generalizada de creer que todo lo que se desvíe hacia la agricultura sea un despilfarro. 
No sólo lo digo por la manifestación que tuvo lugar esta mañana. 
Demasiadas veces he tenido que oír que la mitad del presupuesto europeo va destinada a un tres por cien de su población. 
Creo que debemos valorarlo en la perspectiva del conjunto de todos los impuestos recaudados. Si observo la presión fiscal en Europa, equivalente aproximadamente a un cincuenta por cien del producto nacional bruto, mis cálculos indican que aproximadamente un dos por cien va destinado a esos cinco por cien de la población. 
Y eso no es ninguna exageración. 
Naturalmente tendremos que cuidar siempre de que no se produzcan despilfarros. 
Hay que acabar con los excedentes; debemos de mantener la producción dentro de sus límites. 
Pero debe conservarse la esencia de la política agraria europea, y creo que sería bueno que la Presidencia alemana enfocara su atención en ello. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que es evidente que todos convenimos en que no se debe aplazar indefinidamente un acuerdo sobre esta materia tan importante. 
Pero también me parece que es preferible un buen acuerdo a un acuerdo a toda costa, es decir, que no hay que hacer una acuerdo a toda costa, sino que hay que encontrar, de hecho, un buen acuerdo, tanto más cuanto que será válido durante siete años. 
Hay una cuestión que entraña una dificultad subyacente real y a la que, evidentemente, tendría que referirme: en la propuesta inicial de la Comisión y después en las propuestas que han circulado en el Consejo, verificamos siempre la misma situación, es decir, una reducción de los recursos propios comunitarios de 1, 27 a 1, 13 en el caso de la propuesta de la Comisión, siempre y exclusivamente a costa de una reducción de los fondos y de las acciones estructurales. 
¿Cómo es posible aceptar eso? 
Entonces, quisiera preguntar al Consejo cómo casa esta situación con el principio fundamental, consagrado en los Tratados, el principio de la cohesión económica y social. 
Y, en cuanto a los recursos propios, señor Presidente del Consejo, ¿qué puede decirnos a ese respecto? 
Señor Presidente, le doy la bienvenida al Presidente en ejercicio en esta tarde. 
¿Podría decirnos, en primer lugar, bajo qué presión de los Ministros de Economía se encuentra para propiciar un acuerdo dentro de los límites financieros que ellos piden? 
¿Estará en disposición para propiciar a largo plazo un acuerdo bajo el cual la Unión Europea sea capaz de financiar el apoyo adicional que es necesario a causa del recorte de los precios? 
¿No es el momento de enfrentarse a la realidad y aceptar que esta reforma, tal y como se ha presentado, no va a funcionar? 
Será más gravosa para el presupuesto y el consumidor no obtendrá ningún beneficio. 
El procesado y la venta a l por menor acabarán por comerselo todo. 
Hoy hemos visto aquí la manifestación y sabemos que la agricultura está, en toda Europa, en un estado delicado. 
Mi problema es que cuando me dirijo a mis agricultores y les hablo de recortes del 30 % en la ternera y 15 % en la leche, no lo entienden. 
De hecho, no lo entienden ni quieren entenderlo. 
Las más recientes estadísticas indican una caída del 57 % de los ingresos de mi región durante 1998. 
Esto se añade a otras considerables caídas en 1996 y 1997. 
Volviendo al aspecto regional del asunto, comprendo que ayer en Bonn el Presidente en ejercicio se reuniese con el líder de mi partido, David Trimble, Primer Ministro Designado por la Asamblea de Irlanda del Norte. 
Entiendo que durante ese tiempo discutieran acerca del apoyo a Irlanda del Norte bajo el Objetivo 1 y nuestra posición en el futuro. 
Como sabrá la política está actualmente en Irlanda del Norte en un momento muy delicado. 
¿Podría decirnos si estuvo en disposición de asegurarle que el Consejo comprensivo con Irlanda del Norte en el futuro? 
El hecho es que si la República de Irlanda y los condados fronterizos obtienen el estatus de Objetivo 1 e Irlanda del Norte no, sería algo inaceptable. 
Señor Presidente, de hecho, la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas del pasado 8 de febrero ha supuesto una derrota de cara a la negociación sobre la Agenda 2000. 
Entre los Quince no existe el consenso necesario para presentar un texto común que establezca el marco financiero indispensable para que los ministros de Economía y Finanzas permitan a sus homólogos de la cartera de Agricultura, realizar la tan controvertida reforma de la política agrícola común. 
El ministro alemán, Sr. Lafontaine, ha exagerado y, en lugar de ceñirse al debate de los gastos agrícolas, de los gastos estructurales y de los recursos propios, ha querido ampliarlo permitiendo un debate más amplio cuya consecuencia inmediata ha sido crear el desacuerdo y decidir, en la práctica, la estabilización del gasto para el período 2000-2006. 
En efecto, los países favorables a la congelación del gasto agrícola se han alineado con las decisiones de la Presidencia alemana dejando la cuestión de la PAC en un preocupante punto muerto, mientras fuera del Pleno, el descontento de los agricultores empieza a convertirse en preocupante, ya que en los próximos días a los manifestantes de hoy se añadirán los del resto de Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero hacer cuatro preguntas concretas. 
En primer lugar, ¿se está trabajando sobre la base de la propuesta de la Comisión o sobre el promedio señalado por la Presidencia austriaca? 
En segundo lugar, cuando se afirma que los objetivos principales de la Unión son reforzar el euro y crear empleo, ¿qué medios se asignan en las perspectivas financieras? 
En tercer lugar, con respecto al reparto equilibrado de cargas, ¿cómo van a corregir el hecho de que, en la política agrícola, el 20 % de los agricultores se lleva el 80 % de los fondos? 
Y en cuarto lugar, con relación a la ampliación, ¿proyectan aplicar, concretamente en agricultura y en los Fondos estructurales, una separación en el presupuesto y, si la lógica de la ampliación no coincide con la de los Fondos de cohesión, también en el terreno regional? 
-Señor Presidente, yo también constato que hay un retraso en las negociaciones en el seno del Consejo. 
Señor Ministro, si continúa usted a este ritmo, sin que esto suponga una alusión personal a usted o a la Presidencia alemana, creo que no va a poder cumplir el calendario que hay establecido. 
Sin embargo, después de difíciles debates, el Parlamento Europeo- al contrario que el Consejo- ha podido llegar a tener posturas claras sobre los asuntos de la Agenda 2000. 
El Parlamento ha establecido unas prioridades respecto al reglamento marco desde el pasado noviembre y de manera indicativa puedo mencionar algunos aspectos. 
En primer lugar, decimos destinar el 0, 46 % del PIB comunitario a acciones estructurales. 
Entiendo las presiones que ejercen las opiniones públicas de los países ricos pero no debemos olvidar que el presupuesto actual de la Unión Europea, con los ambiciosos objetivos que tiene establecidos, equivale al presupuesto de España. 
En segundo lugar, afirmamos que deberán destinarse, de manera exacta y no aproximada, los 2/3 del presupuesto al objetivo 1 y cumplir los criterios establecidos por la Comisión para la adscripción de regiones a dicho objetivo, es decir, que deberán incluirse sólo aquellas regiones que tengan un PIB per cápita inferior al 75 % del PIB comunitario. 
Tercero, debemos dar prioridad a INTERREG y que haya un apartado especial para la cooperación con las islas y entre las regiones insulares. 
Cuarto, estamos en contra de la reserva de eficacia, como era la propuesta inicial de la Comisión. 
Las propuestas para establecer una reserva inferior al 4 % de las cuotas nacionales van por buen camino. 
También quisiera decir dos cosas más acerca del Fondo de Cohesión. 
Primero, creo, señor Ministro, que debemos respetar el Tratado en el que está establecido que los Estados miembros que tengan un PIB inferior al 90 % deberán participar en el Fondo de Cohesión y, segundo, quisiera que me dijese hasta qué punto se van a tener en cuenta las posturas del Parlamento, porque, probablemente, el Parlamento Europeo no esté dispuesto a renunciar a sus posturas. 
Quizás desarrollemos debates y negociaciones pero no podemos adoptar posturas completamente contrarias a esas prioridades. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sé si la Presidencia en ejercicio es plenamente consciente de que, en estos momentos, grandes sectores de la opinión pública europea sienten a la Agenda 2000 como una amenaza y no precisamente como una necesidad o como una oportunidad. 
Y tampoco sé si la Presidencia en ejercicio es consciente de que eso se debe en gran parte a cómo Austria y, ahora, Alemania están enfocando el trabajo. 
Yo creo que lo están haciendo de una manera excesivamente unilateral y teniendo en cuenta en demasía la presión de sus respectivas opiniones públicas y no una visión de conjunto de la Unión Europea, como correspondería a sus funciones. 
Claro que el problema de principio está, desde mi punto de vista, en que el límite máximo de los recursos propios es insuficiente. 
Pero también, desde luego, en que el debate se ha trasladado a los gastos y se ha olvidado la cuestión de los ingresos. 
Sin duda alguna hace falta un acuerdo que no sólo garantice, sino que desarrolle, el principio de la cohesión económica y social y, por supuesto, sus instrumentos. 
Y hace falta también que haya una verdadera discusión, no tanto sobre cómo reducir esos instrumentos sino sobre cómo aumentar equitativamente las aportaciones de todos los Estados. 
Por ejemplo, ¿qué opina la Presidencia sobre la propuesta de incluir el criterio de prosperidad relativa en el capítulo de ingresos? 
¿Está la Presidencia de acuerdo con la propuesta francesa de una suerte de agresividad- que a mí me parece inaceptable- en cuanto al Fondo de cohesión? 
Señor Presidente, yo quisiera dirigir dos preguntas al Consejo. 
La primera se refiere a las ayudas para la aproximación. 
La comisión del programa PHARE se encargará de coordinarlas, sin que en ella participen, según el planteamiento actual, los países candidatos a la adhesión. 
¿Hasta que punto se puede considerar cooperativa semejante estrategia para la aproximación? 
Mi segunda pregunta al Consejo se refiere al aspecto de la política regional y de los Fondos estructurales dentro de la UE. 
¿Qué valor concede el Consejo a los principios de cooperación en el marco del reglamento relativo a los Fondos estructurales, sobre todo por lo que respecta a la participación de los socios medioambientales, de las ONG medioambientales, de las defensoras de la igualdad de oportunidades y de los interlocutores sociales? 
Señor Presidente, ayer por la tarde constatamos que entre nosotros existe una coincidencia muy amplia en lo que se refiere al fondo de preadhesión. 
A pesar de que la Presidencia austriaca ya consiguió alcanzar y promover un consenso, yo vuelvo a preguntar, como es lógico, en qué medida estarían todavía dispuestos a hacer suyas las decisiones del Parlamento. 
Ayer pudimos apreciar algunos enfoques favorables, pero yo creo que usted debería aclarar al fin si existen efectivamente posibilidades de que algo cambie. 
Yo también quisiera añadir, no obstante, unas palabras sobre los Fondos estructurales. 
El presente debate, que parte de la necesidad de estabilizar los gastos y proceder a un reparto equitativo de las cargas, está plenamente justificado, pero en la Unión Europea tenemos, además, una tarea que debe avanzar siempre a la par: me refiero a la creación de empleo. 
Yo quiero romper una lanza en favor de los Fondos estructurales y de que se mantengan en la mayor medida posible dichas políticas. 
Las ayudas estructurales están dirigidas a los modelos de desarrollo con perspectivas de futuro y a los sectores económicos con un potencial para la creación de nuevas oportunidades de empleo. 
¿Tiene presente el Consejo la necesidad de conceder prioridad a este aspecto? 
La lucha contra el paro y la creación de puestos de trabajo son, en efecto, la máxima prioridad, también en el marco de la Agenda 2000, prioridad que se hace muy efectiva en dicho ámbito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, el Presidente del Consejo ha declarado que elegir Berlín como sede del Consejo Europeo es un símbolo de la importancia que la Presidencia otorga a culminar la Agenda 2000 en tiempo hábil para que este Parlamento concluya sus procedimientos legislativos antes de las elecciones europeas. 
Ha señalado que el acuerdo final no tiene que tener ni ganadores ni perdedores y que Europa debe ser la ganadora. 
Estamos de acuerdo. 
Pero nos ha dicho también que en esta ocasión no habrá recursos presupuestarios adicionales y, sobre todo, ha insistido en que la carga presupuestaria debe repartirse de modo más justo. 
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hasta la fecha, todas las propuestas que la Presidencia ha presentado en las instancias comunitarias, sea en documentos oficiales o en non papers, no parecen buscar un compromiso que se reparta por igual entre todos los participantes sino que, probablemente, reflejan exclusivamente la decisión de reducir el gasto comunitario al margen de cualquier justificación lógica. 
Porque- con todos los respetos, señor Presidente- reducir el gasto agrario en casi 41.770 millones de euros- casi 6.000 millones de euros/año -, reducir la categoría 2 en 47.000 millones de euros, sin justificación, a la vista de los informes sobre la cohesión que hace la Comisión- casi 6.714 millones de euros/año -, no parece que refleje un compromiso sin vencedores ni vencidos, sino claramente con vencidos: los países de la cohesión sobre cuyos hombros puede descargar la ampliación. 
Yo, por lo tanto, le pregunto a la Presidencia alemana: ¿cuándo va a presentar la Presidencia propuestas de compromiso verdaderamente equilibradas, en las que participen todos los Estados miembros, cada uno con cesiones- evidentemente- que puedan posibilitar un acuerdo en tiempo útil? 
Porque, hasta ahora, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en las negociaciones informales entre el Parlamento y el Consejo vemos poco progreso: el Parlamento expone sus puntos de vista y el Consejo toma buena nota. 
Así estábamos con la Presidencia austriaca, y tenemos muy poco tiempo por delante para concluir acuerdos importantes. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, permítame que ligue el comienzo de su intervención con el final. 
Ha dicho que la primera de las prioridades era la Agenda 2000, culminarla a tiempo y, al mismo tiempo, ha dicho que quería nuestra colaboración. 
Creo que usted se ha quedado corto. 
No es que la quiera, sino que la necesita. 
Porque las perspectivas financieras forman parte del Acuerdo interinstitucional y, por definición, el Acuerdo interinstitucional es un acuerdo entre instituciones. 
Y, por lo tanto, usted no tiene bastante con lograr un acuerdo con los miembros del Consejo; tiene que hacer una propuesta que satisfaga al Parlamento y, como ha recordado el Sr. Mulder, se necesitan 314 votos para aprobarla. 
¿Qué propuestas tiene usted que nos puedan satisfacer? 
¿Tiene planteado ya un mecanismo de flexibilidad o prefiere que apliquemos el artículo 203? 
No puede pedir más Europa, en todos los sentidos, más políticas, lucha contra el desempleo y ampliación, y ofrecer menos dinero para ello. 
Creo que debería hacer aquí una propuesta clara en ese sentido y, si me permite- y con esto acabo señor Presidente -, ¿notaremos que hay una mayoría socialdemócrata en el Consejo? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, salvo por la mención del Consejo de Agricultura, ha conseguido hablar usted durante 10 minutos sin pronunciar ni una sola palabra que hiciera referencia al contenido de la reforma de la Política Agrícola y esto es algo que ciertamente me duele en mi calidad de portavoz para temas agrícolas de nuestro Grupo. 
Por consiguiente, seguramente también tendré que renunciar a pedirle su opinión sobre la retirada facultativa de tierras, puesto que sin duda no podría darme una respuesta. 
Sin embargo, desearía saber una cosa. Según he leído en un importante diario alemán, van a reducirse en un 3 % anual acumulativo los pagos de precios de garantía, a partir del año 2002 en el caso de los productos agrarios, a partir del 2004 en el caso de la carne de vacuno y a partir del 2005 en el caso de los productos lácteos, y el propósito es volver a dedicar sólo el 25 % de estas reducciones a medidas específicas dirigidas a las zonas rurales, de manera que un 75 % pasará a engrosar el presupuesto de la Unión Europea. 
Yo le pregunto lisa y llanamente lo siguiente: si se suprime ese 75 % de las ayudas, eso representaría- bien mirado- un impresionante incremento de la posición de contribuyente neto de determinados Estados. 
El resultado sería una nueva redistribución en favor de los que ya aportan mucho a la UE y obtienen muchísimo menos. 
Yo agradecería que al menos en el contexto de la Agenda 2000, que en definitiva también tiene algo que ver con la Política Agrícola, se pudiera debatir un poco más este problema. 
Señor Presidente, ayer ya tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo con la Presidencia del Consejo sobre las peticiones de esta Asamblea en lo que se refiere al Fondo Social. 
Sin embargo, nadie sabe mejor que usted, señor Presidente del Consejo, que las exigencias políticas sólo tienen éxito cuando se repiten una y otra vez. 
Usted nos comunicó ayer que la Presidencia alemana del Consejo ve con gran simpatía nuestras aspiraciones. 
Yo quisiera volver a preguntarle, no obstante, hoy con toda formalidad si, llegado el caso, la Presidencia alemana del Consejo también estaría dispuesta a apoyar con verdadera firmeza en el Consejo dichas peticiones, a saber: que en el futuro se destinen en cada caso un 15 % de los recursos del Fondo Social a políticas de empleo preventivas y a ayudas específicas para las mujeres, que las personas que ya sufran una situación de exclusión social también tengan acceso a una oportunidad de empleo a través del Fondo Social, que los Estados miembros estén obligados a actuar en los cinco ámbitos de intervención, que se designen como un punto central los grupos destinatarios y que en el futuro se destinen un 1 % de los recursos del Fondo Social a ayudas globales para proyectos locales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, somos conscientes de que nos encontramos en un momento especial, programando los próximos siete años antes de que se produzca la ampliación que transformará tantas y tantas cosas. 
El ambiente en el que se están celebrando las negociaciones no parece precisamente optimista, sino que hay un vago, pero no por ello menos real, ambiente de renacionalización. 
Yo no quiero hacer más que un comentario sobre las políticas estructurales. 
Usted ha dicho que considera la solidaridad como un ingrediente clave de la Unión Europea. 
La solidaridad, en materia estructural, no es una solidaridad graciable sino una solidaridad obligada, precisamente, por el mercado único. 
Mi pregunta es: ¿seguirán siendo objetivo de gasto las políticas estructurales? 
¿Se va a mantener el Fondo de cohesión? 
¿Se va a aceptar el nivel presupuestario de 270.000 millones de euros propuesto por la Comisión, que no pocos diputados consideramos mínimo? 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que me responda a tres preguntas. 
La Comisión propone, con el apoyo del Parlamento, la incorporación en el Objetivo 1 de las regiones del actual Objetivo 6. Esta medida se justifica, correctamente, con el argumento de que su ubicación septentrional, con sus grandes distancias y su carácter periférico con respecto a los centros europeos, coloca a las regiones del actual Objetivo 6 en una situación de desventaja en comparación con otras muchas regiones. 
¿Cómo se ha avanzado a este respecto en el Consejo? 
La cuestión del empleo ha salido a relucir con gran intensidad a escala europea, especialmente durante la Presidencia alemana. 
¿Cómo se refleja este hecho en las negociaciones acerca de la política estructural? 
¿Está previsto conceder una mayor importancia a las cuestiones de empleo en los criterios de los objetivos 1 y 3? 
A menudo se considera que la cooperación entre regiones fronterizas es una cooperación relacionada exclusivamente con las fronteras. 
¿Se va a desarrollar ahora una cooperación interregional de carácter específicamente transfronterizo que permita considerar las regiones fronterizas como un objetivo más amplio de cooperación? 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría poder responder a sus preguntas. 
Pero ¿puedo disponer de 83 minutos? 
No, no dispongo de ese tiempo. 
Por consiguiente, tendré que intentar agrupar los temas fundamentales y responderlos conjuntamente. 
En primer lugar, todas las preguntas relativas a supuestos resultados carecen de fundamento. 
Hasta el momento no ha habido ninguno, con excepción de los dos que he citado. 
Existe un acuerdo sobre el tema de la reserva de eficiencia y un acuerdo sobre el tema de la coherencia entre las zonas elegibles para recibir subvenciones nacionales y las elegibles para las subvenciones de la UE. 
Ambos acuerdos dependen también del acuerdo global. 
Les adelanto que antes de la reunión del Consejo Europeo de Berlín no habrá resultados anticipados en relación con ninguno de los temas que se han planteado aquí y esto es así porque el paquete global será el resultado de la suma de muchos, muchísimos elementos. 
Elementos que representan ventajas y desventajas para los diferentes Estados miembros. 
La aprobación de éstos dependerá siempre del resultado global que suponga el paquete para el Estado miembro en cuestión. 
Estamos hablando de grandes sumas de dinero para cada Estados concreto. 
En este contexto no influye lamentablemente para nada la relación de fuerzas en el Consejo según criterios de orientación política. 
En este debate cada país se guía, naturalmente, por las necesidades e intereses de su propia población e intenta conciliarlos con nuestros objetivos europeos comunes. 
Yo no cuento con que podamos alcanzar resultados preliminares con respecto a temas concretos importantes antes del Consejo de Berlín, puesto que el paquete global tiene que ser equilibrado. 
La mayoría de las preguntas se referían, sin embargo, precisamente a la supuesta existencia de algún acuerdo o proyecto. 
La Presidencia alemana todavía no ha presentado ni siquiera una propuesta de compromiso. 
El ejercicio de la Presidencia nos obliga a no poner todo nuestro empeño en conseguir un resultado que responda a los planteamientos alemanes, sino que nuestra misión es identificar primero en qué aspectos se perfila un posible compromiso, para proponerlo cuando llegue el momento. 
Y así lo haremos. 
Sin embargo, de momento todavía estamos intentando reducir las posibles alternativas. 
Ya les he citado un par de ejemplos en los que ya podemos vislumbrar que empiezan a perfilarse unas posiciones mayoritarias y finalmente quizá también un consenso. 
Pero ningún tema fundamental ha quedado cerrado. 
Un diputado se ha referido también a la opinión pública de los Estados miembros. 
Este es un tema muy serio para mí y también para la Presidencia alemana. 
Bastará que les recuerde que la opinión pública no es unánime en relación con estos temas en Europa. 
Yo sé muy bien cuál es la opinión pública en España. 
Pero la opinión pública alemana mantiene, por ejemplo, una posición totalmente contrapuesta a lo que se dice en España. 
Otro tanto ocurre también en otros ámbitos. 
Por consiguiente, no tiene sentido intentar identificar una Presidencia con la opinión pública de cualquier país. 
Tenemos que concentrarnos en procurar alcanzar un acuerdo que sea aceptable para todos y que responda a los objetivos que nos hemos marcado en Europa. 
En este sentido, yo quiero ratificar con toda claridad y de manera inequívoca que uno de los objetivos de la Agenda 2000- y como tal lo tratamos- es concentrar en mayor medida las posibilidades de actuación europeas en el objetivo de la lucha contra el desempleo. 
Este es un objetivo esencial de toda esta operación. 
El paro constituye el gran reto para las gentes de Europa y esperan que utilicemos nuestras posibilidades de actuación para luchar de manera eficaz contra el desempleo. 
La Agenda puede contribuir muchísimo a este empeño. 
También quiero ratificar explícitamente que existe una vinculación directa entre la Agenda y el tema de la ampliación. 
Yo no creo que la cuestión de la fecha sea realmente importante en este momento. 
Nunca se ha fijado, por otro lado, una fecha concreta para el proceso de ampliación. 
Ni el Consejo, ni el Parlamento, ni la Comisión, ni tampoco los Estados candidatos lo han hecho en ningún momento. 
La Agenda 2000 creará también las condiciones necesarias para la ampliación. 
Si no conseguimos dejarla cerrada para finales de marzo, ello constituirá una señal desalentadora para los candidatos a la adhesión. 
También por este motivo es muy importante que podamos concluirla puntualmente. 
A la vista de las circunstancias en las que se celebra hoy la sesión del Parlamento, con las calles ocupadas por agricultores y tractores, yo quiero recordar que la política agraria constituye un aspecto parcial del paquete global. 
Lo que se dirime no es sólo la política agraria. 
Esta representa una parte del montante financiero, la más importante, evidentemente, en consonancia con la estructura de nuestros presupuestos. 
Una gran mayoría de los Estados miembros consideran que la política agraria también debe contribuir al resultado global, o sea, que también habrá que reformarla, a) con vistas a hacerla compatible con las normas de la OMC en materia de competencia y b) con vistas a garantizar las posibilidades de financiación de la Unión Europea después de la ampliación. 
Puesto que se ha preguntado en términos concretos, yo quiero responder también con toda claridad que el objetivo de una política agraria europea no puede ni debe ser poner en peligro o destruir los medios de subsistencia de los agricultores. 
Muy al contrario, el objetivo de la política agraria europea debe ser garantizar que en el futuro también sea posible una agricultura gestionada por los propios agricultores en todas las regiones europeas. 
En todo caso, las propuestas que se están debatiendo- en efecto, se trata sólo de un debate y nada más- no apuntan, en opinión de la Presidencia, en una dirección que permita afirmar que en el futuro ya no será posible la agricultura campesina en Europa. 
Yo comprendo que ustedes desearían poder debatir sobre acuerdos concretos ya cerrados. 
Esto no es posible porque, por las características del procedimiento de negociación elegido, el paquete global no quedará definido hasta el mes de marzo. 
La Presidencia y el Parlamento eligieron un procedimiento de cooperación que ahora comienza a avanzar muy deprisa. 
La frecuencia de las reuniones se está incrementando y su contenido es también cada vez más amplio. 
Somos perfectamente conscientes de que necesitamos la conformidad del Parlamento. 
La Presidencia también recuerda en las deliberaciones en los diferentes órganos que en la defensa de las diferentes posiciones nacionales debe tomarse en consideración asimismo el proceso de formación de opinión en el Parlamento Europeo. 
Debo decirles, no obstante, que algunos Estados miembros se lo toman más en serio que otros. 
También hay algunos que piensan que la Presidencia ya se las compondrá luego para conseguir que el Parlamento apruebe los resultados de la Cumbre extraordinaria. 
Nuestro propósito es, en cualquier caso, intentar incorporar ya en la mayor medida posible las aportaciones del Parlamento en el resultado de la Cumbre. 
Yo les agradezco, por lo tanto, todas las sugerencias que han aportado a través de sus preguntas en el curso del debate. 
Yo les aseguro que todas estas sugerencias, indicaciones y recomendación se incorporarán a las deliberaciones. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden. 
Como un diputado que ha estado sentado a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas, me parece especialmente insatisfactorio que, después de numerosas declaraciones, el Presidente en ejercicio tenga, al final, tan poco tiempo para responder a más o menos 83 preguntas. 
Una manera mucho más idónea para proceder con este debate, que es vital, es inyectar algo de vida en el mismo y aplicar el formato de Bruselas que utilizamos de vez en cuando para preguntar a la Comisión. 
¡Actualmente no funciona! 
Este es un asunto vital para los ciudadanos europeos. Este ha sido un debate muerto, en el que pocos diputados han podido plantear preguntas, y aun menos han recibido respuestas. 
Señor Teverson, transmitiré su deseo a la Mesa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo. 
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, el contraste no podría ser mayor: mientras ustedes debatían sobre las posibilidades de mejorar la convivencia entre los Estados miembros de la Unión Europea bajo un techo común europeo, a algunos centenares de kilómetros de aquí, en Rambouillet, se discute si es posible seguir manteniendo la coexistencia bajo un techo común. 
Lo cual demuestra el enorme reto estratégico con el que se enfrenta la Unión en Kosovo. 
Aquí, un mercado interior y el desmantelamiento de las barreras fronterizas; allí, una política que sigue concibiendo las fronteras nacionales como un medio para la exclusión y el aislamiento. 
En Rambouillet se acordó mantener la confidencialidad, tal como exige la buena práctica diplomática. 
Las negociaciones deben desarrollarse entre las partes y no ante la opinión pública. 
Yo tampoco tengo más información de la que tienen ustedes, que son políticos bien informados. 
Por consiguiente, en este momento sólo puedo limitarme a comunicarles que, como ya se esperaba, las negociaciones están siendo difíciles, que ambas partes mantienen por ahora sus posiciones de manera muy intransigente y que por el momento los esfuerzos de los mediadores se concentran sobre todo en la identificación de los puntos de coincidencia que pueda haber más allá de todas las diferencias. 
Las informaciones sobre el nivel alcanzado en el transcurso de este tipo de negociaciones pueden inducir, por otro lado, muy fácilmente a error, puesto que se parte de la base de que: nothing is agreed until everything is agreed. 
La Unión Europea desempeña un papel clave en los esfuerzos en favor de la paz. 
El enviado especial de la UE, Sr. Petritsch, contribuyó de manera decisiva, con su trabajo previo en Pristina y Belgrado, a que pudieran llegar a celebrarse al menos las presentes negociaciones. 
Ahora dirige las negociaciones en Rambouillet, junto con su colega americano, Hill, y su colega ruso, Mayorski. 
Un reto muy especial frente al cual el enviado especial Petritsch merece todo nuestro apoyo. 
El hecho de que un americano, un ruso y un europeo dirijan conjuntamente las negociaciones demuestra- dicho sea de paso-que la Unión Europea ha conseguido una cierta capacidad de maniobra también en el ámbito de la política exterior. 
Es cierto que, desde luego, todavía no hemos alcanzado el objetivo, pero al menos vamos por buen camino. 
La Unión Europea reaccionó muy pronto frente al conflicto en Kosovo. 
Desde la primavera del año pasado ha ido estableciendo progresivamente un régimen de sanciones diferenciado como respuesta a la brutal actuación de las fuerzas de seguridad serbias. 
Paralelamente, ha aportado ayuda humanitaria por el considerable montante de más de 45 millones de ecus sólo en 1998. 
La UE ha dado apoyo a los medios de comunicación independientes, con objeto de contrarrestar la propaganda de ambas partes. 
También ha apoyado con su ayuda la democratización de Kosovo y la construcción de una sociedad civil. 
Nuestro objetivo político en este contexto han sido siempre unos amplios derechos de autonomía para Kosovo, unidos a la preservación de la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia y la protección de los derechos de todas las minorías. 
El Consejo de Asuntos Generales volvió a ratificar esta posición de la Unión Europea en su última sesión del 25 de enero de 1999. 
Permítanme que repase brevemente los puntos centrales. 
Primero: la Unión Europea apuesta por una solución política. 
El uso de la fuerza, por cualquiera de las partes, sólo exacerba el conflicto e intensifica aún más los sufrimientos y dificultades de la población. 
Segundo: la Unión Europea apoya en este contexto el enfoque del Grupo de Contacto, en el sentido de buscar una solución política, que está en la base de las negociaciones de Rambouillet. 
Tercero: la Unión Europea exige a Belgrado que cumpla plenamente los compromisos contraídos con la OSCE y la OTAN y que acate las exigencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Cuarto: los responsables de la masacre de Racak no deben permanecer impunes. 
Deben comunicarse sus nombres al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Quinto: la Unión Europea exige a los albano-kosovares que cumplan plenamente sus compromisos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y condena las provocaciones del ELK, que realimentan la espiral de la violencia. 
Sexto: la Unión Europea apoya la misión de verificación de la OSCE en Kosovo, que ha llegado a ser un factor de estabilización importante a pesar de todas las dificultades, y resalta que el Presidente Milosevic debe cumplir su compromiso de velar por la seguridad del personal de la misión. 
Séptimo: la Unión Europea está dispuesta a contribuir a la aplicación de una solución negociada. 
Esto también incluye, en particular, el ámbito de la reconstrucción. 
Octavo: la población de Kosovo debe saber que la Unión Europea está dispuesta a apoyarles en la búsqueda de la paz. 
El Consejo de Asuntos Generales prorrogó el 25 de enero de 1999 hasta enero del 2000 el mandato del ex-presidente del Gobierno español Felipe González como enviado especial para la República Federal de Yugoslavia. 
Yo deseo agradecerle al Sr. González que se haya mostrado dispuesto a continuar desarrollando esta difícil función. 
Al mismo tiempo, insto al Gobierno de Belgrado a que colabore con el Sr. González y aproveche plenamente las oportunidades que esto le abriría en relación con la Unión Europea. 
La paz y la estabilidad en Europa no sólo exigen que se alcance una solución negociada en Rambouillet, aunque esta es obviamente la condición sine qua non; además, también requieren que concibamos los conflictos y problemas en la antigua Yugoslavia como un reto frente al cual debemos ofrecer una respuesta adecuada, o sea, europea. 
Tenemos que fortalecer los elementos democráticos pluralistas de las sociedades afectadas. 
Tenemos que promover y ampliar la cooperación regional. 
Tenemos que desarrollar estructuras de cooperación y aproximación que hagan justicia a la vocación europea de dichos países. 
Sobre todo, evidentemente, tenemos que lograr la paz en dicha región y mostrar el camino para la convivencia entre los pueblos de la zona. 
La Unión Europea les ofrece su apoyo para ello. 
La responsabilidad corresponde, sin embargo, a las partes en conflicto. 
Éstas deben reconocer que nada conseguirán con el uso de la fuerza, pero en cambio pueden perder mucho, y que no existe ninguna otra alternativa realista excepto alcanzar una solución de compromiso en la mesa de negociaciones en Rambouillet. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Van den Broek. 
Señor Presidente, naturalmente también la Comisión Europea se alegra por el hecho de que todos los partidos hayan acudido a la urgente llamada al inicio de las conversaciones de paz de Rambouillet. 
Aún quedan muchos esfuerzos por realizar para alcanzar un acuerdo, si bien puede apreciarse en la presencia de los serbios y los albanokosovares en Rambouillet una disposición para llegar, en principio, a una solución. 
Sin embargo, es importante que se mantenga al máximo la presión necesaria para facilitar un resultado aceptable y factible. 
Como ya se sabe, se cuenta con la frecuente asistencia de los Ministros de Asuntos Exteriores Robin Cook y Hubert Védrine, con objeto de mantener el impulso de los negociaciones. 
También la Comisión Europea cuenta con su representación en Rambouillet y brinda su aportación a aquellos temas de negociación que afectan a los aspectos económicos y de reconstrucción que incluye la propuesta de acuerdo. 
Probablemente el fin de semana que viene se celebre una nueva reunión del Grupo de Contacto a nivel ministerial. El objetivo será hacer una evaluación de los resultados hasta el momento y comentar cuáles son los puntos que requieren unos esfuerzos o atención adicionales. 
Por su parte, la Comisión Europea está efectuando los preparativos necesarios para poner en marcha su aportación al proceso de reconstrucción, una vez se haya alcanzado un acuerdo. 
Ya en los meses de diciembre y enero, por iniciativa de la Comisión se ha realizado una así llamada «evaluación de daños» , valorando los daños en viviendas y en las infraestructuras esenciales, pero debido a las operaciones bélicas no fue posible visitar todas las áreas afectadas. 
Según unas estimaciones aproximadas, se trata de unas 30.000 viviendas que han sufrido daños en menor o mayor medida; para su reparación, según los primeros cálculos, se necesitarán unos 330 millones de euros. 
Está dentro de las intenciones de la Comisión organizar una conferencia internacional de donantes, poco después de alcanzar un acuerdo de paz. 
Pero está claro que no podrá darse ese paso hacia la reconstrucción si no se alcanza un acuerdo y no existe una clara voluntad de las partes para llegar a una convivencia pacífica. 
Evidentemente, sólo podrá iniciarse la ejecución real de las actividades de reconstrucción, bajo ciertas condiciones, a partir del momento en que la situación de seguridad en tierra lo permita. 
Satisface constatar que entre los Estados miembros y también en otros países crece el consenso necesario para que podamos apoyar con unas fuerzas militares internacionales el acuerdo de paz que en su momento se alcance. Esto garantizará mejor la seguridad de las actividades de reconstrucción. 
Naturalmente, el principal objetivo de esta construcción es que se facilite también el retorno a sus lugares de origen a los miles de desplazados y refugiados. 
De momento, los medios de la Unión disponibles para este año aún son limitados. 
Ciertamente podrá acometerse un inicio de la reconstrucción, pero de las líneas presupuestarias correspondientes- se trata en realidad de la línea presupuestaria para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia- al fin y al cabo también se financia la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina. 
La Comisión volverá sobre estos asuntos tan pronto se haya obtenido una mejor visión sobre las aportaciones internacionales a la reconstrucción y sobre el plazo en que haya de realizarse. 
Mientras tanto, ya lo dijo la Presidencia del Consejo, la ayuda humanitaria a través de ECHO prosigue como siempre. 
Asimismo, nos interesa también que los esfuerzos de la Unión Europea sean bien visibles, y eso sólo podrá conseguirse si logramos la máxima unión y la mejor presentación posible de nuestras actividades. 
Para ello es necesario que la presencia de la Comisión en Belgrado, y más tarde también en Pristina, respectivamente se refuerce y se asegure más. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quiero expresar, en nombre de mi Grupo político, mi pleno apoyo a las declaraciones del Presidente del Consejo y del Comisario. 
Creo poder afirmar sin arrogancia, pero no obstante con un cierto orgullo, que mi Grupo siempre se encargó de reiterar que necesitamos ambas cosas: la oferta de negociaciones y la amenaza del uso de la fuerza. 
Algunos, también en esta Asamblea, deseaban atacar más pronto, pero hubiese sido un error. 
Tal como se está demostrando, todavía existe una oportunidad de alcanzar nuestro objetivo común- espero- a través de las conversaciones y la mediación. 
Yo no excluyo que, como cualquier conferencia, también ésta pueda fracasar y que sea necesario recurrir primero seriamente al uso de la fuerza. 
Sin embargo, habría que agotar verdaderamente a fondo la presente oportunidad. 
El Sr. Presidente del Consejo ha citado también a las personas que participan. 
Yo me congratulo de que un representante europeo tenga un papel destacado. 
También me siento personalmente orgulloso, ya que Wolfgang Petritsch fue uno de mis colaboradores antes de ser nombrado enviado especial en Belgrado y ahora está realizando una labor realmente extraordinaria y que obtiene reconocimiento. 
Lo que me interesa resaltar, sin embargo, no son las personas, sino el fondo del asunto. 
Lo importante es que un representante de la Unión Europea ocupa un lugar de primera línea. 
En segundo lugar, yo considero igualmente importante que no participen únicamente los americanos, sino también los rusos. 
Con frecuencia se deja de lado este tema, pero tenemos que recordar también a Rusia y al Gobierno ruso su responsabilidad en relación con este continente. 
Partiendo de que Rusia tiene esta responsabilidad, es preciso incluirla en la solución para que ésta sea, además, duradera. 
Yo suscribo asimismo plenamente- y quiero volver a repetirlo también en nombre de mi Grupo- el rechazo a la modificación de las fronteras por medios violentos en la Europa actual. 
Si alguna modificación pudiera llegar a introducirse, habría de ser sólo, en último término, como resultado de un consenso, no del uso de la fuerza, no de un acto unilateral. 
Si es necesario habrá que proceder también al estacionamiento de tropas, tal como ha expuesto el señor Comisario, que se encarguen de garantizar el mantenimiento de la situación a más largo plazo. 
Yo no abrigo ninguna ilusión de que la solución se pueda alcanzar de un día para otro y ruego a todos los miembros de esta Asamblea que tengan en cuenta que si no conseguimos que se alcance una solución razonable, no sólo Kosovo estará amenazado, sino que la amenaza se extenderá al conjunto de la región: a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, pero también a Albania. 
Es muy importante que la Unión Europea presione justamente también a Albania para que allí prevalezca asimismo la voz de la razón y del consenso. 
Para poder alcanzar una solución común es importante que tengamos a nuestro lado al conjunto de Albania y no una Albania dividida y contradictoria. 
En este sentido, yo apoyo plenamente las declaraciones del Presidente del Consejo y del Comisario. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Verheugen, al principio no hicimos nada en Kosovo. 
Desde 1989 sabemos lo que está ocurriendo en Kosovo y no le prestamos atención. 
Sólo empezamos a dirigir la mirada hacia allí cuando nosotros mismos favorecimos que el ELK nos cayera sobre las espaldas. 
Así ocurrieron las cosas y quien lo niegue, no ha seguido los acontecimientos. 
Hoy nos congratulamos y nos damos palmaditas en el hombro por estar desembolsando allí muchos recursos financieros que no habría sido necesario desembolsar siquiera si todo no hubiese quedado destruido, si desde Occidente hubiésemos intervenido antes. 
Nuestro Grupo político también apoya las conversaciones de Rambouillet. 
Yo también me congratulo de que los europeos tengan un papel más importante, pero desde luego llegan demasiado tarde, como siempre. 
Espero que no sea definitivamente demasiado tarde, pero creo que también deberíamos reconocer que podríamos haber empezado a actuar en octubre pasado, por ejemplo. 
Si hubiésemos hecho ya en octubre lo que estamos haciendo ahora, se habría evitado la muerte de muchas personas, en Racak y en otras partes. 
La amenaza de ataques aéreos de la OTAN debe mantenerse de manera creíble. 
Me dirijo también a algunos colegas de la Asamblea que no desean que se cumpla. 
Milosevic desencadenó en 1989, con la liquidación anticonstitucional del estatuto de autonomía de Kosovo, la descomposición de toda Yugoslavia y luego azuzó el resentimiento nacionalista con su propaganda sobre Kosovo. 
Ahora se enfrenta con la necesidad de poner fin a su política de agresión sin sentido contra los albano-kosovares e intentará prolongar por todos los medios el plazo de quince días. 
No desea, no puede desear, una solución del conflicto de Kosovo impuesta por Occidente. 
Con ello perdería toda su importancia internacional y tendría que ocuparse al fin de gobernar a su pueblo. 
Pero entonces saldría muy pronto a la luz su mediocridad política y su ineptitud. 
Una denuncia largo tiempo pendiente ante el tribunal de La Haya resultará también ineludible entonces y nuestros países tendrán que presentar las pruebas de que disponen. 
La amenaza de la OTAN es, por lo tanto, imprescindible. 
Si en Rambouillet se alcanza una solución provisional, como nosotros deseamos, será preciso garantizar su cumplimiento mediante el destacamento de tropas de tierra que se encarguen de la protección de los albaneses y los serbios en Kosovo. 
Sin embargo, aunque el resultado sea un fracaso, los ataques aéreos no bastarán para lograr nuestro objetivo. 
También en ese caso será necesario destacar tropas sobre el terreno. 
Todos confiamos en que se consiga un resultado, pero esperamos que Occidente y la OTAN sean capaces de mantener luego su posición, ¡de lo contrario habremos desperdiciado esta última oportunidad! 
Señor Presidente, una cosa que podemos aprender de la historia europea de este siglo es que las democracias y las dictaduras no pueden vivir eternamente una al lado de la otra, y que, en ese caso, el concepto de coexistencia pacífica tiene un plazo. 
Estos sistemas son antagónicos y, al final, uno de ellos va a derrotar al otro. 
Puede ocurrir con medios militares, cuando fue derrotado Hitler, y con medios pacíficos, como cuando se derrumbó la Unión Soviética. 
La misión de la Unión Europea es tomar claramente partido por las democracias y por los demócratas. 
Los sufrimientos que el dictador Milosevic ha causado a todos los pueblos de la antigua Yugoslavia, incluida la población serbia, tienen que llegar pronto a su fin. 
La misión de la UE en los Balcanes es poner fin a los combates, a las muertes y a los atropellos. 
Es una importante misión, pero no debe ser la única. 
La Unión también tiene que asumir una responsabilidad para que todos los países y regiones autónomas de los Balcanes lleguen a constituirse en sistemas democráticos, y para que la gente allí conozca los requerimientos de la democracia y lo que ella puede dar de sí. 
Los dictadores, los criminales de guerra y los tiranos de los Balcanes tienen que ser expulsados de sus palacios y de sus edificios de gobierno. 
Así se creará espacio para dirigentes de estados democráticos en los Balcanes, para resolver conflictos fronterizos por medio de negociaciones y para regular sus asuntos internos con respeto para todas las minorías. 
Sería excelente que la reunión de Rambouillet se encauzase en este sentido. 
Los serbios y los albaneses, los musulmanes y los ortodoxos, deberían poder sentir que la UE busca una solución equilibrada, sin prejuicios y sin discriminación. 
Con todo, los liberales vemos que aun una solución transitoria al problema de Kosovo no sería posible sin la intervención de fuerzas para conservar la paz, de un tamaño que infunda respeto. 
En la resolución común del Parlamento otros Grupos no han querido mencionar la necesidad de fuerzas de este tipo, cosa que yo lamento. 
Ciertamente, puedo comprobar con satisfacción que mis colegas socialdemócratas paulatinamente varían sus posiciones, pero esto se debe a que el Consejo de Ministros ha adoptado una posición más clara. 
Los socialdemócratas han seguido al Consejo y han estado constantemente a un palmo detrás de éste. 
Independientemente de la importancia de los liberales para alcanzar una solución al conflicto de Kosovo, estoy orgulloso de pertenecer a un Grupo que tiene el anhelo de estar a la cabeza, que quiere conducir y no sólo escoltar los acontecimientos. 
Señor Presidente, yo creo que este es el momento de la esperanza, la esperanza de que se obtengan resultados positivos en las negociaciones que están teniendo lugar en Rambouillet. 
Este Parlamento ha demandado muchas veces una actuación internacional efectiva con respecto a Kosovo que, lamentablemente, ha llegado tarde para los que han muerto, han perdido su casa y sus enseres y se han convertido en refugiados. 
A pesar de ello, debemos apoyar los esfuerzos desplegados y el contenido del plan propuesto por el Grupo de Contacto. 
Es verdad: la solución al conflicto en Kosovo pasa por una larga autonomía dentro de fronteras internacionalmente reconocidas si no queremos que los problemas se extiendan a otros países. 
Esto es lo primero que hay que hacer. 
Ahora, yo creo que hay tres ideas, también muy claras, a retener. 
La primera: no hay que disminuir la presión sobre las partes para que renuncien a la violencia para conseguir sus objetivos. 
En segundo lugar, si el despliegue militar lo va a realizar la OTAN, es evidente que el Alto Representante internacional debería ser un europeo, como lo es en Bosnia con magníficos resultados. 
Y en tercer lugar, -como ha señalado muchas veces Felipe González- no hay que olvidar que Milosevic y la ausencia de democracia en Serbia son la causa esencial de estos conflictos, y que si esa causa no se elimina seguirá creando más conflictos en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, efectivamente, es cierto que la Unión Europea ha entrado en acción realmente con falta de eficacia y demasiado tarde. 
Pero la dificultad es y será siempre que mientras haya división dentro del Consejo no se llegará a emprender nunca una acción unánime. 
De todos modos, esa misma división se produjo en este Parlamento. 
Por tanto, dejemos de hacer reproches a los demás mientras nosotros luchemos con las mismas dificultades. 
El que ahora pueda trabajarse hacia una solución política, opino que es un buen punto de partida. 
Toda la cuestión se centra en torno a si la oferta actual de una autonomía amplia, similar a la de Montenegro, en el lado albanés, aún tiene credibilidad después de todo lo que ha ocurrido y después de la radicalización que se ha producido en los diferentes movimientos locales. 
Mi pregunta sigue siendo: ¿Qué hay de la presión? 
Pensamos, en fin, que la solución habrá que buscarla en una política común para toda la zona sur de Europa del Este. 
Señor Presidente, una pregunta preliminar para el Consejo: no he comprendido bien si la de Rambouillet era una iniciativa de la Unión Europea o una iniciativa francobritánica. 
Espero obtener una respuesta a esa pregunta. 
Y ahora enlazo con lo que ha dicho el Sr. Carnero. 
Creo que los serbios, el pueblo serbio, son los grandes olvidados de Rambouillet. 
Una vez más Europa, el Consejo en particular, apuesta por el Sr. Milosevic. 
Considero que el Sr. Milosevic es una parte de la solución, cuando es claramente el problema, y no abrigo las dudas hamletianas de la Sra. Aelvoet, que se pregunta si respetará sus promesas el UCK. 
Tenemos ante nosotros a un señor, el Sr. Milosevic, que nos ha demostrado ser un campeón a ese respecto. 
Asimismo, es fundamental saber si, cuando el Consejo nos dice que hará presión para que se detenga y se juzgue a los culpables, analizará las declaraciones aparecidas en la prensa, que son las comunicaciones entre las unidades operativas de Kosovo y la dirección de Belgrado, para mostrar que la cadena de mando no se detiene en los arrabales de Kosovo, sino que sube directamente hasta Belgrado. 
Espero que suba así hasta el Sr. Milosevic y que Europa adopte una política clara a ese respecto, porque es evidente que los criminales, los que han cometido los actos, han recibido órdenes muy precisas de Belgrado. 
El fiscal general adjunto del Tribunal de La Haya no dice otra cosa, cuando afirma que ya es hora de que los Estados miembros, algunos de ellos miembros de la Unión Europea, comuniquen las pruebas que tienen en su poder y que demuestran que la cadena de mando parte de las aldeas de Kosovo y llega hasta Belgrado, hasta el centro del poder de Belgrado, hasta el Sr. Milosevic. 
Ya es hora de que así sea y pido al Consejo que responda a esta cuestión. 
Señor Presidente, la historia nos enseña que es difícil saber quién es más bueno o más malo, más feroz o más humano en los Balcanes. 
De la misma manera, es necesario reconocer que, históricamente, para Serbia Kosovo es la patria de origen, al igual que Israel lo es para los israelíes. 
Algún colega se preguntaba el porqué de una intervención tan tardía en la tragedia balcanokosovar. 
No sin malicia contesto que quizás a alguien le interesa que antes se destruya para luego reconstruir. 
Sin embargo, saludamos favorablemente el intento de resolver el conflicto a través de unas negociaciones diplomáticas avaladas por las instituciones internacionales, pero no podemos dejar de manifestar que el papel desempeñado por la Unión Europea es insuficiente y no da pruebas de una política exterior común si es cierto, y lo es, que entre los miembros de la Unión hay Estados que consideran y juzgan la cuestión balcánica de una manera totalmente distinta que otros Estados, también en la perspectiva histórica. 
La complejidad de la cuestión balcánica tiene sus raíces en el tiempo, es decir, en la historia de estos pueblos, en sus tradiciones y en sus culturas. 
Existe un hecho incuestionable que nunca hay que olvidar cuando se busca una salida a la trágica situación actual: la integración de las dos civilizaciones- musulmana y ortodoxa- se vuelve imposible, pues las características de ambas son tan fuertes como diferentes son sus culturas. 
En consecuencia, es preciso apostar por la convivencia que se convierte en fundamental si no se quiere perpetuar el conflicto, ya que donde hay conflicto hay también violencia, limpieza étnica, genocidio, abusos y violaciones de los derechos humanos. 
Europa ya no puede soportar que en sus fronteras persista una situación tan explosiva, caracterizada- como acabo de decir-más por motivos étnicos que por razones geopolíticas. 
Por esto, estimamos que el objetivo de la convivencia en el respeto de los respectivos valores y de las diferentes culturas tiene que ser la meta a alcanzar. 
No es con la guerra que se puede resolver un conflicto de este tipo, no es dotando a la policía de medios militares que el Gobierno de Belgrado podrá apaciguar la región. 
Permítanme añadir que no es con el tráfico de drogas que se permite a los kosovares armarse para perpetuar la guerra. 
El desarraigo de la población de su territorio y del territorio de sus antepasados en que se asienta su identidad será siempre la causa de nuevas tragedias y fuente de futuros conflictos. 
La búsqueda de las formas y de los instrumentos para alcanzar la posibilidad de una convivencia que ofrezca garantías a ambas partes, nos parece que es el enfoque mejor para asegurar la pacificación. 
En este sentido, la solución política e institucional más adecuada es, en nuestra opinión, la autonomía de Kosovo y, en particular, la más amplia autonomía posible en un marco constitucional que la garantice con el respaldo de las instituciones internacionales y de la Unión Europea. 
Europa, por su parte, puede y debe contribuir al desarrollo económico de esa región y representar tanto para la población serbia como para la kosovar un punto de referencia de cara a la estabilización pacífica de la Federación. 
Señor Presidente, a pesar de los esfuerzos intensivos de la comunidad internacional, los actos violentos en Kosovo siguen dominando el orden del día. 
La misión de los observadores de la OSCE no ha surtido el efecto deseado. 
Las terribles matanzas del último 15 de enero en Racak constituyeron un nuevo declive en el desarrollo del conflicto entre albanokosovares y serbios. 
Estas matanzas pusieron fin a un frágil armisticio que se había alcanzado en noviembre. 
No sólo las unidades serbias sino también el ELK, que con su táctica de guerrilla opera de forma cada vez más profesional, es responsable de la violencia del día a día. 
Nuevamente, varios miles de personas han tenido que huir de sus casas. 
Había y hay motivos para una intervención más activa de la comunidad internacional. 
La violencia bruta, el proceso de limpieza étnica entre la población civil y la desestabilización de Yugoslavia han de ser detenidos. 
Los actores de todos estos actos criminales deben ser perseguidos. 
Mi grupo parlamentario apoya de corazón al Grupo de Contacto, así como la propuesta de plan de paz, con un periodo de transición para llegar a una autonomía sustancial para la región de Kosovo, un principio que siempre fue apoyado por mi grupo parlamentario. 
Las conversaciones de Rambouillet son un último intento de llegar a un acuerdo factible sin intervención militar de la OTAN. 
Por lo tanto, el Parlamento aprueba los preparativos de la OTAN como medio de presión en forma de una eventual intervención para garantizar el buen fin de las conversaciones. 
También quiero añadir que es importante que nos preparemos para el envío de militares en el marco de la ejecución del acuerdo. 
En las conversaciones, tanto los serbios como los albanokosovares se ven presionados para llegar a una solución del conflicto. 
Para evitar que las conversaciones de Rambouillet sirvan a los intereses del ELK se ha dejado claro a los albanokosovares, con razón, que la única posibilidad de conseguir la presencia en la zona de una fuerza de intervención para la paz de la OTAN, radica en que hagan un esfuerzo real para llegar a un acuerdo total con los serbios sobre una autonomía interina para Kosovo dentro de la república federal de Yugoslavia. 
En marzo del año pasado, el conflicto estalló con toda su fuerza. 
Ha transcurrido casi un año entero. 
Es hora ya de que todas las partes implicadas en el conflicto lleguen a un acuerdo. 
Por eso también llamamos a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros a que desempeñen un papel claro y activo en la terminación de este conflicto. 
Deseamos expresar nuestra simpatía y apoyo a las actuaciones de los gobiernos británico y francés, pero también queremos manifestar claramente nuestro aprecio hacia la Presidencia alemana. 
Como Unión Europea tenemos la iniciativa. 
Conservémosla. 
Repito: no se trata de la historia, sino se trata del futuro de Kosovo y de la gente que vive allí. 
No se trata de tener la razón, sino de obtenerla. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, es incontestable que la reunión de Rambouillet ha de protegerse de cara a unas negociaciones que, sin duda, son secretas, sin embargo, quizás usted podía habernos dicho algo más porque, sin perjuicio de la relación que se ha entablado y que, como usted decía, va consolidándose, en cuanto a los puntos espinosos, es cuando menos necesario ser conscientes de que si Rambouillet fracasa, hay que contar con una carta para resolver el problema, para afrontar el futuro, porque no se puede, como usted decía en su intervención, confiar únicamente en la responsabilidad de las partes implicadas, ya que dicha situación haría fracasar una vez más la posición de Europa. 
Hemos tenido que escuchar del señor Comisario la hipótesis del despliegue de tropas en la zona que, en su caso, deberían garantizar las posibilidades de paz. 
Pero la cuestión más general y más importante que creo que debería abordar la Presidencia alemana es la de definir, por fin, un marco de directrices generales para toda la República Federal de la antigua Yugoslavia, dado que Macedonia está en ebullición y leo en la prensa que en Brisco se están volviendo a producir tensiones nacionalistas entre musulmanes y serbios, la situación está al rojo vivo y ha de ser afrontada con una política que la Unión Europea debería lograr aplicar en toda la zona. 
¿Cuáles son las líneas que no sean sólo las de las intervenciones en situaciones de urgencia, que no sean sólo las propuestas para paliar una situación difícil? 
¿Cuáles son los objetivos generales que la Unión Europea tiene intención de perseguir para llevar adelante un auténtico proceso de paz en toda la zona? 
Ésta es la pregunta, y esperábamos que la gran Alemania estaría en situación de planificar algún discurso, alguna línea. 
Señor Presidente, como acaba de decir el Sr. Bianco, también nosotros habríamos preferido una respuesta del señor Ministro y del señor Comisario a los interrogantes, a las reservas que muchos han formulado acerca de la puesta en marcha de estas negociaciones. 
En este Pleno, evidentemente, confiamos en que Rambuoillet consiga desactivar la bomba de relojería de Kosovo, sin embargo, en este mismo Pleno no son pocos los que encuentran en el dispositivo político-militar elementos contraproducentes y alarmantes que podrían dar origen a la explosión de esa bomba con inevitables conflagraciones colaterales y en cadena. 
La amenaza de la intervención militar- aún suponiendo que pueda reducir la intransigencia de una de las partes en conflicto-resultaría contraproducente en cuanto dejara de ser una amenaza. 
De hecho, la aviación de la OTAN se convertiría en la aviación del UCK e, incluso, implicaría la perspectiva de una fuerza de interposición. 
Sólo la OSCE, con un componente OTAN y el mandato de la ONU, podría dirigir esta fuerza, a la cual, obviamente, debería contribuir con hombres y medios la Federación Rusa. 
Y además existe la cuestión de Albania, de su continua ayuda al transporte masivo de armas a los insurrectos. 
Con todo, habría que poner el acento en las presiones diplomáticas, políticas y económicas, mientras que los plazos apremiantes, apresuradamente impuestos a la negociación de Rambouillet, deberían desaparecer con el tiempo, al objeto de no dejar inexplorada ninguna de las alternativas aceptables por las dos partes implicadas en un plazo más o menos corto. 
Señor Presidente, debo decir a modo de prólogo lo refrescante que es escuchar a un ministro admitir que no sabe más que nosotros acerca de la situación. 
Habiendo dicho esto, saludo la declaración del Presidente en ejercicio. 
Debemos reconocer que, a pesar de que con frecuencia en estos debates sobre Kosovo no hay más que fatalidad y tinieblas para el Parlamento, se han hecho grandes progresos, y dos cuestiones en particular deben ser apoyadas. 
El hecho de que ahora se esté negociando es en gran medida gracias al liderazgo de la Unión Europea. 
Finalmente estamos llevando a cabo una acción efectiva y felicito a la Presidencia alemana por el progreso realizado, y también al Ministro de Asuntos Exteriores británico así como al Ministro de Asuntos Exteriores francés. 
En segundo lugar, tal y como siempre ha demandado el Grupo socialista, hemos conseguido mantener unido al Grupo de Contacto y, ciertamente, hemos involucrado activamente a Rusia en el proceso de consecución de la Paz. 
Esto es muy importante y no debemos hacer nada que socave la cohesión del Grupo de Contacto. 
Por supuesto que el trasfondo de la amenaza militar de la OTAN ha sido absolutamente esencial, tal y como nosotros en el Grupo socialista siempre hemos insistido. 
Nuestro próximo desafío es claramente que estas negociaciones se prolonguen. 
Hemos establecido un calendario pero está claro que no debemos dejarnos arrastrar por las maniobras que hemos visto en el pasado en las que una parte o la otra prolongan demasiado las negociaciones de forma deliberada. 
Debemos ser claros que estamos en disposición de llevar a efecto las amenazas de la OTAN de bombardear Yugoslavia, literalmente en 24 horas tras la decisión, si no está preparada para alcanzar unas conclusiones adecuadas en las negociaciones. 
Debemos dejar claro que no vamos a comprometer tropas terrestres hasta que se alcance un acuerdo político. 
No deberíamos mandar ni un soldado de la Unión Europea o de la OTAN para que arriesgue su vida hasta que nosotros, los políticos, hayamos alcanzado un acuerdo político. 
Al perseguir esto debemos presionar en especial al ELK. 
Ha sido muy fácil para el ELK provocar de las fuerzas serbias respuestas inadecuadas para ganarse la simpatía internacional. 
Debemos dejar claro al ELK que solo pueden ganar si hay un acuerdo político que les dé un alto grado de autonomía. 
Solo entonces sancionaremos, como Parlamento Europeo, la suerte de esfuerzo de reconstrucción que ha señalado el Comisario Van den Broek. 
Debemos asegurarnos que, al condenar a la parte serbia, somos exactamente igual de duros con la parte albanesa y no provocamos, por simpatía hacia una u otra parte, una situación peor que la existente. 
Finalmente, pienso que, tal y como ha dicho el Sr. Wiersma, debemos evitar la trampa de recitar constantemente la historia en este conflicto. 
Debemos aspirar a encontrar un sistema de gobierno que permita a los Balcanes estar finalmente en paz, posibilitando la reconstrucción económica para avanzar y alcanzar la prosperidad en el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, habíamos pensado en este debate tras la matanza de Racak, sin embargo, considero que hoy no estamos en condición de ofrecer una gran contribución a la vista de que ha comenzado la Conferencia de Rambouillet. 
Todas las intervenciones han sido interesantes, pero para nosotros es difícil intervenir en una etapa que, como decía usted, señor Presidente, se caracteriza por un justo secretismo. 
No todo tendría que permanecer en secreto. 
En las conferencias diplomáticas es justo; sin embargo, el Consejo y la Comisión podrían, por ejemplo, ayudar a la opinión pública europea a comprender quién ayuda a los contendientes cuando hay enfrentamientos armados. 
¿Por qué siempre esperamos dos, tres, cuatro, cinco años? 
¿Por qué debemos limitarnos a leer en los periódicos la identidad de quien facilita este material bélico? 
¿Por qué no fomentamos la prevención, habida cuenta de que informar a la opinión pública es una acción de prevención? 
Dicho esto, me sumo a los que han expresado su apoyo a la Presidencia por la labor realizada. 
Considero importante que la Unión Europea adopte iniciativas, que se exprese, incluso con respecto a la opinión pública, a través de un papel político mayor que el que ha desempeñado en el pasado, pese a que continúa siendo clave nuestro papel en los ámbitos humanitario, de las ayudas al desarrollo democrático y del respaldo al desarrollo de la sociedad civil. 
Son todas cuestiones sumamente importantes que, sin embargo, no dan fe de un peso político efectivo. 
Evidentemente, me cuento entre los que no están dispuestos a disparar a bocajarro contra la Unión Europea, pues constato una trayectoria ascendente en cuanto a su papel. 
También en la anterior ocasión, cuando abordamos la situación en Kosovo, puse el acento en este problema. 
No estamos reflexionando sobre una gran zona de paz, de serenidad, tranquilidad, progreso y desarrollo económico en la que existe un problema bastante grave de conflicto interétnico, un problema que vuelve a plantearse. 
No, en esta ocasión, estamos examinando una faceta de un gran problema. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el límite estratégico de nuestra acción- me refiero a la acción de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Rusia y de todos los demás países- es que nos empecinamos en mirar una pieza del mosaico, sin tener en cuenta que, incluso si lográramos encontrar una solución al problema de Kosovo, la cuestión de los Balcanes seguirá abierta. 
Ahí está el punto. 
Haría falta un Rambuoillet que durase años, con muchos más protagonistas que los actuales: una conferencia internacional permanente en la que participaran Albania, Bosnia, Serbia, Croacia y Bulgaria. 
Entiendo que es muy difícil, pero deberíamos volver nuestras miradas hacia este gran escenario de los Balcanes, un tema que no se resolverá aunque se encuentre- esperamos cuanto antes-una solución a Kosovo. 
En primer lugar: ¿qué puede hacer en realidad la Unión Europea? 
Deberíamos tener claro que carecemos de la capacidad política o material necesaria para resolver nosotros solos el conflicto de Kosovo. 
Era necesario- y este es el hecho excepcional que ahora se ha producido- impulsar, con el apoyo de un gran prestigio político y una gran energía, una estrecha cooperación mutua entre diversas instituciones, a saber, el Grupo de Contacto, la Unión Europea, la OSCE, la OTAN y las Naciones Unidas. 
Sólo de este modo ha sido posible crear las condiciones políticas, jurídicas y militares necesarias para llevar adelante esta iniciativa. 
Todo ello se consiguió, por otra parte, en menos de diez días. 
La Sra. Pack ha preguntado con razón: ¿por qué no se nos ocurrió hacerlo antes? 
Yo debería devolverle en realidad la pregunta, pues el Gobierno que yo represento no tenía ninguna responsabilidad en aquel momento. 
Yo habría deseado, no obstante, que un Gobierno alemán anterior hubiese... 
Exclamación de la Sra. Pack 
Sí, ¡se trata de un Gobierno alemán! 
Yo habría deseado que éste hubiese planteado esta iniciativa. 
Por lo tanto, desconozco la respuesta, pero el caso es que se ha hecho ahora. 
Se ha hecho ahora porque se ha constatado que no se ha cumplido el acuerdo que el enviado especial americano Holbrooke alcanzó con Milosevic el pasado otoño y que Milosevic no ha cumplido lo acordado. 
Voy a decirlo claramente una vez más: la Unión Europea no podía establecer por sí sola las condiciones militares necesarias, no podía poner en pie una amenaza militar creíble. 
No dispone ni siquiera de un soldado con cuya intervención pudiera amenazar. 
Por esto no deberíamos insistir demasiado en que la Unión Europea sólo ha cometido errores en relación con el tema de Kosovo. 
Conseguir la cooperación de todas esas instituciones, mantener a los rusos y los americanos en el mismo barco, lograr una actuación eficaz del Grupo de Contacto, todo ello no ha sido en verdad una tarea demasiado sencilla. 
Podría añadir algunos comentarios sobre la problemática en el Consejo de Seguridad, la necesidad de contar con la participación de Rusia, pero los aspectos esenciales ya se han mencionado aquí. 
El segundo punto que quisiera señalar es que, una vez que se haya cerrado un acuerdo provisional- que es lo que se intenta conseguir en Rambouillet -, será necesario garantizar militarmente el resultado alcanzado. 
Me refiero ahora a la salvaguardia militar de una solución negociada. 
No hablo de una intervención militar en contra de la voluntad de las partes en conflicto. 
Ese es otro tema completamente distinto. 
Nuestro objetivo es alcanzar ahora un acuerdo en Rambouillet, que será inicialmente un acuerdo provisional por un período de tres años. 
Durante este plazo será preciso contar en cualquier caso con la garantía militar de una operación tipo SFOR. 
Varios Estados europeos, entre ellos Gran Bretaña y Alemania, pero también otros, ya se han ofrecido a aportar tropas de tierra, de manera que existen muchas probabilidades de poder organizar una operación suficientemente amplia y también lo bastante sólida. 
Habrá que aprovechar el plazo comprendido entre el acuerdo que se intenta alcanzar en Rambouillet y la finalización de dicho acuerdo provisional para preparar una Conferencia balcánica que se encargue de lo que se ha pedido repetidamente aquí, o sea, de debatir la situación general y sentar al fin las bases de una política que no se concentre en un solo tema concreto, pasando por alto que todos esos problemas concretos están interrelacionados. 
El proyecto de la Presidencia y la iniciativa impulsada por Gran Bretaña y Francia juntamente con Alemania incluye empezar a trabajar con vistas a una conferencia de esas características que se proponga establecer la estabilidad, la seguridad y la cooperación en el conjunto de la región de los Balcanes. 
Este empeño constituye un gran, un enorme reto. 
Sólo lo conseguiremos- y este es el tercer punto que quería abordar- si desarrollamos un planteamiento estratégico claro y convincente para esa zona de Europa. 
Ya lo he dicho esta mañana en las conversaciones que he mantenido con el Consejo de Europa en nombre de la Presidencia y lo repito aquí: nos encontramos ante una situación en la que se enfrentan dos concepciones distintas de Europa. 
Este hemiciclo representa la Europa del siglo XXI, la Europa de la integración, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y, por consiguiente, en último término también del bienestar y de la prosperidad personal de sus gentes. 
La Europa con la que nos encontramos en Kosovo, en Bosnia y lamentablemente también en otras partes del continente ha quedado anclada en los atavismos del siglo XIX. Tenemos que hacerles comprender a sus habitantes que tienen la posibilidad de elegir entre sumarse a la Europa moderna de la integración, que mira hacia el futuro, o permanecer prisioneros de los conflictos, la estrechez de miras y el nacionalismo del siglo XIX, cuyo resultado final sólo puede ser de sufrimiento, opresión y muerte para las personas. 
Sin embargo, al menos tenemos que dejar claro que tienen esta opción. 
Es decir, que también tenemos que estar dispuestos a ofrecerles la perspectiva de la integración en Europa, con todas las instituciones y todos los instrumentos con los que contamos. 
Se trata sin duda de un planteamiento a muy largo plazo. 
No estoy hablo de años, sino ciertamente de decenios. 
Pero incluso el camino más largo debe empezar por un primer paso. 
Ha llegado el momento de dar este primer paso. 
En realidad, siento envidia, pero en lo que se refiere al secreto que rodea a Rambouillet, tenemos que aceptar que esas son las reglas del juego. 
Ustedes lo saben y sería ingenuo pensar que ya puedan haberse alcanzado resultados reales, resultados intermedios en las negociaciones, y que si los hubiere, podrían exponerse aquí. 
No obstante, yo quisiera describir así la situación: el hecho de que las delegaciones continúan reunidas, que hayan acudido, que no haya habido ningún intento de distracción inicial- no queremos sentarnos juntos en la misma sala o no admitimos que participe tal persona o sólo hablaremos bajo tales y cuales condiciones -, el hecho de que las negociaciones se estén desarrollando desde el domingo, constituye de hecho un indicio de que se está trabajando con vistas a conseguir resultados. 
Dentro de pocos días dispondremos de una valoración del Grupo de Contacto sobre el resultado conseguido hasta el momento y entonces se decidirán las siguientes actuaciones. 
Yo quisiera replicar claramente a la intervención de un colega que se ha manifestado en contra de la presión de un plazo fijo para completar las negociaciones. 
Un elemento esencial de la estrategia elegida es someter a las partes en conflicto a la máxima presión posible, también en lo que se refiere al tiempo. 
Yo estoy firmemente convencido de que un enfoque que ofreciera a las partes en conflicto la posibilidad de jugar con el factor del tiempo, fracasaría. 
La estrategia incluye un elemento de fuerte presión. 
Deben tener en cuenta que las partes en conflicto no se mostraron dispuestas a acudir a la mesa de negociaciones por iniciativa propia, sino que lo hicieron respondiendo a una exigencia muy masiva, categórica y apoyada en una poderosa amenaza de la comunidad internacional. 
Forma parte integrante de dicha exigencia que las negociaciones deben alcanzar un resultado dentro de un plazo determinado de tiempo, un plazo deliberadamente muy corto. 
Para resumir, yo quisiera decir que es posible que en estos momentos hayamos conseguido, como europeos, un nuevo estadio en nuestra capacidad de maniobra en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Es cierto lo que ha dicho el colega Swoboda: se trata de una iniciativa surgida plenamente de la Unión Europea, que demuestra de lo que somos capaces cuando dejamos campo libre a la imaginación y la creatividad. 
Señor Presidente del Consejo, yo quisiera rogarle cordialmente que no olvide que no se encuentra aquí en calidad de Ministro adjunto (Staatsminister) alemán, sino como Presidente del Consejo, que habla en nombre del Consejo, y yo siempre me he permitido expresar mi opinión, más allá de las tendencias de la política de partidos, tanto si los caballeros- salvo en una ocasión, siempre han sido hombres- pertenecían a mi orientación política como si no. 
Si tengo una queja contra el Consejo, la expresaré, y ustedes representan ahora al Consejo durante un semestre. 
La próxima vez se tratará de un finlandés y tampoco voy a tratarle con guante de terciopelo, igual que no lo he hecho con usted. 
Usted no se encuentra aquí en calidad de Ministro adjunto alemán, sino como Presidente del Consejo y yo le ruego, por lo tanto, que no sea tan susceptible y que haga llegar este mensaje a nuestro país: ¡nosotros no atacamos aquí a los alemanes, sino a la Presidencia del Consejo! 
Señor Presidente, con su permiso intervengo como italiano y me permito recordarle que, cuando usted hace referencia a los países que están interesados por los problemas de los Balcanes, no solo existen Francia, Alemania y Gran Bretaña, sino también Austria e Italia, países fundamentales en este ámbito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Relaciones entre los PTU, ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0036/99) del Sr. Aldo, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las relaciones con países y territorios de ultramar, países ACP y regiones ultraperiféricas. 
Señor Presidente, permítame ante todo felicitar, en nombre del Grupo socialista, al Sr. Aldo por haber elaborado, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, un excelente informe que ha propuesto con firmeza por iniciativa propia. 
En el debate de hoy tenemos que abordar un aspecto importante para el desarrollo de unos territorios con estatutos jurídicos y niveles de desarrollo muy diferentes, pero que comparten, cuando menos, la situación geográfica. 
Los PTU, los países ACP y las regiones ultraperiféricas son, de hecho, entes distintos entre sí, para los cuales, justamente, la Unión ha arbitrado instrumentos diferentes. 
He de decir con franqueza que no todos los aspectos que figuran en el informe del Sr. Aldo me convencen plenamente. 
Sin embargo, creo que es preciso captar el mensaje político fundamental de su informe, esto es, la necesidad de profundizar las relaciones a través de una intensa cooperación descentralizada entre los tres distintos entes que acabo de mencionar, al objeto de alcanzar un desarrollo territorial armónico. 
La relación se desarrolla fundamentalmente desde la perspectiva de las regiones ultraperiféricas y de los PTU. 
Hoy, el Parlamento Europeo se expresa partiendo de este supuesto. 
No obstante, creo que será absolutamente necesario implicar a los países del Caribe y Pacífico para atender sus ideas y sus necesidades, así como para subordinar cualesquiera iniciativas a sus intereses. 
La plena implicación de todos los actores interesados en las consultas y en el proceso decisorio reviste gran importancia. 
En el informe se abordan también las cuestiones relacionadas con los regímenes comerciales. 
En cuanto a este aspecto, es fundamental actuar con mucha prudencia, puesto que son conocidas las dificultades surgidas, incluso recientemente, a raíz del abuso de las normas específicas aplicadas a los PTU. 
Qué duda cabe de que el objetivo de fomentar la integración comercial de los RUP, PTU y ACP es elogiable, pero debe cumplirse protegiendo la situación específica de los países ACP y en el marco de la definición de nuevas normas más generales relativas al nuevo Convenio después de Lomé, al nuevo SPG, a la reforma de la PAC y a las normas de la OMC. 
Al mismo tiempo, es preciso tener en cuenta, en el marco de las distintas organizaciones comunes de mercado, los intereses de todos los agricultores europeos. 
En su conjunto, sin embargo, lo que el informe de iniciativa pretende es lanzar un mensaje importante y positivo: a través de la profundización de la cooperación exterior y de la afinación de los instrumentos de acción, también los territorios situados geográficamente más lejos de la Unión pueden encontrar un nuevo papel y encaminarse hacia nuevas vías de desarrollo, y esto también en beneficio de los países en desarrollo que están cerca de ellos. 
Es un mensaje importante que compartimos plenamente. 
Por esto nuestro Grupo votará a favor de todo el informe aprobado en la comisión, aunque considera que algunos de sus aspectos específicos necesitan una mayor profundización. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega el Sr. Aldo es, en mi opinión, muy importante. 
Importante por el método elegido para su elaboración; importante, pues afirma la voluntad natural de las regiones y de los países y territorios interesados de concluir partenariados regionales; e importante por las propuestas que formula. 
La Comisión de Desarrollo, durante una sesión de lo más apasionante, oyó a los representantes de las regiones de ultramar y de los países y territorios de ultramar. 
Era algo nuevo, pero fue un momento capital para la comprensión por este Parlamento de las dificultades, las necesidades y los proyectos de los europeos del otro extremo del mundo. 
Ese diálogo era necesario y debe proseguir en el mayor número de foros posible y el informe hace, por lo demás, propuestas al respecto que nosotros apoyamos. 
Como decía hace un instante, este informe afirma la voluntad natural de las regiones ultraperiféricas y de los países y territorios de ultramar de concluir partenariados regionales. 
Es, evidentemente, primordial para ellos, para su desarrollo y para su futuro, pero es también y tal vez sobre todo esencial para la Unión, pues en todos los casos será ella la que esté presente en esos partenariados, con lo que añadirá un aspecto importante a su cooperación con los países ACP. 
Es en cierto modo el reconocimiento y la afirmación de la dimensión planetaria de la Unión, de su papel económico, pero también y sobre todo de su peso político. 
No sólo debemos aceptar a esos interlocutores, sino también acompañarlos y facilitar su desarrollo. 
Para ello, el ponente hace varias propuestas. 
En el tiempo que se me ha concedido, quisiera mencionar una sola: la creación de unidades descentralizadas de la Comisión en las regiones ultraperiféricas y, por otra parte, la implantación de antenas o estructuras de enlace en los países y territorios de ultramar. 
Esta propuesta procede en particular de los representantes democráticos locales de una región ultraperiférica y agradezco efusivamente al ponente que la haya integrado en su texto, con lo que le ha dado todo su peso y toda su fuerza, pero no debe quedar en un voto piadoso. 
Si la aprueba mañana, nuestro Parlamento deberá seguir atentamente su puesta en práctica; se transformará poco a poco en un elemento esencial de la cooperación de la Unión con los países ACP. 
Deberemos prestarle mucha atención. 
Señor Presidente, el presente informe fue aprobado en la comisión con una gran mayoría y yo creo que es el resultado de un prolongado debate. 
En él se expone que las regiones insulares y las que se encuentran aisladas y alejadas del espacio económico central de la Unión sufren unas limitaciones. 
El informe recuerda que hay tres tipos de subregiones que deben ser consultadas y que a las que se debe hacer partícipes de las decisiones, y la referencia a las nuevas negociaciones en el marco de los países ACP es importante en este contexto, a mi parecer. 
Las referencias al comercio, al Sistema de Preferencias Generalizadas y a la necesidad de una política coherente constituyen uno de los puntos fundamentales del informe y con vistas las futuras negociaciones. 
Debemos apoyar las exigencias concretas en el ámbito de las telecomunicaciones, de la investigación y desarrollo tecnológico, de la educación y la formación profesional y de la prevención de las catástrofes naturales que aquí se recogen. 
Yo creo que todos coincidimos en que es necesario promover una integración en el marco regional. 
Cuando en la página 12 del Informe se habla de una Europa del Caribe, se está expresando, por un lado, esta problemática, pero a la vez yo creo que ello también es la manifestación de un problema que arrastramos desde la época colonial. 
¿No sería razonable reunir a estas tres subregiones, concederles la independencia, unirlas mediante un nuevo tratado en una alianza regional y prestarles apoyo para así poder dejar atrás de una vez esa parte de la antigua historia colonial? 
Es una idea y una sugerencia que deberíamos hacer nuestra, pues dicha reivindicación y la mera expresión «la Europa del Caribe» me resultan sencillamente incomprensibles. 
Yo me encuentro en Europa, en este espacio económico, en este espacio comercial, que deseamos organizar y controlar democráticamente. 
Los habitantes de otras regiones también desean lo mismo. 
¿No queremos apoyar los procesos regionales? 
¡Tendríamos que proponernos seguir desarrollando esta idea en el futuro! 
Señor Presidente, en mi nombre personal, en el de la Sra. Taubira, que ha quedado retenida por amenazas de manifestaciones diversas, y en nombre de mi Grupo, quisiera expresar nuestro total apoyo a la iniciativa particularmente pertinente de nuestro colega Blaise Aldo, que, por fin- podríamos decir -, nos propone una reflexión global y coherente sobre las relaciones regionales de los países ACP, de las regiones ultraperiféricas de la Unión y de los PTU asociados. 
Quisiera decir también, en relación más en particular con los PTU, y sobre todo con el que conozco mejor, la colectividad territorial de Mayotte, que estoy plenamente de acuerdo con los análisis de Blaise Aldo y del Sr. Castagnède, ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, sobre la imprecisión jurídica, la incoherencia económica y la iniquidad social de la situación reservada a los PTU por la Unión Europea. 
El Sr. Aldo nos dice que son los parientes pobres de la Unión Europea. 
Tiene toda la razón y habría podido subrayar la paradoja en virtud de la cual, cuando se trata de la solidaridad interior de la Unión Europea, los PTU no son bastante ricos para estar con los ricos, y, cuando se trata de la solidaridad exterior de la Unión, los PTU no son bastante pobres para estar con los pobres. 
Voy a poner, a partir de Mayotte, varios ejemplos de esa incoherencia de nuestra situación. 
Mayotte, por ejemplo, no forma parte de la Unión Europea, pero vota en las elecciones europeas. 
Mayotte necesita para su desarrollo normas jurídicas estables y seguras. 
Ahora bien, el Derecho comunitario no se aplica en ese territorio ni directa ni automáticamente por un procedimiento de recepción en el derecho interno. 
Se aplica según el capricho de las menciones de aplicación que caracterizan la regla de la especialidad legislativa. 
Se nos habla también de desarrollo económico mediante la producción local, pero Mayotte, ya desfavorecida por lo reducido de su mercado, la insularidad y el costo del trabajo, se ve perjudicada por la regla de no reciprocidad de las ventajas concedidas a los países ACP de la región. 
Un último ejemplo: importamos todo de la Unión Europea, pero no tenemos otros recursos fiscales que los que consisten en castigar con derechos de aduana nuestras propias importaciones. 
Por eso creo que la única solución para los PTU, que nuestros colegas deben distinguir- así se lo pido- muy claramente de los Departamentos de Ultramar, consiste en una reformulación total del apartado 3 del artículo 227 del Tratado a fin de permitirles afirmar su pertenencia al conjunto europeo y también aportar a la Unión Europea, en particular mediante la decisiones locales, la riqueza de sus diversidades y su particularismo. 
Señor Presidente, el Movimiento de Junio aplaude la iniciativa adoptada por la Comisión de Desarrollo de elaborar un informe que examina las relaciones entre los países y territorios ultramarinos, los países ACP de África, el Caribe y el Pacífico y las regiones ultraperiféricas de la UE. 
Es importante que los proyectos que la UE apoya en estas zonas sean coordinados y que la UE tenga éstos cada vez más en cuenta en sus propias políticas. 
Es una ventaja a la hora de promover la colaboración descentralizada y regional entre los propios países ultramarinos y con los países ACP, porque esto puede ayudar a impulsar su propio desarrollo. 
Resulta importante por ello entablar un diálogo y desarrollar una participación de igual a igual donde se respeten las peculiaridades de cada interlocutor. 
Ni podemos ni debemos estar dictando desde Estrasburgo los fines de la colaboración. 
En primer lugar, es indigno. 
En segundo lugar, estos países son los que disponen del mejor conocimiento de las circunstancias locales. 
Sin embargo, nosotros podemos, tal y como destaca la Comisión de Desarrollo, impulsar financieramente la colaboración en campos como la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica, la educación y la cultura, la mejora de las conexiones marítimas y aéreas, la protección medioambiental y el acceso a las tecnologías de la información. 
Y también podemos y debemos garantizar en las negociaciones comerciales internacionales que se mantengan los privilegios comerciales de los que disfrutan los territorios ultramarinos y los países ACP. 
Con ello impulsamos también aquello sobre lo que debe versar todo debate sobre desarrollo: la lucha contra la pobreza. 
Señor Presidente, Señorías, queremos felicitar a nuestro colega Blaise Aldo por el notable trabajo que ha realizado. 
Se ve en él la marca de su realismo, de la sabiduría, y también de lo que voy a llamar un sano empirismo, cualidades todas que son poco comunes, por lo general, en esta Asamblea. 
Pero sólo es un informe, por lo que expresa- creo yo- el fruto de su trabajo y sus reflexiones. 
Creo también que expresa otras corrientes, otras fuerzas políticas, seguramente, y debo comunicar a Sus Señorías algunas reservas. 
En el plano de los principios, no podemos aceptar el riesgo de una deriva de asimilación progresiva de nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar a los países ACP. 
Ahora bien, se trata de un riesgo que no me parece enteramente desdeñable, cuando leo un poco entre líneas. 
Para nosotros, y quisiera precisarlo aquí para los franceses cuya expresión somos, nuestros Departamentos de Ultramar, nuestros Territorios de Ultramar, la Reunión, Mayotte, las Antillas, Nueva Caledonia, Polinesia, la Guayana, son tierras francesas por las mismas razones que nuestros departamentos metropolitanos. 
Conocemos su especificidad y precisamente insistimos siempre en la necesidad de que intervenga la solidaridad nacional para afrontar las dificultades que representan su lejanía, su demografía y su situación económica. 
Por lo demás, debo decir que he escuchado con atención lo que decía nuestro colega el Sr. Hory, que conoce bien la situación, y sus observaciones eran totalmente pertinentes y- creo yo- de sentido común. 
El desempleo es, por ejemplo, muy elevado en la Reunión y en las Antillas. 
Por consiguiente, antes que dedicar nuestros esfuerzos a la integración de una inmigración extranjera sin límite, cuyo peso resulta insoportable y cada vez más trágico, y que afecta también a nuestro departamento de la Guayana, antes que intentar superar los efectos del desarraigo, de la inadaptación, del rechazo de la asimilación, o incluso de la presencia de comunidades que pretenden ser cada vez más dominadoras y conquistadoras, deberíamos poner en juego plenamente la solidaridad con nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar. 
Ahora bien, si bien deseamos otra Europa, otro sistema de cooperación con los ACP, que, en el marco de esta intervención, no puedo exponer, no ponemos en entredicho las propuestas concretas que el informe de nuestro colega el Sr. Aldo hace con razón: las de la pesca, por ejemplo. 
Nos complace decir que se trata de un buen trabajo. 
No obstante, manifestaremos cierta inquietud inspirada por nuestro sentido del interés nacional y del interés de nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar, por lo que, con cierta desazón, nos abstenemos, a reserva de una reflexión complementaria. 
Señor Presidente, creo que lo primero que tenemos que hacer es precisar lo que quiere realmente el informe Aldo. 
No se trata en este momento de una definición del estatuto de los territorios de la Unión Europea que están fuera del continente europeo. 
Ese estatuto ya está definido. 
Las regiones ultraperiféricas son parte del territorio comunitario, con igualdad de derechos, de forma que los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, como el que les habla o como el Sr. Aldo, somos electores y elegidos en la Unión Europea, vivimos en regiones que están situadas lejos del núcleo continental de Europa pero somos miembros de la Unión Europea como cualquier otro ciudadano comunitario, con la peculiaridad de que estamos más lejos. 
Es cierto que con respecto a los países y territorios de ultramar británicos, franceses, holandeses y daneses hay alguna ambigüedad, porque alguno de esos territorios parece que está en estado evolutivo pero, en definitiva, también son territorios de la Unión Europea. 
Los países ACP son países independientes y Estados soberanos. 
Nadie está tratando ahora de regular su estatuto ni de asimilar unos a otros. 
Es decir, evidentemente, las Islas Canarias- a las que yo pertenezco- son parte de la Unión Europea y van a seguir siéndolo porque son parte de España desde el siglo XV. 
De lo que se trata en el informe Aldo es de utilizar este potencial que tiene la Unión Europea en unas regiones tan alejadas para contribuir a una de las finalidades de la Unión Europea, que es la ayuda al desarrollo. 
Es cierto que las regiones ultraperiféricas- y quizás más los países y territorios de ultramar- tienen un nivel de vida relativamente bajo en comparación con la media comunitaria, pero ese nivel es muchísimo más alto que de los países ACP. 
Las propuestas del informe Aldo van dirigidas a establecer una relación y esto, sobre todo, tiene importancia en el área en la que el propio Sr. Aldo tiene su residencia, en la región caribeña, en la que el reparto geográfico corta un poco la situación y el estatuto de cada una de esas regiones. 
Yo creo que son unas propuesta positivas, como dijo antes el Sr. Vecchi. 
Probablemente necesitarían perfilarse con un poco más de detalle, pero es positiva la utilización de las regiones por parte de la Comisión como plataformas para operaciones de ayuda al desarrollo, como forma de estimular una cierta integración entre esas regiones y las zonas más próximas de menor desarrollo económico. 
Como se trata de un informe de iniciativa- es evidente que el informe del Sr. Aldo no es un informe vinculante- la Comisión podría utilizar alguna de las consideraciones y algunas de las propuestas del Sr. Aldo para hacer propuestas concretas que permitieran que tanto las regiones ultraperiféricas como los países y territorios de ultramar se asociaran de una manera muy intensa a los esfuerzos que está llevando a cabo la Comisión Europea para apoyar a la ayuda al desarrollo en el resto del mundo. 
En este sentido, creo que debemos congratularnos de que el Sr. Aldo haya hecho este magnífico trabajo y para mí constituye el inicio, por lo menos, de un aspecto de la acción de la Comunidad en el ámbito de la ayuda al desarrollo. 
Señor Presidente, el debate del informe de Blaise Aldo tiene la virtud de su oportunidad política. 
Los países ACP, como ha quedado patente en numerosas ocasiones y particularmente en la sesión de la Asamblea Paritaria ACP/UE, celebrada la primavera pasada en Isla Mauricio, han apostado por el incremento de la cooperación regional en los ámbitos políticos, económicos, comerciales y culturales. 
Por su parte, los territorios ultramarinos europeos vienen reclamando, de manera creciente, una mayor atención que permita su integración en un mundo en desarrollo de economía globalizada. 
Hay que recordar un hecho fundamental: es verdad que los territorios ultramarinos no son territorios de la Unión, pero sus habitantes son ciudadanos comunitarios a los que no podemos olvidar. 
Por su parte, las regiones ultraperiféricas de la Unión son regiones que gozan de un estatus específico, incorporado desde el Tratado de Amsterdam como Derecho primario de la Unión, y pueden jugar en el futuro un papel en el desarrollo de las relaciones de la Unión con los países ACP, por ejemplo en el marco de INTERREG, si son capaces de rentabilizar su situación geográfica. 
Los ejemplos de cooperación interregional que pueden citarse son múltiples. 
Valga, por ejemplo, el caso de La Reunión en el sur del Índico, de los DOM franceses en el Caribe o de las Islas Canarias con algunos países del África occidental como reveladores de las posibilidades que ofrece una cooperación cuya dimensión no puede ser ignorada. 
Hace tres semanas, el secretariado permanente de las Cámaras de comercio ACP se ha reunido en las Islas Canarias con vistas ubicar allí su sede permanente- dicho esto sólo como uno de los muchos ejemplos que puedan darse-. 
Por estas y otras razones creemos que vamos a votar- afirmo que vamos a votar- a favor del informe Aldo. 
Y me gustaría- para terminar, señor Presidente -, ya que todos estos hechos que hemos señalado son conocidos por la Comisión, conocer qué opinión tiene la Comisión, dada la ausencia de fundamento jurídico, sobre la forma de encauzar estos elementos de manera que hagan posible la cooperación de tres entes que son distintos pero que tienen posibilidades de ayudarse mutuamente. 
Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha querido que se hiciera este informe de iniciativa sobre las relaciones entre los países y territorios de ultramar, los países ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Blaise Aldo, el ponente, ha hecho un trabajo considerable y le felicito por sus valerosas conclusiones. 
El Sr. Aldo nos ha mostrado que teníamos un deber para con esas regiones. 
Amparadas en su originalidad y su diversidad cultural, identitaria y estatutaria, constituyen auténticas representantes de la Unión Europea en el mundo, pues son otros tantos puestos avanzados en el Caribe, el océano Índico, el Atlántico o el Pacífico y encarnan el modelo europeo en sus valores de democracia y libertad. 
Además, nuestros lazos culturales e históricos exigen nuestro apoyo y nuestra estrecha cooperación. 
Ahora bien, pese a nuestros acuerdos comerciales y a nuestros programas específicos, nunca habíamos logrado emprender una reflexión global sobre el futuro de esas regiones y sobre sus propias relaciones con los países ACP. 
Ya era hora, en el momento en que la Unión Europea emprende un triple proceso de renovación y renegociación de los acuerdos de Lomé, de revisión de su asociación con los PTU y aplicación de una integración idónea con las regiones ultraperiféricas. 
Creo que la reflexión hecha por Blaise Aldo llega en un momento oportuno, pues resulta indispensable que la Unión Europea se comprometa a favorecer un desarrollo económico y social armonioso en esas regiones y a ayudarlas a integrarse en el sistema comercial e internacional y a afrontar la competitividad mundial. 
A ese respecto, quisiera subrayar únicamente tres puntos del informe Aldo: su dimensión política, con la creación de un foro de diálogo entre la Unión Europea y los PTU, su dimensión económica, con la creación de un fondo europeo para el desarrollo de proyectos económicos y sociales y, por último, la implantación de antenas de representación de la Unión Europea, de estructuras de enlace, a fin de promover proyectos de formación e información de los protagonistas o de las poblaciones. 
Naturalmente, apoyo la idea del ponente sobre el mantenimiento del régimen comercial actual, es decir, el libre acceso para los productos procedentes de los PTU, en condiciones que no perjudiquen a los países ACP. 
En conclusión, creo que es de desear que la Comisión preste la mayor atención al informe Aldo para que ese documento se plasme en propuestas concretas. 
Señor Presidente, cuando contemplo el globo terráqueo y reflexiono sobre las regiones de las que estamos hablando, siento un cierto vértigo al pensar en los problemas que intentamos resolver desde Europa en todo el mundo. 
Es cierto que también tenemos compromisos particulares, en primer lugar con los Estados ACP. 
El ponente, a quien yo también quiero felicitar por su informe, señala en su exposición de motivos que la evolución de la situación en dichos territorios, en los PTU, no ha sido nada positiva a pesar de las ventajas de las que disfrutan. 
Yo no sé si estamos adoptando el enfoque adecuado para modificar dicha situación. 
El ponente propone una serie de medidas administrativas, por un lado, y de medidas financieras, por el otro lado. 
Yo encuentro a faltar un mayor hincapié en el enfoque regional, al cual también han hecho referencia repetidamente los oradores que me han precedido. 
En efecto, yo pienso que se maximizarían las oportunidades de desarrollo si se excluyen de entrada las grandes distancias y se intenta reforzar la cooperación en el marco de dichas regiones. 
Aunque formo parte de la Comisión de Desarrollo, yo sigo teniendo algunos problemas con algunos puntos y algunos párrafos del informe. 
Me refiero, por un lado, al tema de la ampliación de la ciudadanía de la Unión, que aquí se menciona, pero que sin embargo está vinculada a unos requisitos muy claros; en segundo lugar, está el tema de la creación de un fondo específico financiado con cargo al Presupuesto comunitario, que yo temo que nos limite y nos comprometa en cierto modo y nos haga perder flexibilidad; y en tercer lugar, está la creación de oficinas de enlace en todos esos países, lo cual a mi parecer representa también un gasto administrativo adicional, sin que alcance a ver su utilidad. 
Señor Presidente, yo también reconozco la importancia del informe de Blaise Aldo, y se lo agradezco. 
Con razón pide la atención para las áreas que todos acabamos de comentar, y entra en la materia, entre otras cosas, del comercio y del igualamiento con el AS. 
En cuanto al fondo, también tengo mis preguntas, como las formuladas anteriormente por mis colegas, entre ellos la Sra. Günther. 
Si esa es la solución correcta, aún no lo sé. 
De todos modos, sorprende que sean fundamentalmente los franceses quienes celebran este debate, y que desgraciadamente sea yo la única neerlandesa que entra en esta materia, ya que también afecta a las Antillas Neerlandesas. 
Muy sorprendente: no hay ningún inglés en esta sala y, sin embargo, ellos también tienen sus territorios de ultramar. 
Porque, señor Presidente, es interesante: existen dos tipos de territorios de ultramar. Tenemos los DUM y los PTU. 
Los DUM sólo son los territorios de ultramar franceses. 
Nosotros, los neerlandeses, decimos: es como si los PTU fueran una especie de hijastros. Siempre tienen un trato ligeramente distinto; y tal vez sea esa la razón de algún que otro de los conflictos importantes. 
A veces lleva a situaciones extrañas. 
Por ejemplo, las Antillas Neerlandesas tienen su isla Sint Maarten. 
Los franceses tienen su Saint Martin. Simplemente es la otra cara de una misma isla. 
En nuestro lado está el aeropuerto; el lado francés es territorio europeo. 
Es asombroso que aún no haya habido ningún estudioso de los Países Bajos o de Francia que haya escrito una tesis sobre lo que significa aquello, por ejemplo, para los controles fronterizos europeos u otros temas relacionados. 
Pero concluyendo, señor Presidente, creo que hemos de considerar especialmente ese trato de los PTU en comparación con el de los DUM. 
Si los DUM tienen un estatus tan especial, ¿qué significa para los PTU? 
De hecho quiero pedir que más adelante la Comisión preste atención también a este punto- y repito, es muy importante- en forma de un suplemento al informe del Sr. Aldo. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Sr. Mendes Bota, que no puede estar presente, expreso aquí su posición. 
La potenciación de una nueva regionalidad tripartita, estrechando los lazos económicos, sociales y políticos entre países y territorios ultramarinos, países ACP y regiones ultraperiféricas de la Unión Europea no podría llegar en mejor momento. 
El informe del Sr. Aldo abre nuevas vías para un nuevo tipo de ayuda al desarrollo, un nuevo modelo bastante diferente de la ayuda tradicional, hasta ahora plasmada en el Convenio de Lomé, en el antiguo FED o en los acuerdos bilaterales entre países ricos y países en vías de desarrollo. 
La solidaridad retrocede peligrosamente en el mundo actual. 
En 1997, las ayudas públicas y los créditos privados en los países de la OCDE destinados a la cooperación se redujeron en 41.000 millones de dólares, con lo que se situaron en 324.000 millones de dólares, es decir, el nivel más bajo del decenio. 
Son necesarios nuevos impulsos y esos partenariados regionales y subregionales pueden ser una inversión con retorno visible para todos los interesados. 
La institucionalización de los PTU y de las regiones ultraperiféricas como socios especiales en el ámbito del Convenio de Lomé, integrándose en particular en una Asamblea Paritaria renovada, merece nuestro beneplácito. 
Como también apoyamos de forma general el riquísimo abanico de propuestas, ideas y sugerencias constantes de la resolución conclusiva de este informe. 
Particularmente en lo referente a las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores, Canarias, la Reunión, Guadalupe, Martinica o la Guayana, hay que subrayar que son simultáneamente la frontera avanzada de la Unión y verdaderos centros estratégicos para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con varios conjuntos regionales, así como faros de vigilancia de los valores de la democracia y la libertad en el Atlántico, el Índico y el Pacífico. 
En esas regiones debería la Unión Europea establecer delegaciones con poderes descentralizados para coordinar las acciones de apoyo en el ámbito de la cooperación regional ya abordada. 
Señor Presidente, Señorías, deseo en primer lugar congratularme con el ponente, Sr. Aldo, por el magnífico trabajo realizado y por habernos transmitido con gran pasión su experiencia precisamente en lo referente al informe que nos ocupa. 
Cierto que coexisten en diversos puntos del planeta, dentro de un mismo conjunto regional, Estados pertenecientes al grupo ACP, países y territorios de ultramar pertenecientes a los Estados miembros de la Unión y regiones ultraperiféricas que forman parte integrante de la Unión Europea. 
Ya en el Tercer Convenio de Lomé, celebrado para el período 1984-1989, se desarrolló una idea de cooperación reforzada entre estos tres entes con estatutos diferentes. 
Paralelamente a las negociaciones sobre el futuro Quinto Convenio de Lomé iniciadas el 30 de septiembre de 1998 entre las Unión Europea y los países ACP, y a la ratificación del Tratado de Amsterdam, empezarán las reflexiones sobre el futuro de las regiones ultraperiféricas y de los países y territorios de ultramar. 
Es, sin duda, necesario deparar mucho interés y diferenciar cuidadosamente estos territorios. 
Lo que comparto y quiero subrayar en este Pleno, es la importancia del fondo de prevención de catástrofes resaltada por el señor ponente, como ya hicimos en el seno de los grupos sobre el cambio climático para los pequeños Estados insulares, grupo que presido en la Asamblea Paritaria ACP-UE, porque es notorio que estos territorios son especialmente vulnerables y, por tanto, precisan nuestra intervención, sobre todo porque conocemos perfectamente sus actividades que, al desarrollarse principalmente a lo largo de las zonas costeras, tienen una importancia fundamental tanto para la economía como para el ámbito social. 
En consecuencia, considero que el Sr. Aldo ha puesto de relieve estos problemas con gran atención y que, por lo tanto, es necesario respaldarlos con fuerza, habida cuenta de que también en la próxima Asamblea Paritaria se aprobará un informe en este sentido. 
Señor Presidente, mi colega João de Deus Pinheiro lamenta profundamente no poder dirigirse a Sus Señorías esta tarde. 
Me siento muy honrado al substituirlo en relación con este asunto, ya que la Comisión se felicita de la labor llevada a cabo por esta Comisión de Desarrollo y Cooperación, en particular gracias a su dinámico ponente, el Sr. Aldo, así como las comisiones parlamentarias a las que corresponde emitir una opinión, cuyos ponentes son el Sr. Castagnède y el Sr. Souchet. 
Esa labor se plasma en un informe de iniciativa denso por los diversos temas- financiero, comercial, humano y geopolítico-que aborda y complejo por los diferentes tipos de estatutos a los que se refiere: las regiones ultraperiféricas de la Unión, los cuatro DU, las Canarias, las Azores y Madeira, los veinte países y territorios asociados a la Comunidad Europea y los Estados ACP, con los que la Unión está negociando actualmente un futuro acuerdo de partenariado. 
Añadiré- lo que me parece el mayor elogio que se puede hacer a un representante democrático- que este informe de iniciativa es valiente. 
Con frecuencia llega muy lejos en la afirmación de ciertos aspectos que nunca han podido ponerse en práctica. 
Por ejemplo, el abandono del procedimiento de la unanimidad para la creación de la asociación de los PTU, el artículo 136 del Tratado o la instauración de zonas de libre cambio regionales, Caribe, océano Índico, que asocien a los países ACP, los PTU y los DU. 
Por ejemplo, la instauración de un fondo especial de desarrollo de los PTU, inscrito en el presupuesto. 
Por ejemplo, la escucha de los PTU, gracias a una forma de inserción en la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea. 
Llegar lejos con las ideas, elaborar conceptos que incitan, formular propuestas audaces, ése es el mejor servicio que esta institución puede prestar a la Comisión y al Consejo. 
La Comisión ha iniciado, por su parte, una vasta reflexión sobre el tema de los 20 PTU. 
Se presentará al Parlamento, por mediación de su Comisión de Desarrollo y Cooperación en su reunión del próximo mes de abril. 
La Comisión se propone consultar a los ejecutivos locales sobre los resultados de su reflexión. 
En el marco de esa consulta, las ideas recogidas en el informe parlamentario de iniciativa serán muy útiles a las personalidades locales interesadas y, por último, serán muy útiles a la Comisión, que, a raíz de esas diversas consultas, deberá formular propuestas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Extractos de café y de achicoria 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0054/99) del Sr. Lannoye, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, respecto de la posición común adoptada por el Comité de Conciliación relativa a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a los extractos de café y achicoria (C4-0023/99-96//0117 (COD)) 
Señor Presidente, espero hacer una exposición suficientemente breve para que podamos concluir este expediente. 
Nuestro Parlamento debe pronunciarse sobre el proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva relativa a los extractos de café y a los extractos de chicoria. 
He de recordar que se trata de una de las siete propuestas relativas a productos alimentarios. 
Junto a los extractos de café, están el chocolate, la miel, los zumos de frutas, las mermeladas, las leches en conserva y los azúcares, que fueron objeto en un principio de un debate común, celebrado en octubre de 1997. 
Pero se trataba de propuestas, de directivas separadas, inspiradas, naturalmente, por la misma lógica de simplificación encaminada a facilitar los intercambios comerciales, pero esas siete propuestas han tenido una suerte diversa. 
Sólo ha salido adelante aquella de la que nos ocupamos hoy. 
En efecto, los obstáculos políticos y técnicos, las divergencias de opinión entre instituciones- Consejo, Comisión y Parlamento- han sido superados- creo poder decirlo- para satisfacción total del Parlamento. 
En efecto, después de una posición común del Consejo en la que fueron rechazadas las tres enmiendas del Parlamento, por dictamen desfavorable de la Comisión, nuestro Parlamento confirmó primero las enmiendas en segunda lectura. 
Fue en el pasado mes de septiembre. 
Dos meses después, el Consejo rechazaba de nuevo las enmiendas, lo que obligó a convocar el Comité de Conciliación. 
Dos de ellas- una, que es un considerando; otra, un artículo- iban encaminadas a mantener en la directiva el principio de la limitación de la gama de pesos nominales disponibles en el mercado. 
Parece algo técnico. 
En realidad, es algo más que técnico. 
El objetivo es, en realidad, evitar toda posibilidad de confusión para el consumidor y de competencia desleal para los productores. 
No hace falta decir que esas enmiendas estaban apoyadas en gran medida a la vez por las asociaciones de consumidores y las asociaciones de productores, lo que no es habitual. 
La tercera enmienda se refería al método de análisis del contenido en hidratos de carbono libres y totales, pues el Parlamento Europeo deseaba que se aplicara la norma ISO 11292, de febrero de 1997, a saber, el método más moderno disponible. 
En las reuniones técnicas y en un diálogo tripartito entre el Consejo, la Comisión, Ken Collins, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y yo, quedó claro que el desacuerdo no era político y se refería más a la metodología que al fondo. 
Así, pues, dimos nuestro acuerdo, avalado por el Comité de Conciliación de diciembre de 1998, para una transacción, que se plasma en la siguiente modificación de la posición común del Consejo: en primer lugar, se introduce un nuevo considerando en el texto. 
Dicho considerando anuncia una iniciativa de la Comisión, antes del 1º de julio del año 2000, a más tardar, encaminada a introducir una gama de pesos nominales para los productos de café y de chicoria en la directiva horizontal 80/232 relativa a las gamas de pesos. 
Así, pues, se ha logrado el objetivo del Parlamento, seguramente mediante otro método, pero lo que cuenta es llegar a un mismo resultado. 
En segundo lugar, en el párrafo 1 del anexo de la directiva figura una referencia clara a los métodos de análisis del contenido en hidratos de carbono que permite utilizar los métodos más modernos, sin por ello fijar el texto limitándose a un método determinando. 
Con eso se tenían en cuenta las preocupaciones de la Comisión, que nos parecieron legítimas. 
Concluyo diciendo que el balance político de esta conciliación es, a mi juicio, totalmente satisfactorio. 
Por lo demás, la Comisión de Medio Ambiente lo ha aprobado, por unanimidad y a ese respecto me parece indispensable una votación favorable del Parlamento. 
Pido, pues, a la Asamblea que apoye este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar y sobre todo quiero felicitar al ponente por su trabajo en el informe que acaba de presentarnos. 
Ha resultado ser un expediente más bien técnico, de los que no alcanzan los titulares de la prensa, pero que tiene por objeto un tema que afecta a la vida cotidiana de la gente, digamos a su café diario y cosas semejantes. 
Con razón, el público espera que nos tomemos en serio también este tipo de informes y que los trabajemos a fondo, lo que aquí, en efecto, se ha hecho. 
En segunda lectura, habíamos adoptado algunas enmiendas con las que el Consejo en un primer momento no estaba del todo de acuerdo. 
Finalmente el trabajo de mediación ha arrojado unos resultados positivos. Al final, todo discurrió tan fluidamente que el Comité de Conciliación Oficial se convirtió en una mera formalidad. 
Señor Presidente, en el Comité de Conciliación el PPE ha apoyado sin reservas el resultado actual. Por supuesto, mi grupo hará lo mismo en esta sesión plenaria. 
Queda sólo expresar mi esperanza de que también en los terrenos de las otras seis propuestas a las que hizo referencia el ponente, entre ellas la que afecta al chocolate, y también de los otros puntos del paquete que nos fue presentado inicialmente, se logren unos progresos y que finalmente obtengamos unos resultados satisfactorios. 
Me gustaría que el Sr. Comisario nos indicara si tiene alguna idea de los plazos. 
¿Cuándo podremos esperar alguna cosa más, señor Comisario? 
Nos facilitaría también la planificación de nuestro trabajo. 
Señor Presidente, sólo voy a hacer un par de observaciones. 
En primer lugar, quiero felicitar al ponente y también al Sr. Collins por el magnífico resultado conseguido. 
Hemos alcanzado un compromiso excelente, que podemos apoyar con la conciencia bien tranquila. 
En segundo lugar, el tema del chocolate depende de que el Consejo consiga alcanzar una posición razonable. 
Es una posibilidad que no debe descartarse por completo, pero que de momento todavía no se vislumbra. 
Finalmente, en tercer lugar, ¡esta ha sido mi intervención más breve hasta la fecha! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0020/99). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Roy James Perry (H-1253/98) : Asunto: Concentración de la propiedad de los medios de comunicación 
¿Tiene previsto la Presidencia alemana ocuparse de las ramificaciones de la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, en particular cuando este fenómeno conduce a una posición de predominio en otras esferas económicas, por ejemplo en el deporte? 
Permítanme que le dé la bienvenida al Sr. Verheugen y le invite a que responda a la pregunta del Sr. Perry. 
Señor Presidente, Señoría, antes de responder a su pregunta, permítame la siguiente observación previa: en mi calidad de Presidente del Consejo, yo quisiera resaltar explícitamente, en nombre del mismo, que el Consejo concede la máxima importancia a la salvaguardia de la libertad de opinión, uno de cuyos principales elementos es la libertad de los medios de comunicación. 
El Consejo tiene el profundo convencimiento de que la libertad de opinión es uno de los puntales básicos en los que se apoya la democracia y también las demás libertades individuales, tal como quedó plasmo hace cincuenta años en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Por esto, los Estados miembros y la Comunidad, en el marco de sus actuales competencias, velan escrupulosamente por que el acceso a los medios de comunicación esté garantizado, teniendo en cuenta la diversidad de convicciones políticas y religiosas, en todos los ámbitos de la sociedad. 
En cuanto a las intenciones del Consejo en lo que se refiere al tema de la concentración de los medios de comunicación, yo quisiera señalar que la Comisión no ha presentado hasta el momento ninguna propuesta al Consejo sobre esta cuestión. 
Evidentemente, el Consejo examinará detenidamente cualquier posible propuesta de la Comisión al respecto. 
En este contexto, yo quisiera indicarle a Su Señoría que el ámbito de la «concentración de empresas» está sujeto a las normas comunitarias en materia de competencia, concretamente en este caso al Reglamento nº 4064/89 del Consejo del 21.12.1989 relativo al control de la fusión de empresas. 
La aplicación de dicho Reglamento es competencia de la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Yo, por supuesto, como todos los demócratas, comparto por completo las opiniones expresadas sobre la necesidad de la libertad de prensa en las sociedades democráticas. 
El problema que intento plantear en este asunto es que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación causa en ocasiones problemas con la libertad de prensa, especialmente cuando la concentración de la propiedad se extiende más allá de la propiedad de periódicos a otros sectores económicos. 
Muchos ciudadanos europeos muestran su preocupación cuando ven, por ejemplo, la adquisición del Manchester United por parte de BskyB, la extensión de la capacidad de las cadenas para firmar acuerdos con clubes de futbol particulares y las propuestas para una superliga europea. 
Todo esto podría amenazar la libertad del deporte para operar tal y como lo ha hecho hasta ahora. 
Me gustaría pensar que cuando un informe viene de la Comisión el Consejo toma cuenta del asunto. 
Sin embargo, debo insistir una vez más que este es un tema que entra dentro de las normas de la competencia. 
En la Unión Europea tenemos unos fundamentos jurídicos claros al respecto y la aplicación de dichas normas, la ejecución de los reglamentos, es competencia de la Comisión. 
Es un tema que debe examinar la Comisión, siguiendo el correspondiente procedimiento. 
Yo le reitero la disposición del Consejo a examinar la cuestión cuando la Comisión le presente el correspondiente proyecto. 
Pregunta nº 2 formulada por Hans Lindqvist (H-1254/98) : Asunto: Despoblación del espacio rural en Suecia 
Desde la década de 1960 el espacio rural de Suecia no se había despoblado tanto. 
En 210 de los 280 municipios suecos ha disminuido la población, principalmente en las zonas interiores del centro y el norte de Suecia. 
Se suponía que la adhesión a la UE reforzaría la política regional, pero la realidad ha sido otra. 
La evolución actual es inaceptable. 
¿Puede el Consejo dar alguna esperanza a las regiones de Suecia que se están despoblando? 
¿Va a aumentar o a disminuir el importe de aproximadamente 4000 millones de coronas suecas que se le devuelve anualmente a Suecia en relación con su contribución nacional de 21000 millones de coronas? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Lindqvist. 
Señoría, el Consejo es consciente de los problemas de la despoblación, sobre todo en determinados territorios de la Unión y ha prestado creciente atención a las medidas encaminadas a mantener una estructura de población viable en el ámbito rural. 
En lo que se refiere a los aspectos vinculados a la reforma de la Política Agrícola Común, el Consejo tiene la intención de diseñar, en el marco de las deliberaciones sobre las propuestas relativas a la Agenda 2000, un modelo agrícola europeo, que luego habrá que seguir desarrollando en el futuro, concretamente el modelo de una agricultura multifuncional, sostenible, competitiva y que abarque la totalidad del territorio de la Comunidad, o sea, también las regiones con problemas específicos, como los que expone usted en su pregunta, Señoría. 
El Consejo reconoce que la política de desarrollo de las zonas rurales es de una importancia fundamental para sacar partido a las diversas posibilidades de mantener una estructura rural viva en toda la Unión Europea. 
Suecia recibe actualmente una ayuda estructural para sus regiones menos pobladas en el marco de la política regional. 
Los Fondos estructurales, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y el Banco Europeo de Inversiones contribuirán, cada uno a su manera, hasta el 31 de diciembre de 1999 a la realización de un objetivo prioritario, el llamado Objetivo 6. 
La finalidad del mismo es promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones con una densidad de población particularmente baja. 
Estas disposiciones se están revisando en estos momentos en el contexto de las propuestas de la Comisión con vistas a la reforma de los Fondos estructurales y tal como ya prevé, por otra parte, el segundo considerando del Protocolo 6 del Acta de Adhesión de Suecia. 
La Comisión propone que las intervenciones de los Fondos en favor de las regiones del Objetivo 6 se mantengan en el marco del Objetivo 1 para el período 2000-2006. 
Por lo que respecta al estado actual del debate en el Consejo, yo puedo adelantarle, señor Lindqvist, que existe una contrapropuesta de los Estados miembros a dicha propuesta de la Comisión, sobre la cual no se ha adoptado aún una decisión. 
Dicha contrapropuesta incluye el mantenimiento del actual Objetivo 6 y la continuidad de las medidas de apoyo. 
La decisión se adoptará en el contexto del paquete global de la Agenda 2000, sobre el cual he informado en el debate de esta tarde. 
Gracias por la respuesta. 
Hoy hemos podido ver un ejemplo elocuente de la realidad en esta parte de Europa, con los agricultores franceses que salen a la calle para luchar por su supervivencia y para poder ganarse el sustento. 
Tenemos exactamente la misma situación en Suecia, especialmente en el norte de Suecia. 
Cada día se cierran tres o cuatro explotaciones agrícolas. 
Son las pequeñas explotaciones, con 15 o 20 vacas, las que se ven obligadas a cerrar. 
La gente tiene que irse a las grandes ciudades, especialmente a la región de Estocolmo, Malmo y Gotemburgo. 
En Suecia no ha habido una migración tan intensa como ésta desde la década del 60, con gente que abandona los municipios del interior del país. 
De nuestros 279 municipios, 211 han perdido población; todos ellos están en el interior. 
Tengo una pregunta complementaria acerca del Objetivo 6. 
¿Puede el Consejo darnos más información sobre las posibilidades de conservar el Objetivo 6 en Suecia y Finlandia y decirnos si los criterios de este Objetivo 6 van a mantenerse dentro del marco del Objetivo 1? 
Agradecería que se me diera respuesta a esta pregunta. 
Yo mismo solicité al Gobierno sueco que me informara exhaustivamente sobre dicha problemática el pasado domingo en Estocolmo y le repito que existe una contrapropuesta a la propuesta de la Comisión y se está adoptando una decisión al respecto. 
Sólo una vez se hayan decidido los recursos que se destinarán en el futuro a las ayudas estructurales para las regiones poco pobladas- no tan sólo, como ha señalado acertadamente usted, las de Suecia y Finlandia, sino también las de otras zonas de la Unión -, sólo entonces será posible decidir cómo se concretará el correspondiente programa. 
¿Quiere el señor Presidente del Consejo asegurarle a este Parlamento que recibiremos completa información de todas las subvenciones de los fondos agrarios para que podamos poner así remedio a la situación actual en la que el 80 % de los agricultores recibe el 20 % del subsidio mientras que el 20 % de los agricultores recibe el 80 % del subsidio procedente de las arcas comunitarias, ingresando este 20 % junto con menos dinero del que nosotros como consumidores y contribuyentes pagamos como subvención y desapareciendo, por tanto, mucho dinero por el camino? 
Señoría, no creo que sea necesario que le explique los orígenes del actual sistema de la Política Agrícola Común de la Unión Europea y su posterior desarrollo. 
Éste se basa en decisiones que se adoptaron en otro tiempo y en estos momentos nos disponemos a reformar la Política Agrícola europea con objeto de mejorar la competitividad, la productividad, la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica de la agricultura en Europa. 
La Comisión ha presentado las correspondientes propuestas, con respecto a las cuales cabe decir, como acabo de exponer, que los Estados miembros mantienen en el Consejo concepciones muy diversas sobre la forma que deberá adoptar finalmente la reforma de la Política Agrícola. 
Incluso hay Estados miembros que opinan que no se debería modificar en absoluto. 
Yo espero que el Consejo de Ministros de Agricultura, que se reunirá los días 22-24, alcance unas primeras conclusiones sobre cómo conciben la futura Política Agrícola europea los Ministros competentes del Consejo en cuestión. 
Hoy es demasiado pronto para decirlo y yo no puedo responder a su pregunta porque todavía no se han adoptado las correspondientes decisiones. 
Comprendo que el Presidente en ejercicio no pueda anticipar el resultado de las reformas de los fondos estructurales, pero podría llamar la atención del resto de los miembros del Consejo sobre el hecho de que hay una gran preocupación en el Hemiciclo acerca de que la propuesta de la Comisión para el Objetivo 1- en particular la aplicación estricta del 75 % del PNB es injusta con algunas de las regiones de la Comunidad. 
En cuanto a la cuestión regional si se toman las islas o las tierras altas de mi propio país, Escocia, se percibirá que existe una considerable zona rural en peligro de despoblación. 
Por encima del 75 % parecería que se trata del tipo de área que defenderíamos en esta reforma. 
Pero si permanecemos en el estricto 75 % de la Comisión sufrirá las consecuencias. 
Señoría, atenderé gustoso su petición y transmitiré al Consejo dicho punto de vista. 
Sin embargo, seguro que no se sorprenderá si le digo que un Estado miembro ya lo ha hecho y sigue haciéndolo con gran insistencia, de manera que el Consejo está perfectamente al corriente del problema. 
Yo debo añadir, no obstante, que las deliberaciones mantenidas hasta ahora indican que en el Consejo existe una mayoría muy amplia que apoya una aplicación muy estricta del criterio del 75 % para las regiones del Objetivo 1. 
Entre otras cosas, precisamente porque hay una serie de regiones que se encuentran justo por debajo y otras que apenas lo sobrepasan. 
La tendencia que yo observo en estos momentos, como ya he dicho, indica que existe la voluntad de seguir aplicando estrictamente dicho criterio. 
El Consejo es, sin embargo, plenamente consciente del problema y yo me comprometo a velar por que las reflexiones del Parlamento y las suyas propias sean tomadas en consideración en las posteriores deliberaciones. 
Correspondería ahora responder conjuntamente las preguntas 3 y 4. 
Sin embargo, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 4 caduca. 
Pregunta nº 3 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0001/99) : Asunto: Amnistía Internacional y la política de derechos humanos de la Unión Europea 
¿Tiene conocimiento el Consejo de que Amnistía Internacional ha conmemorado el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la publicación de un informe sobre la política de derechos humanos de la UE? 
¿Qué medidas está adoptando el Consejo a fin de evaluar este informe con la idea de utilizar sus principales recomendaciones para dar cuerpo a la política de derechos humanos de la UE? 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Oddy. 
Señor Presidente, Señoría, el Consejo concede una importancia significativa al trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos. 
Presta una gran atención a las opiniones y propuestas de dichas organizaciones y procura mantener contactos y un intercambio de experiencias con ellas. 
Así ocurre también en relación con el tema de las posibles actuaciones para seguir mejorando la política de derechos humanos de la Unión Europea. 
En este sentido, yo quisiera recordar que la Presidencia del Consejo entonces en funciones repartió el informe de Amnistía Internacional que cita la Sra. Oddy en el Grupo de trabajo dedicado a los temas de derechos humanos en el marco de la PESC en diciembre de 1998. 
El Consejo comparte la opinión de Amnistía Internacional en cuanto a la importancia de procurar mejorar continuamente la política de derechos humanos de la UE. 
El Consejo también tomará en consideración las sugerencias de Amnistía Internacional como parte de dicho empeño. 
El Consejo se remite a la declaración que se hizo pública el 10 de diciembre de 1998 con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada posteriormente por el Consejo Europeo. 
La declaración del 10 de diciembre de 1998 contiene una serie de propuestas operativas, cuya concreción se debatirá en los próximos meses en el Consejo. 
El Consejo de Asuntos Generales acusó recibo del correspondiente encargo el 25 de enero de 1999. 
Seguir impulsando los puntos operativos incluidos en la declaración del 10 de diciembre de 1998 es un aspecto importante del programa de trabajo de la Presidencia, el cual incluye también el tema de la publicación de un informe anual de la UE sobre los derechos humanos. 
Dentro del programa de trabajo ocupan asimismo un lugar destacado los esfuerzos para hacer valer en el marco de las Naciones Unidas las posiciones de la UE en materia de política de derechos humanos en relación con países y temas concretos. 
Esto incluye los importantes temas de la reforma de los mecanismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la preparación de la Conferencia Internacional sobre el Racismo. 
Ya que he sido herida al venir hacia aquí y me he caído, espero una mejor respuesta de la que obtuve ayer de la Comisión. 
Me gustaría saber algo sobre el código de conducta de la UE en la venta de armas. 
Quisiera saber si se ha adoptado una lista común de equipamiento militar en ese código, cuántas licencias han sido rechazadas y qué progresos está haciendo el Consejo y los Estados miembros en este sector. 
Como dije, espero obtener mejor respuesta que ayer, que fue espantosa. 
No, no puedo responder a esa pregunta y, sobre todo, tampoco quiero hacerlo por razones de principio muy elementales. 
No consigo ver de ningún modo cuál es la relación entre la pregunta planteada y esta pregunta adicional. 
La Presidencia no podía estar preparada para responder a la misma. 
Yo no estoy dispuesto a darle como quien dice sobre la marcha, una respuesta sobre un tema tan sensible. 
Le responderé gustosamente por escrito. 
Sin embargo, como ya he dicho, no alcanzo a ver ninguna relación entre la pregunta complementaria y la pregunta que efectivamente se había formulado. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señora Oddy, no hay posibilidad de réplica. 
Usted sabe muy bien que, en el turno de preguntas, hay una sola intervención. 
Entiendo que el Sr. Verheugen le ha ofrecido a usted darle una respuesta por escrito. 
El Sr. Verheugen y usted podrán tener una relación a través de este escrito que le ha prometido el Sr. Verheugen. 
Pero yo, reglamentariamente, me veo obligado a continuar con el turno de preguntas. 
Pregunta nº 5 formulada por James L.C. Provan (H-0004/99) : Asunto: Ayuda humanitaria para el pueblo ruso 
En la resolución sobre ayuda humanitaria al pueblo ruso, aprobada por el Parlamento el 19 de noviembre de 1998, se señalaba a la atención la aparición de tuberculosis en las prisiones rusas, donde hasta un 15 % de los reclusos padecen dicha enfermedad. 
¿Pedirá el Consejo a la Comisión que proponga un plan de acción para combatir el peligro de que los rusos portadores de tuberculosis puedan infectar a otros sectores de la población rusa, a las poblaciones vecinas y, más pronto o más tarde, a los ciudadanos de la Unión Europea? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta formulada por el Sr. Provan. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo ratificó en su reunión de Viena la solidaridad de la Unión con Rusia y su población en el contexto de la crisis económica actual. 
Atendiendo a ello, el Consejo adoptó el 17 de diciembre de 1998 un amplio programa para el envío de productos agrícolas a Rusia. 
ECHO ha desembolsado desde 1991 50 millones de ecus para fines humanitarios en Rusia. 
Todavía queda un remanente de 4, 8 millones de ecus de los recursos consignados para 1998. 
Una vez comprobado en qué ámbitos son mayores las necesidades de la población, se decidió concentrar sobre todo los esfuerzos en la solución del problema de la tuberculosis, particularmente en las prisiones. 
La Comisión y el Consejo también comparten, por lo tanto, sin reservas la preocupación expresada en la resolución del Parlamento Europeo del 19 de noviembre de 1998 y su propia preocupación, Señoría. 
Con la reaparición de la tuberculosis en los países en desarrollo, las prisiones se han convertido en un ámbito especialmente importante de incubación de dicha enfermedad. 
Rusia tiene la mayor tasa de población reclusa del mundo, un 1 % de la población total. 
Las prisiones rusas están ocupadas por encima de su capacidad. 
En muchos centros penitenciarios hasta el 10 % de los reclusos están infectados. 
Atendiendo a ello, la Comisión decidió destinar la mayor parte del remanente de 4, 8 millones de ecus todavía disponible del Presupuesto de 1998, concretamente 4, 24 millones de ecus, a proyectos para la contención de la tuberculosis. 
Como es sabido, la ayuda de ECHO se canaliza a través de ONG de la Unión, de los servicios de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias internacionales. 
Muchas gracias, Presidente en ejercicio del Consejo, por una respuesta muy completa. 
Estoy preocupado por la tuberculosis y me satisface saber que el Consejo está haciendo una gran contribución de fondos para ese fin, porque podría convertirse en un serio problema. 
En cuanto a los demás aspectos de los productos agrícolas que pueden llegar al pueblo ruso en este momento, creo que esa parte del programa va a permitir que la ayuda alimentaria que se va a enviar sea vendida en el mercado local a los precios del mercado existentes. 
El problema principal, en cualquier caso, es que la gente carece de los fondos para pagarlos. 
No hay suficiente liquidez en la economía en este momento y este es un problema fundamental. 
¿Qué garantías puede darnos, por tanto, el Consejo de que cualquier producto que la Unión Europea va a enviar a Rusia va a ir a parar de hecho a la gente que necesita ayuda? 
Señoría, el problema que usted ha citado es muy grave y, de hecho, ya fue objeto de un serio y exhaustivo debate en el Consejo. 
En efecto, nos enfrentamos con el problema de que, si bien por un lado somos conscientes de que tenemos un compromiso humanitario y queremos prestar ayuda, por el otro sabemos que en el país al que deseamos ayudar nos encontramos con estructuras que a menudo impiden que dicha ayuda cumpla su objetivo. 
El Consejo estableció, por lo tanto, unas orientaciones políticas para la Comisión, en las que se establece que es preciso velar por que dichos envíos de ayuda a Rusia beneficien realmente a los más necesitados, no distorsionen las estructuras de suministro de alimentos existentes y que todavía funcionan, y contribuyan a fomentar una política de autosuficiencia capaz de garantizar el futuro abastecimiento de la población. 
Esta era la voluntad del Consejo. 
En la práctica ha resultado extraordinariamente difícil aplicar dichas condiciones políticas a la ayuda. 
Por consiguiente, a mi modo de ver, el Consejo tendrá que volver a examinar cuanto antes esta problemática. 
Pregunta nº 6 formulada por Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99) : Asunto: Seguridad en Chipre 
Toda vez que la UE, y en particular algunos Estados miembros, expresaron objeciones al plan inicial del gobierno chipriota de instalar en la isla un sistema de misiles tierra-aire, consistente en misiles del tipo S-300, y posteriormente se felicitaron al gobierno por la decisión de cancelar el plan, ¿de qué manera piensa el Consejo que se podría mejorar la seguridad de Chipre? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos. 
Señoría, en opinión de la Unión Europea, el camino para mejorar la seguridad de Chipre es continuar los esfuerzos para alcanzar una solución política del problema de la partición de la isla. 
Chipre podrá seguir contando con el pleno apoyo de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad de naciones en este empeño. 
En opinión de la Unión Europea, el nivel de armamento ya es excesivo en Chipre, con el riesgo real de que cada nuevo incremento por un lado sea superado de inmediato por el otro, con lo cual la seguridad no aumenta, sino que se reduce. 
Por este motivo, la Unión Europea acogió con satisfacción, como usted ya ha señalado, Señoría, la decisión del Presidente Clerides de no estacionar ningún misil del tipo S-300 en Chipre. 
Esta decisión fue una señal importante en favor de la reducción del exagerado nivel de armamento estacionado en Chipre y la Unión Europea espera que ambas partes adopten nuevas medidas en este sentido. 
Con la decisión de no estacionar los misiles se ha eliminado una de las causas de las tensiones en la isla. 
El Consejo considera que esto podría fomentar algún progreso con vistas a una solución justa y duradera del conflicto chipriota. 
La Unión Europea apoyó decididamente las Resoluciones 1217 y 1218 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y respalda total y absolutamente los actuales esfuerzos del enviado especial en funciones del Secretario General de la ONU para Chipre. 
-Señor Presidente, quisiera dar las gracias al representante del Consejo por su respuesta pero también quisiera señalar dos cuestiones complementarias. 
En primer lugar, el representante del Consejo ha hecho referencia a diversas medidas complementarias de las dos partes. 
De todo lo que se ha dicho hasta ahora, quisiera preguntar cuáles son las medidas de la parte turca que está esperando el Consejo. 
En segundo lugar, quisiera saber si hay alguna idea relativa a Chipre, sobre su integración en la OTAN a la vez que en la Unión Europea y solucionar así el tema de la seguridad o si, al menos, hay alguna idea de instalar en Chipre fuerzas de la OTAN que sustituyan tanto a las fuerzas turcas como a las demás que se encuentran todavía en la isla. 
Señoría, la exigencia más importante que plantea el Consejo a la parte turco-chipriota es que manifieste al fin su disposición a participar en las negociaciones para la adhesión. 
La estrategia de la Unión Europea consiste, como usted sabe, en intentar conseguir a través del inicio de las negociaciones para la adhesión de Chipre un efecto catalizador, el cual se espera que contribuya a la solución del problema político y que finalmente quizá incluso permita resolverlo. 
Esta esperanza no se ha cumplido hasta ahora, pero la exigencia a la parte turca para que participe plenamente en las negociaciones se mantiene claramente inalterada. 
Por otro lado, también pedimos, desde luego, a la parte turca que se abstenga de actuar militarmente y que contribuya a desactivar la situación adoptando medidas de desarme. 
En cuanto a las aspiraciones de Chipre de incorporarse a la OTAN y las consideraciones de la OTAN en relación con su posible integración, yo nada puedo decirle, puesto que represento a la Presidencia de la Unión Europea y no al Consejo de la OTAN. 
Pregunta nº 7 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0008/99) : Asunto: Nuevas medidas del Gobierno de los Estados Unidos respecto al embargo a Cuba 
El Gobierno de los Estados Unidos acaba de suavizar las condiciones del embargo a Cuba, autorizando la exportación a Cuba de alimentos y productos agrícolas (a empresas familiares y ONG) , la ampliación de los vuelos directos a Cuba, el restablecimiento de un sistema postal directo, así como la posibilidad para los ciudadanos de poder enviar dinero a Cuba. 
Estas medidas se complementan con las ya iniciadas por la Administración del Presidente Clinton en marzo del pasado año. 
Habida cuenta de la gran trascendencia de estas medidas recientemente anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos, 
¿Cuál es la valoración que hace el Consejo de dichas medidas? 
¿Piensa el Consejo que estas medidas cabría situarlas en los Acuerdos de la Cumbre Transatlántica del pasado 15 de mayo? 
¿Cree el Consejo que este nuevo enfoque de la política norteamericana hacia Cuba cambia la posición de la Unión Europea sobre las leyes de efecto extraterritorial? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Salafranca. 
Tiene usted la palabra. 
Señoría, el Consejo no ha tratado el tema al que usted se refiere. 
No obstante, puedo decirle algo al respecto. 
El Consejo se reafirma en la posición que adoptó en el contexto de los Acuerdos de la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos que se celebró en mayo de 1998 en Londres. 
El Consejo expresó entones su decidido rechazo, por consideraciones jurídicas o de principio, de las medidas de embargo secundario y de las leyes con efectos extraterritoriales y retroactivos. 
El Consejo acoge con satisfacción las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno americano. 
Sin embargo, a pesar de que manifiestan una posición más flexible de Estados Unidos con respecto a Cuba, el Consejo lamenta que se mantenga en vigor el embargo americano contra dicho país. 
Este tipo de acciones no son el medio más idóneo para promover la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
El Consejo sigue considerando adecuado intentar establecer un diálogo con Cuba, tal como se expresa en su posición común de diciembre de 1969, y apoyar un proceso de transición pacífica a una democracia pluralista en Cuba, al igual que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y un despegue económico duradero. 
La transposición de los Acuerdos de la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos celebrada el 18 de mayo de 1998 en Londres sigue siendo prioritaria para la UE. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno americano, de momento todavía no se ha registrado ningún progreso que se traduzca en una reorientación de fondo de la política de sanciones de Estados Unidos. 
Tras agradecer a la Presidencia en ejercicio del Consejo la valoración que ha hecho de las medidas, quisiera hacer una pregunta complementaria. 
La pregunta es la siguiente: usted sabe, señor Presidente en ejercicio del Consejo que, en el ámbito de los acuerdos de la Cumbre Transatlántica, el Comisario Sr. Brittan y la Administración Clinton llegaron a un acuerdo en virtud del cual la Unión Europea retiraría la reclamación que había presentado ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio y que otro de los acuerdos fue, precisamente, que los Estados Unidos modificarían el título IV de la ley Helms-Burton. 
El Sr. Brittan, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento, afirmó en respuesta a una pregunta mía, que si el Congreso de los Estados Unidos no realizaba esa modificación del título IV se plantearía la posibilidad de volver a presentar esta reclamación ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio. 
¿Comparte el Consejo esa posición? 
En caso afirmativo, -acabo, señor Presidente- ¿cuál sería el plazo? 
Sí, Señoría, el Consejo comparte la posición de la Comisión en relación con este tema. 
Por el momento, no puedo darle ninguna respuesta en lo que se refiere al plazo, puesto que el Consejo no ha adoptado aún una decisión. 
Mi opinión personal es que se hará como muy tarde en el contexto de la Cumbre europeo-americana de junio de este año. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradecemos la información pero, en todo caso, yo añadiría una nueva información que tuvimos esta semana un grupo de diputados de todos los grupos políticos que forman el intergrupo contra el bloqueo- y por supuesto, contra la ley Helms-Burton, que lo agrava- que visitó Cuba. 
En una entrevista, las autoridades cubanas nos mostraron una carta de los agricultores norteamericanos que presionan al Sr. Clinton para, en el ámbito de esas medidas últimas de flexibilidad del Gobierno norteamericano, poder vender directamente a pequeñas empresas cubanas o familiares de cubanos que estén en Miami. 
Yo expongo a su consideración, señor Presidente en ejercicio del Consejo- acaba de decir que en junio habrá que valorar la situación -, que puede darse la paradoja de que los agricultores norteamericanos puedan vender sin problema a los cubanos y sin embargo los europeos continuemos teniendo muchas dificultades para tener un comercio y una relación normal con Cuba debido a la ley Helms-Burton y al bloqueo que- como sabe usted muy bien, señor Presidente en ejercicio del Consejo-es ilegal y es contrario a las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Señoría, yo le agradezco muchísimo esa información y le estaría, de hecho, muy agradecido si pudiera poner los documentos correspondientes a disposición del Consejo- tal como ha anunciado -, con objeto de que éste pueda tomarlos en consideración en los procedimientos de decisión necesarios. 
Yo preferiría no hacer una valoración política ahora mismo, sin haber visto antes los documentos en cuestión. 
Sin embargo, los hechos que usted ha descrito también se deberían tratar como muy tarde en la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos del mes de junio. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Las preguntas 8, 9 y 10 decaen al haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones. 
Pregunta nº 11 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0016/99) : Asunto: Acuerdo de Wassenaar 
Según una decisión tomada a principios del mes de diciembre, han sido incorporados al ámbito del llamado Acuerdo de Wassenaar los productos criptográficos. 
Si bien la Unión Europea no sea parte de Wassenaar, se le ha encomendado que elabore una propuesta de directiva sobre el asunto. 
¿Cómo justifica el Consejo que no pueda haber libre comercio de productos criptográficos? 
¿Considera el Consejo que la decisión de Wassenaar es conforme con el Acuerdo OMC? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Seppänen. 
Señor Presidente, Señoría, los productos cifrados han estado sometidos siempre al control de exportaciones en el marco del Acuerdo de Wassenaar. 
En su asamblea plenaria del 2 y 3 de diciembre, los 33 Estados firmantes de dicho Acuerdo decidieron tan sólo una nueva regulación de los controles sobre la exportación de las técnicas de codificación, los llamados productos criptográficos. 
Con ello se suavizan los controles sobre la exportación y se cierra el paso a la consolidación de las restricciones criptográficas. 
En este contexto, los Estados firmantes que son miembros de la UE procuraron evitar precisamente la adopción de disposiciones que limitasen todavía más el libre comercio. 
Es cierto que la Unión Europea no es parte del Acuerdo de Wassenaar. 
Un sistema integrado, en el que participan el Consejo, la Comisión y los Estados miembros, cada uno de conformidad con sus competencias actuales, se encarga actualmente de la protección de los intereses fundamentales de los Estados miembros en materia de seguridad y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. 
El Consejo está preparando la transposición de los Acuerdos de Wassenaar. 
Con este objeto, será preciso proceder a la modificación de la Decisión 94/942/PESC del Consejo y, por consiguiente, también de la lista de productos de doble aplicación sujetos al control de exportación de conformidad con el Reglamento nº 3381/94/CE. 
Me refiero al Reglamento sobre el «uso dual». 
La intención del Consejo es que la nueva versión de dicha lista pueda entrar en vigor el 1 de abril de 1999. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, si he comprendido bien sus palabras, usted ha dicho que el Consejo de Wassenaar decidió los días 2 y 3 de diciembre de 1998 la liberalización del comercio de productos criptográficos; pues si es así, está usted equivocado. 
En aquella reunión se restringieron los procedimientos para la concesión de permisos a estos productos, y los Estados miembros de la Unión Europea se plegaron a las exigencias de los EE.UU., especialmente a la hora de impedir obstáculos a las actividades de espionaje. 
Los productos criptográficos se utilizan precisamente para proteger el sistema ECHELON y otras actividades de espionaje de los EE.UU. Si he comprendido bien, usted ha afirmado que el comercio de los productos criptográficos se ha liberalizado en este ámbito. 
¿Piensa usted que la licencia comercial de este tipo de productos criptográficos se ajusta, de cualquier modo, a las disposiciones de la OMC? 
Señor Presidente, Señoría, en efecto, me ha entendido usted bien. 
Repito: los Estados firmantes del Acuerdo de Wassenaar decidieron en su asamblea general del 1 y 2 de diciembre una nueva regulación de los controles sobre las exportaciones de técnicas de codificación, o sea, de los productos criptográficos a los que se refería usted. 
Esta nueva regulación suaviza los controles sobre las exportaciones. 
Este era precisamente el objetivo de los Estados miembros de la UE, o sea, evitar que en la nueva regulación se consolidasen las restricciones para los productos criptográficos. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señor Seppänen, no hay posibilidad de segunda intervención en el turno de preguntas. 
Además, usted interviene sin los servicios de interpretación, lo cual hace imposible, en todo caso, establecer el diálogo. 
Tiene la palabra el Sr. Rübig para una pregunta complementaria. 
Señor Presidente, yo quisiera preguntar cómo se concretará en el futuro la definición cuantitativa y cualitativa de dichos sistemas. 
¿Ha analizado el Consejo esta cuestión? 
Señor Presidente, Señoría, yo lamento sinceramente no poder responder sin documentos de apoyo a esta pregunta muy específica. 
Tendré que hacerle llegar la respuesta por escrito. 
El Sr. Rübig queda a la espera de esta respuesta por escrito. 
Las preguntas 12 y 13 deberían responderse conjuntamente. 
Pero, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 13 decae. 
Pregunta nº 12 formulada por Nuala Ahern (H-0017/99) : Asunto: Armonización del Acuerdo OSPAR para detener la contaminación radioactiva producida por centrales nucleares en los mares que rodean la UE 
¿Qué acciones piensa emprender el Consejo para garantizar una armonización a escala europea del acuerdo para detener la contaminación radioactiva creada por centrales nucleares en los mares que rodean la Unión Europea, particularmente Sellafield y La Haya, elaborado en la reunión del grupo de trabajo ministerial del Convenio OSPAR sobre la protección de los mares, celebrada en Dublín el mes pasado? 
Señor Verheugen, le propongo que responda a la pregunta de la Sra. Ahern. 
Señoría, la Comisión del Convenio OSPAR adoptó una estrategia sobre las substancias radiactivas, en forma de una declaración política, en la Conferencia de las partes firmantes del Convenio para la Protección de los Mares del Atlántico Norte- o sea, el citado Convenio OSPAR- que se celebró el año pasado en Lisboa. El objetivo de dicha estrategia es impedir la contaminación de las zonas marinas por efecto de las radiaciones ionizantes. 
Se espera conseguirlo mediante una reducción apreciable y continuada de los vertidos, emisiones y fugas de substancias radiactivas, con el objetivo de mantener concentraciones ambientales próximas a los valores básicos de substancias radiactivas naturalmente presentes y prácticamente nulas en lo que se refiere a las substancias radiactivas de origen no natural. 
Con vistas al cumplimiento de dicho objetivo se tomarán en consideración, entre otras cosas, la explotación legítima de los mares, la viabilidad técnica y los efectos radiológicos sobre las personas y organismos. 
Los vertidos, emisiones y fugas deberán haberse reducido para el año 2020 de manera que el incremento con respecto a las concentraciones actualmente existentes sea prácticamente nulo. 
El grupo de trabajo sobre «substancias radiactivas» del Convenio OSPAR encargado de la transposición de dicha declaración se reunió en Dublín los días 19-22 de enero de 1999. 
Como resultado, las partes del Convenio se comprometieron a comunicar antes del otoño de 1999 las medidas previstas en cada caso para la reducción de los vertidos, emisiones y fugas de substancias radiactivas. 
El Consejo quisiera resaltar que el tema al que se refiere la pregunta del Sr. Fitzsimons entra principalmente dentro del ámbito de las relaciones bilaterales entre dos Estados miembros de la Unión Europea y, por consiguiente, corresponde a su ámbito de competencias. 
El Consejo quiere recordar, no obstante, explícitamente que la planta nuclear citada está sujeta a las disposiciones legales comunitarias en el ámbito de la protección de la salud y en particular a la Directiva 96/29/EURATOM, por la que se establecen normas más rigurosas para la protección de los trabajadores y de la población contra las radiaciones ionizantes. 
El Presidente en funciones del Consejo me ha comunicado además, como información complementaria, que el Gobierno de la República Federal de Alemania mantiene en estos momentos intensas conversaciones con el Gobierno del Reino Unido sobre la continuidad de la explotación de la planta de recuperación de residuos de Sellafield. 
Yo me ofrezco gustosamente a informarles más adelante al respecto, cuando hayan concluido dichas conversaciones. 
Quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si considera que el reprocesamiento de combustible en Sellafield puede ser compatible con el compromiso de reducir las emisiones a cero, o virtualmente a cero como lo expresa. 
Tomo nota de lo que dice sobre las intensas negociaciones bilaterales sobre las emisiones que actualmente tienen lugar entre Alemania y el Reino Unido y, ciertamente, creo que Francia. 
Desde 1994 se ha constatado un crecimiento significativo de las emisiones de THORP y esto seguramente no puede ser compatible con el compromiso de reducir las emisiones a cero. 
Al tiempo que me satisface saber de estas intensas negociaciones también quisiera comentar que, de acuerdo con revistas científicas recientes no hay dudas sobre el pago de compensaciones. 
Señoría, en su pregunta complementaria mezcla usted dos circunstancias completamente distintas, entre las cuales no existe en realidad ninguna relación. 
Las conversaciones que mantienen actualmente los Gobiernos de la República Federal de Alemania y del Reino Unido sobre Sellafield nada tienen que ver con las decisiones adoptadas por el Convenio OSPAR en Lisboa. 
Se trata de dos cuestiones totalmente distintas. 
No existe ninguna vinculación entre ambas. Yo no estoy en condiciones de poder juzgar si planta que usted ha citado cumple las disposiciones o no. 
En otoño de este año recibiremos, como ya he señalado, los informes de los Estados firmantes del Convenio con las medidas que se proponen adoptar para alcanzar los objetivos adoptados en Lisboa. 
¿Es consciente el Presidente en ejercicio del Consejo de la permanente preocupación de la gente, sobre todo de la costa este irlandesa, por la seguridad de la planta de Sellafield, propensa a los accidentes? 
¿Va a trasladar esta preocupación al Consejo con vistas a estimular al gobierno británico y British Nuclear Fuels para que cesen las operaciones en Sellafield y, en particular, interrumpan el reprocesamiento de desechos nucleares? 
Le preguntaría al Presidente en ejercicio si puede ofrecer un calendario claro respecto de la terminación del negocio del reprocesamiento. 
Esta es una cuestión que preocupa mucho a la mayoría de los ciudadanos. 
Señoría, yo no puedo indicarle, obviamente, dicho calendario, porque el Consejo no se ocupa del tema del abandono de la tecnología nuclear en Europa ni tampoco de la fecha en que cesarán las operaciones de recuperación de residuos. 
Esto está siendo objeto de deliberaciones en el Consejo. 
Por lo que respecta a la preocupación de la población, los Estados miembros afectados deberían comunicar, a mi parecer, dichas preocupaciones al Consejo. 
La Presidencia no puede asumir la tarea de plantear en el Consejo problemas de un Estado miembro si éste mismo no desea que se traten. 
Tengo una breve pregunta respecto a la cuestión de Sellafield. 
Quizá el presidente en ejercicio pueda comentar las observaciones del vicepresidente ejecutivo del Instituto de Protección Radiológica de Irlanda publicadas en The Irish Times. 
Dice: «no suponen un gran riesgo para la salud... y han estado diminuyendo últimamente». 
¿Podría, por favor, el Presidente en ejercicio hacer algún comentario? 
Señor Presidente, no puedo comentar la frase citada porque el tema no se ha tratado en el Consejo. 
Pregunta nº 14 formulada por Jan Andersson (H-0019/99) : Asunto: Condiciones para la participación de Suecia en la moneda común 
Con la introducción del euro al iniciarse el año, el debate sobre la eventual participación de Suecia en la moneda común cobró un nuevo impulso. 
Uno de los principales temas de debate se refiere al posible momento de una eventual adhesión. 
En este sentido, es importante clarificar la manera en que las condiciones de tiempo de participación en el MTC influyen en la determinación del momento para la participación de Suecia en el euro. 
¿Existe en este momento una posición el seno del Consejo que permitiría la participación de Suecia en el euro antes de la fecha que implicaría la aplicación de las condiciones de tiempo de participación en el MTC? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andersson. 
Señor Presidente, Señoría, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 K del Tratado, el Consejo examinará una vez cada dos años, como mínimo, o antes de dos años a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción, si dicho Estado miembro reúne las condiciones necesarias para la introducción del euro con arreglo a los criterios expuestos en el apartado 1 del artículo 109 J. Por consiguiente, en el caso de Suecia, el Consejo examinará en mayo del 2000 a más tardar la excepción adoptada en mayo de 1998. 
Dicho examen se adelantará si Suecia desea efectuar la transición antes de esa fecha. 
Gracias por la respuesta. 
En el caso de Suecia, que no participemos en la UEM no depende de un tratado, sino que en este caso es la opinión interna negativa la que ha hecho que el país aún no haya decidido su incorporación. 
Hay y ha habido una discusión acerca de si los países tienen que participar en el MTC Bis durante un período de dos años. 
Mi pregunta se refiere, por tanto, a esto, ya que todo puede ir muy rápido en Suecia. 
Quizá pueda haber una decisión mediante un plebiscito, tal vez ya el próximo año. 
¿Se obligaría en este caso a Suecia a participar durante dos años en el MTC Bis antes de que pueda llegar a ser miembro? 
¿O bastaría que Suecia cumpliese con los criterios sobre inflación, tipos de interés, etcétera? 
Señor Presidente, no puedo responder a la pregunta desde un punto de vista político, puesto que se trata de un tema de la competencia exclusiva de Suecia. 
Desde el punto de vista jurídico, en relación con lo que prevé el Tratado, la respuesta es claramente afirmativa. 
Señor Presidente, pido disculpas por no referirme a esta pregunta sino a mi propia pregunta, la nº 18. 
Estoy en medio de una reunión de urgencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Quiero pedir disculpas al Presidente en ejercicio puesto que no estaré presente para oír su respuesta. 
Si es posible, ¿podría darme una respuesta por escrito? 
Muchas gracias, señor Crowley, pero, en todo caso, cuando llegue el momento en la lista, yo invocaré su nombre y, si no está aquí, habida cuenta de la explicación que usted nos ha dado, invitaré al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo a que le responda por escrito. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 15 decae. 
Pregunta nº 16 formulada por Mihail Papayannakis (H-0027/99) : Asunto: Tercer pilar e inmigrantes clandestinos 
¿Puede indicar el Consejo qué ocurre con el problema de los inmigrantes clandestinos que entran de forma ilegal en un país de la UE que no mantiene relaciones diplomáticas de ningún tipo con el país de procedencia de dichos inmigrantes, lo que impide encontrar solución al problema? 
Por ejemplo, en Grecia se ha planteado este problema insoluble con inmigrantes procedentes de Rwanda, Sierra Leona y Myanmar, los cuales se encuentran desde hace 7 meses aproximadamente en dependencias policiales o en cárceles y reciben un trato inadecuado y humillante. 
¿No considera el Consejo que este tipo de situaciones podría resolverse a escala comunitaria con la ayuda de aquellos Estados miembros que tengan relaciones diplomáticas con estos países? 
¿No cree que, en el marco del tercer pilar, deberían existir normas específicas al respecto que tengan en cuenta los principios de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el respeto de la intimidad? 
Señor Verheugen, le invito a usted a que responda usted a la pregunta del Sr. Papayannakis. 
Señor Presidente, Señoría, el Consejo es consciente de los problemas que origina la situación que usted describe en su pregunta. 
Los órganos competentes del Consejo los tomaron en consideración en su examen de los problemas con que se encuentran los Estados miembros para ejecutar las medidas de expulsión a determinados terceros Estados. 
La expulsión a terceros Estados requiere, en la práctica, una buena colaboración con el Estado en cuestión para poder cumplir las formalidades necesarias. 
Para extender los documentos de retorno necesarios es preciso establecer ante todo la identidad de la persona. 
Esta cooperación se ve dificultada, obviamente, cuando no existen contactos diplomáticos o sólo se mantienen relaciones diplomáticas restringidas. 
¿Podría el Consejo mediar para conseguir los documentos que estas personas necesitan a través de una autoridad consular en otro Estado miembro y poder solucionar su problema? 
En otro caso nos encontraríamos ante un callejón sin salida al puro estilo kafkiano. 
Ésta es la pregunta que planteo al Sr. Presidente en funciones y le rogaría que mediase en ese sentido. 
Señoría, me resulta muy difícil responder a una pregunta que hace referencia a un problema de Grecia con otros Estados concretos. 
Según tengo entendido, un Estado que no mantiene relaciones diplomáticas con otro Estado puede confiar habitualmente a otra potencia su representación allí. 
Yo no sé si en el caso de Grecia se da esta circunstancia, pero si la respuesta es negativa, la solución más sencilla sería en realidad que el Gobierno griego confiase su representación a otro Gobierno que esté representado diplomáticamente en dichos Estados. 
Señor Presidente del Consejo, yo sólo quisiera preguntarle si esta problemática que afecta a Grecia no guarda quizá también relación con otras dos cuestiones: por un lado, con el tema de la lucha común contra la inmigración ilegal y, por el otro, con el reparto de las cargas personales en relación con los solicitantes de asilos y otros inmigrantes. 
Yo me temo que mientras no se modifique la situación con respecto a estos temas, tampoco será posible establecer una línea comunitaria de actuación frente a otras cuestiones. 
Por esto yo quisiera preguntarle: ¿cuáles son las prioridades de la Presidencia del Consejo en este ámbito con vistas a la adopción de una normativa común sobre los dos temas citados? 
Señoría, ese es un tema que nosotros consideramos muy importante, como usted sabe, un tema absolutamente fundamental. 
Sin embargo, no está directamente relacionado con el problema griego muy concreto que estamos tratando. 
En efecto, yo en realidad no podría decir de dónde proceden los inmigrantes de Ruanda, Sierra Leona y Myanmar que llegan a Grecia. 
El problema de fondo que usted ha señalado forma parte, no obstante, de los temas que en estos momentos se están examinando detenidamente en el Consejo y tenemos la intención de continuar desarrollando la cooperación en dicho ámbito y de adoptar decisiones y acciones comunes, como muy tarde, en una Cumbre extraordinaria que se celebrará el próximo semestre en Tampere, en Finlandia. 
Pregunta nº 17 formulada por Bernie Malone (H-0028/99) : Asunto: Acceso de las personas discapacitadas al transporte 
¿No considera el Consejo que las necesidades de las personas discapacitadas deberían integrarse en todos los reglamentos sobre financiación estructural de los sistemas de transporte de los Estados miembros a la luz de la protesta realizada por el Sr. John Doyle of Bray, del Condado de Wicklow, Irlanda, ante la estación de Heuston en Dublín, tras conocerse que el CIE ha empleado 8, 5 millones de libras irlandesas de financiación comunitaria en el marco de una inversión de 26 millones de libras irlandesas para la adquisición de 150 autobuses que no disponen de mecanismos de acceso para las personas discapacitadas? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Malone. 
El Consejo comparte su preocupación, Señoría, y la de todo el Parlamento Europeo por la calidad de vida y, en particular, la movilidad de los conciudadanos discapacitados. 
El acceso a los medios de transporte públicos tiene una gran importancia en este sentido. 
La preocupación del Consejo ha quedado plasmada, no en último término, en el nuevo artículo 13 del Tratado de Amsterdam, que prevé, entre otras cosas, la adopción de medidas para evitar la discriminación por razón de cualquier discapacidad. 
Lamento tener que decirle que el Consejo no dispone de información sobre el caso particular que usted plantea, Señoría. 
Puesto que al parecer se trata de una medida con cargo a los fondos estructurales de la UE, yo le sugeriría que dirija su pregunta a la Comisión, a la cual corresponde la supervisión de la correcta ejecución de la política estructural de la UE. 
Esta es una de esas raras ocasiones en las que los políticos cínicos se indignan. 
Ocurrió cuando vi a unos discapacitados protestando bajo la lluvia a las puertas de la empresa de transportes debido al hecho de que se adquirieron nuevos autobuses con dinero de los fondos estructurales de la UE y estos no eran accesibles. 
Existen autobuses que sí son accesibles. Estos circulan por Londres. 
De modo que esto es desafortunado. 
Espero que la Presidencia traslade esto a la atención de su colega, la ministra irlandesa para las empresas públicas, la Sra. Mary O ' Rourke, y le inste a tener en cuenta las necesidades de los discapacitados en todos los gastos de los fondos de la UE. 
Probablemente le dirá que el perfil de nuestras carreteras es inadecuado. 
Una de las excusas que ha dado la ministra es que hay en nuestras carreteras una pendiente y que los tipos de autobuses disponibles en Londres no serían probablemente adecuados. 
No creo que esta sea una explicación aceptable. 
Señoría, me gustaría poder decirle lo que pienso al respecto, ya que tengo una opinión muy concreta sobre el asunto, que sin duda no difiere demasiado de la suya, pero usted sabe que no debo hacerlo. 
Lo único que puedo decirle por ahora es que la Comisión tendría que verificar si en el caso que usted ha descrito se han incumplido las normas relativas a la aplicación de los Fondos estructurales. 
Esto es tarea de la Comisión; el Consejo, en efecto, no puede hacerlo. 
El presente turno de preguntas contribuirá seguramente a la sensibilización de la opinión pública que usted desea promover. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Correspondería ahora examinar la pregunta nº 18 formulada por el Sr. Crowley, que ha estado entre nosotros y ha pedido al Sr. Verheugen que le haga llegar su respuesta por escrito. 
Pregunta nº 19 formulada por Liam Hyland (H-0036/99) : Asunto: Turismo 
Dado que nos acercamos cada vez más al próximo milenio, período en que, según las predicciones a largo plazo, a finales del siglo XX el turismo va a ser la mayor industria del mundo, ¿está dispuesta la Presidencia alemana a indicar qué nuevas orientaciones piensa definir, al nivel de la UE, para consolidar los puntos fuertes del producto turístico de la UE, particularmente en relación con las regiones periféricas que dependen del turismo? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hyland. 
Señoría, el Consejo es consciente de la gran importancia que tendrá la industria del turismo europea en el próximo siglo. 
La Comisión presentó al Consejo el 6 de junio de 1996 una propuesta de decisión relativa a la adopción de un primer programa plurianual de apoyo al turismo europeo. 
La Presidencia austriaca retomó los trabajos y el Consejo volvió a considerar la adopción de un programa plurianual de apoyo en su sesión del 7 de diciembre de 1998, sobre la base de un texto elaborado por la Presidencia austriaca. 
Algunas delegaciones mantuvieron entonces sus objeciones, a pesar de la propuesta austriaca de reducir la duración del programa y los recursos presupuestarios para el mismo. 
Yo puedo indicarle que el propósito de la Presidencia alemana, si se consigue alcanzar un consenso, es continuar los trabajos en este contexto, tomando en consideración las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el turismo y el empleo, y volver a debatir el tema a la vista de la nueva evolución de la situación. 
¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio con que debe darse prioridad al turismo rural dentro del más amplio paquete turístico de la UE y que el agroturismo debe ser promovido y desarrollado como medio de sustento de familias de agricultores y comunidades rurales? 
¿Estaría de acuerdo con que el turismo rural requiere una financiación adicional en el propuesto nuevo programa operacional para el turismo? 
Estoy seguro de que el corazón del Presidente está en lugar adecuado cuando se trata de promocionar el turismo rural. 
Señoría, lamento tener que decirle que en el Consejo no existe unanimidad en relación con todos esos temas. 
Al contrario, se trata de cuestiones muy debatidas. 
Mi opinión al respecto carece lamentablemente de interés. 
Podrá hacerse, sin embargo, una idea de la misma si le digo que yo mismo represento a una circunscripción rural en el Bundestag alemán. 
Repito: la Presidencia alemana hará intensos esfuerzos para intentar alcanzar el consenso que hasta ahora todavía no se ha conseguido y seguir manteniendo abierto, en cualquier caso, el debate sobre este tema. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 20 a 24 y 27 decaen. 
La pregunta nº 25 de la Sra. McIntosh no se responderá al haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones. 
Me pide la palabra el Sr. Papayannakis para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, había solicitado sustituir al Sr. Alavanos para plantear su pregunta, pues así lo había acordado con él. 
¿No había sido usted informado? 
Señor Papayannakis, para ponerse de acuerdo con el Sr. Alavanos, el Reglamento establece que, antes de iniciar el turno de preguntas, debe llegar una solicitud escrita por el Sr. Alavanos para que sea sustituido por usted. 
No hemos recibido esta carta del Sr. Alavanos. Por lo tanto, reglamentariamente, usted no puede sustituir al Sr. Alavanos. 
Pregunta nº 29 formulada por Ioannis Theonas (H-0074/99) : Asunto: Declaraciones de índole provocadora del representante británico para la cuestión chipriota, Sir David Hannay 
Las declaraciones de índole provocadora del representante del Gobierno británico para la cuestión chipriota, Sir David Hannay, han causado el más profundo disgusto y las enérgicas protestas del Gobierno chipriota así como de toda la clase política de Chipre. Según dichas declaraciones, aconseja a la parte grecochipriota que adopte el modelo suizo, que reconoce cierta soberanía a los cantones, establece la presidencia rotativa y concede a los cantones idéntica representación en términos numéricos. 
Teniendo en cuenta que declaraciones semejantes adoptan por entero los correspondientes puntos de vista turcos y son contrarias a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidas las recientes Resoluciones 1217 y 1218, ¿de qué modo piensa reaccionar el Consejo ante estas declaraciones de índole provocadora, que fomentan un clima de lenidad, permitiendo a la parte turca promover posturas inaceptables que contradicen toda noción de legalidad y Derecho internacional y socavan los intentos de lograr una solución justa y viable para la cuestión chipriota? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Theonas. 
Señoría, el Gobierno británico es quien debe responder sobre las supuestas declaraciones del enviado del Gobierno británico para Chipre, Sir David Hannay. 
Se trata de un enviado del Gobierno británico, no de la Unión Europea. 
Según la información de que dispone la Presidencia, las declaraciones de Sir David Hannay fueron mal interpretadas y el Gobierno británico ya ha aclarado entre tanto el asunto. 
Por consiguiente, la Presidencia no considera pertinente comentar dichas declaraciones. 
Señor Presidente, desgraciadamente no puedo agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta porque, independientemente de que el Sr. Hannay sea el representante del gobierno británico, es importante que uno se sitúe en la esencia de las declaraciones. 
Desde este punto de vista lo que a mí me interesa es la postura del Consejo, es decir, si insiste en la solución de la cuestión chipriota basándose en las resoluciones y, sobre todo, en las recientes resoluciones 1217 y 1218 del Consejo de Seguridad, y si considera que una tibia confederación, como la que aspira el Sr. Denktash- y por desgracia con la que el Sr. Hannay parece estar de acuerdo- es la solución por la que la Unión Europea podría considerarse feliz ante la cuestión chipriota y ante el proceso de solución de uno de los conflictos más largos de cuantos existen en Europa. 
La posición del Consejo en relación con la problemática de Chipre no ha variado en absoluto. 
Como ya he señalado, las declaraciones de Sir David Hannay no entran dentro del ámbito de competencias del Consejo ni de la Unión Europea y, por lo tanto, no podemos comentarlas. 
Pregunta nº 30 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0075/99) : Asunto: Presidencia alemana y adhesión de Chipre 
Según informaciones difundidas en los medios de comunicación, la Embajada alemana de Nueva Delhi (India) hizo público el 6 de enero de 1999 un documento oficial sobre los objetivos de la Presidencia alemana de la Unión Europea para el primer semestre de 1999. 
En este documento no se menciona en absoluto la adhesión de Chipre a la UE. En el capítulo 5 (» Enlargement of the EU and accession process- European Conference» , páginas 17 y 18) sólo se mencionan los países de la Europa central y oriental, al mismo tiempo que se insiste especialmente en el fomento de las relaciones entre la UE y Turquía. 
¿Qué opina la Presidencia alemana de todo este asunto y cuándo va a subsanarse el error cometido con la omisión de Chipre en el documento de la Embajada alemana de Nueva Delhi? 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Kaklamanis. 
Señoría, en el documento citado no se menciona por su nombre a ningún candidato a la adhesión, sino que sólo se habla de los candidatos a la adhesión y esta referencia incluye obviamente a los seis. 
¡Señor Presidente en ejercicio, escuche! 
Durante el debate de esta mañana de asuntos relacionados con el Consejo éste se encontraba ausente, como si despreciase al Parlamento. 
Se equivoca si cree que una respuesta de medio minuto de duración puede considerarse respuesta a la pregunta que le he planteado. 
Desprecia una vez más al Parlamento Europeo y a nuestro acervo. 
Lo que se mencionaba en el telegrama- telegrama oficial de su Embajada- no lo había dicho esta vez el Sr. Hannay, lo había dicho el representante del gobierno alemán. 
Por lo tanto, respóndame de forma directa. 
Primero, ¿cuál es la postura del gobierno alemán y la de la Presidencia alemana? 
Eso es lo que me interesa. 
¿Hay alguna condición en las conversaciones sobre la adhesión de Chipre si no se soluciona el problema político? 
Segundo, si concluyen las conversaciones sin que se haya solucionado el problema, ¿cuál es la postura de la Presidencia? 
Haga el favor de contestarme de forma directa a esas dos preguntas. 
El Consejo ha estado muy representado en la sesión de esta mañana y la decisión sobre el ámbito en el que desea estar representado debe dejarse a su discrecionalidad. 
En cuanto al fondo del asunto, no tengo nada que añadir. 
En el documento que usted cita no se menciona específicamente a ningún candidato a la adhesión y el texto se refiere a todos ellos. 
La referencia incluye tanto a Chipre como a Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Estonia. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señor Verheugen, se ha incorporado al hemiciclo la Sra. Theorin que, por otra parte, es habitual en el turno de preguntas. 
La rapidez con que han pasado las preguntas anteriores podría justificar claramente su ausencia en el momento oportuno. Por lo tanto, me permito pedirle y sugerirle que responda usted a la pregunta de la Sra. Theorin. 
Pregunta nº 26 formulada por Maj Britt Theorin (H-0061/99) : Asunto: Desarme nuclear 
Por su mera existencia, las armas nucleares siguen representando una amenaza para la humanidad. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido, por gran mayoría, apoyar una propuesta sueco-irlandesa sobre nuevas iniciativas de desarme nuclear. 
La votación reveló un evidente cambio de actitud en lo que respecta a las armas nucleares; de los países miembros de la UE, sólo Gran Bretaña y Francia votaron en contra de la resolución. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para apoyar la nueva iniciativa de desarme nuclear? 
Señor Verheugen, invoco su generosidad y le sugiero que responda a la pregunta de la Sra. Theorin. 
Naturalmente esto dispuesto a responder a la pregunta. 
La Unión Europea apoya, como es lógico, la consolidación y la universalización del Tratado de No-Proliferación. 
La Unión Europea dejó patente que mantiene esta posición con la ratificación de dicho compromiso y tomando conocimiento de la decisión y de la New Agenda Resolution en el Consejo Europeo de Cardiff del 15 y 16 de junio de 1998. 
Gracias por la respuesta a mi pregunta. 
El motivo de mi pregunta es que el desarme nuclear se ha detenido. 
No había sucedido mucho antes de que llegase la iniciativa, presentada, entre otros, por Suecia e Irlanda, en la que nuevamente se trata este asunto como un camino posible para deshacerse de las armas nucleares. 
La iniciativa se basa en la llamada propuesta de la Comisión de Camberra. 
Lo que se necesita no es algo irreal o quimérico, sino iniciativas concretas. 
Puedo comprobar con satisfacción que la mayoría de los países miembros de la UE o votaron por la resolución o se abstuvieron. 
Solamente las dos potencias nucleares votaron en contra. 
Tengo muchas esperanzas en que la Presidencia alemana está preparada para tomas iniciativas para que podamos avanzar un paso más en el desarme nuclear. 
Señoría, yo quisiera remarcar explícitamente una vez más que el Tratado de No-Proliferación representa, en opinión de la Presidencia, uno de los instrumentos internacionales más importantes en favor del desarme y la seguridad internacional. 
La Presidencia alemana concede la máxima importancia al fortalecimiento del régimen de no-proliferación, al cumplimiento de las disposiciones y las obligaciones recogidas en el Tratado y a la posibilidad de seguir manteniendo y desarrollando en el futuro el sistema de no-proliferación. 
Sin embargo, tal como usted misma ya expuesto, entre los Estados miembros de la Unión Europea existen posiciones diversas en relación con este tema; esto también sucede en el caso de la New Agenda Resolution presentada por Irlanda, Suecia y varios otros Estados ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Más allá de esas diferencias de opinión, cuyos motivos conoce usted tan bien como yo, existe no obstante una coincidencia en algunos aspectos importantes y este es un hecho que yo quisiera valorar positivamente. 
El Consejo apoya, por ejemplo, la aplicación de la decisión, los principios y los objetivos de no-proliferación nuclear y desarme de la Conferencia de 1995 sobre la revisión y la prórroga del Tratado de No-Proliferación. 
Yo quiero recordar una vez más en este contexto que los Estados que disponen de armamento nuclear han contraído en virtud de dicho Tratado el compromiso de destruir totalmente dicho armamento en el marco de los esfuerzos generales de desarme, bajo un control internacional riguroso y efectivo. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 31 decae. 
Las preguntas 32 y 33 no se responderán al haber sido incluidas en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones. 
Pregunta nº 34 formulada por Patricia McKenna (H-0088/99) : Asunto: Violación de convenciones de la ONU por parte de Estados Unidos 
¿Cuál es la opinión del Consejo y qué medidas va tomar ante los planes del Gobierno de los Estados Unidos de América de desplegar antimisiles balísticos, violando así el Tratado antimisiles balísticos de 1972, y ante el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos esté desarrollando y probablemente despliegue armas para modificar la climatología, violando así la Convención ENMOD (Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles) de 1977? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. McKenna. 
Señoría, el Consejo no ha sido informado sobre los citados planes del Gobierno de Estados Unidos. 
Ni la Unión Europea ni ninguno de sus Estados miembros son partes del Tratado antimisiles balísticos. 
El Gobierno de Estados Unidos ha declarado, no obstante, su intención de atenerse al fondo del Tratado y de mantener conversaciones con Rusia sobre una posible modificación pactada. 
Algunos Estados miembros de la Unión Europea son partes de la Convención de 1997 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. 
Hasta el momento, sin embargo, dicha Convención no ha sido objeto de debate en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Unión Europea tiene aquí una responsabilidad, y los Estados miembros que están cooperando con los Estados Unidos en cuestiones militares tienen la obligación de asegurar que se respetan los tratados internacionales. 
El Presidente en ejercicio ha dicho que son sólo acusaciones pero existe profusa información y datos para apoyarlas. 
Parece que los Estados Unidos están ignorando los tratados internacionales y le corresponde a la Unión Europea, en lo que respecta al desarme mundial y la seguridad internacional, asegurarse de que los Estados Unidos no se exima de su responsabilidad por lo que está planeando. 
Señoría, yo voy a tomar nota con mucho gusto de su comentario, pero no puedo anticiparle ahora si el Consejo tratará el asunto. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 35 a 37 decaen. 
El Sr. Killilea acaba de incorporarse en este momento y me pide, si la Presidencia lo considera oportuno, que recuperemos la pregunta nº 28. 
Señor Verheugen, he de reclamar una vez más su amabilidad para saber si quiere usted responder a la pregunta nº 28. 
Pregunta nº 28 formulada por Mark Killilea (H-0071/99) : Asunto: Focas 
En abril de 1997, la Dirección General de Pesca Marítima de Irlanda (Bord Iascaigh Mhara) presentó a la Comisión Europea un informe sobre la interacción física entre las focas pardas y los aparejos de pesca. 
Investigaciones realizadas en dos lugares seleccionados de Irlanda durante un período de 2-3 años proporcionaron pruebas concluyentes del perjuicio causado por las focas a los recursos pesqueros. 
Este estudio está respaldado por amplias investigaciones anteriores. 
¿Puede indicar el Consejo si la Comisión Europea le ha informado de dichas investigaciones? 
¿No está de acuerdo en que este y otros informes revelan que la magnitud del perjuicio causado a la pesca por las focas es de gran importancia económica en términos locales? 
¿No concuerda también en que las medidas dirigidas a evitar repercusiones semejantes deberían considerarse justificadas, sobre todo cuando hubiera un caso probado? 
¿Apoyaría que la Comisión prestara ayuda económica a las organizaciones nacionales de pesca para llevar a cabo estudios semejantes, con el fin de evaluar de modo científico la necesidad existente al respecto? 
Señor Verheugen, invoco su generosidad y le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Killilea. 
Señoría, voy a darle una respuesta, aunque ya sé que usted no la considerará como tal, toda vez que el Consejo no ha recibido dicho informe sobre la interacción entre las focas pardas y los aparejos de pesca, y a éste se refiere el contenido de su pregunta. 
No obstante, Señoría, me han comunicado que ha dirigido usted una pregunta análoga a la Comisión. 
Yo creo que es más probable que ésta pueda ofrecerle una respuesta satisfactoria. 
Señor Presidente, gracias por admitir mi pregunta y gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta a pesar de que haya expresado que se trata de una no-respuesta. 
También he recibido una no-respuesta de la Comisión. 
No sé dónde nos encontramos. 
El dinero de los contribuyentes europeos fue otorgado al Bord Iascaigh Mhara para llevar a cabo esta investigación. 
La documentación y la seria investigación científica están en imprenta desde 1997 y ahí esta acumulando polvo. 
Sospecho, señor Presidente en ejercicio, que carecemos del valor para acabar con este gran problema. 
Pero quiero indicarle que en las tres muestras de capturas de bacalao realizadas en la costa oriental irlandesa el 98 % del bacalao atrapado en las redes estaba bien destruido bien seriamente dañado por las focas. 
De igual modo, con otras especies de pescado blanco la cifra global de pescado destruido por las focas de un modo o de otro ascendió al 58, 8 % del total de las capturas autorizadas a los pescadores irlandeses. 
Se necesitará mucho coraje para enfrentarse al sin sentido que se produce alrededor de estos bonitos animales. 
Seguro que son bonitos con sus cabezas por encima del agua, pero no lo son tanto cuando están bajo el mar donde devoran miles de toneladas de valioso pescado y comida para los ciudadanos europeos. 
A los críticos les digo: ¿es más importante alimentar a las focas o a los seres humanos? 
Mi opinión es que es más importante alimentar a los seres humanos. 
Me gustaría que el Presidente en ejercicio continuase ejerciendo presión sobre la Comisión para que tenga el coraje necesario para enfrentarse a esta terrible situación que salta a la vista. 
Señoría, comprendo perfectamente su problema, puesto que conozco por experiencia propia los largos caminos que es preciso recorrer en esta Asamblea. 
No tengo demasiado claro si debo ponerme de parte de las focas, de los peces o de las personas. 
Yo sugeriría que el Gobierno irlandés vuelva a plantear el tema si éste es importante para los habitantes de la costa occidental de Irlanda. 
El Consejo no puede debatir por propia iniciativa un informe de un organismo irlandés ni adoptar una posición al respecto cuando ni siquiera se le ha presentado dicho informe. 
Si la Comisión tampoco le puede dar respuesta, yo sugeriría que sea el propio Gobierno irlandés quien plantee el tema en Bruselas. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 19.02 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Actuación comunitaria en el ámbito del agua 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0261/98) del Sr. White, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta y las propuestas modificadas de directiva del Consejo (COM (97) 0049- C4-0192/97, COM (97) 0614- C4-0120/98, COM (98) 0076- C4-0121/98-97/0067 (SYN) ) por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Quisiera decir de entrada, y tendré ocasión de repetirlo esta tarde, que me veo obligado a ser intransigente sobre el tiempo de uso de la palabra, ya que tenemos un programa muy apretado que va a ocuparnos hasta tarde. 
Señor Presidente, me produce una gran satisfacción poder presentar mi informe sobre la directiva marco en el ámbito de la política de aguas para su examen en primera lectura. 
La tortuosa trayectoria de esta propuesta casi podría compararse a la de un salmón nadando río arriba. 
Desearía reconocer la contribución personal del Sr. Collins en el largo y difícil camino que nos ha conducido finalmente a esta primera lectura. 
El Sr. Collins presidió en 1995 la audiencia del Parlamento acerca de la política en el ámbito de aguas que originó la directiva marco sobre el agua. 
Podríamos considerarla un poco como su «hijo» , y seguro que le resultará alentador asistir ahora al bautizo de este «niño» antes de que nos abandone en los próximos meses. 
Me gustaría rendir homenaje a un pequeño grupo de ponentes sobre el agua, también presentes en esta ceremonia de bautizo, entre los que figuran el Sr. Florenz, la Sra. Schleicher, el Sr. Eisma y el propio Sr. Collins, quien también ha elaborado un informe sobre el agua. 
Hemos desarrollado entre todos nosotros un espíritu de compañerismo muy útil que nos ha mentalizado a todos acerca de esta cuestión del agua. 
Esta propuesta nos proporciona una oportunidad histórica para garantizar las necesidades fundamentales de la Unión de cara a un abastecimiento adecuado de agua de buena calidad para las generaciones actuales y futuras. 
Su resultado será determinante para el futuro de los recursos acuíferos de la Unión una vez bien entrado ya el nuevo milenio. 
La reforma de la política de la Unión en el ámbito del agua es una reforma bien recibida que debería haberse acometido hace ya tiempo. 
La falta de planteamientos sistemáticos en este proceso ha dado lugar a un corpus legislativo incoherente, con una gran diversidad de métodos, definiciones y objetivos que, en ocasiones, se contradicen entre sí. 
Resulta fácil comprobar el peligroso estado en que se encuentra un gran parte de los recursos acuíferos de la Unión a partir de las evidencias que nos proporciona la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague. 
Tras un primer informe sobre el medio ambiente europeo- la denominada evaluación Dobris- en el que se establecían los problemas de una manera clara, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el año pasado una nueva evaluación. 
Una comparación ente estos dos informes muestra que se debe progresar aún en este ámbito. 
De acuerdo con la evaluación Dobris, el agua de una cuarta parte de los ríos europeos era de pobre o mala calidad, con recursos pesqueros escasos o nulos. 
En la evaluación del año pasado se señalaba que no se había producido «ninguna mejora general en la calidad de los ríos». 
Desde que se publicara la primera evaluación, no ha tenido lugar ninguna mejora importante por lo que respecta a la calidad de las aguas subterráneas. 
Se nos cuenta que las aguas subterráneas europeas corren peligro y están contaminadas de diversas maneras. 
«Entre los problemas cabe destacar la contaminación mediante nitratos, pesticidas, metales pesados e hidrocarbonos, que son motivo de eutrofización, impacto tóxico en otros medios del entorno acuífero y posibles repercusiones en la salud humana». 
Además, a pesar de los numerosos acuerdos internacionales y las declaraciones de buenas intenciones, la aplicación de la legislación de la Unión en el ámbito de la política de aguas continúa siendo modesta. 
Después de haber participado en la audiencia de 1995, por lo que desearía mostrar también mi agradecimiento, la Comisión presentó su comunicación en febrero de 1996. 
A raíz de la respuesta del Parlamento a dicha comunicación, he venido manteniendo un diálogo continuo con la Comisión. 
En el marco de este diálogo, he expresado las preocupaciones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acerca de la propuesta anterior. 
Se debe felicitar a la Comisión por haber facilitado en su respuesta anexos detallados y definiciones básicas que no figuraban en el documento original. 
Me resulta igualmente alentadora la actitud constructiva de la actual Presidencia alemana. 
Ante el Parlamento se han presentado hoy 12 enmiendas de compromiso acerca de cuestiones importantes en cuyo marco, y de acuerdo con el espíritu en el que se deberá aún ratificar el Tratado de Amsterdam, me complace presentar los resultados del diálogo tripartito que he mantenido con la Comisión y el Consejo. 
Estas enmiendas de compromiso dan muestra de una nueva voluntad para aproximarnos a la posición de la Comisión de Medio Ambiente sobre los pantanos, la participación pública, la vigilancia marina y el almacenamiento subterráneo de gas. 
Nos encontramos, como debía ser, ante una propuesta complicada que tiene por objetivo la promoción de una utilización sostenible de los recursos acuíferos. 
Los Estados miembros se verán obligados a lograr una situación favorable en una fecha determinada por lo que respecta a todas las aguas de superficie y subterráneas. 
Una situación favorable significa un ecosistema saludable y niveles reducidos de contaminación. 
Estos objetivos se podrán alcanzar mediante unos planes de gestión de las cuencas fluviales que se vean respaldados por restricciones a escala de la Unión en materia de contaminación. 
La propuesta establece la manera en que los Estados miembros deberán identificar las cuencas fluviales, designar a las autoridades de estas cuencas y garantizar que éstas llevan a cabo los planes. 
En estos planes se deberán estipular las condiciones para alcanzar una situación favorable, entre las que cabe señalar el control de la contaminación, el fomento de una utilización más eficaz del agua, la regulación de la obstrucción y la introducción de un sistema de cobro. 
Mis sugerencias para reformar la propuesta de la Comisión tienen como objetivo abordar los considerables problemas que continúan mermando la aplicación de la política de la Unión en el ámbito del agua. 
Al mismo tiempo, pretendo crear con mis enmiendas un marco a la vez práctico y ambicioso para la política en este ámbito. 
Creo que se precisa un sistema más estricto para controlar la contaminación, y la posible eliminación de las sustancias tóxicas constituye un objetivo a largo plazo que ya ha quedado recogido en convenios internacionales como OSPAR, HELCOM y Barcelona, en los que tanto la UE como sus Estados miembros figuran como partes signatarias. 
Como conclusión, desearía reiterar la importancia que reviste esta propuesta. 
¿Qué puede ser más importante para el futuro de la Comunidad que un abastecimiento seguro y abundante de agua salubre? 
Éste es el primer elemento de la legislación comunitaria en el ámbito del agua que deberá aplicarse a las aguas de superficie y subterráneas. 
Establece la gestión de estas aguas con arreglo a un firme principio de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, la calidad de las aguas y principalmente la de las aguas costeras reviste una importancia fundamental para la pesca y para la acuicultura. 
Los mares son, en efecto, el receptor final de las sustancias contaminantes que se vierten en las aguas, y ello en su franja litoral, justamente la más importante para la reproducción de numerosas especies. 
La directiva que se nos propone afecta directamente a aquellos que viven de esas actividades, tanto más en la medida en que ésta derogará dos directivas antiguas, una relativa a las aguas aptas para la vida de los peces, la otra relativa a las aguas aptas para los moluscos. 
En esta óptica hemos presentado las enmiendas siguientes: la enmienda 154, que prevé la ampliación del campo de aplicación de la directiva a las zonas costeras y a los estuarios. 
Esta enmienda, que se inscribe en la lógica del considerando 11 bis adoptado en la Comisión de Medio Ambiente, establece que los Estados tendrán la posibilidad de tomar en consideración los distintos tipos de contaminación en las zonas marítimas costeras con el fin de evaluar sus consecuencias sobre las actividades de pesca, las enmiendas 153 y 156 que sitúan a los pescadores, en sentido estricto, al margen de los usuarios del agua ya que no la usan ni la contaminan y son ante todo víctimas de posibles contaminaciones; la enmienda 155, finalmente, que propone una ayuda a las categorías más débiles. 
Pienso en las pequeñas instalaciones de acuicultura cuando han de equiparse para luchar contra la contaminación que pueden generar. 
No se trata de medidas asimilables a exoneraciones fiscales, sino ayudas para equipos de filtrado y purificación. 
Para terminar, y manifestándome en esta ocasión en nombre del Grupo UPE, quisiera insistir en la noción de gestión por cuenca hidrográfica. 
Esta lógica, que ha dado ya prueba en algunos Estados, constituye en nuestra opinión la clave de la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, competente en cuanto al fondo, que tenga presentes las siguientes conclusiones en su informe. 
En primer lugar, pone de relieve que el agricultor utiliza el agua en beneficio del consumidor en general y es el primer interesado en obtener agua en buenas condiciones para una producción agrícola de calidad. 
En segundo lugar, reconoce que, además de los objetivos de protección de las aguas contra la degradación de los ecosistemas acuáticos y de mantenimiento a largo plazo de la disponibilidad de recursos hídricos, se debería añadir también como objetivo la disminución de los nefastos efectos de las inundaciones y las sequías. 
Por lo que se refiere a la agricultura en particular, rechaza el principio de la recuperación total de los costos del agua, como se formula en el artículo 12 de la propuesta de directiva que estamos examinando, aunque concuerda con el principio de amortización de los costos de los servicios de agua, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, medioambientales y económicas de la amortización, así como las condiciones geográficas y climáticas de las regiones. 
En particular, el régimen hidrológico de las zonas mediterráneas y del sur de la Unión Europea en general impone soluciones específicas a ese respecto, sin lo cual sería imposible garantizar su modernización y supervivencia en el futuro. 
Eso sería imposible sin los sistemas de riego, que imponen frecuentemente costos elevadísimos de almacenamiento y distribución de agua. 
Sin una solución específica, la agricultura de las regiones del sur de Europa no podría sobrevivir ante las regiones septentrionales, en las que llueve durante todo el año. 
Punto número cuatro: la Comisión de Agricultura propone, en el nivel de las definiciones y los anexos, que se hagan referencias expresas a las masas de agua- albuferas hidrológicas- y a la forma como se procederá en el control cualitativo y cuantitativo y a la agricultura de regadío en cuanto forma distinta de utilización cíclica del agua. 
En quinto lugar, propone la inclusión de las asociaciones de regantes para que puedan participar también en el uso y la gestión de las cuencas hidrográficas y del agua en general. 
Por último, señor Presidente y Señorías, quisiera, como portugués, subrayar la importancia de que se establezcan también reglas más exigentes para la gestión de las cuencas hidrográficas transnacionales a fin de que se garanticen niveles esenciales de caudales y de calidad de las aguas de esos ríos internacionales. 
Señor Presidente, el objetivo primordial de la directiva relativa a un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disponer de agua de buena calidad, tanto para su consumo como en el medio ambiente. 
Sin embargo, generalmente se ha cedido mucho en la calidad del agua, ya que ha sido difícil sancionar los casos de contaminación. 
Por todo ello, y para garantizar el acceso de las personas a agua de buena calidad, es preciso recoger con carácter vinculante el principio de «quien contamina, paga» , un control eficaz de la buena calidad del agua con el menor número posible de excepciones, así como un examen de las sustancias problemáticas para la calidad del agua desde una perspectiva básicamente sanitaria. 
Una actuación negligente e irresponsable puede tener consecuencias fatales e irreparables. 
Cabe agradecer al ponente la inclusión en su informe de numerosos aspectos positivos. 
Especialmente favorable es la enmienda 3 bis del informe, en la que se regula el control de aplicación de los planes de gestión de los distritos de cuenca fluvial. 
Las autoridades de los Estados miembros han de comprometerse a llevar a cabo unos mejores controles que hasta el momento sobre la calidad del agua. 
No obstante, creo que en el informe existe el problema de cómo regular el pago de los costes del uso del agua. 
Al menos desde una perspectiva finlandesa, considero que se trata de una cuestión de democracia a escala municipal y del derecho de los municipios a regular por sí mismos este pago, por lo que no deberíamos inmiscuirnos en este asunto. 
Hay que prestar una atención especial a las aguas subterráneas. 
No podemos pensar bajo ningún concepto que la situación es tan desesperada, que nuestras unas aguas están tan contaminadas que ya no merece la pena hacer nada al respecto. 
Hay mucho ejemplos que nos demuestran que los problemas se pueden solucionar, que es posible restablecer, si no el estado natural del agua, sí unas condiciones que la hagan salubre para el consumo humano. 
Señor Presidente, señora Comisaria, honorables representantes de la Presidencia del Consejo. El hecho de que hoy hablemos sobre una directiva marco es de agradecer en gran medida a Ian White. 
Hace algunos meses la situación era muy diferente. 
La Comisión quería hacernos una comunicación- a la sazón yo era el ponente y nos opusimos conjuntamente a las despreocupadas decisiones previstas por el Consejo, de modo que hoy tenemos este resultado. 
Esto es ya en si un éxito. No se debe olvidar desde un punto de vista parlamentario. 
La directiva no tiene el objetivo, como creen muchos de mis colegas, en especial, los austríacos, de que queramos regular el acervo comunitario relativo al agua. 
Por el contrario, queremos proteger la calidad del agua, esta es la tarea de la directiva. 
Me da la impresión como si el Consejo y la Comisión nos quisieran proponer que nos comprometamos recíprocamente a proteger el agua pero que el cómo la protejamos debemos dejarlo en manos de los países miembros. 
No estoy totalmente seguro si este es el enfoque europeo correcto. 
No me parece que sirva para nada establecer mil prohibiciones pero sí establecer algunas pocas pero que se apliquen a nivel europeo y que estén fundadas y aseguradas científicamente. 
Hemos acordado el mercado interior y uno de los objetivos principales de éste era armonizar en la Comunidad Europea unos estándares, no igualar necesariamente todo de modo absoluto pero sí aproximarlos. 
De esto me parece que nos estamos despidiendo en el campo de la política de medio ambiente. 
Ya conocen mi crítica. 
En la directiva sobre un marco reglamentario para la política de aguas, lamentablemente los estándares de calidad y de las emisiones no están definidos a nivel europeo, al menos según las ideas del Consejo y de la Comisión, pero sí según las del Parlamento. 
Como renano que soy- mi casa y mi finca se encuentran a unos cientos de metros del Rin- me parece importante que los Estados ribereños comiencen lo más arriba posible en el río, sean quienes sean. 
Si no comienzan, si los alemanes no seguimos aplicando elevados estándares, nuestros colegas holandeses se ahogarán en un agua turbia y sucia. 
Esto no puede ser objeto de una política individual o nacional sino que se deben aplicar estándares europeos, no cientos pero sí quizás 40 ó 50. 
Creo que el Rin, el Ródano o el Mosela necesitan estos estándares europeos para que sigamos avanzando en el futuro. 
La actividad del Consejo no ha sido en absoluto grande. 
De 188 enmiendas hemos hecho diez propuestas de compromiso. 
La Presidencia del Consejo ha realizado una aportación administrativa pero creo que el papel del Parlamento era mejor. 
Si se hace tal como quiere el Consejo, tendremos una situación difícil en la regulación a nivel nacional y, al final, surgirá un Babel medioambiental. 
Señor Presidente, la toma de decisiones sobre esta Directiva marco en el ámbito de la política de aguas, desde luego no se merece ningún premio. 
La causa está en el acuerdo político informal, alcanzado por el Consejo antes de conocer la primera lectura del Parlamento. 
La enorme diferencia entre el contenido de ese acuerdo y los deseos del Parlamento, reflejados en más de 200 enmiendas, ha obligado al Parlamento y al Consejo a dar un paso hasta ahora inusual: entablar unas consultas informales, consultas que ni tan siquiera se recogen en los tratados europeos; aunque aún hay tiempo. 
En este debate político, nuestro guía fue el Sr. White, a quien hago llegar mis felicitaciones. 
Ha sido un buen guía. 
Ha defendido ante el Consejo de excelente forma los puntos de vista del Parlamento y en algunos puntos ha sabido obtener una clara victoria. 
En algunos puntos que fueron importantes para nosotros, como la lista de prioridades y la aproximación conjunta, no cedió bajo la presión de los estados miembros. 
A pesar de la presión de trabajo y lo complicado de la discusión nos ha mantenido informados a todos en la medida de lo posible. 
Pero ahora la tarea del Parlamento es presentar un informe para primera lectura donde se refleje claramente cómo pueda protegerse de la forma más óptima la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas, de superficie y de las costas. 
Para ello se necesitan definiciones estrictas, objetivos claros y procedimientos transparentes. 
La Comisión de Medio Ambiente ha formulado unas propuestas muy buenas. No puedo entender que el Consejo adopte tan poco de ellas. 
Incluso resulta difícil que acepte las enmiendas destinadas a controlar que las normativas de medio ambiente sean cumplidas de conformidad con otras Directivas europeas, como la Directiva sobre nitratos, o con las convenciones internacionales como la convención OSPAR. ¡Incomprensible! 
No entiendo que el Consejo esté en contra de ello. 
Pero no tenemos porqué preocuparnos. 
La posición común no será debatida ya en este año parlamentario. Al comienzo del próximo año parlamentario entrará en vigor el Tratado de Amsterdam, de modo que la segunda lectura estará sujeta al procedimiento de codecisión. 
Entonces, el Consejo no tendrá más remedio que respetar nuestros puntos de vista. 
Espero que el Consejo haya aprendido su lección y que haya tomado conciencia de cómo el alcance de este acuerdo político informal se haya vuelto en su contra. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente, que trabajó muchísimo para llegar hoy aquí con este informe, que haya tenido en cuenta la necesidad de una directiva marco más transparente y más participativa porque- como él dice muy bien recogiendo la preocupación de la audiencia que hubo en la Comisión de Medio Ambiente -, la tercera parte de los ríos europeos están contaminados, las aguas costeras se sobreexplotan y lo mismo ocurre con las aguas subterráneas. 
Por todo ello, tenemos grandes dificultades para procurar un agua potable para la población, por lo menos en el futuro y, al menos, en algunos países del Sur. 
Por eso, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y estábamos más de acuerdo con la propuesta anterior. 
Por ejemplo, la enmienda 38 del Sr. White nos parecía más completa y mejor. 
Sin embargo, creemos que debemos trabajar para que haya una gestión de la cuenca fluvial participativa, para que se cree un marco común transparente y una cooperación transfronteriza. 
Los compañeros portugueses y nosotros mismos visitamos el Tajo y vimos la preocupación existente en Portugal por que se utilicen bien los recursos en España, que será la única forma de garantizar la cooperación transfronteriza entre nuestros dos países. 
Sr. Presidente, también a mí me gustaría felicitar al ponente por la tremenda labor que ha realizado. 
Estas propuestas son ciertamente muy bien recibidas porque suponen un intento por establecer un planteamiento integrado de la gestión y la protección del agua, que constituyen cuestiones de gran importancia. 
La base que subyace a todo esto, el principio de «quien contamina, paga» , debe ser el principal objeto de nuestros esfuerzos en este foro. 
Sin embargo, es necesario ampliar los términos del análisis que se ha llevado a cabo y tener en cuenta las importantes consecuencias sociales de un servicio social único como es éste. 
Hay que garantizar el suministro de agua con fines domésticos, económicos y agrícolas, entre otras actividades. 
En particular, desearía recordarles a sus señorías la enmienda 22, relativa al apartado 1 del artículo 12, en la que se establece que no se llevará a cabo un cobro de carácter universal allí donde existan, entre otras, condiciones sociales de carácter especial. 
Se trata de unas apreciaciones importantes, ya que hemos de seguir garantizando, en particular, la gratuidad de los servicios a aquellos que más lo necesiten. 
Señor Presidente, en mi comunidad autónoma, en Aragón, decimos que el agua es la medida de nuestro futuro. 
También decimos que en nuestro territorio no sobra agua, sino que faltan inversiones para explotarla y rentabilizarla. 
Allí tenemos muy claro que sin agua no hay desarrollo posible y que esta es imprescindible para mantener el medio ambiente y para generar riqueza y empleo tanto en la agricultura como en la industria. 
Nuestro problema, Señorías, no es sólo la calidad del agua sino la cantidad de agua, es decir, su escasez. 
Por eso, para nosotros resulta casi un insulto que el río Ebro, el más caudaloso de la Península Ibérica, discurra por Aragón a lo largo de más de 200 kilómetros, una parte de ellos auténtico desierto, sin que apenas se aproveche su caudal debido, principalmente, a la histórica falta de inversiones del Gobierno español y a que, precisamente por esa falta de inversiones, se pueda decir que sobra agua y se justifiquen trasvases a territorios más desarrollados. 
Por eso, consideramos importantísimo evitar la política de trasvases entre cuencas, porque lejos de equilibrar el territorio, en la práctica supone aumentar el desequilibrio y la despoblación, porque obliga a realizar costosas obras- casi siempre en detrimento del medio ambiente -, que no garantizan un desarrollo sostenible al considerar ilimitada la oferta y, en el fondo, porque los trasvases, Señorías, no son otra cosa que el reflejo de una política de imposición del más fuerte sobre el más débil. 
Mañana votaremos varias enmiendas, aprobadas ya en comisión, que proponen limitar los trasvases intercuencas a situaciones muy específicas, con autorización previa y siempre que se demuestre que en las cuencas receptoras se han tomado todas las medidas posibles para reducir la demanda. 
Este es, a nuestro juicio, el camino correcto para hacer de la política de aguas un instrumento eficaz de cohesión social y territorial en Europa. 
Señor Presidente, voy a diferenciar en algunos aspectos la posición de los socialistas españoles con respecto a nuestro Grupo político. 
Estamos plenamente a favor de la existencia de una directiva marco para la política de aguas de la Comunidad y, en este sentido, saludamos muy positivamente el proyecto de directiva. 
Pero esta labor legislativa armonizadora puede convertirse en algunos aspectos en una caricatura si se prescinde de las singularidades territoriales de Europa. 
No puede tratarse de la misma forma la cuestión del agua en países con lluvia abundante y en aquellos otros- como el mío- donde el agua es un bien escasísimo. 
No puede tratarse de la misma forma a países con un régimen de inundaciones y sequías, como los mediterráneos, y a los países septentrionales. 
Por todo ello, hemos planteado algunas enmiendas diferenciadas y consideraríamos muy injusto, por ejemplo, la obligación estricta de recuperar los costes íntegros del agua, puesto que con esta generalización un ciudadano o un agricultor español pagaría el agua a un precio 40 a 60 veces superior al de un británico o un belga, por ejemplo. 
Otras enmiendas, que se refieren a situaciones constitutivas de infracción, algunas de ellas de imposible solución en determinadas regiones del Sur, o a los requisitos para los trasvases y la recarga de acuíferos, obedecen a la misma razón. 
Un poder legislativo con criterios científicos y ponderados- y este Parlamento los tiene -, no debería igualar a las distintas regiones europeas, tan diferentes en lo que se refiere a cantidad, calidad y régimen de precipitaciones del agua. 
Señor Presidente, apoyo plenamente la intervención que acaba de hacer mi colega el Sr. Aparicio, y aquí se demuestra que no debemos olvidar la unidad en la diversidad y que los voluntarismos en política se pagan caro. 
Por eso, no podemos olvidar que el problema del agua es estratégico para España- como usted sabe muy bien, señora Comisaria- y en este sentido se han presentado enmiendas que yo espero que tenga en cuenta la Comisión para suspender las exigencias de la directiva en caso de sequía o inundaciones graves. 
Es una circunstancia que se debe tener en cuenta. 
También necesitamos, señora Comisaria, que la directiva permita a España realizar interconexiones entre cuencas y, tal como prevé el Plan hidrológico nacional, con equilibrios adecuados. 
Sólo una medida así puede garantizar el abastecimiento de las regiones meridionales de nuestro país. 
También debe adaptarse el principio de la repercusión íntegra de los costes. 
No podemos añadir más dificultades a las que tienen algunos países y debemos evitar que, precisamente, en los países que tienen menos agua ésta tenga un precio inasequible, inabordable, para los ciudadanos y para los múltiples usos. 
Y en cuanto a muchas de las enmiendas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente, en este caso no puedo apoyarlas porque no son razonables. 
Hay cosas que están funcionando, por ejemplo los acuerdos interterritoriales entre países vecinos y, por lo tanto, no veo por qué se tienen que crear esos acuerdos de cuencas internacionales cuando ya están funcionando bien. 
Hay que limitarse a la posibilidad de una consulta, a iniciativa de los Estados miembros, a la Comisión si surge algún problema para que lo solvente y arbitre, como siempre hace. 
Respecto a los aspectos cuantitativos, son muy preocupantes algunas de las enmiendas que se presentan sobre los trasvases y la recarga de acuíferos. 
Esta es una práctica corriente en España y hace que podamos sacar mucho más provecho de nuestros escasos recursos. 
Son cuestiones meramente cuantitativas que, por otro lado, impedirían la aprobación de esta directiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, también en la misma dirección quiero, en primer lugar, felicitar y manifestar mi acuerdo con la propuesta que hacen la Comisión y el Sr. White. 
Sin embargo, quiero insistir en dos cuestiones producto de lo que sería el fundamentalismo neoliberal y el déficit democrático en la Unión Europea. 
En cuanto al fundamentalismo neoliberal, el hecho de querer repercutir todos los costes en los que utilizan el agua supone que- como han dicho los Sres. Cunha, Aparicio y otros- estamos causando un agravio comparativo a España. 
En relación con el déficit democrático, creo que es importante tomar en consideración la participación de las comunidades de regantes- en algunos casos, como en Valencia o en Murcia con más de mil años de funcionamiento- como el Tribunal de las Aguas o el Consejo de Hombres Buenos, y que es imprescindible que también en este campo haya democracia. 
Señor Presidente, la directiva marco en el ámbito de la política de aguas que debatimos hoy y que votaremos mañana significará un importante avance en la gestión europea del agua en términos de calidad y cantidad. Pero no sólo eso. 
Esta Directiva marco también corona un trabajo, fruto del incesante empeño de algunos colegas. 
Es un placer mencionar a mi colega Karl-Heinz Florenz, quien fue el gran defensor e instigador de esta coherencia. Menciono también a mi colega neerlandesa Doeke Eisma, y naturalmente al ponente, el colega White, a quien felicito por el informe que tenemos delante de nosotros, así como por los compromisos de las enmiendas que mañana habrán de apuntalar amplias mayorías. 
La directiva marco en el ámbito de la política de aguas es la única respuesta adecuada a la política sobre la calidad del agua que hasta ahora fue dispersa, ineficaz e inadecuada, así como a la total ausencia de una política de agua en términos de cantidad. 
El agua desempeña un gran protagonismo en la vida de los holandeses. 
En nuestro himno cantamos a nuestra provincia de Limburgo con la estrofa: «Donde el ancho curso del Mosa majestuosamente fluye al mar» ; con su «luctor et emergo» (lucho y emergo) los zelandeses dan expresión a su lucha contra el mar que finalmente, después de grandes inundaciones, ha derivado en la construcción del Plan Delta, unas obras de defensa contra el mar que dieron fama mundial a los holandeses. 
Y hemos conquistado tierra literalmente también en el caso del Flevopolder. 
En los Países Bajos, tierra de pólders, delta donde el Mosa, Rin y Escalda desembocan en el mar, la lucha contra el agua es constante. 
El que se atreva a postular que los holandeses, con nuestra política de gestión de agua en términos de cantidad tan excelentemente organizada, seamos capaces de resolver el tema nosotros mismos, se habrá olvidado de las inundaciones que han asolado nuestras tierras a lo largo de los últimos años. 
Señor Presidente, sólo tres notas: una, de apoyo a una política del agua que promueva la racionalización de su utilización dando preferencia al control racional de su demanda y no el aumento irracional de su oferta. 
Otra, para reiterar que la unidad básica de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas es la cuenca y que las cuencas no se seccionan con fronteras nacionales, sino que tienen su inicio en la fuente y el término en la desembocadura, por más países que atreviesen los ríos. 
Una última, para subrayar el entendimiento y la colaboración que ha habido en nuestro Grupo entre diputados españoles y portugueses, lo que ha propiciado que hace poco hayamos acordado un manifiesto del agua, examinado en el informe que estamos debatiendo, lo que se refuerza con el hecho simbólico de que por nuestro Grupo los que intervienen en el debate son diputados de esas dos nacionalidades. 
Y, si bien esperamos congratularnos con la resolución del Parlamento, no será así con el convenio sobre los ríos comunes firmado entre los dos Gobiernos, pues se trata de un caso en el que debería manifestarse la solidaridad comunitaria y en que sería exigible la cooperación entre los Estados. 
En nombre de las y los colegas, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han participado constructivamente en el trabajo, naturalmente, también de nuestro ponente, el Sr. White, así como a la Comisión, que se ha movido. 
De la Presidencia alemana espero que analice cuidadosamente el trabajo del Parlamento pues, de lo contrario, en la segunda lectura en el Parlamento Europeo podría surgir una negativa sorpresa en forma de un rechazo. 
Como ponente para el programa de acción para las aguas subterráneas, que no es en absoluto superfluo, considero que son irrenunciables los siguientes aspectos: la determinación de una protección global de las aguas subterráneas, la prohibición del vertido directo de sustancias dañinas y, derivado de ello, evitar determinar valores límite para las aguas subterráneas para hacer imposible el llamado efecto de relleno y, finalmente, la supresión y el impedimento lo más amplio posible de los llamados vertidos indirectos en las aguas subterráneas así como el saneamiento de las ya sucias del modo tan amplio como sea posible desde un aspecto técnico. 
Mis tres enmiendas apuntan a estos objetivos. 
Quiero indicar de nuevo que doy una gran importancia a la enmienda nº 77 y que no estoy de acuerdo con la propuesta de compromiso. 
Quiero advertir frente a exigencias exageradas, no realistas e impracticables. 
Aunque la protección del medio ambiente en otros sectores políticos no haya sido tenida suficientemente en cuenta, no debemos cometer el mismo error en el sentido inverso. 
Por ello, junto con mi grupo político estoy decididamente en contra de algunas enmiendas que en parte no son fácilmente practicables, ni con mucho dinero ni con todas las posibilidades técnicas de que dispongamos. 
Una legislación que así lo exija no es creíble. 
Para finalizar, quiero dirigir una pregunta a la Comisión: ¿qué ocurre con el proyecto de directiva sobre la calidad ecológica de las aguas? 
No tengo información de que la Comisión haya retirado oficialmente esta propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, según los deseos del Parlamento Europeo, la presente directiva aporta unas importantes novedades para la conservación del bien quizás más valioso de Europa, el agua: aclaración y profundización del enfoque combinado, profundización de la protección del agua en todos los lugares y una ambiciosa configuración de los objetivos de calidad para las aguas subterráneas. 
En especial, el enfoque combinado representa para muchos Estados miembros un salto cuantitativo para el mantenimiento de la pureza del agua. 
Tiene que producirse por fin a nivel europeo un cambio de actitud. 
No existe un derecho de polución y envenenamiento sin piedad de los ríos y los mares sino una obligación de depurar todas las aguas residuales, también las industriales, de conformidad con las mejores posibilidades técnicas, antes de verterlas. 
Son necesarias unas estrictas normas de emisiones y no sólo normas de inmisiones. 
Veo negativamente los intentos de establecer en la directiva la administración de los recursos acuíferos desde una perspectiva de cantidades. 
Sin embargo, me alegra que los servicios jurídicos, tanto del Consejo como de la Comisión sean de la opinión de que un establecimiento de este tipo sería incompatible con el fundamento jurídico previsto con la aprobación de la directiva. 
Me alegra también que en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se haya logrado introducir una enmienda que determina con toda claridad qué autoridad supranacional se debe crear. 
Se excluye una limitación de la potestad dispositiva de un Estado miembro en la gestión de sus recursos de agua. 
Si mañana se acordase así, votaría gustosamente a favor del informe White, a quien quiero felicitar por el mismo. 
Señor Presidente, el acceso a un agua de suficiente calidad constituye una necesidad básica en la UE. 
Los problemas detectados se relacionan tanto con la calidad del agua de los ríos como con el derroche en el consumo de agua en las ciudades y en las zonas industriales. 
Las reservas acuíferas de los distintos Estados miembros no son ningún recurso común europeo, del mismo modo que tampoco lo son todos aquellos recursos naturales sujetos a su comercialización. 
Cada Estado miembro debe intervenir en el ámbito nacional para lograr mejoras en la calidad del agua de sus ríos, desarrollar y aplicar medidas para fomentar el ahorro de agua y proteger sus aguas subterráneas. 
La idea de una política común sobre las aguas debería materializarse a través de unas medidas de protección de las zonas acuáticas de carácter transfronterizo e interestatal. 
En los últimos tiempos se han aplicado numerosas medidas, como el vertido al mar de aguas residuales no depuradas, que han deteriorado el estado del mar Báltico. 
Deberíamos evitar que tuvieran lugar hechos tan destructivos para el medio ambiente como éstos, practicando también una política común de dimensión septentrional y desplegando una actuación política comunitaria en el ámbito de las aguas. 
Al igual que ocurre con el resto de los proyectos en el campo de la seguridad medioambiental, la dimensión septentrional nos ofrece magníficas posibilidades a este fin. 
En la propuesta se ha pretendido establecer unos determinados valores en materia de calidad del agua para su uso en los países de la Unión Europea. 
Sería conveniente incorporar este tipo de elementos en la política comunitaria siempre y cuando nos acordemos de prestar la suficiente atención a las distintas soluciones y características específicas que exigen las condiciones naturales de cada país. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hablar del agua en último lugar y cuando el problema se mide en cantidad y no en calidad, me va a permitir algunas licencias. 
Voy a tratar de no repetir todo aquello que ya han dicho mis colegas españoles o portugueses, y de mencionar algo que no está en este momento contenido en el informe. 
Yo quisiera hacer solamente una argumentación puntual sobre el tema de los costes. 
Rechazamos la propuesta inicial, que presenta la Comisión, de repercutir en los usuarios, que fundamentalmente son los agricultores, el coste íntegro de los servicios del agua, como, por ejemplo, las infraestructuras, así como la de tener en cuenta los costes, puesto que esto puede acabar con la ya frágil agricultura del Sur. 
También debemos tener en cuenta el tema de las mejoras técnicas disponibles en procesos industriales. 
Hay que tener en cuenta la relación coste/eficacia y la situación del sector. 
No se puede ir más allá del acuerdo político que tomó el Consejo de Ministros en junio de este año. 
La eliminación de las sustancias peligrosas, los objetivos ambientales deseables, los tenemos que formular dentro y en función de nuestras posibilidades reales, tanto técnicas como económicas, para poder alcanzarlos. 
En cuanto a las excepciones por sequía, sin embargo, sí que estamos de acuerdo, y es importante que esto se permita, tanto por sequía como por inundaciones. 
A las cuencas internacionales, yo creo, se debe aplicar el principio de subsidiariedad, y en este momento ya se ha alcanzado un acuerdo con nuestros vecinos de cuenca, esto es, Portugal. 
Y por lo que respecta a los aspectos cuantitativos, las condiciones de trasvase y recarga de acuíferos, no existe un fundamento jurídico en esta propuesta y el Tratado exige unanimidad, por lo cual yo creo que éste es un tema que nosotros, en este momento, no vamos a apoyar. 
En cuanto a las enmiendas por mí presentadas, les diría que solamente hay tres debidas a definiciones que no se han tenido en cuenta, como la masa de agua artificial... 
El Presidente interrumpe a la oradora 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente al señor ponente, Sr. White, por su tratamiento a fondo de la nueva propuesta de directiva marco sobre los recursos hidráulicos. 
El Parlamento ha reaccionado- como se ha recalcado también- de manera especialmente seria a la reforma de la política hidráulica y me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar la considerable y muy positiva influencia que el Parlamento ha ejercido tanto con respecto al arranque como al posterior desarrollo de la reforma. 
Las propuestas de la Comisión relativas al tratamiento de las sustancias peligrosas y al anexo V sobre el estatuto biológico se basan en gran medida en el compromiso constructivo del Parlamento. 
Este mismo compromiso constructivo figuraba detrás del reciente debate informal celebrado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión y, como subrayó el Sr. Eisma, se trató en gran medida de una nueva reelaboración. 
Los resultados de estas negociaciones en general mejoraron aún más el texto, al mismo tiempo que produjeron un acercamiento de las posiciones de las dos instituciones legisladoras. 
Es una evolución positiva y naturalmente apoyo el resultado que adopta la forma de las propuestas de compromiso 189-201. 
De hecho, la mayoría de las enmiendas del Parlamento mejoran la calidad técnica y clarifican el texto, y me alegra mucho poder decir que defendemos las ideas que subyacen en la mayoría de ellas. 
En principio, podemos aceptar total o parcialmente 85 de las 122 enmiendas. 
Además, la Comisión apoya algunas de las restantes enmiendas presentadas. 
Especialmente, apoyamos las iniciativas del Parlamento referidas al tratamiento de las sustancias peligrosas, la transparencia, el método combinado y la carga de radioactividad. 
Señor Presidente, tal y como ha quedado claro, hay muchas enmiendas y me sería imposible en un plazo de tiempo razonable examinarlas todas. 
Por ello, me contentaré con abordar algunos de sus ámbitos principales. 
En primer lugar, tenemos el tratamiento de sustancias peligrosas. 
Es un gran problema, sobre el que el informe llama la atención con mucha razón. 
Es importante que seamos consecuentes con respecto a los compromisos en cuanto a las emisiones que hemos asumido en los organismos internacionales. 
La falta de información sobre las consecuencias económicas y sociales implica, sin embargo, que no siempre es conveniente implantar requisitos vinculantes jurídicamente en el momento actual. 
Por ello tenemos la intención de aceptar el principio presente en las enmiendas 6, 19, 47 y 82 y en el artículo 1 de la propuesta por el que se pide su cese como objetivo final. 
Lo cual está de acuerdo con la postura adoptada en la Declaración de la Conferencia del Mar del Norte y de todos los convenios marinos relevantes. 
Las restantes enmiendas sobre este tema- me refiero a las enmiendas 22, 43 y 46- son así pues rechazadas. 
En lo que respecta a la transparencia y la participación de la opinión pública, las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo han resultado especialmente productivas. 
La Comisión apoya totalmente la enmienda de compromiso del señor ponente, que refleja los acuerdos contraídos sobre el dictamen público y los informes tanto de la Comisión como del Consejo. 
Las enmiendas 15 y 39 hacen referencia a la necesidad de definir el método combinado, que la Comisión acepta en principio, aunque propongamos una redacción algo diferente para hacer más preciso jurídicamente el campo de aplicación. 
La Comisión acepta en principio las enmiendas 87 y 88 que exigen un calendario para que la Comisión instaure un control sobre las sustancias prioritarias. 
Las enmiendas 84 y 85 sobre la revisión de la lista de prioridades no dan, sin embargo, tiempo suficiente para tratar las sustancias y por ello la Comisión rechaza estas enmiendas y propone mantener el actual período de revisión en 6 años. 
La Comisión acepta en principio las enmiendas 34 y 122 sobre la inclusión de la radiactividad en la propuesta, aunque puedan ser necesarios ciertos cambios en su redacción. 
En cuanto al pago, que ha desempeñado un importante papel en el debate de hoy, resulta fundamental una integración más completa de los costes medioambientales y energéticos, aunque esta problemática debe ser examinada más detenidamente. 
Las enmiendas 67, 68 y 69 no pueden por ello ser aceptadas en este momento. 
La enmienda 66 que exige fijar el pago en un nivel que promueva el cumplimiento de los objetivos medioambientales resulta, sin embargo, útil y por ello naturalmente se acepta. 
Luego hay una serie de enmiendas que la Comisión rechaza por motivos técnicos. 
Hay otras también que rechazamos por la forma en que han sido presentadas, mientras que hay muchos elementos que contamos con que pueden formar parte de la propuesta modificada. 
Sin embargo, renuncio a mencionarlas todas. 
Como conclusión, sólo me cabe saludar la llegada de este informe, al igual que los avances ya realizados. 
El papel del Parlamento ha sido significativo y la constructiva postura manifestada durante las negociaciones será la base de una buena atmósfera de trabajo en futuras negociaciones. 
Tratándose de un tema tan importante, es evidente que algunas cuestiones exigirán negociaciones complementarias antes de que puedan solucionarse. 
Estoy convencida de que la posición firme que ha adoptado el Parlamento conforme avanzaba el proceso legislador, contribuirá a que podamos alcanzar nuestro objetivo: una política hidráulica de la que podamos sentirnos orgullosos. 
Permítanme meramente añadir a la pregunta lanzada por la Sra. Schleicher que contamos con que la propuesta sobre la calidad ecológica del agua haya quedado incluida en esta propuesta y con ello cancelada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Liberación intencional de organismos modificados genéticamente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0024/99) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0085- C4-0129/98-98/0072 (COD) por la que se modifica la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente 
Señor Presidente, no cabe la menor duda de que vamos a someter a votación esta noche un informe muy importante que se convertirá en un componente legislativo de primer orden. 
Está relacionado con una industria que registra un gran desarrollo en la Comunidad pero que, a la vez, suscita entre la opinión pública algunas preocupaciones importantes que deberán ser abordadas. 
He intentado alcanzar en este informe un justo equilibrio entre la protección de la salud pública, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y las necesidades de una industria en expansión que tiene mucho que ofrecernos, siempre y cuando le permitamos hacerlo de la manera adecuada. 
Ya hemos sometido el presente informe a examen de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, con buenos resultados. 
Desde entonces hemos realizado esfuerzos para encontrar un grado de consenso aún mayor entre las distintas partes involucradas con el fin de dar con una propuesta que, así lo esperamos, sea aceptable también para la Comisión. 
Este informe recoge numerosos puntos clave, si bien en esta ocasión haré mención únicamente de algunos de ellos. 
En primer lugar, hemos introducido en el texto una obligación adicional a los Estados miembros para adoptar en la Comisión el principio de precaución, asegurándonos así de que podremos evitar los efectos adversos que pudiera tener cualquier organismo modificado genéticamente en la salud humana y en la naturaleza cada vez que es liberado en el medio ambiente. 
En el caso de los organismos modificados genéticamente que se comercialicen, hemos de garantizar que pueden ser identificados y localizados. 
Esto es lo que hemos pretendido con algunas de nuestras enmiendas, que la autorización para la liberación incluya métodos descriptivos de identificación y que se establezca un registro público de estos métodos que nos permita saber adónde van a parar y qué hacen estos productos. 
Las exigencias en materia de vigilancia que hemos introducido en la propuesta deberían ayudarnos en este sentido. 
Muchas personas han expresado sus inquietudes en relación con el problema que nos plantea la exportación de organismos modificados genéticamente y con la responsabilidad que debemos asumir cuando estos organismos terminen en terceros países que no tengan la misma capacidad para tratarlos que la Unión Europea. 
Éste es el motivo por el que hemos introducido el principio de consentimiento previo y formal. 
En toda Europa se ha escuchado la preocupación de los ciudadanos en torno a las implicaciones éticas de los organismos- o incluso animales- modificados genéticamente que pudieran aparecer en el mercado en un breve espacio de tiempo. 
En esta situación tenemos derecho a realizar consultas ante un comité ético. 
Estamos intentando lograr del comité ético unas consultas lo más amplias posibles acerca de cuestiones de principio. 
Estoy seguro que estos esfuerzos servirán de ayuda en la futura introducción de aquellos órganos modificados genéticamente que hoy presenten determinadas dificultades. 
Cualquier productor ha de aceptar la asunción de responsabilidades cuando introduce un producto en el mercado. 
La cuestión de las responsabilidades está presente igual que con cualquier otro producto. 
Estamos proponiendo una forma de responsabilidad que resulte razonable, exhaustiva y que no difiera de la que se propone en el caso de otros productos. 
Reconocemos que estos productos podrían tener a largo plazo unas implicaciones con repercusiones considerables en el plano socioeconómico. 
Si bien no deseamos abordar necesariamente estas cuestiones una por una, es cierto que las debemos tener presentes. 
Hemos incorporado en la propuesta una enmienda adecuada para garantizar que estas cuestiones merecen la atención que corresponde. 
Se han incluido también en el texto otras mejoras importantes desde un punto de vista técnico. 
En los anexos hemos llevado a cabo una ardua labor para mejorar los requisitos técnicos y las definiciones de la evaluación de riesgos. 
Sin embargo, también hemos examinado muy cuidadosamente cómo podemos controlar estos productos en el mercado. 
Mientras que la Comisión ya recoge en su propuesta actual la posibilidad de retirar un producto del mercado en caso de que éste constituyera un serio riesgo para la salud humana o en cualquier otro sentido, en la propuesta de la Comisión se sugiere una aprobación limitada en el tiempo. 
No estamos en contra de la idea acerca de una aprobación por tiempo limitado. 
Éste es un método sensato de avanzar paso a paso. 
Pero, habida cuenta de la diversa gama de productos, cabe preguntarse cuál sería el plazo apropiado para una aprobación por tiempo limitado. 
¿Debería ser de tres o de cinco años, tal como han propuesto en comisión algunos de nuestros colegas verdes? 
¿O debería ser de siete años, como propone la Comisión, de doce años, como propone el Consejo, o por un plazo ilimitado, como quieren algunos diputados de este Parlamento? 
Hemos de aceptar que, a fin de lograr la confianza de la opinión pública, es necesario establecer en esta fase una aprobación por un plazo limitado que permita retirar, previo correspondiente examen, cualquier producto que haya demostrado ser insatisfactorio. 
No estoy seguro acerca de esta cifra. 
No hay ningún número mágico cuando se trata de un plazo de tiempo. 
La Comisión propone siete años. 
Me gustaría que la Comisaria me explicara por qué considera que siete años es el plazo más adecuado, quizás se trate de su número de la suerte. 
¿Vamos a proponer que sean doce años? 
Un plazo de doce años parecería ser el más adecuado en esta cuestión de orden técnico. 
Señor Presidente, cuando se trata de cuestiones medioambientales de interés general, los datos científicos son seguros únicamente en muy contadas ocasiones. 
Los distintos centros de investigación proporcionan como fundamento de la toma de decisiones políticas datos que pueden llegar a ser muy variados, datos que pueden interpretarse de muchas maneras distintas. 
En muchas ocasiones, el catastrofismo es la alternativa más fácil. 
Con una restricción excesiva de las investigaciones, lo que hace la Unión es traspasar sus responsabilidades y quedar a la espera de los acontecimientos. 
Si bien la regulación es una condición imprescindible, es cierto que nos encontramos ante un tema de investigación extremadamente delicado. 
Corresponde a los consumidores elegir los productos que quieren adquirir, Esta elección se ve orientada tanto por datos científicos como por factores humanos que han de respetarse. 
Por todo ello, el etiquetado de los envases ha de ser lo suficientemente claro, inteligible y homogéneo. 
Es necesario ofrecer a los consumidores una mayor información acerca de las ventajas y los posibles peligros que entrañen los productos modificados genéticamente. 
A fin de lograr este objetivo, es necesario realizar esfuerzos para publicar en cada país los resultados de las investigaciones con objeto de ofrecer a los consumidores la posibilidad de participar en el correspondiente debate. 
Si queremos ganarnos la confianza de los consumidores, deberemos ser cautelosos. 
A medida que vayan aumentando los experimentos y los datos científicos, será preciso naturalmente someter el contenido de la directiva a una nueva valoración. 
La evaluación de riesgos debería tener un carácter global y englobar también las posibles repercusiones a largo plazo. 
No se puede esperar que los agricultores tengan un conocimiento suficiente de las responsabilidades, sino que han de ser los productores y los fabricantes de estos productos modificados genéticamente quienes, una vez efectuadas las correspondientes pruebas, asuman plenamente las responsabilidades derivadas de la liberación de sus productos y de los daños que éstos ocasionen a las personas. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente solicitó originariamente la entrada en vigor de una moratoria europea, cuyo propósito era que tuviéramos tiempo para reflexionar. 
El Consejo rechazó la idea, sin embargo, esto no significa que no sea buena idea. 
Por un lado, existe mucha inseguridad científica y por otro lado hablamos de un proceso de decisión ya dudoso en determinadas solicitudes de comercialización que habría sido motivo suficiente para detenerlo todo, y la propia Comisión ha permanecido muda sobre su influencia. 
La inseguridad aparece especialmente vinculada a las cuestiones éticas, a la utilidad para la sociedad y a las consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la salud. 
No debemos tener organismos modificados genéticamente que contengan antibióticos o genes resistentes u organismos modificados genéticamente que puedan cruzarse con especies salvajes. 
La propuesta de la Comisión endurece los procedimientos de diversas maneras. 
Hablamos de las normas comunes para la comercialización, de la vigilancia obligatoria en los casos de comercialización y de la limitación temporal del período de comercialización a siete años. 
Todas juntas son positivas. 
Proporcionan la base adecuada para la aprobación de organismos modificados genéticamente, una base que, en mi opinión, debería guiar la aprobación de todos los productos que contengan organismos modificados genéticamente. 
Sin embargo, esta misma propuesta excluirá a todos los productos que se hallen incluidos dentro de otra legislación comunitaria, de modo que sólo se trata de una evaluación de riesgo medioambiental. 
Esto puede llevar a que los productos que contengan organismos modificados genéticamente se libren del control riguroso, la limitación temporal y la evaluación propuestas en esta directiva. 
También me preocupan los nuevos procedimientos simplificados que hacen más fácil liberar o comercializar determinados organismos modificados genéticamente. 
Esto es un problema porque la base sobre la que tomamos este tipo de decisiones es demasiado escasa. 
Las experiencias son insuficientes y poco fiables en el campo de los organismos modificados genéticamente. 
Esta tecnología es tan reciente que una autorización limitada proporcionará a las autoridades un mejor control. 
Señor Presidente, quiero decir desde la perspectiva del PPE que lo que acabo de oír de la Sra. Jensen espero no sea la opinión de la totalidad del Grupo del PSE, pues si fuese así las negociaciones que hemos mantenido durante las últimas semanas no habrían sido muy constructivas. 
No obstante, creo que mañana nos podremos poner de acuerdo en la votación en muchos puntos. 
Expreso mis felicitaciones al ponente, David Bowe, quien se ha esforzado mucho con este informe. Siempre ha mantenido una actitud dialogante, pragmática y orientada a objetivos, aunque no fuésemos de la mima opinión en todos los puntos. 
Espero que mañana podamos aprobar el informe en este sentido con el mayor consenso posible. 
¿Cuál es la posición del Grupo del PPE? 
Queremos seguridad para las personas y el medio ambiente pero no queremos más burocracia. 
Creo que se trata de una gran equivocación creer que con el máximo de burocracia se puede proteger a las personas y al medio ambiente frente a los efectos perniciosos. 
Se necesitan normas claras adecuadas a los riesgos. 
Si se tiene presente este principio, como lo tenemos en el Grupo del PPE, entonces la propuesta de la Comisión presenta luces y sombras. 
También el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor tiene luces y sombras. 
En la propuesta de la Comisión saludamos expresamente las mejores normas de etiquetado en comparación con la directiva original y saludamos que la Comisión de Medio Ambiente las haya a su vez mejorado. 
Saludamos expresamente que la Comisión haya previsto el procedimiento simplificado y que se haya previsto al menos el enfoque de un procedimiento pluriestatal. 
Muy negativo es en la propuesta de la Comisión el sometimiento general de la autorización a un plazo de siete años. 
Pregunto a la señora Comisaria: ¿dónde está el fundamento jurídico de estos siete años? 
¿Qué riesgos surgen exactamente al cabo de siete años? 
¿En todos los organismos modificados genéticamente se producen al cabo de siete años? 
¿Por qué no al cabo de seis u ocho años? , ¿por qué no al cabo de doce, quince o dos años? 
Estamos a favor del enfoque que se ha acreditado en el derecho sobre medicamentos. 
Si existe un peligro, entonces hay que retirar inmediatamente la autorización y no hay que esperar hasta el séptimo año. 
Si no existe ningún peligro, entonces tampoco se necesita ningún plazo. 
Estamos pues muy en contra de un aplazamiento general. 
Coincidimos con la Comisión de Medio Ambiente en hacer de una disposición vinculante una disposición discrecional. 
Quizás lo precisaría aún algo más y por ello hemos presentado una enmienda. 
Los plazos deben ser una excepción cuando existan motivos científicos. 
En otro lugar, la Comisión de Medio Ambiente va en la dirección errónea. 
He expuesto muchos puntos en las conversaciones previas. 
Un importante punto que debatimos de nuevo esta tarde es la cuestión de los criterios socioeconómicos. 
Creo que les estamos proporcionando argumentos a los norteamericanos. 
Si hacemos depender la autorización de criterios socioeconómicos, nos lo harán pagar caro en la OMC. 
No tendremos ninguna oportunidad de ganar en este campo ningún panel. 
Ya sólo por esto, no deberíamos aprobarlo. 
El Grupo del PPE hará depender su comportamiento en la votación final de que se puedan aclarar bien y de mutuo acuerdo los puntos conflictivos que hemos expuesto también en la comisión. 
Espero que mañana podamos dar todos juntos nuestro voto afirmativo al informe y que mandemos una señal positiva para la biotecnología en Europa. 
Señor Presidente, este informe que debatimos ahora es uno de los más sensibles que han pasado por el Parlamento Europeo. 
Muestra el auténtico conflicto existente entre la industria europea y su deseo de situarse a la misma altura que los EE.UU. y la posición más cautelosa desde el punto de vista medioambiental manifestada mediante el empleo del principio de cautela. 
Pienso que éste es realmente un terreno donde debe ponerse en práctica el principio de cautela, aunque la forma para ello naturalmente ni debe ser un no a los organismos modificados genéticamente ni un tratamiento lento por parte de las autoridades, sino justamente un acercamiento cauteloso a esta materia. 
Mi opinión es que se pueden solucionar muchas cosas con un debate abierto, que incluya a ciudadanos interesados y naturalmente no excluya intereses comerciales, y con un tratamiento cuidadoso y preferiblemente rápido por parte de las autoridades. 
El Grupo Liberal, al igual que otros grupos, mantiene posturas diferentes tanto ante la propuesta de la Comisión como sobre las enmiendas. 
Yo misma pertenezco al grupo que apoya la norma de la Comisión referida a los siete años, pero no el procedimiento simplificado; sin embargo, podría llegarse a hablar de un procedimiento simplificado si se considerara una renovación de la autorización de comercialización para los productos, es decir, pasados los siete años. 
Tampoco soy partidario de hacer en el momento actual una solicitud multinacional. 
Uno de los problemas relacionados con el procedimiento complicado es que las decisiones son adoptadas mediante un procedimiento de comité, en el que el Parlamento no dispone de ninguna posibilidad de influir y hemos visto anteriormente que esto crea conflictos a posteriori, por lo que sería deseable que el proceso pudiera iniciarse ya desde este momento. 
Espero que sea posible esta mañana encontrar algún tipo de compromiso razonable- en mi opinión, preferiblemente con un plazo de tiempo lo más estricto posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, los organismos genéticamente modificados entran en ese conjunto que calificaré de nuevos temores alimentarios. 
Por otra parte, me atrevo a decir que todo está orientado a alimentar esos miedos, incluidos los términos empleados. 
Los OGM deberían llamarse más bien OGA, organismos genéticamente mejorados, ya que están creados para crear cualidades sustanciales y suplementarias. 
En segundo lugar, el título de la directiva «Liberación voluntaria» permite pensar en un delito deliberadamente ejecutado, cuando se trata, de hecho, de la puesta en el mercado tras estrictas verificaciones, de organismos o de sus productos, y de la autorización cuidadosamente examinada y sopesada del cultivo experimental de esos productos. 
Todos esos temores llevan a los dirigentes políticos a refugiarse detrás del sacrosanto principio de precaución que, si fuera real y generalmente aplicado, prohibiría cualquier avance científico, reclamado sin embargo a voz en grito por todos aquellos que pretenden mejorar su confort y curar sus males. 
Como cirujano, este principio me hubiera prohibido tocar un bisturí. 
Finalmente, por favor, no empleemos para todo y para cualquier cosa la palabra de moda- ética- cuando tiene un sentido muy específico y puede ser ventajosamente sustituida en la mayoría de los casos por un término mucho más apropiado. 
En cuanto a incluir en esta directiva, como pretendería la enmienda 22, que suprime el excelente artículo 5, los productos farmacéuticos ya afectados además por otra directiva, sería dar un golpe mortal a la investigación de nuevos medicamentos por otro lado indispensables en el tratamiento de muchas y graves enfermedades. 
Así, para concluir, a condición de exigir: 1) Un expediente informativo completo antes de cualquier autorización de puesta en el mercado; 2) una política enérgica de etiquetado; 3) una rastreabilidad, un seguimiento y una evaluación detallada de las ventajas y de los riesgos, mucho más que el principio de precaución en cada estadio, una responsabilidad de los productores sobre cualquier daño sufrido por las personas y los bienes, por supuesto, una retirada del mercado en caso de alarma, hemos de autorizar el cultivo de los OGM con vistas a su comercialización en el seno de la Unión Europea, con el fin de no penalizar a nuestros Estados miembros y no dar ventaja a algunos países, como los Estados Unidos, que producen y consumen productos genéticamente modificados, productos que invaden e invadirán cada vez más nuestro mercado comunitario. 
Hemos de continuar, claro es, asegurándonos de que estos productos no suponen un peligro para la salud humana, ni para el medio ambiente, apoyándonos en los dictámenes repetidos y regulares de comités científicos apropiados y competentes. 
Señor Presidente, desde 1990, año de la adopción de la directiva actual, el contexto ha cambiado fuertemente en lo que respecta a los OGM y su liberación. 
En primer lugar, la incertidumbre científica y creciente sobre la naturaleza y amplitud de los riesgos. 
En segundo lugar, para algunas categorías de OGM, se ha revelado la existencia de riesgos potenciales graves o irreversibles. 
En tercer lugar, por mucho que le pese al Sr. Cabrol, el principio de precaución ha adquirido un estatuto jurídico y político que hace de él un principio básico de la legislación europea. 
Es preciso por tanto adaptar la directiva a este nuevo contexto. 
La propuesta de la Comisión no va en este sentido. Responde más bien a una voluntad de acelerar los procedimientos de autorización y de facilitar el comercio internacional. 
Nada justifica, en efecto, la adopción de un procedimiento simplificado para la puesta en el mercado de nuevos OGM sobre la base de una pretendida equivalencia con los OGM existentes. 
Este concepto de equivalencia no tiene además ninguna base científica seria. 
Este procedimiento abre de hecho la puerta a un reconocimiento mutuo de las normas que facilitará una entrada acelerada de los productos autorizados en Estados Unidos en el mercado europeo. 
También, consideramos que algunas categorías de OGM, que presentan riesgos especialmente graves para el medio ambiente o la salud, deberían ser eliminados y no se deberían liberalizar. 
Se trata, en especial, de los que presentan un gen resistente a los antibióticos, de los que liberan toxinas nefastas para la fauna útil y de los que son susceptibles de cruce con especies emparentadas salvajes o cultivadas. 
Hemos presentado ocho enmiendas fundamentales y esperamos que se tomen en consideración por esta Asamblea. 
La votación de nuestro Grupo está determinada por el destino que se les reserve. 
Señor Presidente, hay quien dice que sin modificación genética, la producción alimentaria mundial no se mantendría a sus niveles necesarios. 
Si cotejo esa visión con la historia del gen Terminator, me surgen serias dudas. 
Haciendo semillas sin capacidad reproductora, las empresas occidentales podrán conseguir que los países en vías de desarrollo se hagan dependientes de sus suministros de cereales. 
Así pues, el desigual reparto de la alimentación se mantiene igual, incluso con organismos genéticamente modificados. 
Este ejemplo demuestra que nuestra discusión sobre los OGM no debe limitarse a las consecuencias a largo plazo sobre la salud y la seguridad del consumidor. 
Pasaríamos por alto las cuestiones realmente cruciales. 
Yo creo que la realidad la hizo Dios. 
Por lo tanto, rechazo una simple reducción de la planta y del animal a unos factores de producción manipulables. 
Como seres humanos no somos gobernadores, sino administradores. 
A partir de ese principio debemos definir nuestro punto de vista sobre la introducción de los OGM. 
Más concretamente esto significa que mantendremos estrictamente el principio de precaución. El ponente, con razón llama la atención sobre esto. 
Desde una postura fundamentalmente ética, estoy completamente de acuerdo. 
En la Comisión de Medio Ambiente he intentado ampliar mediante unas enmiendas la evaluación del riesgo con algunos aspectos éticos. Por desgracia no había base suficiente para ello. 
Afortunadamente hay algunas propuestas del ponente que a las personas con objeciones éticas les da la libertad de elegir productos con OGM. 
La información sobre la presencia de los OGM mediante un claro etiquetado y el mantenimiento de una línea de productos libres de OGM lo considero muy importante. 
Señor Presidente, hay un refrán ladino de las montañas, no muy lejos de su propia región que dice: Qui va prudan ', va sicur' e lontan '. 
En mi idioma esto significa: Quien actúa con prudencia, va con seguridad y llega lejos. 
Creo que este es un lema que el ponente, a quien quiero felicitar por su trabajo, ha tenido en cuenta en sus propuestas. 
En una serie de puntos ha hecho más precisa, esmerada y segura la propuesta de la Comisión. 
Creo que es necesario proseguir así en un campo en el que aún no disponemos de las necesarias experiencias. 
No tengo tiempo para referirme a cada punto en concreto, por lo que sólo voy a comentar algunos pocos que son para mí de gran importancia. 
Me parece muy importante que esté de nuevo contemplado el principio de previsión. 
Estamos obligados a ello- y creo que es aplicable a cualquier legislación- ya que en el Tratado de Amsterdam hemos establecido este principio. 
También me parece muy importante que en esta propuesta del Parlamento se prevean más posibilidades de información, de inclusión de la opinión pública. 
También es muy importante que los productos y organismos modificados mediante ingeniería genética se puedan identificar para facilitar su retirada y para poder también evaluar mejor el riesgo. 
Se establece la valoración de los riesgos a largo plazo así como la posibilidad de que los Estados miembros planteen condiciones adicionales para campos sensibles ecológicamente. 
También considero muy importante- con lo que me sumo a la pregunta planteada por el Sr. ponente a la Sra. Comisaria- que no haya una autorización ilimitada sino limitada. 
En otros campos de la legislación medioambiental, tenemos el problema de que hay instalaciones que poseen una autorización ilimitada, con lo que pueden seguir aplicando unos valores límite antiguos y no tienen que adaptarse al estado de la técnica y esto en un momento en que tenemos una legislación totalmente diferente. 
Creo que por ello es necesaria la limitación. 
Sólo me gustaría plantear la pregunta a la señora Comisaria de si siete años es el tiempo adecuado o si existe otra cifra más apropiada. 
En la política de información, es importante poder decir a la opinión pública porqué se aprueba esto y no otra cosa. 
Espero que las y los colegas den mañana su aprobación a la hora de votar las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, de modo que podamos presentar al Consejo una propuesta que tenga en cuenta lo que prefiere el Parlamento, es decir, la previsión para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, yo creo que no podemos olvidar que esta propuesta es una modificación de otra propuesta anterior y, por lo tanto, hay ya una gran experiencia sobre ello en los Estados miembros y en la propia Comisión. 
Por lo tanto, tenemos que valorar muy positivamente algunas de las propuestas de mejora de lo que había anteriormente, como es el seguimiento obligatorio de los productos después de su comercialización, como es el establecer unos principios claros de evaluación de riesgos, clasificar las liberaciones de tipo experimental, la mejora de los procedimientos administrativos, la transparencia del proceso. 
Son todo mejoras y, por eso, no llego a entender bien muchas de las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Medio Ambiente, que parecen reflejar un excesivo celo de control. 
La biotecnología en general y las técnicas de manipulación genética son una gran esperanza para la humanidad y no una amenaza, y éste es el mensaje que debe llegar a toda la sociedad. 
Y tenemos que desterrar toda mentalidad acientífica en este tema. 
Tampoco podemos aceptar que se pretendan disfrazar fundamentalismos de carácter político bajo el manto de las implicaciones éticas. 
No podemos olvidar que las leyes de patentes ya contemplan la dimensión ética y el orden público antes de conceder una patente y que los criterios socioeconómicos los hemos desechado siempre en la aprobación de la salida al mercado de cualquier producto. 
Es un puro voluntarismo político. 
Con lo dicho queda claro que apoyo los puntos esenciales de la propuesta de la Comisión, que me parece equilibrada, y que votaré en contra de muchas de las enmiendas que se han presentado. 
Señor Presidente, me parecen muy satisfactorias las restricciones que presenta esta nueva directiva, que aborda- al igual que el informe del Sr. Bowe- una serie de importantes cuestiones. 
Sin embargo, la directiva pasa por alto un punto estratégico de la mayor importancia como es el hecho de que los ciudadanos europeos están mucho más preocupados por los organismos modificados genéticamente y por sus posibles efectos que las poblaciones de otros sitios y, en especial, la de América del Norte. 
Lo que falla en las recomendaciones y en esta directiva son las disposiciones para la aplicación por parte de los Estados miembros de unas moratorias que no se basan necesariamente en opiniones estrictamente científicas. 
Lo que a mí me gustaría ver con motivo de la segunda lectura de la presente directiva es una disposición que permita a los Estados miembros, cuando menos, aplazar las moratorias de cinco años mientras se estén llevando a cabo actividades de investigación. 
Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que me brinda para contribuir brevemente a este debate. 
La investigación genética tiene mucho que ofrecer a la humanidad aliviando enfermedades, mejorando la seguridad y la calidad de los alimentos, así como en el ámbito de la protección medioambiental. 
Resulta comprensible la gran preocupación que se ha suscitado en torno a esta ciencia nueva y en expansión. 
Estas inquietudes se deben, entre otros motivos, a la inexistencia de un etiquetado de los productos, las repercusiones medioambientales, los indicadores de antibióticos que se utilizan en el proceso de selección y las consideraciones de orden ético, moral y social. 
Estas cuestiones precisan un debate al respecto, y tanto los consumidores como la opinión pública en general han de estar muy atentos. 
Por lo que respecta a la seguridad de los alimentos, desearía expresar una vez más mi opinión de que únicamente se debe permitir la incorporación en la cadena alimenticia de alimentos modificados genéticamente después de que hayan superado las pruebas más rigurosas y cuando los consumidores dispongan de información detallada al respecto. 
Hay que ofrecer al consumidor claridad a la hora de elegir en todo momento. 
No obstante, sería un error privar a la agricultura de los beneficios que brindan las investigaciones más modernas. 
Si actuáramos en este sentido, estaríamos atando las manos a la industria en unos momentos en que los países exportadores de productos agrícolas, como por ejemplo el mío propio, Irlanda, deben ganar cada vez más en competitividad. 
Un uso selectivo de las investigaciones genéticas contribuiría a potenciar la imagen verde de mi país y permitiría una reducción del uso de fertilizantes y pesticidas. 
Señor Presidente, me ha alegrado mucho que el Sr. Bowe nos haya hecho caso en la cuestión de la responsabilidad. 
Espero no tener que desconfiar después de haber escuchado la intervención del Sr. Liese. También espero que no suprimamos la póliza de seguro, pues de lo contrario, la responsabilidad sería una broma. 
Cualquiera diría que estamos locos si mañana dijésemos que los conductores de vehículos pueden circular sin seguro. 
Aún más arriesgado es exigir sólo la responsabilidad por una tecnología de riesgo pero no hacer obligatoria una póliza de seguro. 
Espero que mañana celebremos una votación que demuestre la responsabilidad del Parlamento Europeo. 
Me alegra que se haya planteado también la exigencia de que los Estados miembros puedan imponer moratorias. 
Precisamente esta enmienda la hemos presentado nosotros inútilmente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Esperamos que mañana puedan dar su voto favorable y mandemos la señal de que nos tomamos en serio los alarmantes resultados de la ciencia. 
Un procedimiento simplificado es irresponsable, exactamente igual que la Categoría I y el procedimiento pluriestatal. 
Pero lo que me parece el colmo de la irresponsabilidad es el plazo de doce años cuando existan dudas. 
Esto es un cinismo descarnado. 
Significa que declaramos casi a las personas y a la Naturaleza como objeto de ensayo. 
Esencial para nosotros es que se produzca una prohibición de la resistencia a los antibióticos pues, de lo contrario, seremos testigos de una catástrofe terapéutica y que adoptemos las medidas necesarias para que las plantas de alto riesgo, es decir, aquellas que se pueden cruzar, no lo puedan hacer realmente... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora). 
Señor Presidente, las aplicaciones de los organismos modificados genéticamente son muy amplias en importantes sectores de la vida humana, desde la medicina y la protección del medio ambiente hasta la agricultura y la alimentación. 
Es natural que el ciudadano se pregunte cómo podemos garantizar que el explosivo ritmo de desarrollo de este tipo de adelantos no supere nuestra capacidad de regular las cuestiones que surjan si menospreciamos la seguridad de la sociedad y la de los ecosistemas. 
Valorando de forma global todos esos factores, la Comunidad había promulgado la Directiva 90/220 que fue aplicada por primera vez en 1991. 
A pesar de ello, la experiencia ha impuesto su revisión. 
Hoy nos encontramos ante la votación en el Parlamento de la directiva revisada y aquí quisiera agradecer a nuestro ponente, el Sr. Bowe, la labor que ha desarrollado. 
A través de mis dos enmiendas quise esclarecer la relación del hombre con los organismos modificados genéticamente porque la definición de la palabra organismo en el texto de Comisión Europea está formulada de tal manera que incluye también al hombre. 
Mis enmiendas 9 y 10 aclaran ese punto y permiten la utilización de genes humanos para transferir y reproducir organismos modificados genéticamente para poder producir sustancias útiles, tales como la insulina humana y otras biomoléculas humanas. 
De forma paralela, a través de mi segunda enmienda, excluyo al hombre como receptor de materiales genéticos, que podría llevar a la creación de humanos genéticamente modificados, algo que no puede ser aceptado por razones científicas, éticas, sociales y jurídicas. 
Debemos concienciarnos de que los organismos modificados genéticamente y la biotecnología no son una panacea ni económica ni universal pero tampoco son la caja de Pandora. 
Representan, sin embargo, una potencialidad, una fuerza que nos brinda oportunidades fantásticas si la utilizamos con prudencia y responsabilidad. 
Algo que nos brinda la oportunidad de luchar de modo más eficaz en todo el mundo contra la catástrofe ocasionada al medio ambiente por todo tipo de acciones contaminantes, contra la desgracia que producen las enfermedades al hombre y contra la degradación que ocasiona el hambre en la sociedad. 
Señor Presidente, yo encuentro que los organismos modificados genéticamente imponen muchas exigencias de carácter básico. 
En primer lugar, aumentan los requerimientos referentes a los alimentos y su pureza. 
La gente se hace más consciente y se debaten los antibióticos, la salmonella y los aditivos. 
En segundo lugar, el consumidor tiene que poder elegir; es él o ella quien tendrá que elegir. 
Por eso se necesita un etiquetado general. 
Ésta es una exigencia de carácter perentorio. 
En tercer lugar, tienen que existir estudios sobre las consecuencias éticas y medioambientales. 
Las mieses que se han hecho resistentes a los pesticidas tienen que ser prohibidas. 
En cuarto lugar, se necesitan normas tanto comunitarias como internacionales acerca de los requerimientos de seguridad que se deberán cumplir para la obtención de autorizaciones. 
Es obvio que en esas reglas se tendrán que estipular plazos, además de regularse la responsabilidad de los productores. 
Así he llegado al último punto, esto es, que los Estados miembros tienen que tener derecho a establecer reglas más severas y a adelantarse, por ejemplo, mediante moratorias. 
Señor Presidente, quisiera mostrar mi satisfacción por el informe Bowe y felicitar a su ponente, quien ha realizado una enorme labor acerca de esta cuestión. 
Resulta obviamente muy importante implantar una legislación que goce de la confianza de los ciudadanos europeos. 
Soy de las que consideran que los avances en materia de modificación genética pueden deparar unos enormes beneficios para la humanidad. 
Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, se han hecho oír más las voces de quienes abogan por posturas de precaución que las de quienes señalan las ventajas de estos avances. 
Naturalmente, los políticos no debemos reaccionar simplemente ante el grupo de interés que hable más alto, pero las inquietudes de la opinión pública acerca de los organismos modificados genéticamente han alcanzado tales cotas que resulta difícil encontrar ahora agricultores en mi país que estén dispuestos a cultivar estas cosechas de prueba en sus tierras. 
Desgraciadamente para los científicos involucrados en los estudios sobre los organismos modificados genéticamente, la opinión pública ha oído relativamente poco acerca de las ventajas de la tecnología en esta materia y mucho acerca de sus posibles inconvenientes. 
Se trata de un fallo de este debate que aún deberán corregir los científicos ante la opinión pública. 
La directiva ante la que nos encontramos va en la dirección correcta, y pensamos que permite un adecuado equilibrio entre, por una parte, la libertad de los científicos para innovar y comercializar los productos de sus innovaciones y, por la otra, el derecho de las autoridades públicas a insistir en los aspectos de seguridad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Liese en que un período de autorización de siete años es arbitrario y, por lo tanto, insatisfactorio. 
En primer lugar, si existieran dudas acerca de cualquier material modificado genéticamente, no se debería naturalmente permitir su producción. 
Sin embargo, existen determinadas enmiendas, como la número 68, que abogan por una mayor precaución y que, por lo tanto, cuentan con el respaldo de los conservadores británicos. 
A este respecto, nos hacemos eco de la reciente intervención de nuestro jefe de filas en el Parlamento británico en favor de una moratoria de tres años para la comercialización de cosechas modificadas genéticamente hasta que se haya llevado a cabo un mayor estudio de las consecuencias de esta comercialización, particularmente de cara a la diversidad biológica. 
Curiosamente, el Gobierno británico, que desgraciadamente no cuenta con la presencia del Sr. Bowe, ha pasado por alto los consejos de su propio organismo de protección de la naturaleza, Naturaleza de Inglaterra, negándose a acogerse a una moratoria de estas características. 
Y aún resulta más curioso que, según nuestras sospechas, el Sr. Bowe y el Sr. Collins estuvieron a punto de apoyar una moratoria de este tipo hasta que alguien acalló sus voces con una llamada de teléfono desde Londres. 
Así funcionan los principios del nuevo Partido Laborista británico. 
Señor Presidente, desearía intervenir por alusiones personales de conformidad con el artículo 108. 
He venido escuchando con atención lo que han dicho otros colegas en torno a la cuestión de una moratoria. 
He de decir en primer lugar que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y yo, como ponente, firmamos una solicitud para que la Comisión considerara la posibilidad de algún tipo de moratoria hasta que se adoptara la propuesta que estamos debatiendo hoy y se establecieran las garantías adecuadas. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas por la Sra. Breyer en nombre del Grupo de los Verdes hacen mención de una moratoria. 
Espero que alguien pueda decirme en cuál de las ocho enmiendas presentadas por la Sra. Breyer se solicita una moratoria. 
A mi juicio, en ninguna de ellas, y no entiendo por qué está diciendo que hay una cuando no es ése el caso. 
Finalmente, querría señalar que me ha sorprendido oír a la Sra. Breyer describir el plazo límite de doce años como algo horroroso, ¡habida cuenta de que la enmienda 75 de su propio Grupo exige un plazo límite máximo de doce años! 
Señor Presidente, respecto a los 12 años: la comisión ha exigido 12 años cuando existan dudas respecto a la seguridad. 
Me sorprende que el Sr. Liese aplauda pues es cínico sacar productos al mercado, de los que se sabe de antemano que plantean dudas. 
De este modo se hace de las personas y de la Naturaleza cobayas de ensayo. Lo que nosotros deseábamos eran programas de seguimiento antes de los siete años, es decir, que se marque un plazo pero que esos programas se apliquen ya antes. 
Por lo demás, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos presentado varias enmiendas, además de tres modos diferentes en lo que se refiere a la moratoria de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. El Grupo de los Socialistas Europeos lo ha rechazado. 
Ahora hemos presentado la enmienda nº 77 que invierte la carga de la prueba, es decir, que la Comisión tiene que demostrar lo contrario. 
Señora, no se trata de alusiones personales. 
Por tanto me veo obligado a retirarle la palabra. 
Señor Presidente, no es la primera vez que tengo oportunidad de debatir la cuestión de los organismos modificados genéticamente con el Parlamento. 
Lo hemos hecho en varias ocasiones y cada vez hemos descubierto más cosas sobre este campo, y ahora hemos logrado una legislación sobre esta cuestión. 
Me gustaría dar las gracias a los señores ponentes de las comisiones que se han encargado de este tema, y en particular al Sr. Bowe de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública. 
La directiva que ahora tramitamos trata- como se ha dicho también durante el debate de esta tarde- de hacer el proceso de decisión más efectivo y más transparente garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección sanitaria y medioambiental. 
De esta forma, es de esperar que la directiva aumente a largo plazo la confianza de la población en la legislación que toca este ámbito y creo, además, que este punto resulta absolutamente fundamental. 
En línea con el principio de cautela en materia de salud y medio ambiente, la propuesta pretende especialmente reforzar en primer lugar la evaluación de riesgos que debe efectuarse antes de autorizar la liberación intencional de los OMG y mejorar en segundo lugar las posibilidades de identificar y controlar los OMG para que las instancias responsables puedan reaccionar instantánea y convenientemente en caso de riesgo grave. 
En este orden de cosas, supone un motivo de alegría poder señalar que muchas de las enmiendas propuestas mejoran y clarifican la propuesta de la Comisión. 
En muchos casos podemos utilizar las ideas que subyacen bajo las enmiendas del Parlamento. 
Se aceptan completamente, parcialmente o en principio 44 de las 100 enmiendas. 
Entre otras, las enmiendas que tienen por fin la introducción de medios para la identificación de organismos modificados genéticamente facilitarán, pero no debilitarán, las medidas de control e inspección. 
Sin embargo, la Comisión va a cambiar ligeramente la redacción de estas enmiendas y también queremos cambiar algo su posición en el texto para que se adecuen mejor en general al resto del texto. 
La propuesta trata de responder el creciente escepticismo de la población ante la biotecnología, un punto al que han hecho referencia todos los oradores. 
La Comisión no acepta por ello las enmiendas que modifican el equilibrio y debilitan la red de seguridad introducidas en las propuestas, entre ellas, el principio relativo al carácter temporal de la autorización. 
En virtud de este principio, todas las nuevas informaciones serán consideradas y las condiciones podrán ser modificadas con arreglo al conocimiento existente. 
Hemos propuesto un período de siete años. El Sr. Bowe pensó que éste era mi número favorito y otros también preguntaron el motivo de estos siete años. 
Es evidente que existen diferentes posibilidades que también pueden defenderse. 
Lo hemos considerado como un punto intermedio entre el ciclo de vida habitual de los productos modificados genéticamente, las medidas de seguimiento que hemos propuesto y la necesidad de que los procedimientos administrativos para esta directiva con arreglo al principio de cautela sean claros, prácticos y tengan una base científica. 
Además, a esto me gustaría añadir que en cualquier caso creo personalmente que el período de siete años no debe ser prorrogado, lo cual quiere decir que rechazo una serie de enmiendas. 
Me refiero a las enmiendas 41, 45, 46 y 75. 
A la luz del debate que ha tenido lugar entre las diversas instituciones de la Comunidad, la Comisión, sin embargo, apoya un límite temporal facultativo para la renovación de autorizaciones. 
Al hilo de lo cual, la Comisión no acepta la enmienda 24, que pretende implantar el consentimiento tácito para la liberación experimental incluida en la categoría 1. En opinión de la Comisión, el principio de cautela obliga a exigir una autorización expresa por escrito en todos los casos de liberación en el medio ambiente. 
El etiquetado es uno de los medios que producen transparencia y reducen los reparos de la población. 
Por ello, la propuesta exige un etiquetado claro de todos los organismos modificados genéticamente que se comercialicen. 
Si existe alguna duda, el etiquetado debe indicar que el producto «puede contener organismos modificados genéticamente». 
Si introducimos un régimen en el cual no se exija el etiquetado por debajo de un determinado umbral, las empresas que elaboran organismos modificados genéticamente no tendrán los datos que precisan para poder cumplir los estrictos requisitos de etiquetado que la legislación de productos les impone. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 37, 67 y 76. 
Otra cuestión importante es la responsabilidad de los Estados miembros en relación con las decisiones relativas a la aprobación de productos. 
La Comisión ha propuesto en este punto modificar el procedimiento de comité para otorgar mayor influencia al Consejo. 
La participación del Parlamento Europeo en el procedimiento de comité se produce ahora en virtud del acuerdo de modus vivendi y- creo- será formalizada en una decisión sobre el nuevo procedimiento de comité. 
La enmienda 55 que pretende introducir cambios en el procedimiento de comité 3 B no puede ser aceptada por la Comisión en este momento. Las enmiendas 36 y 80 refuerzan la relación entre esta directiva y la legislación sobre productos y garantizan con ello que toda la legislación marco sobre biotecnología implique una exhaustiva evaluación de riesgos. 
En consecuencia, estas enmiendas pueden ser aceptadas en principio una vez hechos ciertos cambios en su redacción. 
La Comisión no puede aceptar en cambio la retirada o modificación del artículo 5 tal y como es propuesto en las enmiendas 2, 22 y 98. 
La cuestión de la responsabilidad presente en las enmiendas 7, 56 y 95 está siendo tramitada actualmente en la Comisión, la cual tiene en mente presentar un libro blanco sobre responsabilidad. 
Se han hecho avances en este campo y la Comisión presentará naturalmente su libro blanco lo antes posible. 
No podemos aceptar las enmiendas 19, 21 y 51 que pretender regular la importación y exportación de organismos modificados genéticamente. 
Estas enmiendas se adelantarían al diseño definitivo del protocolo sobre bioseguridad que actualmente se encuentra en tramitación. 
Me gustaría destacar también las enmiendas 27, 29 y 32 sobre las consultas al público en relación con la liberación experimental. 
La Comisión acepta en principio estas enmiendas, sin embargo, preferimos que sean redactadas de nuevo para garantizar su conformidad con el Convenio de Århus sobre la participación del público en el proceso de decisión. 
Las enmiendas 6 y 54 se aceptan en principio, pues confirman la posibilidad de que el Consejo y el Parlamento Europeo soliciten a la Comisión que consulte al Comité Ético problemas éticos generales con respecto a la liberación de organismos modificados genéticamente. 
Por último, me gustaría subrayar que aparte de la cuestión de la autorización temporal, las enmiendas que la Comisión ha aceptado total, parcialmente o en principio han desembocado en una clara mejora de la calidad de la propuesta. 
Un ejemplo de ello es la enmienda 14 que facilitará el control y el rastreo de los OMG. 
Mi opinión es que las enmiendas precisan y endurecen el texto de la Comisión creando de esta forma un marco razonable y realizable que permita alcanzar el alto nivel de seguridad que todos deseamos para la liberación intencional de organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, me parece inaceptable que la Comisaria se presente desde hace seis años ante nosotros afirmando que próximamente va a haber un Libro Blanco sobre la responsabilidad civil. 
Hace exactamente un año debatimos sobre la directiva 90/219 y exigimos también la introducción de una responsabilidad civil. 
La Sra. Comisaria dijo que en pocas semanas se iba a presentar un Libro Blanco. 
Pero un Libro Blanco no es una directiva. 
Han pasado seis años desde el Libro Verde. 
Señora Comisaria, lo que usted ha hecho lo considero paulatinamente como un insulto a nuestra inteligencia. 
Niega la responsabilidad civil dándonos largas durante seis años con una directiva horizontal. 
Me gustaría escuchar de usted ahora de modo vinculante porqué nos miente permanentemente y sobre todo porqué ha dicho que se iba a presentar un Libro Blanco en pocas semanas y porqué aún nos sigue dando largas. 
Significa que durante mucho tiempo no vamos a tener ninguna directiva, que va a durar aún años. 
Me pregunto dónde está la responsabilidad propia de la industria y de la ciencia. 
Me parece absolutamente irresponsable e inaceptable que siga dándonos largas de este modo. 
Tenía usted un minuto. 
De forma excepcional le di autorización para intervenir. 
Señora Comisaria, ¿desea responder? 
Señor Presidente, nos alejamos mucho de la auténtica propuesta, sin embargo, me gustaría subrayar que de ninguna forma le he prometido antes a la Sra. Breyer que habría una propuesta de directiva sobre responsabilidad. 
Hemos discutido la cuestión y trabajado en un libro blanco. 
Es una cuestión muy, muy complicada y que, además, provoca muchas reacciones de todo tipo, por lo que llevará tiempo sacar adelante una propuesta semejante. 
Por este motivo, he subrayado esta tarde que nos íbamos a esforzar para tenerla lista lo antes posible, sin embargo, la tramitación de la propuesta no ha concluido en la Comisión. 
La Sra. Breyer sabe perfectamente que éstas son las condiciones para la presentación de propuestas en el Parlamento. 
Señor Presidente, pido la palabra pues en la penúltima intervención de la Sra. Breyer he sido atacado personalmente y si se le concede de nuevo la palabra hay que aclararlo. 
Ha dicho que como nosotros estamos a favor de una limitación temporal facultativa, consideramos a las personas como cobayas. 
Esto es realmente absurdo. 
La situación es que la Comisión ve la necesidad de introducir una limitación temporal. 
Nosotros decimos que para ello tiene que haber motivos científicos. 
Si hay motivos científicos, entonces hay que hacerlo; es decir, no tiene nada que ver con cobayas. 
Hay también campos donde no existen estos motivos, donde no se pueden encontrar motivos científicos para los plazos y de esto es de lo que se trata. 
No se trata en absoluto de cobayas o similares sino de un modo de proceder adecuado ante un riesgo. 
Gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Se suspende la sesión durante unos minutos. 
La sesión, interrumpida a las 22.45 horas, se reanuda a las 22.48 horas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0051/99) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0358- C4-0639/97-97/0194 (SYN) ) relativa a los vehículos para desguace 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, entre ocho y nueve millones de vehículos usados son desguazados todos los años en la Comunidad Europea. 
Para ello son necesarias normas. 
Creo que ya es hora de que la Comisión Europea ponga manos a la obra. 
Me ha molestado algo que en un campo tan importante, no sólo desde un punto de vista medioambiental sino también económico, hayamos recibido una propuesta de la Comisión en la que no había anexos o en la que estos estaban vacíos. 
Sabemos que en los anexos es donde se regula de verdad. 
Normalmente, cosas similares las devolvemos. 
Pero en esta ocasión hemos puesto en marcha de este modo el ensayo. 
Creo que la directiva propuesta señala en una dirección correcta si bien en algunos puntos debe ser aún complementada. 
En otros puntos es muy estricta. 
En la comisión, hemos tratado los vehículos de dos y tres ruedas con una mayoría bastante grande en el sentido de que sólo nos queremos concentrar en el tratamiento de estos vehículos, al contrario que la Comisión, que quiere establecer más normas al respecto. El objetivo de esta directiva es que en el futuro los autos, una vez llegada su hora, solamente se puedan dar de baja presentando una prueba de su desguace, lo que a primera vista suena bien pero que, en mi opinión es aún algo difícil, al menos en algunos Estados miembros. 
El artículo 6 describe el tratamiento a dar a los vehículos viejos. Creo que también aquí hay que hacer algunas pequeñas precisiones pero en el fondo vamos a seguir también aquí a la Comisión. 
Otro punto que no entiendo del todo es la cuestión de cómo se van a distribuir en el futuro los costes en Europa. 
Señora Comisaria, usted ha recurrido a un enfoque algo anticuado y se ha referido a la ausencia de costes para el último usuario. 
Sin duda, esto suena muy interesante también para un político, en especial, si próximamente se van a celebrar elecciones. pero una ausencia de costes también para el usuario final no va a haber nunca. 
Eso es una falacia. 
Una ausencia de costes conduce automáticamente a monopolios y los monopolios- lo sabemos muy bien- conducen siempre a procesos de concentración y estos son siempre malos. 
Precisamente las pequeñas y medianas empresas que impulsamos y alabamos todos los días en nuestras intervenciones electorales son desplazadas en este campo fuera del mercado. 
Se pierden puestos de trabajo. 
La relación regional de nuestras gasolineras y de nuestros talleres de automóviles se ve menoscabada. Yo no voy a un representante de automóviles de lujo para dar de baja a mi coche sino que voy a mi vendedor, que vive en mi pueblo y que desde hace años hace para mí tales cosas. 
Creo que el enfoque es erróneo. 
Mi propuesta es encargar a los países miembros que, junto con los agentes económicos involucrados, es decir, el fabricante, el desguazador, el triturador, el último propietario, etc., desarrollen por su cuenta un sistema que conduzca lo más posible a una ausencia de costes, pero no par ordre du moufti. 
Creo que una regulación de seguros, similar a los de los automóviles, donde cada uno pague al mes un euro, sería una solución muy buena. 
Esto estaría contemplado en mi enmienda. 
Hay un segundo punto- en el que coincido de modo excepcional con usted y, señora Comisaria- en el que usted establece unos objetivos de desguace muy ambiciosos. 
Estos ambiciosos objetivos exigirán sin duda a la industria ciertos esfuerzos. Esto es positivo pues en Europa tenemos una enorme cantidad- cientos de miles, millones- de coches y queremos conservarlos. 
Pero precisamente porque queremos conservarlos, queremos también unas razonables cuotas de desguace. 
Creo que la comisión se ha equivocado en este aspecto. Ha aceptado una enmienda de un colega al que, por lo demás, aprecio mucho, y que prevé que hasta el año 2020 no se haga nada en absoluto. 
Si interpreto correctamente la enmienda, la industria del automóvil en el futuro sólo debe ocuparse de que no se sienten más pasajeros en el coche. Por lo demás puede colocar el coche en el triturador y hacer lo que quiera. 
Esto no es un mandato mediaombiental. 
Ustedes saben que yo me opongo plenamente a esto. 
Creo que el enfoque de la Comision es algo demasiado duro, pero se podría modificar algo y entonces la norma básica sería la correcta. 
Precisamente porque tenemos 9 millones de toneladas de chatarra de coches, necesitamos reglas para la cuestión del reciclado. 
Para este ridículamente pequeño paquete hemos puesto patas arriba a toda Europa y hemos hecho un reglamento de embalaje. 
Precisamente para este reglamento hacemos un «labeling» , la ponente está sentada detrás de mí. 
Así pues, si para una cosa tan pequeña se establece una cuota de reciclado, para 9 millones de toneladas de chatarra de coches tendremos que introducir también ciertas cuotas, además antes del año 2020. 
Creo que así no puede ser. 
Los lobbys están realizando un buen trabajo, pero los detendremos. 
Se puede discutir sobre la cuestión de la «prohibición de sustancias peligrosas». 
La Comisión ha presentado valores y parámetros que en mi opinión son muy tough. 
También aquí existe una enorme ampliación. 
Yo me quedaría con el principio de la Comisión y con proponer aquí un comité mixto entre la Dirección General III y la XII para que presente al cabo de tres años una propuesta crítica, científicamente fundamentada, sobre si estas estrictas reglas tienen que seguir existiendo y ejecutándose. 
Sé que es un sacrilegio pedir que se sienten en una mesa a la DG III y la XII, pero en el fondo creo que no sería tan malo. 
Existe el deseo de prohibir el PVC. 
No puedo enjuiciarlo. 
No soy un experto en química. 
Pero si el PVC es peligroso, todo este tinglado tiene que prohibirse en una directiva horizontal y no debe estigmatizarse en una directiva secundaria aislada. 
Señora Bjerregaard, usted es la llamada a hacerlo. 
Sé que tiene unos colegas de gran peso que retardan algo todo esto. Usted debe desarrollar esta directiva horizontal. 
Si hay países miembros que eliminan sus coches viejos de conformidad con los objetivos de las directivas europeas, entonces, si son controlables, deberíamos conceder a los países la posibilidad de llevar a cabo acuerdos voluntarios. 
Las normas provenientes de arriba son siempre la segunda opción mejor. 
Señor Presidente, me corresponde a mí defender en este debate los puntos de vista de la comisión que se ofreció a elaborar una opinión para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. He de decir que esta opinión ha sido muy bien recibida y desearía dar las gracias al ponente y a los miembros de la comisión por haber aceptado muchas de nuestras enmiendas. 
Por consiguiente, me gustaría recomendar en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial el presente informe al Parlamento. 
Por lo que respecta al informe, no debemos plantearnos únicamente la importancia de las ideas que ha expresado el Sr. Florenz acerca del reciclaje, a pesar de que cuenten con nuestro apoyo. Tiene toda la razón: los automóviles generan cada año muchas toneladas de residuos. 
Una gran parte de estos residuos no son metales y ha de ser tratada en condiciones muy difíciles. 
Lo que necesitamos es un enfoque serio y adecuado ante este problema. 
No cabe la menor duda de que ello introduciría un mayor orden en el mercado, un mercado en el que el reciclaje no se llevaría a cabo en el tradicional desguace al que estamos acostumbrados, sino en adecuadas instalaciones de reciclaje que crearían unos puestos de trabajo tan necesarios en muchas regiones de la Unión. De esta manera se aislarían los metales y el resto de las sustancias procedentes de los automóviles y se haría un buen uso de ellos desde un punto de vista económico. 
Hay dos cuestiones que no podemos pasar por alto y sobre las que debemos seguir insistiendo ante este Parlamento. 
La primera de ellas se relaciona con el acero con plomo. 
Tenemos ante nosotros esta tarde algunas enmiendas que reconocen las dificultades que entraña la extracción por completo de determinados metales de los coches. 
Espero que apoyemos hoy estas enmiendas para garantizar que el reciclaje de los automóviles se lleva a cabo de una manera respetuosa con el medio ambiente que no precise un mayor gasto energético que el que sería necesario si debiéramos extraer todos los metales que menciona la Comisión. 
Además, quisiera señalar que, a efectos del consumidor final, es muy importante que la devolución sea gratuita, aunque quizás incluso se podría devolver al consumidor el depósito efectuado. 
Esto es algo muy importante si deseamos garantizar el funcionamiento eficaz del sistema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, creo que con esta directiva defendemos dos grandes objetivos. 
En primer lugar, queremos alcanzar una eliminación adecuada de estos ocho millones de vehículos y, en segundo lugar, queremos llevar el menor número posible a los vertederos. 
La cuestión es cómo se puede lograr esto. 
Por un lado, queremos garantizar la recogida gratuita para el último propietario. 
Por varios motivos, entre ellos, naturalmente, por motivos sociales. 
No puede admitirse que solamente recaigan sobre el último las cargas. 
Este coche lo han utilizado muchos; muchos han conducido con él. 
Los fabricantes, naturalmente, lo han vendido por lo que han tenido también una utilidad del mismo. 
Así pues, si tenemos esto en cuenta, debemos distribuir la utilidad justamente entre todos y no cargar todo sobre el último. 
Por ello digo, ausencia de costes para el último propietario. 
El cómo lo hagan los Estados miembros es asunto suyo. 
Está el modelo holandés, el alemán, el francés. No quiero imponer ninguno. 
Para mi se trata del principio. 
Y también por un segundo motivo: ¿qué pasa hoy en los países en los que el desguace no es gratuito? 
Los coches viejos se almacenan ilegalmente o se exportan al Este. 
En la República Federal de Alemania, aproximadamente el 50 % de todos los coches viejos son transportados al Este en una especie de éxodo. 
No puede ser esta nuestra política de eliminación de residuos. 
Por ello, para mí está muy claro que hay que introducir la gratuidad. 
No va tampoco a ocasionar la muerte de pequeñas y medianas empresas. 
¿Qué es lo que hace la industria del automóvil en los servicios, en los contratos de suministro? 
Los saca a licitación y existe competencia. 
Exactamente igual va a ocurrir con el desguace de vehículos. 
Sin embargo- y este es mi segundo punto -, debemos diferenciar entre coches nuevos y viejos. 
No podemos exigir de un auto que fue fabricado hace 20 años que cumpla los requisitos de hoy. 
Sería exactamente igual como si en la legislación sobre los gases de escape dijésemos que un coche de 20 años tiene que cumplir la euronorma 4 para el 2005. 
Por ello, para los coches viejos debemos garantizar que el menor número de ellos vaya a parar al vertedero, pero no podemos decir en absoluto qué cuota se va reciclar y el cómo. 
Veámoslo prácticamente: un coche es llevado al triturador y tras pasar por el mismo lo máximo que se puede determinar es el peso antes y después de la operación, pero no cómo se usan los diversos materiales. 
Esto es totalmente absurdo. Precisamente aquellos que siempre critican la burocracia establecerían un gigantesco sistema de supervisión para los coches viejos que no se podría controlar. 
Creo que sólo debemos acordar lo que podemos garantizar y comprobar. 
Es decir, para los coches viejos, una limitación de los materiales que pueden ir a parar al vertedero, pero no una subcuota sobre cómo pueden emplearse. 
Pero para los coches nuevos necesitamos un ambicioso sistema con el objetivo de que se puedan reciclar al máximo. 
Por ello, estoy a favor de una autorización tipo que prescriba esa cuota. 
Esto se podrá entonces comprobar, al igual que hacemos en los ensayos de choques o en las emisiones de gases. 
En el caso de los vehículos nuevos deben aplicarse unos requerimientos más estrictos para la reutilización y el reciclaje. 
La cuestión de la aplicación es también decisiva. 
El colega Florenz viene y dice con total candidez que queremos debilitar todo esto y que solamente se aplique a partir del 2020. 
¡Esto es un sin sentido total, Karlheinz! 
Decimos que la directiva debe aplicarse inmediatamente, a demás a todos los coches. 
Independientemente de cómo hayan sido mantenidos y qué piezas de repuesto se hayan montado, todos los coches deben ser recogidos inmediata y gratuitamente para ser desguazados. 
No a partir del año 2005, como prevé su propuesta, señora Comisaria. 
Se trata pues de un endurecimiento. 
En segundo lugar, decimos que el control tipo a partir del 2005 prescribe exactamente qué nivel de reciclaje deben tener los coches nuevos. 
Es decir, un nuevo endurecimiento de esta legislación. 
Por ello, Karlheinz, dicho suavemente, no es cierto lo que dices de que queremos suavizar aspectos de estas propuestas de la Comisión. No es así. 
Nosotros establecemos otro sistema. 
Pero estoy totalmente seguro de que endurecemos la propuesta de la Comisión en el sentido de la protección del medio ambiente y del consumidor y que la llevamos en la dirección correcta. 
Está totalmente claro que en las cuestiones de los metales pesados necesitamos claridad, por lo que decimos ahora y para siempre en qué sectores queremos metales pesados y en cuáles no. 
Señor Presidente, estamos aquí para discutir sobre una directiva que es particularmente importante y que nos afecta a todos como usuarios de vehículos automóviles. 
No voy a retomar los puntos que han desarrollado mis colegas, el Sr. Florenz y el Sr. Lange. 
Me conformaré con insistir en dos o tres puntos que me parecen esenciales. 
En primer lugar, algunos solicitan la prohibición del PVC. 
Seamos coherentes. 
Pedir la prohibición del PVC entra en total contradicción con lo que hemos pedido recientemente a los constructores de automóviles, es decir, construir vehículos que consuman menos y, por tanto, limitar las emisiones. 
Ahora bien, sabemos muy bien que, si esos vehículos no pueden utilizar PVC, serán más pesados y, evidentemente, consumirán más. 
Por el contrario, estoy totalmente de acuerdo en apoyar la enmienda 34 del Sr. Lange ya que creo que es importante efectivamente hacer la distinción entre los viejos vehículos homologados antes del 2005 y los vehículos nuevos homologados después del 2005. 
Los constructores de automóviles al menos sabrán, a partir del 2005, cuáles son las obligaciones que les afectan. 
Finalmente, me parece indispensable recurrir a una evaluación de los riesgos relativa a los materiales y las sustancias que figuran en el anexo II. Creo que sería preferible proceder a la evaluación de esos riesgos y si existe efectivamente un riesgo, en ese momento convendrá volver sobre los supuestos de excepción que hubieran podido aprobarse. 
Ello permitiría, en ese caso, establecer un buen equilibrio entre el medio ambiente y la industria. 
Éstos son, en resumen, los puntos que me parecen más esenciales para intentar resolver un problema que afecta a toda nuestra sociedad industrial. 
Deseo verdaderamente que puedan encontrarse las soluciones adecuadas al problema de los restos de los que todo el mundo habla. 
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que decir que ésta es una propuesta de directiva muy buena. Florenz ha hecho un gran trabajo, aunque realmente aprecio más otros trabajos de Florenz, en otras materias. 
Tal vez él no ha sido tan exigente en esto como acostumbra a serlo en otros contextos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha hecho esta directiva más severa y espero, realmente, que la Comisión la tome en cuenta. 
Quisiera destacar algunos principios. 
Es evidente que para los vehículos también tiene que haber una especie de responsabilidad del productor. 
Por eso es razonable que sea el productor quien tenga la responsabilidad principal. 
No hay nadie más que el consumidor para pagar; es siempre el consumidor quien tiene que pagar. Sin embargo, el último consumidor no debe pagar este coste, sino que debe ser gratis el poder deshacerse de un coche viejo. 
Yo creo que esto es necesario para que funcione. 
Se necesitan cuotas y normas que regulen lo que puede volver a usarse y de qué maneras. 
En cuanto a los coches nuevos, es importante que, tan pronto como sea posible, establezcamos reglas muy rigurosas. 
Sabemos que la industria a menudo dice que esto es imposible, difícil o caro, pero es posible imponer normas más severas. 
La industria ha demostrado, en muchos contextos, que puede adaptarse a esos requerimientos. 
Tenemos que eliminar todos los materiales que dañan el ambiente a la hora de desguazar los coches como, por ejemplo, el plomo, el mercurio, el cromo y el cadmio; esto es obvio y debe hacerse. 
Mi Grupo y yo opinamos que esto también debe valer para el cloruro de polivinilo, ya que no es posible explicar a la gente que queremos eliminarlo pero que lo permitimos en los coches solamente porque estamos esperando una directiva horizontal. 
Esto no se puede explicar a la gente; tal vez son sólo los políticos quienes lo entienden. 
Por eso, opino que también se le debe incluir en este contexto. 
Señor Presidente, este proyecto de directiva es una suerte para el medio ambiente pues ya desde hace mucho tiempo era necesario establecer la responsabilidad del fabricante y también ya era hora de aplicar el principio de evitación de residuos al sector del automóvil. 
Me alegra que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se haya pronunciado también a favor de la gratuidad para el último propietario. 
Me parece muy lamentable que el Sr. Florenz haya expuesto aquí su opinión personal y no la de la Comisión de Medio Ambiente. 
Espero que los colegas se afirmen mañana en su enmienda que contiene la prohibición del PVC a partir del año 2005. 
Es lamentable tener que escuchar aquí que por lo visto está planeado caer mañana de rodillas ante la industria del PVC. 
Señora Grossetête y otros colegas, nosotros no queremos prohibir el plástico. Lo que queremos es prohibir el PVC debido al empleo de cloro. 
Hay incluso plástico biológico, hay otros materiales de plástico. El argumento que ha expuesto es totalmente absurdo. 
(El Presidente retira la palabra a la oradora). 
Señor Presidente, los problemas que suponen los coches dados de baja para desguace obedecen principalmente al modo como son producidos. 
Por ello debemos garantizar tanto la reutilización de los componentes del automóvil como la no utilización de sustancias especialmente peligrosas en la nueva generación de automóviles. Con ello, abordamos el tema del PVC. 
Como a otros diputados, me asombra lo que la Comisión quiere hacer con el PVC. Como sabemos, el PVC no es la palabra clave del futuro, aunque la industria del PVC trate de presentar en documentos que nos ha remitido, por ejemplo, el plan de acción sueco de una forma tal que uno creería que los suecos consideran el PVC un artículo sanitario y piensan que su presencia debería ser mayor en nuestras vidas. 
No es lo que piensan. El PVC tiene gran utilidad, sin embargo plantea problemas medioambientales a la hora de su destrucción. 
Además, el PVC produce una cantidad de residuos tras su combustión superior a la cantidad enviada a la incineradora. La combustión de PVC produce dioxinas, una de las sustancias tóxicas más peligrosas para la salud que existen. 
Además, los blanqueadores del PVC, los llamados ftalatos, son sospechosos de comportarse como hormonas y a la hora de efectuar futuras modificaciones a la legislación debemos respetar el principio de cautela. 
Cada vez que el PVC aparece incluido en una propuesta de directiva, nos enteramos de que este problema precisamente no puede contemplarse de manera aislada o verticalmente, sino que hay que verlo de modo global u horizontalmente y que la Comisión hará el trabajo de reflexión por nosotros. 
Así lo ha querido, por lo que yo sé, desde los años 80. 
Hoy la Comisión ha de decirnos cuándo adoptará una iniciativa en el campo del PVC, pues esto influirá en el sentido en que votemos mañana. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Florenz pues la reutilización debería estar realmente en primer plano, pero quiero pronunciar un no absoluto a la prohibición del PVC pues no tenemos aún unas alternativas factibles. 
La inclusión de piezas usadas procedentes de las reparaciones afectaría a la totalidad de la eliminación de residuos de los talleres y esto no tiene nada que ver con la directiva. 
La obligación de recogida gratuita destruiría también las fuerzas del mercado y, sobre todo, excluiría a las empresas existentes de la cadena de reutilización y crearía unos costosos obstáculos burocráticos al comercio. 
Respecto a la enmienda nº 42 quiero decir que se trata de una señal positiva para acuerdos de medio ambiente, pues el mantenimiento de muchos acuerdos sobre vehículos usados en Europa se centra en pocos artículos. 
Respecto a la enmienda nº 44, el anexo técnico está en mi opinión demasiado detallado y contiene también disposiciones contrarias al sentido general. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo al Sr. Florenz el trabajo realizado por la Comisión de Medio Ambiente con esta importante y compleja propuesta. 
La Comisión de Medio Ambiente ha presentado 45 enmiendas, lo que sumando las 16 nuevas enmiendas hace un total de 61 enmiendas. 
Algunas de las enmiendas precisan o mejoran la propuesta y ya puedo decir que la Comisión acepta 20 de ellas total o parcialmente. 
Hay también otras enmiendas que debilitan la propuesta de la Comisión y reducen el nivel de protección medioambiental. 
En este punto pienso en temas como la responsabilidad del fabricante, los objetivos de recuperación y el ámbito de aplicación y la entrada en vigor de la propuesta. 
Estos elementos son fundamentales en la propuesta de la Comisión y no podemos aceptar que se vean debilitados. 
Voy a comentar agrupadamente las numerosas enmiendas. 
Permítanme comenzar con el ámbito de aplicación de la propuesta. 
En este punto deseo llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, que afecta a las enmiendas 9, 14 y la segunda parte de la 17, versa sobre los vehículos antiguos. 
De ninguna forma creemos que los vehículos antiguos que se conservan en museos o en manos particulares sean residuos. 
Por ello no quedan incluidos dentro de la propuesta, aunque podemos hacer que quede más claro dentro de la propia propuesta. 
Luego está la propuesta sobre si esto es valedero para los vehículos de dos y tres ruedas. 
También hemos considerado esto y creemos que sólo los vehículos deben quedar excluidos de los artículos 4 y 7 de la propuesta. 
La enmienda 18 entraña que los vehículos de dos y tres ruedas queden fuera de todos los demás artículos con la excepción del artículo 6, a lo cual no podemos sumarnos. 
Luego están los metales pesados y el PVC. 
En la propuesta, la Comisión ha optado por exigir la retirada de algunos de los metales pesados de los automóviles, antes de proceder a su reutilización, y veo que la Comisión de Medio Ambiente aboga por una clara eliminación de tales metales pesados y por una lista de las desviaciones que pueden ser modificadas en el procedimiento de comité. 
Desgraciadamente, he de adoptar ciertas reservas ante este punto y por ello no puedo sumarme a las enmiendas 20, 21, 45, 56 y 59; la Sra. Jensen tenía toda la razón al decir que mi respuesta sobre el PVC iría en dirección a que actualmente estamos trabajando en una iniciativa horizontal, por lo que no puedo aceptar las enmiendas 8, 19 y 21. 
Luego está la cuestión de la recogida y retirada de los vehículos para desguace. 
En este punto la Comisión acepta las enmiendas 24, 28 y 29 que clarifican el texto, sin embargo, no podemos aceptar las enmiendas 26 y 27, mientras que las enmiendas 22 y 23 precisan una cuidadosa reflexión. 
Por ello hoy no las aceptamos. 
Me gustaría subrayar que tanto la retirada gratuita como el principio relativo a la responsabilidad del productor, que también ha desempeñado un importante papel en el debate de hoy, son elementos importantísimos a la hora de hacer la producción y el consumo más sostenibles a largo plazo. 
Ésta es también la razón de que no podamos aceptar la enmienda 25 o las enmiendas 46 y 54, mientras que nos sumamos a la enmienda 43. 
En lo que respecta al reciclaje, reutilización y recuperación de los vehículos para desguace, la Comisión no puede aceptar la enmienda 34, puesto que eliminaría el objetivo de recuperación a corto plazo. 
Luego está la enmienda 61 que hace los objetivos menos claros y la enmienda 53 que representa un serio obstáculo a la hora de alcanzar los objetivos a largo plazo y que tampoco puede aceptarse. 
No aceptamos las enmiendas 49 y 50, que dificultarían el seguimiento del cumplimiento de los objetivos cuantificados, sin embargo, aceptamos en cambio las enmiendas 57 y 58. 
También están las enmiendas relativas a la entrada en vigor de la propuesta y finalmente la cuestión de los acuerdos sobre medio ambiente, que no podemos aceptar en el momento actual. 
En este sentido, debo señalar entre paréntesis que se trataba de un debate completamente diferente, ya que debatíamos otra propuesta de la Comisión de Medio Ambiente sobre acuerdos voluntarios. 
Espero que en las próximas negociaciones sea posible hallar una solución de compromiso en la que se llegue a un equilibrio entre las consideraciones de índole medioambiental, la atención al consumidor y la atención a la industria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Medidas unilaterales de EE.UU. contra el régimen de exportación de plátanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales siguientes: 
Señor Presidente, yo quería señalar que las medidas acordadas por Estados Unidos, los problemas suscitados en la aplicación del Reglamento de la OCM del plátano y los conflictos surgidos en torno al mismo nos obligan a reflexionar sobre dos cuestiones básicas. 
Primero, la necesidad de que la Unión defienda su legalidad interna, expresión de su autonomía agredida por normas, como la sección 301, aplicadas extraterritorialmente y con las que se pretende defender intereses, no derechos. 
Segundo, la necesidad de garantizar la eficacia de los procedimientos de arbitraje, cuya autoridad ha sido esgrimida contra la Unión y que ahora, circunstancialmente, son puestos en cuestión por medidas unilaterales proteccionistas. 
Ambas cuestiones nos llevan a concluir que nos hallamos ante una política de apertura de mercados sin reciprocidad y en provecho de los norteamericanos. 
Los mercados europeos no sólo tienen que abrirse a los productos de Estados Unidos, sino que tienen que abrirse en las condiciones que Estados Unidos dicte. 
Tendremos que reflexionar para mantener la autonomía legislativa de la Unión, -en este caso, la OCM del plátano es un símbolo. Lo que se pretende reivindicar es la autonomía de la Unión. 
Gracias, señora Sierra González, y gracias por haber respetado su tiempo de palabra. 
Recuerdo a nuestros colegas que debo ser especialmente intransigente esta tarde, para mantener el calendario. 
Señor Presidente, desde mi llegada a este Parlamento no he dejado de denunciar los ataques incesantes de los Estados Unidos contra la OCM «plátanos». 
A pesar de las drásticas concesiones que ha llevado a cabo la Unión Europea con ocasión de la reforma de la OCM, concesiones que hemos combatido ya de salida puesto que atentaban contra el principio fundamental de la preferencia comunitaria, este nuevo régimen sigue siendo objeto de hostigamiento por parte de Estados Unidos que sólo quieren el desmantelamiento puro y simple de la OCM. 
Las amenazas proferidas hoy por estos últimos con el mayor desprecio por las reglas que presiden el sistema del comercio multilateral se produjeron al día siguiente del lanzamiento de la asociación trasatlántica. 
Desde entonces, el Grupo Unión por Europa desea una réplica adecuada por parte de la Unión. 
En primer lugar, la Unión no podría en ningún caso ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos sin una decisión por las instancias competentes de la OCM y según los procedimientos en vigor que garantizan el pleno ejercicio del derecho a la defensa. 
Si, por casualidad, los Estados Unidos debieran privilegiar la vía unilateral, han de saber que arrostrarán una pesada responsabilidad en el debilitamiento del sistema comercial internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, no me hagan que entre hoy en detalles. 
Algunas cosas han sido ya tratadas por los colegas y parto del hecho de que muchos detalles van a ser mencionados por otros colegas que están presentes. 
Si las consecuencias de estos nuevos enfrentamientos con los Estados Unidos no fuesen tan serias, uno se podría divertir con este litigio sobre los plátanos, pero las consecuencias son muy serias y espero que en los próximos tiempos podamos llegar a una solución satisfactoria, de lo contrario, pondríamos en peligro seriamente las relaciones trasatlánticas. 
Me permito recordar que la Unión Europea y los Estados Unidos fueron los principales impulsores del procedimiento de arbitraje de litigios en el marco de la OMC. 
Quizás el procedimiento no sea perfecto en todos los puntos y tenga que desarrollarse, pero es el único instrumento que tenemos a nivel internacional para solucionar enfrentamientos comerciales. 
Los Estados Unidos dudan que la nueva OCM del plátano sea compatible con la OMC. 
Tienen derecho a hacerlo. 
Pero a lo que no tienen derecho es a realizar acciones multilaterales contra sus interlocutores comerciales y a imponer sanciones, como en este caso, absurdos aranceles del 100 % sobre mercancías provenientes de Estados miembros de la Unión Europea. 
No tienen derecho a pronunciar una sentencia por su propia cuenta. 
El proceder de los Estados Unidos daña considerablemente el procedimiento de arbitraje de litigios de la OMC. 
Dificulta considerablemente las negociaciones previas para la nueva ronda de la OMC y socava la confianza en el proceso de cooperación trasatlántica. 
Surge la impresión como si las actuaciones comerciales norteamericanas estuviesen dirigidas de modo creciente por una agenda política estrictamente nacional. 
Está justificado el temor de que lo que se pretende es imponer una determinada filosofía comercial norteamericana. 
Esto es un juego peligroso con el fuego. la misma OMC estaría en peligro. 
El proteccionismo no puede ser la salida a los problemas nacionales. 
Nuestro orden mundial es interdependiente y la OMC es un instrumento de armonización de los egoísmos nacionales. 
No es querida por todos, no es perfecta, pero sí totalmente necesaria. 
Emocionalizar políticamente temas nacionales, por ejemplo, los plátanos, las hormonas o muchos otros, conduce a la irracionalización de la política en general y pone en marcha una tendencia que quizás no se pueda detener. Mi grupo político apoya plenamente la posición de la Comisión. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores les ha presentado una resolución común adecuada que condena expresamente las actuaciones unilaterales de los Estados Unidos, apoya plenamente a la Comisión y puede ser además una buena base para más acciones en el marco de la política europea. 
La crisis que, a propósito de la controversia sobre el plátano, afecta a las relaciones entre la Unión Europea, a sus Estados miembros, a sus socios ACP y a los Estados Unidos, ilustra las ambigüedades de la política comercial de la Unión. 
Frente a una actitud muy determinada de Estados Unidos que manejan con arte el doble juego frente a sus socios europeos, que buscan al mismo tiempo la asociación y las sanciones, las instituciones europeas parecen divididas, impotentes, paralizadas, y finalmente poco deseosas de defender realmente intereses europeos. 
Las causas son múltiples, la voluntad hegemónica de Estados Unidos no se percibe como tal por numerosos Estados miembros; la aparición de intereses no comunes sino divergentes entre los Quince tiene tendencia a desarrollarse y la falta de democracia en el seno de las instituciones europeas facilita las connivencias opacas. 
En todo caso nos encontramos en una situación en que los Estados Unidos han decidido unilateralmente publicar una lista de productos europeos sobre los que pretenden imponer sanciones incrementando los derechos arancelarios en un 100 % si la Unión Europea no modifica su nuevo mecanismo de importación de plátanos antes incluso que la OMC se haya pronunciado sobre su compatibilidad con las reglas de esta organización. 
Señor Presidente, la actual guerra del plátano es un ensayo. Esto lo dijo con toda claridad hace poco el embajador de los EE.UU., Vernon Weaver, en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
El caso serio va a ser en pocas semanas la prohibición en la UE de la carne tratada con hormonas. 
A continuación, vendrá el tema de la manipulación genética, lo que tampoco ocultó en absoluto el Sr. Weaver. Bajo el pretexto de ofrecer a los consumidores mayores posibilidades de elección, los consorcios norteamericanos quieren poder ofrecer en nuestros supermercados tomates genéticos y soja de laboratorio. 
Y a ser posible, sin etiquetado, pues los largos textos pueden recabar demasiados esfuerzos de las cabezas de los consumidores. 
Se trata de mucho más que de plátanos. 
Precisamente por ello no podemos ceder ante las injustificadas exigencias de los EE.UU. Aunque o precisamente porque amenazan con absurdas sanciones, hemos modificado el reglamento de mercado del plátano de conformidad con un «panel» de la OMC. 
Cualquier sanción en contra de empresas europeas por parte de los EE.UU. antes de esa decisión significa que la OMC ha perdido su sentido. 
Cualquier arancel punitivo que se imponga antes de la decisión del «panel» significa que podemos cerrar la OMC. 
Lamentablemente, la Comisión no está ausente de culpa en esta situación. 
Los fundadores de la OMC se han metido ellos mismos en esta situación, pues el comercio mundial no está regido por el principio de un desarrollo sostenible, la protección del consumidor y la protección social. 
En vez de ello, rigen el crecimiento económico y la expectativas de beneficios. 
Ante el próximo millenium round es ya hora de elaborar propuestas concretas de reforma. 
Prevención, ecología y desarrollo rural tienen que convertirse en elementos centrales de la actuación económica. 
En los high level meetings de la OMC en marzo, la Comisión debería presentar primero los documentos si, tal como ha prometido, quiere hacer de la transparencia la primera obligación del funcionario. 
Las protestas de hoy de los agricultores franceses ante el Parlamento dejan entrever qué es lo que piensan de la adaptación al mercado mundial y de la manía liberalizadora y desreguladora y a qué están dispuestos cuando la cosa se ponga realmente en marcha. 
Señor Presidente, el Grupo el Partido Popular Europeo apoya la resolución común. 
Damos gran importancia al respeto de las normas de la OMC. 
Es absolutamente inaceptable que los EE.UU. amenacen con medidas unilaterales contra empresas europeas que realmente no tienen nada que ver con el reglamento de mercado de lo plátanos y con este litigio. 
Es también totalmente inaceptable que la política en los EE.UU ceda a la presión de Chiquita y otros. 
Hay que apoyar a la Comisión cuando pide que se respeten las normas de la OMC. 
Pero también la UE tiene que respetar estas normas. 
Es decir, si perdemos el próximo «panel» , habrá que adaptar de nuevo este reglamento de mercado. 
Ruego a la Comisión que recapacite sobre cómo va a reaccionar si se da este caso. 
Personalmente, creo que este reglamento de mercado no es bueno. 
Es discriminatorio frente a los productores en Latinoamérica y no protege a los pequeños productores frente a las multinacionales, pues en Latinoamérica hay también productores independientes. 
En el Ecuador, el 60 % de los productores poseen menos de 20 hectáreas y son de propiedad nacional, no de Chiquita. 
En Costa Rica hay plátanos fair-trade y todos estos se ven discriminados por el reglamento de mercado. 
Cuando hace dos semanas el Comisario Pinheiro, al hablar sobre mi informe relativo a los plátanos, dijo incluso que las multinacionales en los Estados ACP deberían recibir dinero de la Comisión, es el colmo del cinismo que se afirme que queremos defender a los pequeños frente a los grandes. 
Quizás se trate de cosas muy diferentes. 
Pero esto no debe impedirnos subrayar siempre que las normas de la OMC deben respetarse y que no podemos aceptar los ataques de los Estados Unidos. 
Tampoco podemos aceptar lo referente a la carne con hormonas y a los organismos modificados genéticamente. 
Tenemos que defender nuestra legislación. 
Pero si vemos que nuestra legislación no está en consonancia con las normas de la OMC, deberemos también adaptarla. 
Quiero llamar también la atención del Comisario Sir Leon Brittan sobre el debate referente al informe Bowe que acabamos de mantener. 
La comisión ha acordado una enmienda que dice que debemos tener en cuenta criterios socioeconómicos a la hora de autorizar organismos modificados genéticamente. 
Creo que si se aprueba la enmienda y se refleja en la legislación, se lo pondremos muy fácil a los norteamericanos. 
Tenemos que demostrar que nuestra política es correcta en base a documentos científicos y estos existen tanto en lo referente al tema de las hormonas como de los organismos modificados genéticamente. 
Del principio de prevención hacemos la base de nuestra política y no de cualesquiera criterios socioeconómicos arbitrarios. 
Debemos prestar atención para que en otoño no tengamos nuevos problemas. 
Señor Presidente, desearía comenzar agradeciendo el respaldo que el Parlamento ha brindado en líneas generales a la Comisión en torno a esta cuestión, así como la resolución que ha elaborado, que estimamos que nos apoya en gran medida. 
En este tema se plantean dos puntos cruciales: ¿qué está haciendo la Comisión para evitar las sanciones con que amenazan los Estados Unidos y cuál sería nuestra actuación en el caso de que estas sanciones se llegaran a aplicar? 
Todas nuestras acciones se han llevado y se seguirán llevando a cabo en el futuro de conformidad con las normas de la OMC. 
Con un error no se subsana otro, lo cual, sin embargo, no implica que no podamos hacer nada al respecto. 
Las sanciones americanas son ilegales porque se basan en una decisión unilateral en el sentido de que la Comunidad Europea no ha logrado adaptar el régimen del plátano a las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Por este motivo, hemos intentado persuadir a los estadounidenses de que presenten esta cuestión de la conformidad del nuevo régimen del plátano a un procedimiento de control de la OMC, tal como establece el apartado 5 del artículo 21. 
De hecho los procedimientos de la OMC estipulan obligatoriamente este paso antes de que se pueda autorizar cualquier sanción. 
Venimos ofreciendo ya desde septiembre del año pasado- y lo hemos reiterado en las semanas y meses posteriores- reducir a un plazo mínimo de tiempo los procedimientos de la OMC. 
Incluso hemos iniciado nosotros mismos el procedimiento e invitado a los Estados Unidos a participar en el mismo. 
Pero el problema fundamental estriba en que, cuando finalizó la Ronda Uruguay, la Administración de los Estados Unidos prometió al Congreso la adopción inmediata de sanciones al término del período de aplicación en vigor del panel de la OMC, de acuerdo con el procedimiento legislativo nacional del artículo 301. 
Ahora, la Administración tiene que demostrar que puede cumplir su promesa. 
Éste es sencillamente el trasfondo político americano de la cuestión. 
Así pues, los Estados Unidos han pasado por alto el hecho de que, en caso de divergencias entre las partes, se ha de someter primero a prueba la conformidad de las medidas de aplicación por medio de los procedimientos obligatorios de la OMC. 
En el caso del plátano, la Administración americana prometió al Congreso la aplicación de sanciones a más tardar el 3 de marzo de 1999, ¡independientemente de lo que ocurriera en la OMC! 
Esto es lo que ata las manos a la Administración estadounidense. 
Éste es el motivo por el que los Estados Unidos han rechazado participar en cualquier procedimiento de la OMC sobre la conformidad del nuevo régimen comunitario del plátano, sencillamente porque ello habría supuesto a los americanos traspasar el plazo interno que se impusieron a sí mismos, que no se ajusta a las normas de la OMC: 
Al iniciar nosotros mismos el procedimiento del apartado 5 del artículo 25, hemos logrado que el Ecuador emprenda su propio procedimiento para poner a prueba la conformidad de nuestro régimen. 
Este procedimiento está siendo sometido actualmente a examen y se prevén los informes del panel para el 12 de abril. 
Acto seguido, los procedimientos normales establecen el derecho de apelación de la otra parte. 
Entre tanto, los Estados Unidos no han cesado de presionar para obtener una autorización con objeto de emprender medidas de represalia para el 3 de marzo. 
Se ha abierto un gran debate sobre esta cuestión en el que prácticamente todos los miembros de la OMC que han intervenido lo han hecho a favor de nuestra posición, en el sentido de que no puede permitirse una autorización de represalia si no existe una normativa de la OMC sobre la conformidad del régimen. 
Nosotros vamos a seguir argumentado ante el órgano de arbitraje que éste sólo podrá decidir el alcance de cualquier acción de represalia única y exclusivamente en el caso de que se determine la falta de conformidad del nuevo régimen del plátano. 
En cualquier otro caso, el árbitro estaría sentenciando a la Comunidad Europea sin que se hubiera demostrado su culpa. 
Hemos solicitado al Consejo General de la OMC que ofrezca una interpretación autorizada a este respecto. 
En último lugar, vamos a plantear la conformidad de la legislación americana del artículo 301. 
Hemos solicitado una comisión de control que se creará en su debido momento. 
Por su parte, los Estados Unidos han solicitado emprender consultas con nosotros, y acudiremos a éstas de buena fe. 
Todo esto me conduce a la segunda cuestión: ¿qué haremos si los americanos siguen adelante con sus sanciones llegado el 3 de marzo? 
En primer lugar, plantearíamos la legalidad de esas sanciones por medio de los procedimientos de solución de diferencias en el marco de la OMC. 
En último lugar, y durante todo el tiempo que estuvieran en vigor las sanciones, tendríamos la opción de tomar represalias perfectamente legales mediante la retirada de concesiones o la imposición de medidas en aquellos sectores que no se encuentran sometidos a las competencias de la OMC. 
Existen medidas de este tipo que se podrían imponer, estaríamos en nuestro derecho de hacerlo, y nos plantearíamos muy seriamente su aplicación ante una violación tan flagrante de la ley. 
Señor Presidente, respaldamos la opinión de la Comisión en el sentido de que la acción unilateral de los Estados Unidos es tan ilegal como escandalosa e irresponsable. 
La mera amenaza está causando ya serios perjuicios a los productores de prendas de cachemir, que constituyen una parte completamente inocente en esta disputa y que pueden llegar a registrar pérdidas en torno a los 20 millones de libras en pedidos destinados a la exportación y hasta 1.000 puestos de trabajo. 
Con estas acciones reivindicativas, los Estados Unidos no sólo han perjudicado su propia reputación, sino también el futuro de la asociación transatlántica. 
En la actualidad se está procediendo a cumplir precisamente lo que, según tengo entendido, solicitaban los Estados Unidos en su carta de 13 de julio a sir Brittan, esto es, un comité de arbitraje con arreglo al apartado 5 del artículo 21. 
Debemos condenar el burdo intento de intimidación por parte de los Estados Unidos, en el que se solicita eximir de sanciones a los productos daneses y holandeses puesto que estos países votaron en contra del régimen del plátano en el Consejo. 
Acerca de este punto, me gustaría preguntar a la Comisión de qué mecanismos disponen las autoridades estadounidenses para poder distinguir entre los productos originarios, pongamos el caso, de Dinamarca y los Países Bajos y los productos procedentes de Francia o el Reino Unido. 
Los puntos que hemos incluido en la resolución de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores son muy claros. 
Exigimos que la Unión Europea cumpla las obligaciones contraídas con nuestros socios comerciales ACP, y esperamos que la Comisión logre este objetivo en el marco de la OMC. 
Finalmente, no podemos tolerar que se produzcan más perjuicios a nuestra industria a causa de un régimen cuya ambición sólo es comparable a su arrogancia. 
Señor Presidente, quizás no hayamos aprobado en Europa un reglamento de mercado del plátano muy adecuado, pero reaccionar inmediatamente con la guerra, imponiendo aranceles del 100 % a las velas, armas, jerséis y cosas similares, no es en mi opinión la respuesta correcta. 
Se trata del método antiguo de probar con el poder y la guerra. 
Quien mate el máximo de contrarios es al final el vencedor. 
En Europa hemos aprendido de ello. 
En el fondo, de lo que se trata es de encontrar una solución mejor. 
Es decir, si tenemos dos posiciones diferentes, debemos reconocer que quizás las dos partes pueden tener razón. 
Debemos entonces acercarnos unos a otros y decir que aceptamos no sólo la solución 1 ó 2 sino que vamos a probar la 3, 4, 5, 10, 15 hasta que tengamos una solución que pueda ser aceptada por todos; y estas soluciones tienen que elaborarse en mesas de negociaciones. 
Señor Presidente, como dos o tres grandes sociedades americanas controlan la producción de los países de América latina, los Estados Unidos, que no producen por cierto ni un solo kilo de plátanos, prosiguen sin descanso con su ofensiva contra el sistema comunitario de importación. 
Mientras la Unión Europea ha tenido en consideración el veredicto de la OMC, modificando su reglamentación, los Estados Unidos esgrimen de nuevo la amenaza de sanciones comerciales contra la importación de productos europeos. 
Pretenden así que la Unión levante su embargo sobre las importaciones de carne tratada con hormonas, y preparan una ofensiva sobre los organismos genéticamente modificados. 
El embajador de Estados Unidos ante la Unión señalaba por otra parte el pasado 28 de enero que la cuestión de los plátanos sólo es una pequeña colina con respecto a las montañas de asuntos relativos a la carne con hormonas y los OGM. 
En el fondo, es claramente la cuestión de los mecanismos de la OMC la que se ha planteado con esta reafirmación del hegemonismo comercial y político de Estados Unidos, por su voluntad de iniciar el futuro ciclo de negociaciones en una posición de fuerza. 
La propuesta de resolución cofirmada por mi grupo y los Verdes condena las amenazas de sanciones americanas. Solicita que la Comisión sea muy firme frente a esta nueva ofensiva para proteger los intereses de los productores comunitarios y de los países ACP. 
Se ha conseguido un acuerdo provisional a la espera del nuevo arbitraje del grupo especial de la OMC, pero los Estados Unidos no han renunciado sin embargo a sus amenazas. 
Si aplican las sanciones anunciadas de forma unilateral, la Comisión está dispuesta a responder, si fuera necesario, con medidas de represalia equivalentes. 
Señor Presidente, tengo que agradecer la presencia a estas altas horas de la noche del Comisario Sr. Brittan, porque demuestra su interés por el tema. 
Esta noche estamos realizando un ejercicio de apoyo a la Comisión, como el propio Comisario ha señalado y, por tanto, no tiene sentido que repita algunos de los argumentos que ya se han dado. 
No sé si voy a obtener respuestas. 
En primer lugar, quiero referirme a los problemas que nos plantea esta crisis. 
El primer problema es que, si bien nosotros insistimos durante la ronda final, en Marrakech, de la constitución de la Organización Mundial de Comercio, en la inclusión del procedimiento de solución de conflictos, ello era para luchar contra el unilateralismo americano. 
Y ahora, sin embargo, ese artículo 301 de la ley norteamericana de comercio exterior vuelve a aparecer otra vez. 
En segundo lugar, parece que los norteamericanos tienen la posibilidad de eximirse del procedimiento de solución de conflictos, pues concretamente ni la ley Helms-Burton ni la ley D ' Amato han podido ser impugnadas ante la Organización Mundial de Comercio de una manera eficaz. 
Y en tercer lugar, la preocupación que tenemos, sobre todo los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, es la de saber si la Comisión está realmente en condiciones de enfrentarse con medios propios a esa tremenda batería de juristas que tienen los norteamericanos en Ginebra. 
Parece que los norteamericanos son capaces de ganarnos casi todos los pleitos: se acaba de señalar el tema de las hormonas, se acaba de señalar un posible recurso en el tema de los organismos modificados genéticamente y tenemos la guerra del plátano. 
Es decir, el problema está en que si no se llega pronto a un acuerdo sobre este tema y los norteamericanos insisten en el multilateralismo, es posible que la Comunidad tuviera que reconsiderar su disposición a someterse a un mecanismo multilateral, que parece que los norteamericanos no están dispuestos a respetar. 
Señor Presidente, ya en el último Pleno, celebrado en Bruselas, tuvimos ocasión de hablar de la problemática de los plátanos, a propósito del apoyo financiero que se debía conceder a los países ACP afectados por la reducción de su producción. 
Conforme subrayamos entonces, además de las razones que pueden asistir a una y otra de las partes, impresiona la desproporción de las represalias anunciadas. 
Entre otros aspectos, mientras que por nuestra parte podría estar en juego el apoyo a dos regiones periféricas (de Madeira hablará, por cierto, mi colega Manuel Mendonça) y a países pobres ACP, donde no hay una satisfactoria opción substitutiva de los plátanos, por parte de los Estados Unidos ni siquiera están en juego intereses de agricultores suyos, sino de multinacionales poderosísimas que explotan la producción en países de América Latina. 
Si bien hay que ser sensible, naturalmente, para con las poblaciones de esos países, hay que subrayar que aún es muy amplio el mercado que queda abierto, fuera de Europa y en Europa, además de las cuotas establecidas. 
Así, pues, se comprende que hayamos subscrito unas preguntas orales a la Comisión para procurar saber si es posible o no llegar a un entendimiento en el ámbito del grupo especial de la OMC. 
Al no poder dejar de abrigar las mayores reservas sobre la corrección de la posición americana, inquirimos también, en una pregunta que es simultáneamente una sugerencia política, si está dispuesta la Comisión a aplicar con rigor y sin demora los instrumentos de política comercial que tiene a su disposición. 
Debemos dar, de hecho, todo el apoyo político a la Comisión en la firme posición que sigue adoptando, conforme se ve claramente en el apartado 3 de la propuesta de resolución elaborada a raíz de las preguntas orales presentadas. 
Por lo demás, al proceder así, no sólo defendemos legítimamente los intereses de personas y zonas desfavorecidas en este caso concreto (el de las zonas productoras de plátanos, por un lado, y de las zonas que se verían afectadas por las medidas de represalia americanas, por otro) , sino que, además, hacemos, con mucho mayor relieve, una contribución para que se avance por fin hacia la resolución multilateral de los conflictos, de acuerdo con las normas de la OMC (y el consiguiente rechazo de las represalias unilaterales, en una lógica política que preferimos no calificar). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no bastó a los Estados Unidos de América que una comisión arbitral de la OMC, constituida a imagen y semejanza de sus intereses y sus transnacionales de la zona del plátano-dólar, obligara recientemente a modificar la OCM del plátano... 
Los EE.UU. prosiguen su ofensiva encaminada a destruir cualquier régimen de apoyo al plátano comunitario y aniquilar lo que aún queda de esa producción en regiones poco desarrolladas y ultraperiféricas, como sucede en Madeira. 
Pero lo que más escandaliza en esta ofensiva es su carácter totalmente unilateral, fuera de las estructuras de la propia OMC. 
Ahora se amenaza con nuevos derechos aduaneros sobre productos europeos exportados a ese país, lo que en la práctica podría plasmarse en una prohibición de acceso de diversos productos al mercado norteamericano, entre los cuales se pueden citar los productos textiles. 
Esta ofensiva va encaminada asimismo a preparar nuevos ataques que obliguen a la Unión Europea a aceptar la importación de carne americana tratada con hormonas y de productos genéticamente modificados, con un total desprecio por la salud pública de los consumidores europeos. 
Hay que oponer, señor Comisario, firme resistencia a esta ofensiva. 
Conviene que, en caso de que se concrete esa amenaza, la Unión Europea ejerza represalias de inmediato limitando de forma clara el acceso de productos americanos al mercado europeo. 
Conviene también- y es fundamental- que la Comisión ponga en marcha todos los mecanismos de derecho mercantil e internacional a su disposición para restablecer la legalidad que los Estados Unidos pretenden subvertir. 
Señor Presidente, Señorías, como diputado procedente de una región ultraperiférica de la Unión Europea productora de plátanos, quiero dejar aquí bien expresada mi más vehemente protesta y la más profunda indignación por la actitud represaliadora anunciada por los Estados Unidos de América en el marco del nuevo contencioso sobre el régimen comunitario de importación de plátanos. 
En este momento quiero poner de relieve que entre las regiones europeas productoras de plátanos se encuentran algunas de las regiones ultraperiféricas insulares en las que aún persiste un bajo nivel de desarrollo económico y la producción de plátanos constituye la principal y tal vez la única fuente de ingresos para muchos millares de familias. 
Si las instituciones europeas hubieran cedido a las presiones que a in de cuentas siguen ejerciendo sobre el mercado del plátano las multinacionales orientadas y dirigidas por los Estados Unidos de América con vistas a la defensa de sus exclusivos intereses, los perjuicios económicos, sociales y medioambientales en la región autónoma de Madeira habrían sido incalculables. 
En estas circunstancias, es evidente la necesidad de sostener que, sean cuales fueren las razones aducidas por los Estados Unidos para ejercer presiones en relación con los dossiers que estén en debate, la Unión Europea no debería hacer concesiones. 
Las instituciones europeas deberían reiterar, en el ámbito de las diferentes instancias internacionales, su firme oposición a las medidas unilaterales de represalia comercial. 
Las sanciones anunciadas por los Estados Unidos en el ámbito de las medidas de represalia tienen ya contornos muy chocantes y se empiezan a sentir efectos negativos en otros sectores industriales que nada tienen que ver con el dichoso conflicto de los plátanos. 
Apoyamos totalmente la posición de la Comisión al mantenerse sin vacilaciones conforme al espíritu de los principios y las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero debería estar preparada, como parece estarlo, para responder de forma rigurosa y rápida, en caso de que los Estados Unidos apliquen las medidas unilaterales. 
Señor Presidente, permítame señalar en primer lugar que todos los oradores que han intervenido en esta última parte del debate han manifestado que la acción emprendida por los Estados Unidos no es solamente una acción en contra de algunos de los países del Caribe, sino también en contra de algunos países de la Unión Europea que registran una gran dependencia en el sector del plátano. 
En el caso de algunos países caribeños, si se vieran obligados a renunciar a la producción de plátanos, es muy probable que acabaran como refugios del narcotráfico, lo cual perjudicaría en mayor medida a los Estados Unidos que a la Unión Europea. 
El Sr. Smith ha preguntado cómo pueden los Estados Unidos discriminar productos sin ninguna relación entre sí como son los plátanos y el cachemir, el pecorino italiano u otros productos de otros tantos países. 
Creemos que no tienen absolutamente ningún derecho a actuar en este sentido y que ésta es sencillamente una táctica de intimidación con el objetivo de persuadir a la Unión Europea para que se someta a las amenazas americanas. 
Por lo que respecta al artículo 301, una cuestión que también ha salido aquí a relucir, hemos pensado en todo momento que es ilegal. 
Hasta el momento, nos hemos contentado con permitir su inclusión en el texto del estatuto americano, contemplando emprender acciones únicamente en caso de que sea aplicado de manera efectiva. 
Si éste fuera el caso, no cabe la menor duda de que se emprenderían acciones. 
El Sr. Medina Ortega ha preguntado si somos capaces de hacer frente a los abogados estadounidenses en el caso de estas amenazas. 
La respuesta es tajantemente que sí. 
Hemos sido capaces, como él mismo ha señalado, en el caso de las leyes Helms-Burton y D ' Amato, y lo seremos también ante cualquier otra legislación. 
¿Qué haremos si emprenden acciones? 
En primer lugar, responderemos en la OMC iniciando un pleito contra los estadounidenses, como ya hemos empezado a hacer. 
En segundo lugar, si ganáramos este pleito, tendríamos derecho a tomar represalias legales contra los Estados Unidos pero, además, deberíamos plantearnos seriamente emprender acciones que se ajustaran a la OMC, relacionadas con la retirada de concesiones que no estén sometidas a la jurisdicción de la OMC y sobre las que los Estados Unidos no posean ningún derecho propio. 
Espero que no se llegue a este punto, pero la Unión Europea está dispuesta a defender sus intereses contra cualquiera, y esto incluye también a los Estados Unidos. 
Señor Presidente, quizás no me haya expresado con claridad al Vicepresidente de la Comisión. 
Los Estados Unidos han eximido de sanciones a dos países europeos. 
¿De qué mecanismos disponen las autoridades estadounidenses para distinguir entre las mercancías de estos dos países y las procedentes de cualquiera de los otros trece países de la Unión? 
No sé cómo los Estados Unidos tendrán previsto hacerlo en la práctica. 
No es una pregunta que me corresponda responder a mí, ya que creemos que la acción es ilegal en cualquier caso y emprenderemos medidas contra ella. 
Estoy de acuerdo con usted en que, visto desde su perspectiva, puede que se enfrenten a algunos problemas. 
Acuerdo de cooperación científica y técnica CE/Israel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0035/99) de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel (COM (98) 0457- C4-0555/98-98/0241 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, ya desde 1996 Israel participa totalmente en el programa marco de investigación como primer y único país no europeo. 
Este acuerdo se basa en que la cooperación en el campo de la investigación tiene fundamentalmente un carácter internacional y en que no es razonable limitarlo al territorio de la UE cuando se deducen ventajas recíprocas para las partes contratantes y no existen objeciones políticas de cualquier tipo. 
Israel paga y es tratado como un Estado miembro. 
Las aportaciones de los otros Estados no se reducen y el programa general aumenta como consecuencia de la participación de Israel. 
En el cuarto programa marco, que se aplicó ya desde 1994, el número de licitaciones para los diversos programas en los años 1995 y 1996 fue mayor que al final del período de vigencia. 
Aunque Israel participó financieramente ya en 1996 antes de la conclusión del acuerdo y participó bajo reserva en las licitaciones, en el caso de algunos programas se habían distribuido ya hasta ese momento una gran parte de los créditos. 
Por ello, por parte de Israel existe un gran interés en estar integrado plenamente desde el principio. 
Todos sabemos que en los programas plurianuales es importante el momento inicial, por lo que ya solamente por motivos de tiempo mi primera apelación es para que votemos ya hoy sobre este acuerdo. 
Naturalmente, también en el caso de un acuerdo de carácter técnico es necesario tener en cuenta la situación política general. 
A este respecto quiero indicar los siguientes puntos. primero: entre Israel y la Unión Europea existen unas intensas relaciones. 
El comercio entre ambas partes es el doble de elevado que entre Israel y los Estados Unidos. 
Es importante que las relaciones y la influencia de la Unión Europea en el Oriente Medio sigan siendo constantes e intensas. 
Por ello, este acuerdo es uno de los muchos que regulan estas relaciones y de los que se ocupará el Parlamento de un modo aún más intenso en marzo. 
En mi opinión, las relaciones entre la Unión Europea e Israel son en su totalidad tan estables que pueden soportar una diferenciación en la valoración relativa al avance del proceso de paz. 
Segundo punto: ya durante el cuarto programa marco hemos insistido en que grupos de investigación y empresas palestinas participen y cooperen en proyectos. 
De este modo, este documento fomenta también directamente la comprensión recíproca. 
Vamos a insistir y a velar como Parlamento a la hora de ejecutar este programa para que esta cooperación se intensifique aún más. 
Tercer punto: a la hora de aplicar el acuerdo, de conformidad con el artículo 6 se crean redes de información. 
La parte israelí ha expresado el deseo de participar más en medidas de evaluación. 
El Parlamento Europeo apoya este deseo. 
Cuarto punto: para acompañar esta cooperación y colocarla en el marco de los demás acuerdos y proyectos de cooperación, deberían establecerse regularmente contactos entre el Parlamento Europeo y el «Knesset» para acompañar y fomentar a nivel parlamentario la cooperación en la política de investigación. 
Algunos de los grupos políticos en esta Asamblea opinan que si damos nuestro asentimiento a este acuerdo y no lo suspendemos nos injeriremos en los debates de política interior en Israel, pues todos sabemos que próximamente se van a celebrar elecciones. 
Sólo quiero decirles que si hoy no damos nuestro voto afirmativo, nuestra injerencia será mucho mayor e influir demasiado masivamente sobre otros Gobiernos y otras políticas internas es algo que no podemos hacer. 
Para finalizar, quiero indicar como ponente lo siguiente: las relaciones entre la Comisión y el Parlamento son actualmente algo tensas. 
Señora Comisaria, de ahí mi deseo que no es sólo un deseo meramente especulativo: en las futuras negociaciones, la Comisión debería informar al Parlamento desde el principio y mantenerle al día sobre el estado de las negociaciones. 
Aplausos 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, mi grupo político apoya el informe así como la mayor parte de lo expuesto por la ponente, la señora Quisthoudt-Rowohl. 
El acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel permite la prosecución de una historia de éxitos que comenzó en 1996 al menos al elevado nivel actual. 
En aquella ocasión, Israel participó con el status de un Estado asociado en todos los programas no nucleares del cuarto programa marco de investigación. 
En sólo tres años se han llevado a cabo con éxito 369 programas conjuntos por un importe de 53 mil millones de ecus aunque los beneficios obtenidos gracias a las cooperaciones acordadas son muy superiores. 
Al fin y al cabo se han presentado unas 1.000 solicitudes conjuntas. 
La prosecución de esta cooperación en el quinto programa marco de investigación es también de interés para ambas partes. 
Nuestro interés no se debe solamente al elevado nivel de la investigación israelí sino también a la vinculación a los procedimientos y normas europeas y al surgimiento de posibilidades de ventas futuras en la región. 
Por un lado, Israel tiene interés en participar en proyectos de investigación estratégica que no puede llevar cabo él solo. 
Por otro, sólo con productos de alta tecnología podrá reducir el déficit de su balanza comercial frente a nosotros. 
Por ello, es evidente que no sólo Israel sino también nuestra Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, así como la mayor parte de mi grupo político, debemos apoyar una transición lo más continua posible del cuarto programa al quinto programa marco de investigación. 
Un aplazamiento de nuestra decisión, no importa cómo se justifique, tendría como consecuencia que la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores del 22 de febrero no podría ratificar el Tratado, con lo que Israel no podría participar en las primeras licitaciones que comenzarán en marzo. Israel se vería perjudicado financieramente al igual que ocurrió en el cuarto programa marco de investigación. 
Con una aportación anual de unos 30 millones de euros, en función a su producto interior bruto, Israel contribuirá al éxito del quinto programa marco de investigación. 
Diversos miembros de nuestra comisión se han podido convencer en los años pasados sobre la elevada calidad de la cooperación en el ámbito de investigación. 
Se ha atendido nuestra petición de que participen también empresas e instituciones de investigación palestinas en proyectos comunes. 
Como ha expuesto mi colega, en el futuro es de esperar aún más esfuerzos en este campo. 
Creo que la intensificación de la cooperación en el campo de la investigación puede contribuir a estabilizar a largo plazo el proceso de paz que en estos momentos se encuentra fuertemente obstaculizado. 
La ciencia busca una comprensión general e impulsa la comunicación. 
Su enfoque universal ofrece un molde para solucionar conflictos surgidos por intereses particulares. 
Pero, a la inversa, sólo en un entorno pacífico puede prosperar a largo plazo la cooperación científica. 
Aunque el procedimiento aquí aplicado solamente sea una sencilla audiencia, ruego al Pleno que dé su voto afirmativo al informe. 
Señor Presidente, también nuestro grupo se suma al informe y desea verlo puesto en práctica lo antes posible. 
Manifestamos nuestro agrado por la anterior participación de Israel en los programas de investigación comunitarios y aguardamos los resultados de la cooperación entre la Unión Europea y el Estado de Israel dentro del quinto programa marco. 
Israel está formado en gran parte por viajeros, refugiados, personas de recio carácter que han sido capaces de soportar dictaduras y represión y que en muchas ocasiones aportan un muy elevado nivel de formación. 
Esto ha quedado reflejado en los programas de investigación. 
Por ello es una considerable masa de talento de gran formación, capacidad y aplicación la que se pone a disposición de la cooperación entre la Unión Europea y el Estado de Israel. 
Nos alegramos de esta cooperación y esperamos que el informe pueda ser puesto en práctica lo antes posible. 
Señor Presidente, nuestro Grupo valora muy positivamente el informe realizado por la Sra. Quisthoudt-Rowohl como un informe serio y con gran amplitud de miras. 
Sin embargo, no está de acuerdo en que, en este momento, se apruebe porque seríamos utilizados- la Unión Europea, el Parlamento Europeo, serían utilizados- por un Presidente de Gobierno que ha demostrado un desprecio total a los acuerdos de paz y al proceso de convivencia pacífica en la región. 
Y por ello, por esta razón exclusivamente, para no ser manipulados por un Presidente de Gobierno que demuestra conductas que rayan en lo nazi, conductas de desprecio racista hacia otro pueblo, como el pueblo palestino en general, es por lo que nosotros pensamos que convendría suspender la aplicación de este acuerdo y esperar a que, después de las elecciones, un nuevo gobierno que tenga una conducta y una actitud favorable con respecto a la convivencia, a las resoluciones de las Naciones Unidas, a los Acuerdos de Oslo y a los Acuerdos de Wye Plantation pueda, efectivamente, demostrar que hay garantías. 
Por otra parte, nosotros, comprendiendo la situación en la zona, pensamos que también sería conveniente, para tratar con igualdad a ambas partes, no que en el Estado de Israel puedan colaborar empresas y universidades palestinas, sino que el propio Parlamento Europeo lleve a cabo un acuerdo con el pueblo palestino, con la investigación, la Universidad y las empresas palestinas, puesto que está pendiente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial- cuando se creó la ONU -, la puesta en marcha, por resolución de la ONU, del Estado palestino. 
De esa forma, la Unión Europea daría un tratamiento equivalente, equidistante, de igualdad, a ambas partes en litigio, demostrando que no se deja llevar por ninguna de las dos partes. 
Por estas razones, cuando llegue el momento de la votación, nuestro Grupo pedirá su devolución a comisión para que, en momentos mejores, pueda aprobarse adecuadamente. 
Señor Presidente, el presente informe sobre el acuerdo entre la UE e Israel en el ámbito de la investigación aborda una cuestión nada sencilla. 
Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha afirmado hoy aquí el Sr. Marset Campos en el sentido de que es posible que este informe, que pensábamos que hubiera podido servir para dar un impulso al proceso de paz, podría considerarse por el contrario una amenaza contra dicho proceso en caso de que se plantearan incorrectamente estas cuestiones y que se entrara en el juego político. 
Por lo que respecta al contenido del acuerdo, se excluye el programa relativo a la seguridad nuclear y a la fusión. 
Estoy satisfecho por el hecho de que el acuerdo en materia de investigación no recoja estos aspectos. 
Sin embargo, estoy preocupado porque debemos ser conscientes de que Israel tiene armamento nuclear, a pesar de que el país lo niegue. 
Me produce cierto temor el que, a pesar de todo, se puedan incorporar subrepticiamente créditos procedentes de otros programas en apoyo de la investigación sobre la fusión en el sector armamentístico y sobre las actividades nucleares. 
Se trata de una cuestión que no puedo respaldar bajo ningún concepto. 
En este contexto debemos mencionar también a Vanunu, el científico israelí que desveló detalles sobre el armamento nuclear y sobre la investigación nuclear en Israel. 
Dentro de poco se cumplirán diez años de su encarcelamiento. 
Lo correcto sería ahora que Israel lo liberara con la mayor brevedad posible. 
Se presentó una petición para lograr su liberación, pero fue desestimada. 
Quisiera preguntar a la Sra. Cresson cómo está actuando la Comisión para intentar conseguir la liberación de Vanunu. 
Puede que la transparencia no sea el punto fuerte de la Comisaria Cresson, a pesar de lo cual me gustaría pedir que se realizaran esfuerzos para lograr de Israel la puesta en libertad de Vanunu. 
Quedan aún algunos aspectos de este proyecto de investigación que a mí no me parecen tan positivos como a la ponente. 
Entre otros, cabe mencionar la investigación espacial. 
Los Verdes no creemos que la UE deba entrar en la investigación espacial. 
Por consiguiente, tampoco consideramos que deba existir una cooperación entre la Unión Europea e Israel en esta materia. 
De la misma manera que no queremos que se desarrolle la investigación espacial en la Unión Europea, tampoco queremos que ésta se enmarque en los acuerdos con terceros países. 
Señor Presidente, la cuestión que discutimos hoy implica un aspecto político absolutamente evidente. 
El hecho de renovar un vínculo entre Israel y la Unión Europea, en pleno período electoral, puede significar, al menos localmente, un apoyo al poder político y facilitar la reelección de quienes suscitan conflictos y de los organizadores del desastre en el que agoniza el proceso de paz. 
Por esta razón, algunos países siguen sin ratificar el acuerdo de asociación con el Estado de Israel. 
No obstante, en este caso, la situación es completamente diferente. 
La prórroga de un acuerdo de cooperación científica y técnica merece que se le preste mayor atención, sobre todo porque varias empresas o universidades palestinas (en particular, en Al Qods, la Universidad de Jerusalén, o la Universidad de Belén) son partes interesadas en este acuerdo y se beneficiarán- debemos procurar que así sea- con esta participación. 
Por otro lado, el hecho de penalizar los medios universitarios o el sector de la alta tecnología- que, en conjunto, son ardientes partidarios de la paz -, significa probablemente equivocarse de adversarios. 
Finalmente, este acuerdo no es únicamente un acuerdo, una limosna, sino que es también una ocasión para recuperar el auge de los intercambios. 
Por eso, existen opiniones divergentes dentro del Grupo Radical; quizá muchos de nosotros se abstendrán o, en cualquier caso, decidirán o desearán votar positivamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Quisthoudt por su excelente informe, así como por su intervención. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella, y mi grupo apoyará también su postura. 
En una economía en proceso de globalización con una competencia creciente ya no basta con colaborar únicamente con los socios europeos en el campo de la investigación y la tecnología. 
La cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y los terceros países y la participación de los terceros países en el programa marco conduce a la transferencia de conocimientos, de tecnología e innovación en la Unión Europea. 
Esto es bueno para nuestra situación de empleo y asimismo refuerza el vínculo entre los ciudadanos de los países socios y los de la Unión. 
Además, esta cooperación puede contribuir a hallar soluciones para los conflictos comerciales con los países socios con los que a veces se enfrenta la Unión. 
El Grupo liberal apoya firmemente la continuación de la cooperación científica y tecnológica con Israel. 
Pero, señor Presidente, mi grupo no quiere que la participación de Israel en el programa marco sea utilizada como instrumento político en Oriente Medio. 
No es razón para bloquear la ayuda a los países vecinos, con los que la Unión mantiene también buenas relaciones, dado, sobre todo, que la ayuda a Palestina no se traduce en el deseado desarrollo económico en la región porque Israel en ocasiones frustra los programas de ayuda. 
Mi grupo espera y confía en que el dictamen positivo del Parlamento sobre la cooperación científica y tecnológica con Israel ayude a mejorar su calidad de vida. 
Y también confía en que ayude a un desenlace positivo en Oriente Medio. 
Señor Presidente, Señorías, no podemos menos que congratularnos por la celebración del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel. 
No obstante, deseamos aprovechar este debate para manifestar, a pesar de todo, nuestra preocupación. 
Nuestra preocupación, porque si bien una gran parte de la investigación israelí está destinada al sector civil, otra parte- cuyo importe quizá no se conozca con exactitud- afecta al sector militar. 
En este sentido, ¿cómo podemos evitar pensar en el accidente aéreo- un avión cargado de armas químicas y bacteriológicas- que provocó tantas víctimas en los Países Bajos? Esto nos lleva a considerar un interrogante que yo había formulado aquí mismo sobre un artículo del Sunday Times, según el cual los investigadores israelíes habían intentado aislar genes específicos de las poblaciones árabes, para luego tratar de utilizar armas bacteriológicas contra éstas. 
No obtuve respuesta a este interrogante, pero, en cambio, en la prensa israelí, los diarios Haretz y Maariv también se hicieron eco de la información, que no ha sido desmentida. 
Por lo tanto, estaríamos frente al más absoluto, al más abominable, de los racismos. 
Así pues, nos gustaría estar convencidos de que estos acuerdos de cooperación no contribuirán a la realización de investigaciones particularmente peligrosas. 
Nosotros estamos en favor de la seguridad del Estado de Israel, somos conscientes de las amenazas que han podido pesar sobre esta joven nación, pero esta joven nación también debe entender el deseo de los palestinos de recobrar su suelo, su soberanía. 
Por lo tanto, desearíamos que Europa hiciera todo lo posible para que, por fin, se celebre un acuerdo definitivo de paz, sobre la base del reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. 
Esta es la condición para lograr la paz en la región. 
Señor Presidente, señora Comisaria, del debate mantenido por los portavoces de los grupos políticos se ha visto claramente que no se trata de un acuerdo meramente técnico sino que aquí desempeñan también un papel muchos aspectos políticos, lo que ha mostrado también con toda claridad y sin género a equívocos la señora ponente. 
En todos los grupos políticos- también en el mío- ha habido voces que se han pronunciado en contra de la conclusión de un acuerdo de este tipo en el momento actual. 
No obstante, como diputado especializado en temas de política exterior creo que los motivos alegados para ello son mucho más débiles que los que hablan en contra. 
Siempre se dice que debemos tener instrumentos de política exterior y emplear acuerdos de este tipo. Lo apoyo. 
Pero si queremos que se nos escuche más intensamente como Unión Europea- lo que es nuestro objetivo común precisamente en Israel -, si queremos tener más influencia sobre las decisiones del Estado de Israel, entonces tenemos que apoyar sin trabas este acuerdo. 
Perderíamos toda credibilidad en nuestras conversaciones y toda influencia sobre Israel si no lo apoyásemos ahora. 
No estamos confirmando a ningún Gobierno. 
Sobre esto decide el pueblo de Israel. 
Decide sobre su Jefe de Gobierno y sobre la composición del «Knesset». 
Este acuerdo no va a desempeñar apenas un papel al respecto. 
Quizás el Gobierno actual pudiese utilizar el rechazo al acuerdo para mostrar la posición tan negativa o inamistosa de Europa frente a Israel, lo que no es así. 
Sólo criticamos duramente a este Gobierno porque no ha hecho nada para impulsar la paz o ha dejado de hacer lo que podría haber hecho. 
No sabemos quién va a ser el próximo Jefe de Gobierno. Nadie lo sabe. 
Y sobre todo no sabemos cuál va a ser la composición del «Knesset». 
Por ello, un aplazamiento no va a aportar mucho. Puede surgir una situación que puede ser aún mucho más difícil. 
En cualquier caso, no va a ser es más fácil ante el gran abanico de partidos y candidatos que hay. 
Por ello, sin duda sería razonable decidir ahora. 
Quiero decir aquí a mis amigos palestinos- de los que tengo muchos y con los que estoy en estrecho contacto- que precisamente porque elaboramos consejos en, con y para Israel ya que queremos establecer cooperaciones para lograr otra actitud en la cuestión de la paz, se debe y tiene que ratificar aquí este acuerdo y mantener esta base de conversaciones y esta capacidad de diálogo con Israel. 
Precisamente en interés de la población palestina se debe aprobar este acuerdo y en este sentido lo recomiendo como diputado especializado en temas de política exterior. 
Señor Presidente, desearía ante todo felicitar a la Sra. Quisthoudt-Rowohl, ya que su informe es excelente y su presentación un modelo de equilibrio y de síntesis. 
Así pues, concluyo diciendo que los intentos de aplazamiento llevados a cabo son desoladores, y éstos deben interpretarse- la coincidencia de la extrema derecha y de la extrema izquierda es, en este sentido, significativa- como el resurgimiento de antiguos rencores que desearíamos ver desaparecer de esta Asamblea. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su trabajo. 
El presente informe tiene dos aspectos. 
En primer lugar, está el aspecto técnico y, en este sentido, el acuerdo es positivo: beneficia a ambas partes, a la Unión Europea e Israel. 
Este último tiene una ventaja tecnológica en varios ámbitos: biotecnología, optoelectrónica, tecnología de la información médica y en el desarrollo de programas informáticos. 
La Unión Europea puede beneficiarse de los conocimientos de que dispone Israel en estos campos. 
Los israelíes también están muy avanzados en tecnología espacial y en el sector nuclear, ámbitos en los que tengo serias reservas en lo relativo a la cooperación. 
Me refiero, en particular, al sector nuclear: hace diez años pasé algún tiempo intentando visitar a Mordechai Vanunu en una prisión de Gaza. 
Naturalmente sigue en la cárcel. 
Agradecería que la Comisión presionara a Israel para que solucione este problema. 
Quisiera tranquilizar al Sr. Antony, que ahora nos ha abandonado, que si hay alguien en Israel o incluso en el mundo árabe lo suficientemente estúpido como para intentar desarrollar armas étnicas, éstas serían autodestructivas, en el sentido de que los genes de los árabes y de los israelíes son lo suficientemente próximos como para que resulte muy difícil identificar o producir armas que no dañen a la población de ambos bandos de la línea divisoria. 
Espero que esto sea un impulso para avanzar. 
Ciertamente votaré a favor del informe, siempre que exista un compromiso de que no cooperaremos en el ámbito nuclear. 
Ciertamente no desearía ninguna cooperación en el sector espacial, y estoy completamente de acuerdo en que debemos alentar a Israel y presionar a los israelíes para que cooperen con los palestinos en sus programas de investigación. 
Por último, espero que garanticemos que ninguno de estos fondos se destinará a las zonas ocupadas de Palestina. 
Sería una provocación y la Unión Europea sería en parte responsable de ello. 
Señor Presidente, también yo querría agradecer la elaboración de este informe, sobre todo por lo que respecta a sus conclusiones, al reflejar éste una voluntad de apoyo al proceso de paz mediante la cooperación entre los centros de investigación israelíes y palestinos. 
El problema de este acuerdo es que no se hace referencia a la cooperación entre los centros de investigación palestinos. 
En su introducción, la ponente señala que, una vez que haya entrado en vigor el acuerdo y que éste sea operativo, se llevará a cabo una evaluación sobre las posibilidades de que habrán dispuesto los distintos centros de investigación palestinos para participar en el mismo. 
Si lo que se pretende es alcanzar este objetivo, creo que en cierta medida se ha formulado el acuerdo al revés: lo normal sería incluir en el acuerdo el objetivo que se pretende lograr. 
Por lo demás, suscribo sin duda alguna la petición del Sr. Holm para que se ponga en libertad a Vanunu. 
Igualmente, creo que debemos plantearnos la firma por parte de Israel de un acuerdo de no proliferación en materia de armamento nuclear. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ponente, Señorías, como presidente de la delegación para las relaciones Europa-Israel, deseo manifestar mi satisfacción al ver que nuestra colega Quisthoudt-Rowohl propone la adopción del nuevo Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y el Estado de Israel. 
En efecto, se trata ante todo- muchos oradores lo han manifestado esta mañana- del resultado de un trabajo común particularmente eficaz: desde 1996, se han subvencionado 369 proyectos comunes por un importe global que supera los 59 millones de ecus. 
Se trata también del testimonio de una verdadera cooperación entre la Unión Europea e Israel, de la que ambas partes- como es sabido- obtienen importantes beneficios tecnológicos e intelectuales. 
Evidentemente, este es el ejemplo de lo que debe ser una cooperación equilibrada. 
Finalmente, no debemos ocultar que se trata de un factor de paz en Oriente Medio, en la medida en que el acuerdo permitirá realizar un trabajo común mucho más importante con los investigadores, los laboratorios y las universidades palestinas. 
Las autoridades palestinas han asumido compromisos en tal sentido. 
Deseo felicitar muy sinceramente a la señora Ponente, agradecer a todos los colegas de la Comisión de Investigación, y expresar, naturalmente, mi acuerdo con las enérgicas palabras del Sr. Stockmann. 
A pocas semanas de las elecciones israelíes, deseo personalmente interpretar en nuestra decisión- que espero sea positiva-una señal enérgica dirigida a las fuerzas del entendimiento y de las ideas en la región, en pro de una paz basada en el desarrollo, el progreso, el respeto recíproco y la cooperación. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Desechos generados por buques y residuos de carga 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0023/99) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (COM (1998) 0452- C4-0484/98-98/0249 (SYN) ). 
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a la Comisión por la propuesta que ha realizado, porque a mi modo de ver ha sido un intento con éxito de combatir la contaminación que aún se sigue produciendo debido a los buques que descargan sus desechos en el mar. 
A mi juicio, y a juicio de la Comisión de Transportes, la propuesta se ha elaborado de manera equilibrada, porque los buques se ven obligados a evacuar los residuos y los puertos se ven obligados a construir instalaciones. 
So far, so good, hasta ahí todo va bien, diría yo. 
No obstante, no le sorprenderá que la Comisión de Transportes haya aprovechado la ocasión para mejorar o precisar la propuesta en algunos puntos. 
El primer punto, y me refiero al punto más importante, sobre el que se han centrado la mayoría de los debates y probablemente se centrarán también en el futuro, es el pago. 
La Comisión propone imputar una parte sustancial de los costes de la recepción y manipulación a todos los usuarios del puerto. 
A mi juicio, ésta es una propuesta demasiado vaga y por ello en la enmienda se propone completar la palabra «sustancialmente» con «por lo menos en un 90 %» de los costes. ¿A qué se debe este cambio? 
Pienso que es sumamente importante evitar que los barcos puedan acogerse a razones de orden financiero para deshacerse de su carga o los restos de ella fuera de los puertos, en el mar. 
Si ocurre que sólo una pequeña parte de los costes se imputa a las tasas portuarias, esto será y seguirá siendo un motivo para que los barcos puedan descargar sus vertidos en el mar. 
De ahí que estemos a favor de precisar la palabra» sustancialmente» con «por lo menos en un 90 %» , porque no se trata de una cifra precisa. 
Se trata, en lo que a nosotros respecta, de dejar claro que los costes que están asociados a la manipulación deben imputarse a todos los barcos, independientemente de que hagan uso o no de las instalaciones de recepción. 
El segundo punto en el que creemos que la propuesta podría precisarse es el relativo al control de la aplicación las normas. 
Esto se desarrolla en dos niveles. 
En primer lugar, el control entre puertos intermedios. 
No puede ser que un barco que, por buenas razones, no tenga tiempo o posibilidad de evacuar sus residuos en un puerto determinado pueda tener la libertad de no hacerlo tampoco en el siguiente puerto. 
Debe ser posible- y realmente ya lo es- que los puertos se intercambien información sobre la situación de los barcos que navegan entre puertos cercanos o que hacen escala en el siguiente puerto. 
Existen sistemas, pero deben desarrollarse, de ahí la llamada a la Comisión para que se apoyen estas medidas. 
Otro punto, en lo que respecta a los controles, son las inspecciones dentro de los puertos. Aquí también hay una cierta insatisfacción con la formulación un tanto vaga que utiliza la Comisión, al afirmar que debe haber «un número suficiente» de inspecciones. 
Estamos a favor de que, en lugar de la expresión «suficiente» , se recupere una antigua cifra que la propia Comisión ha planteado en reglamentos anteriores, a saber, que se inspeccione el 25 % de todos los barcos. 
Esto está así establecido en unos cuantos reglamentos. 
La Comisión ha dicho que esta medida quizá vaya a desaparecer. 
En estos momentos no nos parece que sea motivo para ignorar dicha medida, por lo que, en lo que a nosotros respecta, cabe introducir el 25 % en la directiva. 
La tercera precisión de la propuesta de la Comisión se refiere a los buques de pesca. 
La propia Comisión ha afirmado que se ha cometido un pequeño error en su propuesta al prever que todos los buques de pesca queden excluidos de la directiva. 
No somos partidarios de crear una burocracia innecesaria, y tampoco somos partidarios de excluir de la directiva a todos los barcos de pesca, pero nos parece un tanto increíble que los grandes buques, incluso las fábricas flotantes, que generan una enorme cantidad de residuos, queden fuera de esta normativa. 
Por ello proponemos excluir de la directiva a todos los buques por debajo de los quince metros de eslora e incluir los buques por encima de cincuenta metros. 
Por último, la cuarta precisión se refiere a la compensación del comportamiento respetuoso con el medio ambiente. 
En lo que a nosotros respecta, es un elemento importante de todas las políticas de transporte y de medio ambiente. 
Estamos a favor de que se recompense a los barcos que hacen todo lo posible para mantener el barco y el vertido de residuos de la manera más ecológica posible. 
Para ello es necesario que quede más claro qué son buques respetuosos con el medio ambiente. 
Por ello pedimos la Comisión que haga un intento de fomentar una mejor definición de este concepto. 
Mi conclusión es que- y quizá esto es una observación más general sobre las propuestas de la Unión Europea- las propuestas que a menudo plantea la Comisión, y a veces también el Parlamento, son en cierto modo equívocas en lo que respecta a su viabilidad, porque no se corresponden con la práctica cotidiana. 
Estoy convencido de que la propuesta de la Comisión, completada con las enmiendas del Parlamento, va a dar lugar a una propuesta que sí se corresponde con la práctica. 
Hay puertos que tienen instalaciones de recepción o que planean construirlas. 
Existe la disposición por parte de los buques a evacuar los desechos o residuos de carga. 
Existen planes para definir mejor qué son buques respetuosos con el medio ambiente. 
Precisamente porque hay planes y porque la propuesta se ajusta a ellos, pienso que la presente propuesta de la Comisión es necesaria y razonable y constituye un intento adecuado de prevenir el vertido de residuos en el mar. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, cuando la Presidencia británica incluyó la contaminación marina en el orden del día, tras las diversas peticiones realizadas, entre otras instituciones, por la Comisión de Transporte, muchos fuimos los que exclamamos: ¡Por fin! 
Lo digo de corazón. 
Tenemos conocimiento de los numerosos accidentes que se producen en las aguas europeas con petróleo de por medio. 
Conocemos muchos barcos que han vertido petróleo en nuestras aguas. 
Esta directiva compromete a los barcos. 
Pasamos de un convenio, un convenio de la OIM, que era una recomendación, a leyes con las que obligamos a los barcos y a los navegantes a que den cuenta de las existencias de aceites de desecho. 
Además, obligamos a los puertos, no necesariamente a todos los puertos, a que en el futuro recojan los aceites residuales. 
En mi opinión, resulta fundamental hacer esta directiva los más operativa posible. 
No debe ser complicada o burocrática. 
Espero que la Comisión y el Consejo hallen en la redacción definitiva un modelo que haga esta directiva atractiva y fácil de usar para los barcos y los puertos. 
Hay dos problemas. El señor ponente ha mencionado el primero. 
Hay dos problemas que me gustaría abordar. 
Hay que pagar por ello. 
Por supuesto, no es gratis. 
Espero que estos costes no se conviertan en otro obstáculo para la navegación. 
El informe Shortsea demostró claramente que los costes portuarios son una de las causas que provocan la elección de otros medios de transporte. 
Al pequeño buque de cabotaje- o dado el caso, al gran buque de cabotaje- se le impone este coste, y esto me parece un problema. 
Si se considerara esto como parte de la infraestructura, entonces podría hacerse gratis. 
También puede hacerse considerando los aceites residuales que se desembarcan a tierra. 
Éstos verdaderamente sí pueden ser recuperados y reutilizados. 
Librar a éstos de las tasas sobre aceites y del IVA, etc., podría financiar este sistema. 
Creo que hay que presentarles a los países miembros algunas buenas ideas en cuanto a esta forma de financiación. 
Un segundo punto son los barcos en tránsito en aguas internacionales, que no hacen escala en puertos europeos. 
Estos quedan fuera de nuestro alcance. 
Creo que debemos volver la vista atrás y ver qué ocurrió con el Pallas Athene. Se incendia en aguas internacionales, atraviesa aguas territoriales danesas y atraca en un puerto alemán y ahí estamos todos nosotros en una especie de pantomima funcionarial. 
El que primero se mueva, pierde. 
Se le pasa la factura. 
De haber tenido un sistema de seguimiento en el Mar del Norte, podríamos haber abordado el asunto en grupo, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido, pero no lo hicimos. 
Dejamos que la factura fuera al país donde había atracado el barco. 
Creo que tenemos una tarea y que ésta pasa por lograr que los países miembros incluyan a los barcos en tránsito en sus reflexiones futuras. 
Sé bien que este punto no está incluido dentro de esta directiva. 
Señor Presidente, muchas gracias por su exposición. 
Saludo expresamente a mi estimado colega el señor Comisario de Transportes y me alegro de que debatamos otra vez por la mañana y no el martes por la noche a las 23.00 horas. 
Respecto al tema, creo que el enfoque que realiza la Comisión en la directiva es excelente. 
Me alegro como ciudadano de Hamburgo que se hayan recogido todos los resultados de la Conferencia Internacional Europea que se ha celebrado en Hamburgo sobre la cuestión de las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques. 
Por la experiencia sabemos que el convenio MARPOL, que contiene la obligación de tratamiento y eliminación de los residuos generados por los buques, no es suficiente. 
Tenemos que eliminar realmente estos residuos. 
Cuando ahora decimos que los puertos tienen que disponer de instalaciones adecuadas para la eliminación de los desechos- y todos tienen que pagar en cualquier caso mediante un sistema de tasas No special fee- entonces creo que habrá más capitanes que dirán que si lo pagan directamente eliminarán sus desechos también en el puerto. 
Esta es una tarea muy importante pues, de otro modo no lograremos mantener limpias las playas precisamente en el mar del Norte y en el Báltico. 
Tenemos que hacer aún mucho, lo que es aplicable también al Mediterráneo y a otras partes de la Unión Europea. 
Así pues, el enfoque es totalmente correcto. 
Expreso también mi agradecimiento al colega Lagendijk, que es nuevo en la Comisión de Transportes, por la excelente cooperación. 
Creo que esta comisión ha aprobado unánimemente la recomendación y es bueno y hay que alabar que todos los grupos políticos de esta Asamblea vayan en la misma dirección, la de la protección del medio ambiente, pero que tengan también en cuenta los intereses económicos. 
Permítanme que me refiera brevemente a dos cuestiones. 
Hemos presentado una serie de enmiendas. Señor Kinnock, espero que la Comisión las apruebe después todas ellas. 
En cualquier caso, quiero destacar en especial dos cosas. Primera: la Comisión debe adoptar las medidas adecuadas para que los sistemas de tasas que se van a introducir ahora no ocasionen distorsiones en la competencia entre los puertos. 
Es de esperar que algún que otro puerto intente obtener ventajas competitivas en el, por así decirlo, conflicto normal que tiene lugar entre los puertos por la carga, mediante reglamentos de tasas especialmente favorables o desfavorables. 
La Comisión debe prestar atención al respecto y en caso necesario deberemos regularlo mediante leyes. 
También creo que debemos obligar a los Estados miembros o los puertos a controlar realmente el 25 % de todos los buques al año. 
Pues esto de los controles suficientes lo conocemos ya de los tiempos de descanso en el transporte de camiones, donde tuvimos que legislar pues no se respetaban las normas de los Estados miembros. 
Señor Comisario, esto no debería suponer ningún problema, pues en la directiva sobre el control de los Estados portuarios tenemos el mismo porcentaje del 25 %. 
Posiblemente, podría hacerlo el mismo funcionario. 
Necesitamos un control efectivo de la eliminación de desechos en provecho del mar, de los animales y de las personas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en las sociedades civilizadas uno tampoco hace sus necesidades en cualquier lugar. 
Por ello, la obligación de los buques de eliminar sus desechos en los puertos es algo elemental. 
Creo que el informe del Sr. Lagendijk lo muestra claramente. 
No debe existir ningún estímulo para evitarlo mediante las tasas. 
Tiene que existir un control del 50 %. 
Todo lo demás conduce a situaciones ridículas o peligrosas y además hay que dar preferencia a los buques no contaminantes. 
En el fondo, este informe se ocupa indirectamente, en pequeñísimos pasos, de tres puntos esenciales. 
Primero: la cuestión de una regulación europea para el mar. 
Los EE.UU. lo tienen ya hace mucho tiempo mientras que la Unión Europea actúa aún como si fuese un gran número de pequeños Estados entre los que sólo son válidas las normas de la OMI. 
Esta es una situación insostenible. 
Segundo: la necesidad del control del Estado del puerto. 
Ante la evolución del desabanderamiento y de los segundos registros es un imperativo de primer orden. 
Tercero: la primacía de la ecología, pues la destrucción de nuestros fundamentos de vida no puede constituir la base de una rama de la economía. 
Señor Presidente, los intercambios comerciales con origen y destino en la Unión Europea no hacen sino aumentar. 
Una parte considerable de este transporte se realiza por mar. 
Esto es motivo de aplauso, ya que, por unidad transportada, el transporte por vía navegable es uno de los modos de transporte más limpios. 
No obstante, este modo de transporte también tiene desventajas. 
Unas vías navegables muy concurridas por lo general van unidas a una serie de desechos generados por los barcos. 
Ésta es sólo una de las consecuencias del vertido de residuos de los buques. 
Es lógico pensar que este tipo de vertidos implica un ataque al medio ambiente marino, que daña seriamente este sector del transporte marítimo. 
La directiva propuesta pretende ofrecer una solución a este tipo de problemas. Está lejos de ser simple. 
Por una parte, como ha señalado el ponente, es importante señalar, como en otros sectores, el principio de «quien contamina paga». 
Por otra parte, la cuantía de este pago no debe ser un incentivo para eludir la ley. 
En la formulación elegida tiene lugar la imputación de una parte sustancial de los costes mientras que el resto sólo debe pagarse en situaciones extraordinarias. 
Esto obedece a uno de los puntos de partida. 
La posibilidad de reducir el importe para los barcos respetuosos con el medio ambiente debe considerarse un elemento añadido. 
Además, quedará por ver si el éxito de esta directiva se corresponde con la medida de su cumplimiento y mantenimiento. 
El sistema de notificación propuesto y la obligación de efectuar los vertidos me parecen un método excelente para fomentar el fraude. 
Para terminar: el informe aporta una contribución positiva ante la protección de nuestro medio ambiente y en esa medida cuenta con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, Sr. Lagendijk, por su gran trabajo que, es justo recordar, efectivamente mereció la aprobación unánime de la Comisión de Transportes. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto aquí el Sr. Jarzembowski y, aparte de apoyar lo que él ha dicho, sólo me queda hacer algunas matizaciones. 
Como se ha dicho, el objetivo de esta propuesta sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga es reducir la contaminación y así proteger el medio ambiente, sobre todo vigilar los vertidos legales y de otras sustancias nocivas al mar. 
En esta situación, la propuesta de la Comisión era un complemento necesario y muy oportuno, señor Comisario, a la normativa actual para proteger el medio ambiente marino y crear condiciones de competencia justas entre los puertos de la Comunidad. 
Por lo tanto, señor Comisario, tenemos que mostrar también la satisfacción por esa oportunidad, especialmente en lo que se refiere a la obligación de principio de todos los barcos de entregar para su tratamiento sus propios desechos y los residuos de carga de los puertos. 
También nos satisface la aprobación, en líneas generales, del sistema de tasas propuesto, que se aproxima- como se ha dicho también- al sistema libre de tasas especiales pero evitando caer en un sistema de pujas a la baja. 
Esta propuesta prevé un tratamiento, en partes diferentes, de los desechos generados por los buques y los residuos de carga pues si bien los buques están obligados a descargar ambos en los puertos, en el caso de los residuos ha de hacerse de acuerdo con las disposiciones del MARPOL 73/78, lo que significa que el tratamiento y la eliminación de los residuos de carga no están cubiertos por las tasas portuarias sino que son objeto de tasas adicionales. 
Termino, señor Presidente, manifestando que es natural que se exceptúe de la aplicación de la directiva a los buques de guerra y anunciando que, en líneas generales, estamos de acuerdo con la propuesta. 
Señor Presidente, todos conocemos las imágenes de aves y peces haciendo un último e inútil esfuerzo contra los vertidos de petróleo y otros desechos generados por nuestros buques a lo largo de nuestras costas, porque no se cumplen los convenios internacionales que prohíben el vertido al mar. 
Es de esperar que esta directiva con las enmiendas de la comisión remedie el hecho de que por la eliminación de sus desechos los barcos vayan a pagar una tasa portuaria en todos los casos y a pesar de la cantidad de desechos. 
Los miembros del Movimiento de Junio normalmente defendemos, al igual que el señor ponente, el principio de «quien contamina, paga». 
Sin embargo, también estamos de acuerdo con el señor ponente en que en este caso debe obviarse este principio, pues una tasa en función de la cantidad de desechos aumentaría la tentación de lanzar los desechos al mar. 
La vigilancia supone la piedra angular de esta directiva. 
Sin embargo, para que ésta resulte efectiva, el Movimiento de Junio pide que se apoyen las enmiendas del señor ponente especialmente las referidas a los puntos siguientes: que se establezca una definición del concepto «buque respetuoso con el medio ambiente» , que se defina mejor esta vigilancia, que se explique la expresión «contribuirá sustancialmente» , siendo esta contribución tan grande que no compensará lanzar los residuos al mar, y por último que los residuos de carga queden incluidos dentro de la tasa portuaria. 
En este contexto, el tráfico en el mar Báltico representa un problema particular, habida cuenta especialmente de la extremada fragilidad de este mar. 
Cada año se vierten directamente en el mar Báltico ingentes cantidades de petróleo. 
Únicamente en aguas suecas se producen centenares de estos vertidos todos los años. 
Y casi nunca es posible determinar de qué barco procede el petróleo. 
En este orden de cosas, Suecia cuenta con una ley que permite a todas las embarcaciones en tránsito atracar en prácticamente cualquier puerto para depositar sus excedentes de petróleo. 
Este sistema tiene obviamente sus ventajas y sus inconvenientes. 
Es evidentemente muy positivo que nadie tenga, por estrecheces económicas, la necesidad de verter sus residuos de petróleo directamente en el mar. 
Sin embargo, un sistema de este tipo cuesta mucho dinero, especialmente si son solamente unos pocos los países que lo aplican. 
Por todo lo que he expuesto anteriormente, resulta evidentemente natural avanzar hacia este tipo de medidas desde una perspectiva europea y, en mi opinión, se debería también exigir a todos los países candidatos que actuaran en este sentido. 
De esta manera, la totalidad de los países ribereños del mar Báltico dispondrían prácticamente, en un futuro no muy lejano, de las mismas oportunidades para acoger, entre otros, los residuos de petróleo. 
Una vez dicho esto, permítanme preguntar al señor Comisario qué iniciativas está dispuesto a emprender para incluir a los países candidatos en la decisión que se adopte en el día de hoy. 
Señor Presidente, para comenzar deseo mostrar mi satisfacción por el informe del Sr. Lagendijk, no sólo porque apoya los esfuerzos de la Comisión para garantizar una importante reducción de la contaminación marina, sino también porque es su primer informe en calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Turismo; enhorabuena. 
Es toda una hazaña, si me permite la expresión, y en compensación a su apoyo y a la calidad del trabajo, me complace enormemente anunciar que la Comisión puede aprobar muchas de las enmiendas presentadas por el ponente. 
Específicamente, la Comisión puede aceptar al menos los principios subyacentes de las enmiendas 1, 3, 4, 5, 12, 16, 17 y 18 (Inglaterra 0, Francia 2- pensé que podría decirlo). 
Hay, sin embargo, otro grupo de enmiendas que la Comisión debe rechazar, principalmente porque considera que las inquietudes que recogen ya han sido contempladas en otras partes del texto actual. 
Estoy seguro de que, si lo estudian con detenimiento, sus Señorías comprenderán y, espero, aceptarán este argumento. 
Me refiero específicamente a las enmiendas 6, 10, 14 y 15. 
Esto deja fuera sólo a 6 de un total de 18 enmiendas, en las que existe un mayor grado de desacuerdo con el Parlamento, y debo decir que, incluso en esos casos, la divergencia no es fundamental. 
Las enmiendas 2 y 7 proponen ampliar la obligación de notificar por escrito acerca de la situación de los desechos a bordo a los buques pesqueros de más de 15 metros. 
El Sr. Lagendijk se ha referido específicamente a ello en su intervención de hace un momento. 
La Comisión teme que esto podría conducir fácilmente a un sistema demasiado burocrático sin aportar a cambio ningún beneficio importante al medio ambiente. 
Debemos tener presente, naturalmente, que los buques pesqueros no están excluidos de los requisitos de descargar sus desechos en los puertos y de contribuir a los costes de las instalaciones. 
Dichos buques sólo están exentos- y hago hincapié en esto- de la obligación de notificar por escrito antes de llegar a puerto. 
El motivo es sencillamente que la mayoría de los buques pesqueros, evidentemente, tienen uno o más puertos en los que normalmente desembarcan sus capturas. 
La propuesta de notificación previa existe para que el puerto pueda realizar los preparativos necesarios para recibir los desechos de los buques. 
En el caso de los buques pesqueros, el puerto suele estar muy familiarizado con las necesidades de los buques, incluso sin notificación escrita. 
También creemos que el límite de 15 metros de eslora, al igual que cualquier otro límite, está sujeto a cierta arbitrariedad y, por consiguiente, tiene difícil justificación. 
Por estos motivos- esperamos que la Asamblea acepte las razones de orden práctico -, tampoco podemos aceptar la enmienda 13. 
Dicho esto, no obstante, comparto la inquietud del Parlamento de que si los buques pesqueros factoría de gran tamaño quedaran excluidos de la obligación estatutaria, supondría un grave retroceso. 
Quisiera asegurar a la Asamblea que, desde luego, dichos buques están sujetos a las obligaciones de notificación y control, puesto que los buques factorías que no se dedican a la pesca no son considerados buques pesqueros según los términos de la presente propuesta de directiva. 
La enmienda más controvertida, como ha dicho el propio Sr. Lagendijk, es probablemente la 8, que es relativa al sistema de tasas para la descarga de desechos generados por los buques. 
En este caso, los objetivos del Parlamento y de la Comisión son absolutamente los mismos: todos queremos lograr un sistema de tasas que no incentive a los buques a verter los desechos al mar. 
No obstante, diferimos sobre los métodos para alcanzar este objetivo. 
La propuesta de la Comisión intenta establecer un equilibrio entre la necesidad de avanzar todo lo posible en el fomento de la descarga de desechos en los puertos y la cruda realidad política de tomar en consideración las opiniones tan divergentes de los Estados miembros sobre este asunto. 
El resultado final de los enfoques del Parlamento y de la Comisión es que las tasas no pueden basarse únicamente en la descarga en sí. 
Ninguno de nosotros opina que los buques que no descarguen los desechos deben librarse de las tasas relativas a la gestión de residuos. 
Nuestra divergencia, por tanto, surge únicamente del hecho de que la propuesta de la Comisión preserva una mayor flexibilidad para que los Estados miembros decidan el alcance de la aplicación del denominado sistema libre de tasas especiales. 
Además, debemos tener presente que los puertos, puertos deportivos y puertos pesqueros de los Estados miembros son evidentemente muy diferentes, no sólo entre los Estados miembros, sino también a nivel nacional. 
No obstante, como decía, el objetivo fundamental de compartir los costes entre usuarios y no usuarios es crucial si queremos fomentar la descarga en puertos de los desechos y reducir, e incluso prevenir, la contaminación del mar. 
La enmienda 9 es inaceptable porque la Comisión puede ocuparse satisfactoriamente de los asuntos de competencia en virtud de los poderes que le otorga el Tratado. 
La enmienda presentada tendría el efecto de reducir dichos poderes necesarios a la mera posibilidad de presentar propuestas, y eso, a todas luces, no sería correcto. 
Una vez más, espero que previa reflexión, dicha enmienda sea retirada. 
Por último, no podemos aceptar la enmienda 11, que es relativa al número de inspecciones in situ que deben realizarse con fines de control. 
La Comisión considera que debe existir cierta flexibilidad, en parte, debido a la posible futura inclusión del régimen de control de residuos en la actual directiva relativa al Estado rector del puerto que, evidentemente, tendría el efecto exacto que acertadamente prevé el Sr. Jarzembowski. 
Nuestra impresión se debe, en parte, al hecho de que los principales elementos para mejorar el cumplimiento de esta directiva no sólo están recogidos en el apartado de la directiva relativo al control. 
La Comisión considera por consiguiente que un sistema de control in situ algo menos sistemático es adecuado para el propósito de la directiva y para alcanzar los objetivos de combatir la contaminación del mar, al menos, en lo que respecta al seguimiento fuera del régimen del Estado rector del puerto. 
Evidentemente, como ha dicho el Sr. Jarzembowski y como han observado otros diputados, en el curso de un control normal del Estado rector del puerto, sería sorprendente que el inspector responsable de su cuota del 25 %, por ejemplo, no prestara atención a la situación de eliminación de residuos a bordo del buque. 
Cabe perfectamente prever que se controlaría; se trata de un control relativamente sencillo. 
Sus Señorías han planteado varias preguntas a las que quisiera responder muy brevemente. 
El Sr. Sindal ha planteado la cuestión de los restos de los naufragios en aguas internacionales. 
En esta Asamblea recordamos lo mucho que ha insistido el Sr. Sindal en las consecuencias del desastroso naufragio del Pallas en aguas internacionales. 
Actualmente, como la Asamblea y el Sr. Sindal saben, sólo los buques son responsabilidad del Estado del pabellón, pero todos conocemos las deficiencias de ese sistema, y los Estados costeros pueden participar con el fin de proteger su medio ambiente. 
Claramente es de desear que también se utilicen esos poderes. 
A la Asamblea le alegrará saber que la Comisión está apoyando los debates en el marco de la Organización Marítima Internacional relativos a que la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir la contaminación, así como de otros efectos de los naufragios recaiga sobre el patrón del buque. 
En mi opinión, eso podría tener efectos importantísimos sobre nuestros esfuerzos por conseguir embarcaciones de calidad en todas las aguas, especialmente en aguas europeas. 
Ojalá podamos avanzar pronto en el marco de la OMI. 
Preferiríamos naturalmente que las normas fueran a nivel mundial, si fuera posible, y dotarlas a continuación de un régimen jurídico en nuestra zona marítima. 
Espero que podamos embarcarnos en esta misión sin grandes retrasos una vez que finalicen los debates en el marco de la OMI. 
El Sr. Sindal ha preguntado asimismo si las tasas de eliminación de desechos deben llevar IVA. 
Es una pregunta crucial y probablemente el motivo por el que aún continúan los debates sobre este asunto. 
No obstante, en el curso de la presente legislación estaré en condiciones de ofrecer una respuesta más específica. 
El argumento del Sr. Jarzembowski, que ha tenido una buena acogida, de que es fundamental que las tasas impuestas no distorsionen la competitividad entre los puertos dada su rivalidad es, cuando menos, muy interesante. 
Cuando me retire, tengo intención de escribir una novela sobre este tema para hacerles justicia- quizá un cuento, quién sabe. 
Existirán diferencias en el nivel de las tasas, diferencias que obedecerán, principalmente, a la eficiencia o ineficiencia relativas del sistema. 
Si, debido a su ineficiencia en la eliminación de residuos, un puerto puede establecer tasas más bajas, pues le deseamos mucha suerte a dicho puerto. 
En este caso se trata de competencia efectiva, y no de una distorsión de la competencia, como estoy seguro de que reconocerá el Sr. Jarzembowski. 
Termino expresando mi gratitud a la Comisión de Transportes y Turismo y específicamente al ponente, Sr. Lagendijk, por el rápido trabajo y el excelente informe sobre esta minuciosa e importante propuesta. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de pocos minutos. 
Transporte combinado; dimensión y peso autorizados para vehículos de carretera 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar muchas gracias al colega van Dam por haber sustituido a Florenz Wijsenbeek, quien ha devuelto el informe por unos motivos muy honorables. 
Si no me equivoco, el Pleno va a rechazar después en la votación o más tarde este informe, además, por buenos motivos. 
¿Por qué? 
Estamos de acuerdo en el objetivo de que debe fomentarse el transporte combinado porque queremos desplazar el transporte de mercancías al ferrocarril y al agua. 
Estamos pues de acuerdo en el objetivo. 
La cuestión es si el medio que aquí propone la Comisión es viable. 
Creo que no lo es y que es contraproducente. 
Pero si en el artículo 9 a de la Comisión se propone que los vehículos destinados al transporte de mercancías estén exceptuados de las limitaciones existentes, sobre todo los fines de semana, por la noche, en días feriados así como en caso de una intensa contaminación del aire, siempre que se empleen como transporte combinado en el sentido del artículo 1, se abre un saco sin fondo que no se puede aprobar así. Es decir, con esto más la combinación de 44 toneladas que siempre hemos rechazado en el Parlamento, se permite aquí una evolución negativa que tolera prácticamente todo en la carretera sólo con que tenga lugar en nombre del transporte combinado. 
No puede ser esta nuestra línea. 
Se puede hablar también en este Parlamento sobre horarios y trayectos exactos, pero esta cláusula general, esta autorización general no puede ser en nuestro sentido. 
Esta es la vía errónea. 
Por ello, la Comisión tiene que recapacitar aún al respecto y realizar una mejor propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, ante la brevedad del tiempo de que dispongo sólo quiero indicar que estamos de acuerdo en lo esencial con los socialistas y sobre todo con el ponente. 
No queremos fomentar el transporte combinado. 
Preferimos proporcionar facilidades fiscales. 
Pero la supresión de la prohibición de conducir por la noche, los fines de semana o la desaparición de límites de peso son medios inadecuados que tenemos que rechazar en interés de los ciudadanos. 
Señor Presidente, también puedo ser breve. 
Pocas veces he percibido un ejemplo de hipocresía tan grande como el que hemos escuchado aquí está mañana. ¿Cómo queremos conseguir el modal shift, el cambio modal, si no se proponen soluciones ventajosas para el transporte combinado? 
¿Cómo podemos hacer que las vías de ferrocarril compitan con el transporte por carretera si no se pueden llevar grandes contenedores en los trenes y, sin embargo, se admiten las 44 toneladas? 
Los trenes, señor presidente, funcionan cada día. También en los fines de semana y en los días festivos. 
Para eso hay que llevar hasta ellos las mercancías. Esto significa que no tiene absolutamente ningún sentido mantener la prohibición de circular en fin de semana. 
Señor presidente, permítame decir antes de nada que un peso de 44 o de 40 toneladas estructuralmente no tiene absolutamente ninguna influencia en las infraestructuras. 
El Sr. Van Dam, el ponente que lo ha planteado, ha dicho un gran tontería. 
Señor Presidente, también yo quiero reiterar la posición de los Verdes que están en contra de la propuesta presentada por la Comisión. 
Retomando lo afirmado por los colegas que ya han intervenido a excepción del Sr. Wijnsenbeek, consideramos esencial reiterar que el transporte intermodal por carretera no puede superar el 40 % y que no se pueden aceptar condiciones especiales en favor del transporte por carretera como la de poder viajar durante los fines de semana. 
Como mucho, estimamos que es posible terminar el transporte en un ámbito de 200 kilómetros y que es inaceptable prever un aumento del peso máximo autorizado hasta 44 toneladas. 
Del conjunto de estas consideraciones nos resulta que este enfoque, aunque, obviamente, es favorable al transporte combinado, sirve para fomentar de manera especial el transporte por carretera. 
Interrumpimos el debate para dar paso a las votaciones. 
El debate se reanudará esta tarde. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar este momento para referirme a una cuestión en la que se ha inducido a error al Parlamento Europeo. 
Al responder a la pregunta formulada por el Sr. Donnelly, el Presidente del Banco Central Europeo Wim Duisenberg ha dicho que los miembros de la dirección de este banco percibirán un salario superior en un 10 % al de los comisarios. 
Ayer se descubrió en mi país que el Banco de Finlandia, que participa en el Banco Central Europeo, abonará además a un miembro de la dirección de este último banco, Sirkka Hämäläinen, una pensión que rondará los 10 000 euros mensuales. 
Creo que hay motivos para imaginar que el resto de los miembros del Consejo de dirección del Banco Central Europeo percibirá igualmente retribuciones suplementarias de este tipo. 
Desearía que la comisión responsable del Parlamento investigara este asunto y reprochara este inmoral comportamiento. 
Le pido disculpas, señor Seppänen. 
Puesto que no se trata de una cuestión reglamentaria, debo retirarle la palabra. 
Tomo nota de su observación, que probablemente también ha sido oída por la Comisión. 
Vamos a proceder ahora a las votaciones. 
Votaciones 
Señor Presidente, solicito que no se someta a votación la resolución legislativa, de conformidad con el procedimiento aprobado para todos los informes de la Agenda 2000. 
Aprovecho mi tiempo de uso de la palabra para agradecer a todos los colegas por el resultado de la votación e informarles que he analizado la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas presentadas y aprobadas. 
He comprobado con enorme satisfacción que la Comisión acepta la mitad de las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura. 
Naturalmente, existen divergencias sobre algunos puntos que la mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura ha considerado esenciales. 
Los defenderé en el marco de las reuniones con el Consejo y con la Comisión, que se desarrollarán hasta el momento de la celebración de la votación de la resolución legislativa. 
Aplausos 
Se somete a votación la moción de devolución a comisión, en virtud del apartado 2 del artículo 60, propuesta por el Sr. Martin. 
El Parlamento decide la devolución a comisión 
Señor Presidente, deseo comunicarle que se hallan presentes en la tribuna de invitados los miembros de una delegación del Parlamento de Taiwán, dirigida por el Sr. Lee y la Sra. Song. 
Vivos aplausos 
Señor Presidente, el informe que viene a continuación, el informe White, es, a mi juicio, el de mayor transcendencia en el terreno material para muchos países del sur de Europa y hasta para la agricultura europea. 
Previendo una menor asistencia en la votación de esta tarde, le pido, señor Presidente, así como al ponente y a los colegas, que se aplace la votación de este informe hasta el próximo periodo parcial de sesiones de Bruselas, que tiene lugar dentro de 12 días. 
Señor Presidente, soy plenamente consciente de los problemas que para la península Ibérica representa el tema del agua. 
En vista de lo que se acaba de decir, no me opongo a lo que se propone. 
Señor White y señor Aparicio, la decisión deberá tomarse al inicio de la votación. 
En ese momento se podrá presentar una solicitud de devolución, pero la votación está prevista a las 17.30 horas. 
El grupo socialdemócrata sueco considera que, atendiendo a aspectos sanitarios, el vino no debe figurar entre los productos que se benefician de ayudas en el marco de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. 
Por consiguiente, estimamos que se debe poner fin a estas ayudas. 
Hemos votado contra la OCM del vino, porque nada tiene que ver con la PAC vigente. 
El volumen financiero atribuido a esta OCM es insignificante en relación con el atribuido a la carne, a los cereales, a la leche y al tabaco. 
Al contrario de lo que sucede en las OCM antes mencionadas, los productores no van a tener derecho a ayuda directa alguna. 
Las superficies permitidas de plantación son insuficientes para una política de autoabastecimiento de la Unión Europea, pues el 14 % del comercio está ya en manos de terceros países. 
A pesar de la campaña de la Unión en el sentido de ser transparente para el consumidor, la OCM no obliga a la discriminación en el etiquetado de los productos con que se produce el vino, lo que propicia una competencia desleal entre el que contiene azúcar y el producido con uvas. 
Procura distinguir los vinos espirituosos de los vinos naturalmente dulces para perjudicarlos en su carga fiscal, creando condiciones para una competencia desleal entre los vinos de Oporto y de Madeira. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Martin, porque rechaza grandes partes de la propuesta de la Comisión por la que se reforma la organización de mercado del vino. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión ya que la reforma sigue el hilo de las ideas recogidas en la Agenda 2000. 
La Comisión ha presentado varias propuestas para que el sector vinícola esté más orientado hacia el mercado y así oferta y demanda casen mejor en el futuro. 
Las medidas incluyen por ello un ajuste de mercados, que implica la reestructuración y prohibición de replantar las superficies vinícolas de determinadas zonas y la desaparición de las posibilidades artificiales de comercialización para los productos que no puedan comercializarse en el mercado. 
Con ello se evita el exceso de producción, que se coloca a precios muy por debajo de los costes de producción y destilación. 
El informe del Sr. Martin plantea una modificación de la propuesta de la Comisión manteniendo parte del régimen de destilación, cuya supresión es propuesta por la Comisión y fijando para cada objetivo plazos más largos, lo cual es algo que no apoyamos. 
Con la presente explicación de voto quiero hacer constar mi apoyo al informe del Sr. Martin sobre la reforma de la Organización Común del Mercado Vitivinícola, reforma totalmente necesaria con el fin de adaptar el sector a la coyuntura actual y a la fuerte competencia del mercado mundial. 
Es necesario dotar de un mejor y más completo régimen de ayudas y apoyo comunitario a aquellas zonas vitícolas que se encuentran tanto en crisis como en vías de expansión, debido principalmente a la competencia cada vez mayor de terceros países. 
En este sentido, la Comisión debe reforzar la protección del vino de calidad por medio de la denominación de origen tanto dentro de la propia UE como frente a los acuerdos internacionales con terceros países. 
Una gran política de lucha contra la crisis vitivinícola debe ir encaminada a evitar que los viñedos se desplacen hacia las zonas subvencionadas por la UE. 
A este respecto, la Comisión debe permitir la cofinanciación nacional del sector y no considerar, tal y como propone la Comisión, como vino comunitario, y por tanto, subvencionable, el elaborado con mostos de terceros países. 
Resulta necesario también elevar al 3 % las nuevas plantaciones hasta el 2010. 
La regulación del mercado del vino es una circunstancia absurda de principio a fin que haría palidecer de envidia a los responsables de la planificación soviética. 
Además, las ayudas al vino son motivo de un despilfarro irresponsable del dinero de los contribuyentes, dándose no en pocas ocasiones casos de malversación directa. 
A pesar de esto, se propone un aumento de las ayudas de 1.100 millones de euros a 1.300 millones de euros anuales, es decir, ¡un incremento entre 10.000 y 12.000 millones de coronas al año! 
Consideramos que es preciso eliminar con la mayor brevedad esta modalidad de fraude organizado a costa de los fondos de la UE. 
El vino no es ningún producto alimenticio, sino un artículo de lujo que debe someterse a las leyes del mercado sin una mayor intervención por parte de las autoridades centrales que la motivada por la política en materia de alcohol, la cual, por su parte, deberá recaer en el ámbito nacional y no en el de la UE. 
Si los países productores de vino desean destinar ayudas a sus agricultores por motivos de carácter social, tiene naturalmente todo el derecho a hacerlo; pero resulta grotesco que, además de lo que pagan por el vino, los contribuyentes deban hacerse cargo de este sistema de ayudas. 
Es difícil imaginar un ejemplo más flagrante de errónea pseudosolidaridad que el de las ayudas al sector vinícola. 
Somos partidarios de una solidaridad internacional seria, por ejemplo, en lo relativo a la ayuda al desarrollo. 
Ésta es una de las razones por las que hemos votado en contra de la totalidad del informe. 
Los productores de vino son agricultores y, por lo tanto, tienen el mismo derecho a percibir ayudas de la UE que el resto de los agricultores. 
Sin embargo, es preciso modificar las ayudas de la UE para que pasen a ser en mayor medida ayudas de carácter medioambiental, más orientadas a empresas agrícolas de menores dimensiones. 
Hay que reducir las ayudas con el paso del tiempo. 
Es un error abordar en el informe tantas y tan detalladas disposiciones. 
He optado por abstenerme en la votación final. 
Continuamente ataca la furia reguladora de la Comisión Europea. 
En 1962 se aprobó un reglamento para el vino que duró hasta 1970. 
Luego vino un nuevo reglamento de mercado que originariamente solamente estaba pensado para Alemania, Francia, Italia y Luxemburgo. 
Con la adhesión de Grecia, Portugal y España los problemas aumentaron y con el tiempo se produjo un exceso de vinos de mesa que se hubo de controlar. 
El informe Martin es por lo tanto también de gran importancia para los viticultores luxemburgueses. 
¿Quién no se acuerda de los denodados debates sobre los dos informes sobre el vino de nuestros colegas Mateo Sierra y Julio Fantuzzi? 
Dos mundos estaban enfrentados, las regiones vinícolas del sur y la del norte. 
Aunque el informe Fantuzzi se aprobó con una escasa mayoría, no se aprobó en el Consejo de Ministros de Agricultura. 
El mosela y nuestros viticultores salieron aún bien librados pues las pesimistas predicciones de la Comisión en lo tocante a la producción y consumo de vino resultaron ser erróneas. 
Casi 5 años después del informe Fantuzzi, el Parlamento tiene que ocuparse de nuevo de una propuesta de la Comisión sobre una organización común de mercado para el vino. 
Quiero felicitar al Sr. Martin por el buen, pero sobre todo equilibrado informe que ha presentado. 
Espero que en esta ocasión el informe encuentre una mayoría en el Parlamento y en el Consejo de Ministros. Creo que con las propuestas de compromiso que en él se contienen los viticultores del norte podrán producir sus vinos de calidad como siempre han hecho. 
De cualquier modo, opino que la producción de vinos de calidad en la Unión Europea cae dentro de las competencias nacionales de conformidad con el principio de subsidiariedad y aquí se incluyen los luxemburgueses entre los mejores. 
Nuestro objetivo debe ser reducir los vinos de mesa e impedir la importación de mosto de uva de terceros países. 
Pero, sobre todo, hay que reducir la destilación a gran escala, es decir, la destrucción organizada de vino antes de que llegue al mercado. 
Voy a votar así pues a favor del informe del Sr. Martin con la esperanza de que los viticultores de todas las regiones vinícolas queden a salvo en el futuro de más normas. 
Desearía ante todo felicitarme por la calidad del trabajo realizado en el marco de esta reflexión a fondo sobre la importancia de las actividades relacionadas con el vino en nuestras sociedades. Ésta se debe a la experiencia profesional del ponente, asociada a las mejores de las competencias posibles en la materia- que emanan del Grupo Europa de las Naciones -, así como a la encuesta efectuada in situ por los redactores, a la atención prestada a la opinión de los agricultores, y ello en estrecha relación con nuestra Dirección de Estudios. 
Este debate saca a la luz algunos puntos esenciales, que afectan tanto a la naturaleza de la política agrícola común como al funcionamiento actual de las instituciones europeas. 
El centro de nuestras preocupaciones es la voluntad de afirmar claramente que el vino es un producto agrícola y no un producto industrial. 
Esta toma de posición es esencial, porque traduce la necesidad de mantener un vínculo real, estrecho y riguroso, y no sólo desde el punto de vista de la comercialización, entre la región y el producto. 
Ésta implica asimismo la voluntad de favorecer la valorización del producto en el lugar de producción. 
El respeto de este vínculo producto-territorio es indispensable para garantizar la seguridad del consumidor. 
Condiciona el futuro de nuestra seguridad alimentaria, así como la posibilidad de mantener una ordenación equilibrada del territorio. 
Permite evitar las concentraciones nocivas y seguir desarrollando una cocina local que forma parte de nuestra cultura. 
Para conservar este vínculo, es esencial evitar que se desarrolle una temible desviación: la posibilidad de fermentar mostos importados de terceros países. 
Nuestro colega Chesa, procedente de una de las más importantes regiones vitícolas de Europa, ha subrayado los riesgos que provocaría semejante autorización en cuanto al descenso de la calidad y a la ruptura del vínculo entre producto y región. 
El Parlamento ha propuesto prohibir la vinificación de mostos procedentes de países terceros. 
Pero el Comisario Fischler ha puesto en duda el fundamento de esta toma de posición, al estimar que las disposiciones del acuerdo de Marrakech, por el que se crea la OMC, ya no permitirían a los países de la Unión Europea decidir dicha prohibición. 
Nosotros ponemos en entredicho, a nuestra vez, la interpretación del Sr. Fischler, puesto que las propuestas del Informe Martin no hacen más que recoger estrictamente las disposiciones de la OCM del sector del vino establecidas en el seno del GATT. 
Por otra parte, he formulado una pregunta escrita a la Comisión sobre este punto esencial, que debe ser imperativa y rápidamente clarificada. 
En lugar de fomentar pertinentemente el desarrollo de un sector en el que los países europeos poseen el liderazgo mundial, la Comisión ha adoptado en muchos puntos una actitud maltusiana, restrictiva y pusilánime. 
El Informe Martin rompe feliz y deliberadamente con esta filosofía, proponiendo, en el momento oportuno, una renovación y un rejuvenecimiento controlado de los viñedos; medidas para mejorar la calidad de la uva y el procedimiento de vinificación; una orientación prioritaria de las medidas estructurales en favor de los jóvenes, para ayudarles en el momento de su instalación y del crecimiento de su explotación. 
Finalmente, el Informe Martin pide, con razón, que se protejan plenamente la autoridad y los derechos del Consejo en este importante sector, mientras que la Comisión proponía, como de costumbre, un aumento exagerado de sus propias competencias, pretendiendo disponer exclusivamente del poder de modificar la reglamentación. 
Es de esperar que el Consejo, que es el único que posee una verdadera legitimidad democrática entre las instituciones europeas, sepa resistir a las presiones de la Comisión. 
En nombre de Alianza Nacional, expreso nuestro voto favorable, aunque me satisface sólo en parte. 
En efecto, consideramos fundamental que la reforma de la organización común del mercado vitivinícola respete los siguientes principios: 
Aun compartiendo la necesidad de imponer mecanismos de regulación del mercado, en términos de equilibrio entre oferta y demanda, no se justifica la postura de la Comisión cuando, al autorizar la vinificación de los mostos importados, prorroga la prohibición de nuevas plantaciones hasta el 2010. 
Dicha restricción que coexiste con la libertad de acción de los demás productores vinícolas mundiales, supone una seria amenaza para la posición dominante de la Unión en el mercado global, cuya cuota europea, hoy por hoy, supera el 50 % de la producción total.-Es inaceptable el mantenimiento del statu quo en materia de enriquecimiento con sacarosa para la obtención del grado alcohólico final de los vinos. 
Una disposición de estas características obstaculizaría el desarrollo de mercados como el italiano, dedicados a producciones alcohólicas obtenidas en los viñedos y no en las bodegas. 
Los enormes ahorros de coste producidos mediante la simple adición de azúcares convertiría las producciones de calidad, como las italianas, en escasamente rentables y destinadas a comercializarse como simples subproductos.-Asimismo, considero importante garantizar la regularización de los viñedos italianos plantados infringiendo la normativa comunitaria, y descarto la hipótesis, contemplada por la Comisión, de la supresión de los mismos de la reserva de las nuevas instalaciones. 
Si se aceptara la orientación de la Comisión, Italia estaría penalizada respecto a España que, actualmente, autoriza lo previsto en la propuesta.-Por último, con referencia a la decisión de la Comisión Europea nº 94/173/CE de 22 de marzo de 1994, es preciso incluir el sector vitivinícola entre los beneficiarios de las ayudas a la transformación y al acondicionamiento de los productos. 
Excluyendo la posibilidad de ayudas europeas a las inversiones en nuevas tecnologías de producción en las bodegas italianas, se hace imposible la mejora de los estándares de calidad de los productos ofrecidos en nuevos mercados y se perjudican injustificadamente a los empresarios que cuentan con una tradición productiva entre las más antiguas de Europa y que, en una lógica de marketing orientada a la mejora del producto, apuntan a la posibilidad de penetrar en segmentos de mercado de calidad superior.- Informe Barros Moura (A4-0030/99) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Barros Moura plantea, por fin, la cuestión de las instituciones y de las políticas europeas necesarias para completar la moneda única y hacer que ésta funcione. 
No es demasiado pronto. 
Esta cuestión se había ocultado voluntariamente en el momento de Maastricht, para facilitar la ratificación del Tratado. 
Se ocultó voluntariamente también en las negociaciones de Amsterdam, a fin de no dar lugar a debates que hubieran podido conducir a que los ciudadanos se formularan interrogantes en vísperas de la entrada en vigor de la moneda única. 
Pero ahora se ha planteado, y debemos estar vigilantes. 
El informe Barros Moura abre algunos debates, pero no todos. 
Evita, por ejemplo, profundizar demasiado en la cuestión del control democrático de la moneda única, ya que parece prácticamente insoluble. 
Evita también plantear la cuestión del responsable último en materia de cambios exteriores, puesto que es realmente un punto demasiado candente en el contexto actual. 
Menciona la necesidad de un sistema presupuestario de inspiración federal, pero se abstiene de precisar lo que eso significa desde el punto de vista de nuevos impuestos y del nivel de éstos. 
En realidad, ¿de qué habla este informe? 
Esencialmente, de la coordinación de las políticas económicas que desearía extender a ámbitos cercanos, como las políticas estructurales, que desearía centralizar más en beneficio de la Comisión y que desearía, finalmente, que fuese vinculante, gracias a decisiones obligatorias adoptadas por mayoría cualificada. 
Es evidente que en esto se nota la inspiración socialista del ponente, para quien todas las soluciones se enfocan desde el punto de vista de un «super» Estado. 
No obstante, el resultado era previsible. 
Es cierto que hasta ahora no se ha optado explícitamente entre instituciones de gestión del euro de tipo socialista e instituciones de gestión de tipo liberal, pero esta opción está ampliamente predeterminada. 
La moneda única constituye en sí misma un principio unificador. 
Es un poco tarde para que nuestros amigos liberales se den cuenta de ello. 
Deseamos agradecer al ponente la seria labor que ha desempeñado con motivo de este importante informe. 
Creemos que existen motivos para destacar la necesidad de una unanimidad adecuada en lo relativo no sólo a la política sobre la UEM, sino también en otros ámbitos como son el del empleo y la política social, la política macroeconómica global y la política en materia medioambiental. 
Asimismo, estimamos que existen razones para destacar la necesidad de un control político sobre el BCE en el marco de independencia que ofrecen las actividades de este banco. 
Como queda reflejado en la propuesta de la comisión, la ampliación de la UE pone aún mas de manifiesto estas cuestiones. 
Sin embargo, consideramos que con la propuesta de la comisión se corre en muchos casos el riesgo de abordar las cuestiones con un planteamiento inicial equivocado. 
Los avances hacia un mayor desarrollo de la coordinación entre la política de la UEM y, ante todo, la política social y de empleo y la política macroeconómica global han de tener como punto de partida en este ámbito unos esfuerzos activos y unos objetivos comunitarios más homogéneos, y no las exigencias estadísticas de modificaciones en las normas para la toma de decisiones en el Consejo y la aplicación de reglas vinculantes. 
En nuestra opinión, es fundamental que la Comunidad intensifique especialmente sus esfuerzos de cara a lograr una política social y de empleo más activa y una mejor coordinación de la política macroeconómica global. 
Creemos que esta intensificación de los esfuerzos no será necesariamente el resultado de las transformaciones institucionales según se desprenden de la propuesta actual de la comisión. 
Además, consideramos que las modificaciones en la toma de decisiones en materia de política económica han de tener como punto de partida una definición clara de los ámbitos que deberán verse afectados en el marco de la política económica actual de los Estados miembros. 
Creemos que en las propuestas de transformación institucional que ha presentado la comisión hay elementos que no tienen en cuenta esta necesidad de claridad en las definiciones. 
Es posible citar el apartado 18 de la comisión sobre un sistema presupuestario «inspirado por el federalismo» como un ejemplo de considerable falta de claridad en las definiciones. 
Por lo que respecta a la propuesta de la comisión en torno a una posición jurídica del Consejo del euro en el Tratado, consideramos que dicha propuesta no tiene presente que se debe percibir la UEM como una cuestión que afecta a todos los países de la UE y, por lo tanto, también a los que en la actualidad permanecen al margen del euro. 
La UEM y la moneda única repercuten en muchos aspectos de la política comunitaria, por lo cual no debe ser una cuestión que se aborde exclusivamente en el Consejo del euro, tal como propone la comisión. 
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, ésta es nuestra posición acerca de los distintos apartados y enmiendas del informe. 
El hecho de que el informe como tal presente algunos puntos débiles no ha de ser, en nuestra opinión, motivo de total rechazo. 
Tanto las relaciones de la política de la UEM con el resto de los ámbitos políticos, como las consecuencias de la ampliación en la UEM son cuestiones tan importantes que merecerán una mayor atención en el futuro. 
El informe del Sr. Moura da cuenta de forma clara y profesionalmente convincente de la evolución experimentada por la UE a raíz del establecimiento del mercado interior, la UEM y el euro. 
Por ello, el siguiente paso lógico e inevitable, para que el proyecto de unión no se rompa en pedazos, es establecer una estructura verdaderamente federal. 
Lo cual significa, entre otras cosas, más poder para la Comisión y el Parlamento Europeo y menos poder sobre todo para los parlamentos nacionales. 
Al mismo tiempo, las decisiones por mayoría serán la regla general. 
Habrá una política económica común y una política fiscal común. 
También deberá crearse un sistema presupuestario «de carácter federal» -un presupuesto que se utilizará para aliviar situaciones de crisis en cada país miembro. 
Dicho de forma más directa: el informe se muestra a favor de la creación de un Estado federal que disponga de un presupuesto federal a semejanza del sistema federal existente en estados federales como, por ejemplo, los EE.UU. y Alemania. 
El informe desea como contrapeso a la UEM crear una unión política y social. 
La creación de una unión social significará la creación en el ámbito comunitario de un marco según el cual se llevará a cabo el reparto de los regímenes y prestaciones sociales. 
La Unión fijará marcos que decidirán quién puede beneficiarse del sistema social, cuánto pueden obtener y cómo deben financiarse las prestaciones y regímenes sociales. 
No compartimos la visión del informe del Sr. Moura de una UE federal y por ello votamos en contra del informe. 
El paso al euro es un éxito de la voluntad política de la Unión y de sus Estados miembros. 
No era un fin en sí mismo, sino sólo una etapa en la vía de la construcción europea. 
El lanzamiento del euro dota a la Unión de una política monetaria común, lo que requiere un reajuste, sobre todo económico. 
Entre otros, el BCE ejerce plenamente en lo sucesivo sus responsabilidades con toda independencia. 
Se trata, seguramente, de un elemento positivo. 
Sin embargo, hay que constatar que la ausencia para el Banco Central Europeo de un verdadero interlocutor político en materia económica centra el debate en la insuficiencia de legitimidad de la construcción europea. 
Además, produce el temor de una prioridad monetarista absoluta, que determinaría las opciones estratégicas de la Unión y comprometería las posibilidades de un crecimiento económico sano y generador de empleo. 
La coordinación de las políticas económicas es absolutamente necesaria si queremos promover una economía europea potente y competitiva, capaz, no obstante- como dice nuestra resolución -, de fomentar la creación de empleos, la solidaridad, la cohesión económica y social y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de todos los Estados miembros. 
Para ello, ahora debemos, pues, trabajar con efectividad en la realización de una unión económica y social, así como a la definición de un nuevo «contrato social» que fije los principios comunes en materia social. 
Sin embargo, eso no será posible si la elaboración de una política económica integrada no va acompañada de una aproximación de la fiscalidad de los Estados miembros. 
En resumen, comparto plenamente las conclusiones formuladas en la resolución que examinamos hoy. 
La apoyaré de buen grado, sobre todo teniendo en cuenta que ésta evidencia la necesidad de un fortalecimiento del papel del Parlamento con respecto a todas las cuestiones que afectan a la unión económica y monetaria. 
En caso de que se apruebe el informe, tendré desgraciadamente que resignarme a comprobar cómo se confirman nuestros temores en el sentido de que la UEM impondrá la exigencia, entre otros aspectos, de una armonización fiscal y de la política social y de empleo, es decir, una armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. 
Éste es uno de los motivos por los que he votado en contra del informe. 
LA UEM nos conduce a una «mayor Unión». 
Las decisiones en torno a la política económica, los intereses y la moneda única son adoptadas en la UE y por la UE. 
Con el tiempo, esta circunstancia será igualmente válida para la política fiscal y financiera. 
Esta tendencia cuenta con el apoyo de numerosos informes del Parlamento Europeo en este sentido. 
La UEM es un proyecto económico y político que constituye una piedra angular en la formación de un Estado, el Estado de la Unión Europea. 
Esta teoría se ve reforzada también por este informe, aunque lo haga en un grado más flexible. 
En el informe se señala que la política económica ha de abordarse como «una cuestión de interés común». 
En él se habla también de una aproximación de las políticas fiscal y social, de un mayor número de decisiones por mayoría cualificada y de una Comisión fuerte. 
Se presenta también una propuesta sobre un acuerdo interinstitucional entre los Estados miembros para la coordinación de las políticas nacionales y la «supervisión» del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Se trata de una medida más para aumentar el poder de la UE y agravar el déficit democrático. 
Por todo ello, he votado en contra del presente informe. 
El ponente ve claramente la UEM como una plataforma para el desarrollo de la UE hacia un modelo de Estado federal. Así se desprende, entre otros ejemplos, de las formulaciones del presente informe. 
Esto queda patente en el informe cuando se considera que la falta de una política común en materia económica y fiscal resulta absolutamente incompatible con una dirección uniforme de la política monetaria, y cuando se hace hincapié en que la construcción de una unión monetaria necesitaría un sistema presupuestario «inspirado por el federalismo». 
La UEM es una institución profundamente antidemocrática. 
Sin embargo, la solución a este problema no pasa, tal como desea el ponente, por otorgar más poder al Parlamento Europeo o por permitir al Consejo adoptar por mayoría cualificada sus decisiones en torno a las orientaciones generales en materia de política económica, tanto de la Unión como de los Estados miembros. 
La UE ha de ser un marco de cooperación interestatal. 
Por lo tanto, las medidas de ámbito comunitario han de adoptarse por unanimidad, el Presidente del BCE ha de ser designado por los Gobiernos de los Estados miembros y la política económica y fiscal de los Estados miembros ha de decidirse a escala nacional. 
Para que continúe la positiva evolución de la UE es necesario que la Unión Económica y Monetaria sea un éxito. 
En vista de las futuras ampliaciones, se ha vuelto aún más importante garantizar que la construcción de la UEM se lleve a cabo de la forma más sana y efectiva posibles. 
Por ejemplo, cuidando de que exista un control estricto sobre las economías de los países participantes. 
En mi opinión, es fundamental cuidar de que haya un sano equilibrio entre las decisiones en el terreno nacional y las decisiones en el terreno supranacional. 
La coordinación de la regulación macroeconómica es esencial y también es importante que la UE no libere a los países miembros de la responsabilidad que les corresponde cumplir como miembros de la Unión Económica y Monetaria. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo acoge con satisfacción buena parte del informe Barros Moura, así como la atención que dedica a las consecuencias políticas de la Unión Económica y Monetaria. 
No obstante, tenemos grandes reservas en lo relativo a algunos aspectos del informe. 
En el segundo párrafo del apartado uno, no podemos apoyar la insinuación de que deba armonizarse la seguridad social para que la UEM sea un éxito. 
Para que el Presidente del Banco Central goce de la confianza de todos los Estados miembros, dicho presidente debe ser nombrado por consenso. 
Po lo tanto, hemos votado en contra del apartado 8. 
Nos preocupan las propuestas de ampliar la votación por mayoría cualificada a la gestión de la política económica y hemos votado en contra de los apartados 10, 16 y 20. 
Asimismo nos oponemos a la propuesta de un sistema presupuestario al «estilo federal» recogida en el apartado 18. 
El apartado 14 hace un llamamiento a favor de que el Consejo del Euro sea incluido en el Tratado. 
Ello encierra el riesgo institucional de una Europa de dos niveles en la que los Estados miembros de la UE que no participan en la UEM se encontrarán en una especie de segunda división. No oponemos a ello. 
Sobre el informe definitivo, la posición del Partido Laborista del Parlamento Europeo ha sido la abstención. 
El colega Barros Moura plantea un problema central de la situación actual de la integración europea que solamente se puede calificar como de una deformación radical de mercado: aunque tenemos un mercado interior, una moneda única y una política monetaria europeas sin embargo carecemos de los correspondientes instrumentos para una unión política. 
Actualmente, ni siquiera existe una política eficaz de cambios europea para configurar estratégicamente la posición del euro entre las monedas mundiales, en especial, frente al dólar. 
Para evitar malentendidos, subrayo aquí que una política de este tipo debe tener un carácter cooperativo y no suponer un agudizamiento de la competencia incontrolada mediante la intervención del Estado. 
Esta deformación radical de la integración europea debe corregirse con urgencia y rapidez: necesitamos una política de cambios de la Comunidad que merezca este nombre, un «diálogo monetario» vinculante de las instituciones comunitarias, un gobierno económico europeo «como representante de una política económica general de la Comunidad» y una ampliación eficaz de las políticas comunitarias y procedimientos de coordinación entre la política de los Estados miembros en sectores tan centrales como el de la fiscalidad en el mercado interior, la política de empleo así como las condiciones marco sociales y ecológicas para lograr una competencia justa en el mercado interior, con el objetivo del desarrollo de la dinámica global de la economía en dirección a un desarrollo económico sostenible. 
Ante la nueva calidad real del entrelazamiento global, transnacional de la economía, la UE tendrá que actuar también conjuntamente hacia el exterior. 
Pero podemos y tenemos que empezar aquí entre nosotros. 
Informe Bourlanges (A4-0049/99) 
Señor Presidente, nosotros pensamos que el Consejo de Ministros y, con mayor razón, el Consejo Europeo son las instituciones europeas que poseen mayor legitimidad relativa, ya que los pueblos consideran que son las dos instituciones en cuyo seno se reúnen, al máximo nivel, sus representantes. 
Ninguna otra institución europea ha logrado obtener un estatuto de esta naturaleza, ni el Parlamento Europeo, al que se le sigue considerando una Asamblea secundaria, ni, evidentemente, la Comisión, a la que se considera un simple cúmulo de funcionarios. 
En el propio interés de Europa, es preciso convertirla en la institución dotada de mayor legitimidad. 
Por lo tanto, hay que otorgar al Consejo el derecho de tomar iniciativas, así como de ejercer el control de la Comisión, e incluso de censurarla. 
Es asimismo imprescindible defender la toma de decisiones por unanimidad con respecto a todos los asuntos importantes. 
Sobre este último punto, el Informe Bourlanges sostiene que, cito: «la unanimidad es un método fundamentalmente inadecuado para cualquier proceso eficaz de toma de decisiones» , y en la exposición de motivos presenta unos datos sombríos para demostrar que con quince actores existe una posibilidad entre 32.769 de llegar a un acuerdo. 
Esto es claramente falso, puesto que hoy, en Europa, se toman cada día muchísimas decisiones por consenso general. 
De hecho, el sistema de la unanimidad obliga a cada socio a respetar el punto de vista de los demás y a tratar de entenderlo para negociar mejor. 
Las decisiones tomadas de esta manera son más sólidas, ya que se adoptan básandose en un consentimiento recíproco. 
Es evidente que este sistema es quizá más lento que otros, que son más autoritarios, pero da buenos resultados. 
En la Europa ampliada a 25 ó 30 miembros, este debería ser el modo de funcionamiento. 
Por otro lado, nosotros hemos señalado, a través de una propuesta de enmienda, que sería necesario introducir el compromiso de Luxemburgo en el Tratado, como un factor común a todas sus partes; dicha enmienda ha sido rechazada, desgraciadamente. 
En todo caso, habrá de admitirse paralelamente que una Europa con 25 miembros no puede ser monolítica y que debe obedecer al modelo de geometría variable. 
Todas estas medidas, incluyendo la geometría variable, que permite elegir con mayor libertad las cooperaciones europeas, posibilitarán el fortalecimiento del vínculo que une a Europa con sus naciones. 
La anhelada ampliación de la Unión Europea exige una reforma no sólo de los fondos agrícolas y estructurales, sino también del proceso de toma de decisiones. 
Asimismo, cabe acoger con satisfacción la propia iniciativa de propuesta para desarrollar nuevas modalidades de toma de decisiones. 
Sin embargo, no compartimos las propuestas del ponente por lo que respecta a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). 
Estimamos que el Consejo desempeña y deberá seguir desempeñando en el futuro un papel central en la UE en todo lo relativo a la PESC. Deseamos subrayar la voluntad política expresada en el artículo J 7 del Tratado de Amsterdam, donde se establece que será el Consejo el que decida acerca de las cuestiones que afecten a la seguridad de la Unión. 
En este sentido, no podemos compartir las formulaciones de los artículos 10, 13 y 14. 
Consideramos que la denominada ponderación de votos continúa constituyendo una iniciativa favorable para cumplir los cometidos de tipo Petersberg (actividades humanitarias, acciones pacificadoras y de mantenimiento de la paz) , aunque opinamos que, si la UE pretende desempeñar un papel más firme por lo que respecta a la gestión de crisis, es necesaria una voluntad política, por todo lo cual es importante ver primero cómo se van a aplicar estas nuevas modalidades de decisión. 
En consecuencia, no podemos respaldar los artículos 30 y 31. 
Apoyamos en el informe Bourlanges la reflexión prospectiva sobre el funcionamiento del Consejo en una Unión Europea ampliada. 
En particular, apoyamos su llamamiento en pro de una mayor «coordinación» , más «eficacia» , mediante la ampliación del voto por mayoría cualificada, y sobre todo del imprescindible «regreso al método comunitario» mediante el «restablecimiento del equilibrio institucional» con una Comisión fuerte y con poder real de iniciativa e impulso político. 
La definición «taxativa» de lo que el ponente considera materias de carácter constitucional, para las cuales se mantendría la unanimidad; -El párrafo 33, que atribuiría poder decisorio cualificado en materia presupuestaria a los Estados mayores contribuyentes, lo que violaría el método comunitario y la igualdad constitucional entre los Estados miembros; -Todo lo que, en materia de ponderación de votos en el Consejo, fuera más allá del mantenimiento de los equilibrios actuales y pudiese, por eso, facilitar interpretaciones en el sentido de un «Directorio» de los Estados miembros mayores; -Todo lo que, como en los puntos anteriores, pudiera predeterminar- antes del inicio del proceso de revisión de los Tratados-la posición del Parlamento Europeo sobre cuestiones político-constitucionales de fondo; -Todo lo que facilitara la propaganda antieuropeísta en la próxima campaña electoral.En función de los resultados de las votaciones en el Pleno sobre tales cuestiones- respecto de las cuales por iniciativa y trabajo nuestros, el Grupo del PSE adoptó una orientación idéntica- hemos decidido el voto final global. 
Al comprobar que no se han tenido en cuenta suficientemente algunas de esas preocupaciones nuestras- sobre todo en cuanto a la ponderación de votos en el Consejo -, hemos votado en contra. 
Antes de entrar en materia, deseo felicitar a Jean-Louis Bourlanges por la calidad de su informe y la pertinencia de su finalidad. 
Sin prejuzgar el futuro de las instituciones comunitarias, este texto constituye una base particularmente interesante con vistas a un debate de calidad. 
Por otro lado, el mismo demuestra, si fuese necesario, la gran madurez de nuestra Asamblea. 
Con respecto al balance sobre el Consejo, comparto las preocupaciones del ponente y no puedo dejar de imaginar las consecuencias de una ampliación sin que se revise el proceso de toma de decisiones actual. 
Temo mucho que la Unión Europea se paralice y sea incapaz de impulsar una política clara. 
Frente a los desafíos del próximo milenio, necesitamos un Consejo capaz de establecer líneas maestras para Europa. 
Pienso asimismo que esta capacidad es fundamentalmente incompatible con el sistema actual de Presidencia por rotación. 
En este sentido, la pregunta que formula Jean-Louis Bourlanges sobre la competencia del Consejo es determinante, aun cuando sea difícil de responder. 
En cuanto al funcionamiento actual del Consejo de Ministros, y al igual que el ponente, yo abogo activamente por una rehabilitación de su función, que, en mi opinión, deber ser el motor de la Unión. 
Contrariamente a lo que expresa el informe, yo preferiría una mayor coordinación de los diferentes ministros de Asuntos Europeos, en la perspectiva de una mejor correlación entre las políticas nacionales y las políticas europeas. 
Convendría asociar a este dispositivo, en función del orden del día, al ministro competente. 
Finalmente, en relación con el sistema de procedimientos, y en particular con el principio general de votación por mayoría cualificada, pienso que es imprescindible generalizar dicho sistema. 
No me opongo al principio de la doble mayoría, que considero más justo y más legítimo que el actual sistema de ponderación. 
Por lo demás, creo asimismo necesario iniciar un debate sobre las competencias de la futura Comisión Europea en el marco de una ampliación de la Unión. 
Por último, deseo recalcar que la ampliación no puede efectuarse sin que se produzca una evolución del marco institucional. 
En mi opinión, el objetivo de esta condición previa no es bloquear dicho proceso, sino, por el contrario, sentar las bases de una Europa política, capaz de asumir sus opciones. 
Jean-Louis Bourlanges ha traducido con rigor las expectativas de nuestra Comisión de Asuntos Institucionales, que exige desde hace tiempo reformas radicales del papel, de la estructura y de los procedimientos de funcionamiento del Consejo. 
Sin estas reformas, este órgano de decisión central se paralizará con la ampliación a nuevos países. 
Durante la discusión de este informe, mi preocupación- pensando en los ciudadanos europeos- ha sido poner de relieve en los considerandos unos principios claros que traduzcan el proyecto europeo hacia el que tienden nuestros esfuerzos y nuestras propuestas. 
En mi opinión, este proyecto está indisociablemente ligado a una mayor democratización basada en el principio de la mayoría, la responsabilidad política de las autoridades, el control de las instituciones parlamentarias y la transparencia de los procedimientos de decisión. 
La Unión debe avanzar hacia un modelo que revelará claramente su doble naturaleza: ésta constituye, por una parte, una unión entre los Estados miembros y, por otra parte, una unión entre los pueblos. 
En este modelo, la Comisión se convertirá en un verdadero ejecutivo europeo, el Parlamento será la voz de la opinión pública y el Consejo representará a los Estados. 
Esta Europa será capaz de actuar como un todo integrado, unido, coherente y, por lo tanto, más fuerte en el escenario internacional. 
Por tratarse de un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, tengo una segunda preocupación a la vez con respecto al principio de este informe y al momento elegido para su aprobación. 
De manera general, aprecio el esfuerzo de Jean-Louis Bourlanges, que se ha empeñado en detallar sus propuestas. 
Sin embargo, pienso que en este momento en que aún estamos esperando que los Estados miembros ratifiquen el Tratado de Amsterdam y que éste sea realmente aplicado, convendría a veces dejar a los expertos de futuras negociaciones la tarea de proponer normas precisas, y contentarnos, en esta fase, con formular la orientación general que nos sirve de guía. 
Podemos también aspirar, precisamente, a que a la larga se apruebe la doble mayoría: se trata de una orientación que la mayor parte de nuestra Asamblea puede ratificar, pero no nos ocupemos aún de detallar los porcentajes, que deberán estudiarse en una fase posterior. 
En espera de la aprobación de esta doble mayoría, es acertado que el ponente haya precisado que se mantendrá el sistema de ponderación. 
Quizá sea menos útil atarnos las manos, precisando que deben mantenerse los actuales porcentajes. 
Lo esencial es que se conserve el principio del equilibrio- entre grandes y pequeños países, principalmente-. 
Demos una orientación clara- el mantenimiento del equilibrio -, pero no nos dividamos e iniciemos ahora un debate sobre la cuantificación. 
Con respecto a las votaciones por mayoría cualificada, en la mayoría de los casos, Jean-Louis Bourlanges plantea una cuestión embarazosa al desear eliminar los recursos propios de los casos excluidos de este tipo de mayoría. 
El Parlamento ya se había pronunciado con ocasión del Informe Méndez De Vigo-Tsatsos, que expresaba una opinión equilibrada, aprobada por una amplia mayoría de los diputados, al exceptuar de la mayoría cualificada las materias constitucionales y de carácter constitucional. 
No me parece atinado volver a discutir dicho acuerdo en este momento, aun cuando los términos «de carácter constitucional» pueden plantear problemas. 
En relación al punto relativo a la política exterior, esperemos a la ratificación y a la aplicación del Tratado de Amsterdam antes de condenar o no la idea de «abstención positiva». 
Creo que las opiniones están repartidas, incluso dentro de los grupos. 
Permítanme resumir brevemente la actitud que yo preconizo. 
En la etapa actual, expresemos los principios que nos guían y esencialmente nuestra preocupación por lograr un equilibrio, pero evitemos entrar en detalles que pueden dividirnos. 
Esta actitud nos remite a la «cultura de las minorías» , que supone el respeto de los demás y condena el abuso de las posiciones dominantes. 
Para todos aquellos de nosotros que son favorables a una construcción europea fuerte, hace tiempo que es evidente que las sucesivas ampliaciones han llevado a las instituciones europeas al borde de la parálisis. 
Una nueva ampliación es ahora capaz de bloquear un sistema que, en su momento, ha dado muestras de su eficacia, pero que no fue concebido para funcionar con quince, y menos aún con veinte o veinticinco países. 
Antes de toda nueva adhesión resulta imperioso reformar las instituciones, incluyendo la de un Consejo obstaculizado por la multiplicidad creciente de sus órganos, y que pretende cada vez más libertades con respecto a procedimientos que, no obstante, están establecidos en los Tratados. 
Evidentemente, esto no es aceptable. 
Comparto totalmente las conclusiones de nuestro ponente, en particular al afirmar que es imprescindible reorganizar a fondo las estructuras y los cometidos del Consejo, así como racionalizar y reforzar los procedimientos tendentes a dotarlo de una mayor eficacia y transparencia. 
Para mí es particularmente importante el cometido que nuestro ponente desea otorgarle al Presidente de la Comisión y al Alto Representante de la PESC, en sustitución del papel de una Presidencia del Consejo, que deberá concentrarse en sus tareas de conciliación. 
Se trata, efectivamente, de un nuevo reparto de tareas capaz de devolver el dinamismo a la Unión. 
En este mismo sentido, apruebo plenamente la idea de que la votación por mayoría cualificada se convierta en el principio general de la toma de decisiones en el seno del Consejo. 
La unanimidad sería, así pues, la excepción, justificada por la gravedad y la importancia de algunas decisiones poco frecuentes. 
Por otro lado, sería igualmente importante, en mi opinión, que cualquier modificación posible del sistema de ponderación de votos mantuviese el principio actual de la sobrerrepresentación relativa de los Estados escasa y medianamente poblados. 
En conclusión, desearía subrayar la calidad y la importancia del trabajo efectuado por nuestro ponente en la perspectiva de una adecuación de las instituciones europeas en relación con los retos que aún debemos aceptar y ganar. 
Este excelente informe requiere por mi parte varias observaciones. 
1.Pienso que el Parlamento no debería inmiscuirse en el Reglamento interno del Consejo, del mismo modo que éste no se ocupa de nuestro Reglamento.2.Considero que es peligroso distinguir, como lo hace el ponente (apartado 1) , entre función legislativa y atribución nacional de los ministros. Ello puede llevar a algunos a querer inventar una nueva institución; por ejemplo, un senado, que no necesitamos.3.No apruebo el papel extremadamente importante que el ponente atribuye al Consejo Europeo, papel que creo responde a una visión muy centralista y jacobina de la política.4.No comparto el escepticismo del ponente con respecto a la Presidencia por rotación. 
No puedo aceptar su propuesta de centralizar en la Presidencia de la Comisión las tareas de impulsión de la Unión. 
Pienso, por el contrario, que la Presidencia, dotada de importantes responsabilidades, tiene un efecto considerable respecto a la actitud de cada Estado miembro frente al proceso de integración.5.Este informe vuelve a plantear el problema de los pequeños y grandes países de la UE, en el marco de la ponderación de los votos en el Consejo.Tomo nota con satisfacción del planteamiento razonable y ponderado del ponente en la materia y su rechazo de la demagogia de los grandes Estados miembros, provocado por el infundado temor de que una coalición de Estados de menor población pueda dejarlos en minoría. 
Si bien es imprescindible, efectivamente, encontrar una manera de impedir el bloqueo en los ámbitos esenciales de la legislación ordinaria y ampliar la mayoría cualificada, es necesario, por otro lado, señalar el principio fundamental de la participación de Estados pequeños, medianos y grandes sobre una base de confianza recíproca y de igualdad, principio que hoy se olvida a menudo. 
Finalmente, me planteo la cuestión del estatuto de este texto. 
Si el mismo se propone fijar la posición del Parlamento con miras a las negociaciones posteriores, es prematuro. 
Si se propone iniciar la discusión, es bienvenido. 
Por lo tanto, esta vez me abstendré en la votación. 
No estoy en contra del informe, porque éste es excelente, interesante. 
Si votara a favor, ello significaría definirme ahora en un ámbito en el que va a empezar y avanzar la discusión. 
Resulta inquietante que tres cuartas partes del Parlamento apoyen un informe que propugna claramente una transformación institucional tan radical en la UE sin haberse sometido previamente estas cuestiones a un debate adecuado en los Estados miembros y entre la ciudadanía. 
El deseo de eliminar el derecho de veto y de hacer de la Comisión una especie de Gobierno implica, entre otras cosas, dar un enorme paso adelante hacia una federación política, lejos de la cooperación interestatal que, según estipula el Tratado, debería ser la UE. 
Yo he optado por distanciarme de esta tendencia. 
El informe propone medidas que, en su totalidad, implican una «mayor Unión» : se suprimen las comisiones informales para concentrar el poder en Coreper, a la vez que se propone reforzar el poder de la Comisión- especialmente el de su Presidente- como «líder» y fuerza motriz de la Unión, y poner la política exterior y de seguridad común en manos de un secretario de política exterior. 
Esta propuesta resulta inaceptable para un Estado que no participa en alianzas militares. 
La comisión exige que, por principio, el Consejo adopte todas las decisiones por mayoría cualificada, lo cual también se extendería a las aportaciones al presupuesto de la UE. 
Por este motivo, he votado en contra del informe. 
Considero que la UE ha de constituir un marco de cooperación interestatal. 
Por este motivo, no puedo respaldar las formulaciones en el sentido de que «hay» que seguir adoptando las decisiones por unanimidad en determinados ámbitos. 
Tampoco comparto la opinión de que la Comisión deba ser la única instancia con derecho de iniciativa. 
El hecho de que los representantes elegidos por los ciudadanos no puedan presentar propuestas para modificar las leyes existentes o para introducir nueva legislación es una grave deficiencia democrática. 
Finalmente, creo que la máxima representación de la PESC debe seguir recayendo en el Consejo, en lugar de ser traspasada a la Comisión, tal como propone el ponente. 
Estamos completamente de acuerdo con la valoración que hace el ponente en el apartado 1, donde señala que, en numerosos aspectos, el Tratado de Amsterdam abre una nueva fase en la Unión Europea. 
Es excelente que, en este contexto, el ponente haga hincapié en el principio de la no discriminación. 
Consideramos que es extremadamente importante la ratificación del Tratado de Amsterdam a la mayor brevedad posible, por lo que no podemos estar de acuerdo con lo expresado en el apartado 11. 
Por lo que respecta al apartado 13, consideramos que en la situación actual no es adecuado que el Parlamento Europeo proponga «una definición más completa» en la cooperación en materia penal. 
Por consiguiente, no estamos tampoco de acuerdo con el apartado 13. 
El Informe Gutiérrez Díaz muestra sin quererlo, ya en el título, el atolladero en el que se está encerrando la Unión Europea: el mismo declara, en efecto, que su objeto es «el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia». 
¿Cómo es posible reconocer de una manera más simple que hoy la democracia europea se sitúa, para los federalistas, sobre todo en el plano de los objetivos y no en el camino que hay que seguir para lograrlos? 
Esto es lo que puede comprobarse, concretamente, con el Tratado de Amsterdam, que construye el «super» Estado europeo a cambio de un verdadero retroceso de la democracia. Por un lado, echa por tierra el espacio democrático nacional, margina a los Parlamentos nacionales, subordina el Derecho nacional (incluyendo el constitucional) al Derecho comunitario. 
Evidentemente, se nos dice que a pesar de estos rodeos, la verdadera democracia aparecerá al final del camino. 
Permítanme que lo ponga en duda. 
Cuando se crean instituciones antidemocráticas, y cuando se permite que éstas se fortalezcan con total impunidad, el retorno al control de los ciudadanos no se puede realizar espontáneamente y sin dificultades. 
El Informe Gutiérrez Díaz agrava la cuestión, siempre con las mejores intenciones del mundo, manifestando el deseo de definir mejor, en una nueva parte del Tratado, los derechos que los ciudadanos obtendrían directamente por el hecho de pertenecer a la Unión Europea. 
Puede constatarse, de paso, que este objetivo parece ser también el de la Presidencia alemana, que ha declarado sus deseos de que se elabore una «Carta de derechos fundamentales» para el post-Amsterdam. 
Pero se trata, en este caso, de una orientación que contribuiría a soslayar aún más las democracias nacionales y a reducir su legítimo papel de pilar de la Unión. 
Este es el papel que, por el contrario, deseamos mantener, para que la democracia y el respeto de los pueblos estén presentes en cada instante de la vida comunitaria. 
La construcción europea no progresará de manera sostenida sino en la medida en que los pueblos de los Estados miembros se den cuenta del interés que ello representa para ellos y para sus hijos. 
Desde este punto de vista, es imprescindible, en efecto, que los ciudadanos de la Unión no perciban las diferentes etapas de la unificación europea como una acumulación de textos etéreos, sino que éstas se traduzcan en hechos concretos para todos. 
Nuestro ponente tiene razón en insistir particularmente en las disposiciones prácticas que se desprenden de la adopción del Tratado de Amsterdam. 
Así, para todos, la libre circulación de las personas es claramente un medio concreto de comprobar positivamente la realidad de la Unión. 
Por el contrario, la inseguridad resultante de la delincuencia organizada, que, en cierto modo, es también consecuencia de la abolición de las fronteras interiores, da a nuestras poblaciones una imagen muy negativa de la construcción europea. 
Por tanto, sería irresponsable, en mi opinión, dejar que nuestros conciudadanos crean- lo cual no hace nuestro ponente- que es posible, sin que se produzcan efectos nefastos, suprimir pura y simplemente las fronteras, aunque se trate de las fronteras interiores de la Unión. 
La libre circulación de las personas corre pareja con la realización de un espacio de seguridad y de justicia que incluya un fortalecimiento de la cooperación policial y judicial dentro del respeto de la transparencia y de la seguridad jurídica. 
Por consiguiente, corresponde a las diferentes instituciones europeas actuar con celeridad, cada una en el ámbito de sus competencias, para concretizar todas estas expectativas. 
En estos ámbitos, como en muchos otros, tengo la absoluta convicción de que sería provechoso para todos que el Consejo y la Comisión se mostraran más abiertos a la cooperación con el Parlamento Europeo. 
En este punto concreto comparto totalmente la opinión emitida por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
La resolución que desgraciadamente se ha adoptado propugna, entre otros aspectos, un aumento de las competencias de los tribunales, la coordinación a escala europea de la política de empleo de los Estados miembros, el establecimiento de fundamentos jurídicos para la legislación social y la legitimización de los partidos transfronterizos- los denominados partidos políticos europeos- para dotarles de un estatus jurídico y de recursos financieros con cargo al presupuesto de la UE. 
Si bien las cuestiones anteriormente mencionadas son ciertamente importantes, es necesario someterlas a un amplio debate ciudadano antes de que los políticos adoptemos una posición al respecto en el Parlamento Europeo. 
Las cuestiones que deben plantearse y debatirse a todos los niveles, en todos los contextos y en todos los países son: ¿adónde se dirige la UE? ¿Cuál es el objetivo de la organización y cuál es la voluntad de los ciudadanos? 
Creo que va siendo hora de debatir estas cuestiones si queremos seguir contando con la confianza de la ciudadanía. 
No puedo apoyar este informe en su totalidad. 
Por el contrario, estimo que: 
como la UE ha de ser un marco de cooperación interestatal, no se pueden coordinar a escala comunitaria las distintas políticas de los Estados miembros en materia de empleo, lo cual no impide naturalmente la cooperación a largo plazo. 
Esta circunstancia afecta también a las leyes en el ámbito de las pensiones, la legislación civil, etcétera; -el Consejo deberá adoptar por unanimidad las decisiones en materia de asilo, visados, inmigración y libre circulación; -es preciso suprimir lo antes posible el reglamento de Schengen, y-la cooperación policial, puesto que ya existe una organización, Interpol, que funciona estupendamente. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo ha votado a favor del informe Gutiérrez Díaz, aunque con reservas. 
Nos hemos abstenido sobre el apartado 6, que es crítico respecto a la utilización de la unanimidad en el Tercer Pilar, y el apartado 8, que defiende la codecisión en las decisiones relativas al Tercer Pilar. 
Nos hemos abstenido sobre los apartados 10 y 19 relativos al Tribunal de Justicia, y hemos votado en contra del apartado 11, que hace un llamamiento en favor de la incorporación de Schengen en el Tratado, y del apartado 12, que critica la opción de exclusión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. 
El Tratado de Amsterdam ni siquiera ha entrado en vigor, y sería mejor juzgarlo después de que haya sido probado en la práctica. 
El apartado 28 aboga por la financiación de los partidos políticos transnacionales. 
Informe Bowe (A4-0024/99) 
Señor Presidente, los OMG constituyen una herramienta suplementaria de dependencia de las naciones y de los pueblos, como ya lo son las semillas híbridas no reproducibles y, en general, todos esos organismos vivos patentados, puesto que ahora la locura humana conduce a patentar el mundo de los seres vivos. 
No nos engañemos: todo esto se inscribe en una estrategia de dominación mundial, puesto que se quita a los pueblos la capacidad de alimentarse por sí mismos. 
Señalemos, de paso, que estos métodos destruyen masivamente los empleos, el medio ambiente, la calidad, el gusto y también la biodiversidad. 
Al acercarse el próximo milenio, este podría ser el modelo de menú servido por la Comisión Europea: jamón con genes humanos, hamburguesa de buey tratado con hormonas, queso pasteurizado con somatotropina, manzanas OMG de Chile. 
¡Que aproveche, queridos colegas! 
Señor Presidente, he votado en contra, pues a pesar de dos grandes éxitos, a saber, que en el futuro no se puedan comercializar aquellos genes que se puedan cruzar y que hemos logrado un seguro con una póliza de seguro, lo que ha decidido aquí el Pleno es peor que malo. 
Supone una reducción de los estándares de medio ambiente y de seguridad. 
Nos hemos quedado por detrás de la Comisión. 
El hecho de que queramos comercializar temporalmente productos cuando no dispongamos de suficiente experiencia, significa en realidad que vamos a hacer de las personas y del medio ambiente objetos de ensayo. 
Pues si no hay suficiente experiencia, no se debería sacar estos productos al mercado. 
Y no debe hacerse durante un tiempo determinado. 
Esto significa que pasados doce años vamos a ver que ha pasado y sólo entonces extraeremos las consecuencias. 
En mi opinión, es totalmente irresponsable, exactamente igual que el procedimiento simplificado, el procedimiento multinacional y la Categoría 1, pues todos los organismos caen bajo la Categoría 1. 
Esto significa de facto que se excluye prácticamente un control sobre los riesgos medioambientales. 
Me parece más que lamentable así como el hecho de que no haya sido posible un etiquetado más amplio. Esto muestra claramente que nos hemos arrodillado ante los intereses de la industria. 
Vamos a ver qué es lo que el Consejo hace de ello y si logramos conjuntamente poner algo en marcha que nos permita realmente avanzar. 
También espero que la industria mantenga por fin el debate sobre los riesgos y el ramo de los seguros se mantenga firme en lo que ha dicho, que el riesgo es demasiado grande y que no lo van a asegurar. 
Hago un llamamiento a todos los diputados al PE irlandeses para que protejan el medio ambiente irlandés y la salud de la población votando a favor del reforzamiento de la directiva relativa a la liberación de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. 
Es una gran oportunidad para salvaguardar el futuro de la reputación de que goza Irlanda como productor alimentario limpio y ecológico. 
Hago un llamamiento a los representantes irlandeses para que se definan y, junto con otros diputados al Parlamento, opongan resistencia a las tácticas intimidatorias de los grupos de interés de la industria genética. 
Las empresas de este sector son presa del pánico, porque se ha descubierto su plan de endilgar al público en secreto sus productos alimentarios manipulados. 
Los gobiernos e incluso las propias empresas reconocen ahora los peligros de los cultivos y alimentos transgénicos, por lo que dicho sector ha pasado ahora a presionar a los gobiernos en silencio, al tiempo que intenta mofarse de los consumidores en público. 
El informe Bowe se convertirá posteriormente en la legislación por la que se rijan los cultivos y productos alimentarios que se consumen en toda Europa. 
El Grupo de los Verdes está presionando en favor de un etiquetado completo y transparente de los productos alimentarios GM, de una evaluación de riesgos adecuada y una moratoria para los cultivos y alimentos GM que beneficiaría enormemente a la agricultura irlandesa. 
Hago un llamamiento a todos los diputados al PE irlandeses para que apoyen las disposiciones socioeconómicas junto con la responsabilidad civil. 
Una de las cuestiones más importantes es la responsabilidad, de gran utilidad si se produce una crisis como la de la EEB. 
Las compañías de seguros afirman que no pueden cubrir los daños a menos que se cuantifiquen los riesgos. 
Exijo que el Gobierno irlandés tome medidas para garantizar que las empresas de biotecnología cuantifican los riesgos que corren los consumidores. 
Además de resistir a los intentos de las multinacionales de debilitar estas propuestas, tenemos que eliminar los mecanismos por vía rápida, que permitirán al sector no tener que dar cuenta ni someterse a ningún control. 
Los organismos modificados genéticamente y, en especial, el uso que de ellos se hace en el cultivo de alimentos han sido objeto de un amplio debate público en la Unión. 
Muchos de los aspectos de la tecnología genética están relacionados con valores éticos fundamentales. 
En este ámbito, la investigación ha ido más allá que los debates y la labor política. 
Las posibilidades de que disponen los ciudadanos para realizar una valoración de conjunto de la actividad científica son limitadas, con lo que se restringen también sus posibilidades- y las nuestras- de hacer una reflexión y un examen crítico de la situación. 
Esta directiva constituye un intento de regular rigurosamente la liberación intencionada de los organismos modificados genéticamente. 
La directiva concede prioridad a la seguridad de las personas y del medio ambiente. 
Se trata de un documento favorable, y muchas de las enmiendas que se han presentado mejorarán aún más la formulación de la Comisión. 
A pesar de esto, creemos que deberíamos haber mostrado desde el principio una actitud más restrictiva ante el desarrollo de los organismos modificados genéticamente en nuestra producción alimentaria, así como que se debería haber entablado un debate más amplio acerca de las ventajas de estos avances en la investigación antes de aceptar tanto la exposición en el ámbito investigador como la utilización de organismos modificados genéticamente en nuestros alimentos. 
Asimismo, consideramos que los consumidores tienen todo el derecho a ser informados, por lo que también han de disponer de libertad de elección por lo que respecta a los productos que contienen elementos o sustancias modificadas genéticamente. 
La nueva directiva sobre la comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG) , propuesta por la Comisión, lleva un título que podría hacer creer que es extremadamente severa: " Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente». 
Sin embargo, a pesar de este anuncio bastante terrorífico, el contenido concreto del texto resulta bastante laxista, hasta tal punto que de 439 diputados, 177 (incluidos los del Grupo Europa de las Naciones) han juzgado oportuno oponerse al mismo. 
Naturalmente, no todo es negativo en este texto. 
Por ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de aprobar enmiendas interesantes, que reconocen una responsabilidad civil e imponen la obligación de suscribir un seguro para cubrir todos los daños que pueden causar las personas que liberan OMG. 
A pesar de este punto positivo, cuatro defectos importantes nos han llevado a rechazar este proyecto. 
En primer lugar, el mismo confirma un procedimiento para otorgar autorizaciones de comercialización de OMG centralizado en Bruselas en la mayoría de los casos, sin una cláusula de salvaguardia para los Estados miembros que deseen tomar medidas más severas. 
Así, en nombre del mercado único, se aplica un procedimiento indirecto, que mañana puede servir para imponer alternativas laxistas a los Estados que quieran rechazar los OMG. 
En segundo lugar, crea un procedimiento de autorización simplificado para los OMG, que contiene algunas recomendaciones. 
Esta aceleración del procedimiento de Derecho común supondrá un estudio demasiado superficial de los expedientes. 
Tampoco podemos aceptarlo. 
En tercer lugar, el Parlamento ha ampliado a doce años la duración de la autorización de comercialización, cuando la propia Comisión sólo proponía siete. 
Sin duda alguna, se trata, en este caso, de una victoria de los grupos de presión que han actuado frente a los grandes partidos de esta Asamblea, socialistas o demócratacristianos. 
En cuarto lugar, no se han prohibido con la suficiente energía algunos OMG que suponían mayores riesgos. 
Nosotros deseábamos, al igual que el Grupo de los Verdes, que se expresara claramente que existen tres categorías de OMG que no podían comercializarse: los OMG que contienen genes resistentes a los antibióticos, los OMG que contienen toxinas nefastas para la fauna útil y los OMG que pueden ser cruzados con especies afines, silvestres o cultivadas. 
En lugar de esta prohibición lisa y llana, el Parlamento ha aprobado enmiendas mucho más suaves, manifestando que debía procurarse que se adoptaran medidas para evitar la transferencia genética de estos OMG. 
Globalmente, este proyecto de directiva ilustra muy bien el movimiento general de la construcción europea en estos tiempos: quita poderes a los Estados miembros y los centraliza en Bruselas con el pretexto de defender mejor a los pueblos; pero una vez que los pueblos son desposeídos de sus poderes, las autoridades centrales responsables, que mueven los hilos y a quienes nadie controla, hacen lo que quieren. 
Finalmente, nos encontramos indefensos y a merced de fuerzas que tienen más acceso a Bruselas que a cualquier otro sitio. 
Los problemas relacionados con los productos modificados genéticamente van a ser gigantescos. 
Ni los políticos ni los científicos pueden prever hoy en día cuáles serán las consecuencias que estos productos tendrán en las personas y en la naturaleza. 
Por consiguiente, el mero hecho de permitir ahora estos productos modificados genéticamente constituye un error imperdonable que pueden pagar caro las generaciones venideras. 
La Comisión de Medio Ambiente ha llevado a cabo una buena labor y ha intentado obtener el mejor resultado posible ante esta situación. Éste es también el caso de numerosas enmiendas. 
Desgraciadamente, el Parlamento no ha votado a favor de algunas de las enmiendas más importantes como las relacionadas, por ejemplo, con las propuestas para garantizar a los Estados miembros el derecho a oponerse, la denominada lista negra, unas exigencias más estrictas en materia de etiquetado, etcétera. 
Por todo ello, he votado al igual que todo el Grupo de los Verdes en contra de este informe. 
El empleo futuro en Europa depende en gran medida del desarrollo con éxito de la biotecnología. 
Por ello es cuestión de que las empresas y los centros de investigación europeos puedan operar de la misma manera que sus socios en América y Japón. Sólo así podrán sobrevivir en la lucha por la competencia mundial. 
La industria tiene necesidad de un marco legislativo más claro y viable. 
Indudablemente, es necesario ir con gran cuidado en este nuevo terreno. 
Muchas de las enmiendas que hoy se presentan a la propuesta de Comisión relativa a la liberalización intencional de los organismos modificados genéticamente en el medio ambiente pueden conducir a una legislación demasiado represiva para el sector de la biotecnología, con lo que la industria alimentaria y la posición competitiva de la Unión Europea empeorarían con respecto a los Estados Unidos. 
También en los Países Bajos, donde la biotecnología se ha convertido en uno de los sectores punta, se dejará sentir la influencia de esta legislación. 
Por ello, la delegación del VVD se separa hoy del Grupo de los liberales para votar en contra de una serie de enmiendas, entre ellas, las de los Sres. van Dybkjaer y Eisma. 
El VVD está a favor de un marco legislativo europeo inequívoco, factible y sencillo, con procedimientos simplificados para el sector de la biotecnología. 
En el marco de la comunicación de la Comisión sobre biotecnología, la posición de nuestro Grupo consiste en permitir cierto desarrollo de esta industria del futuro, haciendo todo lo posible por prevenir los posibles excesos. 
En esta perspectiva, creemos absolutamente indispensable aplicar un etiquetado riguroso, que permita un seguimiento real de los productos elaborados mediante ingeniería genética. 
En los diferentes debates que hemos dedicado a los organismos modificados genéticamente, los industriales nos han manifestado, en varias ocasiones, que estaban en condiciones de controlar su liberación. 
Por esta razón, nuestro Grupo ha apoyado la petición apremiante dirigida a la Comisión en el sentido de aplicar una normativa precisa relativa a la responsabilidad de los diferentes operadores. 
La cuestión de la EEB ha demostrado los peligros que entraña una investigación centrada exclusivamente en la hiperproductividad en el sector agrícola y la necesidad de establecer un sistema de control realmente independiente. 
Con este fin, hemos apoyado el proyecto de creación de un Comité Científico Central. 
Pero habrá que procurar elaborar procedimientos idóneos, para que no se vuelvan a repetir las disfunciones que se produjeron en la cuestión de la «vaca loca». 
En conclusión, nuestro Grupo insiste en la necesidad de mantener el principio de precaución, para garantizar a la vez la protección del consumidor y la protección del medio ambiente. 
Los ciudadanos de nuestros Estados aceptarán la biotecnología cuando existan realmente garantías de seguridad. 
Se necesitan 15 años para experimentar los medicamentos antes de autorizar su comercialización. 
Ahora bien, resulta que los organismos modificados genéticamente pueden liberarse en la naturaleza sólo después de 3 años de análisis, más o menos completos, lo que no permite valorar los efectos directos o indirectos en el medio ambiente y en la salud. 
En esta cuestión, hay que recordar la repuesta del Comisario de Industria, cuando se le preguntó si los industriales y los políticos no estaban jugando otra vez a ser aprendices de brujo. 
El Sr. Bangemann respondió: «No hay que plantearse problemas metafísicos a propósito de los OMG, éstos serán avalados a través de su comercialización». 
Dicho de otro modo, para la Comisión los mejores conejillos de Indias siguen siendo los consumidores, hasta tal punto que ni siquiera se les otorga el derecho de ser correctamente informados de lo que compran, debido al gran laxismo que existe respecto a los sistemas de etiquetado. 
Ni siquiera respetamos la libertad de opción del consumidor. 
En la página 33 del presente informe se dice que los cultivos modificados genéticamente presentarían «pocos riesgos». 
¿Qué significa esta expresión tan poco científica? 
Recordemos que, hasta abril de 1986, la central nuclear de Chernobil era conocida por presentar «pocos riesgos». 
Según el profesor Cabrol, no hay que impedir la fabricación de OMG en Europa y, al mismo tiempo, dejar el monopolio de los productos OMG a los norteamericanos. 
Esta observación es interesante, pero sus conclusiones son sorprendentes: si se autoriza a los norteamericanos a exportar a Europa productos de dudosa fiabilidad, la respuesta no consiste en que nosotros debamos fabricar otros productos poco fiables. 
La única respuesta válida para la salud pública es prohibir la importación de dichos productos. 
Se trata de la aplicación lógica de un principio simple, pero esencial: el principio de precaución. 
¿Cómo puede explicarse la sumisión de la Comisión Europea frente a los lobbies agroindustriales norteamericanos? 
Los OMG, las semillas híbridas estériles, el hecho de patentar organismos vivos... Esto forma parte quizá de una estrategia más global: la dependencia alimentaria de los pueblos y de las naciones. 
Como ha dicho un secretario de Estado norteamericano: «La mejor arma del futuro es el arma alimentaria». 
Señor Presidente, a pesar de que estoy a favor del progreso tecnológico, hoy he votado en favor de este informe, porque creo que mis electores deben ser protegidos contra los excesos de empresas biotecnológicas de los EE. UU., como Monsanto, interesadas únicamente en obtener beneficios rápidos. 
Todos los alimentos modificados genéticamente deben ser etiquetados de forma clara para que los consumidores elijan con conocimiento de causa a la hora de alimentar a sus familias y sus seres queridos. 
Los recientes avances en biotecnología fueron introducidos inicialmente por los científicos británicos cuando produjeron la oveja Dolly- la primera oveja clonada genéticamente en el mundo. 
Y, con las debidas salvaguardas, la biotecnología tiene el potencial de ayudar a la humanidad a erradicar el hambre y la enfermedad en el mundo. 
Sin las debidas precauciones, sin embargo, las consecuencias de alterar el orden de la naturaleza son inimaginables. 
La seguridad debe primar siempre. 
El Gobierno Laborista ha demostrado su compromiso con el bienestar de los consumidores mediante la creación de la FSA (Food Standards Agency). 
Sus predecesores Conservadores, por el contrario, sólo se comprometieron con el bienestar del sector alimentario y crearon la EEB. 
Sólo los Laboristas defienden los intereses de la sociedad contra la locura de Monsanto, y garantiza que los alimentos que llegan hasta nuestra mesa puedan ser consumidos sin correr ningún riesgo. 
La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0126/99 del Sr. André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las elecciones presidenciales en Kazajstán; -B4-0161/99 del Sr. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las elecciones presidenciales en Kazajstán; -B4-0184/99 de los Sres. Schroedter y Lagendijk, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la violación de normas internacionales de derechos humanos en Kazajstán; -B4-0186/99 de los Sres. 
Señora Presidenta, las elecciones presidenciales en Kazajstán celebradas el 10 de enero pasado fueron una bofetada para el acuerdo de asociación y cooperación que la Unión ha suscrito con este país. La democracia y los derechos humanos constituyen elementos esenciales de un acuerdo de estas características. 
Las circunstancias y la manera en que se han desarrollado las elecciones no responden a los compromisos del gobierno de Kazajstán. 
La OSCE ha rechazado justificadamente dar un sello de legitimidad a estas elecciones. 
La Unión debe establecer claramente un vínculo- y ésta no será la primera vez- entre la democratización y la continuación de la cooperación. 
El presidente Nazarbajev debe tomar de inmediato medidas correctoras y esperemos que tenga a su favor al aparato. 
La suspensión de la cooperación debe constituir una opción real si no garantiza que las próximas elecciones sean verdaderamente democráticas. 
Comprendo que es muy fácil decir esto desde este lugar de la Cámara, pero si no se aborda de este modo a un país así, con el que tenemos acuerdos, pienso que nos encontraremos en un «país de ninguna parte». 
Entretanto, señora Presidenta, debe intensificarse la cooperación con las organizaciones sociales y la prensa libre para fomentar la democracia en el lejano Kazajstán. 
Una vez más, no es una tarea que nos ponemos sino una petición que hacemos al gobierno de Kazajstán. 
Señora Presidenta, resulta extremadamente importante potenciar y desarrollar el proceso de democratización en Kazajstán de acuerdo con los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
El acuerdo de asociación que ha suscrito la UE con Kazajstán establece que este país deberá respetar las normas establecidas por la OSCE para garantizar unas elecciones justas. 
Es preciso condenar con la mayor firmeza las graves infracciones que se registraron con motivo de las elecciones presidenciales de enero. 
Estas infracciones y violaciones de los derechos de los ciudadanos no pueden repetirse en las elecciones que tienen previsto celebrarse dentro de unos meses. 
La libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a presentar sus candidaturas son dos aspectos fundamentales en el marco de unas elecciones democráticas. 
Por consiguiente, desearía preguntar a la Comisión qué medidas tiene previsto adoptar para velar por la plena aplicación del acuerdo de asociación y cooperación actualmente en vigor entre la Unión Europea y Kazajstán. ¿Cómo piensa actuar la Comisión para reforzar el aún vacilante proceso de democratización en Kazajstán? 
Hemos de contribuir al desarrollo de la democracia mejor que como lo hicimos durante las lamentables elecciones presidenciales del pasado enero. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, deseo decir que nos ha decepcionado profundamente el desarrollo de las recientes elecciones presidenciales en Kazajstán. 
Es evidente que dichas elecciones no se ajustaban a las normas de la OSCE en lo relativo a elecciones libres y justas, que forman parte de los compromisos asumidos mediante la suscripción del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Kazajstán. 
Esta Asamblea debe exponer con total claridad al Presidente Nazarbayev, como han dicho los Sres. Bertens y Holm, que la aplicación de dicho acuerdo dependerá de los avances en el proceso de democratización y el pleno respeto de los derechos humanos, especialmente en las próximas elecciones locales y parlamentarias. 
Al mismo tiempo, la Comisión debe seguir de cerca la situación de los derechos humanos en Kazajstán e informar a esta Asamblea sobre el progreso o la falta del mismo. 
Kazajstán es un extenso país con un gran potencial económico y político. 
No debería permitirse que dicho potencial se frustre por la negativa a garantizar los derechos civiles y humanos. 
Señora Presidenta, creo que cuando hablamos sobre el Kazajstán con frecuencia tenemos la tendencia de dirigirnos a ellos con el dedo índice levantado y decirles que deben convertirse inmediatamente en una democracia perfecta. 
Olvidamos que Kazajstán vive en un sistema de libertades sólo desde hace diez años y llegar hasta donde ha llegado ha sido ya un gran logro. Independientemente de que Kazajstán es para nosotros un país interlocutor esencial en esa región que, gracias a Dios, se ha liberado al menos en parte del dominio ruso. 
Se debería tener mucha comprensión con los kazakos y recordar además una cosa: nosotros no nos hemos convertido de un día a otro tampoco en democracias perfectas, pues ha sido necesario un largo proceso. 
Por ello, debemos mostrar frente a los kazakos la misma paciencia que nos concedemos a nosotros mismos. 
Quería decir esto pues creo que en nuestro diálogo con Kazajstán no debemos olvidar lo importante que va a ser en el futuro este país no sólo para nosotros sino para toda el área. 
Debemos pues ser conscientes de esta importancia y mostrar paciencia. Naturalmente, debemos decir cómo se debe mejorar, pero debemos dejar de lado ese insoportable tono aleccionador que empleamos con cierta frecuencia. 
Pues no debemos olvidar que los kazakos son un pueblo con una gran historia de la que pueden estar orgullosos y si actuamos como profesores universales provocaremos una reacción que no es deseable para nosotros y el objetivo que perseguimos. 
Señora Presidenta, Señorías, yo mismo, en mi calidad de presidente de la delegación para las relaciones con Kazajstán y otros países del Asia Central de este Parlamento, he seguido con el máximo interés las noticias que nos iban llegando respecto al desarrollo de las elecciones presidenciales que han tenido lugar en Kazajstán el pasado 10 de enero. 
Y la verdad es que tales noticias no eran lo alentadoras que nosotros hubiéramos deseado en cuanto a la observancia de las imprescindibles e irrenunciables normas democráticas. 
Kazajstán, por otra parte, es un gran país en un entorno de grandes países- Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán e incluso Mongolia -, todos ellos de enorme interés para la Unión Europea no sólo por su grandes potencialidades en recursos naturales- gas natural, petróleo, oro, lana- sino porque la Unión Europea es, hoy por hoy, la potencia mundial que más puede coadyuvar a remediar los déficit que más agobian a estos países después de prácticamente un siglo de influencia soviética- déficit democrático, déficit de respeto a los derechos humanos, déficit de aprendizaje para instalarse en una economía libre de mercado. 
Ahí reside la oportunidad de esta resolución que, en definitiva, lo que hace es, sencillamente, una llamada de atención sobre la cláusula de salvaguardia democrática del acuerdo de partenariado y cooperación entre la Unión Europea y Kazajstán. 
Oportunidad también de esta resolución porque en este país se van a celebrar elecciones libres este mismo año. 
Pero, Señorías, estoy de acuerdo con el Sr. von Habsburg. 
Yo mismo quiero advertir, para terminar, que esta resolución debe ser tomada más como una ayuda, como una comprensión que como una recriminación. 
No se pueden pedir perfecciones instantáneas. 
Lo verdaderamente deseable es que la evolución hacia cotas democráticas no se pare, que continúe. 
¿A qué ritmo? 
Al más rápido posible, que continúe y que no se pare. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estoy de acuerdo con los argumentos expuestos relativos a la necesidad de situar Kazajstán en una perspectiva histórica y sobre la importancia de Kazajstán para nosotros y para la región, así como sobre el hecho de que debemos alentar a dicho país a seguir avanzando y decir cuando algo va mal, pero debemos hacerlo del modo adecuado. 
Las resoluciones están basadas en parte en la declaración de 20 de enero de la Presidencia en nombre de la Unión Europea. 
Antes de las elecciones presidenciales resultaba evidente que el modo en que se celebrarían no se ajustaba a las normas de la OSCE, y ése fue el motivo por el que la OSCE no envió a un equipo completo de observadores y por el que no participó la UE. 
También estoy de acuerdo con la declaración preliminar de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE en el sentido de que tenemos motivos para incrementar la cooperación con Kazajstán en estos ámbitos. 
El Presidente Nazarbayev anunció el pasado octubre un programa de gran alcance encaminado a la democratización gradual de la sociedad del país. 
El Gobierno de Kazajstán nos ha asegurado que tiene intención de cooperar con la OSCE y la UE en la implantación de dicho programa, en particular, en lo relativo a la ley sobre las elecciones parlamentarias que se celebrarán este mismo año. 
Espero que el Acuerdo de Asociación y Cooperación con Kazajstán entre en vigor en los próximos meses. 
El primer Consejo de cooperación ya ha sido previsto para julio, y el Consejo tiene intención de continuar con el intercambio de opiniones sobre el proceso de democratización e incorporar dicho intercambio en el diálogo político previsto en el marco del AAC. 
El Parlamento Europeo iniciará asimismo un diálogo directo sobre estos temas con diputados al parlamento de aquel país a través de la Comisión de Cooperación Parlamentaria que es una de las tres instituciones que supervisarán el AAC. 
A pesar de los fallos y las irregularidades que han deslucido las elecciones presidenciales, el ambiente en Kazajstán sigue siendo relativamente liberal. 
Dichas elecciones han sido las primeras en la historia del país a las que se han presentado una serie de candidatos. 
Soy de la firme opinión de que el único medio de mejorar la situación es a través del trabajo paciente y constante por parte de la UE y otros donantes y organizaciones internacionales. 
El AAC nos ofrece las bases para ello. 
Además, estamos a punto de lanzar un importante proyecto TACIS para apoyar la entrada en vigor del AAC y, como recordarán, el AAC incluye una referencia a los principios establecidos en los documentos de la OSCE. 
El Comisario van den Broek tiene intención de viajar en breve a Kazajstán, y reiteraremos nuestra determinación para que se apliquen los principios que hemos suscrito conjuntamente, así como nuestra disposición a ayudar en el desarrollo de las instituciones democráticas y el Estado de derecho. 
La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre lo que suceda en Kazajstán y otros países de la región con respecto a la aplicación de nuestros acuerdos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Fassa y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la guerra entre Etiopía y Eritrea; -B4-0182/99 de los Sres. Telkämper, Aelvoet, Schörling y Tamino, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el reinicio de las hostilidades entre Etiopía y Eritrea; -B4-0195/99 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0210/99 de los Sres. 
Señora Presidenta, entre Etiopía y Eritrea ha vuelto a estallar, tras el alto el fuego, la guerra sin cuartel. 
Me pregunto si alguna vez podremos hacer que las partes en conflicto entren en razón y se convenzan de que, en esta batalla, sólo pueden salir perdiendo. 
La cuestión que se plantea ahora es cómo ha empezado realmente este conflicto, una pelea entre hermanos, entre dos dirigentes obcecados, que hace tan sólo seis años vivían en un mismo país. 
Ambos, con los mapas coloniales en la mano, reclaman para sí el país y ambos están tan obcecados como para sólo querer hablar con negociadores de paz. 
Se culpan mutuamente: «tú has empezado; no, has empezado tú». 
Todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, IGAD y OUA han sido inútiles hasta la fecha. Pero espero que en todo caso estas organizaciones no abandonen la lucha. 
Es preciso intensificar la presión internacional sobre ambas partes para que pueda volver a declararse un alto el fuego. 
Eritrea y Etiopía deben comprender que tienen mucho que perder con una eventual suspensión de la cooperación del Convenio de Lomé. 
Finalmente, ambas partes deben encontrar el modo de aceptar las propuestas de paz de la Organización para la Unidad Africana, al menos en eso confío. 
Espero también que lo comprendan con rapidez. Cuanto más dure el conflicto y cuanto más tarden en comprender que no es posible una solución militar de este conflicto, los costes serán gigantescos. 
El drama- esto es lo peor- para la población y para la economía de ambos países es indescriptible. 
Se lo puedo decir porque he estado allí hace bastante tiempo, en realidad, en la época en que ambos países formaban parte de un todo. 
Les aseguro que ahora la situación en esta zona de África merece toda nuestra atención. 
Señora Presidenta, quiero realizar la observación previa de que no tenga en cuenta el tiempo. 
En la última ocasión dijimos que en estos debates debería estar presente la Presidencia del Consejo. 
Sería bonito si así fuese; lamentablemente, no veo a nadie. 
Quizás pueda usted advertirlo la próxima vez a través de la Mesa. 
En la frontera entre Etiopía y Eritrea se produjeron en mayo y junio del año pasado unos considerables enfrentamientos. 
Hubo luchas con miles de muertos. 
En junio de 1998 se produjo un armisticio y ahora se han desatado de nuevo las luchas. 
Los intentos internacionales de mediación parecen haber fracasado. 
No obstante, no deberíamos renunciar a seguir abogando por la paz en esta región, pues con medios bélicos no se va a producir la paz. 
Es acertado decir que debemos someter a presión a ambos países. 
Por ello, es también correcto amenazarles con suspender la ayuda del Convenio de Lomé y la ayuda al desarrollo que proporcionan los Estados miembros y la Unión Europea. 
Pero quizás esta presión no sea suficiente. 
Quizás sea también importante y correcto- lo hemos visto cuando nos hemos encontrado con ambos embajadores en la Comisión de Desarrollo y Cooperación y en la Presidencia de la Asamblea ACP- presentar un plan de desarrollo bajo la condición de que ambas partes retiren las armas, que estén dispuestas a negociar así para impulsar un desarrollo y control democráticos y que propongamos un plan de desarrollo para esta pequeña región fronteriza e intensifiquemos la ayuda al desarrollo. 
Señora Presidenta, lamentablemente, ha sucedido lo que todos temíamos y preveíamos: entre Etiopía y Eritrea se ha reanudado el conflicto armado con una violencia sin precedentes. 
Aunque las informaciones de que disponemos son muy parciales, está claro que las víctimas militares y civiles son innumerables y que el conflicto, provocado aparentemente por un pequeño problema de fronteras, corre el peligro de convertirse en una de las guerras más sangrientas de la historia de África. 
Quisiera recordar que en este Parlamento nos hemos ocupado siempre de las relaciones y las tensiones entre Etiopía y Eritrea y subrayar que muchas veces la misma Comisión de Desarrollo y Cooperación de nuestro Parlamento ha organizado reuniones en las cuales hemos conseguido- caso único en el mundo- que participaran los Embajadores de ambos países. 
Hoy hacemos un llamamiento a los Gobiernos de Etiopía y Eritrea para que cesen de inmediato las hostilidades. 
Pedimos asimismo que se respete plenamente la moratoria en las incursiones aéreas que, por desgracia, ha sido vulnerada. 
Actualmente, los líderes de los dos países del Cuerno de África tienen la responsabilidad histórica de escoger entre la paz y el peor crimen contra sus pueblos. 
La propuesta de la Organización para la Unidad Africana (OUA) de un acuerdo marco entre ambos países debe ser aceptada por las dos partes sin más demora, antes de que el desarrollo de la situación sobre el terreno la convierta definitivamente en inaplicable. 
Debe cesar de inmediato, como pidió ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo suministro de armas y de asistencia militar a los dos países en conflicto. 
La Unión Europea debe ser, junto con la Organización para la Unidad Africana, la protagonista de una intensa tarea de presión y de mediación política y diplomática, una tarea que en los pasados meses fue, a todas luces, insuficiente. 
Hace unos meses, alguien pensó que quizás debían ser sólo los Estados Unidos los que debían realizar esta tarea, para la que se han demostrado totalmente incapaces e inadecuados. 
Pedimos, por tanto, al Consejo que adopte una clara y fuerte iniciativa política en este sentido y a la Comisión que garantice, siempre y cuando sea posible, la máxima ayuda humanitaria a los miles de desplazados y víctimas del conflicto. 
Señora Presidenta, lamentablemente, el conflicto entre Etiopía y Eritrea tiene una larga historia, al igual que los abusos de los derechos humanos en Etiopía, como todos sabemos demasiado bien. 
No podemos por menos que continuar lamentando el hecho de que los esfuerzos de la mediación internacional no hayan podido alcanzar una solución pacífica, y la culpa deben compartirla ciertamente ambos países. 
La doble tragedia es que la población de ambos países está sumida en la pobreza y muchas calamidades. 
Ello dificulta enormemente hacer llegar la ayuda al desarrollo y los beneficios en el marco de Lomé. 
Pero puede que sea necesario que la UE adopte una postura firme. 
Es evidente que la OUA y las ONU deben seguir desempeñando un papel constante, pero ¿es inconcebible que la Asamblea Paritaria ACP-UE también desempeñe un papel fundamental para intentar encontrar solución a esta situación desesperada? 
Señora Presidenta, el International Herald Tribune de ayer señala en su rúbrica «Noticias de hace 50 años» lo siguiente. Cito en inglés y espero que los intérpretes me traduzcan. 
«El destino de Eritrea en 1949. En Roma, el Ministro de Asuntos Exteriores Sforza afirmó que los intereses de los tres poderes- Gran Bretaña, Italia y Etiopía- están implicados en el problema de Eritrea, antigua colonia italiana en África. 
El conde Sforza expresó su esperanza de que Eritrea no sea anexionada a Etiopía. 
El intento de reconciliar estos intereses a expensas de Eritrea mediante una partición territorial recuerda el antiguo reparto de despojos en África. 
El conde Sforza lo calificó de repugnante. 
Señaló que Eritrea podría alcanzar la independencia tras un período de administración en «fideicomiso». 
Termino la cita. 
Hoy, día 11 de febrero de 1999, 50 años después, el titular del International Herald Tribune reza así: «Addis Abeba concluye el alto el fuego de la guerra de fronteras». ¡Se acabó!. 
El artículo señala que Washington está muy enfadado con que se hayan utilizado antonovs y migs para bombardear el territorio eritreo. 
Esto es justamente lo que hace Etiopía desde hace tiempo, despreciar con arrogancia toda sugerencia y todo acuerdo. Esto sucede porque el país cuenta con apoyo político en el mundo. 
Me parece a mí que así no podemos seguir. Tenemos que ser más críticos. 
Es cierto que la diplomacia etíope nos bombardea con una ofensiva de documentos para intentar convencernos de su justeza, de que tiene razón, pero al mismo tiempo esconde bajo la mesa otros documentos, con referencia a la guerra de fronteras y también con referencia a los ataques a los Oromo, la principal minoría en la zona que está establecida en una parte del país. 
Nuestra resolución de urgencia para hoy es un intento desesperado del Parlamento Europeo de impedir que se produzca una escalada en la guerra en el cuerno de África y que se produzca una mayor desestabilización en la zona que impida incluso la concesión de la ayuda humanitaria. 
Con toda lógica, creo que debemos interrumpir el apoyo financiero, porque presumiblemente la ayuda financiera de la UE da lugar a comprar más antonovs y migs. 
Todos sabemos que Rusia no da crédito, porque necesita perentoriamente dinero en metálico. 
Aunque pudiera parecer que Eritrea tampoco está para razones, opino que este país debe correr la misma suerte. 
Aunque nuestra resolución de hoy tenga un tono conciliador y no mencione la posibilidad de interrumpir el apoyo financiero, me gustaría preguntar al comisario Brittan qué es lo que opina en relación con este tema, porque al igual que en Angola, es tirar el dinero. 
Señora Presidenta, el conflicto entre Etiopía y Eritrea, tras las barbaridades del dictador rojo Menghistu y los odios tribales de Yemen, ha vuelto a poner de actualidad la historia más reciente del Cuerno de África que, en su dramatismo, deja una vez más a Europa mano sobre mano y en la etapa de las simples palabras. 
Se trata de antagonismos que habrían podido aclararse en la lógica de los debates y del diálogo democrático y que, por el contrario, han desembocado en situaciones dramáticas originadas por reivindicaciones de carácter étnico. 
Por ello, resulta evidente que los africanos deben consolidar los equilibrios regionales, muy sensibles todavía, a través de una concertación lo más amplia posible entre sus autoridades, pero sobre todo implicando a la sociedad civil para que ejerza las presiones necesarias sobre los Gobiernos respectivos con vistas a una solución pacífica a los conflictos. 
Es ahora cuando Europa debería intervenir hablando un solo lenguaje, esto es, el de la ayuda al desarrollo, encaminado y condicionado al logro de una estabilidad política y social que continúa siendo el único medio para prevenir los conflictos y reducir las zonas de riesgo. 
Señora Presidenta, en nuestra resolución sobre la que hoy hablamos se encuentra un importante punto que contiene realmente todo. Me refiero al apartado 6 donde decimos con toda claridad qué es lo que debe ocurrir y las condiciones de los pagos de la Unión Europea destinados a Etiopía y Eritrea. 
Creo que es enormemente importante si se tiene en cuenta que la guerra que tiene lugar actualmente entre Etiopía y Eritrea, por un lado, era totalmente previsible y, por otro, que una superación de este conflicto fracasa por un déficit democrático en ambos países. 
Es para mi un problema muy grande cuando, por ejemplo, veo que hoy hay periódicos en Etiopía que, naturalmente están controlados por el Estado, y que informan continuamente de cuánto dinero disponen ya para la próxima «campaña electoral». 
Debo decir sinceramente que temo que este dinero a lo mejor proviene de nuestros contribuyentes mientras que la oposición en el extranjero tiene que intentar denodadamente juntar dinero para poder mantener una campaña electoral, para poder establecer una oposición razonable y para ello faltan totalmente los créditos. 
Esto es muy lamentable y espero que se adopten las medidas correspondientes en el marco de la Unión Europea para que los créditos se dediquen allí adecuadamente. 
Estoy seguro de que el señor Comisario estará también de acuerdo con ello. 
Debemos hacer un llamamiento a ambas partes para que cesen las hostilidades y pongan fin a la lucha, porque, evidentemente, la negociación es el único medio de solucionar el problema. 
La Comisión ha hecho hincapié en varias ocasiones y ante ambos gobiernos en la necesidad de resolver y poner fin al conflicto únicamente a través de medios pacíficos. 
La opción militar o la denominada solución militar traerá consigo- como ya es el caso- enormes sufrimientos y pérdidas de vidas humanas. 
Seguiremos apoyando todos los esfuerzos encaminados a la resolución pacífica del conflicto, especialmente, los esfuerzos y las propuestas de la OUA. 
Seguiremos presionando al máximo a ambas partes, estamos dispuestos a adoptar las medidas necesarias que permitan encontrar una solución y, en estos momentos, estamos estudiando qué se puede hacer. 
He escuchado con interés la sugerencia del Sr. Moorhouse de que la Asamblea Paritaria UE/ACP podría desempeñar un papel, y la pondré a la atención de mis colegas que se ocupan del día a día de este asunto. 
En lo relativo a la situación humanitaria, la Comisión está proporcionando ayuda humanitaria a ambos países y ha respondido a los llamamientos de ambos países de ayuda a la población desplazada en la zona del conflicto. 
La Comisión ha destinado 1.790.000 euros a dos ONG: Norwegian Church Aid y Lutheran World Foundation para proporcionar ayuda alimentaria y no alimentaria a las personas afectadas por el conflicto en Eritrea. 
En Etiopía, la Comisión ha asignado 1.890.000 euros a través de CISP, una ONG italiana, también para proporcionar ayuda alimentaria y no alimentaria. 
Además se han aprobado 300.000 euros para financiar las actividades del CICR en Etiopía y Eritrea. 
La Comisión seguirá vigilando de cerca la situación y está dispuesta a movilizar recursos adicionales en caso necesario. 
Quisiera hacer algunos comentarios sobre el argumento más general que se ha planteado. 
La Comisión está preparando una comunicación al Consejo sobre la cooperación con los países ACP que participan en conflictos armados. 
Mientras tanto, ante la falta de una posición de la Unión Europea al respecto, la Comisión no cree conveniente adoptar medidas unilaterales y aisladas en el caso de este conflicto. 
Pero la Comisión ha decidido destinar fondos a un programa de ajuste estructural en pequeños tramos y supeditar los desembolsos adicionales a una revisión periódica del conflicto y sus posibles repercusiones sobre el gasto público, en particular, en los sectores sociales. 
Asimismo, a la hora de liberar ayuda financiera a países en conflicto, la Comisión enviará un escrito al Jefe de Estado o de Gobierno exigiendo garantías de que los fondos no serán desviados a fines beligerantes. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Greg Summers 
B4-0188/99 del Sr. d ' Ancona, en nombre del Grupo del PSE, sobre la pena de muerte contra Greg Summers- Texas, EE.UU.; 
Léonard Peltier 
B4-0131/99 del Sr. Lenz, en nombre del Grupo del PPE, sobre la persecución religiosa, la xenofobia y el racismo; -B4-0132/99 del Sr. Van Dam, en nombre del Grupo I-EDN, sobre los actos de violencia contra cristianos en la India y-B4-0189/99 del Sr. Hallam, en nombre del Grupo del PSE, sobre los actos de violencia contra cristianos en la India. 
Señora Presidenta, debemos reconocer con tristeza que este Parlamento Europeo nuevamente vuelve a llamar la atención por un acontecimiento terrible en un denominado país civilizado. Se trata de aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos de América. 
Pese a nuestro horror, que muchas veces hemos expresado, mediante resoluciones de urgencia, un horror que compartimos con muchas organizaciones de derechos humanos todo el mundo, con las iglesias, con Amnistía Internacional, el número de penas de muerte en los Estados Unidos no hace sino aumentar. A menudo por que el proceso se lleva a cabo con negligencia. 
Hoy llamamos la atención sobre el caso de Greg Summers, de 40 años, un inocente condenado a muerte que durante años ha estado en la celda de la muerte de la unidad Alace de Texas, esperando una inyección letal que diera fin a sus días. 
En nuestra resolución, pedimos a las autoridades legales que al menos vuelvan a examinar la petición de revisión del proceso contra Greg Summers. 
Además pedimos a los Estados Unidos, y en concreto a las autoridades del Estado de Texas, la abolición inmediata de la pena de muerte y la adopción de una moratoria mundial para la ejecución de las sentencias de muerte. 
Una última observación para terminar: hay una serie de enmiendas que ponen de relieve otros tantos casos similares y es obvio que debemos aprobar dichas enmiendas. 
Señora Presidenta, 23 años hace que Léonard Peltier está en la cárcel y las autoridades americanas admiten ahora que fue condenado con datos falsos. Es increíble. 
Esto no debe ser objeto de atención en esta Cámara, sino objeto de denuncia. 
Espero que este asunto vuelva a investigarse rápidamente. 
La concesión de gracia me parece totalmente procedente. 
Los derechos humanos deben defenderse en todo el mundo, es así de simple. 
Entretanto, la salud de Peltier, debido al trato recibido la cárcel, ha empeorado visiblemente. 
Pese a ello, se le ha denegado un tratamiento médico adecuado y nadie explica el motivo. 
Al igual que todo ser humano, este hombre merece un trato médico justo en una clínica, si es preciso en una clínica de la cárcel. 
Hace unos meses, aquí en esta Cámara, dirigí al Consejo una pregunta sobre caso Peltier. 
El presidente del Consejo, a tenor de su respuesta, no consideró necesario tomar medidas. 
Esto cae fuera del ámbito de competencias del presidente del Consejo. 
Pido ahora a la Comisión que se haga cargo de este caso y pienso que la Unión en su conjunto debe mantener al menos un debate con los Estados Unidos sobre la política de derechos humanos, y quizá en ese contexto pueda traerse a colación el asunto Peltier. 
Señora Presidenta, en el período parcial de sesiones del pasado mes de diciembre, la delegación norteamericana dirigida por Angela Davis, que vino para impedir la ejecución de Mumia Abu-Jamal, nos había puesto en alerta sobre la suerte de Leonard Peltier. 
Conservo aún en la memoria las alarmantes palabras de su portavoz, Bobby Castillo, que también conoce las cárceles norteamericanas. 
Dirigente del American Indian Movement, Leonard Peltier ha desempeñado y sigue desempeñando un importante papel en pro de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
Tras los acontecimientos de junio de 1975 acaecidos en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, fue condenado a dos penas de cadena perpetua, a pesar de no existir ninguna prueba de su culpabilidad y después de haber sido extraditado ilegalmente de Canadá. 
Tras 23 años de cárcel, su salud corre peligro. 
Aunque padece permanentemente complicaciones como consecuencia de una intervención quirúrgica, la dirección de la prisión le niega un tratamiento adecuado en un hospital especializado. 
Amnistía Internacional, la FIDH, France Libertés, han reiniciado la movilización en favor de Leonard Peltier, contra las numerosas violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos. 
Mumia Abu-Jamal, que permanece en el «corredor de la muerte» , le ha dirigido una nota de apoyo. 
Nosotros debemos, a nuestro nivel, participar nuevamente en esta movilización y transmitirla a toda Europa. 
Al aprobar la resolución que mi Grupo ha confirmado, nuestro Parlamento dirigirá una clara señal a las autoridades norteamericanas y a los responsables de las prisiones. 
Leonard Peltier debe curarse y recibir el tratamiento médico adecuado en la clínica de su elección. 
Debe ser liberado para que pueda reiniciar su legítimo combate en pro de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que los Estados Unidos continúan vilipendiando. 
Señora Presidenta, siempre he sostenido el principio de que la Unión debía ante todo barrer la miseria en su propia puerta antes de dar lecciones de derechos humanos en el mundo entero. 
El último informe sobre los derechos humanos en la Unión Europea lo ha demostrado: estamos muy lejos de ser irreprochables en este ámbito. 
Es decir: si hoy tomo la palabra para referirme al caso de Leonard Peltier, es porque realmente se han agotado todos los recursos posibles y porque ahora el tiempo apremia, a la vista del estado de salud absolutamente preocupante del Sr. Peltier. 
En la interpelación que deseamos transmitir a los Estados Unidos existen, en efecto, dos aspectos: el primero concierne al procedimiento que desembocó en la condena de Leonard Peltier; el segundo, al rechazo de las autoridades carcelarias de dispensarle los cuidados médicos adecuados en su caso. 
Señalemos, no obstante, que Amnistía Internacional ha expresado reservas sobre el procedimiento que desembocó en la condena del Sr. Peltier, que las propias autoridades gubernamentales admiten las vaguedades en las que se apoya la condena y que el proceso evidenció los singulares métodos utilizados durante la instrucción, como mis colegas lo han referido antes. 
Estos elementos habrían debido conducir a una reapertura del proceso, pero este caso confirma que ninguna jurisdicción, sea norteamericana o europea, acepta fácilmente revisar la cosa juzgada. 
Este es un combate global que debe llevarse a cabo en el futuro. 
Sin embargo, lo más incomprensible e intolerable es el rechazo- que el orador anterior ha señalado- de las autoridades norteamericanas de prestar al Sr. Peltier cuidados médicos adecuados, cuyo estado de salud se ha deteriorado considerablemente. 
El hecho de que los equipos sanitarios de la prisión no permiten tratar su caso es un argumento totalmente inadmisible. 
Existen soluciones, y éstas han sido propuestas. 
El rechazo de las autoridades carcelarias a tomarlas en consideración constituye una violación flagrante de los derechos humanos y de los compromisos asumidos por los Estados Unidos. 
Por eso, nuestro Grupo apoyará la petición de cuidados médicos adecuados, así como la petición de gracia del Sr. Peltier. 
Señora Presidenta, todos los años se produce una representación que siempre me provoca un cierto escalofrío que me recorre la espalda y que, al menos, me sorprende mucho. 
Me refiero a cuando el Presidente norteamericano expone su informe sobre la situación de la nación y del mundo. 
A todos los Estados se les dan puntos positivos o negativos. 
Se emplean palabras buenas o malas. 
Es decir, que todo el mundo tiene que someterse a los valores y apreciaciones norteamericanas. 
Creo que sería muy importante poner un espejo delante de los norteamericanos- tal como hacemos hoy como Parlamento-y decirles que si intentan imponer a las demás personas sus valores deben reconocer también que en su propio país hay grupos de población- entre los que se encuentran los primigenios habitantes americanos -, que quizás en algunos campos tienen otros valores, otra vinculación a su propio país, a su propia tierra, que los americanos que llegaron más tarde. 
En este contexto, es muy positivo que planteemos de nuevo de modo especial el caso Peltier. 
Se trata de un caso que despierta la atención internacional. 
Hay un Comité internacional Peltier, al que yo también pertenezco, que se ocupa del caso desde hace muchos años. 
Me parece especialmente importante que también el Parlamento haya adoptado una resolución en la que se exprese que en las próximas negociaciones conjuntas del Parlamento Europeo con sus interlocutores norteamericanos se debe colocar en el orden del día el tema Peltier para denunciar esta hipocresía que impera siempre en esta argumentación. 
Peltier está encarcelado desde hace 23 años bajo unas condiciones tremendamente dudosas. 
Se encuentra muy mal de salud. 
Ha sido trasladado con frecuencia de lugar, cada vez que la presión de la opinión pública era demasiado intensa y recaía con demasiada intensidad sobre la cárcel en la que se encontraba. 
Esto solamente muestra que aquí existe una oposición real no sólo en la población norteamericana sino también a nivel internacional, frente a un país que siempre predica la justicia pero que acepta una injusticia de tal tipo. 
Señora Presidenta, volvemos a elevar nuestras voces con un sentimiento de consternación y profunda angustia en pro de Leonard Peltier, que languidece en una prisión estadounidense desde hace 23 años por delitos que no cometió y después de un juicio que arroja serias dudas sobre la administración de justicia en los Estados Unidos de América. 
El diputado Joe Kennedy, hijo del Presidente mártir, dijo recientemente: «Este Gobierno tiene el deber moral de subsanar esta injusticia. 
Hacer justicia a Leonard Peltier equivaldría a un importante acto de desagravio por las injusticias cometidas en el pasado contra los pueblos indígenas americanos.» 
La angustia de millones de personas que siguen este caso aumenta cada día con el rápido deterioro de su salud. 
Tras un flagrante caso de negligencia médica en el hospital de la prisión, Peltier padece fibrosis de los músculos maseteros y anquilosis de la mandíbula. 
Eso significa que no puede comer; ya no puede abrir la boca. 
La Oficina Penitenciaria de los Estados Unidos sigue rechazando su solicitud de ser operado por cirujanos debidamente cualificados. 
Esto es ya demasiado. 
En nombre de la humanidad, instamos a la Administración de los Estados Unidos a asumir sin demora el cuidado de su hijo nativo. 
Pedimos al Presidente Clinton que haga uso de sus poderes de indulto para liberar a Leonard de la cárcel inmediatamente. 
Señora Presidenta, hace media hora, en el debate sobre el Kazajstán he dicho que no debemos andar por ahí con el dedo levantado aleccionando al mundo. 
Pero en esta ocasión es muy diferente pues nos encontramos ante aquellos que nos aleccionan continuamente, tal como ha dicho antes el Sr. von Habsburg-Lothringen. 
Es decir, en este caso tenemos el derecho a decir que así no puede seguir. 
La totalidad del proceso- que he examinado realmente a fondo-plantea dudas por todos lados. 
No se ha aportado ni una sola prueba concluyente contra Peltier. 
El modo cómo se ha comportado la llamada justicia norteamericana es sencillamente indefendible para un país realmente civilizado. 
Por ello, debemos indicar a nuestros amigos norteamericanos, a quienes tenemos mucho que agradecer, que así no puede seguir. 
Robar a una persona 23 años de su vida, arrojar a un indio a la cárcel y no dejarle ninguna posibilidad de movimiento, no concederle ningún momento de libertad y dejarle en la inseguridad, es sencillamente indefendible. 
Incluso me atrevería a decir lo siguiente: si se sigue la historia de Peltier- incluso aunque hubiese hecho algo, lo que no creo, pero incluso aunque fuese así, habría pagado ya más que suficiente por lo ocurrido. 
Si además uno está convencido de que se trata de una persona inocente, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograr de los norteamericanos que apliquen el derecho y si no lo hacen, que al menos apliquen la clemencia. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo, al decidirse a pronunciar unas palabras en contra de las cada vez más frecuentes y violentas violaciones de la libertad de religión, quiere reflejar su gran inquietud. 
La libertad de religión no sólo es expresión de respeto por un profundo sentimiento que tienen muchas personas sino también del respeto de la libertad de opinión y reunión, es decir, una parte importante de los derechos humanos. 
Somos plenamente conscientes de que la violación de la libertad de religión puede tener variadas causas. 
También sabemos que no siempre son los gobiernos los que desatan estas persecuciones. 
Las causas son diferentes en cada país. 
Hay conflictos de poder por las fuentes de materias primas y por el agua como en el Sudán, donde se lanza a mayorías contra grandes minorías en conflictos bélicos, hay odio, envidia, tensiones sociales y políticas en contra de etnias, por ejemplo, en la India y en Pakistán o actualmente en Indonesia. 
Hay religiones de Estado intolerantes como en Irán, Afganistán y otros países y hay también religiones no estatales que pueden ser intolerantes. 
No se pueden enumerar todos los países donde existe. 
La permisividad frente a estas persecuciones y la forma de las mismas nos preocupa en gran manera. 
Alcanza desde crueles asesinatos, como en el caso del misionero australiano Graham Staines y sus dos hijos en la India, pasando por encarcelamientos y torturas, hasta la desaparición de personas y procesos por motivos fingidos. 
El extremismo, la xenofobia y el racismo campan a sus anchas sin que los gobiernos, ya sea por debilidad o por ausencia de voluntad, hagan algo en contra. 
Por otro lado, muchas Constituciones protegen también en estos países la libertad de religión y se han firmado pactos y convenios internacionales de la ONU que pretenden garantizar la libertad de religión. 
También hay nuevas leyes religiosas que están peligrosamente cercanas a la intolerancia. El Parlamento Europeo quiere llamar la atención sobre los peligros de estos abusos. 
También las religiones tienen que ser por su parte tolerantes frente a los que piensan de otro modo, permitir la libertad de conciencia y del individuo y respetar las leyes. 
Esto es algo totalmente claro. 
La violación de la libertad de religión es un síntoma de la violación de los derechos humanos. 
No nos podemos cansar de repetirlo. 
El respeto a la religión de las minorías se refleja también en Constituciones de Estados de derecho que funcionan y que garantizan la tolerancia y la convivencia pacífica de diversos grupos de población. 
Los europeos podemos aportar amargas experiencias del pasado. 
Las hemos superado e intentamos transmitirlo también en esta Asamblea. 
En el pasado se han utilizado las tensiones políticas y sociales para llevar a cabo terribles persecuciones por motivos religiosos. 
Creo que ante el umbral del tercer milenio y en vista del creciente entrelazamiento existente a nivel internacional, tenemos que exigir a los gobiernos y representantes de las grandes religiones que por su parte ejercen poder, que presten a tención a las señales de advertencia y que actúen en consecuencia. 
Mediante la inclusión de cláusulas democráticas y de derechos humanos en los Tratados con terceros países, la Unión Europea intenta hacer valer los derechos humanos en los países que trabajan con ella. 
El Parlamento Europeo planteará siempre preguntas admonitorias sobre estos hechos. 
Repito que la represión de la libertad de religión es un síntoma claro de la violación de los derechos humanos. Sus causas se encuentran en las circunstancias de un país que deben mejorarse y no tienen solamente motivos religiosos sino, como digo, motivos sociales y políticos. 
La Comisión apoya en muchos países organizaciones suprarreligiosas; de este modo llega a las personas y también combate de este modo las causas. 
Nosotros también queremos que estos créditos no se vean afectados por estos acontecimientos y que tengamos abiertas estas vías. 
Este es el trasfondo de la resolución que hemos presentado hoy. 
Señora Presidenta, 50 años después de la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos vuelven a incorporarse nuevos derechos a esta declaración. 
Se habla justificadamente de una proliferación desbordada de dichos derechos. 
No obstante, está ampliación no significa que los derechos antiguos y establecidos desde hace tiempo sean respetados en todas partes. 
Más bien lo contrario. 
Sigue habiendo problemas con los derechos de las minorías religiosas, problema que debatimos hoy con ocasión de una resolución urgencia sobre el tema. 
En muchos países las personas todavía no tienen la libertad de manifestar en público sus creencias religiosas y no se les da la libertad para vivir su fe del modo en que quieren. 
Persecuciones, represión y discriminación son su triste suerte. 
Por ello, en este Parlamento, en anteriores ocasiones hemos hablado de Pakistán y de Irán, y ahora en la India se producen penosas situaciones que llaman nuestra atención y suscitan nuestra inquietud. 
En la India, los cristianos, desde hace años, pero en las últimas semanas en medida creciente, han sufrido ataques por parte de los activistas hindúes. 
De hecho, el año pasado se produjo un enorme aumento de los ataques a escuelas e iglesias cristianas. 
Se acusa a los predicadores de convertir al cristianismo mediante presiones, tentando con dinero y empleos, y se afirma que por ello merecen ser condenados. 
En los ataques, son los misioneros protestantes los más perjudicados, porque se les considera como si formaran parte permanente de la herencia de la dominación británica. 
Extrañamente se pasa por alto que las misiones están en su mayoría a cargo de cristianos de origen hindú. 
En una acción de protesta realizada hace poco tiempo, cristianos y musulmanes protestaban contra las autoridades públicas que no hacen nada contra estas formas de agresión. 
En los medios comunicación se han censurando los ataques, y desde luego la mayoría de la población no los aprueba. 
Ello no hace que los ataques sean menos preocupantes. 
Una posible razón de estos hechos es el aumento del número de cristianos en la India. 
Extrañamente, en los últimos tiempos han sido ellos las víctimas de los ataques, porque antes eran los musulmanes el objetivo de las acciones. 
Las razones de este cambio son evidentes: los musulmanes en la India viven concentrados en determinadas zonas, por lo cual constituyen un importante factor de influencia en las elecciones. 
La minoría cristiana es menor en número y vive muy desperdigada por todo el país. En las elecciones no constituyen un factor importante. 
Felizmente, el gobierno hindú ha aceptado crear una comisión para investigar el reciente ataque a un misionero australiano y sus hijos de siete y diez años. 
No obstante, el gobierno parece muy indiferente ante estos acontecimientos. 
Pronto se ha constatado una clara relación entre el aumento de estos acontecimientos en la India y la llegada al poder del BJP, un partido nacionalista hindú de carácter extremista. 
Este partido opina que en el país se tiene demasiado cuenta a las minorías religiosas. 
Estas acciones contribuyen a sus intentos de que cambie la situación. 
Con la presente resolución, el Parlamento hace un claro llamamiento a los países y gobiernos para que actúen de manera responsable con las minorías religiosas que viven en sus países. 
En concreto, se insta al gobierno de la India a que investigue los ataques de las últimas semanas y a que intente impedirlos en el futuro. 
Si no se produce ningún cambio, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a reconsiderar sus relaciones con este país si la actitud ante estos acontecimientos en la India no da resultados. 
Toda autoridad que se respete debe contribuir a que las minorías establecidas en su país puedan vivir en libertad y puedan ejercer sus creencias del modo en que deseen. 
Los derechos humanos, a este respecto, no son sólo derechos de los ciudadanos individuales, sino una obligación para la autoridad, para que en su país las minorías tengan la libertad que cada ser humano ha recibido de Dios. 
Señora Presidenta, como hija de padre nacido en la India y que tiene muchos amigos en aquel país que profesan los distintos credos que componen el rico mosaico de culturas de la India, puedo asegurarles que no me produce ningún placer presentar hoy esta resolución. 
En la India existen comunidades cristianas desde que Santo Tomás desembarcó en Kerala en el año 52 dC. 
Por lo general, los cristianos han convivido pacíficamente con sus vecinos durante mucho tiempo. 
Pero la terrible muerte de Graham Staines y sus dos hijos en enero ha puesto tristemente de manifiesto una persecución que se agrava. 
Estos asesinatos fueron la cúspide de la espiral de una campaña de violencia contra los cristianos de cualquier signo. 
En una valiente alocución a su pueblo, el Primer Ministro de la India destacó otros incidentes inadmisibles en una democracia moderna y tolerante. 
Dichos asesinatos y otros ataques han sido condenados sin reservas por el Consejo Mundial Hindú. 
Los autores de estas atrocidades no representan al pueblo de la India ni a la principal corriente del Hinduismo. 
La presente resolución enviará a los extremistas el importante mensaje de que el pueblo de Europa es solidario con aquellos que valoran y defienden la tolerancia religiosa y comunal. 
Por último, no como portavoz de mi Grupo, sino como alguien que acude todos los domingos a una iglesia británica en la que algunos miembros de la congregación consideran la India su patria, permítanme asegurar a la población de la India que está presente en nuestras oraciones y que rezamos por los perseguidos y por los perseguidores. 
India, tiene nuestro amor, nuestro respeto y nuestras plegarias en estas horas difíciles. 
Señora Presidenta, estoy en contra de la persecución religiosa donde quiera que se produzca. 
No obstante, creo que el texto de la presente resolución no ha sido bien calculado y es injusto destacar un país, cuando en toda la región y en otras partes del mundo existen muchos casos similares. 
No debemos olvidar que el Cristianismo ha florecido en la India durante 2000 años- durante más tiempo que aquí en Europa. 
Mi Grupo me ha autorizado a presentar en su nombre una enmienda oral que consiste en añadir al apartado C las palabras siguientes: «y aplaude la intervención del Primer Ministro de 30 de enero a la nación en la que manifiesta su apoyo y rechaza la violencia sectaria». 
Apoyaremos esta enmienda en la votación, pero lamentablemente no estaré presente, debido al difícil horario de vuelos para salir de Estrasburgo, que me obliga a abandonar la Sesión antes de la votación. 
Los funcionarios tienen una copia del texto y también los representantes del Grupo Socialista. 
Señora Presidenta, el Grupo liberal ha sido siempre un firme defensor de los derechos humanos en general, entre los que cabe destacar el derecho a la libertad religiosa. 
Sé que me muevo en un terreno peligroso, pero desde tiempo inmemorial, en nombre de las creencias y la religión, se han cometido las mayores violaciones de los derechos humanos. 
Por regla general, en la Historia no se ha permitido a las minorías religiosas tener y ejercer los mismos derechos que a la mayoría religiosa. 
En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. 
Es preciso mencionar revueltas y conflictos religiosos en la India, en Ambon, también en la actualidad, y también represión estructural en Irán y Afganistán. 
Aquí no estamos, espero, para proteger solamente a los cristianos. 
Debemos proteger y dar cabida a todas las tendencias religiosas. 
Esto significa, por ejemplo, que debemos defender con firmeza a los testigos de Jehová en Rusia, contra los que en estos momentos hay un juicio pendiente en Moscú. 
El Grupo liberal pide a la Comisión y al Consejo que sigan vigilantes para incluir también la libertad religiosa en el análisis de la situación de los derechos humanos en terceros países. 
Espero que en la próxima legislatura se ofrezca la posibilidad de elaborar un informe global sobre los derechos humanos y sobre el papel que desempeña la religión en este contexto. 
Desgraciadamente, ya no estaré aquí para verlo. 
Señor Bertens, le he permitido excederse en el tiempo de uso de la palabra con conciencia plena, porque es usted uno de los más sistemáticos de esta asamblea. 
Si, tenemos un margen, pero le rogaría que no se excediera. 
Señor Presidente, lamentablemente la lista de los ataques y los actos de violencia contra las minorías religiosas en la India es muy extensa. 
Ocurren de manera reiterada, a pesar de que la Constitución india garantiza precisamente las libertades religiosas. 
La Constitución recoge asimismo disposiciones en materia de derechos humanos. 
El motivo de esta resolución es el asesinato de un misionero cristiano. 
Sin embargo, la presente resolución no ha de tratar únicamente acerca de la violencia contra los cristianos, ya que las persecuciones religiosas afectan en mayor medida a otras minorías religiosas como los musulmanes y los sijs. 
Este tipo de ataques y agitación de las masas no tienen justificación en ninguna ley natural. 
Esta agitación es provocada sobre todo por diversos grupos extremistas indios, como el VHP, que cuenta con obvias ramificaciones en la dirección política más influyente. 
Tampoco se deben olvidar los motivos de los enfrentamientos entre los distintos grupos religiosos. 
Estamos hablando de las tensiones sociales, la pobreza y el analfabetismo de la India. 
Es necesario luchar contra estos problemas, ya que considero que de esta manera también se reducirán las tensiones entre los diferentes grupos religiosos. 
Sin embargo, el enfrentamiento entre grupos religiosos no es un hecho exclusivo de la India, sino que tiene lugar también en otros países como el Pakistán, Bangladesh y las islas Maldivas. 
Naturalmente, hemos de levantarnos y asumir nuestra responsabilidad para garantizar el respeto de los derechos humanos. 
Las libertades religiosas son sólo uno más de estos importantes aspectos, pues no podemos tampoco olvidar la libertad de expresión, la libre circulación de personas y la no discriminación. 
Igualmente es necesario combatir la violencia sexual. 
Nos queda mucho por hacer y todos tenemos que contribuir en este sentido. 
Señor Presidente, pertenezco a un partido político que en su propio país experimenta en vivo lo que significa que la autoridad intente restringir la libertad de expresión a un partido de oposición en ascenso, de modo que siento simpatía indudable por todos aquéllos cuya libertad de expresión y cuya libertad religiosa se ve amenazada. 
Así pues, evidentemente, apoyaremos la resolución conjunta sobre la libertad religiosa referida en particular a la India. 
Condenamos sin la menor reserva la violencia ejercida contra los cristianos hindúes. 
Exigimos de los gobiernos nacionales y de los gobiernos regionales responsables del orden público que si es necesario adopten medidas duras, no sólo contra los autores de los actos violentos sino también contra los políticos responsables que se quedan cruzados de brazos. 
A este respecto quisiera recordar que en Orissa, donde fueron asesinados brutalmente un misionero y sus dos hijos, el BJP no está en el poder, frente a lo que algunos puedan pensar, sino el Partido del Congreso, y que el presunto autor del crimen también pertenece al Partido del Congreso. 
La violencia contra los cristianos no debe hacernos olvidar que en la India desde hace diez años miles de ciudadanos hindúes son sistemáticamente asesinados por fanáticos musulmanes en revueltas y pogromos que por desgracia fueron mucho peores que los actos de violencia perpetrados actualmente contra los cristianos. 
Por ejemplo, cabe recordar que en 1990 casi la totalidad de la población hindú del Estado de Cachemira, cerca de 250.000 personas, tuvo que huir tras una serie de matanzas repetidas en las que murieron más de mil personas. 
A pesar de ello, el impulsor de esta limpieza ética, el líder de los musulmanes en Cachemira, Amanula Khan, fue recibido como un héroe en diversos países europeos, entre ellos el mío. 
Así pues, no estaría de más ser un poquito más consecuentes. 
En este sentido, la resolución conjunta, pese a su tono excesivamente general, según la impresión que tengo, puede incluir una referencia a la persecución sistemática y especialmente cruel de los cristianos y además de todas las religiones no islámicas del vecino país Pakistán. 
Con esto se repara la falta Por lo demás, apoyaremos esta resolución. 
Señor Presidente, la intransigencia religiosa parece que está tornándose cada vez más radical en muchas partes del mundo, a pesar de la importante contribución de los representantes de todas las confesiones a las misiones humanitarias de ayuda y asistencia a los desheredados. 
Hemos tenido noticias de los choques del pasado mes en Yakarta, donde turbas de integristas islámicos se empeñaron en quemar iglesias católicas y en perseguir a sacerdotes y religiosos ante la impotencia de las fuerzas de orden público. 
Los actos de violencia contra los religiosos que hoy continúan en la India, promovidas por una retórica anticristiana, así como antimusulmana y antisij, llevados a cabo por grupos integristas que declaran su determinación de que cese cualquier forma de conversión religiosa en el país antes del 2000, demuestran la falta de una protección eficaz de las minorías religiosas que actúan en la India, así como y sobre todo que, de hecho, el integrismo racista tiende a limitar el ejercicio de la libertad de religión y de expresión. 
Todo esto debería servir a Europa de acicate para proclamar con fuerza su acatamiento a los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos condicionando al respeto de estos principios la esencia misma de las relaciones bilaterales que los Estados miembros mantienen con los países que, por el contrario, incumplen dichos principios muy gravemente. 
Señor Presidente, comenzaré por las resoluciones sobre la pena de muerte. 
La Comisión comparte la preocupación general del Parlamento Europeo por este asunto, especialmente con respecto a los Estados Unidos. 
Creemos que en todos los casos en que se impone la pena de muerte deben respetarse las garantías establecidas en el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos internacionales. 
Acogemos con satisfacción las orientaciones generales sobre el tema de la pena de muerte adoptadas por el Consejo de Ministros en junio de 1998. 
Dichas orientaciones ponen de relieve que el objetivo de la Unión Europea es trabajar en pos de la abolición universal de la pena de muerte. 
También acogemos con satisfacción la adopción por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 2 de abril de 1998 de una resolución que hace un llamamiento a los países que aún no han abolido la pena de muerte para que apliquen una moratoria sobre la ejecución de las penas de muerte con vistas a la abolición. 
Los Estados miembros de la UE han patrocinado conjuntamente la resolución, que fue presentada por Italia, y resulta chocante que los Estados Unidos votaran en contra de la misma. 
La Comisión siente gran preocupación por el creciente número de ejecuciones que tienen lugar en los Estados Unidos. 
La Unión Europea ha planteado esta cuestión en repetidas ocasiones ante las autoridades de los EE.UU.. 
En mi calidad de Comisario responsable de las relaciones con los Estados Unidos, no me siento intimidado ni vacilo a la hora de abordar este tema con ellos: es adecuado que lo haga con un país con el que mantenemos estrechos lazos y que en numerosas ocasiones ha expresado su interés por los derechos humanos en otras partes del mundo. 
La Unión Europea sigue de cerca los casos individuales en los Estados Unidos y ha realizado una serie de démarches en casos específicos. 
En los casos que afectan a personas que tienen la nacionalidad de uno de nuestros Estados miembros, la Unión presta especial atención al cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que en su artículo 36 establece que los extranjeros detenidos tienen derecho a recibir asistencia consular. 
Paso al caso específico del Sr. Peltier, que, naturalmente, no está en la galería de la muerte, pero que es un detenido de larga duración. 
Sólo puedo decir que cualquiera que haya oído las intervenciones que se han hecho desde distintas las partes de la Asamblea con diferentes ideologías política, no puede por menos que sentirse emocionado por lo que se ha dicho. 
La Comisión, a través de su delegación en Washington, está estudiando las circunstancias de la situación médica del Sr. Peltier y no escatimará esfuerzos para apoyar las acciones del Parlamento Europeo en este sentido. 
Haremos un seguimiento minucioso de este caso, y esperamos con interés los intercambios sobre este asunto en la próxima reunión entre la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos. 
No sólo es legítimo que tratemos sobre este tema, sino que además en las circunstancias descritas es inevitable y natural. 
Sobre la cuestión de la libertad religiosa, me alegra que se haya ampliado y no se limite únicamente a la situación en la India, porque es justo afirmar que existen problemas, por decirlo en términos suaves, con respecto a la libertad religiosa en muchos países, y sería engañoso centrarse únicamente en la India. 
En lo que a nosotros respecta, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental y debemos defenderlo siempre que sea atacado. 
No obstante, las noticias sobre los ataques a cristianos en la India han despertado un cierto interés actual muy preocupante. 
La delegación de la Comisión, que nos mantiene al corriente de la evolución de la situación, está estrechamente ligada a las misiones de vigilancia de los Estados miembros encargadas de hacer un seguimiento de la situación. 
Lamentablemente, la violencia étnica y religiosa no es ninguna novedad en la India, pero la violencia contra los cristianos al nivel notificado sí es nuevo. 
La cuestión ya se ha politizado mucho en la India y puede afectar a la situación política de aquel país- se ha hecho referencia a la declaración del Primer Ministro de la que, naturalmente, hemos tomado buena nota. 
El tema no sólo está dividiendo a la oposición y al gobierno, sino que también despierta controversias dentro del propio BJP. 
No hay ninguna duda de que el principio de gobierno secular y la protección de las minorías están muy arraigados en la tradición democrática india. 
Tampoco puede existir ninguna duda de que la opinión de los líderes y de la sociedad civil de la India están horrorizados por los acontecimientos y por el daño causado a la imagen de la India, y ello queda ampliamente reflejado en el amplio eco que han tenido dichos acontecimientos en la prensa desde su inicio. 
La Comisión está convencida de que los políticos responsables indios, junto con el sólido consenso que existe en la sociedad civil, conseguirán crear el impulso político necesario para controlar la violencia. 
Apoyamos firmemente la continuación de la labor callada y persistente de nuestros representantes sobre el terreno, nuestros embajadores, las ONG y los ciudadanos indios afectados como la mejor garantía para controlar la actual situación, y por este motivo recibieron recientemente el agradecimiento de los arzobispos de Delhi, Mumbai y Bangalore. 
La Comisión respalda plenamente los objetivos de tolerancia racial, armonía social y pleno respeto de los derechos humanos que apuntalan la propuesta de resolución del Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución, sobre Guinea-Bissau: 
B4-0136/99, en nombre del Grupo del PSE, -B4-0168/99, en nombre del Grupo del PPE, -B4-0173/99, en nombre del Grupo del ELDR, -B4-0183/99, en nombre del Grupo del GUE/NGL, -B4-0191/99, en nombre del Grupo del Partido de los Verdes, -B4-0202/99, en nombre del Grupo del ARE, -B4-0211/99, de la Sra. Cardona. 
Señor Presidente, la situación en el país de África occidental, Guinea Bissau, nos produce una gran preocupación. 
Tras el acuerdo de noviembre de 1998 y el nuevo acuerdo de principios de este año se han vuelto a producir estallidos de violencia entre las tropas del Presidente Vieira y el general Ansumane Mane. 
El conflicto de junio de 1998 ha vuelto a reproducirse y los ciudadanos se han visto obligados a huir en gran escala. 
De nuevo es la población civil la víctima de este nuevo y destructivo conflicto. 
El acuerdo de paz de Abuja ha quedado sin efecto y las tropas extranjeras se han excedido en las violaciones de los derechos humanos. 
Es muy importante que el acuerdo de Abuja vuelva a aplicarse plenamente. 
Todas las tropas extranjeras deben abandonar el país, excepto naturalmente las pertenecientes al ECOMOG, y el gobierno de unidad nacional debe intentar organizar elecciones justas. Esto es como pedir que nieve en verano. 
Europa debe estar dispuesta a aportar su contribución. 
Es necesario realizar un gran esfuerzo en el África occidental para evitar que el conflicto se extienda a otros países. 
Pero en África, participamos demasiado en los conflictos transnacionales. 
Debemos hacer todo lo posible para impedir la proliferación de las armas ligeras. 
La Unión Europea debe ofrecer apoyo técnico y financiero al ECOMOG y debe apoyar a la población proporcionando ayuda humanitaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, la guerra ha vuelto a Guinea-Bissau. 
El Parlamento Europeo debe manifestar su solidaridad para con el pueblo de Guinea Bissau, que está sufriendo con esa situación de guerra civil. 
Hay centenares de muertos, millares de civiles refugiados que han tenido que salir de su país, hospitales sin medicamentos y sin capacidad de reacción y cunden el hambre y la enfermedad. 
Hubo un acuerdo en Abuja que establecía un cese del fuego y las condiciones para regular el conflicto. 
A pesar de ello, se reanudaron las operaciones militares y todo indica que son responsabilidad de las tropas del Presidente Nino Vieira. 
No podemos aceptar la responsabilidad política y la ceguera histórica de dirigentes políticos y militares que anteponen los intereses particulares a los intereses de su pueblo. 
El Parlamento Europeo debe insistir en que se respeten los acuerdos de Abuja, que disponen la formación de un Gobierno de unidad nacional y la organización de elecciones presidenciales y legislativas, con respeto de la independencia e integridad territorial de Guinea-Bissau. 
Existe un peligro de internacionalización del conflicto, teniendo en cuenta la situación existente en Casamanca. 
La presencia de tropas extranjeras, en particular de Senegal y de la República de Guinea-Conacry, que son acusadas por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos de violación de dichos derechos contra civiles, agrava ese peligro. 
Por eso, la retirada de todas las tropas extranjeras es un requisito fundamental para el regreso de la paz. 
Las únicas tropas que deben permanecer como garantes del cese del fuego y del cumplimiento de los acuerdos son las tropas de la ECOMOG. 
Es fundamental ayudar al pueblo de Guinea-Bissau y para ello es necesario reforzar la ayuda humanitaria y garantizar la llegada efectiva de dicha ayuda a las poblaciones. 
En ese marco, destaco la importancia de las organizaciones no gubernamentales que actúan desinteresadamente sobre el terreno. 
Termino haciendo un llamamiento para que la Unión Europea apoye las gestiones del Primer Ministro designado, Francisco Fabu, con vistas a la constitución de un gobierno de unidad nacional apto para servir, por encima de todo, a los intereses de un pueblo que sufre en Guinea-Bissau. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que sucede en Guinea-Bissau es trágico: millares de personas desplazadas, hambre y miseria causadas por una guerra que parece que nadie quiere y no se ve a quién puede servir. 
Es esencial que se regrese a la paz y que callen las armas en Guinea-Bissau. 
Es esencial que se cumpla el acuerdo de Abuja y se permita el rápido establecimiento del ECOMOG, la fuerza de interposición de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. 
El Presidente João Bernardo Vieira y el general Mané tienen una gran responsabilidad para permitir y garantizar el cumplimiento del acuerdo que firmaron, estabilizar la situación en Guinea-Bissau, imponer un nuevo gobierno de unidad nacional y permitir la celebración de elecciones libres y el desarrollo del país. 
Europa puede y debe ayudar, como, por lo demás, está previsto en la propuesta de resolución de transacción que subscribimos. 
Ayuda humanitaria, técnica y financiera. 
Pero también ayuda con la condena firme de la escalada de guerra y la exigencia de retirada inmediata de las fuerzas militares extranjeras involucradas en el conflicto. 
Sin esa retirada, continuarán las violaciones de los derechos humanos y no será posible la paz. 
A ese respecto, nos parece muy oportuna la recomendación de este Parlamento para que el Consejo funcione, a ese respecto, con una sola voz. 
Y, frente a muchas noticias publicadas en los medios de comunicación social, quisiera preguntar a la Comisión si puede dar alguna información que garantice a este Parlamento que no están involucradas fuerzas militares de ningún Estado miembro de la Unión en ese triste conflicto que queremos ver superado lo antes posible. 
Señor Presidente, los actos de violencia en Guinea-Bissau nos preocupan en gran manera. 
El Presidente Jean Bernardo Vieira y el General Mane firmaron el 1 de noviembre de 1988 en Abuja un Tratado de paz que deben respetar. 
El Consejo y la Comisión tienen que presionar al respecto. 
Exige la retirada de tropas extranjeras, en especial del Senegal y de la República de Guinea. 
El Consejo y la Comisión tienen que presionar también en este sentido. 
Se ha pedido, permitido y es deseado el estacionamiento de ECOMOG. 
Las fuerzas de paz de la Comunidad Económica del África Occidental son necesarias para garantizar aquí la paz. 
Desde el 3 de febrero existe de nuevo un armisticio. 
Creo que apoyamos la integridad territorial del país. 
Instamos al Gobierno para que forme un Gobierno de unidad nacional. 
Si se llega a esto, la Comisión debería proporcionar la correspondiente ayuda pues han huido miles de personas que se convierten en refugiados y entre los que impera el hambre. 
También debemos mencionar que esto ocurre en muchos casos con armas de Europa occidental. 
Los políticos y militares deben respetar la paz. 
Si no lo hacen, serán irresponsables, ciegos frente a la Historia e insensibles. 
Deben respetar el derecho internacional y los derechos humanos. 
Este respeto del derecho internacional y de los derechos humanos es la base para que podamos proporcionar ayuda humanitaria y ayudar a ECOMOG a través del Consejo y la Comisión. 
Creo que este sería un concepto para apoyar la paz. 
Ambas partes deben actuar ahora allí. 
Señor Presidente, señor Comisario, por desgracia, desde varios lugares de África se nos obliga a formularnos una pregunta: la de hasta dónde pueden llegar el absurdo, el disparate y la irracionalidad. 
Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, tenía antes de la reciente guerra de hace ocho meses una renta per cápita de unos 220 dólares, algo menos de medio ecu por persona y día. 
Empezaba a mejorar la situación, empezaba a notarse un incremento de las reservas, una disminución de la inflación y un crecimiento del 5 % anual. 
El crecimiento será negativo, es decir, será de un- 5 % anual en los próximos meses. 
Y una guerra, que nace seguramente de las ambiciones encontradas de un presidente eternizado en el poder y un general ambicioso, está llevando a ese país a lo que sabemos: a la huida, a los refugiados, al hambre, a la destrucción de sus escasas reservas. 
Incluso está produciendo una internacionalización del conflicto, con la intervención cierta de fuerzas del Senegal, detrás de la que se encuentra el conflicto de la región meridional de Casamance, y seguramente también de la República de Guinea. 
Es necesario, sin duda ninguna, que la comunidad internacional haga todo lo que esté en su mano para contribuir a poner término a esa situación, para que se pueda volver a aplicar el plan de ayuda que los organismos internacionales habían previsto y que, una vez más, está paralizado, para que se retiren las tropas extranjeras y permanezcan sólo las fuerzas de paz de ECOMOG y para que, reanudada la aplicación del alto el fuego de febrero- de hace unos días -, que está interrumpido, se puedan dar los necesarios poderes al Primer Ministro designado a fin de que los guineanos de Guinea-Bissau resuelvan en paz sobre su futuro. 
Señor Presidente, puedo ser relativamente breve, porque la Comisión comparte la opinión recogida en la resolución presentada por el Parlamento. 
Seguimos de cerca los acontecimientos en Guinea-Bissau y somos conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrenta la población civil. 
A través de ECHO estamos proporcionando, o así lo espero, ayuda humanitaria rápida y eficaz para suplir las necesidades de la población. 
Asimismo apoyamos los esfuerzos mediadores que se realizan actualmente y hemos hecho un llamamiento a las partes involucradas en el conflicto para que cumplan el Acuerdo de Abuja. 
Estamos dispuestos a reanudar la cooperación con Guinea-Bissau tan pronto como se reinstaure la democracia. 
Tenemos conocimiento del papel desempeñado por ECOWAS en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional para mantener la estabilidad en la región y apoyamos el Acuerdo de Abuja, incluido el despliegue de tropas de ECOMOG en Guinea-Bissau. 
Se ha hecho referencia al indicio de que están participando tropas de algunos Estados miembros. 
Tengo conocimiento de dichos rumores, pero no estoy en condiciones de confirmarlos ni de desmentirlos. 
No obstante, estamos consultando a los Estados miembros sobre el modo de financiar la ayuda en la forma de suministros y equipos no militares para las fuerzas de ECOMOG. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución sobre las catástrofes naturales: 
Temporal en las Islas Canarias 
B4-0128/99, del Sr. Medina en nombre del Grupo del PSE, -B4-0163/99, del Sr. Fernández Martín y otros, en nombre del Grupo del PPE, -B4-0193/99, del Sr. Sierra y otros, en nombre del Grupo del GUE/NGL, -B4-0207/99, de los diputados Escolá Hernando y Vallvé, en nombre del Grupo del ARE.Terremoto en Colombia 
B4-0192/99, de los diputados Newens, Miranda y Howitt, en nombre del Grupo del PSE, -B4-0203/99, del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo del GUE/NGL, -B4-0206/99, de los diputados Kreissl-Dörfler y McKenna, en nombre del Grupo del Partido de los Verdes y del diputado Escolá y otros, en nombre del Grupo del ARE.Temporal en las Islas Canarias 
Señor Presidente, no tenía tanta importancia el orden de las intervenciones. 
Estamos hablando de la catástrofe que asoló las Islas Canarias, y tengo que decir que a su condición de región ultraperiférica se une ahora esta catástrofe que ha afectado a toda su infraestructura portuaria y costera, así como a la agricultura, es decir, al tomate y al plátano, que son básicos para la economía canaria. 
Por eso nosotros, señor Presidente, sin necesidad de agotar el minuto que nos corresponde, queremos solicitar a la Comisión Europea que en los programas estructurales tenga en cuenta un esfuerzo adicional para ayudar a esta región, que está muy alejada en la Unión Europea, a superar esta catástrofe, llamada «natural» -aunque va a haber que empezar a pensar que estas catástrofes no son tan naturales sino producidas a veces por daños medioambientales. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en los primeros días de enero se produjo en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Palma y Hierro un violento temporal que causó daños incalculables en las infraestructuras portuarias, en las avenidas marginales y en otras instalaciones del litoral de esas islas, así como en todos los cultivos, incluida la producción de tomate, plátanos y otras producciones hortofrutícolas. 
Ahora bien, por tratarse de islas, no existen opciones substitutivas de las infraestructuras, lo que demuestra la importancia que su buen funcionamiento tiene para la vida del archipiélago. 
Vemos que la producción agrícola de las islas ascendió en 1997 a 105.495 millones de pesetas y que los perjuicios sufridos por la producción agrícola representan el 14, 4 % de los daños en el nivel de las infraestructuras y cerca del 16, 7 % de los ingresos de 1997. 
Además, hay que señalar que en las producciones más importantes de las islas Canarias, los daños en la producción de tomate ascienden a 5.664 millones de pesetas, lo que equivale al 19 % de la producción, y los perjuicios en el sector del plátano se elevan a 7.393 millones de pesetas, lo que corresponde al 20, 5 % de la producción de 1997, mientras que los daños en las infraestructuras ascienden a 2.470 millones de pesetas. 
Por todas estas razones, hemos venido a solicitar a la Comisión que verifique rápidamente la amplitud de los daños e incluya en los programas estructurales de la Unión a las islas Canarias los proyectos específicos de reparación de los daños causados a las infraestructuras del litoral. 
Manifestamos asimismo nuestra preocupación respecto de los efectos del temporal en las rentas de los productores agrícolas para el año 1999 (y, consecuentemente, en la economía de las Canarias) , por lo que solicitamos a la Comisión las ayudas necesarias para paliar los daños sufridos en ese sector. 
Señorías, quisiera aprovechar la ocasión de hacer uso de la palabra para manifestar mi consternación ante las noticias sobre los efectos del terremoto del 25 de enero de 1999 en Colombia, considerado el peor terremoto ocurrido en el país en este siglo y que provocó más de mil muertos e innumerables heridos, la mayor parte de ellos miembros de las comunidades más pobres de la región. 
Quisiera, por eso, manifestar aquí la solidaridad del Grupo de Coalición Radical Europea para con las víctimas y los familiares de los muertos, así como para con el pueblo de Colombia. 
A lo que parece, según las noticias procedentes de la zona, fueron grandes las dificultades que hubo de afrontar el ejército colombiano, a pesar del envío de millares de soldados a la región a fin de evitar actos de pillaje generalizados en la ciudad de Armenia, donde los saqueadores dispararon contra los socorristas y el desorden público está dificultando las operaciones de socorro. 
Existe igualmente el peligro de la corrupción, que puede también impedir que la ayuda internacional llegue plenamente a sus destinatarios. 
Y, por eso, exhorto al Presidente Pastrana y al Gobierno de Colombia a que adopten medidas firmes para restablecer el orden público en las zonas afectadas por la catástrofe, con respeto de los derechos humanos, y a que adopten las medidas necesarias para velar por que la ayuda de emergencia llegue a los destinatarios. 
Pero espero sobre todo que este terrible acontecimiento no vaya a perturbar el ya de por sí difícil proceso de paz en curso en Colombia. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera también hacer constar aquí nuestra satisfacción por la pronta asignación por la Comisión de 1, 5 millones de euros, incluido medio millón de euros no gastados el año pasado, y congratularme de la cooperación constructiva de la Cruz Roja, de la OFAM y de otras ONG que trabajan en la región. 
Ahora bien, lanzo aquí un llamamiento a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros para que, en cooperación con las ONG pertinentes, desplieguen todos los esfuerzos a su alcance para resolver esta crisis y poner en práctica un programa de desarrollo especial encaminado a satisfacer las necesidades a medio y a largo plazo en la zona del terremoto. 
Muchas gracias, señor Posada, aunque no se ha referido sólo a los problemas de las Islas Canarias, sino también a los de Colombia, los cuales constituyen el próximo tema de debate. 
Señor Presidente, creo que somos afortunados de que en este momento el Comisario Brittan esté con nosotros. 
Lo digo porque anoche el Comisario Brittan, tomándose una enorme molestia, estuvo hasta media noche con nosotros discutiendo un tema que tiene mucho que ver con las regiones ultraperiféricas y las Islas Canarias: el del plátano. 
Señor Brittan, me dirijo a usted directamente porque, si usted lee nuestra propuesta de resolución, verá que trata de los grandes daños que se han producido en la agricultura canaria. 
Concretamente, aunque no se menciona en esta propuesta de resolución, le diré que, por ejemplo, en la producción platanera, los daños han sido tales que ni en 1999 ni en el año 2000- porque no sólo han muerto las plataneras madres sino también los hijos- nos acercaremos a la cifra mínima garantizada de 420.000 toneladas al año. 
Y se lo digo porque al discutir en Washington con un gobierno que habla de defensa de la libre competencia, creo que habrá que hacerles notar que nuestras producciones plataneras se encuentran en unas condiciones bastante adversas desde el punto de vista climático, y es muy frecuente que en algunas regiones comunitarias, tanto en las antillanas como en Canarias y Madeira, se produzcan este tipo de cosas. 
Creo que es un argumento importante. 
Pero el objetivo de la resolución que presentamos va en otra dirección. 
Hay una cosa curiosa que le voy a leer al representante de la Comisión porque creo que es útil. 
Es un periódico de hoy, de 11 de febrero de 1999, concretamente La Provincia de Las Palmas, en el que se dice que el representante de la federación de exportadores de productos hortofrutícolas en Las Palmas, don Roberto Góiriz, expresaba su satisfacción por el acuerdo que adoptará con toda seguridad la Asamblea europea y recordaba que, al final, será una institución con sede en Estrasburgo la que podría instar a la solución de un problema que afecta a todos allí. 
Porque en este momento- es curioso- en unas regiones tan alejadas como la nuestra se mira a la Comisión como una fuente de inspiración y una fuente de ayuda. 
La Comisión ha sido siempre muy receptiva a los problemas de estas regiones. 
Y ahora estamos pidiendo, entre otras cosas, que se desarrolle, a la mayor brevedad posible, el nuevo 299.2 del Tratado de Amsterdam, que prevé un régimen especial para estas regiones precisamente por estas condiciones económicas adversas. 
Señor Presidente, yo voy a intervenir en nombre del Sr. Fernández Martín, puesto que ha tenido que ausentarse en estos momentos. 
Como ya se ha dicho aquí y todos ustedes conocen, en los primeros días del mes de enero de este año la región de Canarias sufrió un gravísimo temporal que ha provocado unas cuantiosas pérdidas económicas, tanto en infraestructuras como en producción agrícola. 
Debo resaltar que las pérdidas no se reducen solamente a las elevadas cifras que aparecen en la resolución, que son aproximadamente unos 90 millones de euros entre el cultivo del plátano y del tomate, que son, como todos ustedes saben y aquí se ha resaltado, los cultivos más importantes y que realmente constituyen el soporte económico de la región, sino que también las pérdidas en infraestructuras han sido cuantiosas y ascienden aproximadamente a unos 15 millones de euros. 
Por ello, señor Presidente, pedimos a las instituciones competentes de la Unión Europea, y en especial a la Comisión, que tengan en cuenta el alcance de estos daños e incluyan proyectos específicos de reparación de las infraestructuras dañadas y que se arbitren los mecanismos adecuados para prestar una ayuda efectiva y rápida a los ciudadanos afectados por esta catástrofe, así como al gobierno regional para la reparación de los daños causados. 
Terremoto en Colombia 
Señor Presidente, la tragedia provocada por los terremotos en las regiones colombianas de Pereira y Armenia se suma a otras catástrofes de gran virulencia, que han destrozado y aniquilado personas y bienes en el istmo centroamericano y en regiones del Caribe. 
La respuesta europea, en todos los casos, ha sido rápida y solidaria, lo que ha permitido paliar los estragos y llevar un poco de esperanza a las víctimas. 
No cabe duda de que circunstancias tan extremas como las de Colombia se vieron agravadas por la desaparición de las infraestructuras, y esto retrasó la llegada de las ayudas y la puesta en marcha de los planes de emergencia. 
Por ello es tan lamentable que personas sin escrúpulos aprovecharan la tragedia para asaltar, robar y comerciar con los pocos bienes que había en la zona o que podían llegar. 
Estos hechos tan lamentables no deben hacer olvidar ni el heroísmo ni la magnífica lección de civismo de organizaciones no gubernamentales, población civil, ciudadanos anónimos y ejército, involucrados en las operaciones de recuperación y salvamento. 
Hay que resaltar, por tanto, estas actitudes positivas, así como la rápida reacción de ECHO y de la Comisión Europea para poner en marcha las ayudas tan necesarias en estos momentos, y les felicito por ello. 
Ahora bien, habrá que completar este proyecto, tras la evaluación de los daños, con un plan destinado a la rehabilitación de las zonas que han quedado totalmente desoladas. 
Desgraciadamente, nada podemos hacer por los desaparecidos sino condolernos con sus familias y muy poco para prever otras catástrofes telúricas. 
En cambio, sí es posible utilizar las donaciones europeas y de otros países con la máxima transparencia y eficacia, de tal forma que se despeje cualquier duda de malversación o inadecuada utilización. 
Por eso- y por último -, señor Presidente, esta resolución quiere apoyar el compromiso del Presidente Pastrana contra la corrupción, pidiendo que su administración haga todo lo posible para garantizar la seguridad en la zona y el respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, poco hay que añadir a lo que acaba de decir nuestra compañera Ana Miranda de Lage en relación con este tema. 
Yo creo que, lo mismo que ocurrió con el huracán Mitch, así ha ocurrido con este terremoto en Colombia, que suelen verse afectadas las poblaciones más pobres. 
Hay más de 1.000 muertos y multitud de heridos. 
Entonces, yo creo que, en primer lugar, hay que saludar la acción rápida de la Comisión Europea enviando allá un millón y medio de euros, lo que supone una ayuda considerable y que se ha hecho en colaboración con organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, OXFAM y otras. 
Habría que hacer hincapié en la necesidad de que la Comisión Europea, de alguna manera, garantice que la ayuda que se envía llegue a aquellos realmente afectados. 
Porque, no en este caso sino en otros anteriores, ha ocurrido que, o bien aprovechando la confusión, como en esta ocasión, una parte de la población se ha aprovechado del desorden y ha utilizado o vendido bienes que iban dirigidos a la población más afectada, o bien la ayuda no se ha distribuido como se debiera y no llega a las personas más afectadas. 
Por lo tanto, quizá la Comisión Europea ahí pueda tener un gran papel. 
También hay que saludar el que el Sr. Pastrana se haya comprometido con la erradicación de la corrupción y saludar también que, a la vez que llega la ayuda a las poblaciones más afectadas, se respeten los derechos humanos en Colombia. 
Señor Presidente, yo también me puedo adherir perfectamente a las palabras del orador anterior. 
No es la primera vez que Colombia se ve afectada por una calamidad de este tipo y en esta ocasión parece haber ocurrido en una región en la que el la vida era relativamente normal. 
Tanto peor es que precisamente una región así, en la que viven personas que aunque dependían de la ayuda sin embargo podían vivir hasta ahora de un modo relativamente aceptable, se haya visto ahora afectada por una desgracia de este tipo. 
Dirigimos el encarecido ruego a la Comisión para que actúe del modo menos burocrático posible y para que la ayuda llegue directamente a las personas. 
Nos alegramos de que se haya actuado con tanta rapidez, pues criticamos aquí con frecuencia a Colombia. 
Señor Comisario, usted sabe que en cierto sentido es el país de nuestros desvelos. 
Creo que si logramos mostrar claramente a Colombia y al Presidente Pastrana que también intervenimos positivamente cuando es necesario ayudar a las personas, habremos logrado mucho. 
Señor Presidente, al unirnos a las manifestaciones de compasión por las víctimas del terremoto de Colombia, debemos garantizar que la Unión Europea proporciona la asistencia a largo plazo necesaria para ayudar a las personas a rehacer sus vidas. 
Al día de hoy, las comunidades afectadas siguen careciendo de los contenedores básicos para almacenar agua limpia, no disponen de suficientes letrinas, refugios impermeables, equipos necesarios para preparar los alimentos ni de las herramientas para el desescombro y la construcción de sus casas. 
Niños descalzos no tienen zapatos para andar por los escombros que fueron sus hogares, y muchas vidas han sido destruidas. 
A pesar de que agencias como OXFAM intentan ayudar a 8.000 familias por mes, más de 400.000 personas han perdido sus pertenencias o sus medios de vida. 
También nosotros debemos aprender la lección, pues a pesar del rápido anuncio de la ayuda, que acogimos con satisfacción, cuando habían transcurrido 48 horas desde que se produjo el terremoto, aún no había llegado ninguna ayuda internacional a la zona. 
Por último, en una situación que debería unir a los grupos enfrentados en el conflicto colombiano por motivos puramente humanitarios, no puedo dar crédito a los informes de que los paramilitares pueden haberse servido de la catástrofe para encubrir el asesinato de defensores de los derechos humanos de las ONG que trabajan en Colombia y que puede haber servido de pretexto para retirar una propuesta de ley que condena las desapariciones por la fuerza en una sesión extraordinaria del Parlamento colombiano la semana pasada. 
Hacemos un llamamiento al Presidente Pastrana para que no se limite a combatir el fraude y la corrupción, sino para que también promulgue dicha ley. 
El veinticinco de enero es una fecha que quedará grabada en la memoria de la población colombiana, pero lamentablemente, por razones dolorosas. 
Ha sido una tragedia de enormes proporciones, como ya se ha señalado, con un balance de más de mil muertos y muchos miles de heridos. 
Hay que reconocer que debemos felicitar a la Comisión por la rapidez con que respondió a la catástrofe y, en particular, por el modo en que ha cooperado con las ONG de la región. 
No obstante, la ayuda enviada desde la Unión Europea y otros países donantes no es más que un detalle, dada la magnitud de la destrucción y el sufrimiento, y en particular, habida cuenta de la estadística a la que se ha referido el Sr. Howitt: casi medio millón de personas han perdido sus hogares y pertenencias. 
Por consiguiente, hace falta una ayuda muy amplia y un programa de desarrollo para suplir las necesidades a largo plazo del país y de su pueblo. 
Es de vital importancia que, si se proporciona dicha ayuda, ésta sea coordinada debidamente y canalizada hacia aquellos que más la necesitan. 
Es acertado que la resolución señale el peligro de corrupción y la necesidad de erradicarla. 
Acojo con satisfacción, al igual que la resolución, el compromiso del Presidente Pastrana de garantizar que eso no ocurrirá. 
La resolución también es acertada al señalar que, a la hora de intentar restablecer el orden público, es de vital importancia que no se violen los derechos humanos. 
Señor Presidente, la cotidianidad de Colombia es cruel. 
Todos los meses podríamos debatir sobre nuevas violaciones de los derechos humanos, los paramilitares, ataques a indígenas y negros, expulsiones y desaparición de personas. 
Pero en esta ocasión, el motivo es una así llamada catástrofe natural, el terremoto en Armenia. 
Ha arrojado infinitos padecimientos sobre la población y no quiero repetir lo que mis colegas ya han dicho, pero a ello viene a sumarse una catástrofe menos natural, es decir, la corrupción y la incapacidad, en parte del aparato del Estado colombiano, para proporcionar con rapidez y seguridad ayuda a las víctimas. 
Especialmente intranquilizadoras son las informaciones según las cuales la presunta ayuda rápida de la Unión Europea no ha llegado en absoluto a muchos lugares. 
Sería urgentemente necesario comprobar qué hay de cierto en esas informaciones y presentar un informe al respecto. 
Al amparo del terremoto, los paramilitares han iniciado una campaña de aniquilamiento contra defensores de los derechos humanos. 
Tanto a nivel nacional como internacional, personalidades políticas y otras exigen al Presidente Pastrana que intervenga por fin. 
Pero hasta ahora hemos visto demasiado poco. 
También aquí sería urgentemente necesario que la Comisión exija al Gobierno colombiano que combata estas violaciones de los derechos humanos producidas al amparo del terremoto. 
Señor Presidente, entrando en primer lugar en la situación de las Islas Canarias, la Comisión tiene conocimiento de las terribles tormentas que asolaron las islas entre el 6 y 9 de enero. 
Agradezco la información adicional facilitada por sus Señorías en su resolución y también en las intervenciones que se han hecho. 
En lo relativo a la cuestión de los plátanos, soy consciente del papel especial que desempeña este sector en la economía de las Islas Canarias y expreso mi pesar por lo ocurrido, que se suma a los problemas sobre los que tratamos anoche. 
Deseo manifestar el pesar y el apoyo de la Comisión a la población local afectada por las tormentas. 
Somos muy conscientes de las dificultades que han provocado y estudiaremos detenidamente la situación en su conjunto a la luz de los instrumentos y las disposiciones reguladoras que puedan existir para prestar asistencia. 
Al objeto de que los responsables puedan realizar un estudio adecuado para la Comisión, nos gustaría que las autoridades españolas nos proporcionaran cuanto antes información detallada sobre la naturaleza de las tormentas, sus repercusiones sobre la producción y el potencial de producción en la región, así como los daños ocasionados a la infraestructura. 
Si recibimos una solicitud formal del Gobierno español en la próxima reunión de los Comités Superiores para ayuda estructural a las Islas Canarias y el Objetivo 1 del Marco de apoyo comunitario para España, estudiaremos las posibilidades de volver a programar la actual asistencia estructural en asociación con las autoridades nacionales y regionales, así como cualquier asignación con cargo a otros recursos disponibles, como una aportación a la reparación de las infraestructuras dañadas por las tormentas en cuestión. 
Volviendo a la situación en Colombia, las cifras preliminares oficiales indican que el número de muertos se eleva a más de 900, de los que 582 pertenecen al departamento de Quindio, el número de heridos se eleva a aproximadamente 3.400, y 200.000 personas han quedado sin hogar. 
Es evidente que la prioridad inmediata es responder a las necesidades de emergencia de los sectores más vulnerables de la población de toda la zona afectada por la catástrofe. 
Una evaluación minuciosa de las necesidades confirma la necesidad de proporcionar con carácter de urgencia alojamiento provisional, alimentos, mantas, utensilios de cocina, medicamentos y cloro. 
A la espera de un análisis más exhaustivo de las necesidades, ECHO ha preparado ya un programa de ayuda de emergencia por valor de 1, 5 millones de euros. 
La Comisión pudo anunciar el 26 de enero una aportación muy oportuna a los esfuerzos de ayuda internacional, y agradezco las amables palabras que se han dicho esta tarde sobre lo que ha podido hacer la Comisión. 
Las primeras medidas de prevención están siendo llevadas a cabo por varias ONG europeas en cooperación con la Cruz Roja Colombiana. 
ECHO está estudiando la aprobación de otro programa de emergencia para las víctimas del terremoto. 
En el marco de su misión destinada a Colombia de la semana próxima, los servicios de la Comisión comenzarán a estudiar las posibilidades para la rehabilitación a largo plazo de las zonas del terremoto. 
Pero quisiera añadir que compartimos plenamente la opinión expresada en el Parlamento Europeo de que el Gobierno del Presidente Pastrana debe adoptar medidas para restablecer el orden público y combatir la corrupción, al mismo tiempo que garantiza el respeto de los derechos humanos y también que los asesinatos y secuestros de activistas que defienden los derechos humanos y de los trabajadores de las ONG locales son investigados a fondo y que se procederá con toda firmeza y rapidez en función de los resultados de dicha investigación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 17.30 horas. 
Ya que el debate ha finalizado antes y no podemos pasar inmediatamente a las votaciones, me veo obligado a interrumpir la sesión hasta la hora de las votaciones. 
La votación, interrumpida a las 17.00 horas, se reanuda a las 17.30 horas 
Señor Presidente, felicito a la Asamblea por haber votado unánimemente en favor de la resolución sobre Kazajstán. 
Tengo ante mi la versión alemana. 
Consta solamente de la frase «encarga a su Presidente que transmita esta resolución a estos y aquellos». 
Por lo demás, en este papel hay dos rayas. 
Quiero preguntar si alguien ha leído esta resolución y si en su versión figura un texto. 
Señor Posselt, estoy seguro de que todos los diputados lo han leído. 
Debe tratarse de un error en el texto que usted ha recibido. 
Después de la votación sobre el debate de actualidad y urgencia 
Señor Presidente, tengo que decir de nuevo que mi observación de antes no era una broma sino una protesta formal. 
La resolución sobre Kazajstán consta, al menos en la versión alemana, de dos rayas. 
Risas 
Según nuestro Reglamento es inválida si el texto no se ha presentado. 
Se trata de un precedente. 
Señor Presidente, no es cierto. 
Existe el texto alemán en su versión completa. 
Señor Posselt, quizás tenga usted una errónea. 
Le puedo entregar gustosamente una copia para que sepa realmente sobre qué hemos votado. 
Señor Swoboda, yo también he visto la versión completa. 
Sugerí al Sr. Posselt que debía tratarse de algún error de impresión en la versión que él recibió. 
Señor Presidente, ¿puede ser que en un colega de la CSU haya puntos ocultos? 
Risas 
Por supuesto que no. 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, deseo hacer algunas observaciones sobre la votación. 
En primer lugar, pido disculpas por las 200 enmiendas; hicimos todo lo posible por reducir ese número. 
Me gustaría explicar el significado de «enmiendas de transacción» en relación con la votación de esta noche. 
No se trata de enmiendas de compromiso en el sentido que habitualmente solemos darles, es decir, enmiendas de compromiso entre grupos políticos. 
Dichas enmiendas son el resultado de un diálogo informal a tres bandas celebrado en Bruselas durante estos últimos días y semanas y han representando considerables esfuerzos por mi parte y por la de los demás ponentes de la política de aguas. 
Es absolutamente imprescindible que, tras haber alcanzado un acuerdo sobre estas enmiendas de transacción entre los ponentes de la política de aguas, ahora decidamos apoyarlas, porque la Presidencia alemana, que no estuvo representada en el debate de anoche, ha declarado en una carta lo siguiente: «La Presidencia alemana espera alcanzar una posición común sobre la propuesta de directiva en el Consejo de Marzo. No se escatimarán esfuerzos para incluir en dicha posición común el texto resultante de las consultas informales.» 
Uno de los requisitos previos para ello será que este texto sea incluido en la decisión sobre la propuesta que el Parlamento abordará esta noche. 
Por tanto, debemos cumplir nuestra parte del trato: respaldar las denominadas enmiendas de transacción, y luego tendremos el inicio de algo que podemos hacer avanzar después de la segunda lectura, cuando pasemos al proceso de codecisión. 
Señor Presidente, esta mañana, al finalizar la votación, se solicitó que este informe se vote en el Pleno de Bruselas. 
Y yo reitero la petición que se ha hecho esta mañana de que este informe, dada su importancia, se someta a votación en el Pleno de Bruselas. 
Tiene razón al afirmar que la cuestión fue planteada esta mañana, pero el Reglamento dice que debe hacerlo un grupo político o 29 diputados. 
No he recibido ninguna solicitud formal de ninguno de los grupos políticos ni ningún deseo manifestado por 29 diputados. 
Por tanto, me propongo proceder a la votación. 
Con buena voluntad, no creo que tardemos mucho tiempo. 
Señor Presidente, es cierto lo que acaba de decir sobre la solicitud, pero el problema es que no obtuve la aprobación de mi Grupo para aplazar esta cuestión hasta la semana próxima. 
Presento mis disculpas a la delegación española. 
Después de la votación de la enmienda 165 
Señor Presidente, me pregunto si los grupos políticos que están solicitando tantas votaciones nominales son conscientes de que cada votación nominal cuesta a los contribuyentes europeos 300 euros. 
Señor Presidente, sólo quiero preguntar al autor de la pregunta si sabe lo importante que es para el ciudadano saber quién tiene la responsabilidad política y cuándo debe costar. 
Señor Presidente, sin la menor duda los ciudadanos tienen derecho a saber y nosotros obligación de informar, pero no sobre cada frase y cada coma. 
Colegas, hemos tenido una larga semana y todos estamos cansados. 
Prosigamos. 
Señor Presidente, quiero tranquilizar al Sr. Anastassopoulos. 
Todos estamos a favor de un presupuesto ahorrativo y si miro hacia su grupo político y veo lo vacío que está allí, esto supondrá que muchos colegas hoy solamente cobrarán la mitad de la dieta, lo que sin duda le satisfará. 
Risas 
Me dan ganas de celebrar una votación nominal sobre si vale la pena celebrar votaciones nominales, pero eso sería absurdo. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Señor Presidente, ha sido una votación muy larga y complicada, pero la conclusión es muy satisfactoria. 
No obstante, quiero llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que era necesaria, en primer lugar, porque el Consejo alcanzó un acuerdo político al respecto en la fase inicial. 
Es un ejemplo de la torpeza del Consejo para alcanzar estos acuerdos políticos. 
En segundo lugar, el resultado satisfactorio no habría sido posible sin el inmenso trabajo realizado por el Sr. White. 
Pero quiero hacer hincapié en que tampoco habría sido posible sin la cooperación de sus colegas ponentes sobre la política de aguas, los Sres. Eisma y Florenz; no habría sido posible sin los coordinadores de todos los grupos políticos; sin la estrecha cooperación del personal de la Comisión, sin el presidente del Grupo de Trabajo sobre aguas de la Presidencia alemana y sin la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente. 
Espero que todos reconozcan que dichas personas merecen nuestro agradecimiento, porque sin ellos, el Sr. White no habría tenido tanto éxito. 
Me alegra saber que la directiva sobre aguas estuvo «desbordada» de cooperación. 
Señor Presidente, me interesa el número de votaciones nominales que hemos celebrado sobre este informe. 
En la votación sobre el informe anterior, siempre ha identificado al grupo que solicitaba la votación nominal, lo que causó un cierto malestar entre nuestros colegas del Grupo de los Verdes. 
En este caso, no ha identificado ni una sola vez a quién ha solicitado la votación nominal. 
Ciertamente debería decirnos quién ha solicitado la votación nominal. 
Si lo desea, puedo leerlo en voz alta, pero perderemos más tiempo. 
Enmienda 44 
Señor Presidente, quiero indicar a la Asamblea que en la enmienda nº 44, bajo el punto 2 a) guión 2, en el texto alemán en vez de decir «retirar componentes pirotécnicos» debe decir: «neutralizar componentes pirotécnicos» , para que el texto legal sea concluyente. 
Señor Presidente, como trabajo de ingeniería este trabajo sería maravilloso pero como texto legal es totalmente inadecuado. 
Habida cuenta de que el ponente así lo confirma, nos ocuparemos de que el texto alemán sea corregido convenientemente. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
He recibido una solicitud, en virtud del artículo 129 del Reglamento, de la Izquierda Unitaria para devolver este informe a comisión. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, solicitamos la devolución a comisión del informe Quisthoudt-Rowohl por los siguientes motivos: consideramos que, en este momento específico, la aprobación del informe podría interpretarse como una interferencia en el proceso electoral de un Estado soberano como Israel e, independientemente de sus valores e intenciones, como un respaldo manifiesto a una de las partes más controvertidas de la contienda electoral, o sea, la del candidato Binyamin Netanyahu. 
Señor Presidente, si se debieran devolver los informes cada vez que se celebran elecciones en los países afectados, ya no votaríamos ningún informe. 
Por consiguiente, considero que este informe no puede ser devuelto. 
Aplausos 
Señor Presidente, creo que deberíamos votar ahora sobre este informe. 
Cualquier retraso repercutiría en desventaja de Israel y también de los palestinos. 
El Parlamento rechaza la devolución a comisión 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, desearía simplemente presentar una enmienda oral, de forma. 
Propongo que, con el fin de clarificar la enmienda, el final de ésta se redacte del modo siguiente: «... y reforzar la integración regional, mediante la renuncia, por anticipado, al principio de no reciprocidad en las relaciones ACP/PTU/RUP, a partir de la entrada en vigor del nuevo convenio general UE/ACP». 
Señor Presidente, en general, el Grupo Socialista apoya la propuesta de resolución del Sr. Aldo, pero la enmienda oral que propone tiene un contenido bastante profundo y, por tanto, no creo que podamos aceptarla en este momento, es decir, no es una simple enmienda formal sino que es una enmienda que tiene mucho contenido. 
Por tanto, nos oponemos a la enmienda oral. 
Más de 12 diputados rechazan la enmienda oral 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
En el siglo XXI el agua de buena calidad quizá será un elemento de mayor interés estratégico que el petróleo. 
Motivo suficiente para agradecer en este momento al Sr. White su interés por contribuir a una buena calidad de las aguas superficiales para el año 2010. 
El enfoque de la captación de las cuencas fluviales da ocasión a que los Estados miembros puedan aplicar una política específica destinada a dichas cuencas. 
Pensamos que es una idea excelente. 
Si se hace uso óptimo de los conocimientos específicos en este terreno como, por ejemplo, los disponibles en materia de recursos hídricos, esta contribución producirá un mejor resultado. 
La participación de los directamente implicados aumenta la disposición a aceptar la nueva política. 
La entrada en vigor de una nueva directiva marco ciertamente requiere esfuerzos: el examen en primera lectura puede ser calificado de muy confuso. 
El examen de la directiva marco sobre el tema se ha pospuesto sucesivas veces en este Parlamento. Esto guarda relación con la «posición prematura» alcanzada por el Consejo en junio del pasado año. 
Con todo, ha sido un curso de los acontecimientos muy extraño. 
Como consecuencia, con el Tratado de Amsterdam como fondo, se ha empezado a alcanzar un acuerdo político. 
Esto sólo ha tenido éxito en una serie de políticas restringida, porque determinados Estados miembros no han mantenido una postura flexible. Es de lamentar, porque en general es mucho más fácil alcanzar un acuerdo en una fase preliminar, cuando aún no se ha profundizado en las propias posturas. 
Las enmiendas transaccionales que he presentado son un pobre resultado de un comienzo prometedor. 
Las enmiendas 189 a 193 sobre los «países de agua» pretenden mantener una capacidad de recuperación del caudal de agua que es esencial para combatir las inundaciones y la sequía. 
Las enmiendas transaccionales 194 y 195 tienen en cuenta que la gestión de las aguas marinas está regulada por convenios internacionales. 
Podemos apoyar la organización ocasional de una conferencia sobre la política de recursos hídricos. 
Es una buena cosa que puedan participar todos los implicados, incluidas las ONG, tal como se plantea en la enmienda transaccional 198. 
La reinyección del agua para poder llevar a cabo las actividades necesarias deber seguir siendo posible, pero debe llevarse a cabo de manera responsable. 
La enmienda transaccional 201 precisa las garantías necesarias para ello. 
En cuanto a los valores límite de emisión hay que tener en cuenta las fuentes de contaminación difusas y no sólo los grandes contaminadores. 
A este respecto, queda la posibilidad de aplicar el principio de «quien contamina paga». 
Por ello nos preguntamos si las enmiendas 65, 67 y 68 serán aplicables en la práctica. 
La propuesta de la Comisión por la que se establece un marco comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas consiste en volver a redactar y compaginar diversas directivas en vigor sobre la calidad de las aguas superficiales y de baño, de las aguas destinadas a la piscicultura y a la conquilicultura, así como de las aguas destinadas al consumo humano; sobre la protección y la gestión de las aguas subterráneas; sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas; sobre el control de los vertidos; y sobre la contaminación con nitratos. 
Además de esta simplificación, la principal novedad de dicha propuesta de directiva reside en el enfoque adoptado, basado en el concepto de cuencas hidrográficas, que una buena gestión de las mismas permitirá proteger las aguas superficiales y las aguas subterráneas- bien pertenezcan a un solo Estado miembro, o bien sean transfronterizas- desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 
De aquí a finales de año, la Comisión debería proponer especificaciones técnicas en las que deberán basarse todas las recogidas y todos los análisis de datos- concretamente por lo que respecta a la definición de los distritos hidrográficos y al análisis de sus características físicas, demográficas y económicas -, el análisis y la vigilancia de la calidad de las aguas y, finalmente, la evaluación cuantitativa y cualitativa de estas últimas. 
Cada plan de gestión deberá contener un programa de medidas, el cual deberá ser totalmente operativo, a más tardar, el 31 de diciembre del 2007. 
El objetivo del «buen estado» de las aguas debe cumplirse en el 2010. 
Finalmente, la aplicación de esta disposición se confía, en gran medida, a los Estados miembros. 
En relación con esta propuesta, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, he presentado 17 enmiendas, la mayoría de las cuales han sido aprobadas bien a título individual, o bien en el marco de una enmienda de transacción. 
Dichas enmiendas integrarían, naturalmente, las zonas húmedas y su ecosistema específico en el marco de esta acción comunitaria. 
Pero, además, hemos señalado la importancia de la agricultura y la relación específica que posee este sector de actividad con el agua. 
Era imprescindible tomar en consideración las especificidades de dicho sector, con el fin de que la agricultura no fuese enmarcada en un enfoque demasiado burocrático. 
En fin, hemos votado en contra de la enmienda transaccional 201, relativa al almacenamiento subterráneo de gas natural y de gas licuado de petróleo (GLP). 
En efecto, la propuesta de la Comisión establece una excepción respecto a los actuales almacenamientos, pero prohibiría los proyectos de desarrollo de nuevos almacenamientos de gas natural o de GLP en las capas acuíferas, pese a que la experiencia adquirida en Francia en materia de almacenamiento subterráneo de gas (desde 1957) y de GLP (desde 1965) permite indicar que se han adoptado todas las medidas en materia de protección del medio ambiente. 
Por el contrario, hemos votado a favor de la enmienda 160, que autoriza los almacenamientos subterráneos mientras éstos no se opongan a los objetivos medioambientales de la directiva. 
Reconociendo la importancia que suponen los avances en determinadas cuestiones, la directiva se centra en la calidad del agua olvidando los aspectos cuantitativos del problema. 
En los Estados del Sur existe un serio problema de escasez de agua que convierte a este elemento en un bien escaso. 
Por eso, la tentación desde los territorios más ricos, desarrollados y poderosos de trasvasar el agua de otras zonas, como ocurre con el río Ebro, debe limitarse. 
El informe White, gracias a las enmiendas 16, 18 y 75, pone coto a estas prácticas limitando esta política hidrológica. 
Por este motivo, con gran satisfacción, he votado a favor de ellas y de la totalidad del informe. 
En primer lugar, hoy debemos felicitarnos por la adopción en primera lectura de esta directiva marco sobre la política de aguas, que nuestro Parlamento reclama insistentemente desde hace tiempo. 
Este texto permitirá, por fin, clarificar y simplificar la legislación comunitaria actual, que es difusa e intrincada. 
En segundo lugar, deseo denunciar nuevamente el acuerdo político que tomó el Consejo, antes que el Parlamento se pronunciara. 
Por otro lado, tras la adopción de su informe en Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, el Sr. White, al margen de todo procedimiento oficial, negoció con los representantes del Consejo 12 enmiendas denominadas «transaccionales». 
Lamento vivamente que nunca se haya tomado el trabajo de informar a la Comisión de Medio Ambiente de cada una de las etapas de sus tratos. 
Pero más allá de este hecho, deploro que haya añadido voluntariamente una decimotercera enmienda 201, que nunca ha sido objeto de un acuerdo con la delegación del Consejo. 
El ponente efectuó este añadido sin respetar las normas elementales de transparencia, sin siquiera consultar a los autores de las enmiendas que su propuesta de compromiso pretendía sustituir. 
Este método de trabajo no es correcto. 
Por esta razón de principio, por una parte, y porque su contenido no correspondía a los deseos del PPE, por otra, hemos votado en contra de esta enmienda 201. 
A pesar de sus esfuerzos, los resultados de la iniciativa del Sr. White con el Consejo, en el sentido de reducir al máximo el número de enmiendas relativas a este texto, afectan sólo a puntos, ciertamente útiles, pero de escasa importancia. 
Hoy hemos tenido que pronunciarnos en el Pleno sobre cerca de 200 enmiendas. Eso demuestra, señor Presidente, que el Parlamento hace uso de los poderes que el Tratado le confiere, a pesar de las prácticas discutibles del Consejo de Ministros. 
El buen estado medioambiental de ríos y cauces de agua forma parte importante de la calidad medioambiental global en la Unión Europea. 
Sin embargo, el uso muy intensivo de las aguas dulces que ha tenido lugar durante el último cuarto de siglo ha creado graves problemas para la fauna y flora de los ríos europeos. 
Por ello me alegra ver que la Comisión ha tomado la iniciativa de preparar una directiva por la que se establecen los marcos para las medidas de la UE en materia de política hidráulica. 
La propuesta de la Comisión para la solución gradual de los problemas tanto de abastecimiento como de contaminación refleja una propuesta de acto jurídico muy bien elaborada. 
Mediante su tramitación en el Consejo y el Parlamento espero que sea posible satisfacer los requisitos tanto en materia medioambiental como en materia de abastecimiento. 
Informe Florenz (A4-0051/99) 
La presente explicación de voto está relacionada principalmente con los elementos y las propuestas del informe relativo al PVC. 
El objeto primordial de este informe no es exclusivamente el PVC, por lo que estamos dispuestos también a apoyar las enmiendas que persiguen la prohibición o- alternativamente- la restricción del PVC. 
No cabe la menor duda de que apoyamos una reducción en el uso del PVC tradicional, a la vez que reconocemos las oportunidades que se nos brindan en la actualidad para lograr una reducción cada vez mayor de las sustancias existentes en el PVC que resulten peligrosas para el medio ambiente y para la salud. 
Somos conscientes de los activos esfuerzos que se están llevando a cabo en numerosos sectores, como el automovilístico, para encontrar alternativas menos peligrosas que el PVC actual. 
Sin embargo, deseamos que la Comisión presente lo antes posible una propuesta de directiva que englobe por completo al PVC, en lugar de abarcar únicamente algunos aspectos particulares del mismo. 
Por lo que respecta al ulterior procesamiento del PVC, consideramos que el mejor modo de llevarlo a cabo es, en primer lugar, mediante la reutilización y el reciclaje de los materiales y, en segundo lugar, mediante su combustión y el reciclaje energético. 
Se deberá recurrir únicamente en última instancia al almacenamiento del PVC. 
Además, estimamos que la aprobación de la enmienda 25 suprimiría un elemento importante como es la responsabilidad de los fabricantes. 
Por este motivo, hemos votado en contra de dicha enmienda. 
En la Unión Europea se maneja el siguiente orden de prioridades para el reciclado de residuos: desguace, reutilización, reciclado, incineración y vertido. 
Este orden de prioridades debe mantenerse en la eliminación de los vehículos. Indudablemente, si tenemos en cuenta el hecho de que anualmente se producen muchos accidentes de automóvil y que hay materiales peligrosos que se derivan de estos accidentes, es necesario como primer requisito un adecuado procesado de los mismos. 
En lo que respecta a la prevención del PVC opinamos que puede regularse mejor por medio de una directiva horizontal, por lo que esperamos que la Comisión presente pronto una propuesta en la materia. 
Por eso hemos votado en contra de las enmiendas 8, 19, 21 y 56. 
La mejor manera de procurar una adecuada recogida de los vehículos es que el último usuario del vehículo pueda entregarlo sin costes a un encargado de su reciclado reconocido. 
Los costes de la transformación pueden imputarse en el precio de nuevo vehículo. 
En muchos países ocurre con frecuencia que la gente se deshace de los vehículos ilegalmente, incluso en aguas superficiales, con todas las consecuencias que ello entraña. 
Hemos votado a favor de las enmiendas 22 a 35, aunque en ellas no se prevén suficientemente los problemas antes mencionados. 
La recogida de vehículos de motor de dos y tres ruedas debe quedar a cargo del circuito existente. 
Por ello es preferible excluirlos del artículo 5. 
Hemos votado a favor de la enmienda 18, aunque se hayan suprimido las normas de desguace, reutilización y reciclado. 
En lo que respecta al reciclado, hemos votado en conciencia a favor de la enmienda 30, al igual que la enmienda 34, referente a los porcentajes de reutilización y reciclado. 
Como es sabido, en la actualidad el desguace de vehículos es posible y viable económicamente. 
Se mantiene porque la chatarra triturada de los automóviles puede reducirse. 
Los objetivos previstos en la enmienda 34 son indudablemente viables. 
Por ejemplo, en los Países Bajos, en estos momentos se mantiene un valor del 86 %. 
Tenemos una postura positiva hacia la celebración de convenios por parte de los Estados miembros con los interlocutores económicos implicados: de esta manera la directiva podrá aplicarse con flexibilidad. 
Naturalmente acojo con satisfacción toda propuesta encaminada a mejorar la gestión de residuos en la Unión Europea. 
Es evidente que los residuos derivados de la falta de control en la industria del automóvil son ya inaceptables, y hacen falta medidas para corregir el problema. 
En este sentido, apoyo el informe y las medidas que contiene para mejorar la gestión de residuos. 
No obstante, no me parece que se haya prestado la debida consideración a las motocicletas. 
Los motociclistas, en todo caso, han sido más respetuoso del medio ambiente que aquellos de nosotros que nos desplazamos sobre cuatro ruedas. 
Existe una fuerte tradición de reciclar las piezas de las motocicletas. 
Por ello me inquietó la presentación de la propuesta original, que parecía ignorar esta tradición, situando los vehículos de dos ruedas en la misma categoría que aquéllos de cuatro. 
Mi opinión personal es que las motocicletas, al igual que los coches antiguos, deberían quedar excluidos de esta legislación, y debería redactarse una legislación separada que garantice el cumplimiento de auténticos intereses medioambientales. 
Los vehículos para desguace representan un grave problema desde el punto de vista medioambiental en la Unión Europea. 
Están los problemas causados por los tipos de residuos que se separan de los restos del coche en el cizallamiento, además del gran impacto que tienen para el medio ambiente los coches abandonados en el campo. 
De ahí que resulte necesario garantizar que se lleve a cabo un tratamiento responsable y ajustado a derecho de los vehículos para desguace. 
Las normas comunes de la UE en este terreno contribuirán a reducir la contaminación producida por sustancias peligrosas considerablemente. 
Además, los desguaces podrán ser más rentables y crear más puestos de trabajo. 
La directiva propuesta es por ello una iniciativa extremadamente positiva. 
La oportuna prevención del empleo de determinadas sustancias peligrosas en la fabricación de vehículos nuevos es un elemento importante de la directiva propuesta. 
Sin embargo, resulta poco realista en este momento introducir una prohibición total de determinadas sustancias, que son necesarias- en cantidades muy pequeñas- en ciertos componentes y procesos de tratamiento anticorrosión. 
Además, la exigencia de una directiva horizontal por la que se prohíba totalmente el PVC en la UE antes del año 2000 es poco realista y por ello no puede contar con el apoyo de los conservadores presentes en este Parlamento. 
Informe Quisthoudt-Rowohl (A4-0035/99) 
La diatriba del Sr. Antony en el debate de esta mañana contra el Acuerdo de investigación y desarrollo con Israel, en la que acusaba a Israel de producir armas étnicas que seleccionarían a sus víctimas en base a la raza, nos dice más sobre las opiniones del Sr. Antony que sobre la política de investigación de Israel. 
Sólo un racista podría dar crédito a semejantes tonterías. 
Sólo alguien que cree que el mundo está compuesto de razas «claramente diferenciadas» en una nítida jerarquía con ellos a la cabeza de la cadena alimenticia podría imaginar semejante horror. 
No es posible. 
Existen más similitudes en la composición genética entre las denominadas «razas» que entre los individuos de esas mismas «razas». 
Cualquiera que hubiera iniciado un programa semejante habría demostrado que carece de los conocimientos científicos para llevarlo a cabo. 
Como he dicho esta mañana, votaré a favor de este informe con las pocas reservas que indiqué entonces. 
Las opiniones del Sr. Antony no han hecho más que reforzar esta decisión. 
El Estado de Israel tiene leyes que conducen a la persecución y la discriminación del pueblo palestino. 
Si bien me opongo al acuerdo, desearía hacer hincapié en que es muy importante que la Unión Europea señale las deficiencias que está mostrando el Estado israelí en materia de derechos humanos y en el marco del actual proceso de paz. 
Es posible que la cooperación con Occidente y el desarrollo tecnológico contribuyan a la paz en el Oriente Próximo pero, con vistas a una paz estable, son imprescindibles el respeto del derecho a la vida de todas las personas y el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos. 
Kosovo 
Nuestro Grupo no ha confirmado el llamado proyecto de resolución común sobre Kosovo. 
Su texto sigue estando demasiado marcado, en nuestra opinión, por consideraciones asimétricas, análisis simplistas y estereotipados, por un enfoque binario heredado de la época del «Este-Oeste» , con los «buenos» y los «malos» , y por cierta incapacidad para comprender seriamente las complejas realidades históricas, culturales, religiosas, que el retroceso de la ideología comunista ha hecho renacer, y que, sin embargo, hoy constituyen la materia misma de la búsqueda de un acuerdo. 
Una resolución pertinente hubiera debido felicitarse de que, por una parte, los partidarios de una solución diplomática hayan triunfado de momento frente a los irresponsables partidarios de la guerra y de que, por otra parte, dos países europeos representen un papel privilegiado, en nombre del conjunto de la Unión Europea, en la búsqueda de dicha solución. 
El Consejo ha reconocido, con lucidez, que la manera más eficaz de contribuir a buscar una solución diplomática no era en absoluto recurriendo a los complejos e inciertos mecanismos de la PESC, sino apoyando resueltamente la acción del «grupo de contacto» , compuesto por las potencias europeas y extraeuropeas más aptas para representar un papel determinante en la búsqueda de una salida de la crisis. 
El proceso de Rambouillet consagra el papel eminente desempeñado en el seno del «grupo de contacto» por los dos países europeos que más se comprometieron, firme y concretamente, en favor de la búsqueda de una solución pacífica: Francia y el Reino Unido, los dos miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Nuestro Parlamento no puede menos que desear que los dos copresidentes europeos de la Conferencia de Rambouillet, ayudados por los negociadores del «grupo de contacto» , unan a su competencia diplomática una voluntad política sin fisuras, que permita a los protagonistas de los enfrentamientos, a pesar de la ausencia de Milosevic- que representa un punto débil en el dispositivo adoptado -, lograr entre ellos un acuerdo a través del cual pueda gestionarse lo más pacíficamente posible la cuestión de la autonomía de Kosovo. 
Informe Aldo (A4-0036/99) 
Estamos ante un documento llamado en el Parlamento Europeo informe de iniciativa y que, por eso, se plasma básicamente en un punto de vista del PE sobre cuestiones directa o indirectamente relacionadas con la Unión Europea, algunas de las cuales pueden no haber sido tratadas en la legislación europea. 
Se trata, pues, de una posición unilateral del Parlamento Europeo, sin consecuencias inmediatas y concretas en las cuestiones mencionadas. 
No obstante, este informe tiene el mérito de señalar problemas existentes, por lo que puede dar origen al proceso legislativo y decisorio en vigor en la Unión Europea y es posible que la Comisión ponga en práctica algunas de sus recomendaciones, que resultan muy positivas para las regiones ultraperiféricas, en particular: 
1º La creación de un servicio descentralizado de la Comisión en las regiones ultraperiféricas que contribuya al refuerzo físico de la presencia de dichas regiones ultraperiféricas en el conjunto comunitario. 
2º Constitución de mercados regionales ampliados, que permitan el intercambio de productos originarios de las regiones ultraperiféricas, de los PTU y de los países ACP de la misma zona geográfica. 
3º Facilitar el desarrollo de intercambios interregionales, centrado en los sectores de la formación y la cultura, comunicaciones marítimas y aéreas, protección del medio ambiente, etc. 
Ahora bien, se me ocurre expresar una reserva en relación con este informe y que consiste en la posibilidad de que se abra una puerta que permita que intereses ajenos a las regiones ultraperiféricas acaben desvirtuando el concepto de ultraperifericidad, ya consagrado en el Tratado de Amsterdam, en el apartado 2 de su artículo 299, es decir, sus especificidades y condicionantes particulares. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Comunicación del Presidente 
En su reunión de hoy, la Conferencia de Presidentes ha decidido, de conformidad con el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento, adelantar las fechas del segundo período parcial de sesiones de marzo a los días 22 y 23 de marzo. 
El período parcial de sesiones comenzará el lunes 22 de marzo a las 17.00 horas y continuará el martes 23 de marzo. 
El turno de votaciones queda establecido para el martes a las 15.00 horas. 
La Conferencia de Presidentes ha decidido incluir en el orden del día del lunes 22 de marzo una declaración de la Comisión, seguida de debate, sobre el curso que debe darse al informe del Comité de expertos independientes. 
El plazo de presentación de propuestas de resolución vencerá el jueves 18 de marzo a las 17.00 horas y el plazo de presentación de enmiendas y de propuestas de resolución común el lunes 22 de marzo a las 22.00 horas. 
La Conferencia de Presidentes decidirá, en su reunión del próximo 4 de marzo, los otros puntos que deban incluirse en el orden del día. 
Hay que señalar que las reuniones de los grupos políticos podrán tener lugar el miércoles 17 de marzo a las 18.00 horas y, en su caso, el jueves 18 de marzo a las 10.30 horas, así como el lunes 22 de marzo antes de las 17.00 horas. 
Las reuniones de las comisiones parlamentarias, inicialmente previstas para los días 22 y 23 de marzo, se aplazan a los días 24 y 25 de marzo. 
Las comisiones parlamentarias afectadas comunicarán los detalles correspondientes. 
Señor Presidente, lo siento- no quiero referirme al colega Hänsch, quien probablemente está inspirado por el carnaval del Rin, pues no puede estarlo por las elecciones al Estado de Hesse- sino que quiero plantear de nuevo la cuestión de esta resolución. 
Entretanto he recibido ejemplares defectuosos de otros colegas y aquí hay 63 ejemplares defectuosos de la resolución sobre Kazajstán que solamente constan de rayas. 
Tras nuestro intercambio de palabras, he hecho comprobar fuera en el «desk» -esto no tiene ninguna gracia estimados colegas- si allí se encontraban los textos correctos. 
No hay ni un solo texto correcto. 
Creo que debemos tomarnos nuestro trabajo parlamentario en serio y ruego que se compruebe que ha pasado aquí y que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir algo así. 
Lo comprobaremos de nuevo, pero me han asegurado que en la mesa de distribución se ha colocado una nueva tanda de resoluciones impresas correctamente. 
Señor Presidente, le agradeceré que me diga si esa nota que nos acaba de leer está impresa y está siendo distribuida por algún procedimiento a los diputados porque, naturalmente, hemos tomado nota, pero hay demasiadas modificaciones en el calendario, y sería muy deseable que nos fuera distribuida por escrito en la tarde de hoy, incluso enviada por fax a nuestros despachos. 
Señor Presidente, quiero preguntar si se va a votar también en el Pleno sobre este aplazamiento pues, según mis informaciones, el Pleno ha aprobado el calendario y también quiero saber cuándo se celebraría esa votación. 
Tengo entendido que la respuesta es no. 
La Conferencia de Presidentes tiene la facultad de cambiar la fecha. 
No puedo responder detalladamente a las preguntas, porque no dispongo de más información al respecto que usted. 
Señor Presidente, estoy interesado en su comunicación sobre el cambio de fechas de la «minisesión». 
Estoy seguro de que sabrá que se han organizado visitas de personas procedentes de varias partes del mundo en base al calendario de la «minisesión». 
Este cambio ocasionará sin duda muchas dificultades a algunos de mis visitantes. 
¿Podría darme una explicación, que yo pueda transmitir, sobre los motivos que han llevado al cambio de fechas? 
Estoy convencido de que deben existir razones políticas de peso, pero no me he enterado de cuáles son; no he oído cuál es la explicación. 
Como he dicho, me estoy enterando sobre la marcha. 
He podido saber que el motivo es que la fecha inicialmente prevista coincidía con la reunión del Consejo Europeo y queremos reunirnos antes de dicha reunión. 
Señor Presidente, sólo quiero ofrecer una explicación al Sr. McGowan. 
El problema es que debemos celebrar un debate sobre los resultados del Comité de expertos independientes en dicha «minisesión». 
Eso significa que la Comisión deberá estar presente. 
Pero en esa misma fecha se reúne el Consejo en Berlín, y la Comisión no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. 
Por consiguiente, la única solución era encontrar otra fecha para la «minisesión». 
Habida cuenta de que se trata de una cuestión delicada, no podíamos aplazarla hasta el mes de abril. 
Ésa es la verdadera explicación política. 
Inicialmente debíamos celebrar la «minisesión» los días 24 y 25 de marzo, y las reuniones de las comisiones parlamentarias los días 22 y 23 de marzo. 
O sea que se ha invertido: la «minisesión» será los días 22 y 23 de marzo y las reuniones de las comisiones parlamentarias los días 24 y 25 de marzo. 
Ésa es toda la explicación. 
Es útil que alguien que ha asistido a la reunión explique cuál es la situación. 
No obstante, el Pleno no es el lugar adecuado para debatir sobre ello. 
Se trata de una decisión adoptada por la Conferencia de Presidentes. 
Si tienen algún problema en relación con este cambio, hablen con sus presidentes de grupo y planteen la cuestión en el marco de sus grupos políticos. 
Transporte combinado; dimensión y peso autorizados para vehículos de carretera (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0031/99) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica 
I.la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (COM (98) 0414- C4-0485/98-98/0226 (SYN) ), II.la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (COM (98) 0414- C4-0486/98-98/0227 (SYN)) 
Señor Presidente, espero que pueda meterme de nuevo en el tema que hemos interrumpido. 
El transporte combinado tiene la función de llevar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. 
Esto lo puede hacer a pesar de sus desventajas estructurales debido a los privilegios concedidos frente al transporte de mercancías por carretera. 
Sin embargo, no se ha desarrollado del modo como habíamos esperado los políticos. 
La causa principal de ello es que los ferrocarriles solamente se transforman muy lentamente en empresas modernas de servicios, si es que incluso lo intentan. 
El transporte combinado anticipa al mismo tiempo un futuro modelo de transporte, el transporte intermodal. 
Este optimizará el flujo de transporte de los sistemas de transporte entre si. 
Naturalmente, un decidido desarrollo del transporte intermodal necesita de unas condiciones marco diferentes a gran escala. 
Nuestra pregunta hoy es bajo qué condiciones surgirá de la forma anticuada del transporte combinado el futuro modelo sin que el transporte combinado se quede actualmente en el camino, es decir, sea arrollado literalmente por el transporte de mercancías por carretera. 
El primer paso de la nueva propuesta de directiva apunta en la dirección correcta, es decir, a la ampliación del concepto del transporte combinado hacia el transporte intermodal. 
Exigimos una delimitación exacta de la proporción del transporte por carretera en la cadena de transporte. 
También el segundo paso de la propuesta de la Comisión apunta en mi opinión en la dirección correcta, la armonización europea de los privilegios. 
La problemática de las ayudas es la menos importante de todas. 
Los límites máximos de peso de 44 toneladas y las excepciones a las prohibiciones de conducción son aspectos que siguen estando cuestionados. 
Personalmente los considero necesarios durante un período transitorio hasta que se establezcan las mismas oportunidades y condiciones de competencia para todos los modos de transporte y hasta que se establezca en la vida cotidiana el transporte intermodal. 
Sin embargo, comparto los temores de mis colegas de que están aumentando los abusos existentes ya hoy y de que una posible ruptura política mediante la ampliación de excepciones y límites superiores, podría allanar el camino también para el transporte general de mercancías por carretera. 
Por ello, insistimos en negociaciones adicionales. 
Señora Presidenta, el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en que debe fomentarse activamente el transporte combinado, dotando para ello de mayor eficacia las medidas para transferir el transporte de mercancías por carretera hacia otros medios más ecológicos, seguros y de menor consumo energético que sean menos propensos a la congestión. 
Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento a este enfoque. 
No obstante, lamento que el informe presentado a la Asamblea rechace dos de las tres medidas principales propuestas por la Comisión para fomentar el transporte combinado y enmiende considerablemente la otra propuesta. 
Las sugerencias recogidas en el informe no lograrían lo que desean nuestras dos instituciones y la mayoría de los Estados miembros, a saber, un mayor desarrollo del transporte combinado como alternativa eficaz y viable a la actual dependencia del transporte por carretera. 
Por consiguiente, sería de utilidad proseguir las conversaciones sobre este texto más adelante, cuando podamos tener en cuenta la opinión del Consejo sobre la presente propuesta. 
Mientras tanto, en cuanto a la enmienda del Sr. Wijsenbeek, en general es aceptable, porque desarrolla algunas de las ideas de nuestra propuesta, al tiempo que se mantiene fiel a la actual directiva. 
Pero me consta que los colegas del Sr. Wijsenbeek de la Comisión de Transportes y Turismo no comparten sus opiniones. 
Permítanme comentar brevemente dos de los tres componentes de la propuesta: la supresión de la prohibición de circular y las excepciones de los límites de peso. 
La Comisión proponía que los camiones que circulen en un trayecto de transporte combinado estén exentos a escala comunitaria de las restricciones de circulación durante la noche, fines de semana, vacaciones y períodos de alta contaminación. 
Dicha exención permitiría mejorar la competitividad del transporte combinado, en comparación con el transporte por carretera, y garantizar mayor fiabilidad y regularidad de los servicios de transporte combinado sin poner en peligro las normas sociales y medioambientales. 
Evidentemente, el transporte combinado ofrecería una ventaja importante si fuera posible ofrecer a los clientes transporte y entrega de sus mercancías en aquellos casos en que el transporte unimodal por carretera esté prohibido. 
Actualmente hay en vigor unas 47 prohibiciones para camiones en la Comunidad, con muchas supresiones específicas de las mismas para servicios de transporte combinado. 
Esto necesita una seria mejora, porque el transporte combinado, evidentemente, incluye varias conexiones y si una no está permitida, por ejemplo, los domingos por la noche, peligra toda la cadena. 
Si una prohibición finaliza a las 22 horas, sencillamente no hay tiempo para que los camiones que han llegado al punto de carga formen un tren que permita llegar a la mañana siguiente. 
Eso significa que toda la operación de transporte que comience a las 22 horas iría en su totalidad por carretera; y en el tráfico internacional de contenedores por carretera eso supone una distancia media de unos 1.000 kilómetros. 
¿Es más seguro o socialmente más aceptable o más eficiente hacer eso que realizar un viaje por carretera de unos 100-150 Km desde o hasta un punto de carga en domingo? 
Los argumentos sociales, medioambientales, de congestión y eficiencia todos apuntan en un mismo sentido. 
En segundo lugar, creemos que las empresas de transportes deben tener la opción de utilizar el peso máximo autorizado del vehículo de 44 toneladas para el transporte por carretera cuando se utiliza específicamente como parte del transporte combinado en el que intervienen diferentes medios de transporte en toda la Comunidad. 
No es sólo un incentivo de margen. 
Puede reducir los costes en un 10 % y, naturalmente, sólo es aplicable en los trayectos de carretera más cortos del transporte combinado. 
Es una forma eficaz de que el transporte combinado resulte más atractivo. 
Por estas razones, en estos momentos sólo puedo aceptar dos enmiendas técnicas además de las enmiendas 3 y 6 del Sr. Wijsenbeek, y debo rechazar las demás. 
Sería más productivo revisar esta cuestión más adelante, con el telón de fondo de la posición común del Consejo y tras haber discutido detenidamente los argumentos. 
Espero que entonces podamos adoptar una opinión conjunta sobre cómo desarrollar un compromiso satisfactorio que nos permita realizar nuestro objetivo común de apoyar el transporte combinado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Aplicación del artículo 366 bis del Cuarto Convenio ACP-CE 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre una recomendación (A4-0013/99) de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el proyecto de resolución del Consejo relativo al procedimiento de ejecución del artículo 366bis del Cuarto Convenio de Lomé (5644/98- C4-0156/98-96/0050 (AVC) ). 
Señora Presidenta, hemos debatido en múltiples ocasiones las modalidades de aplicación del artículo 366 bis del Cuarto Convenio de Lomé que prevé el procedimiento de suspensión de la cooperación con aquellos países que no cumplen la cláusula del requisito esencial, prevista en el artículo 5 de dicho Convenio. 
Se trata y en su día se trató de uno de los principales aspectos innovadores del Cuarto Convenio de Lomé, aspectos que condicionan la cooperación al respeto de los derechos humanos, de la democracia y de los principios de buen gobierno. 
Bajo la sabia y atenta batuta de la ponente, Sra. Aelvoet, a quien le doy las gracias también en nombre del Grupo Socialista, el Parlamento Europeo ha tratado de democratizar los procedimientos propuestos por la Comisión hasta el punto de prever un dictamen obligatorio del Parlamento a través del procedimiento de dictamen conforme. 
Sin embargo, a la vista de la intransigencia del Consejo, así como de los límites jurídicos objetivos que caracterizan el Convenio de Lomé, ha sido necesario llegar a un compromiso. 
Después de todo, como decía la señora ponente, el resultado alcanzado es mejor que nada. 
De hecho, se prevé que el Consejo adopte la decisión por mayoría cualificada y ya no por unanimidad, y la Comisión se compromete a informar de forma adecuada al Parlamento de cualquier trámite importante relacionado con la aplicación del procedimiento de suspensión. 
Con respecto a esto, el Parlamento, evidentemente, permanecerá atento y se mostrará exigente. 
Es mejor que nada y, por tanto, de acuerdo con lo que nos ha propuesto la señora ponente, nuestro Grupo votará a favor del proyecto de decisión. 
Señora Presidenta, como siempre, la Sra. Aelvoet ha elaborado un excelente informe sobre un tema muy delicado. 
No obstante, es una triste crítica al mundo en que vivimos que el artículo 366 bis deba ser incluido en el Cuarto Convenio ACP-UE. 
Ayer regresé de África y tras conocer los últimos acontecimientos que se han producido en Zimbabue, creo que es fundamental que la Comisión tenga la capacidad de suspensión y pueda actuar sin pérdida de tiempo. 
Naturalmente sería buena práctica si el Parlamento- y con él supongo que la Comisión de Desarrollo y Cooperación- pudieran ser consultados antes de proceder a la suspensión. 
Pero debo ser sincero y reconocer que vivimos en el mundo real. 
Habrá ocasiones en las que la Comisión deberá actuar con rapidez para transmitir el mensaje a cualquier país que incumpla los derechos humanos antes de tener la oportunidad de consultar al Parlamento. 
El punto clave del informe es la frase que dice que la Comisión, en la medida de lo posible, informará previamente al Parlamento de la suspensión o reanudación de la cooperación. 
Creo que es un compromiso justo entre la Comisión y el Parlamento y, por consiguiente, apoyo la propuesta de que el Parlamento emita su dictamen conforme a la propuesta de decisión del Consejo. 
No obstante, a partir del año 2000 se dará una interesante situación con el nuevo Acuerdo de Lomé, sea éste como fuere. 
Como sabrá la Comisión, las propuestas sobre un nuevo acuerdo ACP-CE podrían basarse en la cooperación e integración regional, según el cual, los fondos serían distribuidos a través de organizaciones regionales, y no a través de los distintos países y de programas indicativos de países. 
Me pregunto cómo puede funcionar el artículo 366 bis en semejantes condiciones, habida cuenta de que la Comisión habrá perdido la capacidad de imponer sanciones a un país concreto dentro de una región. 
Sería injusto sancionar a toda la región. 
Quizá el Comisario Brittan podría transmitir esta pregunta en particular a los servicios de la Comisión pertinentes para que nos ofrezcan una respuesta más adelante. 
Debido a que están surgiendo varias situaciones difíciles en algunos Estados africanos, espero que la Comisión haga uso del artículo 366 bis en todo su alcance. 
Los derechos humanos, en mi opinión, deben incluir el pluralismo, el buen gobierno, un sistema judicial independiente, la libertad de prensa, así como unas elecciones libres y justas. 
Mi Grupo apoyará el presente informe. 
Una vez más, felicito a la Sra. Aelvoet por la labor que ha realizado en nombre de este Parlamento. 
Señora Presidenta, el Grupo liberal ha abogado siempre por la transparencia en la política de derechos humanos. 
Los procedimientos deben ser claros. 
El artículo 5 del Convenio de Lomé hace de la política de derechos humanos un elemento esencial de nuestra cooperación. 
El mencionado artículo 366 bis tiene que ver con los procedimientos relativos a la suspensión de la cooperación con los países de Lomé. 
La existencia de este artículo operativo es un triunfo, pero los procedimientos podían haber sido mucho mejores. 
El ponente ha defendido activamente la consulta con el Parlamento y la toma decisiones por mayoría en el Consejo. 
Los liberales siempre han mantenido la opinión de que es preciso contar con la conformidad de este Parlamento para suspender la cooperación con los países de Lomé. 
El acuerdo del Parlamento sigue siendo necesario para la entrada en vigor del Convenio de Lomé. 
Lo que hemos obtenido ahora, que la Comisión nos informe en caso de que se suspenda la cooperación, es muy poco. 
Pero comprendo, como pragmático que soy, que realmente no podíamos haber obtenido más. 
Finalmente, tras el debate interno institucional desde que la Comisión presentó su propuesta en febrero de 1996, se ha concluido el procedimiento. 
Debemos poner en vigor lo antes posible este instrumento para servir a nuestra política de derechos humanos. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento y mi respeto a la Sra. Alvoet, aunque ella ya lo sabe, por esta recomendación. 
Deseo agradecer y felicitar a la Sra. Aelvoet por sus esfuerzos para que el Parlamento emita su dictamen conforme y por el enfoque realista y razonable que ha adoptado, al igual que han hecho otros oradores, como el Sr. Corrie y el Sr. Vechi. 
Quisiera reiterar lo que pusimos de relieve cuando el pasado junio tratamos aquí sobre el informe provisional, a saber, que tenemos la intención de mantener plenamente informado al Parlamento sobre cualquier iniciativa que pudiéramos adoptar o cualquier propuesta que pudiéramos presentar al Consejo relativa a la aplicación del artículo 366 bis del Cuarto Convenio de Lomé, que lamentablemente, como se ha dicho, no es algo que pueda considerarse una posibilidad puramente teórica. 
Quisiera añadir que en el único caso hasta ahora en que se ha aplicado el artículo 366 bis, contra Togo, la Comisión informó inmediatamente al Parlamento de sus intenciones, como la ponente reconoce en su informe, por lo que le doy las gracias. 
Continuaremos, como siempre, tomando muy en serio cualquier opinión o resolución que adopte el Parlamento y que pueda afectar a la aplicación del procedimiento de consulta y suspensión recogido en el artículo 366 bis. 
Con respecto a la pregunta del Sr. Corrie sobre cómo funcionaría en una situación en la que el elemento regional tiene preferencia, ciertamente transmitiré dicha pregunta a las personas que se ocupan del día a día de este asunto. 
La Comisión celebra que con el dictamen conforme del Parlamento tenga efecto la decisión marco, proporcionándonos un procedimiento adecuado y transparente para adoptar las medidas adecuadas si se incumplen disposiciones fundamentales del Cuarto Convenio de Lomé revisado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas 
Ayuda macrofinanciera a Albania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0041/99 de la Sra. Bladel, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de resolución del Consejo relativa a una ayuda financiera para Albania (COM (98) 0507- C4-0590/98-98/0273 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, el debate que celebramos sobre la concesión de una ayuda macrofinanciera de 20 millones de ecus a Albania, lo considero de gran importancia para nuestras consideraciones, sobre todo en lo que se refiere a hacer un análisis del contexto político y económico en el que se concede este préstamo. 
Quisiera señalar unos cuantos puntos a este respecto. 
Albania se ha liberado mucho más tarde que otros países del bloque del Este de la dictadura marxista. 
Esto significa que los problemas a la hora de desarrollar una sociedad plural durarán más que en los otros países en los que ya se han producido algunos avances. 
Las condiciones económicas sociales justifican, a mi modo de ver, que circunscribamos a Albania como un país del tercer mundo a las puertas de la Unión. 
La caída de los denominados sistemas piramidales de inversión, la eliminación de los depósitos de munición, y- eso lo sabe todo el mundo; un kalasnikov cuesta en la calle de 5 a 10 dólares- los efectos del conflicto en el vecino Kosovo, todo ello ha conducido a la aparición de un gran flujo de refugiados. 
Los refugiados económicos van hacia la Unión y los refugiados políticos de Kosovo van hacia Albania. 
En resumen, Albania no sólo tiene graves problemas internos que solucionar, sino que el país, debido a su situación geográfica, no puede eludir las circunstancias del entorno, los Balcanes. 
El Sr. Imbeni lo explicó muy claramente ayer durante el debate sobre Kosovo. 
No obstante, hay signos de esperanza. 
En noviembre del pasado año, con una participación del 90 %, se aprobó la nueva constitución, y el nuevo líder indiscutible, Majko, parece haber emprendido la dirección correcta al diferenciar las funciones de presidente, de gobierno y de administración de justicia. 
Pero la reconstitución política de Albania depende en gran medida de las prioridades que deben satisfacerse hasta la recuperación económica. 
Las autoridades albanesas han asegurado al grupo de amigos y donantes en octubre pasado en Tirana que entre otras cosas fomentarán el desarrollo de un plan de acción anticorrupción y que fomentarán una legislación justa que favorezca el necesario clima de inversión, que naturalmente está en un nivel muy bajo- desde el exterior apenas se invierte -, por medio de la legislación, de tal manera que los inversores tengan más garantías de que podrán recuperar su dinero en el futuro. 
En relación con esto también es muy importante examinar si el nuevo código aduanero responde a la consolidación de la recaudación de los ingresos procedentes de las aduanas y de los impuestos, y sólo nos queda velar por continuar la liquidación de los sistemas piramidales de inversión, respecto a los cuales sigue sin saberse si los ciudadanos albaneses podrán recuperar algo en el futuro. 
Pero, desgraciadamente, eso no podemos fomentarlo. 
La Unión Europea, de hecho, es desde 1991 el mayor donante de Albania y, vista la situación económica y financiera del país, sigue siendo extremadamente necesaria la concesión de ayudas internacionales, aunque sólo sea para garantizar la cuenta corriente actual. 
Por ello es necesario dotar de contenido con la mayor rapidez posible la decisión del Consejo Ecofin de abril del pasado año. 
A este respecto, la Comisión es un excelente ejecutor de estas medidas, gracias a una experiencia considerable en Albania. 
Hasta ahora se trataba fundamentalmente de donaciones, ahora se trata de un préstamo. 
En la práctica, a mi modo de ver, es preciso evitar que Albania caiga directamente en un círculo vicioso de dependencia financiera del exterior. 
Por ello, he propuesto una grata colaboración con el Sr. Brinkhorst, de la Comisión de Presupuestos, por la cual le doy desde aquí las gracias- desgraciadamente hoy no ha podido estar presente- para examinar la dirección y el estado de las reformas políticas institucionales en Albania. 
Con este objetivo se pide a la Comisión, no sólo que examine los criterios técnicos de las entidades financieras internacionales como el FMI, sino también que incluya en su valoración el Comité monetario y el Comité Pare. 
El objetivo es que el Parlamento sea informado plenamente de las reformas para la aprobación del segundo tramo de las ayudas. 
El objetivo no es examinar con una lupa especial a Albania, sino fomentar una gestión sana y eficaz. 
A mi juicio, el ciudadano de la Unión Europea quiere que se haga así, pero también lo quiere el ciudadano albanés. 
Doy las gracias a los colegas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores por su contribución crítica y apoyo, y expreso la esperanza de que en la sesión plenaria de mañana puedan aceptar las enmiendas que presentamos, porque ha pasado ya casi un año entre la decisión del Consejo Ecofin y el comienzo de la aplicación de la ayuda. 
En Albania están esperando con ansiedad que lleguen los fondos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la Sra. van Bladel por su excelente informe. 
Lo apoyamos plenamente. 
Como ya ha dicho ella y acaba de exponer mi colega Karamanou, Albania no es solamente uno de los países más débiles económicamente sino que además se ha quedado muy por detrás de los demás países en la construcción de la democracia. 
Se encuentra en una situación similar a Bosnia-Herzegovina. En otras palabras, financieramente Albania depende de las ayudas de la Unión Europea. 
No sólo proporcionamos ayuda para la reconstrucción en general. 
La Unión Europea también da dinero para los refugiados de Kosovo que han encontrado allí una residencia provisional. 
Pero lo decisivo es- y esta es la esperanza- que en Albania con la última formación del Gobierno y la aprobación de la Constitución se ha creado una primera base para la formación del Estado. 
Para nosotros es importante tener un interlocutor en quien se pueda depositar una mínima confianza y a quien por otro lado se proporcionen los necesarios medios financieros para que se puedan crear las estructuras estatales, la policía y el ejército puedan ejercer su papel de servicio en la democracia y no actúen por su cuenta, con todos los problemas que esto acarrea como se han visto en los últimos dos o tres años en este país. 
También es decisivo que Albania gane lentamente la confianza del mundo financiero internacional y de los inversores, que este país sea interesante a la larga como lugar de emplazamiento empresarial y que al mismo tiempo cree las condiciones marco para una economía social de mercado. 
Estamos en la vía adecuada. 
Sólo tenemos que reconocer que el control que ahora es necesario se amplíe en cierta medida a la ayuda macrofinanciera. 
La ayuda macrofinanciera está concebida de modo que no está destinada a fomentar determinados proyectos sino a poner a disposición del Estado los créditos para que él mismo pueda hacerse cargo de sus tareas y ampliarlas. 
Sin embargo, para mi es importante que encontremos un equilibrio correcto entre confianza y control que anime a los albaneses, al Gobierno albanés, a andar por el camino correcto. 
Tengo la sensación de que con esta ayuda financiera ponemos una pequeña piedra para que Albania pueda avanzar por la vía correcta y espero que esto se pueda llevar a cabo en los próximos tiempos mediante las correspondientes medidas de control por parte de la Comisión. 
Señora Presidenta, con respecto al informe del ponente y a sus enmiendas seré breve. 
Nuestro grupo apoya firmemente las enmiendas. 
En lo que respecta a la ayuda que en nuestra opinión se ofrece con las mejores y más favorables garantías, es necesario que vaya unida a una serie de condiciones. 
La Comisión se hace eco de esta propuesta, el ponente también. 
Voy a nombrar una sola condición: pensamos que debe desarrollarse definitivamente la investigación sobre los sistemas piramidales de inversión. 
Esto afecta tanto a la atribución de los ingresos adquiridos a los demandantes como a la presentación de una ley para combatir el blanqueo de dinero. 
Estos son ejemplos de la necesidad de un mejor control financiero de todo tipo de instituciones, entre ellas los bancos. 
Una vez dicho esto, naturalmente, seguimos enfrentándonos a un alto riesgo, y el ponente también lo sabe, de que, por decirlo así, lo uno sirva de apoyo a lo otro, es decir, que se pida un préstamo para resolver otro préstamo. 
Esto sería un resultado verdaderamente inadecuado para un país que en definitivas cuentas no tiene ninguna necesidad de continuar de un préstamo a otro, sino más bien de fondos, entre otros de la Unión Europea, destinados a inversiones productivas, a inversiones con las cuales pueda mantenerse el país y el desarrollo económico autónomo. 
Esto es lo que Albania necesita a largo plazo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, pienso que debemos felicitar a la Sra. Van Bladel por su informe. 
Es evidente que la Unión Europea ha cometido muchos errores con respecto a Albania y que con este préstamo de 20 millones de euros no cambiaremos fundamentalmente la situación. 
Dicho esto, este préstamo dará algo de oxígeno al Sr. Majko, quien realiza esfuerzos titánicos, pero dispone de un margen de maniobra muy reducido. 
Lo que se incrimina es la actitud global de la Unión Europea frente a Albania. 
Asistimos a una extensión de los fenómenos de criminalidad, alentados, en resumidas cuentas, por la Unión Europea. 
Esta última debería tener una política mucho más audaz. 
Habría que establecer- como lo hacen, en cierto modo, los amigos griegos, pero no los demás países, comenzando por Italia- cuotas de inmigración muy generosas, para destruir a las mafias que se alimentan del tráfico de mano de obra y de otros tráficos, como la droga. 
Habría que abrir generosamente nuestras universidades, y conceder miles de becas de estudios a los albaneses. 
Se necesitan disposiciones para obstaculizar el ascenso en potencia de un contrapoder frente a las autoridades legales de Albania, para evitar los sistemas piramidales financieros, las situaciones de inestabilidad política general, a pesar de la buena voluntad y de la inteligencia de los actuales dirigentes albaneses. 
A falta de tales medidas, Albania perderá aún varios años. 
Por consiguiente, pido al Vicepresidente de la Comisión, en particular, y a la Comisión, que insistan frente a los Estados miembros para que las regularizaciones no se efectúen a posteriori, como ocurre hoy en Italia, donde ha sido regularizada la situación de 250.000 personas- mientras tanto, las mafias de la inmigración han cobrado las prebendas-. 
Pienso que si el esfuerzo se repartiera en el conjunto de la Unión, no sería muy pesado, y eso es lo que hay que hacer para ir al meollo de la cuestión. 
Señora Presidenta, yo también quiero comenzar felicitando a la ponente, quien creo ha realizado un trabajo muy bueno. 
Creo que cuando hablamos sobre Albania no debemos olvidar que se trata de un país que ha tenido que realizar unos progresos inimaginables en el plazo de unos pocos años y que aún debe seguir trabajando en este sentido. 
En la época de Enver Hoxha fue retrotraído a la Edad de Piedra y ahora tiene que dar un paso gigantesco hacia delante en un momento en que todo su entorno es muy inestable. 
Creo que nuestra ayuda realmente sólo puede ser una gota en el mar de necesidades, pero quizás pueda contribuir en el interior del país a llevar algo de ayuda más allá de las fronteras que allí hay. 
En el caso de Albania no se debe olvidar que está articulado en dos grandes territorios, que hay una zona norte y una zona sur, que están los toscos y los ghegos, quienes tradicionalmente siempre se han combatido y, naturalmente, han seguido haciéndolo en esa Edad de Piedra en que Enver Hoxha les metió y que muchos de los conflictos de hoy provienen de ello. 
Se reflejan hasta en la estructura de partidos existente hoy en Albania. 
Naturalmente, la nueva Constitución albanesa ha despertado muchas esperanzas. 
Espero que sea posible insertar a la oposición de un modo razonable en el entramado político de Albania, pues creo que en muchos aspectos ya lo hace. 
Sólo entonces será posible controlar más o menos los problemas con los vecinos. 
Naturalmente, es necesario introducir las correspondientes medidas de control, aspecto que se ha destacado esta tarde en varias ocasiones. 
Sólo cuando existan estas medidas de control, sobre todo en el proceso de democratización de Albania, la ayuda de la Unión Europea tendrá efectos positivos. 
Se han mencionado también otras muchas medidas de control, sobre todo contra la corrupción, el tráfico de armas y de drogas que allí existe. 
No podemos controlarlo totalmente sino solamente prestar ayuda para que se autoayuden, pero debemos tenerlo en cuenta. 
El informe de la Sra. von Bladel y la eficaz ayuda que va a derivarse del mismo son un paso en la dirección correcta. 
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando a la ponente por la excelencia de su informe y expresándole mi agradecimiento por el apoyo que el Parlamento ha dado a la propuesta de la Comisión. 
El objetivo de la ayuda macrofinanciera a Albania por un importe máximo de 20 millones de euros es reforzar las reservas en divisas del país. 
Esta operación forma parte de la estrategia global llevada a cabo por la comunidad internacional y, en particular, por la Unión Europea, desde el inicio de la crisis a finales de 1996. Viene a complementar las acciones que hemos adoptado en el marco del programa PHARE, cuya prioridad es la reforma institucional. 
Esta operación tiene el objetivo específico de apoyar el plan de reformas económicas estructurales en que se ha embarcado el gobierno bajo los auspicios del FMI. 
Incluso durante e inmediatamente después de la crisis desatada en el país a finales de 1996 a raíz del colapso del sistema de ahorro piramidal, la gestión de la política fiscal y monetaria ha sido sumamente prudente y, gracias a ello, la situación macroeconómica ha mejorado en los últimos meses. 
El déficit presupuestario de financiación interna se ha reducido drásticamente, la inflación ha caído de forma importante, pero la situación de la deuda externa sigue siendo precaria. 
El reforzamiento de las reservas en divisas que supondrá la operación comunitaria permitirá, por consiguiente, ayudar a las autoridades albanesas en su persecución de una política macroeconómica prudente. 
La Comisión prestará especial atención a los esfuerzos encaminados a luchar contra la corrupción a través de una mejora de los procedimientos aduaneros y de la gestión del gasto público. 
Paso a algunas de las enmiendas: la Comisión apoya y acoge con satisfacción las enmiendas 1, 2, 3 y 6, algunas de las cuales, en particular la 3, nos permitirán adoptar una posición más firme en las negociaciones con los albaneses en sectores que consideramos muy importantes. 
En términos generales, nuestro rechazo de las demás enmiendas se debe a nuestro interés por salvaguardar la eficacia de los acuerdos de aplicación y la integridad de los objetivos que se persiguen. 
Dichos acuerdos de aplicación han superado la prueba en numerosas operaciones similares gestionadas por la Comisión, y hacerlos excesivamente onerosos perjudicaría la eficacia de la operación. 
Por ejemplo, el mandato del Comité del programa PHARE no prevé que sea consultado previamente sobre una operación macrofinanciera ni sobre las condiciones financieras anejas a las operaciones de préstamo y crédito asociadas. 
Pero la Comisión tomará medidas para que la operación sea plenamente coherente y complemente los objetivos del programa PHARE en Albania. 
En virtud de los acuerdos propuestos, la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo, al menos una vez al año, un informe de evaluación sobre la aplicación de la decisión. 
No tiene sentido ir más allá de esto. 
En el contexto de la evaluación prevista, la Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre las condiciones anejas al préstamo. 
Asimismo, naturalmente, estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta que el Parlamento nos dirija durante la operación o cuando ésta haya sido completada. 
Pero las negociaciones de las condiciones de desembolso, intrínsecas a una operación como ésta, necesitan un cierto margen de maniobra y observancia de los requisitos de confidencialidad que las autoridades de los países afectados pueden imponer con respecto a la esencia y el calendario de las reformas. 
Es fundamental proteger los objetivos de una operación diseñada para reforzar la estabilidad y la reforma económica. 
Si también se le asignaran objetivos políticos inmediatos supondría poner a prueba su alcance. 
Como invariablemente hemos hecho en el pasado, la Comisión examinará durante la fase de aplicación si el contexto político es compatible con el desembolso de acuerdo con los principios de una gestión eficaz. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 19.50 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, el trabajo que hemos realizado esta semana no habría sido posible sin la ayuda de los intérpretes. 
He tenido conocimiento de que hay unos 300 intérpretes «free-lance» a los que la Comisión no abona debidamente sus servicios desde octubre. 
La Comisión ha publicado esta semana un documento sobre las mejoras que piensa introducir en su administración. 
Tenemos a 300 intérpretes que no han cobrado debidamente y que atraviesan por dificultades económicas. 
¿Podría el Comisario Bangemann transmitir el mensaje a sus colegas, y el Presidente Santer, cuando sus reuniones con los agricultores se lo permitan, podría tomar medidas para que los intérpretes que trabajan para nosotros cobren y se solucione el problema? 
Señor McMahon, tomaremos buena nota de lo que acaba de decir, pero en este momento estamos pendientes de la aprobación del Acta. 
Ruego que pidan la palabra los diputados que quieran hacer alguna alusión al Acta. 
Si desean hablar del Reglamento, hagan el favor de indicar el artículo al que quieran hacer referencia. 
Señora Presidenta, sólo deseaba reiterar algo que se dijo ayer en el Acta sobre el elevado número de votaciones nominales. 
Tenemos 245 páginas de votaciones nominales y, por lo que parece, mientras más pequeño es el grupo, más votaciones nominales solicita. 
Reto a que alguien me diga que existe un solo ciudadano en algún lugar de la Unión Europea que desee conocer el sentido de la votación de David Hallam sobre la segunda parte de la enmienda 20 del informe Florenz. 
Es una situación ridícula y un despilfarro a los que deberíamos poner fin. 
Señor Hallam, este tema se abordó precisamente ayer. 
Tomaremos en cuenta su observación. 
Señora Presidenta, en el Acta se refleja que ayer hice una observación porque no existía ningún texto correcto en versión alemana de la resolución de Kazajstán. 
Yo no dije que no existiese ningún texto correcto, sino que en modo alguno existía un texto. 
No puedo calificar de texto incorrecto una serie de líneas debajo del título Kazajstán, además de una serie de crucecitas y puntos, a mí no me parece que esto sea un texto. 
Me parece importante que se aclare por qué se distribuyó un texto así. 
La equivocación de algunos colegas, que pensaban que existía un texto correcto, se produjo porque por la mañana en un debate de los responsables de los grupos había un texto correcto, mientras que hasta ayer por la tarde sólo existía en el centro de distribución esta versión con líneas y cruces. 
Por eso insisto en la necesidad de que todos los miembros de la Asamblea tengan textos y no sólo algunos representantes de los grupos, pues si no podemos quitarnos de enmedio y pasarnos a la Conferencia de Presidentes. 
Señor Posselt, entiendo que esté enojado. 
El asunto se examinó y parece como si se hubiese dado efectivamente una versión tal como usted detalla, pero también existía la otra. 
Examinaremos ahora por qué no ha aparecido el texto correcto. 
Al resto de la Asamblea se le ha dado la versión correcta. 
Sin embargo se examinará qué pudo suceder. 
Señora Presidenta, me duele tener que estar de acuerdo con el Sr. Hallam, pero la cuestión que deseo exponer es también relativa al número de votaciones nominales que celebramos ayer. 
Lo que me preocupa no es el número en sí de las votaciones- sé que eso ya se ha dicho -, sino que cada diputado reciba este pesado mamotreto, cuando se podrían producir muchos menos ejemplares, sólo para aquellos tristes diputados que desean realmente leerlo y comprobar cómo han votado. 
Una alternativa sería ponerlo en Internet, lo que nos permitiría ahorrar mucho dinero. 
Lo mismo es válido para el voluminoso ejemplar del Acta. 
Estoy seguro de que es muy importante, pero son muchos los diputados que ya han salido de Estrasburgo y, sin embargo, reciben un ejemplar del Acta en sus casilleros. 
Representa un gran derroche de tiempo y de esfuerzos, por lo que el Acta debería entregarse únicamente a los diputados que lo deseen o podría bajarse de Internet cuando alguien desee hacer referencia a temas específicos. 
Estimados colegas, entiendo su irritación, pero el Reglamento permite que esto sea así. 
Si desean modificar algo son muy libres de exponerlo a la Comisión de Reglamento. 
Cualquier diputado tiene derecho a hacerlo. 
Señora Presidenta, con respecto a las páginas 29 y 30 del Acta, el Presidente de sesión- creo que era el Sr. Martin- se refirió a la decisión de la Conferencia de Presidentes de adelantar a los días 22 y 23 de marzo la «mini sesión» prevista en Bruselas los días 24 y 25 de marzo. 
Desearía repetir lo que he dicho a la Conferencia de Presidentes, en nombre de mi Grupo. 
Esta decisión no nos parece ni oportuna ni adaptada en el plano jurídico. 
No es oportuna porque el calendario se fijó hace tiempo, fue aprobado por el Pleno, y esta decisión no ha sido sometida al Pleno. 
Dudo que corresponda realmente a la Conferencia de Presidentes modificar el calendario aprobado. 
No era necesario adelantar la sesión por el hecho de que la Cumbre se reúne en Berlín los días 24 y 25 y de querer tomar posición, a toda costa, antes de dicha Cumbre. 
Desde el punto de vista jurídico, me sorprendo de que no se haya tenido en cuenta, en esta cuestión, a la Comisión de Control Presupuestario, una de las comisiones de nuestro Parlamento. 
El informe que solicitamos al Comité de Sabios es consecuencia de la denegación de la aprobación de la gestión de 1996. 
El mismo es paralelo al procedimiento aplicado en la materia. 
La Comisión de Control Presupuestario, en virtud del anexo del Reglamento que define las competencias de las comisiones, posee competencia exclusiva en todas las cuestiones referentes a la ejecución del presupuesto, en todas las cuestiones referentes a la gestión financiera de la Comisión. 
Por lo tanto, es competente para emitir su opinión- apartado 11 del anexo correspondiente- al Parlamento antes que éste se pronuncie. 
El Comité de Sabios no debe remitirse a los grupos políticos, sino que debe remitirse ante todo a los miembros competentes de la Comisión de Control Presupuestario. 
Por esta razón, considero que dicha decisión es inoportuna e inadaptada en el plano jurídico. 
Aplausos 
Estimados colegas, ya sé que están enojados, pero me gustaría explicarles una vez más cuál es la situación jurídica. Conforme al capítulo 2 artículo 10 del Reglamento, que trata del período de sesiones del Parlamento, se ha acordado lo siguiente: en el párrafo 2 se dice que el Parlamento tiene plena autonomía para determinar la duración de las interrupciones del período de sesiones. 
Esto quiere decir, por consiguiente, que una vez al año acordamos los tiempos de las sesiones para el próximo año. 
Más adelante en el párrafo 4 de este artículo se acuerda que la Conferencia de Presidentes puede modificar la duración de las interrupciones acordadas conforme al párrafo 2, y que la decisión debe tomarse al menos 2 semanas antes del plazo acordado anteriormente por el Parlamento para la reanudación del período de sesiones, por lo que este plazo legislativo no puede aplazarse más de dos semanas. 
El Sr. Fabre-Aubrespy dice, por cierto, que él estuvo en contra de esta postura en la Conferencia de Presidentes. 
Sin embargo a nosotros se nos comunicó, y los Presidentes de los grupos están aquí presentes en su mayor parte, que ésta era el acuerdo de los Presidentes de los grupos de este órgano. 
Desde el punto de vista legal esta resolución está en orden, aunque expresen su irritación frente a lo que se decidió. 
Ayer estuvieron muy pocos diputados presentes y la Sra. Aelvoet, que también es miembro de la Conferencia, ya nos ha dicho cuál ha sido el razonamiento que se siguió: la Conferencia de Presidentes ha adelantado la sesión de Bruselas al lunes día 22 y el martes 23 de marzo, para que el Parlamento pueda emitir a tiempo su opinión sobre el informe del Comité de Sabios independientes antes de la reunión del Consejo Europeo, de los días 24 y 25 de marzo, y en presencia del Presidente de la Comisión. 
Está claro, y no hace falta que sigamos discutiendo. 
Esta es la decisión que se ha tomado. 
Si están irritados, diríjanse a sus Presidentes de grupo. 
No tiene sentido seguir discutiendo ahora sobre este asunto, ya que la situación jurídica está clara. 
Señora Presidenta, ha tenido la amabilidad de anunciar que se va a estudiar la observación hecha por el colega Posselt. 
Le rogaría que fuera complaciente una vez más. ¿Haría el favor de comunicar a la Asamblea, qué sucede si se demuestra que el documento que ha votado era sólo una mezcla de líneas y puntos? 
Señora Presidenta esta mañana he comprado una postal del nuevo edificio del Parlamento Europeo- el nuevo hemiciclo que está en construcción- pero... 
Disculpe que le interrumpa, estimado colega, pero todavía estamos pendientes de la aprobación del Acta. 
En la postal se dice que el nuevo edificio es el nuevo hemiciclo, la nueva sala de reuniones del Consejo de Europa. 
Me pregunto si en realidad hemos construido este edificio para el Consejo de Europa. 
Señora Presidenta, durante los dos últimos períodos parciales de sesiones de este Parlamento hemos votado sobre cientos de enmiendas a diferentes informes. 
Muchos de esos informes han sido devueltos a comisión. 
¿No cree que va siendo hora de que analicemos el Reglamento e intentemos decidir que si un informe se presenta con un número determinado de enmiendas, sea devuelto a comisión sin pérdida de tiempo para la Asamblea? 
En ese caso dispondríamos de más tiempo para los debates, que es lo que deberíamos hacer como diputados al Parlamento. 
Lo voy a repetir una vez más: si alguien piensa que hay que modificar el Reglamento, entonces pueden acometer libremente las iniciativas pertinentes, además en marzo tendrá lugar un debate sobre este tema. 
Cualquier diputado en particular puede solicitar modificaciones del Reglamento. 
No tiene ningún sentido reclamar esos cambios exclusivamente, sin pasar después a los hechos. 
Si piensan que esto no está en orden, pueden presentar sus propuestas. 
Señora Presidenta, Vd. ha declarado con toda la razón, y avalado por el Reglamento, que los periodos de sesiones ya fijados se pueden modificar dentro de un plazo determinado; no lo quiero poner en duda. 
Por otra parte me gustaría llamar la atención al hecho de que el dictamen de este Comité de Sabios es una consecuencia de toda la cuestión de cómo resolvemos la aprobación de la gestión de 1996. 
En este sentido no deja de ser cierto que la Comisión competente, es decir, la Comisión de Control Presupuestario, puede dar su opinión acerca de este asunto. 
Aplausos 
Si hacemos esto a través de decisiones de los diferentes Grupos quizás éste sea un camino, pero al final este informe se queda un poco en el aire, es decir, no queda inserto siquiera en trabajos parlamentarios. 
Quisiera insistir en la importancia de introducir un procedimiento correcto, para que el dictamen no se fragmente en discrepancias políticas y, en consecuencia, no se aclare la situación y no sea elaborada parlamentariamente. 
Por eso insisto en que este Informe de los Sabios se debe discutir en la Comisión de Control Presupuestario. 
Aplausos 
Muchas gracias, señora Theato. 
Su intervención se recogerá en el Acta, y se divulgará. 
La comisión competente se ocupará de ello. 
Señora Presidenta, ¿podemos contar con que las sesiones de la Comisión que tendrían que celebrarse los días 22 y 23 se aplazan a los días 24 y 25? 
Así es, efectivamente. 
De todos modos recibirá una notificación por escrito. 
Señora Presidenta, en relación con el Acta me gustaría señalar que Vd. ha citado bien el artículo, pero que el capítulo II artículo 10 contiene además el párrafo 5, que indica que a solicitud de la mayoría de los miembros del Parlamento el Presidente, después de oír el dictamen de la Conferencia de los Presidentes, puede convocar excepcionalmente al Parlamento a otro periodo de sesiones. 
Esto quiere decir que por aprobación de la mayoría podemos discutir perfectamente en el Parlamento esta fecha. 
Tiene razón, señor Rübig, pero hasta el momento no existe ninguna propuesta en regla. 
Señora Presidenta, era absolutamente necesario que encontráramos otra fecha para la mini-sesión, para evitar que la Comisión tenga que estar con nosotros en Bruselas para oír cómo evalúa el Parlamento el informe del Comité de Sabios y, al mismo tiempo, en Berlín para debatir la Agenda 2000 con el Consejo. 
Era imposible. 
Por eso hemos aceptado en la Conferencia de Presidentes- yo también y mi Grupo- que ésta se adelantara. 
Esta es una parte de la historia. 
La otra parte de la historia es: ¿cómo se aborda esto en la sesión plenaria? 
He defendido la posición de que esto debería hacerse a través de la Comisión de Control Presupuestario. 
Pero yo estaba en minoría, como también por otra parte lo estaban otras personas. 
Por lo tanto, por lo que se refiere a esto, si la Asamblea es de la opinión de que es mejor hacerlo a través de la Comisión de Control Presupuestario- yo también estoy a favor- entonces deberíamos programarlo como una votación y eso lo podemos hacer tranquilamente en la sesión de marzo aquí en Estrasburgo, ya que tendrá lugar justo antes. 
O sea, mi propuesta es: que programemos la votación al respecto en la sesión de marzo, y entonces el asunto está solucionado. 
Muchas gracias, señora Alvoet. 
Puesto que una parte de los miembros de la Conferencia de Presidentes están también presentes aquí, se debatirá de nuevo este asunto. 
Señora Presidenta, no tenía intención de intervenir, pero algunas de las cuestiones que se han planteado aquí y en el debate pueden ser debidas a un malentendido. 
La Sra. Aelvoet ya ha tratado sobre el tema de la fecha. 
La Conferencia de Presidentes consideró preferible adelantar la fecha de la sesión plenaria por varias buenas razones. 
Queríamos que el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, asistiera a nuestro debate. 
Si la Asamblea insiste en que mantengamos la fecha prevista inicialmente, el Presidente Santer no asistirá al debate, porque estará en la reunión del Consejo Europeo. 
No tendría sentido celebrar un debate sin el Presidente de la Comisión. 
Un segundo punto sobre el calendario: el Comité de Sabios hará público su informe- si no recuerdo mal- el 15 de marzo. 
La Conferencia de Presidentes considera, acertadamente, en mi opinión, que esta Asamblea debe expresar una opinión política sobre este asunto cuanto antes. 
No sería conveniente que en Europa todo el mundo opine sobre un informe y que las personas que lo han encargado no participen. 
Eso significa asimismo que debemos reunirnos antes y no después. 
El Comité de Sabios fue creado, como podrán ver si leen el mandato y la votación original en esta Asamblea, bajo los auspicios del Parlamento y no bajo los de una de sus comisiones parlamentarias. 
En primer lugar, la comisión deberá haber devuelto su trabajo al Parlamento para que éste exprese sus conclusiones políticas en un debate en el Pleno. 
En la Conferencia de Presidentes también se dijo, se reconoció y se llegó a la conclusión de que en circunstancias normales, aparte de dicho debate político, la esencia y las conclusiones del trabajo de los expertos revertirá a la Comisión de Control Presupuestario. 
La Conferencia de Presidentes asume que la comisión deseará entonces incluir las posibles observaciones y conclusiones importantes en su trabajo ordinario propiamente dicho que tanto beneficia a esta Asamblea. 
Por lo tanto, no debemos celebrar un debate basado en malentendidos. 
Nadie ha secuestrado la función de la comisión. 
La Asamblea creó un grupo que informa a la Asamblea y tenemos un debate político general. 
Pero en la Asamblea hay una comisión responsable de incorporar el trabajo de fondo. 
En la Conferencia de Presidentes no se hizo nada para debilitar, reducir o dejar de lado el trabajo de fondo o de procedimiento que realiza la Comisión de Control Presupuestario. 
De haber sido así, me habría opuesto. 
No fue ése el caso y por eso no me opuse. 
Señora Presidenta, en el artículo 24 se habla de las funciones de la Conferencia de Presidentes. 
Va siendo hora, Señora Presidenta, de que los Sres. Presidentes de los Grupos, y en primer lugar la Sra. Aelvoet, entiendan que establecemos nuestra agenda con un año de antelación en sesión plenaria. 
Si luego resulta que el Consejo de Ministros fija sus reuniones para el mismo día en que nosotros tenemos nuestra reunión, entonces la Comisión, de la que estamos tratando, ha de estar aquí y no allí con los Ministros. 
Señor Wijsenbeek, el Reglamento también indica que para que se de un caso excepcional tiene que existir una fundamentación, y tal fundamentación ya se ha dado. 
Señora Presidenta, estimados colegas, no quiero intervenir en este debate. Me siento un poco consternado. 
Los diferentes presidentes de los grupos parlamentarios están dando su versión. 
Lo que nos hace falta es un relato exacto de lo que se decidió ayer en la Conferencia de Presidentes. 
Eso se debería comunicar al Parlamento al tratarse de unos procedimientos tan delicados. 
Esa me parecería una buena forma de actuar. 
Es una mala forma de actuar el que cada miembro de la Conferencia de Presidentes venga a dar su versión de la toma de decisiones. 
Me siento solidario con esa decisión, y la defenderé también. 
He adoptado unas posiciones que no han logrado la mayoría, pero me parece que para el buen funcionamiento del Parlamento es necesario que se comuniquen correctamente las decisiones, por ejemplo, por el Presidente del Parlamento. 
Señora Presidenta, como ha dicho el Sr. Wijsenbeek, es evidente que el Consejo no tiene en cuenta el calendario del Parlamento, al elegir fechas que nosotros hemos reservado desde hace más de un año. 
No obstante, pienso que deberíamos haber debatido esta cuestión ayer por la noche, en el momento en que se anunció, cuando aún se hallaban presentes en el hemiciclo suficientes diputados para proceder, en su caso, a una votación. 
Yo propongo simplemente que esta mañana continuemos con nuestros trabajos y que votemos. 
Nuestro colega, el Sr. Martin, presidió ayer la sesión y dio a conocer el estado de la cuestión. 
Después de esto la sesión prosiguió sin debate alguno acerca de esa cuestión. 
Supongo que la mayoría estaban al principio algo sorprendidos y necesitaban reflexionar sobre lo que se había dicho. 
Tiene que existir la posibilidad de que se hable de un tema como ese aunque se haya sobrepasado el tiempo normal previsto para discutirlo, porque repercute en el interés de todos los diputados. 
Señora Presidenta, sólo deseo expresar mi total conformidad con los comentarios que ha hecho el Sr. Cox, no sólo en lo relativo al resultado de las decisiones que ha expuesto, sino también a los motivos que han conducido a las decisiones que se tomaron ayer en la Conferencia de Presidentes. 
Es completamente cierto. 
Señora Presidenta, estimados colegas. Durante el debate ha quedado claro que este es un proceder inaceptable. 
Sólo porque las señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, en este caso solamente señores, vayan a reunirse, esperan de este Parlamento, como algo evidente, que aplacemos nuestra sesión. 
Esto no se puede aceptar. 
Aplausos 
Imagínense que un Gobierno nacional- lo digo como alemán, naturalmente sé que mi país está en la Presidencia, pero para mí esto es irrelevante, la nacionalidad no tiene importancia en este momento- tiene una reunión del Consejo de Ministros, y que espera que por esa razón el Parlamento nacional va a aplazar su sesión. 
Sería inaceptable y, en consecuencia, creo que el Parlamento Europeo no debe consentir esto sin manifestar su protesta. 
Aplausos 
Señora Presidenta, estas fechas las fijó el antiguo Gobierno alemán. 
He pensado que al Sr. Poettering le gustaría saberlo. 
Parece que no hay más peticiones de palabra sobre el Acta. 
El Parlamento aprueba el Acta. 
Votaciones 
En varias ocasiones, nuestra Asamblea se ha pronunciado por un modo de transporte que respetara el medio ambiente. 
No podemos menos que felicitarnos por esta opinión. 
Para sustituir el transporte por carretera, la Comisión Europea trata de desarrollar al máximo el transporte combinado. 
Esta solución cuenta con el acuerdo de los operadores y es también compartida por los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Ahora bien, esta vez la Comisión nos propone, para incitar el desarrollo del transporte combinado, una medida delicada, es decir: el levantamiento de las restricciones establecidas durante los fines de semana, en período nocturno, para los trayectos que se inscriben en el marco de una operación de transporte combinado. 
No podemos aceptar esta propuesta. 
Su objetivo consistiría pura y simplemente en eludir prohibiciones nacionales. 
Además, corresponde a cada Estado miembro establecer dichas prohibiciones, en aplicación del principio de subsidiariedad. 
Existen otros medios para favorecer la utilización del transporte combinado, y pienso concretamente en el programa PACT. 
Utilicemos y profundicemos las iniciativas existentes antes de decidir medidas impopulares y que no siempre son de sentido común. 
La concesión de apoyo macrofinanciero a Albania es positivo. 
Los acontecimientos en Kosovo implican grandes consecuencias económicas y sociales para este país. 
Por lo tanto, no podemos eludir la concesión de apoyo macrofinanciero. 
Por esa razón he votado a favor de la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, no he apoyado las enmiendas 5 y 12 del informe Van Bladel. 
En estas enmiendas se fijan unos criterios políticos demasiado altos para la concesión de la ayuda. 
Naturalmente, se requiere un clima político sano para el progreso económico. 
Pero también se puede plantear al revés. 
Hemos asumido unas obligaciones que no podemos eludir, incluso en el caso de que las circunstancias políticas en Albania sean distintas de las que teníamos en mente. 
Mi segundo reparo se refiere a la envergadura de los criterios. 
Una buena legislación aduanera no es, a mi juicio, un criterio sensato para la concesión de ayuda. 
Con estos reparos no quiero decir que no haya que poner condiciones a la concesión de la ayuda. 
La Unión Europea tiene una clara política al respecto. Quiero mencionar en este caso la cláusula de los derechos humanos. 
Los criterios generales son el hilo conductor para los países individuales, y basándonos en ellos hemos de tomar la decisión de conceder la ayuda o no. 
FEOGA: asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0009/99) del Sr. Bardong en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE del Consejo, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales (COM (98) 0364- C4-0392/98-98/0206 (COD) ). 
Señora Presidenta, estimados colegas, la Directiva que vamos a votar y a discutir hoy hace referencia a la asistencia mutua entre los Estados miembros en materia de cobro de los créditos. 
Estas posibilidades son absolutamente amplias. 
Los Estados miembros pueden llegar a realizar en este ámbito ejecuciones forzosas. 
El buen funcionamiento del mercado interior requiere que esta asistencia mutua sea también efectiva. 
Desgraciadamente esto no es así en la actualidad. 
No obstante, desde 1993 se efectúan anualmente unos 1000 cobros forzosos por un volumen total de 50 millones de ecus. 
Esta recaudación ejecutiva de créditos fiscales por la vía de la asistencia mutua se hace aún más difícil, cuando los interesados tienen todo su patrimonio o parte del mismo en otro Estado miembro, o lo han llevado allí para ponerlo- desde su punto de vista- en situación segura. 
A fin de cuentas, en realidad se recauda solamente del 3 % al 5 % del total de todos estos créditos. 
Ya desde 1976 y 1977 existen regulaciones de este problema a través de directivas no sólo para las exacciones agrícolas, sino para los derechos de aduana, y también, más tarde para el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales. 
La Comisión elaboró en 1990 una nueva propuesta que no prosperó. 
Ahora hace enmiendas, para mejorar y modernizar este procedimiento, ya que en algunos puntos está obsoleto. 
En esencia, y me limito a esto, se trata, sobre todo, de tres puntos: los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Quizás para algunos esto resulte extraño, porque no aparece en el título. 
En el artículo 2 de esta directiva de modificación se indica esto expresamente. 
Lo celebramos y quizá debamos también celebrarlo, pero me pregunto por qué no se abordó esto con más claridad por la Comisión y por qué no se ha hecho más explicito en el título. 
En segundo lugar, si un Estado solicita el cobro de un crédito fiscal a otro Estado, éste debe poner el mismo empeño que si tratase de recaudar sus propios créditos. 
En tercer lugar, en el futuro los títulos ejecutivos que se emiten desde otro Estado serán efectivos inmediatamente en el Estado requerido. 
Por consiguiente, no será necesario llegar a esos aplazamientos que se venían haciendo hasta ahora, en que aquellos, dado el caso, precisaban ser reconocidos en un procedimiento adicional. 
Así, pues, los títulos ejecutivos deben funcionar de forma inmediata, también en el otro Estado, en el que se persigue al deudor, y no ha de ser necesario iniciar un procedimiento más de reconocimiento. 
Nos parece que la propuesta de la Comisión es correcta básicamente y es necesaria para el buen funcionamiento del mercado único. 
Sin embargo, en nuestra opinión, no va suficientemente lejos en algunos puntos, si se pretende llegar a mejoras eficaces. 
Por esta razón, la Comisión de Control Presupuestario les propone algunas modificaciones. 
En primer lugar, para poder combatir de forma más eficaz la evasión fiscal y el fraude tributario, se debe ampliar el plazo durante el cual debe estar garantizada por parte de los otros Estados miembros la asistencia en el cobro de los créditos ficales. 
En lugar de tres años la comisión propone cinco años. 
Si se acorta el plazo- para lo que habría realmente también motivos -, sólo se tendrá antes la comunicación o el dictamen de que todo ha resultado en vano, pero no tendremos más éxitos. 
Por lo demás, los Estados miembros deben conceder a los créditos provenientes de otro Estado miembro la misma prioridad que a los suyos propios. 
Eventualmente, los créditos de la Comunidad tienen prioridad sobre los créditos nacionales. 
Estas afirmaciones están recogidas en los considerandos. 
Es de esperar que finalmente sean recogidas en la parte dispositiva, pero de momento nos conformamos con que figuren en los considerandos. 
Además los Estados miembros tienen la absoluta libertad de establecer si se distribuyen y cómo se distribuyen los costes, cuando un cobro origine problemas especiales o costes especiales, como, por ejemplo, cuando se trata de luchar contra la delincuencia organizada. 
Con independencia de las propuestas que tenemos aquí presentes, a la Comisión le queda todavía, a nuestro juicio, mucho por hacer. 
Por ejemplo, hay que mejorar la formación de los funcionarios de los Estados miembros en el marco del Programa FISCALIS. 
Se debería tender a un ajuste o al menos a una aproximación de las diferentes facultades de los Estados miembros particulares en materia de recaudación por vía de apremio. 
En cualquier caso en este ámbito no se puede funcionar sin solidaridad y sin confianza mutua. 
Esto es necesario para llevar a cabo este proyecto. 
Para finalizar permítanme decir lo siguiente: los intereses financieros de la Comunidad y de los Estados miembros no están en contradicción, como frecuentemente ocurre, con este proyecto. 
Tanto la Comunidad como también- y en mayor medida-los Estados miembros se benefician de un buen procedimiento en este campo. 
El clamor por las modificaciones, que emite ahora la Comisión, procede también de los Estados miembros. 
Sin embargo, tendrían que preocuparse luego de que existiera la pertinente adopción de acuerdos en el Consejo. 
Por lo demás, la Comisión, si ustedes recuerdan los largos períodos de tiempo que ha tardado en presentar una propuesta, ha obrado más bien con lentitud en este procedimiento. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
El título del informe sobre el que estamos tratando parece hacer referencia al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, pero los comentarios del ponente han sobrepasado ampliamente el tema. 
¿Se trata de un error en el título o de un informe que tiene un alcance más amplio? 
En segundo lugar, el texto del informe del ponente hace referencia a los paraísos fiscales y plantea la cuestión en relación con la enmienda 5. 
No obstante, dicha enmienda no menciona el asunto. 
Me pregunto si se tratará de otro problema de este informe. 
En realidad estas son cosas que se deberían discutir en comisión. 
Pero el ponente Sr. Bardong emitirá brevemente una opinión al respecto. 
Señora Presidenta, con toda brevedad: tanto el informe como el título del mismo es más extenso, o mejor dicho, incluye más tipos de impuestos o clases de exacciones, que los que cabe deducir de sus documentos. 
En las propuestas de la Comisión se formulan claramente los efectos sobre las rentas. 
Únicamente he criticado que no aparezcan en el título, pues los considero importantes. 
No estamos celebrando, ciertamente, un debate que realmente debería tener lugar en la comisión. 
Estimado colega, ¿sobre qué punto del Reglamento desea hablar? 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Le pido una vez más su consejo. 
Me parece peligroso para el Reglamento y los procedimientos que se pida a los diputados votar sobre un tema de un informe que guarda muy escasa relación con el título. 
Los diputados que lean los títulos de los informes y piensen que éste sólo trata de temas agrícolas... 
El Presidente interrumpe al orador 
Discúlpeme, estimado colega. 
Lo repito una vez más, no estamos celebrando un debate que debería tener lugar en la comisión. 
Usted debería poder estar en la comisión y expresar su opinión al respecto. 
Usted tampoco ha tramitado a través de su grupo la petición de palabra para hablar aquí, y ahora no puede forzar una intervención sin haber pedido la palabra. 
¡Eso podría hacerlo todo el mundo! 
Ahora debe escuchar lo que los demás colegas digan, y después procederemos a votar sobre el asunto. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra y la he solicitado para hablar sobre este asunto. 
Espero no fatigarla demasiado en un viernes por la mañana. 
El título de la directiva, sobre la que tenemos que votar hoy, no podía sonar más técnico, pero creo, sin embargo, que el informe del colega Bardong comporta una considerable carga política. 
Sabemos perfectamente que cualquier libertad puede ser objeto de abuso. 
Esto puede ocurrir también con las libertades que brinda el mercado interior de la Unión a sus ciudadanos: la libertad, por ejemplo, de viajar sin controles, la libertad de poder establecerse en otro Estado miembro. 
Estas libertades- aún siendo muy laudables- han conducido, también, a que en ocasiones se abuse de ellas para, por ejemplo, defraudar impuestos. 
Los instrumentos que tenemos hoy para protegernos de tales abusos no son suficientemente eficaces. 
Desde el año 1976 existe una directiva, que prevé la asistencia mutua de los Estados miembros, pero originariamente se trataba, sobre todo, de recaudar derechos de aduana o exacciones en el maco de la Política Agraria Común. 
Hoy en día, con el enorme incremento del intercambio intercomunitario, esto ya no es suficiente. 
De ahí las propuestas de la Comisión sobre las cuales hemos de decidir. 
Por ejemplo, la propuesta de que en el futuro se puedan cobrar multas o sanciones por la vía de una solicitud de asistencia administrativa. 
Como socialdemócratas apoyamos tanto esta propuesta como el resto de las propuestas, porque van encaminadas a luchar contra los fraudes fiscales y otras maniobras fraudulentas. 
Además la Comisión propone mejoras en el procedimiento, por ejemplo, que en el futuro se pueda solicitar la asistencia administrativa, cuando no se hayan agotado completamente todos los procedimientos nacionales de cobro. 
Esto impedirá que abogados arteros jueguen con el tiempo y que se abuse de la vía judicial. 
Por lo que respecta a las enmiendas del ponente, éste goza de nuestro total apoyo para todas. 
Quiero aludir a tres puntos a los que ya se ha referido también, en parte, nuestro colega, el Sr. Bardong: en primer lugar, los plazos de prescripción propuestos por la Comisión son demasiado cortos, tendrían que ampliarse de tres a cinco años. 
Eso es lo que nos enseña la práctica de los pasados años. 
En segundo lugar, cuando en una recaudación ejecutiva concurran al mismo tiempo créditos a favor de la Comunidad y créditos a favor de un presupuesto nacional, debería tratarse con prioridad los créditos a favor de la Comunidad. 
En tercer lugar, los gastos de la asistencia administrativa deben ser regulados de mutuo acuerdo entre los Estados miembros. 
Esto es algo que no tiene por qué ser prescrito en una Directiva. 
Permítanme hacer un resumen: estimado colega Bardong, a pesar de la naturaleza técnica del informe, nos encontramos ante un texto muy importante, que contribuye a asegurar a largo plazo el funcionamiento del mercado común de la Unión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, más allá de la complejidad técnica de esta materia- en efecto, incluso el título no es muy acertado- creo que este informe debe ser saludado como una ulterior contribución para alcanzar un objetivo que interesa sobremanera al ciudadano europeo, o sea, la transparencia. Transparencia en la administración pública y, por tanto, rectitud en los sistemas comunitarios de asignación de los recursos y lucha contra los listos- tanto públicos como privados- que tratan de defraudar. 
En definitiva, el ponente nos recuerda que desde el año 1976 existe una estrategia de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos que, sin embargo, por alguna perversa modalidad de aplicación, no ha sido capaz de proteger del todo tanto a los legítimos titulares de los créditos como a la propia Comunidad y, por ende, su presupuesto. 
El dato mencionado por el señor ponente, a quien felicito por la labor realizada- de que el promedio de cobros es del orden del 3 al 5 %, roza el ridículo. 
Este dato no puede sino preocupar a los que están hablando cada vez más con mayor convencimiento de sistemas fiscales comunes, de política fiscal comunitaria, de sistemas intracomunitarios de IVA y de impuestos especiales. 
Antes bien, precisamente la implantación de estos dos últimos sistemas desde el año 1993 ha contribuido a aumentar el volumen de contenciosos, es decir, de los créditos pendientes de cobro y numerosos Estados miembros ya están reclamando sus derechos. 
Precisamente los Estados miembros invocan la llamada fiscalidad directa, la reciprocidad en el control de los posibles evasores, en definitiva, la lucha contra los llamados paraísos fiscales que, hoy por hoy, en Europa pueden localizarse en los poderosos sistemas bancarios de los terceros países, así como de los Estados miembros. 
Quizás del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, desde donde extrañamente parte este informe, a de 1976 y 1977, los paraísos fiscales el paso es atrevido, pero sirve para demostrar que los grandes sistemas, incluso los fraudulentos, nacen a pequeña escala, a nivel individual, y luego se convierten en un sistema generalizado. 
He aquí porque la estrategia para eliminarlos debe partir del interés general, aunque también ha de llegar hasta la verdadera raíz del fraude para que éste pueda ser erradicado. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Bardong que ahora sometemos a debate se centra en lograr una mayor eficacia en el cobro de los créditos, las exacciones agrícolas, los derechos de aduana y los impuestos en el ámbito del FEOGA. 
Se trata de una cuestión difícil debido su carácter extremadamente delicado. 
Desearía felicitar al Sr. Bardong por la gran profesionalidad y los conocimientos que ha demostrado en la elaboración del presente informe. 
La asistencia mutua en el cobro de impuestos y exacciones es cada vez más importante. 
A medida que va entrando en funcionamiento el mercado único, los contribuyentes tienen más posibilidades de desplazar su capital y sus ingresos de un país a otro. 
Se corre el peligro de que dentro de la UE comiencen a surgir paraísos fiscales. Esta circunstancia crearía unas condiciones excesivamente favorables para la delincuencia organizada. 
El problema de la Unión Europea es que, a pesar de disponer de un presupuesto propio, no cuenta con el engranaje para su aplicación. 
Son los Estados miembros los que aplican las medidas prácticas, tanto para efectuar pagos como para cobrar créditos. 
Por otra parte, los Estados constituyen unidades económicas independientes que tienen como primer objetivo velar por sus propios ingresos, con lo que el cobro de los demás ingresos queda relegado a un segundo plano. 
Así pues, únicamente ha sido posible ingresar entre un 3 y un 5 % de las solicitudes de reembolso en el ámbito de la UE. 
El segundo problema reside en el hecho de que el propio procedimiento de cobro, el cobro de los créditos, el embargo de propiedades y los demás aspectos relacionados con este proceso recaen en el segundo pilar de la Unión Europea. 
Los asuntos de este pilar no corresponden a la toma de decisiones de la UE propiamente dicha, sino que requieren la cooperación entre sus distintos Estados miembros. 
En esta cuestión, los Estados miembros son extremadamente cautelosos para evitar una violación de su soberanía en este ámbito. 
Por este motivo, el cobro de los créditos y la cooperación necesaria a este fin constituyen cuestiones políticas tan delicadas. 
A pesar de todo, resulta obvio que también la UE ha de poder cobrar los impuestos y reembolsos que le correspondan. 
Y por esta razón, tanto el informe del Sr. Bardong como la propuesta de la Comisión merecen todo el apoyo que sea preciso. 
Señora Presidenta, desearía expresar un agradecimiento especial al ponente, Sr. Bardong, por haberse hecho cargo de este importante informe. 
Asimismo, me gustaría hacer algunas observaciones al respecto, ya que creo que habla sólo de una parte, en vez de abarcar todos los aspectos de esta cuestión. 
Es posible que esta circunstancia se deba también en gran medida a que la Comisión no desea realmente hablar de lo que verdaderamente estamos tratando. 
Estamos precisamente ante una cuestión que se discute mucho en los Estados miembros como es la del poder que ha de tener la UE en estos asuntos. 
Éste es quizás el motivo de que no se quiera hablar directamente de este tema. 
Permítanme hacer algunas observaciones: algunos de los oradores se han mostrado de acuerdo con la enmienda 5. 
La Comisión propone un límite de apenas tres años. 
Yo creo que sería importante lograr que fuera de cinco años, ya que la adaptación de estas cuestiones requiere verdaderamente mucho tiempo. 
Los Estados miembros han de disponer de más de tres años para abordar estos asuntos ya que, de lo contrario, estos artículos no serán efectivos. 
Tengo algunas objeciones de carácter personal a la enmienda 2. 
No sé si es verdaderamente correcto sostener que el cobro de los créditos en los Estados miembros, los denominados créditos nacionales, vaya precedido por el de los créditos correspondientes al presupuesto comunitario. 
Creo que esto no es del todo justo. 
En mi opinión, todos los créditos deberían ser objeto del mismo trato, y no podemos dar prioridad a unos sobre otros. 
Pero, como ya he dicho, ésta es mi opinión a título personal. 
El Grupo de los Verdes tiene previsto respaldar el informe y las enmiendas presentadas por la Comisión de Control Presupuestario y por el Sr. Bardong. 
Señora Presidenta, se trata de un buen informe. 
Las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario también son buenas. 
Votaremos positivamente. 
Todos sabemos que algunos operadores poco escrupulosos están en condiciones de organizar su insolvencia, de tal manera que el Estado miembro acreedor se vea obligado a dirigirse a otro Estado miembro en cuyo territorio el defraudador ha realizado una transferencia o dispone de un activo financiero para cubrir esta deuda. 
Desearía formular ahora una pregunta concreta al Comisario Bangemann. 
Una de las previsiones de la Comisión en el marco de la Agenda 2000 es la cofinanciación de la PAC por los Estados miembros. 
En tal caso, si existe fraude, ¿quién será responsable del cobro de los importes percibidos indebidamente por un defraudador que haya transferido activos, o que posea activos en otro Estado miembro? 
Antes de establecer una medida es necesario examinar los procedimientos jurídicos indispensables para su aplicación, ya que, en este caso, en el marco de una cofinanciación, son las instituciones europeas las que deciden el importe de las ayudas agrícolas y, por consiguiente, el importe que corre a cargo del Estado miembro afectado. 
La separación entre la autoridad responsable y el pagador planteará verdaderos problemas jurídicos con respecto al cobro de las deudas, que pueden obstaculizar la aplicación de la cofinanciación concebida por la Comisión. 
Un obstáculo más, señora Presidenta, en una vía que, desde luego, resulta muy peligrosa. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al profesor Bardong por su trabajo tan excelente sobre esta problemática insoluble. 
El informe- ya ha sido criticado en algunos puntos como, por ejemplo, la contradicción existente entre el título y el contenido- muestra con gran claridad la auténtica jungla en las que nos movemos. 
Me gustaría decir algunas palabras al respecto. 
Durante toda la discusión se ha hablado una y otra vez de oasis fiscales. 
¿Dónde se encuentran los oasis? 
Naturalmente en el desierto. 
Eso quiere decir que cuando hablamos de oasis fiscales, debemos admitir que lo que no es oasis es desierto. 
Esto constituye precisamente el núcleo de toda esta discusión. 
Hay que atribuir nuestras dificultades a l desarrollo de las burocracias y de las medidas tecnocráticas y ellas son, sobre todo, la expresión de que todo el sistema fiscal es cada vez más inabarcable. 
A este respecto el presente informe es realmente excelente, y voy a votar a favor del mismo, ya que técnicamente es correcto y nos muestra muy bien qué penoso es que en los Estados miembros en particular, pero también en cierto sentido en nuestra Unión, las cosas sean cada vez más complicadas para los ciudadanos, y que los estafadores tengan la posibilidad de aprovecharse de esta complejidad. 
Me gustaría que esto se abordase una vez con toda seriedad. Ya que si no conseguimos ser claros, si no logramos en este punto soluciones sencillas, seguiremos teniendo los mismos problemas en lo sucesivo. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Deseo llamar su atención sobre el hecho de que durante la intervención del Sr. Souchet y también durante parte de la intervención del Sr. von Habsburg, el Sr. Mather estaba hablando por un teléfono móvil, lo que creo que no está permitido en esta Asamblea. 
Quizás deba recordar una vez más que en el hemiciclo no está permitido el uso del teléfono móvil. 
Hagan el favor de desconectar los aparatos. 
Señora Presidenta, quisiera referirme en primer lugar a la cuestión de si el título cubre o no el contenido. 
Nuestra propia comunicación con la propuesta de directiva tiene el siguiente título: sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que forman parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales. 
Este título cubre todo el contenido. 
Por motivos que desconozco, el ponente ha hecho una formulación más breve en su propio título. 
En cualquier caso, con motivo de este debate, formularemos un nuevo título más preciso, para que no vuelva a producirse esta dificultad. 
En lo que concierne a las preguntas formuladas, me gustaría señalar que hemos apoyado la propuesta del artículo 100 a, ya que en nuestras deliberaciones ocupa un lugar destacado el hecho de que el mercado interior, como ya se ha dicho muy bien en la discusión- creo que fue el Sr. Bösch- nos brinda libertades que a su vez pueden dar cabida a determinadas posibilidades de abusos. 
Nos gustaría poder cerrar las puertas a esos posibles abusos. 
Por ese motivo, incluso cuando determinadas propuestas incluyan otros asuntos, creemos que se debe garantizar la competitividad y neutralidad del mercado interior desde el punto de vista fiscal. 
Por esta razón hemos apoyado la propuesta del artículo 100 a, y por eso no podemos aceptar algunas enmiendas. 
Más adelante volveré de nuevo a este punto. 
Me gustaría dar las gracias al ponente, ya que en lo esencial su propuesta sigue también nuestros pasos. 
Podemos aceptar las enmiendas 1, 3 y 6. 
En lo que respecta a las demás propuestas no podemos sumarnos a la opinión del ponente, debido fundamentalmente a consideraciones legales. 
Naturalmente en el transcurso del procedimiento discutiremos también con los Estados miembros esas consideraciones legales, pero las enmiendas 2 y 7, en las que se dice que cuando concurran cobros de créditos del presupuesto comunitario y de los Estados miembros hay que dar prioridad a cobrar los créditos comunitarios, cuestionan un problema jurídico que es completamente evidente. 
Si se apoya la propuesta del artículo 100a, y eso ya lo hace él, tal como he dicho, se plantea la cuestión de si esas modificaciones son compatibles con la ejecución de los objetivos mencionados en el artículo 7a del Tratado de la Unión Europea. 
Para nosotros esto es tan serio como reparo legal que no deseamos aceptar estas enmiendas. 
En lo que respecta a las enmiendas 4, 8 y 9, según las cuales el número de indemnizaciones, que se señalan como porcentaje de la cantidad recaudada, debe ser reemplazado por la devolución de los costes realmente ocasionados, y las indemnizaciones deben pagarse sólo en los casos que sean especialmente problemáticos. 
Desde este punto de vista las enmiendas se pueden entender perfectamente. 
Sin embargo hay que verlas en relación con la enmienda 9, que no podemos compartir, porque la Comisión- nuevamente con vistas a los principios básicos del Mercado interior- propone que los Estados miembros a partir del año 2005 renuncien a la devolución de los gastos recaudados, mientras la enmienda 9 prevé una renuncia puramente facultativa sin plazo obligatorio. 
Paso a referirme a la enmienda 5 que también ha jugado un papel importante en el debate: ampliación del plazo de la solicitud de ayuda administrativa de 3 a cinco años. 
Esta no es una cuestión de prescripción, no se hace ninguna referencia a esto, sino que la directiva pretende acelerar dentro de lo posible el procedimiento de recaudación. 
Por eso opinamos que tenemos que mantenernos firme con el plazo marcado. 
Quiero referirme ahora a la cuestión de la cofinanciación. 
Veo que el diputado que se ha referido a esto ya no está ahí... 
Protestas 
Usted está tapado por el diputado que está delante. 
(DE) Naturalmente esta es una cuestión hipotética, señor Souchet, usted lo sabe también, pues la cofinanciación es sólo una posibilidad más que está siendo objeto de debate. 
Tal como hoy están las cosas, probablemente tampoco se hará realidad. 
Por eso la cuestión es hipotética. 
Aún en el caso de que la cofinanciación pudiera ser acordada y configurada, la respuesta a su pregunta depende naturalmente no sólo de quién es responsable presupuestariamente de esta financiación, sino de quién debe gestionarla administrativamente. 
Podría suceder que solamente la responsabilidad presupuestaria recayese sobre el Estado miembro, el cual tendría que abonar luego una determinada cantidad a la Unión, mientras que lo demás sería gestionado por la Unión. 
En un caso como este tendría sentido que la Unión tuviese las posibilidades de recaudación. 
En el caso contrario sería también lógico que los Estados miembros tuviesen estas posibilidades de recaudación. 
Pero, puesto que todo esto no se puede decidir ahora, y porque posiblemente no podrá decidirse- esta posibilidad se aleja cada vez más- creo que es inútil seguir especulando sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, estamos tratando un informe muy importante. 
Debo decir que si bien no soy miembro de la Comisión de Control Presupuestario, estoy un poco confusa después de todo lo que he escuchado aquí. 
Ahora debería preguntar yo al Sr. Bangemann: si todo esto se amplía tanto, puede suceder también que, por ejemplo, en relación al impuesto sobre el valor añadido, a otros impuestos... ponga usted ejemplos de todo lo que puede caber aquí... 
Si nosotros tuviéramos una retención fiscal en origen- Dios nos libre- ¿qué pasaría con la recaudación que se tiene que hacer de un Estado miembro a otro? 
Díganos qué es todo lo que puede estar comprendido aquí, bajo este título monstruoso. 
Ya no estoy segura de si podré votar a favor de esta propuesta. 
¿Está dispuesto el Sr. Bangemann a responder a la pregunta? 
Señora Presidenta, respondo a todas las preguntas de la Sra. Lulling, ya que ha votado en favor de la Comisión. 
Risas 
También respondo a las preguntas de los miembros del Parlamento que han votado en contra de la Comisión, pero más brevemente. 
Sra. Lulling, en la propuesta ya se hace patente qué ámbitos se incluyen. 
Naturalmente también están incluidos bajo este principio de recaudación créditos del impuesto sobre el valor añadido. 
Desde luego que es posible, esta posibilidad ya se menciona. 
No se puede hablar todavía de retención fiscal en origen todavía, ya que ésta no existe. 
Si se introdujera un impuesto tal tendría que añadirse una disposición específica de recaudación, puesto que en el texto no se hace ninguna referencia. 
Puesto que no existe una retención fiscal en origen no hay posibilidad de recaudación. 
En el caso de que se introdujese ese impuesto- contra su ardiente deseo, sustentado por motivos de justicia y de política europea pura, y que no tiene que ver con la situación en su país miembro- se tendría que completar esta directiva, para que se pudieran recaudar esos atrasos. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa. 
Normalización europea 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0501/98) de la Sra. Kestelijn-Sierens en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Eficacia y legitimidad de la normalización Europea de nuevo enfoque» (COM (98) 0291- C4-0422/98). 
Señora Presidenta, Señor Comisario, colegas, tenemos delante de nosotros un informe de la Comisión sobre la eficiencia y la transparencia de la normalización europea en el marco del nuevo enfoque. 
El nuevo enfoque en el ámbito de la armonización técnica fue introducido en 1985 y descansa sobre cuatro principios. 
En primer lugar, el legislador europeo establece los requisitos más importantes en materia de seguridad y salud que deben cumplir los productos antes de su salida al mercado. 
A continuación, los organismos de normalización establecen las especificaciones técnicas que necesitan los fabricantes para la elaboración de productos que cumplan con las mismas. 
Sin embargo, el empresario no está obligado a producir según las normas. 
Por último, la administración está obligada a otorgar una presunción de conformidad con los requisitos esenciales a los productos que cumplan las normas armonizadas. 
La Comisión Económica ha evaluado positivamente el nuevo enfoque. 
Sobre todo porque la armonización de las legislaciones se limita a los requisitos esenciales. 
Esta es una cuestión política separada de la elaboración de las especificaciones técnicas, que es tarea de los organismos de normalización. 
Dicho de otra forma, zapatero a tus zapatos. 
El carácter de orientación al mercado del nuevo enfoque contrasta también con la inflexibilidad de la regulación. 
Nadie obliga al fabricante a cumplir las especificaciones técnicas. 
Un nuevo enfoque posibilita una legislación flexible, que pueda adaptarse rápidamente a la evolución tecnológica. 
Hacer que los trabajos de normalización resulten más eficaces y transparentes es tarea de los organismos independientes CEN, CENELEC y ETSI, pero la evaluación del progreso y el control de si los organismos respetan los plazos sigue siendo una responsabilidad primordial de la Comisión. 
Debe recordar, llegado el momento, a los organismos de normalización su deber de responsabilidad basándose en los análisis de costes y beneficios. 
Esta también podría hacer un estudio comparativo del proceso de normalización con nuestros socios comerciales más importantes y un estudio sobre las repercusiones en el mercado. 
Como punto final, y nos parece de suma importancia, la Comisión podría vigilar de cerca a los Estados miembros en la transposición de las normas europeas a las normas nacionales, registrando la falta de progresos en el marcador del mercado interior. 
Nos pronunciamos en contra de la fusión de los tres organismos por la sencilla razón de que no redundaría espectacularmente en la eficacia. 
Desconozco también si es deseable la utilización de votaciones formales en una primera fase de la normalización con vistas a acelerar el procedimiento. 
El nuevo enfoque está basado en la implicación y la confianza mutua de todas las partes, a saber, los organismos nacionales de normalización, las PYME, los empresarios, los trabajadores, los consumidores y las organizaciones ecologistas. 
Otra cuestión importante es controlar en qué medida los organismos nacionales reconocen mutuamente sus especificaciones técnicas o sus declaraciones de conformidad. 
Esto constituye, sobre todo en el sector de productos de la construcción, un auténtico punto doloroso para los fabricantes. En la práctica no pueden exportar sus productos a todos los Estados miembros. 
La Comisión deberá reforzar por eso los procedimientos aplicables en caso de incumplimiento del principio de reconocimiento mutuo. 
Más en general, a los empresarios les deberá quedar más claro a quién deben dirigirse si tienen quejas sobre el reconocimiento mutuo de los resultados de análisis. 
¿Se encarga una unidad dentro de la Comisión o existe, Señor Comisario, otra solución? 
El Parlamento Europeo planteó ya antes que las partes interesadas, que son las PYMES, los empresarios, los consumidores y las organizaciones de medio ambiente, disponen de medios y personal insuficientes para estar al día en materia de normalización. 
Por lo tanto, propongo que la Comisión investigue si pueden contar con más apoyo por parte de Europa. 
Pero este problema no se produce solamente a nivel europeo, se implica por ejemplo sólo en siete Estados miembros a los consumidores. 
Creo que algo debe cambiar al respecto. 
La Comisión solicita al CEN, CENELEC y ETSI que realicen una evaluación independiente de la financiación del procedimiento de normalización europeo. 
Le doy mi apoyo en esto. 
Finalmente, debemos encargarnos de que los organismos de normalización de los países de la Europa central y oriental participen en mayor medida en las actividades de los organismos europeos y que las partes implicadas en estos países puedan contar con el apoyo de la Comisión Europea. 
Estas eran, Presidenta, colegas, las observaciones más importantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de esta Casa. 
Doy las gracias a los colegas por sus interesantes y útiles aportaciones a este informe. 
Quisiera hacer dos preguntas al Comisario Bangemann. 
La primera pregunta se refiere a una mayor implicación de las partes en la normalización. 
Es, como ya dije, una cuestión de dinero. 
Quisiera preguntar al Comisario si tiene propuestas concretas para que haya una mayor participación de las PYMES y otras organizaciones en la elaboración de las normas europeas. 
La segunda pregunta que tengo es con respecto al problema de la armonización de los enchufes y las cajas de enchufes. A propósito no lo he querido incorporar en mi informe. 
Pero este problema se asoma con asiduidad y se hacen preguntas al respecto. 
Ya lo sabemos todos: esta discusión lleva manteniéndose ya más de treinta años. 
Me gustaría que el Comisario Bangemann nos comunicara si existe realmente una solución, ¿es una cuestión de dinero o una cuestión de la técnica? 
¿Hay realmente voluntad política de hacer algo al respecto? 
Hasta aquí mis dos preguntas para el Comisario. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, queremos pasar del mercado interior al mercado nacional, a este propósito necesitamos principios y un factor muy determinante es la normalización. 
La normalización es un instrumento económico-político, que nos asegura también en el futuro la libre circulación de mercancías y de servicios. 
Pero queremos tener una legislación moderna. 
Queremos un new approach y precisamente con la normalización se ha demostrado que es necesario reflexionar de forma conjunta acerca de cómo llegar a un mejor procedimiento. 
Con ocasión del asunto del asiento del tractor se ha visto que es más razonable elegir el new approach, es decir, dejar que los institutos de normalización de los diferentes países trabajen independientemente unos de otros. 
Creo que es importante que, a pesar de que exista una norma legal, que exista una directiva para poder ofrecer un marco político para este ámbito. 
Pero existe una división clara: por una parte, el legislador que no debe escribir libros voluminosos llenos de regulaciones, que con frecuencia no son inteligibles. Lo que queremos es una legislación escueta y eficaz. 
El segundo nivel lo constituyen las organizaciones de normalización voluntarias e independientes, donde los fabricantes y los usuarios se reúnen sin más y hablan sobre los diferentes campos que conocen bien, y donde están en condiciones de formular de manera precisa lo que desean. 
En esta Asamblea hemos tenido un buen ejemplo: la directiva relativa al autobús, al denominado autobús europeo. 
Tuvimos 142 páginas de propuestas, y al final el Parlamento consiguió reducir la directiva a tres páginas. 
No se puede comprender que en Europa un autobús deba tener el mismo aspecto en todo el territorio, desde un pueblo caluroso de Sicilia hasta Londres en las horas punta, o hasta Finlandia. 
Creemos que el legislador debe limitarse aquí a puntos concretos, a algunos pocos preceptos que luego deben cumplirse a nivel europeo, y el resto debería fijarse de manera voluntaria en organizaciones de normalización, de modo que también aquí surja una competencia que no detenga la innovación, sino que garantice que los productos buenos salgan al mercado rápidamente y de forma segura. 
El sistema se completa con la marca CE. 
Creo que la marca CE nos da la garantía de que no se infringirán las prescripciones legales existentes. 
Pero como complemento a esto necesitamos también la marca voluntaria de conformidad, que debe garantizar una supervisión posterior de la producción por parte de entidades independientes. 
Señora Presidenta, cuando mi Grupo me dijo que yo disponía de un minuto y medio para hablar sobre normalización esta mañana, me temí que se tratara de un proceso del Nuevo Laborismo para aplicar la normalización a los candidatos de toda Europa. 
Pero he descubierto, para mi tranquilidad, que en realidad se trata de un excelente informe de mi buena amiga la Sra. Kestelijn-Sierens, informe que recomiendo a la Asamblea. 
Hay un aspecto serio que deseo plantear sobre el informe, al que espero que el Comisario Bangemann pueda responder. 
Puede que el Sr. Comisario recuerde a un elector mío, Simon Huisache, que escribió muchas cartas a la Comisión e hizo muchas preguntas a título propio. 
Era un inventor que había creado un dispositivo muy ingenioso para la normalización de cualquier aparato eléctrico en Europa. 
Descubrió que no podía comercializar el dispositivo, porque los comités de normalización estaban dominados por los grandes fabricantes de enchufes europeos, que estaban muy contentos con la situación que permitía la utilización en Europa de una amplia variedad de enchufes diferentes, porque así podían conservar su cuota de mercado. 
Con su negativa a autorizar dicho dispositivo, los comités de normalización le impidieron entrar en el mercado. 
Me consta que el Comisario Bangemann, como buen desregulador del libre mercado, no aprobaría algo así y espero que lo tenga en cuenta a la hora de garantizar que los comités de normalización son plenamente representativos de todas las personas de la Comunidad, incluidas las personas que quieren introducirse en el mercado por primera vez, además de los grandes monopolios actuales. 
Por último, señor Comisario Bangemann, vote a favor de su expulsión el mes pasado y volveré a votar a favor de su expulsión el mes próximo, por lo que puede darme una respuesta muy breve. 
Señora Presidenta, pienso, al igual que la ponente, que el informe de la Comisión sobre la normalización europea de nuevo enfoque es totalmente satisfactorio. 
En efecto, éste establece que la armonización de las legislaciones debe limitarse a las exigencias esenciales en materia de seguridad y de salud. 
Los mecanismos de normalización se basan esencialmente en el consenso con los profesionales y los institutos. 
Finalmente, no prohíbe a los industriales la fabricación de productos exentos de conformidad con las normas, y la responsabilidad recae, por consiguiente, en el mercado. 
Naturalmente, en el sector de los productos de construcción siguen planteándose dificultades. 
Pero la línea general adoptada parece satisfactoria. 
No obstante, quizá esta sea la ocasión de mencionar el problema de la utilización de normas para fines proteccionistas en los mercados exteriores. 
Pienso, concretamente, en los Estados Unidos y el Japón. 
Ciertamente, esta cuestión no estaba incluida, en sentido estricto, en el marco de este informe, puesto que el mismo se limitaba al funcionamiento del mercado interior, pero considero que ésta debe plantearse por los organismos europeos. 
En efecto, dicha cuestión está relacionada con el establecimiento de normas internas europeas: los aspectos externos e internos no pueden separarse. 
No hay razón, por ejemplo, para que estas normas internas europeas puedan facilitar las importaciones norteamericanas, si no existe reciprocidad respecto al establecimiento de una normativa en los Estados Unidos, producto por producto. 
Los institutos de normalización europeos no pueden, por tanto, ser indiferentes a la política aplicada en la materia en Norteamérica. 
Por consiguiente, deseo que en el futuro también pueda tenerse en cuenta esta preocupación. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente y a los colegas las opiniones que han expresado, y deseo intentar contestar brevemente algunas preguntas que se han planteado. 
Seguimos con gran atención el trabajo que realizan las tres organizaciones de normalización europeas. 
Nos reunimos con ellas en intervalos regulares. 
Hace sólo dos semanas celebramos una reunión. 
Discutimos problemas como, por ejemplo, la cuestión de la transparencia y la eficacia, e intentamos que el procedimiento en su conjunto sea tan eficaz y útil como sea posible para el consumidor y para la industria. 
Pero siempre hay malentendidos. 
Por ejemplo, el malentendido de que nuestras normas puedan ocasionar obstáculos técnicos, o al contrario, cuando permitimos a otros países como EE.UU. o Japón que utilicen nuestra norma, los americanos y los japoneses no hacen lo mismo. 
Éstas no son más que interpretaciones erróneas del principio de nuestra normalización, y también de la normalización americana y japonesa. 
Permítanme que diga esto una vez más en relación con el argumento sobre el proteccionismo que fundamentalmente nos suelen plantear americanos. 
No es verdad que tengamos que reprochar a los americanos algún tipo de proteccionismo, sino que los americanos intentan constantemente- un ejemplo muy reciente es el del UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) -acusarnos de proteccionismo. 
Esto es totalmente falso, porque- lo digo una vez más con todo el énfasis, porque éste es el núcleo de esta política- con independencia de algunas excepciones que son necesarias por consideraciones de seguridad, no existe ninguna norma obligatoria ¡No existen normas obligatorias!. 
En otras palabras, esto significa lo siguiente: todo el mundo- incluso este ingenioso fabricante con sus diversas clavijas de enchufe- puede sacar sus productos al mercado. 
No tiene por qué atenerse a una norma. 
Puede sacar al mercado un producto que esté construido de forma totalmente diferente. 
Lo que queremos conseguir, especialmente para sistemas interoperativos, es que una norma en la que se pongan de acuerdo los interesados, incluyendo a los usuarios, a los sindicatos, etc. ofrezca también un cierto estímulo para que luego se aceptada. 
El estímulo consiste esencialmente en que cuando el fabricante saque al mercado un producto cualquiera- para eso no se requiere el reconocimiento de otros Estados miembros- pueda decir que ese producto se ajusta a las disposiciones de la Unión Europea. 
En esto consiste la marca CE, y de este modo logra, por decirlo así, una ventaja. 
Este es el sistema. 
Voy a referirme ahora a las propuestas en particular. 
En primer lugar nosotros ya estamos financiando a la pequeña y mediana empresa y su cooperación. 
No estamos en absoluto en contra de la transparencia. 
Todo el mundo que tenga un interés legítimo puede participar en este proceso. 
Puede durar algo más de este modo, pero no importa, en absoluto. 
En segundo lugar quisiera contestar a la ponente que hemos adoptado muchas iniciativas que han tenido un efecto positivo en los futuros países de adhesión. 
Tanto el CEN, CENELEC y el ETSI trabajan en estrecha colaboración con las organizaciones de normalización de estos países. 
Los trabajos son financiados también por nosotros en el marco del Programa PHARE y de otros programas de financiación específicos para la adhesión. 
Esto es lo que se hace en principio. 
Una última observación sobres las clavijas de enchufe: puesto que las organizaciones de normalización están apoyadas por el sector privado y los trabajos de normalización están financiados también por el sector privado es comprensible y está claro que en una situación como ésta- que para los fabricantes no representa ningún problema, sólo para los usuarios- no se suscite un gran interés en el sector privado cuando se dice, por ejemplo, que en la Unión deberíamos tener clavijas de enchufe únicas. 
Así, pues, no existen aspiraciones semejantes por parte de la industria. 
Tampoco los países miembros tienen ningún interés en practicar una normalización semejante, a no ser que se tome la norma que esté vigente en el Estado miembro en cuestión. Nosotros lo podríamos decidir a través de una iniciativa política, no sólo por motivos de seguridad, sino también porque seguramente aquí existe una gran interés por parte de los usuarios. 
Es posible, pues, que Dinamarca tenga un gran interés por que las normas danesas se conviertan en normas europeas, etc. Pero esta no puede ser la solución correcta. 
La solución correcta podría consistir solamente en que elaborásemos una norma europea que se correspondiera con prescripciones técnicas modernas. 
Después trataríamos esta norma otra cualquiera, no la hacemos obligatoria, pero comporta ciertas ventajas para el fabricante. 
Esto podría significar, que si en el futuro todos fabrican sus clavijas de enchufe con arreglo a esta norma, no sólo todas las clavijas y cajas de enchufes tendrían ese aspecto de ahora en adelante, sino que habría que cambiar naturalmente también las clavijas y cajas de enchufes actuales, y ya se pueden imaginar el gasto que puede significar algo así. 
Ese es el motivo por el que ni para la industria ni para los usuarios existe un gran interés en que estos productos se cambien. 
Pero este informe será remitido tanto al Consejo como al Parlamento y hablaremos con el Consejo una vez más sobre esta cuestión. 
Se trata, en efecto, de un ejemplo claro contra el trabajo de normalización europeo, aunque no tiene nada que ver, en absoluto, con el trabajo que nosotros hacemos, y por cierto con éxito. 
Desde el punto de vista internacional nuestra manera practicar la normalización es, con diferencia, la mejor. 
Solo quiero mencionar un ejemplo: el GSM, la segunda generación de teléfonos móviles. 
Con esta normalización los fabricantes europeos han conseguido dos tercios del mercado mundial. 
Si conseguimos dar por solucionar razonablemente la tercera generación, el sistema UMTS, -todavía estamos trabajando en ello, ya que hay algunos problemas con los intellectual property rights- si logramos esto, y en este trabajo han participado también empresas americanas y japonesas desde el principio, conseguiremos probablemente una participación en el mercado mundial, mayor que la que hemos alcanzado con el sistema GSM. 
Por consiguiente no tenemos por qué escondernos, en absoluto, en el tema de la normalización. 
En este trabajo somos los líderes mundiales. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Antes de la votación sobre el apartado 5 
Señor Presidente, sólo quería señalar que en la página 9 de la versión inglesa dice «binging» [parranda] donde debía decir «binding» [vinculante] , y sé que el Comisario Bangemann no querrá que le asocien con irse de parranda. 
Muchas gracias por su información para el Sr. Bangemann y para el conjunto de la Asamblea. 
Se tendrá en cuenta esta advertencia. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Asociación Euromediterránea del sector del transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0438/98) del Sr. Kaklamanis, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la Asociación Euromediterránea del sector del transporte (COM (98) 0007- C4-0102/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, este informe se produce como continuación de la Cumbre de Barcelona sobre la Asociación Euromediterránea. 
Igualmente, intenta que empiecen a materializarse poco a poco las decisiones que se tomaron en Cardiff sobre el mismo tema. 
Su objetivo es convertir el mar Mediterráneo en un puente de comunicación política, económica, cultural y de desarrollo entre todos los países de la Unión Europea y los terceros países del Mediterráneo. 
Se refiere a todos los tipos de transporte desde la Unión Europea hacia los terceros países y en sentido inverso. 
Intenta determinar normas de desarrollo de los transportes en el interior de los terceros países del Mediterráneo y también en la conexión entre ellos. 
Espero que el Foro Mediterráneo que se va a celebrar los días 24 y 25 de marzo en Malta, aproveche eficazmente la luz verde que hoy va a dar el Parlamento y que la Comisión Europea nos mantenga informados sobre el orden de prioridades que va a elegir, para materializar este plan de desarrollo de los transportes en el Mediterráneo. 
Espero y deseo que el presupuesto de la Unión Europea refuerce este intento, cosa que debo reconocer, por supuesto, que no me creo mucho; si alguien echa una mirada al presupuesto de la Unión para 1999, o a lo que ya ha empezado a debatirse sobre el presupuesto para el año 2000, estará de acuerdo conmigo. 
Quiero llamar la atención de la Comisión Europea sobre el control continuo de la utilización correcta de los fondos de los que se dispondrá para los terceros países del Mediterráneo, ya que, como todos ustedes saben, bastantes de estos países afrontan problemas de funcionamiento de la democracia, problemas de transparencia y, algunos de estos países, incluso de estabilidad política. 
El Parlamento atribuye una importancia especial a la protección del medio ambiente en la ejecución de este programa, en especial a la protección del medio ambiente marítimo, contra toda clase de contaminación, sobre todo contra la causada por residuos radiactivos y tóxicos. 
Quisiera llamar la atención del Sr. Comisario especialmente sobre este último punto, a causa de la decisión del Gobierno turco de instalar una central nuclear en las costas del Mediterráneo, en la región de Akkuyu, cuando todos sabemos que el epicentro del terremoto catastrófico que hubo hace unos meses en Adana sólo está a 50 kilómetros de distancia del punto en el que Turquía quiere instalar su nueva central nuclear. 
Señor Comisario, ya que el Foro de Malta va a tener lugar en marzo- la opinión del Parlamento era que debía haber sido antes para que nosotros pudiéramos ser más concretos en nuestras propuestas- también quisiéramos que nos mantuviera informados sobre las decisiones que se tomen allí, y especialmente sobre el orden de prioridades, porque, señorías, como ya se sabe, el Parlamento Europeo no participa es este foro. 
Para terminar, querría hacer una corrección en el apartado 3, de la página 6, en relación con el Foro de Malta, porque aunque se iba a celebrar en febrero, tendrá lugar en marzo, y así debe decir el foro que tendrá lugar y no que tuvo lugar, los días 24 y 25 de marzo en Malta. 
Doy las gracias a nuestros colegas de la Comisión de Transportes y Turismo porque han mejorado el informe con sus enmiendas, a la Secretaría de dicha comisión, y a la Comisión Europea, con la cual quizás tuviéramos algunas diferencias en algunos puntos, pero nuestra colaboración ha sido buena. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al ponente el informe que ha realizado y, sobre todo, el punto de vista crítico que ha presentado sobre la comunicación de la Comisión. 
En este Parlamento hablamos continuamente de la globalización, y no sólo en este Parlamento sino en todas las organizaciones internacionales. 
Este informe nos aclara que este concepto de la globalización no es del todo acertado. 
No conseguimos ni siquiera en nuestro entorno más inmediato crear un orden y una estructura adecuados que sirvan de utilidad a una unidad como es la Unión Europea, cuando se trate de su ámbito inmediato de intereses. 
Creo que cuando se habla del espacio mediterráneo hay que considerar también, naturalmente, su historia común. 
No debemos olvidar que, en realidad, el Mediterráneo era antes un mar interior europeo y que sólo más tarde se ha convertido en la frontera meridional de Europa. 
Partiendo de esta historia en común ha de ser posible que metas que nos hemos propuesto, como por ejemplo la creación de una zona de libre comercio antes del año 2010, puedan ser factibles, si se puede lograr en este espacio la correspondiente infraestructura, si es posible lograr dicha infraestructura. 
La falta de una infraestructura, sobre todo en el sector del transporte y en el de las telecomunicaciones, es el obstáculo principal para el desarrollo del comercio exterior y del comercio interregional. 
Creo que es muy importante que en el sector del transporte no sólo se tengan en cuenta los países mediterráneos ribereños, sino que se tome toda la región en su conjunto, incluyendo a los diferentes países balcánicos. 
Es preciso incluir adecuadamente a estos países, hay que incluirlos en un informe de estas características. 
Creo que un tratamiento crítico es importante y necesario, para que este debate, este diálogo y la participación del Parlamento sigan manteniéndose y para que la comunicación entre la Comisión y el Parlamento siga velando críticamente por que en esta región se produzcan los avances pertinentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que es muy positivo que podamos celebrar hoy este debate, concretamente sobre el transporte en el Mediterráneo, y que hablemos del Mediterráneo, de este límite sur que tiene la Unión Europea. 
Han pasado ya casi cuatro años desde la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, que tuvo lugar en el año 1995, y creo que es positivo que la Comisión haya presentado este documento sobre los transportes en el Mediterráneo. 
Los transportes son los medios de comunicación que permiten el intercambio. 
El orador que me ha precedido ha dicho que el Mediterráneo ha sido un mar interior, pero, durante muchos años, ha sido una separación entre el Norte y el Sur. 
Entre un Norte desarrollado y un Sur poco desarrollado; un Norte con un estancamiento demográfico y un Sur con un gran crecimiento demográfico; un Norte normalmente cristiano y un Sur musulmán. 
Y esta separación ha hecho difícil el diálogo y ha hecho difícil que haya un mutuo conocimiento. 
El gran reto de la Conferencia de Barcelona fue incrementar este mutuo conocimiento, esta mutua relación, entre el Norte y el Sur. 
Se habló de este espacio comercial común para el año 2010, pero esto debe prepararse. 
Debe incrementarse esta comunicación, esta relación entre el Norte y el Sur. 
Si no se incrementa esta relación el único transporte en el Mediterráneo será, desgraciadamente, el de estas pateras con inmigrantes, que sufren para atravesar el Estrecho de Gibraltar y para buscar en la Unión Europea una solución a los problemas de sus vidas. 
El incremento del transporte, el mutuo conocimiento, pueden llevar a un desarrollo de este área, que debe constituir un área de mutua relación, de mutua comprensión, positiva para todos. 
Como dice nuestro poeta, debe constituir un pont en la mar blava: un puente en el mar azul. 
Señor Presidente, la Comisión está muy ocupada. 
Eso es ampliamente conocido, y a corto plazo no se puede hacer nada al respecto. 
Sí conviene entonces que pongan prioridades en los trabajos programados. 
En ese aspecto se pueden hacer algunas acotaciones a esta iniciativa. 
No comparto completamente los objetivos de los acuerdos. 
Sin embargo, los esfuerzos que se hacen en el ámbito de las relaciones con los países mediterráneos los encuentro sin duda justificados. Esto en vista de los acuerdos a los que han llegado las distintas partes. 
En primera instancia, me parece que es tarea de la Unión el mejorar la relación entre la Unión y los países mediterráneos. 
Cuando esto se haya conseguido, se podría ocupar de las relaciones entre los mismos países mediterráneos. También estos países han de tomar la iniciativa por si mismos para mejorar su posición. 
Por otra parte, en la Declaración de Barcelona acerca de la Asociación Euromediterránea, el apartado del transporte está claramente enfocado a la infraestructura. 
Esto significa que la Unión Europea no debe ocuparse del fomento de determinados servicios de transporte en los países mediterráneos. Sí debe procurar que las inversiones estén de acuerdo con la política de transporte sostenible que ha sido iniciada por el Parlamento Europeo. 
Esto ha de resultar en una atención primaria a las conexiones sostenibles entre los puertos marítimos de los Estados miembros y los de los países mediterráneos. 
Sólo en una fase posterior se abordarán las conexiones entre los países mediterráneos mismos. 
Estas conexiones deben acomodarse naturalmente a los esfuerzos por un transporte sostenible. 
Este punto de vista lo veo respaldado cuando compruebo que los flujos comerciales entre la Unión Europea y los países mediterráneos, que en si no son de gran envergadura en sí, son considerablemente mayores que entre los mismos países mediterráneos. 
Esto da también motivo, en mi opinión, para relativizar de alguna forma las objeciones que el ponente enumera en su informe. 
Resumiendo, hemos de respetar los acuerdos y cumplirlos. 
Por eso, abogo porque se cumpla lo acordado con y sobre los países mediterráneos. Esto no puede hacerse a costa de otras tareas, también importantes. 
Por esta razón se presenta mi enmienda para aliviar un poco la presión que somete el ponente a la Comisión. 
Señor Presidente, tras la aprobación de la comunicación, que se debate hoy aquí, ya se ha constituido el grupo de trabajo que se recomendó. 
El programa de trabajo ya se ha formulado, de modo que hemos conseguido avances importantes. 
Seguiremos de cerca asimismo el trabajo de este Foro y haremos propuestas en el marco de lo que se estableció como prioritario en la Conferencia de Barcelona. 
No tenemos por qué modificar esto. 
También allí se trataron ya como prioritarias las medidas de política medioambiental, por ejemplo. 
También prepararemos y seguiremos convenientemente- ésta es la otra cuestión que surgió en la discusión- el primer encuentro del Foro en Malta los días 23 y 24 de marzo. 
El Parlamento Europeo será informado por completo cerca del mismo. 
Todos los documentos que se presenten y se aprueben serán publicados. 
También aquí se ha mantenido claramente el acento sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente. 
Creo, por lo tanto, que en esta tarea nos encontramos en este momento en un buen estadio, y no debemos abrigar ningún temor acerca de nuestros trabajos no se vean acompañados por el éxito. 
Naturalmente- y este es el verdadero obstáculo en todos estos trabajos, incluso en la cooperación industrial- esto no depende solamente de nuestra buena voluntad, sino que depende también de la buena voluntad de los países socios. 
La buena voluntad de los países socios seguramente existe, pero tiene diferentes orientaciones. 
Hay países socios en el espacio mediterráneo, que reaccionarán seguramente de manera muy positiva a todas esta actividades. 
Hay otros, que los harían gustosos, pero por diferentes motivos están impedidos de hacerlo, y en consecuencia, habrá que admitir probablemente diferentes resultados. Pero esto no depende de nosotros, sino que depende de los países socios. 
En todo caso, haremos todo lo que sea necesario para llevar el asunto a un feliz término. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Las relaciones de Europa con sus vecinos del Sur representan, sin duda alguna, los desafíos más importantes con miras a los próximos años. 
El mínimo de prosperidad económica, de equilibrio social y de seguridad deseable en la región está condicionado por la reactivación de un diálogo que hoy es confuso y que debería permitir prestar mayor atención a los intereses de los países situados en ambas costas del Mediterráneo. 
En 1995, la Conferencia de Barcelona dio una respuesta a través del programa MEDA, programa que establecía una nueva asociación basada en tres pilares (político, económico, humano). 
La comunicación propuesta a nuestra Asamblea presenta una estrategia general en el sector del transporte. 
Este texto tiene el mérito de señalar la importancia de las relaciones en el sector del transporte hacia el Sur, que debe equilibrarse con la ampliación de las redes de transporte europeas (las RTE) hacia el Este. 
Ahora bien, al igual que nuestro ponente, me pregunto sobre la verdadera voluntad de reajuste respecto a las RTE. 
Se hace total abstracción de una financiación concreta. 
¿Eso significa que sólo se trata de buenas intenciones? 
Es imprescindible lanzar, apoyar y concretizar un verdadero proyecto mediterráneo. 
Esta voluntad no es evidente, y debemos lamentarlo. 
Dejemos atrás, una vez por todas, las sucesivas dudas y los discursos maravillosos carentes de futuro. 
Si consideramos como prueba la traducción del programa MEDA en algunos acuerdos de asociación, constatamos que estamos muy por debajo de las intenciones preconizadas y de los medios anunciados en las diferentes Cumbres anteriores y posteriores a la de Barcelona. 
Salmón 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración de la Comisión sobre las medidas tomadas para combatir la propagación de la anemia infecciosa del salmón. 
En nombre de la Comisión, tiene la palabra el Sr. Bangemann. 
Señor Presidente, la Comisión lamenta profundamente las fuertes pérdidas que ha sufrido la industria de producción de salmón escocesa debido a la presencia de la anemia infecciosa del salmón. 
Supone un duro golpe para un sector que ya atraviesa por serias dificultades por la frágil situación del mercado del salmón. 
Los servicios de la Comisión están siguiendo muy de cerca la evolución de la enfermedad y las medidas adoptadas por las autoridades del Reino Unido para combatirla. 
Confiamos en que las medidas adoptadas se ajustan a la legislación de la UE. 
Dichas medidas imponen el sacrificio obligatorio en los lugares infectados y restricciones de circulación a las granjas bajo sospecha. 
Nos preocupan las consecuencias de la enfermedad y de la política de erradicación para el sector. 
Llamo su atención, por consiguiente, sobre las posibilidades que contempla la legislación comunitaria para que los Estados miembros concedan subvenciones nacionales en caso de que se declaren enfermedades en el sector de las piscifactorías. 
La Comisión examinará con celeridad cualquier solicitud que reciba de las autoridades competentes del Reino Unido para establecer un plan de compensación. 
A condición de que dicha solicitud cumpla los criterios previstos en la legislación actual para su aprobación por parte de la Comisión, no dudaremos en actuar en consecuencia. 
Creemos asimismo que la enfermedad es tan grave y su presencia representa una carga tan pesada para el futuro de la cría del salmón en la Comunidad, que la erradicación de la enfermedad está justificada. 
Si esta política demuestra no dar los resultados esperados, naturalmente podríamos considerar la posibilidad de presentar propuestas para cambiar dicha política. 
Señor Presidente, es muy oportuno que el Comisario Bangemann haga esta intervención al final de la semana. 
Puede que recuerde una ocasión anterior en la que él y yo tuvimos un intercambio de opiniones sobre la posición de la Comisión, después de que yo hubiera hablado con agricultores escoceses. 
Acojo con entusiasmo las opiniones de la Comisión. 
Es un asunto muy serio para el sector agrícola escocés. 
Se trata de una enfermedad que comenzó en Noruega y ha afectado a varias piscifactorías de Escocia. 
El primer lugar en que se declaró fue Glen Nevis, una piscifactoría de las Highlands. 
Es realmente muy grave y se suma a la amenaza del Gobierno noruego de proceder a prácticas de «dumping» del salmón en la Unión Europea a precios que suponen una amenaza para el medio de vida de muchas industrias del salmón. 
En Escocia e Irlanda hay unas 6.000 personas que trabajan en la acuicultura. 
Es importante que garanticemos que los productos químicos que utiliza el sector del salmón no sean perjudiciales para el medio ambiente marino. 
Al igual que en toda política de pesca, debemos compaginar la explotación de los recursos con una gestión adecuada del medio ambiente y con la conservación de las reservas, a pesar de que el mundo de la cría del salmón, evidentemente, puede no estar muy interesado en la conservación de las reservas. 
Acojo con satisfacción la declaración del Comisario. 
Esta semana, mi Gobierno se ha comprometido muy generosamente a destinar 9 millones de libras esterlinas- 3 millones de libras al año durante un período de tres años- a ayudas a los productores de salmón. 
Éstos han solicitado unos fondos de contrapartida, que serán administrados por la Highlands and Islands Enterprise y por el propio sector. Es el resultado de las negociaciones que ha mantenido la Oficina escocesa con el sector. 
Acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión no se interponga a los Estados miembros, porque la segunda condición más importante es que la política de competencia de la UE permita a dichos productores de salmón beneficiarse de esta ayuda. 
Esto es especialmente importante, habida cuenta de que muchos de los criaderos de salmón que hay en Escocia son propiedad de empresas noruegas. 
En realidad, en las Islas Shetland, el 50 % de la industria del salmón es de propiedad noruega, por lo que es la máxima importancia que la Comisión no ponga impedimentos y responda, como tan generosamente ha prometido el Comisario, con celeridad a las propuestas y a los planteamientos de la Oficina escocesa. 
Cuando finalice esta sesión me pondré inmediatamente en contacto con Callum McDonald y John Sewell para instarles a presentar rápidamente una solicitud a la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión por el vigor con el que ha abordado esta cuestión del salmón escocés. 
Al mismo tiempo, desearía señalar que Escocia no es la única zona que se ha visto obligada a sufrir las enfermedades del salmón, que- en parte- se deben a la cría extremadamente intensiva en piscifactorías que tiene lugar en Noruega. 
Las reservas finlandesas de salmón también están en peligro como consecuencia de esta cría intensiva, ya que en las aguas centrales y meridionales de Noruega se ha propagado el temido parásito del salmón. 
Éste se ha extendido también por el norte hasta el río Skibotn, es decir, a la altura del brazo occidental de Finlandia, aproximándose peligrosamente al río Teno. 
El río Teno es el mayor río de salmones de Europa. 
A pesar de las activas negociaciones que han venido desarrollando las autoridades finlandesas y noruegas, no ha sido posible encontrar una solución para proteger las reservas de salmón salvaje del río Teno. 
La amenaza reside en la cría de las piscifactorías del fiordo de Teno. 
Por una parte, esta cría amenaza la herencia genética de los salmones del río Teno y la continuidad de esta especie en el río de salmones más septentrional de Europa; por la otra, la propagación del parásito del salmón entraña un peligro para toda la reserva de salmones del río Teno. 
Espero que la Comisión emprenda enérgicas medidas para salvar las reservas del mayor río de salmones de Europa y preservarlas en beneficio de las generaciones venideras, en lugar de sacrificarlas en los altares de la cría intensiva. 
Señor Presidente, es la tercera vez que estalla en el Atlántico Norte esta enfermedad, la anemia infecciosa del salmón. 
Dicha enfermedad se ha detectado en anteriores ocasiones en Noruega y en el Canadá, y ahora es el turno de Escocia. 
Todo esto tiene lugar porque es muy corriente la fuga de grandes cantidades de salmones de las piscifactorías. 
Así ocurrió el pasado mes de noviembre en una piscifactoría próxima a Oban, donde desaparecieron nada menos que setenta toneladas de salmón. 
Y lo que es aún peor, sabemos que existían sospechas de que esta piscifactoría estaba contaminada por la anemia infecciosa. 
Creo que su propagación a los salmones salvajes es solamente una cuestión de tiempo. 
Cuando esto ocurra, nos enfrentaremos verdaderamente a un grave problema, ya que no queda mucho salmón salvaje. 
Para comprender todo esto, se ha de tener presente una serie de problemas relacionados con la utilización del agua y la cría de salmón. 
Es imprescindible abordar estos aspectos y plantearse quizás la posibilidad de llevar a cabo un estudio completo acerca de la utilización del agua desde una perspectiva más amplia. 
Me pregunto si la Comisión estaría dispuesta a respaldar una iniciativa de estas características. 
En los salmones de las aguas escandinavas se da otro parásito denominado gyrodactylus sallaris. 
Noruega ha elaborado recientemente un plan para tratar veinte ríos con rotenón. 
El tratamiento de veinte ríos con tóxicos representa una decisión verdaderamente extrema, ya que implica naturalmente la muerte de todo organismo vivo. 
Se trata de un intento desesperado por mantener el control sobre estos parásitos. 
¿Sabe la Comisión si este parásito ha hecho también acto de presencia en Escocia, Irlanda o en algún otro lugar? 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Comisario por su útil declaración y por haber reconocido la fragilidad del mercado del salmón, así como por el interés que ha manifestado sobre las consecuencias que esta enfermedad tiene para la industria de cría del salmón, que atraviesa por serias dificultades, especialmente en Escocia, donde este sector tiene una importancia económica vital para zonas como las Highlands and Islands, en las que existen muy pocas alternativas de empleo. 
A lo largo de la costa existen unas 340 piscifactorías de salmón que proporcionan unos 6.000 puestos de trabajo en una de las zonas más rurales de Europa. 
Es una industria que está bien organizada y bien gestionada, pero que está en crisis debido a la anemia infecciosa del salmón (ISA). 
Esta enfermedad, que es una especie de gripe del salmón, era exótica en la Unión Europea hasta que hizo su primera aparición en Escocia en mayo de 1998, desde entonces han debido sacrificarse millones de peces sanos en sólo diez piscifactorías afectadas. 
Ha podido saberse que la ISA provoca una mortandad muy alta en las jaulas de los criaderos de salmón, pero es una enfermedad que no puede afectar a las personas y que no convierte a los peces afectados en no comestibles. 
Las directivas de la Unión Europea, al igual que las disposiciones del Reino Unido, están encaminadas a la erradicación. 
No obstante, la política de erradicación no contempla las consecuencias sociales y económicas de la destrucción de millones de peces. 
Lo cierto es que la destrucción masiva trae consigo la perspectiva de una ruina económica para muchas de las pequeñas explotaciones familiares afectadas. Puede destruir la viabilidad financiera de las empresas más pequeñas. 
Desde que se incluyó este asunto en el orden del día del Parlamento, el Secretario de Estado para Escocia ha reconocido las consecuencias sobre el empleo. 
Como decía el Sr. McMahon, el Gobierno ha prometido 9 millones de libras esterlinas repartidos en tres años, pero habida cuenta de que está basado en un financiamiento de contraparte con el sector, se encuentra actualmente en fase de negociación. 
Es posible que las pequeñas piscifactorías no puedan hacer frente a un financiamiento de contraparte, y por consiguiente, lo que parece generoso, puede en realidad carecer de sentido para las empresas más pequeñas. 
Los bancos han hecho saber que no concederán préstamos avalados por las reservas de peces, por ello, a menos que las empresas mayores estén dispuestas a intervenir como paraguas financiero, resulta difícil descubrir cómo podrá la oferta evitar la ruina económica de dichas pequeñas granjas. 
Las grandes empresas podrían comprar las pequeñas, pero en muchos casos son las pequeñas empresas las que presentan la mejor trayectoria de inversión en nuestras zonas rurales. 
Noruega ha atajado este problema con una política de contención, en vez del sacrificio, y hay que preguntarse si deberíamos o no considerar en la Unión Europea métodos alternativos para combatir la enfermedad. 
Es fundamental que tomemos medidas. 
Las granjas de salmón escocesas se encuentran en una coyuntura crítica ante la inminente decisión que deberán tomar sobre la compra de esguines para el año próximo. 
Es fundamental analizar con carácter de urgencia qué otras medidas, incluida la compensación, pueden ayudar a las empresas que trabajan a pequeña escala a las que me he referido. 
No puedo hacer suficiente hincapié en la gravedad de la situación. 
Una acción rápida y decidida es fundamental si queremos evitar que las graves consecuencias afecten a una de las comunidades más vulnerables económicamente de Europa. 
Por último, señor Comisario, ¿puedo pedirle que confirme si estaría dispuesto a considerar la posibilidad de introducir un programa de erradicación financiado por la Comunidad, en caso de que fracase la actual propuesta nacional? 
Señor Presidente, puede parecer extraño que encontrándose mi circunscripción en Hampshire yo quiera participar en un debate sobre el salmón escocés. 
Mi circunscripción se llama Itchen, Test y Avon, y son los nombres de tres ríos famosos por sus salmones. 
He escuchado atentamente al Comisario Bangemann. Se ha referido al tratamiento de las zonas afectadas. 
¿Excluye específicamente todo tratamiento veterinario o farmacéutico de la enfermedad, ya sea allí donde aparezca o como medida preventiva en zonas que podrían verse afectadas en un futuro? 
Señor Presidente, como he dicho, la Comisión está esperando que el Gobierno británico presente propuestas. 
Han sido anunciadas algunas medidas, pero no hemos recibido ningún plan ofreciendo detalles y propuestas concretas, ni tampoco sobre sus repercusiones financieras. 
Pero, como he indicado, somos conscientes de la gravedad de la situación y por ello, de entrada, no excluimos ninguna medida. 
He esbozado la política que estamos siguiendo en estos momentos. 
Si resulta necesario añadir una nueva política, naturalmente intentaremos prestar la máxima ayuda posible. 
Esto es válido igualmente para las medidas de investigación- según he podido saber -, no soy un experto en investigación. 
Tengo entendido que hasta ahora no hemos iniciado ninguna investigación. 
Pero, como siempre, en nuestra política de pesca pueden existir fondos disponibles inmediatamente. 
Si existe la necesidad de que la Comunidad siga investigando, naturalmente también podríamos hacerlo. 
Repito, en estos momentos estamos esperando propuestas concretas y cuando las recibamos, haremos todo lo posible para autorizarlas y, en caso necesario, añadir algo más. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, hemos llegado al final de nuestros trabajos en una semana que ha tenido su peculiaridad. 
Según me han informado los servicios de la Asamblea, hemos superado un récord, es decir, ha sido una semana en la que podríamos integrarnos en el libro de récords porque hemos tenido más de 150 votaciones nominales. 
Señorías, esta Presidencia no discute- no puede hacerlo- la conveniencia o no de las votaciones nominales. 
Esta es una cuestión que establece nuestro Reglamento. 
Pero, en todo caso, Señorías, de lo que no hay duda es de que esto ha representado un especial esfuerzo para todas y todos ustedes, pero también para los servicios de la Asamblea. 
Tanto nuestros funcionarios como los servicios de interpretación han tenido que hacer un esfuerzo especial. 
Por lo tanto, esta grata misión que me corresponde muchos viernes de agradecerles su colaboración, permítanme que la cumpla hoy con un énfasis especial, que les diga que hoy esta ciudad nos ha regalado un día magnífico después de una semana de nieve, que le agradecemos a la ciudad este día magnífico y que esperemos que nos acompañe a los distintos acimutes a los que sus Señorías van a dirigirse ahora para seguir trabajando por la Unión Europea. 
Antes de terminar, el Sr. Bangemann me ha pedido la palabra y es para mí un honor y un gusto darle la palabra. 
Tiene usted la palabra, señor Bangemann. 
Señor Presidente, si va a incluir el número de las votaciones nominales en el libro de récords Guinness, le pediría que incluyese también mi discurso de ayer. 
Fue, efectivamente, el discurso más breve que un Comisario haya mantenido jamás. 
Aplausos 
Señor Bangemann, yo creo que, en este caso, debiera constar doblemente: por haber sido la intervención más breve y por haberla hecho usted que, generalmente, es muy generoso en sus respuestas, cosa que le agradecemos. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 11.15 horas 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 12 de febrero de 1999. 
Comunicación del Presidente 
Señorías, varios diputados y Grupos políticos han llamado mi atención sobre el hecho de que en las últimas semanas en Francia, en Italia y últimamente en Austria se han producido avalanchas con un número elevado de víctimas. 
Especialmente, la que se acaba de producir en el Tirol occidental es la más grande en los últimos 50 años y ha provocado la muerte de cinco personas y la desaparición de otras 33. 
Creo que interpreto los sentimientos de esta Asamblea trasladando nuestro pésame a las autoridades y a los familiares de las víctimas, como hemos hecho normalmente cuando se han producido catástrofes de este género. 
Y estoy seguro de que todos ustedes comparten este sentimiento de pesar por lo que ha ocurrido en nuestra Unión: en Francia, en Italia y en Austria. 
Aplausos 
Señor Presidente, quiero agradecerle muy sinceramente, en nombre de mi Delegación y también de la Delegación de los socialdemócratas austriacos, sus palabras de condolencia en relación con la catástrofe causada por una avalancha en el Tirol. 
También quisiera añadir una observación sobre una cuestión de orden. 
Tal como usted ha señalado, ha sido la catástrofe más grave causada por una avalancha en Austria desde la Segunda Guerra Mundial, aunque otras regiones alpinas de la UE se han visto afectadas asimismo, en Italia y Francia, y también en un Estado no-miembro de la UE, como es Suiza. 
El Consejo Nacional austriaco ha guardado hoy un minuto de silencio en honor de las víctimas. 
Yo creo que sería un gesto que honraría al Parlamento Europeo que éste también guardase un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la avalancha de Galtür. 
A lo cual yo quisiera acompañar la petición- que dirijo a los representantes de la Comisión- de que se liberen recursos del Presupuesto de 1999 y concretamente de la línea presupuestaria B4-330, relativa a la protección en caso de catástrofes y catástrofes naturales, para la ayuda a las regiones afectadas. 
Una ayuda rápida es doblemente eficaz. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señora Stenzel. 
Yo creo que la Comisión ha tomado nota. 
En caso de estas catástrofes, el Parlamento no suele guardar un minuto de silencio, sencillamente porque, por desgracia, son tan frecuentes en Europa, y Europa es tan grande, que tendríamos que hacerlo muchas veces. 
Pero no tengo inconveniente alguno en aceptar su propuesta. 
Si sus Señorías lo estiman conveniente, les invito a guardar un minuto de silencio. 
El Parlamento guarda un minuto de silencio 
También he recibido, en los últimos días, quejas de algunas señoras y señores diputados en torno a la decisión de anular las reuniones previstas para el pasado lunes. 
Quiero explicarles a ustedes brevemente el alcance exacto de la decisión y los motivos que llevaron a tomarla. 
En primer lugar, quiero resaltar que el Parlamento Europeo no cerró sus puertas. 
Estuvo abierto durante toda la jornada del lunes y se aseguraron los servicios mínimos indispensables para atender a los diputados y visitantes que pudieron llegar a él. 
Un ejemplo de ello es que el vicepresidente Sr. Imbeni pudo reunirse en los locales del Parlamento con una delegación de agricultores italianos. 
Segundo: también creo que es conveniente recordar que el Parlamento Europeo no es competente para garantizar el orden público en sus inmediaciones, en el exterior de sus edificios. 
Ello compete a las autoridades belgas y fueron éstas las que decidieron aislar la zona que rodea las instituciones comunitarias. 
Tercero: puesto que las disposiciones establecidas por las autoridades belgas no garantizaban la presencia del personal indispensable para el correcto desarrollo de las reuniones de las comisiones parlamentarias- que como ustedes saben mejor que yo llevan consigo todo un aparato de funcionarios, intérpretes, etc.-, pareció más prudente suspender estas reuniones. 
Esa decisión fue tomada por el Secretario General en contacto permanente conmigo, con mi autorización expresa y tras haber consultado al cuestor competente para las cuestiones de seguridad. 
Por último, debe quedar claro también que los organizadores de la manifestación en ningún momento solicitaron ser recibidos por uno u otro órgano del Parlamento Europeo. 
En cambio, los agricultores que participaron en la manifestación que tuvo lugar en Estrasburgo durante la última sesión plenaria sí pidieron ser recibidos en el Parlamento y los recibí yo mismo en compañía del Presidente Santer, del presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Colino, y del Comisario Fischler, y mantuvimos una reunión de cerca de una hora. 
En esta ocasión, el objetivo de los manifestantes era el Consejo y no el Parlamento y por eso no pidieron ser recibidos. 
Si lo hubieran pedido, naturalmente que se les habría recibido, dentro de las posibilidades que había, pero se habría recibido oficialmente cualquier delegación. 
Por tanto, la decisión, acertada o equivocada, estaba inspirada en las dificultades prácticas de acceso y en la prudencia y, en todo caso, no supone ningún tipo de desconsideración ni de ataque al derecho de manifestación o al de exponer ante el Parlamento posiciones políticas que siempre son recibidas en el Parlamento como provenientes de los ciudadanos. 
Señor Nassauer, tiene la palabra. 
Señor Presidente, ¿puedo interpretar efectivamente que de su declaración se desprende que el Estado belga le manifestó, en su calidad de Presidente del Parlamento Europeo, que no podía garantizar la seguridad de las sesiones de esta Asamblea? 
Segunda pregunta: ¿Qué punto del Reglamento autoriza al Secretario General a cancelar de común acuerdo con el Presidente las sesiones del Parlamento o de sus órganos convocadas de conformidad con el Reglamento? 
¿No deben ser la Mesa o los órganos competentes quienes lo decidan? 
Aplausos 
Tercera pregunta: ¿Considera usted realmente justificado que el Parlamento Europeo renuncie a celebrar sus sesiones y suspenda su actividad política bajo la presión del anuncio de una manifestación? 
¿No habría sido más adecuado que el Parlamento como tal hubiese mantenido un diálogo con los manifestantes, en vez de cerrar sencillamente sus puertas? 
Aplausos 
Le contesto a sus tres preguntas, señor Nassauer. 
Respecto a la primera pregunta, las autoridades belgas no nos dijeron si podíamos o no celebrar reuniones. 
Lo que dijeron es que iban a aislar la zona, que iban a impedir que los medios públicos de transporte- metro, ferrocarril y autobús- llegasen a esa zona y que habría tres entradas de automóvil. 
En estas circunstancias entendimos que no podíamos asegurar que las reuniones de comisiones, que es la única actividad del Parlamento que ha sido suspendida, pudiesen tener lugar con la asistencia de funcionarios y de intérpretes necesaria. 
Respecto de la segunda pregunta, esa decisión, que fue comunicada por el Secretario General pero aprobada por mí, corresponde en todo caso a las facultades que el artículo 19 del Reglamento- que dice que dispongo de todos los poderes para asegurar el buen desarrollo de las sesiones del Parlamento y, por tanto, de sus comisiones- otorga al Presidente. 
Si yo no tengo la seguridad de que esas reuniones de comisiones pueden desarrollarse en buenas condiciones, porque no puedo asegurar que dispongan de la interpretación y de la asistencia de funcionarios necesaria, mi deber es decirle al Secretario General que suspenda dichas reuniones. 
Y respecto de la tercera pregunta, no se suspendieron determinadas actividades a causa de la manifestación sino porque las autoridades belgas habían decidido cercar la zona de las instituciones europeas- no sólo el Parlamento, sino también la Comisión y el Consejo- con unas medidas que dificultaban el acceso al Parlamento. 
Tengo una serie de peticiones de palabra. 
Yo no quiero limitar a nadie el uso de la palabra. Simplemente, les quiero hacer una reflexión: el Consejo está hoy representado, no por el Sr. Verheugen que, por razón de enfermedad, no ha podido venir, sino por el Sr. Volmer, que tiene también compromisos en el Bundestag y, por tanto, cuanto más utilicemos nuestro tiempo ahora sobre esa cuestión menos lo podremos utilizar para el orden del día. 
Señor Presidente, sobre un asunto diferente, pero relacionado: cuando he llegado a este edificio esta tarde, había una manifestación en las puertas mismas de esta Asamblea. 
Estaban levantando una gran pancarta... no importa en pro de qué fuera. 
En el pasado le he escrito, señor Presidente, y he recibido una respuesta de la Junta de Cuestores, en la que se dice que no se permitirán las manifestaciones de esa clase a la puerta de esta Asamblea. 
Esta tarde ha habido una manifestación de ese tipo. 
¿Se me podría garantizar que, ya que no podemos mantener el orden en las calles de Bruselas, podremos al menos mantenerlo dentro del edifico del Parlamento? 
Señor Perry, lamentablemente eran nuestros diputados los que se manifestaban. 
Supongo que no me pedirá Su Señoría que pida a la gendarmería que los disperse. 
Han participado cinco diputados y nos ha parecido mejor dejar que se desarrollara su manifestación que contribuir a su causa disolviéndola. 
No creo que debamos continuar con este asunto. 
Veo que hay seis diputados que solicitan el uso de la palabra. 
Lo lamento mucho, pero debemos pasar a la aprobación del Acta de la última sesión. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 12 de febrero de 1999 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, sólo quiero decir que, por error, imagino, no figuro en la lista de los diputados que asistieron a la sesión. 
Sin embargo, claro que estuve allí y hasta tengo el recuerdo de haber firmado. 
Me sorprende mucho, y por ello le pido que registre mi asistencia el viernes 15 de febrero. 
Vamos a verificarlo inmediatamente. 
Señor Presidente, yo quisiera hacer una observación en relación con la página 7 de la versión alemana del Acta de la sesión del 12.2.1999 y dirigirle una petición. 
En mi intervención, allí recogida, yo manifesté que el informe que se espera que presente el Comité de Sabios debería remitirse también a la Comisión de Control Presupuestario. 
Yo quiero pedirle que nos haga llegar oficialmente dicho informe antes de la reunión de la Comisión de Control Presupuestario del 15 y 16 de marzo. 
Lo necesitamos para nuestras deliberaciones y para su eventual examen en el contexto de los procedimientos de aprobación de la gestión todavía pendientes. 
Ya expuse entonces que dicha Comisión es el órgano adecuado para extraer consecuencias objetivas del informe. 
Se trata, sin duda alguna, de un asunto de gran trascendencia para la citada Comisión. 
Aplausos 
Señora Theato, confío en que el Comité de expertos nos haga entrega de su informe el lunes, día 15, a las 17 horas, y tan pronto como estén disponibles las traducciones- espero que sea para el día siguiente, puesto que se harán horas extraordinarias -, se transmitirán a su comisión. 
La Conferencia de Presidentes ha decidido que, sobre ese informe, los Grupos podrán presentar sus propias resoluciones, pero que, naturalmente, su comisión tendrá el informe para el examen de sus asuntos pendientes. 
Señor Presidente, he pedido la palabra en relación con el Acta. 
El secretario general y el secretario general adjunto parece que ven mejor, de lejos, a los agricultores que vienen a manifestarse que a los diputados en el hemiciclo. 
Querría referirme a la página 1 y a la intervención que hice, porque me parece que está recogida de forma muy elíptica. 
Se dice, en efecto, que subrayé el carácter inoportuno e inadaptado en el plano jurídico de la decisión que tomó usted y a la que ha hecho alusión la Sra. Theato, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. 
Desearía que se mencionara en el acta que me basé en el artículo 5 del anexo 5 para indicar por qué motivo debía la Comisión de Control Presupuestario ser destinataria del informe del Comité de sabios, y que el texto de mi intervención no se presentara de forma tan elíptica, aunque sea para un acta. 
Señor Fabre-Aubrespy, se verificará la transcripción de su intervención, y se corregirá si es necesario. 
El Acta queda aprobada 
Orden del día 
A petición de algunos Grupos políticos, se han propuesto las siguientes modificaciones al orden del día: 
Miércoles: 
de las 15.00 a las 16.00 horas- que ya será de 15.20 a 16.00 horas -: declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la detención de Abdulá Ocalan y la necesidad de una solución política al problema kurdo; -de las 16.00 a las 16.30 horas: declaración del Consejo sobre su negativa a aprobar el proyecto de acuerdo con Sudáfrica, presentado por la Comisión; -de las 16.30 a las 20.30 horas y de las 21.00 a las 24.00 horas: el orden del día se modifica del modo siguiente: la comunicación de la Comisión sobre la competencia en el deporte queda suprimida; la recomendación para la segunda lectura relativa a los documentos de matriculación de los vehículos (A4-0033/99) (ponente: Sr. Bazin) , a solicitud de la Comisión de Transportes, será tratada según el procedimiento sin debate y, por tanto, queda incluida en el turno de votaciones de mañana.Tiene la palabra la Sra. Breyer. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes solicita la devolución a comisión del Informe Grossetête, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento. 
Fundamento la petición en que a mi parecer no deberíamos votar informes que ya han quedado desfasados. 
La Comisión ya está trabajando en una nueva propuesta y también se ha comunicado a varios miembros del Parlamento que ya dispone de una nueva versión completamente revisada. 
Yo creo que no tiene mucho sentido que votemos un informe que ya ha perdido actualidad. 
Me parece que, además, nos pondríamos en ridículo. 
Ya tenemos suficiente trabajo para dedicarnos a esta tarea de Sísifo. Por consiguiente, yo solicito la devolución a comisión del informe. 
También sugiero que volvamos a preguntar cuál es la posición de la Comisión. 
Ésta podrá confirmar que muy pronto se presentará un nuevo proyecto y que tiene escaso sentido adoptar una decisión sobre un informe que ya ha perdido actualidad. 
Señora Breyer, no puedo someter a votación su propuesta. 
El orden del día fue aprobado en Estrasburgo. 
Ahora lo único que he propuesto son unas modificaciones previamente discutidas con los Grupos políticos y que he hecho porque había una conformidad general de todos ellos. 
Plantea usted una cuestión nueva, que no ha podido ser discutida por nadie más, en un momento en que, reglamentariamente, es inadmisible. 
No puedo someter su propuesta a votación porque usted hubiera debido plantearla o bien con anterioridad para que pudiese ser debatida por todos o bien cuando se fijó el orden del día. 
Someto a votación las modificaciones del orden del día propuestas de acuerdo con los Grupos políticos. 
El Parlamento da su conformidad a esta propuesta 
Señor Presidente, no me parece del todo correcto el procedimiento que acaba de seguir. 
El artículo 129 dice muy claramente: «... al establecerse el orden del día o antes del comienzo del debate». 
Todavía no se ha abierto el debate y, si le he entendido bien, acabamos de establecer el orden del día. 
Yo quisiera volver a recordar asimismo que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial también solicitó en su última reunión que no se incluyese este punto en el orden del día, puesto que ya existe una nueva propuesta de la Comisión. 
Yo quiero reiterarle encarecidamente mi petición; también le sugeriría que conceda la palabra a la Comisión en relación con este tema. La verdad es que resulta francamente increíble que debatamos sobre algo que ya ha quedado totalmente obsoleto. 
Señora Breyer, lea usted bien el artículo. 
El artículo le autoriza a usted a pedir la devolución a comisión en tres supuestos: 
Primero: durante la fijación del orden del día, que no es ahora. 
Ahora no hemos fijado el orden del día, sólo lo hemos modificado. 
Cuando vaya a abrirse el debate podrá usted presentar su propuesta. 
Pero no en este momento, pues no estamos fijando el orden del día sino simplemente aprobando, como hemos hecho, unas modificaciones. 
Detención de Abdulá Ocalan y problema kurdo 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la detención de Abdulá Ocalan y la necesidad de una solución política al problema kurdo. 
Tiene la palabra, en nombre del Consejo, el Sr. Volmer. 
Señor Presidente, Señorías, es una satisfacción para mí tener la oportunidad de dirigirme por primera vez a esta Cámara. 
El motivo del debate de hoy son, por desgracia, unos hechos lamentables. 
Tras la detención del Sr. Ocalan por las autoridades turcas y la incapacidad o la imposibilidad de la comunidad de las naciones para encontrar una solución internacional sobre la manera de hacerle rendir cuentas ante la justicia, en casi todos los países europeos se ha producido lamentablemente una escalada de acciones violentas, con un saldo de muertos, heridos y daños materiales muy cuantiosos. 
Nosotros condenamos con la máxima firmeza el recurso a la violencia. 
No podemos tolerar ni aceptar que los problemas políticos- por muy graves que sean- se diriman mediante ese tipo de acciones violentas. 
Desde que este asunto alcanzó dimensiones críticas, todos los Estados europeos y también la Unión Europea han mantenido conversaciones a diversos niveles sobre las posibilidades de contribuir a una solución de los conflictos en el Sudeste de Turquía. 
Ustedes, Señorías, han tomado en conocimiento la Declaración común de la Unión del 22.2.1999. 
Se están multiplicando las voces que piden una actuación en el ámbito de la política exterior tras los escándalos provocados por el PKK en Europa. 
No debemos olvidar que los disturbios de los últimos días son derivaciones de un conflicto que se desarrolla ante todo en Turquía- nuestro socio en el marco de la OTAN y que algún día también lo será de la UE- y cuyas raíces también se encuentran allí. 
Mucho de lo que se ha dicho en los debates públicos de los últimos días requiere, por otra parte, una reflexión ordenada. 
Voy a intentar contribuir a ella, si ustedes me lo permiten. 
En mi opinión, es justo decir que el PKK se está desprestigiando con sus acciones terroristas y violentas. 
También se ha desprestigiado en lo que se refiere a la defensa de los legítimos intereses de la población kurda. 
Sin embargo, el PKK de Ocalan, con su actual visibilidad y capacidad de llamar la atención, con su actual papel y poder, desde luego no sería concebible sin la actual situación interna de nuestro socio, Turquía, que vive con el continuo temor a que se ponga en entredicho su integridad territorial. 
En este sentido, el PKK, sus objetivos y sus métodos, son en parte un síntoma de un problema más profundo. 
Precisamente por esto no podemos considerarlo como un representante legítimo de los intereses kurdos ni reconocerlo como una de las partes en conflicto. 
Al contrario, el PKK se ha desacreditado repetidamente como fuerza política con sus desatinadas acciones violentas. 
El riesgo de que ello afecte, además, también a la respuesta de amplios sectores de la opinión pública europea con respecto a las aspiraciones kurdas es incalculable. 
El PKK tiene una influencia clave en el hecho de que Turquía interprete, todavía en la actualidad, cualquier sentimiento de identidad étnica como una amenaza para su unidad estatal y su integridad territorial. 
Disipar dichos temores es un requisito previo para que Turquía pueda llegar a satisfacer en un futuro las aspiraciones legítimas de los grupos étnicos y a distinguirlas de la amenaza terrorista. 
A este proceso se opone, no únicamente pero sí como un aspecto esencial, el hecho de que un grupo dispuesto a recurrir a la violencia- y que con demasiada frecuencia también realiza acciones violentas en Europa- se presente como representante legítimo de los intereses kurdos. 
Si deseamos impulsar una auténtica solución, hemos de tener el valor de decir la verdad y la fortaleza de contribuir a la reconciliación. 
El primer paso para ello es tener la valentía de expresar, amigablemente, algunas verdades, aunque sean incómodas o resulten inoportunas. 
A mi parecer, hay que reconocer, en primer lugar, que existe un problema kurdo y, en segundo lugar, que éste sólo se podrá solucionar, en definitiva, en Turquía. 
En tercer lugar, tenemos que entablar un diálogo con Turquía sobre la mejor manera de resolverlo. 
Nuestra opinión es que todo pueblo tiene derecho a la independencia cultural y a una autonomía al menos parcial en este ámbito. 
Es preciso distinguir muy claramente entre este derecho y el derecho a la independencia política, cuyo resultado es el separatismo. 
Esta distinción entre independencia cultural y separatismo político ha sido también precisamente la clave con la que el Grupo de Contacto intenta contribuir a una solución pacífica en las negociaciones de Rambouillet. 
La misma distinción constituye asimismo, a nuestro parecer, la clave para la solución de otros conflictos regionales. 
Nosotros esperamos que el Gobierno turco aproveche la oportunidad que le brinda la detención de Ocalan y que sepa apreciar la distinción entre separación política y autonómica cultural. 
Esto también se puede argumentar sobre la base del Derecho internacional. 
El derecho a la autodeterminación de los pueblos no implica automáticamente el derecho a la constitución de un Estado, pero, recíprocamente, tampoco es admisible que se nieguen y se aplasten los derechos de las minorías, como por ejemplo el derecho a la independencia cultural, al amparo de un temor, justificado o injustificado, al separatismo. 
Nosotros esperamos poder entablar un diálogo con Turquía que permita extraer conclusiones fructíferas. 
Algunas declaraciones procedentes de la propia Turquía también nos resultan alentadoras en este sentido. 
Por ejemplo, el Presidente del Estado, Demirel, se manifestó en favor de una posible amnistía para los combatientes del PKK que depongan las armas. 
El Primer Ministro Ecevit se ha manifestado contrario a la pena de muerte. 
El Parlamento turco ha presentado un proyecto de ley que prevé una cierta regionalización de Turquía. 
Son señales alentadoras que acogemos favorablemente como una base para alcanzar un resultado viable, tanto para el Estado turco como para la minoría kurda. 
Nosotros declaramos sin ambages que Turquía tiene un interés plenamente justificado en el mantenimiento de la integridad estatal y la apoyaremos en este sentido. 
Por el otro lado, los kurdos tienen un interés absolutamente legítimo en el desarrollo de su independencia cultural y nosotros también apoyamos esta posición. 
Nos proponemos discutir los temas pendientes con el Gobierno turco. 
Las condiciones para un diálogo son ahora más favorables que en el pasado, puesto que desde diversos sectores se ha ofrecido a Turquía la posibilidad de llegar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea si cumple todos los criterios que se establecieron en Copenhague para todos los aspirantes a la adhesión. 
Esto incluye, en particular, los criterios en el ámbito de la democratización y los derechos humanos. 
Los debates sobre la reforma del derecho a la nacionalidad en Alemania- si me permiten una referencia a la situación política interna de mi país- han contribuido asimismo a mejorar considerablemente las relaciones de diálogo con Turquía. En efecto, si se considera que los problemas de los refugiados y solicitantes de asilo tienen que resolverse donde se encuentran las causas que les inducen a buscar refugio, uno de los requisitos más importantes para ello es mejorar las relaciones de diálogo con Turquía. 
El debate alemán sobre la reforma del derecho de nacionalidad cumple una importante función en este contexto. 
Yo espero que Turquía aproveche la oportunidad que ofrece la situación actual y avance un paso en la aproximación a Europa, resolviendo la problemática kurda sobre la base de la democracia, de los derechos humanos y de las minorías. 
Aplausos 
Señor Presidente, hay poco tiempo, por tanto, para mayor brevedad, permítame sumarme a las palabras formuladas por la Presidencia del Consejo; solamente subrayo de nuevo que la Comisión suscribe plenamente, por supuesto, la declaración realizada el pasado lunes por el Consejo. 
En ella se reitera de forma clara la condena del terror, y eso se aplica al comportamiento de Turquía tanto en la lucha contra los extremismos como en las acciones contra los kurdos, cuando se sale del margen de la ley, tal como desgraciadamente hemos visto con la detención y traslado de Ocalan a Turquía. 
En segundo lugar, respetamos la integridad territorial de Turquía, cuestión que no debe figurar en toda esta discusión. 
Además, señalo nuestro deseo y ruego explícito a este país para que acate los convenios que ha firmado a fin de que se celebre un proceso independiente y justo, y se respeten los derechos de la defensa y del acusado. 
Por último, también insistimos en que no se permitan esos excesos en la lucha contra las actividades terroristas, lucha en la que, por supuesto, debemos respaldar a Turquía. 
Nosotros tampoco aceptamos el terror en nuestros propios países; no obstante, todo esto no basta y debemos analizar de nuevo en qué medida se puede encontrar en este momento una solución política no violenta para lo que ahora se conoce como problema kurdo. 
El reconocimiento de semejante problema supone el principio de su solución. 
Al igual que la Presidencia del Consejo, nosotros también queremos decir que no está bien criticar única y exclusivamente a Turquía. 
Ni el Consejo ni la Comisión han escatimado las críticas a este país en lo relativo al respeto de los derechos humanos. 
Sin embargo, el problema kurdo como tal es, desde luego, de una enorme complejidad y dificultad, con muchísimas y amplias repercusiones. 
Así mismo, conforme a lo señalado, señor Presidente, quisiera atraer de nuevo su atención y la de su Parlamento sobre las propuestas que hace tiempo efectuó la Comisión para intentar contribuir a mejorar la situación en el sudeste de Turquía, especialmente su estado de subdesarrollo social y económico, a través de programas MEDA específicos precisamente para esa región, sabiendo que el terror encuentra generalmente un terreno fértil allí donde existe subdesarrollo social. 
El problema kurdo no constituye en sí mismo, por supuesto, un problema económico, sin embargo, éste debe ir unido al desarrollo de una acción política a fin de encontrar una solución definitiva a las reivindicaciones legítimas de la comunidad kurda en cuanto a su identidad cultural y a los derechos de las minorías. 
Señor Presidente, hasta hoy, siempre que hemos planteado la cuestión kurda, la respuesta de Turquía ha sido la de que, en primer lugar, es un asunto interno y, en segundo lugar, que es un asunto de terrorismo. 
Los acontecimientos de los últimos días y meses y, en particular, las recientes manifestaciones habidas en Europa han demostrado que es una cuestión internacional con importantes consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad europeas. 
Mi Grupo cree y lo ha declarado en muchas ocasiones que el terrorismo es un síntoma de problemas y que sólo se puede abordar, si se eliminan las causas que lo alimentan. 
Igual que en Irlanda del Norte el «domingo sangriento» brindó un pretexto perfecto para que el IRA reclutara adeptos, la destrucción de aldeas en la Turquía sudoriental y las repercusiones del estado de excepción en los civiles sólo ha servido para fortalecer el terrorismo. 
En mi circunscripción del Norte de Londres viven muchos miles de refugiados kurdos, principalmente de Turquía. 
Cualquiera que, como yo, haya pasado tiempo escuchando a esas personas y hablando con ellas no puede poner en duda su desesperación o su apasionado deseo de paz y su deseo auténtico de ejercer su cultura, su lengua y su tradición como kurdos. 
Aquellos de Sus Señorías que miraran sus pantallas de televisión la semana pasada verían a una muchacha kurda de 15 años prenderse fuego en Londres. 
Esa muchacha vive en mi circunscripción de Wood Green. 
Su familia y ella viven como refugiados. 
Quiero rechazar cualquier insinuación de que esas personas, a las que todos vimos manifestándose la semana pasada, no fueran sino una panda de terroristas. 
Aplausos 
Sencillamente, no es cierto. 
Naturalmente, entre aquellos manifestantes estaban quienes apoyan la actividad terrorista y todos nosotros los condenamos activamente. 
Pero la mayoría eran personas preocupadas por la paz, como Sus Señorías y yo. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo quisiera hacer ahora un llamamiento a Turquía para reconocer que este momento representa una oportunidad para las autoridades y los partidos políticos turcos. 
La detención y el próximo juicio del Sr. Ocalan brindan una oportunidad para demostrar que incluso en los juicios más delicados la judicatura de Turquía puede actuar de forma justa y transparente y cumplir con sus obligaciones internacionales. 
Hay quienes preguntan si tenemos derecho incluso a formular esa pregunta. 
Naturalmente que lo tenemos. 
He hablado con ministros turcos que me han dicho que hay asesinatos extrajudiciales en Turquía y tortura en las cárceles. 
De modo que tenemos derecho a formular esas peticiones. 
Sin embargo, existe una oportunidad mayor. 
Ahora Turquía podría tomar la iniciativa para abordar las legítimas reivindicaciones de sus ciudadanos kurdos. 
Acojo con beneplácito la declaración del Consejo a ese respecto. 
Turquía podría reformar el sistema político para permitir a la minoría kurda expresarse dentro del mismo. 
Podría actuar para abordar las profundas desigualdades económicas existentes entre el sudeste y el resto del país. 
Podría velar por que los kurdos tengan derecho a que sus hijos reciban la educación en su lengua. 
Al acercarse las elecciones en Turquía, podría poner fin al hostigamiento del HADEP y brindarle la posibilidad de participar en condiciones de igualdad con los demás partidos de Turquía. 
Aplausos 
Ésas son las medidas que podrían convencernos de que Turquía se toma en serio su solicitud de adhesión a la UE. 
Ésas son las medidas que promoverían inmediatamente la estabilidad y la seguridad tanto para Turquía como para la Unión Europea y recibirían el apoyo más aplastante de esta Asamblea. 
Aplausos 
Señor Presidente, todos, efectivamente, incluyendo la prensa, expresamos claramente en este momento nuestro deseo de que se celebre un proceso justo y abierto para el Sr. Ocalan. 
Aun cuando se trate de alguien que presumiblemente será condenado por terrorismo probado. Aun cuando se trate de alguien que no ha rehuido las acciones violentas, un tipo de acción con el que nunca hemos simpatizado como tampoco lo hemos hecho con la dura represión ejercida por el ejército turco en el sudeste de Turquía. 
No obstante, abogamos por un proceso justo, equitativo y abierto, y no sólo porque eso tenga que ver con la valoración de la Unión Europea, ya que en caso contrario Turquía no podría llegar nunca a ser miembro de la Unión Europea. Resultaría sorprendente, por supuesto, que se celebrara un proceso justo y abierto únicamente por estas razones. 
Además, tenemos que solucionar, desde luego, muchos otros problemas políticos de la relación con Turquía antes de que ésta pueda adherirse a la Unión. 
Me sorprenden las reacciones que van en esa dirección, a veces también las de los ministros de Asuntos Exteriores, entre ellos, el de los Países Bajos. 
Nosotros como Unión Europea debemos ser conscientes de que este proceso no es sino un síntoma de un problema más profundo, un problema que nos concierne a todos, entre otras cosas, porque muchos turcos y turcos de origen kurdo viven en la Unión Europea. Año tras año, generación tras generación, acostumbrados a la democracia y al estado de derecho, muchos de ellos querrían iniciar una discusión, entablar realmente un diálogo sobre esta cuestión. 
Quisiera hacer también un llamamiento a los representantes de la Unión, al Consejo y a la Comisión para apoyar a aquellos kurdos y turcos que quieran iniciar un diálogo dentro de la Unión para liberar a Turquía de sus problemas relacionados con las minorías. 
Particularmente los moderados podrían llegar a una solución. 
Condenamos plenamente esa violencia, pero también ha habido manifestaciones, como la que tuvo lugar a finales de la semana pasada en Amsterdam, que se han desarrollado muy dignamente y en las que hemos podido ver que también entre los kurdos existe una comunidad de tendencia democrática moderada. 
Debemos escucharla. 
Creo que Turquía debe aprovechar el momento para ser generosa, generosa para solucionar los problemas de los kurdos. 
Supongo que a todos nos importa que un estado que quiere ser miembro de la Unión Europea sea consciente de los problemas de las minorías. 
Eso puede llevarse a cabo respetando la integridad territorial de Turquía, porque creo que todos estamos de acuerdo con el Presidente del Consejo, quien ha dicho que la autodeterminación no implica separatismo. 
Si se vive en un estado democrático de Derecho, esa autodeterminación resulta particularmente posible. 
Se trata de que Turquía aproveche la ocasión para avanzar rápidamente en esa dirección. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la detención de Ocalan tiene dos vertientes. 
En primer lugar, se trata de un hombre que ha dirigido impasiblemente una organización terrorista, el PKK. 
El mismo hombre y el mismo PKK nunca han logrado que aquí se respaldaran sus actos, por muy trágica y carente de futuro que pueda ser la suerte de los kurdos. 
No obstante, insistimos en que se celebre un proceso abierto ante un tribunal civil. 
Si Turquía quiere de verdad llegar a ser miembro de la Unión debe demostrar, por descontado, que es un verdadero estado de Derecho. 
Por otra parte, la detención de Ocalan trae de nuevo la trágica suerte de los kurdos a la actualidad política. 
Quisiera referirme a un informe de mi ex-colega, el liberal italiano Gawronski, adoptado en esta Casa en votación general hace siete años, sobre las posibilidades de incluir el problema kurdo en el orden del día del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. 
Afecta a un pueblo, ustedes lo saben, de 25 millones de personas cuya existencia no se reconoce. 
Este pueblo ha sido víctima, según se dice, de divisiones internas. Así mismo, ha sufrido una diseminación a lo largo de siete países y, sobre todo, su negación por la comunidad internacional especialmente a principios de los años veinte cuando Francia y Gran Bretaña eran todavía potencias mundiales. 
El PKK no es lo mismo que los kurdos. 
Este movimiento radical representa solamente a una parte. 
Hay numerosas organizaciones entre los kurdos que sí respetan las reglas democráticas. 
El Gobierno turco comete un error al prohibir todas estas organizaciones. 
El Sr. Oostlander ya lo ha señalado. 
De esta manera se alejan de las fuerzas democráticas, propician la radicalización de los kurdos y truncan las posibilidades de encontrar una solución factible. 
¿Qué puede hacer la Unión? 
La Unión debe continuar fomentando la democratización y los derechos en Turquía y enviar observadores, claro. 
La Unión debe insistir en el respeto de los derechos de los ciudadanos y de las minorías. 
Los ciudadanos deben tener derecho a su propia lengua y cultura. 
También los partidos democráticos, como el HADEP, deben contar con derechos ¿Cuándo se va a poner fin al encarcelamiento de tantos diputados kurdos? 
Turquía debe favorecer el desarrollo social y económico del sur del país. 
Tengo todavía una larga lista con lo que debe hacerse. 
En efecto, Turquía ha traído la cuestión kurda a la actualidad de forma involuntaria. 
Tal vez, señor Presidente del Consejo y señor Comisario, también podamos incluirla en el orden del día. 
Debemos contar con una common position en relación con el asunto Ocalan, algo que no tenemos. 
Debíamos, como Unión y como Estados miembros, haber valorado nuestras responsabilidades, eso se llama contingency planning, en un problema que existe desde hace ya 20, 30, 40 años. 
Señor Presidente, está claro, está confirmado históricamente que la larga y tormentosa lucha por la liberación del pueblo kurdo va a seguir hasta que éste logre un final victorioso. 
Históricamente a ningún pueblo le ha sucedido de forma distinta. 
Ahora bien, veo que se está haciendo un esfuerzo por posponer el tema, especialmente por parte de los representantes del Consejo y de la Comisión. 
¡Demasiadas lagrimas por el juicio público, y con todas las garantías, a Ocalan! 
Sin embargo, los dos, especialmente el representante del Consejo, se han presentado aquí como representantes del Tribunal de Seguridad de Turquía. 
Han dicho que Ocalan carece de credibilidad, que no es digno de confianza para representar al pueblo kurdo, por tanto, » crucifícalo» por terrorista. 
¿Qué más quieren? 
¿Por qué apelan a la justicia, a los acuerdos internacionales, etc? 
¡Ustedes los han puesto en ridículo! 
¡Los han arrojado al barro cuando, durante tres meses, han estado haciendo o han dejado de hacer lo que debían y lo han entregado a los servicios secretos americanos y turcos, y ahora al militarismo de los verdugos! 
Ustedes no tienen derecho a invocar estos derechos y estos acuerdos internacionales. 
Y todo esto lo han hecho para no perder un puñado de dólares de las inversiones en Turquía, para no desagradar al gran jefe transatlántico que ha bautizado a Ocalan, como a todo aquel que lucha por su pueblo, con el nombre de terrorista. 
Ustedes, sus padres, sus hermanos, lucharon contra el conquistador nazi, y entonces, el gran jefe transatlántico les llamaba terroristas y les ejecutaba. 
Lo mismo han hecho ustedes con Mandela, con Arafat, al que ahora aceptan oficialmente y van a recibir en el Parlamento. 
Lo mismo va a ocurrir con Ocalan o con quien le sustituya. 
¡La historia no va a dar marcha atrás! 
Señor Presidente, aprovechando esta oportunidad, quiero decir que no se trata sólo del tema Ocalan. 
En este momento tres jóvenes kurdas se encuentran en una embajada en Nairobi; corren peligro de que los servicios secretos americanos y quién sabe qué otras fuerzas misteriosas las detengan en cualquier momento y correr la misma suerte que Ocalan. 
Hace falta un apartado especial en la resolución, una intervención especial. 
Aquí tienen, señores representantes del Consejo y de la Comisión una oportunidad gloriosa para actuar: que se den garantías de que estas jóvenes, que tienen nacionalidad belga y griega... .... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, Señorías, después de numerosos años de guerrilla y de represión contra los autores de atentados terroristas que se han saldado con miles de muertos es cuando Turquía ha llegado a detener al principal instigador de esos actos de violencia, el presidente del Partido de los Trabajadores Kurdos, Sr. Ocalan. 
No nos erijamos en censores, papel que resulta fácil cuando uno mismo no está implicado en el conflicto, sino que, por el contrario, intentemos extraer los aspectos positivos que representa, para el futuro de la paz en la región, la nueva situación creada por la detención del líder kurdo. 
Desde hace más de veinte años, las poblaciones kurdas repartidas entre cuatro países, Turquía, Irak, Irán y Siria, no han tenido otro medio de expresarse que la violencia. 
Condenamos, por supuesto, todas las formas de terrorismo y de actos violentos, que nunca han hecho progresar ninguna causa, pero, ahora que está en prisión el jefe de la principal organización responsable de estos atentados, es necesario y urgente hallar una solución al problema de unos treinta millones de personas. 
Los últimos veinte años de guerrilla no han permitido tomar en consideración las reivindicaciones culturales, lingüísticas y humanitarias de estas poblaciones, y ahora le correspondería a la comunidad internacional intentar hallar una solución diplomática y pacífica que reconociera a las poblaciones kurdas el derecho a una cierta autonomía dentro de las fronteras actuales de los cuatro Estados. 
Asimismo, la detención del Sr. Ocalan debiera poner de relieve que el PKK no es el único y exclusivo representante de la comunidad kurda y, también a este respecto, es nuestro deber insistir ante las autoridades turcas para que no se haga responsable a toda la comunidad kurda de la actuación de este líder que se ha atribuido abusivamente el papel de portavoz de todos los kurdos. 
Por otro lado, también instaremos a las autoridades turcas a que las condiciones del proceso permitan que la comunidad internacional, pero también las poblaciones kurdas, puedan valorar en su justa medida las razones de su detención y encarcelamiento. 
El último punto que deseo mencionar se refiere a los actos violentos ocurridos en territorio europeo y a la toma de rehenes en nuestras diversas embajadas por manifestantes kurdos que protestaban contra la detención de su jefe. 
Frente al carácter manifiestamente muy bien organizado y orquestado de estas acciones violentas, se vio con toda claridad que la Unión, por su parte, estaba completamente desorganizada. Esto constituye un argumento a favor de que intensifiquemos las relaciones entre nuestros respectivos servicios de policía en lo que se refiere al intercambio de información, a fin de que el terrorismo internacional no dicte la ley en nuestro territorio. 
Señor Presidente, el asunto de Abdulá Ocalan comenzó mal en noviembre pasado y ahora ha terminado mal. 
Los países de la Unión Europea estaban de acuerdo en que el Sr. Ocalan no debía ser entregado a Turquía, pero no dieron ninguna respuesta a la pregunta de dónde debía quedarse. 
Nadie, ningún país, ni de forma individual ni conjunta, le ha concedido asilo político. 
Ésta era, por supuesto, la otra cara de la moneda. 
Quien dice A, también debe decir B y Europa no ha hecho eso. 
Ahora constatamos que en la propia Turquía, a pesar de las numerosas declaraciones triunfalistas que se han realizado, también se es consciente de que, por una parte, Ocalan está detenido, pero que con ello no se soluciona la cuestión kurda. 
La pregunta en este momento es si Europa puede hacer algo políticamente relevante en todo este asunto. 
Es correcto considerar el problema kurdo como un problema político, como un problema internacional, pero, sobre todo, como un problema internacional que se plantea en Europa. 
No tenemos la impresión de que las acciones de los Estados Unidos hayan tenido en cuenta las consecuencias para Europa. 
Lo que de forma concreta puede hacer todavía Europa, en nuestra opinión, es, en primer lugar, continuar ejerciendo presión de cara a cómo debe desarrollarse el proceso. 
Vemos que las críticas que hasta el momento se han realizado han tenido ya cierto éxito, es decir, aunque el asunto se desarrolle ante un tribunal de seguridad del estado, ya que no es posible ninguna jurisdicción autónoma, Turquía empieza a reaccionar ante las críticas y comienza a adoptar algunas medidas para designar solamente procuradores civiles, etc. Debemos seguir rechazando el tema del tribunal militar. 
Así mismo, debe enviarse una delegación de la Unión integrada por médicos, juristas y gente que esté familiarizada con los derechos humanos para ocuparse de que Ocalan tenga un proceso justo en un estado de salud aceptable. 
En segundo lugar, también nos parece crucial que los kurdos democráticos tengan cabida en la carrera electoral. 
En lo que a eso respecta, el HADEP se encuentra en este momento en grandes dificultades y también tenemos que insistir en que, en un proceso electoral normal y justo, todos los partidos deben poder participar libremente. 
Éste no es el caso. 
También en este punto, el Parlamento Europeo debe adoptar una iniciativa y eso puede hacerse perfectamente mediante el envío de una delegación. 
Solamente en una Turquía democrática, en una Turquía que ha logrado la democracia, es posible solucionar el problema kurdo. 
Señora Presidenta, nuestro Parlamento de la Unión Europea adopta con mucha frecuencia, demasiada creo yo, una postura ejemplarizante, procurándose buena conciencia a bajo precio. 
Mañana votaremos, una vez más, para denunciar todo lo malo que pensamos sobre los riesgos a los que está expuesta la vida de Abdulá Ocalan y pediremos, con razón, una solución política al problema kurdo. 
Yo, por mi parte, desearía que también aprovecháramos la ocasión- y es algo que apenas aparece en nuestro texto, ni siquiera en nuestro debate- para hacer examen de conciencia y que los amigos de Ocalan, los que han querido apoyar la causa del líder del PKK y que, en realidad- es la impresión que yo tengo- han acelerado su caída, hagan también examen de conciencia a propósito de la actitud que hemos tenido nosotros precisamente, en la Unión Europea. 
Un país que tendría que haber pedido la extradición no lo hizo, señor Presidente del Consejo. 
Nuestro país dudó demasiado tiempo- es lo menos que se puede decir- en lugar de elegir la única vía que quizá habría evitado lo que sucedió a continuación. 
Ocalan está en Turquía cuando todo el mundo decía que, sobre todo, lo que no hacía falta es que fuera a Turquía. 
Quizá, a nivel de Italia, tendríamos que haber asumido nuestras responsabilidades en vista de que ni Alemania ni la Unión Europea pudieron dar con la solución política que se hacía necesaria, reforzando quizá el procedimiento de Schengen y el procedimiento de asilo. 
En mi opinión, quizá Italia habría tenido que aceptar las normas del convenio sobre el terrorismo, juzgar ella misma a Ocalan y asumir sus responsabilidades. 
No ha sido así, y creo que esta mea culpa europea debe añadirse al expediente para que nos sirva de lección en el futuro. 
Sin la unión política, seguiremos teniendo casos del mismo tipo y nuestra Unión no saldrá engrandecida del asunto. 
Señora Presidenta, todos los pueblos tienen derecho a una nación propia y todos los acusados tienen derecho a un proceso justo. 
Turquía oprime al pueblo kurdo y no tengo ninguna confianza en que el Sr. Ocalan goce de un proceso justo. 
Creo que ahora mismo está sufriendo torturas. 
Nunca he visto otro trato diferente con los prisioneros políticos en Turquía. 
En una ocasión un grupo de políticos procedentes de la mayoría de los países occidentales acompañamos a dos políticos exiliados en su viaje a Ankara. Íbamos a ser su escudo. 
Nada más llegar al aeropuerto fueron detenidos y directamente envíados a algún sitio en el que fuera posible interrogarlos y torturarlos. 
Tratamos de visitarlos en la prisión; sin embargo, no entramos. 
En el vestíbulo de entrada vi a dos niños de la misma edad que mis hijos- 8 y 11 años- con las manos esposadas a la espalda. 
¿Cómo pueden unas personas adultas tratar a niños como criminales antes incluso de que éstos hayan llegado a la pubertad? 
En nuestra segunda visita a Ankara durante el proceso, entregué a los dos acusados una carta personal del Presidente del Parlamento, Sr. Plumb. 
De esta forma pude al menos saltar el cerco y hablar con ellos. 
Me relataron graves torturas. 
Lo peor no eran los cigarrillos encendidos o las descargas eléctricas. 
Lo peor era que los despertaban cada vez que se quedaban dormidos para volver a interrogarlos y torturarlos. 
Los países europeos deben decirle a Turquía de una vez por todas que la tortura es un crimen contra la humanidad. 
No es posible mantener relaciones normales con Turquía mientras que ésta siga torturando y oprimiendo al pueblo kurdo. 
¿No puedo, acaso, proponer que hagamos que los miembros de nuestra delegación para Turquía se turnen para asistir al proceso? 
Señora Presidenta, el caso Ocalan obliga a la delegación de Alianza Nacional a hacer algunas reflexiones: primero, las minorías kurdas en Turquía, en Iraq y en Irán tienen derecho a que se les reconozcan sus identidades, sus especificidades y sus aspiraciones a una fuerte autonomía; segundo, el PKK no es el único ni el más importante partido político apto para representar estas aspiraciones; tercero, para autofinanciarse el PKK ha utilizado en su lucha instrumentos de puro terrorismo y los medios más abyectos, incluido el tráfico de drogas; cuarto, la Europa de los Gobiernos socialistas de izquierda se ha demostrado incapaz de abordar de forma unitaria y coherente el caso Ocalan. 
Dicho esto, no podemos aceptar un juicio rápido y sin garantías por parte de Turquía y pedimos que el mismo se desarrolle en el respeto de los derechos del acusado y no bajo el riesgo de la pena de muerte. 
Tampoco podemos aceptar que nuestras ciudades se conviertan en un terreno de enfrentamiento y de violencia gratuita de quienes han sido acogidos en nombre de razones humanitarias. 
Para terminar, una alusión a las afirmaciones del Presidente en ejercicio del Consejo que son realmente graves. 
En efecto, sería preocupante si fuera cierto que un Estado miembro como Grecia apoyó, más o menos indirectamente, al PKK en nombre de una atávica e incomprensible enemistad hacia el pueblo turco. 
Señora Presidenta, el señor Presidente del Consejo ha expuesto con toda claridad que ha quedado de manifiesto una incapacidad del Consejo y de la comunidad de Estados europeos para abordar conjuntamente el problema de Ocalan. 
Sí, esta incapacidad se ha dado, en efecto, y se ha manifestado de manera vergonzosa en los últimos meses. 
Sin embargo, lo que a mí me indigna en particular y me parece especialmente vergonzoso es que incluso después de la llegada- involuntaria- de Ocalan a Turquía se emitiera una declaración que tiene menos valor que el papel sobre el cual está escrita, puesto que en ella no se menciona ni una sola vez el problema kurdo o la situación kurda. 
Sólo se habla de problemas que es preciso resolver. 
Señor Presidente del Consejo, usted no es responsable de un modo particular de dicho documento. 
Usted se ha expresado aquí con palabras claras y precisas. 
No ha sido blando con el PKK, pero al menos ha hablado un lenguaje claro e inequívoco. 
Yo desearía que los Ministros de Asuntos Exteriores o el Consejo empleasen un lenguaje igualmente inequívoco, en vez de producir documentos como el citado, que en realidad dan fe de su incapacidad para alcanzar una posición común. 
En segundo lugar, el tema que hoy nos ocupa es también el caso Ocalan y no sólo el problema kurdo en general, y Pauline Green ha expuesto con toda claridad nuestra posición con vistas a una solución pacífica y política. 
Ocalan no es para nosotros un gran héroe ni la figura del «tío protector» , pero merece, al igual que muchos otros, un trato justo, un trato que vele por su salud, un trato imparcial, correcto, público y transparente, un trato que permita, además, el contacto con los abogados, abogados que esperamos que también pueda elegir con auténtica libertad. 
Por esto también nos preocupamos por Ocalan, porque se ha convertido en un símbolo, un símbolo de muchos otros procesos que lamentablemente se desarrollan en Turquía sin que se les preste atención y en los que se procede de manera parcial, no transparente y en violando las reglas del Estado de Derecho. 
Que Turquía desarrolle al menos este proceso de manera objetiva, imparcial y pública no es sólo una cuestión de humanidad, sino también de perspicacia política. 
Exigimos a Turquía- y no dejaremos de exigírselo- que modifique su actitud y se proponga resolver políticamente el problema, que aborde políticamente el problema de los kurdos y de los derechos de los kurdos; en este aspecto, le doy toda la razón en sus manifestaciones al respecto. 
Cuando esto suceda, Turquía puede tener la seguridad de que todos los miembros de este Parlamento se encargarán de convencer también a los kurdos de que deben contribuir asimismo a hacer posible una solución pacífica, política. 
Se necesita la colaboración de ambas partes, de Turquía y de las organizaciones kurdas, que deben hacer todo lo posible para alcanzar una solución pacífica. 
Desde esta Cámara, no dejaremos de abogar, en cualquier caso, por una solución pacífica para un problema que sólo será posible resolver por medios pacíficos y políticos. 
Señora Presidenta, es una constatación más que un juicio que, cuando el nombre de una persona por sí solo o con ayuda de lo demás se convierte en sinónimo de un problema político, luego es difícil diferenciar una cosa de la otra. 
El antecedente de Arafat debería enseñar algo. 
En otras palabras, así como detrás o junto con Arafat había y hay la cuestión palestina, detrás del caso Ocalan está el problema no resuelto del pueblo kurdo. 
Guste o no guste, Turquía debería partir de aquí para resolver un problema interno a través de la autonomía kurda y para crear una de las condiciones que pueden permitirle, en el futuro, su digno ingreso en Europa. 
Sin embargo, lo que hemos visto desde la captura ilegal de Ocalan no deja muchas esperanzas. 
Cuando se muestra a un prisionero en las condiciones en que se ha mostrado a Ocalan, jactándose de ello, todos los derechos humanos aparecen objetivamente desfigurados. 
Cuando los abogados tienen dificultades incluso para reunirse con su defendido, cabe dudar de la corrección de las normas procesales. 
Cuando nos encontramos ante un tribunal especial, en el cual se sienta también un coronel, la sensación es que nos encontramos más allá del concepto de estado de Derecho. 
Cuando, por último, se vislumbra la sombra de la horca en las conclusiones del juicio, es necesario que Turquía sepa lo que piensa Europa y lo es tanto para Turquía como para la propia Europa. 
Señora Presidenta, cuando se manifiesta una crisis como la que se ha producido con motivo de la detención del dirigente del PKK Ocalan, sólo hablamos de los síntomas momentáneos y no del trasfondo político general de dichos conflictos. 
Así sucede en el caso del problema kurdo y también de los problemas de Kosovo o de los focos de crisis de los Estados de la CEI. 
Evidentemente, tenemos que exigir firmemente el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos en Turquía. 
Al igual que debemos rechazar la pena de muerte en todo el mundo. 
Más allá de la política cotidiana, el caso Ocalan debería servir, además, como ocasión para adoptar también medidas a largo plazo encaminadas a desarrollar una política europea activa en favor de la paz, lo cual incluye también la imposición de las correspondientes sanciones a los países que atenten de manera sistemática contra los derechos humanos. 
Los derechos humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos deben tener prioridad frente a los intereses económicos. 
Actualmente, por desgracia, en el fondo ocurre lo contrario. 
En todos aquellos lugares donde venimos manteniendo durante años una actitud de observadores, sin levantar la voz, frente a injusticias fundamentales, también somos cómplices de las mismas. 
Señora Presidenta, el Sr. Swoboda ya ha descalificado el comunicado del Consejo porque el término «kurdos» no figura. 
Quisiera mencionar un periódico turco, el diario turco Radical, que alaba ese texto puesto que "... a eté redigé avec finesse et précaution... ». 
Eso significa, por tanto, que se trata de un texto extraordinariamente hipócrita. 
Comparto la opinión del Consejo en cuanto a que los problemas de Turquía deben solucionarse con medios políticos. 
Celebro las palabras del Consejo "... that all genuine efforts to separate the fight against terrorism from the search for political solutions... » que all genuine efforts deben realizarse, pero mi problema es que el Consejo no constata que de momento ese tipo de efforts no se realizan en absoluto en Turquía. 
El caso HADEP ante un tribunal de seguridad del estado se ha mencionado aquí, un proceso que además se abre antes las elecciones para cerrarse tras éstas, de manera que el elector sepa que corre el riesgo de votar a un partido equivocado cuando éste se prohíba después. 
Es asombrosamente elevado el número de intelectuales condenados o que todavía se enfrentan a la seguridad del estado por hacer precisamente aquello que el Consejo quiere que suceda en Turquía. 
Nada de esto figura en el texto del Consejo. 
Lo lamento profundamente. 
Quiero volver a lo que el Comisario Van den Broek acaba de decir a favor de la concesión de ayuda al sudeste de Turquía. 
No obstante, creo que hasta ahora resultaba extraordinariamente difícil prestar ayuda en un territorio en el que existe un enfrentamiento militar entre dos partes. 
Siempre se ayuda a una parte en detrimento de la otra. 
Esta situación se está clarificando, ya que, efectivamente, el PKK se encuentra debilitado militarmente y en el territorio puede suceder, por tanto, algo más. 
No obstante, el Comisario también podía haber dicho que la Unión Europea, con el respaldo del Parlamento, ya se está ocupando de ello; que hemos empezado a gestionar proyectos bastante importantes en los ámbitos de la salud pública y de la formación profesional. 
Sin embargo, los turcos todavía no han firmado el acuerdo de asociación, por lo que no pueden aceptar esa ayuda, ya que, por su culpa, falta la base financiera para ello. 
Una pequeña observación todavía, creo que es esencial que la Comisión apoye a las ONGs en Turquía para que establezcan la civil society, la democracia, los derechos humanos que son necesarios allí. 
Creo que es terriblemente malo que la Comisión, de momento, haya paralizado totalmente ese tipo de programas por los requisitos impuestos a las ONGs en lo que respecta al abono de fianzas, fianzas que éstas no pueden abonar. 
Considero que es indispensable que se haga algo a corto plazo. 
Señora Presidenta, Señorías, el Parlamento Europeo también está obligado a adoptar una postura clara en el debate en torno a la detención del jefe del PKK Ocalan. 
Yo quiero hacer constar que la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del 17 de febrero no cumple este requisito, ya que a mi modo de no ver debe de quedar la menor duda acerca de que el Parlamento Europeo condena el terrorismo del PKK con toda la firmeza. 
También es preciso condenar con la máxima energía las acciones violentas de los combatientes del PKK en toda Europa. 
Por consiguiente, nosotros instamos a todos los Estados a que actúen de manera consecuente contra dicha violencia y contra el terrorismo, tal como se ha expresado repetidamente en las declaraciones. 
Algunos Estados miembros de la Unión Europea no se han cubierto en absoluto de gloria en los últimos años en lo que se refiere a Ocalan y el PKK. 
Entre ellos, Sr. Ministro adjunto Volmer, también se cuenta Alemania y no sólo Grecia. 
Yo sólo puedo repetir lo que manifestamos en la reunión de nuestra Delegación- tal como ha expuesto su presidente, Dankert- en Estambul: la detención constituye un pleno éxito para Turquía frente a la citada posición de los Estados europeos. 
El resultado está a la vista: acciones violentas en toda Europa. 
Debemos dejar claro lo siguiente. 
Primero: que el Sr. Ocalan merece y tiene derecho a un juicio justo. 
Segundo: que la independencia de la justicia debe estar garantizada también en Turquía. 
Tercero: que debe permitirse la asistencia de observadores independientes al proceso. 
Cuarto: que instamos a Turquía a que perdone la vida al Sr. Ocalan en caso de que se dicte la esperada condena de muerte. 
Quinto: que si bien condenamos el terrorismo del PKK con la máxima firmeza, Turquía también debe dar pasos para encontrar soluciones políticas para los problemas kurdos. 
Sexto: que Turquía emitiría una señal clara si permitiese la participación del partido kurdo- que en la anterior ocasión obtuvo el 4, 6 % de los votos- en las elecciones del 18 de abril. 
Esta es otra exigencia que tampoco se incluye en el texto. 
Señora Presidenta, queriendo o sin querer, se ha creado mucha confusión sobre el tema Ocalan. 
Propaganda gubernamental, servicios secretos, organizaciones en conflicto, y también se han implicado múltiples intereses que alimentan con fervor la opinión pública europea y la alejan de las responsabilidades de la Unión. 
En esta confusión se están pasando por alto los principios simples y humanos que deben ser respetados. 
Primero, que el mundo civilizado rechaza el terrorismo y lo condena sean cuales sean sus objetivos. 
En ningún caso el fin justifica los medios. 
Pero, segundo, que hasta que se demuestre sin asomo de duda la culpabilidad de una persona, todos debemos ser protegidos para poder defendernos. 
Es lamentable que en la Europa en que nacieron estos principios no se haya propugnado su aplicación. 
Alemania lo podría haber juzgado porque acepta que es el líder de una organización terrorista que ha actuado también en Alemania. 
En lugar de esto, Ocalan ha acabado en el país en que está, ha demostrado que éste no proporciona ninguna garantía de un juicio justo y que le va a juzgar, y ahora, cuando hemos conocido la decisión del Consejo de Europa sobre las torturas que en este país se practican, expresamos nuestros deseos de que Turquía celebre un juicio con todas las garantías. 
¿Cómo va a defenderse nuestra Europa, no ante el terrorista PKK, sino ante el pueblo turco-kurdo, al que han cubierto de sangre durante sesenta años? 
Señora Presidenta, queridos colegas, como es natural, todos los diputados que ejercemos aquí nuestro trabajo democrático deseamos vivamente que el Sr. Ocalan sea sometido a un juicio justo, que ese juicio pueda ser contemplado por observadores exteriores y que se le otorguen todas las garantías a que cualquier acusado tiene derecho. 
Todo ello no impide, sin embargo, que sepamos muchos de nosotros que el resultado final de tantos años de guerra, de destrucción y de muerte, años durante los cuales el Sr. Ocalan ha encabezado el Partido de los Trabajadores Kurdos, ha sido el de llegar a su lógico, a su natural terreno. No se puede usar la violencia sistemáticamente sin pensar que, al final, uno es víctima de esa misma violencia. 
Nosotros tenemos que lamentar todo lo ocurrido por el descrédito que arroja sobre el conjunto de la gestión europea de nuestros asuntos de orden público. 
Tenemos que esperar y pedir que se resuelva el problema del pueblo kurdo, reconociendo entre sus derechos naturales la expresión de su propia lengua, de su propia cultura y de sus modos específicos de vivir, y que ello, al mismo tiempo, no ponga en riesgo la estabilidad de algunas viejas naciones de este continente europeo. 
Y es evidente que, entre ellas, aunque no sea miembro de la Unión Europea, hay que colocar a Turquía, porque Turquía es ciertamente miembro- y miembro relevante- del Consejo de Europa y de otras instituciones europeas. 
Por tanto, hay que pedir a todos una gran serenidad. 
Hay que solicitar que el Partido de los Trabajadores Kurdos no constituya de nuevo la punta de lanza de violencias y golpes de fuerza con los cuales ha agravado la situación de su líder, y esperar que sea posible abrir un camino a la justicia que incluya el reconocimiento de aquellos derechos que el pueblo kurdo debe tener tanto en el seno de Turquía como en el seno de otras naciones vecinas. 
Señora Presidenta, Señorías, yo me congratulo de que la gran mayoría de oradoras y oradores hayan suscrito, en principio, las declaraciones básicas del Consejo en relación con esta cuestión. 
La impresión que yo he sacado del debate es que existe una coincidencia muy amplia sobre algunos puntos, que voy a enumerar brevemente otra vez: 
Primero: condenamos decididamente toda forma de violencia y de terrorismo. 
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán, por lo demás, esta semana para tratar sobre este tema. 
Segundo: es preciso reconocer políticamente la existencia de un problema kurdo. 
No se debe seguir silenciando el problema kurdo. 
Tercero: es preciso establecer una clara distinción entre el PKK y los kurdos. 
Sólo una minoría de los kurdos es violenta. 
La mayoría son personas amantes de la paz, al igual que todos nosotros, que sólo desean vivir en paz y seguridad. 
Cuarto: el tema kurdo ha dejado de ser un asunto interno de Turquía; la violencia en nuestras calles demuestra, en efecto, que éste afecta prácticamente a todos los países europeos. 
Quinto: establecer una distinción entre separatismo e independencia cultural puede constituir la clave para avanzar en la solución de este problema. 
Sexto: todos coincidimos en que es preciso plantear a Turquía la exigencia de que el proceso se desarrolle de conformidad con los principios de un estado de Derecho y en el rechazo de la pena de muerte por principio. 
Yo puedo añadir que una misión de la troika comunitaria, al nivel de los directores políticos, viajará a Turquía en abril y luego le seguirá otra al nivel de los ministros de Asuntos Exteriores. 
Aprovecharemos esta ocasión para dialogar con Turquía en el sentido del debate que hemos mantenido y de los puntos que acabo de señalar. 
Señora Presidenta, yo sólo quisiera dirigir una breve pregunta al Presidente del Consejo, a saber, si también estaría dispuesto a transmitir al Consejo lo que acaba de declarar, en forma de una declaración general, y solicitar al Consejo que la acepte. 
Señora Presidenta, yo espero que lo que acabo de exponer habrá quedado recogido en el Acta y que podremos ponerlo a disposición del Consejo. 
Señora Presidenta, anteriormente he hablado sobre las tres jóvenes kurdas que se hallan en la embajada en Nairobi y he pedido al Consejo que dé garantías de que, como tienen pasaporte extranjero, puedan dirigirse con seguridad al país que les ha concedido el pasaporte. 
Sus vidas corren peligro. 
El representante del Consejo no me ha contestado. 
Le pido, por favor, que diga si va a hacer algo por este problema. 
Señora Presidenta, el Consejo ya ha respondido. 
Creía que la Comisión también contestaría y ahora, de repente, veo que ha desaparecido de la pantalla. 
Me parece muy extraño. 
La Comisión no ha manifestado el deseo de intervenir. 
¿Desea hacer la Comisión algún comentario al respecto? 
Señora Presidenta, no le voy a poner en una situación difícil. 
Mi respuesta a su Señoría, el Sr. Dankert, es que investigaré el problema que ha abordado en relación con las ONGs, a las que se solicita una garantía bancaria. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con él en que Turquía tampoco colabora en este momento, digamos, wholeheartedly en la ejecución de los programas. 
Agradezco en cualquier caso los esfuerzos que el Sr. Dankert y su colega, el Sr. McMillan-Scott, han realizado para establecer estos programas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Proyecto de acuerdo de la Comisión con Sudáfrica 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la negativa a aprobar el proyecto de acuerdo con Sudáfrica presentado por la Comisión. 
Señora Presidenta, la Unión Europea ha estado negociando desde 1995 un acuerdo con Sudáfrica. 
El proyecto de acuerdo prevé, entre otras cosas, la creación de una zona de librecambio en un plazo de diez años y una ampliación de la cooperación política, económica y en materia de política de desarrollo en todos los ámbitos. 
Las negociaciones fueron desde un comienzo muy difíciles, sobre todo debido a los problemas para la apertura mutua de ambos mercados agrícolas y a las diferentes posiciones con respecto a la utilización de las denominaciones de origen en el caso del jerez y del oporto producidos en Sudáfrica. 
Las posibilidades de excluir del acuerdo los productos agrarios sensibles son limitadas, pues de lo contrario se pondría en peligro la conformidad de la OMC. 
A pesar de estos problemas, la Unión Europea ha ratificado reiteradamente su gran interés político y económico en el acuerdo con Sudáfrica. 
El Consejo Europeo de Viena instó a que éste estuviera concluido antes del Consejo extraordinario de Berlín. 
El Comisario Pinheiro y el Ministro de Comercio sudafricano Erwin negociaron un compromiso global el 29 de enero en Davos, paralelamente a la celebración del Foro Económico Mundial. 
En el Consejo del 22 de febrero, la Presidencia alemana del Consejo intentó alcanzar un acuerdo político para la conclusión del acuerdo, sobre la base del citado paquete de compromiso, con el propósito de que fuese ratificado formalmente en el Consejo del 22 de marzo. 
En la reunión del Consejo se evidenció, no obstante, que en la Unión Europea todavía no existe un consenso con respecto a la conclusión de un acuerdo sobre la base del paquete de compromiso negociado por la Comisión. 
Los principales problemas proceden, en primer lugar, de las reservas de varios Estados miembros en lo que se refiere a la regulación prevista sobre la denominación de origen para el oporto y el jerez. 
Concretamente, se trata de la utilización de la denominación de oporto y jerez en el mercado sudafricano para los productos producidos en Sudáfrica. 
A algunos Estados miembros les preocupa sobre todo la posibilidad de que una regulación poco satisfactoria cree un precedente que repercuta también en las relaciones con otros socios comerciales. 
Las cuotas de importación negociadas y el calendario de supresión de los aranceles para las conservas y zumos de frutas tampoco satisfacen a todos los Estados miembros. 
Ante esta situación, el Consejo acogió con satisfacción los progresos conseguidos en la última ronda de negociaciones y solicitó a la Comisión que presentase lo más pronto posible propuestas para la solución de los problemas todavía pendientes, con el objetivo de que en próximo Consejo del 22 de marzo podamos alcanzar un acuerdo político sobre la conclusión del acuerdo. 
La Presidencia ratificó al mismo tiempo la decisión de la UE de alcanzar un acuerdo antes de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. 
La Comisión ya ha empezado los trabajos y ha iniciado conversaciones bilaterales con los Estados miembros que aún tienen dificultades. 
Todavía no sabemos cuáles serán los elementos de una posible solución. 
Seguramente será necesario mantener nuevas conversaciones con Sudáfrica. 
El Ministro de Comercio Erwin, que encabeza las negociaciones por parte sudafricana, rechazó por otra parte categóricamente, en una carta remitida al Comisario Pinheiro antes del Consejo del 22 de febrero, cualquier modificación del compromiso alcanzado en Davos. 
La Presidencia alemana del Consejo tiene muy presente la importancia de este acuerdo para las relaciones políticas y económicas con Sudáfrica y también como una clara muestra de apoyo a la democracia sudafricana y una contribución a la estabilización del África meridional. 
Nos proponemos apoyar, por lo tanto, con toda firmeza a la Comisión en su difícil tarea durante las próximas semanas. 
Estamos firmemente decididos a cumplir el calendario que se fijó en el Consejo de Viena, o sea, la conclusión del acuerdo para el Consejo extraordinario de Berlín. 
Tenemos la confianza de que todas las partes sabrán demostrar la flexibilidad necesaria para resolver los escasos puntos conflictivos que aún quedan pendientes. 
Pueden tener ustedes la seguridad de que la Presidencia alemana del Consejo hará cuanto esté en su mano para conseguir que de Consejo dé su conformidad para la conclusión del acuerdo dentro del plazo previsto. 
Señora Presidenta, después de la abolición del sistema de segregación racial en Sudáfrica, los políticos de la UE han prometido reiteradamente a Nelson Mandela un acuerdo de libre comercio que sea justo, un acuerdo necesario y estratégico que estimule positivamente el desarrollo de las zonas más pobres del país y que sería de vital importancia para la paz, la estabilidad y el desarrollo en toda la región del sur de África. 
Las negociaciones han durado casi cuatro años, negociaciones que no siempre han reflejado las hermosas promesas, sino que más bien, en muchos aspectos, han demostrado las peores tendencias proteccionistas, sin importar si se trataba de frutas, verduras, vino, patatas o flores. 
Este Parlamento y su delegación para Sudáfrica han exigido reiteradamente la materialización de este acuerdo. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han prometido en sus reuniones de Cardiff y Viena que este acuerdo se materializará pronto, no después de marzo de este año. 
Esto por razones obvias: las negociaciones han durado demasiado tiempo; el parlamento sudafricano termina su legislatura en marzo y Nelson Mandela deja el cargo de presidente. 
¡Es embarazoso, por decirlo de un modo suave, que algunos países, en el último minuto de las negociaciones, asumido la gran responsabilidad política de poner en peligro la conclusión de este acuerdo y, consecuentemente, la credibilidad de la UE en todo el tercer mundo! 
¿Cómo van a poder creer en las negociaciones con la UE si no es posible materializar un acuerdo de este tipo con Sudáfrica? 
¿Qué ha hecho la UE? 
Ha rebajado anormalmente el precio de los tomates en el mercado sudafricano, dejando así a miles de mujeres sin trabajo, quienes, a su vez, alimentan a siete u ocho personas; y a última hora se presenta el vino de oporto y el jerez. 
Esos países miembros han tomado una enorme responsabilidad. 
Doy por sentado que los criterios positivos del Consejo en esta materia, serán verdaderamente escuchados. 
No son sólo los países de Europa los que protestan y con los que hay que discutir; también hay otra parte en Sudáfrica. 
Este país también tiene algo para mostrar a sus ciudadanos. 
¿Realmente vamos a arriesgar de este modo la buena reputación de la UE? 
Señora Presidenta, comenzaré este debate de forma positiva en el sentido de que quisiera agradecer al Comisario Pinheiro que realmente haya hecho todo lo posible para que se alcance un buen compromiso en el Consejo de Asuntos Generales respecto de este acuerdo. 
El Sr. Pinheiro ha arriesgado mucho. Efectivamente es un escándalo que cuatro Estados miembros le hayan abandonado. 
Creo que realmente no vale la pena provocar un alboroto en los ámbitos en que esto ha sucedido: la denominación del vino y la cuota de vino, la fruta y algunos zumos. 
Por lo demás, me alegra que por lo menos el expediente de las flores ornamentales, algo que en mi propio país conlleva bastantes problemas, se haya resuelto. 
La negociaciones han durado cuatro años. 
Se trataba de un expediente muy complicado. 
Lo sabíamos. 
No obstante, la problemática de la pesca se ha alargado, ya que al mismo tiempo tenía lugar una ronda de negociaciones. 
Por ello, creo que es incluso más lamentable que los problemas no se hayan resuelto previamente en los consejos especializados. 
Es realmente mucho peor de lo que esperábamos en 1994 ¿No será, me dirijo a la Presidencia del Consejo, porque hemos mantenido cerrado el mercado europeo? 
Me pregunto, ¿no tenemos, por consiguiente, una cierta responsabilidad? 
Recuerdo Cardiff. 
Recuerdo las promesas que por aquel entonces se hicieron al Sr. Mandela. 
Recuerdo que se ha acordado en Viena que el expediente debería cerrarse. 
Quisiera saber qué solución puede sacarse del sombrero la Presidencia alemana del Consejo para desbloquear el expediente. 
No dudo que han hecho todo lo posible. No obstante, ¿cómo lograr que se desbloquee la situación? 
Pido a la Presidencia y realmente la desafío a que nos demuestre qué puede hacer e intente llegar a una solución, puesto que la gente de Sudáfrica tiene derecho a que les sigamos apoyando. 
Señora Presidenta, los europeos tenemos motivos para sonrojarnos por el insuficiente apoyo que dimos al pueblo de Sudáfrica durante el tiempo de la segregación racial. 
¿Vamos a tener que avergonzarnos ahora otra vez? 
Los europeos manifestamos a menudo nuestro respeto por la manera cómo Sudáfrica trata de curar las heridas de la segregación y también nuestra gran admiración y aprecio por el Presidente Nelson Mandela. 
Por eso, recibimos con una sensación de vergüenza la noticia de que nuestro Consejo de Ministros no ha tenido fuerza para dar su aprobación al acuerdo de libre comercio con Sudáfrica, un acuerdo que absurdamente ha tardado tres años y medio en negociarse. 
Los argumentos presentados por los ministros de Francia, Italia, Portugal y España, que ahora quieren aprobar el acuerdo, son demasiado simples y egoístas como para fundamentar sus posiciones. 
Esto produce inquietud, temor de que el verdadero objetivo sea la realización de nuevas negociaciones del acuerdo en su totalidad. 
Por eso, mi pregunta al representante de la Presidencia es si él puede garantizarme que esos temores son infundados, que el acuerdo está sellado en sus partes principales, y que dentro de poco, es decir, no más allá del 22 de marzo, va a estar concluido sin modificaciones sustanciales. 
El debate de hoy habrá tenido sentido si la Presidencia otorga garantías de este tipo al Parlamento Europeo. 
Por mi parte, puedo garantizar al Consejo de Ministros que el descontento en esta Asamblea es grande, por lo que concebimos como una traición al enorme anhelo de Europa de tener grandes y cordiales relaciones con un país y con un continente por los que sentimos gran cariño. 
Señora Presidenta, después de más de tres años de negociaciones a menudo difíciles, la Comisión y Sudáfrica han llegado a un entendimiento sobre un proyecto de acuerdo. 
El Parlamento Europeo ha señalado ya la importancia de este acuerdo pidiendo que se aceleren las negociaciones. 
Después de haber contribuido a hacer caer el odioso régimen del apartheid, no podemos mantenernos indiferentes ante la suerte del pueblo sudafricano. 
Hay que emplear todos los medios para que la población negra, que tanto ha sufrido, conozca por fin una mejora de sus condiciones de vida, y a ello debe contribuir la Unión Europea. 
Por ello a mi grupo le ha sorprendido desagradablemente que el Consejo haya rechazado el acuerdo. 
Es cierto que hay que tomar en consideración las razones aducidas. 
Pero son cuestiones que podrían resolverse más tarde, sin poner en peligro el edificio global del acuerdo, punto en el que yo querría insistir. 
¿Por qué no ponemos en práctica el acuerdo arreglando después los problemas que se plantean? 
Pues la señal que envía el Consejo al pueblo sudafricano es pésima. 
Por lo tanto, señora Presidenta, en nombre de mi grupo, le pido que intervenga para que el Consejo dé luz verde enseguida a un acuerdo que no puede sino contribuir al desarrollo de Sudáfrica. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, en primer lugar yo quisiera felicitarle por su primera comparecencia en esta Cámara y añadir que yo puedo asegurarle que la nueva Presidencia del Consejo se está forjando muy rápidamente una buena reputación, al menos en el ámbito de la política exterior, la cual confiamos que contribuya a una conclusión de las negociaciones con Sudáfrica que haga honor a la misma. 
Nos ha sorprendido que el Consejo no adoptase en su última sesión el compromiso negociado por el Sr. Pinheiro con Sudáfrica. 
Cuatro años de negociaciones significan, naturalmente, cuatro años de obstinados forcejeos por ambas partes. 
Le hemos exigido mucho a la parte africana después del amargo período del apartheid, una política que contó con el apoyo de muchos países de la UE, no sólo en forma de capital. 
Por consiguiente, yo creo que es imprescindible que Sudáfrica reciba un apoyo de la Unión Europea en este sentido y el tiempo apremia. 
El Sr. Mandela ha hecho cuanto ha podido. 
También él necesita recibir un apoyo por medio de este acuerdo con vistas a las próximas elecciones- en efecto, no sólo en Europa se celebrarán elecciones, sino también en Sudáfrica -, no únicamente un apoyo de los Estados miembros, sino también de la Presidencia del Consejo. 
No queremos que tengan que pagar las deudas del apartheid, pues entonces la población, las gentes de Sudáfrica acabaría pagando dos veces. 
Este es un primer punto. 
Por otra parte, también deseamos que se mantenga una actitud comprensiva no sólo en relación con el mercado del vino y el jerez, sino también en otro ámbito que al parecer plantea dificultades- para Alemania, los Países Bajos y Austria -, a saber, el de la cláusula de emigración. 
Yo pienso que tenemos la responsabilidad de demostrar que podemos alcanzar un resultado rápido antes de finales de marzo y esto es lo que nosotros le pedimos y le exigimos, en su calidad de Presidente del Consejo. 
Señora Presidenta, Señorías, el acuerdo con Sudáfrica es deseable para todos a fin de mantener una democracia en desarrollo en un país que puede servir de ejemplo dinamizador para los demás países africanos situados en la misma región geográfica. 
Y comprendemos la especial sensibilidad del Reino Unido para con los sudafricanos, pero pedimos igualmente la misma comprensión y tolerancia cuando se trata de entender nuestra propia sensibilidad- y 40.000 agricultores nos lo recordaron el otro día- para con los productos complementarios de nuestra economía mediterránea y, en concreto, por la inundación de nuestros supermercados con nombres de productos tan sagrados para nosotros como el jerez, el oporto, la grappa, etc. 
No estamos sólo contra la cantidad, sino sobre todo contra la cuestión de la marca (origen de la disputa) , que cada vez debe ser más clara e informativa para el consumidor, y sobre todo en cuanto a su origen. 
Francia lucha y con razón por sus nombres, como el champán, el coñac, e incluso contra los rusos que utilizan el «champansky». 
Lógicamente, tenemos que ser sensibles y proteger nuestras denominaciones de origen, pues éstas suponen la cultura acumulada por muchas generaciones de productores debidamente reconocidas por los apreciadores. 
Además de los productos relacionados con los acuerdos de pesca, de los textiles y de las importaciones de productos agrícolas competitivos, tenemos este motivo de desacuerdo legítimo en relación con las denominaciones de origen, a las que no podemos renunciar. 
Señora Presidenta, el Consejo ha actuado de forma sensata y coherente al desaprobar el compromiso Pinheiro-Erwin, porque éste mismo no respeta el mandato de negociación que él mismo había fijado para la Comisión. 
Este nuevo caso de extralimitación en el mandato pone de relieve la necesidad de marcar muy estrictamente el papel desempeñado por la Comisión en materia de negociaciones comerciales. 
Los mandatos de negociación deben ser suficientemente precisos, y su ejecución ha de ser objeto de un control continuo por parte del Consejo, sin autorizar a la Comisión a firmar preacuerdos que parecen vincular de facto al Consejo y ponen en vilo a los países con los que negociamos. 
Ha de estar claro que no es la Comisión la que compromete a la Unión, sino el Consejo, en representación de los Estados miembros. 
Evidentemente, a la Comisión no le corresponde en este caso, aunque sea para un objetivo tan encomiable como el de un acuerdo con Sudáfrica, proponer fuera de mandato el sacrificar de forma irresponsable los intereses de sectores enteros de nuestra agricultura en un momento en el que ésta atraviesa- ya lo vimos el lunes, aquí mismo en Bruselas-gravísimos problemas sociales. 
Señora Presidenta, como veterana observadora de estas largas negociaciones durante cuatro años, supongo que no debería haberme sorprendido la actitud, en particular de Francia y España, en la reunión celebrada el lunes por el Consejo de Asuntos Generales. 
¿Cómo pueden afirmar que el plan de Davos es demasiado generoso para la Sudáfrica del Presidente Mandela? 
¿Cómo se puede permitir que una propuesta tan ridícula como la relativa al oporto y al jerez eche por tierra la mayor oportunidad que tenemos de ofrecer una solidaridad real y práctica a Sudáfrica? 
Al contrario de lo que se ha dicho aquí, Sudáfrica ha hecho considerables concesiones sobre el oporto y el jerez en pro de la consecución de un amplio acuerdo. 
Los negociadores sudafricanos han logrado un consenso muy importante en su país en una situación muy difícil. 
Alex Erwin, el Ministro de Comercio, ha dicho esta mañana en Ciudad del Cabo que la decisión adoptada el lunes ha sido extraordinariamente decepcionante. 
Su declaración se produce sobre un fondo de nerviosismo cada vez mayor en el sector agropecuario, los sindicatos y otros sectores de su país. 
El Sr. Erwin ha pedido a Europa que entre en razón, que evite la tesitura de tener que replantear el plan y una vez más que hable de comercio, desarrollo y cooperación. 
No queremos iniciar las negociaciones más amplias, hablar de negociaciones multilaterales sobre los ADPIC y la OMC. 
Ha llegado el momento de que todos los Estados miembros den muestras de realismo, generosidad y visión y no del mezquino proteccionismo de estrechas miras que vimos el lunes. 
Lo que ahora necesitamos es visión política. 
Tanto el Parlamento sudafricano como el Parlamento Europeo están deseosos ahora de firmar ese acuerdo de una vez por todas antes de que en Sudáfrica y aquí se celebren elecciones. 
El 22 de marzo es la última oportunidad por parte de la UE para concluir este acuerdo y demostrar una solidaridad real con nuestros interlocutores de Sudáfrica. 
Señora Presidenta, Señorías, como presidente de la delegación para las relaciones con Sudáfrica, agradezco a este Parlamento que haya aceptado elaborar rápidamente una resolución a fin de que las relaciones con este gran país sigan siendo fuertes, tras el fracaso del compromiso que ha durado cinco años gestionado por la Comisión y roto por el Consejo. 
Pienso que el Consejo no ha tenido en absoluto en cuenta el aspecto político de la relación. 
Sudáfrica necesita ayuda para alcanzar una democracia que por ahora parece aún muy frágil; precisa progresar y desarrollarse, tener a alguien que enseñe a sus habitantes a trabajar, que les enseñe a incorporarse a un mundo que a muchos de ellos les resulta aún desconocido. 
Sudáfrica debe ser ayudado y no mortificado, especialmente ahora que, en mayo, se celebrarán las segundas elecciones democráticas. 
Europa no puede desaprovechar esta ocasión. 
Europa es una maestra en el arte del trabajo, es una experta, tiene fuertes tradiciones, sabe formar, dispone de pequeñas y medianas empresas capaces de enseñar a realizar un trabajo y de generar empleo. 
Pues bien, debemos transferir todas estas capacidades para hacer progresar una gran nación que, hasta hace pocos años, desconocía el significado de libertad, democracia y progreso. 
El Consejo debería considerar todos estos aspectos y no detenerse en cuatro zumos de fruta. 
El próximo lunes nuestra delegación estará en Sudáfrica. 
Me gustaría llevar al Presidente Sr. Mandela y a la presidenta del Parlamento sudafricano, Sra. Juvala, que recibimos en Estrasburgo hace tres meses, un mensaje de gran esperanza, de fraternidad y de aceptación de sus demandas de ayuda. 
Me gustaría decirles que queremos negociar con la misma dignidad pero comprendiendo sus problemas, no sólo en actitud de escucha, sino también con la capacidad de superar los obstáculos que, lamentablemente, han surgido por nuestra parte y que han hecho naufragar el compromiso. 
Espero que mañana se apruebe y adopte la resolución común, al objeto de restablecer una relación que por ahora me parece bastante confusa. 
Señora Presidenta, Señorías, desde que me dedico a la actividad política he luchado contra el régimen del apartheid y a ese respecto no admito lecciones de nadie. 
Esto como introducción para lo que he de decir sobre el fondo de la cuestión. 
Considero que el Consejo ha hecho lo que debía al bloquear este acuerdo hasta que se hayan corregido los aspectos relativos al vino de Oporto, al jerez y a otros que interesan bastante a ciudadanos nuestros, a electores nuestros, a poblaciones nuestras muy interesadas. 
En cuanto a nosotros, que aquí nos encontramos, representamos a electores, el Comisario Deus Pinheiro sólo se representa a sí mismo. 
Repito: sólo se representa a sí mismo. 
Por eso puede resolver, con esa displicencia, el problema del jerez y del vino de Oporto. 
Por tanto, si bien apoyo firmemente la rápida conclusión de un acuerdo que dé satisfacción a las pretensiones fundamentales de nuestros amigos de Sudáfrica y que consolide el sistema democrático antirracista en ese país, hago también un llamamiento a la sensatez y a que se tengan en cuenta los intereses de nuestros productores. 
Mis amigos ingleses que aquí se han pronunciado saben, incluso por la Historia, que el vino de Oporto se produce en Portugal. 
Por lo demás, están vinculados a esa Historia. 
Por eso mismo, deberían defender la autenticidad de ese producto. 
Y yo quisiera que de esa Historia no nos quedara sólo el Tratado de Methuen, sino que quedara también, ya ahora, el vino de Oporto. 
Señora Presidenta, yo acojo con satisfacción, no las circunstancias, pero sí el hecho de que nos veamos obligados a aclarar en tan breve plazo dos temas fundamentales en relación con un tema como el que nos ocupa. 
El Ministro adjunto ha manifestado en tono muy conciliador: estamos firmemente decididos, tenemos la confianza, haremos cuanto esté en nuestra mano. 
Al mismo tiempo ha dicho: pero todavía no sabemos cuáles serán los elementos de una posible solución. 
En tercer lugar ha manifestado que Sudáfrica ha rechazado sin posibilidad de compromiso cualquier modificación del acuerdo. 
La discrecionalidad de la cual disponemos se mueve, por lo tanto, entre una y otra afirmación. 
Personalmente yo considero, al igual que todos los colegas que han intervenido, que lo que está ocurriendo con Sudáfrica es un escándalo. 
Cualquiera que haya observado la evolución de Sudáfrica sabe que las cosas van cuesta abajo, que las relaciones sociales se están deteriorando progresivamente, que es previsible que el relevo de Mandela por Mbeki vaya asociado a conflictos sociales porque no es posible ofrecer nada a aquellos a quienes se les prometió todo. 
Todos confiábamos en que dicho país abriría una esperanza económica en el sur del África meridional, de la que podríamos volver a sacar fuerzas en un continente supuestamente desahuciado. 
¿Y qué hace el Consejo, no sólo en el caso de la presente negativa, todo sea dicho? 
¡Todo el asunto viene arrastrándose desde 1995, con una sucesión de decisiones escandalosas! 
El Consejo acepta conscientemente que un país que necesita nuestra ayuda se precipite por el despeñadero. 
¡Esto también tiene consecuencias psicológicas! 
Es una cuestión de credibilidad, de lealtad, y por esto, muy honorable representante del Consejo, yo le pido que, en la medida de lo posible, se muestren firmes y consecuentes. 
Alemania también se mostró reacia a hablar abiertamente de los problemas agrícolas durante años, pero ahora se está viendo afectada, al igual que otros países. 
Yo les ruego cordialmente que no infravaloremos las consecuencias que esto tiene también para la Unión Europea. 
Señora Presidenta, quiero formular dos observaciones. 
En primer lugar, estamos hablando aquí de un plan. 
Ambas partes han hecho concesiones. 
Si se intenta reformular el plan en esta fase, se irá al traste todo el acuerdo. 
Varios diputados han hablado de vinos y licores y de las etiquetas correspondientes al oporto y al jerez. 
Deben leer las disposiciones del acuerdo. 
Sudáfrica accede a retirar paulatinamente las etiquetas en terceros países en el plazo de cinco años. 
En cualquier caso, se trata de un mercado minúsculo. 
En la SADC las retirarán paulatinamente en el plazo de ocho años. 
En la SACU las mantendrán durante doce años en espera de la resolución de la OMC. 
La UE no debe intentar, mediante presiones propias de un matón, subvertir la posición de Sudáfrica en unas negociaciones que son multilaterales. 
En segundo lugar, convengo con la Sra. Oomen-Ruijten en que el Comisario Pinheiro ha actuado bien. 
Eso no es aplicable a toda la Comisión. 
La DG VI ha mostrado su peor rostro proteccionista y todo el mundo sabe que es un rostro terrible, en verdad. 
Tras los argumentos sobre vinos y licores, oporto y jerez, se oculta un puro y simple proteccionismo agrícola. 
España ha planteado problemas en relación con la agricultura. 
Francia ha planteado problemas en relación con los reembolsos de exportación. 
Si los Jefes de Gobierno no pueden imponerse y superar esos intereses de grupo, corremos el riesgo de perder todo el acuerdo. 
Señora Presidenta, Señorías, yo he tomado nota con gran atención de las críticas que acaban de expresar en relación con las decisiones. 
Sin embargo, a la vez también tengo la impresión de que en principio más bien se ha apoyado la posición de la Presidencia del Consejo. 
Al fin y al cabo, nosotros presionamos fuertemente en el Consejo para que por fin se concluya el acuerdo, puesto que nuestra valoración coincide con la que acaban de expresar muchos oradores y oradoras. 
Después de nuestra anterior imposición de sanciones con objeto de doblegar al régimen del apartheid, lo consecuente sería ofrecer ahora una ayuda económica para apoyar el proceso de democratización. 
La Unión Europea debe adoptar una decisión de principio entre la solidaridad con los países en desarrollo que se encuentran en una difícil fase de transformación y los intereses nacionales de los Estados miembros individuales. 
Yo creo que lo que reivindican muchos Estados miembros, o sea, la posibilidad de mejorar sus propias oportunidades de desarrollo mediante una organización determinada de la economía, es aún más firme y más claramente válido en el caso de los países del Tercer Mundo y por esto en el fondo sólo puedo tomar nota una vez más de sus críticas y sugerencias y trasladarlas al Consejo, con la esperanza de que los países que mantienen una postura cerrada frente a la conclusión del acuerdo valoren también sus consideraciones y vuelvan a reconsiderar tal vez su posición. 
Aplausos 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Armonización de las disposiciones sociales en materia de transportes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0032/99) del Sr. Grosch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la política de transportes: armonización de las disposiciones sociales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ha sido desde luego una tarea muy interesante investigar por encargo del Parlamento las disposiciones sociales en el ámbito de la política de transportes. En efecto, el dispar desarrollo de la liberalización, que ha avanzado mucho en el ámbito de los transportes aéreos, marítimos y por carretera, pero en cambio se encuentra rezagada en los ámbitos del transporte ferroviario y de la navegación interior, también tiene repercusiones sobre el desarrollo de las disposiciones sociales. 
Era necesario introducir estos matices en el informe. 
Los aspectos sociales que reciben especial atención en el informe son, obviamente, los relativos al tiempo de trabajo, a la seguridad y a la salud, a las cualificaciones y a la formación, la movilidad en general y, no en último lugar, el empleo. 
El sector del transporte, como sector importante en el ámbito de la circulación de bienes y personas, se encuentra situado claramente en un campo de fuerzas contrapuestas, entre las exigencias de la competencia, por un lado, y la seguridad y las condiciones laborales, por el otro lado. 
En el caso del transporte por carretera y ferroviario, éste forma parte de los servicios públicos y también es un fundamento para la deseada movilidad de todos los ciudadanos, a la vez que, con sus 6 millones de empleados y 3 millones de trabajadores autónomos, también constituye un sector de empleo muy importante. 
Por todos estos motivos nos pareció necesario examinar específicamente las disposiciones sociales en el sector del transporte, habida cuenta de que en aquellos ámbitos que se han liberalizado sin las normas sociales mínimas necesarias, la competencia se ha desarrollado a expensas de las condiciones de trabajo y la seguridad de los empleados, y por lo tanto también de los ciudadanos. 
Esta competencia no regulada no sólo tiene un efecto perturbador sobre los aspectos sociales, sino que además también es económicamente preocupante. 
Una armonización realista y pragmática, como la que propone el informe, no está por lo tanto en contradicción con una liberalización bien entendida. 
¡Al contrario! , sentaría los fundamentos estables que requiere un desarrollo sostenible de la economía. 
En el informe, yo parto también de este requisito previo, o sea, una complementariedad entre la liberalización y la armonización social. 
Los principales interlocutores para la elaboración de todas las medidas siguen siendo- y esta es una primera prioridad del informe- los interlocutores sociales. 
En este contexto es preciso velar por la plena representatividad de estos órganos, pero la Comisión también debe actuar aunque las negociaciones no alcancen un resultado y no puede escudarse en el hecho de que éstas no se hayan cerrado para justificar posibles retrasos. 
Ningún sector del ámbito de los transportes debe quedar excluido en adelante de las directivas sobre ordenación del tiempo de trabajo. 
El transporte por carretera constituye un buen ejemplo, ya que por un lado demuestra la necesidad de que la Comisión adopte iniciativas, pero por el otro lado también deja patente que no se trata de regular sólo los períodos de conducción y de descanso. 
En todos los ámbitos, pero sobre todo en el transporte por carretera, se requieren nuevas definiciones comunes del personal móvil y no móvil, de las diferentes actividades incluidas en la profesión y no sólo de los períodos de conducción o de viaje y de descanso. 
La flexibilidad que propone el informe debe tomar en consideración los diferentes sectores del transporte, también en lo que se refiere al tiempo de trabajo, pero sin poner en entredicho los principios de la protección de la salud y la seguridad de los empleados, y por lo tanto también de los ciudadanos. 
Cincuenta mil muertos en el ámbito del transporte; un dato que habla claro sobre la seguridad en el transporte por carretera. 
Huelgas que paralizan en pocas horas a países enteros, catástrofes de circulación, son señales que también determinaron la necesidad de actuar en nuestro ámbito. 
A nuestro parecer, no debemos esperar a que los accidentes o las huelgas generen nuevas presiones para tomar igualmente la iniciativa en los ámbitos en los que todavía es necesaria. 
Sin embargo, no basta con una buena normativa. 
Ésta será eficaz e incluso animará el mercado si los controles se realizan de manera uniforme y las faltas se sancionan por un igual en todos los Estados de la UE. 
Ningún país debe incumplir los controles mínimos y el Parlamento no debe verse obligado a esperar otros cuatro años la presentación de los informes sobre la evaluación de dichos controles. 
También es preciso que se utilice plenamente en este contexto la tecnología moderna que puede contribuir a la seguridad y, a nuestro modo de ver, ningún interés económico, de los fabricantes por ejemplo, autoriza o justifica que no se tengan en cuenta estos progresos tecnológicos. 
Considérese el ejemplo del tacógrafo. 
En comparación con las posibilidades tecnológicas que existen actualmente, yo calificaría los tacógrafos que todavía se emplean casi como instrumentos medievales. 
El acceso a la profesión constituye otro capítulo central del informe. 
La cualificación y el reconocimiento mutuo son pilares tan importantes de una política de transportes como los tiempos de trabajo. 
Garantizan la calidad del servicio y también unas condiciones de trabajo más seguras. 
En este contexto, el Consejo no parece dispuesto a suprimir este obstáculo en el ámbito del transporte aéreo, por ejemplo, a pesar de que en este caso el personal de apoyo asume importantes tareas de seguridad. 
Los aspectos sociales en el ámbito del transporte exigen igualmente que la movilidad de los ciudadanos esté garantizada en sus diferentes aspectos, tomando en consideración los derechos de los ciudadanos con movilidad limitada. 
Esto afecta a los servicios públicos y naturalmente también al debate global sobre este punto. 
Finalmente, permítanme que me detenga en el aspecto de la política de transportes relacionado con el empleo. 
Nuestros Estados miembros desembolsan anualmente más de 180 millardos de euros en el ámbito del empleo, a la vista de lo cual nuestra comisión considera necesario que se examinen en cada caso las repercusiones sobre el empleo de todas las medidas que se propongan. 
Para acabar yo diría que si queremos crear en la Comunidad Europea un espacio de transporte en el que las condiciones de trabajo no tengan un coste para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos que aceptar una armonización social mínima, pues es preciso regular los aspectos que el mercado jamás regulará por sí solo. 
El Tratado de Amsterdam también puede ofrecernos, en un grado limitado, los medios para ello. 
Por lo tanto, todo depende de nosotros. 
Muchas gracias por su atención. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Grosch presenta asuntos de gran alcance que abarcan todos los aspectos sociales del transporte. 
El hecho de que su informe fuera aprobado casi unánimemente en la Comisión de Transportes y Turismo muestra que hay un gran apoyo en el Parlamento a las disposiciones relativas al sector social del transporte. 
De hecho, el informe del Sr. Grosch quedará complementado con el próximo informe del Sr. Chanterie, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, relativo a la ampliación de la Directiva relativa a la jornada laboral y mi informe sobre la jornada laboral de los conductores de camiones. 
No cabe duda de que existe una relación directa entre la reglamentación adecuada de la jornada laboral, la salud y la seguridad de los empleados y- lo más importante de todo, naturalmente- la seguridad de los pasajeros, independientemente del modo de transporte que utilicen. 
Hay que felicitar a la Comisión por haber ayudado a los interlocutores sociales de la industria ferroviaria a lograr un acuerdo el 30 de septiembre del año pasado. 
Estamos convencidos de que se debería llegar a un acuerdo similar en los otros sectores de los transportes. 
Por desgracia, no ha sido así y ésa es la razón por la que estoy preparando un informe sobre la jornada laboral de los conductores de camiones, porque la Comisión se vio obligada a recurrir a la vía legislativa. 
El otro sector que constituye motivo de cierta preocupación para nosotros es lo lentamente que se avanza en la armonización de las horas de vuelo y los períodos de descanso para la tripulación de los aviones. 
En conclusión, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo apoya el informe. 
Creemos que han surgido varias dificultades con el sector del transporte a consecuencia de la liberalización. 
Quisiera mencionar en particular los servicios postales. 
En muchos Estados miembros la liberalización de los servicios postales ha tenido como consecuencia considerables problemas en ese sector. 
A consecuencia de ellos, en toda la Unión se están atribuyendo contratos temporales a los carteros, en muchos casos sin una cobertura adecuada en materia de pensión. 
Creo que el concepto de servicio universal debe ser la norma y debe aplicarse a los servicios postales que funcionan en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, con este informe, el Sr. Grosch intenta dar nuevo impulso a un debate que ya dura quince años y cuyo fin es mejorar los reglamentos 38/20 y 38/21.85. 
Mientras tanto, el Consejo de Asuntos Sociales ha aprobado una posición común sobre la propuesta de directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Me parece escandaloso que se regulen todas las actividades de los sectores público y privado y se deje fuera de la regulación a un sector como es el del transporte por carretera, que da ocupación a más de siete millones de trabajadores asalariados. 
Para poner coto a todos los abusos que se han producido a lo largo del tiempo y que se seguirán produciendo en los años futuros, se tendría que hablar, en mi opinión, de anualización del tiempo de trabajo en los sectores de transporte, y decidir que cada hora de trabajo prestada más allá de las 48 horas sea considerada y retribuida como hora suplementaria, cotizaciones sociales e impuestos incluidos. 
Éste me parece el único medio para convencer a las empresas de que renuncien a horas suplementarias no contabilizadas y tendría la gran ventaja de que los conductores profesionales por fin podrían invocar, teniendo en cuenta el número de horas prestadas y cotizaciones pagadas anualmente, el derecho a una jubilación a los 55 años. 
Para terminar, reconozco que el Comisario Kinnock ha hecho recientemente una propuesta en la que se admite que el tiempo de trabajo de un conductor profesional incluya todos los trabajos, es decir, todo el tiempo que el conductor esté a disposición de su empresa. 
Hace así realidad una antigua reivindicación de los sindicatos. 
Además, en relación con sus propuestas sobre las 48 horas de tiempo de trabajo, que podrían llegar hasta 60 horas si no se sobrepasa la media de 48 horas por semana en cuatro meses, se puede estar de acuerdo en un sector laboral tan específico como es el sector de los transportes. 
Pero lo que ya es de por sí difícil de concebir, sin duda planteará problemas en la práctica. 
Me da la sensación de que aquí ha pesado en exceso el pensamiento burocrático. 
Mientras que en las grandes empresas el cálculo de las 48 horas en cuatro meses quizá no plantee problemas, ¿qué ocurrirá con las pequeñas y medianas empresas? y ¿cómo se las arreglarán los servicios de control estatales? 
Es cierto que, muy pronto, el nuevo taquígrafo facilitará los controles, pero hasta entonces, ¡cuántos problemas! 
En cualquier caso, es necesario exigir que las autoridades de control encargadas de la regulación pongan en marcha un dispositivo de control y sanción a la vez preventivo y eficaz. 
El informe del Sr. Grosch debería llevar al Parlamento Europeo a ejercer las presiones necesarias sobre la Comisión y el Consejo de Ministros, a fin de que desaparezca de una vez por todas en los próximos años la insoportable situación que hay en los sectores de transporte, y este es el motivo por el que deseo dar las gracias al Sr. Grosch. 
Señora Presidenta, la liberalización de los mercados de transportes, iniciada en 1993 a raíz de la realización del Mercado Interior, vino a proporcionar mayor dinamismo y diversificación de la oferta y, de forma general, precios más bajos para los consumidores. 
No obstante, vemos que esos beneficios han tenido como contrapartida una pesada factura social y profesional para los trabajadores del sector de los transportes. 
Normalmente, el gran público sólo se da cuenta de la existencia de esos problemas cuando los conductores de los camiones pesados de mercancías paralizan toda Europa cíclicamente con sus huelgas mediáticas de larga duración, que acarrean graves perjuicios para toda la actividad económica en general. 
La verdad es que el clima de competencia exacerbada en el sector de los transportes, entre empresas, entre Estados miembros y entre la propia Unión Europea y los países de la Europa central y oriental, se ha plasmado en inestabilidad en el empleo, salarios más bajos, seguridad social menos consistente y dumping en los precios, la fiscalidad y el propio material utilizado. 
Los niveles de liberalización de los diferentes sectores de la actividad transportadora, ya sea por carretera, aérea, ferroviaria, navegación o servicio postal, aún oscilan entre la liberalización total y una situación de oligopolio. 
Las condiciones de trabajo y la protección social de los trabajadores reflejan también esa oscilación. 
Pero existe un umbral mínimo que se debería garantizar. 
Eso explica la necesidad de una intervención del Consejo y de la Comisión en el sentido de la armonización de las disposiciones sociales de la Unión Europea en el sector de los transportes, pues una mayor seguridad, una mayor estabilidad del empleo, una mayor protección de la salud de los trabajadores significan también una mayor productividad para las empresas y una mayor seguridad para los usuarios. 
Ahora bien, hay dos aspectos particulares que merecen un comentario por nuestra parte. 
El primero- la cuestión de si incluir en la jornada laboral total del sector de los transportes por carretera, además de los períodos de conducción y de carga y descarga, todos los demás períodos en que el trabajador está a disposición del empleador- se debe considerar con cautela y equilibrio, pues podría ser que las empresas no pudieran soportar una definición demasiado extensiva del concepto de tiempo de trabajo, so pena de que resulten inviables y con el tiempo acaben quebrando. 
Por último, y aun apoyando la firmeza de la Comisión en el sentido de no prorrogar por más tiempo el escandaloso beneficio fiscal de la venta de mercancías exentas de IVA, instamos a la misma Comisión a que adopte medidas de apoyo específico al sector de los transportes marítimos, dadas las graves consecuencias que esa medida tendrá para los empleos actualmente existentes. 
Y aprovechamos para felicitar a nuestro colega el Sr. Grosch por el excelente trabajo que ha presentado. 
Señora Presidenta, también yo me sumo con gusto a las felicitaciones al ponente, que ha presentado un trabajo inmejorable al igual que los tres oradores anteriores: el Sr. McMahon y mis amigos, los Sres. Schlechter y Mendes Bota. 
He mantenido desde el principio que el tiempo de trabajo en el sector del transporte deberá ser, efectivamente, el factor decisivo, e incluye otras actividades además de, digamos, estar exclusivamente al volante o de desplazarse de otra forma con un vehículo, barco o lo que sea. 
No obstante, creo que hay que tener algo a cambio y que debe existir una flexibilidad necesaria en la aplicación, de forma que no se obligue a los transportistas a estar más tiempo del estrictamente indispensable en la carretera. 
Si se alarga el tiempo de trabajo una semana y, por otra parte, se puede obtener una compensación en la semana siguiente, entonces, también se puede alargar el tiempo para poder terminar o finalizar un viaje. 
Ahora sólo hay que esperar los últimos datos técnicos para que tenga aceptación general, pero la normativa ya está ahí y la Comisión está a la espera de presentar esta propuesta de forma que ambos asuntos estén vinculados. 
Subrayo que no debe equivocarse. 
El tiempo de conducción y de descanso a menudo excesivo, tal como se lee en el periódico, tiene su explicación sobre todo en el hecho de que cuando se descansa muy poco, se computa como si no se hubiera descansado absolutamente nada. 
Así aparecen esas ridículas cifras de 48 horas al volante, algo que no sucede y que no puede hacer nadie. 
Las observaciones que todavía quiero hacer son las siguientes. 
En primer lugar, no debe existir ninguna discriminación nacional. 
En segundo lugar, quiero subrayar que no se debe exagerar la inseguridad en el transporte de personas por carretera. 
Es el modo de transporte más seguro que conocemos, con el menor porcentaje de accidentes por kilómetros conducidos. 
Subrayo, por último, que, a fin de mantener una infraestructura y formación adecuadas en la navegación marítima, es extraordinariamente necesario que se adopten también medidas muy estrictas para las tripulaciones europeas, pero sobre todo, tiempos totales de navegación más cortos, no períodos de trabajo y de descanso, sino medidas para reducir en cualquier caso el viaje del barco. 
Señora Presidenta, el trabajo realizado por el Sr. Grosch y por la Comisión de Transportes es verdaderamente digno de interés. 
La armonización social en el ámbito de los transportes es una necesidad, y este objetivo debe situarse en un nivel ambicioso. Por un lado de cara a la eficacia económica, impuesta por el tratamiento de flagrante desigualdad que muestran los medios de transporte- en particular el ferrocarril y la navegación- frente al transporte por carretera. 
Es también una necesidad en el plano social, de cara a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del sector y en aras del empleo. 
Por último, es muy importante de cara a la seguridad, en el transporte por carretera fundamentalmente. 
Las aportaciones propuestas por nuestro grupo, y mantenidas por la comisión, afianzan conceptos importantes. Por ejemplo, la necesaria reducción del tiempo de trabajo sin una disminución del salario, el fomento del diálogo social o el principio de no-retroceso en materia social, de manera que un avance para algunos no se traduzca en un retroceso para otros. 
Estos principios, al igual que la solicitud formulada en el informe del Sr. Grosch de que se defina claramente el tiempo de trabajo en el sector de los transportes por carretera incluyendo todos los períodos en los que el trabajador esté a disposición de su empresa, estos principios, repito, al igual que el reconocimiento de la función que cumplen los servicios públicos, podrán contribuir a una concepción progresista de la construcción europea, que debe utilizar los progresos técnicos y los conocimientos para dar prueba de civilización, basándose en los logros de unos y otros, y no para progresar juntos, y no oponiéndose a la diversidad existente para desembocar en una nivelación por abajo. 
Terminaré insistiendo en que hay que prestar atención para que las propuestas del informe Grosch no se queden en buenas palabras, para que, por lo tanto, se integren día a día en las decisiones concretas que deba adoptar el Parlamento, muy en especial cuando se trate de la integración de los sectores excluidos de la directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Del reconocimiento y la aplicación efectiva de los principios de justicia social depende la visión que tienen sobre Europa los pueblos de la Unión Europea. 
En este terreno se observa un gran déficit, que hay que corregir sin tardanza. 
La simpatía, la adhesión y la participación de los pueblos exigen que se viva de manera cotidiana el objetivo de una igualación social por arriba para construir la Europa que desean los pueblos. 
Señora Presidenta, la creciente movilidad de las personas y el rapidísimo crecimiento de la industria turística hacen urgentemente necesaria, aunque sólo sea por motivos de seguridad de los transportes, la armonización de determinadas disposiciones sociales con un nivel de protección elevado. 
Esto afecta particularmente al transporte aéreo y por carretera. 
En el ámbito de los viajes turísticos en autobús, una forma de viajar laudable desde el punto de vista del medio ambiente, se requiere una normativa europea que garantice que los pasajeros y las demás personas que participan en el transporte no corran peligro debido a la fatiga del conductor. 
Yo quisiera detenerme en los considerandos D y G, donde el ponente señala que la armonización social tiene como objetivo frenar la competencia que se organiza en detrimento de la salud, la seguridad, la calidad de vida y la movilidad, y que el tiempo de trabajo constituye un elemento fundamental en la protección de la seguridad de los transportes. 
Cualquier limitación de la competencia es arriesgada por principio. 
Sin embargo, yo creo que está justificada en este caso y sobre todo cuando está en juego la seguridad de las personas. 
Señora Presidenta, la armonización de las disposiciones sociales en política de transportes ha sido un tema que ha mantenido muy ocupadas a nuestra comisión y a la Comisión y estoy seguro de que todos los presentes en esta Asamblea vemos los problemas. 
Creo que también estamos de acuerdo en algunas soluciones, sin embargo, cuando llegamos a las decisiones en el Consejo, algo no concuerda. 
¿Buenas condiciones deben dar paso a condiciones inferiores? 
Ésta es en realidad la cuestión a considerar cuando tenemos que armonizar. 
¿Cómo armonizar? 
El informe da cuenta del alcance del problema o muestra cuántas opiniones hay sobre este tema. 
El transporte sobrepasa fronteras y es por ello un objetivo para la regulación común. 
Debe haber normas comunes de circulación, disposiciones comunes sobre medio ambiente y jornada laboral, tal y como ha mencionado el Sr. ponente. 
Sin embargo, por otro lado, tenemos un transporte nacional muy grande. 
Las normas y tradiciones nacionales son tan diferentes que a menudo las circunstancias sociales resultan decisivas en la capacidad de competir, como también se ha mencionado aquí esta tarde. 
En un lado tenemos al trabajador y en el otro al comprador del transporte. 
Seguridad y jornada laboral van unidas, lo cual no debe afectar a la competitividad. 
Mi opinión es que debe haber normas europeas donde sea necesario; sin embargo, también en cierta medida es conveniente tener en cuenta los convenios y tradiciones nacionales. 
Tan pronto como suprimamos las circunstancias sociales, los impuestos y las tasas a raíz de esta armonización, todo se hundirá. 
Creo que éste es un documento excelente; sin embargo, si debemos alcanzar un resultado razonable, hemos de ver cuáles son las posibilidades existentes en el Consejo de Ministros y qué nivel debe armonizarse. 
Repito mi pregunta: ¿Buenas condiciones deben dar paso a condiciones inferiores? 
Esto es lo que tenemos que discutir. 
Señora Presidenta, permítame comenzar dando las gracias a Grosch por el trabajo que ha realizado para la redacción de este informe. 
Hay muchas cosas provechosas en el informe que vamos a votar como, por ejemplo, cuando el ponente sostiene que la armonización social no tiene por objeto controlar a las partes del mercado. 
Personalmente, pertenezco a aquellos que recelan de las armonizaciones demasiado profundas de las legislaciones sociales de los distintos países. 
Según mi modo de ver las cosas, la política social es fundamentalmente una responsabilidad nacional. 
De acuerdo con el principio de la subsidiariedad del que hablamos en muchísimos contextos, estimo que es así, y que realmente, en gran medida, debe ser así. 
También tengo dudas sobre si es posible que sea de otra manera. 
Las condiciones en los actuales países miembros son muy diferentes. 
Esas diferencias van a aumentar de forma espeluznante cada vez que ampliemos el círculo de países miembros hacia el Este de Europa. 
Sin embargo, esto no impide que dentro de la política social haya ciertas regiones en las cuales sean convenientes las normas comunes. 
Por ejemplo, puede tratarse de una mayor seguridad en el tráfico, campo en el cual, indiscutiblemente, puede ganarse mucho con una legislación común. 
Con todo, opino que el ponente va demasiado lejos cuando escribe sobre pretensiones de reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, que es una de los principales metas en el sector de los transportes. 
No creo que una reducción general de la jornada laboral sea una solución para la seguridad vial, pero sí lo es una disminución del tiempo total de trabajo y la existencia de períodos de descanso suficientes entre las jornadas laborales. 
Es obvio que hay motivos también para encontrar soluciones a esto en el ámbito europeo. 
Señora Presidenta, quisiera unirme a otros que han intervenido en el debate para felicitar al Sr. Grosch por su informe, que es en general elogioso para la Comisión. 
Así, pues, le correspondo, naturalmente, agradeciéndole a él y a sus colegas la labor que han llevado a cabo para presentar este informe sobre la armonización social en el transporte. 
Resulta útil para recordar que, si bien hay que proseguir la liberalización con vistas a fortalecer los sistemas de transporte y su rendimiento, es esencial velar por que se lleve a cabo de un modo que tenga debidamente en cuenta las necesidades razonables de los empleados y la seguridad del público en general y el servicio que se le presta. 
Se trata de una observación que también ha formulado el Sr. Grosch y que se ha repetido durante todo el debate. 
Sobre la importante cuestión de la jornada laboral, está claro que apenas hay divergencia entre el Parlamento y la Comisión. 
Sin embargo, he de decir a la Asamblea que, como han de saber la mayoría de Sus Señorías, la Comisión carece de poder alguno para hacer propuestas relativas al deseo de que las reducciones de la jornada laboral no vayan acompañadas de pérdida de salarios, observación formulada por la Sra. Moreau y otros diputados durante el debate. 
La Directiva comunitaria relativa a la jornada laboral- y, por tanto, las propuestas actuales- se basa, como ha de saber la Asamblea, en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Si bien es evidente que la aplicación idónea de ese principio podría propiciar reducciones de la jornada laboral en algunos casos, la cuestión de cómo abordar las consecuencias de los cambios legislativos se debe dejar para las negociaciones entre empleadores y empleados, preferentemente mediante el diálogo social normal. 
Es algo que, evidentemente, no puede- ni, de hecho, debe- hacer la Comisión ni se debe hacer mediante medidas legislativas. 
Se han expresado preocupaciones sobre los niveles de los controles de los períodos de conducción y de descanso y también sobre los niveles de multas y sanciones impuestas por las contravenciones. 
Al respecto, he de decir a la Asamblea que estoy de acuerdo en que los controles deben ser eficaces. 
De lo contrario, carecen de sentido. 
En consecuencia, la Comisión propondrá, como recomienda el Sr. Grosch, un aumento del número mínimo de controles que se deben hacer. 
La Comisión hace tiempo que es consciente de las preocupaciones relativas a las multas y sanciones, por lo que actualmente estamos preparando un informe sobre la eficiencia y la eficacia de las medidas coercitivas. 
En dicho informe se abordarán todos los aspectos de esas cuestiones. 
Naturalmente, informaré a la Asamblea cuando se haya concluido esa labor. 
El informe que tenemos ante nosotros indica que existe la necesidad de evaluar las medidas aplicadas en el sector del transporte en cuanto a sus efectos en materia de empleo, condiciones laborales y movilidad en general. 
Espero que todas Sus Señorías reconozcan que ni mis colegas del sector del transporte ni yo desatenderíamos esas cuestiones al preparar propuestas. 
Sin embargo, he de decir que no creo que la redacción de un informe general sobre esas cuestiones constituyera aportación alguna al respecto. 
Como ha de saber la Asamblea, todas las propuestas que presentamos tienen en cuenta esas cuestiones al prever flexibilidad o excepciones o períodos transitorios. 
Espero que la Asamblea reconozca que se trata de una forma práctica y transparente de actuar y tiene el efecto esencial de ser un principio normativo continuamente aplicado y no un informe periódico que simplemente ofrece observaciones. 
Sin embargo, se trata de un aspecto relativamente menor en el marco global de este informe y no debe restar el menor valor al fondo de la labor del Sr. Grosch y sus colegas, que tengo mucho gusto en elogiar ante esta Asamblea. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Integración de Turquía en los programas «Sócrates» y «Juventud» 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ya hace casi tres años que empezamos a considerar la conveniencia de incluir a Turquía en los programas de intercambio «Sócrates» y «La juventud con Europa». 
Ahora, el tema figura, por fin, en el orden del día del Parlamento, puesto que los citados programas concluirán a finales de año y ya estamos debatiendo sobre su continuidad. 
Esta larga demora está asociada, y no el último lugar, a que se habría deseado vincular el objeto del presente informe con el problema de fondo de las relaciones entre la Unión Europea y la República turca con vistas a la plena integración de Turquía en la Unión Europea. 
En el artículo 28 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Turquía ya consta que se contempla la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
El Consejo Europeo volvió a ratificar esta posición en Luxemburgo, en diciembre de 1997, y sobre todo en Cardiff, en junio de 1998. 
El Consejo ha reiterado siempre en este contexto la importancia de una aproximación de Turquía a la Unión Europea en todos los ámbitos. 
Como parte de la misma también se contempló desde el principio la participación de Turquía en programas comunitarios como «Sócrates» y «La juventud con Europa». 
El Consejo también ha reiterado, sin embargo, repetidamente que los candidatos a la adhesión tienen que alcanzar una estabilidad institucional efectiva, como garantía de un ordenamiento democrático y conforme a los principios del Estado de Derecho, de la salvaguardia de los derechos humanos y del respeto y la protección de las minorías. 
La situación de los derechos humanos en Turquía, precisamente en lo que se refiere al trato otorgado a las minorías, sin duda debe calificarse todavía como insatisfactoria. 
Así lo indica, y no en último lugar, el informe anual de Amnistía Internacional más reciente. 
También resulta inaceptable la política obstruccionista de Turquía en relación con las aspiraciones de Chipre a la adhesión. 
Es preciso decirlo con toda claridad. 
Hoy no voy a añadir, sin embargo, nada más con respecto a la presente situación de los derechos humanos. 
Ya hemos adoptado una posición clara sobre este tema en varios informes, en la última ocasión, en nuestra comisión, con motivo del informe del colega Swoboda relativo al desarrollo de las relaciones con Turquía y sobre una estrategia europea para Turquía. 
Todo lo esencial ya se ha dicho. 
Las exigencias del Parlamento se encuentran recogidas en numerosos documentos. 
El presente informe se limita, por lo tanto, al tema de la inclusión de Turquía en los programas educativos. 
Los debates todavía en curso sobre la adhesión de Turquía a la UE desvían la atención de los objetivos que realmente perseguimos con los programas de intercambio y que de hecho deberían ser el criterio primordial para juzgar el tema que se plantea. 
Los programas «Sócrates» y «La juventud con Europa» se desarrollaron para inculcar a los jóvenes el valor de la tolerancia, la democracia y la ciudadanía activa. 
Es un objetivo declarado de la Unión Europea posibilitar mediante estos programas la participación de la juventud en la construcción de Europa, ya que los jóvenes educados en un espíritu de apertura y tolerancia son los más prometedores arquitectos de una Europa pacífica y humana. 
Este debería ser precisamente nuestro objetivo: aproximar a los jóvenes a la idea de Europa y su canon de valores. 
Por esto abrimos la participación en los programas a los jóvenes de los Estados de la AELC primero y posteriormente también a los de los Estados asociados de la Europa Central y Oriental y también de Chipre y Malta. 
Y por esto no podemos excluir sencillamente de entrada a Turquía. 
En la exposición de motivos de la primera fase de «Sócrates» se señalaba como una de sus tareas, la de poner Europa al alcance de todos y dotarla de una dimensión humana. 
A la vista de ello, Turquía parece estar prácticamente predestinada a participar en los programas de intercambio. 
Es preciso situar a Europa en el campo de mira de la juventud turca, puesto que son los jóvenes quienes están abiertos a la posibilidad de un cambio en su país y lo están imponiendo con visión de futuro. 
La juventud también está llamada a cumplir un papel impulsor muy fundamental en el proceso de democratización y reconciliación entre los pueblos. 
El hecho de que los menores de 25 años constituyan más del 50 % de la población en la sociedad turca permite apreciar el potencial que está en juego. 
¿Qué oportunidades se nos ofrecen? 
Evidentemente, nuestros programas sólo nos permitirán llegar a una fracción de estos jóvenes. 
Consideren, no obstante, el enorme efecto multiplicador que desencadenarán las correspondientes experiencias personales positivas de esos jóvenes. 
Tenemos que ofrecer, por lo tanto, a los jóvenes turcos y turcas la posibilidad de conocer directamente nuestra cultura europea occidental y nuestra actuación en el ámbito de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. 
Que esto da resultado lo demuestran, y no en último lugar, las relaciones de cooperación que ya existen entre organizaciones juveniles y estudiantiles europeas. 
Yo quisiera resaltar asimismo una vez más que procuraremos garantizar una participación equitativa de las minorías y en particular de los kurdos en la ejecución de los programas. 
Los actuales enfrentamientos violentos en suelo europeo tampoco modifican en absoluto esta posición. 
Sin embargo, esto es algo que no podemos conseguir mediante una votación u otra medida por el estilo. 
Más bien nos proponemos verificar meticulosamente la participación de las diferentes minorías en un informe que se deberá presentar anualmente. 
Finalmente, yo sólo quisiera añadir que deberíamos recordar las conocidas palabras de Jean Monnet, quien siempre resaltó que todos los esfuerzos en favor de la unificación europea deben ir encaminados en último término a impulsar sobre todo la aproximación de las personas más que la unión entre los Estados. 
Una intensificación de la cooperación en el ámbito de la juventud y la oferta de becas de intercambio ofrecen unos puntos de apoyo decisivos para fortalecer la democracia y promover el respeto de los derechos humanos en Turquía. 
Ambos aspectos representan, por lo tanto, un paso importante para la vinculación a largo plazo de Turquía a Occidente. 
Yo les pido, por consiguiente, que se sumen a mi voto afirmativo en favor de la inclusión de Turquía en los programas comunitarios en el ámbito de la educación y el intercambio entre los jóvenes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los intercambios estudiantiles y juveniles entre jóvenes turcos y de la Unión Europea ofrecen una excelente oportunidad para contribuir al entendimiento mutuo entre nuestros pueblos y nuestros ciudadanos. 
También constituyen una aportación a una mayor apertura de Turquía hacia los estados democráticos de la Unión Europea, organizados según los principios del estado de Derecho. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores apoya, por consiguiente, por unanimidad el excelente informe de nuestra colega Renate Heinisch. 
Deseamos una mayor participación de la juventud turca en la construcción a largo plazo de una sociedad pluralista en el marco de un estado de Derecho, tal como han reivindicado siempre los interlocutores sociales turcos. 
La aprobación del presente informe expresaría también que la Unión Europea esta cumpliendo paso a paso su responsabilidad hacia nuestro gran vecino del Sur, en el marco de una estrategia a medio y largo plazo para Turquía, que los elementos de la cooperación se amplían y se refuerzan continuamente, y que los conflictos actuales- hoy hemos debatido extensamente sobre Ocalan- no sólo se pueden superar, sino que también será posible erradicar a largo plazo sus causas, a medida que se vaya desarrollando una nueva sociedad en Turquía. 
Señor Comisario, el Parlamento Europeo está dispuesto, en cualquier caso, a imponer la cooperación, como en el caso del presente informe Heinisch y también en otros ámbitos, con objeto de que también sea posible completar con éxito las tareas todavía pendientes de la Unión Europea, y me refiero ahora sobre todo a la ayuda financiera. 
Mi Grupo político también apoya la ampliación a Turquía del programa «Los jóvenes con Europa» , decisión que se debe considerar con independencia de nuestra relación política cotidiana con Turquía y también de los grandes reparos que suscitan algunas de las condiciones políticas internas en dicho país. 
¿Por qué? 
El programa «La juventud con Europa» se propone un objetivo autónomo en el ámbito de la política educativa, orientado a promover entre la juventud la tolerancia hacia las formas de pensamiento y de vida distintas de otros países, por medio del contacto intercultural en el marco de proyectos y de la práctica de la solidaridad a través de la colaboración práctica en el ámbito municipal, por citar un ejemplo. 
Se trata de nuevas experiencias personales y de reducir la inclinación hacia las corrientes nacionalistas. 
Los jóvenes turcos que nos visitan, aunque a veces es posible que hayan sido seleccionados a dedo, tienen por primera vez la oportunidad de conocer realmente Europa y de rectificar las imágenes parciales que puedan haberles transmitido los periódicos de su país. 
La suavización de unas estructuras mentales anquilosadas y el cambio generacional también pueden contribuir a hacer posible la transformación sociopolítica de los Estados. 
Precisamente por esto es preciso apoyar el diálogo con la juventud de Turquía, también con la ayuda de este programa en favor de la democracia, y a todos los que se oponen a ello yo quisiera decirles que los jóvenes turcos a quienes nos proponemos invitar no deben pagar por los errores de su Gobierno. 
No podemos combatir las posturas nacionalistas y cerrarnos a la vez al diálogo entre los jóvenes por encima de las fronteras, también en el caso de Turquía. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Heinisch, muy bien redactado por otra parte, evidentemente plantea, como se ha dicho hace un momento, un problema político, ya que propone que Turquía se beneficie de los programes de intercambio Sócrates y La Juventud con Europa cuando, según reconoce la propia ponente, la situación de los derechos humanos en Turquía sigue siendo preocupante. 
Además, de todos modos no hay que olvidar que los acontecimientos de estos últimos días no muestran una evolución positiva de Turquía: me estoy refiriendo a la detención, al encarcelamiento y a las condiciones del juicio de Ocalan, me estoy refiriendo incluso a la reacción de Turquía ante las declaraciones y propuestas de la Unión Europea pidiendo que Turquía resuelva sus problemas en el respeto de los derechos humanos. 
¿Qué responde Turquía? 
Dice que las declaraciones de la Unión Europea recargan todavía más la lista de condiciones previas para profundizar en la cooperación euroturca. 
Parece que estuviéramos soñando. 
Ante esta situación, lo inteligente hubiera sido volver a remitir el informe a comisión a fin de tener tiempo para reflexionar. 
Pero no será así y, por lo tanto, ¿qué se puede hacer? 
Algunos podrían considerar- lo he oído hace un momento- que no se puede responsabilizar a la juventud turca de los problemas actuales de su país y que, quizá, el acercamiento a la Unión Europea a la larga podría influir en una evolución hacia una mayor democracia, un mayor respeto de las resoluciones de las organizaciones internacionales, una mayor justicia y una mayor libertad. 
Pero otros, y yo estoy entre ellos, consideramos que votar a favor del informe de la Sra. Heinisch, es decir, a favor de los turcos que todo se lo permiten, que no son capaces de tener ni el más mínimo detalle, que pueden seguir tomando todo lo que les da Europa sin dar nada a cambio, que pueden proseguir sus violaciones de derechos humanos ignorando solemnemente que la norma básica de la Unión Europea, en la que desean entrar, es precisamente el absoluto respeto de los derechos de la persona. 
No se negocia con los guantes de boxeo puestos, como hace Turquía, y me parece que la Unión Europea es muy tímida con respecto a ésta, mientras que se muestra particularmente puntillosa con respecto al sistema judicial y de protección de los derechos humanos de los países del Este candidatos a la adhesión. 
Señora Presidenta, el grupo ELDR quiere dar una oportunidad a la juventud turca y por ello no votará en contra, aunque es ilusorio creer que la actual actitud de Turquía no es compartida por sus jóvenes. 
Pero, en fin, démosles una oportunidad; pero tampoco hace falta que un voto positivo sea considerado por Turquía como una nueva victoria, como una ratificación de su política actual en la que se siguen practicando ejecuciones arbitrarias y ataques contra la libertad de expresión. 
Es la razón por la que el grupo liberal se abstendrá. 
Señora Presidenta, este informe sobre la apertura a Turquía de los programas Sócrates y La Juventud con Europa ha suscitado, en el seno de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, muchos debates y expectativas de decisiones, ya que fue en septiembre de 1996 cuando tuvimos el primer intercambio de puntos de vista. 
Los programas en cuestión tendrán su fin en 1999 y los nuevos programas Sócrates y La Juventud con Europa comenzarán en el año 2000, fecha en la que estos nuevos programas debieran abrirse a Turquía de acuerdo con los procedimientos que se establezcan con este país. 
En el contexto actual, me gustaría saber cuál es entonces el mensaje tan apremiante que debemos transmitir a Turquía. 
Por supuesto, dichos programas son naturalmente vectores de transmisión de los valores de una colectividad basada en la democracia, la comprensión de otros pueblos y otras culturas, y yo valoro todas las virtudes de la educación y de la formación en la materia. 
En este sentido, soy favorable a una mayor difusión de Sócrates. 
Sin embargo, he de señalar que se ha rechazado una enmienda presentada por mis compañeros de la Comisión de Cultura. 
¿Qué decía esa enmienda? 
Decía lo siguiente: «La presente decisión entrará en vigor después de que el Parlamento Europeo haya verificado el respeto efectivo de los derechos humanos por parte de Turquía». 
Por esta razón, los miembros de nuestro Grupo político votarán en conciencia y libremente sobre este informe y yo, por mi parte, me abstendré. 
Señora Presidenta, yo creo que los derechos humanos sólo se pueden hacer realidad en un país cuando existen suficientes personas que los defienden. 
Precisamente esta es la finalidad de la propuesta de hoy, a saber, que apoyemos en cualquier caso la participación de Turquía en los programas «Sócrates» y «La Juventud con Europa» puesto que partimos de la base de que puede ser una importante aportación ofrecer a los jóvenes de Turquía, a través de nuestros programas, la oportunidad de aprovechar la ocasión para hacer de su país, Turquía, al que en estos momentos se califica con razón como insuficientemente democrático, una república democrática. 
El informe de la Sra. Heinisch nos parece muy oportuno en este sentido. 
Nosotros lo apoyamos sin reservas y damos por sentado que dicho informe y el debate de hoy, al igual que la decisión al respecto, que esperamos que sea positiva, constituirán una señal para Turquía. 
Señora Presidenta, afortunadamente no tenemos que esperar a que la juventud turca conozca Europa. 
Hay muchísimos jóvenes turcos que viven en Europa y que lo comentan en Turquía. 
Por tanto, no veo que hoy tengamos que adoptar urgentemente una decisión. 
En 1996, la Comisión presentó una propuesta para incluir ese país en los programas Sócrates, la Juventud con Europa y Leonardo. 
Mientras tanto, otros países también han sido admitidos, sin embargo, Turquía fue excluida por el problema de los derechos humanos. El Parlamento Europeo se sumó a esta decisión en 1996. 
La Comisión de Asuntos Sociales también se pregunta ahora, en mi opinión acertadamente, por qué no se puede detener la ejecución de las etapas presupuestarias hasta que se logren más avances en la solución del problema de Chipre y de la cuestión kurda. 
Después de todo, el debate sobre el problema kurdo y el asunto Ocalan, que hace unas horas hemos discutido, muestran de forma suficiente que el Parlamento considera que la situación turca es todavía muy problemática. 
Todos reconocemos la importancia de los programas en tanto posibilidad de favorecer el entendimiento y respeto recíproco entre las personas y los pueblos. 
No obstante, ¿qué garantías tenemos de que precisamente los jóvenes de Turquía pertenecientes a distintos grupos de población participarán en estos programas? 
No me hago ninguna ilusión ¿No sería erróneo que esto se aprobara justamente ahora, poco antes de las elecciones, y se mostrara indulgencia en este dramático momento? 
Sabemos muy bien que sólo se puede comenzar después del 2000 ¿Por qué acometer preparativos ahora, en un momento en que todo el Parlamento insiste en que Turquía actúe correctamente en materia de derechos humanos? 
Debemos ser consecuentes con nosotros mismos y no lanzar una señal errónea. 
En el fondo, respaldamos las propuestas, pero nos abstendremos porque consideramos que realmente es el peor momento para lanzar esta señal. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dejar claro que considero que todos como europeos tenemos interés en mantener las mejores relaciones posibles, políticas y culturales, con todos nuestros vecinos y que, por supuesto, esto también se aplica a nuestra vecina Turquía. 
Eso no impide que tenga la impresión de que este Parlamento haga, en primer lugar, el ridículo y, en segundo lugar, cometa un error de principio con la actual propuesta para admitir a Turquía entre los países en que se aplican los programas Sócrates, Juventud con Europa y Leonardo. 
Hacemos el ridículo como Parlamento porque desde hace años, en todo caso desde el término de las discusiones sobre la unión aduanera en 1995, amenazamos a Turquía con la paralización de este o aquel expediente a menos que se logren avances, por ejemplo, en la cuestión chipriota o en el problema kurdo. 
Ahora bien, quisiera saber de una vez cuáles son los progresos logrados desde entonces, por ejemplo, en cuanto a la cuestión chipriota. 
Al menos yo, los desconozco. 
Hacemos el ridículo como Parlamento por amenazar constantemente y, en el fondo, no hacer nada. 
En segundo lugar, cometemos un error muy grave, especialmente de principio, si nos sumamos sin protestar a la opinión del Consejo y de la Comisión para que nuestra vecina Turquía sea considerada candidata a la Unión Europea ¡Es absurdo! 
Europa no es un refresco o una comida para perros, se apoya en una realidad social, cultural e histórica, ¿o no? 
Resumiendo, el Parlamento debe tener el coraje, y cuento con ello, de decir a nuestra vecina Turquía que queremos mantener una amistad y cooperación tan amplias como sean posibles, pero que Turquía no es un país europeo y que, en consecuencia, no puede ser un país candidato a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el presente debate, en su conjunto, en realidad también pone de manifiesto el dilema que caracteriza a los debates sobre los derechos humanos en el Parlamento Europeo. 
Nosotros apoyamos el informe, entre otras cosas quizá también porque pensamos que la abstención no debería ser admisible, de hecho, en los temas relativos a los derechos humanos. 
Tenemos que decidirnos a favor o en contra, apoyar el proceso u obstaculizarlo. 
Nosotros consideramos necesaria la participación de Turquía en los programas educativos porque el nivel de formación de una sociedad siempre está también en relación directa con el desarrollo de la democracia. 
Podemos y sin duda debemos agotar todas las posibilidades en el plano político para forzar la democratización de Turquía. 
Pero no podemos castigar a la juventud por los pecados de sus dirigentes políticos. 
Además, éstos tampoco no modificarán su actitud aunque excluyamos a los jóvenes de los programas educativos y culturales. 
Podría ser una muestra de inteligencia política que por una vez demostremos que somos capaces de diferenciar. 
Señora Presidenta, Señorías, el grupo italiano de Alianza Nacional saluda con especial satisfacción la propuesta de ampliar a Turquía los programas europeos para la formación y la juventud. 
Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestro pesar por el retraso con que se aborda en este Parlamento una propuesta similar a la presentada por la Comisión Europea en el mes de mayo de 1996. 
Es inútil negar que también detrás de este retraso se esconden rémoras, resistencias, hostilidades, reservas de muchas partes y a diferentes niveles, en relación con la integración de Turquía en los programas culturales. 
Se dice que el Estado turco no ofrece todavía suficientes garantías en lo relativo a la política de los derechos humanos: una tesis y una preocupación que consideramos poder y tener que compartir, a pesar de los considerables pasos adelante realizados en los últimos años por el ordenamiento jurídico turco; una preocupación que se convierte en aún más seria por el contingente caso del jefe terrorista Ocalan y por la incierta y para nosotros angustiosa suerte del pueblo kurdo. 
La Unión Europea, sin embargo, no puede penalizar el retraso culpable en el proceso de democratización de Turquía abandonando a un peligroso aislamiento internacional precisamente a esa capa de la población turca más sensible al cambio y a los principios fundamentales de la convivencia civilizada. Me refiero a los jóvenes, esto es, al 50 % de la población de ese país mediterráneo; a los jóvenes en cuanto primeros destinatarios de los programas europeos Sócrates y Juventud. 
Esta Europa rica y opulenta, esta Europa pacifista, hipercrítica de palabra como un fiscal implacable, pero apocada como una gallina en sus acciones, es responsable de no haber intervenido para impedir que el caso Ocalan degenerase; ahora no puede asumir también la responsabilidad de impedir que la juventud turca adquiera, en nombre de los intercambios culturales, esos valores de democracia, de libertad, de tolerancia y de justicia, gracias a los cuales Turquía podrá pronto convertirse en una nueva referencia en la política de ampliación de Europa en el Mediterráneo. 
Éste es al menos nuestro deseo de europeístas y de ciudadanos del Mediterráneo. 
Señora Presidenta, con el presente Informe Heinisch se hace un nuevo informe y se da un nuevo paso en la mala fe de la Unión Europea ante la situación de Turquía. 
Se trata en efecto de permitir intercambios entre los jóvenes turcos y europeos a través de los programas Leonardo, Sócrates y La Juventud con Europa. 
Conviene recordar, sin embargo, que Turquía no es europea ni por su población, ni por su lengua, ni por su cultura, ni por su religión ni por su historia. 
Ya habíamos denunciado los acuerdos sobre la Unión Aduanera, exigidos por Estados Unidos en diciembre de 1995, en previsión de que se tratara de una primera etapa inaceptable hacia la integración en la Unión de un país no europeo. 
Actualmente, al extender a Turquía unos programas europeos en favor de los jóvenes y la educación, la Unión Europea da un segundo paso en favor de la apertura a Turquía. 
Ahora bien, hay algunas incoherencias en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Por un lado, la UE se preocupa por los derechos humanos en Chipre, o por los de minoría kurda, por otro lado estrecha las relaciones políticas y culturales entre ella y Turquía. 
Es una contradicción. 
No es ni serio, ni responsable. 
Señora Presidenta, quisiera empezar constatando con satisfacción que la gran mayoría del Parlamento esta ahora a favor de la inclusión de Turquía en los programas Sócrates y la Juventud con Europa. 
Me remito concretamente al debate anterior y a los muchos otros debates que hemos mantenido sobre las relaciones de la Unión Europea con Turquía. Quisiera expresar mi acuerdo con todos aquéllos que, a pesar de los numerosos problemas que tenemos con Turquía y de las innumerables diferencias de opinión, creen que mediante estos programas de intercambio debemos intentar desarrollar un entendimiento recíproco, y reforzar y aprovechar la oportunidad de intercambiar y compartir nuestras ideas de democracia, tolerancia y civismo precisamente con la juventud de Turquía. 
Lo que se aprende en la cuna, siempre dura, dice un refrán neerlandés, y creo que eso se aplica con toda seguridad a nuestros programas. 
Quisiera felicitar a la Sra. Heinisch por su informe y por su tenacidad para lograr que se presentara esta recomendación y que fuera aprobada tras largas discusiones en la Comisión de Asuntos Culturales. 
Quisiera añadir que tampoco nosotros tenemos realmente ningún problema con las enmiendas propuestas, aunque permítanme decir que la enmienda 5, en la se habla de dedicar una atención extraordinaria a la situación de las minorías, algo que, por otra parte, está muy en consonancia con la política de la Comisión, resulta menos conveniente. En ella se da la impresión, al menos informalmente, de que en la ejecución del programa se debería manejar un sistema de cuotas respecto de la participación de las minorías en estos programas. 
Creemos que debe asegurarse el éxito de los programas para estas minorías sin que la enmienda introduzca lo anterior en el texto. 
Espero que tanto la ponente como los restantes diputados al Parlamento estén de acuerdo. 
Por último, la decisión sobre la participación de Turquía en el marco de las actuales propuestas no significa, tal como ya sabemos, que este país pueda participar de forma inmediata y efectiva en estos programas. 
Se debe adoptar, después de estudiarlo con Turquía, una decisión respecto de las modalidades de aplicación y los aspectos financieros de la participación. 
Por ello, el Parlamento, por supuesto, será de nuevo consultado sobre este asunto. 
En el marco de los nuevos programas Sócrates y Juventud con Europa que se desarrollarán del año 2000 al año 2004 inclusive, se ha considerado ya la participación de Turquía y, teniendo esto en cuenta, la aprobación de las decisiones previstas que están ante nosotros daría luz verde a la ejecución de algunas medidas preparatorias que son totalmente necesarias para el buen desarrollo de la participación de Turquía en estos programas. 
Las decisiones relativas a la participación de este país constituyen, creo yo, una señal positiva de la Unión Europea a la sociedad civil turca, con la que la Unión Europea realmente mostraría de nuevo que está preparada para desarrollar la cooperación sectorial con Turquía. 
En lo que a esto respecta, esperamos también una respuesta y reacción positivas por parte de ese país. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0048/99) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la segunda fase del programa de acción comunitaria en materia de educación «Sócrates» (Ponente: Sra. Pack). 
Señor Presidente, señoras y señores, hoy no tengo la intención de detenerme mucho en la relevancia de este programa educativo. 
Ya lo hemos hecho con todo detalle en los últimos meses e incluso en los últimos años. 
Podría decirse que ya lo sabemos todo acerca del mismo. 
Aunque el señor Presidente del Consejo no está con nosotros, tal vez se le pudiera decir que los buenos europeos no caen del cielo. 
Se forman en Europa y para Europa. 
Por todo ello, es fundamental que en el espacio educativo Europa creemos el tan necesario y valor añadido europeo, la dimensión europea del sistema educativo. 
No pretendemos eximir a los políticos nacionales, regionales y locales de sus obligaciones en materia de educación en general y de educación a escala europea en particular, sino que nos disponemos a facilitar ayudas adicionales que son más imprescindibles que nunca en el camino hacia una convivencia tolerante en Europa. 
En la primera lectura ya hemos señalado que la Comisión ha introducido notables mejoras en su propuesta para Sócrates II. El procedimiento se ha simplificado, el acceso resulta más fácil; en otras palabras, hay menos burocracia. 
Por otra parte, también hemos conseguido un pequeño avance que, para muchos, revestía una especial importancia con respecto al programa Comenius, a saber, la posibilidad de iniciar un intercambio de estudiantes en el marco de Comenius si algún día hubiera necesidad de ello. 
Ahora quisiera limitarme a las importantes enmiendas que presentamos hoy y que votaremos mañana. 
En primer lugar quiero dejar claro que he prestado especial atención al hecho de que la promoción del conocimiento de las lenguas tenga una particular resonancia en las personas que viven en zonas fronterizas. 
Las regiones fronterizas cuyos habitantes no hablan la lengua de sus vecinos no pueden aprovechar a fondo las posibilidades que ofrece el mercado interior. 
No les sirve el inglés que aprenden, ya que, por ejemplo en la región del Sarre, de donde yo procedo, cercana a las fronteras con Luxemburgo y Francia, es fundamental el conocimiento del francés y, por tanto, es imprescindible que los habitantes de dicha zona aprendan este idioma, desde el parvulario. 
En beneficio de sus propios intereses. 
El segundo punto que hemos puesto sobre la mesa insiste en la necesidad de consolidar el sistema de reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. Se trata del denominado sistema ECTS. 
Debemos fortalecerlo para que la estancia de los jóvenes estudiantes en el extranjero sea reconocida en el país de origen y no se convierta en una pérdida de tiempo. 
Hay otro aspecto que estimamos de alto interés. 
Por falta de recursos financieros las becas concedidas en el marco del programa Erasmus son muy escasas. Pero realmente no es viable que una persona joven se desplace a un país extranjero con 100 euros en el bolsillo. 
Solamente podrá permitirse ese lujo si sus padres u otros familiares están dispuestos a financiárselo. 
Y en última instancia, si tiene padres y familiares dispuestos a prestarle esta ayuda, tal vez ni siquiera necesite los 100 euros. 
Por todo ello, podría ser buena idea que los centros de enseñanza superior, a la hora de conceder las becas, tengan en cuenta el entorno financiero y económico del estudiante. 
Sería preferible que los 100 euros de aquel estudiante que desee irse a estudiar al extranjero y pueda autofinanciar su estancia se sumen a los de un tercero, cuarto y quinto estudiante, para que con este dinero pueda desplazarse al extranjero un estudiante con menos recursos económicos. 
Hemos formulado una propuesta en este sentido y espero que el Consejo en su próxima reunión llegue a comprender mejor nuestro punto de vista que en ocasiones anteriores y tal vez se decida a suscribirla. 
Evidentemente, somos asimismo partidarios de que ante el hecho de que el programa ya no se extiende sobre cinco sino sobre siete años, opción que tiene nuestro visto bueno, se lleve a cabo una evaluación del mismo a finales del año 2002. 
Dicha evaluación no puede ser solamente cualitativa, sino que ha de centrarse antes que nada en los aspectos financieros. 
Espero que el Consejo, a la vista de la larga duración del programa, esté de acuerdo en ejercer un control a mitad de camino, ¡pero que sea un control serio que no se quede en el tintero! 
Como viene sucediendo con respecto a Sócrates desde 1994, desde que me encargo de esta cuestión, el principal punto de controversia es la financiación. 
La Comisión propone 1.500 millones de euros para un plazo de cinco años. 
Nosotros hemos replicado que ello no es suficiente y que necesitamos 2.000 millones de euros. 
Y es lo que realmente nos hace falta de cara a la ampliación del programa hacia todos los países que desean incorporarse. 
Hoy hemos hablado de Turquía, pero es preciso añadir Polonia, Hungría, la República Checa, Estonia, Letonia y Eslovaquia. 
El Consejo hace promesas un domingo por la mañana y el lunes siguiente nos encontramos con que no hay dinero para cumplirlas. 
Está claro, pues, que necesitamos más dinero. 
Ahora bien, el Consejo ha sido muy ágil. 
Ha prorrogado el programa de modo que se extiende a siete años y nos ha facilitado 1.550 millones de euros. 
No es más que una maniobra simbólica porque hemos recibido menos de lo que conseguimos antes para un período de cinco años. 
Es la razón por la que hemos formulado una propuesta muy sabia: queremos 2.500 millones de euros. 
La última vez dejé bien claro que este dinero no lo queremos para nosotros, sino para todos los jóvenes de la Unión Europea, 300 millones de personas que pueden optar a este programa, desde la cuna a la sepultura. Es un programa que comienza en la escuela y que a través de la educación permanente afecta a personas de avanzada edad. 
Sería una lástima que el Consejo no cumpliera sus numerosas promesas, empezando por acceder a las peticiones que formulamos aquí. 
De este modo, podríamos hacer algo por los ciudadanos de Europa. 
Y creo que a la vista de las elecciones europeas debemos aunar nuestras fuerzas para lograr este propósito. 
Aplausos 
Señor Presidente, señoras y señores, felicito a la Sra. Pack por su informe y me alegro de que en comisión hayamos logrado un amplio consenso sobre la orientación del futuro programa. 
Ya hemos discutido más que suficientemente sobre los principios del programa Sócrates. 
Hay, sin embargo, un aspecto que quisiera destacar hoy. Los recursos financieros previstos en la propuesta del Consejo son absolutamente insatisfactorios. 
Desafortunadamente, hoy día sigue habiendo miles de jóvenes que no tienen acceso a este programa, tal y como demuestra el elevado número de solicitantes registrados en los órganos de gestión que cada año se quedan fuera por falta de medios. 
Sin duda la UE podría desempeñar un papel más decisivo en el programa de intercambio europeo. 
Por todo ello, mi Grupo ha reclamado desde el principio un incremento de los medios a fin de brindar a los jóvenes la oportunidad de residir una temporada en el extranjero y con objeto de corregir la discriminación social del actual programa Sócrates. 
Los discursos informales del domingo giran en torno a la Europa del encuentro de la juventud, de la educación en la tolerancia y del espacio educativo común, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar las decisiones financieras, no hay dinero. 
Sería bonito y sería señal de una verdadera visión europea que todos lo jóvenes pudieran cursar parte de sus estudios en un país vecino. 
Quisiera recordarles asimismo que ampliar el conocimiento de las lenguas extranjeras y fomentar desde pequeños una sensibilidad hacia la situación cultural de otros países son dos acciones que contribuyen de forma significativa a la movilidad del mercado laboral y han de considerarse, pues, como una parte integrante de la política de empleo. Los expertos en temas relacionados con el mercado laboral lo saben desde hace tiempo. 
La reclamación unánime de la comisión de 2.500 millones de euros para el nuevo período de vigencia del programa es el mínimo absoluto. 
La propuesta del Consejo de conceder nada más que 1.500 millones de euros para un período de siete años en el fondo no supone ningún aumento, sino una diferencia cero, una ausencia de crecimiento a lo largo del período previsto, como ha señalado con razón la Sra. Pack, sobre todo si se tienen en cuenta la subida de los gastos en materia de formación de adultos y la apertura del programa a la Europa Central y Oriental, así como la necesidad de corregir en algunos aspectos la discriminación social del programa. 
Las becas Erasmus por ejemplo, que actualmente ascienden por término medio a 70 euros, realmente no animan a los jóvenes procedentes de las familias con pocos recursos financieros a cursar parte del año académico en el extranjero y aquellos que sí se lo pueden permitir en el fondo no necesitan esta ayuda. 
Por lo demás me congratulo de que se hayan impuesto las peticiones de carácter socio-político y las enmiendas de mi Grupo, por ejemplo, la propuesta de que en el futuro los centros de enseñanza superior presten especial atención a la situación económica de los solicitantes a la hora de atribuir las becas Erasmus, y que en el marco de Comenius se conceda preferencia a las medidas de movilidad, especialmente en beneficio de los jóvenes de las escuelas de oficios, y de la formación profesional, puesto que este grupo de estudiantes siempre ha tenido menos posibilidades de intercambio. 
Por último, consideramos positivo que la comisión haya accedido a la petición de incorporar entre las medidas prioritarias el fomento del conocimiento de las lenguas oficiales vecinas en el contexto del intercambio de alumnos en el marco de Comenius. Ello redundará sin duda en beneficio de las actividades transfronterizas y la creación de zonas bilingües, algo que se reivindica por ejemplo en mi región de origen. 
Queremos crear una bilingue zone, una zona bilingüe, en la parte sur del Alto Rin. Si lográramos llevar adelante las medidas aquí propuestas, con el asentimiento del Consejo, podríamos dar un importante impulso a este proceso. 
Todo lo que se propone aquí contribuye de forma significativa a ofrecer a los ciudadanos una Europa concreta y útil. 
Es una dimensión que se suele echar en falta en la política europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, quisiera dar las gracias a Doris Pack por el empeño que ha puesto en el programa Sócrates. 
Sobre todo la ampliación del programa merece mi más fuerte apoyo. 
En mi calidad de ponente sobre el Año europeo de la educación y la formación permanentes soy consciente de la importancia que tiene la Acción III Grundtvig, destinada a fomentar este tipo de formación, para los jóvenes que carecen de una formación básica suficiente, por una parte, y para los adultos que quieren o deben ampliar sus conocimientos y sus competencias, por otra. 
En el marco de la colaboración en el ámbito educativo a escala europea es imprescindible que todos los implicados reciban la debida información sobre las cuestiones relacionadas con la educación. 
En el contexto de la escuela debe informarse a los padres y a los maestros para que junto con los jóvenes puedan identificar y fomentar la dimensión europea de la enseñanza. 
Precisamente en los países de la Europa Central y Oriental, en Chipre y en los Estados bálticos los padres y los responsables del ámbito de la educación confían en que puedan ayudar a respaldar el proceso democrático en las escuelas y en la sociedad. 
Antes me he referido al informe que tiene por objeto incorporar a Turquía en los programas Sócrates y Juventud con Europa. La semana pasada he discutido estos temas con jóvenes y profesores en Estambul y esta semana los he comentado en una delegación con responsables de Lituania. 
Todos ellos consideran la formación de adultos como una excelente oportunidad para seguir desarrollando una sociedad democrática en sus respectivos países. 
Y vuelvo a echar mano de mi vieja consigna referida a la formación de adultos: a veces es más importante educar y formar a los padres y a los adultos que a los jóvenes. 
Por tanto, me felicito de que el presente programa respalde esta dimensión. 
Señor Presidente, se está sometiendo a debate del Parlamento la segunda fase del programa de acción Sócrates y la posición común del Consejo a este respecto. 
Quisiera felicitar ya desde un primer momento a la Sra. Pack por la labor tan perseverante que ha llevado a cabo en favor del programa Sócrates, que también se ve reflejada ahora en el informe que estamos sometiendo a debate. 
Sócrates figura entre los programas comunitarios que han cosechado un mayor éxito. 
Dicho programa ha permitido a muchos miles de jóvenes europeos cursar estudios más allá de sus fronteras, obtener nuevos conocimientos y estímulos y, de este modo, hacerse una mejor idea del mundo a través de una experiencia de carácter internacional. 
Sócrates ha sido especialmente valioso para los Estados miembros más pequeños, ya que no sólo ha aumentado las posibilidades de sus estudiantes y ha atraído a nuevos alumnos procedentes de otros países, sino que también ha potenciado de esta manera una interacción europea de gran valor. 
El Consejo propone ahora una posición común. 
La gran diferencia entre esta posición y el informe de la Sra. Pack reside en que mientras que el Consejo ofrece 1.550 millones de euros, la Sra. Pack y la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación exigen 2.500 millones de euros para los próximos siete años. 
Si tenemos en cuenta que es más que probable una ampliación de la Unión Europea en los próximos años, la cifra de 2 500 millones de euros parece adecuada. 
Además, es posible defender esta propuesta si tenemos presente que la competitividad industrial y comercial de Europa depende en gran medida de la calidad de los niveles educativos que ofrezcamos, no sólo a nuestra juventud, sino también a al resto de los ciudadanos adultos. 
Desearía mencionar únicamente un aspecto del contenido de este programa Sócrates: en el informe se circunscribe detalladamente el aprendizaje de idiomas a las lenguas oficiales de la UE más el irlandés y el luxemburgués. 
Dado que en la UE no se estudia a menudo la lengua de nuestros países vecinos, sería coherente suprimir esta angosta restricción y ampliar las posibilidades de estudio a otras lenguas de zonas fronterizas de la Unión, con pocos estudiantes a pesar de su gran importancia. 
De esta manera sería posible fomentar tanto la ampliación de la UE como la cooperación transfronteriza. 
Señor Presidente, antes que nada querría felicitar a Doris Pack, ponente del programa Sócrates, por el trabajo que ha realizado, no solo en el seno del Parlamento, sino también en sus negociaciones con el Consejo y la Comisión, para obtener dos mil millones de euros para su funcionamiento. 
Si hay un programa europeo que conozcan los ciudadanos es sin duda Sócrates. 
Éste ha demostrado su valía, y su éxito sobrepasa las posibilidades financieras, aunque, desgraciadamente, se puede decir que, en cierto modo, contribuye a crear una clase privilegiada: la de los que han tenido acceso a Sócrates. 
Este programa aporta una verdadera plusvalía europea a la dimensión nacional de nuestros sistemas educativos, ya que estimula el aprendizaje de las lenguas europeas y el conocimiento de las demás culturas, de norte a sur y de este a oeste. 
¿Qué es lo que hace entonces que el programa sea popular? 
Sencillamente, creo que responde a las expectativas de los ciudadanos de que Europa se interese por ellos, por su desarrollo personal, por su integración en su propio territorio. 
Sí, Sócrates permite el encuentro entre estudiantes y profesores. 
Sí, Sócrates permite la cooperación entre centros de enseñanza, así como un mayor reconocimiento de los títulos y contenidos de los sistemas educativos de los demás europeos. 
Nuestra Comisión de Cultura ha presentado numerosas enmiendas para mejorar la propuesta inicial de la Comisión, y si hemos querido un aumento del presupuesto ha sido sobre todo introducir en Sócrates la formación permanente. 
La introducción de Minerva, destinada a favorecer la utilización de multimedia en la educación, es, creo yo, una excelente novedad, que cuenta además con la realización de acciones conjuntas con otros programas comunitarios como Leonardo y La Juventud con Europa. 
Por último, deseo que se pueda hacer un seguimiento eficaz de la ejecución del programa, algo que no dudo, pero que ese seguimiento se pueda asimismo divulgar y exponer sin trabas a todos los que estén a cargo del control, o incluso a todos los que lo deseen. 
Estamos en la segunda lectura del programa y, por lo tanto, más cerca de su ejecución; por ello deseo que sople un viento favorable para todos los ciudadanos, que se beneficiarán de nuestro trabajo y que así comprenderán que Europa se ha hecho para ellos. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Sra. Pack por su informe. 
La Sra. Pack ha luchado eficazmente en pro de SOCRATES en el Parlamento en los cinco últimos años, durante los cuales he formado parte, junto a ella, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Evidentemente, vamos a tener que seguir luchando contra el Consejo de Ministros. 
Aunque logramos un aumento del presupuesto, está claro que es insuficiente para atender las peticiones del número cada vez mayor de países que quieren, con toda razón, participar en los programas educativos con cargo a SOCRATES. 
Es importante que lo hagan. 
Para que podamos construir una Europa mayor, no limitada exclusivamente a los 15 Estados miembros, está bien que hagamos extensivos los programas a otros países. 
Por mi conocimiento de los programas como antiguo profesor de enseñanza superior, me resulta claro que cuantos más jóvenes consigamos de toda Europa que se reúnan y hablen entre sí, mejor entenderán la importancia de Europa y de la construcción de Europa. 
Sólo deseo que algunos periodistas británicos participen también en ese programa. Entonces podrían entender Europa un poco mejor. 
Espero que la Comisaria Cresson responda positivamente al informe y haga suya la lucha que el Parlamento quiere continuar para ampliar el programa y aumentar el presupuesto a fin de que dispongamos de un programa SOCRATES de verdad logrado. 
Señor Presidente, nos hallamos a mitad de camino entre la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento, en la que la formación se anuncia como el nuevo reto social. 
Debemos crear las bases necesarias para que toda persona esté en condiciones de ejercer varias profesiones diferentes a lo largo de su vida en respuesta a los constantes cambios tecnológicos. 
Sócrates sienta las bases para la Europa del conocimiento en el terreno de la educación general y Leonardo hace lo mismo en el ámbito de la formación profesional. 
Estos programas educativos mejoran los conocimientos y las destrezas de los beneficiados preparándolos para el futuro. 
Con una formación escolar cualificada y la aplicación de nuestro concepto life long learning pueden afrontarse muchos retos, porque el perfil del trabajador del futuro será el siguiente: capacidad de liderazgo, gran autonomía, trabajo en equipo y competencias sociales. 
Los trabajadores y los directivos deben saber comunicarse. Ello no sólo significa que deben saber expresarse, sino que, además, deben ser capaces de identificarse con culturas ajenas, identificando las diferencias e intentando llegar a una interpretación analítica. 
¿Cómo pueden los ciudadanos desplazarse, cursar estudios, formarse, encontrar un puesto de trabajo en algún lugar de Europa que no sea su país de origen si carecen de los necesarios conocimientos lingüísticos? 
El hecho de que Sócrates respalde asimismo la enseñanza de las lenguas europeas menos difundidas es una muestra de solidaridad. 
Las propuestas formuladas por Doris Pack, pionera de la política de aplicación práctica, merecen nuestro apoyo incondicional. 
Mis visitantes escolares, que prácticamente todos los lunes someten Europa a prueba, han mostrado la buena acogida de Sócrates, a pesar de los problemas relacionados con las solicitudes. 
El intercambio de estudiantes y los encuentros entre profesores pueden más que los folletos más llamativos. 
¿Pero para qué sirven las ideas maravillosas si no redundan en beneficio de todos? 
Los 2.500 millones de euros son el mínimo que se puede exigir habida cuenta del número cada vez mayor de beneficiarios procedentes de los países de la adhesión. 
Sócrates es un claro ejemplo de una inversión eficaz en el futuro cuyos resultados pueden ser evaluados. 
Señor Presidente, en el marco del presente debate sobre el excelente e importante informe de nuestra colega Pack quisiera hacer hincapié en dos puntos que estimo de especial interés. 
Estamos hablando del valor cultural de la posibilidad de comunicarse más allá de las fronteras. 
A este respecto debemos reconocer el mérito de los países de la Europa Central y Oriental. 
Al desplazarnos a estos países, todos hemos podido comprobar hasta qué punto muchos de sus habitantes hablan nuestros idiomas. 
¿Pero cuántos ciudadanos de la Europa Occidental dominan las lenguas de esos países? 
En este ámbito, la Unión Europea tiene la responsabilidad de adoptar medidas claras para que nuestros jóvenes también aprendan las lenguas de nuestros vecinos de la Europa Central y Oriental, por razones económicas, pero asimismo y sobre todo por motivos culturales y de política europea. 
Es éste el primer punto que quería destacar. 
El segundo aspecto ya ha sido comentado por la Sra. Pack y se refiere a nuestra responsabilidad respecto a las zonas fronterizas. 
En este momento vivimos la situación, más en particular en las zonas fronterizas austríacas, de que durante décadas nos hemos quejado de las fronteras cerradas y del telón de acero y que, de repente, nos encontramos con que las fronteras abiertas nos infunden miedo. 
Nuestra respuesta a este problema ha de fundamentarse en iniciativas culturales y de política educativa, que deben institucionalizarse. 
El intercambio de estudiantes, el intercambio de profesores y sobre todo la creación de escuelas bilingües y en determinadas ocasiones incluso trilingües probablemente sean los instrumentos más adecuados para mejorar las relaciones entre zonas fronterizas, no sólo en el plano económico sino también en el ámbito cultural y lingüístico. 
Vivimos una experiencia muy particular en Austria, en Carintia, donde existen centros de enseñanza que imparten clases en esloveno y en alemán debido a la presencia de la minoría eslovena. 
Ahora, tras la apertura de las fronteras, nos damos cuenta de lo valiosos que son los jóvenes ahí formados para el desarrollo económico y el comercio transfronterizo. 
Basándome en estos ejemplos, creo que el dinero destinado a estos fines está muy bien invertido y muy bien gastado. 
Señor Presidente, me uno a oradores anteriores para celebrar la oportunidad de hacer una breve contribución a este debate. 
La fase primera de SOCRATES ha sido un experimento muy válido en materia de educación transnacional. 
En mi país, Irlanda, hay muchos profesores y estudiantes que pueden atestiguar su éxito como experiencia de aprendizaje excepcional. 
Aparte de su evidente dimensión educativa, SOCRATES ha brindado una sensación de arraigo y una oportunidad para que los jóvenes compartan y disfruten la diversidad cultural de la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Permite a los jóvenes mediante programas educativos bien formulados conocer los diferentes estilos de vida e individualidades de cada uno de los países de la UE, al tiempo que les ayuda a apreciar más su rico y diverso patrimonio propio. 
Celebro que el Consejo haya logrado una posición común sobre los futuros programas de educación y formación, incluido el Programa SOCRATES, que se vaya a prorrogar el período operativo del nuevo programa a siete años y que se vaya a aumentar en gran medida el presupuesto. 
En mi opinión, Europa debe seguir invirtiendo en los jóvenes. 
Una población apta y móvil es nuestro mayor activo en un mundo que está volviéndose cada vez más competitivo. 
Irlanda ha demostrado cómo sus jóvenes están contribuyendo en gran medida a su importante desarrollo económico. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia la Sra. Pack por su informe y, sobre todo, por su empeño. 
El contenido de la segunda fase se remonta a la discusión sobre el Libro blanco «Enseñar y aprender» , el Libro verde sobre la movilidad transfronteriza y el programa Europa del conocimiento. 
Se pretende facilitar el acceso a los programas para todos los destinatarios, simplificar el procedimiento de solicitud y selección y alcanzar una cuota de participación del 10 % de los centros de enseñanza y del 10 % de los estudiantes. 
Otro objetivo prioritario consiste en eliminar todas las formas de discriminación. 
A este fin se ha incorporado en la segunda lectura una observación acerca de la necesidad de tener en cuenta la situación económica de los solicitantes a la hora de atribuir las becas, el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y algo que me alegra especialmente, la mayor implicación de los interlocutores sociales. 
En el marco de la educación permanente, presente en todos los programas educativos, SOCRATES II presenta la novedad de que la formación de adultos ha sido integrada en el programa GRUNDTVIG. 
También es nuevo que haya un programa, el programa MINERVA, dedicado a la tecnología educativa y multimedia, que lleve un nombre femenino gracias al empeño y la propuesta de Doris Pack. 
En resumen, SOCRATES es un buen programa porque abarca más contenidos, persigue mayores cuotas de participantes y amplía el número de estados candidatos a la adhesión que pueden optar al mismo. 
No podemos olvidar que ahora mismo los programas educativos y culturales ya están abiertos a gran parte de los candidatos a la adhesión y que el número de países beneficiarios irá en aumento durante los próximos siete años. 
Así las cosas, la propuesta del Consejo de sustituir los recursos financieros previstos por la Comisión, a saber, 1.400 millones de euros para cinco años, por 1.550 mil millones de euros, distribuidos en siete años, resulta aún más escandalosa. 
Ello significaría que SOCRATES II debería financiar más gastos de más participantes con menos dinero. 
Por todo ello, rogaría al Parlamento Europeo que vote a favor de la enmienda plenamente justificada y aprobada por unanimidad en comisión en la que se prevén 2.500 millones de euros para un período de siete años. 
Es realmente el mínimo que podemos exigir para que el programa SOCRATES pueda llevarse a cabo con éxito, en beneficio de la juventud, de los estudiantes, de los docentes y de cuantos desean enseñar y seguir formándose en Europa. 
Señor Presidente, el programa Sócrates es uno de los medios más importantes de que disponemos para apoyar la movilidad de los ciudadanos comunitarios y la diversidad en el ámbito de la educación. 
La incorporación en este programa de los estudiantes de los países candidatos y de algunos otros Estados próximos a nosotros constituye un paso lógico de cara a la ampliación de la Unión. 
En el proceso de ampliación de Sócrates hay que tener en cuenta que la participación de particulares en el programa no debe ser motivo de mayores complicaciones a causa de insuficiencias en su financiación. 
Es importante tener presente la situación económica de los países participantes a la hora de determinar el reparto de las cuotas de financiación. 
Las ayudas para el estudio de lenguas europeas minoritarias, por ejemplo el lapón, como un elemento más de una política de internacionalización contribuyen a preservar valiosas tradiciones culturales de carácter local que debemos mantener vivas en una Europa cada vez más internacional. 
La incorporación de los estudiantes adultos y del personal cualificado del sector educativo mejora los efectos benéficos que este programa tiene para el conjunto de la población. 
La integración de estos colectivos facilita considerablemente el objetivo del reconocimiento recíproco de los estudios realizados en los distintos países, lo cual, por su parte, contribuye a incrementar la movilidad de quienes se incorporan a la vida laboral. 
El dinero que se invierta en este programa se rentabilizará con creces en el futuro. 
Espero que el Consejo y la Comisión sometan esta cuestión a la consideración que verdaderamente merece y que, por medio de la financiación propuesta por el Parlamento, podamos garantizar un nuevo programa tan favorable como el actual Sócrates. 
Está claro que sobran objetivos de financiación con cargo al presupuesto de la UE, pero si escatimamos en estos programas de juventud, estaremos escatimando también en nuestro futuro y en el desarrollo de la identidad europea, lo cual sería una política muy poco previsora. 
Señor Presidente, también yo quisiera unirme a mis colegas para felicitar a la ponente por la importante propuesta que nos ha presentado. 
Cuando examinamos cualquier cuestión sobre la educación, debemos considerarla una inversión en el futuro para nuestros jóvenes con vistas a brindarles las aptitudes para que se adapten a las tecnologías en transformación en el cambiante mundo en que vivimos. 
También es una inversión en el futuro con vistas a una mayor comprensión de la diversidad- cultural, social y lingüística- existente en la Unión Europea. 
Esa es la razón por la que es importante, como ha dicho el orador anterior, que se fomente el estudio de las lenguas minoritarias en el programa SOCRATES. 
Hablo en particular de la lengua irlandesa. 
Es una lengua oficial de la Unión Europea y se le debe conceder mayor prominencia. 
Sin embargo, como han dicho muchos oradores, pese a lo que diga el Consejo sobre la importancia de la educación y pese a la buena fe de la Comisión respecto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, hay una falta de compromiso en cuanto a los recursos financieros. 
Así, pues, insto a todos Sus Señorías a que apoyen las enmiendas presentadas por la ponente para velar por que se aporte la financiación idónea de 2.500 millones de euros a este nuevo programa SOCRATES de siete años. 
También es importante que aprendamos de los errores cometidos en los programas en el pasado. 
Me refiero en particular al programa ERASMUS, que versaba principalmente sobre los intercambios de estudiantes del tercer ciclo. 
Comprendía un elemento de exclusividad, por lo que, si una familia carecía de medios para mantener a un estudiante en un país extranjero, ese estudiante no podía beneficiarse de él. 
Nos corresponde a nosotros velar por que haya cierto apoyo financiero disponible con cargo a estos programas en los niveles europeo y nacional. 
Si los Gobiernos de los Estados miembros no la aportan, debemos reducir la cantidad de fondos que reciben con cargo al programa SOCRATES y otros programas educativos. 
En conclusión, insto a todos Sus Señorías a que apoyen este programa e infundan más esperanza para el futuro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, elogio encarecidamente estas recomendaciones y las enmiendas que la ponente ha presentado. 
Últimamente no he participado tan directamente en los debates sobre estos programas en el Parlamento, pero hace unos cinco años fui coautor con la Sra. Pack del informe del Parlamento sobre el primer programa SOCRATES. 
Todo lo que ha sucedido después ha justificado el fuerte apoyo que el Parlamento dio a ese programa. 
Otros oradores se han referido en términos elogiosos- y con razón- al valor de los intercambios ERASMUS y la red de escuelas que esos programas aportan. 
Esos programas no sólo benefician a los estudiantes que participan en ellos y a las escuelas y facultades a las que pertenecen, sino que, además, hacen- hemos de recordar- una contribución real a una comprensión coherente de la labor de la propia Unión Europea para gran número de estudiantes y sus familias. 
La hace real para ellos. 
Me complace también la inclusión de los países candidatos, junto con Malta y Chipre. 
La semana pasada estuve en Malta para asistir a la reunión de Comisión Parlamentaria Mixta y he de decir a Sus Señorías que están muy deseosos de que Malta participe plenamente en esos programas. 
El aspecto fundamental es la financiación. 
Si no disponemos de la financiación idónea, no podemos velar por que todos los jóvenes que podrían hacerlo se beneficien de estos programas ni podemos evitar el elitismo, que significa que sólo pueden participar los que pueden permitírselo económicamente. 
Parece mucho dinero y los ministros tiemblan ante ella, pero, ¿qué son 2.500 millones de euros? 
Es un euro por ciudadano europeo y por año de funcionamiento del programa. 
Para muchas personas, es menos que el costo de una taza de café o de un periódico. 
Es menos del 5 % de la fortuna personal de Bill Gates, lo que resulta digno de reflexión. 
Tal vez podríamos pedirle que hiciera una donación, si no podemos lograr el dinero de otro modo. 
Señor Presidente, Sócrates es una idea maravillosa. 
En mi calidad de profesor de universidad puedo comprobar año tras año lo que Doris Pack nos ha relatado, lo que con razón ha alabado y también lo que ha lamentado. 
Aunque se trate de una iniciativa excelente, la financiación deja mucho que desear. 
Hace pocas semanas se procedió en mi universidad a la asignación de las becas y aún me acuerdo del entusiasmo que mostraron los jóvenes al conocer su lugar de destino, Roma, París, Trieste, Tesalónica y otras ciudades similares. 
Me acuerdo asimismo de las lágrimas derramadas por quienes se quedaron fuera. 
Recuerdo y hasta experimento todas las semanas con gran alegría cómo los estudiantes Erasmus ahí donde vayan enriquecen las clases del curso académico tradicional. 
Pero como ya he señalado, tenemos problemas de dinero. 
Queremos ampliar el programa y es legítimo que lo ampliemos de cara a los países de la Europa Central y Oriental. 
Pero por otra parte- y es un tema al que he dado muchas vueltas en las últimas semanas -, al comparar las solicitudes que me han llegado ahora con las que recibí hace dos o tres años, me he dado cuenta de que hay una diferencia enorme, en el sentido de que en este momento muchos de los que solicitan una beca en el fondo no la necesitan puesto que ya se han marchado dos, tres o cuatro veces al extranjero para cursar estudios. 
Las solicitudes que apenas recibo y cuyo número disminuye cada vez más son las que pretendíamos y deberíamos fomentar en el marco de Erasmus y Sócrates, a saber, las solicitudes de candidatos jóvenes y calificados con conocimientos de idiomas que muestren entusiasmo y dedicación y que estén dispuestos a aprovechar a fondo esta oportunidad, sin que su curriculum vitae recoja ya una o dos estancias en el extranjero. 
Considero que no podemos introducir recortes, sino que debemos unirnos y poner todo nuestro empeño en brindar a nuestra juventud europea las oportunidades que desearíamos que tuvieran. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Pack y al Sr. Elchlepp de nuestro Grupo, que ha contribuido a conseguir que se conceda prioridad a los estudiantes desfavorecidos en el programa. 
Como todo el mundo ha dicho, SOCRATES ha tenido un gran éxito. 
Su ampliación a las escuelas es un éxito increíble y extraordinariamente beneficioso. 
Quisiera mencionar tan sólo un proyecto: cuatro escuelas primarias, cuatro países, titulado «El agua en nuestra cultura». 
Los niños han aprendido que existen otros países, culturas y lenguas, que compartimos aspectos de nuestra cultura y que debemos proteger el medio ambiente. 
También han aprendido cómo puede ayudarlos la nueva tecnología a comunicar a través de las fronteras: un logro absolutamente fantástico. 
Es la piedra angular de la Europa de los ciudadanos. 
Sé que la Sra. Cresson se une a nosotros y aprecia ese aspecto. 
Como se ha dicho, hay que encontrar 2.500 millones de euros. 
Es un precio muy pequeño para crear empatía y entendimiento entre nuestros niños y nuestros jóvenes. 
Al fin y al cabo, ésa es la base real para una paz y un entendimiento duraderos en Europa. 
Señor Presidente, a todo aquel a quien le importan la educación, la movilidad y el consiguiente aumento de las posibilidades de la juventud europea en el mercado laboral ha de importarle necesariamente Sócrates II. Desafortunadamente, el Consejo y el Parlamento aún no han acercado posiciones por lo que a la dotación financiera se refiere. 
Puesto que la vigencia de Sócrates ha sido prorrogada a siete años es lógico que se soliciten 2.500 mil millones de euros para este programa. 
De la misma manera, el 31 de diciembre del año 2002 Sócrates ha de ser sometido a una evaluación tanto cualitativa como financiera. 
Respaldo todos los puntos de las propuestas de Doris Pack y espero que sean tenidos en cuenta. 
La promoción de los idiomas, el aprendizaje de dos lenguas extranjeras de las que al menos una sea la de un país vecino, es imprescindible para que nuestra juventud pueda ampliar sus competencias, aprovechar las posibilidades ofrecidas por el mercado interior, encontrar un puesto de trabajo y desarrollar una conciencia europea. 
Suscribo plenamente la propuesta de que la asignación de las becas sea modificada de tal modo que estas becas, de las que no se puede vivir pero que dan lo justo para no morir, no sean concedidas automáticamente a todo el que las solicite. 
Es fundamental que aquellos que las necesiten puedan disfrutar de una beca debidamente dotada. 
Espero que estos puntos se conviertan en realidad y que el Comité de Conciliación logre una solución satisfactoria antes de que finalice la presente legislatura. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar, deseo dar efusivamente las gracias al Parlamento por su compromiso y su apoyo, que han sido constantes y que permiten concluir hoy la segunda lectura de la nueva fase del programa Sócrates, apenas dos meses después de que el Consejo adoptara la posición común. 
Tomo buena nota, sobre todo, de la voluntad política del Parlamento de que las negociaciones del nuevo programa concluyan lo más rápidamente posible, transmitiendo así a los ciudadanos, en vísperas de las elecciones europeas, un mensaje político claro sobre nuestra voluntad común de progresar en la construcción de un espacio educativo europeo. 
Doy las gracias en particular, por supuesto, a la Sra. Pack, por la calidad de su informe, así como a sus compañeros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, por su apoyo constante. 
Ya destaqué la muy positiva actitud de la Presidencia austriaca, que hizo avanzar con gran rigor e inteligencia los trabajos a nivel del Consejo para culminar en la posición común en diciembre. 
Las señales emitidas por la Presidencia alemana son igualmente positivas y, diría yo, alentadoras. 
Demuestran que existe una voluntad política común de que la decisión sea aprobada antes de las elecciones al nuevo Parlamento. 
Sin duda recordarán ustedes que, durante el pleno del 5 de noviembre, tuvimos la oportunidad de debatir juntas las tres propuestas para los programas Sócrates, Leonardo y La Juventud con Europa. 
Como saben, el Consejo de Ministros de Educación del 4 de diciembre adoptó las posiciones comunes para los dos primeros programas, mientras que para el programa Juventud, por razones presupuestarias, no se pudo obtener un consenso. 
Yo no pude dar la aprobación de la Comisión sobre la propuesta que se había hecho, aprobación que habría sido necesaria para poder llegar a un acuerdo general. 
Creo que, en la situación en la que nos encontrábamos, era imposible dar la aprobación de la Comisión. 
Esperamos que el Parlamento pueda emitir su dictamen en segunda lectura sobre el programa Leonardo antes de que finalice el mandato del actual Parlamento, de manera que pueda adoptarse la decisión definitiva bajo la Presidencia alemana. 
En lo que respecta al programa Juventud, espero que la situación se desbloquee en las próximas semanas, a fin de que pueda adoptarse una posición común en el Consejo previsto para el 27 de mayo. 
La Comisión ha examinado sus enmiendas con un espíritu constructivo y abierto. 
Puedo anunciarles que aceptará total o parcialmente quince de las dieciséis enmiendas que han presentado. 
La Comisión las integrará en una propuesta revisada que se presentará al Consejo en los próximos días. 
Numerosas enmiendas se parecen a las propuestas iniciales y modificadas de la Comisión y, por lo tanto, contribuyen a mejorar, o incluso a corregir, algunos aspectos políticamente importantes de la posición común. 
Si ustedes lo desean, voy a escoger algunos ejemplos de los más significativos. 
Les agradezco que hayan recuperado el concepto de «espacio europeo educativo» como lo habíamos definido nosotros en nuestras propuestas, y en ello consiste la enmienda 2. 
La denominación de «espacio europeo de cooperación en el ámbito de la educación y la formación» que deseaba el Consejo representa una concepción a la vez demasiado tecnocrática y abstracta y, en resumidas cuentas, demasiado difícil de comprender para la opinión pública. 
«Espacio educativo» , sin embargo, contiene un claro mensaje político dirigido a todos los ciudadanos de la Unión y que les indica claramente qué dirección lleva la actuación de la Comunidad en el ámbito de la educación y la formación. 
Y acerca de este mensaje, querría dar las gracias en particular a los que han insistido en él: la Sra. Guinebertière, el Sr. Hyland y la Sra. Hawlicek. 
Respecto a los procedimientos previstos para la selección de los proyectos, compruebo con satisfacción que el Parlamento comparte el enfoque de la Comisión dirigido a una mayor simplificación, a una mayor transparencia, a una mayor facilidad de uso para los beneficiarios del programa. 
De ello trata la enmienda 14. 
En efecto, la propuesta del Parlamento de suprimir, dentro de las medidas centralizadas, una de las etapas de consulta a los Estados miembros, facilitaría y abreviaría de forma considerable el procedimiento de selección de los proyectos. 
Me alegro igualmente de la intención del Parlamento de introducir en el artículo 12 una cláusula de revisión que permitiría a la Comisión presentar, tres años después del inicio del programa, un informe sobre los resultados obtenidos, acompañado de las propuestas que juzgara adecuadas, inclusive la dotación financiera. 
Esta es la enmienda 8. 
Dado que el Consejo ha decidido prolongar la duración del programa a siete años, en lugar de a los cinco años que había propuesto la Comisión, la cláusula introducida por el Parlamento permitirá que el programa se adapte con flexibilidad a las nuevas necesidades. 
Aceptaré, por supuesto, la enmienda 12, cuyo fin es que en la concesión de las becas Erasmus se dé prioridad a los estudiantes cuya situación financiera requiera una especial ayuda. 
Y doy las gracias al Sr. Rack y la Sra. Tongue por haber insistido en este punto. 
Hay que señalar además, porque lo han dicho los oradores, que a menudo son los estudiantes que proceden de las clases más favorecidas los que solicitan becas, porque están menos inhibidos, porque, por su medio familiar, tienen la costumbre de viajar, porque en su casa oyen hablar de los que ocurre en el extranjero y porque, culturalmente, están quizá mejor preparados. 
Pero, precisamente, la decisión se toma sobre el terreno y creo que se puede confiar plenamente en que los que conceden las becas distingan entre los que tienen las facilidades y otros que quizá tengan más méritos, menos facilidades, pero para quienes la concesión de la beca será más determinante en su recorrido profesional y personal. 
En este contexto, quiero recordar que la Comisión inició el otoño pasado, a raíz de la iniciativa del Parlamento, un estudio sobre la situación socioeconómica de los estudiantes de Erasmus. 
Los resultados de la encuesta, que se ha realizado con diez mil estudiantes, se les presentarán en los próximos meses. 
Por otro lado, la Comisión, desde hace ya dos años, invita sistemáticamente a las universidades y a las agencias nacionales a que tomen en consideración las necesidades financieras de los estudiantes al conceder las becas Erasmus. 
Es un punto al que estoy personalmente muy atenta, y querría dar las gracias a los que han examinado especialmente este tema. 
Mantendré asimismo el principio que inspira las enmiendas 10 y 16, por el que se contempla la posibilidad de lanzar proyectos piloto en favor de jóvenes docentes en paro para que puedan enseñar por un tiempo en un centro de enseñanza de otro Estado miembro. 
En todos los Estados miembros tenemos gran necesidad de profesores procedentes de otros países de la Unión Europea, porque todos hemos visto lo que era la enseñanza de lenguas en nuestro propio país. 
Es cierto que cuando uno puede beneficiarse, aunque sólo sea momentáneamente, de la aportación de un profesor de un país extranjero, que con él aporta, sobre todo para los niños pequeños, una cultura y una educación propias, es muy de agradecer. 
Dicha iniciativa permitiría que profesores jóvenes adquirieran una valiosa experiencia profesional y, por otro lado, esos proyectos podrán contribuir a conferir una verdadera dimensión europea a la enseñanza escolar. 
Otras muchas enmiendas intentan aclarar y reforzar algunos aspectos de la posición común y por ello se pueden mantener tal cual o bien en su espíritu. 
Se trata, más concretamente, de las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, la segunda parte de la enmienda 13 y la enmienda 15, que abordan, entre otros, los aspectos siguientes: importancia que hay que dar al sistema europeo de transferencia de créditos; intensificación de las actividades de jóvenes en formación en el marco de proyectos dirigidos al aprendizaje de idiomas; precisión de las condiciones de participación de Chipre; reducción de los porcentajes mínimos previstos por el Consejo para las acciones 2 y 3; prioridad que hay que dar a las lenguas menos utilizadas y menos enseñadas, y, en las regiones fronterizas, a las lenguas de los países vecinos. 
Además, varios intervinientes se han preocupado por este tema: los Sres. Elchlepp, Kerr y Mann. 
No podré mantener, sin embargo, la enmienda 6 dedicada al artículo financiero. 
Tomo buena nota del apoyo del Parlamento para que la dotación presupuestaria del programa llegue a 2.500 millones de euros. 
La Comisión había previsto, en su propuesta inicial, y según las prioridades establecidas en la Agenda 2000, una dotación financiera de 1.400 millones de euros para una duración de cinco años. 
Si se hubieran aplicado los mismos criterios de prioridad a un período de siete años, según lo previsto en la posición común, y teniendo en cuenta la tasa media de crecimiento, ello habría llevado a la Comisión a una propuesta de unos 2.151 millones de euros. 
No obstante, para que hubiera una posición común en primera lectura, la Comisión se vio obligada a suscribir la cantidad de 1.550 millones de euros, que obtuvo una mayoría cualificada. 
Me alegro de que los enfoques de la Comisión y el Parlamento coincidan en esta voluntad de elevar los medios presupuestarios a la altura de nuestras ambiciones. 
Espero que la continuación del proceso de negociación permita que el Consejo se pronuncie igualmente en este sentido y espero que podamos progresar juntos a lo largo del proceso de conciliación. 
Como es evidente, en esta conciliación me pondré decididamente al lado de ustedes. 
Para concluir, deseo señalar que, desde mi punto de vista, estamos en el buen camino para llegar a una decisión final bajo la Presidencia alemana, lo cual nos permitiría preparar en las mejores condiciones la ejecución del nuevo programa. 
Espero, naturalmente, que en el curso de las negociaciones se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio sobre la dotación presupuestaria. 
Pon último, querría terminar dando las gracias una vez más a la Comisión de Cultura y, en particular, a su ponente la Sra. Pack, por la calidad de su trabajo y el carácter constructivo de sus enmiendas, así como al Parlamento Europeo en conjunto por el apoyo que nos ha dado siempre. 
Estoy segura de que nuestro programa contribuirá a construir una Europa del conocimiento portadora de un claro mensaje político y cercana a las necesidades de los ciudadanos. 
Muchas gracias, señora Comisaria Edith Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0021/99) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0320- C4-0402/98-98/0189 (CNS) ) relativa a la modificación de la Directiva 92/79/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos, de la Directiva 92/80/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de los impuestos sobre el tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos, y de la Directiva 95/59/CEE del Consejo, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores de tabaco. 
Señor Presidente, señoras y señores, en 1998 la Comisión Europea presentó un informe sobre la estructura del impuesto y los tipos impositivos así como una propuesta por la que se modifican tres directivas relativas a los impuestos sobre el tabaco. 
El informe, en el que se fundamentan las adaptaciones técnicas propuestas y las modificaciones del tipo impositivo mínimo, tiene por objeto averiguar si las disposiciones legales actualmente vigentes garantizan el buen funcionamiento del mercado interior. 
A este respecto es preciso destacar dos consideraciones fundamentales. 
En primer lugar, debemos tener presente el hecho de que la imposición relativamente elevada del tabaco y de los productos de tabaco en combinación con las enormes discrepancias entre los tipos impositivos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea fomentan el fraude y el contrabando. En segundo término, la aplicación práctica de los regímenes fiscales plantea una serie de problemas que requieren adaptaciones técnicas. 
El sistema actualmente vigente se introdujo en 1993 y desde 1995 está sujeto a una larga discusión relacionada con el mercado interior. 
Los impuestos aplicables al tabaco constituyen una importante fuente de ingresos para los Estados miembros. En Grecia, por ejemplo, oscila entre el 0, 4 % y el 1, 6 % del producto interior bruto. 
Dado que, por regla general, los productos sujetos a impuestos sobre el consumo pueden ser llevados de un Estado miembro a los demás con exención de impuestos, surgen problemas con documentos, posibles falsificaciones y otras prácticas similares. 
En principio, la comprobación de que el Presidente del Tribunal de Cuentas ha valorado las pérdidas de ingresos fiscales correspondientes al año pasado en al menos 75 mil millones de euros, con especial incidencia en el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos aplicables al tabaco y la imposición del alcohol, debería quitar el sueño a los ministros de Hacienda. 
Se trata de unas pérdidas astronómicas que requieren medidas inmediatas, especialmente por lo que al fraude fiscal y la evasión fiscal se refiere. 
Desafortunadamente, la directiva a debate no pretende luchar contra el fraude fiscal ni tiene por objeto armonizar las medidas existentes al respecto, sino que propone tan sólo introducir algunas adaptaciones más bien modestas. 
En este contexto conviene distinguir dos ámbitos de acción: los impuestos aplicables a los cigarrillos, por una parte, y los impuestos sobre el tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos, por otra. 
El tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos, tan sólo representa en torno al 5 % del mercado total. 
El cálculo del impuesto mínimo se fundamenta en un sistema muy complejo al que no quiero hacer referencia aquí porque solamente lo comprenden unos pocos expertos. 
La propuesta formulada por la Comisión establece que durante un período de ajuste de dos años como máximo el impuesto fijado puede ser inferior al impuesto mínimo, para el que se puede aplicar el 57 % del precio al por menor. 
Prevé una adaptación muy modesta en dos fases para el tabaco elaborado excluidos los cigarrillos. La primera fase debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 1999, fecha que, como ustedes saben, ya ha pasado sin que esta adaptación haya podido llevarse a la práctica. 
Es preciso recordar que el Parlamento aún no ha presentado su dictamen al respecto. La segunda adaptación moderada está prevista para el 1 de enero del año 2001. 
Mientras que estas adaptaciones han sido aprobadas por mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sin mayores problemas, los aumentos del impuesto apenas han conseguido los votos necesarios, y en este momento volvemos a tener sobre la mesa algunas enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas que romperían el actual equilibrio. 
En caso de aprobar dichas enmiendas, la imposición mínima del tabaco para liar, de los cigarrillos liados por el mismo consumidor, ocasionaría de golpe subidas de precio de un 30 % debido al incremento desorbitado de los impuestos. 
Nosotros estamos en contra, y les ruego a todos ustedes que rechacen estas nuevas enmiendas del Grupo liberal ya que se trata de un problema específico de los Países Bajos que no tiene nada que ver con el placer de fumar de la juventud. 
Es un error creer que quienes se inician en el hábito de fumar son los que con más frecuencia optan por el tabaco para liar. 
Al contrario, quienes prefieren este tipo de tabaco son más bien fumadores expertos pertenecientes a un determinado grupo de edad y un determinado nivel económico, no los jóvenes. 
Éstos suelen decidirse por los cigarrillos ligeros. 
Aparte de ello, hemos emplazado a la Comisión a que el 30 de junio del año 2000 presente un informe provisional sobre la salud pública haciendo especial hincapié en el problema del fraude fiscal, algo que quisiera subrayar. 
Dicho informe provisional es tanto más importante cuanto que hasta la fecha no se ha adoptado medida alguna al respecto. 
Quisiera manifestar mi gratitud por los consejos que hemos recibido en el pasado y espero que el proyecto de informe, tal y como lo ha formulado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial alcance una amplia mayoría. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, quisiera felicitar al Sr. Werner Langen por la excelente labor que ha llevado a cabo, el equilibrio que ha demostrado y el sentido común que ha revelado al presentar una propuesta de enmienda en el sentido de que el examen de los impuestos se haga de cuatro en cuatro años, en vez de cinco en cinco. 
Es una propuesta de la Comisión que también nos agrada. 
Pero, por Dios, estamos aquí hablando de impuestos sobre el tabaco cuando gran parte de los impuestos no se cobran en el territorio europeo. 
La verdad es que el tabaco es una de esas presas apetecibles de la delincuencia organizada, como lo es el alcohol. 
Y la verdad es que quien estuviera presente en la Comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario o quien lea los informes de la UCLAF o quien tenga noticias de mi propio país- donde el otro día, sin ir más lejos, desaparecieron 70 contenedores con tabaco y, naturalmente, el Gobierno portugués está pidiendo 14.000 millones de escudos de restitución a una empresa de transporte- sabe cuántos millones escapan al control financiero de la Comunidad. 
Y muchas veces con la colaboración de los Estados miembros. 
Y con la colaboración de algunos institutos europeos, dado que muchas veces no se conceden las asignaciones destinadas a scanners para el control en las fronteras y para el control físico en los puertos. 
Pero tal vez sería aconsejable, saludable, que la Comisión pensara en la forma de controlar su pago y obligar a los infractores a que paguen lo que deben. 
Otra laguna que he señalado en el documento de la Comisión es, de hecho, la falta de un programa para educar a los jóvenes respecto del tabaco. 
Ellos son los fumadores potenciales. 
Señor Presidente, la Comisión Europea es muy modesta cuando se trata de la ajuste del mínimo de imposición sobre los cigarrillos y otros productos del tabaco. Concede más flexibilidad a los Estados miembros mediante el empleo del porcentaje mínimo de imposición del 57 % del precio de venta al por menor. 
Por ello, este mismo porcentaje de imposición puede descender ocasionalmente por debajo del 57 %. 
Aunque esto se haya propuesto como una medida técnica, deberemos ver, sin embargo, que no ocasione situaciones de competencia desleal. 
Además de la mencionada flexibilidad, la Comisión propone que determinados impuestos especiales sobre los productos del tabaco se adapten a la inflación en dos etapas. 
Teniendo en cuenta que los impuestos especiales reales ya son en todas partes más altos que los impuestos especiales mínimos, estamos, por tanto, ante una propuesta de lavado de imagen. 
Una muy amplia minoría manifestó en la Comisión de Asuntos Económicos que la Comisión debía haber hecho más. 
El Sr. Langen ya se ha referido brevemente a esto. 
En nuestra opinión, debe ponerse fin al fomento del tabaco de picadura, es decir, del tabaco prensado en pastillas, que ahora se grava considerablemente menos que los cigarrillos con los que compite. 
Entre las distintas enmiendas hay tres del Grupo Liberal, las números 6, 7 y 8 que han sido respaldadas por mi Grupo y volverán a serlo. 
Si existen argumentos para gravar el tabaco prensado en pastillas, o tabaco de picadura, de forma diferente de los cigarrillos, el impuesto debería ser más elevado, puesto que el tabaco de picadura es generalmente más dañino incluso que los cigarrillos. 
Un impuesto más bajo sobre el tabaco de picadura sirve de acicate para que los consumidores se inclinen hacia el producto más perjudicial. 
Debe ponerse fin a esta desacertada incitación. 
Eso no significa de ningún modo que haya que terminar con la industria del tabaco prensado en pastillas, pero sí que pierda esa posición impositivamente privilegiada. 
La propuesta número 7 del Grupo Liberal no es en lo que a esto concierne tan radical, puesto que sitúa el porcentaje impositivo sobre el precio para el consumidor final entre el 30 y el 45 %. 
Debe compararse con el 57 % aplicado a los cigarrillos. 
En la discusión sobre la nivelación de los impuestos sobre cigarrillos y tabaco de picadura encontramos los argumentos más extraños: no sólo la ventaja impositiva para el tabaco prensado en pastillas debe mantenerse porque es buena para el empleo en la pequeña y mediana industria, sino que también el tabaco de picadura es, de hecho, el tabaco de los pobres que no pueden permitirse el lujo de los cigarrillos. 
Quien de verdad grava fuertemente los productos del tabaco para desalentar el consumo perjudicial para la salud, y todos los Estados miembros lo hacen, no puede gravar menos los productos del tabaco más dañinos. Si fumar es perjudicial para la salud, también lo es para la salud de los más pobres. 
Mi Grupo opina que las excepciones cínicas no tienen cabida. 
Cínica es precisamente la palabra que describe bien a los partidarios de la norma actual. 
La propuesta de la Comisión y el informe Langen son, por tanto, demasiado modestos. 
Espero sinceramente que la Comisión proponga dentro de poco una reforma más profunda de la imposición sobre los productos del tabaco. 
El Parlamento, en lo que de mi Grupo depende, empezará mañana mismo. 
Señor Presidente, cuando se habla de productos del tabaco, no se puede hacer suficientemente hincapié en lo perjudicial que éstos resultan para la salud humana, no solamente para la salud de los fumadores activos, sino también para la de todos aquellos que se ven expuestos al humo carcinógeno de manera pasiva, en contra de su voluntad. 
Por este motivo, cabe prestar una especial atención a la protección de la salud pública, tanto a la hora de fijar en los distintos países los impuestos sobre la elaboración de los productos del tabaco, como en el establecimiento de una legislación de la Unión relativa a los productos del tabaco. 
Es preciso que podamos seguir destinando cada vez más los recursos fiscales procedentes de los productos del tabaco a actividades sanitarias de carácter preventivo. 
El tabaco no es un problema únicamente de orden nacional o regional, sino que es un problema mundial en grado sumo. 
Por ejemplo, las actividades de las empresas tabaqueras estadounidenses en los países asiáticos donde todavía no existen ni una prohibición de publicidad de estos productos ni una legislación que garantice la salud de sus ciudadanos son, sencillamente, vergonzosas. 
Entre otras medidas, se ha amenazado con trasladar la celebración de importantes acontecimientos deportivos a países donde las compañías tabaqueras encuentren un mayor entendimiento para sus intereses. 
La propuesta de directiva que ahora se somete a debate no contiene prácticamente más que modificaciones de orden técnico a la legislación comunitaria relativa a la imposición fiscal de los productos del tabaco. 
Además de estas modificaciones técnicas, se deberían solucionar los problemas de control relacionados con el transporte de tabaco. 
Las bandas organizadas de delincuentes introducen de contrabando cargamentos de cigarrillos a fin de evitar el pago de impuestos. 
A pesar de ello, una parte de los Estados miembros de la Unión se opone a la adopción de sistemas eficaces de vigilancia. 
Creo que se debería sancionar en el futuro a estos países en caso de que no adoptaran con la mayor brevedad unos sistemas de vigilancia modernos y eficaces, en el marco del sistema impositivo recogido en la actual propuesta. 
Señor Presidente, sólo quiero manifestar mi total conformidad con la excelente intervención de Matikainen-Kallström y con sus opiniones sobre el tabaco. 
Fumar tabaco hace daño. 
Tenemos que hacer todo lo posible para hacer que los pobres fumadores dejemos de fumar, y para que los jóvenes nunca empiecen. 
El Grupo V quiere obviamente que los impuestos, o mejor dicho el precio del tabaco, sean tan altos como sea posible. 
Sin embargo, es un poco difícil en el mercado interior. 
En Suecia, por ejemplo, el precio del tabaco es uno de los más altos de la UE; es carísimo comprar un paquete de cigarrillos en Suecia. 
Los impuestos totales están, sin embargo, entre los más bajos de la UE. 
Por esta razón, Suecia actualmente no cumple con la directiva sobre impuesto mínimo del 57 por ciento. 
En razón de esto, es importante que la Comisión estudie el problema de los impuestos en su totalidad, de modo que los países puedan fijar impuestos más altos. 
Cuando Suecia subió los impuestos hace dos años, nos vimos obligados a rebajarlos más tarde porque el contrabando y los fraudes fiscales aumentaron tanto que tuvimos que bajar los precios otra vez. 
Así no puede ser; los altos impuestos del tabaco tienen que ser para que fumemos menos. 
Señor Presidente, no voy a comentar el informe del Sr. Werner Langen- lo felicito, por lo demás, por él -, sólo voy a lamentar que la Comisión no haya aprovechado esta ocasión para que haya una tributación ad valorem del tabaco en vez de que sea en gran parte específica. 
Se trata de una situación, como ya dije aquí en 1992, con ocasión de los primeros reglamentos, que grava en un porcentaje mayor a unos tabacos que a otros, por lo que se da una distorsión de la competencia que, en este caso concreto, acaba siendo una distorsión favorecedora del tabaco americano, más caro, y para el cual representa una menor tributación específica, en perjuicio de tabacos europeos, en general más baratos y, por consiguiente, más gravados en términos porcentuales. 
El mayor gravamen aplicado a estos últimos representa, además, una tributación regresiva, dado que representan más en el consumo de las personas de rentas más bajas. 
Se podría decir tal vez que se consigue así alcanzar, en mayor medida, el objetivo socialmente deseable de reducir el consumo total de tabaco, pues hay más fumadores pobres que ricos. 
Pero, al ser la preocupación por la salud de las personas común en relación con los ricos y con los pobres, no será fácil justificar que en la práctica acabe siendo mayor con estos últimos que con los primeros. 
¿Se podrá justificar esa distinción a la luz de la filosofía política? 
Así, pues, no vemos- y éste es el sentido de mi intervención- por qué no se ha aprovechado la ocasión ahora existente para adoptar una tributación sólo ad valorem, pues no se pueden invocar razones de facilidad administrativa, dado que no deja de haber alguna tributación de esa naturaleza en cierto componente y dado que se trata de impuestos con una aplicación excepcionalmente fácil sobre un número muy reducido y bien organizado de productores. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera preguntar a la Comisión por qué se siguen destinando 1.000 millones de euros al cultivo de tabaco y por qué se fomenta el tabaco de baja calidad y no el de alta calidad, que es menos perjudicial para la salud. Por si eso fuera poco, ahora se pretende aumentar el precio de venta en un 30 % -enmiendas núms. 
2, 5 y 6 -, lo cual animará a los contrabandistas a intensificar sus actividades y tendrá como resultado que los colectivos responsables del fraude en materia de tránsito acaben beneficiándose aún más. 
Opino asimismo que la censura arbitraria de la publicidad del tabaco tiene consecuencias catastróficas para la política sanitaria. 
Lo que necesitamos en la publicidad del tabaco es una información inteligente, clara y orientada hacia la calidad. 
Al prohibir la publicidad como tal, se descarta de entrada la posibilidad de explicar al consumidor cuál sería el comportamiento adecuado. 
En mi opinión, es preferible aprovechar la ocasión para difundir información sanitaria encaminada a promover el uso de tabaco de mejor calidad. 
Creo que esta censura arbitraria ha de eliminarse. 
Debemos salvaguardar la posibilidad de iniciar campañas publicitarias centradas en la salud y destinadas a evitar que los jóvenes comiencen a fumar en edades tempranas. 
Tal vez habría que insistir sencillamente en el placer y en la cantidad, quitando la razón a los fumadores empedernidos, pero dejando claro al mismo tiempo que fumarse de vez en cuando un cigarrillo por puro placer no constituye un delito social. 
El tabaco es un producto legal, un producto sujeto a una alta carga fiscal, y no considero oportuno que censuremos la publicidad en materia de tabaco. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, querría en primer lugar dar las gracias al Sr. Langen por el informe que ha elaborado y las conclusiones que ha sacado. 
De modo general, el Sr. Langen reconoce la necesidad de introducir algunas modificaciones técnicas en la legislación fiscal comunitaria relativa a las labores del tabaco. 
Con ocasión del último examen de los tipos y estructuras de los impuestos especiales que gravan las labores del tabaco se vio que dichas modificaciones son indispensables para que las disposiciones se interpreten y apliquen de manera más uniforme en los Estados miembros y sean además más fáciles de aplicar con el fin de que pueda funcionar correctamente el mercado único. 
Tras haber consultado a las administraciones nacionales, empresas y grupos de interés, la Comisión no ha considerado oportuno proceder a una revisión a fondo de la estructura existente y, en particular, de los tipos impositivos mínimos aplicados a las labores del tabaco. 
En lo que se refiere a las enmiendas propuestas por el Sr. Langen sobre la ampliación del período de revisión de los tipos y estructuras, la Comisión puede aceptar un período de cuatro años en lugar de los cinco años previstos en su proyecto de propuesta. 
El informe tendrá en cuenta el funcionamiento apropiado del mercado interior, el valor real de los tipos impositivos y los objetivos generales del Tratado. 
En lo que respecta a las enmiendas propuestas con el fin de que se añadan consideraciones relativas al fraude, a la salud, y a las relaciones entre ambos y el precio del tabaco elaborado, permítanme decirles que no veo la necesidad de un enfoque así en las directivas cubiertas por el artículo 99 del Tratado. 
Las directivas se limitan a prever un nivel mínimo de impuestos para los productos en cuestión, dejando a los gobiernos de los Estados miembros la tarea de fijar los tipos a nivel nacional, a condición de que se respeten los mínimos que figuran en las directivas 92/79/CEE y 92/80/CEE. 
Así pues, a reserva de esta disposición, son los Estados miembros los que en gran medida deben decidir el nivel de impuestos que aplican y tener en cuenta factores como la salud y el fraude. 
Puesto que el examen realizado para hacer el informe sobre los productos del tabaco elaborado no ha puesto de manifiesto nada que justifique que los impuestos sobre el tabaco de liar se igualen progresivamente con los existentes para los cigarrillos, a la Comisión le resultan inaceptables las enmiendas relativas al aumento de los tipos impositivos del tabaco para liar. 
La industria del tabaco para liar está menos automatizada que la de los cigarrillos y, por lo tanto, requiere una mayor densidad de mano de obra. 
Para proteger su supervivencia y, asimismo, para proteger el empleo, se ha considerado necesario que el tipo que se aplica al tabaco para liar sea menos elevado. 
Una vez más, nada prohíbe que los Estados miembros fijen unos tipos nacionales elevados para este producto si lo consideran necesario por motivos de salud. 
Señor Presidente, se trata muy concretamente de las últimas observaciones de la Comisaria Cresson, quien, incluso antes de que las enmiendas sobre el pequeño aumento de los impuestos sobre el tabaco de picadura, sobre el tabaco prensado en pastillas hayan sido aprobadas, dice que no puede aceptarlo porque resultaría muy malo para el empleo. 
A continuación, termina señalando que los impuestos sobre el tabaco y los productos del tabaco son muy importantes para la salud pública. 
No entiendo absolutamente nada. 
Se remite, así mismo, a un estudio realizado entre los Estados miembros y las organizaciones profesionales. 
Me gustaría saber cuáles son los grupos de interés a los que se refiere y qué piensan, por ejemplo, las organizaciones de la salud o las organizaciones de consumidores. 
Señor Presidente, ¿me permite que formule una pregunta a la Sra. Comisaria? 
Si lo que dice el colega Metten es cierto, ha de ser necesariamente una modificación que afecta a los cigarrillos, puesto que las propuestas del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas dejan fuera al 99 % del mercado y afectan tan sólo a un 1 % del mismo. 
Se trata precisamente de aquella parte en la que siguen activos los pequeños y medianos empresarios. 
La industria de los cigarrillos es un sector altamente concentrado. 
Señora Comisaria, ¿puede usted confirmar que los incrementos fiscales defendidos por el Sr. Metten afectan únicamente a las pequeñas y medianas empresas de este sector económico, que representan el 1 % del mercado total, y que, por tanto, no pueden incidir en los argumentos sanitarios del Sr. Metten? 
Muchas gracias, señora Comisaria Edith Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Regionalización de la política pesquera común 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0018/99) , en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la regionalización de la política pesquera común. 
Señor Presidente, al presentar este informe sobre la regionalización, que es un informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, permítaseme rendir tributo inmediatamente a nuestro ex colega Allan Macartney, cuyo sólido sentido de la identidad europea es omnipresente en todo este documento. 
Su destacada contribución a la Comisión de Pesca fortaleció y salvaguardó el sector pesquero europeo, cuyos intereses defendió firmemente durante su vida. 
Ni que decir tiene que echamos mucho de menos su presencia en esta Asamblea. 
Pero no será olvidado. 
Su compromiso con el ideal europeo sigue vivo en este informe para el Parlamento. 
Hay muchas peticiones e interpretaciones opuestas de la regionalización y su importancia para la Política Pesquera Común. 
Esta situación se debe a la creencia entre muchos pescadores de que la aplicación regional de la Política Pesquera Común y las instituciones comunitarias adolecen de falta de cohesión. 
Siempre he opinado que, si no se hacen mayores esfuerzos para hacer participar a las organizaciones de pescadores en el proceso de adopción de decisiones, todos los esfuerzos de los legisladores comunitarios serán inútiles. 
En consecuencia, en este informe se señalan las posibilidades para una política de regionalización ya incipiente en un marco europeo. 
Al hacerlo, se debe reconocer que, aunque la renacionalización de las zonas pesqueras adyacentes a los países de la UE no es una opción, sigue existiendo la absoluta obligación por parte de las instituciones comunitarias de salvaguardar el futuro de las comunidades dependientes de la pesca. 
La supervivencia a largo plazo de dichas comunidades dependerá no sólo de un reconocimiento jurídico de sus legítimos derechos históricos salvaguardados por el principio de estabilidad relativa y los límites de seis a doce millas, sino también por un compromiso por parte del Parlamento de velar por que la futura política europea refleje la necesidad de facilitar su participación como interesados directos. 
Así, pues, el fin de este informe no es el de examinar si se debe aplicar la regionalización, sino cómo se puede ampliar, desarrollar e institucionalizar. 
Nadie debe creer que este informe vaya encaminado a introducir la regionalización inmediatamente. 
Es una oportunidad para debatir las cuestiones planteadas y ver cómo se puede desarrollar todo ello. 
La actual Política Pesquera Común comprende ya grandes elementos de variación regional y cooperación localizada que se podrían estudiar más eficazmente respecto de la conservación de las poblaciones de peces. 
Un ejemplo de ello es la presentación de la legislación relativa a la malla cuadrada. 
Ahora forma parte de la legislación de mi país como consecuencia directa de las iniciativas adoptadas por pescadores que han actuado como interesados directos y responsables. 
Existen otros ejemplos regionales en la Comunidad, como los sistemas franceses de comités locales, regionales y nacionales, que demuestran que las unidades de gestión regional desarrolladas, con participación de la industria y de los encargados de la adopción de decisiones, pueden propiciar un sistema de gestión más racional, viable y realista que el actualmente existente. 
Resulta asombroso que, mientras que se gastan grandes sumas del dinero de los contribuyentes europeos en estudios teóricos, científicos y de gestión en gran medida irrelevantes, ni los científicos ni los legisladores comunitarios se hayan preocupado de estudiar exhaustivamente los sistemas de gestión democrática y funcional que ya existen en la Comunidad. 
Espero que el Parlamento apoye, junto con este informe, mi petición de estudios sobre los sistemas regionales de gestión existentes como asunto prioritario, con vistas a aplicarlos en mayor escala en las regiones comunitarias. 
Remito a las enmiendas presentadas por mis colegas, muchas de las cuales puedo apoyar y hago mías las enmiendas encaminadas a ampliar los límites a 24 millas. 
En conclusión, si bien quisiera señalar las consecuencias socioeconómicas, si no formulamos una política de regionalización cohesiva en la pesca comunitaria en el futuro inmediato, creo firmemente que este informe ofrece un rayo de esperanza para una nueva orientación de la Política Pesquera Común que resulte aceptable para la mayoría de los pescadores, si no todos. 
Pido a la Asamblea que lo apoye votando a favor de este informe. 
Señor Presidente, señora ponente, tengo que decir que este informe es fruto de la importante labor de la Comisión de Pesca y entronca con una serie de propuestas que dicha comisión ha sometido a la atención de este Parlamento: la reforma de la política común de pesca, los reglamentos, el informe de iniciativa sobre los acuerdos internacionales y el debate que celebraremos en los próximos meses acerca de los reglamentos estructurales, el IFOP y los Fondos estructurales. 
Todo esto puede implementarse y organizarse mejor si prevalece el principio de subsidiariedad, si se eliminan las estructuras y las superestructuras burocráticas, si se logra implicar a los pescadores en la gestión de la política pesquera común. En el fondo ésta es la esencia del principio de regionalización. 
Cuando hablamos de regionalización pensamos en un tema que ya figura en la política común de pesca. 
No pensamos, evidentemente, en la ruptura de la solidaridad comunitaria; mejor dicho, a través de la implicación de las políticas locales, a través de una subsidiariedad activa que prevea la presencia del territorio, es posible acometer mejor la reforma de la política pesquera común. 
En este sentido, se pueden aprovechar esas justas innovaciones y esos importantes elementos de equilibrio entre la pesca y el medio ambiente para mantener los recursos comunitarios, así como para brindar una significativa oportunidad a las actividades pesqueras especialmente vinculadas al equilibrio medioambiental, a la pesca a pequeña escala y a la búsqueda de nuevos trabajos que el sector pesquero puede ofrecer todavía en una Europa fuertemente caracterizada por el desempleo: la acuicultura, los trabajos artesanales ligados al medio ambiente marino que, en definitiva, desempeñan no solo la función de pescadores, sino también de guardianes del mar. 
La petición de ampliar las aguas territoriales a 24 millas es, según el Grupo Socialista, una petición justa que tiene en cuenta la capacidad de gestión de la actividad y de los recursos marinos cerca de la costa; una petición que, a nuestro entender, podría valorizar la implicación de las asociaciones. 
Sin embargo, pensamos que la realidad de la política común de pesca debe tener en cuenta los distintos protagonistas que operan en el sector. 
En este sentido, por ejemplo, sostenemos que en el Comité Consultivo han de participar otros protagonistas sin debilitar, no obstante, a algunos protagonistas importantes. No debe ser un comité consultivo caracterizado solo por la participación de los armadores- o, justamente, de las ONG y de los consumidores -, sino también por una fuerte presencia de los sindicatos. 
Consideramos que en el futuro hay que seguir en esta dirección, ya que así contribuiremos a llevar adelante nuestra actividad. 
Señor Presidente, es agradable ver a la Comisaria aquí con nosotros esta noche, pues éste es un debate del que el Parlamento Europeo puede estar orgulloso. 
El informe que estamos examinando es una continuación lógica del informe Fraga, que examinamos en noviembre. 
La Política Pesquera Común fue ideada en 1973 y entró en vigor en 1983 y en aquel momento se consideró que estábamos estableciendo una política que debía resultar válida a largo plazo. 
A posteriori, podemos reconocer que se cometieron varios errores y que la Política Pesquera Común está excesivamente burocratizada. 
No ha servido para proteger las poblaciones de peces. 
No ha servido para sostener comunidades pesqueras viables en las costas. 
Muchas de sus normas son arbitrarias e injustas, por lo que las violaciones son muy frecuentes. 
Así, pues, el informe Gallagher es una gran oportunidad para este Parlamento. 
Como ha dicho el ponente, parte de la base establecida por el Sr. Macartney. 
Coincido con su sentimiento de que la pérdida del Sr. Macartney ha sido una tragedia. 
Las opciones substitutivas están expuestas con toda claridad en el informe Gallagher. 
En mi opinión, tenemos que fortalecer la localización de la Política Pesquera Común. 
Tenemos que hacer que las comunidades locales de todas las costas de Europa se sientan parte de la Política Pesquera Común, que actualmente rechazan. 
Así, pues, tenemos una gran oportunidad de lograr la participación de los pescadores. 
Debemos reconocer que se debe ayudar a las comunidades locales. 
Se les debe brindar la oportunidad de cuidar, cosechar y también administrar los recursos pesqueros locales. 
Así, pues, es esencial ampliar el límite de 12 millas a 24 millas para que sea una zona económica dentro de la cual puedan ganarse la vida. 
A los que debemos cuidar es a los pescadores locales. 
La zona de 24 millas es aquella en la que ellos faenan. 
Si les negamos la oportunidad de cosechar su recurso local, no van a sentirse partícipes plenos de la Política Pesquera Común. 
Si participan, la vigilarán y velarán por que haya una gestión a largo plazo para las generaciones futuras. 
Cualquiera que crea de verdad en la conservación de las poblaciones de peces tiene que participar en el fomento de la regionalización y en velar por que los pescadores locales formen parte de la Política Pesquera Común y la apliquen con arreglo a las normas comunitarias. 
Señor Presidente, la regionalización puede significar cosas diferentes para personas diferentes. 
Como se dice correctamente en el informe, para algunos significa renacionalización. 
Puede significar también una trasferencia de algunos aspectos de las atribuciones en materia de adopción de decisiones a zonas subnacionales o la gestión de grandes extensiones de agua, como en el mar del Norte o en algunas zonas del Mediterráneo. 
Hay muchos significados diferentes. 
Si bien algún tipo de transferencia de competencias puede ser aceptable o deseable en algunos casos, conviene recordar que los peces se mueven de un lado para otro, por lo que se debe lograr la gestión de la pesca en un nivel apropiado. 
El mismo nivel de competencia en materia de gestión no es necesariamente apropiado para todas las poblaciones de peces de la región. 
Por ejemplo, las dificultades para gestionar especies muy migratorias, como el atún, son completamente diferentes de las que plantea la recolección de algas marinas o algunas especies de mariscos. 
El problema que plantea el informe Gallagher es el de que no aborda esos aspectos y constituye una simple argumentación en pro de la regionalización. 
En ningún momento define ese término ni da orientaciones sobre lo que se debe regionalizar y cómo. 
Se limita a afirmar que es necesaria una total regionalización de la Política Pesquera Común. 
Sin una definición más clara, el Grupo de los Verdes no puede apoyar el informe. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra con sentimientos encontrados hoy. 
Allan Macartney era mi querido colega y me alegro de que tengamos aquí ante nosotros su trabajo. 
Doy las gracias al Sr. Gallagher, por haberlo continuado tan competentemente, y a la Comisión de Pesca. 
Me alegro de que a Allan haya sucedido su amigo íntimo y representante electoral, Ian Hudghton, que hablará más arde. 
Este tema me apasiona, pues mi circunscripción tiene muchas comunidades dependientes de la pesca, incluidas 90 islas habitadas, algunas de las cuales llegan casi hasta el Círculo Polar Ártico. 
Algunas de dichas comunidades son muy frágiles y totalmente dependientes de la industria de la pesca. 
He compartido con ellas sus desesperaciones y sus esperanzas, sus tragedias y su desencanto con esta política. 
He estado muchas veces en el mar con tiempo sereno y con temporales. 
Una cosa que he notado es que los pescadores tienen estrechas relaciones con pescadores de otras partes de la Comunidad y, de hecho, del mundo. 
Tal vez si los pescadores se unieran y formularan la política, no tendríamos tantos problemas. 
Desde luego, habría más equidad y menos burocracia que hasta ahora. 
Tenemos que poder ofrecer un futuro a todos nuestros pescadores. 
Deben estar convencidos de que tienen un futuro. 
Muchos de ellos no lo creen en este momento. 
El Sr. Gallagher ha ofrecido un rayo de esperanza. 
La enmienda nº 4 del Sr. Provan es muy peligrosa, como también lo ha sido una respuesta que ha dado hoy en una conferencia de prensa. 
Aunque expira el reglamento, no así la política. 
Hemos acordado que continúa el espíritu de la estabilidad relativa. Cualquier referencia a una expiración de la Política Pesquera Común sin la adición es muy peligrosa. 
La Sra. McKenna ha dicho que los peces son diferentes, porque no se quedan quietos como animales en una granja. 
Así se reconoce. 
La PPC fue, a su vez, una derogación del Tratado de Roma. 
Los objetivos eran excelentes. 
Iba a haber equidad, mantenimiento de las zonas dependientes, una forma de vida tradicional, mercados estabilizados, precios razonables, relaciones organizadas con la Comunidad y con terceros países. 
Era maravilloso. 
Por desgracia, la realidad no ha estado a esa altura. 
No hemos podido proteger ni a los pescadores ni las poblaciones de peces. 
Por eso creo que la regionalización es necesaria y he dado ejemplos en la enmienda nº 24. 
Ya estamos en la vía de la regionalización. Hay muchos ejemplos. 
No voy a exponerlos, pero todos Sus Señorías deben consultar la enmienda nº 24, en la que verán ejemplos positivos. 
Los problemas de las capturas desechadas, por ejemplo, varían de un país a otro. 
Si pensamos en la malla cuadrada que podría resolver el problema de la conservación en muchas zonas, veremos que ya estamos en la vía de una política de regionalización. 
Quisiera impugnar las enmiendas del Sr. Novo. 
Habla de descentralización, como si fuese lo mismo. 
Quisiera indicar que la regionalización podría afectar a toda una región que abarque varios Estados. 
Lo ha dicho la Sra. McKenna. 
Podría ser todo el mar del Norte o todo el Mediterráneo. 
La descentralización sugiere una relación con un solo Estado miembro. 
De modo que, aunque admiro la labor y el compromiso del Sr. Novo, he de decir que no voy a apoyar sus enmiendas. 
Apoyo las enmiendas del Sr. Teverson y, evidentemente, apoyo la mía. 
Agradezco a la Comisaria Bonino que haya demostrado su gran talla como Comisaria de Pesca muy trabajadora e inteligente y a la Comisión, que va a organizar foros en muchos lugares para que todo el mundo participe. 
Pero digo más. 
Me uno a Pat the Cope en el deseo de que haya una participación directa de los pescadores y apoyo los comités regionales de gestión. 
Señor Presidente, quisiera informar a la Sra. Ewing de que hemos retirado las enmiendas núms. 3, 4 y 5. 
Señor Presidente, la PCP ya integra actualmente elementos de regionalización en forma de disposiciones reglamentarias específicas para determinadas regiones marítimas; en forma de medidas de conservación propias de determinadas regiones pesqueras, zonas o subzonas del CIEM; en forma de restricciones que afectan a especies concretas y pesquerías específicas y que conllevan diversas restricciones en materia de acceso a las aguas o de interrupción de la pesca durante determinados períodos; en forma de medidas de regulación regionales diferenciadas decididas por los Estados miembros en virtud del principio de subsidiariedad; en forma, por último, de medidas de urgencia en materia de conservación de los recursos adoptadas por iniciativa de la Comisión. 
La cuestión fundamental, claro está, es saber qué se entiende exactamente por «regionalización de la PCP». 
Si por «regionalización» entendemos «descentralización» , es decir, decisiones globales centralizadas a nivel nacional por cada Estado miembro, sobre todo en materia de programación y gestión de la flota y aplicación adaptada localmente de esas decisiones, por supuesto que somos favorables a una cierta regionalización de la PCP. 
Si, por el contrario, por «regionalización» se entiende una transferencia de las decisiones desde el nivel nacional hacia las regiones administrativas, nos oponemos a ella. 
El principio de subsidiariedad debe aplicarse correctamente. 
Si la misión de la Comisión es definir unos objetivos generales, de ningún modo tiene por qué prejuzgar las decisiones por las que puedan alcanzarse esos objetivos. 
Es al nivel nacional al que le corresponde definir la coherencia en materia, tanto en lo que respecta a la ordenación del territorio como a la gestión del litoral y al equilibrio que hay que mantener entre los diferentes tipos de pesca- pesca de bajura, pesca del altura, pesca de gran altura -, y tampoco las regiones tienen vocación de sustituir al escalón nacional a este respecto. 
En efecto, pueden pescar en las mismas zonas barcos procedentes de puertos de amarre pertenecientes a regiones administrativas diferentes. 
En este caso, si las diferentes instancias regionales toman decisiones diferentes, o incluso contradictorias, ello puede tener efectos negativos, incitando a un traslado de los buques de pesca o debilitando el grado de control. 
Por ello, puesto que con frecuencia la «región administrativa territorial» y la «zona regional de pesca» no coinciden, es indispensable establecer un sistema definido y coordinado por las administraciones nacionales. 
Las autoridades regionales, por su parte, son las mejor situadas para poner en práctica de forma descentralizada tanto las medidas estructurales como las medidas relacionadas con la comercialización de los productos pesqueros. 
Por consiguiente, nuestro grupo votará a favor de las enmiendas dirigidas a favorecer el desarrollo de una política descentralizada más que una regionalización propiamente dicha de la PCP. 
Rechazaremos todas las enmiendas y artículos de la resolución cuyo objetivo sea transferir a las regiones administrativas decisiones que deben seguir tomándose a nivel nacional, así como las dirigidas a modificar la zona de seis y doce millas. 
Conocemos la postura de algunos Estados miembros sobre las zonas de conservación (" boxes» ), pero consideramos que el objeto de esta resolución no puede ser modificar las bases reglamentarias de la PCP. 
Sólo puede afectar a las condiciones para su funcionamiento y organización. 
Nuestro grupo seguirá con atención el desarrollo de la votación, y votará a favor de la resolución si se conservan las prerrogativas nacionales sobre las decisiones relativas a la puesta en práctica de la PCP. 
De ninguna manera deseamos que, por un giro en la aplicación de la PCP, el papel de las administraciones regionales se vea reforzado en detrimento del de las administraciones nacionales. 
En cambio, consideramos que se debe reforzar la aplicación de los elementos de regionalización de la actual PCP que recordé al principio de mi intervención, para responder, lo mejor posible y de la forma que más se ajuste a las necesidades reales, a las diferencias de recursos pesqueros y estructurales que presentan las diversas cuencas de producción que son las zonas de pesca. 
Por último, señor Presidente, querría felicitar al Sr. Gallagher por el trabajo que ha realizado y recordar, yo también, la memoria de nuestro antiguo compañero Macartney, que fue el promotor de este informe sobre la regionalización de la PCP. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las observaciones de otros diputados de la Asamblea sobre el colega de la diputada de Escocia que acaba de hablar. 
Ella sabe lo que opino personalmente al respecto. 
Me alegro de que la influencia del Sr. Macartney en la comisión perdure esta noche y podamos lograr sus objetivos. 
Quisiera recordar a esta Asamblea que a principios del decenio de 1990 la Comisión preparó un informe sobre la pesca en Irlanda del Norte. 
Según sus conclusiones, en los tres grandes puertos en que hay actividades pesqueras- me refiero a Kilkeel, Ardglass y Portavogie -, toda la pesca es de tipo familiar. 
El porcentaje de personas fuera de las familias que trabajan en ese sector es muy pequeño, la verdad. 
De modo que la vida de esas comunidades depende de una evaluación adecuada de sus necesidades y su voz debe ser oída. 
Ésa es la razón por la que me gusta este informe. 
Considera que el apoyo de los pescadores a la reglamentación pesquera mejorará con la participación de las organizaciones pesqueras locales en el proceso de adopción de decisiones. 
¿Qué hay de malo en ello? 
Es lo que necesitamos. 
Necesitamos la contribución de esas personas cuyo medio de vida está en juego. 
Los pescadores no considerarán legítimo un régimen, a no ser que puedan hacer una contribución y se oiga su voz. 
Si es así, se puede hacer más aceptable todo este programa. 
Irlanda del Norte es una zona de objetivo 1, pero es posible que esa situación toque a su fin. 
¿Qué será del sistema actual encaminado a la retirada de buques pesqueros, cuando ya no recibamos los fondos correspondientes al objetivo 1? 
Debemos procurar que esas pequeñas comunidades- y son pequeñas comparadas con las grandes industrias pesqueras del resto de la Comunidad, pero decisivas para todos nosotros- queden salvaguardadas. 
Ésos son los asuntos que importan en realidad a los pescadores de Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, antes los propios pescadores podían dirigir la pesca. 
Las posibilidades técnicas han modificado la pesca. 
Ya no es sólo regional o de bajura. 
También, aunque no solamente. 
En general, estoy muy de acuerdo con el Sr. ponente en la necesidad de cuidar que no caigamos en el romanticismo, pues la pesca ha cambiado y a ello debemos atenernos. 
No podemos dar marcha atrás en el tiempo y pensar en los buenos tiempos. 
Por ello, me gustaría comentar la cuestión de las 24 millas marinas. 
Mi compañero McKenna mencionó que los peces desovan en un lugar y son capturados en otro diferente. 
Si empezamos a ser restrictivos los unos con los otros, entonces no tenemos una política pesquera común, pues ¿de qué sirve que los peces desoven en nuestras aguas si no se nos permite capturarlos? 
Resulta necesario mantener una cierta colaboración y proceder al intercambio de cuotas. 
Soy también algo escéptico con respecto a lo que dijo mi compañero Souchet sobre lo nacional. 
En el Mar Báltico disponemos de experiencias realmente positivas a este respecto. 
Frente al exceso burocrático al que se hacía antes referencia, debemos apostar por la autogestión y la acción sobre la situación específica en que cada uno se encuentra. 
Pues cuando uno mismo tiene responsabilidades, ayuda a resolver su propia situación, lo cual contrarresta la burocracia. 
Mantenemos una cooperación razonable en la mayoría de los lugares. 
En este sentido, no quiero abstenerme de expresar mi agradecimiento al Sr. Allan, con quien he trabajado en la Comisión del Mar del Norte precisamente sobre estas cuestiones. 
Aunque se tengan buenas normas, las excepciones nacionales pueden permitir que de repente aparezca un bou de 100 toneladas y 1000 CV que suelte una red del tamaño de un campo de fútbol y sencillamente vacíe los fondos marinos. 
Si hay dos bous así en el Mar Báltico, poco importa que tengamos autogestión y regionalización. 
Dos bous con base en el Mar Báltico puede hacer la vida muy complicada a 50 pequeños pesqueros. 
La regionalización implica autogestión, responsabilidad y participación activa. 
Aquí tenemos que intervenir los presentes en esta asamblea, también nacionalmente. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Gallagher que se haya hecho cargo del informe del Sr. Macartney y que haya hecho un trabajo excelente al mantener la preocupación y el conocimiento que el Sr. Macartney aportó a este tema y su sensibilidad para con ese sector y las personas que se dedican a esas actividades. 
El Sr. Gallagher tiene las mismas aptitudes, pues procede de la misma región y tiene el mismo tipo de experiencia respecto del sector pesquero. 
Tenemos que reconocer que hay que perfeccionar la Política Pesquera Común. 
Cuando los agricultores de Europa se manifiestan en las calles en relación con la Política Agraria Común, no es porque estén en contra de esa política, sino porque temen que puedan verse privados de ella. 
Pero los pescadores, en general, no aprecian lo que nosotros y la Comisaria hemos estado intentando hacer en su favor. 
Tenemos que reconocer que hay como un malentendido mutuo en los puertos pesqueros de toda la Unión Europea. 
Todo el mundo cree que todos los demás disfrutan de un trato mejor. 
Así, pues, es importante abrir nuevos caminos, ofrecer a los pescadores la esperanza de una mayor participación que en el pasado. 
Si no podemos lograrlo, no podremos hacerles entender que la lucha es en pro de su medio de vida. La lucha es en pro de la preservación de los recursos que tienen y la protección de las regiones en las que viven. 
Eso no siempre lo ven claro. 
Me reuní con muchos pescadores y, en general, eran personas descontentas. 
Si no era por el tiempo, era por las cuotas o los bajos precios. 
Hay tantos problemas, que se sienten impotentes. 
Esta propuesta del Sr. Gallagher va encaminada a lograr su participación de nuevo. 
En modo alguno queremos decir a los pescadores que vamos a ofrecerles algo como la renacionalización o que vamos a suprimir la Política Pesquera Común. 
Lo que queremos hacer es que las regiones y las comunidades participen en la formulación de la política y en su actualización periódica. 
Acojo con beneplácito este informe y espero con interés el debate que seguirá y la posible política que podamos reformular en torno a estas propuestas. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Gallagher y a otros oradores sus generosos homenajes a mi predecesor, el difunto Dr. Allan Macartney. 
En principio redactó este informe para contribuir a la actual evaluación a escala europea de los logros y los fracasos de la PPC. 
En septiembre del año pasado el Sr. Gallagher tuvo la amabilidad de hacerse cargo de este informe y quisiera hacer constar mi agradecimiento por la forma como ha dirigido su paso por la comisión. 
El borrador original estaba basado en la premisa de que la Política Pesquera Común está y ha estado desde su inicio parcialmente regionalizada. 
El borrador examinaba la forma mejor de lograr más participación local en la gestión de los recursos y en las medidas de conservación y pedía que se consolidara la regionalización vigente y se ampliase mediante la creación de unidades regionales de gestión. 
Como Allan Macartney, yo creo firmemente que el acercamiento del proceso de adopción de decisiones a los más afectados por la PPC y encargados de su aplicación propiciaría un mayor respeto de las disposiciones de la PPC y de una política más lograda per se. 
Así, pues, quisiera pedir una mayor participación de los pescadores y de la industria pesquera en conjunto como requisito previo esencial para el éxito de la PPC. 
Complementaria de la participación de la industria pesquera en el proceso de adopción de decisiones es la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones de la industria pesquera en conjunto al laborar en pro de la regionalización. 
Esa vinculación causal entre las capturas de peces en una región determinada y la industria que mantiene dentro de dicha región puede resultar socavada fácilmente. 
Así lo comprendí la semana pasada, cuando me reuní con representantes de la industria de elaboración de pescado de mi circunscripción. 
Expresaron su preocupación por que las capturas hechas en esa región no siempre se desembarcaban en ella. 
Así, pues, se ponen en peligro puestos de trabajo esenciales en las industrias elaboradoras en zonas claramente dependientes de la pesca. 
En consecuencia, quisiera subrayar la importancia del artículo 12 de la resolución. 
Ha llegado el momento de consolidar lo que de facto existe y hacer extensivo el principio de regionalización de la PPC a todas las aguas comunitarias. 
Esa medida es necesaria para hacer que participen de verdad los pescadores en las decisiones que les afectan y ofrece el único medio práctico y claro de reconocer las variables particulares que se dan en el sector pesquero. 
No me cabe duda de que la regionalización contribuiría a la consecución del fin primordial de conservar las poblaciones de peces mediante una pesca sostenible tan vital para las comunidades de Europa dependientes de la pesca. 
En la fase de comisión, la Sra. Ewing y yo presentamos con éxito varias enmiendas para velar por que los principios fundamentales de la PPC, tales como la estabilidad relativa, no resulten socavados. 
Mi Grupo ha presentado ahora enmiendas que complementan la regionalización coherente de la PPC y en última instancia contribuirán a garantizar un futuro logrado para la política. 
La regionalización existe ya, si bien de forma particular e incoherente. 
Estas enmiendas abordan esa anomalía y subrayan la importancia de la participación de la industria pesquera en el Comité Consultivo de la Pesca. 
Quisiera instar a la Asamblea a que apoye dichas enmiendas y el informe en conjunto. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito el informe del Sr. Gallagher. Destaca dos posibles planteamientos de la reforma de la PPC a partir del año 2002: un planteamiento intraestatal que transfiera las competencias a las regiones dentro de los Estados miembros y un planteamiento interestatal, según el cual se dividen las aguas comunitarias en regiones con una estructura de gestión transferida. 
Hace un año más o menos, la Comisión envió un cuestionario a todos los Estados miembros y organizaciones de toda Europa, a la industria, a los consumidores, a los industriales elaboradores y a otros. 
La Comisión celebró audiciones públicas en diversas localidades de toda Europa. 
Un resumen de las audiciones reveló que la mayoría de los participantes expresaron un gran deseo de descentralización y regionalización. 
De modo que eso es lo que el sector pesquero quiere en toda la Unión Europea. 
Estoy convencido de que el principio de descentralización y regionalización, junto con la estabilidad relativa, debe constituir la piedra angular de cualquier reforma futura de la PPC. 
El concepto de estabilidad relativa quedó consagrado en el acuerdo de 1983 y fue reforzado con la ampliación de las prohibiciones costeras hasta 12 millas. 
De hecho, apoyo la enmienda del Sr. Provan de ampliar aún más las prohibiciones costeras. 
Es importante que comunidades como las de la Escocia nororiental, las Islas Occidentales, Donegal, Cornualles, Galicia y Bretaña queden protegidas de la excesiva explotación de las poblaciones de peces. 
Así, pues, es importante que la Unión Europea establezca diversos principios relativos a la explotación y la conservación. 
Debe haber un compromiso más sólido dentro de esa política con vistas a transferir la política pesquera. 
La regionalización de la PPC alentará la participación activa de los pescadores en el proceso de adopción de decisiones, así como la participación de las organizaciones de productores en el nivel local. 
En conclusión, apoyo el llamamiento del Sr. Gallagher en pro de la regionalización de la política pesquera europea, que resulta necesaria para poder remediar las deficiencias actuales de la PPC. 
Sin embargo, cualquier reforma debe mantener el principio de la estabilidad relativa que será el que más favorecerá los intereses de los pescadores y del medio marino. 
Señor Presidente, en el necesario proceso de evolución de la política pesquera común no debemos descartar a priori ningún cambio por que nos asuste la novedad. 
Así, cambios que permitan mayor participación del sector en las decisiones y mejor aplicación del principio de subsidiariedad son plenamente compartidos- creo- por este Parlamento. 
Ambas cosas, sin embargo, no están suficientemente asentadas en la PCP por mucho que deseáramos que así fuese. 
Teniendo esto en cuenta, la implantación de un sistema de regionalización como el que se nos propone en el informe, mediante la creación de unos comités de gestión regional cuyas tareas y componentes no se definen, supone un salto en el vacío que sólo puede dañar, dada la ausencia de consenso y la falta de reflexión necesaria para un paso de tal envergadura, el proceso de acercamiento de la PCP a los verdaderos protagonistas. 
Antes de plantear siquiera en qué podría consistir la regionalización, habría que asentar los canales de interlocución con el sector y emprender un proceso de descentralización hasta llegar a un nivel regional para el que muchos Estados miembros ni siquiera tienen instrumentos adecuados, ya que son muchas las regiones que no tienen transferidas competencias pesqueras por sus administraciones nacionales. 
De hecho, ni siquiera el propio sector, a la vista de las respuestas a los cuestionarios que la Comisión ha enviado para la revisión de la PCP, ha afirmado esta necesidad de regionalización, salvo en un caso, en el del Reino Unido. 
Igualmente minoritaria es la petición de ampliar las aguas territoriales a 24 millas. 
Una decisión como ésta- que ni siquiera está clara, ya que, cuando discutimos la reforma de la PCP, oímos hablar tanto de 24 millas como de 35 o 50- significa cambios importantes en los status de las flotas y tiene que ser examinada en el contexto global de la revisión de la política pesquera común. 
Por eso, me opongo a las enmiendas 6 y 20. 
Además, los expertos que han examinado la regionalización para la Comisión de Pesca han reconocido que ésta supondría cambios sustanciales en el principio de estabilidad relativa, cuando justamente muchos de los diputados que apoyan esta regionalización están en contra de la modificación de este principio, cosa que me gustaría que me explicasen. 
Y además obligaría a reequilibrar la situación entre las flotas estrictamente costeras y las industriales, obligando a un sistema de compensaciones. 
No hace falta seguir para comprender que la propuesta de regionalización dista de estar madura, y que aún hay que pensar y trabajar mucho para que el invento no nazca muerto. 
Sólo me queda darle las gracias al Sr. Gallagher por su trabajo y muchas gracias a ustedes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, quiero iniciar mi intervención felicitando al ponente, nuestro colega el Sr. Gallagher, cuyo trabajo y rigor son de todos conocidos en la Comisión de Pesca. 
Y lo hago especialmente hoy en este informe, con el que discrepo, y que él ha tenido que retomar a pesar de no ser originariamente su ponente, y mi reconocimiento aquí también una vez más a la memoria de nuestro colega Allan Macartney. 
» Regionalización» es un término confuso, y creo que este debate lo está poniendo de manifiesto. 
¿Qué es regionalizar? 
Creo que antes de hablar de la regionalización de la política común de pesca deberíamos ponernos de acuerdo en qué queremos decir con ello. 
Regiones y regionalización son términos cuyo contenido difiere en los 15 Estados miembros, y llevarlo a un campo como el de la pesca y la PCP hace, a mi juicio, que el informe sea poco claro- contradictorio, diría yo- y que arroje muy poca luz, de la que tan necesitada está la pesca y la futura PCP. 
Una descentralización que implique más participación y más transparencia debe ser bienvenida, pero debe hacerse dentro de la globalidad que supone una política común que respete los principios de equidad y de no discriminación, y que sea compatible con las libertades fundamentales de libre circulación para el mercado único que consagra el Tratado. 
No se pueden confundir las necesidades de las poblaciones dependientes de la pesca con una renacionalización, por medio de una regionalización, que rompa la globalidad de una política común. 
Se debe mejorar la participación en la toma de decisiones comunitarias, pero no fragmentar la PCP con decisiones regionales que incrementen la burocracia y mermen las garantías de imparcialidad en el proceso decisorio. 
La reforma de la PCP debe conllevar que este sector se convierta de una vez por todas en uno más de la economía comunitaria, sin perder de vista, desde luego, la necesidad de seguir defendiendo la pesca costera y las poblaciones dependientes de la pesca, pero no rompiendo el statu quo vigente ni ampliando estas zonas costeras, como pretende alguna enmienda. 
Por todo ello, señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, no consideramos acertado el informe que debatimos hoy aquí. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar felicitando a nuestro colega Pat Gallagher por su trabajo, que ha sido muy intenso y positivo, y quisiera aprovechar también para rendir un homenaje a nuestro difunto colega el Sr. Allan Macartney, un gran diputado y un gran amigo. 
La experiencia revela que el sector de la pesca es fértil en conflictos entre comunidades pesqueras para el acceso a los recursos pesqueros y principalmente entre comunidades pesqueras de países vecinos. 
Para reducir al mínimo esa conflictividad, la Política Pesquera Común ha reservado desde siempre un zona determinada del mar territorial de los Estados miembros de la Unión para la pesca exclusiva de las comunidades locales. 
Ese límite fue fijado en seis millas en 1972 y posteriormente pasó a ser de 12 millas en 1983, en el marco del actual reglamento de la Política Pesquera Común. 
Pero resulta que la validez de esa medida termina el 31 de diciembre del año 2002, lo que significa que, si no se hiciera nada, se aplicarían los principios del Mercado Único, o sea, el libre acceso a los recursos piscatorios de todas las aguas de la Unión Europea. 
Ahora bien, eso sería muy malo para la actividad de la pesca, en particular de la artesanal o de la pequeña pesca, que desempeña una función económica y social de la mayor importancia en muchos Estados miembros, empezando por el mío, Portugal. 
Por eso, es fundamental velar por que prevalezca el principio de estabilidad relativa y que no sólo se mantenga, sino que, además, se aumente la zona de pesca reservada en exclusiva a las comunidades nacionales o locales. 
Por eso, junto con James Provan y otros colegas, he subscrito siete enmiendas al informe Gallagher para que se preserve desde ahora mismo este principio de estabilidad y se pueda comenzar, así, a influir más activamente en las negociaciones sobre la Política Pesquera Común después del año 2002 a fin de que se consiga la ampliación de 12 a 24 millas de dicha zona exclusivamente dedicada a la pesca nacional o local. 
Señor Presidente, quisiera decir también que, para nosotros, la descentralización no es ninguna puerta ni ninguna trampa para la renacionalización: la descentralización significa exclusivamente más descentralización, más flexibilización, o sea, más responsabilización y más eficacia. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión y en el mío propio, quiero sumarme a las palabras de reconocimiento a la memoria de su colega Allan Macartney, no sin recordar que cuando yo era mucho más joven y formaba parte de este Parlamento, el Sr. Macartney y yo pertenecíamos al mismo Grupo. 
Me sumo, por tanto, en nombre de la Comisión y en el mío propio, a sus palabras. 
Señorías, he de decir que cada vez que debatimos acerca de la pesca- de hecho, nos hemos convertido en un grupo de «amigos de la pesca» , ya que somos más o menos siempre los mismos- tengo la impresión de que algunos de ustedes piensan o, en cualquier caso, dejan vislumbrar a través de sus palabras que hubo una época gloriosa y feliz para el sector de la pesca. 
Soy algo novata, me ocupo de este sector sólo desde hace cuatro años, pero en todo lo que he leído, libros o publicaciones relacionados con la pesca de otros tiempos, no he encontrado nada que se refiriera a esa época dorada de la pesca. El sector ha vivido siempre, especialmente en ciertos momentos, una vida muy difícil, perennemente en lucha para mantener el equilibrio entre la extracción y los recursos. 
Desde este punto de vista, por tanto, creo que la Comisión ha demostrado que está muy atenta, así como muy abierta a las sugerencias que pueden llegar de varios sectores, del Parlamento, del Comité Consultivo, así como del mismo sector, para tratar de mejorar la situación. 
Con este espíritu he examinado atentamente el informe Gallangher y quiero decirles con toda franqueza dos cosas: la primera es que, como ustedes saben, se está llevando a cabo una amplia consulta con vistas a la reforma de la política común de pesca de los años 2002, una consulta que nos hemos esforzado en implementar con mucha antelación a fin de poder dejar el tiempo suficiente para el debate. 
No todos los cuestionarios han sido contestados, pero de la inmensa mayoría de ellos y a la vista de las respuestas que se han recibido y está examinando la Comisión, resulta que sólo una parte del sector inglés y parte del sector irlandés desean el éxito de este tipo de propuesta. 
De hecho, creo que la Sra. McKenna tiene razón en un punto: ante todo deberíamos ser más claros con respecto a lo que consideramos o consideran ustedes que es la regionalización, cuál es la diferencia o el matiz entre descentralización- que conlleva una mayor transparencia, una mayor participación- y regionalización y, sobre todo, cómo podemos conjugar un principio fundamental que muchos de ustedes han reiterado aquí, es decir, el principio de estabilidad relativa y la regionalización. 
Ahora bien, creo que este informe es importante precisamente porque se trata de una contribución útil para el debate. 
Mañana me voy a reunir con el Comité Consultivo de Pesca para tratar las reformas que estoy proponiendo, sin embargo, les ruego encarecidamente que crean que en la política común actual existen elementos regionales muy fuertes como, por ejemplo, los POP regionales, toda la parte que se refiere a la cooperación, las reuniones a nivel regional; hay, en definitiva, toda una serie de iniciativas que pueden ser profundizadas y reforzadas. 
El último punto sobre el que quiero llamar la atención de sus Señorías- por esto decía que hace falta un estudio más exhaustivo- se refiere a un problema del Tratado. 
Partiendo de la base de que no queda claro cuál es el papel de la Comisión en esta relación, seguramente también existe un problema en la fase decisoria final que es la del Consejo de Ministros, o sea, de los quince Ministros de la Unión. 
Pienso que esta fase no puede considerarse sólo como un acto de ratificación de decisiones tomadas a nivel regional o en las organizaciones regionales. 
Espero que seguiremos debatiendo esta cuestión conjuntamente porque a veces encuentro que se superponen dos elementos: la descentralización, una aplicación justa de la subsidiariedad, una mayor implicación de las comunidades locales, lo que es una exigencia justa, y la regionalización que creo que debe estudiarse mejor, porque hay problemas que no pueden resolverse a nivel regional. 
En consecuencia, no quisiera que equivocáramos el tipo de enfoque y pensáramos en iniciativas de reforma radicales sin haberlas valorado a fondo. 
Confío en que podremos continuar esta reflexión conjunta, al objeto de introducir las reformas necesarias en la política pesquera común, eso sí tras haberlas examinado algo más en profundidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria Emma Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
La sesión, suspendida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Leyes nacionales de patentes: periodo de gracia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0037/99) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la introducción de un plazo de gracia para las novedades en las leyes nacionales de patentes. 
Señor Presidente, a los investigadores, los científicos y los inventores de la Unión Europea se les plantea un serio problema. 
O bien publican los resultados de sus investigaciones, de sus labores científicas, renunciando a una posterior protección mediante patente, o bien se quedan al margen de la discusión científica a la espera de obtener una patente. 
Es el dilema al que han de hacer frente los investigadores, los científicos y los inventores de la Unión Europea. 
Ello significa que o bien renuncian al intercambio científico o bien renuncian a la protección mediante patente. 
Este problema está solucionado en los EEUU, este problema está solucionado en Japón, este problema está solucionado en muchos otros países del mundo, pero no en la Unión Europea. 
Tiene consecuencias realmente dramáticas. 
Obviamente, todo investigador, científico o inventor europeo puede registrar el producto que ha desarrollado o las ideas científicas que ha publicado como patente en los EE.UU. Evidentemente, le cabe esta posibilidad, con el resultado de que continuará sus investigaciones ahí donde se pueda amparar en las patentes. 
En otras palabras, la ausencia de un plazo de gracia es señal de que el sistema vigente en Europa, en la Unión Europea, es a la vez reacio a las innovaciones y a la investigación. 
¿Qué se entiende por plazo de gracia? 
Quiere decir que el inventor puede registrar su invento como patente, sin que la publicación previa lo perjudique. 
Este concepto no modifica de ninguna manera el principio del primer registro. 
En la Unión Europea hay personas muy listas, por ejemplo en el consorcio de la industria química. Nos aseguran que se trata de una cuestión de incertidumbre legal. 
Ahora bien, los americanos, los japoneses, los canadienses y los habitantes de otros muchos países del mundo difícilmente podrán dar crédito a sus ojos cuando el consorcio alemán de la industria química les explique que en sus respectivos países hay incertidumbre legal. 
¡Lo más seguro es que ellos no lo ven así! 
Asimismo es asombroso que en el marco de la OMPI y las negociaciones con los norteamericanos- vosotros introducís el principio del primer registro y a cambio, nosotros introducimos en Europa el plazo de gracia- toda la industria europea estaba de acuerdo en que en Europa exista un plazo de gracia. 
Sé que en la Comisión, que en octubre realizó unas consultas cuyos resultados dio a conocer al día siguiente ante una opinión pública extrañada, se dice: «No podemos sino abordar este tema en relación con el principio del primer registro y la cuestión del primer invento, que ya desempeñan un papel clave en los EE.UU.». 
Una cosa está clara. Como los americanos nunca renunciarán al principio del primer invento, eso es evidente, a nosotros, los europeos sólo nos queda la posibilidad de hacer por fin algo inteligente, algo que beneficie nuestros intereses, es decir, introducir el plazo de gracia. 
Ahora bien, no me corresponde a mí dar recomendaciones a los demás Grupos políticos. 
Yo no doy recomendaciones al EVP ni a los liberales. Posiblemente rechacen todas mis propuestas. 
No lo descarto en absoluto. 
Solamente quisiera decir lo siguiente. La postura que aparentemente está adoptando el EVP, la postura que aparentemente están adoptando los liberales, no es viable. 
No podrán mantenerse. 
Deberán ser abandonadas. 
Sé por experiencia que el que persevera gana. 
Independientemente de la decisión que adopte el Parlamento respecto a esta iniciativa, sé que nosotros- mi Grupo- conseguiremos llevarla adelante, sin lugar a dudas. 
Organizaremos un congreso mundial sobre este tema invitando a los expertos más renombrados y haremos ver a la Comisión cuál es la visión del mundo al respecto en lugar de ceñirnos al mero punto de vista del consorcio de la industria química. 
Yo aconsejaría al EVP y a los liberales que fueran un poco más cautelosos. 
Siempre resulta difícil abandonar una posición. Pero esta actitud es insostenible porque perjudica a la investigación, porque es reacia a las innovaciones, porque no se ajusta de la armonización mundial del derecho de patentes. 
Esta postura es indefendible, se verán obligados a distanciarse de ella, también la Comisión. 
¡Acabarán abandonándola! 
Tal vez fuera más lógico optar desde el principio por la vía de la razón. 
No importa el resultado de mañana, si se consiguen 314 votos o no se consiguen. 
Sin la iniciativa de mi Grupo ni siquiera hubiéramos debatido este tema. 
La Comisión hubiera preferido guardar este problema bajo llave. 
¡Sobre todo no abordarlo en el contexto de la patente comunitaria! 
Es lo que hubiera preferido la Comisión. 
Pero nosotros lo hemos incluido en el orden del día. 
Hablaremos del tema, independientemente del resultado de la votación de mañana, porque no me preocupa obtener la mayoría absoluta. 
El verdadero debate tendrá lugar en el marco de la patente comunitaria y al final de ese debate lograremos imponer nuestra visión en beneficio de la Unión Europea. 
No deja de sorprenderme hasta qué punto se consigue destruir el poder de atracción de la Unión Europea con estos instrumentos tan sumamente perjudiciales para la inversión y la investigación. Desde luego, no debe sorprender a nadie que los puestos de trabajo se creen en otros confines. 
¡Por todo ello, estoy convencido de que la razón vencerá! 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, que es uno de los miembros más imaginativos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Fue la primera persona que se encargó de la redacción de un informe de iniciativa propia en el Parlamento sobre los seguros automovilísticos, que propició la formulación de una legislación por parte de la Comisión. 
Pero una vez más el Sr. Rothley ha demostrado su capacidad imaginativa en relación con el tema de las invenciones. 
Es importante que la Unión Europea no padezca una desventaja competitiva respecto de otras partes del mundo, por lo que se refiere a nuestras aptitudes ingenieriles. 
Las patentes son un importante puntal de los derechos jurídicos para alentar las invenciones. 
La creatividad es el motor de la productividad en la Unión Europea. 
La ingeniería es importante en mi circunscripción, por lo que aprecio en particular la importancia de las patentes y las invenciones. 
Por citar tan sólo dos ejemplos: en mi circunscripción Frank Whittle inventó el motor a reacción y James Brindley inventó el cambio de marchas de seguridad para bicicletas. 
Este informe es importante como propuesta, porque concedería a los investigadores un año para publicar antes de estar obligados a solicitar una patente. 
Eso ayudaría a los investigadores a hacer pública su obra y seguiría el ejemplo de los Estados Unidos y del Japón. 
Tenemos que hacer la Unión Europea lo más competitiva posible. 
Debemos contar con una fuerte base manufacturera y las patentes son una parte importante del desarrollo de la producción industrial de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la presente iniciativa legislativa basada en el apartado 2 del artículo 138 B del Tratado CE y en el artículo 50 de nuestro Reglamento, está dirigida, como nos ha dicho el ponente, a la introducción, en la legislación relativa a las patentes, de un plazo de gracia de un año durante el cual el inventor puede solicitar una patente sin que la publicación previa de la invención le comporte un perjuicio. 
Se trataría, por lo tanto, de prever un sistema análogo al que ya existe en los Estados Unidos y en el Japón, donde el plazo es de seis meses. 
Las tentativas de introducción de dicho plazo de gracia por parte de la OMPI no han tenido éxito hasta el momento, puesto que el plazo de gracia está estrechamente ligado al problema no resuelto de la cuestión de saber a quién pertenece el derecho de la patente, si al inventor, como en los Estados Unidos, o al que presenta la demanda, como en Europa. 
Señor Presidente, siento el mayor respeto- y él lo sabe- por mi colega el Sr. Rothley. 
Creo sinceramente que es un gran parlamentario y un magnífico jurista. 
Pero, sin embargo, en este caso, debo decir que soy absolutamente contrario a lo que intenta en su informe. 
No sé si es más prudente o imprudente el pedir un plazo de gracia o el no pedirlo. 
Y quizá mi intervención casi sobraría, puesto que él ya ha mencionado los argumentos en los cuales yo me debo basar. 
Se ha adelantado a mi intervención diciendo- por algo debe de ser- cuáles son los argumentos que van en contra de esa petición. 
Entendemos- y él lo ha dicho y yo repito, por lo tanto- que el plazo de gracia- y eso es innegable- produce un alto grado de inseguridad jurídica y también de inseguridad financiera para quienes han hecho posible la invención objeto de una patente, y sin duda la industria- también lo ha dicho- no podría soportar el coste resultante de esa incertidumbre engendrada por el plazo de gracia. 
Es necesario- y no se ha hecho- un estudio profundo, que determine las consecuencias reales de la divergencia existente entre la legislación europea y la de los Estados Unidos porque no olvidemos, señor Presidente, que el plazo de gracia en vigor en los Estados Unidos está fundado en un sistema de capital-riesgo muy distinto al que existe en el seno de la Unión Europea y, por lo tanto, sería inútil fijar, en el interior de la Unión, un plazo de este tipo, ya que no tendría en cuenta la especificidad del sistema financiero existente entre nosotros. 
Hay que decir también que la Comisión organizó en octubre de 1998 una audiencia pública a la que asistieron representantes de los sectores interesados. 
La conclusión de la audiencia fue que cualquier iniciativa ligada a la instauración de un plazo de gracia, para ser verdaderamente eficaz, debe tener en cuenta el fenómeno de la globalización y, consecuentemente, inscribirse en el marco de una organización de normalización. 
En consecuencia, señor Presidente, no estamos de acuerdo en que el fundamento jurídico se encuentre en el artículo 138 B del Tratado. 
Entendemos que es demasiado pedir y que no es prudente- y el Sr. Rothley ha hablado de prudencia- pedir a la Comisión una iniciativa legislativa de este calibre. 
Ha dicho mi colega que el verdadero debate se dará en el marco de la patente. 
Es cierto. 
Y como se dará en el marco de la patente, no es necesario un plazo de gracia, siendo más bien contraproducente. 
Señor Presidente, definitivamente éste no es un asunto fácil. 
El ponente ha señalado algunas ventajas como, por ejemplo, la situación de la investigación científica y las empresas pequeñas que no tienen conocimiento de esta actividad. 
Por el contrario, creo que cuando decimos que estamos tan atrasados en la UE en cuanto a la cantidad de inventos por habitante, es así sólo en el ámbito comunitario. 
Opino que también deberíamos analizar las diferencias entre los países miembros, ya que el panorama no es tan uniforme como lo presenta el ponente. 
Los inconvenientes que se han mencionado son, por ejemplo, la inseguridad jurídica, la falta de claridad en los procesos judiciales y el riesgo de que, de hecho, las empresas europeas queden en una situación desmejorada respecto de las americanas. 
El Grupo liberal y yo opinamos que esto hay que verlo en relación con una especie de guerra comercial que de facto existe actualmente entre la UE y EE.UU. Está muy claro que los asuntos intangibles están sobre la mesa; pienso que de lo que trata la guerra del UMTS hoy, realmente, es de asuntos intangibles. 
Es obvio que estuvimos muy cerca de una solución hace algunos años cuando iba a regir el principio de «first to file» en lugar de «first to invent» , como un principio de carácter general y universal. 
Al mismo tiempo, se daría un período de gracia. 
No vamos a renunciar ahora a la posibilidad de conseguir esas dos cosas mediante el establecimiento unilateral de un período de gracia. 
Esta claro que las iniciativas presentadas por el ponente también han obligado a la Comisión a actuar. 
Creo que esto se nota en el último comunicado sobre patentes, en el que la Comisión señala claramente que necesitamos algún tipo de posibilidad provisional para hacer preguntas, que se registre cuando se haya hecho algo. 
Un límite claro de esta naturaleza es mucho mejor. 
Por eso, nuestro Grupo no apoyará una iniciativa formal. 
Sin embargo, deseamos continuar investigando el asunto, manteniendo esta carta en nuestro poder incluso en futuras negociaciones de política comercial. 
Hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta el actual estado de las relaciones entre los bloques comerciales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, se puede ser de diferente o, si se quiere, de muy diferente opinión sobre si ha sido acertado abandonar la tradición sobre derecho de patentes europeo en aras de una adaptación a la existente en los EE.UU. Pero lo que sin duda no se puede- y aquí tiene el ponente toda la razón- es sustraerse a las consecuencias de esta decisión una vez que se ha adoptado. 
La recepción de los criterios norteamericanos sobre la patentabilidad sin el plazo de gracia derivado de los mismos e introducido hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos, perjudicaría de un modo evidente a la investigación europea. 
Perdería precisamente las ventajas que se perseguían con la adaptación y sólo lograría que se viese obligada a publicar y registrarse en los EE.UU. Está claro que una solución nacional individual no puede aplicarse en este caso y que debemos adaptar nuestras normas a las del Convenio de la OMPI. 
Las objeciones planteadas últimamente por la industria química frente al plazo de gracia tienden a someter a los científicos a los intereses de la obligación de mantenimiento de secreto de la industria. 
Creo que es tarea de nuestra Asamblea defender la libertad de la ciencia y de la actuación de los científicos con su propiedad intelectual, por lo que ruego que apoyen con toda la decisión de que es capaz esta Asamblea la iniciativa de nuestro ponente. 
Quiero felicitar expresamente al ponente por haber adoptado esta iniciativa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señora Comisaria, es extraño: a veces, los global players juegan como clubs de categorías muy inferiores. 
Los consorcios mundiales y sus lobbies pretenden que en Europa introduzcamos un plazo de gracia en la legislación sobre patentes. 
Quieren convencernos para que introduzcamos esta norma de protección para los inventores precisamente los consorcios mundiales, quienes en otros continentes viven muy bien con ello, por ejemplo, en los EE.UU o en el Japón. 
Al contrario que el lobby que difama el plazo de gracia como negativo para la investigación y las inversiones, comparto la opinión del ponente de que el derecho europeo sobre patentes no puede eludir durante más tiempo la rápida introducción de un plazo de gracia. 
Sirve para la investigación y protege a las pequeñas y medianas empresas que el Parlamento Europeo apoya tan intensamente por buenas razones. 
Las PYMES crean los tan necesarios puestos de trabajo con tecnologías de futuro. 
Los jóvenes investigadores en las Universidades e institutos aportan las ideas clave. 
Tienen que poder discutir y publicar innovaciones sin poner en juego al mismo tiempo el derecho a una patente que posiblemente aporte beneficios. 
Las grandes empresas se pueden permitir investigar tras puertas cerradas y ocultar descubrimientos hasta que llegue el momento de una comercialización que arroje beneficios. 
Por el contrario, los investigadores en las Universidades tienen que poder exponer públicamente sus resultados si quieren ampliar y afianzar su rango como científicos. 
En los EE.UU. vemos que un plazo de gracia es de ayuda. 
Allí viven los investigadores más renombrados y allí hay un envidiable número de pequeñas empresas innovadoras. 
Si queremos mantenernos en la carrera, Europa tiene que despertarse, no poco a poco, sino con la mayor rapidez, aunque no encaje en la estrategia de los grandes consorcios. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, no cabe duda de que el asunto de la introducción, en las legislaciones nacionales en materia de patentes, de un período de gracia para las invenciones es, como ya ha señalado el señor ponente, un aspecto delicado y, a la vez, importante en el actual debate sobre la reforma del sistema de patentes en Europa. 
Por esto la Comisión agradece al Parlamento y al señor ponente en particular, el hecho de haber tomado esta iniciativa. 
Tras las intervenciones de algunos diputados que hacían referencia al sistema de Estados Unidos y de Japón, me veo obligada a recordar que si bien es cierto que la ley americana prevé el principio del período de gracia, esto debe entenderse a la luz de una característica específica de la ley americana que funciona sobre la base del principio de «first to invent» , mientras que el Derecho europeo funciona sobre la base de otro principio que es el de «first to file» , el primero en presentar. 
Puede gustar o no gustar, pero, a mi juicio, todo parangón con otros sistemas debe tener presente que los puntos de partida son diferentes, los principios de actuación son diferentes. 
Segunda reflexión: la Comisión, tal como se ha recordado, organizó el 5 de octubre de 1998 una audiencia ad hoc de las partes interesadas. 
La Comisión no decide unilateralmente en la votación, ya que en esta audiencia asistieron 150 personas, en representación de todos los sectores interesados, y precisamente para su información es bueno que los enumere. Asistieron grandes, medianas y pequeñas empresas, asociaciones de inventores y de investigadores, organismos de representación nacional, europeos e internacionales, asesores en materia de patentes, oficinas de patentes nacionales y europeas, instituciones internacionales, Estados miembros y expertos internacionales. 
Es posible que todos estos señores se hayan equivocado; lo cierto es que a raíz de esta audiencia, se pudo sacar una primera conclusión importante, o sea, que una posible acción legislativa relativa al período de gracia sólo puede concebirse a escala internacional, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
En efecto, quedó patente que una iniciativa europea de carácter unilateral no habría producido los frutos esperados. 
Otra observación: según la inmensa mayoría de los sectores interesados por esta audiencia, el plazo de gracia aumenta la inseguridad jurídica al abandonar el principio de novedad absoluta por el de novedad relativa. 
Y en realidad, el período de gracia parece que se percibe como una respuesta inadecuada a problemas auténticos como, por ejemplo, la complejidad de los procedimientos de presentación de las solicitudes, la falta de una información adecuada, la necesidad de divulgar las invenciones antes de presentar las solicitudes de patente. 
Así y todo, la audiencia del 5 de octubre permitió hallar algunas soluciones que la Comisión se ha comprometido a profundizar, un compromiso que de todos modos se deriva de la comunicación sobre la futura patente en Europa, adoptada en febrero. 
En particular, en lo que se refiere a la complejidad del procedimiento de presentación de las solicitudes de patente, la Comisión se ha comprometido a reflexionar en profundidad sobre la idea de un presentación provisional de la solicitud de patente, basada en trámites simplificados y sin pago de tasas. 
Asimismo, para responder a las exigencias concretas de los inventores y de las pequeñas y medianas empresas que necesitan divulgar sus invenciones antes de presentar la solicitud, la Comisión se ha comprometido a reexaminar dos excepciones al principio de la novedad absoluta, actualmente en vigor en el Derecho europeo: abuso evidente frente al solicitante y exhibición de la invención en exposiciones internacionales. 
En estas circunstancias, señor Presidente, Señorías, la Comisión está en condiciones de comunicar que, en lo que respecta a la propuesta de resolución legislativa, no puede aceptar la invitación a proponer una directiva del Parlamento y del Consejo basada en el artículo 100 A del Tratado. 
Por el contrario, la Comisión acepta la enmienda presentada por la Sra. Palacio, que invita a la Institución a proseguir la reflexión teniendo en cuenta las conclusiones de la audiencia que acabo de mencionar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Refuerzo de la cohesión y de la competitividad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0027/99) del Sr. de Lassus Saint Geniès, en nombre de la Comisión de Política Regional sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, «Reforzar la cohesión y la competitividad a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación» (COM (98) 0275- C4-0491/98). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todo el mundo está de acuerdo en que la investigación y la innovación son los motores del desarrollo económico, pero nadie se aventura a añadir que este último debe ser equilibrado. 
En efecto, es trivial señalar que la investigación básica exige inversiones cada vez mayores y que, por esta razón, parece que a ella se dedican únicamente algunos equipos poderosos vinculados a un entorno intelectual e industrial muy concentrado. 
Las necesidades de la competencia intercontinental traen consigo la aparición de alianzas industriales importantes y se agradece la inversión pública, sobre todo la financiación europea, como contribución a los esfuerzos así emprendidos. 
El propio principio del desarrollo del esfuerzo investigador se revela como un principio de progreso, de competencia, de atracción hacia las zonas que presentan actividades más pujantes y, por consiguiente, de concentración. 
La cohesión supone, por su parte, un esfuerzo de redistribución previa en favor del desarrollo de las regiones menos favorecidas. 
Hay, por lo tanto, una oposición de principios. 
Está claro que los procesos de investigación no pueden conducir por sí solos a la convergencia y que el pilar de la futura convergencia es el autodesarrollo. 
Así pues, los medios locales y regionales menos favorecidos deben crear, con la ayuda de toda la Unión, un entorno favorable para la iniciativa y la innovación. 
La oportunidad que se nos presenta es que, en lugar de una investigación básica intensa por medio de grandes equipos, existe hoy en día todo un mundo de intercomunicaciones que facilita la constitución de redes de pequeños equipos de investigación repartidos por todo un territorio. 
Hay que aprovechar esta oportunidad. 
Todos los programas europeos, en efecto, deben participar en la convergencia de las economías, y el programa marco de investigación no ha de escapar a este objetivo, expuesto en los tratados y recordado asimismo en la Cumbre de Amsterdam. 
La Comisión ha reunido en su comunicación algunas pistas para reforzar a la vez la cohesión y la competitividad por medio de la investigación y la innovación. 
Sin embargo, la redacción de esta comunicación, por muy interesante que sea, no puede ocultar la disputa de fondo en la que está enzarzada la Comisión sobre este tema y que es análoga al debate que se puede tener sobre ordenación del territorio: ¿es realmente posible no disminuir el esfuerzo europeo de competitividad y, al mismo tiempo, dirigir créditos de investigación hacia las regiones menos favorecidas de la Unión? 
En todo caso, varios estudios muestran el preocupante aumento de las desigualdades entre regiones, mientras que el producto interior bruto per cápita de los Estados de la Unión sigue mostrando una convergencia residual. 
Hay en los hechos un desfase real entre crecimiento nacional y cohesión regional, pero, incluso a nivel de los Estados, las divergencias son extremas: en materia de gastos de investigación y desarrollo tecnológico, Alemania y Francia, por ejemplo, respondieron en 1993 del 60 % de los gastos totales de investigación de la Unión, mientras que entre Irlanda, Grecia y Portugal sólo gastaron el 1, 3 %. 
Ya sea por la capacidad de materializar la investigación básica en innovación, por el número de patentes por habitante o por el personal empleado en el sector de la investigación y desarrollo, todos estos criterios revelan el grado de divergencia en cuanto a desarrollo tecnológico. 
¿Cuál es el balance de las medidas europeas sobre este punto? 
Observemos, por ejemplo, que un grupo de regiones que incluiría la totalidad de Grecia a excepción del Ática, tres regiones portuguesas y la Calabria en Italia sólo ha podido participar en un 2 % en el tercer programa marco. 
Es cierto que desde 1993 la Comisión se ha esforzado por favorecer una mayor sinergia entre los programas comunitarios y el objetivo de la cohesión económica y social. 
También se podría- y la Comisión ha pensado en ello- utilizar más los fondos estructurales para corregir la tendencia observada. 
Sin embargo, la parte dedicada por los diferentes objetivos de los fondos estructurales a las inversiones específicas para investigación y desarrollo sigue siendo reducida, aunque haya evolucionado entre las distintas fases de programación. 
Señorías, les propongo que insistan tenazmente para obtener, mediante programas de ayuda a la investigación, una dotación más equilibrada de los factores clave de competitividad en las diferentes regiones de la Unión. 
Nuestro Parlamento, a propósito de la comunicación de la Comisión, podrá hacer hincapié en lo que parece el objetivo principal, es decir, el desarrollo de la innovación en las PYME de las regiones menos favorecidas. 
Se trata de favorecer la innovación en todas las pequeñas empresas que no tienen ni los medios, ni las competencias ni el tiempo necesarios para abordar la innovación e integrarla en las prácticas de la empresa. 
Pero este tipo de desarrollo exige un cierto compromiso regional, una estrecha sinergia entre el quinto programa marco y las estrategias aprobadas por una región y cofinanciadas por los fondos estructurales. 
También es indispensable fijar desde ahora unos criterios con los que evaluar el avance en la adquisición de los umbrales de viabilidad, a partir del cual se podrá autodesarrollar el espíritu de innovación y competitividad. 
Sin este esfuerzo conceptual previo, difícilmente podremos actuar con la máxima eficacia para que se superen dichos umbrales en las regiones menos favorecidas. 
Es igualmente necesario instar a la Comisión a que extraiga todas las conclusiones posibles de su acertada observación, diciendo que uno de los motores fundamentales de la cohesión que se pretende es la calidad de la formación profesional. 
La comunicación, por lo pronto, no saca ninguna otra conclusión que la necesidad de fomentar cursos de formación en los centros de alto nivel. 
No se puede insistir en la importancia de los recursos humanos y limitarse a una conclusión tan pobre. 
Hay que proponer como mínimo nuevos mecanismos de financiación y el fomento de las políticas locales de mejora de la calidad. 
Como conclusión, Señorías, la comunicación de la Comisión constituye una base interesante de reflexión para enfocar los problemas de cohesión, pero queda por hacer un trabajo muy importante de aclaración de los objetivos, criterios y procedimientos. 
Señor Presidente, considero que el ponente, en su excepcional informe, realmente pone el dedo en la llaga en todo lo referente a la aplicación y a la efectividad de la cohesión política, económica y social, las cuales reducirían las disparidades regionales en la Unión, poniendo de manifiesto las omisiones y las opciones equivocadas del pasado que han obstaculizado la adaptación más rápida de las regiones menos favorecidas. 
Las grandes diferencias de desarrollo que siguen existiendo entre las distintas regiones de la Unión se deben en gran medida a las tremendas diferencias en tecnología, y en especial a las distancias en las inversiones para la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Los datos de que disponemos nos dan una clara imagen de los desequilibrios que hay en la Unión ya que el desfase tecnológico es el doble que el de los ingresos. 
Tal como hemos escuchado, sólo dos países, Alemania y Francia, gastan el 60 % del total de los gastos totales en la IDT. 
Por supuesto, felicitamos a estos países por su capacidad para absorber recursos para la IDT, pero también hay que señalar la necesidad de que ésta se incorpore plenamente a la materialización del objetivo de la cohesión económica y social y de la reducción de las disparidades regionales para lograr un desarrollo más equilibrado de la Unión Europea. 
Y esto se puede lograr por medio de los factores clave de la competitividad en las diferentes regiones de la Unión, por supuesto, con una financiación y ayuda mayores al intento de superar el retraso tecnológico, especialmente en las regiones de Objetivo 1, las cuales presentan los mayores problemas de dicho retraso. 
Falta todavía un enfoque integrado de los problemas de desarrollo durante el nuevo periodo 2000-2006 y, con toda seguridad, una colaboración más eficaz entre los Fondos estructurales y el V Programa Marco para la IDT. 
En mi opinión, esto debe constituir una de las prioridades básicas del nuevo periodo de desarrollo. 
Deberemos entender todos, de una vez, que la cohesión es aliada de la competitividad y del dinamismo de nuestro sistema productivo, y también a la inversa. 
Finalmente, estoy de acuerdo con todas las propuestas que contiene el informe de nuestro colega, las prioridades que expresa y que apuntan al refuerzo equilibrado de las distintas regiones de la Unión, las propuestas que hace sobre el reforzamiento de las pequeñas y medianas empresas y, principalmente, sobre el refuerzo de los vínculos entre los centros de investigación y las universidades con cuantos contribuyan a nivel local al desarrollo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, si la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea es uno de nuestros objetivos prioritarios, entonces hay que prestar la máxima atención a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
Como demócrata-cristianos estamos profundamente convencidos de que los puestos de trabajo más seguros son los creados mediante la competitividad. 
Sin embargo, las empresas que quieran ser o seguir siendo competitivas no pueden lograrlo sin una investigación y desarrollo suficientes, sin innovación. 
Tal como destacan la Comisión y el ponente, es cierto que existen grandes diferencias regionales en el campo de la investigación, desarrollo tecnológico e investigación. 
La investigación tiene lugar fundamentalmente en las regiones con un fuerte desarrollo económico y poco o apenas en las regiones subdesarrolladas. 
Esta es la realidad. 
Nuestros esfuerzos tienen que dirigirse a apoyar un intercambio de informaciones entre las regiones ricas y pobres. 
Estamos convencidos de que debería existir una cooperación entre los programas de investigación, por un lado, y los Fondos estructurales, por otro. 
Sin embargo, debería diferenciarse claramente entre la financiación de ambos campos. 
Se trata de fondos de ayuda diferentes, lo que no significa que no se puedan complementar o que sean incompatibles. 
En síntesis, si a efectos sinergéticos entre ambos, pero mezcolanza financiera directa, no. 
A este respecto, puedo aportar ejemplos positivos de mi propia región en Alemania, de un territorio Objetivo I, de Turingia. 
Se trata de empresas conocidas más allá de sus fronteras regionales o nacionales, como Carl-Zeiss, Jena o Jenaer Glaswerke, en las que mediante créditos de los Fondos estructurales se crearon las condiciones de infraestructura en el marco del FEDER y de investigación se pusieron en marcha unos excelentes proyectos de investigación e innovación con créditos del cuarto programa marco. 
Bajo este aspecto, solamente podemos apoyar parcialmente el artículo 21 del ponente. 
De ahí nuestra petinente enmienda relativa a un split vote, lo cual- quiero insistir en esto- no pretende quitar mérito a la totalidad del informe. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente su excelente informe. 
En las regiones europeas se está produciendo un fenómeno extraño. 
Mientras que las cifras correspondientes al PIB por habitante revelan una convergencia residual en aumento entre los Estados miembros, se está produciendo un proceso de aumento de los desequilibrios entre las regiones de un mismo Estado. 
Dicho de otro modo, existe cierta discrepancia entre el crecimiento nacional y la cohesión nacional. 
Una política inteligente encaminada a difundir la innovación tecnológica sería uno de los medios para contrarrestar ese proceso de polarización. 
Por desgracia, la investigación y la innovación siguen siendo un monopolio de las regiones más ricas. 
En vista de lo delicado de estos asuntos, los Verdes han hecho tres propuestas importantes. 
Debe haber más asistencia estructural para el desarrollo tecnológico, en lugar de infraestructuras pesadas en las regiones menos favorecidas, en particular en las regiones de Objetivo 1. 
En segundo lugar, pedimos la aplicación de un principio de discriminación positiva en favor de las regiones menos favorecidas con arreglo a los nuevos programas-marco de investigación y desarrollo tecnológico. Eso significa que la asignación de recursos con cargo al programa-marco debe hacerse aplicando criterios para su concesión según el modelo de los criterios con los que se asignan los Fondos estructurales. 
Y, en tercer lugar, una orientación de la innovación tecnológica en las regiones menos favorecidas hacia el fomento del desarrollo sostenible, el fomento de las aptitudes locales y la utilización de los recursos naturales y humanos locales. 
Por último, hemos presentado una enmienda que introduce el principio de la discriminación positiva en materia de investigación e innovación en las regiones más pobres. 
Señor Presidente, yo querría felicitar en primer lugar al ponente, Sr. de Lassus, porque creo que ha hecho un buen informe sobre un tema tan importante como es el relativo al reforzamiento de la cohesión entre todos los ciudadanos europeos. 
Y en este sentido, creo que la investigación y el desarrollo tecnológicos son fundamentales con el fin de llevar a cabo un desarrollo de la cohesión territorial entre todos los ciudadanos europeos. 
Evidentemente, esto no quiere decir que haya de procederse a una distribución de los trabajos de investigación y desarrollo en todo el territorio europeo, sino que deben realizarse determinadas políticas con el fin de fomentar la actividad allí donde este desarrollo tecnológico pueda ser más eficaz, lo que normalmente será en los territorios de las regiones más desarrolladas; más desarrolladas a nivel de la Unión Europea y también más desarrolladas a nivel de los Estados miembros. 
Normalmente, estos territorios, que son los auténticos motores económicos, son los que pueden contribuir de una forma más eficaz al desarrollo de los otros territorios, de las regiones más atrasadas. 
Pero ello no es óbice para que, naturalmente, las regiones más atrasadas también obtengan algunas inversiones para mejorar su nivel tecnológico y su competitividad. 
Sin esto, no llegaríamos a un desarrollo cohesionado de lo que es el territorio de la Unión Europea. 
En este sentido, quiero felicitar una vez más al ponente porque creo que, en su informe, ha recogido realmente cuales son las preocupaciones para obtener no únicamente una cohesión económica y social sino también una cohesión territorial de todas las regiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, señor ponente, sin profesar una concepción tolomeica de la ciencia, antigua tentación de la ciencia occidental moderna ni comulgar necesariamente con ella, hoy no podemos desconocer que el conocimiento, la ciencia y la investigación son los verdaderos motores del progreso no sólo intelectual, sino también económico, de nuestras sociedades. 
Y ese problema amenaza incluso con volverse el eslabón más débil de la Unión Europea frente al poderoso desafío de los Estados Unidos de América. 
Y, si se trata de un desafío a los países y regiones más ricos y científicamente pertrechados de la Unión Europea, lo es más para los países y regiones desfavorecidos, no en el talento y la capacidad creativa, porque éstos están igualmente distribuidos para todos, sino en la producción del conocimiento y en la innovación tecnológica. 
Por estas razones, la comunicación de la Comisión que estamos examinando es digna de beneplácito y de apoyo cuando propugna y pretende estimular la utilización más intensa de los Fondos estructurales en materia de investigación e innovación, con lo que procura reforzar la débil capacidad científica y fortalecer las bases del conocimiento y de las tecnologías de esas regiones más pobres. 
Pero la estrategia propuesta por la Comisión adolece de un gran defecto- bien señalado en el impecable informe del Sr. Lassus Saint Geniès, al que felicito efusivamente- que consiste en no tener en cuenta la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos disponibles en los programas-marco de investigación e innovación. 
No se trata, en modo alguno, de abogar por una demagógica dispersión territorial de los grandes ejes y prioridades de los programas-marco, sino de descentralizarlos de los polos de alta investigación y altas tecnologías de Europa a centros menores y a equipos más pequeños y maleables en las regiones más pobres. 
A fin de cuentas, si bien esos programas-marco no representan más que el 4 % del gasto en materia de investigación de la Unión Europea, si estuvieran mejor distribuidos, podrían representar un poderoso impulso para países como Portugal, hasta ahora los parientes pobres de la investigación y la innovación de la Unión Europea. 
Así, pues, la difusión y la absorción del saber científico, del progreso tecnológico y de la innovación debería ser una de las prioridades del desarrollo regional y de la política de cohesión del futuro de Europa. 
Señor Presidente, el ponente da una gran importancia a la necesidad de fomentar la innovación en las PYMES. 
Toca de este modo el núcleo del problema, pues los grandes consorcios negocian ya directamente con los centros de investigación. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación sensiblemente más difícil. 
Sobre todo, hay que fomentar la innovación en aquellas empresas que debido a su tamaño no tienen ni los recursos financieros ni personales para ocuparse de modo sistemático y preferente de desarrollos innovadores. 
Hay que crear en las PYMES una auténtica cultura innovadora para hacer competitiva la economía europea y garantizar los puestos de trabajo. 
Hay que saludar todas las iniciativas que apuntan en este sentido, sobre todo aquellas que animan a los jóvenes empresarios a realizar inversiones innovadoras. 
Lo más eficaz sería centrar en este objetivo la mayor parte posible del presupuesto, tanto del programa marco como de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega, el Sr. Lassus, toca un tema especialmente importante. 
Cómo podría fomentarse la cohesión y la competitividad en la Unión mediante el apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. 
Digo que es importante porque todos entendemos que por muchas carreteras y ferrocarriles que hagamos, por muchos puertos y aeropuertos que construyamos, por mucho que fomentemos las infraestructuras, los transportes y el medio ambiente, la investigación y la tecnología representarán un potencial de desarrollo insustituible. 
Precisamente porque es el camino más rápido y más moderno para el desarrollo. 
Es un desarrollo que ayuda a que las regiones se ayuden a si mismas y al mismo tiempo creen su futuro, sin estar obligadas a intentar llegar al punto en el que están las demás. 
Sabido esto, desgraciadamente es lamentable constatar que los desequilibrios entre las distintas regiones en relación con la investigación y la tecnología son mucho mayores de lo que lo son en otros sectores. 
De más del doble, tal y como señala el informe del Sr. Lassus, en relación con los ingresos, mientras que, por ejemplo, el desfase entre los gastos en IDT por habitante entre Berlín y Macedonia es ni mas ni menos de 1 a 100. 
También hay un problema tremendo de concentración ya que 1/10 de las regiones de la Unión concentra al 68 % del personal implicado en IDT en toda la Unión Europea. 
Y, ciertamente, quizás estos datos expliquen por qué, a pesar de los esfuerzos que se han hecho durante todos estos años por la convergencia, las disparidades de ingresos entre las regiones continúan siendo grandes, y en algunos casos, incluso son mayores. 
Habrá, por tanto, que concienciarse de que la investigación y el desarrollo tecnológico es un arma importante para lograr la cohesión y la competitividad de la Unión y por esta razón, en el futuro, habrá que poner en ellos un gran énfasis. 
Es, por consiguiente, lamentable que la publicación de la comunicación de la Comisión se haya producido con posterioridad a la presentación del V Programa Marco y que, por tanto, sus conclusiones no se hayan podido tener en cuenta a la hora de formular dicho Programa Marco para la investigación y la tecnología. 
En cualquier caso, se deberá dar un mayor énfasis al fomento de la investigación y de la tecnología en las regiones menos favorecidas de la Unión. 
Ahora tengo la oportunidad de decir que acciones de este tipo deberán tener un peso mayor en las políticas regionales y estructurales de la Unión del próximo periodo porque es la forma mejor, más rápida y duradera de que estas regiones logren el desarrollo. 
También es la mejor manera de fomentar el empleo, porque se crean puestos de trabajo estables y sostenibles en sectores con futuro y además ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que son la base y la mayoría en este sector productivo. 
Pero deberemos dar «al César lo que es del César» , señor Presidente. 
Aquí, fomentar tales acciones no es principalmente responsabilidad de la Comisión, es una responsabilidad de los Estados miembros en el nuevo periodo de programación. 
Puedo utilizar mi país, Grecia, como ejemplo, que por desgracia es el último de los quince Estados miembros en este sector. 
Tenemos como porcentaje del PIB gastos del 0, 63 % cuando el término medio de la Comunidad es del 2, 4 %. 
Es, por tanto, una oportunidad para utilizar el nuevo marco comunitario de apoyo para fomentar la investigación y la tecnología. 
Señor Presidente, dinero llama dinero. 
La economía se atiene a este principio a la hora de planificar sus emplazamientos. 
Da preferencia a aquellos lugares en los que ya se encuentra concentrado un fuerte poder económico de suerte que los trabajadores, las instituciones de formación y la infraestructura notan el tirón de lo ya existente. 
Esto hace que, por otro lado, tengamos el plátano de oro, el Sunbelt, las zonas periféricas y los escenarios en los que necesitamos una política regional que se oponga a esa tendencia para que no vaya todo a las áreas de aglomeración urbana y la periferia quede deshabitada. 
Se puede actuar especialmente bien en este sentido si se aplican determinadas medidas de calidad. 
Con investigación y desarrollo tecnológico se pueden dar los impulsos iniciales para que se desarrolle no sólo know-how sino también puestos de trabajo. 
Esto lo exponen de modo sugestivo la comunicación de la Comisión y el informe de nuestro colega de Lassus. 
En este sentido, sólo desearía que tanto la comunicación como el informe no sólo suenen de un modo tan convincente sino que también se puedan aplicar en la práctica. 
Un deseo especialmente importante para mí es el punto 15 del informe que habla de la cooperación interregional y transfronteriza, pues el impulso en estos campos es especialmente necesario. 
Con motivo del informe Pack, esta tarde hemos hablado sobre la cooperación en la formación en relación con SOCRATES y hemos mostrado nuestra satisfacción de que precisamente también en este área y para estas áreas se haya intensificado la cooperación con créditos de la Unión Europea. 
Espero y deseo, sobre todo para las regiones afectadas en las fronteras exteriores de la Unión, allí donde podemos maniobrar en contra con INTERREG, que lo que nos prometen la comunicación de la Comisión y el informe de Lassus, se haga realidad en las regiones afectadas, para que el dinero vaya también allí donde aún no está presente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. de Lassus por su informe. 
Se trata de un asunto importante para mi circunscripción de Devon y para mi región del Sudoeste y, en particular, para Cornualles, que, como ha de saber la Comisaria, tiene argumentos poderosos para aspirar al estatuto de región de Objetivo 1. 
En nuestra región hay ya mucha actividad en la esfera de la investigación, lo que demuestra lo que se puede hacer creando empleo local y no sólo en las universidades de Exeter y Plymouth. 
Hay un proyecto muy apasionante en una ciudad pequeña, Holsworthy, en la que se está construyendo una fábrica de energía a partir de los desechos agrícolas con ayuda no sólo de un proyecto de investigación, el programa ALTENER, sino también de los fondos con cargo al objetivo 5b. 
Ése es un buen ejemplo de la sinergia que entraña la combinación de los fondos regionales y los fondos para investigación. 
Lo más importante para las regiones remotas de la Comunidad son las redes de información tecnológica y el potencial que ofrecen para reunir a investigadores de los puntos más alejados de Europa en beneficio mutuo. 
Actualmente estoy trabajando en un informe en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía encaminado a integrar la política medioambiental y la política energética. 
Ésa es una esfera en la que hay un gran potencial para la creación de empleo en las regiones menos favorecidas. 
Hace un tiempo hubo un interesante proyecto para un prototipo de autobús híbrido que funcionaría con baterías en el centro de la ciudad y con diesel normal en los distritos del extrarradio. Ése fue otro ejemplo de los lugares en que la financiación procedente de Europa puede ayudar materialmente a proyectos en pro del empleo y de las preocupaciones medioambientales. 
Acojo con beneplácito la insistencia de este informe en las pequeñas empresas. 
En mi circunscripción de Devon las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos constituyen una sección particularmente grande de la economía. 
Son un generador decisivo para los puestos de trabajo y para los proyectos nuevos e innovadores. 
De modo que celebro que se haga hincapié en ellos en este informe. 
En conclusión, quisiera decir que debemos procurar no adjudicar contratos para labores de investigación a partir de razones exclusivamente geográficas. 
La primera prioridad debe ser la de tener en cuenta los méritos del proyecto. De lo contrario, menoscabaremos la labor de investigación de la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, pocas iniciativas con recomendaciones correctas y de la mayor importancia serían más aplicables a Portugal, país que constituye de hecho un ejemplo singular, con una política desequilibrada en la implantación espacial de los apoyos científicos y tecnológicos, y donde un apoyo equilibrado sería muy importante. 
Como se subraya perfectamente en la comunicación de la Comisión y en el informe del Sr. Lassus Saint Geniès, el desarrollo tecnológico es un factor fundamental del desarrollo endógeno de las regiones menos desfavorecidas y de reducción de las disparidades regionales. 
Por el contrario, su fomento en una o dos localidades (ya más favorecidas) constituye- en la línea, por ejemplo, de las teorías sobre centro- periferia o de la causación acumulativa- un motivo decisivo de agravación de los desequilibrios, lo que supera el efecto que se podría conseguir con cierto equilibrio en la generalidad de los gastos en infraestructuras y servicios, tal vez con interés social, pero sin consecuencias en una dinámica autosostenida de desarrollo. 
Las cifras portuguesas hablan por sí solas, con la concentración en Lisboa del 65 % de las asignaciones destinadas a investigación e innovación tecnológica, del 82 % de la investigación del Estado, así como también la mayor parte de las asignaciones comunitarias. 
Así, pues, no hay vinculación con la actividad productiva actual- el distrito de Lisboa representa el 25 % del PIB industrial portugués y un porcentaje poco importante del PIB agrario y florestal- ni con las potencialidades existentes, por no hablar del interés social y político que podría verse, no por todos, por cierto, en un desarrollo regional equilibrado del país. 
Una implantación equilibrada de los mecanismos de apoyo para los usuarios actuales y potenciales constituye también una garantía de adecuación a las necesidades del país, o de los países en general, y de una deseable mayor asunción por las empresas de los gastos que se hacen (en una línea muy diferente, por tanto, de la que en el caso de los grandes laboratorios, distantes de gran parte de la realidad económica) , por lo que se trata de una experiencia muy diferente y positiva que, a mi juicio, deben promover en mayor medida los centros tecnológicos con una implantación correcta en el territorio. 
Al fin y al cabo, se trata de corresponder a lo que figura en el Tratado de Maastricht, en el que se dice claramente que se debe dar el apoyo a las universidades, a centros de investigación, a las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que ésa es la posición correcta que se debe seguir en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. de Lassus por este importante informe y la propuesta de resolución. 
Me alegra poder constatar que el Parlamento apoya los enunciados básicos de nuestra comunicación. Hay que reconocer que es la primera vez que hemos intentado alcanzar estas sinergias, que ustedes exigen justificadamente, entre las dos políticas y una mejor coordinación entre la política común de investigación y desarrollo y la política estructural y de cohesión. 
Coincidimos con ustedes en que la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la modernización de la base de producción son de importancia esencial para la competitividad de las regiones y para la creación de puestos de trabajo estables así como para la reducción de las disparidades regionales existentes. 
En el proyecto de las directrices para los futuros programas estructurales entre el 2000 y el 2006, que fueron aprobadas por la Comisión el 2 de febrero, ésta subraya el enfoque que se refleja hoy también en la comunicación. 
La competitividad de una región depende de modo decisivo de si dispone de un concepto innovador estratégico o no. 
Por ello, en las directrices para el próximo período de los Fondos estructurales, la Comisión recomienda a las regiones un amplio abanico de medidas para impulsar la innovación, desde nuevas formas de financiación, como por ejemplo, capital de riesgo para impulsar la creación de empresas y desarrollos innovadores, servicios super especializados o la transferencia de tecnología. 
Se ha visto claramente también en las intervenciones que la puesta a disposición de conocimientos mediante la transferencia de tecnología y la difusión de nuevas técnicas representa una aportación esencial al aumento de la competitividad de las regiones. 
Por ello, de conformidad con estas directrices, las intervenciones de los Fondos estructurales deben ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a acceder a las competencias que precisan para su propio desarrollo. 
También deben hacer posible la cooperación con los centros en los que se reúnen los conocimientos y capacidades así como las interacciones con redes internacionales de investigación e innovación a nivel comunitario, no debiendo olvidar en este contexto a los Business Innovation Centers, las diversas redes europeas con las que hemos contribuido considerablemente a que las pequeñas y medianas empresas puedan participar del modo correspondiente en los resultados de la investigación de otros. 
Respecto a su crítica al quinto programa marco de Investigación, permítanme que indique que esto fue resultado de dos años de negociaciones tanto con el Parlamento como con los Estados miembros y que el programa marco de investigación naturalmente no tiene como primer objetivo la cohesión sino la competitividad de Europa como región global en tecnologías punteras y esto significa la competitividad frente a los EE.UU. y el Japón. 
Por ello, lo decisivo es que se haga una cosa pero no se olvide la otra y, sobre todo, que se preste atención a que el desarrollo de la investigación de las tecnologías punteras no sólo se ponga a disposición de las regiones más pobres sino que también se impulse mediante el intercambio de investigadores, lo que prevé el quinto programa marco de investigación, contribuyendo de este modo a la innovación en las regiones de estructuras más débiles. 
Si miran en el quinto programa marco la ampliación del potencial de recursos humanos en la investigación y la mejora de la base de conocimientos socioeconómicos, si miran las becas Marie-Curie para facilitar el retorno de las investigadoras e investigadores de regiones menos favorecidas o las becas de desarrollo para los institutos de investigación en regiones menos desarrolladas, verán que este programa se ocupa de muchas de las necesidades de las regiones de estructuras más débiles y que temas como una administración sostenible de las reservas y de la calidad del agua, una agricultura, pesca y silvicultura sostenibles, las áreas rurales, la ciudad del mañana o el acervo cultural, son temas que son también de importancia para el desarrollo regional. 
Lo mismo es aplicable a temas como el fomento de la innovación y la inclusión de las PYMES. 
El ponente ya ha indicado que en los últimos diez años hemos realizado progresos, también en lo que se refiere a los créditos. 
En 1988 comenzamos con 200 millones y entretanto estamos en los 8.500 millones en el campo de los Fondos estructurales para investigación y tecnología. También hay que decir y expreso mi agradecimiento al Sr. Hatzidakis por haber llamado la atención al respecto, que no solamente la Comisión sino también los Estados miembros que presentan los programas a la Comisión deben prestar más atención a incluir tales proyectos en sus programas. 
Acabamos de constatar en una última evaluación del Objetivo 1 que más dinero gastado en los campos de la investigación e innovación no es automáticamente un índice de más innovación. 
Precisamente en los países de cohesión, el sector público tiene una representación aún muy por encima de la media mientras que las innovaciones en las empresas son insuficientes. 
Creo que es muy importante destacar precisamente este aspecto pues es decisivo que las mismas regiones estén en situación de elaborar estrategias innovadoras para tener de este modo mejor en cuenta su situación especial. 
Por ello es tan importante intercambiar iniciativas como la Regional Information Iniciative que, por lo demás, trabajan transfronterizamente en las regiones y las best practices sobre el tema del fomento de las innovaciones. 
Por ello es también importante incluir más estos temas en el campo de la cooperación interregional y transfronteriza. 
Creo que estamos conjuntamente en el camino correcto y comparto la conclusión del ponente de que debemos andar aún un buen trecho hasta que podamos constatar realmente un proceso adecuado de recuperación también en la investigación e innovación en las regiones más pobres. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Marcado y procedimiento de evaluación de la conformidad en los envases 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0053/99) de la Sra. Grossetête, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al marcado de los envases y al establecimiento de un procedimiento de evaluación de la conformidad para los envase (COM (96) 0191- C4-0627/96-96/0123 (COD) ). 
Señor Presidente, querría, como preámbulo, hacer una pregunta directa a la Comisión, ya que corren una serie de rumores. 
Me ha parecido entender que se están haciendo algunas maniobras y querría preguntar a la Comisión si es cierto que prepara una propuesta que integraría la directiva que nos ocupa. 
Si existe efectivamente una nueva propuesta que nos va a llegar en breve, querría saber si realmente abarca la directiva de la que estamos hablando esta tarde. 
En ese caso, en función de lo que responda la Comisión, veré qué actitud adoptar. 
A la espera de ello, y para ir al fondo de la directiva, recordaré que se hizo un primer examen en octubre de 1997, que los trabajos se suspendieron a la espera de respuestas precisas de la Comisión, pero que, una vez obtenidas las respuestas, tras varios meses de retraso, no nos han satisfecho. 
Sin una contribución activa de la Comisión, finalmente me he visto obligada a hacer una propuesta diferente. 
Efectivamente, la Comisión proponía dos nuevos símbolos que indicaban las posibilidades de reciclado y reutilización de los residuos de envases. 
Pero ambos símbolos son completamente nuevos y no dan suficiente información al consumidor. 
Tal como reconoce la propia Comisión, las estructuras de reciclado están lejos de cubrir todo el territorio europeo. 
Hoy en día se sabe que la directiva de 1994 sobre envases y residuos de envases no se aplica correctamente en todo el territorio europeo. 
Por ello he considerado preferible dar al consumidor una información que le permita ser realmente activo a su nivel. 
El consumidor debe participar activamente en la selección de los residuos de envases que genera basándose en unos símbolos, ya conocidos, que le indican de qué material es el envase. 
Esto ha de facilitar su selección personal. 
Los símbolos elegidos lo han sido gracias al trabajo del Comité Europeo de Normalización, el CEN. 
A la Comisión le preocupaba el tema de la propiedad de estos símbolos y yo la tranquilizo, ya que todos pertenecen al dominio público. 
Sé incluso que algunos industriales se han preocupado de escribir a la Comisión para indicarle que ponían sus símbolos a disposición suya. 
Por otro lado, la propuesta de la Comisión contempla un procedimiento para evaluar la conformidad de los envases con los requisitos esenciales de la directiva de 1994 sobre envases. 
Prevé que el fabricante redacte una declaración de conformidad, prepare una documentación técnica y la tenga a disposición de las autoridades nacionales que vayan a efectuar los debidos controles. 
Ahora bien, se sabe que el sector de los envases es especialmente complejo. 
A menudo intervienen en él gran número de profesionales. 
Para tener en cuenta esta realidad, era necesario, en mi opinión, modificar el texto del anexo 3 a fin de evitar toda confusión entre el fabricante de un envase y el fabricante del producto- en caso de defecto del envase, no hacer recaer la responsabilidad sobre el fabricante del producto contenido en el mismo -, a fin de tener en cuenta asimismo la responsabilidad de cada uno en su etapa de intervención en la producción: fabricación del envase, relleno y envasado. 
He tenido además conversaciones con el Sr. Bowe y hemos hallado una zona de entendimiento que se materializa en las enmiendas 19 y 20. 
Recuerdo por lo tanto, a modo de conclusión, que el enfoque que propongo, el cual debiera permitir encontrar una solución intermedia a la espera de una revisión posterior de la directiva sobre envases de 1994, es apoyado por la totalidad de los sectores del envasado y por las asociaciones de consumidores, y que parece que podría convenir a la mayoría de los Estados miembros. 
Por ello mantengo mi propuesta y, por supuesto, a la espera del debate, deseo recibir respuestas precisas de la Comisión, a la que hice una pregunta al comienzo de mi intervención. 
Señor Presidente, estimados miembros, estimada señora Comisaria, he tenido la satisfacción de ser ponente de la Comisión de Política Industrial, donde he visto las consecuencias de esta propuesta de directiva. 
Tengo que hacer los siguientes comentarios. 
En primer lugar, me gustaría señalar que pueden surgir obstáculos comerciales con socios situados fuera de la Comunidad en el caso de que se apruebe una marca específica europea de recuperación. 
Tal como lo veo, una marca internacional tendrá mucha más fuerza y no podrá ser acusada de plantear obstáculos comerciales. 
No me parece adecuado pedir a nuestras empresas europeas que gasten dinero en la implantación de una marca europea si posteriormente se va a pasar a una marca internacional. 
Ahora bien, el régimen de marcado es voluntario, pero, aún así, beneficiarse del marcado propuesto por la Comisión será visto como una «zanahoria» o una ventaja hablando desde el punto de vista de la comercialización. 
Por lo que sé, la ISO debería tener lista una marca para el verano de 1999, es decir, para dentro de pocos meses. 
¿Cuál es el verdadero propósito de la propuesta de la Comisión? 
El marcado propuesto por la Comisión no va vinculado a un régimen de recogida europeo, que justificase el símbolo del marcado que indica su carácter respetuoso con el medio ambiente. 
Los consumidores verían esto como una señal de su carácter respetuoso con el medio ambiente, aunque quizá el embalaje en cuestión fuera destinado en Dinamarca a la incineración y no a la reutilización, proceso más respetuoso con el medio ambiente. 
No, en este contexto no veo nada que justifique el marcado que propone la Comisión o el timing de la Comisión. 
No tengo por tanto ningún reparo en esperar la marca de la ISO. 
Tengo varios comentarios que hacer sobre los requisitos fundamentales. 
Tras examinar la elección efectuada por la Comisión del procedimiento de conformidad, me gustaría comunicarle a la Comisión que ha tomado una decisión inteligente. 
El control interno de la fabricación es bien recibido por la industria, pues puede implantarse en los sistemas ya existentes de control de la calidad, de medio ambiente y de higiene. 
Sin embargo, el control interno de la fabricación está basado en los requisitos esenciales recogidos en la directiva sobre envases 94/62. 
Estos requisitos parecen definidos muy débilmente. 
Éste es un punto de vista que hemos escuchado a la industria y también a las autoridades de control nacionales. 
No nos conviene que nuestras empresas empleen dinero y tiempo innecesario porque dudan si cumplen ahora la legislación comunitaria. 
De igual manera, tampoco nos conviene que la interpretación de estos requisitos fundamentales quede en manos de las autoridades de control nacionales con todo lo que esto implica a la hora de que puedan crearse obstáculos comerciales técnicos y distorsiones de la competencia entre los países miembros. 
Así y aunque me sume a la propuesta de la Comisión relativa al control interno de la fabricación, creo que no sería correcto seguir adelante con esta propuesta de directiva antes de que los requisitos fundamentales hayan sido plasmados en los estándares del CEN. 
La Comisión ha reconocido tanto ante la Comisión de Política Industrial como ante la Comisión de Medio Ambiente que este propuesta se ha redactado a toda prisa y no ha sido tan bien elaborada como habría sido deseable. 
Por tanto y de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Política Industrial creo que la única salida correcta sería hacer que la Comisión cumpla con su responsabilidad y retire la propuesta hasta que el CEN y la ISO hayan concluido sus trabajos. 
Un breve comentario al informe de la Sra. Grossetête. 
Los miembros del Grupo Liberal apoyamos en gran medida las identificaciones de material propuestas. 
El régimen de marcado propuesto por la señora ponente informa realmente al consumidor, además de que involucra a éste activamente en la protección del medio ambiente. 
Cuando el consumidor tiene que comprar algo, él o ella puede elegir qué tipo de envase prefiere y- lo más importante de todo- puede separar mejor los residuos del envase. 
Esta información y participación de los consumidores tendrán un verdadero, activo y positivo efecto en el medio ambiente. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente y felicitarla por su informe. 
Acojo con beneplácito los intentos de armonizar la gestión de los residuos de envases, si bien reconozco el alto costo inicial de la aplicación de planes de recuperación, reciclado y clasificación de los residuos. 
Los beneficios a largo plazo superan con mucho esos costos y propiciarán una considerable reducción, si no una eliminación total, de la utilización de vertederos como solución para la eliminación de residuos. 
A la hora de abordar la eliminación de los residuos de envases, debemos adoptar el planteamiento a largo plazo. 
Se debe alentar a los fabricantes a que utilicen menos material de empaquetado. 
Con mucha frecuencia, los productos de supermercado, por ejemplo, se envuelven varias veces. 
Los símbolos de marcado de los envases para indicar a qué categoría pertenecen los residuos no sólo deben ser claros y fáciles de entender, sino que, además, se deben utilizar los mismos símbolos de marcado y los mismos colores en toda la UE. 
Además, en las bolsas y los recipientes utilizados para la selección de los residuos se deben utilizar también los mismos códigos y símbolos de colores en todos los países miembros de la UE. No es así en la actualidad. 
Para que una gestión seria de los residuos de envases dé resultado positivo, dichos símbolos deben ser fáciles de identificar para el consumidor. 
Sólo si los planes de selección y recuperación son fáciles de gestionar y si se dispone de una buena recogida de las diferentes bolsas de residuos. 
Las familias modernas que viven en espacios reducidos no tienen sitio para mantener o apilar residuos durante períodos largos. 
Los niños están preocupados, naturalmente, por su medio ambiente. 
Si se los puede alentar para que den apoyo comenzando su formación al respecto en las escuelas, aplicarán también esas actitudes idóneas en el hogar. 
El mensaje fundamental para que un plan dé resultado es no complicarlo. Si no, fracasará. 
Señor Presidente, Señorías, el anterior orador ha expuesto bastante bien cuál debería ser el objetivo de un reglamento sobre el marcado que se ajustara a la directiva relativa a los envases, es decir, que el consumidor debería poder verdaderamente elegir el modo correcto de destruir sus envases de manera que éste fuera siempre el modo más respetuoso con el medio ambiente. 
Pero sabemos que la propuesta de la Comisión no va a cumplir este cometido. 
Ya está anticuada, por lo que ahora es fundamental esperar a que la Comisión renueve su directiva de base propiamente dicha, esto es, la directiva sobre los envases del año 1994, y la adapte a sus planteamientos y propuestas sobre el marcado de los envases. 
Los Verdes tenemos previsto votar en contra del presente informe, ya que parece ser técnicamente la única manera de lograr que la Comisión retire esta propuesta anticuada. 
A pesar de la buena labor que ha llevado a cabo la Sra. Grossetête, creo que la única alternativa razonable es lograr que la Comisión retire su propuesta. 
Señor Presidente, nos encontramos ante la pregunta de cómo incitar al consumidor europeo a que clasifique los residuos de los envases. 
Considero bienintencionados los esfuerzos de la Comisión y de la ponente, pero no lograrán el efecto perseguido. 
La propuesta de la Comisión establece que cada Estado miembro debe abandonar su propio marcado a cambio de un marcado europeo. 
No tendría ningún inconveniente en ello si el marcado fuera mejor. En mi opinión, no es éste el caso. 
Como no existe un sistema de recolección uniforme, el marcado propuesto sólo indica que el producto es potencialmente reciclable. 
El significado se me escapa. 
Prefiero, por ejemplo, los diferentes símbolos neerlandeses que son más claros que el agua y encajan con el sistema de recolección neerlandés. 
Así mismo, las propuestas de la ponente no favorecen al consumidor. 
Propone que se indique la naturaleza del envase. 
Se trata de un etiquetado facultativo y exclusivo. El fabricante no puede utilizar otro etiquetado. 
Por ejemplo, el símbolo neerlandés de los contenedores de vidrio deberá desaparecer. 
No creo que se lo facilitemos al consumidor si él mismo debe decidir cómo clasificar el residuo a partir de una lista en la que figuran los ingredientes contenidos en el envase. 
Reconozco que verdaderamente existen grandes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la recolección de los residuos de los envases. 
No todos valoran de la misma manera la recolección respetuosa del medio ambiente de los residuos de los envases. 
Sin embargo, considero insuficientes las soluciones propuestas por la Comisión y la ponente. 
El efecto contrario no resulta inconcebible. 
La aceptación de estas propuestas ocasionaría mucha confusión al consumidor, no sólo en los Países Bajos, sino también, en otros Estados miembros. 
Concluyendo, si queremos motivar al consumidor, deberemos incitar a los Estados miembros a que se tomen en serio la introducción de un sistema de recolección respetuoso del medio ambiente. 
En tanto ese sistema no sea uniforme, creo que la armonización del marcado es superflua. 
Señor Presidente, la gestión y el control de los residuos pueden seguir distintos procedimientos: aligeramiento de los materiales utilizados, reciclado, reutilización y aprovechamiento con fines energéticos. 
Nos interesa que se desarrollen todas estas formas diversas de aprovechamiento y reutilización, ya que el considerable desarrollo del papel que desempeña el envase, con sus funciones de protección, seguridad, logística y, sobre todo, de ayuda a la comercialización, hace necesario controlar su creciente carga medioambiental, sin privarse de ningún procedimiento que pueda contribuir a ello. 
Por consiguiente, votaremos a favor de todas las enmiendas presentadas, a excepción de las enmiendas 12, 13 y 15 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Rechazamos la enmienda 13, porque al precisar que los envases y residuos de envases sean tratados según su marcado, tiende a favorecer un sistema de aprovechamiento en detrimento de los demás. 
Sin embargo necesitamos todos esos sistemas. 
Algunas personas desean dar preferencia al reciclado y la reutilización de los envases en detrimento del reaprovechamiento energético; esta postura es contraria a una gestión integrada de los envases y sus residuos. 
Las enmiendas 12 y 15 hacen recaer toda la responsabilidad del procedimiento de certificación de la conformidad de los envases en el transformador, y eximen al fabricante de envases de toda responsabilidad; pero, en virtud del principio de «quién contamina paga» , no es el envasador el que debe ser responsable de este procedimiento, sino el fabricante del envase. 
Por otro lado, es mucho más fácil controlar a los fabricantes de envases, porque son mucho menos numerosos que los transformadores: si se toma como ejemplo el sector del vino, sólo existen en Francia unos pocos fabricantes de botellas para más de 30.000 embotelladores, y este ejemplo es representativo. 
Como conclusión, señor Presidente, si se rechazan estas tres enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, que consideramos que desvirtúan el informe de nuestra compañera, votaremos a favor del informe de la Sra. Grossetête. 
Señor Presidente, me alegra que el Parlamento Europeo haya incluido hoy el marcado de los envases en su orden del día. 
Como todos ustedes saben, la Comisión ya aprobó esta propuesta en 1996 y me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Grossetête, por este informe. 
La base de esta propuesta que presenta la Comisión es el compromiso que aparece recogido en el artículo 8 de la Directiva 94/62 sobre envases y residuos de envases, como también varios oradores han mencionado hoy aquí. 
En este artículo se dice: «el Consejo decidirá, a más tardar dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, sobre el marcado de los envases». 
Soy consciente de las críticas hechas especialmente a los nuevos símbolos que introduce la propuesta de la Comisión. 
Los símbolos mostrarán a los consumidores que el envase puede ser reutilizado o recuperado. 
Sin embargo, estos símbolos de ninguna forma garantizarán la reutilización o recuperación del envase, lo cual evidentemente es un problema. 
He examinado con interés el informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. 
Las enmiendas propuestas- tal como subrayó también la propia ponente- modificarán completamente la propuesta de la Comisión. 
La transformarán en una propuesta sobre identificación de materiales. 
Los símbolos propuestos por la señora ponente intentan informar al consumidor de los materiales empleados en los envases. 
Los símbolos para el aluminio, el vidrio y el plástico, sin embargo, tienen también las flechas «cazadoras» y por ello señalarán la capacidad de recuperación al consumidor pudiendo darle a éste una información engañosa. 
Luego está el problema de que ya tengamos una decisión de la Comisión sobre identificación de materiales, la Decisión 97/129, aprobada el 28 de enero de 1997. 
Se han introducido sistemas de identificación específicos que utilizan cifras y abreviaturas y que se aplican a plásticos, papel, cartón, metal, madera, tejidos, vidrio y materiales compuestos. 
El empleo del sistema de identificación es voluntario. 
Según el artículo 3 de la Decisión de la Comisión, el sistema puede hacerse, sin embargo, obligatorio. 
El paso propuesto de un sistema de marcado de reutilización y reciclaje a un sistema de marcado que adopta la forma de un sistema de identificación no proporcionará beneficios adicionales en comparación con la vigente Decisión de la Comisión. 
En vista de lo cual- y no sorprenderá a esta asamblea -, no puedo apoyar las enmiendas 1, 3-11, 13 y 14 ni las enmiendas 16 y 18. 
También hay otro aspecto importante en la propuesta de la Comisión. Me refiero al que afecta al procedimiento de evaluación de la conformidad o del acuerdo. 
Me gustaría subrayar que hace muchísima falta un procedimiento de evaluación de la conformidad, tanto entre los fabricantes como entre las autoridades, para controlar la conformidad con los requisitos fundamentales recogidos en la Directiva 94/62. 
Por ello, respaldo completamente la enmienda 12 que subraya que todo envase debe haber sido sometido a un procedimiento de evaluación de la conformidad antes de procederse a su comercialización. 
También se aceptan las enmiendas 2 y 21, pues clarifican y mejoran aún más la propuesta. 
Es importante que subrayemos que es el fabricante quien es responsable de efectuar los procedimientos de evaluación de la conformidad. 
En consecuencia no puedo aceptar la enmienda 15 ni las enmiendas 19 y 20. 
La responsabilidad por separado no es posible cuando los procedimientos de evaluación de la conformidad se lleven a cabo. 
El fabricante de envases debe garantizar que el envase que se fabrica y comercializa se ajuste a las disposiciones de la directiva sobre envases, la Directiva 94/62. 
Para acabar, me gustaría volver a subrayar una vez más que creo que consumidores, fabricantes, autoridades y medio ambiente no obtienen beneficios adicionales de la modificación de esta propuesta hacia una propuesta sobre identificación voluntaria de materiales. 
La Sra. Grossetête comenzó planteándome una pregunta concreta sobre si ya existía una nueva propuesta por parte de la Comisión. 
No. 
La razón que posiblemente ha dado origen a estos rumores ha sido que hemos iniciado el debate para la revisión de la directiva sobre envases, sin embargo, estamos todavía en una fase muy, muy temprana del proceso por lo que sería falso anunciar que tenemos una nueva propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0003/99) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/112/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (COM (97) 0020- C4-0059/97-97/0027 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, ante nosotros se encuentra un informe que viene ocupando al Parlamento Europeo desde hace tiempo. 
Ya durante la elaboración de la directiva sobre el etiquetado se debatió sobre la cuestión de los ingredientes en las bebidas alcohólicas pero el Consejo siempre lo bloqueó. 
Señor Comisario Bangemann, para que no tengamos de nuevo malentendidos como en nuestro último encuentro en el mismo lugar y en el mismo momento, quiero decir ya desde el principio que me alegra poder presentar puntualmente este informe. 
Esto corresponde exactamente a lo convenido durante el procedimiento de conciliación, lo que me parece correcto. 
El informe de la propuesta de la Comisión quiere cerrar una laguna, lo que es de saludar. 
Al contrario que en todos los demás productos alimenticios, para las bebidas alcohólicas no hay hasta ahora ninguna indicación sobre los ingredientes en la etiqueta. 
A pesar de todas las diferencias, en esta Asamblea existe acuerdo sobre una cosa: el etiquetado de los ingredientes de las bebidas alcohólicas debe introducirse en interés del mercado interior y de una información adecuada del consumidor. 
Quiero destacar la conformidad de todos los participantes sobre este punto. 
Tanto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que es la competente para el fondo como en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y en la de Agricultura y Desarrollo Rural, se han apoyado y mejorado estas propuestas de la Comisión. 
Las propuestas de la Comisión no se refieren a aspectos de fondo del etiquetado de los ingredientes. 
Quiero subrayarlo expresamente. 
Se trata en primer lugar de la cuestión de qué procedimientos legislativos se deben aplicar en la determinación de las reglas de etiquetado y aquí existen muy diversas opiniones. 
Tengo que decir que a veces surgen situaciones penosas cuando el ponente y los diputados se pelean, tal como ha ocurrido en un comunicado de prensa de mi colega Lulling, donde se me acusa de obsesión y de retardar el asunto en la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Comisario, le ruego que confirme a continuación que hace un año estuve con usted para intentar mover a los dos servicios jurídicos, el de la Comisión y el del Parlamento, para que emitiesen una opinión conjunta. 
Hasta hoy no lo hemos logrado pues no he recibido ninguna comunicación al respecto. 
Esta fue una causa de porqué lo he retrasado, pues me habría gustado sabe qué es lo correcto. 
Existen al respecto dos opiniones diferentes. 
La propuesta está sin duda dirigida a que el Consejo dé su asentimiento, pero no es de ningún modo lógica. 
Tres procedimientos legislativos diversos para la misma medida legislativa, una medida de protección del consumidor, tienen que provocar la protesta de un diputado, en especial cuando el procedimiento de codecisión sólo se debe aplicar a los licores y vinos aromáticos. 
En el Tratado de Maastricht se nos reconoció el derecho de codecisión en cuestiones de etiquetado. Quiero llamar la atención al respecto, también en el sentido de una igualdad de trato de otras ramas, como la cerveza o los licores. 
Tenemos que acabar por fin con el hecho de que cuando se debate sobre vino y cerveza en el Parlamento Europeo, con mucha frecuencia se desconecta la razón. 
Por ello, en la elaboración del informe he partido de los siguientes principios básicos. Primero: el etiquetado de productos alimenticios para la información del consumidor, inclusive el etiquetado de bebidas alcohólicas, es por principio una medida de mercado interior y de protección del consumidor. 
La regulación pertinente para ello es la directiva sobre el etiquetado de productos alimenticios. 
Por ello, el etiquetado de los ingredientes tiene que realizarse en el marco de esta directiva. 
No es cierto cuando se afirma que el etiquetado del vino solamente se puede tratar en normas especiales porque se trata de un producto agrícola. 
No se trata del producto agrícola vino sino del etiquetado de productos y de la información del consumidor. 
En segundo lugar, en el etiquetado de los ingredientes, hay que tratar por igual a todas las bebidas alcohólicas. 
Esto se refiere tanto al aspecto temporal, en especial a la entrada simultánea en vigor de las normas, como a los procedimientos a aplicar. 
A este respecto, no existen diferencias de opinión en el Parlamento. 
En tercer lugar, la igualdad de trato de todas las bebidas no excluye que para cada grupo de bebidas se puedan elaborar directrices específicas de etiquetado que tengan en cuenta las características especiales de cada bebida. 
Esto es posible en la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
Que la igualdad de trato de todos los grupos de bebidas no es un juego de ideas teórico me lo demuestra la reacción de los diferentes ramos. 
No es mi tarea como ponente ni tampoco es tarea del Parlamento como legislador, tomar partido en favor de uno u otro grupo. 
Nuestra tarea es proporcionar las mismas condiciones marco y evitar discriminaciones. 
Por ello hay que aplicar un procedimiento unitario y los mismos plazos para todos. 
Este principio se encuentra en la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
Mañana tenemos que decidir si queremos que el Parlamento participe ampliamente o si dejamos en manos del Consejo algunos etiquetados. 
Yo tengo que decir que esto no es ninguna obsesión señora Lulling. Es prueba de desconocimiento cuando en su comunicado de prensa se dice: «de conformidad con el Tratado, el vino y los licores tienen que etiquetarse según el Reglamento de mercado del vino». 
Esto es realmente lo más peregrino que he escuchado últimamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en la sala están flotando muchas emociones. 
Creo que el consumidor debe ser informado. Sí, tiene que serlo. 
Este es el principio y en eso estamos todos de acuerdo. 
Pero difícil va a ser la decisión sobre cómo tienen que ser en concreto estas informaciones. 
Hoy hablamos sobre el etiquetado de bebidas con un contenido alcohólico superior al 1, 2 por ciento, un amplio abanico de bebidas de los tipos más diferentes. Alcanza desde el vino hasta las bebidas alcohólicas más diversas. 
Cada bebida es en si misma especial y se diferencia esencialmente de las otras. 
Vino es una bebida natural, elaborada partiendo de la uva y creo que el consumidor está aquí informado. Sobre todo, están los reglamentos específicos que prescriben unas normas diferenciadas sobre los ingredientes autorizados. 
No es este el caso en las llamadas bebidas de diseño, los llamados «pops alcohólicos». 
Aquí es urgentemente necesaria una regulación, que indique sobre todo que estas bebidas deben incluirse muy claramente entre las bebidas alcohólicas y que deben ofrecerse como tales y no en el estante de los zumos de frutas. 
El informe Schnellhardt no se ocupa del etiquetado en detalle. 
Hoy se trata solamente de saber quién va a decidir en el futuro sobre estos detalles. 
La Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural apoya la propuesta de la Comisión de determinar el etiquetado allí donde es necesario, en las normas comunitarias específicas existentes. 
Sin embargo, el plazo de tres años para la aplicación previsto en la propuesta de la Comisión nos parece demasiado corto de cara a las necesarias diferenciaciones, por lo que pedimos una prórroga. 
Para todos los demás productos se deberían determinar las normas de etiquetado de conformidad con el procedimiento del artículo 189b del Tratado. 
Unos criterios técnicamente objetivos tienen que ser los determinantes para el etiquetado. 
No podemos decir a los viticultores y agricultores que necesitamos para ello unas directrices adicionales. 
Por ello, nos parece aceptable la propuesta de la Comisión de que tenemos para ello las normas específicas de la Comunidad y que podemos regular allí este tema del etiquetado. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, respecto a este informe sobre la propuesta de directiva relativa a las normas de etiquetado para bebidas alcohólicas, con la mejor voluntad no se puede decir que lo que tarda mucho al final sea bueno. 
Unos dos años está retocando la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor su informe, a pesar de que la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial emitieron ya sus opiniones al respecto en noviembre y diciembre de 1997. 
Ambas comisiones aprobaron unánimemente sus opiniones con dos abstenciones. 
En ambas comisiones participaron 74 diputados a la hora de votar sobre las opiniones que, en lo esencial, apoyan la propuesta de la Comisión. 
Esta propuesta regula solamente el procedimiento por el que se debe realizar el etiquetado de los ingredientes en las bebidas alcohólicas, no las cuestiones de fondo de qué debe figurar en la etiqueta. 
Desde 1979 sabemos las dificultades que tienen la Comisión, el Consejo de Ministros y también este Parlamento en encontrar una regulación al respecto. 
A pesar de ello, es irresponsable que la Comisión de Medio Ambiente nos haya dado largas durante todo un año tras la emisión de las opiniones de las comisiones competentes para ello, para presentarnos en la primera semana de las vacaciones de enero un informe extremadamente cuestionado, al que dieron su voto favorable sólo 24 diputados, con 15 votos en contra y una abstención. 
¿Porqué se ha actuado así? 
Porque el ponente y los miembros de la Comisión de Medio Ambiente que le apoyan no quieren reconocer sencillamente que, según el Tratado, el vino y los licores son productos agrícolas en sus diversas formas, cuya producción y comercialización están sometidas al reglamento común de mercado de vino. 
Para todas las demás bebidas alcohólicas, inclusive la cerveza, se aplica otro fundamento jurídico. 
En consecuencia, la Comisión de la UE ha propuesto el dónde, no el cómo- esto vendrá más adelante- deben realizarse las regulaciones para estos dos grupos en lo tocante a los ingredientes de las bebidas alcohólicas. 
Para la política agrícola, nos guste o no, es aplicable el fundamento jurídico del artículo 43, que solamente prevé una audición del Parlamento. 
Para las normas jurídicas sobre el etiquetado de las demás bebidas alcohólicas, que son productos industriales, se debe aplicar la codecisión. 
Quizás se pueda comprender que muchos miembros de esta Asamblea intenten imponer también allí la codecisión- tous azimuts, diría De Gaulle- donde los Tratados no la prevén, a pesar de que no tengo ninguna comprensión para tales quebrantadores del derecho. 
La auténtica obsesión del ponente- se ha referido continuamente a ello- de querer que se imponga la codecisión también para el etiquetado de productos agrícolas, está adoptando entretanto unos rasgos grotescos y usted, señor Presidente, sabe que hemos vuelto a introducir unas propuestas razonables de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Estamos de acuerdo en que las normas relativas al etiquetado de ingredientes puedan entrar en vigor al mismo tiempo para ambos grupos de bebidas. 
Podemos aceptar también que esto se haga en el plazo de tres años, pero todo lo demás es contrario al Tratado, por lo que espero que la Asamblea nos dé la razón. 
Señor Presidente, quiero apoyar al ponente contra el ataque de su propio bando. 
No es culpa del Sr. Schnellhardt que esto haya permanecido bloqueado en comisión durante cierto tiempo. 
No es culpa del Sr. Schnellhardt que haya habido un lamentable rechazo de la adopción de procedimientos comunes para las políticas comunes en materia de etiquetado. 
No es culpa del Sr. Schnellhardt que haya habido varias obstrucciones, por no decir algo peor. 
La mayoría de los miembros de la comisión consideran que es imperativo y legítimo que las disposiciones comunitarias que tengan el mismo objetivo estén sujetas al mismo procedimiento legislativo, a saber, el establecido en el artículo 189 del Tratado CE. 
Queremos que sea aplicable a las disposiciones comunitarias específicas a que se hace referencia aquí y a todas las demás bebidas alcohólicas. 
No estamos debatiendo, ni queremos debatir, lo que debe figurar en la etiqueta. De momento eso incumbe a otro departamento. 
No queremos participar en un debate del Norte contra el Sur o de quienes están encargados de un sector particular del mercado agrario contra los que están encargados de otros sectores. 
No queremos participar en la estigmatización de las bebidas alcohólicas, exceptuados exclusivamente sectores en los que nuevos productos puedan presentar un peligro para la salud de los incautos. 
Queremos que figuren en ella todos los productos alcohólicos tradicionales y legítimos reconocidos. 
Por eso, varias enmiendas, muy en particular las núms. 9 y 15 van encaminadas a incluir la sidra de manzana y la sidra de pera en la lista uniforme de vinos, licores y cervezas. 
Quisiera hacer un llamamiento a los entusiastas del vino aquí presentes para que contribuyan al espíritu de transacción a fin de lograr que haya un procedimiento común. 
Tenemos que hacerlo todos. Yo lo he hecho. 
Estoy dispuesto a aceptar la enmienda del Sr. Bébéar, apoyada por la penúltima oradora, sobre los posibles peligros de las nuevas bebidas alcohólicas, los llamados refrescos alcohólicos. 
Lo hago con conocimiento pleno de que se elaboran en mi circunscripción. 
Las personas que me votan elaboran esos productos. 
Estoy dispuesto a hacer que conste en acta aquí y ahora que pueden representar amenazas para la salud y deben recibir un tratamiento especial. 
Nunca veo ese espíritu de avenencia en quienes vienen aquí y nos dicen que beber vino es una experiencia cultural que en cierto modo debería quedar fuera de las disposiciones y los exámenes minuciosos de este Parlamento. 
Quienes dicen eso y hacen esas afirmaciones bastante deprimentes no sólo insultan a la inteligencia de los consumidores de Europa, la mayoría de los cuales estarían de acuerdo con el Sr. Schenllhardt y su larga dedicación a este respecto. Peor aún: insultan a este Parlamento mismo. 
Dicen deliberadamente que hay un sector de examen y supervisión en el que este Parlamento, en relación con el etiquetado, no debe desempeñar papel alguno. 
No puedo aceptar eso y espero que el Parlamento tampoco. 
Señor Presidente, Señorías, las bebidas son una parte de la alimentación. 
En la región de donde yo vengo, Baviera, hemos constatado ya en el siglo XV que para los consumidores tienen que existir unas reglas del juego muy exactas y la cerveza es un alimento que las personas también toman en Baviera. 
Hay también otras bebidas y entretanto los médicos recomiendan que se tome al día al menos tres litros de líquido. 
El consumidor tiene la elección de hacerlo donde quiera. 
No creo que el consumidor pregunte después si la bebida está sometida al reglamento de mercado agrario o a otros sectores del mercado interior, sino que necesita sencillamente una información en la que pueda fiarse. 
Pienso, por ejemplo, en las personas que quizás ya han tomado demasiado alcohol, por lo que no quieren tomar más, pero también en las personas que, por ejemplo, tienen azúcar y que quieren saber cuánta azúcar contiene una bebida. 
Todas estas son cosas que hoy son muy importantes y creo que necesitamos una legislación que tenga en cuenta las circunstancias actuales y no que quizás coloque solamente a la cerveza y a la sidra en un rincón y al vino en otro, sino creo que necesitamos una base realista al respecto. 
Apelo a la razón y creo que el informe del Sr. Schnellhardt proporciona la base para ello. 
Me alegraría si el Parlamento se adhiriese a las propuestas que ha elaborado el Sr. Schnellhardt. 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Schnellhardt por su excelente informe. 
Me parece importante, tal y como han subrayado algunos de mis colegas esta tarde, que no dividamos el mercado del alcohol de tal forma que tengamos una cosa en una esquina y otra en la otra esquina. 
El punto de partida previo ha de ser la aplicación de normas homogéneas en el etiquetado de ingredientes, tanto cuando se trata de cerveza y vino como cuando se trata de licores. 
En mi opinión y como segundo punto, la entrada en vigor de estas normas debe ocurrir simultáneamente para evitar la existencia de normas diferentes dependiendo de si se bebe cerveza, vino o licores. 
Luego está el tercer punto: para garantizar normas homogéneas es necesario recurrir al mismo procedimiento de decisión, que estas mismas normas sean de aplicación con la plena participación del Parlamento Europeo. 
Por ello, me gustaría sumarme en nombre del Grupo Liberal a la enmienda 1 en la que pedimos que se añada el artículo 129 A como procedimiento de decisión. 
También me gustaría sumarme a la enmienda 23 que va encaminada a que se indique en la botella la cantidad de alcohol o de vasos que contiene, para que así los que conducimos vehículos y otras personas seamos conscientes de la cantidad que se puede ingerir desde un punto de vista sanitario. 
También me gustaría sumarme a la enmienda 12 en la que se prefiere «ingredientes» a «elaborado con» y por último- como dije anteriormente- es sumamente importante que tratemos las bebidas alcohólicas de la misma manera, por lo que respaldo las enmiendas 15 y 9. 
Sé perfectamente que hay grandes diferencias entre el norte y el sur, sin embargo, me parece increíble- estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Whitehead- que con relación a la ingestión de vino se hable de cultura, mientras que beber cerveza sea considerado como expresión de otra cosa totalmente distinta. 
En ambos casos se trata de bebidas que se ingieren en circunstancias festivas o acompañando a una comida. 
Espero que lleguemos a tratar estas cosas de forma unificada y con la participación plena del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, esta propuesta de directiva, que modifica la directiva 79/112/CEE, se refiere al etiquetado, a la presentación de los productos alimenticios y a la publicidad hecha sobre los mismos en el ámbito de las bebidas alcohólicas. La propuesta, que no fija las normas de etiquetado de los ingredientes, permite sin embargo la indicación de los mismos en los cinco reglamentos comunitarios ya existentes. 
La Comisión Europea propone que esta información entre en vigor en un plazo de tres años a contar desde el 1 de julio de 1998. 
Haremos los comentarios siguientes. 
De entrada, no se puede hacer otra cosa que felicitar a la Comisión Europea por tener en cuenta la necesidad de información del consumidor sobre los ingredientes de las bebidas alcohólicas. 
Pero a esto es necesario añadir la preocupación que se puede tener sobre las nuevas bebidas con alcohol destinadas a los jóvenes y que se denominan «premix» o «alcopops» , no mencionadas en la presente propuesta. 
Su presentación y la publicidad que se hace de ellas atraen a los jóvenes y pueden causar un verdadero daño a la salud pública. 
Por ello es importante que estas bebidas lleven una etiqueta que mencione los ingredientes y el porcentaje de alcohol que contienen. 
Es urgente que la Comisión Europea presente un texto sobre estas bebidas, llamadas refrescantes, pero que son alcohólicas, las cuales se deben exponer necesariamente en la sección de vinos y bebidas alcohólicas de los establecimientos comerciales. 
Efectivamente, algunas de estas bebidas contienen más de 3 ó 4 grados de alcohol en volumen, alcohol cuyo origen a menudo se ignora y cuyo sabor queda enmascarado por el azúcar. 
En lo que respecta a las bebidas a las que afectan estas modalidades de etiquetado, y que se mencionan en el apartado 3 del artículo 6, cabe añadir las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados a base de vino, que están regulados por el Reglamento 1601/91/CEE. 
En cambio, la cerveza no es objeto de ninguna regulación comunitaria específica. 
Por lógica debe quedar excluida de este artículo. 
Por ello les voy a pedir que, siendo razonables, apoyen la enmienda 14 y rechacen la enmienda 9 del ponente. 
Ese mismo apartado 3 del artículo 6 fija un plazo de tres años para la aplicación de las modalidades de etiquetado a partir del 1 de julio de 1998. 
Este plazo tan breve parece ya inaplicable, por ser demasiado justo en relación con la adopción de la directiva. 
Así pues, el plazo propuesto por la enmienda es mucho más realista. 
Finalmente, como recuerda el ponente de la Comisión de Agricultura, la propuesta «elaborado con» parece menos adecuada que la propuesta «ingredientes». 
Por ello preferimos esta última formulación, que es además bien conocida por los consumidores en el ámbito de la alimentación. 
Señor Presidente, en mi país se dice: «Quien mucho abarca, poco aprieta». 
No sé si este es el caso del Sr. Schnellhardt, porque espero que su informe, debidamente enmendado, pueda finalmente merecer el voto favorable de este Pleno. 
Pero lo cierto es que la tentativa del Sr. Schnellhardt de incluir el vino entre las bebidas para cuyo etiquetado debería aplicarse el procedimiento del artículo 189 B del Tratado, ha supuesto un grave retraso, un retraso imperdonable. 
La Comisión, en efecto, había enviado al Parlamento la propuesta que nos ocupa esta noche el 10 de febrero de 1997. 
La Comisión de Medio Ambiente, competente para el fondo, nombró ponente al Sr. Schnellhardt el 16 de abril de 1997, hace casi dos años. 
Y se trataba de una propuesta urgente, puesto que la misma comisión sufría un retraso respecto a los plazos señalados por el artículo 6 de la Directiva 112 de 1979. 
Ello no obstante, la Comisión de Medio Ambiente- que normalmente, gracias a la eficacia de su presidente, examina y aprueba los informes con gran rapidez- tuvo que abordar este tema en tres ocasiones a lo largo de dos años haciendo frente a un número sin determinar de aplazamientos estratégicos quizás con vistas a las elecciones. 
¿Por qué? 
Porque el Sr. Schnellhardt, apelando a la importancia- por otra parte, compartida por todos- de que el Parlamento tome decisiones en el mayor ámbito posible, ha querido excluir el vino del ámbito de las propuestas específicas relacionadas con él, sin tener en cuenta el hecho de que para el vino el etiquetado es parte integrante de su propia definición: vinos de mesa, vino de calidad, etcétera. 
Nosotros, como representantes de los territorios, orgullosos de ser grandes productores de vino, no podemos estar de acuerdo y al respecto deseo dar las gracias al Grupo al que me honro pertenecer por haberme permitido decirlo en este Pleno. 
No, no estamos de acuerdo. No o no sólo para defender a los productores, aunque se trata de un sector que en nuestra Europa es más que justo tener en cuenta a la vista del merecido prestigio que goza en cada rincón del mundo; no o no sólo para defender la producción de nuestras regiones, sino también y, yo diría, sobre todo para defender a los consumidores europeos y no europeos, incluidos, señor Presidente, Señorías, los grandes bebedores de cerveza, en caso de que decidan, se lo deseo, beber alguna vez o muchas veces una buena copa de vino. 
Creo que no han comprendido nuestra postura. 
Creo sinceramente que se equivocan. 
Señor Whitehead, yo soy médico. 
No acepto que pueda suponer ni por un momento que yo pueda apoyar el alcoholismo. 
No puedo aceptar que nos hable de los «alcopops». 
Es una bebida perversa, temible, que debemos eliminar de nuestro consumo y que es peligrosa para los jóvenes. 
Señores Whitehead y Schnellhardt, desearía que reflexionaran un poco sobre la cultura de nuestra Europa, sobre lo que representa como elemento festivo una buena degustación de vino o una buena degustación de whisky de forma razonable, señor Whitehead. 
Creo, amigos míos, señores diputados, que no han comprendido que hace poco, hace menos de quince días, votamos una reforma esencial, que es la reforma de la organización común del mercado vitivinícola. 
Esta vez hemos intentado defender los principios de calidad, los principios de regionalización, los principios de respeto de nuestras tradiciones sobre el vino y las bebidas alcohólicas en interés del consumidor y de su diversidad a escala europea. 
El etiquetado, señor Schnellhardt, forma parte integrante de lo que hemos aprobado al fijar las normas de presentación del vino, al proponer a nivel del gran público lo que pueden representar las apelaciones y denominaciones de origen, tales como los «châteaux» , los Riversa, los «predikat» , como dicen en alemán, señor Schnellhardt, los cava, etc., en una palabra, estamos aquí para defender una determinada cultura. 
Estamos siguiendo la lógica de nuestra organización común del mercado vinícola recientemente aprobada. 
Queremos respetar a los consumidores, queremos defender el vino y, por lo tanto, estaremos en contra de usted, señor Schnellhardt, mañana por la mañana. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Schnellhardt su clara y concisa presentación de un instrumento legislativo complejo, emotivo y difícil. 
Por lo que se refiere al etiquetado de las bebidas alcohólicas, mi posición es la de que los consumidores tienen derecho a una completa transparencia. 
El etiquetado de todos los productos de consumo y, en particular, el de los productos alimenticios, incluidos los refrescos y las bebidas alcohólicas, es esencial para dar al consumidor una descripción clara de los productos de que se trate. 
Comprendo que los productos tradicionales no han llevado etiquetas normalmente sobre su contenido. 
Además, el etiquetado no puede resolver todos los problemas. 
El etiquetado debe ser exacto y controlado para garantizar la confianza del consumidor. 
Las declaraciones inexactas y no controladas son inútiles y provocan el descrédito para todo el sistema. 
Pese a esos problemas, el etiquetado desempeña una función importante y debe ser aplicable a todos los productos alimenticios, incluidas las bebidas alcohólicas. 
En la votación me gustaría que se hiciera extensiva también a la sidra la propuesta encaminada a incluir la cerveza. 
Así, pues, voy a apoyar la enmienda nº 15 y la enmienda nº 9. 
Para concluir, la información ofrecida al consumidor debe ser completa y exacta. 
Así, pues, apoyo la declaración de los ingredientes en todos los productos alimenticios. 
Señor Presidente, desde hace once años participo en estos debates y he sido testigo ya de todos los diferentes intentos de llevar el tema sobre el que nos ocupamos de nuevo esta tarde de un modo razonable. 
La Comisión ha realizado ahora de nuevo un intento que contempla cuestiones de procedimiento y no tanto de fondo, pues si comenzamos con estas cuestiones terminaremos exactamente igual que en las dos primeras propuestas, es decir, que no avanzaremos. 
Por ello, el enfoque que ha elegido el ponente y que es el que nosotros hemos elegido también en nuestra propuesta, es sin duda correcto. 
No puedo inmiscuirme ahora en controversias. 
Es cierto que he hablado con el ponente pero, señora Lulling, no sé si él ha retrasado la propuesta. 
En cualquier caso, tengo una tendencia natural a creer todo lo que usted dice. 
Pero no quiero inmiscuirme. 
¿Qué hemos propuesto y cuál es la causa de esta polémica? 
No voy a entrar en la cuestión de qué producto tiene una mayor base cultural a pesar de que se podrían decir algunas cosas al respecto. 
Al fin y al cabo, el vino se menciona en la Biblia, lo que significa ya algo. 
No debemos mantener una lucha cultural del vino contra la cerveza o de zonas cerveceras contra zonas vinícolas sino que deberíamos recapacitar sobre cómo podemos lograr que en la etiqueta figure realmente lo que es importante para el consumidor. Esto lo queremos todos. 
Este es pues un objetivo en el que no hay diferencias. 
Si este es el objetivo común, entonces no se puede eludir el hecho de que para determinadas bebidas alcohólicas tenemos ya unas normas muy detalladas y, por lo demás, también unas instituciones muy experimentadas que se hacen cargo y ejecutan tales tareas. 
Esto no es más de lo que proponemos. 
No queremos decir si aquí existe una diferencia de calidad entre el vino y la cerveza o entre la cerveza y la grappa o lo que sea, sino que la cuestión es la de ¿aprovechamos lo que ya tenemos para evitar una duplicación de trabajos? 
Señor Schnellhardt, es cierto que tenemos ya normas muy detalladas para el mercado del vino y su venta y si metemos ahora todo esto bajo una norma general, entonces surgirá sin duda una situación desconocida para los consumidores y, sobre todo, en la que los productores tendrán problemas. 
Esta es en realidad la única diferencia de la que se trata. 
He visto en el debate que en esta cuestión hay posiciones muy diferentes en el Parlamento. 
Esto es siempre para nosotros muy cómodo, pues entonces podemos esperar y ver qué posición se impone. 
Es lo que yo propondría también aquí. 
No obstante, me podría imaginar que el Consejo seguirá más bien lo que nosotros propongamos. 
Pero también se puede esperar a esto. 
Por ello, quiero decir algo respecto a las diversas enmiendas para que puedan tener en cuenta nuestras posiciones a la hora de votar. Podemos aceptar la enmienda 3. 
Se propone otro considerando que contiene los dos objetivos de la propuesta, es decir, tanto la protección del consumidor como el fortalecimiento del mercado interior. 
Esto no representa ningún problema para nosotros. 
Lo mismo es aplicable a la enmienda 17. 
No consideramos necesaria la enmienda 1 pues no es necesario un nuevo fundamento jurídico adicional al 129a, pues el 100a contiene también la protección del consumidor. 
Por lo demás, no quiero inmiscuirme ahora en el litigio entre los servicios jurídicos. 
Hemos realizado la propuesta del modo como siempre hacemos. 
La basamos en el fundamento jurídico que nos parece más razonable. 
Si se considera que hay que aplicar el 43 porque trata diferentes productos, naturalmente también se puede hacer. 
Ya he dicho que diferenciamos entre vino, vino aromatizado y licores porque ya tenemos extensas normas comunitarias con disposiciones sobre el etiquetado. 
Nos parece lógico que las normas de etiquetado relativas a los ingredientes de estas bebidas- sobre el contenido nos tendremos que poner aún de acuerdo- se tengan que adaptar en el marco de las nuevas disposiciones. 
Naturalmente, tendremos nuevas normas, pero estas tienen que conducir a la adaptación de estas normas específicas y no a la inversa. 
Para las bebidas no reguladas a nivel comunitario, como la cerveza o la sidra, las normas de etiquetado tienen que determinarse en directivas de la Comisión. 
Señor Schnellhardt, naturalmente surgirá la cuestión de dónde lo fundamentamos y de qué modo participa el Parlamento. 
Comprendo que el Parlamento prefiera trabajar con un procedimiento que requiera su aprobación o casi la requiera, fortaleciendo de este modo su posición. 
Pero no se puede llevar tan lejos que se aplique este principio incluso cuando objetivamente no conduce a resultados razonables. 
No se pueden mantener litigios de competencias a espaldas de cualquiera. 
No lo considero razonable. 
Las mejoras de redacción en la enmienda 14, incluso la prórroga del plazo a cinco años para la aceptación de las modalidades las podemos aceptar. 
Pero esto debería aplicarse entonces a todos los productos. 
En la enmienda 19 se propone que esto se aplique solamente al vino y los licores. 
En nuestra opinión, esto es un trato desigual que no aceptaríamos. 
Por ello, no podemos aceptar las enmiendas 5, 6, 7, 11, 16, 20 y la segunda parte de las enmiendas 9 y 15. 
La primera parte de las enmiendas 9 y 15 es aceptable para nosotros. 
Las enmiendas 2, 10 y 18, con las que por lo visto se pretende aplicar el artículo 6 de la Directiva 79/112 directamente a otras bebidas como la sidra o nuevos productos industriales, no son aceptables para nosotros pues entonces, con la aprobación de la directiva modificadora, tendríamos que indicar la lista de ingredientes inmediatamente en la etiqueta de esas bebidas, mientras que esta obligación no existiría aún para el vino, la cerveza y los licores. 
Es decir, nos encontraríamos de nuevo con una desigualdad de trato pero por el otro lado. 
Por lo demás, en lo que se refiere a esas bebidas, es más bien un problema de confusión del consumidor debido en muchos casos a una aplicación estricta del artículo 2 de la Directiva 79/112. 
No se trata tanto de un problema de nuevas reglas. 
En nuestra propuesta hemos sugerido anteponer a la lista de los ingredientes la indicación «elaborado en base a» cuando no se pueda incluir en la lista todos los ingredientes. 
De este modo, por ejemplo, se podría acordar no incluir el agua en la lista de ingredientes de muchas de estas bebidas como el whisky, pues no es lo determinante. 
La Sra. Schleicher ha expuesto un ejemplo que me parece algo difícil de llevar a cabo. 
Opina que si el consumidor está ya algo alcoholizado, leerá la lista de los ingredientes para comprobar si puede seguir tomando esa bebida, pero probablemente no pueda ya leer llegado a tal estado. 
Tampoco queremos emplear el concepto «fabricación» en las normas para el vino y por ello no queremos aceptar las enmiendas 12 y 22. 
Las enmiendas 4 y 13 no son aceptables para nosotros pero vamos a recoger el artículo estándar sobre la consulta del Comité Científico, es decir, aceptamos básicamente el papel del Comité Científico. 
Las enmiendas 23 y 24 se refieren al problema del alcoholismo. Esto no es objeto del debate del mismo modo como tampoco lo es el problema de los organismos modificados genéticamente- ya se ha ido el colega que se ha ocupado de este tema. 
Desde un punto de vista médico ya se ha expuesto la opinión. 
Por lo demás, el Sr. Schnellhardt es también doctor. 
Podrán debatir entre ustedes como especialistas. (Exclamación) 
Para finalizar me permito rogar que nos pongamos de acuerdo sobre un aspecto: en estos productos existe realmente una antigua cultura. 
No tiene que producirse una lucha de culturas. 
El problema del alcoholismo no se plantea en las bebidas que un consumidor compra y consume porque son deimportancia debido a la calidad de su gusto. 
No se trata de la cuestión de si hay alcohol dentro. 
Nadie se comprará una botella de Pétrusse o Amarone para emborracharse. 
Se puede lograr más barato. 
Quizás se debería tener esto algo en cuenta. 
No se puede medir todo con el mismo rasero o con la misma vara. 
Se haría injusticia a muchas personas, por cierto, también a los consumidores. 
No es tan tonto el consumidor ni debemos pensar que sólo está informado realmente tras leer todo lo que prescribimos. 
No debemos creer que el consumidor es un ser al que sólo podemos ilustrar. 
No tengo nada en contra de que en una etiqueta se diga algo más, pero sé exactamente qué bebida alcohólica bebo y cuál no. 
Incluso dentro de las diversas categorías hago una selección muy cuidadosa aunque no se diga nada en la etiqueta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 23.25 horas 
Problema informático del año 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0014/99) del Sr. A.J. Donnelly, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el problema informático del efecto 2000 (COM (98) 0102- C4-0233/98). 
Señor Presidente, este es un asunto de la máxima importancia para la comunidad empresarial y para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Los ciudadanos particulares son propietarios de muchos productos. 
Viajan en diferentes medios de transporte. 
Utilizan los servicios públicos. 
Todo ello se verá afectado por el problema informático relacionado con el año 2000. 
A pesar de que hace algunos meses eran muchos los que creían que se trataba únicamente de un problema de las empresas informáticas, ahora ha quedado perfectamente claro que el problema del milenio afectará a todos los ciudadanos en cada uno de los aspectos de sus vidas. 
Lo más importante que debe hacer la Unión Europea en el transcurso de este año es asegurarse de que todos los grupos sociales y cada uno de los integrantes de la comunidad empresarial son plenamente conscientes de las complicaciones que podría traer consigo el problema del milenio. 
Me preocupa menos el modo en que las grandes multinacionales se preparan para resolver este asunto. 
Es evidente que las grandes multinacionales pueden permitirse y probablemente disponen de expertos que trabajan en este asunto desde hace años. 
Pero sabemos que en la Unión Europea existen aproximadamente 18 millones de pequeñas empresas. 
¿Cuántas de ellas han detectado si pueden tener problemas o no después del 1 de enero del 2000, como consecuencia de los sistemas que manejan estas pequeñas empresas? 
En algunos países- el mío incluido- se ha asignado a varios miles de expertos la misión de ayudar a la comunidad de pequeñas empresas a identificar si alguna de ellas se verá afectada. 
Pero a nivel de la Unión Europea, habida cuenta de la importancia que las PYME tienen para al UE, debemos garantizar que se ejerce toda la presión posible sobre los Estados miembros para que proporcionen el mismo servicio en los 15 países. 
Agradecería mucho al Comisario que nos explicara esta mañana si existe un programa de seguimiento para determinar si los 15 Estados miembros proporcionan asesoramiento experto a las PYME sobre los efectos que el problema del milenio podría tener para ellas. 
En lo relativo a los servicios públicos- electricidad, gas, agua, etcétera- es fundamental que también gestionen su funcionamiento de cara al problema del milenio. 
Para los ciudadanos de la Unión Europea sería desastroso si, a causa de una preparación inadecuada, el sector público y los servicios públicos descubren que tienen problemas el 1 de enero del 2000. 
¿Qué medidas se están tomando a nivel de la Unión Europea para encontrar una respuesta coordinada y garantizar que se facilita la información adecuada a los servicios públicos en este ámbito? 
En lo que respecta a la legislación comunitaria, existe un cuerpo legislativo que trata sobre las responsabilidades por servicios defectuosos, la seguridad de los productos y demás leyes sobre responsabilidad civil. 
Lo que no tengo claro es si aplicaremos dichas directivas sobre responsabilidad por los productos a los problemas que puedan surgir en relación con el problema informático del milenio. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, se plantean no aplicar la legislación sobre responsabilidad civil de manera que las empresas no se vean afectadas por el fallo de sus productos o servicios. 
¿Podrán los ciudadanos europeos apelar a la legislación de la Unión Europea relativa a la responsabilidad por los productos o a la responsabilidad por servicios defectuosos en el supuesto de que las mercancías o los servicios no funcionen como resultado del problema del milenio? 
Es una cuestión sobre la que la población de la Unión Europea quiere respuestas. 
¿Se puede recurrir a la ley si se descubre que existen problemas? 
Hay dos últimas cuestiones que quisiera tratar. 
¿Qué medidas preventivas están adoptando los Estados miembros y qué iniciativas colectivas se están realizando en la Unión Europea en el caso de que- Dios no lo quiera- surja un problema grave relacionado con una empresa importante en la UE? 
¿Qué medidas están adoptando las autoridades civiles para hacer frente a un posible desastre en alguna parte de la UE? 
Por ejemplo, ¿están tratando los Ministros de Interior sobre la necesidad o no de un plan de emergencia para el 1 de enero del 2000? 
Habrá quien afirme que se trata de Casandra que intenta presentar una imagen muy pesimista, pero lo cierto es que no sabemos si a la vuelta de la esquina nos esperan algunos problemas potencialmente muy desastrosos. 
Por último, en lo relativo a nuestras relaciones exteriores. 
Alrededor de nuestras fronteras mantenemos relaciones con los países de la Europa oriental y de la antigua Unión Soviética. 
Dichos países cuentan con amplias instalaciones nucleares que, como todos sabemos, ya se encuentran en un estado de deterioro muy grave. 
¿Qué medidas está adoptando la Unión Europea para proteger a dichas instalaciones nucleares y a otras instalaciones importantes próximas a nuestras fronteras contra un posible desastre debido a la falta de preparación de dichos países? 
Es un problema que no solo afecta a la Unión Europea, sino que podría tener serias repercusiones, en particular, en sectores muy delicados como el sector de la energía, a menos que se tomen las precauciones necesarias. 
Se trata de algo que para nosotros tiene una importancia crucial. 
No son sólo los aficionados a la informática quienes deban preocuparse. 
Cada ciudadano debe reconocer el peligro que supone para su propio medio de vida y los riesgos que encierra para nuestra sociedad. 
La Comisión y el Parlamento deben dejar perfectamente claro que no se escatimarán esfuerzos este año para garantizar que se toman todas las medidas posibles para velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, garantizar los derechos legales de nuestros ciudadanos y asegurar las perspectivas de nuestra comunidad empresarial, junto con la seguridad de nuestros países vecinos en estos momentos críticos, como resultado de los cambios tecnológicos. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a mi buen amigo y colega Sr. Donnelly por el excelente informe que abarca casi todos los aspectos conflictivos relativos al problema del milenio. 
El presente informe no es prematuro; los rumores de que estaba en el orden del día del período parcial de sesiones de diciembre son infundados. 
En mi país se calcula que los problemas del milenio podrían suponer unos costes de hasta el 2 % del PIB. 
Habida cuenta de que el crecimiento en muchos países se estima en tan sólo el 2 %, se trata de una situación muy preocupante y no deben escatimarse esfuerzos para intentar minimizar las repercusiones del problema, en particular, en lo que respecta a los servicios públicos, las empresas, el transporte, los problemas internos y, como ha mencionado el Sr. Donnelly, la amenaza para la seguridad. 
Lo más preocupante de todo es la seguridad nuclear y sabemos que existen problemas en la Europa central y oriental y, posiblemente, en otros países. 
Éstos son la conciencia pública, la responsabilidad en caso de fallos y, en tercer lugar, el tema que ya hemos tocado, a saber, la seguridad. 
En términos de elevar la conciencia pública, sé que existen programas en cada uno de los Estados miembros que facilitan información a los consumidores en particular, pero también a las empresas. 
Quisiera hacer un llamamiento a la Comisión para que se sirva de los Centros Europeos de Información Empresarial para difundir información que garantice que el público y las empresas son conscientes de sus responsabilidades y de los riesgos que supone no prepararse para el año 2000. 
La sensibilización de las empresas es un problema por los motivos que ya he expuesto y por sus efectos sobre el rendimiento económico. 
La actitud de esperar a ver qué pasa, que adoptan algunas empresas, es poco satisfactoria. 
La situación podría ser mucho peor de lo que pueden imaginarse. 
Debe protegerse a los consumidores en términos de responsabilidad en caso de que surjan fallos. 
La actual posición de si se trata o no de un fallo inevitable o imprevisto es inadecuada. 
Muchas aseguradoras están intentando eludir sus responsabilidades. 
Los consumidores deben recibir garantías sobre la base de que es razonable que el consumidor espere compensación en función de la antigüedad de un producto determinado. 
Por último, el tema de la seguridad. Evidentemente, la industria nuclear es un ámbito de preocupación- y el Sr. Donnelly se ha referido a ello. 
El transporte es otro. 
Hay que intentar por todos los medios introducir medidas a prueba de fallos allí donde existan dudas sobre el buen funcionamiento del equipo después del año 2000. 
Recomiendo el presente informe a la Asamblea y felicito una vez más al Sr. Donnelly. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, mi enhorabuena al Sr. Alan Donnelly por su excelente informe. 
Creo que ofrece una estupenda respuesta a todos los puntos de esta temática que son de interés para la Unión Europea. 
El que el informe se haya retrasado no es culpa suya, pero es un hecho que hemos de constatar. 
Parece como si la Unión Europea estuviera dudando a la hora de aceptar sus responsabilidades en este terreno. 
Lo que yo quisiera preguntarle es ¿con qué seriedad opina él que hemos de tomar el problema del efecto 2000 en la Unión Europea? 
Quiero centrarme en cuatro puntos. 
El primero trata del problema del encadenamiento. 
Todo el mundo sabe que el problema informático del efecto 2000 no puede resolverse sólo a nivel local, regional o nacional, sino que, naturalmente, también hemos de verlo en un contexto europeo. 
Por supuesto, está claro que todas estas cosas están íntimamente ligadas. 
En la medida en que seamos capaces de inventariar bien y de resolver el problema del encadenamiento de las cosas, tendremos éxito también a la hora de hacerle la zancadilla al problema informático del efecto 2000. 
Por tanto, desde la perspectiva del mercado único creo que es muy importante que en este terreno la Unión Europea preste especial atención a dicha problemática del encadenamiento de los acontecimientos. 
Es de sobra conocido el ejemplo de la electricidad. 
Debido a la completa interconexión de las redes de distribución eléctrica, si en algún lugar de algún país no se es capaz de resolver eficazmente el problema, pueden producirse grandes consecuencias para todos los demás países dentro de la Unión Europea, y también fuera de ella. 
El segundo punto afecta a la responsabilidad. 
Está claro que en varios de los Estados miembros se está intentando plantear desde ya la discusión sobre quién va a ser responsable de cada cosa en el momento en que el problema informático del efecto 2000 empiece a hacer mella realmente. 
Algunas entidades aseguradoras han reservado dinero, pero resulta que otras no. 
Quiero preguntarle al Sr. Comisario cómo piensa tratar este fenómeno del mercado único. 
Porque si resulta que en un Estado miembro de la Unión Europea está correctamente resuelto el problema de la responsabilidad y en otro no y tenemos en cuenta la problemática del encadenamiento, ¿cómo vamos a tratar estas cosas? 
Opino que como Unión Europea no podemos limitarnos a adoptar una postura pasiva. 
El tercer punto trata de la concienciación. 
Una concienciación del problema informático del efecto 2000 significa que por un lado deben desarrollarse planes y sobre todo que deben hacerse pruebas, y que por otro debe presentarse ante el público qué es lo que se está haciendo y cuáles son sus efectos. 
Creo que cuanto más claro podamos dejar ante el público que tenemos las cosas bajo control y, sobre todo, que estamos trabajando en ello y que, por supuesto, el problema tiene solución, tanto más aumentará también la confianza de nuestros ciudadanos. 
Creo que esto es muy importante. 
El último punto afecta al sector nuclear. 
No tenemos visión de conjunto. 
Por lo tanto, opino que es fundamental que prestemos más atención a este aspecto, ya que provoca especialmente el incremento del miedo entre los ciudadanos. 
También quiero pedir encarecidamente al Sr. Comisario que aclare con sus colegas miembros de la Comisión qué es lo que vamos a hacer en el Centro y Este de Europa. ¿Qué vamos a hacer con Rusia? , ya que allí tenemos uno de los grandes interrogantes; también ahí hemos de ofrecer una clara información a los ciudadanos. 
Por último, señor Presidente, quiero formularle una pregunta a usted. ¿Qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo para asegurarse de que vaya a resistir el problema del efecto 2000? 
Tal vez nos pueda contestar luego y contarnos qué es lo que está haciendo este Parlamento. 
Tengo mucha curiosidad. 
Yo también deseo felicitar al Sr. Donnelly por su excelente informe. 
Quiero sacar de él un punto que ya ha sido comentado también por oradores anteriores. 
El 1 de enero del año 2000 muchos ordenadores darán un salto hacia atrás en el tiempo, salvo si son resistentes al problema del 2000. Corremos pues unos grandes riesgos en cuanto a daños económicos, ecológicos y humanitarios. 
Me resulta especialmente preocupante la situación en Rusia y unos cuantos países de Europa del Este. 
Debido a la crisis económica que se sufre allí, el problema informático del efecto 2000, que tampoco antes tenía especial prioridad, se ha quedado prácticamente estancado. 
Ya sé que se dice allí que muchos de sus ordenadores no tienen los problemas que tenemos en Occidente. 
Pero eso no es tan seguro. 
Para asegurarme personalmente, hace poco hice una visita de trabajo a la única planta de energía nuclear que tenemos en mi país. Pude comprobar que allí ya se lleva trabajando desde hace más o menos un año en la protección de las instalaciones contra el problema del 2000. 
Comenté allí la cuestión de los países de Europa del Este y ellos, que son buenos conocedores de la problemática, no están nada tranquilos con lo que está ocurriendo. 
Por tanto quiero darle las gracias al Sr. Donnelly por haber adoptado mi enmienda sobre este asunto. 
El Sr. Van Velzen ha tocado el tema de la responsabilidad y en cuanto a esto he de señalar que todas las pólizas de seguros excluyen las calamidades relacionadas con la energía atómica y cualquier otro problema nuclear. 
Razón demás, pues, para prestar atención a este problema. 
Sigo opinando que la Unión Europea debe tomar la iniciativa para encontrar una salida al problema junto con la Europa del Este y Rusia. 
Ya es hora más que de sobra para que asumamos nuestras responsabilidades. 
Opino, por tanto, también que en los programas de ayuda hemos de prestar atención a esto. 
Hay varios estudios que corroboran que basta con unos esfuerzos financieros relativamente modestos. 
Así, el coste total de la solución del problema 2000 ruso ha sido estimado en 100 millones de dólares. Lo veo como una inversión sensata. 
Si queremos garantizar al ciudadano de la Unión Europea una Noche Vieja tranquila, tendremos que sacar el monedero. 
El tiempo apremia; no nos queda mucho, y la responsabilidad es tanto del Occidente como del Este. 
Por tanto quiero insistir encarecidamente al Comisario Bangemann para que ponga este asunto con prioridad en la agenda, no sólo por los riesgos que correremos y que no estarán cubiertos por ningún seguro, sino sobre todo por los daños ecológicos que sufriremos si la cosa realmente se nos va de las manos y que serán irreparables. 
Señor Presidente, quisiera comenzar con una confesión. Soy un completo tecnófobo y está claro que ése es el motivo por el que mi Grupo me ha elegido para intervenir sobre este tema tan complejo. 
He leído el espléndido informe del Sr. Donnelly y le alabo por su trabajo. 
Me ha asaltado una duda. ¿Ha comprobado el Sr. Donnelly si los ordenadores del Partido Laborista en Millbank Tower han sido programados para tener en cuenta el cambio, de manera que todos los miembros sigan recibiendo los mensajes en el año 2000 como vienen haciendo en 1999? 
Está claro que es un tema importante. 
Una pregunta básica que se me surgió cuando leí el informe es ¿cómo es posible que a los diseñadores de ordenadores y programas informáticos se les permitiera fabricar y programar máquinas de esa manera? 
Todo el mundo sabía que se acercaba el año 2000, pero al parecer no se les ocurrió resolver este error tan fundamental durante el proceso de diseño. 
Luego surge la pregunta: ¿qué ocurre con la responsabilidad por los daños que puedan producirse si dichas máquinas fallan? 
¿Podríamos demandar al Sr. Gates por sus muchos miles de millones de dólares por su responsabilidad en el proceso? 
O quizá podríamos nacionalizarle, como sugería recientemente un economista estadounidense. 
He leído que el Gobierno británico ha realizado serios preparativos para esto, pero me sentí ligeramente alarmado cuando el otro día leí en los periódicos que el Gobierno italiano- y no quiero criticar a mis amigos italianos- acaban de crear un grupo de estudio, sin despachos, ni presupuesto ni recursos, para que estudie este problema cuando sólo faltan nueve meses para el acontecimiento. 
De hecho, también el Parlamento está un poco atrasado con este informe. 
Pero estoy seguro de que el Comisario Bangemann nos dirá que la Comisión está muy adelantada en su planificación. 
Por último, permítanme sugerir que para restablecer la confianza en Europa, el Comisario Kinnock podría tomar un avión la víspera del año 2000 y el Comisario Bangemann debería reemprender sus notorias proezas en motocicleta con el Sr. Barton y viajar a través de los sistemas de tráfico de Bruselas en el asiento de atrás de la motocicleta del Sr. Barton. 
Eso tranquilizaría a los ciudadanos de Europa de que la Comisión tiene controlada la situación. 
Señor Presidente, cuando el próximo 1 de enero los ordenadores salten de «99» a «00» , nadie sabrá realmente cuáles van a ser las consecuencias. Pueden ser de gran envergadura. 
Pero también es posible que el problema del 2000 exista sobre todo en la cabeza de la gente, animadas por los fabricantes de software que quieren sacar provecho de esta coyuntura. 
El problema informático del efecto 2000 nos enfrenta inequívocamente a los límites del saber y saber hacer humano. 
Para aquellos que han depositado toda su confianza en la tecnología, el problema del efecto 2000 debe representar un enorme desencanto; ¡que sólo por suprimir dos dígitos, «19» , de la indicación del año pueda producirse una situación con peligro de vidas! 
Demasiadas veces olvidamos que toda la técnica es fruto del trabajo humano. 
Podemos creernos muy omnipotentes y hablar del triunfo de la técnica, pero mientras tanto esa misma técnica representa una enorme amenaza. 
Con acierto la resolución, en su considerando C, pone el dedo en las motivaciones económicas que llevaron a reducir el número del año a dos dígitos. 
En cierto sentido puede decirse que con la nueva tecnología informática se han perseguido unos resultados económicos excesivamente rápidos. 
¿No estamos aquí ante la raíz de muchísimos de los actuales problemas sociales y culturales? 
Estamos obsesionados por el afán de lucro y provecho económico. 
Ante ello ha de ceder cualquier cosa, incluso nuestro hábitat natural y la propia existencia humana. 
Por ello es especialmente lamentable que el informe de nuestro colega Donnelly siga las pautas habituales del adagio sobre el ingenio del hombre que todo lo puede resolver. 
Por supuesto hemos de esforzarnos para evitar posibles desastres. 
Pero igualmente me parece muy necesario que reflexionemos también sobre las causas culturales y religiosas subyacentes. 
Señor Presidente, apenas quedan diez meses para el cambio de siglo. 
A pesar de ello, en numerosos sectores se registran retrasos en la realización de pruebas de los sistemas informáticos, y eso en el supuesto caso de que se hayan iniciado ya. 
Además, hay algunas personas que no saben absolutamente nada del problema en cuestión. 
El Parlamento Europeo actúa correctamente al prestar atención a los posibles problemas que pueda ocasionar el año 2000, la denominada «problemática del doble cero». 
Esta circunstancia pone primordialmente de manifiesto la cooperación entre los Estados miembros y el mundo occidental. 
Sin embargo, los problemas no se detienen aquí. 
Como ya se ha señalado en este foro, se sabe que particularmente en Rusia, pero también en otros países de su entorno, se registran deficiencias de recursos humanos y materiales para encontrar una solución a este problema. 
Las centrales nucleares y el tráfico aéreo, que requiere unos sistemas informáticos actualizados tanto en el control informatizado de los vuelos como en unos aviones cuyo funcionamiento se basa en modernos sistemas computerizados, constituyen problemas comunes a escala mundial. 
Un fallo en la actualización de estos sistemas podría suponer un grave peligro, tanto en el ámbito de la salud como en muchos otros, a las poblaciones de distintas partes del mundo. 
No se trata de una cuestión política o ideológica. 
Y cuando se plantea esta cuestión, las fronteras no han de representar un obstáculo. 
En caso de que fuera necesario, la UE debería presionar para alcanzar una solución de gran alcance, teniendo presentes los aspectos humanos más allá incluso de sus propias fronteras. 
Es preferible realizar esfuerzos antes que después, ya que las negligencias pueden pagarse caras. 
No pueden materializarse las catástrofes ficticias y los escenarios imaginarios del fin del mundo que han vaticinado algunos escritores de ciencia-ficción. 
Estamos ante una responsabilidad de todo el mundo. 
Señor Presidente, en lo esencial sólo puedo apoyar el excelente informe del Sr. Donnelly. 
No obstante, lo que ha expuesto en relación con las PYMES en el punto D precisa de una relativización. 
No es ni mucho menos cierto que las empresas más pequeñas no posean unos conocimientos técnicos especiales. 
Son precisamente las PYMES las que en muchos campos son adelantadas en la innovación y la investigación. 
Debido a su estructura y sus conocimientos técnicos especiales pueden reaccionar con rapidez ante los problemas de software que surgen. 
Pero, por otro lado, es de temer que los problemas informáticos de las grandes empresas o de la administración pública puedan tener repercusiones masivas sobre las PYMES. 
De importancia esencial es lo expuesto por el ponente sobre el sector nuclear en la Europa Oriental y en Rusia. 
Este sector recibe una ayuda financiera enorme de la Unión Europea pero, lamentablemente, hasta ahora no se puede constatar ninguna mejora esencial en la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Hay que lograr que los créditos existentes se empleen realmente para una mejora de la seguridad de los reactores nucleares. 
Como probablemente no es realista la esperanza de parar las centrales nucleares antes del año 2000, al menos habría que adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan fallos en relación con el problema del año 2000. 
Hay que dar absoluta prioridad a excluir todo riesgo para la población europea pues, a la postre, el contribuyente europeo ha dado ya mucho dinero para la seguridad nuclear en la Europa Oriental y en Rusia. 
Señor Presidente, para la mayoría de nuestros conciudadanos, el tema que hemos de tratar en el día de hoy, el efecto del año 2000, es de una extremada opacidad. 
Para ser rápido, diría que se trata del típico grano de arena que puede bloquear la mecánica más sofisticada. 
Pero es preciso llegar más lejos. 
Personalmente veo en ello la materialización efectiva de los límites de nuestra sociedad supuestamente moderna, una sociedad de corto plazo, una sociedad que construye sobre arena y que no ve más allá de sus narices. 
Por unos ridículos octetos ganados en los sistemas operativos de gestión, dos generaciones de programadores informáticos han ignorado deliberadamente el cambio de milenio. 
Aún hoy no sabemos cuál será la dimensión exacta de las consecuencias de esta imprudencia. 
Hay un proverbio que dice que gobernar es prever. 
Pues bien, ésta es la prueba de que nadie gobierna el mundo. 
Mitterrand, Fabius, Clinton, la misma lucha: es la generación de los que prefieren hacer política para servirse ellos en lugar de servir al pueblo. 
La generación de responsables irresponsables, que dejan envenenar a la población a sabiendas, con sangre contaminada, que construyen centrales nucleares sabiendo muy bien que algún día terminarán por explotarnos delante de las narices, que al fin y al cabo prefieren enviar a los bombarderos contra muchedumbres inocentes para divertirse y conseguir que se olviden sus extravagancias sexuales. 
Esta historia de una deficiencia informática es mucho menos anodina de lo que parece. 
Se trata, entre otros, de un síntoma de esta atmósfera de delicuescencia, de falta generalizada de responsabilidad en la que nadie tiene cuentas que rendir a nadie. 
Desafortunadamente el componente de farsa de este asunto impedirá probablemente a nuestros dirigentes, una vez más, que tomen esta nueva lección en serio, y es una lástima. 
Señor Presidente, no es cierto que el Parlamento se haya ocupado de este tema demasiado tarde, pues ya en los años pasados hemos debatido al respecto en diversas ocasiones y la Comisión ha informado también regularmente sobre lo que está haciendo. 
Desde hace más de cuatro años nos ocupamos del problema y hemos intentado llevar a cabo lo que la Comisión puede hacer. 
Quiero felicitar a Allan Donnelly por haber destacado de nuevo en su informe lo que es de nuestra responsabilidad y dónde se pueden hacer aún algunas cosas en los próximos meses. 
Quiero decir desde el principio que no se trata de Casandra, pues en sus predicciones Casandra siempre tenía razón. 
El problema de Casandra era que todo lo que decía se hacía realidad. No se puede afirmar esto de Alan Donnelly. 
Estoy convencido de que una parte de los temores aquí expuestos no se van a hacer realidad. 
En primer lugar, me voy a referir a lo que ha hecho la Comisión. 
El primer problema fue llamar la atención de todos los afectados de que se les avecinaba un problema. 
Creo que entretanto esto se ha logrado gracias también a los mensajes catastrofistas algo exagerados que se han difundido. 
Lo bueno en tales mensajes es que aunque sean totalmente exagerados logran que las personas se interesen por el tema. 
Todas estas historias de terror, de que los aviones se caen del cielo, de que se corta la electricidad, de que el Partido laborista ya no puede saber cuántos miembros tiene, ha hecho que las personas se preocupen tanto- en especial, sobre la última circunstancia- que ahora todo el mundo sabe que se nos avecina un problema. 
Esto es lo primero, lo que no es malo ya en si mismo. 
La Comisión ha contribuido algo al respecto. Nos hemos ocupado en especial de las pequeñas y medianas empresas. 
Desde el principio hemos incluido a los países miembros en nuestras consideraciones y, naturalmente, también a autoridades internacionales, como la Comisión para la Energía Atómica de Viena. 
Por supuesto, hay que intentar identificar las diversas actividades allí donde se pueden ejecutar mejor. Es decir, la Comisión no ha intentado hacer ella misma todo sino proporcionar a los responsables los máximos conocimientos materiales y, en parte, también dinero. 
Por ejemplo, hemos dado dinero a la Autoridad de Energía Atómica para que pueda llevar a cabo sus actividades en la Europa Oriental. 
Hemos intentado movilizar de este modo a toda una serie de organizaciones y responsables y, en especial, a los directamente afectados, la industria privada. 
El resultado es bastante aceptable. 
Es cierto, como siempre las pequeñas empresas tienen mayores problemas. No tienen el «manpower» y, con frecuencia, tampoco los correspondientes fondos financieros, pues entretanto hay por supuesto software que puede solucionar una gran parte de los problemas, pero es relativamente caro. 
Es decir, aquí se presenta un problema de financiabilidad. 
Hemos seguido activamente todo lo que hemos enumerado en nuestra comunicación. 
Hemos mantenido reuniones regulares con los Estados miembros. En los campos de las finanzas, telecomunicaciones, energía y transporte hemos cooperado en especial con las organizaciones internacionales competentes y seguimos trabajando con ellas. 
Por cierto, la enumeración de estos campos no es casual pues aquí existe una diferencia en función del tipo de aplicación de los ordenadores. 
Si, por ejemplo, tienen ordenadores que están diseñados y dependen de una periodicidad, es decir, que tienen que seguir secuencias temporales, entonces puede surgir aquí más fácilmente un problema de este tipo que en ordenadores que no tienen nada que ver con periodicidades sino que sencillamente acumulan datos. 
Estos datos no están vinculados a determinados intervalos temporales por lo que el millenium bug no puede surtir efectos. 
También hay que tener en cuenta esto. 
No obstante, intentamos determinar junto con todos los afectados qué es lo que pueden hacer y qué tenemos que hacer nosotros para garantizar un funcionamiento sin fricciones de los sectores de infraestructura. 
Si se quisiera, la Comisión podría hacer aún más, en especial en la cuestión del apoyo financiero. Pero las sumas que hay que dedicar a los diferentes afectados particulares son tan grandes que uno no se puede imaginar qué presupuestos públicos podrían hacerse cargo de ello. 
Naturalmente, hemos hecho lo que hay que hacer en el campo de la seguridad directa. Hay también muchos afectados que hacen mucho con sus propios recursos y sobre todo por propio interés. 
No me puedo imaginar ningún aeropuerto del mundo que trabaje con sistemas informatizados y que entretanto no tenga ya una solución al problema. Sería realmente aventurero si hubiese compañías aéreas que no hubiesen aplicado las correspondientes medidas en sus aviones. 
¿Qué es lo que se puede hacer aún para adaptar las disposiciones jurídicas si fuese necesario? 
Esta es una cuestión interesante, pues se trata de un aspecto en el que podríamos actuar directamente. 
También hemos examinado esto. 
Existen normas jurídicas que tienen que solucionar este problema pues, según principios jurídicos, no se trata de algo nuevo. 
Quien en el suministro de un objeto o en la puesta a disposición de un servicio comete un error del que es culpable o si existe una garantía que no se basa en la culpabilidad, debe responder por ello. 
Las empresas que dependen en gran medida de proveedores y que trabajan con tales sistemas, han enviado a sus proveedores en muchos casos escritos en los que indican que caso de que se produzcan fallos del tipo que sea en tales suministros se hará responsable a los proveedores. 
Es decir, ellos mismos han adoptado las medidas para que el proveedor sepa que al menos actúa negligentemente si no cumple tal requerimiento. 
Por ello, no creemos que fuese mejor proponer una nueva regulación jurídica. 
Alan Donnelly ha mencionado la Good Samaritan Legislation, esta nueva ley norteamericana con la que se pretende impulsar la entrega de informaciones limitando la responsabilidad por declaraciones cuyos efectos vayan más allá de la declaración de conformidad del año 2000. 
Naturalmente, esto no ayuda a que las personas se ocupen del millennium bug, por el contrario, esto es algo negativo. Es decir, creemos que las normas jurídicas existentes, junto con las informaciones que obtienen los proveedores, van a ser suficientes para solucionar el problema jurídicamente. 
Por supuesto, esto no va a tener los mismos efectos en todos los lugares. 
Por ejemplo, se ha planteado la pregunta de si el Parlamento va a seguir funcionando tras el año 2000. 
Esta no es una pregunta de responsabilidad jurídica sino de oportunidad política, sobre la que la Comisión no quiere exponer de momento su opinión. 
Se nos ha preguntado además qué estamos haciendo en lo referente a nuestros propios sistemas informáticos. 
No sería especialmente ejemplar por parte de la Comisión que fuésemos predicando por ahí durante cinco año diciendo que deben hacer algo y nosotros mismos no hiciésemos nada. 
Por ello, hemos adoptado las medidas necesarias para que nuestros propios sistemas funcionen. 
Hemos comenzado un proyecto para garantizar la aptitud de nuestros sistemas en el año 2000 y que va a finalizar en breve. 
Cuando hayamos realizado las pruebas podremos decirles que al menos la Comisión va a seguir funcionando tras el año 2000, si es que esto es un consuelo para el Parlamento. 
Señor Presidente, le pregunté antes si tal vez estaría usted dispuesto a informar a esta Asamblea sobre cómo se está preparando el Parlamento Europeo para afrontar el problema informático del efecto 2000. 
Ahora ya sabemos qué es lo que está haciendo la Comisión, pero ¿podría usted informar a los parlamentarios en qué punto está este Parlamento? 
Transmitiré su solicitud al Presidente del Parlamento y le pediré que se ponga en contacto con usted a su debido tiempo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Seguridad, higiene y protección de la salud en el lugar de trabajo 
Señor Presidente, desearía en primer lugar abordar brevemente los informes anuales de los comités sobre salud y seguridad en el trabajo. 
Tanto el funcionamiento del Comité consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el trabajo como el del Órgano Permanente para la seguridad y la higiene en las minas de hulla y otras industrias extractivas se fundamentan en un principio tripartito que desearía que fuera adoptado en mayor medida en los distintos ámbitos de la Unión. 
El problema de ambos comités estriba en la escasez de sus recursos. 
Si tenemos en cuenta esta circunstancia, los comités han logrado llevar a cabo una labor muy positiva. 
Sin embargo, se debe examinar la posibilidad de potenciar la eficacia de sus actividades, por ejemplo mediante una reorganización de su trabajo y un mejor aprovechamiento de sus conocimientos. 
En el sector de la seguridad y la salud en el trabajo, el elemento más importante de la actividad comunitaria lo constituyen la legislación y su puesta en práctica. 
En este ámbito se han registrado avances considerables. 
Mientras que en 1996 los Estados miembros sólo habían transpuesto el 74 % de las directivas a la legislación nacional, la cifra alcanza ahora el 95 %. 
Sin embargo, la adopción de las directivas no significa por sí misma que estén siendo interpretadas y aplicadas correctamente, y que tengan unas consecuencias concretas en el lugar de trabajo. 
Con todo, la aplicación de la legislación constituye la cuestión en la que se fundamenta toda la credibilidad de las actividades de la Unión Europea en materia de protección en el trabajo. 
En el informe se presentan exigencias concretas en lo relativo a la prohibición total del asbesto y la ampliación de la directiva sobre el cáncer, así como se propone acelerar las directivas sobre los factores físicos, andamios y exigencias mínimas en el sector del transporte y, por último, la protección de las personas que trabajan en el exterior. 
En su informe intermedio, la Comisión presenta cuatro prioridades para el período 1998-2000: potenciar la eficacia de la legislación, preparar la ampliación, tener más presente la capacidad de empleo y concentrarse en los riesgos que ocasionan las transformaciones de las condiciones laborales. Se trata de prioridades importantes, de las cuales la ampliación representa un verdadero desafío para las actividades en materia de protección en el trabajo. 
Es sabido que en los países candidatos el nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo se encuentra bastante alejado del existente en los actuales Estados miembros. 
Para lograr el nivel de la Unión Europea, los países candidatos precisarán toda la ayuda posible. 
El mantenimiento de la capacidad laboral de las personas mayores constituye igualmente uno de los principales desafíos de los próximos años. 
En este orden de cosas, he querido hacer referencia al ejemplo de Finlandia. 
En mi país, las actividades para el mantenimiento de la capacidad laboral se desarrollan de manera conjunta entre el empresario, el trabajador y las organizaciones de concertación en el puesto de trabajo. 
Las experiencias positivas que se han registrado en Finlandia en este ámbito podrían incorporarse a la lista de buenas prácticas que se están proponiendo al resto de los Estados miembros. 
Este aspecto está relacionado fundamentalmente con la capacidad de empleo. 
La evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo se limita muy a menudo a los riesgos físicos, químicos y biológicos en el puesto de trabajo. 
Sin embargo, las enfermedades que afectan al aparato locomotor y los factores psicosociales constituyen actualmente las principales amenazas para la salud de los trabajadores. 
Entre estas amenazas, nuestra comisión ya ha destacado en anteriores ocasiones, y de manera especial, el estrés. 
Yo he querido prestar atención también a la violencia, que representa un problema cada vez mayor en el sector de los servicios. 
La Comisión señala en su informe intermedio que la mayor presencia de las mujeres en la vida laboral conlleva algunas exigencias particulares de salud y seguridad. 
Creo que también en este ámbito se deberían realizar estadísticas específicas con arreglo al sexo. 
En los trabajos desempeñados tradicionalmente por mujeres se registran riesgos específicos en materia de protección en el trabajo debido, entre otras causas, a la falta de autonomía en el trabajo, la monotonía de las actividades y otros problemas parecidos. 
Finalmente, querría abordar también las enmiendas que se han presentado. Estoy dispuesta a aceptar todas excepto la enmienda 1. 
Además, acepto la enmienda 2 como un suplemento al apartado 15. 
No puedo aceptar la enmienda 1 puesto que convertiría el apartado 3 del informe en una mera queja de que las mujeres apenas representan una pequeña parte de los miembros de los comités, con lo que se suprimiría esta importante propuesta de mejora. 
A modo de argumentación, también desearía señalar que, en su informe, la Comisión de Derechos de la Mujer ha hecho hincapié en el problema de que únicamente el 10 % de los representantes de los empresarios y el 20 % de los representantes de los trabajadores sean mujeres, por lo que solicita que se incremente esta proporción. 
Es completamente posible lograr una representación más igualitaria de ambos sexos sin que ello suponga una violación del derecho de designación independiente por parte de los interlocutores. 
En los países nórdicos contamos con buenos ejemplos a este respecto, por lo que recomiendo que se rechace la enmienda 1. 
Señor Presidente, la Sra. Ojala ha sido muy diligente en la comisión en lo relativo a sacar adelante este informe tan importante. 
Rindo homenaje a su paciencia y conocimiento de este problema. 
Son tantas las personas que mueren cada año, caen enfermas o sufren heridas, que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que las actividades de la Unión Europea se enfocan de tal manera que la reducción de accidentes sea una prioridad. 
En toda Europa existen muchos organismos que intervienen en la protección de las vidas de los ciudadanos. 
Las tendencias y pautas de trabajo apuntan a que el ámbito de dicho trabajo está cambiando y necesitamos adoptar nuevas estrategias, nuevas técnicas y nuevas prácticas que tengan en cuenta y prevean los efectos de dicha transformación. 
Por ello, puedo apoyar el enfoque y la esencia del informe de la Sra. Ojala, porque avanza por esa dirección. 
Un aspecto que alabo en particular es el reconocimiento del tipo de trabajo que realizan las agencias como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo de Bilbao. 
Debería ser motivo de satisfacción para todos nosotros que las pequeñas y medianas empresas que han sido escenario de algunos de los peores accidentes, sean objeto de especial atención. 
Aunque la Acción de Seguridad para Europa ya no está con nosotros en cuerpo, sí lo está en espíritu. 
La agencia de Bilbao ha sabido animar el proceso de difundir la mejor práctica con eficacia. 
Este año, en que la salud y la seguridad serán definidas en concepto de horarios, andamiaje, agentes químicos, carcinógenos y, en particular, el amianto- y me alegra que el Grupo de los Verdes haya planteado este último asunto -, el Parlamento debería sentirse muy orgulloso del papel que ha desempeñado en la promoción de la transformación que será necesaria para la prohibición del amianto. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha desempeñado un papel fundamental en la aportación de evidencia científica que permite dicha prohibición, y cabe esperar que antes de las elecciones europeas podamos celebrar una drástica reducción del número de muertes causadas por el amianto. 
No obstante, la mayoría de nosotros debemos celebrar el seguimiento que hace el Parlamento. Sólo gracias a este seguimiento hemos podido fomentar las mejores estrategias que resultarán en las mejores prácticas. 
En este sentido, considero el presente informe una parte importante de la maquinaria de buena práctica y de regulación eficaz en este ámbito. 
La ponente merece ser felicitada por su trabajo. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su informe. 
Creo que es un buen informe que contiene muchas cosas valiosas y nos recuerda la importancia de la seguridad y la salud en el lugar del trabajo. 
Es un asunto de política social sobre el que de hecho existe la mayor cantidad de legislación. 
También es un tema del mercado único. Y eso, a veces se olvida. 
Cuando existen grandes diferencias en el área legislativa sobre la seguridad y la salud, inmediatamente se producen perturbaciones en el terreno de la competitividad. 
Estamos por tanto ante una de las razones por las que existe tan amplio abanico de leyes aplicables a este terreno. 
Creo que un problema que se ha producido en estos últimos tiempos es que la Comisión no ha controlado en la medida suficiente si sus legislaciones efectivamente se cumplen. 
De hecho ha sido sólo en este último año y medio que se ha adoptado una postura de firmeza ante esta cuestión. 
Creo que estamos aquí ante una de las misiones básicas. 
Creo que podemos distinguir dos fases. En primer lugar está la transposición real de las directivas, y en segundo lugar está el cumplimiento efectivo de las mismas, es decir, la cuestión de si existe suficiente inspección. 
Esto es un aspecto muy importante; y en realidad está totalmente en la línea de la Comisión. 
El segundo tema que quiero comentar es, efectivamente, el asunto de Europa del Este. 
Veo que está aquí con nosotros el Sr. Van den Broek. 
Tal vez sea conveniente subrayarlo una vez más: es crucial que seamos conscientes de que esta directiva y todo lo que conlleva forma parte del acervo comunitario. 
A veces en Europa del Este se tiene la impresión de que esto no es así- lo he podido comprobar por experiencia propia -, y entonces se dice que sí, que esas otras cosas sí que las quieren pero que éstas son todas directivas sociales y que esto es un poco más difícil. 
Y esto naturalmente no se puede aceptar. 
Forman parte integrante del acervo comunitario, y para que puedan aplicarse también en Europa del Este, en efecto, es muy importante que se empiece desde ya con unos programas orientados a la información tanto en el área de la tecnología como en el de la legislación sobre este terreno. 
Creo que estamos hablando de un asunto fundamental. 
El tercer punto es la cuestión del propio Comité. 
En una de sus enmiendas, la Sra. Ojala ha efectuado un ataque frontal contra la autonomía de los agentes sociales. 
En este Comité, los agentes sociales desempeñan un papel crucial, y lo que pretende ella es limitar el derecho de nombramiento de sus representantes. 
Para mí esto no es aceptable, y por ello hemos propuesto una enmienda. 
Creo que cualquiera que esté a favor de que sean los propios agentes sociales quienes decidan a quiénes quieren nombrar deberá votar a favor, y todos los que tengan una visión más paternalista sobre los interlocutores sociales, naturalmente, deberán votar en contra, y tendrán que atenerse al pensamiento políticamente correcto que a veces reina en el lado opuesto de esta Asamblea y decir, efectivamente: nosotros vamos a dictar exactamente a quienes pueden nombrar los agentes sociales. 
Pero entonces me temo que estamos ante una expiración a plazo del Comité porque los interlocutores sociales ya no podrán decir por si mismo lo que opinan. Se verán obligados a decir lo que opinan los demás. 
Estos son lo puntos que he querido subrayar, y doy las gracias por el informe. 
-Señor Presidente, al igual que otros oradores opino que la Sra. Ojala ha presentado ante nosotros un excelente informe y por tanto sólo voy a llamar la atención sobre un par de puntos. 
En primer lugar quiero subrayar la importancia de lo que ha dicho la ponente sobre el amianto, un tema que a nivel europeo ciertamente requiere nuestra atención. 
Luego quiero llamar la atención sobre un terreno donde la legislación europea aún no ha llegado a ser óptima, que es el de una política eficaz para atajar el síndrome psicoorgánico, también conocido como enfermedad del pintor dentro de la Unión Europea. 
El SPO consiste en un deterioro del sistema nervioso y puede provocar graves daños cerebrales. 
La enfermedad es causada por una exposición en el trabajo a los disolventes químicos, como el tolueno y el xileno, por ejemplo de los pintores y enmoquetadores. 
El año pasado aprobamos en este Parlamento una directiva modificada sobre la protección de los trabajadores contra la exposición a agentes químicos en el trabajo, y en ésta se incluyen una serie de disposiciones muy importantes para la lucha contra el SPO. 
En dicha directiva modificada se propone una obligación legal de sustitución, que implica que en las empresas deberán sustituirse determinadas sustancias químicas nocivas, entre ellas los disolventes, por otras menos perjudiciales. 
La sustitución de una producción con gran consumo de disolventes por otra con poco consumo de disolventes, opino que es un argumento poderoso para que la industria emplee toda su capacidad innovadora. 
Resulta que con frecuencia se señala la pérdida de competitividad como motivo para no utilizar otros productos más caros con bajo contenido en disolventes. 
Desde hace tiempo existen unas alternativas menos nocivas y técnicamente completamente válidas- ya lo he dicho aquí más de una vez- y son obligatorias ya en Estados Unidos y en los países escandinavos. 
Por tanto es importante que los Estados miembros adopten cuanto antes en sus legislaciones nacionales las modificaciones de la directiva. 
En mi país se decidió ya el año pasado establecer una obligación de sustitución de un gran número de agentes químicos a partir del año 2000. 
Pido a la Comisión que supervise también los avances en los otros Estados. 
También puede ser una solución el fomento de la utilización de disolventes reactivos con los que a través de una reacción química el revestimiento entra a formar parte integrante del aglutinante de modo que el disolvente no puede ser inhalado por la respiración. 
Me remito a unos experimentos llevados a cabo con éxito con disolventes extraídos de la caléndula, que además han sido financiados por la Unión Europea, por lo que bien podrían tener un poco más de seguimiento. 
Por último, quisiera obtener algunas respuestas de la Comisión a una serie de preguntas que he formulado hace ya tiempo en una auditoría especial de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Me gustaría saber hasta qué punto la Comisión sigue investigando las sustancias sospechosas de provocar el SPO. 
Además deseo saber si la Comisión aún sigue dispuesta a reforzar más la recomendación de 1990 sobre la indemnización de las personas expuestas a sustancias químicas. 
El Tribunal Europeo de Justicia ya ha dictado sentencia en el sentido de que los Estados miembros deben tener en cuenta el SPO y desarrollar unos reglamentos de indemnización. 
Señor Presidente, ante todo queremos felicitar a la Sra. Ojala por su excelente informe. 
No hay pequeñas cuestiones políticas y grandes cuestiones políticas. 
El examen de la seguridad y la higiene en el trabajo puede ser- repito: puede ser- una importante cuestión política, siempre que no se remita o confine a una mera cuestión técnica, siempre que se aborde en un marco de relaciones sociales. 
El informe de la Sra. Ojala nos permite abordar así la cuestión, como corresponde- nos permitimos recordar- a la línea de intervención de las camaradas finlandesas de nuestro Grupo. 
En la exposición de motivos de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Sra. Soltwedel-Schäfer, se subraya muy pertinentemente que en los países de la Unión Europea mueren al año casi 8.000 trabajadores en accidentes laborales y que 10 millones sufren accidentes laborales o enfermedades profesionales. 
Hay que abordar esa situación de forma seria y responsable. 
Con ocasión del 21º informe anual sobre las actividades del Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo, este informe pone claramente el dedo en algunas llagas. 
Por nuestra parte, nos habría gustado que el acompañamiento y la evaluación de ese informe anual del Comité Consultivo hubiera dado mayor relieve a la consideración y la actualización de la Directiva 92/57, pese a que convenimos en que la mera transposición de directivas no es suficiente, sino que debe ir acompañada de una ejecución y una aplicación práctica apropiadas. 
Ahora bien, pensamos que una de nuestras batallas debe ser la de luchar por la transposición en los ordenamientos jurídicos internos de directivas que se consideren importantes y controlar su aplicación práctica. 
Por nuestra parte, en relación con la directiva citada, procuramos hacerlo mediante preguntas, por desgracia muy oportunas por estar basadas en graves accidentes en Portugal en astilleros de construcción civil que datan de octubre de 1994 y de marzo de 1995, pese a haber traspuesto el Gobierno la directiva en julio de 1995. 
Pero eso no basta y hemos insistido, por ejemplo a partir del caso de las tendinitis en la Ford Electrónica Portuguesa, de Setúbal, con preguntas a la Comisión que datan de noviembre de 1995 y de enero de 1997. 
¡Y no dejaremos de insistir! 
Ahora bien, no se trata sólo de una situación por abordar. 
Se trata de una evolución que se debe procurar contrarrestar, pues el seguimiento de estos asuntos revela que las condiciones generales, el marco en que se trabaja, la seguridad, la higiene y la seguridad en los locales de trabajo no experimentan una evolución positiva. 
Como muy bien subraya la Sra. Ojala en el punto 25 de su informe, «algunas formas de condiciones atípicas y la subcontratación han contribuido a un aumento de los accidentes de trabajo» , por lo que insta a la Comisión a que incite a los Estados miembros a imponer el cumplimiento de las directivas y a controlar rigurosamente su aplicación. 
Pero también habría que instar- o habría que hacerlo sobre todo- a que se revise desde esa perspectiva el marco general de la reorganización del trabajo. 
Como decía Junker, cuando era el Presidente luxemburgués del Consejo, «las políticas de fragilización y precarización de los vínculos contractuales del trabajo se plasman en un aumento del número de accidentes laborales; la precariedad es la condición laboral que más gravemente atenta contra la salud y la seguridad de los trabajadores». 
Por ahí, en lo que constituye la base de las relaciones sociales, hay que abordar los problemas. 
A raíz del Libro Verde sobre la reorganización del trabajo, una comunicación de la Comisión es objeto de dictamen en este Parlamento. 
Se trata de una cuestión de la mayor importancia, pero, por desgracia, el informe de que soy autor no ha llegado al Pleno por no haber habido ni tiempo ni marco de procedimiento. 
Por eso, subrayo, en esta oportunidad, que ese informe trata de cuestiones que son de indiscutible y prioritaria importancia, pues tienen que ver con las condiciones, la duración, los vínculos laborales, y en él se atribuye importancia particular a la seguridad y la salud en el trabajo. 
Por eso, subrayo también el significado de que en este Pleno se examinen menudencias sobre monedas y no haya tiempo ni procedimiento para que se debatan estas cuestiones, como sería más que necesario. 
¡Como sería indispensable y urgente! 
Señor Presidente, señorías, el informe de nuestra colega, la Sra. Ojala, examina desde un punto de vista crítico dos tipos de documentos. 
Los primeros, que son dos informes de actividad- uno que emana del Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el lugar de trabajo, y el otro, del órgano permanente para la seguridad y la salubridad en las minas y otras industrias extractivas- y el otro tipo, el más interesante y diría el más político, que es el examen del informe provisional de la Comisión relativo al programa comunitario en el ámbito de la seguridad, de la higiene y de la salud en el lugar de trabajo. 
Mi grupo desea transmitir a la Sra. Ojala su felicitación por este informe al que reconocemos toda su calidad. 
Con respecto a los dos primeros informes, suscribimos totalmente los reproches que el ponente puede hacer con respecto a una cierta falta de transparencia en lo que constituyen los datos del comité consultivo, y también el temor que manifiesta el ponente frente a la insuficiencia de los medios financieros, actualmente en disminución, en cuanto a las propuestas concretas encaminadas a mejorar la situación en el lugar de trabajo y los intercambios de información, como puede desprenderse del informe del órgano permanente. 
El informe provisional es más lógico, ya que afecta al programa comunitario para dos períodos: 1996-1998 y 1998-2000. 
Con respecto al primer capítulo, suscribimos las constataciones del ponente en los cuatro ámbitos del excelente trabajo de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, con sede en Bilbao, sobre la disminución injustificada de los recursos asignados a la Fundación Europea de Dublín, sobre la actitud lamentable del Consejo, que no ha aprobado el programa SAFE orientado a impulsar proyectos concretos en el ámbito de la salud y de la seguridad y, finalmente, la evolución positiva en el plano de la legislación, en particular la transposición al derecho interno de los Estados miembros. 
Para el período 1998-2000, compartimos también la preocupación manifestada por la Sra. ponente y que, muy especialmente para nosotros, incide en dos ámbitos: un análisis más atento del nuevo mundo del trabajo, ya que se constata en nuestra sociedad un cambio en las condiciones de trabajo, el crecimiento del sector servicios, el aumento del número de mujeres en la vida activa, el envejecimiento de la mano de obra y también nuevas formas de organización del trabajo- no entraremos en detalles- pero también la aparición de nuevos riesgos: físicos, sí, es cierto, químicos y biológicos, pero también riesgos que se deben a las enfermedades osteomusculares y también a factores psicosociales; esto se ha señalado ya antes de mi intervención y no volveré sobre ello. 
Este informe se inscribe, bajo tres puntos de vista, en nuestras preocupaciones: en el marco de un dispositivo social indispensable para todos los países de la Unión, en el marco del desafío económico que representa el mundo del trabajo, en lo que constituye el trabajo interno de la Unión y frente a los países del exterior, y también un deber de responsabilidad política. 
Por ello, conviene que este informe tenga una continuación y que unas propuestas eficaces vengan a concretar nuestra preocupación común. 
Renovando la felicitación a la Sra. Ojala, le transmito el voto positivo de nuestro grupo. 
Señor Presidente, yo también quiero adherirme a las felicitaciones a la Sra. Ojala, quien ha demostrado aquí de nuevo cómo una persona responsable de izquierdas puede contribuir a la calidad del trabajo de toda la Asamblea. 
¿De qué se trata aquí? 
Se trata de logros en el mundo laboral. 
Las clásicas formas del trabajo en la fábrica, de la cadena, y del aseguramiento derivado de ellas, están de retirada. 
En el gran mercado interior europeo, tenemos que ocuparnos de que las nuevas formas de la organización del trabajo no conduzcan a una precariedad y estrés aún mayores así como a una disolución aún mayor de las relaciones laborales protegidas social y jurídicamente en aras de unas relaciones jurídico-comerciales y que los logros relativos a las condiciones de trabajo alcanzados en las antiguas estructuras, sobre todo a nivel nacional, se reflejen a nivel europeo en nuevas formas adecuadas a la situación. 
En este contexto, por un lado, tenemos los mecanismos de la compensación de intereses y de la comunicación y, por otro, el programa comunitario. 
Creo que aquí está claro que el derecho de nominación de los interlocutores sociales es objeto de su autonomía, pero que también es nuestra tarea garantizar la representatividad y la eficiencia. En este aspecto, creo que la Sra. Ojala tiene razón en contra el Grupo del PPE. 
En segundo lugar, en lo que se refiere al programa comunitario, creo que se han tratado aquí algunos aspectos centrales: asbesto, carga síquica. 
El Parlamento ha realizado ya un considerable trabajo y debe hacerse aún más. 
En total, tengo que decir que debemos profundizar este acquis communautaire y adoptar las medidas para que estemos preparados ante el proceso de ampliación hacia el Este y, en parte, hacia el Sur, lo que va a aportar nuevas generaciones de trabajadores a la relación del mercado interior y donde una tarea central será la de asegurar que se garanticen unas condiciones laborales justas, protectoras de la salud y humanas para cualquier empleado por cuenta ajena, pues este es a la postre el objeto sobre el que estamos tratando. 
La humanización de la vida laboral es la tarea ante la que nos encontramos precisamente en el gran mercado interior europeo. 
Señor Presidente, para empezar, mis felicitaciones para la Sra. Ojala. 
En segundo lugar, quiero hablar de las estructuras. 
Por otro lado, escucho aquí que nosotros no debemos de meternos con ello, ya que sería muestra de paternalismo con respecto a los interlocutores sociales. 
Quiero protestar enérgicamente contra semejante postura, porque me niego a creer que los agentes sociales no quieran ver el hecho de que la presencia de las mujeres en todas las áreas de la vida económica implica que deban estar representadas también en todos los terrenos donde se trate de la toma de decisiones. 
Tal vez debamos empujar un poco a los interlocutores sociales para que efectivamente den una oportunidad a las mujeres capacitadas para ello a que ocupen sus puestos también en estos órganos. 
La crítica que leo en este documento a los órganos instaurados por la Comisión es algo virulenta. 
Se plantea sobre todo que en todos los lados falta transparencia en cuanto al contenido y los resultados de los trabajos del Comité Consultivo, por ejemplo con todos esos nuevos grupos de trabajo que se constituyeron, que en 1996 fueron ocho. 
Permítanme que llame la atención, no sólo del Parlamento, sino también de la Comisión y de todos los órganos constituidos por ella, sobre la crítica formulada por la Comisión de Derechos de la Mujer que decía que en los informes se presta demasiado poca atención a los efectos típicos del sexo. 
«Las cuestiones del sexo» , cito, «no deben limitarse al embarazo y la lactancia, sino deben abarcar todos los aspectos de la salud y de la seguridad con todas sus consecuencias para las mujeres». 
Diría yo que seguramente también para los hombres existen males típicos relacionados con las condiciones laborales y pedimos que se preste más atención a ello. 
No sólo se trata de la procreación. 
Con razón, varios diputados de este Parlamento han señalado los aspectos psicológicos que presionan cada día más sobre los trabajadores. 
Observemos por ejemplo la huelga de autobuses que tuvo lugar ayer en esta ciudad para protestar contra la inseguridad en el trabajo de los conductores que frecuentemente son víctimas de atracos. 
Menciono también las condiciones que dificultan enormemente el trabajo del profesorado en algunos de los Estados miembros. 
Y menciono a los empleados de enfermería que con el transcurso de los años empiezan a presentar casi todos lesiones de la espalda, y podría seguir así. 
Quiero hacer hincapié en un segundo aspecto- ya lo hicieron también otros de los oradores- que es el que afecta a la eliminación del amianto. 
La Comisión ha ofrecido una imagen fantástica con el enorme desembolso efectuado para retirar todo el amianto del edificio Berlaymont. 
Pero ¿es que la Comisión no ha comprobado nunca cuán irresponsable fue el método usado por los trabajadores que han retirado ese amianto, ni cómo se han transportado los desechos de los edificios por las calles de Bruselas? 
Les invito a que vayan a comprobarlo en vez de esconderse entre montones de papeles y sentirse tan satisfechos por que en esos papeles todo parece lo bastante perfecto. 
También debo señalar que si es cierto que las administraciones públicas están cada vez más sensibilizadas ante el problema del amianto, en esta misma ciudad donde se ponen a retirar las planchas de amianto de los techos interiores de un pequeño museo, todavía se sigue fabricando ese mismo amianto, y es urgente que la Comisión haga algo para remendar eso. 
Señor Presidente, el Movimiento de Junio apoya el informe de la Sra. Ojala, pues sólo contiene buenos deseos para nuestro medio laboral, la seguridad y la salud en el trabajo. 
Sin embargo, no aborda el tema fundamental, es decir, los casos en los que las armonizaciones absolutas comunitarias entran en conflicto con los deseos de los países miembros de mantener normas mejores que aquellas aprobadas en la Comunidad. 
Cuando la UE aprueba las disposiciones sobre medio ambiente y medio laboral, las aprueba como disposiciones de mínimos, permitiéndonos a todos ir más allá. 
Los miembros del Movimiento de Junio siempre las apoyamos. 
Sin embargo, los problemas surgen cuando no se hace así y las normas se aprueban según las disposiciones relativas al mercado interior, pues así una decisión tomada por mayoría en un comité secreto o en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Ministros puede poner en evidencia al Parlamento aboliendo una ley, aunque ésta hubiera sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. 
Tómese, por ejemplo, la lista del cáncer. 
Hoy en día, los trabajadores daneses han de operar con sustancias consideradas cancerígenas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por las autoridades danesas, porque la Comisión no quiere presentar una propuesta y porque no se pueden conseguir 62 de los 87 votos de la UE para su prohibición. 
En el caso de la creosota, Dinamarca ha utilizado la garantía medioambiental y prohibido esta sustancia, pues puede producir cáncer; sin embargo, en la UE está prohibido prohibir esta sustancia y la Comisión todavía no ha aprobado la utilización que Dinamarca ha hecho de la garantía medioambiental. 
Cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, esperamos que llegue una carta de la Comisión en la que se nos comunique nuestra obligación de derogar la prohibición de la creosota, porque el Tratado de Amsterdam no autoriza a los países a ir más allá de lo que vaya la mayoría cuando los motivos para ello son la salud pública. 
¡Se antepone la libre circulación de sustancias cancerígenas a la salud de la población! 
¿No puedo pedirle al Comisario- como cierre a este debate- que comunique si, en vez de esto, se tiene la intención de prohibir la creosota en toda la UE? 
Señor Presidente, el mundo del trabajo actual precisa ciertos controles para que los estándares de seguridad y de protección resulten adecuados a los retos de una sociedad que desde hace tiempo ha superado los llamados niveles postindustriales. 
Cuando hablamos de seguridad en los lugares de trabajo, pensamos automáticamente en las estructuras que funcionan hoy en día. 
La primera observación atañe al amianto, su empleo y todas sus aplicaciones, conocidas o aún por conocer o no contempladas en una directiva comunitaria bastante incisiva. 
Esto salta a la vista y, por tanto, requiere especial atención. 
Segunda observación: el mundo del trabajo, por su misma necesidad de adaptarse a las exigencias de una sociedad en aceleración, conoce unas problemáticas que han creado nuevas psicosis y nuevas enfermedades profesionales que se encuentran aún en fase de estudio, pese a que han de regularse especialmente. 
Pienso en los casos, cada vez más numerosos, de estrés en el lugar de trabajo, de agotamiento debido a actividades sedentarias y repetitivas, pero también a causas secundarias como la violencias y el acoso sexual. 
Cierto que, desde el punto de vista estructural, necesitamos dotarnos de una agencia europea y, en este sentido, esperamos que la Agencia de Bilbao, ya existente, pueda convertirse en efectivamente operativa, pero sobre todo necesitamos la adopción urgente de la segunda fase del programa específico SAFE. 
El balance de las actuales transposiciones de las directivas en las diferentes legislaciones comunitarias parece muy positivo si se piensa en que hemos pasado del 70 % de 1966 al 96 % del año pasado. 
Está claro que queda mucho por hacer, sin embargo, felicitando a la Sra. ponente, esperamos, mejor dicho, creemos que llevamos buen camino. 
Señor Presidente, para mí fue una enorme alegría ver que al fin mi buen amigo Bonde, miembro del Movimiento de Junio, quería participar en este debate. 
Pensaba que íbamos a oír algo positivo y constructivo. 
Sin embargo, al final se convirtió en otro más de los habituales discursos propagandísticos en los que se aborda el sexo de los ángeles. 
Este informe es una buena e importante iniciativa. 
Es importante que la UE y el Parlamento Europeo sigan una política activa y progresista en este terreno. 
La UE debe ser el instrumento que promueva una mejor seguridad y salud en los puestos de trabajo de la Comunidad. 
Las lesiones y accidentes laborales tienen un coste anual de miles de millones de euros, sin embargo, ante todo estamos hablando de tragedias y costes personales. 
A menudo es demasiado tarde cuando ya ha sucedido el accidente. 
Por ello es tan importante que garanticemos recursos suficientes para la investigación y la prevención. 
No sólo es una buena inversión desde el punto de vista económico. 
También es una inversión cuyos beneficios no pueden medirse en dinero. 
Celebro que el Parlamento pida en este informe a la Comisión que solucione de una vez por todas el problema del amianto. 
Es hora de su prohibición total. 
A lo largo de los años, muchos trabajadores han sido expuestos a esta peligrosa sustancia con catastróficas consecuencias. 
Hay que vivir con sus secuelas toda la vida y considerar también que a menudo puede desarrollarse un cáncer- una enfermedad que, como todos sabemos, puede ser mortal y dolorosa. 
De ahí que debamos exigir una prohibición total. 
Por último, me gustaría mencionar la importancia de que la UE se mantenga siempre en primera línea de este desarrollo. 
No debemos quedarnos cruzados de brazos esperando que se produzcan nuevos accidentes. 
Hemos de participar activamente y presionar a los Estados miembros para que se actúe antes de que se produzca el daño. 
Hemos de centrarnos en nuevas formas de lesiones laborales. 
Puede haber daños en músculos o partes del esqueleto. 
Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en una oficina y que padecen los llamados «daños causados por el uso del ratón» porque se pasan todo el día usando un ordenador. 
También el ambiente laboral psíquico es un problema que no se ha tomado en serio durante demasiado tiempo. 
Además, debemos luchar en favor de una reducción de los valores límites para las sustancias peligrosas. 
Los ciudadanos de la UE pueden esperar y exigir con razón que el Parlamento Europeo siga controlando y desarrollando una política sobre mercado laboral sana y segura. 
Señor Presidente, permítame transmitir en primer lugar las disculpas del Comisario Flynn que hoy desgraciadamente se ve impedido para intercambiar ideas con usted, y para quien el asunto de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo es un tema de extraordinario interés. 
Haré cuanto esté en mis manos, con la ayuda de los excelentes servicios del Sr. Flynn, para sustituirle hoy aquí de la mejor forma que pueda. 
Y permítame también expresar mi especial estima por el trabajo de la comisión en general pero más aún y sobre todo por el excelente trabajo de la ponente de la comisión, la Sra. Ojala. 
Porque su informe contiene gran número de asuntos que la Comisión desea incluir entre sus consideraciones. 
Estamos de acuerdo sobre la fundamental importancia del fomento de la salud y seguridad en el trabajo en los países de la Unión. A nivel de la Unión se ha logrado mucho ya y sobre esta base hemos de seguir construyendo para el futuro. 
La Comisión ha agrupado las prioridades para sus futuras actuaciones en cuatro capítulos. 
La primera prioridad consiste en hacer más eficaz la legislación de la UE en el área de la salud y seguridad en el puesto de trabajo. 
Los Estados miembros han realizado un considerable esfuerzo, de modo que actualmente un 95 % de los instrumentos comunitarios ha sido trasladado a las legislaciones nacionales. 
Ahora nuestra atención ha de ser enfocada en la ejecución concreta y la eficacia de las legislaciones nacionales. 
También hemos de someter las directivas existentes a una evaluación continua y donde sea necesario modernizar y racionalizarlas. 
La Comisión se da por enterada de sus constructivas propuestas sobre la forma en que podamos emprender el mejor camino hacia la máxima eficacia de la legislación. 
El objetivo final debe ser la prevención y reducción del número de accidentes laborales. 
La Comisión apoyará de corazón las iniciativas de los Estados miembros enfocadas a la creación de la necesaria cultura de seguridad entre empleadores y empleados. 
Como entidades informativas, la Agencia de Bilbao y la Fundación de Dublín desempeñan un papel clave en esta política. 
Evidentemente, la mejora de la información para la pequeña y mediana empresa es crucial. 
La segunda prioridad es la preparación de la ampliación de la Unión Europea. 
También en este campo, el de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo, se exigirá de los países candidatos unos considerables esfuerzos para alcanzar el nivel de protección existente dentro de la Unión. 
La Comisión evalúa la medida en que un país candidato cumple con el acervo comunitario; y según los resultados de dicha evaluación determinamos cuál es la ayuda que se requiere de nuestra parte. 
Hay necesidad de formación, de información y de conocimientos técnicos, como ya dice usted en su proyecto de resolución, y no es del interés de nadie que puedan utilizarse las deficientes condiciones laborales como instrumento de competitividad dentro del mercado único. Digo esto también en contestación a una observación del Sr. Pronk. 
La tercera prioridad radica en el refuerzo de la relación con la disponibilidad. 
El aumento del empleo estable y el fomento de la disponibilidad para el mercado laboral son dos de los elementos más importantes de la estrategia europea para el empleo. 
Las medidas para la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo pueden constituir una fuerte aportación a estas actuaciones. 
Sabemos que la prevención de los accidentes es fundamental para el propio empleado y para su familia. 
Pero no subestimemos su significancia económica. 
Menos accidentes significan más trabajo, más competitividad y menores costes de la seguridad social. 
Puede ser que los artífices de la política no lo comprendan lo bastante y en la toma de decisiones políticas se preste insuficiente atención a esta faceta. 
La cuarta prioridad abarca la atención que se presta a los riesgos nuevos. 
El mercado laboral, hoy lo han dicho varios de los honorables diputados, está en pleno desarrollo. 
La transformación económica hacia una economía de servicios, el estable crecimiento del número de mujeres en el mercado laboral, el envejecimiento de la población activa, la aplicación a gran escala de nuevas tecnologías y también las nuevas formas de organización del trabajo tienen, en su conjunto, unas consecuencias para la seguridad en el trabajo. 
La Comisión Europea pondrá mayor énfasis en el estudio de las consecuencias de estos cambios y procurará que estas cuestiones se incluyan en la futura política sobre la salud y seguridad laboral. 
El análisis realizado por usted encaja perfectamente en este contexto. 
En su informe subraya usted con razón que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam reforzará el papel del Parlamento Europeo y el de los interlocutores sociales. 
La Comisión ya está ocupándose de la elaboración de las medidas necesarias. 
En la opinión de la Comisión el foro adecuado para el diálogo sobre la salud y seguridad en el trabajo es el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo. 
Está entre sus intenciones reforzar dicho comité, uniéndolo al Órgano Permanente para la Seguridad y la Higiene en las Minas de Hulla y otras Industrias Extractivas. 
Se han formulado una serie de preguntas y con relación a ellas he de observar que la resolución de su Parlamento subraya una vez más la trascendencia de los estudios en este campo. 
La Comisión sólo puede estar totalmente de acuerdo con ello y observa al respecto que en el Quinto Programa Marco para la investigación y el desarrollo se presta la necesaria atención a este área y que, de hecho, de dicho programa de investigación deberá resultar el apoyo necesario a las actividades comunitarias al respecto. 
La Sra. Boogerd concretamente ha hablado de las nuevas enfermedades, como el síndrome psicoorgánico causado por el uso de determinadas sustancias químicas; pues a este campo en concreto se dedica especial atención en el referido Quinto Programa Marco, donde se incluye, por ejemplo, también un tema como el de la prevención y lucha contra las consecuencias del estrés. 
En cuanto a la pregunta que se ha hecho sobre las posibles indemnizaciones quiero decir que será mejor que lo debatamos en el momento en que, apoyándonos en las investigaciones que acabo de comentar, tengamos una mayor comprensión de esa problemática. 
Por último, la prohibición del amianto ha sido planteada varias veces por diferentes oradores. 
Es correcto que actualmente existen unos tipos de amianto que aún no han sido prohibidos. 
Este es un asunto que aún se está estudiando en nuestra Dirección General III bajo la responsabilidad del Comisario Bangemann y en cuanto se obtengan los resultados de dichos estudios se le informará en detalle. 
Ciertamente está recibiendo la atención de la Comisión. 
Permítanme que con esto concluya y agradezca nuevamente a los honorables diputados sus valiosas sugerencias y propuestas; ayudarán a guiarnos en la dirección adecuada y serán de gran utilidad para la seguridad de los empleados y a su vez para la prosperidad económica dentro de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy jueves a las 11.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 10.35 horas, se reanuda a las 11.00 horas 
Señor Presidente, hoy se han repartido dos veces las listas de los diputados que asistieron ayer a las sesión. 
En ninguna de las dos figura mi nombre como asistente, y sin embargo firmé en la lista e hice una intervención sobre el tema Ocalan. 
¿No será que, como mi intervención fue a favor de Ocalan y de los kurdos, se me ha impuesto una sanción antiterrorista y en las listas figuro como ausente las dos veces? 
Pido, por favor, que se completen las listas. 
Por algún motivo hemos tenido problemas con la lista de asistencia, pero sabemos que usted estuvo presente y su asistencia constará en Acta. 
Señor Presidente, me ocurre lo mismo que al Sr. Ephremidis. 
Quiero subrayarlo porque yo también estuve aquí y firmé. 
Nos ocuparemos de que su asistencia conste en Acta. 
Le pido disculpas por este error. 
Señor Presidente, ayer y esta mañana he intentado obtener la palabra y le expreso mi agradecimiento por concederme ahora la posibilidad de decir algo. 
Ayer, la Sra. Stenzel habló sobre la catástrofe de los aludes en el Tirol. 
Quiero expresarle mi agradecimiento por sus palabras que apoyamos plenamente. 
Lamentablemente, la Sra. Stenzel sólo habló de modo expreso en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y de su propia delegación dejando de este modo al margen a una tercera parte de los austríacos. 
Lástima, pues ante las terribles dimensiones de esta catástrofe, habríamos aceptado gustosamente si hubiese hablado también en nuestro nombre. 
En tales momentos, no hay sitio para resentimientos políticos. 
Por ello, quiero expresar la profunda condolencia y solidaridad con las familias de las víctimas por parte de los diputados liberales. 
Gracias. Ayer por la tarde la Asamblea en pleno expresó su pésame por las víctimas. 
Votaciones 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal, quisiera pedir la devolución a comisión del informe Heinisch, dado el delicado clima político que, hoy por hoy, rodea nuestras relaciones con Turquía. 
No nos parece razonable ocuparnos del caso Ocalan en un sentido determinado y, al mismo tiempo, establecer relaciones de cooperación con Turquía. 
Y ello no porque el Grupo Liberal esté en desacuerdo con el fondo, es más, coincidimos en la necesidad de cooperar en lo que a los programas Sócrates y Juventud se refiere, sino porque no nos parece oportuno emitir un voto favorable, ya que se otorgaría a Turquía y a su Gobierno una sustancial legitimación política justo en el momento en que el caso Ocalan anda de boca en boca. 
Creo que, desde este punto de vista, es sumamente importante hacer una pausa para reflexionar. 
Últimamente se ha intensificado la guerra contra los kurdos en la parte sur oriental de Turquía. 
Los representantes de las organizaciones de derechos humanos señalan que la situación de los kurdos ha empeorado sensiblemente después de la detención de Abdulá Ocalan. 
La UE, los Estados miembros, otros estados democráticos y la comunidad internacional han dado acceso a Turquía a diferentes colaboraciones. 
A menudo los objetivos han sido el fomento de los derechos humanos y la democracia. 
Algunas colaboraciones han sido incluso condicionadas a que ese país respete los derechos humanos. 
Sin embargo, esas condiciones no han sido cumplidas. 
Es importante mantener los contactos y continuar el diálogo con Turquía. 
En general, no es una buena solución aislar totalmente a los países no democráticos. 
Mediante programas de intercambio de jóvenes se puede dar a estos la posibilidad de estudiar cómo funciona la democracia y así crear una voluntad de cambio. 
No obstante, es de vital importancia que los criterios de selección sean tales que todos los jóvenes, independientemente de, por ejemplo, su etnia, tengan acceso al programa. 
Otra exigencia es que los jóvenes no queden expuestos a represión al volver a casa. 
En la actual situación, estimamos que no es adecuado que el Parlamento Europeo apruebe la colaboración propuesta. 
El Parlamento Europeo debe postergar su aprobación hasta que se hayan obtenido claras señales de que se van a respetar los derechos humanos. 
Nos hemos abstenido en la votación sobre la participación de Turquía en los Programas Sócrates y «La Juventud con Europa». 
Mientras Turquía no respete los derechos humanos y garantice unas condiciones aceptables para las minorías del país, nos resultará difícil apoyar la participación de este país en estos programas. 
Nuestro voto de hoy se adecua a la postura que hemos mostrado con respecto a otras cuestiones relativas a Turquía, como por ejemplo la unión aduanera y el asunto Ocalan. 
Sobre el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, el Parlamento Europeo nos propone en el día de hoy que Turquía figure entre los beneficiarios de los programas Sócrates y Juventud por Europa III. Cuando la Unión Europea, con toda razón, ha puesto condiciones claras y precisas para la adhesión de los PECO, a esta Asamblea le parece natural que un país como Turquía, que responde poco a estos criterios, participe en unos programas comunitarios cuya financiación, en el actual estado de cosas, es complicada de asegurar. 
Turquía es en la actualidad sospechosa para la comunidad internacional de preparar para el Sr. Abdulá Ocalan un proceso político con sentencia dictada; el Consejo Europeo está obligado a especificar que espera «un trato equitativo y correcto, un proceso abierto, de conformidad con las reglas del derecho, ante un tribunal independiente al que tengan acceso los asesores jurídicos que elija (el Sr.Ocalan) », condicionando «la mejora de las relaciones euroturcas al respeto por estos criterios» , señalando así su inquietud efectiva sobre la realidad de su aplicación. 
Una vez más, sobre este tema al igual que sobre tantos otros, el Parlamento Europeo mantiene actitudes angelicales, al pretender que sus interlocutores no son como son, sino como quisiera que fueran. 
No se puede tener un doble lenguaje cuando las divergencias alcanzan un nivel semejante. 
Que los PECO participen en estos programas es normal desde el momento que responden a los criterios definidos, y se preparan para integrarse en la Unión Europea a medio plazo. 
Con respecto a Turquía, es largo el camino hasta que alcance el nivel de respeto por estos criterios, en el supuesto de que tenga vocación de integrarse en la Unión. 
En efecto, Turquía, que sólo posee una mínima parte de su territorio en el continente europeo, no es ni por su historia ni por su civilización una nación europea. 
Sería más útil y coherente afirmarlo de una vez por todas y desarrollar con este gran país convenios de cooperación y de relaciones estrechas sobre un fundamento distinto del de la promesa siempre rechazada de una posible adhesión. 
Por ello hemos votado contra este informe. 
Esta segunda lectura en codecisión del informe de la Sra. Heinisch ha sido rechazada en numerosas ocasiones, habida cuenta de la controversia vinculada al tema. 
Se trata de permitir que Turquía acceda a los programas europeos en materia de educación y juventud. 
Estos programas «Sócrates» y «Juventud por Europa III» , concluyen a finales de 1999. 
Por consiguiente, no es cierto en absoluto que la participación de los jóvenes turcos sea efectiva, pero votar positivamente supone al menos actuar en el ámbito de los principios y desbloquear unas relaciones en unos sectores esenciales para el futuro de Turquía (la educación y la juventud). 
Este Parlamento ya se ha pronunciado además favorablemente sobre este tema en una resolución de septiembre de 1998, y el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 confirmó la elegibilidad de este país a la adhesión a la Unión Europea. 
Votar positivamente supone también ayudar a abrir la mente de los jóvenes turcos en contacto con sus colegas europeos; supone además estimular el desarrollo de la tolerancia, y así se puede esperar que la población turca en general tome conciencia de la necesidad de una democratización indispensable e imprescindible. 
Votar positivamente es un desafío para el futuro y un desafío igualmente para el respeto de los derechos humanos que, para ser efectivo, necesita una educación y una formación específicas que puedan adquirirse con la participación en estos programas, mediante el intercambio. 
Hay que utilizar todas las posibilidades para integrar a los ciudadanos de Turquía en programas básicos para la democracia, la libertad de pensamientos y los derechos humanos. 
Una posibilidad importante para discutir asuntos sociales relevantes en aras de un desarrollo democrático es el diálogo con los ciudadanos, especialmente con los jóvenes turcos. 
Sin embargo, el momento para permitir a Turquía formar parte de los programas «Sócrates» y «Juventud» está muy mal elegido. 
La detención del dirigente del PKK Abdulá Ocalan por parte de Turquía y el proceso que se ha iniciado en su contra, en dudosas circunstancias desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tienen que encontrar resistencia y distanciamiento. 
Turquía no quiere ni puede garantizar un tratamiento justo de Abdulá Ocalan, en un proceso independiente, con asistencia jurídica durante todo el proceso y controlado internacionalmente. 
Turquía se niega a discutir el tema del reconocimiento de la identidad kurda, su idioma y su cultura, y la creación de una autonomía regional para las regiones kurdas dentro de las fronteras turcas. 
Tampoco acepta Turquía derechos democráticos tales como la libertad de expresión y el derecho de los kurdos a formar partidos democráticos de la misma manera como lo hacen los turcos. 
El partido HADEP, dominado por los kurdos y que se propone participar en las elecciones turcas el 18 de abril, está siendo objeto de prohibiciones en el tribunal constitucional para participar en las elecciones. 
La UE debería enviar una delegación a Turquía para seguir el desarrollo de los acontecimientos en el país durante el tiempo que dure el proceso contra Abdulá Ocalan. 
Se debería realizar una conferencia internacional para iniciar un diálogo por la paz en Turquía. 
Se da una señal errónea al conceder medios y permitir a Turquía su participación en diversos programas comunitarios antes de saber cómo va a proceder en el asunto kurdo. 
Esto, entre otras cosas, porque Turquía ha prometido cumplir exigencias de democracia, de derechos humanos, fin de las torturas, etcétera, en el acuerdo aduanero con la UE. 
Las estadísticas de las compañías de seguros muestran que el robo de automóviles es un gran problema en los países miembros de la UE. 
Muchos coches robados logran ser sacados a países fuera de la UE, donde se les pinta de nuevo, vuelven a ser matriculados y son revendidos. 
Para combatir el robo de automóviles, resulta necesario poder controlar a los estados de matriculación; sin embargo, la existencia de normas diferentes en los países miembros hace difícil el control. 
La propuesta de directiva es por ello una iniciativa necesaria y valiosa por parte de la Comisión que traerá consigo la unificación de una serie de datos mínimos y los códigos para los datos en los certificados de matriculación de automóviles comunitarios. 
Las enmiendas del Parlamento al texto de la Comisión de la primera lectura afortunadamente han sido asumidas en buena medida por el Consejo, por lo que es de esperar una rápida aprobación e implantación de la directiva para que así pueda ponerse freno, entre otros, al robo organizado de automóviles dentro de la UE. 
El Parlamento Europeo está luchando desde 1994 por conceder una financiación razonable y coherente al programa Sócrates. 
El último compromiso votado en 1998 nos había decepcionado por la pusilanimidad de la Comisión. 
Hoy, por el contrario, veo nuestros esfuerzos recompensados por el aumento de la asignación presupuestaria para el período 2000-2006. 
Doy por tanto mi aprobación al Informe Pack. 
Los 119 millones de estudiantes y los 4 millones de docentes con los que cuenta la Unión Europea desean que siga adelante un programa que ha permitido a medio millón de estudiantes ir a estudiar a otro país, a 60.000 estudiantes efectuar misiones de enseñanza y a 110.000 jóvenes realizar intercambios educativos. 
Esta cooperación ha de verse estimulada, la movilidad intensificada y de forma general la dimensión europea desarrollada en todas las etapas educativas. 
El 87 % de los participantes consideran favorable su contribución a Sócrates, principalmente cuando se trata de la construcción europea y de un mejor conocimiento de nuestros vecinos inmediatos. 
La nueva filosofía de Sócrates II se orienta aún más hacia las necesidades no satisfechas en los cinco últimos años: ampliación a los jóvenes adultos sin cualificación y a los países candidatos a la adhesión. 
No se podía, por tanto, mantener este programa en una indigencia que aumentaría sin cesar y de la que Sócrates padece desde sus orígenes. 
El incremento de presupuesto de hoy encuentra plenamente su significado y su coherencia. 
La Comisión nos ha apoyado aprobando total o parcialmente 34 de nuestras 54 enmiendas presentadas en primera lectura. 
En el curso de la última reunión de nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Sra. ponente ha podido encontrar un terreno de compromiso con nuestro colega Elchlepp, y ahora disponemos de un informe muy bueno. 
Pretendemos reforzar el principio de movilidad de los estudiantes, principalmente en el caso de aquellos que ya están en formación, y además, afirmamos que la situación socioeconómica de los estudiantes ha de ser analizada realmente y tomada en consideración en el momento de la concesión de las becas. 
Por otro lado, alentamos a los Estados miembros a aportar el complemento necesario para esta movilidad proporcionando la financiación necesaria. 
Más claramente, les pedimos que no dejen de ayudar económicamente a un joven con el pretexto de que participa en un programa «Sócrates». 
No nos queda por tanto más que, con nuestra votación de hoy, confirmar nuestras propuestas presupuestarias: 2.500 millones de euros para un período de 7 años, en lugar de 1.550 millones de euros para el mismo período como desea el Consejo de Ministros. 
Hemos de unirnos para defender nuestro punto de vista, más justificado en la medida en que el programa está abierto a los países asociados de Europa central y oriental, a Chipre, a Malta y a Turquía. 
Informe Rothley (A4-0037/99) 
Opinamos que no es tarea del Parlamento presentar propuestas en este campo. 
En nuestra opinión, las reglas europeas tienen ventajas: que las patentes solamente pueden otorgarse a inventos nuevos en relación con lo que era conocido hasta el día anterior a la solicitud. 
Es una regla simple y clara. 
Un «grace period» seguramente produciría más conflictos sobre quién tiene derecho a un invento ya conocido. 
Si las reglas van a modificarse, primero tendrá que hacerse un profundo análisis de la situación legal y de las consecuencias de tales modificaciones. 
Sin embargo, esta tarea no corresponde al Parlamento. 
El informe de iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la introducción de un período de gracia toca un aspecto importantísimo de la legislación sobre patentes. 
Como regla básica, cualquier ley de patentes obviamente ha de impedir la concesión de patentes a descubrimientos que ya sean de dominio público. 
Sin embargo, el período de gracia reconocido, entre otras, en las legislaciones norteamericanas y japoneses sobre patentes otorga a estos países una ventaja frente a la UE en un campo de gran trascendencia para el desarrollo empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
De ahí que resulte absolutamente necesario acabar con semejante desigualdad introduciendo también en la UE un período de gracia limitado, en el que puede concederse patentes a descubrimientos de dominio público. 
Simpatizamos con los objetivos de hecho del ponente. 
No obstante, opinamos que los asuntos relacionados con los derechos de patentes deben tratarse y solucionarse en el ámbito de un órgano internacional, OMPI, y de la Oficina de Patentes Europeas. 
La incorporación de la Unión Europea como una parte especial, complica el asunto. 
La declaración de la Comisión acerca de la competencia de la Unión está, además, muy débilmente fundamentada. 
Por las razones expuestas, hemos votado en contra del informe en la votación final. 
Informe Grossetête (A4-0053/99) 
Como ha señalado mi colega Souchet en su intervención, nuestro grupo ha votado la totalidad de enmiendas presentadas a este informe, con excepción de las enmiendas 12, 13 y 15 de la Comisión de Medio Ambiente. 
En efecto, es necesario privilegiar todos los sectores que permitan el control de los residuos de materiales de envasado y no reservar sólo a la reutilización y al reciclado esa gestión de los residuos. 
Existe la valoración térmica, no se debe olvidar. 
Envases como los cartones o la madera son útiles en el proceso de incineración de las basuras domésticas. 
Con respecto al procedimiento de certificación de conformidad de los envases, la responsabilidad ha de ser asumida por los fabricantes de envases y no por los industriales transformadores, y ello en aplicación del principio de que el que contamina paga y de la simplificación administrativa vinculada al número de operadores. 
Finalmente, desearía precisar la posición de nuestro grupo relativa a las ecotasas sobre los envases. 
En algunos Estados miembros se han puesto en marcha sistemas gravosos y vinculantes con respecto a las ecotasas, que limitan el acceso a su mercado de los productos de los demás Estados miembros. 
Sobre este punto es necesario que la Comisión tenga una posición clara, que se apoye en el sistema de las ecotasas aplicadas en Alemania y en Francia. 
Efectivamente, esos sistemas se basan en un sistema de marcado común válido para el conjunto del sector «valorización de los residuos» , en un sistema administrativo sencillo y equitativo tanto con relación a los operadores internos del Estado miembro como con respecto a los operadores de los demás Estados miembros y en un sistema que permite una aplicación óptima de gestión integrada de los envases y de sus residuos. 
Debo recordar que el sistema de imposición ha de ser también equitativo en función del o de los materiales utilizados en la fabricación del envase. 
En Francia, por ejemplo, algunas administraciones, con el fin de favorecer a la sociedad Eco-emballages en detrimento de otras sociedades de recaudación de ecotasas, desean aplicar un sistema de IVA reducido que favorezca el planteamiento «multimateriales». 
Si esta modificación fiscal se aprueba, los sectores de reciclado como el del vidrio se verían penalizados en beneficio de otros materiales más contaminantes. 
Informe Schnellhardt (A4-0003/99) 
Señor Presidente, quería explicar mi comportamiento de voto pues se me ha acusado de haber votado a favor del vino y de haber ignorado de algún modo la cerveza que se hace en mi distrito electoral. 
He votado muy conscientemente a favor del vino pues soy de la opinión de que el vino es una de las partes más esenciales de nuestra civilización. Esto comenzó ya en la época de Jesucristo quien hizo el primer milagro con el vino. 
Si hubiese sido un contemporáneo, probablemente habría transformado vino en agua, pero lo que hizo fue transformar el agua en vino, por lo que debemos defender el vino como parte de la tradición europea, independientemente de que debemos contar con un gran ataque contra el vino europeo, por lo que debemos hacer todo lo posible para defender al máximo el vino europeo. 
He votado contra este informe porque quiero que se respete el Tratado, es decir, que todo lo que concierne a los vinos y espirituosos ha de verse regulado en el marco de los reglamentos en relación con la organización común del mercado de los productos vitivinícolas. 
El Parlamento ha votado un texto relativo a disposiciones totalmente contradictorias. 
Si esta votación hubiera sido una votación final lo que, afortunadamente, no es el caso, una directiva así sería totalmente inaplicable. 
En estas condiciones, el informe debería haberse devuelto a comisión. 
Desafortunadamente, el propio ponente ha sembrado el desorden, distribuyendo una lista de votación contraria a la lista oficial del grupo al que pertenezco, y él también. 
Se trata de una prueba suplementaria de la falta de «fair-play» del que ha dado prueba a lo largo del debate y de la votación en comisión. 
La Comisión está con los 206 diputados que han votado contra el informe, y eso me tranquiliza. 
Nuestro grupo ha votado contra la resolución legislativa y contra la propuesta de reglamento modificada. 
En efecto, la lógica de esta directiva era aplicar un procedimiento relativo al etiquetado de bebidas alcohólicas. 
La votación en sesión plenaria presenta dos fallos importantes. 
Uno tiene relación con lo que se llama las «premixes» , es decir, las bebidas alcohólicas que incorporan agua con gas, azúcar y aromatizantes, destinadas a jóvenes. 
Estas premixes, tras la votación en sesión plenaria, tendrían un estatuto de etiquetado mucho más favorable que los vinos y espirituosos. 
Ahora bien, el vino es un producto cultural destinado a una población de más edad y que se consume en su mayor parte durante las comidas. 
Los efectos del alcohol son por tanto totalmente diferentes entre el vino y estas premixes que se consumen sin comer nada durante las veladas. 
Por lo que respecta a la segunda, tiene relación con la lista de los productos integrados en el anexo. 
En efecto, la enmienda 14 del Sr. Hallam incorpora en la presente directiva las cervezas, la sidra y la sidra de peras. 
Ahora bien, estas bebidas no son productos agrícolas, es decir, que no dependen de una organización común de mercados específica regida por un reglamento agrícola sometido al procedimiento del artículo 43. 
La amalgama hecha por los cerveceros y los industriales de la sidra puede perjudicar al conjunto del sector vitícola. 
Estas dos razones han jugado por tanto a favor de nuestra oposición a la aprobación de esta directiva. 
Esperamos que durante el procedimiento de codecisión, es decir, en segunda y tercera lectura, estas dos enmiendas se vean rechazadas por el Pleno. 
Informe Langen (A4-0021/99) 
Por razones de salud pública el impuesto al tabaco debe ser alto, ya que un alto precio tiene el efecto de frenar la demanda. 
Combinando un alto precio con límites de edad, estrictos controles de los lugares de venta e información a la población, las posibilidades de limitar el uso del tabaco son buenas. 
En algunos casos, un alto impuesto sobre el tabaco en relación con los países circundantes puede conllevar un aumento de las importaciones ilegales y la formación de un mercado negro. 
Suecia es uno de los países afectados. 
Por este motivo, se ha visto la necesidad de reducir provisionalmente el impuesto a los cigarrillos para disminuir los incentivos del mercado ilegal y arrinconar el mercado negro. 
Votaremos contra el Informe Langen. 
No porque proponga enmiendas inaceptables al texto de la Comisión, sino porque los diputados del Frente Nacional se han pronunciado siempre contra la armonización fiscal y en defensa de uno de los principales aspectos de la soberanía: la capacidad de los Estados para recaudar impuestos. 
Votaremos contra este informe por otra razón: la hipocresía general que mantienen los poderes públicos de todo tipo sobre la cuestión del tabaco. 
Todo el mundo sabe que fumar no es bueno para la salud. 
Eso figura incluso en cada cajetilla de tabaco, en unas reseñas que ya nadie lee desde hace tiempo. 
Los que deciden se jactan periódicamente de la preocupación que sienten en cuanto al desafío de salud pública que representa la lucha contra el tabaquismo. 
Pero en mi país el Estado es perceptor en la producción de cigarrillos y, de cada cajetilla vendida ingresa el 75 % de impuestos. 
Estamos en nuestro derecho de plantearnos esta pregunta: el interés declarado por la salud ¿no es una simple pantalla que oculta un objetivo fiscal real, como es el mantenimiento de unos ingresos presupuestarios que no tienen nada de marginal? 
No dudemos que el fumador es, en Francia y en los demás países de la Unión, una vaca lechera al mismo nivel que al automovilista. 
Además, hay realidades económicas que no debemos olvidar. 
Hemos de velar por la perennidad del sector del tabaco en la Unión Europea, sobre todo cuando sabemos que nuestros productores nacionales no satisfacen más que el 20 % de las necesidades industriales. 
Debemos estar atentos para apoyar esta actividad que desempeña una función nada desdeñable en la supervivencia del tejido rural en muchas regiones como Alsacia. 
Hemos de estimular la producción de tabacos de calidad, menos ricos en alquitranes. 
Por ello damos nuestra plena aprobación, una vez no hace hábito, a la reforma de la OCM del tabaco. 
Y no podemos más que lamentar que no se haya hecho nada por reducir la dependencia exterior de la UE en este ámbito. 
El mayor problema al que se enfrenta la industria del tabaco en el Reino Unido es el contrabando, en particular, de tabaco de picadura procedente de Bélgica y Francia. 
Por ello me complace que el ponente aborde este asunto en su informe. 
Es interesante que bajo el dogma del mercado único, a la Comisión no le importe en absoluto que algunos pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de la desaparición de la venta libre de impuestos, y que se haya mostrado igual de indiferente ante los puestos de trabajo de la industria del tabaco que se ven amenazados por las diferencias que existen en el mercado único, que es la causa del contrabando. 
Personalmente preferiría que mi Gobierno nacional redujera los impuestos sobre el tabaco de picadura en el Reino Unido. 
Habida cuenta de que es improbable que lo haga, la alternativa es que se incrementen los impuestos sobre el tabaco de picadura a este lado del Canal de la Mancha. 
Sólo en 1998, el servicio de aduanas del Reino Unido calculó unas pérdidas de ingresos por valor de 1.000 millones de libras como resultado del contrabando a través del Canal de la Mancha. Esta suma no incluye la pérdida de ingresos por el contrabando en grandes buques de carga o por aire. 
Está claro que existe un problema importante que afecta a los puestos de trabajo del Reino Unido. La Comisión debería tomar nota de las peticiones de los políticos elegidos para que adopte medidas en este frente. 
Detención de Abdulá Ocalan (B4-0223/99) 
Señor Presidente, he votado muy conscientemente contra todo en esta resolución pues la considero mala por la siguiente razón: se encumbra a un terrorista que tiene en su conciencia miles de muertos, se le honra mientras que por otro lado el Presidente de nuestro Parlamento- no usted, sino otro- ha rechazado debatir ahora sobre la cuestión de los albanos en Kosovo, quienes están siendo asesinados por los serbios, aplazándolo hasta el día del Juicio Final. 
Me parece un escándalo, pues nuestra primera obligación no es con terroristas sino con civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos que son asesinados. 
Por ello, sólo quiero decir: he votado conscientemente en contra de todo pues era el lugar erróneo. 
No es nuestra tarea la de abogar por terroristas pero sí por aquellos que trabajan pacífica y activamente por la libertad de los pueblos. 
Proyecto de acuerdo con Sudáfrica (B4-0222/99) 
Pretendo dejar claro que el apoyo a Nelson Mandela y a la lucha del pueblo sudafricano por la consolidación de una democracia antirracista- que, en nuestro caso, es una causa de siempre, incluso cuando algunos de los más ruidosos defensores actuales de los mismos objetivos aún no se habían convertido y atacaban a Mandela y al ANC- no puede legitimar una cesión irresponsable en una cuestión fundamental que no se debe confundir con el proteccionismo. 
Ha costado mucho hacer reconocer por la Unión Europea y, a partir del año 2000, por la Organización Mundial del Comercio la protección de las denominaciones de origen de Oporto y de Jerez. 
Así, pues, no podemos aceptar que se deje de lado semejante garantía, sobre todo cuando el preacuerdo concertado por el Comisario Deus Pinheiro no da ninguna seguridad de que Sudáfrica dejaría de utilizar las denominaciones PORT y SHERRY después de agotados los ya de por sí largos períodos transitorios durante los cuales podría, por ejemplo, exportar a un mercado tan importante como los Estados Unidos de América. 
Por lo demás, la cuestión no se resume en las relaciones bilaterales UE-Sudáfrica y entraña el riesgo de sentar un precedente del que podrían aprovecharse, contra el oporto y el jerez, otros países productores de vino, como los propios Estados Unidos de América (California) , Australia, Chile, etc. 
Y, como nosotros representamos a ciudadanos electores y poblaciones concretas- al contrario de los que irresponsablemente firmaron en Davos el preacuerdo -, hemos votado en contra de la resolución y pedimos al Consejo que, una vez corregidos con equilibrio los aspectos indicados, haga todo lo posible para una rápida aprobación de los acuerdos UE-Sudáfrica. 
Señor Presidente, colegas, es muy decepcionante la noticia de que últimamente han surgido dificultades en las negociaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica. 
Las conversaciones con Sudáfrica se vienen celebrando ya durante más de tres años y quisiera recordar el compromiso que asumimos de celebrar un acuerdo UE-Sudáfrica antes de marzo como muy tarde. 
El paquete final negociado por el Comisario Pinheiro y respaldado por toda la Comisión es la base de un sólido acuerdo de asociación de comercio, desarrollo y cooperación técnica. 
En este contexto, quisiera instar a los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal a que consideren detenidamente las implicaciones de retrasar el acuerdo. 
No olvidemos que este acuerdo no es únicamente de comercio. 
Tiene un gran significado político. 
Sudáfrica es un país que lucha por construirse una nueva identidad democrática y reconciliarse con su pasado. 
Es un país en el que existen problemas políticos y sociales. 
Este acuerdo es fundamental para alentar los procesos que se han puesto en marcha. Interrumpirlo ahora supondría un serio golpe para nuestros socios sudafricanos. 
Apelo a los gobiernos pertinentes para que reconsideren su posición y eliminen cualquier obstáculo al acuerdo que refleja una visión miope de la situación. 
Hago un llamamiento a dichos gobiernos para que adopten una visión a largo plazo- a que accedan a las propuestas de la Comisión que reflejan los deseos de esta Asamblea y del Consejo Europeo de Viena. 
No deben escatimarse esfuerzos para la aplicación del Compromiso alcanzado en Davos que permitirá unas relaciones sólidas con Sudáfrica. 
Como he dicho, se trata de un acuerdo fundamental para la nueva democracia sudafricana, pero además constituye la base de una asociación de iguales, una asociación que potencie a ambas partes económica así como estratégicamente. 
El acuerdo sobre desarrollo comercial y cooperación con Sudáfrica merece todo nuestro apoyo, dado que contribuye a la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y el gran espacio social y económico del África meridional, que constituye una de las grandes esperanzas para el futuro de la Humanidad. 
Pero sucede que ese acuerdo sólo tiene sentido, si se realiza en pro del interés pleno de todas las partes. 
Ahora bien, sucede que hasta el presente no se han tenido en cuenta algunos de los intereses de las partes. 
Como ocurre en particular con el vino de Oporto, en el que debe quedar absolutamente claro que Sudáfrica no podrá producir ni comercializar vino alguno con ese nombre después de que concluya el período transitorio. 
Se trata de un asunto que debe quedar claro en el texto del acuerdo o en una declaración aneja. 
Y en ese marco la ayuda de 15 millones de euros concedida por la Unión Europea sólo tiene sentido si se destina a la reconversión de esos vinos para vinos de mesa o para el abandono de la actividad. 
Y, si no es así, tampoco tiene sentido la concesión arancelaria concedida a un contingente de 32 millones de litros de vino de mesa. 
Por todas estas razones, consideramos que el Comisario ha hecho bien en aplazar una decisión hasta que hayan quedado más claras todas las cuestiones. 
Por eso, también hemos votado en contra de esta resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo. 
No nos cabe duda sobre la importancia política que reviste para Sudáfrica y para el régimen democrático sudafricano el establecimiento de un acuerdo de cooperación entre ese país y la Unión Europea. 
Como tampoco olvidamos la importancia y la necesidad de contribuir a consolidar un régimen que devolvió la dignidad nacional a Sudáfrica y procura erradicar el racismo de ese país. 
Entre otras cosas porque a ese respecto algunos de los que hoy dicen defender la democracia en Sudáfrica y ayer hacían la vista gorda ante las persecuciones y crímenes del régimen del apartheid, por considerar al Presidente Mandela un terrorista, no tienen autoridad moral y política para invocar la democracia a propósito de este acuerdo. 
Ahora bien, conviene subrayar que, a pesar de haberse dispuesto en el Consejo de Viena que se debería adoptar una decisión sobre un proyecto de acuerdo antes de marzo de este año, no nos causa inquietud particular que se haya anunciado ahora que se aplaza por algún tiempo más esa decisión. 
De hecho, los compromisos concretos asumidos por la Comisión, por mediación del Comisario Deus Pinheiro, no son, desde luego, los más correctos, ya que contaron con la oposición de al menos cuatro Estados miembros (Portugal, Francia, España e Italia). 
Por tanto, hay que revisarlos para que un acuerdo que se pretende y desea equilibrado no resulte perjudicial para importantes sectores comunitarios. 
Y, por lo que se refiere a mi país, que dichos compromisos no pongan en entredicho un sector importante de la economía nacional como es el del vino de Oporto. 
Se trata tan sólo de fijar plazos aceptables para terminar de una vez con la producción y la comercialización de un producto que, por ser producido sólo en el valle del Duero, en Portugal, no puede ver su denominación de origen utilizada por otros, sea cual fuere el pretexto para hacerlo. 
Por eso, consideramos prudente no ser voluntaristas, sino que, al contrario, es preferible esperar un poco más a tener en cuenta de forma real y efectiva estas y otras cuestiones a fin de que se establezca rápidamente un acuerdo que satisfaga plenamente a todas las partes interesadas. 
Por eso no subscribimos ni apoyamos la propuesta hoy aprobada que olvida elementos importantes relativos al futuro acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica y que, si se omiten, podrían comprometer la plena eficacia política y económica de dicho acuerdo. 
Informe Grosch (A4-0032/99) 
Recibo el trabajo de nuestro colega Mathieu Grosch con cierta satisfacción, ya que aborda con justicia la cuestión social en el ámbito del transporte, y principalmente el punto crucial del tiempo de trabajo. 
Comparto el planteamiento del ponente, que vincula el tiempo de trabajo a la seguridad. 
Añadiré también a la calidad de vida para los asalariados. 
Por otra parte, debo señalar que el texto afirma como principio que la reducción del tiempo de trabajo no puede verse acompañada de una reducción de la remuneración inicial. 
Esto era necesario. 
Por el contrario, puede ser peligroso vincular ésta a la noción de flexibilidad, sabiendo que los asalariados del sector del transporte están en general fuertemente sometidos a esta obligación, portadora de una inseguridad potencial directa o indirecta importante, cuando sabemos la fuerte amplitud de los «lapsos» de trabajo. 
Por otra parte, quiero también saludar a la Comisión, y muy especialmente al Sr. Neil Kinnock, que ha tomado conciencia muy rápidamente de sus riesgos, pero también de las consecuencias sociales del «dumping» social practicado por algunas empresas y de sus repercusiones en materia de competencia intracomunitaria. 
Finalmente, frente a la internacionalización creciente de los transportes, es necesario defender nuestra legislación en los organismos internacionales y conseguir unas reglas mínimas, especialmente en el transporte marítimo y aéreo. 
Creo que se puede esperar que este paso importante hacia una armonización de las disposiciones sociales para el sector del transporte pueda hacer escuela en otros ámbitos. 
Sigo creyendo que la construcción de una Unión Europea fuerte no puede hacerse sin una convergencia de las normas sociales nacionales. 
El punto de partida de este informe es obviamente provechoso. 
Hay muchos aspectos en los que estamos de acuerdo, entre otros, en lo referente a las jornadas de trabajo en el sector de los transportes y las consideraciones a las personas inválidas. 
Sin embargo, nos preguntamos si la UE es la instancia adecuada para decidir en muchos de estos asuntos. 
La UE puede ser evidentemente un órgano para coordinar algunas decisiones, pero opinamos que es erróneo dar poder a la UE para que tome decisiones supranacionales en el ámbito de la política social. 
Este informe pertenece a la categoría de ridiculeces, intrusiones y reglamentaciones detalladas. 
Las jornadas de trabajo y la legislación social en el sector de los transportes deben fijarse por medio de acuerdos entre las partes del mercado y, si éstos no pueden alcanzarse, a través de legislaciones de carácter nacional. 
No hay motivos para que la UE regule por medio de directivas los tiempos de conducción, los horarios, los períodos de descanso y otros detalles. 
Pensamos que éste, en el fondo, es un buen informe. 
Se ocupa de problemas, en relación con las leyes sociales, que pueden tener los asalariados pertenecientes a profesiones que traspasan las fronteras, lo que en Suecia está comprendido en las leyes laborales. 
Vemos que las leyes que propone el ponente son necesarias. 
No obstante, opinamos que no es la Comisión la llamada a redactar ni a presentar propuestas de ley. 
Ya nadie duda de que las medidas de liberalización del mercado hayan llevado a una reducción drástica de los puestos de trabajo, a una extensión de los trabajos atípicos y a tiempo parcial en detrimento del empleo estable y a jornada completa; tampoco duda nadie de que hayan conducido al incumplimiento de la legislación laboral y sobre seguridad social sirviéndose de los contratos de prestación de servicios; nadie duda de que dichas medidas hayan invalidado los convenios colectivos, de que hayan ocasionado una reducción de los salarios, y a pesar de todo esto, tanto la Comisión como los Estados miembros insisten en seguir con esta lógica e incluso fomentan nuevas medidas, y la punta son los ferrocarriles y el transporte por carretera de pasajeros y además hacen hincapié en el cumplimiento del calendario para la liberalización plena del cabotaje marítimo. 
En este marco, la previsión de medidas de una alta protección social de los trabajadores en el ramo es especialmente importante, siempre y cuando implique una mejora de las condiciones de trabajo, una observancia estricta de las disposiciones de protección, el apoyo a los convenios colectivos laborales, la reducción del tiempo de trabajo sin disminución de los salarios. 
Sobre este tema en especial, aprovechando el debate sobre la ampliación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en el sector de los transportes, la Comisión podría reconsiderar el tiempo de trabajo semanal con vistas a su reducción. 
Somos contrarios a cualquier intento de ampliar más la flexibilidad y de facilitar el incumplimiento de la reglamentación sobre el tiempo de trabajo semanal mediante las propuestas sobre una ampliación del periodo de referencia para los trabajadores móviles que prevé el proyecto que se ha presentado. 
Por otra parte debe definirse claramente el concepto del tiempo de trabajo, ya que en el sector de los transportes es un concepto especialmente delicado y debe incluir no sólo el tiempo de conducción y el tiempo dedicado a la carga y descarga del vehículo, sino también el tiempo restante en que el trabajador está a disposición del empresario. 
Desaprobamos especialmente la falta de medidas por parte de la Comisión para afrontar el deterioro de las condiciones laborales y salariales, mediante disposiciones legislativas nacionales, para así aumentar los beneficios de las empresas a la vista del aumento de la competencia. 
Por ejemplo, el fenómeno de los segundos registros debe combatirse inmediatamente. 
Por otra parte, la Comisión, en lugar de tomar medidas para mejorar la legislación de los Estados miembros, con su propuesta de modificación del reglamento sobre el cabotaje, al Estado de acogida le priva del poder de definir las condiciones de provisión de personal. 
Nosotros creemos que ni la competencia internacional ni, en general, las potencias del mercado pueden, en ningún caso, constituir una coartada para reducir la protección. 
Por el contrario, hacen necesaria la adopción más coordinada de unos estándares sociales elevados que fortalezcan el nivel de protección en los países en que la protección social es más baja, que protejan a los trabajadores, por su propia seguridad y la de los usuarios. 
Nada de esto puede suceder si no se respeta el principio del servicio público y si no se pone freno al liberalismo extremo, que hasta el día de hoy sólo nos ha traído consecuencias negativas. 
La protección de los trabajadores en el sector de los transportes es ahora especialmente imperiosa porque la intensificación de la liberalización en dicho sector ha ocasionado problemas muy graves y un deterioro dramático de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. 
Sobre esta base, queremos subrayar el carácter positivo de bastantes de las propuestas del ponente y deseamos pedir su aceptación y su materialización. 
Informe Gallagher (A4-0018/99) 
He votado favorablemente las enmiendas 6 y 20, es decir, un reto a la Comisión para que en las propuestas que se ha comprometido a aprobar antes del 31 de diciembre del año 2001, proponga que el límite se amplíe de 12 a 24 millas marinas. 
Se trata de descentralizar y de dar posibilidades a los estados ribereños para gestionar por sí mismos la pesca costera en el ámbito nacional. 
En la UE no existe una política pesquera común, porque las regiones siempre son pasadas por alto. 
Existe una creciente necesidad de conocer mejor las necesidades y los requisitos de estas zonas que aunque pequeñas, son muy importantes y en las que la industria pesquera, tanto en el mar como en tierra, son de vital importancia para la comunidad y la economía local. 
Necesitamos una política pesquera que sepa reflejar las necesidades del sector. 
La actual política, habida cuenta especialmente de la Preferencia de La Haya, va totalmente en contra de Irlanda del Norte y debe ser modificada para que sea justa para todos los que participan en la pesca. 
También necesitamos un incremento de los actuales límites sobre nuestras costas. 
Insto al Parlamento a votar en favor del límite de veinticuatro millas para proteger nuestras pequeñas flotas pesqueras. 
Hay elementos importantes del informe que conviene subrayar. 
Desde luego, el mantenimiento del principio de estabilidad relativa. 
Después, y sobre todo, los que no fueron incluidos por enmiendas que presentamos y que, por haber sido aprobadas, no sólo reafirman la voluntad de este Parlamento de ver mantenido en el ámbito de la exclusiva soberanía nacional de los países ribereños el acceso al mar territorial de las doce millas, sino que, además, desean ver ampliada dicha distancia a veinticuatro millas. 
Esos elementos son importantes y decisivos para la aplicación de una política de regionalización tal como la entendemos, es decir, como una aplicación del principio de subsidiariedad a la Política Pesquera Común mediante la profundización de una descentralización que se plasme en la posibilidad de que los Estados miembros adapten orientaciones generales de preservación de las poblaciones de peces y de control de la Política Pesquera Común y determinen, junto con el sector y la Comunidad Europea, las medidas concretas en el plano regional o nacional o en ambos que resulten adecuadas para entroncar con objetivos más generales. 
No es ésa la perspectiva de regionalización que se recoge en el informe. 
En éste, regionalización es un concepto que parece muy nebuloso e insuficientemente caracterizado y que parece consistir en dividir mares y partes de océanos en zonas y subzonas que se entregarán a una gestión compartida y asumida por grupos variables de países de acuerdo con la localización geográfica de dichas divisiones. 
Y, en esa gestión, la formulación de las orientaciones sería plena y desligada de un debate conjunto y abarcaría la casi totalidad de las vertientes hoy pertenecientes a la Política Pesquera Común. 
Resultan evidentes los desequilibrios y las discriminaciones que podría propiciar esa perspectiva. 
Por eso, subscribimos, entre otras cosas porque somos autores de ellas, las propuestas antes citadas y relativas al acceso a los recursos, pero rechazamos la perspectiva de regionalización que aborda el informe. 
Nuestro grupo ha votado contra la aprobación del informe de nuestro colega Gallagher aunque las enmiendas que propugnan una política de descentralización de la PPC se hayan adoptado en detrimento del proceso de regionalización que había propuesto inicialmente el ponente. 
En mi intervención de ayer por la noche, durante la sesión plenaria, manifesté que rechazaba todas las enmiendas que pretendieran modificar en profundidad la PPC. 
Ahora bien, las enmiendas 6 y 7, presentadas en nombre del Grupo PPE por el Sr. Provan pretenden ampliar el límite de 12 a 24 millas marinas. 
Este incremento de las aguas costeras nacionales reservadas a la pesca planteará problemas importantes para nuestros pescadores bretones y normandos que ya no tendrán acceso a zonas tradicionales de pesca, más especialmente en la proximidad del Reino Unido. 
Me sorprende que durante esta votación se hayan adoptado estas disposiciones, incluso por parte de los diputados franceses, ya que son contrarias a los intereses de nuestros pescadores. 
Ésta es la razón que ha prevalecido en nuestra decisión de votar contra esta resolución legislativa consecutiva a este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo. 
La PPC se reformará en el 2002 y espero que, en interés de los pescadores franceses, esta resolución no tenga impacto ante la Comisión y ante el Consejo. 
El «statu quo» de la zona de las 12 millas es el mejor compromiso posible para la totalidad del sector pesquero francés. 
He votado a favor de este informe por ser uno de los más importantes en el ámbito de la pesca de cuantos ha tratado este Parlamento. 
El problema clave de la pesca en los mares de Europa es el mantenimiento de unas reservas saneadas. Eso significa una buena gestión en términos de control de los regímenes y los datos científicos. 
Es imposible llevar una buena gestión bajo el régimen centralizado e imperfecto de la actual PPC. 
La única solución es la regionalización y la plena participación de todos los interesados. 
La Comisión debe tomar nota de este informe, y éste es el motivo por el que he hecho un llamamiento en favor de medidas prácticas encaminadas a crear una maquinaria que avance hacia una PPC regionalizada que se ajuste a un calendario estricto. 
Informe de Lassus Saint Geniès (A4-0027/99) 
Hace algunos meses fui ponente de un texto sobre la competitividad industrial de la Unión Europea, y por ello he seguido con interés el trabajo de nuestro colega Lassus en relación con la competitividad y las regiones. 
Debo decir que este texto confirma el análisis que yo mismo hice sobre los ejes necesarios para aumentar nuestra competitividad, pero mientras la Unión debate sobre el futuro de los Fondos Estructurales en el marco de la Agenda 2000, se puede decir sobre todo que las propuestas actuales están muy por debajo de los desafíos. 
En efecto, desde hace algunos años, se constata que las disparidades regionales tienen de nuevo tendencia a acentuarse, y principalmente en el ámbito que hoy nos interesa. 
Para intentar llegar a un reequilibrio regional, a semejanza del ponente, considero también que necesitamos profundizar en el vínculo entre programa de investigación y Fondos Estructurales. 
Sin embargo, hemos de ser realistas y, para conseguir que esa voluntad sea efectiva, necesitamos también continuar nuestra reflexión para mejorar las vías de comunicación de estas regiones «desfavorecidas». 
No puedo pensar que esas empresas innovadoras se instalen en regiones con frecuencia mal comunicadas y que, de hecho, tienen dificultades para salir de ese círculo vicioso. 
Finalmente, no se debe ocultar esa otra restricción vinculada a los Estados miembros, ya que se puede perder de vista que la ordenación del territorio europeo es aún fuertemente tributaria de las ordenaciones de los territorios nacionales correspondientes a los diferentes gobiernos. 
Por consiguiente, es necesario desarrollar sinergias sin duda complejas, pero indispensables, entre los entes locales, los Estados y la Unión Europea, pero también favorecer la emergencia de marcos de decisión transfronterizos. 
El informe del Sr. Lassus compromete una reflexión interesante sobre el fortalecimiento de la cohesión y de la competitividad mediante la investigación y el desarrollo tecnológico. 
El ponente lamenta con toda razón el escaso espacio atribuido a investigación en el seno de los Fondos Estructurales (5, 37 % para el objetivo 1; 2, 06 % para el objetivo 5b). 
La Unión Europea podría liberar un valor añadido estimulando proyectos de alta calidad científica e incorporando a los agentes económicos y sociales (PYME, organismos consulares, universidades). 
El informe insiste en este sentido en el papel de las PYME en el desarrollo tecnológico. 
En muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de insistir en la importancia de las PYME en la creación de empleo y también en la vitalidad del mundo rural. 
Las PYME han de poder sacar provecho de los trabajos de investigación realizados. 
Es necesario poner a su servicio unos instrumentos financieros adaptados y eficaces. 
Favoreciendo la competitividad de las PYME, la política de investigación y desarrollo tecnológico estimulará la cohesión social y la vitalidad de las regiones más desfavorecidas. 
El Sr. De Lassus menciona el caso de las regiones ultraperiféricas y de las islas. 
Consideramos indispensable insistir también en favor de las zonas rurales y de las zonas dependientes de la pesca. 
En este sentido, las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen la oportunidad de constituir o de deslocalizar en el medio rural equipos de investigación y desarrollo. 
Éstas permitirán dar acceso a empresas instaladas en las regiones excéntricas, a las tecnologías nuevas que necesitan para seguir siendo competitivas e innovar. 
Hemos de aprovechar con realismo las nuevas posibilidades que se nos han presentado, sin caer en el triunfalismo. 
Sin duda, lamentamos que el Sr. De Lassus aproveche la ocasión para reclamar una política europea de ordenación del territorio. 
Sin embargo, la calidad de su trabajo y la pertinencia de sus propuestas han estimulado al Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones a dar su apoyo al informe. 
Informe A. J. Donnelly (A4-0014/99) 
Recibo con satisfacción el informe de nuestro colega Allan Donnelly. 
En lo esencial, comparto las preocupaciones del ponente tanto en el ámbito de los transportes, de los bancos como en el ámbito de la energía nuclear. 
En este sentido, apoyo el planteamiento propuesto por el texto para ayudar a Rusia a bordear ese cabo. 
Sin caer en el catastrofismo, pueden abrirse paso algunos peligros. 
Por tanto, nos corresponde a nosotros prevenir esos riesgos en ese terreno, pero también en otros sectores de la economía. 
Por otra parte, me planteo qué ocurre con las responsabilidades de los principales protagonistas de la industria informática frente a este plazo previsible desde hace varios años. 
Me sorprende por lo menos que éstos puedan tener el sentimiento de que una vez un producto en el mercado quedan exonerados de todo seguimiento. 
Esto es cierto para el problema del paso al año 2000, pero también una constatación que se hace para otros productos que tienen necesidad de actualizaciones regulares para corregir algunos vicios ocultos, con cargo al «desafortunado» comprador. 
En este sentido, votaré la resolución del diputado McCartin para que la Comisión se ocupe de las negociaciones con esta industria, con el fin de que los particulares y las pequeñas empresas puedan poner remedio a este «error» sin, de nuevo, verse obligados a pagar por un problema conocido de antiguo y del que no son responsables. 
Finalmente, considero que actualmente necesitamos profundizar en nuestra reflexión para que adoptemos disposiciones que nos permitan garantizar los derechos fundamentales del consumidor frente a las empresas proveedoras de material informático y sistemas operativos. 
Los ciudadanos dependen hoy en día de una serie de servicios computerizados, tales como pensiones, subsidios familiares, seguridad social, seguros, suministro energético y transporte. 
Muchos de estos servicios vitales están amenazados por los efectos del problema del «año 2000». 
La responsabilidad a la hora de solucionar el problema del año 2000 naturalmente recae primero en los proveedores y consumidores de programas informáticos; sin embargo, y debido al enorme alcance del problema, también las autoridades públicas han de colaborar en la solución de este problema. 
Por ello me sumo a las numerosas iniciativas que la Comisión lleva a cabo en el terreno del problema del año 2000, entre las que puede citarse promover una colaboración que vaya más allá de las fronteras nacionales y los debates mantenidos sobre este problema en el Consejo y con todos los contactos importantes de la industria y los países miembros. 
Los informes de la Comisión sobre los avances realizados con vistas a la solución de este problema tendrán gran trascendencia a la hora de coordinar los esfuerzos. 
Naturalmente es absolutamente necesario prestar atención a sectores especialmente sensibles, por ejemplo, los problemas transfronterizos que pueden surgir en las centrales nucleares del este de Europa, y adoptar las medidas necesarias. 
Señor Presidente, hoy he votado a favor de este informe. 
A pesar de que, a primera vista, puede parecer un asunto técnico de menor importancia, el problema informático del milenio tiene el potencial de frenar bruscamente la vida diaria de millones de personas- si no de algo peor. 
Resulta fácil olvidarse de lo mucho que actualmente dependemos de los microchips para el funcionamiento de todo, desde los lavaplatos hasta las máquinas de diálisis. 
Servicios de vital importancia podrían verse interrumpidos, el transporte podría pararse y las empresas verse obligadas a cerrar. 
Sin embargo, con una preparación adecuada, podemos garantizar que nuestra resaca el 1 de enero del 2000 se deba únicamente a las burbujas y no al problema informático. 
Gran Bretaña, bajo el Gobierno Laborista, ha encabezado la batalla para combatir el problema del milenio en Europa con su innovadora campaña Acción 2000. Bajo sus auspicios, las empresas de servicios británicas (incluidas las compañías de agua, gas, electricidad y teléfono) ya han anunciado que esperan ofrecer «el servicio de siempre ' durante el paso del milenio. 
Otros servicios públicos de importancia fundamental, como la Sanidad, los servicios de emergencia, la dirección de servicios sociales, Correos y los ferrocarriles, siguen de cerca. 
No obstante, Gran Bretaña no puede permitirse depender exclusivamente de sus propios esfuerzos. 
En un mundo cada vez más globalizado, la preparación de otros países (o la falta de ella) afectará también a Gran Bretaña. 
Deseo garantizar que mis electores se sientan libres para celebrar el milenio sin temor a la mañana siguiente. 
Por ello apoyo los esfuerzos de la UE con vistas a garantizar que Europa- y el mundo en su conjunto- estarán preparados para superar el problema del milenio. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
El Parlamento ha agotado su orden del día. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 12.30 horas 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 25 de febrero de 1999. 
Declaración del Presidente 
Señorías, el orden del día de hoy empieza por una serie de debates que se refieren a uno de los temas más importantes que la política europea y mundial tiene presentes: el de la igualdad de derechos de la mujer. 
Creo que todos estaremos de acuerdo en que el Parlamento Europeo, al incluir estos puntos en el orden del día, quiere sumarse a lo que viene siendo una lucha larga, una lucha que ha ido consiguiendo éxitos parciales, pero una lucha que no ha terminado aún ni parece que vaya a terminar aún a corto plazo: la de conseguir, para la mujer, la plenitud de igualdad de derechos- laborales, sociales y políticos- con el hombre. 
Creo, por tanto, que interpreto el sentido de la Asamblea al decir que la inclusión de estos puntos en el orden del día significa la voluntad política del Parlamento Europeo de continuar esa lucha; significa, al mismo tiempo, la voluntad de ir avanzando no sólo en el terreno jurídico sino recordando que ese trabajo en el terreno jurídico tiene que ir siendo completado en muy distintos aspectos. 
En nuestro propio Parlamento vamos a discutir en la Mesa uno de estos días un informe de la Sra. Hoff, a quien la Mesa encargó que examinase cómo se puede avanzar, en la administración del propio Parlamento, hacia una mayor presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. 
Queda mucho por hacer. 
Algo se ha ido haciendo, pero tenemos que continuar por este camino. 
Otro de los puntos que creo que es importante tener presente es que estamos muy cerca de unas elecciones y es una buena ocasión, para todos los partidos políticos de Europa, de dar una mayor presencia a la mujer en los escaños de esta Asamblea. 
Sería un pena que se perdiese esa oportunidad. 
Aplausos 
Creo, por tanto, que la voluntad de esta Asamblea es clara y quiero terminar estas palabras introductorias agradeciendo, en nombre de toda la Asamblea, el trabajo que la Comisión de Derechos de la Mujer y todas sus integrantes han venido haciendo para que este ideal se vaya traduciendo, poco a poco, en realidad. 
Nuestras compañeras en la Asamblea son de las más activas luchadoras por esta causa y hoy creo que sería ingrato por nuestra parte no agradecer todos sus esfuerzos y todos sus trabajos a lo largo de la presente legislatura. 
Pido, por tanto, para todas nuestras compañeras en esta Asamblea, y muy especialmente para las que integran la Comisión de Derechos de la Mujer, un aplauso de agradecimiento. 
Aplausos 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del jueves 25 de febrero ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra el Sr. Wijsenbeek. 
Señor Presidente, lo que usted dice está muy bien pero no deberíamos violar nuestro propio Reglamento, especialmente un día como hoy. 
Le advierto que el artículo 6, párrafo 6, indica que el informe de la comisión (y quisiera en este punto llamar la atención sobre el Informe Wibe, que figura como último punto en el orden del día de hoy, tras una serie completa de informes de la Comisión de Derechos de la Mujer) debería incluirse de oficio como primer punto del orden del día de la primera sesión posterior a su presentación. 
Constato que esto no es así y nuestro Reglamento, artículo 6, párrafo 6, ha sido violado por la Conferencia de Presidentes, que, como siempre, nunca lee nuestro Reglamento. 
Creía, señor Wijsenbeek que hoy serían para usted prioritarios los informes sobre la mujer, pero en todo caso, cuando lleguemos al punto pertinente del orden del día, someteré a votación su petición para decidir si el Informe Wibe se examina primero. 
Señor Presidente, me complace que también usted haya tenido presente el Día internacional de la mujer en su intervención inicial. 
Desearía abordar este punto en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Como ya saben muchos de ustedes, todo parece indicar que el tema principal de debate en este Día internacional de la mujer se va a centrar en la violencia que sufren mujeres, niños y adolescentes, la cual constituye verdaderamente una violación muy grave de los derechos humanos de la mujer. 
En este Parlamento, tenemos previsto entablar esta tarde un diálogo con la Comisión sobre cómo lograr una actuación enérgica por parte de la Unión Europea con el fin de combatir esta violencia contra las mujeres. 
Resulta estremecedor comprobar que la mitad de las mujeres que son asesinadas en Europa no muere como consecuencia de algún suceso terrible por causas desconocidas, sino a manos de su propio cónyuge. 
Se trata de una cuestión de la que no se ha podido hablar durante mucho tiempo. 
De algún modo, la violencia contra las mujeres ha sido un tabú. 
Debemos alegrarnos de que el Parlamento Europeo pueda, como tal, comenzar a trabajar de manera concreta a este respecto. 
Cabe recordar igualmente que el Parlamento Europeo ha logrado que la Unión Europea empiece a luchar activamente contra la violencia que sufren las mujeres. 
Desearía añadir también que el Tratado de Amsterdam nos plantea unas obligaciones y unas posibilidades totalmente nuevas para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Ello implica que deberemos trabajar con mayor decisión en defensa de esta igualdad. 
El Tratado de Amsterdam obliga a tener presente la igualdad entre los sexos como un elemento integrante y fundamental de todas las actividades comunitarias. 
Sin embargo, éste no ha sido en absoluto el caso todavía. 
Conocemos las dificultades que entraña esta labor, pero también disponemos de nuevos instrumentos; y se trata de una actividad que deberemos llevar a cabo entre todos. 
Muchas gracias, señora Hautala. 
Les pediría a ustedes que no empezásemos un turno debate sobre este tema. 
Tiene la palabra el Sr. Santini. 
Señor Presidente, al igual que los demás colegas, me sumo a la invitación de sensibilizar la atención sobre cualesquiera iniciativas útiles para evitar la injusticia contra las mujeres. 
Sin embargo, quisiera añadir un aspecto más a este tipo de atención y de reflexión: no solo las mujeres son objeto de injusticia y de violencias, sino a veces también poblaciones enteras. 
Éste es el caso de las poblaciones del Valle de Fiemme en Trentino, de las poblaciones de lengua alemana, polaca, belga y de las víctimas de ese accidente aéreo ocurrido el 3 de febrero de 1998 que la semana pasada ha recobrado una macabra y triste actualidad a raíz de la conclusión del juicio celebrado en los Estados Unidos. 
En efecto, como sabemos, el piloto que en un entrenamiento, cuando menos audaz, cortó el cable del teleférico provocando la muerte de veinte ciudadanos europeos, fue increíblemente absuelto de toda culpa. 
Señor Presidente, le pido que trate de transmitir al Gobierno de los Estados Unidos el sentimiento de desconcierto y de amargura y no un mensaje de sed de justicia o de venganza, sino sólo de indignación ante una verdadera injusticia. 
Asimismo, señor Presidente, le pido que tenga a bien contestar la carta que le remití el 3 de febrero, el mismo día de la catástrofe, en la que propuse encargar a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa un informe de iniciativa sobre la presencia en el territorio europeo de bases de la OTAN y la conveniencia de conceder a estos militares una excesiva libertad en los vuelos de entrenamiento. 
En esa misma fecha, remití dicha carta también al Presidente de la Comisión, señor Santer, y tampoco he obtenido una respuesta por su parte. 
Ahora pido que se haga justicia también con respecto a los familiares... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Santini, está usted haciendo un discurso que, en este caso, no procede. 
Naturalmente, es un tema importante. 
Usted me ha escrito y, en nombre de la Asamblea, apoyaré al Gobierno italiano, que se está ocupando de este tema y que es el responsable para el mismo. 
Claro que sí, señor Presidente, porque quería expresar, en nombre de mi Grupo, no solamente nuestra sorpresa sino nuestra indignación por el resultado de la decisión del tribunal militar que en los Estados Unidos ha declarado inocente al piloto responsable del trágico accidente en el que perecieron 22 europeos. 
Quiero que el Parlamento sepa que vamos a presentar una propuesta de urgencia sobre esta cuestión. 
Espero que el resto del Parlamento se sume a nosotros para que la cuestión figure en el orden del día de esta semana. 
Señor Presidente, quisiera darle gracias por sus amabilísimas palabras acerca del Día de la Mujer, y quisiera desear un día muy feliz a todos los presentes en esta sala, galería incluida. 
Sus palabras son particularmente apreciadas en vista de la propuesta de suprimir la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Espero que con ese grado de apoyo consigamos mantener esa importantísima Comisión. 
Permítanme que me refiera a otra cuestión. 
El 18 de febrero otra mujer de nuestra Comunidad ganó su causa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Denise Mathews contra el Gobierno del Reino Unido. 
Me gustaría que indicase usted al Parlamento, de ser posible esta semana, si el Parlamento y la Comisión han comenzado ya a esforzarse por conseguir que los ciudadanos de Gibraltar puedan votar en las próximas elecciones europeas. 
No puedo contestar a esa pregunta porque son los grupos y los Diputados los que han de tomar la iniciativa. 
Igual que usted, he leído en la prensa que el Gobierno del Reino Unido va a ocuparse de la cuestión. 
Si algún grupo o algún Diputado desea adoptar alguna iniciativa, lo harán de conformidad con las normas apropiadas. 
Señor Presidente, el viernes del último período parcial de sesiones señalé a la atención del Parlamento la escandalosa situación de los intérpretes que trabajan para el Parlamento en régimen de trabajo parcial y que no han recibido la debida remuneración. 
Quisieran recibir el dinero que han ganado. 
La situación no ha estado muy clara desde que en octubre escribí al Comisario Liikanen para pedirle que investigara esta cuestión. 
Ahora parece ser que el Comisario Santer va a ocuparse de ella. 
Tengo entendido que están amenazando con iniciar una huelga, lo que podría ser perjudicial para la elaboración de las nuevas normas de los fondos estructurales. 
Quisiera pedir a la Mesa que resolviera rápidamente este problema, que está originando graves dificultades para muchas personas sin cuyos buenos oficios no podremos llevar a cabo nuestra labor. 
Señor McMahon, el Secretario General está tomando las medidas necesarias para resolver la cuestión lo antes posible. 
Señor Presidente, hace meses formulé una pregunta respecto a cuando ibamos a tomar posesión del nuevo hemiciclo, el IPE 4. 
Entonces usted me respondió que no lo sabía. 
Actualmente nos encontramos a tres meses del final de nuestro mandato y me permito formular la pregunta de nuevo: ¿cuándo nos vamos a instalar en el nuevo hemiciclo? 
¿Aún podría ser a lo largo de esta legislatura o habrá que esperar a la siguiente? 
Señor Striby, no puedo por menos que darle la misma respuesta: cuando esté listo. 
Eso no depende de nosotros sino del adjudicatario de la obra a quién no hemos elegido. 
Fue elegido por la sociedad SERS una compañía pública que engloba diversas empresas públicas de la región de Estrasburgo. 
Probablemente haría mejor en dirigirse a él y preguntarle si va a respetar el calendario. 
En caso afirmativo ello conllevaría la terminación del edificio hacia el final de esta legislatura pero también es verdad que el edificio tendría que haberse terminado el año pasado. 
Y el plazo no ha sido respetado. 
Así que lo único que puedo decirle es que tendremos el edificio cuando esté listo. 
No puedo añadir nada más puesto que esta sociedad no respeta su propio calendario. 
Es una lástima pero es así. 
Sólo un comentario: creo saber que Francia ha hecho lo necesario. 
Aparentemente la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo. 
Si usted me dice lo contrario, tomo nota encantado. 
El gobierno francés ha intentado por todos los medios impulsar un asunto que no deriva directamente de él, sino de una sociedad, insisto. 
No se puede forzar a la sociedad y hacerla cumplir sus obligaciones cuando no se tienen los medios. 
Este intenta darle la mayor celeridad. 
Gracias a la intervención del gobierno francés hemos recuperado parte del retraso, el cual sería más grave aún de no ser por ello. 
No puedo decirle nada más. 
Dirijase a la SERS que podrá informarle sobre lo que está haciendo para cumplir sus compromisos. 
En todo caso nosotros no podemos hacer nada. 
Señor Presidente, tras sus hermosas palabras en relación con el seguimiento del informe de la Sra. Hoff sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Secretaría General del Parlamento Europeo, quisiera señalar que en el transcurso de la reunión del COPEC que hemos mantenido esta mañana en Luxemburgo en la secretaría del Parlamento Europeo con numerosos funcionarios hemos considerado que el Parlamento Europeo debería dar ejemplo adoptando un programa de acciones positivas con plazos fijos y objetivos cifrados para poner fin a la infrarrepresentación de las mujeres, sobre todo en las carreras del grupo A del Parlamento Europeo donde no llegan al 20 %. 
Usted tiene, pues, la oportunidad de convertir en hechos estas bonitas palabras adoptando una decisión ad hoc en el Mesa, compuesta mayoritariamente por hombres. 
Estoy seguro de que todos los miembros de la Mesa han tomado buena nota de sus intenciones. 
Señor Presidente, según un reportaje de la agencia de noticias de los periódicos finlandeses asociados del 26 de febrero, usted ha dicho que no cree que la ampliación hacia el Este se retrase, aunque las negociaciones de la Agenda 2000 se prolonguen. 
Además, usted habría manifestado que las negociaciones de la Agenda 2000 pueden continuar durante la Presidencia finlandesa de la UE e, incluso, durante la Presidencia portuguesa, sin que eso signifique problemas para la ampliación. 
En primer lugar, señor Presidente, le pregunto: ¿Es verdad lo que informan los periódicos finlandeses, que usted opina que no es un problema para la ampliación? 
En segundo lugar: ¿En ese caso, en qué se basa su posición? 
Y en tercer lugar: ¿Es esto compatible con sus funciones de acuerdo al artículo 19 del reglamento? 
En este momento, yo no puedo contestar a noticias de prensa que no sé si reflejan exactamente mi punto de vista o no. 
Cuando a mí me han preguntado si creía que la Agenda 2000 podría estar terminada, siempre he dicho lo mismo: el Parlamento, por su parte, está haciendo todo lo necesario para que pueda estar terminada para el mes de mayo en lo que al Parlamento respecta. 
En lo que respecta al Consejo, será el Consejo el que decida si puede concluirla en el mes de marzo o no. 
En cuanto a la ampliación, se dice que puede que sea para el año 2003. 
Pero como no conozco la noticia exacta, tampoco puedo contestarle a usted si es verdad o no. 
Mándeme usted una traducción y, con mucho gusto, le contestaré si refleja bien mi pensamiento o no. 
Señor Presidente, me ha parecido escuchar que la Sra. Banotti estaba solicitando el derecho de voto de los ciudadanos de Gibraltar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
No sé si me perdí la primera parte de la intervención de la Sra. Banotti y, sin que yo me diera cuenta, pidió también en primer lugar el derecho de voto de los ciudadanos de Gibraltar al Parlamento británico ya que el ejercicio de la ciudadanía europea es complementario del ejercicio de la ciudadanía nacional. 
Gracias, señora García Arias. 
Yo creo que usted escuchó muy bien, pero ese recurso oratorio es perfectamente lícito. 
El Acta queda aprobada 
Orden de los trabajos 
El Sr. Wijsenbeek ha hecho una observación sobre el informe Wibe. 
El apartado 6 del artículo 6 del Reglamento es un residuo que queda de la época en que se votaban los informes sobre suplicatorios al terminar ese primer punto del orden del día. Esto fue cambiado posteriormente y ahora se votan con posterioridad y no en ese momento. 
Entiendo, por tanto, que el espíritu del precepto es sencillamente que se debatan el primer día de la sesión siguiente a la presentación del informe y que ello no nos obliga a cambiar el orden del día de hoy. 
Tiene la palabra el Sr. Fayot. 
Presidente de la Comisión de Reglamento. 
Lamento tener que contradecirle pero el texto del Reglamento está muy claro. Dice efectivamente que el informe de la comisión se introduce de oficio al principio del orden del día y pienso que el término de «oficio» significa que no ha lugar recurrir al voto y que figura al principio del orden del día. 
Lamento tener que contradecir tanto al Presidente como a la Conferencia de Presidentes. 
Entonces pienso que si seguimos nuestro Reglamento, debemos introducir el informe como primer punto en el orden del día. 
Votarlo es improcedente. 
Muy bien, hemos escuchado la opinión de la Comisión de Reglamento. 
No cuestiono en absoluto que tengan razón. 
Introducimos entonces, el informe de oficio al principio del orden del día. No procede votarlo. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se adelante del viernes al martes la declaración de la Comisión sobre el conflicto comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativa a los plátanos y que se incluya después del informe de la Sra. Haug sobre los recursos propios de la Unión Europea. 
Tiene la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, quisiera decir en nombre de mi Grupo que es importante que esta cuestión, que se ha convertido en una controversia comercial de envergadura entre los Estados Unidos y la Unión Europea, no se examine en un viernes. 
Por importante que sea un viernes, y todos sabemos que lo es, para nosotros es más importante estar en condiciones de examinar esta cuestión y de votar sobre ella cuando haya un número muy considerable de diputados en esta sala. 
En los últimos días esta cuestión ha adquirido caracteres muy críticos- teniendo en cuenta que los Estados Unidos están imponiendo sanciones en este preciso momento, antes incluso de que la OMC haya tomado una decisión- mi Grupo tiene la firmísima convicción de que deberíamos aplazarla hasta mañana para que podamos conocer los resultados de las discusiones de hoy en la OMC y para que el Comisario encargado de esta cuestión pueda estar disponible mañana para tratar de ella. 
¿Por qué? 
Porque hemos optado por mantener el viernes. 
Eso significa que cada vez que hay un debate más o menos importante se quita del orden del día. 
Presidente, no nos parece una solución real. 
Eso es lo primero. 
Lo segundo es: teníamos ya bastantes dificultades con el gran número de informes que ahora se tienen que debatir el martes. 
Si añadimos a eso los plátanos también, eso quiere decir que el martes vamos a tener un orden del día aún más apretado. 
Presidente, estaríamos dispuestos a considerar el jueves. 
Pero el principio en sí de que se quite del viernes un tema importante, no lo podemos apoyar. 
Tras haber escuchado una opinión a favor y otra en contra, someto a votación la modificación propuesta por el Grupo Socialista. 
El Parlamento aprueba la solicitud 
Miércoles: Sin modificaciones 
Jueves: 
El Grupo de Alianza Radical Europea solicita que el informe de la Sra. André-Léonard relativo a la asociación reforzada Unión Europea-India se adelante del viernes al jueves. 
En nombre del Grupo de Alianza Radical Europea, tiene la palabra el Sr. Dupuis. 
Señor Presidente, me parece totalmente escandaloso incluir el viernes un informe sobre la cooperación reforzada entre la Unión Europea y la India. 
Para China, para el gran imperio comunista se encuentra un hueco en el orden del día del miércoles o del jueves, en cambio para la mayor democracia del mundo no hay más que cinco minutos al final del periodo de sesiones. 
¡Es totalmente escandaloso! 
La India está haciendo progresos enormes; la asociación estratégica de la Unión Europea con un país de mil millones de habitantes ofrece enormes posibilidades y se le trata en cambio como si fuera una pequeña isla perdida en medio del océano Pacífico. 
Así pues, pido a mis colegas que se organicen de manera que se pueda discutir sobre ello al menos el jueves. 
¿Hay algún orador a favor o en contra? 
Señor Presidente, no es que tome la palabra para pronunciarme en contra, pero lo que me preocupa es que si nos ocupamos de esta cuestión el jueves tendremos que votar sobre ella el viernes. 
De ser así, no sé si no sería mejor aplazarla sencillamente hasta el próximo período de sesiones, y ocuparnos de ella entonces en un momento más adecuado. 
Tenemos, sin embargo, un problema de principios muy importante en este Parlamento. 
Varios de nosotros han defendido el viernes como un día completamente normal del periodo de sesiones y lo han hecho muchas veces en circunstancias difíciles. 
La segunda cuestión de principios es si en este Parlamento tomamos el viernes «au sérieux» o no. 
Puedo aceptar eventualmente los argumentos de la Sra. Green en cuanto a la votación, pero queda sin embargo un problema de principios muy importante en este Parlamento cuando los viernes ya no se quiere debatir sobre temas importantes. 
Señor Presidente, el Sr. Martens sabe muy bien que también tenemos un acuerdo según el cual si el viernes por la mañana hay una cuestión que en opinión de los Grupos hubiera debido estudiarse en otro momento, entonces el Parlamento se encarga de encontrar un momento más adecuado para estudiarla o, si no, la aplaza. 
Ésa ha sido nuestra posición desde hace tiempo en la Conferencia de Presidentes, y estimo que deberíamos atenernos a lo acordado si alguno de los Grupos está en claro desacuerdo sobre la conveniencia de examinar la cuestión el viernes por la mañana. 
Creo que el acuerdo no es exactamente ése. 
El acuerdo establece que, si hay informes controvertidos, no se incluirán en el orden del día del viernes. 
Pero, en cualquier caso, someto a votación la solicitud del Grupo ARE. 
El Parlamento rechaza la solicitud 
Por lo que se refiere al orden del día de los días 22 y 23 de marzo de 1999 no hay modificación alguna. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0076/99) del Sr. Wibe, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Raúl Miguel Rosado Fernandes. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame decir que yo no tendría inconveniente en postergar mi asunto y así dar lugar al importante debate de la violencia contra las mujeres. 
En compensación, trataré de ser muy breve. 
Este asunto trata de la de la suspensión de la inmunidad del colega Rosado Fernandes, solicitada por la fiscalía portuguesa. 
El motivo es que él se ha manifestado algo despreciativamente acerca de la política agrícola en Portugal y, además, ha emitido juicios acerca de la persona del ministro de Agricultura; se trata de juicios que también pueden ser calificados como despreciativos. 
Lo más importante cuando se juzga un asunto de este tipo es conocer los principios jurídicos que regulan las normas sobre inmunidad parlamentaria. 
En este Parlamento, igual que en la mayoría de los sitios en el mundo democrático, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal que se otorga a los parlamentarios. 
Por el contrario, la inmunidad es una protección para el Parlamento como institución democrática. 
Es una protección jurídica para que los miembros de la Asamblea puedan realizar el trabajo político para el que han sido elegidos. 
Esto significa que la esencia de nuestras reglas sobre inmunidad es que ella se suspende sólo en aquellos casos en que las demandas no están relacionadas con el trabajo que el parlamentario realiza en el Parlamento. 
Si esas demandas tienen una relación directa, o bien algo indirecta, con el trabajo en el Parlamento, entonces no se debe suspender la inmunidad. 
También hay otros motivos que aconsejan que la inmunidad no se debe suspender. 
Por ejemplo, se puede tratar de persecuciones políticas manifiestas que tienen por objeto dañar políticamente a algún parlamentario. 
Entonces tampoco se deberá suspender la inmunidad. 
También es posible sostener que no se debe suspender la inmunidad aun en el caso de acontecimientos sin importancia que puedan tener consecuencias políticas considerables. 
En el caso que nos ocupa, podemos comprobar, en primer lugar, que el diputado Rosado Fernandes tiene un interés muy grande e intenso justamente por los asuntos de política agrícola; de hecho, son su especialidad. 
Entre otras cosas, es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
También podemos comprobar que las opiniones por las que se le acusa han sido vertidas en un contexto claramente político. 
Ellas se refieren a asuntos de política agrícola en su país. 
Finalmente, podemos comprobar que el tono usado por Rosado Fernandes no se diferencia de modo significativo del que es usual en debates políticos encendidos. 
Resumiendo, es razonable decir que los juicios emitidos por el diputado han constituido una parte de su trabajo en este Parlamento. 
Por este motivo, considero que no debe suspenderse su inmunidad. 
Mi propuesta es, por tanto, que no suspendamos la inmunidad de Rosado Fernandes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Violencia contra las mujeres- Programa DAPHNE 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre: 
la declaración de la Comisión sobre la violencia contra las mujeres; -la pregunta oral (B4-0145/99) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, a la Comisión, sobre el programa de acción comunitaria (Programa Daphne) (2000-2004) sobre medidas destinadas a prevenir la violencia contra niños, adolescentes y mujeres.Doy la palabra, en nombre de la Comisión, a la Sra. Gradin. 
Para empezar me ocuparé de la declaración. 
Se trata del último Día Internacional de la Mujer en este siglo. 
Por lo tanto, una declaración sobre la situación de la mujer, y especialmente sobre la violencia contra la mujer, está perfectamente justificada. 
Los Estados miembros de la Unión Europea son sociedades democráticas en las que mujeres y hombres tienen los mismos derechos. 
La mujer representa algo más que la mitad de la población de cada país. Sin embargo, esa circunstancia no se refleja en los órganos decisorios ni en la administración ni en la vida comercial. 
Todos nuestros países han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Todos sabemos que los derechos humanos de la mujer y de la muchacha son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. 
Dicho lo que antecede, ¿cuál es la situación de la mujer en nuestros países? 
La mujer tiene derecho a vivir en seguridad, pero gran número de mujeres no están seguras ni siquiera en sus propios hogares. 
La mujer tiene derecho a que se la trate con dignidad, pero miles y miles de mujeres son vendidas como si fueran ganado y se las considera como si no tuvieran más valor que lo que sus chulos y traficantes sacan con su explotación. 
Las mujeres tienen todos los derechos humanos pero la opresión y la violencia les mantienen en una posición subordinada en todos nuestros países. 
Hoy en día la cuestión de la violencia contra la mujer está reconocida internacionalmente como un problema sustancial. 
Con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, celebrada en 1993, los derechos de la mujer quedaron aceptados finalmente como derechos humanos. 
La violencia contra la mujer y todas las formas de explotación y hostigamiento sexual son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano. 
Hay que eliminar esa forma de comportarse. 
La cuestión de la violencia contra la mujer figuraba en el programa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en 1995 en Beijing. 
La Plataforma subrayó que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 
Durante años y años se ha dicho a menudo que las mujeres tenían la culpa si se les daba una paliza o se les violaba. 
Se decía que lo que tenían que hacer era no llevar faldas cortas. 
Este argumento se sigue utilizando a veces, pero en formas ligeramente diferentes. 
Permítanme que diga incidentalmente que yo no creo que el hecho de llevar vaqueros sea una garantía contra la violación. 
Hoy en día, la opinión común es que el tribunal debe confiar en la mujer y en su testimonio. 
La mayor parte de los Estados miembros han modificado sus leyes para tipificar como delito la violencia contra la mujer. 
Hoy es un delito también la violación en el seno del matrimonio. 
A menudo las mujeres tienen derecho a un consejero especial durante las causas judiciales. 
Las organizaciones femeninas desempeñan un papel esencial en la lucha contra la violencia. 
Extienden su protección a las mujeres que se hallan en situación de riesgo y se esfuerzan activamente por mentalizar al público. 
Ésa es precisamente la verdadera base de la iniciativa Daphne. 
Desde 1996 venimos apoyando a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de voluntarios en su lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres y los niños. 
Las solicitudes de apoyo rebasan con mucho los recursos disponibles. 
El nuevo programa Daphne estará también abierto a las organizaciones no gubernamentales de los países de Europa central y oriental. 
La Comisión y las presidencias han lanzado también una campaña contra la violencia de que es víctima la mujer, en respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo de que 1999 sea el año de la lucha contra la violencia de que es víctima la mujer. 
Como parte de esta campaña se están organizando una serie de actividades de ámbito europeo. 
El próximo acontecimiento importante a nivel europeo será la conferencia ministerial sobre la violencia contra la mujer que tendrá lugar en Colonia al final de este mes. 
La campaña contra la violencia no es únicamente una serie de conferencias oficiales de ámbito europeo: los propios Estados miembros han sido invitados a iniciar actividades en las que participen tanto el público como las organizaciones no gubernamentales. 
Durante muchos años la cuestión de la violencia contra la mujer se consideraba como un problema de mujeres, pero no son las mujeres las que originan el problema, sino el comportamiento violento de los hombres. 
Por eso deberíamos evitar el ocuparnos únicamente de la mujer a ese respecto. 
Las mujeres y los niños son las víctimas de esa violencia. 
El problema lo constituyen los hombres que discuten recurriendo a la fuerza física y a la violencia en vez de discutir con palabras. 
Por eso esta campaña debe enfocarse también en los hombres y en lo que pueda hacerse para modificar la situación actual. 
En los Estados miembros se promoverán proyectos desarrollados por hombres, para los hombres y acerca de los hombres. 
Permítanme que cite a un académico sueco que antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing, escribió lo siguiente: «Es preciso que un número considerable y suficiente de hombres descubran la violencia que tiene lugar alrededor de ellos y que se manifiesten activamente contra ella. 
Es preciso que un número mayor de hombres se manifiesten en los lugares de trabajo y en el debate público se nieguen a aceptar esa violencia. 
Ese tipo de violencia es despreciable e inhumano y, por lo tanto, es una prueba de cobardía. 
Los hombres de verdad no obran de esa manera». 
Éste es un mensaje que los padres deberían transmitir a sus hijos, los profesores a sus alumnos, los comandantes militares a sus tropas, y los amigos a sus amigos. 
Como parte de nuestra campaña europea invito a todos los hombres a que manifiesten hoy su apoyo de la campaña llevando un cordón blanco. 
Ese cordón es la señal de que el que lo lleva es un hombre de verdad, que dice «no» a la violencia contra la mujer. 
Aplausos 
Lo que se ha logrado con el programa Daphne es admirable. 
La violencia contra la mujer, los adolescentes y los niños figura en un lugar preeminente del programa político. 
Desde 1997 han recibido apoyo 95 proyectos. 
Esos proyectos han servido para establecer redes y una cooperación transfronteriza sumamente útiles entre organizaciones no gubernamentales. 
Se ha establecido un observatorio sobre la violencia contra la mujer y están en curso proyectos de investigación. 
Una parte importante del programa Daphne es la campaña contra la violencia de que es víctima la mujer. 
Esta campaña se basa en una iniciativa del Parlamento Europeo. En junio del año pasado se celebró una reunión preparatoria bajo la presidencia británica. 
En diciembre la presidencia austriaca organizó una conferencia en Viena. La conferencia se centraba en el papel de la policía en la lucha contra la violencia de que es víctima la mujer y contra la violencia de que son víctimas las mujeres migrantes. 
Antes de que acabe el mes de marzo la presidencia alemana acogerá una conferencia ministerial en Colonia. Hay planes también para celebrar una conferencia final a finales de la presidencia finlandesa. 
Entre las mencionadas conferencias se están organizando diversas actividades a nivel europeo y a nivel nacional. Cabe citar como ejemplos la producción de espacios televisivos, paquetes de información y un espacio web en Internet. 
También estamos realizando un informe estadístico sobre la violencia, y tenemos un Eurobarómetro. 
También recibirán apoyo proyectos desarrollados en los Estados miembros. 
Uno de los objetivos principales lo constituyen los proyectos que se ocupan principalmente del hombre y de la forma de evitar la conducta violenta del hombre contra la mujer. 
El 20 de mayo de 1998 la Comisión presentó una propuesta para el nuevo programa Daphne. Este programa se desarrollará desde el año 2002 hasta el año 2004 con un presupuesto total de 25 millones de ecus. 
Desde entonces espero ansiosamente que la propuesta se adopte lo antes posible. 
Necesitamos que el programa esté ya en operación el 1 de enero del año 2000 a más tardar. 
Durante la presidencia austriaca los progresos fueron escasos. 
Hasta el final de 1998 los debates se centraban en la base jurídica de la propuesta. 
Algunos Estados miembros hicieron constar que se oponían al artículo 235 como base jurídica del programa. 
Por otra parte, muchos Estados miembros estimaban que el artículo 129 era una alternativa apropiada para la base jurídica. 
Las discusiones sostenidas en el Consejo en enero y en febrero indicaron claramente que se corría un riesgo considerable de que los progresos quedaran bloqueados si se mantenía como base jurídica el artículo 235. 
Por lo tanto la Comisión no tuvo más remedio que aceptar la nueva base jurídica propuesta. 
No les quepa la menor duda de que hubiéramos preferido mantener el artículo 235, pero tuvimos que rendirnos ante la evidencia de que un programa Daphne no adoptado carecería de todo valor. 
Supongo que el artículo 129 no limitará el ámbito del programa. 
En realidad, el contexto en que nos esforzamos por combatir la violencia y en el que sufren las mujeres y los niños es el contexto de los derechos humanos. 
Sin embargo, las consecuencias de la violencia para la mujer, para los jóvenes y para los niños son los perjuicios, o riesgos de perjuicio, para su salud física, mental y sicológica. 
No está de más recordar que según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no la mera ausencia de enfermedad o invalidez. 
Además, el programa Daphne se basa en las víctimas. 
Su finalidad es evitar todas las formas de violencia y protegerá a todas las víctimas y a las víctimas potenciales de la violencia, independientemente de que la violencia haya revestido la forma de trata, abuso sexual, abandono de los niños o cualquier otra forma. 
Lamento las molestias que esta enmienda haya podido causar al Parlamento Europeo, pero en nuestra opinión era necesario obrar con rapidez a fin de que el Parlamento pudiera ocuparse de la propuesta modificada en las sesiones de sus comisiones parlamentarias del 16 y 17 de febrero del año en curso. 
Cuando se adopte, el nuevo programa Daphne proporcionará un nuevo impulso a la lucha contra la violencia. 
En el contexto del programa seguiremos brindando apoyo para la cooperación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de la Unión Europea, pero también podremos incluir la cooperación con las organizaciones no gubernamentales en los países que han solicitado el ingreso. 
Recientemente participé en una conferencia, que tuvo lugar en Budapest, con organizaciones no gubernamentales que luchan contra la explotación sexual de los niños. 
La gravedad y magnitud del problema son inmensas. La necesidad de apoyo y de cooperación con la comunidad de organizaciones no gubernamentales en esos países es evidente. 
Si queremos tener éxito en la lucha contra la violencia, necesitamos desarrollar actividades concretas que involucren a todas las partes de nuestra sociedad. 
La lucha contra la violencia de que es víctima la mujer es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos nosotros. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo vaya a examinar la propuesta modificada en la comisión parlamentaria pertinente en marzo, con miras a presentarla para primera lectura en sesión plenaria en abril. 
Aplausos 
Señor Presidente, en esta ocasión intervengo en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
No creo que a nadie le quepa la menor duda de que esta comisión y el Parlamento Europeo son los que han logrado que se aborde ahora la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes. 
Somos favorables a estas campañas porque nos enfrentamos ante un problema social de extrema gravedad. 
El Parlamento Europeo lleva ya varios años dedicando líneas presupuestarias específicas para prevenir la violencia contra mujeres, niños y adolescentes. 
El interés suscitado por estos proyectos ha sido enorme. 
En el año 1997, por ejemplo, apenas se pudo financiar poco más del diez por ciento de todos los proyectos. 
El Parlamento Europeo ha aprobado asimismo dos informes muy importantes en los que se aborda la violencia contra las mujeres: bajo la dirección de Marianne Eriksson se redactó un informe sobre la denominada «tolerancia cero» ante la violencia, y Susan Waddington elaboró por su parte un importante informe que se hace eco del debate acerca del tráfico de mujeres. 
Conviene saber que en el mundo se venden cada año dos millones de mujeres y niñas con fines de abuso sexual, por lo que no se trata bajo ningún concepto de un problema particular de la Unión Europea, sino que representa un problema mundial ante el que debemos podemos intervenir. 
Nuestra comisión ha mostrado una gran preocupación por el hecho de que la Comisión esté ahora cediendo ante los Estados miembros que no aceptan que el programa Daphne se regule con arreglo al artículo 235. El alcance de este programa no es suficiente si tenemos en cuenta las verdaderas dimensiones del problema. 
Lo que queremos es que se aborden todos los posibles aspectos jurídicos relacionados con la violencia, incluido el del tráfico de mujeres. 
Si el fundamento jurídico es la promoción de la salud pública, queremos garantías de que la Comisión es verdaderamente capaz de crear, junto con los Estados miembros, un programa en el que la violencia contra las mujeres no se reduzca meramente a un problema de salud. 
Cabe agradecer a la Comisaria Gradin los esfuerzos que ha realizado para que, a instancias nuestras, se pueda entender el concepto de salud pública de la manera más amplia posible también por lo que respecta a este ámbito. 
Pero deseamos contar verdaderamente con garantías de que se van a poder abordar también los medios jurídicos a este efecto. 
Permítanme exponerles el ejemplo de Finlandia. 
En este país ha entrado en vigor a principios del presente año una ley que permite a la policía o a los tribunales imponer al individuo que haya incurrido en un acto violento lo que se ha dado en llamar una prohibición de aproximación; o, lo que es lo mismo, es posible evitar que determinadas personas se acerquen a sus víctimas cuando exista el temor de que se vuelva a producir un acto violento. 
No cabe la menor duda de que el resto de los Estados miembros pueden presentar también otros modelos positivos para abordar este aspecto desde un punto de vista jurídico. 
Por lo que respecta al carácter mundial de este problema, he recibido como Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer una carta de una organización iraní que llama la atención sobre el hecho de que en este país se sigue practicando aún la lapidación de mujeres. 
Deberíamos recordar igualmente que, en el marco de este programa, deberemos afrontar con toda seguridad situaciones como ésta, que se dan a escala mundial. 
Señora Comisaria, después de haber escuchado su intervención, no estoy completamente convencida de que la modificación del fundamento jurídico vaya a garantizarnos un buen funcionamiento del programa Daphne. 
Quizá podríamos realizar esfuerzos de manera conjunta para convencer a estos Estados miembros reacios de que acepten el artículo 235 como fundamento jurídico. 
Soy consciente de que, de hecho, usted ha compartido desde un principio nuestra opinión, pero su punto de partida ahora es que, por encima de todo, lo más importante es poner en marcha este programa. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, les doy mi más calurosa bienvenida a este Día Internacional de la Mujer. 
Vengo de una videoconferencia emitida a escala mundial que ha sido organizada por UNIFEM, la Organización de Mujeres de las Naciones Unidas, con motivo de una campaña mundial a favor de un mundo libre de violencia contra las mujeres. 
Desde este Parlamento Europeo nos proponemos aportar una contribución importante a esa campaña. 
Nos unimos desde aquí a diversos actos a escala mundial, pues considero muy importante que las mujeres se den cuenta de que no están solas, de que nosotros y nosotras estamos a su lado. 
Hemos luchado mucho en la Unión Europea para conseguir un Año Europeo de lucha contra la violencia contra mujeres. 
Les recuerdo que hace un año 350 colegas firmaron aquí la declaración escrita que pedía ese Año y que pedía también una campaña como la mencionada. 
Ahora hemos llegado hasta el punto de que ya podemos empezar con la campaña, que cuenta ya con un proyecto de programa encima de la mesa. 
Pero han surgido problemas legales: desde diferentes partes se aducen razones- en mi opinión, precipitadas- que impiden una rápida aprobación del programa DAPHNE. 
Nosotros los y las socialistas queremos que se actúe con rapidez, que aprobemos rápidamente un programa- naturalmente en colaboración con el Parlamento Europeo- e incluso según el artículo 129 tenemos explícitamente otras posibilidades de colaboración. 
Pero estoy viendo que aún habrá grandes dificultades para poner en marcha el programa, de modo que hasta el 1 de Enero del 2000 no entrará realmente en vigor. 
Lo que queremos conseguir en cualquier caso- y lucharemos por ello -, es que amplias partes contenidas en el proyecto provisional de programa no sean suprimidas, como las relativas a la trata de mujeres o la domestic violence- tengo dificultades con el término violencia doméstica, porque la vida doméstica no implica esa violencia, sino que son siempre las personas, y mayoritariamente los hombres los que son violentos en sus casas -, y que tengamos el programa listo a tiempo. 
Todos ustedes saben que hay nuevas elecciones, el Parlamento ha de constituirse de nuevo y las Presidencias del Consejo han de adaptarse a ello. 
La Presidenta alemana del Consejo, Christine Bergmann, declaró en la Comisión de Derechos de la Mujer que quería tener el programa DAPHNE rápidamente listo. 
También lo quieren tener los ministros de Justicia, y sin embargo surgen nuevas dificultades formales. 
Ello se debe en una parte importante a que no tenemos un Consejo de Ministros de la Mujer formalmente establecido que pudiera aprobar el programa, otra petición más completamente determinante que ha presentado mi grupo. 
El artículo 129, metiéndonos en la discusión, debe garantizar en cualquier caso un planteamiento multidisciplinar. 
Queremos tener en cuenta la perspectiva del Tratado de Amsterdam, en vigor hasta el año 2000, y queremos una definición completa de lo que significa el término salud, esto es, el medio social de la violencia debe ser tenido en cuenta, y, sobre todo, debe mantenerse el planteamiento de que tanto las organizaciones no gubernamentales como las autoridades competentes de los Estados miembros además de la Justicia y la policía han de trabajar juntas en esto. 
Es vitalmente necesario para que podamos trasladar el mensaje a nuestros ciudadanos y ciudadanas de que Europa y el Parlamento Europeo están combatiendo todo tipo de violencia contra las mujeres. 
Aplausos 
Señor Presidente, hoy es un día de celebración para muchas de nosotras y de solidaridad, homenaje y manifestación de respeto con tantas mujeres y niñas que todavía no gozan de derechos y sufren abusos y violencia. 
La lucha por la igualdad de oportunidades y contra la violencia es un hecho que nos afecta a todos y conseguirla beneficia a toda la sociedad en su conjunto. 
Me habría gustado estar aquí hoy presentando el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre el programa DAPHNE del que soy ponente, pero no ha sido posible- como todos ustedes saben- por el cambio de fundamento jurídico, en el último momento, cuando los trabajos del informe ya estaban muy avanzados. 
No es una mala noticia, aunque hay ciertos aspectos que nos preocupan. 
Nuestra gran prioridad es que el programa DAPHNE salga adelante. 
Como recordarán, fue iniciativa de esta Asamblea el crear una línea presupuestaria específica para la lucha contra la violencia en las mujeres y los niños, y, en sus tres años de andadura, los resultados han sido magníficos. 
Me consta que la colaboración entre las ONG, la sociedad civil y los organismos públicos se encuentra en plena efervescencia de ideas, proyectos y búsqueda conjunta de las mejores soluciones y es responsabilidad nuestra- de todas las Instituciones comunitarias- que el programa vea la luz antes de final de año. 
Por primera vez, la Unión Europea se enfrenta al reto de un programa quinquenal de lucha contra la violencia. 
Y cinco años para las personas que sufren son muchos años. 
Por ello, es también obligación nuestra redactar un texto de calidad, con buena estrategia a medio plazo que contribuya de forma efectiva a prevenir y mitigar los efectos de la violencia sobre mujeres, niños y adolescentes. 
Y por ello, señora Comisaria, nos preocupa enormemente la definición del concepto de salud pública. 
Se refiere a la salud física, psíquica y al bienestar social y mental entendido desde un punto de vista amplio. 
Esperemos que así sea. 
La trata de mujeres, el abuso sexual y la desaparición de niños es violencia. 
La Unión Europea puede aportar un gran valor añadido a la hora de combatirla. 
Sería una pena que estos temas fueran dejados de lado por una pobre interpretación de un concepto jurídico. 
Hoy celebramos el último día 8 de marzo de este milenio. 
Cuando se celebró el primero, las mujeres éramos casi invisibles. 
En los últimos 20 años se han corregido muchas desigualdades pero la discriminación sigue. 
No quiero terminar sin recordar el gran reto que tenemos para conseguir la efectiva realización del principio de igualdad. 
La ratificación del Tratado de Amsterdam será de gran ayuda ya que contaremos con fundamentos jurídicos firmes, que consagran el «mainstreaming» como un objetivo fundamental y horizontal. 
Existen todavía demasiadas discriminaciones directas e indirectas que impiden la plena ciudadanía de la mujer, su acceso al empleo, su independencia y su autoestima. 
El cuarto programa de acción está sirviendo de pauta en todos los Estados miembros pero sus objetivos no deben terminar en el programa sino que necesitamos continuarlos y mejorarlos en un quinto programa de acción. 
Promover la conciliación entre la vida profesional y la familiar y fomentar la participación de la mujer en política son y serán elementos clave para la participación de la mujer en la sociedad y, por supuesto, la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Desde la Unión Europea tenemos muchos medios para ayudar. 
Espero que estos documentos vitales, como la Agenda 2000 y los nuevos reglamentos sobre los Fondos, se decidan de forma clara en favor de la mujer trabajadora. 
Señor Presidente, colegas, Señora Comisaria, estoy completamente de acuerdo con su declaración. 
Usted señala con razón el hecho de que las mujeres todavía están infrarrepresentadas en los órganos de decisión, en la administración y en el mundo empresarial. 
Y esto a pesar de que la Unión Europea cuenta con muchas más mujeres que hombres. 
También el Presidente del Parlamento acaba de decir que hay que seguir avanzando en esa línea. 
Usted subraya acertadamente, señora Comisaria, que los derechos de la mujer son derechos humanos. 
Las mujeres tienen derecho a la seguridad y a la dignidad humana. 
Muchos hombres, también entre los aquí presentes, creen que la violencia contra las mujeres, por lo menos por lo que respecta a la Unión Europea, constituye ya un fenómeno superado y raro. 
Sin embargo, las cifras nos muestran que una de cada cinco mujeres en la Unión fue alguna vez víctima de la violencia. 
La violencia contra las mujeres y los niños se da en todas las sociedades y en todas las clases sociales, independientemente de la cultura o la religión. 
Además, Señora Comisaria, usted tiene razón cuando dice que la lucha contra la violencia en las mujeres no sólo la tienen que llevar a cabo las mujeres y las organizaciones no gubernamentales que ayudan a las mujeres a prevenir esa violencia. 
Debemos abordar en primer lugar y sobre todo la causa y esa no reside en la falda demasiado corta o la poca autoestima de la mujer, sino en los millones de hombres europeos que todavía hoy ejercen algún tipo de violencia. 
Tenemos que utilizar el 1999, el año contra la violencia en las mujeres, para educar a los hombres e indicarles sus obligaciones. 
Por todas estas razones y con el trasfondo de su declaración tan extraordinaria, me parece penoso que el nuevo fundamento jurídico del programa DAPHNE sea tan limitado, aunque usted abogue por una interpretación amplia. 
Por último, el programa DAPHNE abarca también la lucha contra la violencia en niños y jóvenes. 
Por eso he presentado, en nombre de mi grupo parlamentario, algunas enmiendas para enderezar este asunto en la resolución, en el título y también en algunos puntos. 
Señor Presidente, es para mí un verdadero placer ser el primer orador que toma la palabra en este debate sobre el Día Internacional de la Mujer. 
En particular quisiera dar la seguridad a mis colegas aquí presentes de que la inmensa mayoría de los hombres les apoyarán sin reservas para conseguir que disfruten de la plena igualdad de derechos, igualdad de estima y protección contra toda clase de violencias. 
Me enorgullece llevar este cordón blanco que indica que ésa es mi actitud personal. 
Sé también que la mayoría de mis colegas piensan como yo. 
Es importante que las declaraciones hechas en este Parlamento no se circunscriban a las cuatro paredes de la sala y que enviemos un mensaje al mundo exterior para que vea que el Parlamento Europeo quiere ser visionario y quiere acompañar al mundo en el siglo XXI garantizando la igualdad de derechos para todos y, en particular, instituyendo programas especiales de protección para todos los que son víctimas de la violencia. 
Por eso el programa Daphne es tan importante para nosotros, no solamente porque- si me permiten que lo diga así- es nuestra propia criatura, sino también porque nos percatamos de la importancia que sus efectos tienen en el plano mundial. 
Hemos podido observar ya algunos de los beneficios del programa Daphne. 
Es una lástima que las dificultades jurídicas- que este Parlamento ha encontrado en muchas ocasiones que ha utilizado el artículo 235- hayan retrasado la aplicación del nuevo programa. 
Sin embargo, confío en que, con la nueva base jurídica, podamos empezar de nuevo a instalar esta cuestión en el orden del día. 
También es importante que cuando decidamos instituir nuevos programas, velemos por que el sector voluntario y las organizaciones no gubernamentales que están en la brecha y que para ayudar a las mujeres y a los niños les ofrecen refugio, intervengan desde el principio en las actividades para asesorarnos acerca de la forma más eficaz de utilizar los fondos disponibles. 
Ahora bien, no menos importante es conseguir que los gobiernos de los Estados miembros obren de consuno con nosotros, porque, como se ha podido ver con el uso del artículo 235, algunos gobiernos estiman que ese artículo representa una imposición para ellos, una ingerencia en los derechos democráticos que tienen con arreglo a las normas de la subsidiariedad en el marco de los Tratados. 
Por eso tenemos que conseguir que los gobiernos desempeñen un papel activo a ese respecto. 
Hay que aprovechar al máximo las nuevas oportunidades de igualdad que el Tratado de Amsterdam crea para nosotros, pero es importante que desde ahora el mensaje de este Parlamento sea: los hombres y las mujeres se oponen a la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra quien sea. 
Señor Presidente, se ha hablado bastante de los fundamentos jurídicos. 
Si los nuevos fundamentos jurídicos no constituyen problemas para la Comisaria, entonces yo tampoco los tendré en relación con el programa Daphne. 
Lo único es que mi imaginación aún no es lo suficientemente rica como para entender que la prevención de las enfermedades comprenda también la trata de blancas. 
Sin embargo, a pesar de todo, espero que nos ayudemos unos a otros en todos los planos. 
Personalmente veo alguna dificultad, pero tal vez no debamos ser pesimistas innecesariamente. 
En todo caso, ahora que tengo la palabra, quiero dar las gracias a todas las organizaciones de voluntarios que trabajan, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. 
Aún cuando los políticos somos extraordinariamente capaces, es indiscutible que se necesita una coordinación entre nosotros, los elegidos por voto popular, y aquellos que trabajan con las bases en estos asuntos. 
Es esa coordinación la que nos puede hacer avanzar de algún modo. 
También quiero señalar que llevo vaqueros para celebrar este día. 
Tengo que decir que me enfadé muchísimo cuando vi la sentencia en Italia. 
Pensé que si fuera tan fácil que yo y nuestros niños pudiésemos vestirnos con vaqueros, evidentemente podríamos tener una colaboración mucho, mucho mejor con los fabricantes de vaqueros que hoy están pasando estrecheces. 
Pero, desgraciadamente, no es tan simple como ponerse vaqueros. 
He llevado vaqueros durante varios días para poder celebrar el Día Internacional de la Mujer ya que casi nunca podemos celebrar este día el 8 de marzo que, como es sabido, es un día elegido tanto por las mujeres socialistas de comienzos de siglo como por la ONU en 1975. 
Espero que alguna vez en el próximo siglo el 8 de marzo sea un día festivo para nosotras las mujeres, de manera que podamos celebrar plenamente este día, precisamente el 8 de marzo. 
Estoy muy feliz de ver The White Ribbon, la campaña masculina de Canadá en la que usan este lazo y lo llevan como un símbolo para demostrar que activamente repudian la violencia de otros hombres contra las mujeres. 
Opino que es algo óptimo y espero, realmente, que todos los hombres que en el Parlamento han recibido un lazo de este tipo no sólo lo usen hoy sino que lo lleven el resto de sus vidas. 
La violencia de los hombres contra las mujeres es, como ya lo hemos dicho, un problema universal muy, muy pernicioso. 
No basta con decir: «Pero yo no utilizo la violencia». 
Evidentemente hay otros hombres que la utilizan. 
Esto lo sabemos hoy con certeza. 
También deseo dar las gracias al gobierno de mi país que el año pasado presentó un paquete de medidas para proteger a las mujeres. 
Apareció entonces un registro totalmente nuevo, entre otras cosas, la penalización de los clientes de las prostitutas, algo que hace un año y medio hizo reír a este Parlamento pero que hoy es ley en uno de los países miembros. 
Quisiera terminar recordando a Leyla Zana, una de las tantas mujeres que todavía son víctimas de la violencia política. 
El Presidente nunca tendría que hacer comentarios, sin embargo, señora Eriksson, quisiera decirle que en varios de nuestros Estados hay muchas iniciativas que van en la misma dirección que la emprendida en Canadá, aunque no hayan tenido todavía mucha publicidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, hemos de comprobar por enésima vez que por lo visto en algunos Estados miembros hace falta agudeza jurídica para poder llevar la lucha contra la violencia en la mujer de una forma efectiva y que algunos Estados miembros se resisten. 
Esperamos que la Comisaria tenga razón o que se la den y que, incluso con un fundamento jurídico deficiente, consiga llevar a cabo un programa que combata eficazmente los delitos como la trata de seres humanos. 
La lucha contra la violencia en las mujeres y niños es una lucha universal y prioritaria. 
En el fondo es el comienzo de la paz. Es el comienzo de la lucha por una sociedad pacífica y por una sociedad humana de la que muchas mujeres y niños están aún excluidos. 
Hay también muchos hombres víctimas de la violencia pero cuando hoy, en este ocho de marzo, queremos iniciar e intensificar específicamente la lucha contra la violencia en mujeres y niños, entonces creo que podemos estar felices con las palabras de la Comisaria Gradin, aunque por supuesto no se traducen del todo en este hemiciclo. 
Los hombres se han ido en masa a pesar de toda la simpatía que tienen hacia esta cuestión. 
Afortunadamente ya hemos oído tomar la palabra a un portavoz del sexo masculino, a pesar de la simpatía que muchos sin duda sentirán. 
Pero también las mujeres han tardado un tiempo hasta que se han dado plenamente cuenta de que no sólo debemos luchar para defender mejor a las víctimas, sino de que la violencia es un problema de los hombres, o sea de que esta violencia también debe ser abordada por los hombres. 
En ese aspecto, señor Presidente, me sumo de buena gana a las palabras que se han pronunciado al respecto. 
Tendré el honor de hacerle llegar, en nombre de muchos colegas espero, una declaración por escrito en la que se le pide como Presidente que tome la iniciativa de constituir una Comisión de los derechos del niño. 
Señor Presidente, queridos colegas, quisiera en primer lugar llamar la atención sobre el absurdo de distribuir a la entrada de este Parlamento un pequeño lazo blanco, como si fuera heroico llevar este lazo como muestra de valentía o de originalidad. 
¿En fin, en que conformismo nos hemos instalado? 
¿Tendría alguno de nosotros el valor de decir: «Si no llevo el lazo blanco, significa que estoy a favor de la violencia contra las mujeres»? 
Hubo otras épocas en las que era más difícil llevar la escarapela blanca: eran jóvenes caballeros que iban a defender a la reina más martirizada de nuestra historia, la reina María Antonieta. 
Y hablar de violencia contra las mujeres en Francia mi país, supondría en efecto evocar a todas esas mujeres guillotinadas durante la revolución francesa, a las carmelitas de Orange y a todas las persecuciones. 
Supondría evocar a las tres mil mujeres francesas que fueron deportadas a Argelia en 1962, ante la indiferencia general. 
Las instituciones europeas no han querido saber nada. 
Estas mujeres fueron deportadas a los lugares de lenocinio de la tropa fellaga en Argelia. 
Ayer mismo, en mi oficina, Jasmina y su amiga me decían: «sí, tenemos miedo, miedo de las amenazas de muerte, miedo de ser violadas». 
Esta es la causa de la violencia contra las mujeres. 
¿Por qué no decirlo? 
En cientos de zonas de mi país hay muchas más violaciones cada día que coches quemados. 
En Estrasburgo este año han ardido 700 coches. 
¿Pero cuantas más violaciones ha habido? 
De esto no se dice nada, porque se impone la ley del silencio. 
Se trata sobre todo de no hablar de ello. 
¿Y, sin embargo, por qué no hablar de la presencia en nuestro territorio de pueblos desarraigados que tienen las mismas costumbres que aquellos que se matan en Argelia, que violan y que degüellan? 
Hablar de la violencia contra las mujeres implicaría hablar de la banda inmunda «Ríete de tu madre» , ese grupo ensalzado como supuestamente antirracista. 
Es una infamia atreverse a llevar un nombre como ese, y, sin embargo, los discos se venden gracias a la promoción de los capitalistas de la FNAC y de otros sitios. 
Hablar de la violencia contra las mujeres implicaría en todo caso hablar del aborto, que es el peor tipo de violencia, banalizado hoy en día; también implicaría desgraciadamente hablar de la violencia de la autodestrucción, violencia que se impone a las mujeres a veces a través de la propaganda que todos conocemos. 
Finalmente hablar de la violencia implicaría decir que es necesario restablecer la pena de muerte contra los que son capaces de todas las torturas, los asesinos más abominables. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar calurosamente a la Comisaria Gradin por su discurso sobre la cuestión de la violencia contra la mujer. 
Éste es un día importantísimo. Ilustra una verdadera determinación de lanzar una campaña en toda Europa contra la violencia de que es víctima la mujer. 
Toda la labor que hemos realizado en la Comisión de Derechos de la Mujer y en este Parlamento en los últimos años ilustra la influencia del Parlamento y de la Comisión de Derechos de la Mujer en la adopción de una posición resuelta contra la violencia de que es víctima la mujer. 
Esperamos que en cada Estado miembro se pase a la acción. 
No ignoramos las dificultades con que hemos tropezado ya para llegar hasta aquí. 
Ha habido objeciones provenientes de muchas esferas, a pesar de lo cual hemos llegado al punto en que sabemos que va a haber nuevas actividades, nuevas investigaciones, nuevas iniciativas, nuevos proyectos, que contribuirán todos a mejorar la mentalización acerca de la cuestión de la violencia contra la mujer y a combatirla. 
Estoy seguro de que todos reconocemos que tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestros propios Estados miembros, en nuestras esferas de actividad, para luchar contra la violencia. 
En el Parlamento Europeo los miembros del Partido Laborista han aceptado lo que acabo de decir y esta semana comenzamos nuestra propia campaña. 
Tenemos la intención de consultar a personas de todas las regiones del Reino Unido y de preparar una plataforma de acción. 
También queremos establecer asociaciones entre nuestras propias organizaciones no gubernamentales y las de otros Estados miembros, para que podamos compartir las buenas ideas y las buenas prácticas. 
Queremos extender nuestra actuación a todo mundo, para trabajar con países como Sudáfrica. 
Acabo de regresar de ese país y la cuestión de la violencia contra la mujer ocupa un lugar verdaderamente preeminente en el programa político. 
Hay una gran necesidad de que todos nosotros trabajemos juntos en todo el mundo. 
Como la Comisaria Gradin, nosotros también queremos que los hombres estén con nosotros. 
Son hombres de este Parlamento y hombres de las diversas comisiones parlamentarias los que han estado ocupándose de esta cuestión pero que, por razones presupuestarias y jurídicas, a menudo no se han dejado convencer por la labor que estábamos realizando. 
Son hombres los autores de la violencia contra la mujer, y los hombres tienen que tomar esta cuestión muy en serio. 
Me parece que la campaña del cordón blanco es excelente, y quisiera que los hombres británicos y los hombres de todas las comunidades y de todas las ciudades llevasen ese cordón blanco y ayudasen a la mujer en todos los rincones de la Unión Europea. 
De cada cuatro mujeres, una es víctima de violencias y prácticamente todas las mujeres son vulnerables a la violencia. 
Todas las mujeres apoyan esta campaña. 
Se sabe que la Unión Europea lucha contra la opresión y se opone a la violencia. 
Hagamos ver que nos oponemos a ella en nuestras propias ciudades, pueblos y hogares. 
Aplausos 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Gradin. 
Cuando fue nombrada en 1995, la Sra. Gradin hizo de esta cuestión una de sus prioridades y, a pesar de que sufrió muchos desalientos, lo cierto es que ha salido adelante y ahora estamos sosteniendo un importante debate en este Parlamento acerca de una cuestión que a menudo provocaba risas disimuladas y que raramente se tomaba en serio hasta que la Comisaria Gradin decidió que había que tomar muy en serio este asunto. 
Quisiera felicitar también al personal que se ocupa del programa Daphne. 
Están siempre a nuestra disposición y son siempre muy serviciales. 
El Sr. Simpson es quizá la persona que mejor conozco. 
Ha hecho de esta cuestión una verdadera campaña y una verdadera misión para él. 
Esos programas- Daphne, STOP y Grotius- empezaron a funcionar a raíz de la tragedia de los asesinatos de Dutroux en Bélgica. 
Fue una tragedia, pero también resultó ser un agente catalizador cuando, por fin, las clases políticas descubrieron que se trataba de un problema verdaderamente serio. 
Si concentro mis observaciones en los niños en este debate no es por no coincidir plenamente con mis colegas que han hablado acerca de la necesidad de enfrentarse decididamente contra el principal problema que tenemos en todas nuestras sociedades, que es el de la violencia contra la mujer; lo que pasa es que, en los tres o cuatro últimos años, la cuestión de los derechos del niño y la protección de esos derechos ha comenzado, lenta pero decididamente, a ocupar el lugar que le corresponde entre las prioridades políticas de muchos de nuestros países. 
Demasiado a menudo los verdaderos motores y los verdaderos agitadores en esta esfera son las organizaciones no gubernamentales, que, invariablemente, carecen de fondos suficientes y tienen que estar llamando constantemente a la puerta para ver si así despiertan la atención del público. 
Por esa razón necesitamos en la Comisión una dependencia que se ocupe de coordinar los numerosos programas que tenemos en curso. 
Se trata de programas pequeños, que no representan grandes cantidades de dinero, pero que corren el peligro de quedar fragmentados si no cambia la situación. 
Quisiera insistir en que todos nosotros en nuestros propios países, como ha dicho la Sra. Waddington, tenemos que esforzarnos por conseguir que los hombres reconozcan que la responsabilidad por los hijos no recae únicamente en sus madres. 
Señor Presidente, evidentemente comparto y apruebo la resolución de la Sra. Hautala y, por supuesto, la lucha de la mujer por su dignidad y su integridad. 
Pero quisiera hacer aquí un comentario. 
Al igual que la Sra. Banotti constato que la Comisión de Derechos de la Mujer se ha apropiado hasta cierto punto del programa Daphne, que es el resultado de la iniciativa de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y que inicialmente se orientaba básicamente a la lucha contra la pedofilia. 
Como ha dicho la Sra. Kestelijn, no quisiera que el fragor del debate condujera a desviar en cierta medida este programa exclusivamente hacia la protección de la mujer, olvidando su otro objetivo, mientras que, todos los días muchos niños son víctimas de malos tratos inimaginables. 
Pido pues a la comisión que siga dedicando una parte importante de sus fondos a acciones significativas de organismos cuya misión consiste en buscar a los niños desaparecidos y apoyar a las familias que padecen esos dramas. 
Para concluir diría a mis colegas que en lugar de pelearnos por unos mermados fondos, desearía que todos juntos, todos los partidos políticos y no solo hoy sino cuando se discuta el presupuesto, pidamos un aumento significativo, substancial de esos fondos cuyo destino es, fuera de toda duda, esencialmente humanitario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, hoy celebramos en todo el mundo el día de la mujer con gran entusiasmo, emoción y esperanza. 
Quisiera añadir que también lo celebramos «con admiración y dignidad» , puesto que las mujeres constituimos el 50 % de la población mundial y somos las responsables del otro 50 %. 
En los estados modernos la mujer tiene que desempeñar múltiples papeles, mujer-madre, mujer-esposa, simplemente compañera, mujer-científica, mujer-trabajadora, mujer-política, mujer-artísitca. 
Hoy la mujer ya puede reivindicar y compartir todos estos papeles con los hombres en términos de igualdad. 
Y creo que en este sentido ha contribuido a ello en gran medida, la Unión Europea y, especialmente, el Parlamento Europeo que, con sus decisiones, ha consolidado de forma legislativa la igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres que viven en nuestros Estados. 
Sin embargo, es lamentable ver que, incluso hoy, en nuestras sociedades modernas y civilizadas sigue habiendo prejuicios en relación con el puesto de las mujeres. 
No siempre es seguro el respeto de las normas que nosotros legislamos ni su aplicación práctica, y muchas veces, es difícil de determinar porque las discriminaciones son indirectas. 
No olvidemos que hay países donde las mujeres y los niños carecen incluso de los derechos más elementales, donde las mujeres no conocen ni su meta, ni la importancia que tienen sus hijos. 
Quisiera recordarles que las mujeres han sido y son, principalmente, responsables de la transmisión, de generación en generación, de la cultura, de la identidad y de la ética. 
Por esta razón, la sociedad actual las necesita más que nunca, sobre todo, como vehículos de cultura y de paz. 
Si queremos que la consolidación jurídica de los derechos de las mujeres no sea letra muerta y que no se les dé la igualdad de oportunidades y derechos sólo en los papeles, debemos garantizarles la ayuda necesaria para que ellas mismas sean capaces de cumplir con su deber. 
Hoy más que nunca debemos poner énfasis en la educación, la formación, la salud, la educación digna de la mujer, para que pueda hacer uso de sus derechos, asuma sus responsabilidades y transmita los preciosos valores que hoy necesita nuestra sociedad, y que así, pueda atravesar el umbral del nuevo milenio con confianza en la justicia y en la libertad del ser humano. 
Señor Presidente, el Sr. Antony ya se ha ido, pero su intervención me estaba recordando la violencia intrínseca institucionalizada contra las mujeres, los discapacitados, las minorías étnicas y religiosas que lamentablemente vivimos durante la época del fascismo europeo. 
Señora Comisaria, usted sabe bien que la violencia contra las mujeres no es un problema de salud pública. 
En todo caso, como en la publicidad contra el tabaco, podemos decir que la violencia, los hombres violentos, perjudican seriamente la vida y la salud de las mujeres y los niños. 
Los violentos no son enfermos. 
Hay que decir claramente que son delincuentes. 
Pero, en todo caso, nos encontramos con la situación que nos ha anunciado la Comisión Europea: readaptar, en el caso del programa DAPHNE, los objetivos bajo otro fundamento jurídico, el de protección de la salud pública. 
Señora Comisaria, yo sé lo que su compromiso personal y su labor han significado para ir introduciendo realmente una cooperación en la lucha contra la violencia dentro de la Unión Europea. 
Pero yo le quería preguntar: ¿qué implicaciones puede tener, en su opinión, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en los próximos meses para enfocar la lucha contra la violencia? 
¿Ello permitirá que más adelante se pueda modificar de nuevo o darle más ambición al programa DAPHNE? 
A mí me preocupa este asunto, porque usted ha dicho que, independientemente de esa interpretación tan amplia del tema de la salud, el hecho concreto es que se ha eliminado del programa todo lo que significa la cooperación o los programas referentes al tráfico de mujeres, y sabemos que ese sí es un programa comunitario. 
Yo ahí discrepo de la defensa que hacía el Sr. Crowley del principio de subsidiariedad. 
Ahí, en el caso del tráfico de mujeres y de niños y los abusos contra los niños, en la lucha contra la pedofilia, hay un valor añadido comunitario. 
Ahí tiene que actuar la Unión Europea, no sólo en el marco de la cooperación del tercer pilar, sino también junto con las ONGs. 
Para terminar, señora Comisaria, quisiera que usted nos tranquilizara no sólo respecto a esa interpretación amplia del concepto de salud, sino que nos dijera qué implicaciones puede tener el Tratado de Amsterdam, porque yo tengo la duda de si no sería mejor esperar a que tenga lugar esa entrada en vigor. 
Señor Presidente, me ha encantado escuchar voces masculinas en este debate y me satisface que un Presidente tan atento presida esta parte de nuestro debate. Muchas gracias, señor Presidente. 
Es muy importante y fundamental que Europa sienta el deber de intervenir en la cuestión de la violencia sexual contra las mujeres y de la violencia en general contra ellas. 
A lo largo de este último año todos nosotros, todos nuestros Gobiernos, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo no han escatimado esfuerzos para conseguir una moneda única y un único banco, y para lograr que el euro sea una moneda que pueda luchar contra el poder omnímodo del dólar. 
Todos nosotros nos esforzamos para que las finanzas estén en cierto modo en el centro de nuestra atención. 
También debemos esforzarnos para que la lucha contra la violencia, en particular la violencia contra las mujeres, se convierta en uno de los ejes de la cultura europea. 
En el ámbito del programa DAPHNE, se ha hablado de nuevos objetivos: estoy de acuerdo con que se persigan nuevos objetivos y se abra un debate al respecto, sin embargo, yo hablo de nuevas financiaciones, de financiaciones cada vez más consistentes para los programas y los proyectos de DAPHNE en favor de los niños y de las mujeres. 
No puedo sino agradecer a la Comisaria, señora Gradin, el hecho de que haya recordado en su intervención el caso de los tejanos antiviolación. 
Hace casi un mes, en Italia, se dictó una sentencia tragicómica que ha despertado un gran estupor en todo el mundo. 
Hoy, a modo de provocación, llevo tejanos y he promovido una exposición de tejanos, no para dar espectáculo, sino porque el Tribunal de Casación y el Tribunal Supremo de Italia han afirmado que una mujer que lleva tejanos no puede ser violada. 
Los tejanos son un método para evitar la violación. 
No pretendemos juzgar al Tribunal de Casación, sino subrayar la falta de cultura. 
La Europa que debemos crear es una Europa de cultura. 
Quiero referirme asimismo a una noticia que leí ayer en la prensa italiana y que también aparece en la prensa austriaca: la minifalda es una provocación peligrosa. 
Una mujer en minifalda fue despedida en Austria por llevar esa prenda. 
El problema más grave, no obstante, es que no se acudió en defensa de esa mujer, sino del hombre que la despidió porque, aparentemente, fue él quien sufrió un acoso sexual al haber sido provocado. 
La Comisaria Gradin decía que debemos defender a las mujeres; sin embargo, también tenemos que curar al hombre, allí donde debe ser curado como hombre y como persona. 
Señor Presidente, voy a hablar de la resolución Hautala y, por el momento, no voy a intervenir, aunque me gustaría hacerlo, sobre el 8 de marzo. 
Me dirijo, en cambio, a la Comisaria, señora Gradin: ante todo aprovecho esta ocasión para agradecerle su labor y su trabajo. 
Creo que quedará en la historia de la Unión Europea el empeño con que la Comisaria Gradin ha abordado este tema, con su fuerza, inteligencia, buena voluntad y generosidad. 
No podemos olvidar que, si en estos años ha habido una serie de acciones destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres, sin duda, se lo debemos a ella. 
A este propósito, quisiera pedir que pasemos a abordar el artículo 129 que ha de considerarse positivamente, ya que atribuye al Parlamento mayor poder. 
En teoría, el Parlamento debería celebrarlo porque, en última instancia, quizás los plazos son menos largos. 
No obstante, hace falta saber si el programa seguirá siendo el mismo. 
A mí me interesa curar a los hombres, mejor dicho, estoy convencida de que curándoles dejarán de pensar que, al fin y al cabo, las mujeres se pueden comprar, robar, raptar, más que conquistar. 
Estoy de acuerdo también con tratar a las mujeres que son víctimas de la violencia y que seguramente han sufrido un daño biológico, además de psicológico. 
Sin embargo, hay otras acciones en el programa DAPHNE que apreciamos y lo único que quisiera saber es si el paso del artículo 235 al 129 modificará los contenidos de este programa. 
Es justamente lo que no querríamos. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias a la señora Comisaria Gradin. 
No quiero repetir lo que han dicho mis colegas, no obstante, si se ha registrado una inversión de las tendencias en Europa en este tema, se lo debemos en gran parte a ella. 
En línea con lo manifestado por la Sra. Marinucci acerca de la posibilidad de ampliar el programa a través del artículo 129, quisiera hacer un ejemplo: en Italia, como en otros países, desde hace muchos años las organizaciones de mujeres se ocupan de apoyar, cuidar, acoger y ayudar a reinsertarse en un contexto social a las mujeres que han sido víctimas de violencias, incluso a través de centros de acogida especiales, en los cuales las mujeres pueden refugiarse junto con sus hijos y recibir todo el apoyo psicológico y jurídico, así como lograr una reinserción laboral. 
Ahora bien, creo que si el artículo 129 se limitara únicamente al aspecto de la salud, sería muy restrictivo respecto a la acción que ya se está llevando a cabo y que, sin duda, debe ampliarse. 
Es por esto que si, por una parte considero que, gracias al artículo 129, nosotros, como Parlamento, desempeñamos un papel más sustancial, ya que podemos intervenir y llegar rápidamente a una conclusión, el objetivo de la Comisaria Gradin y el nuestro es que este programa vea la luz al principio del año 2000. 
Creo que sería realmente una lástima y un paso atrás si no consiguiéramos incluir en su conjunto todas las acciones originariamente previstas en el programa DAPHNE. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a todos por este interesantísimo debate que hemos sostenido, y a la Comisión de Derechos de la Mujer por el apoyo que ha prestado a esta campaña sobre la violencia contra la mujer, y también por el apoyo que ha prestado al programa Daphne. 
A muchos de ustedes les preocupa que hayamos tenido que cambiar la base jurídica del programa Daphne. 
Hay que decir que sostuvimos un prolongado debate en la Comisión antes de que presentásemos este programa al Consejo y al Parlamento y llegásemos a la conclusión de que el artículo 235 sería la mejor base jurídica. 
Por eso se lo propusimos a las dos instituciones. 
Durante el debate por lo menos cinco países- Alemania, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca y Bélgica- dijeron de forma muy categórica que no podían aceptar el artículo 235. 
Querían el artículo 129. 
En mi opinión, lo mejor era que se tomase una decisión sobre el programa Daphne y que después de un año se determinara si cabía mejorarlo. 
Quizá el programa tenga menos ámbito de lo que habíamos previsto en principio, pero lo mejor es ponerlo ahora en marcha y ver más adelante lo que procede hacer. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Situación sanitaria de la mujer 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0029/99) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (97) 0224- C4-0333/97) sobre la situación sanitaria de la mujer en la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, permítame señalar en referencia a la anterior intervención que la Sra. Gradin cuenta verdaderamente con nuestro pleno apoyo a la hora de poner en marcha este programa Daphne, y pienso que podremos seguir desarrollando, con toda seguridad, una enorme cooperación acerca de este tema. 
Pero pasemos a abordar otra cuestión. La Comisión Europea ha encargado un estudio acerca de la situación sanitaria de las mujeres en la Unión Europea. 
La elaboración de este estudio ha corrido a cargo de la Universidad de Limerick. 
Sin embargo, el Parlamento se ha visto un tanto confundido por el hecho de que la Comisión no ha extraído prácticamente ninguna conclusión de este estudio, sino que nos lo ha remitido directamente al Parlamento y al Consejo. 
Así pues, nuestro deber como Parlamento es el de exponer algunas directrices sobre cómo se debería plantear la situación sanitaria de las mujeres. 
Resulta evidente sin lugar a dudas que hemos asistido a un aumento del bienestar general en numerosos ámbitos y, por lo tanto, también las mujeres gozan de una mejor salud y viven más años. 
Sin embargo, hay que señalar que existen nuevas amenazas para la salud de las mujeres. 
A modo de ejemplo, me gustaría mencionar que cada vez es mayor el número de mujeres que se ven obligadas a hacerse cargo de los ingresos familiares en situaciones monoparentales. 
Es bien sabido que las mujeres que asumen este papel se enfrentan con graves problemas económicos, por lo que resulta evidente que la capacidad y los recursos necesarios para mantener cualquier nivel sanitario no son tampoco los mejores posibles. 
Además, existen otras amenazas de nuevo cuño que parecen afectar precisamente a las mujeres y que no han merecido una gran atención en el pasado. Por ejemplo, señalaría a este respecto los problemas alimenticios como la anorexia y la bulimia. 
Hay que decir en honor a la verdad que entre los varones jóvenes también se está comenzando a registrar este tipo de trastornos alimenticios. 
El carácter de estos problemas es seguramente tan difícil que nos impide explicar de manera inequívoca de qué se trata, pero deberíamos reconocer estos fenómenos y reflexionar sobre ellos, sobre su verdadera causa. 
¿Por qué razón ejerce la sociedad una presión tan difícil, precisamente a las jóvenes, que las lleva a reaccionar de este modo? 
Éste es un momento muy interesante para abordar la situación sanitaria de las mujeres, ya que la Unión Europea se ha comprometido por medio del Tratado de Amsterdam a incorporar en todas las actividades comunitarias al menos dos puntos relacionados con este asunto. 
El primer aspecto que deberá incorporarse como elemento de toda política de la Unión es el relacionado con la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. 
En segundo lugar, se deberá también incorporar la salud pública como parte integrante de toda la política comunitaria. 
En mi informe señalo que nos encontramos ante un doble desafío en el que debemos aplicar el principio de horizontalidad. 
En este caso, hemos de plantearnos pues la futura política sanitaria de la Unión precisamente desde el punto de vista de las mujeres. 
En primer lugar, afirmo que la mujer esta muy mal representada en la toma de decisiones del sector sanitario. 
Sí están bastante bien representadas en el ámbito laboral, por ejemplo en el caso de las enfermeras; pero las mujeres cuentan claramente con una representación insuficiente en los ámbitos directivos y en la toma de decisiones de este sector. 
Sé de algunos estudios donde se demuestra que, cuando las mujeres acceden a puestos de dirección en el sector sanitario, se modifican también los puntos de vista. 
Así pues, por ejemplo, se comienza a prestar más atención a la prevención en lugar de centrarse únicamente en el restablecimiento de los enfermos. 
Éste es un ejemplo extremadamente interesante que demuestra que las mujeres también tienen una forma propia de actuar, siempre y cuando consigan adoptar decisiones acerca de las distintas cuestiones. 
Es muy importante que nos esforcemos por brindar a las mujeres en todos las etapas de su vida unos servicios sanitarios básicos, buenos y de elevada calidad, ya sea en la educación y los servicios de orientación sobre la maternidad o en el campo de la ginecología. 
Me ha llegado hace poco una carta de Francia en la que se afirmaba que las exigencias de armonización de las profesiones en la Unión Europea han puesto en peligro el sector de la ginecología. 
Aún hay otras enfermedades que afectan de manera especial a las mujeres y a los hombres: las enfermedades cardiovasculares y el alcoholismo. Asimismo, la depresión parece ser más común entre las mujeres. 
Deberíamos reflexionar sobre todos estos datos sin olvidar que con el envejecimiento de la población será cada vez mayor el número de mujeres mayores en la sociedad, lo que planteará unas grandes exigencias a los sistemas de salud pública. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer por el informe que ha presentado y decir que, fundamentalmente, estoy de acuerdo con ella. 
Sin embargo, quiero hacer hincapié en que no queremos conceder mayor importancia a la salud de las mujeres que a la de los hombres sino tenerlas en igualdad de condiciones. 
Sin embargo, es necesario poner de relieve que algunos problemas sanitarios que afectan a la mujer son distintos y, por lo tanto, requieren una actuación específica. 
No voy a entrar otra vez a describir la situación sanitaria de las mujeres en la Unión Europea puesto que ya ha quedado perfectamente descrita y la ponente para el fondo, Sra. Hautala, -a la que quiero felicitar por su informe- ya lo ha hecho exhaustivamente y está en todos los documentos. 
Por lo tanto, voy a recalcar solamente los puntos en los que la Comisión de Medio Ambiente hace verdadero hincapié. 
Fundamentalmente, queremos actuar sobre funciones de prevención primaria a la hora de uniformar las actuaciones que, en materia de salud de la mujer, deberían tomarse en todos los Estados miembros y que ya en algunos de ellos están en marcha. 
A nuestro entender, deberían reforzarse los siguientes ámbitos: la lucha contra el tabaquismo y la lucha contra el alcohol en toda la población femenina, aunque haciendo hincapié en las adolescentes puesto que se ha notado en las estadísticas un avance en la edad- se empieza mucho más pronto- de la iniciación tanto al tabaquismo como al consumo de alcohol, y sería importante tomar acciones de prevención. 
También en el ámbito de la alimentación equilibrada. 
La anorexia, la bulimia y las enfermedades coronarias están teniendo cada vez más incidencia y, en el caso de las dos primeras, es especialmente importante en los jóvenes. 
Y hay que hacer esfuerzos a la hora de prevenir la propagación del sida haciendo también hincapié en la información entre los jóvenes. 
Estas acciones preventivas deberían hacer un esfuerzo más importante sobre la juventud. 
Habría también que tener en cuenta las campañas de prevención secundaria puesto que hay grandes diferencias entre los Estados miembros, así como incrementar y poner en marcha en toda la Unión Europea programas de detección de cáncer tanto de útero como de mama y hacer un diagnóstico sistemático en toda la población femenina y sobre todo en la población de riesgo. 
La detección precoz de la diabetes es un tema cada vez más importante así como también la terapia hormonal sustitutoria, la osteoporosis, etc. Y también hay que tratar de que las estadísticas se publiquen diferenciadas por sexos en cuanto a la salud puesto que hay grandes diferencias que hay que tener en consideración a la hora de tomar decisiones cuando estas estadísticas no están diferenciadas como ocurre este momento. 
Señor Presidente, es la segunda vez que debatimos en los últimos meses un informe sobre la situación sanitaria de la mujer en la Comunidad Europea y no quisiera repetir lo que ya dijimos en aquel debate. 
La Sra. Hautala ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar el informe y sobre todo para alcanzar un acuerdo dentro de la Comisión de Derechos de la Mujer que nos permita finalmente aprobar este informe. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía también analizó el informe preparado por la Comisión Europea que demuestra estadísticamente que el proceso que causa una enfermedad es claramente diferente entre los dos sexos, por lo que es necesario encontrar soluciones específicas a problemas o patologías distintas de la mujer, y que, para las mujeres, la cobertura universal de la sanidad pública es un elemento fundamental debido a que todavía ocupan niveles sociales y de renta inferiores a los de la población masculina. 
En todo caso, la Comisión de Investigación considera que hay que conocer mejor estadísticamente la situación de la salud pública distinguiendo la incidencia, estadísticamente también, en los dos sexos, profundizando en el análisis por intervalos de edad, niveles de renta y lugar de residencia. 
La comisión cree también que es necesario profundizar la investigación científica sobre las causas y los tratamientos adecuados de enfermedades como la anorexia y la bulimia que están teniendo efectos devastadores desgraciadamente en la salud de nuestros adolescentes. Así como también profundizar con más detalle en el tema de las enfermedades profesionales que tienen mayor incidencia en la mujer trabajadora- justamente hoy día 8 de marzo-. 
Hay que señalar que por la posibilidad menor de organización de las mujeres se conocen menos las incidencias de las enfermedades profesionales en las mujeres. 
Señor Presidente, aún cuesta reconocer que existe una situación sanitaria específica de la mujer como, en cambio, demuestran muchas estadísticas. 
¿Cómo es posible no darse cuenta de que, cuando se habla de salud, la salud de la mujer presenta algunos aspectos que son ciertamente distintos de los del hombre? 
El hombre no tiene problemas relacionados con la salud procreadora y presenta pocas molestias ligadas a la alimentación y al estilo de vida. 
El hombre lleva una vida completamente distinta y envejece menos que las mujeres. 
Si es cierto, y lo es, que actualmente en todos los sistemas sanitarios, uno de los principales problemas es el envejecimiento, las mujeres son con frecuencia más viejas en el ámbito de la población y, a veces, las más pobres entre las personas mayores. 
Existe una especificidad que fue reconocida por la plataforma de Pekín y constituye el apartado fundamental de dicha plataforma que reconoció el derecho de las mujeres a que se proteja su salud y, sobre todo, su salud procreadora. 
Es positivo que la Comisión haya presentado un informe específico sobre la situación sanitaria de la mujer, pero hay que sacar consecuencias de ello y le doy las gracias a nuestra presidenta, la señora Hautala, por haber recuperado in extremis este informe convirtiéndolo en concreto, coherente y constructivo y por pedir a la Comisión que siga adelante y vaya más allá y que presente un programa específico. 
Queremos que, en el ámbito de los programas de salud, se tenga en cuenta también la situación sanitaria de la mujer, que se aplique el mainstreaming en los programas que afectan al alto nivel de protección que el Tratado de Maastricht, antes, y el Tratado de Amsterdam, después, han reconocido como una obligación de la Unión. 
Queremos algo más, es decir, un programa específico. 
¿Cómo es posible no darse cuenta de que esto es necesario, sobre todo en lo que se refiere a la información? 
Las mujeres no se cuidan, ya que están acostumbradas a ocuparse de la salud de sus familiares, pero ellas no se cuidan y, con frecuencia, hacen caso omiso de la prevención porque deben ocuparse de los problemas familiares. 
Cuando se dan cuenta de que están enfermas ya es demasiado tarde. 
Hay que organizar campañas para que las mujeres sepan más, estén más informadas y convencidas de que deben cuidarse. 
Hay que organizar campañas de información destinadas a los médicos de familia, a los médicos de atención primaria, para que, cuando entren en un hogar para tratar a un niño enfermo, se dirijan a las mujeres y les pregunten si están tomando anticonceptivos, si se están cuidando, si están evitando una interrupción del embarazo que podrían obviar utilizando métodos anticoncepción. 
Los médicos de familia y los médicos de atención primaria deberían aprovechar cualquier ocasión para invitar a las mujeres a pensar en sí mismas, a someterse a esas pruebas que, ciertamente, se les deben ofrecer, pero que ellas deben saber aprovechar. 
A menudo no aprovechan la ocasión y por eso es necesario un programa específico para las mujeres destinado a su información y a la de todos los operadores sanitarios, al objeto de que se ocupen de las mujeres. 
No podemos seguir aplazando este tema. 
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y no la Fiesta de la Mujer, como dicen aquellos que no las quieren. 
Es el día que quiso Clara Zetkin en 1912 para promover la condición femenina. 
No queremos que las mujeres ocupen los ámbitos de poder, lo que sí queremos es que gocen de buena salud para que tengan la fuerza para hacerlo de la mejor manera posible. 
(DE) Señora Presidenta, estimados colegas, aunque en los últimos años se han producido enormes avances en nuestros conocimientos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que amenazan la salud de las mujeres, todavía hay en ese ámbito un notable déficit de actualización. 
Felicito a la Sra. Hautala por su informe. 
Creo que esta vez hemos conseguido aunar nuestras posiciones en lo esencial en común acuerdo con los otros grupos llegando a un buen resultado. 
El informe se concentra en lo esencial, el tema de la salud de la mujer, y considera en relación a esto la distribución de competencias en la Unión Europea. 
Las formulaciones sobre el tema en litigio del aborto y del síndrome tóxico han sido tratadas de modo que la mayoría de los diputados estuviesen de acuerdo. 
Sin embargo, soy todavía de la opinión de que al tema del aborto difícilmente le puede dar respuesta la Unión Europea. 
Para nosotros, en el centro de la discusión sobre el embarazo, junto al derecho a la vida y a la protección del niño está el posible daño a la salud, también mental, e incluso la propia vida de la mujer. 
Celebro los ámbitos temáticos abordados por el informe tales como los problemas de salud socialmente condicionados, que nos muestran que el estilo de vida, las condiciones de vida y un cambio saludable de vida son factores decisivos para la salud. 
La exigencia de que el tema de la salud de la mujer aparezca y sea tomado explícitamente en cuenta en el nuevo marco de actuaciones en materia de salud de la Comisión, me parece buena y adecuada. 
Con vistas a una mejora de la situación de la mujer en materia de salud es importante tomar medidas específicas para una mayor información, prevención y protección de la salud. 
Las mujeres deben estar mejor informadas y deben participar en la planificación y ejecución de programas de prevención. 
Como las mujeres viven más que los hombres y tienen una tasa de mortalidad menor en todas las edades y respecto de todas las causas de mortalidad, se tiene la impresión de que las mujeres están más sanas que los hombres. 
Sin embargo, el precio de una más larga esperanza de vida es el peligro de padecer una enfermedad crónica y llevar una vida achacosa. 
Pero si para la valoración del estado de salud utilizamos otros indicadores que, junto a la mortalidad, se refieran también a la enfermedad y a las discapacidades, se puede ver que en casi todos los grupos de edad, las mujeres gozan de un estado de salud peor que el de los hombres. 
Esto vale especialmente para el caso de las mujeres mayores. 
Hay que conseguir, por tanto, que las mujeres dispongan de más oportunidades de vivir sus últimos años con buena salud, con una mayor independencia y con menos limitaciones. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, colegas, la mejora de la situación de la mujer en el sistema sanitario fue uno de los doce objetivos estratégicos de la conferencia de Pekín. 
El Tratado de Amsterdam que entrará dentro de poco en vigor, amplía las competencias de la Unión tanto en el ámbito de la salud pública como en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 
Ya no queda ninguna excusa para no trabajar en una política sanitaria para la mujer. 
Es más, se impone la necesidad de una política sanitaria para la mujer. 
Hay enfermedades que son específicas de la mujer, que se dan más frecuentemente en la mujer, que afectan de forma diferente a las mujeres que a los hombres y a la hora de determinar esta política son importantes los siguientes puntos. 
Un enfoque del sistema sanitario específicamente orientado al sexo puede reducir los costes del mismo. Una prevención mejor, entre otras cosas por medio de unos objetivos sanitarios realizables, de las enfermedades que afectan sobre todo a las mujeres de avanzada edad como la osteoporosis, determinados tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, puede mejorar la calidad de vida de la mujer. 
El acceso en condiciones de igualdad y de forma suficiente al sistema sanitario constituye todavía un problema fuera de la Unión pero también dentro de los Estados miembros. 
Mi grupo parlamentario se muestra tradicionalmente escéptico al exceso de intromisión por parte de Europa en los ámbitos que en el fondo se pueden regular a nivel nacional. 
Dicho de otra forma, no queremos violar el principio de subsidiariedad. 
Sí reconocemos la importancia de una política sanitaria específica a nivel europeo pero nos parece entonces que esto sólo se puede llevar a cabo tratándose de la prevención, del fomento y de la coordinación. 
Por eso votaremos en contra de los puntos 10, 11, 16 y contra una parte del punto 24. 
También queremos advertir de las implicaciones presupuestarias demasiado elevadas a las que nos conducirá el conjunto de solicitudes de estudios e investigaciones, recogido en la resolución. 
Yo personalmente deseo felicitar a la ponente por la manera en que ha adaptado su informe después de un amplio debate con los grupos parlamentarios. 
El informe de la Sra. Van Dijk era inaceptable para nosotros y no lo podíamos aprobar. 
Este informe es mucho mejor e indica por lo menos claramente las prioridades de este Parlamento en el ámbito de la política sanitaria para la mujer. 
Señora Presidenta, hoy, 8 de marzo, día de acción mundial por los problemas a los que se enfrenta la mujer, debemos prestar atención a la continua e infatigable lucha del movimiento feminista, lucha que ha cambiado y que está cambiando muchas cosas, no sólo para las mujeres, sino para la sociedad entera. 
Hoy debemos honrar la fuerza de esta lucha, subrayando la necesidad de su continuación, puesto que hay cuestiones críticas que aún no se han solucionado y nuevos problemas empiezan a amenazar los derechos y las conquistas que se han conseguido. 
Las mujeres siguen siendo uno de los grupos más frágiles de la población, ya que sus derechos son violados y, entre estos derechos, también los de la salud. 
El sistema sociopolítico actual los viola en muchas ocasiones. 
Si no queremos que el 8 de marzo sea simplemente una ocasión para presentar coronas conmemorativas, esto es lo primero que debemos reconocer. 
En todo el planeta, el retraso cultural y económico, el hambre, la indigencia, las guerras y las luchas, las regulaciones sociales y económicas, las conservadoras y retrógradas, dañan brutalmente a la mujer y su papel en la economía, en la sociedad y en la familia. 
El informe de la Sra. Hautala presenta propuestas interesantes sobre los gravísimos problemas de la salud a los que se enfrentan las mujeres y le doy mi enhorabuena por la labor que ha realizado. 
Pero me pregunto si es posible entender el fomento de la salud de las mujeres, así como su protección institucional de todo tipo de discriminación a su costa, y si es posible ayudarlo en el marco de un sistema sociopolítico que lo comercializa todo y que somete la salud pública a la dura política financiera de la UEM; me pregunto si se puede materializar una política de protección esencial de la mujer, independientemente de la reorientación y de la reorganización, desde sus cimientos, del modelo de desarrollo de nuestra sociedad. 
En cada país por separado, las mujeres deben reclamar y proyectar sus reivindicaciones junto a los hombres, en un frente de lucha popular y amplio, contra los proyectos y las prácticas de explotación y de represión, contra las discriminaciones. 
El día 8 de marzo y la tradición de lucha que lo acompaña muestran el camino. 
Señora Presidenta, dada la brevedad de mi intervención, me centraré en el párrafo del informe de nuestro colega dedicado a la salud genésica. 
El término es algo complejo y supongo que por ello hay que entender todas las cuestiones relativas a la capacidad del cuerpo femenino para crear vida. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted cuando pide, en el párrafo 8, que se pongan a disposición de las mujeres «servicios de salud genésica de calidad» y cuando pide, en el párrafo 12, que se ponga el acento en las ventajas e inconvenientes de los tratamientos hormonales de los problemas ligados a la menstruación y a la menopausia y que se investigue sobre tratamientos de substitución. 
Dicho esto, quisiera, estimado colega, que fuera más lejos y que profundizara en las ventajas e inconvenientes de la contracepción hormonal. 
Ahí no estoy de acuerdo con usted, con su recomendación del párrafo 10 de pedir «la promoción del libre acceso a los anticonceptivos». 
¿Hay que entender por ello un acceso sin el control médico que es indispensable en caso de ingesta de anticonceptivos hormonales, ya que su funcionamiento consiste en perturbar el sistema endocrino y la regulación hormonal natural? 
Desde luego en eso no puedo estar de acuerdo. 
Pienso que el libre acceso sin control médico pone en peligro el respeto a la salud de la mujer. 
He conseguido, en el marco de la STOA, preparando la conferencia mundial sobre la mujer en Pekín, un estudio sobre las repercusiones para la salud de las diferentes prácticas anticonceptivas en Europa y sobre la fiabilidad científica de los métodos de planificación familiar denominados naturales. 
Desgraciadamente este estudio se ha cerrado de forma prematura. 
Merecería la pena reabrirlo pues creo que conforme a las resoluciones votadas por el Parlamento el 11 de Marzo de 1994 y el 28 de Octubre de 1994, hay que respetar una verdadera libertad de elección para las mujeres. 
Es necesario que conozcan los pormenores de las diferentes prácticas anticonceptivas y que puedan elegir, sin ningún riesgo para su salud, métodos alternativos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la comisión por este constructivo informe sobre la salud de las mujeres. 
La ponente Heidi Hautala ha realizado un trabajo excelente. 
La Comisión ha optado por dedicar su primer informe de salud sobre un grupo específico de personas a los problemas relacionados con la salud y la asistencia sanitaria de la mujer. 
El informe trata de las tendencias más importantes en relación con la salud de la mujer. 
También contiene un panorama de la morbilidad y de los factores que son fundamentales para la salud de la mujer. 
Además, este informe destaca ciertos problemas especiales como, por ejemplo, anorexia, bulimia, VIH, Sida, planificación familiar, aborto, climaterio y violencia contra las mujeres. 
Los problemas de salud de las mujeres son, como muchos han señalado, distintos de los de los hombres. 
Por eso tenemos que preocuparnos de que los servicios de salud y sanitarios tomen en cuenta estas diferencias. 
Al mismo tiempo, hay que hacer accesibles los recursos suficientes. 
También estoy de acuerdo con la diputada Hautala en que debemos exigir mejores bancos de datos sobre la salud de las mujeres. 
Es importante que se tomen en consideración las diferencias entre hombres y mujeres cuando se hacen investigaciones médicas. 
Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los experimentos con animales se hacen con machos. 
Esto podría conducir a efectos negativos o no deseados para las mujeres, cuando ellas usan medicamentos que solamente han sido probados en el sexo masculino. 
La Comisión ya ha tomado una serie de iniciativas para fomentar la salud de las mujeres. 
Se ha hecho un estudio acerca de la osteoporosis en mujeres mayores. 
Este informe se publicará pronto. 
La UE apoya también proyectos como, por ejemplo, estudios sobre pronósticos de vida y desarrollo general de la salud y estadísticas de enfermedades y muertes. 
En estos estudios hemos dado gran importancia a la perspectiva del género. 
También apoyaremos estudios sobre el cáncer, sobre enfermedades relacionadas con la vejez y sobre problemas de salud de las mujeres. 
Desde 1996 la Comisión lleva a cabo un programa especial para la prevención del Sida y de otras enfermedades contagiosas. 
En el marco de este programa se da apoyo a muchos proyectos relacionados con las mujeres. 
El año pasado, por ejemplo, tomamos la iniciativa de crear una red para contrarrestar la difusión del Sida entre las mujeres de los países mediterráneos. 
Recientemente la Comisión presentó un informe sobre la aplicación de la directiva de 1995 referente a medidas para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo para mujeres embarazadas y para mujeres que han dado a luz hace poco tiempo o están en período de lactancia, una llamada Pregnant Workers ' Directive. 
La conclusión de la Comisión es en general positiva en cuanto a la aplicación de la directiva pero, desgraciadamente, son muchos los países miembros que no la aplican en su totalidad. 
Por eso, la Comisión ha iniciado procesos por incumplimiento contra esos países. 
Entre otras cosas, se trata del derecho a licencias por enfermedad, del derecho a dos semanas obligatorias de licencia maternal y de la prohibición de poner a las mujeres embarazadas en puestos en que arriesguen su salud. 
Otro instrumento importante es la directiva de 1996 sobre licencias para el cuidado de los hijos. 
Ésta da derecho, como ustedes saben, a un mínimo de tres semanas de licencia sin remuneración a todos los trabajadores, independientemente del sexo, para hacerse cargo de los hijos menores de ocho años. 
En el marco de este programa sobre igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la Comisión ha presentado un informe sobre la representación femenina en el campo de la asistencia sanitaria. 
El informe comprende instituciones sanitarias públicas y concertadas, en todos los países de la UE. 
Se ha hecho una investigación en relación con las mujeres que tienen puestos directivos en Francia, en Italia y en Suecia. 
El resultado demuestra que mientras más mujeres participan en las decisiones en el campo sanitario, mayores son las consecuencias positivas. 
Las mujeres introducen nuevas necesidades, nuevas ideas y nuevos valores en este trabajo. 
Además, representan a menudo estilos diferentes de mando y formas diferentes de adoptar decisiones. 
La estrategia de la Comisión sobre mainstreaming significa que hay que movilizar todos los campos políticos y medidas comunitarias para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
La política de salud de la Unión no es una excepción, sino que en este terreno también hay que tomar en consideración las diferencias entre los sexos. 
Con su informe, el Parlamento, y especialmente la Comisión de Derechos de la Mujer, ha contribuido valiosamente a este trabajo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.30 h. 
Integración de la igualdad de oportunidades en las políticas comunitarias 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0072/99) de la Sra. Eriksson en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer relativo al informe de la Comisión sobre el seguimiento de la comunicación: «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» (COM (898) 0122- C4-0234/98). 
Señora Presidenta, ha sido satisfactorio escuchar las palabras finales de la Comisaria Gradin destacando que la igualdad de oportunidades para los sexos deberá alcanzar a todos los sectores políticos y que el sector de la salud no es una excepción. 
Pero ahora que he estudiado el informe de la Comisión, justamente acerca de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la política comunitaria, quisiera decir, un tanto irónicamente, que espero que sea una excepción, una excepción positiva. 
Además de este informe, he estudiado otros informes, por ejemplo, el del Consejo de Europa y el de la ONU. 
Sin embargo, me decidí por hacer una comparación con la Declaración de Pekín. 
Ciertamente que no nos obligamos al cumplimiento de ella, pero desde el año 1995 hemos destacado justamente la importancia de la gender mainstreaming en política y en otros campos. 
Ante todo, estimo que el capítulo 5 se refiere justamente a la Unión Europea. 
Al comparar esto con el informe de la Comisión, puedo comprobar que no ha habido cambios sustanciales, que no existen metas ni mecanismos de responsabilidad claramente definidos, que no ha habido cambios en la dinámica interna, incluidos los cambios en los valores, las conductas y los procedimientos. 
La Unión Europea carece de una política activa y visible para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
La Comisión comprueba con justa razón que se han hecho avances, pero que también hay escollos y deficiencias. 
Las medidas tomadas hasta ahora no han tenido efecto, en general ni tampoco en la orientación de la política comunitaria. 
La Comisión opina que las grandes barreras serían la deficiente conciencia en materia de igualdad de oportunidades para los sexos a la hora de tomar decisiones, la falta de recursos humanos y económicos y la carencia de expertos en la materia. 
Como ponente, estimo, sin embargo, que el primer punto es el esencial: la deficiente conciencia en materia de igualdad de oportunidades para los sexos. 
Desgraciadamente, esta escasa conciencia existe no sólo en la Comisión, sino que también en gran parte de nuestras sociedades, y yo quisiera afirmar que ella también existe, en grado muy alto, en el Parlamento. 
Sabemos que el 28 por ciento de mujeres no es una cifra representativa en su totalidad, pero así están las cosas en esta institución decisoria. 
La comisión presenta a través de mi informe muchas propuestas que, a nuestro juicio, son buenas. 
Para alegría de todos puedo asegurarles además que estas propuestas no costarán un solo euro extraordinario. 
La Comisión puede y debe tomar la iniciativa para el establecimiento de objetivos claros y de mecanismos de responsabilidad para la colaboración con nuevos actores en política, para mejorar los métodos de trabajo y de evaluación, para revisar sus estructuras y conseguir una distribución por sexos equilibrada en el proceso de toma de decisiones, lo que también vale para el Parlamento. 
Todavía podemos ver que el valor de una mujer en el mercado de trabajo es sensiblemente menor que el de un hombre. 
Éste es un fenómeno que no ha podido erradicarse durante muchos siglos, pero tenemos la esperanza de que esto ocurra- y bastante pronto- en el próximo. 
Por tanto, éstos son algunos de los temas en los que la comisión espera que podamos colaborar con la Comisión, manteniendo nuestras atribuciones. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, hoy es día 8 de marzo y yo también quiero decir dos palabras, porque, para mi, el día de hoy, es más un día de recuerdo que un día de celebración. 
Es un día de recuerdo de las mujeres que fueron las primeras en la lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades. 
Ocho de marzo, día símbolo de la lucha continua, día de hacer balance sobre las conquistas de las mujeres, día de conciencia y de reflexión. 
En esta ocasión, quisiera subrayar una vez más que somos solidarias con todas las mujeres del mundo que, poniendo en peligro sus vidas, luchan contra el totalitarismo, contra cualquier proyecto de creación de una sociedad que deje de lado a las mujeres. 
Luchan contra la violencia y el racismo, luchan en favor de la democracia y de los derechos humanos, luchan por su supervivencia en muchos lugares del mundo, en donde la pobreza aún es una plaga o están en situación de guerra. 
Quisiera agradecer a nuestra colega Marianne Eriksson su excepcional informe y todo cuanto nos ha dicho. 
Es un hecho importante que la Comisión Europea, con su informe, dé continuación, y manifieste su voluntad de fomentar la política de igualdad en todas sus políticas. 
Con este informe se hace patente que la incorporación de la política de la igualdad de oportunidades es una política de larga vida. 
Esto también queda evidenciado por los obstáculos que la Comisión señala, correctamente, sobre la materialización de esta política. 
Sin embargo, creo firmemente que, en determinadas políticas, la Comisión Europea debe crear o reforzar mecanismos especiales para la incorporación de la igualdad, como por ejemplo en las nuevas tecnologías, en la informática y en la investigación, en donde el acceso de la mujer es sensiblemente bajo. 
Igualmente es imprescindible la incorporación de la perspectiva del género en todas las legislaciones y en los programas y planes de acción. 
La Comisión debe seguir animando a los Estados miembros a emprender iniciativas para fomentar y aplicar el llamado mainstreaming y, por supuesto, también nosotros debemos presionar a nuestros gobiernos en esta dirección. 
Debe acentuarse, una vez más, en qué medida son imprescindibles los datos estadísticos por género para la evaluación y la programación, puntos en que el informe de la Comisión Europea se muestra algo incompleto. 
El mensaje de este informe y del Parlamento debe ser doble. 
Por un lado, aplicación sistemática del análisis de la perspectiva del género y de sus consecuencias en todas las políticas y acciones de la Unión y, por otro, continuación y refuerzo de las acciones positivas especiales para fomentar la igualdad de oportunidades. 
Terminando, señora Presidenta, quisiera decir que, naturalmente, para que todo esto se haga realidad son necesarios los recursos y también las personas adecuadas, porque el análisis de la perspectiva del género sólo pueden realizarlo personas que han sido formadas adecuadamente. 
Hacen falta conocimientos e información. 
Igualmente, desearía acentuar que un quinto programa de acción es imprescindible y espero oír a la Sra. Comisaria anunciándolo. 
Señora Presidenta, seguramente es un buen presagio que tengamos hoy, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la oportunidad de tratar el famoso «mainstreaming» , ese bonito concepto que consiste en integrar en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Dos años después de la adopción por la Comisión, de su comunicación sobre este «mainstreaming» , parece evidente que los avances han sido bastante modestos y que todavía queda mucho camino por recorrer, tanto a nivel externo como interno. 
En efecto, a pesar de las buenas intenciones que nos garantizan, los resultados parecen bastante dispares y persisten numerosos obstáculos y lagunas en relación con una participación equilibrada de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones así como en la ejecución de las políticas comunitarias. 
Por ello considero que es necesario que la Comisión reafirme hoy su compromiso profundo en promover una política activa y visible respecto de la igualdad de oportunidades. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el fortalecimiento de los fundamentos jurídicos de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deben aprovecharse para vislumbrar acciones positivas y tomar medidas en todas las direcciones, me atrevo a decir, -según la jerga militar del Sr. De Gaulle- para conseguir la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, muy lejanas aún en muchos aspectos. 
Sin embargo debo subrayar aquí que el «mainstream» no vuelve superflua la política específica de igualdad, tal y como se ha desarrollado hasta la actualidad gracias a los programas y directivas de acción comunitarios. 
Y quiero aprovechar esta ocasión para recordar de nuevo que esperamos que la Comisión nos proponga finalmente una modificación de la directiva «descafeinada «de 1986 relativa a la igualdad de trato de los trabajadores independientes, incluyendo a los cónyuges que prestan su ayuda. 
Hasta la fecha no se ha previsto ningún desarrollo, salvo dos mesas redondas, para mi informe de 1996, en el cual este Parlamento propuso por unanimidad un estatuto marco europeo para los ayudantes consortes, esos millones de trabajadores invisibles de nuestra sociedad que son en su inmensa mayoría mujeres. 
Este estatuto cuyo marco debe trazarse en la directiva de 1986 pendiente de modificación, deberá preveer el registro obligatorio de los ayudantes consortes, su seguridad social como autónomos y especialmente su pensión obligatoria. 
Deberá poner fin a todas las discriminaciones a las que están sometidos los ayudantes consortes, por ejemplo en las empresas, en las organizaciones profesionales, sobre todo en caso de divorcio, y no sigo. 
Tenga usted la seguridad, señora Comisaria, que la Comisión de Derechos de la Mujer velará, con el mayor celo, y dentro del marco de sus competencias- que habrá que redefinir y reforzar después de las elecciones del próximo 13 de Junio- por el desarrollo que la Comisión dedique a esta discusión y a nuestro informe. 
Espero también, señora Presidenta, que el propio Parlamento y sus grupos políticos no ignoren las conclusiones 19 a 22, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de las competencias de la Comisión de derechos de la Mujer, y no a su abolición, como preconizan algunos colegas. 
Presidenta, Señorías, después de mi «maidenspeech» en 1984 sobre la política de emancipación, pronuncio ahora mi «spinsterspeech». 
En primer lugar, creo que la directiva sobre la carga de la prueba debe ser la pieza de cierre de la legislación europea después de siete directivas en materia de emancipación. 
Un reparto justo de la carga de la prueba entre el empresario y el empleado facilita a las mujeres hacer valer los derechos derivados de esas siete directivas sobre emancipación. 
Creo que, por lo demás, hemos de ser cautos y dejar una eventual legislación a los interlocutores sociales. 
En segundo lugar, todavía tenemos que enderezar lo que está torcido. 
Dicho de otra forma, la acción positiva sigue siendo necesaria hasta que las barreras existentes, la herencia del pasado, se hayan eliminado. 
Hasta que esté recto lo que estaba torcido. 
En tercer lugar, debemos evitar con todas nuestras fuerzas, femeninas y masculinas, que surjan nuevas barreras. 
El mayor desafío del siglo XXI en materia de emancipación, es ese «mainstreaming» , la integración de la igualdad de oportunidades en toda la política europea. 
El Tratado de Amsterdam proporciona una buena base jurídica para ello. 
Es un concepto bonito pero también peligroso. 
Bonito, porque aplicándolo bien es más efectivo que promulgar continuamente nuevas legislaciones. 
Es también peligroso porque puede funcionar como pararrayos, como algo para tapar la boca, como tigre de papel. 
Por eso se requieren una vigilancia extrema, un sano recelo y las medidas redactadas en el buen informe de la Sra. Eriksson. 
Ella exige con razón el desglose para cada sexo, estadísticas, como pide también la ponente Hautala que redactó un informe mejor que la ponente Van Dijk, aunque mejor no quiera decir bueno todavía. 
También queremos que haya más mujeres en la toma de decisiones. 
Fíjense que el Comisario Flynn ni siquiera tiene una mujer en su gabinete. 
La Comisión y el Parlamento tienen una quinta parte de las funcionarias políticas en los niveles más bajos. 
«Mainstreaming» significa que se construye sin barreras, en vez de levantar primero barreras y eliminarlas después con mucha parsimonia. 
«Mainstreaming» implica también hacer un informe de evaluación con respecto a la emancipación. 
Como pide en el punto 21 el liberal Cars, un hombre por cierto, hace falta que se establezcan un grupo de trabajo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión y un «monitoring board» dentro del Parlamento Europeo. 
¿Podemos suprimir la Comisión de Derechos de la Mujer? 
No, la seguimos necesitando como perro guardián, porque ese «mainstreaming» debe realizarse. 
Significa también, en mi opinión, que aparte de ser miembro de pleno derecho de otra comisión, se puede ser miembro también de esa Comisión de Derechos de la Mujer. 
No queremos una neutralización porque de lo contrario se va vaciar, vamos a tener un fanatismo aislado. 
Señora Presidenta, me alegra tener la oportunidad de hablar brevemente acerca de este informe que preconiza la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en todas las políticas y actividades comunitarias. 
Quisiera referirme concretamente a la necesidad de que en la sociedad rural haya una política integrada para la mujer, pues hasta ahora las oportunidades de obtener un empleo adecuado eran limitadas, y las mujeres tenían que emigrar a los centros del desarrollo urbano para encontrar empleo. 
Ésta es una situación insatisfactoria que ha contribuido mucho a la despoblación de las zonas rurales. 
Es un grave problema social y económico que todo el mundo, incluido este Parlamento e incluidos los gobiernos nacionales, reconoce en la actualidad- tarde, quizá- y que ahora estamos procurando corregir mediante una política de desarrollo rural. 
Para mí las políticas rurales son importantísimas, y creo que nunca conseguirán todas sus posibilidades si no hay una política integrada nacional y regional. 
A menos que creemos empleo sostenible en el plano regional y, en el contexto de este informe, empleo adecuado para la mujer, la viabilidad económica y social de las comunidades rurales se verá en una situación aún más frágil. 
Si la sociedad rural no es atractiva para la mujer desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, no será posible conservar comunidades rurales vitales y dinámicas. 
Esas políticas son de importancia para todas las mujeres rurales, pero quisiera referirme concretamente al papel, tan a menudo olvidado, de la mujer en la agricultura. 
Tengo la seguridad de que el Parlamento coincide conmigo en que, en el contexto de las actuales discusiones sobre Agenda 2000, la viabilidad de muchas empresas agrícolas familiares se verá en peligro. 
Si hablamos con seriedad cuando decimos que queremos mantener el modelo de granja europea mencionado en las propuestas de Santer, entonces tenemos que proporcionar empleos adecuados para las mujeres y los hombres en esas granjas. 
Quisiera mencionar y rendir homenaje a la importante contribución de las mujeres a la labor de las organizaciones comunitarias voluntarias. 
Ahora bien, su papel no ha de quedar circunscrito a la labor comunitaria voluntaria. 
Tienen derecho a participar, si lo desean, en la labor de construcción de la nación, y tienen derecho también a oportunidades de empleo interesantes y remuneradoras. 
Señora Presidenta, como coordinador del Grupo de los Verdes en la Comisión de Derechos de la Mujer, quisiera insistir en la importancia de que los hombres apoyen a las mujeres que se esfuerzan por conseguir la igualdad en la Unión Europea. 
Con mi colega el Sr. Mann y uno o dos hombres más, nos esforzamos en la Comisión de Derechos de la Mujer por promover esos objetivos. 
Lo único que quisiera es que pudiéramos contar con el apoyo resuelto de muchos de los demás hombres de este Parlamento, incluidos los que han procurado suprimir la Comisión de Derechos de la Mujer al principio de este año. 
Me alegra que hayamos sabido resistir hasta ahora y tengo la seguridad de que seguiremos resistiendo en el futuro. 
Felicito a la Sra. Eriksson por su informe. El informe indica claramente que la igualdad de oportunidades y la política de integración son buenos objetivos. 
No podremos alcanzarlos mientras los hombres de la Unión Europea no los tomen en serio. 
Y esto que acabo de decir empieza muy arriba, nada menos que entre los dirigentes que integran el Consejo de Ministros: todos esos dirigentes que son hombres y que no toman en serio la cuestión. 
Incluyo a mi propio Gobierno en mis observaciones. Su historial no tiene nada de brillante. 
Tony Blair se olvidó de nombrar a un ministro que se encargara de los asuntos de la Mujer, luego volvió a llamar a Harriet Harman y le dio también el cargo de Secretaria de Estado para la Seguridad Social, después de lo cual la cesó en su cargo porque Harriet Harman había tenido que adoptar decisiones impopulares. 
Ahora Tony Blair ha dado el cargo al Portavoz de la Cámara de los Lores, y las cuestiones relativas a la mujer están desapareciendo sin dejar ninguna traza. 
Con la eficacia con que ha dejado al margen a tres de nuestras colegas- Sue Waddington, la Portavoz Laborista de los Derechos de la Mujer, Christine Oddy y Veronica Hardstaff -, el Partido Laborista no ha hecho nada por promover la reelección de mujeres para el Parlamento Europeo. 
Si queremos conseguir nuestros objetivos en materia de igualdad, tenemos que fijarnos en lo que está sucediendo en los Estados miembros. 
Señora Presidenta, Señora Comisaria, me sumo con mucho gusto a las felicitaciones para la Comisión. 
Siete directivas, no está nada mal. 
Las mujeres de Europa saben que la Comisión les importan algo las mujeres. 
Pero queda mucho trabajo por hacer en cuanto al empleo y a la igualdad en la remuneración por ejemplo. 
Diría también: los hombres se quedan atrás en los trabajos asistenciales, tanto dentro de la familia como fuera de ella. 
Sin embargo, lo que más nos pesa en este momento es la desigualdad reinante en el poder. 
Es una injusticia que debemos combatir. 
Bien es verdad que los países nórdicos lo hacen bien con su 37, 6 por ciento y este Parlamento Europeo destaca favorablemente con su 28 por ciento en comparación con el 13, 1 por ciento de mujeres que participan en la toma de decisiones al más alto nivel en todo el mundo. 
Pero queda muy lejos todavía de la democracia paritaria con la que estamos soñando. 
Se trata, pues, de un derecho democrático que la sociedad se vea reflejada en los órganos de decisión que están relacionados con ella. 
En todo caso sería necesario que la Comisión siguiera impulsando para que los Estados miembros adopten las medidas para llevar a cabo ese reflejo. 
Las mujeres se reconocerían entonces más, se sentirían más implicadas, verían que se reconocen sus problemas como problemas políticos y se sentirían más atraídas al terreno político. 
Esta interacción no se da siempre todavía. 
En lo que respecta al «mainstreaming» ya se han dicho muchas cosas buenas. Me quiero sumar a eso. 
La igualdad de oportunidades en todos los niveles, en todas las acciones y evaluar los efectos por cada sexo en todos los terrenos, y diseñar los instrumentos para ello, para ver si de verdad se está progresando. 
Pero esto no puede ser un pretexto para terminar de repente con algunas acciones positivas en favor de la mujer que siguen siendo indispensables. 
Este no sólo es el caso en Europa, sino también pienso en determinados casos en países de vías de desarrollo donde se pone fin sin más a las acciones en favor de la mujer porque de repente todo tiene que ser «mainstreaming». 
Este enfoque basado en lemas no nos sirve. 
Queremos que las mujeres consigan de verdad ese empujoncito que a veces les hace falta para poder hacer pleno uso de este «mainstreaming» tan bonito. 
Espero que la Comisión de Derechos de la Mujer siga vigilándolo porque necesitamos esa Comisión. 
Es también una de esas acciones positivas. 
Señora Presidenta, suscribo todo lo que ha dicho nuestra colega la Sra. Lulling sobre la necesidad de un estatuto para los ayudantes consortes, que afecta a tantas mujeres en los diferentes países de la Unión. 
Deseo que se elimine de los textos- tanto en los de la Comisión como en los diferentes textos a nivel europeo- una expresión que encuentro chocante en relación con este tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el término es «mujeres inactivas». Incluiría varias decenas de millones en Europa, y no por participar en actividades y trabajos no remunerados merecen ese calificativo. 
Deseo que se retome el informe de nuestra colega Kappelhoff, que se remonta diez años atrás, y que era un estudio sobre el valor económico del trabajo no remunerado desempeñado por mujeres. 
Haría falta mejorar nuestros conceptos económicos para que se tome en consideración en el PIB, la contribución de este trabajo no remunerado a la riqueza nacional. 
Eso me parecería importante para la cuestión que se está tratando aquí. 
Por otra parte, en relación con el tema que estamos tratando hoy aquí también me parece una gran injusticia la marginación total de la maternidad en sus diferentes dimensiones. 
Creo que algunos países de la Unión podrían darnos magníficas pistas para lograr más justicia entre hombres y mujeres. 
(DE) Señora Presidenta, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son reconocidos unánimemente como principios fundamentales de la democracia y de los derechos humanos. 
Este reconocimiento se refleja en el Tratado de Amsterdam, que hace de la igualdad uno de los objetivos de la Unión, o también en el establecimiento del principio de igualdad de oportunidades como cuarto pilar de la política de empleo de la UE. 
El primer informe de la Comisión pone de manifiesto, sin embargo, el trecho existente entre las aspiraciones y la realidad. 
Ahí se dice: «Las medidas aprobadas hasta ahora no se han dejado notar en los distintos ámbitos políticos». 
Esto nos debería hacer reflexionar. 
Al fin y al cabo se trata de formación y transformación de la conciencia y de sensibilizar a las distintas instancias decisorias pertenecientes a los diversos ámbitos sociales. 
Pero justamente como mujer no quisiera que al verter el agua se arrojase también al niño. 
¿Se consigue con una petición como la de conseguir una representación proporcional de hombres y mujeres en funciones de decisión realmente una mejora para las mujeres? 
¿Se trata de una igualdad cuantitativa o cualitativa? 
Si yo he logrado triunfar en mi trabajo no es porque sea una mujer, sino porque he trabajado bien. 
Sé que esta actitud frente a la política de la discriminación positiva es compartida por muchas mujeres. 
Señora Presidenta, muchas diputadas y la ponente, Sra. Eriksson, a quien felicito, han hablado de lo que ya se ha hecho en Europa en materia de igualdad de oportunidades, de aplicación de una política de igualdad de oportunidades. 
Quisiera recordar que la Unión Europea se adelantó a la Conferencia de Pekín al introducir el principio de mainstreaming en sus acciones y en sus textos. 
Como todos recordamos, esto sucedió por primera vez en el ámbito del Reglamento de los Fondos estructurales de 1993. 
Por tanto, desde el punto de vista de las intenciones, así como de las directivas adoptadas, podemos decir que se ha hecho mucho y ello ha contribuido a modificar los comportamientos, la cultura y las acciones. 
Esto no significa, sin embargo, que no existan problemas. 
Ya en el primer informe de evaluación que fue objeto del informe de la Sra. Kokkola, se afirmaba expresamente que las declaraciones y los textos iban en una dirección muy diferente de su aplicación concreta por la Comisión y los Estados miembros, En lo que respecta, por ejemplo, a los Fondos estructurales, quisiera recordar que, aunque la política de mainstreaming se incorporó ya en el año 1993, sólo el 1, 6 % de los fondos se utilizó para esta política, según es de ver en la evaluación actual. 
Estamos muy lejos de la aplicación concreta de la integración de la igualdad de oportunidades en todas las políticas. 
Por este motivo nosotros, como Parlamento, queremos que en los próximos Fondos estructurales no solo se ratifique el principio de mainstreaming, sino que se arbitren en cierto modo sanciones contra los Estados miembros y la propia Comisión, en el caso de que dicho principio no se plasme en una acción concreta. 
En lo que se refiere al Fondo Social Europeo, pedimos que se destine el 15 % de los recursos a proyectos en favor de las mujeres, porque mucho queda por hacer todavía en materia de empleo y de salarios. 
Según nuestra valoración, los planes de acción presentados por los Gobiernos tras la Cumbre de Luxemburgo son muy decepcionantes. 
Son aún muy pocos los Estados en que el principio de la igualdad de oportunidades es considerado como un principio transversal que debe aplicarse en todas las políticas. 
No obstante, el verdadero problema- y yo lo puedo decir porque procedo de Italia, un país del Sur- es precisamente la presencia de las mujeres en las instancias de toma de decisiones. 
En Italia encontramos pocas mujeres, mientras que en los países de Europa septentrional hay más: donde hay mujeres cambia realmente la agenda política de los Gobiernos, cambia la agenda política de las instituciones y cambian concretamente las políticas que se aplican. 
(DE) Señora Presidenta, tan pronto como el Tratado de Amsterdam sea ratificado en todos los Estados miembros, se establecerán nuevos parámetros. 
No obstante, habrá que esperar aún unos meses para que también la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se vea fortalecida. 
Constituye un principio fundamental y un objetivo de la Comunidad en los artículos 2 y 3. 
En el Día Internacional de la Mujer quisiera recordar otros artículos, v. gr. Los relativos a la igualdad de trato en el puesto de trabajo y en el mercado laboral, a la misma retribución a igualdad de trabajo y la lucha contra la discriminación por razón del sexo. 
La Comisión Europea ha constatado notables déficits en la incorporación de la igualdad de oportunidades en los programas de la Comunidad. 
La causa principal de ello es la falta de sensibilización en los órganos decisorios, una valoración de la ponente Sra. Eriksson que el Grupo del Partido Popular Europeo comparte. 
Medidas singulares efectivas no sustituyen a una concepción global integrada. 
Aun con la máxima cooperación con las ONGs, con las comisiones de otros gremios, todavía faltan formas organizativas adecuadas para trabajar en la conciencia de los actores políticos. 
Cuando estas existan, los proyectos de ley podrán ser examinados desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, se podrá asegurar una relación adecuada entre los sexos respecto de la ocupación de puestos de decisión y, por fin, se podrán elaborar estadísticas de modo que los datos aparezcan por sexos. 
Necesitamos un procedimiento benchmarking para poder evaluar mejor los programas y proyectos y continuar decididamente con las medidas positivas en favor de la mujer. 
Por cierto, ya existe el grupo de trabajo constituido por la Comisión y el Parlamento al que se refería el punto 21. 
En él están dos miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer y dos miembros de la Comisión de Empleo, yo soy uno de ellos, nos reunimos regularmente con las representantes del Lobby Europeo de Mujeres, por un lado y, por el otro, con los Comisarios y Comisarias responsables además de los Presidentes de Gobierno bajo la dirección de Jaques Santer. 
En las comisiones siempre hemos informado sobre los resultados. 
Lo haremos con mayor detalle y seguramente por escrito. 
Creo que es una buena noticia para este Día Internacional de la Mujer. 
Señora Presidenta, me parece que, como ya se ha dicho aquí esta noche, es indispensable que haya mujeres en cargos decisorios y en puestos de poder. 
Ésa es la única manera de que cambien las cosas. 
Basta con fijarse en las propias instituciones de la Unión Europea. 
¿Cuántas Comisarias hay? 
Sé que mi propio país no ha nombrado todavía a una Comisaria, y espero que cuando designe a un nuevo Comisario, el gobierno tenga en cuenta la situación y designe a una Comisaria. 
El Gobierno irlandés no ha nombrado nunca a una mujer para ocupar un cargo en el Tribunal de Cuentas. 
En la mayor parte de las esferas esenciales y de los puestos superiores con poderes, no se ve a una sola mujer. 
Eso es la realidad. 
Basta con que contemple uno la fotografía de los Jefes de Estado de la Unión Europea, y compare el número de hombres y de mujeres: huelga decir que la situación no es aceptable. 
La única manera de que consigamos algo de igualdad para la mujer consiste en que la mujer ocupe realmente puestos esenciales en materia decisoria. 
Como dijo alguien hace unos cuantos años en mi propio país, habrá una verdadera igualdad cuando en los puestos de poder haya tantas mujeres incompetentes como hombres. 
La mujer tiene que ser de dos a tres veces mejor que el hombre para conseguir algo, para lograr algo importante. 
Ése es el problema. 
Las mujeres que tenemos actualmente en este Parlamento, las mujeres que han conseguido algo, las mujeres que han logrado algo de lo que querían, son mucho mejores que la inmensa mayoría de los hombres. 
Eso se debe a que tienen que ser mucho mejores para conseguir llegar aquí, y realmente tendríamos que ocuparnos de esta cuestión. 
Lo que tenemos que hacer también es brindarles la posibilidad de ascender. 
No podemos comparar la posición de los hombres y de las mujeres en la sociedad porque, en primer lugar, todas las mujeres tienen familias, todas tienen obligaciones; la mujer sólo puede participar en un pie de igualdad relativa en los países en los que se han instituido estructuras adecuadas. 
No es eso lo que ha sucedido en la Unión Europea, y tenemos que hacer algo para conseguir que suceda. 
(DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, estamos debatiendo de nuevo casi entre mujeres sólamente. 
Pero a esta alegre discusión sobre los numerosos aspectos de la igualdad quisiera agregar una dura protesta: si miramos la programación de las sesiones de esta semana, vemos que nuestro debate sobre las mujeres no aparece. 
Sólo al final aparecen los tres informes sobre la mujer. 
Si esto es lo que la prensa y los servicios audiovisuales entienden por gender mainstreaming, tengo que decir que mi preocupación de que al final sólo quede el mainstream está justificada. 
De ello depende la credibilidad de nuestro Parlamento. 
El viernes tuve un debate con empleados de este Parlamento. 
Tenemos un 54 % de mujeres. 
A primera vista en nuestra institución parece que todo está en orden, pero si se mira con detalle, resulta que el 80 % están empleadas en los servicios más bajos como trabajadoras de la categoría C, en la B son un 40 % y en la A, las posiciones dirigentes, tan sólo un 20 % y un 0 % entre los Directores Generales. 
En el Parlamento, las mujeres estamos muy bien representadas con un 28 % -agradezco a la Sra. Eriksson que lo haya puesto de relieve -, pero no basta. 
El 13 de Junio habrá elecciones al Parlamento y entonces nosotras las mujeres debemos estar mejor representadas. 
Debemos aproximarnos a la paridad. 
Estoy muy agradecida de que también mi partido, el Partido Socialdemócrata, haya nominado ya en Alemania a un 44 % de mujeres. Se aproximará, pues, a la paridad. 
Pero tenemos que preocuparnos de que la igualdad de oportunidades arraigue en todos los ámbitos políticos, esto es, no se trata sólo del aspecto del mainstreaming, sino que necesitamos también un planteamiento dual paralelo que incluya medidas especiales para las mujeres. 
Necesitamos el Quinto Programa de Acción y una revisión regular de los resultados, especialmente por parte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sino se vendrá todo abajo y las mujeres no avanzarán más en la política europea. 
Gracias, señora Presidenta y señor Comisario. 
Estoy muy orgulloso de poder unir hoy mi voz modestamente a la de nuestros colegas, especialmente en calidad de miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Puede sorprender que en esta sociedad que se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, haga falta todavía insistir en la necesidad de integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y de las acciones comunitarias. 
Encuentro excelente el informe de la Sra. Eriksson, pero plantea numerosos interrogantes sobre cierto número de problemas. 
Espero que ella tenga respuestas. 
Sin duda ustedes se acuerdan de que, entre las prioridades enunciadas por la audiencia de Luxemburgo en relación con el empleo, la cuarta y última se refería al problema de la igualdad entre hombres y mujeres. 
No es casualidad que en los sucesivos planes de acción nacionales, esta prioridad haya sido desplazada a la cuarta posición, mientras que si se hubiera incluido en todas las otras políticas, debería figurar en primer lugar. 
Señora Presidenta, la política comunitaria de igualdad de oportunidades ha sido muy progresista, sin embargo, a la igualdad de oportunidades todavía le falta atravesar los gruesos muros de la Comisión Europea. 
Hay que buscar durante mucho tiempo para encontrar un modelo de roles sexuales más tradicional del que se deja sentir en la Comisión. 
Cuanto más se asciende en la jerarquía, mayor es el dominio masculino. 
Las mujeres representan el 80 % del personal que desempeña labores de secretaria y administrativas mientras que los hombres ocupan el 87 % de los puestos de dirección. 
La Comisión afirma plantearse objetivos y elaborar planes de acción destinados a lograr un mayor número de mujeres en puestos de dirección. 
Por ello me gustaría preguntarle a la Sra. Gradin si no sería buena idea implantar la discriminación positiva a favor de las mujeres en los puestos de dirección dentro de la Comisión. 
La discriminación positiva no debe ser utilizada atolondrada y automáticamente. 
Debe haber siempre una valoración individual de cada candidato. 
Sin embargo, si un hombre y una mujer están igual de capacitados para el puesto, entonces puede elegirse a la mujer. 
La discriminación positiva no debe ser una solución definitiva, sin embargo, considerando la situación que existe actualmente en la Comisión, resulta necesario emplear medidas drásticas. 
Señora Presidenta, doy la bienvenida al informe de Eriksson sobre la mainstreaming. 
Aporta puntos de vista importantes a la propuesta de la Comisión que plantea que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe regir en todos los campos políticos de la Unión Europea. 
Posiblemente, dentro de algunos meses, la totalidad de los quince países miembros habrá ratificado el Tratado de Amsterdam, poniendo así por primera vez la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un objetivo general en nuestro Tratado. 
La Mainstreaming es un instrumento político importante. 
Esto se sostuvo con mucha energía en la Cuarta Conferencia de la Mujer de la ONU. 
La UE fue una de las fuerzas impulsoras en esta materia. 
Se han hecho muchos avances de consideración. 
Opino que uno de los más importantes avances es que la exigencia de igualdad de oportunidades se haya inscrito como una parte de la estrategia de empleo comunitaria. 
También se ha dicho en el debate que la igualdad de oportunidades tendrá que estar presente cuando los fondos estructurales se transformen en práctica política. 
La Comisión ha designado ahora a personas en la Dirección que tendrán la responsabilidad especial de comprobar que los aspectos de igualdad de oportunidades sean respetados en el trabajo cotidiano. 
Puedo contarle a Blak que en la Comisión existe un tratamiento discriminatorio positivo. 
Cuando hay dos candidatos con idénticas calificaciones, se da el cargo al del sexo que tiene menos representación. 
La exigencia de igualdad de oportunidades para los sexos es, según mi criterio, no sólo importante en campos como el empleo y la política de estructuras. 
Tiene que integrarse en todas las políticas que afecten a la vida diaria de hombres y mujeres. 
Ahora tratamos de tomar importantes iniciativas en sectores tales como, por ejemplo, la salud; pero también hay que ocuparse de la formación, la ciencia y la tecnología. 
Un buen ejemplo de esto es la comunicación que recientemente se ha presentado al Parlamento sobre las mujeres investigadoras. 
Ya hemos debatido los sectores que son de mi responsabilidad en relación con los programas Stop y Daphne, además de la violencia contra las mujeres y los niños. 
La ponente Eriksson también destaca el asunto de la igualdad de oportunidades para los sexos en la toma de decisiones. 
En esto, sabemos por estudios que se han realizado, que sólo cuando al menos una tercera parte de quienes deciden son mujeres se puede hablar realmente de influencia en las decisiones. 
En la comunicación sobre las mujeres en la investigación y la técnica, la Comisión ha puesto como meta que al menos un 40 por ciento sea del sexo menos representado, y esto va a valer para las propuestas que traten de comités asesores, de grupos de evaluación y de grupos de decisión importantes en el campo de la investigación y la tecnología. 
Finalmente, estoy interesada- igual que la comisión- en que se hagan estadísticas con diferenciación de sexos. 
Es de especial importancia que tengamos datos claros para poder formular políticas que tomen en consideración las necesidades de los hombres y de las mujeres. 
También se está trabajando para establecer criterios para medir la igualdad de oportunidades y para ver cómo esto tiene efectos en la realidad. 
Simultáneamente, estoy de acuerdo con ustedes, y también con Eriksson, en que falta mucho por hacer para que realmente se materialice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
Por tanto, a esta Asamblea no le faltará qué hacer, ni tampoco a la Comisión y al Consejo de Ministros. 
Por cierto, alguien afirmó que mi colega Flynn no tiene ninguna mujer en su gabinete; tiene una. 
Puedo decirles que yo tengo cuatro mujeres y tres hombres. 
Gracias, señora Gradin- también por el buen ejemplo que da. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 
Señor Presidente, señora Comisaria, después de la sentencia Kalanke- ese señor de Bremen sobre quién el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó el 17 de Marzo de 1995, haber sido víctima de discriminación porque su colega y no él, fue ascendida en virtud de la ley sobre la igualdad del Estado de Bremen- la Comisión nos presentó, el 17 de Marzo de 1996, una propuesta de modificación de la directiva de 1976. 
Al hacer esto seguramente creyó estar actuando bien. 
Se me nombró ponente el 2 de Julio de 1996 y consideré que esta propuesta, sin duda bien intencionada, todavía llevaba aparejados riesgos para las acciones positivas, riesgos que nosotros seguimos considerando necesarios para lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, si queremos ver esta igualdad antes del año 3000. 
De acuerdo con la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, he decidido esperar al fallo del Tribunal en otro asunto, el caso Marschall: otra vez un hombre, esta vez de Renania-Westfalia del Norte, se consideraba víctima de discriminación porque su colega y no él, había sido ascendida. 
El Tribunal de Justicia no dio la razón en este asunto al Sr. Marschall, en sentencia del 11 de Noviembre de 1997. ¿Por qué? 
¿Habrá querido el Tribunal reparar lo que muchos expertos consultados han calificado de serio error cometido en el caso Kalanke? 
¿Sirve para algo el Tratado de Amsterdam, que pronto va a ser ratificado? 
En efecto, este tratado convierte las políticas de igualdad de oportunidades en misión comunitaria y expresamente estipula en el artículo 119, que las medidas que preveen ventajas específicas para dar concreción a la plena igualdad entre hombres y mujeres son compatibles con el principio de igualdad y no constituyen pues, discriminación. 
En otras palabras, las discriminaciones positivas no son discriminatorias. 
Después de la sentencia Marschall, y tras una nueva consulta de expertos, hemos analizado si las acciones positivas caben en la directiva de 1976 sin forzar su modificación. 
Como sabemos bien que tanto en alta mar como ante los jueces todos nos encomendamos a Dios, pensamos, por una parte, que no podemos confiar en el Tribunal porque podría dar marcha atrás. 
Por otro lado, pensamos que la modificación propuesta entraña aún riesgos para las acciones positivas. 
¿Por qué? 
Sin duda se puede deducir de las dos sentencias que únicamente sería incompatible con el derecho comunitario la discriminación positiva rígida inflexible y automática, que dé lugar a un derecho absoluto e incondicional de nombramiento o de ascenso de mujeres, o de hombres sub-representados. 
Pero también se podría deducir que incluso un sistema de cuotas, que no excluya la evaluación de circunstancias particulares en un caso concreto, sería compatible con la directiva. 
Es decir, en la práctica, en igualdad de aptitudes, de competencia y de prestaciones profesionales, una mujer podría ser ascendida con preferencia, a menos que otros motivos relacionados con las circunstancias personales del candidato inclinen la balanza a su favor. 
Por que lo que la Comisión nos ha propuesto exactamente, es un texto que estipula que las medidas de preferencia para con un miembro del sexo sub-representado son posibles, «sin que tales medidas excluyan la evaluación de las circunstancias particulares del caso concreto» ; nosotros pensamos que tal formulación entraña el peligro de dejar de lado el objetivo de las acciones positivas al invocar motivos que afectan a las circunstancias personales del candidato, motivos que pueden no ser interpretados de manera objetiva y privar, pues, de substancia las acciones positivas, acciones que, por otro lado, interesan, cada vez más a los hombres infrarrepresentados. 
En mi país, el Gran Ducado de Luxemburgo, las profesiones de maestro de enseñanza primaria y de magistrado ya están, en mi humilde opinión, demasiado feminizadas. 
Estando así las cosas, en relación con el Tratado de Amsterdam, pensamos que la propuesta de 1996 de modificación de la directiva es inadecuada. 
Pedimos a la Comisión que la retire. 
Pero pedimos también que nos presente una nueva propuesta sobre la base del Tratado de Amsterdam, insistiendo en el hecho de que ya no tiene razón de ser considerar las acciones positivas como derogaciones toleradas, y por tanto siempre revocables, del principio de igualdad de trato con el fin de reconocer solamente un derecho individual, y no un derecho de la sociedad que quiere conseguir de forma democrática esta igualdad. 
Nadie se atreve ya a discutir que el derecho de igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental de toda sociedad democrática, que requiere la igualdad de trato y de oportunidades y un conjunto de medidas activas, las acciones positivas entre otras, para su consecución. 
La propuesta de directiva que esperamos debería contener un mandato jurídico imperativo cara a la adopción de medidas positivas siempre que sean necesarias para conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y para paliar la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones. 
Nuestro mensaje, señora Comisaria, es claro: retirar la propuesta de modificación de la directiva existente y preparar una nueva, teniendo en cuenta las conclusiones de mi informe, que votaremos antes de pronunciarnos sobre el proyecto de resolución legislativa. 
Y ante de votar esa resolución legislativa, queremos oir hic et nunc, aquí y ahora, un compromiso claro y firme de la Comisión de aceptar esos dos párrafos del proyecto de resolución legislativa. 
Señor Presidente, me alegro de que haya habido este debate general sobre la igualdad de oportunidades el Día Internacional de la Mujer. 
La mujer ha conseguido mucho en este siglo. 
En el siglo XIX, en el derecho inglés la mujer no tenía capacidad para concertar contratos y estaba clasificada con los menores de edad y los lunáticos. 
Hasta este siglo la mujer no obtuvo la igualdad en la legislación sobre el divorcio. 
En mi profesión las mujeres no pudieron ser procuradoras hasta 1919, y recientemente se celebró el 75- aniversario del nombramiento de la primera procuradora en Inglaterra. 
Pero, realmente, no hay motivos para alegrarse: las mujeres siguen sin conseguir la igualdad de remuneración o la igualdad de derechos cuando las estructuras laborales están muy jerarquizadas. 
El informe de la Sra. Lulling enfoca la propuesta de la Comisión desde el punto de vista de la discriminación positiva a raíz de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, y me estoy refiriendo a la decisión Kalanke, que dictaminó que normalmente la discriminación positiva no era legal. 
Después de la propuesta de la Comisión, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció en el caso Marschall con reservas acerca de la decisión del caso Kalanke, diciendo que en determinadas circunstancias la discriminación positiva podía ser legal. 
Además, no podemos olvidar el Tratado de Amsterdam, que reforzará los derechos a la igualdad de oportunidades para la mujer cuando haya quedado finalizado el proceso de ratificación y entre en vigor. 
En consecuencia, coincido con la conclusión de la Sra. Lulling de que la propuesta de la Comisión no es oportuna y que conviene retirarla, y que hay que introducir una propuesta nueva y mejor cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor. 
(DE) Señor Presidente, también querría pedirle a usted de nuevo que ejerza su influencia sobre los servicios audiovisuales para que el Día Internacional de la Mujer aparezca como debate por lo menos mañana si no apareciese publicado ya en el índice de sesiones. 
A la Comisión quisiera decirle que podrían regalar realmente una rosa a las trabajadoras de la Unión Europea si retiran la enmienda a la directiva «Igualdad de trato». 
Fue una dura lucha de las mujeres aquí en el Parlamento Europeo, y también en mi país, Alemania, sobre todo de las mujeres socialdemócratas, poner en marcha leyes sobre la igualdad de trato. 
Tuvimos una sentencia muy progresista en Bremen y en Renania del Norte/Westfalia, que sufrió un amargo revés con la sentencia Kalanke del Tribunal Europeo. 
Tenemos una ley de igualdad de trato que hace hincapié en que, en caso de igual cualificación de los candidatos, se primará al género peor representado, un principio que por fin ahora hemos conseguido incorporar al Tratado de Amsterdam. 
Un hombre se sintió perjudicado por esa ley. 
Por ello interpuso una denuncia y el Tribunal Europeo le dio entonces la razón. 
Gracias a Dios, la sentencia Marshall ha suavizado la cuestión acentuando expresamente la cláusula de rigor de la ley renana y esto ha posibilitado medidas positivas. 
La sentencia Kalanke tuvo un efecto devastador. 
Que después de tal sentencia, la Comisión haya presentado una enmienda tras el juicio, incide en la misma dirección. 
Conocí a una presidenta coreana de una organización de mujeres que había estudiado los efectos de ese proyecto de ley en Corea. 
La sentencia Kalanke también fue tema de numerosos congresos internacionales. 
Pero lo peor y más devastador fue la discusión en nuestros Estados miembros, en las barras de los bares, donde cada hombre decía sentirse perjudicado y pensaba que podía ampararse en la ley. 
Tenemos que procurar que esa enmienda sea retirada. 
Les pido sinceramente que hoy lo pongan en conocimiento público. 
(DE) Señor Presidente, la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer ha alcanzado éxitos importantes, pero también ha sufrido amargos retrocesos. 
A esta segunda categoría pertenece la sentencia Kalanke, que en 1995 dio la razón a un hombre de que había sido discriminado porque, a igualdad de cualificación, fue seleccionada una colega suya. 
Se atenta contra el derecho comunitario si las candidatas reciben preferencia en caso de idénticos supuestos. 
La Comisión cambió su directiva y argumentó que el sistema de cuotas rígido sin soluciones individuales va contra el derecho, pero las medidas positivas- las cuotas flexibles, por ejemplo- no. 
Nuestra Comisión de Derechos de la Mujer estimó que la propuesta no era de mucha utilidad y nos previno de cualquier desvirtuación. 
Pero si la sentencia Kalanke significó un retroceso, la decisión del Tribunal Europeo en la sentencia Marshall de 1997 dio nuevas esperanzas. 
Las leyes que conceden prioridad a las mujeres, que permiten el examen individual y que no excluyen a los hombres desde el principio, son completamente compatibles con el derecho comunitario. 
Porque sigue habiendo notables desigualdades en el mercado de trabajo y en el apoyo a la carrera profesional hay que cambiar esta realidad con medidas positivas. 
Entonces la Comisión esperaba la sentencia del Tribunal Europeo antes de entrar en las negociaciones del Tratado de Amsterdam. 
Sería, pues, consecuente, que usted hoy, señora Comisaria, actuase de un modo semejante. 
Amsterdam ha formulado como tarea y objetivo la igualdad de oportunidades en los artículos 2 y 3. 
Todas las políticas activas futuras habrán de acomodarse a ello. 
Siga usted, pues, las recomendaciones del informe de nuestra siempre combativa ponente Astrid Lulling, a la que el Partido Popular Europeo dará de nuevo, naturalmente, su voto. 
Retire su enmienda a la directiva porque procede de la época posterior a la sentencia Kalanke pero anterior a la sentencia Marshall, por lo que ya está bastante anticuada. 
Una nueva propuesta deberá respetar la valoración de la igualdad de oportunidades como tarea comunitaria así como las prerrogativas específicas autorizadas en el artículo 119 en favor del sexo más desfavorecido en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Lulling recomienda que el Pleno rechace la propuesta de la Comisión sobre la modificación de la Directiva relativa a la plasmación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. 
Fundamenta esa posición de rechazo en que tanto la audición celebrada como el texto actual del Tratado de la Unión Europea han mostrado que la propuesta de la Comisión está superada y aún más importante es que, en caso de que esté justificado seguir actualizando una directiva que ya tiene casi un cuarto de siglo, se deberá hacer de forma que contribuya efectivamente a acciones positivas contra la discriminación social basada en el sexo. 
La ponente considera que no basta con luchar contra las discriminaciones mediante los mecanismos de derecho civil y propugnan que el derecho a la igualdad de oportunidades esté garantizado por las estructuras sociales que, dentro de la sociedad, procuren realizar efectivamente esa igualdad y no se contenten con afirmaciones formales y, en cierto modo, inconsecuentes. 
Por lo demás, la igualdad de oportunidades tendrá su verdadera raíz en la cuestión del acceso al llamado mercado laboral e, independientemente de que estemos de acuerdo con la posición adoptada por la ponente y por la Comisión de Derechos de la Mujer y que aquí, en el Pleno, propusieron, parece muy oportuno recordar- reiterando de nuevo lo que ya se ha dicho en ese mismo sentido- en qué día vivimos. 
Por nuestra parte, el 8 de marzo tiene una gran importancia y este informe hace que sea aún más oportuno recordarlo. 
Es que el 8 de marzo no ocurrió por casualidad: fue elegido para ser el Día de la Mujer porque en 1857 las costureras de Nueva York habían hecho una importante manifestación de lucha contra el exagerado exceso (disculpen la redundancia... ) de horas de trabajo. 
Pasado casi medio siglo, hay que subrayar que, por un lado, una de las formas de lucha más importantes es por la reducción del horario de trabajo adecuada a las nuevas condiciones de vida y de trabajo, lo que choca, contradictoriamente, con la precarización del empleo, que puede hacer que, mediante el llamado trabajo atípico, la duración de la jornada laboral deje prácticamente de tener límites y sobre todo para la mujer que acumula varias tareas de diversos tipos. 
El trabajo en el domicilio, a destajo, mediante subcontratación, transforma, en cierto modo, a muchas de las trabajadoras del textil de hoy en las entonces llamadas costureras de Nueva York y las hace sentir en la piel la discriminación que el acceso a dicho mercado laboral no ha hecho sino agravar y que hoy, en este día, revela, con cierta sorpresa, que no estamos tan lejos de 1857 como sería deseable y humanamente posible. 
(DE) Señor Presidente, estimados colegas, el presente informe sobre la materialización del principio de la igualdad de trato a hombres y mujeres da motivos suficientes para formular preguntas críticas sobre la política relativa a las mujeres. 
Tenemos dos sentencias del Tribunal Europeo así como una enmienda a la directiva del Consejo. 
La Comisión de Derechos de la Mujer hace constar que la modificación propuesta conduce a desvirtuar la directiva. 
Como no puede ser el camino correcto corregir un error con otro, tampoco puede ser el camino correcto corregir la discriminación de la mujer mediante la discriminación del hombre. 
Sólo ya el concepto de discriminación positiva nos debería hacer reflexionar. 
Positiva y discriminación: ¿cómo se armonizan ambos términos? 
Positivo ha de significar la superación para las mujeres de obstáculos laborales, limitaciones o desventajas fácticas, como por ejemplo la carencia de establecimientos para el cuidado de niños o la carencia de bajas pagadas de maternidad. 
No debería ser una estrategia de la política sobre las mujeres alcanzar una distribución justa meramente numérica. 
La discriminación inversa en la forma de una preferencia mecánica contradice un valor fundamental, el principio fundamental de la igualdad de oportunidades de cualquier persona. 
Presidente, en este Día Internacional de la Mujer me gustaría pedir adicionalmente a la Señora Comisaria, que ya ha sido tan amable de cara a las mujeres, un regalito especial para las mujeres de Europa y este es, sumándome a mis colegas, que usted retire efectivamente en nombre de la Comisión esta propuesta de directiva, Señora Comisaria. 
Entiendo muy bien que con esta propuesta la Comisión ha querido dar una respuesta a la inseguridad que ha surgido a partir de la sentencia Kalanke que, a mi juicio, tampoco ha eliminado realmente la sentencia Marschall. 
Estamos igualmente convencidos de que la propuesta ahora presentada solamente hace las cosas más caóticas. 
Porque la posibilidad de evaluación individual en la contratación y el ascenso que está prevista en el texto, originará según nosotros un montón de juicios en los que los hombres van a apelar a la excepción individual de la regulación de acciones positivas. 
Estamos convencidos de que este tipo de escalada de juicios solamente amenazaría con socavar la acción de los Estados miembros que tienen una legislación fuerte en cuanto a la acción positiva con cuotas, no mediante la discriminación positiva sino con una acción positiva en favor de las mujeres que tengan la misma calificación y esto, Señora Comisaria, amenazaría con socavar esa legislación. 
Tenemos en Europa un problema fundamental, y es que el derecho europeo siempre ha considerado la acción positiva como una excepción absoluta del derecho individual a la igualdad. 
Todos los que estamos todavía en esta Asamblea sabemos que los hombres y las mujeres están en una posición muy diferente tanto con respecto al mercado laboral, como en la enseñanza, en la familia y en la sociedad, no porque valgan menos, sino porque la sociedad está todavía fundamentalmente basada en un modelo masculino, por lo que se sigue observando una discriminación de la mujer. 
Por lo tanto, yo saco la conclusión de que la aplicación de la igualdad de trato sola no puede eliminar esa desigualdad. 
En cambio, la igualdad de trato refuerza la desigualdad. 
Por eso, esta propuesta de la Comisión no es una buena respuesta, según nosotros. 
Sus Señorías ya lo han dicho: con el Tratado de Amsterdam, Señora Comisaria, vamos a poder actuar mejor porque este Tratado de Amsterdam obliga la Unión a combatir activamente la discriminación y a fomentar, asimismo, activamente la igualdad. 
Eso no significa solamente el «mainstreaming» del que acabamos de hablar con motivo del informe de Marianne Eriksson, eso significa también acción positiva. 
Por eso, quisiera solicitar a la Comisión, junto a mis colegas, que retire esta propuesta y que presente una propuesta nueva y más contundente. 
Señora Comisaria, ese sería realmente el regalo más bonito que usted puede hacer en el Día Internacional de la Mujer a las mujeres de Europa, pero hay más. 
Hace tiempo recibí una llamada telefónica desde Bosnia-Herzegovina. Allí se celebrarán dentro de poco elecciones. 
Ahora bien, las mujeres de Bosnia-Herzegovina tenían antes cuotas para las mujeres en las listas, pero no establecidas por ley. 
Ahora estas cuotas corren peligro de ser suprimidas, las mujeres de Bosnia miran con mucha esperanza hacia Europa. 
Sería realmente dramático que diéramos ahora una paso hacia atrás. 
(DE) Señor Presidente, en lo que concierne a los derechos de la mujer, estamos dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás. 
El Tratado de Amsterdam, por lo que respecta a la igualdad de oportunidades de la mujer, es un paso adelante, la sentencia del Tribunal Europeo en el caso Kalanke al igual que la propuesta de modificación de la Comisión relativa a la directiva 76207/CEE son dos pasos atrás. 
Las mujeres están hoy más formadas y tienen una movilidad mayor que nunca, y el número de las mujeres empleadas está creciendo. 
Precisamente por lo que respecta a los puestos directivos en política, economía y ciencia hay un claro déficit femenino. 
No porque las mujeres estén menos cualificadas o sean más lerdas, sino porque chocan con la tapa de cristal, esa barrera invisible erigida consciente o inconscientemente por una capa dirigente tradicionalmente masculina. 
Que la Comisión sustituya el concepto de «oportunidades para las mujeres» por el de «género infrarrepresentado» no es admisible. 
No debería ser aprobada ninguna directiva que se quede por detrás del Tratado de Amsterdam y que mine con ello las oportunidades de las mujeres de ocupar un puesto en la sociedad correspondiente a su cualificación, más aún, allí donde el Parlamento Europeo así como el Consejo escribieron en sus banderas, en Viena, el lema igualdad de oportunidades. 
El Tratado de Amsterdam es un progreso en el camino hacia la igualdad de oportunidades. 
Se trata de llevarlo a la práctica y no de debilitarlo. 
El informe Lulling y la petición a la Comisión de que retire su propuesta modificada de directiva, son, por tanto, razonables. 
Señor Presidente, en un mundo ideal la discriminación positiva sería innecesaria pero, desgraciadamente, no vivimos en un mundo ideal. 
Es posible que algunos digan que no es ésa la mejor manera de enfocar la cuestión, pero es la única manera de que consigamos que la situación de la mujer progrese. 
Como pueden ver ustedes, incluso en el proceso electoral de los Estados miembros la discriminación positiva es la única forma de que la mujer salga elegida para los parlamentos nacionales y para el Parlamento Europeo. 
Eso significa que los hombres y los sectores normativos van a tener que ocuparse de la forma en que la sociedad está estructurada. 
Tal y como la sociedad existe en la inmensa mayoría de los Estados miembros, no favorece la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. 
Es importante que las mujeres que no han formado parte de la fuerza de trabajo con anterioridad puedan conseguir acceso a ella. 
Ni siquiera la forma en que se han establecido los programas en los Estados miembros tiene en cuenta el hecho de que las mujeres formaban parte de la fuerza de trabajo no estructurada pero contribuían a la sociedad con sus actividades de asistentas, cuidadoras, etc. Ahora no se permite que las mujeres formen parte de la fuerza de trabajo porque carecen de una experiencia documentada. 
Ni siquiera se les tiene en cuenta en los programas de capacitación. 
La única forma de progresar es que instituyamos medidas que algunos considerarán discriminatorias para el hombre. 
Desgraciadamente, la sociedad ha discriminado a la mujer durante siglos y siglos y la única forma de progresar es que instituyamos una estructura que permita que la mujer participe en los sectores decisorios y en la fuerza de trabajo. 
Cuando, con el tiempo, consigamos una verdadera igualdad, entonces no habrá necesidad alguna de la discriminación positiva. 
El informe de la Sra. Lulling tiene un historial prolongado. 
Después del caso Kalanke en 1995, la Comisión propuso que se modificara la Directiva 207/CEE, de 1976. 
La propuesta fue presentada al Consejo al final del mes de marzo de 1996. 
Desde entonces la Comisión de Derechos de la Mujer ha trabajado con ahínco y determinación sobre esa propuesta. 
En el informe de la Sra. Lulling se pide a la Comisión que retire su propuesta. 
Eso es también el tema de los debates de este Parlamento. 
Como saben ustedes, mi colega el Comisario Flynn se personó el día 16 de febrero en la reunión de la Comisión de Derechos de la Mujer y expuso con toda claridad su posición: su intención es proponer que se retire la propuesta, según ha pedido el Parlamento. 
En la misma ocasión el Comisario Flynn anunció su intención acerca de la utilización de los nuevos poderes legislativos dados a la Comunidad. 
La finalidad es adoptar medidas para que haya plena igualdad de tratamiento entre las mujeres y los hombres en la esfera del empleo, y esas dos cuestiones están interrelacionadas. 
Es de esperar que la ratificación del Tratado de Amsterdam quede finalizada dentro de algunos meses. Entonces dispondremos de un Tratado que confiere una nueva base jurídica, el apartado 3 del artículo 141, para legislar la igualdad de tratamiento entre mujeres y hombres en la esfera del empleo. 
Puedo confirmarles que estamos estudiando muy activa y positivamente la forma de legislar con arreglo al artículo 141. 
Lo estamos haciendo con mucha objetividad. 
Hay problemas jurídicos relacionados con algunos aspectos del artículo, en particular su ámbito. Por lo tanto, la Comisión está recabando asesoramiento jurídico. 
Según la forma que revista este asesoramiento nos pronunciaremos sobre el contenido de una propuesta de directiva basada en el artículo 141. 
Supongo que esta declaración responde a la pregunta del Parlamento e indica que la Comisión está dispuesta a hacer uso del artículo 141 en una acción positiva de carácter general. 
Por último, quisiera dar gracias de nuevo a la Comisión de Derechos de la Mujer y a la Sra. Lulling por su labor en relación con esta importante cuestión. 
El Parlamento da por cerrada la sesión 1998-1999. 
Se levanta la sesión a las 20.35 horas 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo 1999-2000. 
Decisión sobre la urgencia 
Señora Presidenta, quiero manifestar, en relación con este asunto, que nuestra comisión no ha concluido aún sus deliberaciones y, por consiguiente, no podemos aprobar la aplicación del procedimiento de urgencia para la presente sesión. 
Yo propongo, no obstante, que debatamos el tema en la segunda sesión de marzo. Para esa fecha ya habremos completado nuestras deliberaciones. 
Señor von Wogau, otra solución sería, si Su Señoría y la Asamblea estuvieran de acuerdo al respecto, que votáramos a favor de la urgencia, pero inscribiéndola en la sesión del 22 de marzo. 
¿Estaría Su Señoría de acuerdo con esa propuesta? 
El Parlamento aprueba la urgencia para la sesión del 22 de marzo 
Modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0070/99) de los Sres. Corbett y Gutiérrez Díaz y de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo. 
Informo a Sus Señorías de que el Sr. Crawley se ha sumado a la opinión minoritaria expresada en la exposición de motivos. 
Concedo el uso de la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, se trata, de conformidad con el artículo 128, y sobre el texto cuyo debate ha anunciado usted, de plantear una cuestión de no ha lugar a deliberar. 
O bien la expongo ahora o espero que inicie usted formalmente el debate sobre ese texto, como usted guste. 
Estamos en el comienzo del debate, por lo que Su Señoría tiene, señor Fabre-Aubrespy, el uso de la palabra. 
Señora Presidenta, el objeto de la cuestión de inadmisibilidad es el de plantear cuestiones de orden que se han producido con ocasión de la elaboración de este texto. 
Así, pues, impugno su debate por dos razones esenciales. La primera es la de que este texto, que propone ciertas modificaciones del Reglamento, pretende aplicar el Tratado de Amsterdam. 
Se me dirá: el Tratado de Amsterdam está ratificado, o casi. 
Resulta que un país, Francia, no ha procedido aún a su ratificación y sería una descortesía para con el parlamento de mi país hacer modificaciones de nuestro Reglamento sin que dicho Tratado esté aprobado oficialmente. 
Pero sobre todo- y esto incumbe a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea- no se puede aplicar un tratado, que es un acto esencial de nuestro Derecho comunitario, sin que oficialmente los Estados, por mediación de su Jefe de Estado o de Gobierno, hayan procedido a su ratificación. 
Ahora bien, resulta más que evidente que ninguno de los Estados ha procedido a los intercambios de los instrumentos de ratificación, por emplear el lenguaje diplomático. 
La segunda razón es, señora Presidenta, la de que, mientras que correspondía a la Comisión de Reglamento aplicar el Tratado de Amsterdam, o, mejor dicho, el proyecto de Tratado, el que pronto será, normalmente, ratificado, dicha comisión ha ido mucho más lejos. 
Ahora bien, en nuestro texto esencial, que es el Reglamento del Parlamento Europeo, nos corresponde subordinarnos a las leyes esenciales y, en particular, al Tratado. 
En la opinión minoritaria que he presentado sobre este texto, he expuesto los puntos en los que me parece que el informe va demasiado lejos. No me extiendo al respecto. 
Ésta es la razón por la que pido a la Asamblea que se pronuncie sobre la cuestión de no ha lugar a deliberar que acabo de exponer. 
Señora Presidenta, quisiera responder brevemente a las dos cuestiones planteadas por el Sr. Fabre-Aubrespy. 
La primera se refería a la aplicación del Tratado de Amsterdam. 
Es evidente que esas modificaciones no pueden entrar en vigor hasta que el propio Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor. 
Lo que aquí hacemos es preparar al Parlamento para esa entrada en vigor. 
Así, pues, resulta más que evidente que esas disposiciones del Reglamento vinculadas con el Tratado de Amsterdam no entrarán en vigor hasta que el propio Tratado de Amsterdam esté en vigor. 
Por otra parte, resulta igualmente evidente que, ante semejante materia compleja, nuestro Parlamento debe prepararse: no puede esperar a que el Tratado de Amsterdam esté en vigor para preparar la aplicación del Reglamento y ésa es la razón por la que creo que la objeción del Sr. Fabre-Aubrespy no es admisible. 
La segunda cuestión era la siguiente: ¿hemos ido demasiado lejos en esas modificaciones del Reglamento? 
En efecto, hemos aprovechado esa labor para adaptar ciertas disposiciones de nuestro Reglamento a situaciones nuevas. 
Así, pues, creo que el derecho más elemental de un Parlamento es el de trabajar en su Reglamento, adaptarlo a la permanente evolución de la vida parlamentaria. 
Por eso, no puedo aceptar tampoco esa segunda observación del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Ésa es la razón por la que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Reglamento, propongo a la Asamblea que rechace las objeciones del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Señorías, hemos oído al Sr. Fabre-Aubrespy, que ha formulado su petición, y al Sr. Fayot, en su calidad de presidente de la comisión. 
¿Hay algún orador en contra? 
Señora Presidenta, estoy en contra de la posición del Sr. Fabre-Aubrespy por la razón siguiente: si bien desde el punto de vista formal- y el Sr. Fabre-Aubrespy lo sabe de sobra -, su primera objeción, es decir, la que se refiere al Tratado, parece aceptable en este trámite parlamentario, su segunda objeción, por el contrario, se refiere al fondo de la cuestión. 
Y, entonces, por lo que se refiere al fondo, el Sr. Fabre-Aubrespy deberá limitarse a votar en contra de determinadas enmiendas si le parece que no deben ser aprobadas en el marco de esta reforma del Reglamento. 
Pero volviendo sobre la primera cuestión, el Sr. Fabre-Aubrespy sabe muy bien lo que es el Derecho estatutario. 
El Derecho estatutario tiene la grandeza, y al mismo tiempo la servidumbre, de reglamentar el funcionamiento interno de una institución. 
Y por lo tanto, esa institución no sólo puede sino que debe prepararse de forma cautelar, a la espera de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam, para tener unas reglas internas que sean concordes y coherentes con ese Tratado en el momento en que entre en vigor, pues dicho Tratado es el que marca la pauta de ese desarrollo interno estatutario. 
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que tampoco es aceptable la primera objeción. 
¿Hay algún diputado que desee expresarse en el sentido del Sr. Fabre-Aubrespy? 
No lo hay. 
El Parlamento rechaza la petición 
Señora Presidenta, el presente informe constituye la revisión más completa de nuestro Reglamento desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht a comienzos de los noventa. 
No se limita a la necesaria transposición en el Reglamento del Parlamento del contenido del Tratado de Amsterdam. 
Aprovecha la oportunidad, al igual que hicimos después del Tratado de Maastricht, para revisar el conjunto de métodos de trabajo del Parlamento, así como sus procedimientos. 
En una palabra, estamos preparando el Parlamento para una nueva era. 
Tradicionalmente, el Parlamento ha tomado los Tratados y ha intentado estirarlos como un elástico. 
No podemos contradecir los Tratados, no podemos hacer cosas que los Tratados prohíban. 
Pero, inevitablemente, los Tratados permiten un margen de apreciación, un poco de libertad para la interpretación. 
Tienen vacíos y lagunas que deben llenarse. 
El Parlamento siempre ha intentado hacerlo para que la Unión sea más eficaz, más abierta, más transparente y más democrática. 
Ésa es la filosofía inherente a esta revisión del Reglamento. 
Es evidente que si un elástico lo estiramos demasiado, terminará por romperse y podemos hacernos daño en los dedos. 
Pero estoy convencido de que el paquete que hoy presentamos al Parlamento ha estirado el elástico sólo lo justo, y de que podemos recomendar a la Asamblea el resultado al que hemos llegado. 
Después de Amsterdam, el Parlamento se convertirá en una parte equitativa de una autoridad legislativa bicameral junto con el Consejo, al menos para los ámbitos sujetos a la codecisión, entre los que se incluirá la mayor parte de la legislación no agrícola. 
Por ello, gran parte del trabajo contenido en este informe aspira a mejorar y definir de nuevo nuestros procedimientos legislativos. 
Esto incluye mejoras técnicas para simplificar el modo de votación en el Pleno. 
El procedimiento de codecisión ha sido escrito de nuevo en nuestro Reglamento, en parte para tener en cuenta lo que se aprobó en Amsterdam: la posibilidad de acuerdos en primera lectura entre las instituciones, por ejemplo; la eliminación del derecho del Consejo a adoptar un texto unilateralmente en tercera lectura, si el Parlamento no lo rechaza. 
Estas modificaciones se han incorporado al Reglamento de manera que favorezcan un pronto diálogo entre el Consejo y el Parlamento para intentar alcanzar un acuerdo al inicio del procedimiento en la medida de lo posible. 
También hemos puesto de relieve los casos en que, en lo sucesivo, será la votación final del Parlamento la que determine la entrada en vigor de legislación europea. 
En otro orden de cosas, hemos analizado las nuevas disposiciones que otorgan al Parlamento el derecho a elegir por votación al Presidente de la Comisión. 
Esta nueva votación vinculante se pone de relieve en la revisión del Reglamento, donde se describe como la elección de la Comisión. 
Queremos subrayar que la Comisión, el Presidente de la Comisión y, más tarde, las Comisiones en su totalidad tienen la obligación política de rendir cuentas al Parlamento. 
La Comisión no es una burocracia que no necesite rendir cuentas, como quieren hacernos creer algunos euroescépticos. 
La Comisión es un ejecutivo político que está obligado a dar cuenta de su gestión al Parlamento elegido por sufragio universal. 
Hemos intentado hacer hincapié también en este aspecto en la revisión del Reglamento. 
El Parlamento debe analizar asimismo el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común, y afinar sus procedimientos para el seguimiento, examen y control de dicha política. 
Las modificaciones del Reglamento hacen precisamente eso. 
Hemos incorporado una serie de sugerencias de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa en este sentido. 
Éstas incluyen disposiciones sobre las relaciones con el nuevo Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Hemos previsto que el Alto Representante entable un diálogo con el Parlamento, acuda al Parlamento a explicar sus declaraciones, se presente ante la comisión parlamentaria pertinente y que el Parlamento supervise el procedimiento de nombramiento del Alto Representante. 
Hemos incluido nuevas disposiciones en el Reglamento para tratar sobre lo que podríamos denominar «procedimientos legislativos atípicos». Los procedimientos del tercer pilar y los procedimientos de Schengen, la aprobación de legislación a petición de los interlocutores sociales en virtud del Acuerdo Social, la propuesta de legislación a iniciativa de un Estado miembro en virtud del apartado 1 del artículo 67 del Tratado, la suspensión de un Estado miembro y la legislación adoptada en aras de una mayor cooperación. 
Para todo esto existirá ahora un procedimiento preciso que contemple la participación parlamentaria en algo que, de otro modo, evidentemente no sucedería en virtud de los Tratados. 
Hemos intentado reformar los procedimientos de votación interna del Parlamento con vistas a destinar menos tiempo- pues a menudo necesitamos horas- a las votaciones del Pleno. 
Hemos incluido una serie de modificaciones técnicas que simplificarán el proceso de votación en el Pleno, sin mermar por ello el derecho de los diputados o de grupos de diputados a presentar enmiendas. 
Esperamos haber logrado un paquete equilibrado en este aspecto. 
Hemos intentado racionalizar nuestros procedimientos por otros medios. 
En el caso de los informes legislativos, por ejemplo, desaparecerá la exposición de motivos, que será sustituida por justificaciones breves por cada una de las enmiendas presentadas a la propuesta de la Comisión, como ya venimos haciendo en el procedimiento presupuestario. 
Asimismo, las opiniones de otras comisiones se limitarán a la presentación de enmiendas concretas. 
Eso nos permitirá centrar nuestro trabajo concretamente en los textos legislativos y en las enmiendas que deseamos introducir a los mismos, y dejar de lado los largos textos de retórica en los que no siempre está clara la opinión del Parlamento. 
Los debates sobre temas de actualidad y urgencia también serán racionalizados, en el sentido de que los temas elegidos deberán ser aprobados cuando se apruebe el orden del día el lunes y no un día más tarde mediante un procedimiento ad hoc. 
De este modo dispondremos de más tiempo para preparar debidamente los debates y eso, también, supondrá un avance pequeño, pero significativo. 
El nuevo Reglamento garantizará la transparencia de los procedimientos parlamentarios a todos los niveles y velará por el libre acceso a los documentos del PE. 
En este caso, seguimos las indicaciones del reciente informe sobre apertura y transparencia de mi colega Sra. Lööw. 
También eliminamos la posibilidad de que en una fase avanzada del procedimiento se cuestione el fundamento jurídico de las propuestas, cuando dicho cuestionamiento se hace a última hora en el Pleno como excusa para devolver el asunto a comisión y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Tenemos aquí un procedimiento racional que preserva el derecho de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la comisión responsable, dejando la decisión final al Pleno, pero evitando que se recurra a artilugios para impedir que un asunto sea sometido a votación. 
En lo relativo a mejorar el control de la Comisión por el Parlamento, prevemos también en nuestro Reglamento que el Presidente de la Comisión u otro miembro de la misma acuda al Parlamento a hacer una declaración inmediatamente después de las reuniones de la Comisión, siempre que así lo solicite el Parlamento, y que se someta a un turno de preguntas de media hora sobre las decisiones adoptadas en dicha reunión. 
Esta medida ilustra una vez más la obligación de la Comisión de rendir cuenta al Parlamento, al tiempo que brinda a la Comisión la oportunidad de informar directamente al Parlamento, en vez de a la prensa, sobre las decisiones que ha adoptado en su calidad de ejecutivo. 
El anuncio inicial de las decisiones adoptadas se realizará aquí y la reacción inicial consistirá en que los diputados elegidos por sufragio universal dirijan preguntas a la Comisión. 
Intentaremos también animar los debates parlamentarios. 
Actualmente, como todos sabemos, celebramos debates siguiendo largas listas de oradores. 
Hemos experimentado con lo que solíamos denominar el procedimiento Delors, según el cual, el Presidente concede la palabra durante una hora a los distintos diputados que hayan captado su atención. 
Codificamos ambos sistemas en el Reglamento- actualmente ninguno de los dos está contemplado explícitamente en el mismo -, pero contemplaríamos la posibilidad de combinar ambos sistemas. 
El debate podría comenzar con la habitual ronda de oradores de cada uno de los Grupos políticos, pero podría destinarse una hora, media hora o incluso diez minutos al final a las intervenciones de un puñado de otros oradores que hayan atraído la atención del Presidente, al objeto de que los diputados que han asistido a todo el debate y han escuchando pacientemente los argumentos, puedan intervenir y responder al final; alguien que ya ha intervenido puede desear hacerlo de nuevo y responder al final. 
De este modo se animarían un poco nuestros debates, resultarían más atractivos a los ojos del público, sin eliminar el derecho de cada Grupo a disponer de su parte proporcional de tiempo de intervención. 
Prevemos asimismo que el Reglamento sea redactado de nuevo, en su caso, utilizando un lenguaje neutro con respecto a los sexos. 
Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y sé que muchas de nuestras colegas se sienten molestas por el hecho de que, en algunos idiomas, el Reglamento hace referencia a los diputados únicamente en la forma masculina- como él y no como él o ella- y las modificaciones del Reglamento también se encargarán de este problema en particular. 
No entraré en cada uno de ellos. 
Muchos detalles pequeños han sido ordenados, e intentamos mejorar los procedimientos en la medida de lo posible. 
A nivel individual, muchas de estas modificaciones son de menor importancia, pero todas juntas mejorarán los métodos de trabajo y los procedimientos del Parlamento. 
Además, permitirán que el Parlamento sea más abierto y transparente. 
Este paquete ha sido elaborado durante casi un año- un año de duro trabajo en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Debo rendir homenaje a mis componentes, al Sr. Fayot, en su capacidad de presidente de la comisión, tarea que ha resultado difícil, pero que él ha resuelto extraordinariamente bien; a todos los miembros de la comisión y, también, a otras comisiones que nos han presentado opiniones y propuestas, y, por último, aunque no por ello menos importante, a la secretaría de la comisión, que ha realizado grandes esfuerzos en la elaboración del presente informe. 
Después de un año de muchos esfuerzos, tengo la plena confianza de que hemos elaborado un paquete que es justo, equilibrado y que puede inspirar un auténtico consenso entre la mayoría de los Grupos políticos de esta Asamblea. 
No dudo en recomendar este paquete a la Asamblea. 
Señora Presidenta, si yo fuera muy riguroso podría renunciar a la palabra porque estoy plenamente de acuerdo con el exhaustivo informe que nos acaba de presentar el Sr. Corbett, pero no tengo el rigor suficiente como para renunciar a la tentación de dirigirme a ustedes leyendo la intervención que he preparado aunque, evidentemente, por esta coincidencia, tendrá elementos de repetición. 
Como recoge la exposición de motivos, estamos ante una propuesta de modificación de nuestro Reglamento que, arrancando de los cambios que exigirá la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se propone preparar nuestras normas de trabajo para las exigencias legislativas de una nueva etapa que planteará nuevas responsabilidades, nuevos desafíos al Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo, la propuesta de modificación, aunque siempre dentro de los límites del Tratado, tiende a potenciar al máximo las competencias de nuestra Institución. 
Un largo proceso- como corresponde a la dimensión de la propuesta- nos ha situado en el momento oportuno- es decir, en la antesala de la ratificación del Tratado- para someter la propuesta de modificación al Pleno con un meritorio trabajo previo que nos ha conducido, no a la unanimidad, pero sí a un sólido consenso sobre la inmensa mayoría de las enmiendas que se presentan. 
No sería justo que al finalizar este largo y fructífero proceso no expresásemos el reconocimiento a todos los que han hecho posible llegar hasta este momento. 
Permítanme que yo también exprese, en primer lugar, mi reconocimiento a los miembros de la secretaría de la Comisión de Reglamento, que han desarrollado una tarea ingente e inteligente, reconocimiento que hay que extender con justicia a los miembros activos de la Comisión de Reglamento que han actuado con una voluntad de cooperación positiva que se refleja en los resultados. 
Asimismo, han contribuido al consenso los representantes de los diversos grupos políticos. 
Mención especial merece el presidente de la Comisión de Reglamento, Sr. Ben Fayot, y mis dos coponentes, la Sra. Palacio- con su gran capacidad- y el Sr. Corbett- el incansable Sr. Corbett. 
Permítanme que desde mi modesta contribución señale algunos aspectos particulares que me parecen de especial significación. 
En primer lugar, quisiera destacar la enmienda 16 al artículo 32 y la 17 al artículo 33 que hacen referencia a la elección del Presidente de la Comisión Europea y a la misma Comisión por votación nominal. 
Esta interpretación reglamentaria de los tratados- como ya ha subrayado el Sr. Corbett- tiene una significación política que, estoy seguro, no escapará a sus Señorías y clarifica el papel del Parlamento en la composición de la futura Comisión Europea. 
Asimismo, en la enmienda 23 al artículo 39, recogiendo con leves modificaciones que la hacen más flexible la enmienda 152 de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se asegura la máxima información por parte del Banco Central Europeo y se regulan sus declaraciones. 
Por otra parte, nuestro Reglamento, a través de las enmiendas 30 y 31, incorporará las consultas al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones con la necesaria separación de ambas Instituciones en reconocimiento a sus respectivas identidades. 
Ambas enmiendas han sido consultadas a la dirección de los respectivos Comités que las han valorado positivamente, señalando que, más allá de las precisiones del Reglamento, tal vez será necesario establecer un código de conducta entre el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. 
Para terminar, también me gustaría señalar la incorporación que se propone, en un Capítulo VI bis nuevo, de un artículo en el que se asegura la información periódica a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Como decía al principio, estamos ante una propuesta, que creo bien trabajada, de modificar profundamente nuestro Reglamento para adecuarlo a las necesidades de una etapa en la que el Parlamento Europeo tendrá mayores competencias legislativas y en algunos casos, como en la elección del Presidente de la Comisión Europea, importantes responsabilidades políticas. 
Esperemos que la votación de mañana contribuya a culminar positivamente el trabajo realizado. 
Gracias, señor Gutiérrez Díaz. 
No se trata de la votación de mañana por la mañana, sino del jueves por la mañana. 
Por lo demás, tendré ocasión de precisarlo después. 
Señora Presidenta, como ya han indicado los dos ponentes que han hablado antes que yo, este ejercicio de modificación del Reglamento, y en general el Reglamento mismo, es ante todo y sobre todo una fórmula de convivencia en cuyo resultado deben verse reflejados todos los intereses de la Asamblea, las preocupaciones de todos y cada uno de los que formamos parte de ella, e incluso las preocupaciones de quienes están detrás de las bambalinas y que desarrollan un trabajo absolutamente esencial al que ya se ha rendido tributo. 
En este sentido, quiero sumarme no sólo al tributo prestado a los otros dos ponentes, que han formado equipo en una labor en donde las lógicas discrepancias hacen a veces el trabajo incluso más estimulante, sino también a los servicios técnicos, no sólo y principalmente a los de la Comisión de Reglamento, sino en general a todos los servicios del Parlamento, y en particular a los funcionarios del Grupo del Partido Popular Europeo, que me han prestado un enorme apoyo. 
Señora Presidenta, he dicho que nuestro Reglamento es fórmula de convivencia, y brújula de los trabajos parlamentarios. 
Pero un Reglamento es más, y hay que recordarlo. 
Es símbolo, es estandarte, es programa y es reflexión. 
Es la constitución interna de una institución, es el compendio y el reflejo de cómo este Parlamento se quiere y se ve en el equilibrio interinstitucional; lo que ha sido durante toda su breve y fecunda historia, junto con la visión y la proyección de lo que quiere ser en el proceso de construcción europea. 
Por eso, cualquier reforma del Reglamento indudablemente tiene que tener en cuenta el Tratado, pero teniendo en cuenta que el Tratado, como cualquier institución jurídica, permite un margen de interpretación para aplicarlo a la realidad de los tiempos. 
El Reglamento debe ser práctico y realista, sin perder de vista su valor de enseña. 
Debe respetar a todos, a Grupos- grandes y pequeños- y a individuos, y debe, en fin, establecer un claro equilibrio entre la inercia proveniente del hecho de haber sido una Asamblea parlamentaria sin competencias y el hecho nuevo, para el Parlamento, de haber logrado una situación de colegislador, prácticamente en pie de igualdad con el Consejo. 
Las enmiendas, señora Presidenta, son todas importantes. 
En un Reglamento parlamentario, la más mínima cuestión puede dar pie a consecuencias políticas de alcance incalculable, y algún ejemplo de ello hemos tenido recientemente. 
Y sin perjuicio de ello, por su distinta naturaleza, se pueden agrupar en tres bloques. 
En primer lugar, aquellas que tienen unas consecuencias y una naturaleza política directas, y entre ellas yo destacaría la enmienda 15 sobre la composición de los Grupos políticos, que alguien criticará seguro, pero que va en el sentido de lo que es la integración europea. 
Si en Europa caminamos hacia una mayor integración, no tiene sentido que en este Parlamento, que representa a los pueblos europeos, haya un grupo político que sólo se componga de una determinada nacionalidad. 
Se ha glosado también suficientemente la enmienda 16 sobre la elección del Presidente de la Comisión Europea. 
Creo que ahí hemos hecho una labor de interpretación respetuosa con los Tratados, porque así debe ser, pero que apura hasta el final la virtualidad de que, con el Tratado de Amsterdam, la ratificación de su nombramiento por este Parlamento forma parte constitutiva del proceso de elección del Presidente de la Comisión, y así queda reflejado en nuestro Reglamento. 
También se podrían destacar los pronunciamientos sobre las grandes líneas de política económica que establece el artículo 99 del Tratado de Amsterdam y, de igual manera, el artículo 24 que lleva hasta su límite máximo las posibilidades que nos brinda el texto constituyente. 
Sobre el Alto Representante no insistiré, pues ya se ha glosado lo relativo a su función. 
Pero quiero defender la enmienda de mi Grupo que matiza, y creo que quita, un cierto voluntarismo que existe en la actual enmienda 129. 
Sobre las relaciones con las otras instituciones, destacaré que se potencian las relaciones con los Parlamentos nacionales además de las relaciones con el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. 
Y también quiero mencionar la enmienda 28 sobre los acuerdos interinstitucionales, que dan carta de naturaleza a esos actos fundamentales que tanta importancia tienen entre nosotros, y les dan, sobre todo, transparencia, seguridad jurídica y un acceso directo para cualquiera. 
He hablado de transparencia. 
En este contexto se ha mencionado el nuevo capítulo 17 A, que es puro reflejo de las nuevas pautas que establece el Tratado de Amsterdam. 
E indudablemente podría seguir glosando las cuestiones del tercer pilar, los derechos humanos, y el respeto de los principios del Tratado. 
Me gustaría pasar a hablar, aunque brevemente, del segundo bloque de enmiendas, de las enmiendas que se relacionan con los nuevos poderes legislativos, directamente. 
Y ahí destacaría que todas estas enmiendas tienen dos objetivos: impulsar el diálogo interinstitucional, impulsar las relaciones interinstitucionales, impulsar esa necesaria combinación de voluntades no formalizadas entre la Comisión, el Consejo y este Parlamento y por otra parte racionalizar y actualizar los procedimientos que ya existían con anterioridad. 
Haré una breve mención a la cuestión del fundamento jurídico. 
El Grupo del Partido Popular Europeo, junto con el Grupo Liberal, ha planteado una enmienda a este respecto. 
Me parece que hasta el momento, y debería conservarse así, ese derecho de mirada de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aportado grandes frutos. 
No hay que olvidar que un conflicto de fundamento jurídico da lugar, en última instancia, a un pleito ante el Tribunal de Justicia y que, por lo tanto, debemos conservar esa específica visión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las específicas competencias de dicha comisión. 
He hablado, señora Presidenta, de la inercia histórica. Y con ello entro en el tercer bloque de enmiendas. 
El Sr. Fabre-Aubrespy se ha referido a ellas. 
Dado que este Parlamento ha sido anteriormente una Asamblea parlamentaria sin competencias, tiene todavía determinados procedimientos de los cuales algunos se han racionalizado y otros habría que racionalizar más. 
Pero la voluntad está marcada. 
Tenemos pendientes determinadas reformas que no van más allá del Tratado de Amsterdam, pero que son consecuencia inevitable de dicho Tratado puesto que se trata de adaptar ese equilibrio entre las previas funciones del Parlamento, históricas como he dicho, y las actuales de colegislador. 
Así, hemos intentado racionalizar el tiempo de palabra, racionalizar los recursos, racionalizar y actualizar las formas de procedimiento con las nuevas tecnologías. 
En fin, hablando de recursos, de nuevas tecnologías y de tiempo de uso de la palabra, el mío se ha terminado. 
Señora Presidenta, considero que, sin que ésta sea una obra perfecta, sin que yo suscriba al cien por cien todas las enmiendas, se trata de un reflejo claro de lo que es esta institución, una institución pujante, una institución viva y una institución que se quiere y se sabe en el centro de la construcción europea. 
Hemos sumado a este debate varios informes: los de los Sres. Ford, Fabre-Aubrespy, Vecchi, Nordmann, Voggenhuber, Fayot, Wijsenbeek y Spiers. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a los tres ponentes por su informe conjunto sobre las modificaciones del Reglamento del Parlamento a la luz del Tratado de Amsterdam. 
El informe contiene gran cantidad de trabajo que apuntalará la capacidad del Parlamento de hacer pleno uso de sus poderes, y, como dice el Sr. Corbett, de estirarlos al máximo. 
En este Parlamento hay quien describe el Reglamento como algo parecido a contemplar cómo se seca la pintura en 11 idiomas. 
El hecho de que son muchos los que así lo creen ha quedado demostrado por la velocidad con que se vacío la Asamblea cuando usted dijo que hablaríamos del Reglamento. 
No obstante, a menudo pienso que los miembros de la Comisión de Reglamento son los tramoyistas de este Parlamento- los héroes olvidados, sin los que las estrellas políticas de esta institución perderían su lustre. 
El Sr. Corbett y sus colegas han expuesto de manera muy adecuada el empuje de su informe. 
Yo quiero centrarme en aspectos de los otros nueve informes de la Comisión de Reglamento que analizamos simultáneamente, en particular, la serie de enmiendas relativas a temas sobre la declaración de intereses de los diputados. 
Con el paso del informe Nordmann y el mío propio sobre el control y registro de los grupos de interés en 1996, este Parlamento dio un enorme paso adelante en materia de transparencia y apertura. 
Ahora sabemos que cada diputado tiene cinco sombras detrás de sí. 
Hay 3.000 representantes de grupos de interés que intentan moldear las opiniones de 600 diputados. 
Un diálogo con los representantes de los trabajadores y la patronal, los grupos de consumidores, los grupos de productores, representantes de los gobiernos extranjeros y de las organizaciones de medio ambiente y los derechos humanos no sólo es deseable, sino también necesario. 
Pero el diálogo no debe convertirse en propiedad. 
Los diputados no pueden ser considerados como productos en una estantería de una especie de supermercado político que son expuestos a la venta por los que tienen el dinero. 
En los presentes informes se suplen una serie de carencias que tiene el sistema. 
En primer lugar, la enmienda 10 de mi informe trata sobre la difícil situación de los antiguos diputados. 
Actualmente tenemos una situación ambigua en la que algunos de los antiguos diputados son diputados honoríficos, algo que provocó confusión en el pasado, porque hay quien se consideraba diputado de un rango superior de esta institución, en vez de antiguo diputado. 
Mi enmienda confiere a la Mesa la misión de eximir de derechos y privilegios a los antiguos diputados sin distinción. 
En segundo lugar, tenemos la enmienda 110 del informe Wijsenbeek que modifica el artículo sobre la declaración de intereses, de modo que los diputados que tengan intereses financieros directos deben declarar oralmente dichos intereses antes de su intervención en comisión o en el Pleno. 
En tercer lugar, la enmienda 112 del informe Spiers hará a los presidentes de los eurogrupos responsables de hacer una declaración anual de cualquier ayuda en metálico o en especie que hayan recibido dichos grupos y darlas a conocer al público. 
En cuarto lugar, la enmienda 111 trata sobre dos problemas. 
Primero, un puñado de diputados- 9 en 1996 y 21 en 1997- se negó a realizar su declaración de intereses. 
Esto significará que, tras un último aviso por parte del Presidente, sus nombres aparecerán publicados en el Acta y luego, si siguen negándose a cumplir las normas, serán suspendidos de la Asamblea. 
La segunda parte deja claro que los beneficios por valor superior a los 100 ecus deben ser declarados. 
Actualmente parece existir una gran ambigüedad respecto a lo que constituye el nivel al que deben comenzar las declaraciones. 
Por último, la enmienda 2 del Sr. Vecchi deja claro que tras las elecciones o el nombramiento de nuevos diputados, no se verificarán las credenciales sin la plena declaración de intereses, y que no podrán ocupar una posición elegida en el Parlamento ni ser representados en ninguna delegación hasta que hayan completado su declaración de intereses. 
En el actual clima de la opinión pública, le debemos al electorado y a nosotros mismos no sólo funcionar de un modo justo y adecuado, sino también permitir a la población de Europa ver lo que hacemos. 
Señora Presidenta, Señorías, el informe que se me había confiado se refería a un punto muy particular y muy menor de todas las modificaciones que hoy se proponen. 
Se trata del artículo 8 actual de nuestro Reglamento, más exactamente de dos de sus apartados: el apartado 3 y el apartado 5, relativos a las condiciones de dimisión de los diputados a nuestro Parlamento, que a veces pueden plantear problemas. 
En efecto, hay una incertidumbre sobre la determinación de la fecha en que es efectiva la renuncia por una distinción, que no es demasiado afortunada desde un punto de vista jurídico, entre, por una parte, las condiciones formales de la renuncia- las resultantes, en primer lugar, en su formalización por escrito y después de su consignación en un acta- y, por otra, la entrada en vigor de dicha renuncia establecida en el actual apartado 5 del artículo 8. 
La consignación de la renuncia en un acta se consideró una condición necesaria para que fuera efectiva la renuncia. 
Es una garantía para el diputado y no se debe cambiar. 
En cambio, nos hemos preguntado si había que mantener el procedimiento de la formalización de la renuncia por escrito y el registro en un acta, y hemos concluido que se podía simplificar el Reglamento a ese respecto disponiendo, por una parte, que se notifique la renuncia en forma de acta, redactada según lo dispuesto en el actual apartado 3 y sin exigir formalización de la renuncia por escrito y, por otra, que la constatación de la vacante se produce a partir de la fecha indicada en el acta por el diputado que renuncie. 
Así, pues, si el Parlamento aprueba las enmiendas 6, 7 y 9 propuestas y que han obtenido- creo-un gran acuerdo en la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, ya no habrá ambigüedad a ese respecto. 
Ahora quisiera referirme al conjunto del informe para decir por qué me opongo, en nombre de mi Grupo, a su aprobación. 
Diré simplemente que el informe ha respondido mal a la cuestión que se le planteaba y que ha abordado, de forma imprudente, cuestiones que no se le habían planteado. 
Por lo que se refiere a la aplicación del Tratado de Amsterdam, mantengo que esa aplicación es prematura, por una parte- y a ese respecto el profesor Duhamel podría recordar que el parlamento del Estado del que es representante está compuesto de dos cámaras -, porque en este momento aún hay efectivamente un debate parlamentario en el nivel de Francia por lo que se refiere a esa ratificación y, por otra, porque, al no haber nada previsto sobre la fecha de entrada en vigor, las disposiciones que vamos a aprobar entrarán en vigor en el próximo período de sesiones, es decir, antes de que ese Tratado haya sido ratificado. Pero el texto va más lejos también que el Tratado de Amsterdam. 
Así es, en particular, en el caso de la enmienda 28, que consagra el método de los acuerdos interinstitucionales, que son jurídicamente dudosos. Así también en el caso de las enmiendas 67 y 68, relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El informe aborda también de forma imprudente cuestiones que no se le habían planteado en la misión que le encomendó la Conferencia de Presidentes. 
Así es en el caso de la enmienda 90, que dispone que las enmiendas que se excluyan mutuamente serán inadmisibles, disposición muy incierta. 
Así también en el caso de la enmienda 96, según la cual la composición de las comisiones refleja lo más posible la composición del Pleno. 
Y también en el caso de la enmienda 14, a propósito de la censura de tal o cual diputado que tenga atribuciones en nuestro Parlamento, y en el de la enmienda 78. 
He expuesto esas diferentes reservas en una opinión minoritaria y pido a mis colegas interesados en esta cuestión que se remitan a ella. 
Señora Presidenta, la práctica de estos años en el desarrollo de las funciones de verificación de las credenciales ha establecido una serie de procedimientos y de precedentes que han interpretado ampliamente tanto lo dispuesto en el Acta de 20 de septiembre de 1976 como lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento del Parlamento Europeo. 
De esta forma se ha convertido en más sustancial la verificación de la validez del mandato de los electos al Parlamento Europeo, de las condiciones de finalización del mandato, de la plenitud del estatuto de diputado. 
Naturalmente se trata de una materia compleja en la que se concentra una acumulación de normas comunes- establecidas por los Tratados y el Reglamento parlamentario- y de normas nacionales. 
Existen asimismo numerosas e importantes «zonas grises» en que no siempre están claros los límites entre las competencias nacionales y las normas comunes. 
Habrá una mayor certeza de las credenciales y de las competencias cuando entrarán en vigor tanto el procedimiento electoral uniforme como el estatuto único del diputado. 
Sin embargo, la Comisión de Reglamento me encargó de elaborar un informe- que ha desembocado en el informe común que hoy nos ocupa, en las enmiendas 2, 3, 4, 5 y 8- al efecto de utilizar todos los espacios actualmente concedidos por los Tratados para ampliar al máximo la competencia del Parlamento Europeo, al objeto de vigilar por que la composición del Parlamento sea y siga siendo la deseada efectivamente por los electores y por que no existan perturbaciones abusivas en cuanto al pleno ejercicio del mandato parlamentario. 
En algunas de las enmiendas se propone, en primer lugar, incluir en el Reglamento prácticas ya aplicadas en esta legislatura como, por ejemplo, la obligación de firmar las declaraciones relativas a la incompatibilidad y a los intereses financieros. 
En segundo lugar, se pretende afirmar el poder del Parlamento a la hora de vigilar las renuncias formalizadas a nivel nacional. 
Por último, se facilitan al Parlamento los instrumentos para exigir a las autoridades de los Estados miembros una cooperación leal en la comunicación de cualquier información que pueda afectar al ejercicio del mandato, relacionada con las leyes electorales nacionales o concerniente al encargo de misiones nacionales a diputados europeos. 
Adquiere especial importancia la enmienda 4, por medio de la cual el Parlamento puede interactuar con las autoridades y los procedimientos nacionales en los procedimientos que pueden llevar a la finalización del mandato parlamentario europeo. 
Con la adopción de estas enmiendas se dará un paso adelante hacia la construcción de una efectiva comunitarización del estatuto de los diputados europeos, condición fundamental para el correcto funcionamiento de nuestras Instituciones y para el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, ante todo debo presentar mi participación- cuantitativamente modesta- en este informe global. 
Se refiere a las precisiones que necesitaba nuestro Reglamento sobre la expresión de opiniones minoritarias y agradezco que la organización de los trabajos haya hecho que presida usted esta sesión, ya que, en una legislatura anterior fuimos coautores de una opinión minoritaria y encontramos dificultades para la aplicación del Reglamento, tal como era y como sigue siendo su generalidad. 
Se trataba- y se trata -, por tanto, de precisar las condiciones en que dicha opinión minoritaria puede figurar en la exposición de motivos y la idea general ha sido la de recoger la técnica y el modelo, si se puede decir así, de la explicación de voto, tal como existe en nuestro Reglamento en su forma escrita, es decir, con un volumen limitado a un número preciso de palabras. 
Faltaba también situar, en cierto modo, el lugar de aparición de la expresión minoritaria, de la opinión minoritaria. 
Se debe expresar, se debe formular, dicha opinión con ocasión de la votación sobre el texto completo en comisión. 
Ése es el momento en que se pasa de la ilusión, del pensamiento o de la veleidad a una opinión formal perfectamente identificable. 
Naturalmente, en caso de que nuestro trabajo fuera insuficiente y no previese la diversidad de las situaciones que podrían presentarse, es necesaria una instancia de arbitraje y nos ha parecido que el presidente de la Comisión debía poder arbitrar sobre los litigios que podrían subsistir, pese a esta mejora del Reglamento. 
Ése es el sentido de la enmienda 99, que precisará el apartado 3 del artículo 146. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la afirmación o el reproche de que el presente informe se propone un objetivo que va mucho más allá de las consecuencias que impone el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, también rebasa su mandato, son desde luego ciertos. 
Sin embargo, esto no es en realidad lo que me preocupa. 
Mi crítica se refiere al espíritu que anima las enmiendas. 
Yo creo que ante una modificación del Reglamento de tal alcance tenemos que preguntarnos si su resultado será efectivamente una democratización del Parlamento. 
La piedra de toque de la cultura democrática de un Parlamento son los derechos de las minorías. 
¿Éstos quedan reforzados o debilitados en este caso? 
Yo creo que no resulta difícil comprobar que innumerables enmiendas restringen los derechos de los Grupos más reducidos, de las minorías, que no se amplían los derechos de los diputados individuales y que se incrementan los derechos de las mayorías y la burocratización del Parlamento. 
Me parece lamentable que la mayoría de la Asamblea aproveche esta ocasión, no para iniciar pasos esenciales en favor de la democratización del Parlamento, sino para desdemocratizarlo. 
Ya que el Sr. Corbett resalta por encima de todo la posición que deberá ocupar la Comisión en el contexto de la futura integración y apunta en último término hacia la constitución de un gobierno europeo, también debería tener en cuenta, a mi parecer, que dicha posición de gobierno tiene una consecuencia para el Parlamento, a saber, su división en una oposición y unos grupos de gobierno. 
Por esto, resulta tan delicado, a mi modo de ver, que no se amplíen, sino que por el contrario se restrinjan los derechos de las minorías. 
Los ejemplos son abundantes. Voy a citar tres: el voto de censura contra los altos cargos de la Cámara- ni siquiera se concede a un Grupo aislado el derecho a expresar su censura -, se eleva de 29 a 32 el número de firmas de apoyo necesarias para una iniciativa, se dificulta la presentación de propuestas de resolución. 
Esto es todo lo contrario de una democratización de esta Cámara. Es un intento de arrogarse unas ventajas por parte de la mayoría y yo lamento esta tendencia porque no favorece al Parlamento Europeo o al menos no, desde luego, a su cultura democrática. 
Señora Presidenta, quisiera intervenir sobre el artículo 168 (nuevo) , es decir, la enmienda 109, resultante de un informe de iniciativa. 
Se trata del último artículo de nuestro Reglamento y se refiere a los anexos. 
Los anexos no son totalmente el Reglamento, pero, aun así, forman parte de él, y, mediante este nuevo artículo 168, hemos querido intentar aclarar la estructura del anexo subdividiéndolo en tres partes: 
Las aplicaciones de las normas de conducta se aprueban por mayoría absoluta. Nuestro Reglamento establece asimismo disposiciones relativas a la constitución de comisiones permanentes y temporales por la Conferencia de Presidentes y también por el artículo 135 de nuestro Reglamento; -una tercera serie, relativa a los acuerdos interinstitucionales, y toda una serie de procedimientos que permiten organizar la labor del Parlamento.Creo que con esa subdivisión los anexos resultarán más visibles y más fáciles de leer. 
Permítame, señora Presidente- perdón, señora Presidenta -, formular una última observación. 
Estamos hablando de ocho informes de la Comisión de Reglamento, en asociación con el informe Corbett-Palacio-Gutiérrez. 
Es una forma de vaciar los cajones de la Comisión de Reglamento. 
No me parece un método muy útil, pero, en fin, más vale eso que nada. 
Gracias, señor Fayot. 
Veo que, al rectificar y decir «señora Presidenta» , Su Señoría ha aplicado ya las propuestas del Sr. Corbett. 
Señora Presidente, digo «Presidente» , porque el lugar que ocupa usted corresponde a una función. Por tanto, no se debería verla como persona, sino como función. 
Pero ahora voy a volver, señora Presidenta, a mi lengua materna, el neerlandés, porque el Reglamento está escrito en todas las lenguas y creo que hay que atenerse a él. 
Permítame empezar diciendo que no voy a hablar de mi propio informe. 
Eso ya lo ha hecho el Sr. Ford por mí de forma extraordinaria. 
Ni que decir tiene para mí que, cuando se tiene la palabra sobre un tema con el que se está relacionado, hay que explicárselo también a los colegas. 
Permítame entonces que empiece felicitando al Sr. Corbett por el enorme y muy complicado trabajo que ha realizado. 
Esto lo extiendo también, pero en otra medida, a ambos componentes, la Sra. Palacio y el Sr. Gutiérrez Díaz; de este último se esperaba que representara a los grupos parlamentarios minoritarios. 
Para ser sincero, no lo he notado mucho. 
Hay que destacar que con esta revisión el Parlamento ha dado efectivamente un paso hacia adelante en el proceso de convertirse en un Parlamento auténtico pero que todavía no ha alcanzado la plena madurez y que por eso esta revisión se queda realmente un poco corta. 
¿Por qué lo digo? 
Porque seguimos repartiendo nuestros debates en pequeños trocitos, en los que todas las nacionalidades y todos los partidos con sus diferentes corrientes toman la palabra por separado en vez de un único representante en nombre de los grupos parlamentarios que pueda contribuir de forma sustancial al debate, y porque tampoco tiene lugar un diálogo real con el Consejo y la Comisión en que el Parlamento diga algo, a lo que responda el Consejo o la Comisión y que a continuación exista la posibilidad de un segundo turno para nosotros. 
Hay una última observación dirigida al Sr. Voggenhuber. 
Está exagerando, no es un reglamento para los grandes grupos parlamentarios. 
Sólo confirma la situación actual. 
Señor Presidente, hablaré sobre la que era mi apuesta por la inmortalidad parlamentaria, a saber el informe Spiers, pero que ahora se ha quedado en la enmienda 112 de este informe mucho más amplio. 
Hace algunos años, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades recibió la solicitud de hacer extensivo a los eurogrupos los artículos por los que se exige a los diputados declarar toda ayuda recibida de fuera. 
Esta misión resultó sumamente difícil, en parte debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la definición de eurogrupo y, en parte también, porque algunos grupos registrados como eurogrupos tienen un presidente de grupo que no recibe ayuda de fuera, mientras que otras agrupaciones de diputados que no son consideradas eurogrupos sí reciben ese tipo de ayuda. 
La enmienda, por consiguiente, habla en términos de agrupaciones de diputados, ya se trate de eurogrupos o de otras agrupaciones no oficiales. 
Éstos tendrán que declarar a partir de ahora cualquier ayuda que reciban, ya sea en metálico o en especie, ayuda que incluye asistencia de secretaría, apoyo a la investigación, etcétera. 
No existe mayor problema con los eurogrupos del Parlamento Europeo y el actual Reglamento que exige a los diputados declarar cualquier ayuda significativa que reciban, incluida también las ayudas recibidas a través de un eurogrupo. 
No obstante, existe cierta inquietud acerca de los eurogrupos y la falta de transparencia es patente. 
Esta modificación del Reglamento permitirá que todo sea mucho más abierto. 
Por último, los Cuestores se encargarán de elaborar artículos pormenorizados. 
Éstos incluirán el requisito de que los grupos que reciben ayuda de fuera deben archivar sus actas y listas de asistencia al Parlamento Europeo y que éstas se harán públicas. 
Esta medida permitirá que cualquier persona pueda ver quién podría estar influenciado por quién. 
Señora Presidenta, mi tarea en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es fácil. 
Nuestras sugerencias han sido aceptadas y explicadas ahora por los ponentes. 
Creemos que es prerrogativa legítima de este Parlamento debatir, proponer y cuestionar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en Asuntos Exteriores, ya se trate de la Comisión o del Consejo. 
El Alto Representante será la clave, y considero que es de la máxima urgencia celebrar una audición de confirmación junto con los presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores de los parlamentos de los Estados miembros para examinar el mandato y las intenciones del candidato que salga elegido, quienquiera que sea, una vez nombrado el Alto Representante. 
Creo asimismo- como exponemos en nuestra propuesta de opinión- que deberíamos disponer de un procedimiento similar para el nombramiento de representantes especiales, enviados y embajadores de la UE. 
Por tanto, respaldo gustoso estas modificaciones del Reglamento. 
Quisiera hacer una intervención a título personal para proponer a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades algo que tal vez quiera plantearse en el próximo Parlamento. 
Detecto un insidioso aumento del poder de la Conferencia de Presidentes sobre la organización interna de este Parlamento, un aumento de poder a expensas de la Mesa, de la Conferencia de Presidentes de Comisiones, de los Cuestores y, lo que es más importante, de este Pleno. 
He tenido ocasión de observar la Conferencia de Presidentes en acción. 
Está constantemente desbordada de trabajo y mal preparada. 
Convertir la Conferencia de Presidentes en último árbitro de cada decisión que se toma en este Parlamento es un abuso y un error. 
Siento mucha admiración por los líderes de los dos Grupos mayoritarios, pero adaptando la terminología de la Organización Mundial del Comercio, son los dos grandes elefantes del Parlamento. 
Ellos no pueden ser expertos en todo. 
Ambos dirigen coaliciones complejas. 
Su poder conjunto de voto en la Conferencia de Presidentes conduce al gobierno de esta Asamblea mediante un «condominio de los confundidos». 
Será la prueba de fuego del vigor democrático de esta Asamblea, si podemos mirar a sus líderes a los ojos y enmendar su Reglamento en consecuencia en el próximo mandato. 
Señora Presidenta, ante todo yo quiero manifestar mi reconocimiento a los ponentes y felicitarlos por su completo trabajo. 
El principal objetivo de la revisión del Reglamento son las novedades que introduce el Tratado de Amsterdam. 
La Comisión de Control Presupuestario ha propuesto muy pocas enmiendas, toda vez que dicho Tratado no modifica sustancialmente el desarrollo ni tampoco la naturaleza del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Presentamos únicamente dos enmiendas. La primera se refiere a la responsabilidad institucional en relación con las decisiones de hacer caso omiso a la denegación de visado del Interventor, que nosotros quisiéramos que vuelva a recaer en el Presidente de la institución. 
En segundo lugar, se aclara que no existe ninguna interrelación entre las consecuencias de la aprobación de la gestión y el procedimiento en el marco del artículo 138 B del Tratado CE, de conformidad con el cual se podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas legislativas oportunas, mediante resolución basada en un informe de propia iniciativa. 
Siento tener que decir que, hasta la fecha, ambas enmiendas no han sido aceptadas. 
La situación ha seguido evolucionando, no obstante, entre tanto. 
La denegación de la aprobación de la gestión de la Comisión en diciembre pasado reveló una serie de incompatibilidades entre las disposiciones del Tratado y el Anexo V del Reglamento. 
Es preciso eliminar cuanto antes dichas incompatibilidades a fin de disipar cualquier duda sobre el desarrollo del procedimiento de aprobación de la gestión y garantizar su conclusión. 
Debemos felicitar a la Comisión de Reglamento, por la diligencia y la minuciosidad con que está examinando dicho problema. 
Esperamos con impaciencia la pronta presentación del informe del Sr. Fayot que nos orientará con respecto a esta compleja temática. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Peticiones solicita encarecidamente a la Comisión de Reglamento que tenga en cuenta en la adaptación del Reglamento del Parlamento Europeo a las disposiciones del Tratado de Amsterdam las siguientes consideraciones. 
La Comisión de Peticiones acoge con satisfacción las directrices elaboradas por la Conferencia de Presidentes de Comisión y relativas al examen de peticiones por parte de las comisiones parlamentarias especializadas, a tenor del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 157 del Reglamento del Parlamento Europeo. 
Es necesario seguir ampliando, no obstante, la cooperación iniciada con éxito entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo y consagrarla también con suficiente precisión en el Reglamento. 
Por consiguiente, proponemos que se especifique la sección XX del Anexo VI (Competencias de las comisiones parlamentarias permanentes) del Reglamento y que se determinen las competencias de la Comisión de Peticiones en lo relativo a las relaciones con el Defensor del Pueblo. 
También consideramos, además, que en el artículo 161 del Capítulo XX (Defensor del Pueblo) del Reglamento se deben prever unas disposiciones más detalladas en lo relativo a la presentación de los informes anuales y especiales en el marco de las actividades del Defensor del Pueblo. 
Es importante que se incorporen al Reglamento unas disposiciones más detalladas sobre la presentación de los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo Europeo y su examen por parte del Parlamento Europeo. 
En caso de que el Defensor del Pueblo presente en el futuro un mayor número de informes provisionales o especiales sobre cuestiones muy específicas, nosotros abogamos por que no se examinen necesariamente todos ellos en el Pleno. 
Algunas de las cuestiones tratadas en dichos informes se podrían examinar de manera más eficaz si se aplicasen procedimientos más rápidos y simplificados, que se tendrían que desarrollar llegado el caso. 
Dichos procedimientos podrían incluirse en el Reglamento por analogía con los artículos 44 o 52. 
Finalmente, sería conveniente que se prevean en el Reglamento procedimientos para el examen urgente de los informes del Defensor del Pueblo Europeo, sobre todo en lo que se refiere a su inclusión en el orden del día de las sesiones plenarias. 
Yo quiero manifestar mi agradecimiento a los ponentes y confío en que nuestras enmiendas serán aprobadas. 
Señora Presidenta, mi agradecimiento a los ponentes va acompañado de una crítica en relación con un aspecto: la comisión propone que la aprobación del Presidente de la Comisión y del conjunto de la Comisión se decida por votación nominal. 
¡Esto es un grave error! Detrás de las normas hay reflexiones, ideas, proyectos, objetivos, estrategias. 
¿Qué se proponían los Jefes de estado y de Gobierno cuando inscribieron en los Tratados que la decisión sobre una moción de censura se adoptará por votación nominal? La idea que hay detrás es evidente. 
En una votación nominal, esta Cámara se descompone en Delegaciones nacionales y Grupos políticos. Esto somete a presiones al Parlamento y permite controlarlo. 
Este es el sentido de la votación nominal. 
Y ahora vamos a introducirla en el caso de la aprobación del nombramiento del Presidente de la Comisión y del conjunto de la Comisión. Con ello también nos someteremos a una presión y a un control. 
¡Este será el resultado! El Parlamento tendría más fuerza si la votación fuese secreta. 
Por otra parte, la Comisión también saldría fortalecida si la votación fuese secreta. La aprobación del nombramiento no se encontraría entonces bajo la sospecha de ser resultado de un voto forzado. 
Yo considero, por lo tanto, que se trata de un grave error. Me parece inconcebible que eso sea realmente lo que desean las y los colegas. 
Por esto yo solicito el voto afirmativo para las enmiendas que tienen por objeto que dicha votación sea secreta. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Popular Europeo es favorable a las enmiendas presentadas por la Comisión de Reglamento. 
No obstante, ha presentado una serie de enmiendas- enmienda 125 y siguientes-que, en su mayor parte, son de tipo técnico y que, por lo tanto, esperamos que recojan la mayoría suficiente de la Asamblea. 
Me gustaría comentar las, como siempre, interesantes observaciones del Sr. Rothley, en nombre del Grupo Socialista. 
Efectivamente, no le falta razón. 
Aunque es cierto que también se puede argumentar que una votación tan importante como la relativa a la ratificación del nombramiento del Presidente de la Comisión Europea debe revestir los símbolos externos de su importancia, y la votación nominal siempre ha tenido esa significación tradicionalmente. Sin perjuicio de ello, estudiaremos las sugerencias del Grupo Socialista. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, me gustaría hacer hincapié en algunos puntos en los que el Grupo o bien no puede seguir la opinión de la Comisión de Reglamento, o bien ha presentado enmiendas de matiz, pero no de matiz técnico sino de matiz político. 
Retomando los tres grupos de enmiendas, y en cuanto a las enmiendas políticas, el Grupo es contrario a la «moción de censura interna» que establece la enmienda 14. 
Consideramos que no supone ningún avance y que es realmente un instrumento que provocaría más complicaciones que ventajas. 
En cuanto a la enmienda 124, planteada por el Grupo Socialista, sobre las delegaciones interparlamentarias, hay graves problemas jurídicos. 
No se puede establecer en una delegación- que, a fin de cuentas, es un órgano delegado del Pleno- unos miembros de primera, que serían los de la Mesa elegidos por el Pleno, y unos miembros de segunda, que serían los que designaría la Conferencia de Presidentes. 
El Grupo del Partido Popular Europeo entiende la idea que hay detrás de esa enmienda, pero considera que la idea democrática, que debe presidir todas y cada una de las configuraciones de los órganos de este Parlamento, debe respetarse también en estas delegaciones interparlamentarias. 
En cuanto al nombramiento del Alto Representante, hemos planteado la enmienda 129, que matiza y respeta más el Tratado que la presentada por la Comisión de Reglamento. 
Respecto de las enmiendas legislativas, el Grupo del Partido Popular Europeo es totalmente contrario a la enmienda sobre el artículo 53 referida al fundamento jurídico y está en contra, por lo tanto, de la enmienda 38. 
Y en cuanto a ese tercer grupo de enmiendas relativas a las consecuencias indirectas del hecho de haber accedido a una situación de colegisladores, en cuanto a tiempo, a mejor gestión de los recursos, traducciones, etc. y adaptación a las nuevas tecnologías, el Grupo del Partido Popular Europeo presentó la enmienda 144, que matiza y flexibiliza la situación de las exposiciones de motivos. 
Hay una fuerte mayoría contraria a las enmiendas excluyentes del artículo 90 y a las intervenciones de un minuto del artículo 78. 
Y ya, por fin, señora Presidenta, una palabra sobre la entrada en vigor de esta reforma. 
Debemos ser conscientes de que la entrada en vigor, como muy bien ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy, de estas modificaciones tiene que esperar a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Se impone que, por consenso, se establezca una enmienda in voce o una enmienda técnica antes del jueves para contemplar esta situación. 
Propongo, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, que todas las enmiendas entren en vigor en el primer período parcial de sesiones posterior a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Señora Presidenta, estimados colegas, mi intervención, sólo dispongo de un minuto, se limitará a una cuestión relacionada con las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, en concreto la determinación del fundamento jurídico. 
Usted sabe que hasta ahora en caso de inseguridad sobre el fundamento jurídico, cada comisión parlamentaria tiene que pedir la opinión de la Comisión Jurídica. 
Ahora, a través de la enmienda 38, se ha puesto sobre la mesa la propuesta de sustituir en caso de duda esta opinión obligatoria por informar simplemente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadano. 
Esta es una evolución muy peligrosa y negativa. 
Si cada comisión por separado puede ir determinando el fundamento jurídico, esto puede conducir a todavía más conflictos de competencias entre las diferentes Comisiones y a menudo será difícil encontrar la línea consecuente del Parlamento Europeo de con qué fundamento o con qué artículo del Tratado sustenta sus decisiones. 
Mi grupo parlamentario ha vuelto a presentar por eso la enmienda 138 en la que queda recogido que en caso de duda sobre el fundamento jurídico la Comisión Jurídica tiene que ser consultada y no informada. 
Los argumentos en contra relativos a la, digamos, innecesaria lentitud se pueden rebatir con un procedimiento de urgencia que hemos añadido a la enmienda. 
Por lo tanto, espero que se adopte esta enmienda. 
Señora Presidenta, gran parte de las propuestas contenidas en este amplio trabajo son mejoras o adecuaciones necesarias a la nueva situación creada por el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, hay muchos aspectos políticos en los que se intenta ir mucho más lejos, dando al Parlamento Europeo más poder del que realmente puede emanar del texto del Tratado de Amsterdam. 
Se cuenta entre éstos, por ejemplo, la enmienda 60 sobre acuerdos entre las partes del mercado de trabajo, la propuesta 69 sobre el representante de política exterior y la enmienda 16 sobre el Presidente de la Comisión. 
No es aceptable que se trate de ir más lejos de lo que el Tratado realmente autoriza. 
Hay otras propuestas en el informe que tampoco son aceptables. 
Entre otras, la enmienda 90, que propone que un Grupo no podrá presentar enmiendas que tengan orientaciones políticas contradictorias. 
Creo que aquí muchos opinan no es deseable este tipo de censura. 
Todos sabemos cuán diferentes pueden ser las opiniones que se contienen en nuestros Grupos partidarios. 
Por eso, espero que la propuesta no prospere, de una u otra manera. 
También opino que aquí se debió haber aprovechado la oportunidad para dejar establecido que el Presidente del Parlamento será elegido por cinco años, de modo que evitemos este extraño proceso que implica que los Grupos grandes comparten el cargo en dos mitades. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a los ponentes por su gran labor en este ámbito y, a pesar de que no estoy de acuerdo con mucho de lo que han hecho ni con sus conclusiones finales, valoro su diligencia y sus esfuerzos encaminados a alcanzar compromisos en la medida de lo posible. 
Como ya han destacado otros oradores en este Parlamento, este informe combinado contiene una serie de contradicciones y elementos que nos ocasionarán dificultades en el futuro. 
Deseo llamar la atención de los diputados sobre la cuestión específica de si elegiremos al Presidente de la Comisión o si aprobaremos el nombramiento del Presidente de la Comisión. 
Asimismo, esta propuesta de que la Conferencia de Presidentes, que decide por mayoría de tres quintas partes y en representación de tres Grupos como mínimo, pueda proponer al Pleno- que actúa por mayoría absoluta- la destitución de un cargo elegido por el Parlamento. 
Creo que es absurdo que alguien que ha sido elegido por el Parlamento- por los diputados al Parlamento- pueda ser destituido por decisión de la Conferencia de Presidentes. 
No tengo nada en contra de que las tres quintas partes, las tres sextas partes o las tres séptimas partes del Parlamento decidan destituir a dichos cargos, pero que lo haga la Conferencia de Presidentes me parece una locura. 
Este Parlamento debe ocuparse asimismo del papel del Alto Representante de la UE en Política Exterior y de los agentes especiales. 
Estamos imponiendo nuevas restricciones sin que el Tratado nos otorgue competencia para imponerlas. 
Me complace que haya sido aceptada la enmienda de mi Grupo relativa al número mínimo necesario para la formulación de los grupos y espero que los diputados den su voto favorable a la intervención de un minuto al inicio de la primera sesión de cada período parcial de sesiones, lo que nos permitiría plantear temas que son importantes en nuestros Estados miembros. 
Para nosotros es importante que se garantice que nuestro nuevo Reglamento no es ambiguo, que es directo y puede desempeñar los poderes reales que nos son otorgados y no intenta crear otros nuevos. 
Y lo que es más importante, hay que recordar que la dignidad de los diputados a este Parlamento y sus derechos como representantes elegidos de la población de Europa debe ser una prioridad en cualquier formulación de nuestro Reglamento. 
Señora Presidenta, los ponentes han realizado un trabajo minucioso y muy amplio; demasiado amplio a mi parecer, ya que las enmiendas propuestas van más allá de las novedades introducidas por el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, también rebasan su mandato. 
Muchas ya se suprimieron en la comisión, pero se han mantenido algunas que me preocupan. 
Hay un aspecto que me preocupa especialmente. El Parlamento Europeo, que se ha consagrado con razón a la protección de los derechos de las minorías, no debería olvidar justamente dicho objetivo en el trato dispensado a sus propias minorías. 
Las propuestas por las que se modifican los requisitos para la constitución de un Grupo político, pero también la ampliación horizontal, de 29 a 32, del número de firmas necesarias debilitan de manera injustificada a las pequeñas agrupaciones, cuya importancia para la diversidad de pareceres inherente a una democracia acaba de quedar demostrada con creces últimamente. 
Señora Presidenta, hoy se nombran los comisarios de cada país miembro. 
La Sra. Bjerregaard es la representante de Dinamarca y una nueva mayoría del Parlamento puede enviar a un nuevo representante la próxima vez. 
Al fin y al cabo, son nuestros electores quienes llevan las de ganar e indirectamente señalan al representante danés en la Comisión. 
Con el Tratado de Amsterdam se permite al Parlamento aprobar la recomendación de los países miembros y ésta es la competencia que ahora se introduce en el reglamento. 
Sin embargo, ahora dice el Parlamento que, en lugar de esto, debemos elegir o rechazar a la Comisión. 
La Comisión ya no debe ser sólo el resultado de las decisiones adoptadas por los países miembros sino que también debe ser realmente un gobierno común para la UE. 
La Comisión debe ser elegida por el Parlamento casi de la misma forma que un parlamento nacional elige un gobierno. 
Es la receta de un estado federal con un parlamento y un gobierno comunes. 
El Parlamento cuenta con que puedan rechazarse los nombres lanzados desde los países miembros cuando éstos no concuerden con la posición de la mayoría. 
Lo que el Parlamento quiere es desplazar la autoridad de nombrar la Comisión de los parlamentos y gobiernos nacionales a esta asamblea supranacional. 
Esto choca con el Tratado de Amsterdam y por ello es ilegal. 
El Parlamento no puede arrebatarle por las buenas esta autoridad a los países miembros. 
El Movimiento de Junio vota por ello en contra del nuevo reglamento y pedimos a los países miembros que protesten ante este intento por parte del Parlamento de convertir los parlamentos nacionales en una especie de diputación provincial de escasa influencia. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir, igual que muchos otros, que los tres ponentes han realizado un trabajo excelente. 
Estoy de acuerdo con el 99 por ciento de lo que se ha producido. 
Sin embargo, quiero manifestar una opinión diferente en dos puntos. 
El primero se refiere a la modificación que implica que ya no se podrá formar una agrupación política con diputados de un sólo país. 
Me es totalmente imposible encontrar una sola razón para este cambio. 
Se le justifica diciendo que no se debe dar ventajas a los países grandes, pero esto es ilógico e insostenible ya que los grandes países siempre tienen ventajas como, por ejemplo, cuando se trata de reunir 29 firmas para presentar una propuesta. 
El único argumento racional que he encontrado para este cambio es político, es decir, que los ponentes quieren desterrar la posibilidad de formar grupos nacionales, justamente para atenuar las diferencias políticas nacionales en esta Asamblea y así crear una carácter más europeo. 
Puede ser un anhelo loable, pero es erróneo incluir un anhelo político en el Reglamento. 
Éste debe ser políticamente neutral. 
Por este motivo, votaré en contra de esta enmienda. 
La segunda modificación que yo considero innecesaria es la que dice que un grupo político no puede presentar propuestas contradictorias. 
Opino que ya es suficientemente difícil presentar propuestas en este Parlamento. 
La citada propuesta lo haría aún más difícil. 
Creo que así haremos esta Asamblea menos democrática. 
Además, lo que se gana en eficacia con esta modificación es absolutamente insignificante. 
Como máximo, una milésima parte de todas las votaciones que realizamos son así, es decir, contradictorias. 
Por consiguiente, voy a votar en contra de esas dos propuestas. 
Señora Presidenta, la meritoria labor de nuestros tres ponentes confirma, una vez más, la necesaria función de la autonomía reglamentaria de los parlamentos en el desarrollo de las normas constitucionales. 
El Tratado de Amsterdam, a la espera de su entrada en vigor, encuentra así su primera interpretación, ratificada por este Pleno que se adelanta a los jueces y a la práctica extraparlamentaria. 
En este marco, se ha de dispensar una especial atención a la configuración reglamentaria de los nuevos procedimientos legislativos, ya que la próxima legislatura será ciertamente la de la plena consagración del Parlamento legislador en pie de igualdad con el Consejo en un sistema bicameral. 
Más exactamente, el nuevo procedimiento de codecisión resulta desarrollado en cuanto a su potencialidad en este proyecto, de conformidad con la resolución aprobada en esta materia por este Parlamento, así como con la declaración interinstitucional común en fase de avanzada elaboración. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la integración solicitada en el artículo 66 que está dirigida a reconocer el papel de la Comisión en la llamada conciliación informal. 
En el sistema comunitario, el monopolio de la iniciativa legislativa de la Comisión es, sin duda, una anomalía: sin embargo, se trata una feliz anomalía si nos fijamos en la crisis que sufre la producción legislativa en muchos parlamentos nacionales. 
En realidad, la posición de tercero que ocupa la Comisión respecto a los dos legisladores supone de por sí un factor de coherencia y de homogeneidad normativa con su continua referencia a la ratio de la propuesta legislativa. 
Por tanto, esta posición debe mantenerse a lo largo de todo el proceso legislativo. 
Señor Presidente, este Parlamento Europeo es un parlamento joven. Ésa es una diferencia fundamental con los parlamentos nacionales, cuya base y cuyo funcionamiento existen a veces desde hace siglos. 
Veinte años es apenas un aniversario, aún no es del todo la edad del juicio. 
A eso se debe la importancia de nuestro Reglamento, que es nuestra carta de vida en común. 
Pese a nuestras divergencias, para que la democracia funcione, es necesario que se respeten su letra y su espíritu. 
No podemos plegarnos al azar de la coyunturas políticas; su fiabilidad depende de la permanencia en su interpretación y su aplicación cotidianas. 
Eso explica la necesidad de la evolución del Reglamento. 
Hay que modificarlo sobre todo para simplificarlo y aligerarlo a fin de volver más rápidos y eficaces los procedimientos. 
Hay que evitar que se utilice para bloquear políticamente una institución parlamentaria destinada a adoptar decisiones legislativas. 
En un parlamento en el que no hay mayoría gubernamental en cinco años, por ejemplo, pero en el que, según los asuntos abordados, se forman mayorías de recambio; la simplicidad y la transparencia de los procedimientos son esenciales para la comprensión de nuestra acción por la opinión pública. 
Así, pues, no puedo aceptar el reproche del Sr. Voggenhuber, que ha argumentado que esta modificación del Reglamento entraña menos democracia. 
Creo que a este respecto hemos logrado un equilibrio entre la democracia, por una parte, y, por otra, la eficacia. 
Quisiera formular una última observación, señor Presidente, a raíz de lo que el Sr. Spencer acaba de decir en el debate: en la reestructuración de las comisiones para la próxima legislatura, se propone hacer desaparecer la Comisión de Reglamento para fusionarla con otra comisión. 
Lamento semejante fusión; por mi parte, creo que más valdría crear una auténtica Comisión de Asuntos Constitucionales dentro del Parlamento Europeo que se ocupe de todo lo relativo al funcionamiento de la vida parlamentaria. 
Creo que es importante para engrasar los engranajes de nuestra práctica. 
Permítaseme, como presidente de la Comisión de Reglamento, formular una última observación sobre la controvertida cuestión de la entrada en vigor. 
Creo que la entrada en vigor de este conjunto de enmiendas reglamentarias debe hacerse- y los tres ponentes están de acuerdo conmigo- en concomitancia con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Se trata de dos series de disposiciones: unas que se refieren a la adaptación del Reglamento al Tratado de Amsterdam, las otras que no necesitan ese fundamento nuevo del Tratado de Amsterdam. 
Así, pues, creo que por razones de simplicidad, señor Presidente, más vale que esa entrada en vigor se produzca en concomitancia con el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, la Comisión es consciente de que el Reglamento del Parlamento es un asunto que, ante todo, afecta a esta Asamblea y a la autonomía de su organización. 
Ahora bien, dado el papel de la Comisión en el proceso legislativo, ésta tiene un legítimo interés en este Reglamento ya que, de alguna manera, nos sentimos afectados por él. 
Quiero empezar felicitando muy calurosamente a los tres ponentes. 
Gracias a su trabajo, el Parlamento dispondrá de un nuevo Reglamento adaptado a los importantes cambios que introduce el Tratado de Amsterdam, especialmente en materia de procedimiento legislativo, y este texto podrá ser aplicado nada más entrar en vigor el Tratado. 
Quiero destacar el esfuerzo de la Comisión de Reglamento para clarificar las reglas y simplificar los procedimientos sin olvidar la importancia de llegar a acuerdos entre los distintos Grupos. 
También comprendo el legítimo deseo del Parlamento- ya expresado en otras ocasiones, tanto con motivo del Acta Única como del Tratado de la Unión Europea- de sacar el máximo partido de las nuevas posibilidades recogidas en el Tratado de Amsterdam y de plasmarlas en el nuevo texto. 
Me ha parecido muy acertada la imagen del Sr. Corbett de esa goma que se estira y se encoge y que debe estar lo suficientemente tensa pero no tanto como para que se rompa. 
Permítanme referirme a algunos de los aspectos del nuevo Reglamento que nos merecen una especial consideración. 
En primer lugar, las nuevas reglas previstas para examinar las propuestas de la Comisión en relación a los derechos fundamentales y a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad nos causan una cierta preocupación. 
La regla propuesta tiene, a nuestro juicio, una cierta vaguedad ya que se limita a establecer que cuando el Parlamento estime que una propuesta de la Comisión no respeta uno u otro de estos principios pedirá a ésta que haga las enmiendas necesarias. 
Ahora bien, ¿significa esto que se dedicará una lectura especial a estos temas o que se tendrán en consideración de manera particular en la primera lectura? 
Si se aplica la primera interpretación, este procedimiento podría retrasar todo el procedimiento legislativo y ser incluso contrario al Acuerdo interinstitucional sobre subsidiariedad. 
Además, no se olvide la necesidad de salvaguardar el derecho de iniciativa de la Comisión- estoy seguro de que no lo olvida el Sr. Corbett ni tampoco los otros ponentes, puesto que ellos son muy conscientes de que ésta representa una pieza básica de todo el sistema institucional-. 
Y lo mismo puede decirse de las propuestas referentes al examen del fundamento jurídico. 
En cuanto a la nueva conciliación oficiosa prevista por el nuevo artículo 66.5 en segunda lectura, y en el ámbito de la comisión parlamentaria competente, nos parece que es algo que puede ser muy útil. 
Estamos convencidos de que un mayor diálogo entre el Parlamento y el Consejo es deseable, puede ser eficaz, pero la Comisión estima que, de acuerdo con el espíritu de la nueva declaración conjunta sobre codecisión que se aprobará próximamente, por lo menos en la práctica y cualquiera que sea la regla que se apruebe en última instancia, debe estar presente en todas y en cada una de las etapas. 
Por eso, nos parece muy acertada la enmienda que en ese sentido ha introducido la Sra. Palacio previendo la presencia de la Comisión. 
Por lo que respecta a la comitología ya saben ustedes que estamos manteniendo muchos contactos interinstitucionales para llegar a una solución. 
Por ello, nos parecería prematuro fijar ya en el Reglamento normas en materia de comitología. 
El nuevo artículo 90 quinquies del Reglamento propone un procedimiento semejante al llamado «advice and consent» que utiliza el Senado norteamericano pero, en este caso, para el nombramiento de los jefes de delegación de la Comisión en terceros países. 
Me parece que aquí tenemos que hacer una distinción entre las audiencias que realiza esta Asamblea de las personas nombradas en virtud de los tratados, que son nombramientos políticos- y me estoy refiriendo a los comisarios, a los miembros del Tribunal de Cuentas, al directorio del Banco Central Europeo, al Alto Representante de la política exterior y de seguridad común- y, por otra parte, los nombramientos de funcionarios. 
No nos parece que sea apropiado celebrar una audiencia sobre el nombramiento de un funcionario, que, en definitiva, es competencia y responsabilidad de la Comisión. 
Quiero decir también a los ponentes que estamos más tranquilos con la versión final del artículo 107.9 sobre el tiempo de uso de la palabra. 
En él se establece que la atribución del tiempo de palabra que le corresponde a la Comisión deberá ser acordado con ella y en todo caso se hará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 del Tratado, que da derecho a la Comisión a ser oída en cualquier momento. 
Estamos dispuestos a cooperar en sus esfuerzos para planificar y para racionalizar los debates pero debemos insistir en los derechos que nos confiere el Tratado en esta materia. 
Por último, respecto a los comentarios del Sr. Corbett en relación a la Comisión, quiero decirle a él y a través de él a toda la Asamblea que la Comisión está totalmente dispuesta a reforzar su relación política con el Parlamento Europeo. 
La relación estrecha entre las dos instituciones desde el reconocimiento del papel específico que a cada una de ellas corresponde, es decir, iniciativa y ejecución a la Comisión, y control al Parlamento, debe ser un elemento esencial de la estructura institucional de la Unión, y esto debe valer especialmente en materia de transparencia y en materia legislativa. 
Permítanme, finalmente, felicitarles por la iniciativa de proceder a la modificación del Reglamento del Parlamento con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Estoy seguro de que contaremos con un instrumento eficaz para continuar y para profundizar nuestra cooperación interinstitucional. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Medicamentos huérfanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0078/99) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre los medicamentos huérfanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de Reglamento que tenemos que examinar se refiere a los medicamentos huérfanos. Su objetivo es incitar a la industria farmacéutica a dedicarse a la investigación y a la introducción en el mercado de medicamentos cuya comercialización no tendría en perspectiva dicha industria, por falta de rentabilidad para ella, porque dichos medicamentos están indicados para enfermedades poco comunes y que afectan a demasiado pocos individuos. 
Hay que sumar a ellas- y ése es el objeto de la enmienda 2, que apoyo- las enfermedades tropicales que afectan a numerosos enfermos, pero que no pueden pagar los medicamentos. 
Este reglamento plantea dos cuestiones principales y algunas cuestiones secundarias. 
La primera es la de la definición. Se basa en primer lugar en un criterio epidemiológico, en este caso una enfermedad que afecta a menos de cinco individuos por 10.000 y, naturalmente, una enfermedad grave, crónica e invalidante. 
Las enmiendas 3 y 7 lo precisan. La definición se basa, además, en un criterio médico, es decir, la ausencia de métodos de diagnóstico, prevención o tratamiento satisfactorios para dichas enfermedades. 
Como este criterio me parece excelente, voy a rechazar las enmiendas 33, 34, 35, 41, 42 y 43, que pretenden limitar a las enfermedades curables las investigaciones relativas al diagnóstico, como si no saber reconocer una enfermedad no tuviera importancia. 
Eso parece ridículo, a los médicos en todo caso. 
La segunda cuestión se refiere a las medidas de incentivación. 
Me parecen eficaces, ya se trate de una asistencia para la elaboración del protocolo de investigación, de la dispensa de los derechos de registro- apoyada por las enmiendas 11, 14 y 21 -, de los incentivos nacionales- fiscales, por ejemplo- o sobre todo de la exclusividad comercial para diez años, con algunas garantías, sin embargo, de limitación a seis años, si no se cumplen ciertos criterios: el descubrimiento de un medicamento clínicamente superior. 
No voy a apoyar las enmiendas 25, 28 y 31, encaminadas a suprimir ese criterio, que me parece muy fácil de observar en la práctica. 
Por lo que se refiere a la realización de un beneficio excesivo, me parece pertinente la garantía. 
Así, pues, voy a oponerme a las enmiendas 17, 32, 36, 37 y 39, encaminadas también a suprimir dicho criterio, pero proponiendo que se destine el beneficio excesivo- si existe- a un fondo de ayuda a la investigación para nuevos medicamentos huérfanos. 
Voy a apoyar también la enmienda 38, que no permite hacer extensiva a la misma indicación terapéutica una autorización de introducción en el mercado de un medicamento similar no huérfano. 
También apoyaré una medida retroactiva para los medicamentos huérfanos presentados antes de la entrada en vigor del presente reglamento a fin de que los enfermos interesados se beneficien cuanto antes de ellos. 
Ése es el objeto de la enmienda 40. 
La designación de esos medicamentos huérfanos correrá a cargo, según el reglamento que se nos propone, de un comité especial creado en la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos. 
Por último, insistiré en la enmienda 15 para que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos disfrute precisamente de una contribución especial suficiente para sufragar las dispensas de gastos de registro destinadas a contribuir a la investigación en el sector de los medicamentos huérfanos y a favorecer la presentación de esas solicitudes de autorización para que el efecto incentivador sea máximo. 
En conclusión, señor Presidente, Señorías, este reglamento resulta extraordinariamente importante y útil, pues permitirá no sólo tratar las enfermedades para las que no se dispone de medios diagnósticos ni terapéuticos y, naturalmente, las vacunas quedan también comprendidas. 
Propiciará también, en la industria farmacéutica, investigaciones creadoras de puestos de trabajo, en particular en las pequeñas y medianas empresas. 
Así, pues, pido a Sus Señorías que voten este reglamento, teniendo en cuenta, naturalmente, las enmiendas que les he presentado. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la presente propuesta de reglamento representa un paso en la dirección adecuada tras una larga fase de preparación. 
Su objetivo es responder a la necesidad que tienen millones de pacientes de que se creen condiciones favorables a escala comunitaria para la investigación, el desarrollo y la introducción en el mercado de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades poco frecuentes. 
El desarrollo de posibilidades de tratamiento para los pacientes exige por encima de todo que se amplíe todo lo posible el campo de aplicación del reglamento. En particular, sería necesario que se incluyan también las indicaciones más recientes de medicamentos y formas de tratamiento ya conocidos. 
Dado que la mayoría de las solicitudes proceden de pequeñas y medianas empresas, por lo menos en Estados Unidos, sería conveniente que la Comisión establezca disposiciones especiales para las PYME, a fin de promover una mayor participación de las mismas en el contexto del Quinto programa marco de investigación y del programa de acción comunitario dedicado a las enfermedades poco frecuentes. 
La posibilidad de acceso sin restricciones al procedimiento centralizado, sin que esto sea obligatorio, y la exoneración parcial o total del pago de tasas a la Agencia merecen nuestro apoyo sin reservas, siempre que se prevea una dotación de fondos adecuada para esta última. 
Sería deseable, además, que los Estados miembros adoptasen también este incentivo económico en el caso de que se aplique el procedimiento de reconocimiento mutuo. 
Dicha disposición debería figurar expresamente en el reglamento, al menos para pedir a los Estados miembros su rápida aplicación. 
La exclusividad es uno de los resortes fundamentales de cualquier sistema de incentivos. En consecuencia, se debería ampliar a todas las aplicaciones, incluidas en particular las nuevas indicaciones de medicamentos conocidos, a fin de fomentar la investigación en ámbitos que de otro modo no se explorarían por falta de la adecuada protección de las patentes, con la condición de que se respeten los criterios que se establecen en los apartados 1 y 2 del artículo 3, especialmente en el caso de los medicamentos conocidos. 
Se debería profundizar la definición científica del concepto de «medicamento similar» , con objeto de tener en cuenta la continua evolución científica y las características de los productos. 
Sólo la cooperación entre el sector privado y el sector público y la creación de condiciones favorables para la investigación de nuevos medicamentos, con el apoyo de medios de tratamiento y diagnóstico, permitirán satisfacer las necesidades de las personas enfermas. 
Señor Presidente, por fin Europa se alinea con los Estados Unidos que desde hace tiempo promueven la investigación, la producción y la comercialización de medicamentos destinados al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades raras, o sea, que afectan a un número limitado de personas y que, sin embargo, son graves, causan invalidez y con frecuencia la muerte. 
La Comisión- hay que reconocerlo y apreciarlo- ha cumplido el compromiso asumido con el Parlamento y, después de la aprobación de la normativa en materia de enfermedades raras, ha presentado al Parlamento y al Consejo una propuesta de reglamento destinada a impulsar a la industria a la investigación y a la producción de medicamentos que, por su reducido ámbito de usuarios, no serían rentables. 
La Unión Europea cumple así una tarea institucional totalmente coherente con el compromiso, definido por el Tratado de Maastricht y reforzado por el Tratado de Amsterdam, de contribuir a garantizar un alto nivel de protección de la salud a todos los ciudadanos y ciudadanas europeos, pero también resume, con respecto a toda la humanidad, la parte de responsabilidad que le corresponde en virtud de su poder económico y cultural. 
La ciencia biomédica ha realizado enormes progresos, sin embargo, ante algunas enfermedades genéticas y algunas afecciones raras, nos encontramos en una situación de impotencia inaceptable para las familias de los pacientes que se sienten abandonadas y traicionadas. 
Éstas, al asociarse y organizarse, han hecho mucho. 
Personalidades del mundo político y artístico han estado a su lado para recoger fondos destinados a la investigación: basta pensar en la creciente implicación de iniciativas como Teleton. 
La Unión Europea no puede eludir su tarea que no es la de subrogarse en el compromiso de los particulares y de los fabricantes de cada uno de los Estados miembros, sino la de proponer las sinergias necesarias. 
A dicho fin, a las medidas previstas en el reglamento que nos ocupa se añadirán las financiaciones comunitarias en el ámbito del Quinto programa marco de investigación. 
Con todo, va a suponer sin duda un incentivo la concesión a la empresa fabricante de la exclusiva del mercado, sometida a ciertas condiciones, durante diez años; la ayuda de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos con la exención total o parcial de los derechos debidos; los posibles beneficios fiscales cuya concesión, sin embargo, corresponde a los Estados miembros. 
El Grupo Socialista, al que me honro pertenecer, pidió con insistencia a la Comisión que presentara la propuesta y ahora la respalda con convicción reafirmando la necesidad de dar prioridad, en la redacción definitiva de la resolución, a las instancias científicas y humanitarias más que a las de carácter económico. Esto significa que en una materia como ésta las necesarias cautelas no deben convertirse en dificultades de cara a la concesión de los beneficios o a la aplicación de la normativa que, por el contrario, tendrá que redactarse y leerse en la forma más conveniente para permitir realmente la investigación, la producción y la comercialización de medicamentos destinados a las afecciones raras. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, deseo expresar el apoyo total de nuestro Grupo a la propuesta de reglamento que presenta la Comisión Europea. 
Era una necesidad sentida por la sociedad y una petición de las asociaciones de enfermos desde hace ya bastante tiempo. 
Por cierto, creo que hay que hacer una mención especial, aquí y ahora, en este Parlamento, a estas asociaciones por el excelente trabajo de apoyo en la preparación del trabajo parlamentario de todos y cada uno de nosotros. 
Por su parte, el profesor Cabrol ha preparado un excelente informe que podemos apoyar perfectamente en sus líneas generales y seguirle en sus conclusiones fundamentales. 
No obstante, hemos presentado algunas enmiendas para intentar reforzar la eficacia del reglamento. 
Por cierto que, en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, hemos encontrado una excelente base de cooperación y de acuerdo entre todos los Grupos políticos y también hay que ponerlo aquí de manifiesto. 
Creo que es importante que se acoja la enmienda según la cual el comité de medicamentos huérfanos previsto en la propuesta de la Comisión debe funcionar en el seno de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 
Ganaremos eficacia y, al mismo tiempo, la Comisión mantendrá todas sus competencias intactas. 
Es necesario también asegurar una financiación suficiente en el presupuesto de la Unión Europea de una forma regular y permanente. 
Con mi enmienda nº 18, señor Bangemann, pretendo crear un fondo de promoción de la innovación. 
Se pretende cubrir una exigencia de eficacia y una exigencia ética. 
Cuando se termine el plazo de protección especial de estos medicamentos huérfanos, es lógico que una parte de los beneficios que puedan proporcionar se destine a retroalimentar un fondo que siga financiando este reglamento y nuevos medicamentos huérfanos y, en definitiva, mejores tratamientos y una exigencia diríamos ética de la sociedad para seguir funcionando. 
Yo animo a la Comisión a que estudie la experiencia de funcionamiento de los Estados Unidos y del Japón. 
Nosotros debemos presentar una propuesta acorde con nuestra propia identidad europea y las exigencias de nuestra legislación comunitaria y de nuestras instituciones. 
Creo que es viable, aunque pueda ser un poco complicado. 
Espero que la Comisión, como siempre, acoja esta idea con la eficacia que siempre le caracteriza. 
Yo se lo agradezco por anticipado. 
Señor aPresidente, colegas, el descubrimiento de un tratamiento y el desarrollo de un medicamento que salva algunas vidas humanas es tan difícil y tan costoso como la comercialización de un medicamento que puede curar millones de personas. 
Si no queremos limitarnos a la lucha contra enfermedades muy frecuentes sino que también queremos ayudar a la gente que padece de una de las 5.000 enfermedades identificadas como raras, entonces tenemos que proporcionar los estímulos necesarios a la industria. 
No obstante, no debemos olvidar que una enfermedad rara de hoy puede convertirse mañana en un mal muy frecuente. 
De ahí que debamos fomentar la investigación de enfermedades raras y por medio de un régimen fiscal favorable asegurándole al inversor cierta exclusividad. 
La regulación es sin duda un paso en la buena dirección, aunque pienso que la Comisión debería reflexionar sobre la definición de medicamentos huérfanos. 
Tanto yo misma como algunos otros colegas hemos presentado enmiendas al respecto. 
Tal vez un compromiso entre las diferentes propuestas pueda proporcionarnos una definición mejor. 
Además, junto con mi colega Lone Dybkjær presenté una enmienda que tenía por objeto dar un empujoncito a la industria cuando se trate de una enfermedad que padecen en Europa aproximadamente tres mil personas. 
Proponemos que se conceda a la industria farmacéutica una protección de patente de seis meses adicionales de otro medicamento que comercialice si desarrolla un remedio para tratar una enfermedad muy infrecuente. 
Espero que una mayoría de este Parlamento respalde esta enmienda y también me gustaría conocer la opinión del Comisario Bangemann al respecto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Cabrol, por el excelente trabajo que se ha hecho sobre este tema y, en segundo lugar, me congratulo en particular de la creación de ese comité de medicamentos huérfanos. 
Sin embargo, podemos preguntarnos, por varias razones, por la composición de dicho comité, por su modo de funcionamiento, por el peso real que tendrá, es decir, a fin de cuentas, por los medios de que dispondrá efectivamente la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. 
No obstante, un elemento me parece digno de atención. Es el del concepto de beneficios excesivos, que se ha intentado extraer. 
No soy un fanático defensor de los beneficios de las multinacionales de la industria farmacéutica. Aun así, esa idea me parece completamente arbitraria y, por lo que se refiere al período de diez años previsto, si puede ser objeto de revisión al final del quinto año- ocasión que parece excelente -, dicha revisión debe hacerse no para evaluar los beneficios, sino para verificar si se han ampliado las indicaciones terapéuticas o si no se ha modificado la prevalencia. 
Si se tienen en cuenta esos dos elementos, nuestro Grupo votará, naturalmente, a favor de esta resolución. 
Señor Presidente, la investigación farmacéutica sobre las cerca de 500 enfermedades que afectan a un número limitado de personas, demuestra que no está dispuesta a comprometerse en inversiones consistentes ni a someterse a los procedimientos previstos, porque sabe que el producto que debe ser sometido a varios test y soportar los altos costes del sistema de producción, a la postre, interesará a un número limitado de personas, esto es, a las que padecen enfermedades raras. 
En los Estados Unidos, un país que está en vanguardia en la investigación clínica y farmacológica y que, por eso, se ha convertido en modelo para varias estructuras de la sociedad contemporánea, ya desde 1993 existe una legislación en materia de «medicamentos huérfanos» que ha cosechado un éxito notable. 
Siguiendo esta pauta, la Unión, a través del informe del profesor Cabrol, demuestra que quiere hacer algo en esta materia. 
En efecto, a lo largo de la última década, en los Estados Unidos se ha atribuido a 837 medicamentos la denominación de «medicamentos huérfanos» , hoy en discusión, y los mismos, por tanto, han podido aprovecharse de una serie de ventajas en la investigación y en la experimentación capaces de contribuir a la identificación y al conocimiento de las etiologías y de los consiguientes tratamientos hasta ahora desconocidos. 
El problema está en seguir la lógica de estimular las industrias a través de varias medidas, como hicieron las autoridades estadounidenses. La más importante de dichas medidas me parece que es la del crédito fiscal que cubre casi el 50 % de la investigación clínica. 
Lamentablemente, las enfermedades raras son, a fin de cuentas, enfermedades perfectamente conocidas, aunque su baja incidencia de morbilidad en la población las relega al olvido de las cuestiones no resueltas. 
El intento del profesor Cabrol que compartimos nos obliga a tomar iniciativas y a salir de dudas. 
A las puertas del tercer milenio, es penoso pensar en pacientes que no pueden disponer de tratamientos adecuadas por razones de mercado. 
Si en una situación semejante esta sociedad no sabe manifestar una solidaridad justa, ¡entonces adiós Europa! 
Señor Presidente, en primer lugar y lo más importante, quiero sumar mi firme apoyo a la propuesta de la Comisión y, en particular, al excelente informe del Sr. Cabrol, que al igual que todos sus informes, ha sido bien elaborado y es pertinente. 
Como ha explicado mi colega la Sra. Marinucci, los de esta parte del Hemiciclo mantendremos el enfoque adoptado en comisión. 
Proporcionar incentivos significativos para garantizar el desarrollo de productos que permitan atajar algunas de las situaciones más debilitadoras y frustrantes del mundo es, a todas luces, la misión de un nuevo tipo innovador de asociación entre el sector público y el sector privado. 
Para conseguirlo, el progreso debe estar basado en los criterios epidemiológicos y económicos que han sido elaborados en la trayectoria bastante difícil de estas propuestas hasta llegar a esta fase. 
La Comisión ha adoptado acertadamente disposiciones para evitar la obtención de beneficios desproporcionados. 
A pesar de que en el sector farmacéutico no faltan los que protestan por la mera idea de que pueda existir algún riesgo en este sentido, en mi opinión y en la de muchos otros parece razonable que la utilización de recursos públicos y el apoyo jurídico deban ser totalmente transparentes. 
Por consiguiente, espero que el Parlamento y el Consejo aprueben el mantenimiento del concepto como parte de la asociación con los sectores de investigación y desarrollo e incluyan los medios prácticos para que los responsables de la toma de decisiones sobre los programas lleguen a unas conclusiones justas y precisas que contemplen asimismo el sector de desarrollo genérico. 
Se trata de una evolución importante en el contexto de los numerosos avances interesantes que se están realizando en la identificación y el tratamiento genéticos y, lo mejor de todo, en la prevención de enfermedades. 
La semana pasada tuve ocasión de presenciar algo de este trabajo en mi región. 
Junto con el futuro programa relativo a enfermedades poco comunes, además del que espero que sea un nuevo marco eficaz para la política de salud pública durante los próximos cinco años, esta iniciativa ofrece auténticas nuevas esperanzas a los que padecen dolores y suplicios. 
Debemos reconocer el mérito de todos aquellos que se han esforzado tanto para presentar hoy esta propuesta ante el Parlamento. 
Ahora nos toca a todos nosotros asumir la responsabilidad de garantizar su futuro éxito en nombre de los pacientes que sufren. 
Señor Presidente, debemos acoger sin reservas con satisfacción la presente propuesta de reglamento. Las esperanzas de muchos pacientes aquejados de enfermedades poco frecuentes dependen de que en Europa también dispongamos lo más pronto posible de una normativa para los medicamentos huérfanos. 
Las experiencias de Estados Unidos y Japón deberían servirnos de orientación en este contexto. También deberíamos aprender de dichas experiencias. 
El informe del Sr. Cabrol introduce una serie de mejoras en este sentido en la propuesta de la Comisión, si bien algunas de las enmiendas propuestas me parecen problemáticas. 
Yo creo que es muy importante que en las enmiendas 1 y 2 también se haga referencia a las enfermedades tropicales. 
Es importante que Europa dirija la mirada más allá de sus confines y que también tengamos en cuenta a las personas que padecen enfermedades tropicales. 
Quizá esto no pueda hacerse en el marco del presente reglamento, pero es necesario que creemos muy pronto un instrumento con dicho fin. 
Me parecen problemáticas las enmiendas que crean obstáculos adicionales para la industria en lo que se refiere a la obtención de la consideración de medicamento huérfano para un determinado producto. 
Así sucede, por ejemplo, en el caso de la enmienda 18, sobre la cual me gustaría conocer también la opinión de la Comisión. 
Yo tengo la impresión de que si al cabo de diez años volvemos a detraer beneficios de la industria, esto reducirá el incentivo para que se decida a invertir, y a mí me gustaría saber si en Estados Unidos se hace realmente lo que se propone en la enmienda 18. 
Yo tengo mis dudas al respecto. 
Finalmente, quisiera detenerme también en el tema del diagnóstico, que ya nos ocupó en la comisión. 
Por mi experiencia, creo poder afirmar que, precisamente en el caso de las enfermedades genéticamente condicionadas- y la mayoría de las enfermedades poco frecuentes lo son -, los pacientes esperan medios de prevención y tratamiento, y si sólo les ofrecemos medios de diagnóstico, sin la correspondiente prevención o tratamiento, a veces incluso generamos problemas. 
Por esto, personalmente, yo soy partidario de situar la terapia en el primer plano y subvencionar el diagnóstico sólo cuando ya exista también un tratamiento o un medio de prevención. 
Por lo demás, debemos apoyar, no obstante, sin reservas el informe del Sr. Cabrol y la propuesta de reglamento, y evitar ponerlo todo en peligro por diferencias de detalle. 
Señor Presidente, Señorías, a la situación de la UE en relación con los medicamentos huérfanos se le podría aplicar un proverbio alemán que dice que lo bueno se hace esperar. 
La Comisión ha necesitado un largo tiempo para presentar la propuesta de un Orphan Drug Act europeo. 
Yo espero que el presente reglamento dará un fuerte impulso al desarrollo de dichos medicamentos y a la vez también a la investigación biomolecular. 
Lamentablemente, la Comisión se ha visto en condiciones de seguir también el modelo de Estados Unidos en lo que se refiere a un incentivo fiscal adicional, al menos en el sentido de instar a los Estados miembros a que adopten medidas. 
A mí me interesaría saber, desde luego, si la Comisión considera que tiene alguna posibilidad de actuar en este sentido. 
Las experiencias de Estados Unidos indican, empero, que los incentivos fiscales son el estimulante más eficaz de las inversiones en el desarrollo de los medicamentos huérfanos. 
Desde un punto de vista general, cada vez son más numerosos los argumentos en favor de una armonización fiscal en el ámbito de la UE y el reglamento sobre los medicamentos huérfanos es uno más. 
Sería deseable, por otra parte, que se constituya un fondo especial para el apoyo adicional al desarrollo de dichos medicamentos. 
En este aspecto, podemos dejar correr libremente la imaginación, aunque un cierto dirigismo estatal debería marcar el rumbo. 
Señor Presidente, es una gran satisfacción que nuestra propuesta haya tenido una acogida tan positiva. 
El ponente ha contribuido mucho a ello con su meticuloso trabajo. 
Puesto que esta es la primera lectura, no voy a detenerme ahora en todas las enmiendas, pero no obstante comentaré las más importantes que se han mencionado en el debate y señalaré en algún caso los motivos por los que la Comisión no considera demasiado útil cierta enmienda. 
Para empezar, es evidente para todos- así ha quedado claramente patente también en el debate- que necesitamos una propuesta de estas características, ya que los mecanismos del mercado resultan insuficientes para promover por sí solos un resultado razonable en los casos que nos ocupan, en lo que se refiere a los llamados medicamentos huérfanos. 
Esto es perfectamente comprensible. Lo cierto es que la investigación, en particular, resulta cada vez más cara y cuando, por definición, es del todo imposible recuperar ese gasto, naturalmente no se puede esperar que nadie que tenga que trabajar en el marco de la economía privada los asuma. 
Por lo demás, hace ya bastantes años que intentamos controlar y contrarrestar este efecto. 
No es cierto que en los años pasados no se haya hecho nada. 
En los programas de investigación, en el tercer y el cuarto programa marco de investigación, ya se previeron recursos muy considerables para la investigación en estos ámbitos. 
El hecho de que sólo ahora se presente un reglamento de estas características- y la ley americana data, creo, de 1983- no significa que desde entonces no hayamos hecho nada. 
Sin embargo, es evidente que las experiencias americanas seguramente nos permitirán mejorar la propuesta. 
La descripción del problema es muy sencilla. 
Puesto que esa posibilidad económica no existe, es preciso ofrecer una compensación. 
Esto puede hacerse evidentemente- y seguiremos haciéndolo en el futuro- a través del apoyo directo a la investigación. 
En el Quinto programa marco de investigación también se concede aún mayor atención a dichas investigaciones. 
La situación no se ha modificado en este sentido, o en todo caso sólo ha mejorado. 
No obstante, deseamos crear también una serie de incentivos adicionales, por ejemplo a través de la exclusividad comercial durante un plazo de diez años. 
Es cierto que dicha exclusividad ofrece una oportunidad adicional para obtener beneficios, pero habida cuenta de que el mercado es muy reducido por definición, nadie puede contar en realidad con que los beneficios puedan llegar a ser enormes. 
Al contrario, las oportunidades sólo serán relativamente escasas. 
Este plazo de diez años constituye el pivote y el eje de nuestro sistema de incentivos a la investigación y el desarrollo de los medicamentos huérfanos, incentivos que por otra parte ya se contemplan de manera muy análoga en las demás normas hasta ahora disponibles. 
No podíamos proponer incentivos fiscales, al menos no por ahora, puesto que no es algo que podamos decidir nosotros. 
De momento queremos esperar primero los resultados de estas experiencias. 
Los incentivos fiscales son siempre un recurso muy cómodo para generar un estímulo. Aquí se ofrecen otra serie de posibilidades, igualmente eficaces como mínimo. 
La posibilidad de acceder al procedimiento centralizado y la exoneración del pago de tasas en particular- en esto coincido con usted, Sra. Heinisch- es muy decisiva, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que a menudo se quejan de dichas tasas. 
La exoneración podrá ser parcial o total. 
La Agencia de Londres también podrá prestar asistencia para la elaboración del protocolo, con lo cual creemos que será perfectamente posible ofrecer un apoyo razonable. 
Es una gran satisfacción para mí que, en el curso del debate, algunos colegas también se hayan manifestado a favor de la creación de un comité especial. 
A nuestro parecer, el problema es tan específico que requiere dicho comité y no sería posible ni se debería recurrir a los comités habituales ya existentes. 
Nosotros hemos propuesto dos tipos de criterios. 
Evidentemente, siempre cabe la posibilidad de intentar definir otros, con la condición de que se tenga presente cuál es el objetivo de la propuesta. 
Deseamos promover la investigación. Queremos que resulte más atractiva y, por consiguiente, consideramos adecuados los criterios epidemiológicos, porque son objetivos y, sobre todo, porque se pueden aplicar con facilidad en una fase temprana del desarrollo del producto. 
Los criterios económicos plantean problemas. 
Es prácticamente imposible hacer estimaciones y predicciones antes de que haya transcurrido el plazo de diez años. 
Si se quisieran hacer esas estimaciones o predicciones sería preciso exigir, evidentemente, una transparencia muy considerable a las empresas, a la cual no siempre están dispuestas a avenirse. 
Como ya he señalado, esta es la primera lectura. 
En primer lugar, quisiera señalar las enmiendas que podemos aceptar. 
Son muchas: las 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 32, 38 y parcialmente la 9. 
A continuación voy a hacer un par de observaciones sobre las enmiendas que no deseamos hacer nuestras, empezando por la enmienda 6. Dicha enmienda se refiere al citado criterio económico adicional. 
Como ya he señalado, éste no resulta demasiado atractivo, dificulta todo el procedimiento de control y también podemos aprender algo de la experiencia de Estados Unidos. Un criterio análogo no tuvo éxito allí, no funcionó. 
Por consiguiente, lo que deseamos es fomentar la investigación y no dificultarla más. En consecuencia, preferimos no aceptar dicha enmienda. 
Paso ahora al segundo grupo, relativo a los diagnósticos. 
Se trata de las enmiendas 33, 34, 35, 41 y 42. 
Todas tienen por objeto la exclusión de los medicamentos con fines de diagnóstico mientras no exista ningún procedimiento para el tratamiento o la prevención de la enfermedad que se pretende diagnosticar. 
Esto podría obstaculizar el acceso a los diagnósticos, con lo cual no se podrían desarrollar tratamientos adecuados. 
Nosotros creemos que este es un riesgo que no deberíamos correr innecesariamente. 
El tema siguiente es el de los fondos, que también se ha mencionado en el debate. 
Corresponde a la enmienda 18. 
A nuestro parecer, la idea de crear un fondo especial con las aportaciones de la venta de medicamentos huérfanos a partir de la expiración del plazo de 10 años de exclusividad comercial podría contribuir más que nada a reducir el interés potencial de las empresas, con lo cual el fondo no dispondría de recursos suficientes, habida cuenta que los beneficios no serán enormes. 
Esta es precisamente la definición de un medicamento huérfano, el hecho de que la posibilidad de obtener un beneficio es muy limitada. 
Siguen a continuación las medidas relativas a las enfermedades tropicales, que también se han mencionado. 
Nosotros suscribimos, naturalmente, la idea de que es razonable adoptar medidas específicas para apoyar la investigación en los países en desarrollo. 
Sin embargo, no creemos que la inclusión de una indicación en este sentido en un considerando permitiera lograr dicho resultado. 
La consecuencia sería, como ocurre lamentablemente a menudo cuando presentamos propuestas detalladas, que ésta se ampliaría, pues se querría aprovechar la ocasión para mencionar asimismo todos los problemas imaginables. 
Sin embargo, esta no es una manera lógica de legislar. 
Por consiguiente, nosotros esperamos poder volver a considerar más adelante el tema de las enfermedades tropicales. 
Por otra parte, podemos afirmar que la investigación y el tratamiento de las enfermedades tropicales se han encontrado tradicionalmente en las mejores manos en la Unión Europea. 
No se puede decir que hasta ahora no hayamos cumplido con nuestro compromiso en este aspecto. 
No obstante, si el Parlamento así lo desea, desde luego podemos volver a examinar las posibilidades de seguir mejorando la investigación de productos farmacéuticos en este ámbito concreto. 
Señor Presidente, me gustaría que el Comisario Bangemann diera una respuesta a la pregunta que hice sobre su posición acerca de la enmienda 30, que presenté junto con mi colega Dybkjær. 
Se trata del hecho de que una industria farmacéutica pueda conseguir un periodo adicional de protección o una prórroga de la protección de patente durante seis meses si llega a desarrollar un medicamento huérfano. 
O sea, una protección de patente que se concedería adicionalmente durante seis meses para otro medicamento introducido ya o que estuviera ya comercializado. 
No me he referido directamente a ello. 
Como ya he señalado, esta es la primera lectura. Por lo tanto, no he querido detenerme en todas las enmiendas. 
El argumento es aproximadamente el mismo que he aplicado en el caso de los incentivos fiscales o también en contra de la creación de un fondo. 
Ya me he pronunciado en contra de dicho fondo. 
Si se introdujese una protección adicional de las patentes- bien para el desarrollo de tratamientos o bien en el caso de que los beneficios pasen a engrosar un fondo especial -, se excluiría prácticamente la competencia de los genéricos. 
Cuando un medicamente se desarrolla, investiga y autoriza por primera vez, se aplica en todos los casos el derecho a la exclusividad comercial por un plazo de diez años, que también se puede plasmar, además, en la protección de una patente, y dicha protección impide el acceso de ningún genérico al mercado durante ese plazo. 
Pero si este plazo se prolongase, el resultado sería negativo. 
En efecto, la comercialización de genéricos una vez expira la protección de una patente o de otro tipo tiene obviamente un sentido. 
Éstos pueden tener efectos adicionales y, en cualquier caso, son por regla general un poco más baratos. 
Dicha enmienda no nos parece razonable, ya que excluiría la posibilidad de una oferta de genéricos una vez expirado el plazo de protección. A nuestro parecer, ese no puede ser el objeto de una propuesta como la citada. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy martes a las 11.30 horas. 
Campos electromagnéticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/99) del Sr. Tamino, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo (COM (98) 0268- C4-0427/98-98/0166 (CNS) ) relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos 0 Hz- 300 GHz. 
Señor Presidente, creo que a nadie se le pasa por alto el hecho de que en los últimos años, se ha hablado mucho de la contaminación electromagnética en diarios y revistas. 
Por tanto, existe un gran interés de la opinión pública por estos temas. 
En realidad, hoy por hoy, la contaminación electromagnética llama la atención de la opinión pública porque, a diferencia de otras formas de contaminación, no se ve ni se huele. 
La gente no se da cuenta, ve solamente instalaciones que podrían ser la causa de esta contaminación. 
Hace ya veinte años que, gracias al trabajo realizado por Nancy Wertheimer en Colorado, nos hemos dado cuenta de que estos campos electromagnéticos podrían tener efectos no solo a nivel directo al provocar daños debidos al calentamiento- los efectos térmicos agudos, como se definen- sino también a largo plazo, al provocar leucemias y tumores. 
Es también por esta preocupación que en la anterior legislatura, los Sres. Vernier, Santos y Pimenta propusieron una resolución que luego se plasmó en el informe del Sr. Lannoye, aprobado el 5 de mayo de 1994. 
En dicho informe, el Parlamento Europeo estableció algunos puntos entre los que quisiera destacar la necesidad de aplicar el principio de cautela en lo que se refiere a los efectos de los campos electromagnéticos en la población. 
Remitiéndose a este informe del Parlamento Europeo, la Comisión ha considerado oportuno presentar la recomendación que hoy nos ocupa relativa a todo el espectro de la radiación de 0 Hz a 300 Ghz. 
Como se puso de manifiesto en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, esta recomendación sólo propone unos límites en lo que respecta a los efectos térmicos agudos. 
Por el contrario, en cuanto a los efectos no térmicos a largo plazo, sobre la base de las consideraciones de algunos organismos internacionales, se afirma que la documentación no es suficiente y, por tanto, no se indican los límites para este tipo de exposición. 
Está claro que, desde el punto de vista formal, podríamos decir incluso que la mayor parte de la documentación demuestra de forma irrefutable que los campos electromagnéticos provocan efectos térmicos: todos sabemos, en efecto, que se utilizan hornos microondas para calentar la comida. 
Por contra, en lo que se refiere a los efectos a largo plazo, está un curso un amplio debate que, sin duda, ha evidenciado muchos trabajos científicos tanto de tipo epidemiológico como de tipo específico sobre células, tejidos, sistemas in vitro e in vivo, que indican una probable acción de los campos electromagnéticos en la comunicación celular. 
Esto podría estar en el origen de esos efectos epidemiológicos que se han comprobado en términos de leucemias y de tumores, así como de una serie de otros daños a largo plazo como, por ejemplo, los que afectan al sistema nervioso, molestias, amnesia, etcétera. 
Ahora bien, la preocupación de la opinión pública se debe al hecho de que no solo tenemos instalaciones fijas como los electrodos, las instalaciones de repetición de radio y televisión o las antenas de telefonía móvil, sino que estamos en continuo contacto con electrodomésticos y aparatos que generan campos electromagnéticos, el más famoso de los cuales es en estos momentos el llamado teléfono móvil que actualmente es objeto de un amplio debate. 
Por estas razones, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha considerado oportuno introducir algunas modificaciones en el texto de la recomendación de la Comisión precisamente para tener en cuenta los riesgos a largo plazo. 
La comisión ha propuesto, en primer lugar, que se tenga en cuenta la salud de los trabajadores y la defensa de los consumidores, la introducción del principio de cautela y el principio que prevé utilizar las mejores técnicas a fin de lograr la menor exposición posible. 
La Comisión de Medio Ambiente ha puesto asimismo en evidencia la existencia de una amplia documentación científica con vistas a aplicar el principio de cautela y, por tanto, la consiguiente necesidad de una revisión de los datos y la conveniencia de que, sobre esta base, se lleve a cabo una revisión continua, así como la necesidad de presentar un informe al Parlamento Europeo. 
Además de esto, ha hecho hincapié en la necesidad de unos niveles de protección más elevados en los lugares en que la población pasa la mayor parte de su tiempo indicando distancias mínimas para los equipos y las instalaciones fijas. 
Sin embargo, también es cierto que la Comisión de Medio Ambiente no ha facilitado datos claros y valores concretos para indicar las formas de garantizar la protección de los ciudadanos frente a la exposición a largo plazo. 
Y aquí, señor Presidente, en nombre de mi Grupo y en el mío, termino la presentación de algunas enmiendas que, sobre la base del principio de cautela y de los niveles de seguridad ya adoptados en otros países, como Italia y Suecia, tienen en cuenta los efectos a largo plazo. 
Por eso, hemos formulado las enmiendas 16, 17, 18, 19, 21 y 22. 
Señor Presidente, ésta es una recomendación y no una directiva. 
Como tal, puede tardar años en convertirse en ley. 
El principal punto en que, acertadamente, hace hincapié el Sr. Tamino en su informe, que obtuvo el respaldo de toda la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, es que debe aplicarse el principio cautelar. 
Y en este caso, dicho principio significa inevitablemente examen, examen y examen. 
Estamos tratando sobre una industria joven muy poderosa, especialmente si tenemos en cuenta muchas de las reservas relativas a los teléfonos móviles. 
Reconocemos su importancia económica. 
Hablando no sólo en nombre de mi Grupo, sino de la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente, puedo afirmar que no creemos que los niveles fijados por el Sr. Tamino sean prácticos en esta fase. 
De hecho, dichos niveles supondrían la eliminación de muchos aparatos electrónicos que se utilizan en el hogar, además de oponer una fuerte resistencia a las torres de alta tensión y al sector en su conjunto. 
No obstante, creemos que es absolutamente necesario hacer un seguimiento de estos dispositivos y las enmiendas presentadas por la comisión de Medio Ambiente han intentado exponer con precisión por qué y cómo. 
Leeré la enmienda 9 a la Asamblea. 
Si hay algo que entraña el espíritu de lo que el Sr. Tamino intenta conseguir y lo que nosotros apoyamos, eso sería la enmienda 9 según fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente. 
Dice que los Estados miembros «determinarán las distancias mínimas de seguridad de los aparatos eléctricos, así como las distancias límite respecto de los edificios públicos, viviendas y lugares de trabajo, para la construcción de líneas eléctricas de alta tensión, radares e instalaciones de transmisión y retransmisión radiotelevisiva, incluidos los repetidores para telefonía celular; asimismo determinarán las distancias de seguridad recomendadas para la utilización, que se indicarán en el producto en cuestión, prestando especial atención- debido a la proximidad y a la duración de la exposición- a los teléfonos móviles». 
Estas medidas deben ser adoptadas inmediatamente y, a partir de ese momento, el proceso de seguimiento debe ser continuo. 
Todos deseamos que antes del año 2001- no dentro de cuatro, cinco o diez años, sino en un plazo de 18 meses- se realice una nueva revisión de las medidas de seguridad utilizadas y de dichos instrumentos. 
Existe una sensación de desconfianza muy extendida entre la población. 
Son muchos los estudios que actualmente comienzan a apuntar a otra causa de inquietud. 
Cuando trasladamos estas cuestiones al Dr. Michael Repacholi, que realizó uno de los estudios originales en Australia sobre la posibilidad de provocar el cáncer en ratas, nos dijo que creía que las normas establecidas actualmente por las orientaciones de la OMS son suficientes. 
No obstante, creo que debemos continuar con el seguimiento de esta situación en interés del público, de los consumidores y de la seguridad pública en general. 
Señor Presidente, la propuesta relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea, ya que estas radiaciones han entrado completamente en nuestra vida. 
La inquietud se debe al importante aumento de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en el medio ambiente, y además, en distintas zonas de frecuencia a causa de la cantidad de sus fuentes, como por ejemplo: ferrocarriles, tranvías, líneas eléctricas, aparatos eléctricos, repetidores de programas, teléfonos móviles, radares, etc. Inevitablemente, debemos responder sobre la medida en que se salvaguarda la salud pública, en relación con los efectos producidos por la exposición a los campos electromagnéticos, que en la actualidad es más prolongada. 
Y esto es así, porque no disponemos de datos científicos convincentes sobre estos campos, que demuestren la existencia de efectos nocivos a largo plazo para la salud. 
Por consiguiente, la comunidad científica internacional hace bien al reflexionar e investigar sobre tales efectos. 
El Parlamento Europeo, fiel al principio de la protección, fue el primer órgano que pidió a la Comisión Europea, en 1994, que se establecieran reglamentaciones y prototipos para limitar la exposición a la radiación no ionizante y que se emprendieran acciones, estudios e investigaciones sobre los mecanismos de efecto de los campos electromagnéticos en organismos vivos y especialmente en el ser humano. 
La propuesta de la Comisión intenta cubrir el vacío legislativo existente sobre este tema en la Unión Europea. 
Paralelamente, como algunos Estados miembros han avanzado ya en la introducción de disposiciones legislativas pertinentes, con esta propuesta se aspira a definir principios comunes a nivel comunitario, para así evitar la institucionalización de marcos nacionales no homogéneos. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, el texto de la recomendación ha mejorado aún más. 
Con la enmienda 2, se pide el respeto del principio de protección y el del principio ALARA, así como el principio de la optimización de la exposición a estas radiaciones, tal como los define la OMS. 
El marco comunitario debe ser uniforme y vinculante para proteger a los ciudadanos y sería deseable que se hubiese elegido otro tipo de acción jurídica más vinculante que la recomendación, tal como el Parlamento había solicitado, es decir, un reglamento, una directiva o una decisión. 
Consideramos que la presente recomendación deberá examinarse regularmente a causa de la experiencia que adquiramos y deberá adaptarse de acuerdo con las conclusiones de las investigaciones científicas. 
Además, hay que instituir, antes del 1 de enero de 2001, un sistema de revisión continua de los aparatos que generan campos electromagnéticos. 
Finalmente, se solicita la transmisión de la información así como la información de los ciudadanos y el fomento a la investigación plena de los efectos, a largo plazo, de los campos electromagnéticos en la salud. 
La recomendación en examen es un primer paso positivo sobre la protección de los ciudadanos europeos y creemos que, de su aplicación, derivarán observaciones documentadas que probablemente lleven a una mejora mayor de las normas de protección sobre la exposición a los campos electromagnéticos. 
Interrumpimos aquí el debate para dar paso al turno de votaciones. Se reanudará a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, respecto de la enmienda 1, presentada por el Grupo Europa de las Naciones, que dice: «Subrayando que la familia sigue siendo el valor que los jóvenes colocan en primer lugar» , desearía presentar una enmienda oral así formulada: «Subrayando que la familia sigue siendo uno de los valores que los jóvenes colocan en primer lugar». 
Señora Presidenta, no ponemos objeción a esta enmienda oral y la aceptaremos. 
Quisiera simplemente observar que nos hemos limitado a recoger en nuestra enmienda una formulación de la Sra. Hermange. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señora Presidenta, ayer, durante el debate, como conclusión de mi introducción, pedí a la Comisión que, antes de la votación sobre la propuesta legislativa, se comprometiera clara y firmemente a aceptar los dos párrafos de nuestro proyecto de resolución legislativa. 
Se trata, en primer lugar, del párrafo en el que se pide a la Comisión que retire su propuesta. 
La Sra. Gradin nos ha explicado que el Sr. Flynn no podía asistir, cosa que lamentamos, pero que tenía intención de proponer la retirada de la propuesta de modificación de la directiva de 1976. 
No sé si esa fórmula es debida a la organización interna de la Comisión. 
¿Corresponde al Sr. Flynn proponer a la Comisión, que es un colegio, como sabemos con todos los debates que hemos celebrado al respecto, que retire la propuesta? 
Si lo hace, ¿podemos estar seguros de que el colegio lo hará? 
Es muy importante saberlo. 
Si la Comisión nos hubiera dicho: retiramos al propuesta, estaría muy bien. 
Pero si nos dice: proponemos- no sé a quién, a sí misma, supongo- la retirada de la propuesta de modificación de la directiva de 1976, que nosotros consideramos peligrosa para las acciones positivas, yo quiero saber si la Comisión va a retirar efectivamente esa propuesta, si va a seguir al Sr. Flynn. 
Segundo punto ,... 
Reacciones diversas 
Lo lamento, es muy importante. 
Aunque Sus Señorías crean que las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no son importantes, quisiera señalar a la atención de la mayoría de los colegas masculinos aquí presentes que pronto también ellos necesitarán acciones positivas, porque las profesiones se van feminizando cada vez más, como en mi país, en el que ya casi no hay maestros masculinos en la enseñanza primaria y ya casi no hay magistrados masculinos. 
Así, pues, las acciones positivas no son sólo para las mujeres. Son para los sexos sub-representados y pronto Sus Señorías serán de un sexo sub-representado. 
Así, pues, deben comprender que las acciones positivas son también para Sus Señorías. 
Aplausos 
Señora Lulling, creo que el Comisario Pinheiro la ha entendido perfectamente y va a poder aclararnos no los estados de ánimo del Comisario Flynn, sino simplemente si, de conformidad con el artículo 59 de nuestro Reglamento, la Comisión retira o no su propuesta de directiva. 
Así, pues, deseo que el Comisario Pinheiro nos aclare, si puede hacerlo, ese punto concreto. 
Señora Presidenta, Señorías, estoy en condiciones de decir que la Comisión retirará su propuesta de directiva, como ha solicitado la Comisión de Derechos de la Mujer. 
También estoy en condiciones de confirmar la intención de mi colega el Sr. Flynn de legislar al amparo del artículo 141 y hacerlo, evidentemente, con la intención de lograr la mayor cooperación con esta Asamblea. 
Señora Presidenta, en estas condiciones confiamos en la Comisión para que retire su propuesta y también para que nos presente una propuesta de directiva basada en el artículo 141. 
La Sra. Gradin ha tenido también ciertos estados de ánimo y ciertas restricciones, pero ahora pensamos que la propuesta de directiva que nos llegue se basará en el artículo 141. 
En estas condiciones, puedo proponer al Parlamento no que vote los tres artículos, sino que vote en bloque el proyecto de resolución legislativa. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Señora Presidenta, en la traducción al sueco de la enmienda 4 se ha cometido un error fatal. 
Allí pone que «exhorta a los Estados miembros a (salen tres palabras) en determinadas condiciones /... /». 
Son esas tres palabras, en determinadas condiciones, las que hemos pedido que se saquen. 
Por eso resulta esto muy extraño, ya que se ha mantenido el texto original en la enmienda. 
Quiero llamar la atención de todos los suecos sobre esto. 
Si se aprueba la enmienda, rectificaremos, naturalmente. 
Estaremos muy atentos a ese respecto. 
Señora Presidenta, es muy importante: el texto francés dice: «Pide a los Estados miembros que legalicen con ciertas condiciones» y pedimos una votación por separado sobre esa parte de la frase: «con ciertas condiciones». 
El texto inglés dice: «in certain circumstances» , cosa muy diferente. 
Hay una diferencia entre «en ciertas circunstancias» y «con ciertas condiciones». 
El texto que da fe es «con ciertas condiciones». 
Es necesario que quede muy claro. 
Debo decir que, evidentemente, con ciertas condiciones, no queremos, al menos mi Grupo, legalizar totalmente, sin condiciones, el aborto. 
Así, pues, es necesario que sea «con ciertas condiciones». 
Normalmente, la versión que da fe es la de la lengua de la ponente, la Sra. Hautala, salvo si ha redactado su texto inicial en otra lengua distinta del finés. 
Naturalmente, vamos a verificarlo, cuando se haya celebrado la votación, para que todo esté conforme al texto inicial. 
El Parlamento aprueba la resolución 
El equilibrio de nuestras sociedades europeas descansa en gran parte en la preservación y el desarrollo de una cultura hecha de diversidad, en la vitalidad de lenguas particularmente ricas y en el rechazo, como corolario, de la uniformización. 
A ese respecto el sector audiovisual representa un imperativo esencial. 
El proyecto de decisión que se nos presenta y que va encaminado a que nos hagamos una idea más precisa de la industria y los diversos mercados del sector audiovisual, así como de los sectores conexos, y a que conozcamos mejor los elementos que la componen y la forma como evalúan, estableciendo una estructura de información estadística apropiada, no carece de utilidad. 
Así, pues, los diputados del Grupo Europa de las Naciones están a favor de dicha decisión, con la condición de que se aprueben ciertas enmiendas. 
En efecto, es necesario velar por la «pertinencia» de esas estadísticas y es necesario que la recogida de datos estadísticos se haga con vistas a responder a la «necesidad de saber» de las empresas, pero también con vistas a permitir una mejor gestión de las políticas de ese sector. 
Así, pues, es necesario que Eurostat examine al menos los niveles y las tendencias en el sector del empleo, las condiciones necesarias en materia de aptitudes, así como el reparto de la pirámide de edades en ese sector, lo que permitiría acrisolar las políticas aplicadas tanto en el nivel europeo como en el de los Estados miembros. 
Sobre todo no hay que olvidar el papel esencial que desempeñan las PYME en ese sector. 
Con demasiada frecuencia, cuando se lo menciona, se hace hincapié en la necesidad de concentración. 
Ahora bien, la actividad económica en el sector audiovisual corre a cargo esencialmente de pequeñas y medianas empresas. 
En consecuencia, las políticas aplicadas deberán favorecer a esas PYME, que tienen, además, la ventaja de estar repartidas por todo el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por último, quiero recordar que el desarrollo de esas PYME sólo podrá realizarse a partir de una cooperación en el nivel europeo y de una auténtica subsidiariedad en pro de los Estados miembros que respeten las políticas autónomas que apliquen, teniendo en cuenta las repercusiones y la irradiación de sus lenguas nacionales, así como la diversidad cultural de cada una de ellas. 
Sólo con esa condición evitaremos otro tipo de uniformización, que tampoco respetaría nuestra especificidad y la diversidad de nuestra cultura europea. 
Informe Anttila (A4-0073/99) 
Hemos votado en contra del informe por las siguientes razones: 
1.Las negociaciones entre los gobiernos sobre las reformas de la política agrícola se están realizando y se reanudan hoy. 
El Parlamento no tiene motivos para manifestarse sobre capítulos determinados de la política agrícola en este momento.2.Las decisiones especiales que favorecen a un determinado Estado miembro amenazan a la reforma en su conjunto.3.El Parlamento no debe manifestarse sobre el aumento de las ayudas a determinados países cuando el objetivo es disminuir los enormes gastos de la política agrícola de la Unión. 
El Grupo Europa de las Naciones tiene en cuenta, evidentemente, la especificidad de la agricultura ártica y desea recordar que en todos los Estados miembros de la Unión Europea hay más de 30 ecosistemas diferentes repertoriados. 
En cuanto a la PAC, es, como su nombre indica, común. Ésa es la razón por la que el Grupo Europa de las Naciones se ha opuesto a los artículos 3 y 7 de la resolución presentada por la ponente. 
En efecto, se propone crear una política agraria regional y específica para la agricultura de las regiones árticas. 
Si bien se puede reflexionar sobre la incorporación de producciones específicas como la del reno en una OCM vigente, como la OCM de la carne de bovino, no hay que poner el pretexto de un ecosistema específico para que, en lugar de una política agraria común, se apliquen 30 políticas agrarias específicas. 
Se deben tener en cuenta las dimensiones regionales de la PAC tanto en el nivel de la política de desarrollo rural como en el de la política regional. 
He de recordar que las zonas subárticas forman parte, en este momento, del objetivo 6 y que están integradas en el marco de la Agenda 2000 en el nuevo objetivo 1. 
Así, pues, esas regiones disfrutan, y seguirán disfrutando en el futuro, de un apoyo específico e importante que permite compensar los sobrecostos inherentes al ecosistema. 
Las subvenciones comunitarias, en el marco de la política agraria para esa zona, representan- he de recordarlo- el 75 % del costo total de la inversión en estructuras. 
En consecuencia, como se han aprobado los artículos 3 y 7, nuestro Grupo ha votado en contra de la resolución durante la votación final. 
Después de la voluntad de algunos de «quebrantar» la PAC integrando el principio de cofinanciación, contrario al Tratado y al estatuto específico de los gastos obligatorios, hoy otros desean echar a perder la PAC pretendiendo regionalizarla a partir de ecosistemas específicos. 
Los diputados de nuestro Grupo están a favor de la PAC, que ha sido una de las bases fundamentales de la construcción europea inscrita en el Tratado de Roma. 
Resulta sorprendente que los defensores de una Europa integrada y federal sean los destructores de la única auténtica política común asociada a la política pesquera común. 
Informe Katiforis (A4-0090/99) 
En el informe se presagia un futuro con impuestos y sistemas fiscales armonizados. 
Mediante esta explicación de voto queremos dejar en claro que los impuestos son asuntos de incumbencia nacional y que ellos no están dentro del ámbito de competencia de la UE. 
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones prestan una atención muy particular a las pequeñas y medianas empresas, elemento fundamental de ordenación del territorio ypiedra regular del empleo en los países de la Unión Europea. 
El 99 % de sus empresas tienen menos de 250 asalariados y representan el 66 % del empleo total. Casi todas ellas han creado puestos de trabajo netos durante el período 1988-1995. 
Las PYME encuentran todas, en una fase o en otra de su desarrollo, problemas relacionados con la debilidad de sus capitales propios. Así, pues, es necesario desarrollar el capital riesgo. 
Si tomamos como ejemplo los Estados Unidos, de los siete millones de puestos de trabajo creados en ese país entre 1991 y 1995 seis millones se han debido a la puesta en marcha de nuevas PYME. Algunas de ellas han llegado a ser empresas de dimensiones importantes, o incluso empresas mundiales hegemónicas, en el sector de la tecnología especializada. 
En los Estados Unidos, a una PYME le resulta fácil acceder al capital riesgo. 
No ocurre así hoy en los países de la Unión Europea, donde las PYME que tienen ventajas en materia de competencia en el sector de la tecnología especializada se ven perjudicadas a ese respecto. 
Así, pues, es necesario que los empresarios puedan tener acceso al capital inicial y después al capital intermedio y de desarrollo, a medida que crezca la empresa, y, por último, a las inversiones institucionales y privadas apoyándose en un mercado europeo financiero activo y con una dimensiones suficientes. 
En el nivel comunitario, la ausencia de legislación relativa a los fondos de capital riesgo constituye un obstáculo para el funcionamiento del mercado. 
Las reglamentaciones financieras comunitarias vigentes están demasiado fragmentadas y carecen a la vez de legibilidad y de coherencia. 
Podría ser útil inspirarse a ese respecto en el ejemplo de los Estados Unidos, que han creado un organismo nacional de control- la Security and Exchange Commission- estableciendo un organismo regulador encargado de armonizar las disposiciones de las reglamentaciones nacionales a fin de permitir un desarrollo de los llamados mercados financieros secundarios. 
Además de la aportación financiera que pueden movilizar los inversores de capital riesgo, también es indispensable una aportación de conocimientos especializados en materia de gestión de empresas. 
La financiación y los conocimientos especializados deben ir a la par. 
Se trata de una forma sencilla pero eficaz para el inversor de reducir el riesgo, de participar directa o indirectamente en la gestión cotidiana de su inversión y desempeñar un papel de auténtico apoyo respecto del empresario. 
No obstante, el Grupo Europa de las Naciones desea subrayar la contradicción en que nos encontramos. 
En efecto, todos somos conscientes del papel de las PYME, nos jactamos con frecuencia de su éxito económico y del importante papel que desempeñan en materia de empleo, pero, cuando tratamos de normas medioambientales, normas técnicas, gestiones administrativas, la mayoría de nuestro Parlamento no tiene suficientemente en cuenta las preocupaciones de los empresarios ni su responsabilidad particular: éstos corren riesgos importantes y disponen de pocas garantías tanto en el nivel de las prestaciones sociales como en el del mantenimiento de su patrimonio familiar. 
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se dice en el informe, sin embargo, por ejemplo, no comparto la idea de que la «fragmentación de los mercados de capitales en Europa» sea la causa de la falta de capital riesgo. 
Esta fragmentación no afecta a la disponibilidad de capital. 
Mis principales objeciones son, no obstante, otras. 
En primer lugar, opino que el gran escollo para las industrias pequeñas en la UE no está por el lado del capital, sino que es la insuficiente demanda. 
Si aumenta la demanda, entonces aparecerán los capital riesgo, sin importar si el mercado está fragmentado no. 
Mi segunda objeción se refiere a la cantidad de veces que se menciona en el informe la armonización fiscal. 
Esta armonización no tiene nada que ver con los hechos, sino que solamente es la manifestación del anhelo político de crear una Europa federal. 
El informe habría sido mucho mejor sin este lastre intelectual. 
Informe Newman (A4-0093/99) 
Los liberales acogemos por principio con satisfacción todas las medidas y los pasos que se adopten para luchar contra el blanqueo de dinero, tanto en la UE como en los Estados miembros. 
En consecuencia, también hemos votado afirmativamente la mayoría de los puntos. Sin embargo, hemos rechazado el informe en su totalidad porque consideramos que las medidas adoptadas contra Austria, en relación con las libretas de ahorro austriacas, son excesivas y van más allá del verdadero objetivo de la persecución del blanqueo de dinero. 
Informe Vaz da Silva (A4-0103/99) 
Llegamos al fin de un largo proceso de contactos y consultas con los sectores artísticos de los diferentes países de Europa (que no se reduce naturalmente a los Quince). 
El terreno estaba casi virgen. 
Ni los Estados miembros parecen conscientes de la posible contribución de sus artistas a su propia calidad de vida ni los artistas parecen motivados para salir de su círculo y conocer otros usos y otros países. 
No sólo las legislaciones nacionales relativas al estatuto de los artistas son incompletas y están dispersas, sino que, además, no ha habido intento alguno de articulación entre los Estados miembros para facilitar la circulación de los artistas, las obras y las producciones. 
Lo que aquí hemos hecho ha sido exponer los problemas y enunciar posibles líneas de acción política futura. 
Al tener la iniciativa para este informe, la Comisión de Cultura ha querido poner en manos de las instituciones europeas- en el momento crucial de la ampliación y la formulación de un nuevo marco político-financiero- un instrumento político que será explosivo, si se sabe utilizar. 
Una política coordinada y continua de apoyo y promoción de la creación y la educación artística puede ser un elemento que faltaba para que la sociedad europea diera el salto al siglo XXI. 
La lucha contra la violencia y la exclusión así lo requieren. 
El informe contiene muchas buenas observaciones. 
No obstante, no puedo respaldar los numerosos puntos que demandan un «acercamiento de la legislación social y fiscal» (¡a causa de los artistas! ), como por ejemplo, en el punto 16. 
Tampoco me gusta mucho la propuesta del punto 11, en la que se habla de la creación de una «tarjeta europea» para los artistas, que les daría beneficios especiales, y que se estudien nuevas formas para financiar el arte «en el ámbito europeo» (punto 8). 
Tampoco estoy totalmente convencido de la racionalidad del «aumento de los beneficios fiscales para los mecenas» , como se propone en el punto 17. 
El informe contiene también demasiadas ambiciones federalistas y excesiva confianza en las virtudes de las rebajas fiscales (especialmente para poderosos mecenas) , por eso no es de mi total agrado. 
Informe Guinebertière (A4-0100/99) 
Este informe de la Sra. Guinebertière, tal como se nos presenta hoy, es decir, modificado por la labor de nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, pone las bases de una auténtica política de la juventud, integrada y global. 
En efecto, si bien los logros de la política comunitaria de cooperación en el sector de la juventud son innegables en materia de educación, formación profesional e intercambio, mediante los programas «Sócrates» , «Leonardo» y «La Juventud con Europa» (a los que conviene añadir la iniciativa del servicio civil europeo) , no por ello dejan de ser insuficientes en cuanto a la satisfacción que se debe dar a las necesidades específicas de los jóvenes. 
No basta con insistir en las necesidades en materia de educación y formación para todos (si bien son esenciales) para construir una política de la juventud. 
También hay que tener en perspectiva los demás aspectos complementarios que son la creatividad, la educación cívica, el aprendizaje de la tolerancia y de la democracia, la salud, la vivienda. 
Nuestra ponente nos expone con mucha claridad esos objetivos, respetando la necesaria complementaridad y plusvalía que representa el aspecto europeo respecto del «zócalo» que forman los Estados miembros. 
A eso se debe su llamamiento a los Estados miembros con vistas a la elaboración de «planes nacionales para la juventud» , a semejanza de los que se han establecido para el empleo. Corresponde a la Comisión, después de la evaluación de las políticas nacionales de la juventud, difundir las experiencias y ejemplos más «eficientes» dentro de la Unión Europea. 
Todo ello puede contribuir a la creación de proyectos innovadores, para y por los jóvenes, y al fomento de la capacidad emprendedora de los jóvenes. 
Como la política de la juventud en el nivel de la Unión debe ser un todo destinado a escuchar mejor a los jóvenes y a hacerlos participar más en las decisiones por mediación de sus asociaciones, voy a votar a favor de este informe, que nos da una visión global de lo que podría ser semejante política europea al comienzo del siglo XXI. 
El informe tiene buenas intenciones. 
Sin embargo, está marcado por demasiados elementos federalistas. 
Por ejemplo, se quiere formar una «política juvenil general» , se quiere «integrar a los jóvenes en la Unión» , que ellos «utilicen activamente la calidad de socios de la Unión» , se quiere una «coordinación de la política juvenil en el ámbito europeo» , que la UE establezca «centros especiales de información» para jóvenes y que la Comisión «desde Europa» cree un lugar en Internet con el nombre Jóvenes. 
Personalmente, estoy convencido de que la política juvenil podría haberse diseñado mucho mejor sin el estorbo del eterno anhelo de crear una Europa federal. 
Informe Corrie (A4-0065/99) 
El Grupo Europa de las Naciones ha votado a favor del informe del Sr. Corrie. Este documento refleja las preocupaciones esenciales de nuestro Grupo en cuanto al futuro de la relación ACP-UE. 
Mientras que la cooperación ACP-UE ha demostrado su eficacia y constituye un instrumento indispensable de cooperación multilateral para la UE y para los países de África, del Caribe y del Pacífico, es objeto de ataques sin precedentes que hacen temer por su perennidad. 
Previsibilidad y confianza son los dos elementos fundamentales de este instrumento: por desgracia, es de temer que resulten puestos en entredicho por los incesantes ataques de que es objeto por parte de aquellos para quienes el nuevo orden mundial no debe entrañar otra reglamentación que la de los mercados y la competencia. 
En ese marco, la Asamblea Paritaria ACP-UE constituye más que nunca el foro indispensable en el que los pueblos y sus representantes democráticamente elegidos pueden hacerse oír y manifestar sus necesidades reales. 
También es un lugar de reflexión y de prospectiva sobre el futuro, a largo plazo, de las relaciones Norte-Sur. 
La Asamblea Paritaria desempeña también un papel fundamental en las negociaciones relativas al próximo Convenio de Lomé. Se ha pronunciado, en particular en diversas ocasiones, en pro de una mejor consideración de los intereses legítimos de los países en desarrollo en el orden económico mundial. 
Se ha alarmado, ya en 1995, por las consecuencias negativas que no dejarían de tener los acuerdos de Marraqués en la existencia misma de las preferencias arancelarias. 
Desde luego, como con razón ha subrayado esta mañana el Presidente de la OUA ante nuestra Asamblea, Sr. Blaise Compaoré, hay que adaptar ese instrumento ejemplar de cooperación Norte-Sur que es el Convenio de Lomé a la progresiva diversificación de los países ACP y, en particular, acompañar el desarrollo del sector privado africano. 
Pero su pertinencia sigue siendo total en la hora de la mundialización: se debe renovar y fortalecer el sistema de Lomé, y no debilitarlo, en nombre de una ideología librecambista dispuesta a exponer de forma irresponsable a países con sociedades frágiles y economías incipientes a choques competitivos excesivos cuyos efectos en ellas serían desestabilizadores y destructivos. 
Informe Lüttge (A4-0057/99) 
La conferencia de Helsinki, que se celebró del 23 al 25 de junio de 1997, reunió a representantes de los gobiernos y los parlamentos europeos, de instituciones de la Unión Europea y organizaciones intergubernamentales, de asociaciones sindicales y patronales e instituciones financieras que representaban, en conjunto, a 51 países diferentes. 
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones se felicitan del desarrollo de esta cooperación encaminada a promover una política paneuropea de transportes basada en una cooperación entre los principales interesados y en primer lugar los Estados. 
La primera conferencia no se celebró hasta 1991 en Praga: permitió preparar el terreno para una política común en materia de transportes entre los países limítrofes de la Unión Europea y sus Estados miembros. 
En 1994, se crearon tres grupos de trabajo con ocasión de la Conferencia de Creta: Transporte y economía de mercado, Infraestructuras de los transportes y financiación y Horizonte 2000 (transporte intermodal, nuevas tecnologías, seguridad y protección del medio ambiente). 
Por primera vez, se ha desarrollado un eje particular hacia los países de la Europa central y oriental (PECO). 
Por último, la tercera conferencia que se celebró en Helsinki permitió promover, a largo plazo, sistemas de transporte eficaces y respetuosos del medio ambiente, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y de las empresas en los planos económico, social, ecológico y de seguridad. 
Por otra parte, había que reducir los desequilibrios regionales y dar a la economía europea los medios para afrontar la competencia en los mercados internacionales. 
Ésa es la razón por la cual se han instaurado los principios de interoperabilidad, subsidiariedad, transparencia de las decisiones y cooperación no discriminatoria en todos los niveles y entre todos los interesados y todas las agrupaciones activas en el sector de los transportes. 
El objetivo de las decisiones adoptadas en Helsinki es el de aplicar las siguientes medidas: 
armonización de las disposiciones legislativas en la esfera de la seguridad y del medio ambiente; -liberalización progresiva del mercado en la esfera del transporte; -desarrollo de la intermodalidad; -mejora de las infraestructuras a escala paneuropea; -creación de una red europea de cooperación; -fomento de los transportes públicos; -aplicación de sistemas de transporte inteligentes; -fortalecimiento de la investigación y la innovación en el sector de los transportes; -internacionalización de los costos externos; -simplificación del tráfico en tránsito; -cooperación en la recogida de datos.El éxito de la conferencia de Helsinki demuestra una vez más la eficacia del método de cooperación. 
Al adoptar un conjunto de medidas que determinan el marco del desarrollo de las redes de transporte paneuropeas, los Estados miembros de la Unión Europea y los países limítrofes han hecho progresar útil y concretamente un expediente esencial para el futuro de nuestro continente, el de la gran Europa recuperada y reunida. 
Informe Cabrol (A4-0078/99) 
La industria farmacéutica ha logrado, en los últimos decenios, enormes avances y ha permitido prolongar la duración de la vida y eliminar varias enfermedades. 
Junto a enfermedades muy extendidas y bien conocidas, se cuentan toda una serie de enfermedades que sólo afectan a un número reducido de pacientes: se han descubierto 5.000 enfermedades de ese tipo. 
Ahora bien, la investigación y la innovación farmacéuticas son tan costosas, que la industria es bastante reacia a elaborar medicamentos para el tratamiento de esas enfermedades. 
Dada la pequeñez del mercado, los costos de preparación de los tratamientos no resultan rentables para la industria: por eso, reciben la denominación de medicamentos «huérfanos». 
Así, pues, es necesario crear instrumentos que inciten a las industrias a elaborar ese tipo de medicamentos que pueden interesar no sólo a enfermos de la Unión Europea, sino también de todo el mundo, incluidos, naturalmente, los de países en vías de desarrollo. 
La propuesta de la Comisión va encaminada al establecimiento de un procedimiento comunitario de designación de los medicamentos huérfanos y a la aplicación de incentivos a la investigación, a la innovación y a la introducción en el mercado de los medicamentos huérfanos, en particular mediante la concesión de una exclusividad comercial de una duración de diez años. 
Si bien el Grupo Europa de las Naciones no puede por menos de aplaudir esta iniciativa de la Comisión, pues se trata de un ejemplo de cooperación real entre Estados miembros en los que un mercado ampliado facilita el desarrollo de investigaciones costosas, no podemos por menos de lamentar y condenar la lentitud del procedimiento. 
En efecto, hay que recordar que esta propuesta de reglamento figuraba en el programa de la Comisión en 1997. 
Además de que ha necesitado casi dos años para presentar esta propuesta de reglamento, conviene decir que ya en 1983 se estableció en los Estados Unidos un sistema de incentivación a la elaboración de medicamentos huérfanos. 
En el Japón se introdujo un régimen comparable en 1995, en Singapur en 1997 y en Australia en 1998. 
Si hay esferas en las que la Unión Europea debe a la vez intensificar su acción y ser iniciadora, es sin duda en esas esferas específicas necesarias para la salud de nuestros conciudadanos. 
En esta votación, los diputados del Grupo Europa de las Naciones han aprobado las enmiendas apoyadas por el ponente, el profesor Cabrol. 
Esperan que el procedimiento dé resultados rápidamente, pues todos sabemos que en materia de salud pública es necesario actuar con celeridad. 
La industria farmacéutica europea puede aprovechar ese tipo de programa que debería permitirle elaborar más fácilmente nuevos medicamentos, con lo que contribuiría a estimular el nivel de su investigación y a aumentar su notoriedad. 
Informe Lulling (A4-0038/99) 
«A trabajo igual, salario igual» , dice el adagio. 
La dificultad con que se topa en la práctica para lograr una auténtica igualdad de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere, en particular, al acceso al empleo, a la formación profesional, muestra la distancia que puede haber de la mano a la sopa. 
Y ello por numerosas razones, varias de las cuales se deben a la persistencia en la sociedad de estereotipos perjudiciales para las mujeres que trabajan. 
En varias ocasiones, nuestra Asamblea ha atestiguado el gran interés que le inspira esa cuestión. En cambio, el debate que hoy celebramos me parece en gran medida superado por dos razones. 
En primer lugar, en la medida en que el fallo emitido por el Tribunal de Justicia en el caso Marschall ha permitido precisar en muy gran medida el sentido del que había dictado en el caso Kalanke. Además, el Tratado de Amsterdam establece las políticas de igualdad de oportunidades como una misión comunitaria y la igualdad política y objetiva como un derecho colectivo. 
Además, brinda un fundamento jurídico reforzado que permite futuras medidas de acción positiva. 
La propuesta de modificación de la Directiva 76/207/CEE que nos propone la Comisión a raíz del fallo Kalanke carece ya de razón de ser. 
Así, pues, comparto la opinión de nuestra ponente. Hay que rechazar la propuesta de la Comisión y pedirle que prepare una nueva propuesta de directiva que tenga en cuenta los elementos nuevos surgidos entretanto. 
Segundo Informe Hautala (A4-0029/99) 
Señora Presidenta, yo he votado por una íntima convicción en contra del Informe Hautala y de todas las enmiendas, salvo las que ha presentado el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. 
Como cristianos, no nos podemos pronunciar en contra de la vida y un niño aún no nato está tan vivo como el que ya ha nacido. 
Este es un tema que nos resulta sencillamente intolerable y por esto he votado en contra, de conformidad con mi más íntima convicción. 
Hoy somos una minoría. Tal vez llegará un día en que seremos mayoría, pues este es un camino que a la larga conduce a una gran catástrofe para nuestra población. 
Yo quisiera añadir que no estoy en contra de las mujeres, a las que respeto infinitamente. 
Tengo 7 hijos y 18 nietos. Pueden hacerse, por lo tanto, una idea de lo mucho que respeto a mi esposa y sólo quiero añadir que justamente por eso he votado en contra del Informe Hautala. 
Señora Presidenta, hay muchos aspectos de este informe que apoyo, porque aborda serios problemas en relación con la salud de las mujeres. 
No obstante, no puedo apoyar la referencia al aborto. 
La Unión Europea no tiene absolutamente ninguna competencia en este ámbito. 
No puede interferir en la política de los Estados miembros en este ámbito tan delicado, ni creo que desee hacerlo. 
Así lo recogen formalmente los Tratados en lo relativo al orden público, que es competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Los Estados miembros tienen competencia absoluta a la legislación de asuntos de orden público. 
En cuanto respecta a mi posición personal, he votado como me dictaba la conciencia, o sea que soy contrario al aborto. 
No obstante, al igual que me guío por mi conciencia, no pretendo juzgar cómo obran los demás con respecto a sus conciencias y en circunstancias muy difíciles. 
También he apoyado el apartado 10, sencillamente porque si se quiere reducir el número de abortos, debería reconocerse el derecho de cada cual a beneficiarse de la orientación sobre la educación sexual, incluida la orientación sobre las responsabilidades en las relaciones y la información sobre anticonceptivos. 
Me he dejado guiar por estos principios concretos cuando voté sobre este importante informe. 
Señora Presidenta, yo deploro que el Informe Hautala se debatiera ayer, en el Día Internacional de la Mujer, ya que no creo que en realidad contribuya a dignificar y ensalzar a la mujer, sino que constituye, de hecho, una afrenta. 
Ya resulta un poco curioso que en un informe sobre la salud de la mujer se solicite el supuesto derecho al aborto. 
Yo entiendo la política de salud como la salvación de vidas y no su destrucción. 
Si en un informe sobre la salud de la mujer se menciona el aborto, a mi modo de ver también se tendría que hablar por fin de los efectos del «síndrome post-aborto». Estas repercusiones psicológicas negativas para las mujeres que han abortado se silencian, sin embargo, deliberada y reiteradamente. 
¡El embarazo no es una enfermedad! 
Es absurdo que se contraponga en este contexto un supuesto derecho de las mujeres al derecho a la vida, que es válido para todos los seres humanos. 
Con estas reivindicaciones se invoca indebidamente la dignidad de la mujer para promover una cultura de la muerte, que en última instancia perjudica a la misma mujer. 
Por estas razones, me he visto obligado a votar en contra del Informe Hautala. 
Éste es un muy buen informe que esclarece nítidamente los problemas sanitarios relacionados con el género. 
Además, en el informe hay una serie de ideas concretas que permitirían avanzar en el empeño de cambiar el orden de las cosas en materia de género y la salud. 
No obstante, hay un punto que rebaja marcadamente las pretensiones del informe, a saber, el punto 11. 
El derecho al aborto libre se refiere al derecho a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo. 
La interrupción del embarazo debe ser siempre una decisión de la mujer. 
Cada día mueren 500 mujeres como consecuencia de abortos ilegales e inseguros. 
La única manera de remediar esto es dando acceso a las mujeres a los medios de prevención del embarazo y a abortos legales y seguros. 
Para nosotros, el derecho al aborto libre es irrenunciable. 
En general el informe de la Sra. Hautala sobre la situación sanitaria de la mujer nos parece bien. 
Subraya algunas de las enfermedades a las que se enfrentan las mujeres y presenta al mismo tiempo propuestas sobre la forma en que se pueden acomodar determinadas políticas para tener en cuenta la especial situación de la mujer. 
Sin embargo, ciertas partes del informe nos plantean problemas. 
Entre otros puntos, podemos mencionar los párrafos en los que se pide a la Comisión que garantice que los exámenes periódicos para detectar el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero sean gratuitos y se repitan de manera periódica, se llama la atención sobre las ventajas y desventajas de los tratamientos hormonales para problemas relacionados con la menstruación y se exige que se garantice el respeto de los derechos sexuales de las mujeres. 
Creemos que son tareas de las que deben ocuparse los Estados miembros. 
Sin embargo, respaldamos plenamente estas iniciativas, con tal que se lleven a cabo en el ámbito nacional. 
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, hemos elegido no votar en contra del informe. 
El Parlamento Europeo acaba de indicar, mediante el informe Hautala, su legítimo interés por el estado de salud de las mujeres en la Comunidad. 
Ante las dificultades de nuestras sociedades contemporáneas y las responsabilidades cada vez mayores que las mujeres ejercen en ellas precisamente, era conveniente recordar así la especificidad de los problemas de salud que padecen o pueden padecer. 
Por desgracia, la Comisión de Derechos de la Mujer y el Pleno del Parlamento han considerado oportuno integrar el aborto en la lista de esos problemas. 
La propia Sra. Fontaine ha reconocido, al presidir la sesión, que se trataba de un asunto «delicado». 
Entonces, ¿se puede tratar decentemente a hurtadillas, en un artículo entre otros, en un informe examinado entre una petición de supresión de la inmunidad y una comunicación de la Comisión, sobre la vida de un niño en el seno de su madre? 
No hay una respuesta fácil al doloroso problema del aborto. 
El respeto de toda vida debería incitarnos a la responsabilidad ante la angustia de ciertas madres y al mismo tiempo a la acogida de la vida que sólo las mujeres tienen la fortuna de dar, no sin la intervención de un hombre, evidencia que, por desgracia, hay que recordar, dada la frecuencia con que la afirmación de los derechos de la mujer suele hacer olvidar los derechos, y los deberes, de los padres. 
En cualquier caso, se debería tratar ese asunto al menos con más perspectiva y seriedad de lo que se ha hecho hoy. 
Por último, he de lamentar que una parte de la izquierda se alegre de este texto, igual que aplaude la liberalización del «mercado de la droga» o el reconocimiento de la eutanasia, al ver en ellos avances de nuestra sociedad, cuando, en realidad, se trata simplemente de una espantosa cultura de la muerte y, por otra parte, que una parte de la derecha desprecie, una vez más, convicciones tantas veces proclamadas... en los pasillos. 
Del informe de la Sra. Hautala se desprende que las mujeres y los hombres no son iguales ante la enfermedad. Una política de salud específica para cada sexo es, pues, absolutamente indispensable. 
La labor de la Comisión Europea que constituye el objeto de este informe tiene en cuenta por primera vez esa exigencia. No podemos por menos de sentirnos satisfechos al respecto. 
Sería necesario que la Comisión Europea diera continuidad a su impulso concediendo atención particular al problema de la salud de las mujeres en su nuevo programa de acción en la esfera de la salud. 
Por otra parte, ciertos problemas de salud afectan sólo o principalmente, en efecto, a las mujeres. Así, pues, es necesario disponer medidas específicas. 
Quisiera hacer hincapié también en las nuevas enfermedades relacionadas con los trastornos alimentarios, que causan estragos, en particular, entre los adolescentes. 
Es de deplorar que el informe de la Comisión Europea no les conceda más importancia. 
Por otra parte, las mujeres, que viven por termino medio cinco años más que los hombres, afrontan más problemas físicos y psíquicos relacionados con la vejez. 
Como miembro de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, quisiera señalar que el Quinto programa marco establece la financiación de trabajos de investigación contra el envejecimiento de la población. 
Por último, hay que tener en cuenta que el desempleo, más frecuente entre las mujeres, la precariedad del empleo, la mala cobertura social son fenómenos que tienen repercusiones en la salud de las mujeres. 
Es de sobra sabido que la atención de la salud resulta un lujo para las personas con pocos medios. 
¡Es absolutamente intolerable! 
Así, pues, hay que aplicar un planteamiento global que comprende a la vez una política específica de salud para las mujeres y las políticas de empleo y seguridad social que integran la dimensión de la salud. 
Concluiré concediendo mi apoyo total a la ponente respecto de la sanción de la violencia contra las mujeres en el medio familiar. 
Resulta evidente que podemos felicitarnos de que la Comisión haya elegido el estado de salud de las mujeres como tema de su primer informe específico. 
En efecto, con demasiada frecuencia se aborda la cuestión de la salud de forma global y en modo alguno se tienen en cuenta las especificidades propias de cada sexo. 
Así, pues, doy mi apoyo total a la petición de una evaluación periódica de la incidencia de las diferencias entre los sexos en todos los presupuestos, programas y proyectos relativos a la esfera de la salud. 
Me parece particularmente importante subrayar lo mucho que puede depender el estado de salud de las mujeres no de especificidades fisiológicas imputables a la pertenencia sexual, sino a disparidades socioeconómicas objetivamente cuantificables y verificables, que los Estados miembros deberían tener en cuenta a fin de remediarlo mediante políticas y medidas apropiadas. 
Asimismo, los problemas de salud de las mujeres debidos a violencias perpetradas en el medio familiar- incluida la violación en el matrimonio y las mutilaciones sexuales- son particularmente preocupantes y se debe luchar contra sus causas con la mayor energía. 
Efectivamente, es primordial integrar esa dimensión en las campañas de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, financiadas por la Comunidad. 
En el mismo sentido, comparto con nuestra ponente la convicción de que los Estados miembros deben también adoptar todas las disposiciones necesarias, incluidas las de tipo penal, para erradicar ese flagelo y ayudar a las mujeres que son víctimas de él. 
Más en general, quisiera concluir insistiendo en la importancia de la prevención como instrumento de lucha contra las degradaciones precoces del estado de salud de cada cual y sobre la importancia consiguiente del tipo de sociedad que queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos. 
Como conservador danés, me he abstenido en la votación de este informe porque soy de la opinión de que este tema trata principalmente de cuestiones que han de ser decididas por cada país miembro por separado. 
Si el principio de proximidad o la «subsidiariedad» significa algo, debe emplearse en asuntos de este tipo. 
En este punto pienso, por ejemplo, en cuestiones como la legislación en materia de aborto. 
Todas las mujeres deberían tener derecho a decidir sobre el aborto según la legislación nacional. 
Es la propia mujer la que debe decidir sobre la realización de un aborto. 
Todos los días 8 de marzo se repiten manifestaciones y declaraciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Pero nunca está demás repetir que, si la sociedad no participa en el proceso, poco puede hacer la legislación para que la representación de la mujer en la vida pública corresponda a su peso demográfico. 
¿Cuáles son las condiciones previas que se deben garantizar para que las leyes- que existen y son buenas- tengan efecto? 
Es preciso: 
una organización social que permita a las mujeres elegir sus opciones de vida en libertad. 
O sea: guarderías, apoyo escolar, apoyo domiciliario, apoyo médico, horarios de comercio, flexibilidad del régimen laboral, teletrabajo, etc.-educar desde edad temprana para la igualdad y la paz. 
O sea: formar a los educadores y reformar los programas escolares desde el preescolar para que desde edad temprana los hombres y las mujeres de mañana se relacionen unos con otros y con el mundo circundante de otro modo y excluyan la violencia de su vida cotidiana.La participación de las mujeres en las tareas públicas es necesaria para la salud de la democracia. 
Pero no se puede hacer contra los hombres ni a pesar de los hombres, sino con ellos, siempre. 
Las cuotas son un recurso ocasional que resurgen sobre todo con las elecciones y son una solución que yo nunca apoyaré, porque las mujeres no son una minoría que necesite protección. 
Sí que apoyo medidas de discriminación positiva en el empleo... hasta que se alcance el nivel que corresponda al 52 % de la población que representan. 
Confío en el programa DAPHNE para el desarrollo de una política coordinada entre Estados miembros de reconocimiento público del papel de la mujer y espero que mi país adopte por fin las medidas de fondo necesarias para resolver la poca presencia femenina en los lugares de decisión y no se interne por la vía de los fuegos artificiales de las cuotas y de las leyes que no se cumplen porque no se ha creado la cultura igualitaria que las sustente. 
Informe Eriksson (A4-0072/99) 
La ponente parte de la observación de que «la Conferencia de Beijing, el Tratado de Amsterdam, la comunicación de la Comisión de febrero de 1996, el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, la Cumbre de Cardiff de junio de 1998 insisten, todos ellos, en la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres». 
En este caso se trata de hacer cambios fundamentales en la forma y en el fondo de las instituciones vigentes y en su funcionamiento. 
«Se trata de una lucha por el poder, de una lucha por una redistribución que resulta tan difícil de aceptar a quienes tienen el poder como en el marco de una redistribución de los recursos económicos en favor de quienes no los poseen». 
Esa orientación exige un planteamiento global de la escena política y la movilización de todos los interesados; se trata de un planteamiento sistemático y no individual, caso por caso. 
A eso se debe la petición de la ponente a la Comisión de que se cree un método de evaluación para calibrar las repercusiones de todas las políticas y medidas adoptadas por la Comunidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Reclama estadísticas al respecto, en función del sexo. 
La ponente pide también a la Comisión que señale los casos y las razones por las cuales las mujeres cobran menos que los hombres. 
Además, da algunos ejemplos de la forma como es posible promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en los diferentes sectores, en particular mediante los Fondos estructurales, reservando cierto porcentaje para acciones destinadas específicamente a las mujeres o también incluyendo los servicios sociales de atención a los niños y a las personas de edad en el marco de las necesidades infraestructurales. 
Asimismo, en el marco de las limitaciones, los licitadores podrían indicar cuántos puestos de trabajo al año permitirá crear su proyecto y cómo se reparten entre hombres y mujeres... 
Por último, la ponente pide la instauración de un grupo de trabajo entre el Parlamento Europeo y la Comisión a fin de promover el objetivo de la igualdad en todas las esferas de actividad de las instituciones. 
Otros tantos motivos para votar a favor de este informe. 
El informe de la Sra. Eriksson versa sobre el seguimiento de la comunicación «Integrar la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones comunitarias». 
Como era de esperar, se trata de insistir en las lagunas actuales y las peticiones consiguientes. Entre otras, la ponente pide un método de evaluación para calibrar las repercusiones de las medidas adoptadas. 
Pide que se aplique en el nivel de los Estados miembros la recomendación sobre la participación equilibrada de los hombres y las mujeres en los procesos de decisión. 
Pide a la Comisión las razones por las cuales, con aptitudes iguales, las mujeres cobran menos que los hombres. 
Pide la instauración de un grupo de trabajo entre el Parlamento Europeo y la Comisión para promover el objetivo de la igualdad en todas las esferas de actividad de las instituciones. 
El informe de la Sra. Lulling dedicado a la «propuesta del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso al empleo, la formación y la formación profesional» es radical y lo es- he de decirlo- con razón. 
Rechaza esta propuesta de la Comisión basada en el fallo del caso Kalanke por el Tribunal de Justicia Europeo y pide una nueva propuesta de directiva basada esta vez en el Tratado de Amsterdam y en el reconocimiento del carácter colectivo de las medidas de acción positivas necesarias para realizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Del fallo Kalanke y del fallo Marschall, la ponente deduce con razón que «sólo una discriminación positiva rígida, inflexible y automática que dé un derecho absoluto de designación o de promoción en los casos en que las mujeres estén sub-representadas sería incompatible con el Derecho comunitario». 
En consecuencia, pide a la Comisión que espere a la ratificación del Tratado de Amsterdam, que obliga a la Comunidad a eliminar todas las desigualdades y a promover la igualdad entre los hombres y las mujeres y autoriza a los Estados miembros a mantener o adoptar medidas que establezcan ventajas específicas para el sexo subrepresentado. 
La Comisión deberá retirar su antigua propuesta, hoy superada, y presentar una nueva directiva basada en el Tratado de Amsterdam, eso es evidente. 
Sólo nuestra constante vigilancia para hacer que se plasmen en la realidad nuestras exigencias permitirá luchar contra el talante conservador que aún predomina en gran medida. 
En cierto modo, la igualdad entre las mujeres y los hombres es como la Arlesiana de Bizet. 
Todo el mundo sueña con ella, pero nadie la ha visto nunca. 
Sin embargo, la igualdad de oportunidades no puede seguir siendo un ideal. 
Debe ser un objetivo que debemos alcanzar necesariamente. 
Desde ese punto de vista, podemos alegrarnos de que se haya integrado ese objetivo en la estrategia europea para el empleo, formulada en Luxemburgo en noviembre de 1997, y de que el Consejo Europeo de Viena haya pedido a los Estados miembros que logren avances tangibles al respecto. 
En efecto, de aquí al momento en que haya una igualdad real falta mucho camino por recorrer: tantos prejuicios y reflejos sexistas están hasta tal punto incrustados en nuestra forma de ser y de comportarnos, que ni siquiera tenemos conciencia de su carácter profundamente discriminatorio. 
Sin subestimar la amplitud y la dificultad de una tarea de evaluación que complica singularmente la diversidad de nuestras culturas y nuestras tradiciones, comparto con nuestra ponente la convicción de que la Comisión debe aplicarse a formular indicadores precisos y criterios comunes que permitan una evaluación periódica de los avances realizados en materia de igualdad de oportunidades entre los sexos y en función de objetivos concretos y mecanismos de responsabilización claros y previamente definidos. 
Cambiar la sociedad es un objetivo ambicioso. 
Ante todo, debemos ser capaces de barrer delante de nuestra puerta. 
Por eso, subscribo totalmente la propuesta de nuestro ponente, cuando pide al Parlamento Europeo y a los Grupos políticos que lo componen que adopten ciertas iniciativas para promover efectivamente en su seno una auténtica igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. 
Ayer era el día de la mujer, que, como se sabe, es el futuro del hombre. 
Todo el mundo está a favor de la igualdad y de que se haga justicia. 
La situación india, en la que 50 millones de mujeres están ausentes, porque han sido eliminadas desde la fase del embrión, subleva. 
Pero ¡cuánta hipocresía en esa legítima defensa de la dignidad, la igualdad y las libertades! 
Pues, a fin de cuentas, ¿cómo podemos abrir Europa a la inmigración de las excisiones, de los chádores y del estatuto jurídico infravalorado, al tiempo que nos erigimos en defensores de los derechos de las mujeres, cuando apoyamos, por lo demás, a los países, las religiones y las «civilizaciones» que las esclavizan? 
En Belgrado, amenazamos con bombardear a un pueblo que no quiere entregar su Kosovo a la civilización del pañuelo en la cabeza y del enclaustramiento. 
En Bagdad bombardeamos a un pueblo laico en el que las mujeres enseñan y trabajan y apoyamos los intereses de países en los que las mujeres van cubiertas con velo y están enclaustradas e infravoloradas. 
Conque habría que saber a qué atenerse. La defensa de la mujer se vuelve una cláusula de estilo, cuando los hechos no la confirman. 
Pero hay cosas peores: ¿es de verdad seguro que la injusticia escandalosa tiene una base sexual más que una base social? 
¿Está marginada la mujer en cuanto mujer o en cuanto miembro de una categoría social desfavorecida? 
Cuando Indira Gandhi es Primera Ministra de la India, todo el mundo puede ver claramente que entre los brahmanes la mujer no está vejada. 
Lo está entre los pobres, los intocables, los proletarios. 
Y en eso consiste el cinismo de la posición feminista de la izquierda. 
Cubre con el velo sexual discriminaciones que son, en realidad, sociales. 
No es por ser mujer por lo que la obrera de las industrias textiles tiene una condición desfavorecida. 
Es por ser obrera. 
Lo que subleva no es tanto que sea pequeña la proporción de mujeres en las asambleas, sino que esté infravalorada la proporción de obreras, empleadas, socialmente mal nacidas, modestas asalariadas. 
Cuando la igualdad consista en substituir a un representante elegido por su mujer, su hermana, su hija en privilegios, ¿cuál será el progreso? 
Tanto más cuanto que en todos los casos los arbitrajes de los estados mayores políticos substituirán al representante elegido masculino procedente de escuelas modestas por el representante democrático femenino perteneciente al sector privilegiado. 
Entonces, ¡qué impostura la de la izquierda! 
Olvida a su proletariado. 
Olvida a sus pobres, a sus desfavorecidos, a sus marginados, para salvar una ventaja más de la categoría social que ya lo tiene todo. 
Incluso la buena conciencia. 
Ya habíamos tenido que sufrir la posición sobre el antirracismo, que hacía creer que la discriminación social se produce a partir de los colores, cuando resulta que el racismo es esencialmente social. 
Las grandes escuelas, los grandes círculos, los lugares mágicos de poder no están vedados a los negros y a las mujeres, sino a los pobres. 
En adelante, vamos a tener que sufrir, además, la posición antipatriarcal de la Sra. Eriksson, en particular, y el mundo nórdico o sueco. 
Ahora bien, fue en Suecia donde 60.000 mujeres modestas fueron esterilizadas con un gobierno socialista cuyos herederos parecen ser aquí, en el Parlamento, los defensores de las libertades y la dignidad. 
En nuestras sociedades la revolución no estriba en el cambio del orden sexual, que es un simple reflejo de otras desigualdades mayores. 
Una vez más y siempre, la revolución de las cosas que hieren, humillan y destruyen radica en el cambio de las desigualdades sociales que Europa no ha hecho otra cosa que agravar. 
La suerte de los más modestos, en la parte baja de la escala de sueldos, ingresos y patrimonios, depende siempre de la buena voluntad de los que están en la cumbre de los privilegiados. 
Eso es lo que subleva. 
Y eso es lo que el feminismo y el antirracismo hacen olvidar, cosa que, evidentemente, no es fortuita, ya que feministas y antirracistas de profesión proceden de la clase de los privilegiados. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Orden del día 
¿Estarían Sus Señorías de acuerdo en que adelantáramos esta tarde la declaración sobre el plátano antes del informe Haug, lo que nos permitiría contar con la presencia de Sir Leon Brittan? 
El Parlamento aprueba la propuesta 
Señora Presidenta, ha propuesto usted- en plena confusión general, podríamos decir- la decisión de adelantar el informe para el que se esperaba la presencia del Sir Leon Brittan, cosa que se ha aceptado. 
Pero el resultado es que se aplaza para la sesión de las 21.00 horas el informe de la Sra. Haug sobre el que estoy inscrito, así como Hervé Fabre-Aubrespy. 
Ahora bien, uno y otro debíamos celebrar esta noche un debate en la Facultad de Ciencias Políticas de Estrasburgo con los estudiantes. 
Me parece que esta desenvoltura a la hora de modificar el orden del día de nuestra Asamblea es criticable, porque se ha votado en medio de una algarabía total y creo que los estudiantes de Ciencias Políticas de Estrasburgo merecen tanta consideración como Sir Leon Brittan. 
Esto es lo que deseaba que constara en acta. 
Señor Giansily, se lo voy a decir muy simplemente: he compartido las reservas de Su Señoría cuando me han transmitido la información en el último momento, como ha podido ver también Su Señoría. 
Ahora bien, el único punto sobre el que no estoy de acuerdo con Su Señoría es el de que tengo la impresión de que los diputados- y Su Señoría es perfectamente consciente de ello- estaban muy mayoritariamente de acuerdo con esa propuesta, que en modo alguno han votado en la confusión, pues han comprendido perfectamente de qué se trataba y de que, si hubiéramos sometido a votación esa modificación, Su Señoría, señor Giansily, sabe perfectamente que habría sido aceptada por unanimidad. 
Pero lamento infinitamente, en efecto, el perjuicio que se puede haber causado a algunos colegas que no van a poder intervenir sobre el informe Haug. 
Una vez más, comparto su sentimiento, pero no cuando dice que se ha decidido en plena confusión y que los diputados no habían comprendido de qué se trataba. 
Lo han comprendido perfectamente y Su Señoría lo sabe tan bien como yo. 
La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Campos electromagnéticos (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0101/99) del Sr. Tamino, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos 0 Hz- 300 GHz (COM (98) 0268- C4-0427/98-98/0166 (CNS) ). 
Señor Presidente, este informe es muy importante e interesante. 
Lo que, en mi opinión, resulta tan importante cuando debatimos leyes en el ámbito comunitario es ver qué informes y pruebas científicas tomamos como base de estas leyes. 
Es muy importante que la calidad legislativa esté en regla. 
Lo discutimos mucho en cada país y por supuesto también es lógico que debamos tenerlo en cuenta cuando elaboramos leyes europeas. 
En nombre del Grupo Liberal quiero decir que muchas de las enmiendas presentadas por los Verdes hacen el borrador de la Comisión mucho más restrictivo de lo necesario. 
Me imagino cuáles son las pruebas científicas que los Verdes toman como base de todas estas enmiendas. 
Permítanme que me refiera a mi propio país, Dinamarca, en el que la Asociación de Lucha contra el Cáncer ha efectuado análisis sobre los riesgos en este campo. 
Resulta que no hay ninguna relación entre los campos electromagnéticos y el cáncer. 
Se ha examinado tanto a niños como a trabajadores de centrales eléctricas. 
En el caso de los niños existía un riesgo muy débil y en el caso de los trabajadores de centrales eléctricas no había ningún riesgo. 
Sin embargo, tampoco veo en los análisis extranjeros razones que fundamenten las exigencias expuestas por el Sr. Tamino. 
Por ello me gustaría preguntarle al señor ponente y sobre todo a la Comisión cuál es la justificación científica que hay para estas exigencias muy restrictivas que presentan los Verdes, pues si estas enmiendas de los Verdes salen adelante, esto tendrá considerables repercusiones económicas para las centrales eléctricas y sobre todo para el consumidor en general. 
El Grupo Liberal rechaza las enmiendas verdes y en nombre del Grupo Liberal le pregunto a la Comisión qué comentario hace ante los análisis científicos a los que se remite el Sr. Tamino. 
He de decir que tengo dificultades en vista de los estudios nacionales y también de los análisis científicos internacionales efectuados en este campo para reconocer las afirmaciones que se han realizado. 
Señor Presidente, por el contrario, creo que el informe del Sr. Tamino es importante y se refiere a estudios científicos muy concretos, de Suecia y de otros países, con una amplia bibliografía. 
En Grecia lo conocemos muy bien; estamos, literalmente ahogados, por la concentración de antenas de televisión, últimamente están instalando en Pefki- en las afueras de Atenas- cientos de antenas para la telefonía móvil, están las líneas eléctricas de alta tensión, etc. 
Tenemos indicios, señor Presidente, pero evidentemente, no tenemos pruebas. 
Sin embargo, hay Estados miembros que tienen una legislación mucho más estricta que la que estamos debatiendo aquí. 
Tenemos el principio de la protección, que estamos obligados a aplicar. 
Por eso, creo que, hasta que se hagan más investigaciones y haya una mayor observación de los fenómenos, como ha dicho nuestro colega Whitehead, debemos atender las propuestas del Sr. Tamino; porque están en juego cosas muy importantes para la salud de los ciudadanos. 
Señor Presidente, la propuesta de recomendación de la Comisión relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos tiene como telón de fondo la creciente preocupación de la población por la posible relación entre los campos electromagnéticos y problemas de salud. 
Es un asunto que afecta a aspectos de la vida diaria. 
Los campos en cuestión son creados no sólo por las líneas de alta tensión y los retransmisores de radio y televisión, sino también por electrodomésticos normales con los que todos entramos en contacto regularmente, como los teléfonos celulares y las pantallas de televisión. 
Naturalmente, existe la necesidad de tranquilizar a los clientes proporcionando la debida protección contra riesgos reales y demostrados, y manteniéndoles informados. 
Lo que no necesitamos es información falsa e irresponsable ni tácticas alarmistas. 
La Comisión intentó tomar en consideración toda la evidencia con fundamento científico y experimental en la elaboración de su propuesta de recomendación. 
Las orientaciones y la exposición que ha presentado el Comisario tienen como fundamento aquéllas publicadas recientemente por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Se trata de un organismo formalmente reconocido de la Organización Mundial de la Salud. 
Por tanto, existe una base científica sólida para los valores límite propuestos. 
Este organismo de la OMS adopta además la precaución añadida de incorporar amplios factores de seguridad en los valores límite de exposición a la población. 
De hecho, estamos hablando de un margen de seguridad de al menos 50 veces por debajo de los niveles establecidos como que pueden afectar a la salud. 
Las autoridades nacionales de la mayoría de los Estados de la UE ya han aceptado la base para la salud de la que el organismo de la OMS deriva sus directrices. 
Dichas directrices se aplican en los Estados miembros, lo que garantiza el cumplimiento por parte del sector, y se mantienen alerta en lo relativo a la protección de sus ciudadanos. 
Las propuestas del Sr. Tamino son por consiguiente ampliamente desproporcionadas. 
Intentan imponer unos límites de exposición que van más allá de lo que propone la Comisión y de lo que se ha demostrado científicamente necesario. 
Si se aprobaran estas propuestas exageradas tendrían serias repercusiones socioeconómicas sin ningún beneficio para la salud. 
Por otra parte, el informe no aborda el problema fundamental de que no existe un sistema de medición europeo común. 
Esta carencia permite una diferencia entre los límites nacionales que crean barreras al comercio y distorsionan el mercado único. 
La diferencia de normas han contribuido además a crear ansiedad entre la población- los consumidores se preguntan por qué sus países tienen un límite diferente del de otros países. 
Mi Grupo y yo hacemos un llamamiento en favor de un proyecto de investigación europeo encaminado a armonizar las metodologías de cálculo. 
Señor Presidente, me parece que hay mucha confusión en este debate sobre el informe del Sr. Tamino. Mucha confusión sobre todo cuando pienso que, por una parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, así como cierto número de diputados, proponen que se establezcan valores-límite por lo que se refiere a la distancia que separa ciertas instalaciones emisoras de campos electromagnéticos y las personas que viven en sus proximidades y, por otra, consideran que las propuestas de la Comisión son aceptables. 
Quisiera señalar a la atención de Sus Señorías que las propuestas de la Comisión no cambian estrictamente en nada los usos hoy establecidos y que, en realidad, garantizan las actividades de grupos industriales que- ya se trate del transporte y la distribución de electricidad o de las telecomunicaciones- provocan la exposición de poblaciones a campos electromagnéticos importantes. 
Creo, por ejemplo, que en la vertical de una línea de alta tensión de 380.000 voltios hay algunos microtesla de campo magnético. 
Ahora bien, la propuesta de la Comisión fija un valor-límite de 100 microtesla, lo que quiere decir, por tanto, que garantiza los usos actuales. 
Resulta inaceptable, dado que numerosos estudios epidemiológicos y no pocos estudios de laboratorio muestran claramente que, a partir de valores hasta 1.000 veces más débiles, se empiezan a detectar efectos en la salud, ya sea en el sistema nervioso, el sistema endocrino o el sistema inmunitario. 
Limitar el problema a la aparición del cáncer es un planteamiento reduccionista que ha de hacernos cometer por fuerza errores para la salud pública. 
Así, pues, pensamos que, a partir de los usos establecidos en uno de los Estados miembros, en este caso Italia, es totalmente posible propugnar, como el Sr. Tamino, valores-límite muy inferiores, que en absoluto están en contradicción con las diferentes actividades económicas actuales, pero que evitan que las poblaciones se vean sometidas a campos electromagnéticos perjudiciales para su salud. 
Así, pues, propongo a todos Sus Señorías que tengan a bien revisar el expediente y no se dejen engañar con el argumento tramposo de que las propuestas del Sr. Tamino entrañarían perjuicios económicos extraordinarios. 
Se ha hecho esa afirmación tres o cuatro veces, pero ningún argumento lo ha demostrado. 
Señor Presidente, los campos electromagnéticos pueden suponer un factor de riesgo para la salud pública pudiendo provocar, según diversos estudios científicos, el desarrollo de células cancerígenas. 
Aunque estos informes no son totalmente concluyentes, bueno será que la Comisión tenga en cuenta los dos principios básicos en la prevención del riesgo: el principio de cautela, es decir, ante la duda evitar el riesgo, y el principio ALARA, es decir, que la exposición a radiaciones sea tan débil como razonablemente se pueda. 
En este sentido, Señorías, quiero llamar su atención sobre un proyecto hoy en estudio: la conexión de las redes eléctricas de Francia y España a través de los Pirineos con una línea de alta tensión de 400.000 voltios, proyecto aprobado en Essen. 
Los afectados por esta línea llevan más de 15 años oponiéndose a este proyecto debido a los campos electromagnéticos que generan y sus afecciones medioambientales. 
Este es un ejemplo perfecto sobre el que la Comisión puede mostrar sentido común buscando alternativas para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos. 
Es necesario que la Comisión establezca un marco común para la protección de la salud incluyendo distancias mínimas de seguridad y estudio de impacto medioambiental como requisitos exigibles para la construcción de líneas eléctricas y evitemos de esta forma los campos electromagnéticos que generan. 
Señor Presidente, no debe dudarse ni por un momento de que el Movimiento de Junio en general es un firme partidario de la utilización del principio de cautela. 
Es decir, la duda siempre debe beneficiar al consumidor si existe algún indicio de riesgo en caso de utilización de técnicas modernas. 
Lo cual pudiera ser aquí muy bien el caso. 
La comida modificada genéticamente es sólo un ejemplo de ello. 
Sin embargo, hoy estamos tratando los efectos a corto plazo de la exposición a la radiación de campos electromagnéticos. 
Las enmiendas de los Verdes incluidas en el informe tratan por el contrario de los efectos a largo plazo y éstos todavía no han sido suficientemente estudiados. 
De ahí que pensemos que la muy restrictiva recomendación que saldría de apoyar las enmiendas es insostenible. 
No podemos soslayar el hecho de que la electricidad es un pilar fundamental de la sociedad moderna. 
También se afirma que todos los investigadores están de acuerdo en que los efectos a corto plazo de la exposición a la radiación son insignificantes. 
Y que entorpecer o sencillamente prohibir el suministro y el consumo de electricidad sería, como decimos en Dinamarca, matar moscas a cañonazos. 
En este sentido, también he hecho hincapié en que la Asociación de Lucha contra el Cáncer ha llegado tras una exhaustiva investigación a la conclusión de que sería una absoluta irresponsabilidad asustar a la población de los efectos del uso de diversos aparatos eléctricos que forman parte de cualquier hogar como, por ejemplo, aparatos de cocina y maquinillas de afeitar. 
Ahora bien, por supuesto tampoco puede descartarse completamente que los efectos a largo plazo no sean otros. 
Actualmente estos efectos a largo plazo están siendo estudiados por la Organización Mundial de la Salud y si se llegara a un resultado que nos trajera a la memoria las enmiendas del Sr. Tamino, naturalmente los miembros del Movimiento de Junio respaldaríamos entonces plenamente las enmiendas que hoy rechazamos. 
Señor Presidente, los campos electromagnéticos están cada vez más presentes en nuestro medio ambiente. 
Las líneas eléctricas de alta tensión, los emisores de ondas para los GSM, pero también numerosos aparatos domésticos, perturban los equilibrios naturales. 
El informe Lannoye de 1994 aportaba ya la demostración del nefasto papel desempeñado por dichos campos electromagnéticos en la salud y en particular del riesgo de desarrollo de cánceres, leucemias y enfermedades del sistema nervioso y de la actividad cerebral. 
No porque los científicos no comprendan aún los mecanismos de esos efectos en el organismo hay que hacer de ello un pretexto para permitirse aplicar la política del avestruz. 
Muy al contrario: hay que poner en práctica el principio de precaución, es decir, prohibir o al menos limitar todo equipo, o tecnología incluso, que ponga en peligro la salud de las personas. 
Actualmente estamos en una situación en la que el consumidor es el que debe demostrar que un aparato es peligroso: hay que invertir la carga de la prueba y exigir a los industriales que demuestren la inocuidad de su mercancía. 
Un Comisario decía que no hay nada mejor que la comercialización para validar un producto. Pues bien, en el caso que hoy nos ocupa existen muy poderosas presunciones sobre la nocividad de esos campos para el organismo. 
Así, pues, ya es hora de actuar sin dejar para fecha posterior valores-límite para los efectos, sean cuales fueren, y no sólo los térmicos. 
Si durante cinco años, es decir, desde el informe Lannoye, no ha habido, al parecer, investigación científica suficientemente convincente, tal vez sea precisamente porque algunos tendrían mucho que perder con ello. 
Para concluir, en cualquier caso, sería escandaloso permitir que se diga que este informe perjudicaría al desarrollo industrial, en primer lugar porque no es cierto y sobre todo porque la salud pública debe estar por encima de toda consideración económica. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el éxito de los modernos sistemas de comunicación, la difusión a amplia escala de las instalaciones eléctricas y electrónicas y la proliferación de las líneas aéreas de alta tensión, han hecho aumentar considerablemente en los últimos años el interés y la preocupación por los efectos de los campos electromagnéticos, mientras se suceden constantemente los llamamientos para que se establezcan medidas y normas básicas en este sector. 
Sin embargo, no se conocen con precisión los efectos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas en el organismo. 
Se han formulado hipótesis preocupantes sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud de la exposición a los campos generados artificialmente y está en curso un debate sobre la existencia de posibles efectos a largo plazo, en primer lugar el cáncer y en particular el cáncer de la sangre, es decir, la leucemia. 
En la actualidad, sin embargo, no existen pruebas científicas irrefutables de que los campos electromagnéticos provocan cáncer. 
En la mayor parte de los Estados miembros, a las autoridades se les demanda continuamente información sobre dichos efectos, lo que demuestra que en la ciudadanía ha hecho mella una gran preocupación. 
Lo único que han demostrado los experimentos es que la exposición prolongada a fuertes frecuencias puede causar patologías. 
Como ponente de la recomendación sobre la limitación de la exposición de los campos electromagnéticos de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo que presido, creo que es fundamental establecer una legislación coherente y uniforme en Europa que permita a todos los Estados miembros proteger a los ciudadanos frente a estas posibles consecuencias negativas. 
Estos límites, sin embargo, no deben sobrepasar los límites del conocimiento y de la sensatez, ya que causarían serios perjuicios de carácter económico no tanto a la industria, sino al empleo. 
La recomendación introduce en toda Europa un adecuado nivel de protección ante los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. 
La misma se basa muy acertadamente en los efectos claramente definidos, o sea los agudos, mientras que, en lo que se refiere a los efectos a largo plazo, la recomendación afirma que, en este momento, no existen pruebas suficientes de los efectos cancerígenos de estos campos. 
Los datos en cuestión no pueden emplearse como base para la definición de normas básicas en materia de exposición. 
En conclusión, señor Presidente, creo que debemos pedir que continúen los estudios de alto nivel en materia de exposición a largo plazo para, por una parte, proteger al ciudadano y, por otra, evitar el pánico y el desempleo. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha llevado a cabo una excelente labor con motivo del presente informe. 
No pongo en duda alguna la buena intención de las propuestas del ponente en lo relativo a los valores límite, los cuales no han podido, sin embargo, ser aprobados en comisión a causa de los hechos reales que ya se han expuesto aquí. 
Todo ello no debe significar de ningún modo que el principio de cautela hubiera perdido la importancia fundamental que debe revestir para todos, por ejemplo, a la hora de acabar con los efectos perjudiciales de la radiación no ionizante. 
El fundamento necesario han de constituirlo, no obstante, los datos contrastados por estudios y las recomendaciones de la OMC, además del principio de que la exposición a las radiaciones electromagnéticas ha de ser lo menor posible de acuerdo con unos planteamientos razonables. 
Los Estados miembros han de reforzar las distancias de seguridad y los valores mínimos para las instalaciones eléctricas, que se deberán respetar en las proximidades de las áreas pobladas y de los puestos de trabajo. 
Se trata de un tema muy nuevo, por lo que se deben proseguir los estudios acerca de los posibles efectos perjudiciales y su prevención. 
Esta cuestión deberá incluirse en el Quinto programa marco de investigación. 
Las responsabilidades de las investigaciones por lo que respecta al desarrollo de los productos han de recaer en los fabricantes de las instalaciones, pero deberemos contar con el mayor número posible de puntos de referencia y con unos investigadores independientes para garantizar la obtención de datos imparciales. 
Al mismo tiempo que se exige una mayor investigación acerca de los posibles problemas que causa la radiación no ionizante, debemos velar por el uso eficaz de los recursos con la atención puesta en todo el sector sanitario. 
La salud pública solamente tiene asignados unos recursos determinados, por lo que se deberán realizar esfuerzos para llevar a cabo un aprovechamiento eficaz de los mismos. 
Hay que someter a debate los costes sociales, es decir, en qué conviene concentrar nuestros esfuerzos para lograr en la medida de lo posible una mayor productividad de la salud pública. 
La evaluación de los costes sociales corresponde a los políticos mientras que la elaboración de datos acerca de los posibles riesgos recae en investigadores y científicos. 
En este orden de cosas, los políticos hemos de asumir nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, los efectos perjudiciales para la salud que tienen los campos electromagnéticos generados por las redes eléctricas y por los aparatos eléctricos de frecuencia corta se vienen estudiando ya desde hace unos veinte años. 
Las estimaciones que propone la Comisión acerca de los valores perjudiciales para la salud se ajustan a las investigaciones que se han llevado a cabo. 
Sin embargo, algunos diputados de este Parlamento han presentado unos valores considerablemente más estrictos que las recomendaciones de la Comisión, alegando las posibles repercusiones perjudiciales que pudieran existir para la salud. 
Un planteamiento de este tipo, en el que se justifican las conclusiones de acuerdo con algunas valoraciones indeterminadas y atendiendo a unas directrices que no se corresponden con el resto del material de investigación, no puede ser sensato. 
Además, hay que relativizar también los valores que se han expuesto frente a los efectos para la salud que se hayan detectado y frente a los costes que ocasionen las medidas necesarias. 
En los últimos años se ha suscitado rápidamente un debate acerca de los posibles perjuicios para la salud de los ciudadanos que pudiera tener el uso generalizado de los teléfonos móviles. 
Espero que comprendamos todos la necesidad de llevar a cabo estudios aún más precisos sobre los efectos de estos aparatos en la salud de sus usuarios, así como de emprender las medidas que sean necesarias una vez que hayamos obtenido los datos correctos. 
No creo que nadie quiera ponerse a construir de nuevo las líneas eléctricas de las zonas urbanas, evitar el uso de los teléfonos móviles en las ciudades o renovar sus electrodomésticos a causa de unas posibles limitaciones carentes de fundamento. 
Es preciso aplicar el principio de cautela, pero el exceso de cautela ha de basarse en los resultados de las investigaciones. 
Señor Presidente, la mayoría de los oradores que hoy intervienen aquí dicen que «debe respetarse el principio de cautela, pero... ». 
Existe aquí una total contradicción. 
Para respetar el principio de cautela, debemos garantizar la existencia de evidencia definitiva de que este tipo de radiación no es peligrosa. 
No disponemos de dicha evidencia. 
Uno de los principales fallos de la propuesta de la Comisión es que no adopta el enfoque cautelar. 
En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha sido un completo desastre. 
Ha diluido por completo la propuesta del ponente. 
No protege la salud pública ni el medio ambiente. 
Esta cuestión ha surgido una y otra vez, y la Comisión no ha hecho nada al respecto. 
Incluso los gobiernos de los Estados miembros tampoco han hecho nada al respecto. 
En mi país se levantan repetidores de telefonía celular cerca de las viviendas y junto a los colegios. 
Los efectos biológicos sobre el sistema nervioso central- a los que la Comisión no hace referencia- parecen producirse en los casos en que hay repetidores en las proximidades de las viviendas. 
Hay informes que apuntan a dolores de cabeza, interrupción del sueño y una serie de otros efectos a los que no hace referencia la Comisión. 
Como ha señalado el ponente, existen sugerencias que apuntan a que la exposición a campos electromagnéticos podría conducir a un aumento de casos de cáncer y otras amenazas graves para la salud humana. 
Debemos garantizar que se adopta un enfoque cautelar. 
La Comisión parece basar sus resultados en ciertas investigaciones, pero ignora otras que son del dominio público. 
Necesitamos que se creen centros de investigación adecuados que garanticen que los efectos reales de este tipo de radiación no ionizante son debidamente estudiados por asesores independientes. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que esta materia es importante. 
Obviamente tiene que haber normas que regulen la cantidad de radiación a la que puede exponerse una persona. 
Sin embargo, tenemos que decidir acerca de esas normas sobre unas bases mínimamente realistas. 
No puede ser que un sólo Grupo político tenga el monopolio de la ciencia, sino que tenemos que dar por sentado que tanto la Comisión de Medio Ambiente como la Asamblea aquí presente intentan, conjuntamente, hacer cuánto pueden para tomar decisiones adecuadas. 
Los campos electromagnéticos y sus influencias en las personas han sido objeto de muchos debates este último tiempo. 
De hecho, no tenemos respuestas precisas para todas estas cuestiones. 
No sabemos cuánto nos afectan la electricidad y los campos magnéticos. 
Por el contrario, sabemos que cada vez más personas se vuelven hipersensibles a la electricidad. 
Si queremos determinar valores límite para toda la Unión, tendrán que ser valores mínimamente razonables. 
Suecia ha sido nombrada en las discusiones como uno de los países que tiene buenos valores límite. 
Solamente puedo informarles que esos valores límite son mucho más altos que los propuestos por Tamino. 
Esos valores son de 100 ìT para la vida común y de 500 en la industria y cuando la gente trabaja. 
Hay una enorme diferencia con lo que propone Tamino. 
Señor Presidente, cuando se habla de daños causados por radiación, hay que distinguir. 
En primer lugar, están las radiaciones de baja frecuencia de los cables de alta tensión y las frecuencias de ahí derivadas. 
Todas las experiencias sacadas de todas las nuevas investigaciones que han llevado a cabo nuestros gobiernos muestran que no se puede demostrar nada. 
En Dinamarca existe un registro de los casos de cáncer. 
En él se registran todos los casos de cáncer. 
El registro de identidad muestra dónde vive la gente. 
Todas las personas que trabajan en el sector de suministro eléctrico, 30.000 personas en total, han sido sometidas a un exhaustivo examen que tuvo lugar en 1998, no hallándose ninguna relación entre su trabajo dentro del sector de suministro eléctrico y el cáncer. 
La afirmación de que no se han efectuado estudios rigurosos es incorrecta. 
Luego están los teléfonos móviles. 
Todos los que estamos en este Parlamento utilizamos teléfonos móviles- a veces, mucho- aunque hay algunos que consideran peligrosos los teléfonos móviles. 
Estoy de acuerdo en que no se ha investigado lo suficiente esta cuestión para saber si las partes nobles de las células o los componentes fundamentales de la persona se ven destruidos por esta radiación. 
Considerando el número de niños y adolescentes que utilizan teléfonos móviles es importante realizar un estudio a fin de tener datos concretos sobre esta cuestión. 
Sin embargo, no tengo constancia de que las estaciones de base que se levantan o las estaciones DECT de los supermercados entrañen peligro. 
Y por supuesto no hay nadie que se coloque dentro de la radiación de un radar o dentro de la radiación de una cadena de microondas. 
Hay radiaciones concentradas, sin embargo, no bajan hasta donde normalmente nos encontramos. 
Muchas de las enmiendas, es decir, las enmiendas comprendidas entre la 14 y la 24, sólo sirven para crear inquietud y no están fundadas en la necesaria investigación científica. 
Señor Presidente, es realmente importante que el Parlamento elabore una recomendación sobre las distancias mínimas de seguridad que deben separar las viviendas de los repetidores de telefonía celular. 
En mi país también están proliferando. 
Si, como afirman las empresas del sector, no existe ningún riesgo para la salud, ¿por qué no deberíamos tener una indemnización obligatoria en materia de salud? 
Los intereses creados que están detrás de todo esto deberían ser legalmente responsables de asegurar la salud de los ciudadanos en caso de que algo vaya mal. 
Es una cuestión que debemos plantearnos seriamente a nivel europeo. 
Si no encierran ningún peligro, no existe ningún riesgo. 
Entonces, ¿por qué no se asegura a la población contra el problema? 
Un conferencia celebrada recientemente en Viena concluyó que existe base científica sobre los efectos biológicos de la exposición de baja intensidad, por lo tanto, ya no es admisible que los gobiernos de los Estados miembros o la Comisión afirmen que para fijar los niveles hace falta más investigación. 
La población tiene derecho a que se proteja su salud y no que se pase la pelota a una investigación científica que puede tardar años. 
Entonces estaremos en la misma situación que con las tabacaleras, que puede que deban pagar millones a las personas que han visto peligrar su salud. 
Me siento consternada ante los reiterados intentos de mi Gobierno de debilitar las propuestas comunitarias sobre la regulación de emisiones de la radiación electromagnética procedente de repetidores celulares en las viviendas. 
Resulta escandaloso querer justificar los intentos de la delegación irlandesa de eliminar cláusulas argumentando que se ajustan al principio de cautela. 
Existe suficiente evidencia que justifica un replanteamiento completo de las repercusiones de dichos repetidores sobre la salud. 
Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción poder intervenir sobre este asunto, que creo que todo el mundo reconoce que es de interés general. 
En mi país han aparecido durante los tres últimos días artículos en primera página sobre los efectos de los teléfonos móviles y en la prensa de mi localidad han aparecido historias sobre las líneas de alta tensión y sus efectos sobre las personas. 
Algunos de estos informes son alarmantes y otros preocupantes, por lo que no es sorprendente que los ciudadanos se sientan confundidos y no sepan realmente qué pensar. 
Por eso, las propuestas de la Comisión son muy oportunas. 
Necesitamos algún tipo de acción a nivel europeo sobre este asunto. 
El enfoque adoptado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor es también muy equilibrado. 
Quiero hacer hincapié en dos enmiendas importantes. 
La primera trata sobre la aplicación del principio de cautela, basado en el principio ALARA de la Organización Mundial de la Salud. 
Mi segunda observación es que debemos revisar constantemente este asunto. 
No basta con fijar niveles ahora y no volver nunca más sobre ellos. 
Las personas hacen cada vez mayor uso de los teléfonos móviles; los padres compran teléfonos móviles a sus hijos; muchas personas se están cambiando a la telefonía celular. 
Por ello espero que la Comisión tenga en cuenta algunas de estas enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy se debate tiene como tema la limitación de la exposición de la población a los campos electromagnéticos de 0 Hz- 300 Ghz, o sea, toda la gama de posibles influencias, lo cual constituye sin duda un buen enfoque, pero no permite establecer una normativa detallada de ámbito europeo. 
Por consiguiente, yo opino que se tendría que aplicar el principio de subsidiariedad en algunos aspectos. 
En general, a la vista de las anteriores observaciones, debemos congratularnos de que la Comisión de Medio Ambiente no haya aceptado las propuestas, sin duda bienintencionadas, del ponente. 
En efecto, las buenas intenciones no siempre resultan buenas. 
Las propuestas del ponente no estaban, además, científicamente justificadas- muchos lo han señalado ya también hoy- y habrían llevado a establecer en la práctica un límite muy bajo, imposible de cumplir. 
¿O deberíamos llegar acaso hasta el extremo de suprimir los teléfonos celulares y los postes de socorro? 
Yo creo que este no puede ser nuestro objetivo. 
Permítanme que pase a otro tema. 
El debate técnico ha demostrado que la introducción gradual de distancias de seguridad entre las instalaciones fijas, como por ejemplo las líneas de alta tensión, es sumamente discutible desde el punto de vista de la protección contra las radiaciones, puesto que innumerables parámetros específicos de cada instalación pueden influir significativamente sobre la exposición, además de la distancia misma. 
En el caso de los aparatos eléctricos resulta todavía más problemático establecer unas distancias mínimas de seguridad. 
La distancia a la que se encuentran estos aparatos de las personas depende obviamente, por regla general, del uso al que estén destinados. 
En este caso, yo opino que la especificación adicional de una distancia de seguridad induce a confusión, no es útil y no responde a los objetivos de una protección adecuada contra las radiaciones. 
La situación es distinta en el caso de las instalaciones que, por sus características, generan campos electromagnéticos, como por ejemplo los transmisores y repetidores. 
Unas distancias de seguridad pueden simplificar ciertamente el procedimiento en este contexto. 
Yo les ruego que lo tengan en cuenta en la votación. 
He presentado algunas enmiendas en este sentido. 
Señor Presidente, la Comisión desea manifestar ante todo su agradecimiento a la comisión y al ponente. 
Evidentemente, se trata de un tema en relación con el cual también pueden manifestarse diferencias de opinión durante el debate, puesto que todavía no se dispone de estudios científicos suficientes ni de datos inequívocos sobre cada aspecto concreto. 
Con nuestra propuesta nos propusimos dar, sin embargo, un primer paso. 
Para empezar, existe una creciente preocupación- esto es cierto sin duda alguna -, también entre los expertos. 
Sobre todo, se está desarrollando un amplio debate público, no siempre objetivo, pero que evidentemente también provoca preocupación entre la población. 
Por esto, toda vez que el Tratado de Maastricht también nos obliga a velar por una elevada protección de la salud, nos parece acertado proponer, mediante la presente recomendación, un marco común de restricciones básicas y niveles de referencia. 
Yo quisiera dejar bien claro, puesto que la Sra. Riis-Jørgensen también ha formulado esta pregunta a la Comisión- a pesar de que ahora ya no se encuentra aquí; lamentablemente es un hecho cada vez más extendido que los diputados hagan preguntas y luego desaparezcan -, que aunque se plantee el problema de los datos científicos, nuestra propuesta se basa en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante y en las posiciones del Comité director científico de la Comisión. 
Por lo tanto, no es cierto que no hayamos tomado en consideración dichas posiciones científicas. 
Podría comentar todas las enmiendas, pero me alargaría demasiado, teniendo en cuenta, además, que se trata de una recomendación. 
No obstante, diré que podemos aceptar en su totalidad o en parte las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 13. 
Las demás enmiendas van mucho más allá de los límites de la recomendación; por ejemplo, presuponen que la recomendación también tiene efectos jurídicos, lo cual no es el caso. La recomendación, como su mismo nombre indica, se dirige, en efecto, a los Estados miembros, los cuales pueden seguirla pero no están obligados a hacerlo, de manera que no es posible incluir otras disposiciones jurídicas en el marco de una recomendación como esta. 
Esto es aplicable sobre todo en lo que se refiere al tema de las distancias mínimas de seguridad. 
El Sr. Schnellhardt ya ha hecho algunas reflexiones dignas de atención en sí mismas. Sin embargo, es preciso señalar que aunque todo cuanto ha dicho sea correcto- y yo en principio no lo pongo en duda -, no podemos establecer con carácter vinculante unas distancias mínimas de seguridad en la recomendación. 
Es decir, que evidentemente elaboraremos nuestro propio informe para el ámbito de la Unión sobre la base de los informes de los Estados miembros y evidentemente tendremos en cuenta todos los nuevos datos científicos que se vayan conociendo. 
La Comisión actuará de inmediato en caso necesario. 
Pero lo que también es seguro es que no podemos actuar siguiendo el principio de que se trata de un problema de salud. 
En tal caso tendríamos que suspender todas las actividades, aunque no hubiese razones científicas que lo avalasen. 
No podemos proceder según ese principio. Lo digo pensando en particular en algunas aportaciones del Grupo de los Verdes. 
Me gustaría saber qué diría la población si de improviso desconectásemos toda la red eléctrica, por ejemplo. 
Exclamación 
He dicho sí. 
Por lo tanto, si queremos proceder de manera razonable, sólo podemos adoptar tales medidas a la vista y sobre la base de datos científicos. 
Cualquier otra actuación sería arbitraria y no ajustada a derecho. 
¡Sería algo injustificable en un Estado de Derecho! El llamado principio de prevención es una excepción muy restringida que nos permite adoptar alguna medida sin disponer aún de datos científicos en casos particulares. 
Y la Comisión también lo aplica. 
Por ejemplo, introdujimos unos valores límite muy rigurosos en el caso de los alimentos para bebés, a pesar de que no se dispone de datos científicos, porque en este caso se trata de una medida justificable, incluso frente a la objeción de que se ha actuado aun sin saber si era necesario. 
Pero, evidentemente, esto no es generalizable. Si siguiésemos este principio, llegaríamos a resultados totalmente absurdo. 
No pueden esperar que la Comisión proceda de este modo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de salud pública 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0082/99) del Sr. Needle, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el desarrollo de la política de salud pública en la Comunidad Europea (COM (98) 0230- C4-0393/98) ). 
Señor Presidente, el desarrollo de una política de salud pública en la Comunidad Europea ha alcanzado una fase muy importante. 
Esta grata comunicación de la Comisión identifica los puntos fuertes y débiles del primer período marco, que ahora se acerca a su fin, y apunta a los retos y las oportunidades que cabe prever, ofreciendo un nuevo marco positivo y claro. 
Este Parlamento tiene una sólida reputación en lo relativo a promover la protección y la mejora de la salud pública y, como indicaré más adelante, podemos seguir mejorando. 
Muchas de las Señorías de esta Asamblea se han destacado por sus esfuerzos para garantizar que la Unión Europea tenga una función en la política de salud, por no hablar del firme y creciente papel que desempeña actualmente en la investigación o la seguridad de productos alimentarios o políticas medioambientales, por ejemplo. 
La primera observación a hacer es que el Tratado de Amsterdam consagra meticulosamente dicho papel a través de la declaración en su nuevo artículo 152 de que se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades comunitarias. 
El resto del artículo está lejos de ser perfecto, pero proporciona la base para un trabajo serio durante los próximos cinco años. 
¿Cómo debe organizarse dicho trabajo? 
Me satisface enormemente que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya alcanzado un consenso amplio respecto a que el camino para avanzar pasa por unas prioridades bien enfocadas que ofrezcan valor añadido al trabajo de los interlocutores en los Estados miembros, de agencias como la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones no gubernamentales. 
Esto exigirá que el Consejo, la Comisión y el Parlamento realicen dos cosas en la próxima fase que será crucial, cuando las tres corrientes recientemente identificadas de información, respuesta rápida, promoción y prevención se traduzcan en nuevos programas de acción horizontales. 
En primer lugar, es hora de pensar con audacia. 
La interpretación del proyecto de Tratado será fundamental y, si queremos que los ciudadanos europeos perciban las ventajas de las nuevas tecnologías, de los conocimientos generales y expertos y de las libertades, deberá existir la voluntad política y administrativa de avanzar. 
Cuando digo esto me refiero, en particular, a la necesidad de compartir información sobre las mejores prácticas- debemos estar preparados a hacer frente a problemas comunes y específicos con transparencia y honradez -, así como a los recientes dictámenes del Tribunal de Justicia respecto al acceso transfronterizo a productos médicos. 
También estoy pensando en la necesidad de abordar factores sanitarios que se ven agravados por decisiones adoptadas en la UE. 
Muchos de nuestros ciudadanos consideran absurdo que presentemos programas para la lucha contra el cáncer o la prevención de enfermedades cardiovasculares, junto con ayudas a los productores de tabaco. 
Me temo que nos disponemos a repetir este error en otro informe que se presentará esta misma semana. 
Debemos trabajar por poner fin a eso de una manera sensata. 
Quisiera pedir a la Comisión que nos hable hoy de su firme apoyo a las propuestas inminentes sobre la lucha contra el consumo de tabaco. 
Debemos asimismo inspirar sensatez en lo relativo a la información, a menudo contradictoria, sobre dietas y nutrición- sospecho que es un tema que interesa al Comisario y a mí, en particular- y desarrollar nuevas políticas coherentes sobre alimentación partiendo de esa base. 
Esto me lleva al segundo requisito, que es relativo a la responsabilidad. 
Precisamente cuando intentamos avanzar, constatamos que las organizaciones no gubernamentales, que tienen un papel decisivo para mantener y cultivar la sensibilización del público, los profesionales y los políticos sobre los problemas de salud, se enfrentan a posibles recortes presupuestarios muy perjudiciales. 
Es inaceptable que las autoridades presupuestarias se desentiendan de ese modo de compromisos asumidos previamente, aunque también demuestra que todos debemos hacer frente a decisiones difíciles. 
Es el motivo por el que será fundamental fijar prioridades claras y decisivas para los futuros programas, junto con un procedimiento presupuestario claro y simplificado. 
Por ello, no sólo apoyamos el abandono de pequeños programas verticales en favor de corrientes horizontales, sino que además se adopte un enfoque mucho más integrado, que tenga como base una Dirección responsable de la salud única e identificable para que la salud se convierta realmente en parte integral del proceso de la UE, en una de sus prioridades. 
Eso requiere evaluaciones adecuadas de las repercusiones sobre la salud, comenzando por los programas de la Comisión, así como un incremento proporcional de funcionarios que tengan la formación necesaria, tal y como se reconoce en el excelente estudio realizado por los servicios del Parlamento en apoyo de nuestra audiencia pública del pasado octubre, que tuvo una buena acogida. 
Significa asociación a todos los niveles para hacer frente a las mayores necesidades de los ciudadanos y a las desigualdades en materia sanitaria con la mayor eficacia posible, sobre todo en el actual proceso de ampliación de la Unión, cuando es inminente un nuevo texto de la Comisión muy necesario. 
Con el presente informe, el Parlamento ha respondido exhaustivamente y con responsabilidad y visión para ayudar a establecer un marco eficaz para el progreso. 
En 13 recomendaciones bien argumentadas hacemos una defensa convincente de la nueva prioridad de la salud en el marco de una década europea dedicada a la salud, que comenzará realmente a atender a las necesidades de nuestros ciudadanos. 
Pero serán los próximos pasos del nuevo Parlamento los que decidirán si tenemos el coraje y la determinación de convertir estos objetivos en realidad, garantizando que las principales enfermedades crónicas de este siglo no se transmitan al siglo próximo. 
Para terminar, expreso mi agradecimiento a todos los que han contribuido a la comunicación y a la publicación del presente informe y que han realizado tantos esfuerzos para llevar las políticas de salud en la UE hasta esta fase, desde la que podemos poner la vista con confianza en el camino que tenemos por delante. 
Señor Presidente, una de las cosas más difíciles de explicar a los ciudadanos europeos cuando nos reunimos en privado o con ocasión de debates públicos, es que no existe una verdadera competencia comunitaria en materia de salud. 
Nuestros pueblos se preguntan cómo es posible que una entidad supranacional que ha conseguido dotarse de una moneda única, que ha alcanzado grandes resultados desde el punto de vista de la paz, el progreso y el bienestar de los ciudadanos, no se ocupe de la salud y se limite exclusivamente a esas pequeñas posibilidades que el Tratado de Maastricht por fin ha ofrecido y que el Tratado de Amsterdam ha reforzado. 
Como sabemos, y aunque es difícil explicarlo, el Tratado de Roma nada preveía al respecto. 
Por otra parte, también es difícil pretender que las soberanías nacionales renuncien a sus sistemas sanitarios. 
¿Entonces qué debemos hacer? 
Tenemos que conseguir que con las escasas posibilidades que existen tanto en materia de competencias como de recursos, se alcance el máximo resultado en los ámbitos de la cooperación, la colaboración, el intercambio de información, la definición de las mejores prácticas, la educación sanitaria. 
Ya se ha hecho lo mismo con los varios programas específicos y con el Programa marco de 1993. 
Muy oportunamente, sin embargo, la Comisión ha querido presentar esta comunicación transitoria, por así decirlo, entre la fase final de ese programa y la aprobación del Tratado de Amsterdam, para luego pasar a un nuevo programa marco. 
Muy oportunamente, el excelente informe del Sr. Needle propone una serie de cosas que son viables. 
Puede haber otras y creo que este debate debería continuar también fuera de este Pleno; los estudiosos y los operadores sanitarios deberían ofrecer a la Comisión información y propuestas aptas para conseguir a través de las escasas competencias y recursos disponibles el máximo resultado, como el de responder con rapidez a la exigencia de luchar contra una enfermedad no prevista como fue la EEB o de hacer frente a algunos hechos inevitables: el envejecimiento de la población, el recorte de los recursos públicos, los crecientes costes de la salud. 
Ayer, en este mismo Pleno, debatimos un informe sobre la situación sanitaria de la mujer. Tanto en dicho informe como en éste pedimos datos estadísticos separados y programas específicos para las mujeres. 
Pedimos, por último, para las mujeres y para los hombres de esta Europa, una presencia comunitaria en el ámbito de la salud que proteja realmente a los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación sobre la evolución de la salud pública en la Comunidad Europea será muy posiblemente el último gran tema en materia de política de salud antes del final de esta legislatura, sobre el cual el Parlamento Europeo podrá expresar su dictamen. 
No podemos sino alegrarnos de la resolución del Sr. Needle que ha realizado un excelente informe y que con gran empeño ha propuesto unas enmiendas para mejorar el texto de la Comisión, un texto que, con todo, acogemos favorablemente. 
La comunicación hace balance de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, pero sobre todo vuelve a plantear la estrategia global en materia de salud pública para la Europa del siglo XXI que, tras la ya inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, irá seguida por nuevas medidas concretas. 
En efecto, recordamos que los actuales ocho programas relacionados con la salud- " Europa contra el cáncer» , Sida, toxicomanía, seguimiento sanitario, red de vigilancia epidemiológica para las enfermedades transmisibles, etcétera- finalizarán durante o alrededor del año 2000. 
Los ciudadanos de la Unión que gozan de las ventajas de un mercado único y que están a punto de dotarse de una moneda única tienen también derecho a alcanzar un alto nivel de protección de la salud humana, tal como dispone el nuevo artículo 152 del Tratado de Amsterdam. 
No obstante, para alcanzar realmente este objetivo es necesario que la salud pública deje de ser la cenicienta de las políticas comunitarias y es necesario prever financiaciones mucho más consistentes, a diferencia de lo que ha sido hasta este momento. 
Respetando en todo momento el principio de subsidiariedad, la Unión puede desarrollar una acción eficaz para mejorar la información en este ámbito, para reaccionar rápidamente ante las amenazas contra la salud y, ante todo, para hacer frente a las causas que provocan las enfermedades a través de su prevención. 
Por tanto, como sugiere el ponente, estamos a favor de un marco estratégico único y de la potenciación de las estructuras administrativas de la Comisión, al objeto de dotar a la Dirección General V F de personal y medios suficientes para gestionar con eficacia todos los aspectos de la política de salud. 
Sin embargo, es fundamental que la Comisión presente cuanto antes propuestas específicas y concretas para los próximos años teniendo en cuenta los deseos del Parlamento Europeo. 
Lamentamos en particular que no se hayan puesto en práctica todas las recomendaciones contenidas en la resolución de 1993 relativa a la política de salud después de Maastricht, así como que tampoco se haya dado seguimiento a tres importantes resoluciones de 1996, adoptadas prácticamente por unanimidad por el Pleno y relativas al carnet de salud europeo, el autoabastecimiento de sangre en la Comunidad y, sobre todo, a la enfermedad de Alzheimer. 
Señorías, la próxima década 2000-1010 ha sido declarada la Década Europea de la Salud. 
Tenemos que estar a la altura de las expectativas de los 375 millones de ciudadanos que piden vivir en paz y prosperidad, pero sobre todo gozando de buena salud. 
Señor Presidente, felicito a mi colega Needle por su buen informe en el que manifiesta acertadamente que el Tratado de Amsterdam ofrece nuevas posibilidades para dar más peso a la política de salud pública en la Unión Europea. 
La política actual requiere una reforma y los medios financieros, lamentablemente, son limitados. 
La Comisión debe hacer algo al respecto, y por eso miro al Sr. Bangemann. 
Tengo curiosidad de saber qué iniciativas va a tomar la Comisión para dar una buena respuesta a esa necesidad creciente de una política de la salud pública a principios del nuevo siglo. 
Como ponente del presupuesto de 1999 abogué, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, por un aumento de la política de salud pública hasta 50 millones de euros. 
Para comparar: es sólo un 5 % del presupuesto total que se destina a las primas de tabaco. 
Me parece que está claro: para nosotros una política de salud pública eficaz no sólo es una cuestión de más dinero, sino que de lo que se trata es de integrar mejor los aspectos de la salud pública en otros ámbitos políticos. 
Pienso en la agricultura y en el sector de transportes. 
Justo allí se pueden sacar muchos beneficios. 
No tengo que explicarlo: la EEB, las muchas víctimas mortales en el tráfico y también la contaminación del sector de transportes tienen todo que ver con la política de salud pública. 
Una última cuestión sobre la ampliación hacia la Europa Central y Oriental. Los problemas de salud pública son muy grandes allí. 
Debemos hacer mucho para que su salud pública se ponga a nuestro nivel. 
Eso tiene todo que ver con nuestra propia salud pública. 
Por eso espero que la Comisión invierta también mucha energía en la solución de los problemas de la salud pública de Europa Oriental. 
Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con el informe del ponente, Sr. Needle, porque, apoyándose en el Tratado de Amsterdam para defender un elevado nivel de protección de la salud, plantea las cuestiones que para esa protección serían necesarias. 
En primer lugar, los recursos- y en este momento se está discutiendo la Agenda 2000-. 
¿Qué es lo que va a pasar con los dineros en la Unión Europea del año 2000 al 2006? 
Vamos a ver qué queda para la salud después de ese debate. 
En segundo lugar, hay que trabajar por la cooperación con los Estados y también por la cooperación con las organizaciones internacionales que velan por la salud. 
En tercer lugar, es necesaria la integración de la política de salud en el resto de las políticas europeas. 
Todo el mundo recuerda aquí qué es lo que ocurrió con una política económica agrícola desacertada, con el problema de la EEB. 
En cuarto lugar, debemos insistir en la prevención: tener en cuenta que tanto la Unión Europea como los Estados miembros- a pesar de que la atención sanitaria directa sea de los Estados miembros- pueden trabajar en cooperación para una prevención de la salud. 
La Unión Europea está en condiciones de fomentar las redes de cooperación y de información a todos los niveles. 
Nosotros creemos que se han detectado en los anteriores programas de salud algunos problemas que tienen que ver con la transparencia, con una deficiente evaluación y con una deficiente financiación. 
El Sr. Needle propone que esos defectos que se vieron en anteriores programas puedan ser superados en esa década que debía ser de la salud, del 2000 al 2010. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta comunicación de la Comisión sobre la evolución de la política en materia de salud pública dentro de la Comunidad Europea revela el deseo de la Unión de aumentar en esa esfera la competencia que logró con la ratificación del Tratado de Maastricht y que confirmó el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, para esa política de salud pública, parece muy difícil hacer admitir ciertos principios a los que todos los países de la Unión deberían adherirse. 
Cito como ejemplo el observatorio epidemiológico europeo de la salud, tan necesario y que reclamo desde hace cuatro años en mis diferentes informes sobre la salud, pero que parece suscitar una resistencia a la vez de la Comisión y del Consejo. 
Sin embargo, permitiría, como indica la Comisión, reaccionar rápidamente ante las amenazas para la salud. 
Los otros dos ejes que propone la Comisión en una política futura de salud son, por una parte, una mejora de la información del público sobre dicha salud pública y, por otra, acciones eficaces para el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. 
Esos ejes y las cuestiones que plantean son, en efecto, auténticos problemas que la Unión deberá resolver en el futuro y cuyos temas prioritarios serán los siguientes: la nutrición, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Alzheimer, etc. 
A ese respecto, quisiera avisar contra los nuevos temores que engendrarían los avances que permitirán esa política de salud y que propiciarían su bloqueo, según una aplicación inadecuada del sacrosanto principio de precaución. 
Cierto es que todos los avances entrañan un riesgo. 
A ese respecto debemos aplicar el principio costo/beneficio sopesando las ventajas y los inconvenientes. 
Y sólo si los inconvenientes son equivalentes a las ventajas, se deberá aplicar el principio de precaución. 
A ese respecto, la información del público debe ser transparente y se debe trasmitir con toda objetividad y sin deformación. 
Por eso, felicito al ponente y también por eso la comunicación de la Comisión es una iniciativa excelente, que va orientada en el sentido que desea la Unión Europea, y vamos a votar a favor de ella. 
Señor Presidente, debo decir que con este informe el Parlamento Europeo tiene, una vez más, la oportunidad de recordar la importancia de la política de salud y, gracias al Tratado de Maastricht antes y después al de Amsterdam, por fin las políticas de salud ya no son políticas subordinadas a las políticas económicas, sino que tienen una dignidad y una autonomía propias. 
No solo podemos presentar proyectos, programas, investigaciones, sino también directivas en este ámbito y, gracias a la inclusión en el Tratado de Maastricht del principio de cautela, hemos hecho hincapié en algunos puntos determinados y hemos convertido la prevención en el eje principal de la política de salud europea. 
Esto, sin embargo, no significa que estas afirmaciones de principio no sigan encontrando obstáculos a la hora de aplicar dicha política. 
Ya se han recordado el caso de la falta de adopción del carnet de salud europeo, el hecho de que los fondos para la salud son todavía totalmente inadecuados, que después del asunto de la EEB, el problema de la relación entre salud y alimentación no ha encontrado un espacio adecuado. 
En general podemos decir que la correcta información de los ciudadanos en materia de salud no ha encontrado aún ese espacio como sería de desear si se considera que la salud de los ciudadanos no debería estar subordinada a intereses de grupos de presión económicos. 
Por desgracia, también el anterior debate sobre los campos electromagnéticos ha demostrado lo contrario. 
Señor Presidente, lo que acabamos de oír sobre la política de salud pública en Europa revela dos elementos. 
En primer lugar, la necesidad de tener en cuenta la totalidad de los habitantes de este continente: los enfermos y los sanos. 
Los enfermos deben ser escuchados individualmente por la medicina, ése es exactamente su estatuto y así lo hace. 
Colectivamente, deben ser escuchados por la política, en particular por mediación de las asociaciones de enfermos. 
Nos lo ha enseñado el sida en unos años. 
Ese encuentro debe incitarnos a promover un diálogo entre los poderes públicos, como autoridad competente, los expertos, en primera fila de los cuales la OMS, naturalmente, el cuerpo médico, al que no hay que olvidar, las ONG, la industria, los sindicatos. 
Todos ellos deben ir encaminados a la consecución de dos objetivos: en primer lugar, la determinación de las prioridades y la concentración de los medios para luchar contra los flagelos que se van a descubrir precisamente; en segundo lugar, la lucha contra las desigualdades entre los ciudadanos de este continente, habida cuenta de la protección de su salud. 
Señor Presidente, los ciudadanos de la Unión Europea forman parte de las personas más sanas y más longevas del mundo. 
El informe Needle sobre la nueva política de salud pública en la Unión Europea parece ignorarlo completamente. 
La Comisión sí presta atención a este dato, pero habla de un gran número de «muertes prematuras» en Europa. 
Yo me pregunto entonces: ¿qué es prematuro? 
En la propuesta de la Comisión el límite crítico está en los 68 años. 
Entonces estamos perdiendo de vista que la esperanza de vida en otras partes del mundo es mucho más baja. 
Además, hemos de aceptar que somos mortales y no podemos garantizar a los ciudadanos europeos, con o sin política europea de salud pública, que a sus 68 años estén todavía vivos. 
Además, quiero señalar que el artículo 152 del Tratado de Amsterdam tiene claramente por objeto ser un complemento de la política de salud pública de los Estados miembros. 
Sólo si hay un claro valor añadido a nivel europeo podemos ofrecer un presupuesto, por ejemplo para el intercambio de conocimientos sobre nuevos medicamentos y terapias y para el desarrollo de medicamentos huérfanos. 
Por eso abogo por un presupuesto limitado y considero innecesaria una Dirección General de Salud Pública especial. 
Sin embargo, si vamos a destinar más dinero a la política de salud pública, seamos solidarios entonces y apoyemos entonces la política de salud pública de los países de Europa Central y Oriental. 
En lugar de «otorgar mayor prioridad a las obligaciones relacionadas con la salud» , como desea el ponente. 
Señor Presidente, uno de los mayores peligros para nuestra salud proviene de la contaminación atmosférica. 
Las emisiones en la atmósfera son desastrosas para la salud. 
Hasta 24.000 personas de mi país mueren prematuramente cada año debido a este importante peligro. 
En Irlanda del Norte ya se utiliza un producto- Soltron- que ha tenido resultados inmediatos para combatir los venenos que se arrojan a la atmósfera. 
Si queremos avanzar lo más rápidamente posible en nuestros esfuerzos por mejorar la salud de la Comunidad, deberíamos crear un incentivo para la utilización de este producto con el fin de obtener importantes mejoras en materia de salud. 
Debemos aprovechar el campo científico para aportar hoy soluciones rápidas y asequibles. 
En Irlanda del Norte, la mayor organización de transporte, denominada Translink, ha descubierto que el 60 % del humo negro y el 40 % del dióxido de carbono han desaparecido utilizando este producto. 
Esta tecnología ya está disponible. 
Tenemos el deber de utilizarlo con vistas a mejorar la salud pública. 
Lamento que tanto mis colegas como yo, que nos reunimos con funcionarios de la Comisión hace muchos meses, no hayamos oído nada de ellos ni hayamos presenciado ninguna medida. 
Señor Presidente, como ya se ha señalado, el artículo 152 del Tratado de Amsterdam establece un alto nivel de protección de la salud como elemento integrante de todas las políticas comunitarias. 
El Tratado vincula aún más la salud de las personas como objetivo de las diferentes políticas, no sólo en el ámbito de la Unión, sino también a escala nacional, por lo que es importante saber cómo podemos beneficiarnos del valor añadido que nos ofrece la Unión para que éste se haga patente tanto en uno como en otro ámbito. 
No voy a repetir los aspectos positivos que ya se han apuntado acerca de este extraordinario informe del Sr. Needle. 
Querría ir un poco más lejos y exponer algunos puntos de vista en defensa de una amplitud de miras en todo lo referente a la política de salud. 
No cabe la menor duda de que este sector es ya objeto de un amplio examen, pero la situación del empleo constituye un importante fundamento de la salud pública. 
Las estadísticas nos permiten comprobar que el desempleo es uno de los motivos que conducen al debilitamiento de la salud. Nos enfrentamos con un claro riesgo para la salud de las personas, especialmente cuando se trata del aislamiento que se produce, por ejemplo, como consecuencia del desempleo de larga duración. 
Naturalmente, es preciso luchar contra estas situaciones también por medio del Tratado de Amsterdam, habida cuenta de que en este Tratado se considera que la situación del empleo ha de ser un aspecto fundamental de las políticas comunitarias. 
El mantenimiento de los servicios públicos, los servicios sanitarios y la red de servicios sociales públicos para todos representa uno de estos factores que nos permitirán garantizar un nivel lo suficientemente elevado en materia de salud pública. 
La política de consumidores y la política del medio ambiente son también extremadamente importantes, al igual que una mayor claridad en la incorporación de la salud pública como un elemento más de la estrategia para la ampliación. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Needle dedicó un gran esfuerzo a la audiencia celebrada en la comisión. 
Evidentemente, se expresaron muchos deseos y también muchas ansias en relación con todo lo que podría hacer Europa. 
Yo comparto naturalmente su opinión, señor Needle, en cuanto la necesidad de prestar una gran atención a la salud pero, a diferencia de muchos de los oradores que me han precedido, yo no creo que todo esto pueda hacerse desde Europa. 
Yo soy del parecer que los Estados miembros tienen una responsabilidad muy grande. 
En un pequeño apartado se dice que en una futura revisión del Tratado se debería conceder a Europa una mayor responsabilidad en relación con la protección de la salud. 
Yo considero que sólo los Estados miembros pueden asumir esta responsabilidad. 
Si confiamos un número cada vez mayor de responsabilidades a la Comunidad, yo no creo que ésta pueda cumplir, con el dispositivo relativamente reducido de la Comisión, todas las tareas que hasta ahora han podido realizar los Estados miembros, que disponen de unos recursos administrativos mucho más amplios. 
Por consiguiente, yo también quisiera llamar la atención sobre algunos puntos que no me parecen adecuados. 
Por el momento, yo quisiera aplicar en el ámbito de la UE lo que establecen los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, pero no ir más allá ni pedirle tampoco a la Comisión que lo haga. 
Por otra parte, opino que tampoco estamos en condiciones de establecer la igualdad sanitaria. 
Existen ideas y planteamientos muy distintos sobre las posibilidades de curación o de tratamiento, por ejemplo. 
Yo me alegro de que tengamos estas grandes diferencias y también la libertad de circulación. 
La sentencia del Tribunal de Justicia también señala, en efecto, que es posible obtener un tratamiento distinto en otros países. 
Yo quisiera conservar esta posibilidad y no deseo que todo se uniformize en Europa. Más bien preferiría seguir dejando la responsabilidad en manos de los Estados miembros. 
Por otra parte, considero que no todos los servicios regionales están en condiciones de poder establecer contacto con la Comisión. 
Yo desearía unos proyectos piloto. 
Se puede ofrecer información, pero las campañas informativas también plantean dificultades, puesto que no podemos elaborar una campaña informativa uniforme para todos los Estados miembros, dado que la política sanitaria también se tiene que comunicar de manera psicológicamente muy distinta. 
Por consiguiente, yo discrepo en estos aspectos y desearía que estos puntos con los que no estoy de acuerdo quedasen suprimidos en la votación. Sólo en ese caso me sería posible votar afirmativamente el informe. 
Aplausos 
Señor Presidente, apruebo el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pues atestigua efectivamente la importancia de la salud pública en Europa y la necesidad de disponer de mayores medios en todos los niveles. 
Pero este debate sobre la salud me remite a la votación de este mediodía- y me asombra que nadie se haya referido a ella-sobre el informe Hautala relativo a la salud de las mujeres. 
El voto sobre el párrafo 11, que limita la legalización del aborto, constituye un auténtico retroceso respecto de numerosas legislaciones nacionales. 
Nunca me habría imaginado que presenciaría semejante retroceso para las mujeres y precisamente el día siguiente al 8 de marzo. 
Esa puesta en entredicho del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es la consecuencia de esas dichosas transacciones a que con tanta frecuencia se entregan el PSE y el PPE: cobardía política, capitulación, renegación de todas las luchas que hicieron avanzar los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo; desprecio de las luchas que suscitaron en su momento alianzas que honraron la lucha política de ciertas mujeres, pienso en particular en Simone Veil, a despecho de los insultos que recibió de su propio bando. 
¡Qué irresponsabilidad, qué indigencia política! 
Cuenten conmigo y con los 54 diputados que han votado a favor de nuestra enmienda para continuar la lucha con una solidaridad mayor con las mujeres de nuestros países más reaccionarios al respecto. 
Señor Presidente, el Tratado de Maastricht y, después, el de Amsterdam han ampliado de forma significativa las competencias del Parlamento Europeo y de la Comisión en materia de salud pública. 
Esto ha aumentado asimismo nuestra responsabilidad porque la atribución de una autonomía implica que debemos emitir unas directivas y desempeñar responsablemente este papel que hasta hace poco tiempo era sólo una esperanza. 
Antes que nada, por tanto, debemos cambiar de actitud y tratar de ofrecer respuestas a los que son los problemas de la salud pública en Europa. 
El informe del Sr. Needle trata al menos de responder a estas exigencias y, en consecuencia, nos gustaría aprobarlo. 
Uno de los objetivos prioritarios es reconocer el papel del Parlamento Europeo en la planificación de la orientación y del control presupuestario en esta materia. 
Éste es uno de los puntos fundamentales, ya que el problema de los recursos es realmente el problema fundamental, excepcional de nuestro intento de uniformar y dar unas respuestas al ciudadano europeo en materia de salud. 
Existe además el problema de la mejora de la información, así como el problema de la capacidad de reaccionar ante las amenazas que se ciernen sobre la salud. 
Ya no es suficiente, a mi entender, detenerse en algunas iniciativas como hicimos en años anteriores: la nutrición, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares- y no sólo el cáncer, el sida, etcétera- necesitan ser armonizadas y encontrar unas respuestas que sean consecuentes en todos los Estados de la Comunidad. 
En este sentido es interesante la propuesta formulada por el Sr. Cabrol de un Observatorio de la Salud en Europa, a la que da una respuesta el Sr. Needle en el ámbito de la directiva. 
En particular, se habla de un responsable de una Dirección General de la Salud con sede en Bruselas. 
Éste sería un ulterior paso adelante que, sin duda, determinaría una nueva manera de afrontar este problema. 
Existen más problemas, entre los cuales cabe destacar el de la ampliación al Este donde, evidentemente, la tendencia de carácter científico y, por tanto, de respuesta a la exigencia de salud se encuentra, sin duda, por debajo de la situación existente en los países de Europa occidental. 
Se trata de un problema importante que ha de ser abordado, porque es evidente que, si creamos una situación de disparidad, no lograremos esa armonización fundamental. 
Para terminar diré únicamente que, vamos hacia la Década Europea de la Salud- del 2000 al 2010- y espero que el informe Needle que vamos a aprobar, sea el presagio de un nuevo interés, más concreto y más fuerte, por la salud pública. 
Señor Presidente, sin lugar a dudas, la política de salud pública es, en su parte mayoritaria, de carácter nacional. 
Esto de deduce también ahora del excelente informe de Needle. 
A pesar de esto, es obvio que hay aspectos en los que es valiosa la coordinación comunitaria. 
Por ejemplo, puede ser razonable distribuir el trabajo de análisis de riesgos sanitarios de las sustancias químicas en los Estados miembros, para evitar hacer el trabajo dos veces. 
También puede ser una tarea común la de divulgar eficazmente información valiosa. 
En el informe se mencionan la mejor práctica y los métodos estándar en la asistencia sanitaria. 
Justamente ésta debería ser una tarea importante para la Comisión. 
En el sector empresarial, la mejor práctica, la llamada benchmarking, es un elemento importante en la mejora de las empresas. 
Del mismo modo debería ser valioso reunir experiencias en la UE en torno, por ejemplo, al funcionamiento de los sistemas gestionados políticamente en comparación con aquellos gestionados por los pacientes, al comportamiento de la asistencia sanitaria privada en competencia con la pública y a la manera cómo la competencia entre los diferentes sistemas afecta a la atención de salud. 
Estoy convencido de que la mayoría de la información al respecto ya existe, pero hay que ordenarla y hacerla accesible para los Estados miembros. 
Si se le utiliza bien, esta información podría conducirnos a una mejor asistencia sanitaria y con costes más bajos. 
Aun en mi país, Suecia, estoy convencido de la enorme utilidad de este tipo de estudios. 
En el informe se mencionan también la política agrícola y la crisis de la EEB. 
Con todo, creo que las ayudas al sector del tabaco son un asunto bastante serio. 
El fumar tabaco produce cientos de miles de víctimas cada año. 
Entonces parece absurdo ayudar al cultivo del tabaco con un millón de ecus al año. 
Las ayudas deberían suprimirse y desviarse del sector de la política agrícola hacia el de la política regional. 
Así sería más fácil tomar decisiones para dar ayudas para empleos alternativos. 
Señor Presidente, permítanme que agradezca al Sr. Needle su excelente informe, en nombre de mi colega efectivamente competente en la materia y que lamenta no poder estar presente en el debate. 
El debate también ha puesto de manifiesto los aspectos en los que debemos concentrarnos. 
Si incluso en esta Asamblea todavía existe confusión sobre cuáles deberían ser las prioridades de las actividades europeas en el ámbito de la salud, es evidente que tenemos que empezar por aclarar qué podemos hacer para combatir las deficiencias de la Unión en el ámbito sanitario. 
Yo opino que podemos hacer mucho. 
Evidentemente, no se trata de crear una nueva administración, o sea, de constituir una nueva administración sanitaria europea además de las de ámbito nacional o regional que ya existen. 
Puedo asegurarle a la Sra. Schleicher que no es esa nuestra intención. 
También es preciso señalar, no obstante, que la sugerencia de algunos diputados de la Asamblea, en el sentido de que bastaría incrementar los fondos y desembolsar los correspondientes recursos para resolver el problema, tampoco es el método adecuado a nuestro parecer. 
En el ámbito de la salud, justamente no se trata de intentar conseguir mayores resultados destinándole sencillamente mayores recursos, sino que es preciso constatar que el sistema ya no funciona tal como de hecho debería hacerlo. 
No es lo bastante eficaz. 
La Comisión concede, por lo tanto, una gran importancia a la recogida y acopio de información previos, con objeto de establecer, como acaba de expresarlo el Sr. Virgin, algo así como unos criterios de comparación entre los diferentes sistemas concretos, que permitan comprobar cuáles ofrecen las mejores soluciones, que luego quizá se puedan recomendar a los demás. 
La mera recogida de información, sobre el uso de medicamentos por ejemplo, ya contribuiría considerablemente tanto a la reducción de los costes como también a mejorar la eficacia de los tratamientos, dado que en la actualidad no se compilan ni son accesibles a escala europea las experiencias adquiridas por los centros de salud o los médicos concretos. 
Esto ya constituye en sí mismo una desventaja para la investigación, pero todavía más en el ámbito de la práctica; la atención a los pacientes se podría mejorar considerablemente, en efecto, si se dispusiese de datos generales, que luego se podrían adaptar a cada paciente individual. 
Por consiguiente, hay muchísimo que hacer en este aspecto. 
Los Estados miembros también pueden hacerlo, obviamente, en su marco de competencia, pero la compilación genera en la práctica un valor añadido europeo. 
Por otra parte, este es un punto que no hace falta debatir. 
El Tratado de Amsterdam ya ha confiado esta tarea a la Unión Europea y la Sra. Schleicher también reconoce que la competencia entre sistemas, es decir, por ejemplo, la libertad de ofrecer servicios médicos en el ámbito del mercado interior, puede ser favorable asimismo. 
Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en relación con este ámbito son también muy positivas a mi parecer. 
Tampoco se debe pasar por alto otro aspecto, en relación con el cual también existen experiencias, procedentes sobre todo de Estados Unidos, donde se concede mucho mayor importancia a la participación del paciente concreto o del paciente potencial, o sea, que se le incluye en el desarrollo de la atención sanitaria. 
Cuando esto sucede se incrementa considerablemente la conciencia individual en materia de salud, por ejemplo en el ámbito de la libre adquisición de medicamentos, los llamados productos over the counter, para los que no se exige receta. 
Es decir, que cuanto más se fomenta la participación de las personas en las decisiones y se les exige que asuman directamente un mayor número de decisiones, más se puede confiar en el desarrollo de una mayor conciencia en materia de salud. 
Este es, en efecto, uno de los aspectos problemáticos. 
Yo he seguido, como seguramente también lo han hecho todos ustedes, las sentencias que se han dictado en América contra la industria tabaquera. 
No nos corresponde criticarlas en el aspecto jurídico, pero cuando alguien afirma que no se le ha informado suficientemente sobre los peligros del hábito de fumar y se apoya en ello para presentar una demanda, es preciso preguntarse si esa persona vive realmente en nuestra sociedad. 
Ya hace veinte años que se encuentran indicaciones en ese sentido, no sólo en los envoltorios, sino en todas partes y desde luego no se debe hacer en este contexto algo que sería muy arriesgado, a saber, eximir al individuo de su responsabilidad de velar por algo tan personal como es su salud y tutelarle en cierto modo desde la cuna hasta la tumba, cuidarle y decirle exactamente qué es lo que debe hacer. 
Seguro que esto contribuiría a acortar el tiempo de vida, no a alargarlo. 
Por consiguiente, nuestro propósito es conseguir una participación activa del ciudadano y sobre todo del ciudadano enfermo, del paciente. 
Por esto yo estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado el Sr. Pradier, a saber, que tenemos que intensificar todavía más la cooperación con las asociaciones de enfermos, tanto las constituidas en relación con determinadas enfermedades como las que velan por determinados intereses de los pacientes. 
Este es en realidad el enfoque que hemos elegido y yo me congratulo de que se haya interpretado bien. 
Yo me comprometo a transmitir, obviamente, a mi colega competente en la materia sus observaciones con respecto a la creación de una nueva dirección general. 
Si el Parlamento, con su buen juicio, extrae luego también las debidas consecuencias y nos concede los correspondientes puestos, podremos hacerlo todo. Igual que también estamos de acuerdo con la declaración del Sr. Virgin en el sentido de que es completamente absurdo desembolsar, por un lado, dinero para la atención sanitaria y sobre todo para informar sobre los riesgos del hábito de fumar mientras, por el otro lado, subvencionamos el tabaco. 
En esto coincidimos con su valoración. 
Lamentablemente, el Parlamento aprobó dichas subvenciones por mayoría en la última votación. 
Puesto que gracias a Dios vivimos en una democracia, en este caso les corresponde a ustedes hacer acto de contrición. 
Señor Comisario, antes de que desaparezca: le agradezco sus numerosas respuestas, pero le dirigí una pregunta específica. 
Deliberadamente no dediqué gran parte del informe a las medidas sobre el consumo de tabaco que se esperan inminentemente de la Comisión, porque pensábamos que vendrían al mismo tiempo. 
Me pregunto si puede informarnos sobre los progresos que se están realizando en la Comisión para presentarlas, de modo que podamos adoptar las medidas prácticas sobre las que usted habla. 
Siento no haber respondido a su pregunta. 
Me disponía a salir a toda prisa no para evitar responder a su pregunta, sino debido a los plátanos, que es el tema siguiente y no soporto oír nada más sobre el tema de los plátanos. 
Acabo de saber que la propuesta está en fase de consultas interservicios. 
Eso significa que la Comisión tomará una decisión en las próximas semanas, y a continuación será presentada al Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Plátanos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el conflicto comercial UE-Estados Unidos sobre los plátanos. 
Señor Presidente, señoras y señores, desde la última vez que hable sobre este tema, el pasado 10 de febrero, se han producido varios acontecimientos nuevos. 
El 15 de febrero, el Consejo General de la OMC trató sobre la petición de la CE relativa a una interpretación autorizada de que a un miembro no le está permitido suspender concesiones si no existe un dictamen de la OMC sobre la conformidad de las medidas objeto de la queja. 
La mayoría de los miembros de la OMC que tomaron la palabra apoyaron nuestra posición al respecto y rechazaron el unilateralismo. 
No obstante, debido a la amplia renuncia de otros miembros a votar sobre el asunto, optamos por una conclusión del presidente que recogiera el sentir predominante del Consejo General. 
El 2 de marzo conseguimos que se creara un panel contra la legislación de la sección 301 de los Estados Unidos. 
Como saben, dicha legislación es el fundamento jurídico nacional de las amenazas y las acciones unilaterales de los Estados Unidos en el caso de los plátanos. 
Dicho panel iniciará sus gestiones en breve. 
También el 2 de marzo presentaron una decisión inicial los árbitros nombrados para examinar si el nivel de concesiones propuesto por EE.UU. por un importe de 520 millones de dólares es equivalente al nivel de anulación o minoración. 
Dicha decisión declara explícitamente- como nosotros habíamos sostenido desde un inicio- que los árbitros no pueden fijar un nivel de concesiones sin que se haya examinado la conformidad del régimen revisado del plátano con la OMC. 
Esta cuestión de principio es muy importante. 
Los árbitros dictaminaron asimismo que el plazo de 60 días a partir del final del período razonable para enmendar el régimen, que los EE.UU. habían sostenido que era determinante, no es en realidad un factor decisivo. 
Dicho dictamen deja sin efecto cualquier excusa de los Estados Unidos para exigir el derecho a imponer sanciones cuando expire el plazo de 60 días. 
Por último, los árbitros también ofrecieron una indicación muy clara de que la estimación estadounidense de los daños deberá, al menos, reducirse por el importe equivalente a los daños indirectos que erróneamente han exigido y que, en cualquier caso, reducirían el daño total a la mitad. 
Los árbitros han solicitado a la Unión Europea y a los Estados Unidos que presenten más información antes del 15 de marzo, y su dictamen definitivo se espera para un poco más tarde. 
A pesar de este dictamen inicial, los EE.UU. decidieron el 3 de marzo imponer sanciones con efecto a partir de esa fecha sobre importaciones europeas por valor de más de 500 millones de dólares. 
Dichas sanciones toman la forma de retenciones de la liquidación y el sometimiento de las importaciones a un pasivo contingente de aranceles del 100 % que se impondrán con carácter retroactivo. 
No se trata únicamente de una medida provisional para preservar los derechos estadounidenses. 
Su verdadera intención y efecto es frenar inmediatamente todas las importaciones de los productos afectados. 
Los Estados Unidos así lo han reconocido. 
Según la información que hemos recibido de las empresas europeas, parece ser que es exactamente lo que ha ocurrido. 
Esta sanción supone un desafío flagrante al Reglamento de la OMC, que prohíbe expresamente la suspensión de concesiones mientras tenga lugar el arbitraje. 
La Comisión reaccionó inmediatamente solicitando ese mismo día con carácter de urgencia la celebración de consultas con los Estados Unidos para la resolución del conflicto. 
Esta medida nos permitirá solicitar la creación de un nuevo panel que estudie este asunto al cabo de 20 días. 
La Comisión solicitó asimismo una reunión extraordinaria del Consejo General. 
El comportamiento de los Estados Unidos fue duramente criticado por la mayoría de los miembros de la OMC. 
La posición de la Unión Europea, según se aprobó con los Estados miembros, es que nuestra reacción se ajuste al Reglamento de la OMC. 
No tenemos intención de seguir el planteamiento estadounidense de adoptar medidas unilaterales e ilegales. 
Los procedimientos de la OMC conducirán inevitablemente a una condena del actual comportamiento de los EE.UU. 
Mientras tanto, se espera que los paneles lanzados por Ecuador y la CE emitan el 12 de abril sus dictámenes sobre la conformidad con la OMC del régimen revisado del plátano de la CE. 
De forma paralela, seguimos estando dispuestos a proseguir nuestras conversaciones con los Estados Unidos sobre la esencia del régimen del plátano. 
Con vistas a explorar la posición estadounidense y las posibilidades de resolver el problema, la Comisión, por petición de los Estados miembros, ha iniciado conversaciones informales con Washington. 
Hemos dejado perfectamente claro a los Estados Unidos, sin embargo, que cualquier propuesta para resolver el conflicto deberá tener en cuenta los derechos y el bienestar económico de los países ACP. 
No hemos estado negociando, pero seguimos explorando la posición estadounidense. 
Para terminar, nuestro enfoque es doble. 
En primer lugar, nos opondremos decididamente al unilateralismo estadounidense y adoptaremos todas las medidas a nuestro alcance en el marco del sistema de la OMC para garantizar que se condena este comportamiento y que, en su caso, se emprende la acción derivada de dicha condena. 
En segundo lugar, es importante subrayar que en breve descubriremos através del sistema de la OMC para la resolución de conflictos si nuestro actual régimen del plátano según enmienda se ajusta o no al Reglamento de la OMC y, en el supuesto de que no fuera así, deberemos poner orden en nuestros asuntos. 
No debemos permitir que este conflicto se encone, y seguiremos buscando urgentemente una solución al mismo. 
Pero Europa no permanecerá de brazos cruzados mientras se incumple abiertamente el Reglamento del comercio mundial. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo coincido en líneas generales con lo que ha manifestado la Sra. Mann en nombre del Grupo Socialista. 
El Grupo del Partido Popular Europeo también declara de manera unánime que Estados Unidos ha infringido las reglas de la OMC. 
Sin embargo, esto no significa que sepamos cuál va a ser el siguiente paso. Conocemos las reglas del juego político americano; el Gobierno de Estados Unidos se siente presionado por el Congreso y deja de tomar en consideración el cumplimiento del Derecho internacional, a semejanza de lo que ocurrió en el caso Helms-Burton, para buscar descargos en el ámbito nacional. 
La imposición unilateral de sanciones también debe interpretarse sin duda en este contexto. 
Yo quisiera resaltar expresamente que- aun cuando la razón esté de nuestro lado en lo que se refiere a la segunda parte de los hechos- sería bueno que no olvidemos que el panel, que la OMC seguramente se dispone a darnos sólo con reservas la razón en relación con el tema principal. 
Así son las cosas en el ámbito del Derecho internacional y, por consiguiente, yo quisiera aconsejarle a la Comisión, en nombre del Partido Popular Europeo, que haga todo lo posible para continuar explorando en las conversaciones con el Gobierno americano- usted lo ha manifestado oficialmente, Sir Leon- las posibles vías para zanjar el conflicto, sin que ello dependa de la decisión final de la OMC, aunque sólo sea porque en los próximos años tendremos un número increíble de conflictos con Estados Unidos. 
Si ahora nos sentimos obligados a vencer, acabaremos saliendo derrotados en otro ámbito en el que habría sido posible encontrar una voluntad de compromiso. 
Por esto nosotros, que impulsamos conjuntamente la creación de la OMC y la deseamos, pedimos que no se la considere sólo como un jueguete a merced del conflicto de intereses entre Estados Unidos y Europa. 
Señor Presidente, el conflicto entre los EE.UU. y la UE es muy profundo. 
Ya no se trata únicamente de una cuestión de plátanos, sino que amenaza el comercio entre la UE y los EE.UU. a una escala mucho mayor. 
Asimismo, podría llegar a afectar al futuro de la OMC e inclinar la balanza del libre comercio hacia el proteccionismo. 
Como digo en una carta al director del Financial Times con fecha de hoy, es muy lamentable que los líderes políticos de la Unión Europea, incluido el Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Blair, y lamento decirlo, no hayan prestado atención a las numerosas señales de alerta y no hayan sabido agarrar al toro por las astas mucho antes en el caso de los estadounidenses. 
Por ésa y por muchas otras razones, apoyamos la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en febrero este Parlamento apeló a los Estados Unidos para que respetaran las normas internacionales vigentes y no impusieran de forma unilateral e ilegal tipos aduaneros que imposibilitaran el acceso de productos europeos al mercado americano. 
También entonces el Parlamento Europeo advirtió la necesidad de que la Unión Europea se preparara para aplicar represalias contra esa decisión. 
A pesar de esos llamamientos, se están concretando las amenazas americanas. 
La Comisión no puede aceptar esta situación y tendrá que reaccionar contra esta verdadera provocación, que podríamos llamar de «espíritu imperialista». 
La Comisión tiene que bloquear toda y cualquier negociación de cooperación económica transatlántica, tiene que formular de nuevo las quejas contra las leyes Helms-Burton y D ' Amato, como, por lo demás, ha propugnado este Parlamento, tiene también que impedir el acceso de los productos americanos a los mercados europeos. 
La vía negociadora, señor Comisario, ha demostrado que los Estados Unidos la desprecian. 
Por tanto, hay que actuar, en vez de insistir en una vía que, por lo visto, no se respeta. 
La Comisión debe asimismo reafirmar su compromiso de defender el Derecho comunitario, de cumplir sus obligaciones para con los ACP y los productores de plátanos comunitarios. 
La Comisión debe decir también a los Estados Unidos que no admite que ese país ponga o llegue a poner en entredicho las políticas sociales y de empleo de la Unión, que ponga o llegue a poner en peligro la salud pública y el medio ambiente de la Unión Europea. 
Termino, señor Presidente, diciendo que la Comisión y todos los Estados miembros, sin excepción, tendrán que decir a los Estados Unidos que la táctica de dividir para reinar es ancestral, pero bien conocida de los europeos y que, por tanto, no dará resultado en la Unión Europea. 
Señor Presidente, el plátano se ha convertido en el símbolo de un amenazante y progresivo conflicto comercial que en realidad ya lleva seis años cociéndose a fuego lento. 
El aumento de la competitividad a escala mundial obliga a los participantes a tomar una postura clara e inequívoca. 
Sin embargo, los Estados Unidos sobrepasan con su boicot comercial el límite de esa postura clara y de la relación transatlántica. 
El boicot es jurídicamente impropio mientras no se haya pronunciado el comité de la OMC y políticamente inaceptable justo después de haber firmado el acuerdo de asociación comercial. 
Esta actitud carente de todo compromiso mina la autoridad y las reglas de la OMC, hipoteca gravemente la nueva ronda, la denominada ronda del milenio que empieza en diciembre en Seattle, y perjudicará- si todo sigue su curso- sobre todo a los exportadores británicos. 
Repito, Presidente, ninguna parte, y menos los productores de plátanos del Caribe, tiene nada que ganar en una guerra comercial. 
El Comisario Brittan ha desempeñado un papel extremadamente importante en el debate sobre el libre comercio mundial. 
El «Financial Times» ha publicado hoy que su canto de cisne- porque ese sonará el día de su dimisión- tal vez tenga como tema el plátano. 
No se lo deseo, porque usted se ha esforzado muchísimo los últimos años por todos los asuntos comerciales. 
Por eso le pregunto, Comisario: ¿cómo hay que seguir ahora? 
¿Se sentarán Washington y Bruselas a la mesa de negociaciones o la UE va a pagarles con la misma moneda? 
En caso afirmativo, ¿con qué moneda entonces? 
Señor Presidente, Estados Unidos está desarrollando, por descontado, una operación masiva de desarme de la OMC en el caso de los plátanos. 
Se han distorsionado e incumplido los estatutos de la OMC sólo porque Bill Clinton se comprometió en el otoño de 1998 ante el Congreso de Estados Unidos a imponer aranceles de castigo a partir del 3 de marzo. 
Esto continuará en cualquier caso después del conflicto por los plátanos; en mayo, por el tema de la prohibición de la carne hormonada y luego les tocará el turno a los alimentos genéticamente manipulados. 
Hace tiempo que Estados Unidos anunció e inició masivamente esta campaña en favor del libre comercio, sin ninguna consideración por la salud humana y el medio ambiente. 
Desde luego, apelar ahora únicamente al buen sentido de los contrincantes es en verdad demasiado poco. 
Es preciso constatar que Estados Unidos se sitúa al margen del Derecho vigente. 
Con semejantes contrincantes no es posible continuar negociando con miramientos, pues con ello, Sir Leon Brittan, usted sólo contribuiría justamente a socavar todavía más la credibilidad de la OMC. 
El conflicto debe llevarse hasta su conclusión en el marco la OMC y mientras tanto deben suspenderse todas las demás negociaciones con Estados Unidos. 
Pienso en particular en el Programa Tecnología/Economía (TEP) y en los preparativos para la «ronda del milenio». 
Yo, sinceramente, no soy proteccionista, pero les ruego que piensen qué medidas decisivas podemos adoptar para proteger a las empresas de la Unión Europea, porque esta situación es desde luego insostenible. 
Si no se consigue el objetivo de resolver este conflicto, yo me temo que la OMC acabará resbalando sobre una piel de plátano. 
Señor Presidente, cabe preguntarse realmente por qué el Estado más poderoso del mundo se ha hundido tan hondo en la inmoralidad global. 
Pero hemos podido saber por la prensa- si no se equivoca- que ambos Partidos políticos de los Estados Unidos reciben importantes donativos de las tres grandes empresas bananeras. 
Eso empeora aún la situación. 
Una vez más, cabe preguntarse por qué son tan codiciosos, habida cuenta de que ellos tienen el 40 % de los plátanos que consume la UE y los países del Caribe sólo el 9 %. 
Parecen estar dispuestos a eliminar al Tercer Mundo. 
Me alegra que el Comisario Brittan haya mencionado los países ACP. 
¿Para qué hemos estado en Lomé todos estos años? 
Siempre hemos tenido este compromiso de acceso a nuestros mercados. 
¿Por qué ahora? 
Es una cuestión de lo más enrevesada. 
Represento a Moray, donde existe una gran fábrica de artículos de cachemir. 
Junto con otras fábricas de Borders, están perdiendo pedidos por valor de un millón de libras. 
El Comisario Brittan debería saberlo. 
Me enteré el viernes. 
Incluso antes del acontecimiento, disminuyen los pedidos y hay personas que se están quedando sin trabajo. 
En mi circunscripción están también las galletas de mantequilla. 
Por tanto, pienso que en el norte de Escocia, en todo caso, toda reivindicación de relaciones especiales será motivo de escarnio. 
Señor Presidente, yo quiero instar a la Comisión a que en el presente conflicto de los plátanos tampoco pierda de vista los intereses de los ciudadanos europeos, de los ciudadanos de todas partes de la Comunidad. 
La ordenación común del mercado del plátano puede tener dos consecuencias negativas para la población y para los consumidores austriacos, por ejemplo. 
En primer lugar, el precio de los plátanos se incrementó drásticamente después de la adhesión a la Unión Europea. 
En un país de clima continental esto afecta particularmente al «hombre corriente» , que en invierno depende en gran medida de los plátanos para abastecerse de fruta fresca. 
Comprendo que este no es el tema que hoy nos ocupa. 
Sin embargo, si nuestras exportaciones a Estados Unidos, nuestro mercado de ultramar más importante, se reducen como resultado de la eventual imposición de aranceles protectores contra los productos de exportación europeos, podrían producirse quiebras y una reducción masiva de plantillas. 
Por consiguiente, a la vista de la dramática situación del mercado de trabajo europeo, la Comisión debería adoptar una posición más bien pragmática en relación con este tema- en el que no están en juego consideraciones de política sanitaria como en el caso de la carne hormonada -, a fin de evitar una escalada del conflicto. 
Señor Presidente, lo que la Unión Europea debe hacer en esta fase de la llamada «guerra del plátano» es muy complicado. 
En realidad, hay que tratar de defender los intereses legítimos de la Unión y de sus socios ACP y al mismo tiempo evitar la escalada de una guerra comercial, basada en retorsiones recíprocas que corre el riesgo de ser sumamente negativa para los intereses políticos, económicos y comerciales de los Estados europeos. 
El marco más adecuado para resolver esta disputa es, en primer lugar, la Organización Mundial del Comercio. 
En efecto, fue desde la OMC que llegó la condena de la anterior reglamentación de la importación y del comercio de plátanos en la Unión. 
Y es sobre la base de las decisiones del «panel plátanos» de la OMC que la Unión ha modificado sus reglas del juego. 
Ahora es de la OMC que ha vuelto a ser investida por los Estados Unidos en lo que respecta a la nueva reglamentación europea, donde debe llegar una firme y clara condena de las decisiones ilegales y unilaterales adoptadas por la administración americana. 
En realidad, lo que los Estados Unidos están desencadenando es un verdadera guerra comercial que podría perjudicar gravemente no sólo los sectores vitales de las exportaciones comunitarias, en particular italianas, sino también las más generales relaciones transatlánticas. 
Evidentemente, si es verdad que los intereses comerciales de los Estados Unidos y de la Unión Europea pueden no coincidir o, mejor dicho, estarán cada vez más en conflicto en un futuro próximo, lo que parece inaceptable es que la Unión se someta y respete las decisiones de la OMC, incluso cuando éstas tienen un claro carácter partidista, como en el caso de los plátanos y que, por el contrario, los Estados Unidos las infrinjan cuando ello responde a sus intereses. 
Esta situación, por otra parte, confirma nuestra convicción de que, en el nuevo mundo de la globalización, los intereses de los Estados europeos y de muchos países en desarrollo, sobre todo de los países ACP, tienden con frecuencia a converger. 
La Unión, por tanto, debe llevar a cabo una acción tanto a nivel bilateral y multilateral como en el seno de las organizaciones internacionales para fijar cada vez más a menudo un enfoque común con los países más pobres, comenzando por los países ACP, al objeto de permitirnos hacer frente con mayor fuerza a los retos que se nos plantean. 
Señor Presidente, es sorprendente que nos enfrentemos a un conflicto sobre un producto del que ni la UE ni los EE.UU. son un productor importante. 
Comentarios desaforados están al orden del día. 
Hay quien tiene la cínica sensación de que en los Estados Unidos, el grado de intensidad de sus comentarios puede depender del grado de presión que ejercen los grupos de interés de, como ha dicho un orador, las tres empresas que controlan el 80 % del mercado mundial del plátano. 
Quisiera felicitar las acciones adoptadas hasta ahora por el Comisario en nuestro nombre y, en particular, para velar por los intereses europeos en el contexto de la OMC y para garantizar que la solución sea justa para los productores ACP. 
The Times publica en su edición de hoy un comentario que lo resume por mí: «La justicia, la imparcialidad y la responsabilidad mutua global deberían compensar el torpe reglamento. 
Chiquita y los demás no dependen desesperadamente de esta última pequeña porción del mercado europeo. 
Los productores del Caribe sí. 
Si los grandes productores pueden dormir tranquilos de noche después de defender esta causa innoble durante el día, no debería ser así en el caso de líderes mundiales responsables». 
Por tanto, en segundo lugar, a la luz del hecho de que la UE y los EE.UU. son los líderes de la economía mundial, necesitamos una iniciativa a nivel de Presidencias: de la Presidencia de la UE y del Presidente Clinton, que garantice que se siguen los procedimientos adecuados en la OMC para que disminuya algunas de las crecientes repercusiones políticas de este conflicto, que podría llegar a ser muy peligroso. 
Por último, me parece que es una lección para nuestra asociación transatlántica a largo plazo. 
Podemos inventar los diálogos que queramos o una asociación económica, pero la situación no mejorará a menos que consigamos que las comunidades políticas se involucren en este sistema con un acuerdo de asociación más amplio entre la UE y los EE.UU., de manera que, en su calidad de políticos, hablen no por vídeo conferencia, sino que mantengan un diálogo más profundo entre las dos partes del Atlántico. 
Por ello insto a la Presidencia alemana a adoptar la iniciativa que sea necesaria en la Cumbre UE/EE.UU. de junio. 
Señor Presidente, este expediente trivial es, en realidad, un western: «Érase una vez en el Oeste de Europa». 
Los Estados Unidos avanzan con un colt 301 en la cadera, mientras que el Sr. Brittan avanza con las manos a la espalda parloteando sobre el derecho. 
En eso el expediente del plátano resulta revelador de la verdad oculta de Europa. 
Europa es la unión que hace la fuerza: llevamos tres años cediendo. 
Europa es la cooperación con África: abandonamos a Camerún y a Costa de Marfil. 
Europa son las regiones ultraperiféricas: abandonamos a Creta, Madeira, la Canarias, Guadalupe, Martinica. 
Europa es lo social: abandonamos a los obreros de los platanales, que cobran 10 euros por hora, en favor de los esclavos de las multinacionales, que cobran 2 euros por hora. 
Europa es el mercado, el libre cambio, el Sr. Brittan es un símbolo de ello: cedemos ante el proteccionismo americano, la sección 301, el 100 % de derechos aduaneros. 
Europa es el derecho, la superioridad del derecho europeo: cedemos ante el derecho de Ginebra. 
Dos multinacionales, únicamente dos, dos empresas- Chiquita y Dole -, ponen de rodillas a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros, a la Unión Europea. 
Por eso, hay que cambiar de Europa. 
Tenemos que adoptar también nosotros una sección 301. 
Hay que restablecer la unanimidad y no debe ser la Comisión Europea la que defienda nuestros intereses comerciales, pues donde está la soberanía está la libertad y la superioridad. 
Señor Presidente, en primer lugar querría hacer una pequeña corrección a mi buen amigo James Elles. 
Estoy de acuerdo con su intervención, pero él dice que ni Estados Unidos ni la Unión Europea son productores principales de plátano (major producers of banana). 
Esto es algo que viene repitiendo la cadena CNN en una campaña de propaganda norteamericana. 
Yo no sé si eso es cierto con respecto a Estados Unidos, pero Europa sí es un productor importante de bananas. 
Dentro de la Unión Europea, concretamente en mi comunidad autónoma, en Madeira, en Grecia, en Martinica, en Guadalupe, producimos alrededor de un millón de toneladas. 
Eso es a major producer of banana. 
Pero por lo demás estoy de acuerdo con lo que ha dicho James Elles y estoy de acuerdo, desde luego, totalmente, con lo que ha dicho Erika Mann. 
En este momento estamos en una disputa jurídica. 
Y cuando se está en una disputa jurídica, cuando un país como Estados Unidos actúa fuera del Derecho, a la Comunidad lo único que le corresponde es defender en Derecho su punto de vista. 
Me parece peligrosa la postura defendida por el Partido Popular Europeo a través de su portavoz el Sr. Kittelmann, en el sentido de que ahora nos sentemos a negociar con Estados Unidos. 
Esto es como si alguien viene y me quita la cartera, y luego yo me siento a negociar con él. 
Si alguien me quita la cartera, yo voy a la policía, no me siento a negociar con el ladrón. 
En este momento hay una infracción de las normas de la Organización Mundial de Comercio por parte de los Estados Unidos y lo único que cabe hacer es lo que está haciendo en este momento la Comisión, que es llevar el tema por la vía jurídica. 
Yo querría llamar la atención del señor Comisario sobre unas declaraciones que recoge el Financial Times, que puede que no sean correctas, pero que dice que el Sr. Rod Abbott, Embajador de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio, dice que «they will find probably something out of line» y añadiendo que «I don't expect the answer to be zero because this is a political process as well». 
En este momento no estamos en un proceso político. 
En este momento estamos en un proceso jurídico. 
Cuando la Organización Mundial de Comercio haya decidido cuál es la solución, entonces habrá que sentarse para negociarlo. 
Yo le he pedido a la Comisión que recomiende a su representante que tenga mucho cuidado con lo que hace porque cualquier declaración puede luego utilizarse contra nosotros. 
Señor Presidente, las crisis tienen su propia dinámica y desarrollan su propio nacionalismo pernicioso, y esto también vale para las guerras comerciales. 
Como podemos aprender de experiencias históricas, se produce fácilmente una escalada que es perjudicial para ambas partes. 
Es importante respetar los compromisos contraídos en la OMC. 
La Rule of law favorece a todos, incluso internacionalmente. 
Es de vital importancia que las negociaciones y medidas de la UE se mantengan dentro del marco de los compromisos de la OMC. 
Esto fortalece las posiciones de la UE y me alegra ver que ésta parece ser también la posición de la Comisión. 
En la fase actual se puede criticar a EE.UU. No obstante, hay motivos para que la UE también revise con autocrítica sus propias posiciones, con el objeto de alcanzar constructivamente un acuerdo. 
Es probable que el panel de la OMC opine que las medidas de la UE después de la anterior resolución son insuficientes, lo cual nos daría motivos para mostrarnos algo reticentes. 
Las ayudas a las ex colonias mediante maniobras comerciales especiales conducen a la discriminación a través del proteccionismo. 
En parte, se puede entender la posición americana, especialmente cuando ella es compartida por determinados países miembros de la propia UE. 
Se suele decir trade is better than aid. 
Es verdad, pero es el libre comercio el que es mejor que las ayudas para el desarrollo. 
Hay que buscar caminos distintos del proteccionismo para ayudar a los países de ACP. 
Aid is better than trade distortion, y mejor que una guerra comercial. 
Actualmente hay empresas que se ven afectadas por las medidas americanas. 
Esto es trágico y difícil de entender, especialmente cuando afecta a empresas en países como Suecia, que no ha sido impulsor de esta «guerra del plátano». 
Confío en que rápidamente se pueda alcanzar un acuerdo en el marco de la OMC. 
Una vez más quiero subrayar que es de vital importancia que la UE fortalezca sus posiciones, manteniéndose en el marco de las medidas de la OMC, a la espera de las resoluciones del panel. 
Señor Presidente, a causa de este conflicto y sus repercusiones sobre el sector del cachemir, los ánimos en Escocia están muy alterados. 
Las personas están dolidas y desconcertadas al verse involucradas en un conflicto con el que nada tienen que ver, pero que amenaza con devastar una parte significativa de la economía. 
El sentimiento es tan fuerte, que un importante periódico escocés, The Sunday Mail, ha organizado una campaña de boicot de los plátanos Chiquita y ha obtenido una respuesta masiva. 
Y es comprensible. 
En esta Asamblea también estamos enfadados y consternados por el ruin afán de venganza de los Estados Unidos. 
Por eso, dejémonos de miramientos. 
Basta de cautela en el asunto Helms-Burton. 
Esta Asamblea le brinda todo su apoyo a su lucha, señor Brittan, contra la extraterritorialidad de la Sección 301, reafirmemos nuestra solidaridad con los países ACP, proveedores tradicionales de la UE, enviemos una señal inequívoca a los Estados Unidos de lo que aquí está en juego; un régimen ordenado del comercio mundial sobre el que podamos avanzar, o un descenso al caos. 
Quién podrá confiar ahora en la OMC y en su procedimiento de resolución de conflictos, en particular, el mundo en vías de desarrollo, que ve cómo se sacrifican sus intereses vitales en aras del libre comercio que se resume en nada más que una plataforma para las ambiciones imperialistas de los cárteles mercantiles de los Estados Unidos. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, como represento aquí a un país que tiene regiones ultraperiféricas productoras de plátanos, considero que puedo y debo afirmar aquí el sentimiento profundo de rebelión que muchas de las poblaciones de esas regiones sienten cuando tantas veces y a lo largo de tanto tiempo surgen conflictos en relación con la producción de plátanos. 
No es, muchas veces, por la cantidad de producción de plátanos en esas regiones o en esos países, sino por los intereses que determina en la economía, en los aspectos sociales y medioambientales de esas mismas regiones y de esos mismos países. 
No podemos entrar aquí en detalles sobre el volumen, las cantidades, tenemos que tener en cuenta nuestras poblaciones, nuestra Unión Europea, nuestras regiones ultraperiféricas, lo que sucede con las pequeñas o con las grandes producciones que allí se hacen. 
Los países ACP representan un compromiso que la Unión Europea asumió, compromiso que tiene que ser cumplido por la Unión Europea. 
Muchas son las cesiones que se han hecho ya a la Organización Mundial del Comercio. 
¿Qué es lo que se pretende? 
Invadir la Unión Europea con plátano producido en países en los que el bajo costo de la mano de obra puede entrar en competencia casi- podemos afirmarlo- desleal. 
La actitud de los Estados Unidos resultante de todo esto, Señorías, esa inicua actitud, debe seguir suscitando por parte de la Comisión la misma posición de firmeza. 
La Comisión debe continuar, fundamentalmente, luchando por los intereses de las pequeñas y pobres regiones que aún existen en nuestra Unión Europea. 
Señor Presidente, habida cuenta, señor Comisario, de que la OMC remitió la petición de sanciones de los EE.UU. a arbitraje y que se ha creado un panel para determinar si el nuevo régimen propuesto de la UE es realmente ilegal, puede garantizar ahora a este Parlamento Europeo, como mis colegas le han pedido que haga, que la Comisión no se plegará ante la presión ilegal de los Estados Unidos. 
Esto es básicamente un chantaje y una manipulación del procedimiento de resolución de conflictos de la Organización Mundial de la Salud. 
Este chantaje va encaminado a obligar a la Unión Europea a renegar de su obligación con nuestros proveedores tradicionales para potenciar los intereses de una corporación que está muy bien relacionada, a saber, Chiquita. 
Estará dispuesto a mantenerse firme ante este tipo de presión y a reconocer, señor Comisario, como hago yo, que en el pasado, empresas como la United Fruits Company compraron países como Costa Rica y Honduras. 
Ahora podemos afirmar que los barones del plátano de los Estados Unidos están comprando los Estados Unidos y comprando favores de algunos de Capitol Hill y Washington. 
Señor Presidente, deseo comenzar manifestando mi profundo reconocimiento por el amplio apoyo que el Parlamento ha dado a la posición adoptada por la Unión Europea y la Comisión, en particular. 
Dicho apoyo no es sólo estimado; es alentador, porque hay que sumarlo al apoyo dado por la comunidad internacional representada por los miembros de la OMC en sus deliberaciones en Ginebra. 
Puedo asegurar a todos los afectados que comparto la sensación de indignación expresada, por ejemplo, por el Sr. Smith y la Sra. Kinnock, ante el hecho de que personas inocentes, tanto en Europa como en los países ACP productores de plátanos, estén siendo secuestradas en una batalla sobre la que no tienen la menor responsabilidad. 
Puedo garantizarles que en la Unión Europea tomaremos medidas en contra de los Estados Unidos, que hemos tomado medidas en contra de los Estados Unidos, pero lo haremos de conformidad con el Reglamento de la OMC. 
En las negociaciones con los Estados Unidos, como tuve la precaución de decir en mi intervención de apertura, haremos hincapié sobre todo en nuestras obligaciones con los países ACP, pero también con los productores de plátanos de la Unión Europea. 
Se da el caso de que las empresas afectadas cuentan ya con el 70 % y más del mercado. 
No es cierto en absoluto que se les esté excluyendo de Europa. 
También es cierto, como acertadamente ha dicho el Sr. Medina Ortega, que estamos en estos momentos en una disputa jurídica, y no sólo política. 
Acataremos la ley cuando se pronuncie y condenaremos a aquellos, como los Estados Unidos, que la infringen antes de que exista una decisión. 
No sólo los condenaremos. 
Los llevaremos, como ya hemos hecho, ante la OMC y seguiremos las consecuencias de dicha acción. 
Por último, deseo decir que se ha hablado de guerra comercial. 
Nosotros no hemos iniciado ninguna guerra comercial y no buscamos ninguna guerra comercial, pero haremos lo que tenemos derecho a hacer en virtud de las normas de la OMC. 
También se ha hablado mucho de las repercusiones de este asunto sobre las relaciones transatlánticas en general. 
Quisiera decir a esta Asamblea y también a nuestros amigos norteamericanos que es imposible que los Estados Unidos tomen medidas que violan flagrantemente el Reglamento de la OMC y que los Estados Unidos crean que ello no repercutirá en nuestras relaciones generales, importantes como son. 
Creo que he realizado tantos esfuerzos como cualquiera, no sólo para mantener, sino para mejorar dichas relaciones. 
Es algo que beneficia a Europa, es algo que beneficia a los Estados Unidos y es algo que beneficia también al mundo. 
No obstante, para que eso sea posible y para que realmente suceda y para que el trabajo de aquellos que se han esforzado por mejorar dichas relaciones no haya sido en vano, los Estados Unidos deben poner de su parte: deben dejar de recurrir al unilateralismo y respetar las normas del comercio mundial. 
Éste es el llamamiento que les he enviado, pero no es un llamamiento en vano; es expresado también con el apoyo de este Parlamento y la determinación de la Unión Europea de defender sus intereses legítimos. 
Un orador se ha referido a un artículo que apunta a que los plátanos podrían convertirse en mi Némesis. 
A todos nos llega nuestra caída en su momento. 
Afecta a las personas y les llega en momentos distintos y por motivos distintos. 
No temo a ninguna Némesis del plátano, porque sé que la política que estamos siguiendo, con el apoyo del Parlamento, es una política de total adhesión al mercado mundial, de una determinación a establecer relaciones con los Estados Unidos, pero sobre la base sólida del respeto mutuo y de la igualdad de ambas partes del Atlántico. 
Sobre esa base, es posible evitar a Némesis. 
No obstante, al tiempo que evitamos a Némesis de esta manera, reconozcamos también que existen los consejos sabios. 
Tenemos el deber de garantizar que prevalecen los consejos sabios. 
Gracias, señor Comisario, estamos con usted. 
He recibido ocho propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Recursos propios de la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0105/99) del Sr. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la necesidad de modificar y reformar el sistema de recursos propios de la Unión Europea. 
Antes, tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Fabre-Aubrespy. 
Señor Presidente, al iniciar el debate sobre el informe Haug, quisiera plantear una cuestión de no ha lugar a deliberar con vistas a considerar que este informe no es admisible. 
Lo hago por una razón de fondo, relacionada con su contenido, y una razón de procedimiento, relacionada con la forma como se elaboró en la Comisión de Presupuestos. 
En primer lugar, sobre el fondo, en este informe figura una disposición, denominada, para simplificar, la cofinanciación de los gastos agrarios, cuando resulta que los gastos agrarios son, en virtud del Tratado, gastos obligatorios, razón por la cual no es posible establecer una financiación compartida entre el presupuesto de la Unión Europea y el presupuesto de los Estados miembros. 
Una opinión minoritaria emitida por uno de mis colegas- me refiero a Jean-Louis Bourlanges- expone ese punto. 
Por lo demás, no se ha presentado ese informe a la Comisión de Agricultura para que dé su opinión, pese a que dicha comisión es competente para pronunciarse sobre una cuestión de ese tipo. 
Otro problema de procedimiento: no se ha aplicado el artículo 150 del Reglamento, ya que se ha adoptado el principio- que se adopta con frecuencia en esa comisión- de las enmiendas de transacción, cuando en realidad habría sido necesario que la ponente presentara un nuevo informe, lo que brindaría un plazo para la presentación de enmiendas. 
Éstas son las dos razones por las que, de conformidad con el artículo 128, presento una cuestión de no ha lugar a deliberar y le ruego que la someta a votación. 
Entiendo, señor Fabre-Aubrespy, que desea que este asunto sea retirado del orden del día. 
Puedo dar la palabra a un orador que esté a favor y a otro orador que esté en contra. 
Señor Presidente, a los argumentos del Sr. Fabre-Aubrespy se suma el hecho de que el informe Haug no esté disponible en lengua francesa. 
Se puede ir al servicio de documentación y no está. 
Se puede sacar una versión pirata por ordenador, pero no está disponible en lengua francesa. 
Señor Presidente, yo quiero intervenir en contra de la solicitud, sobre todo porque a mi parecer el Tratado CE no avala el argumento del Sr. Fabre-Aubrespy, según el cual el carácter obligatorio de los gastos excluye la cofinanciación. 
El tema de los gastos obligatorios no tiene ninguna relación con la legitimidad de la decisión y, por consiguiente, yo pido que se rechace la solicitud y se proceda al debate del Informe Haug. 
Señor Presidente, yo creo que en el Parlamento Europeo podría ser del todo habitual y necesario hablar también del futuro y poner sencillamente balizas que indiquen hacia dónde queremos dirigirnos, y este es el sentido del presente debate. 
Someto a votación la propuesta del Sr. Fabre-Aubrespy para que se retire este asunto del orden del día. 
El Parlamento rechaza la propuesta 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, es del todo evidente que esta semana vamos a abordar unos cambios importantes de orientación en la Unión Europea, aunque el Sr. Fabre-Aubrespy, con el apoyo de un par de colegas, haya intentado evitarlo ahora mismo. 
Además de los Fondos estructurales y la Política Agrícola Común, también la financiación comunitaria debe ser objeto de una reforma fundamental. 
El Presidente Santer ha señalado con razón que la reforma financiera es uno de los pilares fundamentales de la Agenda 2000. 
Desde el Parlamento ya hemos marcado prioridades importantes para el ámbito del Acuerdo Interinstitucional a través de los principios que hemos definido, pero la reforma financiera seguirá siendo sencillamente insuficiente si no se introducen también modificaciones en el lado de los ingresos. 
En Acuerdo Interinstitucional y la reforma de los recursos propios son dos caras de una misma moneda. 
La estructura financiera actual ya no puede responder al incremento de las demandas. 
Necesitamos una mayor flexibilidad, transparencia e independencia de las finanzas europeas. 
El sistema actual se basa en exceso en fuentes financieras cuyo cálculo resulta sumamente complejo y que, además, siguen teniendo de hecho el carácter de aportaciones de los Estados miembros. 
La reforma debe superar estas deficiencias y a la vez también los evidentes desequilibrios en el reparto de las cargas entre los Estados miembros más prósperos. 
La Comisión de Presupuestos propone, en consecuencia, una modificación gradual del sistema de los recursos propios. 
Ayer por la tarde lo sometimos a votación y llegamos esencialmente a las siguientes conclusiones. Primero: es preciso simplificar y mejorar la transparencia de los ingresos del presupuesto europeo y someterlo a mayor un control democrático. 
Deseamos sustituir los recursos propios basados en el IVA y el PNB por una nueva fuente única de recursos propios simplificada, basada en el PNB. 
Este paso contribuiría también a eliminar los desequilibrios entre los Estados miembros en lo que se refiere a la financiación del presupuesto. 
Segundo: las condiciones de financiación del presupuesto europeo deben ser, por principio, iguales para todos los Estados miembros. 
Esto significa que los actuales mecanismos de compensación tienen que extinguirse y no se deben introducir otros, ni mucho menos sistemas de reducción. 
Concretamente significa que el rebate británico debe extinguirse gradualmente antes de la adhesión del primer nuevo Estado miembro como muy tarde. 
Esta reducción se concedió en su momento como compensación por una participación demasiado reducida en la Política Agrícola Común. 
El porcentaje del gasto agrícola, con una cifra del 70 %, era sin embargo considerablemente superior al actual. 
Introducir también una reducción en la financiación de los Fondos estructurales o de los costes de la ampliación sería contrario al sistema y absolutamente injustificable. 
Tercero, y permítanme que lo subraye: la compensación de las diferencias económicas y la solidaridad entre los Estados miembros son un pilar importante del Tratado y de la integración europea. 
Este importante objetivo no se puede intentar alcanzar, sin embargo, por el lado de los gastos. 
Este intento sólo se traduce en la introducción de normas que complican el presupuesto y lo hacen poco transparente. 
Para la solidaridad entre los Estados miembros disponemos de políticas creadas explícitamente con este objeto, como por ejemplo la política estructural. 
Nosotros deseamos que el principio definidor del presupuesto sea la equidad horizontal y la solidaridad vertical. 
Cuarto: con el tiempo se han incrementado cada vez más los desequilibrios en la financiación del presupuesto. 
Éstos han llegado a lastrar entre tanto considerablemente el desarrollo de la Unión Europea. 
Una mirada a los actuales debates en el seno del Consejo sólo lo ratifica. 
Hablando claro: siempre habrá contribuyentes netos y receptores netos, nadie lo discute, pero es preciso evitar desequilibrios excesivos y un reparto no equitativo de las cargas. 
De lo contrario pondremos en peligro la legitimación de la Unión ante las ciudadanas y los ciudadanos. 
Es evidente que sólo será posible suprimir esos desequilibrios si no se deja de controlar la partida más importante de los gastos- la política agrícola -, con un porcentaje de casi el 50 %. 
Una normativa que incluya el ámbito agrícola es particularmente importante, toda vez que una parte considerable de los desequilibrios tienen su origen en este ámbito. 
Por lo tanto, es conveniente y razonable prever la futura cofinanciación de la política agrícola, tal como decidió anoche la Comisión de Presupuestos. 
En este contexto, yo quisiera resaltar una vez más lo siguiente: cofinanciación no significa renacionalización. 
Al contrario, más bien supone una mayor implicación, también cualitativa, de los Estados miembros en la configuración de una política comunitaria y, por consiguiente, conlleva una profundización de la integración. 
A nadie se le ocurriría negar a nuestra política estructural su carácter comunitario. 
Sin embargo, esta medida no debe imponer a nadie exigencias excesivas y yo puedo contemplar la posibilidad de que se establezca tal vez una normativa diferenciada para los Estados miembros económicamente más débiles, léase unas tasas de cofinanciación más reducida, en el momento de aplicar la cofinanciación. 
Permítanme que añada, finalmente, lo siguiente: las considerables discrepancias en el seno del Consejo en este ámbito también han tenido, obviamente, repercusiones para las deliberaciones sobre nuestro informe y en el Parlamento. 
Dada la fuerte controversia en torno al instrumento de la cofinanciación, yo propuse un compromiso a la Comisión de Presupuestos, según el cual los gastos agrícolas se reducirían cada año en un determinado porcentaje y una parte de los créditos liberados se destinarían a medidas de apoyo estructural para las regiones rurales. 
Este compromiso no obtuvo el apoyo de la mayoría, precisamente por responsabilidad de los mismos que han rechazado rotundamente la cofinanciación. 
Sin embargo, puesto que una solución al margen de la política agrícola carecería de entidad y perspectiva, se volvió a incluir y se adoptó la petición original de una cofinanciación, si bien sólo después de que se hubiese rechazado la propuesta de compromiso. 
Equilibrar el reparto desigual de las cargas es sólo la premisa para que el presupuesto pueda ser viable en el futuro. 
Para garantizar la independencia financiera de la Unión Europea, su financiación debería basarse a largo plazo en nuevos recursos propios que no tengan el carácter de aportaciones de los Estados miembros. 
Dichos recursos tendrían que proceder en primer lugar de unos impuestos propios. 
Como primer paso hacia ese objetivo, a la hora de establecer acuerdos entre los Estados miembros sobre determinados tipos de impuestos, al menos una parte se debería destinar al presupuesto de la Unión. 
En este contexto es preciso resaltar, no obstante, que estos nuevos recursos propios no se sumarían a los existentes, sino que los sustituirían, y no incrementarían la carga fiscal para las y los contribuyentes europeos. 
A mi modo de ver, el objetivo es adaptar la financiación de la Unión a las exigencias del nuevo carácter de la comunitarización. 
Una vez completada la Unión Económica y Monetaria casi hemos alcanzado este nuevo carácter de la comunitarización. 
Las economías nacionales de los Estados miembros han quedado entrelazadas de un modo particular. 
En consecuencia, ya no es posible considerar tampoco aisladamente los presupuestos de los Estados miembros y el presupuesto europeo. 
La estabilidad de nuestra moneda única y la capacidad de desarrollo de nuestras economías estrechamente vinculadas dependen a largo plazo de que el presupuesto europeo también sea económicamente operativo. 
Con la votación del presente informe adoptaremos también una decisión sobre nuestra propia operatividad. 
¿Vamos a esperar las decisiones del Consejo o somos capaces de desarrollar nuestra propia creatividad política autónoma? 
Si el jueves aprobamos el informe y trasladamos sus peticiones a las negociaciones con el Consejo sobre el Acuerdo Interinstitucional, habremos hecho una importante aportación a la reforma de la Unión Europea. 
Yo les pido su apoyo para emprender este camino y les invito a que iniciemos unidos la marcha. 
Aplausos 
Señor Presidente, yo estaría totalmente dispuesto a apoyar la revolución, pero lo que se nos propone es en realidad todo lo contrario. 
Voy a hablar en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
En efecto, la Comisión de Asuntos Institucionales tenía dos preocupaciones en relación con este asunto. 
La primera era la de lograr que se aclarara la cuestión de si en el futuro los recursos propios debían ser contribuciones nacionales o recursos pagados por los agentes económicos, recursos de carácter fiscal. 
La respuesta del informe de la Sra. Haug, que, por lo demás, ha hecho un trabajo de la mayor importancia al que me permito rendir homenaje, aunque no comparta sus conclusiones, es muy paradójico. 
Pues en un primer momento se nos dice que se trata de acabar con las contribuciones nacionales en un segundo momento se nos propone la ampliación de la contribución nacional a tenor del PNB y convertirla en el recurso principal del presupuesto de la Unión. 
Quien lo entienda que lo compre. 
La segunda preocupación de la Comisión de Asuntos Institucionales era la de aclarar el estatuto de la cofinanciación. ¿Se trata de una subvención concedida por los Estados miembros, facultativamente, como lo desean, para alimentar ciertos gastos comunitarios? 
Si es así, entramos en un sistema de puesta en entredicho de la unidad del mercado común agrario. 
Entramos en un sistema de renacionalización y distorsión de la competencia. 
Pues todo el mundo subvencionaría su agricultura como quisiera. 
Si, al contrario, se trata de una cofinanciación obligatoria impuesta a los Estados, estamos ante un recurso propio nuevo- eso es, por lo demás, lo que justifica que el proyecto figure en el informe de la Sra. Haug- y entonces salimos del marco jurídico del Tratado, pues salimos del marco del artículo 201. 
O entramos en el marco del sistema de recursos propios, con acuerdo unánime ratificación de los parlamentos nacionales, o salimos de él para entrar en el marco del artículo 43 y entonces entramos en la mayor ilegalidad. 
Señoría, la propuesta principal de su informe es contraria al Tratado. 
Aplausos 
Señor Presidente, a pesar de la importancia creciente del recurso «producto nacional bruto» , me gustaría hacer un análisis de las aportaciones al presupuesto de la Unión Europea desde la óptica de una Europa de los ciudadanos. 
Si tomamos como elemento de referencia el esfuerzo por habitante de cada Estado miembro en porcentaje sobre su renta, los habitantes de algunos países con niveles de vida más bajos aportan al presupuesto de la Unión un porcentaje de su renta por encima de la media comunitaria. 
Por el contrario, por ejemplo, la aportación al presupuesto comunitario, en los términos mencionados, de un ciudadano italiano o inglés se encuentra claramente por debajo de dicha media. 
En la comunicación de la Comisión Europea se indican tres líneas de acción para resolver el problema de los desequilibrios presupuestarios, pero no hay que olvidar que se ha acusado a dicha institución de ser parcial en la formulación de estas propuestas, pues parece que sólo defiende los intereses de algunos contribuyentes netos. 
Lo que sí está claro es que la comunicación de la Comisión no agota las soluciones posibles. 
Una de las más ingeniosas, desde el punto de vista de la equidad, consiste en compensar a aquellos países cuyo saldo se desvía de lo que le corresponde en función del producto nacional bruto y su riqueza relativa por habitante, financiándose el saldo negativo conjunto por el resto de los socios, excluyendo los Estados miembros de la cohesión. 
Esta opción permite preservar la cohesión en el seno de la Unión y repartir más equitativamente entre todos el esfuerzo financiero necesario para mantener dicho nivel de cohesión. 
Discrepando de la ponente de este informe- a la que, por otra parte, felicito por el trabajo que ha invertido en él -, debemos apostar por la equidad, que es un principio- la equitas- que data de los albores del Derecho romano. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Haug por su informe, no sólo por pertenecer a nuestro Grupo, sino porque se ha embarcado en la misión imposible de intentar alcanzar el acuerdo del Parlamento Europeo sobre la futura financiación de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que cuando lleguemos a la votación se dará cuenta de lo imposible de la situación. 
Sin embargo, los muchos esfuerzos que ha dedicado a este asunto ha permitido realizar ciertos avances hacia una posición que pueden apoyar todos los Grupos políticos. 
Su versión original dio lugar a 241 enmiendas. 
Eso demuestra que el interés era considerable. 
El hecho de que se presentaran 241 enmiendas provocó una cierta inquietud en la Comisión de Presupuestos. 
Lo más lejos de nuestras intenciones era acudir ante el Parlamento con tantas enmiendas sobre las que votar. 
Por ello pedimos a la ponente que intentara obtener el mayor número posible de enmiendas de compromiso. 
Y eso es exactamente lo que hizo. 
La ponente elaboró una versión revisada, que el Grupo Socialista ha intentado secundar. 
La ponente ha complacido prácticamente a todas las nacionalidades menos a una, la mía, en la medida en que ha recogido la mayoría de los intereses. 
Ha hecho un gran trabajo. 
No obstante, no sería sincero si dijera que apoyamos por unanimidad el informe final sobre el que votamos anoche en comisión. 
Si yo fuera griego o irlandés, si el PIB de mi país se viera afectado por la enmienda 141, que hace referencia a la cofinanciación de la agricultura, no querría votar a favor de dicha enmienda. 
Hay quien cree que la enmienda 141 debería ser apoyada sin reservas, porque ayudaría a reducir los pagos netos de sus Estados miembros, y si yo fuera alemán u holandés, apoyaría gustoso este nuevo apartado 13. 
Catorce de las quince delegaciones integradas en el Grupo Socialista quieren eliminar la devolución al Reino Unido y votarán a favor de los apartados a los que he hecho referencia. 
Si yo hablara en nombre de los británicos, haría una defensa válida de por qué la devolución al Reino Unido es justa y está justificada, pero no estoy hablando en nombre de los británicos y por ello no puedo decir esas cosas. 
Lo único sobre lo que mi Grupo puede estar de acuerdo es que hay que cambiar el statu quo. 
La situación no ha evolucionado de una manera sistemática ni de acuerdo con una estrategia europea o una auténtica planificación para avanzar. 
Los tradicionales recursos propios de un inicio eran los únicos recursos propios auténticamente europeos. 
Al mismo tiempo, dichos recursos propios auténticamente europeos están perdiendo importancia rápidamente. 
Sin embargo, los antiguos recursos propios de siempre son la causa de muchos quebraderos de cabeza debido a los controles y la preocupación por el fraude. 
¿Y qué hay de los recursos propios basados en el IVA y el PIB? 
Como miembro de la Comisión de Presupuestos desde hace casi diez años, reto a cualquier miembro- salvo al Sr. Samland y al Sr. Colom i Nadal- a que explique la fórmula de los recursos propios basados en el IVA y el PIB, es decir, cómo se calculan las contribuciones de los Estados miembros. 
Intenten explicarlo al público en general y- aunque puedan hacerlo- ¿cómo puede entenderlo el público? 
Ésa es la situación actual. 
Tenemos un sistema de recursos propios sumamente complejo y carente de transparencia. 
Lo único que desea el Parlamento es un sistema claro e integral. 
Estamos cerca de conseguir un acuerdo al respecto a través del informe de la Sra. Haug. 
Me gustaría que cuando finalice la votación tuviéramos una posición clara y concisa, y la mayor parte de mi Grupo la apoyará. 
Señor Presidente, intervengo para una cuestión de orden. 
Al final de esta mañana, el Presidente de la sesión ha cambiado el orden del día de esta tarde, sin una votación reglamentaria, para permitir al Sr. Leon Brittan acudir ante nosotros. 
Ahora estamos en el turno de preguntas. 
Pero ese cambio provoca un desequilibrio totalmente inaceptable entre los Grupos políticos en este debate. 
Eso quiere decir que se va a aplazar hasta la sesión de la noche el debate sobre un informe de suma importancia para las finanzas europeas y se va a impedir a los demás Grupos políticos expresarse antes de las 21.00 horas. 
Ésa es la razón por la cual le pido encarecidamente que haga que al menos un orador de cada Grupo político pueda expresarse ocupando una parte del tiempo de las preguntas, porque, si no, la prensa, que está en la sala de prensa escuchando, habrá oído durante trece minutos a un solo Grupo- en realidad, cinco, pero la ponente pertenece al mismo Grupo político- y nada a los demás Grupos. 
Habida cuenta de la importancia de este informe, de la votación del jueves, que va a ser extraordinariamente seguida, con tres opiniones minoritarias, con votaciones nominales, en particular en lo relativo a la agricultura, me parecería totalmente deplorable que esta Asamblea pasara al turno de preguntas sin que se haya expresado al menos un orador por Grupo. 
Señor Presidente, pido que consulte a Sus Señorías, porque me parece que así como antes ha sometido a votación la posible devolución del informe mediante la cuestión de no ha lugar a deliberar, los Grupos deben poder expresarse en este caso. 
Señor Giansily, tiene razón al señalar los terribles problemas que surgen siempre que modificamos el orden del día. 
Es insufrible para los señores diputados, para los señores comisarios y para la prensa. 
Espero que también entienda que cuando se ha fijado el comienzo del turno de preguntas a las 17.30 resulta muy difícil como Presidente saltárselo a la torera. 
Sin embargo, si insiste en que celebremos una votación al respecto, naturalmente es posible. 
Aunque preferiría que lo evitásemos y empezara ahora el turno de preguntas. 
Me parece importante en cambio que el Sr. Giansily haya llamado la atención de los asistentes y de la prensa sobre el sesgo que supone que sólo sean miembros de un determinado grupo los que han tenido la palabra. 
Me parece que tiene usted razón. 
Sin embargo, quiero también llamar su atención sobre el hecho de que el Sr. Bourlanges también tuvo la palabra. 
Y el Sr. Valdivieso. ¿Insiste, Sr. Giansily, en la votación? 
Sí, señor Presidente, le pido que lo someta a votación. 
Señor Presidente, yo sólo querría proponer un compromiso. 
Creo que todavía tienen que intervenir siete grupos y nos quedan pocos minutos. 
Quizá podamos alcanzar un compromiso. 
No es necesario reordenar toda la lista de oradores. 
Según entendí al Sr. Giansily, éste quería que los siete diputados que hablan en nombre de los grupos tuvieran la palabra antes del turno de preguntas. 
Cuando se ha solicitado la opinión de la Asamblea sobre el momento en que debía tener lugar la declaración de la Comisión relativa a los plátanos, en ningún momento se ha informado al Pleno de que esto significaba truncar el debate sobre los recursos propios. 
Yo soy de los perjudicados porque a mí me tocará, de todas maneras, intervenir por la noche. 
Pero me parece políticamente impresentable que no puedan expresarse todos los Grupos, al menos una vez, antes de interrumpir el debate. 
Señor Presidente, yo propongo que el debate se reanude en el Pleno inmediatamente después del Turno de preguntas. 
Someto a votación la propuesta del Sr. Giansily para que se permita a los grupos hablar antes del turno de preguntas. 
El Parlamento aprueba la propuesta 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Control Presupuestario se ha ocupado repetidamente del sistema de los recursos propios con motivo de los diferentes informes del Tribunal de Cuentas. 
La Sra. Haug ha realizado ahora un trabajo extraordinariamente extenso en nombre de la Comisión de Presupuestos, pero el gran número de enmiendas presentadas en la comisión no han contribuido- lamento tener que decirlo- a aclarar su planteamiento ni lo han hecho más convincente. 
Yo quisiera declarar como principio que mientras sólo hablemos del reparto equitativo entre los Estados miembros de los recursos propios que es preciso obtener, siempre toparemos con intereses económicos y presupuestarios contrapuestos y tendremos que lamentar la falta de transparencia y de posibilidad de control, tanto de los ingresos como de los gastos. 
Sólo cuando nos tomemos en serio al ciudadano individual de toda Europa en su calidad de contribuyente que hace su aportación y sopesemos dicha aportación podremos acabar con este conflicto. 
Por esto yo lamento mucho que no se haya aceptado la enmienda de nuestra Comisión de Control Presupuestario, basada en las declaraciones de la Comisión, sobre la posibilidad de personalizar las aportaciones de las que se nutre el sistema de recursos propios. 
Deberíamos conservar el principio de los recursos propios aunque sólo sean verdaderamente tales los recursos propios tradicionales- aranceles y exacciones agrícolas -, que ya hace años que están en regresión. 
Los Estados miembros computan, además, estos recursos propios como una aportación y exigen la devolución de un 10 % para sus administraciones de aduanas. 
Al menos habría que comprobar si es, de hecho, necesario destinar este 10 % a las administraciones de aduanas. 
En cualquier caso, todavía nos encontramos con una serie de reducciones y desviaciones en este contexto en el ámbito de los Estados miembros. 
Los recursos basados en el IVA han ido adquiriendo cada vez más el carácter de aportaciones estatales al presupuesto de la UE. 
Su participación queda distorsionada porque la economía sumergida es importante en algunos Estados. 
Los recursos propios basados en el PNB son, con todo, los que se pueden considerar más fácilmente aportaciones. 
Yo lamento, empero, que no se haya aclarado en absoluto el tema de los contribuyentes netos. 
Yo estoy a favor de la cofinanciación, de la extinción progresiva de la reducción británica y también de que se considere la introducción de recursos propios nuevos. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Haug por su informe. 
Su misión era prácticamente imposible, pero nos gustaría hacer una distinción entre algunos puntos muy controvertidos y el sentido general en que el Parlamento puede expresarse. 
Es fundamental que el Parlamento diga antes de la Cumbre de Berlín que no le gusta el concepto de juste retour, que no desea más excepciones, que quiere revisar las excepciones de la devolución a los británicos y que no quiere seguir por la vía de un mecanismo de corrección general. 
Se trata de cuestiones fundamentales para el futuro. 
También es importante de cara al futuro que analicemos la perspectiva de disponer de recursos propios de auténtica naturaleza, aunque puede que esto tarde aún algún tiempo. 
En este sentido, es un informe de importancia fundamental que debemos acoger con satisfacción. 
Evidentemente hay algunos puntos que presentan dificultades. 
El tema de la cofinanciación será compartido por una amplia mayoría de mi Grupo. 
Discrepo con el Sr. Bourlanges, que afirma que es ilegal. 
Lo dijo con tantas palabras. 
No es ilegal. 
Es la revisión de una política que debe seguir siendo communautaire. 
No hay ninguna duda al respecto. 
La cuestión es si en 1999 debemos seguir con la misma cantidad de financiación en el presupuesto comunitario para una política agrícola que necesita una revisión. 
Ese elemento nada tiene que ver con la legalidad. 
Es una cuestión de lo que es adecuado y de revisión. 
Asimismo es muy importante que el informe sostenga claramente que debemos encontrar correcciones sobre el lado de gastos en el futuro. 
Sabemos, por ejemplo, que en el marco de la revisión, el Gobierno español ha presentado sugerencias relativas al asilo y a la inmigración. 
Puede que el modo específico en que han sido formuladas necesite una corrección, pero es ese tipo de correcciones las que, como dice la Sra. Haug, permitirán construir en última instancia una Comunidad solidaria y una Comunidad justa. 
Ante este panorama general, el Grupo de los Liberales está a favor de su enfoque general. 
Ciertamente habrá algunos aspectos individuales sobre los que podemos no estar de acuerdo. 
También es evidente que no a todo el mundo le gustaría que desapareciera inmediatamente la devolución al Reino Unido. 
Ya hemos oído ese argumento antes. 
Pero, una vez más, conviene saber que en Europa una amplia mayoría no quiere que se adopte una posición específica en favor de un grupo concreto de países o de países individuales. 
De hecho, como acertadamente dice la Sra. Haug, debería estar claro asimismo que este tipo de acuerdos especiales deben desaparecer antes de la incorporación de la primera tanda de países. 
Es un argumento muy positivo. 
Sería totalmente ilógico que un Estado miembro no cofinanciara la ampliación de la Unión Europea; algo que nada tiene que ver con que en 1984 existiera una situación concreta en lo que respecta a la agricultura. 
Ante este telón de fondo, también es importante que la Sra. Haug deje claro que, en el futuro, el Parlamento debería tener más democracia y un mayor poder de decisión. 
Nuestro colega Sr. Colom i Naval contará con un respaldo considerable en lo relativo a una mayor flexibilidad y transparencia. 
Gracias, señor Presidente, por haber aceptado someter nuestras propuestas a votación. 
Como ha visto usted, han surtido efecto, porque creo que el de la Sra. Haug es un informe extraordinariamente importante para el futuro de nuestra Asamblea y para el futuro de la Unión. 
El informe de la Sra. Haug se reduce a algunas preguntas. ¿Son aún adecuados los recursos propios que permiten financiar las políticas comunitarias? 
¿Garantizan la autonomía financiera de la Unión Europea? 
Y, por último, ¿serán suficientes para financiar la ampliación futura y permitir a la Comunidad mantener sus compromisos con las políticas comunes? 
Así queda enunciada la problemática. 
Si bien la ponente ha formulado las preguntas adecuadas, la Comisión de Presupuestos, con su votación de ayer, les ha dado, en cambio, respuestas inadecuadas. 
En primer lugar, la Sra. Haug ha aplicado una auténtica caza de brujas a la Política Agraria Común, porque le basta con dejar constancia simplemente de la participación de los gastos agrarios en el presupuesto comunitario para afirmar que es una causa principal del desequilibrio presupuestario. 
En modo alguno podemos avalar un postulado tan erróneo. 
La participación de los gastos agrarios en el presupuesto, si bien sigue siendo constante desde hace veinte años desde el punto de vista del PIB, no ha cesado, porque las otras políticas iban en aumento y por una limitación financiera muy estricta, de disminuir año tras año para representar hoy menos del 45 % del volumen total de gastos de la Unión, mientras que, cuando esta Asamblea fue elegida por primera vez en 1979, representaba más del 90 %. 
En segundo lugar, al considerar muy incómoda la participación de la PAC en el presupuesto, la Sra. Haug propone nada menos que una cofinanciación por los presupuestos nacionales del gasto agrario y eso, como ha explicado antes el Sr. Bourlanges, es totalmente inaceptable, dado el estatuto específico del gasto agrícola, que por su naturaleza y su orientación de apoyo a los mercados, no se puede asimilar al conjunto de los gastos no obligatorios y no se puede someter al libre arbitrio de nuestra Asamblea. 
La cofinanciación, aun parcial, de la PAC por los presupuestos nacionales constituiría inevitablemente una renacionalización del gasto agrario y arrastraría a la Unión Europea a una peligrosa regresión del carácter de integración de las políticas comunes. 
¿No corremos en ese caso el peligro de deslizarnos por la funesta pendiente de la desintegración de las políticas comunes, dado que, por comodidad financiera y oportunidad política, ya no se quiere garantizar su financiación íntegra? 
Toda reforma de las finanzas de Europa debe consolidar la solidaridad comunitaria y, en particular en materia de Fondos estructurales, las opciones propugnadas por algunas delegaciones no dejan de inquietar. 
Creo que a ese respecto lo que debe prevalecer, como se recordó después de los Consejos Europeos de Bruselas en 1998 y de Edimburgo en 1992 y la firma del Tratado de Maastricht, es el respeto de la palabra dada a los Estados miembros que más lo necesitan- y aquí me erijo en intérprete de mi colega Nikitas Kaklamanis -, a saber, Grecia, Irlanda y Portugal esencialmente. 
Para terminar, señor Presidente, ¿cómo podríamos admitir que no se cumplieran hoy los compromisos subscritos en el pasado, cuando se trataba de integrar esos Estados en la Unión Europea y solicitar su solidaridad total? 
La votación de hoy, señor Presidente, nos mostrará que la solidaridad debe seguir funcionando entre los diputados, entre los socios europeos. 
Señor Presidente, la primera cuestión que se plantea en materia de recursos propios es la de adecuación con las políticas que se pretende plasmar. 
¿Cuáles y en qué nivel? 
O, si se quiere, y recordando una expresión nuestra muy conocida, es indispensable encontrar los medios para nuestras ambiciones. 
Ése es el punto de partida por el que debemos comenzar, teniendo presente, en el caso que nos ocupa, que se está preparando otra nueva ampliación, precisamente a un importante núcleo de países, que, además, tienen un grado de desarrollo sensiblemente inferior al nivel medio comunitario actual. 
No se pueden ocultar esas cuestiones. 
Por eso, habrá que responder, a nuestro entender, con claridad las preguntas siguientes: ¿queremos o no dar continuidad a las actuales políticas comunitarias- y éste no es el momento para que examinemos su naturaleza- y deseamos o no preparar el terreno para ampliarlas en el futuro a los países candidatos? 
Más aún: es necesario considerar si habría otras esferas de deseable actuación comunitaria que requirieran una asignación de recursos. 
Pienso, por ejemplo, en la lucha contra el desempleo. 
Lo que acabo de decir choca, evidentemente, con la orientación que se ha venido dando a este examen, ya que muchas veces se confunde la actuación en el nivel de los ingresos con la actuación en el nivel de los gastos, pero también y fundamentalmente porque parece haber una preocupación dominante: tomar el nivel actual de recursos propios como adecuado y como punto de partida y, dadas las nuevas situaciones- en particular, la preparación de la ampliación -, apuntar tan sólo a una nueva redistribución y asignación de los mismos recursos. 
Naturalmente, no somos partidarios de esa orientación, que, por lo demás, se desvía de todo lo que al respecto se ha elaborado en esta Asamblea durante años y años. 
Somos los primeros en reclamar una profunda reforma de la PAC, pero eso no significa que una PAC correctamente reformada sea menos exigente en medios financieros. 
Habrá que garantizar- eso sí- una nueva asignación de los recursos disponibles por producciones, por productores y por regiones. 
Por eso, rechazamos de entrada la propuesta de renacionalización de los recursos de la PAC, así como las intenciones de reducción progresiva que también se vienen señalando. 
Por otro lado, consideramos que la solidaridad y la cohesión tendrían que estar en la primera línea de las preocupaciones de la Unión Europea y consideramos incluso que la parte del actual 1, 27 % del PNB que se destina a esos objetivos resultará inadecuada para garantizar, en el futuro, una política redistributiva efectiva. 
Y, en particular- es necesario reafirmarlo claramente -, no habrá ampliación con semejante nivel de recursos propios. 
Además de que se nos presentan como inaplazables algunos proyectos encaminados a la creación de empleo, que también presuponen medios suplementarios. 
He de decir que hay una cuestión fundamental que aún se plantea, que es la de cómo financiar correctamente la Unión Europea. 
Y, a nuestro entender, sin querer entrar en vuelos desmedidos, pensamos que sólo se puede resolver mejorando el actual sistema de recursos propios, en particular aumentando el peso del PNB en el cálculo de esas transferencias. 
Nos parece que ésa será la única vía cierta. 
Señor Presidente, el Informe Haug seguirá estando en el aire, suspendido entre las estrellas europeas, el jueves, pero aún así yo agradezco el enorme esfuerzo realizado. 
Yo quisiera resaltar que el tema de la cofinanciación de la política agrícola no guarda ninguna relación con la versión barata del debate sobre los contribuyentes netos, tal como la escuchamos a diario, sino que es necesario para hacer realidad lo que siempre hemos pedido: una reforma estructural que sirva para democratizar la política de gastos y, sobre todo, que nos permita asumir la ampliación, pues de lo contrario nunca conseguiremos resolver el tema de la financiación de la ampliación al Este. 
Decir que se trata de la única política comunitarizada es, a mi modo de ver, sólo un cliché destinado a ocultar la ausencia de un control democrático en este ámbito, que representa casi la mitad del presupuesto. 
Cuando los Ministros de Agricultura se reúnen y deciden sobre sus 45.000 millones de euros, quien decide no es el Parlamento Europeo ni ningún Parlamento regional o nacional. 
Este es el error fundamental de la llamada comunitarización de la política en el ámbito agrícola. 
Subvencionar la política ecológica en las regiones rurales, sí, como una política estructural, pero subvencionar un sólo ámbito del sector agrícola es, a mi parecer, algo francamente desfasado, que pone seriamente en entredicho la credibilidad de la política europea y que debe ponerse sobre la mesa en las negociaciones sobre un nuevo marco financiero. 
¡Yo agradezco en este sentido que la Comisión de Presupuestos haya enarbolado esta bandera! 
Señor Presidente, Señorías, es una pena que este debate tan importante que debemos a la Sra. Haug, se lleve a cabo con tan poca atención porque nos encontramos en el centro de una polémica, de un problema, de un debate que reviste una importancia muy diferente y que, a mi entender, salió de nuestra Comisión de Presupuestos de una forma, yo diría, para nada airosa y para nosotros inaceptable. 
Nos satisface que, por ejemplo, se haya descartado la cuestión del justo retorno, este concepto que- así como todas estas reivindicaciones sobre cuestiones que afectan a un importe total, cuyo contravalor en liras italianas equivale a 10.000 o 12.000 millardos, o sea, una gota del presupuesto global de un Estado miembro- está en el centro de un debate histórico que está minando la raíz misma de la integración europea. 
Estoy de acuerdo y estoy contento de que se haya descartado este principio; por el contrario, no estoy satisfecho de algunas orientaciones que ha tomado el informe, en particular en la parte donde volvemos a plantear algo que ya no figura en la agenda de nuestros Gobiernos ni en la del Consejo de Ministros. 
Hace unos días, nos hemos enterado de que el Gobierno alemán que más que ningún otro había insistido en pedir otra fórmula para cofinanciar la política agrícola europea, ha retirado la propuesta. 
Ahora, el hecho de que nosotros, el Parlamento Europeo, que, por desgracia, sólo tenemos poder de consulta volvamos a la carga con esto, me parece un error que nuestra comisión cometió ayer. 
Nosotros votaremos a favor del informe si se eliminan esas consideraciones que no tienen en cuenta este elemento o que elevan el listón del reto. 
El problema de la integración europea no es una cuestión de pocos millardos, sino de concebir una unión efectivamente política entre los europeos. 
Señor Presidente, la característica de nuestros cuatro recursos propios es que no son propios. 
En primer lugar porque hay fraude en su base tributaria- así es en el caso del IVA y del PNB, porque no son claros, no son transparentes: aquí ninguno de nosotros sabría calcular la restitución británica- y, por último, porque, gracias a Dios, los recursos no pertenecen propiamente a Europa, sino que son contribuciones encubiertas de los Estados. 
Actualmente, se quiere modificar este sistema por la presión de la apertura al Este y la presión alemana. 
La Comisión Europea ha hecho ciertas propuestas. 
En realidad, los recursos propios son un terreno de verdad. 
La Unión Europea no podrá mantener su límite máximo de 1, 27 del PNB y con el tiempo habrá que recurrir a un suplemento de impuestos europeos. 
El federalismo desplegará su implacable mecánica: como en los Estados Unidos, como en el Brasil, como en la India, como en Australia, deberemos pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades entre los Estados Unidos y Europa. 
Una sola cosa nos protege de esa deriva: la regla de la unanimidad. 
Gracias, señor Martínez. 
En este punto suspendo el debate. Éste se reanudará esta noche a las 21.30 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0144/99). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señorías, iniciamos este turno de preguntas a la Comisión con 26 minutos de retraso de acuerdo con el orden del día que aprobamos el lunes. 
Pido disculpas a la Sra. y Sres. Comisarios por este retraso. 
Les habíamos convocado a las 17.30 horas. 
Asimismo, también pido disculpas a los autores de las preguntas. 
Pregunta nº 41 formulada por José Valverde López (H-0139/99): 
Asunto: Unidad de análisis de alimentos del Instituto de Medio Ambiente (Ispra) El Instituto Europeo del Medio Ambiente, con sede en Ispra, cuenta con una unidad de análisis de alimentos que controla la calidad de ingredientes alimentarios, aditivos y productos químicos en general utilizados en la preparación de alimentos. 
¿Puede la Comisión informar sobre cómo se relaciona esta unidad con los distintos servicios de la Comisión encargados de la seguridad alimentaria? 
¿Puede la Comisión informar sobre si ha previsto la integración de dicha unidad en la futura Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? 
Doy la bienvenida a la Sra. Cresson y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Valverde. 
Señor Presidente, me complace contestar a esta pregunta relativa a un asunto importante, a saber, el Instituto del Medio Ambiente y el problema de la seguridad alimentaria. 
Desde el 1 de octubre de 1998, la unidad de «productos alimentarios» forma parte del nuevo Instituto de Salud y Protección del Consumidor del Centro Común de Investigación. 
Dicha unidad aporta conocimientos científicos independientes, necesarios para la elaboración y la aplicación de diferentes políticas de la Unión. 
En la aplicación del Quinto programa marco de investigación, la unidad seguirá prestando un apoyo científico y técnico a diferentes direcciones generales de la Comisión: así, por ejemplo, a la Dirección General de Industria- la DG III -, a la Dirección General de Agricultura- la DG VI -, a la Dirección General de Medio Ambiente- la DG XI -, a la Dirección General de Aduanas- la DG XXI- y a la Dirección General de Protección del Consumidor: la DG XXIV. 
Los principales ejes de investigación que habrá de desarrollar la unidad en el marco del Quinto programa marco de investigación son, en primer lugar, el control de la seguridad y la calidad de los alimentos y los productos alimentarios y, además, la detección de organismos genéticamente modificados en los alimentos y también en el medio ambiente. 
Las actividades de la unidad se referirán esencialmente al desarrollo, la validación y la armonización de los métodos de análisis. 
Además, las actividades de la unidad se referirán al desarrollo de bases de datos y la fusión de los resultados de la investigación. 
Las esferas abarcadas por la actividad de esa unidad son, entre otras, la alimentaria y la alimentación animal, los productos cosméticos, los envases alimentarios, así como los artículos de puericultura y los juguetes. 
Quisiera citar algunos ejemplos más concretos del trabajo que va a hacer ese Instituto: en particular, la validación de dos métodos- uno de detección, otro específico- para la detección de organismos genéticamente modificados en los alimentos básicos, por ejemplo, la harina de soja o de maíz. 
Ese estudio se ampliará a los productos transformados. 
Citaré también el desarrollo de métodos para la determinación de la presencia de materias grasas vegetales diferentes de la mantequilla de cacao en el chocolate. 
Ese estudio servirá de base científica para la nueva directiva sobre el chocolate, en preparación. 
Ese trabajo consiste en el desarrollo y la coordinación de la validación de un método mecánico para la simulación de la succión de los jugos y de los artículos de puericultura. 
Como saben Sus Señorías, recientemente ha habido un gran debate a ese respecto, pues los ftalatos pueden ser la causa de enfermedades graves en los niños que succionan y mordisquean los juguetes que se les dan. 
Otro ejemplo es el de la validación de los métodos en el marco de la encefalopatía espongiforme bovina y de la seguridad de la alimentación animal: uno encaminado a probar el tratamiento térmico apropiado de las harinas animales según la legislación y el otro a permitir la detección de harinas animales en la alimentación del ganado. 
Por último, podría citar como ejemplo una base de datos para los vinos- que comprende más de 10.000 vinos- y la lucha contra los fraudes en la esfera de los vinos, los alcoholes y las bebidas espiritosas. 
Se trata de algunos ejemplos concretos de la actividad del organismo antes citado. 
Por lo que se refiere a la referencia a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Comisión quisiera recordar que hasta ahora no ha hecho propuesta alguna al respecto. 
Así, pues, parece prematuro examinar hoy una posible participación de centros comunes de investigación, pero, naturalmente, es un asunto que se puede estudiar más adelante. 
Ante todo quiero agradecer muy sinceramente a la Sra. Comisaria la extensa respuesta que ha dado a mi pregunta y que informa muy ampliamente a la opinión pública sobre la importante reestructuración que se ha producido en Ispra y, sobre todo, las nuevas actividades que ha asumido el Instituto para la Salud. 
Lo que quiero es insistir en que, por favor, señora Comisaria, la Comisión siga trabajando en el proyecto de la creación de la nueva agencia de seguridad alimentaria que es la que puede coordinar todas estas actividades y dar eficacia al conjunto. 
Más que una pregunta es una nueva insistencia en este deseo y espero que la Comisión, lo mismo que ha sido realmente eficaz en la reestructuración de Ispra, pueda terminar su labor con la creación de la agencia. 
Sí, Señoría, quiero simplemente confirmar el interés que siento por ese problema de la seguridad alimentaria. 
En el marco de la reestructuración del Centro Común de Investigación, he deseado efectivamente que se prestara una atención muy particular a ese asunto. 
Le indico que se pondrá un documento a disposición de los diputados. 
Es el programa de trabajo de este año, 1999, en el que Sus Señorías podrán ver en detalle, y, por tanto, de forma mucho más profunda de lo que puedo hacerlo yo aquí, lo que se ha hecho, así como la lista de publicaciones que se han hecho a raíz de los trabajos realizados en el Centro Común de Investigación. 
Mucha gracias, Señora Cresson, por su respuesta. 
De nuevo, le pido disculpas por el retraso y la paciencia que usted ha tenido de esperar para responder a la pregunta del Sr. Valverde. 
Muchas gracias, Señora Cresson. 
Pregunta nº 42 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0211/99): 
Doy al Comisario Marín una cálida bienvenida. 
Con el Sr. Marín tengo una larga trayectoria no sólo de amistad sino de lucha común en un periodo difícil para la consecución de las libertades en España, y no les puede extrañar a ustedes que, cuando le doy la palabra, sienta una especial calidez. 
Tiene usted la palabra, señor Marín, para responder a la Sra. Oddy. 
Señor Presidente, gracias por su amabilidad una vez más. 
La Sra. Oddy me plantea una pregunta respecto a la situación de una pretendida oficina de la Comisión Europea en la zona de Río Coco, en Nicaragua, y a este respecto tengo que señalarle que la Comisión Europea dispone de una única delegación en Nicaragua que tiene sede en Managua. 
Los locales que visitó no pertenecen a la Comisión Europea y el personal con el cual usted mantuvo la entrevista no es personal de la Comisión Europea. 
Ese proyecto fue clausurado en el año 1997. 
En consecuencia, de las personas que allí estaban, ninguna tiene un vínculo profesional con la Comisión Europea. 
En cuanto al material de oficina y a los dos Land Rover, que usted constató que no estaban en buen uso en 1997, debe saber que siempre que se cierra un proyecto, el remanente de oficina y los vehículos, que ya están suficientemente amortizados, se ponen a disposición de la autoridad local y, en este caso, esos vehículos y ese remanente de material de oficina fueron entregados precisamente al Gobernador nicaragüense de la provincia de Río Coco. 
En consecuencia, debe tratarse de un malentendido. 
No obstante, he dado instrucciones al delegado de la Comisión en Managua para que se desplace a la región de Waspam, con objeto de verificar in situ por qué la autoridad nicaragüense eventualmente ha hecho mal uso de la donación de los dos Land Rover y del material de oficina. 
Gracias por su respuesta. 
Sé que el proyecto había sido clausurado, pero a pesar de ello, el local sigue funcionando a todos los efectos como un centro de la Comisión. 
Tiene un letrero en el exterior que así lo atestigua y los dos vehículos a los que me he referido tienen los logotipos de la Comisión. 
A los ojos del mundo exterior parece una oficina de la Comisión y la gente del pueblo se refiere a ella como la oficina de la Comisión. 
No acepto la respuesta que me ha dado, y las personas con las que hablé creen que aún son empleados de la Comisión. 
Sólo puedo reiterar lo que he preguntado en mi pregunta original. 
Esta situación debe ser investigada con carácter de urgencia. 
Si existe un malentendido, hay que poner al corriente a las personas que piensan que tienen salarios atrasados. 
Señora Oddy, hemos hecho ya las verificaciones oportunas y le confirmo que este edificio no es propiedad de la Comisión. 
Desconozco los motivos de lo que usted afirma aunque los puedo imaginar. 
Efectivamente, el delegado nos ha dicho que en el edificio figura el logotipo de la Unión Europea, que está pintado en la pared. 
De la misma manera, en los dos Land Rover está también pintado el logotipo de la Unión Europea. 
Cuando se termina un proyecto, como le he explicado, se dan los vehículos que ya están amortizados a la autoridad local, en este caso al Gobernador de la zona. 
Pero hemos verificado que ese edificio no es de la Comisión Europea. 
Daré instrucciones al delegado para que borren los logotipos de los Land Rover. 
Pero insisto en que ese edificio no es de la Comisión Europea. 
Lo fue, pero se dejó de usar hace dos años. 
Se trata de un malentendido. 
Otra cosa distinta es que, a causa de los problemas generados por el huracán Mitch, la Comisión haya decidido- y sin duda de eso está usted informada- reproducir este proceso, pero, naturalmente, de una forma diferente no a través del Gobernador local de la provincia de Río Coco, sino a través de un concurso que se ha hecho y que ha sido ganado por una ONG italiana. 
¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? 
Porque una vez más este pequeño ejemplo pone de manifiesto lo difícil que es lo que llamamos siempre desarrollo sostenible. 
La Unión Europea estuvo financiando durante cinco años este proyecto para los indios misquitos. 
El desarrollo sostenible dice que, al cabo de un cierto tiempo, tenemos que transferir esta responsabilidad a las autoridades locales. 
Hace dos años, en 1997, transferimos a las autoridades locales la responsabilidad de este proyecto y usted misma ha podido constatar que, muchas veces, el desarrollo sostenible exige una presencia continuada de la cooperación europea porque, cuando la cooperación europea se retira, ocurren cosas como la que usted vio. 
Pero créame, se han dado instrucciones al delegado para que pida cuentas al Gobernador de la zona de Río Coco y daré instrucciones para que se borren todos los logotipos de la oficina y de los Land Rover, para que no haya equívocos en la opinión pública del lugar. 
Yo no he estado en Nicaragua, pero Christine Oddy sí ha estado y ha informado fielmente sobre lo que vio. 
A mi entender parece apuntar a una situación desafortunada en la oficina del representante, porque lo que usted está ordenando ahora que se haga, debería haberse hecho hace dos años. 
Esa oficina debería haber sido inspeccionada ya por su departamento- posiblemente, por el Interventor y posiblemente también por el Tribunal de Cuentas. 
Cuando surgió esta cuestión hace unos meses, el organismo responsable escribió tontamente a Managua diciendo que no tenía intención de realizar una visita este año. 
Cuando alguien está preocupado por que las cosas puedan no ser gestionadas debidamente, parece una pena que se publique el hecho de que no habrá controles. 
Sr. Kellett-Bowman, no comprendo su intervención. 
¿Me la puede explicar un poquito mejor? 
Lo que he venido escuchando sobre el representante en Nicaragua revela que el proyecto no fue clausurado debidamente. 
Debería hacerse una visita a Managua. 
Le invito a anunciar que se realizará una visita de inspección, posiblemente de su departamento, del Interventor y del Tribunal de Cuentas. 
Señor Kellett-Bowman, ahora le comprendo. 
El delegado tiene instrucciones de desplazarse para saber exactamente cuál ha sido el tipo de tratamiento que el Gobernador local de Río Coco ha dado a la transferencia de nuestro proyecto a las autoridades nicaragüenses pero- vuelvo a insistir- aquí hay un malentendido. 
Ustedes me preguntan por qué un local de la Comisión se encuentra en un estado tan lamentable y yo les respondo que ese local no es de la Comisión. 
Y en segundo lugar, las personas que estaban dentro- aparentemente en una situación, como dice la señora, no muy correcta -, no son funcionarios de la Comisión. 
Eso quiero que quede rotundamente claro. 
Es decir, ni se trata de un edificio de la Comisión ni de funcionarios. 
¿Cómo quiere que haga una inspección de control financiero sobre una situación basada en un malentendido sobre funcionarios que no son funcionarios de la Comisión? 
He dicho Managua, no me refería al lugar del proyecto. 
Señor Kellett-Bowman, cuando la Comisión dice cosas que son evidentes, a veces se genera una reacción que yo no comprendo. 
Me estoy refiriendo al proyecto de Río Coco. 
La delegación de Managua, naturalmente... 
El Presidente interrumpe al Comisario 
Señor Marín, le ruego que dé su respuesta sin entrar en diálogo porque esto no está dentro de las condiciones reglamentarias. 
He sido excesivamente generoso con el Sr. Kellett-Bowman porque él y yo compartimos los viernes, pero no puedo excederme tampoco en mi generosidad. 
Responda usted como considere oportuno y pasaremos a otra pregunta. 
No hay ningún problema en que la delegación de Managua, nuestra delegación oficial, se audite como ustedes desean porque se tiene que hacer en el cuadro del SEM 2000. 
Pero en lo que se refiere a la sede de la pregunta de la Sra. Oddy, esa sede, que ella ha visitado, no es una sede de la Comisión Europea, y las personas que encontró la Sra. Oddy dentro no son funcionarios de la Comisión Europea. 
Es así de simple. 
Lo lamento pero es así. 
Pregunta nº 43 formulada por Hans Lindqvist (H-0203/99): 
Asunto: Seguridad aérea Es importante que el grado de seguridad aérea sea elevado. 
Con vistas a aumentar la seguridad se han elaborado planes para establecer un organismo europeo con competencias en materia de seguridad aérea (European Aviation Safety Authority, EASA). 
La Comisión está estudiando el tema, a instancias del Consejo. En un primer momento se prometió una propuesta para principios del año pasado. 
Posteriormente, esta fecha se ha ido aplazando de forma progresiva. En la actualidad se espera que a finales de febrero esté listo un proyecto de Convenio. 
¿Se ha elaborado una propuesta de Convenio? 
¿Cuándo podrá entrar en vigor el Convenio? 
Doy la bienvenida al Sr. Kinnock. 
Estoy seguro de que hoy respetará a los intérpretes y a los trabajos de la Presidencia y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. Lindqvist. 
Señor Kinnock, tiene usted la palabra. 
Agradezco a su Señoría la pregunta. 
En respuesta, quisiera decir que a raíz de la Decisión del Consejo de 16 de julio de 1998, la Comisión fue autorizada a iniciar negociaciones con los Estados cuyas autoridades responsables de la aviación civil son miembros de pleno derecho de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, pero no de la Comunidad Europea, con vistas a celebrar un acuerdo sobre la creación de un organismo europeo con competencias en materia de seguridad aérea que tome la forma jurídica de una organización internacional. 
Las negociaciones se llevarán a cabo de conformidad con las directivas de negociación y con los procedimientos ad hoc especificados por el Consejo, al objeto de garantizar una estrecha coordinación entre la Comunidad y sus Estados miembros. 
La autorización para iniciar las negociaciones conlleva la creación de un comité especial al que la Comisión está obligada a presentar un proyecto de texto del tratado constitutivo antes del inicio de las negociaciones. 
La Comisión ha elaborado un primer proyecto de texto que ha sido presentado recientemente a los miembros del comité especial. 
Cuando se haya finalizado el texto, éste servirá de base para las negociaciones con los países europeos no comunitarios. 
Está previsto que dichas negociaciones finalicen en el transcurso de este año. 
Naturalmente mantendremos informado al Parlamento Europeo sobre el proceso. 
El convenio deberá entonces ser ratificado por las partes contratantes y signatarias, de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales. 
En el caso de la Comunidad, esto se hará de conformidad con el artículo 228 del Tratado, es decir, previa consulta a este Parlamento por parte del Consejo. 
Para evitar retrasos en la implantación, se ha previsto que las posibles partes contratantes aprueben la aplicación del convenio con carácter provisional tan pronto como sea posible. 
Gracias por la respuesta. 
He formulado esta pregunta porque hay electores en mi país que están interesados en la respuesta. 
Personalmente no la sé muy bien, pero, por lo dicho por el Comisario Kinnock, entiendo que «va para adelante» , que la tarea se esta realizando y que la convención que va a venir está en camino. 
Es evidente que el Sr. Kinnock no puede decir cuándo va a llegar o cuándo va a ser realidad; eso lo entiendo, ya que se trata de una ratificación por parte de los países miembros. 
Sin embargo, de todos modos quiero preguntar cuánto tiempo puede pasar antes de que la convención haya entrado en vigor y pueda empezar a regir, porque es un asunto muy importante para todos los países miembros de la UE y para todos nosotros en general. 
Poco a poco me voy acostumbrando a los procedimientos del Parlamento. 
Comparto el afán de su Señoría por garantizar que el organismo responsable de la seguridad se establezca cuanto antes y que pronto sea operativo. 
De hecho, creo poder afirmar sin temor a equivocarme que todo es buena voluntad en lo relativo a este proyecto, que es el motivo por el que, excepcionalmente, tenemos una disposición que permitirá el funcionamiento del convenio con carácter provisional tan pronto como sea posible. 
Todo el mundo está trabajando en un espíritu de cooperación y espero que no esté lejano el momento de la creación y el funcionamiento de este organismo para la seguridad. 
Dudo, sin embargo, que se produzca durante el mandato de esta Comisión. 
Sólo deseo ser invitado a la ceremonia de inauguración, porque hemos trabajado con mucho ahínco para hacerlo realidad. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
Le deseamos que usted esté en esta ceremonia y en muchas más. 
Pregunta nº 44 formulada por Bernie Malone (H-0209/99): 
Asunto: Competencia desleal de la fruta enlatada en el mercado sudafricano ¿Conoce la Comisión las consecuencias sumamente perjudiciales que están teniendo algunos aspectos de la Política Agrícola Común en un gran número de agricultores del Tercer Mundo? 
Me refiero, en particular, a las ayudas concedidas a los productores de fruta de la UE y a la competencia desleal de la fruta europea en el mercado sudafricano. 
¿No está de acuerdo en que esta situación está minando muchos de los aspectos positivos de la política de desarrollo de la Comunidad? 
Si es así, ¿qué medidas piensa tomar para remediar esta situación? 
Le doy la bienvenida al Sr. Pinheiro y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Malone. 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta que me ha formulado la Sra. Bernie Malone podría ser pertinente tal vez en relación con otros productos y en el pasado, en particular con la carne de bovino, respecto de la cual hubo un período de cierta perturbación en el mercado sudafricano. 
Y las exportaciones europeas fueron importantes durante ese período, situación que entretanto se ha corregido. 
En cuanto a la cuestión de las conservas de fruta y hortalizas en el mercado sudafricano, he de decir que la exportación europea es extraordinariamente débil. 
El único producto que tiene alguna importancia son las conservas de tomate, que, aun así, no representan más que el 7 % del mercado sudafricano. 
Y, por tanto, no pueden crear una situación dramática ni una situación demasiado preocupante. 
Por lo que se refiere al mercado de frutas y hortalizas en Sudáfrica, hubo algunos problemas graves a raíz de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y, en particular, porque Sudáfrica tenía un arancel aduanero muy irracional, con arreglo al cual substituyó en muchos casos los límites cuantitativos por derechos aduaneros. 
Y, en algunos de ellos, la disminución de los derechos aduaneros fue excesiva. 
La situación era tal, que, cuando comenzamos a negociar el acuerdo de cooperación y comercio con Sudáfrica, tuvimos que aceptar- y aceptamos- que los principios del stand still y del roll back- que habitualmente son principios sagrados en una negociación, en un acuerdo de libre comercio- en el caso sudafricano pudieran tener numerosas excepciones precisamente para tener en cuenta esa anormal reducción de los derechos aduaneros en algunos productos sudafricanos y, en concreto, en algunos productos como las conservas de frutas y hortalizas. 
Podría decir que se hizo la negociación y que nos obligó a un examen exhaustivo del comercio entre las dos partes, de las conservas de frutas y hortalizas y de todo lo demás y permitió llegar a una solución satisfactoria, lo que equivale a decir que las exportaciones sudafricanas a Europa continuarán dentro de límites congruentes con nuestra capacidad de absorción, con la capacidad de exportación y con la propia oferta comunitaria. 
Fue una negociación extraordinariamente difícil, pero puedo afirmar que el resultado final es equilibrado, aun cuando algunos países mediterráneos consideren que fuimos excesivamente generosos con los sudafricanos. 
Ahora bien, yo considero que la negociación fue equilibrada y que brinda algunas oportunidades para la sostenibilidad de ese mercado. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Es un ámbito de la política europea que preocupa a muchos ciudadanos. 
Usted tiene conocimiento de la campaña que se está llevando a cabo en relación con los tomates enlatados, en particular. 
No es un puñado de personas los que hacen campaña, sino que es una campaña masiva. 
Muchas de las cartas que recibo en Dublín son de miembros de órdenes religiosas, por ejemplo. 
Éstos sienten un respeto muy saludable por la Unión Europea, pero básicamente no aprueban el funcionamiento de la Política Agrícola Común con respecto a todas las zonas mencionadas en relación con los alimentos y también en relación con la pesca. 
Como usted sabe, el acuerdo con Sudáfrica fue paralizado debido a la cuestión de la pesca. 
Los europeos viajan hasta aquel país y arrastran con lo que pueden, perjudicando al sector pesquero indígena. 
Usted debe tener más en cuenta no sólo la cuestión de las ayudas, sino un comercio justo. 
Me gustaría que volviera y nos dijera qué respuesta debo dar a las personas que me han escrito. 
Respecto a los tomates enlatados, las mayores exportaciones que hemos realizado se elevan aproximadamente al 7 % del mercado sudafricano. 
En lo relativo a otros países africanos, nuestras exportaciones ascienden a aproximadamente 90.000 toneladas en toda la zona ACP. 
Por tanto, francamente, no creo que estemos trastocando el mercado interior de Sudáfrica. 
En lo que a la pesca se refiere, los buques europeos no tienen actualmente acceso a las aguas sudafricanas. 
Hemos pedido a las autoridades sudafricanas que nos dispensen el mismo trato que a otros países que sí tienen acceso a las aguas sudafricanas. 
No es pedir demasiado que se nos considere en igualdad de condiciones, especialmente cuando estamos dispuestos a abrir nuestros mercados a los productos pesqueros sudafricanos del modo que Sudáfrica estime oportuno. 
Resulta muy fácil culpar a Europa de algunas de las dificultades que de vez en cuando surgen en Sudáfrica. 
Pero permítame que le asegure que en el Consejo de Desarrollo y también en la Comisión hemos estudiado muy atentamente todas las posibles contradicciones entre la PAC y las políticas de desarrollo. 
El problema del vacuno surgió hace ya varios años y estoy convencido de que ha quedado resuelto y que ya no existe tal problema. 
Pero si surgiera algún problema, siempre estaremos dispuestos a buscar la forma de solucionarlo. 
Nuestra política se propone que exista coherencia entre la PAC y la política de desarrollo. 
Por tanto, siempre estamos abiertos a escuchar las quejas y a estudiarlas, en cualquier situación que se presente. 
Felicito al Comisario por su coraje para realizar el trabajo sucio de la DG VI sobre esta cuestión, pero la información de que dispongo dice que las prácticas de dumping de tomates baratos subvencionados en Sudáfrica tuvieron consecuencias muy graves para los productores nacionales de aquel país. 
Puede que sólo sea un 7 % repartido a lo largo de un año, pero la información que he recibido y que le haré llegar dice que una oleada de tomates baratos, en particular el año pasado, contribuyó a la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo en el sector de conservas en zonas con altísimos niveles de paro de Sudáfrica. 
Ciertamente, los sindicatos, entre otros, han culpado a la Unión Europea de ello. 
Creo que es necesario volver a analizar este asunto. 
Sobre otra cuestión relacionada: como usted sabe, cuando el Consejo de Asuntos Generales rechazó el acuerdo comercial con Sudáfrica, Francia planteó el tema general de restituciones a la exportación como uno de los motivos por los que rechazó el acuerdo. 
¿Puede informarnos hasta qué punto confía en que en la reunión de 22 de marzo se respalde el acuerdo comercial? 
A veces se conceden subvenciones a los productores de tomates enlatados, porque el precio al que deben comprar los tomates es más alto que el precio medio internacional. 
O sea que es para compensarles por los precios más altos que la PAC impone a los tomates, para garantizar la igualdad de condiciones en lo relativo a los tomates enlatados. 
A veces se nos acusa de prácticas de dumping debido a dichas subvenciones a los productores de tomates enlatados. 
La cantidad total fue de 6.500 toneladas de tomates enlatados. 
Ése es el volumen de nuestras exportaciones a Sudáfrica, lo que representa el 7 % de su consumo. 
Sin duda, después de estas dos intervenciones, volveremos a analizarlo, junto con la DG VI. 
En lo que respecta al acuerdo comercial y a las restituciones, lo cierto es que en un momento dado de las negociaciones se sugirió que si Sudáfrica redujera algunos aranceles, nosotros suprimiríamos gradualmente nuestras restituciones a la exportación. 
Para la Unión Europea, la dificultad de Francia no son las características específicas de un producto determinado, sino el hecho de que este asunto pueda dar lugar o pueda abrir la puerta a la desaparición gradual de las subvenciones a la exportación, algo que Francia no está dispuesta a aceptar en estos momentos. 
En lo relativo al compromiso de reducir aranceles y suprimir gradualmente las subvenciones a la exportación, al final, el que paga es el consumidor sudafricano. 
Por tanto, para Sudáfrica no era un gran acuerdo. 
Por ello, cuando Francia puso algunas dificultades, dije inmediatamente que no tenía la menor duda de que podría sacarlo del acuerdo sin el menor problema, porque al final sería Sudáfrica la que tendría que pagar por este tipo de acuerdo. 
Por eso dije que lo extraería inmediatamente, porque Sudáfrica, naturalmente, estaba dispuesta a aceptar eso. 
Señor Presidente, la respuesta del señor Comisario me da pie para formular una pregunta de carácter general a la Comisión. 
¿Es realmente favorable para la UE que coloquemos con ello también en situaciones muy difíciles a muchos de nuestros socios comerciales? 
¿Favorece realmente nuestros intereses que causemos de este modo distorsiones en los mercados, cuando a mi modo de ver sería mucho más importante mantener una competencia leal con unos socios sólidos? 
Señor Presidente, estoy en un 100 % de acuerdo con la Sra. Schierhuber. 
El problema es que en una negociación comercial debemos tener en cuenta los intereses de nuestros Estados miembros. 
Ésa es la primera obligación que tenemos. 
La segunda es intentar que el acuerdo sea lo más fair posible y tener en cuenta las especificidades de la otra parte. 
Y en ese encuentro de negociaciones a veces hay puntos difíciles para una parte y para la otra y ésa es la razón por la que a veces se encuentra alguna dificultad para concluir un acuerdo. 
Ahora bien, debo decir que, desde mi punto de vista, la Unión Europea ha sido ejemplar por la forma como ha tenido en cuenta algunas preocupaciones sudafricanas legítimas, en particular el hecho de contar con una pesada herencia en lo relativo a la fraccionalidad de los aranceles aduaneros, a la reestructuración en curso en el sector automovilístico y en el sector textil, por dar sólo algunos ejemplos, del mismo modo que encontramos por parte sudafricana alguna comprensión para algunos problemas que nosotros tenemos en el interior de la Unión Europea y que se reflejan en algunos puntos concretos del acuerdo. 
Sigo pensando que éste es un buen acuerdo y tengo muchas esperanzas de que el día 22 de marzo, con pequeñísimos ajustes, nuestros Estados miembros puedan considerar el resultado final positivo para la Unión Europea y aceptable para cada uno de nuestros Estados miembros. 
Pero, en cuanto al principio, concuerdo íntegramente con Su Señoría. 
Pregunta nº 45 formulada por Fernando Pérez Royo (H-0121/99): 
Asunto: Pesca en Gibraltar ¿Ha estudiado la Comisión la situación creada en Gibraltar, a raíz de los acontecimientos de la semana pasada (apresamiento del barco de pesca español «Piraña» por las autoridades gibraltareñas) y tiene la intención de adoptar alguna medida para asegurar el respeto de la legalidad comunitaria? 
Le doy la bienvenida a la Sra. Bonino y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Pérez Royo. 
Efectivamente, lo único que la Comisión tiene que decir es que el origen del conflicto entre los pescadores españoles y la inspección de Gibraltar no tiene nada que ver con violaciones de reglamentos comunitarios en materia de pesca. 
Tiene que ver con la delimitación de las aguas territoriales, que no es competencia comunitaria. 
Así que la Comisión, como ya ha dicho muchas veces y ha repetido recientemente, no tiene competencias para intervenir directamente en esta situación y sólo hace un esfuerzo para que las dos partes arreglen este problema, estando en contacto con los diferentes Gobiernos. 
Pero lamentamos mucho, en términos de fundamento jurídico, que no sea de competencia comunitaria. 
Efectivamente, las circunstancias que motivaron mi pregunta- el apresamiento por la policía de Gibraltar de la tripulación de un barco español en aguas españolas- son cuestiones de Derecho internacional que no afectan directamente a la Comisión. 
Lo que pasa es que esto se produce en un territorio en el que sí se aplica el Derecho comunitario. 
Es un territorio que forma parte del terreno de aplicación del Tratado y en relación al cual existen serias dudas sobre la efectiva aplicación de una serie de directivas comunitarias, no en pesca, sino en otras materias, como son materias fiscales, financieras, de lavado de dinero, etc. 
Dicho esto, quisiera hacer una última consideración de carácter político. 
Coincido con las observaciones que hacía usted sobre los buenos modos y la necesidad de crear un clima en el cual este y otros litigios puedan ser tratados de una manera razonable, evitando una tensión innecesaria en la zona, que daña fundamentalmente a la población española y a la población gibraltareña, pero yo estoy pensando ahora fundamentalmente en la población española. 
No es creando dificultades a esta población, que vive en definitiva en esta zona, como se puede crear el clima para abordar razonablemente este conflicto. 
La solución de este conflicto y de cualquier otro que se produzca en el futuro exige, en este momento, medidas para atenuar la tensión que se ha creado en la zona, de manera que se pueda alcanzar una solución razonable para este problema. 
Yo creo que la Comisión comparte la idea de que es necesario atenuar la tensión y ver cómo se puede arreglar. 
Pero me parece interesante también leerle una nota sobre la aplicación del Derecho comunitario a sectores que usted mencionaba y la nota es la siguiente: 
La Comisión intenta garantizar el fiel cumplimiento de las directivas comunitarias en Gibraltar, al igual que en cualquier parte de la Comunidad, teniendo en cuenta el régimen especial aplicable a Gibraltar como se define, en particular, en el Acta de Adhesión del Reino Unido. 
Cuando lo ha estimado oportuno, la Comisión ha lanzado procedimientos de violación contra el Reino Unido por incumplimiento de directivas aplicables. 
En el ámbito del Derecho de sociedades, por ejemplo, la Comisión ha enviado cuatro dictámenes motivados al Reino Unido por incumplimiento de directivas relativas al Derecho de sociedades en el territorio de Gibraltar, etc. etc. 
Esto es sólo para decirle que, aunque este asunto no es competencia directa de la Comisión, estamos intentando que se aplique, como para todos, el acquis communautaire. 
Le deseo suerte, señora Comisaria, en su campaña presidencial en Italia. 
Apoyaré su campaña. 
Es un asunto muy importante el que ha sacado el Sr. Pérez Royo, en particular, el asunto de si está previsto adoptar algún tipo de medidas para garantizar que se cumple la legislación comunitaria. 
En términos de reducir la tensión en la zona, lo más importante es comenzar a aplicar la libre circulación entre Gibraltar y España. 
Si realmente comenzáramos a hacerlo y a solucionarlo a nivel local, como el conflicto pesquero, que ambas comunidades solucionaron muy bien a nivel local, las tensiones desaparecerían enseguida. 
Por tanto, ¿podría sugerir la Sra. Comisaria el modo en que el Sr. Pérez Royo podría contribuir a dicha libre circulación como exigen los Tratados, y reducir dichas tensiones? 
No creo que sea ésa la cuestión. 
Es mayormente un debate entre dos Estados miembros. 
La Comisión está realmente intentando rebajar la tensión y ayudar a ambos países a resolver este conflicto. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para decir al Sr. Teverson que no estoy haciendo campaña presidencial. 
En mi país eso es jurídicamente imposible. 
No existe la menor posibilidad. 
Soy Comisaria a tiempo completo y ejerceré como tal a tiempo completo, como es mi deber. 
Solamente una observación respecto de la delimitación de las aguas territoriales. 
El título que justifica y legitima el ejercicio de ciertas funciones por Gran Bretaña en Gibraltar- que es el Tratado de Utrecht- no determina que el Peñón tenga aguas. 
Se cede la ciudad y fortaleza de Gibraltar- como sabe la Sra. Comisaria- sin incluir toda la zona que fue ocupada por los británicos y que no tiene aguas territoriales. 
No ha habido delimitación de aguas territoriales entre España y Gran Bretaña porque, dentro del respeto del Tratado de Utrecht, España discute el título que tiene Gran Bretaña a este respecto. 
Por otra parte, la adhesión de España a la Comunidad no cambia en absoluto los títulos españoles. 
El 12 de junio de 1985, España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad, y Gran Bretaña también lo firma. 
Y el 15 de junio intercambio cartas con el ministro de Asuntos Exteriores británico estableciendo que la entrada de España en la Comunidad no altera los títulos españoles respecto a Gibraltar. 
Muchas gracias, señor Morán. 
Señora Bonino, le invito a usted a hacer algún comentario sobre el comentario del Sr. Morán. 
La señora Bonino dice que no es necesario. 
Señora Bonino, le agradecezco su presencia, sus respuestas y su amabilidad. 
Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0132/99): 
Asunto: Fraude En caso de fraude, ¿quién asume la responsabilidad por las finanzas de una Dirección General: el Comisario encargado de dicha Dirección General, el Director General de la Dirección General en cuestión o la totalidad de la Comisión? 
Doy la bienvenida a la Sra. Gradin y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. Teverson. 
La Comisión asume la responsabilidad política general por la ejecución del presupuesto y por la lucha contra el fraude. 
La Comisión puede delegar la gestión de líneas presupuestarias individuales a un miembro de la Comisión o a un Director General. 
En el caso específico de fraude, es el individuo que cometió el delito al que se le hace legalmente responsable. 
No obstante, la Comisión o el Comisario o el Director General afectado sigue siendo responsable de que se tomen las medidas adecuadas de control y de gestión. 
Agradezco a la Sra. Comisaria esa respuesta con palabras como «responsabilidad» y «responsabilidad individual en determinados ámbitos». 
Mi pregunta complementaria es muy precisa. 
Si el informe de los expertos detecta problemas muy concretos en el seno de la Comisión, significará eso que los distintos Comisarios asumirán en ese momento la responsabilidad por los ámbitos que tienen a su cargo y, si es adecuado políticamente, dimitirán a título individual? 
Sólo necesito una respuesta breve, bastará con una palabra en cualquiera de las lenguas oficiales. 
Ya he dado una respuesta y no diré qué sucederá cuando el Comité de Sabios presente su informe. 
Señora Comisaria, la Sra. Comisaria Cresson desmintió hace poco ante la Comisión de Control Presupuestario que tuviera conocimiento de determinados escándalos. 
Entre tanto hemos sabido que su administración la había informado al respecto y ahora nos preguntamos: ¿quién debe dimitir? 
¿El funcionario que la informó o la Comisaria, que declaró falsamente a la Comisión que ignoraba por completo esa situación? 
Me gustaría preguntarle a la señora Gradin si va a readmitir al Sr. van Buitenen, quien fuera suspendido por molestarse en dar a un cargo electo un documento que consideraba que los cargos electos debían leer como parte del control que llevan a cabo sobre el fraude en la Comisión. 
Señor Presidente, creo que nos alejamos mucho de la pregunta que se me formuló. 
La he contestado. 
Con esto ya basta por hoy. 
Como es sabido, el actual plan de acción contra las drogas de la UE llega a su fin este año. 
Por eso, el Consejo de Europa ha pedido al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo y a la Comisión que preparen un nuevo plan para el período comprendido entre el año 2000 y el 2004. 
Este trabajo ya ha avanzado un buen trecho en la Comisión. 
Muchas ramas de servicios están involucradas directamente y trabajan a toda máquina para dar forma a sus contribuciones. 
Mis empleados y yo somos responsables tanto de la coordinación interna del trabajo como de los capítulos que específicamente se relacionan con el sector judicial y de interior. 
La política europea en el sector de las drogas se ha desarrollado sucesivamente durante un período de muchos decenios. 
Por eso, mi punto de partida es que las contribuciones de la UE tienen que basarse en conocimientos muy sólidos y en experiencias debidamente evaluadas. 
Plazos largos, continuidad y coherencia son, por este motivo, temas centrales de nuestra próxima propuesta. 
Así nuestra contribución podrá asentarse en el antiguo plan. 
Además, va a contener una evaluación de lo que se ha logrado durante el último quinquenio. 
Por último, pero no menos importante, es que describimos las nuevas tendencias que requieren acciones especiales. 
Nuestro objetivo es poder presentar en nuevo plan de acción al final de la primavera, en mayo. 
Después, nuestra propuesta se enviará como de costumbre al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su tramitación posterior. 
Quiero dar las gracias a la Comisaria Gradin por su respuesta. 
Solamente podemos comprobar que probablemente será un nuevo Parlamento, y tal vez también una nueva Comisión, los que deban conocer de este nuevo plan de acción. 
Ahora que ya estamos discutiendolo y que la Comisaria Gradin ha mencionado algunos puntos esenciales del nuevo plan, también sería interesante escuchar en qué sectores se va a concentrar. 
¿Puede desde ahora decir la Comisión, por ejemplo, tratándose del trabajo de prevención, las nuevas drogas, cómo vamos a controlar nuestras fronteras exteriores para evitar que entren aún más narcóticos que los que ya hay en la Unión actualmente? 
Sería bueno que se nos diera una respuesta a esto también. 
Hay muchos gabinetes y Direcciones involucrados. 
Por eso nos ocuparemos tanto de la represión como del compromiso social. 
Evidentemente que trataremos de alcanzar una política represiva combinada con responsabilidad social. 
Vamos a hablar de nuevas tendencias en cuanto al consumo y al comercio y de cómo es esa evolución. 
Vamos a discutir cómo vamos a trabajar internacionalmente, cómo vamos a evaluar y de qué forma enfrentaremos los nuevos retos. 
Queremos ver cómo podemos involucrar a los países de Europa Central y del Este que están golpeando nuestras puertas para ser miembros. 
Por tanto, será una discusión sobre oferta y demanda y, evidentemente, también sobre las nuevas tendencias como, por ejemplo, las drogas sintéticas, y que Europa, en esta materia, tiene que limpiar su propia acera para que seamos una parte con credibilidad en las conversaciones, por ejemplo, en el contexto internacional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hace poco estuve de nuevo en América y pude constatar claramente que la lucha contra las drogas no sólo se puede desarrollar en las fronteras, a través del control de los transportes de los países productores a los países consumidores, sino que es mucho más eficaz cuando el sistema jurídico de los países consumidores está organizado de manera que el tráfico de drogas resulte más difícil, tal como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. 
¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para luchar contra las drogas en nuestro territorio? 
La Comisión también trabaja internacionalmente, igual que EE.UU. Colaboramos con América Latina, en triángulo, para fomentar cultivos alternativos a fin de limitar la oferta de narcóticos. 
Simultáneamente, nos ocupamos del consumo que tenemos en nuestros países miembros. 
En cuanto a esto, estamos evidentemente muy interesados en la participación de organizaciones de voluntarios y de colegios y padres, porque creemos que quienes abusan de las drogas no sólo nos escuchan a nosotros los políticos, sino que también son importantes las acciones preventivas y las influencias de los compañeros, en los lugares de trabajo o en los colegios. 
La inmigración ilegal del norte de Marruecos a la Unión Europea es, lisa y llanamente, un contrabando de personas. 
Éste es un asunto que interesa no sólo a los países miembros de la región del Mediterráneo sino que afecta, en alto grado, a toda la Unión. 
Los individuos que se dejan atraer por los contrabandistas de personas son, muchas veces, los más pobres y necesitados. 
Algunos buscan desesperadamente mejores condiciones de vida y están dispuestos a correr grandes riesgos para conseguir sus fines. 
Otros son víctimas del moderno comercio de esclavos con mujeres, que tiene lugar en toda Europa. 
Cada año se engaña con falsas promesas de trabajo bien remunerado a un creciente número de mujeres jóvenes que caen en la prostitución y otras formas de explotación sexual. 
Un gran número de vidas humanas se pierde cada año a causa de las acciones descaradas de los contrabandistas de personas. 
Sabemos con seguridad que las personas que intentan llegar a Europa por mar desde la costa de Marruecos, a menudo encuentran un destino muy cruel por el camino. 
Por este motivo, la lucha contra el contrabando de personas tiene que seguir teniendo prioridad en la Unión. 
En los últimos años, también se ha hecho mucho para intensificar la colaboración en el seno de la Unión en este campo. 
El año 1996 se amplió el mandato a UDE para que también comprendiese el contrabando de personas. 
Ahora, con Europol, la capacidad de la Unión en este campo aumentará aún más. 
En noviembre del mismo año el Consejo de Ministros creó un programa especial llamado Stop. 
El objetivo era reforzar la capacidad de los Estados miembros para combatir el comercio con personas. 
Con su ayuda podemos respaldar y alentar el intercambio de experiencias y las actividades que aumenten la capacitación profesional en Europa. 
También, hemos trabajado preventivamente en determinados países de origen, junto con el gobierno americano, para combatir la trata de blancas. 
Entre otras cosas, se han realizado campañas dirigidas a hacer conscientes a las mujeres de los riesgos que implica el intentar entrar en la Unión con la ayuda de contrabandistas de personas. 
Esas medidas tienen que entenderse como un primer paso en la dirección correcta. 
Obviamente que hay que hacer mucho más para terminar realmente con el contrabando de personas. 
Hay grandes intereses económicos en juego y se ponen a prueba valores esenciales. 
Es obvio que la Comisión va a seguir utilizando todos los medios a su alcance para ayudar a detener el contrabando de personas. 
También es muy gratificante que el nuevo Tratado nos dé en el futuro mayores posibilidades de atacar este problema de forma global. 
Agradezco a la Sra. Comisaria su respuesta, sin duda, bienintencionada. 
Muy dura en el diagnóstico pero totalmente insuficiente en cuanto a lo que son las competencias de la Comisión, es decir, qué medidas van a tomar. 
Por aquí se ha dicho que nada, su respuesta es nada. 
El problema, como usted misma ha señalado, es gravísimo. 
Hay medidas, señora Comisaria, que están al alcance de la mano. 
Por ejemplo, de cara a la cuestión de las pateras se pueden poner en marcha medidas de vigilancia, posibles durante el verano. 
Las hacemos con la pesca y los peces y no somos capaces de hacerlas con las personas. 
Se pueden hacer campañas de información disuasorias por las cadenas de televisión que se ven en el norte de Marruecos. 
Señora Comisaria, realmente, yo creo que, ante los gravísimos problemas que tiene la frontera sur de la Unión Europea, la Comisión no está haciendo nada y es una enorme responsabilidad que usted conteste a una pregunta como ésta simplemente diciendo que todo lo posible. 
Eso es no decir nada. 
Por cierto que la Unión hace muchas cosas, lo cual también se deduce de la respuesta que dí a la diputada. 
La Europol tiene posibilidades, pero, asimismo, para llegar a un resultado concreto en forma de control tal como lo desea la diputada, tiene que haber colaboración con los países miembros. 
Sabemos que hay barcos que van entre Marruecos, Gibraltar y España y que hay una colaboración estrecha entre las distintas autoridades. 
He estado personalmente allí para estudiar lo que sucede, tanto en relación con el control del contrabando de personas como para verificar que no existen drogas a bordo de esos barcos. 
Por cierto que también existen medidas concretas, igualmente con apoyo de Europol. 
Además, recientemente el Consejo de Ministros designó un Grupo de Alto Nivel que estudiará especialmente los países desde los cuales grandes grupos de personas intentan entrar en nuestros países. 
Uno de los países que se estudiará en este contexto es justamente Marruecos. 
Señora Comisaria, me parece que voy a contradecirle porque tengo conocimiento, por parte del propio Sr. Director de Europol, de que no se realiza actuación ni investigación alguna sobre las mafias organizadas que operan en la frontera suroeste de Europa, es decir, en la zona del norte de África que afecta muy directamente a la presión migratoria que procede de los países del Magreb. 
Yo le quería preguntar qué valoración hace la Comisión de esta falta de atención reconocida por el propio director de Europol a esta zona de gran flujo migratorio sobre Europa y qué piensa hacer la Comisión para que se preste atención por parte de Europol a esa terrible lacra de criminalidad organizada que está causando trágicas muertes en la zona del Estrecho. 
En cuanto a Europol, estaría muy agradecida por la ayuda de esta Asamblea para, de una vez por todas, ponerla en funciones. 
Es cierto que la convención ha sido ratificada, pero hay una cantidad de protocolos que los Estados miembros tendrían que ratificar para que Europol alcanzara pleno vigor. 
Por tanto, agradecería esta ayuda porque así podríamos fortalecer este trabajo aún más. 
Señor Presidente, ¿cómo está previsto el reparto de las cargas dentro de Europa en relación con este problema? 
¿Cuál es su opinión sobre las rutas con un destino determinado en este contexto? 
Como el honorable diputado sabe, durante los cuatro años que he sido miembro de la Comisión he trabajado mucho para crear una situación que permita distribuir las cargas. 
La primera propuesta no fue aprobada; ahora está la segunda en la mesa del Consejo de Ministros. 
Desgraciadamente, ciertos países miembros están muy interesados en repartir las cargas, pero otros no lo están. 
Como es sabido, se necesita unidad para poder tomar decisiones en el tercer pilar, que es una colaboración entre estados. 
Creí que podríamos seguir adelante, pero ahora tenemos que cifrar nuestras esperanzas en que la presidencia alemana logre convencer a sus colegas de que realmente se necesita hacer algo. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
Señorías, con esta pregunta hemos agotado el tiempo destinado a las preguntas dirigidas a la Sra. Gradin. Por lo tanto, la pregunta nº 49 se contestará por escrito. 
Pregunta nº 50 formulada por Concepció Ferrer (H-0111/99): 
Asunto: Seguimiento de la queja sobre medidas comerciales desleales presentada en el seno de la OMC Ante las restricciones a la exportación de cueros y pieles que se producían en la India, la Comisión, a finales de 1997, inició un procedimiento de Solución de Diferencias en el marco de la OMC, a fin de salvaguardar los intereses del sector del cuero europeo que sufre las negativas consecuencias de estas medidas comerciales desleales desde hace tiempo. 
Las primeras consultas que tuvieron lugar en Ginebra a principios de 1998 confirmaron claramente que la demanda presentada por la Comisión estaba bien fundada. 
Después de este primer encuentro en el marco del procedimiento establecido en la OMC, parece ser que se han interrumpido las conversaciones. 
¿Podría explicar la Comisión por qué no ha fijado todavía una fecha para proseguir con el procedimiento de Solución de Diferencias? 
Doy la bienvenida al Sr. Brittan y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Ferrer. 
La prohibición de facto de exportación de cueros y pieles por parte de India llevó a la Comunidad a presentar consultas formales a la OMC a comienzos de 1998. 
La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación con respecto a la incompatibilidad del régimen de India con la OMC desde entonces. 
Las autoridades indias prometieron por fin en octubre de 1998 considerar seriamente la sugerencia de sustituir el actual plan de licencias de exportación por medidas basadas en aranceles que podrían tomar la forma de un impuesto sobre la exportación. 
Las autoridades indias están discutiendo actualmente dicha propuesta en el contexto de la preparación del nuevo presupuesto. 
Estamos siguiendo de cerca el asunto y en las próximas semanas sabremos si se ha modificado el régimen. 
Confío en que podremos resolver este delicado asunto. 
Si eso no sucede antes de mi visita a India, prevista para comienzos de abril, tengo intención de plantearlo a nivel ministerial. 
Señor Comisario, le agradezco la respuesta y que se haya tomado con interés la cuestión del incumplimiento de las normas por parte del Gobierno indio en lo relativo a la apertura de los mercados para los productos del cuero, pero realmente le pediría con mucha insistencia que impulsara al máximo las actuaciones en este sentido para garantizar el auténtico respeto de las normas que rigen el comercio internacional. 
Y no por una cuestión simplemente de principio sino porque es el único instrumento que permite que aquellas empresas que han estado haciendo grandes esfuerzos para ser competitivas y ponerse al día puedan de verdad hacer una labor de exportación y garantizar de esta forma su supervivencia. 
Por eso, le insistiría en que esté atento porque puede ocurrir que si espera hasta el mes de abril, muchas empresas se hayan visto ya obligadas a cerrar a causa precisamente de la dificultad para exportar. 
Soy consciente de la importancia de las importaciones de materia prima para la industria del curtido y puedo asegurarle que me tomo este asunto muy en serio. 
No puedo prometer ningún resultado antes de abril. 
Estamos presionando firmemente y continuaremos presionando y tomaremos cualquier acción que esté a nuestro alcance. 
Pregunta nº 51 formulada por Paul Rübig (H-0113/99): 
Asunto: diferentes derechos aduaneros para influir en las votaciones del Consejo El litigio transatlántico a proposito de las importaciones de plátanos en la UE tiene muchos aspectos. 
Una cuestión fundamental es la referente a los diversos derechos aduaneros que aplican los Estados Unidos para gravar las importaciones procedentes de 13 Estados miembros. 
El importe anunciado equivale a unas pérdidas calculadas en 508 millones de euros. 
La organización del mercado del plátano obliga por igual a todos los 15 Estados miembros. 
La UE habla también con una sola voz en la OMC. 
Los derechos aduaneros de castigo, que afectan de distinta manera a los países de la UE, desequilibran la situación competitiva y de costes dentro del mercado interior. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para asegurar que las sanciones de países terceros no favorezcan premeditadamente a algunos Estados miembros y evitar así que mediante tales «maniobras tácticas» se influya en las futuras votaciones en el seno del Consejo y se olviden los intereses comunes? 
Señor Brittan, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
Reconozco que el asunto planteado es grave. 
Existen dos razones por las que terceros países excluyen a algunos Estados miembros de las represalias contra la Comunidad. 
Primero, los Estados miembros siguen siendo, independientemente de la Comunidad, miembros individuales de la OMC. 
En segundo lugar, las normas iniciales aplicables a las importaciones a terceros países desde la Comunidad siguen estando basadas en los Estados miembros individuales. 
A pesar de que la legislación comunitaria prevé la noción de origen comunitario, que es obligatorio en determinadas situaciones, los Estados Unidos y otros países terceros siguen haciendo una distinción entre los Estados miembros en este ámbito. 
Conviene recordar que las represalias sólo pueden aplicarse legalmente previa autorización de la OMC. 
En el caso del conflicto de los plátanos, los Estados Unidos no han obtenido dicha autorización. 
Señor Presidente, mi pregunta complementaria se refiere, en concreto, a los aranceles punitivos impuestos unilateralmente por Estados Unidos. 
Según nuestro criterio jurídico, dichas medidas constituyen restricciones indirectas al comercio, que ya están causando graves perjuicios a las empresas locales en la actual fase de caución. 
¿Cómo se propone reclamar compensaciones por los daños causados en el caso de que el panel de la OMC declare ilícitas dichas medidas, en el fondo o en la forma? 
Si prospera nuestra causa contra los Estados Unidos sobre la base de que las medidas adoptadas por dicho país son ilegales, o bien los Estados Unidos deberán retirar las medidas y ofrecernos compensación o, de lo contrario, tendremos derecho a adoptar represalias legales. 
Pregunta nº 52 formulada por Arthur Stanley Newens (H-0127/99): 
Asunto: Comercio con Cuba ¿Realizará la Comisión una declaración acerca de los acuerdos comerciales alcanzados con los Estados Unidos en mayo de 1998 y si es aún probable que entren en funcionamiento? 
¿Dará detalles de la situación actual del comercio entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba y de los efectos que la Ley Helms-Burton tiene sobre esas relaciones? 
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Newens. 
Los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton e ILSA en mayo del pasado año representan un importante avance en este asunto. 
La Comisión continúa trabajando por la plena aplicación de dichos acuerdos. 
La responsabilidad la tienen los Estados Unidos, pero por nuestra parte estamos dispuestos a aplicar los acuerdos una vez que los Estados Unidos garanticen la exención en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton, tal y como está previsto en los Acuerdos de Londres. 
Desde el inicio hemos expresado nuestra firme oposición a ambas leyes. 
En el marco de la defensa de la Unión Europea contra los efectos extraterritoriales de estos actos, el Consejo aprobó el estatuto de bloqueo en noviembre de 1996. 
Su objetivo es contrarrestar los efectos extraterritoriales de una ley sobre un tercer país, como en el caso de la Ley Helms-Burton e ILSA sobre la Comunidad. 
No disponemos de datos detallados sobre el comercio de la UE con Cuba. 
Sistemáticamente hemos defendido la opinión de que dicho comercio es legítimo. 
La Ley Helms-Burton ha tenido un efecto de enfriamiento en el pasado y puede haber distorsionado los canales por los que fluye el comercio. 
Por ello, el acuerdo de mayo 1998 supuso un importante avance. 
Aunque agradezco al Sr. Comisario su respuesta, no admito que sea cierto que mientras el Congreso de los Estados Unidos se niegue a conceder la exención de los Títulos III y IV, no pueda llevarse a cabo un auténtico progreso en la aplicación de la base del acuerdo. 
Al mismo tiempo, personas particulares, empresarios y empresas que, de otro modo, realizarían negocios con Cuba, prefieren no arriesgarse y se abstienen. 
En semejantes circunstancias, ¿durante cuánto tiempo más podemos seguir con esta situación en la que existe una auténtica inseguridad para todos los afectados? 
¿Prevé el Sr. Comisario que se produzca algún cambio en un futuro próximo? 
Es cierto que el acuerdo no se aplica plenamente y que no podrá aplicarse hasta que el Congreso apruebe la ley necesaria. 
No es cierto, sin embargo, afirmar que no tiene ningún efecto. 
Quisiera llamar la atención de aquellos a los que usted describe sobre el hecho de que, desde que se celebró el acuerdo, no se ha tomado ninguna acción coactiva contra ninguna empresa europea ni contra ningún particular en virtud de ninguna de las dos leyes. 
Es algo que los empresarios deberían tener en cuenta, y se están realizando muchas operaciones comerciales. 
En cuanto a nuevos progresos, estamos presionando al Congreso estadounidense y hemos dejado claro que no cumpliremos nuestra parte del resto del acuerdo hasta que ellos apliquen la suya. 
Pregunta nº 53 formulada por Hugh R. McMahon (H-0174/99): 
Asunto: Política de precios abusiva y dumping por parte de los productores noruegos de salmón en los mercados europeos ¿Puede informar la Comisión al Parlamento acerca de las medidas que ha adoptado recientemente contra las compañías noruegas que han burlado los acuerdos con la UE aplicando una política de precios abusiva en el mercado del salmón, e indicar qué compañías noruegas han participado en dicha práctica? 
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. McMahon. 
En junio de 1997 se alcanzó un acuerdo con Noruega dentro de las medidas definitivas de antidumping y compensatorias. 
Éstas consisten principalmente en el compromiso de 190 exportadores noruegos de fijar precios individuales. 
La Comisión destina considerables recursos a hacer un seguimiento de dichos compromisos y ya se han impuesto aranceles a 84 exportadores por haber incumplido o haberse retirado de dichos compromisos. 
Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento constante del mercado, se ha reducido el plazo dado para los informes sobre los compromisos y cuando los seguimientos han indicado que el precio mínimo del salmón en loncha era demasiado bajo, se ha incrementado para incluir una cantidad para los gastos de preparación. 
Cuando se descubrió que algunas de las partes que se habían unido al compromiso no eran exportadores, dichas partes fueron obligadas a retirar sus compromisos y cuando tuvimos noticia de que los procedimientos del impuesto noruego a la exportación, que forma parte de las medidas compensatorias, no se aplicaban de conformidad con el acuerdo, se celebró un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y las empresas noruegas en octubre de 1998 para abordar este asunto. 
En fecha más reciente, la Comisión y las autoridades noruegas han acordado una nueva acción conjunta encaminada específicamente a erradicar las posibilidades de eludir las normativas. 
En diciembre de 1998, Noruega introdujo una normativa por la que declaraba ilegal la venta de salmón a la Comunidad a través de exportadores intermediarios que no estuvieran sujetos a los compromisos. 
La Comisión reflejó esta restricción incluyendo en el texto del compromiso otra disposición más estricta sobre el precio mínimo, según la cual los importadores que trabajan directamente con exportadores de Noruega se proveerán de otros importadores intermediarios de la Comunidad. 
Agradezco al Sr. Comisario su amplia respuesta. 
¿Podría indicarme cuál es la situación actual? 
He podido saber de fuentes del sector escocés que en estos momentos hay una empresa importante implicada en Noruega. 
¿Estaría dispuesto a dar a conocer a la Asamblea el nombre de esta importante compañía? 
No está del todo claro qué se supone que ha hecho la importante empresa ni a cuál se refiere su Señoría. 
Como he dicho, 84 exportadores han sustituido los compromisos por aranceles. 
No sé a qué empresa en particular se refiere su Señoría. 
Si desea escribirme facilitándome detalles, veré si existe alguna información adicional que yo pueda proporcionar. 
Pregunta nº 54 formulada por Richard Stuart Howitt (H-0217/99): 
Asunto: Ley de Adquisiciones Selectivas de Birmania En 1996, el Estado de Massachusetts en los Estados Unidos votó una ley de Adquisiciones Selectivas de Birmania prohibiendo al gobierno abastecerse de compañías que negocian con Myanmar. 
La CE manifestó su oposición ante el Gobierno federal y presentó una queja ante la OMC. 
Conscientes de que esta queja ha sido suspendida temporalmente en espera de los resultados de una investigación legal sobre la validez de la decisión, el hecho de que la Comisión presentase una queja ante la OMC no sólo es contradictorio respecto a sus propias políticas de imposición de sanciones contra Myanmar y sus expresiones de preocupación por las violaciones de los derechos humanos; sino que puede también considerarse un acto de cinismo al impedir que el intento de hacer que la política comercial internacional sea más coherente con los estándares de derechos humanos internacionales cree un precedente. 
¿Puede la Comisión explicar la razón por la que aplica políticas tan contradictorias, y por qué ha llevado a cabo esta política, expresando de este modo desprecio por los derechos humanos en Myanmar? 
¿Bajo qué circunstancias puede retirar su queja? 
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Howitt. 
Nuestra posición con respecto a Birmania es clara: deploramos la situación por la que atraviesa la población de aquel país y apoyamos a los Estados miembros en su determinación de mantener la presión sobre el régimen. 
Esto ha llevado a la aprobación de una posición común sobre Birmania y a la retirada de los beneficios del SPG. 
El pasado octubre, el Consejo aprobó una prórroga de la posición común y la reforzó a través de una ampliación de la prohibición de visados y la suspensión de visitas gubernamentales de alto nivel a Birmania. 
También hemos intentado coordinar las políticas relativas a Birmania a nivel internacional con el fin de dar más eficacia a las acciones de todos los interesados. 
A pesar de que nuestros objetivos en lo relativo a Birmania son similares a aquéllos de los Estados Unidos, ello no significa que aprobemos la flagrante violación de las obligaciones internacionales que se derivan de la Ley de Massachusetts. 
Adoptamos la decisión de solicitar al panel que dictamine sobre la compatibilidad de dicha ley con las normas pertinentes de la OMC, en particular, el acuerdo sobre contratos gubernamentales multilaterales de julio de 1998, tras haber sido imposible durante dos años resolver la cuestión de otro modo. 
El Consejo Nacional de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha desafiado también la Ley de Massachusetts y el Tribunal del Distrito estadounidense declaró inconstitucional dicha ley el pasado noviembre y suspendió su aplicación, por lo que, naturalmente, suspendimos nuestros procedimientos ante la OMC, pero el fallo del tribunal norteamericano ha sido apelado. 
Nuestra decisión de presentar una queja a la OMC no supone el respaldo del régimen; se trata de garantizar la confianza en el entorno comercial internacional y la adhesión a las normas vinculantes del comercio. 
No existe ninguna contradicción entre las medidas que hemos adoptado contra el régimen de Birmania y nuestra expectativa de que los Estados Unidos respeten sus compromisos internacionales. 
Gracias, señor Comisario, creo que comprenderá que yo esté en total desacuerdo con su respuesta, a pesar de que ha sido de utilidad para la Asamblea que la haya expresado con tanta claridad. 
Lo que ha dicho contiene una contradicción. 
Es contradictorio que deploremos los abusos contra los derechos humanos en Birmania y afirmar que deseamos coordinar acciones internacionales para obligar al régimen birmano a cambiar sus políticas, y luego abstenerse de la oportunidad de aprovechar las oportunidades comerciales a través de la OMC para coordinar dichas acciones. 
Me doy cuenta de que tenemos una serie de normas en virtud de la Organización Mundial del Comercio, pero esta Asamblea ha defendido reiteradamente, en septiembre del pasado año, cuando se condenaron las acciones de la Comisión, así como en mi informe sobre los códigos de conducta de las compañías multinacionales, la posición de que debemos aprovechar las relaciones comerciales a través de la OMC para defender un comercio que es ético y respeta el medio ambiente y los derechos humanos. 
¿Puede el Sr. Comisario responder a la última parte de mi pregunta que es ¿bajo qué circunstancias, en caso de que la apelación tenga un resultado inesperado en los Estados Unidos, se retiraría la Comisión y garantizaría que el panel no es restablecido? 
Los procedimientos de la OMC están interrumpidos actualmente, debido a la decisión del Tribunal del Distrito estadounidense. 
Eso ya ha sucedido. 
Pero debo decir que es una cuestión muy diferente la de si debemos o no utilizar sanciones comerciales, por ejemplo bajo la OMC, en el caso de que la OMC lo permita, o si debemos limitarnos a aceptar que, sin consulta y no como parte de un acuerdo internacional, un Estado individual de los Estados Unidos emprenda acción para aplicar, como si dijéramos, su propia política exterior. 
Puede que estemos muy de acuerdo con los motivos que están detrás de la legislatura de Massachusetts, pero en un sistema mundial de comercio no es posible que el Estado de un país determine el modo particular de imponer medidas de presión sobre otro país con los consiguientes efectos sobre el resto del mundo del comercio. 
El hecho de que se tome una acción fragmentaria de este tipo perjudica al frente contra Birmania, lo cual perjudica a la Unión Europea, y no se inscribe en un paquete de medidas consolidado y aprobado a nivel internacional contra un país en particular con el que estamos en profundo desacuerdo. 
Muchas gracias, señor Brittan. 
Señorías, con la pregunta del Sr. Howitt hemos completado el grupo de preguntas destinadas al Comisario Sr. Brittan. Le agradecemos su presencia. 
Pregunta nº 55 formulada por Mihail Papayannakis (H-0107/99): 
Asunto: Transparencia de las relaciones económicas entre los Estados miembros y las empresas públicas En respuesta a mi pregunta oral H-0761/98, la Comisión informó de que las autoridades griegas le habían comunicado el 2 de julio de 1998 las disposiciones adoptadas para incorporar a la legislación griega la Directiva 80/723/CEE y su modificación. 
No obstante, al existir un desacuerdo acerca de las obligaciones derivadas de la citada Directiva, la Comisión decidió esperar las informaciones complementarias que había solicitado a las autoridades griegas, antes de emitir su dictamen con respecto a la posible suspensión del procedimiento de infracción. 
¿Puede indicar la Comisión en qué consiste exactamente el desacuerdo relativo a las obligaciones derivadas de la Directiva 80/723/CEE, modificada por la Directiva 93/84/CEE, y si las informaciones complementarias proporcionadas por las autoridades griegas fundamentan, o no, la suspensión del procedimiento de infracción, que iniciara la Comisión en 1996 por la incompatibilidad de las informaciones que se habían proporcionado con las que preveía la Directiva citada? 
Doy la bienvenida al Sr. Van Miert y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Papayannakis. 
La Comisión pone efectivamente en conocimiento de Su Señoría que el desacuerdo de que se trata se refiere al alcance de la obligación de informar a la Comisión en virtud del artículo 5 de la Directiva 93 de 1984. 
En efecto, según esas disposiciones, los Estados miembros deben comunicar en particular a la Comisión, el 31 de marzo de cada año, a más tardar, una lista de sus empresas públicas del sector manufacturero. 
El incumplimiento de esa obligación de información constituye una infracción jurídica contra la cual la Comisión está obligada a reaccionar mediante un procedimiento apropiado. 
El 3 de marzo- hace varios días, por tanto- Grecia facilitó por fin las informaciones solicitadas, que parecen satisfactorias por lo que se refiere a esas empresas. 
Así, pues, al hacerlo Grecia ha abandonado su posición diferente sobre las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva mencionada. 
En consecuencia la Comisión podrá muy probablemente concluir el procedimiento de infracción, a reserva de un análisis detallado de los elementos facilitados. 
Así, pues, tengo una buena noticia que comunicarle: creo que Grecia va camino efectivamente de ajustarse al Derecho comunitario. 
Señor Comisario, por lo que veo, el tema está relacionado, principalmente, con si se ha presentado o no, la lista de las compañías. 
Lo que más me interesa y sobre lo que quiero tener su opinión es, si se ha respetado todo lo que prevé la directiva en cuanto a, primero, la transparencia, y segundo, la utilización real de los fondos públicos. 
Personalmente, estoy a favor de que los fondos públicos vayan a las empresas públicas, con la condición de que, para que realmente se haga algo, estén claros los objetivos, que haya transparencia en cuanto a la forma en que va el dinero y sobre si va a donde debe ir. 
¿Tiene la Comisión alguna información, posibilidad u opinión sobre esto, o la diferencia con Grecia era sólo de procedimiento? 
Hay que hacer una distinción entre la obligación en virtud de la directiva, que hasta ahora no había respetado Grecia, mientras que, como acabo de decir a Su Señoría, parece que ahora sí, y el examen por la Comisión del informe sobre las empresas que figuran efectivamente en la lista. 
Se trata, por tanto, de un trabajo diferente, sobre el cual no estoy ahora, de momento, en condiciones de pronunciarme, dado que hace tan sólo unos días que recibimos un informe al respecto- debo decirlo- bastante completo. 
Así, pues, me felicito por ello y agradezco a las autoridades griegas que hayan accedido finalmente a cumplir con el deber comunitario. 
Pregunta nº 56 formulada por John Iversen (H-0144/99): 
Asunto: Fusión La Comisión está examinando en la actualidad el expediente de fusión entre Danish Crown y la empresa Vestjyske Slagterier (mataderos de Jutlandia occidental). 
¿De qué forma garantizará la Comisión que esta fusión no lleve a una situación en que la nueva empresa Danish Crown/Vestjyske Slagterier adquiera influencia sobre un competidor más pequeño como la Defco Food, de la que la Danish Crown es accionista minoritario, así como acceso a las informaciones internas del mismo? 
La empresa Defco es una sociedad anónima que realiza trabajos de encargo y suministros para clientes como FDP y Danish Supermarked. 
Para una empresa como Defco reviste naturalmente suma importancia que la fusión prevista no lleve consigo que la nueva empresa Danish Crown/Vestjyske Slagterier adquiera influencia sobre ella o obtenga la posibilidad de conocer su funcionamiento interno. 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Iversen. 
En primer lugar, quisiera informar a la Asamblea y a su Señoría en particular que la Comisión ha autorizado hoy la operación, pero con varias condiciones que han sido negociadas con las partes interesadas durante la denominada segunda fase del procedimiento de fusión. 
La pregunta específica es relativa a la empresa Defco Food, que es un productor danés de productos cárnicos preparados, y a las relaciones con Danish Crown, la mayor cooperativa danesa de mataderos, que tiene una participación minoritaria en la empresa en cuestión. 
La Comisión, como decía, ha decidido hoy autorizar la operación. 
Pero en lo que respecta a esta cuestión específica, no hemos encontrado ningún problema real. 
En este caso estamos hablando del mercado de productos cárnicos preparados. 
Los productores de productos cárnicos preparados, entre los que se incluye Defco Food, compran la carne de cerdo y de vacuno que necesitan para su producción en toda la CE y no sólo en el país en cuestión. 
Por tanto, las repercusiones de la fusión en dicho mercado deben ser contempladas desde una perspectiva más amplia que la situación en Dinamarca, mientras que los demás problemas son relativos principalmente a la situación en el interior de Dinamarca. 
Por consiguiente, a pesar de que hemos detectado varios problemas, no hemos encontrado ningún problema aquí, por lo que no podíamos insistir, en virtud de las normas, en reparaciones específicas en relación con la cuestión planteada. 
Quiero darle las gracias por su respuesta. 
El motivo para mi pregunta no era criticar la fusión. 
La entiendo perfectamente, de hecho me parece lógica. 
Lamento que no se haya querido examinar más detenidamente el problema que surge por ejemplo al depender la empresa mencionada de Danish Crown. 
Lo cual se traduce, entre otras cosas, en que esta empresa no pueda darle a sus empleados la posibilidad de efectuar ampliaciones de capital, pues la enorme y nueva empresa fusionada tendrá derecho a acudir a la adquisición de acciones antes que los empleados. 
Sin embargo, comprendo que sea una problema difícil de solucionar para la Comisión, por lo que le agradezco su respuesta. 
Muchas gracias, señor Iversen. 
El Sr. Van Miert me indica que no siente la necesidad de responder al comentario del Sr. Iversen. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 57 y 58 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 57 formulada por Juan de Dios Izquierdo Collado a quien sustituye la Sra. Frutos Gama (H-0161/99): 
Asunto: Transparencia y control de las ayudas públicas en el marco de la política de la competencia En el marco de la política de la competencia, en ámbitos como el de las ayudas públicas en el sector del carbón europeo (Decisión 3632/93/CECA) , se ha establecido el criterio de la transparencia para facilitar su control, obligando a los Estados miembros a trasladar a los presupuestos públicos subvenciones hasta entonces contempladas en las tarifas eléctricas. 
¿No piensa la Comisión que es necesario seguir esa misma línea jurídica en el caso de los costes de transición del sector eléctrico? 
¿Qué razones justificarían, desde el punto de vista de la legislación de la política de competencia, un trato desigual entre los dos tipos de ayudas? 
¿Cómo puede entender un consumidor, por ejemplo, que ya no se le descuenten de su recibo de la electricidad los costes del carbón europeo y en cambio se incorporen costes de transición a la competencia derivados de inversiones no rentables por obligaciones de servicio público? 
Pregunta nº 58 formulada por Ludivina García Arias (H-0162/99): 
Asunto: Protección de los consumidores dentro de la política de la competenciaLa Comisión ha expresado que los costes de transición a la competencia en los sectores liberalizados que podrían autorizarse, deberán referirse a inversiones realmente realizadas en razón de anteriores obligaciones de servicio universal. 
¿No cree la Comisión que, desde el punto de vista de la política de la competencia, sería injusto y contradictorio con los principios de los Tratados que sean justamente los consumidores domésticos y las PYME, en el caso concreto del sector eléctrico y, en su caso, en el de las telecomunicaciones, quienes paguen estos costes a través de las tarifas y que por tanto esas ayudas públicas deben consignarse en los presupuestos de los Estados para facilitar así su transparencia y control? 
Señor Van Miert, le invito a que responda usted conjuntamente a las preguntas de estas dos eurodiputadas. 
Es una cuestión que preocupa, evidentemente, a los diputados, porque no es la primera vez que tengo el gusto de responder a preguntas al respecto. 
Como sabe Su Señoría, hemos insistido mucho ante el Gobierno español para que notifique ese caso, pues se trata de un caso de lucro cesante, como se suele decir. 
Por lo demás, como sabe Su Señoría, ese problema no se plantea sólo en España. 
Se plantea también en varios Estados miembros, como consecuencia de la directiva sobre la electricidad. 
Hemos insistido en que, cuando se establece un régimen de lucro cesante, en principio puede tratarse de una operación de ayuda pública y, por consiguiente, como mínimo, la Comisión debe estar en condiciones de verificar si dicha ayuda está relacionada con lucro cesante. 
Por lo que se refiere al caso español, como hemos recibido la notificación, estamos analizándola y seguramente en las próximas semanas se establecerán contactos con las autoridades españolas para debatir el análisis que la Comisión hará al respecto. 
En cuanto al consumidor, como se trata de un caso de ayuda pública, debemos juzgar con arreglo a las reglas, es decir, ver si «la ayuda» prevista es efectivamente una compensación por el lucro cesante. 
Por consiguiente, las preocupaciones en materia de consumo no entran en juego primordialmente en el caso de los expedientes de «ayudas estatales». 
Ésas son las reglas. 
Ahora bien, se trata, evidentemente, de una cuestión que no perdemos de vista. 
Pero debo recordar que la regla en sí consiste en que la Comisión verifica si en semejante operación la ayuda prevista supera lo permisible. 
Y, al hacerlo, tengo la debilidad de creer que en última instancia actuamos también a favor de los consumidores. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Efectivamente, se trata de un tema que nos preocupa mucho a los diputados, pero preocupa especialmente a los consumidores domésticos y a las pequeñas y medianas empresas, que parece que van a ser los que paguen los costes de la transición a la competencia. 
Por eso, señor Comisario, yo no buscaba tanto una respuesta técnica, sino una respuesta de sentido común. 
Dado el oscurantismo del Gobierno de España y de su ministro de Industria, pienso que debe ser usted el que les diga a los consumidores domésticos y a las pequeñas y medianas empresas de regiones, por ejemplo, como la mía, que son de las más desfavorecidas de la Unión, que esto no va a ser así. 
Lo que tiene gracia, señor Comisario, es que el ministro de Industria español «venda» la reducción de la indemnización al sector, si la Comisión Europea decide finalmente recortarla, como un favor a los consumidores domésticos, que según él serían los grandes beneficiados por la consiguiente reducción de tarifas. 
Así que, señor Comisario, explique por favor al consumidor español de a pie, con un lenguaje llano, quién es el que tiene que pagar los costes de transición a la competencia: el recibo de la luz o los presupuestos generales del Estado. 
En el primer caso, si intentamos limitar al mínimo estricto cualquier ayuda estatal, ya sea en este caso o en otro, a fin de cuentas es en beneficio de los consumidores, porque ellos suelen ser además contribuyentes. 
Asimismo, seguiremos atentos a la evolución de este caso, porque, como he explicado antes, creemos que este caso debía haber sido notificado para que la Comisión pudiera realizar su trabajo. 
Aparte de esto, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión comparte plenamente el objetivo declarado de la política, a saber, la liberalización del sector eléctrico. 
Somos de la opinión que más flexibilidad, más competencia real significa que debemos velar por que en el sector eléctrico las empresas no tengan un control excesivo del mercado; por que exista competencia real, no sólo para las empresas, sino también para los consumidores particulares. 
Como usted sabe, éste no es aún el caso de la directiva. 
La directiva es más modesta. 
Pero ciertamente compartimos la opinión, que aparentemente es la que mantiene el Gobierno español, de que hay que liberalizar más allá de lo acordado en la directiva. 
Es a lo que está animando y lo que reconoce la Comisión de una manera positiva. 
Pero eso no debe distraernos de nuestro otro deber, examinar si los costes son estrictamente proporcionales a las sumas de dinero que se barajan. 
Señor Comisario, usted es consciente de que de momento esos costes los van a pagar los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas. 
Y no les van a reducir la tarifa, como se supone que tendría que reducirse incluso sin tener en cuenta la liberalización. 
Sin embargo, yo tengo una pregunta más técnica que hacerle. 
Visto que el artículo 3 del Reglamento del Consejo sobre ayudas dice que las ayudas sólo se harán efectivas si la Comisión ha adoptado una decisión por la que las autoriza- y no sé si tiene conocimiento la Comisión de que ya se está descontando a las tarifas ese 4, 5 % (por lo tanto, ya están recibiendo las ayudas) -, ¿tiene pensado el señor Comisario mostrarse firme y requerir mañana al ministro de Industria español para que suspenda inmediatamente ese cobro y las cantidades ya cobradas ilegalmente a los consumidores, y que esas cantidades sean devueltas hasta que usted autorice esas ayudas? 
Seguramente ha habido algunos malentendidos, porque era necesario notificar las intenciones de las autoridades de conformidad con la directiva y la mayoría de los Gobiernos lo han hecho. 
Pero lo que no se había advertido es que había que notificar también ese tipo de operación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 y a ese respecto hemos tenido que insistir- ha hecho falta cierto tiempo para ello- antes de que ciertos Gobiernos lo aceptaran. 
Ahora ya está hecho. 
Así, pues, hay dos exámenes, si se quiere: el examen de conformidad con la directiva- y mi colega el Sr. Papoutsis es quien se ocupa de él- y el examen como problema o caso relativo a una ayuda estatal. 
En el caso que nos ocupa lo hemos registrado como una ayuda no notificada, ya que efectivamente la medida ya estaba en curso. 
Pero debo reconocer que, en vista de que la situación estaba un poco embrollada y no del todo clara, tal vez sin mala intención incluso- pues ciertos Gobiernos habían pensado que bastaba con notificar el caso de conformidad con la directiva -, nos hemos encontrado en una posición embarazosa con un Gobierno que creía- una vez más, me parece, de buena fe- haber hecho su labor, mientras que hemos tenido que recordarle que había una labor suplementaria. 
Ésa es la situación. 
Por lo demás, Su Señoría ha de recordar que aquí mismo advertí a las autoridades interesadas que, como el asunto está en examen, tal vez no sea oportuno mantener esa medida, dado que normalmente hay que esperar ahora el resultado del examen de la comisión. 
Efectivamente, en una ocasión como ésta, usted aconsejó un comportamiento prudente de no poner inmediatamente en aplicación el mecanismo previsto en la ley española hasta ver el pronunciamiento de la Comisión. 
El hecho es que el Gobierno español y las compañías eléctricas no han seguido esa regla de prudencia y la han puesto ya en marcha, por lo cual se plantea el problema de que, en el caso de que las cantidades cargadas se revelen excesivas, haya que proceder a una devolución. 
Y, entonces, ¿cómo se va a practicar esta devolución si ya se ha cargado en el recibo de la electricidad a millones de consumidores? 
¿No piensa usted que de cara al control de las ayudas de Estado, puesto que en definitiva de esto se trata, sería más transparente y más fácil de controlar y más fácil, en su caso, de reparar el entuerto, el que los pagos se lleven a cabo por etapas, cada año, y a través de los presupuestos del Estado, como se hace en concreto con el régimen de ayudas al carbón? 
¿No piensa usted que este sería un régimen más racional en lugar del sistema adoptado de cargar el 4, 5 % en el recibo de la electricidad, y, además, dar paso a una operación de titulización de estas ayudas en el mercado financiero? 
Hemos advertido a las autoridades que, en primer lugar, si seguían adelante con la utilización, lo hacían por su cuenta y riesgo, ya que, una vez más, mientras la Comisión no haya hecho su trabajo, es decir, haya podido sacar las conclusiones del examen, sigue existiendo una incertidumbre, pero las autoridades son quienes deben asumirla. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a los importes, de momento nadie puede decir nada. 
En efecto, repito que sólo después del examen de la realidad del lucro cesante se puede llegar a concluir qué importe guarda una relación correcta, defendible, con el lucro cesante y sólo entonces se puede decir: «Tal y cual suma es aceptable para esta operación de lucro cesante y, más allá, no es aceptable» , pero no podré decírselo a Su Señoría hasta que haya concluido nuestra investigación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
La pregunta nº 59 no se responderá por haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones. 
Señorías, con la respuesta conjunta a las preguntas 57 y 58 hemos agotado el tiempo destinado a las preguntas a la Comisión. En consecuencia, las preguntas 60 a 111 se contestarán por escrito. 
Hoy, Señorías, por motivos ajenos a esta Presidencia, el turno de preguntas a la Comisión termina con un retraso de 42 minutos respecto del horario previsto. 
Esto ha pedido un sobresfuerzo por parte de los servicios de la Asamblea. 
Por lo tanto, al tiempo que les pido disculpas, les agradezco su colaboración. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Recursos propios de la UE (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0105/99) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la necesidad de modificar y reformar el sistema de recursos propios de la Unión Europea. 
Señor Presidente, reconozco que en su día tuve dudas acerca de la oportunidad de que se realizase este informe, incluso por coherencia respecto al que me cabe el honor de realizar sobre la Agenda 2000. 
Una vez votado el proyecto en la Comisión de Presupuestos- y no se trata de una cuestión personal -, confieso que me parece no sólo prescindible sino incluso contraproducente. 
Y lo digo reconociendo los esfuerzos de la ponente, Sra. Haug, que además organizó una excelente audiencia en la que todos aprendimos mucho sobre recursos propios. 
Pero creo que la Comisión de Presupuestos no ha sacado las conclusiones correctas. 
Francamente, me preocupa que esta Comisión de Presupuestos envíe al Pleno un texto, dicho sea de paso, que no se corresponde con las propuestas de compromiso que la ponente defendía ayer mismo en la reunión. 
El texto del proyecto de resolución alcanza una altura de vuelo «gallináceo» pero, además, de gallina desorientada. 
¿De qué estamos discutiendo en realidad? 
Teóricamente, de recursos propios; en la práctica, de contribuciones nacionales. 
Déjenme que les diga que este es un problema artificial, autocreado por políticos de los Estados miembros pero carente de base objetiva y profundamente antieuropeo. 
Jurídicamente no tiene base alguna. 
Hace años que el Tratado indica que el presupuesto europeo debe financiarse íntegramente con recursos propios, sin menoscabo de otros posibles ingresos y, en 1992, el Tratado de la Unión Europea, que firmó el Consejo en Maastricht y que fue ratificado por todos los Parlamentos nacionales- incluidos los de los países que se han adherido después -, derogó el artículo 200, que era el que preveía las contribuciones nacionales y sus dos claves de reparto. 
Por motivos electorales y demagógicos se ha resucitado el tema. 
Los agravios comparativos entre países, los saldos presupuestarios, los cheques, los «I want my money back» , lo que hacen es debilitar el proyecto de construcción política europea. 
Se habla de tener más Europa, pero se quiere reducirla y todo este debate conduce a una renacionalización del presupuesto- y no me refiero a la cofinanciación sino al enfoque general del informe que ha salido de la Comisión de Presupuestos. 
Es incapaz de salirse de la perversa lógica de las contribuciones nacionales y elevar el debate. A mi juicio, no cumple el cometido de mostrar al Consejo cuál debería ser el objetivo a medio plazo. 
Señorías, ¿cómo hay que recordar que son los ciudadanos los que pagan impuestos y no los territorios? 
El primer problema de equidad no es si Alemania o el Reino Unido contribuyen en una proporción justa, sino si dos ciudadanos, con el mismo nivel de ingresos, contribuyen o no de manera totalmente distinta según residan en un país u otro. 
Por ello, puede resultar que los parados de Brandeburgo financien a los latifundistas andaluces. 
Nuestro deber de equidad es pues que cada residente de la Unión Europea contribuya al presupuesto, ese mísero presupuesto que ronda el 1, 1 % del PNB, en función de su renta. 
Esta es la primera injusticia a resolver. 
Se debería pues poner como objetivo la introducción de un impuesto sobre la renta europeo sencillo y proporcional. 
¿Qué hace la propuesta? 
Concentrarse en saldos nacionales que incitan a la rivalidad y desincentivan la solidaridad y, para colmo, se propone la cofinanciación de la PAC, que este mismo Pleno rechazó en noviembre último y que ya ha sido abandonada incluso por el Gobierno que la propuso ante el Consejo. 
Mi propuesta, señor Presidente, quizás sea utópica, como la de Spinelli, pero la del informe es anacrónica. 
Lleva 25 años de retraso. 
Señor Presidente, el tema del sistema de los recursos propios es uno de los más complejos; no ahora, siempre; porque hace falta que haya unanimidad para reformarlo y, principalmente, porque mejorar las imperfecciones mediante la modificación de la decisión vigente sobre los recursos propios, nos llevaría a otras imperfecciones y, muy probablemente, ocasionaría diversas reacciones. 
La propia Comisión Europea admite que las imperfecciones del sistema no son razón para una modificación urgente de la decisión sobre los recursos propios y se limita a presentar soluciones alternativas al problema de los desequilibrios presupuestarios, soluciones que algunos Estados miembros habían presentado. 
Tampoco se escapa de esta lógica el informe de la Sra. Haug que estamos debatiendo, ya que sitúa las medidas que propone a corto plazo, única y exclusivamente, en la consecución del mismo objetivo, es decir, en la reducción de las diferencias en cuanto a las contribuciones financieras, mientras que, a medio y largo plazo, no deja de presentar propuestas generales. 
La Sra. Haug ha intentado hacer compatibles las opiniones, pero desgraciadamente, siguen bastante distanciadas. 
Además, hemos centrado nuestra atención en el tema de la cofinanciación de las subvenciones agrícolas y nos hemos olvidado de otros muchos temas que podíamos haber gestionado y que, desafortunadamente, han pasado a un segundo plano. 
La solución que propone el informe, es decir, la cofinanciación parcial de la política agrícola común, a pesar de pretender lo contrario, sobre el fondo del asunto acaba en una renacionalización parcial de la PAC y, de esta manera, pone en tela de juicio una política comunitaria básica por excelencia, aparte de las modificaciones que ésta debe sufrir por la proyectada ampliación hacia los países de Europa central y oriental en el marco de la Agenda 2000, y también por los compromisos que ha contraído la Unión en el marco del GATT, algo que estamos ignorando. 
Además, el contenido de esta regulación se contradice con la filosofía que esperábamos en una Unión en la que la realización de la UEM, naturalmente, fomentase una mayor unificación y no la corrección de los desequilibrios presupuestarios que derivan de su funcionamiento y de la aplicación de sus políticas establecidas ya desde antiguo. 
Por tanto, el concepto de los saldos presupuestarios es un concepto de retroceso y el Parlamento Europeo debe rechazarlo. 
Igualmente deberá rechazar cualquier intento de cofinanciación directa o indirecta de la política agraria común. 
Ninguna mejora de los pagos de los Estados miembros debe basarse en una reducción de pagos de otro Estado miembro y no tener así el carácter de la corrección. 
Por el contrario, deberá ser creativa, es decir, debe ser el resultado de la participación en políticas ya existentes o que se están creando. 
Señor Presidente, sería lamentable que rigiera la lógica financiera contable, especialmente en una época en que los ciudadanos europeos han centrado su atención en el Parlamento Europeo con vistas a las próximas elecciones, y que diéramos la impresión de que estamos vendiendo antiguas políticas y conquistas de la Unión Europea, de mucha historia y de gran importancia, sobre temas que, esencialmente, son soluciones contables. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Haug sobre el sistema de recursos propios de la UE es muy actual y necesario. 
Este informe llega al fondo del asunto, ya que las negociaciones sobre la Agenda 2000 se encuentran en una fase decisiva. 
Por este motivo, desearía expresar mi más profundo agradecimiento a la Sra. Haug con motivo de este informe. 
La propuesta más importante del informe no se refiere a los ingresos de la UE, sino a sus gastos. 
En ella se sugiere que los Estados miembros financien la mitad de los gastos de la Política Agrícola Común, lo cual representa una propuesta radical. 
De esta manera se ahorrarían 18.000 millones de euros, es decir, el equivalente al coste de la ampliación hacia el Este. 
Así pues, esta propuesta solucionaría el problema de financiación que hace peligrar dicha ampliación. 
La cofinanciación de la agricultura tendría una enorme repercusión en las cuotas netas de participación. 
De acuerdo con unos cálculos aproximados, se rebajaría la cuota de participación anual de Alemania en unos 1.300 millones de euros, mientras que las cuotas de España, Grecia y Francia aumentarían en 1.000 millones de euros. 
Vista como una cuestión de principios, la propuesta tendría también una gran repercusión. 
Si el punto de partida estriba en que los consumidores obtengan un beneficio de las ayudas agrícolas de la UE en forma de una caída de los precios de los alimentos, cabe preguntarse si es correcto que una parte de los países productores se vea obligada a pagar más. 
Para el agricultor, se trata también de saber si el nuevo sistema ofrecerá la misma seguridad que el sistema actual. 
La cuestión fundamental es, por lo tanto, averiguar si se va a mantener en una situación estable la Política Agrícola Común de la Unión Europea, para poder garantizar por lo menos la estabilidad en el importe de los subsidios y evitar que las ayudas nacionales representen una distorsión del mercado común. 
El informe Haug incorpora un importante elemento en el debate sobre la Agenda 2000 y en los futuros preparativos de cara al próximo período de programación. 
Señor Presidente, señor Comisario, me ha llamado la atención durante este debate el hecho de que los países receptores netos no quieran hablar de receptores o contribuyentes netos, mientras que los países que son contribuyentes netos sí desean hablar, precisamente, de esta cuestión. 
Se trata de cómo financiar la ampliación de la UE, y ahora nos batimos para ver quién es el que va a correr con los gastos. 
En este orden de cosas, desearía exponer algunos puntos de vista que, tanto mi Grupo como yo, consideramos que son de gran importancia. 
No se debería superar el límite presupuestario del 1, 27 %. 
No debería otorgarse a la UE la posibilidad de ejercer una imposición tributaria a los ciudadanos en unos Estados miembros que son independientes, sino que corresponde a los propios países recaudar dichos fondos. 
El mejor fundamento para el pago de las cuotas lo constituye el Producto Nacional Bruto. 
No considero que sea imposible incrementar la cuota de financiación propia en el sector de la agricultura. 
Lo único que se lograría sería repartir los ingresos y los gastos de la UE de una nueva manera, pero no creo que deba existir oposición a este respecto por una cuestión de principio. 
Señor Presidente, este informe nos ofrece la oportunidad de mencionar importantes cuestiones de principio relativas a la financiación de la Unión Europea. 
En efecto, el sistema de los llamados recursos fiscales propios de la Unión Europea, tal como funciona hoy, nos parece peligroso para el contribuyente, como, por lo demás, ha demostrado la evolución de los ingresos presupuestarios de estos últimos años. 
Los estudios sobre la racionalidad económica de las asambleas parlamentarias- en particular, los del profesor Buchanan, premio Nobel, por ejemplo- han demostrado perfectamente que dichas asambleas tienen siempre interés en el aumento de los impuestos, que se reparte entre todos los contribuyentes, mientras que los gastos, por su parte, son individualizables y benefician a una clientela política muy determinada. 
Así, pues, con arreglo a ese tipo de racionalidad, cada diputado europeo recibe el reconocimiento por el beneficio de los gastos que puede brindar a su circunscripción y no se le achaca la carga del impuesto, que, por lo demás, recaudan las administraciones nacionales. 
En cuanto al aparato burocrático mismo, que esencialmente corresponde a la Comisión, su interés en el aumento del sistema fiscal es evidente. 
Numerosos estudios han mostrado que, cuando los ciudadanos votan por sí mismos los impuestos, por referéndum- como en Suiza, por ejemplo, y como en ciertos Estados de los Estados Unidos -, en modo alguno votan como los diputados ni como los burócratas desearían. 
Resulta totalmente revelador. 
No obstante, semejantes referéndums sólo pueden ser- cierto es- nacionales o locales y resulta inconcebible un referéndum fiscal de la amplitud de la Unión Europea. 
Por consiguiente, si se quiere evitar la deriva fiscal, parece preferible que la Unión sea financiada mediante cotizaciones de los Estados miembros fijadas por unanimidad y practicando el principio del justo retorno a fin de impedir la deriva hacia arriba. 
Así, pues, la defensa de los contribuyentes obliga a rechazar el informe Haug. 
La defensa del contribuyente es- conviene recordarlo- el núcleo de la defensa de la libertad de las naciones. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Haug constituye un significativo esfuerzo por aunar numerosos puntos de vista discrepantes. Quisiera felicitar a la ponente por este motivo. 
Sin embargo, la Sra. Haug me ha causado un grave dilema fisiológico: cómo puedo aplaudirla con una mano mientras que, con la otra, debo gesticularle enojado. 
Si bien una gran parte de su informe merece un aplauso, la ponente ha salido un tanto malparada de su intento de interferir en decisiones que fueron adoptadas en Fontainebleau e incorporadas en una decisión propia sobre recursos propios, una decisión para cuya modificación se exige unanimidad. 
En este importante ámbito de desacuerdo, intervengo en nombre de los diputados laboristas británicos. 
La creación del cheque británico se debió a la desigualdad entre nuestra contribución neta y lo que recibíamos del presupuesto comunitario. 
Esta desigualdad persiste y no se ha registrado ninguna mejora de las circunstancias que nos condujeron a Fontainebleau. Si en algo han cambiado estas circunstancias durante todos estos años, ha sido para peor. 
En lugar de amenazar el cheque británico, lo que deberíamos hacer es centrar todos nuestros esfuerzos para atenuar la necesidad que tiene el Reino Unido de este cheque. Ello supone combinar un total de cuatro elementos: la reforma del gasto agrícola y un amplio recorte de dicho gasto; una cofinanciación que acompañe a esta reforma; una nueva evaluación de aquellos países beneficiarios de los fondos de cohesión que hayan logrado incorporarse a la moneda única europea y, por consiguiente, un examen de sus derechos en este sentido, y, finalmente, el establecimiento de un techo presupuestario y un estricto rigor presupuestario. 
Por todo ello, si bien acojo muy favorablemente el informe Haug, los diputados laboristas británicos respaldamos firmemente los esfuerzos que han venido realizando sucesivamente los distintos primeros ministros, incluido Tony Blair, en su legítima demanda de igualdad y justicia presupuestaria. 
Señor Presidente, creo que hay mucho ruido y pocas nueces. 
Nos hemos pasado los tres o cuatro últimos años hablando de recortar el gasto a escala europea, de congelar el presupuesto y de mantener el nivel actual del gasto. 
En estos momentos estamos haciendo uso del 1, 11 % del PNB de la Comunidad, y se ha escrito mucho acerca de cómo debemos recaudar este dinero. 
Personalmente, creo que los recursos propios son lo que nosotros decidamos que sean. 
Recurso propio es lo que la legislación europea establezca como tal. 
Aunque pidamos a las administraciones regionales o a los Gobiernos nacionales que se ocupen de su recaudación y luego nos los transfieran, no por ello dejan estos fondos de ser recursos propios. 
Por lo tanto, creo que estamos dando una excesiva importancia a esta cuestión. 
El otro punto es el relacionado con el justo retorno. 
Es posible que me equivoque cuando digo a la gente que, cuando se fundó la Unión Europea, la creación de la Política Agrícola Común no se debió al hecho de que fuera absolutamente necesario abordar este sector en particular o comunitarizarlo, sino que, como se admitió que un mercado único ofrecería grandes ventajas a un país cualificado e industrializado como Alemania, los franceses exigieron como contrapartida una Política Agrícola Común. 
De esta manera se reconocía que existían otras ventajas en el mercado único de la Unión Europea aparte del dinero que obtenía la gente con cargo al presupuesto. 
Todo esto se confirma si tenemos en cuenta que no es posible evaluar las ventajas de la Unión Europea atendiendo únicamente al funcionamiento de la balanza de pagos del presupuesto europeo. 
En la actualidad, Alemania presenta un enorme superávit en su balanza comercial con el resto de la Unión, algo así como 25 000 millones. 
No estoy molesto con Alemania por esta suma, ya que la ha obtenido del mercado único gracias a su eficiencia y a su duro trabajo. 
Los holandeses registran un superávit aún mayor, cercano a los 35.000 millones. 
Algo de ello se podría explicar gracias al factor Rotterdam, pero incluso si así fuera, aún quedan beneficios que no existirían y que, por lo tanto, no contribuirían a la economía holandesa si no fuera por el mercado único. 
De todo esto se desprende que el mercado único beneficia a los holandeses y alemanes. 
Irlanda también se ve beneficiada porque registra un superávit comercial con el resto de la Comunidad, con la excepción del Reino Unido. 
Nosotros somos receptores netos, tenemos todas las ventajas, ¡así que no estoy a favor de cambios rápidos! 
Pero, hablando en serio, creo que estamos yendo demasiado lejos y que la exigencia de contribuciones nacionales a la Política Agrícola Común no es una propuesta razonable. 
Se trata, en definitiva, de una renacionalización. 
Señor Presidente, en el minuto de que dispongo deseo mencionar brevemente tres observaciones: 
Primero: ¿Responde el total de los ingresos del presupuesto a las necesidades actuales de la Unión? 
Yo creo que no. 
El informe no dice nada sobre esto. 
Segundo: yo creo que aquí se está distorsionando la realidad: estamos hablando del sistema de los recursos propios, o sea, del sistema de atesorar los ingresos, y sin embargo, el informe se dedica a los gastos; quiere reducir los gastos de la PAC; la Comisión de Presupuestos se convierte en una Comisión de Agricultura, propone la reestructuración de la política agraria y, al final, solicita la financiación nacional de dicha política. 
Del 70 % del presupuesto, la PAC ha descendido al 45 %. 
¿A dónde queremos que llegue? ¿hasta dónde quieren ustedes que baje? 
Pensemos que sin la PAC no existiría hoy la Unión Europea. 
Tercera y última observación: el concepto de los contribuyentes netos debe abandonarse de una vez por todas. 
Debemos aceptar que las contribuciones se juzgan por el total del mercado interno y no sólo por el presupuesto comunitario. 
Señor Presidente, el presente informe es un intento admirable y muy bien planteado de trazar una línea sinuosa que permita sortear una serie de megaintereses contrapuestos; un esquiador lo describiría como un eslalon. 
Le falta, sin embargo, una orientación clara. 
Para elaborarla, sería necesaria, de hecho, su devolución a comisión. 
A lo largo del presente debate se ha resaltado repetidamente con razón la exigencia de cohesión y solidaridad económicas y sociales. 
La solidaridad también supone, empero, que todos los Estados se comprometan al cien por cien en la lucha contra el fraude, la corrupción y la mala administración. 
En efecto, precisamente en la recaudación de los recursos se registran enormes pérdidas en los Estados miembros como resultado de irregularidades y fraudes. 
La futura organización del sistema de los recursos propios no puede tener como único objetivo configurarlo de manera más transparente, sencilla y racional, sino que su objetivo también debe ser reducir la carga total soportada por los contribuyentes europeos. 
En este sentido, las eventuales ganancias del Sistema Europeo de Bancos Centrales no deberían ir a parar al Presupuesto comunitario, tal como se propone, sino al de los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi sincero agradecimiento a la ponente por el trabajo que ha realizado en nombre de la Comisión de Presupuestos y de esta Cámara. 
Señorías, hoy he tenido en cierto modo la impresión de que parecía como si la Sra. Haug hubiese elaborado el informe para satisfacer un capricho personal. 
Todos y cada uno de nosotros deberíamos saber que con su elaboración ha asumido un trabajo de Sísifo y, a mi modo de ver, lo ha cumplido admirable y estupendamente bien. 
Cada uno de nosotros procede de un Estado miembro concreto y hoy hemos podido constatar de verdad que cada uno procede de un Estado miembro con intereses específicos. 
El debate lo ha demostrado ampliamente. 
La Sra. Haug, según la lectura que yo hago del informe, ha intentado proponer medidas a corto y a medio plazo. 
Éstas incluyen poner sobre la mesa el tema de la reducción británica y también, obviamente, el de una cofinanciación en el ámbito de la agricultura, y a cualquier colega que afirme que lo que se pretende es una renacionalización de la economía- algo que a veces se dice en contra de las propias convicciones, tal como ya se ha debatido exhaustivamente -, yo quisiera decirle que éstas son cuestiones que obviamente deben estar sobre la mesa. 
La Sra. Haug también ha desbrozado, no obstante, el camino en lo que se refiere a los ingresos que finalmente serán necesarios, o sea, unos ingresos europeos en forma de impuestos europeos. 
Sólo así conseguiremos superar el debate interminable sobre quién es el mayor contribuyente neto y quién es el mayor receptor neto, que es el tema en torno al cual parece girar todo, en efecto, en estos momentos. 
Yo quiero instarles a todos a que apoyen consecuentemente el informe porque éste está debidamente construido, de manera lógica y adecuada, y porque se aproxima mucho a la tarea que le encomendamos, que era formular y documentar una posición del Parlamento Europeo antes de que se adopten las decisiones en el nivel del Consejo Europeo. 
No será el último informe de la Comisión de Presupuestos que nos plantee problemas. 
Si pensamos en el tema de las perspectivas financieras, es posible que para entonces se hayan modificado tal vez un poco los intereses, pero deberíamos procurar mantener nuestra capacidad de actuación en el ámbito presupuestario en nuestra calidad de Parlamento Europeo. 
Con el presente informe desde luego la mantenemos y por esto deberíamos apoyarlo el jueves. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo subraya una vez más por medio del informe Haug su compromiso político por lo que respecta a los recursos propios de la Comunidad. 
A pesar de no ser muy elevada la presencia de diputados en el día de hoy, he de decir que, ahora que nos preparamos para la Cumbre de Berlín, se trata de una cuestión de la máxima importancia en la totalidad de los Estados miembros. 
Al igual que sus predecesores, y en especial el célebre informe Langes de 1994, también el informe Haug combina el realismo a corto plazo con una visión de futuro. 
Me complace comprobar que el Parlamento Europeo se ha enfrentado con los mismos problemas que tuvo la Comisión en la elaboración de su informe. 
Y quisiera felicitar a la Sra. Haug por el equilibrio que ha logrado a la hora de aunar estos dos aspectos, el realismo a corto plazo y la visión de futuro. 
El informe Haug y el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los recursos propios que se publicó el pasado año están en muchos aspectos en la misma onda. 
Por ejemplo, ambos informes coinciden en que, si bien el actual sistema ha proporcionado los recursos suficientes para financiar el gasto comunitario, también es cierto que adolece de falta de transparencia, claridad y autonomía financiera. 
Los dos informes coinciden en que el concepto de justo retorno no es representativo de la relación de la UE con sus Estados miembros, y en que induce a errores en numerosos ámbitos. 
Ambos informes señalan que los recursos del IVA plantean una serie de dificultades en términos de transparencia y complejidad, así como señalan la posibilidad de sustituir los recursos del IVA con recursos procedentes del PNB. 
Esta proposición ha merecido una gran atención en el diálogo que se está entablando actualmente con los Estados miembros. 
Ambos informes reconocen igualmente la importancia cada vez menor que revisten los recursos tradicionales, por lo que resulta necesario tener en cuenta la relación coste/beneficio cuando se lleve a cabo su recaudación. 
Finalmente, en caso de que aumente la importancia de los recursos del PNB- lo cual puede llegar a ser el caso en las próximas semanas -, será incluso más necesario recurrir a las últimas estimaciones del PNB, a las estimaciones más fiables que tengan presentes todos los aspectos de la economía sumergida. 
Por lo que respecta a los nuevos recursos propios de carácter específico, los puntos de vista siguen siendo muy distintos. Estas diferencias se han puesto también de manifiesto en el seno del Parlamento Europeo. 
Si tenemos en cuenta la poca agilidad del procedimiento decisorio en este ámbito, será necesario un mayor acercamiento entre los diversos puntos de vista para lograr una iniciativa con alguna expectativa de éxito. 
El calendario es un aspecto muy importante de esta cuestión. 
El éxito del lanzamiento del euro y las arduas negociaciones sobre la armonización de determinados impuestos en Europa se podrían ver frenados si se vinculan excesivamente con la cuestión de los posibles recursos propios de la Comunidad. 
Estoy completamente de acuerdo en que la cuestión de la financiación de la Unión ha de considerarse como un componente más del proceso de integración de la Unión, y en que deberá avanzar a la par con este proceso. 
Desearía finalizar felicitando una vez más a la ponente por su excelente labor. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Equipos a presión transportables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0094/99) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común (COM (96) 0674- C4-0068/97-97/0011 (SYN) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a equipos a presión transportables. 
Señor Presidente, como hemos dicho en ocasiones anteriores en que hemos debatido esta cuestión- por cierto tan técnica -, estamos ante una propuesta de directiva que se ha venido gestando fundamentalmente para subsanar los dos principales vacíos que se presentan en la normativa referida a la fabricación, transporte, comercialización, uso y mantenimiento de todos los equipos a presión transportables vacíos que vienen perturbando el normal desenvolvimiento y que consisten en la falta de seguridad en el transporte y en las dificultades en la libre circulación de dichos equipos en el mercado comunitario. 
Se trataba, pues, de cubrir esos dos objetivos fundamentales que, sinceramente, creo que se está en vías de conseguirse. 
En todo caso- y esto ofrece seguridad para el futuro -, la propuesta de directiva queda abierta ya que se ha incluido el procedimiento de recuperación de posibles ampliaciones futuras, cuestión que asimismo puede ser solventada con modificaciones potenciales en los convenios ADR y RID. 
De conformidad con esta posición común aprobada por el Consejo, queda garantizada la figura del reconocimiento recíproco de las inspecciones según criterios que tengan en cuenta la experiencia, así como un nivel de independencia de los organismos dedicados a tal función con la suficiencia precisa para ser operativos y creíbles. 
Este Parlamento había presentado una serie de enmiendas que la Comisión ha aceptado en gran medida y que el Consejo ha retomado en su esencia en la posición común. 
Entre ellas se encuentra la enmienda que suprime la palabra «rellenables» del texto original, según lo sugerido también por el Comité Económico y Social, y la enmienda referente a la limitación de los organismos de inspección únicamente a las dos categorías más independientes. 
En una versión de la directiva figuran solamente los «organismos notificados» -los que llevaban tipo A- y los «organismos reconocidos» , que se llamaban tipo B. La categoría C, que no presentaba un grado suficiente de independencia, ha quedado suprimida del texto, según solicitó en primera lectura este Parlamento, de conformidad con nuestro informe correspondiente aprobado en la Comisión de Transportes. 
Ahora queda explícita la exclusión del ámbito de aplicación de esta directiva de los equipos a presión transportables sólo utilizados para operaciones de transporte de mercancías entre el territorio de la Comunidad y los países terceros. 
Procede aceptarlo porque concuerda con los acuerdos internacionales en vigor, si bien advertimos la dificultad objetiva que supone distinguir con certeza cuáles son los equipos utilizados para tal tipo de transporte. 
Procede también, según nuestro criterio, aceptar la posibilidad de que los Estados miembros puedan autorizar que la conformidad de la producción en serie la efectúe un organismo reconocido- y, por tanto, vinculado en cierto modo a la empresa- sin la marca comunitaria prevista por la directiva. 
Pero sería procedente que se garantizara un derecho de control a organismos de inspección notificados de acuerdo con nuestras enmiendas. 
Se propone también la posibilidad de conceder un período de transición. 
Creemos que también es aceptable pero siempre que no se admitan prórrogas. 
Por otra parte, existen otras modificaciones de menor transcendencia. Algunas incluso hacen referencia solamente a aspectos lingüísticos y formales. 
Por lo tanto, en líneas generales, nuestra postura es favorable a esta posición común e, incluso, valoramos positivamente alguna de las modificaciones aportadas por ella. 
Sin embargo, creo que es fundamental reafirmar la necesidad de mejorar otros aspectos, teniendo en cuenta que la eficacia y la calidad de la legislación en este delicado sector no pueden prescindir de normas precisas de transparencia y seguridad de conformidad con el Derecho en toda la Unión Europea, y en tal sentido van nuestra enmiendas actuales. 
En todo caso y resumiendo, la cuestión trascendental del proyecto que se debate estriba en el gran dilema entre experiencia e independencia de los organismos de inspección- éste es el gran debate-. 
Ante tal dilema, la mejor solución consiste en lograr un equilibrio razonable entre ambas posturas, así como un reforzamiento de las comprobaciones oficiales sobre los diversos comportamientos. 
Sinceramente, creemos que con esta posición común y nuestras enmiendas se alcanza ese equilibrio razonable, por lo que pedimos el voto favorable para esta posición común aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes. 
Señor Presidente, hace un año el Sr. Camisón hizo un excelente trabajo, y así lo proclamó este Parlamento, durante la primer lectura de esta oportuna propuesta de directiva. 
Su visión, que permite aumentar la seguridad al mismo tiempo que mejorar las condiciones de libre circulación en el campo de la fabricación, uso y transporte europeo de equipos a presión, se mantiene en esta segunda lectura. 
El Grupo Socialista apoya los criterios de la Comisión de Transportes, que fueron los criterios iniciales del ponente, y por lo tanto votará a favor de las pequeñas pero importantes enmiendas que se contienen en este informe y que el ponente ha resumido. 
La creación de un espacio económico único basado en un mercado común permanece a través del tiempo como un objetivo del Tratado de Roma que es preciso mejorar continuamente. 
La eliminación en este espacio de dificultades técnicas a los intercambios comerciales de productos industriales es, pues, una obligación permanente de este Parlamento y de la Comisión siempre que esta eliminación de dificultades se haga compatible con un alto nivel de seguridad. 
Ambas cosas se consiguen con este informe. 
Por cierto, sigo sin comprender cómo el Consejo se opone a homologar entre los Estados miembros y a hacer transparentes las restricciones horarias de fin de semana en el tránsito de camiones con carga por las autopistas europeas, aunque felizmente sólo nos quedan tres meses de Presidencia alemana tras los cuales es de suponer que esta homologación se consiga también. 
Nuestra felicitación al Sr. Camisón por su trabajo a lo largo de estas dos lecturas y también a la Comisión por su excelente iniciativa y por su buena acogida a las enmiendas de este Parlamento. 
Quisiera comenzar mi intervención felicitando a la Comisión de Transporte y Turismo y, en especial, al Sr. Camisón Asensio por el tiempo y los fructíferos esfuerzos que ha dedicado a este tema, no sólo en esta ocasión, sino durante todo el tiempo- 18 meses o incluso más- que ha venido ocupándose de esta cuestión. 
El resultado de sus esfuerzos se refleja en una mejora de la propuesta de la Comisión. 
Hemos decidido reconocer esta circunstancia de la manera más práctica, es decir, aceptando un considerable número de sus enmiendas en primera lectura. 
Encontrarme con el Sr. Jarzembowski siempre me produce desconcierto. 
¡Tal belleza a estas horas de la noche! 
La posición de la Comisión, que incluye la totalidad de las enmiendas aceptadas por esta institución, es decir, la posición común, mejorará la seguridad de los equipos a presión transportables como los cilindros o tanques de gas, permitirá su libre circulación y uso, y alcanzará estos objetivos a través de disposiciones relativas, entre otros aspectos, a la conformidad de los nuevos equipos, la revaluación de los equipos ya existentes, la realización periódica de pruebas y el marcado comunitario correspondiente. 
Permítanme hacer alguna observación a las enmiendas a la posición común que se presentan en este informe. 
En primer lugar, podemos aceptar la enmienda 2 puesto que introduce la notificación obligatoria a la Comisión en caso de marcado indebido. 
No podemos, sin embargo, aceptar la enmienda 1, ya que la revaluación de un recipiente ya existente por parte de un organismo reconocido es solamente una posibilidad con arreglo a los términos de la propuesta. 
El Parlamento sabe seguramente que los Estados miembros que hagan uso de este disposición serán aquellos que ya disponen de abundante experiencia con organismos reconocidos. 
Estos países autorizarán únicamente unos determinados organismos reconocidos para llevar a cabo estas actividades de revaluación. 
En estas circunstancias, y teniendo en cuenta el hecho de que un organismo reconocido habrá revaluado con anterioridad el tipo de conformidad, no serán necesarias las visitas sin previo aviso por parte de organismos notificados. 
Desearía felicitar a los intérpretes por la manera en que han seguido la lectura de este pasaje. 
Dado que es una consecuencia de la enmienda 1, tampoco la enmienda 4 resulta aceptable. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 3 por una sencilla razón de forma que comprenderá bien el ponente: el informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la adaptación de los avances técnicos queda recogido en las directivas de la Comisión que publica el Diario Oficial. 
Espero que sus señorías reconozcan que los motivos por los que la Comisión no puede aprobar este reducido número de enmiendas son plenamente consecuencia de unos aspectos prácticos y de procedimiento, y no de objeciones por una cuestión de principios. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente y a sus colegas por unos planteamientos tan constructivos, así como mis mejores deseos a un texto legislativo de tanta utilidad como es éste. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Puertos y terminales intermodales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0074/99) del Sr. Piecyk, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0681- C4-0151/98-97/0358 (COD) ) por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos marítimos, puertos interiores y terminales intermodales, así como al proyecto nº 8 del Anexo III. 
Señor Presidente, quizá no necesite agotar los siete minutos de que dispongo. 
También es posible abreviar un poco. 
Los políticos del transporte siempre procuramos ser concretos y no desorbitar las cosas. 
Cuando empezamos los trabajos sobre la RTE, en 1994, ya estaba claro de entrada que no se resumiría en una única acción eruptiva, en una decisión, y luego ya estaría establecida, sino que era evidente que se requeriría un proceso que se prolongaría varios años y que también sería preciso revisar continuamente. 
Por esto, la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de 1996 se titula, muy razonablemente, «Orientaciones para el desarrollo de una red transeuropea de transporte». 
En el curso del procedimiento de conciliación, El Consejo y el Parlamento Europeo no lograron llegar a un acuerdo sobre la necesidad- como la describimos entonces desde el Parlamento- de incluir los puertos en la RTE. 
Yo creo que incluso para un espíritu y un intelecto relativamente simples es obvio que una red de transporte sin puntos de interconexión viene a ser en última instancia sólo un rudimento, pero por otra parte nadie ha dicho que en el Consejo se reúnan sólo espíritus simples. 
Yo no me atrevería a afirmarlo de ninguna manera. 
A continuación, la Comisión- usted, señor Comisario- declaró en el procedimiento de conciliación que presentaría en breve una propuesta sobre los puertos marítimos. 
En breve se ha convertido en un plazo un poco más largo que la definición habitual de dicha expresión. 
El resultado final ha sido, no obstante, la propuesta muy razonable, a mi parecer, de incluir los puertos marítimos, los puertos interiores y las terminales intermodales en una sola propuesta. 
Es una propuesta razonable porque en los tres casos se trata, en definitiva, de puntos de interconexión del transporte y como tales son sencillamente una premisa para el enlace de los diferentes modos de transporte. 
A lo cual se suma el hecho de que los puertos marítimos y los puntos de interconexión en el interior se influyen recíprocamente y son importantes y significativos para el desarrollo del transporte intermodal. 
El mercado es decisivo para el desarrollo de los puertos marítimos. 
Nosotros no vamos a intervenir en este aspecto y, por consiguiente, que se establezcan unos criterios europeos para los puertos marítimos no debería generar ningún tipo de distorsiones de la competencia. 
Yo tan sólo considero que en lo que se refiere al criterio sobre el volumen de movimiento de mercancías, 1, 5 millones de toneladas anuales son, sin duda, un criterio mucho más razonable para una red transeuropea que sólo un millón, como propone la Comisión. 
La posición de la Comisión resulta, en cambio, totalmente incomprensible en lo que respecta a las especificaciones para los puertos marítimos. 
En este contexto dedica acertadamente una gran atención a la infraestructura portuaria, pero al final su propuesta acaba diciendo que los proyectos de infraestructura no podrán recibir financiación comunitaria. A nuestro parecer, a mi parecer, en esto se equivoca por completo. 
Nosotros seguimos manteniendo nuestra anterior posición. 
Queremos que se reconozca que la infraestructura de los puertos podrá recibir financiación comunitaria por principio, pero no así la superestructura, lo cual es distinto. 
Para que quede claro qué se entiende por infraestructura, mi informe también propone una definición básica. 
Al fin y al cabo, todos tenemos toda clase de fantasías sobre la financiación de proyectos y sobre las posibilidades de financiar quién sabe qué. 
Con objeto de poner un límite a estas fantasías es preciso incluir una definición básica de lo que se entiende por infraestructura en el contexto de las futuras redes. 
La situación es algo distinta en el caso de los puertos interiores. 
Es evidente que éstos deben estar equipados con instalaciones de transbordo para el transporte intermodal; éste sería un primer criterio. 
Pero los puertos interiores que sólo tienen movimiento de mercancías a granel deberían estar dotados de un volumen anual total de tráfico superior a 500.000 toneladas. 
La Comisión de Transportes ha incorporado este criterio al informe. 
Yo quisiera detenerme en otros dos aspectos. 
La Comisión desea incluir también las superpistas ferroviarias europeas en la RTE. 
Ahora bien, el Parlamento siempre ha apoyado a la Comisión y también le ha respaldado personalmente a usted, señor Comisario, en lo relativo a las superpistas ferroviarias. 
Creemos que son necesarias para transferir un volumen creciente de tráfico de las carreteras al ferrocarril. 
Seguimos manteniendo dicho apoyo. 
Sin embargo, las superpistas constituyen, por su construcción, un servicio y no una infraestructura. 
Por consiguiente, nuestra Comisión y yo mismo opinamos que no se deben incluir en la RTE por razones de sistematización- no por el fondo de la cuestión, con respecto al cual coincidimos plenamente -, ya que sencillamente no constituyen una infraestructura. 
Luego volvemos a encontrarnos con el famoso Proyecto nº 8, de los 14 importantísimos proyectos de la Cumbre de Essen. 
¡Cielo santo, éstos ya se han revisado un millar de veces para comprobar si estaban maduros para iniciar su construcción! El Grupo Christophersen hizo un gran esfuerzo y ahora se pretenden introducir nuevos cambios. 
El Consejo ciertamente no se ha cubierto de gloria en este caso. 
No obstante, aun así yo creo que el Parlamento debería hacer un gesto de generosidad, junto con la Comisión, y dar su aprobación, pero con una precisión ya que, bien mirado, el Proyecto nº 8 se compone de diversos proyectos individuales. 
Así deberíamos hacerlo constar también en la decisión de mañana. 
Ya sólo me queda agradecer la colaboración de mis colegas de comisión y también a los servicios de la Comisión, con los que también hemos colaborado, e instar, finalmente, al Consejo a que ultime una posición común antes del final de la legislatura, de manera que podamos continuar los trabajos en otoño. 
Y el último punto: la Comisión se está planteando la posibilidad de presentar un libro blanco como base para la revisión de las redes. 
El artículo 21 de las Orientaciones establece que la Comisión deberá completar la revisión con unas propuestas y lo que no debe hacer justamente es iniciar un nuevo replanteamiento de fondo con la elaboración de un libro blanco. 
Nosotros esperamos, por lo tanto, que la revisión, cuando se realice, ofrezca nuevas propuestas adecuadas y mejoradas, pero que no se vuelva a empezar de cero, como quien dice. 
La verdad es que llevamos demasiado tiempo trabajando en el tema de las redes para que esto sea aceptable. 
Sólo me queda desearle suerte al señor Comisario en la revisión y confiar en que todavía se consiga alcanzar una posición común dentro de la presente legislatura. 
Señor Presidente, gracias a nuestro compañero, el Sr. Piecyk, por haber elaborado un buen informe y por una decisión heredera de nuestra decisión sobre redes transeuropeas. 
No logramos alcanzar un acuerdo sobre cómo debían quedar recogidos los puertos dentro del plan general. 
Desde entonces, hemos mostrado cómo la falta de efectividad y unos costes más elevados tanto en los puertos empleados en la navegación interior como en los puertos marinos han contribuido a limitar la navegación. 
El informe sobre shortsea shipping así lo indicaba. 
Hemos tramitado el libro verde sobre puertos y de hecho hemos avanzado mucho en nuestras discusiones sobre los puertos. 
En toda Europa necesitamos desarrollo. 
Ahora estamos señalando juntos algunas prioridades y algunos puertos. 
Es importante que no sólo nos fijemos en lo funcional y que también tengamos en cuenta la necesidad de disponer de situaciones similares en lo que respecta a la burocracia. 
Esto es lo que quiero decir hoy. 
Hay una cosa que les resulta muy molesta a los barcos cuando llegan a puerto y es la heterogeneidad en la forma en que son recibidos y en la forma en que funcionan los puertos. 
Hago un llamamiento a los puertos de los países miembros, que ahora mediante la comunidad de la red transeuropea, por decirlo así, deben garantizar un transporte más sostenible, para que cumplan el compromiso de participar en la cadena de transporte y en toda su burocracia. 
Un segundo punto es que la selección debe tener también en cuenta consideraciones estratégicas y no sólo consideraciones regionales o locales. 
Un puerto puede tener gran trascendencia local, sin embargo, quizá no cumple la idea que supone una red transeuropea. 
Luego deben limitarse los deseos expansionistas locales cuando hablemos de desarrollar redes transeuropeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el martes por la noche es la hora de la Comisión de Transportes y Turismo; por lo tanto, volvamos a lo nuestro. 
Yo quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, por su informe. 
En él ha recogido también de manera excelente los puntos que ya tratamos en el debate del Libro verde sobre los puertos marítimos. 
Ha hecho suyos en su informe los planteamientos del Parlamento y ha conciliado el Libro blanco y la ampliación de la RTE. 
Una tarea muy importante para evitar dos actos jurídicos diferenciados y que se sigan dos caminos distintos. 
Yo creo que esto también demuestra que fue acertado que en 1996 nos mantuviésemos en nuestros trece y no aprobásemos la inclusión de los puertos marítimos, pues el Informe Piecyk nos permite contar ahora con una definición mucho más precisa y más clara de la misión que debe cumplir la financiación o la no-financiación comunitaria de los puertos marítimos y puertos interiores. 
Yo así lo reconozco, señor Comisario, y agradezco también a la Comisión las mejoras que incorpora la propuesta con respecto al texto original. 
En este sentido, hemos aproximado posiciones. 
También yo creo que es importante que contemos con un mapa razonable de los puertos marítimos europeos, pues los ciudadanos no comprendían que existiera un mapa en el que se indicaban los aeropuertos, las líneas férreas y las carreteras, pero en el que no podían figurar de ningún modo los puertos. 
Yo comparto la opinión del Sr. Piecyk en el sentido de que la inclusión de los puertos en los mapas no significa que ningún otro puerto pueda llegar a adquirir importancia europea, pero tendrá que lograrlo con su propio esfuerzo. 
Éste es, sin duda, el aspecto decisivo. 
Me parece sobre todo muy satisfactorio que en el Informe Piecyk se establezca una clara delimitación entre la infraestructura y la supraestructura portuarias. 
Una de nuestras tareas fundamentales es y sigue siendo evitar distorsiones de la competencia entre los puertos marítimos por efecto de las subvenciones nacionales o de las subvenciones con cargo al Fondo de Cohesión, procedentes de los Fondos estructurales. 
Para ello se requiere un esquema claro: ¿qué es infraestructura portuaria y qué es supraestructura portuaria? 
Yo espero, señor Kinnock, que la Comisión también haga suya nuestra concreción relativa al Proyecto nº 8. 
El Consejo siempre habla de los proyectos de Essen y de Dublín, pero nosotros siempre hemos entendido que se trata de una codecisión y no de una decisión del Consejo. 
En efecto, se trata de una lista de proyectos prioritarios, no de una lista de compromisos prioritarios de carácter general. 
El proyecto nº 8 era lamentablemente un compromiso de carácter general. 
Nosotros lo hemos concretado sobre la base de las propuestas prácticas de la Comisión y estamos abiertos a la posibilidad de avanzar hacia una concreción común mayor y más clara, como próximo paso. 
Lo importante es, empero, que tengamos claras las prioridades y no nos limitemos a generalidades sin un compromiso. 
Yo comparto asimismo la opinión del ponente Piecyk en contra de la elaboración de un libro blanco sobre la RTE, lo que siempre significa un debate de dos años, y todos los presentes y también todos los miembros del Consejo saben a lo que me refiero. 
Lo que necesitamos es un breve informe sobre las experiencias acumuladas y una revisión clara. 
Esta es nuestra tarea y yo creo que debería complacernos, señor Comisario. 
Señor Presidente, después de nuestro colega Jarzembowski que ha hablado de la noche del martes como la noche del transporte, sí puedo decir que es llamativo cómo estamos todos nosotros, los expertos en transporte, en los «backbenches». 
Tal vez, Comisario Kinnock, si usted se queda con esta cartera y pasamos al derecho de codecisión, todos nosotros podamos movernos un poco hacia el centro de la política y conseguir una posición un poco más importante. 
Habiendo dicho esto, debo empezar felicitando también a nuestro colega Piecyk y decirle cuán llamativo ha sido lo bien que hemos colaborado en esto y si su antecesor Günther Topmann hubiera visto la buena armonía con la que hemos redactado este informe, creo que entonces le habría dado una hipertrofia del corazón. 
Presidente, después de lo que se ha dicho y a lo que me sumo, me gustaría abordar un aspecto con más detalle. 
Los puertos son naturalmente los puntos de interconexión más importantes que tenemos en las redes transeuropeas. Porque desde allí sale nuestra importación y exportación hacia la Unión entera. 
La importancia de los puertos no sólo se determina por la historia sino también por la accesibilidad del interior a los puertos. 
¿Por qué el puerto de Oporto, por ejemplo, tiene algo menos de actividad que el puerto de Rotterdam? 
Porque el transporte desde allí, a pesar del hecho de que sean dos o tres días menos de navegación desde el océano, hacia el interior es más dificultoso porque las infraestructuras desde el puerto no son todavía lo suficientemente fuertes. 
Esa es una de las razones por las que hemos desarrollado juntos esas RTE y porque es de vital importancia que se pueda realizar un transporte multimodal desde los puertos hacia el interior. 
Por eso también felicito al ponente por haber mencionado de nuevo las vías navegables que son, por lo menos, igual de importantes, el Canal Elbe-Lübeck y el Canal Twente-Mittelland que se ha añadido en la enmienda de la Comisión. 
Apreciaríamos mucho que la Comisión recalcara también la importancia de esas vías navegables. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a nuestro colega el Sr. Piecyk por el excelente e importante informe que ha presentado. 
Como comprenderán, en el poco tiempo de que dispongo, he de limitar mi intervención al proyecto prioritario nº 8, que trata de las conexiones entre Portugal y Europa vía España. 
Se puede considerar este proyecto ahora presentado una auténtica revolución en el mundo de los transportes por lo que se refiere a Portugal. 
Integra completamente la nueva concepción que nosotros aquí, en la Unión Europea, en particular en el Parlamento Europeo, hemos venido defendiendo siempre. 
El hecho de que el actual Ministro de Fomento haya sido diputado europeo tal vez no sea ajeno a la profunda transformación registrada en lo relativo a las propuestas de proyectos comunitarios de Portugal. 
El proyecto anteriormente previsto consistía en la autopista Lisboa- Valladolid, que también está integrada en los nuevos proyectos, pero lo que ha cambiado, en mi opinión, ha sido sobre todo la concepción. 
Lo que ahora se están examinando son los puertos y los transportes intermodales, con enlaces ferroviarios y por carretera que permitan un buen acceso de las mercancías a los puertos y buenos accesos de los puertos al interior de Europa. 
Como decía el Sr. Wijsenbeek, hay realmente una gran diferencia entre el puerto de Oporto y el puerto de Rotterdam por lo que se refiere a las infraestructuras. 
Y, por tanto, lo que vamos a proponer en este proyecto- y que es, creo yo, una verdadera revolución en el nivel de los transportes en mi país, para el cual pido la adhesión de esta Asamblea y de la Comisión- permite que Portugal consiga modernizar completamente su sistema de transportes, crear una red lógica y complementaria conectando los diversos tipos de transportes y modernizando los diversos tipos de acceso a los puertos de Portugal. 
Eso significa que así podremos abrir un nuevo frente de desarrollo y pensamos, por consiguiente, que se debe aprobar este proyecto, porque reviste una importancia decisiva para Europa y para Portugal. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Piecyk, ponente de este informe, porque, como nos tiene ya acostumbrados, ha hecho una vez más un excelente trabajo. 
Debemos acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión porque es importante y urgente completar el procedimiento de conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo celebrado en 1996, donde no se pudo alcanzar un acuerdo sobre la manera de integrar los puertos en las RTE. 
No obstante, la propuesta de la Comisión, como ya ha indicado el ponente, ha llegado con retraso y el procedimiento para la propuesta actual se solapará con la preparación del informe de la Comisión sobre la revisión fundamental de las orientaciones. 
De hecho, en la exposición de motivos de la Comisión contenida en su propuesta de modificación, hay continuas referencias a la próxima revisión que se realizará de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 16/92. 
Por otra parte, opino que la propuesta de revisión y actualización continua de las orientaciones no debe hacerse a través de un Libro Blanco. 
Y en lo que respecta a la enmienda 13, que hace referencia al proyecto nº 8, concretamente a los corredores de la propuesta de la Comisión «Vía de enlace multimodal Portugal/España con el resto de Europa» , se incluyen Galicia (La Coruña) /Portugal (Lisboa) , el Corredor Sudoeste (Lisboa/Sevilla) y un tercer corredor denominado Irún/Portugal (Lisboa) , el cual no queda definido en lo que se refiere al territorio español. 
Se trata de un error, yo creo, de trascripción puesto que debe decir «Irún-Valladolid/Portugal (Lisboa) », por lo que ruego se haga esta corrección para evitar confusiones y pido al ponente que en el momento de la votación haga esta aclaración. 
Señor Presidente, señor Comisario, debo manifestar que con esta propuesta de la Comisión se cumple una programación importante que afecta a las redes transeuropeas, aunque con la solución que se ofrece no agotamos el debate sobre este tema. 
Contrariamente a otros colegas, estoy convencido de que es necesario abrir un amplio debate sobre el nuevo proyecto relacionado con las redes transeuropeas, un debate que retome el espíritu originario del Libro Blanco de Jacques Delors y que sea capaz de implantar fuertes innovaciones sobre todo enlazando el esquema de las redes con el desarrollo de las áreas urbanas e industriales. 
En consecuencia, estoy a favor de una comunicación de la Comisión que abra un debate muy amplio con el Parlamento y con la sociedad europea y que no sea sólo una lista de proyectos recomendada por los Gobiernos nacionales. 
En lo que concierne a la propuesta que nos ocupa, estoy fundamentalmente de acuerdo con la misma y pienso que se puede llegar a una mediación con respecto a un punto. 
La clasificación de los puertos sobre la base del volumen de mercancías, en mi opinión, no puede referirse exclusivamente a un volumen anual de 1, 5 millones de toneladas, sino que debe abarcar un plazo más amplio, al menos trienal. 
En cuanto a la cuestión de la competencia, considero que es necesario deparar mucha atención a la distorsión, aunque pienso que son fundamentales las intervenciones de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión tanto en lo que atañe a las intervenciones estructurales como a las supraestructurales. 
En este sentido creo que el estudio que la Comisión está realizando sobre los puertos es muy útil, habida cuenta de que hay muchos puertos no mediterráneos en que, aunque indirectamente, las intervenciones públicas llegan igualmente. 
Es necesario un estudio muy transparente y preciso tanto de los puertos no mediterráneos como de los mediterráneos. 
Desde este punto de vista, considero que deben fomentarse el concepto de nudo y el de intermodalidad, la innovación tecnológica, el desarrollo inteligente de las redes conectadas entre sí. 
En este caso, pienso en que es importante considerar las conexiones con los nudos ferroviarios. 
La intermodalidad es un aspecto significativo. 
Señor Presidente, de los cuatro proyectos prioritarios de redes transeuropeas de transportes formulados en el Consejo Europeo de Essen, en diciembre de 1994, tres están en fase de conclusión, seis están en proceso de materialización hasta el año 2005 y cinco se encuentran en estado de gran indefinición ora en cuanto al calendario ora en cuanto a su costo y financiación. 
Ése es el caso del enlace multimodal de Portugal y España con Europa. 
En 1996, con la llegada al poder del nuevo Gobierno socialista en Portugal, cambiaron las orientaciones, Madrid se adaptó y la Unión aprobó en el Consejo de Dublín la nueva concepción intermodal, con la cual, por lo demás, concordamos. 
Ahora bien, dos años y medio después, no se sabe qué proyectos concretos de enlaces multimodales de Portugal y España y qué estudios de repercusiones económicas o medioambientales se han presentado ya en Bruselas ni cuáles son los costos y las fuentes de financiación. 
Es curioso que, al mismo tiempo que estamos aquí modificando la designación del proyecto nº 8, haciendo referencia a tres corredores multimodales ibéricos, el Gobierno portugués ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2000-2006 relativo a cuatro corredores ibéricos principales como integrantes en la actual cartera de proyectos de las redes transeuropeas, a saber: corredor galaicoportugués, de Vigo a Lisboa; corredor Irún-Portugal; corredor de Extremadura, de Lisboa a Madrid; y corredor mediterráneo Lisboa-Faro-Huelva-Sevilla. 
Al final, ¿en qué quedamos? 
¿Son tres o cuatro corredores? 
¿Cuál de los textos expresa la voluntad política actual del Gobierno de Lisboa? 
¿Cuál de ellos dará fe en el futuro? 
Hay que evitar un clima pantanoso de indefinición, de avance y retroceso, que deje para las calendas griegas la indispensable financiación de la Unión. 
En particular, regiones como el Algarve y Andalucía no pueden contentarse con figurar sólo en el mapa, pero en la práctica quedaron por mucho tiempo fuera de los corredores de enlace con Europa. 
El ferrocarril del sur de Portugal es el peor de Europa, le falta el enlace con Sevilla y la conexión con el aeropuerto de Faro. 
La autopista Lisboa-Algarve, la segunda fase de la vía del Infante y el enlace Ayamonte-Sevilla no pueden dejar de completar a corto plazo una red de carreteras según el modelo europeo. 
Es que ya está bien de inacción y vacilación. 
Señor Presidente, desearía excusarme en primer lugar por no ser tan preciso y breve como el Sr. Piecyk, lo cual se debe en parte a la complejidad de este informe. 
Quisiera ofrecer una respuesta franca y lo más completa posible a lo que se ha dicho aquí, ya que se trata de cuestiones de una gran importancia. 
Por este motivo, espero que el Parlamento sea benevolente conmigo si me extiendo más allá de los cinco minutos. 
Creo asimismo que, como siempre, el Sr. Wijsenbeek ha hecho una excelente sugerencia en el sentido de que, en estas sesiones nocturnas, deberíamos juntarnos más para ahorrar electricidad y no tener que proyectar la voz tan lejos y, quizá, al final de cada noche, podríamos congregarnos e interpretar algún cántico comunitario. 
Sería ciertamente una experiencia muy positiva. 
En estas sesiones nocturnas, a veces me parece que estoy jugando a la taba en medio de Wembley. No me apetece en absoluto sentirme solo, aunque, como ha señalado el Sr. Wijsenbeek, estamos ante un hemiciclo atestado en comparación con lo que acostumbramos a presenciar en ocasiones. 
Me complace que el Parlamento haya adoptado la propuesta que hemos presentado y que dicha institución ofrezca un apoyo generalizado a la consecución de este objetivo que constituye el cumplimiento de las orientaciones en materia de transporte de las redes transeuropeas, con la incorporación de los puertos marítimos, los puertos interiores y las terminales intermodales. 
El ponente, el Sr. Piecyk, ha debido de sentir una satisfacción especial durante la elaboración de este informe, ya que, desde que compartimos experiencias comunes en 1995 y 1996, siempre le he considerado el padre de las orientaciones de las RTE en materia de transporte. 
Resultará evidente a sus Señorías que el desarrollo de una red transeuropea multimodal de transporte no estaría completa si no se incluyeran los principales puntos de interconexión. 
Éste es el motivo por el que, como ya sabrán algunos diputados, la Comisión, a instancias de este Parlamento, declaró durante el procedimiento de conciliación sobre las orientaciones que presentaríamos en 1997 una propuesta relativa a los proyectos de puertos marítimos. 
De hecho, esta circunstancia es coherente con el carácter de nuestra política sobre las RTE, la cual, teniendo presente el objetivo de desarrollar unas redes verdaderas, debe centrarse cada vez más en los puntos de conexión y en los accesos a las principales arterias, en vez de limitarse simplemente a los tradicionales tramos de infraestructura. 
Me complace que la comisión parlamentaria haya dado su apoyo a los principios y objetivos más importantes de la Comisión. 
Es posible aceptar en su totalidad algunas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Transporte y Turismo o, por lo menos, en principio. 
Antes de comenzar a abordar las principales enmiendas, desearía comentar la enmienda 1, una cuestión que ha salido a relucir en reiteradas ocasiones en el transcurso de este debate, y en la que se introduce un considerando por el que se establece que el Parlamento Europeo espera una propuesta legislativa de revisión de las orientaciones, en lugar del libro blanco anunciado por la Comisión. 
Sin embargo, hay que señalar que en el artículo 21 de la decisión sobre las orientaciones se solicita a la Comisión que presente un informe, y no una propuesta, para modificar la legislación. 
Por consiguiente, estamos cumpliendo este requisito. 
Espero que la cámara esté de acuerdo en que es razonable elaborar el informe como un libro blanco para brindar, entre otros, también al Parlamento, la oportunidad de entablar un debate más amplio sobre la política en general de las RTE, antes de llegar a una decisión sobre una nueva propuesta. 
El Parlamento y la Comunidad en general no tienen nada que perder, y sí mucho que ganar, con este planteamiento, especialmente de cara a una participación verdadera en la política relativa a esta estrategia, que tan crucial resulta para la Unión Europea. 
Así pues, no estamos eludiendo de ninguna manera la presentación inmediata de una propuesta legislativa, sino que, en su lugar, estamos intentando francamente hacer lo contrario, ser más transparentes y abiertos en el planteamiento sobre las orientaciones de las RTE que estamos sometiendo a examen, todo ello después de las experiencias y la evolución que se han registrado en esta política en los últimos cuatro años, un período en el que han tenido lugar numerosos cambios. 
Voy a ocuparme del resto de las enmiendas clasificándolas en tres grupos principales: en primer lugar, las enmiendas relacionadas con las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías» ; en segundo lugar, las relacionadas con los criterios para decidir cuáles son los puertos que deben incluirse y, en tercer lugar, las enmiendas relacionadas con las modalidades de ayuda a la inversión que reúnan las condiciones necesarias en materia de infraestructura, superestructura y material rodante. 
Las enmiendas 2 y 7 hacen referencia a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías» que, como ha dicho el Sr. Piecyk, han contado con el apoyo del Parlamento Europeo como un medio para lograr unos primeros avances en la tarea de revitalizar el transporte ferroviario de mercancías en toda la Unión. 
Esta revisión de las orientaciones nos ofrece un nuevo instrumento para potenciar el desarrollo de las superpistas ferroviarias de transportes de mercancías, dejando claro que se otorgará prioridad a las inversiones de infraestructura en los itinerarios de las superpistas. Se trata de una medida sensata ya que la viabilidad de las inversiones en infraestructura dependen obviamente de unos servicios lucrativos y competitivos, y unos servicios competitivos necesitan claramente una infraestructura de calidad. 
Así pues, la inversión en infraestructura contribuirá indudablemente a prestar unos mejores servicios. 
Pero yo pensaba que, en cualquier caso, en esto se resumía todo el objetivo de las inversiones en infraestructura. 
De hecho, esto se ajusta a las enmiendas que presentó el propio Parlamento, y que nosotros hemos aceptado, acerca de las acciones planeadas para los programas de transporte combinado. 
Por consiguiente, no puedo respaldar las enmiendas 2 y 7, que motivarían la desaparición de toda referencia a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías». 
Sin embargo, podría plantearme perfectamente una reformulación de esta disposición que no se refiriera a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías» , sino a los corredores ferroviarios de transporte de mercancías transfronterizos y de acceso abierto. 
Si se acepta esta proposición, espero que todo el Parlamento apoye dicha referencia. 
Pasando ya a los criterios para seleccionar los puertos, la Comisión reconoce que una parte de la enmienda 4 otorga un trato especial a los puertos de las regiones más periféricas. 
No obstante, el aumento del volumen mínimo de tráfico que se establece en la propuesta, de 1 a 1, 5 millones de toneladas de carga, excluiría aproximadamente 27 puertos, principalmente en las regiones más remotas de Europa. 
Por este motivo, no podemos apoyar este punto, a causa del amplio compromiso que hemos contraído y, de hecho, a causa también de los criterios incluidos en el Tratado en lo relativo a la función y la estrategia de las redes transeuropeas a la hora de conectar las regiones periféricas europeas con el centro de la Unión. 
Además, la propuesta que se recoge en la enmienda para que los puertos sirvan de enlace con rutas transeuropeas de transporte ocasionaría la exclusión de una serie de puertos que no están conectados en la actualidad con la red transeuropea. 
De igual modo, la inclusión de un umbral mínimo de volumen de carga en los puertos de navegación interior que se contempla en la enmienda 3 alteraría el planteamiento actual, que se basa fundamentalmente en la mercancía intermodal. 
Por lo tanto, las enmiendas propuestas no pueden ser aceptadas en su totalidad. 
Espero que el Parlamento reconozca que los motivos de esta posición de la Comisión son de orden práctico y que se relacionan con una voluntad de ofrecer una cobertura amplia y eficaz a medida que vamos avanzando en la estrategia en el ámbito de las RTE. 
La enmienda 6 introduce más transformaciones radicales en los mapas de las orientaciones, añadiendo nuevos enlaces y creando nuevas categorías de puertos. 
Estoy seguro de que el Parlamento reconocerá que éstas son, en realidad, cuestiones que han de examinarse en un futuro proceso de revisión general. 
Éste es, por lo tanto, el motivo por el que no puedo aceptar dicha enmienda. 
En líneas generales, la enmienda 5 introduce una mayor precisión en las definiciones, por lo cual podemos aceptarla sin dificultades. 
Agradezco al Sr. Piecyk la presentación de esta enmienda. 
Pasando ya a los tipos de inversiones que reúnen las condiciones necesarias, comparto sin más el argumento de que se debe, en principio, considerar todos los proyectos de interés común- incluidos los relacionados con los puertos- como hipotéticos beneficiarios de la financiación de las RTE. Ello implica la supresión de un párrafo restrictivo de nuestra propuesta sobre la falta de disponibilidad de financiación para infraestructuras en la zonas portuarias. 
Naturalmente, la financiación de estas infraestructuras, tal como ha señalado el Sr. Jarzembowski, no ha de distorsionar la competencia. 
Lo que sí crearía problemas reales sería la introducción de un nuevo concepto de superestructuras en los puertos, ya que la distinción entre superestructura e infraestructura dista mucho de estar clara. 
De esta manera, crearíamos un foco de incertidumbre en lo relativo a los criterios de selección, particularmente en el sector del transporte combinado. 
Si la Unión actuara sabiamente y designara al Sr. Jarzembowski inspector de las superestructuras RTE en todos los puertos de la Unión Europea, ello significaría para él un trabajo retribuido al servicio de la Comunidad. 
Lo único que lamentaría sería su ausencia prolongada en esta cámara. 
Sin embargo, si no se confiriera este poder al Sr. Jarzembowski, no estaría tan seguro de que pudiera aceptar ninguna definición que trazara claramente una línea entre superestructura e infraestructura. 
Ilustraré este punto profundizando aún más en este argumento. 
Reconozco las buenas intenciones que se persiguen con este tipo de presentación, y la idea de ofrecer una definición detallada de las infraestructuras portuarias en las enmiendas 8 y 9 ha sido examinada muy meticulosamente por parte de la Comisión. 
No obstante, nos hemos visto obligados a concluir que con la inclusión de una definición detallada se correría indudablemente el riesgo de pasar por alto algunas características importantes, Por ejemplo, en el caso de esta enmienda en particular, la definición que se propone, a pesar de su cuidadosa formulación, se olvida de las áreas de embarque, los muros de muelle y las esclusas, elementos todos ellos de la máxima importancia tanto en los puertos marítimos como en los de navegación interior. 
A fin de cuentas, y por razones de orden práctico, prefiero que el texto legislativo no incluya una definición más precisa y exhaustiva del término «infraestructura portuaria». 
Desearía insistir ante el Parlamento en que esto se debe a unas causas prácticas que están directamente relacionadas con la voluntad de la Comisión de contraer un compromiso eficaz en el desarrollo de los puertos. 
Finalmente, la Comisión acepta en esencia la enmienda 13, que pretende describir de manera más precisa el proyecto específico nº 8 del Anexo III, y que ha sido objeto de diversos comentarios en el transcurso de este debate. Sin embargo, es necesario verificar su exactitud con los dos Estados miembros correspondientes. 
En resumen, la Comisión no puede apoyar las enmiendas 1, 2 ni 3, la 4- parcialmente -, las enmiendas 6, 7, la mayor parte de la 8, la 9 ni la 11. 
Podemos aceptar las enmiendas 5, 10, 12, la primera parte de la 8, la 9 y estamos naturalmente dispuestos a suscribir los principios de la enmienda 13 y, en parte, también de la 4. 
Quisiera agradecer al Parlamento la presentación de esta propuesta y expresar mi agradecimiento en particular a la Comisión de Transporte y Turismo, sobre todo al ponente, el Sr. Piecyk, por la excelente labor que han llevado una vez más a cabo tanto él como sus colegas. 
Señor Comisario, yo sólo quisiera recordarle que hace cinco años, cuando fue nombrado Comisario de Transportes, usted se comprometió a escuchar al Parlamento. 
¡Lo que acaba de exponer, o sea, el rechazo de todas las enmiendas que presentamos, es algo inaudito! 
Sin embargo, ¡quizá volvamos a vernos el año próximo! 
Señor Presidente, también yo tengo una pregunta similar, muy breve. 
El Comisario no ha aceptado las enmiendas sobre los enlaces específicos de las vías navegables interiores con los puertos. 
¿Podría el Comisario garantizar ante el Parlamento que, al menos, prestará una atención seria al enlace de las vías navegables interiores con unos puntos tan importantes para nuestra redes transeuropeas como son los puertos? 
Señor Presidente, voy a ser muy breve, ya que soy consciente de que mi primera intervención ha sido, ineludiblemente, muy larga. 
En primer lugar, comprendo perfectamente el punto de vista que ha expuesto el Sr. Wijsenbeek. 
Sin embargo, no es ésta la propuesta que se presenta ante el Parlamento. 
No se trata de una revisión general de la estrategia de las redes transeuropeas. 
Yo le prometo en firme que precisamente este punto que ha expuesto será un elemento de nuestra propuesta de revisión general. 
No debe preocuparse a este respecto. 
En segundo lugar, le diría al Sr. Jarzembowski, quien es un diputado al igual que yo mismo, que he hecho la promesa solemne de escuchar al Parlamento, y en mi trabajo la cumplo en todo momento. 
No obstante, deberá admitir como buen demócrata que esto no significa que mi función consista únicamente en refrendar o aceptar todo lo que diga el Parlamento Europeo. 
Sí implica, sin embargo, que debo ofrecer al Parlamento mi opinión sincera, y así es en todo momento, independientemente de que le complazca o no. 
¡Claro que, por suerte, mi opinión le satisface en la mayoría de las ocasiones! 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ferrocarriles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0058/99 del Sr. Sarlis, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0480- C4-0561/98-98/0265 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios-A4-0059/99 del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Transportes y TurismoI.sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0480- C4-0562/98-98/0266 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 95/18/CE sobre concesión de licencias a las empresas ferroviariasII.sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0480- C4-0563/98-98/0267 (SYN) ) relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. 
Señor Presidente, en su resolución del 13 de enero de 1998 sobre el Libro Blanco sobre la estrategia para la revitalización de los ferrocarriles comunitarios- labor personal del Comisario Sr. Kinnock- el Parlamento aprobó, con entusiasmo y coherencia, y en casi todas sus líneas, la estrategia de la Comisión. 
Sin embargo, también señaló algunos aspectos fundamentales. 
Una de las observaciones que hizo, era que la Comisión debía presentar propuestas que permitieran garantizar a las empresas ferroviarias, sobre la base de la modificación del artículo 10 de la Directiva 91/440/CEE, el derecho de libre acceso a la infraestructura ferroviaria para la explotación de servicios de transportes internacionales de mercancías, y también debía presentar medidas de acompañamiento. 
Debo decir que la nueva propuesta de la Comisión, o mejor dicho, las tres propuestas, una de las cuales concierne a la modificación de la Directiva 91/440/CEE, realmente van en la dirección correcta, pero son de escasa importancia. 
Quizás el punto más importante que quiero señalar aquí, como he mencionado anteriormente, es que la Comisión no presenta propuestas para la ampliación gradual de la liberalización de los transportes ferroviarios, algo que había indicado el Parlamento en su resolución del 13 de enero de 1998. 
Esta omisión es todavía más llamativa debido a que hay una paralización sobre este tema en los círculos del Consejo y a que la tercera directiva que presentó la Comisión es, básicamente, una medida de acompañamiento de una política que conduce a la liberalización parcial, tal como la habían indicado el Libro Blanco y, especialmente, la resolución del Parlamento de enero de 1998. 
Por consiguiente, de conformidad con lo que he dicho y, principalmente, con lo que el Parlamento decidió casi por unanimidad en enero de 1998, este ponente sometió al examen de la Comisión de Transportes y Turismo la enmienda 10, en virtud de la cual, en el caso de los transportes internacionales de mercancías, se ofrece a las empresas ferroviarias de la Comunidad el derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias de todos los Estados miembros y de tránsito por dichas infraestructuras. 
En la actualidad este derecho sólo se ha otorgado a las denominadas asociaciones internacionales de empresas ferroviarias y no a las empresas ferroviarias aisladas. 
Igualmente debo decir que con la enmienda 6 se propone una nueva disposición, en virtud de la cual, los Estados miembros están obligados a completar la separación legal entre las empresas ferroviarias y las que exploten las infraestructuras ferroviarias en un plazo máximo de 2 años a partir del momento de la entrada en vigor de la directiva. 
Finalmente, el resto de las enmiendas que presenta este ponente y que ha aprobado la Comisión de Transportes y Turismo, se refieren a mejoras de las propuestas de la Comisión, como por ejemplo la enmienda 5, según la cual, al contrario de lo que propone la Comisión, se confirma que la responsabilidad de la explotación y de la supervisión de los sistemas de seguridad corresponde a los gestores de las infraestructuras ferroviarias. 
Señorías, para terminar desearía subrayar tres cosas. 
Primero, que los informes que, esta noche, estamos debatiendo en debate conjunto están armonizados y el uno se adapta bien al otro. 
Segundo, que existe una declaración de la Presidencia alemana que dice que en breve, en marzo, va a emprender una iniciativa para fomentar los asuntos relacionados con los ferrocarriles. 
Tercero, que es un hito importante en la liberalización de este gran medio de transporte en Europa. 
Espero que la coherencia que ha habido en la Comisión de Transportes y Turismo, la haya también en la votación de mañana. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento a las y los colegas de nuestra comisión, en la que ha reinado una magnífica cooperación, y en particular al colega Sarlis por la buena colaboración que hemos mantenido. 
También quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a los colaboradores de la Comisión que nos han brindado asimismo mucha información y comprensión, a pesar de que luego otro colaborador de la Comisión haya manifestado finalmente que no podía aceptar ninguna de las enmiendas, hecho que yo lamento mucho y no sólo yo, sino también toda la comisión. 
Yo no sé que dirá usted ahora, señor Comisario y, como demócrata, naturalmente tengo que aceptarlo. 
Pero no dejaré de lamentar que sencillamente se descarte el conjunto de las enmiendas propuestas. 
Señor Comisario, yo comparto por completo el punto de vista que usted ha expresado repetidamente en cuanto a la necesidad de reformar el mercado ferroviario europeo. 
No puedo estar de acuerdo- a pesar de estar políticamente cercano a ellos en los sindicatos y en otros ámbitos- con quienes opinan que sería preferible dejar las cosas tal como están o consideran que los difíciles problemas en el ámbito de los ferrocarriles tienen su origen en las propuestas de la Comisión. 
No, la difícil situación de los ferrocarriles se debe, entre otras cosas, a que en muchos casos han pensado que no tenían que introducir reformas, que no era necesario ningún cambio y que podrían seguir desarrollando sus actividades en el marco nacional. 
Esto no es cierto y, por consiguiente, yo suscribo en lo esencial las ideas que han desarrollado el Comisario y la Comisión en este contexto. 
Sin duda es cierto que la difícil competencia entre los ferrocarriles y la carretera es desfavorable para los primeros y que es preciso corregir esta situación. 
Yo he incluido también algunas consideraciones al respecto y comprendo asimismo que los sindicatos y las empresas ferroviarias sitúen en primer plano esta cuestión. 
Se habla mucho de privatización y de liberalización. 
En este contexto, no se contempla en absoluto una privatización; no es esto lo que se propone. 
Sin duda se puede hablar hasta cierto punto de una liberalización. 
Yo la llamaría de otro modo, tal como hemos formulado nuestras propuestas. Lo que se propone es una europeización del mercado ferroviario. 
El transporte aéreo se ha europeizado, todas las empresas se están europeizando, tenemos un mercado común. 
Sin embargo, bastantes empresas ferroviarias siguen pensando que pueden continuar desarrollando sus programas dentro del ámbito nacional y luego se sorprenden ante el descenso del tráfico de mercancías, del empleo, etc. 
¡Su actitud es insostenible! 
Por consiguiente, yo considero, al igual que el colega Sarlis y mis enmiendas también apuntan en esa dirección, que debemos dar el siguiente paso hacia la liberalización o la europeización en aquellos ámbitos en los que existe un mercado europeo y en los que la competencia entre el ferrocarril y la carretera es particularmente intensa, o sea, en el transporte transfronterizo de mercancías, y en consecuencia esto es lo que propongo. 
Yo suscribo, por lo tanto, plenamente la idea de fondo y las propuestas de apertura del mercado de la Comisión. 
Las empresas ferroviarias decidirán luego si prefieren abordarla sobre todo por la vía de la cooperación o por la de la competencia. 
Evidentemente no se deben crear nuevos monopolios. 
Se trata de conseguir la transparencia de las decisiones y de los gastos. 
También se trata de establecer, obviamente, un marco de condiciones técnicas, aunque este aspecto no se regula aquí. 
Es decir, que también es preciso avanzar hacia una armonización en el aspecto técnico. 
Y se trata de promover una competencia equitativa y en igualdad de condiciones, no sólo entre el ferrocarril y la carretera, sino también entre las diferentes opciones en relación con los propios ferrocarriles. 
Paso a referirme ahora a un punto central, en el que mi posición se diferencia de la de la Comisión. 
La discrepancia se refiere en particular al grado de centralización o de descentralización de las normas. 
Yo creo que la Comisión ha realizado un excelente trabajo en muchos casos y sus propuestas en los aspectos de detalle también son posiblemente las más razonables. 
Yo no creo, sin embargo, que siempre sea razonable que la Comisión haga sus propuestas y quiera aplicarlas sin conceder la debida flexibilidad a las normativas nacionales. 
En consecuencia- y esto no debe entenderse, sinceramente, como un menosprecio hacia la labor de la Comisión -, he suprimido relativamente bastantes puntos, no porque no me parezcan acertados, sino porque pienso que no es tarea de la Comisión establecer una normativa tan detallada, más aún cuando tengo el convencimiento de que nadie puede controlar estos aspectos de manera centralizada. 
Por mi parte, opino que sólo se deben adoptar aquellas normas que también sea posible controlar y no una profusión de normas que no es posible supervisar. 
En cuanto a los principios de tarificación, yo coincido asimismo con la Comisión en que deben contemplarse por principio los costes marginales. 
Únicamente opino que sólo será posible computar los costes externos en el mercado ferroviario cuando éstos sean aplicables también en un grado más o menos equivalente en el transporte por carretera. 
Yo creo que un beneficio que guarde una relación adecuada con los costes sería perfectamente factible y se podría imputar y que también se podrían imponer costes más elevados para determinadas inversiones especiales. 
En cualquier caso, en el informe he suprimido las disposiciones detalladas en este contexto. 
Paso ahora al punto central relativo a los candidatos autorizados. 
Personalmente yo no tengo nada que objetar contra el planteamiento de la Comisión en los que se refiere a dichos candidatos autorizados. 
Sin embargo, he introducido una restricción que me parece importante con vistas a la compatibilidad y para que podamos concentrarnos realmente en los aspectos necesarios. 
Cada país tiene que poder seguir regulando como prefiera este aspecto en su ámbito de competencia. 
Todos los Estados miembros de la Unión deberán tomar conocimiento y aceptar, no obstante, que todas las empresas ferroviarias europeas son candidatos autorizados en el marco del transporte transfronterizo de mercancías, o sea, que tienen la posibilidad de obtener una adjudicación de capacidad. 
Esto es lo esencial, a mi modo de ver. 
Si el Parlamento adopta mañana esta decisión, yo creo que habremos superado un hito decisivo en el desarrollo de un mercado ferroviario europeo. 
Entonces habrá competencia en el transporte transfronterizo de mercancías; ésta es esencial en este ámbito y los ferrocarriles tienen que hacer un esfuerzo en este aspecto. 
Yo espero, en efecto, que también adoptemos una decisión en relación con todas las propuestas adecuadas de la Comisión, como por ejemplo sobre el logotipo europeo y también en lo que se refiere al paquete suizo y a un reparto equitativo de costes entre el ferrocarril y la carretera. 
Es absolutamente necesario que los ferrocarriles demuestren asimismo una disposición a introducir reformas y que procedan a reformarse en este sentido. 
Yo espero, por lo tanto, señor Comisario, que pueda hacer suyas algunas de las enmiendas y que este paquete contribuya a que por fin podamos contar también con un mercado ferroviario europeo. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial hemos aprobado una cantidad de enmiendas que implican la eliminación de algunas reglamentaciones detalladas que son innecesarias. 
En general, hay que ser muy cuidadoso con estas reglas de detalle, en este caso, por ejemplo, de aranceles, plazos de gracia y cosas semejantes. 
Lo que se gana en eficacia se puede perder fácilmente por el aumento de los costes administrativos. 
Personalmente, me hubiera gustado ir aún más lejos y eliminar más reglas. 
No creo que se pueda imponer mayor eficiencia mediante directivas muy detalladas dictadas en Bruselas. 
Por ejemplo, en mi opinión, es totalmente innecesario que fijemos en una directiva la fecha exacta en la que todas las empresas ferroviarias de la Unión tienen que cambiar sus horarios. 
También es innecesario desde mi punto de vista que se exija a todas las empresas rendición de cuentas separadas, una para el tráfico de mercancías y otra para el de personas. 
Ambas propuestas pueden fácilmente producir grandes problemas, especialmente para las empresas pequeñas que quieren hacerse un espacio en el mercado, mientras que los grandes y antiguos monopolios las pueden cumplir sin dificultad. 
Por consiguiente, las propuestas pueden tener efectos contrarios a los pensados y constituir barreras para el aumento de la competencia. 
Creo, personalmente, que habría sido más razonable que, en lugar de esta cantidad de reglas detalladas, hubiésemos esperado hasta ver los efectos a largo plazo de las directivas realmente fundamentales, que el Consejo aprobó en 1991 y en 1995, y que implican el establecimiento del principio del aumento de la competencia en el sector de los ferrocarriles. 
Señor Presidente, estas modificaciones de directivas existentes y la aprobación de una nueva directiva por la que se adjudican las capacidades y se establecen los pagos a realizar acaban real y definitivamente con los monopolios nacionales y posibilitan la competencia. 
¿O no es así? 
Como acaba de mencionar el Sr. Wibe, hay algunos problemas. 
Hay un gran trecho de la decisión a la realidad. 
La atención al servicio público y los compromisos sociales complican las consecuencias para muchos. 
Muchos países y regiones están preocupados y quizá con razón. 
Debemos tener esto en cuenta. 
Sin embargo, la posibilidad de asistir al renacimiento de los ferrocarriles está ahí y eso es lo que debemos buscar. 
Es el objetivo. 
El objetivo es garantizar al transporte por ferrocarril una parte adecuada de todos los envíos. 
Y al igual que los puertos, también los ferrocarriles entran en la cadena de transporte y están obligados a desarrollar un transporte sostenible. 
Hemos de solucionar junto a los ciudadanos los problemas que trae consigo este proceso. 
Esta mañana hemos discutido el servicio público, la competencia y las ayudas estatales con el señor Comisario Van Miert en un grupo de trabajo y ha sido muy interesante ver cómo están cambiando las cosas en Europa. 
Creo que debemos ser conscientes de que esta regulación o este desarrollo del mercado no surgirá porque sí. 
Estamos obligados a estimular este proceso de una u otra forma. 
Si es demasiada detallada, como mencionó el Sr. Wibe, o no, no es algo que debamos decir ahora. Si queremos lo mejor para los ferrocarriles, estamos obligados a trabajar en ello de manera seria. 
El Parlamento debe informar también al Consejo y a los países miembros de que si se quieren resultados en este sentido hay que actuar. 
Mucho se ha dicho sobre los ferrocarriles en estos últimos diez años, sin embargo de poco ha servido. 
Estas palabras deben ir acompañadas de decisiones. 
El mercado no regulará esta situación porque sí. 
Señor Presidente, estimados colegas, apreciado señor Comisario, está por ver qué nos dirá hoy sobre las propuestas de los colegas Sarlis y Swoboda. 
Desde el punto de vista de los objetivos que yo mismo me planteo, lo que ambos piden todavía no es suficientemente riguroso, de hecho. 
Hace un año solicitamos una liberalización progresiva, que tomara en consideración las condiciones sociales secundarias, pero clara. 
Aun así, yo voy a votar positivamente ambos informes. 
Representan una combinación equilibrada de las posiciones de la Asamblea y yo espero, señor Comisario, que en esta ocasión se muestre un poco más generoso, con toda su suficiencia, en la aceptación de las enmiendas. 
Permítanme que me detenga en un par de puntos. 
Yo creo que no es admisible que aceptemos la decadencia del ferrocarril como resultado de su política deliberada de no aplicar el derecho comunitario. 
Todos los Estados miembros debían empezar a aplicar la Directiva 91/440- relativa a la separación entre la gestión de las infraestructuras y la explotación- a partir de 1986. 
Algunos sencillamente se niegan a hacerlo. 
Ahora que en los informes de ambos colegas se solicita que en el curso de los dos próximos años se avance hacia dicho objetivo, yo espero que al menos usted lo apoye, señor Comisario. 
En caso necesario tendremos que seguir el camino del recurso judicial. 
En efecto, sólo la separación de la gestión de las vías férreas y la explotación permite conseguir una utilización eficaz de la red ferroviaria con la participación de otras empresas ferroviarias y nosotros deseamos una utilización eficaz de la red y no queremos que algunos países levanten barreras y no permitan el acceso a nadie. 
Por esto necesitamos una clara separación entre infraestructuras y explotación, necesitamos unos derechos de acceso claros, tal como piden ambos colegas, derechos de acceso ampliados, derechos de acceso moderados, incluso, pero que introduzcan claras mejoras, y también necesitamos, en tercer lugar, unas normas comunes en lo que se refiere a la aplicación de cánones. 
Colega señor Swoboda, yo en su lugar habría preferido no introducir el concepto de costes sociales marginales. 
Después de la audiencia celebrada en nuestra comisión, no deberíamos aventurarnos en ese terreno. 
Yo comparto, por otra parte, su opinión de que cuando se contemplan de cerca los costes de las infraestructuras- costes de construcción y mantenimiento -, la respuesta es que los costes externos sólo se pueden encarecer si los demás medios de transporte también tienen que soportarlos. 
Yo también deseo, en efecto, que unos cánones razonables y no demasiado elevados por la utilización de las infraestructuras ferroviarias ofrezcan al ferrocarril una oportunidad adicional en la competencia frente a otros medios de transporte. 
No obstante, creo que también es preciso decir lo siguiente: independientemente de que el valor de los cánones fijados sea más alto o más bajo, éstos se deberán cobrar en todos los Estados miembros. 
No es posible admitir que algunos Estados miembros digan que durante los próximos dos años no cobrarán de momento ningún canon o no para determinados tramos. 
En tal caso, la Comisión también tendrá que intervenir para garantizar la igualdad jurídica. 
Nosotros estamos a su lado en este difícil combate entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en torno a la apertura de los ferrocarriles, con objeto de que estén orientados hacia el cliente y sean eficaces, ¡yo espero que ustedes también estén de nuestra parte! 
Señor Presidente, también aquí mis felicitaciones a ambos ponentes. 
Efectivamente, como ha dicho acertadamente el Sr. Jarzembowski: hay en este tema un gran consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y en ese aspecto, han pasado aquellos tiempos en que las espadas estaban en alto especialmente en relación con los ferrocarriles. 
Pero hemos de constatar algunas cosas. 
No hemos llegado ni por asomo adonde teníamos que llegar con el tema de los ferrocarriles. 
La proporción del transporte de mercancías por ferrocarril sigue descendiendo. 
Eso es justo lo contrario de lo que realmente quisiéramos. 
El Sr. Wibe ya ha abandonado la Asamblea pero como ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha señalado que realmente no hacía falta hacer una separación entre la explotación de las infraestructuras y la de los servicios de transporte. 
¿Cómo vamos a aceptar ahora en el sector ferroviario a los empresarios individuales si no hacemos esa separación? 
Me parece que la Comisión debe insistir también mucho en ello y no abandonar esta idea. 
Es también por esa razón y ni siquiera porque nos importe mucho, pero más bien como señal, por lo que nuestro grupo parlamentario ha querido mantener una enmienda en la que se dice que queremos una separación entre la explotación de las infraestructuras y la explotación del material dentro de un año y no en un plazo de dos años. 
¿Por qué decimos eso? 
Porque los ferrocarriles ya han tenido tiempo de realizarlo desde la directiva 44/91. 
Eso fue hace ocho años, Señor Presidente. 
No todos han hecho todavía lo que la Comisión quiere de los ferrocarriles. 
Por lo tanto, nos gustaría oír del Comisario cómo está la situación ahora y qué compañías no lo han llevado a cabo todavía y cuáles han sido las razones de ello. 
Pero que se trate de una separación de verdad, y no una como entre la SNCF y VFF, nominal y no en la práctica. 
Acojo con satisfacción este informe sobre la necesidad de mejorar los sistemas ferroviarios en la Unión Europea y de garantizar un uso más eficaz de las infraestructuras ferroviarias que responda a las necesidades de los consumidores. 
Se trata de una informe bastante actual desde el punto de vista irlandés. 
El Gobierno de este país anunció la semana pasada una doble estrategia para invertir 430 millones de libras irlandesas en la mejora de las condiciones de seguridad ferroviaria y en la ampliación de los servicios de trenes de cercanías en Irlanda. 
A raíz de estas inversiones, que cuentan con mi más ferviente apoyo, se aumentará en más de un 60 % la capacidad de las redes ferroviarias suburbanas. 
Como diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción electoral de Leinster, también me complace esta noticia por el hecho de que ciudades como Naas, Newbridge, Kilcullen, Wicklow, Athy, Arklow, Kildare y Monasterevin deberán garantizar en un futuro no lejano la financiación necesaria para la mejora de sus respectivos servicios ferroviarios. 
Si la mejora de las infraestructuras ferroviarias reviste una importancia fundamental, no ha de ser menos importante nuestra preocupación por la calidad del servicio, por lo que creo que la compañía de ferrocarriles irlandesa, Iarnród Éireann, habrá de estar a la altura de las circunstancias. 
Están totalmente justificadas las legítimas reivindicaciones de poblaciones como la de Monasterevin, para que se abra de nuevo su estación de ferrocarriles, o la de Portlaoise, para que se lleven a cabo mejoras del servicio. 
Asimismo, los problemas de congestión en los trenes suburbanos se aliviarán gracias a la incorporación de nuevos vagones de pasajeros y a la ampliación de andenes. 
Señor Presidente, con los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda, el Parlamento Europeo afronta una toma de posición de consecuencias graves para el futuro del transporte ferroviario. 
Las directivas de la Comisión- y, en su prolongación, los dos informes- se inscriben en una lógica de liberalización que abre a la competencia el transporte internacional de mercancías. 
El informe del Sr. Sarlis va incluso más lejos que las directivas de la Comisión, que no propugnan la liberalización, al proponer en particular la modificación del artículo 10 de la Directiva 91/440. 
Sin embargo, en el sector ferroviario, nada hay que valide el dogma de la liberalización como único medio de reactivación. 
Al contrario, el triste resultado de la liberalización de los ferrocarriles británicos constituye un auténtico ejemplo negativo. 
A la inversa, los trenes de gran velocidad, que han permitido un innegable desarrollo del ferrocarril, no habrían podido ver la luz en un sistema liberalizado. 
Lo mismo es aplicable al primer corredor de flete creado a partir de la cooperación entre servicios públicos. 
Quisiera referirme de nuevo a dos puntos. 
En primer lugar, la modificación del concepto de candidato autorizado, que permite a toda persona, física o jurídica, reservar capacidades en la red, lo que muy bien podría propiciar una liberalización anárquica, con la multiplicación de nuevos participantes. 
Las empresas ferroviarias quedarían, así, reducidas a un papel de prestatarias de servicios de tracción de los trenes. 
Ese sistema ha de propiciar por fuerza una selección de los sectores más rentables, dejando a las empresas ferroviarias la carga del personal, la carga del mantenimiento del material y los sectores menos rentables. 
Así, pues, sólo se permite una libertad, la de que sociedades en modo alguno comprometidas con el sector ferroviario reciban la mejor parte de los beneficios sin garantizar las condiciones de desarrollo de ese sector. 
El matiz aportado por la Comisión de Transportes, al dejar a los Estados miembros la posibilidad de prever los candidatos autorizados, es una precaución ilusoria, ya que determinado candidato no autorizado en un país determinado se impondrá de hecho a los demás. 
Mi segunda observación se refiere a la competencia. 
El transporte ferroviario está sometido a la competencia y qué competencia: la de los transportes por carretera favorecidos por su poca participación para la utilización de las infraestructuras y el muy bajo nivel de las condiciones sociales. 
Nada se hace para remediar esa distorsión de la competencia tan costosa en el plano del medio ambiente, en el plano social y en el de la seguridad. 
Lo que los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda propugnan es la competencia dentro del propio sector ferroviario, cosa que no existe en ningún país y entraña el riesgo de comprometer los avances logrados, habida cuenta, en particular, de la especificidad de la infraestructura ferroviaria respecto de la de la carretera o del sector aéreo. 
Los ferroviarios de la Unión Europea han expresado, con sus sindicatos y la CES, su oposición a la liberalización del ferrocarril mediante una intensa jornada de acción de huelga europea. 
En el Consejo, los Gobiernos están divididos: unos, entre ellos el de Francia, se oponen, otros piensan que no hay que imponer la liberalización a los países que no la deseen. 
Por eso, mañana, antes del comienzo de la votación, pediré la devolución de esos dos informes a comisión para que el Parlamento no adopte una decisión tan grave de forma precipitada. 
El Parlamento Europeo debe rechazar las propuestas de liberalización y plantearse más bien medidas de fomento del desarrollo y la modernización del sector ferroviario, de sus misiones de servicio público, del desarrollo de la cooperación y la armonización social en un nivel elevado. 
Señor Presidente, voy a ser breve sobre la propuesta de la Comisión, aún siendo ella demasiado detallada, y sobre las propuestas de nuestros colegas, los Sres. 
Sarlis y Swoboda. 
Estamos de acuerdo con ellas. En las discusiones, sobre todo fuera del Parlamento, se supone muchas veces que los Verdes probablemente están en contra como nuestros compañeros de la izquierda. 
Es un gran malentendido. 
Los Verdes están a favor de un crecimiento del transporte de mercancías por ferrocarril y los Verdes están a favor de una competencia justa y en contra de los monopolios, sean privados o estatales. 
Por eso estamos también a favor de la ruptura de los monopolios nacionales de la gestión de las infraestructuras. 
Por eso estamos a favor de unas estructuras administrativas y financieras transparentes para gestionar las infraestructuras y la prestación de servicios. 
Por eso estamos a favor de que solamente las empresas serias tengan acceso y de que esto sea inspeccionado por un órgano independiente. 
Se lo voy a volver a recordar a la Sra. Moreau: eso es otra cosa que una especie de liberalización o privatización al estilo del salvaje oeste. 
Esto es, a nuestro juicio, un intento paulatino, cuidadoso pero muy firme, de crear por fin un futuro para el transporte de mercancías por ferrocarril. 
Todos sabemos que la proporción del transporte ferroviario ha disminuido en los últimos años. 
Esa tendencia ha de invertirse y estas propuestas son- creo- un buen punto de partida para ello. 
Señor Presidente, el ferrocarril europeo necesita profundas reformas tendentes a la liberalización, pero sin poner en riesgo su carácter de servicio público. 
La propuesta de terminar con los monopolios y de separar la gestión de las infraestructuras y la explotación del ferrocarril es interesante, pero ¿cómo vamos a garantizar el perfecto mantenimiento de las líneas económicamente menos rentables pero socialmente necesarias? 
Porque no podemos olvidar que el ferrocarril es un elemento estratégico de desarrollo imprescindible en muchos territorios, y les voy a poner un ejemplo: la circulación por el único paso internacional existente por los Pirineos centrales, a través de Canfranc, se encuentra interrumpida porque en el lado francés se hundió un puente que no ha sido reparado. 
De esto hace ya 30 años. 
La explicación es muy sencilla, la línea no era económicamente rentable para la empresa pública que la explotaba y como resultado la línea hoy está cerrada y no hay posibilidad de que otras empresas más eficientes la puedan usar. 
Es decir, el deterioro de las infraestructuras impide la liberalización. 
Esto, Señorías, significa que hay buscar fórmulas para asegurar el mantenimiento de las redes, independientemente de los usos y rentabilidad actuales, de lo contrario la liberalización sólo producirá una disminución de los servicios especialmente en la regiones europeas menos desarrolladas. 
Señor Presidente, Señor Comisario, los ferrocarriles de la Unión Europea están viviendo tiempos difíciles. 
Las consecuencias de su pasado como empresa estatal y las variables circunstancias de mercado son dos aspectos que están todavía muy reñidos. 
Los resultados empresariales, tanto en lo relativo a los servicios como en el aspecto financiero, no responden a las expectativas. 
Tanto por el interés de los usuarios como por el medio ambiente es primordial que se modifique esto. 
Hemos de sacar provecho de las ventajas del ferrocarril como modalidad bastante limpia con una gran capacidad. 
La práctica nos demuestra que los ferrocarriles mismos no son capaces de hacerlo. 
Por eso se requiere un estímulo político para un planteamiento orientado hacia el mercado. 
Una liberalización del sector puede levantar un viento fresco por las oficinas polvorientas. 
No obstante, sobre todo la situación financiera de los que oferentes no permite por el momento un acceso completamente libre al mercado ferroviario. La propuesta de implicar de momento sólo al transporte de mercancías, de forma paulatina y dirigida, es por esa razón acertada. 
Para obtener un buen resultado social, los servicios administrativos de los Estados miembros deben dirigir la realización de los planes. 
Ellos deben controlar la necesaria separación organizativa de los servicios dentro de las compañías ferroviarias. 
Por último, el canon por utilización de infraestructuras. 
También en el transporte ferroviario se deben contabilizar todos los costes. 
Debemos esforzarnos por la igualdad de las condiciones de competencia. 
Vistas las ventajas de esta forma de transporte no debemos perder de vista su posición competitiva. 
Señor Presidente, es imprescindible para los ferrocarriles un fuerte empujón. 
Estos informes constituyen un buen estímulo para ello. 
Señor Presidente, resistiré la tentación de enumerar todas las estaciones de ferrocarril de mi circunscripción electoral, de la línea principal de West Coast y de la ruta transapenina. 
Pero puedo ver que el Sr. Hyland ya no está presente. 
En primer lugar, desearía felicitar en nombre de mi Grupo a Pavlos Sarlis y a Hannes Swoboda por su labor en este importante ámbito. 
La revitalización de los ferrocarriles viene siendo desde hace ya mucho tiempo una prioridad de mi grupo parlamentario. 
Asimismo, hemos podido comprobar que la supervivencia de nuestra industria ferroviaria precisa planteamientos radicales, un concepto innovador y unas acciones con coraje. 
No se debe subestimar la dimensión de los problemas con los que se enfrenta la industria del ferrocarril. 
En un momento en el que se registra un incremento del 6 % en el mercado global del transporte, comprobamos que la cuota de este mercado que ocupa el ferrocarril se ha reducido en nada menos que un 6 % por lo que respecta al transporte de pasajeros, y en un 16 % en lo relativo al transporte de mercancías. 
En pocas palabras, el sector del ferrocarril corre tal peligro en toda la Unión Europea que hemos de cuestionarnos si seguirán existiendo servicios internacionales de pasajeros o de mercancías dentro de quince de años. 
Por lo tanto, si se me permite hacer una comparación médica, tenemos un paciente muy enfermo que necesita mucha ayuda, y creo que nuestros dos ponentes, al igual que la Comisión, nos han proporcionado la medicina para lograr que se restablezcan nuestros trenes y que puedan, así, entrar pletóricos de fuerza y salud en el nuevo siglo. 
Hay personas en el sector ferroviario, y de hecho también en este Parlamento, que piensan que es posible continuar con un sistema basado en prácticas laborales antiguas, con un funcionamiento limitado únicamente a las redes nacionales, de acuerdo con ideales vigentes en los años treinta. 
Mi Grupo estima que, en este caso, mantener la situación actual no representa ninguna opción. Estimamos que quienes piensan de esta manera contribuirán a acabar con nuestros ferrocarriles. 
Si queremos asegurar un futuro a los trenes que vaya más allá de los servicios de cercanías, y de manera especial en el sector de mercancías, deberemos emprender las medidas que nos han esbozado nuestros ponentes. 
El ferrocarril no puede competir en el sector de mercancías con el transporte por carretera si tarda 67 horas en recorrer 850 kilómetros, mientras que un camión ofrece el mismo servicio en solamente 13 horas. 
No obstante, mi grupo admite que existe una gran preocupación entre los trabajadores ferroviarios puesto que, después de todo, lo que estamos proponiendo constituye una transformación bastante radical. 
Por este motivo hemos apoyado un mayor comedimiento en la incorporación de las reglas del libre mercado a otros sectores distintos al del transporte de mercancías, que deberían acompañarse con medidas de protección social y con la obligación de conceder una clara prioridad a los servicios públicos. 
Tenemos ahora la oportunidad de sentar las bases de una nueva era del ferrocarril para un nuevo milenio. 
Mi grupo parlamentario acoge con satisfacción esta oportunidad, a la vez que ofrece su apoyo a la Comisión y a nuestros ponentes en sus esfuerzos por garantizar un futuro para el ferrocarril en Europa. 
Señor Presidente, me producen una gran satisfacción las propuestas que nos ha presentado la Comisión esta noche con objeto de liberalizar los ferrocarriles europeos y abrir el mercado a una mayor competencia. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los ponentes por la labor excepcionalmente ardua que han llevado a cabo en la elaboración de cada uno de estos informes. 
Ahora que contamos aquí con la presencia del Comisario británico, me complace de manera especial asistir a este momento histórico en que la Comisión ha seguido el ejemplo del Reino Unido. 
Éste fue el primer país que liberalizó sus redes ferroviarias, lo cual supuso en su momento una medida muy valiente que anunciaba ya estas propuestas de la Comisión y que, en mi opinión, ha proporcionado resultados muy positivos: un aumento del número de viajeros, un mayor volumen de transporte de mercancías- lo cual implicaba un menor volumen en las carreteras- y todo ello con unos elevados niveles de seguridad. 
Sarlis y Swoboda son muy satisfactorias, al igual que lo son también los tres objetivos principales: una mayor transparencia que separe la provisión de infraestructuras de la explotación de los servicios, lo cual significa que, a efectos de contabilidad, se incorporarían las infraestructuras y los servicios de pasajeros y mercancías en ámbitos distintos. En segundo lugar, la ampliación del actual régimen E para conceder licencias a operadores internacionales en todos los sectores ferroviarios. 
Doy mi apoyo a estas propuestas y avances encaminados a lograr la liberalización del sector ferroviario. 
Pero éstos son pasos modestos. 
Creo que deberíamos haber registrado un avance mucho mayor para abrir el mercado europeo a todos los tipos de transporte internacional de mercancías. 
El desafío reside en lograr un verdadero mercado único para los ferrocarriles europeos. 
Es necesario hacer más a este respecto, especialmente por lo que respecta al sistema de licencias, exigiendo a los operadores que participen en determinados acuerdos comunes acerca del establecimiento de las redes y que resuelvan el asunto de la tarificación con arreglo al coste marginal. 
Señor Presidente, la Comisión nos propone un conjunto de directivas encaminadas a la modernización del sector ferroviario, pero se apoya en un postulado falso, según el cual la competencia intramodal es la única forma de desarrollar los ferrocarriles comunitarios. 
Los diputados franceses del Grupo ARE se oponen a esa orientación que no les parece apta para resolver las dificultades actuales del sector ferroviario. 
¿Por qué? 
Introducir actualmente más competencia en los transportes ferroviarios no hará otra cosa que poner en entredicho un sector ya en dificultad. 
La privatización de los ferrocarriles británicos, a comienzos del decenio de 1990, dio como resultado una insatisfacción del publico y un descenso de la calidad de las prestaciones. 
Según el Sunday Times, los ferrocarriles británicos son ahora menos fiables y menos puntuales que los del Pakistán, la India y China. 
Así, pues, se comprende por qué se manifestaron los ferroviarios el año pasado contra las derivas del liberalismo. 
No nos oponemos a que se desarrolle la cooperación entre sociedades ferroviarias, siguiendo los buenos ejemplos ofrecidos en los transportes de pasajeros, y demostrados por el Thalys o el Eurostar. 
Por lo que se refiere al transporte de flete, desde el final de 1997 se comenzó a establecer corredores de flete, a iniciativa de la Comisión, entre Francia y sus vecinos, que han permitido reservar para el flete las capacidades que necesita a fin de garantizar los enlaces a gran distancia. 
Entonces, ¿por qué cambiar de orientación antes de que se haya podido desarrollar ese planteamiento? 
La Comunidad debe más bien contribuir a la realización de infraestructuras y a la creación de redes transeuropeas y a facilitar la armonización técnica y social del ferrocarril. 
Así, pues, nosotros luchamos por que se impulse al máximo la coordinación entre las empresas ferroviarias europeas. 
¿Y quién mejor que el poder público puede asumir actualmente semejante imperativo, creando vastas redes, vastos corredores ferroviarios, que crucen la Unión? 
Aunque no estamos en contra de todos los aspectos de los proyectos de directiva, no podemos apoyar las medidas encaminadas a la apertura del mercado establecida por la definición del candidato autorizado en el proyecto de directiva 95/19 ni la enmienda 10 del Sr. Sarlis, encaminada a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 91/440. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, permítanme que agradezca muy cordialmente a ambos ponentes, los Sres. Sarlis y Swoboda, la buena colaboración que hemos mantenido en la comisión. 
Se trata, sin lugar a dudas, de dos informes muy importantes. 
El paquete común de medidas tiene una importancia decisiva para el ulterior desarrollo de la política europea en el ámbito del transporte ferroviario, por no decir que el reloj de la estación nos indica que ya va siendo hora de que subamos al tren, de que el Parlamento y el Consejo se ocupen al fin de este tema, o de lo contrario acabaremos perdiéndolo. 
Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción los enfoques de una liberalización y una imposición de la competencia progresivas. 
Otro enfoque importante es también el de la separación entre las empresas ferroviarias, o sea, entre la utilización de los trazados, el ámbito de las infraestructuras y el mantenimiento de dichos trazados. 
Dicha separación es imprescindible para evitar que se produzcan distorsiones de la competencia y situaciones de ventaja. 
Yo tampoco quisiera dejar de recordar en este contexto la importancia de los ferrocarriles en el marco del transporte combinado. 
Es preciso continuar promoviendo en el futuro el ferrocarril como medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente, más seguro y con mayor facilidad de ampliación. 
Como todos sabemos, las capacidades del ferrocarril distan mucho de estar agotadas, no sólo en lo que se refiere al transporte de mercancías, sino también al transporte de pasajeros. 
Es imprescindible que el ferrocarril mejore su competitividad y llegue a constituir una alternativa seria frente a la carretera. 
La UE y los Estados miembros tienen que subsanar las deficiencias en este contexto, con objeto de que sea posible impulsar realmente una política creíble de apoyo a un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. 
Esto incluye también los correspondientes recursos presupuestarios. 
Un desplazamiento del transporte de la carretera al ferrocarril contribuirá a la conservación del medio ambiente en toda Europa. 
También es esencial ejercer la correspondiente presión en este sentido pensando en los nuevos Estados miembros que sin duda acogeremos un día en nuestro círculo. 
Señor Presidente, todos somos conscientes de que los ferrocarriles tienen que evolucionar para poder sobrevivir. 
En el marco de unas estructuras anticuadas, los ferrocarriles europeos han retrocedido sensiblemente desde la década del 60. 
El Libro Blanco de la Comisión sobre revitalización de los ferrocarriles comunitarios y la propuesta de corredores de mercancías a través de Europa fueron un primer paso en una nueva dirección. 
Es provechoso que este trabajo se esté realizando. 
Los dos informes que tratamos hoy constituyen nuevos pasos necesarios en esta dirección. 
Sin ir más lejos, el debate de hoy demuestra que existe una comprensión cada vez mayor de la necesidad de que continúe la liberalización para poder detener el fuerte retroceso. 
Son muchas las cosas que se van a necesitar para conseguir un cambio positivo. 
Entre otras, se necesitará que todos los países miembros distingan entre quienes responden por las vías y quienes las transitan. 
Posiblemente sea del todo razonable que los respectivos estados sigan siendo mayoritariamente los dueños, que construyan y mantengan gran parte de la infraestructura. 
Igualmente lógico es que exista la competencia más libre imaginable a la hora de transitar por esas vías. 
Todo esto se financiará en gran parte mediante tarifas que pagarán todos los que usen las vías. 
En un futuro de este tipo, las empresas ferroviarias nacionales seguramente van a permanecer como grandes operadores, pero en competencia, en igualdad de condiciones con otros. 
En esta dirección va el desarrollo actualmente. 
El informe de la Comisión de Transporte respalda un desarrollo de esta naturaleza, en el que las nuevas empresas ferroviarias tengan posibilidad de competir. 
Los dos informes de hoy constituyen pasos importantes en esta dirección. 
Así damos a los ferrocarriles europeos un futuro prometedor. 
Sin embargo, cabe subrayar que lo que se ha hecho hasta hoy son sólo los primeros pasos. 
Éste es un trabajo que tiene que continuar con más iniciativas de la Comisión si queremos que los ferrocarriles tengan un futuro en el siglo XXI. 
Señor Presidente, al comenzar el debate de hoy, el Sr. Comisario ha dicho, muy sabiamente, que un político escucha- y debe escuchar- pero no se compromete. 
Espero que el Sr. Kinnock, a pesar de su opinión negativa sobre algunos temas básicos, haya escuchado y que tenga cierto margen y cierta libertad de retirar tales opiniones con el paso del tiempo, porque mañana, por lo que sé, y como sus señorías conocen, se va a encontrar ante dos propuestas que habrán sido aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento. 
No podemos avanzar, es decir, no puede ser que la Comisión no fomente el artículo 10 y, por otro lado, que se nos pida «authorized applicant» 100 %» ; esta es una postura que no creo que nadie acepte. 
Por favor, tengamos la ventaja de reconsiderar nuestras opiniones. 
Lo siento, señor Sarlis. 
Se ha terminado el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguridad de los servicios regulares de transbordadores de pasajeros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0061/99) de la Comisión de Transportes y Turismo respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo sobre un régimen de reconocimientos obligatorios para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad [12893/98- C4-0004/99-98/0064 (SYN) ] (Ponente: Sr. Watts) 
Señor Presidente, el historial en materia de seguridad de los transbordadores no puede describirse más que como escandaloso: a pesar de los trágicos acontecimientos de las décadas de los 50, 60, 70 y 80, no se ha hecho prácticamente nada a este respecto. 
Hubo que lamentar la pérdida literal de miles de vidas antes de que se remediaran las deficiencias más básicas, fundamentales y, en algunos casos, vergonzosas en el diseño y el funcionamiento de los transbordadores, y todo ello a pesar de las reiteradas advertencias de los sindicatos, los colectivos de consumidores y, de hecho, también de este Parlamento. 
Fueron necesarias las desapariciones del Herald of Free Enterprise, el Scandinavian Star y, el caso más trágico de todos, el Estonia, para que las compañías de los transbordadores y los Gobiernos comenzaran a asumir las consecuencias de su negligencia. 
Sin embargo, todos hemos podido comprobar cómo la Comisión ha venido interviniendo desde 1994, tanto con la palabra como con la acción, y el Parlamento le ha ofrecido en todo momento su respaldo y, así lo creo en mi condición de ponente, ha intentado continuamente facilitar su labor. 
La última medida de la Comisión tiene como objetivo someter los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad ya existentes a unos regímenes de control obligatorios por parte de los países de destino antes de su entrada en servicio y, posteriormente, con intervalos de carácter periódico. 
La única peculiaridad reside en el hecho de que su aplicación no tendrá en cuenta el pabellón de las embarcaciones. 
Por consiguiente, estas medidas cierran el círculo vicioso que impedía a los Estados miembros investigar accidentes que afectaban a sus ciudadanos. 
Con el fin de facilitar la investigación, la propuesta incluye la exigencia de incorporar registradores de datos de la travesía (RDT) , es decir, cajas negras. 
Sin embargo, esta cámara ha resaltado en primera lectura la laxa formulación que, en mi opinión y en la del propio Parlamento, permitiría efectivamente a algunos transbordadores equiparse con una caja negra que no reuniera las normas establecidas, o prescindir por completo de dicha caja negra. 
De ahí que resulten razonables nuestras reivindicaciones para que se equipen en el plazo de cinco años todos los transbordadores con unas cajas negras que cumplan las normas más modernas. 
Esta petición ha sido desgraciadamente rechazada tanto por el Consejo como por la Comisión. 
En las observaciones a su propia comunicación, la Comisión hace saber al Parlamento que no puede aceptar este punto porque, en palabras de la propia Comisión, ello haría «económicamente inviables» las futuras actividades de los transbordadores o las naves. 
Como ponente, sé que, en un transbordador sometido a reparación, la instalación con carácter retroactivo de una caja negra cuesta menos que la colocación de alfombras o cortinas nuevas. 
Invito esta noche a la Comisión a que se nos una a la hora de otorgar prioridad a los aspectos de seguridad y que apoye nuestra enmienda. 
También queremos expresar en esta primera lectura nuestra satisfacción por el deseo de la Comisión de que se le facilite información en materia de conformidad, con el fin de establecer un nuevo sistema transparente que sea accesible a todas las partes implicadas. 
Sin embargo, se han rechazado nuestras demandas para lograr un acceso de carácter público. 
La Comisión ha hecho saber en su comunicación que ni ella misma ni el Consejo pueden aceptar la petición formulada por el Parlamento Europeo para que la información sobre los transbordadores y las embarcaciones sean de acceso público. 
Desearíamos señalar que este tipo de opiniones entra en clara contradicción con la propia iniciativa de la Comisión en defensa de un sector marítimo de calidad, cuando afirma que, para lograr este objetivo, es fundamental sacar a la luz pública los elementos que no cumplan los requisitos establecidos. 
De hecho, la Comisión está estableciendo ya un sistema de información europeo y de acceso público para un sector marítimo de calidad. 
¿Qué mejor manera hay de materializar esta iniciativa y esta campaña si no es plasmando su lista de buenas intenciones en hechos reales? 
Después de todo, ¿qué tiene que ocultar la industria? 
De todas las partes implicadas en esta cuestión, ¿acaso los viajeros no tienen derecho a acceder a la información sobre la seguridad de la embarcación en la que confían su vida y la de sus familias? 
Es hora de obligar a instalar cajas negras en todos los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad, en aras de la seguridad y para lograr la confianza de los pasajeros. 
Es hora de que la información relativa a la seguridad de las embarcaciones sea de acceso público, de manera que podamos llamar por su nombre y avergonzarnos de las embarcaciones y los operadores que no cumplan las normas. 
Es hora de anteponer la seguridad de los transbordadores a cualquier otro aspecto. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando a la Comisión de Transporte y Turismo y, en especial, al Sr. Watts por su ágil y minuciosa labor sobre la posición común del Consejo en torno a esta importante propuesta. 
Como se reconoce en el informe, la mayor parte de las enmiendas aprobadas en primera lectura ha sido aceptada en la propuesta modificada de la Comisión, e incorporada en la posición común del Consejo. Obviamente, esta circunstancia implica la existencia de un consenso muy valioso acerca de los aspectos principales de la legislación. 
Por motivos que comprendo bien y que el ponente ha expuesto una vez más de una manera muy patente, el Sr. Watts presenta ahora de nuevo dos enmiendas que la Comisión no pudo aceptar en primera lectura, por lo que esta noche me gustaría abordarlas más a fondo. 
La primera enmienda se refiere a la cuestión de la concesión de exenciones a las especificaciones técnicas de los registradores de datos de la travesía (RDT) que se deberán instalar a bordo de los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad ya existentes. 
Cuando la Comisión presentó esta propuesta, tomamos debidamente en consideración las dificultades técnicas que pudiera plantear la instalación de dichos instrumentos en estos transbordadores y naves ya en funcionamiento y, consiguientemente, decidimos que el comité pudiera acordar exenciones a algunos de los requisitos técnicos que deberán reunir los RDT. 
Según tengo entendido, el Sr. Watts está de acuerdo con este planteamiento pero desea que se limiten las exenciones por un período de tiempo para que, una vez transcurridos los cinco años de la propuesta, los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad estén equipados con RDT que cumplan plenamente todas las especificaciones técnicas aplicables a las nuevas embarcaciones. 
Si bien comprendo este principio, hay que señalar que una disposición de estas características exige la sustitución de los registradores de datos de la travesía y, en prácticamente todos los casos, la sustitución de los equipos de navegación y control de las máquinas con el fin de garantizar la disponibilidad de los protocolos adecuados de comunicación a la hora de introducir información en los RDT. 
En numerosos casos, esta medida ocasionaría también un amplio recableado entre los RDT y los equipos de los que deben recuperar la información. 
Resulta obvio que los costes derivados de esta tarea de ingeniería superarían con creces los costes de adquisición de los RDT. 
Creo que se trata de una medida que no está justificada y que resulta desproporcionada, especialmente si tenemos en cuenta que el objetivo que se persigue con esta propuesta es el de permitir la recopilación de información para facilitar la investigación en caso de accidente. 
Además, he de decir que no se puede penalizar a las empresas de transbordadores que han instalado ya de manera voluntaria los RDT a bordo de sus embarcaciones obligándolas a sustituir estos equipos, con toda la obra de ingeniería que ello supone. 
Así pues, éstas son las razones- de orden práctico, no por una cuestión de principios- que me impiden aceptar el período máximo de cinco años que se propone en la enmienda 1. 
La enmienda 2 reitera la solicitud que se hizo ya en primera lectura acerca de la información sobre aquellos transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad con autorización para prestar servicios de carácter regular, incluida la información relativa a cualquier limitación operacional. Pide que la Comisión haga pública y disponible esta información. 
En respuesta a este punto, creo que este Parlamento recordará que, ya con motivo de la primera lectura, previne acerca del riesgo que entraña la publicidad de toda la información sobre los transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad que hayan sido sometidos a inspecciones, especialmente en lo relativo a la fiabilidad, la seguridad y la posibilidad de que se produzcan abusos de carácter comercial. 
Esta preocupación es lo que ha llevado a la Comisión a proponer que sea el comité creado a este afecto el que establezca las condiciones de acceso a estos datos. 
Por lo tanto, no estamos cerrando el asunto, sino que creemos que se trata de una cuestión que depende del criterio práctico de este comité. 
Espero que sus Señorías puedan aceptar la validez de este planteamiento. 
Ha de considerarse la base de datos con la información de los transbordadores que se propone en esta directiva como un instrumento especializado, cuyo objetivo primordial es el de ayudar a los Estados miembros a vigilar y velar por la aplicación de la directiva por medio de información detallada sobre la aplicación de este régimen de control. 
Dicho todo esto, comparto plenamente la opinión del Sr. Watts cuando afirma que se debe divulgar ante la opinión pública de la manera más amplia y clara posible cualquier información relevante por lo que respecta a la seguridad de los pasajeros. 
Atendiendo a este aspecto, y como ya ha destacado el Sr. Watts en su informe, la Comisión ha emprendido la creación de una base de datos denominada Equasis sobre la calidad del transporte marítimo, todo ello en el marco de nuestra campaña a favor de la calidad de este sector y con el fin de mejorar considerablemente la transparencia de la información acerca de las condiciones de seguridad del transporte marítimo en general. 
La base de datos Equasis será ampliamente accesible al colectivo marítimo y a la opinión pública. 
Creo que esta base de datos proporcionará los medios más adecuados para divulgar toda la información relevante sobre las condiciones de seguridad de los transbordadores, una cuestión que suscita justificadamente el interés particular e, incluso me atrevería a decir, el celo apostólico del Sr. Watts. 
Una vez que el comité haya elaborado las condiciones de acceso a la base de datos sobre el control de los transbordadores, mis servicios se dedicarán plenamente a traspasar la máxima información posible de esta base de datos a Equasis. 
Estoy convencido de que este planteamiento garantizará en la práctica el nivel de transparencia que reivindican, de una manera absolutamente justificada, el Sr. Watts y los demás diputados de este Parlamento, y todo ello sin tener que modificar el texto de la posición común. 
Finalmente, querría comunicar a sus Señorías que respaldo los objetivos de la enmienda 3, ya que aclara con exactitud el fin y el ámbito de actuación de las inspecciones de los equipos salvavidas con arreglo a los criterios del Convenio SOLAS. 
Para concluir, desearía felicitar al Sr. Watts y a sus colegas por facilitar la aprobación de esta directiva, la cual, junto con otras medidas ya aprobadas y en vigor desde hace unos pocos años, tendrá una repercusión directa y beneficiosa para la seguridad de los pasajeros de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en aguas de la Unión Europea. 
El Sr. Watts ha hecho bien en recordarnos las tragedias acaecidas en estos últimos años en distintas embarcaciones de pasajeros. 
Esperemos que la aplicación de estas medidas haga prácticamente imposible- en la medida en que lo permite el transporte marítimo- que se repitan tragedias como éstas. 
Y cuando digo esto, he de aclarar también que la útil labor y la gran dedicación mostrada por los diputados de este Parlamento han desempeñado un papel fundamental a la hora de lograr esta anhelada regulación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0106/99) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común presentada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Ciudad Europea de la Cultura» para los años 2005 a 2019 [9268/1/98- C4-0493/98-97/0290 (COD) ] (Ponente: Sr. Monfils) 
Señor Presidente, el expediente de las capitales europeas de la cultura, pendiente desde octubre de 1997, va a concluir- espero- mañana. 
El debate ha durado casi un año y medio porque las posiciones de la Comisión y del Parlamento Europeo, por una parte, y del Consejo de Ministros, por otra, eran profundamente divergentes. 
El Parlamento Europeo quería una elección de las ciudades basada en la calidad de los proyectos, sin referencia alguna a una intervención de los Estados ni una elección mediante el método comunitario, es decir, la codecisión. 
El Consejo de Ministros, por su parte, había optado por una rotación establecida de antemano de los Estados que todos los años designarían sucesivamente una de sus ciudades como capital europea. 
El Parlamento Europeo rechazó en la segunda lectura la posición común del Consejo al votar una declaración de intención de rechazo. 
Entonces nos encontrábamos ante una disyuntiva: ora proseguir el diálogo de sordos con el Consejo agotando durante meses el procedimiento establecido en el artículo 189- y, por lo demás, creo que, como resultado de ese procedimiento, no habría habido ni vencedor ni vencido; ese procedimiento habría continuado interminablemente -, ora intentar ver si era posible una transacción. 
Elegimos la segunda fórmula y propusimos al Consejo de Ministros enmiendas de transacción que tenían en cuenta a la vez el punto de vista del Consejo y también la posición del Parlamento Europeo, naturalmente. 
Ese procedimiento, un poco inusitado en el marco de contactos oficiosos, fue aceptado por el Consejo, que tomó como base para el debate la nota que nosotros habíamos presentado y la negociación concluyó con un acuerdo. 
Habida cuenta de la distancia que separaba al Parlamento del Consejo, creo que es un acuerdo honorable. 
Cierto es que se ha mantenido el punto de vista del Consejo encaminado a designar las capitales por turno por cada Estado, pero se ha abandonado la elección directa de una ciudad por el Estado, pues varias ciudades de un mismo país pueden presentar su candidatura. 
Además, se ha restablecido el jurado, que se había suprimido en la posición común del Consejo. 
Estará compuesto de siete personalidades expertas en el sector cultural y deberá presentar un informe sobre las candidaturas. 
Por último, cada ciudad candidata deberá presentar un expediente muy preciso en el que detalle su proyecto cultural, cosa que el Parlamento deseaba y que tampoco figuraba en la posición común del Consejo. 
No hemos obtenido la codecisión en el nivel de la elección de la ciudad, pero el Parlamento Europeo puede emitir un dictamen previo sobre las candidaturas y la Comisión transmitirá al Consejo sus recomendaciones, basadas a la vez en el informe del jurado y en el dictamen del Parlamento. 
Esa transacción, que recoge en gran parte la posición del Parlamento Europeo, ha sido posible por la voluntad de apertura, que me parece digna de beneplácito, manifestada por la Presidencia alemana. 
No es frecuente, señor Presidente, Señorías, que el Consejo se preocupe por la actitud del Parlamento, por lo que esta negociación me parece un ejemplo positivo del funcionamiento de nuestras instituciones. 
Pero esta transacción tampoco habría sido posible sin el apoyo permanente de los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de su presidente, que siempre han apoyado las posiciones del ponente, han colaborado estrechamente, mediante sus enmiendas, para la mejora del texto y han participado conmigo en las negociaciones. 
En conclusión, deseo que mañana el Parlamento apruebe estas enmiendas, que el Consejo acepta, evidentemente, y estoy convencido de que, en el seguimiento concreto de esta decisión, el Comisario competente y su administración estarán particularmente atentos al valor cultural de los proyectos presentados. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el programa «Capital Europea de la Cultura» es una historia de éxito. 
Ha llegado a ser, para los Estados miembros, su mejor tarjeta de visita, por lo que se comprende que la de retirarles poder sobre su designación y gestión sea una cuestión delicada. 
Pero precisamente por la misma razón por la que los Gobiernos no quieren ceder el control de las capitales culturales, la Comisión y el Parlamento consideran que no se podía mantener en la esfera intergubernamental un programa con tan grandes repercusiones públicas. 
Por eso, en mayo de 1998 la Comisión presentó una propuesta de comunitarización del programa que el Parlamento reforzó en mayo de 1998, al exigir la codecisión para la elección y la candidatura directa de las ciudades basada en criterios culturales sólidos. 
Para el Parlamento era esencial lograr la participación del mayor número de agentes culturales en las celebraciones, instigar formas de cooperación duradera, fomentar la creación y la circulación de las obras de arte, valorizar al mismo tiempo el patrimonio histórico y el design urbano, abrir las iniciativas a un público vasto y evitar el eurocentrismo asociando al máximo a las culturas no europeas. 
En una palabra: el Parlamento procuraba garantizar que el programa contribuiría a un cambio real de la calidad de vida de las ciudades y de sus ciudadanos, además del período de celebraciones. 
Las posiciones del Consejo y del Parlamento se extremaron al principio de tal modo, que no parecía haber conciliación posible. 
Ésa es una gran victoria de la democracia. 
La firmeza del Parlamento y la inteligencia negociadora del ponente Philippe Monfils hicieron el milagro de obligar al Consejo a abandonar su poco democrática arrogancia inicial y negociar. 
El resultado es una transacción honrosa en la que ninguna de las partes pierde la cara: los Gobiernos han conseguido conservar el poder de formular una rotatividad entre Estados miembros que tendrán derecho a presentar las candidaturas de ciudades, el Parlamento Europeo ha visto consagrado el principio de la candidatura directa de las ciudades dentro de ese sistema. 
Los Gobiernos aceptaron el principio de hacer que la elección se base en criterios culturales, según las opiniones de un jurado partidario y del Parlamento, como éste pretendía. 
Así, la capital europea de la cultura tendrá, a partir del año 2005, mejores condiciones para afirmarse como la ocasión por excelencia de convivencia intercultural. 
Ojalá quieran los Gobiernos financiar generosamente, como el Parlamento empezó proponiendo, esa gran fiesta colectiva. 
Termino, señor Presidente, diciendo que lo que vamos a votar hoy y que, en nombre de mi Grupo, pido a Sus Señorías que apoyen es un ejemplo excelente de lo que se llama hacer política. 
Sólo por eso y porque la concertación interinstitucional va adquiriendo un lugar cada vez más importante en el proceso de decisión comunitario, el PE considera que debe votar «sí» sin vacilación ni remordimientos. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos el compromiso que se propone para optimizar la designación de una «Capital Europea de la Cultura». 
Sin embargo, quizá no tenga tanta importancia cuál será finalmente la ciudad designada, mientras que, en cambio, tal vez sea particularmente importante concretar con precisión la responsabilidad que recaerá sobre dicha ciudad. 
Lo importante en este contexto son los contenidos, tal como se enumeran en el artículo 2a, por ejemplo, entre ellos la exigencia de que se haga hincapié en el diálogo entre los círculos culturales europeos y otras culturas del mundo. 
No debemos olvidar una cosa: en una futura Europa unida, la «Capital Europea de la Cultura» no se representará sólo a sí misma, sino que durante ese período será también la embajadora cultural de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada quiero dar las gracias al ponente que no solo ha realizado un excelente trabajo, sino que también se ha mostrado muy paciente en un momento delicado de la consulta. 
El Tratado de Maastricht en su artículo 128 recalca la importancia de favorecer la cooperación entre los Estados miembros, en especial en el ámbito de la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea. 
En Europa vivimos la diversidad de las culturas, ya que Europa ha sido a lo largo de toda la historia y sigue siendo un polo de desarrollo cultural, sumamente rico y variado, en el cual la formación y la difusión de las culturas europeas siguen cumpliendo una función de primer orden. 
Es importante decir que la voluntad de integración cultural europea implica también tener en cuenta y comprender el espacio cultural europeo. 
Cada ciudad sometida a examen como posible capital europea de la cultura tiene características propias que pueden resumirse con cuatro palabras clave: conocimiento, tradición, movilidad y comunicación. 
Dichas palabras expresan la convivencia entre los procesos de fuerte modernización, la innovación y la protección del patrimonio histórico y artístico: una mezcla entre pasado, presente y futuro en que subsiste el recuerdo de los papeles y de las funciones que, a lo largo de la historia, han supuesto el encuentro de las culturas, del conocimiento y, por tanto, de la comunicación, entendida como una red de movilidad y de flujos de intercambio con las distintas realidades. 
El Parlamento Europeo, según ha puesto perfectamente de manifiesto el señor ponente, pide, en lo que respecta a la propuesta de decisión sobre la Capital Europea de la Cultura 2005-2019, una comunitarización de la iniciativa mediante la introducción de algunas cambios en el procedimiento de designación automática, establecido en su momento por el Consejo. 
Con respecto a lo previsto en la posición común, las hipótesis actualmente debatidas prevén, entre otras, la posibilidad de que hayan varias ciudades candidatas en un mismo año y la creación de un jurado de expertos independientes, nombrados por las Instituciones comunitarias, encargado de emitir un dictamen sobre dichas candidaturas. 
Una inmensa mayoría de las delegaciones del Consejo está orientada a atender las demandas del Parlamento Europeo y, por tanto, ha atribuido a la Presidencia alemana el mandato de alcanzar cuanto antes un acuerdo con este último. 
Es importante llegar sin demora a una definición de la cuestión de acuerdo con el Parlamento Europeo, al objeto de que cada ciudad europea candidata pueda: 1) valorizar las corrientes culturales comunes a los ciudadanos europeos, inspiradas por ella y a las que ha contribuido de manera significativa; 2) promover manifestaciones que unan en el ámbito cultural las demás ciudades de los Estados miembros de la Unión y lleven, por tanto, a establecer una cooperación cultural duradera; 3) favorecer su difusión en la Unión Europea; 4) fomentar el diálogo entre las culturas de Europa y el resto del mundo, pero sobre todo valorizar el patrimonio histórico y artístico mejorando la calidad de vida de la ciudad. 
El patrimonio arquitectónico europeo es la expresión de nuestras diferentes identidades y, al mismo tiempo, de nuestros orígenes comunes donde los materiales, los elementos, las formas y los espacios se articulan, se unen y se dividen en la búsqueda continua de un equilibrio entre la tradición y lo nuevo. 
En consecuencia, el conocimiento y la comprensión del patrimonio arquitectónico son elementos fundamentales de cara a la definición de la identidad cultural propia y se convierten en testimonios reveladores de nuestros orígenes y de nuestra historia. 
Señor Presidente, yo les confieso que he sentido un gran alivio cuando he visto el acuerdo al que se ha llegado y la fórmula que se ha alcanzado, ya que, en un momento dado, tuve una seria preocupación porque no sabía si se iba a poder llegar a un acuerdo, y la falta de acuerdo hubiera sido extraordinariamente grave ya que hubiera significado la pérdida de uno de los resultados más emblemáticos en toda la acción cultural comunitaria como es el de la Ciudad Europea de la Cultura. 
Por eso, yo quiero felicitar muy especialmente al diputado Sr. Monfils por haber mantenido la firmeza y, al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria para alcanzar esos acuerdos. 
Igualmente, quiero felicitar al Presidente de la Comisión por haber contribuido con su aliento y con su buen juicio a hacer posible este resultado. 
Como ustedes recordarán, el 30 de octubre de 1997 la Comisión presentó una iniciativa comunitaria en favor de la Ciudad Europea de la Cultura y la propuesta de la Comisión se centraba en torno a tres grandes ejes: la presentación por los Estados miembros a la Comisión de la candidatura de la ciudad o ciudades que optan a la organización de la manifestación; la constitución de un jurado por la Comisión, compuesto por personalidades independientes que emitiría un dictamen sobre las candidaturas presentadas y lo remitiría a la Comisión y, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo designaría, por mayoría cualificada, la ciudad europea de la cultura. 
Se trataba, en definitiva, de sustituir el procedimiento intergubernamental que había existido hasta entonces y que, por otra parte, se revelaba cada vez más trabajoso en un procedimiento comunitario que involucraba al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. 
Luego, el Consejo, en su posición común de julio de 1998, llegó a una solución poco satisfactoria, basada en la rotación ligada a la Presidencia. 
El procedimiento de designación se alejaba significativamente de la propuesta de la Comisión y, por otra parte, el Parlamento quedaba prácticamente excluido del procedimiento. 
La firmeza de esta Asamblea y el anuncio hecho el 13 de enero pasado de su intención de rechazar la posición común llevó a la apertura de la llamada «miniconciliación» , y hoy recogemos los frutos de la negociación entre las dos ramas del legislativo, a la que ha contribuido también la Comisión. 
Las ocho enmiendas que tenemos ante nosotros- y que la Comisión considera aceptables- reintroducen en el cuerpo de la decisión el jurado de altas personalidades independientes, así como los criterios que permiten asegurar la calidad cultural y la dimensión europea del programa de la ciudad. 
Por último- y ello es importante -, el Consejo adoptará su decisión excepcionalmente sobre la base de una recomendación de la Comisión y no sobre una propuesta, recomendación establecida a la luz del dictamen del Parlamento Europeo y del informe del jurado. 
Con ello se introduce una dimensión comunitaria que va más allá de la mera rotación de la presidencia. 
Por ello, nos felicitamos del resultado de las negociaciones y esperamos que ambas ramas del legislativo puedan aceptar el acuerdo que hoy se presenta ante nosotros, y quiero agradecer, una vez más, a la Comisión de Cultura y al ponente, Sr. Monfils, su activa implicación en este procedimiento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 24.00 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, se trata del turno de preguntas de ayer, página 24 del Acta. Respecto a la declaración falsa de la Sra. Cresson realizada ante la Comisión de Control Presupuestario, planteé a la Sra. Gradin la pregunta de si la Sra. Cresson tenía que dimitir por ello. 
La Sra. Gradin no respondió a esa pregunta. 
Ahora esto se encuentra registrado en el Acta como sigue: «Intervino el Sr. Posselt». 
Quiero indicar que planteé una pregunta adicional de conformidad con el Reglamento pero que no fue contestada. 
Vivos aplausos 
Vamos a tomar nota para corregir el Acta reflejando exactamente lo que pasó. 
El Acta queda aprobada 
Señor Presidente, no intervengo con respecto al Acta. 
Quisiera simplemente señalar a esta augusta Asamblea que hoy es el 40 aniversario de la ocupación del Tíbet por la República Popular China. 
Señor Presidente, tengo una queja. 
Es cierto que hablo con frecuencia en otros idiomas distintos al mío, pero ahora ya no oigo el canal 5, la interpretación neerlandesa, y creo que es un acto que interesa a la administración. 
Así pues, en adelante, hablaré siempre en otro idioma y escucharé también en otros idiomas. 
Vamos a proceder inmediatamente a las verificaciones técnicas necesarias, porque también habla usted neerlandés. 
Risas 
Orden del día 
Señor Presidente, en el orden del día de la sesión de hoy, bajo el apartado «votaciones» figura entre otras la votación sobre el Informe De Giovanni- Control del ejercicio de las competencias de la Comisión. 
Todos saben que en la cuestión de hasta qué punto llega el derecho de información del Parlamento Europeo según el artículo 206 del Tratado, mantuvimos una dura controversia con la Comisión en relación con el informe UCLAF sobre el asunto ECHO. 
Como resultado de ello se acordó que entre la Comisión y el Parlamento se celebrasen negociaciones con el objetivo de encontrar una regulación sobre el modo de aplicar en el futuro el artículo 206. 
Esta regulación se ha presentado ahora como un llamado agreement entre la Comisión y el Parlamento y se quiere aprobar hoy sin debate. 
Creo que ante la complicada problemática de este asunto y este agreement, esto no es lo adecuado. 
En este agreement nos comprometemos a renunciar a nuestro derecho a la información, por ejemplo, en los final reports on administrative inquiries, es decir, en informes internos de la Comisión sobre procedimientos administrativos. 
Por ello, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento, solicito que no votemos sobre este punto sencillamente sin debate. 
Tiene que ser posible que el Parlamento mantenga un debate sobre esta cuestión tan complicada y sensible. 
Acabo de presentar las 29 firmas necesarias para la solicitud. 
Señora Müller, efectivamente, ha presentado usted todo con la forma y el orden debidos. 
Dos cosas quiero decirle: la primera, que no hay que mezclar el problema de la UCLAF con este otro problema. 
Son totalmente distintos. 
Sobre la UCLAF hay un grupo de trabajo compuesto por representantes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Cuando terminen su trabajo, lo presentarán al Parlamento. 
Segundo: este tema es diferente. 
Este tema se refiere a otro de los puntos que presentó el Presidente Santer y es la remisión de documentos confidenciales al Parlamento. 
Entonces, en este momento, podemos obtener una de dos soluciones. 
Yo no quiero prejuzgar y me gustaría saber la opinión de los Grupos. 
La primera solución sería incluirlo con debate en esta sesión de hoy; la segunda sería llevarlo a la próxima sesión con debate. 
En cualquiera de los dos casos, lo que está claro es que no caben enmiendas, puesto que es un acuerdo interinstitucional. 
Se toma o se deja, como ha ocurrido con todos los acuerdos interinstitucionales. 
Pero podemos examinar cualquiera de las dos soluciones y yo preguntaría a los Grupos si prefieren incluirlo en esta sesión con debate o si lo tratamos en el próximo periodo parcial de sesiones. 
Tiene la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, me parece que, como el Parlamento y sus diputados no han tenido la posibilidad de ver la propuesta y menos aún de discutirla, deberíamos aplazar la votación hasta el próximo período parcial de sesiones. 
De esta manera la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión de Control Presupuestario podrán examinar la propuesta y discutirla antes de que llegue el momento de votar sobre ella. 
Señor Presidente, las tres personas que hemos sido nombradas, teníamos el encargo de elaborar esta propuesta para un acuerdo, lo que se deduce de la resolución que el Parlamento aprobó en enero. 
Nos hemos puesto a trabajar con gran rapidez e intensidad y lo hemos negociado a nivel político. 
Desde una perspectiva de control presupuestario puedo decir que la UCLAF queda exceptuada hasta que se regule la OLAF, la instancia sobre la que también se debate, de modo que las disposiciones de la UCLAF no se ven afectadas por este acuerdo así como tampoco la cuestión de las informaciones por parte del interventor financiero. 
La tarea planteada se tenía que solventar con rapidez. 
Ese era también el deseo de este Parlamento. 
Sobre el procedimiento quiero decir que yo no tenía que decidir al respecto. 
Fue la Conferencia de Presidentes la que autorizó esta propuesta de los tres expertos y yo partí del hecho de que los grupos políticos estaban también informados sobre lo que habían acordado sus presidentes. 
Por ello, no entendí porqué teníamos que prolongar demasiado este asunto y estaría a favor de votar al respecto para que podamos decidir de conformidad con esta aplicación. 
Señor Presidente, en la motivación de mi solicitud me he referido a la UCLAF sólo en el sentido de que existe una polémica sobre la entrega del informe en el asunto ECHO. 
Tengo claro que en esta regulación no se trata de la UCLAF. 
En nombre de mi grupo político me sumaría a lo que acaba de decir la Sra. Green. 
Creo que debemos dar a la Asamblea la oportunidad de leer extensa y cuidadosamente cuando formulamos determinados derechos y acuerdos que afectan a un derecho fundamental del artículo 206. 
Esto se debería analizar muy concienzudamente. 
Esta semana está muy sobrecargada. Aplacemos el asunto al próximo período parcial de sesiones para que podamos decidir con tranquilidad. 
Señor Presidente, es importante tener en cuenta que, aunque recibió nuestra clara aprobación el jueves pasado- a la que añadí mi apoyo en la Conferencia de Presidentes -, lo cierto es que no está disponible en todos los idiomas y que ni siquiera ayer habían tenido los diputados la posibilidad de estudiarla. 
Estoy seguro de que mi Grupo se sumará a un acuerdo interinstitucional de este tipo, pero es necesario que los diputados tengan por lo menos tiempo de leerla. 
Creía que la Sra. Theato estaría de acuerdo con esa forma de proceder. 
Veo que no hay acuerdo entre los Grupos respecto a la conveniencia de cambiar el orden del día de hoy. 
Por lo tanto, someto a votación si lo incluimos con debate en esta sesión o no. 
El Parlamento rechaza la propuesta 
Por tanto, como no se incluye con debate en esta sesión, se aplica el artículo 99 del Reglamento, conforme han pedido la Sra. Müller y otros firmantes, y será inscrito con debate en la próxima sesión. 
Será devuelto a la comisión competente, que es la Comisión de Asuntos Institucionales, puesto que es un acuerdo interinstitucional. 
Como en todos los acuerdos de este tipo, les recuerdo a ustedes una vez más que no se admiten enmiendas. 
Se trata de decir sí o no, naturalmente después de todos los exámenes necesarios. 
Tiene la palabra el Sr. Elles. 
Señor Presidente, como el Parlamento se ha pronunciado ya en ese sentido, ¿podemos tener la seguridad de que se seguirá el mismo procedimiento con el informe del Comité de Expertos Independientes, que se distribuirá en todos los idiomas y que estará a disposición de todos los diputados antes de que se discuta en este Hemiciclo y vaya a la comisión parlamentaria apropiada, que es la Comisión de Control Presupuestario, con anterioridad a su votación? 
El informe del Comité de Expertos Independientes no sólo se distribuirá a todos los diputados sino que figurará también en Internet, para que todos puedan consultarlo. 
En realidad, la Conferencia de Presidentes decidió que el procedimiento que se siga sea la presentación de resoluciones por los grupos. 
De todos modos, la Comisión de Control Presupuestario estará ya al corriente del informe cuando se someta a este Parlamento la aprobación de la gestión presupuestaria de 1997, pero eso es una cuestión diferente. 
La Comisión de Control Presupuestario puede utilizar el informe de los expertos independientes o cualquier otra cosa que estime útil en ese momento. 
La voluntad del Parlamento en relación con el informe de los expertos independientes se expresará mediante resoluciones presentadas por los grupos, según lo estimen conveniente durante la semana que siga a la presentación. 
Señor Presidente, sólo una aclaración sobre el calendario. 
Por supuesto, aceptamos que no se vote hoy sobre la cuestión del acuerdo, sobre la información. 
Sólo quiero saber si esto se va a colocar en el orden del día del período parcial de sesiones. 
Debido al calendario, debo saber cómo vamos a encauzar otra vez el debate. 
Creo que esto es aplicable también a la Comisión de Asuntos Institucionales caso de que aún lo necesite, pues se trata de la comisión competente sobre el fondo. 
Es la que ha presentado aquí este informe y no la Comisión de Control Presupuestario. 
Queremos debatirlo de nuevo y sólo quiero saber si figura en el orden del día. 
El próximo periodo parcial de sesiones de Bruselas. 
Señor Presidente, en este momento hay una manifestación kurda en las afueras del Parlamento. 
Quisiera preguntar al Presidente y al Pleno si se tiene la intención de que alguna delegación reciba y escuche lo que tienen que decir los representantes que se han reunido aquí afuera. 
Creo que sería razonable hacerlo y demostrar consideración a quienes quieren manifestar sus opiniones a los diputados del Parlamento Europeo. 
Hasta ahora, señor Lindqvist, no ha habido ninguna petición para recibir una delegación kurda. 
Cuando hubo esa petición en Bruselas, con ocasión de la última sesión en Bruselas, fueron recibidos y entregaron su petición. 
Si hoy también hacen la misma propuesta, recibirán la misma respuesta. Es decir, se les recibirá y se acogerá su petición para tramitarla luego en la Asamblea. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo extraordinario de los días 24 y 25 de marzo de 1999 en Berlín. 
Tiene la palabra el Sr. Verheugen, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, muy poco antes de que comience el encuentro informal de los Ministros de Asuntos Exteriores el próximo fin de semana que va a marcar la ronda final de las negociaciones sobre la Agenda, me alegra poderles dar una visión de conjunto sobre el estado de los debates en el Consejo e informarles sobre el posterior transcurso de las negociaciones sobre la Agenda hasta el Consejo Europeo que se celebrará en Berlín el 24 y 25 de marzo. 
En las semanas transcurridas desde el último debate sobre este tema aquí en el Pleno el 10 de febrero, el Consejo ha avanzado un buen trecho en la búsqueda de un paquete global equilibrado. 
No descubro ningún secreto si digo que en cuestiones centrales hasta hoy no se ha alcanzado aún ningún compromiso. 
Esto se debe totalmente a la naturaleza del asunto, tampoco era de esperar y se debe sencillamente a la necesidad de llegar a un equilibrio en todos los campos. 
Desde un principio hemos partido, como Presidencia, del hecho de que el paquete global solamente se puede concluir en Berlín y así va a ser. 
Pero los necesarios trabajos previos que deben allanar el camino a la Cumbre de Berlín se han podido impulsar de modo significativo en las semanas pasadas. 
Así, el cónclave de los Ministros de Asuntos Exteriores celebrado el 21 de febrero en Luxemburgo logró unos progresos sustanciales en una serie de cuestiones que les voy a exponer brevemente. 
Entretanto es conocido de modo general que el empleo de precios constantes del año 1999 en la elaboración de las previsiones financieras ofrece una serie de ventajas prácticas. 
En lo tocante a los gastos de adhesión y preadhesión existe consenso sobre el hecho de que los gastos vinculados a los países candidatos se deben catalogar y delimitar claramente en forma de gastos de preadhesión o de gastos vinculados a la adhesión, para asegurar de este modo que los créditos destinados a los nuevos Estados miembros no puedan ser utilizados por la UE de los 15 y que, a la inversa, las asignaciones a la UE de los 15 no se puedan dedicar a cubrir los costes de la ampliación. 
La Presidencia ha presentado un borrador al respecto que ha sido aprobado por la gran mayoría de los Estados miembros. 
También se ha podido constatar un amplio acuerdo en las sumas propuestas por la Comisión y que están previstas para las ayudas a la preadhesión en los próximos tiempos. 
Desde que bajo la Presidencia austríaca alcanzamos ya un amplio acuerdo político sobre los instrumentos de preadhesión, se ha mandado una clara señal a los países candidatos en el sentido de que los instrumentos de preadhesión son para nosotros de gran importancia en interés de una rápida ampliación. 
Sobre algunos puntos esenciales de la futura financiación de la Política Agrícola Común se ha podido llegar ya a un acuerdo: mantenimiento de la directriz agrícola y revisión antes de la primera ampliación así como determinación de un límite superior que se encuentre por debajo y que corresponda a los gastos reales. 
En los gastos estructurales va a seguir estudiándose un concepto presentado por la Presidencia que tiene en cuenta tanto las ideas sobre la estabilización de los gastos como las de la consolidación de nuestros esfuerzos de cohesión. 
El concepto prevé una estabilización de los gastos de los Fondos estructurales; la finalidad es consolidar al nivel actual los gastos medios per cápita de la ayuda para los tres objetivos del próximo período. 
Se apoya de modo general la reducción del número de iniciativas comunitarias a tres con la condición de que se recoja del modo adecuado el ámbito de aplicación de otras iniciativas existentes que han demostrado ya su eficacia. 
En las categorías 3 hasta 5, las delegaciones se han marcado como base para las posteriores delegaciones unos márgenes dentro de los que se va a encontrar el nivel real de los límites superiores anuales. 
En la categoría 6, es decir, en las reservas, se puede constatar un amplio acuerdo. 
En la cuestión de los recursos propios y de los desequilibrios presupuestarios, los ministros han realizado una primera valoración de los posibles elementos de un amplio acuerdo. 
Según la apreciación general, un acuerdo definitivo exige una combinación de medidas tanto en el lado de los ingresos como de los gastos si es que se quiere mejorar el marco financiero. En este contexto se van a tener en cuenta las repercusiones de las reformas políticas en el marco de la Agenda 2000 sobre los Estados miembros así como la necesidad de llevar a cabo tales medidas en varias etapas comenzando la primera en el año 2000. 
Con base en las conversaciones mantenidas por los Ministros de Asuntos Exteriores, el 26 de febrero los Jefes de Estado y de Gobierno debatieron en Bonn por primera vez sobre la totalidad de la Agenda 2000, sondeando el margen de actuación para un posible compromiso político general. 
Estaba claro de antemano que el objetivo no lo podían constituir las decisiones básicas o un acuerdo global. 
Por eso, no nos ha sorprendido que junto a los apoyos se hayan realizado también críticas al documento presentado por la Presidencia alemana. 
No obstante, quiero indicar que la crítica vino de ambas partes. 
Fuimos criticados por los países miembros que quieren ahorrar más y por los que quieren gastar más. 
Creo que estamos más o menos en el centro y si coincidimos en que hay que encontrar un compromiso en algún lugar entre las posiciones extremas, tengo la sensación de que la Presidencia no se encuentra en tan mala posición. 
Aplausos 
El resultado ha sido que del encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno han salido una serie de importantes y útiles orientaciones de las que va a poder hacer uso el Consejo en sus diferentes composiciones para sus posteriores trabajos hasta la cumbre extraordinaria de Berlín. 
Lo más importante es que todos los interlocutores han subrayado de nuevo su firme decisión de cumplir con el mandato del Consejo Europeo de Cardiff, consistente en alcanzar a más tardar a finales de marzo de 1999 un acuerdo político global. 
En nombre de la Presidencia, quiero constatar con toda claridad y seriedad que no vamos a cejar en este objetivo y que rechazamos estrictamente cualquier discusión sobre un posible aplazamiento de la fecha de conclusión, lo que hacemos también en interés del Parlamento. 
Aplausos 
Se han confirmado los principios acordados en el Consejo Europeo de Viena sobre el procedimiento de las negociaciones: consideración de la Agenda 2000 como un paquete global, disposición al compromiso de todos los Estados miembros y puesta sobre la mesa de todos los elementos. 
Esto fue el 26 de febrero, hoy estamos a 10 de marzo y entretanto no todos los elementos están sobre la mesa. 
En cuanto a los contenidos, se ha mostrado que nadie cuestiona seriamente el imperativo de la estabilización y disciplina presupuestarias. 
Todos coinciden en que no se podría transmitir otra cosa a las ciudadanas y ciudadanos en unos tiempos de rigidez en los presupuestos nacionales. 
Existe el convencimiento general de que a finales de marzo será posible establecer en Berlín un compromiso global que respete el límite de recursos propios del 1, 27 %. 
El debate que han mantenido los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la futura financiación de la Política Agrícola Común ha tenido asimismo muy en cuenta la idea de la estabilización presupuestaria. 
La mayoría de los Jefes de Estado y de Gobierno se han pronunciado a favor de mandar una clara señal a los ministros de agricultura para que armonicen la reforma agraria bajo una perspectiva realista y que examinen a este respecto diversos modelos de degresión en las ayudas agrícolas. 
En sus debates de esta semana y de la anterior, los ministros de agricultura se han esforzado por elaborar la base de una reforma auténtica y razonable bajo la condición adicional de la economicidad. 
Hasta este momento se han logrado progresos que, ante la gran variedad de diferentes intereses y de la complejidad de la materia, deben valorarse positivamente y me hacen esperar que en Berlín se pueda lograr un resultado aceptable para todos. 
En la política estructural, el enfoque general de los créditos para los Fondos estructurales y de cohesión sigue siendo un tema polémico. 
La propuesta de la Presidencia, consistente en prever 200 mil millones de euros para la Categoría 2, es decir, incluyendo los Fondos de cohesión, para el período comprendido entre el año 2000 y el 2006, ha tenido apoyos pero también- tengo que decirlo claramente- un vehemente rechazo. 
La cuestión de la dotación de créditos está siendo analizada actualmente con base en diversos modelos. 
Creo que esta cuestión podrá ser solucionada sólo en la última fase de las negociaciones, es decir, en el mismo Berlín. 
Sobre las regulaciones transitorias para las regiones que queden fuera existe un acuerdo de principio aunque aún quedan abiertas cuestiones de detalle. 
En lo tocante a los recursos propios y a los desequilibrios presupuestarios, en el Consejo existe de modo general la disposición a revisar la resolución sobre los recursos propios en el marco de un paquete equilibrado que tenga también en cuenta el lado de los gastos. 
Aquí se va a tratar de encontrar la combinación correcta de medidas con un modo de proceder en fases o etapas. 
También podría ser adecuada la inclusión de una red de seguridad en el paquete global. 
La Presidencia ha intensificado las negociaciones a todos los niveles tras la Cumbre de Petersberg en Bonn. 
Se ha revisado el paquete de temas a negociar a la luz de los debates y el próximo fin de semana se va a presentar a los ministros de asuntos exteriores y el lunes al Consejo ECOFIN para su nuevo debate. 
En su calidad de Presidente del Consejo, el Canciller Federal va a realizar un viaje por todas las capitales entre el 15 y 19 de marzo para tratar con los Jefes de Estado y de Gobierno sobre los resultados alcanzados hasta ese momento e intentar llevarse a casa como resultado de dicho viaje el esbozo de un compromiso. 
Finalmente, el 22 de marzo el Consejo General, al que precederá un cónclave el día anterior, adoptará los últimos preparativos para el Consejo Europeo en Berlín. 
El Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Gil-Robles, ha sido invitado por el Canciller Federal Schröder para que vaya a Petersberg con los Jefes de Estado y de Gobierno y exponga allí las ideas del Parlamento sobre la Agenda 2000. 
Esto subraya la gran importancia política que el Consejo concede al diálogo con el Parlamento. 
El Canciller Federal Schröder ha subrayado que este diálogo no va a transcurrir en una sola dirección sino que sus resultados deben contribuir recíprocamente a la formación de opinión en el Consejo y en el Parlamento. 
Mi visita de hoy y de mañana a Estrasburgo pretende también intensificar la cooperación entre el Consejo y el Parlamento, tan necesaria para alcanzar en su justo tiempo una solución de la Agenda 2000. En el marco de esta visita se van a celebrar también otros acuerdos informales sobre los Fondos estructurales y los instrumentos de preadhesión. 
Respecto a la política agraria, el ministro Funke va a realizar en breve un acuerdo aparte con el Parlamento. 
Les puedo asegurar que la Presidencia va a hacer todo lo que esté en su mano para que el Parlamento pueda aceptar los resultados de la Cumbre de Berlín. 
Creo que es nuestra voluntad común que el gran desafío que representa la Agenda 2000 aporte unos resultados viables para el futuro de Europa. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Tiene la palabra en nombre de la Comisión su Presidente, el Sr. Santer. 
Señor Presidente, hablando en nombre del Partido de los Socialistas Europeos, quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión las explicaciones detalladas que nos han dado de la situación en este momento. 
Yo diría que, en definitiva, no creo que nos hayan descubierto ningún secreto. 
Creo que las tres instituciones manifiestan su preocupación por la necesidad de llegar a un acuerdo político en este mismo mes de marzo si queremos que, durante la Presidencia alemana, se consigan los objetivos de la aprobación del conjunto de la Agenda 2000. 
En este aspecto, el Grupo Socialista, como es lógico, respalda la preocupación del Presidente en ejercicio del Consejo y del Presidente de la Comisión de que hasta la fecha todavía no tenemos un acuerdo definitivo aunque esperamos que, sobre todo después de la gira del Canciller Schroeder por las capitales a partir del día 15, se puedan sentar las bases de ese acuerdo definitivo. 
Desde el punto de vista del Grupo Socialista la preocupación es no deshacer lo que ya hemos conseguido, concretamente la Agenda 2000. 
El documento de la Comisión obtuvo un amplio apoyo en este Parlamento y para nosotros continúa siendo el elemento fundamental para la futura financiación y las futuras perspectivas de gasto de la Unión Europea. 
Dentro del conjunto del paquete de la Agenda 2000, el factor de la discusión financiera no debería hacernos olvidar que hay ciertos objetivos básicos que constituyen elementos de la política de la Unión Europea sobre los cuales no debemos volver. 
En primer lugar, el principio de que tiene que haber una financiación suficiente para hacer políticas comunitarias. 
Yo no conozco ningún tipo de política que se pueda hacer sin financiación. 
Es posible que durante los últimos años hayamos dedicado demasiado tiempo a discutir cuestiones exclusivamente financieras y que esto ha empañado ante la opinión pública la significación de la Comunidad, con el peligro de que parece que estemos en un simple regateo entre diferentes gobiernos sobre lo que cada cual debe pagar, pero es evidente que eso forma parte de la política. 
Lo que no es posible de ninguna manera es que se haga ningún tipo de política- ni nacional, ni regional, ni local- sin contar con los fondos suficientes. 
Creo que el principio de suficiencia de medios en las políticas comunitarias es un elemento esencial. 
El Parlamento ha fijado una serie de prioridades en las que creo que además no hay ninguna diferencia con los Estados miembros ni con la Comisión. 
Por ejemplo, la prioridad del empleo, la preocupación de nuestros ciudadanos, porque en una Europa en la que se habla de 18 millones de personas en paro, el tema del empleo tiene una prioridad fundamental y yo supongo que en las deliberaciones del Consejo esta prioridad del empleo, que fue marcada nada menos que por un Consejo Europeo extraordinario, el Consejo Europeo de Luxemburgo, no se ha olvidado porque creo que no basta, a partir de ahora, con unas políticas nacionales para luchar contra el paro sino que, como indicó el Presidente Santer y como la Cumbre de Luxemburgo confirmó, hace falta una política comunitaria en materia de empleo. 
En segundo lugar- pero no menos importante -, está el tema de la cohesión. 
Una comunidad no se puede hacer a dos velocidades de forma que haya unos países que tengan un mayor grado de desarrollo, o regiones que tengan un mayor grado de desarrollo y otras que tengan menor grado de desarrollo. 
El último informe de la Comisión sobre políticas de cohesión ha puesto de manifiesto que las políticas comunitarias han sido eficaces al reducir efectivamente las diferencias de nivel de desarrollo entre diferentes regiones. 
La creación de una Comunidad en la que existen diferencias de nivel de desarrollo no sólo perjudicaría a las regiones más atrasadas sino también a las regiones y sectores más adelantados, que se encontrarían sin la correspondencia del lado del consumo por parte de las regiones con menor capacidad adquisitiva. 
Y por último, una cuestión muy importante para el Grupo Socialista del Parlamento Europeo han sido las consideraciones ambientales. 
Es evidente que el desarrollo económico tiene que ser un desarrollo económico sostenido y sostenible. 
No tiene ningún sentido que hagamos un esfuerzo de desarrollo económico que no se pueda mantener a la larga y uno de los elementos o pilares de ese desarrollo económico es, precisamente, el mantenimiento del equilibrio ecológico. 
Se trata de una exigencia de nuestros ciudadanos, algo que en este momento lo pide la totalidad de los ciudadanos. 
Hubo una época en la que sólo quizás en aquellos países de mayor desarrollo económico se planteaban las cuestiones ecológicas, pero hoy podemos decir que todos los europeos somos «verdes» y que la etiqueta de «verde» no puede ya corresponder a un único grupo político porque, desde luego, por lo menos dentro del Grupo Socialista, creo que en gran medida nos consideramos movidos por estas consideraciones ambientales. 
Nosotros tenemos exactamente las mismas nociones con las que usted tiene que negociar en el seno del Consejo. 
Somos perfectamente comprensivos ante las dificultades que tiene el Consejo y nuestra preocupación es que se pueda cumplir el calendario. 
Desde el punto de vista del Grupo Socialista- como ha señalado también el Presidente de la Comisión- lo importante es que el calendario previsto para el año 1999 se pueda cumplir. 
Desde el punto de vista del Grupo Socialista estamos haciendo todo lo posible para ajustarnos a ese calendario y creo que si el Consejo cumple su trabajo, los socialistas europeos haremos todo lo posible para que el Parlamento Europeo pueda cumplir su trabajo. 
En definitiva, estamos en un momento de trabajo de cocina, de trabajo del cuarto de máquinas de lo que es la construcción europea. 
Es un trabajo un poco ingrato, que le ha correspondido a la Presidencia alemana, pero sin ese trabajo la Unión Europea no va a salir adelante. 
Lo que sí esperamos desde el punto de vista del Grupo Socialista es que una vez que ese trabajo de cocina y de cuarto de máquinas se haga, y se haga bien, como esperamos de la Presidencia alemana y de este Gobierno alemán en particular, creo que a partir de ahí podemos de nuevo alzar el vuelo. 
El final de este semestre de Presidencia alemana debería marcar el final de estas discusiones de carácter pequeño sobre temas estrictamente presupuestarios e iniciar un nuevo vuelo, que ha sido marcado por la Presidencia del Consejo y por la Presidencia de la Comisión, y que está en la Agenda 2000. 
Un vuelo hacia una Europa más amplia en la que podamos acoger a esos millones de europeos que este momento se encuentran con enormes dificultades, mucho mayores que las que tenemos nosotros. 
Y diré que también un poco más allá, porque no sólo es en la Europa central y oriental donde esperan algo de nosotros sino también en el mundo mediterráneo, en América Latina, en África y en el Tercer Mundo en general. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, espero que el Sr. Presidente del Consejo tenga razón cuando dice que tiene la sensación de que la Presidencia alemana del Consejo se encuentra en el punto correcto. 
Espero que esa sensación no sea engañosa, pues la Presidencia alemana del Consejo no nos lo ha puesto muy fácil al principio. 
En grandes discursos pronunciados a finales del último año, se ha marcado a si misma elevados estándares. 
En cualquier caso, no ha mejorado la posición inicial para encontrar un compromiso en las negociaciones. 
Como Partido Popular Europeo vamos a estar dispuestos a participar de modo constructivo en este proceso a pesar de todas estas cosas que se han dicho, a participar en una solución que nos permita llevar hacia delante el barco de la Unión Europea. 
Para estar en situación de llegar a un acuerdo en interés de la Unión Europea, usted necesitará también el apoyo de nuestro grupo político. 
Ahora bien, deberá ser un buen acuerdo y no un acuerdo por si mismo, un acuerdo a cualquier precio, sino un acuerdo que tenga sentido, que respete la disciplina presupuestaria y que incluya los necesarios pasos de reforma que lo hagan posible y tener al mismo tiempo un margen de maniobra para la ampliación dentro del 1, 27 % que usted ha mencionado. 
Creo que esto es de importancia esencial. 
En este contexto, debemos decir también que el debate sobre el campo y la agricultura es de gran importancia para nuestro grupo político. 
Si se acuerdan modelos degresivos que signifiquen una reducción de las rentas agrícolas y que solamente se puedan destinar créditos a determinadas regiones sin que repercutan positivamente sobre la misma agricultura, será un punto que tendremos que examinar muy críticamente en el balance. 
Pero esto no es sin duda algo nuevo para usted. 
Por lo demás, hay que decir también- esto figura en la resolución conjunta- que no estamos dispuestos a poner en juego los principios básicos del mercado interior en el marco de las negociaciones sobre la política estructural y que tiene que seguir siendo válido que el control de las ayudas sea una de las condiciones previas para el funcionamiento de un mercado común y que esto no puede dejar de aplicarse en el marco de la política estructural. 
Sin duda, también es necesario que no pongamos en peligro el mayor proyecto que hemos puesto en marcha desde hace muchos años, la introducción del euro, con deliberaciones que están teniendo lugar en relación con el pacto por el empleo. 
En esta fase hay que acabar con las reducciones de los intereses- se lo pido también al Presidente del Consejo ECOFIN- que hacen que el valor del euro siga bajando. 
Tenemos que contribuir a la estabilización del euro y es aquí donde se encuentra la especial responsabilidad de la Presidencia alemana. 
Permítanme que me refiera brevemente a un último punto. 
La Cumbre de Colonia va a determinar un mandato para la siguiente Conferencia Intergubernamental y queremos saber de la Presidencia alemana del Consejo si en los preparativos de este mandato va a mantener un diálogo con el Parlamento Europeo sobre qué aspectos centrales deben tratarse en tal Conferencia Intergubernamental y si está dispuesta a incluir al Parlamento Europeo en las negociaciones sobre modificaciones del Tratado o modificaciones de las estructuras de decisión, etc. 
Recuerdo por última vez una resolución del Parlamento. 
Usted respetará la democracia en la Unión Europea si realiza el nombramiento del Presidente de la Comisión tras la elección del Parlamento Europeo, pues si realiza antes un nombramiento que no respete el resultado de las elecciones al Parlamento, corre el peligro de que la propuesta del Consejo sea rechazada por esta Asamblea, por lo que deberíamos volver a refflexionar sobre este calendario. 
Señor Presidente, en cierto sentido cabe decir que la Comunidad se está acercando al momento de la verdad. 
Como han dicho el Presidente Santer y el Presidente Verheugen, si llegamos al final del mes sin que haya un acuerdo nos encontraremos en una situación difícil. 
En realidad resulta muy útil que no se produzcan especulaciones sobre un retraso. 
En estos tiempos de dificultades para la Comisión, he de decir que la Agenda 2000, que la Comisión presentó hace dos años, debe seguir siendo la base del enfoque general. 
Solamente sobre esa base podremos encontrar un enfoque equilibrado. 
Es indispensable que, sean cuales fueren los regateos acerca de la financiación de determinados gastos, mantengamos ese enfoque. 
El Grupo Liberal, juagará, especialmente, el resultado general atendiendo a si se desvía o no del desarrollo futuro de una Unión Europea viable. 
Habida cuenta de lo que acabo de decir nos alegra que el Presidente en ejercicio del Consejo haya indicado que, ya en esta fase, hay acuerdo en reservar los fondos de que se dispone para la ampliación. 
Es esencial que nuestros regateos internos no se hagan a expensas de los nuevos países candidatos. 
Ésta es la única manera de que podamos identificar la verdadera voluntad política que teníamos al principio. 
Lo que queremos realmente es que haya progreso. 
En cuanto a la PAC, el Presidente Santer ha dicho que hay un conflicto fundamental entre la estabilización por una parte y, por otra, la necesidad de efectuar una verdadera reforma. 
Nuestro Grupo Liberal acepta la necesidad de que haya una verdadera estabilización. 
Quizá hayamos tardado demasiado en percatarnos de que el crecimiento financiero tiene un límite. 
Al mismo tiempo, es necesario que haya una verdadera reforma. 
Es esencial que no nos lancemos a una reforma ficticia. 
El Grupo Liberal estima que, dentro del marco general, es posible efectuar reformas, pero el desarrollo rural debe formar parte de una política estructural, una política de ámbito más amplio que el puramente agrícola. 
Éste es un aspecto esencial. 
Por último, me referiré a la cuestión de los propios recursos. Seguimos pensando que el enfoque del informe Haug- es decir, que las correcciones se hagan principalmente en la esfera de los gastos y no en la esfera de los ingresos- es importante. 
¿Por qué? 
Porque una reducción especial que se ha estado aplicando desde hace mucho tiempo no debe brindar el modelo de la futura financiación. 
Si he entendido bien lo que ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, el enfoque gradual significa también que los ajustes individuales acabarán por desaparecer y que llegaremos a un enfoque equitativo y equilibrado en el que todos los países puedan tener la sensación de que están participando. 
Ése será el enfoque legítimo para el futuro. 
Deseo a la presidencia y al Presidente de la Comisión que consigan un resultado positivo en Berlín. 
Señor Presidente, las negociaciones actualmente en curso sobre la Agenda 2000 figuran entre las más difíciles con que se haya enfrentado la Unión Europea como institución y entidad política desde la fundación de la Comunidad Económica Europea. 
La Unión puede enorgullecerse de las iniciativas directas e innovadoras que ha desarrollado en los diez últimos años con miras a mejorar las posibilidades competitivas de las economías europeas. 
Los dirigentes europeos y las instituciones de la Unión Europea pueden poner también de relieve el hecho de que se haya creado un mercado interior, que permite la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital, así como la creación de un nuevo régimen de moneda única que tanta influencia tiene dentro de la propia Unión Europea. 
Las negociaciones que se saldaron con el mercado interior y la moneda única europea fueron difíciles pero se basaban siempre en la premisa de que la estabilidad de la Unión Europea es lo más importante en todo momento. 
Ésta tiene que ser la consideración suprema de los dirigentes de la Unión Europea en su búsqueda de acuerdo sobre los aspectos esenciales de las políticas futuras de la UE en el marco del programa de la Agenda 2000. 
Los gobiernos de la UE tienen que abordar de forma equilibrada e imparcial la cuestión de la reforma del presupuesto de la Unión Europea, de la política agrícola común y de los fondos estructurales de la UE. 
Hay que preservar en todo momento el enfoque de tipo asociativo con participación de todos los gobiernos y todas las instituciones de Europa, encaminado a elaborar y formular las políticas esenciales de la UE. 
No olvidemos que el presupuesto de la Unión Europea asciende solamente a algo más que el 2 % de los gastos totales efectuados por los 15 Estados miembros de la Unión en cualquier año determinado. 
Una opción de reforma del presupuesto de la Unión Europea que no es aceptable es la renacionalización de la política agrícola común para que vuelva al ámbito de los diferentes Estados miembros. 
La política agrícola común es un programa uniforme de ámbito europeo. 
Su funcionamiento quedará claramente fragmentado y distorsionado si los gobiernos nacionales de la UE tienen que aportar el 25 % de todos los pagos de la PAC a sus respectivos agricultores. 
Desde el punto de vista de Irlanda, diré que me alegra el apoyo recientemente prestado por la Comisión a Irlanda para que continúe recibiendo fondos de cohesión hasta el año 2003. 
El 17 % de todos los gastos efectuados para mejorar nuestras carreteras, nuestro abastecimiento de agua y las redes de transporte en el marco de nuestro programa de capitales proviene de los fondos de cohesión regional europea. 
Señor Presidente, la decisión sobre las perspectivas financieras de la Unión está alcanzando excesiva dificultad política, produciéndose la imagen de una confrontación de intereses nacionales sin una visión común de la integración europea. 
Además, el escenario económico no es positivo, con un menor crecimiento económico del previsto y la caída de las exportaciones y la inversión, y con una mínima inflación histórica, que obliga a pensar en los problemas de una economía deflacionista. 
Puedo añadir que compartimos algunas inquietudes del ministro Lafontaine. 
Las anteriores ampliaciones de la Unión Europea siempre habían sido precedidas por un notable incremento presupuestario, mientras que el presupuesto de la Agenda 2000 es tan raquítico que no permite garantizar la solidaridad interna y hacer frente a las nuevas adhesiones. 
Mientras se habla de ampliación, lo que realmente ocurre es que se pone en riesgo la cohesión económica y social de la Europa a quince, sin perspectiva de futuro, con menor solidaridad, sin dimensión social y sin una verdadera política de empleo. 
No es posible, por más que empleemos la retórica, tener más Europa con este presupuesto. 
La propuesta inicial de la Comisión reflejaba mejor el equilibrio posible y razonable, con una mayor proporcionalidad entre las aportaciones de los Estados y su implicación en el Producto Interior Bruto comunitario, pero el Consejo despreció esta propuesta y centró el debate en la reducción de gastos. 
A partir de ahí, el planteamiento de algunos Gobiernos, que exigen la reducción de su contribución neta al presupuesto comunitario sin tener en cuenta las ventajas comerciales resultantes del mercado interior, hace muy difícil la negociación. 
La Presidencia alemana es criticable porque no ha contribuido a resolver los problemas, en una situación en que la Comisión ha perdido capacidad de mediación. 
Desde esta crítica tenemos que decir que no podemos aceptar la filosofía de los saldos netos y debemos avanzar hacia una solución compartida por todos. 
A nuestro juicio, no serían aceptables recortes drásticos de los Fondos estructurales y del gasto agrícola penalizando injustamente a determinados países y a determinadas producciones. 
En la política agrícola, desechada ya la negativa propuesta de cofinanciar el gasto, la mejor solución económica y social sería una modulación más equitativa de las ayudas, pues la actual distribución es injusta, ya que el 20 % de los agricultores recibe el 80 % de las ayudas. 
Con una buena modulación se podría conseguir un reparto más equitativo de las ayudas, dar respuestas concretas a las producciones de leche, carne de vacuno y cereales y, además, se podría conseguir un ahorro presupuestario. 
La aprobación de las perspectivas financieras exige la unanimidad del Consejo y una mayoría suficiente del Parlamento. Por ello, es deseable que se llegue a una solución equilibrada. 
El acuerdo debe ser aceptable para todos y no sólo para una mayoría. 
Por otra parte- quiero dirigirme especialmente al Consejo -, queremos hacer una reflexión política muy concreta. 
Estamos convencidos de la importancia de una Comisión fuerte y legitimada para el futuro de la Unión. 
Por eso, tenemos que pedir al Consejo Europeo que aplace el nombramiento de su candidato a la presidencia de la Comisión hasta después de las elecciones europeas y nos gustaría tener una respuesta. 
Señor Presidente, para terminar quiero decir que el Consejo Europeo extraordinario del 25 de marzo en Berlín coincidirá con el aniversario del Tratado de Roma. 
En esta situación de incertidumbre pedimos a la Presidencia alemana y a todos los Jefes de Estado o de Gobierno que retomen la unidad y apuesten por un proyecto político común. 
Pedimos que estén a la altura de sus responsabilidades. 
Y una condición indispensable es que se alcance un acuerdo justo sobre la Agenda 2000 de forma que no haya ningún ganador, ningún Gobierno, ningún Estado. 
Que gane solamente la Unión Europea y el conjunto de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, en la Cumbre de Berlín hay que lograr atar con éxito el paquete de la Agenda 2000. 
Un aplazamiento sería una señal fatal hacia el interior y el exterior y solamente daría alas a las fuerzas nacionalistas. 
No debemos permitirlo. 
Para poder proseguir las ayudas estructurales, es decir, tender el puente interior entre las regiones pobres y ricas durante el próximo año, necesitamos un consenso sobre la Agenda 2000 que se caracterice en lo pequeño y en lo grande por la viabilidad de futuro y la solidaridad y no deje lugar a los egoísmos nacionales. 
Un fracaso de la cumbre significaría hacia el exterior un fracaso del gran proyecto paneuropeo de la ampliación hacia el Este y por ello, las exigencias nacionales exageradas no deben tener lugar en este paquete. 
Apelamos al Consejo: todos los Jefes de Estado tienen que ir a Berlín con la seria disposición a aproximarse unos a otros. 
Esto es aplicable tanto al Gobierno alemán como a los países del Sur. 
Pues sería una señal fatal que desde hace años se exija a los candidatos a la adhesión unos enormes esfuerzos y que la UE no haga sus deberes. 
El Parlamento Europeo ha demostrado con los compromisos de sus informes que es posible un acuerdo, también en los puntos clave. 
Las exigencias son equilibradas y se han presentado al Consejo. 
Es, pues, posible. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Ministro, en su discurso del 12 de enero ante este Parlamento, el Sr. Joschka Fischer nos trazó el marco de una vasta y ambiciosa política europea y nos sugirió que podíamos esperar una Presidencia alemana activa y eficaz, algo que necesitamos. 
Estas últimas semanas nos han preocupado un poco por las dificultades que han aparecido y que han sido mayores de lo previsto. 
En ese clima, la Cumbre de Berlín adquiere una enorme importancia. 
Es preciso inevitablemente que Berlín relance una dinámica y demuestre que las divergencias del principio están siendo superadas. 
Una Unión Europea sin optimismo y sin voluntad de actuar abordaría en muy malas condiciones los próximos plazos, principalmente las elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio. 
Insistiré en un punto: los recursos presupuestarios. 
Somos perfectamente conscientes de la necesidad de sanear las finanzas públicas de los Estados miembros pero, sin embargo y aunque no sea exactamente lo que han expresado algunos gobiernos, sería un cálculo peligroso negar a la Unión los recursos necesarios para salir adelante algo que, por cierto, se le está pidiendo que haga. 
Al decir esto, no hablo evidentemente de los derroches y fallos de funcionamiento denunciados en la gestión de la Comisión, no. 
Por ejemplo, la preservación del modelo agrícola europeo, de la política de cohesión y de solidaridad, de la competitividad de Europa en las altas tecnologías. 
Hablo también del éxito de la ampliación, que necesita de un mínimo de medios, sin los cuales las crispaciones pondrán en peligro toda la construcción europea. 
Hablo finalmente, por supuesto, en el marco de los tratados, de la elaboración y aplicación, por parte de la Unión, de políticas económicas, sociales y de empleo dignas de ese nombre. 
Ello implica también un mínimo de medios. 
Gestionar con cuidado las finanzas de la Unión está bien. 
Gestionarlas con tacañería sería peligroso. 
No solamente las políticas de la Unión pueden perder combustible, sino que el espíritu comunitario corre el riesgo de debilitarse. 
Así, vuelve a hablarse hoy de renacionalizaciones y de contribuciones nacionales directas. 
Afortunadamente, en lo que respecta a la política agrícola común, la Presidencia alemana parece haber renunciado a esta peligrosa idea. 
Por otro lado, vuelve a hablarse de contribuyentes netos, de saldos positivos y negativos, de cheques británicos, etc. No niego que sea necesario volver a examinar las cuentas y buscar nuevos equilibrios, pero no debería resurgir el clima de 1984. 
De la Cumbre de Berlín dependerá, en gran medida, señor Presidente, el mantenimiento e incluso el fortalecimiento del espíritu comunitario. 
El infierno está empedrado de buenas intenciones. 
No sé si este perfecto y aleccionador proverbio también tiene traducción en las otras diez lenguas oficiales restantes. 
En cualquier caso, existe en danés y me viene a la memoria casi todos los días que paso en las instituciones de la Unión Europea, pues estas instituciones- el Consejo, la Comisión y este Parlamento- nunca han alcanzado la sabiduría, esa sabiduría muy simple que aparece recogida en el manual noruego para montañeros y que reza así: en caso de discordancia entre el mapa y el terreno, uno debe atenerse al terreno. 
Este Parlamento y todas las instituciones comunitarias incluidas la Comisión y el Consejo se atienen consecuentemente y con una devoción casi religiosa al mapa que una vez se aprobó e ignoran el terreno. 
Éste se está vengando y voy a mencionar tres puntos sin entrar en detalles. Pues no me lo permite el tiempo de intervención del que dispongo. 
En primer lugar, el proyecto de ampliación ha adoptado una dirección equivocada en nuestra opinión y en opinión de muchos ciudadanos daneses y escandinavos. 
El proceso que está teniendo lugar es, en primer lugar, humillante para los países solicitantes y, en segundo lugar, -empleando una expresión suave- no ha sido elaborado políticamente, es decir, no es un proceso basado en la democratización sino que se trata de una construcción imperialista. 
El segundo punto es que los supuestos políticos están en el mejor de los casos sin elaborar y que los supuestos financieros que son el tema de la cumbre, la cumbre extraordinaria de Berlín, dejan un caos absoluto en lo referido a esa gigantesca maquinaria financiera construida por la Unión Europea a lo largo de estos años, especialmente la política agraria y los fondos estructurales. 
Lo cual advierte muy claramente de que no puede ignorarse el terreno sin que el terreno no se vengue en un momento dado. 
El tercer punto es que esta cumbre se celebra pocos días después de que en el Parlamento hubiéramos debatido la crisis institucional más grave a la que se han enfrentado las instituciones hasta la fecha y me imagino que esta cumbre- como ya ha ocurrido con frecuencia anteriormente- se celebra con otro orden del día diferente al que refleja la realidad política actual. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo extraordinario de Berlín se ha convocado para desenredar una madeja muy compleja y un nudo muy complicado. 
Se trata de la adaptación del presupuesto, de los gastos de ampliación, del futuro de la política agrícola y de la reforma de la política estructural. 
No nos cansaremos de repetir que la complejidad del contexto y las soluciones que tendrán que preverse hubieran sido menos traumáticas si antes de proceder a la ampliación se hubiera reformado la estructura institucional y, en consecuencia, replanteado el equilibrio de poderes dentro de la Unión. 
Ahora, por el contrario, a la complejidad objetiva de los problemas que están sobre la mesa se ha añadido la solicitud alemana de reducir su contribución al presupuesto. 
Olvidando la aportación que el conjunto de la economía y de las finanzas comunitarias dio al desarrollo de los cinco Länder ex comunistas, el Gobierno alemán juega ahora su carta, una carta que ya utilizó la Sra. Thatcher y que bloqueó durante mucho tiempo la actividad de la Comunidad de aquel entonces y que ha dejado secuelas poco agradables. 
Lo primero que deseamos a la Presidencia en ejercicio es que pueda evitar a la Unión que se repita la pasada experiencia y que los problemas reboten de una Cumbre a otra y se resuelvan en perjuicio de este o aquel sector, de este o aquel Estado, envenenando los ánimos y alejando a los ciudadanos de las mesas electorales del próximo junio. 
La reforma agrícola corre el riesgo de quedar en un simple recorte del gasto en lugar de aspirar a producciones de calidad y de proteger la denominación de origen, la única garantía en defensa de la tipicidad del producto y de las exigencias del consumidor. 
Una agricultura extensiva a la americana, y no intensiva como sucede preferentemente en Europa, haría que se perdiera esa identidad que tienen los productos tradicionales locales en los distintos sectores productivos. 
Es restrictiva la consideración alemana de que la agricultura contribuye sólo con el 4 % al Producto Interior Bruto de la Unión. 
En realidad, no hay que olvidar los sectores de los derivados, de la agroalimentación, de la transformación y todo el sector mecánico-agrícola. 
Sin embargo, aunque fuera cierta la reducida contribución al PIB, no se puede olvidar que la agricultura europea es también la expresión de una civilización, de una manera de vivir, de una tradición que sería un crimen hacer desaparecer en beneficio de los alimentos enlatados típicos de los hipermercados o de los futuros productos transgénicos. 
¿Por qué no encargamos a una Agencia Europea la gestión de nuestros posibles superávit, para destinarlos a esos países que tienen carencias productivas o sufren años de hambruna? 
También las ayudas en dinero a las asociaciones humanitarias podrían convertirse al menos en parte en productos alimenticios y paliar de esta forma indirecta las incongruencias de los mercados. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, queridos colegas, pocos días antes de la Cumbre de la UE en Berlín, donde se va a decidir también sobre el futuro de la política en el área rural, hay motivo para repetir dos exigencias de los socialistas europeos. 
Primera: Europa necesita una política de ayudas responsable socialmente que apoye a los débiles, exija solidaridad a los fuertes pero les conceda también el necesario margen de actuación. 
Segunda: Europa debe realizar enérgicos esfuerzos también en la política estructural y de ayudas en el área rural para asegurar los puestos de trabajo y crear otros nuevos, pues para los socialdemócratas de toda la Unión la política del mercado laboral tiene que ocupar el primer lugar. 
Las decisiones de Berlín tienen que ser y van a ser positivas para la UE. 
Ante las variadas y existenciales cuestiones en cualquier sistema democrático es necesario realizar compromisos. 
Aquellos que ya hoy dicen ante los medios de comunicación de sus países que van a regresar como únicos vencedores, se va a encontrar sin duda ante un doloroso vacío. 
Aquellos que ya hoy hablan de crisis, dan consejos en actitud magistral y ejercen una crítica masiva al modo de negociar de la Presidencia alemana, deben recordar que algunos problemas que se han atacado aquí, señor Brok, han sido aplazados durante muchos años. También hay que recordar cómo algunos han estado mirando, sin decir nada, cómo dos terceras partes de los 75 mil millones de marcos del presupuesto agrícola han sido dilapidados y no han llegado a aquellos a los que deberían llegar sino que han sido derrochados en subvenciones a las exportaciones y en gastos de almacenamiento. 
Esta es una política asocial o incluso antisocial. 
En ningún otro sector político de la Unión Europea como en el de la política agraria se puede demostrar de modo tan claro que con la prosecución del antiguo sistema de ayudas, desde hace años el pequeño es el que paga las consecuencias, por no decir que es el tonto y que va a seguir siéndolo. 
Si se mira este sistema o esta nueva propuesta, este mercado regulado se revela como una Unión Europea acorazada hacia el exterior pero en cuyo interior se practica una economía de baratillo. 
Un Estado de este tipo según el modelo de siglo XIX no sería sólo el fin del mercado común y del libre tráfico de mercancías. 
Quien exija un disparate de este tipo porque se le acabaron las ideas y la gente se le va, entrega adicional e irresponsablemente el 6 % de los que aún trabajan activamente en el área rural a la ira del restante 94 % de europeas y europeos quienes indican con razón que con una «filosofía» de este tipo no sólo desaparecen para siempre los puestos de trabajo y la seguridad social sino que también se queda en el camino el modelo de la Unión Europea, que es único en la historia europea y mundial. 
Señor Presidente, a dos semanas del Consejo Europeo de Berlín, creo que es inútil intentar ocultar el pesimismo que reina en el ambiente. 
Francamente, no veo los avances a que ha hecho referencia el representante del Consejo. 
Por el contrario, hay algunas propuestas de la Presidencia alemana que no han contribuido precisamente a la esperanza, eso sin mencionar el recurso al insólito mecanismo de presentarlas bajo el sombrero de la delegación alemana- no sé si eso es lo que el representante del Consejo llama término medio. 
Pero tal vez lo más preocupante es la desorientación, con cambios continuados de dirección y la falta de impulso por parte de quien supuestamente tendría que ejercer el liderazgo. 
El Parlamento Europeo tiene el derecho y también el deber de reclamar que se centre el debate. 
Hay que recordar que lo que discutimos es cómo se financia la Unión Europea hasta el año 2006 y cómo reformamos los Fondos estructurales y las políticas comunes en la perspectiva de la ampliación. 
El debate no es cómo un determinado país puede pagar menos, sino cómo se financia de una manera más justa y eficaz una serie de políticas comunes con el objetivo, desde luego, de crear más empleo y reducir las desigualdades. 
Y haría bien, a mi juicio, la Presidencia en separarse del debate sobre saldos netos fiscales y buscar soluciones a sus problemas de acuerdo con la lealtad al Tratado. 
No me parece necesario recordar, además, que el acuerdo final exige un consenso. 
Dicho de otro modo, la aplicación mecánica de mayorías nos lleva a un callejón sin salida, es decir, al fracaso, y nadie desea- supongo- que esta Presidencia quede en el recuerdo asociada a la idea de fracaso. 
Le corresponde a la Presidencia alemana presentar propuestas que nos acerquen a un acuerdo final, que conjuguen los distintos intereses en juego, pero también que diseñen en el horizonte un objetivo de integración con el que podamos identificarnos los ciudadanos europeos. 
En junio se celebran las elecciones europeas que nos permitirán a todos medir nuestra representatividad a través del ejercicio de la democracia y después, no antes, será el momento de que el Consejo proponga a su candidato a la Presidencia de la Comisión Europea según lo previsto en el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, en la proximidad del año 2000, es normal que oigamos hablar de la necesidad de dar un nuevo impulso a Europa. 
Lo menos que se puede decir es que desafortunadamente el Consejo de Berlín no se sitúa en esta óptica. 
No se trata de una Europa más social, más democrática. 
Tampoco de la Europa solidaria, ya que la disciplina presupuestaria, la reducción de la contribución de algunos, y no de los menos, están en el centro de los debates, mientras se prepara la ampliación. 
Esto es extremadamente preocupante, ya que cualquier retroceso del concepto de solidaridad financiera en Europa sólo podrá llegar a favorecer una globalización exacerbada, dominada por las pretensiones americanas. 
Estoy observando que parece haberse producido un desbloqueo en la cuestión de la cofinanciación de los gastos agrícolas exigido por algunos y rechazado por otros, Francia entre ellos. 
Me felicito por ello sin llegar a tranquilizarme totalmente. 
Para conseguir un acuerdo global, positivo y aceptable por todos, es preciso superar las cuentas del Gran Capitán y desarrollar la solidaridad financiera sobre nuevas bases para favorecer la cohesión económica y social, perjudicada por el peso del desempleo y la extensión de la pobreza. 
Así, el tope del 1, 27 % ha de seguir siendo intangible para respetar las restricciones del pacto de estabilidad, cuando convendría sustituirlo por un pacto por el empleo y encontrar nuevas fuentes de financiación, basadas por ejemplo en el impuesto de sociedades o en la imposición de las plusvalías de bolsa. 
Para comprometerse en la vía de un presupuesto más equitativo, es preciso que la participación de cada cual sea proporcional a su parte del PNB comunitario. 
Las ayudas agrícolas deberían limitarse y modularse con el fin de producir un beneficio mayor en las explotaciones, pequeñas y medianas, así como en el empleo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Verheugen, he escuchado atentamente su exposición. 
Sobre un punto tengo que comunicar algo que posiblemente sea importante para el modo de llevar las negociaciones. 
Mañana, en el informe sobre recursos propios de Jutta Haug, la Asamblea posiblemente se pronunciará en favor de una cofinanciación al 50 % en la política agraria. 
Creo que de cara a esta decisión de mañana y también de cara a las próximas elecciones, sería absolutamente necesario que tengamos sobre la mesa todas las alternativas para la noche de los cuchillos largos. 
Todos sabemos que la cofinanciación de la política agrícola es realmente la vía correcta. 
Puede que fracase ante la resistencia de algunos países miembros, pero es la única vía que abre también el camino para una auténtica política estructural en el área rural. 
Pero si no se produjese una aprobación de la cofinanciación- lo que además es probable- se deberían entonces desarrollar en cualquier caso mecanismos de corrección, modelos de recortes que se aproximen al máximo al objetivo deseado. 
Sería deseable una estructura, un modelo de recortes que cuando demos el primer paso, traiga sobre si necesariamente otros pasos de reforma. 
Si no lo lográsemos en las negociaciones, creo que al primer día de la ampliación nos encontraríamos ante el desastre absoluto pues todos sabemos que simples degresiones o recortes no nos van a servir de ayuda ante la exigencia de proporcionar una respuesta estructural a la cuestión de la configuración de la política agraria. 
También sabemos que el auténtico problema de la política agraria no se encuentra en la política agraria de la UE de los 15 sino en la de los que van a venir, pues es allí donde se encuentra el auténtico espacio agrícola de Europa. 
Por ello, subrayo de nuevo que es importante que se pongan realmente sobre la mesa todas las alternativas. 
Sólo entonces será posible encontrar un auténtico compromiso que permita que la Presidencia alemana brille como se desea en una Cumbre de este tipo. 
Le deseo para ello un buen tino. 
Señor Presidente, he escuchado con gran interés al Presidente en ejercicio del Consejo, que ha declarado claramente que hay cuestiones de vital importancia que no han quedado resueltas. 
Me parece que ésa va a ser la declaración más moderada del día, pues es evidente que el Consejo y la Comisión no han conseguido ningún progreso en toda la esfera de la reforma y de todo lo demás que entraña. 
Todo el mundo habla de reformas y dice que las reformas son necesarias e indispensables. 
Me parece que todos aceptamos que el cambio es necesario siempre, y gracias al cambio hemos podido evolucionar. 
Lo que quiero decir con toda claridad a la Comisión y al Consejo hoy aquí es que si va a haber reforma no tiene que ser a expensas de la destrucción de nuestras comunidades rurales en toda la Unión Europea. 
A medida que seguimos adelante se corre el grave peligro de que así suceda. 
Tenemos que defender a los agricultores de la Unión Europea contra las amenazas de los americanos y de todos los demás habitantes de nuestro planeta que desean destruir la industria agrícola europea. 
Si destruimos la industria agrícola europea, destruiremos enormes sectores de toda la comunidad rural y toda la infraestructura de Europa. 
Esta reforma será como todas las reformas que ha habido ya. 
No nos ahorrará un solo ecu. No nos ahorrará un solo marco ni una sola libra. 
En realidad, cuando haya acabado resultará que tendremos que pagar más. 
La verdad es que ha llegado el momento de que algunos de esos países que tanto se han beneficiado durante tantos años del hecho de formar parte de la Unión Europea, y que proclaman que son europeos convencidos, empiecen a buscar en sus bolsillos para pagar la parte que les corresponde. 
Me parece que ése es el verdadero problema. 
He observado con interés que el Presidente Santer ha dicho que va a tomar nota de determinadas situaciones concretas que se han planteado dentro de la Unión Europea. 
Espero que lo haga. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, al presentar en julio de 1997 la Agenda 2000 destinada a preparar la ampliación a los países del Este, Jacques Santer y la Comisión no sospechaban que iban a perjudicar la cohesión de Europa, y en particular el eje franco-alemán. 
Es cierto que, a unos meses de las elecciones europeas, es difícil obtener concesiones nacionales en este enorme comercio que es la reforma de Europa. 
Alemania, a la vez juez y parte, ya que preside durante seis meses los destinos de Europa y está pidiendo una reducción sustancial de su contribución al presupuesto comunitario, tiene dificultades para imponer sacrificios a sus socios, poniéndose de acuerdo cada cual más o menos en defender la idea de estabilización del gasto. 
Incluso el euro da muestras de debilidad frente al dólar, prueba de que una moneda no se hace por decreto. 
De las tres reformas que incluye la Agenda 2000, la de la PAC, la de los Fondos Estructurales y la revisión de las perspectivas financieras para el 2000-2006, sólo la reforma de la PAC, la han discutido ampliamente los ministros, teniendo como único resultado tangible el abandono por Alemania de la idea de la cofinanciación nacional de las ayudas directas a la agricultura. 
En esta negociación difícil, Francia ha cometido dos errores clamorosos. 
Por una parte, ha mostrado sus cartas demasiado pronto, mientras los demás conservaban su comodín para el final de la partida. 
Por una parte, pretender llegar a un acuerdo sobre la PAC sin reformar los fondos estructurales y el futuro marco financiero de Europa es peligroso para Francia que, con un 23 % de los créditos del FEOGA Garantía, es la primera potencia agrícola de Europa y la más expuesta a restricciones presupuestarias. 
Por supuesto que no. 
La Francia de los Sres. Chirac y Jospin es la única que no defiende con claridad sus intereses nacionales, que sacrifica a sus agricultores, a sus regiones y a sus contribuyentes al espejismo europeísta. 
Lo digo solemnemente aquí, la degresividad de las ayudas directas agrícolas propuesta por Francia es una mala idea, porque llevará a reducir aún más la renta de los agricultores, pero también porque esas ayudas sólo son una compensación parcial para la reducción de los precios. 
¿En nombre de qué principios cubrirían los agricultores solos los gastos de esta Europa tecnocrática encargada de que desaparezcan? 
En cuanto a la reforma de los Fondos Estructurales, Córcega y el Hainaut francés verán suprimidas sus ayudas regionales, mientras que las zonas rurales frágiles que entrarían en el objetivo 5b quedarán reducidas a la porción congrua en un nuevo conjunto incoherente. 
En estas condiciones, señoras y señores, el Consejo Europeo de Berlín de los próximos 24 y 25 de marzo corre el riesgo de ser un mercado de engañados. 
En 1918, Francia decía: Alemania pagará. 
Los tiempos han cambiado. 
En el futuro, Francia pagará por los nuevos Länder del Este, pero también por las infraestructuras del sur de Europa, o incluso por Irlanda que tiene un nivel de crecimiento netamente superior al nuestro. 
Y, más adelante, pagará por los países de la Europa del Este. 
El Frente Nacional, que tengo el honor de presidir, rechaza las derivas federalistas de la Agenda 2000 que conducen al librecambismo destructor y a la globalización reductora. 
A la inversa, deseamos una Europa de las patrias, de los pueblos y de las identidades nacionales, que devuelva la esperanza a nuestros conciudadanos engañados desde hace cuarenta años. 
Señor Presidente, no se sorprenda si el tema principal de mi intervención de hoy es que el Consejo debe esforzarse por cumplir los plazos necesarios para que el Parlamento pueda ejercer plenamente su mandato democrático y coadyuvar a la legitimidad democrática. 
Permítanme que repita lo que estimo que es una reclamación expresada con fuerza y claridad por nuestras regiones, nuestros ayuntamientos y nuestros asociados: los que están usando esos fondos seguirán necesitándolos, pero también necesitan la certidumbre y la seguridad de que se llegará a un acuerdo en Berlín. 
Los programas no comenzarán el 1 de enero del año 2000, pero tenemos que reducir al mínimo los retrasos para no repetir los problemas y las trampas del anterior periodo de financiación en la que el hecho de comenzar demasiado tarde originó problemas debido a que algunos programas no pudieron utilizar todos sus fondos, algunos proyectos se retrasaron, otros proyectos se cancelaron y resultó difícil asegurarse una financiación sincronizada. 
Es preciso que evitemos todos estos problemas en nuestros programas futuros. 
Precisamente a causa de esos retrasos potenciales en materia de programación es importante que en las prioridades del Parlamento el concepto de programas de transición ofrezca la misma duración para todos los objetivos: seis años, para que las regiones que se benefician de la ayuda regional tengan tiempo suficiente para instituir programas autosostenibles mediante la utilización de oportunidades financieras en términos de préstamos y capital de riesgo. 
Todo esto lleva tiempo. 
Por eso preconizamos que el período de transición sea el mismo en todos los casos. 
De esta manera esas zonas podrán iniciar sus preparativos de adaptación para cuando dejen de percibir los fondos del apoyo regional. 
La semana pasada estuve en Berlín, en una especie de gira y minicumbre. 
Fui a Berlín para hablar de política urbana. 
Mi visita me persuadió aún más de la necesidad de conservar la iniciativa URBAN en la Unión Europea. 
En toda la Unión Europea, incluso en zonas de relativo bienestar, tropezamos con casos de grave privación y comunidades que no encuentran el debido acceso a las buenas oportunidades. 
Aunque reconocemos la necesidad de seguir concentrando nuestros recursos en las zonas más pobres y más en decadencia, algunas de las cuales se hallan en mi propia región de Merseyside, todavía seguimos necesitando que la solidaridad sea un proceso de ida y vuelta. 
Tenemos que mantener la capacidad de aportar fondos y apoyar a nuestros grupos y comunidades marginales, que no se hallan necesariamente en zonas del Objetivo I o del Objetivo II. 
La iniciativa URBAN es un pequeño programa que tiene grandes repercusiones. 
Espero que continuemos prestándole apoyo. 
También estuve en un suburbio industrial del norte de Milán. 
Aprovechamos la oportunidad para visitar algunos talleres de reestructuración de acero. 
Ya saben ustedes que los fondos Resider no estarán ya a disposición de ese tipo de zonas, que probablemente no tendrán derecho a ser consideradas zonas del Objetivo II. 
Esto significa que necesitaremos una iniciativa de crisis para poder prestar apoyo a futuros sectores de crisis. 
Necesitamos una iniciativa para mejorar nuestra credibilidad y para demostrar que Europa es capaz de responder a las crisis económicas y sociales. 
¿Quién de nosotros sabe en la actualidad qué sectores estarán en crisis en el futuro? 
Agradezco al Presidente en ejercicio su continuo apoyo, particularmente para las inversiones en Irlanda del Norte. 
Mi visita más reciente indica que el proceso de paz es terriblemente frágil, pero a la gente le alienta muchísimo el hecho de que Europa esté apoyando su causa. 
Es indispensable que sigamos invirtiendo en el país. 
Me alegra mucho que la Presidencia alemana haya dado también prioridad al apoyo a Irlanda del Norte. 
El principio de la asociación es fundamental para mejorar la credibilidad democrática de los fondos que utilizamos en nuestras regiones. 
Sé que la Presidencia ha aceptado que la asociación es un principio fundamental. 
No queremos ser taxativos. Lo único que queremos es que los acuerdos de asociación se concierten con las autoridades locales, con organizaciones no gubernamentales y también con los interlocutores sociales. 
Permítanme que les elogie por los esfuerzos que han desplegado para cumplir los plazos. 
Sabemos que no es una tarea fácil conseguir un resultado justo, equitativo y aceptable para 15 Estados miembros, pero un resultado justo y equitativo debería tener legitimidad democrática en el Parlamento Europeo. 
El resultado final tendrá que reflejar las prioridades del Parlamento. 
Señor Presidente, comparto la afirmación inicial del Presidente Santer según la cual las decisiones que debemos tomar son vitales para el futuro de Europa. 
Comparto asimismo la necesidad de que se alcance un acuerdo, un compromiso o un punto de encuentro en Berlín. 
Hay que dar un nuevo impulso a la Unión Europea en vísperas de las elecciones y no podemos escondernos, como acaba de decir el Sr. Galeote, el escepticismo y el pesimismo que, hoy por hoy, reinan en Europa por las dificultades que está encontrando el euro: las polémicas, las dudas, los discursos absurdos que se hacen sobre el Pacto de Estabilidad, las polémicas sobre la autonomía del Banco Central Europeo, las presiones de cara a una nueva rebaja del tipo de descuento crean este clima de incertidumbre y de pesimismo justo después de la introducción del euro y plantean problemas muy serios que no pueden eludirse como los de la culminación del proyecto de reforma institucional. 
Recientemente, el Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, afirmó en una entrevista que a él se le había pedido que defendiera el valor del euro, nuestra moneda común, y la estabilidad de precios. 
Si se le dejará solo a la hora de perseguir estos objetivos con los únicos instrumentos de que dispone un banco, lo más seguro es que va a crear más desempleo. 
En consecuencia, hace falta un gobierno económico y un gobierno político: la autonomía del Banco Central Europeo es posible sólo si hay un gobierno político que asuma la responsabilidad de las políticas económicas. 
La cuestión es urgente. 
Esta aspiración, hoy por hoy, no se siente como una necesidad absoluta por la Unión Europea ni tampoco por esta Presidencia, ya que el discurso pronunciado esta mañana por el representante de la Presidencia no nos ha tranquilizado. 
Lo que nos espera en el Consejo de Berlín y, luego, en el Consejo de Colonia, no es una mera cuestión de acuerdos sobre números y cuentas, sino la recuperación de este espíritu, de la necesidad de dar prioridad al tema del empleo, como sostienen los socialistas europeos. 
Pues bien, algunas de las formas de conceder prioridad a la cuestión del empleo son la promoción de políticas de mayor liberalización del mercado de trabajo, los avances relacionados con las propuestas del Comisario Sr. Monti, la exclusión del déficit de los gastos públicos y de las inversiones o la armonización de las políticas fiscales, temas de los que no he oído hablar esta mañana. 
Ante todo es necesario esforzarse por conciliar la exigencia de un reequilibrio- y no de un recorte- de las contribuciones financieras a la Unión con la exigencia de no reducir las políticas de cohesión y las políticas de los Fondos estructurales que están orientadas a subir los niveles de empleo. 
Queremos escuchar de la Presidencia alemana que reitera estos compromisos y queremos que se ratifiquen en la Cumbre de Berlín. 
Señor Presidente, ¿quién duda de que el Consejo extraordinario de Berlín no sea de una extraordinaria importancia para el futuro de la construcción europea y, a través de ésta, para el sector agrícola? 
Les he escuchado, señores Presidentes, y es preciso confesar que sigo esperando, ya que no abordan suficientemente los problemas de fondo, quedándose en generalidades políticamente correctas. 
No basta con decir que se preservará el futuro de la política agrícola común, hay que decir cómo y por qué. 
Todos sabíamos, señor Presidente Santer, que nos encontraríamos frente a un problema presupuestario. 
El futuro de la partida presupuestaria de la PAC, ésa era la cuestión planteada. 
Frente a reducciones programadas de los precios, las propuestas de la Comisión aumentan las ayudas directas de los agricultores. 
Esta compensación parcial va a implicar una disminución progresiva y regular de la renta de la agricultura europea. 
Y sé que mediante las estadísticas, se puede decir todo. 
Se puede decir, por ejemplo, que la renta de los agricultores se ha incrementado desde la reforma de la PAC 92. 
En realidad, los agricultores europeos han debido adaptarse y se han visto en la obligación de incrementar su productividad bien por la ampliación de su explotación, bien por la intensificación de su sistema productivo. 
La PAC 92 ha provocado por tanto una desertificación de los campos, debida a la vez a una bajada del número de agricultores y a un aumento de los sistemas de producción intensivos. 
La lección de la EEB, aparentemente, no ha servido a nadie. 
En el futuro, para algunos productores, la búsqueda de productividad pasará obligatoriamente por la utilización de organismos genéticamente modificados, incluso hormonas, incluso otras cosas. 
Frente al problema presupuestario, la Comisión nos ha propuesto diferentes vías. 
En primer lugar, la cofinanciación, que nosotros rechazamos en el actual estado, ya que ha de crear una distorsión de competencia entre agricultores de los diferentes Estados miembros, y perjudicará la única política común, que extrae- debo recordar- su legitimidad del Tratado de Roma. 
Los agricultores han creído en Europa, ya que creían en la PAC. 
Les pido, señores Presidentes, que no les decepcionen. 
Otras propuestas de la Comisión circulan hoy. 
En particular la que concierne a la degresividad de las ayudas que puede ir hasta un 3 % anual. 
Esta propuesta no toma en consideración la diferencia entre los tipos de producciones agrícolas ya que los agricultores, que serán los más afectados por esta medida, dependerán más que nadie de las ayudas agrícolas. 
Pienso, por ejemplo, en los ganaderos de ovino, en los de vacuno que, si no tienen un nivel de compensación suficiente, se verán obligados a abandonar su explotación. 
El 3 % de degresividad anual, a la que hay que añadir la erosión monetaria que se puede estimar actualmente en un 2 % anual para el período 2000-2006, es como decir, señor Presidente, que los agricultores deberán hacer incrementos de productividad de un 5 % anual. 
Este objetivo es contrario al de la seguridad alimentaria y sanitaria de la agricultura europea. 
Dependeremos cada vez más de la producción agrícola de países terceros y no podremos en ningún caso garantizar a los consumidores una garantía cualitativa de los productos. 
Frente a este problema presupuestario- del que comprendo al mismo tiempo los orígenes y las limitaciones- es necesario que la Unión Europea adopte una decisión política importante. 
Ha de privilegiar las políticas de las que es responsable. 
Entre ellas, la PAC es, por supuesto, el elemento clave. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en la cuestión de si en Berlín se va a producir un compromiso aceptable para todos no se trata solamente del cumplimiento de nuestro plan de ruta para la Agenda 2000 sino también de nuestra credibilidad. 
Se trata de nuestra credibilidad frente a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Unión, pero sobre todo de nuestra credibilidad frente a los 27 millones de parados, a quienes siempre aseguramos que tanto los Estados miembros como la misma Unión Europea van a hacer todo lo posible para combatir el paro con la máxima eficiencia y, sobre todo, con la mayor rapidez posible. 
El Fondo social es nuestro único instrumento de política laboral a nivel europeo, por lo que tiene que ser operativo lo antes posible en el sentido de la estrategia de empleo. 
No es por nada que queremos emplear en el futuro el Fondo social en la lucha contra el paro juvenil y de larga duración en toda la Unión Europea. 
El paro no es un problema que sólo surja regionalmente sino que se trata de un problema a nivel comunitario, por lo que, en caso de una reducción eventual de los créditos de los Fondos estructurales, sería la vía errónea recortar precisamente los créditos del Fondo social fuera del las regiones objetivo en un 40 %, tal como prevén los planes del Consejo. 
Si suprime de tal modo los créditos del Objetivo 3, ¿cómo quiere hacer creíble que el Fondo social pueda contribuir en toda la Unión Europea a hacer realidad la estrategia de empleo deseada por nosotros? 
Todos hemos aprendido del pasado que no en último lugar ha sido el Fondo social quien siempre ha obligado a los Estados miembros y a las regiones a andar por vías innovadoras para proporcionar trabajo a las personas con dinero europeo o a protegerlas frente al paro. 
Tomemos por ejemplo la política laboral preventiva- hoy uno de los cuatro pilares de nuestra estrategia de empleo. 
Sin embargo, en 1994, cuando el Fondo social introdujo por primera vez este enfoque profiláctico de política laboral en los Estados miembros, muchos Estados miembros, incluyendo a los Estados federados alemanes, se opusieron a ello con pies y manos. 
Pero el éxito habla por si mismo y aquí se revela de nuevo el valor adicional que aporta Europa. 
Lo mismo es aplicable a la formación profesional en Italia. 
Sin el Fondo especial quizás no existiría hoy aún ninguna medida adecuada. 
Pienso también en el realmente positivo establecimiento del sistema de certificados de títulos de formación en toda Grecia, en las ayudas a los minusválidos del Fondo social que ha colocado a Gran Bretaña a la cabeza de la integración de los minusválidos cuando era el farolillo rojo en Europa. O pienso en el descenso de la cuota de fracaso escolar en Irlanda a casi la mitad. 
Esto no son solamente progresos de política de mercado laboral, sino que tienen efectos sociales transformadores que hacen que Europa se note muy concretamente in situ aumentando también nuestra aceptación. 
En Portugal pueden hablar de ello por propia experiencia. 
Sin el Fondo social, el analfabetismo no habría retrocedido ni mucho menos tanto como se ha logrado. 
O piensen en el mainstreaming. 
También aquí muestra Europa la vía que se debería seguir ya desde hace mucho tiempo y que, en cualquier caso, sé que aún está repleta de dificultades. 
Por ello, tenemos que asegurar que ningún Estado miembro pueda escabullirse de las ayudas específicas a las mujeres. 
Esto es asimismo aplicable a los otros cuatro campos de intervención, es decir, a las medidas para la lucha contra el paro juvenil y de larga duración, a la integración social, a la formación básica y profesional así como a la política preventiva de mercado de trabajo. 
Por ello, para finalizar, quiero dirigir al Consejo el ruego de que no permita que los Estados miembros dejen de actuar en cada uno de los cinco campos de intervención del Fondo social. 
Cherry-picking no hace aumentar el valor europeo sino que, por el contrario, cimienta las vías unidireccionales nacionales. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, hace 21 meses que debatimos las propuestas de la Agenda 2000. 
Y nunca como ahora hemos visto un debate tan centrado en cuestiones presupuestarias y financieras y en que el examen de las grandes opciones europeas ha sido substituido por el del presupuesto y las cuentas del «debe» y «haber» de los Estados miembros, sobre todo de lo que pagan y reciben los Estados más prósperos de la Unión. 
Creo que es fundamental evaluar si existe algún o algunos Estados miembros cuya contribución al presupuesto esté sobrevalorada, en particular en comparación con otros, igualmente prósperos, cuya contribución esté infravalorada. 
Pero, hecho ese balance, la Unión Europea tiene que decidir. 
Y decidir es reformar su sistema de recursos propios, en el que la única base justa de contribución es la de la prosperidad relativa, es decir, del Producto Nacional Bruto. 
Lo que no puede ser es que se condicionen las grandes opciones europeas a la solución de esas cuentas del «debe» y «haber» y sobre todo sería trágico que fueran los Estados miembros o las regiones más pobres los que pagaran esas opciones y ese reequilibrio financiero. 
A este respecto quisiera subrayar tres aspectos. 
El primero es el de que los Fondos estructurales, incluido el Fondo de Cohesión, deberán ser reforzados en particular en las regiones de objetivo 1, donde como mínimo se deberán aplicar dos terceras partes de sus recursos. 
La referencia de 0, 46 % del PNB para los Fondos estructurales debe entenderse como un objetivo y no como un límite máximo. 
El segundo aspecto es el de que el 0, 13 % del PNB necesario para financiar las medidas de preadhesión para los nuevos Estados miembros no se podrán obtener a costa del desvío de fondos hasta ahora canalizados para las regiones más débiles de la Unión Europea de quince miembros. 
El tercer aspecto que quisiera subrayar es el de que en muchas reformas de la PAC en las que he participado, nunca como ahora he visto una reforma hecha à la minute, es decir, cualesquiera soluciones sirven, incluso las fabricadas instantáneamente, siempre y cuando reduzcan los gastos agrarios al nivel fijado por los Ministros de Hacienda. 
Cuando esperaríamos un reequilibrio de la PAC en beneficio de los productores y los productos que hasta ahora casi no se han beneficiado de ella, en el sentido del fortalecimiento del desarrollo rural, en beneficio de las medidas agroambientales y forestales y, en particular, en beneficio del fortalecimiento de las ayudas a las regiones más desfavorecidas, aparecen en la mesa de las negociaciones del Consejo de Agricultura propuestas de reducciones de ayudas iguales para todos y sin ambición alguna de comenzar a introducir el principio de equidad en la PAC. 
Deseo para la Cumbre de Berlín una solución que sirva a Europa. 
En verdad, Europa sólo ha progresado cuando ha sido capaz de ser solidaria y superarse en sus ambiciones. 
Si ahora empieza a mirarse el ombligo y a contar los cuartos que cada cual recibe y paga, no le auguro un gran futuro. 
El Primer Ministro de mi país acostumbra a decir que en Europa falta ambición y dirección política. 
¡Es verdad! 
Pero conviene también añadir que esto esta sucediendo cuando los socialistas participan en trece gobiernos, de quince, y cuando once de los primeros ministros son socialistas. 
Señor Presidente, en los últimos comentarios se hablaba de la falta de visión y yo me limitaré a hacer un comentario acerca de la falta de visión de algo muy concreto: el acuerdo interinstitucional. 
Todos nuestros pensamientos parecen estar concentrados en Berlín, y es muy lógico, pero la actual reunión del Consejo de Ministros de Agricultura supone una considerable distracción. 
Tampoco podemos obviar las discusiones en curso entre el Parlamento y el Consejo acerca del acuerdo interinstitucional. 
Permítanme los diputados y el Presidente del Consejo que les recuerde que sin un acuerdo interinstitucional no habrá Agenda 2000. 
Sin un acuerdo interinstitucional volveremos al artículo 203 y la Agenda 2000 dejará de existir. 
Por lo tanto, es indispensable que nosotros y el Consejo encontremos una solución amistosa a fin de obtener un acuerdo interinstitucional. 
El antiguo proceso a que nos estamos refiriendo es un proceso de compromiso, como ha dicho el Presidente Santer. 
Tenemos problemas, especialmente en la agricultura. 
Esos problemas son problemas de gastos y de reforma pero el mensaje que tenemos que enviar es que sin reforma de la PAC, como ha propuesto la Comisión, no habrá ampliación. 
Los Estados miembros que se oponen a la reforma tendrán que preguntarse si hablan seriamente de ampliación o no. 
Sin reforma de la PAC lo único que hacemos es debilitar nuestra posición en la OMC en la próxima ronda de negociaciones. 
En vez de desempeñar un papel proactivo y de vanguardia, lo único que conseguiremos si no hay reforma es que los Estados Unidos ocupen la posición principal y que nosotros tengamos que seguir haciendo todo lo que dicen los americanos. 
Sin reforma de la PAC acabaremos con excedentes de alimentos. 
Volveremos a las montañas de alimentos tan onerosas para los contribuyentes de la UE- como en otros tiempos de nefasto recuerdo- y ninguno de nosotros queremos que suceda eso. 
Tengo que decir algo al Presidente en ejercicio acerca de lo que está sucediendo en el Consejo de Asuntos Generales de Agricultura. 
Espero que lleguen a una solución, pero si no pueden y las discusiones se prolongan sin resultado tangible, entonces me parece, dicho con toda franqueza, que el Consejo de ministros de asuntos generales tendrá que empezar a adoptar decisiones en vez de los ministros de agricultura. 
No podemos tolerar que esa cuestión ponga en peligro o retrase el programa de la Agenda 2000. 
Por lo que se refiere a las cuestiones financieras, nos hallamos en una situación en la que la Agenda 2000 depende de que se concierten acuerdos sobre la financiación futura. 
Hace mucho tiempo que vengo diciendo que eso no tiene por qué ser así. 
Todos sabemos por qué es así pero no hay necesidad de vincular un nuevo sistema de recursos propios con la Agenda 2000 y espero que, si esto plantea un problema, podamos llegar a un acuerdo sobre la Agenda 2000 y luego seguir ocupándonos de la futura financiación. 
Las opciones que propone la Comisión en materia de recursos propios justifican un nuevo y prolongado debate. 
El Consejo no debería precipitarse y adoptar decisiones que no resolverán problemas profundamente arraigados acerca de la financiación, y en cuanto a nosotros, no deberíamos permitir que este procedimiento nos desviara de nuestra finalidad, que es encontrar la solución adecuada para la Agenda 2000. 
Lo que queremos es que haya políticas que estimulen el empleo, que establezcan la cohesión social y que protejan el medio ambiente, objetivos que merecen el acuerdo de todos nosotros. Esos objetivos no pueden quedar en peligro como consecuencia de la existencia de actitudes nacionalistas intolerantes, y esto se refiere a todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, el informe de la Presidencia alemana del Consejo y el estado en que se encuentran las negociaciones sobre la Agenda son motivo de gran preocupación. 
La retórica política y las perspectivas financieras se encuentran muy distantes entre si. 
Si contemplamos las cifras y las propuestas de reforma de la reforma estructural y agraria, nos encontramos ante el mismo dilema. 
De los elevados objetivos de los que habla el mismo Tratado- solidaridad, cohesión, política agraria común- estamos muy alejados dos semanas antes de Berlín. 
Para el año en curso de 1999 se han presupuestado unos 216 mil millones de euros para la política regional. 
La Comisión ha exigido a largo plazo 240 mil millones de euros y toda una serie de Estados miembros ofrece actualmente 190 mil millones de euros. 
La cuenta no puede salir. 
Aún casi más divergencia existe en los créditos agrícolas. 
El Presidente del Consejo ha hablado de las condiciones adicionales del ahorro pero por lo visto algunos ven como el objetivo en si de la reforma agraria el ahorro. 
Esto sería una catástrofe para el área rural. 
Habría que aclarar aún muchas cuestiones detalladamente, sobre todo las relativas a la regulación del phasing out: ¿durante cuánto tiempo va a haber cuántos créditos para esto? 
Las cuestiones relativas a las iniciativas comunitarias se han tratado solamente en sus esbozos y sólo podemos esperar que antes de que finalice marzo se presenten propuestas detalladas, ruego que dirijo también al Presidente Santer. 
Todo esto hace que para nosotros sea importante una cuestión de principio. 
El 1 de mayo entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Como Parlamento tendremos entonces plena codecisión en el FEDER y en el Fondo social europeo. 
¿Cómo podremos ejercerla si para entonces no disponemos a tiempo de los textos? 
Señor Presidente, los debates del Consejo sobre la Agenda 2000 están resultando a todas luces un parto difícil. 
La razón se encuentra en el desequilibrio existente entre los fines propuestos y los medios de que se dispone para la consecución de los fines. 
¿Política agrícola? 
De acuerdo. 
¿Política de cohesión económica y social? 
De acuerdo. 
¿Política de ampliación? 
De acuerdo. 
Nadie, sin embargo, quiere pagar el coste de la consecución de estos fines. 
Pero sin financiación no hay política, y quiero en este punto ser claro. 
Los países que más aportan al presuesto comunitario deben tener presente que obtienen importantes ventajas en otros ámbitos, como, por ejemplo el aumento de sus exportaciones a los países miembros más débiles. 
Precisamente los fondos estructurales se instituyeron con el carácter de mecanismo equilibrador de las consecuencias del mercado único. 
Además quienes se quejan por lo mucho que pagan no deben olvidar que el presupuesto de toda la Unión Europea es igual hoy al de tan sólo uno de sus miembros, España. 
Formularé dos observaciones, una referente a la agricultura y otra a propósito de los fondos estructurales. 
Agricultura: es absolutamente evidente que la Política Agrícola Común ha producido distorsiones, que la agricultura necesita una nueva orientación, que la Organización Mundial del Comercio está creando una nueva realidad. 
Necesitamos, pues, una nueva PAC que ayude a los verdaderamente débiles. 
Y débiles son los países más pobres de la Unión Europea, que resultarán dañados por una eventual renacionalización parcial de la PAC. 
Débiles son los pequeños productores, hacia los cuales debemos dirigir nuestra atención. 
Y perjudicados son los productos mediterráneos, que no deben resultar aun más dañados. 
Fondos estructurales: el Parlamento ya mostró su acuerdo de principio con el paquete económico que presentó inicialmente la Comisión, por lo que los intentos de recortarlo aun más no cuentan con nuestra aquiescencia. 
Repito tres posiciones fundamentales del Parlamento Europeo formuladas ya en noviembre. 
Primero, que los gastos de los fondos estructurales y los fondos para la ampliación equivalgan al 0, 46 % del PIB comunitario. 
Segundo, que se destinen al Objetivo nº1 exactamente los 2/3 de los recursos de los fondos estructurales. 
Tercero, que el Fondo de Cohesión siga reforzando a todos los países con PIB per cápita inferior al 90 % de la media comunitaria; cosa que, por otra parte, prevén los Tratados. 
Quiero subrayar que concretamente para la regulación de los fondos estructurales se requiere la opinión favorable del Parlamento Europeo. 
Sería, pues, de utilidad, desde muchos puntos de vista, que el Consejo y el Consejo Europeo de Berlín tomaran seriamente en consideración nuestras propuestas. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los grupos políticos y a las Señorías que han intervenido por el muy constructivo estilo de este debate. 
Se han realizado valiosas observaciones y sugerencias que vamos a recoger. 
Tomo este debate en su totalidad como un apoyo en lo que se refiere a la coincidencia en los objetivos y también al método para concluir realmente ahora el tema de la Agenda 2000, para liberar de nuevo nuestras fuerzas para las grandes tareas que varios oradores han recordado aquí con razón, a saber, la lucha contra el paro en Europa, la lucha por un mejor medio ambiente y la lucha por más justicia social. 
Pero esto no es objeto de la Agenda 2000. 
Todos aquellos que critican que todo esto no figuraba hoy en la declaración del Consejo, no ven que esta declaración del Consejo se centra y tiene que hacerlo sobre el objeto de la Cumbre de Berlín. 
La Agenda 2000 está definida de modo unívoco y claro y advierto frente a cargarla con nuevas y grandes tareas cuya solución está prevista en parte para la Cumbre de Berlín y en parte para cumbres posteriores. 
Tomo nota, con el respeto que se merece, de la crítica sobre el modo de llevar las negociaciones y al estado de las mismas. 
Sin embargo, como se han citado refranes, me permito realizar la observación de que también en alemán existe un refrán muy interesante y que dice que no se deben echar las campanas al vuelo antes de tiempo, lo que también implica que tampoco se debe criticar antes de tiempo. 
Los que critican ahora el estado de las negociaciones se apoyan en informaciones obtenidas de deliberaciones confidenciales, informaciones condicionadas por intereses. 
La Presidencia ve todo esto. 
Vemos con gran interés y en parte también con placer cómo se informa en las diferentes capitales y en Bruselas, por supuesto, siempre con la finalidad de realzar determinados intereses nacionales y mejorar las posiciones de partida para defender los intereses propios. 
La Presidencia actúa aquí según el lema: un caballero se divierte y calla. 
No lo comentamos sino que trabajamos como es necesario en un compromiso global. 
En cualquier caso, aquí hay una notable contraposición entre el modo de cómo se puede debatir en el Parlamento y cómo se debate en el Consejo. 
Se debe a la diferencia de papeles. 
El Parlamento puede decidir con mayorías, en el Consejo necesitamos el apoyo de 15. 
Por ello, no tiene ningún sentido que como Presidencia adoptemos cualquier posición dogmática, planteemos exigencias apodícticas o establezcamos a alguien una conditio sine qua non. 
Quien lo haga fracasará absolutamente si necesita el apoyo de 15. 
Ruego que lo entiendan. 
Me alegraría mucho si fuese posible decir a los Jefes de Estado y de Gobierno: «Queridos amigos, aquí no se trata de cuánto dinero va a para a determinadas regiones de Portugal, España, Irlanda o Italia, sino que se trata de la gran tarea europea. 
Olvidad la cuestión de quién paga qué y quién obtiene qué, pensad en nuestros grandes objetivos comunes». 
Sería hermoso si fuese así. 
No conozco a ningún jefe de gobierno europeo que permitiese hablar con él un sólo minuto de este modo. 
Lamentablemente, el colega Cunha de Portugal ya no está aquí pues me gustaría recomendarle que diga en Lisboa lo que ha dicho aquí y que indique que no es tan importante quién paga y quien recibe algo. 
Se trata solamente de la gran tarea europea. 
Lo entiendo, esto está relacionado con los diferentes papeles. 
Lamentablemente, en el Consejo no podemos actuar así. 
Tenemos que intentar encontrar un consenso como condición previa para solucionar las tareas sobre las que estamos de acuerdo. 
Este consenso debe referirse a las previsiones financieras. Afecta a ambas partes, al lado de los gastos y de los ingresos. 
Tiene que referirse a la reforma de la política agraria. 
Coincido expresamente con todos aquellos que han dicho que necesitamos una reforma por muchas causas. Y tiene que referirse al futuro empleo de los Fondos estructurales y de cohesión y naturalmente el sentido de tales Fondos es la realización del principio de solidaridad dentro de la Unión Europea. 
Estos son los puntos donde tendríamos que llegar a un acuerdo. Aquí se encuentra el marco dentro del cual pueden moverse en concreto las políticas y podemos atacar los problemas. 
Una última palabra sobre la cuestión planteada varias veces sobre los saldos netos. 
En primer lugar, es una equivocación creer que esto es un problema alemán. 
Es un grupo de Estados el que desde hace mucho tiempo ha convertido este tema en objeto de los debates de la Agenda. 
Por lo demás, ha sido reconocido por todos los Estados miembros. 
¿Cuándo, si no es en relación con una previsiones financieras para siete años, se debe tratar sobre el tema? 
Sólo se puede tratar ahora. 
Para la Presidencia alemana no es en absoluto agradable tener que tratar sobre la cuestión, ahora en que nosotros mismos tenemos la Presidencia. 
Como político alemán les digo que podríamos defender nuestros intereses alemanes mucho más directa y eficazmente y, probablemente, también con mucho más éxito, si en estos momentos no tuviésemos la Presidencia. 
A la crítica que he escuchado de que la Presidencia persigue intereses nacionales propios, solamente puedo responder con una cierta sonrisa. 
Lo contrario es la realidad. 
El hecho de tener la Presidencia se puede describir tal como reflejan de una forma clásica desde hace muchos años unas palabras francesas: La présidence coûte chèr. 
Esto es válido también para Alemania, lo sabemos nosotros. 
Queremos concluir la Agenda. 
Las perspectivas para ello son buenas después de que ya se han tratado algunos importantes puntos cruciales. 
El apoyo del Parlamento es importante. 
Especialmente después de Berlín habrá que establecer una cooperación muy estrecha y plena de confianza entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Aquí solamente puedo ofrecerles esta estrecha cooperación plena de confianza. 
Aplausos 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Bienvenida 
Es un gran placer para mí dar la bienvenida a la delegación de la Cámara de Representantes de Bosnia y Herzegovina, con su presidente, Halid Genja ' c y con colegas de esa delegación que representan a todos los principales grupos políticos y a tres grupos étnicos constitutivos del país 
Aplausos 
Bosnia y Herzegovina es un país especial para este Parlamento y desde el principio de su mandato, en 1994, hemos seguido cuidadosamente los acontecimientos y hemos procurado contribuir a la consecución de una paz justa, con la esperanza de que se restablezca la coexistencia multiétnica. 
Permítanme que les desee, en nombre del Parlamento Europeo, toda clase de éxitos en su arduo trabajo por conseguir un país pacífico, floreciente y democrático en el que las nuevas generaciones crezcan en un espíritu de cooperación, tolerancia y entendimiento mutuos. 
Les deseo que las discusiones que van a tener hoy en la primera reunión interparlamentaria con nuestra delegación encargada de las relaciones con Europa sudoriental sean fructíferas. 
A continuación pasamos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Verheugen, les ha proporcionado una síntesis completa de la situación actual en Kosovo. 
Nos hallamos, sin duda, en un momento crucial y esperamos que, cuando la comunidad internacional y las partes se reúnan de nuevo el próximo lunes en París, pueda firmarse un acuerdo a pesar de las noticias sobre los últimos enfrentamientos en la frontera con la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En efecto, la Comisión ve con preocupación las recientes noticias sobre la separación entre hombres y mujeres en la zona sur de la región. 
Como ya se señaló por el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Fischer y mi colega, el comisario Van den Broek- este es el motivo por el cual le estoy sustituyendo- visitaron Belgrado y Pristina el lunes pasado para presionar a las partes a firmar el acuerdo de Rambouillet y concertar una presencia militar internacional que garantice su aplicación. 
Las conversaciones de Belgrado no indujeron al optimismo pero se advirtió a los tres interlocutores que no subestimaran la resolución de la comunidad internacional. 
En Pristina, asimismo, se celebró una reunión con los dirigentes políticos y todos ellos expresaron su apoyo al resultado de Rambouillet. 
La Comisión espera que el ejército de liberación de Kosovo supere también sus vacilaciones y firme el acuerdo. 
Algunos miembros del ELK tal vez recelen de la necesidad de entregar sus armas una vez aplicado el acuerdo bajo supervisión militar internacional, pero deben entender que sería un inmenso error que retrasaran o rechazaran su aprobación. 
La autonomía de Kosovo, según prevé el acuerdo, debe implantarse mediante el fomento del desarrollo económico y social de la región. 
La Comisión Europea está dispuesta, naturalmente, a cumplir sus obligaciones a este respecto. 
La reconstrucción será nuestra primera prioridad una vez se haya celebrado el acuerdo. 
Ya se produjo la iniciativa de efectuar una evaluación de los daños, cuyos resultados se analizaron recientemente en Bruselas con la Comunidad Internacional de Donantes y, aunque no se pudo evaluar la totalidad de Kosovo, se calcula que harán falta, como mínimo, 350 millones de euros sólo para las labores de reconstrucción. 
Inmediatamente después de la firma del acuerdo, la Comisión preparará una reunión de donantes a fin de recabar los fondos financieros para cubrir los costes de la reconstrucción. 
La Comisión, por su parte, garantizará una presencia suficiente sobre el terreno y pretende desempeñar un papel destacado y visible en las labores de reconstrucción. 
Al mismo tiempo, debe promoverse el desarrollo de la sociedad civil en todos sus aspectos, objetivo al que va a contribuir la Unión Europea junto con otras organizaciones internacionales como es la OSCE. 
Este es pues el punto de vista de la Comisión respecto a esta cuestión importante. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, en nombre de mi grupo político quiero apoyar plenamente las ideas y planes de la Presidencia del Consejo y de la Comisión. 
El mayor problema que tenemos es que necesitamos interlocutores para la paz pero que sólo seguimos teniendo dos bandos opuestos que apenas están dispuestos a dialogar realmente. 
Es difícil ser interlocutores sometidos a presión, pero no nos queda otro remedio que ejercer esa presión sobre la parte serbia y de los albanokosovares. 
En lo que se refiere a la parte serbia- no tenemos que perder ya más palabras sobre la condena moral de Milosevic y otros dirigentes serbios -, tengo solamente la preocupación de si las perfectamente comprensibles acciones del alto enviado Carlos Westendorp en lo referente a la parte de la República serbia, en el momento en que se han realizado, es decir, pocos días antes del encuentro en Rambouillet, podrían endurecer a la parte serbia. No sé si el Presidente del Consejo nos podría decir algo al respecto. 
Estoy pensando por ejemplo en la decisión sobre Brco pero aún más en las decisiones personales relativas a Poplasen que han provocado a la postre la dimisión de Dodik, quien en cierto modo era nuestro «aliado» entre los serbios en la República serbia de Bosnia-Herzegovina. 
Esta es una pregunta que me planteo. 
Espero que esté bien coordinado y calculado. 
En lo que se refiere a parte de los albanokosovares, quiero decir de nuevo con toda claridad que todos los que mantenemos un diálogo con movimientos de liberación o de resistencia, ya se trate de kurdos o de albanos de Kosovo, tienen la obligación de adoptar una actitud pacífica, una actitud de compromiso y que busque la cooperación. 
Creo que, como ha dicho el Comisario, han ocurrido ya algunas cosas: en el lado de la UCK, fuerzas más dispuestas al compromiso están activas e insisto en que si estos movimientos de resistencia quieren obtener la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional, tienen que estar entonces dispuestas a la cooperación y al compromiso. 
El último punto que quiero subrayar de nuevo y que pido se tenga en cuenta también en las conversaciones de Rambouillet es el siguiente: sin un aseguramiento militar, todo esto no tiene sentido y realmente se van a necesitar años, tal como acabamos de ver en el caso de Bosnia, hasta que lleguemos realmente a una solución. 
Por favor, permanezcan firmes en lo que se refiere al aseguramiento militar de la paz. 
Señor Presidente, queridos colegas, cuando hace cuatro semanas hablamos aquí sobre Kosovo los conocedores de la materia tenían claro que en Rambouillet no se lograría ningún acuerdo palpable. Ha resultado ser cierto el temor de que sobre todo Milosevic está jugando con el tiempo. 
También era de prever el aplazamiento por tres veces de la deadline. Milosevic conoce nuestros puntos débiles e indecisiones. 
Al mismo tiempo, el desacreditado Lord Owen- a quien recordamos aún con gran pesar de la guerra de Bosnia- realiza la absurda propuesta de ofrecer a Milosevic una compensación por Kosovo separando a la República de Srpska del Estado de Bosnia, reconocido por el derecho internacional, para entregársela. 
Mientras tales ideas circulen aún por las cabezas de algunos negociadores, Milosevic logrará detenernos con pretextos y mantener vivo el foco de conflicto de Kosovo. 
Pero para todos los que viven en la región y, en especial, para los serbios, sería mejor si Milosevic respondiese en La Haya por sus crímenes de guerra. 
Señor Presidente, mucha gente en Europa, y no menos en mi propio país, se rebelan frente a la idea de profundizar la europeización. 
Se inquietan ante la perspectiva de que el sentimiento nacional tenga que dar paso a una identidad europea cada vez mayor. 
El desarrollo de los acontecimientos en los Balcanes demuestra cuán equivocados están y cuán importante es que la europeización de todos los países de Europa avance a grandes pasos. 
Todos tenemos una herencia histórica nacional. 
Nos ayuda a identificarnos en un mundo inseguro. 
Somos bávaros y alemanes, gascones y franceses, habitantes de Småland y suecos. 
Además, necesitamos ahora una identidad común europea, basada en la libertad del individuo y en la igualdad de las personas, valores que son la contribución europea más importante a la sociedad global. 
En nuestra época, no hay ninguna región de Europa que tenga tanto camino que recorrer en este sentido como los países balcánicos. 
Todavía campean por allí la autosuficiencia nacionalista y la intolerancia, que los países de la Unión Europea, gracias a su colaboración profundizada, han dejado atrás, aunque a veces con paso vacilante. 
Es importante y cierto que nuestro Parlamento y la UE en su conjunto están concentrando sus esfuerzos para conseguir un acuerdo que detenga los ríos de sangre en Kosovo y abra el camino a una paz duradera. 
Para nosotros, liberales, Rambouillet y su continuación son pasos importantes en esa dirección. 
Creemos que se necesita una fuerza militar internacional en Kosovo. 
Sin embargo, nuestro compromiso con los Balcanes tiene que ir más allá. 
Tenemos que cooperar para que la gente allí supere el nacionalismo, pernicioso y limitante, que hace que pocos serbios puedan identificarse con algo distinto que los serbios ortodoxos y los kosovares con algo diferente que los albanos musulmanes. 
El día que se silencien las armas y cesen las muertes comenzará el gran reto: europeizar los Balcanes, creando allí sociedades caracterizadas por la tolerancia, la libertad individual y la igualdad y abriendo la puerta a los pueblos balcánicos para que se adhieran a la gran comunidad europea. 
Señor Presidente, quisiera hacer algunas observaciones. 
Primero, en mi opinión no hay solución militar al problema de Kosovo. 
Segundo, las amenazas a Belgrado, de la OTAN, los Estados Unidos y la Unión Europea, dado su carácter unilateral, contribuyen al reforzamiento de los elementos más extremistas y dificultan el hallazgo de una solución política. 
Tercero, la insistencia en la aceptación de tropas de la OTAN por parte de la nueva Yugoslavia pone en evidencia las prioridades de la OTAN, que privilegia la presencia militar por fines geopolíticos propios en el marco del nuevo orden de cosas. 
Cuarto, la solución que se pretende dar y que deja abierta la cuestión de la independencia de Kosovo amenaza con abrir la caja de Pandora en los Balcanes y arrastrar a la locura a todos los países de la región. 
Por último, pensemos si no es hipocresía hablar de los kosovares, gentes que realmente necesitan nuestra solidaridad, e ignorar que miles de refugiados, miles de personas del Kurdistán son perseguidas por Turquía y nosotros no decidimos absolutamente nada sobre ello. 
Señor Presidente, obviamente el Grupo de los Verdes respalda las acciones internacionales para conseguir una solución pacífica en Kosovo. 
También apoyamos la existencia de fuerzas para el mantenimiento de la paz, que son necesarias con la condición de que estén de acuerdo con el derecho internacional y que actúen con mandato de la ONU. 
Con todo, está claro que el trabajo importante empieza después del tratado de paz. 
Así, por ejemplo, tendría un papel importante una fuerza civil de paz como la aprobada por el Parlamento hace algún tiempo en relación con un informe mío. 
También se necesita un pacto de estabilidad en la ex Yugoslavia y en Europa Suroriental. 
No puedo dejar de pensar en mi propia región, los Países Nórdicos, donde hace 200 años, después de siglos de guerras, conseguimos una estructura de colaboración sin menoscabo para la soberanía de los estados. 
En los últimos 200 años se han creado nuevos estados en la región. 
Probablemente se creen otros más, tal como ha sucedido en la ex Yugoslavia. 
La formación de nuevos estados no necesita ser una amenaza para la paz si tiene lugar en el marco de una colaboración estrecha y estable. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, no puedo evitar la sensación de un cierto tufo procedente de Munich en todo este planteamiento europeo de la cuestión de Kosovo. 
Hay una obstinación por no hablar de agresores y agredidos, considerando los albaneses de Kosovo y el régimen de Milosevic al mismo nivel, considerando que han de llegar a compromisos, cuando sabemos muy bien que el bloqueo esencial viene de Belgrado, cuando sabemos y hemos de acordarnos de que en Kosovo ha habido miles de muertos, cientos de miles de refugiados y que esta tragedia sin duda no ha sido provocada por los llamados extremistas kosovares, sino que ha sido planificada por Milosevic, como ha quedado demostrado, tanto política como jurídicamente en varios informes. 
Podemos esperar que consigan ustedes un acuerdo y que estén en condiciones de aplicarlo. 
También se pueden alimentar serias dudas cuando sabemos que en tanto ese señor se encuentre en Belgrado no habrá paz para los kosovares, pero tampoco habrá ya democracia para los serbios. 
Tendremos que enfrentarnos permanentemente a amenazas de desestabilización como se ha visto aún la semana pasada en Bosnia. 
Por consiguiente, el edificio que construyen ustedes con mucho arte, con mucha paciencia y fantasía, no se cimenta en ningún principio real de democracia y de estado de derecho sino que, en definitiva, no hace más que fortalecer a ese tirano que desde Belgrado ha masacrado Bosnia, ha masacrado Kosovo y que seguirá haciéndolo, porque su poder se basa en la masacre, en la negación de la democracia, en la negación del estado de derecho. 
Apenas me hago ilusiones, pero sería preciso que el Consejo, por fin, con una política europea común, afrontase este problema de la democracia en Belgrado y consecuentemente también en Kosovo. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su declaración. 
He de decir, en cambio, que no estoy de acuerdo con la opinión negativa de la Sra. Pack sobre lo que se ha conseguido hasta ahora. 
Me parece que se ha progresado considerablemente, aunque es verdad que, como ha dicho la Sra. Pack, hasta que no obtengamos el acuerdo final no tendremos nada tangible. 
Tenemos que conseguir un acuerdo. 
No me preocupa tanto como a la Sra. Pack y a otros oradores el que se retrase el acuerdo. 
Lo que tenemos que obtener en las negociaciones es, sin duda alguna, un acuerdo que funcione y que se pueda poner en práctica. 
Si el precio que hemos de pagar por conseguir el acuerdo es un retraso de unas cuantas semanas, después de todo lo que ha sucedido hasta ahora me parece que es un precio que vale la pena pagar. 
Ahora bien, tenemos que conservar nuestros principios: en primer lugar, tenemos que mantener al grupo de contacto unido y disponible; tenemos que cerciorarnos de que hay plena solidaridad entre los Estados miembros de la UE, pues cualquier vacilación por parte de cualquiera de los Estados miembros frenará el impulso hacia la consecución de un acuerdo final; tenemos que reconocer una vez más que de lo que estamos hablando es de la autonomía de Kosovo, con pleno respeto a la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia. 
Además tenemos que dejar bien sentado que no toleraremos ningún crimen de guerra y ninguna otra actividad criminal, y que tenemos la clara intención de escarmentar a los criminales una vez que hayamos conseguido el acuerdo. 
No estamos dispuestos a dejar que eludan la justicia personas que en el pasado han obrado de forma intolerable. 
Necesitamos sobremanera convencer a los destinatarios de nuestro mensaje en Bosnia de que ésa es nuestra voluntad. 
He de decir, en contra de lo que ha dicho por lo menos un orador, que no creo que este acuerdo pueda funcionar sin una presencia militar. 
Tenemos que reconocer todos que la República Federativa de Yugoslavia no acepta de buena gana la presencia de tropas extranjeras en su territorio, pero el acuerdo no funcionará sin una presencia militar. 
Ahora bien, no debemos desplegar un solo soldado hasta que no estemos seguros de que tenemos un acuerdo de paz. 
No podemos poner en peligro las vidas de soldados europeos o americanos si no hemos conseguido ese acuerdo. 
De manera análoga, la Comunidad Europea tiene que estar resuelta a no gastar un sólo céntimo en obras de reconstrucción mientras no estemos seguros de que tenemos un acuerdo. 
Cuando se vea claramente que hay acuerdo, entonces nos esforzaremos a fondo por reconstruir Kosovo y, en particular, nos ocuparemos de la cuestión de los refugiados y las personas desplazadas. 
Si realmente queremos que haya paz, entonces la Unión Europea tiene que brillar por su actividad una vez que haya acuerdo, pero antes que nada tenemos que contar con un acuerdo. 
Señor Presidente, sobre todo quiero decir que coincido con la opinión de mi amigo Dupuis. 
El problema es en realidad la persona del Sr. Milosevic, así como en el Irak el problema es Saddam Hussein. 
Para acordar la paz hacen falta dos y para hacer la guerra es suficiente uno. 
No debemos olvidarlo. 
Para nosotros, esto significa dos cosas. Primera: necesitamos credibilidad por nuestra parte y tenemos que demostrar credibilidad cuando hablamos de democracia. 
Democracia en la vida internacional es el derecho a autodeterminación de los pueblos, de la que se habla muy gustosamente pero cuando en una ocasión se gana una guerra, se olvida. 
Esto ha sido siempre una maldición para la Humanidad. 
En segundo lugar, no hay que hacerse ilusiones y en esto coincido con el Sr. Titley: sin presencia militar no habrá pacificación. 
Es absolutamente necesaria. 
No se puede extender de modo interminable, pero tiene que estar ahí, tiene que sentirse y tiene que hacer que lo que se firma o promete se cumpla. 
No queremos excluir al pueblo serbio, pues los serbios son también europeos y en alguna ocasión tendrán también el derecho a pertenecer a Europa, pero esto solamente se podrá lograr bajo un régimen civilizado y no bajo una dictadura totalitaria, tal como es el sistema de Milosevic. 
Aplausos 
Señor Presidente, hemos de constatar que a lo largo de estos últimos días la tensión en torno a Kosovo ha aumentado. 
¿Qué pasó con las conclusiones de Rambouillet? 
Esa es la pregunta que naturalmente nos tiene preocupados a todos, aquí y en el resto del mundo. 
El reloj internacional sigue avanzando mientras esperamos cuál de las dos partes será la primera en aceptar las conclusiones. 
¿Y cuáles serán las acciones a desarrollar contra los que no las acepten? 
Estas son las principales cuestiones de la situación actual. 
Los albanokosovares parece que están ya muy cerca de aceptar las conclusiones, pero Milosevic aún no tiene resuelto el tema de la soberanía. 
¿Podrá aceptar la presencia de militares en su República Federal? 
Ha ido aumentando la presencia serbia en Kosovo, y esto ciertamente es otro tema que nos preocupa. 
¿Cuál es la situación de facto que pretende crear Milosevic con ello? 
Todas estas son preguntas a las que hemos de encontrar respuestas en estos próximos días. 
Desde aquí, sólo puedo expresar mi esperanza en que las partes se ajusten a las conclusiones de Rambouillet. 
Aunque a nadie le satisfagan todas sus facetas, esas conclusiones contienen elementos que podrán llevar a una solución a largo plazo. 
A nadie de la región le hará daño aprender a aceptar compromisos. 
Y así ha sido siempre, en este conflicto, la línea de mi grupo parlamentario. 
Las soluciones unilaterales también tienen unas consecuencias unilaterales y por tanto nunca podrán ser soluciones reales. 
Pero si en Rambouillet se ha dicho A, decir B significa que hay que establecer una presencia militar internacional en la zona. 
Y en toda caso tendrá que ser una presencia a largo plazo. 
¿Cómo lo vamos a organizar? 
Esa es una pregunta como mínimo tan interesante como la de cuándo se concluirán las negociaciones de Rambouillet. 
Y ¿cuál será el papel de la Unión Europea? 
Creo que hemos de aprovechar esta ocasión para celebrar un debate sobre el desarrollo del Tratado de Amsterdam y sobre la forma en la que la Unión Europea pueda desempeñar su papel en el futuro. 
Se requiere cierta unidad de ideas dentro de la UE; espero que pueda mantenerse esa unidad de ideas también en un próximo futuro, ya que sin ella no podremos realizar ninguna labor importante en la zona. 
Igualmente, en caso de que los serbios sigan rechazando los acuerdos de Rambouillet, hemos de estar dispuestos a recurrir a una actuación militar para obligarlos. 
Sin embargo, finalmente deberá darse siempre preferencia a una solución política antes que a la vía militar. 
Señor Presidente, nosotros también esperamos que se logren y firmen los acuerdos de Rambouillet que en cierto modo deberían llevar la paz a Kosovo. 
Lamentablemente, sin embargo, las señales no son muy alentadoras no solo por las tropas que el Gobierno serbio está desplegando alrededor de Kosovo, sino también por un hecho bastante inquietante, es decir, la orden de detención contra algunos representantes de la UCK, tres de los cuales actuaron como negociadores en Rambouillet. 
Es evidente que no podemos presentarnos sólo con una esperanza, sino con una adecuada política que imponga la firma del tratado que no puede aplazarse sine die. 
Discrepo con el Sr. Titley según el cual es preciso alcanzar el objetivo, incluso sin acortar los plazos: los plazos largos implican muertos y un ulterior empeoramiento de la situación y, por tanto, en este momento es necesario estipular un acuerdo muy sólido para poder alcanzar el objetivo de la paz. 
Una de las cuestiones que ha de abordarse es la necesidad de que el Grupo de Contacto y quien lo integra hablen con una sola voz, que no se creen diferencias y que haya un firme entendimiento entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Es inaceptable que nos movamos en planos distintos, porque dentro de estos espacios Milosevic lleva adelante su política que está orientada a demorar las cosas para tratar de no rendir cuentas, así como para evitar que pueda llegarse a una conclusión contundente. 
Esto, señor Presidente, tiene que ir acompañado por una amplia visión de la cuestión balcánica. 
Es impensable que se pueda afrontar la cuestión sólo mediante la firma de un acuerdo. Debe ponerse en marcha un plan más general que consiga llevar la paz a la región de los Balcanes y debe imponerse por fin una conferencia. 
Creo que el Consejo, presidido por Alemania, puede empezar a configurar esta orientación y esta línea. 
Señor Presidente, el proceso de paz de Rambouillet se debe apoyar por un motivo muy simple. 
No tenemos nada mejor. 
A pesar de ello, hay que constatar que no se ha logrado la cuadratura del círculo. 
Milosevic sigue rechazando tropas de intervención en Kosovo y la UCK se niega a dejarse desarmar y a contentarse con una autonomía. 
La debilidad de los kosovares con su dispersión política es el fuerte de Milosevic. 
Una no puede resistirse a la impresión de que ambas partes han utilizado la pausa negociadora sólo para armarse para la próxima ofensiva de primavera. 
La actividad política tanto de la Presidencia del Consejo como de los EE.UU no cambia nada en ello. 
Aquí se muestra de nuevo, como tantas veces en los Balcanes, la debilidad de la llamada comunidad internacional. 
Aunque la orden de intervención de la OTAN sigue estando en pie, sin embargo la credibilidad de la única asociación militar occidental intacta ha perdido enteros en Kosovo, no solamente por los celos que surgen continuamente entre los EE.UU y Francia sino sobre todo por los titubeos de los socios europeos a la hora de meterse en un compromiso militar de años de duración y de elevados costes. 
Solamente se puede tomar con pesar esta deficiente voluntad política y apelar a los europeos para que practiquen por fin lo que se llama política exterior y de seguridad común. 
Señor Presidente, señalo también yo, como otros oradores, que requisito previo fundamental para una solución justa al problema de Kosovo es la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
He de decir que es absolutamente prioritario alcanzar un acuerdo. 
En esto coincido con el Sr. Titley. 
Sólo si se alcanza un acuerdo que garantice la integridad de las fronteras en los Balcanes, demanda de todos los países de la región, Bulgaria, Albania, Grecia, Rumanía, sólo si existe un acuerdo concreto de solución del problema de la autonomía de la región, sólo entonces se podrá decir que la presencia militar tendrá un resultado positivo. 
Tengo que decir que se trata de una región que en este momento tiene recuerdos. 
Hoy en Grecia tenemos franceses, ingleses, alemanes, españoles, que atraviesan cementerios de ingleses, franceses, alemanes, búlgaros, serbios de la Primera Guerra Mundial. 
Quisiera, en consecuencia, señalar cuán necesaria es la obtención de un acuerdo; acuerdo que deberá garantizar las fronteras actuales. 
Cuando se alcance ese acuerdo, y sólo entonces, las fuerzas militares que en este momento se están concentrando en la antigua República Yugoslava de Macedonia podrán desempeñar un papel francamente constructivo. 
El caso de Kosovo no es un nuevo caso Irak, por lo que respecta a Europa. 
Y, si bien saludamos la presencia norteamericana en la región, he de decir, no obstante, que se trata de un problema que atañe ante todo a la Unión Europea y que por ello es necesaria la solidaridad entre todos los Estados miembros de la Unión Europea en el manejo de este asunto y en las actuaciones que de él se deriven. 
He recibido siete propuestas de resolución presentadas al amparo del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas 
Votaciones 
Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo GUE, pido la devolución a comisión de los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda de conformidad con el artículo 129. 
Efectivamente, estos dos informes sitúan al Parlamento Europeo ante una grave responsabilidad: la de promover la liberalización del transporte ferroviario internacional de mercancías. 
Las directivas elaboradas por la Comisión a las que se refieren estos informes se limitan a disposiciones de orden técnico y no proponen esta solución. 
En el Consejo, los Gobiernos de los Estados miembros están divididos sobre esta cuestión. 
Los ferroviarios, todos sus sindicatos, la Confederación Europea de Sindicatos, han expresado su oposición a una orientación así mediante una jornada europea de acción y de huelga, ampliamente secundada y después de entrevistarse con cada uno de los dos ponentes. 
Por todas estas razones, exijo a este Parlamento que no se comprometa en esa vía, decidiendo la devolución de esos dos informes a comisión. 
Señor Presidente, como ponente y portavoz me pronuncio en contra. 
Quiero constatar claramente lo siguiente: en primer lugar, desde hace años el transporte de mercancías por ferrocarril está retrocediendo y desde hace años hay cada vez menos empleo. 
Por ello, es absolutamente necesario y ha llegado la hora de atacar las reformas que necesitan los ferrocarriles europeos. 
Esta es la idea del informe del colega Sarlis y mío. 
En segundo lugar, ayer el Comisario rechazó lamentablemente alguno de nuestros puntos. 
Por ello, ha llegado el momento de exponer a la Comisión nuestra posición. 
No es la posición de una liberalización ilimitada e indiferenciada sino la posición de una europeización adecuada de los ferrocarriles. 
Esto es lo que tenemos que lograr, por lo que ruego que votemos hoy al respecto. 
Hemos debatido largo tiempo en la comisión y el único voto en contra provino de la Sra. Moreau. 
Por ello es importante votar hoy. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera dar mi apoyo a la propuesta de la Sra. Moreau. 
El Tratado de Amsterdam prevé el concepto de servicios de interés general. 
En un ámbito como el de los transportes ferroviarios se ve bien que este concepto ha de imponerse, evidentemente, con respecto a una liberalización del servicio de los transportes ferroviarios. 
Ahora bien, no disponemos de ninguna directiva marco que defina en qué consiste este servicio de interés general. 
Nos parece imposible comprometer la liberalización o la apertura a la competencia en este sector clave en el que, como ha dicho la Sra. Moreau, los asalariados están muy movilizados por su empleo, pero también por el interés general. 
Me parece prematuro deliberar sobre este tema en tanto no tengamos directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Al igual que la Sra. Moreau, solicito la devolución a comisión. 
Señor Presidente, he de manifestar ante todo que estoy en contra de la devolución a la comisión. 
El Pleno ha de decidir hoy sobre estos dos informes. 
Hay una gran mayoría y una gran unidad de todas las alas de esta sala para avanzar por fin en el tan traído y tan llevado asunto de la liberalización, aun gradual, de los transportes ferroviarios. 
Repito que en la fase actual se trata de liberalización sólo en lo que respecta al transporte de mercancías. 
Estamos debatiendo este asunto aquí en el Parlamento desde enero de 1998; ya entonces aprobamos una resolución especial en la que nos pronunciábamos a favor de la liberalización gradual. 
Las propuestas que hoy sometemos al Pleno han sido adoptadas en la Comisión de Transportes por gran mayoría, sino por unanimidad. 
Debo decir también que desde 1970 existe una directiva de la Comunidad Europea que prevé la liberalización parcial. 
Desde entonces han transcurrido 27 años sin que se haya hecho nada, y sin embargo se ha liberalizado el transporte marítimo, se ha liberalizado el transporte aéreo, se ha liberalizado el transporte por carretera. 
¡Continuemos pues adelante y demos una lección al Consejo y a la Comisión! 
Aplausos 
(El Parlamento rechaza la devolución a comisión) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
El informe de la Comisión (COM 98-0326) permite analizar las acciones en curso o previstas, orientadas a aplicar las conclusiones de la reunión interministerial sobre la integración de las cuestiones relativas a la pesca y al medio ambiente, que tuvo lugar los días 13 y 14 de marzo de 1997 en Bergen. 
El campo de aplicación se limita al Mar del Norte. 
El Mar del Norte representa un sistema altamente productivo con respecto al Atlántico. 
La biomasa total de todas las especies pesqueras que posee este mar se estima en cerca de 10 millones de toneladas. 
Los desembarcos anuales de capturas pesqueras se elevan a cerca de 2, 5 millones de toneladas. 
Se puede considerar aproximadamente que la misma cantidad de pescado consumen anualmente las principales especies de depredadores. 
Desde el punto de vista comercial, las capturas importantes se realizan en las especies siguientes: lanzón (38 %) , arenque (13 %) , faneca noruega (10 %) , lenguado, águila, carbonero, pescadilla (8 %) , espadín (7 %) , jurel (4 %) y platija (3 %). 
La Conferencia del Mar del Norte, que tuvo lugar en Bergen, permitió fijar nueve ejes prioritarios: reconstitución y mantenimiento de la biomasa de los peces reproductores maduros, reducción de la capacidad de la flotilla pesquera y/o del esfuerzo pesquero desplegado, protección de los peces jóvenes, crustáceos y moluscos, protección de las especies y de los hábitats, protección contra otras actividades distintas de la pesca, control y puesta en marcha, consecuencias científicas, tecnológicas y económicas, información y participación, integración más cercana de los caladeros y de las políticas medioambientales. 
El campo de aplicación de estas conclusiones es por tanto especialmente amplio y puede tener consecuencias para todos los pescadores europeos, en la medida en que éstas afecten a elementos de la política pesquera común, como los TAC, las cuotas, la reducción de la capacidad de la flota pesquera, la abertura de las redes o las medidas técnicas de pesca. 
Todos los países afectados son miembros de la Unión Europea, con excepción de Noruega. 
Por tanto, es necesario mantener una cooperación muy estrecha con este país, con el fin de evitar la adopción de medidas contradictorias y susceptibles de provocar distorsiones de competencia. 
En el último Pleno, adoptamos un informe de propia iniciativa sobre la regionalización de la PCP en el cual se introdujeron algunas nociones que nos parecen criticables. 
En lugar de entender el Mar del Norte como una entidad regional en términos de cuenca de producción, el principio considerado fue el de una regionalización basada en las regiones administrativas territoriales. 
El informe que estamos examinando en el día de hoy sobre la Conferencia de Bergen muestra que el planteamiento del Parlamento Europeo es irreal, sobre todo si se incorpora la extensión de la zona de las 12 a las 24 millas. 
Esta última disposición fue, para mi sorpresa, adoptada por algunos diputados franceses, cuando tendría sin embargo como consecuencia la de prohibir el acceso a los pescadores franceses de algunas zonas pesqueras esenciales, a las que hoy pueden acceder. 
Informe Piecyk (A4-0074/99) 
Señor Presidente, sabido es que la construcción de los proyectos integrantes de la red transeuropea de transportes se encuentra casi en punto muerto por falta de voluntad política y exceso de discursos de intención y de ocasión. 
Por eso, apoyamos la enmienda del ponente que rechaza la propuesta de la Comisión de hacer revisiones y adaptaciones de orientaciones mediante la elaboración de nuevos Libros Blancos. 
Ya nos parece simplemente inadmisible que se haya propuesto que los puertos marítimos considerados como puntos de interconexión para el desarrollo de transportes intermodales sean sólo aquellos cuyo movimiento anual de mercancías sea superior a 1, 5 millones de toneladas. 
Hemos votado contra esa enmienda, que podría condenar a puertos marítimos de mi país, y no sólo de él, al aislamiento, con lo que impediría el acceso a financiaciones que les permitan crear sistemas intermodales y establecer enlaces satisfactorios con las principales redes de transporte e impediría que se desarrollaran en pie de igualdad con los demás. 
Y cuando se propone hacer extensivos esos mismos criterios a los puertos marítimos de las regiones ultraperiféricas, resulta doblemente inadmisible, pues afecta, por ejemplo, al puerto marítimo de Ponta Delgada. 
La puesta en marcha efectiva del mercado único genera una movilidad que se incrementa sin cesar, principalmente en materia de transporte tanto de personas como de mercancías. 
Las necesidades de un desarrollo duradero y los compromisos internacionales de la Unión en la materia hacen imperativa una reducción de la producción de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 
Esta doble contingencia implica la aplicación de una red integrada de transporte transeuropeo, que incluya una dimensión intermodal llamada a desarrollarse. 
Habida cuenta de los atascos que cada vez asfixian en mayor medida nuestras ciudades, este planteamiento puede permitir a medio plazo la realización de ahorros sustanciales, no sólo en términos de costes ambientales sino también económicos. 
Comparto con el ponente la opinión de que es muy oportuno que la Comisión proponga añadir los puertos interiores y las terminales intermodales a los puertos marítimos, desde el momento en que aparecen como puntos de interconexión y de transbordo en la red transeuropea de transporte combinado. 
También estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la dimensión de carretera o autopista que garantiza los transportes iniciales y/o terminales de mercancías y de pasajeros en la red transeuropea de transporte combinado ha de ser lo más corta posible. 
En una preocupación por la claridad y la coherencia, me parece igualmente oportuno que el Parlamento mantenga su dictamen según el cual las ayudas comunitarias para el RTE-T han de estar dedicadas a las infraestructuras de las zonas portuarias y no pueden ampliarse a las inversiones superestructurales. 
Éstas pueden, en efecto, ser elegibles con cargo a los Fondos de Cohesión o a los Fondos Estructurales. 
He votado a favor del informe Piecyk por su mérito intrínseco de aclaración de las conexiones intermodales en el espacio europeo y en particular por la propuesta de enmienda nº 13, que se refiere a las conexiones intermodales de España con Portugal. 
Me parece adecuada y oportuna la substitución del proyecto nº 8 de Essen, denominado autopista Lisboa-Valladolid, por la nueva definición constante de la enmienda. 
De esa forma, se abarcan las infraestructuras ferroviarias y portuarias del centro y del norte de Portugal, así como la red de carreteras por construir o ya construidas, como el IP5, pero necesita su rápida transformación en autopista, también prevista en el anexo. 
El objetivo del presente informe es clarificar la situación en lo que se refiere a los puertos marítimos, puertos interiores y terminales intermodales en el marco general del funcionamiento de las redes transeuropeas de transporte. 
Para que el mercado interior resulte eficiente y para que todas las regiones de la UE puedan competir en una base competitiva es preciso que la finalización de la red transeuropea de transporte sea una prioridad para todos los gobiernos nacionales de la UE. 
Sin embargo, es evidente que la financiación de la Comunidad Europea no basta para hacer frente a las necesidades y desafíos que plantea la finalización de las redes transeuropeas de transporte, a pesar de los efectos benéficos que esas inversiones tienen para el desarrollo de las economías locales y nacionales. 
Es evidente que el desarrollo de esas redes creará un número mayor de puestos de trabajo, además de instituir proyectos infraestructurales que podrían mejorar la competitividad y productividad económicas de determinadas economías regionales. 
La Comisión Europea encargó un informe sobre la cuestión de si las asociaciones del sector privado/sector público debían desempeñar un papel en el desarrollo de los proyectos de redes transeuropeas de transporte dentro de la Unión Europea, según se prevé en el Tratado de Maastricht. 
El presente informe llega a la conclusión de que las asociaciones del sector privado/sector público deben formar parte integrante de dicho desarrollo. 
La Comisión Europea, muy acertadamente, ha invitado ahora a los Estados miembros a que indiquen qué proyectos concretos serán idóneos para el enfoque a base de asociaciones del sector privado/sector público. 
Se invita a los Estados miembros a que hagan que el sector privado participe lo antes posible en el desarrollo de esos proyectos infraestructurales. 
Desde el punto de vista de Irlanda, me alegra en un plano más general la iniciativa del Gobierno irlandés que ha procurado dar a empresas privadas la oportunidad de financiar importantes proyectos públicos en el marco del enfoque a base de asociaciones, como parte de la actividad de la economía irlandesa. 
Tenemos que ser realistas en cuanto a la posibilidad de que Irlanda reciba dinero del Fondo Estructural Europeo después de concluir el próximo Marco de Apoyo Comunitario. 
En el año 2000, Irlanda no recibirá más que el 20 % de su asignación actual con cargo a los fondos estructurales de la UE. 
El Gobierno irlandés tiene que ser innovador y proactivo en la búsqueda de nuevas formas de compensar la reducción de dinero proveniente de los fondos de cohesión y regionales de la UE. 
Me satisface que se haya dado la oportunidad al sector privado de desempeñar un papel tangible en la determinación de la mejor forma de que los programas e iniciativas en materia de proyectos públicos que anteriormente estaban financiados con dinero de la UE puedan, en el futuro, ser financiados por el sector privado. 
El Comisario Neil Kinnock ha indicado ya el papel que puede desempeñar el sector privado en el sector del transporte. 
Los representantes de empresas irlandesas y europeas de los sectores económico y social que recibirán menos dinero con cargo a los fondos estructurales de la UE deberán aprovechar las oportunidades que se les ofrece de buscar la mejor manera de trabajar en régimen de asociación con el Estado para el desarrollo de sus respectivas regiones. 
En Francia, la constatación es severa: puertos cada vez menos competitivos, astilleros que cierran y cada vez menos marinos. 
El informe de mi colega Piecyk olvida en su planteamiento que un puerto no puede existir más que en el marco de un sector marítimo global, es decir, la reparación, la construcción y las actividades comerciales propiamente dichas. 
Ahora bien, estas tres actividades han sido poco a poco separadas para morir cada una lentamente. 
Tomemos el ejemplo del puerto autónomo de Le Havre. 
Punta de lanza de la industria naval francesa; en él se han construido los barcos más hermosos, como el «France» , el «Club Med 2» -soberbio cinco mástiles de 134 metros de eslora y 2000 m2 de vela, gobernado por ordenador- pero también buques oceanográficos, cableros, ferries y, sobre todo trasatlánticos. 
Pero, todo esto ha terminado. 
Ya dañada en 1979 por la venta del trasatlántico «France» , la ciudad, que tiene en su haber 30 años de gestión comunista y de cogestión cegetista, acaba de perder su puerto, que cerrará sus puertas en dos años. 
El pasado 9 de noviembre, la Comisión consideró ilegal la ayuda de 1, 8 millardos de francos del Estado francés a los astilleros de Le Havre y exige su restitución en virtud de las reglas de competencia. 
Los posibles inversores debían asumir por tanto este reembolso: eso es lo mismo que decir que no los ha habido. 
Bruselas, tras haber destruido nuestra agricultura y a nuestros campesinos, nuestros servicios públicos, nuestra industria textil, nuestras minas y nuestras explotaciones hulleras y nuestra marina mercante, la ha tomado con nuestros puertos y nuestras industrias navales. 
Bruselas se niega a instaurar la preferencia comunitaria en la construcción y reparación de buques que llevan pabellón nacional. 
Bruselas prohíbe todas las ayudas y subvenciones estatales orientadas a reflotar una empresa. 
Bruselas obliga a los posibles inversores de una sociedad subvencionada a reembolsar las ayudas públicas recibidas. 
Bruselas entrega nuestros puertos y astilleros a la competencia de aquellos en los que la mano de obra es menos costosa. 
La copa está llena, la agonía asegurada, la muerte anunciada. 
Nosotros rechazamos esto. 
Por ello, el Frente Nacional propone una reforma fundamental del sector. 
Una reforma de la fiscalidad de los armadores, de las inversiones en infraestructuras portuarias. 
Es preciso favorecer las inversiones marítimas, bien por medio de ayudas directas, bien mediante bonificaciones fiscales; es preciso proteger los conocimientos industriales de nuestros obreros muy cualificados, es preciso restablecer la preferencia comunitaria en el empleo, en la construcción y en la reparación de los buques que lleven bandera nacional- como hacen los Estados Unidos desde hace tiempo- y es preciso penalizar mediante impuestos compensatorios a los buques que no respeten estas reglas preferenciales. 
Bruselas, mediante el librecambismo y la desregulación, pretende ahogar a nuestros marinos, eliminar a nuestros obreros y arruinar nuestros puertos. 
¡Rechazémoslo! 
El desarrollo de la red transeuropea de transporte, tal como está previsto por la decisión 1692/96/CE, pretende poner en práctica una red de infraestructuras integrada y multimodal. 
Se trata en este caso también de un ámbito importante de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
El Grupo Europa de las Naciones ha votado, por supuesto, a favor del Informe Piecyk, preguntándose sobre la duración de los procedimientos: ¿No se ha remitido el expediente a la Comisión de Transportes desde el 4 de marzo de 1998? 
Sin embargo, con el fin de mejorar la productividad de las empresas y permitir la integración territorial de algunas regiones de los Estados miembros de la Unión Europea, es necesario poner en marcha lo más rápidamente posible estructuras logísticas eficaces, flexibles y poco costosas. 
No podemos, por tanto, más que lamentar los retrasos producidos en el ámbito de la Unión Europea en este campo esencial para la actividad económica de las regiones. 
La propuesta de la Comisión nos parece interesante, tanto en lo que se refiere a su estructura como en cuanto al planteamiento adoptado. 
Con respecto a la estructura, es sensato añadir los puertos interiores y las terminales intermodales a los puertos marítimos, habida cuenta de que existe una estrecha relación entre los puertos marítimos y los puntos de interconexión que se sitúan en el interior de las tierras, permitiendo así el desarrollo del transporte intermodal. 
Con respecto al planteamiento de la Comisión, parece necesario, naturalmente, respetando el principio de subsidiariedad, integrar mejor los puntos de interconexión incluyendo en las orientaciones referencias específicas a los puntos de interconexión, identificándolos y aplicando especificaciones nuevas o revisadas para los proyectos de interés común. 
Informe Sarlis (A4-0058/99) 
Señor Presidente, acabamos de votar contra un informe que plantea al Parlamento Europeo la liberalización de los ferrocarriles y que, a semejanza de lo sucedido con los británicos, podría provocar graves consecuencias sociales y económicas en el sector ferroviario europeo. 
De momento, en el informe se aborda la liberalización de los transportes internacionales de mercancías, pero lo cierto es que las orientaciones son las mismas a la hora de tratar de la liberalización de los transportes de pasajeros, ya sea en el nivel interno o en el internacional. 
Se brinda la posibilidad de que cualquier entidad, persona o grupo, no necesariamente con antecedentes o vinculación con el sector de transporte ferroviario, pueda acceder a un negocio, independientemente de su origen nacional y del Estado miembro al que presente su candidatura. 
Se trata de un negocio, de hecho, que permitirá la utilización de infraestructuras construidas con dineros públicos y el acceso a las vertientes rentables del sector, dado que la generalidad de los costos de conservación, es decir, la vertiente no rentable, se mantendrá en el sector público. 
En vez de invertirse en la capacidad para mejorar cualitativamente los servicios que prestar por un servicio público determinante en los diversos países y cuyo papel en la conexión interna e internacional entre regiones ha sido y debería seguir siendo insubstituible, en vez de aceptarse la necesidad de colocar la generalidad de las gestiones de los ferrocarriles al servicio real de la poblaciones, volviéndolas modernas y eficaces, en vez de reflexionarse sobre experiencias muy positivas de cooperación entre servicios públicos, en vez de mejorarse las condiciones en materia de competencia con otras formas de transporte, se opta por una liberalización inaceptable y de consecuencias previsiblemente nefastas para el sector. 
Para acompañar el proceso jurídico de supresión de las fronteras y de la libre circulación de personas y mercancías, adoptamos, en enero de 1998, el Libro Blanco de la Comisión relativo al transporte ferroviario en la Unión Europea. 
En él se desarrollaban una serie de ideas clave. 
Se trataba entonces de aplicar una política ambiciosa y de calidad para unas compañías nacionales con frecuencia muy endeudadas. 
Un año más tarde, aún hacemos los mismos votos: liberalización de los ferrocarriles en Europa para los transportes internacionales de flete, posteriormente y de forma progresiva para los transportes nacionales de mercancías y para los viajeros internacionales. 
La extensión gradual que deseamos es muy tímida para arrancar. 
Es más necesaria que nunca la revitalización. 
Hoy no puede operarse más que en la extensión de las leyes de mercado a este ámbito vital de la economía. 
Nuestras redes tienen muchas dificultades para integrarse a escala europea. 
La interconexión de las redes existentes plantea problemas tanto materiales como jurídicos. 
La extensión de los grandes ejes no se hace y el libre acceso de las infraestructuras ferroviarias no siempre se aplica íntegramente en la realidad. 
Nuestras compañías nacionales tienen, al igual que nuestros respectivos Gobiernos, muchas dificultades para distinguir por una parte la gestión de las infraestructuras de transporte y por otra la explotación de los ferrocarriles. 
Por consiguiente, seguimos teniendo la necesidad de plantear nuevas medidas y definir orientaciones complementarias a las disposiciones actuales. 
Las que considero más necesarias son ante todo una gestión más flexible y mejor adaptada de la clientela y una competencia abierta en un mercado libre. 
Doy por tanto mi aprobación a este nuevo Informe Sarlis porque no concibo que sólo la carretera disponga de infraestructuras modernas y competitivas. 
El ferrocarril tiene un papel fundamental que desempeñar, especialmente en vísperas de la ampliación. 
Después del Libro Blanco titulado: «Una estrategia para revitalizar los ferrocarriles comunitarios» , la Comisión nos propone un paquete «infraestructura» , es decir, un conjunto que permite modificar las directivas existentes. 
¿Con qué objetivo? 
Principalmente para llegar a segmentar el mercado ferroviario y acelerar así el movimiento hacia la liberalización del transporte de flete. 
Eso no podemos aceptarlo en el actual estado de cosas. 
En efecto, para qué redefinir a cualquier precio la directiva 91/440 sin aceptar ni siquiera hacer una evaluación. 
Recordamos que entre 1985 y 1995 se perdieron 500.000 empleos en este sector. 
Cómo creer que la propuesta de liberalización de la Comisión aportará un remedio eficaz al sector ferroviario. 
No nos oponemos rotundamente al concepto de liberalización cuando éste es mesurado, reflexionado. 
Ahora bien, en este caso, se trata de preconizar una competencia ciega, de abrir surcos a otro tipo de entidades diferentes a empresas ferroviarias. 
¿Cómo se organizará el reparto de competencias entre esos recién llegados y las empresas ferroviarias? 
El sector ferroviario necesita un nuevo impulso: hemos de estimular lo que ya se está haciendo, como la cooperación entre sectores nacionales. 
La Comisión, con el apoyo de los informes sometidos a nuestro examen, da un cheque en blanco a la implosión de este sector. 
Eso no podemos aceptarlo. 
Nuestros debates de ayer sobre la liberalización de los ferrocarriles fueron especialmente importantes. 
Sin negar la seriedad del trabajo de Pavlos Sarlis y Hannes Swoboda, me opongo con determinación a la voluntad de la Comisión de imponer un sistema liberal uniforme en el ámbito del ferrocarril. 
No nos corresponde poner en tela de juicio la marcha forzada de los británicos hacia una completa desregulación de su red ferroviaria, pero es obligado constatar el fracaso patente de esta experiencia, tanto desde el punto de vista de los consumidores como de los operadores. 
Para los primeros, esta privatización no se tradujo en las mejoras anunciadas. 
Para los segundos, tras el nacimiento de varios operadores, se asiste a una concentración en las manos de una sola compañía. 
En este sentido, si bien puedo aceptar que algunos servicios no puedan considerarse como dependientes sólo del sector público, considero que en el caso del transporte ferroviario sólo este último puede asumir los costes generados por esta actividad que afecta a una gran parte de nuestros conciudadanos, que depende de la ordenación del territorio y que tiene muchas consecuencias en términos de medio ambiente. 
Y digo que, en el marco del transporte de flete y en especial para algunas mercancías sensibles, el servicio público es el mejor situado para garantizar una seguridad por su estatuto y su ética. 
Finalmente, las propuestas que se nos han sometido, y que corren el riesgo de desmantelar la propia naturaleza del servicio universal, olvidan dos realidades. 
La primera es que el Estado deberá garantizar las inversiones en términos de infraestructura: por tanto será el contribuyente el que pagará una primera vez. 
La segunda es que el operador, para satisfacer a sus accionistas, deberá ser rentable y beneficiario. 
Por tanto es una equivocación creer que el consumidor verá reducidas las tarifas actuales. 
Al contrario, pagará frecuentemente por segunda vez por unas tarifas más elevadas. 
Es posible que estos argumentos provoquen una sonrisa en algunos. 
A ellos les digo que no me importa. 
Por ello votaré contra estos dos informes y pediré a la Comisión propuestas nuevas y más realistas. 
Es preciso terminar con las desregulaciones sumarias. 
Desde el momento en que tiene como finalidad incrementar la participación de los ferrocarriles en el transporte de personas y mercancías, la liberalización de los transportes ferroviarios se inscribe naturalmente en la perspectiva de un desarrollo duradero y un respeto por los compromisos internacionales de la Unión en materia de protección del medio ambiente. 
Con el ponente, recuerdo que la voluntad del Parlamento Europeo, tal como queda expresada en su resolución de 13 de enero de 1998, es claramente la liberalización más amplia posible de los transportes por ferrocarril, aunque es deseable que se realice en etapas sucesivas. 
Por consiguiente, es lamentable que la Comisión no presente propuestas en este sentido. 
La liberalización de los transportes por ferrocarril se apoya principalmente en dos pilares que es importante concretar lo más rápidamente posible. 
Por un lado se trata de escindir institucionalmente la explotación de los ferrocarriles y la de las infraestructuras ferroviarias. 
Por otro lado, es preciso abrir en condiciones equitativas el acceso a las redes nacionales y conceder el derecho de tránsito a los nuevos operadores, con el fin de que puedan enfrentarse a sus competidores en condiciones de igualdad. 
En esta perspectiva, las enmiendas aportadas por nuestro ponente van en la dirección correcta y se inscriben totalmente en la vía trazada por el Parlamento. 
La liberalización no puede evidentemente traducirse en una menor seguridad para los usuarios de los ferrocarriles. 
Antes al contrario, la seguridad de los viajeros ha de llevarse al nivel más alto posible. 
Por consiguiente, es indispensable- y sobre este punto también comparto en su totalidad la opinión de nuestro ponente- que la responsabilidad de la explotación y la supervisión de los sistemas de seguridad incumba a los gestores de las infraestructuras ferroviarias. 
Los desafíos vinculados al desarrollo del mercado interior de los transportes ferroviarios merecen una reflexión profunda. 
Por ello, el debate es bienvenido en el día de hoy. 
La necesidad de revitalizar el transporte ferroviario en Europa, en particular el flete, es muy real. 
Este modo de transporte puede permitir, entre otras cosas, responder a la preocupación por reducir los perjuicios que provoca el transporte por carretera. 
Pero no sería bueno que, por ideología, no me atrevo a decir que por dogmatismo o por exceso, llegáramos a una desorganización total del sector ferroviario. 
Pienso en particular en la voluntad de liberalización de éste, tal como la ha propuesto o la desea la Comisión. 
Sé hasta qué punto la Comisión estima las virtudes de la competencia. 
Pero, en este caso, un desarrollo demasiado importante de la competencia intermodal sería, sin ninguna duda, perjudicial para el sector tomado en su conjunto. 
Eso no quiere decir que no haya que hacer nada, que el statu quo sería una solución. 
Al contrario, conviene preparar al sector ferroviario para hacer frente a su propio futuro. 
Por ello, puede producirse una posible apertura del mercado, pero de manera progresiva y entre protagonistas iguales, que soporten las mismas cargas. 
Así, las disposiciones relativas a los candidatos autorizados, que abren la reserva de las capacidades a simples intermediarios, constituyen una amenaza para el modo ferroviario. 
Introducen una discriminación entre los actores: las empresas ferroviarias continuarían asumiendo el coste de las inversiones, y con frecuencia las deudas del pasado, quedando relegadas a una función de subcontratantes frente a estos nuevos intermediarios, que podrían elegir los segmentos del mercado más rentables. 
Si los Estados miembros quieren permitir la reserva de capacidades ferroviarias por otras sociedades distintas de las empresas ferroviarias, que lo hagan en el marco de su legislación nacional. 
No necesitan la autorización de una directiva. 
Una palabra, como conclusión, para recordarles que las empresas ferroviarias no sólo son empresas comerciales, sino que cumplen también una misión de servicio público y desempeñan un papel importante en materia de ordenación del territorio. 
Todo el mundo está de acuerdo en que para el transporte de personas y de mercancías en cortas y medias distancias, el ferrocarril es más que nunca un instrumento de futuro. 
Por ello es preciso desarrollarlo, modernizarlo y adaptarlo comercialmente frente a la competencia muy viva de la carretera. 
Es sabido que el ferrocarril está en retroceso desde hace años, sobre todo para el transporte por flete. 
Frente a esta situación, la política europea ha consistido en liberalizar el ferrocarril. 
Desde el inicio de los años 90, toda una serie de directivas de la primera generación han contribuido a ello. 
Entre éstas, todas aún no han sido trasladadas completamente a la legislación de los Estados miembros. 
Antes de seguir progresando en esta dirección, es preciso hacer un análisis, evaluar la eficacia de las decisiones de liberalización y de reorganización interna de los servicios públicos. 
Ahora bien, la Comisión pretende llevar aún más lejos la liberalización y abrir completamente a la competencia el transporte de mercancías por ferrocarril, cuando la liberalización se limitaba hasta ahora al tráfico combinado. 
Según la Comisión, las empresas de logística deberían también tener acceso a la infraestructura de los ferrocarriles. 
Evidentemente, es preciso hacer el ferrocarril más competitivo frente a la carretera. 
Incluso su supervivencia depende de ello. 
Sin embargo, la apertura completa de los ferrocarriles a la competencia corre el riesgo de desmantelar el servicio público, sin contar con que el sistema aplicado por las directivas para repartir las capacidades de la infraestructura ferroviaria es oneroso y burocrático. 
El gestor ha de ser independiente de la empresa ferroviaria, debiendo quedar todo dirigido por un organismo de control. 
Comparto por consiguiente la opinión del ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, señor Wibe, que señala que el coste de la carga suplementaria en los Estados miembros podría fácilmente sobrepasar las ventajas en términos de eficacia creciente. 
Por esta razón voto contra los informes Sarlis y Swoboda. 
Deseamos expresar en el día de hoy nuestra satisfacción por los dos textos propuestos por la Comisión de Transportes y Turismo, relativos a la directiva de 1991 relativa al desarrollo de los ferrocarriles así como las directivas de 1995 relativas a las licencias de las empresas ferroviarias, al reparto de las capacidades de infraestructura, de su tarificación y su utilización. 
Los dos ponentes merecen que se les felicite por el excelente trabajo que han realizado. 
Estas directivas van en el buen sentido. 
Tras haber procedido a la liberalización de los transportes aéreos, del mercado del gas y de la electricidad, la Unión Europea ya no podía ignorar más tiempo el ferrocarril. 
El transporte sobre raíles, muy utilizado en Europa, sufre desde hace algunos años una grave crisis. 
Tras haber experimentado métodos dirigistas (nacionalizaciones de sociedades ferroviarias, estatuto público del personal, rigidez frente al mercado, déficits importantes, etc.) que se han revelado como catastróficos en la totalidad de países miembros, la revitalización no puede pasar hoy más que por la liberalización y el retorno a las realidades del mercado. 
Desde este punto de vista, algunos Estados miembros han sabido reaccionar con más rapidez que otros, y es necesario inspirarse en experiencias que hayan tenido éxito en cada uno de los países que componen la Unión. 
Los consumidores europeos son exigentes tanto en materia de seguridad como de calidad (retrasos, precios, prestaciones, etc.). 
Desde hace algunos años, se han alejado un poco de este medio de transporte. 
Hoy es necesario dotar al ferrocarril de los medios para recuperar una clientela potencial numerosa. 
Por supuesto, esta liberalización ha de ser progresiva y efectuada por etapas, algo que nuestros dos ponentes han previsto. 
El ferrocarril es un medio de transporte de pasajeros y mercancías de futuro, pero no es solamente eso. 
En efecto, el transporte en tren contribuye de forma importante a la ordenación del territorio y desempeña un papel muy importante, principalmente en las zonas rurales y enclavadas. 
Además, en el marco de la lucha contra la contaminación atmosférica el tren y especialmente el transporte combinado de mercancías constituyen una decisión política que siempre hemos defendido. 
No soy favorable a la apertura a la competencia de los transportes ferroviarios y a la desregulación prevista por la Comisión y por el Consejo. 
El Tratado de Amsterdam hace referencia a los servicios de interés general, pero en la práctica ninguna directiva fija el marco, ni garantiza la lógica de servicio público, a saber, por una parte, el acceso en igualdad de condiciones de los ciudadanos y de los territorios a las infraestructuras y servicios de transporte ferroviario, y por otra, una distribución tarifaria que garantice el derecho al transporte y a la circulación. 
A falta de un marco como ése, una liberalización, aunque fuera gradual, es peligrosa. 
Va a incrementar las desigualdades entre las regiones y entre los ciudadanos de la Unión, va a desmantelar los servicios públicos y también se verá acompañada en la mayoría de las ocasiones de un retroceso social para los trabajadores afectados. 
Las organizaciones sindicales europeas del sector de los transportes ferroviarios han manifestado con toda justicia su desacuerdo con este proyecto. 
Desafortunadamente, los sectores que han sufrido esta liberalización parecen mostrar un retroceso de las prestaciones para los usuarios, en especial para los más modestos. 
Votaré también contra los informes Sarlis, Swoboda y las propuestas de directiva vinculadas a ellos. 
Ya existe una cierta liberalización en el sector de los ferrocarriles. 
Por el contrario, no se ha hecho una verdadera evaluación. 
No obstante, sabemos que las experiencias en muchos sitios no son especialmente buenas. 
Antes de que se den nuevos pasos habrá que tomar en cuenta las experiencias y las consecuencias a largo plazo de la actual directiva. 
Al estar en juego la concordancia con la concepción de la competencia de empresas privadas en la utilización de las infraestructuras ferroviarias, hay que reconocer con realismo que, además de la concordancia de principio, es indispensable, desde todos los puntos de vista, que haya condiciones atractivas en la explotación de los servicios. 
Siendo así, una primera condición de atracción ha de ser la existencia de infraestructuras modernas y poco o nada se puede esperar en un país, como el mío, en el que durante decenios no se creyó en los trenes y se fomentó un desequilibrio gravísimo a favor del transporte por carretera. 
Además, no se puede dejar de considerar el ferrocarril en estrecha articulación con los otros modos de transporte, pues sólo así se pueden garantizar servicios satisfactorios a los usuarios y la máxima rentabilidad de todos ellos. 
Con relieve especial y la mayor actualidad, resulta inconcebible que un nuevo aeropuerto no esté servido directamente por una línea principal de ferrocarril, no se puede concebir que el acceso de más de 10 millones de pasajeros se haga sólo por carretera. 
Pero lo que aquí está en juego no es sólo la existencia de líneas ferroviarias, posiblemente modernas, pues resulta indispensable un servicio ferroviario de gran frecuencia, que sólo podrán proporcionar trenes de enlace entre grandes aglomerados de población, de varios millones de habitantes. 
No siendo así, si después del aeropuerto hay sólo un hinterland poco poblado, se cae inexorablemente en el círculo vicioso de que haya pocos trenes porque la demanda es pequeña (sólo o casi sólo del aeropuerto) y de que se busque cada vez menos la conexión ferroviaria porque haya pocos trenes (nadie esperará una hora para un tren, después de un vuelo de hora y media... ) 
Hemos debatido tres proyectos sobre el camino a seguir para tener unos ferrocarriles liberalizados. 
Aunque yo también creo que ningún camino puede volver a la política de ferrocarriles de tiempos pasados, como político y sindicalista tengo cierto miedo ante el futuro cuando tomo nota de los diferentes argumentos que deben llevarnos a esta liberalización ampliada. 
Aquí se está destruyendo algo que se construyó en cien años y hay que plantearse la pregunta de si la política de la Comisión, que en toda su actividad ve solamente el remedio en una liberalización de la economía nacional e internacional, es la correcta, pues adónde lleva esta política lo muestra perfectamente el ejemplo de un país como Alemania, con una red ferroviaria muy desarrollada. 
La serie de accidentes de tren sigue sencillamente y se revela que ahorrar en el lugar erróneo puede resultar muy caro y, aún peor, que los ahorros de personal impuestos obligatoriamente por las sociedades ferroviarias son a costa de la seguridad. 
Aunque Luxemburgo ha sido uno de los países que ha tenido que padecer más por la reducción de los transportes por ferrocarril, ha conservado los suyos, los ha modernizado y los ha sometido a una cura de adelgazamiento en sus empleados que es única en Europa, prestando sin embargo atención a que no surgiesen dificultades sociales. 
¿Y todo esto tiene que haber sido ahora para nada? 
Con razón se puede plantear uno la pregunta de porqué directivas como la Directiva 91/440, que no se han aplicado aún ni siquiera en todos los países, se quieren modificar ahora a toda velocidad haciéndolas pasar mediante procedimiento sumarísimo por el Parlamento y el Consejo de Ministros y porqué no se las sometido a prueba durante un largo plazo. 
Me da la sensación de que la Comisión está practicando aquí de nuevo el perfeccionismo. 
¿Porqué una contabilidad separada para el transporte de mercancías y de personas? 
En lugar de simplificar se fomenta la burocracia. 
Se habla de una gestión independiente de las empresas de ferrocarriles, de condonación de deudas y de una gestión financiera mejorada, pero al mismo tiempo se obliga a los gobiernos a garantizar a los grupos internacionales derechos de acceso en el transporte transfronterizo por ferrocarril. 
A ello viene a sumarse además que ya ahora, cuando aún no han concluido los debates, se exige a la Comisión que actúe también en asuntos de precios de trazados. 
¿Significa esto que en un futuro no muy lejano los precios de los trazados por Luxemburgo se van a calcular sobre la base del oferente más barato? 
Los sindicalistas tienen ya en perspectiva tales bonitas negociaciones colectivas. 
Actualmente, parece que es imposible valorar cómo van a repercutir las nuevas medidas. 
Pero solamente el deseo de un uso óptimo de los trayectos no es suficiente para mejorar algo. 
El mejor ejemplo de ello lo ofrecen los llamados «Free Ways» presentados con gran pompa. 
En grandes mapas se presentaron 25 de tales líneas, pero en servicio están solamente 7. 
Y esto solamente porque la sociedad de ferrocarriles más pequeña, es decir, la luxemburguesa, empleó toda su habilidad diplomática en el «Bureau unique». 
Aquí las diferentes sociedades de ferrocarriles han demostrado mediante una cooperación ejemplar que pueden lograr algo por encima de las fronteras. 
Me permito dudar que la actual injerencia de la Comisión vaya a aportar una mejora. 
En cualquier caso, saludo que la mayoría del Parlamento Europeo se haya pronunciado en favor de una marcha más moderada y que proponga una introducción paulatina de las nuevas directivas. 
Esto se opone a la negativa actitud de la Comisión. 
Por ello, voy a votar en contra de los informes Sarlis y Swoboda. 
La razón por la que he votado en contra del informe es que estimo que el documento de la Comisión contiene una reglamentación detallada de los ferrocarriles, que el sector no se merece. 
No creo que se pueda imponer mayor eficiencia mediante una considerable cantidad de normas detalladas, dictadas desde Bruselas. 
Informe Swoboda (A4-0059/99) 
El propio Tratado de Amsterdam prevé un tratamiento especial para las empresas de interés general. 
En Informe Swoboda, sin embargo, avanza en la adopción de medidas técnicas en el marco de la liberalización, cuando no contamos siquiera con una directiva marco sobre los ferrocarriles. 
En este sentido ya hay objeciones por parte de algunos gobiernos en el Consejo de Ministros y se han registrado movilizaciones y huelgas de ferroviarios en muchos países. 
Por estas razones rechazo la propuesta de resolución. 
En el sector de los ferrocarriles se necesitan, incluso desde el punto de vista medioambiental, desarrollo y mayor colaboración. 
El trafico en nuestras carreteras, continuamente en crecimiento, conlleva también un aumento del número de accidentes de circulación, con muchas tragedias humanas como consecuencia. 
La propuesta de la Comisión no constituye, sin embargo, ninguna solución: por una parte, propugna la liberalización y somete al sector de los ferrocarriles a la competencia y, por otra, propone una gestión tremendamente dirigida y emite una regulación detallada. 
Opino que es absurdo que se decida en el ámbito comunitario, por ejemplo, acerca de los horarios y de las fechas y modos como éstos se deben cambiar, acerca de los sistemas de rebajas, de las tarifas de reservas, etcétera. 
La importancia de los ferrocarriles en un país grande y poco poblado como Suecia es enorme. 
Por causas naturales, ciertos sectores de los ferrocarriles nunca llegarán a producir ganancias económicas. 
Aun así, es necesario mantener el tráfico cuando se tiene como meta que «viva» todo el país. 
Por estos motivos, el sector de los ferrocarriles tiene que ser discutido profundamente primero en los países miembros antes de que se aprueben directivas en el ámbito de la UE. 
Los transportes traspasan las fronteras. 
Por eso se necesita cooperación en materia de política de transportes, la cual también comprende a los ferrocarriles. 
El informe es, sin embargo, demasiado detallado, ya que llega incluso a detallar los horarios. 
Por eso he votado en contra del punto 21 del informe. 
El motivo por el que voté en contra del informe es porque estimo que el documento de la Comisión implica una regulación detallada, que el sector no se merece. 
No creo que se pueda imponer mayor eficiencia mediante una cantidad de normas detalladas dictadas en Bruselas. 
Informe Tamino (A4-0101/99) 
Señor Presidente, el Informe Tamino es particularmente importante puesto que trata de cómo el desarrollo de, entre otras cosas, los aparatos eléctricos, los ordenadores y los teléfonos móviles ha aumentado las microondas y los campos magnéticos en el medio ambiente. 
Sabemos muy poco acerca de la forma en que esos aparatos y ese tipo de radiaciones afectan a la salud de las personas a largo plazo. 
Se podría decir que somos conejillos de indias de nuestro propio desarrollo. 
No obstante, sospechamos que estas radiaciones pueden producir cáncer, alteraciones en el sistema nervioso e inmunológico, actividad en las células, etcétera. 
La evaluación del comité de expertos de la Comisión se contrapone, de hecho, a publicaciones científicas que no aparecen en la propuesta de la Comisión. 
La Comisión dice en su recomendación a los países miembros que no hay pruebas contundentes, provenientes de experimentos, de que los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja produzcan daños genéticos y que por eso es improbable que puedan ocasionar cáncer. 
Pero, de hecho, esto no se puede decir cuando no se está seguro y cuando, además, hay otras personas que dicen lo contrario. 
En este caso debe regir el principio de la cautela. 
La Organización Mundial de la Salud dice que no es posible garantizar que los campos electromagnéticos sean inocuos, y la inquietud crece. 
En Italia, Luxemburgo y Suecia existen actualmente reglas más severas que las que propone la Comisión. 
Éste es el camino a seguir cuando no se tiene certeza. 
Es, por tanto, el principio de la cautela el que debe regir. 
Tenemos que ser capaces de señalar una distancia mínima que separe las viviendas y los lugares de trabajo de las instalaciones que produzcan campos electromagnéticos. 
Lamento sinceramente que no aprobáramos todas las enmiendas del Grupo V y de Tamino, especialmente aquellas relacionadas con medidas de precaución y objetivos de calidad para los efectos de largo plazo de las radiaciones electromagnéticas. 
La recomendación de la Comisión relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos trata de evitar los graves efectos que se reconoce que tiene el empleo, por ejemplo, de equipos de telefonía y equipos eléctricos y el grave efecto provocado por el número creciente de líneas de alta tensión en zonas residenciales. 
En general, el Movimiento de Junio es un firme partidario de la utilización del principio de cautela. 
Sin embargo, pensamos que la utilización del principio de cautela también debe ser valorada críticamente según el caso. 
Y en este caso hemos llegado a la conclusión de que el Parlamento Europeo debe contener sus deseos de disponer de una recomendación muy restrictiva en este campo. 
El Sr. Tamino ha querido en la elaboración del informe tener en cuenta los posibles efectos a largo plazo de los campos magnéticos. 
Este tema ha gozado del interés de la opinión pública durante muchos años y ha sido objeto de una exhaustiva investigación a lo largo de los últimos veinte años. 
Sin embargo, no se ha demostrado científicamente que existan efectos a largo plazo sobre la salud como por ejemplo el desarrollo de tumores cancerígenos. 
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones más amplias destinadas a evaluar la importancia de los campos magnéticos en el desarrollo de tumores cancerígenos. 
No nos parece conveniente reaccionar a investigaciones aisladas y pensamos por el contrario que la UE debe esperar la próxima terminación, por ejemplo, del gran proyecto de evaluación llevado a cabo por la OMS antes de comenzar a legislar sobre los posibles efectos a largo plazo. 
La investigación en este campo, por ejemplo, realizada por la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Dinamarca es muy amplia y partiendo de los resultados de esta investigación desgraciadamente no podemos apoyar las muy restrictivas enmiendas del Sr. Tamino. 
Si los próximos resultados de la investigación efectuada por la OMS, entre otros, así lo justifican, por supuesto que participaremos muy gustosamente en la elaboración de una legislación que proteja a la población frente a los posibles efectos a largo plazo. 
Sin embargo y hasta entonces, nos atenemos a los consejos que hemos recibido de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. 
Nadie en esta Asamblea puede discutir razonablemente que la salud de nuestra población y la protección de los consumidores son preocupaciones importantes que han de conducir nuestras reflexiones y nuestros actos. 
Nadie puede tampoco sostener que nuestras sociedades podrían dejar de lado sin traumas importantes la energía eléctrica y los campos electromagnéticos que ésta provoca. 
Nuestra misión es, por consiguiente, velar para que su utilización se vea acompañada de todas las medidas normativas y profilácticas para proteger a nuestra población. 
En consecuencia, es indispensable que acompañemos nuestras decisiones de todas las precauciones científicas deseables. 
Comparto por tanto el sentimiento de nuestro ponente: es preciso que las medidas de protección se actualicen regularmente y se revalúen regularmente a la luz del crecimiento de nuestros conocimientos científicos así como de la diversificación de los modos de utilización de los sistemas de transporte de energía y de los tipos de aparatos susceptibles de incrementar la exposición de los consumidores y de la población a los campos electromagnéticos, no para obstaculizar el progreso tecnológico, sino para optimizar los efectos benéficos reduciendo cada vez más los perjuicios. 
Ante la falta de un método único de medición a escala europea de la conformidad de los aparatos y la necesidad de poner en marcha un sistema uniformizado de control que no obstaculice la realización del mercado único, es conveniente invitar a la Comisión a que proponga con rapidez un sistema de revisión continua de los aparatos generadores de campos magnéticos que integren su intensidad relativa y su tiempo real de utilización. 
Daré por tanto mi apoyo a la propuesta de recomendación, tal como queda enmendada. 
Hemos votado a favor del Informe Tamino sobre limitación de la exposición a campos electromagnéticos porque estamos de acuerdo con su contenido, pero, también, para subrayar la importancia de que se fijen reglas que no impliquen para Suecia un riesgo de tener que atenuar sus normas actuales. 
Todavía existe algún riesgo con la propuesta de la Comisión puesto que ésta es menos rigurosa que las normas vigentes en Suecia. 
Lo mismo vale para Italia y Luxemburgo. 
También queremos manifestar nuestra sorpresa de que el gobierno de Suecia no haya respaldado las normas más rigurosas presentadas por Italia en el Consejo, según el protocolo del 5 de febrero de 1999, que tomaban en consideración no sólo los efectos térmicos a corto plazo sino que también, por ejemplo, el efecto cancerígeno, más o menos con el mismo espíritu que en el informe Tamino. 
Por el contrario, parece que Suecia de algún modo ha avalado un debilitamiento del texto de la Comisión. 
Esto lo encontramos particularmente sorprendente. 
El informe es importantísimo desde el punto de vista medioambiental, pero también es muy detallado. 
Con todo, opino que los aspectos medioambientales deben predominar y he votado a favor. 
Uno de los aspectos más preocupantes del asunto que nos ocupa, radica en el hecho de que el texto en torno al cual nuestro ponente, el Sr. Gianni Tamino, tuvo que trabajar demuestra una vez más la incapacidad de la Comisión de respetar a los ciudadanos. 
La ciencia nos informa, aunque todavía con ciertas dudas al respecto, sobre el nivel de peligrosidad para la salud humana de las ondas electromagnéticas tanto de baja como de alta frecuencia; no obstante, la Comisión se limita a certificar la inexistencia de dicho peligro negando así, entre otros, el papel que le corresponde según el artículo 130 R del Tratado de legislar en favor de los ciudadanos. 
Sin embargo, los ciudadanos de Volturno, debido a los repetidores colocados encima de sus cabezas, ya no consiguen dormir. 
Lo que hay que defender por encima de todo son las ganancias de los señores industriales, la salud de los ciudadanos es algo accesorio. 
¿Por qué la Comisión no quiere establecer los límites de protección de los consumidores? 
Y ¿por qué no introduce la obligación de que los productos lleven una etiqueta en que figuren los peligros que entrañan las ondas electromagnéticas y las modalidades de uso? 
¿Por qué, por ejemplo, no se puede poner una etiqueta en los secadores de pelo que explique que es mucho más saludable utilizarlos lo más lejos posible de la cabeza? 
¿O en un horno microondas explicando simplemente que hay que situarse a una distancia de algunos metros mientras está en funcionamiento? 
¿Por qué no hay que advertir que el uso prolongado del teléfono móvil puede ser peligroso para nuestras células cerebrales? 
Para ustedes, sacerdotes del dios mercado, es un pecado mortal pensar en una posible disminución de los beneficios de las compañías de telecomunicación. 
Nosotros, los comunistas italianos, en cambio, consideramos que la salud de los ciudadanos es un bien prioritario. 
Informe Needle (A4-0082/99) 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam establece en Europa unos nuevos baremos en la política sanitaria. 
La Comisión nos ha informado al respecto. 
Pero los en parte buenos enfoques que figuran en el informe Needle apuntan en otro lugar más allá del objetivo. 
Una política sanitaria errónea en algunos Estados miembros no puede ser motivo para exigir responsabilidades al nivel europeo. 
Este es el motivo porque he votado en contra del Informe Needle. 
El poco dinero que tenemos en Europa tenemos que emplearlo en proyectos concretos y no desparramarlos según el principio de la regadera. 
El Tratado de Amsterdam va a reformar un gran número de procedimientos hasta el momento habituales y, sobre todo, debería permitir, de acuerdo con el nuevo artículo 152, realizar mejor la convergencia en materia de salud. 
La política comunitaria en el ámbito de la salud pública necesita estar de alguna manera adaptada en función de las nuevas prioridades y de las nuevas estructuras. 
La grave crisis llamada de las «vacas locas» nos ha permitido comprender, desafortunadamente, el interés de mejorar la información difundida cuando se trata de promocionar la salud pública. 
Recoger los datos sobre la salud de los ciudadanos europeos es más útil que nunca. 
Difundir su análisis se ha convertido en indispensable tanto para el gran público como para los profesionales que necesitan aportar cambios a sus sistemas de salud nacionales. 
A partir de ahí, es posible promocionar y agrupar las actividades que realizan los diferentes Estados miembros en diferentes ámbitos y difundir las mejores prácticas. 
No basta con informar. 
Es necesario también reaccionar con más rapidez de la habitual a las amenazas que pesan sobre la salud. 
En medicina, la rapidez es un factor determinante que pasa por una vigilancia creciente y por la creación de nuevos medios de coordinación comunitaria. 
Muchos ámbitos estarían afectados: enfermedades poco comunes, seguridad alimentaria, seguridad de la sangre, amenazas ecológicas, efectos secundarios de los medicamentos, etc. 
Las especificidades médicas de los Estados miembros podrían también tomarse en consideración así como una política adecuada aplicada en lo que respecta principalmente a la drogadicción, las enfermedades cardiovasculares, los problemas nutricionales, etc. 
Doy por tanto mi aprobación al Informe Needle por el partido que ha sabido sacar de las consecuencias benéficas del Tratado de Maastricht en el terreno tan importante de la salud pública. 
La protección de la salud humana constituye un derecho fundamental reconocido en la Carta Social Europea (artículo 11) y es uno de los objetivos del Tratado (artículo 3). 
Por tanto, se justifica una actuación comunitaria, especialmente en la medida en que tenga relación con los aspectos transfronterizos. 
Así como la contaminación del agua y del aire tiene unas consecuencias que no se limitan a un solo Estado miembro, tampoco los virus, las bacterias, los microbios y otros gérmenes patógenos se molestan por la existencia de fronteras. 
De la misma manera que la política ambiental tiene una dimensión transfronteriza, también la política sobre la sanidad pública tiene su ventanilla europea. 
Lo fundamental es poder distinguir claramente entre aquello que es propio de una política comunitaria y lo que no. 
En este contexto, por un lado es aplicable el artículo 52 (ex-129) sobre la sanidad pública y por otro el artículo 5 (ex-3b) incluyendo un protocolo y dos declaraciones sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Ambos prevén una actuación comunitaria complementaria que consiste en una serie de medidas políticas por un lado y, por otro, en la cooperación entre los Estados miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 
Sin embargo, «las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica» deben ser respetadas íntegramente. 
Esto significa que el conjunto de los sistemas de sanidad pública y atención médica como tal no constituye una atribución europea. 
Entonces, cuando el ponente, en el apartado 6º, plantea que «las medidas comunitarias deben ir orientadas en primer lugar al fomento de la igualdad en el terreno de la sanidad» , no sólo traspasa los límites de la subsidiariedad y proporcionalidad, sino también infringe la letra y el espíritu del Tratado. 
En primer lugar, no existe base jurídica para tomar este tipo de medidas. En segundo lugar, la «igualdad en el terreno de la sanidad pública» no es un objetivo del Tratado. 
El Tratado habla del aseguramiento de un «alto nivel de protección de la salud humana». 
A continuación, el Tratado dice que la actuación comunitaria ha de ser dirigida a «mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana». 
Por tanto, no se trata del mayor grado de igualdad en el terreno de la sanidad pública, sino de alcanzar el grado más alto de protección de la salud. 
Además, semejante aspiración también conllevaría su peligro, porque la igualdad puede alcanzarse mejorando lo malo, pero también empeorando lo bueno. 
Por todo lo anterior invito al ponente a que retire la primera parte del apartado 6º para evitar un «voto partido» sobre esa exigencia, que según el derecho del Tratado es absurda. 
Naturalmente podría decirse que en una futura revisión del Tratado podría incluirse esa preocupación. 
Pero hoy no estamos discutiendo sobre el mandato de una conferencia intergubernamental. 
La Comisión dice, además, que su comunicación «no incluye propuestas oficiales para una nueva política comunitaria en el ámbito de la sanidad pública». 
En su comunicación, la Comisión sí constata la existencia de «una preocupante desigualdad en el estado de la salud de las diferentes clases sociales» , pero sin formular ni una sola propuesta para remediar este mal. 
Eso es comprensible, porque la Comisión no tiene ningún fundamento, ni jurídico, ni político en el que apoyarse para evitar o luchar contra la desigualdad social en la política sanitaria europea. 
De todas formas, no se trata tampoco de adoptar una postura reaccionaria. 
El Tratado de Maastricht contiene un título aparte sobre la sanidad pública y el Tribunal de Justicia se ha pronunciado, en sus sentencias Decker y Kohl, sobre el contenido comunitario de algunas prestaciones de la seguridad social. 
Esto significa que efectivamente disponemos de algunos instrumentos para una política sanitaria europea. 
Pero no debemos precipitarnos a la hora de obviar o adelantarnos al Tratado. 
En vez de organizar rápidamente la siguiente Conferencia Intergubernamental, incluso antes de ratificar el Tratado de Amsterdam, en primer lugar debemos emplear el Tratado de tal forma que actúe en beneficio del ciudadano europeo. Por que se trata del dinero de sus impuestos. 
Los ciudadanos esperan también que las amenazas transfronterizas para su salud sean atajadas eficazmente, es decir, a nivel europeo. 
Dicho sea de paso, las amenazas transfronterizas para la salud han experimentado un enorme incremento a consecuencia del comercio y el aumento de la movilidad, tanto por motivos recreativos como profesionales. 
Los productos de alimentación y las intoxicaciones alimenticias provienen no sólo del interior, sino también del extranjero. 
Así nos enfrentamos a la amenaza de la penetración en nuestros alimentos, y con ello en nuestros cuerpos, de la EEB, la salmonela, los antibióticos o las hormonas. 
Innegablemente, la protección de la salud pasa por una política de consumo. 
Al igual que la sanidad pública, la protección al consumidor ocupa un título del Tratado. 
El Tratado de Maastricht constituyó la base para la aportación europea a la protección del consumidor y de la salud. Dicha base fue ampliada y adaptada por el Tratado de Amsterdam. 
Más que nada, tendremos que arreglárnoslas con los instrumentos de los que disponemos. 
Una política de salud eficaz no puede considerarse de forma razonable sin una mirada transversal al conjunto de las políticas que aplica la Unión y los Estados miembros. 
Por ello, el Tratado de Amsterdam plantea con justicia que se debe asegurar un nivel elevado de protección de la salud en la definición y aplicación de todas las políticas y acciones de la Comunidad susceptibles de afectar a la salud, y que defina posteriormente la función de los Estados miembros en materia de organización y prestación de los servicios sanitarios y de cuidados médicos. 
El tema es importante hasta tal punto que puede parecer incluso apropiado crear una Dirección General, cuya misión sería gestionar los diferentes aspectos de la política de salud pública, incluidas las cuestiones de recursos y control sanitario. 
Aquí también, el principio de subsidiariedad ha de aplicarse plenamente. 
Por consiguiente, no se trata de que la Unión sustituya a los Estados miembros en materia de salud. 
Su función ha de ser la de apoyar y completar la acción de los propios Estados miembros. 
En este estado de cosas, comparto totalmente el sentimiento de que además de la búsqueda de una mayor coherencia con las políticas y los programas socioeconómicos, la acción comunitaria en materia de salud ha de consagrarse prioritariamente a promover una verdadera igualdad entre las personas en la perspectiva de la libre circulación. 
La realización de este objetivo pasa necesariamente por la lucha contra las desigualdades y por un mismo acceso a los servicios para todas y todos, por la ampliación de las posibilidades que se ofrecen a los profesionales de la salud de mejorar sus conocimientos y su práctica, incluso mediante la creación de zonas prioritarias de salud. 
Pasa también por una mejor información a la población de los riesgos inherentes a su modo de vida y alimentación, así como por una prevención activa de las causas patógenas. 
Según el artículo 152 del Tratado, la comunidad debe «complementar la política nacional» en materia de salud pública. 
Hay un riesgo evidente de que el ansia sea tal, que la comunidad estime necesario asumir la responsabilidad de los Estados miembros, en lugar de complementarlos. 
Una manifestación de ello es, por ejemplo, la propuesta de nombrar a un Comisario y de crear una Dirección que sean responsables de la salud y que comprendan todos los aspectos de la política de salud pública. 
Tiene que quedar muy en claro que toda la responsabilidad respecto a la salud de los ciudadanos, tanto política como económicamente, descansa en los respectivos Estados miembros. 
La Unión Europea puede y debe ser un complemento, pero no puede ni debe arrogarse esta responsabilidad. 
La política social debe ser esencialmente un asunto de carácter nacional. 
La salud, sin embargo, tiene fronteras tanto con las materias sociales como con las medioambientales. 
Entonces es difícil trazar una línea divisoria entre lo que debe ser nacional y aquello que debe ser decidido en el ámbito europeo. 
De hecho apoyo el informe, en cuanto al deseo de fortalecer la salud pública por todos los medios. 
Es necesario fortalecer la colaboración entre los países miembros y también globalmente, con el objeto de mejorar las condiciones de salud de hombres, mujeres y niños. 
No obstante, las leyes y su aplicación deben ser, en primer lugar, de carácter nacional. 
Una forma de resolver eventuales dudas es el establecimiento de reglas mínimas, teniendo cada país derecho a dictar normas más rigurosas. 
La sesión, interrumpida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0042/99 del Sr, Colajanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión «El papel de la Unión Europea en el proceso de paz y su asistencia futura a Oriente Medio» (COM (97) 0715- C4-0114/98) y-A4-0095/99 del Sr. Sakellariou, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo relativa a la política mediterránea de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no necesito decir a este Parlamento que ha seguido siempre con atención, constancia y pasión toda la cuestión de Oriente Próximo, lo crítica que es la situación en este momento no solo por el largo bloqueo del proceso de paz que ha durado 18 meses y por la falta de aplicación de los laboriosos acuerdos de Wye Plantation, sino también por la prolongación de un proceso de nuevos asentamientos, de incumplimientos relacionados con el corredor que debe unir la Orilla Oeste a Gaza, sin olvidar el tema del aeropuerto, del puerto y de los detenidos: la cuestión tiene múltiples facetas. 
En particular, quisiera referirme a las elecciones en Israel, cuyo resultado será decisivo. 
No nos corresponde a nosotros dar indicaciones a ese país respecto a las formas de gobierno que debe adoptar; cierto que confiamos en que ganen las fuerzas que desean la paz o que sean capaces de crear una gran coalición, no supeditada a las posiciones más integristas. 
El contexto general de la región es preocupante: nada se ha resuelto en Líbano o en Siria y tampoco se registran avances en la aplicación de los acuerdos y del proceso de Barcelona, porque no habiendo seguridad para los particulares, es absolutamente imposible pensar en una intensa acción de inversión. 
La situación para los palestinos es insostenible. 
En estos años, hubo un gran empeño de la Unión Europea que se ha demostrado fundamental para la constitución de la Autoridad Palestina. 
Sin la Unión Europea la Autoridad Palestina no habría nacido nunca. 
Ha sido esencial para la supervivencia de la Autoridad Palestina, así como para la vida de los palestinos, sobre todo en Gaza, en esa especie de campo de concentración que es un pañuelo de tierra en que viven un millón de personas. 
Esta ayuda debe mantenerse, aunque la intervención se ha llevado a cabo en condiciones muy difíciles y que no responden a ninguna normalidad económica. 
¿Es justo pedir a la Comisión transparencia, lucha contra los despilfarros y los fraudes? 
Se ha hecho mucho en este sentido, sin embargo, no es justo ignorar que toda acción llevada a cabo en esa zona está supeditada a medidas de seguridad y a trabas que nada tienen que ver con la lógica y el cálculo económico. 
Si no se llega a comprender esto, no se puede entender lo que hemos hecho en esa región. 
Voy a retomar ahora el tema de la insostenibilidad. 
Tenemos que ser conscientes de que hemos exigido mucho a los palestinos y que hemos conseguido mucho: hemos pedido y conseguido elecciones libres y democráticas que son un ejemplo para mucho países libres de la región; hemos pedido la renuncia a la destrucción de Israel que se contemplaba en la Carta palestina; hemos pedido que se intensificara la lucha contra el terrorismo; hemos pedido y conseguido una reducción de la fuerza de Hamas y, justamente, seguimos pidiéndoles más democracia y legalidad en el ámbito de la Autoridad Palestina. 
Ahora, sin embargo, tenemos que pedir a los palestinos algo más y éste es el punto central de mi resolución. 
La fecha del 4 de mayo es un hito que puede resultar dramático. 
Tenemos que pedir a los palestinos un ulterior y último esfuerzo que es el de atrasar el reloj, de aplazar la fecha de la declaración unilateral de independencia. 
Para hacerlo, no obstante, debemos darles una buena razón y creo que hace falta un compromiso político de los garantes: los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, es decir, los grandes de Oslo. 
Debemos ofrecerles una declaración política seria que ratifique los objetivos de los acuerdos de Oslo y, sobre todo, que garantice que permanecerá intacto el pleno derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, más allá de la fecha del 4 de mayo de 1999, fijada hace cinco años en Oslo. 
Creo que los palestinos comprenden que la transición es difícil y que esperan un gesto de los grandes interlocutores y garantes internacionales. 
Creo asimismo que comprenden que una declaración unilateral de independencia, el 4 de mayo, puede provocar una reacción, por otra parte, anunciada de los israelíes, una reacción que sería destructiva para el proceso de paz. 
Creo que entienden que una declaración similar podría provocar la victoria electoral en Israel de las fuerzas contrarias al proceso de paz y que, por lo tanto, son favorables a aplazar esa fecha. 
Hace falta, sin embargo, una iniciativa de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de Rusia, y esto es lo más útil que podemos hacer en este momento para el proceso de paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, la cooperación euro-mediterránea que comenzó tan esperanzadoramente con la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995, hoy, pasados tres años y medio de existencia inoficial, no se pone totalmente en marcha. 
En el pasado presenté a esta Asamblea dos informes sobre cooperación euro-mediterránea que, en su día, condujeron a las correspondientes resoluciones del Parlamento Europeo del 11 de octubre de 1995, poco antes de la Conferencia de Barcelona, y el 13 de marzo de 1997, poco antes de la Conferencia de Malta. 
Me alegra que el Parlamento Europeo se haya pronunciado en ambos casos con una abrumadora mayoría en favor de las posiciones de fondo propuestas y espero que en esta ocasión hayamos encontrado también una posición que se apruebe con una mayoría similar. 
En esta ocasión se trata de una recomendación al Consejo que se ha redactado a propósito muy escuetamente para no repetir las propuestas conocidas y aceptadas de las dos resoluciones anteriores. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre cuatro puntos y le ruego sus comentarios al respecto. 
Primero: el parón provocado por el gobierno del Sr. Netanjahu en el proceso de paz de Oriente Próximo ha influido también muy negativamente sobre el proceso de Barcelona. 
Mi colega Colajanni acaba de hablar del proceso de paz en Oriente Próximo, por lo que no voy a realizar más aclaraciones. 
Pero si queremos hacer avanzar la cooperación euro-mediterránea, tendremos que hacernos cargo también de un papel mucho más activo en el proceso de paz en Oriente Próximo. 
No me refiero al aspecto financiero, pues en pagar somos los campeones del mundo. 
Me refiero al aspecto político de las negociaciones donde nuestro encargado, el Sr. Miguel Ángel Moratinos, debe obtener por fin un asiento y derecho de palabra en la mesa de negociaciones en las conversaciones de paz. 
Segundo: tenemos que integrar a todo el Mediterráneo en la cooperación y no dejar lagunas a lo largo de todo su perímetro. 
Con ello, me refiero a que también Libia debe ser invitada a participar, en lo que coincido con mis colegas del Foro Parlamentario Mediterráneo. 
Creo que los últimos acontecimientos en relación con una solución al caso Lockerbie han creado unas condiciones favorables, de modo que se puede invitar a ese Estado a la próxima Conferencia. 
Los Estados balcánicos que tampoco pudieron estar desde el principio deben ser invitados ahora al menos como observadores. 
Una ampliación del círculo de participantes podría proporcionar a la Conferencia nuevos y valiosos impulsos. 
Tercero: no sólo en los participantes sino también en los contenidos necesitamos nuevos impulsos. 
En especial en el campo de la política de seguridad podríamos presentar en Stuttgart antiguas propuestas, por ejemplo, medidas generadoras de confianza y un pacto de estabilidad para el Mediterráneo, así como otras nuevas, como el límite de armamento y acuerdos de desarme. 
También en el sector de la política interior podríamos reactivar el proceso de Barcelona con cuestiones relacionadas con la inmigración. 
Finalizo con el último punto que se refiere al endeudamiento de estos Estados. 
Estábamos dispuestos a dedicar una suma realmente significativa para esta política del Mediterráneo, pero todas las inversiones y esfuerzos en este campo no llevarán a ningún lado si antes no realizamos un desendeudamiento razonable de estos Estados. 
Pienso en la propuesta que el canciller Federal Schröder presentó en el encuentro del G-8, en el sentido de que el dinero que se devuelva para pagar la deuda se emplee e invierta a su vez en el desarrollo de esos Estados. 
Si intentamos marchar en esa dirección, recoger nuevos impulsos y reactivar el proceso, Stuttgart podría constituir realmente un éxito. 
Señor Presidente, la política del Oriente Medio es desde hace mucho tiempo una cuestión de interés esencial para la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, y quisiera felicitar al Sr. Colajanni por su excelente informe. 
Ahora bien, la preocupación de este Parlamento no está circunscrita a la Comisión de Asuntos Exteriores, y durante el año pasado la Comisión de Presupuestos se vio estrechamente involucrada en las futuras normas para la financiación del proceso de paz del Oriente Medio y, cuando el Comisario Marín comenzó a participar directamente en ese proceso, pudimos comprobar los resultados que daba la excelente cooperación entre el Comisario y la Comisión de Presupuestos. 
Hay que decir que la Comisión de Control Presupuestario también siente desde hace mucho tiempo profundo interés por la cuestión, preocupación que se debe al hecho de que algo así como 54 centavos de cada dólar invertido en el proceso de paz del Oriente Medio corre por cuenta del presupuesto de la Unión Europea. 
Por muy difícil que sea la situación política una parte de nuestra responsabilidad en la Comisión de Control Presupuestario consiste en velar por que el contribuyente europeo obtenga algo a cambio del dinero que paga, y que los recursos aportados por el contribuyente tengan el máximo efecto político en el proceso de paz. 
Por eso, la opinión de la Comisión de Control Presupuestario menciona inevitablemente los puntos críticos y no los aspectos positivos. 
Quisiera dejar bien sentado aquí y ahora que estamos más que satisfechos con la cooperación que nos ha brindado el Comisario Marín, que ha contestado a una serie muy detallada de preguntas, seguidas por una serie muy detallada de preguntas suplementarias acerca de una serie de problemas que se plantean en el Oriente Medio como consecuencia del desarrollo del proceso, y que quedamos muy agradecidos por la cooperación que está prestando la Comisión a una pequeña misión de la Comisión de Control Presupuestario que visitará el Oriente Medio, particularmente para ver si en los Territorios Ocupados el dinero que se aporta se invierte adecuadamente. 
No hace falta decir que entonces formularemos un juicio final sobre las cuestiones relativas a lo obtenido con el dinero invertido, y que ese juicio se formulará en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria. 
Entre tanto felicitamos al Sr. Colajanni por su informe, planteamos cuestiones de importancia crítica acerca de la idoneidad de los gastos, y felicitamos personalmente al Comisario Marín por la forma en que se ha ocupado de la Comisión de Control Presupuestario y de la delegación, esforzándose por conseguir que informemos adecuadamente al Parlamento desde el punto de vista de la calidad de la gestión. 
Señor Presidente, el colega Tomlinson acaba de llamar la atención sobre los puntos sobre los que hemos debatido muy intensamente durante las últimas semanas, sobre todo bajo su dirección como ponente en relación con la cuestión de Palestina y las nuevas regulaciones que pudimos reunir en un paquete común con la Comisión y el Consejo. 
Exceptuando los puntos en los que hemos pedido a la Comisión que introduzca alguna mejora, estamos satisfechos con la propuesta elaborada por ella, pues se superan los puntos problemáticos a los que nos hemos referido en el debate. 
Sin embargo, quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre dos puntos. 
El primero es que aquí tenemos un programa que tiene que desarrollarse con interlocutores cuya evolución de los gastos al comienzo de un año sólo se puede calcular muy mal o difícilmente. 
No nos encontramos ante un programa en el que se pueda calcular exactamente el flujo de créditos, como ocurre con los programas normales. 
Esto hace que si miran hoy el backlog, naturalmente tendremos también un backlog en este programa, es decir, créditos que han sido estimados pero que aún no han sido gastados y que, por así decirlo, llevamos a cuestas como si fuesen una carga del pasado. 
Lo que necesitamos- y sé lo difícil que es, pues en cooperación con la Comisión hemos realizado también el intento de mejorar este procedimiento- es más seguridad en los procedimientos, también en lo que se refiere a los gastos que son de esperar en el correspondiente ejercicio presupuestario. 
Querida Comisión, aquí le rogaría de nuevo encarecidamente que haga el intento de proporcionarnos más seguridad en la planificación y aplicación en el curso del año. 
Si miran cuándo se han empleado los créditos, una parte considerable de los mismos lo ha sido sólo durante las últimas semanas del año. 
Pero últimamente, en octubre, en el procedimiento «Notenboom» tuvimos la oportunidad de reagrupar los créditos no utilizados en el año en curso. 
Por ello, en el futuro necesitamos de ustedes una mayor seguridad, es decir, inmediatamente después de las vacaciones de veranos tenemos que saber cuántos créditos van a fluir realmente previsiblemente, pues ustedes saben al igual que yo que el último año hemos tenido que dejar caducar créditos pues no se han podido emplear en las pocas semanas antes de las Navidades. 
Sé que esto es un gran problema precisamente con interlocutores con los que hay que negociar de un modo diferente a lo que se puede hacer dentro de la Comunidad, pero no vamos a poder eludir esta cuestión si no queremos encontrarnos ante una montaña de cargas. 
Por ello, sería muy importante que esto se tenga en cuenta en el futuro en el marco del informe y este es el objetivo también de la enmienda de la Comisión de Presupuestos. 
En nuestra opinión hemos añadido esto también al informe. 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia saluda que el Parlamento Europeo se ocupe hoy expresamente del Cercano Oriente y del papel de la Unión Europea en el proceso de paz en aquella región. 
Como saben, la Unión Europea apoya con energía y perseverancia este proceso de paz tras los acuerdos de Oslo y Madrid. 
En 1996, la Unión Europea nombró al embajador español Moratinos enviado especial de la UE para el proceso de paz en Próximo Oriente. 
Desde entonces, el Sr. Moratinos se viene ocupando muy intensamente y con gran iniciativa en pro de una conclusión con éxito de las negociaciones de paz. 
Todas las Presidencias han dedicado una especial atención a esta región. 
El ministro federal de Asuntos Exteriores Fischer ha visitado del 10 al 14 de febrero todos los Estados de la región así como los territorios de la autonomía palestina para lograr progresos en la aplicación del memorándum de Wye en diálogo con los afectados. 
Lo menciono aquí pues en la resolución del Parlamento Europeo podría surgir la impresión de que la UE no está representada adecuadamente en este proceso de paz. 
Quiero indicar que, por buenos motivos, la Unión Europea se ha decidido hasta ahora a apoyar a los EE.UU en sus numerosos e intensos intentos por lograr una solución pacífica en Próximo Oriente y no a entrar, por ejemplo, en competencia, con ellos. 
Los EE.UU son desde hace mucho tiempo un interlocutor aceptado por ambas partes y nosotros reconocemos y respetamos este papel de los EE.UU y su importancia en la región. 
Debemos tener presente que este es un proceso muy difícil que aunque ha experimentado avances también debe reseñar ciertos retrocesos. 
Frente al derecho de autodeterminación de los palestinos se encuentra el derecho de Israel a vivir dentro de unas fronteras seguras y reconocidas. 
Ante la compleja historia del conflicto, la tenacidad y la paciencia son especialmente importantes. 
Quiero indicar que la Unión Europea ha contribuido esencialmente al avance del proceso de paz en Próximo Oriente. 
Desde 1993, la UE ha apoyado financieramente a los territorios palestinos del modo más generoso. 
De este modo, no sólo realiza una aportación económica considerable sino que gracias a ella hace posible que se apliquen los acuerdos políticos. 
La UE es consciente también de los problemas surgidos en este contexto. 
Precisamente ante el trasfondo de nuestros extraordinarios esfuerzos, estamos naturalmente decepcionados y desencantados por la evolución económica negativa en esos territorios. 
Es realmente terrible que hoy el nivel de vida sea inferior al de 1993. 
Creo que una importante causa de los problemas es sin duda la paralización del proceso de paz y los subsiguientes fallos en la implementación precisamente de acuerdos económicos. 
Pero también los israelíes y los palestinos tienen su responsabilidad. 
Tienen que adoptar las medidas necesarias, cada uno en su campo, para que la ayuda internacional se pueda emplear más eficientemente que hasta ahora. 
Pero no quiero olvidar que también existen proyectos de la UE de gran éxito que han mejorado considerablemente las condiciones de vida de las personas. 
Menciono sólo como ejemplo los programas de construcción del sector escolar así como las instalaciones de tratamiento de aguas en Belén, Nablus y Hebrón así como la evacuación de residuos en Gaza. 
Sin duda, no es ningún consuelo imaginarse qué dirección tan peligrosa habría tomado el desarrollo económico en los territorios palestinos si la ayuda de la UE y de otros donantes no hubiese sido tan abundante. 
Una cosa está clara: sin esta ayuda, la autoridad palestina no podría sobrevivir y, en consecuencia, todo el proceso de paz habría estado en peligro. 
También en el futuro debemos tener en cuenta esta circunstancia, pues la decepción por la evolución económica en los territorios palestinos no debe cuestionar el compromiso financiero de la UE. 
La ayuda financiera es una ayuda política. 
Sin nuestro apoyo, el proceso de paz y, en consecuencia, las personas que viven en los territorios, no tendrían ninguna oportunidad. 
Saludo, por ello, las numerosas promesas de ayuda de la UE para los años 1999 hasta 2003 en las Conferencias de los países donantes en Washington y últimamente bajo la Presidencia de la UE en Fráncfort. 
En esta ocasión, es decir, el 4 y 5 de febrero en Fráncfort, se trataron los detalles de un empleo más eficiente de los créditos de la UE. 
No se trataron solamente los obstáculos burocráticos israelíes sino también las dificultades dentro de la administración palestina mencionadas por ustedes con razón en su informe parlamentario. 
Con la asunción de la copresidencia en la Conferencia, la UE ha presentado por lo demás de un modo eficaz su compromiso también hacia el exterior. 
El apoyo de la UE al proceso de paz de Próximo Oriente tiene otra dimensión adicional, la de la cooperación euromediterránea. 
Con la tercera conferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y sus doce interlocutores mediterráneos en el marco del proceso de Barcelona, la UE realizará el próximo mes en Stuttgart una aportación específica adicional a la integración regional y desarrollo económico precisamente en Próximo Oriente. 
Esperamos de ello un apoyo complementario al proceso de paz y la apertura de canales adicionales de entendimiento y diálogo. 
Permítanme que mencione aún dos puntos que se mencionan en la propuesta de resolución del Parlamento Europeo. 
En primer lugar, la observación sobre la necesidad de apoyo a Jordania: la Presidencia comparte en gran medida esta opinión. 
La estabilidad económica y política en Jordania es un factor decisivo para el aseguramiento de la paz en Próximo Oriente. 
Durante su viaje a Próximo Oriente, el ministro de Asuntos Exteriores Fischer ha hablado también con el nuevo rey Abdullah y le ha expresado el interés de la UE en que prosiga la política jordana mantenida hasta ahora. 
El rey Abdullah lo ha asegurado así. 
Los europeos tenemos un gran interés en que se mantenga la seguridad y estabilidad en este importante Estado, por lo que debemos seguir ayudando a Jordania en el marco de nuestras posibilidades. 
El Consejo General ha solicitado el 22-2 a la Comisión que examine cómo la UE puede seguir ayudando teniendo en cuenta las aportaciones nacionales. 
El segundo tema se refiere a la escasez de agua en Próximo Oriente. 
Sabemos que este es uno de los problemas más difíciles en la región y que todos los Estados afectados están obligados a la corta o a la larga a cooperar. 
El embajador Moratinos ha mantenido en este contexto ya diversas conversaciones con Israel, Jordania y las autoridades palestinas. 
Ha creado además una task force para cuestiones del agua. 
Durante su viaje al Próximo Oriente, el ministro de Asuntos Exteriores Fischer ha subrayado el interés europeo en una solución de la cuestión del agua. 
Diversos Estados miembros trabajan activamente. 
Les puedo asegurar que la Unión Europea va a seguir desempeñando un papel adecuado en el proceso de paz de Próximo Oriente. 
Vamos a proseguir esta política con dedicación y paciencia, con tacto y en coordinación con los Estados Unidos. 
Estoy seguro de que las partes podrán alcanzar en un futuro no demasiado lejano en Próximo Oriente la paz tan anhelada por todos. 
Señor Presidente, hoy se van a discutir dos textos que, en el caso palestino, y también en el caso libio, van a tener una gran importancia en el futuro del desarrollo de la política mediterránea de la Unión Europea. 
Expreso mi agradecimiento a los Sres. Sakellariou y Colajanni por sus informes, sobre todo teniendo en cuenta que son diputados que se ocupan con una particular atención de estos temas. 
El análisis político lo voy a hacer muy breve porque lo que ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo corresponde exactamente al punto de vista de la Comisión. En consecuencia, permítanme que abrevie mi análisis político porque tengo poco que añadir a lo que ha dicho el Sr. Presidente. 
Respecto a lo que ha dicho el Sr. Colajanni, comparto su afirmación de que la reunión de Stuttgart es muy importante. 
Es, sustancialmente, una reunión que se sitúa en un calendario político delicado. 
Es cierto, como ha señalado el Sr. Verheugen, que la Comisión y el enviado especial, Sr. Moratinos, acompañaron a la Presidencia. 
Tuvimos la oportunidad de percibir el ambiente que existe respecto a encontrar una solución adecuada en un escenario político difícil. 
Por un lado, los acuerdos de Oslo del 4 de mayo; por otro lado, las elecciones israelíes que, lógicamente, van a desempeñar un papel fundamental en el proceso de paz y en el desarrollo de los acuerdos de Wye Plantation. 
Hay dos datos positivos que quiero añadir. 
Se ha trabajado muy intensamente durante los últimos meses con la Presidencia alemana- y lo quiero agradecer públicamente- para poder terminar el acuerdo de asociación con Egipto. 
En principio, creo que seremos capaces, antes de la reunión de Stuttgart, de culminar esta difícil negociación, con lo cual un país tan importante como Egipto podría finalmente tener su acuerdo. 
Una llamada al orden, siguiendo la recomendación del Parlamento. 
Es verdad que la ratificación de los acuerdos, a nivel nacional, va muy lenta. 
Luego hablaré de lo que ha presentado el Sr. Samland para la programación y también para la programación de los acuerdos mixtos. 
Como es su última etapa en el Parlamento Europeo, señor Samland, y seguramente también la mía porque algunos se empeñan en que me vaya antes de tiempo, quiero decirle que corrijan el sistema de acuerdos mixtos. 
Porque el sistema de acuerdos mixtos, señor Colajanni, o se corrige en la próxima conferencia intergubernamental o el tiempo medio de ratificación nacional seguirá siendo de entre dos años y medio y tres años. 
Esto no es culpa de la Comisión. 
El problema está en que tenemos un sistema de ciclo de programación que hay que revisar. 
Y en un debate tranquilo, en un debate sereno, con el Parlamento Europeo y con el Consejo tendremos que dar respuestas de cara al futuro. 
Yo comparto con usted que hay cosas que hay que cambiarlas rápidamente y una de ellas, señor Colajanni, es el sistema de ratificación de los acuerdos mixtos. 
No obstante, me he dirigido por carta a algunos Estados miembros para que se produzca la aceleración. 
Usted plantea un punto capital: cómo solventar el problema de contaminación entre el proceso de paz y la Conferencia de Barcelona. 
Lo hemos hablado muchas veces. 
Yo creo que la solución- y estamos trabajando con la Presidencia y hemos tenido muchos contactos a nivel técnico- será plantear una reunión similar a la de Palermo. 
Así como la Conferencia de Malta no pudo funcionar porque era el peor momento del enfrentamiento entre israelíes y palestinos, yo creo que, en Palermo, se hizo un gran esfuerzo y se recuperó la idea de que hay que mantener, cueste lo que cueste, el foro político del comité de Barcelona porque es el único elemento de referencia política que tenemos en el área euromediterránea, sabiendo que el proceso multilateral y el proceso regional, hoy por hoy, no funcionan. 
Yo me encuentro animoso y creo que se podrá hacer un buen trabajo en Stuttgart. 
Respecto al proceso de paz de Oriente Medio, compartimos plenamente lo dicho por el Presidente y la filosofía del Sr. Colajanni es la correcta. 
Hay que trabajar en esta vía de hacer todo lo posible para conseguir que se combine una buena solución para el 4 de mayo y un compromiso, por parte del futuro Gobierno israelí, de que hay que desarrollar rápidamente el proceso de paz. 
En ese sentido, tengo poco que añadir a lo dicho por el Sr. Colajanni y por el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Verheugen. 
Respecto a la asistencia a los palestinos, en primer lugar quiero señalar con motivo de lo que ha dicho el Sr. Samland- que ya lo dijo también el Sr. Tomlinson- que la Comisión Europea ha hecho algo tan elemental como es seguir el informe Tomlinson para hacer la programación de los próximos años en la conferencia de donantes de Washington y de Fráncfort. 
El problema reside- y yo me alegro mucho de la próxima visita que van a hacer eminentes miembros de la Comisión de Control Presupuestario a los Territorios- en la dificultad de hacer una programación financiera en una situación de problemas de seguridad, atentados terroristas, falta de diálogo entre israelíes y palestinos, cierres de Territorios, impedimentos de desembarco de mercancías; distintas dificultades perfectamente conocidas y que hacen muy difícil la programación financiera. 
De ahí la utilidad que va a tener el reglamento especial del informe Tomlinson que aprobó este Parlamento. 
En consecuencia, yo no puedo garantizarle al presidente de la Comisión de Presupuestos una programación financiera al 100 %. 
Es imposible. 
Yo no puedo prever si se va a desarrollar o no Wye Plantation. 
Yo creo que el Sr. Samland no le puede pedir eso a la Comisión, ni a los Estados miembros, ni al propio Parlamento. 
Si Wye Plantation se desarrolla normalmente, se podrá presentar al Consejo y al Parlamento la programación financiera. 
Si Wye Plantation no funciona, será muy difícil. 
No obstante, estamos siguiendo la lógica presentada por el Parlamento Europeo. 
El Sr. Verheugen ha dicho algo muy importante. 
Es cierto que, en el mes de febrero, en la reunión de Fráncfort, la Presidencia del Consejo y la Comisión pusieron de manifiesto los dos problemas más importantes que hemos tenido en los últimos cinco años. 
Para conseguir que haya un desarrollo económico de los palestinos, deben cumplirse dos requisitos: mayor transparencia presupuestaria por parte palestina y que terminen las políticas restrictivas impuestas por Israel. 
Si la economía palestina sigue cerrada, se corre el riesgo de que haya casos de corrupción. 
Con una economía palestina abierta y transparente, es más difícil que se produzcan elementos que creen dificultades. 
Pero, para eso, es necesario que Israel, como ha señalado muchas veces la Comisión, acepte la existencia del acuerdo bilateral- ya firmado- entre la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea. 
Se trata de un elemento fundamental de nuestra cooperación, y es necesario decirle a la autoridad israelí que comete un error aplicando estas políticas restrictivas en lo económico. 
En cuanto a seguridad, Israel tiene perfecto derecho a exigir seguridad y mayor colaboración en la lucha con el terrorismo pero, al mismo tiempo, es evidente, como se ha dicho en el informe Colajanni y en la comunicación de la Comisión, que también el desarrollo económico de los palestinos es una parte sustancial de la propia seguridad de Israel, e Israel estará mucho más segura en la medida en que se produzca el desarrollo económico de Palestina. 
A sensu contrario, mayor pobreza, mayor marginación, mayor dificultad en el campo palestino, mayores posibilidades de que se desarrollen los extremismos. 
En consecuencia, vamos a hacer la programación financiera para los próximos años y, en este sentido, hay un punto- y ya termino- para el que pediría comprensión al Parlamento. 
La Comisión va a proponer al Parlamento y al Consejo que la Comisión Europea no se ocupe más de los gastos corrientes de la administración palestina. Y esto se tiene que comprender. 
En el pasado, en los últimos cinco años, la Comisión, cumpliendo estrictamente decisiones políticas que se han tomado en el Consejo, por razones excepcionales, y por mantener en vida la Autoridad Palestina, por razones políticas, tuvimos que financiar operaciones de gastos corrientes que no están incluidas dentro del programa de asistencia económica. 
Fue una pura decisión política y esto se tiene que tener en cuenta. 
Así pues, queremos que, en el futuro, la Comisión no participe en los gastos corrientes. 
Pero ¿qué ocurrirá si dentro de uno o dos años se produce un cierre de fronteras? 
¿Vamos a dejar caer a la Autoridad Palestina? 
No. 
Pero lo que la Comisión propondrá es que, en cada caso, se tome una decisión conjunta por el Parlamento Europeo y por el Consejo. 
Creemos que es una solución razonable. 
Pero en este punto, señor Tomlinson, cuando ustedes den el informe sobre la aprobación de la gestión, por favor, les ruego que no olviden que, por razones políticas, la Comisión ha pagado gastos corrientes que no estaban, en principio, incluidos en el programa de desarrollo económico. 
No hay nada que ocultar y lo digo abiertamente. 
No queremos repetirlo en el futuro. 
Pero lo que sí quiero decir con absoluta rotundidad es que no se puede acusar a la Comisión y- lo digo sin ningún complejo -, al Comisario Marín de haber hecho cosas no debidas, cuando yo lo único que he hecho ha sido aplicar las decisiones políticas del Consejo y del Parlamento. 
Jordania. 
En el antiguo programa MEDA, que se está renovando, se hizo un programa de ajuste estructural especial en beneficio de Jordania. 
El Consejo ha dicho- y es verdad- que se ha pedido a la Comisión un programa especial para Jordania. 
De nuevo, señor Tomlinson, señor Colajanni, habrá que optar entre la política, por un lado, o el rigor financiero. 
Y en el tema de Jordania, si hay que actuar políticamente, actuemos políticamente. 
Libia. 
Señor Sakellariou, Libia es un problema político que tiene que resolverse a nivel político mediante una decisión política. 
Usted lo sabe perfectamente y, en consecuencia, habrá que encontrar una solución previa a la fórmula que ha sido ofertada por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
¿Es bueno que se resuelva el contencioso de Libia? 
¿Sería positivo que Libia se incorporara a la Conferencia euromediterránea? 
Pero todos sabemos que hay una condición previa. 
Es mejor que Libia esté normalizada en sus relaciones con la Unión Europea que no lo esté. 
Pero hay una condición previa que hay que resolver. 
Señor Comisario, su intervención ha sido un tanto extensa, pero comprendo la necesidad de exponer ciertas reflexiones sobre su política y sobre la evolución de este gran problema estos últimos años, por ello la Presidencia ha querido ser comprensiva, pero ha tenido que ser muy comprensiva. 
Señor Presidente, excepcionalmente me refiero realmente a una cuestión de orden. 
El apartado 3 del artículo 46 del Reglamento concede al Parlamento el derecho a dirigir recomendaciones al Consejo en relación con el artículo J7 del Tratado de la UE. 
Esta recomendación que va a aprobar mañana el Parlamento estaba pensada para la Presidencia del Consejo. 
La Presidencia del Consejo no se ha referido a lo que se dice en la recomendación. 
Expreso mi agradecimiento al Vicepresidente de la Comisión, el Sr. Marín, por haber tocado el tema y mencionar a Libia. 
Pero la recomendación va dirigida al Consejo. 
Por ello, me gustaría saber en nombre del Parlamento en qué momento piensa el Consejo dar una respuesta a nuestra recomendación aunque dicha respuesta fuese un «no, gracias». 
Señor Sakellariou, le he escuchado con mucha atención. 
Por lo que respecta a la cuestión de procedimiento que ha planteado usted, he de decir que el Sr. Verheugen, el Presidente en ejercicio del Consejo, nos había avisado de que no le sería posible asistir durante más tiempo a la sesión y, por consiguiente, él no ha escuchado su recomendación, y nosotros no hemos podido obtener una respuesta. 
No obstante, la Presidencia se encargará de pedir una aclaración al Consejo, de modo que obtengamos esa respuesta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los colegas Colajanni y Sakellariou por sus muy comprometidos informes que muestran realmente en qué dirección se debe seguir moviendo Europa. 
También quiero felicitar a los colegas Tomlinson y Samland, pues soy absolutamente de la opinión de que el entrelazamiento entre política exterior, presupuesto y control presupuestario debe intensificarse en el futuro para impedir quizás algo que ha ocurrido en los últimos tiempos. 
Como político interesado en temas de política exterior sé lo importantes que son los créditos financieros para practicar política exterior, pero como diputado también sé que tanto en esta Asamblea como en la población tenemos que estar convencidos de que los créditos se emplean bien y eficientemente. 
Quiero realizar una observación sobre lo que ha dicho el Comisario Marín. 
Ha sido muy interesante escucharlo. 
Señor Comisario, usted ha dicho que hay que decidirse entre política o disciplina financiera. 
Quizás podamos encontrar juntos una vía para combinar ambas cosas, para actuar políticamente y, sin embargo, ser eficientes al menos financieramente. 
Le doy la razón en una cosa: probablemente este Parlamento no ha estado lo suficientemente dispuesto a establecer este puente entre política y disciplina financiera. 
Nos tiene plenamente de su lado en cualquier caso con lo que usted hoy ha propuesto aquí. 
Le vamos a ayudar a establecer este puente entre política y disciplina financiera. 
Dos observaciones sobre lo que ha propuesto el colega Sakellariou. 
Quiero apoyar lo que ha dicho sobre Libia. 
Yo mismo estuve en Libia y he hablado con responsables. 
Creo que muchas personas allí están dispuestas y que quieren retornar a la comunidad internacional. 
Señor Comisario, naturalmente, las condiciones que ha mencionado siguen siendo plenamente válidas. 
Respecto al informe Colajanni, quizás una observación en la tarde anterior a un viaje que voy a realizar junto con algunos colegas a Siria y el Líbano. 
Creo que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Israel tenga el valor de retirarse del Líbano. 
Esto radica en nuestro propio interés pero también en interés del proceso de paz para que se pueda iniciar también con Siria un proceso de paz en lo que se refiere al Golán. 
Una última observación: quiero instar a la Comisión y al Consejo para que en esta histórica fecha del 4-5-1999, de gran importancia para los palestinos, actúen de tal modo que no provoque nuevos conflictos sino que represente un nuevo paso en dirección a la paz. 
Señor Presidente, es para una cuestión de orden. 
El Presidente en ejercicio del Consejo se ha ausentado en un momento en que debatimos una recomendación al Consejo, y tengo que decir que estamos ante una gran descortesía parlamentaria porque no se ha tratado de un caso de fuerza mayor ya que está en la sala 100 en una reunión informal. 
Creo que es una gran descortesía con la sesión plenaria y con lo que se está debatiendo. 
Por tanto, ruego al Presidente en ejercicio del Parlamento que transmita al Presidente del Consejo nuestra protesta por este comportamiento insólito en un debate parlamentario 
Señora Izquierdo Rojo, como usted ya habrá oído, he destacado la presencia del Presidente del Consejo durante la intervención de nuestros ponentes. 
Lo lamento, pero no es mi intención aceptar un debate sobre este asunto. 
El Presidente del Consejo ha estado aquí hasta después de la intervención del Sr. Marín, pero tal vez usted no se haya fijado. 
Si hubiera podido quedarse más, habría sido aun mejor, y en esto comparto su opinión. 
Tomo nota, en todo caso, de este aspecto de sus observaciones. 
Señor Presidente, también me extraña, si me permite decirlo, que el Presidente en ejercicio del Consejo se limite a escuchar a la Comisión y a los ponentes y luego ignore totalmente el debate. 
Es la sensación que experimentamos a menudo cuando se habla de los problemas del Mediterráneo que la Unión Europea aborda casi con cierta suficiencia, como si a fin de cuentas se tratara de una realidad fastidiosa por los quebraderos de cabeza que da, de Libia a Oriente Próximo y los Balcanes. 
Sin embargo, ésta es la frontera a la vez más delicada y más interesante que tenemos. 
Allí, desde hace siglos están en contacto culturas diferentes que chocan más que se encuentran entre sí, pero también que comercian y establecen el principio de los vasos comunicantes en importantes sectores de la cultura, de la filosofía a la matemática, para no alargarme. 
Ayer, pero hoy más todavía, no es posible circunscribir los países del Mediterráneo sólo a las orillas bañadas por este mar. 
La concatenación de los problemas- piénsese en la continuidad de los problemas para Oriente Medio y el Golfo- hace que estos límites no puedan ser definidos desde un punto en adelante como hacían los romanos para indicar lo que había más allá de la orilla Sur: «Hic sunt leones». 
Por tanto, el primer gran error sería que Europa pensara en circunscribir este mar a los países que se parecen más o menos a ella: la variedad de las presencias culturales y políticas no puede reducirse artificialmente. 
Europa debe fomentar la cooperación con todos los países ribereños, incluyendo evidentemente a Libia, y también, cuando los problemas no se pueden determinar geográficamente, con quien está en las proximidades. 
El primer punto, por tanto, es la universalidad de los países mediterráneos. 
El segundo es tan importante como insidioso y responde a este interrogante: ¿El problema del Mediterráneo es una cuestión de codesarrollo económico con Europa? 
También es esto, pero si se pensara que es sólo o preferentemente esto, cometeríamos el segundo grave error: el problema es también el del codesarrollo civil. 
¿Homologando a toda Europa? 
Éste sería el tercer error fundamental. 
Menciono aquí una voz muy autorizada que proviene del mundo islámico, la del Presidente iraní Khatami, a la que sería absurdo no prestar atención. 
Según Khatami, si un pueblo acepta el cambio y la evolución debe, en primer lugar, ser consciente de su existencia y de su identidad histórica, al objeto de poderlas usar como punto de referencia. 
Pues bien, esto es lo que Occidente no siempre ha entendido cuando ha seguido su inspiración colonial o poscolonial. 
Ciertamente, no es todo tan fácil; nos encontramos ante realidades muy diferentes, sin embargo, no es el aislamiento que puede resolver los problemas que, por el contrario, deben confiarse a la inteligencia de la política: Libia debería enseñar algo. 
La versión justa del fundamentalismo nunca debe hacernos olvidar que detrás del mismo hay problemas respecto a los cuales podemos expresar nuestra opinión: el Islam, por ejemplo, no es de por sí necesariamente intolerante; en intolerantes se convierten los problemas sociales y económicos cuando se dejan pudrir. 
Señor Presidente, el proceso de paz en Oriente Medio se encuentra estancado y las partes implicadas están conteniendo la respiración tanto ante las elecciones israelíes de mayo como ante la proclamación del Estado independiente de Palestina. 
Tendremos que convencer a los palestinos para que pospongan esa proclamación. 
Y tendremos que ofrecerles algo a cambio. 
De todos modos, opino que también debemos comprometernos a reconocer ese Estado en cuanto se proclame. 
No olvidemos que el 4 de mayo significa el final de la fase de transición de los Acuerdos de Oslo y que es el momento en que debe esclarecerse el estado final de las negociaciones. 
Está claro que es importante que consigamos esa prórroga para evitar que en Israel terminen predominando los elementos más extremistas. 
Los problemas de Líbano ya serán bastante graves. 
Europa debe predicar la moderación y la disposición de cerrar compromisos con la esperanza de que la población y el gobierno israelíes encuentren el camino hacia la paz y el diálogo. 
El proceso de paz también es primordial para el Proceso de Barcelona, que actualmente se encuentra en una situación de impasse por las mismas razones. 
Independientemente del proceso de paz, la Unión Europea ha de invertir en la democracia y los derechos humanos. 
El buen gobierno es la base para un desarrollo con éxito. 
La Unión puede apoyar estos procesos, prestando mucha atención a la sociedad civil. 
Ojalá estén resueltos todos los problemas en torno a la base jurídica para la destinación de los fondos. 
La Unión, además, debe brindar su apoyo a la convocatoria de una reunión paralela de las ONGs durante la celebración de la Cumbre euromediterránea de Stuttgart. 
Mi grupo, el grupo liberal, apoya ambos informes por sus matices y porque dan voz al Parlamento Europeo en un momento tan crucial de esa zona. 
Paz, seguridad y un buen futuro. 
Señorías, quisiera hacer una observación general sobre los grupos pequeños. 
Se concede un minuto y medio de tiempo a los portavoces, un tiempo absolutamente insuficiente para que sus Señorías puedan formular pensamiento alguno, de modo que finalmente se amparan en la tolerancia de la Presidencia. 
Por lo que a mí respecta, la Presidencia se encuentra en un aprieto y no quiere interrumpir a los oradores, pero con más tiempo, de suerte que pudieran llegar a expresarse. 
No puede ser que concedamos tiempos de un minuto y medio. 
No es serio. 
Señor Presidente, tenemos mucho aprecio a los ponentes que a lo largo de estos últimos cinco años nos han presentado con gran pasión y equilibrio sus visiones. 
Pero por muy intensa que sea esa pasión por ayudar a progresar al Oriente Medio o al área mediterránea, seguiremos dependiendo de acontecimientos locales como las elecciones de Israel o de Argelia. 
Tenemos, además, la fecha del 4 de mayo como la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. 
El ponente hace un llamamiento justificado a la Autoridad Palestina para que se abstenga de proclamar la independencia. 
Me temo que- si se produjera- dicha proclamación tendría sus consecuencias también para nuestro apoyo financiero, que ya se ve sometido a críticas y sobre el que ya estamos deseando tener un control mayor. 
También está claro, señor Presidente, que pedimos de los israelíes que después de las elecciones empiecen a trabajar en serio en el desarrollo del proceso de paz. 
En el preludio de esas elecciones ya hemos podido escuchar algunas señales positivas, concretamente sobre una posible retirada del Líbano. 
El ponente habla de una retirada sin condiciones de Líbano. 
No estoy de acuerdo, porque Israel no tiene ninguna garantía de que el Líbano sea capaz de controlar a los grupos militantes fundamentalistas. Ni tampoco existe ninguna claridad sobre la profundamente arraigada presencia siria en Líbano. 
Una retirada del Líbano sin acuerdo con Siria equivaldría a una invitación a la violencia. 
Por tanto, mantengamos viva la esperanza de que pueda encontrarse una solución coherente, eliminando en parte la amenaza exterior para Israel y creándose un espacio realista para dar mayor forma a la relación con los palestinos. 
La recuperación del proceso de paz puede repercutir positivamente en la política mediterránea, pero ésta no solo depende de ella. 
El Comisario ya hizo una referencia a Egipto. 
Tres años de negociaciones; es importante que impliquemos ahora a ese país en el proceso de paz. 
Es una pena que el Consejo ya no esté presente. 
Al igual que hizo el Comisario Marín, apelo al Consejo a que ayude a Egipto, que es un país importante, para dar un paso. 
Sería un gran paso adelante. 
Señor Presidente, los dos informes que nos ocupan, tanto el informe del Sr. Colajanni como el informe del Sr. Sakellariou, son muy positivos. 
Han sido aprobados por unanimidad en nuestra comisión y cuentan también con el apoyo de nuestro grupo. 
Quisiera hacer una observación sobre el Informe Sakellariou. 
Acertadamente señala el Sr. Sakellariou cuatro puntos básicos: solución del conflicto de Oriente Medio, ampliación de los participantes en la Conferencia con la presencia de Libia y de los países surgidos de la antigua Yugoslavia, contenido, cuestión de la deuda. 
Me preguntaría, sin embargo, si hoy, con los acontecimientos a los que asistimos, son suficientes estos puntos. 
¿No estamos acaso ante una nueva gran cuestión- que no es nueva, si consideramos el gran dinamismo con el que ha surgido- en el ámbito del Mediterráneo? ¿Ante una cuestión que amenaza con desestabilizar toda la zona del Mediterráneo Oriental? 
¿Podemos avanzar hacia el Mediterráneo de la seguridad y la cooperación sin afrontar la cuestión kurda? 
Y es que la cuestión kurda afecta a países mediterráneos, afecta a Turquía, afecta a Siria, afecta a países que, como ha dicho el Sr. Graziani, son extensión del espacio mediterráneo, países como Irak e Irán. 
La cuestión kurda está entretejida con relaciones entre países mediterráneos, con las relaciones greco-turcas, con las relaciones turco-chipriotas y en general con las relaciones en el ámbito del Mediterráneo Oriental, y es un factor de desestabilización de todas ellas. 
¿Podemos ignorar la cuestión kurda? 
¿Cómo no empezar a incluirla en la agenda de la cooperación mediterránea? 
¿No queremos un tratamiento político del terrorismo y la violencia, fenómenos que el Parlamento Europeo ha condenado repetidamente sin dificultad? 
¿No queremos internacionalizar? 
Pienso que si queremos todo eso, debe preocuparnos cómo la cuestión kurda se insertará en la problemática del Mediterráneo de la paz y la seguridad, a cuya consecución la Unión Europea aspira a contribuir. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes, quisiera ante todo expresar el apoyo a los informes de los Sres. Colajanni y Sakellariou y resaltar que los dos asuntos abordados- el proceso de paz en Oriente Medio y el proceso de la política euromediterránea posterior a la Declaración de Barcelona- se encuentran en este momento en un grave punto muerto, como acaban de decir otros colegas. 
Sin duda, desde el punto de vista de las consideraciones que debemos hacer, no podemos sino coincidir con lo afirmado por el Sr. Colajanni con respecto a los resultados alcanzados en los acuerdos de Wye Plantation y a la importante novedad de la aceptación del principio de «paz por territorios». 
Sin embargo, no podemos ignorar que, en este momento, el punto muerto se debe en gran parte al ambiguo comportamiento del Gobierno israelí que plantea serios obstáculos, y creo que esto debe ser recalcado por el Parlamento. 
La cuestión de la paz en Oriente Próximo precisa que se resuelvan las cuestiones de Líbano y Siria. 
En lo que respecta a la acción del Parlamento, quisiera recordar su intervención para llegar a una acción llamada people to people y considero que, por parte de la Comisión, tendría que haber una respuesta más eficaz en este sentido. 
En cuanto al punto muerto en que se encuentran los acuerdos posteriores a la Declaración de Barcelona, también nosotros confiamos en la participación de todos los países afectados, es decir, Libia pero también los países de la antigua Yugoslavia y de Albania, y pedimos que se establezca un estatuto especial de participación para Macedonia. 
Y termino subrayando que la situación en la que nos hallamos depende en gran parte también de las carencias que, hoy por hoy, demuestra la Unión Europea a la hora de afrontar los problemas de política exterior y de seguridad común. 
Sin la solución de este aspecto, difícilmente tendremos una perspectiva creíble. 
Señor Presidente, Señorías, las dos cuestiones que estamos abordando esta tarde son en realidad una. 
El Sr. Colajanni ha realizado como de costumbre un excelente informe, equilibrado, prudente y buscando la menor señal de progreso hacia la paz con el fin de evitar las múltiples ocasiones de enfrentamiento y los obstáculos que surgen día tras día en el expediente israelopalestino. 
Mi grupo es sin embargo muy reservado sobre la posición general que se ha adoptado. 
Dicha posición, muy diplomática, parece tener por hecho consumado un giro de ciento ochenta grados del Gobierno israelí con respecto a las resoluciones sobre el proceso de paz que sin embargo ha suscrito. 
El ponente propone de nuevo un esfuerzo a los palestinos, una moratoria para retrasar cualquier declaración unilateral de independencia por parte de la Autoridad palestina. 
Pero los esfuerzos diplomáticos no nos parece que se justifiquen cuando se produce una infracción contra el espíritu de paz y el Sr. Netanyahu nos parece gravemente culpable en este extremo, probablemente en detrimento de los intereses reales a largo plazo del pueblo de Israel. 
La Unión Europea no ganará gran cosa no atreviéndose a decir su propia verdad. 
Se engañaría si sigue pensando que es preciso dejar a los Estados Unidos relativamente solos en este expediente, en la idea de que esto les obliga a ser más abiertos a las propuestas palestinas y a resistir más a sus propios grupos de presión proisraelíes, más que si la Unión declarase su posición y pesara en el expediente. 
Pero, en realidad, como han recordado el Sr. Sakellariou y el Comisario Marín, la posición que hemos de adoptar en este expediente es claramente tributaria de la posición que hemos de adoptar para el relanzamiento de todo el proceso de cooperación mediterránea. 
La posición que adoptemos pesará de una forma definitiva en la consolidación de la paz a las puertas de Europa. 
Fuera de las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia, ha de preverse todo con flexibilidad para operar realmente el relanzamiento del proceso de Barcelona. 
La solución de las dificultades económicas y demográficas de los países afectados aclarará, facilitará y arraigará el sosiego gradual que sólo el tiempo puede aportar en la eterna disputa de los hermanos enemigos que está minando Oriente Próximo. 
Señor Presidente, Señorías, el estancamiento del proceso de paz en Oriente Medio es hoy evidente después de los acuerdos de Wye Plantation. 
Las responsabilidades son conocidas. 
Es el bloqueo que resulta de la intransigencia de Israel. 
También por razones que son demasiado evidentes, el apoyo que aporta la única superpotencia, los Estados Unidos de América, a la política israelí, que encuentra en Washington y en otras partes poderosos apoyos y que no haría a los Estados Unidos- por razones electorales- ninguna crítica seria por parte de los políticos americanos, principalmente de aquellos que tienen mucha influencia en la administración federal. 
Se trata finalmente del alineamiento servil de la política europea con la de Estados Unidos, incluso cuando esta política americana va contra los intereses europeos más evidentes e incluso cuando nosotros podríamos tener los medios políticos y jurídicos para oponernos. 
Es, por ejemplo, el caso del Líbano, del que toleramos al mismo tiempo el avasallamiento político y la continuación de la invasión de su territorio. 
Es el caso de Iraq, cuyo bloqueo y bombardeos se vienen produciendo con cinismo desde hace años en detrimento de la población civil, aún cuando es evidente que esta política no se justifica por ninguna consideración de seguridad. 
¿Cuándo vamos a utilizar por fin el derecho de veto que poseen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Francia y Gran Bretaña, que podrían incluso encontrar el apoyo de China y de Rusia para terminar con este escándalo? 
En cuanto a nuestras intervenciones militares, si han de producirse, ¿por qué se producen en el marco de la OTAN, que no tiene ninguna justificación jurídica y política, si no es encadenarnos a las decisiones de Washington? 
Tenemos la pretensión de resolver el problema de la inmigración albanesa en Kosovo cuando somos incapaces de resolver los problemas de la inmigración en Estrasburgo, en Hamburgo, en Bruselas o en Génova. 
Nuestra incongruencia en este ámbito no beneficiará ni a nuestros intereses, ni a la paz en el Mediterráneo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dos minutos para hablar, como presidente de la delegación Europa-Israel, de la política mediterránea y, en su seno, de la paz en Oriente Medio, es realmente muy poco. Ello me obliga al estilo telegráfico. 
Así pues, en ese estilo, después de felicitar a los ponentes, señalaré cinco puntos. 
En primer lugar, Europa está actualmente obnubilada por su ampliación al Este y por la Agenda 2000. 
Debería ocuparse más del Sur, y por tanto de su política mediterránea. 
Para Europa, y por consiguiente para nosotros, a medio plazo es una cuestión de supervivencia. 
En segundo lugar, en este marco, es preciso en este momento, tras las declaraciones de principios y los acuerdos firmados, actuar, y actuar rápidamente. 
Hay muchos plazos que son demasiado largos para las ratificaciones de los acuerdos entre Europa y los países del Sur, también plazos demasiado largos para la realización de acciones concretas, cifradas y sobre todo visibles sobre el terreno. 
En tercer lugar, es preciso sin duda tratar de dialogar con todos pero, con respecto a Libia, es necesario, querido colega Sakellariou, exigir previamente que sean entregados y juzgados los terroristas que hicieron explotar los aviones y mataron a centenares de inocentes. 
Las familias de las víctimas lo exigen y nos gritan su dolor. 
En cuarto lugar, con respecto a Oriente Medio, todo el mundo está de acuerdo para decir que Europa ha de actuar más desde el punto de vista político. 
Ha de hacerlo, pero en este momento es preciso hacerlo sin interferir con las elecciones en preparación, si no iríamos contra nuestros objetivos. 
Finalmente, en quinto lugar, Europa ha de tomar iniciativas para evitar una declaración unilateral de independencia de los palestinos el día 4 de mayo, y ello apoyando el principio de un Estado palestino. 
Es una doble necesidad que toda persona sensata reconoce hoy como la condición de un relanzamiento del proceso de paz, inmediatamente después de las elecciones. 
Señor Presidente, la política mediterránea de la Unión debería ser la más activa, inspirada y unánime de nuestras políticas. 
No sólo porque el Mediterráneo, tal y como señalan todos los estudiosos- basta citar a Braudel -, es la cuna de Europa, desde los puntos de vista histórico, cultural y etnológico, sino también porque con criterios geopolíticos contemporáneos el Mediterráneo tiene una importancia singular, pues une nuestro continente con la agitada región asiática de Oriente Medio y al mismo tiempo con África, el gigante que despierta de su sueño. 
Y sin embargo, nuestra política mediterránea es la más descuidada, indecisa e infructuosa. 
Los acontecimientos de 1989, el desmoronamiento de los regímenes autoritarios del bloque del Este determinaron, con toda razón, la necesidad de la ampliación de la Unión con los países de la Europa central y oriental. 
Con gran retraso, sin embargo, se comprendió que la ampliación tenía que equilibrarse con una atención semejante a los retos que el Sur representa. 
Apenas a finales de 1995 se intentó con la Conferencia de Barcelona abrir la perspectiva de la cooperación, con compromisos, no obstante, predeterminados y con un horizonte temporal ilimitado. 
Como señala el ponente, Sr. Sakellariou, los frutos de este intento hasta el momento son irrelevantes. 
En los tres años que han seguido, ni el proceso de paz en Oriente Medio ha terminado con el drama de la región, ni la situación de los derechos humanos ha mejorado- antes bien, con frecuencia ha empeorado -, ni la amenaza, ni incluso el uso de la violencia entre socios ha dejado de constituir una práctica política. 
Además- y una mirada al mapa basta para convencernos de ello- las relaciones de cooperación son intermitentes y ocasionales. 
Numerosos países bañados por el Mediterráneo permanecen al margen de un proyecto que para ser efectivo, debería ser cohesionador e integral. 
Por otra parte, la falta de una regulación leal y realista de las corrientes migratorias envenena profunda y recíprocamente las relaciones. 
Sin un esfuerzo coordinado- porque la experiencia de los esfuerzos inconexos es amarga- flexible y valiente, si la Unión Europea no encabeza la búsqueda de soluciones en Oriente Medio, si no se hace esa política paralelamente a la ampliación hacia la Europa central y oriental, nuestra política mediterránea no dejará de ser una declaración de principios decorativa, una coartada que no resolverá ninguno de los enormes problemas de la región, precisamente, en la que nacieron Europa y nuestra civilización. 
Señor Presidente, los dos informes a debate tienen nuestro apoyo. 
No mencionaré más que el Informe Colajanni que, entre otras cosas, intenta definir el lugar que ocupa la Unión Europea en el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Este informe me parece equilibrado, pero a la vista de lo cambiante de la situación, su contenido se pone en tela de juicio en cada ocasión. 
Sin embargo, hay algunos elementos que siguen siendo ciertos. 
La política exterior de la Unión, en esta región especialmente alterada del globo, debe dejar de consistir en ser simplemente el principal proveedor de ayuda económica y financiera. 
Buena prueba son las sumas enormes que se han puesto a disposición de la población palestina y de las que no se han visto nunca sus efectos. 
La reducción sustancial de la renta media de los palestinos es una prueba. 
Europa ha de dejar de ser un gigante económico y un enano político. 
Más que nunca es esencial que nos dotemos de una verdadera política europea de seguridad común. 
Entonces y sólo entonces, seremos un interlocutor escuchado y tendremos una verdadera función que desempeñar a escala internacional. 
La situación económica y política se ha deteriorado enormemente en el transcurso de los últimos seis meses y la espina libanesa hace cada vez más daño. 
A la vista de su complejidad, la situación en Oriente Próximo necesita de soluciones negociadas entre las diversas partes. 
Recordemos que el Líbano está bajo tutela siria y que las tropas israelíes están ocupando su parte sur. 
El proceso de paz ha de continuar y es preciso evitar a toda costa el sacrificio inútil de vidas humanas. 
Quisiera volver al punto 29 de la resolución, relativo a la ocupación del sur del Líbano que forma parte de la actualidad acuciante y para el que considero que la retirada unilateral de Israel debe poder hacerse, a condición de que se acompañe de garantías para el Estado hebreo. 
Considero por tanto que deberíamos eliminar los términos «sin condiciones». 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa sobre Oriente Medio tiene la tendencia a poner en el mismo plano al Gobierno israelí y a los palestinos en la responsabilidad del bloqueo del proceso de paz. 
Eso no se corresponde con la realidad. 
Ésta incumbe al Gobierno israelí que pone en tela de juicio los compromisos que ha suscrito. 
No acepto que el informe intente ejecutar una presión para que los palestinos renuncien a declarar su independencia el 4 de mayo de 1999. 
La función de nuestro Parlamento, como la de la Unión Europea, ¿no ha de ser la de hacer todo lo posible para que se respeten los acuerdos de paz, todos los acuerdos de paz? 
Y ésos prevén expresamente la proclamación de la soberanía palestina el 4 de mayo de 1999. 
En la política mediterránea persiste otro problema: la situación en el Sáhara occidental. 
En ese caso también, el plan de paz está bloqueado. 
El Secretario General de las Naciones Unidas, que se ha comprometido personalmente en la resolución de ese conflicto, ha fijado un nuevo plazo, el 31 de marzo de 1999. 
Recuerdo al Consejo que ha de intervenir con rapidez para que, de aquí a entonces, las condiciones fijadas por las Naciones Unidas se respeten y que, finalmente, el pueblo saharaui pueda expresar su derecho a la autodeterminación y a la independencia. 
Señor Presidente, el retraso de la entrada en vigor de los cinco acuerdos de asociación, firmados en el ámbito del proceso de Barcelona, es deplorable y significativo, así como es significativamente deplorable que, habiendo transcurrido más de tres años desde la Conferencia que ha tomado el nombre de la ciudad donde se celebró, no todos los países mediterráneos hayan sido invitados a participar en este proceso de asociación, tan elogiado en noviembre de 1995. 
Parecían los albores de una nueva era, una feliz ocasión para estrechar nuevas relaciones y para dar un nuevo impulso a la cooperación entre Europa y los países del Mediterráneo, especialmente en los ámbitos político, económico, financiero y cultural. 
Este retraso es deplorable por dos tipos de motivos: el primero se debe a la falta de una política exterior común en Europa; el segundo está relacionado con el punto muerto en que se encuentra el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Mientras Israel no estará segura, la paz se reducirá a una mera invocación estereotipada. 
El incremento de las relaciones entre la Unión Europea y Jordania nos parece indispensable, habida cuenta del importante papel desempeñado por el llorado Rey Hussein en favor de la superación del punto muerto en que se encuentran las negociaciones. 
Una Europa incapaz de otorgarse un estatuto político no puede pretender tener ese peso indispensable para desempeñar una función determinante tanto en los procesos para garantizar la paz como en los procesos para asegurar el desarrollo y la cooperación. 
La Unión Europea, sin embargo, está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante en estos procesos. 
De lo contrario, su función se limitará a la de recordar, cada dos por tres, que hay que respetar los derechos humanos: una noble función, sin duda, pero absolutamente inútil para llegar a tener un peso en el proceso en curso, cuando las palabras no se traducen en hechos concretos. 
Considero que hay dos elementos útiles de cara a una política de reactivación económica y de reformas: el primero se refiere a la condonación de la deuda a aquellos países que se comprometan a reinvertir su importe en proyectos de desarrollo; el segundo atañe a la necesidad de una cooperación más estrecha con las pequeñas y medianas empresas y los talleres artesanales. 
No serán «las catedrales en el desierto» las que impulsarán el desarrollo, sino la organización de una red de pequeñas empresas dedicadas a una producción de productos regionales y tradicionales de gran calidad. 
Ampliar el tejido productivo de los países mediterráneos contribuirá a luchar de forma positiva contra el fenómeno de la inmigración salvaje y clandestina que representa una verdadera plaga tanto para los inmigrados como para los países europeos de acogida. 
Por último, señor Presidente, le rogamos que nos permita dirigirnos a la Presidencia alemana que convocará al Comité Euromediterráneo el 19 de marzo en Bonn y el 14 de abril en Stuttgart, para expresarle el deseo de que por fin estos encuentros lleven a alguna conclusión concreta. 
Señor Presidente, permítame ante todo señalar que la pasión, por parte del Consejo, de concentrar todas las competencias sobre política exterior y de seguridad sólo admite comparación con su desprecio hacia el Parlamento, porque no lo escucha, y querría agradecer al Comisario, Sr. Marín, que haya dado algunas de las respuestas que corresponden al Consejo. Es de esperar que la Sra. Peijs esté más próxima de la Comisión que del Consejo. 
Y muy brevemente, señor Presidente, señalaré que en este momento examinamos un problema muy antiguo, quizás de los más antiguos de la humanidad, pero con un calendario muy concreto, que es la Cumbre de Stuttgart del día 4 de abril; un mes después, la fecha de la posible declaración de independencia por parte palestina y, luego, las elecciones israelíes. 
Creo que tenemos que ser muy concretos en este doble debate de dos cuestiones muy estrechamente relacionadas, porque aunque a veces hayamos tratado de aislarlas, a efectos de avanzar, es evidente que la piedra angular del proceso mediterráneo en gran medida es una solución exitosa del proceso de paz en Oriente Medio porque, además, es el único foro multilateral que existe en el Mediterráneo. 
Creo que la Unión Europea debería potenciar algo que ha dicho la Presidencia en ejercicio del Consejo, sin concretar demasiado, y es que evidentemente nosotros tenemos que reconocer un derecho. 
Otra cosa es el ejercicio de ese derecho, y podemos matizarlo. 
Y, además, podemos dar un ejemplo: en la medida en que nosotros podamos contribuir- y creo que podemos hacerlo y se apuntan temas como el agua, o el desarrollo regional -, creo que también tenemos la autoridad y la posibilidad para plantear que no hay una contradicción esencial entre una declaración de independencia, y el que se pueda volver a sentar en la mesa a aquellos que tienen una personalidad propia y puedan contribuir a poner en común muchas cosas. 
Es lo que hemos hecho nosotros y creo que ahí está nuestra fuerza. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Colajanni por su excelente trabajo, y agradecer al Comisario Marín por lo que nos ha dicho hoy aquí. 
Hay un punto muy importante por lo que respecta al tema del informe del Sr. Colajanni. Se trata del punto 13, en el que se hace referencia a la necesidad de una iniciativa por parte del Consejo que marque el comienzo de una nueva presencia de la Unión Europea en Oriente Medio. 
Y lo siento, pero es una vergüenza que el Consejo no esté presente aquí en este debate. 
De este modo nos sustrae el derecho a recibir respuestas a una serie de puntos, los cuales, desgraciadamente, conducen a un razonamiento erróneo por lo que respecta a esta nueva iniciativa. 
Se equivoca el Consejo cuando se echa en brazos de los Estados Unidos en todo lo que toca a la elaboración de propuestas para la solución del conflicto de Oriente Medio. 
Se equivoca el Consejo, si piensa que la mera presencia de un sólo representante, sin ayuda y sin infraestructura alguna, puede solucionar el problema. 
Se equivoca el Consejo, si piensa que la presencia de la Unión Europea se agota en viajes y contactos y no incluye propuestas sobre los problemas y las cuestiones concretas que componen el conflicto de Oriente Medio. 
Pedimos que el Presidente del Consejo nos responda cuál es la posición de la Unión Europea sobre la retirada de las tropas israelíes de los altos del Golán, que nos responda cuál es la opinión de la Unión Europea sobre la solución del problema del sur del Líbano, que nos responda el Consejo qué va a pasar con el acuerdo entre la Unión Europea y Siria. 
Finalmente, señor Presidente, para alcanzar la metas hace falta revisar la presencia institucional del Consejo en Oriente Medio. 
Y es algo que sólo puede lograrse si se decide de una vez la formación de una joint task force del Consejo, de la Comisión y eventualmente del Parlamento, que afronte uno por uno todos estos problemas. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo querría subrayar una vez más la importancia de la política mediterránea a nivel de la Unión Europea. 
Nos encontramos en estos momentos ante una negociación con los Estados del centro y del este de Europa de cara a una futura ampliación. 
Yo querría que este diálogo con los Estados del Este no sea un obstáculo para que la Unión Europea pueda tener también la vista puesta en la problemática del sur de Europa, en la problemática de los países mediterráneos. 
Yo creo que este diálogo Norte-Sur debe ser un diálogo paralelo respecto de las políticas que lleva a cabo la Unión Europea, en vistas a una justa y necesaria ampliación hacia el centro y hacia el este de Europa. 
En la Conferencia de Barcelona del año 1995 se plantearon estos elementos y se complementó aquella conferencia con la propuesta de un diálogo entre la sociedad civil del norte y del sur del Mediterráneo. 
El Foro civil Euromed, que tuvo lugar en Barcelona pocos días después de la Conferencia Euromediterránea, planteó estos elementos y puso las bases para una discusión y una colaboración entre el norte y el sur. 
Con posterioridad a aquella conferencia, tuvo lugar una segunda conferencia en Nápoles, del mismo modo que tuvo lugar otra conferencia euromediterránea en Malta y este año en Stuttgart. 
Es necesario que este diálogo prosiga porque, de otro modo, creo que Europa no cumplirá las exigencias que la vecindad con los Estados del sur del Mediterráneo nos exige para un futuro pacífico y convivencial en esta zona. 
Señor Presidente, quiero empezar con una cuestión terminológica que es preocupante. 
El informe habla sobre el Oriente Medio. 
Es Oriente Medio para Norteamérica, y ello tiene una significación, esto es, que efectivamente hay una subordinación de la política europea a la norteamericana. 
Y, por ello, creo que vale la pena comparar. 
Porque la comunicación que presenta la Comisión es una buena comunicación. 
Yo me atrevo a decir progresista, porque da cifras y da argumentos sobre el fracaso político y sobre cómo ha empeorado la condición de los palestinos desde que empezó el proceso de paz. 
Y la conclusión que saca, comparando la aportación que hace la Unión Europea con la que hace Norteamérica y el resto del mundo, es muy clara. 
Hace falta que la Unión Europea desempeñe un papel superior de coprotagonista y no un papel de comparsa. Y, para ello, hay que convertir a la Unión Europea en punto de referencia ético para lo que ocurre en Oriente Próximo. 
Y, por ello, hay que decir con toda claridad que si un acuerdo internacional da la potestad para que el 4 de mayo tenga lugar la declaración de independencia como Estado por los palestinos, la Unión Europea tiene que apoyar con todas las consecuencias lo que es un acuerdo internacional. 
Si no, estamos siempre defendiendo al agresor y exculpándolo, y pidiéndole calma a la víctima. 
Justamente, nuestra postura ha de ser la contraria. 
Señor Presidente, el Informe Colajanni da luz una vez más a una realidad cegadora, una hipocresía que muchos se niegan a ver: la evidente obstinación del Estado israelí por ignorar los acuerdos concluidos y de reírse de las resoluciones de las Naciones Unidas, como un pez de una manzana. 
La Unión Europea tiene el deber de no dejar hacer. 
El deber de injerencia, inventado para apoyar causas mucho menos justas, ha de aplicarse a Oriente Medio con determinación y firmeza. 
Es hora de impedir a Israel que haga daño al pueblo palestino, como viene haciendo desde hace más de medio siglo. 
Europa no puede tolerar en su frontera un Israel imperialista y racista con toda impunidad. 
La aspiración de los palestinos a recibir por fin su tierra mil veces prometida es totalmente legítima y el proyecto de la autoridad palestina de declarar, el 4 de mayo de 1999, la independencia de los territorios aún ocupados han de ser apoyados por la Unión Europea, política, económicamente y, si es necesario, militarmente, para que por fin viva la Palestina libre. 
Señor Presidente, en vísperas de la Conferencia de Stuttgart, nos encontramos aquí para hacer un balance crítico de la asociación euromediterránea. 
No me voy a detener hablando de las dificultades que encuentra el proceso de paz, puesto que ya lo han hecho los ponentes, o en pedir un papel más incisivo de la Unión Europea, porque ya lo han hecho la mayor parte de mis colegas. 
Quisiera más bien detenerme en examinar los límites de los instrumentos del proceso de Barcelona. 
Creo que hoy nos damos cuenta de que las relaciones multilaterales y la cooperación descentralizada- que quizás eran los instrumentos más interesantes del proceso de Barcelona- adolecen de dificultades, mientras que la relación bilateral entre la Unión Europea y los Estados miembros se resiente de todos los problemas ligados a los plazos de ratificación, recordados por el Sr. Comisario Marín. 
Por mi parte, quisiera invitar al Consejo a que exprese su opinión sobre las cinco propuestas muy concretas que figuran en el Informe Sakellariou: los derechos humanos, la valorización de la sociedad civil, la culminación de la participación política de nuevos Estados en este proceso, la deuda y la inmigración. 
Si el Consejo consigue replantear estas propuestas quizás en Stuttgart se podrá lograr la reanudación de este proceso tan difícil y complejo que atravesó y atraviesa grandes dificultades. 
Considero que si la Comisión recibirá un input político mucho más claro, conseguirá encontrar la manera de solucionar más y mejor los problemas de gestión, cuyas dificultades todos conocemos. 
Señor Presidente, he de manifestar que la intervención de la Sra. Napoletano me obliga a cambiar la mía, ya que de lo contrario no añadiría nada nuevo. 
Quiero señalar que su posición es similar a la mía y, evidentemente, si en las dos alas de este Parlamento pensamos lo mismo, esto significa que la línea de conducta debe ser ésta y no otra. 
Por ello utilizaré este minuto y medio- que, francamente, como decía su antecesor, es bastante ridículo, habida cuenta de las cosas importantes que hay que decir- haciéndole algunas precisiones, algunos comentarios al Comisario Sr. Marín, no si antes agradecer a los Sres. Sakellariou y Colajanni el magnífico trabajo realizado, ya que, objetivamente, han abordado con seriedad todo lo que se debía abordar. 
Para seguir en esta línea de seriedad, los aspectos que se han tratado me obligan a hacer una observación: la sociedad civil. 
Lo acaba de mencionar el Sr. Vallvé. 
Después de Barcelona hubieron algunos momentos de reflexión y de propuestas de la sociedad civil y no me parece que se les haya deparado la debida atención. 
Señor Comisario Marín, estoy de acuerdo con usted, es difícil gestionar situaciones de esta envergadura e importancia; sin embargo, también es verdad que cuando existen organismos externos, organismos de todos modos creíbles- y los hay en Europa y en el Mediterráneo- probablemente esto avalaría sus responsabilidades desde el punto de vista de la gestión. 
Una observación de fondo: no quisiera que después de Barcelona, Palermo, Malta y Nápoles se aceptara la invitación de convertir la política turística mediterránea en el eje del desarrollo. 
Podría hacerse, sin embargo, debemos limitarnos a afrontar problemas más serios que son los que la Sra. Napolitano y yo hemos subrayado. 
Señor Presidente, con este informe y su opinión unilateral sobre la paz en Cercano Oriente, el Parlamento Europeo prosigue más bien una triste tradición. 
Mientras que se critican continuamente las supuestas violaciones en Israel, el Parlamento actúa de un modo mucho más precavido con las violaciones de los derechos humanos de dictaduras árabes y de la administración palestina.