Así pues, nosotros, los representantes de las democracias europeas, tenemos que ser conscientes de nuestra enorme responsabilidad cuando hablamos de uno de los últimos regímenes comunistas. 
Como reflexión personal, permítanme que añada que, como joven político húngaro, soy muy consciente de esa responsabilidad, porque mi generación fue educada por nuestros padres y abuelos sobre el telón de fondo de una dictadura socialista similar a la que hay hoy en Cuba. 
A ellos les debemos también la firme defensa de nuestros principios. 
Pero ahora ha quedado claro que la suspensión el año pasado de las medidas coercitivas contra Cuba no ha conseguido los resultados deseados y solo ha llevado al Gobierno cubano a intensificar la opresión. 
Las detenciones no han cesado y en 2005 fueron encarcelados unos 30 miembros de la oposición, lo que significa que ahora el número de personas encarceladas por sus opiniones políticas en condiciones a menudo inhumanas sobrepasa los 300. 
Así pues, los retratos que pintan una dictadura de opereta cómica dirigida por un revolucionario jovial y charlatán son falsos. 
Mientras tanto, no se permite la entrada en el país a observadores extranjeros, un hecho que he podido comprobar recientemente yo mismo. 
El año pasado, como a muchos otros diputados al Parlamento Europeo, se me negó un visado de entrada para asistir a una reunión de la oposición. 
Por si no nos habíamos enterado, ahora ya sabemos que una dictadura, sea de izquierdas o de derechas, no permite medias tintas. 
Ese es otro de los motivos por los que no podemos apoyar la suspensión de las medidas coercitivas. 
La historia es un testigo inequívoco: los movimientos de la oposición del antiguo bloque socialista no habrían alcanzado sus objetivos sin el estímulo de las democracias de Europa Occidental. 
Hoy le toca a la Europa reunificada dar fuerza a todos los que defienden los valores de la democracia a la sombra de la dictadura. 
– Señor Presidente, hay un refrán polaco que dice que un rico no puede entender a un pobre. 
No obstante, quienes sabemos qué es la privación de libertad entendemos más fácilmente lo que está sucediendo en Cuba en este momento. 
Los que se oponen a adoptar una línea dura frente a Cuba alegan que eso tendría consecuencias negativas para los ciudadanos de a pie. 
Me pregunto si se han preocupado en averiguar lo que piensa el pueblo cubano. 
¿Se preocupa Castro por lo que piensan los cubanos? 
En el decenio de 1980, los comunistas polacos respondieron a las sanciones económicas de los Estados Unidos que supuestamente también tendrían consecuencias negativas para los ciudadanos polacos anunciando, a modo de represalia, que enviarían mil sacos de dormir para los indigentes de Nueva York. 
¿Cuál fue la reacción de la gente de la calle en Polonia? 
Empezaron a aparecer pequeños anuncios en la prensa ofreciéndose a cambiar espaciosos pisos en Varsovia por sacos de dormir en Nueva York. 
Muchos cubanos parecen pensar lo mismo y La Habana está mucho más cerca de Nueva York que de Varsovia. 
¿Seguro que ha llegado el momento de demostrar que Europa no es débil? 
Ha llegado el momento de comprender que no se puede tratar a Cuba como si fuera una fortaleza totalitaria intocable. 
Si Castro sigue negándose a que los ganadores del Premio Sájarov puedan viajar a Cuba, nosotros no debemos viajar a Cuba como si nada hubiera sucedido. 
En mi opinión, tenemos que convencer a los europeos de que no elijan Cuba como destino turístico; en otras palabras, de que no vayan allí como turistas. 
Cuba no es un lugar apropiado para ir de vacaciones. 
Nadie va de vacaciones a Auschwitz o a un gulag. 
Tan absurdo como ayudar a un sector turístico que está ayudando a sostener un régimen donde la violación de los derechos humanos está en el orden del día. 
Dos hechos ocurridos en diciembre de 2005 caracterizan la situación en Cuba: las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento. 
Las autoridades cubanas les prohibieron abandonar el país para recoger el premio en persona. 
La libertad de pensamiento no está bien vista en Cuba. 
Esa es una clara prueba de que el premio se ha concedido a quienes lo merecían. 
El Premio Sájarov se ha concedido a las esposas y a las madres de los presos políticos cubanos cuya única culpa es pensar libremente. 
La liberación de todos los presos políticos en Cuba sigue siendo la principal demanda del movimiento de las Damas de Blanco. 
En la actualidad, cuando muchas regiones del mundo se ven convulsionadas por la violencia, la guerra y el terror, es alentador comprobar que un grupo de mujeres desarmadas es capaz de ejercer una gran presión moral por medios no violentos. 
Procedente de una región que hace tan solo unos años estaba gobernada por un régimen comunista que también encarcelaba a las personas por pensar libremente, puedo confirmar que el apoyo de los países democráticos tuvo una enorme importancia. 
Por tanto, insto a las instituciones democráticas europeas a utilizar todos los medios pacíficos a su disposición para presionar al régimen de Castro y forzarle a liberar a las personas encarceladas solo por su pensamiento independiente. 
La política de prevaricaciones y concesiones realizadas a uno de los regímenes menos democráticos del mundo no hace más que prolongar el sufrimiento de las personas que viven allí y las violaciones de los derechos humanos. 
Solo si apoyamos a la oposición democrática en Cuba y no dejamos de presionar al régimen de Castro, Europa podrá conseguir que se respeten los principios democráticos en ese país socialista. 
Para que los esfuerzos de la UE por promover cambios democráticos tengan éxito y sean eficaces, debemos formular una posición clara sobre la manera de favorecer esos cambios e instituir la democracia en Cuba. 
Señor Presidente, Señorías, gracias por este debate: He escuchado con atención y tomado una serie de notas para mí mismo y para el Consejo. 
Me parece que se nos pide que sigamos defendiendo activamente los valores que representa la Unión Europea: el respeto de los derechos humanos y la defensa de las libertades fundamentales de expresión y reunión. 
He tomado nota también del deseo de la Cámara de que sigamos prestando un apoyo activo a la oposición pacífica y presionando a favor de la liberación de los presos. 
Pero lo cierto es –y así debemos reconocerlo– que nuestras posibilidades son limitadas si Cuba no demuestra al menos un mínimo de buena voluntad. 
Y, para ser sinceros, la política de confrontación y embargo que se ha propuesto a veces en el pasado tampoco ha dado los resultados deseados. 
Por tanto, pensamos que debemos proseguir con nuestra política de diálogo crítico, compromiso e insistencia en las reformas. 
Para cerrar el debate se han presentado seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral al Consejo sobre las declaraciones de gestión nacional – Responsabilidad de los Estados miembros relativa a la ejecución del presupuesto de la Unión Europea, de Szabolcs Fazakas, Terence Wynn y Jan Mulder, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario (O-0102/2005 – B6-0347/2005). 
. – Señor Presidente, la pregunta oral incluye seis preguntas específicas a las que espero responda el Presidente en ejercicio del Consejo. 
No obstante, hay una séptima pregunta igualmente importante: se trata de la vieja cuestión de las declaraciones nacionales. 
¿Se sentará y debatirá el Consejo esta cuestión con el Parlamento para que podamos buscar un objetivo común? 
Es un aspecto de este viejo debate que ha estado ausente desde que votamos sobre la aprobación de la gestión en esta Cámara. 
En aquel momento hicimos las recomendaciones a las que hace referencia la pregunta oral. 
Pedimos a los Estados miembros que ordenaran sus asuntos, que nos garantizaran que los sistemas de control que estaban poniendo en marcha eran adecuados y suficientes y que el dinero de la UE se estaba gastando correctamente. 
El problema que tenemos es que cuando el Tribunal de Cuentas informa cada año y no puede hacer una declaración de fiabilidad positiva, es a causa de los problemas en los Estados miembros. 
A menos que tengamos un funcionario de la Comisión controlando cada elemento del gasto europeo en los Estados miembros, nunca resolveremos el problema. 
Corresponde a los Estados miembros ayudarnos a garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos se gaste correctamente. 
Tengo que dar las gracias al Comisario Kallas por la forma en que ha alentado al Parlamento convenciendo a la Comisión de que tenga en cuenta las recomendaciones y elabore el programa de trabajo encaminado a conseguir una declaración de fiabilidad positiva. 
En ese proceso hemos celebrado una audiencia de dos días organizada por la Comisión y por la anterior Presidencia sobre la manera en que podemos o no conseguir la declaración de fiabilidad. 
Estuve presente en ambas jornadas. 
Me entristeció la posición negativa de algunos Estados miembros, que simplemente querían mantener el. 
Aseguraban que no había nada incorrecto y que no había que cambiar nada. 
La audiencia dejó dos cosas claras: quizás haya otros problemas menores, pero dos son importantes. 
El primero es que las entidades de auditoría de los Estados miembros temían que, de alguna manera, el Tribunal de Cuentas Europeo tomara el relevo. 
Esperemos que este temor se haya disipado. 
He asistido a la reunión anual de las entidades de auditoría con el Tribunal de Cuentas Europeo en Estocolmo, y creo que se acepta no era esa la intención. 
También parece que las instituciones de auditoría están dispuestas a asumir su responsabilidad y que nos ayudarán a resolver este problema. 
El otro gran problema que ocurrió en esos dos días, y probablemente el más grave, era que pedimos a los Estados miembros una confirmación política de que emitirían realmente esas declaraciones nacionales. 
Para algunos Estados miembros, como los Países Bajos, esto no supone un problema. 
Corresponde al Ministro, y nadie discutirá que tenga que ser otra persona. 
No obstante, en muchos Estados miembros ha supuesto un importante problema. 
Después de pensarlo, tengo que decir que si hubiéramos eliminado las palabras «confirmación política» de nuestro informe de aprobación de la gestión quizá no hubiésemos asustado tanto al Consejo. 
Ahora tenemos que alcanzar un acuerdo con el Consejo sobre la forma de conseguir unas declaraciones nacionales que satisfagan no solo al Tribunal de Cuentas Europeo, sino también a la Comisión y a los Estados miembros, para garantizar que podemos demostrar a los contribuyentes europeos que estamos gastando su dinero correctamente. 
Espero que el Presidente en ejercicio nos dé respuestas claras a las seis preguntas enumeradas en la pregunta oral y que no nos responda como lo hizo el Ecofin el 8 de noviembre de 2005. 
Sinceramente, eso no nos hizo avanzar. 
Me gustaría que respondiera a la séptima pregunta, que formulo oralmente: ¿se sentará el Consejo a debatir con el Parlamento esta cuestión con la esperanza de conseguir una resolución? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias por esta oportunidad que me brindan para explicar la opinión del Consejo sobre esta importante cuestión, la declaración de fiabilidad que tiene que emitir el Tribunal de Cuentas Europeo sobre la gestión del presupuesto comunitario. 
Quiero empezar con un comentario bastante obvio y es que la gestión del presupuesto de la Comunidad es muy complicada y única en el mundo. 
Abarca muchos niveles de gobierno diferentes, desde los distintos servicios de la Comisión, pasando por las administraciones centrales, regionales y locales de los Estados miembros hasta los beneficiarios finales individuales. 
Interesa a todos los afectados, también a la autoridad presupuestaria y a la autoridad que aprueba la gestión presupuestaria, contribuir a la correcta gestión de los fondos presupuestarios. 
Como han hecho ustedes en esta Cámara, también nosotros en el Consejo hemos expresado en repetidas ocasiones nuestra decepción ante la situación, sobre todo en relación con el procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto. 
Tras los debates en profundidad celebrados en el Consejo y en los órganos del Consejo, este aprobó unas conclusiones sobre la Comunicación de la Comisión relativa al programa de trabajo el 8 de noviembre, y puedo asegurarles que no fue fácil. 
En dicho documento se resumen las discusiones mantenidas por un grupo de expertos de todos los Estados miembros, en representación de los Ministros de Hacienda, las autoridades de gestión y las autoridades de auditoría, en una audiencia de dos días celebrada conjuntamente con la Comisión. 
Este trabajo preparatorio constituyó una buena base para los debates en profundidad celebrados en los órganos del Consejo y demostró ser útil, puesto que conseguimos alcanzar un acuerdo en torno a las conclusiones del Consejo antes mencionadas. 
Supongo que han tenido ya la oportunidad de leer ese documento, así que solo mencionaré aquí los puntos más importantes. 
Quiero dejar para el final de mi intervención el aspecto de las declaraciones que tienen que hacer los respectivos Estados miembros. 
Sé que esa cuestión es particularmente importante para ustedes, pero les pido que tengan paciencia. 
El Consejo insiste en sus conclusiones en que se están haciendo ya numerosos esfuerzos por mejorar la gestión financiera: la introducción de auditorías internas, requisitos más estrictos con respecto a la responsabilidad del responsable de contabilidad de la Comisión y la implantación del sistema integrado de administración y control, por nombrar solo algunos. 
En vista de la importancia de los Fondos Estructurales en el presupuesto de la Unión Europea, quiero llamar su atención sobre los esfuerzos realizados para crear agencias pagadoras y ampliar más aún los controles internos y de las medidas estructurales. 
Uno de los primeros puntos mencionados en las conclusiones del Consejo es la relación equilibrada entre las competencias de la Comisión y de los Estados miembros en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea según lo establecido en el Tratado, que debe tenerse en cuenta a la hora de mejorar los controles y las garantías pertinentes. 
Además, el Consejo considera de extrema importancia que esas mejoras se basen en los sistemas de control existentes y que tratemos de mejorar la relación coste/beneficio y simplificar los sistemas. 
El Consejo cree que un marco de control interno comunitario que sea eficaz y se base en los principios establecidos en el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la auditoría única, proporcionará garantías para controlar el riesgo de errores en las operaciones realizadas. 
Uno de los aspectos más importantes de las conclusiones del Consejo es el relativo a la mejora de los sistemas de control. 
Los Estados miembros y la Comisión necesitan optimizar la eficacia, la economía y la eficiencia de los sistemas de control actuales. 
Pese a las diferencias existentes en los sistemas administrativos de los distintos Estados miembros, el Consejo es partidario de establecer unos principios y elementos comunes generales para los controles internos. 
En opinión del Consejo, los Estados miembros deben seguir trabajando con la Comisión para implantar y mejorar los controles de los fondos cuya gestión sea una responsabilidad conjunta. 
Para ello deben tenerse en cuenta las competencias establecidas en el Tratado, el Reglamento Financiero y las disposiciones pertinentes de los reglamentos sectoriales. 
Por ejemplo, algunos Estados miembros están dispuestos a tomar precauciones en el marco del Pacto de Confianza, según se establece para los programas de los Fondos Estructurales. 
Puesto que los Estados miembros están de acuerdo con el Consejo, hablo en nombre de todos ellos y no solo del Consejo. 
Como saben, los servicios de la Comisión han publicado un análisis inicial de las deficiencias de su marco de control interno en comparación con los principios de control establecidos en la propuesta del Tribunal de Cuentas para un marco de control interno comunitario. 
En relación con la gestión compartida, el Consejo ha solicitado a la Comisión que evalúe la aplicación de los reglamentos actuales respecto a los controles sobre el terreno de las operaciones, las agencias pagadoras y la liquidación de las actividades de los órganos. 
El Consejo propone en sus conclusiones que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe realizar una evaluación de los controles actuales a escala sectorial y regional y del valor de los informes y las declaraciones actuales. 
Pasaré ahora al tema de la auditoría. 
En la creación de un marco de control interno tenemos que hacer una distinción entre controles internos y auditoría externa. 
Cualquier forma de cooperación entre autoridades supremas e independientes de auditoría no puede más que basarse en el Tratado, puesto que esas autoridades no forman parte del marco de controles internos. 
Eso es muy importante. 
Algunas autoridades de auditoría están dispuestas a discutir con el Tribunal de Cuentas la manera de reforzar su aportación. 
Puedo asegurarles que todos los Estados miembros han expresado su voluntad de hacer lo posible por reducir el riesgo de errores y mejorar los controles. 
La Comisión y los Estados miembros deben asegurar que el enfoque que aplican al marco de control interno comunitario se base en unas normas de control comunes y que decidan conjuntamente la forma más eficaz de aplicar esas normas. 
Para ello, el Consejo anima a los Estados miembros a mantener conversaciones bilaterales con el Tribunal de Cuentas sobre los resultados de las auditorías realizadas para emitir declaraciones de fiabilidad, con el fin de resolver problemas sistemáticos. Solicita a la Comisión que elabore un informe sobre las soluciones a problemas comunes de varios Estados miembros. 
Por último, y esto es particularmente importante, el Tribunal de Cuentas ha propuesto que el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen a un entendimiento común sobre el nivel de riesgo tolerable en las transacciones realizadas. 
Las conclusiones del Consejo dan gran importancia a ese entendimiento común y el Consejo espera con impaciencia nuevos progresos en este sentido. 
Paso ahora a un tema que es muy importante para todos nosotros: la simplificación. 
La simplificación es necesaria para armonizar los principios de control, la legislación y los requisitos de control en relación con los reglamentos que se aprobarán para el período de programación 2007-2013. 
En opinión del Consejo, la simplificación no puede en ningún caso conllevar un aumento de los costes actuales de administración y control. 
Además, debe asegurar la eliminación de los numerosos controles internos que realizan las distintas partes implicadas en el sistema de control. 
Por último, quiero hablar del tema extremadamente importante de las declaraciones asociadas a la gestión descentralizada de los fondos comunitarios. 
El Consejo piensa que las declaraciones actuales en el plano operativo constituyen un medio de proporcionar garantías a la Comisión y, en definitiva, al Tribunal de Cuentas. 
Tienen que ser útiles y eficientes en relación con el coste y deben tenerse en cuenta a la hora de emitir una declaración de fiabilidad positiva. 
Hay que asegurar que el equilibrio actual entre la Comisión y los Estados miembros no se vea amenazado. 
Soy consciente de que ustedes esperaban más en relación con esto, pero estoy también seguro de que estarán de acuerdo conmigo en que el texto en sí mismo puede considerarse un avance significativo e importante. 
Para seguir progresando en esta cuestión, el Consejo ha aceptado examinar, con ocasión del proceso de aprobación de la gestión del presupuesto de 2004, el Plan de Acción de la Comisión para suplir las deficiencias existentes en el marco de control actual. 
Las conclusiones del Consejo de 8 de noviembre irán seguidas, por supuesto, de otras medidas en 2006. 
Una declaración de fiabilidad positiva es, como ya se ha dicho, un objetivo importante y muy ambicioso que no puede conseguirse de un día para otro. 
Pienso, no obstante, que las conclusiones del Consejo son un paso importante para lograr ese objetivo. 
Confirman además que el Consejo sigue apoyando a la Comisión en sus esfuerzos por realizar una contribución activa a la gestión financiera a todos los niveles. 
Algunos de ustedes quizá piensen que el Consejo tendría que haber dado un paso más allá, y les entiendo perfectamente. 
Pero deben tener en cuenta que en este tema la Presidencia está supeditada a la necesaria unanimidad. 
Gracias por su atención. 
. Señor Presidente, durante todo el período de trabajo de esta Comisión nos hemos preocupado de conseguir una declaración de fiabilidad positiva. 
No ha sido posible. 
Se trata de una cuestión muy técnica con un resultado político muy malo, que da buenas razones a todo el que quiera decir que el dinero de la Unión Europea se está gastando indebidamente. 
Por supuesto, esto es completamente falso. 
Hemos cooperado en la búsqueda de soluciones y maneras de aunar nuestros esfuerzos para aportar pruebas suficientes para que el Tribunal de Cuentas pueda emitir una declaración de fiabilidad sobre las transacciones. 
No negamos que los Estados miembros están esforzándose mucho por establecer unos sistemas de control adecuados. 
Acabo de regresar de un Estado miembro en el que me he reunido con la autoridad nacional de auditoría y se ha llevado a cabo una gran labor para garantizar que el dinero nacional y europeo se use de forma adecuada cuando se trata de una gestión compartida. 
La Comisión no niega su responsabilidad en la aplicación del presupuesto, incluida la gestión compartida. 
Pero falta un eslabón: cómo conseguir que todos los resultados de la labor de control y auditoría sean inteligibles en el más alto nivel, el del Tribunal de Cuentas. 
Así pues, la Comisión ha apoyado firmemente la propuesta que el ponente, el señor Wynn, y la Comisión de Control Presupuestario han hecho al Consejo para tener una declaración política, una confirmación a escala nacional, que, en nuestra opinión, podría suplir ese eslabón que falta. 
Esta propuesta fue rechazada el pasado mes de noviembre y ahora tenemos que pensar qué hacemos, porque el problema seguirá existiendo. 
La Comisión aprobó un plan de acción el 17 de enero y se lo envió al Consejo y al Parlamento. 
El plan de acción propone 16 medidas concretas en todos los ámbitos y en todos los sectores. 
La medida 5 aborda específicamente el tema del debate de esta noche y dice así: «Los Estados miembros tienen que designar un órgano nacional coordinador en cada área política que sea capaz (…) de proporcionar a todas las partes implicadas una visión general de la fiabilidad disponible respecto de las medidas comunitarias bajo gestión compartida e indirecta en su Estado miembro. 
La cooperación de los Estados miembros es necesaria para conseguirlo en la futura legislación y para dirigir su aplicación mediante normas de ejecución y orientaciones». 
Quizás esto sea una solución o, al menos, una solución intermedia que permita articular los niveles técnicos, los organismos pagadores y las auditorías y proporcionar pruebas para la aprobación general de la gestión. 
Señor Presidente, efectivamente, señor Winkler, nosotros esperábamos más de usted, esperábamos más de la Presidencia austriaca en este aspecto. 
No es la primera vez que este Parlamento ve que el Consejo se queda por detrás de lo que nosotros pedimos. 
Ahora tenemos un grave problema los europeos: este Parlamento quería que en las perspectivas financieras gastásemos el 1,14 %, pero el Presidente de turno, el señor Blair, lo rebajó al 1,04 %. 
Parece que, con ello, se quiere decir que las políticas comunitarias, tan eficaces y que tanto han hecho por el progreso de Europa, están mal gestionadas por la Unión Europea y, por eso, lo mejor que se puede hacer es bajar el presupuesto, porque no se llevan bien las cosas. 
Por tanto, lo que hay que hacer es intentar que no haya políticas europeas, sino políticas nacionales: renacionalicemos la política agrícola común, gastemos en los Estados miembros. 
Subyace, detrás de ello, el hecho de que durante 10 años el Tribunal de Cuentas ha dicho que no da por buenas las cuentas europeas. 
Pero, ¿qué cuentas europeas? , si el 80 % del presupuesto comunitario se gestiona, se gasta, en los Estados miembros, si apenas una quinta parte se gestiona desde Bruselas. 
Que algunas autoridades nacionales, que quieren pagar menos y que las políticas comunitarias tengan menos gasolina, ahora que estamos en una Europa a 25 y a punto de estar en una Europa a 27, nos dicen «ustedes gastan mal». 
¿Qué es lo que pide la Comisión de Control Presupuestario? 
Pedimos que se diga dónde se gasta mal; que si se gasta mal en un Estado miembro, se diga que ese Estado miembro gasta mal, que no es Bruselas; que los problemas se han suscitado aquí o allí. 
Y, para eso, nos ayudaría mucho que los Estados miembros avalasen la forma en que gastan el dinero comunitario. 
Yo creo que el dinero comunitario se gasta mejor y de forma más eficaz en Bruselas que en la media de los Estados miembros. 
Sin embargo, el sistema hace que la culpa de las malas gestiones la tenga Bruselas, no los Estados miembros. 
Yo sé que el Consejo tiene que defender el buen nombre de los Estados miembros. 
Pedimos que haya una corresponsabilidad, un visto bueno, por parte de la autoridad que se quiera, sea el Ministro de Hacienda, sea el Tribunal que se considere adecuado, que avale que las cuentas en cada Estado miembro se gestionan como quieren los ciudadanos europeos, para que no tengan la culpa siempre el vicepresidente Kallas o la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; que la culpa se reparta y que los responsables salgan a la luz. 
Por eso, pedimos que ustedes avalen cómo gasta cada Estado miembro el dinero de los ciudadanos europeos. 
. – Como Presidente de la Comisión de Control Presupuestario y como uno de los representantes de los nuevos Estados miembros, quiero agradecer la oportunidad de comentar la cuestión de las declaraciones nacionales con miembros de la Comisión y del Consejo. 
Espero sinceramente que a resultas de este debate no solo recibamos una declaración preparada de antemano por el señor Winkler, Secretario de Estado, sino también respuestas concretas a las preguntas formuladas por el señor Wynn y nosotros mismos. 
Espero de verdad que recibamos esas respuestas, porque el Parlamento Europeo es políticamente responsable de garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea la utilización lícita y correcta de los fondos comunitarios. 
En vista de que el Tribunal de Cuentas europeo no puede emitir una declaración de fiabilidad positiva en ausencia de declaraciones nacionales de fiabilidad, los ciudadanos están empezando a formarse una opinión negativa, porque creen que los Fondos Europeos se utilizan de forma poco transparente y no siempre de acuerdo con los reglamentos. 
Por eso en el informe elaborado por mi colega el señor Wynn, apoyado por la gran mayoría de este Parlamento y también respaldado por el informe Böge sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea, se insistió en la introducción de la declaración nacional de fiabilidad durante el procedimiento de aprobación de la gestión del año pasado. 
Además, acogemos con satisfacción su introducción en el programa de trabajo para la creación de un marco de control interno comunitario anunciado por la Comisión Europea, concretamente por su Vicepresidente Siim Kallas. 
Esta reforma, que afecta al Parlamento, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas Europeo, se basa en la confianza mutua y en una estrecha cooperación, pero además de eso, necesitamos también el apoyo del Consejo y de la Presidencia, porque algunos Estados miembros siguen resistiéndose a introducir las declaraciones nacionales de fiabilidad. 
Como representante de Hungría, quiero llamar también su atención sobre el hecho de que los nuevos Estados miembros no solo se han preparado para la aceptación del acervo comunitario y la recepción de Fondos Estructurales, sino que han sido también conscientes de la necesidad de crear sus sistemas de pago y control conforme a los principios de legitimidad, legalidad y cumplimiento de la normativa. 
Por tanto, no tendrían ningún problema en satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y la Comisión, porque haciendo eso contribuirían a una Europa más eficiente, así como más regulada y transparente, en su trabajo. 
– Señor Presidente, la resolución que estamos debatiendo esta tarde no necesita explicación. 
Es el resultado directo de la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2003 del señor Wynn. 
Es importante que podamos ejercer un control mejor sobre los fondos de la UE. 
Todos sabemos que el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir una declaración de fiabilidad positiva durante los últimos once años. 
Pero hay que reconocer que la Comisión ha asumido las recomendaciones del Parlamento casi en su totalidad. 
Eso es muy de agradecer. 
Los Estados miembros, lamentablemente, tienen una visión diferente y mucho menos transparente, y ese es el motivo de que esta tarde estemos celebrando un debate con el Consejo. 
Tengo que decir que las respuestas y los comentarios del señor Winkler esta tarde no me han convencido del todo. 
En realidad, lo que pedimos en esta resolución no es diferente de lo que ya se está haciendo en algunos casos. 
Queremos volver a la declaración anterior en la que pedimos que la máxima autoridad política firme dicha declaración. 
En esa resolución, no vamos más allá de las declaraciones realizadas en un nivel más bajo. 
Si analizamos las prácticas actuales en el gasto agrícola, ya existen organismos de certificación independientes que vigilan a las agencias pagadoras y que realizan controles independientes. 
No alcanzo a comprender por qué los Estados miembros pueden aceptar esto en el capítulo del gasto agrícola, pero no en otros capítulos del gasto presupuestario, como los gastos estructurales. 
El debate de esta tarde exige algunos compromisos. 
Doy por sentado que el Consejo conoce la resolución Böge sobre las perspectivas financieras. 
No solo estamos pidiendo más fondos después de las decisiones del Consejo, sino también una mejor supervisión financiera, que en el fondo es el objetivo de la resolución que esperamos que se apruebe mañana. 
. – Señor Presidente, este debate es ante todo un debate con el Consejo. 
Tengo que decir que la intervención del Ministro me ha decepcionado; en realidad no ha respondido a nuestra pregunta y eso en un momento en el que la confianza en la Unión Europea es menor que nunca. 
Mañana, la Comisaria Wallström nos presentará el Libro Blanco sobre comunicación como un medio de promover la confianza en la UE, pero en mi opinión, si la Unión Europea no sabe gastar con prudencia sus fondos, no valdrán de nada ni mil libros blancos ni mil medidas. 
Por eso le pregunto, una vez más, por qué están organizando la irresponsabilidad organizada aquí. 
¿Por qué ustedes, el Consejo, piden a los Estados miembros que gasten el 80 % de los fondos europeos, en lugar de asegurarse de que los distintos Estados miembros y regiones, cuando sean responsables de ello, puedan decir que los fondos que están gastando son debidamente vigilados y que los fondos se gastan con prudencia? 
No entiendo por qué el Consejo no puede hacer lo que el Parlamento le pide que haga al respecto. 
Creo que están creando ustedes enormes dificultades a esta Cámara. 
. – ¡Declaraciones nacionales de gestión! 
Señor Presidente, quiero preguntar al señor Kallas: ¿serán como las cuentas de la UE, en las que los directores generales de la Comisión firman en sus respectivos departamentos con reservas, porque no tienen ni idea de adónde ha ido a parar el dinero? 
Porque si es así, me parece que es como intentar curar una arteria cortada con una tirita: muy poco y demasiado tarde. 
Como todo el mundo sabe, no creo en la Unión Europea; creo que es un enemigo de la democracia, y esto lo enfoco desde una dirección opuesta. 
Ninguna nación debería invertir el dinero de los contribuyentes en un sistema corrupto. 
Tras 11 años en los que las cuentas de la UE han sido rechazadas por sus propios auditores, este débil intento de cambiar el sistema es como verter grandes cantidades de oro en polvo a través de un colador, pensando «ah, quizá sería mejor que intentáramos tapar algunos de los agujeros». 
Nadie piensa en primer lugar en la sabiduría de verter el oro en polvo por un colador y en que, sencillamente, la manera de no perderlo es dejar de verterlo. 
Por tanto, insto a los diputados aquí presentes a que regresen a sus respectivos países y pidan a sus Gobiernos que saquen el enchufe. 
Simplemente, dejando de pagar a esta monstruosa dictadura burocrática que no respeta ni a los Gobiernos ni a los ciudadanos de Europa. 
Hay un dicho en mi país: «la caridad empieza en casa». 
Ahorren el dinero que están malgastando en la UE; en todo caso, una gran parte ya se pierde a causa del fraude y la corrupción. 
Señor Titford, le llamo al orden. 
En dos ocasiones ha acusado usted a las Instituciones europeas de delitos. 
Ha dicho usted «fraude» y «corrupción» dos veces. 
Le ruego que en el futuro tenga en cuenta que, en esta Cámara, la atribución de delitos a personas o instituciones ha de ir acompañada de pruebas. 
De lo contrario, es un abuso de la libertad de palabra que tiene un diputado. 
– Señor Presidente, cuando en esta Cámara se debaten temas financieros, no es muy frecuente que yo sea mucho menos franco que los oradores que me han precedido. 
Aunque esta responsabilidad nacional es algo que ni me atrevo a soñar, no he olvidado, señor Winkler, lo que dijo su Canciller –que también es el mío–, dirigiéndose a esta Cámara desde donde está usted ahora, sobre la cuestión de las subvenciones con cargo a los fondos comunitarios. 
Las palabras del Canciller Schüssel, en calidad de Presidente del Consejo, fueron las siguientes: «Esa información tiene que publicarse para que los ciudadanos sepan quién se está beneficiando en realidad.» 
Les repito: «Esa información tiene que publicarse.» 
En algunos Estados miembros, donde son mucho más críticos sobre muchas cosas, como en el Reino Unido, por ejemplo, eso no hace falta ni decirlo. 
Dejemos que Austria sea un buen ejemplo y nos diga finalmente lo que sucede con el 80 %. 
¿Quién obtiene qué, cuánto y cuándo? 
Mi segunda petición posiblemente les parezca más fácil: apoyen a su propio Grupo político, es decir, a la señora Gräßle. 
Ella está introduciendo reformas en el nuevo Reglamento Financiero para que podamos trabajar realmente con él y para que podamos responder fácilmente a las críticas injustificadas, siempre, claro está, que ustedes sean más transparentes. 
– Creo que estamos ante un debate muy importante en el contexto de los procedimientos de control presupuestario de la UE. 
La cuestión fundamental que está en juego aquí es la clarificación legislativa. 
Creo que tanto en el ámbito de los Fondos Estructurales como de la Política Agrícola Común, los reglamentos son claros al exigir que los Estados miembros hagan una auditoría independiente, tanto como. 
Esos reglamentos se han mantenido inalterados desde el inicio del marco actual de programación financiera. 
En este contexto, la gran prioridad, en mi opinión, es asegurar que los Estados miembros cumplan lo que está reglamentado y que la Comisión Europa vigile ese cumplimiento. 
Cualquier otra cosa llevaría únicamente a una falta de clarificación de responsabilidades. 
Por eso quiero pedir a ambas instituciones que nos aclaren el estado de cumplimiento de los reglamentos comunitarios en lo que respecta a estas auditorías y, de manera que podamos estar debidamente informados antes de actuar. 
Quiero referirme por último a la información sobre quién recibe fondos comunitarios. 
Es una reivindicación que consta en un informe que yo mismo elaboré hace ya varios años y celebro que el señor Kallas se haya adherido a esta iniciativa. 
Espero que, cuando critique a los políticos por falta de transparencia, recuerden ustedes que este Parlamento pidió esa transparencia hace algunos años en un informe elaborado por mí. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado con gran atención sus comentarios y, por supuesto, transmitiré al Consejo sus opiniones. 
Pero quiero repetir una cosa: estoy aquí para representar al Consejo y a los Estados miembros; en otras palabras, las opiniones expresadas por la Presidencia del Consejo aquí son las expresadas en una votación unánime en el Consejo. 
Lo siento si decepciono a algunos de ustedes, pero no hay nada más que pueda decir por el momento. 
No obstante, reitero –y espero que sean ustedes tan amables como para aceptarlo– que hemos acordado examinar, en relación con el proceso de aprobación de la gestión de 2004, el plan de acción elaborado por la Comisión. 
Puedo confirmar también que el Consejo seguirá apoyando a la Comisión en sus esfuerzos por realizar una contribución activa a la gestión financiera en todos los niveles. 
El Consejo asumirá con toda seguridad su parte de responsabilidad, a la que no tiene ninguna intención de renunciar. 
Seguiremos trabajando con la Comisión para encontrar soluciones que todos, también ustedes en esta Cámara, puedan aceptar. 
Me temo que en esta etapa relativamente temprana de la Presidencia austriaca, poco más puedo decir. 
Esta cuestión parece muy técnica. 
Es muy difícil explicar al gran público lo que hay detrás de esta declaración de fiabilidad. 
Sin embargo, debemos esforzarnos por encontrar soluciones que no nos lleven al resultado político sumamente negativo de tener que decir que el dinero no está bajo control. 
Espero por ello que el Consejo y los Estados miembros tengan en cuenta esta nueva base para unificar sus esfuerzos. 
Esto ya se ha hecho con respecto a las agencias pagadoras y otras autoridades de ejecución. 
Intentemos proporcionar una única declaración de fiabilidad integrada que suponga una prueba positiva para el Tribunal de Cuentas. 
Intentemos encontrar soluciones. 
Como he dicho antes, la Comisión es plenamente consciente de las esferas de la propia Comisión en las que el Tribunal de Cuentas ha encontrado muchos errores en políticas internas y en investigación y desarrollo. 
El plan de acción incluye 16 acciones de las que solo una está destinada directamente a los Estados miembros. 
Sin embargo, espero que esta cooperación dé sus frutos. 
Quisiera hacer un comentario de hecho sobre la afirmación de que el Tribunal de Cuentas ha rechazado nuestras cuentas. 
Eso no es cierto. 
Durante mi mandato, el Tribunal de Cuentas nunca ha rechazado nuestras cuentas. 
No siempre puede asegurar la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes, tal como se establece en el Tratado. 
Esto significa que no puede afirmar que ha verificado debidamente millones de transacciones. 
Esto es cierto. 
También es muy importante que cuando hablemos con los periodistas les describamos la complejidad del panorama. 
Es una operación de gran envergadura. 
La aprobación de la gestión presupuestaria incluye millones de detalles. 
Una mejor comprensión del panorama sería sin duda de gran ayuda. 
Señor Presidente, quisiera intervenir sobre la observancia del Reglamento con arreglo al artículo 145. 
Yo pensaba que estábamos hablando sobre las orientaciones de gestión y que la razón por la que pedíamos que se establecieran esas orientaciones era que faltaba dinero. 
Como miembro de la Comisión de Control Presupuestario, mi papel ha sido siempre investigar dónde se ha perdido dinero o este ha sido mal utilizado y dónde se han cometido errores, según la expresión que acaba de utilizar el señor Kallas. 
Yo partía enteramente de la premisa de que la razón por la que pedíamos estas declaraciones era que los Estados miembros investigaran dónde se ha producido despilfarro y fraude e incluso, tal vez, corrupción. 
En estas condiciones pedí expresar mis opiniones en mi intervención. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento con arreglo al artículo 108, esta era una pregunta oral con seis preguntas; he añadido una séptima pregunta oralmente esta tarde y no hemos recibido respuesta a ninguna de ellas. 
¿Podría la Presidencia darnos al menos las respuestas por escrito, si no es molestia? 
Sí, señor Wynn, recibirá las respuestas por escrito. 
Señor Titford, respeto plenamente toda opinión política en esta Cámara. 
Por ello no le he interrumpido y le he permitido acabar su intervención. 
Mi comentario fue solo para recordarle que el lenguaje que utilizamos en la Cámara debe expresar nuestras opiniones y nuestras posiciones políticas. 
Era simplemente un comentario amistoso de mi parte, pues estoy presidiendo esta sesión, en el sentido de que debemos intentar utilizar un lenguaje y unas palabras que no sean excesivamente ofensivos o irrespetuosos. 
Aparte de eso, usted disfruta aquí de plena libertad de expresión, señor Titford. 
Para cerrar el debate se ha presentado una propuesta de resolución (1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral al Consejo sobre medidas de gestión aplicables a los recursos pesqueros del Mediterráneo, de Philippe Morillon, en nombre de la Comisión de Pesca (O-0095/2005 – B6-0346/2005). 
. – Señor Presidente, señor Winkler, la pregunta oral que vamos a debatir esta tarde, junto con las propuestas que se someterán mañana a votación en nuestro Parlamento, se basan en la observación de que las únicas medidas de gestión aplicables hoy a los recursos pesqueros del Mediterráneo se remontan a 1994. 
Pero esas medidas ya no son adecuadas dada la situación de los recursos o las decisiones tomadas en otras costas de la UE. Esas decisiones están encaminadas a aplicar una Política Pesquera Común que permita el desarrollo sostenible de ese sector de nuestra economía y la conservación de los recursos que la Unión debe poder seguir explotando en sus propios mares para asegurar a largo plazo alimentos suficientes a sus ciudadanos. 
Ese desfase de tiempo se debe, en primer lugar, al reconocimiento de que el Mediterráneo es una de las regiones más diversificadas y más complejas tanto desde el punto de vista biológico, como ecológico, social y económico. 
Por eso nuestro Parlamento fue incapaz de alcanzar un acuerdo en la anterior legislatura y por eso el informe del señor Lisi acabó en el reconocimiento de un fracaso. 
Por eso también este tema ha vuelto a ocupar un lugar prioritario en el programa de trabajo de la nueva legislatura y por eso ha dado lugar a un compromiso muy delicado al finalizar el trabajo de nuestra ponente, la señora Fraga, cuya dedicación personal debo destacar hoy en esta Cámara. 
Este informe fue aprobado –primero en comisión, después en el pleno– en el mes de junio. 
Las medidas que preconiza no han sido, por ahora, objeto de ninguna decisión de aplicación por parte del Consejo. 
Sabemos cuáles son algunas de las razones de esta política de esperar y ver qué pasa, pero personalmente he informado a mis colegas de las medidas para tratar de que se aprobaran una serie de enmiendas encaminadas a prevenir la prohibición del uso de ciertos tipos de redes tradicionalmente utilizadas por los pescadores en la región. 
Este asunto ha afectado y sigue afectando a 75 barcos que garantizan el sustento de 350 familias y que generan el 80 % de las ventas de los pescadores cuando utilizan redes de arrastre, llamadas. 
Este tipo de pesca tenía el inconveniente de provocar la captura accidental de delfines, hasta que la profesión elaboró un programa que permitía reducir un 80 % esas capturas accidentales por medio de la utilización de repulsivos auditivos y la presencia sistemática de observadores a bordo de los barcos. 
Si vuelvo a plantear este tema, es porque las repercusiones socioeconómicas de las medidas recomendadas merecen una consideración más profunda. 
Por eso apoyo, y por eso mi Grupo apoyará, la propuesta de resolución presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, en cuyo artículo 4 se exige que los pescadores afectados por el nuevo reglamento y obligados a cambiar sus métodos de pesca sean debidamente indemnizados. 
En la reunión de ayer de nuestra comisión, el Comisario europeo responsable de la pesca, el señor Borg, pudo comprobar lo indignados que estaban nuestros amigos españoles ante la perspectiva de que se prohibieran las redes de enmalle utilizadas para pescar en algunas zonas próximas al litoral español. Esa prohibición crearía un futuro incierto para la flota de 80 barcos que garantizan el sustento a 1 500 personas. 
Tenemos aquí un caso muy similar al de las pequeñas pesquerías de las costas francesas del Mediterráneo. 
Dicho esto, señor Presidente, y aunque puedo entender que algunas decisiones propuestas en el informe Fraga merezcan ser debatidas más a fondo y posiblemente complementadas con un estudio de impacto, eso no justificaría la suspensión indefinida de la aplicación de todo el contenido de un informe que casi todos consideramos un buen compromiso en sí mismo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Morillon, ustedes quieren saber si la Comunidad Europea está cumpliendo las obligaciones contraídas en los organismos internacionales, puesto que el Consejo no ha aprobado todavía la propuesta de un Reglamento del Consejo relativo a medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo. 
En febrero de 2005, la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo, a la que pertenece la Comunidad como parte signataria, aprobó una serie de recomendaciones vinculantes para mejorar las medidas de conservación y gestión en el Mediterráneo. 
Esas recomendaciones se incorporaron a la propuesta de transacción de la Presidencia, que fue remitida al Consejo de Agricultura y Pesca en su reunión celebrada los días 19 y 20 de septiembre del año pasado. 
Ahora bien, la Presidencia se percató ya entonces de que, al quedar claro en los debates que no había apoyo suficiente, era imposible que el Consejo alcanzara un acuerdo político sobre la propuesta de un reglamento que incluyera medidas de gestión técnica para el Mediterráneo, incluidas las recomendaciones de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo. 
El Consejo sigue debatiendo la propuesta relativa a las medidas de gestión para el Mediterráneo, en estrecha consulta con la Comisión, y la Presidencia tiene previsto incluir el tema en el orden del día de la reunión del Consejo en abril. 
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Pesca soy perfectamente consciente de las dificultades de esta propuesta, no en vano el Parlamento ha desempeñado un papel fundamental a la hora de desbloquearla tras su presentación hace algo más de dos años y medio, llegando incluso a encontrar un procedimiento que ha permitido un compromiso entre la Comisión y el Parlamento para superar las dificultades de la propuesta y que ha contado, incluso, con el apoyo de la mayor parte del sector y de las administraciones nacionales. 
Es incomprensible que, encontrándose en una situación de tanto consenso, el Consejo esté retrasando desde abril del año pasado la aprobación de lo que en este momento es probablemente el paquete de medidas técnicas más importante que hay que adoptar. 
Las consecuencias de esta irresponsabilidad son múltiples: el Mediterráneo es la única zona comunitaria que todavía no esta asociada, ni de lejos, a los conceptos mínimos de pesca responsable y de desarrollo sostenible, cuando en otras aguas comunitarias ya se están llevando a cabo, en su nombre, actuaciones mucho más drásticas. 
Resulta vergonzoso que los propios pescadores mediterráneos, en su inmensa mayoría, hayan comprendido mejor que el Consejo la urgente necesidad de regular esta pesquería, a pesar del precio que tendrán que pagar. 
La credibilidad del Consejo queda, por lo tanto, completamente en entredicho. 
Asimismo corremos el riesgo de incumplir nuestras obligaciones internacionales en el seno de las dos organizaciones regionales de pesca que funcionan en el Mediterráneo. 
Y, señor Presidente, ¿con qué cara vamos a proponer otra vez a terceros países medidas de gestión más restrictivas, cuando nosotros mismos no somos capaces de ponerlas en marcha en nuestro propio territorio? 
Por eso, señor Presidente del Consejo en ejercicio, le ruego que, además de hablarnos del calendario, cuestión a la que todavía no ha contestado, explique a este Parlamento por qué, sin haber una minoría de bloqueo, el Consejo es incapaz de tomar una decisión al respecto. 
. Pues, efectivamente, señor Presidente del Consejo en ejercicio, la mayor parte de los recursos pesqueros del Mediterráneo se consideran sobreexplotados desde hace tiempo e incluso hay algunos stocks que tienen un elevado valor comercial; pienso, sobre todo, en el caso del atún rojo, que está bajo mínimos, según dicen todos los expertos, incluidas las organizaciones ecologistas e incluidos los propios pescadores. 
Aunque los objetivos de la política pesquera común son los mismos en el Mediterráneo que en otras aguas comunitarias, parece que la política de conservación en el Mar Mediterráneo se ha desarrollado de forma muy distinta, y hoy en día nos encontramos con que las únicas medidas de gestión aplicables en este mar no pueden calificarse más que de absolutamente obsoletas. 
Esta falta de reglamentación que padece el Mar Mediterráneo ha dado lugar a una discriminación muy evidente entre los pescadores europeos que faenan en el Mediterráneo y los pescadores europeos que faenan en otras aguas comunitarias. 
Yo pienso, señor Presidente, y creo no equivocarme mucho, que es nuestro deber hacer que la reglamentación de la pesca evolucione en el Mediterráneo hasta adquirir el mismo grado de desarrollo que en otras zonas comunitarias. 
Y en este sentido nos preocupa, y es muy evidente, la pasividad del Consejo, porque esta ausencia de interés por este Mar nos parece totalmente inexplicable. 
Estamos hablando de un mar, de una región de una importancia enorme, con unas complejidades, es verdad, muy grandes ―geopolíticas, entre otras―, pero yo entiendo que para el Consejo esto debería ser más un acicate que un freno. 
Y todavía es más inexplicable teniendo en cuenta lo que acaba de decir la señora Fraga: que este informe se aprobó gracias a esa estrecha colaboración ―y así lo aprobó este Parlamento― que se estableció entre la Comisión de Pesca y la DG Pesca. 
Por todo ello, le pido que le dé el impulso definitivo y que considere muy importante lo conseguido; y que no se den pasos atrás ni se admitan atajos que permitan diluir el contenido de este informe. 
. – Señor Presidente, por mi parte –y como verán existe realmente un consenso sobre este tema– quiero insistir en la necesidad urgente de desbloquear esta situación, porque el estado de los recursos en el Mediterráneo es verdaderamente alarmante. 
Ese es el caso en particular del atún rojo, pero también de otras especies, como ha señalado mi colega diputado. 
La política de esperar y ver qué pasa, los bloqueos y la prevaricación son, por tanto, realmente desastrosos para el futuro del Mediterráneo. 
Además, queremos preservar las pequeñas pesquerías, que tan importantes son en las regiones afectadas, donde proporcionan sustento a miles de personas, como ya se ha dicho. 
Pero eso no lo conseguiremos exonerándolas de una serie de medidas necesarias, sino más bien ayudándolas sobre todo a adaptarse y apoyándolas para que puedan continuar con sus actividades, pero respetando las normas, que tienen que ser las que se indican en el informe. 
Por tanto, creo que tenemos que preservar el Mediterráneo: esta es una cuestión fundamental para el futuro de la pesca y también una cuestión muy importante en términos de cultura. 
El Consejo tiene que ser plenamente consciente de ello y tratar de desbloquear la situación lo antes posible. 
– Señor Presidente, el Mediterráneo representa una parte muy importante de la Unión Europea. 
Las pesquerías del Mediterráneo representan un sector importante de las pesquerías comunitarias. 
Queremos un Mediterráneo que esté vivo, no un mar muerto. 
Para muchos de nosotros, el mar es nuestra vida. 
Queremos que se mantengan las poblaciones de peces. 
No queremos sobreexplotación de la pesca. 
Queremos sostenibilidad en ese mar. 
El Parlamento Europeo y la Comisión han aprobado un plan de medidas de gestión para la pesca en el Mediterráneo. 
Pedimos urgentemente que se apliquen y vigilen las medidas adoptadas. 
No quiero desviarme del tema, pero no sería exagerado decir que cualquier retraso en esta cuestión sería criminal. 
Estamos pidiendo que las medidas se amplíen en el futuro; en otras palabras, que presionemos a los países terceros del Mediterráneo también para que apliquen las medidas que ya estamos aplicando nosotros. 
Esa es nuestra obligación, para proteger el Mediterráneo, que es nuestra vida. 
Pero por encima de todo, hoy, no mañana, pedimos al Consejo que empiece a aplicar las medidas acordadas. 
– Señor Presidente, un año después de la aprobación del informe sobre la propuesta del Consejo relativa a la pesca sostenible en el Mediterráneo, es evidente que nunca ha habido una decisión del Consejo de aplicarla. 
Se nos ha dicho también, para nuestra gran sorpresa en la Comisión de Pesca, que el presupuesto del Fondo de Pesca se ha reducido ya un 20 %. 
Por tanto, una consecuencia natural es que siga habiendo problemas con la pesca y que los ciudadanos que trabajan en este sector como profesionales o aficionados se muestren impacientes, mientras la situación se hace cada vez más complicada y, en mi opinión, empeora. 
Al mismo tiempo, la cuenca mediterránea está cada vez más poblada, lo cual produce su progresivo deterioro por la presencia de residuos industriales, urbanos y de otro tipo que tienen un efecto negativo directo y grave en la pesca. 
Las propuestas relevantes para que se adopten reglamentos y se elaboren informes tienen que incluir obviamente estudios realizados por la comunidad científica sobre el efecto de la contaminación ambiental, los cambios geológicos, las diferencias demográficas y los requisitos de consumo de pescado antes de su aplicación. 
Está claro que la política acordada no se ha aplicado y que siguen existiendo problemas importantes en el sector de la pesca, principalmente relacionados con los métodos de pesca, la reducción de las poblaciones de peces y la brecha que persiste entre los pescadores profesionales y los aficionados. 
Así pues, debemos actuar con los medios políticos a nuestro alcance para promover el informe del Consejo e iniciar el diálogo con las agencias responsables de mejorar de inmediato la normativa vigente. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que la resolución sobre la adopción de medidas de gestión aplicables a los recursos pesqueros del Mediterráneo, que votaremos mañana en esta Cámara, tiene una gran importancia económica, social y ambiental. 
Como ya se ha recordado, el reglamento vigente se remonta a 1994 y ya entonces se consideró obsoleto. 
¿Cómo podemos atrevernos a culpar a los pescadores por de poner supuestamente en peligro la sostenibilidad del sector de la pesca si las reglas, señor Presidente, son anacrónicas e inadecuadas en el contexto actual, y si no se ha hecho ningún progreso en lo que el Parlamento Europeo votó hace un año? 
La industria pesquera no quiere discriminación. 
Por el contrario, quiere sentir que la Unión Europea está de su parte y conoce sus peculiaridades. 
Pensemos en la gran diferencia que existe en la morfología y en la profundidad de los lechos marinos de la costa adriática y la costa atlántica, el problema de la pesca de especies múltiples y el problema sempiterno del tamaño de los peces, cuando ya se están respetando las reglas sobre el tamaño de las redes y las mallas. 
Por último, pero no menos importante, recordemos las diferentes reglas vigentes en países que tienen litorales mediterráneos pero que no pertenecen a la Unión Europea y que, al no existir acuerdos bilaterales equilibrados, aplican una normativa distinta a la comunitaria en los mismos caladeros. 
Tendríamos que haber puesto fin a esas discrepancias evidentes hace ya mucho tiempo. 
Por tanto, esperamos que con esta resolución el Consejo, a quien respetamos y en quien confiamos, envíe lo más deprisa posible la señal largo tiempo esperada. 
Estoy convencido de que todos los que trabajan en estrecho contacto con el sector de la pesca, y sobre todo los que tienen relación con el Mar Mediterráneo, son mucho más conscientes de lo compleja que es esta región. 
Se trata de una región con una diversidad biológica y ambiental muy visible, que tiene un enorme impacto socioeconómico en los habitantes de la región. 
Lamentablemente, el Consejo de Ministros no ha contraído ningún compromiso relacionado con la diversidad y la adopción de las medidas necesarias para protegerla. 
Esa es una situación que nos preocupa a los que hemos presentado esta resolución, porque sabemos que esa falta de iniciativa del Consejo nos ha colocado en una posición muy alejada de nuestro objetivo de desarrollo sostenible. 
Hemos llegado a un punto muerto del que solo podremos salir si adoptamos reglas más responsables y más acordes con la Política Pesquera Común, haciendo así mucho más factible el logro de nuestros objetivos. 
Tenemos que recordar que las únicas reglas que existen para la gestión de la pesca llevan más de diez años en vigor y que incluso esas medidas no son demasiado buenas. 
Es muy importante no olvidar que corremos el peligro de incumplir nuestras obligaciones internacionales en lo que respecta a la gestión de la pesca, sobre todo en lo que respecta a las organizaciones regionales de pesca y, en particular, a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. 
Por tanto, insto al Consejo a adoptar sin demora todas las medidas necesarias para alcanzar un equilibrio óptimo en el Mediterráneo y garantizar el sustento de los pescadores. 
Solo después de eso podremos centrar nuestra atención en otros proyectos del Mediterráneo, una región que, repito, ha sido lamentablemente descuidada durante mucho tiempo. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, Señorías, en realidad solo quiero terminar diciendo que el Consejo es muy consciente de la importancia de esta cuestión. Tampoco es cierto que el Consejo se muestre inactivo o incluso desinteresado ante la situación de las poblaciones de peces y las pesquerías en el Mediterráneo. 
Por razones que la Presidencia no comentará, todavía no se ha llegado a un acuerdo. 
La Presidencia austriaca está ocupándose ahora de este tema y trabajará activamente para encontrar una solución. 
Como ya he dicho, se pretende tratar esta cuestión en el Consejo del próximo mes de abril. 
Para cerrar el debate se han presentado tres propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– Señor Presidente, con ocasión del debate sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros del Mediterráneo, ya dije antes que el compromiso alcanzado por el Parlamento y la Comisión puede que no nos haya colmado en exceso de entusiasmo, pero representa indudablemente una mejora respecto a la propuesta inicial. 
Este no es el momento oportuno para recordar los pros y los contras del compromiso; digamos solo que lo considero –al menos esa es mi esperanza– un paso más en el camino hacia la gestión racional de los recursos pesqueros del Mediterráneo, así como un apoyo fundamental para mejorar el precario nivel de empleo en el sector de la pesca, que afecta a miles de familias que pueblan toda la costa del. 
La suerte está echada. 
Ya no hay marcha atrás. 
Por tanto, espero que el Consejo, al tomar sus decisiones, no se inspire en las oraciones del joven San Agustín al Altísimo, como recordaba en sus «Confesiones» : «¡Señor, dame castidad, pero todavía no!» 
Está claro que podemos esperar unos meses más para que se apruebe el reglamento, pero por favor, no tardemos demasiado: nuestros pescadores están expectantes. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
– Señor Presidente, deseo llamar la atención de la Cámara sobre un informe de esta semana según el cual tres de las empresas petroleras más grandes del mundo han dejado de poseer estaciones de servicio en Irlanda del Norte. 
Se han marchado, al parecer, debido a los problemas actuales de contrabando transfronterizo de combustible y de blanqueo. 
El año pasado este Parlamento condenó rotundamente al Sinn Féin, el IRA, por continuar con sus actividades delictivas. 
Está claro que las decenas de millones de libras esterlinas que se calcula que se obtienen anualmente del comercio ilegal de combustible blanqueado son suficientes para asegurar la indiferencia de los representantes políticos ante tal crítica. 
El octavo informe de la Comisión Internacional de Control (IMC) publicado hoy afirma que los miembros del IRA están muy implicados en el contrabando de combustible y que el volumen de contrabando ha permanecido más o menos constante. 
Esto por lo que respecta al Sinn Féin, que pretende convencernos de que es un partido político normal. 
Es atroz pensar que en 2006, en una Unión Europea que se enorgullece de su compromiso a favor de la libre circulación y el libre comercio, un Estado miembro esté asediado por una organización tan sanguinaria que incluso las mayores empresas petroleras no puedan sobrevivir a su amenaza. 
Confío en que este Parlamento seguirá condenando a aquellos que no comparten nuestro compromiso con las libertades fundamentales. 
– Señor Presidente, Señorías, como socialdemócrata de uno de los nuevos Estados miembros de la UE, Estonia, me sigue preocupando lo difundidos y arraigados que están los dobles raseros en la Unión Europea. 
El lunes pasado entró en vigor una directiva relativa a los «ciudadanos de países terceros» , que ha creado una absurda situación en la que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no son siquiera ciudadanos de segunda clase en el mercado de trabajo. 
Las circunstancias han conspirado para hacer posible una situación en la que el mercado de trabajo de la Unión Europea está abierto a los ciudadanos de algunos países terceros, pero no lo está a los ciudadanos de otros países terceros que cumplen los mismos requisitos. 
Pero ¿a quién estamos defendiendo de quién en esta Unión Europea de 25 miembros? 
Ya he pedido al Ministro de Economía y Trabajo, Martin Bartenstein, que explique cuándo podremos ver los resultados del trabajo de Austria al frente de la Presidencia de la Unión Europea en lo que respecta a la apertura del mercado de trabajo. 
El miércoles pasado el Ministro fue incapaz de responder directamente a mi pregunta. 
Quiero insistir en que las cuestiones relativas a la apertura del mercado de trabajo seguirán siendo prioritarias para mí. 
La libre circulación de las personas es una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. 
El recorte de esa libertad puede aprobarse solo en casos excepcionales. 
– El llamado escándalo de los espías en Moscú ha demostrado las verdaderas intenciones del Kremlin de reprimir a las organizaciones de la sociedad civil en Rusia y en los países del antiguo bloque soviético. 
Aprovechándose de la dependencia que los Estados europeos tienen de la energía rusa y utilizando el suministro de energía para ejercer presión, Rusia asigna cada vez más fondos a descaradas campañas de propaganda. 
En los países de Europa Oriental, esas campañas se dirigen sobre todo contra las organizaciones no gubernamentales, en particular contra las fundaciones patrocinadas por G. Soros. 
Su finalidad es debilitar la confianza de la sociedad en las instituciones que defienden los valores occidentales y mantener a la sociedad bajo la esfera de la influencia cultural y política de Rusia. 
La UE debe ser más activa en su defensa de los procesos democráticos en el antiguo bloque soviético y en los vecinos orientales de la UE. 
Debe manifestar su opinión sobre la propaganda antioccidental y no aplicar dobles raseros con Rusia por su dependencia de la energía rusa. 
– Las organizaciones que representan a los trabajadores de las industrias de equipos eléctricos y electrónicos en Portugal han denunciado que en los últimos tres años se han producido más de 8 000 despidos en las multinacionales que operan en el sector, constituyendo los ejemplos más graves de reducción de los niveles de empleo Lear, Vishay, Philips, Yazaky Saltano, Alcoa Fujikura y Delphi. 
La situación tenderá a agravarse si se concretan las nuevas amenazas de procesos de transferencia de pedidos y deslocalización de empresas que supondrían la pérdida de más de 6 000 puestos de trabajo. 
Las multinacionales han llegado incluso a chantajear a los trabajadores, entre otras cosas devaluando los salarios, flexibilizando los horarios de trabajo y haciendo más precarias las condiciones de trabajo. Las medidas preconizadas desde hace mucho tienen ahora que aplicarse para poner fin a esta auténtica carrera de máximo lucro y máxima explotación, con total desprecio por sus consecuencias sociales e, incomprensiblemente, financiadas a veces con recursos comunitarios. 
– Señor Presidente, quiero que quede constancia de mi protesta por las caricaturas del Gobierno polaco y de su Primer Ministro como personajes de opereta publicadas en medios de comunicación de toda la Unión. 
El último número del también se ha rebajado hasta ese extremo. 
Las fuerzas del liberalismo se niegan a aceptar la voluntad de la nación. 
La nación votó en unas elecciones libres y otorgó el poder a los católicos para los que Dios, la verdad y el bien son más importantes que el libre mercado. 
Aún así, nuestros nuevos líderes se están viendo acosados y criticados por los liberales en los medios de comunicación. 
La democracia se está utilizando también como pantalla de humo para el terrorismo de los medios de comunicación que se perpetra actualmente con total impunidad en Polonia. 
El objetivo es el sacerdote que dirige la emisora y que tiene millones de oyentes en todo el país. 
La prensa liberal ha publicado al menos 18 000 artículos ofensivos en los últimos ocho años. 
Se plantea la cuestión de por qué las instituciones de la Unión, cuyo objetivo es defender la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de combatir la intolerancia, solo reaccionan ante ciertos tipos de violaciones de los derechos humanos y hacen oídos sordos y ojos que no ven cuando se trata de los católicos. 
Efectivamente, esas instituciones incluso imitan la conducta de algunos sectores de los medios de comunicación contrarios a los valores tradicionales. 
Quiero recordar a la Cámara que una democracia que no se base en la verdad se convertirá inevitablemente en una dictadura basada en el relativismo. 
– Señor Presidente, los medios de comunicación polacos han anunciado que la Unión Europea ha desestimado la concesión de recursos del Fondo de Cohesión para la construcción del embalse de Racibórz Dolny para la prevención de inundaciones en el río Oder. 
Los habitantes de la cuenca del río Oder se han sentido profundamente decepcionados por estas noticias y han perdido gran parte de su confianza en las instituciones europeas. 
En julio de 1997 se produjeron catastróficas inundaciones en la cuenca del río Oder. 
Cincuenta y cuatro personas murieron y las pérdidas materiales ascendieron a 5 000 millones de euros. 
El Gobierno polaco decidió reconstruir de inmediato las zonas dañadas. 
Aunque Polonia atravesaba enormes dificultades económicas, el programa de construcción de barreras para la prevención de inundaciones se está desarrollando con gran coherencia y efectividad. 
Se han reconstruido más de mil kilómetros de barreras para la prevención de inundaciones y la vega del Oder se ha aumentado en más de 150 millones de metros cuadrados. 
Durante todo el programa, mi país ha cooperado estrechamente con sus vecinos, sobre todo con Alemania y la República Checa. 
Polonia está cumpliendo las obligaciones derivadas de su adhesión en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua en la región transfronteriza de la cuenca del río Oder. 
Quiero, por tanto, preguntar por qué Polonia no ha recibido ayuda financiera para este proyecto y qué posibilidad hay de que se destine rápidamente dinero del Fondo de Cohesión para este fin. 
Quiero agradecerles a todos su solidaridad y sus condolencias por el trágico suceso que conmocionó al pueblo eslovaco hace dos semanas. 
Como saben, el 19 de enero un avión militar eslovaco se estrelló con 43 soldados y personal militar a bordo. 
Lamentablemente, solo una persona sobrevivió al impacto. 
El avión había despegado de Priština, Kosovo, donde soldados eslovacos, junto con otras tropas de la comunidad internacional, habían estado participando en la misión de paz de la OTAN. 
Para Eslovaquia, el 23 de enero fue un día de duelo nacional. 
Quiero agradecer al Presidente del Parlamento Europeo su decisión ese día de izar una bandera de la República Eslovaca a media asta delante del edificio del Parlamento. 
Estas manifestaciones de condolencia significan mucho para el pueblo eslovaco. 
No solo fue la pérdida de unos excelentes profesionales militares, sino también de unos jóvenes al inicio de sus carreras profesionales y de sus vidas personales, de unos hijos y unos maridos, así como de unos padres de 36 desconsolados huérfanos. 
– En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el Primer Ministro francés, Dominique de Villepin, atribuyó los problemas de Europa a la ampliación. 
Según él, la toma de decisiones se ha hecho más difícil a raíz de la adhesión de los diez nuevos Estados miembros, y en muchos casos el ingreso de los países de Europa Oriental se ha visto en la mitad occidental del continente como una carga financiera demasiado pesada. 
Las declaraciones del Primer Ministro De Villepin son escandalosas e intolerables. 
Parece ser que el Primer Ministro de Francia, Estado fundador de la Unión Europea, ni siquiera conoce los procesos básicos. 
La crisis de la Unión Europea, que atraviesa efectivamente una situación difícil, no ha estado causada por los nuevos Estados miembros, sino todo lo contrario. 
La ampliación cuesta a cada ciudadano de los antiguos Estados miembros 20 euros al año; así pues, el comentario del Primer Ministro De Villepin de que la carga financiera es excesiva resulta incomprensible. 
Además, el estancamiento económico de Francia se inició a mediados del decenio de 1990. 
Es una pena que el Presidente Borrell, que estaba presente allí, no defendiera a los nuevos Estados miembros. 
No debemos ser los chivos expiatorios de la crisis actual de Francia. 
– Señor Presidente, recientemente se han publicado artículos en la prensa británica sobre una conferencia celebrada en Salzburgo, organizada por la Presidencia austriaca. 
Al parecer el propósito era debatir sobre el modo en que Europa puede volver a congraciarse con sus ciudadanos. 
Por casualidad este acto ha coincidido más o menos con el 250º aniversario del nacimiento del inmortal y glorioso Wolfgang Amadeus Mozart. 
En dicha conferencia se presentó a Mozart como una especie de federalista protoeuropeo por el mero hecho de que en su breve carrera viajó mucho por Europa. 
Sin embargo, ¿cuáles eran las opiniones políticas de Mozart, si es que tenía alguna? 
Al recibir las noticias sobre la liberación de Gibraltar por parte de Gran Bretaña y la victoria sobre la armada francesa en Trincomalee, escribió a su padre Leopoldo: «En efecto, me he enterado de las victorias de Inglaterra y también estoy encantado, pues ya sabes que soy cien por cien inglés». 
¿Sabía la Presidencia austriaca que estaba celebrando el nacimiento de alguien que se autoproclamaba inglés? 
– Señor Presidente, el viernes pasado Irlanda del Norte sufrió un doble golpe por la pérdida de dos empresas, en ambos casos por su incapacidad de competir con importaciones baratas. 
«Farm-Fed Chickens» , una antigua empresa de aves de corral de Coleraine, anunció su cierre con la pérdida de 350 puestos de trabajo, y «Barber Threads» , de Lisburn, ha tenido que cerrar con la pérdida de 85 puestos de trabajo en el sector textil. 
Las importaciones baratas son ahora el azote de las industrias de fabricación y transformación de la UE. 
Con el enfoque del Comisario Mandelson en la OMC parece que la Comisión quiere avanzar todavía más rápido por esta senda de destrucción. 
En nombre de aquellos a los que se está privando de empleo en toda Europa pido un replanteamiento radical de nuestro enfoque con respecto a las importaciones baratas de modo que se tengan en cuenta como es debido las consecuencias económicas y sociales. 
No podemos seguir con esta sangría de puestos de trabajo autóctonos por perseguir lo que realmente es un dogma inaceptable. 
– Señor Presidente, celebro que el Consejo alcanzara finalmente un compromiso sobre las futuras perspectivas financieras en diciembre. 
No obstante, creo que el llamado método de los «regalos de Año Nuevo» aplicado por la Presidencia británica es irresponsable y no favorece a la política de cohesión europea. 
Además, los drásticos recortes del gasto en detrimento de los Fondos Estructurales no ayudan en nada a construir una Europa de solidaridad. 
Preocupa también la ausencia de criterios claros sobre cómo se va a utilizar el futuro fondo de reserva de los recursos no utilizados del Fondo de Cohesión. 
Creo que el resultado probable de eso será, más que el fortalecimiento de Europa, su creciente división. 
Ha pasado el primer mes de la Presidencia austriaca y ahora el nuevo Consejo debería estar listo para iniciar conversaciones concretas con el Parlamento. 
Mientras tanto, la ausencia de un mandato de negociación nos ha hecho conscientes, desde luego, de que el tiempo es oro. 
Cuanto más tengamos que esperar para alcanzar un compromiso, más probable será que salgamos perdiendo porque se produzcan retrasos en la ejecución de los nuevos programas, sobre todo de los relacionados con la política estructural en una Europa ampliada. 
– En los últimos dos días se han debatido la Estrategia de Lisboa y su revisión, un tema de la máxima importancia. 
En ese debate participaron diputados de los Parlamentos nacionales, que indudablemente llamaron la atención sobre las realidades existentes en los diversos Estados miembros. 
Tanto la Comisión como el Consejo deben tener ahora en cuenta la situación de cada uno de los Estados miembros, donde sigue aumentando el desempleo y donde se mantienen niveles elevados de pobreza y de exclusión social, para que puedan alcanzarse los objetivos anunciados hace seis años en la Cumbre de Lisboa. Lo que se necesita también es el abandono total de las políticas neoliberales de las privatizaciones, las liberalizaciones y la propuesta de directiva Bolkestein para que puedan mejorar las condiciones socioeconómicas y se pueda conseguir verdaderamente una mayor cohesión económica y social en la Unión Europea. 
– Con esto concluyen las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0404/2005) de la señora Carlshamre, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones (2004/2220 (INI). 
. – Señor Presidente, el tema de la violencia machista contra las mujeres no es un pequeño problema marginal de la sociedad. 
Está por todas partes y afecta a toda las sociedad directa e indirectamente. 
Me alegra percibir que existe una creciente comprensión de la envergadura de este problema. 
Deseo dar las gracias a mis colegas diputados de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por la valiosa ayuda y el apoyo que he recibido durante este trabajo. 
También me complace que el Comisario Frattini haya mostrado un compromiso serio y sincero. 
Ahora tenemos una oportunidad importante de otorgar la palabra a todas las mujeres que han conocido violencia, pero no justicia. 
La piedra angular de mi informe es que debemos corregir las cifras. 
A escala comunitaria no hay estudios fiables. Sin embargo, tres estudios nacionales de prevalencia en Finlandia en 1999, Suecia en 2001 y Alemania en 2004 indican que las evaluaciones previas habían subestimado en gran medida la amplitud del problema. 
Utilizando la definición de violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas, estos estudios muestran que entre el 40 y el 50 % de las mujeres de estos tres países han sido objeto, en algún momento de su vida, de actos de violencia cometidos por un hombre. Quiero hacer hincapié en esto: entre el 40 y el 50 % de todas las mujeres en edades comprendidas entre los 16 y los 67 años. 
La cifra correspondiente para toda la UE sería increíblemente elevada, entre 80 y 100 millones de mujeres. 
Esté claro que toda medida eficaz debe basarse en hechos y cifras correctos y existe la necesidad urgente de realizar estudios similares en otros Estados miembros. 
La magnitud del problema en sí mismo indica que todos los Estados miembros están violando repetidamente las normas básicas de las libertades civiles y el Estado de Derecho a una escala que todavía no llegamos a comprender. 
Pueden pensar ustedes que esto es una exageración. No lo es. 
Hace más de 300 años, el filósofo británico John Locke introdujo una idea fundamental: un Gobierno debe concebirse como un instrumento de defensa de los derechos fundamentales, y el derecho civil más fundamental es el derecho a la vida y la integridad física. 
Esta es la base moral y normativa del Estado y su razón de ser. 
Los ciudadanos aceptan obedecer las leyes, pero esto presupone que el Estado cumpla su compromiso básico de proteger las vidas, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. 
Todo Estado que fracasa en este empeño ha incumplido el contrato. 
Por lo que se refiere a la violencia en contra de las mujeres, el fracaso es palpable en todos los Estados miembros de la Unión. 
Toda violencia es un desafío a nuestra civilización y al Estado de Derecho. 
Pero la violencia de los hombres contra las mujeres quebranta específicamente el contrato que se manifiesta a través de toda política común. 
Existe una diferencia sistemática en la forma de tratar los delitos de violencia, en función del sexo de la víctima. 
La violencia contra los hombres suele producirse en público, perpetrada por otro hombre, a menudo un extraño. La violencia contra las mujeres suele producirse en privado, perpetrada por un hombre conocido por la mujer, muy a menudo un hombre con quien la mujer tiene o ha tenido una relación. 
La diferencia fundamental, desde el punto de vista político, es que la violencia privada contra las mujeres no se persigue tan seriamente como la violencia pública contra los hombres. 
El problema de la violencia de los hombres contra las mujeres no es un pequeño problema marginal de la sociedad, también tiene una historia. 
La violencia ejercida en la calle por un extraño, que afecta sobre todo a los hombres, ha sido un delito penal en Europa desde hace siglos, pero hasta hace poco la violencia ejercida en el hogar no era un delito penal. 
Hasta bien entrado el siglo XX, en Europa había muchas leyes que disculpaban la violencia doméstica de los hombres contra las mujeres. 
Este legado sigue vivo en nuestra Unión. Podemos verlo en la jurisprudencia, las actitudes y las percepciones sobre la naturaleza menos grave de la violencia privada. 
El problema de la violencia de los hombres contra las mujeres no es un pequeño problema marginal de la sociedad. 
La violencia de los hombres contra las mujeres también ha sido una forma de mantener a los hombres, en general, en el poder. 
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1993 la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fue la primera vez que un documento de las Naciones Unidas situaba la violencia de los hombres contra las mujeres en una perspectiva de género-poder. Vincula explícitamente la violencia a la posición superior de los hombres. 
Lo que hace falta ahora es actuar. 
Primero hay que corregir las cifras y después proceder con las soluciones pertinentes. 
El problema de la violencia de los hombres contra las mujeres no es un pequeño problema marginal de la sociedad. 
Exijo tolerancia cero ante la violencia de los hombres contra las mujeres. 
Señor Presidente, coincido plenamente con el informe y con lo que acaba de decir la ponente. 
La violencia contra las mujeres es sin dura hoy el caso más difundido de violación de los derechos humanos en todo el mundo. 
Se trata de una forma de violencia que no conoce barreras geográficas ni límites de edad de las víctimas, y que no hace distinción alguna de clase o de origen cultural y familiar. 
En realidad es el delito más generalizado del mundo, contra el que la Comisión Europea y las instituciones de la Unión Europea tienen la obligación institucional y moral de luchar con firmeza. 
Celebro en particular el informe que hoy nos ocupa porque afronta los principales temas de los que las instituciones de Europa tienen que ocuparse. 
La Comisión ha emprendido una serie de iniciativas para ayudar a los Estados miembros a adoptar políticas enérgicas de prevención y reacción encaminadas a erradicar la violencia ejercida contra las mujeres. 
Estamos desarrollando instrumentos legales para favorecer una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en las actividades policiales; en la tipificación de los delitos, que a menudo no coincide; y, por supuesto, en el fortalecimiento de las medidas encaminadas a perseguir y erradicar de la sociedad civil esos delitos y a garantizar una protección más eficaz de las víctimas de la violencia. 
La mayor parte de las iniciativas mencionadas en el informe se encuadran en el programa Daphne, que todos conocemos: se trata de medidas de apoyo a las víctimas y de formación, programas para reintegrar a las víctimas de la violencia en la sociedad, proyectos de estudio e investigación, formulación de políticas europeas, recogida de datos y definición de indicadores, que lamentablemente siguen faltando. 
El programa Daphne, que la Comisión pretende mantener y ampliar, abarca todo tipo de violencia, incluida la violencia doméstica, que es una de sus formas más graves. 
Por desgracia, estos delitos no están reflejados en las estadísticas judiciales porque, en la gran mayoría de los casos, las víctimas no denuncian los episodios violentos que tienen lugar dentro del hogar familiar. 
Las medidas en cuestión incluyen también una lucha tenaz contra la mutilación genital femenina, una práctica horrenda que debe ser castigada con firmeza, y los llamados «delitos de honor» , que deberían rebautizarse con el nombre de «delitos de deshonor» : es mejor no hablar de un delito «de honor» cuando un hombre golpea a una mujer, sea por el motivo que sea. 
El informe menciona la necesidad de recoger datos y publicar estadísticas, puesto que las estadísticas fiables son una de las premisas fundamentales para adoptar decisiones más eficaces a escala europea. 
La Comisión está trabajando en ese aspecto y ha creado, en colaboración con Eurostat, un sistema europeo de estadísticas sobre los delitos y la justicia penal: obviamente, la violencia contra las mujeres es uno de los aspectos sobre los que publicaremos más rápidamente estadísticas calculadas a partir de las medidas y los datos facilitados por los Estados miembros. 
Creo que de aquí al mes de julio de 2006 podremos publicar una serie de estadísticas europeas sobre delitos y sobre la respuesta judicial a los delitos, que contendrá lógicamente un capítulo dedicado a la violencia ejercida contra las mujeres. 
En cuanto al tema de la mutilación genital femenina, la Comisión ha financiado numerosas iniciativas, siempre en el marco del programa Daphne, que han dado resultados positivos. 
Puedo añadir también que, en el ámbito de la acción europea sobre inmigración y asilo, la directiva relativa a los requisitos mínimos para el reconocimiento de la condición de refugiado considera los actos de violencia sexual contra la mujer como razón suficiente para reconocer la condición de refugiado. 
Puedo asegurar también a la ponente que, aunque la mutilación sexual femenina no se incluye explícitamente en el texto de la directiva en cuestión, la Comisión la considera un acto de violencia cometido con fines sexuales y, por tanto, queda incluido entre las razones que, a mi modo de ver, justifican el reconocimiento de la condición de refugiado. 
He puesto este ejemplo, señor Presidente, para insistir en la necesidad de afrontar a escala europea el tema de la violencia ejercida contra las mujeres y desde todos los ángulos posibles: desde el tráfico de seres humanos hasta las políticas migratorias y la igualdad de oportunidades, y de ahí la necesidad de no discriminación. 
En términos más generales, tenemos que utilizar la justicia, la política laboral y la política social como instrumentos de aplicación práctica. 
Desde el punto de vista institucional, político y también moral me siento comprometido con esos objetivos, que constituirán por tanto prioridades concretas de nuestro trabajo en los próximos meses. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente por su trabajo y por esta oportunidad de debatir sobre la violencia que sufren las mujeres en su vida diaria. 
La violencia contra las mujeres no es un problema marginal; las mujeres de todos los grupos sociales pueden ser víctimas de la violencia. 
A veces, las mujeres que conocen un gran éxito profesional piensan que son intocables. 
Toda mujer puede ser maltratada. 
No puede decirse que no es un problema nuestro ni de las mujeres de la UE. 
Aunque el informe se centra en la violencia de los hombres contra las mujeres y especialmente de la violencia doméstica, no debemos olvidar que este no es el único tipo de violencia, a pesar de que, innegablemente, sea el más común. 
Lamentablemente, los niños son a menudo también blanco de la violencia doméstica, y también los hombres. 
Aunque no son el tema de nuestro debate de hoy, no deberíamos olvidar que estas cosas también suceden. 
No deberíamos permitir que se produzca ningún tipo de violencia doméstica. 
La ponente menciona la cifra de 100 millones de mujeres en la UE que han sufrido violencia por parte de hombres. 
La Comisión calcula que cada año mueren unas mil mujeres en Europa debido a la violencia ejercida por sus parejas. 
Solo en Finlandia, la policía recibe 80 000 llamadas domésticas y 17 000 de ellas se deben a casos de violencia doméstica, y eso que somos un país situado en el quinto lugar en las clasificaciones mundiales de igualdad de género. 
Estas cifras son terribles. 
Tenemos que actuar. 
¿Qué podemos hacer? 
Primero debemos asegurarnos de que los Estados miembros tomen medidas para combatir la violencia doméstica. 
Una legislación más eficaz y su aplicación efectiva son factores cruciales, así como la coordinación entre todos los implicados en este terreno. 
Asimismo deberíamos tener en cuenta los estudios realizados en los Estados Unidos que muestran una clara correlación entre el maltrato de animales y la violencia doméstica. 
Se ha mostrado que muchos casos de violencia doméstica han venido precedidos de maltrato de animales. 
Nosotros en Europa quizás podamos aprender de esto. 
Además del tipo más tradicional de violencia contra las mujeres, recientemente hemos sido testigos de un aumento de los delitos de honor y mutilación genital. Me complace mucho escuchar que la Comisión insiste más en este derecho humano. 
Toda mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto es muy importante. 
– Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la ponente el hecho de que hayamos podido debatir esta tarde una cuestión de máxima importancia para la UE. 
Además de ser un acto delictivo y una violación de los derechos humanos, la violencia de los hombres contra las mujeres es un grave problema sociopolítico en todo el mundo. 
Nosotros, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, creemos que la violencia de los hombres contra las mujeres guarda relación con unas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y el problema se agravará si los Estados miembros no utilizan la legislación para oponerse con firmeza y rotundidad a ese tipo de violencia. 
La violencia de los hombres contra las mujeres tiene evidentemente consecuencias sociales y humanas importantes. 
Siempre he creído que detrás de cada mujer golpeada hay más veces que menos unos hijos que, además de soportar mucho sufrimiento físico y psicológico, creen que así es como tienen que ser las cosas, una opinión que a la larga puede llevarles a adoptar ellos mismos la misma conducta cuando sean adultos. 
A menudo nos olvidamos también de los hijos en estos contextos. 
Es importante que los hijos que ven a sus madres golpeadas sean tratados también como víctimas y tengan derecho a recurrir ante los tribunales. 
Se ha demostrado, por otra parte, que la violencia ejercida contra las mujeres es un factor importante en la vida de las mujeres y las niñas que son víctimas del tráfico de seres humanos y de la prostitución. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que debemos combatir la actitud de que la prostitución es comparable al ejercicio de una profesión. 
Esta forma de violencia y de grave violación de los seres humanos es absolutamente inaceptable. 
La prostitución, el tráfico de seres humanos y todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres, como la mutilación genital y la violencia relacionada con conceptos del honor, pertenecen a la misma categoría. 
La UE tiene que servir de ejemplo y adoptar una postura firme en la lucha contra esas manifestaciones de discriminación entre los sexos y de distribución desigual de poderes entre ellos. 
Es también importante que se haga una cierta labor preventiva con investigaciones, suministro de información e intercambio de conocimientos entre los Estados miembros. 
Aunque la atención suele centrarse, lógicamente, en las víctimas, se necesitan también estrategias preventivas activas orientadas a los que ejercen la violencia y a los que pueden llegar a ejercerla. 
Por último, solo quiero mencionar brevemente una de las enmiendas que yo misma he presentado y que hace referencia a la relación entre alcohol y violencia. 
El alcohol suele ser un factor que interviene en los actos de violencia y es importante que los alegatos por intoxicación como circunstancia atenuante no sean aceptados por los tribunales cuando se trate de casos de violencia de hombres contra mujeres. 
Ahora bien, cuando se reconsideren las estrategias para reducir los daños causados por el alcohol en la sociedad, habrá que tener siempre en cuenta el efecto que el alcohol tiene como desencadenante de la violencia de los hombres contra las mujeres. 
. Señor Presidente, a mí me entristece mucho tener que celebrar este debate sobre la violencia contra las mujeres, puesto que ello significa que se trata de un tema activo, de un tema vivo. 
El informe de la señora Carlshamre, a quien felicito por su trabajo, nos recuerda entre otras cosas que la violencia contra las mujeres es una lacra que no sabe de nacionalidades, religiones, estatus social o nivel económico; se trata, al contrario, como se ha dicho también, de un fenómeno universal, relacionado con las desigualdades existentes en nuestras sociedades en cuanto a la distribución del poder y de los roles entre géneros. 
Precisamente por ello, la respuesta debe ser contundente, aquí en Europa y en otros países donde, como ocurre en México o Guatemala, la situación ha llegado a tales niveles que se habla incluso de «feminicidios». 
El tiempo de la retórica y de la condena, sin embargo, hace tiempo que quedó atrás. 
Ahora es el momento de la acción, de adoptar medidas en favor de las víctimas, aplicar estrategias proactivas y preventivas y establecer sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Pero para que estas medidas sean efectivas hay que dotarlas de los recursos humanos y económicos necesarios. 
Hace pocos días celebrábamos el primer aniversario de la Ley sobre violencia de género en España. 
Esa efeméride nos sirve para insistir, como hace el informe Carlshamre, en que es necesario considerar la violencia contra las mujeres como una clara violación de los derechos humanos más fundamentales y en que, además de las medidas reactivas, hay que establecer programas de carácter holístico que afronten seriamente la cuestión de la distribución de roles en nuestra sociedad y, en particular, la percepción que todavía tienen muchos hombres de que las mujeres no son más que un objeto a su disposición y que, por ello, tienen incluso el derecho de pegarlas o maltratarlas, cuando no de matarlas. 
En definitiva, el problema real, me temo, sigue estando en la cabeza de muchos hombres, y ahí es donde hay que actuar. 
. – La violencia contra las mujeres, que va desde el tráfico de seres humanos o la prostitución a la violencia en el ámbito doméstico o laboral, es un problema de extrema gravedad. 
La violencia doméstica es la más frecuente de todas estas manifestaciones, afectando a millones de mujeres en Europa. 
La ponente, a la que quiero felicitar por su excelente trabajo, nos ha presentado aquí algunas cifras, aunque se sabe que no se han realizado estudios a escala comunitaria. 
Señor Comisario, es necesario que se tomen cuanto antes las medidas necesarias para que este fenómeno se haga más visible, pues es inadmisible que sigan muriendo todos los años en la Unión Europea, víctimas de la violencia, probablemente más de 100 000 mujeres y también muchos niños, otro aspecto que debe tenerse en cuenta. 
Espero, por tanto, que después de este debate nada siga igual, que de verdad se refuercen los instrumentos, como se ha prometido, que se tomen medidas y que haya voluntad política para que esta situación efectivamente cambie. 
Señor Presidente, no quisiera restar importancia a esta cuestión tan significativa. 
No obstante, como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, me gustaría señalar que la violencia no es solo característica del comportamiento masculino. 
Es indicativa de una personalidad que no se ha desarrollado apropiadamente, y puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. 
La violencia psicológica perpetrada por las mujeres es menos evidente de forma inmediata, pero puede ser igual de perjudicial, tal y como confirma la investigación de casos de relaciones homosexuales en hombres y mujeres. 
Conviene subrayar que los factores sociales desempeñan una función muy significativa en la expansión de la violencia. 
Me refiero a las agresiones en los medios de comunicación y al estilo de vida hedonista y liberal que se fomenta en la actualidad y que no está sujeto a restricciones, normas o prohibiciones. 
Se trata de un estilo de vida caracterizado por una ola implacable de pansexualismo y pornografía y la creencia de que los seres humanos son objetos que pueden venderse y comprarse. 
Por último, la guerra entre sexos que se ha defendido recientemente y que recuerda la lucha de clases comunista, ha fomentado la agresión en lugar de reducirla. 
Señorías, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, la señora Carlshamre, por su informe, que subraya aspectos muy importantes de la lucha contra los actos de violencia cometidos contra las mujeres. 
Estoy de acuerdo con ella, y creo que es muy importante que no toleremos absolutamente ninguna forma de violencia. 
Se dice que la resistencia de una cadena equivale a la de su eslabón más débil y nuestra sociedad tiene que ser débil si no puede proteger a su eslabón más débil, es decir, a sus niñas y niños. 
Los movimientos feministas han denunciado la violencia contra las mujeres y siempre han luchado por los derechos de las mujeres. 
Cuando observamos cómo se reduce cada vez más la edad de las víctimas, la sociedad debe tener el valor de proteger a las jóvenes de la violencia y el abuso. 
No obstante, los culpables solo son descubiertos en algunas ocasiones, normalmente cuando ya es demasiado tarde. 
Lamentablemente, las historias trágicas hacen buenos artículos e incrementan los ingresos de la prensa amarilla. 
Por desgracia para la víctima, este es un hecho trágico. 
Normalmente las chicas jóvenes no tienen la oportunidad de vivir su infancia, a resultas de la violencia se convierten en mujeres y a menudo en madres de manera prematura. 
Por este motivo yo también alzo mi voz hoy para llamar la atención sobre esta cuestión y para favorecer los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia que todos sabemos que existe en la sociedad, aunque tendemos a confiar en otros para que luchen contra ella en nuestro nombre. 
Creo que es muy importante aprobar leyes, recomendaciones y reglamentos, pero también debemos apoyar la aplicación coherente y el cumplimiento de las mismas en nuestra vida diaria. 
No lejos del Parlamento Europeo hay una joven en la calle con uno o dos bebés que sostiene una taza y pide dinero. 
Como es una mujer de un grupo étnico distinto, fingimos que no nos incumbe, le echamos unos céntimos y seguimos andando. 
Permítanme en primer lugar expresar mi agradecimiento a la ponente, la señora Carlshamre, y a todos los diputados y diputadas que han ayudado a desarrollar este informe. 
La violencia es un abuso de superioridad por una de las partes, pero hay que decir que no prevenir la violencia también es una forma de violencia. 
Nuestra actitud básica debe caracterizarse por una absoluta falta de tolerancia hacia toda forma de violencia contra las mujeres. 
Cualquier solución dependerá especialmente de la enseñanza del respeto de otras personas y de la colaboración intensa entre Gobiernos, Parlamentos y organizaciones no gubernamentales. 
Estos organismos deberían desarrollar conjuntamente procedimientos para combatir este fenómeno. 
Las estadísticas son necesarias, pero nuestro éxito depende principalmente de medidas preventivas efectivas, y más aún desde que cualquier ejemplo de violencia en las familias afecta también a los niños y pasa a generaciones futuras. 
Las comunidades y minorías étnicas con diferentes culturas y sus propias formas de violencia también merecen nuestra atención. 
Todo Estado de la Unión Europea debe promulgar una legislación exhaustiva y eficaz respecto a la violencia doméstica, que criminalizará ciertas formas de violencia. 
Ni las prácticas habituales ni el alcohol deberían considerarse factores atenuantes. 
Debemos demostrar claramente que la violencia es sencillamente inaceptable en la sociedad. 
Señor Presidente, creo firmemente que la violencia doméstica avergüenza a la sociedad democrática y altamente desarrollada en la que vivimos, puesto que constituye violencia cometida contra la dignidad humana. 
La prevención de la violencia contra las mujeres debe ser misión de todos nosotros. 
Señor Presidente, este informe que hoy traemos a debate nos da la oportunidad de hacer un llamamiento rotundo a las Instituciones europeas y a los Estados miembros para luchar contra una realidad: la violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. 
No podemos permanecer impasibles ante esta situación; tenemos la obligación de poner en marcha todos los instrumentos necesarios para acabar con esta lacra social. 
La violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos, de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida y la no discriminación. 
Debemos exigir a los Estados miembros un endurecimiento de las penas y el desarrollo de leyes integrales que respondan a esta realidad. 
En este sentido, España es un claro ejemplo para toda Europa, con la ley aprobada el pasado año contra la violencia de género, que, si bien es cierto que no podrá terminar de la noche a la mañana con esta situación, significa un claro compromiso de combatirla decididamente con todos los instrumentos necesarios. 
No podemos obviar que hoy existe una mayor conciencia a este respecto, gracias al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. 
Podemos decir que ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo. 
Aspectos tan importantes como la protección de las víctimas deben venir acompañados de otras medidas, como programas específicos de acceso al empleo o a las viviendas sociales, para abordar esta realidad desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta aspectos relativos a la educación, la asistencia jurídica o el ámbito sanitario y sin olvidar que estas situaciones de violencia afectan también, en muchos casos, a los menores dentro de su entorno familiar. 
No caben excusas a la hora de atajar la violencia contra las mujeres de una forma decidida y comprometida, porque una sociedad no puede avanzar cuando se vulneran los derechos de una parte tan importante de la misma: las mujeres. 
Hablamos de un problema social grave que hará necesarios todos nuestros esfuerzos para acabar con él. 
El de hoy es un paso más en el camino que todavía queda por recorrer. 
Hagamos todo lo posible y lo imposible para llegar al final. 
La violencia contra las mujeres ha existido durante toda la historia de la humanidad. 
Con el fin de crear estrategias efectivas para eliminar este grave problema social, es necesario comprender a fondo este fenómeno y las características del mismo que son específicas de las distintas naciones. 
Los países poscomunistas, incluida Eslovaquia, llevan mucho tiempo ignorando este tema. 
Las tradiciones arraigadas siempre han mantenido la violencia doméstica escondida detrás de la puerta. 
Por ese motivo, a menudo la víctima no denunciaba una violación, especialmente por miedo al agresor, miedo por los niños o lealtad a la familia. 
Se estima que la cifra real de casos es cinco a diez veces mayor que la cifra de casos denunciados. 
Con mucha frecuencia, a las mujeres les cuesta hablar de la violencia, bien por el sufrido o por vergüenza, y no creen que nadie pueda ayudarles. 
Otras ni siquiera reconocen la experiencia vivida como acto de violencia. 
Por estos motivos, estoy de acuerdo con la ponente, la señora Carlshamre, que subraya en su informe que hay que dar prioridad a la sensibilización en torno a este problema en la sociedad en su conjunto. 
El informe reta a los Gobiernos y Parlamentos de los países miembros a que tomen medidas encaminadas a romper el silencio que rodea a la violencia contra las mujeres. 
La violencia no puede ser una cuestión privada. 
Debe convertirse en una cuestión pública, una cuestión para todos nosotros. 
La recopilación minuciosa de datos es el único modo de llegar al fondo de este grave problema y ayudar a centrar los esfuerzos encaminados a eliminarlo. 
No solo las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los centros de investigación y educativos pueden contribuir a esto, sino todos los que nos negamos a tolerar este grave problema social, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. 
En conclusión, permítanme expresar mi agradecimiento a la ponente por su trabajo. 
– Señorías, lamentablemente yo tampoco soy un hombre, sino una mujer en este debate, y quisiera dar las gracias a la ponente Maria Carlshamre por su oportuno informe. 
El informe afirma con razón que la violencia contra las mujeres está relacionada con la supremacía masculina en la sociedad. 
El informe presta mucha atención a la preocupante expansión de los asesinatos por cuestiones de honor y la mutilación genital en la Unión Europea. 
Se trata de tradiciones que los inmigrantes traen de países en los que el desequilibrio de poder entre los sexos está todavía más acentuado que en Europa. 
Los Estados miembros de la Unión Europea no pueden pasar por alto dicha violación de los derechos humanos solo porque la violencia se cometa en el seno de la familia. 
Necesitamos medidas contundentes y proporcionadas, castigos equilibrados que sirvan de factor disuasorio, como se indica en el informe. 
El castigo directo debería estar apoyado por medidas encaminadas a mejorar el equilibrio de poder entre los sexos. 
Quisiera subrayar otro tipo de violencia que representa y simboliza el desigual reparto de poder mejor que cualquier otra cosa. 
Hablo de la venta del cuerpo de las mujeres. 
La compra de sexo es violencia y perpetúa la misma. 
El caldo de cultivo de la prostitución está relacionado más estrechamente con el desempleo femenino y los bajos salarios que se pagan a las mujeres. 
La violencia persistente y los problemas sociales relacionados con la misma dificultan enormemente la integración de las mujeres en el mercado laboral. 
Coincido con la señora Figueiredo, que ha dicho que la prostitución no significa una participación igual en el mercado de trabajo. 
En mi país estoy luchando por que la compra de sexo sea declarada un delito penal. 
No quiero que continúe la violencia contra las mujeres y la desigualdad entre los sexos. 
No quiero que el deterioro del entorno que acompaña a la industria del burdel siga amenazando a nuestras ciudades. 
El Parlamento Europeo debería debatir seriamente la posibilidad de castigar la compra de sexo en toda la Unión Europea. Esto sería un paso hacia la igualdad entre los sexos y una gran contribución a la abolición de la violencia contra las mujeres. 
Gracias por su atención. 
Las cosas no van tan mal: llevamos casi una década hablando de este asunto, y prueba de que las cosas van mejorando es que hoy estamos aquí, que continuamos hablando y que las mujeres ya denuncian cuando sufren la violencia. 
Una violencia que durante mucho tiempo se ha ejercido y se ha sufrido en silencio, en el silencio personal de las propias víctimas y en el silencio cómplice de las familias, de los vecinos y de toda la sociedad. 
Es una plaga que, como bien se ha dicho hoy aquí, alcanza a todos los sectores sociales: ricos, pobres, formados, desinformados... 
Todos y cada uno de nosotros sabemos de casos que han sufrido esta violencia. 
Pero no solamente se hacen estudios de lo que es la violencia en sí, sino que también merece la pena que se investigue si cuando hay violencia en el ámbito familiar la persona que la ejerce también ejerce violencia en el ámbito laboral, si también ejerce lo que se denomina «mobbing» y trata de destruir física y psicológicamente a las personas que la rodean, porque, en el fondo, quien lo hace es una persona enferma que no conoce otra manera de expresarse que no sea con esta forma de violencia. 
Por tanto, nos tenemos que plantear, también, qué medidas hay que poner en práctica desde la Unión Europea. 
Está muy bien que se legisle, pero también es importante que se pongan ayudas temporales, que se dé formación, que se pongan en marcha programas como el Daphne, porque todos ellos ayudan a que, poco a poco, salgamos de esta plaga y de esta lacra deleznable que acosa a nuestra sociedad. 
Por supuesto, también es cierto que hay que hacer estadísticas y ver cómo evolucionan, porque si ponemos medios de verdad, si nos comprometemos de verdad y ponemos el dinero necesario para ejecutar esos programas necesarios, tenemos que ver cómo evolucionan para poder corregirnos en el tiempo y ser lo más eficaces posibles. 
Estamos tratando con dinero público y ese dinero tiene que estar bien justificado y, sobre todo, tiene que servir para el fin que se persigue, que no es ni más ni menos que acabar con la violencia contra cualquier mujer, no solo aquí en la Unión Europea, sino también en países terceros, donde ayudamos y no exigimos que se cumpla la misma legalidad que nos aplicamos aquí. 
Señor Presidente, a menudo se resta importancia a la violencia contra las mujeres o simplemente no se menciona. 
No obstante, es un problema que afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. 
La violencia perpetrada por los hombres contra las mujeres es un delito y una violación de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad y a la integridad física. 
En general está prohibida por la ley, pero lamentablemente sigue estando tolerada por la sociedad, y las estadísticas sugieren que mil millones de mujeres en el mundo siguen siendo objeto de malos tratos, se ven obligadas a mantener relaciones sexuales contra su voluntad y sometidas a otro tipo de abusos. 
No se trata únicamente de un problema del mundo en desarrollo. 
Incluso en los Estados miembros de la Unión Europea mueren cada día tres mujeres en promedio a causa de la violencia doméstica. Esto significa que las víctimas de los asesinatos domésticos vivían entre nosotros, no en algún lugar lejano. 
La violencia en el seno de la familia es un problema social importante que resulta de una distribución desigual del poder entre los sexos en el curso de la historia. 
En nuestra época todo Estado debería garantizar los derechos de todos sus ciudadanos, y por consiguiente combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres estableciendo y aplicando la normativa legal pertinente. 
– Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar a la señora Carlshamre por el informe que ha elaborado con pasión, asegurando que un problema de la sociedad humana civilizada siga siendo actual. 
Queda claro a partir del metódico informe elaborado por la Dirección correspondiente de la Comisión Europea y publicado en diciembre de 2005 y a partir de la investigación realizada por el Consejo de Europa que la violencia contra las mujeres es la principal causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años de edad. 
Aunque, como ha dicho el Comisario, no existe una definición general de violencia contra las mujeres, este fenómeno traspasa las fronteras y la posición social no lo previene. 
Cualquier mujer puede ser víctima de la violencia y cualquier forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos y una violación del derecho a la vida, la seguridad, la dignidad y la integridad física y mental. 
Es un obstáculo al desarrollo de una sociedad democrática. 
Aísla a la mujer de la vida social y del mercado laboral. 
Puede ocasionar marginación y pobreza. 
Este problema social debe eliminarse al amparo de los esfuerzos por integrar a un mayor número de mujeres en el mercado de trabajo. 
La violencia psicológica –humillación, amenazas e insultos– es una forma de violencia que desestabiliza la personalidad de una mujer y altera su comportamiento, hasta el punto de que es incapaz de aportar nada a quienes la rodean. 
No obstante, para que haya resultados, la violencia debe denunciarse, y ese es el motivo por el que hay que incrementar la confianza en las autoridades, en los Ministerios responsables, en los tribunales. 
Las medidas que haya que tomar deben estar coordinadas, y le felicito, señor Comisario, por haber demostrado que está dispuesto a tomar estas medidas encontrando los fundamentos jurídicos apropiados y separando el programa para combatir la violencia del resto de cuestiones. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0401/2005) de la señora Edite Estrela, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea (2004/2159 (INI). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Estrela por su informe y por la propuesta de resolución sobre la igualdad de género en la Unión Europea. 
La igualdad de género no es solo una de las piedras angulares de la Unión Europea, sino también un ámbito en el que Europa ha marcado el camino y siempre ha ido un paso por delante de los acontecimientos sociales. 
La posición de las mujeres en Europa ha cambiado considerablemente gracias a la acción a escala comunitaria, primero a través de la legislación y después a través de los Fondos Estructurales y la integración en toda la Comunidad de las cuestiones de género en todos los ámbitos políticos. 
Los Estados miembros dejaron claro con ocasión del décimo aniversario de la plataforma de acción de Pekín sobre las mujeres, que se celebró hace justo un año, que apoyan plenamente la igualdad de mujeres y hombres. 
Aunque sin duda se ha progresado en el ámbito de la igualdad de género, tenemos tareas importantes ante nosotros. 
La Comisión subraya esto en el informe sobre la igualdad de género, que se presenta cada año en la cumbre de primavera de Jefes de Estado o de Gobierno. 
Debemos perseverar y fortalecer los fundamentos jurídicos. 
La propuesta de resolución se refiere claramente a esta cuestión y subraya enfáticamente que la promoción de la igualdad descansa en tres pilares, que son los siguientes: 
1. una legislación que garantice la igualdad de trato de hombres y mujeres y los derechos fundamentales de todas las personas, a la vez que garantice la aplicación efectiva de dicha legislación; 
2. la integración de las cuestiones de igualdad de género en nuestras políticas, especialmente en la Estrategia de Lisboa y las políticas destinadas a la inclusión social, respaldadas por los principios de gobernanza y el compromiso político en los niveles más elevados; 
3. la aplicación de medidas especiales que apoyen objetivos y grupos específicos, como el acceso de las mujeres a puestos decisorios y la integración de mujeres inmigrantes y mujeres de minorías étnicas. 
La Comisión ha mantenido este enfoque en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro. 
Su compromiso en el ámbito de la igualdad de género se verá reafirmado en el plan de trabajo sobre la igualdad de género, que el Presidente Barroso y yo anunciamos hace varios meses y que la Comisión pretende presentar en marzo. 
Esta hoja de ruta establecerá tareas y medidas destinadas a apoyar la igualdad entre hombres y mujeres para el período 2006 a 2010 y especificará el modo en que la Unión pretende abordar estas cuestiones con sus políticas. 
La mayoría de las medidas a las que se hace referencia en la propuesta de resolución se resaltarán como prioridades en el programa de trabajo, junto con el apoyo a la independencia económica de hombres y mujeres, la igualdad de acceso a los puestos decisorios, el cumplimiento del principio de igualdad de trato y la lucha contra la violencia doméstica y el tráfico de seres humanos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la UE establece el progreso realizado respecto a la igualdad de género, pero concluye diciendo que queda mucho por hacer si queremos poner fin a todas las formas de discriminación y que las mujeres disfruten de un escenario igual al de los hombres tanto en la vida pública como en la privada. 
Con este fin, tiene que haber una reconciliación entre la vida familiar y la vida laboral, una mejora de la condición de las mujeres en el mercado laboral, más facilidades para el cuidado de los niños y otras personas dependientes y una inclusión de las cuestiones de género en los ámbitos de la inmigración y la integración. 
Existen dos importantes retos en la raíz de cualquier política de igualdad de género. 
Uno es la eliminación de las diferencias salariales por razones de género, y el otro es la necesidad de favorecer la reconciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres. 
Es inaceptable que las mujeres sean las últimas en tener acceso a los empleos y las primeras en ser despedidas, a pesar de ser trabajadoras eficientes y dedicadas. 
La diferencia entre hombres y mujeres en nivel de empleo se sitúa en un 15,8 %, mientras que el porcentaje de mujeres en empleos a tiempo parcial se sitúa en el 30,4 %, frente a un 6,6 % entre los hombres. 
La tasa de empleo entre las mujeres con hijos pequeños se sitúa un 13,6 % por debajo de la cifra correspondiente a las mujeres sin niños, mientras que los hombres con hijos pequeños disfrutan de una tasa de empleo un 10 % mayor que los hombres sin niños. 
Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo en la casa y por ello disponen de menos tiempo para el trabajo remunerado. 
En parejas con niños de hasta seis años de edad, los hombres hacen menos del 40 % de las tareas domésticas y son responsables del 25 % al 35 % de los cuidados infantiles. 
La disponibilidad de equipamientos adecuados para el cuidado de niños sigue siendo un instrumento clave para permitir que las mujeres entren en el mercado laboral y se queden allí. 
Hay escasez de mujeres en todos los ámbitos laborales, especialmente en los considerados tradicionalmente masculinos. 
Se ha demostrado que las mujeres son buenas gerentes, y su capacidad creativa e innovadora en la planificación urbana y la construcción está ampliamente reconocida. 
Como una vez dijo una famosa arquitecta italiana, dado que los hombres no llevan zapatos de tacones ni caminan empujando cochecitos no diseñan aceras del ancho adecuado ni se preocupan por las barreras arquitectónicas. 
Señor Comisario, Señorías, quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir algunas preocupaciones que merecen una reflexión más profunda. 
Es responsabilidad de los políticos saber leer las señales para que puedan impedir que la situación empeore más. 
Se acaba de mencionar, como en el último informe, la violencia doméstica, y quisiera llamar la atención sobre la violencia juvenil y sobre el hecho de que está aumentando. 
Las imágenes de los recientes acontecimientos en Francia que se han visto en todo el mundo han planteado la cuestión de qué lleva a cientos de jóvenes a utilizar la violencia para llamar la atención sobre sus problemas. 
Las familias, los encargados de la toma de decisiones políticas y las sociedades en su conjunto deben hablar unos con otros para ver qué han hecho mal y por qué. 
Este problema no se limita a Francia. 
Hay un alto nivel de violencia entre los jóvenes en todas partes, y se trata de un problema muy grave. 
¿Qué lleva a los jóvenes de 13 a 17 años de edad a atacar e incluso matar a personas indefensas simplemente para entretenerse? 
Los hechos que han salido a la luz son desconcertantes. 
Un grupo de jóvenes robó a mendigos e inmigrantes simplemente por diversión y lo grabó todo en sus teléfonos móviles para enseñarlo a sus amigos de la escuela más tarde. 
Otro grupo roció con gasolina a una mujer sin hogar y le prendió fuego. 
La mujer murió por las quemaduras. 
No podemos hacer la vista gorda ante esa crueldad. 
No basta con condenar; lo que se necesita son medidas para que no tengamos la sensación de arrepentimiento más tarde y digamos, como el padre de uno de estos jóvenes, que nos sentimos fracasados como padres. 
La causa principal, según los expertos, es la falta de padres. 
Hay miles de jóvenes en la UE que han sido entregados a la televisión, a Internet y a la calle desde que eran pequeños. 
Los padres pasan más de 12 horas fuera de casa, dejando a los niños desatendidos y a merced de todo tipo de influencias negativas que llevan al fracaso escolar, al abandono prematuro de la escuela, a la indolencia, las drogas y la exclusión. 
La segunda causa es la holgazanería. 
Sin nada que hacer, ni escuela ni trabajo, los jóvenes se hacen irresponsables. 
Añadamos a esto una cultura permisiva en la que las personas tienen pocos deberes o ninguno y todos los derechos que quieren; no hay disciplina, no se exige nada y no se valora ni el trabajo ni el mérito. 
Quisiera que la Comisión, el Consejo y el Parlamento estudien este problema y tomen medidas apropiadas mientras haya tiempo. 
Espero que el próximo informe de la Comisión pueda hablar de un mayor progreso en el ámbito de la igualdad. Quisiera expresar mi gratitud hacia los diputados y la secretaría de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por su ayuda en la redacción de este informe. 
. 
A menudo parece que no hay nada nuevo que decir sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Con mucha frecuencia simplemente repetimos lo mismo una y otra vez. 
Lamentablemente esto no significa que no quede nada por decir sobre esta cuestión. 
Lo que realmente significa es que estamos hablando de las mismas preocupaciones una y otra vez, porque en términos prácticos el progreso es relativamente lento, y después de un paso adelante viene a veces un paso atrás. 
La mejor prueba de esta situación es que a pesar de las innumerables directivas y propuestas respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creadas desde el Acuerdo de Roma, la situación no ha cambiado muy rápidamente. 
El informe (por el que felicito a la autora) señala repetidas veces que la Directiva 75/117/CE, promulgada justo hace 30 años, prohíbe las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres, pero también menciona que según las últimas cifras, dicha diferencia sigue siendo de un 15 % por término medio (entre el 4 % y el 25 %). 
O echemos un vistazo al destino de los compromisos adoptados por el Consejo en Barcelona en 2002 para favorecer la conciliación entre la vida familiar y la carrera profesional. 
Estos puntos interesan si se desea aumentar la tasa de empleo de las mujeres, pero también podrían comportar una inflexión en la crisis demográfica. 
La legislación de la Unión Europea está dejando de ser fiable. 
Los reglamentos pueden incumplirse continuamente sin ningún tipo de consecuencias. 
La autoridad de las instituciones de la Unión Europa se verá socavada si sus compromisos existen únicamente sobre el papel. 
Confío en que en el futuro la Comisión inspeccione la aplicación y ejecución del acervo con mayor seriedad. 
. – Señor Presidente, hasta ahora la mayoría de las voces que se han oído sobre esta importante cuestión, y sobre el anterior informe, han sido voces de mujeres. 
Por ello, tengo el honor de equilibrar un poco este sesgo y recalcar que la igualdad de género solo puede lograrse con el apoyo y la participación enérgica de los hombres. 
Espero que este punto y el informe en general sean aprobados por la mayoría absoluta de todos los hombres de la Unión Europea. 
Una exigencia muy importante de este informe es la de acabar con la diferencia de remuneración entre los sexos y crear sistemas de pensiones que no sean discriminatorios para las mujeres. 
La experiencia de los Estados nórdicos nos muestra que los mayores niveles de vida y de calidad de vida pueden lograrse en aquellos países en los que las mujeres tienen el mismo éxito que los hombres a la hora de ocupar los puestos políticos más elevados. 
Debemos concentrarnos más en el repugnante y alarmante nivel de trata de mujeres que es, en cierto sentido, similar al tráfico de drogas y para el que, lamentablemente, existe una gran demanda en los nuevos y en los antiguos Estados miembros. 
Esos delitos merecen un castigo más severo en todos los Estados miembros de la UE. 
La igualdad de género ha sido siempre uno de los principales exponentes de los valores europeos para los nuevos Estados miembros. 
Me complace subrayar que hoy estos Estados, incluida Lituania, han sobrepasado en muchos casos a los «antiguos» miembros. 
Junto con mis colegas, me complace la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
Los nuevos Estados miembros tienen argumentos de peso para propugnar el establecimiento de este instituto en su territorio. 
Lituania, que en muchos casos va en cabeza en la aplicación de las políticas de igualdad de género, está más que dispuesta a acoger a esta institución en Vilnius. 
Una vez más, quiero felicitar a la ponente, la señora Estrela. 
. Señor Presidente, una vez más me complace felicitar a la colega Estrela por haber llevado a cabo un trabajo fundamental en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea, ya que, lamentablemente, sigue habiendo una total injusticia a la hora de tratar a unos y a otras, especialmente en cuanto a salarios, reconocimiento y oportunidades. 
Esta injusticia, sin embargo, tiene diferentes grados en función de los Estados miembros. 
Es necesario, por tanto, que la Comisión se tome en serio el seguimiento de la aplicación por parte de los Estados del acervo comunitario relativo a la igualdad de oportunidades y que tome las medidas necesarias en aquellos casos en los que no se cumple con lo establecido. 
Asimismo, como futuro padre que seré dentro de dos meses, también me preocupa la poca atención que todavía se presta, en general, a la conciliación de la vida laboral y familiar y, particularmente, a la dificultad que, en muchos países, todavía tienen muchos padres para asumir una paternidad responsable, lo que conlleva que la mujer deba asumir más responsabilidad en el ámbito familiar a costa de su propio proyecto profesional. 
En definitiva, se trata de apostar por aquellas medidas que garantizan igualdad ante el empleo, ante el acceso a los bienes y a los servicios y ante su suministro. 
. – Señorías, tal y como dejan claro la Estrategia de Lisboa y el informe de la señora Estrela, una comunidad integrada se basa en la libertad, la solidaridad y la igualdad, aunque sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en una serie de ámbitos. 
Apoyo incondicionalmente los llamamientos a una reducción de las diferencias entre hombres y mujeres en materia de retribución y a la aplicación de la legislación europea. 
No obstante, debo advertir que las mujeres se encuentran en situación de desventaja no solo en términos salariales, sino que a menudo también son víctimas de la discriminación; por ejemplo, muchos empresarios son insensibles hacia las mujeres embarazadas. 
En la República Checa, las mujeres han sufrido lo que se denomina discriminación silenciosa. 
Los empresarios asumen con frecuencia que las mujeres embarazadas son débiles e indefensas. 
La legislación contra la discriminación, destinada a proteger a las mujeres, todavía tiene que introducirse en la República Checa. 
En algunos países existe una discriminación silenciosa contra las trabajadoras, especialmente por motivos de edad, maternidad, salud y discapacidad. 
Ha llegado la hora del cambio. 
Señor Presidente, soy una mujer que se educó en Polonia, donde los valores cristianos están universalmente reconocidos. 
Puedo asegurar a la Cámara que nunca me han discriminado en casa, en la escuela, en la educación superior o en el trabajo. 
Lamentablemente, las mujeres corren peligro de ser discriminadas por culpa de las políticas de la Unión Europea. 
Por lo tanto, no puedo comprender la preocupación expresada por la autora del informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea por el hecho de que la tasa de empleo entre las mujeres de 15 a 24 años de edad no haya aumentado. 
Ese es el momento en el que las jóvenes deberían estar educándose o quizás empezando a formar familias. 
El año 2007 ha sido designado «Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos». 
Con esto en mente, quisiera solicitar la igualdad de oportunidades también para los niños. 
Los niños deberían poder disfrutar al menos de las mismas oportunidades que nosotros tuvimos de sentirnos unidos a nuestras madres. 
Los niños no deben ser separados de sus madres poco después de su nacimiento enviando a la madre a trabajar y a los niños a un centro de atención infantil. 
Desde el punto de vista médico, los planes de conceder bajas de maternidad a los hombres en lugar de las mujeres resultan bastante extraños. 
Después de todo, las mujeres realmente necesitan ese tiempo para recuperarse del parto. 
Para los niños se trata de un período de adaptación a la vida extrauterina. 
Es especialmente importante que los primeros meses de vida se pasen cerca de una madre cariñosa, cuyos cuidados son vitales para el desarrollo adecuado de recién nacidos y niños pequeños. 
En lugar de conceder bajas a los padres, sería más apropiado aumentar las prestaciones familiares y reconocer el tiempo ocupado en criar a los niños al calcular los derechos a pensión. 
Los hombres carecen de instinto maternal, y su sentido de la responsabilidad paternal se desarrolla bastante tarde. 
Una vez más, solicito responsabilidad, para que las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto y para que los niños no sean objeto de experimentos sociales. 
. – Quisiera llamar su atención sobre varios puntos. 
Creo que se encontrará una solución apropiada al problema de la igualdad de género. 
En primer lugar, cuando la educación de género se incluya en los planes de estudio escolares y universitarios. 
En segundo lugar, cuando dejemos de limitarnos a los informes ministeriales y gubernamentales formales y se pida a los Gobiernos que muestren resultados concretos respecto a la aplicación de políticas de igualdad de género. 
En tercer lugar, cuando el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que se está estableciendo actualmente, no se limite a la recopilación de datos estadísticos, sino que nombre a observadores imparciales, capaces de evaluar la situación en todos los países de la Unión Europea. 
Sin duda, estaríamos a favor de una propuesta de que dicha institución se estableciera en Lituania. 
En cuarto lugar, cuando se tenga en cuenta el comentario realizado por la Comisión Europea, al efecto de que no se ha recibido ninguna propuesta de proyecto por parte de las organizaciones no gubernamentales de los países bálticos relacionada con la aplicación de políticas de igualdad de género, sencillamente porque estas organizaciones no disponen de fondos para la cofinanciación. 
Por lo tanto, también se les deniega el acceso a los Fondos Estructurales. 
Señor Presidente, los hombres y las mujeres disfrutan de plena igualdad de derechos según la legislación de la Unión. 
De hecho, la Unión lo percibe como una de sus tareas clave en relación con la aplicación práctica de los derechos humanos. 
Estoy seguro de que ninguno de nosotros piensa que debería ser de otro modo. 
Sin duda estamos a favor de progresar en aquellos ámbitos en los que hombres y mujeres todavía no reciben el mismo trato. 
Sin duda las mujeres no deberían soportar la violencia a manos de los hombres, aunque últimamente también hay muchos hombres que reciben golpes. 
Sin duda las mujeres deberían recibir la misma remuneración por un trabajo de igual valor. 
En mi país hay más mujeres que hombres que continúan sus estudios y obtienen cualificaciones de enseñanza superior. 
En mi opinión, la razón por la que estas mujeres no prosiguen después sus estudios o acceden a puestos importantes en empresas o en la política no es porque sean objeto de discriminación. 
Sencillamente las mujeres tienen otras prioridades en la vida. 
Tienen objetivos mucho más significativos y urgentes que lograr que los hombres. 
Es importante tener en cuenta que el factor tiempo opera de manera muy distinta en el curso de la vida de un hombre y una mujer. 
Las mujeres han de tener hijos en una época específica de su vida. 
Viven más que los hombres para compensar ese hecho. 
Por ejemplo, no hay nada que impida a los electores que voten a mujeres que los representen en el Parlamento Europeo. 
No es culpa nuestra que las propias mujeres prefieran votar a hombres. 
Yo mismo voté a favor del mejor candidato en nuestra circunscripción electoral, y ese candidato resultó ser una mujer. 
Todo nuestro orden mundial se basa en el hecho de que existen dos versiones del ser humano, la masculina y la femenina. 
El Creador, o la Naturaleza si lo prefieren, Señorías, han determinado que aunque tienen igualdad, hombres y mujeres no son iguales. 
Físicamente son distintos y desempeñan funciones distintas en la sociedad. 
Lamentablemente, sus circunstancias económicas también difieren, y esto debe remediarse. 
También existen algunas diferencias psicológicas entre los sexos. 
Insto a las mujeres a que reconozcan los aspectos positivos de ser una mujer y a que entiendan que tener exactamente lo mismo que los hombres no siempre significa tener las mismas cosas. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el tema del informe Estrela es el centro de nuestras preocupaciones sobre la calidad de la democracia europea y se encuentra relacionado directamente con nuestros objetivos de desarrollo, y especialmente la Estrategia de Lisboa, que ha sido el tema de la reunión entre nuestro Parlamento y los Parlamentos nacionales en los últimos días. 
El informe de la señora Estrela es especialmente importante, y por ese motivo le agradezco su iniciativa de redactarlo, porque es el primer informe que se refiere a la situación de la igualdad de género en la Europa de los 25. 
A pesar de su enfoque descriptivo, nos proporciona información útil sobre esta situación y la necesidad de abordar las desigualdades. 
Observamos que, a pesar de la crisis económica, el empleo entre las mujeres está aumentando. 
La media actual del 55,1 % es un mensaje optimista de que podemos lograr los objetivos de Lisboa del 60 % para el año 2010. 
No obstante, un análisis más profundo y detallado nos da a entender que la posición de las mujeres en el mercado laboral es precaria porque el desempleo está aumentando a expensas de las mujeres, la proporción del trabajo a media jornada es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, las diferencias de salario siguen existiendo en todos los sectores, y ciertas categorías, como los inmigrantes, son víctimas de formas concretas de discriminación en el mercado laboral. 
La reconciliación de la vida familiar y laboral sigue constituyendo un reto importante, especialmente para las mujeres con niños pequeños. 
Creo que las propuestas del informe Estrela han sido objeto de unanimidad en nuestra comisión, y yo también mantengo que se necesita una estrategia nacional con objetivos bien coordinados en los Estados miembros que, por una parte, promueva la integración en todas las políticas y, por otra, aplique las medidas necesarias para la abolición de la discriminación cuando exista. 
No obstante, también es necesaria una cooperación satisfactoria entre las agencias gubernamentales y los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, especialmente las organizaciones de mujeres y, por parte de la Comisión, es necesario un control de la aplicación del acervo comunitario y un enfoque más profundo de la cuestión, con un mayor nivel de análisis. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por este informe tan completo. 
A diferencia de otros oradores, lo considero necesario y oportuno. 
Voy a resaltar tan solo tres aspectos. 
La diferencia de remuneración entre los géneros sigue siendo inaceptablemente elevada con una media, en toda Europa, que alcanza el 16 %. 
En Irlanda es aproximadamente del 15 % y esto tiene graves repercusiones para el nivel de vida de las mujeres, sus familias y su calidad de vida. 
Este asunto debe tratarse a escala nacional y comunitaria. 
En segundo lugar, apoyo la petición de la ponente a todos los Estados miembros de asegurar que las mujeres tengan igualdad de acceso a los sistemas de seguridad social. 
En Irlanda, las esposas de trabajadores autónomos o de agricultores a menudo no están amparadas por la seguridad social por derecho propio, aunque trabajen en la granja o el negocio. 
Por ello pierden muchas prestaciones y derechos. 
Esto es discriminatorio y tiene que cambiar. 
Por último, es absolutamente necesaria la discriminación positiva a favor de las mujeres en el sistema político por parte de los partidos políticos en todos los niveles, particularmente a en la selección de candidatos. 
Propongo una proporción del 50 % de mujeres. 
A aquellos que digan que de este modo no siempre escogemos a las mejores personas, yo les diría que eso es una necedad; el 51 % de la población son mujeres. 
Saldrá la misma calidad de esa parte que del 49 % restante. 
¿Y por qué insisto en esto? 
Porque asuntos como el cuidado de la casa, la violencia en el hogar, el tráfico de mujeres y muchos otros asuntos que se consideran asuntos de mujeres no son solamente asuntos de mujeres, sino asuntos de la sociedad. 
Hasta que no haya un número de mujeres suficiente en los órganos decisorios, dichos asuntos no se integrarán en las respuestas políticas y no se abordarán como es debido. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera darles las gracias por este interesante debate, en el que ha participado un número relativamente alto de hombres. 
Tomo esto es una señal de que hemos progresado en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 
La igualdad de género no es únicamente una cuestión social, sino también económica, y nuestras políticas serán más efectivas si parten de esta premisa. 
La igualdad debería basarse en un enfoque amplio, que implique medidas concretas y abarque todas nuestras políticas. 
La política de igualdad de género debe fomentarse mediante el compromiso político en el máximo nivel, incluido el cumplimiento de la legislación y la gobernanza a todos los escalones del poder. 
Estamos realizando esfuerzos ímprobos en este sentido y estoy seguro de que nuestro plan de trabajo sobre cuestiones de igualdad, que presentaremos en marzo, será de grna ayuda. 
Si me lo permiten, quisiera responder a una de las preguntas que se han formulado. 
La Directiva 73/2002 entró en vigor el 5 de octubre de 2005, y la mayoría de los países la han transpuesto. 
La Comisión está analizando actualmente la situación, y cuando sea necesario, iniciará los procedimientos apropiados. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– La introducción presentada por la señora Estrela sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la UE influye de modo fundamental en la manera horizontal de tratar los asuntos de igualdad. 
El objetivo común era presentar el segundo informe anual sobre igualdad y el primero que abarca la UE ampliada de 25 Estados miembros. 
Estoy plenamente convencida de que solo con un trabajo sistemático se obtendrán resultados mensurables. 
Un importante mensaje de la iniciación es que todos los años se presentará un informe anual. 
El informe menciona las directrices estratégicas de la política de igualdad. 
Quiero destacar dos de las áreas más destacadas que deberían asegurarse para todos: un trabajo digno y la misma remuneración por el mismo trabajo. 
Mi opinión es que las mujeres tienen la clave para lograr el objetivo global de la Estrategia de Lisboa de generar más crecimiento y empleo en la Unión Europea. 
La primera tarea es un aumento de las instalaciones para el cuidado asequible de niños, siguiendo el buen ejemplo de Suecia y Dinamarca. 
Es un aspecto central de la estrategia de inversión y crecimiento del Grupo del PSE, acordado por los Gobiernos socialdemócratas de toda Europa. 
Por último, está claro que solo podremos lograr los resultados mencionados con la activa contribución de los hombres a la igualdad de género. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0390/2005) del señor Ferber, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la aplicación de la Directiva Postal (Directiva 97/67/CE) modificada por la Directiva 2002/39/CE (2005/2086 (INI) ). 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer a la Comisión la elaboración de un informe muy ambicioso sobre la aplicación de la Directiva Postal, que constituye la base del debate de hoy y de la votación de mañana aquí en el Parlamento Europeo. 
Ha quedado muy claro –y esto también se expresa en la resolución que aprobamos en la Comisión de Transportes y Turismo– que el viaje que empezamos en 1992 con el Libro Verde sobre el desarrollo de los servicios postales en la Unión Europea ha continuado con éxito hasta hoy. 
Hemos logrado un compromiso entre la prestación integral de servicios postales de alta calidad y la competencia cada vez mayor en el sector, dos objetivos esencialmente contradictorios. 
Sin duda, esta es la meta específica de 2006, si queremos cumplir las obligaciones contenidas en la Directiva Postal vigente. 
Señor Comisario, también me complace que la Comisión haya presentado unos plazos muy ambiciosos, que se haya encargado el estudio prospectivo establecido en la directiva y que, sobre la base de este estudio prospectivo, vayamos a estar en condiciones de tomar más decisiones. 
Sin duda, no podemos estar satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora; debemos tratar de realizar el mercado interior también en este ámbito. 
Pero el mercado postal no son las telecomunicaciones, no es la electricidad y no es el gas. 
Por lo tanto, tenemos que considerar más de cerca el modo de lograr una mayor evolución a este respecto. 
En nuestro informe hemos intentando plantear una serie de cuestiones a las que, sin duda, deseamos que responda, señor Comisario, cuando presente los estudios que ha previsto para este año. 
Esto nos proporcionará el material que necesitamos para poder tomar decisiones. 
La pregunta es: ¿Cómo podemos garantizar el funcionamiento de los servicios postales en toda la Unión Europea, no solo en las grandes ciudades, en el Gran Londres, en la cuenca del Ruhr, en Berlín, en Madrid o en Roma, sino en todas las regiones de la UE? 
¿Cómo podemos garantizar la alta calidad de que disfrutamos actualmente en las regiones transfronterizas, y cómo podemos hacerlo en un sector que –como también dice la comunicación de la Comisión– sigue creciendo? 
Todavía recuerdo los debates de esta Cámara cuando la opinión era que los servicios postales morirían de cualquier manera porque podríamos utilizar el fax o el correo electrónico. 
Los servicios postales son un sector en crecimiento. 
Así que ¿cómo podemos movilizar las fuerzas del mercado para desarrollar nuevos productos y crear así más empleos en el sector? 
Estas son preguntas a las que la comisión parlamentaria espera una respuesta por parte de la Comisión durante este año. 
Son preguntas que hemos incluido en el informe. 
Si este año logramos colaborar de manera muy intensa –la Comisión y el Parlamento Europeo, y el Consejo, que no está muy implicado de momento, se unirá en algún momento–, entonces podremos dar pie a nuevos progresos en este sector que, al fin y al cabo, se ajustará a estas condiciones. 
Estoy muy agradecido a mis colegas diputados que han trabajado con tanta dedicación en torno a este tema. 
Los servicios postales nos afectan a todos: en todos y cada uno de nuestros distritos electorales hay muchos clientes postales, muchas oficinas de correos y oficinas de clasificación, en ocasiones dirigidas por varios proveedores de servicios postales. 
Por lo tanto, siempre hay debates muy animados tanto en la comisión como aquí en el Parlamento. 
Muchas gracias a todos aquellos que me han ayudado a elaborar este informe. 
También quisiera ser muy claro: a un ponente siempre le agrada que se presente un número reducido de enmiendas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado una enmienda que sin duda ayudará a mejorar el texto de un punto que no había quedado muy bien tras la votación en comisión. 
Espero que cuente con un amplio apoyo. 
Entonces habremos elaborado, en conjunto, un informe muy completo que sitúa al Parlamento Europeo en unas condiciones favorables para completar con éxito sus tareas legislativas futuras. 
. Señor Presidente, me complace mucho esta oportunidad de informar brevemente a la Cámara sobre la situación de la política postal de la Comunidad desde la perspectiva de la Comisión y compartir con ustedes mis ideas sobre cómo veo el desarrollo de esta política en 2006. 
Pero en primer lugar quiero dar las gracias al señor Ferber por su informe, que es muy oportuno, constructivo, equilibrado y bien informado. 
De hecho, las conclusiones del informe se corresponden con nuestro propio pensamiento. 
Como el informe, estamos convencidos de que la reforma postal de la Unión Europea ha dado resultados positivos para todos los implicados y ha contribuido significativamente a la competitividad de la Unión Europea. 
Esta directiva ha allanado el camino a seguir al pedir a la Comisión la presentación este año de tres iniciativas: un tercer informe sobre la aplicación de la Directiva Postal, un estudio prospectivo sobre el impacto de los mercados postales competitivos en los servicios postales universales y una propuesta sobre el futuro de la política postal comunitaria. 
La configuración de esta propuesta se verá influida por una serie de factores. 
Uno de ellos, quizás el más importante, es el efecto de las normas comunitarias en el sector postal. 
La Directiva Postal, en su versión modificada, establece principios equilibrados para permitir una introducción gradual de la competencia manteniendo las salvaguardias necesarias para la prestación de un servicio universal. 
Debo decir en este contexto que los hechos acaecidos hasta la fecha no demuestran la necesidad de cambiar los plazos fijados en la Directiva Postal. 
El año 2009, por tanto, sigue siendo la fecha de referencia para nuestro trabajo. 
La Comisión asegurará que la aplicación de las disposiciones del Tratado sobre la competencia acompañará al proceso de liberalización. 
Por lo que se refiere a las normas sobre ayudas estatales, en julio de 2005 la Comisión adoptó un paquete de medidas que marcaban el rumbo con respecto a los principios según los cuales ella evalúa la compensación del servicio público por los servicios de interés económico general que se presten. 
Además, la Comisión es plenamente consciente de la relevancia social de los servicios postales y prestará especial atención a la situación de cada Estado miembro para poder llegar a un terreno común. 
Los resultados del estudio prospectivo nos ayudarán a hacerlo y contribuirán al análisis de las condiciones para un próspero mercado único postal. 
Se presentarán elementos adicionales a través de los resultados de la consulta pública en línea sobre el futuro de los servicios postales europeos que acabamos de realizar. 
La Comisión continuará su trabajo preparatorio con plena transparencia, y proseguirá su diálogo con todos los implicados. 
Este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo representa una muy buena base para futuros debates. 
Me complace enormemente esta iniciativa y agradezco mucho al señor Ferber y sus colegas de la Comisión de Transportes y Turismo por su excelente trabajo. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya plenamente la parte sustancial de la opinión del ponente, el señor Ferber, sobre el informe de progreso de la Comisión Europea. 
Con la opinión presentada por el ponente queremos asegurarnos de que la Comisión utilice las medidas anunciadas hasta el 31 de diciembre de este año para examinar de cerca todos los aspectos económicos, tecnológicos, sociales y geográficos de la creciente apertura del mercado postal y para informarnos de sus consecuencias. 
Hasta la fecha –le recuerdo esto, señor Comisario, y me interesará escuchar su respuesta–, no todos los Estados miembros han aplicado correctamente, por lo que sabemos nosotros y el ponente, la Directiva Postal dentro del plazo previsto. 
Creo que es deber de la Comisión controlar con sumo cuidado la aplicación de las medidas tomadas hasta ahora en cada Estado miembro para que el Estado mantenga sus obligaciones, y si es necesario, remitirlo al Tribunal de Justicia Europeo. 
La legislación comunitaria debe aplicarse en todos los Estados miembros. 
No obstante, a modo de conciliación diré que, tras los cambios generalmente positivos del mercado postal habidos hasta ahora en beneficio de los consumidores, en mi opinión la Comisión debería ceñirse a la decisión conjunta de concluir la apertura de los servicios postales en 2009. 
También le pido que profundice en la cuestión del servicio universal una vez más. 
Si me permiten resumir, el servicio universal debería suponer la posibilidad de esperar unos servicios de alta calidad a precios asequibles en todos los Estados miembros. 
Ese es nuestro objetivo, pero deberíamos considerarlo detenidamente. 
Les voy a poner un ejemplo: si incluso Alemania se desvía ahora del principio de que la tarifa postal para una carta ordinaria debería ser la misma tanto internamente como para los demás 24 Estados miembros, entonces tenemos que considerar lo que eso significa. 
Una carta ordinaria en Alemania cuesta actualmente 55 céntimos, pero la misma carta enviada a cualquier otro país de la UE cuesta 70 céntimos, la primera vez que hay una diferencia. 
Si eso significa que el franqueo depende de los gastos –la distancia y el tipo de entrega–, entonces ¿cómo se justifica un servicio universal? 
¿Qué queda para justificar la restricción de la competencia mediante un sector reservado regulado? 
Tenemos que examinar detenidamente cuál es el ámbito universal, lo que queremos que garantice y si necesitamos un sector reservado para hacerlo. 
Por lo tanto, espero su evaluación y su opinión con gran interés. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
. – Señor Presidente, desde luego es importante que celebremos este debate hoy, porque el 1 de enero tuvo lugar el último paso de reducción hasta los 50 gramos para el sector de reserva y estamos esperando el estudio de la Comisión, que esperemos que se publique en el verano, sobre la realización del mercado interior hasta 2009. 
El sector postal se enfrenta a grandes retos, pero también a grandes oportunidades. 
El correo debe seguir el ritmo del desarrollo en los demás ámbitos, especialmente la transformación del negocio de consumidor a consumidor en un negocio de empresa a consumidor, pero también por lo que respecta al mercado interior. 
Es una maldición de la Unión Europea que 13 años después de la realización del mercado único todavía existan grandes trabas para la actividad postal transfronteriza, la actividad del mercado en expansión de la venta por correo y también para los editores de periódicos y revistas. 
Para que este proceso funcione adecuadamente necesitamos transparencia, claridad, certeza y la implicación clara de los clientes y consumidores postales. 
Reconocemos por supuesto que todo mercado postal es único, pero esto no puede ser una excusa para una grave asimetría legal que provoque graves distorsiones del mercado. 
Necesitamos una estructura en la que las autoridades reguladoras nacionales tengan que cooperar. 
Necesitamos mayor claridad y transparencia en el proceso de autorización y este es un terreno en el que debe centrarse la Comisión. 
Necesitamos que los Estados miembros adopten y apliquen las normas de calidad de servicio elaboradas por el CEN para que podamos comparar entidades similares. 
Debemos asegurar que los usuarios postales, desde los pequeños hasta los muy grandes, se impliquen en todo este proceso. 
En última instancia, el éxito o fracaso de esta empresa dependerá de si somos capaces de satisfacer a las personas, de si nuestras ancianas madrecitas que viven en lugares aislados van a seguir contando con un servicio universal. 
Respondan a esto y este proceso será un acierto. 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera unirme directamente a otros diputados dando las gracias a nuestro colega diputado, el señor Ferber, por su informe de propia iniciativa. 
Permítanme plantar mi punto de vista desde dos ópticas. 
En primer lugar, junto con mi Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, me complace enormemente que este informe nos ofrezca la oportunidad de debatir el marco jurídico que nuestra Unión debería aplicar para 2009 con el fin de regular la apertura de los servicios postales. 
En segundo lugar, apoyo el método propuesto, que nos ofrece un enfoque del proceso de modernización de este sector que sea tanto controlado como equilibrado. 
No obstante, Señorías, a la vez que el objetivo de apertura de los servicios postales es, como acaba de explicarse, la modernización del sector de actividad en cuestión y la mejora de los servicios prestados a los clientes, a nadie se le escapa lo que está en juego en la reforma ni los temores legítimos de nuestros ciudadanos de que deje de mantenerse un servicio de alta calidad y que el servicio ya no incluya todos los territorios, incluidos los más remotos. 
Por ello espero con gran interés el estudio sobre el impacto económico que va a presentar la Comisión Europea a lo largo de este año. 
Debería basarse en datos económicos fiables y en los resultados de consultas con todas las partes interesadas, desde los sindicatos hasta las cámaras de comercio e industria, a través de todos los interlocutores sociales implicados. 
También llamo la atención de la Comisión, al igual que la del Consejo, sobre la necesidad de combatir la distorsión de la competencia en todas sus formas. 
Pienso, concretamente, en la obligatoriedad del IVA y la armonización fiscal. 
Para concluir, cuento con la Comisión para que proponga planes relevantes y justos para financiar el servicio universal sin prejuzgar las decisiones que deba tomar el Parlamento porque, en última instancia, Señorías, corresponde sin duda al Parlamento, como nuestro brazo democrático, explicar a los 450 millones de europeos que la Europa fuerte que queremos construir juntos les pertenece a ellos. 
. 
Señor Presidente, Señorías, cuando hablamos del futuro de los servicios postales, deberíamos empezar por considerar lo que estamos intentando lograr. 
La realización del mercado interior no puede ser un fin en sí mismo, pero debe –como dice en todas las declaraciones de intenciones– producir resultados positivos para los ciudadanos de Europa. 
No obstante, ya puede verse que varios Estados en los que los servicios se han diluido han registrado un enorme impacto en regiones remotas y zonas de baja densidad de población. 
Tampoco debe recortarse el servicio a las personas de zonas de difícil acceso. 
La idea de que la apertura del mercado garantizaría automáticamente, como afirmó el ponente en comisión, que los servicios se prestarían a la famosa anciana de las montañas, ha demostrado ser falsa en ciertos ejemplos clásicos. 
Por ese motivo, un estudio como el que se ha elaborado no debería plantear las preguntas de manera que prefigure prácticamente la respuesta deseada, como se ha hecho en el punto 13, por ejemplo. 
Este punto demuestra claramente el deseo del autor de recibir cierta respuesta, de manera tan obvia que casi hace superfluo el estudio. 
Si encargamos un estudio debemos estar dispuestos a enfrentarnos a toda la verdad. 
. – Señor Presidente, la liberalización de los servicios postales es una pieza del rompecabezas de la liberalización general de servicios y la privatización de las compañías de servicios públicos y perjudica a todos los trabajadores. 
La necesidad social de unos servicios postales fiables y modernos se está convirtiendo en objeto de explotación con el fin de asegurar unos beneficios mayores para las grandes empresas. 
Con el pretexto de los nuevos programas operativos, los despidos y cambios de los contratos de los trabajadores postales están adquiriendo proporciones masivas. 
De nuevo, so pretexto de cambiar las pautas de comunicación, el informe allana el camino a la revisión de la definición del servicio universal. 
Se esfuerza por abolir la obligación que este proveedor de servicios tiene que proporcionar un acceso fácil a la red postal a todos los usuarios en puntos de acceso de distribución y recogida fijos y apropiados que abarquen los servicios nacionales y transfronterizos. 
Estas modificaciones, en el marco de la liberalización de los servicios postales y la realización del mercado interior de los servicios postales en 2009, como se menciona en el informe, proporcionan objetivamente a empresas postales privadas la posibilidad de arrebatar la parte del león del mercado postal a las oficinas de correos públicas, con dolorosas consecuencias para los usuarios y los trabajadores en general. 
Por esto nos oponemos y hemos votado en contra del informe. 
. – Señor Presidente, hemos visto el rechazo del proyecto de Constitución para Europa por los ciudadanos franceses y neerlandeses. 
Las directivas sobre invenciones implementadas en ordenador y servicios portuarios también han sido rechazadas. 
A pesar de estos rechazos, la marcha hacia la armonización sigue adelante sin descanso, aunque no tenga nada que ver con el comercio o la eficacia de le UE y es mala para los ciudadanos. 
Y he aquí otra ley de segunda clase, la Directiva Postal. 
Esto no incumbe para nada a la UE y aconsejo a la UE que se mantenga al margen. 
La Directiva Postal pretende aplicar el impuesto sobre el valor añadido al servicio de correos en un momento en que la carta escrita sufre la fuerte competencia del correo electrónico. 
El Reino Unido no lo quiere. 
El Servicio de Correos Británico acaba de cumplir 371 años y fue Gran Bretaña el primer país que emitió el primer sello de correos, en 1840, con la cabeza de la reina Victoria. 
Ahora la UE quiere estampar encima su mano muerta de ineficiencia. 
Una elevada filigrana de interferencia filatélica, perforada solamente por el desconocimiento de la tradición británica y el deseo de rematar la carta escrita. 
Del «Penny Black» al ataque comunitario en 166 años. 
¿A esto le llaman progreso? 
En 2004, el Director General de Correos declaró categóricamente que el Gobierno británico no quería el IVA en los sellos. 
El Royal Mail me ha dicho esta misma semana que no lo quiere porque sería malo para las pequeñas empresas, las organizaciones benéficas y los clientes. 
Los ciudadanos británicos no lo quieren. 
Ya están pagando el coste de la Política Agrícola Común de la UE. 
¿Qué habría dicho el filatélico Stanley Gibbons desde la calle Strand de Londres si estuviese vivo? 
Supongo que habría publicado un libro con imágenes de diputados al Parlamento Europeo haciendo monerías con las tradiciones postales británicas titulado «Catálogo Stanley de Sellos de Gibones». 
Cuando el UKIP vote sobre este informe, votará de acuerdo a los deseos de los ciudadanos del Reino Unido. 
Espero que los diputados británicos al Parlamento Europeo den la cara por Gran Bretaña. 
Los ciudadanos verán cómo los eurófilos someten a sus naciones a otra impronta excesiva de la autoridad comunitaria. 
Gracias, señor Presidente y ¡buena suerte a los intérpretes! 
Señor Nattrass, para su información, su Grupo puede hablar hoy durante cinco minutos, repartidos del modo siguiente: un minuto para la señora Krupa, un minuto para el señor Bloom, otro minuto y medio para la señora Krupa y otro minuto y medio para usted, y no dos minutos y medio. 
Si el señor Farage le ha «vendido» cinco minutos, le ha vendido algo que no le pertenecía. 
– Señor Presidente, la Directiva Postal debería estar al servicio de todos los consumidores y particularmente de las necesidades de las personas que viven en el campo. 
La liberalización de los servicios beneficia a menudo a aquellos que están en zonas densamente pobladas a expensas de los consumidores de zonas menos pobladas. 
Como diputado al Parlamento Europeo por el oeste y noroeste de Irlanda, represento a una circunscripción predominantemente rural. 
Según mi experiencia, muchas directivas han tenido durante años un efecto negativo en las zonas rurales y en el desarrollo rural porque de forma consciente o no han beneficiado a las zonas muy pobladas, donde las políticas liberales eran más fáciles de aplicar. 
La oficina postal local en las comunidades rurales es una institución económica, social y cultural vital y los derechos de los habitantes de las zonas rurales a un servicio postal no pueden ser ignorados al elaborar los planes de liberalización de estos servicios en la UE. 
La prestación de dichos servicios y el acceso a los mismos es la esencia del desarrollo rural sostenible. 
Conviene resaltar que la apertura de los servicios postales no siempre trae beneficios en términos de un aumento del nivel de empleo y quisiera pedir a la Comisión que aborde esta cuestión en un estudio detallado basado en la igualdad, la eficacia y la orientación al cliente en el sector postal, particularmente en lo relativo a estas zonas periféricas. 
La intención que hay detrás de la directiva postal era buena, pero –como ocurre con todas las buenas intenciones– la aplicación no ha sido tan buena. 
Quiero pedir a la Comisión y al ponente que intenten crear un sistema de servicios postales que sea justo para todos, un servicio universal. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el proceso de liberalización gradual en el sector postal que ha comenzado en los últimos años ha ocasionado un cambio positivo en que ha animado a los operadores a mejorar la calidad y la eficacia del servicio y de sus procesos de producción. 
El informe del señor Ferber sobre la aplicación de la Directiva Postal goza de un buen equilibrio: subraya los efectos positivos de la liberalización realizada hasta la fecha, pero también subraya la necesidad de evaluar las consecuencias sociales y de empleo de una fase más en la realización del mercado interior, teniendo en cuenta las situaciones concretas de determinados países. 
Esta fase posterior dependerá totalmente de los resultados del estudio de la Comisión, cuyo objetivo es evaluar el impacto que tendrá la realización del mercado en el servicio universal en cada Estado miembro. 
Por lo tanto, no procede formular predicciones sobre este estudio. 
La función del Parlamento en esta fase es subrayar que el efecto de la liberalización sobre el servicio postal universal debe evaluarse en relación con las diferencias nacionales y las circunstancias geográficas, sociales y económicas concretas, y que las decisiones políticas sobre la liberalización deben tomarse totalmente de acuerdo con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. 
El servicio postal es un lazo vital para nuestros ciudadanos en ciertas zonas. 
Mantener los niveles actuales del servicio universal requiere un enfoque gradual. 
Por ese motivo la delegación italiana no puede apoyar la enmienda propuesta por el señor Ferber, porque implícitamente arroja dudas sobre la necesidad de un servicio universal, que en mi opinión sigue siendo un derecho y un deber inexcusable para los servicios postales de Europa. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve afirmando que los servicios postales no son como los demás servicios. 
Tienen una dimensión humana, como se ha señalado, pero también tienen una dimensión social y territorial, lo cual significa que los servicios prestados varían enormemente de un país a otro. 
Existe una gran diferencia entre servir a una población muy densa, como la de los Países Bajos, que se concentra en un territorio muy llano, y atender, en las mismas condiciones, a la misma población pero dispersa en miles de islas, como en Grecia, o en un territorio muy diverso, como en Francia. 
Por consiguiente, espero que la evaluación prevista por la Comisión sea objetiva y no se base en la creencia compartida por algunos en esta Asamblea de que no hay necesidad de un marco porque el mercado, y solamente el mercado en su conjunto, ya se ocupa de regular los servicios postales. 
También espero que esta evaluación ayude a garantizar que la apertura del mercado postal –que Europa necesita– se realice de manera que se respete lo que representa el servicio postal: un servicio universal cuya dimensión territorial y social es irremplazable. 
El objetivo de liberalización del sector postal para el año 2009 es realista y alcanzable. 
Los resultados en los Estados miembros en los que la reforma postal ha sido más rápida demuestran este hecho. 
Es difícil comprender por qué el informe subraya que a resultas de la competencia en el sector postal no siempre se han conservado los antiguos niveles de empleo. 
El objetivo de la reforma postal no es conservar los empleos, y sin duda tampoco reducirlos. 
Los empleos también pueden perderse sin liberalización, en virtud de la modernización tecnológica, por ejemplo. 
No deberíamos considerar la reforma industrial desde el punto de vista del sector postal como empresa. 
El desarrollo de la empresa postal y su ajuste a las nuevas condiciones de mercado son cuestiones de gestión empresarial. 
El objetivo fundamental de la reestructuración del sector postal es atender mejor a los intereses de los consumidores brindando a los habitantes de la Unión Europea la oportunidad de recibir un servicio universal. 
No obstante, al mismo tiempo el correo no debería seguir siendo sencillamente una industria para el mantenimiento del servicio universal. 
No debemos olvidar que la mayoría de clientes de servicios postales –de hecho, más del 90 por ciento– son clientes empresarialeas, cuyas necesidades postales pueden ser muy distintas. 
Tiene que desarrollarse un amplio espectro de servicios postales de alta calidad, para que la industria no solo sobreviva, sino que se desarrolle. 
El abanico de servicios postales interacciona cada vez más con otros sectores, como los servicios financieros, la publicidad y el comercio. 
El futuro de los servicios postales dependerá del logro de dicha interactividad. 
El desarrollo del sector postal es uno de los motores del desarrollo económico, la productividad y la competitividad de la Unión Europea. 
Lamentablemente, el progreso en la dirección de un mercado postal común de la Unión Europea sigue siendo lento. 
Una vez más volvemos a encontrarnos en un debate que afecta a uno de los servicios públicos más emblemáticos de nuestra sociedad europea, con un fuerte valor simbólico y generador de confianza; de ahí su diversidad y fuerte arraigo. 
Los servicios postales, además, son esenciales por su importancia en mano de obra intensiva: una mano de obra con una formación y conciencia de pertenencia al servicio, digna de enorme respeto y reconocimiento. 
Además, la capacidad de cohesión territorial y social de los servicios postales es fundamental en una Europa ampliada y cada vez más individualista; por ello, en esta nueva etapa que se abre ―y en este momento recuerdo también al compañero Brian Simpson, que me gustaría que también hubiera estado presente y que espero que esté aquí más adelante―, querría decirle a la Comisión que es fundamental que el nuevo proceso tenga una justificación real y aceptable, que tenga plena credibilidad, porque se nos dice que el servicio será mejor después, pero lo que vemos hoy es que lo que se nos propone es una mayor inseguridad en cuanto a puestos de trabajo y muchos interrogantes. 
De ahí que reivindiquemos que es fundamental la plena garantía del servicio universal con todas sus condiciones de precio y calidad de servicio y que además se tenga en cuenta la diversidad de los sistemas actuales en aquello que tienen de bueno ―no todos son homogeneizables― y la cohesión social y territorial. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, quisiera felicitar al ponente, el señor Ferber, por su excelente informe, que aclara la importancia social y económica de los servicios postales, frente a las indicaciones de desempleo y concentración. 
En mi opinión, es necesario impedir que este servicio público se convierta, con el advenimiento de la liberalización, en un mero servicio económico, en el que únicamente los estamentos más ricos de la sociedad puedan disfrutar el derecho básico de enviar una carta, denegando la prestación universal del servicio a los miembros menos privilegiados de la sociedad y a los que viven en regiones periféricas. 
Por ello, quisiera solicitar a la Comisión, en futuros análisis del sector, que haga una distinción sobre la base de los gastos asociados a la financiación del servicio universal, especialmente en vista de los obstáculos geográficos y demográficos, con el fin de garantizar el acceso para todos a este servicio de interés general. 
Al igual que el ponente, pienso que los servicios postales son fundamentales para la UE y que ejercen una influencia positiva en varios sectores de la sociedad como el comercio, los servicios y el empleo, modernizando inversiones capaces de aumentar la competitividad, la calidad y la eficiencia, que a su vez posibilitarán cobrar menos a los ciudadanos y a las empresas. Haciéndolo así, se contribuye decisivamente al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, como sector capaz de generar empleos y crecimiento. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Apoyamos el hecho de que el informe subraye que el principio de subsidiariedad debe aplicarse al procedimiento de autorización. 
También acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo subraye que la Comisión debería prestar especial atención a las consecuencias que la liberalización del mercado postal tendrá para los habitantes de regiones escasamente pobladas (apartado 9). 
No obstante, lo que me habría gustado ver son textos más estrictos que dejaran claro que un servicio peor para la población de regiones aisladas de Europa es inaceptable. 
La Comisión no ha adoptado una postura sobre las modificaciones de las normas que rigen la frecuencia con la que se va a distribuir el correo (véase la pregunta oral H-1135/05). 
Y tampoco el Parlamento Europeo tiene clara esta cuestión. 
Una condición básica para permitir que las personas que viven en regiones escasamente pobladas utilicen los servicios postales en el futuro es que los servicios tengan un precio comparable al que se aplica en el resto del país. 
El Parlamento Europeo no adopta una postura sobre esta cuestión en el informe. 
Y tampoco lo ha hecho la Comisión. 
Tampoco apoyo la crítica del Parlamento Europeo hacia el impuesto sobre el valor añadido nacional en el mercado postal (párrafo 18) y hacia la propuesta de que la Comisión Europea debe investigar el modo en que se están abordando los operadores postales públicos (párrafo 17). 
Estas son cuestiones que deberían tratarse en el ámbito nacional. 
Voy a votar en contra de este informe. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0412/2005) del señor Toubon, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE y se modifica la Directiva 76/211/CEE del Consejo (COM (2004) 0708 – C6 0160/2004 – 2004/0248 (COD) ). 
. Señor Presidente, la propuesta de directiva sobre productos preenvasados parece ser un tema muy técnico. 
No obstante, en realidad forma parte de la importante iniciativa política fuertemente respaldada por nuestras instituciones de mejorar la normativa y simplificarla. 
Ya existe una legislación comunitaria sobre productos preenvasados, pero la situación jurídica actual no es satisfactoria ni clara. 
En la Unión Europea tenemos un marco legal estable para el vino y las bebidas espirituosas, donde los productos se venden en cantidades acordadas en toda la Comunidad. 
Para otros 70 productos, aproximadamente, la legislación vigente ha introducido la armonización voluntaria, ante la que los Estados miembros han adoptado diferentes enfoques. 
Estados miembros como Bélgica o los Países Bajos han desregulado totalmente los tamaños de los envases. 
En otros países, como Suecia, la legislación comunitaria relativa a los tamaños de los envases es opcional para los fabricantes. 
En otros Estados miembros, la normativa es de obligado cumplimiento, pero solamente para los productores nacionales. 
Algunas normas nacionales se basan totalmente en las directivas comunitarias opcionales vigentes, pero en otros países, como Alemania, las normas nacionales son diferentes de las disposiciones comunitarias. 
Desde el punto de vista jurídico, la situación es, por tanto, bastante confusa, por no decir otra cosa. 
Al mismo tiempo, los productos circulan libremente de un país a otro y los consumidores encuentran gran abundancia de productos en el mercado. 
Hasta ahora, ningún consumidor se ha quejado de que haya demasiado donde elegir. 
La propuesta de la Comisión pretende simplificar la situación jurídica, manteniendo al mismo tiempo la ventaja de la libre elección por parte de los consumidores. 
La Comisión propone que todos los Estados miembros apliquen un único marco jurídico en toda la Unión. 
En lo esencial, la Comisión propone mantener la libre elección de que disfrutan actualmente los consumidores y regular los tamaños de los envases solamente para un número muy limitado de sectores, en particular los del vino y las bebidas espirituosas. 
La Comisión toma nota de que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor aprueba este planteamiento en principio. 
No obstante, tenemos opiniones diferentes por lo que respecta al número de sectores que deberían ser objeto de la reglamentación comunitaria por la que se fijan cantidades nominales. 
Por lo que respecta a la Comisión, y basándose en una amplia consulta entre los consumidores de todos los Estados miembros y federaciones sectoriales europeas, solo habría que regular los sectores del vino y las bebidas espirituosas. 
No obstante, debido a un compromiso previo con el Parlamento, la Comisión también ha incluido en su propuesta la regulación del café soluble y del azúcar blanco. 
A pesar de que apoya el planteamiento general, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sugiere que también otros sectores deberían ser objeto de la regulación, entre ellos la leche de consumo, la mantequilla, el café tostado, la pasta seca, el arroz y el azúcar moreno. 
La Comisión cuestiona la justificación para regular estos sectores. 
La industria europea, con la excepción del sector del café, no está a favor y los consumidores no han solicitado una normativa que limite su elección. 
La enmienda propuesta implicaría la desaparición de una serie de productos que están disponibles actualmente en el mercado. 
Asimismo, también significaría que Estados miembros que nunca han tenido reglamento o que lo han abolido tendrían que volver a introducir un reglamento sobre los tamaños de los envases. 
Esto va en contra de los objetivos políticos de mejorar la normativa y simplificarla y no protege a los consumidores. 
La Comisión aprecia que el Parlamento haya realizado una evaluación de impacto de estas enmiendas. 
Esta iniciativa refleja la preocupación común de la Comisión por mejorar la normativa y simplificarla. 
Para terminar, en opinión de la Comisión, hoy en día la protección del consumidor no debería basarse en la limitación de su capacidad de elección, sino que debería centrarse en ofrecer información correcta a los consumidores y en la prohibición de prácticas engañosas, permitiéndoles hacer una elección bien informada y deliberada. 
Se puede decir que la Comisión, al igual que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, toma como referencia al consumidor medio, razonablemente bien informado y razonablemente observador y prudente. 
Los consumidores vulnerables no se vuelven menos vulnerables con normas relativas a las cantidades nominales, sino mediante una aplicación mejor de la legislación comunitaria vigente en materia de protección del consumidor, como el etiquetado y la prohibición de envases engañosos. 
La Comisión está cooperando con las autoridades nacionales con miras a una aplicación más efectiva de estas normas comunitarias a fin de mejorar efectivamente la protección de los consumidores vulnerables. 
. Señor Presidente, Señorías, el informe que voy a presentar en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha cambiado sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
Fue adoptado por 28 votos a favor y una abstención. 
Propongo aceptar la desregulación de los tamaños, que es la solución escogida por la Comisión teniendo en cuenta la jurisprudencia del caso. 
La Comisión también propone retener gamas obligatorias en algunos sectores específicos: vinos, licores, café soluble y azúcar blanco. 
La Comisión solicita que esta derogación se restrinja a un período de 20 años. 
Los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor cuestionaron inmediatamente la relevancia de la propuesta y la calidad del estudio de impacto en que se basa. 
Por lo tanto, me vi obligado a proponer que se establecieran gamas obligatorias para otros productos básicos. 
Son el café, la mantequilla, el arroz, la pasta y la leche de consumo. 
Las gamas que propongo son bastante extensas en lo que respecta a los intervalos, por no mencionar el hecho de que por debajo del tamaño más pequeño y por encima del mayor no hay ningún tipo de restricciones. 
También propongo que sea posible revisar el acuerdo en un período de ocho años y no en un período de 20 años como propone la Comisión. 
¿Por qué les presenta la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor esta propuesta? 
En primer lugar, para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, como las personas mayores y los parcialmente invidentes, que están lejos de haber entendido el precio por unidad establecido en 1998. 
Después, para tener en cuenta el estudio de impacto independiente encargado por nuestra comisión y confirmar que la desregulación conllevaría riesgos para el consumidor y que no produciría una mayor competencia entre productores y distribuidores. 
Por último, porque una legislar mejor no significa no legislar. 
Como dijo Lacordaire en la década de 1830: entre los fuertes y los débiles, es la libertad la que oprime y la ley la que libera. 
Verán que este texto aparentemente insignificante y técnico nos permite formular preguntas importantes. 
Para concluir, voy a subrayar tres factores: un estudio de impacto financiado por el propio Parlamento y que no dependa de la Comisión ni de los grupos de presión, que es una primicia; un concepto de «legislar mejor» inspirado únicamente en los intereses de nuestros ciudadanos y no en una actitud ideológica y una preocupación por conservar nuestras culturas nacionales, porque nuestras naciones están muy vinculadas a sus tradiciones alimenticias y a sus modelos de consumo. 
. – Señor Presidente, la Comisión de Industria, Investigación y Energía acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de desregular y liberalizar los tamaños de los envases. 
Mi comisión considera que un mercado libre beneficia al consumidor. 
Se nos convenció de que aceptásemos la propuesta de la Comisión de hacer excepciones con las bebidas alcohólicas, el café soluble, el azúcar blanco –nosotros añadimos el azúcar moreno por coherencia– y los aerosoles. 
En aras de la coherencia, también propusimos un tamaño regulado para las botellas de bebidas espirituosas de 750 cl, que era el tamaño generalmente aceptado de las botellas de vino. 
Roza el engaño tener una botella de vino normal de 750 cl y una botella de licor normal de 700 cl. 
Por lo tanto, lamentamos que esta propuesta haya sido rechazada por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Apreciamos que esta comisión y su concienzudo ponente, mi buen amigo el señor Toubon, hayan considerado estas cuestiones muy detenidamente. 
No obstante, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía lamentamos las propuestas de esa comisión de introducir tamaños obligatorios armonizados y fijos para toda una gama de productos básicos, que hasta ahora no se habían armonizado tanto. 
Tenemos requisitos de etiquetado. 
Prohibimos la publicidad engañosa. 
La legislación de la Unión Europea exige indicar el precio por unidad, de modo que hay que señalar el precio de una cantidad estándar, lo que ayuda a los consumidores a comparar precios con imparcialidad. 
Esta capacidad de decidir libremente sobre los tamaños de los envases beneficia al pequeño comercio, a la empresa de reciente creación, a la empresa innovadora y, por lo tanto, también al consumidor. 
No hay motivo para impedir la comercialización de tamaños tradicionales; no hay motivo para impedir el uso de medidas tradicionales, como las pintas y las libras. 
La propuesta de la Comisión ni siquiera menciona la leche. 
No había razón para cambiar nada. 
La Comisión de Industria, Investigación y Energía sugiere que el Parlamento apoye el loable intento de la Comisión Europea de reducir la regulación innecesaria y que vote en contra de la ampliación de los tamaños obligatorios a todos estos productos adicionales que propone la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
. – Señor Presidente, me gustaría felicitar al señor Toubon por el trabajo que ha realizado y particularmente alabar su planteamiento, gracias al cual la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor es la primera comisión del Parlamento que encarga una evaluación de impacto, y a raíz de ello hemos optado –en este caso, en beneficio de los consumidores– aumentar el alcance de la regulación que había propuesto la Comisión. 
Ese informe está a disposición de sus Señorías. 
Indica que a pesar de la mayor complejidad, el análisis económico demuestra que los efectos competitivos son relativamente pequeños y acepta la opinión del ponente de que las ventajas para el consumidor los compensarán. 
Habrá otros debates al respecto, pero no me gustaría dejar pasar esta ocasión para felicitar a la Comisión en general por la orientación que está intentando imprimir a este asunto. 
Existe una amplia gama de otros productos aparte de las exenciones que están incluidos en esta loable propuesta y no deberíamos olvidar esto cuando hablemos de algunas de las cuestiones particulares. 
Como bien sabe el señor Comisario, en mi país, el Reino Unido, han surgido algunas controversias totalmente engañosas en la prensa con respecto a esta propuesta. 
Hoy me limitaré a comentar eso para que conste. 
En primer lugar, suponiendo que acordemos que se incluya la leche de consumo, está claro que es muy importante que se protejan plenamente los tamaños de botella tradicionales en los que se distribuye la leche en el Reino Unido. 
No me cabe duda de que los colegas aceptarán esto sin reservas y, por lo tanto, no se ocuparán de ninguna cuestión que tenga algo que ver con la pérdida de la tradicional «pinta» británica. 
En segundo lugar, pero con carácter más fundamental, el pan es un producto básico que está regulado a escala nacional en virtud de muchos reglamentos específicos. 
En el Reino Unido consumimos enormes cantidades de pan preenvasado en rebanadas y considero que este es un argumento de mucho peso para excluirlo totalmente de la normativa y permitir que Gran Bretaña mantenga sus actuales tamaños de envases regulados para este producto de consumo tan importante. 
. Señor Presidente, señor Comisario, señor Toubon, muchas gracias por el excelente informe que acaba de presentar. 
Al señor Harbour le diría que es muy importante que respetemos las culturas y tradiciones de los Estados miembros. 
Siempre deberíamos hacerlo en nuestra legislación. 
Creo que mi Grupo también apoyará estas enmiendas, eso no supondrá un problema. 
Señor Comisario Verheugen, acaba de decir que necesitamos legislar mejor y sobre todo aplicar mejor la legislación comunitaria. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted en ese punto, pero también le recordaría que corresponde a la Comisión garantizar que se aplique la legislación comunitaria. 
Le pediría que fuera muy estricto respecto a estas cuestiones, porque como europeo quiero que las decisiones que tomamos en Europa se apliquen. 
Por otra parte, también ha dicho que toma como referencia al consumidor medio, como hace el Tribunal de Justicia Europeo. 
Eso es comprensible: todos necesitamos un punto de referencia del que partir. 
No obstante, como socialdemócrata, mi referencia en dichos casos son precisamente las personas que no son medias, porque son discapacitadas, porque son mayores o porque, por cualquier razón, están aprovechando las distintas oportunidades disponibles en los Estados miembros y que ofrecen las empresas. 
En estos casos especiales es cuando la fiabilidad al comprar alimentos básicos como pan y leche es especialmente importante. 
Por ese motivo debemos garantizar que esta fiabilidad se mantenga en nuestros comercios, y por ello estamos de acuerdo con las propuestas del ponente. 
. Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Toubon por su compromiso y su modo de proceder, pero también a todos y expresar mi gratitud a la Comisión y el Comisario Verheugen por la propuesta que han presentado respecto a la mejora de la legislación y la desregulación. 
Por eso nos resulta algo extraño que el Parlamento deba responder ahora con multitud de excepciones. 
En los Países Bajos, un país que rechazó el Tratado Constitucional, consideramos innecesario que Europa se implique en cuestiones como la medida del café o de la leche, porque para eso está el mercado interior y las medidas y los productos están sujetos al reconocimiento mutuo. 
Por lo tanto, estamos muy descontentos con las excepciones adicionales o productos adicionales que se incluyen ahora para poder acogerse a la armonización. 
Por lo tanto, vamos a votar en contra de esas excepciones, y si no podemos eliminarlas y no podemos ceñirnos a la propuesta de la Comisión, como liberales votaremos contra la totalidad de la propuesta, lo cual lamentaríamos porque podría servir de ejemplo. Espero que no tengamos que tratar esto ahora y espero no tener que admitir, cuando vuelva a mi país, en algún referendo futuro sobre el Tratado Constitucional, que en este Parlamento nos implicamos en detalles que deberían quedar en manos de los ciudadanos y ciudadanas de a pie. 
La legislación ya prevé la indicación del precio por unidad del litro o kilogramo en interés del consumidor. 
Puesto que eso ya se incorpora en el precio, creo que no deberíamos subestimar al público europeo o tratarlo con condescendencia y como niños o como ciudadanos de segunda clase. 
Creo que deberíamos tener fe en los individuos capaces de tomar sus propias decisiones, y nos corresponde a nosotros ofrecerles tales opciones. 
Del mismo modo, en mi opinión sería lamentable que al viajar a otros países de Europa para hacer turismo o con cualquier otro fin y no pudiéramos conocer los pesos y medidas que se aplican allí, como por ejemplo la pinta en el Reino Unido. 
A mi juicio, es lamentable que no hayamos optado por legislar mejor y por desregular como ha propuesto la Comisión, y lamentamos las excepciones propuestas. 
Señor Presidente, en realidad no ocurre a menudo que yo esté de acuerdo con la Comisión respecto a proyectos de liberalización, pero este es un tipo de liberalización sensata. 
Veo que el señor Toubon ha realizado un trabajo serio y ha llevado a cabo una evaluación de impacto, pero ese no es motivo suficiente para establecer una normativa a escala de la UE. 
Si un país desea regular los tamaños de las barras de pan y de la pasta puede hacerlo, pero no a escala de la UE. 
Corremos peligro de que las cuestiones resulten bastante ridículas cuando la UE se mete en estos berenjenales. 
Sin duda, lo que los consumidores esperan es la protección frente a los aditivos peligrosos y una revisión de los aditivos que utilizamos. 
También esperan un etiquetado claro, suficientemente grande para que se pueda leer en la lengua propia, para que entiendan los ingredientes que se incluyen en los productos en cuestión. 
Las normas para combatir la publicidad engañosa abarcan aquellos problemas con los que los consumidores podrían encontrarse debido a la existencia de tamaños de envases confusos. 
Este tipo de legislación tiene precisamente un impacto real en las necesidades de los consumidores. 
Cuando se trata del alcohol, estoy de acuerdo con la Comisión en que esa es otra cuestión. 
En este terreno se trata de controlar el consumo de otro modo, y las normas vigentes y las que propone la Comisión son apropiadas. 
Hay motivos para regular esta esfera. 
Creo que la propuesta elaborada por la Comisión, a saber, no incrementar la legislación de la UE, es equilibrada. 
Señor Presidente, señor Comisario Verheugen, señor Toubon, acojo con agrado la propuesta de la Comisión respecto a la desregulación del envasado. 
Espero que ese debate continuo acerque nuestro propio enfoque al de la Comisión para que sea el consumidor el que escoja y no los políticos. 
El ponente, el señor Toubon, ha demostrado que está dispuesto a aceptar mi enmienda que rescata los envases de leche suecos para que la gente pueda seguir teniendo leche para el café en el trabajo. 
Todavía hay cosas que hacer respecto a la desregulación de la mantequilla y la pasta y a reducir la reglamentación detallada en general. 
Sería perjudicial para la competencia y para los consumidores si fuéramos a empeorar las cosas para las pequeñas y medianas empresas y a utilizar medidas políticas para proporcionar cuotas de mercado a los grandes conglomerados. 
Aquellos de nosotros que venimos de un país pequeño no podemos aceptar el informe en esa forma. 
Ya hemos tenido suficientes debates sobre pepinos y fresas. 
Evitemos un debate sobre las «sisas de leche» y sigamos negociando con vistas a obtener una mayor libertad para el consumidor. 
Sigue habiendo mucho por hacer antes de que esta cuestión haya concluido de manera satisfactoria. 
Señor Presidente, para muchos países, las enmiendas del señor Toubon a la propuesta de la Comisión significan que se establecen nuevas normas a escala de la UE para un mercado que ya funciona. 
Los socialdemócratas suecos no creemos que las enmiendas del ponente supongan algún beneficio para los consumidores. 
Al contrario, si se apoya el enfoque del ponente, conllevaría importantes gastos de conversión para muchas empresas europeas, y esto sin que los grupos que decimos representar necesitaran o incluso desearan los cambios. 
Por ejemplo, la Asociación de Consumidores suecos, que trabaja activamente con bastantes grupos de cooperación y asociaciones sobre estas cuestiones concretas que tienen que ver con el envasado, nunca ha escuchado, basándonos en nuestros contactos con la Asociación, ningún deseo respecto a tamaños fijos de envases. 
Además, las instituciones de la UE no estarían cumpliendo su ambición de mejorar la calidad de la legislación evitando una reglamentación detallada. 
Los socialdemócratas suecos no tenemos nada en contra de realizar peticiones estrictas a las empresas para mejorar la protección del consumidor. 
Al contrario. 
No obstante, como se ha señalado, los reglamentos son, en este caso, innecesarios, y por ello vamos a votar en contra del informe. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– Acojo con satisfacción este informe sobre las normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados. 
Estoy a favor de mantener determinadas cantidades para alimentos básicos, pues considero que es importante mantener cantidades nominales en interés del consumidor británico. 
El informe mantiene partes esenciales de la legislación vigente y, en particular, elimina el injustificado intento de la Comisión de abolir tamaños fijos en un plazo de 20 años. 
Dada la complejidad de «indicar el precio por unidad» , estas leyes de protección garantizarán que no se comprometa la actual venta de la pinta de leche británica. 
En contra de las historias de terror engañosas de los euroescépticos, que han causado tanta controversia entre los consumidores, la capacidad de elección del consumidor británico está garantizada. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia europea de comunicación – Libro blanco. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a usted y a sus Señorías por estar aquí tan temprano esta mañana. 
Gracias por darme la oportunidad de presentarles el Libro blanco sobre la estrategia europea de comunicación adoptado por la Comisión en su reunión de ayer. 
No es la primera vez que hablo del Libro blanco en esta Cámara. 
Primero lo anuncié durante el debate sobre el informe Herrero, que ha sido una referencia importante para mi trabajo posterior. 
Durante la elaboración del Libro blanco he informado regularmente al Parlamento Europeo acerca de mis ideas, reuniéndome con los diferentes Grupos políticos, comisiones, etc. y estoy segura de que a varios de ustedes les resultarán bastante familiares los principales conceptos y mensajes del Libro blanco. 
La respuesta y los ánimos que me han dado me hacen pensar que continuaré encontrando en esta Cámara al aliado más comprometido y preciado en materia de comunicación. 
La comunicación es, en primer lugar y sobre todo, una cuestión de democracia. 
Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hace la Unión Europea y qué defiende, y como tales tienen derecho a participar plenamente en el proyecto europeo. 
Este es el principal mensaje del Libro blanco. 
Existe una preocupante brecha entre la Unión Europea y sus ciudadanos. 
Siete de cada diez entrevistados en los sondeos del Eurobarómetro afirman saber poco o nada sobre la Unión Europea. 
Más de la mitad consideran que su voz no cuenta en los asuntos europeos. 
La confianza en las instituciones europeas disminuye, al igual que el número de personas que creen que Europa aporta algún beneficio a ellas o a sus países. 
La percepción de una brecha de comunicación entre la Unión Europea y sus ciudadanos no es nueva. 
Ha sido objeto de debate en círculos de la Unión Europea al menos desde los referendos que precedieron a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en 1992. 
A este respecto, los referendos recientes sobre el Tratado Constitucional han supuesto un severo toque de atención. 
La eliminación de la brecha entre la Unión Europea y sus ciudadanos es ahora más urgente que nunca. 
Para avanzar, el proyecto europeo necesita arraigar en los deseos y las expectativas de los ciudadanos. 
Debe pertenecer a los ciudadanos y no solo a una pequeña elite asentada en Bruselas o en un par de grandes capitales europeas. 
El Libro blanco es la propuesta de la Comisión para responder a este desafío y sentar las bases de una política de comunicación de la Unión Europea. 
¿Cuál debería ser el propósito principal de una política europea de comunicación? 
El Libro blanco defiende el desarrollo de una esfera pública europea que funcione, donde pueda desarrollarse el debate europeo y puedan participar los ciudadanos. 
Se trata de un concepto que el Parlamento Europeo hizo suyo hace algún tiempo y ahora es fundamental en la visión de la Comisión de una política de comunicación. 
El Libro blanco señala la importancia de desarrollar una verdadera cultura política europea, con Grupos políticos paneuropeos, foros y medios de comunicación paneuropeos o lugares de reunión donde los ciudadanos puedan reunirse y debatir cuestiones de interés común. 
No obstante, aclararé de inmediato que todo esto no pretende sustituir ni disminuir la función de los niveles locales, regionales o nacionales de estructuras políticas y actividad de los medios; por el contrario, los complementa. 
Probablemente lo más urgente para la creación de una cultura política europea es asegurar que las cuestiones europeas se reflejen en los debates locales, regionales y nacionales. 
El desarrollo de una esfera pública europea es, por supuesto, un proyecto muy ambicioso y llevará su tiempo. 
Va mucho más allá del ámbito de competencias de la Comisión. 
El papel del Parlamento Europeo será crucial a este respecto, pero sabemos que solo lo conseguiremos si todos los implicados –y los Estados miembros, en primer lugar– estamos dispuestos a comprometernos y a asumir responsabilidades. 
Por lo tanto, el Libro blanco es un llamamiento a la acción de todas las instituciones de la Unión Europea, de los partidos políticos y Gobiernos de la Unión Europea, de la sociedad civil y de los medios de comunicación de todos los países de la Unión. 
Propone que comencemos a trabajar en cinco ámbitos principales: en primer lugar, la definición de principios comunes. 
Una política de comunicación de la Unión Europea debe basarse en el reconocimiento fundamental de que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a una información imparcial y completa sobre la Unión Europea; el derecho a escuchar todas las diferentes opiniones acerca de la Unión Europea; y el derecho a que los políticos escuchen su voz. 
El Libro blanco propone que estos principios se incluyan en un documento marco –una carta o, quizás, un código de conducta– con el que todos los actores principales deberían comprometerse de forma voluntaria, para acordar los principios de comunicación. 
Necesitamos que esos principios comunes guíen nuestra acción común y den credibilidad y legitimidad a nuestras actividades de comunicación; que dejen claro que la comunicación de la Unión Europea no consiste en vender Europa ni en producir propaganda, sino en potenciar nuestra democracia. 
Es un instrumento para que los ciudadanos valoren si se respetan o no sus derechos. 
La segunda área de trabajo que propone el Libro blanco es la capacitación de los ciudadanos. 
¿Cómo puede ayudar una política de comunicación de la Unión Europea a avanzar en este sentido? 
El Libro blanco señala tres vías: Cooperar más en materia de educación cívica, interconectar a los ciudadanos y conectar a los ciudadanos con las instituciones. 
La educación cívica es una responsabilidad nacional o regional, pero existe un valor añadido europeo. 
La Unión Europea puede ayudar a garantizar el intercambio de mejores prácticas y a facilitar el desarrollo de instrumentos educativos comunes para hacer frente mejor a la dimensión europea. 
Me encuentro con esto constantemente, cuando viajo a los Estados miembros. 
Los maestros y todas las personas implicadas en estas actividades dicen: «¿realmente tenemos que reinventar la rueda? 
No podríamos mejorar el intercambio de prácticas, materiales o experiencia?» 
Los nuevos foros de debate público sobre cuestiones europeas son fundamentales para generar confianza mutua, respeto y voluntad de trabajar juntos para conseguir objetivos comunes. 
Asimismo, una buena comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las instituciones públicas es fundamental en una democracia saludable. 
Es necesario seguir reforzando la dinámica actual a favor de que las instituciones de la Unión Europea muestren más interés y sean más abiertas y accesibles. 
El tercer ámbito en el que el documento propone trabajar se refiere a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 
Los medios de comunicación son agentes fundamentales de la política de comunicación y es crucial que las instituciones públicas de todos los niveles de gobernanza encuentren formas innovadoras de cooperar con los medios de comunicación locales, regionales y nacionales. 
También necesitamos debatir juntos cómo garantizar que todas las opiniones estén representadas de forma justa en estos debates y cómo podemos ofrecer a los ciudadanos una información completa, imparcial y veraz, a través de una amplia gama de canales, no solamente la prensa, la radio y la televisión, sino también a través de Internet. 
Una de las propuestas, como ya han visto sus Señorías por la cobertura de los medios, es también que deberíamos mejorar nuestro servicio existente Europa vía Satélite –un servicio interinstitucional– y, por ejemplo, la televisión regional, que pertenece a los usuarios de este servicio. 
El cuarto ámbito de trabajo es la comprensión de la opinión pública. 
Esto supone un desafío para los políticos. 
Necesitan estar al tanto de la opinión pública europea, dado que las opiniones de los ciudadanos con respecto a cualquier cuestión pueden variar mucho entre diferentes países o regiones. 
La Comisión Europea ha sido pionera en el desarrollo de instrumentos modernos, como los sondeos del Eurobarómetro, para analizar la opinión pública. 
Nuestro Libro blanco fomenta el debate sobre cómo podríamos mejorar el uso que hacemos de estos instrumentos para realizar un análisis más profundo y utilizarlos de forma más eficaz a fin de alimentar el proceso político. 
El quinto ámbito de debate conjunto es cómo hacer que la colaboración funcione: nosotros lo llamamos «cómo hacer el trabajo juntos». 
¿Cómo pueden cooperar los Gobiernos de la Unión Europea más estrechamente entre ellos y con Bruselas, para informar y consultar a los ciudadanos? 
¿Cómo pueden las instituciones de la Unión Europea trabajar juntas de forma más eficaz y continuar trabajando para descentralizar sus esfuerzos? 
Las autoridades locales y regionales están en condiciones de participar en un verdadero diálogo con los ciudadanos. 
¿Cómo pueden canalizar mejor el punto de vista de las comunidades locales hacia los políticos de Bruselas? 
¿Qué más pueden hacer los partidos políticos y las ONG por aumentar el conocimiento público sobre temas europeos y estimular el debate público? 
La Comisión no tiene respuestas preparadas a todas estas preguntas y no deberíamos tratar de decir a otros implicados qué deberían hacer. 
Por lo tanto, el Libro blanco lanza un amplio proceso de consulta e invita a todos los implicados a pensar detenidamente en estas cuestiones y a exponer sus propias ideas. 
Nunca hemos celebrado una consulta pública sobre la comunicación de Europa. 
Ya es hora de que lo hagamos, si realmente queremos situar a los ciudadanos en el centro de nuestras actividades. 
Me gustaría que el Parlamento Europeos fuese nuestro mejor aliado y defensor en este proceso. 
Las estructuras para esta cooperación ya existen y podemos mejorarlas para estructurar y coordinar mejor nuestro trabajo. 
Para terminar, me gustaría citar al filósofo John Dewey, que escribió que «existe más que un vínculo verbal entre las palabras común, comunidad y comunicación. 
Haga el experimento de comunicar, con amplitud y precisión, alguna experiencia a otro, especialmente si es un poco complicado, y encontrará su propia actitud hacia su cambio de experiencia». 
La comunicación ayuda al entendimiento, genera valores comunes y crea comunidades. 
Esto es lo que la Unión Europea necesita más que nada. 
Gracias por su atención. 
Espero escuchar sus opiniones. 
. – Señora Comisaria Wallström, quiero darle las gracias por su interesante Libro blanco que tan bien nos ha presentado esta mañana. 
En nombre del Grupo del PPE-DE acojo con gran satisfacción su Libro blanco sobre una política de comunicación europea. 
Llega en un momento en el que la brecha entre Europa y sus ciudadanos se está ensanchando. 
Una sensación de alejamiento de Bruselas invade a nuestro electorado: alejamiento de sus instituciones y de los políticos en general. 
La escasa asistencia a las urnas en 2004 fue un triste y claro recordatorio de la necesidad para la Unión Europea de aprender a comunicarse más con sus ciudadanos. 
No obstante, no se trata solamente de tener comunicación en Europa: necesitamos una comunicación. 
Para poder comunicarnos mejor, Europa también necesita escuchar más. 
Los líderes europeos han perdido el contacto con su público y estoy de acuerdo con usted, señora Comisaria, cuando dice en su comunicación que los ciudadanos esperan que Europa les ofrezca garantías de prosperidad, solidaridad y seguridad frente a la globalización. 
Nuestros ciudadanos no están preocupados por los detalles esenciales de la reforma institucional, sino que les preocupan sus puestos de trabajo, les preocupan los 20 millones de parados de Europa, por lo que yo apoyo indudablemente su nuevo planteamiento, que se aleja de la comunicación unidireccional para reforzar el diálogo, sustituyendo un planteamiento centrado en Bruselas a un enfoque más descentralizado y pasando de una comunicación –como dice usted en su Comunicación– centrada en las instituciones a otra centrada en los ciudadanos. 
Desde luego que he intentado hacer esto en Escocia, en mi circunscripción, donde lancé un concurso de redacciones entre los escolares para intentar generar interés entre los alumnos con respecto a los asuntos europeos. 
De hecho, mañana voy a Aberdeen a hablar con dirigentes locales acerca de las perspectivas financieras, y eso es comunicación europea en acción. 
No obstante, debe usted asegurar que este Libro blanco no se quede simplemente en un ejercicio de consulta, sin trascendencia y desvinculado de esos mismos ciudadanos a los que intenta llegar. 
En Europa tendemos a ser muy buenos debatiendo y menos buenos cumpliendo promesas. 
Nuestras ideas deben ir seguidas de acciones. 
Yo me preguntaba, cuando usted ha señalado la importancia de los programas Erasmus y Ciudadanos para Europa como una forma de superar la brecha existente entre la Unión Europea y sus ciudadanos, si esto no era un poco contradictorio, dado que estos programas han sufrido en realidad importantes recortes en el presupuesto de 2006. 
Puede que necesitemos un mejor entendimiento y más detalles acerca de cómo pretenden exactamente financiar esta estrategia de relaciones públicas masivas. 
La comunicación, la transparencia, el acceso abierto a los documentos y la implicación en la política no están siquiera plenamente desarrollados entre nosotros mismos, los diputados al Parlamento Europeo, representantes de la Unión Europea. 
Esta Cámara representa a esos mismos ciudadanos con los que estamos intentando comunicarnos, pero lamentablemente no se consulta lo suficiente a este Parlamento o, a menudo, se le consulta cuando es demasiado tarde. 
A menudo no se le escucha, a menudo los impenetrables e inexplicables trabajos del Consejo le contradicen. 
Esa es la razón por la que, señora Comisaria, a pesar de que acojo con gran satisfacción sus objetivos y sus esfuerzos, le ruego que se plantee añadir otra «D» a su plan de Diálogo, Debate y Democracia. 
Sería la «D» de Decisión: la decisión de actuar. 
. – Señor Presidente, tenemos razón al preocuparnos por los problemas de comunicación de la Unión Europea y tenemos razón, como expone el título de este Libro blanco, al debatir sobre Europa y al implicar a los ciudadanos. 
El diagnóstico es claro y el Libro blanco es detallado en sus propuestas para hacer frente al problema. 
Quiero dar las gracias a la señora Comisaria por el esfuerzo que ha realizado para llevarnos hasta este punto en el examen de este problema crucial. 
Más adelante debatiremos detenidamente muchas de las propuestas del Grupo. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios generales acerca de las comunicaciones en general. 
En comunicación, menos es más. 
La esencia de una buena comunicación es transmitir un mensaje firme en un lenguaje sencillo. 
Necesitamos explicar a los ciudadanos qué estamos haciendo y por qué les afecta. 
Una vez que sepan que sus intereses se ven afectados por nuestras decisiones, se preocuparán ellos mismos por la esfera pública. 
El Libro blanco propone invertir en mecanismos, procedimientos y nuevas tecnologías para facilitar los canales de comunicación. 
Eso es positivo, pero no aborda la calidad de lo que hay que transmitir a través de esos canales de comunicación. 
Habla de conectar a los ciudadanos y del debate en la esfera pública. 
Eso es aceptable para nosotros. 
No obstante, para que los ciudadanos hagan algo de esto, tiene que importarles. 
Solamente entonces podrán hacerlo. 
Tenemos que demostrarles por qué les debería importar lo que está haciendo la Unión Europea. 
La responsabilidad de hacer frente a esos problemas recae sobre todos nosotros –todas las instituciones– y no solamente sobre la sala de prensa de abajo. 
Por lo tanto, la asociación es también un concepto importante que se expone en el Libro blanco. 
Como he dicho, sería positivo invertir en nuevos sitios web y en nuestros propios canales de televisión, pero ya tenemos al grupo de corresponsales acreditados más importante del mundo delante de nuestra puerta: 1 300 periodistas que ansían informar sobre historias de buena calidad a audiencias de todo el mundo. 
Si produjésemos historias de interés periodístico y oportunas para los periodistas, entonces los titulares, los sitios web, los nuevos canales de televisión y los debates en la esfera pública vendrían detrás. 
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de nuestros esfuerzos de comunicación están fracasando porque la Unión Europea falla en cuestiones básicas. 
La Unión Europea anuncios de noticias de talla única, en lugar de hacer mayores esfuerzos por encontrar nuevos mensajes que despierten el interés de grupos de medios de comunicación específicos, en nuestros diferentes países y regiones. 
El Libro blanco hace con razón hincapié hasta cierto punto en los sondeos de opinión y en la necesidad de comprender la opinión pública europea. 
Sin embargo, si utiliza este recurso correctamente, ¿por qué la Comisión sigue planteando propuestas tan sumamente impopulares como la directiva de servicios portuarios que tratamos hace un mes? 
El Libro blanco habla de la necesidad de escuchar a los ciudadanos y tiene razón. 
Este fue un caso en el que la Comisión, sin escuchar siquiera a su propio Parlamento, ignoró al pueblo. 
En este punto no basta decir que Europa necesita escuchar a los ciudadanos: también necesita actuar conforme a lo que dice. 
¿Qué incentivo tiene el pueblo para hablar con nosotros en Bruselas, si no tiene garantías de que lo que dice importará o cambiará lo que pensamos hacer? 
Acojo con satisfacción este Libro blanco, porque marca el comienzo de un debate muy necesario. 
Esta Cámara debería acoger con satisfacción la importante contribución de la Comisaria. 
En el Parlamento Europeo debemos aportar nuestra parte, garantizando que la Unión Europea se desarrolle con el apoyo de sus ciudadanos y que sirva a sus intereses de la mejor manera posible. 
. Su Comunicación sobre el Libro blanco arrancó muy bien, señora Wallström, puesto que cuando leo la primera página esa Comunicación va de la mano de su contenido. 
Por ello esperaba encontrar un análisis político de las causas del deterioro de las relaciones que todos –usted, nosotros, todos– vemos que tienen lugar entre los europeos y las instituciones europeas. 
A ese respecto, admito estar muy desilusionado, porque la autocrítica no va más allá de la frase que acabo de pronunciar. 
En su opinión, simplemente tenemos que hablar de manera más positiva sobre Europa y ese hecho restablecerá evidentemente la antigua confianza de los europeos en sus instituciones y en el proyecto comunitario. 
No obstante, ¿podemos decir seriamente que los objetivos liberales aceptados plenamente por el equipo del señor Barroso no benefician a todo lo que está preocupando –y con razón– a los ciudadanos de la UE? 
Es verdad que usted señala ciertas líneas a seguir en su documento. 
Este contiene algunas fórmulas atractivas: descentralización, participación y cultura. 
Pero por encima de estos términos ¿qué queda de sustancial en él? 
Me da la impresión de que confunde comunicación con diálogo. 
La democracia no solo trata de la comunicación; por encima de todo, trata de la participación genuina de las naciones a través de sus instituciones. 
Cuando el señor Barroso nos dice al final de verano: «He captado el mensaje, voy a retirar los textos sobre los que no existe consenso» y retira docenas de ellos, pero conserva la Directiva de servicios, me siento como si no luchara por las mismas cosas que él en el referendo, y eso es algo que no puedo tolerar. 
Por mi parte, no pensé que la Directiva de protección de los trabajadores planteara un problema, a diferencia de la Directiva de servicios, que plantea algunos problemas en la práctica. 
No basta con disfrazar las políticas; puede que necesiten cambios. 
Tengo la impresión de que su enfoque es bastante tecnócrata y elitista. 
El programa Erasmus es un programa fantástico, pero como ha dicho el anterior orador, no afecta mucho a las naciones porque no disponemos de recursos para que así sea. 
Decir que confiamos en las nuevas tecnologías, que parecen ser la respuesta a todo, puede que equivalga a creer que multiplicar la cifra de páginas web será suficiente para abordar los problemas que se desprenden de la opinión de las personas respecto a la UE, problemas de los que, además, somos conscientes. 
¿Realmente tenemos que relanzar toda una serie de encuestas del Eurobarómetro para saber que las preocupaciones de nuestros ciudadanos tienen que ver con las deslocalizaciones, la precariedad social, la inseguridad, la crisis sanitaria y los daños ambientales? 
Estoy casi seguro de que el Eurobarómetro va a revelarles lo que les acabo de decir en una única frase. 
¿Qué recursos se utilizan en vista de estas ansiedades? 
Cuando fui ponente de opinión para el Programa Prince en el marco del presupuesto de 2005, me acuerdo de que la Comisión había propuesto dividir los fondos para este programa por la mitad, y eso fue después del trauma del doble «no» en la votación sobre el proyecto de Constitución. 
Fue el Parlamento, en esta Cámara, quien multiplicó posteriormente los fondos por seis. 
Señora Comisaria, sus intenciones son loables, pero una vez más, mientras no especifique para qué quiere lograr apoyo a nivel político no tendrá sentido dedicar esfuerzos al envoltorio, al lacito que le va a poner alrededor: revisar la propia comunicación es una buena idea, pero revisar la propia política es una idea mejor. 
Señor Presidente, querida Margot, lo que subyace a sus bellas palabras es el hecho de que el departamento de propaganda de la UE quisiera tener más dinero para redoblar la propaganda. 
Quieren contratar a más periodistas para pregonar sus propias virtudes y establecer una nueva agencia de noticias para que puedan decidir lo que los medios de comunicación van a escribir sobre la UE y para que puedan proporcionar a cada noticia un mensaje fácilmente comprensible ensalzando a la UE. 
La Comisión no necesita una política de comunicación. 
Lo que necesita es transparencia y democracia. 
Debería comenzar abriendo las cuentas al escrutinio parlamentario. 
Den acceso a los auditores de la UE a todos los gastos para que puedan controlarlos. 
Publiquen los nombres de aquellos que reciben un sueldo por dar buenos consejos en los grupos de trabajo secretos de la Comisión. 
Abran el cajón que contiene cartas de notificación formal para que los votantes y los representantes elegidos puedan ver los aspectos de nuestras leyes que no gustan a la Comisión. 
Dígannos quién vota qué en la Comisión. 
Por ejemplo, ¿hay Comisarios que se hayan opuesto al plan de comunicación de la señora Wallström o a la iniciativa de transparencia del señor Kallas? 
Es mejor tener transparencia, democracia y proximidad a los ciudadanos que tener más dinero para las relaciones públicas. 
Señor Presidente, señora Wallström, voy a hacer una propuesta muy concreta, pues Europa necesita tomar medidas audaces e imaginativas, para acercar los asuntos europeos a todos y avanzar en la creación de una opinión pública europea. 
Creo que hace falta un programa piloto que permita abrir los grandes debates europeos, abrir los Consejos en los que los ministros discutan sobre asuntos que afectan a los ciudadanos, con un código de conducta claro que haga comprensible el debate. 
Yo creo que, tras todos los problemas constitucionales, este proyecto piloto podría entenderse como una señal de buena voluntad hacia la transparencia y el debate abierto. 
Propongo que dicho proyecto sea una discusión pública, ante las cámaras de televisión, sobre la Directiva Bolkestein. 
Se habla mucho de la transparencia del Consejo, pero, en concreto, no se hace nada. 
De esta forma, la gente hablaría sobre este debate; un debate para presentar a Europa en los escenarios, para mostrar las posiciones con claridad y para que la gente sepa lo que se decide acerca de los asuntos que nos afectan a cada uno, día a día, en nuestra vida. 
Además, quisiera añadir que, según el artículo 8 del Reglamento interno del Consejo, cualquier miembro de la Comisión o del Consejo puede proponer un debate público de este tipo. 
. Señor Presidente, Señorías, gracias por sus interesantes comentarios sobre el Libro blanco. 
En primer lugar, ha llegado el momento de actuar. 
Si hablamos de llegar a los ciudadanos, no podemos recortar los programas en los que hacemos justamente eso. 
En esta cuestión mantenemos exactamente la misma posición que el Parlamento Europeo, según tengo entendido. 
Queremos que el presupuesto se incremente, no que se reduzca. 
Esa es también nuestra posición en las negociaciones presupuestarias en curso. 
Sin duda mantenemos la misma posición en esta cuestión. 
Señor Wiersma, creo que ha hecho usted un comentario muy válido, porque se trata también de la participación de los ciudadanos. 
He repetido que la democracia no es un mero deporte para espectadores. 
Requiere la participación de los ciudadanos, pero estos tienen a su vez que poder adquirir los conocimientos básicos sobre lo que está sucediendo y sobre cómo ejercer su influencia. 
Por tanto, también es obligación nuestra garantizar el acceso, por ejemplo, a la educación cívica, para saber cómo funcionan las cosas y cómo tener voz en este proceso. 
Creo que la Directiva de servicios es un ejemplo muy bueno de que no basta simplemente con explicar las cosas si no existe una buena base, si no se ha realizado una consulta. 
Al final, no tendremos a nadie que defienda la propuesta. 
Creo que este es un ejemplo de dónde tenemos que hacer realmente el trabajo de reparación. 
Se trata de involucrar a los ciudadanos. 
Ayer, uno de mis colegas en la reunión de la Comisión recordó que cuando la Comisión consultó a unos niños sobre una propuesta relativa a los derechos del menor, aquellos dieron completamente la vuelta a la propuesta inicial. 
Los niños tienen otro orden de prioridades. 
Aprendimos mucho de ese proceso de consulta. 
De eso se trata. 
Se trata de la ética de la comunicación. No puede desconectarse de la política, porque la comunicación solo puede ser tan buena como lo sea su contenido. 
Tiene que tratar del contenido político, de lo que queremos hacer para cambiar la realidad de las cosas. 
Pero tenemos que explicar también claramente qué reglas y actitudes adoptamos frente a la democracia y el procedimiento democrático. 
Tenemos que decir también claramente que la comunicación y la ética de la comunicación constituyen una herramienta de ayuda fundamental. 
Eso es lo que estamos estableciendo aquí: los instrumentos, el marco y los procedimientos que nos permiten comunicarnos, mantener un diálogo bidireccional con los ciudadanos. 
Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. 
Hacen ustedes bien en preguntar por el presupuesto. 
Lo único que pedimos es un poco más de personal que nos ayude durante todo el período de consulta. 
Es demasiado pronto para saber qué necesitaremos para las propuestas concretas, porque todavía estamos realizando consultas sobre el particular. 
Tendremos que volver sobre las propuestas y los planes de acción específicos para realizar evaluaciones de impacto apropiadas, presupuestos y cifras concretas. 
De momento no hacemos más que fijar el período de consulta y poner el proceso en marcha. 
Al escuchar la descripción del señor Bonde, me he preguntado si habíamos leído el mismo documento. 
Tengo que responder a toda esa cuestión de la agencia de prensa y en parte se trata de un problema lingüístico. 
Nunca hemos tenido otra intención que mejorar el servicio que ya existe en la Dirección General de Comunicaciones. 
Se denomina «Europa por Satélite». 
Tenemos muy pocas personas prestando ese servicio, que suministra imágenes y sonido para radio y televisión a toda Europa. 
Lo hacemos en 20 lenguas. 
Si queremos mejorar la calidad y tener más datos y cifras, así como una mejor cobertura de lo que sucede en el Consejo, el Parlamento y la Comisión, necesitamos más personal y más equipos. 
Como he dicho antes, así es cómo ayudamos a las emisoras regionales de televisión y radio que no pueden permitirse el envío de corresponsales a Bruselas. 
Si queremos tomarnos en serio este servicio de suministro de información interinstitucional interna, necesitamos personal que se dedique a ello. 
Al final, necesitaremos una persona altamente profesional para decidir qué es lo más interesante desde el punto de vista periodístico: ¿debemos enviar un equipo al Parlamento hoy, o debe acudir a otro lugar para cubrir una noticia diferente? 
Eso ya lo hacemos, pero con recursos muy escasos. 
Este servicio no entra en conflicto con la televisión en línea en que ha decidido invertir el Parlamento y que cubre lo que sucede dentro de la institución, sino que complementa sus esfuerzos por mejorar la comunicación con los ciudadanos. 
Esa ha sido la idea desde el principio. 
Los periodistas de Bruselas no están contentos. Creen que existe un riesgo de competencia. 
Pero yo veo muy poca competencia en la cobertura de ruedas de prensa en 20 lenguas. 
No me parece que eso sea un problema. 
Sin embargo, todo el mundo trata de cubrir su territorio. Debemos ser realistas. 
Si queremos cubrir las noticias de ahí fuera, a escala local y regional, por radio y televisión –que son las fuentes utilizadas hoy por la mayoría de nuestros ciudadanos para obtener información sobre lo que sucede en la UE–, tenemos que invertir en radio y televisión. 
Somos los únicos que podemos proporcionar esas imágenes y sonidos desde dentro de las instituciones. 
Nadie puede competir con nosotros en eso. 
Y eso es lo que queremos hacer con nuestra propuesta en el Libro blanco. 
No se ha realizado ninguna votación al respecto. 
En la Comisión celebramos debates, pero rara vez votamos. 
En los cinco años de la Comisión Prodi solo hubo votaciones unas cinco o diez veces. 
Así que no ha habido votación, pero mi Libro blanco cuenta con un amplio apoyo. 
Celebro poder decirles esto. 
No se trata solo de votar. 
Tienen ustedes razón al decir que los ciudadanos deben saber que se trata de otro ámbito de la política en el que el debate político es fundamental. 
Tenemos que debatir. 
Tendremos puntos de vista ideológicos diferentes sobre las cuestiones y el debate se propagará en la escena europea. 
Tenemos que ayudar a los ciudadanos a seguir y entender lo que está sucediendo y a dar su opinión. En nuestro Libro blanco encontrarán ustedes algunas ideas de cómo hacerlo. 
Por último, coincido con el señor Hammerstein Mintz. 
Espero que veamos un proyecto piloto en el que las reuniones del Consejo se celebren públicamente. 
Esa es también una forma de poner fin al juego de acusaciones que se lanzan mutuamente las instituciones. 
Al final son los ciudadanos quienes salen perdiendo, porque no pueden seguir ni juzgar lo que sucede, ni lo que dicen sus Ministros en el Consejo. 
Estoy de acuerdo en que las reuniones del Consejo se celebren públicamente y que los ciudadanos puedan seguirlas. 
Haremos todo lo que podamos para que esto sea posible. 
La Comisión considera también que la apertura y la transparencia son absolutamente cruciales para mejorar las comunicaciones. 
El debate queda cerrado. 
– Al escuchar este debate me sorprende de nuevo hasta qué punto estamos haciendo la pregunta equivocada y obteniendo, por tanto, la respuesta equivocada. 
La estrategia de comunicación de la Comisión persigue fines loables, pero dudo de que de hecho vaya a surtir mucho efecto, pues la realidad de la UE en su conjunto, no solo las actividades de la propia Comisión, deja mucho que desear. 
Por eso los ciudadanos se muestran escépticos, y no porque desconozcan la UE, sino porque la conocen demasiado bien. 
En Escocia hay un viejo refrán que dice que no se puede sacar brillo a un nabo y ninguna presentación podrá ocultar el hecho de que la UE tiene un problema estructural que no está afrontando. 
Los mecanismos institucionales de la UE y las competencias de las distintas partes de la UE tienen que enfocarse desde la perspectiva de la ampliación, o correremos el riesgo de seguir estancados. 
Solo una verdadera reforma permitirá que la UE se acerque a los ciudadanos y es en esa reforma en la que debemos centrar nuestros esfuerzos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes del señor Markov, presentados en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, 
– sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85 y 3821/85 respecto a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y que deroga la Directiva 88/599/CEE (PE-CONS 3672/2/2005 – C6 0417/2005 – 2003/0255 (COD) ) (A6-0005/2006) y 
– sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de cierta legislación social relativa al transporte por carretera por el que se modifican los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3821/85 y (CE) 2135/98 y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 (PE-CONS 3671/3/2005 – C6 0416/2005 – 2001/0241 (COD) ) (A6-0006/2006). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, fue en septiembre de 2001 cuando la Comisión adoptó el nuevo Libro blanco titulado «La política europea de transportes de cara al 2010 – la hora de la verdad» , en el que se exponían las perspectivas de desarrollo hasta esa fecha y en el que la Comisión proponía cerca de 60 medidas distintas y un programa de acción con el objetivo principal de hacer más seguro el transporte. 
Su presentación del expediente que estamos debatiendo hoy –sobre tiempos de conducción y períodos de descanso de los conductores y la directiva asociada sobre el control del cumplimiento de las condiciones estipuladas en la primera directiva– ofrecía, sin duda, una buena oportunidad para convertir buenas intenciones en políticas prácticas. 
De ahí se sigue que la principal pregunta a realizar al evaluar lo que resultó del comité de conciliación entre el Consejo y el Parlamento es si los objetivos que nos hemos impuesto se han logrado, el primero de los cuales es la mejora y la armonización de las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, el segundo es la mejora de la seguridad vial y el tercero es la creación de unas condiciones justas según las cuales compitan todas las partes interesadas. 
Ahora voy a exponer las principales consecuencias de este compromiso. 
La primera es que el tiempo de conducción no debe sobrepasar las nueve horas ningún día, la segunda es que no debe sobrepasar las 56 horas en una semana y no debe hacer que se exceda el tiempo de trabajo máximo especificado en la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
En tercer lugar, el total del tiempo de conducción en un período de dos semanas no debe sobrepasar las 90 horas. 
En cuarto lugar, el período de descanso diario normal equivale a once horas, bien de manera consecutiva o dividido en dos períodos de tres y nueve horas, respectivamente. 
Esto responde al deseo de más flexibilidad expresado por los conductores, que podrán utilizar los períodos de descanso de maneras muy diferentes en las distintas condiciones climáticas que existen en invierno y verano respectivamente. 
El quinto punto es que el tiempo de descanso regulado en una semana se fija en un mínimo de 45 horas, y el sexto es que el informe introduce el tacógrafo digital, posibilitando así un control más amplio y mejor del cumplimiento con los reglamentos. 
En séptimo lugar, existen normas claras sobre la responsabilidad de los transportistas. 
En octavo lugar, la muestra de control prescrita se ha incrementado hasta un 2 % a partir de 2008 y un 3 % a partir de 2010. 
El noveno punto que quiero señalar es que los controles no solo deben hacerse en carretera sino también en los locales de la compañía. 
Puede observarse fácilmente, comparando los documentos que están siendo considerados y los aplicados anteriormente, que las condiciones no han empeorado en ningún aspecto. 
No obstante, si se pesan en la balanza los resultados logrados con nuestra concepción inicial de cómo saldrían las cosas, se llega a una conclusión distinta respecto a algunas de ellas. 
Permítanme ponerles algunos ejemplos, el primero de los cuales es que el reglamento no se aplica a vehículos de menos de 3,5 toneladas de peso, aunque dichos vehículos se utilicen para transportar mercancías en un número de viajes cada vez mayor y estén implicados en cada vez más accidentes. 
El segundo es que solo hay dos referencias a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, aunque el cumplimiento de sus disposiciones no se controla al mismo tiempo que el cumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y períodos de descanso. 
No creo que esto se acerque para nada a garantizar que los conductores vayan a cansarse menos, que sea menos probable que se sobrepasen los tiempos máximos o que estas cosas simplemente no vayan a ocurrir. 
En tercer lugar, aunque el anexo a la directiva de control incluye una definición de lo que se entiende por una ofensa al reglamento, esto no está armonizado de ninguna manera legalmente vinculante. 
En cuarto lugar, no se prevén sanciones armonizadas, con la consecuencia de que los Estados miembros pueden seguir imponiendo multas distintas por el mismo delito. 
Considerando todas estas cosas, puede decirse con certeza que juntos hemos propuesto bastantes soluciones flexibles, y sin duda esperamos que esta legislación encuentre su camino, durante el período previsto de dos años, hacia el nuevo AETR y sea entonces aplicable a aquellos Estados que no son miembros de la Unión Europea pero cuyos vehículos utilizan las carreteras de la UE, para que pueda establecerse una igualdad de competencia en general. 
Como la mayoría de ustedes saben, en el comité de conciliación voté contra el compromiso que habíamos logrado, y lo hice con la convicción de que esta Cámara podría haber logrado más y que nuestra mayoría en el comité se precipitó demasiado al detener las negociaciones con el Consejo. 
Siendo así, puedo entender claramente que habrá algunos que tomen parte en la votación de hoy que no se encuentran entre los defensores de este compromiso. 
Aunque la mayor parte de los afectados por el reglamento y la directiva no están precisamente saltando de alegría, una mayoría absoluta de los mismos ha expresado su apoyo por la adopción de estos dos expedientes, y mi voto reflejará este hecho. 
Por último, quiero pedirle a la Comisión que haga tres cosas: en primer lugar, que encargue un estudio sobre los modelos de tráfico de vehículos de mercancías menores de 3,5 toneladas, porque vivo con la esperanza de una presión distinta y de que podamos incluir también estas categorías en la directiva en una fecha posterior. 
En segundo lugar, les pediría que ayuden a coordinar los distintos organismos que controlan los tiempos de conducción, los de descanso y la ordenación del tiempo de trabajo, y en tercer lugar que organicen, junto con los Estados miembros y los interlocutores sociales, seminarios sobre esta nueva legislación para aplicarla lo antes posible. 
Quisiera concluir extendiendo mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que trabajaron conmigo en este expediente durante muchos años –del Comité, principalmente al señor Hauck y al señor Darmis– y también a los ponentes alternativos. 
Todos trabajamos juntos muy bien de modo bastante inusual, pero mereció la pena. 
También quisiera darle las gracias a nuestro Vicepresidente, el señor Vidal-Quadras Roca, que dirigió los procedimientos de conciliación con mano firme y al señor Tziorkas, el responsable oficial de nuestro caso. 
Espero que el tacógrafo digital se introduzca pronto y que los Estados miembros pongan a disposición las tarjetas de conductores, para que entonces hayamos progresado poniendo un poco más de justicia social, seguridad y competencia justa en las carreteras de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, Señorías, el importante desarrollo del transporte por carretera en los últimos veinte años ha llevado a la Comisión a presentar dos textos. 
El primero es una propuesta de reglamento elaborada en 2001 y destinada a simplificar, aclarar y actualizar un reglamento muy conocido entre los conductores –el Reglamento nº 3820/85–, que estipula los tiempos de conducción, de descanso y las interrupciones de este último. 
El segundo es una propuesta de directiva elaborada en 2003 destinada a sustituir una directiva que data de 1988. 
Esta propuesta de directiva garantiza un nivel mínimo de controles respecto a los tiempos de conducción y períodos de descanso en el sector del transporte por carretera. 
Todos aspirábamos a concluir este paquete el 6 de diciembre de 2005, tras un proceso de negociación largo y difícil que habrá durado más de dos años. 
El Comité de Conciliación llegó finalmente a un acuerdo. 
El Parlamento hizo mucho por ayudar a que esta cuestión avanzara, y quisiera felicitar al presidente de su delegación, el señor Vidal-Quadras Roca, a quien el señor Markov ya ha rendido homenaje. 
También quisiera resaltar especialmente la labor del señor Markov, del señor Grosch y del señor Piecyk y a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo, que estuvieron muy atentos a las cuestiones y lograron avances reales con respecto al texto de la Posición Común del Consejo. 
Se llegó a un compromiso en torno a dos tercios de las enmiendas del Parlamento al reglamento y sobre más de la mitad de las enmiendas del Parlamento a la directiva. 
Voy a citar el ejemplo de la introducción de un sistema comunitario concebido para establecer una clasificación común y precisa de los delitos en orden a su gravedad. 
Este tipo de armonización nos permitirá aclarar las obligaciones impuestas por las normas desde el punto de vista de la industria y de los inspectores en toda Europa. Subrayo «toda Europa» y no solo la Unión Europea. 
Gracias a la insistencia del Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a garantizar que el Acuerdo AETR pudiera ser ratificado por los demás países europeos, incluida Rusia, en el plazo de dos años. 
Es verdad que no conseguimos incluir el control del tiempo de trabajo en la esfera de la nueva directiva. 
No obstante, puedo asegurarles que la Comisión hará todo lo que esté en su mano para garantizar la aplicación plena de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
El 19 de diciembre la Comisión también envió diez dictámenes motivados a los Estados miembros que no habían notificado todavía la transposición plena de esta directiva. 
Además, el procedimiento de conciliación ha permitido un progreso posterior. 
Este paquete legislativo va a producir una serie de beneficios y avances respecto a la situación actual. 
Estoy seguro de ello. 
Voy a mencionar algunos ejemplos: límites claros y sencillos respecto a los tiempos de conducción semanales, que faciliten la comprensión del texto y nos permitan controlar de manera más efectiva si se está cumpliendo; un compromiso claro y explícito a favor de la armonización de los sistemas de información, las características técnicas del equipo, la clasificación de los riesgos y la interpretación de las normas, y por último, sin duda, el aumento de los controles, la extraterritorialidad de las multas y la responsabilidad en toda la cadena de transporte. 
Quisiera subrayar de nuevo, señor Presidente, que este progreso se ha obtenido sobre todo gracias a las intervenciones del Parlamento. 
Sobre el terreno los controles estarán más coordinados y serán más eficaces. 
No se trata solo de aumentarlos, sino de hacerlos más eficaces. 
Una última palabra sobre el tacógrafo digital. 
Quisiera decir al Parlamento esta mañana y en esta Cámara lo útil que sería que los textos en cuestión se aprobaran porque van a permitirnos poner en práctica el uso del tacógrafo digital. 
El Parlamento ha acordado con el Consejo una fecha tope para su introducción. 
El Parlamento y el Consejo han concluido una declaración conjunta respecto a esta cuestión. 
Anticipándome a su acuerdo sobre el paquete legislativo, señalé a los Ministros de Transporte de todos los Estados miembros el 12 de enero de 2006 que, por mi parte, aceptaba la extensión del período de gracia hasta la fecha tope. 
No obstante, está claro que por encima de la fecha deseada por el legislador –es decir, el Parlamento– cualquier camión nuevo que no esté equipado con el tacógrafo digital correrá el riesgo de incurrir en sanciones inmediatas impuestas por las autoridades nacionales, como por ejemplo la retirada del vehículo de la carretera. 
Quisiera dejarle claro que la Comisión se puso a trabajar inmediatamente con el fin de proporcionarle las respuestas que esperaba. 
Señor Presidente, Señorías, me atrevo a esperar que puedan apoyar el resultado de este procedimiento de conciliación y que juntos podamos concluir esta cuestión más de dos años después de que la Comisión presentara su propuesta. 
Sería una gran pena que detuviéramos el progreso contenido en estos textos, progreso que podrá aplicarse en la Unión Europea gracias al voto de esta Cámara. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hemos pasado por el procedimiento de conciliación, cuyo nombre indica que su propósito es buscar compromisos. 
Para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos –o para cualquier otra persona, en esta cuestión– afirmar que el resultado es todo lo que esperábamos sería ir demasiado lejos. 
La cuestión esencial respecto al trabajo realizado a este respecto en todas las vertientes es si este expediente está avanzando en la dirección correcta y si se han logrado ciertos objetivos que habíamos establecido nosotros mismos. 
La respuesta que puedo dar, en nombre del Grupo del PPE-DE, es claramente afirmativa. 
Consideramos que los tiempos de conducción y los tiempos de descanso de los conductores afectan a la seguridad, y cualquier cosa que subraye o mejore la seguridad es un avance en la dirección correcta, y por ese motivo quisiera dar las gracias al ponente, a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo y también a la Comisión Europea, porque creo que todos ellos –por distintas que puedan haber sido sus expectativas– han colaborado pensando en el mismo fin. 
En este sentido hemos hecho un buen trabajo. 
Este es un importante paso adelante porque nos ha hecho analizar las medidas vitales que hay que tomar a escala europea en relación con aquellos países cuyos vehículos también viajan por carreteras europeas. 
Sin duda, habíamos esperado más, pero hemos de ser posibilistas y si hemos llegado a conseguir que mañana 42 países –25 Estados miembros de la UE más el resto de Estados europeos– acepten esas cuestiones mediante el acuerdo AETR, entonces hemos enviado un mensaje claro al mundo exterior por lo que respecta a la seguridad, porque de lo que tratan los tiempos de conducción y de descanso es de seguridad, y eso significa no solo la seguridad de los conductores, sino también de los demás usuarios de la carretera. 
También hemos simplificado y aclarado ciertos términos. 
Fue una experiencia curiosa descubrir que, aunque estábamos hablando de tiempos de conducción y de descanso en el transporte por carretera, nadie había definido lo que se entendía por «tiempo de conducción». 
También hicimos cosas más importantes que eso, porque dejamos claro que debe poder controlarse todo el tiempo empleado en conducir o en descansar. 
Sin duda se podría haber esperado más, pero la estipulación de que el tiempo de sueño es de 9 horas más 3, o 9 horas a secas, es muy preferible a las 8 + 1 + 1 + 1 que se aplicaba antes. 
Creo que las propuestas realizadas por el Consejo a este respecto también eran muy acertadas. 
Un conductor sabe cuánto tiene que descansar después de cuatro horas y media, ya sean 15 o 30 minutos, sin todas las normas que se aplican a ese respecto. 
Hablando como alguien que proviene de una zona fronteriza, puedo decir que solo tienen que imaginarse los miles de personas que utilizan las carreteras, que hablan idiomas distintos, con distintas maneras de expresarse, por lo que tiene que haber personas que los controlen a todos. 
Por lo que respecta a los registradores de viajes, seguimos teniendo el modelo antiguo del contacto oral, donde alguien tiene que preguntar: ¿qué significa realmente lo que dice el registrador? 
Posibilitar el control de estas cosas –para que tanto el conductor como la persona que realiza el control sepan lo que se les viene encima– es, tal y como yo lo veo, un avance realmente importante. 
Creo que hemos dejado claras varias cosas a este respecto. 
Ya habíamos realizado algunas preguntas en nombre de la Comisión, pero habríamos preferido concluir toda la cuestión del registrador digital ya en agosto de 2004. 
No obstante, tengo que decir, señora Comisaria, que sus claras declaraciones de las últimas semanas enviaron un mensaje inequívoco al mundo exterior. 
No importa tanto si se hace un año antes o después; lo que importa es que la Comisión debería dejar claro a los que no tienen una fecha fija, a los que no han incorporado registradores de viajes en sus nuevos vehículos, que tendrán problemas en su propio país y problemas en sus actividades empresariales. 
Doy por hecho que usted también realizará el trabajo anunciado y dirá que no va a haber más indulgencia. 
No solo sería una pena, sino que también enviaría un mensaje equivocado si los países que han hecho lo que era necesario acabaran penalizando indirectamente a sus empresas por culpa de los países que no lo han hecho y se han salido con la suya, y sabemos qué países no han realizado los trabajos preparatorios. 
Estoy muy agradecido a la señora Comisaria por enviar lo que a mi juicio es una señal de que nuestra preocupación principal por lo que respecta a los tiempos de conducción y de descanso es la seguridad, seguida en segundo lugar de la competencia desleal. 
Estas dos dimensiones son las que explican que se encuentre unido todo el sector del transporte en el apoyo de iniciativas de este tipo, porque no es aceptable que mañana los que no respetan las leyes en este sector sean los que ganen más dinero. 
Con el apoyo de la mayoría, todos los países adoptarán finalmente el mismo enfoque. 
Eso me lleva al segundo punto que quiero comentar, que es que en esta Cámara podemos elaborar –y de hecho aprobar– las mejores directivas, pero eso no sirve de nada si no hay voluntad o deseo en los Estados miembros de supervisar su cumplimiento de manera sistemática. 
Llegaría a decir que estoy convencido de que hay muchos ámbitos en los que no necesitamos montones de nuevas leyes; lo que necesitamos es una simplificación, junto con una limitación, en algunos casos, de la esfera de interpretación, para que las personas en los distintos países sepan qué esperar. 
Incluso la mejor de las directivas será fútil sin la posibilidad de controlar su cumplimiento y de aplicar sanciones. 
Siendo así, también quisiera dar las gracias a la Comisión, que tomará la iniciativa de abordar las ofensas graves. 
Lo haremos sobre la base de un consenso. 
En cualquier caso, les pediría a aquellos que no son miembros del Grupo del PPE-DE que reconozcan también este resultado como lo que creo que es: un paso adelante. 
. 
Señor Presidente, la aprobación hoy del Reglamento sobre tiempos de conducción y de descanso por esta Cámara será sin duda un paso adelante en el que se incrementará el mínimo diario, se reducirá el máximo tiempo de conducción permitido, se introducirá el tacógrafo digital con la intención de impedir las manipulaciones y permitir controlar los 28 días anteriores, y la duración del viaje –tanto en términos de distancia como de tiempo empleado– al lugar de destino contará ahora como tiempo de trabajo. 
Todas estas cosas suponen un progreso, mérito sobre todo de nuestro ponente, el señor Markov, quien hasta el final del proceso se ha esforzado de manera espléndida por representar las opiniones de esta Cámara, y por ese motivo la mayoría de mi Grupo va a votar a favor. 
No obstante, hay que decir que existe un motivo serio por el que no voy a votar a favor del resultado de conciliación, y es la negativa del Consejo a permitir que se combine con la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
A pesar de muchas ofertas de compromiso por parte del Parlamento, el Consejo no ha considerado posible hacer concesiones en este frente. 
No obstante, el tiempo de trabajo del conductor incluye todas sus demás tareas, como las cargas y descargas, reparaciones, cumplimentación de impresos, tareas que producen fatiga y tienen un efecto directo en la seguridad vial. 
Por ese motivo el cumplimiento de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo debe controlarse, al igual que debe hacerse con los tiempos de conducción y de descanso. 
Por eso ha de ser posible que se persigan y sancionen los delitos contra la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
El Consejo no ha podido hacerlo, y también nos debe una explicación a este respecto. 
Hizo falta una semana para que el motivo de la negativa del Consejo quedara claro, cuando resultó que hasta la fecha diez Estados miembros no habían transpuesto la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, a pesar de que la fecha límite para que lo hicieran era marzo de 2005. 
Los diez Estados miembros en cuestión son: Austria, la República Checa, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España. 
No es de extrañar que el Consejo se negara a permitir la combinación con otro documento legislativo. 
Ojalá la Comisión nos hubiera facilitado esta información antes, en el curso de este procedimiento, porque entonces creo que el hecho de que esta directiva ni siquiera se había transpuesto en diez Estados miembros habría podido hacer que nuestro debate sobre este tema hubiera tomado un rumbo diferente. 
Los tiempos de conducción y descanso, la ordenación del tiempo de trabajo y el control están relacionados. 
El Consejo ha optado por obstaculizar el proceso, y por ese motivo hoy este resultado recibe un voto en contra por mi parte. 
Señor Presidente, señor Comisario, durante la preparación de estas dos directivas, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha defendido un control más riguroso del cumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso, y acogemos con satisfacción el tacógrafo digital, dado que se necesita una aplicación más uniforme y coherente de las normas. 
Lo necesitamos para una mayor seguridad vial y lo necesitamos para garantizar unas condiciones de competencia justas para los conductores y contratistas de transporte que cumplen las normas. 
Es necesario detectar las infracciones de ley y sancionar a los culpables. 
No obstante, hemos sido más escépticos con respecto a la introducción de cambios significativos en las propias normas en materia de tiempos de conducción y descanso. 
Es un hecho que las normas son complicadas, pero están consolidadas y son conocidas por los conductores. 
Si las cambiamos, debemos cambiarlas a mejor. 
No obstante, en mi opinión, con la conciliación alcanzada ahora entre el Parlamento y el Consejo hemos conseguido un equilibrio razonable y en el Grupo ALDE estamos dispuestos a apoyar la conciliación. 
Estas normas se están simplificando, lo que en ciertos casos también significa que se están volviendo menos flexibles. 
En el futuro no será posible dividir el tiempo de descanso diario en varios períodos de descanso más breves. 
Las normas exigirán un tiempo de descanso diario, dividido en períodos de nueve y tres horas. 
Sin embargo, las normas se flexibilizarán a su vez en otros puntos, ofreciendo, por ejemplo, disposiciones más flexibles con respecto a los servicios de transbordador. 
No menos importante es que ahora las normas afectarán también a los camiones de terceros países que no sean partes signatarias del AETR. 
Es fundamental que los conductores de camiones estén bien descansados, independientemente de que procedan de Dinamarca o de Ucrania. 
La cuestión del control del tiempo de trabajo de los conductores ha sido importante en las negociaciones. 
El Grupo ALDE expresó su oposición a que sea la policía la responsable de controlar el cumplimiento de las normas que rigen el tiempo de trabajo de los conductores. 
Este control está organizado de forma muy diferente en los distintos países y eso tenemos que aceptarlo. 
Eso no significa que no queramos que se aplique la Directiva relativa al tiempo de trabajo para los conductores. En efecto, yo pediría a la Comisión que controlara la aplicación de esta Directiva y que garantizara que todos los países la controlen y cumplan de manera uniforme, para que tampoco se produzca una distorsión de la competencia en este terreno. 
Los propietarios de autobuses y autocares no estarán satisfechos con el resultado de la conciliación. 
Resultará más difícil organizar viajes en autobús y autocar del mismo modo que ahora, cuando los conductores pueden ofrecer sus servicios durante más de seis días consecutivos. 
Lamento que no hayamos podido conseguir una solución más flexible en este caso. 
Por otra parte, el resultado general me complace y quiero dar las gracias al señor Markov y al ponente alternativo por sus esfuerzos. 
El hecho es que se ha dicho que la legislación relativa a los tacógrafos digitales es una farsa, porque durante mucho tiempo ha existido incertidumbre acerca de la fecha de su introducción. 
Al enfrentarse a los cambiantes anuncios sobre las normas, los contratistas de transporte se han encontrado con un vacío legal. 
Creo que es necesario que la farsa llegue ahora a su fin y, por lo tanto, quiero terminar planteando la siguiente pregunta al Comisario Barrot: ¿puede usted garantizar que, dentro de un año, cuando entre en vigor la nueva legislación sobre tiempos de conducción y descanso, se tengan en cuenta los problemas derivados de la adaptación de los tacógrafos digitales a las nuevas normas? 
¿Puede usted garantizarlo, señor Comisario? 
. 
Señor Presidente, Señorías, los miembros de nuestro equipo –tanto ponentes como ponentes alternativos– merecen nuestra profunda gratitud por su destacada cooperación en una causa común. 
Esa causa común coincidía exactamente con la intención original de la directiva: acabar, en Europa, con los accidentes del tráfico pesado y el deterioro de la seguridad vial provocado por conductores que sucumben repentinamente a la fatiga acumulada por la conducción, así como con el escandaloso dúmping social del sector del transporte, que se traduce en una competencia desleal, no solamente entre países europeos, sino también entre estos y terceros países, en la que quienes actúan justa y correctamente –también con sus empleados– salen perdiendo. 
No obstante, cabe señalar que durante el proceso de conciliación relativo a esta cuestión chocamos con una pared de hormigón, concretamente en el Consejo, que nos impidió llegar hasta donde realmente habría sido necesario y útil. 
El hecho es que la necesidad de realizar controles de los tiempos de conducción, para tener en cuenta también los demás períodos de tiempo en los que el conductor ha estado trabajando es, sin duda, evidente por sí misma y realmente debería ser muy obvia. 
No obstante, si queremos que esta situación mejore en general, hay una cosa especialmente importante, que la encontramos en la segunda parte del reglamento: me refiero al control eficiente. 
Ahora se trata de una obligación que incumbe a los Estados miembros, que tendrán que realizar controles más frecuentes, para que el tipo de escándalos del sector del transporte al que estábamos acostumbrados, y los graves accidentes provocados por la fatiga acumulada por la conducción, pasen por fin a ser cosa del pasado. 
Lo que finalmente me convenció de apoyar la directiva después de todo fue la necesidad de aplicar este control de forma más rigurosa, dado que es indispensable. 
En mi opinión, necesitamos estas normas si queremos conseguir ciertas mejoras, aunque todavía no contemos con la coherencia necesaria en la Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Otras críticas se refieren, por ejemplo, el hecho de que algunas de las normas sean tan complejas que quienes no están iniciados en sus misterios no pueden entenderlas o de que los plazos permitidos para la adaptación de los controles sean excesivamente largos. 
No obstante, fue para mí una experiencia bastante amarga descubrir que, hasta el final, el Consejo no quería dejarse persuadir de la necesidad insoslayable de medidas encaminadas a mejorar la seguridad de nuestras carreteras y combatir el dúmping social. 
No obstante, conseguimos avanzar, aunque ahora tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros realmente culminen la transposición de los reglamentos y hagan algo en este terreno. 
. Señor Presidente, en el pasado los Estados miembros podían regular la seguridad en las carreteras y la de los trabajadores del transporte por carretera, cada uno de manera diferente. 
En su lucha por mejorar constantemente esta protección, los grupos interesados llamaban a las puertas de los legisladores nacionales. 
Actualmente el tráfico internacional de mercancías es mucho mayor, y recorre cientos e incluso miles de kilómetros. 
Esto convierte las diferencias entre reglamentos nacionales en un factor que perturba la competencia. 
Las empresas que contratan a sus trabajadores para largos turnos parecen estar en una sólida posición. 
En muchos casos, no tienen en cuenta el hecho de que esta ventaja se ve anulada por los accidentes en los que se destruyen o pierden vidas humanas, vehículos y cargamentos. 
A menudo, la toma de decisiones centralizada no beneficia a las organizaciones que quieren proteger estos puestos de trabajo, el medio ambiente y la seguridad. 
Sobre todo, refuerza la posición de quienes, en contra de la opinión pública, quieren que primen los intereses empresariales, la libertad de iniciativa empresarial y el crecimiento económico desenfrenado. 
Esto es también evidente en el caso de los tiempos de conducción y descanso. 
Los trabajadores se pueden ver obligados a trabajar por encima de sus horas de conducción. 
Los camiones más pequeños para servicios urgentes están exentos, lo que significa que, en lugar de un descanso de 12 horas, solo tienen derecho a un descanso de 11 horas. 
El cumplimiento de las normas todavía no está convenientemente controlado. 
Ya podría existir una legislación mejor y necesitaremos incluirla en la agenda de nuevo, en un futuro próximo. 
También será necesario analizar seriamente el nuevo problema de que las empresas de algunos Estados miembros no compensen a su personal por los tiempos de descanso obligatorios ni les reembolsen los gastos básicos derivados del alojamiento. 
A corto plazo, este compromiso representa una ligera mejora, sobre todo por el hecho de que también se aplicará a los camiones de países ajenos a la Unión Europea, y también en vista del hecho de que el tacógrafo digital es más fácil de controlar. 
Ese es un motivo, a pesar de las graves objeciones, para pronunciar un veredicto favorable. 
. – Señor Presidente, la UE hace pagar otra vez a los conductores por unas carreteras que ya se sufragan con los impuestos nacionales. 
La UE no realizará ningún tipo de mantenimiento, así que se trata de un timo. 
Los camiones y autocares tendrán que pagar: timo 1: una tasa diaria de 8 euros; timo 2: una tasa anual de hasta 1 400 euros; timo 3: unos peajes basados en la distancia recorrida; timo 4: un recargo urbano del 25 % con la Euroviñeta; timo 5: unos 1 500 euros para instalar un tacógrafo digital; timo 6: tarjetas con la foto del conductor, es decir, tarjetas de identificación; y timo 7: 3 500 millones de euros pagados por los ciudadanos de la UE porque todos los vehículos serán controlados por Galileo, descrito como el elefante más blanco y más grande que se ha vuelto ingrávido. 
Pero ¿se reducirán de este modo la congestión y las emisiones? 
¿Deben ser los autocares y autobuses la primera categoría que tenga que pagar? 
La respuesta es no. 
Quinientos millones de europeos viajaron en autocar en 2005, muchos de ellos personas de edad avanzada. 
Esta legislación fomenta el uso de vehículos más pequeños, con lo cual aumentarán la congestión, las emisiones y el gasto. 
Además, ya existen gravámenes por emisiones: es el impuesto sobre los carburantes. 
¿Es esto demasiado simple para la UE? 
Ahora bien, el coste de todo esto tiene que ver en realidad con la fiscalidad de la UE a favor de una Europa centralizada y la financiación de un satélite, ¿no es así? 
No tiene nada que ver con las carreteras. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al señor Markov, porque considero que ha realizado un excelente trabajo, inclusive como mediador. 
No estoy de acuerdo con el orador que me ha precedido, porque, en mi opinión, la armonización de las salvaguardias sociales y la seguridad vial es una tarea importante de este Parlamento y nuestras instituciones. 
Es un cometido en el que no siempre estoy de acuerdo, aunque considero que, cuando se trata del aumento de la seguridad en beneficio de los europeos, necesitamos ser capaces de alcanzar un compromiso. 
Simplemente quiero señalar que, aunque por una parte el equilibrio que establece la directiva es razonablemente aceptable y por tanto lo apoyo en términos generales, por otra parte existen algunos aspectos inflexibles con respecto a la directiva que quizás podrían haberse moderado: me refiero en particular a los aspectos relativos a los tiempos de trabajo y períodos de descanso. 
A pesar de que estoy de acuerdo con ellos, podrían haberse moderado más por lo que respecta a la aplicación de la directiva. 
También tengo dudas –y en este punto me dirijo al señor Barrot– sobre el tacógrafo digital. 
Sé, por ejemplo, que en mi país, Italia, estamos teniendo dificultades para encontrar talleres capaces de inicializar estos instrumentos. 
Me pregunto si otros países de la Unión Europea están experimentando las mismas dificultades. 
El Ministerio de Actividades de Producción italiano ha concedido una derogación a los transportistas por carretera con respecto a la certificación de tiempos y velocidades, precisamente porque el instrumento todavía no está activo. 
Si el problema existe en otros países también, entonces me pregunto qué se puede hacer al respecto. 
Si no se emprende ninguna acción, correremos el riesgo de iniciar un proceso que al final no se podrá llevar a cabo. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, al señor Piecyk no le sorprenderá que me parezca falso el argumento con el que solicita el rechazo. 
A nosotros también nos habría gustado que se estableciera una conexión con el control de los tiempos de trabajo, pero si se hubiera impuesto usted ya bien entrada la noche del 6 de diciembre, habríamos acabado sin nada en absoluto. 
No habríamos tenido nada que mostrar de los dos años que dedicamos a las negociaciones y eso nos parecería inaceptable. 
Coincidiendo con la opinión mayoritaria expresada esta mañana, estoy totalmente a favor de la actualización, modernización y simplificación de la normativa vigente en materia de seguridad social en beneficio de todos los implicados, y esa es la razón por la que tenemos que efectuarlo. 
Esa es la razón por la que pido a todos los diputados a esta Cámara que apoyen el compromiso en la votación que tendrá lugar hoy a mediodía. 
Todo esto se puede resumir bajo tres epígrafes: mejora de la seguridad vial, mejora de las condiciones de trabajo de los conductores y, sobre todo, ayuda a las empresas de transporte que respetan la ley para que sean más competitivas, en lugar de cruzarse de brazos mientras ven cómo las que incumplen la ley salen impunes cuando obligan a sus conductores a trabajar más horas de las permitidas, simplemente porque no son controladas. 
Así pues, votemos todos para apoyar el resultado que hemos obtenido, que es positivo para todos, sobre todo para las personas que utilizan las carreteras. 
No obstante, señor Comisario, me gustaría hacer dos observaciones. 
Afortunadamente hemos resuelto este problema de la fecha definitiva para la introducción del tacógrafo digital. 
Siguiendo con lo que ha dicho el señor Romagnoli, le ruego que hable más seriamente con los Estados miembros y se asegure de que garanticen la infraestructura estatal necesaria y la disponibilidad de las tarjetas de conductor, pues la situación actual es inaceptable; la introducción del tacógrafo digital estaba originalmente prevista para agosto de 2004 y la aplazamos para mayo de este año, por el motivo plausible de que esto sería más viable para la industria. 
Sin embargo, ahora resulta que algunos Estados miembros todavía no han conseguido asegurar esto, por lo que quizás debería usted plantearse llevarlos a los tribunales. 
–Señor Presidente, antes de nada quiero disculparme ante la Cámara por el notable grado de confusión de mi compatriota, el señor Nattrass, quien a todas luces carece de la capacidad intelectual para debatir el informe correcto. 
Está claro que pensaba que estamos hablando de la Euroviñeta. 
Es muy desconcertante. 
Sabemos que el UKIP se ha quedado 20 años retrasado y así lo demuestra en esta Cámara. 
En primer lugar, el cansancio mata. 
Si examinamos lo que se exige a los conductores en estos tiempos de congestión y entregas «justo a tiempo» , nos daremos cuenta de la presión que soportan. 
De ahí que esta medida sea un avance muy importante para la seguridad de las carreteras. 
Un aspecto fundamental son los tacógrafos digitales, y la clave de su éxito consiste en que se ha establecido un plazo de tiempo mucho más realista que el inicial. Así podemos asegurar un seguimiento adecuado y el nuevo reglamento es mucho más sencillo que los anteriores. 
Esa tiene que ser la clave del éxito. 
Celebro que el Parlamento haya logrado aumentar el número de controles, pero se trata en el fondo de garantizar el seguimiento, la aplicación y la vigilancia del cumplimiento. 
Tenemos que asegurar que todos los Estados miembros realicen esos controles y necesitamos coordinación entre las autoridades policiales de todos los Estados miembros. 
Espero que la Comisión realice un estrecho seguimiento del progreso en este ámbito. 
Los Estados miembros podrían hacer algo más que simplemente aplicar las leyes. 
No existen suficientes áreas de descanso para los conductores; tampoco existen incentivos suficientes para recibir formación. 
Felicito a Scania por el trabajo que ha realizado con su concurso Conductor del Año para promover la formación. 
El tiempo de trabajo forma parte evidentemente de este proceso y tiene que ser controlado. 
Me indigna saber que diez Estados miembros no lo hacen todavía. 
Espero que la Comisión tome más medidas. 
Hagamos hincapié constantemente en la importancia de una aplicación armonizada. 
La Comisión tiene que asegurar que los Estados miembros hagan su trabajo. 
La señora Jensen ha dicho lo que había que decir. 
El objetivo era actualizar, aclarar y, sobre todo, simplificar las normas vigentes en materia de tiempos de conducción y descanso, con el fin de establecer una competencia justa entre los transportistas por carretera, mejorar la seguridad vial y garantizar los intereses sociales de las personas que trabajan en el sector del transporte por carretera. 
Los documentos anteriores parecían ignorar este objetivo completamente. 
No se prestó suficiente atención al hecho de que lo realmente importante no eran tanto las normas sobre los tiempos de conducción y descanso como su aplicación y las diferentes interpretaciones. 
El ponente, el señor Markov, merece todo mi reconocimiento. 
Su compromiso e implicación han sido extraordinarios y quiero darle las gracias por ello. 
Quiero decir algo que no oirán de mi boca muy a menudo, pero el hecho de que el acuerdo que vamos a votar hoy se pueda considerar razonablemente aceptable, incluso desde el punto de vista de los liberales, se debe principalmente a la persistencia del Consejo durante las negociaciones, por lo que estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho el señor Piecyk. 
De hecho, el propósito y la necesidad de una serie de disposiciones del presente acuerdo todavía son discutibles. 
Por ejemplo, la división del período de descanso diario en tres horas y después nueve me parece extremadamente restrictiva. Del mismo modo, la norma sobre el descanso para los fines de semana de 45 horas cada dos semanas sin duda no contribuye a la flexibilidad que tanto se necesita en el transporte por carretera. 
No entiendo en absoluto cómo unas disposiciones tan rígidas podrían contribuir de algún modo a la seguridad vial o a mejorar las condiciones de trabajo. Así pues, puede que el actual acuerdo diste mucho de ser perfecto, pero, como ya he dicho, es aceptable. 
Al menos el sector sabe ahora a qué atenerse. 
Afortunadamente, el período de descanso diario se ha mantenido limitado a 11 horas. 
El vínculo directo con la inspección de los tiempos de trabajo se ha eliminado. 
Los períodos de descanso semanales más cortos ahora se pueden realizar simplemente en el vehículo. 
Asimismo, es muy importante el hecho de que finalmente haya quedado claro cuándo se introducirá el tacógrafo digital. 
En pocas palabras: la propuesta no es perfecta, pero es aceptable, y yo le daré mi aprobación. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a mi honorable amigo, el señor Markov, por el esfuerzo que ha realizado para elaborar este informe. 
Dicho esto, me gustaría señalar dos puntos importantes: en primer lugar, la mejora de las condiciones de trabajo y los derechos de los conductores y, en segundo lugar, la asunción de responsabilidad por parte de los Estados miembros con respecto a los empresarios en materia de seguridad, con el resultado de que sea posible continuar mejorando el seguro en un futuro inmediato. 
No obstante, cabe decir que, a pesar de los pasos positivos, lamentablemente el entorno que prevalece en el ámbito del transporte europeo no permite que el valor de la vida humana quede fuera de toda duda; en otras palabras, que exista un control constante, en todo momento, de la aplicación de los tiempos de trabajo para los conductores y un control de la aplicación de las normas de seguridad en el origen, en la base de la cuestión que estamos debatiendo, es decir en las oficinas de la empresa. 
Esa es la razón por la que el Consejo también ha rechazado la propuesta, que permitiría a las autoridades competentes de los Estados miembros realizar inspecciones y averiguar en qué medida los límites del tiempo de trabajo establecidos en la Directiva sobre los tiempos de trabajo se están aplicando y tener en cuenta la fatiga de los conductores debido a la carga y descarga del vehículo y otros factores. 
Señor Presidente, tras más de 20 años, la legislación vigente sobre las condiciones sociales en materia de transporte por carretera necesita una revisión. 
En estos 20 años, la legislación ha adquirido una posición por derecho propio como base de las pautas de transporte empresariales. 
Esa es la razón por la que convendría limitar en la medida de lo posible los efectos adversos derivados del cambio. 
En las negociaciones, la obtención de un buen resultado pendió de un hilo durante mucho tiempo, pero creo que el acuerdo que tenemos ahora es defendible. 
En mi opinión, los principales elementos positivos son, por una parte, el hecho de que varios aspectos hayan permanecido intactos. 
Me refiero particularmente al tiempo de descanso diario de 11 horas y a la Directiva 2002/15/CE, que ha sido excluida de la ecuación. 
También hemos conseguido una fecha definitiva para la introducción del tacógrafo digital. 
Esto eliminará gran parte de la incertidumbre existente con respecto al uso de este instrumento y cabe esperar que ayude a establecer medidas de control más efectivas. 
Unas normas de control más estrictas contribuirán a la efectividad de este reglamento. 
Una aplicación y explicación idénticas de las normas en todos los países es fundamental para que el mercado interior funcione bien. 
La situación ha mejorado, entre otras cosas, gracias a que se ha dotado de las competencias adecuadas a los inspectores y a que se han establecido acuerdos claros con respecto a los criterios de las inspecciones y atestados. 
En general se establecerá un régimen más estricto, cosa que por definición significa que la flexibilidad se verá afectada en la aplicación. 
No obstante, no me cabe duda de que los actuales acuerdos contribuirán de forma positiva a crear un sector sano y estable; después de todo, todas las partes implicadas pueden beneficiarse de ellos. 
Finalmente, quiero dar las gracias a todos los implicados, particularmente al ponente, por su compromiso y perseverancia. 
– Señor Presidente, cuando escuché por primera vez que la Unión Europea quería decirme cuántas horas podía trabajar a la semana, caí en la cuenta de que había perdido el juicio colectivo. 
¡Y ahora volvemos a las andadas! 
Las restricciones propuestas sobre la buena gestión de las empresas de transporte parten de una serie de supuestos totalmente injustificados. 
Suponen que los directivos de esas empresas no saben cómo organizar mejor sus actividades y equilibrar las necesidades de los clientes con los recursos de personal. 
Suponen que piensan que merece la pena asumir riesgos –riesgos penales en este caso– haciendo trabajar en exceso a conductores fatigados y riesgos de publicidad si son declarados culpables. 
Suponen que los conductores autónomos no saben qué es lo que más les interesa. 
En la última mitad de siglo, este tipo de ingeniería social ha demostrado, más allá de toda duda, que simplemente no funciona. 
¿Cuándo caerán en la cuenta de que el desbarajuste económico europeo se debe precisamente a este tipo de interferencia? 
Esta propuesta equivale a matar moscas a cañonazos y, al igual que la directiva sobre servicios portuarios, debe acabar en el cubo de la basura. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me pregunto hasta qué punto está familiarizada la población de Turingia con el reglamento europeo sobre tiempos de conducción y períodos de descanso. 
Indudablemente se trata de la ley más importante sobre cuya base tienen que operar los transportistas y empresas de autocares de Europa, y ha tardado veinte años en desarrollarse. 
El único problema es que está desfasada y es burocrática; los dispositivos de control se manipulan fácilmente y los controles no son indiscriminados. 
Dado que Lisboa exige unas condiciones marco mejores desde el punto de vista de la seguridad vial, de la protección en el trabajo, de las oportunidades de competencia y menos burocracia, acojo con gran satisfacción el compromiso que se ha alcanzado finalmente. 
Puede que no todos se alegren de ello, pero el hecho es que no hay nada en él que empeore las cosas más de lo que están en virtud del actual régimen jurídico. 
Incluso hemos conseguido ponernos de acuerdo con respecto a la frecuencia con la que deberían realizarse los controles y a una serie de sanciones a imponer. 
Si hoy votamos a favor de su aprobación, confirmaremos que Europa ha entrado realmente en la era digital. 
Entre otras cosas, la introducción del tacógrafo digital lo deja claro; con efecto a partir de mayo de 2006, se exigirá su instalación en los vehículos pesados y autobuses nuevos, y los vehículos que no lo tengan pueden ser retirados de la circulación. 
Lo que los Estados miembros tienen que hacer es garantizar una transición fluida del sistema analógico al digital. 
¿Conseguirán este ambicioso objetivo? 
Si no lo consiguen, se producirán grandes trastornos, por ejemplo cuando un vehículo equipado, conforme a la ley, con un tacógrafo digital sea controlado en un Estado miembro de la Unión Europea en el que las autoridades todavía no cuenten con el dispositivo de lectura apropiado. 
También habrá problemas cuando todavía no se hayan concluido acuerdos con los Estados miembros vecinos. 
¿Qué vamos a hacer con un camionero ucranio que sea objeto de un control en Bruselas, pero que nunca haya oído hablar de un tacógrafo digital? 
¿Y cómo podemos esperar que los europeos sean controlados en Turquía? 
Quiero pedirles que se unan a mi petición de que los reglamentos del AETR se adapten a la era digital. 
Señor Presidente, el procedimiento avanza mucho más rápido cuando se trata de textos relativos a la competencia que cuando se refieren a normas sociales, estamos acostumbrados a ello. 
El texto que se nos ha presentado hoy lleva por aquí desde 2001. 
Por lo tanto, es fruto de un largo procedimiento legislativo que ha culminado con un difícil e improbable procedimiento de conciliación, dada la resistencia mostrada por los Estados miembros. 
Votaré a favor de este texto, que establece normas mínimas. Cabe señalar que estas normas constituyen un importante paso adelante, dado que, en ciertos Estados miembros, los trabajadores del transporte por carretera estaban conduciendo durante 70 o 74 horas y que los tiempos de conducción estarán limitados, a partir de ahora, a 56 horas; dado que se trata de un texto relativo a la convergencia social, que no impide que las cuestiones se traten de forma más satisfactoria en cada uno de los Estados miembros; y dado que se trata de un texto que espero que esté maduro para ser mejorado. 
No obstante, lamento mucho lo que ha dicho el señor Jarzembowski sobre el señor Piecyk. 
Ha querido darle un sesgo ideológico muy desagradable a la cuestión. 
Lo lamento porque el señor Piecyk apunta a un problema: la ausencia de controles simultáneos del tiempo de conducción y del tiempo de trabajo. 
Así pues, tres conductores mal pagados podrían mantener un vehículo pesado en circulación sin detenerse: el primero conduce, el segundo realiza su pausa en el asiento de al lado y el tercero toma su periodo de descanso semanal en el asiento posterior, detrás del conductor. 
Esa es la realidad de la cuestión y creo que hemos dejado escapar un importante texto social. 
Lo lamento hasta cierto punto, pero igualmente votaré a favor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero dar las gracias al señor Markov por haber llevado a término esta larga y difícil saga legislativa. 
Como a la mayoría de mis colegas diputados, me satisface mucho que la Unión Europea se haya ocupado de la cuestión de la armonización de la legislación social en el ámbito del transporte por carretera, aunque todavía quede mucho por hacer. 
Como saben, a pesar de que la Unión Europea ha establecido de modo vacilante –demasiado vacilante– políticas destinadas a transferir el transporte de mercancías de la carretera a otras modalidades, un resultado que nuestros ciudadanos esperan y reclaman, cabe señalar que el transporte por carretera aumenta constantemente y que esto sucede en toda la Comunidad. 
En este contexto, en contra de lo que ha dicho el señor Mote, todos los países de tránsito europeos, siendo Francia uno de ellos, están particularmente al tanto de la necesidad no solo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de trabajo de los transportistas por carretera, sino también de eliminar las distorsiones de la competencia y combatir el dúmping social. 
Quiero mencionar, a modo de ejemplo, las serias dificultades que la región de Alsacia está encontrando por lo que respecta a la reducción de los efectos catastróficos del tráfico vial en régimen de tránsito. 
Volviendo al tema que estamos tratando hoy, existe una necesidad urgente –y en este punto estoy de acuerdo con el señor Savary– de armonizar las condiciones de trabajo de los transportistas por carretera y las normas a aplicar con respecto a los tiempos de conducción y períodos de descanso. El objetivo de estas medidas es reducir el número de accidentes de tráfico provocados por la fatiga del conductor, aunque todavía queda mucho por hacer, y mejorar la seguridad de todos en Europa. 
A pesar de que, en este punto, el acuerdo concluido sigue siendo insuficiente, lo que indudablemente se debe al hecho de que en este caso estamos hablando de una solución de compromiso, los informes Markov que se han derivado de las lecturas en el Parlamento y los procedimientos de conciliación constituyen un importante paso adelante desde el punto de vista de la lucha contra el dúmping social y de la simplificación –y al mismo tiempo aclaración– en el sector del transporte por carretera. 
Esa es la razón por la que, finalmente, aprobaremos este texto. 
Para terminar, espero que la Comisión Europea realice estudios de impacto con regularidad para determinar si las medidas de las que estamos hablando hoy no solamente son suficientes, sino que también, y sobre todo, se aplican y se controlan, sobre todo gracias al uso efectivo de tacógrafos digitales. 
Señor Presidente, finalmente estamos progresando, sin duda a paso de tortuga, pero progresando. 
Si existe un ámbito en el que el dúmping social y fiscal causa estragos y en el que es imperativo que el legislador intervenga, es el del transporte por carretera. 
Con los empleados obligados a trabajar a un ritmo frenético debido al fenómeno de las entregas «justo a tiempo» , se puede hablar con razón de un salario de miedo. 
Un salario de miedo que es, con demasiada frecuencia, un mísero salario por hora que obliga al trabajador a calcular los tiempos de conducción en función de las distancias recorridas, sin pensar ni por un momento en la seguridad ni en su salud o en la de los demás. 
Estoy pensando también en los pequeños empresarios de este sector que viven a diario con el miedo de quebrar, víctimas del dogma criminal de la libre competencia no distorsionada, que distan mucho actualmente de los ideales que en su día les empujaron a convertirse en trabajadores por cuenta propia. 
Solo existe una ley, la de transportar una mercancía de un punto a otro, de la forma más rápida y barata posible. 
Los riesgos no importan; después de todo, hay un seguro. 
Esta ley tiene un nombre: la ley de la jungla. 
Ya es hora de que actuemos, para que nuestras carreteras dejen de ser como el lejano oeste americano. 
A pesar de los valientes y tenaces esfuerzos de nuestro colega diputado, el señor Markov, lamento la timidez de los textos finales. No obstante, constituyen un primer paso en la dirección correcta. 
Algunos de nuestros colegas diputados han despotricado contra una vigilancia del tipo «gran hermano» cuando se ha mencionado el uso de técnicas electrónicas destinadas a controlar el cumplimiento del reglamento. 
Lo consideran un ataque a las libertades individuales. 
No obstante, en este caso se trata de proteger vidas. 
¿No pueden ver que son los grandes jefes de empresas europeas los principales terroristas, los que incumplen las leyes sociales y fomentan el dúmping fiscal y social entre nuestras naciones, esos empresarios que son directamente responsables, día tras día, de docenas de accidentes mortales en nuestras carreteras? 
Así pues, utilicemos todos los recursos de los que disponemos para garantizar la seguridad y para permitir que la Unión Europea viva tranquilamente. 
Señor Presidente, la tecnología digital se está utilizando cada vez en más ámbitos, por lo que cabe esperar que el registrador digital de viajes haga también «exactamente lo que dice en la caja». 
Acojo con gran satisfacción el nuevo sistema; después de todo ha de servir, en combinación con sistemas de información y comunicación, para gestionar flotas de modo sencillo y es indispensable para hacer cumplir las horas de conducción y los períodos de descanso de los conductores profesionales. 
La finalidad de esto es la mejora de la seguridad vial y la prevención del dúmping social. 
No obstante, no debemos hacernos falsas ilusiones acerca del hecho de que la conversión a la tecnología digital conseguirá su objetivo solamente si lo que se ha anunciado –controles más frecuentes, incluido el buen estado de funcionamiento del vehículo– realmente se produce. 
A menudo sucede que los vehículos –los de Europa del Este, por ejemplo– no están realmente en buen estado de funcionamiento. 
Cuando uno piensa en las numerosas y diversas maneras de manipular los dispositivos de control analógicos, la tecnología digital parece aportar realmente mejoras, pero creo que pronto se encontrarán nuevas formas de interferir en ella. 
En efecto, los vehículos pesados recién matriculados sin tacógrafos operativos podrán ser retirados de la circulación a partir de mayo de 2006, pero a falta de toda exigencia de que se modernicen los vehículos más antiguos, los transportistas ingeniosos probablemente encontrarán una forma de utilizarlo en su propio beneficio. 
También se plantea la cuestión de hasta qué punto se podrá recurrir a vehículos matriculados en otros países o se dará trato preferente a empresas asentadas en ellos. 
Cabe esperar que esto no resulte ser otro ejemplo de buena idea convertida en desventaja competitiva para las empresas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, a pesar de que consideramos aceptable el acuerdo sobre tiempos de conducción y períodos de descanso alcanzado por el Consejo y el Parlamento el pasado mes de diciembre, no es la solución más atractiva. 
El resultado de la conciliación era, al principio, inaceptable para el ponente, aunque a mí realmente me pareció una mejora con respecto al resultado de la votación de la sesión plenaria de esta Cámara. 
Contiene una reglamentación de los períodos de descanso muy factible –11 en lugar de 12 horas de descanso– y permite a los conductores decidir por sí mismos dónde dormir, en lugar de que el Parlamento tenga que decidir esa cuestión por ellos. 
En general, considero aceptable la propuesta, a pesar de que contiene elementos que no me satisfacen. 
Es demasiado detallada en algunos aspectos y particularmente las opciones para los viajes en autocar de varios días de duración son demasiado restrictivas. 
Quiero pedir al Comisario Barrot su opinión al respecto, porque esto realmente provocará problemas prácticos. 
Finalmente, sabemos con certeza cuándo se introducirá el tacógrafo digital y me satisface comprobar que el Comisario Barrot adopta de nuevo una línea muy firme sobre este tema. 
Señor Comisario, usted ha afirmado que no existiría ningún período de gracia a partir de mayo de 2006 y le tomamos la palabra, dado que no aceptaremos una situación en la que quienes han introducido obedientemente el nuevo tacógrafo digital sean controlados más estrictamente que las combinaciones de camiones que no lo llevan. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Markov por su excelente trabajo. 
Lo que necesitamos en Europa son carreteras más seguras. 
Actualmente mueren cada año 43 000 personas en nuestras carreteras y sabemos que siempre que hay grandes vehículos implicados en los accidentes las consecuencias son desastrosas. 
El hecho es que la decisión que tenemos que tomar se refiere a una cuestión auténticamente europea. 
Los contratistas de transportes y conductores profesionales suelen operar en más de un país europeo. 
Su trabajo diario consiste en transportar mercancías y pasajeros por todo nuestro continente. 
La competencia es de carácter europeo y, por lo tanto, también necesitamos que las condiciones de competencia sean muy similares a escala europea, así como la capacidad necesaria para controlar el cumplimiento de las normas. 
También debemos obtener mejores condiciones para los conductores profesionales, unas condiciones con las que la conducción sea más segura para ellos. Sobre esto tenemos la oportunidad de decidir hoy. 
No conseguiremos todo, pero haremos un pequeño progreso. 
También estamos hablando de la introducción de tacógrafos digitales y eso, en mi opinión, es una cuestión muy importante. 
Actualmente tenemos tacógrafos que pueden ser –y son– manipulados. 
Es importante que consigamos tacógrafos más seguros, que ayuden a hacer la conducción más segura para todos nosotros, incluidas las personas que conducen para ganarse la vida. 
Por lo tanto, propongo que votemos a favor de esta propuesta de conciliación. 
– Señor Presidente, siempre que he tenido ocasión he protestado en esta Cámara contra este instrumento legislativo innecesario. 
Me reafirmo en mis anteriores palabras, con las que califiqué estas propuestas de poco prácticas, inviables e inaplicables. 
Siguiendo el interminable proceso de conciliación, tenemos ante nosotros algo que sigue cerrando los ojos a la realidad de los sectores del transporte de mercancías, la distribución y el transporte público. 
Se nos dice que ahora es una medida de seguridad vial. 
¡Nada de esto! 
Los servicios de autocar en las zonas rurales –donde viven muchas personas de edad avanzada que dependen del transporte público– se verán amenazados por la inflexibilidad de esta propuesta. 
O eso, o aumentan significativamente los costes para los contribuyentes locales a medida que las autoridades públicas traten de aumentar aún más las subvenciones, sin contar con el hecho de que la industria británica me ha dicho que tendrán que pasar al menos cinco años para que haya un número suficiente de conductores formados que cumplan los requisitos de este Reglamento. 
En el sector comercial, los sistemas de entrega «justo a tiempo» –la columna vertebral del suministro industrial moderno– se verán también en peligro por la falta de conductores. 
Todo esto no son especulaciones, como indica una encuesta independiente realizada entre más de 500 empresas de transporte de mi circunscripción. 
Algunas empresas de transporte están pensando en cerrar del todo debido a la excesiva reglamentación de la UE. 
Puedo asegurar a todos los diputados a esta Cámara que los efectos negativos se dejarán sentir también en otros Estados miembros. 
La Comisión sigue diciendo que eliminará la legislación excesiva y que no seguirá adelante con otras propuestas perjudiciales. 
Ahora tenemos una nueva oportunidad para que la Comisión demuestre precisamente eso. 
Hoy tenemos la oportunidad de dejar que las empresas se gestionen por sí solas sin la mano pesada de Bruselas siempre sobre sus hombros. 
Les pido que rechacen esta propuesta, para que las empresas, ya sean de transporte de mercancías o de transporte público, puedan prosperar. 
Señor Presidente, querría felicitar al señor Markov por su excelente trabajo y felicitarnos a todos por haber alcanzado el mejor acuerdo posible en una materia urgente y difícil, pues implicaba mejorar la seguridad vial y las condiciones de trabajo de los conductores, garantizar la seguridad jurídica y la competencia equitativa y dar el pistoletazo de salida definitivo al tacógrafo digital. 
Es además, creo, un acuerdo que ha logrado la convergencia social de 25 Estados miembros y eso es una muy buena señal política para desterrar poco a poco los riesgos perturbadores de dúmping social. 
Pero entiendo la frustración del señor Markov, porque no se ha conseguido utilizar esta legislación como palanca para avanzar en el tiempo de trabajo. 
Con todo, creo que será útil, y lo veremos en el futuro. 
Como en todo buen acuerdo, pues, se han frustrado parcialmente los intereses particulares de las partes en beneficio del interés general, pero la verdad es que se han logrado avances significativos en materia de pausas, descansos diarios y semanales o jornada semanal, así como en la implantación de controles más numerosos e intensos y de sanciones que sean transnacionales. 
Además, se obliga a los Estados miembros y se compromete a la Comisión a internacionalizar estos avances en el Acuerdo AETR y, desde luego, no hay excusa alguna para retrasar la introducción del tacógrafo. 
Se ha logrado, pues, equilibrar rigor y flexibilidad, armonización y subsidiariedad; es decir, un milagro, aunque sea laico, por supuesto. 
Para terminar, me gustaría apoyar las demandas del señor Markov a la Comisión para que esta estudie el impacto en la seguridad vial de los camiones menores, impulse la cooperación de las autoridades de control y desarrolle seminarios con interlocutores sociales. 
Por último, añadiré una petición: que se estudie, por favor, el impacto de esta normativa en las condiciones de los conductores y en la garantía de iguales condiciones de competencia para los países periféricos, como el mío. 
Señor Presidente, hoy ya hemos oído hablar mucho de los objetivos esenciales de estos dos textos legislativos, que votaremos en breve: más seguridad en las principales arterias viales europeas, cumplimiento de las normas relativas a tiempos de trabajo y descanso, con la consiguiente mejora de la protección de los conductores y de sus derechos sociales, y una competencia más justa en todos los sentidos. 
Básicamente daremos una forma tangible, en el Derecho comunitario, a los objetivos de estos dos textos legales. 
Así pues, en los próximos años nuestra principal preocupación tendrá que ser el cumplimiento de estas nuevas normas y tendremos que centrarnos particularmente en cómo se controla ese cumplimiento. 
A pesar de que esa cuestión corresponderá principalmente a los Estados miembros y a sus estructuras administrativas, la Comisión deberá estar bien informada para haber volver al recto camino a los infractores de ciertos Estados miembros –e indudablemente habrá algunos– que no cumplan las normas. 
La directiva también contempla otra finalidad de la reglamentación, una finalidad de la que en realidad todavía no se ha hablado hoy, pero que convendría tener en cuenta y es que es preciso simplificar las nuevas normas. 
No tengo claro que nuestra gran apuesta en este sentido nos haya compensado; ya estoy oyendo los viejos llantos y lamentos de siempre acerca del monstruo burocrático que representa Europa, y sé que es muy posible, por lo que respecta a los futuros beneficios de esta legislación, que nos veamos obligados a callarnos o a decir muy poco sobre el tema. 
Así pues, de esto se deduce que debemos asegurarnos de que las empresas de transporte y los conductores que trabajan para ellas no consideren las normas y el control de las mismas como una especie de acoso burocrático, y que debemos, en lugar de dejar que la gente hable sobre los males de Europa, hacer girar siempre la conversación sobre el valor añadido que les reportará la mejora de la seguridad vial. 
Señor Presidente, esta directiva trata en parte de la salud y seguridad de los conductores, en parte de la seguridad vial y en parte de la libre competencia. 
He sido responsable de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y quiero dar las gracias al señor Markov por su cooperación constructiva. 
Ahora creo que podemos sentirnos satisfechos. 
Quizás no hayamos resuelto completamente todas las cuestiones, pero la propuesta que tenemos ahora sobre tiempos de conducción y descanso es positiva. 
La introducción del tacógrafo digital para mejorar el control es una buena propuesta. 
Por supuesto, existe un problema con la Directiva relativa al tiempo de trabajo, pero no podemos culpar de ellos a estos documentos. 
El problema es que no se aplica de forma suficientemente generalizada y quiero decir a la Comisión y al Consejo que el Consejo también debe aceptar la propuesta que hemos planteado aquí en el Parlamento con respecto a una nueva Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Ahí reside el problema. 
Por lo tanto, sería un error votar en contra de la propuesta. 
En lugar de esto, debemos considerarla una forma de ejercer presión. En esta Cámara hemos aprobado un reglamento constructivo sobre los conductores y ya es hora de que haya una Directiva sobre el tiempo de trabajo que también cumpla las expectativas de los europeos. 
Continúo con el mismo argumento que el colega Andersen, porque como él trabajo en la Comisión de Empleo, y voy a votar que sí, porque la aprobación también va a favorecer a otro dossier que nos tiene muy preocupados, que es la Directiva general sobre el tiempo de trabajo, de la que soy ponente. 
Aquí es evidente que el trabajo que ha hecho el Sr. Markov avanza en las condiciones sociales de los trabajadores móviles de la carretera y da seguridad en las carreteras, pero también tiene un vínculo muy importante con ese debate general en el que nos estamos empleando en contra de quienes pretenden vaciar de todo contenido las leyes europeas. 
Hoy ustedes y nosotros podemos estar satisfechos de un trabajo en el que hay una legislación para toda Europa, una legislación que no prevé exclusiones ni exenciones ni; y aprovecho que está usted aquí, señor Comisario, para decirle que habrá oído hablar ahora a los euroescépticos y a la extrema derecha, pero ojo, porque en el otro dossier, en el del, tenemos en el Consejo y en la Comisión gentes que utilizan los mismos argumentos, hablando de la libertad de los trabajadores para quedarse fuera de las normativas y de la libertad de los Estados para excluirse de unas reglas comunes que sean las reglas de una competencia leal. 
Por tanto, yo votaré que sí, porque ello va a ayudar mucho al conjunto del debate sobre la ordenación europea del tiempo de trabajo, que es algo muy necesario para la Europa del futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la experiencia ha demostrado que la seguridad del transporte por carretera suele estar vinculada al factor humano. 
¿Cuántas veces, tras un trágico accidente en las carreteras europeas, se ha demostrado que se ha debido a un error humano? 
¿Y cuántas veces, en realidad, el error lo han cometido conductores profesionales de camiones y autobuses que a menudo se ven obligados a trabajar en condiciones extenuantes? 
Por lo tanto, tenemos que ofrecer a estas personas la posibilidad de conducir durante menos horas al día y a la semana y de gozar de unos períodos de descanso más largos. 
Esto supondrá una reducción de los accidentes de tráfico, especialmente aquellos en que hay autobuses implicados en colisiones, provocando múltiples víctimas. 
En mi país, al igual que en otras partes de Europa, lamentablemente se producen numerosos accidentes de este tipo, sobre todo en los últimos tiempos. 
Por lo tanto, es muy positivo que se produzca una armonización de estas cuestiones a escala europea, dado que el transporte por carretera, por definición, va más allá de las fronteras de un Estado miembro. 
Hemos realizado un enorme esfuerzo por convencer al Consejo de que nuestras posturas son correctas. 
Lamentablemente no hemos conseguido hacer entender todas nuestras posturas. 
No obstante, creo que deberíamos hacer honor a los resultados de nuestros esfuerzos y, en el futuro, agotar y examinar todas las cuestiones, como el tiempo de trabajo total de los conductores profesionales y, sobre todo, el cumplimiento de las normas y la supervisión de la seguridad. 
. Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al Parlamento por su excelente trabajo y también, una vez más, al señor Markov. 
Quiero expresar mi oposición a lo que han dicho algunos diputados y señalar que nuestro objetivo consiste en actuar en interés de los conductores y de la industria, adoptando normas sociales que aumentarán la seguridad de nuestras carreteras. 
Es cierto que los vehículos pesados están implicados solamente en el 6 % de los accidentes, pero el 16 % de los mismos son mortales. 
Finalmente, vamos a permitir la armonización de las condiciones de competencia. 
Entiendo plenamente a algunos oradores, como el señor Piecyk, cuando dicen que lamentan la ausencia de un vínculo directo con la Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
No obstante, eso es lo que la Comisión había propuesto. 
Siento decir que el Consejo rechazó nuestra propuesta por unanimidad, pero estamos reaccionando. 
Así pues, he enviado diez dictámenes motivados por la falta de transposición y, de hecho, señor Presidente, Señorías, vamos a controlar la aplicación de estos textos muy detenidamente; vamos a intentar que los diversos instrumentos estén lo más coordinados posible. 
Quiero señalar que, entre los Estados miembros que han recibido un dictamen motivado, Irlanda ya se ha puesto al día. 
Si los demás Estados miembros no lo hacen, entonces la Comisión todavía tendrá la opción de llevarlos ante los Tribunales. 
Ahora daré algunas respuestas más concretas. 
En respuesta al señor Markov y a la señora Ayala diré que el estudio sobre el uso de camiones pequeños está en curso, que tenemos previsto celebrar una reunión este año con todas las partes interesadas y, una vez más, que vamos a aumentar la coordinación entre estos textos y la directiva relativa al tiempo de trabajo de los conductores. 
El señor Koch ha hecho referencia al problema de la aplicación de la legislación fuera de las fronteras de la Unión. 
Nos hemos comprometido a negociar, con el fin de armonizar el AETR con nuestra legislación. 
También tenemos la intención de proteger a la Unión frente al dúmping social y aplicar el tacógrafo digital a los conductores del AETR y de Rusia, Turquía y los Balcanes. 
La señora Griesbeck ha señalado el desvío del tráfico a través de la región de Alsacia. 
La nueva Directiva del distintivo europeo, aprobada por el Parlamento y el Consejo, hará posible que los Estados miembros instalen peajes en estas rutas alternativas. 
– Quiero pedir a sus Señorías que no hagan ruido al entrar a la Cámara, para que podamos escuchar las interesantes respuestas del señor Barrot. 
Así pues, les ruego regresen a sus escaños en silencio. 
.La señora Jensen y la señora Wortmann-Kool han mencionado los problemas de los autobuses. 
El Parlamento estaba más abierto a las exigencias de la industria; el Consejo no; la Comisión estaba abierta a ambas soluciones, pero el procedimiento de conciliación se inclinó a favor del Consejo. 
Podemos, al mismo tiempo, reconocer que la seguridad triunfará en este sentido. 
Ahora pasaré al uso del tacógrafo. 
Señorías, en algún punto oirán mencionar el tacógrafo digital. 
La Comisión está trabajando con las autoridades de los Estados miembros para garantizar que la introducción del tacógrafo digital sea coherente y armonizada, tanto en las carreteras como en las empresas. 
Señor Romagnoli, sé que los talleres mecánicos italianos se han quedado rezagados, al igual que los de algunos otros Estados miembros. 
Se trata de una situación lamentable y hemos mostrado nuestra comprensión. 
No obstante, el tacógrafo es un elemento fundamental desde el punto de vista de la seguridad vial y del cumplimiento del reglamento, y si un Estado miembro no está preparado en la fecha establecida por el Parlamento de común acuerdo con el Consejo, entonces puedo decirle directamente que no se producirá ningún aplazamiento más. 
Es una cuestión de coherencia y sencillamente emprenderemos acciones contra el incumplimiento. 
Señorías, aunque lamento no haber respondido a todas las preguntas planteadas, me gustaría señalar las múltiples ventajas del paquete legislativo. 
Una clara limitación de los tiempos de conducción semanales, la imposibilidad de saltarse los períodos de descanso, un período de descanso diario simplificado, períodos de descanso semanales regulares, una política uniforme con respecto a la interpretación y aplicación del reglamento, la extraterritorialidad de las sanciones y una mayor responsabilidad en toda la cadena de transporte: esos son los principales progresos de este reglamento. 
Con respecto a la directiva, nos permite aumentar el número de controles, tanto sobre el terreno –a pie de carretera, en este caso– como en las instalaciones de las empresas, donde se realizarán principalmente estos controles. 
Todo esto nos debería permitir mejorar los controles, hacerlos efectivos y garantizar una mayor cooperación. 
Espero que el alboroto que ha acompañado mi discurso sea únicamente expresión de una aprobación general, a pesar de que puede que el Parlamento lamente no haber recibido el pleno apoyo del Consejo. 
En cualquier caso, quiero agradecer al Parlamento su excelente trabajo en estos dos textos. 
– Gracias por su valentía, señor Barrot. 
Debo añadir que ha recibido aplausos de todos los lados de la Cámara. 
Señor Presidente, no tengo ni idea del artículo del Reglamento que debo invocar, pero en mi opinión es inaceptable que no pueda escuchar a la Comisión al final de un debate. 
He tenido grandes dificultades para entender las conclusiones finales del señor Comisario. 
Ya se ha pedido anteriormente al Presidente que se haga algo al respecto. 
Yo quiero pedirle, una vez más, que se asegure de que mantengamos un debate normal con un final normal, antes de iniciar el turno de votaciones. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Creo que esto tiene que ver con la autodisciplina de los diputados, que deberían tener la cortesía –y, yo añadiría, la inteligencia– de escuchar hasta el final de los debates, especialmente cuando la Comisión ofrece una respuesta detallada, como acaba de hacer el señor Barrot. 
Por lo tanto, lo lamento tanto como usted. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Quiero dar la bienvenida a la tribuna oficial al señor Norbert Lammert, Presidente del Bundestag. 
Esta mañana el señor Lammert ha realizado su primera visita al Parlamento Europeo desde las pasadas elecciones al Bundestag. 
En nombre de toda la Cámara quiero darle la bienvenida. 
. Señor Presidente, simplemente quiero señalar que la propuesta de la Comisión consistente en el mantenimiento de gamas de envases obligatorias para una serie de alimentos básicos, en interés de los consumidores, es coherente. 
Por otra parte, la postura que consiste en aceptar el plan de la Comisión de mantener ciertos sectores obligatorios, rechazando, al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión, no es coherente. 
En interés de los consumidores y de acuerdo con el estudio independiente encargado por el Parlamento Europeo por primera vez en su historia, yo recomiendo el voto a favor de todo el conjunto de enmiendas presentadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, que las aprobó por 28 votos con una abstención. 
– Señor Presidente, simplemente proponemos sustituir en la segunda frase «estrategia» por «políticas». 
Señor Presidente, también existe una versión escrita de esta enmienda y, con el consentimiento de su autor, quiero pedir que, para una mayor claridad, se añada solamente la palabra «para» , quedando «y para establecer las condiciones de una democracia representativa». 
En efecto, señor Presidente, el ponente de este informe, el señor Brok, que no ha podido estar hoy con nosotros en la votación, me ha pedido que se añada un apartado 28, nuevo. 
Entiendo que está consensuado con el resto de los Grupos políticos. 
En todo caso, señor Presidente, lo voy a leer en su versión en inglés: 
«Reconoce el hecho de que las Naciones Unidas hayan pedido a la Unión Europea que contribuya a la seguridad de las próximas elecciones en la República Democrática del Congo mediante una misión militar; pide al Consejo que examine detenidamente las posibilidades existentes»; 
Señor Presidente, las informaciones que me habían sido transmitidas en relación con la enmienda anterior me habían llegado, efectivamente, del señor Brok. 
En este caso concreto, se trata de una simple puesta al día de las informaciones que figuran en el apartado 38, donde habría que suprimir: 
«y preparar las elecciones generales que deberán celebrarse el 15 de diciembre de 2005» y se sustituya por «a la luz de las elecciones generales celebradas el 15 de diciembre de 2005». 
Es, simplemente, una puesta al día, porque el informe estaba obsoleto. 
Señor Presidente, una breve explicación. 
Las víctimas de actos violentos, especialmente cuando se producen en forma de ataques sexuales, suelen encontrarse con heridas que son más psicológicas que físicas. 
Para garantizar que el personal competente ofrezca la ayuda apropiada, presentaré una enmienda que satisface este requisito. 
En el texto, cito en inglés. 
«4 (b) proporcionando una formación adecuada, incluyendo una perspectiva del problema de los niños, al personal de los órganos competentes que tratan los casos de violencia de los hombres contra las mujeres, como funcionarios de policía, personal judicial, personal sanitario, educadores y monitores de jóvenes y asistentes sociales, así como el personal del sistema penitenciario;» 
Propongo el cambio siguiente: «proporcionando una formación adecuada, específicamente en el ámbito de la psicología, incluyendo una perspectiva del problema de los niños (... ) ». 
El ponente está de acuerdo con este texto. 
Señor Presidente, Señorías, simplemente quiero señalar algunos errores formales y sustantivos con respecto a la traducción del texto italiano. 
Por ejemplo, en la cuarta línea del apartado 3, el texto italiano dice «reconoce claramente al Estado de Israel» , mientras que el texto inglés se refiere al «derecho a la existencia del Estado de Israel». 
Por lo tanto, pido que se haga esta corrección, que yo considero crucial. 
Lo mismo sucede con el apartado 10, en el que se mencionan «recomendaciones concretas y positivas» , mientras que el texto inglés solamente menciona recomendaciones «concretas» y no positivas. 
La versión inglesa se considera auténtica. 
Vamos a verificar todas las demás versiones y rectificar cualquier error existente. 
– Señor Presidente, quiero sugerir una modificación mínima –afecta a una sola palabra– pero con un contenido máximo. 
La línea 3 dice: «insta a Hamás a que sea coherente». 
Eso podría malinterpretarse como un llamamiento a la destrucción coherente de Israel. 
Sería mucho mejor sustituirla por la palabra «coopere». 
Debemos instar a Hamás a que «coopere». 
Cuando se organizó la mesa de negociación entre los distintos Grupos políticos, se acordó que no se presentarían enmiendas; ha habido dos Grupos políticos que han presentado enmiendas. 
Quiero decir, señor Presidente, que la enmienda oral que hemos votado, que ha propuesto el señor Landsbergis y que tiene mucho sentido, no debería haber sido sometida a votación, en mi opinión, antes de haber sometido a votación la enmienda de los Verdes. 
Yo creo, señor Presidente, que debemos someter primero las enmiendas tal y como están presentadas y, luego, ver si cabe una enmienda oral por parte del señor Landsbergis. 
Con respecto a la votación anterior, habíamos aceptado la enmienda oral, pero fue rechazada. 
Señor Presidente, en la resolución común sobre la que, efectivamente, no hay enmiendas, se ha deslizado un error del que están al corriente el resto de los Grupos políticos, porque en el punto 3 se dice que se ha modificado la posición común del Consejo, y la posición común del Consejo no se ha modificado: se han modificado las medidas complementarias a la posición común del Consejo. 
Por lo tanto, en ese apartado 3, donde dice «objetivo principal de los cambios introducidos por el Consejo de enero de 2005» debe decir «los cambios introducidos a las medidas complementarias que acompañan a la posición común del Consejo». 
Se trata de correcciones técnicas que serán efectuadas. 
– Señor Presidente, intervengo en virtud del artículo 108 del Reglamento. 
Estamos a punto de votar sobre una resolución que responde a una pregunta oral presentada al Consejo anoche. 
Se trata de una cuestión extremadamente importante para el Parlamento con vistas a asegurar la correcta administración y supervisión del dinero de los contribuyentes en los Estados miembros. 
La pregunta oral contenía seis preguntas específicas y además se formuló la siguiente pregunta oral: ¿debatirá esta cuestión el Consejo con el Parlamento? 
Escuchamos durante diez minutos la declaración de la Presidencia, que no respondió a ninguna de las siete preguntas. 
Aunque pido a sus Señorías que apoyen este texto en su totalidad, ruego al Presidente que le pregunte al Consejo si podríamos recibir las respuestas por escrito, por favor. 
Eso sobra decirlo, señor Wynn. 
El papel de la Presidencia consiste en asegurarse, en la medida de lo posible, de que las decisiones del Parlamento sean ejecutadas y respetadas por el Consejo. 
Así pues, la petición será enviada al Consejo. 
La votación ha terminado. 
Fue un gran placer para mí votar a favor de la legislación relativa a las condiciones de trabajo de los conductores que realizan actividades de transporte por carretera. 
Me satisface que se conceda a los conductores unos períodos de descanso garantizados y creo que el control de su aplicación también es importante. 
No obstante, debo hacer hincapié en que el aumento del volumen del transporte por carretera contradice el principio fundamental del desarrollo sostenible. 
El consumo excesivo de energía, la grave contaminación del aire y el deterioro de las carreteras y del medio ambiente son todas consecuencias directas del aumento del tráfico de camiones. 
Por lo tanto, la Unión Europea debería esforzarse por desarrollar métodos de transporte alternativos. 
Aparte de la mejora de las condiciones de trabajo de los conductores, también deberíamos encargarnos de la situación de quienes viven en ciudades y pueblos en los que traquetean los camiones, día y noche. 
Acojo con satisfacción el nuevo Reglamento, que está pensado principalmente para reforzar y mejorar la legislación social aplicable a los conductores que desempeñan actividades de transporte por carretera. 
El Reglamento establece cuatro elementos principales. 
Estipula que todos los nuevos vehículos deben ir provistos de tacógrafos digitales y define el «período de descanso diario normal» como un periodo de descanso ininterrumpido de al menos 11 horas, que también puede dividirse en dos períodos. 
Además, se acuerda una nueva definición del «tiempo de conducción» , así como las disposiciones del Acuerdo europeo sobre trabajo de las tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera, que ahora se están armonizando con las del Reglamento. 
Por último, reconoce que el tiempo de trabajo semanal máximo de 60 horas semanales tiene que ser respetado. 
En resumen, creo que el Reglamento contribuye a mejorar significativamente la seguridad vial en Europa. 
. 
Los informes Markov que el Parlamento ha votado hoy plantean una serie de cuestiones para los países de la periferia geográfica de Europa, como Portugal, España y Grecia. 
Soy consciente de todos los esfuerzos que se han realizado durante todo el período de negociaciones. También debo decir que esta cuestión debería resolverse de forma que contribuya no solamente a mejorar la seguridad vial en las carreteras de Europa, sino también a garantizar la igualdad económica con respecto al desarrollo y crecimiento del sector del transporte en todos los Estados miembros. 
La lectura de estos textos me ha llevado a la conclusión de que, a pesar de los esfuerzos realizados por los negociadores, estas propuestas se elaboraron pensando en los transportistas de Europa Central, cuyos viajes tienden a ser sobre distancias más cortas. 
Por lo tanto, como representante electo de Portugal, debo votar en contra de estos compromisos y señalar que la culminación del mercado interior implica que se tenga en cuenta a los países en los que esta actividad se realiza sobre distancias más largas y debería reflejar los intereses de todos los Estados miembros, sin excepción. 
. 
Los diputados del Partido Comunista portugués, junto con organizaciones representativas de trabajadores del transporte urbano y por carretera, llevan mucho tiempo luchando por la mejora de los derechos laborales de los conductores profesionales, con el fin de garantizar que se cumplan las horas de trabajo y los períodos de descanso establecidos por la ley, y que la vaca sagrada de la competencia, en su voracidad explotadora, no socave esos derechos. 
Como han señalado los sindicatos, a pesar de que el reglamento que se acaba de aprobar puede mejorar las condiciones de trabajo en algunos países, no llega al nivel del reglamento laboral colectivo vigente en Portugal, por lo que respecta a la organización del tiempo de trabajo, la determinación de los períodos mínimos de descanso diarios y semanales, y el control de los mismos. 
Entre otros aspectos, el reglamento exige el mantenimiento de dos conceptos diferentes, concretamente «tiempo de conducción» y «tiempo de trabajo» , que perjudica a los trabajadores. 
Es más, los «nuevos» conceptos de períodos de descanso reducidos dificultan la tarea del control del cumplimiento de los períodos mínimos de descanso y fomentan la sobrecarga de las jornadas diarias y semanales de los conductores. Así pues, esperamos que la aprobación del reglamento no actúe como (falso) pretexto para justificar (de forma equivocada) nuevos ataques a los derechos de los trabajadores. 
. La regulación de la armonización de la legislación social relativa al transporte por carretera y la seguridad vial tenía el fin de introducir en el sector del transporte por carretera normas uniformes sobre las condiciones de trabajo y la seguridad vial que se necesitaban desde hace mucho tiempo. 
Falta por ver si la posición social de los conductores en cuestión mejora realmente como resultado de este acuerdo. 
Puede que al fin hayamos conseguido unos tiempos de conducción y períodos de descanso normalizados en el sector del transporte por carretera, pero la versión final no incorpora, entre otras cuestiones que me parecen importantes, referencias completas a la Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Me parece muy lamentable que el reglamento que hemos aprobado hoy no incluya ninguna prohibición relativa a la retribución de los conductores por distancias viajadas y cantidades transportadas, algo que he defendido apasionadamente como un medio para mejorar las condiciones sociales de los conductores de camiones. 
Los salarios fijos protegen el sustento de todos los trabajadores y, en mi opinión, los trabajadores del sector del transporte por carretera tienen derecho a eso. 
La decisión de establecer unas normas sociales uniformes en el transporte por carretera europeo es, en términos generales, la que había que tomar. Sin embargo, cuando analizo las mejoras que inicialmente esperaba ver en las condiciones de los conductores de camiones, este resultado realmente nos devuelve a la realidad. 
Por lo tanto, no puedo hacer sino votar en contra de estos dos documentos. 
. A pesar de que, en términos generales, es muy recomendable que se armonicen las normas sociales en el sector del transporte europeo, las condiciones sociales de los conductores de vehículos también deben ser mejoradas. 
Dado que esto no ha ocurrido en esta ocasión, he votado en contra de ambos documentos. 
La regulación de la armonización de la legislación social relativa al transporte por carretera tenía el fin de introducir en el sector del transporte por carretera normas uniformes sobre las condiciones de trabajo y la seguridad en carretera que se necesitaban desde hace mucho tiempo. 
Puede que al fin hayamos conseguido unos tiempos de conducción y períodos de descanso normalizados en el sector del transporte por carretera, pero la versión final no incorpora, entre otras cuestiones importantes, referencias completas a la Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Cabe lamentar que el reglamento que hemos aprobado hoy no incluya ninguna prohibición relativa a la retribución de los conductores por distancias viajadas y cantidades transportadas, a pesar de que los salarios fijos realmente protegen el sustento de todos los trabajadores y, por supuesto, los trabajadores del sector del transporte por carretera tienen derecho a ello. 
. Hoy he votado en contra de una propuesta de la Comisión para la uniformidad y metrificación de productos alimentarios, incluidos el pan y la leche. 
Habría comportado el abandono de la medida británica de la leche embotellada en pintas y un cambio de tamaño de nuestra barra de pan normal. 
Además de imponer una uniformidad innecesaria, ambas propuestas habrían supuesto un coste enorme para las panificadoras y la industria láctea del Reino Unido, porque habrían tenido que cambiar su utillaje. 
Después de reunirme con representantes de la industria panificadora en Irlanda del Norte me entraron dudas sobre la carga costosa e intolerable que supondría esta medida. 
Por tanto, celebro que el Parlamento Europeo haya rechazado este aspecto de la última y caprichosa propuesta de Bruselas. 
Si queremos tener un mercado europeo de mercancías operativo, es importante que los intereses de los consumidores también sean protegidos. Los cambios introducidos por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo en el proyecto de legislación de la Comisión por el que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados no provocarían, sin embargo, esa situación. 
El ponente ha propuesto normas para el envasado de, por ejemplo, la mantequilla, leche, pasta y arroz. 
Yo quiero que los consumidores europeos puedan elegir entre muchos productos y el hecho de utilizar reglamentos para prescindir de los actuales envases de leche suecos que contienen, por ejemplo, 300 ml de leche no tiene ningún valor intrínseco. 
Actualmente los consumidores pueden decidir por sí mismos lo que quieren comprar, comparando precios. 
Nosotros debemos legislar para mejorar las condiciones básicas de la competencia y aumentar la protección del consumidor. 
No obstante, debemos, tal como ambiciona la Comisión, eliminar normas innecesarias. 
Así pues, he votado a favor de una Unión Europea más racionalizada pero más concentrada, sin cabida para reglamentos innecesarios que implican costes innecesarios para la industria de la alimentación. 
. 
En términos generales, la propuesta de directiva votada hoy en el Pleno en primera lectura forma parte del proceso, respaldado por la Comisión, de simplificación de la legislación del mercado interior. 
El fin de esta propuesta es consolidar la legislación existente en una única ley y revocar (o desregular) todos los tamaños de envases existentes. 
No obstante, ciertos sectores continuarán sujetos al reglamento existente, basándose en la armonización total. 
De acuerdo con la propuesta, podrían justificarse gamas obligatorias en sectores muy específicos, como vinos, bebidas alcohólicas, café soluble, aerosoles y azúcar blanco, donde las normas comunitarias ya habían fijado tamaños obligatorios armonizados. 
El Parlamento también ha especificado que la directiva no se aplicará al pan preenvasado, las materias grasas para untar ni el té, para los que continuarán aplicándose las normas nacionales sobre cantidades nominales. 
Todos los sectores pueden fabricar, y los consumidores adquirir, productos dentro de una gama de tamaños potencialmente infinita. 
El informe también considera que algunos otros alimentos básicos, concretamente el café, la mantequilla, la sal, el arroz, la pasta y la leche de consumo, deberían estar sujetos a gamas obligatorias, como una derogación a la liberalización. 
El informe debate una propuesta de desregulación y, al mismo tiempo, de armonización del tamaño permitido de los envases de los alimentos. 
Por una parte, desde el punto de vista del mercado interior, puede ser positivo tener normas que finalmente beneficien al consumidor. 
Por otra parte, el informe incluye una propuesta de reglamento detallado y de gran alcance a nivel de la Unión Europea. 
Entre las enmiendas votadas por la comisión del Parlamento se encuentra una que afirma que los estudios realizados por la Comisión demuestran que los precios por unidad no son, en general, utilizados ni entendidos por los consumidores. 
Estas afirmaciones, en cierto modo, declaran a los ciudadanos de los Estados miembros incapaces de arreglárselas por sí solos y demuestran, por lo tanto, una actitud desagradable con respecto a la población. 
Hoy he votado en contra del informe, porque implica la regulación de un ámbito en el que las decisiones realmente no deberían tomarse a escala de la Unión Europea, sino en cada Estado miembro. 
. 
Acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión para simplificar la legislación. 
Una de las barreras más importantes para la eficiencia económica en los Estados miembros de la Unión Europea es el exceso de legislación y los reglamentos difíciles de entender, en otras palabras, lo que se denomina en inglés «». 
Estoy a favor de esta propuesta de simplificar y liberalizar, que ha sido en cierto modo moderada por la naturaleza preventiva de las enmiendas presentadas por el Parlamento. Cuando se ha demostrado, con total seguridad, que la liberalización no sirve para ningún propósito útil o que incluso actúa en contra de los intereses de los consumidores, se ha recortado. 
Las consecuencias de algunas de las propuestas de la Comisión relativas a una serie de industrias de la UE, en particular la industria del whisky en Escocia, habrían sido negativas. Por eso me alegro de que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor haya introducido algunos cambios, que apoyo con mucho gusto. 
El mercado interior ha supuesto grandes ventajas para los productores de la UE y en esta Cámara tenemos que conseguir que esas ventajas se mantengan en pie. 
Señor Presidente, actualmente existen dos focos de crisis que exigen toda nuestra atención y mucha sensibilidad, y el tipo de palabras sutiles que oímos actualmente a la Presidencia austriaca sobre el Consejo no contribuirá a eliminarlos. 
Para empezar, tenemos que plantearnos la victoria de Hamás en las elecciones palestinas, que obviamente debe ser aceptada como una expresión de la voluntad democrática. 
No obstante, Hamás es un movimiento que todavía no ha renunciado a la violencia, mientras que el pueblo palestino necesita la ayuda de Europa –incluida ayuda financiera– más que nunca. 
Por supuesto, en caso de que Hamás forme un Gobierno, tendremos que exigirle que renuncie a la violencia. 
Con respecto a Irán, cabe esperar que todavía no sea demasiado tarde para lo que habríamos querido ver: una solución diplomática, que, sin duda, tendría que ser acordada con Rusia y China. 
Dado que Irán parece dispuesto a hablar con Rusia sobre el enriquecimiento del uranio, esa es la primera línea de planteamiento que deberíamos intentar, pero también es importante expresar nuestra oposición a la cooperación nuclear entre los Estados Unidos y la India, que parece confirmar la estimación negativa de Teherán sobre que los Estados Unidos son un «policía global autodesignado» e hipócrita en ese sentido. 
. Votaré a favor del informe Brok sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
En Europa hemos sido testigos del desarrollo sucesivo de una Unión industrial, social y económica y monetaria. 
Ahora tenemos una Unión más grande que los Estados Unidos, con 451 millones de ciudadanos, y una economía más poderosa que la de Estados Unidos. 
Pero seguimos sin tener una voz única en el mundo. 
Lo que le falta a Europa es una Política Exterior y de Seguridad Común que nos proporcione esa voz. 
El informe del señor Brok nos hace avanzar en la dirección correcta. 
Discutiremos mucho sobre los detalles de esa política. 
Pero necesitamos y debemos tener una. 
Una vez más, ha aparecido en la agenda un informe sobre la política exterior y de seguridad común, PESC. 
La Lista de Junio está firmemente convencida de que las cuestiones relativas a la política exterior y de seguridad común no deberían ser tratadas por la Unión Europea, sino a nivel de los Estados miembros. 
El informe también afirma que el Parlamento Europeo debe ser consultado cuando se elaboran directrices de política exterior y de seguridad común, a comienzos de cada año. 
De ese modo, el Parlamento intenta aumentar sus competencias, algo a lo que la Lista de Junio se opone. 
Por las mencionadas razones, he votado en contra del informe en la votación de hoy. 
. El Partido Laborista en el Parlamento Europeo apoya el informe del señor Brok por su defensa de una PESC fuerte que haga hincapié en la resolución de conflictos, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. 
Agradecemos al ponente sus condolencias por los atentados de Londres. 
Pero quiero también que quede constancia de nuestro apoyo a los reglamentos sobre comercio y ayuda para el norte de Chipre, en lugar del texto de la enmienda 1, así como nuestra habitual oposición a que el gasto militar se incluya en el presupuesto comunitario. 
Acojo con satisfacción este informe, que reconoce el derecho del Parlamento a ser consultado más efectivamente y a desempeñar un papel más activo en la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores establece las prioridades necesarias para prevenir conflictos y promover la cooperación internacional sobre la base del respeto de los derechos humanos y la legislación internacional. 
. 
He votado a favor del informe que tenemos ante nosotros, porque, en general, me identifico con sus ideas, tanto en términos de las que son –y deberían ser– las principales causas de preocupación a nivel internacional, como por lo que se refiere a las que deberían ser las prioridades de la Unión Europea en este sentido. 
A pesar de que no comparto totalmente algunas de sus observaciones, especialmente en cuestiones institucionales, creo que la visión general del mundo expresada en el mismo es la correcta. 
También considero que el papel internacional de la Unión Europea depende más de la acción práctica y de nuestra capacidad para entender preocupaciones comunes, que de cualquier debate sobre modelos teóricos. 
Por lo que respecta a la política exterior, la realidad es, por norma, más poderosa que cualquier consideración teórica. 
Finalmente, me satisface comprobar que el tono de acuerdo entre los socios transatlánticos va en aumento, lo que me parece un elemento vital en el camino hacia la paz, la democracia y la prosperidad en el mundo. 
. Los conservadores pueden apoyar algunas de las disposiciones contenidas en este informe, como las recomendaciones de mantener el embargo de armas sobre China, reanudar las negociaciones entre Israel y los palestinos y exigir a los Gobiernos africanos que respeten sus compromisos con la democracia y el Estado de Derecho. 
Pero contiene también muchas propuestas a las que nos oponemos firmemente. 
En general, trata de ampliar el alcance de la PESC a todos los ámbitos de la política exterior nacional. 
En el apartado 4 enumera con descaro las iniciativas que ya se han adoptado «para anticipar la aplicación de algunas de las disposiciones del nuevo Tratado Constitucional» a pesar del firme rechazo de la Constitución. 
En el apartado 10 considera erróneamente que «la defensa interior es un aspecto crucial de la estrategia de seguridad de la Unión Europea» , cuando se trata de una competencia de los Gobiernos nacionales. 
La OTAN, el pilar de la defensa europea desde hace más de medio siglo y la organización clave para misiones de gestión de crisis internacionales que requieren la intervención de fuerzas militares, apenas se menciona en este informe, quedando relegada de forma engañosa, en el apartado 12, a un papel «dentro de la política exterior y de seguridad de Europa». 
Nos oponemos también a la idea de una misión militar de la UE en la República Democrática del Congo y a un presupuesto comunitario de defensa. 
Por consiguiente, nos hemos abstenido en la votación final. 
Hemos votado a favor del informe. 
Interpretamos el concepto de una «renta mínima» , que aparece en el punto f) del apartado 4, como un nivel de vida razonable garantizado, dado que todos estamos abiertos a un nivel de vida razonable garantizado, pero nos oponemos a la introducción de salarios mínimos regulados por el Estado. 
La delegación conservadora sueca ha decidido hoy abstenerse en la votación sobre la actual situación en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones. 
No hemos podido apoyar el informe, porque, en una medida excesiva, pretende someter ámbitos de competencia nacionales a la toma de decisiones de la Unión Europea. 
Estamos firmemente convencidos de que las decisiones relativas a cuestiones sobre igualdad de género y la política sobre cuestiones penales deberían ser tomadas por los Estados miembros, que están en mejores condiciones de tomar decisiones en estos ámbitos. 
Los conservadores han marcado el ritmo a nivel nacional, por lo que respecta a muchas de las medidas debatidas en el informe. 
Creemos que el Estado debe cumplir su principal tarea, concretamente la de proteger al pueblo de ataques criminales, independientemente del género de la víctima y del autor. 
Deberíamos hacer hincapié en la responsabilidad del autor individual de la violencia, en lugar de proceder sobre la base de una visión de la sociedad que reduce la responsabilidad del individuo. 
. 
El Parlamento debe expresar su preocupación con respecto a la violencia ejercida contra las mujeres. Se trata de un fenómeno que afecta a mujeres de todas las edades, niveles de educación y entornos sociales, a pesar de que hay algunas formas de violencia fuertemente vinculadas a la pobreza y exclusión social. 
Apoyamos la recomendación de que los Estados miembros adopten un planteamiento de tolerancia cero para todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres, que incluye la aplicación de métodos de prevención y castigo efectivos, y medidas destinadas a aumentar la concienciación con respecto al problema y a combatirlo. 
No debemos olvidar que la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres es un fenómeno asociado con la distribución desigual de poder entre sexos, que es por sí misma otra razón por la que este tipo de delito no ha sido suficientemente comunicado y condenado. 
Acojo con satisfacción la adopción –aunque solo parcial– de algunas de las propuestas que hemos presentado, especialmente el reconocimiento de que la pobreza y la marginación son causas subyacentes del aumento del tráfico de mujeres y que la prostitución no equivale a un empleo. 
No obstante, lamento el rechazo de la propuesta destinada a establecer los recursos necesarios para desarrollar programas efectivos para la integración de las mujeres implicadas en la prostitución, con el objetivo de reducir gradualmente y eliminar finalmente la prostitución. 
Comparto muchas de las opiniones de la ponente sobre este tema. 
Es sumamente importante que la aumente la concienciación pública relativa a estas cuestiones en los Estados miembros. 
He votado a favor del informe, porque no recomienda expresamente una legislación a nivel de la Unión Europea. 
Se presentan una serie de recomendaciones, tanto a la Comisión como a los Estados miembros, con la intención de combatir la violencia ejercida contra las mujeres. 
Creo que finalmente esta es una cuestión con respecto a la que los Parlamentos nacionales deberían tomar cualquier medida legislativa que pueda ser necesaria. 
. La violencia ejercida contra las mujeres es una experiencia traumática, no solo para las propias mujeres, sino también para sus hijos, sus familiares e incluso para quienes intentan ayudar a las víctimas. 
Yo tengo una experiencia personal en este tema. 
Me sentía furiosa e impotente. Uno siente esta misma furia cuando escucha que la policía ha llevado a un hombre borracho acusado de maltratar a su familia de vuelta a la casa de su antigua esposa y escucha a la policía justificar su acción diciendo que el último domicilio registrado de ese hombre era la casa de su antigua esposa. 
Hace unos años se produjo una tragedia en mi propia ciudad de origen. 
Un hombre salió de uno de los centros donde se lleva a los borrachos a despejarse. 
Estos centros no son prisiones. 
El hombre consiguió caminar un par de kilómetros, mató a su mujer y lanzó su cuerpo por la ventana. 
No quiero que vuelva a suceder algo así. 
La violencia no es una cuestión doméstica. 
Nunca puede ser justificada ni percibida en términos relativos. 
El conjunto de la sociedad debe plantarse contra la violencia. 
No podemos permitir que este problema sea dado de lado ni subestimar su importancia para la sociedad. 
Tampoco debemos quitar importancia a la escala del fenómeno. 
He apoyado el informe de la señora Carlshamre, porque estamos obligados a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para eliminar la violencia ejercida contra las mujeres. 
El principio de tolerancia cero no siempre es necesario, pero en esta ocasión es realmente esencial. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo deploramos todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres. 
En realidad, deploramos la violencia ejercida contra ambos sexos por ambos sexos, o por cualquier persona contra cualquier persona. 
Creemos también que las mujeres deben ser protegidas contra actos violentos y que sobre los responsables de esos actos debe caer todo el peso de la ley. 
Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación de este informe porque se ha perdido la oportunidad de abordar un problema grave. 
El lenguaje exaltado empaña el importante mensaje que pretende transmitir el informe. 
Acojo con satisfacción este informe, que reafirma que la violencia ejercida por hombres contra mujeres es una violación de los derechos humanos y que los que cometen esos actos de violencia deben ser perseguidos con la misma energía que cuando la violencia es ejercida contra hombres. 
Existen diferencias entre cómo se tratan y castigan los delitos de violencia en función del género de la víctima. 
El hecho de que este tipo de violencia tenga lugar en un lugar público o en el entorno familiar no debe importar a la hora de combatirla por la vía penal. 
Aún admitiendo que la declaración sobre la eliminación de la violencia ejercida contra las mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, fue un hito importante en el reconocimiento del problema de la violencia doméstica contra las mujeres, este informe insiste con razón en que, en el contexto de la UE, se pueden hacer más cosas. 
Apoyo en especial su petición de que se haga un análisis fundamental de la magnitud del problema después de los estudios realizados en tres países de la UE que han demostrado que el 40 al 50 % de las mujeres han sufrido, en algún momento de sus vidas, violencia por parte de un hombre. 
En la UE tenemos la obligación de reconocer y garantizar los derechos de la mujer a la vida y a la seguridad física en el Estado de Derecho. 
. Las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres estaban entre los problemas resultantes de la masiva afluencia de otras culturas con respecto a las que, durante décadas, se ha hecho la vista gorda a través de una tolerancia equivocada. 
Los hechos indican –en la Unión Europea, al menos una de cada cuatro mujeres es víctima de la violencia de un hombre de su familia, la mitad de todos los asesinatos se cometen dentro de la familia, y la mutilación genital se practica a unas 500 000 mujeres– que ya es hora de empezar a poner freno a esto, de una vez por todas. 
Por lo tanto, no se puede sino considerar una desgracia el hecho de que parezca posible, en esta Unión Europea nuestra, promulgar reglamentos sobre la curvatura de los pepinos y los plátanos, y no establecer normas generales sobre cómo debe castigarse la violencia ejercida contra las mujeres. 
No es menos patético el hecho de que las oficinas públicas hagan la vista gorda en casos de poligamia o incluso que adopten una actitud de apoyo al respecto, fomentando así el abuso de los derechos humanos. 
A pesar de que es de alabar que la Presidencia del Consejo responda a esta situación declarando su intención de hacer más por defender los derechos de las mujeres, conseguir que los médicos, los profesores y la policía suministren algo más de información no será suficiente. 
El problema principal tiene que ver con los modelos de roles presentados a los hombres; los de nuestra propia sociedad occidental son de naturaleza competitiva, lo que no es realmente ideal, pero los de la ideología musulmana llegan incluso a demostrar odio a las mujeres. 
Ahí es donde debemos empezar. 
.Al menos un tercio de las mujeres serán víctimas, en algún momento de sus vidas, de un ataque físico o sexual. 
Esa es la alarmante cifra extraída del excelente informe de mi colega del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, la señora Carlshamre. 
En vista del aumento de la violencia contra las mujeres y de cómo se está convirtiendo en un fenómeno habitual, solo existe una respuesta firme y apropiada: tolerancia cero, independientemente de que la violencia se produzca dentro o fuera del matrimonio. 
Sobre todo, Europa ha asumido sus responsabilidades, con el fin de combatir esta forma de violencia que afecta a las mujeres de todos los grupos sociales. 
En virtud del Programa Daphne II, se van a destinar 50 millones de euros a la protección de las mujeres de mayor riesgo, entre 2004 y 2008. 
Se trata de una cifra simbólica, porque todos sabemos perfectamente que si queremos que las políticas de apoyo a las víctimas y prevención sean efectivas deberán llevarse a cabo a escala nacional. 
Por lo tanto, es alarmante saber que entre cinco y diez millones de niños presencian y oyen cada año actos inhumanos de este tipo. 
Así pues, es fundamental que los 25 códigos penales nacionales consideren, a partir de ahora, a los niños y a sus madres como las víctimas. 
Nuestra sociedad ha subestimado durante demasiado tiempo la gravedad de los actos de violencia contra las mujeres. 
Debemos poner fin a esta cobardía. 
. Mis razones para apoyar este informe son muchas y profundas. 
Para la mayoría de los miembros de la sociedad, la violencia ejercida contra las mujeres es detestable, pero sabemos que existe. 
La violencia entre personas que se conocen, como son las parejas, tiene que ser tratada con extrema seriedad por las autoridades. 
Apoyo las acciones propuestas para facilitar los cambios, especialmente en el ámbito de la trata de mujeres y la violencia doméstica. 
.He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora Edite Estrela, relativo a la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea, y me satisface que haya sido aprobado prácticamente por unanimidad en el Parlamento Europeo. 
La igualdad de oportunidades forma parte de los grandes principios republicanos de Francia y yo sostengo que deben ser respetados a nivel europeo, de conformidad, por ejemplo, con el Tratado de Roma por el que se establece la Comunidad Europea y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Cualquier desigualdad basada en el género de una persona es una fuente de injusticia, violencia social e incomprensión entre nuestros conciudadanos. 
La Unión Europea tiene la obligación de garantizar la igualdad de trato entre los seres humanos, que es fuente de armonía, paz y progreso. 
Al hacerlo, la Unión Europea dará un claro ejemplo a todo el mundo, a favor de los valores humanos que defendemos y que juntos constituyen uno de los pilares de la integración europea. 
La delegación conservadora sueca ha decidido hoy abstenerse en la votación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
Los conservadores queremos combatir la falta de libertad que implica la desigualdad y los prejuicios. 
No obstante, no es competencia de la Unión Europea definir qué medidas deberían tomarse en los Estados miembros o por otros actores de la sociedad. 
Así pues, no podemos apoyar el informe, que realiza numerosas propuestas que usurpan áreas de competencia a los Estados miembros, como las propuestas relativas a la provisión de cuidado infantil, cuando las características culturales distintivas y tradiciones de los Estados miembros difieren tanto de unos a otros. 
Es más, el informe se pierde por ámbitos que ni siquiera los Estados miembros deberían regular, como, por ejemplo, si los partidos políticos están estudiando estrategias para incluir más mujeres en las estructuras de su partido. 
No obstante, hay otras cuestiones importantes debatidas en el informe, como la necesidad de recopilar estadísticas comparables sobre los salarios de hombres y mujeres, respectivamente, y sobre la lucha contra la discriminación. 
. 
Hemos votado a favor de este informe, porque aprobamos su contenido. No obstante, sabemos que se trata simplemente de otra declaración de intenciones por parte del Parlamento, en desacuerdo con las políticas ya en vigor, que, en algunos casos, socavan la igualdad de derechos y empeoran la discriminación, por ejemplo en el mercado laboral. 
Acogemos con satisfacción la aprobación de una propuesta que solicita a la Comisión que notifique al Parlamento el progreso realizado en los diversos Estados miembros con respecto a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como en el ámbito de salud sexual y reproductiva, y que revele datos estadísticos sobre todos los Estados miembros. 
También esperamos que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género cuente con los recursos necesarios para poder realizar una contribución positiva a la promoción de la igualdad de derechos y para garantizar que las mujeres sean tratadas con la dignidad que merecen. 
Acojo con satisfacción el informe de propia iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa en lo que respecta a la perspectiva del género. 
Estoy de acuerdo en que hay que adoptar medidas para promover el empleo femenino y para reducir las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres. 
El informe destaca las discrepancias que persisten en factores subyacentes como el empleo, las diferencias salariales y la educación y formación continuas. 
Asimismo evalúa distintas formas de conciliar efectivamente la vida profesional, familiar y privada. 
.Tratar sobre la igualdad entre hombres y mujeres significa, sobre todo, saber simplemente lo lejos que han llegado las cosas en un siglo y desde las primeras luchas por la emancipación de la mujer, pero también significa tener en cuenta lo mucho que queda por hacer, si queremos que la igualdad de género forme parte integral de la vida diaria. 
Esa es la razón por la que acojo con satisfacción la aprobación, hoy a mediodía, del informe de la señora Estrela, que señala varias formas de discriminación que sufren las mujeres y que, por lo tanto, constituyen grandes desafíos a asumir. 
Por mencionar solamente dos de ellos: una diferencia salarial aproximada del 16 % y una tasa de empleo de las mujeres de entre 15 y 24 años estancada, a pesar de que las mujeres de este rango de edad tienen una educación de un nivel superior. 
Eliminar los obstáculos para que las mujeres accedan al mercado laboral obviamente significa establecer un número suficiente de instalaciones y servicios públicos y privados para niños pequeños, lo que supone, al menos, hasta que alcancen la edad de escolarización obligatoria. 
También significa poner en práctica una igualdad de derechos parentales. 
Con el fin de garantizar todas estas mejoras en las vidas cotidianas de los ciudadanos, la Unión Europea debe abogar por las mejores normas y aspirar al éxito de los países escandinavos en lo que a medidas de igualdad de género se refiere. 
. – El Partido Comunista griego votó en contra del informe, porque utiliza problemas sociales de la clase trabajadora para acelerar y extender reestructuraciones capitalistas que afectan a ambos sexos. 
Con el fin de combatir el desempleo femenino, se propone extender «formas flexibles de empleo». 
Para la falta de estructuras sociales públicas, se propone pasar la carga a la familia, pero en condiciones de igualdad. 
En otras palabras, que los hombres también recurran al empleo a tiempo parcial, con el fin de compensar la falta de asistencia pública en reproducción y cuidado de los mayores y discapacitados, lo que significa que las familias de la clase trabajadora finalmente serán incapaces de satisfacer necesidades fundamentales. 
La denominada abolición de la discriminación sexual en el trabajo se ha utilizado como pretexto para anular derechos derivados de las necesidades específicas de las mujeres por su función reproductiva. 
Consideramos que el debate sobre el cambio de la composición del poder en cuanto a géneros provoca desorientación. 
La política no viene determinada por el género. 
El poder de la plutocracia no cambiará con más mujeres en las instituciones a su servicio. 
Los problemas de las mujeres arrancan del sistema capitalista que explota a mujeres y hombres, utilizando el género y la edad para extender la política capitalista a ambos sexos. 
La base para la igualdad solamente se puede establecer dentro del marco del poder del pueblo, en el que la riqueza del pueblo proceda de la producción y de los bienes producidos. 
– Con respecto a la votación sobre la Directiva Postal, creo que es sumamente importante mencionar la necesidad de mantener un servicio universal garantizado. 
La finalización del mercado interior de servicios postales necesita tener en cuenta no solo la importancia económica del sector, sino también su insustituible dimensión territorial y social. 
Los servicios locales que ofrece la oficina postal de cada Estado miembro desempeñan una importante función social de la que no debemos prescindir. 
Por lo tanto, debemos prestar especial atención a la dimensión territorial y social de las redes postales cuando se nos pide que tomemos decisiones sobre las reformas del sector, a la luz del profundo impacto que esas decisiones pueden tener cuando los servicios postales estén completamente abiertos a la competencia. 
Así pues, considero fundamental que el estudio previsto analice si las disposiciones de la Directiva Postal son suficientemente claras por lo que respecta a la obligación de ofrecer un servicio universal y si hay un marco adecuado establecido para los Estados miembros. 
No debemos arriesgar el principal objetivo de la directiva, consistente en garantizar unos servicios postales sociales y territoriales mínimos a nivel comunitario, de una cierta calidad y a precios asequibles. 
. 
La liberalización de los servicios postales forma parte de la llamada «Estrategia de Lisboa» y tiene el objetivo de abrir el sector al capital privado. El objetivo último es el de privatizar este sector público, comenzando con las secciones más rentables y continuando «obviamente» con la ayuda de los fondos públicos (véase, como ejemplo, el modelo aplicado a la gestión de los hospitales). 
La lucha de los trabajadores del sector y la del pueblo –me refiero, en particular, a las numerosas manifestaciones contra los cierres de oficinas postales y a favor de garantizar el servicio postal– ha conseguido retrasar y en algunos casos bloquear realmente este proceso, en algunos de sus aspectos más perjudiciales. 
El propósito de este informe del Parlamento es el de evaluar el impacto hasta el momento de la liberalización en los Estados miembros de la Unión Europea, antes de nuevas iniciativas de la Comisión destinadas a extenderla. 
El informe no critica el actual proceso de liberalización ni expone las consecuencias perjudiciales del mismo, como el cierre de oficinas, los recortes de las entregas diarias a domicilio y la reducción de los niveles de empleo; de hecho, hace más bien todo lo contrario. 
Tampoco cuestiona la liberalización del sector en 2009, promoviendo, en lugar de esto, la apertura del sector y la primacía de la competencia en este sentido. 
De ahí nuestro voto en contra. 
. En el año 1997 se inició el proceso de liberalización del mercado postal europeo, cuya intención consistía en crear un mercado abierto accesible para todos los proveedores de servicios en los actuales 25 Estados miembros. 
Los servicios postales nacionales respondieron a la presión de este proceso de liberalización comenzando a cambiar sus estructuras y a reposicionarse. 
A pesar de este progreso, la transposición de la Directiva a nivel nacional necesita ser estrechamente observada. 
Por ejemplo, es inaceptable que la legislación postal austriaca imponga sanciones desproporcionadamente elevadas a quienes no colocan nuevos buzones en sus casas. 
Eso no es algo de lo que se pueda culpar a la Directiva Postal de 2002 de la Unión Europea, dado que no prescribe ninguna sanción de este tipo a nivel nacional. 
Este modo de aplicar las directivas fomenta todavía más la actitud escéptica del público con respecto a la Unión Europea y su opinión de que la responsabilidad de esta situación recae solamente en Bruselas. 
Pido a la Comisión que controle la transposición de la Directiva Postal, particularmente con el objetivo de garantizar que las sanciones previstas a nivel nacional no sean desproporcionadas y no pongan en peligro el funcionamiento del mercado postal. 
Debería concederse prioridad a esta cuestión, como objeto de estudio, en el próximo estudio prospectivo. 
Dado que este informe de iniciativa propia pide lo mismo que yo, lo acojo con satisfacción. 
. 
La situación es extremadamente complicada, pero los resultados de las elecciones no deberían utilizarse para socavar el derecho inalienable del pueblo palestino a la libertad, a un Estado soberano independiente, con capital en Jerusalén Este, y a oponer resistencia a la ocupación. Tampoco deberían utilizarse para socavar la ayuda financiera a la Autoridad Palestina, que satisface las necesidades más básicas del pueblo palestino, ni para impulsar la creciente implicación militar de los Estados Unidos en todo Oriente Próximo. 
Es tan fundamental como siempre demostrar solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino y con el movimiento nacional palestino. 
Finalmente, quiero expresar mi decepción por el hecho de que la mayoría del Parlamento haya rechazado las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, que pedía a Israel que cumpliese las resoluciones de las Naciones Unidas y las recomendaciones realizadas por la Corte Internacional de Justicia, que pretendían colocar en la parte superior de nuestra lista de prioridades la necesidad de poner fin al punto muerto en el proceso de paz, a la ocupación militar, a los asentamientos, al muro, a los asesinatos, a las detenciones, a las negativas a la liberación de prisioneros, a la violencia a la que está sometida el pueblo palestino y al dramático empeoramiento de sus condiciones de vida. 
He votado a favor de la propuesta de resolución conjunta sobre la situación en Palestina. 
Aunque hacemos bien en instar a Hamás a que reconozca a Israel y abandone el terrorismo, no debemos poner en duda el resultado de unas elecciones democráticas justas y libres. 
La UE tiene que seguir prestando ayuda al pueblo palestino y participando activamente en el Cuarteto para impulsar la «Hoja de Ruta para la Paz». 
. 
Cuando la democracia engendra un resultado indeseado, existe la tentación de condenar la idea de que ese resultado puede suceder. 
Es comprensible, pero vale de poco. 
Lo que la democracia debe intentar hacer es actuar eficazmente para evitar que la gente se una a tales movimientos. 
Lo que no es ni mucho menos cierto es que exista democracia en Palestina, a pesar de las elecciones regulares que se han producido, y esa debería ser nuestra preocupación. 
La democracia y el Estado de Derecho, que implican, entre otras cosas, la coexistencia pacífica con otros países, no tener el deseo de destruir a los vecinos y, obviamente, eliminar el terrorismo, deben ser la piedra angular de nuestra política con respecto a esta parte del mundo. 
Independientemente de la naturaleza actual del movimiento que ha ganado las elecciones palestinas, lo importante ahora es exigir que el Gobierno electo de la Autoridad Palestina respete acuerdos internacionales y cumpla los principios necesarios para la coexistencia pacífica de los dos países, sin la que será imposible ayudar a los palestinos. 
A pesar de que este resultado refleja la voluntad del pueblo, las posibles consecuencias siguen siendo muy graves. 
. La elección de Hamás es fruto de la voluntad democrática del pueblo palestino y aunque recelo mucho de la política de esa organización, no hay duda de que forma el Gobierno legítimo. 
La ayuda que concede la UE al proceso de paz puede y debe depender de que se siga avanzando hacia la paz. 
Si se pusiera fin a la ayuda ahora, correríamos el riesgo de ganarnos la antipatía de una organización con la que la UE tiene que seguir cooperando. 
Creo que si la UE sigue manteniendo la presión, ayudará a conseguir una solución duradera. 
No podemos retirarnos ahora porque no nos gusten algunos de los socios con los que nos vemos obligados a cooperar. 
. Hoy he votado a favor de la resolución conjunta sobre Cuba, aunque hubiera preferido que se lamentara expresamente el abandono de sanciones en 2005. 
Siendo como es una sociedad construida sobre el imperativo de la dominación marxista, no sorprende que Cuba sea un bastión de la represión, donde se aplasta a la oposición y se niega la libertad. 
Un hecho revelador del totalitarismo y la realidad marxista que se esconde detrás de su fachada democrática es que el Sinn Fein/IRA mantiene su representación en Cuba, cosa que quedó claramente demostrada cuando, en 2001, dicho representante, Niall Connolly, cometió la infamia de ofrecerse a entrenar junto con otros a las guerrillas de las FARC en Colombia. 
El levantamiento de las sanciones de la UE en 2005 ha sido un completo fracaso. 
Los abusos de los derechos humanos han aumentado en lugar de disminuir. 
Como siempre ocurre con los extremistas marxistas, se llamen Castro o Sinn Fein, lo único que hacen es beneficiarse de las concesiones y seguir adelante sin reparar en nada. 
Creo que es hora de que aprendamos la lección y volvamos a endurecer nuestra posición frente a ese odioso régimen. 
. Cuba deja mucho que desear en términos de libertades fundamentales, como se pone de manifiesto tanto por la pregunta oral como por la actual y oportuna resolución. 
Hay una cuestión que me gustaría señalar y es la posición de las iglesias-hogar. 
La nueva legislación incluida en la Directiva 43 y la Resolución 46 exige que todas las comunidades religiosas operativas se registren ante las autoridades. 
Es frecuente que las solicitudes de registro resulten en negociaciones extremadamente complicadas con las autoridades. Estas implican información detallada sobre los miembros de la comunidad y sus pastores. 
Esta nueva legislación ya ha provocado el cierre de varias iglesias-hogar. 
En 1992, las autoridades cubanas cambiaron la Constitución, al efecto de pasar de ser un Estado ateo a uno secular. 
Ese fue el primer paso en la dirección correcta. 
No obstante, la nueva legislación parece reflejar una tendencia hacia nuevas restricciones. 
Mientras que la Constitución cubana reconoce el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, lo cierto es que cada vez se imponen más restricciones. 
¿Por qué las iglesias cristianas, incluyendo las que están registradas, son vigiladas tan de cerca, controladas e incluso objeto de infiltraciones? 
Esto difícilmente representa una verdadera libertad religiosa en Cuba. 
Quiero pedir al Consejo y la Comisión que aborden estas cuestiones en sus conversaciones con las autoridades cubanas. 
. 
He votado en contra de la resolución, porque me opongo a su contenido, que no tiene absolutamente en cuenta el contexto en el que Cuba se ha visto obligada a vivir durante muchos años, concretamente el embargo de los Estados Unidos y todos los ataques que Cuba ha sufrido. 
La resolución también omite cualquier referencia a la existencia de la base estadounidense de Guantánamo, donde la Administración Bush mantiene prisioneros sin haber sido sometidos a juicio y está pisoteando los derechos humanos y la Convención de Ginebra. 
Tampoco hace referencia a los cinco ciudadanos cubanos que siguen detenidos en los Estados Unidos, algunos de los cuales no tienen permiso a recibir visitas de familiares, a pesar de que el tribunal de Atlanta anuló la sentencia que había provocado su detención inicial. 
Esta posición defendida por la mayoría del Parlamento es, en gran medida, de doble moral, y acata la línea estadounidense, consistente en una constante presión sobre el pueblo y los Gobiernos que no siguen sus directrices y no se dejan subyugar. 
Es igualmente decepcionante que no se diga una sola palabra acerca de la importante contribución que Cuba está realizado para el desarrollo social de la población de Latinoamérica y África. Los jóvenes de estas zonas van a Cuba a recibir formación y educación, y Cuba envía miles de médicos y otros profesionales a esos países. 
. Votaré a regañadientes a favor de esta resolución. 
La situación de los derechos humanos en Cuba dista mucho de ser perfecta y en algunas ocasiones las autoridades cubanas han sido sus peores enemigos, negando el permiso a representantes de las a viajar a Estrasburgo para recoger el Premio Sájarov que se les ha concedido recientemente. 
Pero en mi opinión no existe en La Habana el clima de terror que he podido observar en Cachemira o, hasta hace poco, en Aceh. 
Se trata de una cuestión de proporcionalidad. 
Es cierto que Cuba viola los derechos humanos, pero no en la misma medida que Colombia con sus escuadrones de la muerte o en Haití con la anarquía de las bandas criminales y el violento clima político que ha causado más de mil muertos. 
Cabe esperar que con las elecciones de la semana que viene se empiece a poner fin a esta situación. 
¿Qué hay de la preocupación constante del Parlamento por estos y otros derechos humanos en otras regiones distintas de Cuba? 
¿Qué hay de nuestra preocupación por la Cuba «ocupada» en la Bahía de Guantánamo, donde los informes indican que la situación es mucho peor que en las peores cárceles de Cuba? 
Por supuesto, creo que Cuba debería ser una democracia parlamentaria. 
No obstante, también creo que la política exterior es una cuestión nacional y que los canales multilaterales, como Naciones Unidas, son la única alternativa aceptable para influir en países que no son vecinos inmediatos de la Unión Europea. 
Por las mencionadas razones, he votado en contra de la resolución. 
. 
Doscientas palabras nunca bastarán para deshacer otra maniobra que forma parte de la política de aislamiento y discriminación a Cuba por parte de la Unión Europea, que complace las exigencias de los Estados Unidos. 
No debemos olvidar que se trata de la misma Unión Europea que pidió un cambio en el sistema político de Cuba, en su posición común de 1996, interfiriendo así en una cuestión que es responsabilidad exclusiva del pueblo cubano. 
La mayoría de este mismo Parlamento, en un acto cínico, criticó el embargo estadounidense sobre Cuba, aunque también pidió que continuase la imposición de sanciones a Cuba, por parte de la Unión Europea. Al mismo tiempo, no dedica una sola palabra de solidaridad a los cinco patriotas cubanos detenidos en los Estados Unidos por defender su país contra el terrorismo. 
Por mucho que le duela a la mayoría de esta Cámara, Cuba significa esperanza y confianza en una vida decente para millones de hombres y mujeres. 
Es un país que, a pesar del embargo, ha conseguido el mayor crecimiento económico de los últimos 45 años en 2005, un país que asumirá la presidencia y será anfitrión de la cumbre del Movimiento de los Países no Alineados de 2006, y un país que envía miles de médicos, profesores y entrenadores deportivos a otros países, en lugar de ejércitos para ocupar, explotar y oprimir. 
. 
Cuba es la prueba de que en el mundo occidental no han caído todos los muros de la vergüenza. 
Entre el absurdo idealismo de algunos y el descarado pragmatismo de otros, ha habido quienes parecen decididos a olvidar que en Cuba no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay libertad, nada de lo que consideraríamos los cimientos básicos de nuestras sociedades. 
Ningún pragmatismo ni romanticismo insondable puede justificar ningún cambio en la postura esencial: la condena constante a Cuba y la exigencia de democratización, sin la que no será posible mantener lazos estrechos con este Gobierno tirano. 
. He votado a favor de la propuesta de resolución conjunta sobre Cuba, aunque faltan en ella algunos aspectos importantes en el contexto político. 
El principal problema en la situación cubana es el bloqueo encabezado por los Estados Unidos y las agresivas amenazas de ese país contra Cuba. 
Poner fin al bloqueo y detener las agresivas amenazas de los Estados Unidos sería el paso más importante para generar un clima que aumente las posibilidades de crear una verdadera democracia en Cuba. 
Pero la agresiva política de los Estados Unidos no es la única razón de las graves restricciones a la libertad de expresión y la democracia en Cuba. 
El Gobierno cubano tiene también su parte de responsabilidad en ello. 
Un ejemplo, entre otros, es la decisión de no dejar a los ganadores del Premio Sájarov, las, salir de su país para recibir el premio en Estrasburgo. 
He votado a favor de la resolución, pero protesto contra la prohibición de viajar impuesta por el Gobierno cubano a las. 
. He votado a favor de la propuesta de resolución sobre Cuba, aunque faltan en ella algunos aspectos importantes en el contexto político. 
El principal problema en la situación cubana es el bloqueo encabezado por los Estados Unidos y las agresivas amenazas de ese país contra Cuba. 
Poner fin al bloqueo y detener las agresivas amenazas de los Estados Unidos sería el paso más importante para generar un clima que aumente las posibilidades de crear una verdadera democracia en Cuba. 
Pero la agresiva política de los Estados Unidos no es la única razón de las graves restricciones a la libertad de expresión y la democracia en Cuba. 
El Gobierno cubano tiene también su parte de responsabilidad en ello. 
Un ejemplo, entre otros, es la decisión de no dejar a los ganadores del Premio Sájarov, las, salir de su país para recibir el premio en Estrasburgo. 
Voy a votar a favor de la resolución, a pesar de sus imperfecciones, pero quiero protestar contra la prohibición de viajar impuesta por el Gobierno cubano a las. 
. Rechazo esta resolución sobre Cuba, que es unilateral y no hace justicia en absoluto a las complejidades de la vida real en ese país. 
Si condenamos a Cuba: 
– no estaremos teniendo en cuenta los esfuerzos del país por progresar de otro modo, esfuerzos que está realizando a pesar de la resistencia de muchos círculos; 
– estaremos ignorando el logro ejemplar de Cuba para hacer previsiones para el bienestar de su pueblo, lo que continúa haciendo a pesar del embargo norteamericano y de sus graves problemas económicos; 
– estaremos negando que la continuada existencia del sistema cubano ofrece un rayo de esperanza a las poblaciones del denominado tercer mundo, que están en el lado de los perdedores de un mundo globalizado, en el que los mercados y los beneficios son lo más importante. 
Esta resolución adopta una visión reduccionista del concepto de derechos humanos y la forma en que hace uso de los mismos delata una doble moral intolerable. 
Esta resolución no tiene el objetivo de defender los derechos humanos, sino de condenar el sistema cubano y contribuir a su caída. 
Yo no participaré en ello. 
. 
La aplicación del presupuesto comunitario, es decir, garantizar que las decisiones políticas se apliquen realmente, es una cuestión sumamente importante. 
Lamentablemente el proceso presupuestario es cada vez menos transparente y más disperso, lo que hace difícil averiguar el destino final de los fondos. 
Los recortes presupuestarios impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y por la mayoría de los países contribuyentes ha significado que, tras la aprobación del presupuesto comunitario anual, muchas áreas prioritarias no cuenten con la financiación suficiente, lo que ha llevado a una política de redistribución y recortes en los títulos presupuestarios e innumerables presupuestos corregidos. 
En otras palabras, se fomenta la no ejecución en ciertas áreas para financiar otras, independientemente del presupuesto aprobado. 
También hay políticas e instrumentos, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que son factores para la no aplicación. 
En este sentido, la Comisión y el Consejo no pueden ignorar sus responsabilidades, en vista de la constante reducción de los pagos con respecto a las autorizaciones. 
La aplicación nacional debe estar estrechamente relacionada con la definición de prioridades nacionales sobre el terreno, especialmente por lo que respecta a los Fondos estructurales. 
Independientemente de los instrumentos que se acaban de proponer, no creemos que las negociaciones sobre las nuevas perspectivas financieras deban depender de las propuestas a adoptar. 
. 
La propuesta de resolución que acabamos de votar señala la necesidad de adoptar nuevas medidas de gestión para el Mediterráneo. Siempre hay que tener cuidado para apoyar el principio de que la sostenibilidad de los recursos pesqueros debe ser garantizada, para garantizar que las actividades pesqueras sean viables, que las flotas puedan continuar trabajando, que los puestos de trabajo se puedan mantener y que las comunidades pesqueras se puedan desarrollar. 
Así pues, creemos que el Consejo debe adoptar el reglamento de gestión con respecto al que el Parlamento ya ha dado su opinión. 
Sin embargo, dado que la situación actual puede provocar discriminación entre los pescadores que operan en otras aguas, en nuestra opinión, debe haber una descentralización efectiva y las principales partes interesadas, concretamente los pescadores y los organismos que los representan, deben estar implicadas en las decisiones de gestión, dado que las medidas prácticas deben reflejar realidades específicas de cada región o área pesquera. 
También creemos que el reglamento de gestión debería ir acompañado de las medidas necesarias para compensar el impacto social y económico provocado por la propia regulación, con fondos comunitarios. Todas las medidas deberán basarse en investigaciones científicas sobre la pesca. 
. En muchas ocasiones, la UE de 25 Estados miembros carece de sentido y las medidas de «talla única» dejan de funcionar para todos, si es que alguna vez sirvieron de algo. 
No existe razón alguna para que yo, diputado escocés a esta Cámara, opine sobre el Mediterráneo, razón por la cual me he abstenido en esta votación. 
La UE tiene que encontrar nuevas formas de trabajar para garantizar la legitimidad de nuestras decisiones. 
Seguir con la idea de que todo el mundo está igual de interesado por todo es insostenible y desacredita a la propia UE. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
– Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 2 de febrero de 2006. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del pasado jueves 9 de febrero de 2006. 
Se han propuesto las siguientes modificaciones: 
La Secretaría acaba de recibir tres solicitudes de modificación del orden del día presentadas por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, estas peticiones se han presentado fuera del plazo que el Reglamento prevé para ello. 
Por lo tanto, no cabría tomarlas en consideración. Sin embargo, el Presidente considera que, tratándose de una diferencia de tiempo muy estrecha y vista también la relevancia política del asunto, corresponde tomarlas en consideración. 
Insisto en que se hace a pesar de que están presentadas fuera de plazo y si ningún Grupo político se opone. 
Creo que ha habido consultas al respecto. 
Vamos a escuchar a la señora Neyts-Uyttebroeck que, en primer lugar, nos presenta una solicitud para que en el debate sobre el derecho a la libertad de expresión y respeto de la fe religiosa, no haya solo un orador por Grupo político, tal como acordó la Conferencia de Presidentes, sino que haya una lista de oradores por el procedimiento normal. 
Señor Presidente, Señorías, agradezco la oportunidad que me da para decir unas palabras sobre el orden del día del miércoles por la mañana, respecto al cual quisiera hacer una sugerencia en nombre de mi Grupo. 
En primer lugar, propongo que el tiempo de uso de la palabra del miércoles por la mañana se divida de forma equitativa entre los distintos Grupos e intervenciones individuales, para garantizar así que se pueda dedicar más tiempo al importante debate del punto 1. 
En segundo lugar, proponemos que si resultara necesario trasladar uno de los temas de debate a una sesión posterior, que se posponga el punto relativo a Bosnia y Herzegovina, no porque no lo consideremos importante, sino porque es menos urgente y será igualmente práctico debatirlo durante una sesión futura. 
En tercer y último lugar, quisiéramos concluir el primer punto del orden del día con una resolución. 
Quiero dar las gracias una vez más al Presidente por su comprensión. Pido a los diputados y al resto de los Grupos que apoyen esta propuesta. 
Vamos a considerar las propuestas una por una, porque no se trata de una sola sino de varias. 
La primera pretende que la lista de oradores no se limite a los presidentes o portavoces de los Grupos políticos; en la segunda, como ha explicado la señora Neyts-Uyttebroeck, se pide que el punto se concluya con una resolución; y en la tercera, que solamente tendría sentido considerar en el caso de que se aprobara alguna de las dos anteriores, se pide que otro punto, concretamente las declaraciones sobre Bosnia-Herzegovina, se aplace. 
Vamos a ir paso por paso: primero vamos a debatir y votar sobre si hay lista de oradores o no. 
– Si queremos ser lógicos, entonces tenemos que expresar nuestro punto de vista sobre las tres solicitudes al mismo tiempo. 
No sería lógico aceptar una de ellas y rechazar las demás. 
Le pido, por tanto, que se inicie el debate sobre las tres solicitudes al mismo tiempo, porque están relacionadas. 
Personalmente me pronunciaré en contra de las tres, porque hay una lógica en todo esto que hay que respetar. 
Señor Cohn-Bendit, perdóneme, yo creo que son dos cosas completamente diferentes: que haya o no haya resolución es una cosa. Otra cosa es el número de personas que intervengan en el debate. 
Señor Presidente, lo que ha señalado la señora Neyts-Uyttebroeck es uno de los puntos que hemos debatido en un contexto más amplio en la Conferencia de Presidentes y voy a repetir aquí, en nombre de mi Grupo, lo que ya dije allí. 
Creemos que en este momento no es aconsejable que se adopte una resolución, mientras que, por el contrario, sí lo es limitar el tiempo de uso de la palabra en un debate tan importante a un orador de cada Grupo. 
Por lo tanto, opinamos que se debería mantener lo que decidió la Conferencia de Presidentes, tal como aparece plasmado en el orden del día. 
Señor Presidente, siempre le escuchamos, no solo por respeto a su mandato, sino también por consideración hacia su persona. 
Sin duda debemos votar estos puntos uno por uno, pero están relacionados y esto me obliga a decir algo sobre cómo y por qué se produce esa circunstancia. 
No obstante, permítanme que diga de antemano que se trata de un asunto que podríamos haber resuelto el jueves en la Conferencia de Presidentes. 
Fui el único que solicité, en nombre de mi Grupo, no solo una resolución, sino también un debate. 
Dado que los liberales se opusieron rotundamente a la idea, me sorprende que ahora presenten esta propuesta, aunque están en su derecho. 
Solo se nos ha informado hace un momento –durante una reunión de nuestro Grupo– de que los liberales iban a formular esta petición. 
Rechazamos un debate general en este momento, ya que esto nos obligaría a suprimir un punto del orden del día y no queremos hacerlo. 
Por lo tanto, recomendamos que esta Cámara celebre, en marzo o cuando sea conveniente, un amplio debate sobre esta cuestión; en cambio, por lo que respecta a una resolución, nuestro Grupo ha considerado –como en el pasado– que la necesitamos. 
Así las cosas, señor Presidente, ha procedido usted correctamente al someter a votación cada punto por separado. 
Señor Presidente, ahora que los dos grandes Grupos han caído en la cuenta de que todo está relacionado, también nosotros podemos presentarlo en su contexto adecuado. 
Para empezar, el señor Poettering tiene razón cuando dice que los liberales manifestaron en la Conferencia de Presidentes que no estaban a favor de un debate más amplio ni tampoco de una resolución. 
Fuimos nosotros quienes manifestamos, en la Conferencia de Presidentes, el deseo de que se adoptase una resolución. 
No creemos que el número de oradores sea importante, pero desde luego nos parece acertado que se conceda el uso de la palabra a más oradores si los Grupos lo consideran necesario. 
Por cuestión de principios, siempre estamos a favor de las resoluciones y consideramos importante que esta Asamblea adopte una. 
Sin embargo, estamos totalmente en contra de la idea de que se retire del debate el tema de Bosnia-Herzegovina, porque la cuestión de la constitución es un asunto de actualidad en Bosnia en este momento y es sumamente importante que esta Cámara exprese una posición después de tantas iniciativas estadounidenses. 
Por lo tanto, sería absurdo retrasar el debate de este punto y nos oponemos a ello. 
Si no conseguimos aprobar una resolución ahora, podemos tomar el camino de en medio: celebrar un debate ahora y dejar el tema de la resolución para el próximo período parcial de sesiones. 
Vamos a votar la propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa de que haya más de un orador por Grupo. 
Vamos a votar ahora si se acepta o se rechaza la propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para que el debate vaya seguido de una resolución. 
– Señor Presidente, tenemos que tomar nota de este resultado. 
Si podemos volver a la propuesta del señor Cohn-Bendit de que, a la vista de la situación actual y de la visita del señor Solana a esos países, podríamos adoptar la resolución en el próximo período parcial de sesiones. 
Lo considero un compromiso razonable sobre el que podríamos llegar a un acuerdo. 
El tiempo de las transacciones ha pasado ya, señor Swoboda. 
Hemos votado. 
Es cierto que ya es tarde para los compromisos, pero la solicitud del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa llegó fuera de plazo. 
Por tanto, en este momento estamos debatiendo un compromiso por el mero hecho de que no hemos podido hacerlo antes. 
Señora Frassoni, he pedido antes si alguien tenía algún inconveniente en que se debatieran las propuestas a pesar de que habían llegado fuera de plazo y nadie se ha opuesto. 
No se puede invalidar el voto. 
– Señor Presidente, nunca me tomaré la libertad de invalidar un voto. 
Solo he pedido que se someta a votación la solicitud del señor Swoboda de que se aplace esta resolución hasta el próximo periodo parcial de sesiones. 
Señor Presidente, una diputada del Grupo liberal ha presentado diversas propuestas a la Asamblea. 
El Reglamento prevé que se adopte una decisión a favor o en contra de las mismas. 
En esta sesión plenaria, en lugar de debatir si se debe votar a favor o en contra de una moción destinada a rectificar una decisión de la Conferencia de Presidentes, estamos repitiendo el mismo proceso de nuevo. 
Los únicos oradores de este debate son presidentes de Grupos que argumentan en contra de que se rectifique su decisión y la referencia al señor Solana está encaminada, sin duda, a indicar que la Asamblea está dispuesta a abstenerse de ejercer su influencia, pero lo cierto es que si esperamos hasta su regreso, esta Cámara difícilmente podrá influir de ningún modo sobre su política. 
Propongo que nos atengamos al Reglamento y solicitemos que los oradores intervengan a favor o en contra, en lugar de obligar a la Asamblea a repetir lo que se dijo en la Conferencia de Presidentes. 
Señor Voggenhuber, ya hemos votado. 
Ahora se trata de ver si hay otra propuesta que se pueda someter a votación. 
Señor Presidente, lamento tener que decir esto, como también lamento la situación en la que nos encontramos, pero acabamos de votar si se va a adoptar una resolución. 
Hemos dicho que sí y si se va a adoptar una, se tiene que votar esta semana y no en marzo o siquiera en una fecha posterior. 
Puedo decir al señor Poettering que me opongo y también quiero explicar los motivos. 
Esta semana toda la Asamblea va a estar muy ocupada con la Directiva relativa a los servicios y no veo posibilidades de alcanzar una resolución adecuada y un compromiso en estos tres días. 
Después de todo, por esto lo propusimos la semana pasada. 
Por esto me parece razonable la sugerencia del señor Swoboda. 
Esta Asamblea necesita adoptar, en efecto, una resolución al respecto, pero también necesita que se le conceda la oportunidad de elaborar una resolución adecuada y por esto deberíamos comenzar el debate ahora y a continuación votar la resolución en el próximo período parcial de sesiones. 
Lo único que podremos aaprobar en estos tres días serán banalidades y creo que esta cuestión se merece algo mejor. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor Cohn-Bendit, pero también quisiera decir que estoy bastante molesto por mucho de lo que ha ocurrido aquí. 
He intervenido, con toda corrección, sobre una moción relativa al orden del día, sobre la cual se puede intervenir a favor o en contra; me he manifestado a favor de la moción y se me ha reconvenido por ello, alegando que habíamos solicitado un debate, y sigo sin comprender su razonamiento. 
Ahora estamos celebrando un debate y el señor Voggenhuber se queja de que eso tampoco es correcto porque solo intervienen presidentes de Grupo. 
De una manera o de otra, tenemos que estructurar lo que estamos haciendo y por lo tanto ahora le planteo que si la propuesta del Grupo liberal se ha sometido a debate a pesar de haberse presentado fuera de plazo, entonces está igualmente justificada la propuesta de mi colega, el señor Swoboda, según la cual una vez decidido que se va a elaborar una resolución, solicitamos que la votación de la misma se retrase hasta el próximo periodo parcial de sesiones adicional de Bruselas, que es la ocasión posible. 
Pido que lo votemos ahora, como exige el Reglamento, tras la intervención de un orador a favor y otro en contra. 
Muy bien, entonces hay una propuesta del Grupo Socialista, que la Presidencia admite a votación, para que la votación de esta resolución tenga lugar en el próximo periodo parcial de sesiones, en Bruselas. 
Señor Presidente, quisiera señalar que afortunadamente no se va a celebrar ningún periodo parcial de sesiones adicional en Bruselas; la próxima sesión plenaria en toda regla va a tener lugar, por el contrario, aquí en Estrasburgo. 
Muy bien, gracias por su observación. 
Señor Presidente, este conflicto no solo está siendo objeto de debate a diario en toda Europa, en todos los periódicos y entre los hombres y mujeres de a pie; se trata de un conflicto con profundas implicaciones y del que se habla en todo el mundo. 
Desde luego, no puede ser que una sola institución no lo debata y no apruebe una resolución al respecto, que el Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos para que los represente, decida guardar silencio sobre uno de los mayores conflictos que ha vivido Europa. 
¡Sencillamente no puede ser cierto que esto suceda! 
Procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Socialista para que la votación de la resolución tenga lugar en el próximo periodo parcial de sesiones. 
Aún hemos de votar sobre la tercera propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para que se aplazara un punto del orden del día, concretamente las Perspectivas para Bosnia y Herzegovina. 
Yo creo que ha habido una enorme confusión en el debate y en la votación que ha tenido lugar. 
Al haber aceptado la Cámara que solo haya un orador por Grupo, no hay que modificar el orden del día y se mantiene el debate tal y como estaba previsto y aprobó la Conferencia de Presidentes. 
Lo único que cambia, señor Presidente, es que habrá una resolución, nada más. 
Tendremos que ser todos disciplinados en el uso del tiempo para que podamos tratar todos los temas y ninguno decaiga. 
Si ustedes se comprometen a hacerlo así, no hemos de modificar el orden del día. 
(1) 
Pasamos al turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención de todos ustedes sobre una reciente conferencia celebrada en Londres sobre las drogas en Afganistán. 
Nos enfrentamos a una grave amenaza de invasión de heroína procedente de la amapola afgana que acabará con la vida de muchos europeos, sobre todo de europeos jóvenes. 
Presido el Círculo Afgano del Parlamento Europeo y por tanto conozco el problema a que se enfrentan los líderes de Afganistán, con los que me he reunido muchas veces, que es el hecho de que más del 60 % de su economía depende de la amapola. 
Los países de la región se reunieron por primera vez en la conferencia de Londres para ofrecer apoyo a Afganistán. 
La cooperación regional es el camino a seguir. 
El distinguido Ministro de Exteriores de Kazajstán, el señor Tokaev, por ejemplo, ha dicho que Kazajstán está financiando un programa que proporciona a los agricultores afganos semillas alternativas, equipamiento y consejos sobre cultivos alternativos. 
Otros están haciendo lo mismo y, como saben ustedes, Gran Bretaña está desempeñando un papel protagonista en la guerra contra las drogas. 
Nuestro Parlamento debería celebrar un debate sobre la amenaza mundial de las drogas. 
Hablamos del terrorismo y de la gripe aviar, pero las drogas están destruyendo las vidas de muchas personas. 
La Directiva que regula el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea entró en vigor el 23 de enero. 
Ahora podrán trabajar, estudiar o residir también en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Los socialistas de los nuevos Estados miembros siempre hemos apoyado la integración de las personas procedentes de terceros países. 
No obstante, no podemos aceptar que se encuentren en una situación más favorable en el mercado laboral que los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Las estadísticas sobre la circulación de trabajadores después de la ampliación no justifican el temor a un dúmping social. 
El informe de la Comisión, aceptado el 8 de febrero, afirma que el efecto positivo de la circulación de trabajadores es un factor decisivo. 
No obstante, la Presidencia austriaca ha continuado apoyando la ampliación de las restricciones. 
La tarea del Parlamento Europeo es representar a todos los ciudadanos europeos. 
Por lo tanto, pido a todos los colegas de esta Asamblea que inicien un proceso de reflexión conjunta que nos permita acabar con esta contradicción lo más pronto posible. 
Señor Presidente, los ciudadanos europeos carecen de una lengua común. 
Por eso, las diferentes instituciones de la Unión cuentan con servicios que posibilitan la comunicación. 
En España, la existencia del castellano como lengua común y su reconocimiento como lengua oficial del Estado no impiden que se reconozca a los ciudadanos el derecho a usar otras lenguas españolas con estatuto de oficialidad: el gallego, el catalán y el vasco. 
Todas ellas son también lenguas europeas, forman parte del espacio- e incluso del hiperespacio- europeo de comunicación y tienen vocación europea. 
El Gobierno español ha propuesto la fórmula del acuerdo administrativo para asumir, sin cargas para las instituciones comunitarias ni para los demás Estados miembros, la promoción de un uso razonable de estas lenguas en el ámbito de la Unión. 
Esta propuesta se ajusta a la normativa lingüística vigente y ha sido aceptada por el Consejo y el Comité de las Regiones. 
Señor Presidente, no conozco razones que justifiquen que no se hayan producido avances en su aceptación, pues se han dado las condiciones para la cooperación solicitada, se fortalecerá el papel del Parlamento como casa de los ciudadanos, se aportará coherencia institucional y se creará valor democrático. 
Nuestra Institución no puede quedar a la zaga de las demás en esta materia. 
Señor Presidente, Señorías, soy de Leipzig; hace tres semanas, dos ingenieros fueron secuestrados en Iraq y hasta ahora no hay indicios de que continúen con vida, aparte de un mensaje grabado en vídeo en el que sus captores amenazan con matar a ambos. 
Esto no solo tiene inquietos a sus familiares y parientes directos, sino también a un número inmenso de personas de Leipzig, que están muy preocupadas y expresan su pesar en oraciones por la paz y vigilias. 
Un secuestro de este tipo no es un asunto meramente nacional; puesto que ambos son ciudadanos alemanes y europeos a la vez, quisiera preguntar al Consejo y a la Comisión qué han hecho mientras tanto para salvar las vidas de estos rehenes y rogarles que emitan un mensaje de solidaridad y ayuda práctica. 
Señor Presidente, le pido que haga lo mismo en nombre de esta Asamblea. 
– Señor Presidente, solamente quisiera llamar la atención de los demás diputados sobre la dramática y trágica situación de los viticultores del sur de Europa y, en especial, de Languedoc-Rousillon, que este miércoles saldrán por miles –decenas de miles– a las calles de las grandes ciudades del sur de Francia para manifestar su desolación. 
El volumen de negocios de un viticultor es de 20 000 euros al año. 
Los gastos fijos ascienden a 15 000 euros, y por tanto le quedan 5 000 euros para vivir durante todo el año. 
Conocemos las causas subyacentes a esta trágica situación: acuerdos de libre cambio irracionales, como sucedió hace poco, en el mes de noviembre de 2005, con los Estados Unidos, Sudáfrica, etc., es decir, con países en los que las condiciones climáticas, ambientales, sociales y fiscales son diferentes. 
Se trata, por tanto, de una competencia desleal. 
Gracias, señor Presidente, por haber tomado conciencia de la trágica situación de los viticultores, incluidos los de España, Italia, Grecia y Francia. 
– Señor Presidente, el 9 de febrero el Parlamento italiano aprobó una ley que interfiere de modo flagrante en la soberanía de Eslovenia y Croacia. 
La ley concede de manera unilateral la ciudadanía italiana a los descendientes de los ciudadanos de estos dos países que han residido en los territorios que Italia cedió a la antigua Yugoslavia de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Paz de 1947 y el Tratado de Osimo de 1975. 
Esto supone una especie de reocupación de los territorios sobre los que Italia, como potencia derrotada del Eje Berlín-Roma, perdió definitivamente su soberanía. 
Vista la integridad del sistema europeo de paz instaurado tras la II Guerra Mundial, dicha ley representa una amenaza para la paz y la seguridad en Europa. 
Por tanto, quiero instar al Presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, a que haga uso de su derecho de veto y no apruebe la ley. 
– Quiero saludar el trigésimo aniversario, el 27 de febrero, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y rendir con ello homenaje a la justa lucha del pueblo saharaui por la libertad y por el derecho a la autodeterminación y la independencia. 
Quisiera señalar que, en su resolución de 27 de octubre del año pasado, el Parlamento declaró su apoyo a una solución justa y duradera para el Sáhara Occidental, basada en el Estado de Derecho y en el Derecho internacional, y conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
A pesar de los importantes esfuerzos, concesiones unilaterales y gestos de buena voluntad por parte del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, el proceso se sigue viendo frustrado por la actitud intransigente, por decirlo suavemente, del Gobierno marroquí, que se niega a reconocer los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Por lo tanto, es de una importancia apremiante que apliquen de inmediato medidas eficaces con el objetivo claramente declarado de descolonizar el Sáhara Occidental. 
– Señor Presidente, Mittal Steel ha lanzado una OPA hostil sobre Arcelor que supone una amenaza para cerca de 50 000 puestos de trabajo en Europa. 
Arcelor, grupo nacido de la CECA, permitió adaptar la siderurgia al nuevo orden mundial a costa de esfuerzos financieros y humanos sin precedentes, que podrían darse por perdidos. 
Si me preocupan las consecuencias sociales desde el punto de vista de la protección de los trabajadores y del mantenimiento de los puestos de trabajo, me pregunto también por la capacidad de la industria europea para afrontar las fusiones y transformaciones derivadas de la globalización. 
Sin embargo, más allá de las posiciones nacionales, los trabajadores del acero esperan sin duda una respuesta de Europa. 
Esa respuesta debe pasar por la adopción de una política industrial europea ambiciosa, dotada de medios financieros suficientes y respaldada por la concesión de una prioridad presupuestaria clara a la investigación y desarrollo y a la innovación. 
Este asunto demuestra que, en los ámbitos económicos clave de la Unión, debemos aportar respuestas a largo plazo y ser, en particular, el motor de la regulación internacional. 
La construcción europea comenzó con el acero, que es todo un símbolo, y debe tener la posibilidad de proseguir sin abandonar Arcelor ni a sus trabajadores. 
– Señor Presidente, hace dos meses votamos aquí sobre las ideas del señor Alavanos con respecto a las escuchas telefónicas. 
Tengo que comunicarles algo preocupante: el Primer Ministro de Grecia, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Orden Público, el Comisario Jefe de Policía, el Jefe de los Servicios Secretos y el Jefe de la Brigada Antiterrorista han tenido «pinchados» sus teléfonos durante un año. 
Los han tenido intervenidos durante un año, durante un año han sido incapaces de descubrir por obra de quién, y nadie sabe exactamente cuántos planes o qué conversaciones secretas con los miembros de la Unión Europea se han filtrado. 
Por consiguiente, quisiera averiguar, a través del Parlamento, hasta qué punto se ha informado a la Unión Europea de estas escuchas telefónicas, en este caso, de teléfonos móviles Vodafone. 
En segundo lugar, puesto que es tan fácil «pinchar» los teléfonos y me refiero al teléfono del Primer Ministro de Grecia, al teléfono del Ministro de Salud Pública griego, al teléfono del Ministro de Asuntos Exteriores griego, ¿qué seguridad podemos tener de que no se estén «pinchando» los teléfonos aquí, en el Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el destino de Anton Kuzniecov, un ciudadano ruso que llegó a Polonia desde Rusia hace más de 10 años y solicitó asilo político. 
El señor Kuzniecov se marchó de Rusia cuando fue llamado al servicio militar. 
Lo hizo debido a la persecución que había tenido que sufrir por su condición de homosexual y activista en pro de los derechos humanos. 
Las autoridades polacas se niegan a concederle el asilo político y tienen la intención de deportarle a Rusia. 
Varios informes elaborados por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, como el Consejo de Europa, confirman que los homosexuales son objeto de represión en Rusia. 
Si es devuelto a Rusia, el señor Kuzniecov tendrá que cumplir su servicio militar en un batallón penal junto con delincuentes. cree que si esto sucede, la vida del señor Kuzniecov podría correr peligro, dada su condición de homosexual. 
Actualmente, el señor Kuzniecov está siendo objeto de humillaciones y persecución en Polonia, y está recibiendo un trato desconsiderado por parte de los funcionarios. 
Y lo que es más grave, podría ser deportado de un momento a otro. 
El señor Kuzniecov desea empezar una nueva vida en libertad en un lugar donde se respeten sus derechos. 
A sus ojos, la Unión Europa todavía representa el respeto de los derechos humanos y una existencia digna. 
El Parlamento Europeo no puede permanecer indiferente ante su situación. 
– Señor Presidente, en pocos días decidiremos el destino de la Directiva de Servicios. 
Esa será una prueba crucial de si la UE se está tomando al pie de la letra la agenda de Lisboa, porque el sector servicios es una de las principales fuentes de crecimiento económico rápido. 
No obstante, hoy el gigante de la UE ampliada es como Gulliver en Liliput, puesto que su inmenso potencial se encuentra atado por innumerables cuerdas de reglamentos proteccionistas. 
Nuestro reto es desmantelar la compleja red de prácticas anticompetitivas, que está minando la confianza en una verdadera integración europea. 
Nuestra responsabilidad esta semana es abrir el sector de los servicios a una competencia libre y justa. 
Los nuevos Estados miembros no son una amenaza para el mercado interior de la UE, sino un activo. 
Por lo tanto, los compromisos respecto a la Directiva de Servicios no deberían servir para bloquear la dinámica de este importante cambio. 
Señor Presidente, la reacción de los países islámicos ante las caricaturas de Mahoma publicadas en la prensa danesa demuestra que, por lo que respecta a la cultura y a la civilización, existe una brecha muy profunda entre los países islámicos y los países que se basan en principios cristianos. 
Los seguidores del islam no entienden la diferencia entre lo que se dice de broma y lo real. 
Nuestra cultura, en cambio, se basa en metáforas y símbolos. 
Por ejemplo, Descartes dudó durante mucho tiempo hasta de la existencia del mundo. 
El malentendido al que me he referido confirma la creencia de que países islámicos como Turquía no tienen cabida en Europa. 
También parece indicar que el mundo islámico necesita nuestra ayuda. 
Estamos dispuestos a dársela, pero a distancia. 
– Señor Presidente, hace dos semanas se descubrió en Grecia la actuación de una nutrida banda de ladrones de llamadas telefónicas. 
El Gobierno griego tuvo conocimiento del problema en marzo de 2005, pero lo ocultó durante once meses. 
El problema político que esto ha ocasionado es enorme y también concierne al Parlamento Europeo. 
En primer lugar, el Gobierno griego no parece haber notificado a la Comisión o al Consejo los agujeros del sistema de seguridad en Grecia, especialmente en un momento en que Europa estaba debatiendo la famosa directiva sobre la retención de nuestros datos sensibles de telecomunicaciones por intermedio de las bases de datos de los proveedores de servicios que, según se ha visto, están llenas de agujeros. 
En segundo lugar, el Gobierno griego tampoco lo notificó al resto de Estados miembros para que pudieran adoptar medidas inmediatas para la salvaguarda y protección de los datos de sus ciudadanos por parte de Vodafone y Ericsson. 
En tercer lugar, la autoridad nacional independiente responsable de salvaguardar la confidencialidad de las comunicaciones también descubrió el incidente. 
Y en cuarto lugar, esta tampoco notificó a las víctimas de los «pinchazos» durante once meses enteros, exponiéndolos al riesgo de que se siguiera violando su confidencialidad. 
– Señor Presidente, los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tienen el derecho de petición, consagrado en los Tratados. 
Sin embargo, las normas de funcionamiento de la Comisión de Peticiones no son claras y se tiene la impresión de que a menudo se persiguen objetivos egoístas y/o políticos a través de dicha comisión. 
Los ciudadanos europeos son objeto asimismo de un trato discriminatorio y voy a explicar de qué modo: con la excusa de que existen procedimientos judiciales pendientes, sus casos no han desembocado en la redacción de un informe. 
En cambio, mañana se va a presentar el informe Cashman sobre un caso en el que existe una decisión pendiente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y procedimientos en curso ante los tribunales nacionales. 
En este caso, no se ha tenido en cuenta la existencia de procedimientos pendientes. 
Aunque sea a última hora, le pido, señor Presidente, que impida la aprobación del informe Cashman, no por su contenido, sino para que no cree un precedente de interferencia en la labor judicial y de trato discriminatorio de los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en los últimos días ha habido varios casos de misioneros asesinados en Burundi y en Filipinas. 
Ayer, en Angola, fue asesinado un misionero de ochenta años. 
Naturalmente, el caso que nos ha tocado más de cerca ha sido el de Don Andrea, un misionero italiano asesinado en Trebisonda, Turquía. 
Quiero rendir homenaje a este hombre y resaltar su sacrificio, entre otras cosas porque se inscribe en un clima de tensión entre el mundo islámico y Europa. 
En su nombre quisiera pedir que se apoye a quienes quieren romper este círculo de odio, porque estoy segura de que existe una gran mayoría de hombres y mujeres de buena voluntad tanto entre los musulmanes como entre los cristianos, como de hecho entre los ateos y los no creyentes. 
Quiero, pues, recordar el mensaje de Don Andrea también en este Parlamento. 
Señor Presidente, la libertad de expresión en la Unión Europea, manifestada en directivas y reglamentos, ha impuesto limitaciones a la forma de los plátanos, al volumen de producción de leche y a la temperatura del agua de fregar. 
También ha generado un mercado libre que solo lo es para los monopolios, el terrorismo mediático y la violencia perpetrada por los seguidores de Mahoma que se sintieron insultados por ciertas caricaturas de la que todos hemos sido testigos.. 
El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, tal como está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, no se puede interpretar como carta blanca para ofender la sensibilidad religiosa de los creyentes y esto debería aplicarse a todas las religiones. 
Los polacos estamos muy versados en las verdades del Evangelio. 
Sabemos que «el buen árbol da buena fruta» o, en otras palabras, «por sus obras les conoceréis». 
Por lo tanto, deberíamos extraer las conclusiones apropiadas de los sucesos recientes y aplicar las disposiciones establecidas para proteger los derechos humanos y la democracia, de manera que libertad de expresión no acabe significando falta de respeto e irresponsabilidad. 
Si no respeta los principios éticos y morales, la libertad acabará convirtiéndose en ilegalidad destructiva o incluso en una dictadura del relativismo. 
– Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea se encuentra realmente en una encrucijada. 
La mejora de nuestro proceso de toma de decisiones está en suspenso. 
Los países de la última ampliación descubren una Unión menos solidaria que en la época de sus predecesores, como atestigua un proyecto de presupuesto minimalista. 
Los pueblos de Europa se preocupan, y con razón, ante la deriva de la Comisión y de la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros, que quieren instaurar unas normas de competencia desenfrenada entre ellos. 
Pienso, en especial, en el tema de la fiscalidad. 
Si privilegiamos la Europa de la solidaridad y rechazamos la de los egoísmos, entonces, Señorías, aprovechemos la ocasión de estar mañana junto a los manifestantes en el llamamiento de la CES, si es posible provistos de nuestras bufandas. 
Les invito a ello para demostrar a los ciudadanos de toda Europa que muchos de sus representantes electos están con ellos y comprenden su más que legítima preocupación. 
– Señor Presidente, el furor en torno a las caricaturas danesas está causando estragos en Europa y en el resto del mundo. 
Lamento que los diputados al Parlamento Europeo solo vayan a celebrar un debate restringido sobre este asunto, pero confío en que –independientemente de lo que opinemos de la publicación de las caricaturas– condenarán sin reservas la violencia y destrucción cometidas a causa de la ofensa. 
Pero los esfuerzos por rebajar la tensión se han visto desbaratados por los verdaderos crímenes cometidos contra los musulmanes, no solo el secuestro y la detención ilegales –como en la Bahía de Guantánamo, que debatiremos esta misma semana–, sino también los asaltos perpetrados por la fuerzas de ocupación. 
Más recientemente, ayer se publicó un vídeo que al parecer mostraba a soldados británicos apaleando a jóvenes iraquíes. 
Los derechos humanos y el Estado de Derecho deben ser respetados universalmente por todos, creyentes de todas las confesiones o de ninguna. 
Discrepo con mi colega de la derecha. 
No creo que viva en un Estado cristiano o un territorio cristiano y espero con sumo agrado la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros agradecieron enormemente el coraje del Reino Unido, de Irlanda y de Suecia al abrir sus mercados laborales inmediatamente después de la ampliación de la Unión, en mayo de 2004. 
El informe presentado por el Comisario Špidla confirma que estos tres países no se han visto perjudicados por la apertura de sus mercados laborales y que, por el contrario, las personas procedentes de los nuevos Estados miembros han aceptado trabajos poco atractivos para los trabajadores locales. 
Con ello han contribuido al crecimiento económico de dichos países. 
Visto el informe positivo de la Comisión Europea, confío en que los otros doce Estados miembros sigan el ejemplo dado por estos tres países y levanten las restricciones temporales que se aplican a los nuevos Estados miembros con respecto a la libre circulación de trabajadores en el mercado laboral. 
Estoy convencida de que Austria y Alemania también comprenderán que eliminar los obstáculos existentes para la libre circulación de trabajadores procedentes de los países del Este es mejor que tener que hacer frente a la deslocalización de empresas alemanas y austriacas hacia el este. 
Me alegra que la Comisión haya recibido un apoyo significativo por parte de los interlocutores sociales europeos. 
Tanto la organización que agrupa a los empresarios, UNICE, como sorprendentemente la Confederación Europea de Sindicatos, se han pronunciado a favor de que se dé por acabado el periodo transitorio. 
Solo los sindicatos alemanes y austriacos se opusieron a la idea. 
Señor Presidente, Señorías, no existe un objetivo que las fuerzas políticas de Europa persigan con mayor firmeza que la mejora de la competitividad de nuestro continente y la consiguiente reducción del desempleo masivo. 
De ello se desprende que hacer algo por las personas que no tienen trabajo es una tarea creíble y respetable para nosotros. 
Esta semana vamos a votar sobre la Directiva relativa a los servicios, que podría generar, cuando se transponga, 600 000 nuevos puestos trabajos, 100 000 de ellos en Alemania, mi país, siempre que se apruebe tal como la ha presentado la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
En este momento, las perspectivas de que esto ocurra son ínfimas, puesto que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha claudicado y el Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo se ha salido con la suya en todo. 
Eso no ha tenido ninguna influencia sobre los sindicatos, que continúan propagando falsedades y el pánico. 
Mañana esperamos la llegada de 30 000 personas bien organizadas, bien alimentadas y bien vestidas que se manifestarán en contra de la creación de 600 000 puestos de trabajo. 
Quienes tienen trabajo luchan por reservárselo para ellos; eso es inmoral e inaceptable. 
Nos corresponde a nosotros hacer algo por las personas que no tienen trabajo, pues carecen de dirigentes que las trasladen en autobús hasta Estrasburgo. 
– Señor Presidente, Señorías, muchos trabajadores y ciudadanos de la Unión Europea no entienden la pasividad de la Comisión Europea ante la OPA hostil sobre el grupo Arcelor, y les han dolido profundamente las palabras de la Comisaria Nelly Kroes, que considera que no hay que adoptar una estrategia de defensa de los grupos europeos. 
Se contenta con la presencia de grupos internacionales en Europa. 
Esto es olvidar nuestro pasado, es decir, que Europa se fundó sobre la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, es descuidar cualquier idea de política industrial, es creer en las palabras y los compromisos del patrón de Mittal Steel, que sabemos muy bien que a la larga no se respetarán. 
Prueba de ello es el cierre de una fábrica de este grupo en Irlanda, a pesar de los compromisos contraídos con las autoridades locales. 
Por último, quisiera decir que, en esta historia de política industrial, está claro que el grupo Mittal Steel apunta esencialmente a quedarse los fondos propios del grupo Arcelor, que son en gran medida fruto del trabajo de los trabajadores; busca también favorecer las deslocalizaciones a largo plazo y amenaza así... 
– Señor Presidente, quiero intervenir a propósito de la reciente crisis que ha estallado en torno a las caricaturas del profeta Mahoma, a la que también han hecho referencia otros diputados. 
Actualmente estamos experimentando e intentando aclarar los límites de la libertad de expresión y la libertad cultural del mundo libre y teocrático, a menudo basándonos en la teoría del choque de culturas. 
Creo que no existen dos mundos en conflicto –y estoy seguro de que la mayoría de sus Señorías también lo piensan–; creo que existe un único mundo abierto en el que estamos obligados a coexistir. 
Esta crisis ha estallado en un momento de desconfianza mutua entre Occidente y el islam, y me temo que la culpa es de Occidente, principalmente por lo que respecta a la guerra de Iraq. 
Lamentablemente, la opinión pública de Occidente relaciona la fe musulmana con el terrorismo. 
Por el contrario, la opinión pública del mundo islámico considera el terrorismo como un invento de los poderosos de la Tierra para intervenir en los asuntos internos de cualquier país que les plazca. 
Señorías, el mundo en el que vivimos no nos pertenece. 
Es un préstamo de las generaciones futuras. 
Tenemos la responsabilidad de respetarlo. 
– Señor Presidente, traigo algunas noticias alegres. 
Dentro de tres días, el Estado de Lituania va a celebrar su Día de la Independencia. 
Será el 16 de febrero. 
No obstante, me temo que la fiesta nacional de nuestro Estado pasará una vez más inadvertida, porque no es tradición mencionarla. 
Por ello propongo que al menos durante las sesiones plenarias y reuniones del Pleno se mencionen las fiestas nacionales de los Estados que las celebran en esas fechas. 
Sería posible hacerlo mediante diversas referencias en el calendario del periodo de sesiones; quizá incluso sea posible indicar en el tablón de anuncios que tal o cual Estado celebra su fiesta nacional. 
Claro está, la Presidencia de la sesión también podría comunicar a sus Señorías que tal o cual Estado celebra su fiesta nacional. 
Sin duda, esto nos ayudaría a conocernos y aproximaría más a los ciudadanos de Europa a las instituciones europeas. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, el Gobierno británico está llevando a cabo un programa de reorganización de las fuerzas policiales inglesas y galesas a escala regional. 
El motivo alegado es que las estructuras existentes no pueden abordar adecuadamente el terrorismo, el extremismo y el crimen organizado grave. 
No obstante, el verdadero motivo no es potenciar su eficacia, sino fomentar la política de la UE de regionalización de los Estados miembros. 
Cuando se ha dejado elegir a los ciudadanos británicos, han rechazado la regionalización por amplia mayoría. 
Las fuerzas policiales no tendrán ninguna posibilidad de elegir: el Ministro del Interior, Charles Clarke, puso a los 43 Comisarios de Policía ante un ultimátum para que elaboraran planes para una fusión masiva, les gustase o no. 
El Tratado de Roma habla de las regiones, y su significado es cada vez más evidente. 
Pocas personas en Gran Bretaña se dan cuenta del modo en el que su país está sufriendo cambios profundos para convertirse en una mera región de los Estados Unidos de Europa. 
– Señor Presidente, el 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de la Unesco aprobó el Convenio sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales por 148 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. 
Este Convenio reconoce la naturaleza específica de las actividades, los bienes y los servicios culturales, que en ningún caso pueden considerarse meras mercancías. 
En su artículo 20 se subraya que los Estados deberán tener en cuenta el Convenio cuando suscriban otras obligaciones internacionales, como por ejemplo los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Para entrar en vigor, este Convenio debe ser ratificado por treinta países. 
A fecha de hoy, Canadá es el único país que lo ha hecho. 
La Unión Europea, representada por la Comisión, desempeñó un papel capital en la adopción del Convenio. 
¿No deberían nuestro Presidente y el presidente de la Comisión de Cultura y Educación enviar una carta al Consejo, así como a todos los Jefes de Estado y de Gobierno, urgiéndoles a que ratifiquen el Convenio? 
Señor Presidente, querría llamar la atención a sus Señorías sobre los grandes esfuerzos que se están llevando a cabo para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos. 
La Comisión acaba de adoptar el Libro Blanco; tenemos un plan D —de diálogo—, y, en este intento de encontrar nuevas y mejores maneras de comunicarnos, no podemos olvidar la vía natural, que es la lengua propia de los ciudadanos y ciudadanas europeos. 
En España, además del castellano como lengua común, se reconoce a los ciudadanos el derecho a utilizar otras lenguas oficiales: el catalán, el vasco, el gallego; todas ellas lenguas europeas. 
El Gobierno español, en diciembre de 2004, presentó una propuesta al Consejo para autorizar, bajo ciertas condiciones, la utilización de esas lenguas, sin añadir carga alguna a las instituciones de la Unión. 
Tanto la Comisión como el Consejo y el Comité de las Regiones ya han puesto en práctica esta propuesta. 
Queda pendiente el Parlamento. 
Se trata de posibilitar el uso de estas lenguas en la correspondencia entre los ciudadanos y el Parlamento, en la publicación de las disposiciones legislativas y en las intervenciones de los eurodiputados. 
Señor Presidente, esta petición no representa coste alguno para la Institución, sino que, al contrario, sería una riqueza para este Parlamento. 
– Señor Presidente, el año pasado la región de Alsacia se indignó con razón ante la profanación de un cementerio judío en Herrlisheim. 
Dicha profanación fue imputada, sin la más mínima prueba, a un militante del Frente Nacional, un honesto y joven empleado de la Oficina de Bosques, único sostén de su madre. 
Sobre la base de un simple análisis grafológico, que puso de manifiesto que sus ceros eran un poco más pequeños que las demás cifras, fue encarcelado inmediatamente. 
Hoy han sido detenidos, al parecer, los dos autores de esta fechoría. 
No tienen ninguna relación con el señor Lezeau, víctima inocente, pero ni él ni el Frente Nacional han recibido excusas. 
El Frente Nacional fue, por supuesto, totalmente ajeno a esta acción, que le repugna tanto como al resto de la población. 
El fiscal Schultz es responsable de un auténtico escándalo judicial en Colmar. 
– Señor Presidente, he regresado esta noche de Palestina, donde he estado reunida con el Presidente Abbás. 
A este respecto, quisiera transmitirles dos mensajes: el primero es que el Presidente Abbás se dirigirá al Consejo Legislativo palestino a finales de la próxima semana y será extremadamente firme en sus posiciones. 
Está totalmente decidido a no admitir un Gobierno que no acepte los acuerdos de paz y el reconocimiento del Estado de Israel. 
Por tanto, nos encaminamos probablemente a una sucesión de crisis políticas en Palestina, que podría desembocar, quizás dentro de unos meses, en unas elecciones: esta es al menos la visión de las cosas que tiene el Presidente Abbás. 
El segundo mensaje que me entregó y me encargó que le transmitiera a usted y al Parlamento Europeo, es que le encantaría responder a su invitación y participar en el periodo parcial de sesiones de marzo. 
En esa ocasión presentará una descripción detallada de la situación de Palestina y de su marco político. 
Señora De Keyser, le agradezco esta información y la llamada telefónica que me hizo este fin de semana para transmitírmela. 
Con mucho gusto recibiremos al Presidente de la Autoridad Palestina si puede venir aquí. 
– Señor Presidente, Señorías, el 7 de febrero se cumplieron siete años de la detención de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino por las autoridades libias, acusados de infectar a niños con el virus del sida en el hospital pediátrico de Bengasi. 
La sentencia de muerte que les impuso posteriormente el tribunal libio movilizó a las autoridades búlgaras y a la diplomacia europea. 
Aunque el Tribunal Supremo de Libia anuló hace poco dicha sentencia de muerte a la espera de un nuevo juicio, podríamos enviarles un mensaje de apoyo y pedir, al mismo tiempo, a las autoridades libias que garanticen que el nuevo juicio sea imparcial y objetivo. 
También tenemos que apoyar a los niños de Libia infectados con el virus y trabajar al mismo tiempo para crear las condiciones que permitan encontrar una solución justa para ese triste suceso. 
– Señor Presidente, hace aproximadamente dos semanas una niña de 11 años se desmayó en su clase de un colegio del Reino Unido. 
Más tarde se descubrió que había tomado heroína por inhalación. 
Se informó de que llevaba tomando drogas desde hacía varios meses. 
Y no es el único caso: se piensa que miles de niños en Europa toman drogas y hay cada vez más pruebas de que el abuso pediátrico de sustancias está aumentando con rapidez. 
Los niños son muy vulnerables, y la adicción a las drogas en los colegios podría alcanzar en breve proporciones epidémicas si se permite que siga adelante de manera incontrolada. 
Muchos de nosotros creemos que la situación ya se vuelve extremadamente preocupante. 
Por lo tanto, señor Presidente, conociendo su sensibilidad –y la de la mayoría de los diputados y diputadas– respecto a este tema, le insto respetuosamente a que solicite de la Comisión y del Consejo una declaración sobre la situación actual de la drogadicción infantil y la posible necesidad de una revisión urgente de la estrategia a seguir para abordar mejor este alarmante problema. 
– Señor Presidente, actualmente existen 84 directivas relativas a la Estrategia de Lisboa aprobadas por el Parlamento Europeo; 63 de ellas deberían haber sido transpuestas íntegramente por todos los Estados miembros; hasta ahora tan solo se han aplicado plenamente 12 de ellas. 
Según las últimas cifras publicadas por la Comisión, la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural debería haberse transpuesto a más tardar el 1 de julio de 2004. 
Los siguientes países todavía tienen que notificar a la Comisión sus disposiciones de aplicación de dicha directiva: Bélgica, Alemania, Estonia, España, Irlanda, Letonia y Luxemburgo. 
La Estrategia de Lisboa se halla hipotecada por esta morosidad de los Estados miembros. 
Señor Presidente, ¿puede usted escribir a la Comisión y preguntarle qué está haciendo para acelerar la transposición de la Directiva del gas en particular? 
– Señor Presidente, el trágico naufragio del transbordador de pasajeros –una embarcación anticuada de 35 años de edad y mantenida en funcionamiento durante demasiado tiempo– que arrastró a miles de pasajeros y marineros a una tumba bajo las aguas del Mar Rojo, es otro eslabón de la larga cadena de delitos marítimos cometidos en busca de beneficios. 
Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de los pasajeros y marineros que perdieron su vida en vano. 
Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para señalar que, con el ultimátum en forma de opinión razonada remitido por la Comisión Europea al Gobierno griego en diciembre de 2005 respecto de la aplicación del Reglamento nº 3577/92, que adopta las demandas de los armadores con el pretexto de una supuesta competencia desleal, se están aboliendo criterios básicos de navegabilidad y seguridad de los transbordadores de pasajeros, como pueden ser la potencia y el tonelaje registrado de los buques y el límite de 30 años de antigüedad para su retirada, adoptado en nuestro país. 
Instamos a la Comisión Europea a que ponga fin a este procedimiento. 
Existe una necesidad inmediata de que, a través de la Organización Marítima Internacional… 
– Señor Presidente, quiero plantear una cuestión apremiante para la comunidad agrícola de mi circunscripción. 
En el sector agrario de Irlanda del Norte existe una gran preponderancia de arrendamientos de tipo «conacre» , mediante los que un agricultor activo arrienda la tierra durante diez meses cada año de un terrateniente inactivo. 
De acuerdo con el Reglamento (CE) 782/2003 –tal como se está aplicando–, el terrateniente y el agricultor activo no pueden compartir el régimen de pago único relativo al terreno en cuestión. 
Esto ha ocasionado reclamaciones por duplicado respecto al mismo terreno por parte del arrendatario y del agricultor. 
Ahora ambos se enfrentan a la multa por impago total. 
La causa principal es la confusión y el error, más que el fraude. 
La amenaza de retención de todo el régimen de pago único es totalmente desproporcionada y potencialmente ruinosa para muchos. 
Por ello, pido a la Comisión que establezca un enfoque capaz de aportar una solución y asegurar el objetivo de los regímenes de pago únicos, es decir, un nivel de vida justo para los agricultores. 
Señorías, el acuerdo entre Alemania y Rusia para construir un gasoducto a través del fondo del Mar Báltico ha planteado muchos interrogantes. 
Se critica no solo por el egoísmo económico de Alemania, que pisotea el principio europeo de solidaridad declarado y aumenta el riesgo de que Rusia ejerza una influencia económica y política sobre los países de la Unión Europea. También existe una gran amenaza a raíz de un legado de la II Guerra Mundial: las armas químicas sepultadas en el fondo del Mar Báltico hace 50 años. 
El ecosistema marino se encuentra amenazado por 292 000 toneladas de armas químicas. 
El Mar Báltico no es un lago interior de Alemania o de Rusia. 
En sus costas tienen su hogar los ciudadanos de otros seis Estados de la Unión Europea, para quienes el mar es fuente de ingresos y lugar de recreo. 
Cuando el mar se utiliza de manera intensiva para la pesca y otras actividades económicas, la construcción de un gasoducto y dichas armas químicas se convierten en motivo de preocupación para la comunidad internacional. 
Para evitar una catástrofe ecológica en el Mar Báltico, les insto a que animen a la Comisión a que realice un estudio exhaustivo de los posibles efectos del gasoducto, considerado un proyecto comercial privado, sobre la ecología del Mar Báltico. 
Este año la comunidad internacional se enfrenta a un reto importante con las próximas negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. 
Es un asunto de enorme trascendencia y el futuro de la región determinará la situación y las perspectivas europeas de toda la región de los Balcanes Occidentales. 
Es evidente que Kosovo está perdido para Serbia, no solo porque los albaneses, que constituyen el 90 % de la población, no quieren vivir allí, sino también porque esta actitud cuenta asimismo con el apoyo de varias superpotencias, como los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. 
La Unión Europea no ha formulado todavía su posición, aunque esto se debería considerar un asunto urgente. 
Mi pregunta es si la comunidad internacional concede a Kosovo el derecho de secesión, el derecho a independizarse, ¿por qué ha de concederse este derecho a toda la región, incluidas las zonas habitadas por serbios? 
¿Por qué se excluye de entrada la posibilidad de una división del territorio? 
¿Por qué se recompensa a los albaneses y se castiga a los serbios? 
Si el estatuto de Kosovo no se resuelve con tino, el resultado será una desestabilización a largo plazo… 
Señor Presidente, la Comisión Europea ha presentado un informe con respecto al funcionamiento de las restricciones del acceso de ciudadanos de los nuevos Estados miembros al mercado laboral en los países de los Quince. 
Dicho informe demuestra de manera concluyente que las preocupaciones en relación con la apertura del mercado laboral eran infundadas. 
La afluencia de trabajadores a los antiguos países miembros es bastante reducida y los países que abrieron sus mercados laborales han salido beneficiados en muchos aspectos. 
Lamentablemente, a pesar de estas conclusiones tan claras, la mayoría de los demás Estados miembros siguen queriendo mantener las restricciones actuales durante varios años. 
¿Por qué no adopta la Comisión una posición mucho más firme, vistos los resultados de su propio informe y en su papel de guardiana de los Tratados, y presiona para que se levanten las restricciones en relación con el acceso al mercado laboral en los demás Estados miembros? 
También quisiera preguntar por qué se consiente que se mantengan esas restricciones. 
Además de ser contrarias a las disposiciones de los Tratados y al espíritu de la integración europea, también están frenando el crecimiento económico de la Unión, merman su competitividad y crean las condiciones para que surjan aberraciones como el trabajo sumergido y el autoempleo ficticio. 
Confío en que la Comisión realice un esfuerzo decidido para garantizar el levantamiento de esas restricciones tan perjudiciales. 
Señor Presidente, muchos periódicos europeos han publicado recientemente caricaturas del profeta Mahoma, haciendo con ello mofa del islam. 
Sus indignados seguidores respondieron quemando banderas y atacando las embajadas de países europeos. 
Además, un sacerdote italiano fue asesinado en Trebisonda, en Turquía. 
Esta escalada de odio y de violencia ha sido desencadenada y alimentada por medios de comunicación liberales de izquierda, que llevan mucho tiempo atacando a todo tipo de religiones. 
En nombre de una falsa noción de libertad estamos siendo testigos de la profanación de la fe y de Dios, creencias sagradas para millones de personas. 
Los medios de comunicación proclaman a bombo y platillos la intolerancia religiosa, el nihilismo moral y la anticultura ante nuestros propios ojos. 
La libertad de una persona acaba donde comienza la de otra. 
La libertad de expresión en los medios de comunicación no debe suponer la conculcación de los derechos y libertades de otras personas. 
La libertad no insulta, no desprecia a nadie, no se mofa, no degrada y no se burla de lo sagrado. 
La libertad equivale al respeto a la dignidad, las convicciones y la vida de otras personas. 
Deberíamos tenerlo en cuenta a la vez que nos enfrentamos con el creciente deterioro de la cultura europea. 
Permítanme formular un llamamiento a favor del retorno a los valores fundamentales de la civilización occidental, donde no tiene cabida el odio que prolifera actualmente en los medios de comunicación europeos. 
– Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para hacer constar mi desprecio por una decisión tomada por un grupo de alto nivel –que supongo que es la Comisión– de hacer caso omiso de la Comisión de Control Presupuestario y volver a nombrar al señor Brüner al puesto de Director General de la OLAF. 
El señor Brüner es una persona sumamente controvertida y sus decisiones se han cuestionado en numerosas ocasiones. 
Durante su primer mandato apoyó la caza de brujas contra periodistas como Hans-Martin Tillack, que sacó a la luz diversos fraudes. 
También ha sido criticado por políticos y su consejo supervisor y no creo que tenga la confianza de este Parlamento, de la prensa o del público. 
Esto también demuestra la total inutilidad de este Parlamento y de su sistema de comisiones. 
Los candidatos al puesto comparecieron ante la Comisión de Control Presupuestario. 
Les interrogamos y finalmente votamos por un candidato mejor, de Suecia. 
Ahora resulta que todo el largo proceso fue una parodia carente de sentido. 
Damos por terminado el turno de intervenciones. 
De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe de Thijs Berman, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne (COM (2005) 0221- C6- 0190/2005- 2005/0099 (CNS) ) (A6-0017/2006). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera empezar expresando mi agradecimiento a los miembros de las comisiones que han examinado este asunto y evidentemente también al ponente, el señor Berman, por su valiosísimo trabajo y por todos los esfuerzos que ha realizado para concluir esta iniciativa de manera positiva. 
Soy consciente de que cuando las propuestas llegan a la fase decisoria, a veces no satisfacen plenamente a todas las partes. 
Algunos desearían que se avanzase más en una dirección, quizás con la impresión de que no se ha llegado suficientemente lejos, mientras otros tal vez piensen que deberíamos ser más conservadores y que ya se ha ido demasiado lejos. 
No obstante, aun así creo que la presente propuesta, en su redacción actual, con muchas de las enmiendas presentadas, es una propuesta lógica que establece un equilibrio entre la necesidad de mejorar, por un lado, el trato dado a los animales, su bienestar, especialmente en el sector de los pollos, a la vez que tiene en cuenta el coste y la carga financieros que puede suponer para la industria y para las empresas del sector. 
No deberíamos subestimar, sin embargo, en primer lugar, la estrecha vinculación entre un trato adecuado de los animales y la salud de los mismos, un aspecto particularmente importante cuando se están debatiendo las medidas que se van a adoptar para combatir la gripe aviar, que ya ha llegado a la Unión Europea, si bien solo ha afectado a las aves salvajes. 
Al contrario, si aseguramos un trato adecuado de los animales, todas las medidas de protección y todas las precauciones que adoptemos serán mucho más eficaces. 
Ha mejorado mucho la supervisión y la detección de los problemas sanitarios que se pueden plantear, lo cual, evidentemente, se traduce, desde un punto de vista práctico, en menos enfermedades y menos muertes de animales, menos pollos inviables en tales circunstancias y, por consiguiente, menos pérdidas y costes más bajos. 
Por lo tanto, aunque a primera vista pueda parecer un gasto para los empresarios, para los productores y para los agricultores, en realidad es un beneficio que se traducirá en un ahorro y reportará beneficios financieros a los productores. 
Además, quisiera añadir brevemente que el Banco Mundial publicó hace poco un informe que establece los beneficios financieros de la aplicación de una política de bienestar para los animales y ofrece una prueba de que estas políticas también reportan beneficios financieros. 
El segundo punto que quiero comentar es, evidentemente, el tema de la ayuda a los productores. 
Es especialmente importante que estos no tengan que hacerse cargo de todo el gasto, aunque los consumidores europeos están dispuestos a pagar más si saben que determinados productos se han obtenido aplicando políticas a favor del bienestar y el trato adecuado de los animales. 
El etiquetado –voluntario inicialmente; más adelante presentaremos un informe sobre el etiquetado obligatorio– brindará a los productores la oportunidad de sacar el máximo partido del cumplimiento de una política bien acogida por los ciudadanos europeos y, según se desprende de nuestros estudios e investigaciones, podrán cobrar un poco más, ya que los consumidores europeos están dispuestos a pagar más. 
También existe, naturalmente, una estrategia general con una diversidad de varias propuestas, el plan estratégico para el bienestar animal, aprobado recientemente por la Comisión y que se va a presentar al Parlamento para su debate. 
Aunque la presente propuesta se haya anticipado a la relativa al plan de acción, está en consonancia con los principios, la filosofía y las propuestas del mismo. 
Por último, quisiera mencionar el tema bien conocido de la Organización Mundial del Comercio. 
Sé que los productores europeos a menudo pueden tener la impresión de que se encuentran en desventaja con respecto a terceros países. 
Se están realizando esfuerzos constantes por establecer condiciones de bienestar y de trato apropiado de los animales en el mercado internacional. 
No resulta fácil, pero lo estamos impulsando. 
La reciente adopción por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal de principios relativos al trato adecuado de los animales constituye un primer paso en esa dirección y vamos a intensificar los esfuerzos en ese mismo sentido. 
No obstante, habida cuenta del altísimo nivel de sensibilidad de los consumidores europeos, creemos que el etiquetado podría suponer una ventaja para los productores europeos. 
Seguir políticas de bienestar animal no será desventajoso para ellos. 
Al contrario, una actuación de ese tipo les proporcionará acceso al amplísimo mercado de consumidores europeos. 
La Unión Europea tiene que respetar y plasmar en forma de ley las cinco libertades del animal, a saber, las de no pasar sed ni hambre y no sufrir desnutrición, incomodidades, dolor, lesiones ni enfermedades, la libertad de tener un comportamiento normal y la ausencia de miedo y angustia. 
La presente directiva recoge estas libertades y no lo hace de manera prematura. 
Son sobre todo y ante todo los consumidores y ciudadanos europeos quienes exigen que se respete a los animales y quienes –en un número cada vez mayor de países– están dispuestos a pagar un precio razonable a cambio. 
Es positivo que la Comisión presentara, hace tres semanas, el plan de acción para el bienestar animal. 
Los acuerdos y normas de este tipo deben ser de ámbito europeo; de lo contrario, los Estados miembros empezarán a competir entre sí a expensas del bienestar animal. 
En este momento, la principal preocupación del consumidor europeo en materia de bienestar animal se refiere a los pollos de engorde. Una inquietud alimentada por los informes sobre el hacinamiento en las granjas de pollos y ciertos métodos de crianza destinados a acelerar todavía más el crecimiento, en lugar de fortalecer la estructura ósea, el corazón y los pulmones. 
Demasiados animales sufren lesiones en las piernas y el pecho debido a la mala calidad de la paja. 
Con mi informe y las enmiendas asociadas, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural transmite un mensaje claro a la Comisión y al Consejo en pro del bienestar animal y de ciertos requisitos de calidad, pero también en pro de cierta flexibilidad con respecto al avicultor. 
En mi informe también he intentado establecer dos principios que no figuraban aún en la directiva. 
En primer lugar, la selección genética, la cría de animales con vistas a obtener determinadas características, no debería comportar en ningún caso una disminución, o un riesgo de disminución, del nivel potencial de bienestar de una especie animal. 
Este principio debe ser una piedra angular de cualquier directiva en materia de bienestar animal. 
En segundo lugar, el bienestar animal no debería tratarse como una cuestión secundaria frente a los criterios socioeconómicos. 
A la luz de este principio tiene sentido someter la calidad de los gallineros al cumplimiento de determinados criterios. Criterios que los buenos avicultores han seguido durante mucho tiempo, ya que reducen las tasas de mortalidad y, por tanto, aumentan la producción. 
Como ya ha señalado el Comisario Kyprianou, el bienestar animal redunda en favor de los intereses económicos de los avicultores. 
La directiva también prevé controles profesionales diarios del bienestar y la salud, que constituyen una medida preventiva importante contra las enfermedades animales, especialmente en el momento actual. 
Aun así, las aves de corral necesitan más espacio del que a menudo se les ofrece. 
La enmienda que hemos presentado con la señora Jeggle especifica que el número máximo de aves de corral por metro cuadrado en los días inmediatamente anteriores a su transporte al matadero se debe reducir a 38 kilos por metro cuadrado y a 34 kilos para 2013. 
Muchos Estados miembros de la Unión ya están por debajo o se aproximan a ese límite. 
No apoyo las enmiendas que propugnan densidades todavía más bajas. 
Aunque los expertos creen que el bienestar animal se ve más amenazado cuando se supera la densidad de 30 kilos por metro cuadrado, no se trata de un límite absoluto por encima del cual sea inevitable el desastre. 
Por encima de los 30 kilos por metro cuadrado, todo depende de la buena gestión y en ella puede confiar precisamente la Asamblea. 
Por esto la aplicación de las normas a los avicultores debe ser flexibles. 
Las exigencias en materia de calidad y las sanciones van de la mano, pero deberían ser proporcionadas y fomentar la mejora de la gestión. 
No tiene ningún sentido aumentar la severidad de las multas o su duración más allá de lo estrictamente necesario. 
Quienes se oponen a la directiva afirman que la competencia mundial impide aplicar normas de este tipo en materia de bienestar animal y alegan que Europa está sujeta a exigencias más estrictas que los demás países. 
De hecho, no es así. 
Brasil, que es nuestro mayor competidor en el sector de la avicultura, ya hace todo lo que exige la presente directiva. 
Aunque Europa cerrara sus fronteras a los animales maltratados, la carne brasileña seguiría entrando sin dificultad. 
Por consiguiente, el sector europeo tendrá que plantearse una reducción de los costes y, por lo tanto, un aumento de la escala de producción o bien la producción de carne fresca de gran calidad cerca del consumidor europeo. 
La directiva fomenta algo que, como se puede observar, ya se está convirtiendo en una tendencia, aunque esto no significa que la Comisión no deba incluir el bienestar animal en el orden del día de la Organización Mundial del Comercio y hacerlo con mayor firmeza que en la actualidad. 
He preguntado a la Comisión con respecto a esta cuestión. 
¿Qué posibilidades ofrece el GATT en lo que respecta al bienestar animal? 
En el artículo 20 de dicho Acuerdo se dice que las restricciones de las importaciones para proteger la vida o la salud de los humanos, los animales o los vegetales están justificadas por razones éticas. 
Tenemos que presionar en esa dirección. 
Europa necesita pruebas concretas para que sus ciudadanos recuperen la confianza en la Unión Europea. 
El desarrollo sostenible es uno de los ámbitos en los que la Unión puede ganar puntos. 
El bienestar animal forma parte del mismo y por esto debe empezar a aplicarse pronto la presente directiva. 
Señora Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria acoge con evidente satisfacción la propuesta de la Comisión respecto a las normas comunes que rigen la crianza de los pollos destinados a la producción de carne, especialmente porque la propuesta incluye claras mejoras con respecto a la protección de los animales, pero también porque pretendemos promover un mercado interior eficaz. 
El gran problema que plantea la propuesta de la Comisión es que se queda corta desde el punto de vista de la protección de los animales. 
Por ejemplo, según las conclusiones a que ha llegado el Comité Científico de Salud y Bienestar Animal, en las que se basa nuestra decisión, la densidad de población debe ser inferior a 25 kilogramos si se desean evitar lesiones importantes y un sufrimiento innecesario. 
De acuerdo con ello, muchos diputados han presentado enmiendas precisamente sobre temas de densidad de población y el sistema de puntuación para la pododermatitis. 
Estas modificaciones son necesarias si queremos garantizar la protección de los animales. 
En el Parlamento Europeo debemos tomarnos en serio la opinión de los expertos y demostrar al Consejo que queremos que la propuesta de la Comisión sea más rigurosa en lo que respecta a la protección de los animales. 
Esto es lo más importante ahora, tal vez más que los detalles de nuestras enmiendas. 
Por ello espero que mañana la mayoría de la Asamblea vote a favor de estas enmiendas que, como he dicho, obtuvieron un apoyo considerable en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Una amplia mayoría, tanto de la derecha como de la izquierda, votó a favor de las mismas. 
. Señora Presidenta, tengo que felicitar al señor Berman y agradecerle su trabajo, porque su posición política ha sido muy constructiva y realista y nos ha permitido alcanzar un equilibrio entre los diferentes puntos de vista expuestos por los colegas. 
Este proyecto de informe, adoptado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre esta nueva directiva para el bienestar de los pollos para engorde, es equilibrado, porque tiene en cuenta las prácticas de producción de la mayor parte de los Estados miembros. 
El punto clave de este informe es el relativo a las densidades, como ustedes saben. 
Por las informaciones que he ido recogiendo, las densidades previstas en el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son más que aceptables en la mayor parte de las regiones europeas, pero podrían plantear algún inconveniente en determinadas zonas muy concretas de la Unión. 
Como ponente, he intentado plasmar la opinión de la mayoría y, desde luego, en cuanto a las enmiendas, les anticipo que no tengo intención de apoyar la mayor parte de ellas. 
Sí me parece, no obstante, que la enmienda 42 responde a una preocupación política muy justificada, que es la de extender a las importaciones de terceros países unos mínimos estándares aplicados ya en la Unión Europea. 
En cuanto a la enmienda 44, que suprime la puesta en marcha de un etiquetado para la carne sometida a la nueva directiva de bienestar, tengo que decirles que se contradice con la necesidad de aportar un valor añadido a esos productos para conceder mayor visibilidad a los esfuerzos que han realizado los productores europeos. 
La Unión Europea viene produciendo en estos años una normativa abundante para mejorar el bienestar de los animales y atender una de las preocupaciones manifestadas por la opinión pública europea. 
De esta forma hemos conseguido mejorar considerablemente, a costa a veces de poner en riesgo la rentabilidad del sector, la protección de las gallinas ponedoras, de los terneros o de las cerdas para cría. 
Hay que reconocer que este esfuerzo debería traducirse en una mejora de la calidad de los productos para el consumidor europeo, calidad que tiene que ir acompañada por una política eficaz en materia de etiquetado. 
Sin embargo, apoyar las enmiendas que se han presentado, que en su mayor parte endurecen la normativa inútilmente, traerá problemas de adaptación en algunas regiones. 
. – Señora Presidenta, este asunto concuerda con la idea de que la Unión Europea debería distinguirse de sus competidores desde el punto de vista del bienestar animal. 
En este asunto, quisiera, antes que nada, felicitar al ponente, el señor Berman, que ha intentado encontrar un equilibrio entre posiciones que eran demasiado dispares. 
Hay que señalar que ha primado un criterio sobre todos los demás, el de la densidad de población. 
Deberíamos condenar la propuesta de la Comisión que recomienda el registro automático de determinados datos, lo que parece difícil de plantear y de amortizar para los pequeños productores. 
Pero volvamos a la densidad de población, que es el principal criterio empleado. 
Un primer enfoque económico de la región valona demuestra que, para un edificio de 1 000 metros cuadrados, sobre la base de una renta media de 72 céntimos de euro por kilo, la pérdida de ingresos anuales se cifraría en un 55 % para una densidad de 30 kg por metro cuadrado y en un 24 % para una densidad de 38 kg por metro cuadrado. 
Esta pérdida de renta estimada es insoportable para el sector. 
La desaparición programada de muchos productores de Europa y una demanda de los consumidores estancada o en alza beneficiarán necesariamente a las importaciones procedentes de países que distan mucho de aplicar nuestras normas, incluso de tenerlas en cuenta. 
El bienestar animal saldría perdiendo en general. 
Por tanto, si bien soy sensible a los argumentos del ponente en el sentido de que la agricultura europea debe avanzar hacia una agricultura sostenible, quiero destacar, para terminar, dos elementos fundamentales. 
En primer lugar, avanzar hacia una mayor calidad conlleva un coste adicional para los productores europeos. 
Es conveniente marcar con una etiqueta y resaltar esta diferencia, de forma que pueda practicarse un precio diferente y se explique la razón de dicho precio, que deben estar dispuestos a pagar los encuestados del Eurobarómetro, que son también consumidores. 
La distribución masiva tiene un papel decisivo que desempeñar a este respecto. 
En segundo lugar, y para acabar, es esencial que hagamos todo lo posible por que la Comisión Europea, con la ayuda de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud Animal, consiga imponer en la OMC una mayor aceptación de las medidas destinadas al bienestar animal. 
– Señora Presidenta, permítame que comience felicitando al señor Berman. 
Puede que sea su primer informe, pero creo que ha realizado un trabajo muy minucioso. 
En cuando al informe en sí, aunque por un lado debo reconocer que no conozco a nadie en esta Asamblea que se oponga al bienestar de los animales –todos estamos, evidentemente, a favor del mismo–, no obstante tengo mis dudas con respecto a esta propuesta, ya que creo que se puede mejorar. 
En primer lugar, impone las mismas normas en toda la Unión Europea, y me imagino que en un clima frío como el de Finlandia o en un clima totalmente distinto como el de Italia, se deberían aplicar normas muy diferentes en lo que se refiere a las densidades de población. 
Es muy posible que la situación ya sea distinta en la práctica. 
La Comisión no tiene en cuenta para nada este aspecto y, como ha señalado el orador anterior, todavía no se ha presentado un análisis económico. 
Es fácil decir que el bienestar de los animales no debe quedar relegado a un segundo puesto por detrás de las prioridades socioeconómicas, pero sigue habiendo personas que tienen que ganarse la vida con esto; ¿cuáles son las consecuencias concretas para ellas? 
¿Tiene la Comisión alguna idea? 
Evidentemente, lo más importante es un código de conducta, como han señalado muchos oradores anteriores, incluido el Comisario, aunque no ha conseguido convencerme del todo. 
Sin embargo, si queremos destacar lo que se designa como aspectos no comerciales, no es demasiado razonable presentar otra nueva propuesta en medio de los debates en el seno de la Organización Mundial del Comercio, sin tener la seguridad de que los importadores la cumplirán. 
¿Por qué la Comisión no plantea el tema de un código de conducta a los supermercados y otros grandes importadores, cuanto antes mejor? 
¿Qué sentido tiene decirles a los productores europeos que tienen que cumplir tales y cuales normas, mientras se permite que diversos supermercados importen productos procedentes del resto del mundo sin restricciones, sin que la Comisión exija que se realicen controles de ningún tipo? 
Solo realizamos controles de o similares, pero nunca controlamos el bienestar de los animales. 
Es lo que debería hacer la Comisión y lo que falta por completo en la propuesta. 
. – Señora Presidenta, el ponente ha escrito en su exposición de motivos que «todo buen agricultor respeta a sus animales». 
Parece evidente que debe de haber algunos que aún no están a la altura, pues de lo contrario no tendríamos que legislarlo. 
Creo que el problema también se debe a que muchas de las personas que se dedican al engorde de pollos ya no son agricultores, sino más bien industriales, para quienes el respeto a la vida resulta irrelevante para la tarea de obtener unos beneficios de su capital. 
Puedo decir al señor Berman que la única conclusión que podemos sacar visto el modo en que se ha enfocado la cría de animales es que la principal preocupación no ha sido su bienestar, sino cómo se podrían utilizar para obtener el máximo beneficio posible. 
La mera visión de esos corrales basta para demostrar la necesidad urgente de una legislación al respecto. 
En eso estamos de acuerdo. 
No obstante, pienso que tenemos que procurar que la directiva y el reglamento no acaben conduciéndonos a apoyar y promover ese tipo de producción industrial. 
De hecho, uno de los problemas es que esos corrales a menudo son saludables en apariencia, pero solo porque están protegidos por medio de la medicación y de inoculaciones profilácticas, que a la vez que previenen un brote, permiten que proliferen las variantes que actualmente nos preocupan o que determinan que la gripe aviar resulte especialmente temible. 
Por esto resultan especialmente problemáticas las medidas preventivas que se están adoptando en la actualidad para los animales criados en libertad, pues las buenas condiciones en las que se les mantiene son las que les permiten desarrollar una mayor resistencia a las enfermedades. 
Tenemos que procurar que no se acabe penalizando a las personas equivocadas y también debemos asegurarnos de que los mercados especializados a los que se destinan esos animales, que la gente acepta a un precio más alto, no se hundan y los agricultores se vean perjudicados. 
. Señora Presidenta, aunque en conjunto el informe del señor Berman logra un equilibrio adecuado entre la importancia del bienestar animal y los intereses del sector agrícola, quisiera decir que los intereses de los pollos deberían tenerse más presentes en el caso de las densidades de población. 
Por lo tanto, pido a sus Señorías que cuando acudan a votar mañana y se sientan incómodos y apretados en el ascensor lleno, se imaginen a otras diez personas metidas en el ascensor y mantengan esa sensación durante un minuto, y piensen que un pollo de engorde industrial tiene que soportar esas condiciones durante toda su pobre vida. 
Les invito a que mañana tengan presente esa imagen cuando presionen su botón para votar. 
Mañana tenemos la oportunidad de dar un paso importante hacia una Europa más favorable para los animales. 
Aprovechemos la oportunidad, no solo en pro del bienestar de los animales, sino también por el bien de nuestra propia humanidad. 
Es todo un exponente de jerigonza burocrática y verdades de Perogrullo. 
Los autores nos han obsequiado con estas obras maestras porque «la inspección regular de los establecimientos por parte de las autoridades de control competentes en materia de bienestar de los animales entrañaría una carga considerable para las explotaciones y un peso excesivo de las autoridades. 
También incrementaría de forma sustancial los costes. 
Estos pueden limitarse mediante la realización de inspecciones irregulares al azar». 
Dejaré que sus Señorías aprecien la enjundia de esta perla particular en su propio tiempo de intervención. 
Este Parlamento produce a menudo joyas como esta, elaboradas por personas que probablemente no tienen la menor idea de cómo son las cosas en la vida real, donde la gente real tiene que intentar poner en práctica todas estas normas nuevas y encima arreglárselas para obtener beneficios. 
Los autores de este informe no solo quieren que se imponga de este nuevo régimen a los productores de carne de pollo de los 25 Estados miembros, sino que también dejan claro que esperan que países de fuera de la UE hagan lo mismo. 
Yo sugiero un poco de consideración. 
Vengo de un país que ya cuenta con un nivel muy alto de bienestar e higiene animal, que son objeto de un control estricto. 
No necesitamos una dictadura burocrática supranacional que nos diga cómo cuidar de nuestros pollos. 
Los autores de este informe han puesto un huevo y sugiero que lo hagan revuelto. 
.) Señora Presidenta, el reglamento que estamos debatiendo hoy establece normas estrictas para la cría de pollos de engorde y su bienestar. 
Estas normas son necesarias. 
En la Unión Europa deberíamos procurar garantizar que los animales reciban un trato lo más humano posible. 
Esto es especialmente cierto en el caso de los animales criados para la producción de carne, como los pollos de engorde. 
Deberíamos ahorrarles sufrimientos innecesarios para garantizar un trato humano y por respeto a las normas de nuestra civilización. 
Deberíamos hacerlo también en interés de nuestra propia salud. 
Existe un amplio cuerpo de estudios que demuestran que la carne de los animales criados en condiciones deficientes y sometidos a un estrés constante sencillamente es menos saludable. 
No obstante, ahora se plantea un problema de carácter bastante distinto. 
El reglamento impone unas normas exigentes a los productores de pollo de la Unión Europea, pero no se aplica a los importadores. 
Cumplir unas normas exigentes resulta caro, con lo cual la carne de nuestros productores no puede competir con la de productores de fuera de la Unión. 
Están exportando al mercado europeo carne de aves de corral criadas en países donde el cumplimiento de esas normas rigurosas no está garantizado. 
Muchos productores de carne de pollo europeos están al borde de la quiebra porque se han vuelto menos competitivos debido que tienen que cumplir las estrictas normas de la Unión Europea. 
Deberían imponerse las mismas normas a las importaciones y a la carne producida en la Unión, no solo por el bien de los pollos de engorde, sino también en beneficio de sus productores y sobre todo por el bien de los consumidores. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones que solicita que la Comisión Europea garantice que estas normas exigentes también se cumplan en el caso de la carne importada. 
Creo que este debería ser un principio general que debería aplicarse no solo a las aves de corral, sino a todos los productos agrícolas. 
Hay que exigir que los productores y los importadores de la Unión cumplan las mismas normas. 
– Señora Presidenta, evidentemente todos estamos a favor de proteger los pollos destinados a la producción de carne de la barbarie de las granjas de tipo «campo de concentración». 
Aquí mismo he denunciado muchas veces a las granjas industriales de la vergüenza, en las que se han quemado vivos hasta 80 millones de pollitos machos para calentarlas. 
He denunciado las condiciones de sacrificio mediante aturdimiento eléctrico de los pollos. De hecho, los pollos no quedan totalmente aturdidos, de modo que se les sumerge vivos en agua caliente: los escaldan para poder desplumarlos. 
Por ello todos estamos de acuerdo en que hacen falta normas. 
Pero, cuando los ganaderos europeos leen la directiva, ¿qué ven? 
El pollo de granja es objeto de dos visitas médicas al día, efectuadas por un veterinario que debe hallarse por lo menos a 3 metros de distancia del pollo; la zona en que se hallan los pollos debe estar iluminada con una luz no parpadeante de 50 lux, 20 lux o 100 lux –nadie lo sabe con certeza–, medida al nivel del ojo del ave; la temperatura interior de la granja no debe superar en más de 3 ºC la temperatura exterior medida en la sombra; la cama del pollo debe tener 5 centímetros de profundidad; se requiere un certificado para criar pollos y para castrar pollitos de menos de 10 días de edad; hay que examinar la almohadilla plantar y limitar la concentración de pollos a una densidad de 28, 30, 35 o 42 kilogramos por metro cuadrado, pero sin precisar si se trata de un kilo de peso vivo o de peso metabólico. 
Mientras tanto se sacrifican miles de pollos en Nigeria y la gripe aviar va a acabar con 1 100 millones de pollos africanos. 
Todo esto porque no se han encontrado los 800 millones de euros que habrían permitido administrar a cada pollo africano las dos vacunas necesarias, a razón de 40 céntimos de euro la dosis. 
Podría yo añadir a esto un toque de humor negro. 
Ante este exceso de precauciones para el pollo blanco mientras los niños negros mueren de lepra, sida y tuberculosis, el pequeño africano acabará por decir: yo, cuando sea mayor, no seré bombero, ¡seré pollo de granja en Europa! 
Mientras tanto, las granjas bretonas, por ejemplo, se deslocalizan a Brasil –país líder en la cría de aves–, donde no solo no está protegido el pollo, sino tampoco los niños, que son tratados como esclavos para mantener en funcionamiento las granjas brasileñas, por no hablar de los platanales, donde chiquillos de ocho años se duermen agotados sobre cartones y entran en contacto con productos fitosanitarios que les producen vértigo, y todo ello por dos dólares estadounidenses al día. 
Entonces, a cada cual su jerarquía. 
Algunos eligen los pollos blancos, yo elijo a los niños africanos, a los niños asiáticos. 
He aquí a dónde lleva la sinrazón cuando se quiere actuar con buenas intenciones y con esta directiva estamos haciendo el estúpido. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero empezar agradeciendo muy sinceramente al ponente, el señor Berman, el trabajo que ha realizado. 
Todos los años se sacrifican en la Unión Europea cerca de 5 000 millones de pollos criados para la producción de carne y el gran reto que plantea ese informe es lograr un equilibrio entre la necesaria protección de los animales y la protección de los puestos de trabajo en las explotaciones avícolas. 
Es indudable –o al menos así piensan los criadores de pollos destinados a la producción de carne– que tenemos que presentar una propuesta conjunta para mejorar y armonizar las condiciones en las que se crían estos animales en la UE. 
Yo también apoyo el informe, pero sabemos que los productores operan, incluso hoy, con unos márgenes de beneficio muy estrechos. 
Si les imponemos unas normas más estrictas en la Comunidad, se enfrentarán sobre todo al problema de las importaciones de terceros países, cuyas normas de producción son mucho menos estrictas que las nuestras. 
Por consiguiente, propongo que se introduzcan normas de etiquetado vinculantes, fundamentadas en el cumplimiento de unas normas de protección eficaces, vinculantes y armonizadas en toda Europa. 
En segundo lugar, pido que en las futuras negociaciones de la OMC se exija la aprobación de disposiciones que regulen la cría y producción de pollos destinados a la producción de carne y otros productos agrícolas. 
La estricta normativa de la UE en materia de producción alimentaria debe ser una ventaja para los productores europeos. 
Aunque queremos que nuestros animales estén protegidos, no podemos permitir que, al mismo tiempo, nuestros criadores se encuentren en una situación de desventaja. 
La amenaza actual de la gripe aviar nos recuerda también la importancia de que la producción de pollos de engorde se realice en unas condiciones seguras, en cantidades adecuadas y sobre una base económica sólida. 
Señora Presidenta, el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas ha sido tradicionalmente una cuestión de ética. 
En la actualidad, debido a las múltiples crisis alimentarias, se ha convertido también en una cuestión de salud pública. 
Por ello se hacía muy necesaria y urgente una regulación específica sobre esta materia. 
Pero, para afrontarla, debemos tener los pies en el suelo. 
Tenemos que hacer una propuesta viable y creíble, no limitarnos a hacer un brindis al sol, que dé una imagen de incoherencia con las cifras que maneja en la actualidad el Consejo. 
Por eso creo que el informe del ponente, señor Berman, que felicito, combina una verdadera preocupación por el bienestar de los animales, atento siempre a datos científicos, con la necesaria flexibilidad en su aplicación que hace posible que los productores puedan aceptar las medidas propuestas y adaptarse a ellas. 
Por un lado, se proponen medidas que impiden la práctica que implica un sufrimiento inútil y gratuito del animal, y establece, en el punto más discutido y controvertido —el de la densidad de cría—, unas cifras creíbles, aplicables, que suponen un importante avance en la materia y que serán defendibles ante el Consejo. 
Creo que debemos realizar —y así lo hemos hecho en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural— un ejercicio de responsabilidad. 
Por otro lado, es una propuesta que mantiene la necesaria flexibilidad respecto a los productores, que haga que esta regulación de mínimos sea realmente aplicable en los países de la Unión, y no conlleve —como suele pasar— innecesarios cierres de explotaciones. 
En efecto, creo que se da la firmeza requerida para imponer la normativa con una aplicación gradual de sanciones y una estimación de los costes para los productores con la intención de que no recaigan sobre estos —como casi siempre— las cargas que se derivan de la directiva. 
En conclusión, pido el apoyo para el informe Berman, tal como el ponente lo presenta y tal como ha sido apoyado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Creo que se trata de una propuesta mesurada, ponderada y equilibrada, que tiene en cuenta los intereses de todas las partes, algo no siempre fácil. 
Es indiscutible que su aprobación tendrá repercusiones positivas para la calidad del producto final, es decir, para el bienestar de los consumidores europeos. 
Señora Presidenta, ningún otro animal sufre tanto como los pollos criados para la producción de carne. 
Son, con diferencia, los que soportan las peores condiciones de vida. 
Los crían para que adquieran un tamaño extremadamente grande y, de este modo, la quinta parte de ellos sufren lesiones en las articulaciones. 
Separados de sus madres desde que nacen, alojados en espacios muy reducidos y sometidos a un gran estrés, no dejan de sufrir en ningún momento a lo largo de sus cortas vidas. 
El señor Berman ha tratado de lograr un buen equilibrio de medidas, pero la Comisión de Agricultura antepone, lamentablemente, los intereses a corto plazo. 
Ese sesgo tiene que corregirse con las propuestas que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Es preciso mejorar las condiciones, tanto para nuestros consumidores como en interés de la salud de los animales. 
Quiero dar las gracias entre otros al señor Jørgensen por su constructiva cooperación. 
Según el Eurobarómetro, la cuestión de la protección de los animales que la mayoría de los europeos quiere abordar pasa precisamente por mejorar las condiciones de los pollos criados para la producción de carne. 
Hoy, el Parlamento tiene que escuchar sus voces. 
Votemos, pues, a favor de las propuestas del Grupo de los Verdes/Alianza Verde Europea y a favor de las propuestas presentadas por el señor Jørgensen y el resto de los que formamos la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Sin esas mejoras, el sector perderá toda su credibilidad y correrá el peligro de desaparecer debido a la escasa confianza de los consumidores y no a las importaciones competitivas. 
Señora Presidenta, yo también quiero felicitar al ponente por el rigor con que ha hecho su trabajo. 
Quiero dejar bien claro que el Partido Demócrata-Cristiano (CDA) está a favor del bienestar de los animales y lo considera importante. 
Acogemos también con satisfacción el nuevo programa de acción presentado por nuestra Comisaria. 
Pero no olvidemos que si bien es evidente que los ciudadanos europeos no tienen una opinión demasiado buena sobre el bienestar de los animales en Europa –solo Dios sabe por qué, puesto que en Europa es donde se aplican las normas más estrictas del mundo–, su conducta como consumidores es a menudo muy diferente, y ahí está el problema. 
Eso significa que aunque introduzcamos unas disposiciones más estrictas en Europa, al mismo tiempo podemos estar abriendo las compuertas a las importaciones si no se les imponen restricciones. 
Se nos puede decir que no cometamos ese error en la Organización Mundial del Comercio y que Europa no hace todo lo que debería hacer, aunque haga mucho. 
Podríamos alcanzar un acuerdo sobre las importaciones y las cuotas de importación. 
Podríamos alcanzar un acuerdo sobre el etiquetado. 
Podríamos acordar también que Europa se comprometiese a apoyar a los que emprendan proyectos especiales, como los pollos de corral en los Países Bajos y la «etiqueta roja» en Francia. 
Se les debería poder apoyar con incentivos adicionales, para que los consumidores compren sus productos. 
El CDA prefiere esta forma de trabajar, porque de lo contrario produciremos más legislación europea, que posiblemente los consumidores aplaudan como ciudadanos, pero respecto a la cual posiblemente también exhiban una conducta de compra diferente en el momento en que entren en un supermercado. 
Es fundamental que lo que desean los ciudadanos se refleje también en su conducta como consumidores. 
Por eso somos tan críticos con este informe. 
Votaremos a favor de la enmienda 42, gracias a la cual, al menos, se hará algo con las importaciones, y apoyaremos también todo el contenido de este informe que tenga que ver con un mejor reconocimiento basado en el etiquetado de la carne. 
Pero mientras no existan garantías de que las importaciones puedan someterse a los mismos criterios, mientras sigamos perjudicando a los criadores europeos y dificultando aún más las cosas para el bienestar de los animales en Europa, nos resultará extremadamente difícil votar a favor de este informe. 
La cría y el engorde de pollos es un sector rentable y próspero de la ganadería europea. 
Hace unos meses nadie hubiera puesto en duda esta afirmación. 
Pero hoy, los productores avícolas se enfrentan a una nueva amenaza después de la gripe aviar: la legislación vigente. 
Esta propuesta de directiva, que antepone el bienestar de los animales a los intereses de la industria y a los argumentos económicos, pone en peligro la competitividad del sector. 
Los aspectos relacionados con el bienestar de los animales son un elemento que en efecto hay que tener en cuenta. 
Pero no debemos excedernos con la imposición de unas normas demasiado estrictas que coloquen a nuestros criadores en una situación de gran desventaja competitiva y pongan en peligro su sustento. 
Esas personas no pretenden ser crueles con sus animales, solo quieren ganarse la vida haciendo lo que saben hacer. 
Por tanto, no se pueden adoptar unas normas demasiado estrictas. 
Además, las excesivas restricciones previstas podrían causar graves tensiones en los mercados interiores, porque países no europeos como Brasil, que no tienen que cumplir disposiciones tan estrictas, podrían vender sus productos avícolas en los mercados de la Unión Europea a unos precios significativamente más bajos. 
La mayoría de los consumidores medios, al menos en los nuevos Estados miembros, escogen el producto más barato porque sus ingresos no les permiten pagar un precio más alto por los alimentos básicos, y no porque no les preocupe el medio ambiente o el bienestar de los animales. 
Basándose en consideraciones profesionales, económicas y de bienestar de los animales, la densidad de población aceptable sería de 34 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado, con un límite máximo de 42 kilogramos por metro cuadrado. 
No se pueden aceptar cifras menores a esas en el informe. 
Confiemos en los conocimientos especializados de los productores avícolas, puesto que ninguno de ellos conseguirá buenos resultados con animales enfermos, lo que significa que ellos son los primeros interesados en realizar una actividad económica racionalizada, teniendo en cuenta consideraciones relativas al bienestar de los animales. 
¡No les dificultemos tanto la tarea como para verse obligados a abandonar del todo la cría de pollos! 
– Señor Presidente, ¿merece la pena elaborar leyes con el propósito de aliviar el dolor de unas pobres criaturas que solo van a vivir seis semanas? 
Mi respuesta es sí, y no solo por el bien de los animales: esto tiene que ver con cuestiones de salud humana. 
Los aspectos económicos de la producción industrial de pollos de engorde se han tenido en cuenta correctamente. 
No obstante, el caso también afecta a los límites de la descodificación y manipulación seguras del material genético de los animales. 
Deberíamos haber reflexionado hace mucho tiempo sobre las dimensiones de la producción industrial de pollos de engorde, no solo por motivos de bienestar animal, sino también por los efectos imprevistos y no intencionados sobre el material genético –desde el punto de vista de la resistencia y la reproducción, por ejemplo– de los animales que nos proporcionan alimento y los efectos subsiguientes en nosotros. 
El peligro de un brote de gripe aviar está asociado al problema de las medidas de control, y estas medidas no consisten únicamente en vacunas. 
Una de sus fuentes es la cría intensiva de pollos, que tampoco es ideal. 
Acojo con satisfacción este primer instrumento legislativo de la UE de este tipo. 
– Señor Presidente, este es un informe muy útil que lleva mucho tiempo tramitándose. 
Ha conseguido establecer el mejor equilibrio que cabía esperar, porque reconozco que este no es un terreno fácil para equilibrar los distintos intereses. 
Hace dos semanas, una planta de procesado de aves de corral en Irlanda del Norte cerró, con la pérdida de más de 400 puestos de trabajo, por no mencionar el resto de puestos de trabajo en las granjas y en las fábricas de piensos compuestos. 
La razón aducida fue que no podían seguir compitiendo con las importaciones baratas de Asia y América del Sur. 
Creo que no existe eso que llaman alimentos baratos. 
Si los alimentos son baratos, es que no cumplen las normas. 
Por lo tanto, tengo que preguntarme: ¿se produce la carne de pollo de acuerdo con las normas vigentes, al margen de las normas más estrictas que se proponen? 
Apoyo la parte del informe que afirma, en la enmienda 17, que debemos insistir en las mismas normas en terceros países y en la Unión Europea. 
De momento esto no pasa de las palabras. 
Estamos atando las manos a nuestros productores y agricultores a base de exigencias burocráticas, mientras permitimos que otros inunden nuestros mercados con alimentos que no cumplen nuestras normas. 
Esto va más allá de la producción avícola: ocurre en el sector porcino y también en la industria de carnes rojas. 
Todos tienen el mismo problema. 
Me complace que se establezcan normas más estrictas, pero quiero que se haga lo mismo en todas partes. 
Debemos contar con un etiquetado adecuado de los alimentos; debe ser claro para que independientemente del lugar donde compren los consumidores, estos puedan elegir claramente lo que quieren comprar. 
Deben conocer la procedencia de los alimentos. 
En muchos casos, los supermercados de la Unión Europea están empeorando las normas forzando la rebaja de los precios de los alimentos. 
Como he dicho anteriormente, no existe eso que llaman alimentos baratos; los alimentos baratos son alimentos que no cumplen las normas. 
– Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción este informe y quisiera dar las gracias a la Comisión y al ponente por ciertas medidas que demuestran que la UE sigue estando dispuesta a tomar la delantera mejorando activamente y fomentando cuestiones de bienestar de los animales. 
La propuesta parte de la base de que las normas vigentes en el tratamiento de los pollos para la producción de carne son actualmente muy deficientes en algunas zonas de la Unión Europea, y eso se demuestra en trastornos dolorosos de las patas, agrandamiento del corazón, síndrome de la muerte súbita, quemaduras por amoníaco en las garras, etc. Acojo con satisfacción las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero sigo creyendo que pueden mejorarse y por ese motivo también he suscrito las enmiendas presentadas por la señora Jørgensen. 
En particular necesitamos más medidas respecto a la densidad de población, a los períodos de descanso ininterrumpidos –un mínimo de seis horas en la oscuridad– y en cuestiones como la práctica inhumana de cortar el pico. 
Dicho eso, incluso si solo llegamos hasta la propuesta presentada por el señor Berman, sería un gran paso adelante para el bienestar animal, pero también será un gran paso adelante para los consumidores. 
Los consumidores se preocupan por las condiciones en las que se produce su carne de pollo y se preocupan por la salud de los pollos que comen. 
Los pollos bien criados darán mejor carne cuando estén en el plato. 
Por último, quiero abordar la cuestión de los costes. 
He examinado las distintas estimaciones de lo que esto costaría a la industria. Aunque tome la cifra más alta, si se añade al coste por ave, estamos hablando de un penique británico por pieza. 
No van a ser las medidas a favor del bienestar animal las que resten competitividad a nuestra industria. 
Admito que la industria se enfrenta a verdaderos retos procedentes de lugares como Tailandia y Brasil, pero existen otros factores –el coste de la mano de obra y otros– con los que no podemos competir. 
No son las normas de bienestar animal las que marcarán la diferencia respecto a la supervivencia o no de nuestra industria, así que no utilicen la competencia como motivo de rechazo de estas normas de bienestar animal. 
– Señor Presidente, yo también quiero felicitar al señor Berman por su informe. 
Quiero dejar claro desde el principio que estoy a favor de una vida digna para los animales, para todos los animales en general y para los pollos en particular. 
En un plano más general, creo que eso demuestra nuestra humanidad hacia todos los seres que habitan este planeta. 
Pero tenemos que aceptar, como ya se ha dicho antes, que todo ello aumenta el coste de producción en la Unión Europea. 
Por otro lado permitimos, por supuesto, las importaciones de pollos de terceros países; permitimos todo tipo de importaciones salvo de armas. 
Al actuar así, estamos haciendo que los criadores europeos tengan que cerrar sus explotaciones avícolas. 
Eso es perjudicial en dos sentidos: tanto para los criadores de pollos, un colectivo frente al que debemos mostrarnos solidarios, como para los pollos, porque llegará el día, dentro de unos años, en que se importarán productos avícolas de terceros países producidos sin las debidas garantías de una vida digna para los animales. 
Salvo que queramos ser hipócritas, tenemos que encontrar la manera de controlar las condiciones de vida de los pollos en países terceros; de lo contrario, no deberíamos permitir las importaciones. 
El etiquetado, al que ha hecho referencia el señor Kyprianou, es una idea muy buena; creemos que es una idea excelente y la queremos implantar en este sector, pero tenemos que pensar también en subvencionar a los criadores de pollos por los costes relacionados exclusivamente con las medidas que nosotros les impongamos. 
De lo contrario, acabaremos con nuestros criadores y los pollos que importemos se habrán criado en unas condiciones mucho peores. 
Además, no es ningún crimen que protejamos a los criadores de pollos, un colectivo que está pidiendo nuestra solidaridad. 
Señor Presidente, la cría de pollos para la producción de carne es uno de los métodos de crianza más intensivos y que resulta problemático desde el punto de vista del bienestar y la salud de los animales. 
Hoy debatimos por primera vez unas disposiciones mínimas sobre la protección de los pollos criados para la producción de carne; hasta ahora solo existían las disposiciones generales de la Directiva relativa a la protección de los animales de granja. 
Por tanto, acogemos con satisfacción esta iniciativa de la Comisión y también el informe del señor Berman, y quienes hayan seguido el debate, con críticas e intervenciones en todos los sentidos, han llevado a cabo un difícil ejercicio. 
El artículo 1 de la propuesta de la Comisión se puede enfocar de una manera positiva. Según dicho artículo, los Estados miembros son libres de adoptar disposiciones más estrictas, pero las que se proponen en la directiva son deficientes en algunos aspectos, siendo la cuestión más debatida hoy la densidad de población permitida, medida en kilos de peso vivo por metro cuadrado. 
La Comisión afirma haberse basado en el informe que el Comité Científico de Salud y Bienestar de los Animales elaboró en 2000; pero eso en realidad no es así, porque en dicho informe se dice expresamente que la densidad de ocupación no debe sobrepasar los 25 kg por metro cuadrado si se quieren evitar problemas más graves para el bienestar de los animales. 
En el artículo 3 de la Comisión se estipulan 30 kg por metro cuadrado de peso vivo. 
Apoyo la enmienda 53 del señor Jørgensen, el señor Bowis y el señor Sacconi, que propone mantener la densidad de población en 25 kg por metro cuadrado y que esa densidad pueda aumentarse hasta un máximo de 30 kg por metro cuadrado si el propietario cumple una serie de condiciones. 
– Señor Presidente, yo también acojo con gran satisfacción el informe del señor Berman y le agradezco toda la labor que ha realizado en torno al mismo. 
Creo que las estrictas normas de bienestar animal no solo son buenas para los pollos, sino también para los agricultores y consumidores. 
Lo que tenemos que hacer es conseguir un equilibrio satisfactorio, y creo que él ha avanzado en esa dirección. 
No solo se trata del número de pollos por metro cuadrado; también se trata de las condiciones atmosféricas en las naves y si hay paja o algo en ellas para que los pollos disfruten de unas condiciones un poco mejores durante sus cortísimas vidas. 
Cuando los consumidores vayan al supermercado a comprar pollo, este ha de estar claramente etiquetado. 
Uno de los problemas es que a menudo se puede ir a un supermercado en cualquier parte de la Unión Europea y comprar un pollo sin estar totalmente seguro de su procedencia y de las normas a cuyo amparo se ha producido. 
El Comisario ha dicho que a los consumidores les gusta comprar pollos sujetos a buenas condiciones de bienestar. 
Sí, es cierto, pero han de estar claramente etiquetados. 
Del mismo modo, el Comisario debe ser consciente de que gran parte de la carne de pollo importada que entra en Europa llega en estado parcialmente cocinado. 
De ese modo consigue evitar algunos aranceles de la UE. 
Entonces va directamente a los alimentos procesados para que cuando vayamos a comprar nuestro sándwich de pollo a una gasolinera de autopista, probablemente esté hecho con carne de pollo importada y no tengamos ni idea de qué tipo de normas ha cumplido. 
La enmienda 17 al artículo 5 pide que la Comisión introduzca un sistema de etiquetado claro para la carne importada en la Unión Europea después de que la legislación haya estado en vigor durante seis meses. 
Insto a la Comisión a que lo haga. 
Cuando Europa introduzca normas más estrictas –como creo que debe hacer–, tenemos que estar seguros de que cualquier otra cosa que entre en Europa cumpla las mismas normas estrictas. 
– Señor Presidente, el bienestar animal es, sin duda, una noble causa; la suscribimos, y felicitamos también al ponente, el señor Berman, por su labor. 
Añadiré simplemente que el bienestar de los granjeros es también una noble causa y, a nuestro juicio, una causa prioritaria. 
Ahora bien, este sector está ya gravemente amenazado por la competencia no europea. 
Hace un momento he oído decir a un diputado que no se están produciendo cierres de explotaciones, pero eso no es cierto, pues este fenómeno ya está ampliamente difundido en el territorio europeo. 
Citaré simplemente mi región, Bretaña, que representa el 35 % de la producción francesa de pollos de engorde y sobre todo cuenta con 18 000 puestos de trabajo, 11 000 de ellos en el sector agroalimentario. 
Es una región en la que se registran actualmente cierres de explotaciones. 
Evidentemente, si se intensifican las distorsiones de la competencia actuales –que ya de por sí son muy graves–, asistiremos a una llegada masiva de productos procedentes de terceros países y a la caída de nuestras exportaciones. 
Por supuesto, está muy bien eso de decir que «elaboren productos de alta calidad» , pero sabemos que la adaptación y la reestructuración son empresas muy arriesgadas y en todo caso requieren mucho tiempo. 
Se ha dedicado mucho trabajo a esta cuestión, pero aún así sigue habiendo auténticas lagunas en las justificaciones de este texto. 
Mencionaré los umbrales, que parecen un concurso de virtudes con umbrales fijados en el nivel más bajo posible; asimismo, los indicadores de evaluación de los concursos de cría; y por último, el estudio de impacto de las repercusiones en términos de eliminación de granjas y puestos de trabajo en el sector. 
Para terminar, quisiera formular una pregunta al Comisario Kiprianou. 
Señor Comisario, en el contexto actual de amenaza de la gripe aviar, que está a las puertas de Europa, incluso ya dentro de Europa, ¿cómo afrontar la paradoja entre unas normas europeas de bienestar animal muy exigentes, por una parte, y por otra las necesarias medidas nacionales de confinamiento de las aves de corral? 
Le agradeceríamos una respuesta. 
. Señor Presidente, quisiera dar las gracias a sus Señorías por este debate tan interesante. 
Quizás debería haber citado antes a Mahatma Ghandi: «La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales». 
Gracias a Dios, en la Unión Europea tenemos un nivel de civilización muy elevado. 
El mayor número de cartas y quejas que he recibido de ciudadanos europeos se refieren al bienestar animal, especialmente a los pollos de engorde. 
Por lo tanto, esta propuesta refleja las opiniones de los ciudadanos europeos. 
Se basa en la ciencia, pero también en consultas con todas las partes implicadas durante tres años para tener en cuenta todas sus opiniones y preocupaciones. 
Es un compromiso. 
A algunos les gustaría que hubiéramos ido más lejos y hubiéramos dicho que es una propuesta insuficiente. 
Otros dicen que hemos ido demasiado lejos. 
Es un paso hacia la protección del bienestar de los animales, pero también tiene en cuenta los intereses de los productores. 
Sin duda, la competitividad es importante, pero sabemos que los costes que suponen para la producción las normas de bienestar de los animales son muy reducidos, entre 2,5 y 8 céntimos por ave. 
Son los demás costes los que afectan a la competitividad. 
Pero no creo que los productores europeos puedan competir sobre la base del coste. 
Deberían competir sobre la base de la calidad. 
Tengo aquí algunas fotografías de la dermatitis causada por la cría intensiva y no creo que ningún consumidor europeo quisiera comerse estas aves; lo que ocurre simplemente es que no lo saben. 
Por lo tanto, el conocimiento y la educación son la mejor política, junto con el etiquetado, que es muy importante. 
Tenemos cartas; tenemos el Eurobarómetro. 
Los ciudadanos europeos están dispuestos a pagar más, siempre que estén al tanto, y estamos trabajando en ello. 
Respecto a la cuestión de la gripe aviar, las mejores prácticas en materia de bienestar animal nos ayudan a aplicar medidas preventivas de manera más eficaz, para proteger a la industria y a las aves de la gripe aviar. 
Si es más fácil detectar animales enfermos, será más fácil controlar la situación, y por lo tanto estas propuestas sobre el bienestar animal y la protección contra la gripe aviar son compatibles. 
Respecto a las enmiendas, por falta de tiempo haremos circular una lista completa de las que han sido aceptadas y las que no. 
Muchas de las enmiendas han sido aceptadas porque son compatibles con la filosofía de la propuesta. 
Otras no pueden aceptarse, principalmente por motivos técnicos o porque las disposiciones ya están incluidas en la legislación vigente. 
Todas las propuestas de este tipo que tienen en cuenta las condiciones climáticas, los tipos de producción, la formación del personal y el modo en el que deberían realizarse los controles pueden aceptarse. 
Una de las cuestiones más sensibles ha sido la densidad. 
Pensamos que la propuesta representa un compromiso razonable. 
Cumple las normas, mejora la situación y establece condiciones y controles. 
Por lo tanto, preferiríamos que el Parlamento aceptara la propuesta de la Comisión respecto a ese punto y no podemos aceptar esa enmienda. 
Respecto al etiquetado obligatorio, pensamos –y estamos de acuerdo con el señor Parish en que es muy importante– que seis meses es un período más bien corto. 
Sería muy difícil elaborar un informe sustancial con propuestas específicas, por lo que necesitamos más tiempo para hacerlo. 
Por último, respecto a la cuestión de los costes, no todo puede medirse en términos monetarios, pero sé que es un aspecto muy importante. 
El bienestar animal es una parte muy reducida de los costes de producción. 
He mencionado con anterioridad que en uno de los casos estudiados por el Banco Mundial, con la adopción de un número muy reducido de mejoras en el trato de las aves, una granja consiguió ahorrar 320 000 dólares al año. 
Creo que eso demuestra que la adopción de políticas de bienestar animal es simplemente un gasto a corto plazo; a la larga supone un beneficio y los productores obtienen ganancias económicas. 
Quiero dar las gracias de nuevo a sus Señorías por su apoyo a esta propuesta, que es un gran paso hacia la mejora del bienestar de los animales en la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 horas. 
– Es inaceptable que los pollos que nos comemos sean efectivamente objeto de tortura durante toda su corta vida. 
Apoyo la propuesta de introducir unas densidades de población menores para los pollos de engorde, y voy a votar a favor de las enmiendas que he suscrito con otros para rebajar todavía más los niveles. 
También es acertado tratar esta cuestión a escala europea. 
Con demasiada frecuencia, las disposiciones sobre el bienestar animal de este tipo se ven frustradas en el plano nacional con el argumento de que «si lo hacemos solos, pondremos a nuestros productores en situación de desventaja competitiva y la producción sencillamente se trasladará a Estados miembros menos escrupulosos». 
Al introducir la misma norma en todo nuestro mercado único europeo, mitigamos ese problema de un plumazo, garantizamos la igualdad de condiciones para nuestros productores y protegemos a nuestros pollos en todos los 25 países. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 7, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 55, 60 y 67. 
Las enmiendas 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 38, 56 y 57 pueden aceptarse en parte. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 68. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Hökmark, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 (2005/2165 (INI) ) (A6-0009/2006). 
. – Señor Presidente, el plan de trabajo para la reforma de las ayudas estatales de la Comisión es un documento bueno e importante. 
Espero que este informe contribuya a la mejora de la política de ayudas estatales. 
Por lo tanto, quisiera dar las gracias a los diputados y ponentes alternativos que han contribuido a esta mejora con las enmiendas y debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Confío en que haya, al igual que lo hubo en la comisión, un amplio apoyo a esta nueva política, que espero que repercuta en las futuras directrices sobre la política de ayudas estatales de las que será responsable la Comisión. 
Señor Presidente, Europa necesita una economía competitiva. 
Como hemos dicho una y otra vez, necesitamos nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, nuevos productos y nuevos mercados. 
Así pues, también es importante que sigamos estos temas para asegurarnos de que las empresas nuevas y pequeñas disfruten de unas condiciones básicas tan buenas como las que disfrutan las empresas de mayor antigüedad y tamaño. 
La experiencia nos enseña que las ayudas estatales tienden siempre a proteger a las empresas más antiguas a costa de las empresas nuevas en fase de crecimiento. 
Si nos fijamos en la economía europea o en la economía internacional, vemos muy claramente que las nuevas empresas y los nuevos productos han surgido no por las ayudas estatales, sino por la existencia de unas condiciones básicas que favorecen a las empresas y las iniciativas particulares. 
Cualquier tipo de ayuda estatal que distorsione la competencia tenderá siempre a perjudicar a las empresas nuevas en fase de crecimiento y a beneficiar a las más antiguas. 
La cuestión radica, por tanto, en la manera de favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas. 
Una política de ayudas estatales encaminada a proteger empresas que no son muy competitivas, unos productos antiguos y unos salarios bajos, contribuirá a que Europa se quede rezagada. 
Por el contrario, una política orientada a reducir las ayudas estatales y a eliminar todas las que distorsionen la competencia, además de invertir recursos en innovación e investigación, podrá conseguir resultados diferentes. 
En la historia de Europa tenemos mucho que aprender de numerosas experiencias diferentes en lo que respecta a las ayudas estatales. 
En mi informe sugiero que la Comisión controle y analice detenidamente esas experiencias, así como las buenas experiencias que se han tenido, porque el objetivo de las ayudas estatales suele ser bien acogido y aprobado por los ciudadanos. 
El problema radica simplemente en que sus resultados rara vez son los que se habían imaginado. 
En consecuencia, acabamos teniendo estructuras viejas y dependiendo de las subvenciones, y no creamos nuevos puestos de trabajo. 
Es algo que hemos podido comprobar en los sectores de los astilleros y la siderurgia, entre otros muchos. 
Cuando se introducen ayudas estatales, desaparece la renovación y la transformación. 
Tenemos que asegurarnos de que ocurra justo lo contrario. 
Un objetivo general es procurar no solo que se reduzcan las ayudas estatales, sino también, como se dice claramente en el informe y todavía más claramente en el documento de la Comisión, eliminar las ayudas estatales que distorsionan la competencia. 
Otro objetivo es garantizar que las normas vigentes sean más claras, porque debemos intentar satisfacer la exigencia de reducir las ayudas estatales. 
Lo que hace falta es que las ayudas estatales sean previsibles. 
No puede ser que se utilicen para trasladar plantas. 
Las normas que rigen las ayudas estatales tienen que ser de aplicación general. 
Las ayudas no deben tener un enfoque específico, sino dirigirse a todos y no favorecer a unas empresas a costa de otras. 
Esto es extremadamente importante cuando debatimos la innovación, porque la política de innovación no puede ser una excusa para aumentar las ayudas estatales, sino que debe diseñarse para crear unas condiciones básicas que favorezcan la innovación. 
Lo mismo ocurre con las empresas de utilidad pública. 
No debemos tener ayudas estatales que financien excesivamente ese tipo de actividad, sino que debemos dar a las nuevas empresas oportunidades para desarrollarse. 
Lo mismo cabe decir de las ayudas regionales o medioambientales. 
Tienen que destinarse a todos y estar disponibles y accesibles para todos. 
Si nos aseguramos de que eso sea así y atendemos las exigencias de mayor fiscalización y transparencia, un sistema mejor de rendición de cuentas y auditorías más estrictas, sentaremos las bases para una política de ayuda estatal que requerirá menos ayudas estatales y que garantizará que no se distorsione la competencia. 
Con todo, se destinarán más recursos a la innovación, a un medio ambiente más limpio y a las regiones en desarrollo. 
. Señor Presidente, las observaciones del señor Hökmark tienen sentido, y yo no podría estar más de acuerdo con ellas. 
Es un placer participar en el debate sobre el informe del Plan de Acción de ayudas estatales elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Puedo asegurarles que, oídos sus comentarios, es un placer todavía mayor. 
Como se ha dicho, es fundamental gestionar la ayuda estatal de manera correcta. 
Si no se gestiona de manera correcta, es un instrumento que, en lugar de proporcionar una solución, puede tener el efecto contrario. 
Quiero felicitar al ponente por su claro y equilibrado informe. 
Agradezco enormemente el interés y la implicación del Parlamento Europeo en el proceso de reforma de las normas sobre ayudas estatales. 
Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un proyecto crucial. 
Para mí es una prioridad importante durante esta legislatura. 
Puede que recuerden que la consulta sobre la reforma de la ayuda estatal se lanzó aquí en Estrasburgo el pasado mes de junio. 
Hoy es de nuevo Estrasburgo el lugar en el que continuamos este debate y esperamos llegar a una conclusión respecto a la orientación que podemos seguir en la revisión. 
Me complace decir que la consulta sobre la reforma de la ayuda estatal se verá completada con su informe. 
La Comisión ha recibido muchos comentarios sobre el Plan de acción de ayudas estatales por parte de muchos interlocutores de toda Europa. 
Para mí, sus comentarios son un complemento esencial a lo que he escuchado en otros lugares de Europa. 
Me complace enormemente que el Parlamento, como la gran mayoría de interlocutores, apoye en general los planes de la Comisión. 
No voy a repetir el contenido del programa de reforma, que ya ha comentado el ponente. 
En el espíritu de la Estrategia de Lisboa, queremos que la reforma de la ayuda estatal ayude a los Estados miembros a rentabilizar al máximo el dinero, centrando los recursos estatales en medidas que contribuirán a un crecimiento económico sostenible y a la creación de más y mejores puestos de trabajo para el futuro. 
La ayuda estatal es el dinero de los contribuyentes, así que hemos de tener en cuenta que debemos poder explicarlo a los que lo quieren y a los que lo obtienen. 
También queremos mejorar los procedimientos y la administración de la política de ayudas estatales, como bien ha dicho el ponente. 
Un mensaje importante del informe es la necesidad de certeza jurídica. 
Comparto plenamente la preocupación de que si no conseguimos poner de manifiesto la certeza jurídica, entonces habremos fracasado. 
La Comisión seguirá explicando cómo pretende utilizar la economía para la política de ayudas estatales. 
El fracaso del mercado no es una palabra mágica; es más bien una metodología para analizar los problemas existentes en los mercados. 
Estoy de acuerdo con el enfoque del informe sobre la necesidad de la transparencia de la ayuda. 
Respecto a los servicios de interés económico general, la Comisión no tiene competencia para interpretar la jurisprudencia. 
No obstante, he captado su mensaje, señor Presidente: la Comisión intentará dar orientaciones cuando se aprueben decisiones sobre casos individuales en este terreno. 
Espero sus preguntas y comentarios, y haré todo lo posible por contestar. 
. 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional y ponente del informe recientemente aprobado sobre las ayudas estatales para el desarrollo regional, permítanme que haga algunos comentarios sobre la posible incidencia de la reforma de las ayudas estatales en la cohesión económica, social y territorial. 
En su documento, la Comisión señala correctamente que las ayudas estatales constituyen un factor importante para conseguir un desarrollo regional homogéneo, reforzando con ello uno de los pilares económicos fundamentales de la Unión Europea. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para plantear la cuestión de las ayudas regionales. 
Creo que si queremos conseguir los objetivos de la Agencia de Lisboa, sería lógico invertir más en las regiones menos desarrolladas; de lo contrario, nos arriesgamos a crear solo unos enclaves competitivos y avanzados que inevitablemente se verán frenados por las zonas deprimidas, impidiendo así el crecimiento generalizado de la Unión Europea. 
Quiero insistir, además, en la necesidad de simplificar los procedimientos y hacer más transparente todo el sistema de concesión de ayudas estatales. 
Debe aplicarse con rigor la máxima transparencia al proceso de concesión y aprobación de ayudas estatales. 
Todas las personas y entidades que soliciten ayuda para sus actividades, han de tener la seguridad de que si su solicitud es rechazada, lo será por razones objetivas. 
Igualmente, tienen que ser informadas de quién ha recibido ayudas y por qué. 
De esa forma se creará un espíritu de confianza y los ciudadanos tendrán la certeza de que el sistema comunitario funciona igual para todos. 
Los Gobiernos nacionales son elementos importantes que pueden apoyar o alterar este sistema. 
Si se les da una mayor responsabilidad en la toma de decisiones relativas a la concesión de ayudas estatales, sus decisiones y actividades tendrán que estar sujetas a la transparencia de todo el sistema. 
Espero, señor Presidente, que todos podamos concluir, tras la reforma de las ayudas estatales, que el sistema ha mejorado realmente y que contribuirá de una manera objetiva al desarrollo uniforme de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, como coincido de la cruz a la raya con el informe que ha elaborado mi correligionario, señor Hökmark, me permitiré ser muy preciso y tratar exclusivamente las cuestiones que quiero subrayar. 
Respecto a la filosofía general, coincido en que, siendo las ayudas de Estado una forma de política sobre la competencia dirigidas a establecer reglas de juego equitativas entre las distintas empresas, me parece que sería necesario insistir no solo en aquellas ayudas que tienen forma de subvención o de subsidio y que pertenecen, por tanto, al capítulo de gasto público, sino también en aquellos incentivos fiscales que no responden a la naturaleza de impuesto, sino que responden al deseo, al propósito de estimular determinadas actividades en zonas geográficas, en definitiva, al mismo propósito de las ayudas directas. 
En materia de I+D+I, felicito especialmente al ponente por la ampliación del ámbito del sujeto beneficiario, al incluir expresamente a las universidades entre los beneficiarios posibles de esta forma de ayuda. 
Le felicito también —y me dirijo ahora a la Comisaria— por las observaciones que hace en materia de capital/riesgo. 
Si hay algo que explica las diferencias entre el crecimiento de los Estados Unidos y Europa es el dinamismo, la potencia de sus pequeñas y medianas empresas, no tanto en la tasa neta de natalidad, que es más o menos la misma, sino en la superior capacidad de las pequeñas empresas estadounidenses para crecer en los dos primeros años, lo que exige una determinada financiación. 
Y en materia de capital/riesgo estamos muy lejos. 
Si mis cifras son exactas, mientras que el capital/riesgo supone el 0,45 % del PIB estadounidense, el capital/riesgo europeo no llega al 0,14 %. 
En materia de ayudas regionales, que es el último punto que trato, subrayo también lo que ha dicho el señor Koterec, pero quisiera añadir un aspecto que no ha sido tocado: no sería lógico privar también de ayudas estatales a las regiones que dejan de percibir Fondos Estructurales por crecimiento natural, y no solo por razones estadísticas, como dice el ponente. 
Por tanto, me permitirá la Comisaria corregir el apartado 36 sobre este tema, incluyendo regiones que pierden Fondos por razones estadísticas y aquellas que los pierden por su crecimiento natural. 
Felicito de nuevo al ponente. 
. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a nuestro ponente, el señor Hökmark, y a todos nuestros colegas. 
Se trata, en efecto, de un informe no legislativo y creo que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha hecho un buen trabajo expresando la firme posición del Parlamento Europeo. 
Hemos conseguido obtener al final una visión bastante clara de las cosas. 
Soy de los que piensan, junto con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que es necesario revisar el régimen de las ayudas estatales. 
Ocupa más que nunca un lugar central en las competencias de la Comisión, puesto que Europa sigue siendo esencialmente una Europa del mercado interior y de la competencia, hasta nuevo aviso. 
No estoy seguro de que el «no» en el referendo francés brinde otras perspectivas en mucho tiempo. 
Nos encontramos, pues, en el centro de las competencias comunitarias y es cierto que, con la ampliación de Europa, la Unión Europea y la Comisión se verían amenazadas de trombosis si se mantuviera la configuración actual del sistema y el régimen de ayudas estatales. 
El Parlamento ha insistido en primer lugar en que no se considere que el mercado interior y la competencia representan todos los aspectos de la sociedad europea. 
No somos únicamente una sociedad de mercado; hay que dejar también un lugar para la acción pública, no solo para cuando el mercado falle, como estipulan los textos, sino también siempre que necesitemos reducir las desigualdades sociales o territoriales, gestionar efectos externos, promover la innovación o, en su caso, dar un impulso a la industria. 
Cuando a veces caemos en una mentalidad de mercado libre nos sucede que nos preguntemos: ¿Estaríamos en condiciones hoy de fabricar el o estaríamos en condiciones de construir el cohete a la luz de la ideología dominante? 
Creo que hay que mantener la posibilidad de intervenir con fuerza en el paisaje industrial y en la investigación pública. 
Quisiera decir a la señora Comisaria que la principal aportación del Parlamento es que las ayudas estatales no solo se evalúen como algo que hay que soportar, sino más bien que se evalúen de forma equilibrada, es decir, que no solo se contemplen los aspectos negativos, como las distorsiones de la competencia, sino también los efectos positivos. 
En el Parlamento Europeo hemos querido que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se apliquen claramente y, en particular, que las ayudas estatales que no tengan un efecto manifiesto en el mercado interior se consideren una compensación. 
Hemos querido también que se comprendan mejor las deficiencias del mercado. 
Por último, quisiera mencionar las cuestiones que siguen pendientes y que se encuentran en las 21 enmiendas que se han presentado. 
Por lo que respecta a los servicios públicos, necesitamos una aclaración sobre el tema de las compensaciones, sobre la cuestión de la financiación legítima de los servicios públicos, sobre el aspecto de la financiación subsidiaria y, ante todo, sobre el cuarto criterio enunciado en la sentencia Altmark, que es extremadamente vago y muy difícil de manejar, tal como reconoce la propia Comisión. 
Por lo que respecta a la innovación, la señora In't Veld presentará pronto su informe. 
Nos parece un texto muy bueno y esperamos enriquecerlo. 
La cuestión que se plantea es el ámbito de aplicación: ¿hay que atenerse estrictamente a la innovación o hay que ir un poco más allá en el ámbito de la investigación y el desarrollo? 
Por lo que se refiere a las regiones, algunas enmiendas excelentes indican la necesidad de evitar que se financien deslocalizaciones con ayudas estatales. 
Este problema es extremadamente grave, pues da a los europeos la impresión de que se les hace competir unos con otros y, sobre todo, con subvenciones públicas. 
Por último, quisiera concluir diciéndole que, naturalmente, somos del todo favorables a que las ayudas estatales se piensen en el marco del proceso de Lisboa y de Gotemburgo: economía del conocimiento, pero también ayuda al medio ambiente. 
Señor Presidente, antes que nada yo también quiero felicitar al señor Hökmark por su excelente informe, que nosotros como Grupo apoyaremos, como también apoyamos la postura de la Comisión a favor de reducir las ayudas estatales pero orientarlas mejor, con respecto a lo cual quiero insistir una vez más, para que no lo olvidemos, que los volúmenes de las ayudas en cuestión son en realidad menores. 
Las ayudas estatales deben utilizarse como recurso de última instancia y no son la panacea. 
Aunque en ocasiones se presenten como tal, tienen también sus efectos negativos. 
Al mismo tiempo, solo podremos abrir la mano en la concesión de ayudas estatales cuando se cumplan todas las condiciones necesarias y los demás elementos políticos, o de lo contrario acabaremos librando una batalla interminable. 
Por ejemplo, tenemos que asegurar la realización y el correcto funcionamiento del mercado interior y, en ese sentido, espero que el Parlamento Europeo tome una decisión sensata el jueves sobre la Directiva de servicios. 
Tenemos que hacer frente al proteccionismo, favorecer la competencia leal, eliminar la burocracia y la excesiva legislación, facilitar el acceso al capital riesgo y establecer también un mercado interior de servicios financieros, pero al mismo tiempo tenemos que introducir elementos como una verdadera libertad de circulación para los trabajadores de todos los Estados miembros de la UE y una política de inmigración orientada a retener en Europa a nuestros mejores y más brillantes talentos, en lugar de ahuyentarlos hacia los Estados Unidos. 
Solo cuando consigamos todo eso podremos ver si somos capaces de intervenir con ayudas estatales allí donde el mercado es ineficiente, porque no nos preocupan tanto las deficiencias del mercado como sus ineficiencias. 
Asimismo, quiero repetir que, en principio, las ayudas estatales no deberían estar permitidas. 
Alteran el mercado y distorsionan la competencia. 
El señor Savary ha dicho hace un momento que la UE tiende a ser demasiado liberal, pero quiero llamar la atención del señor Savary sobre los miles de millones que nos gastamos todos los años en ayudas estatales. 
Incluso con las estimaciones más conservadoras, estamos hablando de unos volúmenes de ayudas que equivalen aproximadamente a la mitad del presupuesto comunitario, así que en mi opinión eso no es ser terriblemente liberal. 
Yo creo que las cosas podrían hacerse de una forma un poco más liberal. 
Estoy también de acuerdo con lo que ha dicho hace un momento el señor Savary: tenemos que centrar las ayudas estatales en las prioridades del siglo XXI, es decir, los objetivos de Lisboa, la innovación, el conocimiento, la sostenibilidad... 
En consecuencia, creo que debemos conceder muchas menos ayudas estatales a industrias viejas y anticuadas, y en lo que respecta a las ayudas estatales con objetivos ambientales pienso que debemos tratar primero de eliminar los miles de millones que concedemos en ayudas estatales a muchas industrias contaminantes y sectores que hacen uso de energías no renovables, y por eso pediré a mi Grupo que apoye las enmiendas del señor Lipietz en este sentido. 
El contexto mundial es también importante en el debate. 
No podemos negar, por supuesto, que en otras partes del mundo se siguen concediendo cuantiosas ayudas estatales. 
Eso tenemos que reconocerlo, pero nuestro objetivo de reducir las ayudas estatales sigue intacto. 
Por último, quiero decir unas cuántas palabras sobre el servicio público. 
Quiero reiterar –y en esto me siento cada vez más como la voz que clama en el desierto– que los términos «servicios de interés general» y «servicios de interés económico general» todavía no se han definido y, bajo ese prisma, resulta muy extraño que se legisle sobre ellos. 
Esto sea dicho de paso. 
Como ha mencionado el señor Savary hace un momento, se necesitan urgentemente seguridad y claridad jurídicas para ese servicio público. 
Quiero terminar pidiendo a la Comisión que presente, a la mayor brevedad posible, una evaluación de la incidencia de las disposiciones aprobadas por la Comisión el año pasado sobre las ayudas estatales en forma de compensación de un servicio público. 
Quiero conocer el volumen de las ayudas estatales concedidas, el número de empresas beneficiarias y el efecto que eso ha tenido en el mercado. 
. Señor Presidente, puedo continuar directamente con lo que estaba diciendo justo ahora la señora In’t Veld. 
Se puede afirmar que Europa es competitiva solo si es también innovadora en su manera de proteger el medio ambiente. 
Creo que sería bueno que existieran ayudas no solo a la innovación, sino también, y principalmente, a la información ambiental, y me parece lamentable que esto no figure en el texto presentado por la Comisaria. 
En segundo lugar, un rasgo destacado del informe es el hecho de que las disposiciones mínimas tengan que aplicarse realmente a empresas con un mínimo de 200 000 euros al año. 
Tengo que decir, señora Comisaria, que esas disposiciones son muy generales, y eso no es suficiente. 
Sabemos que estas empresas son necesarias en las zonas rurales para que estas disfruten del desarrollo económico más básico, de la misma forma que sabemos que las regiones afectadas por cambios demográficos necesitan empresas que se establezcan en ellas, para lo cual se precisan ayudas estatales. 
No hay otra forma de contrarrestar esos efectos, y por eso me parece importante que haya un incremento notable en este terreno. 
Por último, permítanme que hable de las reglas aplicadas a las empresas que ofrecen servicios de interés general. 
No se puede aceptar que esas reglas maticen la sentencia Altmark, porque entonces se correría el riesgo de que la Comisión utilizara las reglas de la competencia para definir lo que realmente significa el interés general; justo lo que están tratando ustedes de hacer con la Directiva de servicios, ese controvertido documento en el que sacrifica el interés general en aras del libre mercado. 
Lo que necesitamos pues, y con urgencia, es una directiva marco, aunque ustedes no crean que esa responsabilidad sea suya, y la necesitamos ya, porque queremos que la Europa social se construya sobre unos cimientos sólidos. Uno de los cimientos más importantes son los servicios de interés general, puesto que los ciudadanos darán la espalda a Europa si se convierten en víctimas de las reglas de la competencia. 
. – Señor Presidente, las ayudas estatales –en otras palabras, el dinero de los trabajadores– están en primera línea de fuego. Lo que se pretende es reducir esas ayudas y que la Unión Europea las controle para ponerlas al servicio de la Estrategia de Lisboa. 
Eso significará que se reducirán las ayudas estatales para atender a las necesidades populares y se pondrán al servicio de la competitividad del capital europeo. 
En otras palabras, el dinero de los ciudadanos no se destinará a la prosperidad de las clases populares, sino a la rentabilidad del capital. 
Las referencias a las ayudas estatales para fines de interés general y por el bien público a escala de la Unión Europea no solo demuestran indiferencia ante el desarrollo asimétrico de los Estados miembros, sino que dan por hecho, además, que un procedimiento así reforzará aún más ese desarrollo asimétrico al aumentar las desigualdades y las injusticias. 
Es fundamental, dicen, que las ayudas estatales se reduzcan para conseguir resultados positivos. 
¿Es realmente necesario que abandonemos por completo las zonas rurales e insulares más alejadas, como las que existen en mi país, donde no se invierte capital porque apenas puede obtenerse beneficio alguno, privándolas de las ayudas estatales y dejándolas abandonadas a su suerte? 
Ya son víctimas del abandono en cierta medida, y parece que esa tendencia se intensificará en el futuro. 
Se privatizan los servicios públicos, se comercializan las necesidades populares básicas. 
La reducción de las ayudas estatales y su orientación hacia el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, contrarios a los intereses de los trabajadores, agravarán aún más la situación de las clases trabajadoras. 
A pesar de la referencia que se hace a la financiación de las pequeñas y medianas empresas para promover las inversiones, por desgracia todo indica que hasta la fecha las ayudas económicas a las pequeñas empresas no han existido o se han dispensado con cuentagotas. 
En cambio, ha habido mucha generosidad con las grandes empresas, que son las que se benefician y las que, con las propuestas de hoy, se verán reforzadas aún más. 
. – Señor Presidente, sería magnífico que pudiéramos arrojar cantidades infinitas de dinero a nuestros vecinos relativamente pobres de Europa Oriental, pero la historia ha demostrado que haciendo eso no se enriquece a los pobres, simplemente se empobrece a los ricos. 
En una exposición en Bruselas gestionada por la Presidencia neerlandesa, se predijo la adhesión de otros diez países europeos pobres a la UE para el año 2022: Albania, Armenia, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania. 
La experiencia de Alemania occidental de verter casi mil millones de euros en Alemania oriental demuestra lo que cuesta crear la igualdad de condiciones para un vecino pobre. 
El coste de proporcionar ayuda estatal a todos estos nuevos Estados miembros será astronómico. 
Actualmente la UE gasta más de la mitad de su presupuesto en ayuda estatal. 
Gran Bretaña está lejos de ser rica tal y como está. 
Se nos está diciendo que nuestro Gobierno no puede permitirse pagarnos una pensión decente a menos que trabajemos hasta los 70 años de edad. 
Nuestro servicio sanitario no tiene financiación suficiente y nuestra marina, que es una fracción de lo que una vez fue, apenas puede permitirse pagar el combustible que necesita para hacerse a la mar. 
Pongamos fin a esta locura antes de que los llamados Estados miembros ricos terminen totalmente empobrecidos. 
En cambio, ¿por qué no ayudamos a mejorar las economías de nuestros vecinos europeos y de los países del Tercer Mundo ofreciéndoles oportunidades de comercio libre? 
Si esto nos enriquece a todos, como creo que lo hará, puede que entonces los Estados miembros individuales estén en condiciones de ayudar financieramente a sus vecinos; pero la caridad debería empezar por uno mismo. 
– Señor Presidente, me parece que en ocasiones la política de la Comisión en materia de ayudas estatales ha sido un instrumento categórico, inflexible e incluso mal orientado, que a menudo ha entorpecido más que facilitado el desarrollo económico. 
Me pregunto, por tanto, si el nuevo ataque contra las ayudas estatales se justifica en aras de la fallida Agenda de Lisboa. 
Ahora bien, quiero hablar en particular de las ayudas de carácter regional. 
Celebro que las actuales directrices sobre ayudas regionales, en lo que afectan a mi circunscripción electoral de Irlanda del Norte, supongan una mejora considerable respecto a anteriores proyectos y que la Comisión haya escuchado mis comentarios y los de otros. 
El nuevo proyecto de directrices sigue otorgando un trato diferenciado a Irlanda del Norte como región de desarrollo económico y, por tanto, permite la concesión de ayudas para atraer inversiones extranjeras a una escala decreciente hasta 2011. 
Teniendo que competir con un impuesto de sociedades del 12,5 % al sur de la frontera con Irlanda, la posibilidad de que Irlanda del Norte pueda conceder ayudas para atraer inversiones extranjeras es absolutamente indispensable. 
Precisamente son estas realidades locales las que obligan a la Comisión a reflexionar más y más sobre la aplicación de lo que con demasiada frecuencia son rígidos dogmas sobre ayudas estatales y sobre otras políticas que afectan a la Unión Europea. 
Señor Presidente, en el informe del señor Hökmark y en el debate en comisión se ha llegado al fondo de la cuestión; el informe, sobre todo, es excelente. 
La intervención de la Comisaria nos ha dado también motivos para la esperanza. 
La reforma de la política de ayudas estatales es sumamente importante para los ciudadanos a escala local, donde las poblaciones, los municipios y las regiones constituyen las principales fuentes de inversión pública. 
Como ya se ha dicho antes, sus empresas municipales desempeñan un papel relevante para garantizar la prestación de servicios de interés general y por eso es importante que la Comisión explique –como ya ha accedido a hacer– cómo aplicará en la práctica los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark. 
Si queremos evitar conflictos jurídicos, los que vayan a aplicar esos criterios han de tener una idea clara de cuál es la política de la Comisión. 
Cuanto más concretos sean los criterios de Altmark, más difícil será su aplicación, y no cabe esperar que las respectivas administraciones públicas cuestionen el principio fundamental y decidan por sí mismas si las ayudas se han concedido o no para evitar la compensación excesiva utilizando compensaciones de mercado; ello les impondría una carga burocrática difícil de justificar. 
Pero las administraciones locales sí que podrían hacerlo si –como, de hecho, ya se ha anunciado– tuvieran acceso a unas directrices prácticas con las que, por ejemplo, pudieran determinar qué mercado es relevante. 
Celebro que la Comisión, a instancias del señor Hökmark, haya desviado su atención hacia la no inclusión de las PYME públicas en la definición de PYME, y celebro también la conclusión a la que ha llegado en relación con eso. 
Las empresas de servicio público atienden las necesidades de los ciudadanos allí donde estén y los ciudadanos las consideran de su propiedad. 
Si la UE apoya el trabajo de las empresas de servicios de interés general, en lugar de dificultarlo, conseguirá más aprobación por parte de los ciudadanos, y por eso quiero animar a la Cámara a seguir presionando para que la definición de PYME incluya a las empresas de servicios de interés general. 
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a los que han felicitado al ponente, pero también a los ponentes alternativos, por su trabajo. 
Creo que una vez más gracias a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos conseguido, con una perspectiva sueca muy liberal y al mismo tiempo una perspectiva francesa socialista, conseguir al final un buen resultado. 
Al contrario que mi colega neerlandesa, la señora In ’t Veld, yo no voy a defender la reducción de las ayudas estatales. 
En mi opinión, esa mentalidad de «menos es más» no es la dimensión más importante. 
Lo que importa es con qué fin y cómo se utilizan esas ayudas. 
Las ayudas estatales no deben verse como una desviación o una aberración de unas fuerzas de mercado perfectas, sino como un instrumento para conseguir objetivos socioeconómicos. 
Es de agradecer que la actual Comisaria de Competencia encuadre su cartera en un contexto económico suficientemente amplio como para incluir la estrategia de Lisboa, porque esa estrategia no se limita a la economía, sino también a sus efectos socioeconómicos más generales. 
El contexto socioeconómico y la perspectiva más amplia del empleo y la cohesión social son precisamente también los aspectos en los que quiero insistir en nombre de mi Grupo. 
En relación con lo anterior, quiero referirme a dos cuestiones que les pido que no enfoquen con excesivo dogmatismo. 
En primer lugar, con respecto a las deficiencias del mercado, es importante que también en este ámbito adoptemos una perspectiva más amplia y tengamos plenamente en cuenta el empleo y la cohesión social. 
La otra cuestión es la naturaleza temporal de las ayudas estatales. 
Aquí también, les pediría que permitan un cierto grado de flexibilidad, porque algunos sectores podrían necesitar subvenciones e instrumentos estatales a largo plazo, y pienso en la radio y la televisión nacionales. 
La importancia de la pluralidad de la prensa y un buen equilibrio en el suministro de información pueden requerir inversiones a largo plazo de fondos gubernamentales en ese tipo de sectores. 
La vivienda pública es otro ejemplo. 
Considerando los intereses de la planificación urbana y rural, la integración de las minorías y la integración social en las ciudades, algunos agentes del mercado podrían recibir ayudas estatales para lograr esos objetivos más generales. 
Por último, con respecto a las dimensiones europea y nacional, quiero señalar, como hace el señor Hökmark en su informe, que las ayudas estatales pueden utilizarse en ocasiones para aumentar la competencia política entre Estados miembros, y quiero pedir a la Comisión que vigile y controle eso más de cerca y que considere si deben imponerse sanciones a los propios Estados miembros, y no solo a las empresas que reciben las ayudas estatales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, una de las aseveraciones principales del señor Hökmark es que la economía de mercado es siempre el medio más eficiente para compartir recursos. 
Si nos tomamos Gotemburgo en serio, el modelo del triángulo equilátero formado por el desarrollo económico, social y ambiental tiene mucho sentido empresarial, pero flojea en su dimensión económica. 
Si el señor Hökmark quiere –y tiene razón– que las pequeñas y medianas empresas sean eficientes y que se favorezca la innovación, sobre todo por medio de subvenciones, entonces lo que se necesita además es una buena formación, una buena educación y las infraestructuras adecuadas, no solo en las grandes conurbaciones, sino por supuesto también, en las zonas rurales. 
Así, se ve obligado de nuevo a reconocer la necesidad de cohesión territorial, social y medioambiental. 
De lo contrario, los ciudadanos que vivan en lugares sin esas condiciones favorables y naturales se encontrarán en una situación de desventaja. 
Siendo así las cosas, pido que se considere con mucha cautela el destino de las ayudas y también si los servicios de interés general se benefician de ellas, porque de lo contrario no servirán para nada. 
En un aspecto, puedo decir al señor Hökmark que tiene toda la razón. 
Según dice en su informe, no tiene sentido conceder ayudas a las empresas que ya son rentables, y en eso estoy de acuerdo con él. 
Cuando digo que ese tipo de ayudas es perjudicial, estoy pensando en la República Federal de Alemania y en el sector altamente rentable del automóvil en el que tanto dinero se ha invertido, solo para que las empresas hayan cerrado y se hayan llevado la producción a otros lugares con la ayuda de más subvenciones. 
Las ayudas no pueden servir para eso. 
En eso, señor Hökmark, tiene usted toda la razón. 
Son muchos los modelos que tenemos que cambiar. 
El umbral de mínimos es el adecuado. 
Lo cierto es que se necesitan ayudas estatales de finalidad regional para las zonas menos desarrolladas, y no puede negarse que la ayuda contemplada en el artículo 87 seguirá necesitándose en las regiones actualmente afectadas por el efecto estadístico. 
Felicito a mi colega, el señor Hökmark, por su excelente informe, porque lamentablemente en los últimos años no hemos conseguido reducir la cuantía de las ayudas. 
Estoy asimismo de acuerdo en que los aspectos administrativos del procedimiento deben simplificarse. Coincido totalmente en que debemos aumentar la transparencia de las ayudas. 
Y que es preciso elaborar un reglamento más claro, sobre todo en el ámbito del servicio público. 
Además, se necesita transparencia para saber con claridad quién puede recibir ayudas estatales. 
Por tanto, la concesión de ayudas debe acompañarse de la publicación de una lista detallada de todos los beneficiarios, especificando el volumen de las ayudas recibidas por cada uno de ellos, sobre todo en el caso de las subvenciones agrícolas. 
No obstante, quiero llamar la atención sobre el hecho de que, aunque por una parte estoy de acuerdo en que no debe existir ninguna discriminación entre regiones o países en lo que respecta a las ayudas, por otra tenemos que reconocer que existen países y regiones muy subdesarrollados dentro del mercado interior. 
Ahora bien, esos países –precisamente para consolidar el mercado interior– necesitan un período más largo de adaptación. 
No sería oportuno aprovechar el debate sobre las ayudas estatales para lanzar ataques políticos contra los nuevos Estados miembros, que ya han reducido considerablemente sus ayudas. 
Los volúmenes de sus ayudas no son excesivos, ni siquiera cuando se comparan con el PIB, y son inferiores a los de los Estados miembros más desarrollados cuando se comparan en euros por habitante. 
Eso es algo que debe tenerse también en cuenta cuando se acusa a los nuevos Estados miembros en otros ámbitos, como por ejemplo de dúmping fiscal. 
Tampoco sería una mala cosa que se estableciera una conexión entre las ayudas estatales y comunitarias y la deslocalización de las empresas, sobre todo cuando los nuevos Estados miembros están todavía en un período de transición negativo en lo que respecta a los fondos estructurales o los pagos directos. 
Aparte de las ayudas estatales de finalidad regional contempladas, el objetivo es ayudar a que las inversiones sirvan para crear puestos de trabajo en las regiones menos desarrolladas y con desventajas competitivas. 
No estamos tratando de adoptar una estrategia que aleje a los inversores de la Unión Europea. 
Por lo tanto, el mantenimiento de unas ayudas bien orientadas pero moderadas podría estar justificado y ser además útil, sin distorsionar la competencia. Eso ya se había contemplado en las directivas relativas a las ayudas estatales de finalidad regional. 
– Señor Presidente, yo también quiero agradecer al ponente, el señor Hökmark, su informe equilibrado sobre las ayudas estatales, que es idéntico a un informe y a una presentación equilibrados de las ayudas estatales por parte de la Comisión. 
En este marco, quiero destacar algunas cuestiones importantes que deben tener prioridad: primero, la necesidad de redefinir los objetivos y tipos de ayudas estatales y el sistema para controlar y notificar dichas ayudas; segundo, la salvaguarda de la claridad jurídica en cuanto a los criterios aplicados para la concesión de ayudas estatales a los servicios de interés económico general, considerando como criterio principal la sobrecompensación, la diferenciación de las ayudas estatales entre pequeñas y grandes empresas públicas y el aumento de las subvenciones a las empresas, que deben combinarse con importantes incentivos fiscales. 
Por último, debe ofrecerse apoyo a las iniciativas innovadoras en materia de investigación, desarrollo e innovación, sobre todo en países y regiones distantes, especialmente allí donde exista una importante brecha tecnológica. 
Yo también quiero sumarme a mis colegas y dar las gracias al señor Hökmark por el excelente trabajo que ha realizado para que este informe estuviera terminado hoy. 
El tema de las ayudas estatales levanta mucha polémica. Eso es porque afecta directamente a los 25 Estados miembros. 
Conviene que nos preguntemos a dónde queremos que nos lleve la reforma y qué es lo que nos ha llevado a necesitar ese tipo de reforma. 
Cuando las decisiones preliminares adoptadas por la Comisión entre febrero de 2004 y el día de hoy se examinan con detenimiento y se comparan con la Estrategia de Lisboa y las conclusiones de la Cumbre Europea de Barcelona 2002, es evidente que las ayudas estatales serían mucho más productivas si se orientaran y diseñaran mejor para lograr esos mismos objetivos. 
Así pues, pienso que debemos tratar de crear un sistema que sea lo más sencillo posible y, por tanto, más eficaz y más transparente. 
Será un instrumento indispensable, porque eliminará la burocracia innecesaria que, hasta ahora, no solo ha llevado a malgastar más dinero, sino que ha impedido que las ayudas estatales traigan el progreso y ha hecho que sean menos adecuadas para sus supuestos fines. 
Es preferible que velemos por el buen uso de las ayudas estatales, de manera que los fondos vayan a parar a donde realmente se necesitan, en lugar de derrocharlas, como solía suceder antes, sin un buen fin. 
Tenemos que llegar a una situación en la que el Estado tenga objetivos claros, que impliquen el principio de proporcionalidad, sobre el destino que quiere dar a sus ayudas. 
No debemos olvidar que esos fondos son financiados por todos los contribuyentes, así que queremos que se utilicen con prudencia y responsabilidad, de manera que sean más productivos y sus efectos sean más palpables. 
No debemos olvidarnos de las empresas que tienen problemas logísticos por estar en regiones desfavorecidas, como por ejemplo las empresas asentadas en una isla como Gozo. 
Una vez más, quiero agradecer al ponente su trabajo. 
Señor Presidente, las ayudas de Estado son un instrumento legítimo de actuación pública. 
En la medida en que aportan una ventaja singular y un trato diferenciado, su establecimiento requiere una justificación más estricta que otras alternativas y un diseño refinado que garantice su eficacia y coherencia con las políticas y objetivos de la Unión, así como con sus compromisos internacionales. 
La reforma de las ayudas públicas en el período 2005-2009 debe tener en cuenta que, aun cuando las ayudas de finalidad regional contribuyen a la convergencia real, existen grandes divergencias internas de renta y oportunidades entre las regiones de Europa. 
El resultado del informe Hökmark es bastante equilibrado. 
Agradezco que se haga eco de la necesidad de vincular la reforma de las ayudas estructurales de finalidad regional con la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales hasta 2013, subrayando su carácter complementario, y que defienda el mantenimiento de medidas adecuadas de apoyo para las regiones afectadas por el efecto estadístico sin discriminaciones. 
Valoro positivamente la propuesta de incrementar el umbral de las ayudas de minimis, que eliminará burocracia y favorecerá sobre todo a las PYME. 
(Quiero agradecer en primer lugar al ponente, el señor Hökmark, su excelente y equilibrado informe, que contiene numerosas ideas sobre cómo evaluar y aplicar con coherencia la política de ayudas estatales. 
Por una parte, nos interesa lógicamente asegurarnos de que las ayudas estatales concedidas en los Estados miembros no debiliten el entorno competitivo natural. 
Por otra parte, me complace enormemente que en su plan de acción para la reforma de las ayudas estatales, la Comisión haya tenido en cuenta la necesidad de fortalecer a la Unión Europea promoviendo la economía basada en el conocimiento, cosa que llevamos mucho tiempo reclamando. 
En mi intervención quiero insistir sobre todo en la innovación, la investigación y el desarrollo, unos ámbitos estrechamente relacionados con el acceso al capital riesgo. 
En esos ámbitos, la financiación pública podría ser útil para generar un gran rédito en forma de desarrollo sostenible y mayor competitividad de la economía europea, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 
El modelo de asociaciones público-privadas para la creación de centros de investigación y desarrollo, centros de innovación tecnológica y centros de alta tecnología, donde las universidades representen un papel importante, así como las administraciones locales y regionales y otras instituciones del sector, puede contribuir significativamente a aumentar la transparencia en el uso de los fondos públicos y, al mismo tiempo, ayudar a explotar mejor el potencial de investigación, tecnología e innovación de cada uno de los Estados miembros. 
Lo mismo cabe decir del capital riesgo. 
Sin fondos públicos sería casi imposible reunir el suficiente capital riesgo necesario para financiar la puesta en marcha de empresas nuevas e innovadoras. 
La política de ayudas estatales no puede entorpecer de ningún modo su desarrollo. 
Por el contrario, debe favorecerlo y atraer suficiente capital privado. 
Confío en que la reforma de las ayudas estatales satisfaga estas exigencias. 
– Señor Presidente, Señorías, también yo estoy de acuerdo con el ponente, con la señora Comisaria y con muchos diputados sobre la conveniencia de reformar las ayudas estatales para adecuarlas a los desafíos actuales. 
El problema es encontrar los métodos adecuados para ello. 
Creo que la estrategia básica consiste en reducir el número de ayudas estatales, primar a algunos sectores que se han mencionado, como la innovación, la investigación, el medio ambiente y las empresas, y garantizar una mayor transparencia. 
Como ha recordado hace un momento el señor Sánchez Presedo, es conveniente también vincular las ayudas estatales a la política de cohesión. 
En este terreno, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha incluido con acierto un apartado relativo a las ventajas fiscales. 
Es un instrumento que puede combinarse con las medidas de cohesión y liberar el potencial empresarial en algunas zonas especialmente desfavorecidas. 
Espero que la Comisión y la Comisaria Kroes tengan en cuenta esta importante declaración del Parlamento. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del señor Hökmark sobre la reforma europea de las ayudas estatales y quiero darle las gracias sinceramente y sumarme al apoyo general que ha recibido aquí en esta Cámara. 
Apoyo plenamente el mensaje principal de la Comisión de menos ayudas estatales con un objetivo bien definido, así como los pilares de innovación e investigación en los que se basa la nueva política. 
Estoy deseando escuchar las propuestas concretas de la Comisión a este respecto. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios vigilará de cerca a la Comisión en los próximos meses y estaremos encantados de iniciar un diálogo con ella, porque espero que la Comisión presente directrices más detalladas sobre la definición de las ayudas estatales para garantizar una mayor seguridad jurídica y evitar al mismo tiempo que se haga un uso indebido de ellas, porque la innovación debe ser lo que implica la propia palabra, y no un permiso para que algunos Estados miembros sigan actuando como hasta ahora. 
Celebro también que una mayoría del Parlamento Europeo quiera ir más lejos que la Comisaria y duplicar el umbral mínimo que determina la obligación de notificar a Bruselas las ayudas estatales. 
De esa forma se reducirá mucho la carga burocrática y administrativa y eso beneficiará sobre todo a las PYME. 
Quiero preguntar a la señora Comisaria si está dispuesta a aceptar la propuesta del Parlamento Europeo. 
Señora Comisaria, en los Países Bajos ya conocíamos desde hace mucho tiempo su determinación, pero ahora quiero agradecerle la firmeza con la que está reformando las ayudas estatales. 
Le pido que siga trabajando así de bien, porque todavía queda mucho por hacer. 
Señor Presidente, la política de ayudas estatales tiene que ser consecuente con los objetivos políticos proclamados por la UE. 
Las ayudas estatales deben servir para acelerar el crecimiento sostenible y la competitividad sostenible, y reducir las disparidades regionales. 
Las ayudas no deben concederse allí donde vayan a actuar en contra de esos principios. 
Las ayudas estatales bien orientadas fomentan la creación de empresas y de puestos de trabajo, incluso en zonas con desventajas naturales permanentes o muy alejadas de los grandes mercados. 
Las zonas con desventajas naturales permanentes, como las septentrionales, deben enmarcarse en la misma categoría que las zonas del Objetivo 1. 
Las ayudas tienen que dirigirse a objetivos más precisos y destinarse especialmente a resolver cuellos de botella en las empresas, como ocurre con la financiación mediante capital riesgo de la creación y aplicación de nuevas tecnologías. 
Hay que prestar especial atención a las tecnologías ambientales y a su potencial de creación de empleo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Hökmark, por su excelente informe. 
Como hemos escuchado, esta Cámara, en un informe de propia iniciativa presentado hace unas semanas, se mostró partidaria de mantener la concesión de ayudas estatales a las regiones desfavorecidas hasta 2013. 
Puesto que el apoyo que las empresas obtienen de las ayudas estatales es uno de los factores que influyen en ellas a la hora de decidir si invierten en una determinada región, estas ayudas pueden realizar una contribución fundamental al crecimiento económico y a la creación de empleo en esa región. 
En el Tratado de la Unión Europea se prohíben expresamente todas aquellas ayudas estatales que puedan tener un efecto perjudicial en el mercado interior debido a una posible distorsión de la competencia, pero se hace una excepción con algunos tipos de ayudas estatales, como las concedidas para promover el desarrollo económico de algunas regiones desfavorecidas de Europa. 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, tengo la plena convicción de que las ayudas estatales directas desempeñan un papel esencial en el desarrollo regional y contribuyen de manera importante al logro de nuestros objetivos de cohesión básicos. 
El alcance dado a las ayudas en la letra a del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de la Unión Europea, junto con las directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional, han permitido en el pasado a las regiones afectadas atraer empresas y de ese modo contribuir activamente a su propia regeneración. 
Si dejaran de recibir ese apoyo, el proceso de convergencia de dichas regiones se vería amenazado por la ausencia de ventajas competitivas no solo frente a las regiones que no sufren esas desventajas, sino también frente a las regiones de los nuevos Estados miembros que reciben las ayudas más cuantiosas. 
Así ocurre, por ejemplo, en las regiones limítrofes de los nuevos Estados miembros. 
La reducción de la burocracia es un elemento importante de la legislación en materia de ayudas y, al igual que el incremento de las ayudas de mínimos, realizará una importante contribución para hacer más atractivo el marco jurídico a las empresas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, del mismo modo que nuestro ponente es un hombre razonable, esta propuesta de resolución también representa un equilibrio razonable entre opiniones diversas y responde a una necesidad fundamental de la Unión Europea, desde hace demasiado tiempo estancada en un crecimiento bajo y nada competitivo. 
La Comisión Prodi siempre vio en las ayudas estatales a un enemigo de la competencia y del mercado único. 
Por desgracia era una visión parcial y distorsionada, que a menudo hizo que faltara el legítimo apoyo público a sectores económicos estratégicos, como la investigación y la innovación, así como la necesaria política de cohesión. 
La Comisión Barroso parece tener en cambio otro punto de vista y la resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aporta algunas orientaciones de las que no debería apartarse la Comisión. 
Ninguno de nosotros se opone a la competencia. 
No obstante, este valor fundamental de la economía de mercado se ha visto supeditado a menudo a las ideologías de burócratas y economistas carentes de responsabilidad política, hasta el punto de retrasar en la economía real la recuperación de la competitividad de regiones enteras de la Unión Europea. 
Como ya ha dicho el señor Pittella, hoy debemos pasar página y conciliar la competencia y las políticas de cohesión. 
En este sentido, por ejemplo, son útiles las ventajas fiscales, que pueden contribuir de forma decisiva a las políticas de cohesión y que, a falta de una armonización fiscal entre los Estados miembros, constituyen un instrumento indispensable en manos de los Gobiernos nacionales a fin de combatir el subdesarrollo regional. 
. Señor Presidente, esta noche tengo motivos para estar satisfecha. 
Compruebo que no existen demasiadas diferencias de opinión entre las corrientes políticas sobre esta cuestión. 
Felicito al ponente. 
El contenido del informe y el análisis de la Comisión están en línea con lo que hemos hablado durante este debate. 
Quiero insistir en que no existe ningún dogma rígido. 
Eso ya lo ha explicado usted claramente. 
Se trata más bien de proporcionar un instrumento a las empresas de los Estados miembros, porque la ayuda no va a parar a los propios Estados miembros. 
A través de las ayudas estatales, cada Estado miembro proporciona una caña de pescar a las empresas que necesitan algo de ayuda, en lugar de darles simplemente el pescado. 
Prefieren pescar por sí mismas, pero necesitan un poco de apoyo. 
La señora In‘t Veld y otros diputados han hablado de menos y mejores ayudas estatales. 
Según ella, la declaración de la Comisión contiene recomendaciones que su Grupo político y ella misma consideran apropiadas. 
Me habría gustado decir que esas palabras eran mías, pero salieron del Consejo. 
Las ayudas deben ser menos y mejores. 
Eso es lo que intentamos decir y lo que el ponente ha recogido en su informe. 
La reforma de las ayudas estatales tiene que concebirse de manera que no solo fomente el crecimiento, la innovación y el empleo, sino también una amplia gama de aspectos principalmente no económicos. 
Todos estamos de acuerdo en que tienen una importancia fundamental para nuestro modelo social europeo. 
Incluyen la cohesión social y regional, el capital humano y la diversidad cultural, como acaba de mencionar la señora Van den Burg. 
No obstante, las ayudas estatales deben utilizarse con prudencia, porque es dinero de los contribuyentes. 
No debemos competir a través de las ayudas estatales con los Estados miembros, porque ese no es el buen camino. Tendría un efecto muy pernicioso. 
No podemos permitir una carrera de subvenciones entre los Estados miembros, así que está claro que necesitamos menos ayudas, pero con objetivos mejor seleccionados. 
Respecto a las preocupaciones concretas que se han planteado hoy aquí, la Comisión hará todo lo posible por conseguir que las reglas funcionen mejor en la práctica. 
Promoverá también la transparencia, que algunos de ustedes han hecho bien en reclamar. 
La ayuda debe controlarse, pero en el fondo la reforma de las ayudas estatales solo dará resultado si establecemos una colaboración positiva. 
Un par de diputados se han referido al papel de las directrices sobre ayudas estatales de carácter regional y la necesidad de centrar las ayudas en las regiones que más las necesitan. 
Eso ya lo debatimos aquí y lo aprobamos el año pasado. 
No se trata tampoco de un dogma, pero sí que tiene en cuenta el hecho de que algunas regiones necesitan más ayuda en momentos determinados. 
Queremos conseguir un paquete justo y equilibrado y de eso ya hablamos aquí en diciembre. 
Seguiremos analizando la manera de adaptar las reglas que rigen las ayudas estatales a los nuevos mecanismos financieros, como las asociaciones entre el sector público y privado. 
Lo mismo cabe decir de las ayudas destinadas a proyectos de interés común para promover la competitividad y la innovación tecnológica. 
Se ha planteado la cuestión de la innovación. 
Acabo de leer un artículo del Profesor Getz que dice que la innovación no debe circunscribirse a los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas, sino que debe implantarse en todos los niveles, de pies a cabeza. 
Esa es una interesante filosofía que debemos tener en cuenta al pensar en la forma de promover la innovación. 
Volviendo a las PYME, si nos fijamos en los 25 Estados miembros, el 92 % de todas las empresas de la Unión Europea pertenecen a la categoría de las pequeñas y medianas empresas. 
Así que cuando hablamos de crear puestos de trabajo y crecimiento económico, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de las empresas son de pequeño y mediano tamaño. 
Eso es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de prestarles más atención de la que han recibido hasta ahora y de estimular la innovación y la cooperación entre centros de investigación, empresas más pequeñas y empresas más grandes. 
Tenemos ante nosotros el reto de garantizar a todas las PYME el acceso a esas oportunidades. 
Se ha dicho con razón que el capital de riesgo no está muy desarrollado en Europa. 
Comparado con los Estados Unidos, las empresas pequeñas o de reciente creación no asumen ideas innovadoras porque no consiguen el apoyo de los bancos. 
Las ayudas estatales destinadas a apoyar a esas empresas en sus primeras etapas de desarrollo podrían ser muy útiles. 
El señor Wortmann-Kool ha preguntado si la Comisión podría elevar el umbral. 
No digo que no estemos dispuestos a elevarlo. 
Pero debemos tener en cuenta que hablamos de PYME y no de grandes empresas, y que la idea es reducir los trámites burocráticos. 
La cantidad de euros de la que estamos hablando cubre realmente esa categoría. 
Así que presentaremos una propuesta en breve, pero no sean demasiado optimistas, porque ha llegado a mis oídos que están pensando en grandes sumas de dinero, pero entonces no tenemos en cuenta la categoría. 
Respecto al medio ambiente, la Comisión no puede negarse a aprobar ayudas solo porque el objetivo perseguido no sea ambiental. 
Estoy segura de que esa no es la pregunta formulada. 
Tenemos que considerar todas las políticas de la Unión. 
Pero la Comisión comparte el objetivo de reducir las ayudas estatales que perjudiquen al medio ambiente y todos debemos instar a los Estados miembros a tenerlo en cuenta cuando tomen decisiones relativas a las subvenciones. 
En cuanto a los servicios públicos, los servicios de interés económico general, la decisión de la Comisión y el contexto explican claramente cómo se aplicarán las reglas sobre ayudas estatales a la financiación de los servicios públicos. 
La Comisión se ha comprometido a informar de las consecuencias de esas reglas dentro de los plazos de tiempo marcados por esos instrumentos. 
Como saben ustedes, la Comisión no considera necesaria una directiva marco. 
Estoy hablando de menos burocracia. Estoy siendo coherente al decir que si no la necesitamos, no debemos adoptarla. 
Por último, el ponente principal y los ponentes alternativos han hecho un gran trabajo con este informe y agradezco que podamos celebrar un debate con el mismo objetivo; es decir, más empleo para Europa en un contexto social en el que estamos orgullosos de vivir. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0021/2006) de la señora Herczog, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre los efectos de la globalización en el mercado interior (2004/2225 (INI) ). 
La globalización ha estado presente a lo largo de toda la historia de Europa. 
Pensemos en la expansión de la cristiandad, en el descubrimiento del mundo o en la revolución científica e industrial. 
Europa ha encontrado siempre una respuesta progresista a los desafíos que le ha planteado la globalización. 
Pero al mismo tiempo hemos visto siempre que los individuos se enfrentan a más y más cambios con temor y reservas. 
Así ha sucedido siempre, incluso cuando el cambio era claramente beneficioso para Europa y para los europeos. 
Lo mismo ocurre hoy. 
La rápida democratización de algunas regiones geográficas a principios del siglo XXI y la revolución de la información y la tecnología nos han hecho conscientes de que la transformación del mundo es irreversible y de que la competencia mundial seguirá con nosotros durante mucho tiempo. 
La cuestión a la que ahora nos enfrentamos es cómo debe reaccionar Europa ante esta situación para conseguir que sus ciudadanos salgan airosos en el siglo XXI. 
Me complace especialmente que los miembros de la Comisión IMCO piensen de la misma manera. 
El debate en comisión fue constructivo y reflexivo y dejó claro que no podemos aislarnos del resto del mundo. 
Eso no solo sería físicamente imposible de intentar en el mundo actual, con Internet y con unas circunstancias que cambian a cada minuto, sino que supondría además una renuncia a la competencia y un retraso irrecuperable. 
Con respecto a la propuesta de resolución que hoy nos ocupa, quiero empezar diciendo que he elaborado el informe de propia iniciativa; es muy importante que hagamos uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, pero no podemos ir más allá de la cuestión de la globalización y del mercado interior que se especifica en el título. 
Los interlocutores políticos, económicos y civiles de Europa tienen que darse cuenta de que solo podremos conseguir los importantes avances sociales de nuestro continente con crecimiento económico y con unos elevados niveles de empleo. 
Para ello, tenemos que conseguir que Europa sea la mejor elección posible para las grandes multinacionales que compiten en el mercado mundial. 
Tenemos que asegurarnos de que Europa sea un punto de partida seguro y una base estable para las grandes empresas europeas, y ofrezca oportunidades de crecimiento y prosperidad a las pequeñas y medianas empresas. 
No cabe duda de que eso supondrá una gran responsabilidad para los legisladores europeos, entre los que nos encontramos nosotros, el Parlamento Europeo. 
Es evidente que en algunos sectores excesivamente regulados, necesitamos menos reglamentos, pero mejores y más eficientes, aunque lo contrario ocurre también en otros sectores, donde debemos ser capaces de resolver graves deficiencias y crear marcos jurídicos seguros. 
Me refiero concretamente a la creación y protección del conocimiento y a su transformación en una ventaja económica. 
Se trata de un proceso horizontal que discurre a distintos niveles y que implica por igual el apoyo y el fomento de la investigación y la innovación, la modernización de la educación y la protección de la propiedad intelectual. 
Sin eso, no tiene sentido que nos refiramos a la sociedad basada en el conocimiento y a la economía en la Estrategia de Lisboa, el informe Wim Kok o cualquier otra decisión del Parlamento Europeo. 
Por último pero no menos importante, permítanme decir que Europa solo podrá enfrentarse con fuerza y competitividad a los desafíos mundiales si no debilitamos desde dentro nuestra propia unidad. 
Necesitamos un mercado interior dinámico y un espacio único europeo donde los ciudadanos no solo puedan viajar libremente, sino también trabajar libremente y utilizar sus conocimientos en toda Europa y por el bien de Europa. 
Esa es la contribución que he querido hacer con mi informe. 
Quiero expresar mi gratitud a los que me han ayudado a elaborarlo. 
Quiero agradecer también a la Comisión la ayuda prestada y permítanme que reitere mi agradecimiento a los que han apoyado este trabajo con sus enmiendas y sugerencias. 
Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción el informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre los efectos de la globalización en el mercado interior y expresa su agradecimiento a todos los que han contribuido, en particular a los ponentes, la señora Herczog y el señor Markov, así como a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la Comisión de Comercio Internacional, por el excelente trabajo que han realizado en la elaboración de este informe. 
Soy consciente de que no ha sido una tarea fácil, puesto que la globalización es una cuestión extremadamente compleja. 
Fue también de gran utilidad organizar una audiencia sobre el tema. 
Agradecí la oportunidad de explicar mi visión de los retos y escuchar directamente las opiniones de los diputados al Parlamento Europeo y de las partes interesadas. 
El resultado ha sido un informe muy equilibrado y completo que aborda los principales retos de una manera sucinta. 
Hace una contribución muy oportuna a un importante debate. 
Europa tiene que encontrar respuestas adecuadas a los grandes retos actuales: las fuerzas cada vez mayores de la competencia mundial, los efectos de las nuevas tecnologías y el envejecimiento de nuestra población. 
Al acelerarse la integración internacional, el concepto de mercados abiertos y una economía globalizada ha sido objeto de crítica. 
Por supuesto, la globalización es motivo de una preocupación legítima. 
Tienen que existir estructuras adecuadas y capaces de ayudar sobre todo a las economías en desarrollo y emergentes. 
Está clara también la necesidad de unas formas de gobernanza adecuadas. 
Pero hay quien abusa de estos argumentos para tratar de debilitar el concepto mismo de libertad económica. 
No niego que muchos sectores económicos están atravesando dificultades y en ocasiones dolorosas transiciones. 
Pero no es nada bueno que se trate de inclinar la balanza hacia otro lado: hacia las adquisiciones extranjeras, las importaciones baratas y los trabajadores migrantes. 
La respuesta no está en el proteccionismo. 
Nunca lo ha estado a lo largo de la historia –lo único que produjo a veces fueron grandes tensiones entre naciones– y tampoco lo está ahora. 
Si se compara el grado de apertura de los sistemas económicos con el crecimiento y el desarrollo, se comprueba que la apertura da sus frutos. Siempre los ha dado y siempre los dará. 
Primero para los ciudadanos. Con puestos de trabajo. 
Celebro que en su informe la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así como la Comisión de Comercio Internacional, que ha emitido su opinión, adopten un enfoque constructivo y equilibrado frente a la globalización. 
Como se reconoce en el informe, podemos hacer de la globalización un éxito si creamos las condiciones adecuadas y aprovechamos nuestros puntos fuertes. 
Y no tenemos que ser modestos en esto. 
Europa tiene mucho que ofrecer. 
Tenemos que asegurarnos de que Europa y el mercado interior sigan siendo un lugar atractivo para consumidores y empresas; un lugar atractivo para invertir, sobre todo en actividades de investigación y desarrollo de productos y servicios con un alto valor añadido, donde nuestras empresas destacan especialmente. 
Para ello hace falta un mercado interior fuerte, basado en el conocimiento y debidamente regulado, que sepa utilizar la experiencia que hemos adquirido y las lecciones que hemos aprendido. 
Esta es la mejor respuesta de Europa a sus problemas internos de escaso crecimiento económico y elevado desempleo, pero también al reto de la globalización. 
Las prioridades en este contexto son: la aplicación de la nueva Estrategia de Lisboa para promover el crecimiento y el empleo; la consolidación del mercado interior, inclusive en los servicios, telecomunicaciones, energía y servicios financieros; el establecimiento de reglas simples y eficaces que liberen a empresas y ciudadanos de costes y trámites burocráticos innecesarios; y un mejor uso del marco actual del mercado interior, que incluya una mejor cooperación administrativa a través de las fronteras. 
La mayor parte del trabajo relevante se ha iniciado ya y es importante que todas las partes implicadas, a escala comunitaria y nacional, hagan lo posible por terminarlo. 
Como debidamente se insiste en el informe, la globalización tiene también una marcada dimensión externa para la formulación de políticas relacionadas con el mercado interior. 
Tenemos que mirar mucho más al exterior que hasta ahora y ser conscientes de los aspectos externos de nuestras políticas económicas internas, como las reglas de nuestro mercado interior. 
Ya nada es exclusivamente interior. 
Necesitamos una mayor convergencia normativa y equivalencia de las reglas a escala internacional. 
Eso es especialmente importante en el ámbito de los mercados financieros, que son los que están encabezando el proceso de globalización. 
Además, Europa tiene que aprovechar su escala para ayudar a encontrar soluciones ambiciosas y equilibradas a los problemas de acceso al mercado o a las cuestiones de regulación. 
La conclusión con éxito de la Ronda de Doha, que trata también sobre los servicios, es un elemento fundamental en este sentido. 
Por último, necesitamos una nueva alianza entre la UE y los Estados miembros. 
Ninguno de ellos puede conseguir por su cuenta que Europa siga siendo el atractivo lugar que es todavía. 
Estoy convencido de que el informe del Parlamento Europeo realizará una contribución importante a este debate más amplio sobre Europa en el mundo globalizado. 
. Señor Presidente, señora Herczog, señor Comisario, la Comisión de Comercio Internacional ha emitido una opinión que, comprensiblemente, se ocupa sobre todo de los aspectos relacionados con el comercio y, aunque su comisión no ha incorporado todas nuestras sugerencias –porque así son las cosas en política–, agradecemos a la ponente su informe de propia iniciativa. 
¿Cuáles pensamos entonces que son los principales motivos de preocupación? 
Para compensar los posibles efectos adversos de la globalización en la Unión Europea, la Comisión propuso la creación de un fondo especial, y nosotros estuvimos de acuerdo en que eso era lo que había que hacer, añadiendo, asimismo, que ese fondo tendría que ser debidamente dotado. 
En segundo lugar, reconocimos que la Unión Europea, a pesar de las condiciones adversas en todo el mundo, es uno de los mayores productores e inversores del mundo y tiene, por supuesto, la oportunidad de seguir ejerciendo una gran influencia económica en los mercado globalizados, pero dijimos además que –sobre todo cuando se comercia con terceros países– debemos tener en cuenta si esos países respetan la legislación internacional en materia de derecho laboral, seguridad social y medio ambiente, y propusimos que se ampliaran o adaptaran los acuerdos comerciales preferentes para conceder acceso preferente al mercado a los países terceros que la respetan, es decir, que hayan ratificado y aplicado adecuadamente los convenios internacionales sobre la protección de los trabajadores y el medio ambiente. 
El señor Comisario se acaba de referir a la Ronda de Doha y ha estado oportuno, aunque las evaluaciones de esa Ronda varían mucho. 
En la opinión emitida por nuestra comisión, recordamos que hemos pedido a la Comisión una evaluación de la repercusión de los futuros acuerdos multilaterales en los sectores de la agricultura y los servicios dentro de la Unión Europea, antes de proseguir con esas negociaciones. 
Para eso hace falta una interacción; de la misma forma que tenemos algunos problemas en la Unión Europea que podría enumerar si dispusiera de tiempo para ello, también los países terceros tienen sus propios problemas y creo que la única forma de que todas las partes avancen es que reconozcan sus respectivos problemas. 
. – Este informe, que he instigado, es una respuesta a los crecientes problemas a que se enfrenta el mercado interior de la Unión dentro de la economía mundial. 
Dado que, en realidad, las normas en todo el mundo difieren de alguna manera de las normas internas de la Unión, nos encontramos en una encrucijada importante. 
La suerte de la prosperidad europea dependerá, en primer lugar, de cómo y cuándo revisemos nuestra legislación en materia de economía social de mercado con vistas a conseguir una mayor flexibilidad real y, en segundo lugar, de si Europea ha de ejercer una mayor influencia en la creación y el seguimiento de normas económicas mundiales que reflejen más fielmente nuestros valores. 
Las normas sociales y ambientales son un resultado loable de la civilización europea, que se ha declarado responsable del desarrollo a largo plazo del planeta. 
La otra cara de esta moneda, no obstante, son unos costes de producción más elevados y una menor competitividad en una serie de sectores que se encuentran sometidos a la presión mundial, en especial, por parte de las economías asiáticas que no están familiarizadas con estas normas. 
En los países terceros se saquean los recursos naturales y el comercio se caracteriza por la anarquía. 
Las condiciones de trabajo y las condiciones de vida no se ajustan a las leyes humanas fundamentales. 
Es algo ante lo que Europa no debe cerrar los ojos. 
Este informe es un diálogo sobre cómo revisar el Reglamento europeo de manera que no represente un obstáculo para la competitividad y el empleo, sino que, más bien, respalde el impulso que haga que el mercado europeo sea más atractivo e incremente el nivel de vida. 
También es un llamamiento a reforzar notablemente la política exterior europea y a afirmar una estrategia comercial que se fundamente en nuestros valores. 
Nuestro aliado natural en esta trayectoria y en la OMC son los Estados Unidos, con los que a mi juicio hay que intensificar el diálogo. 
El punto débil de esta trayectoria es la rigidez de la toma de decisiones en las instituciones internas de la Unión, que se habría subsanado con una nueva Constitución. 
Por último, quiero felicitar a la ponente, que ha tenido en cuenta las audiencias públicas y todo el debate en ambas comisiones. 
Su informe es completo y bien equilibrado y, por lo tanto, merece el apoyo rotundo del Parlamento. 
. – Señor Presidente, Señorías, un mercado mundial en el que las tecnologías de la información faciliten la circulación de mercancías, servicios, trabajadores y capital es un fenómeno que no podemos negar, y hemos de esforzarnos por aprovechar las oportunidades positivas que nos ofrece. 
Solo una economía competitiva puede sobrevivir en un mercado mundial. 
El mercado interior de la UE, que ha sido uno de los partícipes más fuertes del mercado mundial, está perdiendo impulso y se está estancando. 
Al aprovechar la imperfección de las normas de la OMC, y al no observar las normas relativas a la seguridad y el medio ambiente, países asiáticos como China están conquistando con éxito los mercados de los productos textiles, del calzado y de la electrónica de la UE. 
La vacilación de los Estados de la UE a la hora de tomar decisiones, que influirá en la perspectiva a largo plazo del desarrollo económico de la UE, también amenaza la competitividad en otros ámbitos. 
Me refiero a la ausencia de una política común energética e industrial y a la creciente amenaza que pesa sobre el mercado laboral de la UE y la libre circulación de servicios. 
La aplicación del periodo de transición para la circulación de la mano de obra de los nuevos Estados y la aprobación de una Directiva de servicios que no incluye el principio del país de origen reducirán la competitividad de la UE. 
Por consiguiente, pido a los antiguos Estados miembros de la UE que rechacen el periodo de transición para la circulación de trabajadores y pido al Parlamento Europeo que vote por una Directiva de servicios que incluya el principio del país de origen. 
. – Señor Presidente, el informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior se basa en una percepción equivocada que la Comisión Europea ha estado promoviendo, en general, durante algún tiempo y que conduce al rechazo del Tratado Constitucional. 
Dicho de otra manera, en vez de identificar las desigualdades sociales y fomentar su erradicación, se refugia en el fortalecimiento de los agentes que las promueven, en nombre de la liberalización del mercado. 
A resultas de ello distingo tres conceptos negativos fundamentales en el informe: el primero es que pedimos a la Unión Europea que defina una estrategia para hacer frente a los desafíos en cuestión con una mayor flexibilidad del mercado interior. 
El segundo, que pedimos a la Comisión Europea que supervise la aparición de indicios de proteccionismo en los Estados miembros y que informe de forma regular al Parlamento sobre cualquier indicio de este tipo; y el tercero, la idea de que existe la necesidad de garantizar que los grandes operadores del mercado europeo hallen el apoyo y las oportunidades suficientes en el mercado interior para convertirse en protagonistas del mercado mundial. 
Uno podría concluir razonablemente que, con este informe, se está haciendo un llamamiento a una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, la eliminación de la intervención social del Estado y el apoyo a las grandes empresas, en una época en que diversos estudios han demostrado que las consecuencias sociales de la globalización son extremadamente negativas; en otras palabras, 50 millones de los europeos y estadounidenses más ricos tienen los mismos ingresos que los de 2 700 millones de personas en el resto del mundo. 
Más de mil millones de personas del planeta Tierra no saben leer ni escribir. 
El 20 % que ocupa el lugar más importante de la lista de los países ricos controla el 82 % de las exportaciones y el 70 % de las inversiones directas. 
Tres mil millones de personas en el mundo tienen unos ingresos inferiores a dos dólares al día, mientras que en los Estados Unidos el umbral de pobreza se cifra en 11 dólares al día. 
Por lo tanto, ni tan siquiera las estadísticas oficiales dan una imagen completa de la desigualdad económica y de la pobreza. 
Por último, una comparación de los años que van de 1960 a 1980 con los que van de 1980 a 2000, cuando los mercados se internacionalizaron o globalizaron más, muestra que el progreso se frenó durante los últimos veinte años, cuando se abrieron los mercados y las empresas llevaron a cabo sus actividades comerciales en auténticas condiciones de competencia, cuando muchas pequeñas y medianas empresas cerraron en beneficio de las multinacionales. 
El informe no identifica estos efectos ni tampoco los aborda. 
. – Señor Presidente, intervengo como economista de profesión que he sido durante varios años –no sin un modesto prestigio en el centro financiero de Londres–, así que es posible que sepa algo sobre cómo funciona la economía globalizada. 
La idea de que las economías nacionales en crisis deban recibir fondos para protegerse de las realidades mundiales es como dar una botella de whisky a un alcohólico. 
La ayuda estatal que recibe una persona es el impuesto que tiene que pagar otra. 
El dinero que gastan los políticos es casi siempre dinero derrochado. 
Ese es el problema, no la solución. 
Quizás debiéramos ocupar nuestro tiempo en tratar de normalizar los limpiaparabrisas o las botellas de licores, en acabar con la profesión más vieja del mundo o en alguna otra cosa igual de absurda. 
Veamos si dejamos alguna reflexión seria a los que tienen experiencia del mundo real, que tristemente no están representados en este lugar. 
. – Señor Presidente, el informe de la señora Herczog incluye una lista completa de observaciones muy sabias. 
Europa necesita un cambio radical y, en particular, necesita crear un mercado auténticamente común para el trabajo y los servicios. 
En estos momentos, este mercado permanece cerrado a demasiados europeos. 
Si Europa no subsana esta situación, su competitividad a escala mundial sufrirá las consecuencias. 
Si somos honestos con nosotros mismos, creo que en estos momentos la mayoría ha perdido la cuenta del número de veces que hemos escuchado afirmaciones de este tipo. 
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión solo tienen derecho a trabajar en tres países de la antigua UE de los quince. 
La inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión siguen sin creer que una mano de obra más barata y unos servicios más económicos y más competitivos son buenos para la economía, o que le darán un nuevo ímpetu, generando de esta manera crecimiento tanto en el empleo como en la renta. 
Cuanta más protección nacional de los mercados nacionales de trabajo y de servicios exista, más puestos de trabajo y servicios se deslocalizarán fuera de las fronteras de la Unión. 
Se trasladarán a Delhi y a Pekín en lugar de Varsovia o Budapest. 
Necesitamos más medidas y menos palabras. 
La primera prueba de nuestras auténticas intenciones llegará el jueves, cuando votemos la Directiva de servicios. 
Será una oportunidad de demostrar si queremos un mercado común realmente libre o si nos contentaremos con una farsa y palabras vacías, culpando a un mundo exterior malvado y cruel que nos deja atrás rápidamente. 
– Señor Presidente, aunque sabemos que no podemos detener la globalización, no cabe duda de que necesitamos crear las condiciones marco adecuadas para que el número de sus víctimas sea lo más bajo posible en los Estados de la UE. 
Es lamentable que no parece que a la Comisión se le haya ocurrido nada mejor todavía que crear un fondo de globalización, para así transferir más dinero de los antiguos Estados miembros a los nuevos, que se suponía habían utilizado los miles de millones que se les habían dado en concepto de ayuda para prepararse para la adhesión y que ahora pueden permitirse, además de la ventaja de la que gozan debido a unos costes laborales bajos, un impuesto plano, mientras que los trabajadores de los antiguos Estados miembros de la UE creen que la de Bruselas les ha dejado en la estacada. 
La ampliación hacia el este y la globalización precipitada ha generado tal presión competitiva que algunos trabajadores y algunas industrias ya no pueden hacerle frente. 
El temor general de la competencia de precios reducidos es, por lo tanto, algo que nos debe preocupar. 
Por lo tanto, hay que atenerse, cueste lo que cueste, a los periodos de transición para el mercado laboral, con el fin de aliviar estos males, incluso si solo es en cierta medida. 
Podrá haber excedentes de exportación y los principales conglomerados podrán obtener buenos resultados, pero los puestos de trabajo que pagan las cuotas a la seguridad social están estancados y, por lo tanto, se está desmantelando nuestro sistema de seguridad social. 
Durante años, la Comisión ha subrayado la importancia de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de puestos de trabajo y, sin embargo, una tras otra, se aprueban leyes que les hace la vida más difícil. 
Tanto las subvenciones de apoyo como los contratos públicos van a parar a las grandes empresas, por lo que, cada dos años, estas se dirigen adonde se pagan actualmente las subvenciones más altas. 
Esto tiene que cambiar, y sin demora, o en caso contrario –o así me lo parece a mí– se va a arrojar a los lobos a las pequeñas y medianas empresas de Europa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay seis reflexiones que quiero hacer sobre este tema. 
En primer lugar, aunque todos somos conscientes de que la globalización prosigue, creo, a diferencia del señor Mölzer, que acaba de intervenir, que hemos de aprovechar esto como una oportunidad si lo que queremos es tomar el buen camino. 
En segundo lugar, hemos de observar lo que la OMC hace al respecto y, además, reforzar a las Naciones Unidas como la organización mundial de la ética. 
Las ideas acerca de un «Plan Marshall mundial» en la cooperación al desarrollo son muy importantes en este sentido. 
El tercer punto que quiero plantear es que el euro fue nuestra mayor contribución a este fin. 
La Unión Económica y Monetaria es una respuesta a la globalización y es el motivo por el que hay que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si lo que hay que hacer es ampliar el ámbito de acción para obtener más logros de este tipo. 
En cuarto lugar, el cambio que se está produciendo en la población es un quebradero de cabeza; es necesario que pongamos en orden nuestros sistemas de pensiones y de seguridad social y si no lo hacemos con un efecto suficientemente duradero no cabe duda de que vamos a perder terreno en la globalización. 
Hace unos días, Jean-Claude Juncker afirmó en una reunión del Partido Popular Europeo que los jóvenes «globalizadores» están en Asia y que los cambios demográficos suponían que los ciudadanos de edad avanzada están en Occidente. 
Consideramos que es un análisis desconcertante de nuestra necesaria respuesta. 
En quinto lugar, convertimos el mercado interior en un mercado nacional y hacemos que las cuatro libertades sean una realidad para los empresarios y los trabajadores. 
La Directiva de servicios forma parte de este proceso. 
Por último, señalaré que la educación y la investigación, así como las pequeñas y medianas empresas necesitan el respaldo financiero adecuado si lo que queremos es aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestro propio campo y no retroceder ante los riesgos que esto implica. 
– Para empezar, quiero dar las gracias a la ponente, la señora Herczog, por su análisis exhaustivo de los efectos de la globalización en el mercado interior y por incorporar mis enmiendas y añadidos a este informe coherente. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que si hay que considerar positivamente el fenómeno de la globalización, esto debe beneficiar a tantas partes interesadas como sea posible, incluidas las pequeñas y medianas empresas. 
¿Qué tiene que hacer la Unión Europea para enfrentarse a la competencia de los Estados Unidos de América y a las enormes economías asiáticas en rápido crecimiento? 
En primer lugar, la inversión en educación y la investigación y el desarrollo tienen que ser una prioridad, ya que la única manera para que la Unión Europea pueda competir es mediante un alto valor añadido en sus bienes y servicios. 
Puesto que la aplicación de una economía basada en el conocimiento no es factible sin una estrategia adecuada y una financiación suficiente, será necesario, antes de la aprobación de las Perspectivas Financieras de 2007-2013, reconsiderar la reducción incomprensible de los gastos en educación e investigación, lo que pone en peligro actividades tan importantes como el Séptimo Programa Marco. 
La Asociación Europea de Universidades, importante órgano académico europeo que reúne a las universidades y a las organizaciones nacionales para rectores de universidades, también ha dado la voz de alarma en este sentido. 
En segundo lugar, hay que centrarse en las pequeñas y medianas empresas de nueva creación y mejorar su acceso al capital riesgo en las fases tempranas de su desarrollo, ya que forman la columna vertebral de todo el sistema económico. 
En tercer lugar, doce Estados miembros de la Unión Europea deben abrazar el mensaje de la Comisión Europea de que no conviene cerrar los mercados laborales. 
En cuarto lugar, tenemos que eliminar las barreras en el mercado interior aprobando la enmienda a la Directiva sobre servicios propuesta por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Señorías, la globalización constituye tanto un gran reto como una oportunidad para Europa. 
Si no la aprovechamos, perderemos terreno frente a nuestros competidores. 
Señor Presidente, debemos agradecer a la señora Herczog en particular que haya provocado un debate tan estimulante sobre la globalización, pero el debate de esta noche demuestra que la globalización es un término muy cargado de connotaciones. 
Genera preocupación e inquietud. 
Entiendo esos temores, pero no los comparto. 
En Europa debemos tener más confianza en nuestras propias capacidades. 
La globalización puede ser un reto, pero también es una oportunidad y así debemos plantearla. 
La razón es sencilla. No tenemos otra alternativa. 
La visión de la globalización como una amenaza motiva las peticiones de proteccionismo. 
Ya he dicho en numerosas ocasiones que no creo que la respuesta esté en cerrar las fronteras y proteger los mercados. 
El blindaje de las economías frente a la competencia no las hace más competitivas. 
Los mercados solo se hacen competitivos si las empresas se ven obligadas a competir. 
Negar la realidad, pretender que el mundo exterior no existe, es la mejor receta para obtener unos resultados económicos mediocres. 
Con malos resultados económicos no podremos sostener nuestro modelo social. 
La globalización no es algo que sucede fuera del mercado único; forma parte del mercado único y el mercado único forma parte del mercado globalizado. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión sobre SOLVIT, formulada por Arlene McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (0-0087/2005/rev. – B6-0001/2006). 
. – Fue mi predecesor, Philip Whitehead, quien formuló esta pregunta en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y se que él hubiera querido que apoyáramos el sistema SOLVIT e instáramos a la Comisión a mejorar y desarrollar la red de resolución de problemas en nombre de los ciudadanos y consumidores de la Unión Europea. 
Por eso he formulado una serie de preguntas al Comisario para ayudar a seguir desarrollando y apoyando la red SOLVIT. 
Quiero compartir con ustedes la opinión de un ciudadano del Reino Unido residente en los Países Bajos que utilizó el sistema SOLVIT. 
Según él, «el sistema SOLVIT es un servicio excelente que debería proclamar sus logros en voz más alta». 
Los grandes logros y las buenas experiencias de nuestros ciudadanos se traducen en una actitud positiva hacia Europa, y creo que nuestra obligación como legisladores es asegurarnos de que las leyes que aprobamos se apliquen de forma que otorguen a nuestros ciudadanos y consumidores las ventajas de trabajar, vivir o hacer negocios en el mercado interior. 
Cuando se producen errores o problemas en la aplicación de las leyes de la UE, no solo se niega a los ciudadanos sus derechos, sino que se socava la propia credibilidad de la UE como institución legisladora. 
SOLVIT es un medio de corregir esos errores y ayudar a las administraciones nacionales a garantizar la correcta transposición y aplicación de la legislación que todos juntos aprobamos en la Unión Europea. 
Pero al mismo tiempo puede ser el rostro del servicio al cliente, el mostrador de atención al público, del proceso legislativo de la UE. 
Puede influir en la percepción que tienen los ciudadanos de la UE. 
He remitido algunos casos de mi circunscripción a la red SOLVIT y me he quedado gratamente impresionada por su manera de resolver los problemas y por sus rápidas respuestas a nuestras preguntas. 
Una persona de mi circunscripción tenía dificultades para obtener un distintivo azul de discapacitado en Alemania. La señora Nuttall fue informada de que tenía que ser residente en Alemania. 
SOLVIT intervino y se puso en contacto con las autoridades locales alemanas, que acto seguido emitieron un distintivo azul de aparcamiento para discapacitados. Es un ejemplo más de una actuación de la UE a favor de los ciudadanos. 
Como se indica en nuestra pregunta, la comisión cree sin lugar a dudas que la red de resolución de problemas en línea puede encontrar soluciones pragmáticas y rápidas, que no tienen por qué terminar en los tribunales o en casos de infracción. 
Pero está claro que SOLVIT necesita más recursos y apoyo, y es preciso promover tanto la propia red como el acceso del público. 
Tiene que dar a conocer mejor sus servicios a las bibliotecas, a las oficinas del consumidor y, por supuesto, a mis colegas diputados al Parlamento Europeo y a las administraciones locales, que a menudo incumplen la legislación comunitaria. 
Creo, al igual que mi elector, que es necesario actualizar el sitio web, si es posible con casos de la vida real que haya resuelto SOLVIT. 
El señor Meehan me ha dicho que el sistema SOLVIT podría beneficiarse de la cooperación con Europea Direct. 
Él se ha dirigido en varias ocasiones a Europea Direct con preguntas para comprobar que el personal de SOLVIT es quien posee los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para responder a las preguntas del público y de sus ciudadanos. 
La red SOLVIT podría desempeñar un papel importante para ayudar a transponer y aplicar la Directiva de servicios. 
Podría ayudar a facilitar el acceso al mercado a las empresas y apoyar el papel del punto de contacto único para las empresas que deseen penetrar en el mercado único de servicios, la llamada «ventanilla única». 
La comisión quiere, desde luego, que SOLVIT se refuerce. 
Queremos que se le dote de mejores recursos, tanto en la Comisión como a escala de los Estados miembros, y queremos que SOLVIT resuelva los problemas de los ciudadanos y consumidores en toda la UE. 
Señor Comisario, espero que tome nota de las cuestiones que se plantean en la pregunta formulada por la comisión. 
Señor Presidente, la Comisión aprecia mucho el interés que el Parlamento Europeo ha manifestado por la red SOLVIT de resolución de problemas de la UE. 
SOLVIT es algo más que un sistema; es, en muchos aspectos, el punto de partida de un cambio de cultura administrativa por las siguientes razones: primero, con su plazo de diez semanas y su enfoque pragmático, SOLVIT reduce los procedimientos y trámites burocráticos y antepone a los ciudadanos y a las empresas; segundo, los Estados miembros se hacen directamente responsables de resolver los problemas del mercado interior que puedan surgir entre ellos y, tercero, con su forma de trabajar totalmente transparente, SOLVIT produce unos resultados cuantificables que marcan una diferencia real para ciudadanos y empresas. 
Después de tres años de experiencia, la Comisión puede recomendar sin ningún tipo de reservas el sistema SOLVIT como una forma alternativa, rápida y eficaz de dar respuesta a las quejas de los ciudadanos. 
Por todo ello, se han destinado más recursos al equipo de apoyo de SOLVIT de la Comisión, que desde septiembre cuenta con cinco empleados a jornada completa y cuatro a jornada parcial. 
Uno de los objetivos políticos fundamentales de SOLVIT es integrarlo como un instrumento más de la caja de herramientas de los responsables de resolver problemas y quejas de los ciudadanos y las empresas en la Comisión. 
Nosotros queremos también que se conozca más la existencia y las posibilidades de SOLVIT en otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, en las administraciones nacionales y en las organizaciones que defienden los intereses de los ciudadanos y las empresas. 
En la actualidad hay dos cuestiones que deben abordarse para que SOLVIT pueda desarrollar todo su potencial: la necesidad de que las autoridades de los Estados miembros modifiquen sus prácticas y hábitos administrativos y la necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos suficientes a escala nacional para responder a las quejas recibidas por SOLVIT y para que este sistema se dé a conocer más. 
SOLVIT es un instrumento concebido para resolver problemas. 
La Comisión cree que el método de trabajo de SOLVIT puede desarrollarse para facilitar la colaboración administrativa en numerosos ámbitos. 
Inspirados por el éxito de SOLVIT, estamos desarrollando actualmente un sistema de información sobre el mercado interior que será un instrumento más general destinado a facilitar la cooperación administrativa entre los Estados miembros en todo el mercado interior. 
Es preciso potenciar el relieve de SOLVIT en el plano político. 
Solo si existe un compromiso político suficiente, las administraciones estarán dispuestas a recurrir a métodos más rápidos e informales de resolver problemas siempre que sea posible. 
Solo con una voluntad política clara se destinará personal suficiente en las administraciones nacionales a resolver problemas dentro de los plazos establecidos y a dar la palabra a empresas y a ciudadanos. 
Considerando los éxitos que ha tenido hasta la fecha, la Comisión cree que podría darse a conocer más este sistema sin tener que dotar de un fundamento jurídico vinculante a SOLVIT. 
La ausencia de un fundamento así ha permitido, hasta la fecha, disfrutar de una gran flexibilidad. 
Además, en los últimos años se han emprendido interesantes iniciativas espontáneas, como la resolución más estructural de problemas por algunos centros SOLVIT, aunque eso no forme parte del mandato de SOLVIT según se describe en la recomendación de la Comisión. 
La Comisión seguirá desempeñando un papel activo en el futuro desarrollo de SOLVIT. 
En abril de 2006 se publicará un segundo informe anual sobre el funcionamiento y el desarrollo de SOLVIT, que permitirá al Parlamento Europeo seguir supervisando la situación. 
Quiero dar también la bienvenida a mi amiga y colega, la señora McCarthy, que está aquí por primera vez como Presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: esta es la primera de muchas futuras ocasiones en que abordaremos los problemas. 
Quiero manifestar mi interés especial por SOLVIT. 
Mi oficina tuvo el privilegio de ser una de las primeras en utilizar el sistema y mi personal ha recibido formación al respecto. 
Hemos tramitado ya bastantes quejas a través de él. 
Nos hemos sentido extremadamente satisfechos con los resultados y las personas a las que hemos ayudado también se han sentido satisfechas. 
Me gustaría sumarme de todo corazón al tono de esta pregunta, pero creo que de ella se derivan una serie de consecuencias, porque los recursos que necesita no solo se refieren a la Comisión, como ha señalado usted, señor Comisario. 
Debemos conseguir también que los Estados miembros destinen los recursos necesarios e intensifiquen sus actividades. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente al esforzado personal británico de SOLVIT en el Ministerio de Comercio e Industria, que ha sido extremadamente útil para mi equipo a la hora de tramitar quejas de muy diversa índole. 
Estoy convencido de que otros países han tenido la misma experiencia. 
Pero, señor Comisario, usted también tiene que presionar a los Estados miembros. 
Como bien ha dicho, el cambio de cultura va a ser absolutamente fundamental a este respecto. 
Asimismo, quiero apoyar plenamente lo que usted ha dicho sobre la evolución de este tipo de combinación de tecnología y proceso –utilizando la tecnología para reducir la burocracia– porque espero y estoy seguro de que lo necesitaremos a medida que se desarrolle el mercado interior de servicios. 
Estoy cada vez más convencido de que lo mejoraremos esta semana por una mayoría sustancial, pero no queremos quedarnos solo ahí. 
Se contemplan nuevas formas de cooperación, habrá nuevas pequeñas empresas que accedan al mercado único y todas ellas necesitarán acceder a SOLVIT si realmente queremos conseguir las ventajas económicas que promete el mercado único. 
– Cuando hablamos de la protección del consumidor, la ayuda concedida a las empresas o los aspectos de la expansión y el fortalecimiento de la legislación comunitaria, siempre mencionamos la eficiencia y el pragmatismo como esfuerzos importantes. 
SOLVIT es el sistema que puede ser un ejemplo modélico de la consecución de dichos objetivos. 
SOLVIT muestra a los ciudadanos europeos una Europa con rostro humano. 
Como hemos oído decir, el sistema resolvió 300 casos en 2004. 
No cabe duda de que se trata de una cifra alta, si tenemos en cuenta que la plantilla de SOLVIT está compuesta por cinco empleados de alto rango que solucionan seis problemas cada semana. 
Pero si tenemos en cuenta que la población de la Unión Europea es de 450 millones de personas, a fin de cuentas, 300 quejas no parece ser una cifra demasiado alta. 
Si los ciudadanos que visitan las oficinas de los 732 diputados al Parlamento se pusieran en contacto con SOLVIT para presentar al menos una queja se plantearía un problema irresoluble. 
La razón por la que se presentan relativamente pocas quejas podría deberse a que existen pocos casos que las generan, pero la razón más probable es que pocas personas conocen este sistema, y es de prever que en los próximos años, a medida que se difunda la buena reputación de la institución, cada vez más ciudadanos pretendan hacer valer sus derechos de protección del consumidor en el sistema SOLVIT. 
Esto significa que, a medida que el sistema sea cada vez más popular, la carga de trabajo de SOLVIT aumentará y será más difícil debido a la creciente integración del mercado interior, y se extenderá con la expansión de la cultura del consumidor. 
Esto supone que ya merecería la pena considerar de qué forma podríamos preparar el sistema para gestionar quinientas, mil o incluso más solicitudes de manera eficaz, rápida y pragmática en un plazo de cinco a diez años. 
Este proceso precisará recursos humanos y financieros adecuados. 
Conviene desarrollar el marco y los medios para una cooperación administrativa que funcione de la manera más eficiente posible. 
Y también hay que pensar en cómo este servicio europeo, de fácil acceso para los usuarios y extremadamente eficiente, puede transformarse en un hábito arraigado, igualmente eficiente, de Europa, los consumidores, los empresarios y de los ciudadanos. 
Hay que considerar que, votemos como votemos el jueves la Directiva sobre servicios, es absolutamente seguro que el sistema SOLVIT también será necesario en el ámbito de los servicios. 
Por consiguiente, le alentamos, señor Comisario, a que respalde la consolidación del sistema SOLVIT y que haga cuanto esté en sus manos para que el sistema funcione. 
. – Señor Presidente, se trata en efecto de una pregunta especial y es bueno que represente la continuidad entre nuestro anterior Presidente, el señor Whitehead, y la señora McCarthy. 
Cuando el sistema SOLVIT funciona, hace que el mercado interior funcione. 
Ha sido todo un éxito: consigue resultados positivos; tiene efectos prácticos tanto para las PYME como para otras partes interesadas en el buen funcionamiento del mercado interior. 
Pero al igual que otros, yo también he tenido muchas experiencias positivas cuando he remitido a electores de mi circunscripción a SOLVIT y les he visto salir con cara de clientes satisfechos. 
Ahora bien, la pregunta se centra sin duda en los problemas: recursos y publicidad. 
Si existe un buen servicio, es evidente que tenemos que darlo a conocer a más personas; y si se necesitan recursos y el problema está en los Estados miembros, tendremos que tratar de resolver ese problema. 
Quiero llamar su atención sobre otro aspecto. 
La semana pasada tuve la oportunidad de hablar en una reunión organizada por la Comisión de representantes de los consumidores en las oficinas del consumidor de toda la Unión Europea. 
Está claro que siguen existiendo enormes problemas para superar las dificultades transfronterizas con que se topan los consumidores. 
Creo que podríamos hacer más por ampliar el sistema de tipo SOLVIT a esos otros tipos de problemas. 
SOLVIT es, al fin y al cabo, un sistema sencillo, pragmático y práctico; desde luego, un ejemplo de lo mejor que sabemos hacer, sin ser excesivamente legalistas. 
Demuestra que la UE puede aportar un valor añadido con un resultado práctico para nuestros ciudadanos y conseguir que nuestro mercado interior funcione lo mejor posible. 
Pero, si podemos, vayamos más lejos y extendamos el sistema más hacia el terreno de los consumidores y no lo ciñamos a los problemas administrativos. 
. – Señor Presidente, se trata otra vez de más dinero, ¿no? 
Permítanme que sugiera que las personas que piensan que esta red es un idea realmente buena paguen por ella, en lugar de desviar cada vez más dinero del acosado contribuyente británico, que está siendo ya exprimido hasta la última gota por los codiciosos y estúpidos políticos que parecen querer dominarnos en todos los niveles. 
. – Señor Presidente, la existencia del mercado interior brinda enormes oportunidades a los ciudadanos. 
Sin embargo, a menudo este mercado no funciona como debiera. 
Con frecuencia, la ley no es clara y es incoherente y surgen constantemente problemas relativos a su interpretación. 
Debido a ello, los particulares y las entidades económicas tienen que salvar demasiados obstáculos durante sus actividades. 
El sistema SOLVIT puede ser muy útil en estos casos. 
La ventaja incuestionable de la red es que aborda las quejas tanto de los ciudadanos como de los empresarios, y que requiere encontrar soluciones a los problemas que se plantean en un breve periodo de tiempo. 
Otra importante característica de SOLVIT es que es un servicio gratuito. 
También, según estadísticas oficiales, resuelve el 75 % de los casos que acepta. 
SOLVIT es una especie de instrumento que permite a la Unión Europea determinar si la legislación adoptada se está aplicando debidamente por parte de los Estados miembros. 
Otra ventaja de la red es que gracias a sus habilidades negociadoras, SOLVIT puede encontrar soluciones más rápidas y mucho más baratas de lo que los tribunales podrían hacerlo, incluso a los problemas más complicados. 
Para garantizar un alto nivel de operatividad, hace poco SOLVIT introdujo una serie de mejoras para facilitar la comunicación entre las redes y los particulares o los empresarios que buscan soluciones a sus problemas. 
Debido a ello, mi oficina electoral también ha sido conectada a la red SOLVIT. 
De esta manera, los ciudadanos de mi región pueden presentar sus problemas a mis ayudantes y pedirnos ayuda. 
A la vista del éxito que ha tenido la red SOLVIT hasta hoy, creo que debería desarrollarse más. 
Este es el motivo por el cual apoyo plenamente la propuesta de incrementar los recursos humanos asignados muy por encima de los cuatro funcionarios que actualmente tiene asignados. 
No cabe duda de que la idea de que el funcionamiento del sistema europeo SOLVIT sea un instrumento para resolver problemas en el mercado interior es encomiable y merece un fuerte apoyo. 
Sin embargo, como políticos responsables de legislar, nos incumbe a nosotros esforzarnos en lo posible por crear leyes claras, transparentes y sensatas. 
Estas leyes deberían satisfacer las expectativas de los ciudadanos y de los empresarios. 
También deberían fomentar el desarrollo económico y la creación de un auténtico mercado único. 
Se trata de una empresa inspirada, próxima al espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea. 
Por desgracia, aún no se ha desarrollado completamente. 
Durante esta sesión parlamentaria, se nos va a brindar una buena oportunidad de recuperar el tiempo perdido en la creación de un mercado único de servicios. 
No hay que rendirse ante la presión pública. 
Lo que hay que hacer es enviar una clara señal de que el Parlamento está determinado a crear un auténtico mercado único donde no existan más problemas de los que el programa SOLVIT deba resolver. 
El proyecto de Directiva sobre servicios de la Comisión Europea merece nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, Señorías, hace tres años la Comisión Europea presentó la red SOLVIT, dedicada a resolver infracciones de la normativa del mercado interior sin la intervención de procedimientos judiciales. 
Las empresas y los ciudadanos de la UE pueden utilizar SOLVIT para resolver problemas relacionados con la circulación de mercancías, la seguridad social, la migración, el reconocimiento de las cualificaciones, etc. SOLVIT brinda al reclamante la oportunidad de ahorrar tiempo y evitar procedimientos judiciales onerosos. 
Esto es especialmente importante para los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas. 
Una de las ventajas de SOLVIT es que se pospone todo período de prescripción aplicado por los tribunales. 
Se han registrado cerca de 800 casos en el SOLVIT comunitario, de los cuales el 80 % se han resuelto. 
Durante el primer año de funcionamiento de SOLVIT, Lituania ha abordado diez quejas. 
Siete de estas quejas eran contra Lituania y tres eran de Lituania contra otros Estados. 
El 90 % de las quejas procedían de ciudadanos; la mayoría se referían a la libre circulación de las personas. 
Lituania está entre los países en que todas las quejas se resuelven puntualmente, con una media de un máximo de 43 días. 
Esto es a pesar de que, en Lituania, SOLVIT solo cuenta con un empleado. 
Sin embargo, existen ámbitos de las actividades de SOLVIT, que deberían mejorarse tanto en Lituania como en otros países. 
El pequeño número de casos SOLVIT que se tratan demuestra que no solo los ciudadanos sino incluso algunas instituciones estatales conocen poco este sistema. 
Este es el principal obstáculo para resolver problemas relacionados con el mercado interior a través de SOLVIT. 
Hay que dar a conocer a los ciudadanos las oportunidades que ofrece SOLVIT y organizar campañas publicitarias para los ciudadanos y las empresas. 
Pido a la Comisión Europea que aliente a los gobiernos nacionales a que refuercen la capacidad de SOLVIT con más recursos humanos, y pido a la propia Comisión que ayude financieramente la labor de SOLVIT. 
Señor Presidente, doy las gracias a sus Señorías por sus aportaciones. 
Se han planteado algunas sugerencias e ideas prácticas, sobre todo por parte de la señora McCarthy, de las que he tomado buena nota junto con mis servicios. 
SOLVIT trata de hacer que el mercado interior funcione. 
A menudo escuchamos peticiones de más mercado único y más armonización. 
Muchos creen que esa es la respuesta a todos los problemas. 
Pero yo no creo que la solución esté en más directivas y más armonización. 
En efecto, puede incluso que sean parte del problema. 
Si existe un problema práctico en el comercio transfronterizo, habrá que encontrarle una solución práctica. 
Los procedimientos legales o la normativa rara vez son una solución práctica, pero SOLVIT sí lo es. 
Permite a las partes en conflicto y a las administraciones nacionales comunicarse de modo efectivo y buscar una solución en cuestión de semanas. 
Nuestras empresas y nuestros consumidores necesitan una respuesta y una solución. 
Los sistemas como SOLVIT contribuyen a ello. 
SOLVIT ha sido un éxito. 
Centenares de problemas se han resuelto gracias a él. 
Puede que a algunos no impresionen estas cifras, sino que piensen que esos números tan altos indican que hay problemas y que el mercado único no funciona en algunos ámbitos. 
Eso no es para nada así; el mercado único que está funcionando, pero necesita cierta ayuda en algunos aspectos a través de mecanismos fácilmente accesibles. 
SOLVIT es justamente eso. 
No debemos permitir que se convierta en víctima de su propio éxito haciéndolo demasiado formalizado o rígido. 
Pero sí tenemos que dar a conocer más el sistema SOLVIT como una forma de resolver los problemas. 
Pero los Estados miembros y la Comisión han de asegurar que se destinen recursos suficientes a este sistema, sin que lo convirtamos en lo que no es. 
Mi recomendación para SOLVIT es la misma que para muchas otras cuestiones: ante todo, que siga siendo sencillo. 
Se cierra el debate. 
El punto siguiente es el informe de Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la confiscación de automóviles por las autoridades griegas (2005/2005 (INI) ) (A6-0394/2005). 
. – Señor Presidente, es triste tener que abordar esta cuestión, que incide en el núcleo central del acervo comunitario. 
Podríamos decir que estamos ante una tragedia griega, pero que afecta a otros ciudadanos de la UE. 
En la Comisión de Peticiones, más que en todas las demás comisiones, creo que hay que dejar de lado nuestros compromisos y filiaciones políticas nacionales y de partido con el fin de administrar justicia natural a los ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros. 
Hemos recibido numerosas peticiones de ciudadanos de toda la UE relativas a la confiscación de sus automóviles por parte de las autoridades griegas. 
Los peticionarios afirman que Grecia no ha aplicado debidamente la Directiva 83/182/CEE, que se refiere a las condiciones para la franquicia de ciertos impuestos y tasas especiales para los ciudadanos de la UE que –y ahí está la clave– en otro Estado miembro. 
Las autoridades griegas también han impuesto sanciones administrativas desproporcionadamente altas y han confiscado los bienes de los peticionarios, alegando que las personas afectadas intentaban evadir el pago de impuestos. 
Se ha exigido a los peticionarios, en algunos casos, que paguen hasta diez veces el importe de los aranceles de aduana sin el debido reconocimiento del valor real del automóvil. 
Este informe se ha estudiado en comisión en diversas ocasiones y fue aprobado por amplia mayoría a finales de noviembre. 
Los peticionarios han venido a presentar su petición explicando que, en algunos casos, tienen que pagar tasas y multas de hasta 45 000 euros para recuperar los vehículos de su propiedad que las autoridades griegas habían llevado al depósito y confiscado. 
Tanto yo, como ponente, como el presidente de la Comisión de Peticiones hemos estado en contacto regular con las autoridades griegas para intentar resolver estas cuestiones y los expedientes que están tramitándose en estos momentos. 
El Parlamento griego ha aprobado una enmienda a la ley relativa al código nacional aduanero griego. 
Sin embargo, se me ha informado de que esta ley confiere poder al Gobierno Griego para la confiscación de vehículos que estén en esta situación. 
Merece la pena recordar que los peticionarios han cumplido las condiciones de la franquicia establecida en la Directiva 83/182/CEE, en particular, del impuesto sobre el volumen de negocio, los impuestos especiales y cualquier otro gravamen sobre el consumo para la importación temporal de vehículos de motor de otro Estado miembro. 
Todos los peticionarios tienen su residencia normal –es decir, el lugar donde viven como mínimo durante 185 días por año natural por razón de vínculos personales y ocupacionales– en un Estado miembro distinto de Grecia; es decir, cumplen las condiciones establecidas en la Directiva. 
Los peticionarios también estaban en condiciones de acreditar fehacientemente su lugar de residencia normal por los medios apropiados, como su documento de identidad o cualquier otro documento válido. 
Asimismo, la imposición de sanciones administrativas especiales y, en particular, de multas fijadas a tanto alzado exclusivamente en función de la cilindrada del vehículo –sin tomar en consideración su antigüedad– y de un arancel incrementado que en algunos casos puede llegar hasta el décuplo de los impuestos de que se trata no es compatible –no solo en mi opinión, sino en la de la Comisión– con el principio comunitario de proporcionalidad. 
Por último, espero que la aprobación de este informe envíe una señal muy enérgica a las autoridades griegas de que tienen que modificar su ley de manera que cumpla las Directivas de la UE a las que me he referido. 
A menudo, en la UE creemos que el acervo comunitario es un menú a la carta del que podemos elegir lo que nos guste. 
Al contrario: el acervo comunitario y la pertenencia a la UE suponen que hemos de adoptar el acervo en toda su extensión y transponerlo debidamente. 
Pido a la Comisión que nos diga qué medidas adoptará si las autoridades griegas no aplican debidamente la Directiva comunitaria. 
. Señor Presidente, me complace intervenir en este debate sobre la confiscación de automóviles en Grecia. 
He leído y ahora he escuchado el informe del señor Cashman con gran interés y comparto todas las preocupaciones que se expresan en él. 
Las cuestiones evidenciadas en el informe tienen gran importancia no solo para este caso concreto, sino también en lo que se refiere a sus efectos en las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la fiscalidad de los automóviles y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Permítanme que diga algunas palabras sobre el caso en cuestión. 
Además de las numerosas peticiones recibidas por el Parlamento, a la Comisión han llegado muchas quejas durante los últimos años acerca de una práctica administrativa que da lugar a la confiscación de automóviles. 
No intento entrar a fondo en detalles técnicos, pero, como bien saben, el Derecho comunitario permite a un ciudadano residente en otro Estado miembro –y hago hincapié en la palabra «residente» y no en la de «nacional» – utilizar su automóvil por motivos personales en otro Estado miembro sin estar obligado a matricular su automóvil en ese otro Estado miembro, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 
Una de estas condiciones es que el uso en el otro Estado miembro no supere los seis meses en un periodo de un año. 
La aplicación de esta Directiva ha sido bastante problemática en Grecia. 
Ha dado lugar a una práctica administrativa que, por desgracia, ha pasado por alto que en muchos casos el lugar de residencia normal de algunos ciudadanos griegos está en otro Estado distinto de Grecia. 
Esta práctica penaliza principalmente a nacionales griegos que no viven ni trabajan en Grecia de forma permanente. 
El resultado ha sido, como pueden ver en el informe, la imposición de multas muy elevadas, lo que ha acarreado la confiscación de los vehículos correspondientes, seguida, a veces, de su venta en subasta, antes incluso de que un juez nacional pudiera dictaminar sobre el asunto. 
La Comisión también ha sido informada en el pasado de que, en algunos casos, esto ha conllevado condenas de prisión. 
Por estos motivos, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción y ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
He de subrayar que la Comisión no tiene la intención ni le interesa señalar a un Estado miembro y no a otro, puesto que de un modo u otro todos los Estados miembros se enfrentan a sus propias dificultades en la senda hacia la realización de un auténtico mercado interior, donde preciso garantizar las libertades fundamentales y el respeto del Derecho comunitario. 
En gran medida, la imposición fiscal que grava los automóviles aún no está armonizada a escala comunitaria. 
Sin embargo, la libertad de que gozan los Estados miembros se ha de ejercer dentro del marco establecido por las directivas aplicables en este ámbito y en el marco de los principios generales del Derecho comunitario, que representan los fundamentos de la construcción de la Unión Europea. 
Cuando un ciudadano sufre notables consecuencias económicas adversas por el hecho de utilizar su automóvil durante un determinado período de tiempo en otro Estado miembro, en especial cuando la legislación comunitaria se lo permite, esto representa una amenaza para la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión. 
También es cierto que los Estados miembros tienen libertad para fijar las multas que consideren adecuadas por el incumplimiento de su legislación, en el supuesto de que tal incumplimiento se produzca realmente. 
Sin embargo, tienen que respetar el principio de proporcionalidad. asimismo habría que corregir una práctica que tampoco tiene en cuenta la acreditación de la residencia en un Estado miembro o que impone elevadas multas a pesar de la buena fe del infractor. 
La Comisión, en este momento, ha adoptado todas las medidas necesarias que permite el Tratado para intentar resolver esta situación. 
No obstante, la Comisión acoge con satisfacción una iniciativa como esta, que da pie a una mayor reflexión sobre las repercusiones que los impuestos que gravan los automóviles tienen en la vida de los ciudadanos de la UE. 
Para concluir, permítanme decir que, con una perspectiva más amplia, la Comisión no solo está procediendo con el trámite de infracción, sino que también quiere tomar la iniciativa en el ámbito de las propuestas legislativas. 
En julio de 2005, la Comisión aprobó mi propuesta sobre un proyecto de directiva relativa a la imposición fiscal que grava los automóviles, que pretende suprimir las barreras fiscales en vigor para el traslado de vehículos destinados al transporte de pasajeros de un Estado miembro a otro, lo que mejorará el funcionamiento del mercado interior. 
Uno de los objetivos de la propuesta es la supresión del impuesto de matriculación con el fin de incorporarlo al impuesto de circulación anual durante un período que oscilará entre cinco y diez años. 
La propuesta se está debatiendo actualmente en diversas comisiones parlamentarias y en el Consejo, y les pido su apoyo en este asunto. 
Agradezco su atención y espero con interés el debate. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, el informe Cashman no se ha elaborado para defender el acervo comunitario. 
Se fundamenta, en esencia, en poco menos que una docena de peticiones efectuadas antes de 2004, cuyos autores han alcanzado un compromiso con las autoridades griegas o se encuentran inmersos en procesos judiciales y necesitan ayuda. 
Voy a referirme a tres cuestiones: con respecto a la relación del informe con el funcionamiento de la Comisión de Peticiones, quiero comentar que es vergonzoso que, aunque se solicitó uno oficialmente, nunca se dio el dictamen escrito de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en la medida en que, aunque existen procedimientos pendientes tanto en el Tribunal de Justicia Europeo como ante los tribunales nacionales, es posible elaborar un informe y someterlo a votación ante el Parlamento Europeo. 
¿Acaso no es esto un trato discriminatorio de los ciudadanos para cuyas peticiones no se ha elaborado un informe, precisamente debido a que había procedimientos judiciales que se encontraban pendientes de resolución? 
En cuanto al contenido, se seleccionaron las peticiones de un único Estado miembro, Grecia, si bien hay cierta confusión también sobre el uso de automóviles privados con placas de matrícula extranjeras en los otros 24 Estados miembros. 
Es por este motivo precisamente por el que la Comisión presentó una nueva propuesta de Directiva, tal como ha dicho usted, y llevó a Grecia ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento, fundamentándose en la Directiva de 1983. 
Como consecuencia, se ha modificado la legislación griega, tanto por parte del Gobierno socialista de Grecia en 2001 y, mucho más recientemente, por el Gobierno de Nueva Democracia en 2005, algo que el informe ignora. 
Por lo tanto, ¿por qué motivo se elaboró el informe? 
Las pocas peticiones concretas, que tuvieron como consecuencia la elaboración de este informe, no son representativas, pero sus autores dan la impresión de que mantienen relaciones personales de buen voluntad con el Parlamento. 
La Comisión de Peticiones no tiene derecho a ejercer de juez y dar por ciertos, sin pruebas, datos como el lugar de residencia, sobre los cuales deben resolver los tribunales. 
El informe empezaba con unas 40 supuestas peticiones y resultó que había menos, para algunas de las cuales se había llegado a un compromiso y otras estaban pendientes de resolución judicial. 
Pido a los diputados de todos los Grupos que voten en contra del informe y otorguen a la Comisión de Peticiones la autoridad que merece, con respecto al Estado de Derecho y sin intervenir en la acción de la justicia. 
Confío, señor Comisario, en que la nueva directiva propuesta de 2005 tenga un resultado favorable y rápido. 
. – Señor Presidente, como vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y dado que estamos deliberando sobre el informe de mi distinguido amigo, el señor Cashman, relativo a las confiscaciones de automóviles en Grecia, señalaré lo siguiente: en primer lugar, no se ha dictado ninguna sentencia definitiva sobre todas las causas que se están tramitando en los tribunales; por consiguiente, hay procedimientos pendientes de resolución y, si damos por sentado que tenemos esta jurisdicción, ¿por qué no se ha aplicado también a otros casos similares? 
A modo de ejemplo, me referiré a la petición relativa a los despidos de la fábrica de fertilizantes SY.EL.AE, un asunto sobre el que se solicitó la elaboración de un informe pero que nunca se llegó a hacer, alegando que había procedimientos judiciales pendientes de resolución. 
En segundo lugar, el informe se refiere únicamente a Grecia, en un momento en que se han presentado peticiones similares en relación con otros Estados miembros de la Unión Europea. 
De ello se desprende claramente que ciudadanos europeos están sujetos a un trato discriminatorio por parte del propio Parlamento Europeo. 
Examinemos ahora el informe, las peticiones y los datos: la Directiva comunitaria 83/182, relativa a las franquicias fiscales, establece los requisitos para la aplicación del régimen de importación y transporte temporal de automóviles para uso privado. 
No estipula las multas impuestas, que es competencia de los Estados miembros. 
La legislación griega en materia de multas se aprobó para eliminar el fraude en el sector de la automoción, en un momento en que este reinaba en el país. 
Por otra parte, las multas no se refieren únicamente a particulares; también tienen que ver con concesionarios y grupos organizados que intentan evadir impuestos, algo que se puede demostrar. 
Con respecto a la no aplicación del principio de proporcionalidad, que el informe cita para la imposición de multas sobre la base exclusivamente de la cilindrada del vehículo, el tribunal observa que la adopción de tales medidas es necesaria por motivos de supresión y prevención. 
Ya se ha mejorado la legislación griega con la Ley 2960/2001 que suprime la sanción por contrabando y confiscación de vehículos y prevé exclusivamente la confiscación temporal, pendiente del pago de una multa como garantía para el Estado griego. 
Como consecuencia, los tribunales han dictado absoluciones con respecto al elemento constitutivo de delito, pero no con respecto a las multas. 
En cuanto a las multas, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento griego el 22 de diciembre de 2005, que prevé reducciones y la aplicación de la confiscación temporal solo en casos excepcionales. 
Creo que está claro que todos estamos defendiendo la aplicación del acervo comunitario, al mismo tiempo que reconocemos que existen diferencias cruciales entre los Estados miembros. 
. Señor Presidente, ante todo, quisiera agradecer al señor Cashman su informe, muy claro, conciso y certero. 
Por el tono del debate parece que algunas personas no entienden muy bien qué es la Comisión de Peticiones; nosotros respondemos a las quejas, a las preocupaciones de los ciudadanos, de cualquier país. 
Nosotros no tratamos un asunto interno de un país, todo lo contrario: tratamos los asuntos de ciudadanos europeos cuyos derechos han sido vulnerados. 
Eso es lo que hace la Comisión de Peticiones. 
No somos ni juez ni parte. 
En la Comisión de Peticiones no decidimos nada. 
Somos mediadores. 
Respondemos a la ciudadanía europea. 
En este caso, creo que la mayoría de los miembros de la Comisión de Peticiones opina que se han vulnerado derechos y directivas y que la práctica de las autoridades griegas de confiscar los coches, la práctica de imponer unas multas astronómicas, es completamente inaceptable. 
Hay una vulneración manifiesta de la Directiva 83/182, y eso afecta a toda Europa. 
Una Administración no debe financiarse ni actuar de forma tan poco clara e injusta respecto a sus ciudadanos y, en definitiva, respecto a todos los europeos que quieren visitar ese país tan precioso, tan maravilloso, con tanta historia, que es Grecia. 
Quisiéramos poder visitar Grecia sin el miedo de que nos quiten el coche, o de las cosas que ocurren allí. 
Por último, quisiera agradecer el trabajo de mediación y de comunicación ejemplar, excelente, que ha realizado el equipo técnico de la Comisión, un trabajo profesional y, yo creo, muy eficaz. 
Espero que cuanto antes las autoridades griegas intervengan para cambiar la práctica tan criticable que hoy tratamos. 
– Señor Presidente, Señorías, como miembro de la Comisión de Peticiones, he seguido de cerca el caso y he entrevistado a algunos de los firmantes de la petición, entre ellos el señor Louloudakis, la persona responsable de la acción judicial contra la República Helénica, causa que ha llegado al Tribunal de Justicia. 
Estoy realmente conmocionado por la gravedad del caso. 
Al igual que al señor Cashman, a quien agradezco su excelente y equilibrada labor, me parece realmente intolerable que esto haya sucedido en una Unión Europea que está intentando completar el mercado único precisamente en los próximos días y meses a través de la libre circulación de mercancías, personas y servicios económicos. 
Es inaceptable que ciudadanos europeos en posesión de documentos en regla, que se encuentran temporalmente en un Estado miembro por motivos de turismo o de trabajo, sean tratados como delincuentes y acusados de delitos de los cuales no existe siquiera una prueba. 
A los firmantes de la petición se les confiscaron bienes de los que eran legalmente propietarios y se les impusieron multas de varios cientos de miles de euros, que en algunos casos minaron de forma muy grave la estabilidad económica, fiscal y moral de las familias afectadas. 
Por medio de esta institución, pido pues que se preste más atención al respeto del Derecho comunitario y de sus principios generales de libertad y proporcionalidad, a través de un severo control de los procedimientos aduaneros. 
Pido, además, que las personas afectadas sean debidamente compensadas por todos los daños materiales y morales injustamente sufridos hasta ahora. 
Por último, pido que se vele por que el poder de control, que es legítimo en cada país, no acabe siendo objeto de un abuso más o menos deliberado. 
. Señor Presidente, he escuchado el debate atentamente y quiero comentar algunos aspectos. 
Es cierto que desde el comienzo del procedimiento de infracción, la situación ha mejorado en el Estado miembro en cuestión. 
Quiero recordar que hasta hace unos años las multas impuestas eran las que se aplicaban en caso de incumplimiento de la legislación aduanera y, también, que el contrabando era uno de los delitos previstos por la legislación nacional. 
Por suerte, esto ya no es así y la Comisión quiere expresar su satisfacción por los progresos realizados. 
Sin embargo, todavía hay que adoptar más medidas para ajustar la práctica nacional al Derecho comunitario. 
Permítanme aclarar un punto importante: los elevados impuestos que gravan la matriculación de vehículos y que se aplican en algunos Estados miembros con motivo de un traslado permanente de residencia son una cuestión completamente diferente de la que se trata en el informe del señor Cashman. 
Por un lado, la determinación de la suma devengada por el impuesto de matriculación cuando una persona matricula un automóvil en un Estado depende de la política fiscal del Estado miembro en cuestión. 
La legislación europea –en particular, la prohibición de toda discriminación de las mercancías importadas en favor de los productos nacionales– puede influir en la manera de calcular el impuesto, en particular con respecto al valor atribuido a los automóviles de segunda mano. 
Sin embargo, el Derecho comunitario no impide a un Estado miembro fijar un impuesto de matriculación elevado. 
Por otro lado, el informe del señor Cashman se ocupa de la aplicación de una directiva vigente que permite un uso temporal de un vehículo en otro Estado miembro sin la obligación de matricularlo. 
Añadiré que se trata de una cuestión de aplicación concreta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades nacionales. 
El informe se refiere, entre otras cosas, a la interpretación del concepto de «residencia normal» por parte de las autoridades nacionales, que va en contra de los principios que recoge la propia directiva. 
En realidad, la directiva solo puede cumplir su función debidamente si se permite a una persona que reside en un Estado miembro utilizar su vehículo en el territorio de otro Estado miembro distinto del de su residencia normal. 
Si no se acepta la acreditación de residencia en el primer Estado o el segundo Estado la dificulta, la directiva no podrá aplicarse debidamente. 
También recordaré que la cuestión se refiere a la libertad de prestar y recibir servicios en otro Estado miembro. 
Este es el quid de la cuestión que se está debatiendo ahora. 
Antes de concluir, quiero responder a algunas de las cuestiones y preguntas formuladas por algunos de los participantes en el debate. 
Es cierto que otros Estados miembros están infringiendo el Derecho comunitario, pero estas infracciones están relacionadas con otros aspectos de la imposición fiscal que grava los automóviles, como la discriminación en el cobro del impuesto de matriculación, y no ha habido ninguna confiscación de automóviles, lo que también apunta a la falta de proporcionalidad. 
Otra cuestión que se ha planteado durante el debate es si es legal o legítimo adoptar medidas cuando el Tribunal de Justicia Europeo aún está deliberando sobre el caso. 
Consultamos al Servicio Jurídico del Parlamento. No expresó ninguna objeción y no cabe duda de que la Comisión no es quién para contradecir el punto de vista del Servicio Jurídico del Parlamento. 
Para concluir, quiero decir que en este caso, teniendo presente que la Comisión sigue recibiendo quejas sobre esta cuestión, la Comisión ha adoptado todas las medidas posibles. 
El asunto está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia Europeo. 
Por supuesto, este asunto en ningún caso impide a un Estado miembro que quiera cumplir la legislación comunitaria cambiar su legislación antes de que se dicte sentencia. 
Hemos sabido que Grecia ha elaborado o está elaborando un nuevo texto legislativo, pero dado que no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades griegas, no podemos pronunciarnos al respecto. 
La Comisión acoge con gran satisfacción los mensajes alentadores que ha recibido de las autoridades griegas durante los debates en el Parlamento y también celebraría que esto se consolidara mediante la aprobación de la nueva normativa. 
Muchas gracias por su atención. 
. – Señor Presidente, se ha sugerido, curiosamente desde mi propio lado de la Cámara, que estamos señalando injustamente a Grecia. 
Permítanme que diga que en la Comisión de Peticiones solo podemos responder y abordar las peticiones que hemos recibido y no hemos recibido ninguna petición de ningún otro Estado miembro concerniente a la confiscación de vehículos. 
Tal como ha dicho, con razón, el Comisario Kovács, allí donde existen problemas no se han confiscado vehículos. 
Por lo tanto, digo a los diputados a esta Cámara que miren el título de este informe. 
Está muy claro que Grecia incumple esta Directiva. 
Existen violaciones claras, de otro modo el proceso de infracción no se hubiera iniciado. 
Cuando firmamos leyes, hay que aplicarlas debidamente. 
Independientemente de si la causa está tramitándose o no en el Tribunal de Justicia Europeo, dado que somos colegisladores sería sorprendente que el Parlamento Europeo no opinara sobre si un Estado miembro cumple la ley. 
Por último, es evidente que la resolución de este problema está en manos de las autoridades griegas. 
Pueden resolverlo rápidamente o pueden dejar que sea el Tribunal de Justicia Europeo quien dictamine sobre el caso. 
– Señor Presidente, quería preguntar si tenemos una segunda oportunidad para intervenir, ya que ha dado la palabra al señor Cashman. 
Si fuera así, nosotros también tenemos algo que decir. 
Queremos preguntar al Comisario por qué adopta una actitud tan negativa. 
. Señor Presidente, no creo que mi actitud haya sido negativa: ha sido objetiva, basada en los hechos que se nos han facilitado y en las quejas que hemos recibido de ciudadanos griegos residentes en un país distinto de Grecia. 
Se refiere a la falta de proporcionalidad reflejada en la confiscación de automóviles y las multas elevadas. 
Estos son los aspectos básicos de los procedimientos de infracción que hemos tenido que poner en marcha ya que se trata de una violación del Derecho comunitario, y la Comisión es guardiana de los Tratados de oficio. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
El punto siguiente es el debate del informe de Csaba Öry, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas de origen artificial) (decimonovena Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 897/391/CEE) (PE-CONS 3668/2005- C6-0001/2006- 1992/0449B (COD) ) (A6-0026/2006). 
. – Permítanme que resuma brevemente las principales etapas de este complicado procedimiento legislativo, a resultas del cual podemos ahora debatir en tercera lectura la Directiva sobre radiaciones ópticas. 
El procedimiento se inició con la Directiva marco 89/391/CEE, que ofrecía una reglamentación exhaustiva para toda lo relativo a la seguridad y la salud en el trabajo, y creaba el marco jurídico para un enfoque único sobre todos los posibles riesgos que pueden ocurrir en el lugar de trabajo. 
El artículo 16 de la Directiva marco estipula que hay que elaborar directivas concretas para abordar los diferentes tipos de riesgos. 
Son necesarias debido a que permitirían una adaptación más precisa de las estipulaciones generales de la Directiva marco a situaciones especiales. 
La adaptación del contenido de las obligaciones generales a los tipos de riesgos concretos interesa mucho tanto a los trabajadores como a los empresarios, ya que así es como la legislación de la Unión Europea se puede aplicar en la práctica, y puede crear neutralidad en la competencia y garantizar una mayor seguridad. 
Si el contenido de las obligaciones no es claro, a los empresarios les resultará difícil demostrar que cumplen las disposiciones legales, lo que podría dar lugar a litigios de consecuencias imprevisibles. 
También interesa a los empleados que la protección en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, que es el derecho inalienable de todos los ciudadanos europeos, tal como se estipula en la Sección 137 del Tratado de Roma, se aplique mediante disposiciones legales eficientes de fácil aplicación en la práctica. 
Se han elaborado directivas específicas durante los últimos quince años. 
La Directiva relativa a las radiaciones ópticas está destinada a regular el cuarto factor más importante después del ruido, las vibraciones mecánicas y los campos electromagnéticos. 
Tal como la Comisión Europea y el Consejo consideraron en un principio, esta cuarta directiva habría contemplado el tratamiento de las radiaciones ópticas generadas por fuentes naturales y artificiales. 
Sin embargo, existen algunas diferencias significativas entre estos dos ámbitos, en cuanto a la intervención y la reducción del nivel de riesgo. 
Por consiguiente, durante el debate en segunda lectura de la directiva, el Parlamento Europeo trasladó a los Estados miembros toda la competencia reguladora relativa a los riesgos de las radiaciones de la luz solar. 
Sin embargo, se consideró posteriormente que esta decisión infringía determinadas competencias de la Unión Europea, ya que hubiera impedido la aplicación de la estipulación contenida en el artículo 137 del Tratado de Roma, que estipula que el nivel mínimo de requisitos aplicables en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo debe establecerse dentro de los marcos de la UE, para cada tipo de riesgo. 
Por este motivo, el Consejo y la Comisión no pudieron aceptar la Decisión del Parlamento adoptada en segunda lectura, por lo que siguió un procedimiento de conciliación. 
Durante el procedimiento de conciliación, el Consejo aceptó la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento, y solo sugirió dos modificaciones sustanciales y dos formales. 
La enmienda sustancial más importante sugería que el ámbito de aplicación de la directiva no debía incluir las radiaciones ópticas de origen natural, ya que aún no se han establecido los fundamentos de un acuerdo paneuropeo para el establecimiento de unos requisitos mínimos de la UE en este ámbito. 
Sin embargo, los legisladores no cuestionan ninguno de los aspectos relativos a las radiaciones de origen artificial y sería conveniente introducir una directiva concreta que estableciera una regulación precisa en este ámbito ahora mismo, este año. 
La delegación parlamentaria ha aceptado estos argumentos, pero en todas las otras cuestiones el Consejo ha aceptado la posición del Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, ha sido el texto propuesto por la delegación parlamentaria el que se ha incluido en el artículo 8 relativo a la vigilancia de la salud, y en el apartado del preámbulo correspondiente. 
Podemos decir que el procedimiento de conciliación fue rápido y satisfactorio más allá de lo que podíamos esperar, y que se llegó a un acuerdo en diciembre de 2005. 
Por lo tanto, esto es lo que quiero pedir a mis colegas y al Parlamento que apoyen en la votación. 
,. – Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero agradecer al Consejo y al Parlamento, en nombre de la Comisión, sus esfuerzos en este terreno. 
También quiero expresar mi agradecimiento por haber alcanzado tan rápidamente un acuerdo sobre una cuestión tan difícil como las radiaciones ópticas. 
Se trata de la cuarta y última parte de la propuesta de Directiva sobre la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos. 
La aprobación de esta nueva directiva, cuyas disposiciones se basan en los últimos informes científicos, permitirán garantizar una mayor protección de la seguridad y la salud para todos los trabajadores que están expuestos en el lugar de trabajo a radiaciones ópticas de origen artificial. 
A la Comisión le complace que esta directiva cumpla plenamente el acervo comunitario en el ámbito de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores al mismo tiempo que garantiza la flexibilidad y proporcionalidad necesarias para que las empresas sean competitivas. 
La directiva sobre la que hemos llegado a un acuerdo forma parte de iniciativas para mejorar la legislación que, de un lado, asegura que las empresas no soportan una carga desproporcionada o innecesaria y, de otro, cumple lo dispuesto en el artículo 137 del Tratado, sobre la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. 
Señorías, creo que, pase lo que pase, el texto está bien equilibrado, cumple los requisitos relativos a la seguridad y la salud de los trabajadores y mantiene el equilibrio necesario con relación a la competitividad de las empresas. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿quién no estaría a favor de proteger a las personas contra las peligrosas radiaciones ópticas de origen artificial, como el láser, en su lugar de trabajo? 
Y, sin embargo, los Demócrata-Cristianos nos opusimos a regular las radiaciones ópticas de origen natural como la luz solar. 
¿Se permitirá trabajar a los trabajadores de la construcción al aire libre solo si llevan la cabeza protegida y camisas largas? 
¿Irán completamente tapados los socorristas en las piscinas? 
¿Deberán cubrirse el escote las camareras que sirven en las terrazas? 
¿En verdad iba a imponerse todo esto uniformemente en toda Europa? 
Apoyamos a los trabajadores de la construcción alemanes cuando se manifestaron delante del edificio del Parlamento aquí en Estraburgo –manifestación que fue fuertemente respaldada por el grupo PYME del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) –los comerciantes de mi Grupo– y los miembros británicos de nuestra ala de los Demócratas Europeos del Grupo, incluido el vigoroso señor Bushill-Matthews. 
Mediante enmiendas, primero en la comisión competente –la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales– y, seguidamente, en el Pleno, obtuvimos la mayoría a favor de suprimir los controles médicos obligatorios y los costosos programas de actuación contra las quemaduras del sol, lo que hubiera supuesto una mayor carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. 
Hemos votado a favor de soluciones basadas en el principio de solidaridad, en que serán los propios Estados miembros quienes decidirán las medidas que consideren razonables, adaptadas a las condiciones meteorológicas más diversas y, por supuesto, también a diferentes tipos de sensibilidad de la piel, todo lo cual varía de un país a otro. 
Debo añadir que, en el Comité de Conciliación, en el que he participado, no tardamos mucho en llegar a un compromiso factible con la Comisión y el Consejo. 
Retiramos nuestra petición de que se aplicara el principio de subsidiariedad a cambio de que se suprimieran las referencias a las radiaciones ópticas de origen natural, que no se substituyeron con nada más. 
El título del proyecto de Directiva ahora se refiere a las «radiaciones ópticas de origen artificial». 
Quiero volver a dar las gracias a nuestro ponente, el señor Öry, por el trabajo realizado. 
Juntos, hemos destacado la necesidad de que las decisiones a nivel europeo sean factibles en la vida cotidiana. 
La Unión Europea debería emplear menos tiempo en cuestiones periféricas y mucho más en los problemas que importan realmente, como la lucha contra el desempleo y las campañas a favor de una protección sostenible del medio ambiente y una cooperación eficaz en seguridad interior y exterior. 
Espero profundamente que este buen resultado del Comité de Conciliación se refleje en una clara mayoría en la votación de mañana. 
. – Señor Presidente, quiero adherirme a las personas que ya han felicitado al ponente. 
Creo que ha realizado un trabajo excelente. 
Esta directiva beneficiará a los trabajadores que están expuestos a riesgos derivados de las radicaciones ópticas de origen artificial en una gran diversidad de entornos laborales: que abarca todo el abanico, desde los soldadores por arco eléctrico hasta los trabajadores que utilizan láser industrial avanzado. 
Cuando yo era ponente en primera lectura sobre esta propuesta hace más de diez años, el uso del láser industrial era incipiente, pero ahora está muy extendido y expone a los trabajadores a diferentes grados de riesgo. 
Se trata de un instrumento jurídico útil y quiero volver a decir al ponente: «bien hecho». 
Sin embargo, he de decir también que ha realizado un buen trabajo a pesar –y no gracias a la ayuda– de su propio Grupo. 
Anteriormente, esta institución se tomó muy en serio su trabajo sobre los temas relativos a la salud y la seguridad, pero en las últimas directivas ha seguido una tendencia muy preocupante. 
Por ejemplo, cuando abordamos la Directiva sobre vibraciones se nos dijo que teníamos que excluir las vibraciones de cuerpo entero ya que –y así se publicó en la prensa sensacionalista– lo que intentábamos hacer era impedir que los agricultores condujeran sus tractores durante más de tres o cuatro horas seguidas incluso en el punto álgido de la cosecha, lo que es una necedad. 
Cuando debatimos la Directiva sobre ruidos se nos dijo que teníamos que excluir la música y el ocio, ya que lo que estábamos intentando hacer era forzar a los miembros de las orquestas a utilizar orejeras de tipo Mickey Mouse y prohibir el uso de gaitas en Escocia. 
De nuevo eran tonterías, pero llenaron los titulares de la prensa sensacionalista. 
En esta propuesta, una serie de diputados del Grupo del ponente y de otros Grupos han puesto todo su empeño en excluir un fenómeno particular del ámbito de la Directiva. 
Presionaron sin darse cuenta de que los riesgos derivados de este fenómeno ya se contemplan claramente en las obligaciones inequívocas que imponen a las empresas dos directivas anteriores: la Directiva marco y la Directiva relativa a las obras de construcción temporales o móviles. 
El fenómeno del que estoy hablando es, por supuesto, la radiación natural. 
El ponente hizo un esfuerzo valiente e intentamos ayudarle a dar seguridad jurídica a los empresarios en lo relativo a la radiación solar. 
Ahora carecen de esta seguridad jurídica y siguen teniendo que abordar todas las implicaciones de la Directiva marco y de la Directiva relativa a las obras de construcción temporales o móviles. 
Cabe esperar que el sentido común prevalezca en cada uno de los Estados miembros, como así ha sido hasta la fecha. 
Esto supondría, por ejemplo, que una agencia de viajes de mi región podría descontar rápidamente el riesgo de los empleados que trabajan dentro de sus tiendas en el norte de Inglaterra, pero debería tomarse muy en serio el riesgo al que se enfrenta el personal que ejercen de representantes de la empresa en los complejos turísticos del Mediterráneo durante los meses de verano. 
Esta es la dificultad a la que se enfrentan ahora los empresarios. 
No les hemos dado seguridad jurídica. 
Tendremos que evaluar una serie de casos más difíciles para los empresarios que se encuentran entre estos dos extremos de los que he dado un ejemplo. 
Espero que en el futuro volvamos a centrarnos en elaborar una normativa buena y seria en materia de seguridad y salud y no en producir titulares para la prensa sensacionalista. 
– Señor Presidente, quiero agradecer al ponente su cooperación. 
Ahora disponemos de una Directiva sensible para proteger a los trabajadores, como por ejemplo los soldadores, de la radiación artificial. 
Me alegra que finalmente todos hayan sido juiciosos y hayan eliminado la radiación natural del ámbito de esta Directiva. 
Ha sido una batalla larga y dura. 
Felicito a la señora Weisgerber. 
Tanto ella como yo nos hemos esforzado mucho desde que la Comisión propuso legislar contra el sol en segunda lectura. 
No solo habría desacreditado de nuevo a la UE, sino que habría supuesto una pesadilla tanto para los empresarios como para los trabajadores. 
Desde el punto de vista legal habría sido muy difícil demostrar si un trabajador ha contraído cáncer de piel en su lugar de trabajo, en el jardín o en la playa. 
No cabe duda de que hay que alertar a todo el mundo sobre los peligros del sol y por este motivo estoy muy a favor de las campañas nacionales. 
Pero una vez que se ha informado a los ciudadanos, somos adultos y hemos de poder tomar nuestras propias decisiones. 
La aplicación no deben quedar en manos de la empresa. 
Sería llevar demasiado lejos la mentalidad del Estado paternalista. 
¡Imaginen las expresiones de algunos constructores, por ejemplo, si se les dijera que se cubrieran completamente cuando intentan adquirir una crema bronceadora para sus vacaciones! 
La UE no puede decir a los trabajadores que no pueden trabajar sin camiseta o en pantalón corto. 
Las deliberaciones de hoy, y espero que la votación de mañana, son una victoria del sentido común. 
También demuestran el poder del Parlamento Europeo. 
Si no hubiéramos votado de la manera en que lo hemos hecho en segunda lectura, la Comisión no habría cambiado su manera de pensar y, probablemente, lo que es más importante, tampoco lo habría hecho el Consejo. 
Hoy es un buen día para la legislación sensata. 
Como proeuropea, creo que es lamentable que tuviéramos que perder el tiempo obstaculizando propuestas ridículas como esta. 
No debería haberse incluido nunca la luz solar en la directiva. 
Se trata de una excelente directiva y espero que todos votarán a favor de ella mañana, pero solo para la radiación artificial y no para incluir la radiación natural. 
. – Señor Presidente, tras todo el debate sobre los detalles técnicos relacionados con esta directiva, quiero hacer un comentario general. 
En principio, toda iniciativa que reduzca los riesgos para la salud y, por lo tanto, proporcione a las personas una mejor protección, merece que se la apoye, ya que las personas pasan una parte considerable de sus vidas en el trabajo, es lógico que los diversos peligros que puedan existir se analicen con precisión y todos ellos, junto con todos los riesgos para la salud en el trabajo, se reduzcan a su mínima expresión. 
Creo que es extremadamente positivo que se intenten establecer, en toda la UE, normas mínimas homogéneas de protección de la salud y la seguridad. 
Lo que creo que es realmente escandaloso sobre el debate de esta Directiva es el intento que se ha hecho de evitar todo lo que cueste dinero. 
También hay algo sospechoso acerca de la declaración de compromiso en uno de sus considerandos, y cito: «Esta Directiva evitará establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.» 
No entiendo por qué se supone que la protección de la salud no debe tener ningún coste si se aplican las mismas normas a todo, para que no exista competencia desleal. 
Dejen que los servicios y los productos que comportan un mayor riesgo para la salud tengan un precio más alto, ¡faltaría más! 
¿Por qué no debería ser así? 
¿Por qué, en general, uno paga de mala gana los costes que la empresa impone a los servicios de la sanidad pública simplemente debido a la actitud negligente que se adopta hacia ciertos riesgos? 
La competencia real existe solo cuando las normas se aplican en igualdad de condiciones y si se reflejan los costes reales por principio. 
Todo lo demás es una subvención a corto plazo para empresas o sectores individuales a costa del público general y en perjuicio de los trabajadores que realizan trabajos peligrosos. 
Lo que quiero ver es una mayor honradez económica. 
. – Señor Presidente, Señorías, esta directiva tiene que ver con las emisiones de la luz solar, pero creo que sería mejor escuchar la Sonata de Beethoven. 
Quiero empezar diciendo que estoy, por supuesto, a favor de esta propuesta legislativa. 
Sin embargo, estoy decepcionado con el resultado del procedimiento de conciliación y, en particular, con el papel que ha desempeñado el Parlamento. 
Las negociaciones sobre esta directiva, a la que, a menudo, la denominan Directiva de exposición a la luz solar, recuerdan más bien a un culebrón de segunda clase. 
Al principio, los expertos, las instituciones europeas y los Estados miembros acordaron que sería necesario añadir más legislación al reglamento general sobre la seguridad y la salud en el trabajo, lo que hubiera simplificado la legislación relativa a la protección contra las radiaciones ópticas y la hubiera hecho más viable. 
En el periodo anterior, con relación al ruido, las vibraciones y los campos electromagnéticos se aprobó una legislación similar. 
Es más, nadie se ha referido a los valores límite muy modestos para la exposición a las radiaciones ópticas, tal como se establece en el anexo de la propuesta de directiva. 
El ponente, el señor Őry, ha demostrado una enorme determinación y quiero felicitarle por buscar un compromiso. 
Sin embargo, ha sido su Grupo político quien se ha opuesto a la incorporación de todas las fuentes naturales de radiación en esta directiva. 
Me resulta más bien absurdo que la oposición feroz a normas claramente definidas para informar a los trabajadores y protegerles de las radiaciones de la luz solar proceda principalmente de los Estados miembros donde ya existe un nivel de protección decente, mientras que países como Italia, donde se precisa un mayor esfuerzo, no haya planteado ninguna objeción fundamental. 
Quizá los italianos sepan, para resumir, que la información y la prevención de enfermedades en el trabajo resulta más rentable para los trabajadores que no hacer nada en este sentido. 
La Directiva sobre radiaciones ópticas será una medida práctica, que aportará no solo mejoras a la protección de los trabajadores sino también una simplificación de la legislación europea. 
La situación a la que nos enfrentamos hoy en este ámbito está lejos de lo que consideraría una reducción de la burocracia innecesaria. 
Mucho me temo que en el futuro no se podrán eludir los contenciosos jurídicos. 
– Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva de la Comisión para proteger a los trabajadores de las radiaciones ópticas era, en lo que se refiere a lo que tenía que decir sobre la protección contra la luz solar, una obra maestra de exceso de regulación europea. 
En segunda lectura, y por mayoría absoluta, en esta Cámara tomamos partido votando a favor de que se suprimieran las disposiciones relativas a la protección contra las radiaciones de origen natural. 
En el procedimiento de conciliación, también demostramos que los diputados al Parlamento Europeo podemos imponer nuestro criterio, en lugar de no poder hacer nada y estar a merced de las obsesiones de la Comisión en el proceso legislativo. 
Estamos facultados para elaborar la clase de directivas que beneficiarán a los ciudadanos. 
El señor Verheugen y otras personas siempre hablan sobre una mejor legislación, que logrará más crecimiento y más puestos de trabajo en la UE, pero son este tipo de disposiciones las que hay que mejorar primero. 
Es una gran sorpresa que ahora hayamos podido, en el procedimiento de conciliación, persuadir de ello a la Comisión y al Consejo. 
Las partes de esta Directiva que tienen sentido –las que tienen que ver con la protección de los trabajadores contra las radiaciones ópticas de origen artificial, como el láser, la luz infrarroja y similares– se mantienen sin modificaciones. 
En cuanto a la regulación de las radiaciones ópticas de origen natural, hay que decir que la Comisión no dio en el clavo ni de lejos, ya que la propuesta de directiva original exigía que los empresarios encargasen evaluaciones exhaustivas de los riesgos asociados a la luz solar y planes de medidas burocráticas para abordarlas, lo que hubiera implicado que los empresarios tuvieran que suministrar camisetas y crema solar a los trabajadores que trabajan al aire libre. También hubiera comportado responsabilidades de las que los empresarios no hubieran sido concientes y, en todo caso, una persona cuerda es la más indicada para juzgar cuándo y cómo debe protegerse contra el sol. 
Se trata de responsabilidad personal y es prácticamente lo último que Europa debe establecer por ley. 
Europa tiene que abordar muchos problemas diferentes: el desempleo, los agotados sistemas de la seguridad social y el creciente envejecimiento de la población. 
Esto es lo que nos ha de preocupar, no la protección contra la luz solar. 
Incluso la Comisión y el Consejo han recuperado su sentido común y lo han reconocido durante el procedimiento de conciliación, y me alegra mucho de que haya sido así. 
Ha sido posible una mejora considerable de la Directiva y ha evitado el exceso de regulación que hubiera resultado en un gasto adicional innecesario, en particular para las pequeñas y medianas empresas. 
Les pido que mañana voten a favor de la propuesta del Comité de Conciliación con lo que destacaremos nuestro deseo de una menor burocracia y menos trámites burocráticos en toda Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, hoy es el último día que vamos a debatir sobre esta directiva, que ha dado lugar a tantos debates públicos en mi país. 
Rara vez, si es que ha ocurrido antes, he conocido tal distorsión de lo que trataba una directiva y, por lo tanto, quiero volver a recordar el motivo por el cual los socialdemócratas, durante el procedimiento de conciliación, decidimos omitir las radiaciones ópticas de origen natural de la directiva. 
Llegamos a esta decisión, lisa y llanamente, debido a que queremos que los criterios mínimos que establecimos para la protección de la salud en el lugar de trabajo se apliquen en igualdad de condiciones y con carácter general en todos los Estados miembros. 
Con respecto a la política social, no queremos una Europa a la carta, que es lo que el resultado de la segunda lectura nos hubiera dado, una Europa en la que todos y cada uno de los Estados miembros puedan decidir por sí mismos si obligan o no a los empresarios a informar a sus trabajadores sobre los riesgos potenciales de las radiaciones ópticas de origen natural. 
Aunque las referencias a las radiaciones ópticas de origen natural han sido eliminadas de la directiva, la Directiva marco sigue aplicándose y continúa obligando a los empresarios a proteger a los trabajadores de los riesgos de la luz solar. 
Esto nos ha sido confirmado no solo por el propio Servicio Jurídico de la Cámara, sino también por los de la Comisión y el Consejo. 
Lo único que queríamos era dar una forma más concreta a esta obligación y, por doloroso que sea, los conservadores y los liberales de esta Cámara tienen ahora que enfrentarse al hecho de que fueron ellos los que hicieron que esto no fuera posible. 
Como consecuencia, los empresarios siguen sin estar seguros de donde están, desde un punto de vista jurídico, con respecto a si es necesario que adopten medidas para proteger a los trabajadores de las peligrosas radiaciones ópticas de origen natural y, de ser así, cuáles son las medidas que deben adoptar. 
Lo esencial es que la mayoría de esta Cámara ha cedido al Tribunal de Justicia Europeo el derecho de moldear la política y es algo que hay que lamentar en gran medida. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por una labor sobresaliente. 
Creo que ahora tenemos una decisión razonable a raíz de la conciliación. 
Se trata de una decisión sensata y factible, mediante la cual hemos limitado el ámbito de aplicación de esta directiva. 
Sin embargo, seguiremos garantizando que los trabajadores que están expuestos a las radiaciones ópticas estén totalmente protegidos y que se vigile su salud y seguridad. 
En cuanto a la radiación natural, es preciso señalar los riesgos y adoptar precauciones razonables, pero son los Estados miembros los que deben asumir la responsabilidad de elaborar el plan de acción y dar seguridad jurídica a los trabajadores y empresarios de los diferentes países. 
Por poderosos que nos creamos en este Parlamento, no podemos legislar sobre la radiación solar o la lluvia para todos los 25 Estados miembros. 
En Irlanda, en parte debido a nuestra propia pasividad y por culpa nuestra, disponemos actualmente de una directiva sobre nitratos basada en la lluvia, el tiempo y el clima que es totalmente inviable, pero esto es otra historia. 
En esta situación y con esta directiva hemos encontrado un equilibrio. 
Hemos evitado la reglamentación excesiva y la burocracia excesiva y presentamos un instrumento legislativo razonable y viable que protege a los trabajadores. 
– Señor Presidente, la cuestión de qué es lo que es razonable a menudo es simplemente retórica. 
Aunque no cabe duda de que hay que acoger con satisfacción que se haya alcanzado un compromiso sobre este asunto, solo se trata, lamentablemente, de una solución parcial de este problema. 
Sin duda hay que celebrar que, por fin, una normativa contemple las radiaciones ópticas de origen artificial, pero, sin lugar a dudas, se puede decir que la eliminación de las radiaciones ópticas de origen natural es una de las ideas menos inspiradas de esta Cámara. 
En lo que se refiere a la protección de los ojos y de la piel, las radiaciones ópticas de origen artificial representan tanto un problema como lo puede ser la diversidad natural, al existir una conexión causal en ambos casos. 
De ello se desprende que la seguridad jurídica es necesaria tanto en lo que se refiere a las radiaciones ópticas de origen artificial y de origen natural. 
Sabremos por la manera en que se desarrolle la política medioambiental que los tribunales y el Tribunal de Justicia Europeo prestarán cada vez más atención a este problema y, en ese momento, se deberán volver a adoptar medidas. 
La protección de los trabajadores se ha fundamentado, durante mucho tiempo, en la información y la prevención; es más humano y menos oneroso. 
El proceso que ha dado lugar a este cambio de reflexión ha sido largo y laborioso, empezando con la empatía con los trabajadores, seguida de la comprensión de que los empresarios tienen un deber de asistencia y protección, y que el sufrimiento y la enfermedad se pueden aliviar con el tratamiento. 
Solo entonces se han dado cuenta del valor de la información sobre las enfermedades y los accidentes laborales y de su prevención. 
Esto me remonta a la cuestión de lo que es razonable y, como respuesta, quiero dirigirme a mi amigo, el señor Mann. 
¿Qué piensas al respecto, Thomas? 
– Señor Presidente, con la votación de mañana de esta Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de las radiaciones ópticas, la legislación de la UE, que estipula unas disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos, conseguirá algo muy esperado y necesario. 
Es cierto que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo definitivo en torno a esta propuesta en concreto, pero gracias a la perseverancia y al sentido común de que han hecho gala todas las partes implicadas en el proceso de conciliación, se han superado todos los obstáculos. 
Hay que felicitar, por lo tanto, a la delegación de nuestro Parlamento, incluido el ponente, el señor Õry, por el buen resultado del procedimiento de conciliación. 
En determinadas circunstancias, las radicaciones ópticas derivadas de fuentes artificiales pueden causar en los trabajadores expuestos traumas oculares graves –incluso ceguera– o lesiones dermatológicas graves, incluido el inicio de un cáncer. 
Esta legislación, si se aplica debidamente, contribuirá sin duda a reducir la posibilidad de que esto ocurra y protegerá a muchos trabajadores de los peligros de uno de los riesgos relacionados con el trabajo. 
Sin embargo, no hemos de olvidar que la mayor fuente de radiaciones ópticas no es la radiación artificial sino el sol y que, para la mayor parte de los trabajadores, el cáncer de piel se origina debido a la exposición al sol. 
Por lo tanto, en algún momento en el futuro tendremos que enfrentarnos a este problema y abordarlo satisfactoriamente. 
,. Señorías, he escuchado con interés su debate y me alegra observar el amplio apoyo a la propuesta que se derivó del procedimiento de conciliación. 
Quiero agradecer a todas aquellas personas que han participado es ese procedimiento, ya que no ha sido un viaje exento complicaciones y, en determinadas ocasiones, ha sido muy difícil alcanzar un compromiso decente. 
En todo caso, se han tenido en cuenta muchos argumentos, y esta directiva representa un progreso. 
Creo que ninguna de las ideas expresadas en este debate puede rechazarse fácilmente con un simple argumento. 
También creo que hay lugar para una mayor reflexión sobre el desarrollo de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. 
A modo de conclusión, considero que el procedimiento ha representado un paso en la buena dirección y, supongo, basándome en este debate, que la directiva obtendrá amplio apoyo. 
Se cierra el debate. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Vittorio Agnoletto, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057 (INI) ) (A6-0004/2006). 
. – Señor Presidente, Señorías, la cláusula sobre derechos humanos y democracia tiene una larga historia en este Parlamento y parte del presupuesto de que los derechos civiles y políticos, y en un sentido más amplio también los derechos económicos, sociales y culturales, deben ocupar un lugar central en la política de la Unión Europea. 
La cláusula nació a principios del decenio de 1990 con el Acuerdo de Lomé y en ese mismo año de 1990 se aplicó también a Argentina. 
En su informe anual, el Parlamento Europeo pide cada año que se dé más importancia a esta cláusula y exhorta al Consejo a que confiera al Parlamento un papel más importante en la supervisión de su aplicación. 
Hasta ahora, las peticiones del Parlamento no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria. 
Ahora, la cláusula consta en más de 50 acuerdos y se aplica en más de 120 países. 
A este respecto, hay que resaltar la importancia del Acuerdo de Cotonú, firmado con los países ACP en junio de 2000, que potenció el papel de esta cláusula. 
El primer punto que quisiera abordar se refiere al Parlamento Europeo. 
Este debe emitir su dictamen conforme antes de la entrada en vigor de un acuerdo, pero no se pide su opinión al iniciar las consultas o suspender parcialmente un acuerdo. 
Esto menoscaba su papel institucional y, más en general, político. 
Por este motivo, me parece importante resaltar que el Parlamento ya no está dispuesto a emitir su dictamen conforme a ningún nuevo acuerdo internacional que no contenga una cláusula sobre los derechos humanos y la democracia. 
El Parlamento considera que debe participar en la definición del mandato de negociación para un nuevo acuerdo con un país tercero, sobre todo en lo que respecta al establecimiento de sus objetivos políticos y de promoción de los derechos humanos. 
Además, el Parlamento pide participar en el proceso de toma de decisiones sobre el inicio de consultas o la suspensión de un acuerdo, así como en la decisión de suspender posibles medidas oportunas negativas ya impuestas a un país. 
Por último, el Parlamento pide que se le asocie a los Consejos de Asociación y a las subcomisiones de derechos humanos y espera que sus delegaciones interparlamentarias desempeñen un papel más destacado en este terreno e incluyan en el orden del día de sus visitas debates sobre la cláusula de democracia. 
Otro punto que quisiera abordar es la reciprocidad entre la Unión Europea y países terceros, que todavía no se ha explotado por completo. 
Considero además que la cláusula debe aplicarse en relación con la violación de que se trate y no en relación con el país de que se trate. 
Es necesario asimismo hacer extensiva la cláusula a todos los nuevos acuerdos entre la Unión Europea y países terceros –industrializados o en desarrollo–, incluidos los acuerdos sectoriales y las ayudas comerciales, técnicas o financieras, a semejanza de lo que se ha hecho hasta ahora para los países ACP. 
Es necesario incluir sistemáticamente las cuestiones relativas a los derechos humanos en el orden del día del Consejo de Asociación. 
A este respecto, se considera que los responsables de las delegaciones exteriores de la Comisión en países terceros deben desempeñar un papel más importante y se pide que se elaboren documentos estratégicos plurianuales para cada país, que deberán debatirse de forma regular. 
Está previsto además un diálogo estructurado entre el Consejo de Asociación y su subcomisión de derechos humanos. 
Se pide que se generalice la constitución de subcomisiones de derechos humanos encargadas de comprobar el respeto y la aplicación de la cláusula democrática y proponer acciones positivas concretas de mejora de la democracia y de los derechos humanos. 
Es importante destacar que se pide que estas subcomisiones incluyan y consulten a representantes de los Parlamentos y de organizaciones que representan a la sociedad civil. 
Hay otro aspecto extremadamente importante. 
Esta resolución reconoce que hasta ahora la aplicación de la cláusula se ha visto dificultada por la necesaria unanimidad en el Consejo para iniciar un procedimiento de consulta. 
Se pide, por tanto, la supresión de la unanimidad y, a tal fin, la revisión del apartado 2 del artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que limita el papel del Parlamento Europeo en estos casos. 
Por último, si por un lado se considera que la cláusula debe aplicarse a todos los países y todos los acuerdos, por otro se estima que, con los países afectados por la nueva política de vecindad, podría considerarse la firma de acuerdos que vayan más allá de la cláusula democrática, basados en la participación común en instituciones de fomento de los valores democráticos y de los derechos humanos que sigan el modelo del Consejo de Europa u otros acuerdos regionales. 
,. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe relativo a la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea elaborado por sus Señorías y, en particular, el señor Agnoletto, así como la resolución sometida hoy al Parlamento. 
Desde 1995 se incluyen sistemáticamente cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos exteriores y, diez años después, es hora de hacer balance de lo que se ha conseguido. 
Todas las instituciones de la UE tienen que trabajar juntas con este fin, y destaco mi compromiso a favor de un diálogo continuo, pero también muy práctico, con el Consejo y el Parlamento, para el cual este informe constituye una buena base. 
Empezaré subrayando todo lo que ya se ha logrado: hay que decir que el vaso está más que medio lleno. 
Tras frecuentes conversaciones difíciles y negociaciones muy duras, la Comisión ha asegurado la inclusión de una cláusula sobre derechos humanos y democracia, tal como ha dicho usted, en más de 50 acuerdos con más de 120 países. 
Un ejemplo significativo es el de los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú. 
En el ámbito de la política comercial, el acuerdo sobre incentivos especiales para el desarrollo sostenible y la gobernanza, el llamado «SPG+» , prevé mejoras adicionales para los países que apliquen, entre otras cosas, determinadas normas internacionales relativas a los derechos humanos y sociales; se trata por tanto de un incentivo positivo. 
El efecto de las cláusulas sobre derechos humanos ya es patente y numerosas actividades relacionadas con los derechos humanos se apoyan en su mera existencia. 
Los derechos humanos ocupan un lugar destacado en todo diálogo político con nuestros socios. 
Se crean subcomisiones de derechos humanos con un número creciente de socios y los Planes de Acción de la política de vecindad de la Unión Europea contienen capítulos muy detallados sobre los derechos humanos. 
Todos los años, la Comisión, en el marco de la troika, realiza numerosas gestiones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos financia proyectos sobre derechos humanos en todo el mundo. 
La Comisión también financia numerosos proyectos de asistencia técnica que repercuten en los derechos humanos y que van desde la mejora de la formación del cuerpo de policía hasta la modernización del sistema judicial en los países asociados. 
El Estado de Derecho es uno de los ámbitos más importantes donde creo que realmente podemos marcar una diferencia. 
También quiero mencionar la intensa actividad que llevan a cabo tanto las embajadas de los Estados miembros como las delegaciones de la Comisión en este sentido. 
Los Jefes de Misión de la UE elaboran conjuntamente y de forma periódica fichas descriptivas sobre los derechos humanos, informan de la aplicación de las diversas directrices comunitarias sobre derechos humanos y realizan análisis detallados sobre los desarrollos en determinados países en lo que se refiere a los derechos humanos y la democracia. 
Cada vez con más frecuencia, los informes políticos de las delegaciones de la Comisión incluyen cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
La evaluación de la eficacia de la cláusula de los derechos humanos hasta ahora ha de realizarse de forma integral. 
La cláusula sobre derechos humanos y democracia es, en sí misma, una manera importante de demostrar el compromiso compartido de la Unión Europea y sus interlocutores para defender y también para promover los derechos humanos. 
La cláusula sobre derechos humanos abre la puerta al desarrollo de un diálogo más a fondo e intensivo sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Asimismo, en algunos casos, la existencia de estas cláusulas puede incluso ayudar a impedir violaciones potenciales de los derechos humanos. 
En cuanto a las sanciones, quiero subrayar que es evidente que la frecuencia de imposición de las mismas depende menos del texto de la cláusula sobre derechos humanos que de la voluntad política de los Estados miembros, así como de la de los demás Estados. 
Estoy de acuerdo en que cuando no se aplican sanciones en respuesta a violaciones graves de los derechos humanos, la credibilidad de la política europea sobre derechos humanos podría verse perjudicada. 
Por su parte, a veces a la Comisión le gustaría que se hiciera un uso más enérgico de estas cláusulas, pero la solución, no obstante, no pasa por incluir más cláusulas en el acuerdo. 
En vez de ello, es necesario que impulsemos la sensibilización y el consenso en toda la Unión Europea sobre la importancia de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos con relación a otras prioridades. 
Por consiguiente, este informe hace una valiosa contribución en este sentido. 
En cuanto a la participación del Parlamento en la negociación o suspensión de un acuerdo, comprenderán ustedes que estos procedimientos están claramente establecidos en el Tratado y reflejan la estructura interinstitucional de la Unión Europea. 
El Parlamento ya ha desempeñado un papel inestimable a la hora de llamar la atención sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, gracias a la intensísima actividad de la Subcomisión de Derechos Humanos con su informe anual sobre derechos humanos en el mundo y las numerosas resoluciones y debates sobre determinados aspectos relativos a los derechos humanos. 
Asimismo, acojo con satisfacción la sugerencia de que delegaciones interparlamentarias retomen de una manera más sistemática estas cuestiones. 
Creo que también en este campo tienen sus Señorías un papel importante que desempeñar. 
También estoy a favor de revisar el formato del actual informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos con el fin de elaborar un informe totalmente interinstitucional y para incluir un análisis de la aplicación de las cláusulas sobre derechos humanos. 
Para concluir, reitero que el éxito de las cláusulas sobre derechos humanos debe evaluarse en función de los progresos realizados con vistas a mantener un auténtico diálogo y consultas sobre los derechos humanos con los interlocutores y de las mejoras resultantes en este terreno. 
Durante los últimos diez años, las cláusulas sobre derechos humanos han constituido un fundamento indispensable del desarrollo de un diálogo efectivo en materia de derechos humanos con nuestros interlocutores, ya que esa es la manera en que estos países cambian lentamente su comportamiento. 
Naturalmente, esto no significa que no se pueda mejorar: siempre se pueden mejorar las cosas, y espero con interés el debate de hoy y un debate continuo y activo con el Parlamento. 
Estamos a la escucha, pero también nos gustaría contribuir a mejorar los derechos humanos en el mundo. 
. Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señores diputados, la inclusión de una cláusula de respeto a los derechos humanos en nuestros acuerdos internacionales es una de las señas de identidad de la Unión Europea. 
Su contenido ha ido evolucionando con el tiempo y en función de la naturaleza de los sucesivos acuerdos: más de 50 en la actualidad con más de 120 países, como acaba de recordar la Comisaria. 
Desgraciadamente, ello no ha impedido que, en ocasiones, la violación de derechos humanos haya obligado a la interrupción de la vigencia de nuestros acuerdos. 
En relación con el informe que hoy debatimos, la Comisión de Desarrollo quiere poner de relieve los siguientes puntos: 
Primero, afirmamos que los derechos humanos son de carácter universal e indivisible y que existe una estrecha interdependencia entre ellos, la democracia y el desarrollo. 
Segundo, queremos destacar que la lucha contra la pobreza es nuestra prioridad y que no tendremos éxito sin una aproximación global a los procesos de democratización y desarrollo. 
Tercero, insistimos en un doble enfoque de la condicionalidad: una discriminación positiva con los países que logren mayores avances y otra negativa en los casos de violaciones graves y persistentes. 
Cuarto, subrayamos los valores ejemplares del Acuerdo de Cotonú, por su extensa aplicación a 77 países y por la eficacia y flexibilidad de la cláusula suspensiva prevista en el artículo 96, siendo así el único acuerdo que ha dado lugar a sanciones y que ha funcionado relativamente bien. 
Quinto, insistimos en la transparencia como uno de nuestros principios rectores. 
Sexto, apoyamos todas las medidas tendentes a alcanzar los Objetivos del Milenio y, en este sentido, celebramos la decisión del G8 de cancelar la deuda de los 18 países más pobres del planeta. 
Séptimo, apelamos a un mayor compromiso de los países con los que cooperamos en la consecución de estos Objetivos. 
Y, octavo, lamentamos algunas decisiones de la Comisión que no compartimos, como el levantamiento de sanciones a Sudán a propósito de los graves sucesos ocurridos en Darfur. 
,. – Señor Presidente, mi comisión acoge con agrado el informe del señor Agnoletto que, con muy pocas reservas, apoyamos plenamente. 
En efecto, nuestra opinión, que refleja lo dicho por el señor Agnoletto, ha sido aprobada por veinte votos contra uno. 
Tal como ha explicado la Comisaria, catorce años después de comenzar a incluir los acuerdos sobre derechos humanos, es hora de hacer balance. 
Desde 1995, la cláusula de derechos humanos se ha invocado en 12 ocasiones. 
Lo hemos hecho contra Níger, Guinea-Bissau, la República Centroafricana, Togo, Haití (de donde acabo de volver de una misión de observación electoral) , las Comoras, Costa de Marfil, Fiyi, Liberia y Zimbabue. 
La cláusula de derechos humanos también ha impedido la conclusión de acuerdos con Australia y Nueva Zelanda y con Belarús tras la evolución cada vez más autoritaria del régimen del señor Lukashenko. 
Celebramos la inclusión de esta cláusula y quisiéramos que se extendiera también a los acuerdos comerciales de tipo sectorial. 
Creemos que debe haber referencias comparativas concretas y, posiblemente, un conjunto de referencias comparativas más matizadas para responder a las violaciones de derechos humanos. 
Pedimos a la Comisión que establezca un mecanismo de control que vincule la aplicación y la suspensión temporal de los acuerdos comerciales y de las medidas comerciales autónomas con el cumplimiento de normas democráticas básicas y el respeto de los derechos humanos y de las minorías en los países beneficiarios, tal como se contempla en el informe anual del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo. 
Comparto la opinión de la Comisaria de que, aunque se ha previsto nuestra participación en la aprobación de la cláusula en acuerdos comerciales y de otro tipo, no está prevista formalmente en lo relativo a la aplicación de la cláusula. 
Sin embargo, pedimos a la Comisión que, por propia iniciativa, en el futuro cuente de forma más sistemática con el Parlamento Europeo para valorar el respeto de las cláusulas de derechos humanos y exigencias similares. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente, el señor Agnoletto, por el excelente trabajo que ha presentado. 
Creo que es muy importante que el ponente se refiera en este informe a la nueva función que hay que dar al Parlamento Europeo, no solo con respecto a la negociación de acuerdos con terceros países, sino también en relación con su aplicación y control. 
Ello cambiaría de forma considerable el marco institucional dentro del que se formalizan estos acuerdos. 
El señor Agnoletto tiene razón al recomendar la ampliación de la cláusula sobre derechos humanos a todos los sectores y a todos los países y el precedente que utiliza para respaldar esta opinión es interesante. 
El señor Agnoletto tiene razón al hacer un llamamiento para un mejor control y un mejor procedimiento de seguimiento a fin de determinar si las partes observan lo que han suscrito, ya que, a menudo, como todos ustedes saben, firmar es fácil, pero cumplir es difícil. 
El señor Agnoletto lleva razón cuando menciona la necesidad de un mecanismo para la aplicación de acuerdos, entre otras cosas. 
Está en lo cierto cuando insiste en que la dimensión de los derechos humanos debe ser extremadamente visible en este mecanismo. 
Por último, tiene razón en su conclusión final de que ha llegado la hora, por fin, de que estudiemos una nueva cláusula con un contenido que refleje todo lo que estamos debatiendo y todo lo que recomendamos en numerosas ocasiones o que, en otras, criticamos a través del proceso europeo. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado, como bien saben, una enmienda que, a mi entender, el señor Agnoletto acepta y, por consiguiente, dicho Grupo respalda su informe. 
. Señor Presidente, el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial de los acuerdos internacionales de la Unión Europea. 
Esta engorrosa y vaga formulación de la cláusula democrática que acabo de leer tiene muchas limitaciones y carece de mecanismos que aseguren su operatividad. 
El resultado es que la cláusula, a menudo, es utilizada como coartada o ejemplo retórico, sin que ello tenga realmente consecuencias. 
El informe que debatimos hoy pretende acabar con esta situación, reforzando jurídicamente la eficacia de la cláusula. 
Para ello, los socialistas hemos realizado varias propuestas, que han sido recogidas en este informe, del que estamos muy satisfechos. 
Aprovecho la ocasión para felicitar al señor Agnoletto y agradecerle su trabajo y su comprensión. 
Pero no queremos engañarnos. 
Este informe de iniciativa se verá de nuevo confrontado a la realidad cuando vayamos a aplicar la cláusula. 
La Unión Europea debe promover la introducción de la cláusula siguiendo las recomendaciones de este informe, y así lo solicitamos hoy en esta Asamblea. 
Seguiremos necesitando mucha voluntad política por parte de la Unión para que el respeto de los derechos humanos constituya realmente un valor añadido en los acuerdos internacionales, en la promoción de la dignidad, para que la introducción de la cláusula no sea letra muerta y para que su uso no sea hipócrita y solo aplicable a conveniencia de nuestros intereses. 
Para ello necesitamos un verdadero compromiso de Europa con los derechos humanos; un compromiso eficaz, creíble y coherente. 
Podemos poner en marcha un sistema de alerta ante las violaciones de los derechos humanos que permita una actuación adecuada y una reacción a tiempo. 
Europa debe mantener la reciprocidad en la aplicación de la cláusula de derechos humanos, porque tenemos que ser capaces de mantener un diálogo franco y abierto con los países con los que hayamos establecido un acuerdo, y debemos ser capaces también de escuchar las críticas de los países socios, sobre, por ejemplo, cómo tratamos los europeos a sus nacionales, y reaccionar en consecuencia. 
Europa debe mantener una posición creíble. 
Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio. 
No podemos ceder en su defensa en aras de otros intereses momentáneos. 
Europa debe ser honesta y limpia en su actuación. 
Debemos pedir el fin de la pena de muerte en la India, en China, en Japón y en los Estados Unidos. 
Debemos exigir el fin de la tortura allí donde se produzca, sea en Guantánamo, sea en Iraq, sea en Siria. 
En un mundo obsesionado por los beneficios a corto plazo y por la seguridad, no podemos bajar la guardia en la defensa de nuestros derechos universales. 
, – Señor Presidente, en mayo de 1995 el Consejo decidió que para promover los derechos fundamentales y los ideales democráticos de la UE había que incluir una cláusula que insistiera en el respeto de los derechos humanos como elemento fundamental de todo acuerdo bilateral. 
En los diez años desde su introducción, dicha cláusula ha resistido el riguroso escrutinio del Tribunal de Justicia Europeo y se ha incluido en más de cincuenta acuerdos de la UE. 
Sin embargo, en esos diez años la UE ha sido criticada por dejar de utilizar sus herramientas a favor de los derechos humanos en las relaciones exteriores, y ha quedado cada vez más claro que, al tratar con países clave, los derechos humanos fundamentales que esta cláusula pretende proteger se han visto eclipsados por las asociaciones estratégicas y los dobles raseros de la 
Sirva de ejemplo el hecho de que, pese a lo que exigimos sobre el papel, el debate iniciado a raíz de las elecciones para la Autoridad Nacional Palestina ha dejado claro que la aplicación depende en primer lugar de la voluntad política de la UE de dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos sobre los intereses económicos y políticos. 
Antes de que la Autoridad Nacional democráticamente elegida tuviera ocasión de organizarse, se planteó la revisión del acuerdo UE-Palestina por motivos de derechos humanos de una forma que ha sido descartada tanto por el Consejo como por la Comisión por inútil y porque nos restaría capacidad de influir. 
En cambio, si observamos el Acuerdo de Asociación EU-Israel, pese a los numerosos desacatos de este país con respecto a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el flagrante desprecio al Tribunal Internacional de Justicia al continuar con su anexión de Jerusalén Este y negar al pueblo palestino el derecho de autodeterminación, ¿cuál es la respuesta de Europa? 
He criticado duramente la gestión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y he fiscalizado la escrupulosa aplicación de la cláusula de derechos humanos en muchas intervenciones ante esta Cámara. 
Pero no oigo más que eufemismos, como que debemos mantener nuestra influencia y seguir dialogando. 
Si el Consejo y la Comisión no pueden explicar a esta Cámara de forma coherente, efectiva y transparente cómo aplica la cláusula de derechos humanos, ¿cómo pueden esperar que el Parlamento esté dispuesto a dar su consentimiento a nuevos acuerdos internacionales? 
La vaguedad de criterios y los procedimientos insuficientes que contiene este instrumento no me han permitido comprender la lógica de ciertas decisiones de la UE, ni ayudan a la UE a defenderse de acusaciones de ambigüedad y discriminación ante graves violaciones de los derechos humanos. 
Al revisar el texto será preciso establecer un mecanismo concreto y aplicado gradualmente, desde el diálogo hasta las señales de advertencia, y prever una serie de herramientas, desde sanciones dolorosas hasta la suspensión del acuerdo, a fin de incrementar la influencia y la autoridad de nuestras intervenciones ante los infractores persistentes. 
Además, el instrumento debe basarse en el principio de reciprocidad respecto a los abusos que tienen lugar en el territorio de la UE y fuera de él. 
Si hay algo que ha quedado claro a raíz de la controversia sobre las operaciones ilegales de la CIA en Europa es que desde el punto de vista de los derechos humanos, la UE no ha sabido mantener su casa en orden. 
No se puede exagerar el significado de este último giro en la guerra contra el terrorismo, en una asombrosa complacencia de la UE con su historial de derechos humanos, iniciando investigaciones por parte del Consejo de Europa y de esta Cámara con amenazas de poner en marcha el mecanismo sancionador del artículo 7. 
Es hora de que la UE comience una revisión profunda y completa y de que vincule y equilibre las dimensiones externa e interna de su política de derechos humanos. 
Mientras la UE se ha esforzado por promover continua y sistemáticamente una visión coherente de los derechos humanos, este Parlamento ha sido elogiado por diversas ONG por el efecto positivo que ha tenido la reinstauración de la Subcomisión de Derechos Humanos. 
Bajo la presidencia de la señora Flautre, la subcomisión ha ido ganando fuerza y, a partir del nombramiento del señor Matheson, hemos hecho grandes avances en la aplicación de las directrices sobre derechos humanos. 
Concluiré diciendo que, dado que los derechos humanos ostentan un papel destacado en muchos de los ámbitos de la política exterior y de seguridad, y dado que los asuntos de carácter general exigen una participación más constante, debemos aprovechar nuestro conocimiento y eficacia como poder de decisión único cuando se trate de iniciar consultas y suspender acuerdos por motivos de derechos humanos. 
. – Señor Presidente, la cláusula que debatimos hoy constituye el fundamento y la fuente de legitimidad de la acción de la Unión Europea ante países terceros en materia de respeto de los derechos humanos. 
El informe del señor Agnoletto formula algunas propuestas importantes que, como ven, cuentan con un amplísimo consenso en este Parlamento. 
Dicha cláusula presenta algunas deficiencias. 
En primer lugar, adolece de una falta de uniformidad: la formulación de la cláusula puede variar de un tipo de acuerdo a otro. 
Yo abogaría, junto con el ponente, por una mejora de la cláusula con el fin de reforzar su alcance político y también jurídico. 
Por ejemplo, hay que establecer claramente que las partes en estos acuerdos están obligadas a cumplir las normas internacionales y las obligaciones que les imponen. 
En segundo lugar, en la mayoría de los casos, como se ha subrayado ya, esta cláusula adolece de una falta de métodos de aplicación concretos. 
La Unión Europea, para ser coherente, debe establecer dichos métodos. 
No podemos esperar que sigamos siendo creíbles a los ojos de nuestros socios si, por una parte, pretendemos hacer del respeto de los derechos humanos un elemento esencial de nuestra política pero, por otra, no tomamos las medidas necesarias cuando un país viola sistemáticamente dichos derechos. 
Actualmente, los acuerdos ACP representan probablemente el modelo más avanzado, en el que deberíamos inspirarnos. 
También hay que graduar los mecanismos de aplicación de la cláusula. 
No podemos contemplarlos como meros instrumentos de reprimenda en caso de violación de los derechos humanos, sino también como una manera de ayudar a reforzar los derechos humanos en países terceros. 
Por ello es tan importante el enfoque positivo de la cláusula relativa a los derechos humanos. 
Por lo que respecta al papel del Parlamento, con el fin de garantizar la coherencia, la credibilidad y la transparencia de nuestra política, es absolutamente crucial que participemos en las distintas etapas de aplicación de la cláusula. 
Cuando el Parlamento se remita a la cláusula en sus resoluciones o reclame la aplicación de medidas adecuadas, el Consejo debería dar curso a esta demanda y estudiar su conveniencia. 
El segundo punto esencial es el vínculo entre la cláusula y las estructuras de diálogo político. 
Debe quedar claro el vínculo existente entre esta cláusula y la creación de subcomités de «derechos humanos» , que también conviene reforzar. 
A este respecto, lamento la revisión a la baja de las exigencias de la Unión Europea, en particular en relación con algunos de nuestros vecinos. 
Si esperamos aplicar eficazmente la cláusula, debemos crear los foros necesarios para un intercambio franco y constructivo de puntos de vista sobre los derechos humanos. 
Por lo que respecta al principio de reciprocidad, también el diálogo debe ser recíproco, justo cuando se está señalando con el dedo a algunos Estados miembros por su política en materia de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, o por la situación inhumana en las prisiones. 
Debemos ser capaces de escuchar toda crítica que puedan formular nuestros socios. 
Por último, es importante que los derechos humanos no sean una preocupación exclusiva de los Ministros de Asuntos Exteriores, sino una preocupación de todos los órganos gubernamentales. 
Por esta razón defiendo, junto con el ponente, que la cláusula sea un «elemento esencial» de todos los acuerdos y, por último, que en adelante el Parlamento no dé su dictamen conforme a nuevos acuerdos que no contengan una cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia. 
. – Señorías, quiero felicitar al ponente por un trabajo excelente. 
En mi opinión, está equilibrado, es objetivo y, sobre todo, nos da un resumen excelente no solo de los logros alcanzados en el ámbito de los derechos humanos, sino también de los aspectos importantes en los que hay que centrarse en el futuro. 
Quiero mencionar los siguientes aspectos fundamentales. 
En primer lugar, respaldo el punto de vista de que no hay que entender los derechos humanos únicamente como si se tratara de derechos civiles y políticos, sino que también es imprescindible centrarse en los derechos económicos, sociales y culturales, y no solo en el contexto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, hemos de aprovechar las experiencias positivas que se derivan del Acuerdo de Cotonú hasta hoy, y garantizar que se incluyan cláusulas sobre el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en todos los acuerdos sectoriales o todos los acuerdos con los Estados desarrollados, con el fin de conseguir la igualdad de condiciones de todas las partes del Acuerdo. 
En tercer lugar, es necesario hacer más hincapié en la aplicación de las denominadas medidas positivas para motivar a los Estados, y emplear medidas negativas solo cuando sea absolutamente necesario, cuando se hayan agotado otras opciones. 
Al sopesar dichas opciones es evidente que es necesario considerar el impacto de las medidas en los ciudadanos de a pie. 
A mi entender, uno de los factores principales, desde el punto de vista de la garantía de la transparencia, es que el Parlamento Europeo y la sociedad civil desempeñen un papel más importante en la aplicación de cláusulas relacionadas con los derechos humanos y los principios democráticos. 
La labor de la Comisión y del Consejo ha sido poco transparente hasta hoy y, a menudo, engañosa, lo que ha generado preocupación por el hecho de que los intereses políticos, estratégicos y comerciales estén invalidando la aplicación coherente de normas claramente definidas. 
Es absolutamente necesario, si queremos aumentar la transparencia y la democratización en los procesos de toma de decisiones, que la Comisión Europea informe regularmente al Parlamento y a las partes interesadas en la esfera pública, idealmente cada año, sobre la aplicación de cláusulas que contemplen el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, con inclusión de estudios de casos individuales y del enfoque adoptado por el Consejo durante un determinado periodo, el resultado de determinadas medidas y de enfoques propuestos para el futuro, en el caso de que una situación no mejore. 
Una metodología objetiva y un procedimiento claro para la aplicación de la cláusula que he mencionado anteriormente serán, por supuesto, esenciales. 
,. – Señor Presidente, esta cláusula fue redactada hace diez años y se ha incluido en determinados acuerdos. 
El presente informe pretende que se apliquen nuevos criterios entre los Estados miembros de la UE y terceros países. 
Se suspenderían los acuerdos con esos países en caso de incumplimiento de la cláusula. 
El informe critica que la cláusula no se incluya en los acuerdos relativos a tres grandes campos: agricultura, pesca y textiles. 
Por supuesto, es preciso impulsar la democracia y los derechos humanos en todos los países del mundo que no tengan la suerte de disfrutar ya de ellos. 
Todos los países democráticos decentes deberían utilizar sus relaciones –diplomáticas, comerciales, culturales, etc.– con otros países para favorecer el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, cosa que mi país, el Reino Unido, ha hecho durante muchos años. 
Sin embargo, este informe dice que la cláusula debe aplicarse a todos los países por igual. 
¿Se ha meditado bien sobre esto? 
Si es así, ¿se aplicará a China y a otras economías emergentes de Extremo Oriente y de otras partes del mundo? 
Hay muchos puestos de trabajo que dependen de las relaciones comerciales con China, y su número aumentará en el futuro. 
¿Creemos de verdad que cambiaremos el curso de la historia diciendo a China que se convierta de la noche a la mañana en un país democrático que respeta plenamente los derechos humanos, solo porque lo dice un informe del Parlamento Europeo? 
Yo no lo creo. 
Hoy las Naciones Unidas han reclamado el cierre de la Bahía de Guantánamo y hay muchas cuestiones relativas a los derechos humanos sobre lo que los estadounidenses están haciendo allí. 
Si este acuerdo ha de aplicarse por igual a todos los países, ¿suspenderemos nuestras relaciones con los Estados Unidos si creemos que están conculcando derechos humanos en Guantánamo? 
Me ha sorprendido también la arrogancia de la Comisaria al exigir que otros países, como China y Japón, deroguen la pena de muerte si quieren tener relaciones con la UE. 
Creo que es una insólita intromisión en el derecho democrático y soberano de otros Estados a tener un sistema penal que sea adecuado para ellos y para sus ciudadanos, y no para la Unión Europea. 
La misma Unión Europea está socavando la democracia en todos sus Estados miembros. 
Yo conozco de primera mano la forma en que la democracia del Reino Unido ha sido socavada por la Unión Europea y por nuestra creciente integración política en los Estados Unidos de Europa. 
Por eso, creo que tal vez la Unión Europea debería poner primero su propia casa en orden, en lo que respecta a la democracia. 
Podría comenzar por prestar algo de atención a los resultados de los referendos de los Países Bajos y Francia sobre la Constitución. 
Tengo la impresión de que este informe no ha sido debidamente meditado. 
Sí, queremos democracia y derechos humanos en todos los países del mundo, pero intentémoslo dando ejemplo en la amistad, en vez de fijar criterios y condiciones que no se van a cumplir. 
– Señor Presidente, si nuestros sucesores intentan evaluar los principales valores y ventajas de la Unión Europea dentro de cien años, observarán que uno de los principales motivos por los que la Unión Europea vio la luz fue para defender y promover los derechos humanos en todo el mundo. 
Deberíamos hacer ondear la bandera de los derechos humanos en todo momento y no bajarla en circunstancias desfavorables, como lamentablemente ocurre a veces. 
Me preocupa nuestro tristemente famoso doble rasero. 
Estamos dispuestos a exigir el respeto de los derechos humanos y a condenar a determinados países que no cumplen. 
Sin embargo, cuando se trata de países más grandes o de países particularmente importantes desde el punto de vista económico para las empresas de los Estados miembros de la Unión, estamos igualmente dispuestos a guardar silencio o a hablar en voz baja sobre los derechos humanos. 
La calamidad de este doble rasero es una mancha en el honor de la Unión. 
Es una mancha en una impoluta bandera azul de estrellas doradas. 
Los derechos humanos también hay que entenderlos en un contexto económico. 
Por ese motivo defendemos la condonación de la deuda de los países en desarrollo, como ha señalado el señor Martin. 
Sin embargo, también estamos a favor de controlar la aplicación de la ayuda comunitaria a fin de garantizar que no se utilice para respaldar dictaduras en África y en Asia. 
Creo que merece la pena hacer hincapié en la necesidad de incluir cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos sectoriales suscritos, por ejemplo en relación con la agricultura, la pesca y los textiles. 
En conclusión, siempre debemos tener presente que, en lo que respecta a los derechos humanos, nunca se puede decir que se ha hecho todo lo que debería hacerse. 
– Señor Presidente, me complace poder hablar sobre este informe de propia iniciativa del señor Agnoletto sobre la cláusula de derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE. 
Creo que es una iniciativa ambiciosa y seria del ponente. 
Ha redactado un informe que la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores ha calificado de uno de los más importantes de los últimos tiempos. 
Se han incluido cláusulas de derechos humanos en acuerdos internacionales y comerciales de la UE durante más de cincuenta años. 
Como ha dicho la Comisaria, afectan a más de ciento veinte países distintos. 
Este informe valora la efectividad de dichas cláusulas en cuanto a su aplicación y respeto, y propone nuevas vías de fortalecimiento de la cláusula para hacerla más eficaz y controlarla mejor. 
Las cláusulas de derechos humanos han dado algunos resultados en el pasado. 
Pero, a decir verdad, en muchos casos las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos de la UE con terceros países no valen el papel en que están escritas. 
De esta manera, se desarrolla una relación de comercio y cooperación a resultas de un acuerdo, pero continúa habiendo flagrantes violaciones de los derechos humanos; las cláusulas de derechos humanos se incumplen o no se toman en serio, pero no hay consecuencias. 
Es una situación lamentable: no solo supone una oportunidad perdida para que la UE utilice mejor su considerable influencia a fin de elevar el grado de respeto de los derechos humanos, sino que también mina la credibilidad de la UE en un ámbito político vital. 
Este informe estudia de forma bastante pormenorizada cómo debe redactarse una cláusula de derechos humanos, cómo se puede controlar y hacer cumplir a fin de hacerla más efectiva, y qué consecuencias debe tener su vulneración en los distintos casos. 
Esencialmente, sin embargo, el informe se plantea dos objetivos. 
En primer lugar, asegurar que se incluya en todo nuevo acuerdo internacional de la UE una nueva cláusula mejorada de derechos humanos y democracia basada en el respeto del Derecho internacional y de las convenciones suscritas por la UE. 
En segundo lugar, hay que poner en marcha un mecanismo que permita vigilar mejor la observancia de la cláusula de derechos humanos, de modo que sus infracciones tengan una serie de consecuencias reales para todo el acuerdo. 
Eso aseguraría que se diera a los derechos humanos la prioridad política de que hoy ha hablado la Comisaria. 
– Señor Presidente, una vez más, a lo largo el año pasado la UE fue acusada de faltar a su compromiso de defensa de los derechos humanos al negarse a hacer uso efectivo de las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos comerciales y de cooperación. 
En Uzbekistán se sentó un importante precedente tras la masacre de Andizhán, pero el hecho de que la reacción tardara cuatro meses es un triste testimonio de la falta de seriedad que se daba a las cláusulas en el pasado. 
Pese a la gran preocupación por los derechos humanos y la influencia de la UE en el Próximo Oriente, las cláusulas de derechos humanos no han sido invocadas nunca en relación con Egipto, Israel ni Túnez, en este último caso a pesar de las rotundas declaraciones de la UE del año pasado sobre los límites a la libertad de expresión y el bloqueo de la financiación de las ONG. 
Con los países ACP reconozco que han tenido lugar las llamadas «consultas del artículo 96» en quince países durante los últimos ocho años, y once de esos casos han desembocado en las medidas oportunas. 
Sin embargo, la UE mantiene estrechas relaciones con Angola, Etiopía y Ruanda pese a condenar los abusos que tienen lugar allí y sin ejercer una auténtica presión ni acciones de ningún tipo tras esas condenas. 
En Eritrea, hasta ahora se ha respondido muy tímidamente a los acontecimientos: reclutamientos forzosos, detenciones arbitrarias, acoso a los refugiados y continuo recurso a la tortura. 
¿Qué podemos hace para asegurar el éxito de las consultas sobre las cláusulas de derechos humanos? 
Es necesario un compromiso por parte del país tercero. 
Sin embargo, esto hoy parece estar demasiado ligado a la dependencia de los fondos de la UE. 
Es preciso identificar las violaciones y los pasos que hay que seguir para corregirlas, como en el caso de Guinea-Bissau, cuando se celebraron elecciones libres y limpias en el plazo previsto. 
Estamos de acuerdo con la Comisaria en que a menudo hay razones políticas que impiden la acción de los Estados miembros. 
No creo que ella sea arrogante; al contrario, veo nobleza en ella cuando defiende el inquebrantable compromiso por la abolición de la pena de muerte. 
Me parece asombroso que el Partido por la Independencia del Reino Unido haya dicho esta mañana que debemos mirar a otro lado ante las violaciones a los derechos humanos en China simplemente porque comerciamos con ese país. 
Felicito a la Comisaria y al ponente. 
Señor Presidente, me satisface realmente el alto grado de consenso que hay en esta Cámara en cuanto al hecho de que el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, son —aunque deben serlo más— un objetivo global de la política exterior y de seguridad común, y deben ser parte integrante de la política exterior de la Unión Europea. 
Y digo que deben serlo más porque, como se ha dicho, son numerosos, demasiados, los ejemplos en que estos principios quedan matizados, cuando no anulados, en favor de determinados intereses económicos, comerciales o políticos particulares. 
Es cierto que en más de cincuenta acuerdos se ha incorporado la llamada cláusula sobre derechos humanos y democracia, y que ello afecta a 120 países, pero también lo es que el grado de cumplimiento y de exigencia de su cumplimiento por nuestra parte es de lo más variado. 
Por tanto, después de diez años de aplicación de este sistema, debemos hacer balance y tomar ciertas medidas correctoras, y por ello felicito al señor Agnoletto por su trabajo, por su informe y por sus conclusiones, las cuales, lógicamente, compartimos. 
En primer lugar, quiero subrayar que es preciso recordar que muchos acuerdos con países desarrollados y acuerdos sectoriales, como los relativos a los productos textiles, a la agricultura y a la pesca, aún no contienen dicha cláusula, lo que es un déficit claro. 
En segundo lugar, aunque la cláusula se aplica tanto a la Unión Europea como al país tercero, aún no se ha sacado plenamente partido de la dimensión de reciprocidad de la misma y, como ha dicho la señora Valenciano Martínez-Orozco, yo creo que la Unión Europea debe empezar por dar ejemplo. 
En tercer lugar, uno de los motivos que han comprometido su aplicación es el carácter genérico de su formulación, ya que no prevé modalidades precisas de intervención positiva o negativa en la cooperación entre la Unión Europea y terceros países, dando paso a una preponderancia del Consejo y de las exigencias nacionales de los Estados miembros sobre exigencias más generales en materia de derechos humanos. 
Por todo ello, apoyamos la elaboración de un nuevo texto para un modelo de cláusula que perfeccione la actual formulación del llamado artículo 2, con objeto de garantizar un enfoque más coherente, eficaz y transparente de la política europea de derechos humanos en los acuerdos con terceros países. 
– Señor Presidente, hablamos de las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos que la Unión impone a los países con los que trata. 
Así sea, pero antes de buscar la paja en el ojo de nuestros vecinos, ¿no deberíamos quitar la viga del nuestro? 
En mi país, Francia, como en el resto de la UE, la tiranía de la corrección política está resultando completamente intolerable. 
En teoría, uno puede decir lo que le plazca sobre la inmigración masiva, pero si está en contra se verá condenado por incitación al odio racial. 
Si uno habla, como ha sucedido hace poco, de la islamización de Alsacia, aunque uno sea representante electo, será objeto de indignas condenas que solo deshonran a quienes las pronuncian. 
En teoría, uno puede decir lo que le plazca sobre la historia contemporánea, pero en la práctica solo lo puede hacer ateniéndose a las disposiciones de una ley de inspiración comunista, pues de lo contrario se arriesga uno a ir a la cárcel. 
Por haber discutido esa ley en una conferencia de prensa política, yo mismo he perdido, al menos de forma provisional, mi cátedra en la Universidad de Lyon. 
Si uno declara que prefiere la familia natural frente a las uniones homosexuales, también corre el riesgo de ser condenado, como lo ha sido muy recientemente un diputado al Parlamento francés perteneciente al partido mayoritario. 
Un alcalde no tiene derecho a dar preferencia a uno de sus compatriotas frente a un extranjero al asignar una vivienda social y tampoco un particular puede otorgar este tipo de preferencia en ningún terreno. 
Podría citar más ejemplos. 
Cada grupo, cada grupo de presión, cada minoría, cada desviación ha desarrollado sus medios de presión, intimidación y persecución de la mayoría, con la complicidad activa o pasiva de las autoridades. 
En estas condiciones, Señorías, antes de imponer a nuestros socios una cláusula que ustedes parecen interpretar de un modo totalmente unilateral, estaría bien que empezáramos poniendo orden en nuestra propia casa. 
– Señor Presidente, el principio democrático en las relaciones exteriores de la Unión, que estamos debatiendo hoy tras el informe del señor Agnoletto, a quien felicito, plantea una serie de cuestiones cruciales. 
Por motivos de tiempo me limitaré a cinco de ellas. 
Primera cuestión: ¿Seguirá la Unión limitándose al carácter más o menos declaratorio de la cláusula sobre derechos humanos y democracia o intentará –y esta es mi propuesta– convertir el principio de democracia en un auténtico mecanismo jurídico, en una condición indispensable para el buen funcionamiento de los acuerdos con terceros países? 
Segunda cuestión: ¿Son lícitas las rebajas selectivas de la cláusula sobre democracia? 
¿Es lícito diferenciar la intensidad con que se formula el principio en cuestión? 
La respuesta es evidente. 
La credibilidad de la invocación de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales debe respetar la regla de la uniformidad de las normas. 
Tercera cuestión: ¿Bastan los elementos de una confrontación electoral y elecciones libres por sí solos para considerar que un sistema es democrático? 
La vida democrática moderna implica exigencias imbricadas con la calidad de la democracia. 
Exige la vigencia de derechos civiles participativos y responsabilidad política horizontal. 
Exige una gobernanza honesta, seguridad institucional y cohesión social. 
Cuarta cuestión: ¿Tiene intención la Unión –y nosotros, la Cámara democráticamente legitimada por excelencia– de adoptar indicadores cualitativos para medir y evaluar la conducta democrática de nuestros socios privados económicos y comerciales y, más aún, de terceros países europeos a los que se les exige o exigirá el cumplimiento de los llamados criterios de Copenhague? 
Quinta y última cuestión: en las relaciones exteriores europeas, el principio democrático y la economía de mercado aparecen juntos en todos los discursos, pero en la práctica se da prioridad a la economía de mercado. 
¿Vamos a restablecer por lo menos este equilibrio? 
– Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a mi distinguido amigo, el señor Agnoletto, por el importante informe que nos ha presentado. 
La incorporación de una cláusula de derechos humanos en los acuerdos de la Unión Europea, desde principios de la década de 1990, ha sido una marca distintiva política e institucional. 
Sin embargo, al hacer hoy una evaluación, debemos ser honestos y decir que los resultados no son particularmente positivos. 
Esto se debe principalmente a la falta de voluntad política por parte de los Estados miembros, como ha manifestado honesta y francamente la Comisaria, a la sensibilidad selectiva ante la aplicación de la cláusula, a la prevalencia del doble rasero y, por último, a la supremacía de los intereses y conveniencias nacionales por encima de la posición común y decisiva de la Unión Europea. 
Existen numerosos ejemplos y esta situación está creando un grave problema de credibilidad de las instituciones europeas entre los ciudadanos de Europa. 
Por un lado, la Unión Europea puede congelar relaciones y acuerdos –como ilustran los ejemplos del señor Ford– y, por otro, permanece impasible ante las violaciones de los derechos humanos en Túnez, Egipto, Israel o Turquía. 
En las relaciones con Rusia, China y los Estados Unidos prevalecen los intereses estratégicos por encima del respeto de los derechos humanos y de las minorías. 
La necesidad de la unanimidad para adoptar medidas y suspender un acuerdo seguirá poniendo freno en la práctica a cualquier esfuerzo serio. 
La Unión Europea no podrá emprender una política exterior dinámica con el requisito de la unanimidad. 
Hay que retomar esta dimensión en el debate sobre el futuro de Europa. 
Comparto todas las propuestas realizadas por mi distinguido amigo el señor Agnoletto. 
Sin embargo, debemos entender que el grave déficit que aqueja a la política exterior y de derechos humanos se debe y está relacionado con el carácter trasnacional y el principio de unanimidad, bajo los que subyacen los intereses nacionales y distintas conveniencias y prioridades políticas. 
Si esto no cambia, por muy sólidas que sean las cláusulas, seguirán siendo, por desgracia, papel mojado. 
– Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señor Frattini, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al ponente por este informe. 
De las respuestas que ha suscitado es evidente que goza de amplia aprobación. 
En varias ocasiones hemos oído que nos resulta más fácil criticar a pequeños Estados como Myanmar e imponerles sanciones que hacer lo mismo con otros más grandes, en los que hay en juego intereses económicos. 
Aquí es donde se nos plantea un problema, un dilema, que deberíamos abordar abiertamente en lugar de marear la perdiz. 
La Unión Europea tiene un problema de credibilidad, un problema de doble rasero, y eso hemos de tenerlo presente en la situación actual con las caricaturas y lo que se ha venido a denominar un choque de civilizaciones. 
Compartimos muchos de los puntos planteados en el informe. 
Me gustaría señalar, no obstante, que abordaremos una cuestión similar –la de la Agencia de los Derechos Fundamentales– en un próximo debate en esta Cámara. 
Esa Agencia se encargará de muchas de las cuestiones que hoy nos ocupan. 
Me gustaría llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que podremos utilizar esta Agencia de los Derechos Fundamentales no solo para mejorar la protección de los derechos humanos en los Estados miembros de la Unión Europea, sino también como una especie de sistema de alerta temprana que nos informará de lo que ocurre en los países que nos rodean y cuál es la situación de los derechos humanos en ellos. 
Esto nos ofrece una oportunidad única de mejorar la política europea en materia de derechos humanos. 
Esta Cámara tomará muy pronto una decisión al respecto y pido a sus Señorías que la apoyen. 
– Señor Presidente, me gustaría hacer tres observaciones con respecto a la cláusula de derechos humanos. 
En primer lugar, hay que señalar que esta cláusula se invoca en muy raras ocasiones: solo 12 veces desde 1995. 
Si lo comparamos con el número de Estados no democráticos con los que la Unión Europea concluye tratados, la cláusula debe considerarse en la mayoría de los casos un elemento superfluo a efectos prácticos. 
Mi segunda observación se refiere a las políticas de inmigración y asilo de los Estados miembros, que el ponente desea asociar a la cláusula de derechos humanos. 
Esto se me antoja muy poco realista y, en cualquier caso, no muy deseable, ya que estaríamos invitando a los países en desarrollo a criticar la acogida de sus propios nacionales que solicitan asilo en Europa. 
De hecho, deberíamos poner empeño en animar a estos Estados a que acepten el retorno de aquellos de sus ciudadanos que no obtengan el asilo político en Europa. 
A menudo, no obstante, la experiencia ha demostrado que ocurre justo lo contrario. 
Por último, no es recomendable involucrar a las organizaciones no gubernamentales en la evaluación de la aplicación de la cláusula de derechos humanos con respecto a terceros países. 
Estas organizaciones no tienen ningún tipo de legitimidad democrática y no se les debería conceder una responsabilidad política de esta índole. 
Si acaso, Europa debería estar en condiciones de rendir cuentas en mayor medida de lo que ocurre con el dinero de los contribuyentes. 
– Señor Presidente, que se respete debidamente la cláusula de derechos humanos dependerá, sobre todo, de la voluntad política de los Estados miembros. 
Lamentablemente, sus esfuerzos por defender sus propios intereses impiden a menudo que la Unión actúe efectivamente. 
La tarea que tenemos hoy ante nosotros es garantizar que las cláusulas sobre derechos humanos se incluyan de modo que podamos ejercer una presión efectiva sobre terceros países. 
Ya no basta con una mera declaración de principios y requisitos. 
Estos deben aplicarse realmente y ello requiere más firmeza y decisión. 
Me entristece observar que el comportamiento de los líderes de la Unión tiende a regirse por el temor y el oportunismo. 
Con demasiada frecuencia, los intereses económicos y políticos pesan más que la necesidad de responder con rapidez a casos lamentables en los que se humilla a personas y se restringe su libertad. 
El principio de solidaridad no debe ser considerado un lastre que hay que echar por la borda en cualquier momento, sino que hay que convertirlo en un instrumento crucial de la política de la Unión Europea. 
Por tanto, las cláusulas de derechos humanos deben dotarse de medios adecuados de persuasión y presión política. Esto, a su vez, requiere un cambio de enfoque de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Esta política debería caracterizarse permanentemente por una lucha constante por defender los principios de la libertad y la democracia. 
Necesitamos urgentemente instituciones europeas que tomen como modelo las fundaciones estadounidenses públicas y que sean capaces de apoyar efectivamente a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. 
En la actualidad estas instituciones no existen, pero los planes de crear la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales deberían contribuir a colmar este vacío. 
De hecho, la Agencia de Derechos Humanos sería un nombre más adecuado para este organismo. 
En su informe anual, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch concluyó que en 2005 la Unión Europea se había interesado principalmente en los ámbitos de la empresa, la política y la energía. 
Ya no basta con criticar meramente de palabra a los regímenes totalitarios y dictatoriales. 
La Unión Europea debe demostrar la voluntad de aplicar los derechos fundamentales en todo el mundo. 
¿Hay alguien en la Unión Europea que se esté encargando de las restricciones a la libertad de expresión y a las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Rusia? 
¿Hay alguien dispuesto a sacrificar los contratos comerciales con China a cambio de la liberación de los monjes tibetanos encarcelados pos supuestas actividades subversivas? 
¿Seremos capaces finalmente de hacer frente abiertamente al régimen cubano? 
Para terminar, me gustaría expresar mi apoyo a la acción de protesta contra el motor de búsqueda. 
Hoy no lo voy a utilizar. ha creado una versión especial de su motor de búsqueda para páginas chinas, controlada por el Gobierno chino. Esta es una forma de censurar materiales que se contradice con la línea oficial china. 
– Señor Presidente, los derechos humanos y la democracia son los cimientos sobre los que se construyó la Unión Europea. 
La política de derechos humanos de la Comunidad Europea y, de hecho, de la comunidad internacional en general, desempeñó un papel importante en la caída de los regímenes antidemocráticos del sur de Europa en la década de 1970 y en Europa Central y Oriental a partir de 1989. 
En la actualidad, los derechos humanos y la democracia forman el eje en torno al cual se está construyendo la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
La política exterior de la Unión pretende crear un orden mundial basado en la paz, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y el crecimiento estable. 
La cláusula sobre derechos humanos y democracia debería aplicarse de modo más amplio e incluirse en todos los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países, independientemente de si son países industrializados o en desarrollo. 
La cláusula antes mencionada también debería figurar en los acuerdos sectoriales, intercambios comerciales y ayuda técnica y financiera. 
En virtud de esta cláusula, las instituciones pertinentes de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, deberían tener la autoridad para controlar de forma eficaz que las partes en los acuerdos con la Unión Europea respeten los derechos humanos y los principios democráticos. 
A este respecto, es importante recordar la relación entre el respeto de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. 
Los principios generales que engloban la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el respeto de los valores democráticos constituyen una condición indispensable para la erradicación de la pobreza. 
Una buena forma de abordar esta cuestión sería incluir en estos acuerdos la recomendación de que la UE y el Estado parte en el acuerdo intercambien cada año informes sobre los derechos humanos. 
Asimismo, sería deseable crear un mecanismo de consulta con organizaciones no gubernamentales. 
Las misiones de vigilancia de las elecciones desempeñan un papel crucial en la protección y el fomento de los derechos humanos y la democracia más allá de las fronteras de la Unión, al igual que la ayuda que la Unión debe proporcionar a la sociedad civil en terceros países. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente, el señor Agnoletto, en que el Parlamento no solo debe opinar, sino que también debe desempeñar un papel en derechos humanos, democracia y respeto de la diversidad en los acuerdos con terceros países. 
El desarrollo económico, la paz social y una economía en crecimiento están estrechamente relacionados con la democracia y los derechos humanos. 
La cooperación para el desarrollo solo se puede garantizar en el contexto de una sociedad democrática. 
Si analizamos la eficacia de nuestra cooperación para el desarrollo, constataremos que en los países en que se impulsan la democracia y el respeto de los derechos humanos todo funciona mejor. 
En las dictaduras, en los regímenes poco transparentes y con Gobiernos corruptos, nuestro trabajo puede quedar totalmente distorsionado. 
Quiero señalar que hemos de entender plenamente la democracia y los derechos humanos. 
Democracia significa respeto de la diversidad; los derechos humanos no son plenos sin el respeto de la diversidad, la pluralidad y las diferencias culturales. 
Hemos visto a minorías de países próximos a incorporarse a la Unión Europea confiar en nosotros para asegurar el respeto de sus derechos. 
Las instituciones europeas pueden brindarnos una oportunidad para la pluralidad y el respeto de los derechos culturales y nacionales, independientemente de que muchos países europeos no los respeten. 
Debemos impulsar el papel de nuestro Parlamento, porque es la sede de nuestros representantes europeos. 
– Me gustaría dar las gracias al ponente por su firme voluntad de dotar de mayor transparencia y coherencia a la expansión y consolidación de los derechos humanos. 
Parece como si en este informe viéramos los principios de claridad y transparencia a través de una lente de aumento. 
Las diversas interpretaciones del concepto de «derechos humanos» impiden a la Unión Europea adoptar medidas adecuadas en casos de violaciones graves. 
Cuando el Consejo somete a debate la preocupante situación de los derechos humanos en un Estado, normalmente algún país de la UE insiste en actuar conforme a sus propios intereses nacionales y veta la decisión. 
El principio de unanimidad debería ser más flexible. 
Al debatir la posibilidad de sanciones, resulta inevitable considerar el poderío político y económico del país en cuestión, así como su tamaño y la probabilidad de represalias. 
Deberíamos evitar esta situación en la medida de lo posible y algunos Estados, que violan descaradamente los derechos humanos, no deberían sentirse superiores a otros. 
El instrumento de las sanciones, dirigidas contra un régimen o un Gobierno que se ha comportado de forma indebida, debe ser utilizado con extrema precisión. 
Las sanciones no deben golpear al pueblo, que a menudo vive en condiciones particularmente duras y no tiene la oportunidad de oponerse al régimen. 
Dentro de unos meses, la UE iniciará las negociaciones con un Estado que todavía tiene dificultad a la hora de aplicar políticas de igualdad de género y de derechos de las mujeres; un Estado que todavía tiene que liberarse de las ataduras de la discriminación étnica. 
Los derechos humanos serán un aspecto importante de estas negociaciones, de modo que el procedimiento para definir este proceso de negociación también debería ser más transparente. 
– Señorías, el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como la protección y la defensa de los derechos humanos y las libertades, se ha convertido en una parte integral del funcionamiento de la Unión Europea y de su política exterior. 
La cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE constituye uno de los instrumentos de esta política. 
La cláusula, como ya se ha dicho, se ha incorporado hasta el momento en más de 50 acuerdos y se aplica a más de 120 países. 
Sin embargo, a pesar de las frecuentes experiencias positivas, considero necesario reflexionar sobre el modo de mejorar o perfeccionar la cláusula. 
En este contexto, el informe Agnoletto ofrece numerosas propuestas importantes e interesantes. 
Señala, por ejemplo, que el concepto de derechos humanos y derechos y libertades civiles también incluye los derechos económicos, sociales y culturales. 
Hace hincapié, asimismo, en que la UE, en su apoyo a los derechos humanos, debería centrarse en la aplicación de políticas en el ámbito de la igualdad de género y de derechos de las mujeres y debería oponerse a toda forma de discriminación por motivos, por ejemplo, de orientación sexual o de los derechos de las personas con discapacidad. 
Me gustaría apoyar la idea de que el Parlamento Europeo deba participar en mayor medida en los preparativos para la aplicación y la evaluación de la cláusula sobre democracia, y me gustaría añadir que tanto la sociedad civil como la red internacional de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos deben desempeñar un papel más importante en este proceso. 
– Me sorprende la manera en que, en este Parlamento, a menudo detectamos pequeñas deficiencias en Europa, cuando por todos es sabido que este continente realmente es un adalid que intenta exportar estos nobles derechos fundamentales a otras partes del mundo. 
Cabe señalar que la cuestión de si los derechos humanos pueden ser administrados internamente por el Estado o Gobierno o si deben ser universales siempre ha estado en el centro del debate. 
Sin lugar a dudas, está claro que los derechos humanos son universales y que ningún dictador ni ningún Estado tienen derecho a denegar a los seres humanos el más mínimo aspecto de sus derechos fundamentales. 
El problema radica en saber cómo Europa debe hacer uso de sus recursos para intentar exportar estos nobles objetivos. 
En este sentido, a menudo criticamos a Europa por no utilizar sus derechos y su poder, incluido el poder económico, y, al mismo tiempo, criticamos a la administración o a las instituciones por cerrar sus ojos ante determinadas deficiencias. 
Hay que tomar una decisión. 
Debemos decidir cómo puede Europa exportar mejor sus objetivos, bien por la vía de la persuasión, bien por la de su poder económico. 
Quiero concluir diciendo que tenemos que dotar a nuestras instituciones de todos los recursos necesarios para garantizar que nuestros valores sean suficientemente coherentes para ser exportados por la Comunidad. 
Gracias. 
– Apoyo todas las recomendaciones formuladas por el señor Agnoletto en este informe y, especialmente, la inclusión de una cláusula de reciprocidad en todos los acuerdos con terceros países. 
Es lamentable que la aplicación de la cláusula sobre derechos humanos estuviera pendiente, hasta ahora, de consideraciones geopolíticas y geoeconómicas que no tienen nada que ver con la Unión en su conjunto, pero que, a menudo, dependen de las estrategias interesadas de algunos Estados miembros y de algunos servicios de la Comisión. 
El ejemplo más llamativo de la falta de aplicación sustancial de esta cláusula es el de Etiopía, a pesar del hecho de que el Parlamento ha pedido repetidamente a la Comisión y al Consejo que abran consultas conforme al artículo 96, a raíz de las masacres y graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar tras las elecciones. 
El silencio y la pasividad del Consejo en esta cuestión son inaceptables. 
Solo la Comisión y un Estado miembro –el Reino Unido– han suspendido las ayudas directas al presupuesto del Gobierno etíope, lo mínimo que podían hacer en estas circunstancias. Sin embargo, no han aclarado en qué términos y condiciones, y esto no ha surtido ningún efecto en dicho Gobierno, enviando una señal desastrosa no solo al pueblo etíope, sino a todos los africanos –la sede de la Organización para la Unidad Africana se encuentra en la capital de Etiopía–, así como a todos los Estados miembros de la UE y a todos los países con los que la UE mantiene relaciones. 
– Señor Presidente, no cabe duda de que el fomento del respeto de los derechos humanos y la democracia en terceros países constituye uno de los principales objetivos de la política exterior de la Unión Europea. 
Sin embargo, no lograremos este objetivo si los acuerdos internacionales siguen centrándose exclusivamente en cuestiones económicas y políticas. 
La inclusión de cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos comerciales y en la ayuda técnica y financiera sería un paso vital en la buena dirección. 
La Unión Europea podrá actuar de forma más rápida y eficaz para defender los derechos humanos si tiene la opción de suspender la cooperación económica en caso de infracciones graves de los derechos fundamentales en terceros países. 
De forma paralela a este proceso, el Parlamento Europeo debería participar más en las consultas en relación con el contenido de los acuerdos y cláusulas, así como en su aplicación y cumplimiento. 
Una vez que tengamos un sistema eficaz para supervisar las libertades fundamentales sobre el terreno, con el respaldo de la opción de imponer sanciones económicas, lograremos finalmente pasar de las palabras a los hechos. 
Hasta la fecha suele darse el caso de que las bonitas palabras de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la defensa de los derechos humanos se quedan sencillamente sobre el papel. 
– Señor Presidente, quiero felicitar y dar las gracias al ponente por su ambicioso trabajo. 
La protección de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernanza es un elemento fundamental de la Unión Europea, por lo que también debe ser parte integrante de la política exterior de la UE. 
Quisiera recalcar especialmente la promoción de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual. 
Estas cuestiones representan aún hoy graves problemas en todos los países. 
Los derechos de las mujeres y de los niños y los derechos de las personas con orientaciones sexuales diferentes son violados cada día. 
Para facilitar la consecución de estos objetivos, la Unión Europea debe crear nuevos procedimientos y nuevos criterios de aplicación de las cláusulas de derechos humanos y democracia. 
Estoy de acuerdo en que, para conseguir una política europea de derechos humanos más coherente, eficaz y transparente, es indispensable revisar el texto vigente. 
Apoyo la constitución de subcomisiones de derechos humanos al amparo de los acuerdos de la UE con terceros países, que se responsabilicen de vigilar el cumplimiento de la cláusula, controlen su aplicación y propongan medidas para afrontar los problemas relativos a la democracia y los derechos humanos. 
,. Señor Presidente, hemos presenciado un debate muy útil sobre la cláusula de derechos humanos y democracia en general. 
No olvidemos que los asuntos relativos a los derechos humanos ya se plantean sistemáticamente en el diálogo político con nuestros socios. 
Hemos iniciado intensos diálogos y consultas sobre derechos humanos con algunos países, y se han constituido asimismo subcomisiones de derechos humanos. 
En otros casos, los derechos humanos pueden debatirse en consejos de asociación y en reuniones de comités de asociación. 
El propósito de la cláusula de derechos humanos no es la mera posibilidad de imponer sanciones, sino crear una base para el diálogo sobre derechos humanos y para la creación de instituciones dedicadas a ellos, porque es necesario dar una oportunidad a esas instituciones y fomentar su desarrollo. 
La creación de instituciones es tan importante como la cláusula misma, y la existencia de la cláusula de derechos humanos en acuerdos de asociación o en acuerdos de asociación y cooperación representa la base para ello. 
Por eso, no es necesario reiterarla en los acuerdos sectoriales. 
También quiero recordar que nuestros acuerdos tienen un amplio espectro de objetivos políticos. 
Queremos contribuir a la estabilidad y al incremento del bienestar en todas las poblaciones afectadas. 
No es por falta de coraje si no siempre tenemos la misma cláusula de derechos humanos o si no aplicamos sanciones. 
También debemos contribuir al desarrollo de una población: es el caso de África y de algunos países asiáticos, como algunos de ustedes han mencionado. 
Liberarse de la indigencia y liberarse del miedo son también aspectos estrechamente relacionados con los derechos humanos y con el concepto de seguridad humana. 
Es decir, no podemos echarlo todo por tierra por una sola causa. 
Hay otras muchas cláusulas que defender, como la cláusula antiterrorista, la cláusula contra las armas de destrucción masiva y la cláusula por la democracia. 
Todo ello está interconectado y no podemos centrarnos solo en los derechos humanos: debemos contemplar todo el conjunto, que incluye la erradicación de la pobreza. 
Tal es el complicado equilibrio que a veces debemos buscar. 
No es sencillo armonizar esta cláusula, porque estamos negociando con todos los socios y, en definitiva, tenemos que encontrar soluciones. 
No todas las partes aceptan exactamente la misma redacción. 
Sin embargo, no se trata tanto de la redacción como de la aplicación y de la forma de animar a las partes a aportar sus propias soluciones, pues, como ya hemos dejado claro, no queremos imponerlo todo a los demás: nuestro propósito es animar a sus sociedades a progresar y a cambiar. 
Ya he dicho que la creación de instituciones es tan importante como la reforma jurídica, judicial y policial, porque así es como se aplican los derechos humanos. 
Por último, quisiera expresar que, con el debido respeto, en muchos casos individuales hemos logrado sacar de la cárcel a personas y hablar de ellas. 
Hablamos de la pena de muerte con cada uno de nuestros socios, hablamos en contra de la tortura, y poco a poco vamos obteniendo frutos. 
Quizá algunas veces sea un problema de rapidez, pues no todo se hace al mismo tiempo, pero seamos realistas: no se puede cambiar el mundo en un día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0406/2005) del señor Brejc, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros y por el que se modifica el Convenio de Schengen y la Instrucción consular común [COM (2005) 0056 C6-0049/2005 2005/0006 (COD) ]. 
,. Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al ponente por el gran trabajo realizado en relación con esta propuesta. 
Me complace observar que, una vez más, las tres instituciones –el Consejo, la Comisión y el Parlamento– han logrado colaborar con eficacia y rapidez en el marco del procedimiento de codecisión. 
El año pasado, con el acuerdo alcanzado sobre el código fronterizo de Schengen, se sentó un buen precedente de cooperación interinstitucional, y este reglamento representa un buen complemento de ese acuerdo. 
Por eso podemos decir que con la aprobación de este reglamento el componente legislativo de nuestra estrategia de gestión integral de fronteras estará completado y, si se me permite, confío sinceramente en que podamos seguir colaborando así en el futuro, por ejemplo en el proceso de toma de decisiones y en otros sensibles asuntos como el fundamento jurídico del VIS y del SIS. 
La aprobación de esta propuesta será un importante y equilibrado paso adelante, pues aportará la necesaria flexibilidad a nuestras fronteras exteriores para que puedan cruzarlas las personas de buena fe que residan en la zona fronteriza, sin menoscabo, por otro lado, de la seguridad. 
Esto es especialmente importante para los nuevos Estados miembros, sobre todo con vistas a su próxima integración en el espacio Schengen, donde asumirán la responsabilidad de controlar las fronteras exteriores del espacio y deberán, por tanto, realizar los controles en nombre de todos los Estados de Schengen. 
En este contexto, deseo recordar que la aprobación de normas comunitarias sobre el tráfico fronterizo menor está incluida en la estrategia europea de vecindad, que es mucho más amplia. 
Así, es una de las medidas encaminadas a fortalecer la cooperación transfronteriza con los países vecinos de la Unión y el contacto entre personas. 
Por último, quiero subrayar otra vez que el texto sometido hoy a examen es una propuesta muy equilibrada e importante. 
. –La propuesta de reglamento tiene por objeto establecer normas comunes respecto a los criterios y las condiciones de creación de un régimen de tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros. 
Dado que el documento original –la propuesta de la Comisión– imponía exigencias importantes a las personas que viven junto a las fronteras exteriores de la Unión Europea, en el presente informe he destacado lo siguiente: 
Tenemos que facilitar el paso de los residentes locales que tienen razones legítimas para cruzar a menudo la frontera exterior de los Estados miembros y prevenir la inmigración ilegal así como las posibles amenazas contra la seguridad que suponen las actividades delictivas. 
El reglamento propuesto tiene por objeto regular el tema del tráfico fronterizo menor, que implica el cruce frecuente, a veces diario, de la frontera, por ejemplo para asistir a la escuela o por razones familiares, y, en consecuencia, también habría que tener en cuenta que estos migrantes diarios vuelven cada día a su hogar. 
Las fronteras exteriores difieren debido a circunstancias históricas, geográficas y sociales, y no debemos permitir que se deteriores las condiciones de vida a lo largo de la frontera. 
Hay que tener en cuenta las condiciones reales de las fronteras exteriores y los Estados miembros deberían permitir, en la medida de lo posible, mantener las buenas prácticas aplicadas hasta ahora mediante acuerdos bilaterales. 
La esencia de las enmiendas que propongo y que están en el texto es la siguiente: 
En lugar de un visado especial «L» habrá que entregar a los residentes fronterizos un llamado «permiso de tráfico fronterizo menor» , que incorporará todas las normas de seguridad exigidas y, sobre todo, que no habrá que sellar cada vez que se cruce la frontera. 
No será necesario distinguir entre las distintas fronteras terrestres exteriores, puesto que los nuevos Estados miembros se adherirán antes o después a la zona Schengen. 
Hemos acordado que no debe superar los 30 km y en casos excepcionales quizá los 50 km. De hecho, al ampliar la zona fronteriza podríamos encontrarnos con que ya no es posible cumplir las normas de seguridad. 
Sin embargo, en ningún caso los límites de la zona fronteriza se equipararán a límites étnicos. 
Un residente fronterizo es un nacional de un país tercero que ha residido en la zona fronteriza durante un año como mínimo; no obstante, en el debate hemos armonizado la propuesta a fin de incluir una amplia variedad de excepciones en caso de matrimonio, herencia, etc. 
Los Estados miembros fijan en los acuerdos bilaterales una duración máxima de estancia, que no deberá ser superior a tres meses en total. 
En otras palabras, se trata de decidir si un nacional de un país tercero puede residir en esa zona fronteriza durante un periodo de tres meses en total. 
Habrá que permitir también determinados privilegios, cuando se den circunstancias especiales, para facilitar el cruce en lugares distintos de los pasos fronterizos autorizados. 
Por ejemplo, hay agricultores que tienen la mitad de su propiedad en un su propio país y la otra mitad en otro y, por supuesto, no pueden llevar sus herramientas con ellos cada vez que cruzan la frontera. 
La aprobación de este reglamento demostrará que la Unión Europea no está cerrando sus fronteras y que no está creando condiciones inhumanas junto a sus fronteras exteriores. 
La Unión Europea desea garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes, pero de ningún modo es su objetivo hacer más difícil la vida junto a la frontera. 
La coexistencia de las personas a ambos lados de la frontera y su cooperación constituyen elementos importantes de la estabilidad y la seguridad junto a las fronteras exteriores. 
Por este motivo, otro logro extremadamente importante del presente reglamento es que, mediante acuerdos bilaterales con países vecinos, en otras palabras, con terceros países, los Estados miembros crearán las condiciones para el desarrollo de las zonas fronterizas, que, en su mayoría, están menos desarrolladas. 
El presente reglamento ofrece una base para el fortalecimiento de los vínculos económicos, culturales y de todo tipo a ambos lados de la frontera, de modo que es importante para los países fronterizos y para la Unión Europea en su conjunto. 
También quiero señalar que hemos celebrado varias rondas de armonización con la Comisión y el Consejo. 
Aunque nos llevó tiempo, las negociaciones fueron un éxito, hasta tal punto que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó por unanimidad este reglamento en su debate y en la votación. 
Permítame, señor Presidente, concluir dando las gracias a todos los que han cooperado en este proceso, en otras palabras, a la Comisión, al Consejo y, en particular, al señor Cashman y al señor Lax, que han contribuido de forma especialmente activa a la elaboración de este informe. 
. – Señor Presidente, Señorías, al abrir las fronteras entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas y al establecer las cuatro libertades de la Unión Europea, nosotros, en Europa, nos hemos convertido en una de las sociedades más libres del mundo, pero la libertad sin seguridad no es nada, de ahí la importancia especial que reviste la seguridad de las fronteras exteriores creadas hacia el este, hacia los Balcanes y a lo largo de todo el Mediterráneo, teniendo esta última zona sus propios problemas singularmente graves. 
Estas fronteras deben ser tan seguras como sea posible y, para ello, deberemos utilizar las tecnologías más modernas. 
Al mismo tiempo, también deben ser lo más flexibles posible a fin de no imponer restricciones innecesarias a las empresas en las regiones fronterizas y a las personas que viven allí. 
Para ello necesitamos dos cosas. Una es la gestión integrada de las fronteras, una gestión compartida por las autoridades aduaneras y la policía de fronteras, cosa que, lamentablemente, no siempre se puede garantizar, aunque esta gestión integrada también debe compartirse con los países vecinos. 
El hecho es que una frontera solo es verdaderamente segura y flexible cuando los que se encuentran a ambos lados trabajan juntos en la mayor medida posible y, sin lugar a dudas, una de las tareas de nuestra política de vecindad es lograr que este aspecto de la seguridad bilateral sea abordado conjuntamente por ambas partes. 
La otra cosa que necesitamos hacer es crear una «tarjeta de trabajadores fronterizos» –el término «permiso de tráfico fronterizo menor» es magnífico, pero es demasiado largo y suena burocrático– para las personas que viven en la frontera y tienen que cruzarla con frecuencia. 
Solo si hacemos estas dos cosas podremos evitar que las personas que viven en las nuevas regiones fronterizas sufran desventajas innecesarias. 
. – Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, lo que llamamos tráfico fronterizo menor no es sino una simple pieza del enorme mosaico de la protección de las fronteras exteriores. 
Por un lado estamos asegurando las fronteras exteriores frente a los cruces ilegales y a fenómenos que a menudo ocurren en ellas, como el contrabando de drogas, el tráfico de seres humanos, la prostitución y otras formas de delincuencia organizada. 
Por otro lado, también podemos hacer más fácil la vida diaria de las personas que viven en lados opuestos de las fronteras exteriores, pero hacerlo en calidad de buenos vecinos. 
Es más que razonable asegurar nuestras fronteras en la medida de lo posible frente a la entrada de personas indeseadas, pero es igual de razonable querer facilitar la convivencia de las personas que viven en ellas, ya que no queremos –como ya han dicho muchos diputados– que Europa sea una fortaleza, sino una comunidad que coexiste amistosamente con sus vecinos. 
Por este motivo, creo que el ponente tiene razón al proponer que se modifique la propuesta de la Comisión para no introducir nuevas disposiciones con respecto a las fronteras actuales en Europa. 
Después de todo, todos estamos trabajando con la hipótesis de que los Estados miembros ya habrán transpuesto para entonces el acervo de Schengen, que el SIS II estará plenamente en funcionamiento y que Europa no necesitará normas internas adicionales de este tipo. 
El informe del señor Brjec es un buen ejemplo de la cooperación fructífera entre los diputados a esta Cámara por encima de las fronteras partidistas y un modelo a seguir en lo que respecta a la cooperación fructífera con el Consejo en el marco de la codecisión. 
Todos juntos hemos logrado reunir soluciones bien meditadas y prácticas para la coexistencia diaria de nuestros conciudadanos y sus vecinos y, por ese motivo, me gustaría expresar mi más sincera gratitud al ponente y sus homólogos alternativos. 
,. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Vicepresidente Frattini por sus comentarios. 
Como ponente sobre el código fronterizo de Schengen, creo que efectivamente hemos sentado un precedente de cooperación estrecha y eficaz. 
Todos conocemos la sustancia de este informe. 
Se trata de facilitar la vida de las personas y mejorar la vida diaria de nuestros ciudadanos. 
Podemos decir que es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos. 
Es algo que fortalece el código fronterizo de Schengen. 
Sabemos que, una vez aseguradas las fronteras exteriores, la libre circulación dentro de la UE será mucho más sencilla y controlable. 
Asimismo, no debemos dejar de ser sensatos. 
Igual que el señor Brejc, el señor Lax y otros, yo también he adoptado este enfoque. 
Si lo que nos llega de la Comisión es sensato, solo tendremos que modificarlo para mejorarlo, simplificarlo o aclararlo. 
Esa debe ser nuestra postura. 
Así conseguiremos sacar adelante una normativa efectiva y comprensible que sea fácil de aplicar en nuestras fronteras. 
Como ponente alternativo del Sistema de Información sobre Visados, también es ese el planteamiento que quiero adoptar. 
Sé que está aquí hoy el ponente sobre el Sistema de Información de Schengen y creo que, si colaboramos para asegurar nuestras fronteras y garantizar que se emplee efectivamente la información disponible, estaremos aumentando el mayor de todos los beneficios de ser miembro de la UE: la libre circulación. 
Felicito a todos los partícipes. 
– Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias al ponente por su constructiva labor. 
El reglamento sobre tráfico fronterizo menor que tenemos ante nosotros ha demostrado ser muy importante para las regiones que se encuentran en fronterizas de la UE, especialmente en el este. 
Tradicionalmente, estos distritos fronterizos se consideran a menudo periféricos y se caracterizan por un desarrollo lento. 
Creer que este es el caso puede dar lugar fácilmente justo a esta situación. 
Por tanto, se trata de enviar una señal clara a las poblaciones de las zonas fronterizas en el sentido de que hay que permitirles mantener contactos en todas las direcciones y que sus horizontes no deben estar limitados por sus fronteras nacionales. 
La posibilidad de cruzar las fronteras sin problemas es la base de los contactos, la amistad, el comercio y la innovación creadora. 
Sin lugar a dudas, hay muchas personas que viven, por ejemplo, en la frontera entre Rusia y Estonia o entre Eslovenia y Croacia que se sentirán agradecidas por la solución tan flexible que ahora se propone. 
La coherencia es necesaria a la hora de fomentar los contactos entre personas. 
No resulta coherente empezar, como ahora, adoptando medidas positivas en lo que respecta al tráfico fronterizo menor y otros pasos igual de positivos, como el acuerdo bilateral sobre visados firmado con Rusia en octubre del año pasado, para después casi doblar las tasas de expedición de visados de 35 a 65 euros. De hecho, el Consejo de Ministros, a propuesta de Francia, está a punto de adoptar una decisión la semana próxima. 
Si esa decisión se llega a adoptar, Rusia no tardará en aumentar las tarifas aproximadamente en la misma cuantía. 
Huelga decir que esto supondrá un jarro de agua fría para el turismo en las fronteras. 
Por ejemplo, una persona en el este de Finlandia que quiera cruzar en barco al lado ruso del Canal de Saima se vería obligada a pagar más en tasas de visado que por el propio viaje. 
Duplicar las tasas sería totalmente contrario a nuestro objetivo en lo que a la política de visados se refiere. 
No hay mejor forma de poner freno a los contactos naturales entre pueblos que aplicar un aumento tan drástico del coste de un visado. 
El hecho es que la tendencia debería apuntar en la dirección contraria. 
Por tanto, insto a sus Señorías a que aprovechen esta oportunidad y que, en el último momento, se pongan en contacto con sus respectivos Gobiernos para anticiparse a esta decisión. 
La mano derecha tiene que saber lo que hace la izquierda. 
Debemos actuar de acuerdo con nuestros valores. 
Tal como ha destacado hace unos momentos la señora Klamt, no debemos dar la impresión de que la UE se está amurallando. 
. – Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con el orador anterior en que si aprobamos este texto, tendremos que hacer todo lo posible por impedir que los Gobiernos lo torpedeen. 
En 1957, cuando los seis Estados miembros de la Comunidad Europea aprobaron los Tratados de Roma, parecía que el logro de las llamadas cuatro libertades, a saber, la libre circulación de mercancías, capital, servicios y personas, no era más que una perspectiva muy lejana. 
Tras la introducción del llamado sistema de Schengen, el desmantelamiento de las barreras aduaneras entre los Estados miembros de la UE y la aplicación de una serie de medidas para regular las relaciones entre Estados en esta materia, nos acercamos un poco más a la consecución de este objetivo. 
La cuestión que nos ocupa hoy no es si será posible en un futuro próximo asegurar la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE, sino determinar un calendario realista y rápido para la implementación de esta libertad. 
Mientras tanto, convendría llegar a un acuerdo al menos en lo que se refiere al tráfico fronterizo menor. 
Este acuerdo serviría para mejorar las perspectivas de las relaciones bilaterales entre Estados que no forman parte del sistema de Schengen, pero que sí pertenecen a la UE o al Espacio Económico Europeo. 
Los autores de las medidas objeto de debate son conscientes de que la UE solo abarca la mitad del territorio geográfico de Europa. 
Nos conviene asegurar el máximo grado de apertura frente a nuestros vecinos. 
Estas medidas ofrecen la posibilidad de establecer un tráfico fronterizo menor con Estados que no forman parte de la UE. 
No debemos olvidar que, a partir del 1 de enero de 2007, estas medidas se aplicarán a las fronteras terrestres con Rusia, Belarús, Ucrania, Moldova, Macedonia, Serbia, Albania, Croacia y Turquía, y que estos países vecinos las considerarán una señal positiva. 
Abrirán la puerta a la cooperación mutua en las regiones fronterizas, por supuesto siempre que rechacemos las medidas a las que se ha referido el señor Lax. 
La introducción de tipos especiales de visados y otras condiciones incluidas en las medidas nos permitirán, previa evaluación, hacer uso de este régimen especial a fin de fortalecer la cooperación con todos nuestros países vecinos. 
Esto también será de gran valía para el futuro desarrollo de relaciones, máxime con socios más grandes como Rusia, Turquía y Ucrania. 
En mi opinión se han propuesto muchas enmiendas destinadas a mejorar la posibilidad de que estas medidas sean eficaces, mientras que solo unas pocas intentan modificar las normas para hacerlas menos viables. 
Señorías, por tanto les pido que distingan con cautela entre estas dos categorías a la hora de votar las enmiendas propuestas. 
No olviden que la directiva representa un modelo para las relaciones de vecindad y, por tanto, es indicativa de la voluntad de la UE de ser una sociedad abierta o de erigir barreras contra los países vecinos que lindan con sus fronteras. 
– Señor Presidente, hay mucha gente que vive en nuestras fronteras para la que la ampliación al este apenas cambió nada, ya que en muchas regiones fronterizas la gente se había adelantado a la política y el tráfico fronterizo menor llevaba mucho tiempo formando parte de su vida diaria. 
Por eso, tanto más importante es que, a la vez que nos ponemos de acuerdo sobre unas normas comunes para el tráfico fronterizo menor, permitamos, como está previsto, a los Estados miembros concluir acuerdos bilaterales para su aplicación. 
La desaparición de las fronteras interiores, por supuesto, refuerza la importancia del control de la frontera exterior de la zona Schengen. 
El intercambio transfronterizo de información, en combinación con la coordinación y los controles conjuntos, han hecho posible reducir las actividades delictivas en algunas regiones fronterizas. 
Aunque está claro que debemos facilitar las cosas a los residentes transfronterizos, también debemos contar con la opción de imponer sanciones estrictas para impedir que se abuse de estas concesiones. 
También debe haber garantías de que estas personas no constituyan un peligro para la seguridad y el orden públicos y, por ese motivo, apoyo en particular la propuesta de la comisión de realizar controles minuciosos y repetidos en intervalos irregulares. 
– Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, me gustaría felicitar al señor Brejc por su excelente informe. 
Se trata de una propuesta equilibrada que no solo facilitará los tradicionales movimientos de población en los cruces fronterizos, sino que también garantizará unos niveles de seguridad adecuados en las fronteras exteriores de la UE. 
Es preciso impedir la inmigración ilegal y las amenazas potenciales a la seguridad que plantean las actividades delictivas. 
También es necesario facilitar el tráfico fronterizo menor, es decir, facilitar el cruce de la frontera a los residentes que tienen razones legítimas para cruzarla con frecuencia. 
Nuestros esfuerzos por aumentar la seguridad en nuestras fronteras exteriores, en particular mediante la aprobación de la segunda generación del Sistema de Información de Schengen (SIS) , emiten una señal política positiva. 
Las fronteras no deben ser una barrera frente al intercambio comercial, social y cultural o a la cooperación regional. 
Las poblaciones de las regiones fronterizas deben tener realmente la posibilidad de mantener los contactos tradicionales sin encontrarse con obstáculos administrativos excesivos. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que la simplificación del tráfico fronterizo menor se haya hecho en forma de reglamento. 
Esto significa que las disposiciones en cuestión no tendrán que ser transpuestas a la legislación nacional, sino que, por el contrario, serán aplicadas directamente por los Estados miembros en toda la Unión. 
Se trata de un reglamento muy importante para la Unión en su conjunto, pero especialmente para los países responsables de la seguridad en sus fronteras exteriores. 
Mi país, Polonia, tiene la frontera exterior terrestre más larga de la Unión y, por ese motivo, aplaudo la simplificación que conlleva este reglamento. 
Sin duda, la forma en que las personas que viven en las zonas centrales de un país perciben las cuestiones fronterizas difiere de cómo lo hacen quienes viven en las regiones fronterizas. 
Para estos, la frontera forma parte de su vida diaria. Tienen una experiencia práctica constante y se ven obligados a vivir con las consecuencias de la existencia de esa frontera. 
Por ese motivo, no quiero que haya ningún tipo de dificultades ni de retrasos administrativos, porque las fronteras no deben ser un impedimento para el intercambio cultural y social o para la cooperación regional. 
¿Qué significado tiene para nosotros el contenido del reglamento? 
Este reglamento asegura la igualdad en la Unión y la solidaridad con sus vecinos más próximos. 
También genera un sentido de unidad y elimina las divisiones artificiales. Además, estimulará la cooperación entre regiones. 
En cuanto a sus aspectos prácticos, estoy convencida de que pondrá fin a las colas en los consulados de los países que expedían visados. 
Por tanto, también significará el fin de la corrupción asociada a la concesión de documentos de esa naturaleza. 
Para concluir, me gustaría decir que, si se aprueba este reglamento, enviaremos una señal de que la Unión Europea no es un bastión inaccesible y que no existe nada parecido a una fortaleza europea. 
Se verá cómo la Unión desmantela sus fronteras interiores al tiempo que se abre al mundo exterior. 
Para terminar con una nota poética, nuestros vecinos más cercanos podrán entrar en la Unión, aunque por poco tiempo, con la cabeza bien alta, en lugar de arrodillados, como ocurría hasta ahora. 
– A los nuevos Estados miembros les gustaría entrar en el espacio Schengen lo antes posible. 
Sin embargo, las buenas expectativas se mezclan con cierto grado de ansiedad y preocupación. 
Los nuevos Estados miembros temen que se levante un nuevo Telón de Acero, esta vez no en las fronteras occidentales, sino en las orientales. 
Temen que su entrada en el espacio Schengen les cree dificultades a la hora de mantener el contacto con sus familiares, que les impida mantener o establecer relaciones en los ámbitos de la economía, la educación y la cultura. 
Gran parte del mérito del informe y de la cooperación entre la Comisión y el Parlamento es que dan una respuesta tranquilizadora a estas ansiedades. 
El presente informe y este texto son ahora más favorables en todos los aspectos que la propuesta original de la Comisión. 
En primer lugar, establece una franja fronteriza de 30 km, pero admite la posibilidad de ampliarla a los 50 km. En segundo lugar, se exige como mínimo un año de residencia, pero también admite la posibilidad de ampliar este periodo a varios años mediante acuerdos bilaterales; esto responde a la preocupación de que se produzcan desplazamientos masivos hacia las zonas fronterizas, que podrían interferir en el equilibrio étnico de estas regiones. 
En tercer lugar, amplía la duración de la estancia en los países vecinos de los siete días propuestos en un principio a tres meses. 
Estas disposiciones permiten ejercer libremente todas las actividades relacionadas con la cooperación transfronteriza. 
Por tanto, se trata de una propuesta muy positiva. 
Sin embargo, carece de todo valor por sí sola, ya que propone introducir permisos de tráfico fronterizo menor. 
No obstante, para esto es necesario modificar el Reglamento del Consejo relativo a Schengen para que sea posible introducir este tipo de permiso de tráfico fronterizo menor. 
Las palabras del señor Frattini son muy positivas; espero que el Consejo tenga la misma actitud constructiva que la Comisión y que modificará el Acuerdo de Schengen y el reglamento tan pronto como sea posible para permitir que este excelente texto entre finalmente en vigor. 
Señor Presidente, la simplificación de los procedimientos para el tráfico fronterizo menor en las fronteras exteriores es un paso en la buena dirección. 
Sin embargo, gran parte dependerá del modo en que los Estados miembros apliquen las disposiciones del reglamento. 
Otros factores que hay que tener en cuenta serán el tamaño del grupo de beneficiarios de estas medidas y si los motivos por los que se introduce el nuevo régimen reflejan los destacados en la propuesta de reglamento. 
Me refiero a la cohesión social, familiar y cultural y a la cooperación económica. 
Los países vecinos se enfrentarán al reto de garantizar la plena reciprocidad de la aplicación eficaz de los acuerdos de readmisión. 
Durante la introducción del régimen de tráfico fronterizo menor competerá a los Estados miembros actuar responsablemente para garantizar que el nuevo sistema SIS no beneficie a la delincuencia transfronteriza, el contrabando o la organización de la inmigración ilegal. 
Por tanto, está claro que el documento que estamos debatiendo está allanando el camino a la regulación del tráfico fronterizo menor en nuestras fronteras exteriores. 
Su aplicación en la práctica deberá ser objeto de un control constante. 
Será necesario determinar si realmente vale la pena desde el punto de vista de los beneficios reales para las comunidades que viven en las zonas fronterizas y si cumple los requisitos de seguridad. 
El resultado de esta valoración puede variar en los distintos Estados miembros que se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión. 
En conclusión, si realmente queremos entablar un debate serio sobre soluciones integradas que faciliten el tránsito por nuestras fronteras exteriores de viajeros que son nacionales de terceros países, deberíamos asegurarnos de que todas las instituciones y los Estados miembros colaboren para garantizar que los 10 nuevos Estados miembros apliquen plenamente el acervo de Schengen lo antes posible. 
La política en materia de visados de estos últimos con respecto a sus vecinos debería ser más transparente una vez que puedan expedir visados Schengen de corta duración. 
Además habría que debatir conjuntamente la posibilidad de ampliar el uso de los visados nacionales de larga duración de entrada múltiple para los casos en los que la aplicación de lo previsto para el tráfico fronterizo menor no sea viable ni interesante para la comunidad fronteriza. 
Pienso en casos en los que la comunidad intenta acceder a todo el territorio de un país vecino, no solo a una zona pequeña claramente definida. 
– Acojo con satisfacción el proyecto de reglamento que se aprobará hoy y felicito al ponente por su contribución a la elaboración de un texto mejor que realmente sirve al fin para el que fue creado. 
Este reglamento es particularmente importante para nosotros, los húngaros, ya que garantiza una forma más de contacto para los húngaros que viven en las zonas fronterizas de países vecinos y les facilita su vida cotidiana. 
El proyecto tiene en cuenta las particularidades y diferencias de las regiones fronterizas y puede beneficiar a estas regiones sin violar ninguna garantía. 
Esperamos que no afecte a las actuales particularidades tradicionales de las regiones fronterizas. 
Los Gobiernos tienen ahora la responsabilidad y la oportunidad de aprovechar las condiciones previstas en el reglamento para la conclusión de sus acuerdos bilaterales. 
Creemos que esto asegurará los contactos entre los que viven a ambos lados de la frontera y, al mismo tiempo, servirá de filtro frente a posibles abusos. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias otra vez al ponente, a los ponentes alternativos y a los oradores. 
Gracias a la contribución de cada institución, se ha conseguido el equilibrio entre la simplificación por un lado y la seguridad por otro, y este reglamento, como bien se ha dicho, también será muy beneficioso para favorecer el desarrollo local en importantes regiones europeas cercanas a las fronteras exteriores. 
La introducción de un permiso específico para el tráfico fronterizo menor para los residentes de las zonas aledañas ayudará a identificar a las personas con derecho a beneficiarse del régimen simplificado. 
Los Estados miembros tendrán derecho a examinar cuidadosamente a quienes soliciten este permiso. 
Sin embargo, creo que está plenamente justificado por las ventajas que aportará. 
En primer lugar, sus beneficiarios ya no necesitarán un visado, y esta exención de visado para los titulares del permiso para el tráfico fronterizo menor se incluirá muy pronto en la próxima propuesta de la Comisión para revisar la normativa vigente sobre visados, que presentaré a finales de marzo. 
Avanzada la primavera, también saldrá a la luz el nuevo documento sobre las instrucciones consulares comunes para emitir visados. 
Sobre la base de este reglamento, los Estados miembros podrán aportar mecanismos prácticos, como puntos específicos de tránsito fronterizo reservados a los residentes de la zona y, en casos muy excepcionales, darles la posibilidad de cruzar la frontera fuera de los puntos autorizados. 
Para contrarrestarlo, los Estados miembros deberán garantizar la vigilancia continua de las zonas fronterizas para evitar el abuso del régimen de tráfico fronterizo menor y aplicar sanciones específicas. 
Por último, la Comisión informará sobre la puesta en marcha del régimen de tráfico fronterizo menor dos años después de la entrada en vigor del reglamento y, en su caso, propondrá modificaciones. 
Quisiera concluir mis comentarios recalcando que confío plenamente en que el Parlamento respalde con su voto la propuesta presentada por el ponente, y animaré al Consejo a que haga lo propio lo antes posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0020/2006) de la señora Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables [2005/2122 (INI) ]. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Piebalgs, nosotros –y usted, señor Comisario– damos por sentado que hoy esta Cámara, y por una amplia mayoría, instará a la Comisión a que presente una propuesta legislativa sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables. 
Para ello, optamos deliberadamente por un informe legislativo de propia iniciativa, que se utiliza en contadas ocasiones y que requiere mayoría cualificada, y lo hicimos así para que nuestra iniciativa tuviera mucho más peso. 
El hecho de que nuestro informe fuera aprobado en comisión por unanimidad, salvo unas pocas abstenciones, demuestra que una mayoría de diputados de todas las familias políticas pedirán a la Comisión que haga algo de una vez por todas y digo «de una vez por todas» , ya que la Comisión debería haberse puesto manos a la obra hace tiempo, en mayo de 2004, cuando presentó su Comunicación sobre las energías renovables en la UE. 
Esa Comunicación dejó bien claro que la imposibilidad prevista de lograr el objetivo de doblar la cuota de energía renovable en el consumo general para 2010 era, básicamente, atribuible a la escasa penetración en el mercado de las tecnologías renovables de calefacción y refrigeración. 
En la actualidad, alrededor del 10 % del calor procede de fuentes renovables como la energía solar térmica, la energía geotérmica y la biomasa, mucho menos de la mitad de lo que es potencialmente viable a medio y largo plazo. 
Los expertos suponen que, de aquí a 2020, será posible obtener al menos el 25 % del calor y el frío que necesitamos de las fuentes de energía renovables, pero que estas fuentes solo podrán usarse si cambian las condiciones marco. 
El hecho de que las subvenciones concedidas por algunos Estados miembros dependan de sus respectivos presupuestos implica, no obstante, que el desarrollo no ha sido realmente continuo, sino intermitente. 
Lo que necesitamos es una amplia penetración en el mercado promovida por una directiva marco europea. 
No es razonable prescribir un sistema de apoyo europeo, y no lo hemos hecho. 
Los Estados miembros deben decidir el tipo de ayuda que se presta; lo importante es que realmente se preste y que se eliminen todas las barreras que obstaculizan el progreso. 
Para ello hay que suprimir los obstáculos administrativos, aplicar normas transparentes en materia de competencia y establecer procedimientos claros y racionales para las solicitudes de autorización. 
Con el presente informe instamos a la Comisión a que presente una propuesta de Directiva que obligue a los Estados miembros a legislar en favor de la calefacción y la refrigeración a partir de fuentes de energía renovables y a que también elabore planes de acción para su futuro desarrollo. 
La intención es que se tomen medidas basadas en objetivos nacionales reales y que vayan destinadas a conseguir, como mínimo, una duplicación de su cuota en la UE para 2020. 
Señor Comisario, muchos ciudadanos de la Unión Europea están esperando que la Comisión actúe. 
Están preocupados por el medio ambiente y por nuestro clima; entre ellos hay muchas pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de empleo y que quieren aportar su particular granito de arena a la producción de calor a partir del sol, de la tierra y de la biomasa. 
Nos complació observar que el plan de acción sobre la biomasa incluía el anuncio de una futura directiva. 
Me sorprendió leer un proyecto preliminar del Libro verde sobre energía, que lleva tiempo dando vueltas por los pasillos de Bruselas, y ver que en ninguna parte se hace referencia a la necesidad de adoptar nuevas medidas en relación con la cuestión de la calefacción. 
Es increíble que en este proyecto de Libro verde apenas se haga referencia a las fuentes de energía renovables. 
Señor Piebalgs, espero que pueda disipar las preocupaciones suscitadas tras la lectura de este proyecto de Libro verde y, también, que vuelva a hacer gala del compromiso con la eficacia y las energías renovables por las que le conocemos. 
Espero que anuncie que la Comisión elaborará este año una propuesta de directiva sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Rothe por su trabajo y por su firme compromiso a favor de la energía renovable. 
Mis servicios ya han comenzado a elaborar una evaluación de impacto sobre medidas a favor del uso de fuentes de energía renovables en calefacción y refrigeración. 
No cabe duda de que el completo y equilibrado informe presentado por la señora Rothe le será muy útil a la Comisión al preparar sus actuaciones en este nuevo campo. 
La situación energética internacional, nuestra fuerte dependencia de la importación y la lucha contra el cambio climático nos recuerdan la urgente necesidad de afrontar los asuntos relacionados con las energías renovables. 
Como saben, la Comisión pretende aprobar un Libro Verde sobre una política energética segura, sostenible y competitiva el día 8 de marzo. 
Nada de lo que han visto hasta ahora es el Libro Verde. 
Este será aprobado el 8 de marzo por la Junta de Comisarios, y no habrá pasos atrás en eficiencia energética y en energías renovables. 
Demostrará también que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de abastecimiento, para combatir el cambio climático y para alcanzar objetivos medioambientales, así como para aumentar la competitividad. 
Haremos lo posible por llegar a un punto de equilibrio, pero eso no significa renunciar: sin duda no es esa la forma en que queremos presentarlo. 
Sin embargo, aún queda algo de tiempo hasta que la Comisión finalice su trabajo en este Libro Verde. 
Desde 1997, la Unión Europea ha estado persiguiendo el objetivo del 12 % de energías renovables para 2010, pero, a día de hoy, solo hemos llegado a la mitad de eso. 
Aunque ya tenemos una normativa sobre el fomento de la generación de electricidad a partir de energías renovables y sobre la promoción de biocombustibles, la producción de calefacción y refrigeración a partir de esas energías (tercer pilar de la cartera de energías renovables) carece de una estrategia específica. 
Sin un fuerte desarrollo de la energía renovable en el sector de la calefacción y refrigeración no alcanzaremos el objetivo del 12 % para 2010. 
La promoción de la calefacción y refrigeración a partir de energías renovables contribuirá a una serie de objetivos básicos: reducirá nuestra dependencia energética externa, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, creará una industria europea y favorecerá el empleo local. 
Por tanto, nos ayudará a avanzar hacia los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
Quisiera hacer algunos comentarios sobre puntos concretos del informe de la señora Rothe. 
Estoy de acuerdo en que debemos dar pasos prácticos para fomentar más decididamente la calefacción y refrigeración a partir de energías renovables. 
Les prometo que pondremos todo por nuestra parte para presentar una propuesta legislativa lo antes posible, en todo caso antes de que acabe este año, pues ya está en el programa de trabajo de 2006. 
Sin embargo, es preciso un enfoque diferente del de anteriores directivas, ya que los principales problemas residen en la confianza del mercado y en actitudes, antes que en costes. 
La subsidiariedad es otro asunto clave. 
Por naturaleza, todas estas energías están descentralizadas, por lo que deberán aplicarse en el ámbito local. 
Debemos adaptar nuestra legislación a este hecho. 
Más que un instrumento legislativo, sería interesante valorar el progreso que se podría lograr mediante la estandarización. 
Estoy convencido de que nosotros debemos crear el escenario para que la industria desarrolle un mercado de este tipo de equipamiento. 
El informe de la señora Rothe contribuye a los objetivos de la política energética europea, y lo celebro de todo corazón. 
. – Señor Presidente, señor Comisario Piebalgs, si bien sabemos que la calefacción y la refrigeración representan casi la mitad del consumo energético de la Unión Europea, no se ha hecho nada para aumentar la eficiencia del consumo energético. 
Esta directiva es, de hecho, la piedra angular de la política energética europea. 
Por tanto, el informe de la señora Rothe, que responde a una de las iniciativas del Parlamento, es muy oportuno. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Parlamento Europeo está a favor de la duplicación de la cuota actual de fuentes de energía renovables en el consumo energético para calefacción y refrigeración para el año 2020. 
En muchos casos esta energía puede generarse localmente, y la tecnología necesaria para ello, además del empleo del sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor del suelo, ha mejorado notablemente. 
Si bien Europa va por delante en cuanto a experiencia tecnológica, vamos a la zaga con respecto a su aplicación práctica. 
Europa ha de situarse a la cabeza de la carrera de la innovación y la comercialización de productos. 
Si se logra mantener este ritmo de desarrollo en el sector, también se crearán numerosos puestos de trabajo. 
Solo tenemos que fijarnos en el ejemplo alemán, donde entre 1998 y 2002 el empleo en el sector energético se duplicó hasta rondar los 125 000 puestos de trabajo a raíz de ello. 
A fin de aplicar esta política, los Estados miembros han de presentar objetivos nacionales viables y presentar una panoplia energética acorde con sus posibilidades. 
El Grupo del PPE-DE se opone en estos momentos a una sobrerregulación y a objetivos vinculantes. 
Esto puede ser ambicioso, pero principalmente es realista, y por este motivo estamos a favor de objetivos nacionales efectivos combinados con metas viables. 
Por último, quiero pedir al Comisario Piebalgs que aproveche mejor el alcance de la ayuda económica con cargo a los Fondos Estructurales en el período 2007-2013. 
Las directrices brindan oportunidades, pero corresponde a los Estados miembros decidir si aprovecharlas o no. 
También en esta política de incentivos hemos de garantizar que estas iniciativas se lleven a cabo con los fondos existentes de la Unión y de los Estados miembros. 
Este es un grito del corazón que me gustaría que asumieran. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Rothe. 
Apoyamos el enfoque que ha elegido y, desde luego, su idea de una directiva marco. 
Los últimos meses han demostrado muy claramente lo importante que es desarrollar fuentes de energía alternativas y ahorrar energía. 
Es crucial reducir de una vez por todas la dependencia de Europa con respecto a importaciones de combustibles fósiles y energía. 
¿Cómo vamos a afrontar una dependencia del 70 % en el año 2030? 
Si no cambiamos la situación, nuestro futuro estará en manos de otros. 
Es preciso que en la Unión Europea se respalden las nuevas tecnologías y las innovaciones que hacen uso de formas alternativas de energía para calentar y refrigerar. 
Estas innovaciones podrían ampliar notablemente nuestra gama de fuentes energéticas. 
El uso de biomasa y nuevas tecnologías creará puestos de trabajo y oportunidades de negocio y, por tanto, también es deseable desde este punto de vista. 
Me alegro de que la Comisión haya aprobado el programa de trabajo que emprenderá la ejecución del programa de Energía Inteligente para Europa. 
Creo que el Parlamento apoyará a esta medida. 
Al amparo de este programa y a iniciativa de la Unión se ha llevado a cabo una serie de análisis SWOT. 
Su objetivo específico es promover la calefacción y la refrigeración mediante el uso de fuentes de energía renovables y bombas de calor. 
Esta nueva técnica ya ha demostrado ser un método que reduce notablemente –de hecho, un tercio– el consumo eléctrico en calefacción y refrigeración. 
Con estos equipamientos, que pueden montarse e instalarse fácilmente en cualquier lugar en un edificio, podemos ahorrar mucha energía. 
Creo que es mejor reducir el consumo, cosa que también es un buen principio rector para la vida en general. 
Ha sido breve, pero quería decirlo. 
Creo que nuestro Comisario ha escuchado lo que queríamos decir. 
. – Señor Presidente, quiero empezar haciéndome eco de este informe de iniciativa propia e instar a la Comisión a que no demore la presentación de un proyecto legislativo relativo a la cuota de energía renovable en el sector de la calefacción y la refrigeración. 
Aquí en el Parlamento se apoya ampliamente el contenido que debería tener una directiva así. 
De acuerdo con la ambición fijada en el Libro Blanco de 1997 de la Comisión por el que se establece una estrategia y un plan de acción comunitarios, «Energía para el futuro: las fuentes de energía renovables» , nuestro propósito es complementar las dos directivas sobre la promoción de fuentes de energía renovables en relación con la electricidad y el transporte, respectivamente, con una tercera directiva, esta vez relativa a la calefacción. 
Del consumo energético total de Europa, casi la mitad corresponde a la calefacción. 
Dadas las señales de aviso actuales con respecto al cambio climático y en vista de que somos tan dependientes de las importaciones de fuentes de energía tradicionales con altas emisiones de dióxido de carbono, es vital que explotemos el gran potencial de las fuentes de energía renovables de Europa, además de nuestros recursos existentes de dichas fuentes renovables. 
Aumentar su proporción en el sector de la calefacción y la refrigeración puede comportar grandes beneficios. 
Deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono; deberíamos reducir nuestra dependencia de las importaciones y aumentar el grado de autosuficiencia en Europa; no nos deberían afectar con tanta facilidad las crisis energéticas de otras partes del mundo; y, promoviendo fuentes de energía renovable, tendríamos que incentivar la innovación y el desarrollo técnico en este ámbito que, a su vez, impulsaría un consumo energético más limpio y más eficiente. 
Si la elección de la fuente de energía renovable se hiciera a la luz de las necesidades de cada uno de los Estados miembros, contribuiríamos al desarrollo regional. 
Además, crearíamos numerosos puestos de trabajo, ya que es una de las pocas esferas en que esto ocurre y en que avanzamos como es debido hacia un mayor crecimiento. 
Estas son las necesidades y los beneficios, pero ¿cómo satisfacemos estas necesidades y obtenemos estos beneficios? 
Creo que los objetivos vinculantes a escala nacional con respecto a la cuota de energía renovable son un primer paso, pero no bastan. 
Espero que la Comisión también cree las condiciones básicas necesarias si las empresas se atreven a realizar inversiones a largo plazo en tecnología que permitan aumentar el uso de fuentes de energía renovables, y le insto a que lo haga. 
También espero que la Comisión asegure una investigación crucial con los recursos necesarios para descubrir y desarrollar nuevas tecnologías y, de nuevo, le insto a que lo haga. 
Por último, quiero llamar la atención sobre las soluciones técnicas que ya existen y con las que podemos hacer un uso más eficiente de la energía que utilizamos para calentar las casas, en concreto la calefacción central. 
Las soluciones técnicas y las opciones de fuentes energéticas van de la mano. 
La calefacción central moderna y técnicamente avanzada es parte de la solución y también puede combinarse con lo que se conoce como producción de electricidad por trigeneración. 
Este informe de iniciativa propia demuestra clara e inequívocamente lo que el Parlamento quiere que suceda desde el punto de vista del futuro proyecto legislativo. 
Espero que la Comisión responda rápidamente a esta iniciativa para no perder tiempo y obtener los incentivos necesarios para cambiar y pasar a utilizar una proporción más elevada de fuentes de energía renovables a fin de calentar Europa o refrigerarla. 
Como dijo una vez Einstein, se precisa una forma de pensar completamente nueva para resolver los problemas que hemos creado con nuestra vieja manera de pensar. 
El Parlamento ha realizado grandes esfuerzos en este sentido. 
Ahora esperamos que la Comisión complete la labor. 
,. – Señor Presidente, solo dispongo de un minuto, por lo que seré breve. 
Muchas gracias, señora Rothe, incansable luchadora, por este buen trabajo. 
Quiero dar un ejemplo del potencial de esta cuestión; en la Alta Austria se construyen todos los años 1 500 casas nuevas. 
Hace diez años, en 1 200 de ellas se instaló calefacción a base de petróleo. 
Este año, en la Alta Austria solo se ha instalado en siete; en todas las demás, en su lugar se emplea biomasa, redes de distribución o briquetas para calentar. 
Ello ha supuesto la creación de empleos en el sector forestal, en el sector agrícola y de ingenieros de instalación locales, por lo que hoy, de hecho, los comerciantes de petróleo se dedican a vender briquetas. 
Eso es lo que debemos hacer o, por decirlo de otro modo, hemos de tomar las buenas prácticas que se encuentran en los niveles locales y regionales y ponerlas en marcha en toda Europa. 
Quisiera añadir que Dinamarca también ha hecho un trabajo ejemplar a este respecto, un ejemplo a favor de cuya continuidad votaremos esta tarde en esta Asamblea. 
Después le corresponderá a usted ponerlo en marcha. 
Una última cosa en cuanto al Libro Verde, señor Comisario: si queremos ganarnos a los europeos, entonces es necesario un capítulo que lleve el título «Para ganarnos los corazones de los europeos, hay que seguir con las renovaciones». Esto es lo que los ciudadanos europeos esperan de nosotros, y en ese sentido no debería usted quedarse corto. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero decir que el informe me parece un trabajo bien hecho. 
Presenta un esbozo preciso de la situación actual en materia de uso de fuentes de energía renovables para fines de calefacción y refrigeración. 
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha declarado repetidamente la necesidad de incrementar el uso de fuentes renovables y ha adoptado las decisiones y recomendaciones correctas, solo para que cambien unas pocas cosas. 
Los políticos hablan más de la necesidad de utilizar fuentes renovables que quienes toman las decisiones efectivas en este terreno, es decir, el público en general. 
Una de las razones de ello es que los Estados miembros no han sido capaces de crear las condiciones apropiadas para incrementar el uso de fuentes renovables y no han convencido a los ciudadanos de esta necesidad. 
Así ocurre, tal y como dice el informe, que el norte de Dinamarca utiliza más energía solar que el sur de Italia, por ejemplo. 
Por tanto, las recomendaciones resaltan la importancia de informar y convencer a los ciudadanos. 
Sin embargo, solo lo tendrán en cuenta cuando las fuentes renovables les resulten más ventajosas. 
Por tanto, el precio de estos tipos de energía es importante y forma parte integral de la creación de las condiciones apropiadas para el empleo de fuentes renovables. 
Un ejemplo actual de esto, de la República Checa, no se refiere directamente a las fuentes renovables, pero es muy instructivo. 
El llamamiento a utilizar gas natural como forma más ecológica de calefacción tuvo una respuesta rápida, no solo de los particulares, sino también de las autoridades locales y municipales, que la compararon con otros combustibles y, apoyados por varios instrumentos, optaron por el gas. 
No obstante, ahora, tras varias subidas considerables de los precios del gas, los ciudadanos están volviendo masivamente a tipos de combustible muy perjudiciales para el medio ambiente, como las variantes de carbón baratas y de baja calidad, además de la combustión poco eficiente no solo de madera, sino también de plástico y neumáticos en plantas de calefacción locales. 
En pocas palabras, no pueden permitirse el gas. 
Por tanto, es tan importante crear las condiciones propicias como tomar las decisiones razonables, hacer uso de todos los elementos en el conglomerado de la energía y apoyar las medidas de ahorro energético. 
De lo contrario, podemos encontrarnos siguiendo el ejemplo de la polilla que, en su vivo deseo de acercarse a la luz y al calor, a menudo encuentra la muerte. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Rothe por el informe que tenemos ante nosotros. 
La calefacción, la refrigeración y el consumo de energía renovable forman parte de la cuestión más amplia de la seguridad del suministro energético de la Unión Europea. 
Se trata más de ahorro energético que de protección del medio ambiente. Asimismo, está muy relacionado con la economía y se asocia al desarrollo de fuentes de energía renovables. 
Los últimos casos de terrorismo energético han realzado la importancia de este problema. 
Me refiero al aumento del coste del combustible, con implicaciones negativas para la salud financiera de las empresas y el nivel de vida de los ciudadanos. 
Quiero mencionar tres cuestiones que me preocupan. 
En primer lugar, fijar en 2020 el plazo de aplicación de los programas de ahorro energético refleja un enfoque estático del problema. No tiene en cuenta las actividades del mercado mundial y viene a ser mera inercia. 
En segundo lugar, deberían aplicarse ventajas fiscales y tipos de IVA más bajos en todas las actividades que implican el uso, la explotación y la creación de nuevas fuentes de energía renovables. 
En tercer lugar, convendría acelerar el uso de tierras de cultivo que actualmente están sin explotar para la producción de biomasa y combustibles sostenibles. 
Aquí entra en juego la regulación de la producción agrícola en la Unión Europea, con la falta de subvenciones apropiadas para la producción de frutas y hortalizas, especialmente de fruta blanda. 
La superficie de tierras sin explotar está abocada a aumentar, provocando un aumento de la pobreza y del desempleo en las zonas rurales. 
Si se desarrolla con rapidez la producción de biomasa y combustibles que he mencionado, se creará empleo y mejorará la seguridad del suministro energético de nuestros países. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la calefacción y refrigeración suponen el 49 % de la energía consumida en nuestro continente. 
Supongo que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono formará parte de todo plan energético responsable. 
Estoy convencido de que, junto a las centrales nucleares, que sirven sobre todo para generar electricidad, es principalmente mediante el uso de energías renovables para calentar y refrigerar que conseguiremos reducir las emisiones de dióxido de carbono en el futuro. 
Cuanto menos utilicemos combustibles fósiles para estos fines, tanto mejor, no solo desde el punto de vista del cambio climático mundial, sino también para reducir la dependencia de las importaciones de fuera de Europa. 
El uso de las fuentes renovables también tiene una gran influencia positiva en la economía rural, que es donde se localizarán las nuevas centrales energéticas, con la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Este informe, que la ponente ha redactado sobre la base de investigaciones y debates detallados, presenta un montón de medidas estratégicas que deben aplicarse si queremos superar los obstáculos que frenan el aumento del uso de fuentes renovables. 
Sin embargo, en calidad de diputado al Parlamento Europeo de la República Checa, he de decir que la posición de las energías renovables en el mercado se ha debilitado tras la adhesión a la Unión Europea, porque la aplicación obligatoria de tipos de IVA más elevados, por ejemplo, a las briquetas y pastillas de biomasa supuso un declive radical de un mercado que había dado muestras prometedoras de desarrollo. 
Todos los Estados miembros nuevos se encuentran en la misma situación. 
Es paradójico que en los Estados vecinos, Alemania y Austria, haya excepciones que permitan aplicar a estos productos in tipo de IVA más bajo. 
Todo ello ha creado una situación en la que toda la producción de briquetas a partir de biomasa en la República Checa se exporta a esos países. Al mismo tiempo, nuestro mercado nacional está experimentando un aumento del coste de la energía y, en lugar de optar por las fuentes renovables, los ciudadanos se deciden por fuentes de energía más baratas, que en nuestro caso significa lignito de baja calidad. 
Por tanto, apoyo plenamente la petición de la Comisión y del Consejo de revisar la sexta directiva del Consejo para permitir la aplicación de tipos de IVA más bajos a las fuentes renovables. 
Podemos y debemos hacerlo a escala europea. 
Apoyo el informe y quisiera agradecer a la ponente el buen trabajo que ha hecho. 
Además, quiero decir que ese trabajo muestra un camino prometedor para la Comisión y cada uno de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en la necesidad de recomendar encarecidamente el informe de la señora Rothe, sobre todo para imponer obligaciones vinculantes a los Estados miembros en materia de consumo de energía renovable. 
Como sabemos, el actual mercado energético de la Unión Europea está gravemente distorsionado. 
Debido, entre otras cosas, a una subvención irregular y al hecho de que las subvenciones de los combustibles fósiles (carbón, carbón bituminoso, esquisto bituminoso) y la energía nuclear son notablemente mayores que las destinadas a la energía renovable. 
En varios Estados miembros esta situación está motivada por la posición monopolística de las centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles. 
Esta situación también ha constituido el obstáculo principal a la formación de una política energética común en la Unión Europea. 
En estos momentos, dado que la fiabilidad de nuestro suministro externo es también insuficiente, solo puede esperarse que la lección dada por Rusia a Europa a principios de año suponga un estímulo adicional para el desarrollo de la energía renovable en la Unión Europea, y que la mejora de la cooperación entre los Estados miembros nos conduzca a una política energética común europea. 
– Señor Presidente, Señorías, intervengo en sustitución de mi colega, Fiona Hall, que esta mañana está ausente debido a un compromiso inaplazable con el Comisario Mandelson. 
Quiero agradecer a la señora Hall el valioso trabajo que ha realizado en esta resolución, al igual que los demás ponentes alternativos y la ponente, que, con un inteligente trabajo de mediación y debate, ha llegado a un texto ampliamente compartido por el Parlamento. 
El objetivo que se fija el Parlamento Europeo con esta resolución es, a mi entender, ambicioso. 
En primer lugar, es ambicioso en sus métodos, porque el Parlamento asume un papel activo de acuerdo con el procedimiento del artículo 39 del Reglamento y pide a la Comisión que presente un acto legislativo que es importante para llenar un vacío, para poner la pieza que falta en la estructura del marco legislativo y jurídico, a fin de dar un paso adelante significativo en la utilización de las energías renovables, en particular para fines de calefacción y refrigeración. 
Creo que todos nos quedamos sorprendidos al saber que el 50 % de las necesidades energéticas de Europa se utiliza en calefacción, lo que pone de manifiesto la clara necesidad de una disposición legislativa sin la que el sector no puede crecer, como ha reconocido también la Comisión en su informe sobre la eficiencia energética. 
El sector también necesita alguna certeza. 
Sin la certeza de un posible crecimiento no habrá inversiones, no habrá investigación, no habrá, en suma, el tipo de concentración de recursos y energía que permitirá al sector dar un salto cualitativo. 
En segundo lugar, el objetivo del Parlamento también es importante y ambicioso porque fija el plazo en 2020. 
Algunos quizá consideren que este plazo es tímido y limitado, pero creo que debemos considerarlo un objetivo a batir. 
Señor Comisario, Señorías, cuando hacemos referencia a una cuota superior al 20 %, esperamos que se llegue a un porcentaje significativo, superior al doble de la cuota actual de fuentes de energía renovables. 
En conclusión, creo que hay un claro compromiso por parte del Parlamento y de algunos diputados, y veo que está presente Vittorio Prodi por el tema de la biomasa. 
Pedimos también a la Comisión y después a los Estados miembros cuando apliquen la directiva que se esfuercen por reducir nuestra dependencia energética, que podría causar un efecto grave en nuestro crecimiento y desarrollo futuros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la seguridad del suministro energético ha sido el tema estrella en las semanas y meses pasados, y si queremos abordarlo necesitamos muchas cosas. 
Sin embargo, creo que la calefacción a base de energías renovables también es un tema importante. 
¿Por qué? 
Porque su potencial es especialmente grande. 
La asociación de esta industria en mi país, Alemania, el que mejor conozco, habla de nuestra capacidad, en un espacio de diez años, para aumentar del 8 al 80 % la proporción de centrales nuevas que funcionan con energías renovables, es decir, diez veces más. 
Esto implica multiplicar por diez las nuevas instalaciones, en lugar de la cuota del consumo de energía entre todos. 
No es Greenpeace quien lo dice, sino una asociación industrial. 
El consumo de energías renovables para fines de calefacción también es una buena solución en comparación con otras fuentes de energía, como la radiación solar o las células fotovoltaicas; los precios pueden diferir en una proporción de 1 a 45. 
Por tanto, hemos dado el mínimo apoyo al máximo potencial, por lo que algo ha de cambiar al respecto. 
Asimismo, creo que no es solo una cuestión nacional, sino también europea, porque el motivo de que la calefacción y la refrigeración a base de energías renovables no estén en el orden del día no tiene nada que ver con la tecnología generalmente compleja. 
Lo que hace falta en vez de ello es producir equipos en mayor cantidad para lograr una masa crítica en la que el equipo se convierta en un valor mayor para el usuario final. 
Por supuesto, será más fácil alcanzar esta masa crítica a escala europea que si cada uno de los países tuviera que trabajar por su cuenta. 
No creo que la aprobación del informe de la señora Rothe se contradiga en modo alguno con mi apoyo, y el de mi partido, a la energía nuclear. 
Creo que tanto la energía renovable como la energía nuclear son necesarias. 
Es preciso eliminar la falsa antítesis; también hay que borrarla del Libro Verde, y por este motivo también apoyo lo que se ha dicho sobre ese documento. 
Lo que hace falta, y lo antes posible, es una propuesta concreta de la Comisión, y doy las gracias al Comisario Piebalgs por haberla anunciado para 2006; esto significa que podemos ahorrar muchos miles de millones gastados por los consumidores europeos en energía importada e invertirlos en algo más constructivo. 
– Quiero expresar mi agradecimiento a la señora Rothe por su excelente informe. 
Solo unas pocas regiones de Europa han formulado y aplicado estrategias acertadas de generación de energía de fuentes renovables. 
Las diferencias de desarrollo no se basan en diferencias de oportunidades, sino en programas de trabajo políticos. 
El único camino adelante pasa por establecer importantes objetivos conjuntamente, y reitero la palabra conjuntamente, y supervisar su consecución. 
Quiero hacer hincapié en la necesidad de ofrecer incentivos a los inversores que han tomado el camino de las fuentes de energía renovables. 
Uno de los incentivos propuestos, también mencionados por mi colega, el señor Bøezina, sería ofrecer un tipo de IVA inferior. 
Es un buen incentivo, pero por un lado no motivará a los países con un impuesto de tarifa única. 
Creo que el futuro de Europa no se orientará hacia ese tipo de impuestos. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta el hecho de que los países que ya han aplicado el impuesto de tarifa única no estarán dispuestos a abandonarlo. 
Para concluir, permítanme citar un ejemplo. 
La ciudad donde he desempeñado el cargo de alcalde durante los últimos siete años genera el 15 % de su energía de fuentes renovables. 
Gracias en parte a los Fondos Estructurales, esa proporción alcanzará el 50 % en un plazo de dos años, por lo que quiero dar las gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, los recientes cortes de suministro de gas natural en Ucrania han puesto delante de nuestros ojos un problema al que, quizá, no habíamos dado la importancia que merecía. 
Además, durante las últimas semanas, la cotización del barril de crudo ha oscilado entre 60 y 65 dólares, un precio que hace años nos hubiera parecido imposible. 
Si a todo ello sumamos la inestable situación en Oriente Medio, la conclusión es evidente: la Unión Europea debe actuar con urgencia. 
No podemos seguir observando con complacencia nuestra dependencia energética exterior. 
Hemos de actuar con inteligencia y decisión, porque no hay tiempo que perder. 
No me cabe duda de que las iniciativas que ha anunciado el Comisario tendrán importantes beneficios para el futuro de la Unión, pero no podemos olvidar la legislación que ya ha entrado en vigor y que no ha sido trasladada con suficiente diligencia al Derecho nacional por algunos Estados miembros. 
Sin duda, los actuales precios del petróleo son una referencia para los umbrales de rentabilidad de las tecnologías de sustitución: hay una gran oportunidad para que las fuentes de energía renovables alcancen precios competitivos con ayudas públicas, en línea con la legislación de ayudas de Estado. 
Como acertadamente ha diagnosticado el Comisario, el cumplimiento de la directiva sobre energías renovables se presenta difícil. 
La biomasa debe desempeñar un papel fundamental, ya que su potencial está poco aprovechado. 
La directiva sobre eficiencia energética en edificios ya contiene algunas disposiciones, sobre la utilización de biomasa en calefacción, en las que habrá que profundizar. 
Creemos que una nueva directiva sobre calefacción y refrigeración que tenga en cuenta el excelente informe de la señora Rothe, con fuentes de energía renovables, debe incluir objetivos a la vez ambiciosos y realistas: directrices claras sobre mecanismos de financiación y un papel ejemplar para el sector público. 
Estamos seguros de que la Comisión responderá una vez más a las expectativas. 
– Quiero felicitar a la ponente, la señora Rothe, y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
Esta iniciativa animará a los Estados miembros de la Unión Europea a aceptar el uso de fuentes de energía renovables para fines de calefacción y refrigeración y a crear incentivos económicos para ello. 
Cuando se habla de normas de eficiencia energética en los edificios, merece la pena subrayar un problema común a Lituania, todos los países bálticos y algunos de los demás nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
Una gran parte de su población urbana vive en bloques de apartamentos de mala calidad, construidos hace unos 20 a 40 años, si no antes. 
Estos edificios están mal aislados del calor, el uso del calor se regula desde una caldera central y los residentes no pueden seleccionar la temperatura deseada. 
Tanto los Gobiernos nacionales como la Comisión Europea deberían dedicar más atención a este problema. 
Convendría asignar dinero de la Unión y de los Fondos Estructurales a la renovación de dichos edificios, para garantizar que las casas se calienten eficientemente. 
La Comisión podría recopilar los mejores ejemplos de reconstrucciones similares de viviendas para ayudar a los Gobiernos nacionales a decidir si renovar o demoler dichos edificios. 
– Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, felicitar a la ponente por el informe tan claro que ha elaborado, en particular la exposición de motivos, que contiene gráficos. 
Esto es fantástico y ojalá ocurriera lo mismo con otros informes. 
Hablo en calidad de Presidente del Foro para la Construcción en el Parlamento Europeo. 
No puedo insistir más la necesidad de aislar debidamente los edificios y, como acaba de decir mi colega, de detener el despilfarro energético en estos enormes bloques de planchas de los países de Europa del Este que ahora forman parte de la Unión Europea. 
Necesitamos medidas urgentes en este ámbito. 
Pido disculpas, en nombre del Reino Unido, por no haber seguido el ritmo de otros países a la hora de adoptar estas medidas en materia de calefacción y refrigeración a base de energías renovables. 
Estoy seguro de que en los próximos años iremos escalando puestos en la clasificación. 
Apoyo plenamente el argumento de la ponente sobre la aplicación de regímenes de apoyo nacionales. 
La ponente destaca el hecho de que los Estados miembros puedan utilizar estas cuestiones de principio de conformidad con el principio de subsidiariedad y señala que estas ayudas deberían ser de plazo limitado y reducirse paulatinamente. 
No puedo estar más de acuerdo. 
También dice que deben instaurarse mecanismos incentivadores para lograr un alto grado de penetración en el mercado y, por último, que es necesario fomentar las redes de calefacción y refrigeración asociadas. 
La industria y el Parlamento Europeo deben acoger con satisfacción este informe que garantizará que tengamos un suministro de energía seguro en el futuro. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a la señora Rothe por su excelente informe de propia iniciativa, que pide claramente a la Comisión Europea que elabore, antes de julio de 2006, una propuesta legislativa en la que se prevea un aumento de la cuota de las fuentes de energía renovables en la calefacción y la refrigeración. 
En efecto, las redes de calefacción y refrigeración y la biomasa, en particular la leña, representan salidas importantes para el sector de la madera, se integran perfectamente en una estrategia forestal europea sostenible y pueden apoyar los esfuerzos europeos en materia de desarrollo sostenible, y en particular el objetivo de que para 2010 el 12 % de la energía total consumida provenga de fuentes renovables. 
Ahora bien, no existe por el momento ninguna legislación que determine el uso de energía renovable para fines de calefacción y refrigeración y esta carencia debe colmarse tras la publicación del plan de acción sobre biomasa de la Comisión Europea el 7 de diciembre del año pasado. 
Quisiera insistir en tres puntos que a mi modo de ver son importantes. 
En primer lugar, el Consejo Ecofin alcanzó el pasado 28 de enero un acuerdo político para prolongar hasta 2010 la experiencia de los tipos reducidos de IVA sobre los servicios con gran intensidad de mano de obra. 
La novedad importante en el tema que nos ocupa es la integración de la calefacción urbana en la opción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo12 de la sexta Directiva sobre el IVA, bajo la misma rúbrica que el suministro de gas natural y electricidad. 
Por tanto, a partir de ahora, los Estados miembros pueden poner fin a la desigualdad de trato fiscal entre las ventas de energía de calefacción y la integración en redes de calefacción y refrigeración que utilizan energías renovables y el suministro de gas natural y electricidad. 
Suscribo por completo la recomendación del ponente sobre el recurso a los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
– Promover el uso de fuentes de energía renovables implica una aplicación directa de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
En efecto, sitúa en primer plano la preocupación por el medio ambiente, la promoción de la innovación y la infraestructura que deben facilitar la competitividad y el crecimiento independiente en Europa. 
Las fuentes de energía renovables son la riqueza natural de la Unión Europea, reducen nuestra dependencia de las importaciones y mejoran nuestro medio ambiente. 
Al mismo tiempo, su uso aumenta la diversidad de fuentes de energía y mejora la fiabilidad del suministro energético. 
Hemos de explotarlas no solo para producir electricidad, sino también para calentar y refrigerar edificios, ya que esto solo constituye más del 40 % del consumo de toda la energía en Europa. 
Una encuesta reciente del Eurobarómetro demuestra que los ciudadanos están a favor de una política energética común europea. 
Por este motivo, en Europa también debemos formular directrices y establecer incentivos claros en el ámbito de la refrigeración y la calefacción. 
Hemos de fijarnos un objetivo común, y dejar que sean los Estados miembros quienes formulen sus propios objetivos nacionales, que deberían ser razonables y vinculantes. 
Los objetivos han de establecerse en relación con las características naturales de los países particulares, pues no todos disfrutan de las mismas condiciones, por ejemplo respecto de la explotación de la energía solar o la biomasa. 
De hecho, precisamente en relación con la biomasa deberíamos ser muy cautos con la promoción de su uso. 
También es una materia prima para la industria maderera y sirve para crear numerosos puestos de trabajo y un alto valor añadido. 
Con el uso de madera como material natural se consume menos energía para obtener el producto final, al mismo tiempo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la madera retiene el dióxido de carbono que se ha ido acumulando en el árbol durante años. 
Permítanme acabar señalando que con respecto al objetivo de la energía, es prudente utilizar solo residuos de madera poco adecuados para reciclar, mientras que el resto puede transformarse en materias primas útiles. 
La política energética europea también debe formularse de forma que contemple esto. 
– Europa es el mayor importador de energía del mundo. 
Sin embargo, el precio de la energía importada va en aumento y la energía se importa de regiones política y económicamente inestables. 
Estos hechos nos obligan a reducir y, si es posible, eliminar, nuestra dependencia de la energía importada y nuestra vulnerabilidad. 
Para ello, aparte de racionalizar nuestro consumo energético y hacerlo más eficiente, también hemos de aumentar el uso de fuentes de energía renovables situadas en Europa. 
Los pasos adoptados a este respecto en la última década por la Unión Europea han demostrado ser satisfactorios: con respecto a la energía eólica, la Unión Europea ya alcanzó el año pasado el objetivo fijado para 2010, las centrales eléctricas de biomasa se extienden rápidamente y los biocombustibles van ganando terreno de forma espectacular. 
¿Cuál es el secreto de este éxito? 
Estoy convencido de que se trata principalmente de la normativa de la Unión Europea y las reglas de obligado cumplimiento aceptadas aquí, en el Parlamento. 
Estoy en contra de la sobrerregulación, pero sería difícil negar que los límites jurídicos impuestos por la Unión Europea y los objetivos que hemos fijado conjuntamente sean medios eficaces para animar a los Estados miembros. 
La refrigeración y la calefacción en el sector doméstico constituyen el 40 % de nuestro consumo energético actual. 
En promedio, la energía renovable se utiliza en el 10 % de casas europeas, pero esta cifra solo se debe a la extraordinaria actuación de unos pocos países, como Austria, Alemania, Grecia, etc. Otros países, incluido el mío, apenas utilizan energía renovable, no apoyan las inversiones en este ámbito y no tienen programas gubernamentales; al contrario, crean obstáculos administrativos. 
Este ámbito ha de regularse a escala de la Unión Europea, para que podamos reducir eficazmente y a un coste relativamente bajo la utilización de energía fósil en las casas, la emisión de gases de efecto invernadero y nuestra dependencia energética. 
Por este motivo apoyo la creación de una directiva que aborde esta cuestión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar dando las gracias a la señora Rothe por su sincera defensa de la energía renovable, y agradecer también al señor Turmes el cálido elogio de la provincia austriaca de la que procedo por el trabajo ejemplar a favor de la energía renovable que realiza, y que además lleva a cabo en el conjunto de la economía, pues lo que nos importa, simplemente, es que la producción energética sea barata, segura y limpia. 
Estos tres aspectos siempre deben considerarse en su contexto. 
El lema «pensar globalmente y actuar localmente» también se aplica a este caso. 
Hemos de ser siempre conscientes de la situación global, al mismo tiempo que nos centramos en cómo se pueden aplicar las medidas. 
A la hora de extender licencias de obras o permisos para urbanizar terrenos, las autoridades deberían dar prioridad a instalaciones que emplean energía renovable y, por tanto, ayudan a cumplir el objetivo de Kyoto. 
La propuesta de requerir una decisión dos meses después de la aplicación es totalmente prioritaria, ya que se nos va a echar encima el tiempo y, asimismo, a este respecto deberíamos estipular la inversión de la carga de la prueba, si las autoridades rechazan un plan. 
Además, es necesario que los proyectos generen un beneficio de la inversión realizada en ellos, y en este caso disponemos de una amplia gama de opciones. 
Tengo la impresión de que en el futuro los servicios energéticos brindarán una gran oportunidad a las pequeñas y medianas empresas. 
Algunos de los diputados que ya han intervenido aquí, en vista de la directiva sobre servicios cuya aprobación vamos a acordar esta semana, han destacado los desafíos totalmente nuevos que plantea en general el suministro de energía para cada uno de los Estados miembros y la necesidad de procedimientos simplificados en este ámbito. 
Una prioridad concreta es que la burocracia debería dejar de poner obstáculos en el camino. 
Lo que importa en el análisis final es que se utilicen los recursos nacionales y se promuevan los pequeños circuitos. 
Ese es nuestro objetivo y queremos conseguirlo con la Comisión. 
– Señor Presidente, en esta Asamblea se ha debatido con mucha frecuencia sobre las exigencias que nos plantean las cuestiones energéticas; hemos debatido sobre el tiempo que tardarán en agotarse los recursos, su demanda natural –limitada– y también la demanda adicional que generan grandes países con industrias en expansión. 
Desde enero hemos debatido nuestra dependencia de proveedores individuales y nos hemos percatado de la necesidad de actuar en este ámbito. 
Por tanto, es correcto que también nos preguntemos cómo desarrollar nuevas capacidades adicionales para fines de calefacción y refrigeración. 
Es correcto y crucial, y también quiero agradecer las numerosas enmiendas aceptadas e incorporadas. 
Me preocupa que, aunque nos fijemos el objetivo correcto –recortar el consumo y acceder a nuevas fuentes de energía renovables–, este reduzca nuestro campo de visión y nos haga creer que este es el único camino correcto, que es el único racionalmente justificable y el que conduce a la salvación. 
No me fío de los enfoques que dan a entender que solo hay una solución a todos los problemas, y lo que ha dicho el señor Turmes hace un momento apunta en este sentido. 
Por otro lado, estoy totalmente convencido, y en esto coincido con los diputados que lo dicen, de que, si bien es una opción adicional y que debemos aprovechar, no nos evitará la necesidad de responder a otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones como «¿qué hacemos con la energía nuclear? » o «¿cómo usar de manera más limpia los combustibles fósiles que ya tenemos? ». 
Además, tengo mis dudas con respecto al método que deberíamos adoptar o a los medios que nos permitirán crear la nueva normativa para el futuro, porque se plantea la cuestión –y es una cuestión apremiante– de si vamos por buen camino creyendo que la única forma de hallar soluciones a los problemas políticos pasa por diseñar nuevos reglamentos o mediante su aprobación por parte de esta Asamblea, tras lo cual nos relajamos y nos decimos que todo está arreglado. 
Las directivas que imponen nuevas obligaciones a los Estados miembros no son la respuesta. 
Esta mañana el Comisario nos ha dicho que se han aprobado 42 directivas solo en el ámbito energético, y que 22 de ellas se ocupan de la eficiencia energética, y a pesar de todo no estamos satisfechos y afirmamos que no avanzamos con la rapidez suficiente. 
Para abreviar, debemos promover nuevas tecnologías y evaluaciones comparativas y desarrollar normas e indicadores, para que quienes han de tomar en última instancia la decisión de cambiar o no re rumbo puedan hacer comparaciones y ver dónde residen las oportunidades y sus propias ventajas. 
Los sueños no bastarán; bastarán objetivos ambiciosos pero realistas que difieran de un país a otro y dependan de entornos naturales distintos y mercados individuales diferentes. 
Por este motivo, las respuestas «de talla única» no sirven. 
,. Señor Presidente, me gustaría darles las gracias por este debate tan interesante y agradecer a la ponente, la señora Rothe, y a todos los ponentes alternativos, el trabajo realizado. 
Soy consciente de que esta cuestión levanta pasiones y que esta no es ni mucho menos la única respuesta que debemos buscar en el sector energético. 
Este informe también me apasiona. 
La votación en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y el debate de hoy han demostrado el impresionante apoyo de que gozan las ideas expresadas en el informe. 
Creo que la Comisión ya ha dado pasos importantes en esa dirección. 
En el Plan de Acción sobre la biomasa, de diciembre de 2005, la Comisión anunció que trabajaría con la vista puesta en una iniciativa sobre calefacción y refrigeración a partir de energías renovables. 
No obstante, al mismo tiempo, como han indicado algunos Estados miembros, nos preocupa legislar mejor y elaborar una legislación que pueda aplicarse debidamente y de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Por este motivo, he pedido a mis servicios que realicen una evaluación de impacto en este terreno, porque será de gran valor en una fase ulterior de este debate para ajustar la propuesta sobre la base de una evaluación de impacto adecuada. 
A partir de esta evaluación tomaré una decisión sobre cómo avanzar en esta cuestión tan importante. 
Sin embargo, al mismo tiempo puedo decir a sus Señorías que la Comisión estará a la altura de sus expectativas, como ha señalado el señor Vidal-Quadras Roca, y estamos trabajando no solo en esa dirección, sino también con vistas a la aplicación de la legislación. 
Hoy me complace informar a la Comisión de Industria de los pasos exactos que estamos dando a este respecto. 
Hemos adoptado el Plan de Acción sobre la biomasa que ya he mencionado y hace poco adoptamos la Comunicación sobre biocombustibles. 
Esto demuestra que la Comisión habla en serio cuando se refiere a lograr una mejor implantación de las energías renovables en una panoplia energética europea. 
Les doy las gracias por el enorme interés que han demostrado en este debate y espero que a finales de año pueda presentar a la Cámara una propuesta legislativa. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
– Señor Presidente, quiero intervenir sobre la observancia del Reglamento. Aunque probablemente usted sea el mejor Vicepresidente que tenemos en este Parlamento, ¡ya ha cometido dos errores hoy! 
Y en un reciente turno de votaciones presidido por el señor Mauro, este dijo que una enmienda había sido rechazada cuando de hecho había sido aprobada por 584 votos a favor y 41 en contra. 
¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar este ridículo sistema? 
El problema es que cuando no se trata de un voto nominal, los diputados no suelen levantar la mano. 
Yo trato de que lo hagan, pero no puedo obligarles. 
Por ese motivo tenemos tantas comprobaciones. 
Dado que la primera parte ha sido rechazada, deduzco que la segunda y la tercera parte deberían decaer. 
¿Puede ayudarnos al respecto, señor Hökmark? 
. – Señor Presidente, estoy de acuerdo con usted en que las partes dos y tres no tienen sentido tras el rechazo de la primera parte. 
No es una de mis enmiendas, pero yo diría que la votación que ya hemos realizado es suficiente. 
Usted es el ponente. 
Decaen las dos partes siguientes. 
,. – Me gustaría presentar la siguiente enmienda oral, que ha sido acordada por el ponente alternativo del Grupo del PSE: «considerando que las ayudas estatales que no distorsionan la competencia son un instrumento legítimo para estimular el desarrollo económico y pueden, por lo tanto, ser una manera de promover la agenda de Lisboa para el crecimiento económico y el empleo, junto con otros instrumentos, incluida la financiación comunitaria, como los Fondos Estructurales». 
. – Señor Presidente, la enmienda está ya en el Acta, pero de todos modos voy a releerla. 
«Señala que, en sus relaciones con terceros países y en el contexto de la promoción de los principios democráticos y de los derechos humanos a través de la cláusula sobre derechos humanos y democracia, la Unión Europea está llamada a prestar una atención particular a la aplicación de políticas en favor de la igualdad de sexos y de los derechos de las mujeres, cerciorándose al mismo tiempo de que las autoridades del tercer país de que se trate respetan los derechos fundamentales consistentes en no detener arbitrariamente, ni torturar ni ejecutar, y, con carácter prioritario, de que los ciudadanos de dicho país tienen acceso a tribunales imparciales;» 
,. – Señor Presidente, quiero intervenir brevemente sobre mi informe relativo a las restricciones de pesca en virtud de la Política Pesquera Común. 
Pido a sus Señorías que den todo su apoyo a este informe relativo a las restricciones de acceso establecidas en la PPC que afectan al coto de las Shetland y al coto de la solla. 
Este informe es positivo para la política de pesca sostenible de la UE, ya que reconoce la necesidad de hacer un uso sensato de las restricciones de acceso. 
Me gustaría dar las gracias al Grupo del PSE por su valioso apoyo. 
La importancia de las restricciones contempladas en el informe es evidente y pido a todos los compañeros que voten a favor del apartado 8 y de la resolución en su conjunto. 
Con esto concluye la votación. 
. 
El texto del Reglamento del Consejo (CE) nº 1786/2003 contiene una serie de errores que deberían corregirse sin demora. 
Por consiguiente, siguiendo la enmienda a la Nomenclatura Combinada, los códigos CN 1214 90 91 y 1214 90 99 deberían sustituirse por el código CN 1214 90 90. 
La cantidad máxima garantizada de forraje seco de 4 855 900 toneladas debería sustituirse por 4 960 723 toneladas, que corresponde a la suma de cantidades nacionales actuales. 
Además, es preciso modificar el método para calcular la reducción en caso de superarse esta cantidad. 
La propuesta de la Comisión satisface la necesidad de corregir el Reglamento del Consejo nº 1786/2003. 
La enmienda propuesta es apropiada y el Parlamento debería apoyar la opinión favorable de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
. 
El acuerdo de asociación entre la CE y las Islas Salomón se basa en el mandato que el Consejo concedió a la Comisión en junio de 2001 a fin de negociar los acuerdos de pesca de atún bilaterales con países ACP del Pacífico oeste central, con vistas a establecer una red de acuerdos sobre el atún para que la flota comunitaria opere en la región del Pacífico. 
Apoyo sin reservas la posición de la ponente en este documento, pero deseo destacar la importancia de la Enmienda 5, según la cual, cuando se celebre la primera reunión del Comité Mixto, la Comisión ha de informar a las autoridades de las Islas Salomón sobre la asistencia de los representantes de los armadores a las posteriores reuniones del Comité Mixto. 
Por tanto, respaldo la aprobación de este informe. 
,. Básicamente, este informe exporta la desastrosa Política Pesquera Común a las Islas Salomón, sin apenas argumentos que lo recomienden; por lo tanto, he votado en contra y es una pena que la Cámara haya decidido aprobarlo. 
La Política Pesquera Común es un desastre absoluto que debería borrarse del mapa y no perpetuarse ni exportarse a terceros países. 
El informe trata un asunto con respecto al cual ha de sopesarse el valor del mercado interior en el trasfondo de la autodeterminación nacional. 
En estos mismos momentos hay en curso en el Tribunal de Justicia Europeo un caso relevante (C-156/04). 
No nos parece que mediante una declaración aquí y ahora del Parlamento Europeo se vaya de ningún modo a avanzar el debate sobre este asunto. 
Por lo tanto, hemos optado por votar en contra de este informe, pero queremos recalcar que no estamos adoptando una posición determinada en el debate continuo. 
En primer lugar, el Tribunal de Justicia Europeo ha de aprobar una posición y dictar sentencia. 
Posteriormente, las autoridades griegas y el Parlamento nacional tendrán que debatir cómo van a ocuparse de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. 
– Señor Presidente, por lo que respecta al informe de mi colega, el señor Őry, estoy dividida entre tres sentimientos: la satisfacción, el pesar y un deseo. 
Satisfacción por la conclusión de los esfuerzos emprendidos en 1994 por llevar a cabo una acción concertada frente a los riesgos a que se enfrentan los trabajadores. 
La actitud de nuestras sociedades ante los riesgos para la vida es un elemento clave del modelo social europeo, que lo diferencia de otros muchos. 
Pesar por el hecho de que la Comisión Europea, presionada por el Consejo, no haya querido negociar con el Parlamento la solución más razonable, que era remitirse a la subsidiariedad. 
Esto nos habría evitado un temor: que los Estados se vean obligados a transponer normas relativas a la radiación solar debido a su inclusión en la directiva marco. 
Ver al Consejo desdeñar el principio de subsidiariedad con la complicidad de la Comisión: ¡realmente es una paradoja! 
Mi deseo es que la cuestión solar pueda abordarse en el futuro, pero de forma flexible, sin normativas ni burocracias inútiles. 
La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, podría lanzar una gran campaña de información dirigida a los trabajadores europeos sobre los riesgos que entraña la radiación solar. 
. 
Nos abstenemos de la votación porque la Comisión y el Consejo han permitido la presión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y los liberales, y han excluido la radiación solar del ámbito de esta directiva. 
Esta posición es atroz, porque se sabe que la radiación óptica entra en la categoría de la radiación electromagnética, que principalmente comprende la luz directa, los rayos infrarrojos y ultravioletas, y los rayos láser. 
La radiación solar está formada por rayos ultravioletas e infrarrojos y luz directa. 
Se sabe que los efectos de dicha radiación en la salud de las personas producen cambios en el sistema inmunitario y causan enfermedades en la piel, en los ojos, cánceres y trastornos psicológicos. 
La calidad de la vida de varios millones de personas que trabajan en la Unión Europea en la agricultura, la pesca y la construcción, en salinas exteriores, canteras y minas, así como en actividades de ocio, se ve afectada negativamente por la exposición a la radiación solar mientras realizan su trabajo. 
Por consiguiente, si bien no hemos votado en contra de esta directiva, que contiene una serie de notables mejoras con respecto a la radiación artificial, su ámbito es limitado debido a la omisión de la radiación solar. 
,. He votado a favor de este resultado de la conciliación. 
Solo cabe felicitarse por el hecho de que el título y el ámbito de aplicación de la Directiva hayan sido modificados a fin de incluir las radiaciones ópticas de origen artificial. 
Espero que la Comisión aprenda de esto, después de haber ridiculizado en un principio a la UE al proponer la prohibición de la luz solar, dando un regalo publicitario a los euroescépticos y los medios de comunicación afines. 
Podríamos habernos ahorrado esta disputa innecesaria, pero aplaudo esta tardía aceptación de la sensata decisión del Parlamento Europeo. 
Ahora tendremos una directiva que pretende proteger legítimamente a los trabajadores que utilizan rayos láser y material de soldadura eléctrica y a los que trabajan en la industria del acero y del vidrio, así como en los centros de bronceado artificial. 
Las recomendaciones aceptadas están destinadas a prevenir los posibles efectos agudos y a largo plazo sobre los ojos y la piel de una exposición a niveles extremadamente elevados. 
,. Acojo son satisfacción este informe relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de las fuentes de radiación ópticas y artificiales. 
Creo que la decisión del Parlamento de fijar valores límite de exposición es sensata, ya que esto ofrece a los trabajadores una garantía frente a las fuentes artificiales como los rayos láser, los tubos catódicos y los instrumentos de soldadura. 
. – Por supuesto, he votado a favor de la directiva destinada a proteger a los trabajadores de los riesgos asociados a la exposición a las radiaciones ópticas. 
Este texto se inscribe en la continuidad de tres directivas anteriores concebidas, también ellas, para proteger a los trabajadores de los peligros de varios «agentes físicos» , como la exposición al ruido, a las vibraciones y a los campos electromagnéticos. 
Esta directiva contempla principalmente las fuentes de radiación, como los rayos láser o las lámparas de infrarrojos. 
Prevé, en particular, la adaptación de los métodos de trabajo con el fin de reducir los riesgos de la radiación, la duración y el nivel de exposición. 
Encarga también a la Comisión Europea que elabore una guía práctica destinada a las empresas, en especial a las PYME. 
Esta última medida merece destacarse; en efecto, considero que la Unión debe hacer más por las PYME, que son la auténtica punta de lanza de la innovación y la creación de empleo en la Europa de los 25. 
Esta legislación aplicable combina flexibilidad para las empresas con seguridad para los trabajadores. 
Es, pues, un ejemplo concreto que demuestra que, contrariamente a las ideas propagadas por los nuevos euroescépticos, especialistas y no especialistas, la Unión Europea se ocupa de los trabajadores asalariados y no asalariados del Oeste y del Este, y a menudo preconiza la normalización de la legislación social de los Estados miembros en el nivel más alto. 
En primera lectura voté en contra de esta propuesta, pero los Gobiernos de los Estados miembros la han mejorado. 
Esta directiva no supone crear una nueva normativa, sino que simplemente aplica la legislación vigente a ámbitos en que la Unión Europea ya ha asumido competencias. 
Se ha eliminado la estrambótica propuesta de incluir la radiación solar. 
Además, las normas se basan en convenciones internacionales y, a falta de tales convenciones, se acepta la legislación nacional. 
La vigilancia de la salud y los subsiguientes controles han de realizarse de acuerdo con las prácticas nacionales. 
Por tanto, esta es una propuesta decentemente equilibrada y aceptable. 
Las ventajas desde el punto de vista de la protección de los trabajadores superan el problema del aumento de la normativa, porque esta directiva, en la práctica, no da lugar a ninguna nueva competencia de la Unión Europea. 
. 
Este es un ejemplo clásico de la naturaleza a menudo dolorosamente lenta del proceso europeo de toma de decisiones. 
La propuesta que hemos votado hoy lleva sobre la mesa desde 1992, aunque aborda una cuestión tan crucial como la protección de la salud de los trabajadores. 
El enfoque del Parlamento ha tardado 13 largos años en prevalecer. 
El texto recién aprobado aborda la exposición de los trabajadores a la radiación artificial y excluye la radiación de fuentes naturales del ámbito de la directiva. Se decidió que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, esta última es una cuestión que ha de abordarse en el ámbito nacional, en función de las condiciones y necesidades nacionales. 
He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que es inviable que la Unión Europea obligue a los empresarios de los 25 Estados miembros a evaluar los riesgos que para la salud y la seguridad supone la exposición de los trabajadores a la luz solar. 
Creo que las valoraciones de este tipo deberían realizarse en el ámbito nacional, acorde con la situación de cada país. 
De acuerdo con esta directiva, los empresarios deben ejecutar medidas relativas a la elección de equipos, el diseño del lugar de trabajo y la duración del tiempo de exposición con vistas a prevenir o reducir los riesgos de sus empleados de verse expuestos a la radiación artificial. 
,. Esta directiva se aplica ahora de forma más clara a la radiación artificial; me complace que haya vuelto al Parlamento y he votado a favor. 
Es lamentable que los primeros proyectos legislativos dieran pie a historias tontas sobre los intentos de la UE de regular la luz solar, cuando los objetivos de la Directiva –proteger a los trabajadores europeos de la radiación nociva– son tan loables. 
Me complace que el Parlamento haya podido dotar a esta normativa de sensatez en el transcurso de nuestros trabajos y me satisface votar hoy a favor. 
– Señor Presidente, quiero dar una explicación de voto para aclarar por qué en el Partido CDA hemos votado en contra del informe. 
Así lo hemos hecho porque, si bien estamos a favor del bienestar de los animales, sobre todo en el sector avícola, es inaceptable que no prescribamos los mismos requisitos para las importaciones. 
Un segundo motivo es que este informe propicia una mayor burocracia, mientras que en Europa necesitamos menos. 
Queremos menos burocracia, también porque el impacto de la introducción de esta directiva solo se evalúa tras el evento y no antes. 
Esto nos parece política barata a costa de los granjeros avícolas europeos, y eso es lo que no queremos. 
Lo que queremos es mejorar el bienestar, a condición de que este se establezca sobre la base de una distribución justa de la carga entre consumidores y productores. 
Me gustaría que se diera a la señora McGuinnes otra oportunidad para hablar a este respecto. 
– Señor Presidente, comparto las preocupaciones de mi colega el señor Maat. 
Creo que esta directiva desencadenará una carrera a la baja, ya que forzará a la cría de pollos de engorde a salir de la Unión Europea, fuera de nuestras fronteras, y no podremos controlar lo que está ocurriendo. 
La gente no saldrá ganando para nada, ya que no tenemos etiquetado. 
– Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con los dos oradores anteriores. 
Es cierto que, si bien el grado de civilización de una sociedad se define en parte por la forma en que los integrantes de esa sociedad tratan a los animales, tengo el convencimiento de que no convendría en absoluto acusar a los criadores, en este caso los criadores de pollos de nuestros países, de crueldad o insensibilidad hacia a esos animales. 
Sin embargo, y ante todo, quiero llamar su atención sobre el hecho de que nuestras empresas europeas han de afrontar una competencia irrazonable de las importaciones de carne procedente de países no europeos, como Brasil y Tailandia, donde se aplican normas totalmente diferentes a aspectos como densidades de población, seguridad alimentaria, rastreo, uso de harina animal y de antibióticos. 
Sin duda los criadores de pollos destinados a la producción de carne no quieren volver a una época del «todo vale» y están dispuestos a criarlos pensando en el bienestar de los animales y de forma ecológica, a condición de que toda la carne importada cumpla las mismas normas, cosa que, en la actualidad, por desgracia, no ocurre. 
Es triste decirlo, pero en realidad estamos dejando a nuestros criadores europeos en la estacada. 
,. En la votación de hoy sobre el informe relativo a las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne he votado a favor de aumentar la protección de nuestra industria avícola frente a las amenazas que representan las importaciones de bajo coste, que recientemente han conducido al cierre de una explotación avícola en Irlanda del Norte. 
Nuestra preocupación por el bienestar de las aves de corral es comprensible, pero no tiene sentido exagerar las obligaciones relativas al bienestar en la UE de tal modo que nuestros productores quedan fuera de juego y nosotros nos dependamos más de las importaciones de países de Extremo Oriente y Sudamérica, donde no se aplican tales restricciones a la producción. 
Esto solo sirve para aumentar el número de aves de corral criadas en condiciones terribles. 
Así pues, es necesario equilibrar los requisitos en materia de bienestar animal en la UE con la existencia de una industria viable. 
Por tanto, en la votación de hoy en el Parlamento me he opuesto a cualquier reducción adicional de la densidad de población, ya que esto afectaría gravemente a la economía de la producción de pollos destinados a la producción de carne en Europa. 
,. Me he abstenido en la votación final sobre el informe Berman. 
Como vegetarianos, tengo grandes reservas acerca del sector cárnico en su conjunto. 
Si el negocio de la cría de animales con fines de producción de carne continua, y acepto que así sea, creo que esta debería ser orgánica y natural. 
En su defecto, las normas deben ser lo más estrictas posible. 
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Hemos votado a favor de este informe. Aunque no apoyamos todas sus recomendaciones, estamos ampliamente a favor del carácter general de sus objetivos. 
Nos parece necesario llegar a un equilibrio entre las mejoras que deben hacerse para el bienestar de los animales, los derechos y los intereses de los pequeños y medianos criadores, y los derechos de los consumidores. 
Sabemos que es necesario ejecutar un sistema para evaluar el bienestar de todos los rebaños en el matadero, pero también sabemos que hay costes que es preciso tener en cuenta y que las operaciones pequeñas normalmente no reúnen las condiciones para llevar a cabo esas evaluaciones. 
Por tanto, abogamos por un plazo ampliado para permitir un período de prueba y la posterior adaptación a un sistema que no existe en Portugal. 
Además, pensamos que, tal y como están las cosas, algunas de las propuestas planteadas en el pleno han sido excesivas, y no las apoyo dadas las consecuencias perjudiciales que pueden tener para los pequeños productores, si no hay período de prueba. 
,. Este informe llega en un momento muy oportuno, al coincidir con el primer plan de acción sobre protección animal. 
La UE vuelve a tomar la iniciativa en la mejora de las normas sobre bienestar animal. 
La propuesta responde a las preocupaciones de los ciudadanos de que las actuales normas sobre bienestar para los pollos destinados a la producción de carne son demasiado poco estrictas. 
El resultado es que los pollos de engorde sufren trastornos en las patas y cojera, ensanchamiento del corazón, síndrome de muerte súbita y quemaduras de amoniaco. 
El informe insta a la reducción de la densidad de población, una profundidad mínima de la cama, mejor ventilación y un periodo de oscuridad ininterrumpida mínimo de seis horas. 
También aborda la crueldad del recorte del pico y solo lo autoriza cuanto se han agotado las demás medidas destinadas a evitar el canibalismo. 
Acojo con satisfacción el informe, aunque se hayan retirado algunas de las propuestas antes mencionadas. 
Yo quería ir más lejos, pero la propuesta que tenemos ante nosotros es positiva para los pollos y los consumidores. 
Unas aves más sanas dan un producto de mejor calidad. 
No estamos exportando normas deficientes de bienestar animal, sino que mejoramos las normas tanto para las aves como para los ciudadanos. 
Hemos intentado votar a conciencia a favor de la mejora de la ganadería. 
Sin embargo, algunas de las enmiendas que debían votarse son demasiado prolijas para que los representantes políticos elegidos pudieran adoptar posiciones al respecto. 
Las cuestiones detalladas relativas a los períodos de oscuridad, lesiones de pododermatitis y mortalidad durante la primera semana de vida en relación con los pollos destinados a producción de carne son difíciles de decidir para una persona profana en estos temas. 
En su lugar, deberíamos haber celebrado ser capaces de tomar decisiones sobre principios generales, con expertos que posteriormente diseñan reglamentos más precisos. 
Lo que aquí tenemos es un procedimiento de consulta para el Parlamento Europeo y no un procedimiento de codecisión, que podría habernos permitido hacer una declaración de principios más al respecto. 
Asimismo, queremos hacer hincapié en lo importante que es avanzar más en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, a fin de lograr un consenso general a favor de requisitos de producción más estrictos con respecto a la seguridad alimentaria y la protección de los animales. 
,. He apoyado las enmiendas, presentadas por mi propio Grupo entre otros, que pretendían reforzar las propuestas, en particular las destinadas a reducir las densidades de población y las que destacaban las consecuencias que unas condiciones alimentarias deficitarias tienen sobre la seguridad de los alimentos. 
Aunque gran parte de las enmiendas más contundentes no han salido adelante, he votado a favor del informe con la esperanza de que la propuesta de la Comisión suponga un avance a la hora de abordar los problemas de bienestar significativos en el sector de la carne de pollo. 
,. Acojo con satisfacción este informe y creo que es muy oportuno dados los resultados aprobados recientemente del primer Plan de Acción sobre protección animal. 
El informe muestra que la UE vuelve a asumir el liderazgo en la mejora activa de las normas sobre bienestar animal. 
La propuesta aborda una complicada cuestión de interés público, dado que las actuales normas sobre bienestar animal para los pollos destinados a la producción de carne son muy endebles, lo que produce dolorosos trastornos de las patas y cojera, ascitis (ensanchamiento del corazón) , síndrome de muerte súbita y quemaduras provocadas por el amoniaco. 
Aplaudo las propuestas de la Comisión de Agricultura, pero creo que no han sido lo suficientemente ambiciosas. 
Por este motivo he apoyado las enmiendas Jørgensen y me decepciona que no hayan sido aprobadas por el Parlamento. 
. – ¿Es la mejora del bienestar de los pollos de verdad un tema que merezca un debate parlamentario? 
¿Tiene acaso una dimensión europea que justifique que se consagren cincuenta minutos de debate a las aves de corral destinadas a la producción de carne? 
Son dos preguntas que ya empiezan a contestarse por sí mismas. 
Es cierto que no es la primera vez que el Parlamento Europeo se pronuncia sobre un tema ajeno a las preocupaciones de los ciudadanos. 
Sin embargo, no creo que interese nada al Parlamento Europeo hacer suyo el lema de «Europa metomentodo» ; al contrario, estoy convencida de que su máximo interés es frenar el frenesí legislativo. 
Esto es particularmente cierto en casos como el del informe Berman, cuando las puntillosas normas propuestas resultan completamente absurdas: los pollos criados en batería tendrán dos inspecciones médicas diarias, contarán con una cama seca y gozarán de una temperatura ambiente no superior en tres grados a la de sus que han elegido la vida al aire libre. 
Son solo algunas propuestas entre otras muchas igualmente grotescas. 
En conclusión, Europa no tiene nada que ganar con este tipo de normativa. 
¡De hecho, se arriesga a salir desplumada! 
He votado a favor de este informe, que me parece muy flojo, porque a pesar de todo conlleva mejoras en la mayoría de los países y versa sobre una legislación de mínimos, lo que significa que se nos permite tener normas más estrictas. 
Nuestras enmiendas relativas a una menor densidad de población son compromisos muy razonables que han recibido el apoyo casi unánime de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Es trágico que no sea aprobaran. 
El Parlamento apoya intereses a corto plazo en lugar de una ganadería de animales que sea digna de la confianza de los consumidores, y actuando de este modo no hace ningún favor al sector. 
He votado a favor de la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de una densidad de población que no supere los 34 kg para 2013, por el único motivo de que es mejor que la propuesta original. 
Como son bastantes pocos los países representados en el Consejo que deseen superar los 38 kg, será posible invocar esta propuesta en contra del Consejo. 
En cualquier caso, el Parlamento Europeo señala que podría tomarse una dirección diferente. 
Los pollos seguirán sufriendo más que ningún otro animal. 
Cómo tratamos a nuestros animales dice mucho del grado de desarrollo de nuestra civilización. 
En este sentido, hemos demostrado ser unos bárbaros. 
,. Señor Presidente, hace tiempo que necesitábamos este informe sobre el bienestar de los pollos de engorde. 
Ya era hora de que la UE adoptara medidas para mejorar el bienestar de los pollos destinados a la producción de carne en la UE, muchos de los cuales viven en condiciones terribles durante su corta vida. 
Es lamentable que varias enmiendas de mi Grupo presentadas a este informe no hayan salido adelante, aunque el propio informe supone un pequeño avance en la mejora de las normas y me ha complacido apoyarlo. 
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Es bien sabido que la ayuda estatal es un importante instrumento de política económica que ayuda a revitalizar el desarrollo económico, social, ambiental y regional. El objetivo principal es permitir a los países que actúen para aplicar sus políticas estratégicas, garantizar la financiación de servicios públicos y compensar a las empresas que promueven los llamados «servicios de interés general». 
Con este informe, que tiene un sesgo decididamente neoliberal, la mayoría del Parlamento quiere restringir la ayuda estatal a un «último recurso» , basándose en un intento ideológicamente sesgado de reducir la única intervención estatal de la economía, en nombre de la vaca sagrada de la benevolente «economía de mercado» y para prevenir la llamada «competencia desleal». Por eso hemos votado en contra. 
El ponente apoya las propuestas de la Comisión de reforma, dirigidas a dar mayor importancia a la competencia por la ayuda estatal, a los incentivos para reducir la ayuda estatal y a su reducción a políticas horizontales asociadas a la Estrategia de Lisboa, como las cuestiones relativas a la innovación y la investigación y el desarrollo. 
. – Durante decenios, las ayudas estatales solo fueron autorizadas o prohibidas por la Comisión de acuerdo con las necesidades del dios de la competencia. 
Y si es lamentable que haya habido que esperar a 2006 para pensar en tener en cuenta criterios de sentido común como el empleo, la innovación, el crecimiento, la cohesión económica y social, etcétera, no tenemos que rechazar esta reorientación de la política, puesto que no podemos evitar su existencia. 
Sin embargo, me preocupa la suerte reservada a los servicios de interés general, en especial porque no están realmente a salvo de la capacidad de Bruselas de dar la lata. 
Las consecuencias de la liberalización de las actividades en red (servicios postales, transporte ferroviario, electricidad y otras por el estilo) , que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, deberían servir de lección a todos los que piden a la Comisión que legisle en este terreno. 
Me preocupa asimismo la primacía del respeto de la competencia sobre todos los demás criterios, característica de una política que sigue privilegiando sus dogmas más que los intereses de los europeos. 
Quiero destacar, por último, que muchas actividades, incluso emergentes, no tendrían necesidad de subvenciones o ayudas si gozasen de un entorno fiscal, reglamentario e internacional, favorable, un entorno que las políticas de Bruselas contribuyen en gran medida a degradar. 
Todo análisis de la ayuda estatal ha de basarse en una idea clara de las diferencias entre los ingresos y los costes relacionados, por un lado, con las finanzas privadas y, por el otro, con las finanzas públicas, es decir, una idea de la existencia de los efectos externos. 
Este informe evita el análisis fundamental y, por tanto, acaba con conclusiones generales que no pueden corroborarse. 
Más aún, en el debate no hay verdaderos intentos de valorar los efectos externos. 
A pesar de ello, hemos votado a favor del informe porque, en general, aconseja en contra de la ayuda estatal. 
La experiencia en general demuestra que la ayuda estatal se utiliza ampliamente con motivos proteccionistas. 
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La finalidad de este informe sobre la reducción del nivel general de la ayuda estatal garantizada por los Estados miembros es canalizar la concesión de la ayuda hacia los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Es preciso modificar radicalmente las normas que rigen la ayuda estatal establecidas por la Unión Europea y la actitud de los Estados miembros si queremos hacer frente a este desafío. 
Las normas de la Comisión sobre la ayuda regional también se están cambiando de acuerdo con el principio de «menos ayudas estatales con un objetivo mejor definido». 
Desde mi punto de vista, como ponente, quiero expresar todo mi apoyo para esta iniciativa de la Unión Europea. 
Me ha complacido advertir que la Comisión ha incorporado en la reforma de las nuevas directrices sobre ayuda regional nacional que las regiones más exteriores sigan teniendo la categoría de regiones menos favorecidas, independientemente de su PIB. Así, pueden ser compatibles con el mercado común de ayuda asignada para promover el desarrollo económico de regiones cuyo nivel de vida es excepcionalmente bajo, y también pueden seguir disfrutando de ayuda operativa. 
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La ayuda estatal se presenta como medio para rectificar deficiencias del mercado, y sin embargo, tal y como señala acertadamente el ponente, a menudo conduce a la injusticia y la falta de eficacia. 
Por consiguiente, compartimos la preocupación de la Comisión en este sentido, de acuerdo con la posición del ponente. 
Sería tanto irreal como incorrecto intentar poner fin inmediato a toda la ayuda estatal. 
Sin embargo, el hecho de que en los últimos años esta ayuda haya ido menguando, y en gran parte de acuerdo con la voluntad de la Unión Europea, es una señal positiva para quienes creen que una economía que respeta totalmente las normas sobre el buen funcionamiento del mercado es la que ofrece los máximos beneficios para los consumidores, productores y trabajadores. 
En otras palabras, la ayuda estatal es un modelo que debería sustituirse gradualmente por formas más justas y eficaces de impulsar un verdadero mercado. 
Los conservadores suecos hemos votado hoy a favor del informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior. 
Estamos de acuerdo con el supuesto subyacente al informe de que, a raíz de la globalización, se precisarán reformas económicas para mantener la competitividad europea. 
Sin embargo, no estamos a favor de crear un fondo de globalización, porque las consecuencias de la globalización se tratan mejor por medio de una economía de mercado dinámica. 
. – Errar es humano, perseverar es diabólico. 
Esto podría aplicarse a cada uno de los muchos informes que este Parlamento consagra a la globalización y sus efectos; se deploran las repercusiones negativas, pero en definitiva no se propone otra solución que conceder más poderes a la Europa de Bruselas. 
Nadie pone nunca en entredicho la globalización y el modo en que nos la impone Bruselas. 
Sin embargo, ahí reside el verdadero problema. 
La Unión Europea sacrifica nuestros puestos de trabajo, nuestras industrias, nuestra agricultura y nuestros sistemas de protección social en el altar del libre comercio mundial y del dogma de la competencia internacional; no protege nuestras economías frente a la competencia desleal, el dúmping social o monetario, la piratería ni la falsificación; no apoya a nuestras empresas, que encuentran múltiples barreras arancelarias y no arancelarias en los países competidores en que quieren comerciar, mientras se enfrentan en nuestros países a una competencia exacerbada, pues nuestras economías son de las más abiertas del mundo; y multiplica las normas y reglamentos que nos incapacitan. 
La conclusión insoslayable es que Europa paga el pato de la globalización y los ciudadanos europeos son sus principales víctimas. 
Sería hora de que, por fin, sus intereses primaran sobre la obediencia utópica a los dogmas ultraliberales. 
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Quiero felicitar a la señora Herczog por su importante informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior, que cuenta con todo mi apoyo. Celebro en especial la referencia a la necesidad de crear un entorno saludable y de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, y fortalecer su posición y su acceso a la innovación y los instrumentos financieros. 
Asimismo, me parece que la creación de un mercado interior de servicios es esencial para aumentar la competitividad de la Unión Europea. 
,. Acojo con satisfacción este oportuno informe sobre los retos que plantea la globalización en el mercado interior de la Unión Europea. 
Se trata de una cuestión cuya importancia la pusieron de manifiesto los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el 27 de octubre de 2005 en la cumbre informal organizada por la Presidencia británica en Hampton Court. 
Como miembro de la Comisión de Comercio Internacional he estado presionando a favor de que se tengan en cuenta las preocupaciones sociales y ambientales en una época de globalización y sobre el telón de fondo del ascenso de China, India y Brasil. 
Esto no es simple proteccionismo: mis preocupaciones están motivadas por la necesidad de garantizar que la liberalización de la economía mundial, en particular a través del sistema de comercio multilateral, no conduzca a una reducción de las normas laborales y sociales ni a una carrera a la baja. 
Aunque he apoyado las enmiendas destinadas a incrementar el acceso preferencial al mercado de la UE de los países terceros que hayan ratificado y aplicado adecuadamente los convenios internacionales fundamentales en materia laboral y ambiental como incentivo añadido, creo que la Comisión debería trabajar más estrechamente con la OIT a fin de investigar e informarse sobre el cumplimiento y la ejecución de estos convenios fundamentales en la práctica con el objetivo de evitar futuros abusos del nuevo sistema SPG+. 
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Los efectos de la globalización ofrecen nuevas oportunidades desde el punto de vista del acceso a los mercados del mundo, y sin embargo, muchos ciudadanos europeos tienen una opinión poco halagüeña dados los efectos de gran alcance sobre la industria textil europea consistentes en la reestructuración y traslados que actualmente tienen lugar. 
La Unión Europea ha de hacer frente a estos desafíos, sin abandonar sus valores históricos y sociales, que se reflejan en las características principales de los sistemas existentes de protección social. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea debe ofrecer incentivos para aumentar la competitividad de la industria europea desarrollando toda una gama de instrumentos, tal y como se señala en la Estrategia de Lisboa. 
Con un aumento del 1 % o el 2 % no hay espacio para maniobrar. Por consiguiente, a fin de completar el mercado interior, las reformas del ámbito económico, especialmente los aspectos relacionados con la liberalización del mercado, son muy urgentes. 
Por último, desde el punto de vista de la política exterior, la Unión Europea debe recalcar a las futuras grandes potencias mundiales, como China, la India y Brasil, que los diferentes procesos de desarrollo han de tener lugar sobre la base de un equilibrio entre la política social y económica. 
,. Este informe nos ofrecía la oportunidad de considerar qué consecuencias ha tenido la globalización en el mercado internacional, pero lamentablemente la hemos desperdiciado. 
Por tanto, mi Grupo no ha podido apoyarlo. 
– Señor Presidente, esta mañana he dicho lo chocante que es que demos lecciones de derechos humanos a todo el mundo cuando la Unión Europea los viola alegremente, en especial en materia de libertad de expresión, en su propio territorio. 
Pero hay otros motivos de reticencia con respecto al informe del señor Agnoletto. 
En efecto, en él se invoca el artículo 60 de la Convención de Viena y, en particular, la cláusula de no ejecución que nos permite hacer caso omiso de las obligaciones de un tratado cuando la otra parte haya incumplido alguna de sus obligaciones. 
El único problema en este punto es que la Unión Europea es el único árbitro al respecto y esto me parece un planteamiento totalmente abusivo. 
Deberíamos recurrir al menos a un sistema de arbitraje, a falta del cual esta reserva es en realidad una cláusula potestativa que nos permite liberarnos a voluntad de nuestras obligaciones o, por el contrario, mantenerlas cuando se trate de Estados poderosos y que puedan tomar represalias. 
Esto no es aceptable. 
– Señor Presidente, es muy probable que la Unión Europea haya hecho algo importante con respecto a los derechos humanos y la democracia –de hecho, la entrada a la Unión Europea depende de ellos–, pero ciertamente ha fallado a este respecto en lo concerniente a Turquía. 
Este país no solo no está cerca de reconocer al fin que el genocidio armenio realmente ocurrió, sino que además amenaza con castigar a los periodistas que manifiesten cualquier tipo de crítica, y también ha de decirse que se ha producido un notable retroceso en la libertad de opinión y de prensa desde que se iniciaron las negociaciones. 
Bajo esta luz ha de contemplarse el hecho de que en 2004 se aceptara el 11 % de las solicitudes de asilo por parte de turcos y de que, en 2005, Turquía fuera el Estado miembro del Consejo de Europa condenado con más frecuencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
De ello se desprende que su historial de observancia de los derechos humanos no puede ser especialmente bueno. 
Sobre todo, el reciente asesinato de un cura católico en Turquía, un crimen cometido por motivos políticos y religiosos, demuestra que Turquía no es capaz o no quiere proteger a las minorías que viven en este país. 
Que Turquía pase a estar entre los mejores de la clase de derechos humanos supondrá algo más que la ayuda desembolsada para la preadhesión de 500 millones de euros. 
El informe trata la cuestión de la cláusula sobre derechos humanos incluida en los acuerdos celebrados por la Unión Europea; por ejemplo, el Acuerdo de Cotonú, que la Unión Europea ha firmado con los países de la comunidad ACP. 
La cláusula tiene diez años de existencia, y por este motivo el ponente piensa ahora que resulta apropiado evaluarla. 
Actualmente, el Parlamento Europeo no puede mantener debates abiertos si cree que un país ha incumplido la cláusula. 
Entre las propuestas presentadas por el señor Agnoletto hay una que propone que el Parlamento tenga la oportunidad de emprender conversaciones de este tipo. 
Más aún, el ponente también desea ver que el Parlamento Europeo puede participar en todo el procedimiento en lo que respecta a la cláusula. 
De todo ello se deduce que existe un deseo de dar al Parlamento más poderes, algo a lo que nos oponemos en principio. 
Por lo tanto, en la votación de hoy hemos votado en contra del informe Agnoletto. 
. – Exigir que nuestros socios económicos y políticos respeten los derechos humanos es un magnífico sentimiento, pero las instituciones europeas deberían poner primero en orden su propia casa, con mayor razón cuando Turquía es su vecina de al lado. 
La discriminación que sufre la minoría cristiana, la supresión de información sobre el genocidio armenio, la ocupación por el ejército turco de la tercera parte del territorio chipriota son otras tantas violaciones flagrantes del Derecho, que no impidieron a los dirigentes europeos, en particular a los señores Chirac y Villepin en Francia, abrir las puertas de Europa a este país asiático. 
¿Acaso la perspectiva de una adhesión incita a las autoridades turcas a compartir los valores de nuestra civilización? 
Cabe dudarlo. 
La llegada al poder en 2002 del partido islamista, el AKP, amenaza en particular los escasos derechos hasta entonces concedidos a las mujeres. 
Dos hechos ilustran este fenómeno: la violencia con que el año pasado se reprimió una manifestación pacífica de mujeres y el retorno de la poligamia. 
En un momento en que asociaciones islamistas ponen en entredicho la libertad de prensa en nuestros países, la Unión Europea, acogiendo a Turquía, renegaría de los valores en los que pretende basar su política exterior. 
. Tras el acuerdo de cooperación entre los países ACP y la Unión Europea, firmado en Cotonú y modificado en Luxemburgo, el problema de la cláusula sobre los derechos humanos y la democracia en los acuerdos de la UE parecía resuelto. 
En efecto, con la aceptación del principio de protección de los derechos humanos se dio un gran paso adelante. 
No obstante, la aplicación de este principio todavía presenta algunas lagunas. 
No es una cuestión sencilla. 
Se complica por el hecho de que si se quisiera suspender el acuerdo suscrito por violación de la cláusula sobre derechos humanos, habría que tratar de no perjudicar a la población del Estado incumplidor. 
Junto a la cláusula sobre derechos humanos se establecen requisitos análogos en materia de observancia de las normas democráticas básicas y respeto de los derechos de las minorías. 
Citaré el caso concreto de las negociaciones con Croacia, en cuyo curso jamás ha habido indicios de que la Unión se interesase ni protegiese para nada los derechos de la minoría italiana ni de los exiliados juliano-dálmatas, llegando a justificar esta actitud con la afirmación de que se trata de cuestiones bilaterales. 
Quiero señalar a la Comisión que la protección de los derechos de las minorías debe salvaguardarse más allá de las relaciones bilaterales. 
Es un derecho fundamental, máxime cuando no se trata de un acuerdo comercial, sino de un Tratado de Adhesión. 
Este problema no se ha resuelto ni siquiera en este informe. 
. 
El interés y la preocupación desplegados por el ponente con respecto a la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea son dignos de elogio. 
Diez años después de su redacción ya es hora de evaluar su aplicación y cómo puede mejorarse, y en mi opinión hay un aspecto que nuestra evaluación debería dejar claro: es preciso evaluar el impacto de esta disposición. 
Celebro el hecho de que la Unión Europea incluya esta cláusula y la considere uno de los principios rectores de la política exterior y de cooperación. 
Dicho esto, si esto simplemente se convierte en un mantra repetido en todos nuestros acuerdos, y si no consigue marcar una verdadera diferencia, especialmente cuando sus términos se incumplen, por supuesto será inútil. 
La repetición ociosa de las buenas intenciones es motivo de errores y fracasos en la política internacional. 
. 
La rápida liberalización del comercio mundial, caracterizada por normas poco exigentes en materia de empleo y medio ambiente, representa un desafío considerable para la competitividad de la economía europea. 
La UE no puede, y no debe, competir con economías basadas en las subvenciones a la exportación, que no cumplen las normas medioambientales y sociales básicas y que violan los derechos humanos. 
La integración europea está basada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las normas medioambientales y sociales y el desarrollo sostenible. 
Los valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales constituyen la base del proyecto europeo. 
La UE ha conseguido incorporar una «cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia» en los acuerdos internacionales con países terceros. 
Pero lamento que una cláusula tan fundamental continúe ausente de los acuerdos sobre los textiles. 
Como es sabido, China viola sistemáticamente las reglas del juego desde su adhesión a la OMC en 2001. 
En este caso concreto, la UE tendría derecho a imponer unas normas sociales y medioambientales mínimas en los sucesivos acuerdos comerciales celebrados con este socio. 
Si queremos que haya competencia, tiene que ser con las mismas reglas para todos. 
. 
El presente informe no plantea objeciones a la propuesta de la Comisión. 
Por el contrario, acepta y apoya todas las ideas propuestas. 
La decisión de mantener los caladeros de Shetland y los de platija constituye una respuesta oportuna y equilibrada a la revisión del funcionamiento y la eficacia de estos caladeros y a la consulta efectuada en este ámbito. 
Las recomendaciones de este informe permitirán defender los principios básicos de la nueva política pesquera común, es decir, gestionar la explotación sostenible de los recursos marinos vivos garantizando al mismo tiempo unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. 
Por tanto, apoyo la aprobación de este informe. 
La Lista de Junio se opone a la Política Pesquera Común de la UE y desea que se elimine a largo plazo. 
Creemos que la UE no debería decidir si los cotos de las Shetland y de la solla tienen que mantenerse. 
Esta cuestión tienen que resolverla los organismos internacionales existentes. 
,. He votado a favor de este informe, que salió sustancialmente reforzado de la comisión gracias a la aprobación de todas las nueve enmiendas que había presentado yo. 
La decisión abrumadoramente mayoritaria del Parlamento Europeo de apoyar una zona de aguas protegidas en torno al norte de Escocia es un hecho muy saludable. 
Diputados al Parlamento Europeo de toda Europa han reconocido la importancia de esta agua para las comunidades del norte de Escocia. 
La Comisión debe admitir ahora que el principio de acceso ilimitado a las aguas es insostenible. 
Los derechos de pesca deben asignarse a las comunidades que dependen de ellas. 
Esta es la voluntad política del Parlamento Europeo y no deberíamos tolerar que la presión ejercida por parte de los que exigen un acceso igualitario a las aguas y recursos acabe minando estos derechos. 
La votación del Parlamento es una buena noticia que Europa da, en raras ocasiones, a los pescadores escoceses y pido al Consejo de Ministros, que tiene la última palabra, que siga nuestro ejemplo. 
,. Acojo con satisfacción el informe sobre el coto de las Shetland y el coto de la solla. 
Me alegra que la Comisión decidiera mantener los cotos de las Shetland y de la solla y aplaudo el respaldo dado por el Parlamento a esta propuesta; la prórroga de tres años es buena para la conservación de la pesca escocesa y para sus intereses. 
,. Señor Presidente, felicito a nuestro ponente por traer de vuelta a Estrasburgo este importante asunto. 
Me ha complacido apoyar el informe, dado que las medidas que recoge son importantes para mejorar los efectos desastrosos de la política pesquera común. 
Deberíamos acabar con la PPC, ya que ha sido un desastre para las comunidades pesqueras, la industria pesquera y, de hecho, para los propios peces. 
No hace ningún favor a Europa, ya que una política inviable como esta perjudica a la UE ante los ojos de nuestros ciudadanos. 
. – Uno de los principales desafíos para los países europeos reside en su política energética y su capacidad para utilizar las energías renovables con el fin de reducir su dependencia del abastecimiento de petróleo y gas y del precio fluctuante de estos recursos. 
Las energías renovables deberían ocupar un lugar predominante en el ámbito de la calefacción y la refrigeración, que actualmente representa cerca del 70 % del consumo de energía en Europa. 
Por tanto, apoyaremos todo lo que pueda alentar el empleo de energía renovable: información a los usuarios, supresión de los obstáculos administrativos, ayudas a la implantación, estímulo de la investigación, etc. 
Pero estaremos especialmente atentos al respeto de la soberanía de los Estados en materia de abastecimiento energético, así como a los aspectos fiscales de las propuestas que puedan hacerse. 
Todavía no hemos medido todas las consecuencias de la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas sobre los balances energéticos nacionales. 
Y no se puede pensar en dar más poderes a la Comisión en materia de política energética a través de propuestas fiscales, poderes que los Tratados no le conceden, pero que la Comisión ya ha demostrado su habilidad para apropiarse por vía indirecta. 
,. Señor Presidente, este importante informe destaca un gran potencial para Europa. 
Mi país, Escocia, es potencialmente un líder mundial en las ventajas energéticas renovables, pero debido a la inacción interna no las hemos capitalizado todavía. 
Este informe muestra cómo la UE puede contribuir a fomentar el crecimiento de esta tecnología vital del futuro y me complace apoyarlo, aunque algunas de las recomendaciones clave no hayan salido adelante en la Cámara. 
Procedemos al debate del informe de Evelyne Gebhardt, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM (2004) 0002- C5-0069/2004- 2004/0001 (COD) ) (A6-0409/2005). 
El Parlamento es plenamente consciente de la importancia de este debate. 
Señor Presidente, señor Bartenstein, señor Barroso, Señorías, hoy llegamos a la ronda final del proyecto legislativo más importante de la Unión Europea después de la Constitución, y no nos hemos dado prisa en llegar hasta aquí. 
Podría hablar de los esfuerzos de los últimos meses y de las montañas de papel que hemos tenido que sortear, pero tardaría horas en hacerlo. 
Por tanto, me limitaré a unas cuantas observaciones básicas que no serán del agrado de todo el mundo, pero tengo que decir, señor Presidente, que son importantes para mí. 
Los servicios tienen que ser tan móviles como las mercancías y el dinero, así que, tras una larga espera, hay que acoger con satisfacción la elaboración del proyecto de Directiva de servicios de la Comisión. 
Pero es lamentable que se haya dado la impresión de que este proyecto pretende favorecer los intereses de los 15 «antiguos» Estados miembros en detrimento de los de los diez «nuevos» que se adhirieron en mayo de 2004. 
La razón por la que entrecomillo las palabras «antiguos» y «nuevos» es que todos los miembros de nuestra comunidad de Estados tienen los mismos derechos y responsabilidades independientemente del tiempo que hace que pertenecen a ella. 
La Unión Europea existe para fomentar el bienestar de sus 470 millones de ciudadanos sobre la base de la igualdad; no existe para servir a la valoración de las acciones o a los intereses de los liberalizadores de dientes afilados y de sus mecanismos de mercado. 
Creo que es fundamental que la política y la legislación tengan en cuenta a los ciudadanos por encima de todo. 
Nuestra principal preocupación tiene que ser los trabajadores y sus familias en lugar de las grandes empresas y sus mercados, y también hemos de pensar en las pequeñas empresas y los artesanos, que no deben ser pisoteados. 
Por estas razones, la Cámara tenía que mejorar el proyecto de la Comisión, y hemos realizado progresos considerables a pesar de las diferencias ideológicas entre nosotros. 
Confío en que el voto en la sesión plenaria nos permita tomar las últimas medidas cruciales. 
El producto final tiene que ser una directiva no burocrática y que beneficie a los trabajadores, de los cuales depende la capacidad de Europa para competir. 
Dicha directiva tiene que respetar las idiosincrasias de los Estados miembros y evitar el peligro de una espiral descendiente en las condiciones de trabajo y en los salarios, en la calidad y en la protección de los consumidores y del medio ambiente. 
En primer lugar, tenemos que abandonar el principio del país de origen con todos sus efectos devastadores. 
He propuesto una solución sencilla: una empresa que ofrece sus servicios en un Estado miembro debe poder ofrecerlos también en cualquier otro, siempre y cuando las normas y leyes del país de destino sean aplicables al contrato. 
La simplicidad de este procedimiento refleja nuestra experiencia en la vida real; por ejemplo, un permiso de conducir alemán me permite conducir en Inglaterra, pero no puedo conducir por la derecha. 
Así pues, se proporciona libre movimiento de servicios y se garantiza la competencia justa. 
Mi segunda propuesta es que esa libertad de movimiento se aplique solo a los servicios comerciales y que todos los demás queden fuera del ámbito de aplicación de la directiva. 
Europa no puede verse obligada a conceder libertad de movimiento a la versión moderna de la esclavitud que realizan las agencias de trabajo temporal. 
También tenemos que garantizar que los servicios de interés general –en el sentido amplio de la palabra– no se vean afectados, protegiendo el autogobierno municipal y el deseo de los ciudadanos de gestionar sus propios asuntos en todos los ámbitos, desde el suministro de agua hasta las guarderías. 
El Parlamento podrá aprobar la Directiva de servicios si se realizan los ajustes necesarios a la propuesta original de la Comisión. 
Hemos trabajado en el proyecto original en detalle y lo hemos vuelto del revés; al hacerlo, hemos frustrado la creación de un esquema de creación de empleo para los abogados que hubiera estado fuera del alcance de las pequeñas empresas. 
En mi opinión, este complicado instrumento legislativo podría resultar más claro y sencillo, pero una empresa tan compleja también requiere la fortaleza de alcanzar compromisos. 
Tengo la impresión de que la Comisión valora el trabajo constructivo de la Cámara y no se aferra a la versión antigua que tanta indignación ha provocado en los Estados miembros. 
Las voces combinadas de los sindicatos, las asociaciones de artesanos, los municipios y todas las demás partes interesadas han tenido un efecto poderoso y visible. 
Hemos llegado a una parte delicada. 
Podemos promulgar una ley que no nos venga impuesta ni por la Comisión ni por el Consejo. 
Si lo hacemos, habremos dado a los servicios en la Unión Europea la libertad de circulación que necesitan y, al mismo tiempo, se habrá dado un gran paso hacia una Europa social; garantizaremos los derechos de los trabajadores y protegeremos la calidad y el medioambiente. 
Con dicho resultado, esta Cámara podría enorgullecerse de haber servido a los intereses de los 470 millones de ciudadanos de nuestra Comunidad. 
Teniendo esto en cuenta, quiero volver a dar las gracias a mis colegas de todos los Grupos por su cooperación constructiva. 
Creo que en los debates finales que aún nos esperan esta tarde, esta noche y mañana encontraremos las soluciones adecuadas que nos permitan obtener una amplia mayoría en esta Cámara, que obligue a la Comisión y al Consejo a emprender el camino que el Parlamento ha trazado. 
, Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario McCreevy, señora Gebhardt, Señorías, como acaba de decir la señora Gebhardt, en febrero de 2004 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre servicios en el mercado único europeo. La idea era que su aplicación nos acercara a los objetivos de Lisboa. 
En noviembre de 2004, el informe del grupo de expertos de alto nivel presidido por Wim Kok –quien fue nombrado por la Comisión para preparar una revisión intermedia de la estrategia de Lisboa– pedía que se creara un mercado europeo de servicios, lo que supondría una gran oportunidad de más crecimiento en Europa. 
Desde un punto de vista económico, sabemos que Europa necesita un esfuerzo de crecimiento: el crecimiento y el empleo que se deriva de él son objetivos prioritarios para todos nosotros. 
En sus primeros diez años de existencia, el mercado interior europeo ha conseguido algunos éxitos considerables, sobre todo la creación de 2,5 millones de nuevos empleos. 
Precisamente por eso tenemos que atar todos los cabos sueltos, pero las cargas administrativas y legales que la Comisión ha impuesto a los proveedores de servicios nos han demostrado que los mercados de servicios europeos están muy fragmentados, lo que implica altos precios innecesarios, consumidores que salen perdiendo a causa de la competencia insuficiente y oportunidades perdidas de aumentar el crecimiento y la creación de empleo. 
La propuesta a la que ya he hecho referencia fue presentada por la Comisión Prodi, y el Comisario responsable era Frits Bolkestein. Desde febrero de 2004 ha sido objeto de debates muy profundos en el grupo de trabajo relevante del Consejo. 
En el contexto del debate público ha sido objeto de fuertes críticas, algunas de las cuales están justificadas. 
Algunas personas también la han usado de forma injustificada para sembrar la ansiedad. 
Cabe decir que la directiva es bastante clara sobre lo que pretende, y hay un apoyo amplio del principio que la sustenta: una mayor liberalización de los servicios y la eliminación sistemática de las barreras injustificadas a los proveedores de servicios. 
Ha llegado el momento de que la Comisión revise la forma en que se conseguirá, y el voto en la Cámara será esencial para ello. 
La intención es que la consecución del mercado interior de servicios resulte beneficiosa para los ciudadanos europeos, para los consumidores y para las empresas y que no permita que el modelo social europeo se vea socavado o puesto en peligro. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a un mercado interior de servicios que esté a salvo del dúmping salarial o del dúmping social. 
Para ello, la Directiva de servicios tendrá que ser neutral en términos de la legislación laboral; también tendrá que haber normas claras que garanticen que la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no se vea comprometida, sobre todo respecto de las opciones de supervisión. 
También tiene que quedar fuera de toda duda que esta Directiva de servicios no compromete a los servicios de interés general en términos de calidad, de prestación universal y de asequibilidad. 
La señora Gebhardt ya ha mencionado la necesidad de todo ello. 
La Presidencia del Consejo tiene ahora los ojos puestos en la Cámara, mientras la Presidencia y el Consejo en general esperan el resultado de la primera lectura con gran interés y, si se alcanza una gran mayoría, esto será útil en términos de la evolución del proyecto en el seno del Consejo. 
Teniendo esto en cuenta, también acogemos con satisfacción las iniciativas y esfuerzos de los dos grandes Grupos de la Cámara por alcanzar un consenso mediante un buen compromiso, en especial en los puntos controvertidos, lo cual han realizado con éxito. 
En cuanto la Cámara haya votado pasado mañana, es decir el 16 de febrero, la Comisión tendrá que desempeñar un papel activo en el procedimiento de codecisión. 
La Presidencia, en estrecha colaboración con la Cámara, pero por supuesto también con la Comisión, exigirá una directiva equitativa que tenga en cuenta los recelos que se han expresado sobre la propuesta actual, al tiempo que cree la base jurídica para un mercado interior de los servicios que haga el mejor uso posible de nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo. 
Se nos ha informado que según dos estudios, uno de Copenhague y otro de Viena, existe la posibilidad de que la Directiva de servicios resulte en la creación de unos 600 000 empleos. 
La Presidencia también acoge con satisfacción el anuncio del señor Barroso en Viena en el sentido de que al voto en la sesión plenaria le seguirá muy pronto, y a tiempo para el Consejo Europeo de marzo, una propuesta sobre los puntos esenciales para un acuerdo político. 
La Presidencia austriaca los debatirá en profundidad e irá más allá, e insisto en que lo hará con la total implicación de los agentes sociales. 
Tenemos la oportunidad de maximizar nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo mediante un mercado interior de servicios, al tiempo que aumentamos la confianza de los ciudadanos en una Europa social. 
Ese tiene que ser nuestro objetivo. 
. Señor Presidente, señor Bartenstein, señora Gebhardt, Señorías, esta semana representa una etapa crucial para la Directiva relativa a los servicios, para la plena realización del mercado interior, para nuestra estrategia de crecimiento y empleo en Europa. 
Por ello me encanta que el Parlamento Europeo esté dispuesto a pronunciarse sobre esta propuesta y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos europeos. 
Me permito dar las gracias especialmente a la señora Gebhardt y a todos los diputados directamente implicados, en particular a los ponentes alternativos, que en los últimos meses han realizado un trabajo admirable que ha hecho posible que alcanzáramos la fase a que hemos llegado hoy. 
El debate de hoy y la votación que tendrá lugar el jueves representan un momento importante para el futuro de la Unión Europea y esto, permítanme decírselo, más allá incluso del tema tan importante de los servicios en el mercado interior. 
Nadie duda de que tenemos aún mucho que hacer para que nuestras economías puedan materializar plenamente las libertades fundamentales previstas en el Tratado y sacar provecho de ellas. 
Dentro de un momento, el Comisario McCreevy les recordará los progresos realizados en este terreno. 
Pero quisiera destacar ahora un aspecto muy importante, que va mucho más allá de la dimensión puramente económica: ¿es capaz o no la Unión Europea ampliada de 25 Estados miembros de encontrar, de común acuerdo, soluciones adecuadas para afrontar problemas extremadamente difíciles y delicados? 
Añadiré a esto: ¿para afrontar, sobre todo, los problemas considerados más delicados por la opinión pública? 
Confío en que el Parlamento logre materializar esta semana el gran sentido de la responsabilidad que ha demostrado a lo largo de todo este proceso. 
Como saben –y en esto tenemos que ser francos–, esta directiva, presentada en enero de 2004 por la Comisión de mi predecesor, el señor Prodi, suscitó a partir de un momento dado vivas preocupaciones en algunos medios de los Estados miembros y, en general, entre la opinión pública europea. 
Algunas críticas, aunque basadas en temores legítimos relacionados con la protección de las conquistas sociales, se debieron en ocasiones a auténticos malentendidos. 
Pero esas críticas también alimentaron polémicas totalmente ajenas a la directiva en sí. 
La Comisión que presido y yo mismo siempre hemos dejado muy claro que queremos un verdadero mercado interior de los servicios. 
Queremos un mercado que funcione y aporte valor añadido a nuestra economía. 
Ahora queremos traducir en hechos los principios de las cuatro libertades que nos legaron los padres fundadores de Europa. 
Y queremos responder también a las legítimas preocupaciones que se han expresado. 
El resultado será, pues, si les parece bien, Señorías, el fruto de un compromiso. 
Por definición, necesitamos un compromiso, un compromiso que preserve y respete los principios del Tratado y que se inscriba en nuestro programa de crecimiento y empleo. 
En este sentido, la Comisión está dispuesta a apoyar y recoger, en el marco de su propuesta revisada, todos los elementos que representen un paso adelante en la vía de la realización de un auténtico mercado interior de los servicios, y que obtengan una amplia mayoría en su Asamblea. 
Al término de un debate de casi dos años, ya es hora de dejar atrás las discrepancias, de construir puentes, de crear las condiciones para un acuerdo. 
Es hora de demostrar a nuestros conciudadanos que la Unión de 25 Estados miembros funciona, que es consciente de su destino común y que sabe lograr resultados en interés de todos. 
Se trata ahora de discernir qué es realista y realizable en esta fase. 
Tras un año difícil en 2005 estamos ahora recuperando la confianza en la Unión Europea. 
Debemos trabajar en torno a soluciones pragmáticas para responder a los problemas reales de nuestros conciudadanos. 
Si la primera lectura en sesión plenaria de la Directiva de servicios conduce el jueves a un voto que reconcilie las exigencias de competitividad y nuestras preocupaciones sociales, será una victoria, no solo para ustedes, Señorías, para el Parlamento Europeo, sino también para toda la Unión. 
Señorías, no duden de nuestras ambiciones para Europa. 
Y a este respecto, debemos ser claros por lo que se refiere a la cuestión económica. 
¿Es aceptable tener veinte millones de desempleados en la Unión Europea? 
¿Hace falta un argumento de más peso para justificar nuestra iniciativa? 
¿No es esta una de las razones principales de la falta de confianza en la Unión? 
Hoy, los dos principales sectores que pueden crear puestos de trabajo en Europa son los servicios y las pequeñas y medianas empresas. 
Por tanto, debemos dar prioridad a esos sectores: la creación de un verdadero mercado de los servicios y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
Es a ellos ante todo a quienes beneficiará la directiva. 
Aunque solo sea una primera etapa, no veo que exista estrategia más social que la que crea puestos de trabajo de calidad. 
Antes de pasar la palabra al señor McCreevy, con su permiso, señor Presidente, quiero desearles a todos un debate fructífero, constructivo y positivo. 
Trabajemos juntos para dotarnos de una Directiva de servicios que, de forma equilibrada, traduzca nuestra ambición para Europa: una Europa ampliada, una Europa más moderna y competitiva, una Europa basada en las cuatro libertades fundamentales que nos legaron los padres fundadores. 
. Señor Presidente, desde que vio la luz hace dos años, esta propuesta ha copado los titulares. 
Tanto sus defensores como sus detractores la consideran un símbolo. 
En el curso de toda la controversia suscitada, que se centró en un número relativamente reducido de cuestiones, era fácil olvidar que hay otros muchos ámbitos en los que, en mi opinión, existe un amplio consenso y en los que se reconocen los beneficios de la propuesta. 
En primer lugar, gracias a la simplificación administrativa, será más fácil establecer un negocio en la UE. 
Esto constituye un impulso crucial para el espíritu empresarial y un elemento vital del fomento del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo. 
Los prestadores de servicios podrán obtener información y cumplimentar los trámites administrativos a través de puntos de contacto únicos en cualquier Estado miembro; de este modo se simplifican, se aceleran y se reducen los costes del proceso de autorización sin necesidad de tener que tratar con autoridades de distintos niveles. 
También será posible realizar estos procedimientos por vía electrónica, de modo que las empresas ahorrarán tiempo y dinero y evitarán incurrir en costes considerables derivados de las visitas personales –a menudo repetidas– para realizar las formalidades necesarias ante las autoridades pertinentes. 
En segundo lugar, será bueno para los consumidores. 
Mejorar su confianza es un componente fundamental que permitirá estimular las posibilidades que les ofrece el mercado interior. 
Dispondrán fácilmente de información clave sobre empresas y sobre los servicios que prestan y, de esta forma, podrán tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de adquirir servicios. 
Se establecen con claridad los derechos de los consumidores y se pide la eliminación de cualquier discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento. 
En tercer lugar, los Estados miembros tendrán que cooperar desde el punto de vista administrativo para garantizar que las empresas están sometidas a un control adecuado y eficaz en toda la UE, al tiempo que se trata de evitar la duplicación de los controles. 
Esta obligación jurídica se verá respaldada en la práctica por un sistema electrónico que permitirá a las autoridades intercambiar información de forma directa y eficaz. 
Estas, entre muchas otras en el proyecto de Directiva, son disposiciones que aportarán ventajas significativas, tanto para las empresas como para los consumidores, y sé que sus Señorías siempre lo han tenido en cuenta. 
Al valorar las enmiendas aprobadas en la opinión de la comisión competente y el resto de enmiendas presentadas, la Comisión adopta una posición muy constructiva y positiva. 
En particular, tenemos intención de aceptar e incorporar en nuestra propuesta revisada las enmiendas que consideramos que son apoyadas por una amplia mayoría de esta Cámara. 
La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo con el objetivo de aclarar y mejorar la propuesta inicial de la Comisión. 
Estas se refieren principalmente a la simplificación administrativa, al establecimiento y a la cooperación administrativa. 
La Comisión acoge asimismo con agrado, en términos generales, muchas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en relación con los servicios de interés general. 
Esta es una cuestión sensible que ha dividido las opiniones a lo largo de todo el debate y queda claro, a mi juicio, que la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha permitido avanzar mucho a este respecto. 
Por otro lado, creo que los servicios de interés económico general deberían permanecer dentro del ámbito de aplicación de la propuesta, mientras que la exclusión de otros sectores debería limitarse estrictamente. 
Los textos de compromiso que he visto, si se aprueban, nos ofrecerán una buena base para elaborar nuestra propuesta modificada. 
No obstante, debemos dejar claro cómo abordaremos las posibles exclusiones de la propuesta. 
Si el Parlamento vota a favor de suprimir los artículos 24 y 25 de la propuesta, relativos al desplazamiento de trabajadores, entonces la Comisión formulará orientaciones para hacer frente a cualquier carga administrativa indebida que pueda obstaculizar las oportunidades de las empresas para aprovechar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Esto se puede hacer con relativa rapidez. 
Existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que hay que cumplir. 
Igualmente, si los servicios sanitarios quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, esto no nos exime de la necesidad de abordar la creciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia con respecto a la movilidad de los pacientes. 
Por tanto, será necesario que la Comisión presente una propuesta separada que trate esta cuestión. 
Los textos de compromiso también reconocen la libertad que los prestadores de servicios deberían tener para acceder a los mercados en los demás Estados miembros y para ejercer en ellos sus actividades. 
Acojo con satisfacción el hecho de que se reconozca la obligación de suprimir toda una serie de barreras que obstaculizan la prestación de estos servicios, aunque, por supuesto, se permitirán determinadas restricciones por motivos bien fundados de política pública. 
Es importante destacar que cualquier enmienda que aceptemos debe cumplir el objetivo de que esta Directiva suponga un paso hacia la creación de un mercado interior de servicios. 
Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene que asumir la responsabilidad de garantizar que el resultado sea compatible con las libertades fundamentales establecidas en ellos y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Asimismo, las restricciones que los Estados miembros puedan aplicar a los prestadores de servicios de otros Estados miembros deben juzgarse a la luz de los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. 
Esto hay que tenerlo en cuenta, en particular a la hora de examinar las modificaciones que se voten en relación con el artículo 16 y la libre prestación de servicios. 
Estoy seguro de que la mayoría de los diputados estarán de acuerdo en que esta es la única forma en que podemos garantizar que se mantenga el valor añadido real de esta propuesta, que facilitará la prestación de servicios transfronteriza y, al mismo tiempo, garantizará la salvaguardia de los criterios legítimos de política pública. 
Este es el equilibrio por el que todos estamos trabajando. 
Me parece que es la esencia de las enmiendas de transacción al artículo 16. 
Puedo confirmarles que, tras la votación del jueves, la Comisión presentará una propuesta revisada con vistas a facilitar una posición común tan pronto como sea posible, esperemos que antes de finales de abril. 
Siempre que haya un consenso amplio en esta Cámara sobre las enmiendas que deben introducirse, la Comisión, en virtud de lo que he dicho antes, basará sus propuestas modificadas en dichas enmiendas. 
Mientras tanto, espero ansioso el debate de hoy y, por último, al resultado de la votación del jueves. 
El Parlamento tiene una verdadera oportunidad para demostrar que, después de dos años de trabajo, puede sentar las bases para el avance consensuado de una propuesta importante, aunque muy controvertida. 
Se trata de un reto que creo que muchos diputados al Parlamento Europeo desean afrontar. 
Les insto a que sigan trabajando a favor del consenso que, en mi opinión, está a su alcance. 
Ustedes pueden producir una Directiva de servicios mejor que libere el enorme potencial económico del sector de los servicios. 
Esta es la base sobre las que nos juzgarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los desempleados europeos que esperan beneficiarse de ella. 
– Comunico al Pleno que al exterior de este edificio se está desarrollando en estos momentos una enorme manifestación. 
La policía de la ciudad de Estrasburgo evalúa en 30 000 el número de personas concentradas entre el Palacio de Exposiciones y la Plaza de la República. 
Quiero señalar el carácter pacífico de esta manifestación. 
Me informan de que se desarrolla en muy buen ambiente con música en vivo y toda una serie de atracciones. 
El acceso al Parlamento ha sido libre hasta las tres de la tarde. 
Estoy seguro de que la masiva presencia de los ciudadanos europeos en las puertas de nuestro Parlamento será un poderoso estímulo para que hagamos nuestro trabajo con responsabilidad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, nuestro Grupo acoge con satisfacción la manifestación, porque demuestra que, por fin, los ciudadanos de Europa se están dando cuenta del poder de esta Cámara. 
Pero he de decir que tengo mis dudas sobre si las preocupaciones de los manifestantes están justificadas, porque se están manifestando en contra de algo que ya no es objeto de debate, pero en esencia es una buena señal que se celebre la manifestación. 
El Consejo Europeo de marzo de 2000 en Lisboa intentó que la Unión Europea fuera más competitiva. 
Se concluyó que el sector de los servicios era uno de los más importantes para nuestra economía, pero que Europa no estaba usando todo su potencial. 
Desde 1958, la libertad de prestación de servicios ha sido una de las cuatro libertades que los padres fundadores han consagrado en el Tratado, pero –en contraste con la circulación de mercancías y capital y la movilidad personal– siempre se ha descuidado, y la razón es que en este terreno los Estados miembros no han aplicado plenamente el Tratado y han dejado que el Tribunal de Justicia dicte las normas por medio de resoluciones en torno a casos individuales. 
La intención de la Directiva de servicios es que todo eso cambie. 
La Directiva es la esencia de la Estrategia de Lisboa. 
Permitirá que los prestadores de servicios europeos sean más competitivos; ayudará a crear empleos en este sector y dará a los consumidores y a los clientes comerciales mayor libertad de elección. 
Pero hay que decir que la directiva es, en primer lugar, el resultado de una decisión política, la decisión a favor de la clara aplicación del Tratado. 
Es la piedra de toque para la Comisión y para los Estados miembros; también demuestra que en esta Cámara nos tomamos muy en serio la Estrategia de Lisboa. 
La propuesta presentada por la Comisión era ambiciosa; algunas partes eran cuestionables, otras se quedaban cortas, y ha sido objeto de críticas, algunas de las cuales estaban justificadas y muchas otras no. 
Lo que se conoce como Directiva Bolkestein ha dado lugar a expresiones de inquietud sobre las consecuencias de la globalización, de la ampliación de la UE, sobre la presión de una mayor competencia y recelos en torno a las realidades económicas en general. 
Incluso en esta Cámara se tenían ideas equivocadas que se hicieron evidentes en los intentos de bloquear la Directiva o de facilitar que los Estados miembros levantaran barreras en el mercado interior. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ofreció algunas mejoras sustanciales a la propuesta de la Comisión, y estoy muy agradecido a nuestro ponente, el señor Harbour, y a todos los diputados de nuestro Grupo, de otros Grupos y también a la ponente, la señora Gebhardt, por todo el trabajo que han realizado. 
Nuestro Grupo prácticamente ha vuelto a escribir la Directiva, y el documento que tenemos ante nosotros hoy es el resultado de esos esfuerzos, en los que demostramos nuestra voluntad de alcanzar los compromisos necesarios. 
Si bien deseamos alcanzar un amplio acuerdo en esta Directiva, no queremos un compromiso a cualquier precio. 
Lo que queremos es que la posibilidad de establecerse en más de un Estado miembro y la prestación de servicios más allá de las fronteras nacionales mejoren sustancialmente y sean mucho más sencillas. 
No queremos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo se transponga al pie de la letra, junto con todos sus imponderables y las circunstancias específicas de los casos individuales. 
Lo que queremos es que las empresas y las autoridades de los Estados miembros tengan más seguridad jurídica; queremos que los Estados miembros cooperen más para luchar contra el trabajo temporal ilegal y el falso autoempleo. 
Pero, sobre todo, queremos una Directiva con normas claras y justas que establezcan de una vez por todas un mercado interior de servicios, un mercado interior en que todos los prestadores de servicios, en particular las pequeñas y medianas empresas, y también todos los consumidores puedan realmente participar. 
Queremos una Directiva que nos permita competir en el ámbito internacional, que garantice la rápida integración de los nuevos Estados miembros en el mercado interior, una Directiva que nos permita hacer el mejor uso posible de todo nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo, al tiempo que seguimos siendo fieles a los principios de la economía social de mercado. 
En la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo queremos ver un acuerdo político basado en el resultado de la votación de esta Cámara. 
Tiene que incluir los puntos que se hayan apoyado en dicha votación. 
Antes de que acabe este año –quizá, señor Presidente en ejercicio del Consejo, incluso bajo la primera mitad de su mandato– podremos aprobar el componente legislativo más importante de la Estrategia de Lisboa. 
Cada día que perdemos significa menos competitividad, menos mercado interior y, por tanto, menos empleo y menos crecimiento. 
Tenemos que demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea que nos tomamos en serio sus preocupaciones y miedos. 
Pero también tenemos que darles el liderazgo que restablezca su esperanza y confianza y dar un futuro a nuestro gran proyecto europeo. 
La Unión Europea es nuestro proyecto compartido, y como tal debemos defenderlo y llevarlo al futuro. 
Señor Presidente, Señorías, comenzaré expresando mi agradecimiento a nuestra colega, la señora Gebhardt, cuyo calvario, que ha durado semanas, espero que acabe felizmente el jueves. 
También quiero expresar mi gratitud al señor Harbour, quien seguro que recuerda semanas aún más duras y a quien le deseo un final igualmente feliz. 
Volviendo a mi propio Grupo, también deseo dar las gracias a la señora Van Lancker, quien ha contribuido a nuestro trabajo en circunstancias muy difíciles. 
Esta directiva es el proyecto más controvertido y polémico de los últimos años, y con razón, porque trata de la cuestión del modelo social que queremos en Europa, ni más ni menos, y nosotros habremos de responder a dicha cuestión esta misma semana. 
Para los socialdemócratas europeos está claro que todos los avances económicos y técnicos que podemos considerar un éxito en la segunda mitad del siglo XX vinieron de la mano de un aumento de los salarios, una mayor seguridad social, más derechos ambientales y mayor protección de los consumidores. 
Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de nuestro modelo social. 
Frits Bolkestein intentó generar crecimiento basándose en el supuesto de menos salarios, menos seguridad social, menos normas ambientales y menos protección de los consumidores, y esto es lo que vamos a parar hoy. 
A partir de hoy, se acabó «Bolkestein». 
Esta es la primera buena noticia del debate de hoy. 
El segundo punto que tiene que desempeñar un papel crucial en nuestro debate es que Europa no permitirá que la dividan. 
Tanto en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos como en nuestro propio Grupo ha quedado claro que hemos luchado contra el intento de dividirnos inherente a la Directiva Bolkestein. 
La filosofía de Bolkestein era que aquellos que ganan menos y tienen normas menos estrictas deberían tener acceso libre al mercado para conseguir un ajuste a la baja allí donde los salarios sean más altos y las normas más estrictas. 
Hubo un intento de enfrentar a los nuevos Estados miembros con los antiguos, a la Vieja Europa con la Nueva Europa. En esta Cámara podemos demostrar que ese intento ha fracasado. 
En mi propio Grupo, así como en el del PPE-DE, delegaciones de los viejos y los nuevos Estados miembros están trabajando juntas para solucionar este problema. 
Es otra buena noticia. 
Hay un tercer mensaje sobre el que no debemos formarnos ideas falsas: muchos han intentado usar esta Directiva de servicios para fomentar sus propios intereses y crear un mercado interior europeo a imagen de su propia mentalidad liberal-purista. 
Estoy bastante seguro de que lo que he descrito es lo que quería el señor Bolkestein. 
He tenido la impresión de que, durante un tiempo, esto es lo que también quería el Comisario McCreevy, pero en vista de la relación de fuerzas efectiva, de la que tendrá constancia escrita el jueves, ha entrado en razón. 
Así pues, hemos escuchado con gran interés que ustedes –Señor Barroso y señor McCreevy– querían basar sus acciones futuras en el resultado de las deliberaciones de la Cámara, porque está claro que se está formando una amplia mayoría a favor de una nueva Directiva de servicios, una directiva basada en la idea de que hay que garantizar el acceso libre al mercado siempre y cuando los servicios estén sometidos a las leyes del país en el que se prestan. 
La consecuencia de todo ello es que los derechos en relación con la seguridad social, los salarios, el medio ambiente y los consumidores se mantendrán, que los servicios se prestarán sobre esa base, y esto es precisamente lo que hemos conseguido. 
Por así decirlo, hemos dado la vuelta a «Bolkestein» para que tome el rumbo correcto, y con esto ha quedado desbaratado el embate de los que querían lo contrario. 
Para decirlo con claridad, esto significa –y hablo en nombre de mi Grupo– que los que quieren cambiar el modelo social europeo o destruirlo se encontrarán con la oposición firme de los socialistas europeos. 
También es positivo que se encuentren con la oposición firme de una buena parte del movimiento social-cristiano europeo, y nos alegramos de ello. 
Oímos ruidos de disconformidad, pero puedo decirle al señor Langen que las minorías del PPE-DE suelen expresar su opinión con franqueza. ¡Eso lo sabemos muy bien! 
Pero hay un mensaje subyacente a lo que estamos debatiendo hoy aquí y a lo que decidiremos el jueves, un mensaje para las instituciones; el señor Bartenstein lo ha recibido, y también el señor Barroso. 
Ambos han entendido –y permítanme subrayar que es positivo que lo hayan hecho– que, independientemente de las decisiones fundamentales que intentan tomar, decisiones que determinarán la dirección futura de la Unión Europea, no se puede ningunear al Parlamento Europeo. 
Al igual que el Consejo ha fracasado en su intento de colarnos una Comisión que no queríamos, también fracasará con sus poco acertadas perspectivas financieras. 
El Consejo ha tenido que tomar nota del hecho de que fue el Parlamento quien aprobó una política sobre productos químicos adecuada y equilibrada. 
Fue el Parlamento quien mantuvo el debate sobre la ampliación dentro de la racionalidad y no permitió que se precipitara, y, en esta ocasión, es el Parlamento quien está demostrando a las otras dos instituciones que es posible hacer lo que el último Presidente de mi país, Johannes Rau, pedía en casi todas sus intervenciones, a saber, ser el protector del hombre de a pie en un mundo liberalizado. 
Las grandes multinacionales pueden defenderse en la competencia global, pero los ciudadanos ordinarios –los trabajadores de los puertos y las fábricas, los camioneros en sus vehículos, los trabajadores de correos o los ferroviarios, los artesanos en sus talleres y las enfermeras en los hospitales– necesitan protección en esta lucha por el llamado modelo social europeo. 
No les respalda ningún patrimonio; necesitan que alguien defienda sus derechos en una Europa liberalizada, y ese alguien es el Parlamento Europeo, y esperamos que el jueves lo haga por amplia mayoría. 
– Señor Presidente, puedo asegurar a la Cámara que Frits Bolkestein está vivo y coleando y por eso Martin Schulz parece tan mustio estos días. 
Este Parlamento tiene que elegir. 
Siguiendo el camino de la reforma se encuentra una Unión dinámica y competitiva que crea puestos de trabajo y ofrece oportunidades a sus ciudadanos. 
Siguiendo el camino del proteccionismo encontramos ganancias a corto plazo para algunos y pérdidas a largo plazo para todos, especialmente para nuestros 20 millones de desempleados. 
El 70 % de la economía y de la mano de obra de Europa dependen de la buena salud del sector de los servicios, un sector que está siendo lentamente asfixiado por una estúpida maraña de reglamentaciones. 
La señora Gebhardt dice que pensemos en las pequeñas empresas. 
Y como pensamos en ellas estamos a favor del principio del país de origen. 
El 90 % de las empresas de servicios son PYME y el principio del país de origen les permite evaluar un mercado extranjero para luego probarlo. 
Envían gente para estudiar el mercado. 
Luego comercian para probarlo antes de establecer una oficina o una filial. 
Eliminando el principio del país de origen se reducen a la mitad los efectos que esta medida tiene sobre el crecimiento. 
Los demócratas y liberales estamos a favor de buscar un compromiso, pero un compromiso entre políticas que se excluyen mutuamente no es un compromiso. 
Lo llamamos el «bloqueo de Berlín». 
Esta directiva no abre la puerta al dúmping social. 
Si tienen alguna duda, el señor Schulz y el señor Rasmussen deberían leer la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores. 
En cambio, el proyecto que tenemos ante nosotros transforma principios como la libre circulación de productos, servicios, capitales y personas en una realidad para 450 millones de habitantes. 
Estos son los principios fundadores de nuestra Unión que simplemente no son compatibles con una ciudadanía de segunda clase para nuestros nuevos Estados miembros. 
Sin lugar a dudas, tendremos que tomar decisiones difíciles, pero nuestra tarea no es proteger a un sector en detrimento de otro, sino que consiste en legislar en aras del interés de la economía europea en su conjunto. 
Si podemos crear un mercado único de servicios para que compita con nuestro mercado único de bienes, podremos aumentar el PIB casi un 2 % y crear hasta 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. 
Esto es lo que Frits Bolkestein quería para Europa. 
Permitir a los Estados miembros que justifiquen barreras a la prestación de servicios con argumentos de política social y protección del consumidor supondría clavar una estaca en el corazón de esta propuesta. 
Sin embargo, ahora no estaríamos contemplando un proyecto legislativo mutilado si el señor Barroso y sus Comisarios hubieran defendido su proyecto de directiva en lugar de luchar contra molinos de viento. 
Señor Comisario McCreevy, ¿cree usted que la presión ejercida por su gabinete sobre este Parlamento la semana pasada ha beneficiado al mercado único de Europa? 
¿Sabe que el apartado 3 de la enmienda de transacción 293 es contrario a la jurisprudencia del TJE y a las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de servicios? 
Espero, señor Comisario McCreevy, que conteste a este punto en su respuesta. 
No, en lugar de indicarnos el camino, esta Comisión se esconde tras las sombras de la opinión pública y tras la vacilación de los Estados miembros. 
Más productividad, más empleos, salarios más altos, empresas más fuertes: todo esto está al alcance de nuestra mano y, por ese motivo, insto a la Cámara a que vote a favor de un mercado dinámico para el empleo y los servicios. 
. Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero decir tres cosas. 
Primero, ninguna medida legislativa europea había polarizado nunca tanto a las sociedades europeas, así que la ponente, la señora Gebhardt, tiene el mérito de haber conseguido restar fuerza al proyecto de la Comisión. 
Pero tengo que decir –y esto me lleva al tercer punto– que se ha hecho en detrimento de la claridad y la seguridad jurídica de esta directiva marco. 
Si quieren saber por qué, echen una ojeada al material que ha tenido que trabajar, porque el proyecto de la Comisión es opaco y casi incomprensible, todo lo contrario a «legislar mejor». 
Las cosas como son. 
Es una pena que esta Cámara no haya podido centrarse en lo que era fundamental y viable. 
Nadie discute que necesitamos una directiva marco europea. 
La prestación de servicios más allá de las fronteras comporta muchos problemas que no pueden resolverse a través de los tribunales de justicia, como se hacía antiguamente, sino que los tienen que resolver quienes tienen autoridad para aprobar la legislación europea, es decir, el Parlamento y el Consejo. 
La amenaza intrínseca en lo que tenemos ante nosotros es que dichos problemas volverán a acabar sobre la mesa de los jueces. 
Hay alternativas claras y sencillas que reducen la burocracia que comporta la prestación de servicios a través de las fronteras. 
Nuestra propuesta, que el ponente ha apoyado durante bastante tiempo, es esencialmente bipartita e implica, por una parte, que esta directiva se limite a los servicios comerciales, respetando la legislación vigente. 
Los denominados servicios de interés general –y permítanme decir, en interés del Comisario McCreevy, que me refiero a los servicios que benefician a todos y redundan en interés económico de todos– tienen que describirse y tratarse en otra directiva, porque no tienen cabida en la que nos ocupa. 
En lugar de una demarcación tan clara, en este momento tenemos un catálogo de excepciones individuales. 
Aún no incluye todo: no incluye la educación; la posición de los servicios sociales todavía tiene que resolverse, así como la de la construcción de viviendas sociales. 
Algunos servicios están completamente excluidos; otros –como los grandes servicios prestados por redes– solo parcialmente. 
El conjunto equivale a un mosaico de normas y reglamentos individuales, lo que dificulta una perspectiva del conjunto y carece de transparencia y seguridad jurídica, sobre la cual todos han dicho algo hoy. 
Sobre todo, la necesitan las pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario no invertirán, y los consumidores no comprarán sus productos. 
Nuestra propuesta tiene que ver con el artículo 16, el principio del país de origen, que constituye la manzana de la discordia. 
También se le podría haber dado una alternativa sencilla en forma de apertura del mercado de servicios basada en el principio del país de origen para la UE en su conjunto, pero con la condición de que los servicios se prestaran de conformidad con las leyes y normas locales. 
En lugar de eso, la Gran Coalición propone una normativa que se abstiene de nombrar el principio del país de origen y en su lugar abre mercados ilegalizando ciertas restricciones locales. 
Pero esto también conduce a cuestiones no resueltas, con falta de claridad y seguridad en torno al significado de la ley y da la última palabra a los tribunales. 
No podemos apoyar este proyecto de directiva. 
No fomenta la confianza en la capacidad de Europa para hacer sus propias leyes, y de ese modo, esta Cámara se está perjudicando a sí misma. 
. – Señor Presidente, señor Barroso, señor Bartenstein, habríamos podido conmemorar el día de San Valentín debatiendo un tema más romántico que la Directiva Bolkestein. 
Pero así las cosas, ¿qué observaciones puede hacer el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el último refrito de este proyecto de directiva tan emblemático? 
En primer lugar, por fuerza hemos de constatar con placer que las excepcionales movilizaciones sociales y políticas contra esta directiva que se han desarrollado durante más de un año han dado un primer resultado: hemos puesto a la defensiva a los partidarios de la directiva. 
Después, como acaba de destacar el señor McCreevy, portavoz de la Comisión y sucesor del señor Bolkestein, hemos de ser realistas: ha habido referendos en Francia y en los Países Bajos. 
O también, como ha precisado John Marks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, el éxito del «no» ha «cambiado el paisaje europeo, [porque] después de eso todo el mundo comprendió que había que situar los asuntos sociales en el centro de las políticas europeas». 
Por esta razón, no ponemos mala cara a los cambios que se han introducido a lo largo de las distintas negociaciones en torno a la directiva en la Comisión. 
La cuestión que se plantea es si la directiva así modificada se ha convertido en una buena directiva, si ha cambiado su contenido esencial. En resumen, si, como afirman algunos, los trabajadores pueden estar tranquilos por lo que respecta al futuro de sus derechos sociales. 
Nuestra respuesta es por desgracia «no» , y los que afirman lo contrario asumen a mi entender una grave responsabilidad. 
En primer lugar, subestiman gravemente los efectos del actual acervo comunitario en que se inscribiría esta directiva, si es aprobada. 
Más allá de los propios Tratados, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia Europeo, a la que el Comisario McCreevy acaba de referirse de modo insistente y muy significativo, protege sistemáticamente a las empresas prestatarias de servicios que siguen el principio del país de origen y continúa alzándose en contra de las normas del país de acogida, acusadas de obstaculizar las actividades de esas empresas. 
Ante semejante secuestro de soberanía, pienso que hay que organizar una verdadera contraofensiva si queremos poner freno a la máquina de nivelar las conquistas sociales a la baja. 
Al renunciar a una referencia explícita al principio del país de destino, el compromiso alcanzado entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se mantiene abierto, por el contrario, al acoso de la Comisión y del Tribunal. 
Por otra parte, los partidarios de este compromiso sobrestiman mucho, en mi opinión, el alcance de las garantías sociales que dicen haber introducido en el proyecto de directiva. 
En efecto, bastará que una empresa establecida en un país dotado de normas sociales menos rigurosas ofrezca sus servicios en la Unión a través de trabajadores denominados «autónomos» para que el país de acogida pierda todo derecho a imponerle el respeto de las normas locales. 
Otro ejemplo: se dice que las disposiciones sobre el desplazamiento de trabajadores ahora integradas en el proyecto de directiva permiten garantizar a los trabajadores de otros Estados miembros el respeto de la duración máxima de la jornada laboral. 
¡Bonita cosa! 
Les recuerdo que la duración máxima de la semana laboral es de 48 horas en la UE y hasta de 65 horas en algunos países. 
Se considera que esas mismas disposiciones garantizan el respeto de los convenios colectivos. 
De hecho, no hay nada menos seguro. 
Se trata de una zona gris del Derecho comunitario, como reconoció recientemente el portavoz de la Dirección General de «Mercado Interior y Servicios» de la Comisión. 
En un contexto tan precario, hay que descartar toda ambigüedad, toda vacilación, todo margen de interpretación para la Comisión y el Tribunal. 
El mensaje que hay que transmitirles es claro: tenemos que rechazar la directiva en la votación de este jueves y, si no lo conseguimos ahora, este seguirá siendo nuestro objetivo a lo largo de todo el proceso. 
Entre tanto, mi Grupo trabajará al menos por que se incluya explícitamente en la directiva la primacía de las normas del país de destino y se limite cuanto sea posible el ámbito de aplicación de este texto, en particular excluyendo de él todos los servicios públicos. 
Del Atlántico al Báltico, de Laponia al Peloponeso, decimos sí a la igualdad, sí a la solidaridad, sí a la promoción de los derechos de cada una y cada uno, y por tanto no a la Directiva Bolkestein. 
Con este espíritu me uno a usted, señor Presidente, para desear una calurosa bienvenida en Estrasburgo a las decenas de miles de trabajadores que han venido a defender sus derechos y la idea de una Europa en la que puedan reconocerse de nuevo. 
. – Señor Presidente, qué bien recuerdo la declaración de la Agenda de Lisboa en esta misma Cámara. 
Íbamos a convertirnos en la economía más dinámica y vibrante del mundo, con pleno empleo. 
Bien, aquí estamos, a mitad de camino, y ¿qué tenemos? 
Veinte millones de personas en paro y, en la zona del euro, índices de crecimiento desesperadamente bajos y una caída absoluta de la inversión directa extranjera. 
Vamos dando tumbos en un desierto económico y, como los soldados de la Legión Extranjera Francesa en, de repente hemos tenido una visión: la Directiva de servicios. 
Nos dará un mercado libre, una economía liberal y la solución a todos nuestros males. 
Por desgracia, naturalmente, es un espejismo, porque nada nunca es lo que parece en la Unión Europea. 
Esta creencia de que más legislación mejorará la situación siempre es errónea. 
Cuando hablábamos en 1999 de la creación de un mercado único de servicios financieros, todos mis amigos del mundo real de la City de Londres dijeron: «Nigel, os habéis equivocado». 
Estoy acostumbrado a que la gente me diga que me he equivocado. 
Pero, siete años después, ¿qué ha ocurrido? 
Tenemos un plan de acción de servicios financieros, se han aplicado 42 nuevas directivas y la carga sobre los servicios financieros es más pesada que antes. 
Todos los días hay empresas que se marchan a Suiza y a las Bermudas y lo mismo ocurrirá con la Directiva de servicios. 
La aplicación de esta directiva variará de país a país. 
La Comisión dirá que necesitamos más medidas de armonización para que funcione. 
La carga sobre las empresas aumentará y, lo peor de todo, será el Tribunal de Justicia Europeo quien pueda legislar y decidir sobre todo esto. 
Esta directiva representa otra cesión masiva de poder de los Estados miembros a estas instituciones fallidas. 
Ya no podrán dirigir sus propias economías. 
Votaremos «no». 
. Señor Presidente, uno de los objetivos fundamentales de los padres fundadores de la Comunidad Económica Europea era la creación de un mercado interior en el que imperara la libre circulación de personas, mercancías, capital y servicios. 
Han pasado cincuenta años y este objetivo aún no se ha alcanzado. 
En el sector de los servicios, cualquier actividad más allá del mercado nacional aún se considera una prestación de servicios en el extranjero y no dentro de una única entidad, la Unión Europea. 
Los miles de disposiciones existentes y los permisos necesarios son un obstáculo para el desarrollo del sector de servicios europeo. 
Quiero recordar a la Cámara que el sector de los servicios representa el 70 % del PIB de la Unión Europea. 
El Tribunal de Justicia Europeo ha resuelto en repetidas ocasiones a favor del derecho de los prestadores de servicios a beneficiarse de su libertad como empresarios y de la libre circulación de los servicios que prestan en otros Estados miembros. 
Hay muchos indicadores fiables de que la plena aplicación de la directiva propuesta conducirá a la creación de 600 000 empleos en la Unión Europea y también reducirá en más de un 50 % las barreras existentes a la prestación de servicios. 
Además, habrá una reducción en el coste de los servicios que contempla la directiva, lo que beneficiará tanto a los consumidores como a las empresas que hagan uso de los servicios. 
Los consumidores europeos, las empresas y los Gobiernos también se beneficiarán a resultas de un aumento de la productividad, mayor empleo y salarios más altos. 
Esta sesión parlamentaria nos brindará la oportunidad de demostrar qué tipo de europeos somos. 
Confío en que demostremos valor, responsabilidad y sabiduría. 
Abogo por el compromiso, un enfoque que esta Cámara ha adoptado desde hace mucho tiempo. 
Pero no puedo aceptar una situación en la que, a pesar del difícil compromiso alcanzado y consagrado en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, algunos Grupos políticos responsables vuelvan a correr el peligro de sucumbir al chantaje y al fraude. 
Después de todo, ¿cómo describir si no la aprobación de más restricciones al ámbito de aplicación de la directiva y la eliminación del principio fundamental del país de origen? 
También espero que la Cámara rechace la eliminación de las disposiciones que prohíben las barreras ilegales para la prestación de servicios por parte de los trabajadores desplazados en el extranjero. 
Estas barreras no afectan a los ciudadanos de países específicos sino que limitan la libertad y la movilidad de todos los europeos, de los consumidores y de los empresarios. 
Concluyo con un llamamiento al señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y al Comisario McCreevy para que prosigan sus esfuerzos por alcanzar un verdadero mercado libre y el desarrollo económico de Europa. 
Eso es lo que también esperan de nosotros los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, igual que sucedió con el mandato quinquenal y con el tipo reducido de IVA para los restauradores, Jacques Chirac habrá mentido por tercera vez con la Directiva Bolkestein. 
No fue retirada en marzo de 2005 como había prometido, solo se aplazó el tiempo necesario para el referendo sobre la Constitución Europea. 
Hoy vuelve al Parlamento Europeo, un año después, enmendada y modificada, es cierto, pero igual de polémica. 
A juzgar por el gran número de enmiendas presentadas, 404, no se puede decir que se haya alcanzado el consenso tan buscado por la ponente de la Directiva de servicios, la señora Gebhardt. 
Nos dicen que se ha alcanzado un acuerdo entre los dos principales Grupos del Parlamento Europeo para retirar el principio del país de origen, principal escollo de la directiva. 
No es así en absoluto, puesto que ese compromiso solamente ha sido firmado por los representantes de los Grupos, pero no ha sido sometido a los propios Grupos. 
Es una extraña idea de la democracia representativa transmitida con la connivencia de los medios de comunicación. 
No nos dejemos impresionar por esos falsos rumores y atengámonos al texto del informe. 
Es un informe complejo, poco claro, ambiguo, contradictorio y, lo que es más, peligroso. 
No solo los servicios de interés económico general, es decir, los servicios de mercado públicos, siguen figurando en el informe, con algunas excepciones, sino que han desaparecido algunas salvaguardias. 
En aras de la simplificación, el régimen de autorización previa se ha suprimido y se ha sustituido por el muy burocrático sistema de ventanilla única europea. 
De hecho, Bolkestein no es más que un títere de la OMC, cuyo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios impondrá el principio del país de origen a los Estados, muy contentos de subirse al carro ginebrino. 
El riesgo de dúmping social no está descartado, desde el momento en que la Comisión Europea puede apoyarse en una mayoría de Estados liberales deseosos de beneficiarse de sus ventajas comparativas. 
Como todas nuestras competencias se han transferido a Bruselas, en especial en materia de competencia, no debería sorprendernos que arremetan contra nuestros servicios públicos, se opongan a nuestros colegios profesionales y se haga caso omiso de nuestras peculiaridades. 
El nuevo orden mundial no soporta las resistencias nacionales. 
Todo debe uniformizarse por ley o por la fuerza del mercado; a falta de tiempo, el mercado se encargará de destruir los elementos más preciados de nuestra industria, nuestro comercio, nuestra artesanía y nuestras profesiones literales, antes de atacar nuestros servicios sanitarios y de enseñanza y nuestra cultura. 
Eso es contra lo que luchamos. 
. – Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario quiero decir que fue un placer que la ponente tuviera en cuenta todas las cuestiones que planteamos. 
Todos en esta Asamblea saben cuánto tiempo se ha dedicado a esta directiva. 
A juzgar por las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo del PPE-DE y el Grupo del PSE, en el mes pasado se ha notado bastante el espíritu de San Valentín. 
Es una vergüenza que esos compromisos se alejen tanto del texto aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, tras algunos heroicos esfuerzos del señor Harbour, el ponente alternativo. 
Personalmente creo que a veces las concesiones son necesarias, pero no estos compromisos, no ahora en una Europa donde es verdaderamente necesaria la reforma económica. 
El Presidente Barroso, como comunista reformado, sabe que a menudo en política casi todo del ruido procede de los extremos políticos. 
Muy a menudo es la izquierda la que chilla más. 
De hecho, unas 30 000 personas se manifiestan hoy en Estrasburgo con la intención de proteger los mercados en los que operan. 
Aunque eso pueda hacer que se sientan más cómodos a corto plazo, no les ayuda en sus perspectivas de empleo a largo plazo. 
Se han olvidado de los 20 millones de personas que actualmente están en paro en todo nuestro continente. 
Si no liberalizamos, si no mantenemos el principio del país de origen, en el futuro muchas otras personas se sumarán a esos 20 millones y muchas otras seguirán estancadas. 
Como era de esperar, señor Presidente, siendo conservador no suelo estar de acuerdo con mi Primer Ministro, el señor Blair. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con su Gobierno cuando dice que esta directiva ya está muy aguada. 
Me pregunto si los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo están de acuerdo. 
Es un reto para esta Asamblea que votando a favor de las enmiendas aprobadas en la Comisión del Mercado Interior establezca una directiva que permita a Europa recorrer el camino de la liberalización y no solo hablar de ella, y que cree nuevos puestos de trabajo y no se limite a proteger la situación actual. 
. – Señor Presidente, debo el privilegio de intervenir en este debate a un resultado desafortunado de la discusión del informe de la señora Wagenknecht en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Al final, tras la votación en comisión, ella retiró su nombre del informe. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nuestra ponente de opinión, la señora Wagenknecht, quiso proponer el rechazo de la directiva porque el artículo 16 estipula el principio del país de origen, que no es compatible con el principio de subsidiariedad, pone en peligro los servicios de interés general y puede comportar un dúmping fiscal, social y ambiental, poniendo en peligro los fundamentos mismos del modelo social europeo. 
Nuestra ponente propuso también oponerse al principio del país de origen y a la llamada Directiva «Bolkestein» , que de ahora en adelante deberíamos llamar «Directiva McCreevy» , puesto que ponía en competencia 25 sistemas jurídicos, generaba inseguridad jurídica y podía conducir a una competencia desleal entre las empresas, que no estarían ya sujetas a las mismas condiciones. 
Por desgracia, con su voto, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no la siguió. 
Por lo que respecta en particular al principio del país de origen, nuestra comisión pensó que debía ser la norma, aunque probablemente esto será rebatido en el Pleno. 
No obstante, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios consideró que debían excluirse cierto número de servicios, en la medida en que son objeto de reglamentaciones específicas que figuran en otros instrumentos comunitarios. 
Se trataba en particular de los servicios financieros. 
El riesgo de incoherencia de semejante base de exclusión quedó felizmente descartado por la votación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Espero que suceda lo mismo en el Pleno. 
No es menos cierto que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios descartamos asimismo la liberalización de los servicios de interés económico general, la privatización de las entidades públicas que prestan servicios y defendimos la idea de que esta directiva no debe atentar contra las normas comunitarias que rigen la competencia y las ayudas estatales. 
Señor Presidente, en este momento hay más de 30 000 manifestantes fuera de este edificio. 
Han venido para manifestarse en contra de la Directiva de servicios. Y no es la primera vez que los ciudadanos de Europa nos hacen saber que no están a favor de esta propuesta de liberalización. 
Si bien soy consciente de que muchos de los diputados presentes probablemente apoyarán la directiva, no es la primera vez que esta Cámara se muestra totalmente incapaz de representar a la opinión pública europea. 
Un ejemplo es el fracaso de la Constitución Europea. 
Se ha dicho mucho sobre el famoso compromiso entre los dos grandes Grupos. 
Es típico que un tema importante como este sea tan a menudo objeto de intrigas. 
Esto es indigno de una democracia. 
También es un compromiso cobarde porque, en lugar de tomar una decisión política clara, se está pasando la responsabilidad a los tribunales. 
Aunque la propuesta original de Bolkestein era inaceptable en todos los aspectos, al menos era clara. 
Con este compromiso, el Parlamento solo está demostrando su falta de poder político y pronto los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente sufrirán esa falta de poder. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria todo ha sido muy diferente, ya que una amplia mayoría ha tenido el valor político de rechazar la propuesta original, el principio del país de origen y la socavación de los servicios públicos y las estructuras sociales. 
Es una pena que los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor hayan demostrado menos sentido común en su votación. 
Espero que el jueves esta Cámara demuestre tener mucho más sentido común. 
. Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta semana es bastante crucial para la credibilidad de la Unión Europea y de esta Cámara en particular. 
Se están haciendo peticiones a los responsables políticos europeos y a esta Cámara, y tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cumplirlas. 
Continuamente afirmamos nuestro deseo de reducir el desempleo masivo, pero solo seremos creíbles si hacemos algo por las personas que no tienen trabajo, y podemos hacerlo ahora. 
Esta semana votaremos sobre la directiva de servicios que, si se aplica, será capaz de crear 600 000 nuevos empleos en Europa, siempre y cuando se apruebe en la misma forma que se aprobó en mi Comisión de Industria o en la Comisión de Mercado Interior. 
El compromiso ha tenido en cuenta las críticas justificadas a la propuesta original de la Comisión, al tiempo que garantiza una nueva inyección de dinamismo en el mercado de los servicios de la UE. 
La Comisión de Industria ha aceptado mi opinión y solo seis miembros han votado en contra, pero el intento de alcanzar el compromiso que hoy tenemos ante nosotros, el resultado del regateo entre los dos grandes Grupos da fe de su desprecio por las comisiones especializadas y el laborioso trabajo que han realizado. 
En el análisis final, el denominador común es tan pequeño que no justifica los esfuerzos de los últimos años. 
Este compromiso no solo constituye un ataque al principio del mercado interior, al que debemos nuestra prosperidad e integración, sino también una bofetada a los nuevos Estados miembros, que han quedado prácticamente excluidos de las negociaciones. 
La votación sobre la Directiva de servicios nos da la oportunidad de contribuir a la estrategia de Lisboa en el ámbito europeo, porque sabemos que los Estados miembros están haciendo un esfuerzo por hacer lo que prometieron, y esta Cámara irá a la deriva si no consigue enviar un mensaje claro sobre la necesidad de nuevos empleos. 
A los sindicatos, que siguen difundiendo mentiras y miedo, no les importan estos argumentos. 
Hoy veremos a 30 000 sindicalistas bien organizados intentando impedir la creación de 600 000 nuevos empleos. 
Algunos están aquí para intentar conservar lo que ya tienen. 
Ahora tenemos la oportunidad de afirmar de manera clara nuestro deseo de que Europa sea un lugar mejor para hacer negocios. 
Aprovechémosla. 
. – Señor Presidente, en 1957 los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea se comprometieron a realizar un gran mercado en el que circularían libremente las personas, las mercancías, el capital y los servicios. 
Casi 50 años más tarde, solo queda por aplicar la libre circulación de los servicios. 
La propuesta de Directiva relativa a los servicios, que se inscribe en el proceso de reformas económicas lanzado por el Consejo Europeo de Lisboa para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en 2010, representa, tal como se nos propone hoy, un importante paso adelante político para la Unión Europea. 
Durante 18 meses, el Parlamento Europeo se ha esforzado por reescribir la propuesta inicial de la Comisión a fin de llegar a una versión profundamente modificada. 
Se trata de una versión equilibrada cuyo objetivo es conciliar la eficacia económica mediante la apertura del mercado de servicios y la justicia social mediante la preservación de las conquistas sociales que protegen a los ciudadanos de la UE. 
Esta versión reconoce también el carácter específico de determinados servicios, en particular los servicios culturales y audiovisuales, que son portadores de identidad y valor y, en este sentido, no pueden considerarse bienes de consumo o servicios comerciales como los demás. 
Además, los servicios audiovisuales son objeto ya de un enfoque sectorial a escala comunitaria a través de la Directiva de «Televisión sin fronteras». 
Esta última responde a los objetivos fijados por la Directiva de servicios, es decir, garantiza la libre prestación de servicios al mismo tiempo que permite perseguir otros objetivos, como la promoción de contenidos europeos, el respeto de la diversidad cultural y el fomento del pluralismo de los programas. 
Teniendo en cuenta estos principios, la Comisión de Cultura y Educación, seguida por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, se ha pronunciado, por una amplia mayoría, a favor de la inclusión de una cláusula de reserva cultural y la exclusión de los servicios audiovisuales del ámbito de aplicación de la directiva. 
En efecto, es esencial que la Directiva de «Televisión sin fronteras» , hoy en curso de revisión, siga siendo el único texto de referencia en la materia. 
Pero es igualmente necesario que vea la luz una Directiva de servicios para que podamos crear un verdadero mercado interior de los servicios en la Unión Europea. 
Para concluir, quiero felicitar a la señora Gebhardt por la calidad de su informe, pero también al señor Harbour, a la señora Thyssen, al señor Toubon y al señor Karas por su gran esfuerzo por elaborar un texto a favor del cual votaremos con mucho gusto el jueves. 
. Señor Presidente, Señorías, solo dispongo de dos minutos, pero son suficientes para subrayar algunos puntos importantes. 
Tras el debate público, uno podría tener la impresión de que la libertad de prestar servicios es algo que se había inventado esta directiva, pero de hecho tiene la fuerza de la ley. 
El problema es que es una ley que muchos países no cumplen; en su lugar, han levantado barreras y usan todo tipo de artimañas para frustrarla. 
Todo lo que hay que hacer es eliminar ese proteccionismo, ya que de eso tratan todas esas artimañas, y esta directiva nos proporciona los medios legales adecuados para hacerlo. 
La integración política y económica de Europa en el sector de los servicios, que representa el 70 % del PIB, será beneficiosa para todos. 
Pero no es crucial para los grandes actores globales o en términos de valor accionista, y sobre este punto quiero hacer referencia a lo que ha dicho el Presidente Barroso y el señor Watson. 
Los grandes actores globales no necesitan la directiva, porque tienen filiales y agencias en todas partes a través de las cuales ofrecen sus servicios, pero sin duda es crucial para las pequeñas y medianas empresas. 
También beneficia a los particulares en forma de más elección y libertad, en especial a los trabajadores, porque generará más empleo, y el empleo es la mejor forma de política social. 
Algunos están usando a un Comisario que ya no está aquí para defenderse como pretexto para evocar términos como mercado libre liberal, mercado libre radical y neoliberal, lo cual no conduce a ningún sitio y es alarmista. 
Lo que importa es el texto, porque con él se harán avances importantes. 
A mí también me hubiera gustado que las votaciones en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la que hoy represento, hubieran aprobado menos derogaciones. 
Pero hay algunas cosas que me parecen decisivas. 
En primer lugar, no se está haciendo nada para empeorar la situación actual. 
En segundo lugar, el progreso es una certeza absoluta; la única cuestión es que tal vez no sea suficiente. 
En tercer lugar, no se está impidiendo a nadie que tome medidas más tarde, cuando haya llegado la hora. 
Es muy posible que esa hora llegue antes de lo que imaginamos. 
. Señor Presidente, no hay nada malo en querer reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios en el marco de un mercado único, siempre y cuando se haga de forma responsable, garantizando que ello no menoscaba los derechos sociales y ambientales, y avanzando hacia una armonización a escala europea de la legislación de servicios. 
Pero, tal y como está planteada, esta propuesta de directiva plantea numerosos riesgos, muchos de los cuales ya se han evocado. 
En mi condición de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, voy a referirme específicamente a aquéllos relacionados con la dimensión de género. 
Los riesgos para las mujeres tienen que ver básicamente con la creación de empleo femenino y con sus condiciones laborales, así como con su condición de consumidoras de servicios. 
En primer lugar, la puesta en marcha de la directiva en sus términos actuales conllevaría, sin duda, efectos negativos sobre el empleo femenino, especialmente, en los sectores con mano de obra mayoritariamente femenina. 
Lo que se necesita hoy, y se ha dicho en varias ocasiones, es mayor inversión en formación y, por tanto, un incremento del gasto público y no, como plantea esta directiva, simplemente mayor competencia. 
Por lo demás, es preocupante que la Comisión no haya llevado a cabo un análisis del impacto social y laboral, sobre todo, teniendo en cuenta los efectos que hemos visto en otras liberalizaciones anteriores, las cuales han conllevado la destrucción de numerosos puestos de trabajo y en muchas ocasiones han erosionado también la cohesión social. 
Por otro lado, la liberalización de los servicios sanitarios y sociales podría conducir a un deterioro del bienestar social y de la cobertura en cuidados sanitarios en favor de seguros privados, lo que afectaría sobre todo a las mujeres en tanto que principales consumidoras de estos servicios. 
Por último, la aplicación del principio del país de origen, tantas veces mencionado, a proveedores de servicios, podría provocar abusos y manipulaciones ya que en los ámbitos que no están armonizados a escala europea, que son la mayoría, este principio permitiría la coexistencia de varios regímenes nacionales y permitiría también la yuxtaposición, en su caso, de veinticinco reglamentaciones nacionales, lo cual repercutiría en que las consumidoras no supieran a quién y cuándo reclamar. 
. Señor Presidente, la Comisión de Peticiones ha apoyado el proyecto inicial de la Directiva de servicios. 
Acogimos con satisfacción incluso la propuesta anterior del Comisario Bolkenstein. 
Estoy obligado a recordárselo a la Cámara. 
En el transcurso de nuestras conversaciones y deliberaciones sobre el tema en la Comisión de Peticiones también hemos afirmado que, en nuestra opinión, la integración europea está basada en lo que suscribimos, es decir, las cuatro libertades fundamentales. 
Dichas libertades tenían que representar una nueva oportunidad para Europa. 
Tenían que hacer posible el éxito de la Estrategia de Lisboa. 
Queríamos que la integración europea fuera una realidad. 
Estamos totalmente a favor, pero solo en lo que respecta a lo que suscribimos. Y lo que suscribimos era básicamente la integración económica europea. 
Nos entristece escuchar que algunos Estados miembros no están contribuyendo a la integración. 
Estoy preocupado por la idea de alcanzar un compromiso y pasar por alto las diferencias de opinión. 
Eso engañaría a la opinión pública europea. 
Los ciudadanos tienen que saber que, al igual que la opinión está dividida fuera, también lo está en esta Cámara. 
No queremos crear la impresión de que nadie quiere libertad económica y que nadie quiere ayudar a que Europa se convierta en la principal fuerza motora y no en una de las muchas fuerzas motoras del éxito europeo. 
Me ha entristecido escuchar referencias al dumping social en la Cámara. No es coherente con una economía normal y sana. 
No me sorprende que los manifestantes de hoy estén tan contentos, porque parece que van a tener éxito. 
Conseguirán el tipo de éxito que los sindicalistas bien pagados siempre consiguen. 
Señor Comisario, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la señora Gebhardt por el duro trabajo que ha realizado hasta la fecha. 
Le tengo un gran respeto. 
También quiero dar las gracias a los diputados de los demás Grupos. 
Creo que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado en las últimas semanas. 
No se ha debatido nada a puerta cerrada; se ha celebrado un debate abierto. 
También estoy en deuda con los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En efecto, vamos a enviar un mensaje contundente, porque esta Cámara tiene ahora una gran responsabilidad. Tenemos que demostrar que es posible crear un mercado interior de servicios en un intento de desarrollar plenamente nuestro modelo social. 
Por ello tenemos que votar a favor de una directiva que cierre el paso al dúmping social. 
Esto también recuerda a uno de los mensajes que ha enviado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Creo que los ciudadanos de Estrasburgo pueden estar de acuerdo con esos mensajes, y también la mayoría de nuestros colegas diputados. 
En primer lugar, creo que hay suficiente material sobre la mesa, como el cumplimiento de la legislación laboral, la protección social, los convenios colectivos y las relaciones laborales, incluidas las acciones colectivas, que la Cámara puede incorporar para ofrecer garantías absolutas. 
En segundo lugar, mi comisión ha dicho que la Directiva de servicios no debe socavar de ninguna manera las disposiciones sociales europeas existentes. 
La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, en particular, es una cuestión delicada a este respecto. 
Muy a menudo, se considera que la Directiva de servicios es una carta blanca para la eliminación progresiva de las condiciones laborales de los trabajadores y el recorte de salarios, y en algunos países –de hecho, en un buen número de ellos– últimamente se ha informado de incidentes derivados de prácticas fraudulentas. 
Hemos visto ejemplos como Laval en Suecia, Struik Foods en Bélgica e Irish Ferries, pero hay muchos más. 
Estas prácticas son sencillamente ilegales, pero como la Directiva de servicios amenaza con dificultar todavía más la inspección, es importante que aclaremos que los artículos 24 y 25 están eliminados mientras que la Directiva de servicios permanece plenamente en vigor. 
Pero este no es el final. 
En efecto, señor McCreevy, tendremos que tomar medidas para que los empresarios de buena fe tengan un mejor acceso a la información y las medidas antiburocráticas. Sin embargo, señor Comisario, también necesitamos tomar medidas para garantizar que la legislación sobre el desplazamiento de trabajadores, que en teoría es buena, se cumpla. 
Es demasiado fácil eludir esta legislación y hay demasiados ejemplos de mal uso de la misma. 
En tercer lugar, mi comisión ha dicho que hay que hacer algo con respecto al ámbito de aplicación de esta directiva. 
Es positivo que ya haya un consenso para eliminar los servicios sociales, los servicios sanitarios, las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad de esta directiva, porque trabajan de una forma completamente diferente. 
De hecho, mi comisión opina que tienen que excluirse todos los servicios de interés económico general, por la sencilla razón de que no tienen una razón de ser comercial, sino que la principal intención es dar un servicio de interés general, o dicho de otro modo, garantizar los derechos humanos básicos. 
Creo que sería positivo que se eliminaran de la directiva. 
Seré breve respecto del principio del país de origen. 
Según la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, este principio es inaceptable. 
Creo que el compromiso que está sobre la mesa es bueno, porque permite que los países donde se presta el servicio sigan tomando medidas legislativas en beneficio del interés general. 
Para concluir, espero que el jueves esta Cámara pueda enviar un mensaje contundente –en forma de un nuevo texto revisado– a la Comisión y al Consejo sobre el ajuste social radical al documento original de la Comisión que este Parlamento Europeo apoya, porque solo entonces podremos convencer a los ciudadanos de que lo que esta Cámara ha elaborado no es un permiso para el dúmping social. 
– Señor Presidente, hace ya más de dos años que empecé a trabajar en torno a esta directiva y desde el principio he estado convencido de que sus objetivos y la ambición de abordar las barreras al mercado interior de los servicios han sido totalmente correctos. 
¿Por qué se ha tardado dos años? 
Al final de la anterior legislatura ya estaba lista; hemos visto algunas de las cuestiones planteadas en las numerosas intervenciones de hoy, que, en muchos casos, han exagerado los problemas pero han minimizado las oportunidades. 
Después de la altisonante retórica que hemos podido escuchar hoy en torno a cuestiones como el dúmping social y otros, que nunca he creído que surgirían de esta directiva, es muy importante que no olvidemos las oportunidades, así que voy a hablar un poco sobre ellas esta noche. 
En primer lugar, quiero agradecer en particular a todos los diputados de mi Grupo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que han trabajado incansablemente conmigo para reformular este texto. 
Calculo que tres cuartas partes de todas las enmiendas al texto sobre las que votaremos el jueves proceden de nuestro Grupo. 
En particular, toda la idea de una cláusula central llamada «libertad de prestación de servicios» la desarrollamos nosotros en la fase previa a la votación de la comisión. 
Esta cláusula formará la base del compromiso que quiero recomendar esta tarde a todos mis colegas. 
También quiero dar las gracias a los colegas del Grupo ALDE y del Grupo UEN que nos ayudaron a obtener un resultado muy importante en la comisión el pasado mes de noviembre. 
Es uno de los temas que más debate y controversia han suscitado en los dos últimos años. 
Este será el último debate de este ciclo, pero estoy seguro de que tendremos muchos más. 
En el centro del debate ha estado la señora Gebhardt, una ponente trabajadora y decidida. 
Aunque no esté escuchándome –creo que está ocupada con su lista de votación–, quiero rendir homenaje a ella y a la manera muy cortés y meticulosa de dirigir nuestro trabajo en torno a una propuesta muy complicada y difícil. 
He dicho que quiero examinar el efecto del conjunto de la directiva, porque deberíamos pensar en particular en las pequeñas y medianas empresas, que se frustran constantemente por su incapacidad para acceder en estos momentos al mercado interior. 
Hay toda una serie de disposiciones en esta propuesta –no menos de 81 disposiciones sobre los Estados miembros– para abordar estos tipos de barreras, porque las empresas quieren poder entrar en los mercados; quieren poder empezar sin barreras innecesarias y burocráticas; quieren poder enviar a sus expertos a otros países. 
Pero también quieren saber que no estarán sujetas a restricciones desproporcionadas e innecesarias, y esto incluye exigirles que cumplan conjuntos de reglas por duplicado y obtengan autorizaciones que ya han conseguido en sus propios países. 
No creo que esto sea razonable. 
Los tribunales europeos no creen que sea razonable y que esto esté recogido en este compromiso. 
Si ese es el devastador principio del país de origen, entonces, ¿de qué hemos estado discutiendo todo este tiempo? 
Está en la jurisdicción del Tribunal de Justicia. 
Mi lectura de este compromiso es que no está en modo alguno rebajado y debemos asegurarnos de que no quede rebajado cuando lleguemos a la votación. 
Se ha mencionado el papel de la Comisión. 
Si el Comisario McCreevy también me escuchara –cada vez que me dirijo a alguien, ese alguien está hablando–, le diría que como Comisario tiene una responsabilidad crucial en ese sentido. 
No quiero que se limite a elaborar una propuesta basada palabra por palabra en este texto. 
Tenemos que trabajar más en torno a ella, porque es necesario que beneficie a las empresas, de lo contrario no tiene ningún sentido. 
Creo que podemos hacerlo. 
Para concluir, quiero decir al señor Bartenstein –y todavía llevo mi corbata austriaca, porque le dije que la llevaría mientras vislumbráramos un acuerdo claro– que aún puede conseguir que esto se ponga sobre el tapete de la cumbre económica de marzo si pone en ello todo su empeño. 
– Señora Presidenta, rara vez un proyecto de directiva habrá suscitado tantas pasiones. 
Bolkestein se ha convertido en el Salvador para unos y el Anticristo para otros. 
Pero, a juzgar por ciertos discursos, está claro que pocas personas han leído realmente el texto inicial. 
Muchos de los que se oponen no se han dado cuenta de que el Parlamento ha reescrito por completo la denominada propuesta «Bolkestein» y aun así siguen reclamando que rechacemos la directiva. 
Yo les pediría que no lo hagan. 
El Parlamento debe hacer su trabajo de legislador, si no el Tribunal de Justicia Europeo impondrá su jurisprudencia, cosa que podría ser peligrosa. 
Actualmente están pendientes ante el Tribunal de Luxemburgo 53 asuntos relativos a la libre prestación de servicios. 
El Tribunal espera manifiestamente alguna aclaración por parte del legislador europeo. 
Si el Parlamento Europeo no hace su trabajo, el Tribunal hará el suyo. 
Pido que se vote a favor del compromiso establecido entre la señora Gebhardt y el señor Harbour, que abre el mercado interior de los servicios al mismo tiempo que evita la competencia salvaje y desleal y salvaguarda el derecho de cada Estado a defender de un modo no discriminatorio su modelo social y sus servicios públicos. 
La propuesta Bolkestein fue torpe, intentó obviar el método comunitario de armonización progresiva con el principio del país de origen. 
Ahora bien, este principio no está consagrado en los Tratados, aun cuando se haya utilizado, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal, para favorecer la libre circulación de mercancías. 
Pero los servicios los prestan seres humanos, que deben estar protegidos contra el dúmping social. 
El principio del país de origen era un incentivo al menor postor reglamentario, pero el principio del país de acogida invita a un proteccionismo ciego y brutal. 
Hay que abolir el proteccionismo y los obstáculos al comercio que se han acumulado desde 1957, sobre todo en los Estados miembros fundadores. 
El Tratado de Roma consagró el objetivo de la libre circulación de servicios. 
Estamos lejos de ello, aun cuando nuestros países se hayan convertido en lo esencial en economías de servicios. 
No todos los servicios son exportables. 
Los servicios públicos seguirán dependiendo de las autoridades públicas. 
Para los servicios públicos comerciales, los Estados tienen la facultad de definir qué entienden por servicios de interés económico general y regular su organización y financiación. 
En algunos países se intenta deificar el concepto de servicio público sin preguntarse si los servicios públicos son realmente servicios al público. 
Es difícil aceptar que Francia, por ejemplo, intente preservar sus denominados mercados de servicios públicos cuando empresas públicas y privadas francesas están saqueando otros mercados. 
El equilibrio que se ha encontrado gracias al trabajo de la señora Gebhardt, el señor Harbour, la señora Lancker, la señora Thyssen y algunos otros garantiza el control por los Estados de los servicios a los ciudadanos, al mismo tiempo que se evitan las medidas discriminatorias. 
Terminaré, señora Presidenta, diciendo que la aprobación de la directiva modificada hará caer la directiva Bolkestein en el olvido. 
Gracias a las nuevas facilidades, en particular las ventanillas únicas, el mercado interior de la Unión progresará. 
Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre la Directiva de servicios ha suscitado fuertes emociones y aún no estamos completamente en calma. 
En democracia se toman decisiones a través del debate, y a veces se trata de un largo debate. 
A resultas de los debates en el Parlamento Europeo se ha mejorado la propuesta de la Comisión; ahora es aceptable. 
La directiva no ha quedado aguada con enmiendas: es una cuestión del funcionamiento de la democracia. 
Algunos dicen que los diputados al Parlamento Europeo tienen miedo de llevar a cabo reformas atrevidas y que tenemos miedo de sacar adelante la directiva original. 
En respuesta a eso quiero decir que no estamos trabajando en una torre de marfil. 
Tenemos en cuenta las preocupaciones legítimas cuando es necesario, y modificaremos la directiva si lo creemos oportuno. 
Escuchamos a la opinión pública, y así tiene que ser. 
Esto se llama democracia, que la Unión Europea afirma respetar y que incluso vende al mundo exterior. 
Estoy dispuesto a apoyar propuestas razonables para llegar a un compromiso, porque es mejor tener alguna clase de armonía imprecisa que un gran desacuerdo. 
Pero estoy seguro de que podremos alcanzar un buen consenso respecto de esta cuestión. 
Será positivo para el mercado interior europeo. 
Por otra parte, tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros no tengan libertad para impedir la circulación comercial de los servicios por motivos demasiado endebles. 
Para concluir, quiero dar las gracias a la señora Gebhard y a todos los presentes, incluido el Comisario McCreevy. 
– Señora Presidenta, también yo quiero sumarme a la gratitud expresada por otros a la señora Gebhardt y la señora Van Lancker por su excelente labor, pero asimismo por la lealtad y el espíritu de cooperación que han mostrado tanto con mi Grupo como con los demás. 
Dicho esto, y tras haber escuchado la intervención del señor Harbour, después de la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, no estoy realmente seguro de que el famoso texto común signifique lo mismo para todos, lo que me preocupa y me reafirma en la idea expresada por la señora Rühle de que quizás se trate de un compromiso que incremente la inseguridad jurídica en vez de reducirla. 
Señor McCreevy, el señor Barroso ha hablado de un malentendido. 
Está claro que el malentendido se debe en especial al famoso principio del país de origen. 
Todos deseamos la creación de puestos de trabajo, pero no se crea empleo simplemente aumentando la competencia y bajando los precios con vistas a incrementar la demanda. 
La demanda aumenta cuando la gente –tanto los ciudadanos como los trabajadores– tiene confianza. 
Para que tengan confianza, es necesario que estén convencidos de la equidad de las reglas de competencia. 
Por esta razón, el principio del país de origen no solo no existe jurídicamente en los Tratados, sino que, a mi juicio, sería económicamente desastroso. 
No queremos una Unión de 25 en la que se desarrolle una competencia de «norma nacional contra norma nacional». 
Si queremos enviar señales políticas positivas a los nacionales de los nuevos Estados miembros, dotémonos de un presupuesto a la medida de la solidaridad que debemos demostrar; hagamos, como ha aconsejado la Comisión –y al decir esto me dirijo a la Presidencia del Consejo–, que todos los Estados miembros levanten las restricciones a la libre circulación de los trabajadores; hagamos que el 1 de mayo de 2006 sea efectivamente un 1 de mayo para todos los trabajadores de los 25 países de esta Unión Europea. 
Por último, señor McCreevy, durante la legislatura anterior, una mayoría de miembros del Parlamento Europeo que se expresaron en el Pleno pidieron en dos ocasiones a la Comisión una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general –también llamados servicios públicos– para evitar que se vean sometidos a la jurisprudencia del Tribunal o sean objeto de excepciones con respecto al derecho de la competencia. 
Hemos contraído ese compromiso electoral: tratar, en paralelo, una directiva marco sobre los servicios de interés general y una directiva sobre el mercado interior de los servicios. 
Al no presentar esta propuesta, usted, su actitud y su Comisión ocasionan un desequilibrio y generan o refuerzan la desconfianza que sienten una parte de los ciudadanos. 
Desde este punto de vista, usted no alienta la realización de una Unión de 25 en la que prevalezcan la solidaridad entre el Este y el Oeste y la igualdad de trato para todos los trabajadores. 
Señora Presidenta, Señorías, siempre se cuentan las mismas mentiras para justificar las políticas neoliberales, que se crearán empleos y se fomentará el crecimiento, y hoy las hemos escuchado repetidamente. 
Pero, de hecho, la reconstrucción neoliberal de Europa durante los últimos quince años ha tenido el efecto contrario. 
Cada nueva ronda de medidas de liberalización efectivas ha dejado sin empleo a miles de personas y las ha sumido aún más en la pobreza. 
Cada abuso de los derechos de los trabajadores reduce su poder adquisitivo y, por tanto, impide el crecimiento. 
Están los que quieren un capitalismo a toda costa, y la directiva Bolkestein es uno de sus grandes proyectos; si se hace realidad, asistiremos a los albores de una Europa en la que imperen las fuerzas del mercado y el beneficio, en la que la calidad y las normas ambientales se degraden y la espiral descendiente de los salarios y la seguridad social se acelere de forma intolerable. 
El endeble compromiso alcanzado por los conservadores y los socialdemócratas aún apunta en esa dirección; en ámbitos esenciales como el suministro de agua o la educación, aún está presente la filosofía de libre mercado de la directiva original. 
El principio del país de origen aún no ha sido enterrado –como ha quedado muy claro en las intervenciones de ambas partes–, sino que se ha dejado en manos del Tribunal de Justicia Europeo. 
Recordando las sentencias pasadas de ese tribunal, no es probable que los principales grupos de presión tengan problemas al respecto. 
No queremos una directiva Bolkestein; no queremos una Europa Bolkestein. 
No queremos una Europa que use los conceptos de igualdad de oportunidades y de libertad de prestación de servicios como excusa para crear las mejores condiciones posibles para las grandes empresas y para permitirles maximizar sus beneficios a costa de los trabajadores y los consumidores. 
No queremos una Europa en la que los servicios básicos de interés general se conviertan en los juguetes de las fuerzas de mercado capitalistas. 
Tenemos que detener y cambiar la manía privatizadora. 
La resistencia a ese brutal proyecto neoliberal tiene que continuar. 
Gracias a ese compromiso se están celebrando las protestas, y creo que no hemos llegado al final de esta historia. 
La lucha contra la directiva tiene que continuar hasta que… 
– Señor Presidente, Señorías, asistimos a la mascarada Bolkestein, que ha vuelto al Parlamento Europeo. 
Este compromiso, este disfraz, este engaño, es a la vez una mentira y un escándalo. 
Una mentira porque quieren hacernos creer que la Directiva Bolkestein ha sido vaciada de su esencia, de su contenido. 
¡Nada más falso! 
El principio del país de origen está ahí, de eso no cabe ninguna duda, con la libertad de prestación de servicios, en particular para los artesanos autónomos. 
El principio de prevalencia del Derecho nacional sobre el Derecho europeo está ausente, y hemos escuchado en varias ocasiones, a varios oradores, explicarnos que todo esto dependía del arbitraje del Tribunal de Justicia Europeo, cuya jurisprudencia ya conocemos. 
Es un escándalo. 
Ahora, viendo las últimas enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, se diría que es una lástima que la Directiva relativa a los servicios no se aprobara antes de la última ampliación de la Unión Europea. 
Está claro que la opinión pública de los antiguos Estados miembros, a la que han hecho caso los dos Grupos políticos más grandes, percibe actualmente cualquier medida de liberalización del mercado como una amenaza, cuando en realidad el propósito de estas medidas es fortalecer la Unión Europea. 
Por ello, en primer lugar quiero rebatir la opinión errónea según la cual la liberalización del mercado de servicios solo beneficia al segmento inferior del mercado, a saber, los nuevos Estados miembros. 
En los sectores de servicios de alto valor añadido, como son los servicios financieros y de asesoría, este flujo ya es hoy en día mayor de los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. 
El movimiento de los servicios tras la liberalización no es y no puede ser de sentido único. 
Así, por ejemplo, la proporción de antiguos Estados miembros en el valor añadido total del sector de la construcción de la Unión Europea representa el 95 %, mientras que el porcentaje es aún mayor en el ámbito de los servicios financieros, a saber, un 98 %. 
Por esta razón, los mercados de los nuevos Estados miembros ocuparán sin duda un lugar permanente en el sector de servicios de los antiguos Estados miembros, con su alto valor añadido y su gran capacidad y disponibilidad de capital. 
La aplicación del principio del país de origen a la prestación de servicios abriría el mercado interior de la Unión Europea a los prestadores de servicios más importantes de los Estados miembros, las pequeñas y medianas empresas. 
El hecho de mantener el principio del país de origen canalizaría una parte de la presión competitiva del mercado laboral a la esfera empresarial. 
Esto tendría consecuencias positivas para el desarrollo de la actividad empresarial en toda Europa. 
Los empleados que trabajasen fuera de su país mantendrían un vínculo estrecho con sus países de origen a través de sus empresas nacionales. 
Lo que interesa a los nuevos Estados miembros es la exportación de bienes y servicios y no la exportación de mano de obra. 
Uno de los argumentos que se esgrimen en contra del principio del país de origen es el temor de que se vean amenazados los niveles de vida en los antiguos Estados miembros, pero la supresión de este principio o su limitación significativa haría que la Directiva relativa a los servicios fuera ineficaz, y ello, sin lugar a dudas, erosionaría dichos niveles en el futuro. 
– Señor Presidente, el texto inicial de la Directiva Bolkestein representaba una oportunidad para la Europa de los 25 y también para la Europa de los 15. 
Poco queda de aquel texto ahora. 
Los intereses nacionales han desbancado a los intereses europeos y el principio de solidaridad se ha visto barrido por el egoísmo del que han hecho gala algunos países. 
¿No será la preocupación por las condiciones sociales una simple cortina de humo para ocultar la preocupación por los mercados nacionales? 
¿Tiene algún valor el compromiso alcanzado por la derecha y la izquierda? ¿Merece nuestra confianza? 
Durante el debate que tuvo lugar recientemente en Francia sobre la Constitución Europea salieron a la luz serios recelos acerca de la última ampliación de la Unión. 
A pesar de ello, se iniciaron las negociaciones con Turquía. 
Los nuevos Estados miembros no suponen una amenaza para la Unión. 
En su forma inicial, la Directiva relativa a los servicios era una oportunidad para corregir el desequilibrio provocado por las injustas condiciones de adhesión impuestas a los nuevos Estados miembros. 
Sus ciudadanos no tienen derecho a trabajar en otra parte de la Unión y las subvenciones agrícolas son muy bajas. 
Al mismo tiempo, supermercados extranjeros y otras empresas, principalmente francesas, están cosechando beneficios récord en Polonia. 
Contratan a personas que trabajan hasta las 10 de la noche, domingos incluidos, por una quinta parte del salario normal, y prácticamente no pagan ningún impuesto a las arcas del Gobierno polaco. 
El señor Schulz, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, puede dormir tranquilo. 
Nuestros países saben mejor que nadie lo que es bueno para ellos. 
Ese programa ambicioso parece estar muerto y enterrado, aunque estaba en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Teníamos la opción de viajar hacia una Europa mejor en tren expreso o en bicicleta y elegimos la bicicleta. 
Hoy es el día de San Valentín, pero no hay muchas muestras de amor entre los Estados miembros de la vieja y la nueva Unión. 
– Señora Presidenta, desde el preciso momento en que vio la luz esta Directiva relativa a los servicios, los demócrata-cristianos flamencos se situaron entre los que la consideraban sumamente polémica. 
Su ámbito de aplicación era demasiado amplio para nuestro gusto y la tendencia a desregular demasiado fuerte. No se respetaba lo suficiente la devolución de poderes a los Estados miembros y la propuesta resultaba demasiado ambigua en muchas cuestiones. 
Todo ello dio lugar a que se extendiera el temor acerca de las consecuencias que podría tener esta Directiva, temor que se ha utilizado y del que se ha abusado, convirtiéndose progresivamente en el símbolo del abismo entre las instituciones y la opinión pública. 
Por otra parte, siempre supimos que el mercado interior de servicios es una necesidad y puede cambiar realmente nuestro grado de prosperidad. 
Si este Parlamento desea asumir una parte de la responsabilidad con respecto a la estrategia de crecimiento y empleo, una buena Directiva relativa a los servicios es nuestro instrumento por excelencia. 
La posibilidad de crear 600 000 puestos de trabajo no es algo que se pueda ignorar sin más. 
Esa es la razón por la cual no hemos votado nunca en contra y nos hemos mostrado desde el principio a favor de su revisión, y hasta el momento hemos logrado nuestro objetivo. 
Cualquiera que haya leído los textos y que los haya examinado en su contexto puede atestiguarlo. 
Con la votación realizada en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, los diputados y diputadas al Parlamento Europeo hemos orientado el debate. 
Hemos demostrado que la propuesta se puede modificar de forma que permita lograr el objetivo de reducir la burocracia y suprimir los obstáculos irresponsables a la libre circulación, sin que ello afecte a la protección social. 
Estoy muy orgullosa del resultado que ha alcanzado nuestro Grupo, bajo la dirección del señor Harbour en la citada comisión. 
Conseguimos introducir muchas de nuestras enmiendas con la ayuda del Grupo Unión por la Europa de las Naciones y del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Esta fue inequívocamente la base para proseguir con la labor de persuasión y atar cabos sueltos en las negociaciones de las últimas semanas. 
Quiero dar las gracias a todos los diputados, incluidos los del Grupo socialdemócrata, por su aportación, puesto que todos hemos puesto nuestro granito de arena para garantizar que tengamos ante nosotros un buen paquete de medidas. 
No debemos quedarnos ahora atascados con la letra pequeña. 
Es inevitable que tengamos puntos de vista divergentes en algunas cuestiones. 
Después de todo, las sensibilidades son diferentes en cada partido y en cada Estado miembro. 
En lugar de mirar a la izquierda o a la derecha, deberíamos mirar el conjunto de medidas que tenemos ante nosotros, medidas que nos ayudarán mucho en nuestro anhelo común de mayor crecimiento y mayor empleo. 
Conseguir una mayoría aplastante en la votación del jueves también contribuirá a cerrar una triple brecha: la brecha que hay entre las instituciones y la opinión pública, la brecha que se ha abierto –seamos lo bastante magnánimos para reconocerlo– entre los antiguos y los nuevos Estados miembros y también la brecha que existe entre la teoría del Tratado y las dificultades de hecho que han obstaculizado el desarrollo del mercado de servicios durante demasiado tiempo. 
Esperamos con impaciencia las propuestas que ha anunciado la Comisión y espero que consigamos nuestro objetivo el jueves. 
– Señora Presidenta, Señorías, este debate confirma las pasiones que ha levantado el proyecto de Directiva relativa los servicios en el mercado interior. 
Tanto los que se oponen como los que apoyan la propuesta han esgrimido argumentos en algunos casos un tanto sospechosos. 
Ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones que la libre circulación de servicios, que constituye uno de los cuatro pilares del mercado único interior de la Unión Europea, no se está llevando a la práctica. 
Esta situación prevalece desde hace ya tiempo y el hecho de que estemos intentando cambiarla justo después de una ampliación sustancial de la Unión Europea es una mera coincidencia, que en sí misma es uno de los factores que han motivado la reacción emocional. 
Si se aprueban los cambios acordados, los sindicalistas que están manifestándose frente a este edificio pueden descansar tranquilos. 
Sus temores de que se exporte mano de obra barata para prestar servicios no se materializarán. 
Como antiguo sindicalista, me alegro de que haya sindicalistas de los nuevos Estados miembros entre los manifestantes. 
Mucha gente se pregunta por qué. 
La respuesta es porque se solidarizan con los sindicalistas de los antiguos Estados miembros y porque la ampliación de la Unión Europea seguirá adelante. 
Lo que algunos quizá consideran irrelevante ahora puede parecer muy distinto cuando haya pasado otro año. 
La cuestión es saber si la directiva que debate el Parlamento será buena o mala. 
La cuestión más amplia es saber si, tras el aluvión de enmiendas, la directiva puede parecer tan incomprensible que sea mejor rechazarla. 
Si aprobamos la directiva con las enmiendas acordadas, daremos mucho trabajo a los juristas de todos nuestros países. 
En mi opinión, las instituciones europeas, como en muchas otras ocasiones, no elaboran directivas suficientemente claras y concisas para poder comprobar después sin dificultad si están se aplican y ejecutan correctamente. 
No me sorprende que la comunidad empresarial muestre tanto interés por la suerte de esta directiva. 
Las empresas del sector de los servicios, en particular de los servicios públicos, no sufren la presión competitiva que vemos en la industria. 
A mi juicio hay que suprimir de la directiva la disposición controvertida en virtud de la cual los Estados miembros pueden exigir que se cumplan requisitos adicionales en materia de política social o de protección del consumidor. 
No quiero que se distorsione la protección del consumidor y se convierta en proteccionismo. 
En la actualidad se manifiestan muchas opiniones en torno al tópico de la desconfianza que sienten los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. 
Demos un paso adelante eliminando uno de los elementos de esta disputa y votemos a favor de la directiva, siempre que se apliquen los compromisos que hemos alcanzado. 
Señor de Villiers, quiero informar de que hemos tenido un problema con el tiempo. 
Usted debería tener un minuto y medio y, sin embargo, solo se le ha asignado un minuto. 
Esto ha sido un error y no podemos aclarar de dónde procede. 
No obstante, cuando doy la palabra a alguien siempre indico de cuánto tiempo dispone. 
En el futuro agradecería que, en caso de discrepancia, lo diga de inmediato. 
Ahora le concederé un minuto para intervenir, porque es imposible hablar coherentemente en los 30 segundos que le quedan. 
– Señora Presidenta, evidentemente me parece muy lamentable que el azar haya querido que este error se haya deslizado en el momento en que debía intervenir uno de los principales portavoces franceses del «no» en el referendo. 
Por tanto, me ha quitados la palabra; puede usted protestar. 
El pueblo francés dijo «no» el 29 de mayo de 2005, «no» a la Directiva Bolkestein. 
Y me parece lamentable que se me quite la palabra, amputando un tercio de mi tiempo de intervención, justo cuando estoy diciendo que la Directiva Bolkestein fue expulsada sin ceremonias por el sufragio universal de una patada en el trasero dada por el pueblo francés, y he aquí que vuelve al Parlamento Europeo. 
Se trata pura y simplemente, para el pueblo francés, que va a ver esta noche las imágenes en todas las televisiones, de una provocación, porque el pueblo francés escuchó a Jacques Chirac, el Presidente de la República, decir el pasado mes de mayo que «Bolkestein se acabó». 
No se acabó, ¡esto es una provocación! 
– Señora Presidenta, Señorías, como miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, los diputados de la Unión para la Democracia Francesa somos, por supuesto, fervientes defensores de la libre circulación de servicios. 
Es necesario, es una verdadera necesidad, poner fin a las prácticas discriminatorias y proteccionistas de los Estados miembros y, por consiguiente, estamos a favor de una Directiva relativa a los servicios que se elabore aquí y no a través de la jurisprudencia del Tribunal. 
Pero exigimos que se encuentre un equilibrio entre esta libertad favorable al desarrollo económico de Europa y el respeto del Derecho laboral, la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores. 
Es cierto que habríamos preferido una auténtica armonización al texto torpe e imprudente que se nos ha propuesto. 
Todos aquí habríamos debido saber que este proyecto provocaría el rechazo masivo y justificado de la opinión pública europea. 
En el punto en que estamos ya, habríamos podido evitar este golpe añadido a la imagen de la construcción europea. 
Debo decir, señora Presidenta, que la falta de juicio político de la Comisión solo es equiparable a la de las autoridades gubernamentales francesas, que resultaron ser un socio inesperado en esta serie de patinazos. 
Pero, para ir al fondo, quisiera celebrar los progresos que se han realizado en nuestros debates del Parlamento. 
Señorías, podemos asegurar la protección del Derecho laboral suprimiendo los artículos 24 y 25. 
Podemos rechazar el principio del país de origen aprobando el compromiso del artículo 16, que se ha convertido en la enmienda «de transacción» 293, que por lo demás abre la vía a la armonización que tanto esperamos y deseamos. 
Podemos, espero, conseguir la exclusión de los servicios sociales y los servicios económicos de interés general de esta directiva votando nuestras enmiendas. 
A lo largo de todo este proceso hemos apoyado a las ponentes, la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, a quienes agradezco su capacidad de escuchar y su apertura de espíritu. 
Si el Parlamento sigue esta línea, cosa que deseamos, en la votación final podremos dar nuestro apoyo a este texto, porque habrá sido profundamente modificado. 
– Señora Presidenta, yo también quiero sumar mi voz a quienes han dado las gracias a la señora Gebhardt y a la señora Van Lancker por su notable labor en torno a este asunto. 
Al escuchar el debate de esta tarde he tenido la sensación de que la votación ya se ha celebrado, tal es la seguridad con la que se está hablando de lo que se ha aceptado y lo que no. 
Nada es definitivo hasta que votemos el jueves por la mañana. 
No cabe ninguna duda de que era necesario reescribir esta directiva. 
Es una pena que lo esté haciendo el Parlamento; pedimos a la Comisión que la retirara de la mesa y la reescribiera, pero no lo haría. 
Tal y como han dicho otros, a muchos de los aquí presentes nos ha parecido que el comportamiento de la Comisión durante todo el debate sobre la directiva ha sido muy problemático. 
Hemos sido incapaces de aclarar las cosas; hemos sido incapaces de obtener respuestas a preguntas concretas; y ha habido una falta de respuesta pública a las enmiendas presentadas, sobre todo en nuestras reuniones de la comisión, así como una falta de evaluación efectiva del impacto social, que podría haber contribuido a aplacar los miedos en este sentido. 
Es cierto que hay pocos puntos de desacuerdo, pero sin duda son importantes. 
Si nos fijamos en el contexto internacional, para algunos de nosotros se trata del AGCS, donde hemos oído ciertas cosas en relación con lo que hay realmente, en teoría, sobre la mesa, y después hemos oído hablar de posiciones de negociación entre bastidores que conducen a otra cosa. 
Muchos de nosotros hemos tenido grandes problemas con toda la teoría del país de origen –no creo que sea un principio– y cómo, por ejemplo, podría encajar con la capacidad de los Estados miembros para establecer niveles más elevados, lo que también está permitido. 
De nuevo, muchas de nuestras preguntas sobre cómo primará en esto el interés público primordial no han sido totalmente contestadas. 
Estoy de acuerdo en que la salud debería quedar fuera de esta directiva; no tendría que haber estado nunca en ella, en primer lugar, y muchos de nosotros esperamos que la Comisión lance pronto una propuesta sobre las cuestiones de la movilidad de los pacientes y no la movilidad de los servicios, el motivo por el que nunca debería haber estado en la directiva en primer lugar. 
– Señora Presidenta, Señorías, hoy en Estrasburgo una enorme manifestación ha expresado, de forma clara y rotunda, la necesidad de otra Europa. 
Este deseo de otra Europa es lo contrario a la Directiva Bolkestein y no puede satisfacerse ni siquiera con el compromiso, que en ningún punto se acerca a la comprensión de esta necesidad. 
De hecho, lo que crea es un derecho predominante a la obtención de beneficios con los servicios como si fueran mercancías, convirtiendo en ley fundamental las normas del comercio y del GATS, en vez de los derechos y las mejores prácticas. 
¿Quién decide qué es necesario, proporcionado y no discriminatorio? 
Esta directiva acabará por crear un gran número de controversias judiciales, lo que se ve agravado por el hecho de que el compromiso no excluye del ámbito de aplicación de la directiva los servicios públicos y los servicios ciudadanos, si bien sorprende que estén excluidas las profesiones y los servicios financieros y de seguros, es decir, los sectores poderosos. 
Los trabajadores autónomos quedan a merced del dúmping y es fácil imaginar qué ocurrirá. 
Queremos algo nuevo, y se nos vuelve a proponer lo viejo. 
Por este motivo, votaremos en contra de esta directiva y de este mal compromiso. 
– Señora Presidenta, Señorías, estamos y siempre hemos estado en contra de la directiva, incluso en su versión modificada. 
En efecto, las enmiendas introducidas no eliminan del todo las graves consecuencias que puede tener en términos de dúmping social y, sobre todo, de debilitamiento del papel y los poderes de los organismos regionales. 
Además, la propuesta general de eliminar las barreras a la entrada de los prestadores de servicios extranjeros puede reducir el nivel de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, por ejemplo con respecto al suministro de alimentos biológicos en los comedores escolares y la emisión de licencias para determinados servicios. 
Después hay toda una serie de normativas que los Estados miembros y las autoridades locales han adoptado para proteger a los consumidores y los usuarios y a las que tendremos que renunciar definitivamente. 
Además, este compromiso abre la puerta a un inmenso contencioso y no permitirá en absoluto desburocratizar y agilizar el mercado de los servicios. 
Baste pensar en todos los conflictos que se someterán al Tribunal de Justicia y, por tanto, en la jurisprudencia europea, un auténtico superderecho europeo que aplastará la normativa legal de los Estados y las normativas locales y territoriales. 
Por esta razón, decimos decididamente «no» a este intento de imponer, aunque sea subrepticiamente, el principio supuestamente rebajado en la directiva… 
– Señora Presidenta, Señorías, siento decirlo, pero con esta directiva el Parlamento Europeo se arriesga a crear un monstruo. 
Por desgracia, el objetivo de abolir las odiosas barreras burocráticas que yugulan efectivamente la libre circulación de servicios no se ha cumplido. 
Lo que queda de la directiva es una chapuza, fruto de la lógica del compromiso a ultranza, que une lo que no se puede unir, es decir, la liberalización salvaje y la defensa de los privilegios corporativos de determinadas categorías y sectores. 
Hay que recordar que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta directiva todos los sectores fuertes –las telecomunicaciones, los servicios bancarios y financieros, los seguros y los servicios jurídicos–, es decir, todos los sectores que han tenido la fuerza necesaria para quedar fuera de la directiva, mientras que esta se aplicará a todos los sectores débiles, los que necesitan más protección social y tienen menos capacidad para estar representados y ejercer presión. 
De todos modos, quiero ver el vaso medio lleno. 
Constato que se ha eliminado con razón el principio del país de origen y esperamos que se excluyan del ámbito de aplicación todos los servicios de interés general. 
Quisiera destacar dos contribuciones que hemos hecho al texto: en primer lugar, la obligación impuesta a la Comisión de presentar un informe al Parlamento Europeo sobre el estado de aplicación de la directiva, a fin de comprobar su correcta aplicación y verificar que esta no viole las normas de protección de los derechos de los trabajadores y consumidores y, en segundo lugar, la petición de instituir en cada Estado miembro un organismo supervisor nacional que elabore un informe anual y compruebe la aplicación de la directiva, para que esta no viole los derechos de los trabajadores y no genere prácticas de dúmping social. 
El organismo deberá vigilar que se apliquen a los trabajadores todas las disposiciones en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
– Señora Presidenta, en la tensión entre el acceso totalmente libre al mercado y la defensa del empleo nacional autóctono, no me arrepiento de considerar prioritaria la protección de los empleos locales. 
De ahí que el principio del país de origen, en particular en su forma original en la directiva propuesta, va a mi juicio demasiado lejos: sería injurioso para el empleo nacional permitir a los proveedores de servicios operar en el país anfitrión de su elección sin estar sujetos, a diferencia de los proveedores locales, a las mismas costosas restricciones legislativas en materia laboral, de consumo y medio ambiente. 
Así, los empresarios locales, los empleados y, en última instancia, los consumidores locales serían los perdedores. 
La competencia no solo debe ser libre: también ha de ser justa, y me parece que este principio se está pasando por alto. 
Mi segunda objeción se refiere al alcance de esta directiva. 
No puedo aceptar que deba aplicarse a los servicios públicos básicos. 
Todo país tiene la obligación de prestar estos servicios y esa obligación no debería eludirse, como tampoco debería reducirse la calidad de dichos servicios, permitiendo que los presten empresas baratas carentes de escrúpulos. 
Los servicios comerciales son una cosa, pero los servicios públicos básicos, como las viviendas sociales y el bienestar, son otra cosa muy diferente, y no deberían ser el juguete de proveedores con ánimo de lucro. 
Por tanto, es una directiva que no puedo apoyar ni apoyaré. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, durante algún tiempo todo parecía ir bien en lo que respecta a la Directiva de servicios. 
El Consejo está presente hoy, representado por el Ministro de Economía y Trabajo de un país donde la cooperación social funciona y donde la economía social de mercado es una realidad viva. 
La unidad entre los interlocutores sociales, la economía social de mercado y la compatibilidad del crecimiento económico y la competitividad con la seguridad en la esfera social son los principios en los que se han basado los diputados al Parlamento Europeo, durante las últimas semanas, para ponerse de acuerdo entre ellos y reescribir la Directiva Bolkestein. 
Durante los últimos meses y semanas se han dicho y escrito muchas falsedades acerca de la Directiva de servicios y se ha intentado deliberadamente avivar ansiedades y prejuicios. 
Aún hoy hay quienes preferirían manifestarse antes que informar, salir a la calle en lugar de negociar y buscar la división en vez de soluciones políticas adecuadas. 
Nosotros en esta Cámara hemos tomado otro camino, pero incluso aquí hay quienes desinforman sin haberse leído el texto. 
A la señora Wagenknecht debo decirle que esta directiva no trata de la liberalización o la privatización, y a nuestros amigos del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiero recordarles que la primera frase del artículo 16 dice: «Los Estados miembros garantizarán el libre acceso a los servicios y su libre prestación.» 
Lo que realmente hace esta Directiva es suprimir la burocracia y la inseguridad jurídica. Genera crecimiento económico y empleo manteniendo a la vez la seguridad social. 
Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad. Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad. 
Lo que hemos hecho al reescribir la propuesta de la Comisión y la resolución sobre el mercado interior, así como a través de las negociaciones entre los Grupos, es confeccionar una tarjeta de visita para el modelo europeo de economía social de mercado. 
No estamos oponiendo una cosa a la otra. 
También hemos escuchado a los ciudadanos y hemos asumido sus temores y preocupaciones en la labor que hemos llevado a cabo en esta Cámara. 
Europa necesita esta Directiva de servicios. Esta traerá más crecimiento y más empleo, y beneficiará a trabajadores, a empresarios y a Europa. 
No existe ni una sola razón para rechazar esta directiva en la forma en que la someteremos a votación, y tampoco hoy existe ningún motivo para manifestarse en contra de esta Directiva en la forma en que la vamos a aprobar. 
Los manifestantes también lo han reconocido, ya que, de los 35 000 que han venido a Estrasburgo, menos de 1 000 se han acercado al edificio del Parlamento. 
Ellos también saben que estamos trabajando a su favor. 
– Señora Presidenta, quisiera ante todo agradecerle sinceramente que haya dejado intervenir a tres austriacos justo antes de la pausa. 
Es un tributo a la Presidencia. 
En todo caso, así es como lo veo yo. 
Señorías, señor McCreevy, el Presidente de la Comisión y el Ministro Bartenstein están en lo cierto cuando dicen que la votación del jueves será muy importante, tanto para el desarrollo del mercado de servicios y del mercado interior como para la cuestión de la ampliación. 
El hecho de que coincidan estos dos asuntos ha provocado sin duda un gran temor a que aumente la competencia y a que se apliquen recortes sociales. 
Nuestra crítica a la directiva en su forma actual se refería precisamente a que traerá estas consecuencias. 
Opino, no obstante, y debemos estar todos convencidos de ello, que nos hemos comprometido a que el mercado interior sea uno de los instrumentos de la Unión Europea, y debemos por tanto convertirlo progresivamente en realidad. 
También nos hemos comprometido con la ampliación. 
Esto significa asimismo permitir que los vecinos que se han unido a nosotros participen en ese mercado interior sin discriminación. 
Lo que debemos hacer con esta directiva es convertirla en realidad desde un punto de vista social. 
Vengo de un país que linda con los países de la ampliación. 
Mucho de lo que quizás no haya ocurrido aún de manera formal ya es de hecho una realidad. 
Sé que los problemas existen, y sé que, si utilizo el término «dúmping social» , algunos de los colegas de mi propio Grupo dirán que es discriminatorio. 
Sin embargo no estoy refiriéndome a los trabajadores. 
Estoy hablando de un número pequeño de empresas que utilizan mano de obra barata para practicar dúmping social. 
Debemos evitar por consiguiente que, por culpa de unos pocos, se cree una mala imagen del proceso de ampliación o del mercado interior, porque el mercado interior y la ampliación son una buena cosa en sí. 
Estoy convencido de que en esto hemos progresado. 
Los periodistas nos preguntan hoy si esta directiva traerá algún beneficio. 
El artículo 16 es particularmente importante en su forma actual, puesto que enuncia con claridad lo que está permitido y lo que no está permitido. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en que los elementos discriminatorios deben suprimirse, al igual que las disposiciones que resulten desproporcionadas o innecesarias para lograr los objetivos. 
Por otra parte, es importante dejar claro que esto no contribuye al dúmping social ni menoscaba los progresos realizados, ya que no se entendería que utilizáramos la ampliación o el mercado interior bloquear el progreso o deshacer lo conseguido. 
Teniendo todo esto en mente, es importante que seamos capaces de ejecutar mañana los acuerdos alcanzados hoy. Las manifestaciones han contribuido a llamar nuestra atención al respecto. 
Al fin y al cabo, no estaban en contra de una directiva, sino a favor de una mejor. 
Si la Presidencia y la Comisión contribuyen a elaborar una directiva mejor, entonces podemos darnos realmente por satisfechos. 
Señora Presidenta, Señorías, estoy de acuerdo con ustedes y con el Comisario McCreevy en que estamos ahora ante una directiva mejor, una directiva que, espero, cosechará una amplia mayoría en primera lectura; y esto lo digo no solo porque he seguido el debate, sino por la labor realizada durante los últimos meses y semanas. 
No sé si por simple coincidencia o gracias a la sabiduría de la Presidenta, me alegra poder intervenir como conciudadano de los dos oradores anteriores, el señor Karas y el señor Swoboda, no solo por ser conciudadanos, sino porque ambos han contribuido de modo considerable a alcanzar este acuerdo en las últimas semanas. 
Ya he expresado mi agradecimiento a la señora Gebhardt y quisiera dar las gracias a los dos así como por supuesto al señor Harbour y a otros muchos. 
Estoy seguro de que podrá usted llevar la corbata presidencial durante los próximos meses, señor Harbour, porque esta directiva seguirá siendo una buena directiva y abrirá el camino a una mayor libertad de prestación de servicios. 
Era y es uno de los asuntos más controvertidos, sino el más controvertido, de los que ha tratado el Parlamento Europeo, y en todo caso uno de los más sustanciales si juzgo por el número de enmiendas presentadas. 
Con el programa, que se puede equiparar en importancia, el Parlamento Europeo también realizó una excelente labor y realmente inició el camino hacia una directiva razonable sobre productos químicos. 
El Parlamento Europeo puede estar orgulloso de ello. 
Es importante que haya una amplia mayoría pasado mañana, no solo por una cuestión de principio, sino porque todos sabemos que hay una carta de seis Estados miembros a la Comisión, que aún quedan asuntos pendientes en la Comisión y que una amplia mayoría del Parlamento advertirá a la Comisión y al Consejo de que deben atenerse a su opinión al respecto. 
En mi opinión y en la de la Presidencia, este texto de compromiso está muy logrado, ya que produce un valor añadido claro en el mercado interior de los servicios y liberaliza la prestación de los mismos, mientras que por otra rechaza de plano el dúmping social y salarial. 
Personalmente, no creo que la seguridad en materia social en Europa constituya un obstáculo a su competitividad y a su fuerza, sino que es precisamente una condición indispensable para que Europa sea todavía más competitiva. 
Esta directiva posee asimismo un alto valor simbólico. 
Si bien, como ha señalado la señora Thyssen, esta directiva se erigió en los últimos meses en el símbolo de la brecha abierta entre Europa y sus instituciones por una parte y la opinión pública por otra –fue una lástima, pero eso es lo que ocurrió desafortunadamente–, también simboliza la capacidad de esta Europa para avanzar hacia un mayor crecimiento y empleo. 
En el plano político no tenemos tantas oportunidades de favorecer el crecimiento y el empleo. La Directiva relativa a los servicios es una de estas oportunidades. 
Vista desde ese ángulo, es un símbolo importante en muchos aspectos, y vamos por buen camino. 
En los últimos meses he tenido la sensación de que todos los sectores interesados, incluidos los interlocutores sociales, es decir, todos los interesados responsables, quieren que se apruebe esta Directiva relativa a los servicios porque la necesitamos. Quisiera señalar que el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos ha afirmado que se trata de un buen compromiso que debería aprobarse. 
Muchos han dicho que se manifestarían hoy de una directiva mejor. Si queremos dar vida a la Estrategia de Lisboa, si queremos demostrar a los ciudadanos que trabajamos a favor del crecimiento y el empleo, entonces necesitamos esta Directiva de servicios. 
Nuestra Presidencia seguirá trabajando intensamente en las próximas semanas. 
Examinaremos los puntos de vista y la posición del Parlamento, presentaremos la propuesta a debate con los interlocutores sociales el 9 de marzo y en el Consejo de competencia el 13 de marzo, y la debatiremos en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo. 
Tan pronto como el señor McCreevy y la Comisión nos envíen, a finales de abril, la nueva propuesta revisada, que se basará en gran medida en la labor del Parlamento, haremos cuanto podamos para hacer avanzar que este expediente todo lo posible. 
Le prometo, como también prometo a todo el Parlamento, que nos tomamos muy en serio su posición y que la seguiremos en gran medida. 
– Señora Presidenta, lamento profundamente que la Presidencia no pueda quedarse hasta el final, pues debemos fijar nuestras prioridades y es una pena que los integrantes de los Grupos más pequeños tengan que intervenir esta tarde sin la presencia de la Presidencia. 
Me siento muy decepcionado al respecto, y esto es en realidad la respuesta a todos los comentarios que se han hecho. 
Quería desahogarme al respecto en primer lugar. 
También considero lamentable que los Grupos pequeños no participen en las negociaciones. 
El hecho de no invitarles es una forma de trabajar totalmente inaceptable. 
Me parece lamentable que ahora se pongan de acuerdo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Si así van a ir las cosas en política, pienso que vamos por mal camino y que la democracia en Europa se está desgastando cada vez más. 
Estos son otros dos gritos del alma que necesitaba expresar. 
El objetivo de esta directiva es fortalecer la economía europea, y ello no con el fin de competir unos con otros, sino de competir con el resto del mundo. 
Se trata de conseguir un equilibrio entre los intereses del consumidor y los intereses de las empresas y de colocar a nuestra economía en buen lugar frente al resto del mundo. 
Espero que podamos alcanzar un compromiso aceptable de aquí al jueves por la mañana. 
De no ser así, me temo que estaremos cometiendo el mismo error que hicieron los egipcios en el momento cumbre de su civilización. Se dedicaron a proteger sus logros y dejaron de centrarse en preservar su prosperidad de cara al futuro, y todos sabemos lo que le ocurrió con la cultura egipcia. 
– Señora Presidenta, me temo que voy a empañar este alarde de armonía y señalar que la Comisión ha hecho un mal servicio a la Unión Europea con la Directiva Bolkestein. 
Ni siquiera tiene la excusa de haber heredado la directiva, ya que no la retiró el pasado marzo. 
Bolkestein divide a Europa entre pobres y ricos, entre el este y el oeste. 
La Directiva Bolkestein es una propuesta con unos pocos ganadores y muchos perdedores. 
No es un paso adelante, sino un paso atrás en lo que respecta a la integración europea. 
Precisamos una directiva sobre el mercado de servicios donde no haya perdedores, que combine la libre prestación de servicios con el reconocimiento de los derechos sociales de cada Estado miembro y la protección de los trabajadores. 
Por otra parte, el principio del país de origen podría ocasionar una espiral a la baja para los derechos sociales en Europa. 
Muchos ciudadanos de toda Europa, de Francia, Italia, Polonia y Alemania, están hoy en las calles de Estrasburgo para protestar contra la directiva. 
No están protestando contra la Unión Europea, están protestando contra la deriva de Europa hacia el neoliberalismo, contra la fragmentación de Europa. 
Disponemos ya de leyes europeas que establecen el principio de «salario igual por un trabajo igual en un empleo igual» en la legislación en materia de prestación transfronteriza de servicios. 
En esta legislación no hay perdedores. 
Y ahora se está menoscabando este principio. 
¿Lo he entendido bien, señor Bolkestein? 
Si el Parlamento suprime los artículos 24 y 25 de la propuesta de la Comisión, ¿tiene usted intención de presentar una nueva propuesta? 
Esto significa, señor Bolkestein, digo, señor McCreevy –ha sido un lapsus, aunque quizás venga a cuento–, esto significa que tiene usted que socavar retrospectivamente la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
¡No si podemos evitarlo, señor Comisario! 
Sus palabras demuestran que la presencia de tanta gente en las calles de Estrasburgo hoy tiene sobrados motivos. 
– Nos oponemos de plano a esta propuesta de directiva destinada a liberalizar los servicios. 
No podemos pasar por alto el hecho de que esta directiva es uno de los instrumentos más importantes, en realidad una de las piedras angulares de la llamada Estrategia de Lisboa, destinada a impulsar la liberalización y privatización de los servicios públicos y a fomentar el dúmping social y la competencia entre trabajadores en beneficio de grupos económicos y financieros. 
Aunque la presión de la opinión pública, los movimientos sociales y las luchas de los trabajadores, incluida la manifestación de hoy, han permitido que se matizara la redacción original, el objetivo central sigue en pié. 
Por consiguiente, resulta crucial rechazar esta propuesta si queremos evitar que este tipo de legislación se cuele por la puerta de atrás. 
En aras de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos sociales, laborales, ambientales y del consumidor, es de vital importancia que se rechace esta propuesta, y así es como votaremos. 
– Señora Presidenta, apoyo la esencia de la directiva, teniendo en cuenta las restricciones que han acordado los dos Grupos mayoritarios. 
De esa forma se respetan las normas laborales y ambientales que se aplican en los Estados miembros. 
Es importante que la directiva contribuya a reducir la carga administrativa soportada por los prestadores de servicios que operan en otros Estados miembros. 
Tenemos todos los motivos para pensar que el principio del país de origen va a desaparecer, cosa que acojo con satisfacción. 
Me pregunto no obstante si el Consejo y la Comisión pueden garantizar que los Estados miembros ofrezcan servicios acordes con los requisitos de la ética médica. 
El tema del agua potable es igualmente problemático, por lo que conviene mantenerlo fuera del ámbito de aplicación de la directiva. 
Lo mismo ocurre con la asistencia social y los servicios sociales. 
Los beneficiarios de esos servicios a menudo no se encuentran en condiciones de elegir a sus prestadores. 
Por consiguiente, podrían verse negativamente afectados los cuidados que reciben personas discapacitadas. 
La directiva no contempla las condiciones laborales del personal temporal, ya que están reguladas por la Directiva relativa a trabajo temporal. 
En consecuencia, no hay razón por la que no deba aplicarse la directiva al sector del trabajo temporal. 
La directiva debe tomar forma en su puesta en práctica. 
En este sentido, la calidad de su aplicación será decisiva. 
– Señora Presidenta, durante mucho tiempo Europa ha estado dominada por la política del miedo: miedo a la globalización, a la inmigración y a una carrera a la baja. Sin embargo, en realidad el miedo es un miedo al cambio. 
Esto es tan cierto para Irlanda, como lo es para cada uno de los Estados miembros. 
En Irlanda estos temores no se han basado en análisis económicos concretos, sino en pruebas anecdóticas del cambio negativo que la Directiva de Servicios comportar. 
Por supuesto, es vital que se protejan y no se socaven las normas y condiciones de los trabajadores; es preciso seguir garantizando que con el paso del tiempo no se debiliten en absoluto los avances logrados con respecto a los salarios y las condiciones de los trabajadores. 
Por tanto, es crucial que apoyemos un compromiso que garantice el control efectivo y el respeto de los derechos de los trabajadores manteniendo la finalidad original de la directiva. 
No obstante, ninguna barrera puede protegernos de las fuerzas de la globalización. 
Europa necesita dar un paso seguro y unificado. 
El verdadero peligro para Europa no es el peligro de una carrera descendente, sino que reside en la necesidad que tiene Europa de asegurarse la victoria en esta carrera para permanecer en cabeza y de asegurarse de que no se hunda. 
Si se obtiene un consenso viable en torno a esta directiva demostraremos a nuestros ciudadanos que la Unión Europea está comprometida y es capaz de competir a escala mundial. 
Habría que evitar que los mercados europeos sigan estancados económicamente. 
La mayoría de las reformas empiezan con buenas intenciones pero pueden perder su finalidad original en el Parlamento debido a las enmiendas. 
No podemos permitir que se produzca una situación en la que, tal y como se ha citado hoy a un economista, «la Directiva de Servicios podría terminar como un buen ejemplo de ‘muerte parlamentaria’». 
Es esencial, como ha señalado el Comisario McCreevy, que establezcamos una Directiva de Servicios mejor, que liberará el enorme potencial económico del sector de los servicios en Europa. 
– Señorías, estoy plenamente a favor de que el Parlamento Europeo apruebe la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. 
Esto incluye las medidas clave del artículo 16, que dispone claramente que los prestadores de servicios estarán sujetos exclusivamente a las disposiciones nacionales de su Estado miembro. 
También apoyo la propuesta de la Comisión plasmada en los artículos 24 y 25, que facilitará enormemente la circulación de trabajadores dentro del mercado de la UE. 
Solo si aprobamos la directiva en esta forma podremos establecer cimientos firmes para la consecución de un mercado único en el sector de los servicios. 
Me referiré ahora al primer acuerdo sobre integración económica entre los Estados de la Unión, a saber, la Declaración de Messina, que ya tiene 50 años. 
Los gobernantes de entonces se fijaron el objetivo de crear un mercado común y la introducción gradual de la libre circulación de trabajadores. 
Cito: «Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos creen firmemente que ha llegado el momento de dar un paso más hacia la unidad de Europa». 
Pensaban que dicho objetivo debía conseguirse en primer lugar dentro de la esfera económica y que una Europa unida debía desarrollar instituciones comunes, vincular gradualmente las economías nacionales, crear un mercado común y armonizar progresivamente las políticas sociales. 
Considero que dicho programa es esencial si queremos que Europa mantenga su posición y renueve su influencia y prestigio en el mundo, a la vez que siguen mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
Aquí termina esta referencia a un texto de hace 50 años. 
Señorías, hago un llamamiento, en especial a aquellos diputados de los Estados mencionados anteriormente, para que se mantengan fieles a los objetivos de sus predecesores políticos y no abandonen el ideal de una economía abierta. 
Actuando de otro modo nos arriesgamos a liberar de la lámpara el genio rojo y negro del populismo y el nacionalismo, que solo deparó tiranía y pobreza a este continente. 
Se suspende el debate, que se reanudará a las 21.00 horas. 
Pasamos ahora al Turno de preguntas y quiero agradecer al representante de la Presidencia del Consejo, el señor Winkler, su flexibilidad al permitirnos que hayamos sobrepasado un poco el tiempo previsto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0002/2006). 
Deseo llamar su atención, Señorías, sobre el nuevo procedimiento, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, que ya se aplicó durante el período parcial de sesiones de enero. 
Pido por tanto la cooperación del Consejo y de los diputados a esta Cámara para garantizar que se puedan debatir y contestar el máximo número posible de preguntas. 
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Turno de preguntas consta ahora de dos partes. 
El representante austriaco del Consejo de Asuntos Generales, el señor Winkler, contestará a las preguntas en la primera parte del turno y, en función del asunto que se debata, en la segunda parte contestará el Ministro competente. 
Se han formulado al Consejo las siguientes preguntas: 
El Consejo Europeo de Salónica (20 de junio de 2003) decidió abrir la perspectiva de una adhesión a todos los países de los Balcanes occidentales. 
Sin embargo, Serbia y Montenegro quedó excluido de las negociaciones europeas y sólo el 10 de octubre de 2005 el Comisario Olli Rehn, encargado de cuestiones de ampliación, inició unas negociaciones para lograr un acuerdo de estabilización y de asociación entre la Unión Europea y Serbia y Montenegro. 
¿Podría exponer el Consejo a qué se debe ese retraso? 
¿Se van a aplicar a Serbia y Montenegro los mismos criterios que en el caso de Croacia? 
¿Considera el Consejo que la actitud de Serbia en el marco de las negociaciones referentes al estatuto definitivo de Kosovo va a influir en las negociaciones con vistas al acuerdo de estabilización y de asociación? 
,. Señor Presidente, Señorías, contestando a la pregunta del señor Papadimoulis, me gustaría subrayar que, por supuesto, se aplican los mismos criterios a todos los países de los Balcanes Occidentales. 
El Consejo siempre ha defendido ese principio y huelga decir que también se aplica a Serbia-Montenegro. 
Permítame recordarle que en la Cumbre de noviembre de 2000 en Zagreb, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y de los Balcanes Occidentales expresaron su firme apoyo al proceso de estabilización y asociación. 
Quedó constancia de que la adhesión a la Unión Europea está condicionada a la observancia de los términos del Tratado de la Unión, al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a los progresos con respecto al Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
Huelga decir que todos los países deben satisfacer dichas condiciones de igual manera y sin discriminación. 
Existe asimismo un compromiso de cooperación regional y de buenas relaciones con países vecinos, que constituyen una parte esencial del proceso de estabilización y asociación. 
Este compromiso se reafirmó en la declaración de la Cumbre de Salónica en 2003, en la que también se hacía referencia a la perspectiva europea de estos países. 
Llegados aquí, quisiera señalar que una de las prioridades de la Presidencia austriaca es reafirmar dicha perspectiva europea, centrándonos en los Balcanes durante los seis meses de la Presidencia. Los países de los Balcanes Occidentales deben tener la oportunidad de unirse a la Unión Europea siempre que cumplan las condiciones para ello. 
En lo que respecta a Serbia-Montenegro, este país ha gozado de preferencias comerciales y de ayuda técnica y financiera desde el año 2000 en el marco del proceso de estabilización y asociación. 
Desde el año 2001, la Unión Europea también ha prestado a Serbia-Montenegro asesoramiento político a través del grupo de trabajo consultivo, que más adelante fue sustituido por el diálogo permanente reforzado, con vistas a las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
Si quiere progresar en las diferentes fases del proceso de negociaciones, Serbia-Montenegro deberá seguir cooperando de forma estrecha y efectiva con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. 
Esto es tan válido para Serbia-Montenegro como lo fue para Croacia y como lo es para todos los demás países de que se trata aquí. 
La Comisión Europea también está al tanto de la cooperación de Serbia-Montenegro con el Tribunal Penal Internacional durante las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
Si la Comisión concluyera que esta cooperación no es completa, podría decidir, de común acuerdo con el Consejo, suspender las negociaciones. 
Como ya he señalado, Serbia-Montenegro y todos los países de la zona deben cumplir por supuesto los criterios de Copenhague. 
Estos incluyen estabilidad política, respeto de los derechos humanos y capacidad para satisfacer las condiciones particulares del proceso de estabilización y asociación. 
Su Señoría también ha planteado la cuestión relativa a Kosovo. 
Quiero subrayar que el Consejo Europeo dejó claro en junio de 2005 lo que la Unión Europea espera de las partes con respecto a Kosovo. 
Pidió tanto a Belgrado como a Pristina que no obstruyeran la introducción de las normas necesarias en Kosovo. 
Como usted sabe, se están llevando a cabo negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. 
Ambas partes tendrán que demostrar su buena voluntad en el proceso, de forma que si se encuentra una solución, esta deberá ser aceptada por ambas partes. 
El Consejo declaró entonces que la solución debe ser plenamente coherente con los valores y normas europeos y debe contribuir a poner en práctica la perspectiva europea para Kosovo y en toda la zona. 
Dijo asimismo que el estatuto final de Kosovo debe dar lugar a una mayor estabilidad y seguridad en la zona y que cualquier solución unilateral o impuesta por la fuerza sería por tanto inaceptable. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. 
He tomado nota con particular interés de que el Consejo y la Presidencia austriaca tendrán exactamente los mismos criterios y mostrarán el mismo interés por las perspectivas europeas de Serbia-Montenegro que de Croacia. 
Quiero preguntarle, más concretamente, hasta qué punto exactamente vincula el Consejo las perspectivas europeas de Serbia-Montenegro a las discusiones sobre el futuro de Kosovo. 
Señor Presidente, Señoría, las conversaciones sobre Kosovo se desarrollan bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
El proceso de estabilización y asociación se desarrolla bajo los auspicios de la Unión Europea. 
Sería poco prudente ponerse a especular en este momento sobre lo que podría pasar si tal o cual cosa ocurriera. 
Ambos procesos deben seguir adelante. En última instancia tendrán que confluir. 
Queda claro, asimismo, que cualquiera que sea el estatuto acordado para Kosovo, también Kosovo tendrá una perspectiva europea, de alguna forma u otra. 
No debemos dejarnos influir por la cuestión de las negociaciones sobre el estatuto en este momento, sino seguir adelante con el proceso de estabilización y asociación de Serbia-Montenegro. 
– Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo es sin duda consciente del hecho de que durante los bombardeos que tuvieron lugar al comienzo de la guerra de Kosovo en marzo de 1999, miles de personas fueron secuestradas y desaparecieron. 
A día de hoy siguen desaparecidas 2 500 personas, lo que ocasiona un gran sufrimiento en Kosovo. 
Hermanos, hermanas, padres e hijos no saben dónde están sus familiares. 
Se ha establecido una comisión conjunta compuesta por serbios y croatas para resolver este asunto, pero los serbios no están poniendo mucho de su parte. 
¿Está de acuerdo conmigo el Presidente en ejercicio del Consejo en que una de las condiciones de adhesión a la Unión Europea debería ser la obligación de resolver estos problemas humanos, de forma que se sepa si estas personas siguen en vida, y que se conozca su paradero para que puedan volver a Kosovo? 
Señor Presidente, deseo puntualizar que todos los asuntos relacionados con los derechos humanos se abordan, por supuesto, en las conversaciones y negociaciones con Serbia-Montenegro. 
Los valores comunes europeos cobran particular importancia en estas negociaciones, y también se abordan las cuestiones que ha planteado su Señoría. 
– Señor Presidente, el hecho de que Austria se implique en el sureste de Europa es motivo de gran satisfacción en interés de la estabilidad de la Unión Europea. 
Sabemos ahora que en abril podría tener lugar una votación sobre la independencia del territorio de Montenegro. 
¿Hasta qué punto puede cambiar o cambiará la estrategia de la Unión Europea hacia ese nuevo Estado de Montenegro? 
¿Qué tipo de ayuda debería aportar entonces la Unión Europea para la construcción de un país estable? 
Señor Presidente, para contestar a esta pregunta me gustaría decirle que quizás no sea prudente en este momento anticipar cuáles serían las consecuencias del resultado de un posible referendo para las relaciones entre Serbia y Montenegro o entre un posible nuevo Estado de Montenegro y la Unión Europea. Ni siquiera sabemos en qué condiciones se realizará dicho referendo. 
En todo caso, la Presidencia y la Comisión desean que Serbia y Montenegro progresen lo más rápidamente posible hacia la integración en estructuras europeas. 
Ese es nuestro objetivo. 
No podemos decir por ahora de qué manera se llevará esto a cabo si se separan las dos partes del actual Estado. 
No obstante, y esta es quizá la respuesta directa a su pregunta, no queremos de ninguna manera que se interrumpa el proceso de convergencia con la Unión Europea aunque Montenegro se convierta en un Estado independiente. 
Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. 
Sin embargo, de momento el proceso debe seguir coherentemente al tiempo que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. 
¿Podría indicar el Consejo si, en su conjunto, hace suyas las críticas formuladas recientemente por su Presidente, el Sr. D. Wolfgang Schüssel, en relación con el Tribunal de Justicia? 
¿Considera el Consejo ilegítima la jurisprudencia del año 1985 en lo que se refiere a la aplicación del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad al acceso a la educación superior? 
En caso afirmativo, ¿podría indicar el Consejo la razón por la que no ha expresado antes su punto de vista y por qué tampoco ha solicitado a la Comisión que presente propuestas para modificar la situación jurídica? 
,. La institución del Tribunal Europeo es sin duda alguna un elemento importante de la Unión Europea. 
Nadie ha dudado nunca de esto y está claro que el Consejo no lo ha cuestionado jamás como tal, porque está fuera de toda duda. 
Si cualquier político, y en este caso el Canciller austriaco, contribuye al debate sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, con ello no está cuestionando en absoluto la institución del propio Tribunal Europeo. 
Tenemos que poder debatir y cuestionar el funcionamiento de las diferentes instituciones de la Unión Europea, incluido el Tribunal Europeo, pero, repito, esto no significa en modo alguno que estemos poniendo en tela de juicio la propia institución. 
El Consejo, como institución, no ha hablado de esto y, por tanto, no puedo darles una respuesta en nombre del Consejo. 
Creo que está justificado hablar y pensar sobre el funcionamiento del Tribunal y otras instituciones. 
Esto ha sido una aportación al debate sobre el futuro de Europa. 
– Gracias por esa respuesta, pero he de recordarle que, a diferencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es nombrado por las instituciones federales de los Estados Unidos, nuestro Tribunal de Justicia lo designan realmente los Estados miembros y, sin embargo, al parecer son los propios Estados miembros quienes se quejan de algunas de sus sentencias. 
El Tribunal no puede intervenir en ninguna cuestión: solo puede ocuparse de las disputas que le son remitidas. 
Concluiré con las palabras de un antiguo Presidente del Tribunal de Justicia, quien dijo: «el Tribunal no toma decisiones políticas, pero a veces tiene que recordar a los políticos las decisiones que han tomado». 
,. Me parece que realmente no puedo responder a esa pregunta. 
Es cierto que aceptamos que el Tribunal es una institución creada, como lo ha descrito usted, por los Estados miembros, y aceptamos que el Tribunal decida y dicte sentencias y que los Estados miembros hayan de aceptarlas. 
Ello no significa que no se puedan hacer comentarios sobre la sentencia. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las críticas expresadas por el Canciller austriaco tienen una base concreta, a saber, los problemas de números y de tipo financiero entre Austria y la República Federal de Alemania en lo que concierne al acceso a la educación superior, problemas parecidos a los que surgieron entre Francia y Bélgica. 
Debido a las diferencias de tamaño, los Estados miembros más pequeños tienen dificultades a la hora de garantizar todo lo que un acceso completamente libre a la educación superior requeriría en materia financiera y organizativa. 
¿Ve Austria alguna solución al problema específico del acceso a la educación superior? 
¿Qué solución? 
Señor Presidente, las críticas a las que usted se refiere, formuladas por Austria acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el acceso a la enseñanza superior, concernían principalmente a los problemas que han surgido, a raíz de la sentencia y de la aplicación, a nuestro parecer demasiado estricta, de la prohibición de discriminación en el ámbito de la política educativa. 
También comentamos, y esto es algo que realmente se debería haber tomado en consideración, que, siguiendo plenamente la tradición de los tribunales supremos, convendría haber establecido períodos transitorios en lugar de estipular un efecto retroactivo de la sentencia. 
Todos estos puntos forman parte del comentario sustancial de la sentencia. 
La sentencia ha dificultado el acceso por parte de ciudadanos austriacos a muchos sectores de la enseñanza superior, en particular a sectores importantes para que Austria disponga, en este caso particular, de médicos. 
Los trastornos ocasionados en un asunto nacional que al fin y al cabo es muy importante deben remediarse. 
Debemos encontrar una solución que garantice la formación cada año en Austria –o en Bélgica– de suficientes médicos para satisfacer las necesidades del país. Esta es sin duda una petición legítima. 
Se han avanzado ideas para superar y eliminar este problema. 
Entre estas propuestas, que en última instancia tendrá que decidir el Parlamento Europeo, pues deberá darse en forma de ley, radica en el establecimiento de una cuota para el estudio de medicina –odontología y medicina humana– que no se basen en la nacionalidad, sino en la existencia de un certificado austriaco de fin de estudios secundarios que autorice el acceso a la enseñanza superior. 
De esta forma se verían satisfechas las necesidades del servicio nacional de salud austriaco, en lo que respecta al número de médicos y de estudiantes de medicina. 
Creemos que esta solución es conforme a la legislación europea así como a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el cual, de hecho, consideró que el único defecto estaba en que no se había documentado numéricamente el alcance del trastorno. 
Un año después disponemos de dicha documentación. 
Pienso que esta solución, que es muy similar a la que se propuso en el caso de Bélgica y Francia, resistirá el examen a la luz de la legislación europea. 
Pienso que estamos en el buen camino para encontrar una buena solución al respecto. 
– Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa es un objetivo prioritario para el Consejo, la Comisión, el Parlamento y en última instancia también para la opinión pública de aquí a 2010. 
¿Qué función piensa que debe desempeñar la política educativa y el acceso a la educación superior en la Estrategia de Lisboa? 
Al igual que el Parlamento Europeo y la Comisión, el Consejo considera que la educación ofrece grandes posibilidades a la hora de lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Tiene mucho que aportar y es sin duda uno de los temas en los que debemos centrarnos si queremos alcanzar los objetivos fijados por la Estrategia de Lisboa. 
A la vez que aprobamos las nuevas directrices integradas para el crecimiento y el empleo, que comprenden las líneas generales de las políticas económicas y las directrices de empleo, pensamos asimismo que es importante reflexionar sobre la compatibilidad recíproca de la Estrategia de Lisboa y del proceso de Bolonia en el marco del actual debate sobre el futuro de la Unión Europea y sus instituciones. 
El proceso de Bolonia, que implicará el establecimiento de un espacio europeo de la educación superior de aquí a 2010, es importantísimo, en particular para nuestros jóvenes. 
Las razones de ello son probablemente que las normas por las que se rige el acceso a la educación superior se encuentran atrapadas, por una parte, entre los derechos de los ciudadanos de la Unión en el mercado interior y, por otra, la estricta observancia del criterio de responsabilidad de los Estados miembros en lo que respecta a los contenidos y la forma del sistema educativo, criterio que está consagrado en el Tratado CE. 
Esta tensión existe en otros ámbitos de la Estrategia de Lisboa, en los que las competencias nacionales se enfrentan a los objetivos europeos, y debemos encontrar soluciones que respeten ambos principios. 
Es particularmente cierto en el tema de la educación. 
De ahí que sea importante que encontremos soluciones en este terreno, ya que no conseguiremos alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa si no mejoramos el acceso a la educación. 
En la Declaración conjunta con la Unión Europea emitida durante la Cumbre UE-Rusia celebrada en Roma el 6 de noviembre de 2003, Rusia contrajo la responsabilidad de concluir rápidamente los acuerdos sobre fronteras pendientes de finalizar con Estonia y Letonia, zanjando así toda cuestión relacionada con sus fronteras con la Unión ampliada. 
No obstante, en 2005, el Gobierno ruso anunció que no tiene la intención de convertirse en parte de dos acuerdos sobre fronteras ya concluidos con Estonia, que acababan de ser firmados por ambas partes y ratificados por el Parlamento estonio. 
Moscú, en un gesto sin precedentes, retiró incluso la firma del Gobierno ruso y, recientemente, ha presionado a Estonia para que dé marcha atrás y reabra las negociaciones que se habían prolongado durante más de diez años. 
La posición del Consejo y de la Comisión sigue sin estar clara a pesar de que la provocación de Rusia está poniendo en peligro la credibilidad de toda la Unión ante los ojos de los nuevos Estados miembros. 
¿Se puede permitir la dirección de la UE mantenerse al margen en este asunto, desempeñando el papel de observador indiferente? 
¿Es adecuado que la Comisión se niegue a ser parte en una disputa en nombre de la UE? 
Señor Presidente, señor Landsbergis, no puedo sino estar de acuerdo con usted. 
El Consejo comparte absolutamente su preocupación, que es también la de muchos, por la continua reticencia de Rusia en firmar y ratificar los acuerdos fronterizos con Estonia y Letonia. 
No obstante, no puedo estar de acuerdo con usted en otro punto. 
La Unión Europea no es de ningún modo un observador indiferente, como dice usted, sino que ha expresado clara y reiteradamente su preocupación en sus conversaciones con Rusia, la última vez en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Rusia en noviembre de 2005. 
Y seguirá haciéndolo mientras sea necesario. 
Si mal no recuerdo, habrá mañana una reunión entre Rusia y la Unión Europea, en la que sin duda alguna se planteará dicho asunto. 
– La situación en la frontera entre la Unión Europea y Rusia en Estonia se convertirá en un verdadero desafío para la solidaridad europea si se deja sola a Estonia bajo la presión y la burla de Rusia. 
Por tanto, ¿cuál es el mensaje general del Consejo? 
¿Está el Consejo a favor de una solidaridad clara o de una confusa diplomacia en torno al gas y una situación sin respuestas? 
,. Profesor Landsbergis, solo puedo responder a esta pregunta con un «sí» claro: por supuesto que la Unión Europea muestra solidaridad con un Estado miembro. 
No hay duda al respecto, y no puede haber otras consideraciones que resten valor a esta solidaridad. 
– Señor Presidente, Rusia se queja reiteradamente de que los Estados bálticos no cumplen con sus obligaciones, en particular en lo que se refiere a las minorías rusas que viven en esos países. 
Ha habido dificultades, especialmente en Letonia, en torno a la cuestión de la obtención de la nacionalidad y el pleno restablecimiento de los derechos civiles de la minoría rusa. 
¿Qué piensa hacer el Consejo con respecto a estos Estados miembros? 
¿Cómo ve usted ese problema? 
Señor Presidente, en el marco de su diálogo con Rusia, el Consejo señala reiteradamente que los Estados Bálticos, en su calidad de Estados miembros de la Unión Europea, cumplen los criterios de Copenhague y que, por tanto, el trato dado a la minoría rusa es conforme con las disposiciones pertinentes de la legislación internacional, en particular las recomendaciones del Consejo de Europa y de la OSCE, a la vez que la minoría rusa tiene acceso a la obtención de la nacionalidad y goza de derechos civiles plenos. 
El Consejo puede por tanto subrayar sin reservas que los derechos de las minorías están siendo respetados y que la Unión Europea se esfuerza muchísimo por combatir todo tipo de discriminación en los Estados miembros. 
Tal discriminación no se ajusta a las normas pertinentes ni a los criterios de Copenhague. 
Huelga decir que todo Estado miembro de la Unión Europea está obligado a ajustarse a dichas normas. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría preguntarle si el Consejo es consciente de que los problemas de los Estados bálticos se produjeron debido a que estuvieron ocupados durante décadas conforme al Pacto entre Hitler y Stalin en incumplimiento del derecho internacional. 
En la actualidad forman la frontera entre Rusia y la Unión Europea. 
¿Considera el Consejo que el reconocimiento de esa frontera debería estar sujeto a condiciones, o quizás depende de Rusia reconocer esta frontera con la Unión Europea como requisito esencial para una relación positiva y fructífera? 
Señor Presidente, permítanme dejar totalmente claro que el reconocimiento de fronteras no puede estar condicionado. 
Señor Posselt, déjeme que le diga algo que he aprendido con la experiencia propia. 
Yo era Representante permanente de Austria en el Consejo de Europa cuando Rusia y los Estados bálticos fueron admitidos. 
Por supuesto soy consciente de cómo se produjo históricamente esta situación. 
Debemos tener claro que esto es resultado de un acontecimiento histórico. 
Lo importante es que, como Miembros de la Unión Europea, los Estados bálticos deberían cumplir las correspondientes disposiciones, normas y reglas del derecho internacional, del Consejo de Europa y de la OSCE en particular. 
Porque los estándares con que contamos, gracias a Dios, en la Europa del Consejo de Europa, pero especialmente también en la Europa de la Unión Europea, son realmente superiores a los del derecho internacional en general. 
Podemos estar orgullosos de ello. 
El Consejo también se siente obligado a cumplir con estas normas y estándares más estrictos. 
El 21 de diciembre de 2005, el Consejo adoptó conclusiones para mejorar la apertura y la transparencia en el Consejo. 
El punto 4 de estas conclusiones prevé que la votación de todos los actos legislativos adoptados en el marco del procedimiento de codecisión será pública y que el resultado de la votación se mostrará visiblemente en la pantalla de televisión que transmite la votación al público. 
¿Puede confirmar el Consejo que, de la información proporcionada, será posible enterarse de la posición de cada delegación en el Consejo y que estas votaciones y un registro público de estas votaciones y de las posiciones adoptadas por cada delegación estarán más tarde disponibles en Internet? 
Señor Presidente, puedo responder a la pregunta del señor de De Rossa sobre la votación pública en el Consejo del siguiente modo: como dijo el pasado mes el Canciller Federal en su discurso sobre la Presidencia austriaca, esta Presidencia desea que haya transparencia. 
Así que, en la medida en que sea posible y que las normas lo permitan, queremos conseguir la mayor transparencia posible entre las instituciones. 
Aunque debemos ser claros respecto al hecho de que esto tiene sus límites, a la Presidencia le complacerá hacer lo que pueda en los cinco meses que todavía nos quedan, y también estamos tratando este tema con la Presidencia finlandesa. 
En la actualidad la postura es la siguiente: cuando el Consejo actúa como legislador, el resultado de la votación, las explicaciones de voto de los Miembros del Consejo y las declaraciones introducidas en las actas del Consejo se publican. 
La información relativa a cómo han votado las delegaciones se publica en el sitio Web del Consejo y puede accederse a ella. 
Este sitio también proporciona información sobre los actos legislativos finalmente adoptados por el Consejo en un mes determinado y la lista mensual de los actos legislativos del Consejo. 
Asimismo recoge los votos en contra o abstenciones, las explicaciones de voto y las normas de votación. 
Estamos haciendo un esfuerzo por introducir nuevas mejoras. 
Actualmente la Secretaría del Consejo está tomando medidas para publicar también en el sitio Web del Consejo los resultados de las votaciones del Consejo sobre propuestas legislativas aceptadas conforme al procedimiento de codecisión para que los ciudadanos puedan verlos. 
Por último, también quisiera señalar que cuando finalmente se aprueba un acto legislativo, la Secretaría general pone a disposición del público, sin restricciones, todos los documentos que ya se han elaborado con relación a dicho acto, al que no se aplican normas excepcionales. 
En la Presidencia queremos tratar de garantizar que las restricciones que existen y se establecen se aplican en la menor medida posible. 
– Gracias por su respuesta y por su defensa de la transparencia. 
¿Puedo preguntarle concretamente si el debate en torno a la Directiva de Servicios en el seno del Consejo durante los próximos meses estará abierto al público y si las decisiones tomadas por cada uno de los Estados miembros serán conocidas por el público? 
En caso negativo debería explicar por qué, teniendo en cuenta que es una de las cuestiones más controvertidas que debatirá la Unión Europea durante varios días y que más interesan al gran público. 
Si nos tomamos en serio el acercamiento de Europa al público, a los ciudadanos europeos, este es el tipo de debate que necesitamos hacer público en el Consejo. 
,. Confirmo que estamos indudablemente a favor del acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos. 
Actuaremos en relación con la Directiva de servicios de la misma forma que en todos los procedimientos de codecisión –existen reglas muy claras–, lo que significa que al principio y al final del procedimiento hay un debate abierto. 
Si los Estados miembros están o no dispuestos a ir más allá de lo que dicen las normas es algo que no puedo aclarar en este momento, pero, por supuesto, las acataremos en cuanto se refiere a la Directiva de servicios. 
Las reglas ya han abierto ciertos segmentos del procedimiento al público y esto se aplicaría a la Directiva de servicios como a cualquier otra. 
Los resultados de la votación, las explicaciones de voto, las declaraciones que constan en acta, todo esto se publica. 
Estoy de acuerdo con su Señoría en que no hemos avanzado tanto como nos gustaría. 
El acuerdo de diciembre puso en marcha el proceso. 
La Presidencia austriaca se encuentra ahora en proceso de aplicación y está intentando ir más allá, con nuestros amigos finlandeses, porque será un proceso largo. 
Estamos intentado que las normas sean más transparentes, pero esto llevará un poco de tiempo. 
– Acojo con agrado esta excelente iniciativa emprendida durante la Presidencia británica. 
Sin embargo, me pregunto si el Consejo está de acuerdo en que el principio de que debería legislar en público tendría que aplicarse lógicamente a toda la legislación y no solo a los asuntos de codecisión. 
¿Estudiará el Consejo la posibilidad, llegado el momento, de ampliar esta decisión para que toda la legislación se apruebe en público? 
Lógicamente, es aún más importante que la legislación que no precisa la aprobación de esta Asamblea sea aprobada por el Consejo de la forma más transparente posible. 
,. Confirmo que se trata de un objetivo conveniente, pero no estoy seguro de que pueda conseguirse hoy por hoy. 
Como he dicho, es un proceso a largo plazo y llevará algún tiempo. 
Hoy por hoy deberíamos contentarnos con dar tantos pasos como podamos, seguir trabajando en torno a lo que ya tenemos, interpretar las normas más generosamente e intentar –si no en nuestra Presidencia, entonces en la próxima– modificar el Reglamento una vez más a fin de lograr aún más transparencia. 
Este es el objetivo, pero llevará cierto tiempo. 
Lo siento si me repito, pero es lo que hay. 
– ¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio en que, si cualquier otro poder legislativo de la Unión Europea tomara decisiones y después publicara sus actas y algunas notas sobre los debates y ofreciera colocar la información en un sitio de Internet, el público lo consideraría muy poco democrático y sospechoso? 
¿No va siendo hora de que el Consejo de Ministros se reúna en público en relación con estos asuntos cuando actúa como poder legislativo? 
Reconozco los avances realizados, pero es del todo inaceptable que en el siglo XXI la legislación siga haciéndose de esta forma. 
,. Me temo que no puedo añadir mucho a lo que ya he dicho. 
El objetivo a largo plazo debe ser más transparente. 
No hay ninguna duda al respecto y la Presidencia austriaca comparte ese objetivo. 
Sin embargo, es preciso modificar algunas normas; hay procedimientos que necesitan adaptarse y solo podemos trabajar con los ojos para alcanzar ese objetivo. 
Sin duda estoy de acuerdo con todos los diputados y diputadas que han intervenido diciendo que precisamos acercarnos más al público y ayudarle a entender mejor lo que pasa en la Unión Europea y todas sus instituciones. 
En su Resolución del 18 de enero de 2006, el Parlamento Europeo ha señalado claramente que sus prioridades para las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 son la prosperidad, la competitividad, la solidaridad, la cohesión y la seguridad. 
La cohesión no sólo es importante para los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, sino también para los antiguos, como por ejemplo España, Portugal, Grecia y otros. 
El Parlamento Europeo rechazó las conclusiones del Consejo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005 y manifestó su intención de entablar unas negociaciones constructivas con el Consejo, sobre la base de sus posiciones respectivas, una vez que la Presidencia austriaca disponga de un mandato de negociación real. 
¿Ha llegado el Consejo a un acuerdo sobre el mandato? 
¿Comparte la posición del Parlamento Europeo de que la cohesión debería seguir siendo una prioridad durante el período 2007-2013 junto con la competitividad, la seguridad y la prosperidad? 
Señor Presidente, en respuesta a la pregunta de la señora Andrikiené, solamente puedo decir en este momento que la posición del Consejo respecto a las Perspectivas Financieras para 2007-2013 es por supuesto la acordada en la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005. 
El Consejo Europeo ha destacado que el objetivo de la cohesión económica y social debe seguir siendo el centro de atención de la política de la Unión Europea para las próximas Perspectivas Financieras. 
Esto también se refleja en el hecho de que el Consejo Europeo ha acordado dedicar más del 35 % del total de sus recursos presupuestarios para el período 2007-2013 a esta área política. 
– Lo cierto es que el tiempo se acaba y ambas autoridades presupuestarias de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento, son conscientes de que a fin de lograr un acuerdo a tiempo han de entablar sin demora unas negociaciones constructivas. 
¿Cuándo estará dispuesto el Consejo a entablar negociaciones constructivas con el Parlamento? 
¿Cuándo tendrá el Consejo un mandato? 
¿Cuáles son las prioridades de la Presidencia en las negociaciones sobre las nuevas perspectivas financieras? 
,. Permítanme asegurar a Su Señoría que estamos manteniendo negociaciones constructivas. 
Nos interesa; interesa al Consejo tanto como al Parlamento Europeo que estas negociaciones tengan una conclusión fructífera. 
Para gozar de credibilidad, el conjunto de la Unión Europea ha de actuar rápida y constructivamente. 
El Consejo está dispuesto a actuar tan rápida y constructivamente como sea posible. 
Puedo garantizarle que, en la tradicional reunión del 19 de enero de la Comisión con los miembros del Gobierno austriaco, se acordó entre el Presidente de la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Schüssel, que las propuestas de la Comisión deberían presentarse lo antes posible y que el Consejo negociaría lo antes posible y de buena fe. 
Según el acuerdo entre las tres instituciones, esperamos llegar en abril –y estamos trabajando con este objetivo– a una conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo interinstitucional. 
No puedo concretar más. 
No obstante, es un objetivo creíble que esperamos alcanzar. 
Puedo garantizar a su Señoría que estamos esforzándonos mucho por conseguirlo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por supuesto la pregunta sigue sin respuesta. ¿Ha recibido ya la Presidencia austriaca un mandato concreto del Consejo para iniciar estas negociaciones? 
Si no es así, ¿a qué nivel y con qué fin pueden celebrarse las conversaciones en el Comité de Representantes Permanentes II hasta que se reciba ese mandato? 
Señor Presidente, puedo responder a la pregunta del señor Rack diciendo que, conforme al plan de trabajo de la Presidencia, las reuniones del diálogo a tres bandas serán preparadas por el Comité de Representantes Permanentes II. Todo esto ya está en curso. 
Puedo garantizarle –ya que lo sé por experiencia propia– que están trabajando mucho en ello. 
Sin embargo, comprenderá que a estas alturas no puedo hablar sobre el estado exacto de las aclaraciones necesarias entre el Consejo y la Comisión, independientemente de dónde se encuentre el expediente en esta fase. Esto afectaría a las negociaciones. 
Quisiera reiterar una vez más y recalcar que por supuesto haremos todo lo que podamos en interés del Consejo y del Parlamento Europeo para hacer que estas negociaciones se inicien, continúen y lleguen a buen término con la mayor rapidez posible. 
Se lo debemos a los ciudadanos europeos. 
La credibilidad de la Unión Europea también dependerá de lo rápido y lo bien que alcancemos un acuerdo sobre este tema. 
Señor Presidente, señor Ministro, todos sabemos los grandes esfuerzos que está haciendo la Presidencia austriaca por llevar a término las nuevas Perspectivas Financieras. 
Mi pregunta es: ¿sigue convencido el Consejo de que la política agrícola común y la política para zonas rurales contribuyen significativamente a conseguir los objetivos de Gotemburgo y Lisboa? ¿Sigue considerando el Consejo una prioridad garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios, concretamente en las Perspectivas Financieras? 
Señor Presidente, Señoría, ya lo he mencionado y lo reitero, ya que esta es la posición del Consejo: nos basamos en el acuerdo que se alcanzó en diciembre. 
Este es el marco en el que nos movemos y las prioridades que saldrán de ahí deberán establecerse ahora en las negociaciones. 
Por supuesto estamos comprometidos con los objetivos que usted ha mencionado y así seguirá siendo. 
Dado que se refieren al mismo asunto, las siguientes preguntas se tratarán de forma conjunta y las responderá el señor Martin Bartenstein, en representación del Consejo. 
¿Qué opina el Consejo de la extrema dependencia energética de la UE respecto a Rusia y los países del Golfo, y qué posibilidades ve para su reducción a través del fomento sistemático de las materias primas renovables y las energías alternativas? 
¿Hasta qué punto está preocupado el Consejo por la seguridad energética en Europa? 
Señor Presidente, en respuesta a ambas preguntas puedo decir que la seguridad del suministro energético, junto con la competitividad y la sostenibilidad –después de todo son los tres pilares pertinentes– durante años ha sido una de las principales preocupaciones de la política energética europea. 
Esto también se aplica a la nueva política energética para Europa que se está desarrollando en la actualidad. 
Concretamente la disputa del gas, la disputa por los precios de las últimas semanas y meses, ha dejado claro que también deben tenerse en cuenta las preocupaciones de nuestros vecinos y socios internacionales. 
La Unión Europea mantiene estrechos vínculos con productores energéticos como Rusia y la OPEP y con usuarios importantes como China y la India. 
En este sentido, también quisiera recordarle acuerdos internacionales como el Tratado sobre la Carta de la Energía y la Comunidad de la Energía en el sudeste Europa. 
La diversificación de las fuentes de energía, la promoción de las fuentes de energía nacionales, especialmente las renovables, y la eficiencia energética constituyen aspectos importantes de la seguridad del suministro energético. 
También debe destacarse la importancia de la inversión en infraestructuras y exploraciones. 
Las redes transeuropeas de energía también forman parte de ambos aspectos. 
Por lo tanto se ha adoptado una serie de instrumentos en la Unión Europea en distintos ámbitos. 
Respecto a la seguridad de abastecimiento, debería mencionarse especialmente la Directiva 2004/67/CE del Consejo, 26 abril de 2004, relativa a unas medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural; respecto a la diversificación de fuentes de energía, la Directiva de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que pretende que el 22 % de la electricidad comunitaria se genere a partir de fuentes renovables para 2010, y la Directiva de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. 
También quisiera mencionar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de diciembre de 2005, sobre la eficacia en el uso final de la energía y los servicios energéticos, que se espera que se apruebe durante los próximos meses. 
Tampoco deberíamos olvidar el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo y concretamente el Programa «Energía inteligente para Europa» que, entre otras cosas, pretende promover fuentes nuevas fuentes de energía renovables en el ámbito local y regional, así como en países en desarrollo. 
El Consejo también está demostrando la importancia que concede a las fuentes renovables de energía fuera del ámbito legislativo. 
En su contribución al Consejo Europeo de primavera celebrado en marzo de 2005, los ministros de energía respaldan dar prioridad a una estrategia sobre fuentes de energía renovables más allá de 2010. 
La política energética y la seguridad del abastecimiento energético, en particular, también formarán parte del orden del día –sin duda de forma destacada– de la próxima reunión del Consejo en primavera. 
Dos áreas más en las que se centrará la Presidencia son el Plan de acción sobre la biomasa y la propuesta de Plan de acción sobre eficiencia energética. 
En su contribución al plan de acción internacional de la Conferencia Internacional de Energías Renovables celebrada en Bonn en junio de 2004, el Consejo señaló que la política energética de la UE debería tratar de aumentar de forma significativa el uso de las fuentes de energía renovables, y que un incremento del uso de la energía renovable, una mejora de la eficiencia energética y el uso de la energía sostenible también contribuirán a la seguridad del abastecimiento como áreas políticas complementarias. 
En su reunión de 29 de noviembre de 2004, el Consejo adoptó una serie de conclusiones sobre energías renovables en las que se destacó la importancia de hacer que las energías renovables sean más competitivas mediante la reducción de los costes de producción, entre otros aspectos. 
Todos estos instrumentos y medidas constituyen una base sólida para la seguridad del abastecimiento energético en la Unión Europea a corto, medio y largo plazo, que también han demostrado su valor en acciones de solidaridad con relación a las consecuencias de los desastres climatológicos del último año. 
Señor Presidente, como diputado de Munich de madre estiria, me complace ver la política progresiva que reivindica Austria en el área de la biomasa. 
Mi pregunta tiene que ver con esto. 
¿Qué están haciendo ustedes para introducir cada vez más esta política tan progresista en el Consejo de la Unión Europea y cómo valora usted concretamente la importancia de la biomasa, no solo como carburante de motores, sino también, y más concretamente, con fines de calefacción? 
Señor Presidente, Señoría, como austriaco y estirio, pero de madre alemana, me complace oír esta aquiescencia en su pregunta suplementaria. 
Estoy seguro de que las fuentes de energía renovables –particularmente la biomasa, por supuesto, aunque no solo esta– tendrán mayores oportunidades de mercado en los próximos meses y años, ya que el precio del petróleo no volverá a bajar de nuevo a 10 o 20 dólares el barril; esto será positivo, ya que constituirá una oportunidad para aumentar la independencia de Europa. 
Sin embargo, no deberíamos engañarnos: esto podría hacer posible la reducción de la tasa de aumento de la dependencia de los combustibles fósiles, pero solo la tasa de aumento, no la tasa de dependencia. 
Al mismo tiempo, esto implicará fuentes adicionales de ingresos para numerosas zonas rurales y para mucha gente, especialmente los agricultores, no solo provenientes de la producción de alimentos, sino también de la producción de plantas generadoras de energía. 
De hecho, a largo plazo, los recursos renovables y de biomasa podrían ser no solo fuente de carbono, sino también indirectamente de hidrocarburos, y entonces podrían utilizarse para accionar vehículos privados. 
Creo que las centrales eléctricas y similares pueden seguir un camino distinto a largo plazo, pero concretamente los combustibles fósiles, los cuales se utilizan en la actualidad casi exclusivamente para el transporte, pueden sustituirse gradualmente por fuentes de energía renovables e hidrocarburos de este tipo. 
Reitero que las oportunidades para que esto suceda son mejores, es más fácil hacer que los recursos renovables –las fuentes de energía renovables– sean una propuesta comercializable si el precio de mercado del barril de crudo se sitúa alrededor de los 60 dólares o un kilovatio de electricidad cuesta hoy dos veces y media lo que costaba hace dos años. 
Un megavatio-hora cuesta hoy 50 euros; todavía puedo recordar cuando costaba 20 euros. 
– El Presidente en ejercicio ha dicho que disponemos de un montón de instrumentos, pero a pesar de ello se prevé que la dependencia de la Unión Europea de los 25 con respecto a la importación de energía, que en 2002 era del 48 %, aumentará para 2030 al 71 %. 
La Unión Europea de los 15 depende de los países de Oriente Medio en un 31 % con respecto a la importación de petróleo, de Rusia en un 30 % con respecto a la importación de gas y en un 28 % respecto de la importación de petróleo, y de Argelia en un 22 % con respecto a la importación de gas. 
Dadas las recientes medidas adoptadas por Rusia y la vulnerabilidad de algunos Estados miembros ante la petulancia rusa, ¿está de acuerdo el Presidente en ejercicio que el elemento básico para mantener la seguridad del suministro es la liberalización completa del mercado energético de la Unión Europa y tomará medidas para llevarla a cabo? 
Señor Presidente, Señoría, lo que Europa necesita es una política energética coherente, una política energética más orientada a nuestros intereses comunes. 
Debemos aprender las lecciones del campo de la protección climática y de la marcada subida de los precios de los combustibles sólidos –debido no solo, aunque principalmente, a la escasez de capacidad de refinado, más los huracanes y las dificultades geopolíticas– así como la lección del 1 y el 2 de enero de este año en que, por las razones que sea, la cantidad de gas natural ruso que entraba a Europa a través de gasoductos ucranianos se vio considerablemente reducida. 
Estos son tres motivos por los que deberíamos reconsiderar nuestra postura. 
Una vez más: debemos esperar que la dependencia de Europa de las importaciones, sobre todo de combustibles fósiles, aumente durante los próximos años, posiblemente décadas. 
Sin embargo, esto no debería ni debe impedir que sigamos buscando nuestras propias fuentes de energía renovables y que finalmente ajustemos la eficiencia energética. 
Respecto a esto estoy de acuerdo con la Comisión cuando afirma que ya es suficientemente difícil hacer que los Estados miembros se comprometan con un 1 % anual; veremos si el compromiso del 2 % anual es posible en el futuro. 
Todavía hay cosas que todos podemos hacer en aras de la eficiencia energética y en este ámbito podemos mejorar algunos aspectos; normalmente los nuevos Estados miembros tienen un mayor potencial en esta área. 
Su eficiencia respecto al producto interior bruto por unidad de energía consumida es mucho menor que en los países de la UE de los 15, en donde comenzaron a romper el vínculo entre consumo de energía, producto interior bruto y crecimiento ya en la década de los setenta, como consecuencia de los sobresaltos en el petróleo de 1973 y 1974. 
Necesitamos una política energética coherente que no pase por alto ninguna de las posibilidades que ya se han mencionado: las fuentes de energía renovables, el aumento de la eficiencia energética, pero al mismo tiempo también la diversificación de los combustibles fósiles, es decir, el gas, y por supuesto también la diversificación en las líneas de distribución. 
El problema básico no fue la escasez de gas. La raíz del problema del 1 y el 2 de enero fue que solo existe un gasoducto a través de Ucrania que suministra a muchos países europeos y que el 80 % de todo el gas que viene de Rusia a Europa se transporta a través de ese gasoducto. 
Realmente es prudente que se celebren contratos entre las empresas alemanas y rusas. 
Es verdaderamente importante que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea también respalden el proyecto del gasoducto de Nabucco que podría aportar unos 12 mil millones de metros cúbicos de gas al año a Europa Central desde el Mar Caspio a través de Turquía a partir de 2011 y aproximadamente 30 mil millones de metros cúbicos de gas al año a partir de 2020. 
Sin embargo, respecto a la cuestión del gas, tampoco deberíamos olvidar el gas natural licuado; aparte de varios Estados miembros del sur, Europa no ha almacenado demasiado hasta el momento. 
Esto también es necesario si queremos reducir nuestra dependencia. 
Asimismo celebro con entusiasmo los anuncios de Rusia y su ministro de finanzas en una reciente cumbre del G8 celebrada en Moscú de que van a reconsiderar o abolir el monopolio de exportación de Gazprom. 
Lamentablemente no han dicho cuando sucederá esto, pero al menos lo han anunciado. 
Es cierto que la cooperación con Gazprom ha superado la prueba del tiempo, pero esto significa que también podremos conversar, negociar y trabajar con otros socios rusos en el futuro. 
Desde mi punto de vista, la ruta que ha seguido Europa hasta el momento para la liberalización del sector energético ha sido importante y correcta. 
También ha contribuido a estabilizar concretamente los precios, pero en los próximos años tendremos que caminar por la cuerda floja entre la mayor seguridad de suministro –y en última instancia proporcionando a los inversores garantías de recuperación de sus inversiones a través de contratos a largo plazo– y sin embargo creando un mayor mercado interior de energía, que también integre a los países del sudeste de Europa, incluida Ucrania, y quizás incluso Rusia. 
Si no podemos hacerlo a través de la Carta de la energía, quizás sea posible a través de la Comunidad de la energía, y esta es una propuesta concreta que probablemente presentará la Comisión durante las próximas semanas. 
Debemos adoptar todos estos planteamientos. 
La política energética es una prioridad destacada y durante los últimos meses nos ha demostrado su importancia. 
Señor Presidente, señor Bartenstein, la dependencia energética es la prioridad número uno. 
La seguridad del suministro de energía nos mantendrá muy ocupados en el futuro. 
¿Prestará atención el Consejo de Energía al Protocolo de Kyoto y al período posterior a 2012, así como al efecto que tendrá la aplicación conjunta en este ámbito? 
¿Será este un foco de inversión en Europa? ¿Cuál es el modo más eficiente para conseguir el objetivo de reducción general de CO2? 
Señor Presidente, señor Rübig, con respecto al Protocolo de Kyoto y la protección del clima, puedo informar al Parlamento de que, cuando se le preguntó en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos cuáles consideraba que eran las prioridades mundiales para los próximos años, el ex presidente estadounidense Bill Clinton afirmó que la principal prioridad era la protección del clima. 
Puede que esto parezca un poco descarado viniendo de un americano, pero fue el ex presidente estadounidense el que lo dijo, y este firmó el Protocolo de Kyoto. 
Sin embargo, tal como sabemos, en su momento el Congreso no lo ratificó. 
Estoy de acuerdo con usted y con muchos otros en que la protección del clima constituye una prioridad absoluta. 
Se trata de una necesidad, ya que el clima global está amenazado. 
Sin embargo, en Europa debemos tener presente que en la actualidad somos responsables de aproximadamente el 14 % de las emisiones mundiales de CO2, y que para 2050 la cifra será de aproximadamente del 10 %. 
En otras palabras, entorno al 86 % actual y en el futuro el 90 % de las emisiones de CO2 se originarán fuera de Europa. 
Existe una gran diferencia en que la Unión Europea esté sola o que al menos cuente con sus socios estadounidenses –que por supuesto también son nuestros competidores. 
Sin embargo, de momento esto no es previsible. 
Por supuesto, otra cuestión es cómo deberíamos tratar con países como China o la India, que no tienen obligaciones conforme al Protocolo de Kyoto. 
Preveo que estos países dirán lo siguiente, lo cual es bastante comprensible: «ustedes los Europeos generan aproximadamente 10 toneladas de CO2 per cápita, los americanos en torno a las 20 toneladas, y nosotros producimos entre una y dos toneladas. 
Primero déjennos llevar nuestro desarrollo industrial y de otra índole a su nivel y entonces contribuiremos a su protección climática». 
Hacer que China, la India y otras economías en desarrollo y emergentes se incorporen lo antes posible y convencerles con nuestros argumentos constituye una cuestión muy delicada. 
En Europa deberíamos ir un paso más allá, pero al mismo tiempo tenemos que tener presente nuestra competitividad y proteger el clima de la forma más rentable posible. 
En este sentido la aplicación conjunta es muy valiosa. 
Si podemos invertir en países europeos, por ejemplo en los nuevos Estados miembros, y por lo tanto reducir las emisiones de CO2 a cambio de una menor inversión que la que sería posible, por ejemplo, en los Estados miembros de la UE de los 15, deberíamos seguir esta ruta, y esto se establece en el Protocolo de Kyoto. 
Esto a su vez significa que la protección del clima tiene la máxima importancia. 
Sin embargo, al mismo tiempo también somos conscientes de que los precios de la energía tienen un efecto sobre la competitividad y por lo tanto sobre el empleo. 
Avanzamos en la dirección adecuada y durante los próximos meses averiguaremos cómo se aplicará la segunda fase posterior a Kyoto en los Estados miembros de la UE y cómo serán los planes de asignación nacional. 
El comercio de los derechos de emisiones de CO2 ha tenido un buen inicio y los precios son considerablemente superiores a lo que esperábamos –en su momento se habló de 10 euros por tonelada y la cotización más reciente, según sé, fue de 28 euros, lo cual casi triplica la suma inicial. 
Si ahora le decimos a la industria europea que se le asignará menos que en pasado deberemos encontrar buenos argumentos. 
En aras del empleo en la vieja Europa, quisiera abogar claramente por que seamos extremadamente cuidadosos y sigilosos a la hora de tratar con nuestra industria y economía, que utilizan una gran cantidad de energía. 
Con respecto al futuro de Kyoto, estoy muy a favor de que se realicen avances y de un planteamiento ofensivo, pero este planteamiento no debe hacer que ningún empleo corra el riesgo de ser reubicado fuera de Europa en países que siguen sin prestar atención a la protección climática. 
Señor Presidente, señor Bartenstein, en los primeros días de su mandato como Presidente en ejercicio del Consejo usted tuvo que afrontar el difícil problema con Rusia y Ucrania. 
Inicialmente el problema no fue que se cortase el suministro de gas, sino simplemente que Rusia demandaba un precio mucho mayor por su gas natural. 
¿Pretende ahora la Presidencia austriaca afrontar esta vulnerabilidad de los precios de la energía, que no solo afecta a Ucrania sino también a la economía europea? 
Todos sabemos que un aumento importante en los precios de la energía provocaría una elevada inflación y podría ralentizar considerablemente el crecimiento económico o incluso provocar una recesión. 
¿Qué pretende hacer con respecto a la vulnerabilidad de la economía europea en relación con los precios de la energía? 
, Señor Presidente, por suerte nuestra economía y nuestro producto interior bruto son ahora mucho menos sensibles a las fluctuaciones de los precios de la energía que en 1973-1974. 
Tanto la OCDE como la Comisión Europea estiman que esta vulnerabilidad, esta sensibilidad, se ha reducido a casi la mitad, precisamente por el hecho de que nuestra gestión y nuestra producción son actualmente muchos más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía. 
Sin embargo, por supuesto esto no significa que, incluso hoy, podamos afrontar con facilidad un aumento del precio del petróleo de 30 a 60 dólares estadounidenses; y hay quienes afirman –espero que no demuestren tener razón– que se prevén precios de tres cifras en un futuro próximo. 
Con respecto al gas, debe decirse, para ser justos con nuestros amigos rusos, que su intención era la de hacer que Ucrania pagase el precio de mercado mundial, aunque este es un término relativo, por lo que sería mejor hablar de precio estándar en Europa, de aproximadamente 220 dólares estadounidenses por mil metros cúbicos. 
Esto se acordó finalmente en la noche del 3 al 4 de enero en las negociaciones entre Gazprom y Ucrania. 
El compromiso establece –y ahora ya se han redactado y firmado los contractos– que se producirá una mezcla de gas ruso a aproximadamente 220 dólares estadounidenses y un gas mucho más barato proveniente de Asia central, y Ucrania pagará aproximadamente 95 dólares por esa mezcla. 
Con respecto a los precios del mercado mundial y los precios europeos del gas, deberían ser conscientes de que los Estados Unidos compran su gas a un precio muy superior al que pagamos en Europa. 
Obviamente todavía no contamos con un precio de mercado mundial estándar y que las diferencias en el caso del gas son considerablemente mayores que en el del petróleo. 
Esto, a su vez, es un argumento a favor de un planteamiento a más largo plazo de la política energética y a favor de un aumento de la asociación. 
Debe continuarse y reforzarse este diálogo entre la Unión Europea y Rusia, por una parte, y la OPEP, por otra. 
En este sentido cabe desear un mayor grado de transparencia para consolidar la confianza en ambos grupos de socios. 
También quisiera recomendar que prestemos una mayor atención no solo al trabajo con los productores de energía, sino también a establecer un diálogo con los consumidores. 
Es importante para nosotros en Europa que alcancemos acuerdos con Japón, los Estados Unidos y asimismo con otros consumidores, para conseguir un objetivo que también persiguen los países productores de petróleo: precios estables a largo plazo. 
Es incorrecto creer que el principal interés de los países de la OPEP consiste en alcanzar un precio de 100 dólares estadounidenses lo antes posible. 
En primer lugar, son muy conscientes de que no duraría mucho tiempo y que entonces los mecanismos del mercado podrían reducir los precios a un nivel relativamente bajo. 
También son conscientes de que el funcionamiento de nuestra economía y nuestro constante crecimiento son importantes en última instancia para sus ventas de petróleo y gas. 
Por lo tanto, existe un interés común en la creación de mercados energéticos estables y fiables, así como en garantizar precios estables y un abastecimiento seguro. 
Podremos hacer avances en este sentido durante los próximos meses. 
El Libro verde que está debatiendo actualmente la Comisión, aunque todavía no se denomine así, lo es en la práctica. 
En el futuro constituirá una directriz para nosotros. 
Dado que su autor no está presente, la Pregunta nº 8 decae. 
¿Puede indicar la Presidencia austriaca del Consejo si piensa adoptar la propuesta de directiva de la Comisión relativa a la portabilidad de los derechos de pensión complementaria y cómo se abordará dicha propuesta? 
Señor Presidente, dado que esta es la primera vez que recibo preguntas del Parlamento Europeo, todavía estoy arraigado en las tradiciones de mi Parlamento, en el que las preguntas siempre se repiten. 
Estoy seguro de que aprenderé como funciona todo antes de que termine la Presidencia: después de todo, todavía nos quedan cuatro meses y medio por delante. 
Las pensiones de jubilación complementarias son una cuestión importante, incluso con relación a nuestro concepto de «flexiguridad» , es decir, flexibilidad a través de la seguridad. 
El Consejo ya ha comenzado a examinar la propuesta enviada por la Comisión a finales de octubre de 2005 para una directiva sobre la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. 
A finales de febrero, el órgano preparatorio responsable del examen de esta cuestión, es decir, el Grupo de trabajo del Consejo sobre cuestiones sociales, habrá tratado la propuesta en seis reuniones. 
La Presidencia austriaca ha incluido la propuesta en sus proyectos de orden del día para la reunión del Consejo. 
Sin embargo, dado que la cuestión es técnicamente muy compleja, todavía necesitamos examinar el grado de avance de este trabajo para la reunión del Consejo de junio. 
No ocultaré el hecho de que, aparte de la complejidad general, todavía existen algunas cuestiones fundamentales que necesitan respuesta, pero en un principio considero que contribuirá y debe contribuir de forma importante a la mejora de la movilidad de los trabajadores en Europa. 
Señor Bartenstein, puedo asegurarle que no tiene nada que aprender, dado que usted ya es mucho mejor desde un principio que muchos de sus predecesores. 
Quisiera ampliar lo que usted ha dicho añadiendo que la cuestión es que, cuando se trata de las pensiones de jubilación, obviamente también debemos tratar las diferencias de competencias y de los sistemas tributarios. 
Las diferencias de competencias en los Estados miembros han creado importantes barreras para la movilidad. 
¿Cree usted que necesitamos estándares mínimos en este campo, una base de coste común para los productos europeos y un debate más exhaustivo sobre las pensiones europeas, al tiempo que salvaguardamos las competencias nacionales? 
, Señor Presidente, señor Karas, esta propuesta de directiva realmente constituye un paso en la dirección que queremos y debemos seguir. 
Todo aquel que quiera que los empleados tengan movilidad a través de las fronteras europeas debe hacer posible que estos puedan llevar consigo sus derechos de pensiones complementarias sin demasiada dificultad. 
Por otra parte, es bastante obvio que, en lo que respecta a la seguridad social, cada país cuenta con sus propias tradiciones y por lo tanto cualquier intento de armonización estaría condenado al fracaso. 
No queremos que eso suceda; respecto a la seguridad social, realmente no existe un modelo válido para todos. 
Por lo tanto se trata de un problema en áreas en las que es sensato y adecuado establecer estándares mínimos. 
En el ámbito de los derechos de las pensiones, no deberíamos olvidar que la mayoría de los países europeos emplean un sistema contributivo como base para la ayuda estatal. 
Al mismo tiempo, sabemos que sería adecuado complementar este sistema basado en las contribuciones parcialmente con uno basado en el capital, incluido el sector estatal. 
Además, como parte de esta oportunidad –teniendo en cuenta desde luego los ingresos de los empleados y ahorradores europeos– también deberíamos fomentar la provisión de pensiones privadas y ocupacionales. 
Trabajo basándome en que los Estados miembros mantendrán y deberían mantener su autoridad para la toma de decisiones y su competencia relativamente a largo plazo, pero que también deberíamos establecer –especialmente a través de esta directiva– modos para hacer que los empleados europeos con fondos de pensiones transfieran sus derechos de pensiones por toda Europa, lo cual se facilitará considerablemente con la introducción de estándares mínimos. 
Señor Presidente, señor Bartenstein, comparto su punto de vista de que la posibilidad de transferir las pensiones ocupacionales complementarias sin duda aumenta la movilidad. 
Toda medida que aumente la movilidad aumenta al mismo tiempo la seguridad del empleo. 
Estoy muy seguro de que, como parte de su Presidencia, ustedes tienen previstas medidas adicionales para aumentar la movilidad y por lo tanto la seguridad del empleo. 
¿Cuál de estas medidas destinadas a aumentar la movilidad propondrán ustedes a los restantes Estados miembros durante su Presidencia? 
Señor Presidente, sabemos que los ciudadanos de Europa tienen una menor movilidad que los de otros lugares. 
Muchos de los datos estadísticos disponibles indican que la movilidad en los Estados Unidos es dos meces mayor que en Europa. 
Por supuesto, no podemos eliminar las barreras lingüísticas de Europa de la noche a la mañana –y quizás no queramos hacerlo– ni instituir los principios federales que se aplican en los Estados Unidos como tales. 
Sin embargo, en general esto proporciona a los jóvenes una oportunidad de aumentar su movilidad y les abre un mercado europeo con interesantes empleos y oportunidades profesionales. 
Con estos requisitos, dado que realmente no queremos adoptar aquí la situación estadounidense de la noche a la mañana, nuestra meta es una mayor movilidad para los empleados y los jóvenes. 
La mejora de la movilidad de los trabajadores implica adoptar medidas, paso a paso. 
Con respecto a esta directiva específica, puedo decirle que la Comisión ha declarado 2006 como Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, que existirá un portal de empleo, EURES, del cual se presentará una versión mejorada en una reunión que se celebrará en unos días, el 20/21 de febrero en Bruselas, en donde se dará la salida oficial. 
Yo mismo tendré el honor de participar y el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, el Comisario Špidla y el Presidente del Parlamento Europeo también han acordado estar allí. 
Esta reunión incluirá el debate del tema de la «movilidad, una herramienta para más y mejores empleos» y este debate continuará en los talleres. 
No queremos simplemente una directiva sobre la portabilidad de los derechos de las pensiones complementarias, lo que queremos es una integración general. 
También es importante que se inicie un proceso de mejores prácticas entre las autoridades, los sindicatos y el sector privado, y asimismo deseamos ampliar la base de conocimiento. 
El Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores está empezando; la conferencia final se celebrará en noviembre, durante la Presidencia finlandesa. 
Sin embargo, creo que es positivo que ya existan planes a los que dar seguimiento en este primer Año Europeo de la Movilidad. 
Señor Presidente, señor Bartenstein, estoy seguro de que todos somos conscientes de que la movilidad es especialmente elevada entre los académicos y los jóvenes que han disfrutado de una educación universitaria, pero ¿qué planes específicos tiene ahora la Presidencia para los aprendices y las personas con menores niveles de educación? 
¿Qué podemos hacer para aumentar su movilidad? 
Señor Presidente, considero que todas las personas de Europa, sea cual sea su nivel educativo –y en los países de lengua alemana esto incluye a un gran número de aprendices que cursan formación profesional– deberían tener las mismas oportunidades que quizás solían estar limitadas a personas con formación académica terciaria. 
Sé que existen ejemplos de mejores prácticas en Austria de aprendices en formación que tienen la oportunidad de pasar un tiempo en el extranjero. 
Considero que es totalmente esencial –con el mayor de los respetos por todos los regímenes lingüísticos que tenemos en Europa– que principalmente les proporcionemos a nuestros jóvenes el conocimiento del inglés como lengua de movilidad. 
Espero no recibir ahora un aluvión de protestas de París u otros lugares. 
Si queremos proporcionar a los jóvenes europeos oportunidades laborales en toda Europa, naturalmente debemos estar también preparados para establecer programas durante la formación y para conceder ayudas, de forma que los jóvenes puedan tener un primer contacto con esta movilidad en el contexto de dichos programas, que les permita poder conseguir empleos en otros países europeos posteriormente durante su trayectoria profesional. 
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo). 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
A continuación reanudamos el debate sobre el informe de la señora Gebhardt sobre los servicios en el mercado interior. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, como nuevo diputado al Parlamento Europeo, quisiera decir que, con ocasión de este debate, desde hace ahora 18 meses, he descubierto la riqueza y la calidad del trabajo que se hace en esta Cámara. 
Quisiera rendir homenaje a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, a su difunto presidente, el señor Whitehead, a su ponente, la señora Gebhardt, así como a la ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la señora Van Lancker. 
Quisiera dar las gracias a los responsables de nuestro Grupo, a cuyo trabajo debemos el proyecto que debatimos hoy: el señor Harbour, ponente alternativo y coordinador de nuestro Grupo; la señora Thyssen, nuestra vicepresidenta; y nuestra infatigable secretaría. 
Celebro también el trabajo de la señora Descamps y de la señora Bachelot, miembros de la delegación francesa. 
Gracias a todos y a todas, hemos obtenido un resultado importante: el compromiso es un texto nuevo. 
Establece, primero, el mercado interior de los servicios. 
Este proyecto retira al Tribunal de Justicia el monopolio que desde hace 50 años ejerce de hecho sobre la aplicación de los principios de los Tratados. 
El mercado interior de los servicios descansa en la confianza mutua y conlleva la cooperación y la simplificación administrativa, así como la abolición de los obstáculos proteccionistas, tanto para la instalación de las sociedades de servicios como para la prestación temporal. 
Solamente se aplica a los servicios de interés económico general en lo que respecta a la libertad de establecimiento, excluyendo muchos servicios esenciales, como los servicios audiovisuales y el cine, el juego, la sanidad y las profesiones jurídicas. 
Así, el compromiso propone al Parlamento que vote una ley marco que impulse el crecimiento económico, la innovación y el empleo, que es lo que quieren los pueblos de Europa. 
Pero el compromiso nos aporta también el respeto de nuestro modelo y nuestras preferencias colectivas nacionales. 
¿Va a acarrear la directiva el desmantelamiento de nuestras conquistas sociales? 
¿Va a provocar una nivelación a la baja? 
Con la propuesta inicial de la Comisión, el riesgo era indudable. 
¡Por eso la rechazamos! 
Pero el compromiso que se les propone corta el paso al dúmping social, se basa en la subsidiariedad y adopta un enfoque razonable y restrictivo de la aplicación de la libre prestación de servicios. 
El compromiso excluye de forma totalmente explícita las conquistas sociales y el Derecho laboral. 
La competencia social está prohibida. 
Para la libertad de establecimiento se respetan muchas normativas nacionales. 
Y la libertad de prestación de servicios va acompañada de la garantía de que los Estados miembros podrán aplicar sus normas nacionales cuando el interés público lo justifique. 
Es un verdadero compromiso: es objeto de críticas desde ambos lados, lo que demuestra que se encuentra en el justo medio. 
Deseo, pues, en nombre de mis colegas franceses, que lo apoyen, votando a favor por una muy amplia mayoría. 
Sería una victoria del Parlamento Europeo, sería una victoria de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Barroso, señor Winkler, completar el mercado interior es una cosa, es un objetivo que compartimos. 
Pero desmantelar el modelo social europeo es otra cosa muy distinta y es una iniciativa a la que nos oponemos enérgicamente. 
Nos oponemos porque es contraria al interés de los ciudadanos, de los trabajadores y de los consumidores europeos, pero también porque pone en peligro la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo. 
La propuesta inicial de Directiva Bolkestein fue rechazada de plano porque parecía estar concebida para hacer que la realización del mercado interior dependa de la rebaja de los derechos sociales y de la rebaja de las normas ambientales y de la protección de los consumidores, que habían alcanzado un grado de protección más alto en algunos Estados miembros que en otros. 
Al tratar de basar el mercado interior, no ya en la competencia entre las empresas, sino en la competencia entre los sistemas sociales de los distintos Estados miembros, la propuesta Bolkestein dio la impresión de enfrentar entre sí los intereses de los Estados miembros. 
Creó un clima de suspicacia entre antiguos y nuevos Estados miembros, contrariamente a lo que es la misión de la Comisión Europea, que consiste en unir a todos los europeos en torno a un proyecto común. 
Al incluir numerosos servicios sociales y una parte de los servicios económicos de interés general en el ámbito de la directiva, la Comisión trató de someter actividades esenciales para la cohesión social nada menos que a la lógica de la competencia y del mercado. 
Con el principio del país de origen, dio la espalda al método comunitario, que procede mediante la armonización sectorial; un método que siempre ha consistido en aproximar la normativa legal vigente en los Estados miembros, esforzándose así por favorecer el reconocimiento mutuo y la integración económica sin poner en peligro el modelo social europeo y –repito– el nivel de protección más alto alcanzado en algunos países. 
Se trataba de armonizar hacia arriba. 
Con este proyecto, la Comisión Europea propuso por vez primera una legislación que, a la inversa, alienta la disparidad entre los Derechos nacionales y prima a los Estados miembros menos exigentes. 
Es cierto que la Comisión actual no es responsable de la propuesta inicial. 
No obstante, tiene una responsabilidad: tras reconocer que el texto estaba mal pensado, mal ensamblado –usted lo ha dicho, señor McCreevy–, era su responsabilidad retirarlo y proponer otro más acorde con los principios sociales europeos y capaz de restablecer la confianza de los ciudadanos. 
Por esta razón, los diputados franceses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo votarán a favor de una enmienda de rechazo del texto. 
Señor Barroso, usted ha declarado que la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas que contribuyan a hacer avanzar el mercado interior de los servicios, pero no ha dicho qué hará con las enmiendas encaminadas a garantizar los derechos sociales, las normas ambientales y el derecho de los consumidores. 
Tampoco ha dicho nada de la suerte que reservará a las enmiendas que excluyan los servicios sociales y determinados servicios de interés económico general del ámbito de la directiva. 
El señor McCreevy ha dicho incluso, esta tarde, que quiere mantener una parte de los servicios de interés económico general en el ámbito de la directiva. 
Pueden dar así la impresión de no escuchar al Parlamento o de escucharle solo cuando sale en defensa de la liberalización. 
Señor Comisario, señor Presidente, terminaré diciendo que la manifestación de esta tarde ha sido la expresión del deseo de una Europa más protectora desde el punto de vista social. 
Supeditaremos nuestro voto a la exclusión del ámbito de aplicación de la directiva de todos los servicios públicos, a la supresión del país de origen y al establecimiento de unas normas jurídicas claras sobre el Derecho aplicable. 
Por desgracia, no sucede así en el compromiso actualmente propuesto, por lo que hemos presentado enmiendas en este sentido. 
– Soy la ponente alternativa para el informe de Anne van Lancker, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Hablaré sobre la regulación del movimiento de trabajadores en la Directiva. 
Señor Presidente, la primera vez que viajé al extranjero fue en 1990, cuando Lituania declaró su independencia. 
Con anterioridad a esta fecha, los comunistas no me habrían dejado salir, ya que mi padre era opositor a su régimen. 
Ahora Lituania se ha deshecho de los comunistas y nos encontramos en la Unión Europea. 
Nos hemos incorporado a la Comunidad con el deseo de ser útiles. 
Creímos que seríamos socios y ciudadanos de la Unión en igualdad de circunstancias. 
Pero por desgracia no es así. 
La mayoría de los veteranos de Europa nos temen más que a la gripe aviar. 
El 2006 ha sido declarado año de la libre circulación de trabajadores en la Comunidad, pero los miembros no quieren abrir las puertas en absoluto. 
La Directiva propone nuevas restricciones. 
Las cifras de la Comisión demuestran que existe una ventaja clara para aquellos países que han liberalizado sus mercados laborales. 
Entretanto los políticos amenazan a la gente con una invasión procedente del este e ignoran los hechos. 
¿Por qué se tolera a los inmigrantes ilegales de la antigua Yugoslavia en Austria, a los marroquíes en Francia y a los turcos en Alemania? 
Mientras tanto, los eslovacos, polacos y lituanos son considerados la mayor amenaza. 
Los antiguos Estados miembros de la Comunidad llevan mucho tiempo beneficiándose de los mercados de los nuevos países. 
Consideramos que esto está bien, ya que creemos en los beneficios mutuos. 
Nuestras comunidades empresariales también buscan nuevos mercados y están dispuestas a competir honradamente. 
Saben que la competencia equivale a progreso y crecimiento. 
También saben que solamente una Europa integrada y unida soportará los retos que plantea la globalización Pero, ¿sabemos esto? 
Lamentablemente, para los lituanos la Directiva propuesta significa que poco ha cambiado desde los días del telón de acero. 
Señor Presidente, Europa seguirá dividida si se enfrenta a sus pueblos. 
Una Europa unida es aquella en la que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos: principalmente la libertad de movimiento y la libre prestación de servicios. 
– Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea pido que durante la votación del jueves programemos una interrupción de la sesión justo antes de la votación final. 
El Parlamento y la Comisión deberían erigir una estatua al señor Bolkestein, el europeo más conocido de los años 2005 y 2006, para que todos recuerden que no queremos más propuestas de este tipo sobre la base de una iniciativa de la Comisión Europea. 
Es cierto que hoy no estamos ya en la situación en que nos hallábamos con la Directiva Bolkestein inicial: nuestras comisiones parlamentarias han trabajado y han hecho un gran esfuerzo. 
Pero ¿es esta una razón suficiente para aceptar este compromiso? 
Sinceramente, yo –de hecho, nosotros– no lo creo. 
Todavía hay demasiadas zonas grises en el texto, en particular sobre las posibilidades de control por lo que se refiere a la normativa laboral, ambiental y de protección del consumidor. 
No podemos aceptar que servicios económicos de interés general, como los servicios sociales o la vivienda social, se vean afectados por esta directiva. 
Si queremos recuperar la confianza de todos nuestros conciudadanos, que cada vez dudan más del papel que desempeña la integración europea en la mejora de su vida cotidiana, debemos pasar pronto a una verdadera armonización social al alza, en particular elaborando prioritariamente una directiva que defina las nociones de servicio público europeo. 
Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre servicios es reaccionaria. 
Amenaza los derechos de los trabajadores y corre el peligro de conducir al dúmping social. 
Por lo tanto, queremos que la propuesta sea rechazada en su totalidad. 
De no ser así, votaremos a favor de toda propuesta que limite los efectos nocivos de la Directiva, por ejemplo las propuestas para eliminar el principio del país de origen y para eximir a determinados sectores del ámbito de la Directiva. 
El compromiso propuesto entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos elimina importantes defectos de la propuesta, pero siguen quedando grandes ambigüedades, que supuestamente debe resolver el Tribunal de Justicia Europeo. 
Nosotros, por nuestra parte, no queremos que el Tribunal determine los derechos de los trabajadores. 
No podemos aceptar una situación en la que los derechos de los empleados, conjuntamente con la legislación diseñada para proteger a nuestros ciudadanos, sean sacrificados en el altar del libre mercado. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los numerosos manifestantes que, de forma decorosa, demostraron hoy su oposición a la Directiva Bolkestein. 
Al igual que los manifestantes, el Movimiento de Junio desea rechazar la Directiva Bolkestein. 
El compromiso entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no cambia el quid de la cuestión. 
El principio del país de origen se va a eliminar pero no se sustituirá por un claro principio de país anfitrión. 
La Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores sigue proporcionando a los países con salarios bajos el derecho a minar nuestros salarios y el modelo danés de convenio colectivo. 
Se están eliminando de la Directiva las áreas sensibles, de forma que se deja en manos de los jueces la liberalización de los servicios públicos y su supeditación al mercado. 
Esto ya ha sucedido en la educación, la salud y los asuntos sociales. 
Mediante la enmienda 5 se invita directamente al Tribunal de Justicia Europeo a que legisle. Esta enmienda confirma los principios del Tribunal de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. 
Estos principios suenan bien, pero las tres palabras reflejan el hecho de que son los jueces de Luxemburgo los que decidirán si la legislación nacional puede considerarse ilícita si en la práctica las empresas extranjeras no tienen los mismos derechos conforme a esta para presentarse a licitaciones para trabajar y prestar servicios. 
El Movimiento de Junio acoge con agrado a los fontaneros polacos y a los demás trabajadores extranjeros, pero estos deben recibir salarios no discriminatorios, no salarios que provoquen dúmping. 
Nos gustaría ver la libre competencia, pero esta también debe ser justa, y por lo tanto proponemos servicios regulados por el método abierto de coordinación, de forma que los jueces de Luxemburgo no conviertan nuestras democracias en barreras comerciales ilegítimas. 
– Todo el mundo está de acuerdo en que la Directiva sobre servicios legalizaría la circulación de servicios dentro del territorio de la Unión Europea. 
Dado que esta se adoptó sin enmiendas importantes no discriminará a los nuevos países. 
Con esto me refiero principalmente a la conservación del principio del país de origen. 
Por otra parte, sobre todo cuando se tienen en cuenta los peligros que plantean la mayoría de las enmiendas, esta Directiva podría distanciarse del proyecto original y convertirse en un obstáculo insalvable para el desarrollo ulterior de la Unión Europea. 
Otra cuestión es la variedad de servicios. 
Estoy de acuerdo en que, conforme al Tratado comunitario y a la Directiva, en realidad la educación es principalmente una cuestión de responsabilidad nacional y la Unión Europea simplemente financia programas de educación generales. 
Sin embargo, si existe una falta de responsabilidad nacional y la financiación de los programas generales de educación europea no aumenta, entonces la Directiva sobre servicios, al limitarse a confirmar la responsabilidad de las autoridades nacionales, al tiempo que desatiende los servicios educativos, no contribuye a resolver los problemas que rodean a la expansión de la educación en Europa, simplemente los perpetúa. 
Esto se confirma, por cierto, con el descenso de la financiación a los programas generales de cultura y educación para 2007-2013, tema sobre el que versa una persuasiva carta de la Comisión de Cultura y Educación dirigida a los líderes de todos los Grupos del Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, el debate que estamos presenciando hoy es bastante extraño. 
Al escuchar a los representantes de los principales partidos parece que realmente hemos encontrado una solución, pero ¿qué tipo de solución? 
La montaña se ha bamboleado y ha provocado a una quimera burocrática. 
Simplemente analícenlo ustedes, los que se denominan socialdemócratas. 
¿Exactamente cómo pretenden aplicar lo que creen que han negociado? 
Y encontramos la misma situación desesperada en el lado opuesto. 
Los que realmente creen que pueden crear un mercado más abierto también han fracasado. 
¿Qué hacen ustedes en una situación así en la vida real, en la que no cabe lugar para el derroche ni la admiración mutua? 
Vuelven al punto de partida, comienzan de nuevo desde el principio. 
Es una tragedia para Europa que ustedes no lo hayan hecho en este caso. 
Es una tragedia que no hayan escuchado a la señora Rühle. 
Los que realmente quieren defender la idea de Europa son los que tendrán que soportar las consecuencias de todos los problemas que ahora se han creado, así como de las quejas que surgirán en nuestro camino. 
Señor Presidente, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos de la UE se basan en libertades reconocidas: la libre circulación de mercancías, personas, capital y servicios. 
Pese a que la promoción de la libre circulación de servicios se adapta al marco del Proceso de Lisboa, siendo necesario conseguir crecimiento y empleos, la propuesta que tuvimos ante nosotros resultó ser una solución aguda, la cual, pese a que puede ser letal, también puede tener efectos positivos. 
Esta resultó ser beneficiosa para los nuevos Estados miembros, pero quisiera advertirles que el descontento social que puede provocar podría hacer que vayamos de mal en peor, y la Directiva no solo provocaría descontento social, sino también desharía el trabajo bien hecho. 
Existen otros problemas. 
El desplazamiento de los trabajadores es uno de los que me gustaría mencionar. 
¿Qué pretende hacer ahora la Comisión en la práctica? 
Dado que provengo de una región fronteriza, soy consciente de que debemos impedir que los obstáculos administrativos obstaculicen el desplazamiento de los trabajadores o lo impidan en general. 
Debemos eliminar todos los obstáculos, sobre todo con el objetivo de hacer que el expediente sobre el empleo temporal se encauce en el Consejo. 
Una vez que todo funcione bien en el sector del empleo temporal, por lo pronto estaré a favor de hacer que este sector entre en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, pero todavía no se ha alcanzado este punto, ahora lo que importa es que se encauce la Directiva sobre trabajo temporal. 
Todo gira alrededor de los procedimientos de control que se establecerán: control del desplazamiento de los trabajadores, control de los comerciantes individuales por cuenta propia... 
Respecto a los primeros, no solo examinaremos la seguridad social y los impuestos, también podríamos estipular que se especificasen salarios mínimos respecto a los formatos empleados. 
Esto es lo que hace tan efectivo el proceso de la Directiva sobre servicios y me complacen los compromisos que se han alcanzado. 
Señor Presidente, el compromiso que tenemos ante nosotros y sobre el que votaremos el jueves es una Directiva sobre servicios bastante distinta a la Directiva Bolkestein. 
Por lo tanto puedo decirle al señor Bonde que los miles de respetados sindicalistas que se están manifestando hoy ante el Parlamento respaldan el compromiso que se ha alcanzado en esta Cámara. 
El señor Bonde solamente tiene que leer la declaración realizada a la prensa por John Monks, secretario general de la confederación de sindicatos europeos, para saber que es así. 
También debo decir que no tengo dudas respecto a por qué lo apoyan. 
Yo mismo me he implicado para que las cosas avanzasen en esta dirección. 
Los acuerdos y la legislación laboral los decidirán cada país y cada movimiento sindical. 
Esta normativa creará más empleos. 
El sector público se verá salvaguardado y habremos evitado una división entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. 
El jueves votaremos sobre una apertura equilibrada del mercado interior. 
Durante mucho tiempo he dicho que la Unión Europea no debe desarrollarse a modo de competición entre Estados. 
Esto es algo que hemos evitado mediante el compromiso que ahora tenemos ante nosotros. 
Ahora tendremos una competencia conforme a condiciones justas y transparentes, y protegeremos los intereses que sirven a la ciudadanía en el sector público, tal como se ha manifestado de diversas formas en nuestras sociedades. 
Creo que lo que tenemos ante nosotros constituye un importante compromiso, y también creo que es una tendencia de desarrollo crucial que debemos consolidar, independientemente de si hablamos sobre la Directiva relativa al tiempo de trabajo o las muchas otras cuestiones que debemos afrontar. 
También en calidad de Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, puedo recomendar por lo tanto el compromiso que tenemos ante nosotros. 
Con toda seguridad, este nos hará avanzar en la dirección correcta. 
Señor Presidente, llevamos casi dos años debatiendo esta Directiva sobre servicios por toda Europa. 
Por supuesto es excelente que finalmente haya algo para que la gente se interese de forma activa por algunas de las materias que se tratan en esta Cámara. 
En ocasiones surgen numerosos malentendidos y a veces estos se explotan de forma bastante lamentable. 
La Directiva sobre servicios está diseñada para eliminar los miles de obstáculos burocráticos que dificultan las cosas a las empresas europeas, especialmente a las de pequeño tamaño. 
No debemos olvidar que son las empresas las que crean empleo. 
Sin las empresas no habría trabajadores. 
El sector de los servicios constituye una parte cada vez mayor de nuestras economías, el cual ofrece importantes oportunidades de empleo y crecimiento. 
Urge abrir y reformar las economías europeas. 
El principio del país de origen es inteligente en la medida en que crea un verdadero mercado interior sin discriminación. 
Esto constituye un importante avance para las personas y las empresas. 
El principio se aclaró y se especificó en el compromiso de la Comisión de Mercado Interior, que establece que las que se aplican son las normas del país anfitrión que rigen el derecho laboral, la salud pública y la seguridad. 
El compromiso que ahora circula entre los grandes Grupos ha introducido un concepto extremadamente impreciso, el de la política social. 
Esto es lamentable, ya que abre el camino al proteccionismo y a numerosas interpretaciones jurídicas distintas. 
De hecho puede verse como los representantes de los diversos Grupos ya están interpretando el compromiso. 
Sin embargo, ahora parece que este está pasando de moda, una situación que solo podemos celebrar. 
La Directiva de servicios trata sobre cómo Europa se mantendrá en un mundo globalizado, trata sobre el crecimiento, la economía, el empleo y la libertad de elección. 
Desde el Tratado de Roma nuestro objetivo ha sido establecer la libre circulación también para los servicios. 
Es hora de que lo hagamos. 
Señor Presidente, este día el Parlamento ha capitulado y renunciado a su papel político. 
Este compromiso significa la eliminación del concepto del principio del país de origen y su sustitución por un vacío político. 
Este vacío será llenado por el Tribunal de Justicia Europeo, el cual volverá a introducir a su vez el principio del país de origen, ya que el Tribunal siempre ha antepuesto las consideraciones relativas al mercado interior a todas las demás. 
El Tribunal no puede ser destituido ni es responsable ante nadie. 
¿Es eso la democracia? 
Únicamente las grandes empresas que cuentan con un gran número de abogados podrán utilizar la Directiva sobre servicios para defender sus intereses. 
El único desempleo con el que acabará esta directiva será el de los abogados. 
Los perdedores serán los municipios, los funcionarios públicos, los consumidores y las pequeñas empresas. 
En lugar de imponer la liberalización de todo, deberíamos respetar las decisiones adoptadas democráticamente para impedir que a algunos sectores se les apliquen ideas a corto plazo basadas en el mercado. 
La UE no puede vivir únicamente de la eficiencia económica. 
También necesitamos una eficiencia democrática en la que las malas directivas no pasen por encima de las personas sin ninguna consideración. 
– Señor Presidente, la Directiva sobre la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento forma parte de una política antipopular más general de la Unión Europea y se basa en el Tratado de Maastricht y en el objetivo ratificado de la Estrategia de Lisboa, consistente en crear un mercado único cuyo objetivo primordial es fortalecer la competencia, maximizar la rentabilidad de los monopolios mediante la privatización de los servicios públicos y los servicios de interés público, y atacar los derechos fundamentales laborales y sociales de las clases trabajadoras. 
La promesa de mantener el principio de la plena irresponsabilidad de los monopolios fue repetida con gran arrogancia hoy por el señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea. 
El acuerdo político entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, con el paquete de enmiendas, no modifica el carácter reaccionario de esta Directiva, cuyo principio básico es el país de origen, en otros términos, la plena impunidad del capital y la destrucción de miles de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores autónomos. 
Las recomendaciones relativas al supuesto respeto de los derechos de los trabajadores constituyen un intento de dorar la píldora y de atenuar la respuesta de los trabajadores. 
El argumento de que la liberalización conllevará servicios más baratos para todos no es sólido, ya que, con la Directiva, los servicios se concentrarán en un menor número de manos y los monopolios determinarán la calidad y los precios para incrementar sus beneficios, y es por ello que votaremos en contra de esta Directiva. 
Están sembrando vientos y sin duda cosecharán tempestades. 
Señor Presidente, la Lista de Junio sueca defiende un mercado interior eficiente y, por lo tanto, mantenemos una postura favorable a la Directiva sobre servicios. 
Al mismo tiempo, damos un gran valor a la autodeterminación nacional. 
Deben existir buenos motivos para que los Estados miembros transfieran poder y competencias a la UE. 
Si aceptamos el principio del país de origen, renunciamos a parte de la soberanía nacional. 
Consideramos que las ventajas que ofrece este principio son demasiado escasas como para que estemos dispuestos a hacerlo. 
Este principio se refiere sobre todo a servicios como la construcción, la limpieza y la consultoría. 
Se trata de sectores importantes, pero no influyen de forma decisiva sobre la prosperidad y el PIB de Suecia. 
Asimismo es positivo que la Directiva no incluya los monopolios nacionales de servicios. 
Si estos deben ser objeto de una reorganización, esta debe llevarse a cabo de forma democrática, es decir, mediante un amplio debate en aquellos países que consideren conveniente dicho cambio. 
Votaremos a favor del compromiso. 
Señor Presidente, en teoría, el mercado común europeo se basa en tres libertades. 
Me refiero a la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación del capital y la libre circulación de las personas. 
En las últimas décadas, la aplicación de la primera de estas libertades permitió a los antiguos Estados miembros registrar excedentes de decenas de miles de millones de euros en su balanza comercial con países como Polonia. 
Estos excedentes permitieron mantener cientos de miles de puestos de trabajo en los antiguos Estados miembros. 
La segunda libertad permitió que los empresarios de los antiguos Estados miembros participaran en la privatización de los activos del Tesoro del Estado Polaco en condiciones excepcionalmente favorables, sobre todo en el sector bancario y de los seguros. 
Desgraciadamente, cuando se trata de la libre circulación de personas, es decir, la libertad que resultaría más ventajosa para los nuevos Estados miembros, nos encontramos ante restricciones importantes. 
La denominada Directiva sobre servicios podría haber contribuido a mejorar esta situación. 
Desgraciadamente, el proyecto actual que figura en el informe de la señora Gebhardt es un remedo muy lejano de la versión que presentó la Comisión Europea y tiene muy poco que ver con la idea de la libre circulación de servicios. 
Este hecho resulta especialmente sorprendente en vista de que los servicios representan casi un 70 % del PIB de la Unión Europea, y que la libre circulación de servicios aceleraría sin duda el crecimiento del PIB tanto en los antiguos Estados miembros como en los nuevos. 
– Señor Presidente, Señorías, imaginemos la continuación de nuestros trabajos. 
Es hora de recordar que nos encontramos en un procedimiento de codecisión. 
Nuestro colega el señor Harbour ha tenido la inteligencia de abandonar la idea de una victoria parlamentaria, que era el resultado probable pero que conducía directamente a la lenta agonía de elaborar un texto crucial sobre los servicios. 
Su gira por las capitales europeas le confirmó lo que ya sabemos. 
El compromiso elaborado con la señora Gebhardt, a quien quiero felicitar, es el único posible dentro del Consejo y entre el Parlamento y el Consejo; no hay ninguna mayoría cualificada en el Consejo para la versión del mercado interior que defienden algunos. 
Empeñarse en impulsar este tipo de mercado sería una victoria pírrica. 
Lo que salta más a la vista es también que las divergencias entre nosotros se han convertido en una divergencia entre Este y Oeste. 
Sobre la base de esta observación, lo que está en entredicho hoy es la lógica de la ampliación. 
No olvidemos que el fracaso de la Directiva de servicios se añadiría a una lista que incluye el colapso de la Constitución, las preocupaciones en torno a las perspectivas financieras y las dudas sobre la Agenda de Lisboa. 
Ahora tenemos que participar en una estrategia de reconciliación para mantener viva la ambición comunitaria. 
He detectado un auténtico problema en el sentimiento de discriminación que tienen los nuevos Estados miembros ante los obstáculos impuestos a la libre circulación de los trabajadores. 
Quiero decirles amablemente que no pondrán fin a esa discriminación rechazando el compromiso, y por tanto a la larga la Directiva de servicios, o poniendo en entredicho la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, sino todo lo contrario. 
Este es el sentido del trabajo que hemos realizado bajo la dirección de la señora Van Lancker en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales cuando suprimimos los artículos 24 y 25 del texto inicial. 
A partir de ahora debemos pedir solemnemente el abandono de la moratoria y el levantamiento de todas las restricciones a la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
También valdría la pena vincular estas cuestiones en el debate de la Directiva de servicios en el Consejo. 
Pero el examen del texto ha demostrado también las muchas lagunas del arsenal jurídico comunitario. 
Algunos han expresado temores justificados; hay que abordarlos. 
Conservemos el innegable avance que supone este texto, pues nuestro trabajo legislativo no ha hecho más que comenzar. 
En el año de mi nacimiento, el Presidente Kennedy dijo: «Yo soy berlinés». 
En aquel entonces, todo mundo lo comprendió y se mostró de acuerdo con él en que la división entre Oriente y Occidente era una trasgresión histórica. 
Si hoy yo dijera: «Soy fontanero polaco» , me pregunto si todos nosotros nos daríamos cuenta de que lo que se trata aún es de la unidad de Europa y si todos estaríamos de acuerdo. 
La Directiva de servicios va más allá de los intereses, pues trata de valores. 
Trata de las cuatro libertades fundamentales contempladas en el Tratado de Roma y de la igualdad de oportunidades. 
En la Europa del siglo XXI resulta inaceptable discriminar a un proveedor de servicios por motivos de origen, nacionalidad o lengua materna. 
Un objetivo importante consiste en reducir el número y la vulnerabilidad de aquellos que se ven obligados a permanecer en la economía sumergida. 
¡Queremos una Europa mejor! 
Queremos una Europa en la que los proveedores de servicios gocen de seguridad jurídica en los Estados miembros. 
Queremos una Europa mejor en la que los proveedores de servicios puedan crear puestos de trabajo europeos y satisfacer las necesidades de los consumidores dentro de la legalidad. 
Tenemos que crear un marco seguro, estable y de claridad jurídica. 
Este marco reviste especial importancia para las pequeñas y medianas empresas. 
Los diputados y diputadas socialistas de los nuevos Estados miembros siempre hemos apoyado este interés común europeo. 
Hemos adoptado una posición constructiva y hemos aceptado que se elimine completamente el derecho laboral de esta directiva. 
Hemos reconocido que en lugar de regular el país de origen, debemos regular la libre prestación de servicios. 
Reconocemos que la directiva no puede entrar en conflicto con otras normas europeas vigentes y que no puede sustituir al Tratado. 
No podemos relajar la seguridad, la estabilidad y la claridad del marco que va a establecerse. 
No podemos aceptar excepciones no definidas, ya que estas permitirían a los Estados miembros adoptar decisiones arbitrarias. 
No estamos a favor de la completa eliminación de los servicios públicos de carácter económico, pero estamos dispuestos a examinar cada una de las excepciones sectoriales. 
Reconocemos y de hecho nos felicitamos de la protección a la que tienen derecho los consumidores europeos en todo lugar y momento, pero no aceptamos que la protección de los consumidores limite la libre prestación de servicios. 
Finalmente, ante el desafío de la competencia mundial, Europa no puede permitirse gastar el PIB generado conjuntamente en tareas de supervisión administrativa. 
Señor Presidente, este es un momento decisivo para Europa. 
El jueves deberemos elegir entre dos opciones. Podemos demostrar la tan buscada solidaridad con los nuevos Estados miembros y mostrar que nos tomamos en serio a los ciudadanos de Europa, así como el deseo de los consumidores de contar con un mayor número de alternativas más económicas y la exigencia de más puestos de trabajo, o bien podemos embaucar a los europeos y adoptar una Directiva sobre servicios a cualquier precio, basada en el menor denominador común, un documento que no cambia en nada las actuales condiciones proteccionistas en el ámbito de los servicios – un documento que ni siquiera mantiene el status quo, sino que, para colmo, constituye un paso hacia atrás en la medida en que crea todavía más obstáculos para nuestras empresas. 
Desgraciadamente, la Comisión ha optado por esta última opción, señor McCreevy, y ha contribuido a un compromiso entre los dos grandes Grupos parlamentarios. 
Yo esperaba que la Comisión sería el adalid de un auténtico mercado interior de servicios, que constituye la piedra angular del proceso de Lisboa que tanto destaca la Comisión. 
El compromiso de los grandes Grupos no acercará de ningún modo la EU a sus ciudadanos, que es lo que normalmente intentamos lograr. 
Únicamente un verdadero mercado interior de servicios puede crear los puestos de trabajo que tanto necesitamos en Europa. 
Cualquier otra cosa es una estrategia errónea de marketing. 
Debemos repudiar con firmeza las campañas de miedo, desinformación y manipulación, que llevan a cabo algunos círculos –algunos de ellos presentes en esta Cámara– sobre el dúmping social, el desempleo masivo y otros despropósitos. 
Este proceder es escandaloso. 
– Señor Presidente, como muchos han señalado, la propuesta inicial de la Comisión Europea era socialmente peligrosa, estaba mal redactada y era jurídicamente complicada, en resumen, exactamente lo contrario de un buen instrumento legislativo, es decir, uno que sea beneficioso para el proyecto europeo y para los europeos. 
Somos los representantes de los ciudadanos. 
Creo que la manifestación era un sano ejercicio de democracia en el que han participado los ponentes alternativos y los ponentes con vistas a rechazar la directiva tal como está y proponiendo algunos cambios sustanciales de su contenido. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea desea, por supuesto, un mercado europeo de servicios, pero rechaza categóricamente que esté regido por la competencia entre legislaciones nacionales que conlleva el principio del país de origen y que, de hecho, comportaría una armonización a la baja. 
Por esta razón, votaremos a favor de la propuesta. 
Por otra parte, hemos propuesto enmiendas que rompen con el principio del país de origen y excluyen los servicios económicos de interés general del ámbito de aplicación de la directiva. 
Les insto a que rechacen la Directiva de servicios. 
La reciente disputa en torno a los transbordadores irlandeses ha ilustrado lo que puede deparar el futuro para los trabajadores y sus derechos con la Directiva de servicios y, de forma similar, muchos de los comentarios públicos del Comisario McCreevy en tiempos recientes han puesto de relieve los peligros que corren los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. 
La directiva comercializa casi todos los servicios dentro de la Unión Europea. 
Privará a millones de personas de servicios públicos de calidad. 
Afectará desproporcionadamente a las mujeres, tanto en su calidad de mayoría de la mano de obra en el sector de los servicios como de usuarias de dichos servicios, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho esta noche sobre las decisiones que terminan en el Tribunal de Justicia. 
Hoy se han manifestado decenas de miles de personas en contra de esta directiva, y queremos poner sobre aviso a los Gobiernos: la lucha será más intensa a escala nacional. 
Señor Presidente, la tasa de crecimiento de la Unión Europea desciende desde hace años y hace poco se redujo por debajo del 2 % anual. 
El mundo nos está dejando atrás por lo que hace a la competencia a escala mundial, pues son aquellos que logran costes y preciso más bajos, y crean nuevos productos los que acaban triunfando. 
La Unión Europea se está quedando rezagada por tener un sector agrícola muy costoso y una política errónea, económicamente onerosa e ineficaz para subvencionar dicho sector. 
La Unión también tiene un sector industrial costoso, que tiene que cargar con privilegios sociales excesivos, la política común aduanera y onerosas normativas burocráticas. 
Y lo que es más importante, los servicios en la Unión son caros. 
El sector de los servicios crea la mayoría de los puestos de trabajo, pero los prestadores de servicios más baratos no pueden acceder al mercado. 
La tentativa de detener la liberalización de los servicios recuerda el intento de detener el flujo de bienes de consumo baratos procedentes de Asia. 
Esta tentativa resulta onerosa e ineficaz. 
Es onerosa porque requiere la extensión del sistema administrativo, y es ineficaz porque contribuye a la propagación de servicios ilegales, lo que va en detrimento de los trabajadores. 
Quienes defienden las disposiciones comunitarias vigentes en materia de servicios alegan que luchan por los puestos de trabajo de los ciudadanos y contra el aumento del desempleo. 
Mi argumento en contra es el siguiente. Veamos lo que ha sucedido en Irlanda y Gran Bretaña. 
¿Aumentó o disminuyó la tasa de desempleo? 
¿Aumenta o desciende el desempleo? 
Solo podemos sacar una conclusión de ello. 
El estado del mercado de los servicios ha contribuido a acelerar el desarrollo económico. 
Creo que unos servicios más baratos son la clave para acelerar el desarrollo de la Unión. 
La reducción de los precios de los servicios reduciría los costes de producción y de consumo. 
También es necesario ampliar el mercado e introducir nuevas tecnologías. 
Los servicios baratos son la única forma de resolver, o al menos atenuar, el problema de encontrar recursos para... 
Señor Presidente, los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en el mundo contemporáneo de la competencia globalizada surgen en casi todos los debates que se celebran en este Parlamento. 
Nos gustaría que Europa se desarrollará de forma dinámica y se convirtiese en la economía más competitiva del mundo en unos cuantos años. 
Los ciudadanos europeos también lo quieren y confían en que las decisiones que tomemos en esta Cámara conduzcan a la Unión hacia esa meta. 
Sin embargo, no cumpliremos esas expectativas si no tenemos el valor de crear un auténtico mercado común que conceda a las empresas europeas una oportunidad para crecer, independientemente de dónde tengan su sede. 
Nunca crearemos las condiciones adecuadas para el desarrollo si adoptamos prácticas proteccionistas. 
Estas prácticas son además una forma de discriminación, no solo entre Occidente y Oriente, aunque es entre ellos que resulta más evidente. 
También suelen ser muy negativas para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
La economía europea necesita desesperadamente desarrollarse y los ciudadanos de los Estados miembros exigen puestos de trabajo. 
La propuesta de Directiva que debatimos hoy, que fue elaborada por la Comisión anterior, era una respuesta adecuada y racional a estas demandas. 
Ante el hecho de que los servicios representan un 70 % de la renta que se genera dentro de la Unión Europea y dan trabajo a la mayoría de los europeos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este sector pueda desarrollarse sin obstáculos burocráticos superfluos. 
Desgraciadamente, este es el sector en el que existen mayores obstáculos a la libre circulación. Este hecho es contrario al sentido común y a lo dispuesto en los Tratados. 
La propuesta de directiva provocó reacciones muy emocionales desde un principio. 
Se presentaron varias enmiendas y, hace poco, se acordó una versión de compromiso en el marco de los trabajos realizados por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Se trata de un compromiso de amplio alcance, que modifica de modo importante el significado de este texto. 
Sin embargo, la introducción de nuevos cambios implicaría rehuir los retos a los que se enfrenta Europa. 
La Unión no podrá competir en el mercado mundial si se ve paralizada por el miedo a la competencia interna. 
– Señor Presidente, mi predecesor, el diputado al Parlamento Europeo Philip Whithead, habría estado orgulloso de hablar en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Habría estado orgulloso del trabajo realizado por nuestra ponente, la señora Gebhardt, y de todos los diputados y diputadas que se han esforzado tanto duro por mejorar y modificar la propuesta de la Comisión. 
Habría querido estar aquí para ser testigo de la madurez y la responsabilidad con que este Parlamento construye un consenso en nombre de nuestros ciudadanos para la apertura del mercado de los servicios. 
Si lo hacemos bien podemos abrir el mercado, impulsar la creación de puestos de trabajo y el crecimiento en toda la Unión Europea, y ayudar a Europa a competir mundialmente con el mercado de servicios en expansión de India y China. 
La propuesta Bolkestein fue un fallo porque no reconoció que si se busca el apoyo del público para la apertura del mercado es preciso convencerle de los beneficios y asegurarle que no socavará los derechos laborales o de los consumidores. 
Si uno quiere animar a los ciudadanos a apoyar el cambio y la reforma, ha de explicarles en qué les beneficiará desde su perspectiva. 
El Parlamento habla en nombre del ciudadano y hace suyas las preocupaciones de todos nuestros ciudadanos, empresas, consumidores, trabajadores y desempleados. 
Hemos de acabar con las absurdas prácticas discriminatorias que impiden a nuestras empresas poner pie en el mercado europeo. 
¿Por qué tiene una empresa que solicitar la adhesión a una cámara de comercio local solo para que le digan que hay una lista de espera de cinco años? 
¿Por qué una empresa ha de instalar cuatro oficinas y pagar un depósito de 500 000 euros? 
La economía sumergida está prosperando en Europa en el sector de los servicios porque estas complejas y costosas barreras animan a las empresas a llevar a cabo operaciones no declaradas e ilegales. Hagamos que sean legales con estas reglas. 
Acabemos con el proteccionismo, pero protejamos los derechos de los consumidores y trabajadores. 
Creo que los consumidores pueden darse cuenta de la ventaja de elegir y competir si pueden tener la seguridad de que si algo va mal dispondrán de una solución rápida en un tribunal local y no tendrán que perseguir a un mal proveedor hasta Lisboa, París, Varsovia o Londres para que se reconozcan sus derechos. 
Es lo que intentamos conseguir en estos compromisos. 
Quienes trabajan en el sector de los servicios necesitan la garantía de que se protegen sus derechos laborales. 
No se trata de la vieja o la nueva Europa. 
No se trata de la izquierda o la derecha. 
Los ciudadanos esperan de nosotros que hagamos la elección correcta: acabar con el proteccionismo agobiante en el mercado único de los servicios y proteger los derechos laborales y de los consumidores. 
Creo que si lo hacemos bien será una victoria para la democracia parlamentaria e impulsará el empleo y el crecimiento para futuras generaciones de europeos. 
Por último, quiero pedir a la Comisión que intente garantizar estos objetivos, estas ventanillas únicas tan vitales para prestar, controlar y supervisar el tipo de servicios que queremos. 
Debería examinar la creación de una marca de confianza de la Unión Europea o un plan de aseguramiento de la calidad de la Unión Europea para dar al consumidor confianza y seguridad en el uso de estos servicios que respetan los derechos del consumidor y los derechos laborales. 
Señor Presidente, de vez en cuando una de las numerosas decisiones que toma el Parlamento Europeo resulta vital para el futuro de la Unión Europea. 
Esto es lo que sucede con la Directiva sobre servicios. 
Su intención era aplicar los principios de las cuatro libertades europeas. 
Se supone que eliminará las discriminaciones en la prestación de servicios en toda la Unión Europea. 
El origen nacional carecerá de relevancia y los ciudadanos de los antiguos Estados miembros y de los nuevos serán tratados con arreglo a los mismos principios. 
La aplicación de esta Directiva fomentará el crecimiento económico y ampliará aún más el modelo social europeo. 
La libertad económica refuerza la dimensión social de Europa en lugar de debilitarla. 
Las soluciones de compromiso constituyen sin duda un aspecto esencial de la labor parlamentaria. 
También en este caso, y deberíamos intentar llegar a un compromiso a pesar de nuestras discrepancias de opinión. 
Sin embargo, la Directiva sobre servicios carecería de significado si rebasara ciertos límites. 
Considero racional no someter al mercantilismo aquellos ámbitos en que la lógica del mercado no funciona. 
También creo que la declaración en que se señala que la Directiva no afectará a las legislaciones laborales nacionales está justificada. 
Sin embargo, no veo motivo alguno para incluir excepciones del ámbito de aplicación de la Directiva si estos carecen de justificación y de una base jurídica evidente. 
Me parece que en cuestiones de tanta importancia estratégica es necesario contar con una legislación clara. 
Lo que necesitamos es una decisión racional que sea pertinente para el futuro. 
Los espectros de Frankenstein y del fontanero polaco deben desaparecer de la conciencia europea para ser reemplazados por la confianza, la libertad y la solidaridad. 
– Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica pide la retirada de la propuesta de Directiva Bolkestein y, en todo caso, deseamos la abolición del principio del país de origen, que se mantiene con el nuevo nombre de «principio de libre prestación de servicios». 
La oscuridad intencionada del nuevo texto deja las puertas abiertas a interpretaciones negativas por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de las que nos ha hablado el Comisario McCreevy. 
También pedimos que los servicios de interés económico general queden expresamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. 
Pedimos disposiciones europeas uniformes y la prevención del dúmping social y de la competencia desleal por parte de empresas que gozan de una legislación flexible en lo social y lo medioambiental. 
El frágil compromiso entre la derecha europea y los socialistas, bajo la presión de las reacciones y manifestaciones de los sindicatos, modera pero no suprime la filosofía neoliberal y los aspectos negativos de esta propuesta. 
La izquierda europea rechaza esta Directiva Bolkestein disfrazada y pide la introducción de enmiendas que limiten sus consecuencias negativas. 
Señor Presidente, el temor que ha generado en los países de Europa Occidental el fenómeno del «fontanero polaco» se ha manifestado en las sucesivas tentativas de debilitar la propuesta de Directiva sobre servicios en lo referente a la liberalización del mercado de servicios. 
El gran número de enmiendas de compromiso acordadas sobre todo por los grandes Grupos políticos indica que algunos de los antiguos Estados miembros no desean acatar el principio de la libre circulación de bienes dentro de la Unión que consagra el Tratado. 
Sin embargo, si tomamos al Reino Unido e Irlanda como ejemplo, podremos ver que la apertura del mercado de trabajo a los trabajadores polacos y de otros nuevos Estados miembros ha sido beneficiosa para la economía nacional. 
Por ello podemos llegar a la conclusión de que la fuerte resistencia a la adopción de la Directiva en su forma original se debe a temores irracionales que rayan en la xenofobia. 
– Señor Presidente, el año que viene celebraremos el 50º aniversario del Tratado de Roma, cuando la Comunidad Económica Europea abogó por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, como principal objetivo para lograr un mercado común o interior. 
Sin embargo, en el sector de los servicios, durante más de 50 años los Estados miembros han aplicado políticas proteccionistas y prácticas restrictivas que van desde complejas barreras burocráticas y retrasos hasta sanciones económicas por infringir requisitos poco transparentes. 
En Austria, los instructores de esquí extranjeros no pueden prestar sus servicios durante más de dos semanas. 
En Bélgica y Francia, las reparaciones de emergencia solo pueden realizarse previa notificación con ocho días de antelación, lo que es contradictorio en sí mismo. 
A fin de contratar pilotos e ingenieros aeronáuticos temporales en Italia, las compañías aéreas deben efectuar un depósito de 400 000 euros y tener establecidas cuatro oficinas. 
Y cada uno de estos obstáculos se justifica invariablemente mediante el engañoso pero emotivo argumento de evitar «la carrera a la baja». 
Los Estados miembros proteccionistas se presentan como defensores de los trabajadores contra el dúmping social. 
En la práctica, lo que hacen es estimular una galopante economía sumergida. 
Lo cierto es que los países que se han sumado al mercado comunitario no han dejado de crecer. 
Desde 1993, la libre circulación de mercancías, capitales y personas ha ofrecido enormes ventajas económicas y sociales. 
Casi un 70 % de la población que trabaja en Europa lo hace en el sector de los servicios, que representa un 55 % del PIB de la UE, pero los servicios tan solo representan actualmente un 20 % de los intercambios entre los Estados miembros. 
Este mercado incompleto ha generado mil millones de euros de riqueza y 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa. 
La Directiva de servicios podría generar otros 600 000 empleos. 
Cierto número limitado de servicios –en particular los del sector sanitario– deberían ser objeto de medidas sectoriales específicas. 
Acojo con agrado la promesa del Comisario McCreevy de proponer una directiva separada sobre la movilidad de los pacientes y toda la cuestión de la prestación transfronteriza de servicios sanitarios. 
Sin embargo, apoyo las demás disposiciones de lo que ya es una directiva rebajada. 
Es sumamente importante que no se excluya a las empresas de trabajo temporal de su ámbito de aplicación, en vista de que en un mercado de trabajo moderno y flexible es necesario recurrir en buena medida a las empresas de selección de personal y de trabajo temporal. 
¿Y por qué se excluye a los trabajadores de transporte y a los de las guarderías? 
Apoyo de todo corazón lo dispuesto en el artículo 16... 
Señor Presidente, en estos momentos, la atención de toda Europa se concentra en el Parlamento Europeo. 
Tenemos la oportunidad de establecer el orden del día político. 
Debemos aprovechar esa oportunidad y dejar nuestra marca en esta Directiva de decisiva importancia. 
Esta no es la Directiva Bolkestein, sino un compromiso en proceso de elaboración, que es algo muy distinto. 
Citaré algunos ejemplos del ámbito de responsabilidad de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
La legislación laboral, los convenios colectivos y el derecho de huelga no se ven afectados por esta Directiva. 
En el futuro, los Estados miembros podrán exigir a las empresas de servicios que tengan representantes que puedan acordar convenios colectivos y que sean responsables del entorno de trabajo, etc. Los servicios en beneficio de todos, como la atención sanitaria y los servicios médicos, la educación y los servicios sociales, no se incluyen en la Directiva. 
Al igual que las empresas de trabajo temporal, a la espera de la Directiva específica para dichas empresas. 
Por lo que se refiere a los servicios de interés económico general, corresponde a los Estados miembros decidir si abren o no estos servicios a la competencia. 
Si lo hacen, no obstante, también deberá hacerlo todo el mercado interior. 
Se trata de un compromiso constructivo que combina las ventajas del mercado interior con la seguridad del mercado laboral, y que además protege los servicios públicos a los que tienen acceso actualmente los ciudadanos de nuestros Estados miembros y regiones. 
Algunas personas creen que se trata de un compromiso poco claro. 
Sin embargo, ¿cuál es la situación actual? 
¿Qué sucede si rechazamos la Directiva? 
¿Cuántos asuntos languidecen a la espera de las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo, en lugar de ser resueltas mediante una Directiva que establezca las normas básicas? 
Presenta más claridad que las normativas vigentes y, por ello, debemos votar a su favor. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que todos estamos absolutamente convencidos de la exigencia de completar el mercado interior de servicios, eliminando barreras, prácticas restrictivas y el proteccionismo. 
Se trata de un problema real y extendido. 
No obstante, las disposiciones inicialmente propuestas con la Directiva Bolkestein eran contradictorias y, en muchos sentidos, ambiguas y equivocadas. 
El error fundamental fue haber provocado percepciones opuestas y negativas. 
Por un lado, la impresión de que el relanzamiento de una competencia virtuosa se redujera en esencia a dar un salvoconducto al dúmping social y democrático. 
Por otro, debido a las más que legítimas resistencias ante estas ambigüedades, la impresión en muchos países, sobre todo los recién llegados, de que se quisieran consolidar o defender las barreras proteccionistas y los obstáculos a la libre circulación de los servicios. 
Considero que hoy, sobre la base de los textos de compromiso presentados, es posible corregir de forma sustancial esas contradicciones y defectos. 
Una crítica fundada residiría, si acaso, en algunas exclusiones y excepciones relativas a determinados sectores, que tienen realmente repercusiones negativas sobre las perspectivas de crecimiento competitivo de los sistemas productivos, económicos y sociales europeos, por ejemplo las actividades profesionales, los servicios bancarios, financieros y de seguros, y los suministros energéticos. 
Muchos afirman que la montaña puede parir un ratón. 
En respuesta a esas objeciones, señalo que es preferible correr este riesgo al del parto del escorpión, pues el veneno contenido en la cola de esta pequeña criatura habría contaminado sobre todo el equilibrio del modelo social europeo. 
– Una emisora comercial de televisión de la Unión nos anunció hoy que los trabajadores de la UE protestan en contra de la Directiva sobre servicios. 
Esta información se olvidó de añadir que estos trabajadores proceden únicamente de los antiguos Estados miembros, mientras que los trabajadores de los nuevos Estados miembros, que son ciudadanos de segunda de la UE, desean esta Directiva. 
Los checos, al igual que los demás ciudadanos de los Estados miembros, no pueden trabajar libremente en Alemania y en otros países. 
Lo que resulta realmente ridículo es que comamos alimentos subvencionados provenientes de Europa Occidental y que compremos bienes occidentales que cruzan libremente nuestras fronteras sin pagar impuestos de importación. 
El artículo clave es el artículo 16, que en el texto de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor reconoce con mucho cuidado que los prestadores podrán quedar sometidos a la normativa de su país de origen, y que ha sido víctima de un compromiso entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, más que un compromiso se trata de una castración de la totalidad de la Directiva. 
La transferencia de responsabilidades no es manera de aplicar una legislación que pretende regular a los prestadores de servicios, pues los coloca en una posición de inseguridad jurídica. 
Y aunque solo sea una declaración no vinculante, en ella se hacen amplias referencias al interés público para justificar la limitación de las actividades de los prestadores de servicios. Esto hace que todo el texto resulte confuso, ya que el párrafo primero indica que se aplicará la legislación del país de destino, mientras que el tercer apartado puede interpretarse como que se aplicará la legislación del país de origen. 
Si retrasamos la apertura de nuestra economía incluso a la competencia interna en el marco de la UE, ¿cómo esperamos poder competir con el mundo exterior? 
Si no aprovechamos el rápido desarrollo de los nuevos Estados miembros para lograr una mayor eficiencia en el lugar de trabajo, nos privaremos de una de las mayores ventajas de la ampliación de la Unión. 
Estamos a punto de tomar una decisión de grandes consecuencias sobre la suerte de una de las libertades fundamentales de la Unión, que ha formado parte de la legislación comunitaria durante más de 50 años. 
Al tiempo que Europa se abre a las economías de terceros países, los Estados miembros de la Unión están erigiendo obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios. 
Ha llegado el momento de derribar estos muros artificiales o bien de darles nuestra aprobación, algo que sería muy aplaudido entre los sindicalistas. 
El resultado de este debate pondrá de manifiesto hasta qué punto la Unión ha sabido aprovechar la ampliación. 
El Muro de Berlín ya ha caído, los nuevos Estados miembros han abierto sus mercados a los bienes y servicios de toda Europa, y aún así, algunos Estados miembros de la UE no han aplicado como es debido la legislación europea en materia de libre circulación de servicios. 
Estos Estados miembros protegen de forma hipócrita sus mercados contra la mutua competencia, contraviniendo así la legislación comunitaria y la jurisprudencia de los tribunales. 
Nos enfrentamos a la idiotez del fantasma invocado por Chirac en la figura del fontanero polaco que deambula por Francia y otros países. 
Ha llegado la hora de saber quién se toma en serio las ideas de la Estrategia de Lisboa y de un mercado flexible, y quién no. 
Me pregunto en que basan sus argumentos aquellos que se oponen a la Directiva. 
No nos han presentado estudios, sino que han preferido utilizar al ponente para propagar falsedades entre los sindicalistas. 
Simplemente no es cierto que la Directiva transformará la legislación laboral, ni tampoco modificará la legislación sobre programas de los trabajadores ni socavará su protección. 
Al contrario, todos los estudios muestran que creará 600 000 nuevos puestos de trabajo, 37 000 millones de euros para la economía y pondrá fin a la discriminación. 
La dilución propuesta de la directiva y la renuncia al principio del país de origen van en contra de los intereses de todos, incluidos los de los consumidores, y representaría un golpe ideológico contra el concepto de desregulación y la continuación de la armonización. 
La experiencia que hemos tenido con la libre circulación de bienes ha puesto de manifiesto que dicha opción no es viable. 
Los Estados miembros nunca la adoptarán y, lo que es más importante, la introducción de una nueva reglamentación en lugar de simplificar y flexibilizar la existente, tan solo retrasará el objetivo de que Europa funcione en el marco de una economía globalizada. 
Así pues, esta Directiva demostrará si preferimos un proteccionismo nacional de pocas miras o la prosperidad colectiva de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, esta Directiva lejos de «legislar mejor» , hace precisamente lo contrario. 
Es sobre usted, señor Comisario, que recae la responsabilidad de esta irritación, de esta indignación que se ha apoderado de todos los grupos de la sociedad europea y de lo que acaba de decir la señora Roithová – el enfrentamiento entre los antiguos Estados miembros y los nuevos. 
No estamos hablando de subir el puente levadizo. 
El mercado interior no es un fin en sí mismo. 
Es por ello que necesitábamos tres grandes excepciones: la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que debe seguir siendo una excepción mientras el Consejo la mantiene congelada, y en particular, la Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que todos aprobamos en esta Cámara. 
Un mercado interior eficiente, sin obstáculos ni discriminación, con condiciones marco equitativas, es una ventaja para Europa: para los prestadores, prestadores de servicios, consumidores y trabajadores. 
Pero eso no es lo que nos ofrece esta Directiva. 
Quiero dar las gracias en especial a la Confederación Europea de Sindicatos, que ha estado colaborando con nosotros para defender la protección, sin caer en la trampa de la estrechez de miras del nacionalismo. 
La solución no es rechazar, sino reformar. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría decir que la cuestión no radica en el enfrentamiento entre Occidente y Oriente, porque yo vengo de Occidente y estoy totalmente a favor de la Directiva de servicios. 
No debemos perder de vista el objetivo de la directiva, a saber, derribar los obstáculos superfluos para las pequeñas y medianas empresas, permitirles que ofrezcan sus servicios en otros países. 
Con la dilución de la Directiva que proponen los socialistas y algunos miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, corremos el riesgo de tapiar aún más los mercados. 
Si bien debemos proteger los logros sociales, no debemos caer en el proteccionismo, el nacionalismo y, menos aún, en la xenofobia. 
En la economía globalizada es importante reforzar el mercado europeo, en lugar de fragmentarlo y debilitarlo. 
El mercado de servicios ofrece espléndidas oportunidades a muchos, y en él se pueden crear puestos de trabajo innovadores y de calidad. 
Este debate raya en la hipocresía, pues mientras que los antiguos Estados miembros de Occidente temen la competencia del Este, se olvidan de que las empresas occidentales operan en Europa Oriental desde hace quince años y con muy buenos resultados. 
La directiva que se apruebe deberá tener un ámbito de aplicación tan amplio como sea posible, lo que significa que los servicios de interés general o servicios de interés económico general –y en esta ocasión al parecer hemos definido ambos términos– que se prestan en la actualidad deben entrar sin más en dicho ámbito de aplicación, al igual que la atención sanitaria, las empresas de trabajo temporal y el juego. 
No debemos tocar el principio del país de origen, incluso si le cambiamos el nombre. 
Votaré a favor de esta directiva únicamente si tiene por resultado una mayor libertad en la prestación de servicios. 
No votaré a favor de un compromiso que pretenda cerrar aún más los mercados. 
Señor Presidente, señor Comisario, este es un paso enorme para la UE y un pequeño paso para el libre comercio. 
De la votación del jueves dependerá que sea un paso hacia adelante. 
Se contemplan demasiadas excepciones y el principio no debe debilitarse sin motivo. 
Es muy importante para las pequeñas empresas y, en particular, para los países pequeños. 
Sin valor añadido, este compromiso será inútil. 
Por ello la Comisión tiene la responsabilidad de los trabajos en curso. 
El proteccionismo comunitario que se esconde detrás de la política social o la protección de los consumidores resulta absurdo. 
Permítanme citar dos ejemplos. 
Cualquier persona que desee construir 25 casas particulares idénticas en Alemania tiene que presentar 25 planos a las autoridades para su aprobación y pagar 25 veces, a pesar de que se construirá la misma casa. 
¿Es eso sensato? 
No, es costoso para el consumidor y es absurdo. 
Si un grupo de turistas suecos va a Grecia a pasar sus vacaciones en compañía de un instructor de submarinismo, este debe poder hablar griego. 
De lo contrario no se le permite trabajar ni hablar con un grupo de suecos en Grecia, a pesar de que ninguno de los miembros del grupo habla griego. 
Es una idiotez. 
Por ello necesitamos mejorar las normas aplicables a la prestación transfronteriza de servicios. 
Podemos mejorar este compromiso el jueves si reducimos el número de excepciones e incluimos la atención sanitaria privada. 
A continuación debemos llevar a cabo lo que la Presidencia austriaca dice que pretende, a saber, una Directiva sobre servicios ambiciosa que contribuya a aumentar la prosperidad de todos nosotros. 
– Señor Presidente, Señorías, el debate sobre los servicios en el mercado interior podría resultar beneficioso si lo centráramos en la armonización de las normativas laborales, con el objetivo de mejorarlas en todo lo posible y de hacer converger las estructuras económicas y las capacidades tecnológicas. 
Sin embargo, esta propuesta de Directiva intenta imponer una estrategia que es ajena a los intereses sociales, que pretende reforzar aún más el capital y dar marcha atrás en los logros de la clase trabajadora, con el pretexto de los déficit institucionales y el mal funcionamiento. 
Los socialistas europeos nos encontramos en medio de una batalla histórica. 
Cualquier tentativa de llegar a compromisos para mejorar el texto legislativo no logrará ni con mucho su objetivo, en vista de que, si tenemos en cuenta las circunstancias recientes, no hay motivo para creer que se logre una normativa favorable a los trabajadores o al desarrollo, que proteja el modelo social de la Unión. 
El principio del país de origen será el principio que se aplicará en última instancia, ya que el controvertido artículo 16, que constituye la esencia y el arma fundamental de la Directiva, no introduce en ella cambios radicales, y que los servicios de interés económico general no quedan excluidos en principio del ámbito de aplicación de la Directiva. 
En un momento en que se supone que deseamos acercarnos a los ciudadanos mediante la simplificación de la legislación comunitaria, se nos pide que adoptemos un texto que encierra ambigüedades y contradicciones muy graves, un texto que, por intentar complacer a todos, no dilucida cuestiones vitales que los tribunales inevitablemente deberán aclarar. 
Casi no queda tiempo para un nuevo análisis técnico, pero cierto es que el liberalismo económico en el que se basa todo el texto no es un camino sin retorno. 
– Señor Presidente, hoy se han dicho muchas cosas, pero espero que cualquiera que sea el compromiso que votemos el jueves, suponga un paso adelante. 
Espero que apoye e impulse la libre circulación de servicios consagrada desde hace tiempo en el Tratado y que por fin hagamos de esta libertad una realidad más efectiva que hasta ahora. 
Sin embargo, debemos sacar una lección muy clara para el futuro de todo esto: una cuestión de tanta importancia merece una preparación exhaustiva y prolongada, en particular la preparación del público europeo, es decir, de los ciudadanos a que tratamos de representar y a los que en gran parte hemos llevado a adoptar una posición contraria a esta propuesta. 
Comparemos esto con lo sucedido en 1992: los años de preparación, el número de textos legislativos diferenciados, el entusiasmo general con que finalmente se acogió el libre mercado de productos. 
Y comparémoslo con el método actual: una propuesta de directiva de largo alcance presentada literalmente a toda prisa al final de la última legislatura. 
Esta no es la manera de hacer las cosas. 
Realmente espero que aprendamos la lección de cara al futuro en materia de comunicación de Europa. 
Señor Presidente, en el debate de hoy abordamos uno de los actos legislativos más importantes para el futuro de Europa. 
Posiblemente con él la Unión adquiera una nueva dimensión, pero esa debe coincidir con la visión de los padres fundadores. 
Las críticas vertidas por algunos de los que se oponen a esta Directiva no guardan mucha relación con su propuesta. 
De hecho son un esfuerzo para detener la integración económica de Europa basada en las cuatro libertades fundamentales. 
No podemos aceptar esta hipocresía ni estos llamamientos para que se impongan restricciones a la libertad de las empresas para prestar servicios y a la libertad de los consumidores para acceder a dichos servicios, todo ello con el pretexto de proteger la soberanía nacional. 
Tampoco podemos aceptar la propuesta de dar nuevos pasos atrás respecto a la situación jurídica vigente, y la jurisprudencia del Tribunal de este año, que limiten el ámbito de aplicación de la Directiva y permitan que las administraciones nacionales sigan gozando de plena libertad para imponer nuevos obstáculos y mantener los ya existentes. 
También nos preocupa que en algunos Estados miembros el debate se haya centrado en el fontanero polaco o en el obrero de la construcción letón o portugués, cuando los obstáculos administrativos discriminatorios son en realidad el problema más grave. 
El mercado único sigue plagado de divisiones entre la vieja Europa y la nueva. 
Muchos Estados miembros aplican prácticas discriminatorias a los prestadores de servicios de otros Estados miembros. Esta tendencia se ha hecho más evidente desde la ampliación de la Unión. 
El resultado de las restricciones discriminatorias que afectan al flujo transfronterizo de servicios es que las pequeñas y medianas empresas están perdiendo oportunidades de desarrollo y creación de empleo. 
Europa necesita una buena Directiva sobre servicios con un amplio ámbito de aplicación, un artículo 16 sólido, al igual que los artículos 24 y 25. 
Dicha Directiva tan solo eliminaría los obstáculos administrativos y no influiría sobre la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores, en contra de lo que se quiere hacer pensar. 
Europa necesita una Directiva sobre servicios que garantice que las disposiciones de la Estrategia de Lisboa no se quedan en el papel. 
Necesitamos un texto claro y sin ambigüedades para alcanzar este objetivo. 
Gracias a la labor del Parlamento se han mejorado algunas partes del texto que resultaban poco claras, pero no debemos crear nuevos problemas durante la votación de la propuesta. 
El sentido y la finalidad originales de la Directiva no deben sacrificarse en aras de lo que a menudo son compromisos de gran alcance. 
El proteccionismo no crea empleo. 
El proteccionismo es un instrumento erróneo corto de miras para defender los derechos de los trabajadores. 
Es una manifestación de la falta de capacidad política de las burocracias nacionales para hacer frente a los retos que plantea la realidad económica y política del mundo. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la señora Gebhardt, a la señora Lancker y a los ponentes alternativos de los Grupos políticos por la excelente labor que han llevado a cabo para reforzar la Directiva de servicios. 
Para la mayoría de los presentes en esta Cámara resulta evidente que una carrera a la baja en cualquier ámbito no despertará lealtad ni confianza en el proyecto europeo entre los ciudadanos de la Unión. 
Yo esperaba que el Comisario McCreevy, aquí presente, demostrara que había comprendido el mensaje, pero desgraciadamente sus observaciones sobre los servicios de interés económico general no me hacen pensar que sea así. 
Entiendo a aquellos que desean votar simbólicamente contra la Directiva Bolkenstein por motivos de índole nacional. 
Pero en ese caso, les pido que apoyen a la amplia mayoría progresista de este Parlamento para lograr una Directiva «desbolkesteinizada» y voten a favor de las principales enmiendas de transacción que han sido objeto de negociaciones tan meticulosas. 
Esta Cámara abdicaría de sus responsabilidades si se negase ahora a adoptar la propuesta modificada de Directiva y dejase nuestro mercado de servicios, nuestros derechos laborales, los derechos de nuestros consumidores y los derechos ambientales en este ámbito a merced de las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo. 
Este Tribunal no ha sido elegido para legislar... nosotros sí. 
Por último, me gustaría decir a la señora De Brún, que ya ha abandonado la Cámara, que si desea evitar una carrera a la baja como la de los transbordadores irlandeses en el sector de los servicios, tendría la obligación de votar las enmiendas que se presentarán en esta Cámara mañana, como primer paso –no como paso único, sino como primer paso– para evitar lo que tanto teme. 
– En mi opinión, la Directiva sobre servicios es el documento más importante que el Parlamento Europeo aprobará en esta legislatura. 
¿Por qué? 
Porque es un indicador único de los cambios en la mentalidad europea. 
Veremos si Europa está preparada para establecer un mercado único, para liberalizarlo y legitimar las disposiciones fundamentales de la Unión Europea. 
Es una pena que las declaraciones sobre los objetivos de Lisboa no vayan acompañadas de actos. 
El temor al cambio, a la competencia y a la presión de los votantes sigue influyendo en los actos de los políticos. 
No es necesario amenazar a la gente con la destrucción de un modelo social; tenemos que hablarles de la realidad y de los cambios que son necesarios para que Europa sea competitiva. 
Tarde o temprano liberalizaremos el mercado, pero un retraso podría tener consecuencias desastrosas. 
Y el bienestar social en la Unión Europea es como agua en vasos interconectados. 
Actualmente, el bienestar social solo existe en todo el Espacio Económico Europeo. 
Los compromisos son posibles y necesarios hasta cierto punto. 
Creo que debemos mantener la esencia del principio del país de origen. 
Debemos tener confianza los unos en los otros. 
– Rara vez el Parlamento Europeo ha sido más el centro de todas las miradas que en esta ocasión, en la que debe adoptar una decisión sobre esta importante Directiva. 
La Comisión Europea, el Consejo, las pequeñas y medianas empresas y los sindicatos esperan el resultado de nuestra votación. 
Este es un alentador resultado de la democracia y un reconocimiento para aquellos que representan a los ciudadanos europeos. 
Sin embargo, exige un alto grado de responsabilidad. 
Estamos a punto de adoptar una decisión sobre una Directiva sobre servicios que representa un nuevo aliento de vida y de nuevo dinamismo para la Estrategia de Lisboa tras su revisión. 
La Directiva sobre servicios beneficiará directamente a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo al simplificar y facilitar la prestación de servicios en otros Estados miembros. 
Una liberalización completa del mercado de servicios reviste especial importancia para los nuevos Estados miembros. 
Por ello estoy a favor de que se vuelvan a introducir en la Directiva los artículos sobre el traslado de trabajadores. 
Quisiera elogiar la labor del ponente alternativo, el señor Harbour, que ha logrado, gracias a un acuerdo entre el Grupo de la derecha y el liberal, mantener el principio del país de origen, denominado igualmente «libertad de prestación de servicios» , al tiempo que los Estados miembros pueden rechazar un prestador de servicios por motivos de protección de la salud y conservación del medio ambiente. 
Sin embargo, la enmienda de transacción presenta un problema pues incluye, en particular, la posibilidad de hacer constar una reserva por motivos de protección de los consumidores o de política social, ya que esto permitiría a las autoridades del país de destino impedir en todo momento el acceso a los prestadores de servicios de otro Estado miembro, por lo que niega el principio del país de origen. 
Me parece que el discurso público sobre esta Directiva se ha centrado excesivamente en las críticas a dicho principio. 
Muy poco se ha escrito hasta ahora sobre las importantes ventajas de la Directiva, que simplifica la cooperación administra y establece un único punto de contacto o un formulario uniforme disponible en formato electrónico. 
Como conclusión, permítanme expresar mi agradecimiento a la ponente, la señora Gebhard, por la gran labor realizada para elaborar este informe. 
Señor Presidente, puesto que el compromiso que tenemos ante nosotros se ajusta a las mejores tradiciones neerlandesas consistentes en combinar la apertura de los mercados con un grado razonable de protección social, cuenta con el pleno apoyo de mi delegación. 
Nuestro Ministro de Asuntos Económicos dijo hace poco que su principal preocupación era el gran número de excepciones que recoge la Directiva. 
No puedo compartir su inquietud y me gustaría por qué, en mi opinión, algunas excepciones son sumamente válidas. 
En primer lugar, en relación con la exclusión de la atención sanitaria y otros sectores en los que existe un gran número de motivos de interés general, me parece que es mejor que esos sectores sean regulados caso por caso, y también es necesario aprobar una Directiva marco horizontal sobre los servicios de interés general, que determine claramente las competencias de las autoridades periféricas, con el fin de imponer normas a estos sectores por razones de interés general. 
Otro sector que me gustaría mencionar es el del trabajo temporal. 
Como sus Señorías saben, hace cuatro años alcanzamos un muy buen compromiso a este respecto en esta Cámara, que obtuvo un amplio apoyo entre nosotros, pero que desde entonces ha quedado congelado en el Consejo. 
La Directiva que propusimos entonces establecía un equilibrio entre la protección y la apertura de mercados en el sector del trabajo temporal, equilibrio que era una base mucho mejor para adoptar la legislación europea en este sector con más precisión y cuidado, y me gustaría pedir al señor McCreevy que asuma el compromiso de adoptar actos legislativos en el ámbito de la atención sanitaria y el trabajo temporal por separado de la presente Directiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, a lo largo de la tarde del día de hoy mucho se ha hablado de la necesidad de abrir el mercado de los servicios en la Unión Europea y también de la necesidad de eliminar barreras para conseguir alcanzar, o poner en marcha, algunos de los objetivos previstos en la Estrategia de Lisboa. 
Para ello esta directiva de servicios es un instrumento, no solamente necesario, sino imprescindible. 
Pero ¿qué requisitos debería tener esta directiva, este texto, para que cumpla con la misión que le hemos encargado? 
A mi modo de ver, en primer lugar, debería fijar unos criterios claros, que den seguridad jurídica a todos, consumidores y empresarios, y, sobre todo, que den seguridad jurídica de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, que son las que conforman en mayor parte —en un 80 o 90 %— el tejido empresarial de la Unión Europea. 
Y también haría falta que este texto, claro —repito— y con seguridad jurídica, sea aplicado en todos los países de la Unión Europea. 
Debo decir que, en mi opinión, el texto que fue aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor reunía estos requisitos. 
Pero he de decir aquí que, en este momento, tengo mis dudas de que los textos de compromiso que se han acordado cumplan los requisitos de claridad y seguridad jurídica. 
Por último, señor Presidente, me gustaría hacer una breve reflexión. 
A lo largo de la tarde del día de hoy, ha habido quienes han pretendido contraponer dos modelos en Europa: quienes dicen defender —y se autoerigen en sus únicos defensores— el modelo social europeo pretenden contraponer su posición a la de quienes defendemos la necesidad de la competitividad y de la competencia. 
Yo quiero decir aquí que la mejor política social es aquella que genera crecimiento económico y creación de empleo. 
Yo quiero decir aquí que el único peligro que puede caber para el modelo social europeo es una Unión Europea sin crecimiento económico, instalada en viejos prejuicios e incapaz de competir con otras economías, porque, si no crecemos, será imposible que mantengamos nuestra política social. 
Señor Presidente, la Unión Europea se basa en cuatro libertades fundamentales. 
Se trata de la libre circulación de bienes, capitales, mano de obra y servicios. 
Estos pilares de la Comunidad Europea se acordaron en 1958, porque ya desde entonces se sabía que eran la condición para una auténtica integración europea. 
Han transcurrido varios decenios, pero hasta ahora no existe libre circulación de servicios en Europa. 
La principal razón de ello es la debilidad de la clase política. 
Los políticos no han sido capaces o no han estado dispuestos a explicar a los ciudadanos que la libre de prestación de servicios crea nuevos puestos de trabajo y acelera el crecimiento económico. 
En lugar de explicar el significado de la ampliación de la Unión Europea y de destacar la oportunidad que ofrece la competencia, los políticos han preferido alarmar a los votantes con el fantasma del dúmping social, la famosa Directiva Frankenstein y el célebre fontanero polaco. 
Éstos son los antecedentes del debate de hoy en esta Cámara sobre la Directiva sobre servicios. 
La aprobación de esta Directiva facilitará la vida de consumidores y empresarios, acelerará el crecimiento económico y creará 600 000 nuevos puestos de trabajo en Europa. 
Desgraciadamente, la Directiva es objeto de crecientes ataques por parte de personas de convicciones populistas y proteccionistas. 
Hemos escuchado una y otra vez que la apertura del mercado de servicios provocará dúmping social y empeorará las condiciones de trabajo, pero estas opiniones carecen de todo fundamento. 
No obstante, todavía podemos llegar a un compromiso. 
Me gustaría recordar a esta Cámara que las cuestiones relativas al empleo y a la legislación laboral han sido retiradas del ámbito de aplicación de la Directiva, lo que debería disipar los temores que expresan los sindicatos. 
Asimismo se han excluido los servicios de interés público. 
Creo que con ello se logrará un equilibrio entre la necesidad de competitividad y la necesidad de proteger los derechos laborales. 
Por ello hago un llamamiento al Parlamento Europeo para que apruebe esta Directiva en su versión actual. 
Permitirá reforzar la competencia y liberalizar los mercados laborales. 
Asimismo facilitará la vida de los consumidores y las empresas. 
– Señor Presidente, tengo dos malas noticias, dos buenas noticias y una recomendación. 
La primera mala noticia es que la atmósfera de debate que tenemos actualmente en Europa más bien me entristece, pues soplan aires de proteccionismo, de nacionalismo, casi de racismo y de xenofobia. 
Para mí, que soy proeuropeo y federalista, el proteccionismo es antieuropeo. 
La segunda mala noticia se refiere a la Comisión. 
Siempre la he apoyado. 
Sin embargo, señor McCreevy, por favor, no haga que su oficina me llame para rebajar la Directiva de servicios. 
Su labor consiste en defender la Directiva de servicios y no en defender el proteccionismo. 
Su oficina quería que lo hiciera, no a favor de la libertad de prestación de servicios, sino a favor de la libertad de impedir la prestación de servicios. 
¡Le ruego que sea la última vez que lo haga! 
Las buenas noticias son, en primer lugar, que creo que llegaremos a un compromiso mañana. 
Creo que avanzaremos. 
Necesitamos esta directiva. 
La segunda buena noticia es que probablemente obtengamos una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. 
Espero que la Presidencia austriaca obtenga una amplia mayoría en el Consejo. 
Y por último, mi modesta recomendación es que se apruebe la solución de compromiso entre el Grupo del PSE y el Grupo del PPE-DE sobre el artículo 16 en su versión actual, siempre que se incluyan tres elementos en la Directiva: en primer lugar, los servicios sanitarios, en segundo lugar, las empresas de trabajo temporal, y en tercer lugar, el traslado de trabajadores. 
Esos elementos son indispensables. 
Me parece que la manera en que tiene lugar este debate es sumamente injusta, pues lo vemos como la lucha entre lo viejo y lo nuevo. 
Y no es así. 
Se trata de la lucha entre el proteccionismo y la liberalización de los mercados. 
Y me temo que algunos de nosotros la estamos perdiendo. 
Señor Presidente, creo que la señora Wallis dejó las cosas claras al señalar que la Comisión había trabajado mal en este aspecto. 
Al final de la última legislatura, de repente, nos sueltan una pieza de legislación equivalente al conjunto que había preparado Delors para la liberalización de las mercancías entre 1988 y 1992. 
Pero, además, esta propuesta de directiva de la Comisión ni siquiera trata de la liberalización de los servicios, porque el punto central es la liberalización del mercado de trabajo. 
Es decir, el artículo 16, con el principio del país de origen, no va a liberalizar los servicios; lo que pretende es liberalizar el mercado de trabajo, porque hay determinadas concesiones otorgadas por el entonces Comisario que van en contra de la protección social, de la protección ambiental y de la protección de los consumidores. 
Pero, creo que en este momento el Parlamento está a punto de preparar una auténtica directiva sobre la liberalización de los servicios. 
Que no lo mezcle con el tema laboral, que está provocando tantas discusiones en este momento. 
En este momento, la propuesta de directiva de servicios que va a aprobarse —creo— el jueves, como consecuencia del acuerdo entre los dos grandes Grupos políticos, va a permitir, efectivamente, la liberalización de los servicios, de conformidad con los procedimientos normales. 
Hay que recordar que ya tenemos un espacio en el que hay liberalización de servicios. 
Se han liberalizado servicios en transportes, en comunicaciones, en las transmisiones audiovisuales y en las actividades profesionales. 
Se trata de seguir por este camino. 
Esta directiva, si es aprobada por el Consejo —y espero, como decía el señor Stubb, que la Comisión apruebe las propuestas del Parlamento Europeo—, va a permitir efectivamente que se liberalicen los servicios. 
Y además, se ha introducido entre las enmiendas una enmienda en virtud de la cual la Comisión, en el plazo de cinco años, de acuerdo con los agentes sociales, debería presentar propuestas concretas para la liberalización de los servicios. 
Si la Comisión aprueba las enmiendas del Parlamento, el Consejo podría seguirla y podríamos asistir al comienzo de una auténtica liberalización de los servicios. 
– Señor Presidente, personalmente tenía muchas reservas respecto al texto inicial que la Comisión Europea presentó hace dos años. 
Sin embargo, las reservas que hemos tenido carecen ahora de importancia, ya que este texto ha sufrido amplias modificaciones en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, y creo que será objeto de nuevas enmiendas en el Pleno de pasado mañana. 
En un principio, la Comisión presentó un texto con un gran número de exageraciones fuera de lugar y, con ello, no hizo favor alguno al propósito de realizar el mercado interior de la Unión Europea. 
En otras palabras, no buscaba la manera correcta de superar los obstáculos administrativos y legislativos a fin de facilitar la inversión en este sector. 
Un objetivo correcto quedó falseado por las políticas, sobre todo la política de comunicación, de la Comisión Europea. 
Esto dio lugar a reacciones de diversos grupos sociales, al tiempo que la OCDE afirma que una apertura racional del mercado de servicios de los Estados miembros podría crear 2 500 000 nuevos puestos de trabajos e incrementar en consecuencia el PIB europeo en un 1,8 %. 
La Comisión de Mercado Interior ha realizado varias intervenciones importantes, tanto en lo relativo al ámbito de aplicación de la Directiva, como en que respecta a los derechos de los trabajadores, y me parece que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos representan una nueva mejora de la Directiva al abordar algunos problemas relacionados con el país de origen y al crear las condiciones necesarias para un amplio consenso social y parlamentario. 
Los objetivos de la mayoría de las diputadas y diputados al PE, de todos los Estados miembros y de los sindicatos europeos no es rechazar cualquier forma de Directiva sobre servicios, sino alcanzar una mejor Directiva en esta materia y, en mi opinión, entre todos lo hemos logrado. 
– Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, en primer lugar quiero ensalzar la labor de nuestra ponente, la señora Gebhardt, que, en realidad, ha logrado reescribir completamente el texto. 
¿Cómo hay que decirle, señor Barroso, que los ciudadanos europeos ya están hartos del dúmping social? 
¿Utilizando la lengua relacionada con el principio del país de origen, quizás? 
A pesar de los grandes avances, como la preservación de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y la exclusión de la asistencia sanitaria y los servicios de interés general, lamento que los servicios de interés económico general y los servicios sociales sigan sin estar excluidos. 
Me niego a que estas tareas de servicio público estén supeditadas a las reglas del mercado competitivo. 
Del mismo modo, sería muy útil excluir el Derecho laboral del artículo 2, a fin de no provocar una disputa peligrosa. 
Aunque a fin de cuentas ya no se menciona el país de origen, el compromiso propuesto entregará el poder efectivo del legislador al juez comunitario, que dictará el rumbo de la política social europea. 
Habría sido preferible aplicar el principio del país de destino al ejercicio de las actividades de servicios y el principio del país de origen solo al derecho de acceso. 
En cuanto a los que declararon falsamente que votar en contra del proyecto de Constitución Europea significaba la muerte de la Directiva Bolkestein, la situación actual les demuestra por el contrario que esta directiva está muy viva y que nos exige estar muy al tanto y seguir luchando. 
– Señor Presidente, Señorías, una vez más afrontamos un tema importante para la verdadera realización del mercado interior. 
He sido ponente de la Directiva relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios, a la que se presentaron unas 800 enmiendas, así como sobre la Directiva relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, a la que se presentaron unas 600 enmiendas. 
En ambas circunstancias trabajé con el señor Harbour y la señora Gebhardt, como con otros muchos. 
Los resultados obtenidos obtuvieron un apoyo tan amplio que el pasado mes de mayo esta segunda directiva fue aprobada por unanimidad tanto en el Parlamento como en el Consejo, con la sola abstención de dos Estados miembros. 
Deseo dar de nuevo las gracias a ambos colegas. 
Los principios subyacentes a estas dos directivas son análogos a los que deben animar la Directiva relativa a los servicios y sus objetivos son los mismos. 
Por desgracia, la propuesta de la Comisión Prodi no atinó ni en los motivos ni en los contenidos, por lo que este Parlamento hubo de reescribir esas dos directivas, igual que hoy nos vemos obligados a reescribir también la directiva que estamos examinando. 
Todos deseamos que los mercados se abran al trabajo, a las mercancías y al dinero, pero consideramos que esto debe hacerse, una vez más, armonizando entre sí los sistemas nacionales, y no tergiversándolo todo. 
La cláusula de revisión en cinco años como máximo permite transiciones graduales. 
Queremos esta directiva sin traumas ni enfrentamientos ideológicos, por lo que deseamos un enfoque prudente con soluciones políticas de sentido común. 
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha expresado ya una posición que comparto y, por la experiencia personal que he adquirido en esta materia, no aprecio a quienes, en vez de buscar un compromiso, quieren rechazar el conjunto de la idea, lo que es contrario a los Tratados. 
En cambio, aprecio los compromisos alcanzados y espero que también esta directiva goce de una amplia mayoría. 
Por último, deseo dar las gracias una vez más a la señora Gebhardt por el trabajo que ha realizado. 
– Señor Presidente, Señorías, este es un debate crucial para el futuro de Europa, que resuena en los ámbitos económicos, sociales y políticos. 
La solución de compromiso a la que han llegado los dos principales Grupos políticos me parece equilibrada. 
Es indispensable suprimir la aplicación del principio del país de origen, el trabajo temporal en el sector sanitario, otros sectores sociales, los servicios de interés general y las loterías. 
También es indispensable que los criterios relativos a los servicios de interés general queden totalmente claros, se supriman totalmente o sean establecidos por cada uno de los Estados miembros. 
Al igual que en el compromiso, quiero destacar la importancia de no interferir con la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores. 
Señorías, si bien es necesario continuar con la construcción del mercado interior, igual importancia reviste garantizar una competencia leal en todos los Estados miembros que no fomente las desigualdades sociales, no distorsione los mercados de trabajo ni desmantele las relaciones laborales, sino que acabe con las prácticas burocráticas y eche abajo los obstáculos técnicos injustificables. 
Aunque el proceso de creación de un mercado interior en el sector de los servicios es de suma importancia para el desarrollo económico de Europa, es necesario cumplir las normas que garantizan la cohesión social europea. 
Si no se hiciera esto con la versión inicial de la Directiva, podemos adoptar, en tanto que diputados de esta Cámara, un texto que haga una contribución equilibrada y lúcida a la creación de un verdadero mercado europeo en el sector de los servicios que, al mismo tiempo, garantice la cohesión social. 
Para ello son indispensables claridad y valor. 
Señor Presidente, empezaré diciendo que voy a votar a favor del compromiso, que el compromiso me satisface mucho más que la directiva original, y centraré mi intervención en un solo tema: el reembolso de los gastos generados por un ciudadano afiliado en un Estado miembro por servicios médicos que se le hayan prestado en otro Estado miembro. 
Si el señor Presidente me permite utilizar el método del caso me serviré del ejemplo de la Comunidad Valenciana, aunque podría referirme a cualquier otra región, una región italiana, por ejemplo. 
Cada día recibimos más turistas; cada día más ciudadanos europeos adquieren allí una segunda residencia; cada día recibimos más ciudadanos que vienen a tratarse en nuestra Comunidad, exclusivamente, por la calidad de sus servicios médicos. 
Esta presión constituye un atentado contra los servicios de salud. 
Una presión financiera que difícilmente podemos aguantar. 
El Tribunal de Justicia ha reconocido en multitud de ocasiones que, por aplicación de los artículos 49 y 50 del Tratado CE y de los reglamentos que los desarrollan, el Estado miembro que preste unos servicios médicos tiene derecho a ser reembolsado por el Estado en que el ciudadano estuviese afiliado. 
Pero, en la práctica, la realidad es que este derecho no se cumple, que este derecho es una pura declaración retórica. 
La Comisión ha entendido que esta Directiva es un buen instrumento para hacer efectivo este derecho y lo ha plasmado en el artículo 23. 
En este momento no sé cuál es la situación del artículo 23 ni de las enmiendas que pretenden suprimirlo. 
Simplemente manifestaré aquí mi deseo, mi propósito, de que ese artículo se mantenga tal como se ha redactado por la Comisión. 
Que el Comisario no se limite a hacer una declaración formal prometiendo una vez más que el problema se va a resolver. 
Queremos que este artículo se apruebe como está, a lo que yo contribuiré con mi voto favorable. 
Señor Presidente, hay quien piensa que hemos proporcionado información capciosa en relación con esta Directiva. 
Hoy, me complace decir que con estas enmiendas hemos introducido cambios radicales en la Directiva Bolkestein. 
Me pregunto, sin embargo, si este documento modificado ofrece seguridad jurídica. 
Y me temo, al igual que otros, que no es así. 
Señor Comisario McCreevy, habría logrado nuestro apoyo si nos hubiese dicho en este debate que lo mejor es mantener los servicios de interés económico general fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva, pero ha declarado justamente lo contrario. 
No ha dicho ni una sola palabra sobre una Directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Como conclusión, en nuestro veredicto final tendremos en cuenta que la Directiva que tenemos ante nosotros no pretende una armonización, sino precisamente lo contrario. 
Se ha tomado una decisión a favor de la legislación basada en la diferencias que existen entre los 25 Estados miembros, y no creo que esa sea la manera correcta para la integración de los mercados. 
Algunos dicen que una directiva rebajada es mejor que nada. 
Sin embargo, no es así, porque existe un límite ras del cual ya no contribuimos a la libre prestación de servicios, sino que creamos nuevos obstáculos para esta. 
Desgraciadamente, eso es lo que hacen las propuestas de enmienda presentadas la semana pasada. 
Si votamos a favor de ellas, destruiremos la esencia de esta propuesta. 
Tenemos mucho que perder, pues el Tribunal de Justicia Europeo ha protegido en repetidas ocasiones en las últimas décadas los derechos de los proveedores de servicios contra las prácticas restrictivas de los Estados miembros. 
Si ahora aceptamos una directiva repleta de nuevos obstáculos, en conflicto con el espíritu y la letra de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, no podemos esperar que tenga éxito la Agenda de Lisboa, que pretende crear nuevos empleos y fomentar un nuevo crecimiento en Europa, porque estaríamos limitando ese mercado por otros treinta años. 
Los nuevos Estados miembros liberalizaron hace algunos años sus mercados de capitales y productos. 
Lo que no fue una decisión fácil. 
Nosotros también podríamos haber dicho que nuestras economías eran demasiado débiles e incapaces de competir. 
Es por ello que muchas de las diputadas y diputados de los nuevos Estados miembros se sorprenden de que ahora, cuando deberíamos liberalizar juntos el mercado de servicios, vacilen algunos antiguos Estados miembros que tienen una economía fuerte. 
Señorías, ahora es su turno. 
¿Defenderán una de las cuatro libertades fundamentales de nuestra Unión Europea o no? 
Una Directiva de servicios fuerte será positiva para las pequeñas y medianas empresas, para los antiguos y nuevos Estados miembros y para todos los ciudadanos de Europa. 
Señorías, eliminemos de la propuesta cualquier intento de limitar la libertad en el mercado de servicios. 
Los húngaros solo podemos apoyar una directiva que haga algo más que mantener nominalmente el principio de la libre prestación de servicios que contempla el Tratado de Roma. 
– Señor Presidente, Señorías, la directiva que estamos debatiendo sin duda será recordada, dado el tortuoso y difícil itinerario que ha seguido. 
Desde sus orígenes, la directiva ha sido criticada de forma abierta y contundente. 
No por casualidad, aún hoy, una gran manifestación sindical europea ha expresado con fuerza la necesidad, para el mundo del trabajo europeo, de que Europa se dote de una directiva de servicios que complete el mercado interior sin mermar la cohesión social. 
En el Parlamento hemos estado trabajando en este sentido con el objetivo de contribuir al desarrollo y el crecimiento europeo en un sector importante, como el de los servicios, sin perder nunca de vista la dimensión social que Europa debe tener y la exigencia de no aplazar indefinidamente el proceso de armonización. 
Las modificaciones introducidas y el compromiso alcanzado responden en buena medida a las cuestiones y reivindicaciones planteadas, tanto con respecto al Derecho laboral como en lo relativo al denominado principio del país de origen. 
No obstante, quedan algunos problemas por resolver, entre ellos los servicios de interés económico general, que espero encuentren una solución en la votación final sobre la base de las enmiendas presentadas. 
En definitiva, pienso que hasta hoy se ha hecho un buen trabajo, entre otras cosas gracias a la señora Gebhardt. 
No hemos eludido el debate sobre el contenido, es más, hemos contribuido a identificar algunas soluciones posibles y pretendemos seguir defendiéndolas también después de la votación en primera lectura. 
Señor Presidente, tras conversar con el personal y los directivos de dos docenas de pequeñas y medianas empresa de Hesse, y con los representantes de los sindicatos y la patronal, las perspectivas para lograr una directiva aceptable en materia de servicios no parecen muy brillantes, para ser sincero. 
A la vista de la tan parcial propuesta Bolkestein, el compromiso alcanzado ahora logra el equilibrio correcto entre la eliminación de obstáculos y barreras nacionales dentro del mercado interior y la necesidad de cohesión social. 
Los servicios de interés general no deben liberalizarse, ni deben privatizarse las empresas públicas. 
Tampoco debe restringirse la legislación en materia de competencia ni limitar las normas en materia de ayudas públicas. 
Los temores de que con ello se produzca un dúmping social y salarial ya no están justificados. 
El nuevo principio de la libre circulación de servicios prevé que los países en que se presten los servicios pueden insistir en que se cumplan sus normativas nacionales y supervisar dicho cumplimiento, tanto en lo que se refiere a garantizar la seguridad y el orden públicos, como a la protección del medio ambiente y de la salud. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales dio un nuevo e importante ímpetu al proceso de cooperación. 
Creemos que es importante que la seguridad industrial no se ponga en entredicho y que deben mantenerse los acuerdos alcanzados sobre tarifas. 
La directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores tiene prioridad, lo que significa que es posible proteger el sector de la construcción y otros sectores sensibles de los Estados miembros y mantener los sueldos mínimos. 
A fin de evitar que las empresas registren simplemente un apartado postal en otro Estado miembro, se ha redactado una normativa favorable a los consumidores: solo se reconocerán las sucursales si estas pueden demostrar que tienen la infraestructura adecuada y una presencia permanente. 
Muchas de las consignas de la manifestación de hoy no estaban actualizadas. 
La gente tiene derecho a protestar en público, pero tendrán más credibilidad si el motivo de sus protestas es real. 
Los ciudadanos, la Comisión y el Consejo están a la espera de la decisión de este Parlamento, y todos conocen la verdadera importancia de esta Cámara. 
El compromiso de los dos Grupos es el camino a seguir. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se ha mostrado coherente en su intención de infundir un nuevo dinamismo al mercado interior –con la Agenda de Lisboa como consigna– y de mantener las normas sociales. 
Señor Presidente, es mejor aceptar el compromiso propuesto que rechazarlo. 
En todo caso, este es el punto de partida para un mercado de trabajo unificado y viable. 
En nuestra calidad de legisladores debemos aspirar a la exactitud y a la precisión. 
Cada apartado vago en una Directiva es un caso potencial para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Al leer la propuesta uno tienen la sensación de que mientras más educada o cualificada sea la persona, más posibilidades tiene de que sus actividades queden fuera del ámbito de actividad de la Directiva y más protegido estará contra una auténtica competencia. 
Europa necesita crecimiento económico. 
Para crecer es necesario trabajar más o incrementar la producción. 
No podemos oponernos al dúmping social evitando la movilidad humana, sino creando un régimen transfronterizo en el que cada persona que preste servicios sea responsable del cumplimiento de las condiciones de empleo. 
¿Cómo podemos pensar en competir con China e India si no podemos eliminar los obstáculos innecesarios a la competencia en el territorio de la Unión? 
Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra en una búsqueda constante de estímulos para el desarrollo, para crear una Unión capaz de hacer frente a los desafíos del tercer milenio. 
Se suponía que esta Directiva debía hacer que la Unión Europea fuese más fuerte a nivel mundial y más capaz de competir con otras economías de todo el mundo. 
Al parecer se olvida que ahora somos una Comunidad de 25 Estados miembros y no de 15. 
Los diputados de esta Cámara cada vez piensan más que son los nuevos Estados miembros los que compiten contra la Unión, no China ni los Estados Unidos. 
La Unión Europea parece tener miedo de sí misma. 
Los antiguos Estados miembros, que han unido sus fuerzas para combatir esta Directiva, han recrudecido el lenguaje combativo. 
La división entre la vieja Unión y la nueva cada vez resulta más evidente. 
Una vez más se divide a los Estados miembros en países mejores y peores. 
Los países ricos apoyan una política con poca visión de futura que se basa en el miedo, no en indicios racionales. 
Resulta paradójico que los países ricos que hasta ahora se habían presentado como los mayores defensores de la integración, sean los que se resistan a la plena aplicación de las disposiciones de los Tratados. 
Difunden la alarma haciendo referencia al dúmping social que practicarían los nuevos Estados miembros y a supuestas amenazas para el nuevo social europeo. 
Yo creo que los nuevos Estados miembros saldrán adelante. 
El crecimiento económico en la zona del euro es prácticamente nulo y su economía se desarrolla con lentitud. 
La resistencia a la plena apertura del mercado de los servicios encierra el riesgo de perder un estímulo muy importante que podría acelerar el crecimiento económico de la Unión y crear nuevos empleos. 
Hasta ahora se ha dicho que los nuevos Estados miembros se dedican a quejarse. 
Sin embargo, en la Europa de dos velocidades que está surgiendo, deberán desarrollar formas para responder rápidamente a las coaliciones tácticas que se forman contra ellos con cada vez mayor frecuencia. 
La propuesta original de la Directiva representaba una nueva oportunidad para la Unión Europea de 25 Estados miembros. 
En su versión actual, tras la supresión de las disposiciones que prohíben la discriminación de empresas que presten servicios en el extranjero y del principio del país de origen, está perdiendo progresivamente significado y transparencia. 
– Señor Presidente, soy ciudadano de uno de los nuevos Estados miembros. 
Estoy a favor del compromiso, ya que lo contrario equivaldría a una miopía social y política. 
La manera en que la mayoría del Parlamento parece haber convergido para revisar a fondo la Directiva de servicios pone de manifiesto la importancia de esta institución. 
Estamos convirtiendo una propuesta que podría tener consecuencias desastrosas para nuestras sociedades –sobre todo en las más necesitadas– en una propuesta mucho más sensata. 
No estamos plenamente satisfechos, ya que deseamos que los servicios públicos queden expresamente excluidos y deseamos salvaguardias más claras en otros sectores. 
No obstante, hemos de que admitir que tenemos ante nosotros un texto legislativo mucho más realista. 
Renovamos nuestro acuerdo con el principio de la libre circulación de servicios y la facilitamos, pero estamos de acuerdo en que los derechos sociales son los primero. 
Tras nuestro rechazo de la Directiva de servicios portuarios, por segunda vez en un breve espacio de tiempo, volvemos a mostrar nuestro compromiso con la Europa social. 
Creo que el señor Whitehead habría estado orgulloso de la señora Gebhardt y de todos nosotros. 
– Señor Presidente, en el punto en que estamos esta noche, sé que es políticamente incorrecto oponerse a un compromiso trabajosamente elaborado por dirigentes de dos Grupos políticos. 
Cada uno de los arquitectos de este compromiso clama victoria, lo que me molesta porque no me gusta que me tomen por tonta. 
Mis colegas me juran que el principio del país de origen está implícito en el texto de compromiso. 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo presume de haberlo matado antes de nacer. 
Para mí, como para otros, el principio del país de origen y la historia de la integración europea están íntimamente ligados. 
Rechazarlo por dogmatismo es ir en contra de lo que construimos pacientemente, es instaurar el principio de la desconfianza generalizada. 
Por supuesto, este principio no podría prevalecer por encima de todos los demás, porque lo hemos controlado y gestionado. 
Hemos precisado que en todos los aspectos sociales se aplica el Derecho del país de destino. 
Seguir hablando de atentado contra las conquistas sociales es por tanto sumamente engañoso. 
Se nos dice que no hay que mezclar servicios comerciales y servicios no comerciales. 
Pero también en este punto hemos mezclado las cosas y hemos acabado rebajando la directiva, que contempla ahora tantas excepciones que más valdría definir a qué se aplica realmente y no a la inversa. 
Por último, las normas del país de destino relativas al desplazamiento de los trabajadores nunca han sido objeto de controversia. 
Por tanto, ¿qué más quieren? 
¿Qué nos retractemos del acervo del Tratado de Roma? 
El compromiso en torno al artículo 16 apenas confirma ese acervo. 
¡Esto no es en absoluto un progreso! 
En estas condiciones, a mi entender, en vez de desmantelar una directiva hasta que no quede nada de ella, sería mejor atenerse a la versión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, no estoy dispuesto a tragar con todo para llegar a una solución que, so pretexto de defender las normas sociales, defiende de hecho normas proteccionistas, y votaré en consecuencia. 
Hace una hora hemos sabido que sindicalistas de los antiguos Estados miembros estaban manifestándose en Estrasburgo contra esta Directiva. 
De hecho, se les han unido compañeros de los nuevos Estados miembros, y quienes les escucharon con atención pudieron ver que no todos se oponen a la Directiva. 
Sus Señorías recuerdan perfectamente que hace poco rechazamos por amplia mayoría una propuesta acordada por el Consejo al aprobar las Perspectivas Financieras para 2007-2013. 
En ese momento, preferimos los intereses europeos a los propios. 
Fuimos capaces de unirnos en interés de toda la Unión Europea. 
Me siento orgulloso de haber resistido los intentos de influenciarnos y de que hayamos logrado un acuerdo en el Parlamento Europeo. 
Un compromiso es algo muy importante para un documento tan fundamental como la Directiva sobre servicios. 
Creo que la ponente ha realizado una muy buena labor. 
En mi opinión, hemos llegado a varios compromisos aceptables. 
Por ello considero que deberíamos votar por lo que representa una situación ventajosa para todos en beneficio de Europa, que ofrece la mejor solución tanto para los antiguos Estados miembros como para los nuevos. 
Señor Presidente, habiendo escuchado el debate que se ha producido en el Pleno, existen motivos justificados para recordar por qué necesitamos una Directiva relativa a los servicios y por qué estamos trabajando para conseguir un comercio más abierto en materia de servicios. 
Se debe a que, básicamente, todos estamos de acuerdo en que un mayor comercio de servicios se traducirá en más puestos de trabajo, más empresas nuevas, un crecimiento más intenso y una mayor competitividad. 
No obstante, en vista del debate de esta Cámara, parece que muchos se han olvidado de esto. 
Un comercio de servicios libre es algo positivo, no negativo. 
Lamentablemente, quienes se oponen a la Directiva han conseguido moderarla. 
Esto significa que conseguiremos una competencia menor de la que, de otro modo, podríamos haber obtenido. 
Significa un menor número de puestos de trabajo nuevos y empresas nuevas. 
Eso no es lo que esperan los europeos. 
Junto con otros conservadores, apoyaré el compromiso, no porque sea lo que estamos buscando, sino porque representa un paso en la dirección correcta. 
No obstante, quiero insistir en que no acepto la imagen presentada, según la cual lo que nos preocupa aquí es un conflicto entre oriente y occidente, y entre antiguos y nuevos Estados miembros. 
Por el contrario, lo que tenemos es una división entre quienes quieren que el comercio de los servicios produzca una mayor integración y cooperación europea, unas fronteras más abiertas y un mayor número de puestos de trabajo, y quienes tienen una opinión diferente. 
Intentaremos que la atención sanitaria privada se incluya en la Directiva, que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores esté abierta a todos, de forma clara e inequívoca, y evitar cualquier discriminación contra la población de cualquier país. 
También nos esforzaremos para que se puedan incluir las agencias de trabajo temporal en el ámbito cubierto por la directiva. 
Quiero decir a la Comisión lo siguiente: esto supone un primer paso y ustedes son los responsables de garantizar que continuemos avanzando en la dirección establecida por el Tratado. 
– Señor Presidente, Señorías, también yo intervengo para explicar los motivos que me llevan a votar, junto con mi delegación, a favor de esta directiva. 
Estamos convencidos de que representa el comienzo de un camino y un paso adelante en la idea de completar el mercado interior. 
Desde este punto de vista, se trata de un voto convencido. 
No obstante, quisiera hacer una observación sobre lo que ha sucedido en el último año y medio, y sobre todo en las últimas semanas, dentro de los Grupos políticos, así como hoy por la tarde y esta noche dentro de esta Cámara. 
Esto demuestra –y quiero que esto quede muy claro– que existe una diferencia entre los 25 Estados miembros. 
Se trata de la diferencia entre quienes consideran que se puede conseguir crecimiento y desarrollo apostando y arriesgando por lo nuevo, por la innovación, por la flexibilidad y por la posibilidad de trabajar en un mercado más libre y más abierto y, sobre todo, un mercado de casi 500 millones de ciudadanos, y aquellos que consideran en cambio que pueden defender mejor las conquistas hasta ahora alcanzadas cerrándose con en un cascarón. 
Esta ha sido la auténtica confrontación. 
Por este motivo espero que, con la conclusión de este debate, acabe también el razonamiento basado en la división entre países nuevos y viejos, porque esa división no ha existido. 
Ha existido en cambio otra división, que ha conducido a una directiva que, en mi opinión, representa solo un primer paso. 
No obstante, votaré a favor con convicción, porque considero que un paso adelante, aunque sea pequeño, es importante. 
– Señor Presidente, resulta irónico que debatamos la Directiva de servicios el Día de San Valentín, ya que para la Directiva de servicios –pero sin duda también para el señor Bolkestein– se trata sin duda de un caso de amor no correspondido. 
El mes pasado rechazamos por mayoría aplastante la Directiva de servicios portuarios y, en esta ocasión, podríamos haber hecho otro tanto de no ser porque esta Cámara transformará la propuesta de la Comisión en una solución de compromiso, tal vez no la mejor posible, pero al menos una que sea viable y, sobre todo, que establezca un equilibrio entre nuestro objetivo de liberalizar el mercado de servicios y nuestra intención de abordar cuestiones sociales que están justificadas. 
Y subrayo lo de «justificadas» , porque todos sabemos que esta propuesta ha dado lugar a mucho alarmismo. 
Como procedo de uno de los nuevos Estados miembros, este alarmismo me resulta conocido. 
En mi país, los opositores a la adhesión a la UE solían evocar escenarios dantescos en los que los trabajadores extranjeros nos invadían y nos arrebataban nuestros puestos de trabajo. 
Estas mismas Casandras desempeñaron idéntico papel en los antiguos Estados miembros, pero ahora sabemos que estas proyecciones fatalistas simplemente no eran realistas, no se hicieron realidad, y lo mismo pasará con la Directiva de servicios. 
La liberalización del mercado de servicios es positiva y debemos decirlo con toda claridad. 
Es buena para las empresas –sobre todo para las PYME– y es buena para el empleo. 
Tenemos ante nosotros un compromiso razonable. Yo propongo que lo aprobemos. 
– Señor Presidente, es muy tarde para un debate tan serio y el Comisario debe de estar cansado. 
Tan solo quiero hacer algunas observaciones que podrían refrescar el debate o bien cansarle todavía más, señor Comisario. 
Al inicio del debate de este día pensé que sería simplemente un choque ideológico entre el proteccionismo y una tentativa de liberalizar el mercado de servicios. 
Por desgracia la cosa es más seria que esto: el debate en torno a la directiva rebajada empieza a presentar los rasgos de un choque entre lo nuevo y lo viejo. 
Estamos acostumbrados a escuchar interminables especulaciones acerca del motivo por el que los ciudadanos de los Estados miembros no comprenden las nuevas y grandiosas ideas europeas. 
¿Y por qué iban a hacerlo? 
Yo represento a la República Checa en el Parlamento Europeo y defiendo los intereses de los checos. 
La República Checa liberalizó por completo el acceso a su mercado a principios de los años noventa. 
Muchas empresas tradicionales, pero ineficientes, tuvieron que cerrar. Esto provocó un aumento de la tasa de desempleo y fuertes pérdidas políticas. 
¿No es justo esperar lo mismo de los antiguos Estados miembros? 
Si intenta usted explicar a un proveedor local de servicios de cualquier población checa situada en la frontera con Austria que no puede prestar sus servicios del mismo modo que lo hacen sus competidores austriacos –y repito, – en su población checa, apuesto a que no lo conseguirá. 
Una cosa es hablar de los nobles ideales europeos y otra decir que las empresas no pueden ejercer sus actividades libremente en el lugar de su elección. 
La idea de liberalizar el mercado interior fue una idea valiente, pero actualmente solo se escucha el conocido lamento del cuento de la lechera. 
Agradezco a los intérpretes checos su animosa labor. 
– Señor Presidente, es difícil hacer una verdadera contribución al debate sobre la Directiva de servicios en tan solo dos minutos. Esta directiva pretende hacer muchas cosas en un único y valiente paso. 
Por eso el debate ha sido tan vigoroso y todos los Grupos han tenido a sendos diputados trabajando casi a tiempo completo en torno a esta Directiva en los últimos meses. 
A este respecto quiero reconocer en particular la labor del señor Harbour, que ha realizado un esfuerzo enorme por hacer avanzar hasta este punto el texto de compromiso en nombre del Grupo del PPE-DE. 
Sin embargo, no perdamos de vista el objetivo general que intentamos alcanzar en la intensidad del debate sobre enmiendas concretas, en particular la relativa al artículo 16 sobre la libre prestación de servicios. 
Esta es la primera fase de un proceso que pretende la adopción de una directiva que promueva una mayor apertura y un mejor funcionamiento del mercado interior de los servicios. si se aprueba la directiva en la forma correcta, facilitará el crecimiento, la creación de empleo y una mayor actividad económica en el sector terciario. 
Lo cierto es que la economía de la UE necesita un impulso para arrancar. 
Esta directiva puede contribuir a ello. 
Un 68 % del empleo y más del 60 % de la riqueza generada en la UE proceden del sector de los servicios y, por consiguiente, estos constituyen un motor fundamental de la perezosa economía de la UE. 
En pocas palabras, esta nueva directiva de compromiso no dará a todos los Grupos políticos todo lo que desean, pero suprimirá muchos de los obstáculos que impiden los intercambios y la prestación de servicios transfronterizos, y reducirá los tramites burocráticos con los que se topan las empresas al intentar expandirse a otros Estados miembros. 
Este compromiso establece un equilibrio entre la protección del derecho laboral y los convenios colectivos dentro de los Estados miembros, por una parte, y la apertura de un mercado de servicios más eficiente, por otra. 
Espero que este Parlamento dé a la Comisión el firme mandato de proseguir con esta directiva con ímpetu renovado tras la votación del jueves y espero igualmente que en un futuro no muy lejano se presente ante este Parlamento una versión mejorada de esta directiva. 
– Señor Presidente, Señorías, probablemente huelga decir que la aprobación de esta directiva constituirá un hecho político de gran magnitud. 
No obstante, si el Parlamento aprueba la directiva por una amplia mayoría, la señal política enviada sería aún más importante, pues se resaltaría una vez más el papel de mediadores que desempeñamos en el proceso legislativo entre la burocracia europea y los Estados miembros. 
Como mediadores, tenemos la obligación de conciliar las exigencias de liberalización del mercado con los derechos de los sectores más débiles de la sociedad. 
Considero que el compromiso del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo es válido con vistas a la liberalización de un sector que afecta a una grandísima parte de nuestra economía, un sector que el Tratado define como una libertad fundamental. 
Sin duda habríamos podido hacer más en la vía de la liberalización, pero no se puede tener todo y pronto. 
La cláusula de revisión quinquenal permitirá mejorar el texto y proseguir el proceso de liberalización. 
En lo que respecta al aspecto económico, nos hemos planteado ambiciosos objetivos en términos de crecimiento y empleo. 
Quisiera comentar algunas enmiendas presentadas, sobre todo las enmiendas 13, 72, 73 y 86, que no solo excluyen los servicios de interés general, sino que dejan a la discreción de cada Estado miembro la definición del concepto de servicio público y las obligaciones que incumben a este tipo de servicios. 
La enmienda 13, además, excluye la obligación para los Estados miembros de liberalizar dichos servicios o privatizar organismos públicos y monopolios existentes, como por ejemplo las loterías. 
También las enmiendas 17 y 80 proponen la exclusión de los juegos de azar. 
Creo que en el debate general debemos reafirmarnos en estas enmiendas. 
– Señor Presidente, el Comisario seguramente se sentirá aliviado de que nos acerquemos al final de este debate. 
Después de mí solo vienen dos oradores. 
Fue el pasado mes de abril, durante la acalorada campaña del referendo francés, cuando la Comisión de Industria, Investigación y Energía adoptó la opinión del señor Chatzimarkakis sobre la Directiva de servicios. 
Dicha opinión cuestionaba la hostilidad que prevalecía entonces contra esta directiva, exagerada al absurdo por la imagen del fontanero polaco y el dúmping social que circulaban en esos momentos. 
Desde su primer pleno tras su elección directa en 1979, este Parlamento siempre ha defendido la causa de un mercado único verdaderamente libre y abierto, como lo contemplaban los Tratados originales. 
El Grupo Canguro y el programa del mercado único de 1992 previsto en el Acta Única Europea de 1992 salieron de una subcomisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la que tuve el honor de pertenecer. 
Me resulta difícil comprender o justificar por qué los servicios se excluyeron de ese proyecto. 
Ahora tenemos la oportunidad de emular el valor y la previsión de nuestros predecesores para asegurar la creación de un verdadero mercado único en el sector de los servicios. 
No debemos tener miedo de los sindicalistas, de los ciudadanos franceses que votaron «no» , de los fontaneros franceses: realmente no hay nada que temer. 
Del mismo modo que un mercado único de productos ha creado más empleo y mejores puestos de trabajo, otro tanto hará la Directiva de servicios si votamos a favor de una versión firme y liberal. 
Esta Directiva puede brindar la oportunidad que todos buscan, en particular las PYME, al ser un elemento indispensable para el éxito, la competitividad y la prosperidad de la economía europea. 
La opinión de la Comisión de Industria, Investigación Energía, que ha adoptado un talante liberal, ha sido apoyada con 34 votos a favor –de los conservadores, liberales e incluso de la mayoría de los socialistas– y 6 en contra. 
Espero que el Parlamento en su conjunto adopte una postura igual de valiente y de amplias miras. 
Adam Smith tenía razón: la liberalización del comercio funciona; un mercado de servicios realmente libre y abierto funcionará y permitirá que cada vez más ciudadanos europeos regresen al mundo del trabajo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias, sinceramente, al Comisario McCreevy y a los miembros de mi Grupo, Malcolm Harbour, la señora Thyssen y otros, que han estado luchando por defender una directiva y que han tenido que ver ante sus ojos cómo iban cayendo y cayendo lo que podríamos considerar como los mejores aspectos de la misma. 
He de decir que, a veces, los políticos y los gobernantes andamos por detrás de la sociedad, y lo digo porque hay dos aspectos que me interesan muchísimo de la directiva y que, desgraciadamente, en gran medida, no van a reflejarse: uno, el reconocimiento de los títulos y la libertad de trabajo para la gente cualificada, y, otro, el tema de la salud. 
Entiendo que en Europa, cuando uno va a trabajar a otro país, es mucho más fácil trabajar en oficios manuales, en oficios de escaso reconocimiento, aunque se tengan altas titulaciones, porque el egoísmo corporativo no permite otra salida. 
Esta barrera no se ha conseguido echar abajo. 
En segundo lugar, quiero hablar de la salud. 
La directiva incluía la posibilidad del retorno y la obligatoriedad del retorno de los fondos a aquellos residentes que reciben asistencia médica en otro país. 
El Mediterráneo está lleno de millones de europeos que se han ido al Sur en busca del sol y en busca de otra vida y, sin embargo, no se les reconoce el derecho a que les devuelvan los fondos relativos al servicio social que se les está prestando y, sobre todo, a la sanidad. 
Están en una situación de incertidumbre, están en una situación difícil, pero, sobre todo, están abandonados de los políticos. 
Y lo mismo digo respecto a la medicina privada. 
Apoyo, por tanto, que se integre la medicina privada, porque tenemos cientos de clínicas que están sirviendo y ayudando a los alemanes, a los británicos, a los suecos, que están en el Sur y en el Mediterráneo. 
Estos ciudadanos tienen derecho a hablar en su idioma, a que les atiendan en su idioma, a que les presten el servicio en su idioma. 
Esta situación existe; la sociedad la ha creado, y nosotros no queremos reconocerlo. 
Señor Presidente, señor McCreevy, Señorías, el objetivo de la Directiva relativa a los servicios consiste en fomentar el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea. 
Actualmente un gran número de obstáculos administrativos impiden el funcionamiento efectivo del mercado interior de la Unión Europea. 
El impacto más negativo de los obstáculos administrativos y los costes asociados con ellos se produce sobre la capacidad del sector de las PYME para ofrecer servicios fuera de sus propios países. 
El sector de los servicios representa en torno al 70 % de la economía de la Unión Europea, por lo que la eliminación de obstáculos administrativos en este sector potenciaría notablemente su desarrollo. 
El análisis de la Comisión Europea demuestra que, en el período de 1992 a 2002, las medidas tomadas para mejorar el mercado laboral interior de la Unión Europea y para abrir sus fronteras interiores permitieron un aumento del PIB de la Unión de un 1,8 % y la creación de dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo. 
Este aumento se consiguió principalmente garantizando la libre circulación de mercancías y liberalizando los sectores de las telecomunicaciones y la energía. 
El análisis de la Comisión Europea demuestra también que un buen funcionamiento del mercado interior de los servicios en la Unión Europea podría provocar un crecimiento similar en la economía y los puestos de trabajo. 
Por lo tanto, es importante votar a favor de una Directiva sólida relativa a los servicios, que incluya el principio del país de origen, al menos en la variante votada por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, manteniendo los artículos de la Directiva que establecen los derechos de los proveedores de servicios relativos al desplazamiento de trabajadores a un país donde se van a prestar servicios, y limitando también la lista de excepciones. 
El hecho de no incluir estos principios distorsionaría considerablemente el significado de la Directiva relativa a los servicios y se desaprovecharían las oportunidades de un crecimiento económico adicional en la Unión Europea. 
Algunos de los diputados del Parlamento Europeo están intentando seriamente distorsionar la importancia de la Directiva relativa a los servicios y aplicar una política proteccionista con respecto a los proveedores de servicios de los nuevos Estados miembros, sin tener en cuenta las pérdidas económicas que eso causaría al conjunto de la Unión Europea. 
El voto del Parlamento Europeo demostrará si la mayoría de los diputados ven el futuro de la economía de la Unión Europea como un mercado interior dinámico y abierto o como una jungla proteccionista de 25 Estados miembros. 
. Señor Presidente, hemos celebrado un prolongado y animado debate. 
Sin duda nadie necesita cafeína para mantenerse atento durante un debate tan estimulante. 
Quiero dar las gracias a todos los participantes por sus intervenciones en defensa de diversas opiniones. 
Hemos escuchado todos los argumentos, tanto a favor como en contra de esta propuesta. 
Lo que me parece claro es que, a pesar de las divergencias, existe un amplio grupo de opinión que apoya la Directiva de servicios, que existe un deseo común de llegar a un amplio acuerdo sobre la forma de avanzar. 
Y esto me complace, pues demuestra el papel tan importante que puede desempeñar el Parlamento Europeo para conciliar las numerosas opiniones divergentes que se expresan en esta Cámara. 
A la vista del debate de hoy, confío en que el Parlamento pueda señalar el camino para llegar al consenso que necesita esta propuesta para que sea aprobada. 
Estamos en deuda con la ponente, los ponentes alternativos y los dirigentes de los Grupos por su enfoque constructivo. 
Ya he dicho que la Comisión tendrá plenamente en cuenta todas las enmiendas que sean objeto de un amplio consenso en esta Cámara. 
Creo que estamos cerca de dicho consenso, sobre todo por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la propuesta y la libertad de prestación de servicios, tal como se plantea en el artículo 16. 
Me he sentido animado al escuchar a numerosos oradores decir que deseaban una Directiva de servicios con auténtico valor añadido. 
Por ello debemos reducir al mínimo cualquier otra excepción sectorial del ámbito de aplicación, y es necesario prestar especial atención al texto del artículo 16. 
No debemos dar marcha atrás sobre las disposiciones del Tratado o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
En respuesta a la crítica del señor Watson con respecto a nuestros esfuerzos para tender puentes en lo referente al artículo 16, es una pena que no comprobara la procedencia del proyecto del que se quejaba. 
No procede de mi oficina, pero estoy acostumbrado a que me acusen de tantas cosas –buenas y malas– de las que no soy responsable. 
En cuanto al fondo del debate de hoy y al traslado de trabajadores, entiendo perfectamente a quienes les preocupa que se impongan cargas administrativas innecesarias a los trabajadores destinados a otro Estado miembro. 
Es necesario cumplir la legislación comunitaria y respetar la jurisprudencia del Tribunal. 
Si una gran mayoría del Parlamento vota a favor de la supresión de los artículos 24 y 25, la Comisión presentará rápidamente recomendaciones sobre esa importante iniciativa. 
Es muy importante que el mensaje que salga de este debate y de la votación del jueves señale que Europa avanza y propone un marco para mejorar la Directiva de servicios, que ofrezca los incentivos y la confianza necesarios para que las empresas, los empresarios y los consumidores aprovechen plenamente las ventajas que brinda nuestro mercado interior e inviertan en nuevas oportunidades, y desarrollen y adquieran nuevos servicios que creen más empleo y generen más crecimiento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
– La Directiva de servicios, sobre la que votaremos el jueves en Estrasburgo, nos brinda la ocasión de demostrar a los 450 millones de ciudadanos europeos que Europa, y en especial el Parlamento Europeo, escuchan las demandas y preocupaciones de la población y tratan de conciliarlas con una estrategia de crecimiento y desarrollo que solo una armonización y una apertura real de las actividades económicas pueden permitir. 
El texto que espero salga del Pleno será un documento moderado, con zonas grises que habrá que aclarar. 
No obstante, en un contexto variado como el europeo, con nuevos países en busca de oportunidades y viejos países que intentan protegerse, con pequeñas y grandes empresas y 25 ordenamientos jurídicos diferentes, el compromiso es la única vía que se puede seguir. 
Por tanto, debemos acoger favorablemente el gran empeño puesto por todos los Grupos políticos y los agentes interesados en alcanzar un acuerdo. 
Es una ocasión importante para Europa de recuperar confianza y relanzar la apuesta por un crecimiento económico que no dañe nuestro modelo social, una apuesta que en los últimos meses, por desgracia, ha perdido credibilidad. 
Necesitamos crecer y relanzar nuestra economía, y la Directiva de servicios es un primer e importante instrumento, a condición de que no se pongan en entredicho ni el bienestar ni los derechos de los trabajadores. 
– La Directiva relativa a los servicios en el mercado interior fue propuesta por la Comisión cuando su Presidente era el socialdemócrata Romano Prodi y mantenida por la actual Comisión, liderada por el señor Barroso. 
Esta propuesta desempeña una función fundamental en el ataque del capitalismo en la Unión Europea. 
Es una propuesta que complace los intereses de las grandes multinacionales, preparándoles el terreno para que exploten a los trabajadores y dominen nuevos sectores económicos. 
Lo que se está proponiendo es la liberalización total de los servicios, incluyendo los servicios públicos, lo que tendrá consecuencias negativas para los trabajadores y para la soberanía de los Estados miembros individuales. 
Si es aprobada, esta propuesta actuará como una palanca, una especie de «caballo de Troya» , en contra de los salarios, los contratos colectivos de trabajo y los derechos de los trabajadores. También actuará en contra de la capacidad de los Estados miembros para ofrecer una protección efectiva a los servicios públicos y, en general, para controlar la forma en la que se ofrecen esos servicios. 
Es imposible «reformar» esta propuesta, como pretenden hacer el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en un intento de conservar los principales elementos negativos de la Directiva y, al mismo tiempo, de salvar las apariencias. 
Tal y como los trabajadores exigen y defendemos desde el principio, esta Directiva debe ser rechazada. 
La existencia de barreras en el mercado europeo de los servicios provoca unos precios superiores, un crecimiento económico limitado y un número menor de nuevos puestos de trabajo. 
¿Es esto lo que realmente quieren los europeos? 
Yo no lo creo. 
Sobre todo, los europeos quieren más puestos de trabajo. 
Algunos supuestos defensores de los trabajadores quieren mutilar la Directiva y dejarla desdentada. 
Se podría decir que estos individuos están a favor de liberalizar el mercado de los servicios o incluso en contra de ello. 
Indudablemente estoy de acuerdo en que la Directiva afecta a cuestiones delicadas. 
No obstante, no podemos enterrar la cabeza en la arena. 
Me pregunto si quienes se oponen a la Directiva han pensado detenidamente en la competitividad y en el futuro de los proveedores de servicios, y si realmente quieren un mercado único. 
Se ha hablado mucho de la igualdad, pero parece ser una igualdad orwelliana, solamente para aquellos que son «más iguales». 
También se ha hablado de proteger los logros en materia social, pero esto parece significar protegerlos solamente en los países ricos y no en toda Europa. 
Las pequeñas y medianas empresas son las que crean más puestos de trabajo. 
Los servicios son los que más contribuyen al PIB de Europa. 
Concedámosles una oportunidad a los empresarios. 
Concedamos una oportunidad a los 20 millones de desempleados europeos. 
Concedámosle una oportunidad al espíritu empresarial. 
Tenemos una buena oportunidad de hacerlo. No debemos desaprovecharla. 
Esa es la razón por la que debemos votar en contra de las enmiendas destinadas a moderar la Directiva, obstaculizar su aplicación y poner en peligro el logro de los resultados deseados. 
Optemos por la libertad real. 
No podemos permitir que el proteccionismo y el egoísmo nacional perjudiquen a Europa. 
– El informe de la señora Gebhardt sobre la Directiva Bolkestein ha llegado hoy al Pleno para ser debatido y votado. 
Básicamente se trata de una nueva expresión del misterioso Club Bildeberg para imponer la apisonadora de la globalización y las normas del nuevo orden. 
Como diputado electo del Parlamento Europeo (y no elegido por algún poder político controlado por las personas del nuevo orden) , me opongo totalmente a las filosofías reescritas en la Directiva en cuestión, que ejecutan a sangre fría décadas de derechos de los trabajadores. 
Como presidente del Partido Popular Ortodoxo de Grecia, quiero animar a todos los grupos atacados por la Directiva a que opongan máxima resistencia. 
No participé en el debate, sencillamente porque la presencia de todos aquellos que son ideológicamente contrarios legaliza las posturas extremistas de la persona de la que partió la Directiva. 
He votado en contra de la Directiva y quiero que esta afirmación sea incluida en el Acta. 
– El 70 % del PIB europeo lo genera el sector de los servicios. 
La mayor laguna para completar el Mercado Único Europeo es el sector de los servicios. 
Si pudiésemos crear un mercado único y dinámico en este sector se podrían generar 600 000 nuevos empleos en la UE. 
Por ello, la eliminación de los obstáculos administrativos y técnicos para las empresas que operan fuera de su país de origen es un objetivo recomendable e importante, y fomenta la competencia en el sector. 
Sin embargo, la rebaja de los derechos y salarios de los trabajadores, así como las medidas en materia de seguridad y salud, no tienen cabida en la creación de un sector de servicios dinámico, y por ello votaré a favor de las enmiendas que excluyen el derecho laboral y los convenios colectivos del ámbito de aplicación de la Directiva. 
Asimismo creo que algunos servicios, como los sanitarios, los servicios sociales y algunos aspectos de la educación son tan delicados que no deberían incluirse en esta medida particular. 
– Señor McCreevy, en una ocasión me perdí en las carreteras rurales de su país. 
Al preguntar a un señor por la dirección que debía seguir, este me contestó: «Bueno, yo no partiría de aquí». 
Y ese es el consejo que le doy, señor Comisario: si desea facilitar la libre circulación de servicios en los 25 Estados miembros, yo no partiría de este punto. 
«Este punto» es una maraña vaga e incomprensible que definirán nuestros tribunales. 
«Este punto» es una receta para llegar al caos y crear una situación en que podrían existir 25 reglamentaciones distintas, y las empresas se trasladarían al país que ofrezca las mayores ventajas legales, dando lugar así a una crisis cuya única solución será una completa armonización federal, y ¿quién lo desea? 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el nuevo mecanismo de financiación para el desarrollo en el marco de los Objetivos del Milenio. 
. Señor Presidente, el Parlamento Europeo pidió la semana pasada a la Comisión que hiciera una declaración sobre fuentes innovadoras para financiar la cooperación al desarrollo. 
El Comisario Michel no ha podido venir a este debate, ya que se encuentra de viaje en África Oriental, cumpliendo compromisos anteriores que no pudo posponer. 
Siente mucho no poder exponer a sus Señorías los puntos de vista de la Comisión sobre este tema y me pidió que lo hiciera en su nombre. 
Es necesario aumentar considerablemente las ayudas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Unión Europea no ha rehuido las responsabilidades que ha contraído con sus países socios. 
Al contrario: el Consejo Europeo de junio de 2005 reiteró firmemente su apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante ambiciosos compromisos en torno a la calidad y la cantidad de las ayudas. 
En particular, el Consejo Europeo se comprometió a aumentar la ayuda oficial al desarrollo a fin de alcanzar el objetivo de dedicarle un 0,7 % de su PIB en 2015. 
A este fin se ha fijado un objetivo colectivo del 0,56 % del PBI para 2010. 
Sin embargo, no bastará con incrementar la ayuda. 
Tenemos que asegurar que los aumentos de la financiación en curso y los prometidos se apliquen de tal forma que realmente ayuden a los países a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En la declaración conjunta del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el consenso europeo por el desarrollo, aprobada recientemente, la Unión Europea asume el compromiso de adoptar mecanismos de ayuda más previsibles y menos volátiles. 
La Comisión considera que los mecanismos innovadores para financiar el desarrollo tienen un papel útil que desempeñar. 
Por este motivo, la Comisión elaboró en 2005 y a instancias del Consejo una serie de documentos de trabajo que presentan análisis técnicos de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo. 
Además, la Comisión adoptó en abril de 2005 una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo – Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio». 
Esta Comunicación comenta, entre otras cosas, nuevas fuentes de financiación y nuevos mecanismos de ayuda, e invita al Consejo a que «apruebe la aceleración de los trabajos sobre las opciones más prometedores para obtener nuevas fuentes adicionales de financiación». 
La Comisión señalaba que cualquier nueva fuente de financiación debe evaluarse a la luz de una serie de criterios. 
Por ejemplo, ¿cuánto se recaudaría con cada una de las propuestas? 
¿Hasta qué punto serían estables y previsibles? 
¿Qué efectos tendrían sobre la competitividad y determinados sectores? 
¿Qué coste implicaría su puesta en marcha y administración? 
¿Qué propuestas pueden avanzar con más rapidez? 
¿Se necesita un apoyo universal o pueden aplicarse las propuestas a escala regional, es decir, de la UE? 
La Comisión toma nota de la disposición de Francia para comenzar a aplicar una de las propuestas surgidas de este debate, a saber, la imposición de una contribución solidaria sobre todos los billetes de avión que se vendan en Francia a partir del mes de julio de 2006. 
Esta iniciativa podría tener un efecto favorable sobre la voluntad de otros países para llevar a cabo iniciativas en el ámbito de la financiación del desarrollo. 
Asimismo, la Comisión desea comunicar al Parlamento Europeo que, con el fin de promover el debate y mantener el interés por estos temas, el 9 de febrero de 2006 se celebró un seminario de carácter técnico entre la Comisión y representantes de los Estados miembros. 
No obstante, la Comisión ha estudiado la forma de modificar y complementar los sistemas de ayuda actuales a fin de que los recursos se distribuyan de manera más previsible. 
Por último, la Comisión desea señalar que, en el curso de dicho seminario, los representantes franceses presentaron las últimas novedades sobre la conferencia de alto nivel que se celebrará en París del 28 de febrero al 1 de marzo. 
A este acto asistirán representantes de la Comisión. 
. Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea debe encabezar la lucha por la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Tras la Conferencia de Monterrey de 2002 y la Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2005, la comunidad internacional comprendió que había que superar el desafío del desarrollo practicando una política común que integrase los Objetivos del Milenio. 
En un momento en que ella brecha entre el Norte y el Sur no deja de ampliarse y en que la prosperidad creciente de los países industrializados refleja la pobreza de muchos países del Sur, ya es hora de que la movilización de la comunidad internacional se traduzca en acciones concretas. 
Si la Unión Europea es la principal donante, hoy debe hacer más; debe trabajar de modo más eficaz y debe moverse con más rapidez. 
El consenso europeo para el desarrollo y la nueva estrategia para África apuntan en este sentido, al igual que el reciente anuncio de la creación de un fondo europeo para financiar proyectos africanos, y me alegro de estos avances. 
A pesar del aumento de la ayuda pública tradicional, las cifras actuales demuestran que la realización de los Objetivos del Milenio pasa por la adopción de mecanismos de financiación complementaria. 
Por iniciativa de varios Estados miembros están creándose instrumentos financieros innovadores y complementarios. 
La Unión Europea debe esforzarse por implementarlos a fin de obtener recursos estables y previsibles para responder a las necesidades insatisfechas de los países en desarrollo, en particular en el sector sanitario. 
Varios Estados miembros apoyan ya esas iniciativas. 
Algunos de ellos, entre otros Francia, como ha señalado usted, señor Comisario, se han comprometido a establecer contribuciones de solidaridad internacional, por ejemplo sobre los billetes de avión. 
En la próxima conferencia ministerial, los Estados miembros reforzarán el consenso internacional en torno a la necesidad de instaurar fuentes innovadoras y concretas de financiación. 
Esa cita debe ser la ocasión para continuar la dinámica iniciada en Nueva York en la última Cumbre de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría hablar de las posibilidades que ofrece el Mecanismo Internacional de Financiación que ha propuesto Gordon Brown, el Ministro de Hacienda del Reino Unido. 
Este mecanismo saca fondos de los mercados internacionales de capitales mediante la emisión de obligaciones que podrían alcanzar 50 000 millones de dólares estadounidenses al año de 2005 a 2015. 
La ventaja que esto presenta, en relación con algunas de las observaciones que ha planteado usted en su introducción, señor Comisario, es que este dinero procede directamente del mercado, es a largo plazo, es estable y es previsible. 
Puede recaudar 1 000 millones al año, que podrían utilizarse para ayudar a la escolarización de los niños y suprimir las tasas que ponen en peligro la educación de millones de niños en los países en desarrollo, sobre todo niñas. 
El Mecanismo Internacional de Financiación ya ha creado un proyecto piloto de inmunización que busca vacunas para la malaria y el VIH/sida, enfermedades que son el azote de África y de muchas otra partes del mundo y para las que no existe curación. 
El acuerdo consiste en establecer un programa mundial de compra anticipada para asegurar que estas vacunas se produzcan comercialmente a precios asequibles y de un modo que todos en este Parlamento podamos aprobar y que deberíamos considerar indispensables en este momento. 
Reconocemos la dificultad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que forman parte de los objetivos de este debate, pero si somos capaces de suministrar los fondos –un dinero previsible–, entonces podremos escolarizar a todos los niños y evitaremos la muerte innecesaria de 30 000 niños cada día. 
De eso es de lo que estamos hablando, se trata de un intento de traducir la esperanza en realidad. 
Cuando oyó hablar sobre el Mecanismo Internacional de Financiación, Nelson Mandela dijo que era una iniciativa absolutamente necesaria y oportuna que merece una respuesta activa de la comunidad internacional. 
Realmente espero que la Unión Europea preste un firme apoyo a esta iniciativa y se comprometa en su realización. 
– Señor Presidente, mi Grupo acoge favorablemente esta resolución. 
Existe un amplio consenso en que la falta de financiación y de inversión ha contribuido de forma considerable al retraso de los países en desarrollo, sobre todo en África. 
Algunos economistas, como el norteamericano Jeremy Sach, admiten que hasta ahora la ayuda al desarrollo ha sido insignificante en comparación con la magnitud de las inversiones necesarias en infraestructuras. 
El título de esta resolución resulta algo restrictivo y menciona un nuevo instrumento financiero como si solo existiese una solución a este problema, pero afortunadamente el texto es mucho más amplio. 
El meollo del problema es que debemos encontrar la manera de financiar el desarrollo por encima del compromiso del 0,7 % del PIB nacional. 
Esta resolución avanza la idea de una contribución solidaria sobre los billetes de avión, pero esa no debía ser la única vía y, al igual que la señora Kinnock, me gustaría proponer otras posibilidades. 
En primer lugar, los Estados miembros podrían acelerar el calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB e incluso ir más allá de este. 
En el Reino Unido, los demócratas liberales se han comprometido a alcanzar el 0,7 % en 2011, dos años antes del plazo fijado por el actual Gobierno británico. 
En segundo lugar, la inversión extranjera directa debe desempeñar el papel que le corresponde. 
Ningún país ha salido de la pobreza únicamente con ayudas, y los países que han logrado las tasas de crecimiento más espectaculares, como China, han gozado de elevadas tasas de inversión extranjera directa. 
El problema reside en que si las inversiones extranjeras se negocian mediante convenios bilaterales de inversión o como lo propuso la OMC en Cancún, pueden implicar la explotación del socio más débil y la renuncia a la protección ambiental y social. 
Lo que se necesita es un nuevo convenio internacional en materia de inversiones bajo la égida de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
En conclusión, debemos explorar todas las maneras posibles para obtener más inversiones para el desarrollo, pero los métodos que elijamos deben contar con el apoyo del público y ser transparentes. 
,. – Señor Presidente, doy las gracias al Comisario. 
Uno de los motivos por los que debatimos hoy esta cuestión es que a finales de este mes se celebrará una conferencia en París que brindará una gran oportunidad para avanzar en el tema de las nuevas fuentes de financiación para el desarrollo. 
Mi Grupo acoge con particular agrado que en esta reunión se pretenda acordar un gravamen sobre los billetes de avión, cuya recaudación se destinará a algunas de las personas más pobres del planeta. 
Desde luego, también existe una amplia gama de otras herramientas e instrumentos. 
La señora Kinnock ya ha hablado con gran elocuencia de las ventajas que ofrece el Mecanismo Internacional de Financiación. 
Sin embargo, considero que el gravamen sobre los billetes de avión también es importante, ya que implica una inflexión en la introducción de gravámenes mundiales para financiar las necesidades de desarrollo a escala mundial. 
Merece nuestro pleno apoyo. 
No obstante, me gustaría subrayar que los nuevos recursos deben ser realmente nuevos, es decir, que sean suplementarios y no sustitutivos de los actuales presupuestos destinados al desarrollo. 
Me complace mucho que la Comisión esté representada en la reunión de París, pero me gustaría saber si tiene previsto invitar a los demás Estados miembros a que asistan, si habrá un mecanismo para informar al Parlamento sobre los resultados de esta reunión y si prevé difundir el contenido del seminario que tuvo lugar el 9 de febrero entre la Comisión y el Consejo. 
Estoy segura de que muchos de nosotros estamos interesados en conocer esta información. 
– Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y en calidad de miembro de la Comisión de Desarrollo. 
Los datos y las cifras de la pobreza envían a esta Cámara una ensordecedora petición de ayuda. 
Más de mil millones de personas en el mundo viven en condiciones de extrema pobreza, sobreviviendo con menos de un dólar diario. 
Millones de niños siguen muriendo cada año debido a la ausencia de atención sanitaria, de agua potable, de viviendas decentes y de una nutrición adecuada, mientras 20 000 personas al día mueren por causas relacionadas con la escasez de alimentos. 
En las condiciones actuales de desarrollo tecnológico y producción agrícola, la persistencia de esta situación es económicamente irracional, políticamente inaceptable y moralmente vergonzosa. 
Esperamos pues con gran interés los trabajos de la ya próxima Conferencia de París, teniendo bien presente que es necesario disponer no solo de más recursos, sino también de otros tipos de recursos, diversificados e innovadores y, a ser posible, predecibles y estables. 
El gran escándalo no es que todavía haya hambre en el mundo, sino que siga existiendo a pesar de que la comunidad internacional dispone de los medios necesarios para acabar con ella. 
Ha llegado realmente la hora de pasar a la acción. 
Señor Presidente, el debate internacional sobre un aumento sustancial de la ayuda al desarrollo por parte de los principales países industrializados se había intensificado, y es una situación reconfortante, porque es muy probable que no alcancemos los objetivos de desarrollo establecidos por la comunidad internacional a finales del milenio. 
Existe un consenso internacional con respecto a que se necesita un aumento importante de los fondos públicos para el desarrollo, si queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, de este modo, reducir a la mitad la pobreza de los países en desarrollo. 
En su informe de 2004, el centro de desarrollo de la OCDE insiste en la importancia de la rapidez con la que se pueda disponer de más fondos. 
Así pues, el tiempo apremia, al igual que la creciente pobreza en muchos países en desarrollo. 
El Parlamento Europeo debe utilizar la decisión de continuar ejerciendo presión sobre los Estados miembros para conseguir el umbral del 0,7 % para los fondos destinados a la cooperación al desarrollo y para presionar a los Estados miembros –incluyendo el mío propio– que todavía no tienen un plan para conseguirlo antes de 2015, para que elaboren dicho plan lo antes posible. 
También es importante que insistamos en que estos métodos de financiación innovadores siempre implican recursos adicionales. 
No debemos buscar ninguna forma de financiación que se financie mediante compromisos que ya hemos alcanzado. 
Ya se ha mencionado que el instrumento financiero internacional es un método para duplicar los fondos necesarios para el desarrollo. 
No obstante, creo que es una lástima que el compromiso que está sobre la mesa no tenga en cuenta otros métodos que serán necesarios, si queremos aportar suficiente dinero en el futuro. 
Quizás podamos continuar mejorándolo mañana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, desde hace ahora treinta años los países ricos se muestran incapaces de cumplir el compromiso contraído ante la ONU de elevar su ayuda al desarrollo al 0,7 %. 
Es un escándalo, y todos estamos aquí para buscar ideas nuevas. 
Me parece muy lamentable que la Comisión tenga tan pocas y que la Comunicación que le han pedido que lea sea tan insustancial. 
Ni siquiera ha mencionado usted la idea británica de un impuesto sobre los movimientos de capitales. 
Solo ha mencionado la idea francesa de un impuesto sobre los movimientos de aviones. 
En esta búsqueda de ideas nuevas, déjeme que le proponga una más. 
La Comisión, creo que en su documento del mes de abril del año pasado, propuso la idea de una lotería mundial. 
El señor Michel, en respuesta a una pregunta mía en el Pleno de esta Cámara, reconoció que era una posibilidad. 
Ni siquiera la ha recogido usted. 
Señor Comisario, me parece que la posibilidad de una lotería mundial es más fácil de realizar que muchas otras opciones. 
El Programa Mundial de Alimentos, que recogió esta idea para estudiarla más a fondo, concluyó que sobre la base de una estimación mínima del 1 % del volumen de negocio del juego en nuestros países, con cuatro sorteos anuales se recaudarían 400 millones de dólares al año, que el Programa Mundial de Alimentos propone destinar a la prevención de la muerte infantil por inanición en el mundo. 
¿Por qué la Comisión no ha hecho suya esta idea? 
No me gusta nada buscar una solución fuera de nuestros presupuestos: nuestros países deberían ser lo bastante serios para hacer realmente lo que dicen que van a hacer, pero como no son capaces de cumplir sus promesas, esta nueva idea tiene al menos el mérito de no molestar a nadie y de no estar restringida si en cada uno de los Estados miembros es la autoridad legislativa la que asigna esta cuota al Programa Alimentario Mundial en vez de a las autoridades estatales locales. 
Esto es fácil de hacer. 
Sugiero, pues, a la Comisión que tome la iniciativa de crear la lotería y anime firmemente a nuestros Estados miembros a ponerla en práctica. 
Comunico que he recibido cinco propuestas de resolución con arreglo al apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 16 de febrero de 2006. 
– Señor Presidente, intervengo sobre un asunto de importancia política en virtud del artículo 144 del Reglamento. 
He leído con detenimiento sus comentarios acerca de las posibles reformas internas del Parlamento, y sus opiniones en el sentido de que sería deseable una mayor asistencia a los debates y una mayor participación de los diputados merecen nuestro aplauso. 
Sin embargo, me siento bastante consternado por el hecho de que, en sus prisas por garantizar la incorporación de todos los diputados a las labores del Parlamento, haya optado por ignorarlos totalmente y, en cambio, entregar antes su proyecto de propuesta a la prensa, sin consultar previamente a los diputados a quienes tanto desea ayudar. 
¿Por qué no figura este punto en el orden del día? 
Además me descorazona que su solución a la enojosa cuestión de la participación de los diputados al Parlamento Europeo consista en recomendar la centralización total de la toma de decisiones en la Conferencia de Presidentes, que usted preside. 
Señor Presidente, tal vez pueda explicarme a mí y al resto de la Cámara cómo se puede lograr, mediante la centralización y la exclusión, su magna visión de la integración y la participación democráticas. 
En palabras del señor Poettering, el Presidente de nuestro Grupo, esto equivale a una microgestión administrativa difusa dentro del Parlamento. 
El artículo que usted ha invocado, señor diputado, no avalaba su intervención. 
Hace usted una interpretación del Reglamento que no es la adecuada. 
Yo le he dejado hablar para que no hubiese ninguna clase de mala interpretación por el hecho de cortarle la palabra. 
Su cuestión de orden no era procedente. 
Usted ha hecho una imputación al Presidente, acusándole de haber filtrado un documento que estaba en poder de no menos de 30 personas. 
Su interpretación del procedimiento que se ha adoptado es también completamente errónea. 
La Conferencia de Presidentes lo ha discutido, lo seguirá discutiendo y, en su momento, estarán ustedes perfectamente informados de las decisiones a las que llegue. 
Le ruego que la próxima vez escoja usted bien el artículo que invoca para plantear una cuestión de orden, porque, si no lo hace así, el Presidente no le dará la palabra. 
. – Señor Presidente, deseo comentar lo que acaba de decir el señor Stevenson. 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo le agradece su iniciativa de debatir estas reformas, de las que somos partidarios. 
En la Conferencia de Presidentes yo también tuve la impresión de que estábamos de acuerdo y que queríamos comenzar por reflexionar acerca de este tema dentro de nuestros Grupos. 
El señor Poettering expuso claramente que su propio Grupo tenía que someterlo a debate; yo me expresé en el mismo sentido en nombre de mi Grupo y otros diputados hicieron lo propio. 
Vamos a debatir el asunto en el seno de nuestros Grupos y nuestras discusiones van a ser de gran calado y exhaustivas, pero deseo dejar muy claro –y quiero pedir a los servicios que agreguen al Acta el artículo pertinente– que el Presidente, al propugnar tales reformas, goza de la plena confianza del Grupo Socialista. 
Señor Schulz, buscaremos el artículo adecuado, pero no estamos ante una petición de confianza del Presidente, al menos todavía no, de manera que la Conferencia de Presidentes seguirá trabajando, los Grupos participarán en el debate y los presidentes de Grupo serán portavoces de las posiciones de sus Grupos. 
Estoy seguro de que entre todos conseguiremos plantear propuestas que mejoren el funcionamiento de nuestro Parlamento. 
Ésta, y no otra, es la intención de todos, empezando, señor Stevenson —si me lo permite—, por la de su Presidente. 
Quisiera ahora hacer una declaración relativa a dos fechas recientes. 
El día 8 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y, aprovechando este día, quiero expresar hoy ante el Parlamento, en nombre- creo- de todos los diputados y diputadas, nuestro rechazo a la violencia que las fuerzas de la policía han ejercido contra un grupo de mujeres que se manifestaban pacíficamente en favor de sus derechos en Teherán. 
Al calor de este acontecimiento, que el Parlamento condena, quiero expresar nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo que se manifiestan y reclaman pacíficamente sus derechos. 
Es una ocasión importante para que reflexionemos sobre el problema de la desigualdad, no solo el día 8 de marzo, sino todos los días del año. 
También quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de nuestro Parlamento, que ha marcado este día con un tema muy importante y muy oportuno. 
En efecto, en vista del próximo campeonato mundial de fútbol, nuestra Comisión de Derechos de la Mujer ha organizado un seminario, que ha sido ampliamente difundido, sobre el tema de la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales. 
Y recordemos también que estamos celebrando el segundo Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y que, con este motivo, este año, al igual que el año anterior, nuestro Parlamento ha celebrado una ceremonia en recuerdo de las víctimas del terrorismo. 
A esta ceremonia han sido invitados y han asistido 600 alumnos de distintas escuelas de Londres y de Bruselas que han expresado sus opiniones sobre el terrorismo en un rico debate en el que han participado varios de nuestros diputados y diputadas y que ha sido presidido por el señor Lambrinidis, Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, al que quiero agradecer que me haya sustituido en este acontecimiento. 
En efecto, creo que hemos de recordar el trágico atentado terrorista perpetrado en España, del que ahora se cumplen dos años y que costó la vida a 192 personas, así como el que tuvo lugar en Londres en julio del pasado año. 
Debemos seguir luchando contra el terrorismo en todas sus formas y nuestro Parlamento, que siempre ha luchado a favor de la dignidad de los seres humanos, está plenamente comprometido con una lucha que no podremos ganar ningún país europeo de forma aislada. 
Solo los demócratas europeos unidos podremos hacer frente a esta amenaza. 
Quiero recordarles lo que hemos hecho este fin de semana en este terreno. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 9 de febrero de 2006. 
Se han propuesto las siguientes modificaciones: 
El Grupo del Partido Popular Europeo ha solicitado que la votación sobre el informe del señor Cottigny, prevista para mañana, se traslade al miércoles. 
¿Alguien desea explicar esta solicitud del Grupo del Partido Popular? 
Señor Presidente, el ponente alternativo necesita algo más de tiempo para cambiar impresiones con los ponentes alternativos y los ponentes de los distintos Grupos. 
A la vista del elevado número de enmiendas que han sido presentadas, junto con la necesidad de una serie de votaciones por partes, nos gustaría aplazar la votación hasta el miércoles. 
. – Señor Presidente, con respecto al orden de los trabajos propuesto, deseo formular una petición relativa al miércoles. 
Con el orden de los trabajos propuesto, en mi opinión, cuando lleguemos a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre los preparativos del Consejo Europeo y sobre la Estrategia de Lisboa, vamos a chocar –al igual que en el caso de los debates entre las 15.00 y las 19.00 horas sobre la declaración del Consejo acerca de la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores, el informe Brok y otros informes– con el límite máximo de lo factible organizativamente. 
Propongo aclararlo recurriendo a algunas cifras relativas a los tiempos de intervención. 
Los tiempos de intervención para la declaración del Consejo sobre la Cumbre, así como para las declaraciones tanto del Consejo como de la Comisión y el debate posterior, están distribuidos de la siguiente manera: al Consejo se le asignan 30 minutos para su intervención, a la Comisión 20 minutos, y la Cámara en su totalidad dispone de 60. 
Eso significa que las otras dos instituciones cuentan con la misma cantidad de tiempo para intervenir que todos los diputados y todos los Grupos juntos. 
El resultado es que, en el debate sobre este asunto, el Grupo del Partido Popular Europeo dispone de 18 minutos, mi propio Grupo cuenta con 14, los Liberales tienen 7 y los Verdes, cuatro y medio. 
Acabo de comunicar a mi Grupo que esta situación va a ocasionar disputas dentro de los Grupos, ya que, si yo pretendiera que intervinieran todos mis expertos, necesitaría más tiempo del que nos ha sido concedido. 
La consecuencia de todo ello es que los Grupos tendrán que reducir su tiempo de intervención hasta el punto de que los oradores no podrán hablar más de un minuto cada uno. 
Si bien eso servirá para preservar la paz en el seno de los Grupos, en nada va a contribuir a la calidad del debate en esta Cámara. 
Y dado que carece de todo sentido, continuaremos instándole a que prosiga impulsando la reforma que ha puesto en marcha. 
La simple realidad es que necesitamos más tiempo para tales debates. 
Pero lo que también precisamos es que las instituciones, dadas las circunstancias en las que tenemos que trabajar, reduzcan algo sus intervenciones, petición que queremos hacerles llegar. 
Estoy convencido de que el Consejo y la Comisión son perfectamente capaces de plantear los aspectos clave que desean transmitirnos en menos de 30 o 20 minutos, toda vez que yo tengo que exponerlos en cinco y hasta ahora no tengo la impresión de no haberlo conseguido. 
Si alguna vez dispusiera de 20 minutos para hablar sería estupendo, no solo para mí, sino también para esta Cámara. 
Pero por ahora, le pido a usted y a los servicios que se reúnan con las dos instituciones antes del miércoles –esto es, con quienquiera que vaya estar presente, el Presidente en ejercicio del Consejo o el Presidente de la Comisión– y acorten sus intervenciones a fin de disponer de más tiempo para celebrar un debate en esta Cámara. 
Permítame leerle las cifras para la sesión de tarde. Esa tarde, el tiempo disponible para intervenir sobre los informes asciende a 50 minutos para el Consejo y la Comisión respectivamente, mientras que al señor Brok, el ponente, se le conceden cinco –lo que resulta totalmente insuficiente a la vista de la importancia de su informe– y a la totalidad de los diputados se les asignan 90 minutos a repartir entre ellos. 
Se lo digo bien claro, señor Presidente, eso no es razonable. 
Por consiguiente, con carácter inmediato le ruego que acuerde con las instituciones una reducción para el miércoles, y a continuación y con vistas al futuro, solicito que esta Cámara organice nuestras órdenes de los trabajos de manera que contemos con tiempos suficientes para debatir los asuntos importantes entre nosotros. 
Señor Schulz, como ustedes saben, no está reglamentado el tiempo que corresponde asignar a las otras instituciones. 
No hay nada en el Reglamento que diga cuánto tienen que hablar y normalmente se les da «barra libre» , es decir, hablan lo que estiman oportuno hacerlo. 
No así los diputados, que están muy limitados por el tiempo. 
Creo que la Comisión y el Consejo han tomado buena nota de la petición del señor Schulz. 
Estoy seguro de que van a actuar en consecuencia. 
Piense que, en este punto del orden del día, hay tres declaraciones y las réplicas, o sea, que estamos hablando de 50 minutos para dichas declaraciones y réplicas. 
Habida cuenta de lo apretado del calendario, estoy seguro de que las dos instituciones se autolimitarán a fin de que que los diputados tengan tiempo para intervenir. 
. – Señor Presidente, no comprendo del todo su reacción, particularmente teniendo en cuenta los aplausos procedentes, por una vez, de todos los lados de la Cámara después de lo que ha dicho el señor Schultz, el presidente de ese gran partido que es el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
De hecho, le pedimos que negocie para limitar la duración de las intervenciones de la Comisión y del Consejo sobre la Estrategia de Lisboa. 
Nos la han explicado ya tres veces, la conocemos. 
Por tanto, pueden muy bien limitarse cada uno a quince minutos para exponer sus puntos de vista sobre la Estrategia de Lisboa y dejarnos tiempo para un debate. 
No hay que tratar a las personas como si fueran idiotas. 
Conocemos los problemas asociados a la Estrategia de Lisboa: el señor Barroso ya se ha explayado al respecto tres veces en esta Cámara y me extrañaría que esta vez viniera con algo nuevo. 
Un cuarto de hora de tiempo de uso de la palabra, pues, para las instituciones y el resto para el Parlamento: eso me parece legítimo. 
Muchas gracias, señor Cohn-Bendit. 
Si no he entendido mal al señor Schulz, su intervención se refería al miércoles por la tarde y usted ha hecho referencia a la mañana. 
De todos modos, hablaremos con la Comisión para conseguir que sus explicaciones se adecuen al tiempo disponible. 
El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Debo anticiparles que no podremos dar la palabra a todos los que la han solicitado, porque necesitaríamos más de los 30 minutos disponibles. 
En consecuencia, les comunico que voy a dar prioridad a los diputados que no han intervenido en este turno en anteriores Plenos y voy a pedir a todos ustedes que se ajusten estrictamente al minuto para que no sea excesivamente amplio el número de diputados que no vayan a poder intervenir por falta de tiempo. 
Intentemos que pueda intervenir todo el mundo y voy a empezar –insisto– por aquellos que no han podido intervenir en anteriores sesiones. 
Señor Presidente, quiero pedir a la Cámara que dedique hoy más tiempo a la situación de los kurdos en Turquía, ya que la semana pasada nos llegó la horrible noticia de que los padres ancianos del Presidente del Instituto Kurdo en Bruselas habían sido brutalmente asesinados en el Kurdistán turco. 
Existen indicios para creer que ha sido obra de escuadrones de la muerte turcos. 
Lamentablemente no se trata de un incidente aislado, sino que todas las semanas recibimos informes acerca de crímenes parecidos contra los kurdos. 
Estoy segura de que conocen la noticia de que la persona que ocupa el segundo escalón en la jerarquía del ejército turco ha sido designada para organizar una banda criminal que se propone eliminar a los separatistas kurdos. 
Por consiguiente, he escrito al Comisario Rehn solicitándole que promueva que la Comisión inicie una investigación minuciosa e independiente de las circunstancias de estos brutales asesinatos, que no deberían quedar impunes. 
Espero que las comisiones de esta Cámara y la delegación turca presten a tales incidentes la atención que merecen. 
– Señor Presidente, debo informarle de que, desde hace varios años, la empresa L.G. Philips está suprimiendo puestos de trabajo no solo en la circunscripción de Dreux, sino también en Aquisgrán, los Países Bajos y Hungría. 
Todo esto no es nada nuevo. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en 2001 esta empresa se creó para evitar que los problemas existentes en el mercado de las pantallas catódicas pusieran a la sociedad de cartera, Philips, en desventaja. 
Semejante comportamiento es extremadamente grave, porque permite a nuestras grandes empresas eludir sus responsabilidades económicas, sociales e industriales. 
Se hicieron promesas a los trabajadores de estas tres fábricas, pero hasta la fecha ninguna de ellas se ha cumplido. 
Además, esta liquidación nos recuerda los sucesos que tuvieron lugar en la región de Isère en relación con HP y nos recuerda asimismo que los grandes grupos hacen lo que quieren y poco a poco desmantelan la política industrial de Europa. 
– Señor Presidente, acojo con agrado la medida adoptada la semana pasada por la Comisión, a saber, el Libro Verde sobre la energía, que creo se plantea en un momento sumamente oportuno. 
Europa depende cada vez más de los suministros y parece claro que hemos de resolver los problemas energéticos de forma colegiada. 
Por ejemplo, hemos de completar totalmente la liberalización del mercado interior y trabajar juntos en pro del ahorro de energía y del desarrollo de fuentes alternativas de energía, incluida la nuclear. 
Asimismo, hemos de resolver juntos el tema de la seguridad energética. 
He dicho anteriormente que estoy plenamente a favor de este Libro Verde, que debería poner en marcha el debate. El resultado de dicho debate tendría que ser una política energética verdaderamente compartida en Europa. 
– Señor Presidente, esta tarde se ha referido usted al Día Internacional de la Mujer. 
La semana pasada fue también la Semana Internacional de la Endometriosis. 
Las cifras de esta enfermedad de la mujer son bastante similares a las existentes cuando planteé este asunto en la Cámara el año pasado: unos 14 millones de mujeres afectadas en Europa, cerca de 30 000 millones de euros de coste para la economía de la UE en forma de jornadas laborales perdidas. 
La endometriosis es una enfermedad que se halla estancada en lo que se refiere al diagnóstico erróneo, la ignorancia y la incomprensión; pueden transcurrir hasta 11 años desde la aparición hasta su diagnóstico. 
Puedo prometerle, y no me resulta agradable hacerlo, que voy a intervenir en esta Cámara en cualquier ocasión propicia hasta que cada mujer y cada profesional de la sanidad en Europa tenga conocimiento de esta enfermedad, sus síntomas, sus efectos y las opciones terapéuticas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero hablar sobre el segundo aniversario del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se celebró el 11 de marzo. 
Quiero darle las gracias, señor Presidente, por la información que nos facilitó sobre la forma en que el Parlamento había elegido esta fecha. Sin embargo, también quiero pedirle a usted y a los servicios que se pongan en contacto con la Comisión para garantizar que se conceda a esta fecha conmemorativa una mayor resonancia y dignidad en todos los Estados miembros de la UE. 
Considero que esto es indispensable. También estoy decididamente a favor de implicar a los Parlamentos nacionales en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, así como de dotar a esa fecha de una mayor visibilidad en el futuro. 
Eso tiene a mi juicio una gran importancia a la vista de esta amenaza enormemente peligrosa. 
– Señor Presidente, como ya hemos escuchado, los padres del señor Derwich Ferho, Presidente del Instituto Kurdo en Bruselas y refugiado político en Bélgica durante los últimos 28 años, han sido brutalmente asesinados por unos autores que, según la información disponible, están a sueldo del Estado turco. 
Se trata de un asunto de enorme gravedad. 
La semana pasada se celebró una manifestación en Bruselas y el Ministro flamenco de Asuntos Exteriores ha enviado una carta al embajador turco en Bruselas exigiendo explicaciones. 
Dado que Turquía es un país que ha solicitado la entrada en la Unión Europea y puesto que este tipo de comportamiento no se ajusta precisamente al perfil europeo que pretende ofrecer, yo pediría que nosotros también, como institución, exijamos idéntico esclarecimiento de este crimen atroz, de manera que no ofrezcamos a los ciudadanos europeos la impresión de que estamos dirigidos por determinados centros de interés. 
– Señor Presidente, no existe prácticamente ninguna esperanza de que las elecciones presidenciales el próximo domingo en Belarús sean libres y limpias. 
El clima durante la campaña electoral es ominoso. 
La campaña ha estado marcada por la agresión por agentes de los servicios secretos a Alexandr Kozulin, un candidato presidencial. 
Además, han sido arrestados y amenazados numerosos activistas para que dejen de apoyar al candidato demócrata Alexandr Milinkievich. 
En este contexto, algunos cargos de la UE han realizado declaraciones que me parecen decepcionantes. 
Tras conocerse que el Parlamento Europeo está proyectando enviar una delegación a Minsk, la Comisaria Ferrero-Waldner ha afirmado que los miembros de dicha delegación hablarían exclusivamente a título personal. 
Señor Presidente, permítame solicitarle que recuerde a la Comisión que los diputados a esta Cámara son los únicos representantes electos de los ciudadanos de la UE, a diferencia de los miembros de la Comisión Europea. 
Los diputados al Parlamento Europeo están autorizados a hablar en nombre de aquellos que los han elegido y no solo a título personal. 
Es muy lamentable que la Comisión Europea haga declaraciones deplorables, en lugar de manifestar, cuando menos, su apoyo moral a los diputados al Parlamento Europeo que acuden como observadores de las elecciones en Minsk y de proclamar que, si se produce cualquier provocación por parte del régimen de Lukashenko contra los parlamentarios, está dispuesta a intervenir en defensa de ellos. 
En efecto, señora diputada, nuestros colegas, si se desplazan en misión de observación, no van por libre, no se representan a sí mismos, sino que representan a esta institución. 
Es posible que haya habido una mala interpretación por parte de la señora Comisaria y estoy seguro de que así lo entiende también ella. 
Cuando tenga ocasión de hablar con ella, así se lo recordaré, pero no creo que sea necesario, porque estoy seguro de que la Comisaria sabe perfectamente el papel que corresponde a nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, como socialista y como defensor de los derechos humanos y, por ello mismo, como luchador militante contra la pena de muerte, hago a todos ustedes partícipes de la angustia que comparto con la familia de Pablo Ibar, ciudadano español, a quien los tribunales de Florida condenaron a muerte bajo la acusación de asesinato en el año 2000. 
El pasado 2 de febrero, el Tribunal Supremo de dicho Estado anuló la pena de muerte del presunto coautor del asesinato, tras sentenciar que hubo errores en el juicio anterior y descalificar por insustanciales las pruebas presentadas contra los condenados. 
Sin embargo, las expectativas entonces despertadas se esfumaron el 9 de marzo, cuando el mismo Tribunal Supremo ratificó la pena de muerte para el ciudadano europeo Pablo Ibar. 
Desde el Grupo Socialista, hacemos un llamamiento a las autoridades competentes de los Estados Unidos para que busquen una salida a la situación, tan injusta como inhumana. 
Pido además a usted, Señor Presidente, y al Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos que se dirijan a las citadas autoridades, para, por un lado, reiterar nuestra conocida postura radicalmente contraria a la pena capital y, por otro lado, pedir que se haga justicia en el caso de Pablo Ibar, condenado injustamente, como parece probarlo la exculpación de quien fue declarado en su día coautor del mismo presunto crimen. 
– Señor Presidente, la Unión Europea está adoptando, y con razón, todas las medidas necesarias para combatir la gripe aviar. 
Sin embargo, la gripe aviar ha generado un pánico enorme entre los consumidores y en consecuencia hemos asistido a un drástico descenso del consumo de aves del 80 % y a una reducción del consumo de huevos del 45 %. 
Todo ello ha colocado al sector avícola en una situación sumamente delicada y la Unión Europea no está adoptando las medidas adecuadas para ayudar al sector. 
No deberíamos permitir esto bajo ningún concepto. 
Solicito que se tomen medidas apropiadas para ayudar a los avicultores. 
Además, si no adoptamos tales medidas, una vez que se apacigüe el revuelo careceremos de granjas avícolas en la Unión Europea para hacer frente a la demanda futura, y los productos avícolas de la Unión Europea son indudablemente de mejor calidad que los productos que tendremos que importar de terceros países. 
Por tanto, solicito que demostremos nuestra solidaridad con el sector. 
– Señor Presidente, hace seis años la contaminación con cianuro del río Tisza, causada por la mina de oro de Baia Mare, en Rumanía, nos mostró los peligros de la extracción de oro en el corazón de Europa. 
Hungría no era miembro de la Unión Europea en esas fechas, pero toda la Unión Europea se mostró solidaria con nosotros, las víctimas de la contaminación fluvial. 
La Unión Europea ha aprobado recientemente una Directiva sobre residuos de actividades extractivas que prohibirá toda actividad minera peligrosa para la naturaleza. 
Nos dimos por más que satisfechos cuando el Gobierno rumano, incluso antes de pertenecer a la Unión Europea, mostró su voluntad a aceptar esta directiva. 
Sin embargo, de acuerdo con las preocupantes noticias más recientes en algunos círculos políticos y empresariales, se plantea una vez más la idea de abrir una nueva mina de oro con tecnología de cianuro en Rumanía. 
Proclamemos de forma rotunda y definitiva nuestro rechazo a tales peligros y aventuras. 
Pidamos al Gobierno rumano que cumpla sus compromisos. 
Señor Presidente, quisiera decir unas palabras sobre las elecciones en Belarús y Ucrania. 
La situación en Belarús está meridianamente clara. 
Efectivamente es muy complicada. 
Es probable que estas elecciones no sean ni libres ni democráticas. 
Está claro que la represión de los dirigentes y candidatos de la oposición está siendo mucho más dura de lo que cabía esperar. 
Es importante no perder de vista que hay otra campaña electoral en marcha. 
Está prevista asimismo la celebración de elecciones en Ucrania, un país que ya ha mostrado sus simpatías por Europa. 
Yo he estado en Lvov en representación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Socialista de Ucrania. 
Tengo que decir que me he sentido reconfortado por lo que he presenciado. 
He visto Ucrania y he visto muchos lemas electorales favorables a Europa. 
Sin embargo, quiero exponer un asunto importante y preocupante. 
Ha llegado a mi conocimiento que algunos registros electorales, es decir, listados de personas con derecho a voto, tal vez no hayan sido confeccionados correctamente. 
Esto subraya la importancia potencialmente enorme de lo que nuestros representantes del Parlamento Europeo están llevando a cabo no solo en Belarús, sino también en Ucrania. 
– Señor Presidente, el Presidente Mahmud Abbás, que va a pronunciar un discurso ante nosotros este miércoles, ha resultado hasta el momento muy decepcionante como Presidente de la Autoridad Palestina. 
Ha sido incapaz o no ha querido imponerse a los terroristas suicidas, incluida la Brigada de Mártires de Al Aqsa de su propia Al Fatah. 
No ha logrado el desarme de los militantes de Hamás y de la Yihad Islámica y se muestra incapaz de detener la desenfrenada corrupción que, en parte, condujo a la victoria de Hamás. 
Si bien la UE tiene que ser un defensor imparcial y resuelto de la «Hoja de Ruta» para la paz del «Cuarteto» , no debemos financiar una Autoridad Palestina dirigida por una Hamás sin reformar, una organización terrorista, condenada por la UE, comprometida con la y un califato bajo la ley de la. 
En primer lugar, Hamás tiene que renunciar a la violencia y reconocer el derecho a la existencia de Israel. 
Si eso significa que la Autoridad Palestina va a recibir ayuda económica de Irán y Arabia Saudí, pues qué le vamos a hacer. 
Eso supondrá menor que Irán tendrá menos dinero para construir su armamento nuclear. 
– Señor Presidente, el 28 de febrero cuatro Comisarios –los responsables de las carteras de Empresa e Industria, Medio Ambiente, Competencia y Energía– presidieron en Bruselas la primera reunión de un grupo de alto nivel para estudiar temas relativos a la energía, el medio ambiente y la competitividad. 
Sentados a la mesa había también cuatro Ministros gubernamentales, doce altos directivos de empresas productoras de energía y de asociaciones de usuarios de energía, tres ONG, el Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos y tres reguladores. 
Sin embargo, en esa decisiva reunión consultiva, la primera reunión convocada para fijar una agenda para los próximos dos años, quedaron cuatro sillas vacías. 
A sus Señorías quizá les sorprenda saber que esas cuatro sillas estaban asignadas a diputados a este Parlamento. 
Considero que lo sucedido no solo es una descortesía hacia la Comisión, sino que se trata de temas esenciales, y si queremos participar en estos asuntos tal vez pueda usted explicarme a mí y al Parlamento por qué estaban vacías esas sillas. 
Le ruego que instituya el procedimiento para designar a las personas que han de ocupar esas sillas, y si no puede hacerlo por sí solo, ¿por qué no hacemos designaciones y celebramos una votación para ocupar esas cuatro sillas vacías? 
Espero no equivocarme en mi respuesta, pero las sillas estaban vacías porque la Conferencia de Presidentes había decidido no designar representantes del Parlamento para ocuparlas y pedir clarificación a la Comisión sobre el estatus, el estatuto, la razón de ser y el papel que correspondía jugar a los representantes del Parlamento en esta comisión técnica. 
Hasta que no tuviésemos esa clarificación, la Conferencia de Presidentes decidió no proceder a nombrar a los representantes del Parlamento. 
Por ello, no es que hubiese representantes que no asistieron, sino que no habían sido nombrados quienes debían hacerlo. 
No obstante, durante un año he sido miembro de un anterior grupo de trabajo de alto nivel sobre la industria del automóvil. 
Las normas de funcionamiento estaban perfectamente definidas y creo que era esencial que desde un principio hubiera allí un diputado a este Parlamento. 
Si me hubiera pedido consejo, le habría explicado cómo funciona ese sistema. 
Además, en su día celebramos una audiencia en este Parlamento sobre el grupo de trabajo de alto nivel. 
Es absolutamente crucial que participemos. 
Mi consternación radica en que no se resolviera este asunto antes de la primera reunión, ya que este grupo solo se reúne cada tres meses y la tarea crucial de fijar el orden del día y el trabajo a dos años vista se habrá realizado sin la asistencia de diputados a esta Cámara. 
Muchas gracias, señor diputado. 
Insisto en que la Conferencia de Presidentes decidió pedir al señor Barroso explicaciones sobre la razón de ser de la presencia de diputados en estos grupos y el señor Barroso acudirá a explicarlo ante la Conferencia de Presidentes. 
Puede usted discrepar de la decisión que se tomó; yo solamente se la comunico. 
Señor Presidente, en los últimos días se han producido en Belarús detenciones masivas de activistas de la oposición. 
La Unión Europea no puede permanecer pasiva mientras se infringen los derechos fundamentales que sustentan todas las sociedades civilizadas. 
Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que emprenda acciones inmediatas y elabore una lista negra de la de Belarús; esa lista debe ser lo más extensa posible. 
Hay que prohibir la entrada a la Unión Europea de todos los miembros del entorno inmediato del dictador Lukashenko. 
Dicha prohibición debe aplicarse a los responsables de la decisión de utilizar la fuerza y de dirigir las actividades de las fuerzas de seguridad interiores. 
Pero también debe ser válida para los círculos implicados en la propaganda mediática. 
La imposición de sanciones en materia de visados a esas personas constituye un método eficaz para debilitar la posición del Gobierno de Belarús, al tiempo que evita un impacto negativo sobre toda la sociedad de ese país. 
También enviará una señal clara a la oposición en el sentido de que sus vecinos occidentales no permanecen indiferentes ante su situación. 
Hay que castigar a los individuos responsables de la última oleada de detenciones. 
Dar a conocer el propósito de confeccionar la lista negra que he descrito bien pudiera salvar las vidas de muchas personas y protegerlas contra la represión. 
Una medida preventiva de esta naturaleza pondrá de relieve que los europeos se manifiestan con una sola voz y que, efectivamente, permanecen unidos en la defensa de los derechos humanos fundamentales. 
– Señor Presidente, el intento por parte del Gobierno checo de ilegalizar la Juventud Comunista Checa porque defiende la idea de la lucha de clases, así como el marxismo y el leninismo, constituye un insulto y ha provocado la indignación de miles de demócratas en Europa y en el resto del mundo. 
He enviado una copia de un memorando y una petición a usted y a los Presidentes de los Grupos políticos. 
Este tipo de actitud es intolerable, dado que el Partido Comunista de Bohemia y Moravia es un partido con un alto grado de actividad política, influencia y reconocimiento entre el pueblo checo y está representado en el Parlamento Europeo por seis diputados. 
Verdaderamente, ¿cómo nos sentiríamos si se cuestionara la legalidad del movimiento juvenil del partido al que pertenecemos? 
Este tipo de acción entra dentro del marco de la estrategia anticomunista y cuenta con el rechazo de la inmensa mayoría de la población. 
Solicito que lo condenemos, expresando así nuestra defensa de los derechos democráticos, la libertad de acción política y de expresión ideológica, mediante un llamamiento al Gobierno y las autoridades en la República Checa para que pongan fin de inmediato a la persecución ideológica y política de los jóvenes comunistas checos. 
Señor Presidente, el arte epistolar está claramente en auge. 
Lo que los Comisarios de la Unión Europea deberían hacer es hincar los codos y ponerse a trabajar denodadamente para reforzar la autoridad de la Unión Europea, que se está desvaneciendo poco a poco. 
Pero lamentablemente los Comisarios han decidido, por el contrario, pasar el rato escribiendo cartas, diciendo a los distintos Estados miembros lo que deberían hacer. 
Quiero mencionar el ejemplo de la Comisaria neerlandesa, que es uno de los miembros más controvertidos de la Comisión. 
La Comisaria Kroes está siendo actualmente investigada por la Cámara, acusada de conflicto de intereses y prácticas de presión. 
Recientemente ha osado enviar una carta al Gobierno polaco en relación con la fusión de dos bancos polacos. 
Considero que habría sido acertado que la Comisaria hubiera intercambiado con el Gobierno polaco los conocimientos de primera mano de su país acerca de cómo perder un referendo sobre la Constitución. 
En su lugar, la Comisaria ha considerado oportuno aleccionar al Gobierno polaco, aun cuando un banco neerlandés, el ING, ya se había apresurado a comprar uno de los mayores bancos polacos,. 
La carta ofensiva de la Comisaria resulta paternalista en extremo y es representativa de la actitud de los países de la antigua Unión respecto de los nuevos Estados miembros. 
La Comisaria habría hecho mejor en predicar al Gobierno neerlandés sobre cómo prevenir las tensiones étnicas y racistas, lo que por desgracia se está convirtiendo rápidamente en una realidad en su país. 
– Señor Presidente, usted ha pedido que en este Parlamento haya un mayor compromiso por parte de sus miembros. 
Este no es en absoluto un Parlamento en el sentido en que lo entienden o identifican los británicos. 
Esta Cámara se parece al Soviet Supremo, dejando al margen las banderas. 
Funciona como el Soviet Supremo y los debates aquí no son en modo alguno debates en el verdadero sentido de la palabra. 
Como simple diputado de a pie, cuando se me concede un minuto –una decisión dictada por las personas que ocupan un cargo y no por los conocimientos o la necesidad– puedo darme por satisfecho. 
No hay intervenciones, no hay concesiones, ni ocasión de rebatir y verificar las ideas que se exponen. 
Se trata esencialmente de un sofisticado disfraz democrático y todos formamos parte de una comedia. 
– Señor Presidente, el exterminio, el atroz asesinato del ex Presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, en el centro de internamiento del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que ha sido planeado y ejecutado por los imperialistas de los Estados Unidos y la Unión Europea responsables de la guerra en Yugoslavia y de su desmembramiento, constituye un eslabón más en la larga cadena de crímenes contra el pueblo que se alzó contra la barbarie imperialista. 
Las personas que planearon y ejecutaron el secuestro, el encarcelamiento y el enjuiciamiento de Slobodan Milosevic en La Haya, tras haberse negado a adoptar medidas para proteger su vida a pesar de sus graves problemas de salud, han provocado su exterminio. 
Los Estados Unidos y la Unión Europea montaron la pantomima del juicio en La Haya a fin de expiar sus delitos contra el pueblo yugoslavo, al que bombardearon durante 78 días en 1999, simple y llanamente porque Yugoslavia, si bien había aceptado el acuerdo global de Rambouillet, se negó a permitir el despliegue de las fuerzas de ocupación de la OTAN en su territorio. 
Los ataques imperialistas y la ocupación de Irak y Afganistán, subsiguientes a los bombardeos del pueblo de Yugoslavia, puso de manifiesto una vez más el repugnante rostro del imperialismo que une a norteamericanos y europeos y sus horribles crímenes contra los pueblos y el género humano. 
Los pueblos continuarán luchando contra el imperialismo y en favor del derecho de labrar su propio destino. 
– Señor Presidente, quiero llamar una vez más la atención de la Cámara sobre las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino que se hallan encarcelados en Libia. 
En 1999 fueron acusados de utilizar deliberadamente transfusiones de sangre para infectar a 400 niños con el virus del sida. 
Aunque fueron condenados a muerte en 2004, las sentencias, jurídicamente discutibles, han quedado suspendidas. 
Aplaudimos la decisión del Tribunal Supremo y esperamos una vista más transparente y un juicio más justo. 
Estas personas han sido sometidas a encarcelamiento y torturas durante siete años y ahora esperamos que su juicio no sea explotado y aprovechado para fines políticos. 
Mientras no sean puestas en libertad, es nuestra obligación como parlamentarios dar notoriedad a este caso y seguir muy de cerca su evolución. 
Señor Presidente, deseo compartir con esta Cámara mi satisfacción y alivio por la decisión adoptada por la Dirección de la General Motors el 15 de febrero pasado, de fabricar el nuevo modelo Opel Meriva en la factoría de Figueruelas en Zaragoza, eliminando definitivamente el riesgo de deslocalización que ha planeado durante meses sobre los 7 600 trabajadores y las muchas más empresas auxiliares. 
Deseo felicitar a los trabajadores por su compromiso a favor de la productividad, a los directivos españoles y a los ingenieros por su buena gestión, y al Gobierno regional, con su Presidente, Marcelino Iglesias, a la cabeza, por su apuesta. 
Pero esto no es suficiente. 
La competidora era la factoría de Gliwice, en Polonia, que ofrecía costes laborales más bajos como única contrapartida. 
Las relaciones mantenidas estos meses nos hacen comprender mejor la frustración de los trabajadores polacos y nos llevan a apoyar la propuesta del Foro Europeo de Trabajadores de que se produzca en Gliwice el modelo Agila. 
Como compensación, mientras tanto, el Gobierno español acaba de abrir la posibilidad de la libertad de circulación de los trabajadores, pero ello tampoco es suficiente. 
Lo que necesitamos es una política industrial europea. 
Señor Presidente, me complace que el Comisario Frattini se halle presente y pueda escuchar mi exposición sobre el siguiente asunto. 
En unas declaraciones recientes, la Ministra de Integración neerlandesa, señora Verdonk, anunció un cambio de política de repatriación de los homosexuales y los solicitantes de asilo cristianos procedentes de Irán. Afirmó que, puesto que la homosexualidad y el cristianismo no están proscritos en Irán, los solicitantes de asilo pueden volver tranquilamente a casa. 
Aunque eso pueda ser cierto en un sentido estricto, en la práctica los homosexuales y los cristianos cuentan con razones de peso para temer por su seguridad. 
Es un hecho que la práctica homosexual acarrea la pena capital. 
Mi pregunta al Comisario Frattini es si la Comisión tiene intención de averiguar si la política de repatriación neerlandesa se ajusta a los estándares mínimos europeos para los solicitantes de asilo, tal como especifica la Directiva que debe estar aplicada antes de octubre de este año, y si cumple los acuerdos internacionales. 
Se supone que la era de la televisión digital traerá más competencia y será una época donde los consumidores cuenten con un surtido más amplio de servicios de calidad. 
Por desgracia, la transición a la televisión digital en Malta está creando nuevos monopolios, exigiéndose a los consumidores un pago por ver acontecimientos deportivos populares que hasta ahora habían podido contemplar de forma gratuita. 
Además, estamos asistiendo a la formación de un estado de cosas en el que no existe la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de televisión digital. 
Eso significa que resulta muy difícil intercambiar sistemas, con el resultado de que las opciones del consumidor están siendo limitadas. 
Y lo que es aún peor, se está exige a nuestros consumidores que se suscriban a operadores privados para recibir canales nacionales que hasta ahora habían recibido gratuitamente, mientras las autoridades siguen esperando que abonen la misma cantidad por la licencia de televisión. 
Se supone que la era digital ha de ser tal que la información y el entretenimiento sean accesibles para todo el mundo, no para un número cada vez más reducido de personas. 
Señor Presidente, he tenido el honor de recibir una declaración de un grupo de jóvenes que visitaron el Parlamento Europeo el jueves pasado. 
Estaban más bien decepcionados por no haber podido saludar a un número mayor de diputados y por tanto les prometí que informaría a sus Señorías acerca de lo que ellos querían manifestar. 
Procedían de la Escuela de Segunda Oportunidad y su mensaje es el siguiente: 
«Nosotros, los jóvenes de toda Europa, participantes en la cumbre de la juventud E2C en Copenhague en junio de 2005, por la presente declaramos: ” Todos los jóvenes tienen derecho a decidir sobre su vida y a crear su propio futuro. 
Todos los jóvenes tienen derecho a una educación, en cualquier nivel. 
Todos los jóvenes tienen derecho a ser diferentes y a ser como son realmente. 
Todos deben respetarse unos a otros, pues el respeto se practica en ambos sentidos. 
Ningún joven debe ser discriminado o excluido. 
Todos los jóvenes deben tener vivienda, alimentos y atención” ». 
Como mensaje procedente de esos centros por los que peleamos con tanto ahínco, a saber, los que garantizan el aprendizaje permanente para todos, esto es algo que verdaderamente creo que deberíamos tomarnos a pecho en nuestra futura labor política. 
– Señor Presidente, la epidemia de chikungunya que sacude actualmente a la isla de Reunión sume esta región ultraperiférica de la Unión Europea en un estado de crisis sanitaria y económica extremadamente preocupante, cuyas consecuencias a largo plazo resultan muy difíciles de evaluar. 
El virus, transmitido por los mosquitos, ha infectado ya a 200 000 de los 760 000 habitantes de la isla y se piensa que es responsable directa de la muerte de 5 personas. 
La forma adoptada por la enfermedad –cuya gravedad no se descubrió hasta comienzos de este año– amenaza directamente a algunos de los grupos de población más vulnerables, entre ellos los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y pacientes que ya sufren una enfermedad. 
Justo cuando la Unión Europea, con toda la razón, se preocupa de luchar contra otra crisis sanitaria que afecta al sector agrícola pero que solo amenaza potencialmente a la población, le estaría infinitamente agradecida, señor Presidente, si tuviera a bien expresar hoy mismo su solidaridad y la del Parlamento Europeo con ciudadanos de la Unión que viven en el temor real al chikunguya. 
Le doy las gracias por adelantado de parte de todos los habitantes de Reunión. 
Señor Presidente, quiero mencionar dos asuntos que afectan a la zona serbia de Kosovo. 
En primer lugar, existen enormes posibilidades de que allí se produzca una auténtica tragedia humana en el transcurso de los próximos meses. 
Me refiero a una tragedia humana en las zonas ocupadas por los refugiados serbios. 
Es preciso recordar que en dichas zonas solo hay electricidad durante una hora al día y que los grupos terroristas exigen dinero en concepto de protección para dejar pasar los medicamentos. 
Allí no existe ningún tipo de seguridad. 
Los grupos terroristas también están dinamitando las iglesias ortodoxas de la zona y esas iglesias no solo son lugares de culto religioso, sino que forman parte de nuestra herencia europea común. 
A mi juicio, la destrucción de estas basílicas ortodoxas constituye sin duda un crimen comparable a la demolición de las estatuas de Buda en Afganistán por parte de Al Qaeda. 
Señor Presidente, lamentablemente tengo la sensación de que Europa ha vuelto ahora la espalda a Kosovo y a los serbios. 
Está ignorando a gente que aprecia profundamente la democracia y los derechos humanos. 
Muchas gracias, señor Chruszcz. 
Hay otros quince diputados que no van a poder intervenir –lo lamento– por falta de tiempo. 
Con esto se cierra este punto. 
El siguiente punto es el debate conjunto sobre 
-la pregunta oral a la Comisión sobre la prostitución forzada en el marco de acontecimientos deportivos mundiales, de Anna Záborská, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (O-0006/2006- B6-0008/2006), 
-la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos y lanzamiento de una jornada de lucha, de Karin Riis-Jørgensen y Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-0011/2006- B6-0011/2006), 
-la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra la trata, de Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (O-0017/2006- B6-0014/2006), 
-la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra la trata, de Lissy Gröner, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (O-0019/2006- B6-0015/2006) , y 
-la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra dicha trata, de Eva-Britt Svensson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kartika Tamara Liotard, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo y Věra Flasarová, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (O-0021/2006- B6-0016/2006). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, intervengo hoy como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de este Parlamento. 
Intervengo también como mujer que apoya a las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución forzada. 
Es inadmisible que una mujer se vea obligada a prostituirse; es inadmisible que tenga que vender su cuerpo. 
De hecho, Señorías, las noticias nunca han sido tan tristes. 
En la capital alemana, en las inmediaciones del Estadio olímpico, acaba de abrir sus puertas un megaburdel de 3 000 metros cuadrados para acoger simultáneamente a 650 clientes. 
Más de 40 000 jóvenes mujeres pobres serán «importadas» del este para satisfacer los deseos de los espectadores de la Copa del Mundo de fútbol después de cada partido. 
La lucha contra la trata de mujeres y la lucha contra la prostitución forzada también son una prioridad para las mujeres representantes políticas, e indudablemente también para Angela Merkel. 
Invitémosla a unir su voz a la nuestra. 
Como representantes políticas de todas las tendencias, disponemos de herramientas potentes. 
Rechacemos este ejemplo de decadencia y hagámonos oír, aquí, en el Parlamento Europeo, pero también en nuestros Estados miembros, en el Consejo de Europa y en todos los foros donde podamos hacer oír nuestra voz. 
Hagámonos escuchar, alto y fuerte. 
No es la primera vez que los distintos organismos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión Europea utilizan el deporte como vehículo para difundir un mensaje de civismo y progreso. 
Los que están en el poder quieren hacernos creer que tal estado de cosas es una desafortunada coincidencia. 
Pero el abogado que trabaja para el grupo que ha construido este «palacio del placer» ha declarado que «el fútbol y el sexo van de la mano». 
¿Cómo puede ser que, en las más altas instancias del fútbol, esto no parezca escandalizar a nadie? 
Diríase que incitar a los jóvenes a participar en actos brutales orquestados contra mujeres jóvenes no escandaliza a nadie y que la falta de prevención de esos actos y de protección de las víctimas frente a esta degeneración organizada no es fuente de indignación. 
El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha escrito a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que su organización no es responsable de lo que suceda fuera de los estadios. 
Ni la UEFA ni los héroes de los equipos nacionales han dicho una palabra. 
La UEFA se ha propuesto promover el fútbol en Europa en un espíritu de paz y sin ninguna forma de discriminación. 
El mundo del fútbol es un mundo de hombres: la realidad dentro de los estadios lo demuestra. 
Son hombres quienes solicitan los servicios de las prostitutas y quienes abusan de las mujeres. 
Por esta razón, me dirijo también a los hombres, a mis colegas diputados y a todos los hombres que ocupan puestos de poder. 
Para concluir, Señorías, les comunico que podemos contar ya con el apoyo público de algunos hombres para combatir la trata de mujeres y la prostitución forzada. 
Agradezco a nuestro colega, el señor Heaton-Harris, árbitro de profesión, que haya hecho del Intergrupo Deporte un portavoz contra la trata de mujeres y la prostitución forzada. 
Doy las gracias a nuestro colega, el señor Coveney, quien, como diputado a esta Cámara, supervisa la labor de «hombres de negocios contra la trata de mujeres» y la campaña «Stop the Traffic «. 
Por último, pido a todos ustedes que apoyen el impresionante trabajo llevado a cabo por el Consejo de Europa, que el 16 de mayo de 2005 presentó en Varsovia el primer «Convenio contra la trata de seres humanos» : ese día lo firmaron once Estados miembros. 
Todavía no lo ha ratificado ninguno. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es necesario aplicar todos los instrumentos jurídicos y todas las medidas políticas posibles para impedir que las mujeres se conviertan en una mercancía cuyo único propósito sea servir de trabajadoras del sexo y esto no solo en Berlín, sino en todo el mundo. 
. – Señora Presidenta, la lacra de la trata de seres humanos constituye un claro ejemplo de un entorno en el que la UE puede y debe actuar. 
De ahí que la señora Riis-Jørgensen y yo hayamos formulado nuestra pregunta oral. 
Queremos respuestas hoy mismo, a ser posible. 
Este vergonzoso comercio merece un mayor escarnio público. 
En muchos casos las víctimas se consideran delincuentes: hemos de cambiar esa situación. 
Me complace que últimamente se preste mayor atención a esta cuestión a escala de la UE. 
El informe de propia iniciativa del Parlamento es oportuno; el Consejo adoptó un plan de acción en diciembre; está la Convenio del Consejo de Europa; pero de todas formas el progreso todavía es limitado. 
No es de recibo que los Estados miembros conversen a menos que se emprenda una acción urgente y concreta. 
De momento, estas mujeres –y hablamos principalmente de mujeres y niñas– no tienen asegurada la protección. 
Son tratadas como inmigrantes ilegales y son deportadas, y en muchos casos vuelven a ser víctimas de la trata de seres humanos. 
Hay algunas acciones que se pueden emprender: están recogidas en la Convenio Europeo contra la trata de seres humanos, entre otros documentos. 
Necesitamos reductos seguros donde las mujeres jóvenes y las niñas puedan estar protegidas. 
Necesitamos al menos el período de respiro de 30 días que propone el Convenio Europeo, de manera que estas mujeres puedan decidir si participan en el procesamiento de los traficantes. 
En el Reino Unido solo existe un reducto seguro con 25 plazas. 
Se calcula que más de 1 000 personas al año son introducidas ilegalmente en el Reino Unido para su explotación sexual. 
La incapacidad para resolver este problema realmente no se puede consentir. 
El Reino Unido y otros países tienen que ratificar el Convenio del Consejo de Europa. 
Por último, con vistas a los preparativos de la Copa del Mundo en Alemania, tenemos que hacer mucho más por alertar a la gente. 
Se estima que durante ese período miles de mujeres y niñas van a ser objeto de trata de seres humanos y obligadas a ejercer la prostitución. 
En esta pregunta oral y en este debate no hablamos de la prostitución en aquellos casos en que las prostitutas saben lo que están haciendo. 
Nos referimos a un comercio de esclavos actual, en que las mujeres y niñas no pueden elegir si trabajan o no como prostitutas. 
Eso es de lo que trata el debate de hoy y no debemos tergiversar los temas. 
Por eso participo activamente en la campaña para mostrar tarjeta roja a la prostitución forzada y espero que todos los aficionados, futbolistas y federaciones deportivas, junto con todas la demás organizaciones, apoyen la campaña para erradicar este comercio nefando. 
. – Señora Presidenta, espero que esta resolución acabe saliendo adelante y saquemos así este asunto, de una vez por todas, del mundo de los tabúes y se convierta en tema de dominio público. 
La prostitución forzada es algo de lo que nadie quiere hablar: la gente implicada en ella no quiere hacerlo, como –por desgracia– tampoco quieren las víctimas. 
Además debemos abordar con mayor interés el tema de la conexión entre migración y creación de puestos de trabajo. 
La Federación Alemana de Fútbol ha pretendido mantener este asunto dentro del mundo de los tabúes y el hecho de que hayamos abatido sus muros defensivos constituye un enorme éxito. 
Como ya se ha dicho, tenemos que mostrarnos firmes a la hora de mostrar la tarjeta roja al tráfico de personas y a la prostitución forzada. 
Tenemos que dejar absolutamente claro que forma parte del juego limpio en el deporte decir «no» a la prostitución forzada. 
No debe ser tolerada bajo ningún concepto. 
Sin embargo, he de decir al Comisario Frattini que no solo tenemos que fijarnos en los delincuentes, los propios traficantes de personas –por supuesto que tenemos que hacer eso–, sino que, para hacerlo, necesitamos también soluciones que no incriminen únicamente a las mujeres implicadas, que es lo que sucede en la actualidad. 
Espero que aborde este asunto en su intervención. 
Albergo la esperanza de que hagamos algo más que exigir un visado, ya que de esa forma serían las mujeres las que pagarían el pato, cuando lo que realmente se precisa es prevención, atención y apoyo a las mujeres. 
De forma similar a como ocurre ya con la ley de inmigración italiana, hemos de garantizar el derecho a la permanencia en el país a las mujeres que no estén dispuestas a declarar en calidad de testigos. 
Tenemos que hacer mucho más si queremos que las mujeres puedan liberarse de la prostitución forzada. 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Copa del Mundo de fútbol se va celebrar en Alemania bajo el lema de «el mundo entre amigos». 
La comunidad deportiva se está preparando para ella, al igual que las bandas organizadas de traficantes; se están preparando para enviar a miles de mujeres a Alemania y explotarlas allí. 
Estas mujeres serán seducidas hasta Alemania con falsas promesas y luego se verán obligadas a prostituirse. 
La pobreza es una de las principales causas de esta situación y ahí es por donde tenemos que empezar, pero dar la bienvenida a la gente a Alemania también tiene que significar proteger a las mujeres en apuros, más que hacer oídos sordos a su sufrimiento. 
Unas 800 000 mujeres son víctimas del tráfico de personas en todo el mundo, de las que 100 000 proceden de la UE. 
Aunque nadie tiene ni idea de cuántas de ellas van a estar en Alemania este verano, deberíamos mostrarles la tarjeta roja a los traficantes de personas. 
Lo que espero que usted haga, Comisario Frattini, es que asuma las propuestas que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha planteado en el informe Prets y en el plan de acción contra el tráfico de mujeres y que las utilice como base para la actuación práctica. 
Si se pretende apoyar la campaña de las organizaciones de mujeres en favor de líneas telefónicas de atención en varios idiomas, necesitará subvención. 
Hay que establecer esquemas de protección para las víctimas. 
Ya se ha hecho mención a la forma poco entusiasta en que los Estados miembros han realizado la transposición de la Directiva sobre asilo de 2002, por lo que resulta necesario presionarles a que lo hagan. 
Bélgica ha manifestado que les va a ser reconocido el derecho de permanencia a las mujeres que estén dispuestas a asumir el papel de testigos y quieran abandonar la prostitución, y que se les va a proporcionar ayuda para que lo hagan. 
Eso es espléndido. 
Si pretendemos combatir de manera eficaz el comercio moderno de mujeres, Europol tendrá que implicarse en mayor grado y desde luego hay una serie de cosas que pueden hacer las federaciones deportivas; por eso dependemos de su colaboración para que realicen un llamamiento a los seguidores al objeto de que mantengan los ojos bien abiertos y ponga de su parte lo que tienen que poner. 
Exigir visados especiales a las mujeres parece una propuesta algo precipitada y no estoy a favor de ella, así que reconsidere con mayor detenimiento lo que se propone hacer. 
Señora Presidenta, millones de personas de todo el mundo están encantados con la celebración de la próxima Copa del Mundo de fútbol, pero ¿cuántos miles de mujeres es necesario sacrificar para que los hombres no solo puedan ver el fútbol, sino adquirir además prestaciones sexuales de fácil acceso? 
Si se quiere ofrecer un volumen suficiente de servicios sexuales, al ya vasto número de prostitutas en Alemania habrá que agregar decenas de miles de mujeres, incluidas muchas sin posibilidad de elección. 
Este tráfico de seres humanos es vergonzoso y profundamente inhumano. 
Constituye un indicador de un planteamiento opresor de las mujeres y muestra asimismo la baja consideración que se tiene de todos esos varones que acudirán a presenciar el fútbol. 
Para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños, no debería achacarse la responsabilidad derivada de la esclavitud sexual y la prostitución a las víctimas, sino a quienes se arrogan el derecho a comprar y vender cuerpos de mujeres. 
El término «prostitución forzada» puede interpretarse como una implicación de la existencia de lo contrario, es decir, un cierto tipo de lo que cabría denominar prostitución voluntaria. 
Sin embargo, no existe algo así como la prostitución voluntaria. 
Las mujeres no optan por la prostitución; se ven abocadas a ella por una u otra razón. 
Puede ocurrir al caer víctimas del crimen organizado, siendo la pobreza y el paro otras de las causas. 
No obstante, por encima de todo existen vínculos claros entre la prostitución y el hecho de que las mujeres han estado, en el pasado, sometidas a abusos físicos, sicológicos y sexuales. 
Es necesario poner en claro los vínculos entre la legislación sobre la prostitución y el aumento del tráfico con fines de esclavitud sexual. 
¿Qué significa, por ejemplo, el hecho de que la prostitución sea legal en Alemania desde el punto de vista del aumento del número de víctimas del tráfico sexual en conexión con la Copa del Mundo? 
La legislación que permite la prostitución debe ser evaluada y comparada, por ejemplo, con la sueca, que penaliza al cliente. 
La legislación sueca ha demostrado que cuando disminuye la demanda, también lo hace el número de víctimas del tráfico y la prostitución. 
Hay que atribuir la responsabilidad a quien corresponde: a los clientes. 
Son ellos los que deben asumir la responsabilidad de su sexualidad, sin comprar cuerpos de mujeres. 
Si aceptamos que los hombres pueden adquirir el derecho a comprar cuerpos de mujeres, nos veremos obligados en consecuencia a aceptar una situación en la que se trafica con cerca de cuatro millones de mujeres y niños, dentro de los países y entre ellos, para someterlos a explotación sexual. 
Condenar la explotación sexual y la prostitución no significa culpar a las mujeres que trabajan de prostitutas. 
En absoluto. 
Queremos que a todas las mujeres se les conceda el derecho a su sexualidad, en igualdad de condiciones y sin ser oprimidas. 
Las mujeres no son artículos de consumo. 
No están a la venta. 
. Señora Presidenta, Señorías, las preguntas formuladas por la señora Záborská y las demás oradoras me exigen una respuesta detallada: es justo y necesario por mi parte dar algunas respuestas concretas. 
En las distintas preguntas se han tocado 16 puntos diferentes, con preguntas muy precisas a las que intentaré responder. 
En términos más generales, considero impensable que se pueda aprovechar un encuentro deportivo, que por principio debe ser una ocasión para promover valores positivos, a fin de tolerar o fomentar la prostitución forzada. 
A este respecto he escuchado una referencia realmente triste, que el fútbol y el sexo van de la mano, como si la prostitución forzada fuera la consecuencia inevitable de un gran acontecimiento deportivo. 
Sería la negación de los valores más sanos del deporte. 
Es necesario, por tanto, empezar por la legislación, precisamente por la legislación europea adoptada en este sentido, que prevé la incriminación de todos aquellos que ayuden a obligar a ejercer la prostitución a personas, en particular a mujeres y niños, pero, hay que decirlo, también a hombres. 
Como saben, tenemos una decisión marco europea, y, por lo que respecta a Alemania, en 2005 entró en vigor una ley nacional, que es, por tanto, una ley plenamente aplicable; además, antes de finales de abril presentaremos un informe al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la Decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y las medidas penales de incriminación, con el fin de asegurarnos de que todos los Estados miembros hayan adoptado las leyes nacionales de transposición de esta decisión marco antes de que tenga lugar la Copa del Mundo de fútbol. 
Entre las normas principales hay una que obliga a los Estados miembros a perseguir a los responsables en el país de procedencia y no en el país en el que hayan cometido el delito. 
La decisión marco lo prevé así a fin de garantizar que se entablen efectivamente juicios y se impongan sanciones penales. 
Tras la presentación del informe, antes de finales de abril, el Consejo, y si lo considera oportuno también el Parlamento, podrán abordar a fondo el tema de las nuevas medidas que podrían adoptarse a escala europea, o mejor dicho a escala legislativa europea. 
A mi entender, por lo que respecta a dichas medidas, se podría pensar –aunque no demos ahora mismo una respuesta definitiva– en si deberíamos castigar a quienes, como clientes, se sirven de las prestaciones de personas sabiendo que han sido víctimas de la fuerza y en algún caso de una auténtica operación de trata que las ha conducido a la esclavitud. 
Evidentemente, la cuestión de la legalidad de la prostitución se aborda en los distintos Estados miembros de formas muy diferentes. 
Sin embargo, en mi opinión, si el cliente es consciente de que la persona con la que se entretiene es víctima de la trata, de la fuerza o de la coacción, entonces tendrá que pensar dos veces en lo que está haciendo, inclusive desde el punto de vista de una posible sanción penal. 
En este terreno hay que potenciar desde luego la función de Europol y de Eurojust. 
Entre los temas prioritarios que planteé cuando me reuní con el Presidente de Eurojust y el Director de Europol se encontraba precisamente el de reforzar la capacidad de Europol y Eurojust en la aplicación del plan de acción contra la trata de seres humanos, que, como este Parlamento recordará, presentamos a finales del año pasado. 
Europol puede desempeñar un papel muy importante en la coordinación de las acciones a escala europea contra estas odiosas formas de delincuencia. 
Ya lo hicimos con éxito para atacar la pedofilia, consiguiendo gracias a una acción de Europol desmantelar una red de pedófilos en 13 países europeos; este es otro terreno que hay que explorar. 
Está después la cuestión concreta de la Copa del Mundo en Alemania: prometimos a este Parlamento, cuando se debatió el tema por primera vez, involucrar formalmente al Ministro del Interior federal alemán. 
Así lo he hecho, claro está, y el Ministro Schäuble, a quien me he dirigido, me ha respondido hace pocos días asegurándome formalmente no solo que se aplicará rigurosamente la ley federal que ha entrado en vigor, sino también que, de forma más específica, se llevarán a cabo iniciativas de prevención sobre el terreno en todas las ciudades de Alemania que organizan partidos de fútbol. 
Puedo afirmar pues con certeza que el Gobierno federal alemán, a través de su Ministro del Interior, no solo asegura una plena colaboración, sino que pide también una reflexión sobre el tema por parte del Consejo de Ministros del Interior, que se reunirá en abril, con el fin de elaborar una estrategia operativa. 
En este caso no se tratará de una estrategia legislativa, sino operativa, de prevención sobre el terreno, con el propósito de evitar que el acontecimiento deportivo se utilice para trasladar a un enorme número de víctimas de este tráfico repugnante. 
En este punto quisiera hacer dos reflexiones sobre las medidas concretas que, como representante de la Comisión, pienso presentar a la Cumbre de abril del Consejo de Ministros del Interior. 
Ante todo, por lo que respecta al tema de los visados, confirmo con toda claridad, en especial a la señora Gröner –pero también a todos los que me han escrito después del seminario del 8 de marzo–, que nunca he pretendido, deseado ni proyectado la introducción de visados para mujeres. 
Los visados no se introducen por categorías de personas, los visados se rigen por países y por nacionalidades. 
Anuncié mi intención de evaluar si algunos terceros países, que podrían considerarse de riesgo, se hallan hoy exentos de visado y, por tanto, si sería oportuno ampliar temporalmente la exigencia de visado a los países de procedencia de una probable operación de tráfico; evidentemente, esto no incluía a las mujeres. 
He examinado esta cuestión y puedo darles también la respuesta: según datos de la policía, todos los flujos de tráfico de seres humanos que proceden de países de países de fuera la Unión Europea están sujetos a la exigencia de visado. 
Por tanto, no será necesario introducir modificaciones en el régimen actual de visados, porque todos los países de fuera de la UE que según las estadísticas son «de riesgo» ya están sujetos a la exigencia de visado. 
En todo caso, no se habría tratado nunca de un visado para las mujeres, sino que solo se habría previsto un mayor control de algunos países. 
El problema no existe ya, pero desde luego es necesario –y en el Consejo presentaré una propuesta en este sentido– un mayor control por parte de los consulados sobre la finalidad efectiva de los viajes de grupos de visitantes, pues es evidente que los traficantes de mujeres con fines sexuales declaran o hacen que las mujeres declaren razones falsas. 
Por tanto, el control corresponde a los guardias de fronteras y a los consulados –lo que implica una cooperación entre todos los Estados miembros de la Unión Europea–, que tendrán que reforzar el control sobre la veracidad de los objetivos declarados. 
Como saben sus Señorías, a menudo se declara una finalidad pura y simple de turismo que no se corresponde con la verdad. 
Es necesario un control exhaustivo. 
Además, es evidente que, como algunos de ustedes han sugerido, son indispensables medidas de apoyo concreto a las víctimas. 
Personalmente estoy a favor de la idea de promover líneas telefónicas específicas, es decir, líneas telefónicas que puedan ofrecer, a través de un servicio de traducción simultánea, ayuda inmediata en el número más amplio posible de lenguas extranjeras. 
Evidentemente, todo esto se refiere tanto al período en que tendrá lugar la Copa del Mundo de fútbol como al periodo posterior: este tipo de medidas no pueden cesar en el mes de julio de 2006. 
Estas medidas de apoyo inmediato y operativo pueden contemplarse justamente en el marco de la acción europea, a través de los proyectos y la financiación que Europa puede destinar a propuestas concretas de este tipo. 
Otra medida que me parece necesaria es un estudio comparado de la legislación de los Estados miembros relativa a la prostitución y a la relación entre la prostitución, allí donde se consienta, y la trata de seres humanos con fines sexuales. 
Es evidente que existe una relación entre el aumento de la demanda y, digámoslo así, el hecho de que los traficantes se vean incentivados a desarrollar su innoble actividad. 
Contamos con un estudio promovido por este mismo Parlamento, en concreto un estudio sobre la delincuencia transnacional. 
A partir de él pienso proponer la realización de un estudio comparado para tener una visión más clara de cuál es el vínculo entre el aumento de la demanda y el aumento del tráfico. 
Naturalmente, también en el ámbito de los programas Dafne será posible que la Unión Europea cofinancie iniciativas a fin de aumentar la conciencia de la opinión pública sobre la necesidad de reducir la demanda de prostitución; de hecho, reduciendo la demanda de prostitución se limita o se contribuye a limitar la trata de personas con fines sexuales. 
Otra propuesta que se puede formular es establecer un contacto más estrecho con los ayuntamientos, las autoridades regionales y los consejos municipales. 
Es evidente que estos fenómenos están presentes en el conjunto de la UE y de hecho, como saben, existe una Red Europea de Prevención del Crimen; tendremos que ver si esta red europea u otras fórmulas permiten una mayor participación de las autoridades locales en la actividad de prevención, por un lado, y en la de asistencia a las víctimas de la trata, por otro. 
En lo que respecta a la asistencia a las víctimas se aplican además las normas que acabo de citar, que asignan una determinada categoría a las mujeres víctimas y a todos los que en general son víctimas de la trata de seres humanos o de la prostitución forzada. 
La normativa europea comprende, en particular, la directiva europea de 2004, que garantiza un permiso de residencia, como alguien ha solicitado hace unos instantes, y ya saben que los Estados miembros pueden transponer esta directiva hasta el 6 de agosto de este año: por fortuna, algunos Estados miembros lo han hecho ya. Para alentar un poco a los que no lo han hecho en primavera, es decir, mucho antes de agosto, convocaré una reunión técnica con los representantes de todos los Estados miembros para conocer qué problemas han impedido hasta ahora la transposición nacional de esta directiva y pedir formalmente, antes de que venza el plazo, que todos los Estados miembros garanticen antes de agosto a las víctimas de la explotación sexual y de la trata de seres humanos el trato preferencial estipulado en la legislación europea. 
Quedan otras cuestiones importantes, como por ejemplo la necesidad de disponer de datos estadísticos efectivos sobre el fenómeno. 
Como ya he mencionado, tenemos previsto lanzar un debate, acompañado de una publicación adecuada, dentro de unas pocas semanas y presentaremos una comunicación europea sobre una tipología de datos estadísticos europeos relativos a la delincuencia, con especial atención a este tipo de delincuencia, para tener al menos la certeza de unos datos estadísticos fiables sobre el fenómeno, sus víctimas, las denuncias presentadas y las sanciones impuestas. 
A todas luces no es una iniciativa centrada exclusivamente en la Copa del Mundo en Alemania; es una iniciativa necesaria a medio plazo. 
Señora Presidenta, me dispongo a concluir y me disculpo por haberme extendido tanto, pero había 16 puntos y no quería que ninguno de los oradores dijese después que no he dado respuestas. 
Promoveremos un programa para mejorar a escala europea la conciencia sobre el fenómeno. 
Estoy personalmente a favor de la idea de un día europeo contra la trata de seres humanos y contra la prostitución forzada y quiero promover en las próximas semanas un seminario de carácter técnico, por supuesto abierto a todos, para intercambiar las mejores prácticas a fin de prevenir este fenómeno. 
Gracias. 
Gracias, señor Comisario. 
Su evidente entusiasmo me ha impedido interrumpirle al agotarse los diez minutos de intervención que tenía asignados. 
Me habría roto el corazón interrumpirle. 
Sin embargo, se nos está agotando el tiempo y debemos proceder rápidamente. 
. – Señora Presidenta, Señorías, el mundo civilizado ha necesitado milenios para erradicar el comercio de esclavos, las condiciones de trabajo inhumanas y la sumisión de la mujer, por no hablar de la pena de muerte, aunque estas batallas no hayan concluido todavía. 
El siglo que acaba de comenzar debe ser el que proscriba de nuestras sociedades esta nueva forma de esclavitud que es la prostitución forzada y que se cobra cada año miles de víctimas, mujeres y niños. 
Este es el mensaje de las preguntas orales que ha presentado hoy la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
El Parlamento Europeo –me complace recordarlo– se identifica en toda Europa y fuera de ella como un defensor incansable de los valores universales de la persona y la dignidad humana. 
Con la aprobación, el pasado 16 de enero, del informe de la señora Prets por una amplia mayoría, enviamos ya una señal muy contundente a la que usted no se ha opuesto, señor Comisario Frattini, como han confirmado, por si falta hacía, sus palabras de hace un momento. 
Nuestras preguntas orales de hoy se inscriben en la prolongación de nuestra votación de enero, así como de nuestra acción del 8 de marzo, y expresan de nuevo nuestra indignación. 
Nos escandaliza que la próxima Copa del Mundo de fútbol se prepare tolerando, no solo la construcción, sino también la promoción comercial de un lugar que algunos se atreven incluso a ensalzar como el mayor burdel del mundo. 
Como ha dicho usted, señor Frattini, es intolerable que las competiciones deportivas internacionales se hayan convertido en mercados para la prostitución forzada y organizada. 
Señor Comisario, nuestras protestas, por muy enérgicas que sean, no son suficientes, y usted lo ha entendido. 
Le agradecemos que haya respondido a la mayor parte de las preguntas que le formulamos. 
En la perspectiva de la inminente Copa del Mundo en Alemania, es una cuestión urgente. 
Todas las iniciativas que acaba usted de mencionar son excelentes, pero llamo su atención sobre el hecho de que deben ponerse en marcha a tiempo. 
Por esta razón es necesario asegurar seguimiento minucioso. 
El Parlamento Europeo, por su parte, hará todo lo posible por ayudar a conseguir ese objetivo. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, me complace que hayan sido aprobadas muchas de las propuestas incorporadas a mi informe. 
Es importante que el público en general tenga conocimiento de este debate. 
Para que eso suceda son de vital importancia las cifras y las estadísticas, a las que hay que llegar aplicando reglas comunes, no solo dentro de la Unión Europea, sino también en terceros países, puesto que sabemos que de allí van a llegar visitantes. 
Por tanto, también hay que incluir a esos países. 
Si bien aplaudo la idea del señor Comisario de acometer la elaboración de un estudio sobre los efectos de la prostitución sobre el tráfico de seres humanos, no debería contemplar únicamente la prostitución legal, sino también la variante ilegal. 
Asimismo hay que preguntarse acerca de la situación en los países en los que está prohibida la prostitución. 
¿Y qué ocurre con la movilidad de los clientes de las prostitutas? 
Cualquier estudio deberá tenerlos también en cuenta. 
Usted ya ha explicado lo que se propone hacer implantando un visado obligatorio durante la Copa del Mundo. 
Supongo –y espero– que lo que pretende es redoblar los controles sobre la concesión de visados y no implantar un visado temporal, porque entonces se plantearía la cuestión de cuál debería ser la fecha de inicio y de caducidad del mismo. 
La razón por la que contemplamos la Copa del Mundo como una oportunidad se debe a que el interés del público por la misma nos va a permitir mostrarles cómo se encuadra este problema dentro de dicha celebración. 
No obstante, la prostitución forzada también existe durante los congresos, las ferias de muestras e incluso aquí, en Estrasburgo, al tiempo que esta Cámara celebra sus sesiones. 
Eso es lo que hace tan problemática la implantación de los requisitos para un visado temporal. 
Voy a pedirle que señale cuáles van a ser sus prioridades durante la reunión del Consejo de abril en Bruselas. 
Austria tendrá que disponerse a afrontar este problema para cuando acoja el Campeonato de Europa en 2008. 
Por eso resultan tan importantes las buenas propuestas; todos las necesitamos. 
Aunque usted ha subrayado la importancia de Europol, lo que eso significa en términos coloquiales es que no solo hay que asignarle más personal, sino más poderes, pues de lo contrario todo el montaje dejaría de ser operativo. 
Habría mucho que decir todavía sobre este tema, pero tal vez lo hagan otros diputados. 
. – Señora Presidenta, nos encontramos en una encrucijada en la lucha contra la trata de seres humanos. 
La semana pasada, el 8 de marzo, y de nuevo hoy, el Comisario Frattini ha anunciado que se va a iniciar un estudio exhaustivo este año sobre la forma en que las leyes sobre la prostitución influyen en la situación de la trata de seres humanos en los diferentes Estados miembros. 
Verdaderamente se trata de una buena noticia. 
En septiembre del año pasado, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presentó un estudio similar, más reducido, sobre el tema. 
Fue el primero en su género. 
Ese estudio nos indica de forma rotunda que penalizar la demanda de trata de seres humanos tiene un impacto enorme y que reduce notablemente el número de niñas y mujeres jóvenes que son objeto de ella. 
La legalización, por otro lado, tiene el efecto contrario. 
Aumenta el número de víctimas de la trata de seres humanos. 
Las cifras muestran también a las claras que la legislación sobre la prostitución no solo incrementa la parte legal del negocio, sino también la prostitución ilegal. 
Con el próximo estudio de la Comisión reforzaremos la base objetiva de las medidas contra el tráfico, penalizando sobre todo la demanda. 
Ya no se trata de un asunto de disparidad de criterios; es una cuestión de hechos. 
Aplaudo sinceramente la labor del Comisario Frattini a este respecto. 
¿Queremos verdaderamente combatir la trata de seres humanos? 
Existe una forma. 
¿Tenemos el coraje suficiente? 
Señora Presidenta, personalmente no me gusta la expresión «prostitución forzada» , ya que toda prostitución es más o menos forzada, pero nuestro Grupo apoya, como es natural, la resolución presentada. 
La trata de seres humanos es tráfico de esclavas. 
Es discriminatoria y vergonzosa y un delito repugnante. 
Es fundamental que hagamos más por ayudar a este grupo extremadamente débil y vulnerable de niñas y mujeres víctimas del tráfico. 
A título personal también deseo aplaudir el hecho de que se esté celebrando un debate en profundidad sobre la prostitución en general. 
Es importante que acabemos con el mito de la prostituta feliz. 
La mayoría de las prostitutas llevan una vida miserable, expuesta a los riesgos, por ejemplo, de atracos, violaciones y enfermedades de transmisión sexual. 
En ningún otro ámbito de nuestra sociedad se acepta que la vida laboral de una persona pueda causarle un daño tan tremendo. 
Además, ¿a quién de los presentes en esta Cámara le gustaría que su hija se convirtiera en prostituta? 
Este es un debate, por tanto, que tenemos que lanzar. 
. – Señora Presidenta, Señorías, la Copa del Mundo de fútbol en Alemania nos brinda la ocasión de abordar la cuestión de la explotación de seres humanos. 
A mi juicio tenemos que apoyar las iniciativas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer; comparto la idea de lanzar una campaña informativa y educativa para combatir el fenómeno de la explotación sexual. 
Es necesario emprender iniciativas a escala europea y también a través de instrumentos internacionales como la Convención del Consejo de Europa, pero es igualmente importante hacer una distinción clara entre el mundo de la prostitución forzada y quienes la practican por libre elección. 
Existen, en efecto, asociaciones de mujeres y hombres que se prostituyen, y una representación de ellos ha venido al Parlamento para pedir el reconocimiento de su profesión, empezando por una carta de derechos y una declaración de principios. 
Desde el punto de vista político, es necesario establecer si una mujer no obligada a prostituirse debe ser libre de hacerlo o no. 
Reconocer la prostitución voluntaria y el estatuto de una profesión significa reconocer una serie de derechos y deberes; entre los derechos, por citar algunos pocos, está el de vivir en libertad y seguridad, el de ejercer la profesión sin esclavitud o el de casarse, dado que en algunos países esto no se admite. 
. – Señora Presidenta, el debate de hoy sobre la trata de seres humanos y la prostitución forzada en el marco de acontecimientos deportivos mundiales ilustra la tragedia de los miles de mujeres explotadas que son víctimas del tráfico en la industria del sexo. 
También refleja lo absurdo de la concepción liberal de la libertad por la cual uno es libre de hacer todo lo que le plazca. 
Este tipo de licencia conduce directamente al asesinato, la propagación de enfermedades, la drogadicción, la prostitución, la pornografía y otros males. 
La auténtica libertad tiene sentido cuando se pone al servicio de la verdad y el amor. 
Eso significa que la violencia, la manipulación y el engaño tienen que ser considerados destructivos e inaceptables, y que la prostitución ha de ser considerada una explotación de la persona. 
La utilización de la denominada tarjeta roja para combatir la prostitución forzada y afrontar esta modalidad contemporánea de esclavitud parece más bien un planteamiento ineficaz e inconexo dentro del contexto de la propaganda liberal. 
Hay que establecer restricciones legales. 
Señora Presidenta, yo estaba en Bélgica en 1999 y presencié el trato dispensado a una mujer polaca que había sido violada por un albanés. 
Esta mujer se vio obligada a abandonar el país después de que interpusiera una denuncia ante la policía. 
Se desconoce la suerte que corrió el violador. 
Es probable que quedara libre sin cargos, ya que era un pobre solicitante de asilo político. 
Sin embargo, la desdichada víctima de la violación no recibió ningún tipo de compensación o asistencia psicológica, aún cuando se le podría haber proporcionado. 
Resultó imposible ayudar a la víctima porque le dieron tres días para abandonar el país. 
En consecuencia, es importante otorgar un estatuto especial a las víctimas de la violencia, la violación y la prostitución forzada, concediéndoles la residencia temporal en el país en cuestión y cierta ayuda financiera. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la trata de seres humanos constituye sin duda alguna una violación fundamental de los derechos humanos y uno de los fenómenos más abyectos del mundo de nuestros días. 
Esta variante moderna de la esclavitud que presenciamos no debería tener cabida en ninguna sociedad civilizada. 
El tráfico está muy extendido y se cobra cientos de miles de víctimas en Europa. 
Se calcula que la cifra de mujeres y niñas sometidas a abusos sexuales representa 85 % de todas las víctimas. 
Dentro de este contexto quiero comentar dos cuestiones. 
El Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos sirve de instrumento jurídico, pero el sitio web del Consejo de Europa informa en el sentido de que trece países europeos, Estados miembros de la UE, no han firmado este Convenio y ninguno de los países lo ha ratificado hasta la fecha. 
Ni siquiera la Comunidad Europea ha firmado este documento. 
¿Qué va a hacer al respecto el señor Frattini, el Comisario responsable? 
En segundo lugar, quiero preguntar cómo vamos a combatir eficazmente la trata de seres humanos cuando la demanda queda en gran parte impune, excepción hecha de determinados casos, y cuando estos servicios continúan tolerándose. 
Según ciertos estudios, los europeos gastan miles de millones de euros en tales servicios y, en consecuencia, la demanda se convierte en la fuerza motriz de este lucrativo negocio. 
Espero con impaciencia la estrategia y la Comunicación prometida sobre planes de acción para combatir la trata de seres humanos que, a mi juicio, configurarán el escenario adecuado para continuar nuestro debate acerca de estos graves asuntos y para expresar nuestras opiniones. 
– Señora Presidenta, en muchos países, miles de mujeres son explotadas y forzadas a la prostitución, y las que sufren esta prostitución forzada son en su mayoría jóvenes y vulnerables. 
Las más débiles están controladas por proxenetas, que las vigilan y les inflingen castigos físicos, financieros y psicológicos; a menudo las amenazan de muerte. 
Cabe preguntarse, pues, por qué ellas no denuncian a sus proxenetas. 
A veces, las retiene el amor, pero la mayoría de las veces es el miedo. 
Estas mujeres, desamparadas, aceptan esta pesadilla porque ya no tienen elección. 
Para algunos hay una cara de la prostitución que es casi amable. 
Sin embargo, ahora vemos cada vez más –aunque sin darnos cuenta realmente– a este nueva clase de esclavas deambulando por nuestras calles. 
Si la chica no trabaja suficientemente, sufre una avalancha de sevicias. 
El proxeneta ejerce sobre ella una presión constante para incitarla a trabajar. 
En circunstancias en que la prostitución es legal, el proxeneta la defiende, la pone en contacto con los gerentes de locales y la fuerza a plegarse a las demandas del medio al que pertenece. 
Para lograr sus fines, emplea la seducción, las amenazas y la violencia. 
La víctima se ve obligada a entregar sus ganancias directamente o a través de otra persona. 
Estas mujeres jóvenes, víctimas de la violencia, deben saldar importantes deudas para sufragar el coste de su viaje y sus documentos de identidad. 
Cuando se hallan ilegalmente en un país, las más de las veces privadas de su dinero, no tienen ninguna esperanza de que su situación vaya a mejorar. 
Cuando se resisten a la presión de los traficantes, llueven las amenazas sobre ellas, sus hijos o sus familias. 
Es una situación sin salida y la naturaleza del medio en que trabajan les lleva, a menudo, a hundirse en la drogadicción. 
Nadie puede lavarse las manos ante semejante tragedia. 
Tenemos un deber: luchar contra esta infamia, como otros lucharon contra la esclavitud, contra el racismo y contra el encarcelamiento arbitrario. 
Este debate nos concierne a todos, en todos los países europeos. 
– Señora Presidenta, es muy importante que la cuestión de cómo combatir la trata de personas, y de mujeres, sea debatida antes de que se inicie la Copa del Mundo de fútbol en Alemania. 
Estamos hablando de miles de prostitutas adicionales, la mayoría de las cuales estarán trabajando contra su voluntad y, por consiguiente, bajo coacción. 
Mis muchos años de experiencia con ONG que trabajan en el ámbito de la prostitución infantil junto a las fronteras entre la República Checa, Alemania y Austria me inducen a creer que estos delitos solo pueden afrontarse mejorando las leyes, otorgando mayores poderes a las distintas instituciones y autoridades y mediante la cooperación transfronteriza con Europa Central y Oriental. 
A la larga, no obstante, será necesario luchar contra la pobreza y lanzar campañas de información con el fin de acabar definitivamente con la prostitución. 
La proclamación de un Día contra la Trata de Seres Humanos contribuirá a elevar la conciencia de los ciudadanos respecto a este problema. 
Señora Presidenta, las cuestiones planteadas son encomiables por la forma en que afrontan los temas de la trata de seres humanos y la prostitución. 
Yo respaldo en particular –y de todo corazón– la petición de una investigación sobre la relación entre estas cuestiones y los acontecimientos en torno a la Copa del Mundo de fútbol. 
Considero que la respuesta del Comisario Frattini ha sido excelente. 
Me complace que la Comisión esté dispuesta a llevar a cabo un estudio comparativo sobre la forma en que los Estados miembros contemplan la prostitución en términos jurídicos y prácticos, así como sobre el impacto de dicha política. 
Asimismo, pediría al Comisario Frattini que tenga en cuenta el grado de transparencia y la capacidad de control de la prostitución, las dimensiones de la prostitución forzada, las oportunidades para que las prostitutas abandonen su profesión y la demanda de prostitución. 
Me gustaría conocer algo sobre el modo de controlar más eficazmente los efectos nocivos de la prostitución. 
Voy a terminar diciendo que me encanta el tono de este debate. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, una amiga de mi hija de 20 años de edad me comunicó hace poco, loca de alegría, que había conseguido un trabajo de azafata en la Copa del Mundo. 
Cuando le pregunté cómo había sido, ella –una joven deportista– me comentó que había logrado el trabajo por medio de una solicitud a la Federación de Deportes de Alemania. 
En este caso, estoy segura de que se trata de una oferta de trabajo seria, pero imaginemos que una vive sumida en la pobreza y su hija le anuncia que tiene la oportunidad de viajar este verano a Alemania, donde le espera un trabajo estupendo. 
Por supuesto, como madre o como padre, una se alegra de cualquier oportunidad que se le brinde a una hija, pero ¿quién se preocupa realmente de analizar los riesgos implícitos o de investigar si la oferta es seria? 
He aquí una de las múltiples formas posibles en que pueden suceder estas cosas. 
Tenemos que comenzar facilitando información a las personas allí donde se encuentran –el Comisario ha aludido a los numerosos estudios que se han realizado–, pero hemos de alertar a las personas, ya sean padres o hijos, acerca de los peligros inherentes a cualquier oferta dudosa. 
Sabemos que con motivo de grandes acontecimientos como este se produce un incremento espectacular de la demanda de servicios sexuales, así como de la incidencia de actividades delictivas como la trata de seres humanos y la prostitución forzada. 
Son muy pocas las mujeres y niñas que trabajan sin estar en un burdel o bajo la tutela de un proxeneta. 
Miles de ellas vendrán de Europa Central y Oriental, África, Asia y América Latina, atraídas mediante informaciones falsas e impulsadas por la pobreza en casa y por la necesidad de alimentar a sus familias. 
Vienen aquí y se las somete y explota de la forma más brutal, de modo que acaban perdiendo su dignidad y su autoestima. 
Al margen de facilitar información sobre el terreno, hay ciertas cosas que hemos de realizar en el país donde van a tener lugar los acontecimientos, como la labor de relaciones públicas y una línea de atención telefónica multilingüe permanente: todas estas acciones están siendo contempladas, razón por la cual respaldamos tales acciones. 
Sobre todo ahora, cuando se va a disputar la Copa del Mundo, tenemos que mostrar la tarjeta roja. 
Hablemos de cómo hacerlo. 
– Señora Presidenta, el fenómeno del tráfico de mujeres y el desplazamiento de las mismas constituye un problema de dimensiones globales, que se agudiza con motivo de la organización de acontecimientos deportivos. 
Evidentemente, en este problema no cabe diferenciar entre prostitución forzada y «voluntaria» , ya que ambas formas tienen la misma raíz: su causa radica en una profunda pobreza y la marginación social, fenómenos que arrastran a las mujeres a los límites de la explotación. 
Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, cuando la víctima comparece ante el juez, ¿cómo se puede establecer una distinción entre prostitución forzada y prostitución y cómo se puede imponer sanciones a la persona que está detrás? 
Es fundamental dejar bien claro que los acontecimientos deportivos tienen que permanecer en la conciencia de todos nosotros como vehículos transmisores de valores y culturas. 
Hay que erradicar todo lo que mancille estos encuentros culturales. 
Creo que las propuestas que acaba usted de mencionar, señor Frattini, y las propuestas de la señora Prets constituyen un marco serio a escala europea e internacional. 
Señora Presidenta, señor Frattini, Señorías, quiero dar las gracias al señor Frattini por la atención que ha prestado al tema de la trata de seres humanos. 
Se trata de una de las manifestaciones más detestables de la delincuencia internacional. 
Constituye una grave violación de los derechos humanos y de la normativa legal sobre inmigración y empleo y tiene un efecto muy pernicioso para la seguridad nacional e internacional. 
Se ha producido un aumento alarmante de este tipo de delitos y, según las cifras de las Naciones Unidas, se ha convertido en la tercera actividad más lucrativa de la delincuencia organizada. 
Es un fenómeno transnacional que constituye un motivo importante de preocupación para muchos países, ya sean de origen, tránsito o destino. 
Lo que se precisa, por tanto, es una estrategia global y coordinada, con una intensificación de esfuerzos tanto en el plano legislativo como operativo. 
En el plano legislativo, la adopción en 2002 de la Decisión marco por la que se aproximan las disposiciones penales de los Estados miembros y las sanciones aplicables y se permite a los jueces de un Estado miembro dictar una orden de detención europea en relación con delincuentes implicados en la trata de seres humanos, supuso un avance importante. 
Esta Decisión marco tenía que haber sido transpuesta antes de agosto de 2004. 
Todavía estamos esperando un informe que evalúe las medidas adoptadas por los Estados miembros y dictamine si ha sido aplicada por todos ellos. 
En cuanto a la vertiente operativa, creo que las prioridades principales son el fortalecimiento de Europol, que actualmente está infrautilizada; una respuesta rápida e integral en apoyo de las víctimas, que permita prestarles asistencia inmediata; y la mejora del intercambio de información y datos estadísticos, a lo que ya ha hecho referencia antes el señor Comisario. 
Señora Presidenta, señor Frattini, Señorías, la trata de seres humanos es una calamidad que hay que combatir con todos los medios a nuestro alcance. 
Más de 700 000 mujeres y niñas quedan atrapadas anualmente en las redes de los traficantes. 
Solamente en Europa, cada año 100 000 mujeres son víctimas del tráfico y de actos que atentan contra su integridad física y su salud mental. 
La trata de mujeres y niñas es la modalidad de delito que más rápidamente crece y es sabido que el problema se agrava durante la celebración de grandes acontecimientos deportivos. 
La trata de mujeres está vinculada a la inmigración ilegal. 
Miles de mujeres son seducidas mediante la promesa de un trabajo digno y bien remunerado, para luego verse forzadas a prostituirse. 
A la luz de lo que ya se ha dicho, la Copa del Mundo de fútbol brinda a la Comisión la oportunidad de sentar un valioso precedente en la lucha contra la trata y la explotación sexual de las mujeres a base de programas destinados a la integración social y la rehabilitación de las mujeres, junto con la prestación de jurídica, médica, psicológica y lingüística. 
– Señora Presidenta, la explotación de mujeres y niñas a través de la prostitución forzada con motivo de grandes acontecimientos deportivos y en torno a los mismos constituye una de las lacras de nuestro tiempo. 
En una época en que la igualdad de mujeres y hombres, la libertad de pensamiento y los derechos humanos centran nuestra atención y nuestras ideas, considero un insulto que las fronteras abiertas de la Unión Europea libre y democrática brinden la oportunidad y ofrezcan cobijo a la delincuencia organizada en forma de prostitución forzada de mujeres y niñas. 
Las cifras con ocasión de la Copa del Mundo en Alemania parecen increíbles. 
Es imposible imaginar las cuarenta, cincuenta o cien mil mujeres y niñas de todo el mundo que invadirán de consuno el país europeo, mujeres y niñas que debido a su pobreza y a la incapacidad de la opinión pública mundial de abordar el problema, serán sacrificadas en el altar del sexo comercial como prostitutas. 
Señor Comisario, para combatir este fenómeno no basta con brindar asesoramiento o aprobar leyes nacionales. 
No basta con prevenir las graves enfermedades que suponen una amenaza para la salud a resultas del sexo comercial, apostando por la distribución gratuita de miles o millones de preservativos, como hemos visto en grandes acontecimientos deportivos. 
No debemos legalizar tácitamente la humillación de mujeres y niñas que, junto con la sociedad, son arrojadas a los leones del interés comercial a través de la prostitución abusiva. 
Quiero terminar, señor Comisario, recordando que durante su reciente visita a Atenas usted propuso que el 25 de marzo sea proclamado Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos. 
Quisiera pedirle que retrase la fecha un día, ya que el 25 de marzo es fiesta nacional en Grecia, una de las celebraciones más importantes de nuestra historia. 
Respetamos a las mujeres, pero también respetamos las fiestas nacionales. 
Gracias por adelantado. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
– La trata de seres humanos, o esclavitud como solíamos denominarla, abolida por el Imperio británico con el respaldo de la fuerza de la Armada Real, constituye ahora una triste realidad bajo el nuevo Imperio de Bruselas. 
Este comercio abominable se ve favorecido inconscientemente por un programa político gobernado por lesbianas andrófobas que no conocen ni entienden el mundo real. 
Si no se lo creen, entren en su sitio web y juzguen por sí mismos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0013/2006) del señor Hutchinson, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional (2004/2254 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de mi informe –las deslocalizaciones de empresas– es delicado, pero está de actualidad. 
En seguida me di cuenta de que tenía un lado delicado cuando presenté mi primer proyecto de informe en la Comisión de Desarrollo Regional. 
Pocas veces he asistido –aunque todavía soy un diputado joven al Parlamento Europeo− a un debate tan apasionado en comisión. 
No es menos cierto que a menudo el conocimiento surge de un choque de ideas y creo que hemos llegado a un texto equilibrado, que enuncia varias ideas interesantes y que nos permite desmitificar, aclarar y entender mejor los complejos mecanismos de un auténtico problema social. 
Aprovecharé también el tiempo de que dispongo para dar las gracias a los ponentes alternativos y a todos los colegas que han ayudado a elaborar este informe. 
Señorías, en esta Cámara somos muchos, quizás no esta tarde pero sí en general, los que hemos tenido ocasión de comprobar que las deslocalizaciones suelen tener consecuencias económicas importantes en las regiones afectadas. 
Pero una deslocalización significa también la pérdida de puestos de trabajo y una tragedia para las familias que son sus víctimas, y esto nos afecta a nosotros. 
Por otra parte, una constatación inicial que pude hacer durante la elaboración de este informe fue que el instrumental estadístico europeo en esta materia es débil. 
Pude comprobar asimismo que esta Cámara había abordado ya esta cuestión en otros informes. 
En una primera Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea, el Parlamento apuntaba al enorme peligro que representan las deslocalizaciones para el objetivo primordial de la política regional, es decir, la cohesión económica y social. 
Vino después la Resolución del pasado 6 de julio, presentada por nuestro colega, el señor Hatzidakis, sobre la reforma de los Fondos Estructurales. 
En esta ocasión, el Parlamento formuló varias propuestas relativas a las deslocalizaciones. 
Mi informe recoge, por supuesto, las ideas contenidas en las resoluciones anteriormente votadas por el Parlamento Europeo: he intentado reproducir los principios fundamentales de dichas resoluciones. 
Después de recordar que la política de desarrollo regional tiene por objeto favorecer el desarrollo de las regiones de la Unión Europea y que las ayudas estatales no deben servir para estimular la deslocalización de actividades económicas, el informe votado por la Comisión de Desarrollo Regional propone la adopción, tanto a escala comunitaria como nacional, de medidas encaminadas a prevenir las consecuencias negativas potenciales de las deslocalizaciones sobre el desarrollo económico, así como las tragedias sociales causadas por estas deslocalizaciones. 
En primer lugar, pedimos un instrumento que nos permita acceder a una información más precisa. 
Proponemos, pues, confiar al Observatorio de Dublín una misión de estudio, evaluación y seguimiento del fenómeno de las deslocalizaciones con el fin de objetivar sus incidencias desde el punto de vista económico y social y sobre la política de cohesión y desarrollo regional. 
Además de este instrumento, y a falta de una coordinación mejor de los sistemas sociales nacionales, la Comisión de Desarrollo Regional considera imperativo adoptar una estrategia europea global de prevención, gestión y seguimiento de las deslocalizaciones de empresas tanto dentro como fuera de la Unión. 
Les proponemos una serie de medidas que abordamos con criterios muy prácticos en el informe. 
En primer lugar, pedimos a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para evitar –creo que es un elemento esencial de este informe− que la política regional europea incentive a las empresas a deslocalizarse. 
En segundo lugar, apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a sancionar a las empresas que, habiendo recibido una ayuda de la Unión Europea, deslocalicen sus actividades en un plazo de siete años. 
Pedimos asimismo que en caso de inobservancia de las leyes nacionales e internacionales, esas mismas empresas no puedan obtener ayudas públicas para su nuevo lugar de producción. 
Pedimos a la Comisión que prevea medidas con respecto a las deslocalizaciones que califico de deslocalizaciones «inversas» , es decir, las que comportan un deterioro de las condiciones de trabajo sin que se desplace la actividad de la empresa. 
Consideramos que la concesión y el mantenimiento de ayudas públicas a las empresas deben supeditarse a unos compromisos precisos en materia de empleo y desarrollo local. 
Sugerimos a la Comisión que elabore un dispositivo que sancione con mayor severidad a las empresas que, habiendo obtenido una ayuda pública, deslocalicen total o parcialmente sus actividades y las trasladen al exterior de la Unión Europea. 
Pedimos asimismo a la Comisión que incluya cláusulas sociales en los tratados internacionales y que la aplicación de estas cláusulas venga respaldada por medidas positivas e incentivos para los países y empresas que cumplan esas cláusulas. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a crear un Fondo de Adaptación a la Globalización con vistas a prevenir y abordar las crisis económicas y sociales provocadas por reestructuraciones y deslocalizaciones. 
Por último, la Comisión de Desarrollo Regional considera que las consecuencias de numerosas deslocalizaciones deben hacernos reflexionar, de manera abierta y constructiva, sobre la creación de un auténtico espacio social europeo. 
A este respecto, estimamos que el diálogo social ha de desempeñar un papel fundamental en la prevención de las deslocalizaciones y el tratamiento de sus efectos. 
Señorías, en los últimos tiempos, como todos sabemos y se ha repetido hasta la saciedad, la Unión Europea atraviesa una crisis importante. 
Lo grave de esta crisis es, sin duda, la pérdida de confianza o el desinterés de los ciudadanos por este formidable proyecto que es la construcción europea. 
Ya sea a través de esta resolución sobre las deslocalizaciones o a través de otros textos, tenemos el deber, como diputados al Parlamento Europeo, elegidos por los ciudadanos de Europa, de escuchar esas preocupaciones. 
Pienso que el informe que hemos votado en comisión contiene aspectos interesantes sobre los que reflexionar en el futuro y que responde a las preguntas legítimas que formulan nuestros conciudadanos en esta materia. 
. 
Señor Presidente, quiero felicitar y dar las gracias al ponente, el señor Hutchinson, y a la Comisión de Desarrollo Regional por este excelente informe, que aborda un asunto delicado que ha sido objeto de muchos debates en los distintos Estados miembros durante los últimos meses. 
Sin subestimar lo delicado del asunto, quiero recordarles que el derecho a asentarse en cualquier lugar en la Comunidad es una libertad fundamental y piedra angular del mercado único. 
Es perjudicial favorecer o prohibir decisiones en materia de inversiones. 
La especialización y el cambio de ubicación de una actividad económica forman parte del desarrollo económico y son necesarios si buscamos el crecimiento y la creación de más y mejores puestos de trabajo. 
No obstante, la Comisión sabe perfectamente que las deslocalizaciones de empresas, como ha señalado antes el señor Hutchinson, y la pérdida de puestos de trabajos dentro de la Unión constituyen fenómenos muy preocupantes. 
Desde luego, no podemos intervenir en las decisiones de las empresas o grupos en el desempeño de su actividad; pero estamos resueltos a combatir las consecuencias sociales de tales decisiones. 
El objetivo de los Fondos Estructurales, tanto en el período de programación actual como en el próximo, es la creación de puestos de trabajo, el crecimiento y la continuidad del progreso económico. 
Son flexibles y perfectamente capaces de mitigar y limitar las dificultades creadas en las regiones y a los ciudadanos por la decisión de una empresa de cerrar y deslocalizar total o parcialmente sus actividad económica a otro Estado miembro o fuera de la Unión Europea. 
Tanto la normativa actual como la que será aprobada en el futuro, que todavía no está ultimada, prevén que cualquier empresa subvencionada con cargo a los Fondos Estructurales de la Unión Europea que realice una deslocalización en los cinco años a partir de haber recibido la subvención, deberá reembolsarla. 
Gracias a esta disposición, las empresas dejarán de recurrir a la caza de subvenciones. 
Para terminar, quiero asegurarles que la Comisión estudiará detenidamente cualquier propuesta concreta que pueda presentar el Parlamento en el marco de los debates sobre la futura normativa. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos somos conscientes de las terribles consecuencias de las deslocalizaciones de empresas en varios países de la UE, a saber, el incremento del paro, la pobreza y la marginación social. Además, frenan el desarrollo en amplias regiones, sobre todo en países con economías débiles como Portugal, donde predominan sectores «tradicionales» como el textil y el vestido, el calzado y la fabricación de cables. 
Las deslocalizaciones, según la opinión emitida por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, no solo afectan a estas industrias «tradicionales» , sino también a sectores de gran intensidad de capital, como la siderurgia, la aviación, la construcción mecánica y la fabricación de componentes electrónicos, por no hablar de grandes parcelas del sector de servicios, por ejemplo el desarrollo de software y los servicios financieros, logísticos y de información. 
Es una buena noticia que la Comisión de Desarrollo Regional, a través de su ponente, el señor Hutchinson, haya aceptado la mayoría de las opiniones expresadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre todo la inclusión en los tratados internacionales de cláusulas sociales basadas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando así que los países y las empresas se atengan a ellos, aunque personalmente no considero que tales medidas sean suficientes. 
Sin embargo, tal como manifestamos en el debate y la votación sobre la resolución del Parlamento de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas tras haber recibido ayuda financiera de la UE, la Comisión y los Estados miembros deben actuar para poner fin a este azote económico y social, que únicamente genera mayores beneficios para las multinacionales y los grupos económicos que no muestran ninguna responsabilidad social. 
Este debate tiene que producir resultados prácticos, en virtud de los cuales se salvaguarden los derechos de los trabajadores y los grupos económicos con un historial de deslocalizaciones y desempleo dejen de recibir ayuda en cualquier Estado miembro. 
La Comisión, junto con los Estados miembros, tiene que asumir de manera urgente las opiniones de los comités de empresa europeos, elaborar y publicar una lista negra de empresas y grupos económicos o financieros que hayan utilizado las deslocalizaciones con el propósito de aumentar sus beneficios y exigir la devolución de cualquier subvención concedida. Además, hay que fijar requisitos más estrictos en lo referente a la defensa de los puestos de trabajo y el desarrollo regional en los Reglamentos futuros sobre fondos comunitarios. 
. 
Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo Regional ha apoyado este informe por amplia mayoría. 
El ponente ha tenido que armonizar opiniones totalmente contrapuestas y merece nuestro agradecimiento. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos jamás ha respaldado la limitación de las libertades, como, en este caso, la libre circulación de capital. 
Nuestro compromiso ha estado basado en este principio y en el futuro también hemos de seguir negándonos a buscar soluciones a problemas locales en la limitación de las libertades. 
Por desgracia, ya hemos presenciado algún ejemplo alarmante de lo anterior, no hace mucho, en relación con la Directiva relativa a los servicios. 
El proteccionismo inducido por el egoísmo y el miedo siempre tendrá consecuencias indeseables. 
En los países donde se ha abierto el mercado laboral a los trabajadores de los nuevos Estados miembros se ha producido un aumento de la producción y los niveles de desempleo realmente han descendido. 
En otros ámbitos, algunas empresas se han trasladado a regiones con salarios más bajos. 
Las deslocalizaciones de las empresas generan mucha inquietud. 
Si los propietarios de las empresas solo se preocupan de las ganancias, tal vez logren incrementar sus niveles de beneficio, pero perjudicarían a otros. 
El aumento de los dividendos de los accionistas no es ningún consuelo para los empleados que han perdido su puesto de trabajo porque su empresa se ha trasladado al mundo en desarrollo o incluso a otra región de la Unión Europea. 
Por consiguiente, hemos de identificar los métodos adecuados para defender el bien común, pero me temo que no hay ley que pueda sustituir al sentimiento de responsabilidad mutua entre propietarios y empleados, en favor del bienestar de la otra parte. 
La relación entre propietario y trabajador únicamente tendrá un «rostro humano» si está basada no solo en consideraciones de tipo económico, sino también ético. 
Así pues, estoy seguro de que mientras buscamos nuevas vías y nuevas soluciones, tendremos que volver sobre el tema de las deslocalizaciones de empresas. 
– Señor Presidente, me complace que el ponente –tras lo que en principio eran notables diferencias de opinión en la comisión parlamentaria– haya logrado alcanzar un compromiso tan amplio en torno a este informe. 
Se trata de un compromiso que me parece muy aceptable. 
Primero, me parece interesante saber que muy pocas de las empresas que realizan deslocalizaciones obtienen realmente ayuda europea, es decir, ayuda con cargo a los ingresos fiscales europeos y, puesto que la cohesión y la política estructural se basan en la solidaridad con las regiones más vulnerables, no creo que nadie en esta Cámara pretenda ponerlas en peligro. 
Segundo, tiene que haber más transparencia en la lista de empresas que reciben según qué ayuda, a fin de dejar claro ante nuestro electorado lo que realmente hacemos en la Unión Europea y lo que subvencionamos. 
En cualquier caso, no defenderemos ningún tipo de «caza de subvenciones». 
Tercero, para el caso de que las deslocalizaciones causen la pérdida de puestos de trabajo, se precisa un instrumento para ayudar a los afectados, que es lo que podría ser el Fondo de Adaptación a la Globalización. 
. – Señor Presidente, Señorías, celebro ver que tras las largas horas de trabajo consagradas al informe de nuestro colega el señor Hutchinson, llegamos, como acaban de decir mis dos colegas diputados, si no a un pleno consenso, en todo caso a una convergencia en torno a la mayoría de elementos. 
Volviendo sobre el informe inicial y a la observación anterior, creo que hay que tener en cuenta, desde luego, qué fue lo que motivó al señor Hutchinson, es decir, la conmoción que supone una deslocalización para los trabajadores y la región a que afecta. En efecto, cualquier deslocalización de una amplia plantilla de personal constituye un verdadero trauma, tanto para los trabajadores como para la región. 
Como también ha dicho el ponente, no es admisible que algunos responsables de empresas utilicen el chantaje. 
Pero debemos constatar que, en una economía abierta, dentro mismo de nuestras regiones –porque en ocasiones las deslocalizaciones se producen dentro del mismo país–, hay diferencias de salarios, diferencias de competitividad técnica, que hacen que una empresa se pueda ver obligada a desplazar algunas de sus plantas de producción, al margen de si produce bienes o servicios. 
Por último, no olvidemos que con el Acta Única Europea de 1986 debemos facilitar la libre circulación de mercancías, personas y servicios en nuestros Estados. 
Antes de hablar de deslocalización, hay que plantearse la siguiente pregunta elemental: si una empresa que debe hacer frente a la competencia y prestar un servicio a sus clientes no se deslocaliza, ¿qué hace? 
No hablo de los estafadores. 
Hablo de cierto número de empresas que se han encontrado ante esta disyuntiva. 
El hecho es que algunas de ellas lo han resuelto perfectamente creando o desarrollando su departamento de Investigación y Desarrollo, creando nuevos mercados y logrando deslocalizar una parte de sus actividades. 
Por tanto, para concluir, quisiera resaltar la importancia de que los fondos de la Unión Europea no se utilicen indebidamente, como ha dicho la señora Krehl, para apoyar las deslocalizaciones; al contrario, debemos utilizar los fondos disponibles para apoyar a los trabajadores y las regiones que se hallan en dificultad cuando se producen tales deslocalizaciones. 
– Señor Presidente, la caza de subvenciones es un juego de extorsión muy popular en la Unión Europea y no cabe duda de que es el contribuyente quien paga la factura. 
Este juego no se viene practicando únicamente desde la adhesión de los diez nuevos Estados miembros; al contrario, tan pronto como se adhirió Suecia, una empresa se trasladó de Bremen a la nueva región sueca del «Objetivo 2» , justo después de haber recibido una subvención. 
El efecto de ello fue la imposibilidad de aplicar medidas públicas contra el paro en Bremen. 
Este ejemplo ilustra lo que está en juego. 
No se trata de restringir la libertad de establecimiento, sino de la necesidad de que las empresas que reciban fondos públicos se comprometan a crear puestos de trabajo en la región, así como de regularlo formalmente. 
La Comisión ha propuesto un período de cinco años, plazo que considero insuficiente. 
No pasa de ser meramente simbólico y es del todo ineficaz. 
A la vista del hecho de que las inversiones de las empresas están subvencionadas hasta un 50 % con cargo a los fondos públicos, este período tiene que ser más prolongado, por lo menos de siete años, que es lo que había propuesto la Comisión anterior. 
Cinco años suponen una reducción considerable; incluso un período de siete años es bastante corto en este caso. 
Si realmente queremos poner coto a la caza de subvenciones, necesitamos el período más prolongado. 
Creo que el informe del señor Hutchinson aborda cuestiones esenciales y esta es una de las importantes. 
Lo que espero de la Comisión es que reconsidere este plazo de cinco años, que, dado el importe de las subvenciones, distorsiona la competencia; que incorpore el período de cinco años, tal como ha recomendado esta Cámara, en su Reglamento sobre subvenciones y, además, que controle más de cerca a las empresas que practican este tipo de caza de subvenciones y las incluya en una lista negra, en la forma propuesta por el ponente. 
, Justo hace tres años, a raíz de una larga lucha por parte de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y la viabilidad de empresas como CG [amp] Clark en Portugal, el Parlamento aprobó una resolución el 13 de marzo de 2003 con una serie de recomendaciones sobre el cierre de empresas que han recibido ayudas económicas de la UE. 
Han transcurrido tres años y ¿qué ha hecho la Comisión para poner en práctica dichas recomendaciones? 
¿Qué ha hecho para supeditar la ayuda comunitaria a acuerdos de larga duración sobre empleo y desarrollo local? 
¿Ha publicado la Comisión el listado de incumplimientos de contrato por parte de las empresas que han realizado deslocalizaciones y se han beneficiado, directa o indirectamente, del dinero público? 
¿Cuántas veces ha negado la Comisión la concesión de ayuda comunitaria a empresas que han incumplido los contratos que habían firmado, o les ha exigido el reembolso de tal ayuda? 
¿Qué medidas prácticas ha adoptado para apoyar a los trabajadores y la recuperación económica en regiones afectadas por las deslocalizaciones? 
¿Ha confeccionado la Comisión el código de conducta propuesto para evitar las deslocalizaciones de empresas? 
La respuesta a estos interrogantes aparece de manera clara en el informe que tenemos delante, el cual, al cabo de tres años, se limita a enumerar las mismas recomendaciones a la Comisión. Para las empresas, las deslocalizaciones suelen ser una inversión. 
A base de los distintos incentivos y ayudas públicas y de la explotación de una mano de obra barata y desprovista de sus derechos, la empresa busca obtener el máximo beneficio en un breve plazo de tiempo. Eso es así hasta que encuentra una ubicación más rentable a la que trasladarse, incumpliendo así todos sus compromisos adquiridos e ignorando el tremendo daño social y económico que deja tras de sí. 
Las deslocalizaciones de empresas es una especie de chantaje constante que se cierne sobre los trabajadores, una forma de presión para reducir los salarios, incrementar la jornada laboral, aumentar la flexibilidad de los mercados laborales y recortar los derechos de los trabajadores. 
Por tanto, proponemos la aprobación de un marco jurídico que permita combatir la deslocalización de las empresas, de manera que dentro de tres años no tengamos que volver a celebrar el mismo debate. 
. Señor Presidente, quiero centrarme en el concepto de la ayuda estatal directa como herramienta de desarrollo regional, a la que el señor Hutchinson alude en su informe. 
Se trata de un concepto relacionado muy estrechamente con la idea de los Fondos Estructurales y la cohesión regional, y mi país, el Reino Unido, está pagando un precio muy elevado dentro de la UE por culpa de todo ello. 
El ponente ha abogado a favor de que aquellas empresas que, habiendo recibido ayuda pública, luego hubieran deslocalizado sus actividades dentro de la UE, quedaran vetadas para recibir ayuda estatal o Fondos Estructurales durante siete años. 
Pero, ¿qué ocurre con empresas respetables que han solicitado ayuda estatal con todas las de la ley, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno británico debido a retrasos imputables a la Comisión en la concesión de la luz verde, y luego han deslocalizado sus actividades a otra parte de la UE, lo cual se ajusta mejor a la idea de Bruselas sobre la cohesión y está, por tanto, completamente libre de las mismas obstrucciones? 
En 2002, Peugeot solicitó a la Comisión Europea que aprobara un paquete de ayuda estatal para fabricar el nuevo modelo 207 en Ryton, en los West Midlands ingleses. 
Más de dos años después, sin que hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Comisión, Peugeot desistió y anunció que el 207 se fabricaría en Francia y en Eslovaquia. 
Indudablemente, Bruselas lo conceptuó como una misión económica cumplida. 
Una vez que cese la fabricación del modelo 206 –que se ha fabricado tan satisfactoriamente y de forma tan competitiva hasta ahora–, si esta fábrica cierra después de tantos años de producción bajo diferentes propietarios, supongo que cabría calificarlo de una cierta forma de deslocalización; pero en absoluto es culpa de Peugeot. 
En su lugar, tal vez debería prohibirse durante siete años a la Comisión a que se pronuncie sobre la ayuda estatal y que regule en exceso el sector empresarial. 
Eso se acogería con aplausos en los West Midlands ingleses, donde los trabajadores cualificados están sufriendo por culpa de la política económica de la UE. 
Y para seguir hurgando en las heridas de sus trabajadores, ahora nos enteramos de que Peugeot ha alcanzado un acuerdo con Kia Motors para fabricar el 206 en Indonesia, junto con la noticia no confirmada de que el 207 también será construido allí. 
Nada podría ilustrar mejor el analfabetismo de la economía de la UE. 
Si queremos aumentar el empleo, deberíamos encontrar el equilibrio correcto entre reglamentación y flexibilidad para las empresas. 
Un exceso de reglamentación crea puestos de trabajo artificiales, que carecen de justificación económica. 
. – Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. 
Subraya la importancia de la política de cohesión de la UE para reducir las disparidades en las regiones más pobres. 
Yo procedo de un país que se ha beneficiado de los Fondos Estructurales de la UE. 
Por tanto, aplaudo este informe desde la óptica irlandesa, pero principalmente por bien de mi región de origen, la parte occidental y noroccidental de Irlanda. 
Al ser una región eminentemente rural –el 70 % de la población vive en zonas rurales–, es más vulnerable que la mayoría a los efectos de la deslocalización. 
Europa tiene que proteger a regiones como la parte occidental y noroccidental de Irlanda, sobre todo en lo concerniente al modelo de asentamiento, que solo puede sostenerse mediante un desarrollo regional equilibrado. 
Europa tiene que insistir en que se corrijan las deficiencias de infraestructura, sobre todo en ámbitos como el transporte, la energía y la comunicación moderna de banda ancha. 
Estas carencias frenan la competitividad regional. 
A este respecto, aplaudo sinceramente que la semana pasada la Comisión Europea haya aprobado la decisión del Gobierno irlandés de invertir 170 millones de euros en la ampliación de la red de banda ancha a más de 70 ciudades en todo el país. 
Las medidas de esta índole refuerzan la competitividad de las regiones, atraen la inversión ambulante y es de esperar que contrarresten las tendencias de las empresas a instalarse en localidades que ya están congestionadas. 
Constituye la defensa más rotunda contra las deslocalización y a favor del fortalecimiento de las regiones que precisan sobremanera esa ayuda. 
– Señor Presidente, evidentemente no deseo que el dinero de los contribuyentes de la UE sirva para subvencionar el desarrollo de empresas que se trasladan fuera de la UE o no se atienen a las reglas del juego. 
Sin embargo, rechazo totalmente este informe, ya que considero que imponer una moratoria de siete años a las empresas, durante la que no pueden trasladar sus actividades, refleja una concepción profundamente errónea de la economía mundial. 
Del mismo modo, no logro entender por qué no se va a permitir que una empresa radicada en la UE se traslade a otro territorio, cuando los porcentajes de ayuda estatal concedida por los distintos Estados miembros compiten entre sí. 
Una moratoria sobre el traslado de las empresas no va a garantizar la protección del empleo sostenible; solo conseguirá lastrar un sistema de empleo ya de por sí inflexible y que soporta una elevada carga fiscal con una falta de movilidad acrecentada. 
Eso originará un aumento de la burocracia inútil y la expansión de la estrategia absurda de luchar contra las deslocalizaciones de las empresas. 
Los funcionarios libran una batalla infructuosa contra molinos de viento con el dinero de los contribuyentes de la UE. 
En otras palabras, el capital siempre va a donde es más valorado y no obedecerá las instrucciones dictadas por el Parlamento o la Comisión. 
Señor Presidente, es evidente que el Parlamento Europeo no plantea en el informe Hutchinson prohibir a las empresas que se trasladen a otros países. 
Eso sería restrictivo y antidemocrático. 
Nosotros, al menos el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sabemos que una empresa tiene que ser competitiva para sobrevivir y los diferentes Estados miembros tendrán que contar con un entorno fiscal y económico global que atraiga las inversiones. 
Sin embargo, no es bueno que la Unión Europea fomente la deslocalización constante de las empresas con recursos tomados del presupuesto europeo. 
Esa es la razón por la que el informe Hutchinson propone, una vez más, la aplicación de sanciones a las empresas que hayan recibido ayuda financiera de la Unión Europea y procedan a la deslocalización de sus actividades en el plazo de siete años desde la concesión de la subvención. 
Propone asimismo que las empresas que hayan recibido ayuda estatal, sobre todo aquellas que no hayan cumplido todas las obligaciones inherentes a dicha ayuda, no puedan optar a una subvención pública para su nueva ubicación y deban quedar vetadas para recibir ayudas futuras con cargo a los Fondos Estructurales. 
El informe Hutchinson también señala que debemos ser todavía más severos con las empresas que se trasladen afuera de la Unión Europea. 
Creo que las propuestas del Parlamento Europeo son realistas y responden de manera equilibrada a un problema real. 
Deseo igualmente subrayar la propuesta formulada en el informe Hutchinson con respecto al Fondo de Adaptación a la Globalización. 
Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea y creemos que el Fondo de Adaptación a la Globalización será pronto una realidad para atajar las consecuencias negativas de esta moderna situación que ofrece oportunidades a todo el mundo, pero que también entraña riesgos que han de afrontarse de manera eficaz. 
Señor Presidente, antes parecía que muchos intentaban usar este debate para crear una nueva línea divisoria entre los antiguos y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
Nuestra tarea consiste en establecer normativas que permitan garantizar una Europa mejor, más segura y más amplia en cada Estado miembro y para cada uno de los ciudadanos. 
Si la normativa no es buena, existe la posibilidad de que la política de cohesión, basada en la solidaridad y uno de nuestros máximos valores fundamentales, acuda en ayuda de las regiones más subdesarrolladas, pero puede generar incertidumbre y vulnerabilidad en otras. 
El autor del informe ha tenido la difícil misión de garantizar que la cuestión de las deslocalizaciones de empresas no se convirtiera en una divisoria adicional entre Este y Oeste, sino un paso más en dirección a la unificación de Europa. 
El trabajo del ponente se ha traducido en propuestas más equilibradas, que en su mayoría permiten garantizar la consecución de los objetivos de la política regional y refuerzan la seguridad social y económica de los trabajadores en los 25 Estados miembros. 
Mi enhorabuena al ponente. 
– Señor Presidente, Señorías, también yo quiero felicitar al señor Hutchinson por el óptimo trabajo realizado: es evidente la necesidad de aplicar políticas eficaces para frenar los fenómenos de dúmping fiscal entre los diversos Estados miembros. 
Sin embargo, la decisión de deslocalizar la producción dentro de la Unión, si está motivada por la mayor competitividad de un territorio respecto de otro, puede aportar beneficios a la economía europea en su conjunto. 
Distinto y preocupante es en cambio el fenómeno de las deslocalizaciones fuera de la Unión Europea, debidas por lo general a normativas laborales un tanto permisivas en muchos terceros países. 
Está claro que el modelo social europeo es costoso y la primera que lo paga es la competitividad de nuestras empresas, pero no por ello podemos aceptar compromisos de rebaja. 
Es necesario, ante todo, incentivar la producción europea en términos de calidad y especialización. 
En segundo lugar hay que introducir medidas encaminadas a mitigar los costes sociales de las deslocalizaciones con intervenciones a favor de la formación y la reconversión de los trabajadores en las regiones afectadas por reestructuraciones. 
Ya abordamos un tema de este tipo en el pasado, cuando este Parlamento debatió la crisis del acero, con especial referencia al caso de Thyssen Krupp en Terni, Italia. 
Estoy de acuerdo con la aplicación de sanciones severas a las empresas beneficiarias de ayudas públicas, europeas o nacionales, que decidan deslocalizar parte de su producción fuera de la Unión. 
Esto es todo lo que quería decir, señor Presidente, solo quisiera retomar la propuesta de crear una marca europea para los bienes producidos en su totalidad en el territorio de la Unión: a mi entender, representaría un importante incentivo para producir dentro de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, la Comisaria Hübner afirmó el mes pasado en el transcurso de una entrevista con un periódico económico francés que tenemos que facilitar la deslocalización dentro de la Unión Europea. 
Para la Comisaria, este es uno de los principios fundamentales del mercado interior y la aplicación de leyes artificiales concebidas para limitarlo tendría consecuencias negativas para la competitividad de las empresas comunitarias. 
No obstante, si la Comisión Europea quiere desarrollar una economía europea competitiva, sería una buena idea garantizar que no destruya de paso el modelo social europeo, que no acabe con los derechos de los trabajadores y que, al menos, no genere un entorno que aliente a las empresas a abusar de ellos. 
Una economía europea competitiva no constituye una perspectiva desarrollo perjudicial para los trabajadores europeos, pero el medio para lograr este objetivo y la filosofía de planificación no han hecho, desde luego, sino causar problemas a los trabajadores. 
El informe Hutchinson constituye indudablemente un avance positivo. 
Aplaudo y apoyo el informe, dado que estoy de acuerdo con la mayor parte del mismo, pero me gustaría apostillar que es uno de los pocos informes que conozco de un diputado socialista al Parlamento Europeo en los últimos tiempos que, por fin, parece haber sido redactado por un auténtico socialista. 
Señor Presidente, al intervenir en este debate quiero llamar la atención de la Cámara sobre dos temas importantes. 
La deslocalización, el hecho de trasladar la actividad económica a otra parte, es un proceso económico objetivo. 
Es la consecuencia de la necesidad de responder a una competencia cada más feroz que va de la mano de la necesidad de reducir los costes de fabricación. 
Es cierto que la deslocalización se traduce en pérdidas de puestos de trabajo en determinados países, pero solo a corto plazo. 
Las investigaciones han demostrado que a la larga después de una deslocalización se crean más puestos de trabajo. 
Un estudio realizado entre 600 empresas alemanas por McKenzie, una sociedad de consultoría, confirma que el traslado de puestos de trabajo a Europa Oriental fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo en Alemania. 
Para el 40 % de las empresas estudiadas, la creación de un puesto de trabajo en otro lugar daba pie a la creación de tres nuevos puestos en Alemania al mismo tiempo. 
Lo mismo es válido en el caso de las empresas británicas y francesas que invierten en el extranjero. 
Así las cosas, carece de sentido erigir barreras administrativas e imponer sanciones económicas a las empresas que deseen realizar deslocalizaciones o a las autoridades locales que faciliten ayuda pública para atraer a los inversores. 
Así pues, voy a votar en contra del informe Hutchinson. 
– Señor Presidente, como representante elegido de la región francesa de Nord-Pas de Calais, cuyas industrias, en especial las textiles, pierden cada año miles de puestos de trabajo, apruebo, por supuesto, la propuesta de exigir el reembolso de las ayudas europeas concedidas a las empresas que deslocalicen sus fábricas. 
Es una propuesta económica y social de sentido común, que el Frente Nacional había formulado con ocasión de las elecciones regionales de 2004 en relación con las subvenciones concedidas por los consejos regionales. 
Sin embargo, esta medida, indispensable, es igual de insuficiente que la creación, el pasado 1 de marzo, de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 
En este asunto, la Comisión Europea no hace otra cosa que reparar con una mano, ostensiblemente social, el mal que hace su otra mano, ultraliberal. 
Las deslocalizaciones no son una fatalidad, sino la consecuencia de la ideología comercial de la Unión Europea, que, al destruir las fronteras económicas, expone nuestras empresas a la competencia de grupos cuyos costes laborales son extremadamente bajos. 
Y este dúmping social se ejerce en beneficio de países extraeuropeos, pero también dentro mismo de Europa. 
Así, son muchas las directivas europeas que favorecen de hecho las deslocalizaciones entre Estados miembros y una presión a la baja sobre la legislación social. 
Para preservar nuestros empleos y nuestro modo de vida, tendremos que restablecer las fronteras comerciales e instaurar un IVA social sobre los productos de importación. 
Llegará un día en que habrá que elegir entre el restablecimiento de una política de protección nacional y europea y la política de integrismo liberal, que conduce al declive social generalizado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es sabido que el Tratado de la Comunidad Europea consagraba la libre circulación de personas, mercancías y capital dentro de la UE, y por tanto resulta prácticamente imposible propugnar la prohibición total de la libre elección de establecimiento, ya que eso perjudicaría a las empresas europeas al inmovilizarlas. 
Lo que es preciso, sin embargo, es establecer disposiciones de acompañamiento sobre los principios de libre circulación, que debe permanecer dentro del marco de la política de cohesión, y las reformas de los Fondos Estructurales y de la legislación sobre subvenciones se presentan como una oportunidad para hacerlo. 
Eso significa que urge que la Comisión garantice, a la hora de asignar las subvenciones y las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales, que la concesión de tales ayudas esté supeditada a garantías de permanencia y empleo a medio plazo. 
No cabe duda de que Europa tiene abordar efectivamente esta cuestión. 
Lo que deja bien claro el informe Hutchinson –aunque no sin haber mantenido un vivo debate en el seno de la comisión– es que las empresas que reciban ayuda están obligadas a poner en práctica la política de cohesión económica, social y territorial. 
Dicho claramente, eso significa que la forma coherente de poner en práctica la propuesta planteada por la Comisión con referencia a los Fondos Estructurales consiste en especificar que las empresas que no cumplan las condiciones anexas a la ayuda pública deben estar obligadas a reembolsarla, pero sin poder percibir bajo ningún concepto subvenciones públicas para la nueva ubicación, y deben quedar excluidas de las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales o en forma de ayuda estatal durante un período de cinco años por lo menos –aunque serían preferibles siete– a contar desde la fecha de la deslocalización. 
Este informe pretende subrayar la necesidad de dar cuantos pasos sean necesarios para evitar el ofrecimiento de incentivos, dentro del contexto de la política regional europea, a las deslocalizaciones de empresas que se traduzcan en pérdidas de empleo. 
El informe del señor Hutchinson, en su versión actual, es imparcial y merece ser apoyado. 
Señor Presidente, presionado por el «no» francés y neerlandés a la Constitución, el Parlamento se ocupa, al fin, de las deslocalizaciones. 
No puedo sino aprobar las medidas propuestas. 
Es urgente aplicarlas, ya que cada día que pasa es sinónimo de destrucción de miles de puestos de trabajo. 
Lamento que en este terreno solo hayamos llegado a prestar apoyo a pequeñas dosis cuando haría falta un remedio drástico. 
Pero la relativa timidez del informe ilustra la gran contradicción que atraviesa la política económica de la Unión: la competencia nunca puede ser a la vez totalmente libre y no distorsionada. 
Las empresas utilizan el chantaje de la deslocalización para obligar a los trabajadores a aceptar unas condiciones sociales inferiores a las legales en su país. 
Este chantaje social va acompañado de un chantaje fiscal. 
La amenaza de la deslocalización se esgrime sistemáticamente para obtener desgravaciones fiscales. 
Combatir eficazmente las deslocalizaciones exige una armonización europea, rápida y al alza, de la fiscalidad y la legislación social. 
Además, hay que acabar con la independencia del Banco Central Europeo, que siempre favorece los intereses de los préstamos públicos en detrimento de los del mercado de trabajo. 
Señor Presidente, Polonia apoya la deslocalización de empresas dentro de la Unión Europea. 
A nuestro juicio, sancionar a las empresas que hayan transferido sus actividades con la prohibición de recibir ayuda de la UE durante un período de siete años resulta excesivamente restrictivo e injustificable. 
Es difícil comprender por qué hay que impedir a las empresas de la UE que reaccionen a las necesidades del mercado, cuando eso beneficia tanto a los consumidores como a los productores. 
Nos oponemos a la elaboración de listas especiales de empresas que hayan realizado deslocalizaciones, ya que eso es contrario a los principios fundamentales de la UE. 
Llamamos a todos diputados a esta Cámara a que rechacen unas disposiciones tan injustas. 
Constituyen una infracción de los principios del mercado libre y resultan especialmente perjudiciales para los nuevos Estados miembros. 
– Señor Presidente, la deslocalización de la industria hacia economías de salarios más bajos acarrea dificultades económicas y sociales, que provocan la división, en lugar de la unión, de las regiones de Europa. 
Dentro de la UE, desde luego, es una consecuencia, en parte, de la libertad de movimientos garantizada por el Tratado CE y se ha convertido en una cuestión crucial debido a la exagerada velocidad y magnitud de la ampliación. 
Con la dedicación de los Fondos de Cohesión a los nuevos Estados miembros, la situación no hará sino a empeorar. 
Esto va a acarrear carencias de desarrollo en otras regiones europeas. 
Así pues, la política que favorece la deslocalización perjudica la cohesión social. 
Lo que urge es una política más firme para denegar los fondos de la UE y una instancia para recuperarlos en los casos de las empresas que procedan a deslocalizar sus actividades a otro Estado miembro. 
Cinco años es un período demasiado breve. 
No tiene ningún sentido quitarles los puestos de trabajo a los antiguos Estados miembros para favorecer el desarrollo de los nuevos. 
Los fondos de la UE no deberían intervenir para nada en esto, como tampoco deberíamos dar facilidades a las empresas para que percibieran subvenciones y luego levantar el vuelo. 
– Señor Presidente, Señorías, la razón por la que estamos tratando el tema de las deslocalizaciones es el comprensible intento de equilibrar, por un lado, el impacto de las leyes del mercado interior con el apoyo a la política de cohesión, por otro, y garantizar la igualdad de condiciones para las regiones de Europa. 
Pero no olvidemos que no tendríamos que preocuparnos por este problema si se respetaran todos los principios de la UE, incluida la libre circulación de servicios y trabajadores. 
El hecho de que hoy en día básicamente solo sea posible la libre circulación de mercancías y capital favorece, en mayor o menor medida, la deslocalización de la producción a zonas donde los costes son más bajos. 
En efecto, la ayuda regional no tiene que distorsionar las reglas del mercado interior y la política regional europea no tiene que alentar la deslocalización de empresas. 
Pero ahí es donde debería terminar la intervención de la UE en la economía de la UE. 
No acepto la idea de proteger a empresas y trabajadores carentes de flexibilidad. 
A mi juicio, impedir las deslocalizaciones de empresas representa una violación de la libertad de circulación, que es una de las libertades básicas de la Comunidad Europea. 
Estoy en desacuerdo con la señora Schroedter por principio y considero que un plazo de cinco años para mantener las actividades subvencionadas con cargo a los Fondos Estructurales es un período suficientemente prolongado y que no existe razón alguna para alargarlo. 
Este plazo debería estar ligado al propósito de la inversión para el que se han destinado los recursos y no debería superar la duración real del proyecto y su alcance. 
Es un error impedir a los empresarios que se desplacen a donde puedan contar con una mano de obra más económica, mejor formada y quizá de mayor calidad. 
Tampoco es posible impedir que los Gobiernos nacionales traten de atraer la inversión extranjera, como tampoco lo es dictar a los Estados miembros cuántos impuestos directos deba recaudar. 
Señorías, intentar detener esta tendencia se traducirá en indolencia y despilfarro en la economía de la UE. 
Está en juego el mercado libre y los principios del mismo se diluirían por culpa de una normativa más restrictiva con respecto a las deslocalizaciones de empresas. 
Por lo que se refiere a estas últimas, a mi juicio deberíamos centrarnos en las deslocalizaciones al exterior de la UE, que son las que constituyen una auténtica pesadilla. 
– Señor Presidente, cada vez son más los empresarios que se sienten tentados a desplazarse al este ante la perspectiva de bajos costes salariales y aparentemente mejores condiciones de producción, y dado que una deslocalización de este tipo cuesta una gran cantidad de dinero, resulta comprensible que quieran que tal decisión conlleve subvenciones por parte de la UE. 
Hasta la fecha, esto ha afectado sobre todo a los sectores que son intensivos en mano de obra y precisan de poca tecnología. 
Actualmente existen indicios de una creciente tendencia por parte de la investigación y la tecnología a hacer lo mismo, así que ahora no podemos hacer oídos sordos a las alarmas que se han disparado. 
Hasta al más optimista de nosotros se le ha tenido que ocurrir que a las multinacionales no les preocupa si esquilman el medio ambiente, si provocan la quiebra de pequeñas y medianas empresa o si van dejando una estela de paro masivo. 
Los fondos de la UE y la ayuda nacional no pueden contribuir a cambiar esta realidad más que las garantías de permanencia de siete años, que no tienen más valor que el papel sobre el que están escritas. 
Ya no se trata de si los Estados miembros deben ser solidarios o competir entre ellos. 
Lo que ahora está en juego es la mera supervivencia de nuestra economía europea, que no solo está constituida por grandes empresas, cuyas diferentes deslocalizaciones se supone que tenemos que subvencionar, sino también por pequeñas y medianas empresas que están igualmente necesitadas de promoción y apoyo y que llevan esperándolos demasiado tiempo. 
Señor Presidente, el texto de la resolución sobre la que vamos a votar ha sido objeto de difíciles concesiones y compromisos. 
No obstante, en el curso de este debate quiero destacar ante esta Cámara algunas cuestiones importantes. 
En primer lugar, el texto señala con razón el peligro de que los fondos europeos se utilicen de forma indebida si se emplean para trasladar la producción, cuando dichos fondos están vinculados a zonas de intervención estructural en una región concreta. 
Por ello, los fondos están vinculados en cierto sentido a esa región. 
En segundo lugar, el texto es de carácter intervencionista y se reduce a una serie de propuestas preventivas o represivas. 
En tercer lugar, en este texto la deslocalización es percibida como una amenaza real, aunque solo hace referencia a consecuencias potencialmente negativas. 
Tan solo en la parte inicial de la resolución se indica que la deslocalización puede tener muchos motivos y que estos pueden tener algo que ver con la eficiencia y la rentabilidad. 
A partir de ahí solo se habla de mecanismos negativos. 
El texto menciona brevemente la diferencia entre la deslocalización interna y la deslocalización externa, y no presta suficiente atención al fomento de mecanismos positivos que permitan estimular la permanencia de los inversores en la UE. 
Asimismo, el texto no distingue entre pequeñas y grandes empresas en las diversas categorías, como se hace para las ayudas públicas. 
En el futuro, los textos de este tipo deberían ir acompañados de análisis económicos pormenorizados en los que se destaquen las condiciones económicas y la duración del ciclo de producción. 
– Señor Presidente, el fenómeno de las deslocalizaciones preocupa a toda la Unión Europea, pero en especial en los antiguos Estados miembros. 
Por consiguiente, este informe es muy oportuno y rindo homenaje por mi parte a la labor del ponente así como a las mejoras introducidas por la Comisión de Desarrollo Regional. 
Ahora disponemos de un texto equilibrado. Puede reforzar verdaderamente las medidas encaminadas a luchar contra las deslocalizaciones y prevenir los efectos negativos que pueden tener. 
Por mi parte, quisiera insistir en un punto concreto, y evidentemente estamos hablando ahora de desarrollo regional: el informe destaca la importancia de un buen uso de los Fondos Estructurales para prevenir el riesgo de deslocalizaciones a corto, medio y largo plazo. 
Se trata principalmente de las ayudas directas concedidas a los sectores económicos que hay que apoyar, pero sabemos que un factor esencial de riesgo de deslocalización reside en el aislamiento y en las dificultades de acceso a las unidades de producción. 
Es importante, pues, que la nueva generación de Fondos Estructurales destinados a la competitividad y el empleo incluya entre sus prioridades la mejora de los accesos de las regiones que tienen importantes desventajas en este aspecto. 
Sería la mejor garantía de continuidad de la actividad económica en estas regiones. 
Por mi parte, espero que la Comisión, además de prestar atención a las peticiones y recomendaciones contenidas en el informe, asuma igualmente este ruego concreto, que lo más probablemente se repetirá cuando se elaboren los nuevos programas de desarrollo regional. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar algunas críticas al informe que se nos ha presentado sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. 
A lo largo de toda su historia, Europa ha conocido muy de cerca el fenómeno de las deslocalizaciones de empresas. 
Lo observamos ahora y sin duda volverá a ocurrir en el futuro. 
En pocas palabras, las personas y las sociedades buscan el lugar óptimo para realizar sus ideas, servicios y productos y nunca hubo, ni hay ni habrá nada malo en ello. 
De hecho se trata de la expresión de un comportamiento racional arraigado en la base de la civilización europea. 
La lucha contra la racionalidad económica es la vía a la pobreza europea. 
Desde sus inicios, la UE se ha construido dejando espacio para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital, y dicho espacio incluye a las empresas europeas. 
Gracias a esa política de liberalización, los países de Europa Occidental han alcanzado un nivel de vida muy alto; no mediante el cierre de sus mercados, sino precisamente gracias a su apertura. 
Este informe propone exactamente lo contrario, a saber, una política basada en nuevos obstáculos a la circulación de capital, y eso no puedo aceptarlo de ninguna de las maneras. 
El problema de las ayudas europeas frente a la libre circulación de capital dentro de la UE existe realmente. 
Sin embargo, su solución no consiste en endurecer las condiciones para conceder ayudas a las empresas o en vincular las ayudas al lugar en que opera la empresa. 
Lo que realmente necesitamos es suprimir definitivamente las ayudas europeas a las empresas. 
Esa inversión carece de justificación económica y solo conduce a la distorsión del mercado europeo. 
Si la Comisión estima que la «deslocalización» provoca problemas, debería prestar mucha más atención a la mejora de las condiciones para los empresarios y las empresas. 
Debería considerar detenidamente si las empresas no abandonan Europa debido al exceso de regulación de la propia Comisión. 
En mi opinión, es esto lo que está sucediendo en estos momentos. 
La carga legislativa comunitaria es demasiado pesada y debería reducirse lo antes posible. 
Entonces veremos que un sinfín de empresas se establecerán en la UE y que aumentará el empleo. 
– Señor Presidente, Señorías, las condiciones en que se desarrolla la política estructural europea están experimentando grandes cambios; la globalización acelera los cambios estructurales y las empresas deben hacer frente a una creciente competencia. 
A medida que continúa el avance triunfal de la economía de mercado mundial, aumenta el abanico de posibles lugares de producción. 
La consecuencia lógica de este fenómeno es que las ubicaciones cambian cada vez más rápidamente, y entonces actúa la industria, estableciendo nuevas plantas para abrir nuevos mercados en los que poder vender sus productos, y respondiendo a la presión de los costes que la obliga a trasladarse a países en los que estos son más bajos, no solo dentro de la Unión Europea, sino también a Asia o a Ucrania. 
Estas deslocalizaciones de empresas son reales; son un signo externo normal del cambio estructural, y la UE no debe poner trabas legales en su camino. 
No obstante, lo que está igualmente claro es que no podemos subvencionar cosas decididas hace mucho tiempo en el marco de una política empresarial. 
Ningún empresario se trasladará a otra ubicación tan solo para recibir una simple subvención, sino que lo hará únicamente si las condiciones a largo plazo en la nueva ubicación le convienen, y por eso dichas subvenciones a la deslocalización tienen efectos de arrastre, que son precisamente los que tenemos que evitar en el futuro, ya que los Fondos Estructurales europeos son demasiado valiosos para eso. 
Existe otro argumento en contra de las ayudas a la deslocalización de empresas. 
La gente no acepta mejor la idea de Europa si los trabajadores de la localidad que ha abandonado una empresa ven cómo se utilizan sus impuestos para que sus puestos de trabajo se vayan a otra parte. 
Nos parece lamentable que tanto la Comisión como los socialdemócratas alemanes nieguen que se siguen concediendo ayudas de este tipo a la deslocalización. 
Sin duda es cierto que las ayudas regionales europeas incentivan estos efectos de arrastre innecesarios. 
La razón de que se conozcan tan pocos ejemplos de ellos es que el umbral para su notificación se ha fijado en un nivel demasiado alto. 
Por ello pedimos a la Comisión que finalmente se tome en serio las propuestas de esta Cámara y del Consejo de Ministros. 
Lo que exigimos es un Reglamento, un acto legislativo directamente aplicable, que impida de una vez por todas que los fondos europeos se desperdicien de forma tan inútil. 
. 
Señor Presidente, doy las gracias a usted y a los diputados al Parlamento Europeo por sus intervenciones tan positivas. 
La Comisión Europea reconoce que el problema de la deslocalización y la correspondiente pérdida de puestos de trabajo constituyen un problema muy preocupante. 
La Comisión, de común acuerdo con los Estados miembros, dejó claro en el último Consejo Europeo de Hampton Court que la protección social y de los derechos de los trabajadores es parte integrante de los valores europeos. 
En un entorno globalizado, cada empresa adopta con plena independencia la decisión final respecto a la localización o deslocalización de sus actividades. 
Esta decisión viene determinada por numerosos factores. 
Por ejemplo, de acuerdo con la información de que disponemos, al parecer un factor decisivo es a menudo la existencia de mano de obra especializada, la posibilidad de acceder a diversas infraestructuras y la complejidad de las formalidades administrativas y burocráticas. 
El buen funcionamiento del mercado interior permite que las empresas adapten sus procesos de producción a las oportunidades que se presentan en cada ocasión. 
Este aspecto dinámico del mercado interno reporta ventajas a largo plazo para todas las regiones. 
Como ya he señalado en mi introducción, la Comisión ha propuesto y aplicado medidas encaminadas a limitar el uso de los Fondos Estructurales para fines no relacionados con el desarrollo sostenible de cada región. 
Además, la Comisión propone la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, propuesta que recibió el apoyo del Consejo Europeo el pasado mes de diciembre. 
Por último, me gustaría hacer hincapié en que la Comisión promueve la mejora de la recopilación de estadísticas de interés en esta materia y la realización de nuevos estudios sobre las ventajas y costes de la deslocalización. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– Hay que recordar siempre los objetivos de la política de desarrollo regional: cohesión económica, social y territorial, pleno empleo y progreso social. 
En la Unión, la libre circulación de mercancías, capitales y personas está consagrada en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de modo que es difícil defender la prohibición absoluta de elegir el lugar de establecimiento del centro de actividad, máxime cuando semejante prohibición conllevaría una paralización que sería perjudicial para la economía europea. 
La política de cohesión económica y social es esencial para salvaguardar el consenso y el apego de los ciudadanos a la Unión Europea. 
Esta política se basa en el desarrollo armonioso y unificado de todas las regiones de Europa. 
Por tanto, sería contrario a este objetivo colmar el retraso de desarrollo económico y social de algunas regiones impulsando métodos que pudieran ocasionar la falta de desarrollo en otras regiones de Europa. 
Tales procesos de deslocalización no obedecen a un aumento global de las inversiones a escala europea, sino solo a una reasignación de las mismas por una ventaja temporal de coste. 
En consecuencia, las empresas con sede en un país miembro que decidan deslocalizar sus actividades a otro país miembro no deberían disfrutar de contribuciones procedentes de los Fondos Estructurales. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión sobre el IV Foro Mundial del Agua en Ciudad de México (16-22 de marzo de 2006) , formulada por Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL; Caroline Lucas y Alain Lipietz, en nombre del Grupo Verts/ALE: Glyn Ford, Giovanni Berlinguer y Béatrice Patrie, en nombre del Grupo del PSE (O-0001/2006 – B6-0003/2006). 
. Señor Presidente, el Foro Mundial del Agua se celebra en un momento muy importante, porque más de dos mil millones de habitantes del planeta no tienen acceso al agua potable ni a suficiente agua sanitaria y más de dos millones de personas mueren cada año por la escasez de agua, que es un elemento básico para la vida. 
Es necesario un reparto más equitativo del agua, pero al mismo tiempo la cantidad de agua dulce va reduciéndose, año tras año, a causa del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas, como las zonas húmedas, los bosques, la riberas y los ríos. 
Tenemos que reaccionar con medidas contundentes y concretas, con compromisos financieros, con un convenio mundial del agua, fomentando una buena cultura del agua. 
Hace falta una normativa internacional que permita una gestión más eficaz del agua. 
En la Unión Europea tenemos que aplicar la Directiva marco del agua en todas nuestras actuaciones, en cooperación y en acuerdos bilaterales. 
Asimismo, tenemos que fomentar buenas prácticas agrícolas. 
Tenemos que aplicar la misma ley europea cuando estamos fuera de Europa y tenemos que conseguir que la cantidad de agua obtenida de forma compleja a través de los ecosistemas, a través de la lucha contra el cambio climático, se conserve a medio y largo plazo. 
Esto no se consigue solo con cemento o con grandes obras, sino con unas políticas integrales y complejas. 
. – Gracias, señor Presidente, Señorías: el agua ha de ser un bien común, un derecho de la humanidad garantizado a todas las mujeres y rodos los hombres en todos los continentes. 
Queremos que estas palabras vinculantes sean aprobadas solemnemente por este Parlamento y defendidas en el Foro Mundial del Agua de México Ciudad en los próximos días. 
Son palabras necesarias y urgentes ante una realidad dramática: miles de millones de personas carecen de derecho al agua, es decir a la vida, y a consecuencia de ello, mueren y enferman millones de ellas. 
Por el agua se lidian guerras y conflictos, y hasta la disponibilidad de este recurso fundamental está en entredicho debido a las malas políticas que la han reducido enormemente, alterando su ciclo de vida. 
Hay además quien quiere privatizar el agua, tratarla como una mercancía que se dará tan solo a quien pueda pagarla. 
Sería como privatizar el aire y dejar respirar solo a quien tenga dinero. 
Es el momento de tomar decisiones importantes, que deben convertir a Europa en exponente de una política equitativa y no en parte integrante del asalto de las multinacionales. 
En Johanesburgo no se quiso consagrar el agua como un derecho, sino tan solo como una necesidad. 
En México Ciudad, en un Foro que quisiéramos que estuviese gestionado mucho más directamente por la ONU, en vez de otros organismos, es necesario consagrar este derecho solemnemente: quienes reclaman el derecho al agua ven cómo se les niega el derecho a la vida en tantos continentes, empezando por el africano. 
No les defraudemos, hagamos que desde este Parlamento les llegue una voz de esperanza y un compromiso concreto. 
. Señor Presidente, el Foro Mundial del Agua es una plataforma internacional que ofrece la oportunidad de intercambiar puntos de vista y experiencias sobre la mejor manera de gestionar el agua y de luchar contra el problema de la escasez de este recurso. 
La cuarta reunión de este Foro, que se celebrará en la Ciudad de México a finales de este mes, se centrará en las medidas que pueden adoptarse a escala local para hacer frente al problema mundial de la escasez de agua. 
Su objetivo es debatir ideas para mejorar el apoyo a las medidas locales en todo el mundo. 
Los resultados de estos debates supondrán una importante contribución a la sección especial dedicada al agua y la salubridad de la XVIª Reunión de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en 2008. 
No se espera que se adopten nuevas iniciativas o decisiones políticas en el IV Foro Mundial del Agua. Por ello, la Comisión Europea y los Estados miembros no tendrán que adoptar nuevas posiciones. 
Por consiguiente, la Comisión no necesitará un mandato de negociación para participar en este intercambio de opiniones. 
Si bien en México habrá representantes de la Comisión y de los Estados miembros, no habrá una Delegación oficial acreditada de la Unión Europea en dicho acto. 
El objetivo de la Comisión en el IV Foro Mundial del Agua es destacar y promover políticas y medios acordados entre la Unión Europea y otras partes interesadas, como la iniciativa para el agua de la Unión Europea, el instrumento del agua UE-ACP y numerosos aspectos del plan de acción de la Agenda 21. 
Además, la Comisión facilitará información sobre los resultados de las tecnologías innovadoras del agua correspondientes al programa marco de investigación de la Comunidad, así como los resultados de la revisión de los trabajos sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. 
En relación con la gestión del agua y del mercado interior, la Comisión podría explicar, si lo considera necesario, la posición de la Unión Europea, es decir, que las normas vigentes en la Unión Europea mantienen una posición de neutralidad respecto a la cuestión de la propiedad del agua y de las compañías de suministro de agua. 
La Comisión cree que un suministro regular de agua potable, como ha señalado el ponente, es una necesidad humana básica y que las políticas de desarrollo sostenible deben abordar el problema de la gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos en interés de toda la sociedad. 
Esta posición se refleja igualmente en la iniciativa para el agua de la Unión Europea. 
En la fase en que nos encontramos en estos momentos, se sigue debatiendo si es necesario celebrar un acuerdo internacional sobre la garantía de un suministro constante de agua para todas las zonas del planeta. 
En todo caso, el Foro Mundial del Agua no es la plataforma adecuada para dicho debate. 
– Señor Presidente, las ayudas de la Unión Europea y de los Estados miembros para mejorar la situación mundial del agua se elevan a 1 400 millones de euros al año, lo que nos convierte en el mayor donante singular de ayuda. 
En vista de la magnitud de esta cantidad es evidente que el mensaje de la UE será escuchado igualmente en el Foro Mundial del Agua que comienza esta semana, y que, por ende, el mensaje de la Unión no carece de importancia. 
Las cifras son alarmantes, pues cada día mueren 3 900 niños por falta de agua limpia. 
Un quinto de la población mundial, es decir, cerca de 1 100 millones de personas, sufren falta de agua potable. 
Mientras tanto, más del 40 % carecen de servicios adecuados de suministro de agua y alcantarillado. 
Estas figuras nos recuerdan igualmente que debemos tomarnos en serio la posibilidad de futuras guerras por el agua. 
No se trata únicamente de una cuestión de desarrollo insostenible, sino que también es una amenaza para la seguridad. 
El informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada y titulado «El agua, una responsabilidad compartida» señala que la situación insatisfactoria del agua en el mundo se debe en gran parte a una mala administración. 
Las ayudas llegan a su destino con mayor lentitud debido a la burocracia y a la jerarquización de la toma de decisiones. 
Las decisiones relativas a la forma y el momento de la distribución del agua, y a sus beneficiarios, no son adoptadas únicamente a escala nacional, sino también por parte de autoridades locales, en el sector privado y en el ámbito de la sociedad civil. 
Se necesita ayuda en particular para reforzar las competencias y la cooperación regionales en un espíritu equitativo. 
Otro factor que agrava aún más la situación es que muchos de los países que sufren una grave escasez de agua son también los más corruptos. 
Por ejemplo, en la India se destinan cada año, en el sector del agua, millones de dólares a la corrupción política, según Hindu.com. 
Casi un tercio de los indios que han respondido a una encuesta dicen que han tenido que pagar sobornos para obtener agua y acceso al alcantarillado. 
Me gustaría recordar asimismo que la mejora de la situación hídrica regional no puede desligarse de otros ámbitos de la política de desarrollo. 
Hace poco se han publicado algunos estudios que muestran que la mera resolución del problema del agua podría incluso agravar la situación en su conjunto si provoca una aceleración del crecimiento demográfico, que podría causar escasez de alimentos. 
Por lo tanto, no basta con construir un pozo. 
Todas nuestras ayudas al desarrollo deben tener en cuenta la situación general, de forma que la resolución de un problema no provoque una nueva escasez, que lógicamente no deseamos. 
. – Señor Presidente, los Foros Mundiales del Agua brindan una ocasión única de reunir a todos los grupos del mundo que tienen que ver con el agua, ya sean agencias oficiales, bancos de desarrollo, Estados, organizaciones profesionales, ONG o autoridades locales. 
Estas reuniones permiten definir una política mundial del agua más justa y solidaria y garantizar el respeto del derecho de los ciudadanos al agua como un elemento esencial de la dignidad humana. 
Las organizaciones han optado por centrar los debates de México en el lanzamiento de «Acciones locales para un reto global» , que es el tema principal de este Foro. 
El objetivo es consagrar a las autoridades locales como agentes centrales de la gestión del agua. 
Para ello hay que incitar a los países en desarrollo a delegar los recursos presupuestarios y la gestión de la política del agua en sus autoridades locales. 
La política del agua siempre debería definirse a partir de la naturaleza específica del terreno, lo más cerca posible de las necesidades de los usuarios. 
La resolución del Parlamento llama a la Comisión a reconocer y utilizar más la formidable capacidad de conocimientos técnicos y de recursos humanos y pericia financiera de las autoridades locales europeas. 
Las ciudades del norte, respaldadas por sus experiencias positivas y sus competencias técnicas, están deseosas de aportar su ayuda a sus homólogas de los países en desarrollo. 
A fin de favorecer estas operaciones descentralizadas de cooperación entre ciudades, se pide a la Comisión que aliente y dé prioridad a la financiación de los proyectos presentados por las ciudades del norte. 
En particular, para la asignación de recursos del Fondo Europeo del Agua, la Comisión podría restringir el acceso a la financiación a los operadores más capacitados para ayudar a las autoridades del sur. 
Los resultados de la primera convocatoria de ofertas por parte del Fondo del Agua ACP-UE muestran que solo el 3 % de los proyectos seleccionados son proyectos presentados por autoridades locales. 
Es un porcentaje muy insuficiente habida cuenta del valor añadido que aportan las autoridades locales en este terreno. 
. – Señor Presidente, quiero decir algunas palabras acerca del papel del mecanismo de recursos hídricos de la ACP-UE a que ha hecho alusión el señor Comisario. 
También ha sido objeto de debate recientemente en la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE de la Comisión de Asuntos Sociales y Medioambientales. 
Aplaudo la decisión del Consejo de ACP-UE de poner en marcha en 2004 el mecanismo de recursos hídricos con un importe de 500 millones de euros, pero ha habido mucha decepción por la lentitud con que se ha ejecutado la iniciativa. 
En efecto, ha habido quejas de que hasta ahora ninguna persona ha recibido agua potable limpia al amparo de la iniciativa ACP-UE. 
Era importante prestar la debida atención al proceso y que se cumplan las normas estrictas de honradez administrativa, sobre todo por la enorme cantidad de dinero en juego, pero la evaluación final de las propuestas se ha realizado en enero de este año y finalmente han sido seleccionadas 97 propuestas. 
Por consiguiente, me gustaría saber si ahora estamos en condiciones de llevar a otros 10 millones de personas el suministro de agua potable en el año 2010, tal como está planeado, y si se necesitará menos tiempo para completar el proceso, cuando llegue el momento de la segunda convocatoria de propuestas. 
– Señor Presidente, 1 200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, de modo que en el mundo mueren 15 personas cada minuto, la mitad de ellas niños. 
No encontramos, pues, en una auténtica carrera contra el reloj. 
Por ello, el Foro Mundial debe formular tres tipos de propuestas. 
En primer lugar está la cuestión de los derechos. 
El agua es un bien común de la humanidad y el acceso al agua un derecho fundamental de los seres humanos. 
Este derecho debe consagrarse mediante un tratado internacional. 
Viene después la cuestión de los medios: reducir a la mitad de aquí a 2015 el porcentaje de población que no tiene acceso al agua es un objetivo ambicioso. 
Falta encontrar 100 000 millones de dólares estadounidenses más cada año. 
A este fin es necesario movilizar todos los recursos aumentando la ayuda oficial al desarrollo (AOD) , incrementando los recursos asignados al décimo FED y obteniendo el apoyo de socios innovadores del sector público y privado o de operaciones encaminadas a intercambiar deuda por inversión. 
Está, por último, el tema de la gestión. 
Las políticas hídricas deben desarrollarse a través de un enfoque participativo y democrático que asocie a los usuarios, la sociedad civil y el papel de las mujeres y gestionarse a escala local, adoptando políticas de precios que garanticen a los más pobres un acceso al agua a precios asequibles. 
Deseo que la Comisión defienda estas orientaciones en el Foro Mundial de México Ciudad. 
– Señor Presidente, señor Comisario, usted acaba de decir que no se adoptarán nuevas posiciones en el IV Foro Mundial del Agua. 
Lo que es evidente es que tendrá usted mucho trabajo. 
Ha dicho que el acceso al agua es un derecho humano; sin embargo, es ese derecho el que fue objeto de controversia en el último Foro del Agua. 
La causa de conflicto en esa reunión fue la cuestión de si la disponibilidad de agua potable era un derecho humano que debería garantizar el Estado o se trataba de una necesidad que debía satisfacer el mercado. 
A pesar de las fuertes protestas de los activistas presentes en la reunión, los Ministros asistentes al Foro se negaron a señalar en su declaración final que el acceso al agua es un derecho. 
Le deseo mucho éxito en su intento de que se reconozca su carácter de derecho en la Ciudad de México. 
En cuanto al próximo Foro Mundial del Agua, también debemos examinar la legitimidad democrática que posee. 
Ha sido organizado por el Consejo Mundial del Agua, organismo dominado en gran parte por la industria y empresas privadas. 
En vista de que su presidente es el director de una filial de compañías de agua francesas, debemos preguntarnos hasta qué punto el Foro está influido por el sector y hasta qué punto serán útiles las soluciones que pueda plantear. 
Lo que me gustaría ver –tal vez en una futura reunión de las Naciones Unidas que contara con la debida legitimidad democrática– sería un debate celebrado sin la influencia masiva de empresas que están enriqueciéndose con el suministro de agua y el alcantarillado en muchos países de todo el mundo. 
. Señor Presidente, este debate ha demostrado que tenemos los mismos puntos de vista sobre numerosos puntos del Foro Mundial del Agua y espero que la Comisión saque provecho de su participación en un debate en el que, como ya he dicho, no esperamos que se adopten decisiones, sean estas necesarias o no. 
En todo caso, no se esperan decisiones, pero, por supuesto, se celebrará un debate en toda regla y habrá un intercambio de puntos de vista de todas las partes del mundo sobre estas cuestiones tan importantes, cuya relevancia han destacado sus Señorías. 
Espero en particular que abordemos la cuestión de las medidas de carácter local en las que va a concentrarse el IV Foro Mundial del Agua y esperamos que se presenten ideas interesantes sobre la gestión del agua. 
Me gustaría decir que este año hemos comenzado a financiar los primeros planes y que en junio empezaremos la segunda fase de esta financiación. 
Esperamos y tenemos la intención de que 10 millones más de personas cuenten con agua potable en 2010 y que otros cinco millones tengan acceso a servicios de saneamiento. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías por el interés que han mostrado y expresado y espero que juntos podamos realizar esfuerzos en estrecha cooperación en este tema tan importante para la humanidad. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0027/2006) del señor Papadimoulis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves (COM (2005) 0113 – C6- 0181/2005 – 2005/0052 (CNS) ). 
. Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y, en particular, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a su ponente, el señor Papadimoulis, por el excelente informe que debatimos. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión de crear un instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves consiste en mantener un único marco de financiación para las acciones de protección civil. 
Actualmente, estas acciones de preparación y respuesta son objeto de varios instrumentos financieros, como el programa de acción o el mecanismo comunitario de protección civil. 
Sin embargo, lo más importante es que el instrumento financiero propuesto tenga en cuenta las peticiones del Parlamento Europeo y del Consejo de que se refuerce la capacidad de respuesta en el ámbito de la protección civil en Europa. 
El fundamento del desarrollo ulterior de la cooperación en materia de protección civil será el fortalecimiento de los trabajos ya realizados y la puesta en marcha de nuevas acciones. 
A este respecto debemos destacar dos innovaciones: en primer lugar, proponemos que el coste del transporte de la ayuda se financie en el marco de la protección civil. 
En numerosas ocasiones nos enfrentamos a situaciones en que la ayuda está disponible pero no hay medios para trasladarla al escenario de los hechos. 
Debido a ello no se presta ayuda alguna o esta se presta demasiado tarde. 
Esta es la razón por la que la Comisión propone que la Comisión Europea pueda contratar los medios de transporte necesarios, bien en terceros países, bien a empresas privadas. 
El equipo de protección civil encierra un problema similar, ya que en las emergencias que afectan al mismo tiempo a varios países, como los incendios forestales de verano o las inundaciones de primavera o incluso amenazas de atentados terroristas simultáneos en toda Europa, los Estados miembros podrían tener problemas para prestar ayuda a otro Estado miembro debido a que primero debe satisfacer sus propias necesidades. 
En estos casos, la Comunidad debe estar en condiciones de prestar ayuda a los Estados miembros afectados. 
Así pues, la Comisión propone la creación de una red de financiación de apoyo a escala comunitaria que permita el alquiler de equipos complementarios. 
Las reformas ambiciosas, pero necesarias, como la que debatimos en esta ocasión, exigen a todas luces importantes recursos financieros y, para citar a Demóstenes, «el dinero es la raíz de todo». 
La Comisión está segura de que el Parlamento Europeo comprende la importancia de las ventajas que se derivarían de estas reformas, como ilustra el informe objeto de nuestro debate. 
Una mayor cooperación en el ámbito de la protección civil dará por resultado una mayor protección de los ciudadanos de la Unión Europea y de la población de terceros países. 
Esta es la única manera de garantizar que la Comunidad pueda prestar una asistencia más coordinada, eficaz y expeditiva a cualquier país afectado por una emergencia grave. 
. – Señor Presidente, coincido con el señor Dimas en que necesitamos hacer que el modo en que la Unión Europea se enfrenta a las grandes catástrofes naturales, tanto las que afectan a la propia Europa –como inundaciones, sequías o incendios– como las catástrofes naturales que ocurren fuera de nuestras fronteras –como los maremotos o los huracanes en Mississippi y Luisiana–, sea más enérgico y efectivo. 
Por ello lo que deseamos es hacer más cosas y hacerlas mejor. 
Si acertamos y respondemos a la exigencia de los ciudadanos europeos de una mejora de su seguridad y calidad de vida, también podemos conseguir economías de escala, porque un mecanismo europeo más eficaz puede permitir ahorrar recursos de cada uno de los Estados miembros. 
Me gustaría señalar que el desafío al que nos enfrentamos es la creación de un mecanismo efectivo de protección civil. 
Si queremos lograrlo necesitamos, aparte de lo que mentó Demóstenes con razón hace más de 2500 años, que el Consejo esté de acuerdo. 
El Consejo debe aumentar los recursos disponibles. 
La Comisión y el Consejo están de acuerdo en que necesitamos encontrar la manera de reforzar la ayuda para las emergencias que ocurran fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
Por consiguiente, también tenemos que financiar este instrumento y si ahora realizamos inversiones más inteligentes para fortalecer nuestra cooperación, también podremos evitar grandes pérdidas de vidas humanas y graves daños materiales, con un coste mucho mayor posteriormente para el presupuesto de la Unión. 
Quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos de todos los Grupos políticos por la excelente cooperación de que han hecho gala en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y que ha permitido que mi informe y algunas enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión se aprobaran casi por unanimidad, con 49 votos a favor y tan solo uno en contra. 
Mis enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente y que se incluyen en el informe se centran en cuatro puntos principales: 
El primero es el cambio de fundamento jurídico, que permitirá al Parlamento Europeo situar las cosas en el contexto adecuado y, sobre todo, no limitarse a un papel exclusivamente consultivo, sino participar en el procedimiento de codecisión, de modo que esta institución, que está más cerca de los ciudadanos europeos, tenga igualmente la posibilidad de ejercer una mayor influencia en el proceso decisorio. 
El segundo cambio es la inclusión de la prevención en el ámbito de aplicación del instrumento. 
Huelga decir que la gestión integrada de las situaciones provocadas por catástrofes naturales debe comprender, además de la preparación y las medidas de respuesta rápida, la inversión en prevención. 
La prevención es uno de los pilares de la solución de este problema y me complace que tengamos sobre esta cuestión la misma opinión que la Comisión y el Consejo. 
Lo mismo ocurre con el tercer punto, a saber, la necesidad de ampliar este instrumento y su acción a países situados fuera de la Unión Europea, ya que las catástrofes nacionales no conocen fronteras. 
La cuarta enmienda propuesta consiste en incluir la salud pública en el ámbito del instrumento, aspecto de suma importancia en un momento en que existe un grave peligro de que se produzca una pandemia de gripe aviar. 
Por último, me gustaría que aprovecháramos la votación de mañana para enviar un claro mensaje, con el mismo grado de unanimidad que alcanzamos en la Comisión de Medio Ambiente, a los ciudadanos europeos y al Consejo, como ya hemos hecho anteriormente mediante una serie de propuestas sobre catástrofes naturales y provocadas por el hombre. 
Este mensaje es necesario porque nos ayudará a lograr que las tres instituciones colaboren entre sí con vistas a alcanzar en breve un resultado positivo. 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera añadir a todo lo que ha dicho el señor Papadimoulis sobre las modificaciones introducidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en la propuesta de la Comisión a través del principio de ampliación del ámbito de aplicación del reglamento a la contaminación marina, que hoy no existen otros instrumentos concretos para gestionar las consecuencias de las catástrofes marítimas. 
Después de expresar todo menos un apoyo unánime al trabajo efectuado por el señor Papadimoulis, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó algunas enmiendas concretas propuestas por mí, entre ellas la que subraya el carácter central de los problemas ambientales en la gestión de las catástrofes y las que piden a la Comisión que preste más atención, en el marco de los distintos mecanismos e instrumentos comunitarios de protección civil, a las regiones aisladas y ultraperiféricas por sus condiciones geográficas, territoriales y socioeconómicas, y que integre las medidas de protección civil en los programas educativos y las campañas de comunicación e información para aumentar la conciencia de la necesidad de prevención, preparación y respuesta rápida ante emergencias graves y para garantizar la participación de la sociedad civil en las medidas preventivas y de respuesta. 
En otras palabras, tenemos que centrarnos en los jóvenes y en la educación en las escuelas. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó una última enmienda importante, que resalta la importancia del voluntariado, bien como miembros de organizaciones de voluntarios, bien a título individual, pues pueden prestar servicios vitales en ausencia de los servicios de emergencia, cuya llegada pueda retrasarse en el caso de catástrofes importantes. 
Creo que, con estas propuestas, el reglamento abarca una panorámica mucho más amplia desde el punto de vista de la gestión de emergencias graves. 
. – Señor Presidente, gracias, señor Papadimoulis, por su excelente labor en torno a este informe. 
Vivimos en una época en que las catástrofes parecen ser cada vez más comunes. 
Hace unos cuantos años, Irán fue víctima de un terremoto terrible y desastroso. 
Recuerdo con mucha claridad aquella catástrofe porque cada día pude ver en la televisión que los iraníes no recibían ayuda para sacar a los supervivientes de las ruinas. 
Hace más de un año, el sudeste asiático fue víctima del desastroso tsunami que provocó un gran número de víctimas entre los ciudadanos de mi país. 
Algunas informaciones sobre esa catástrofe señalan que algunos Estados miembros procedieron a rescatar a sus propios ciudadanos, pero abandonaron a otros a su suerte. 
En todo caso lo cierto es que los trabajos de rescate podrían haber tenido mejores resultados si hubiese habido una mejor cooperación en la UE. 
También es cierto que la ayuda podría haberse prestado con más eficiencia en aquellas ocasiones en que los Estados miembros de la UE se han visto afectados, por ejemplo, por grandes inundaciones e incendios forestales. 
Además, este tipo de catástrofes probablemente se harán más frecuentes a medida que avance el cambio climático. 
De ahí que este instrumento sea tan importante. 
Los socialdemócratas hemos subrayado en particular la necesidad de que este instrumento opere tanto dentro como fuera de la UE, en parte porque nuestros ciudadanos se encuentran a menudo fuera de la Unión, pero sobre todo por solidaridad con otras gentes. 
Consideramos asimismo que es sumamente importante que la UE colabore también con las Naciones Unidas, su socio natural, en este ámbito. 
Asimismo hemos presentado una enmienda sobre el presupuesto destinado a este instrumento. 
Esperamos que todos puedan apoyar esta enmienda, pues señala que es obvio que el presupuesto dependerá del resultado de las negociaciones sobre las perspectivas financieras. 
También apoyamos al ponente en lo relativo al fundamento jurídico y a la ampliación de este instrumento a las catástrofes que afecten a la salud pública. 
Si hay que establecer prioridades en lo relativo a los trabajos en curso sobre el presupuesto, lo más importante para nosotros, socialdemócratas, son los esfuerzos directos y los preparativos para los mismos, tanto dentro como fuera de la UE. 
. – Señor Presidente, el trágico tsunami del sur de Asia despertó, por vez primera, la conciencia pública acerca de la posibilidad de que nuestros hogares y nuestras vidas se vieran amenazados por sucesos extremos similares. 
Aunque a menor escala, pocas semanas más tarde una gran tormenta sobre Carlisle –una ciudad perteneciente a mi circunscripción electoral–, unida a vientos huracanados y mareas vivas, produjo unas precipitaciones excepcionales, provocando el desbordamiento de los muros de contención y la inundación de 3 000 viviendas y centenares de negocios, ahogando a dos mujeres mayores mientras dormían y obligando a cientos de personas a abandonar sus casas, en algunos casos durante muchos meses. 
He sentido la devastación en Carlisle con el mismo pesar que viví las postrimerías del tsunami y el terremoto en el sur de Asia algunos meses más tarde. 
La UE ha sufrido pérdidas personales en todos estos casos, ya que nuestros turistas en Sri Lanka y Tailandia fueron arrastrados por las aguas y nuestros amigos y familias en Pakistán y Cachemira desaparecieron entre los escombros. 
La cara positiva de todo esto ha sido el fortalecimiento de nuestra fe colectiva en la fuerza de la Comunidad en todo el mundo, con la aportación de ayuda y cooperación tanto de los Gobiernos como de los individuos. 
En esa situación de adversidad ha salido a relucir lo mejor de la naturaleza humana. 
Pero hasta los mejores desfallecen y en noviembre quedó de manifiesto, al enfrentarse los cachemires a una segunda oleada de muertes causadas por las enfermedades y el desamparo, que no se puede confiar en la comunidad donante para una respuesta decisiva cuando se carece de voluntad política. 
El Instrumento de preparación y respuesta rápida de la UE tiene que llenar este vacío y trabajar estrechamente con el sistema de las Naciones Unidas para aprovechar nuestros recursos conjuntos y procurar que cuando nos necesiten nuestros amigos, acudamos en su ayuda. 
Dado el impacto del cambio climático, tenemos que aceptar que los incidentes extremos van a continuar produciéndose, y además con mayor frecuencia. 
En Carlisle tenemos una nueva estrategia para la gestión de las inundaciones, dejando un espacio para el agua, aplicando esquemas piloto integrados para el alcantarillado urbano a fin de investigar cómo gestionar mejor la amenaza de las inundaciones. 
La prevención es esencial y los temas ambientales, por ejemplo la buena gestión de los recursos naturales como los bosques y los humedales, constituyen instrumentos clave para evitar los desastres, aminorando su impacto sobre la población, sus viviendas y sus vidas. 
Independientemente de las estrategias de prevención que se habiliten y por mucho dinero que se invierta, no es realista pensar que sea posible suprimir estas catástrofes. 
Es necesario invertir grandes sumas en mecanismos de alerta, mapas de riesgos y campañas de sensibilización pública a fin de garantizar que nuestros ciudadanos sean conscientes de los riesgos. 
Hemos de garantizar que los mecanismos de prevención, detención y alerta ante los peligros naturales en Europa y en todo el mundo sean eficaces y sitúen a nuestros ciudadanos –desde Carlisle hasta Cachemira– en condiciones óptimas para prevenir, prepararse y responder a las catástrofes. 
En este informe, el Parlamento ha mejorado notablemente la propuesta de la Comisión, convirtiéndolo en algo que puedo recomendar plenamente a esta Cámara. 
. – Señorías, me gustaría dar las gracias al señor Papadimoulis por su excelente labor. 
Cuando hablamos de la capacidad de la UE para responder a las catástrofes, tenemos que recordar que en las últimas décadas ha aumentado el número de desastres meteorológicos y que se prevé que sigan aumentando debido al cambio climático. 
Por consiguiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es la mejor manera de reducir las inundaciones y tempestades destructivas en el futuro. 
Desde 1990, el mundo ha sufrido al menos 20 sucesos meteorológicos calificados de grandes catástrofes, cifra que solo se registró en tres de los veinte años anteriores. 
Según las estadísticas de las compañías de seguros, desde 1990 los daños anuales provocados por catástrofes meteorológicas se ha duplicado y las indemnizaciones se han cuadriplicado. 
Los investigadores señalan que las tormentas e inundaciones no solo son más frecuentes, sino también más fuertes. 
El Fondo Mundial para la Naturaleza publicó hace poco un estudio que muestra que el cambio climático incrementa el número de tormenas que tienen lugar en Europa, sobre todo en el Mar del Norte, las Islas Británicas, los Países Bajos y Francia. 
Las velocidades máximas del viento podrían aumentar hasta un 15 % al final de este siglo. 
La experiencia nos indica que en el Reino Unido dicho aumento podría incrementar los daños provocados por las tormentas un 50 %, y que en los Países Bajos un aumento del 6 % de la velocidad del viento podría multiplicar por cinco los daños, debido a la propensión a las inundaciones. 
En otras palabras, Señorías, tenemos que comprender que la protección del clima es un factor crítico para reducir el número de desastres meteorológicos en el futuro. 
– Señorías, deseo unirme a aquellos que han dado las gracias a nuestro colega, el señor Papadimoulis, y que han alabado su labor en torno a la redacción de este informe. 
La Unión Europea ha experimentado recientemente un número mayor de catástrofes naturales, tecnológicas e industriales. 
Estoy de acuerdo con la idea de aunar esfuerzos para prevenir y responder rápidamente a estas catástrofes, y la apoyo plenamente. 
De hecho, ambas actividades son inseparables, pero no podemos hablar de prevención de una posible catástrofe si no podemos detectarla antes de que tenga lugar. 
Muchas catástrofes son imposibles de prever y, por lo tanto, no hay prevención posible; por ello solo podemos hacer frente a sus consecuencias. 
Me complace que mis enmiendas a este informe hayan sido aceptadas. 
La principal finalidad de este reglamento es proteger a la población, pero también es necesario indicar el carácter de esta protección, sobre todo de la protección de la salud y la seguridad públicas. 
Por eso mismo sería conveniente incluir, en virtud del principio de solidaridad, a países terceros en este proceso. 
Tenemos que recordar que las catástrofes naturales, tecnológicas e industriales, al igual que los atentados terroristas, no conocen fronteras. 
Quiero señalar que también es indispensable proteger los intereses financieros de la Comunidad y por ello recomiendo que se modifique el artículo 12 de la propuesta para que diga lo siguiente: «Si los beneficiarios de ayudas financieras no pueden documentar de forma satisfactoria el empleo dado a estas ayudas y, tras ser invitados a ello, no pueden demostrar que las ayudas se han utilizado de conformidad con el presente Reglamento, deberán adoptarse medidas para su devolución. 
La Comisión deberá, y no solo podrá, interrumpir la ayuda financiera y deberá exigir la devolución de los fondos desembolsados». 
– Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias al ponente por su extraordinario trabajo. 
El resultado de la votación pone de manifiesto que ha colaborado con todos los Grupos y ha hablado en nombre de toda la Cámara. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por el enfoque integral que ha adoptado para este ámbito de la respuesta a las crisis y la gestión de las catástrofes naturales. 
El instrumento de respuesta objeto de examen es, después de todo, tan solo una parte del marco general con el que la Unión Europea intenta superar calamidades o encontrar maneras para responder a las mismas. 
Hablando de este tema, me gustaría mencionar igualmente que yo también provengo de una región que ha sufrido inundaciones, y que la Comisión concedió el viernes pasado una cantidad considerable para paliar las consecuencias de esta catástrofe. 
Así que permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a la solidaridad europea. 
Lo importante es que cambiemos el fundamento jurídico, como recomienda el ponente. 
Yo también considero que el artículo 175 es el correcto para establecer un fundamento jurídico adecuado para este instrumento. 
Asimismo me parece necesario ampliar su ámbito de aplicación a la prevención, la protección civil en terceros países y también la contaminación marítima. 
Lo que podemos decir en términos generales es que esto nos brinda la oportunidad de responder a las preocupaciones y preguntas de la opinión pública europea mediante la prestación de asistencia con rapidez y sin obstáculos burocráticos. 
En este terreno puede aumentar la visibilidad de la Comunidad y debemos utilizar este instrumento para ello. 
De nada sirve que la UE someta a los ciudadanos a complejos procedimientos burocráticos o los remita a comités que todavía no se han reunido, cuando lo que realmente necesitan es una ayuda rápida y sin obstáculos burocráticos, ayuda que hará mucho más que las costosas campañas de información que no acaban sino embarrancándose. 
Me gustaría terminar diciendo que la máxima del estadista francés Talleyrand acerca de la necesidad de no poner demasiado celo resulta muy poco adecuada en este contexto; no puede haber celo excesivo cuando se trata de poner remedio a las consecuencias de catástrofes naturales. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente por su excelente informe. 
En los últimos años, como ya han dicho otros oradores, se ha producido un aumento del número de catástrofes naturales debido, entre otras cosas, al cambio climático, a los daños infligidos al medio ambiente y a la falta de planificación del uso del suelo. 
A fin de responder con rapidez y eficacia a las emergencias graves, la UE tiene a su disposición una serie de instrumentos, como este Reglamento que se encuentra en su fase de desarrollo. 
Las terribles catástrofes naturales del verano de 2005 –importantes inundaciones en Europa Central, grave sequía en el sur de Europa e incendios que destruyeron miles de hectáreas de bosque en mi país, Portugal, y en España– exigen medidas adecuadas y expeditivas de prevención y respuesta en el ámbito de la protección civil. 
En las reuniones de trabajo con las autoridades locales, regionales y nacionales de los seis países afectados por estas catástrofes naturales que visité en mi calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para el informe de propia iniciativa sobre las catástrofes naturales, siempre se pedía simplificación y flexibilidad; para ayudar a las comunidades, los instrumentos comunitarios de respuesta en caso de emergencia deben simplificarse y las normas de aplicación deben ser más flexibles. También se recomendaba una mayor coordinación a escala europea y, por supuesto, un aumento de las ayudas financieras. 
. Señor Presidente, doy las gracias a sus Señorías por sus intervenciones sumamente constructivas. 
Sus Señorías han presentado una serie de enmiendas de gran importancia destinadas a reforzar los instrumentos de protección civil a escala europea, y que se refieren a la prevención, la necesidad de mantener la financiación destinada a las operaciones de protección civil en terceros países y a sistemas eficaces de alerta y advertencia tempranas. 
La Comisión apoya la mayoría de las enmiendas propuestas. 
Me gustaría hacer algunos comentarios en especial sobre la prevención. 
Cabe señalar que algunos de sus aspectos, como la prevención de incendios forestales o de inundaciones, ya son objeto de instrumentos comunitarios especiales de financiación. 
La Comisión desea evitar interferencias con otros instrumentos financieros ya existentes. 
Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de reforzar los aspectos generales de la prevención en el marco de la protección civil y por ello incluiremos las enmiendas propuestas en la propuesta sobre el instrumento financiero. 
Sin embargo, aunque la Comisión puede aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas, algunas de ellas podrían dar lugar a problemas y resultan inaceptables en su versión actual. 
En primer lugar, la Comisión considera que la sustitución del fundamento jurídico por el apartado 1 del artículo 175 del Tratado resulta superflua para un instrumento para la financiación de la protección civil. 
Puesto que el Tratado no contempla fundamentos jurídicos concretos para la protección civil, a este fin siempre se ha utilizado el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Los instrumentos para financiar medidas de protección civil, el programa de acción y el mecanismo comunitario de protección civil se basan en este artículo. 
Además, el fundamento jurídico propuesto se refiere a la protección del medio ambiente y la salud pública, mientras que las medidas de protección civil deben abarcar igualmente la protección de personas y bienes, entre ellos el patrimonio cultural. 
En cuanto a la integración en el instrumento de financiación de las intervenciones en emergencias que ocurran fuera de la Unión Europea, la Comisión coincide con el Parlamento Europeo en que es necesario mantener este tipo de medidas financieras. 
La Comisión ha decidido separar la financiación de las medidas comunitarias internas de las medidas externas mediante la adopción de dos instrumentos jurídicos distintos. 
De este modo, las medidas en materia de protección civil que se adopten en los países que participan en el mecanismo de protección civil quedan incluidas en el instrumento de financiación de respuesta rápida, mientras que las intervenciones de protección civil en terceros países se financiarán con cargo al instrumento de estabilidad. 
En cualquier caso, para que el instrumento de estabilidad constituya una base clara para la financiación de este tipo de medidas fuera de la Unión Europea, será necesario hacer referencia expresa en ellas a la protección civil. 
En esta cuestión, la posición de la Comisión difiere de la del informe del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, quisiera recalcar que estas diferencias de opinión no deberían eclipsar nuestros objetivos comunes, que revisten una enorme importancia. 
Compartimos plenamente la ambición del Parlamento Europeo de crear un instrumento europeo más fuerte para las intervenciones en el ámbito de la protección civil, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y la necesidad de incrementar la financiación. 
En este punto me gustaría realmente agradecer su apoyo a sus Señorías. 
Sin embargo, quiero subrayar que, con los instrumentos, mecanismos y competencias ya existentes, la protección civil y el mecanismo con el que contamos en la Comisión Europea respondieron sumamente bien ante las crisis del año pasado; me refiero a los diversos incendios, por ejemplo, en Portugal, y a las inundaciones en países como Bulgaria y Rumanía. 
Hemos realizado trece de estas intervenciones y, por supuesto, las dos grandes crisis del sudeste asiático con el tsunami, en la que la Unión Europea fue la primera en enviar representantes a la zona a través del mecanismo de protección civil. 
La Unión Europea respondió igualmente a la destrucción provocada por el huracán Katrina, al prestar la asistencia que había propuesto tres días antes a las autoridades competentes de los Estados Unidos, por lo que recibimos, por supuesto, la pertinente mención favorable del Consejo Europeo. 
No resulta ocioso que recordemos y hagamos hincapié en algunas de las cosas que sucedieron, y quiero subrayarlo, con los instrumentos ya existentes. 
Desde luego necesitamos reforzar la protección civil, como señala el informe del señor Papadimoulis. 
Voy a presentar la lista completa con la posición de la Comisión sobre las enmiendas a la Secretaría del Parlamento (1). 
También deseo dar las gracias de nuevo al ponente y a todas sus Señorías por sus propuestas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
La violencia de las recientes catástrofes naturales nos recuerda lo vulnerables que son nuestras sociedades ante los peligros naturales, pues en los últimos 20 años las catástrofes naturales han matado a un millón y medio de personas en todo el mundo. 
Para enfrentarnos eficazmente a este problema debemos prever, evaluar los riesgos, prevenir, educar e informar al público. 
Mediante la creación de la ECHO en 2002, el programa Dipecho en 1996 y el Fondo de Solidaridad en 2002, la UE ha hecho de la ayuda preventiva y de emergencia una de sus principales prioridades. 
Asimismo decidió, en 2005, crear una estructura europea de coordinación que contaría con un cuerpo europeo de voluntarios para la ayuda humanitaria. 
La Comisión propone crear un nuevo mecanismo de respuesta rápida y alerta ante las grandes emergencias para el período 2007-2013, propuesta que nos complace sobremanera. 
Sin embargo el fundamento jurídico de este mecanismo debería sustituirse por el artículo 174, que prevé el procedimiento de codecisión; y las medidas preventivas deberían extenderse para abarcar la protección civil en terceros países y la contaminación marina. 
Por último, el presupuesto de este mecanismo debe garantizar que la ayuda de emergencia sea lo más eficaz posible, tanto desde el punto de vista de su flexibilidad como de su capacidad de respuesta, y debe mostrar claramente la solidaridad comunitaria dentro y fuera de la Unión. 
Me complace anunciar que hay 52 enmiendas que la Comisión puede apoyar en su totalidad, en parte, o en principio. Son las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73 y 75. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 4, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 35, 42, 46, 53, 54, 63, 64, 65, 71, 72 y 74. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0044/2006) del señor Matsakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, referente a la estrategia comunitaria sobre el mercurio (2005/2050 (INI) ) (A6-0044/2006). 
. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los ponentes alternativos por la colaboración tan constructiva que me han prestado en la elaboración de este informe. 
También agradezco a todos los que han presentado enmiendas y participan en el debate sobre el asunto en cuestión de este documento de estrategia. 
El mercurio y sus compuestos son muy tóxicos para los seres humanos y la fauna. 
Cuando el mercurio se transforma en el medio ambiente en metilmercurio, su forma más tóxica, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y puede producir graves daños en el sistema neuronal. 
Además atraviesa rápidamente la barrera placentaria y puede afectar el desarrollo neuronal del feto. 
El mercurio representa una amenaza mundial, ya que recorre largas distancias a través de la atmósfera, atravesando las fronteras nacionales y contaminando los alimentos europeos y mundiales hasta niveles que plantean un riesgo notable para la salud humana. 
Dado que la UE es el principal exportador de mercurio en el mundo, su liderazgo en la resolución de los peligros mundiales del mercurio es claramente un imperativo económico, político y moral. 
Es preciso adoptar medidas por parte de la UE y obtener el compromiso internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente. 
La estrategia comunitaria sobre el mercurio, caracterizada por un enfoque integral, representa por tanto una importante contribución en la solución de esta amenaza mundial. 
En términos generales, el informe acoge positivamente la Comunicación de la Comisión y destaca el enfoque global adoptado con vistas a reducir y en su caso eliminar gradualmente las emisiones de mercurio y la oferta y la demanda a escala europeas, y con el fin de gestionar los excedentes de mercurio y de proteger a la población contra la exposición al mercurio. 
En concreto, la estrategia se refiere a asuntos como: imponer una prohibición eficaz de las exportaciones y el almacenamiento seguro; introducir valores límite de emisiones de mercurio procedentes de las plantas de combustión y otras actividades asociadas; prohibir el mercurio en los equipos de medición y control en la medida de lo posible; recogida y tratamiento de los desechos de mercurio; garantizar el suministro de suficiente información y el control de los grupos de población vulnerables; y apoyo y fomento de la actuación concertada a escala internacional para resolver la amenaza del mercurio. 
Es menester resaltar la recomendación de lograr una prohibición, en cuanto se disponga de alternativas apropiadas y más seguras, del uso de mercurio en la fabricación de vacunas. 
También hay que resaltar la exención de la estrategia de instrumentos de interés histórico. 
En cuanto a las 13 enmiendas finales que se han presentado, yo apoyaría las enmiendas 3, 4, 7, 9, 10, 11 y 12. 
Pienso que tiene especial importancia la enmienda 10, que reintroduce en lo fundamental mi artículo 17 original sobre amalgamas dentales. 
Respecto de ese asunto deseo decir lo siguiente. 
El artículo 17 solicita básicamente a la Comisión que presente propuestas antes de finales de 2007 con el fin de restringir –no de prohibir con carácter inmediato– el uso de mercurio en amalgamas dentales. 
La razón es que a mi juicio es inaceptable continuar introduciendo esa sustancia potencialmente tóxica en el interior de la boca de las personas cuando existen alternativas más seguras. 
De hecho, muchos dentistas –incluido el mío– han dejado de utilizar hace mucho las amalgamas que contienen mercurio, ya que las alternativas más modernas –las amalgamas de color blanco– son más seguras, más estéticas y cuestan lo mismo. 
Así pues, les pido que voten a favor de la enmienda 10. 
Una vez más doy las gracias a todos los que han colaborado en el trabajo en torno a este informe. 
. Señor Presidente, Señorías, para comenzar deseo manifestar mi reconocimiento por la gran labor realizada en torno al informe que debatimos hoy. 
Me gustaría en particular dar las gracias al señor Matsakis por su excepcional y constructiva contribución al mismo. 
Quisiera hacer algunos breves comentarios sobre la finalidad fundamental y los objetos de la estrategia relativa al mercurio. 
La finalidad básica de esta estrategia es reducir los niveles de mercurio en el medio ambiente y la exposición de los seres humanos a este material, en particular al metilo de mercurio contenido en el pescado. 
El mercurio y sus compuestos son sumamente tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y las aves silvestres. 
A altas dosis puede resultar mortal para los seres humanos, e incluso a dosis relativamente reducidas puede tener graves consecuencias para la salud humana. 
La estrategia persigue los seis objetivos que figuran a continuación: reducir las emisiones de mercurio, reducir las cantidades disponibles de mercurio mediante la disminución de la oferta y la demanda, resolver el problema a largo plazo de la limitación de los excedentes y existencias de mercurio en productos todavía en uso o almacenados en los últimos años, proteger contra la exposición al mercurio, comprender mejor los problemas que provoca el mercurio y sus usos inevitables y apoyar y promover acciones internacionales para abordar el problema del mercurio. 
En las últimas décadas se han adoptado numerosas medidas a escala comunitaria para abordar el problema del mercurio y reducir sus emisiones y usos y la exposición al mismo. 
Al mismo tiempo, todo lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente. 
Es necesario hacer mucho más. 
Durante la elaboración de esta estrategia, la Comisión prestó especial atención a la identificación de los aspectos más importantes del problema del mercurio que siguen existiendo y a los sectores en que la Unión Europea podría adoptar nuevas medidas. 
Los principales sectores examinados para los que se proponen medidas a corto plazo son los siguientes: la oferta de mercurio en el mercado y las exportaciones de mercurio, los excedentes de mercurio procedentes del sector de los cloros y álcalis, el uso del mercurio en los equipos de medición y control, y la emisiones de mercurio provocadas por la combustión de carbón. 
No olvidemos que se necesitarán décadas para eliminar completamente el problema del mercurio. 
Los niveles actuales se deben a las emisiones pasadas de mercurio y tendrá que pasar tiempo para que estos niveles se estabilicen, incluso sin nuevas emisiones de mercurio. 
Asimismo quisiera recalcar la importancia que tienen las medidas internacionales junto con las iniciativas puestas en marcha en la Unión Europea. 
El mercurio es un contaminante mundial y la Comisión tiene previsto organizar una conferencia internacional en Bruselas los días 26 y 27 de octubre de este año para reavivar la dinámica ya iniciada en la escena internacional sobre esta cuestión. 
Por último, me gustaría agradecer una vez más su labor al señor Matsakis y a todo el Parlamento, y reiterar mi promesa de contribuir a elaborar políticas comunitarias aún más estrictas para una mayor protección de la salud y el medio ambiente. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Matsakis por todo el trabajo que ha realizado en torno a este informe. 
El resultado de las votaciones en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria es un informe que representa el primer paso que se da en dirección a un enfoque coherente respecto del mercurio y la reducción definitiva de los niveles de mercurio en el medio ambiente. 
Eso constituye todo un homenaje a la labor realizada por el señor Matsakis. 
El Grupo del PPE-DE ha presentado dos enmiendas al informe que fue aprobado en la comisión. 
Una de esas enmiendas –la relativa a los instrumentos de medición tradicionales, como los barómetros– propone permitir al colectivo extremadamente reducido de personas en la UE dedicadas a la reparación, el mantenimiento y el reciclado de los barómetros que continúe trabajando en condiciones estrictamente controladas. 
Una prohibición supondría el fin de la tradición de la fabricación de barómetros y de su artesanía, que se inició hace más de 400 años cuando aparecieron los primeros barómetros de mercurio. 
Si esos establecimientos se ven obligados a cerrar, la gente no podrá mandar a arreglar convenientemente sus instrumentos y es posible que se deshagan de ellos arrojándolos en la basura doméstica, lo cual no redundaría en beneficio de nadie. 
No obstante, estoy totalmente a favor de una legislación que proteja al público frente a la sustancia altamente tóxica que es el mercurio, pero el planteamiento que hemos de adoptar en temas medioambientales tiene que ser proporcionado y equilibrado. 
Una prohibición total, a mi juicio, constituiría una respuesta desproporcionada. 
Los barómetros solo los construye un grupo limitado de personas en Europa y esos técnicos, que tienen un conocimiento excelente del mercurio y del trabajo seguro con él y todos los peligros que conlleva, son los mejor capacitados para ayudar a reducir la contaminación. 
Con advertencias de seguridad apropiadas sobre el producto y con la autorización de establecimientos adecuados sería posible controlar y supervisar del uso del mercurio y la gente podría continuar usando sus barómetros, como lo ha hecho durante siglos, sin que ello suponga una amenaza para el medio ambiente o la salud. 
La segunda enmienda se refiere a la industria cloroalcalina de células de mercurio. 
Creo que mis colegas van a hablar de este tema más adelante. 
. Señor Presidente, compartimos, señor Matsakis, sus objetivos: tanto la eliminación de emisiones de mercurio a escala europea, como la prohibición de exportaciones de mercurio, que, al igual que sus componentes, es una sustancia altamente tóxica para los seres humanos y el medio ambiente, tal como aquí ya se ha dicho. 
Aunque la Unión Europea es la principal exportadora de mercurio en el mundo y una prohibición de sus exportaciones contribuirá considerablemente a frenar el comercio y a reducir las reservas mundiales de este metal, hago un llamamiento al Consejo para que la Unión Europea siga participando en foros y actividades internacionales, asuma compromisos bilaterales y emprenda proyectos con terceros países, especialmente en materia de transferencia de tecnología, para afrontar el problema de la contaminación que produce el mercurio. 
En este contexto, sería deseable la adopción de medidas jurídicas vinculantes a nivel internacional. 
Por otro lado, pido a la Comisión que sensibilice a la población, organizando campañas informativas sobre los riesgos sanitarios que entraña la exposición al mercurio y los problemas ambientales que puede provocar esta sustancia, ya que temo que los ciudadanos y ciudadanas todavía no estén suficientemente informados de su toxicidad. 
Otro aspecto que me preocupa especialmente es el uso del mercurio en forma de tiomersal en las vacunas, ya que podría acarrear efectos perjudiciales para la salud de los seres humanos, por lo que tendríamos que tomar nota de que países, como Dinamarca, no lo emplean desde 1992 en las vacunas para niños. 
Me alegra que las conclusiones del Consejo reconozcan los problemas medioambientales y sociales resultantes del cierre de las minas de mercurio que se explotan desde hace mucho tiempo en Almadén, así como la posibilidad de utilizar estas minas de Almadén como depósito para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o de mercurio metálico secundario resultantes de la industria europea, nunca de sus residuos, aprovechando así las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos técnicos existentes. 
Solo me resta dar las gracias al señor ponente y a todos los ponentes alternativos, porque realmente han realizado un trabajo excelente. 
. – Quiero felicitar al señor Matsakis por su ejemplar labor en calidad de ponente. 
Ya en 1990, año en que se firmó el Acuerdo PARCOM, se acordó que el sector de los cloros y álcalis debería suprimir gradualmente el uso de mercurio de aquí a 2010. 
Ahora debemos imponer una prohibición de las exportaciones que entre en vigor antes de esa fecha. 
De lo contrario, el sector de los cloros y álcalis, que posee las mayores existencias de mercurio de Europa, exportará gran parte de estas. 
Es sumamente importante imponer una prohibición de las exportaciones antes de 2010. 
Hablamos de la seguridad de los depósitos, pero el uso más común del mercurio actualmente se encuentra a tan solo diez centímetros de nuestro cerebro. 
Hace 21 años me pusieron mi primer emplaste de amalgama y sigue ahí. 
Tiene una calidad increíble. 
Actualmente tan solo un 0,05 % de los emplastes de los niños y jóvenes suecos contiene amalgama, mientras que la cifra correspondiente a los adultos es del 2 %. 
Además, estas cifras se encuentran en constante descenso. 
El Servicio de Inspección de Productos Químicos de Suecia ha demostrado que debemos eliminar el mercurio, para el que existen buenos sucedáneos, por razones de protección del medio ambiente y de salud pública. 
Tres cuartas partes de los vertidos de mercurio proceden de la amalgama, la mayoría de los cuales tienen lugar en clínicas dentales. 
Esto implica que los emplastes de amalgama representan el mayor porcentaje de vertidos de mercurio en nuestras redes de alcantarillado. 
Por ello pido a sus Señorías que voten a favor de la enmienda 10 a fin de dar carpetazo a estos problemas. 
Una vez más, muchas gracias, señor Matsakis, por su labor tan constructiva. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mis felicitaciones y agradecimiento al señor Matsakis por su informe, pues ha hecho un gran esfuerzo por incorporar los puntos de vista de todos los diputados en la propuesta de resolución. 
A pesar de los elementos positivos del documento, consideramos que la estrategia comunitaria para el mercurio podría y debería reforzarse aún más. 
Estimamos que una prohibición de las exportaciones de mercurio de los Estados miembros de la Unión Europea debería entrar en vigor a más tardar en 2008 y no en 2010, como propugna la mayoría de la comisión parlamentaria. 
Paralelamente deseamos subrayar la importancia de establecer un régimen más estricto para la concesión de excepciones a esta prohibición. 
En concreto, solo deberían concederse excepciones si no existe ninguna solución alternativa viable. 
Por último, apoyamos que la UE ayude a los países en vías de desarrollo a eliminar el uso del mercurio mediante asistencia no solo técnica, sino también financiera. 
. – Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Comisión por decidir eliminar el mercurio. 
Esa decisión debería haberse tomado hace mucho tiempo. Sabemos desde hace mucho que el mercurio es peligroso. 
Quiero felicitar al señor Matsakis por un informe excelente que va más lejos que la Comisión, sobre todo al señalar a la Comisión uno de los usos más peligrosos del mercurio hoy día: el timerosal, mercurio utilizado directamente en medicamentos de uso habitual como las vacunas contra la gripe. 
Desde que se suprimió el mercurio de las vacunas pediátricas en California, los casos de autismo continúan aumentando. 
Sin embargo, por primera vez en más de 20 años, la tasa de aumento se ha frenado de forma significativa. 
Señor Comisario, asegúrese de que si hay una inyección contra la gripe aviar, la misma esté libre de mercurio. 
Hay una fuente más de mercurio que me gustaría pedirle que elimine. 
El Gobierno irlandés contamina el agua suministrada con ácido hexafluorosilícico, un producto de desecho de la industria de fertilizantes artificiales que, además de mercurio, contiene otras sustancias tóxicas como plomo, arsénico, berilio, vanadio, cadmio, radionúclidos y silicona. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Matsakis por su constructiva y honesta colaboración en este informe, que está destinado a preparar medidas legislativas, de modo que apuntamos el camino a seguir sin adoptar decisiones definitivas. 
Las medidas legislativas deberán venir más tarde. 
Todos sabemos actualmente que el mercurio es sumamente tóxico y esa es una razón suficiente para sacarlo de la circulación. 
Así pues, al proponer una prohibición de las exportaciones a partir de 2010 y un almacenamiento seguro del mercurio que se ha sacado de la circulación, damos las primeras indicaciones de la orientación que debemos seguir. 
Es evidente que en este caso es necesario aplicar el principio de sustitución, aspecto que resulta todavía más importante en vista de que el mercurio no es biodegradable, de modo que permanece en circulación de forma permanente; cada microgramo de esta sustancia regresará al organismo humano a través de la cadena alimenticia. 
Las personas que viven a orillas del mar y que comen pescado con frecuencia tienen en sus tejidos concentraciones de mercurio que superan los umbrales permitidos. 
Aunque sea de lamentar que actualmente no pueda hacerse nada al respecto y de ello no se deriven consecuencias directas, esto indica la necesidad de una prohibición absoluta desde la perspectiva de la medicina ambiental. 
Tal como están las cosas, no me satisface el texto relativo a la amalgama dental, de la que se sospecha con mucho fundamento que desempeña un papel en una serie de dolencias, de las cuales solo citare, a modo de ejemplo, las inmunodeficiencias, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y daños sufridos por los nonatos en el vientre materno. 
A pesar de que los expertos no han llegado a una conclusión definitiva sobre este problema, me parece que la tendencia y los riesgos no dan lugar a dudas, por lo que sobre todo se necesita prevención y atención, antes de pensar en experimentar en sujetos vivos. 
No recomendaré productos de amalgama y de mercurio a las personas y pacientes a mi cargo, y haré todo lo que esté a mi alcance para que el mercurio desaparezca de la circulación, tanto como sea posible y lo antes posible. 
. – Señor Presidente, en general estoy de acuerdo con el señor Matsakis y su excelente informe. 
La comisión ha aceptado todas mis enmiendas. 
Me gustaría subrayar brevemente el contenido de las mismas. 
La información pública es crucial en este caso. 
Todos debemos comprender los riesgos que encierra el mercurio para la salud y el medio ambiente. 
La contaminación no se detiene en las fronteras, por lo que debemos instar a nuestros países vecinos a aplicar nuestra estricta política en materia de mercurio. 
El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación es ante todo una herramienta para animar a esos países a adoptar las medidas pertinentes en el terreno ambiental. 
Otro tanto cabe decir del etiquetado del oro extraído sin utilización de mercurio, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Y, por último, quiero pedir a la Unión Europea que se muestre prudente en el caso de las amalgamas dentales. 
Se evitaría el riesgo real, pero debemos darnos más tiempo para investigar y examinar los datos científicos. 
Me parece que, en estos momentos, una prohibición total sería una medida excesiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al señor Matsakis y, también, a los ponentes alternativos por su excelente labor. 
El mercurio es un elemento tóxico, con incidencia negativa en la salud y, en consecuencia, la Comisión ejecutiva propone que se proceda a su confinamiento seguro, al mismo tiempo que se reduce su uso y se acaba con su comercio, pero, como muy bien dice la Comunicación en su punto 9, existen muchas lagunas sobre sus efectos sobre la salud humana, sobre cómo se disemina o se acumula en el medio ambiente, sobre su toxicidad y sobre la sensibilidad de los ecosistemas. 
Creo que es importante y prioritario que todas estas cuestiones se investiguen y que las decisiones se tomen sobre una base científica y no sobre meras suposiciones, más o menos alarmistas, amplificadas por los medios de comunicación. 
Por otra parte, señor Comisario, la única comarca de Europa que produce mercurio, aunque sus minas ya estén cerradas, es Almadén. 
Esta comarca fue muy próspera, gracias al mercurio que se extrajo de sus minas desde la época de los romanos, y está ahora deprimida, también a causa del mercurio. 
Por ello debe ser compensada con medidas, infraestructuras y apoyos específicos que puedan paliar parcialmente los efectos de las medidas que se tomen. 
Es allí precisamente, entre otras cosas, donde debe ubicarse el almacenamiento seguro de mercurio líquido que se vaya a retirar del mercado. 
La industria cloroalcalina ha firmado un acuerdo para acabar completamente con la utilización del mercurio en 2020. 
Este acuerdo debe respetarse y su cumplimiento debe vigilarse. 
Como curiosidad quisiera comentar, simplemente, que yo he vivido en la comarca de Almadén, que he cogido muchas veces el mercurio con las manos, que he tenido empastes de amalgama de mercurio, que me quité por estética, y puedo asegurarles que no he tenido ningún problema de salud, ni lo tienen las personas que viven allí, ni los animales, ni las plantas, porque, como bien dicen los toxicólogos, el veneno está en la dosis. 
Señor Presidente, Señor Comisario, quiero rendir homenaje al doctor Matsakis por su informe y por el proyecto de resolución con el que concurrió a nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y agradecer a los colegas de dicha Comisión sus contribuciones, que han mejorado el texto que ahora debatimos. 
Durante más de 22 años fui diputado en España por la provincia de Ciudad Real, donde se encuentran Almadén y sus minas, y donde, desde hace veinte siglos, se ha producido la mayor parte del mercurio extraído en Europa y en el mundo. 
Esta comarca, que ha vivido un proceso profundo de diversificación, se verá afectada, una vez más, por las prohibiciones que impondrá la estrategia comunitaria sobre el mercurio en la producción y en la exportación del metal. 
El proceso de elaboración del informe del doctor Matsakis se ha seguido con interés en Almadén y en su comarca, y el texto de la resolución, que aprobaremos mañana, responde a las expectativas de mis paisanos por recomendarse en ella que les lleguen compensaciones significativas de la Unión Europea para asegurar la reactivación social y económica de aquellos territorios. 
Igualmente se ha seguido con simpatía la idea aquí reiterada de que sea en Almadén donde se instale el almacén de mercurio-metal previsto en la estrategia comunitaria, ya que allí concurren la experiencia, la tecnología y la mano de obra necesarias para gestionar dicho almacén con las debidas garantías. 
Quiero aprovechar para invitarle, señor Comisario, a venir con nosotros a Almadén, con el doctor Matsakis y conmigo, y comprobar allí la espléndida belleza del paisaje, así como el cariño de la gente y su ilusión europea por salir adelante. 
Señorías, gracias por su compresión y por su solidaridad. 
. Señor Presidente, desde luego acojo con agrado su invitación. 
En primer lugar, permítame dar las gracias a todos por sus comentarios tan constructivos. 
La contribución del Parlamento Europeo tiene gran importancia y solo la estrecha colaboración entre las instituciones nos permitirá que la Unión Europea encuentre un modo eficaz de abordar las consecuencias negativas que tiene el mercurio sobre la salud humana y el medio ambiente. 
Por ello me complace el apoyo que han expresado en su informe y en sus intervenciones sobre la estrategia. 
Tomo nota con especial satisfacción de que el Parlamento comparte nuestros puntos de vista sobre las principales medidas de la estrategia relativa al mercurio, lo que constituye una base muy sólida para adoptar nuevas medidas concretas para la aplicación de la estrategia. 
Estas medidas ya se encuentran en fase de elaboración. 
Para no ocupar demasiado tiempo me gustaría decir unas cuantas cosas sobre los comentarios del señor Callanan. 
Las repercusiones que el mercurio tiene sobre el medio ambiente siguen siendo importantes y existen alternativas viables. 
De forma similar, la adaptación no es un problema para los pequeños productores, por lo cual la Comisión ha propuesto igualmente una prohibición del uso del mercurio en estos dispositivos de medición. 
En cuanto a las amalgamas dentales, la Comisión pedirá al grupo de trabajo médico correspondiente que estudio nuevas medidas y pedirá su opinión al comité científico sobre peligros para la salud y el medio ambiente. 
Por último, me gustaría agradecer una vez más al Parlamento y en particular al señor Matsakis la posición tan positiva que ha adoptado con respecto a la estrategia. 
La Comisión desea continuar esta colaboración excepcional con el Parlamento sobre este problema especialmente grave. 
Cerramos el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
El punto siguiente, el último para hoy, es el debate de la pregunta oral a la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores y los periodos transitorios, de István Szent-Iványi, Graham Watson e Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-0013/2006- B6-0012/2006). 
. – Señor Presidente, este año ha sido declarado el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Cada uno de los Estados miembros deberá decidir antes del 30 de abril si abrirá o no su mercado laboral. 
Esta decisión determinará si este año realmente será el año de la movilidad de los trabajadores o una parodia. 
No podemos tolerar una situación en la que los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros siguen siendo agentes de segunda clase y, en algunos aspectos, de tercera clase en el mercado de trabajo. 
La libre circulación de personas es una de las cuatro libertades fundamentales, una idea básica de la Unión Europea. 
Durante el Consejo Europeo de primavera, los Jefes de Estado y de Gobierno de Europa deliberarán sobre el proceso de Lisboa. 
Este proceso estará condenado a fracasar si no creamos un mercado laboral unificado y flexible. 
Y para ello es necesaria la liberalización y la libertad de dicho mercado. 
La Comisión publicó hace poco una evaluación en la que se mostraba con toda claridad que los temores y ansiedades que aún existen en los antiguos Estados miembros carecen de fundamento. 
Durante mucho tiempo se temió una entrada masiva de trabajadores en el Reino Unido, la República de Irlanda y Suecia, tres países que han abierto sus mercados de trabajo. 
Pro no ha sido así. 
La tasa de desempleo no ha aumentado en esos países a pesar de las previsiones. 
Por otra parte, el «trabajo negro» se ha reducido, los ingresos públicos han aumentado y ha mejorado la competitividad de las empresas. 
El empleo legal sigue siendo considerable en los países que mantienen restricciones en su mercado laboral. 
Esto ha llevado a la Comisión a la inequívoca conclusión de que los beneficiarios de este proceso han sido los países que han liberalizado la entrada de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros. 
Hasta ahora he dicho que los ciudadanos de segunda clase en el mercado de trabajo son los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, desde el 23 de enero son en realidad ciudadanos de tercera clase en algunos aspectos, pues en esa fecha entró en vigor la Directiva que establecía que la Unión Europea otorgará el derecho de trabajo y residencia a los nacionales de terceros países que hayan residido de forma legal dentro de su territorio durante al menos cinco años. 
Eso no nos molesta, pero significa que incluso estas personas se encuentran en una situación más ventajosa que los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Y por ello pregunto al señor Comisario: ¿cómo prevé resolver este problema? ¿Qué hará para que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no se sientan ciudadanos de tercera en el mercado laboral? 
Y a este respecto, quiero decir que me complace la decisión adoptada por Finlandia, España y Portugal, que han sido decisiones muy positivas para la liberalización del mercado de trabajo, pero todavía estamos a la espera de que Francia, los Países Bajos y Bélgica se sumen al proceso y liberalicen los suyos, ya que esto redundará en beneficio de todos. 
Señor Presidente, antes que nada, el Tratado de adhesión establece un enfoque matizado y propone soluciones claras que permiten la aplicación plenamente compatible con la ley de la Directiva relativa a los residentes de larga duración y las medidas transitorias sobre libre circulación de trabajadores. 
Permítame explicarlo con más detalle. 
En primer lugar tenemos la cuestión del primer acceso al mercado laboral. 
En ese caso, el Tratado de adhesión establece que se dará preferencia a los nacionales de los nuevos Estados miembros respecto a los nacionales de terceros países, en lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo, durante el período en que los antiguos Estados miembros apliquen las medidas transitorias. 
La segunda situación se refiere a los nacionales de los nuevos Estados miembros que ya residen en los antiguos Estados miembros. 
En este caso, el Tratado de adhesión prevé igualmente que los nacionales de los Estados miembros que ya residen y trabajan en un Estado miembro que aplique medidas transitorias no deben recibir un trato más restrictivo que el que reciben los nacionales de terceros países que residen y trabajan en dicho Estado miembro. 
Esto significa que cuando se ha concedido a un nacional de un país tercero la condición de residente de larga duración en virtud de esta Directiva, el Tratado de adhesión garantiza que los antiguos Estados miembros deben tratar a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros que ya residen y trabajan legalmente en su territorio al menos de conformidad con las normas contempladas en la Directiva, incluido por tanto el derecho de acceso libre al mercado laboral. 
La misma lógica se aplica a la tercera situación que contempla la Directiva, a saber, la circulación de residentes de larga duración entre Estados miembros. 
En este caso, la norma es la siguiente: los trabajadores de un país tercero que sean residentes de larga duración en un nuevo Estados miembro no deben recibir un trato más favorable que el que reciben los nacionales de dicho Estado. 
En otras palabras, en caso de traslado a un segundo Estado miembro, este Estado miembro no puede conceder libre acceso a su mercado laboral a un residente de larga duración que sea nacional de un país tercero si no concede el citado libre acceso a los nacionales de los nuevos Estados miembros. 
Otro tanto se aplica a situaciones equivalentes entre dos antiguos Estados miembros. 
En ambos casos de traslado entre Estados miembros, si el nacional de un nuevo Estado miembro y el residente de larga duración están sujetos a medidas nacionales, como la obtención de un permiso de trabajo, la preferencia comunitaria favorecería al nacional del nuevo Estado miembro, que es ciudadano europeo. 
De cuanto precede se desprende que los derechos que concede la Directiva pueden conciliarse con lo dispuesto en el Tratado de adhesión. 
No es necesario presentar propuestas de modificación de la normativa, ya que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no pueden ser objeto de un trato menos favorable. 
No obstante, la Comisión está de acuerdo en que es necesario enviar a los Estados miembros una información mejor que dilucide esta cuestión y para ello remitiré a todos los Estados miembros una carta en la que explicaré claramente la normativa vigente. 
– Señor Presidente, se ha formulado una pregunta oral a la Comisión. 
La pregunta se refiere a la libre circulación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros y reclama una respuesta acerca de si, en el marco reglamentario vigente, algunos grupos de nacionales de países no comunitarios gozan ventajas considerablemente mayores que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros por lo que respecta a la libre circulación entre los Estados miembros para buscar empleo. 
Si es así, esta situación sería a todas luces inaceptable, y nos gustaría que se rectificara a fin de evitar que se infrinja el principio de preferencia que recoge la cláusula de status quo del Tratado de adhesión. 
No obstante, el artículo 21 de la Directiva 2003/109/CE establece que los nacionales de terceros países que hayan obtenido un permiso de residencia de larga duración en un segundo Estado miembro tendrán acceso al mercado de trabajo. 
La expresión «tendrán» debe interpretarse como que no se podrá denegar un permiso de trabajo si la persona interesada ya ha obtenido el derecho a la residencia de larga duración. 
Por consiguiente, un permiso de residencia de larga duración en el segundo Estado miembro comporta en la práctica el permiso de trabajo. 
Esto significa que si las empresas del Estado de acogida están dispuestas a aceptarlos, el acceso al mercado de trabajo de los nacionales extracomunitarios procedentes de otros Estados miembros es automático e ilimitado, mientras que el acceso de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros está restringido y puede restringirse de forma inequívoca. 
Naturalmente, debemos acoger con agrado un objetivo que persigue una mayor movilidad, una mayor flexibilidad y una mayor unificación del mercado laboral. 
Este también es el objetivo evidente de la Directiva 2003/109/CE, pero debemos prestar atención a que se haga en el orden correcto. 
Personalmente acojo con agrado la argumentación que he escuchado también en boca del Comisario, y me gustaría destacar que necesitamos más que una carta: necesitamos una especie de normativa procedimental que explique exactamente lo que hay que hacer cuando un nacional de un país tercero y un ciudadano de la Unión se encuentran en una situación de competencia. 
Me refiero a que necesitamos orientaciones más precisas y detalladas, y eso es lo que espero de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que, sin demérito de las respuestas a lo que ocurre o de las interpretaciones de la Directiva, esta también es una buena ocasión para levantar la voz, y yo uno la mía a la de los que piensan que este problema no se va a resolver hasta que terminemos definitivamente con este periodo transitorio, que ojalá termine cuanto antes, para que todos los europeos seamos iguales y hagamos de la movilidad de los trabajadores una importante herramienta para nuestra competitividad, para nuestro empleo y para la construcción de la Unión Europea. 
Por eso, me uno a los que piden una política de puertas abiertas, cuanto antes mejor, y creo que, en este sentido, es muy interesante —y, como español, me felicito por ello— el anuncio que ha hecho el Gobierno de mi país de levantar las restricciones que había en este periodo transitorio. 
Y lo hemos hecho, señor Comisario, porque somos un país con una cierta experiencia, por ser país de inmigración y país de emigración. 
Además, en estos dos años, una vez más, se ha vuelto a ver con claridad que estas restricciones impuestas a los países de Europa Central y Oriental por la Europa de los 15 han de ser levantadas, por razones de justicia y de solidaridad, pero también por razones de racionalidad y de sentido común, hoy más que nunca, en este año de la movilidad. 
En primer lugar, atendamos a la justicia y la solidaridad. 
Los españoles también tuvimos siete años de periodo transitorio y nos sentimos humillados e injustamente tratados por una situación que no estaba justificada, porque se demostró que buena parte de aquellos discursos xenófobos y racistas estaban equivocados. 
No hubo ninguna avalancha de trabajadores. 
Los trabajadores españoles no crearon nunca problemas en los países de acogida; al contrario. 
Y hemos visto, en estos dos años, que está pasando lo mismo con los trabajadores de los nuevos Estados miembros: no solamente no crean problemas, sino que solucionan carencias de mano de obra, mejoran sus cualificaciones y mejoran la idea global de Europa. 
Por eso, señor Comisario, lo que pido es que el estudio que ha hecho la Comisión Europea sirva para que más países levanten las restricciones y llegue un día en que verdaderamente Europa sea una Europa de todos los ciudadanos europeos y todos los trabajadores europeos tengan los mismos derechos, porque es lo coherente, porque es muy bueno para la movilidad y porque Europa necesita la movilidad si quiere ganar la batalla de la productividad y de la competencia frente a los Estados Unidos. 
Necesitamos crear ese gran mercado de ciudadanos libres en el que no habrá problemas y que, además, nos permitirá mejorar nuestra competencia, mejorar nuestra capacidad y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, de modo que, además de solucionar los problemas concretos, tratemos de tener un poco de visión de futuro, señor Comisario, para levantar esas barreras. 
. – Señor Presidente, me identifico plenamente con lo que ha dicho el orador precedente y yo también quiero dar las buenas noches al Comisario Frattini por tercera vez en esta jornada. 
No es necesario explicar por qué los ciudadanos de los nuevos Estados miembros deben tener acceso al mercado de trabajo; de hecho, lo lógico sería lo contrario. 
Son los países que siguen protegiendo sus mercados los que tienen que explicar los motivos por los que siguen denegando a sus conciudadanos de pleno derecho de la UE sus derechos fundamentales. 
Además, resulta beneficioso desde el punto de vista económico eliminar estas restricciones. 
La economía europea y su mercado de trabajo necesitan gente. 
Si la Unión Europea y el mercado interior desean competir con los principales mercados extraeuropeos, necesitan personas dinámicas, jóvenes, bien formadas y dispuestas a trasladarse. 
Siempre hemos aspirado a esto dentro de la economía europea, de modo que no tiene sentido alguno mantener cerrados los mercados de trabajo. 
Asimismo, resulta ilusorio creer que estas restricciones hacen que los trabajadores de Europa Oriental no vengan aquí, pues ya se encuentran aquí desde hace mucho tiempo, a pesar de que son explotados por patrones fraudulentos y viven en condiciones degradantes en nuestros países, cosa que considero una vergüenza. 
Por ello, los argumentos en materia de derechos civiles, economía y solidaridad exigen el levantamiento de estas restricciones. 
Me alegro de que mi país, los Países Bajos, probablemente lo hagan –o en todo caso, la mayoría parece estar a favor de ello– y me gustaría instar a todos los Estados miembros a hacer otro tanto en este año de la movilidad. 
– Señor Presidente, lo que ocurre en los países que desean mantener el régimen transitorio no es más que un remedo de debate y, por supuesto, Alemania es uno de ellos. 
Lo cierto es que una manera de hacerse popular es decir a la gente cosas que no son ciertas, sobre todo si se le dice que el régimen transitorio puede proteger el mercado de trabajo. 
Pero no es así, al contrario, el régimen transitorio no impide la llegada de trabajadores migrantes. 
En vez de ello, al no poder ser contratados legalmente, solo les queda la economía sumergida. 
En las regiones fronterizas de Alemania Oriental, de donde provengo, el mercado negro florece y se ha producido un aumento masivo del número de trabajadores autónomos ficticios, simplemente porque el régimen transitorio estimula este tipo de cosas. 
Debido a ello, los salarios más elevados se ven sometidos a una creciente presión. 
A diferencia de lo que sucede con el empleo legal, el ilegal no puede ser objeto de control y seguimiento. Esto da pie a la explotación y discriminación de los trabajadores. 
Lo que Europa necesita es un mercado laboral bien ordenado, con normas mínimas y basado en el principio de salario igual a trabajo igual en el mismo lugar. 
El efecto que tienen el régimen transitorio es, simplemente, retrasar estas reformas y tareas tan urgentes; más aún, ofrecen a los populistas de derechas material para sus discursos y, sobre todo, socavan el ideal europeo. 
Así pues, como alemana, permítanme hacer un llamamiento a la supresión del régimen transitorio, para que el mercado se abra igualmente en Alemania y para que se establezcan condiciones dignas en ese país. 
. – Señor Presidente, el talón de Aquiles de la construcción europea es que cuando se considere que están en juego los intereses nacionales, los Estados miembros barrerán para su casa. 
Así es como funciona la política, a pesar de las promesas de solidaridad y de las obligaciones que contempla el Tratado. 
Me refiero en particular en que no existe igualdad de trato para los trabajadores de terceros países en la Unión, pero tampoco contamos con un mercado libre en el sector de los servicios, ni nada que se parezca a una aplicación uniforme de la legislación comunitaria. 
Posiblemente el ejemplo más claro de incumplimiento de las normas es el Pacto de Estabilidad, y sin disciplina presupuestaria el euro no durará mucho. 
Cada vez que algún Estado miembro se porta mal, pedimos a la Comisión que haga algo, pero la Comisión no puede hacer gran cosa y no estoy seguro de que la campaña informativa del señor Frattini resulte útil. 
Aunque la Comisión exija igualdad de trato para los trabajadores, algunos países seguirán diciendo «no» , y si se les convence de que digan «sí» , encontrarán fácilmente la manera de incumplir su compromiso. 
. – Señor Presidente, la situación a la que nos enfrentamos desde el 1 de enero de este año es paradójica. 
Por una parte, los denominados antiguos Estados miembros están obligados a que los residentes de larga duración reciban el mismo trato que sus propios nacionales por lo que se refiere al acceso al mercado laboral. 
Por otra, muchos de estos mismos países aprovechan las disposiciones del Tratado de adhesión para mantener la prohibición de la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Este estado de cosas es contrario a lo dispuesto en el citado Tratado de adhesión, de conformidad con el cual los ciudadanos de la Unión Europea tienen preferencia sobre los nacionales de terceros países a la hora de acceder al mercado laboral. 
Este problema se podría haber resuelto suprimiendo los períodos transitorios para el empleo de ciudadanos de los nuevos Estados miembros en los mercados laborales de la antigua Unión. 
Desgraciadamente, tan solo tres Estados miembros, a saber, Irlanda, Suecia y el Reino Unido, abrieron su mercado de trabajo a partir del 1 de mayo de 2004. 
Otros dos Estados miembros, España y Portugal, han declarado que lo harán a partir del 1 de mayo de este año. 
Lamentablemente, en la mayoría de los demás Estados miembros ha prevalecido el temor a la entrada de mano de obra extranjera barata y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
La señora Schroedter ha mencionado esta situación en el caso de Alemania. 
Ese temor carece totalmente de fundamento. 
Las estadísticas de la Comisión Europea ponen de relieve que el número de ciudadanos procedentes de los nuevos Estados miembros se ha mantenido muy estable en la mayoría de los Estados miembros tanto antes como después de la ampliación. 
Salvo en el caso de Austria, la cifra de trabajadores procedentes de los diez nuevos Estados miembros no supera el 1 % de la población económicamente activa. 
La entrada de trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros no ha hecho que los trabajadores locales pierdan su empleo en ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Los recién llegados han ocupado puestos de trabajo totalmente nuevos o puestos que estaban vacantes. 
Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que la economía estadounidense seguirá superando a la nuestra desde el punto de vista de la competitividad a menos que incrementemos la movilidad de la mano de obra en Europa. 
La tasa de desempleo en la UE es actualmente del 8 %, pero aún así existe escasez de trabajadores en algunos sectores. 
Ahora bien, no todos los europeos pueden moverse libremente a la búsqueda de empleo. 
Lamentablemente es muy probable que la mayor parte del mercado laboral de la Unión permanecerá cerrado para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros durante otros cinco años. 
Por ello es indispensable que la Comisión Europea adopte medidas para eliminar las contradicciones que existen en la legislación comunitaria y amplíe la libre circulación de trabajadores. 
– Señor Presidente, recuerdo cómo, hace casi dos años, unos cuantos días después de la histórica ampliación de la Unión Europea, tomé la palabra en esta Cámara para hacer un llamamiento a los Gobiernos de los antiguos Estados miembros para que tuvieran el valor de renunciar a los períodos transitorios. 
Les pedí que abrieran su mercado de trabajo a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Desgraciadamente, únicamente tres Estados miembros tuvieron el valor de abrir su mercado laboral en esa ocasión. 
Me refiero al Reino Unido, Irlanda y Suecia. 
Los doce Estados miembros restantes cedieron a los temores o tal vez a las presiones de su propia opinión pública y de sus ciudadanos, y se atrincheraron contra la entrada de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros, sobre todo los de Europa Central y Oriental. 
¿Qué conclusión podemos sacar después de estos dos años? 
Resulta evidente que los más beneficiados han sido precisamente los tres países que se atrevieron a abrir su mercado de trabajo. 
La Comunicación que la Comisión Europea publicó hace un mes, en febrero si no me equivoco, deja muy claro que el desempleo no ha aumentado en los países que decidieron abrir su mercado de trabajo. 
Ni tampoco lo han hecho los problemas sociales. 
Lo que ha ocurrido es más bien lo contrario: la economía se ha vigorizado y han aumentado los ingresos fiscales. 
Esas son la ventajas de la aplicación en la práctica de uno de los principios fundamentales del Tratado. 
Y podríamos incluso considerarlo el más importante de todos, pues forma parte de los cimientos en los que se ha construido la Unión, por lo que deberíamos intentar su aplicación en todos los 25 actuales Estados miembros de la Unión Europea. 
En la víspera de la expiración del primer período transitorio, me alegra ver que algunos Gobiernos más están considerando la posibilidad de abrir su mercado de trabajo. 
Sin embargo, hay que señalar que, en la situación actual, siguen siendo una minoría de los antiguos Estados miembros. 
Este es un problema grave, por lo que me gustaría hacer el siguiente llamamiento. 
Cuando tomemos la palabra en breve para debatir la resolución del Parlamento, debemos enviar un claro mensaje a los Gobiernos de los Estados miembros, para que no solo se planteen abrir su mercado de trabajo, sino para que vayan adelante y lo abran completamente a fin de permitir la libre circulación de trabajadores. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega, el señor Szent-Iványi, por incluir una vez más este tema en el orden del día, y que no es importante únicamente para los Estados miembros, sino para el conjunto de Europa. 
Quisiera dar las gracias al Comisario Spidla, quien ha elaborado un excelente informe de síntesis en el que presenta una imagen precisa y verdadera de los procesos ocurridos en el pasado en los mercados laborales. 
El propósito de Hungría y de los demás Estados miembros es la abolición de todos los obstáculos legales y administrativos que actualmente impiden la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. 
Nos gustaría ser iguales a los demás ciudadanos de la Unión Europea. 
La apertura del mercado de trabajo y la libre circulación de trabajadores no es una concesión o un favor, sino una decisión razonable por parte de los nueve antiguos Estados miembros, que tendría consecuencias benéficas para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Lo que está en juego es la competitividad de la Unión Europea. 
Espero que estos nueve antiguos Estados miembros se den cuenta de ello y que, en el mes de abril de 2006, al término del período transitorio de dos años, esos nueve Estados miembros restantes tomen una decisión favorable y se unan a Finlandia, España y Portugal, países que se disponen a abrir su mercado de trabajo. 
Debemos dar las gracias al Reino Unido, la República de Irlanda y Suecia, que fueron los primeros en hacerlo. 
Esta medida ha brindado importantes ventajas a estos países. 
En la República de Irlanda, la tasa de desempleo ha descendido durante los últimos dos años, en parte gracias a los efectos positivos de los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros. 
En el Reino Unido, la entrada de trabajadores ha contribuido al crecimiento económico y a mejorar la competitividad. 
Por consiguiente, las acusaciones y temores que despertaba la inmigración masiva y el dúmping social no tienen fundamento alguno. 
Muchas gracias a Finlandia, España y Portugal por haber anunciado que ellos también abrirán su mercado laboral. 
Resulta sumamente hipócrita que los nueve antiguos Estados miembros que no han levantado estas restricciones permitan la entrada de mano de obra de países extracomunitarios, pero se nieguen a permitir la entrada de trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros. 
A estas horas de la noche, tengo que polemizar con el Comisario Frattini. 
Lo que ha dicho solo es verdad en el caso de los países que han abierto su mercado laboral. 
En esos países, de hecho, es posible dar preferencia a los trabajadores de los nuevos Estados miembros sobre los trabajadores de terceros países. 
Este problema no se plantea en los países que no han abierto su mercado de trabajo. 
Por consiguiente, la apertura de los mercados laborales es una cuestión de principio, de competitividad y de eliminación de la discriminación, así como una cuestión de igualdad entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. 
– ¿Qué puedo añadir a las observaciones que han hecho los diputados que han intervenido antes que yo? 
La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales garantizadas, hasta ahora tan solo sobre el papel, en la legislación comunitaria. 
Los nuevos Estados miembros esperan que los antiguos abran lo antes posible su mercado laboral a los recién llegados, pues consideran que los antiguos saldrán beneficiados con ello, si bien cada uno de los antiguos Estados miembros tiene el derecho soberano de hacerlo antes de que sea obligatorio. 
Según las estadísticas de la Comisión Europea, la avalancha de mano de obra de los nuevos Estados miembros no ha sido tan grande como se temía. 
Inglaterra, Irlanda y Suecia solo se han beneficiado de la entrada de trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Debemos felicitar a varios Estados miembros por su decisión de abrir su mercado de trabajo a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea a partir del mes de mayo. 
La libre circulación de mano de obra, la liberalización del mercado de servicios y otras medidas contribuirían a aumentar la competitividad de la Unión y Europea y, lo que es más, incrementarían la fe de los ciudadanos en la Unión Europea. 
La claridad o ambigüedad de una situación compleja reduce la fe en la Unión Europea. 
En mi opinión, los Estados miembros de la Unión Europea deben adoptar medidas para abolir inmediatamente las restricciones discriminatorias que sufren los ciudadanos y de otros nuevos Estados miembros para encontrar un empleo legal. 
De este modo permitirían que estas personas ejercieran realmente de sus derechos y les darían la oportunidad de pagar sus impuestos. 
Ha llegado el momento de acabar con lo estereotipos del viejo pensamiento y de comprender que la libertad y una competencia sana son el motor del progreso en Europa. 
– Señor Presidente, la verdad pura y dura es que los antiguos Estados miembros estaban más que dispuestos a abrir mercados cuando contaban con ventajas competitivas, a saber, con respecto a la libre circulación de capital. 
Me gustaría señalar que cuando estas ventajas corresponden a los nuevos Estados miembros, los mercados se mantienen cerrados. 
Uno ejemplo de ello es el mercado de servicios y otro el mercado de trabajo. 
Desde el 23 de enero, en aplicación de la Directiva relativa a los residentes, la situación en materia de acceso al mercado laboral de los ciudadanos de terceros países podría ser mejor que la de los ciudadanos de los países que acaban de adherirse a la Unión. 
Sus explicaciones me parecen interesantes, señor Comisario, pero no me han convencido. 
Y creo que a esta Cámara le gustaría escuchar más sobre este tema. 
Todo ello contradice claramente las disposiciones de los Tratados de adhesión. 
Cabe destacar una vez más ante esta Cámara que en ninguno de los países que abrieron su mercado laboral se ha registrado un aumento del desempleo o de otros problemas sociales, como el fraude en las prestaciones sociales. 
Al contrario, la mano de obra barata procedente de los nuevos Estados miembros ha fortalecido su economía. 
Transcurridos dos años podemos decir categóricamente que estas restricciones carecen de toda justificación económica. 
Según los planes de la Comisión, este es el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Debo recalcar que la baja movilidad de los trabajadores se debe igualmente al cierre de los mercados de trabajo en la mayoría de los Estados miembros. 
Si los Estados miembros insisten en mantener el cierre injustificado de su mercado de trabajo, el año 2006 podría convertirse en el año europeo de la hipocresía, en lugar del Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
– Señor Presidente, aunque el entendimiento mutuo resulta difícil en ocasiones debido a nuestras diferencias lingüísticas, es necesario que las comisiones parlamentarias de esta Cámara examinen los informes de la Comisión, los evalúen y los debatan. 
Esta cuestión es competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pero el debate y las preguntas sobre ella prejuzgan sus deliberaciones, y creo que deberíamos evitarlo; quizás existan razones para ello, pero creo que debemos evitarlo. 
Permítanme decir en primer lugar que la Comunicación de la Comisión, que supuestamente debería contribuir a suprimir el período transitorio para la libre circulación de trabajadores, presenta en mi opinión deficiencias en su fondo y –por la forma en que nos ha sido presentada– carece todavía de solidez en términos económicos. 
Asimismo, los autores de la pregunta que nos ocupa no observan los hechos desde la perspectiva correcta cuando dicen que los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros se encuentran en desventaja respecto a los nacionales de terceros países. 
Lo cierto es que, en Alemania, los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros tienen un 3 % más de probabilidades de encontrar trabajo que los ciudadanos de terceros países. 
En Austria, esta diferencia alcanza nada menos que el 6 %. 
La ventaja de que gozan los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros es aún mayor en el Reino Unido e Irlanda. 
Y para ser precisos, los datos correspondientes a un único año desde la adhesión no pueden constituir una base creíble para hacer un pronóstico de los cambios a medio y largo plazo en el mercado de trabajo, como los que avanza la Comisión. 
Si consideramos el período al que se refiere la evaluación, la conclusión a la que llega la Comunicación, a saber, que la apertura del mercado laboral tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo, es simplemente errónea. 
In 2005, la UE de los 25 registró un crecimiento económico muy inferior al de 2004, en particular en el caso del Reino Unido, donde hubo un descenso del 1,4 % y en el que la inmigración fue diez veces superior a la prevista por el Gobierno británico. 
A diferencia de años anteriores, no se observó una marcada reducción del desempleo, por lo que pido a la Comisión que encargue lo antes posible un estudio sobre la migración de trabajadores y todos los efectos relacionados con ella, sin valoraciones. 
Dicho estudio no solo beneficiaría a la Comisión, sino que permitiría proseguir con un diálogo racional. 
Me gustaría añadir que, aunque yo también deseo una pronta reducción de los períodos transitorios, serán necesarias medidas de acompañamiento eficaces en un marco adecuado y la revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, que serían beneficiosas para todos los interesados al disipar los temores e inquietudes de una parte y al permitir que ambas partes entablen un diálogo, pero debatir esta cuestión de esta manera me parece simplemente una equivocación. 
Han transcurrido dos años desde que se inició la última fase de la ampliación y la primera parte del periodo de transición de siete años está llegando a su fin. 
Los Estados miembros deben decidir si amplían o suprimen el periodo transitorio. 
El Reino Unido, Irlanda y Suecia abrieron sus mercados de inmediato, lo cual les benefició, a la vez que ha animado a los nuevos Estados a considerar su propia mano de obra desde una perspectiva algo distinta y a evaluarla mejor. 
El mercado de trabajo de la Unión de los 15 no se ha visto inundado por trabajadores procedentes de los nuevos Estados. 
La ampliación ha contribuido a la legalización de puestos de trabajo que antes eran ilegales. 
Ningún periodo de transición detendrá a una persona que desee marcharse. 
La libre circulación de las personas es el valor fundamental de la Comunidad Europea. 
El 26 de enero entró en vigor una directiva del Consejo por la que se autoriza a los ciudadanos de países terceros que hayan residido en la UE durante cinco años a circular libremente y trasladarse a cualquier país de la Unión para estudiar, trabajar o simplemente vivir allí. 
¿Por qué adoptó el Consejo una directiva que discrimina a los nuevos países? 
¿A qué se debe la enorme oposición a que se haga justicia? 
Alegra saber que Finlandia, España y Portugal se proponen dejar atrás el periodo de transición. 
Austria y Alemania iniciaron la introducción de dichos periodos transitorios. 
Los resultados de estos dos años demuestran que los nuevos Estados miembros no constituyen una amenaza. 
Insto encarecidamente a Austria y a los demás Estados a que abandonen el periodo de transición discriminatorio y esa actitud discriminatoria hacia los nuevos Estados miembros. 
Me gustaría plantear una cuestión más amplia: ¿Por qué consideran los nuevos Estados miembros que cada vez es más amplia la brecha que les separa de los antiguos Estados miembros? 
Para empezar voy a referirme a la Directiva sobre los servicios. 
Se temía que los nuevos Estados miembros empezaran a ofrecer servicios de mejor calidad que los de los antiguos Estados miembros y que esto obstaculizara la aplicación de uno de los derechos fundamentales de Europa, que durante cincuenta años solo ha existido sobre el papel. 
Se tachó ofensivamente la circulación de servicios de «dúmping social» y se invocó al mítico fontanero polaco para atemorizar a los ciudadanos de los antiguos Estados miembros. 
Esa retórica humilló a los nuevos Estados miembros y generó en sus ciudadanos la impresión de que no eran seres humanos. 
Sin embargo, el conflicto no se planteaba entre las fuerzas de la derecha y las de la izquierda, y los antiguos Estados miembros no tardaron en alcanzar un compromiso: algunos defendieron a sus grandes empresas, mientras que otros protegieron a sus sindicatos. 
La Europa Oriental abrió, no obstante, sus mercados mucho antes de entrar a formar parte de la Unión Europea y, a resultas de ello, algunas grandes empresas de los antiguos Estados miembros han venido adquiriendo durante años empresas en Europa Oriental sin las limitaciones de una directiva sobre los servicios. 
Llegaron a nuestro mercado y lo compraron, pero cuando llegó nuestro turno, se nos cerró la puerta. 
Quienes sufren las consecuencias son las pequeñas empresas y los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, así como los consumidores de los antiguos. 
En segundo lugar, la restricción de la libre circulación de trabajadores convierte a los nuevos europeos en ciudadanos de segunda clase. 
Algunos ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a circular libremente, mientras que otros no pueden hacerlo, en función de su ciudadanía. 
El neoproteccionismo en el seno de la Unión limita los derechos civiles de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y a menudo recurre a una retórica xenófoba, como hemos visto en el caso del debate de la Directiva sobre los servicios. 
Aunque el mercado de trabajo esté cerrado, los antiguos Estados miembros llevan años contratando alegremente a los trabajadores que les faltan, por ejemplo médicos, enfermeras y especialistas en tecnologías de la información. 
No se les pasaría por la cabeza insultar a esos trabajadores colgándoles la etiqueta del dúmping, puesto que a menudo su contratación incluso se ha financiado con fondos públicos. 
En tercer lugar, acabamos de asistir a la aplicación de una directiva que estipula que los nacionales de terceros países que hayan residido en un Estado miembro de la UE durante cinco años tienen derecho a circular libremente, pero los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión carecen de ese derecho. 
¿Qué conclusión podemos extraer de ello? 
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no son de segunda clase, sino de tercera. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas se propone adoptar Europa para garantizar que ese proteccionismo intolerable y esa discriminación evidente no dividan a la Europa recién reunificada? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, he leído con interés el informe de la Comisión del 8 de febrero que indica claramente que la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea ha tenido efectos positivos. 
Los trabajadores migrantes han contribuido a eliminar las deficiencias del mercado laboral, mediante el incremento de la mano de obra cualificada en la UE, la reducción del potencial de empleo ilegal y su aportación general a la mejora de la eficiencia en Europa. 
Hace un mes debatimos y aprobamos en primera lectura un informe sobre la apertura del mercado de los servicios en la Unión Europea. 
Me refiero a la Directiva sobre los servicios, porque esta puede llegar a afectar de cerca a la libre circulación de los trabajadores. 
Podríamos llegar a un momento crítico si, por un lado, se aplica la Directiva sobre los servicios y, por otro, un país sigue optando por coartar la libre circulación de los trabajadores. 
Esto impondría restricciones a la aspiración de los trabajadores a cambiar de empresa, aun en el caso de que ese cambio no solo les beneficiase a ellos, sino también al país de destino. 
Un país podría eliminar dicho riego anulando el periodo de transición. 
Señorías, la libre circulación de trabajadores evidentemente no constituye en sí misma una solución para mantener el modelo social de un Estado determinado. 
Los modelos ineficaces resultan insostenibles dado el deterioro de los déficit de las haciendas públicas debido a la globalización, el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. 
La libre circulación de los trabajadores, sin embargo, no es, ni puede ser, el origen de estos problemas. 
La legislación europeo no puede imponer a los Estados miembros si deben cancelar o no los periodos transitorios. 
Estos deberían adoptar, en cambio, todas las medidas posibles para hacer frente a las verdaderas causas de sus problemas económicos. 
Entonces verán la libre circulación de trabajadores como una ventaja, en lugar de una amenaza. 
Queda cerrado este punto del orden del día. 
El Grupo del VVD en el Parlamento Europeo está a favor de que los «antiguos» Estados miembros levanten las restricciones que pesan sobre los trabajadores de los nuevos Estados. 
Todos los países europeos obtienen beneficios económicos de la apertura de sus fronteras. 
En los Países Bajos, por ejemplo, tenemos una escasez de mano de obra en los sectores metalúrgico, hortícola, agrícola y de servicios sanitarios. 
La política de apertura de las fronteras ha sido un éxito en el Reino Unido, Irlanda y Suecia. 
Si abrimos la puerta delantera, al menos podremos decidir a quién dejamos entrar, en lugar de intentar contener desesperadamente la entrada de ilegales por la puerta trasera. Ha quedado demostrado que esto es imposible, pues cada año podemos constatar que el trabajo estacional, en particular, lo desempeñan trabajadores ilegales. 
Declaro cerrado el periodo de sesiones 2005-2006 del Parlamento Europeo. 
Declaro abierto el período de sesiones 2006-2007 del Parlamento Europeo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0036/2006) del señor Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo (2005/2167 (INI) ). 
. 
Señor Presidente, Señorías, cuando empecé a elaborar el informe, el sector de las telecomunicaciones se hallaba en un estado bastante lamentable. 
La mayoría de los Estados miembros no habían emitido sus comunicaciones nacionales sobre los avances realizados en su aplicación. 
La situación ahora es mejor: la Comisión ha recibido todas las comunicaciones nacionales y en casi todos los Estados miembros han entrado en vigor cinco Directivas de una forma u otra. 
Mientras tanto, sin embargo, muchos Estados miembros llevan años protegiendo sus monopolios y, por ello, han tenido el dinero suficiente para penetrar en los mercados de los Estados miembros que habían abierto sus mercados. 
No obstante, estas directivas ya son obsoletas. 
La industria está avanzando a un ritmo tal que son necesarias nuevas leyes para garantizar la viabilidad y el desarrollo del mercado y de su potencial para crear empleo. 
Por este motivo, es positivo que la Comisión ha decidido proponer la estrategia i2010, que aspira a crear un especio común viable basado en el conocimiento. 
Tenemos que salvaguardar las inversiones y los créditos destinados a la investigación y todos los europeos necesitan acceder a este sistema, incluidos los pobres. 
La tecnología cambia con más rapidez que la legislación y, por este motivo, me atengo a la premisa básica de que la estrategia propuesta en mi informe debería ser tan transparente como sea posible y que la tecnología debería ser neutral. 
De este modo, podremos incentivar el acceso al mercado para todo tipo de nuevas invenciones y alternativas, y también de competidores. 
Cambiaremos el mundo más con tecnología que con política. 
¿Pero quién debe liderar este cambio? 
Deberíamos estar hablando de la omnipresente sociedad de la información. 
La tecnología de la información y de la comunicación ya no es sinónimo de tecnología audiovisual. 
La información se transmite, por ejemplo, entre un neumático y un coche, entre un frigorífico y un equipo terminal portátil, un monedero y un anillo, el aire acondicionado de casa y un navegador. 
Por lo tanto, estamos hablando de tecnología digital, que está presente en todas partes y todo el tiempo. 
¿Cuánto más lista es una persona en un traje inteligente? 
Esta persona es una fuente móvil de información y un objetivo de esta. 
Me pregunto cuándo empezaremos a controlarla como si se tratara de un robot. 
La tecnología digital también facilita a muchos la vida, con el resultado de que estamos empezando a buscar estímulos fuera de este entorno. 
Se calcula que el 80 % de nuestra riqueza nacional es intangible, lo que quiere decir que la educación, el conocimiento, la administración y solo un 3 % está formado por recursos naturales. 
Por lo tanto, resulta alarmante que en esa franja del 80 % nos estemos quedando rezagados con respecto a nuestros competidores. 
No estamos invirtiendo, ni investigando, ni aplicando debidamente las directivas y nuestro ritmo no es el adecuado. 
Solo los países nórdicos y uno o dos más constituyen una excepción a esta tendencia. 
La tecnología de la información y la comunicación es el sector de la industria que crece con más rapidez. 
Crea la mayor parte de los trabajos en la industria. 
A menos que nos pongamos manos a la obra, nos espera el desastre. 
Los que invierten en el sector buscarán a sus socios en países como China e India, y dejarán de lado a las viejas economías en Europa, es decir, a nosotros en Europa. 
Ya hay personas muy bien formadas de China e India que están entrando en este sector, muchas más que de Europa. 
Anteayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió a Europa de este cambio. 
Señorías, ¿no será hora de que nos pongamos manos a la obra, como sugiere la Comisión? 
Se han presentado algunas enmiendas a mi informe. 
La señora Riera Madurell y yo hemos elaborado tres de ellas, que pueden mantenerse en la forma de estas versiones resumidas, como enmiendas de transacción. 
Su objetivo es tener debidamente en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, pero hay que acortar ligeramente esta opinión. 
Espero que pronto este enfoque reciba el visto bueno. 
Asimismo, mi colega el señor Guidoni ha elaborado varias enmiendas contra las que votamos en comisión, principalmente por un error de traducción. 
. Señor Presidente, antes que nada deseo dar las gracias al Parlamento y en particular a su ponente, el señor Paasilinna, por su informe tan detallado. 
Ha colaborado estrechamente con los demás ponentes y ha recabado sus opiniones. 
A todos ellos les doy las gracias. 
Resulta muy alentador ver que el Parlamento comparte las principales inquietudes de la Comisión, así como las prioridades políticas con respecto a la Sociedad de la Información para los próximos cinco años. 
Como han señalado las distintas comisiones parlamentarias y ponentes, actualmente es muy difícil predecir cómo será la Sociedad de la Información del futuro, y por eso preferimos un marco estratégico amplio y ambicioso, en lugar de un plan de acción pormenorizado, ya que este marco estratégico nos permite llevar a cabo revisiones y ajustes cuando así lo exijan las circunstancias. 
Así pues, el marco i-2010 pretende ser un marco político preparado para el futuro. 
Me complace que el Parlamento y la Comisión tengan la misma posición sobre elementos clave del i-2010, a saber, el compromiso de hacer que la legislación en materia de TIC esté orientada al futuro y responda a los cambios que genere la convergencia. 
De este modo, debe ser tecnológicamente neutral y fomentar la competencia y, al mismo tiempo, los Estados miembros deben aplicar plenamente el marco reglamentario vigente, cosa que, por desgracia, no siempre es así, pero sus Señorías saben que lucho por hacer que se cumpla. 
Consideramos de forma similar que es necesario enfocar la gestión del espectro de modo que permita responder rápidamente a la evolución tecnológica y a las variaciones de la demanda, y que cuente con el apoyo de las autoridades reguladoras, los operadores y otras partes interesadas. 
Tendremos mucho trabajo en este aspecto en los próximos meses. 
Nuestras prioridades comunes incluyen igualmente apoyar la creación y distribución del contenido europeo por parte de la UE, la protección de la propiedad intelectual, la promoción de la seguridad y la protección de los usuarios frente a los contenidos perjudiciales. 
La Comisión y el Parlamento coinciden igualmente en invitar a los Estados miembros y a las empresas a invertir más en la investigación sobre las TIC, y ambos consideramos necesario asegurar los recursos financieros necesarios para las TIC en el Séptimo Programa Marco y el Programa de Competitividad e Innovación. 
También estamos de acuerdo en que es necesario promover y proteger los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información y que por ello debemos enseñarles cómo pueden ejercer sus derechos, la libertad de expresión, la intimidad, la protección de datos personales y el derecho a recibir o comunicar información en la Sociedad de la Información. 
Junto con el Parlamento, insto a los Estados miembros a que aprovechen sus planes nacionales de reforma para incluir sus prioridades en materia de TIC, para mejorar sus servicios públicos, como las iniciativas de administración electrónica, en las que observo grandes progresos en el camino hacia una mayor inversión en el aprovechamiento de las TIC para servicios del sector público. 
Me preocupa la brecha digital tanto como al Parlamento. 
Debemos asegurarnos de que todos puedan participar, no solo las personas que viven en las ciudades, no solo las personas con un determinado nivel de educación y no solo los jóvenes. 
Se trata de una meta muy importante y debemos aprovechar la oportunidad. 
Trabajaremos juntos para superar esta brecha digital. 
Cuando hablo de «brecha digital» me refiero igualmente a la promoción de los conocimientos básicos digitales para todos, lo que implica la participación de la mujer en todos los ámbitos relacionados con las TIC en el mundo académico y en las empresas. 
Tengo buenas noticias, pues nuestras estadísticas señalan que el género no es el principal factor de la brecha digital y que además disminuye con gran rapidez. 
Me parece alentador, pero esto no significa que no tengamos que hacer nada para resolver el problema que queda. 
Tenemos que colaborar y seguir trabajando para fomentar una mayor igualdad de género en los ámbitos relacionados con las TIC, como la ciencia. 
Muchos Gobiernos están tomando iniciativas en este sentido. 
Estoy de acuerdo con sus Señorías en la crucial importancia que reviste Internet para una economía basada en la información. 
De ahí que la UE desempeñara un papel activo en la negociación de un acuerdo sobre la progresiva internacionalización de la gestión de Internet en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que tuvo lugar en Túnez el año pasado. 
En mi opinión, ese es el mejor enfoque de la gestión de Internet. 
La Comisión, junto con el Parlamento, continuarán por esta vía y para ello organizarán un foro este mismo año. 
Asimismo he intensificado las actividades de supervisión en el ámbito del pluralismo de los medios de comunicación y en breve publicaré un documento de trabajo al respecto. 
Este documento de trabajo servirá de inventario de la amplia gama de circunstancias existentes en los Estados miembros, pero al mismo tiempo –como vengo repitiendo– mis opiniones sobre la propiedad y el pluralismo de los medios de comunicación no han cambiado. 
Las cuestiones relativas a la propiedad son competencia de los Estados miembros y son ellos los que deben asumir sus responsabilidades y ejercerlas efectivamente de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
De ahí que la Comisión se limite a apoyar a los Estados miembros, pero no les da instrucciones en esta importante esfera de la vida nacional. 
Ahora bien, prometí a sus Señorías que seguiría atenta a esta cuestión y que colaboraría con ustedes al respecto. En breve presentaré a esta Cámara medidas en este sentido. 
En cuanto a su petición de acelerar la iniciativa «e-inclusión» –prevista para 2008–, les pido que no solo vean la fecha de 2008, ya que en ese año habremos alcanzado nuestro objetivo. 
Y ahora estamos haciendo los preparativos para alcanzarlo. 
He hablado con las futuras Presidencias finlandesa, alemana y portuguesa y tomaremos medidas prácticas hasta llegar a la iniciativa «e-inclusión» en 2008. 
Desde la publicación del Plan de acción i-2010 hemos realizado una amplia campaña de sensibilización acerca de las cuestiones relacionadas con las TIC. 
Hemos comenzado a avanzar en la consecución de nuestros principales objetivos gracias a la adopción de varias propuestas, a otras propuestas en fase de preparación y a iniciativas que no formaban parte de la iniciativa i-2010. 
La flexibilidad de este plan de acción nos permite agregar iniciativas siempre que sea necesario. 
La última de ellas contempla una consulta sobre identificaciones de radiofrecuencia para conciliar las necesidades económicas con el imperativo de proteger la intimidad de nuestros ciudadanos. 
Sin embargo, la consecución de un objetivo ambicioso exige recursos financieros suficientes. 
Apenas se llegue a un acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras, deberemos examinar las importantes decisiones y ajustes que figuran en el Séptimo Programa Marco y en el Programa de Competitividad e Innovación. 
Por ello pido a Sus Señoría que asignen a estos dos programas los recursos financieros necesarios para que las TIC puedan impulsar la competitividad y el crecimiento. 
Me complace que compartamos esta opinión y este objetivo, no solo con esta Cámara, sino también con las tres instituciones, lo que es una garantía de éxito. 
. Señor Presidente, en efecto, voy a hablar en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y, tras felicitar al ponente por su magnífico trabajo, tengo que unirme a las palabras de la Comisaria y decir que, para alcanzar los objetivos de Lisboa, es indispensable construir una sociedad de la información plenamente integradora, donde todas las personas tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y puedan beneficiarse de ellas en igualdad de condiciones. 
En este contexto, la escasa presencia de mujeres en los ámbitos relacionados con estas tecnologías, pone de relieve, dentro de la Unión Europea, la existencia real de una brecha digital por razón de género, que tiene clara repercusiones en el ámbito laboral y que necesita ser tratada mediante acciones específicas. 
Hay que incidir en las causas de esta fractura, por lo que es necesario promover acciones de formación que permitan incrementar el número de mujeres bien formadas en este ámbito y a todos los niveles, y obtener una mayor presencia y participación de las mujeres en todos los organismos donde se toman las decisiones y donde se marcan las políticas en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. 
Su presencia es hoy todavía extremadamente baja. 
Pedimos especial atención para las mujeres que viven en las zonas rurales, aisladas y geográficamente remotas, que pueden encontrar en las tecnologías de la información y las comunicaciones un medio eficaz de participación en la vida económica, política y social. 
Para todo ello, es fundamental disponer de datos fiables, segregados por géneros, y de un marco legal que contemple la perspectiva de género y que permita conocer e incidir sobre las causas de la discriminación. 
En este aspecto, el papel del nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género puede ser fundamental. 
Hacemos también referencia en nuestro informe al uso sexista de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y, en particular, en los medios digitales, por lo que pedimos a la Comisión que impulse la elaboración de un código para la igualdad de género en los medios de comunicación, que ayude a impulsar la igualdad de género, tanto desde los medios de comunicación en relación con la información que transmiten, como también dentro de los propios medios. 
Y no quiero terminar sin pedir a la Comisión que preste especial atención al uso criminal de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como, por ejemplo, el uso de internet para el tráfico de mujeres, niños y niñas. 
En este sentido, pedimos que se promuevan todas las iniciativas legales y tecnológicas que sean necesarias para acabar con ello. 
. – Señor Presidente, Señorías, este informe representa un importante paso adelante en la comprensión del concepto de «sociedad de la información». 
Quisiera reseñar en especial un aspecto del informe: el hecho de que indica con claridad la estrechísima relación existente entre los impresionantes avances tecnológicos en curso y la suerte de la democracia. 
Es un acierto mostrar los efectos que tiene la sociedad de la información sobre el crecimiento y el empleo y exponer las ventajas, problemas y las soluciones. 
Pero las implicaciones son mucho más vastas: los medios de comunicación se han convertido en un factor clave que condiciona las ideas y actitudes de miles de millones de personas. 
Su papel es, pues, socialmente relevante y a menudo decisivo. 
La propiedad de los mismos no puede separarse de su responsabilidad ante la sociedad, sus efectos no pueden contemplarse solo desde el punto de vista del mercado. 
En torno a este problema están en juego todos nuestros valores y derechos, incluida la suerte de la paz y la supervivencia del hombre. 
No nos encontramos tan solo ante una serie de problemas económicos y técnicos, sino que están en juego derechos fundamentales como del derecho a ser informado, a poder expresarse y comunicarse, sin olvidar que la sociedad de la información será cada vez más la sociedad de la imagen en movimiento. 
Este será el lenguaje dominante en el futuro. 
Quien no sepa descifrar las imágenes y defenderse de su manipulación no será libre: ayudar a nuestros hijos a aprender este lenguaje es el único modo de convertirlos en en ciudadanos conscientes. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisaria el informe que ha elaborado la Comisión. 
Gracias a ese informe, creo que hemos podido tener un debate extraordinariamente interesante, porque vuelve a subrayar lo que, para mí, es absolutamente esencial en la Agenda de Lisboa. 
Si hay un área decisiva para el desarrollo de la Agenda de Lisboa es la de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un asunto prioritario para esta Cámara y para las instituciones europeas. 
Querría aprovechar la ocasión para referirme a los temas presupuestarios, que están todavía por acabar de definir. 
Por ejemplo, en relación al Séptimo programa marco, no se puede olvidar el papel esencial, determinante, que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la Agenda de Lisboa. 
Voy a señalar solo dos aspectos del debate que hemos tenido en mi comisión, en el que hemos llegado a un acuerdo respecto a este informe. 
En primer lugar, en relación con el artículo 66, que fue aprobado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y que hace referencia a la necesidad de no olvidar la desregulación, que es necesaria para el sector, que solo era necesario regular coyunturalmente y durante un tiempo. 
Yo creo que es muy importante no olvidar esto, porque, de lo contrario, también vamos a ir contra la Agenda de Lisboa, si esto no lo tenemos en cuenta y no lo votamos hoy favorablemente. 
Por último, respecto al tema de las mujeres, todos los Grupos llegamos a una enmienda de compromiso y la votamos favorablemente, pero, a continuación, aparecieron ocho enmiendas que hacían referencia al tema de las mujeres, que hoy nos anuncia el señor Paasilinna que se reducen a tres. 
Las mujeres no necesitan repetición. 
Las mujeres necesitan acciones decididas. 
No necesitan, allí donde hay problemas, que se repita veinte veces lo mismo, sino que de una vez por todas se haga algo con seriedad y con decisión. 
Por eso, nosotros estamos a favor de la enmienda de compromiso, pero no a favor de la retórica —una y otra vez—, como recogen esas enmiendas añadidas. 
. – No se puede alcanzar la sociedad del conocimiento si no se supera la brecha digital en todas sus formas. 
La brecha digital existe entre países ricos y pobres, pero también en la propia UE. 
Para luchar eficazmente contra este problema hay que atacar todos sus distintos aspectos, tanto tecnológicos como socioeconómicos. 
En efecto, el conocimiento de las TIC es la mejor respuesta que podemos dar a este problema. 
La estrategia i2010 tiene por objetivo promover un buen uso de los bienes y servicios ofrecidos por las TIC, así como una participación activa y crítica en la sociedad de la información para todos y en beneficio de todos. 
Este plan de acción, por tanto, debe ser particularmente bien acogido. 
Con nuestras enmiendas hemos querido que no se olvide a los ciudadanos vulnerables, como las personas de edad avanzada, discapacitadas, las que viven solas o tienen dificultades sociales. 
Considero también que merecería la pena emprender un análisis de los efectos económicos, culturales y sociales del paso a la sociedad de la información para mejorar nuestra comprensión y el seguimiento del plan, porque creo que no podemos ser competitivos si no compartimos conocimientos y competencias. 
. – Señor Presidente, la innovación en el ámbito de las TIC avanza tan rápidamente que corremos el riesgo de que la Unión Europea, que solo invierte 80 euros por habitante, frente al equivalente a 350 euros en Japón y 400 euros en los Estados Unidos, quedará pronto a la zaga. 
Por consiguiente, la UE debe incrementar sus inversiones en investigación y exhortar a los Estados miembros a que hagan lo mismo. 
Por otra parte, el ritmo trepidante de la innovación significa que hay un riesgo de ampliación de la brecha digital y, por consiguiente, de las diferencias sociales, en detrimento de la cohesión social y territorial que buscamos. 
Es, pues, esencial construir una sociedad de la información basada en la inclusión y en un uso amplio de las tecnologías de la información y de la comunicación en los servicios públicos, las PYME y las familias. 
El éxito de la estrategia i2010 exige que la Comisión Europea formule propuestas para que las tecnologías sean accesibles a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta el papel crucial que deben desempeñar las regiones, para garantizar los principios de libertad y pluralismo de los medios de comunicación y definir acciones claras en materia de protección contra los contenidos ilegales y perjudiciales y de protección de los menores y de la dignidad del ser humano, velando al mismo tiempo por proteger la intimidad. 
La Comisión deberá hacer hincapié asimismo en el buen uso de las TIC en los servicios públicos, particularmente en la sanidad y la educación. 
Por último, si bien apruebo, a medio plazo, la apertura de los mercados tras un período de transición hacia la aplicación de las reglas generales de la competencia, les recuerdo que los Tratados definen las normas de la libre competencia, pero reclaman al mismo tiempo la cohesión económica y social y la cohesión territorial. 
La libre competencia en el ámbito de las TIC no debe comportar la negativa por parte del sector privado a invertir en infraestructuras no rentables. 
El papel de los Estados y de las regiones será pues un factor decisivo para alentar el desarrollo de las infraestructuras necesarias. 
Nos corresponde a todos hacer de las TIC verdaderos instrumentos para el desarrollo económico y para la cohesión social y territorial de la Unión Europea. 
Agradezco al señor Paasilinna la alta calidad de su trabajo, así como a mis colegas diputados su contribución al debate. 
. – Señor Presidente, Señorías, las tecnologías de la información son un elemento fundamental para construir una sociedad culturalmente más rica y más cohesionada. 
La sociedad de la información ha de estar abierta a todos, ser un instrumento democrático que tenga en cuenta la diversidad cultural y favorezca la participación de los ciudadanos, como protagonistas y no como meros consumidores. 
Hay que afrontar el tema de la superación de la brecha digital, un problema de desarrollo equilibrado, pero sobre todo de justicia social. 
Para salvaguardar el carácter abierto de las TIC es fundamental el papel de la inversión pública, de modo que se garantice el desarrollo de medios técnicos e instrumentos culturales que permitan a todos los ciudadanos gozar de un volumen cada vez mayor de servicios de comunicación e información. 
Para conseguir una buena gobernanza y garantizar a todos los europeos una ciudadanía plena, hay que aprobar una Carta europea de los derechos de los consumidores del mundo digital –los llamados derechos electrónicos– con principios y orientaciones comunes que definan un marco de derechos de los ciudadanos. 
En la Carta ha de inscribirse, en particular, el derecho al acceso libre y gratuito (que por tanto sería no discriminatorio) a una información trasparente, pluralista y completa, en un entorno seguro, a través de servicios y plataformas de telecomunicación basados en normas abiertas e interoperativas, por ejemplo la portabilidad de la dirección de correo electrónico. 
Con la Directiva I-2010, Europa asume la función esencial de garantizar el cumplimiento del objetivo de que la sociedad de la información sea accesible a todos. 
. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción estos dos documentos, el informe que tenemos ante nosotros y la comunicación de la Comisión. 
Me referiré brevemente a varias cuestiones. 
En su sentido más amplio, los servicios de TIC, especialmente Internet, deben entenderse por el impacto que tienen en la conciencia de los seres humanos y, de hecho, también en su subconsciente. 
Por tanto, es esencial poner en práctica salvaguardas tecnológicas, de distribución y jurídicas para garantizar que no se usan para transmitir contenido dañino. 
Me refiero a contenidos para pervertir, incitar al odio o fomentar comportamientos delictivos. 
También es necesario proporcionar una protección eficaz de los servicios financieros y administrativos, para evitar que personas no autorizadas accedan a ellos. 
Deberíamos tener un cuidado particular con el material destinado a niños y jóvenes. 
El fomento de las redes de información de banda ancha debe ser una prioridad. 
Habría que fomentar un uso más generalizado de las redes eléctricas domésticas para la transmisión de datos. 
Educar e informar a la sociedad sobre esta cuestión reviste una gran importancia. 
Al determinar las tareas que tenemos que llevar a cabo en esta área deberíamos tener en mente que este no solo es un problema para la Unión, sino también para el mundo entero. 
Hagamos todo lo que podamos para garantizar que el acceso a la red de información sea una realidad para todos nuestros ciudadanos y para que ellos obtengan los máximos beneficios. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los avances tecnológicos y los cambios que están teniendo lugar hoy en día en el sector de las TIC se están produciendo a un ritmo de vértigo y nos resulta difícil seguir su paso. 
Así pues, se está produciendo una brecha digital entre los Estados miembros, una brecha digital entre regiones y, lo que es más importante, una brecha digital está apareciendo también incluso entre personas con poca diferencia de edad. 
Comentaré dos puntos que considero cruciales para el logro de los objetivos de i2010. 
El primer punto es el marco institucional y el segundo es el marco de financiación. 
En lo que respecta al primer punto, con la estrategia i2010 que estamos debatiendo hoy, se hace patente la necesidad de planificar la revisión del marco institucional en vigor sobre la base de la nueva situación en lo que respecta a la convergencia digital. 
Esto constituye un gran reto, dado que el nuevo marco institucional debe: a) ser flexible, para que pueda adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y a las necesidades del mercado sin restringir las ideas innovadoras, b) proteger el desarrollo y la producción de contenidos y garantizar que todos los ciudadanos pueden acceder sin limitaciones a la información. 
Algunos de estos son parámetros contradictorios; no obstante, es necesario actuar para solucionar los problemas de los cuellos de botella a fin de que Europa pueda ser competitiva y estar a la cabeza. 
En lo que respecta al segundo punto, la nueva estrategia establece objetivos ambiciosos. 
Sin embargo, en lo que respecta a la financiación de la investigación y la innovación en los sectores TIC, incluso con el aumento del 80 % de los recursos propuestos por la nueva estrategia, Europa sigue rezagada; para ser preciosos, diría que se encuentra muy atrasada con respecto a sus competidores. 
Esto me hace sentir pesimista y considero que es uno de los puntos más básicos sobre los que tenemos que centrarnos. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, objetivos sin recursos para lograrlos no son objetivos. 
– Señor Presidente, me complace este informe. 
Esta era sin duda una de las diez prioridades de la Presidencia británica y es esencial para alcanzar los objetivos de Lisboa. 
En estos momentos, el 40 % del aumento de la productividad europea y el 25 % del crecimiento del PIB de la UE son achacables a las TIC. 
Para mí –como para la Comisaria y el ponente–, una de las cuestiones clave no radica tan solo en los objetivos económicos de Lisboa, sino en que dichos objetivos deben abarcar todo. 
Por supuesto, la inclusión social es un factor clave. 
Conozco familias monoparentales en Ely, en Cardiff, donde me crié, que no tienen coche. 
Si quieren hacer sus compras semanales no pueden tomar un autobús, pues tienen que cargar con un gran número de bolsas y deben llevar consigo a sus hijos pequeños, por lo que tienen que coger un taxi que les cuesta unas diez libras esterlinas. 
Ahora bien, si pudieran hacer sus compras a través de Internet, no tendrían que pagar esas diez libras, lo que supondría una diferencia enorme para muchas familias pobres. 
Es importante demostrar las ventajas prácticas de la TIC para que los miembros más pobres de nuestra sociedad comiencen a utilizar las nuevas tecnologías. 
Por último, debemos adoptar una posición realista en relación con las TIC. 
El grueso de la inversión en este sector debe proceder del sector privado. 
El sector público no puede responder con suficiente agilidad al cambio tecnológico. 
Nuestra responsabilidad consiste en adoptar un marco legislativo estable para este tipo de inversiones. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a nuestro ponente por su buen informe y por su actitud de cooperación constructiva. 
La digitalización está generando grandes cambios en el panorama de medios de comunicación y de las comunicaciones en general; en el futuro, la distinción entre infraestructuras y contenidos será menos importante, ya que será posible acceder a todo tipo de contenidos en cualquier plataforma. 
Será posible acceder a cualquier tipo de contenidos utilizando todo tipo de tecnologías, ya sea la televisión, el ordenador o el teléfono móvil, y otro aspecto revolucionario es, por supuesto, que todos estos contenidos ya están disponibles actualmente con gran calidad en todas las plataformas y a través de todas las tecnologías. 
Cada vez son más los prestadores de servicios que compiten entre sí en un mercado que incluye a empresas de telecomunicaciones, operadores por cable, operadores por satélite, empresas de telefonía móvil, proveedores de contenidos, proveedores de servicios de Internet, etc. Todos están ideando sus modelos empresariales y ninguno sabe –no más que nosotros– cuál de estos modelos acabará prevaleciendo y a qué quieren acceder realmente, a fin de cuentas, los espectadores, qué quieren ver o qué tipo de contenido les gustaría recibir. 
Por supuesto, esto nos plantea a los legisladores europeos una serie de problemas, ya que tenemos que elaborar el marco jurídico y, para ello, debemos predecir estas cuestiones imponderables y el modo en que todo evolucionará, cuestión sobre la que no hay nada seguro. 
En las próximas semanas y meses tendremos que responder a un buen número de preguntas. 
Estoy muy agradecido al señor Paasilinna y a todos los diputados que han contribuido en la elaboración de este informe por reformular cuestiones esenciales y por resumirlas. 
¿Qué grado de regulación seguiremos necesitando en el futuro en el campo de las telecomunicaciones? 
¿Cuánto debería influir la Unión Europea? 
¿Cómo queremos dar forma a la política sobre frecuencias? 
Un problema que resulta extremadamente irritante para los ciudadanos es el de la itinerancia internacional, ya que tienen que seguir pagando unas tarifas elevadas cuando realizan llamadas transfronterizas por móvil. 
En las próximas semanas y meses nos ocuparemos de estas cuestiones. 
Estoy deseando iniciar un diálogo interesante con ustedes y creo que el mundo digital, que plantea a legisladores como nosotros tantos retos, nos mantendrá ocupados en las próximas semanas y meses. 
. 
Señor Presidente, Comisaria, me gustaría destacar en este minuto de intervención la importancia de obtener información relevante. 
Si los ciudadanos no reciben información que es esencial para sus vidas, el desarrollo no será sostenible. 
La información esencial es el núcleo de la sociedad de la información: es su aspecto más importante. 
Todo esto se está viendo oscurecido por juegos y por un mundo de ocio irreal, un mundo en el que resulta complicado encontrar y espigar información esencial que la gente puede utilizar para controlar su vida y para participar en democracia. 
Por tanto, se trata de una cuestión esencial, en lo que a la democracia se refiere. 
Supongo que la Comisaria ha ponderado este asunto y me gustaría oír su opinión sobre la cuestión de la información relevante. 
. Señor Presidente, permítame dar las gracias a los ponentes de opinión y a todos los diputados que han participado en esta cuestión, que es extremadamente importante no solo para el desarrollo económico e industrial, sino también para el bienestar de nuestras sociedades. 
Para empezar, quisiera responder brevemente a la pregunta del señor Paasilinna sobre la información. 
Hay dos niveles de información: el primero es la evaluación comparativa, que se efectúa sobre una base anual. 
Soy consciente, señor Paasilinna, de que se podría mejorar esta evaluación comparativa y estas cifras. 
También a mí me decepciona a veces no disponer de cifras que reflejen mejor la importancia del sector y su desarrollo. 
Una de las dificultades reside en que no es un sector estable, sino al contrario, un sector que evoluciona rápidamente, por lo que es necesario que revisemos nuestra información prácticamente cada dos o tres meses. 
El segundo nivel es la información que reciben los consumidores. 
A este respecto es muy importante que nos hagamos cargo de esta cuestión. 
Por ejemplo, acabo de lanzar una encuesta y consultas sobre los sistemas RFID, porque me parece que hay que desarrollar la economía y la industria de los RFID, pero también hablar con las asociaciones de consumidores y los organismos de protección de la intimidad sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los ciudadanos, así como, quizás, sobre las medidas que debemos tomar para proteger mejor a los ciudadanos. 
Por tanto, no se escatiman esfuerzos y cuento con el Parlamento Europeo para ser el portavoz de estos debates sobre la ciudadanía. 
Permítame, señor Presidente, responder brevemente a algunas preguntas que se han formulado. 
Casi todos los oradores han hablado, con razón, de la seguridad de Internet. 
Internet es algo formidable, pero como todo lo que es formidable presenta también aspectos negativos, entre ellos el abuso de Internet. 
Por esta razón, presentaremos, en las próximas semanas, una comunicación sobre el correo basura, el y el. 
Este fue el tema del seminario sobre «Confianza en la red» , organizado en febrero de este año bajo la Presidencia austriaca. 
Por la misma razón, colaboramos con los organismos de protección de la infancia y de protección de la mujer. 
En la red operan delincuentes y hay que poner barreras para pararles los pies. 
Con esta perspectiva, presentaremos en 2007, en el ámbito de la investigación, el Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad que abarca todos los aspectos –criptografía, datos biométricos, tarjetas inteligentes, autenticación, RFID, etc.–, en los que siempre hay que prestar una atención primordial a los problemas de seguridad. 
Un segundo tema recurrente, que todos los oradores han citado con razón, es el de la brecha digital y el desarrollo regional. 
En efecto, si damos rienda suelta a la competencia, sin duda se desarrollará allí donde haya inversiones rentables, es decir, en nuestras ciudades. 
Es preciso, por tanto, que nuestra política ofrezca a las nuevas tecnologías la posibilidad de desarrollarse también fuera de las ciudades. 
En este contexto, la Comisión presentará a finales de este mes una iniciativa que abarcará el desarrollo regional y el desarrollo rural. 
Un tercer tema que han planteado algunos diputados es el de los niveles de competencias, y en particular la necesidad de medidas específicas para las mujeres. 
Por lo que respecta a las competencias, sabemos ya que, en el ámbito de las tecnologías, el desarrollo económico acusa un déficit del 15 % debido a la falta de técnicos e ingenieros. 
Es, por tanto, sumamente importante que reforcemos la enseñanza en este terreno. 
Tenemos también las estadísticas relativas a la baja presencia de mujeres en este campo. 
Debo reconocer que las estadísticas son menos malas de lo que pensaba inicialmente: las mujeres lo hacen mejor de lo que se piensa en general. 
Por tanto, no hay que alarmarse demasiado, pero hay que actuar. 
Por ello, junto con el Comisario responsable de Educación y el Comisario responsable de Investigación, vamos a elaborar un programa de trabajo para integrar mejor a las mujeres tanto en el aprendizaje de las ciencias como en la investigación. 
Animamos también a las mujeres investigadoras a dedicarse más a la investigación tecnológica. 
En 2007 presentaremos también una guía europea de las mejores prácticas en la materia. 
Suscribo plenamente la petición de financiar la investigación en el ámbito de las TIC. 
Deben saber, Señorías, que los éxitos tecnológicos de hoy −el GSM, por ejemplo, que se ha convertido en una norma mundial, basada la investigación europea− se apoyan en la investigación de la década de 1980. 
Si también queremos estar mañana a la vanguardia del progreso tecnológico mundial, la investigación de hoy será la que nos dé los resultados del futuro. 
Por tanto, si no se invierte en investigación, podemos estar seguros de que mañana ningún sector económico crecerá a este respecto. 
Así pues, cuando pido una financiación suficiente de la investigación tecnológica, no lo hago por darme gusto, sino para desarrollar la economía y por tanto crear puestos de trabajo en el futuro, aquí en Europa, y para evitar que las empresas se trasladen fuera de Europa. 
Algunos de ustedes han mencionado el marco reglamentario. 
Seré muy clara a este respecto: el reglamento de telecomunicaciones −que es un ejemplo muy positivo que pensamos tomar como base para reformar el mercado y el marco reglamentario en los ámbitos del transporte y de la energía− no estaba pensado para regular, sino para desregular, para abrir los mercados a la competencia. 
Las estadísticas nos muestran una cosa: allí donde los mercados están abiertos a la competencia, los precios bajan y la penetración de las tecnologías entre los ciudadanos es mucho más alto. 
En cambio, allí donde los mercados están cerrados, donde hay monopolios, esta penetración es nula, porque no hay posibilidad de elección en el mercado y porque los precios son demasiado altos. 
Consulten las estadísticas sobre la banda ancha, por ejemplo, y comprenderán que solo la competencia puede hacer que funcione este mercado, pero –y repito lo que he dicho antes− la competencia en los mercados que pueden ser competitivos. 
Necesitamos correctivos en los mercados que son demasiado caros para la economía industrial; en otras palabras, la política regional debe prestar atención por las regiones alejadas de los centros urbanos. 
Dicho esto, el marco reglamentario está en fase de revisión. 
He lanzado los primeros debates y antes del verano les presentaré una revisión de los mercados y un primer proyecto de reforma del paquete de telecomunicaciones. 
Las consultas comenzarán en el segundo semestre y a finales de año les presentaré un nuevo paquete de telecomunicaciones, que será mucho más simple que el paquete que está sobre la mesa o en vigor. 
Ahora bien –y quiero que esto quede muy claro−, este nuevo paquete no permitirá que se establezcan nuevos monopolios: mi decisión es firme en este punto. 
Algunos de ustedes han hablado también de la itinerancia. 
Como probablemente sepan, el verano del año pasado anuncié que no toleraría por más tiempo unos precios excesivos; como recordarán, el pasado mes de octubre presenté una comparación de precios en un sitio en la red. 
Estoy elaborando una comparación de la evolución de los precios desde octubre. 
Decepcionada por la evolución de los precios, anuncié un reglamento para reducirlos y, milagro de los milagros, desde que anuncié el reglamento los precios de la itinerancia internacional han bajado, lo cual es bueno. 
Dentro de unas semanas les anunciaré lo que haré al respecto y les diré si hay que reglamentar o no. 
Creo que habrá que reglamentar: les presentaré, pues, un reglamento para que los precios de la itinerancia internacional se basen en los costes reales y no en precios fantasiosos que gravan los presupuestos familiares. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
Hace ciento veinte años, Thomas Edison dijo: «La luz eléctrica será tan barata que solo los más ricos utilizarán velas para alumbrarse.» 
Hoy en día solo los muy ricos pueden permitirse no tener un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico. 
Sin ellos, hoy en día sería muy difícil solicitar un trabajo y sería imposible montar un negocio. 
La creación de la sociedad de la información no es solo un medio, sino también una condición indispensable para el crecimiento y el empleo. 
Debemos garantizar el desarrollo en todas las áreas el mismo tiempo, de forma rápida y flexible: 
Debemos construir redes incluso en áreas donde no sería rentable meramente en términos de mercado. 
Esto debe incluirse en nuestra política de cohesión. 
Debemos ofrecer a la población un acceso asequible a las redes. 
El mercado se encargará de ello, si no construimos obstáculos innecesarios en su camino. 
Debemos proporcionar contenidos seguros de gran calidad. 
Para ello, es necesario facilitar formación, innovación, investigación y desarrollo actualizado y, sin lugar a dudas, una protección más eficaz de los derechos intelectuales. 
Si hubiéramos esperado demasiado para encender la electricidad, la cera de las velas nos habría quemado los dedos. 
Si nos demoramos en las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información mucho más, la economía de las TIC globalizada no tendrá problemas en adelantarnos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0031/2006) del señor Cottigny, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre las reestructuraciones y el empleo (2005/2188 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada quisiera dar las gracias a mis colegas por confiarme la elaboración de este informe. 
Uno de los métodos que he empleado para elaborar este informe ha sido prestar oído. 
Me he reunido con todos los interlocutores sociales, trabajadores y empresarios, he ido a reunirme con el Consejo Económico y Social y con el Comité de las Regiones y me he entrevistado con el Comisario Špidla y los interlocutores de la Comisión. 
Hemos efectuado también un enorme trabajo de concertación con los ponentes alternativos y quiero dar las gracias aquí a la señora Bachelot, la señora McDonald, la señora Schroedter y el señor Beaupuy, por su voluntad de compromiso y la calidad de su trabajo. 
Cuando hablamos de reestructuración, siempre tenemos la impresión de que las personas están asombradas y de que se trata de un fenómeno nuevo. 
Sin embargo, es tan antiguo como las montañas y completamente inevitable. 
La sociedad cambia, progresa, se moderniza. 
Es normal que su actividad económica siga la misma curva evolutiva. 
El progreso tecnológico realizado por los humanos ha dado lugar a reestructuraciones desde hace siglos. 
Pondré un ejemplo que seguro que no molestará a nadie en esta Cámara: en la transición de la caza y la recolección a la agricultura, nuestros ancestros vivieron muchas reestructuraciones. 
Dicho esto, es cierto que estos fenómenos han adquirido, con la aceleración del progreso y la actual dimensión mundial del mercado, un nuevo rostro. 
Cada nueva decisión que adoptemos puede comportar reestructuraciones. 
Por esta razón quisiera felicitar, si me lo permiten, a la Comisión por haber reconocido en su Comunicación que puesto que la UE es a veces la causa de reestructuraciones, como en el sector textil, tiene que asumir su parte de responsabilidad apoyándolas del mejor modo posible. 
Como habrán comprobado, a lo largo de mi informe he tratado de subrayar que la reestructuración es necesaria, pues en mi opinión asegura que nuestras empresas sigan siendo económicamente competitivas y de este modo garantiza los puestos de trabajo. 
Pero, al examinar esta cuestión, no podemos pasar por alto las reestructuraciones basadas en falsos pretextos, tras los cuales se oculta la mera búsqueda del beneficio inmediato. 
Tenemos derecho a considerar inmorales esos comportamientos, porque es inadmisible que hoy, en Europa, un trabajador que tiene que alimentar a su familia pueda encontrarse el lunes por la mañana ante la puerta cerrada de una fábrica vaciada a toda prisa durante el fin de semana. 
El papel de nuestras instituciones, y el de los interlocutores sociales, es intervenir tan pronto como sea posible a fin de planificar mejor las reestructuraciones y amortiguar el golpe desde el punto de vista del coste social. 
En efecto, estén justificadas o no, a menudo las reestructuraciones dejan a muchas personas en la cuneta. 
Las reestructuraciones no son un fenómeno que afecta a cualquier tal o cual Estado miembro en particular. 
No hay que ceder al canto de sirenas que trata de enfrentarnos unos a otros cuando abordamos el tema del empleo en esta Cámara. 
No hay dos bloques, por un lado los antiguos Estados miembros y, por otro, los nuevos Estados miembros. 
No, hay 450 millones de europeos que, de Tallin a Lisboa, podrían verse de pronto en esta situación. 
En mi informe he intentado definir tres ámbitos de acción. 
En primer lugar, una acción de apoyo a lo que podríamos llamar a los buenos ciudadanos empresariales, mediante el refuerzo de los instrumentos de análisis del fenómeno a fin de poder prevenirlo de antemano, el aumento de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, el estímulo de la formación profesional a lo largo de toda la vida, que es un derecho de los trabajadores y una baza innegable para las empresas, la reforma de las ayudas estatales para apoyar el crecimiento y, sobre todo, la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización. 
En segundo lugar, una acción de sanción a las empresas «bandoleras» , si las puedo llamar así, que sin duda son una minoría pero también de las que más hablamos. 
Este tipo de acción pasa por un mejor control del uso de los fondos europeos para acabar con el turismo de subvenciones, por el cuestionamiento de determinadas reestructuraciones por motivos dudosos y por el respeto del acervo jurídico comunitario y su aplicación. 
En tercer lugar, una acción de apoyo a los primeros afectados por el fenómeno de las reestructuraciones: los trabajadores. 
Se trata de crear unidades de reconversión permanentes para que el plazo entre la pérdida de un empleo y una nueva contratación sea lo más breve posible. 
Se trata de reforzar el papel de los interlocutores sociales, que son nuestra verdadera baza para tratar estos fenómenos, y por esta razón pido una vez más a mis colegas que piensen en la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos. 
Se trata una vez más de alentar la participación de los trabajadores en el capital de la empresa y crear una ventanilla única para que todos los ciudadanos de la UE puedan tener un acceso igual a la asistencia. 
Para terminar, creo que, junto con los interlocutores sociales y al margen de cualquier prejuicio político, podemos contribuir al apoyo a las reestructuraciones para ganar la batalla del empleo. 
Pensemos en ello cuando, de un minuto a otro, es posible que, en la otra punta del planeta, por la mera decisión de un consejo de administración, se vean reducidos a la nada, aquí, en nuestro territorio, los frutos de varias décadas de trabajo. 
Este asunto nos brinda la ocasión de intervenir en la vida de nuestros conciudadanos, pues de eso se trata sin duda, más allá de todos nuestros términos técnicos: de hombres y mujeres que solo aspiran a la felicidad. 
Con el mismo espíritu de los padres fundadores que construyeron la Europa de la paz, nos corresponde hoy contribuir a la Europa de la paz social. 
. Señor Presidente, Señorías, la reestructuración es esencial, ya que facilitará el desarrollo económico, suprimiendo las actividades menos productivas y fortaleciéndose en ámbitos fundamentales. 
Sin embargo, se suele dar el caso de que los nuevos empleos no son los mismos que los empleos que se han perdido. 
La mayoría será en el sector servicios y en las profesiones más cualificadas. 
Los empleos industriales y los menos cualificados desaparecerán. 
Esto implicará costes sociales y, por tanto, es esencial prever la reestructuración y garantizar que se ponen en práctica las medidas complementarias, que es una responsabilidad compartida de las autoridades públicas, las empresas y los agentes sociales. 
La comunicación sobre reestructuración de 31 de marzo de 2005 fue elaborada precisamente teniendo esto en mente. 
La Comisión quiere dar las gracias al señor Cottigny y a todos los diputados que han contribuido en la elaboración de este informe, que en principio apoya el consenso general que ha surgido al abordar la cuestión de la reestructuración. 
La Comisión se muestra complacida de que el Parlamento respalde la decisión de contribuir con fondos suficientes de la Unión Europea para prever la reestructuración y garantizar la puesta en práctica de las medidas complementarias. 
Hay que hacer un mayor uso de los Fondos Estructurales para apoyar el cambio económico y social en las regiones y para volver a formar a los trabajadores más afectados por la reestructuración, así como para ayudarles a obtener nuevos y mejores empleos. 
Asimismo, la Comisión adoptó recientemente una propuesta para crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que ya hemos presentado a sus Señorías. 
El objetivo de este Fondo es garantizar el nivel necesario de solidaridad en el futuro entre los que se benefician de la liberalización del comercio y los que perderán su trabajo como resultado de la globalización. 
La Comisión señala una serie de puntos interesantes en el informe del señor Cottigny, sobre los que seguirá trabajando. 
Entre estos se incluyen la idea de un centro único europeo para la reestructuración, que considero de particular interés. 
En cuanto a la mejora del control de la forma en que se emplean los fondos comunitarios, la Comisión ha propuesto para el periodo 2007-2013 que estos fondos hagan más estrictas las normas sobe las deslocalizaciones de empresas y amplíen la responsabilidad de asegurar un beneficio sobre inversiones. 
La Comisión también esta proponiendo que las empresas que infrinjan estas normativas sean obligadas a devolver la ayuda que han recibido y que no puedan recibir más ayudas en el futuro. 
Si deseamos seguir un enfoque positivo y constructivo del cambio económico y social, es esencial la participación de los ciudadanos, tanto a escala europea, como nacional y regional. 
Al mismo tiempo, la reestructuración debe implicar principalmente a los que la llevan a cabo y a los que tendrán que vivir con sus consecuencias, es decir, las empresas y los trabajadores. 
Precisamente por este motivo, la comunicación del año pasado se centró en los agentes sociales europeos, instándoles a seguir la tarea conjunta de elaborar y poner en práctica procedimientos preventivos y positivos en relación con la reestructuración. 
La Comisión también ha pedido a los agentes sociales que encuentren formas de fortalecer el papel de los comités de empresa europeos. 
El programa de trabajo para los años venideros, que recientemente ha recibido el respaldo de los agentes sociales, prevé proseguir trabajando sobre estas cuestiones. 
La Comisión pide a los agentes sociales que aceleren la consecución de resultados en este ámbito. 
Señorías, las reestructuración no debe ser sinónimo de declive social y de pérdida de sustancia económica. 
También puede contribuir al progreso económico y social, siempre y cuando se prevea a tiempo, de modo que las empresas puedan gestionarla con rapidez y de forma eficaz, y las autoridades públicas puedan contribuir con medidas complementarias adecuadas. 
Me complace encontrar este punto de vista expresado en la introducción del informe del Parlamento Europeo, que debe ser nuestra guía por el camino hacia el crecimiento, la cohesión social y unos niveles de vida más altos. 
. – Señor Presidente, Señorías, las reestructuraciones juntan dos mundos: el de la economía, en el que son necesarias para afrontar los cambios provocados por la globalización y las expectativas de los consumidores, y el social, donde muy a menudo son fuente de sufrimiento y ansiedad para los trabajadores. 
Las reestructuraciones adquieren una dimensión totalmente nueva con la emergencia de nuevas potencias, dando lugar a un nuevo aspecto de la distribución del trabajo, que hará que Europa se vea forzada a desarrollar el sector de los servicios y a renunciar a seguir siendo una potencia agrícola e industrial. 
En este contexto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se niega a demonizar las reestructuraciones necesarias, pero considera que el mercado europeo debe promover un marco reglamentario para amortiguar los golpes de esta globalización. 
El mercado interior no es la causa de las reestructuraciones, sino su antídoto. 
Sin embargo, el modelo europeo es también un modelo humanista y debemos tener en cuenta el sufrimiento de los hombres y los territorios afectados por este fenómeno. 
La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cómo promover reestructuraciones socialmente responsables? 
El informe del señor Cottigny nos permite explorar varios enfoques, que no son ajenos a la contribución de nuestro Grupo. 
Un enfoque inicial implica revisar la directiva sobre el comité de empresa europeo y reforzar el papel de los interlocutores sociales, previa consulta en profundidad con ellos: el ponente ha presentado una enmienda en este sentido que nosotros apoyamos. 
Otros enfoques incluyen el acceso a los conocimientos técnicos y al intercambio de buenas prácticas, que constituyen un ámbito adecuado para el método abierto de coordinación; la formación profesional, con respecto a la cual celebramos que el fondo de apoyo propuesto por el señor Barroso respalde la reconversión de los trabajadores afectados y no se consagre a arriesgadas operaciones de salvamento; y optimizar el apoyo a las políticas de solidaridad a través de los Fondos Estructurales FSE/FEDER, pero a condición, señor Comisario, de no se vean puestos en entredicho por las perspectivas financieras retrasadas. 
Concluiré, por supuesto, mencionando la investigación y la innovación. 
Quiero terminar dando las gracias al ponente Cottigny por su apertura de espíritu, que nos ha permitido alcanzar muchos compromisos y debería permitir a nuestro Grupo, salvo que ocurran desastres, votar a favor de su informe. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al ponente por la transparencia con la que ha trabajado en este informe y por lograr el consenso en comisión. 
Su forma de proceder fue excelente. 
También comparto el punto de vista del ponente de que la reestructuración no es nada nuevo. 
Si pienso en mi propio país, veo que los grandes centros de trabajo que existían cuando era un niño ya no están ahí. 
Ahora han aparecido lugares de trabajo completamente nuevos. 
La sociedad ha cambiado como resultado de este proceso y los centros de trabajo ahora son de mejor calidad que en mi adolescencia. 
Esta evolución seguirá adelante. 
Lo novedoso es que el proceso se está produciendo de forma mucho más rápida en el mundo globalizado actual, que es lo que nos lleva a utilizar la reestructuración como instrumento. 
Puede ser considerado bien como una amenaza o como una oportunidad, pero ahora que hemos elegido el camino que debemos seguir y puesto que no vamos a competir con India y China y con sus bajos salarios y sus particulares condiciones de trabajo, sino que vamos a mantener un nivel salarial elevado y unas buenas condiciones de trabajo, la reestructuración debe ser un instrumento utilizado en el proceso de Lisboa. 
En primer lugar, nuestra planificación debe ser a largo plazo. 
Hay tendencias que necesitamos ser capaces de ver. 
Asimismo, debemos actuar a tiempo, porque, si nos retrasamos, puede que sea demasiado tarde y las fábricas no tendrán más remedio que cerrar. 
No habrá alternativas. 
Debemos trabajar para que el cambio se produzca a su debido tiempo. 
En segundo lugar, debe haber participación. 
Ambas partes de la industria, incluidos los trabajadores, deben implicarse en todo el proceso, de forma que, cuando la reestructuración tenga lugar mediante actualización de aptitudes y de otras formas similares, las personas estén preparadas. 
En tercer lugar, hay que compartir las experiencias. 
Visité el Instituto de Dublín el pasado fin de semana. 
Se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de procesos de reestructuración que han tenido éxito y existe una base de datos con información sobre ellos. 
Sé, por ejemplo, que, tras el cierre del año pasado, el 75 % de los antiguos trabajadores de Electrolux en Västervik han conseguido nuevos trabajos. 
Ha habido cooperación entre la empresa, ambos lados de la industria y la comunidad local con vistas a crear nuevos empleos. 
Ahora que estamos creando un nuevo Fondo de Adaptación a la Globalización, no debemos olvidarnos de los antiguos instrumentos: el Fondo Social y la actualización de cualificaciones, junto con la responsabilidad asumida a escala nacional y regional. 
Soy un defensor del Fondo de Adaptación a la Globalización, si se emplea para fortalecer a las personas y para incrementar el empleo y si no preserva las antiguas estructuras. 
Sin embargo, también debemos utilizar los antiguos instrumentos, como el Fondo Social, para fomentar la actualización de las cualificaciones. 
. – Señor Presidente, Señorías, considero que este informe es bastante ejemplar en muchos aspectos. 
Pienso que la primera razón de ello es que el informe plantea bien el problema. 
Algunos de ustedes han recordado, entre ellos el propio ponente, que no se trata de un problema nuevo, sino que existe desde hace milenios. 
Quisiera destacar simplemente que estas cuestiones de adaptación –porque las reestructuraciones no son otra cosa que un aspecto de la adaptación de las empresas– son una necesidad para responder mejor a las necesidades del cliente, entre los que estamos incluidos todos nosotros. 
No retomaré los distintos puntos que ha abordado el ponente en la presentación del tema. 
Esto ya lo han subrayado algunos. 
El primer punto es la necesidad de actuar lo antes posible. 
Asimismo quisiera recordar a mis colegas diputados, si falta hace, que de la mayoría de las reestructuraciones no oímos hablar, precisamente porque la decisión está tomada de antemano. 
En segundo lugar, hay que implicar a los interlocutores: a los interlocutores de la empresa, evidentemente, pero también a los interlocutores regionales y externos. 
Por último, y este punto ya se ha planteado, está el apoyo a los trabajadores. 
Sin embargo, insistiré en un aspecto muy concreto, que es el apoyo personalizado a los trabajadores, pues las respuestas generales no son la única opción posible. 
Es realmente necesaria una respuesta hecha a medida. 
Cada trabajador debe poder encontrar una respuesta, a través de la información, de ayudas para la búsqueda de un nuevo empleo, etc. 
En cuanto a las empresas, hemos de distinguir, como ha dicho usted, entre las empresas defraudadoras –porque existen algunas– y las empresas más esenciales, que deben ser apoyadas. 
Por último está el apoyo a las regiones desfavorecidas. 
Señor Cottigny, quisiera darle las gracias por la forma en que ha trabajado. 
Como ha dicho la señora Bachelot en nombre de su Grupo, diré, por lo que respecta al mío, que es posible, muy posible, que le apoyemos. 
En conclusión, espero por supuesto, señor Comisario, que la Comisión escuche las propuestas de este Parlamento, pero espero también que más allá de las instituciones europeas, los distintos agentes –en los Estados miembros, en las regiones, en las cámaras de comercio– y los distintos agentes profesionales entiendan el contenido de este informe y el espíritu de este informe para que las reestructuraciones no sean una sentencia de muerte sino más bien la oportunidad de recuperarse para esas empresas y esos trabajadores. 
– Señor Presidente, de hecho ocurre que las empresas implicadas en los procesos de reestructuración siempre manifiestan verse empujadas a dicho proceso por algo que comparan con una fuerza de la naturaleza que les sobreviene de repente, pero no creo que estén haciendo lo correcto. 
La reestructuración y la modernización son cosas que las empresas están constantemente obligadas a hacer; de hecho, se trata de una especie de obligación social de cara a sus trabajadores. 
Son responsables del continuo desarrollo de sus cualificaciones y en este punto comparto la opinión del ponente: los trabajadores tienen derecho a formación, ya sea básica, avanzada o continua. 
Por supuesto, es posible que el desarrollo profesional y la formación de los profesionales lo lleven a cabo organismos públicos, pero sería atroz que las empresas consideraran que se trata realmente de una obligación del sector público y que es este sector el que se tiene que responsabilizar de estas tareas. 
Reconozco que la reestructuración o incluso las deslocalizaciones se traducen en un elevado nivel de desempleo en algunas regiones, pero en estas situaciones me gustaría recordar instrumentos tales como los pactos territoriales para el empleo que nosotros –es decir, esta Cámara junto con la Comisión– hemos creado. 
Según los estudios realizados, estos instrumentos fueron excepcionales porque implicaban a todas las partes interesadas de ámbito local. 
Son eficientes, recibieron financiación de los fondos estructurales europeos y fueron un éxito. 
Realmente me sorprende que la Comisión se más reticente a la hora de apoyar estos pactos territoriales para el empleo y ya no recurrir a estas opciones como solía hacer. 
Me gustaría decir algo sobre el Fondo de Adaptación a la Globalización. 
Nuestro Grupo también está a favor de este fondo, pero la participación en el mismo debe estar restringida a aquellas empresas que realmente asumen la responsabilidad de la formación y el desarrollo constantes en lugar de delegarla en terceros. 
Esta es la única forma de evitar que este fondo sea considerado un mero gesto. 
Por este motivo, la implicación del sector público debe estar condicionada a la participación de todas las partes interesadas, incluidas las empresas, en la planificación social. 
El presente informe aborda uno de los principales problemas a los que actualmente se enfrenta la UE, con graves ramificaciones en el desempleo, la igualdad económica y social y un problema que obstaculiza el desarrollo e incluso conduce al abandono de vastas regiones. 
Consideramos que es esencial que la reestructuración empresarial solo tenga lugar cuando su objetivo sea salvar empleos y ayudar a las empresas a crecer, y nunca para aumentar beneficios a expensas de despidos o por motivos meramente especulativos o financieros, como ocurre cada vez con más frecuencia. 
Por tanto, insistimos en la necesidad de una firme normativa para luchar contra este tipo de reestructuración, que da origen a inversiones sin empleos y a miles de despidos. De igual modo, se impone un control público eficaz de la utilización y la concesión de las ayudas comunitarias a las empresas. 
Las nuevas normas deben garantizar que la concesión de ayudas venga acompañada de la obligatoriedad de proteger los empleos con derechos y de fomentar el desarrollo regional a medio plazo. De otro modo, las empresas no podrán beneficiarse de ninguna ayuda. 
Por tanto, creemos que los trabajadores –a través de sus representantes, en particular de los comités de empresa europeos– deberían tener el derecho a participar en cada fase del proceso, lo que significa tener el derecho a votar y, por tanto, de pedir que se revise la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
. – Señor Presidente, he visto que esta tarde debatiremos sobre el sector europeo del calzado. 
Y lo cito como ejemplo de reestructuración, pues vivo en Northampton, ciudad que alguna vez fue la capital británica de la industria del calzado. 
En los últimos 40 años, de las siete u ocho grandes empresas fabricantes de calzado de Northampton, una industria de gran intensidad de mano de obra, no queda más que una, y todas las empresas de construcción mecánica de la ciudad han desaparecido. 
Paralelamente, la población de la ciudad se ha duplicado, al igual que el número de solicitantes de empleo, pero no ha habido ningún problema de desempleo. 
La tasa de desempleo en Northampton es actualmente algo inferior a la media del Reino Unido, que es del 5,5 % y la más baja de la UE si no contamos a Suecia ni Dinamarca. 
¿Cómo lo hemos logrado? 
No ha sido obra de programas comunitarios, pues todo empezó antes de que el Reino Unido ingresara en la CE. 
Tampoco se han utilizado fondos de la UE. 
Lo hemos conseguido con nuestras propias fuerzas, haciendo que nuestra ciudad atrajera a empresas del sector de los servicios. 
Barclaycard, por ejemplo, que es una de las mayores entidades de tarjetas de crédito, tiene su sede en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. 
Sé que a ustedes no les gustan los enfoques basados en la autoayuda, pues no se prestan al intervencionismo y la regulación de la UE, ni a la generosa devolución de los recursos de un país a través de asambleas regionales no elegidas y agencias de desarrollo. 
Ayer mismo el señor Schulz se quejaba de que las diputadas y diputados electos a esta Cámara no tienen tanto poder como el Consejo y la Comisión, que no es un órgano elegido. 
Así pues, digamos adiós a la segunda versión de la Agenda de Lisboa y permitamos que los Gobiernos nacionales y los ayuntamientos de los Estados miembros hagan el trabajo para el que han sido elegidos democráticamente. 
. 
Señor Presidente, solo cabe esperar que las empresas necesiten adaptarse a las nueva condiciones y retos derivados de una economía global, una mayor competitividad y los cambios sociales. 
Nuestro papel es adoptar medidas adecuadas para garantizar que estos cambios van destinados a aumentar la competitividad, al tiempo que se reducen los costes sociales. 
Al considerar nuevas soluciones jurídicas a escala europea, no deberíamos centrarnos exclusivamente en la necesidad de mejorar los resultados financieros y la rentabilidad. 
Nuestra principal preocupación siempre debe ser el bien de los ciudadanos. 
Ellos son los que nos eligen para representar sus intereses y promover su bienestar. 
Los recursos de los que disponemos deberían ir dirigidos principalmente a las regiones más débiles y muchas de estas se encuentran en los últimos Estados miembros que se han adherido a la Unión. 
Como conclusión, y retomando el debate de ayer sobre la deslocalización en el contexto del desarrollo regional, me arriesgo a señalar que muchas personas, incluidos algunos diputados de esta Cámara, han olvidado con rapidez las esperanzas suscitadas en los nuevos Estados miembros durante las campañas de preadhesión. 
También hay una tendencia a olvidar los compromisos realizados a estos Estados. 
Tenemos que recordar que estos son los países en los que la situación es particularmente difícil y el desempleo se encuentra en su punto máximo. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
También hoy nos encontramos en esta Cámara ante una encrucijada: Europa debe elegir si avanza hacia una apertura de los mercados que siga ciegamente las leyes naturales de la competencia o si por el contrario desea proteger a sus trabajadores de los riesgos asociados a una liberalización excesiva. 
Una vez más, como reformista, creo que el camino acertado está en el medio: impedir las reestructuraciones es una vana ilusión. 
Lo que la Unión Europea puede y debe hacer es prevenirlas con incentivos a las pequeñas empresas, para que sean lo más competitivas posible a escala internacional, y con desincentivos para el denominado turismo de subvenciones. 
Hay que aplicar asimismo una estrategia que favorezca por todos los medios la inserción plena y satisfactoria de nuestros recursos humanos para combatir el desempleo y evitar la fuga de los mejores cerebros fuera de nuestras fronteras. 
En los casos de reestructuración inevitable, la Unión deberá aportar además todo el apoyo necesario para limitar los despidos y proteger lealmente a los trabajadores con la ayuda de fondos, reclamada con razón por el ponente. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Comisario al inicio de este debate, en el sentido de que la reestructuración es necesaria para poder recortar las actividades que ya no son suficientemente productivas. 
La cuestión ahora es cómo gestionar la reestructuración y quién debe encargarse de ella. 
Una vez más, estoy de acuerdo con el Comisario en que deben ser las propias empresas y los trabajadores directamente implicados. 
Inicialmente, la votación de este informe debía haberse celebrado en el período parcial de sesiones de febrero, pero los principales Grupos políticos acordaron, con razón, retrasar un mes dicha votación para tener tiempo de mejorar el informe. 
Sin duda, este tiempo adicional era necesario. 
Se ha avanzado gracias a algunas de las enmiendas presentadas. 
De hecho, la señora Bachelot-Narquin ha realizado una gran labor en este sentido y le doy las gracias por ello. 
Pero no solo debemos aprobar las enmiendas positivas, sino que realmente debemos suprimir en su totalidad algunos de los apartados originales. 
Hasta que no lo hagamos, este informe reflejará la resistencia al cambio y promoverá el poder de los sindicatos para enfrentarse a dicho cambio. 
Este informe debe permitir el cambio y promover el poder de los trabajadores para hacerle frente. 
Sin duda el ponente sabe que su informe sigue sin gustarme, pues no solo es preciso mejorarlo, sino que necesita –si se me permite decirlo así– una reestructuración. 
Como él sabe, yo fui uno de los que votó en contra de su informe en comisión, en parte para poder presentar nuevas enmiendas en este periodo parcial de sesiones, pero ahora debo decir que mis colegas conservadores británicos, al igual que algunas otras delegaciones nacionales, se reservan el derecho de votar en contra en el Pleno de mañana. 
Si bien no se trata de un informe legislativo, sería una pena rechazar un informe sobre un tema tan importante. 
Pero será mejor rechazarlo que dar la impresión de que a este Parlamento le preocupa más conservar el pasado que ayudar a las empresas y trabajadores a hacer frente al futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras el informe Hutchinson, que debatimos ayer por la tarde, el informe Cottigny plantea el debate de las reestructuraciones y las deslocalizaciones de empresas. 
Quisiera dar las gracias a los dos ponentes por haber planteado estos problemas socioeconómicos, que son de los que más angustia e inseguridad social generan en nuestros conciudadanos. 
Es un acierto que el Parlamento debata estas cuestiones, porque urge, señor Comisario, que la Comisión tome medidas. 
Estas cuestiones plantean a la Unión Europea el desafío de la competitividad económica de nuestras empresas y el desafío de la seguridad laboral de nuestros trabajadores. 
En la mente de los trabajadores europeos, deslocalizaciones y reestructuraciones están relacionadas unidas y prácticamente son sinónimos, pues tienen los mismos efectos: pérdida del empleo tras años de trabajo en el mismo sector de actividad, a veces incluso en la misma empresa, y el mismo cuestionamiento de su valía en el mercado de trabajo. 
Esto no debería ser así, pues las reestructuraciones son en ocasiones señal de un progreso, de un progreso técnico. 
Las reestructuraciones no tienen las mismas causas económicas que las deslocalizaciones, y corresponde al legislador dar a cada problema una solución adecuada. 
Quisiera insistir en el tema de las reestructuraciones de empresas causadas por cambios tecnológicos. Es, de hecho, el tema central del informe del señor Cottigny. 
Este tema plantea a la Unión Europea el reto de su capacidad para adaptarse a los cambios cada vez más rápidos de esta era de progreso técnico. 
Nos plantea realmente el reto de anticiparnos a esos cambios. 
Se ha dicho que gobernar es prever. 
Del mismo modo, hacer negocio, estar en la primera línea de la producción y la competición económicas, también exige prever. 
No se trata de adaptarse al progreso, hay que anticiparlo, hay que inventarlo. 
En este ámbito, la responsabilidad de las empresas es total, deben producir y deben ayudar a los trabajadores a anticiparse velando por su formación continua. 
Esta es la cuestión planteada por el informe Cottigny y yo les pediría, señor Comisario, Señorías, que apoyen estas propuestas. 
– Señor Presidente, estoy muy agradecido al señor Cottigny por el duro trabajo que ha realizado con este informe. 
Sin embargo, dudo que el objetivo que subyace al informe –mitigar el impacto social de la reestructuración– sea realmente viable. 
En primer lugar, la Unión Europea establece el aumento de la competitividad en los mercados mundiales como el objetivo de la actividad económica y, por ende, también de la reestructuración y esto no conduce a nada más que a intentar buscar y encontrar las zonas sensibles fuera de la UE, a las que poder transportar a los perdedores. 
En segundo lugar, si la sociedad realmente es capaz de aliviar las consecuencias de la reestructuración, las ayudas para los que pierden frente a la globalización tendrían que ser tan sustanciosas que ellos mismos serían menos competitivos. 
Si nosotros en la UE no queremos exportar nuestros problemas, deberíamos dar el visto bueno a la reestructuración, pero tendríamos que preguntarnos cómo debería funcionar. 
Lo que necesitamos es otra forma de gestionar las cosas desde el punto de vista económico, otra forma de producir los bienes de la sociedad y que se basen realmente en la sostenibilidad social y global. 
El objetivo de esto no debe ser vencer a nuestros competidores a cualquier coste y esta debe ser la idea que guíe nuestra forma de pensar. 
Este es el verdadero reto al que nos enfrentamos. 
– Señor Presidente, hablar esta bien, pero tenemos que poner nuestras palabras en acción. 
Tenemos que ir decir todo lo que se oye en esta Cámara en nuestras circunscripciones en Salónica o en Macedonia o en Naoussa, que es una ciudad muerta: las deslocalizaciones han traído consigo desempleo, pobreza, injusticia social y muerte. 
Esa es la verdad. 
IKEA abrió en Atenas y dos mil quinientos pequeños establecimientos y talleres cerraron sus puertas. 
¿Cómo se supone que deben reestructurarse? 
Como saben, cuando llegan las grandes empresas, las pequeñas se hunden. 
Es una jungla, un océano en el que el pez grande se come al chico. 
Llega Carrefour con sus 20 000 metros cuadrados y las pequeñas tiendas de toda la región cierran. 
¿Qué vamos a hacer allí? 
¿Qué haremos? 
Esa es la realidad. 
Nos enfrentamos a un capitalismo desenfrenado, que invade la vida y entierra los sueños de los más débiles. 
Nada funciona hoy. 
El índice de desempleo es de aproximadamente el 20 % en Macedonia, que una vez fue la cantera de toda Europa. 
¿Qué vamos a hacer allí? 
¿Cómo vamos a salvar a este mundo de la necesidad y la pobreza? 
Organicemos un nuevo ejército de. 
Ese es el problema. 
Ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde necesitamos ayudar. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre reestructuración y empleo contiene la conclusión de que las políticas destinadas bloquear el cambio y la congelación de las estructuras económicas solo pueden aplazar el problema y, por tanto, exacerbar los efectos negativos. 
Sin embargo, varias medidas relativas a la reestructuración que se mencionan en el informe del Parlamento lamentablemente van precisamente en esta dirección y podrían hacer que las empresas tuvieran más dificultades para adaptarse a los cambios en los mercados. 
El análisis que el informe hace de la situación y las conclusiones entra en conflicto con las medidas propuestas. 
Por ejemplo, el informe menciona el lento crecimiento de la economía de la Unión Europea, la escasa competitividad de las empresas y la movilidad de la mano de obra. 
Sin embargo, en el informe más adelante también se sugiere que la reestructuración no debería utilizarse para aumentar la rentabilidad de las empresas mediante la reducción del número de trabajadores. 
La propuesta del informe para un fondo de ajuste al crecimiento es otro ejemplo de ideas a corto plazo. 
La mejor forma de preservar puestos de trabajo es crear otros nuevos. 
El informe debería asimismo hacer hincapié en este aspecto. 
Así pues, en el ámbito de la reestructuración, la política debería, en primer lugar, dirigirse hacia la implementación de modelos socioeconómicos orientados hacia el cambio permanente. 
Las medidas adoptadas deberían fomentar el desarrollo de capacidades de autorregulación en los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto. 
Solo así será posible equilibrar el crecimiento y un índice de empleo elevado a largo plazo. 
Señor Presidente, se ha dicho mucho en esta Cámara sobre el hecho de que hoy en día las economías son cada vez más globalizadas y competitivas. 
Así son las cosas y, por tanto, los empresarios, necesitan aplicar unos métodos de gestión modernos. 
Una característica fundamental de estos últimos es la capacidad de reaccionar de forma flexible ante las condiciones cambiantes del mercado, en particular en lo que respecta a los nuevos retos competitivos. 
Dadas las circunstancias, no es posible gestionar empresas de forma eficaz sin un constante análisis de costes y sin estar dispuestos a emprender la reestructuración necesaria. 
Es importante tener en cuenta que las consecuencias de tener miedo a llevar a cabo una reestructuración adecuada siempre son dolorosas tanto para los empresarios como para los trabajadores. 
Siempre debemos tener esto en mente al debatir el informe del señor Cottigny sobre la reestructuración y el empleo. 
Estoy seguro de que la calidad del documento es mucho mejor como resultado del trabajo de la Comisión de Empelo y Asuntos Sociales. 
No obstante, me veo en la necesidad de decir que en mi opinión el texto sigue siendo controvertido, porque adopta una posición demasiado recelosa con respecto a los empresarios que reestructuran sus negocios o que tienen intención de hacerlo. 
En mi calidad de diputado que representa a uno de los países que recientemente ha entrado en la Unión Europea, estoy especialmente preocupado por las propuestas de imponer sanciones a las empresas que transfieran todas sus actividades o parte de ellas a aquellos lugares de la Unión donde los costes de producción son menores. 
Los empresarios que toman decisiones de esta naturaleza no están recurriendo a «prácticas inmorales y depredadoras» , y cito del documento que tenemos ante nosotros. 
En mi opinión, el caso es precisamente el contrario. 
Están demostrando unas aptitudes de gestión bien fundadas y están asumiendo la responsabilidad del futuro de la empresa. 
Por tanto, están actuando para fomentar el desarrollo de la economía de la Unión y para aumentar su competitividad. 
Me gustaría recordar a sus Señorías que este es uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia de Lisboa, que tanto apreciamos. 
Introducir elementos de planificación centralizada en la economía europea tampoco es la forma correcta de responder a las consecuencias sociales de la reestructuración. 
Esto ya ha demostrado ser un fracaso y no solo en los países postcomunistas. 
La única respuesta adecuada es mejorar las cualificaciones, fomentar el aprendizaje permanente entre los trabajadores y promover la movilidad de la mano de obra. 
Me gustaría lanzar otro llamamiento a este respecto e instar a que se levanten las disposiciones transitorias para el acceso a los mercados de trabajo a la primera oportunidad que se presente. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría felicitar al señor Cottigny por su informe. 
En mi país, los Países Bajos, la reestructuración y la globalización son temas importantes y hay opiniones divergentes sobre cómo abordarlos. 
Los socialdemócratas, entre los que me cuento, consideran que es innecesario bombear fondos de los Países Bajos a Bruselas y viceversa, y que esa no es la respuesta. 
Aunque no todo el mundo en mi país está satisfecho con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización que se ha propuesto, me gustaría expresar mi apoyo y quisiera añadir que creo que debemos recurrir a las estructuras del FSE existentes todo lo que podamos. 
A pesar de todo esto, ¿por qué estoy a favor de dicho fondo? Porque los ciudadanos necesitan ayuda para hacer frente a los efectos adversos de la globalización. 
Si no reciben esa ayuda de sus propios Gobiernos –que, en el caso de los Países Bajos, no ocurre en determinadas regiones, como la septentrional por ejemplo–, entonces nos complacerá recibir esa ayuda de Europa. 
. Señorías, he escuchado el debate con interés y pienso que ha surgido de un período de exhaustiva preparación y que el consenso demostrado es muy sólido. 
Me gustaría responder a algunas de las preguntas que se han planteado directa o indirectamente. 
En cuanto al tema de informar y consultar a los trabajadores, esta es la consulta de la Segunda fase con los agentes sociales. 
En cuanto a la salvaguarda del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados antes de las medidas de reestructuración, esta obligación se establece en varias directivas comunitarias. 
Hay que defender estrictamente estas directivas. 
Me gustaría destacar la importancia fundamental del diálogo social en las empresas, ya que representa un instrumento que permite prever y gestionar las reestructuraciones, y la comunicación, por lo tanto, desempeña la consulta de la Segunda fase con los agentes sociales europeos, como algo que implica a la empresa que lleva a cabo la reestructuración y los comités de empresa europeos por igual. 
Espero que los agentes sociales empiecen a trabajar intensamente con vistas a introducir mecanismos de ejecución y control de los principios de referencia expuestos hace un año y medio en relación con la reestructuración y para hacer uso de los comités de empresa como mediadores para el cambio a nivel empresarial. 
La Comisión considera que se trata de una sus tareas fundamentales. 
No se puede descartar por completo la vía legislativa, pero en la fase actual sería más adecuado y beneficioso dejar que los agentes sociales lleven las riendas. 
En cuanto a la ayuda comunitaria para las deslocalizaciones, me gustaría decir que el marco actual prevé la cancelación de las ayudas de los Fondos Estructurales en casos en los que una empresa determinada se somete a un cambio significativo, por ejemplo cuando se deslocaliza durante los cinco años después de que se ha tomado la decisión de concederle una serie de recursos. 
Diría que, con respecto al período de programación 2007-2013, la Comisión está proponiendo un aumento de esta garantía a siete años, junto con la obligación de que cualquier ayuda recibida deberá reembolsarse si se incumple esta normativa y que si una empresa infringe esta obligación ya no podría recibir más ayudas en el futuro. 
La Comisión adoptó recientemente una propuesta de Reglamento por el que se establece un Fondo de Ajuste a la Globalización. 
Dependerá de ustedes debatirlo con el Consejo y decidir si lo aprueban. 
La Comisión está plenamente preparada para debatir las condiciones aplicables al fondo y he apuntado varias ideas que considero importantes a este respecto. 
Entre estas está indudablemente la idea de que las propias empresas deben contribuir dentro del marco de reestructuración y que la estrategia de traspasar todos los costes al erario público no es defendible. 
También me gustaría hacer hincapié en la naturaleza directa y de corto plazo de la ayuda prestada a través de este fondo, en contraste con las actividades más estructuradas de los Fondos Estructurales, especialmente el Fondo Social Europeo. 
Esto quiere decir que el fondo está plena y explícitamente concebido como complementario de los instrumentos existentes, complementándolos en áreas en las que no son eficaces. 
Como ya he dicho, el Fondo Social, así como otros Fondos Estructurales, permite llevar a cabo actividades a largo plazo destinadas a ajustar regiones, sectores y procesos de trabajo al cambio económico y social, en contraste con las exigencias a corto plazo de situaciones excepcionales concretas. 
Esta es una prioridad fijada para el objetivo de los Fondos Estructurales, que es la competitividad y el empleo en el período 2007–2013. 
Señorías, la idea unificadora en este debate ha sido sin lugar a dudas que la reestructuración ofrece oportunidades, pero que los costes humanos serán elevados hasta un punto inaceptable, si no se gestiona debidamente. 
Estas oportunidades surgen de la estructura fundamental de nuestra sociedad y de la estructura fundamental del desarrollo moderno en general, en cuanto que constituye una búsqueda de soluciones más eficaces y más avanzadas tecnológicamente en las esferas económica y social. 
Señorías, se trata de un componente básico del Tratado de la UE que el objetivo de nuestros esfuerzos debe ser la calidad de vida en el sentido cotidiano de la palabra. 
En mi opinión, la comunicación o el informe que presenta el Parlamento constituye un documento estimulante que supone un paso adelante en esa dirección. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
– El siguiente punto es el informe elaborado por la señora Gröner y la señora Sartori, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género (COM (2005) 0081-C6-0083/2005-2005/0017 (COD) ) (A6-0043/2006). 
. Señor Presidente, Señorías, la creación de un Instituto Europeo para la Igualdad de Género responde a una exigencia fundamental de proporcionar un nuevo instrumento para la política europea en materia de igualdad de género que nos permita seguir avanzando. 
Estoy seguro de que sus Señorías estarán de acuerdo conmigo en que la igualdad de hombres y mujeres es un objetivo económico y político, así como un cimiento importante sobre el que se construye una sociedad democrática. 
Constituye un principio definitorio de la vida económica, social y política de Europa. 
La plena participación de las mujeres, con las mismas oportunidades y su plena participación en el lugar de trabajo, se ha convertido en un elemento fundamental de la economía europea dentro de una Unión que tiene que hacer frente a una población que envejece y con pérdidas demográficas. 
Los informes de la Comisión para los años 2005 y 2006 sobre la igualdad de género demuestran, sin embargo, que los avances en este ámbito son lentos. 
Siguen en pie grandes obstáculos en el camino de este objetivo social. 
Señorías, si no logramos explotar el potencial que las mujeres ofrecen, no alcanzaremos los objetivos de Lisboa y, lo que es peor, no podremos competir a escala mundial. 
La igualdad de género, además de sus aspectos políticos subyacentes, constituye un factor competitivo clave para nosotros en esta feroz arena de la competencia mundial. 
Con vistas a eliminar todas las formas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, nuestra prioridad de primer orden es redoblar los esfuerzos en la Unión y en los Estados miembros, prestando especial atención al aumento de la heterogeneidad de la Unión ampliada. 
Por estos motivos, la creación de un instrumento que opere a escala europea se considera esencial desde 1999. El Consejo Europeo de junio de 2004 pidió a la Comisión que presentara una propuesta. 
La Comisión presentó una propuesta para crear una institución que sería un instrumento técnico que colaboraría con las instituciones europeas, en particular con la Comisión, en el desarrollo de política y guiando a los Estados miembros en su aplicación. 
La principal prioridad será recopilar, analizar y distribuir datos objetivos, fiables y comparativos dentro de un entorno comunitario. 
El Instituto también elaborará recursos metodológicos adecuados, destinados especialmente a incorporar una perspectiva de género en las políticas comunitarias. 
Finalmente, también contribuirá a incrementar la visibilidad de la política comunitaria, que es particularmente importante en estos momentos y que, en principio, también constituye uno de los cimientos del proceso político democrático, ya que es imperativo que nuestras políticas tengan visibilidad. 
Cuando algo no está visible o ha sido escondido, resulta muy difícil movilizar a la opinión pública y lograr un consenso mayoritario. 
Nuestra propuesta es el resultado de numerosos análisis y tiene en cuenta los resultados de dos estudios sobre operabilidad, así como los incontables debates que han tenido lugar. 
Uno de los estudios fue llevado a cabo por la Comisión y el otro por el Parlamento Europeo, que ha respaldado la creación del Instituto desde 2002. 
La propuesta tiene en cuenta las restricciones presupuestarias y no representa un nuevo gasto a cuenta del presupuesto europeo. 
Señorías, la Comisión quiere que esta institución se convierta en un centro de excelencia. 
En estos momentos no existe un centro así a escala europea. 
Existen varias universidades excelentes u otros organismos, pero no hay ningún centro de este tipo. 
Por tanto, es necesario que respondamos y, por tanto, la Comisión ha decidido satisfacer esta acuciante exigencia. 
– Señor Presidente, Comisario, esta Cámara lleva tiempo pidiendo la creación de un Instituto para la Igualdad; no solo planteamos esta exigencia cada año en el Día Internacional de la Mujer, sino que también queremos ver mejoras reales en la calidad de la política sobre igualdad y, por este motivo, respaldamos la propuesta de la Comisión. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, con el objetivo de garantizar un amplio apoyo, confió la elaboración del informe a los dos Grupos principales, representados por la señora Sartori y yo misma. 
Acordamos los compromisos y conjuntamente presentamos una serie de enmiendas generalmente destinadas a reducir la burocracia y a garantizar la primacía del proceso legislativo. 
Queremos evitar la duplicación y que se solape con otras agencias. 
Queremos garantizar que todo el conocimiento sobre las cuestiones de género que puede encontrarse en los institutos nacionales –los expertos en género, las universidades, las organizaciones no gubernamentales– pueda recopilarse en una sola red. 
Hemos propuesto algunas adiciones a la propuesta de la Comisión con la intención de implicar a la sociedad civil en un papel de asesor. 
El Instituto para el Género desempeñará un papel muy importante a la hora de garantizar que nosotros, los legisladores, podemos utilizar sin demora los resultados de la investigación sobre cuestiones de género y, con ello, mejorar el proceso legislativo. 
El objetivo es que el Instituto sea un centro de excelencia e independiente, aunque, por supuesto, seguirá las directrices de la Unión Europea y nuestras políticas. 
Será una piedra angular y sus efectos sobrepasarán las fronteras de la Unión Europea, pero también existe el riesgo de que la gente diga –como ya están haciendo algunos diputados en esta Cámara– que no queremos un instituto específico para las cuestiones de género, sino que, en su lugar, debería combinarse con la Agencia europea de los derechos humanos. 
El gran peligro es, en mi opinión, que no seamos capaces de garantizar la visibilidad de los programas de la Unión Europea. 
Al igual que con el programa de igualdad, lo que necesitamos es un instrumento con un efecto externo. 
No creo que el programa Progress nos haya permitido garantizar la visibilidad y debemos tener la seguridad de que el Instituto para la Igualdad sí lo hará. 
Lo que necesitamos es un instituto pequeño de gran categoría que trabaje para obtener unos buenos resultados. 
Decir que «no» hoy sería un grave contratiempo para la política de igualdad de la Unión Europea y un gran contratiempo para la hoja de ruta sobre la igualdad que se presentó de forma tan convincente la semana pasada. 
Fue el señor Barroso, el Presidente de la Comisión, quién fijó el calendario la semana pasada. 
Digamos «sí» hoy al informe Sartori/Gröner para poder cumplir el calendario y para que no haya más demoras. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero unir mi voz a la de mi colega, la señora Gröner, para defender el voto a favor de esta propuesta de la Comisión, que responde a una exigencia sentida en todos los países europeos, y no solo por las mujeres. 
En realidad, como ya ha explicado tanto el Comisario como la señora Gröner, se habla de este tema desde hace mucho tiempo: la idea de crear un instituto de género se remonta a más de diez años atrás, a propuesta del entonces Ministro sueco de Igualdad de Oportunidades. 
El trabajo continuó durante cinco años y hubo un debate intenso; en el año 2000, el Consejo Europeo de Niza reconoció la necesidad de un instrumento para estimular el intercambio de experiencias y compartir la información en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
La Comisión Europea elaboró un estudio de viabilidad, después lo presentó y hace un año, el 8 de marzo, se tomó esta decisión. 
Como ya se ha indicado, dicho estudio fue un trabajo conjunto y muy importante de nuestra comisión parlamentaria, que intervino para que el instituto se convirtiese en lo que todos nosotros queríamos: un instrumento técnico muy ágil encargado de recopilar todos los datos facilitados por los institutos estadísticos y difundirlos para dar a todos los operadores y todos los responsables de legislar y tomar medidas la posibilidad de adoptar decisiones teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
Algunos se preguntarán si es realmente necesario un instituto de género. 
Creo que sí, y nos lo confirman los datos que están a la vista de todos. 
Por ejemplo, la Directiva europea sobre la igualdad de remuneración fue aprobada hace treinta años, en 1975, pero aún hoy tenemos en Europa una desigualdad media del 15 %, que en algunos países se eleva al 30 %. 
Están también los datos relativos al empleo: Lisboa solo podrá hacerse realidad si cada vez más mujeres tienen acceso al mercado de trabajo, por no hablar de los problemas derivados de la caída de la tasa de natalidad y de la violencia. 
A mi entender, este instituto es necesario; todavía precisamos un instituto de género para las mujeres, destinado a las mujeres. 
La estructura será muy altamente consolidada: la junta directiva estará integrada por nueve miembros más un representante de la Comisión y un representante de cada país en el comité consultivo 
Concluiré diciendo que las posiciones contrarias son de dos tipos: hay quien quiere centralizarlo todo en la Agencia de Derechos Humanos, cuya creación en Viena está ya prevista. 
Si yo quisiera ayudar al Comisario Frattini lo aceptaría, pero no creo que sea eso lo que necesitamos las mujeres. 
Otros piensan que costaría demasiado, pero mi respuesta a esto es que en Europa tenemos cuatro organismos que se ocupan del empleo y cuestan 66 millones de euros al año; este organismo, en cambio, solo costará 8 millones de euros. 
. – Señor Presidente, Señorías, se da el caso de que en la Unión Europea necesitamos otro instrumento eficaz que nos permita avanzar a pasos agigantados hacia la igualdad entre mujeres y hombres, porque si seguimos dando pasos cortos como hasta ahora, la implantación de la igualdad será una lucha incluso para nuestras bisnietas. 
El Instituto Europeo para la Igualdad que se propone puede ser ese instrumento adicional, pero, nosotros como parlamentarios –y nosotras las mujeres en particular– no solo queremos trabajar con ahínco, sino también hacerlo para que los efectos de nuestro trabajo perduren; para ello, el Instituto debe tener unas condiciones marco adecuadas en las que funcionar, entre ellas la financiación de la que disponga y con la que tendrá que apañárselas. 
Hay dos comentarios que la Comisión de Presupuestos y su ponente permanente para las agencias desearían aportar a este respecto. 
En primer lugar, ya tenemos 23 agencias, muchas de las cuales se están creando o en fase de reestructuración, y todas ellas necesitan mucho dinero. 
Si nuestro acuerdo con el Consejo sobre el próximo marco financiero se traduce en menos dinero del que esta Cámara ha propuesto, las agencias descentralizadas también se verán afectadas. 
En segundo lugar, la Comisión ha propuesto –y la Cámara no ha puesto reparos a esta propuesta– que el Instituto de género sea financiado completamente a través de la Quinta sección del programa Progress. 
En junio del año pasado, esta Cámara, en su posición sobre las perspectivas financieras, asignó más de 850 millones de euros a este programa, pero el Consejo, en diciembre, recortó esa cantidad en casi 300 millones. 
Sin una financiación adecuada, no podremos lograr que los efectos sean duraderos en lo que a la igualdad se refiere. 
Un verdadero proceso legislativo y un trabajo de verdad requieren dinero, si no queremos seguir aparentando lo que no es, frustrando a los trabajadores y arrojando arena a los ojos de los ciudadanos. 
– Antes de explicar algunas ideas propias, me gustaría expresar mi apoyo a mi colega que ha intervenido poco antes de mí sobre la importancia de la financiación para el éxito del Instituto. 
Hablo como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y quiero expresar mi satisfacción por la propuesta de creación de un Instituto Europeo para la Igualdad de Género. 
De hecho, propuse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que debía llamarse agencia y no instituto. 
Mediante esta enmienda mi intención es hacer hincapié en el compromiso político de la institución, más que en su dimensión académica, que confiere la palabra instituto. 
En cualquier caso, para coincidir con el Día Internacional de la Mujer, el Parlamento Europeo, al adoptar esta decisión, está alentando nuevos pasos hacia la implantación de la igualdad de oportunidades, algo que considero es una de las ambiciones fundamentales de una Europa moderna. 
Espero que el Instituto no sea únicamente una oficina estadística pasiva encargada de medir la igualdad o la desigualdad, sino que sea un órgano activo que proponga nuevas estrategias que garanticen avances reales con respecto a la igualdad. 
No puedo resistir la tentación de hablar a esta distinguida Cámara sobre la candidatura de Eslovenia para albergar este Instituto. 
Si Eslovenia sale elegida, se tratará de una decisión alentadora porque, aunque por un lado hemos logrado con éxito llevar a cabo nuestra transición, los datos indican, sin embargo, que los hombres siguen teniendo más éxito que las mujeres. 
Por otro lado, las autoridades están intentando activamente cambiar la situación, y en vista de esto, la creación del instituyo en un nuevo Estado miembro sería una decisión de buen augurio, ya que alentaría cambios positivos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero manifestar mi profunda gratitud a la señora Gröner y a la señora Sartori por su excelente trabajo de equipo en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
Me atrevo a formular una pregunta iconoclasta: ¿podríamos prescindir de un observatorio que se ocupe exclusivamente de las diferencias de trato entre hombres y mujeres? 
Desde hace 30 años y a pesar de todas las directivas europeas, la persistente desigualdad de trato entre hombres y mujeres en todas las actividades económicas constituye un insulto a nuestra democracia. 
La cuestión demográfica no está resuelta. 
En interés de los padres, de las madres y de los hijos, necesitamos realizar urgentemente la conciliación entre vida familiar y vida profesional. 
La Estrategia de Lisboa dista mucho de ser un éxito. 
¿Quién se toma en serio la creación del capital humano de las generaciones futuras? 
¿Quién se toma en serio la solidaridad entre generaciones? 
Estas actividades económicas informales y no monetarias representan un trabajo duro y mayoritariamente realizado por mujeres. 
El papel de los hombres en el proceso de igualdad de género tampoco se tiene en cuenta para nada. 
Por consiguiente, no me parece inútil promover medios para vigilar y denunciar las inaceptables diferencias de que siguen siendo víctimas las mujeres en comparación con hombres. 
Cualquier iniciativa que denuncie objetivamente estas injusticias, más allá de las divergencias políticas de opinión, siempre será bienvenida. 
. – Señor Presidente, el grado de compromiso de cada uno con la igualdad de género no debe medirse por el apoyo a la creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
Los ponentes explican que apoyan este órgano «ya que con él, el objetivo general de la igualdad de género... no ocupará un rango inferior al de ninguna otra política contra la discriminación a escala comunitaria». 
Este objeto equivocado explica por quá la creación de un instituto es de hecho una mala idea. 
En la opresión no existen jerarquías. 
Sus promotores consideran que es más importante el prestigio de un órgano exclusivo que la realidad de una transformación general de la sociedad. 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género debería formar parte en realidad de la nueva Agencia de los Derechos Fundamentales, al igual que lo será el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
Si la igualdad de género es el único objetivo que queda fuera de la Agencia de los Derechos Fundamentales, se creará un modelo desequilibrado y se debilitará a esta última agencia. 
También podría provocar que la igualdad de género se convierta en un ámbito olvidado y aislado, en lugar de ser un abanderado sumamente visible, como desean sus partidarios. 
Me parece que decir que es necesario un instituto para que la igualdad de género siga siendo una de las prioridades políticas de la UE es una posición sumamente defensiva. 
Por el contrario, las mujeres pueden impulsar la campaña por la igualdad de derechos humanos para todos a través de la Agencia de los Derechos Fundamentales. 
Esa es la opinión de la Comisión de Igualad de Oportunidades del Reino Unido y yo la suscribo. 
. – Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya de forma incondicional la creación de un instituto sobre el género independiente y eficaz, y respalda el informe de la señora Gröner y de la señora Sartori en su totalidad. 
Muchos en esta Cámara se preguntan por qué necesitamos un nuevo Instituto. 
Necesitamos uno, porque la igualdad entre hombres y mujeres es la característica distintiva de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha dicho que consideramos la igualdad como uno de los valores de la Unión y porque se sigue discriminando a las mujeres. 
Al contrario de lo que la señora Ludford acaba de decir, no estamos hablando solo de violaciones de los derechos humanos. 
Sigue habiendo discriminación en el mercado de trabajo, en el deporte y en muchas otras áreas. 
Sabemos que las mujeres tienen un papel que desempeñar a la hora de conformar el futuro, no solo en lo que a su potencial en el proceso de Lisboa se refiere, sino también, por ejemplo, en cuanto a demografía, donde su papel es positivo y crucial. 
Las madres, en particular, tienen un cometido fundamental en lo que respecta a las violaciones de los derechos de las mujeres migrantes. 
Ayer oímos al Comisario Frattini hablar de cómo seguimos teniendo pocos datos estadísticos sobre la prostitución forzosa. 
Este Instituto de Género es lo que necesitamos. 
En el pasado, la Unión Europea era un baluarte de la política de igualdad. 
Un voto negativo sería un desastre; significaría una ruptura real en la Unión Europea y supondría admitir que la política de igualdad de esta Cámara no tiene nada que ofrecer. 
Por estos motivos, insto a la Cámara a que vote mayoritariamente a favor de este Instituto para la igualdad. 
Necesita hacerse visible de esta forma. 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género no debe, sin embargo, sustituir las iniciativas legislativas. 
Nos mostraremos vigilantes para garantizar que la política de igualdad no queda encallada. 
El Instituto de Género no debe convertirse en un medio de entreguismo o de distracción de la falta de acción legislativa. 
Un Instituto de Género no hará menos necesarias las políticas en materia de igualdad y queremos que la Comisión se atenga a esto. 
Así pues, pido otra vez un firme apoyo para este informe. 
,. – Quiero agradecer a mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad, especialmente a la señora Gröner y a la señora Sartori, su comprometida labor en esta materia. 
Comprendemos que un Instituto no puede por sí mismo aumentar la igualdad, pero apreciamos que, si se diseña de la manera correcta, puede resultar un instrumento increíblemente importante para el éxito del trabajo de promoción de la igualdad. 
Me gustaría indicar dos propuestas que reforzarían aún más el trabajo del Instituto: la primera, que sería efectivo posiblemente evaluar las consecuencias para las mujeres, o, si fuera el caso, para los hombres, de las decisiones tomadas a todos los niveles; y, la segunda, que la junta estuviera compuesta por seis personas del Consejo, seis de la Comisión y por tres miembros más procedentes, según convenga, de la patronal o un sindicato, y una organización voluntaria. 
Creo que estos tres últimos miembros también deberían tener derecho de voto y que la organización voluntaria debería ser una organización de mujeres. 
,. – Señor Presidente, en su esfuerzo por conseguir la igualdad entre sexos, la Comisión Europea tiene intención de dedicar 50 millones de euros a las actividades del planeado Instituto Europeo para la Igualdad de Género. 
Este órgano tendrá los objetivos de asegurar un salario igualitario para el mismo trabajo, terminar con los estereotipos de género y también promover la igualdad entre sexos fuera de la Unión Europea. 
Sin embargo, me gustaría recordar a la Cámara que casi 70 millones de los 450 millones de habitantes de la Unión Europea viven en la pobreza. 
Esto representa el 15 % de la población y es un indicador claro de desigualdad. 
También es una violación de los derechos humanos fundamentales y una afrenta contra la dignidad humana. 
En interés de la paz sería apropiado ayudar a los pobres, terminar con el desempleo y resolver la situación de los servicios sanitarios. 
Esto sería mucho más beneficioso que animar sentimientos enfermizos entre hombres y mujeres, lo que trae siempre consecuencias negativas para las mujeres. 
Cualquier desigualdad relativa a la remuneración podría ser remediada por medio de una sola ley, que no requeriría una financiación tan amplia. 
En vez de intentar igualar los desequilibrios naturales en diversas áreas de la economía y la vida profesional, y promover la igualdad fuera de la Unión deberíamos centrarnos en la igualdad dentro de la Unión. 
Los fondos anteriormente mencionados se podrían gastar con más utilidad ayudando al menos a los niños que viven en la pobreza a mejorar sus condiciones de vida. 
Promocionar la familia debería tener preferencia sobre la eliminación de los estereotipos de género y ayudaría a revertir la tendencia actual a relegar la familia a una curiosidad cultural anticuada. 
,. – Señor Presidente, la igualdad entre hombres y mujeres es un mantra repetido a menudo dentro de la Unión Europea. 
El sentido común nos dice, sin embargo, que no se trata en absoluto de un asunto sencillo. 
Nos referimos a hombres y mujeres precisamente porque son diferentes. 
Son iguales en términos de dignidad pero son diferentes. 
Esto es obvio en el mundo deportivo mencionado anteriormente. 
He intentado recientemente descubrir en qué forma entiende la Comisión Europea esta fórmula, especialmente porque esta fórmula viene muy a menudo acompañada por el corolario en todas las áreas. 
Por ello, he preguntado si esta igualdad proviene de las leyes naturales o de las leyes estatutarias y qué se puede hacer para que los hombres puedan dar a luz. 
El Comisario Špidla ha contestado que el principio de la igualdad de género solo se refiere al trabajo y al acceso a bienes y servicios. 
Esto es contrario a los hechos. 
Después de todo, el Artículo 23 del Capítulo III de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se refiere claramente a todas las áreas. 
Si la Comisión Europea es incapaz de resolver el problema con las leyes europeas, dudo que el Instituto planeado pueda hacerlo. 
– Señor Presidente, una cosa es segura, no faltan estructuras y redes de todo tipo dedicadas a estudiar y defender a las mujeres. 
Se puede citar el Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, varias ONG, comités agencias de derechos fundamentales, foros consultivos sobre los derechos de la mujer, el Lobby Europeo de Mujeres o nuestra propia comisión parlamentaria. 
Por tanto, ¿es razonable crear un nuevo instituto europeo encargado de la igualdad entre hombres y mujeres? 
En esta nebulosa de estructuras, que no siempre funcionan en perfecta armonía en el intercambio de información, ¿tendrá este nuevo órgano, que se supone pondrá en red toda esa información, medios reales para existir? 
Hablando claramente, ¿podemos garantizar, hoy, y al margen de su posible operatividad, su plena independencia política y financiera? 
Parece que no, pues la Comisión no está dispuesta a dar demasiado margen de maniobra al futuro instituto. 
En efecto, su reticencia a aceptar que el director del instituto sea responsable únicamente ante su consejo de administración y no ante ella, resulta muy reveladora a este respecto. 
Por todas estas razones y otras más, no puedo aprobar esta iniciativa de creación de lo que me permitiría denominar otro sistema laberíntico. 
– Señorías, la creación de un instituto europeo para crear una corriente dominante sobre género, una tarea a largo plazo fundamental señalada en el Tratado de Amsterdam y influida positivamente por el proceso que siguió a la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en Pekín, se ha convertido en un tema de discusión política entre las personas a favor y en contra del Instituto. 
Soy de los que apoyan la visión compartida por las ponentes, la señora Gröner y la señora Sartori, que han conseguido encontrar una solución común para los dos Grupos políticos mayoritarios del Parlamento Europeo. 
Admiro y aprecio su trabajo sobre este informe, y en particular su paciente campaña de concienciación en la que defienden la creación del Instituto como coordinador, cuya tarea será la de proporcionar apoyo técnico que permita aplicar las políticas de género de la UE, estimulando y actuando en colaboración con las instituciones existentes, repartiendo información y mejorando la visibilidad de los temas relacionados con la igualdad de género. 
No apoyo la enmienda que sugiere que el Instituto se integre en la Agencia de los derechos humanos de la Unión Europea con sede en Viena, pues el área entera del problema se convertiría en una parte de un programa ya existente, y ello no satisfaría el deseo de la UE de reforzar las políticas de igualdad de oportunidades. 
Como también sugieren los informes más recientes, las desigualdades entre hombres y mujeres siguen existiendo. 
La existencia de desigualdades es un problema para la toda la sociedad y no solo para las mujeres. 
La puesta en marcha del Instituto será el pilar fundamental de la hoja de ruta adoptada recientemente para la implantación de las políticas de igualdad de oportunidades. 
En términos financieros, el Instituto no supondrá una carga significativa, pues la financiación corre por cuenta de fuentes ya existentes. 
El valor añadido del Instituto también incluirá actividades fuera de la Unión Europea, especialmente con vistas a la ampliación, donde la igualdad de oportunidades es, y seguirá siendo, un tema de actualidad. 
Como conclusión, estoy convencida de que situar el Instituto en uno de los nuevos Estados miembros además consigue el objetivo de descentralizar de forma equilibrada las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a las ponentes por su informe y expresar mi satisfacción por los esfuerzos de la Comisión para que la Unión Europea pueda disponer de un organismo independiente dedicado específicamente a los asuntos relativos a la igualdad de género. 
Quiero insistir en la necesidad de que el Instituto goce de una completa independencia, sin ningún tipo de condición. 
Este es un requisito fundamental para que el Instituto pueda cumplir con sus objetivos, que van mucho más allá de la mera asistencia técnica a la Comisión. 
Como método de trabajo, la idea de crear una Red europea de la igualdad de género me parece claramente innovadora y eficaz, sobre todo para superar los imperativos de tiempo y distancia en la puesta en común y en el intercambio de conocimientos, informaciones y políticas. 
En cuanto a la estructura del Instituto, creo que, al final, se ha logrado una solución aceptable en la composición del Consejo de Administración, que supone una distribución justa y eficaz de las funciones entre las tres instituciones y ajustada a lo que va a ser la realidad de un organismo, desgraciadamente, con bajo presupuesto y poco personal. 
En este sentido, quiero insistir en que, para que el Instituto pueda cumplir sus objetivos, es imprescindible una buena financiación, una financiación adecuada que dé credibilidad al compromiso de la Unión Europea con la igualdad de género. 
Esto es algo que todos debemos tener muy presente estos días en las negociaciones que, sobre financiación, se están celebrando entre las distintas instituciones. 
– Señor Presidente, estoy a favor de crear un Instituto Europeo para la Igualdad de Género separado, activo e independiente. 
Una política sólida de la UE sobre igualdad sería un recurso. 
Las mujeres participan cada vez más en el mercado laboral, y los hombres cada vez menos. 
En el futuro no podremos permitirnos desatender o ignorar los recursos humanos existentes. 
El Instituto para la Igualdad de Género podría, aun así, influir en esta situación. 
En el contexto de la Estrategia de Lisboa, el punto de vista de la igualdad cobró al principio una gran importancia, pero ha sido olvidado. 
El tema de la igualdad debería estar mucho más destacado, y respecto a ello un Instituto activo podría conseguir una UE más fuerte y competitiva que nunca. 
– Me gustaría agradecer a las ponentes la elaboración de este informe, que debería culminar en la creación de un Instituto Europeo de Género. 
La tarea del Instituto será la de recoger y analizar datos sobre la igualdad entre hombres y mujeres en los países de la UE, así como organizar conferencias y campañas. 
Creo que es completamente equivocado cuestionar la creación del Instituto y, en este sentido, también me opongo a la forma en la que se han vertido dudas sobre la Republica Eslovaca como sede potencial del Instituto. 
No voy a hacer una lista de cada institución que tiene su sede en los quince primeros Estados Miembros. 
Respeto el hecho de que durante la fundación de la Unión Europea dichos centros tenían que establecerse y desarrollarse como parte de una acción conjunta coordinada. 
Por lo tanto, insto a sus Señorías a que voten a favor de la creación de este Instituto. 
El Instituto de Género podría funcionar como un defensor del pueblo de las mujeres, un mediador entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para eliminar injusticias, como la discriminación en las relaciones laborales. 
Después de todo es bien sabido que los salarios más bajos se corresponden normalmente con los llamados «sectores femeninos» , es decir, la educación y la sanidad, mientras los salarios más altos son típicos de ocupaciones en las que predominan los hombres como las fuerzas armadas y la policía. 
¿Son la sanidad y la educación de las generaciones futuras acaso menos importantes? 
Señor Presidente, desde luego quiero felicitar a las dos ponentes y a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, que han trabajado tanto en este informe. 
Me parece que este Instituto ha de ser un instrumento útil, pero dicha utilidad dependerá de la voluntad política de los Gobiernos de querer de verdad una igualdad o no entre hombres y mujeres. 
Digo esto porque, como ha dicho la señora Sartori, hace más de cincuenta años que hay una legislación para que hombres y mujeres cobren lo mismo por un trabajo igual. 
Sin embargo, estamos en 2006 y hay todavía muchas mujeres que cobran menos que los hombres por igual trabajo o cuyo contrato no corresponde al trabajo que están realizando efectivamente. 
Por tanto, esas medidas efectivas, que son las que las mujeres han de ver en nuestra sociedad europea, necesitan que las leyes se pongan en práctica y no que se creen más y más leyes. 
Para eso, hace falta voluntad política que se expresa en dinero, en el dinero que ha de ponerse en los presupuestos, tanto en los presupuestos nacionales como en los de la Unión Europea. 
Digo que quiero de verdad igualdad y, desde luego, lo que no quiero es propaganda política. 
Hay muchas ocasiones en las que Gobiernos que se dicen muy progresistas, cuando presentan planes, como, por ejemplo, el Plan Nacional de Reformas que ha presentado el Gobierno de mi país, incluyen frases como «se darán beneficios a la contratación para jóvenes varones desempleados menores de treinta años» al mismo tiempo que no contemplan ninguna medida para las mujeres menores de treinta años, que, en mi país, tienen un índice de desempleo mucho más alto que el de los hombres. 
Por tanto, sí a ese Instituto, pero que, de verdad, sirva para algo. 
– Quiero felicitar a las dos coponentes, la señora Gröner y la señora Sartori, por el excelente trabajo que han realizado. 
En efecto, el informe aporta al texto inicial de la Comisión una serie de mejoras que también yo había sugerido en mi proyecto de opinión en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
Quisiera citar cuatro de ellas. 
En primer lugar está la función de iniciativa que se otorga al instituto, en particular a través de sus misiones de análisis y de transmisión de conocimientos prácticos, y la posibilidad que se le da de someter sus recomendaciones y orientaciones a las instituciones comunitarias. 
Después, la importancia de la cooperación con la Agencia de los Derechos Fundamentales. 
También, la necesidad de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de Administración y, por último, el papel del Parlamento Europeo, en particular por lo que respecta al nombramiento del director del instituto y los miembros del consejo de administración y al seguimiento de sus actividades. 
Este Instituto de la Igualdad de Género es indispensable para una verdadera Europa de los ciudadanos y las ciudadanas, y me ha decepcionado enormemente que mi proyecto de opinión fuera rechazado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, por 18 votos a favor y 18 en contra, debido a la voluntad de una parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y de una parte del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa de impedir que este instituto vea la luz. 
Dicho esto, me alegra ver y comprobar que las coponentes han integrado lo esencial de mis preocupaciones en su informe. 
– Estoy muy complacido con este informe. 
Creo que es muy importante para la identidad de una Europa nueva y moderna. 
El problema de la igualdad de oportunidades es especialmente relevante en los Estados de la Europa oriental. 
Es más, no es por casualidad que Eslovenia, Eslovaquia y Lituania aspiren a albergar la sede de este Instituto en su territorio. 
Las mujeres en los Estados de la Europa del Este todavía son vistas con frecuencia como amas de casa y no están integradas en los procesos económicos. 
El Parlamento Europeo cuenta con una Comisión sobre los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. En muchos Estados europeos hay ministerios, departamentos y otras instituciones dedicadas a la igualdad entre los sexos. 
Es por ello por lo que creo que es lógico crear una institución de estas características para toda la Unión Europea. 
Por lo tanto, apoyo los esfuerzos de las ponentes Lissy Gröner y Amalia Sartori así como su argumento de que un instituto independiente puede operar de forma mucho más efectiva que uno que sea parte de otra agencia. 
Me gustaría hacer hincapié en que el Instituto es necesario tanto para los hombres como para las mujeres, y es lamentable que la mayoría de los que han hablado hoy sean mujeres. 
– Señor Presidente, el ridículo eslogan de las feministas sobre la igualdad de género va en detrimento de las mujeres. 
Dicho eslogan atribuye un gran valor a las características masculinas y sugiere que las mujeres también las poseen. 
Este no es el caso. 
Las mujeres poseen características femeninas y las mismas también han de ser valoradas. 
Las referencias a las esposas que no trabajan son insultantes, pues dichas mujeres trabajan muy duro en el hogar. 
Su trabajo debería ser valorado y reconocido al menos en igual- si no en mayor- medida que el trabajo realizado por los hombres. 
Uno de los rasgos más desafortunados de la sociedad contemporánea es que las mujeres se ven obligadas a trabajar fuera de casa por razones financieras, porque es imposible criar una familia con un solo sueldo. 
Esto sucede en un contexto de desempleo alto. 
No se puede pedir a las mujeres que contribuyan en la misma medida que los hombres. 
Por ejemplo, no se les puede pedir que hagan turnos o estén varios días fuera de casa. 
Porque sencillamente no somos iguales. 
Las mujeres tienen un valor inestimable por su papel de madres, y es por ello por lo que merecen especial consideración y protección. 
No necesitan un instituto. 
– Señor Presidente, es urgentemente necesaria la creación de un Instituto Europeo para la Igualdad de Género, porque incluso en el corazón de Europa en el siglo XXI somos testigos habituales de discriminación por razones de sexo. 
Las mujeres representan el 52 % de la población de Europa y continuamente experimentan discriminación en muchas áreas de sus vidas. 
Este nuevo Instituto no puede dedicarse únicamente a recoger datos estadísticos si quiere promover e implantar políticas de igualdad de género de forma efectiva en una Unión ampliada. 
Por el contrario, debe centrarse en analizar los datos en detalle y dar consejo y establecer pautas necesarias para crear una corriente dominante sobre igualdad de género efectiva en el sistema legal europeo. 
Se debería tener en cuenta que la igualdad de género, que el Instituto debe encargarse de promover, es un derecho fundamental y una prioridad de las políticas comunitarias. 
Está consagrado en el Tratado y debe ser implantado en todas las áreas de actividad social y económica, especialmente en lo que refiere a empleo e iniciativa empresarial. 
Convendría que el Instituto estuviera situado en los nuevos países de la Europa unida, quizás en Polonia. 
Polonia es el país más grande de los nuevos Estados, y un país donde no solo la discriminación está extendida, sino que es practicada por las autoridades. 
– Emile Zola dijo que una mujer es el eje en torno al cual gira la civilización. 
Este instituto debería convertirse en el eje en torno al cual giraran los temas de igualdad de género y su implantación. 
Para convertir en una realidad el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, todo lo que hace falta es entender el problema, voluntad política y algo de financiación. 
Será considerablemente más difícil para el funcionamiento del instituto cambiar las actitudes hacia las mujeres y erradicar la discriminación que soportan en muchos países europeos. 
El instituto debería emplear no solo a especialistas, sino también a personas de ambos sexos apasionados por estas actividades. 
Son necesarios la influencia del Parlamento Europeo en la formación del equipo del instituto y el control parlamentario constante. 
El instituto debería evaluar la situación en cada área, en cada país y presentar propuestas. 
Sobre esta base, las instituciones de la UE deberían tomar medidas efectivas y se debería exigir lo mismo a los Gobiernos nacionales. 
El instituto debería empezar su trabajo en uno de los nuevos países de la UE. 
Vilnius ofrece no solo lo que Lituania puede alcanzar con la implantación de la igualdad, sino también la oportunidad de combinar la experiencia de los países escandinavos líderes con el potencial de la Europa central, y de hecho con el de la totalidad de Europa. 
. Señorías, he escuchado con gran interés su debate y espero que ahora me permitan referirme a varias de las cuestiones que se han planteado. 
En primer lugar, quiero agradecer la excepcional calidad del informe elaborado por las ponentes, que solo puede calificarse de brillante, dada la complejidad del tema tratado. 
Señorías, en el debate se han expuesto una serie de argumentos y opiniones que me parece que requieren respuesta. 
La primera opinión que se ha expresado es que la institución en cuestión debe formar parte de la agenda en materia de derechos humanos. 
Algunos oradores que han intervenido en el debate han manifestado la opinión –que apoyo plenamente– de que la cuestión de la igualdad de oportunidades va más allá de una simple cuestión de derechos humanos, pese a la importancia fundamental de los mismos. 
La cuestión de la igualdad de oportunidades es más amplia. 
Se ha planteado también si la Unión Europea debe promover la igualdad de oportunidades incluso en sus relaciones internacionales. 
Tengo que expresar mi firme convicción de que eso es necesario. 
La Unión Europea mantiene numerosas relaciones internacionales, tanto con los Estados miembros como en el contexto de la ayuda al desarrollo y a escala multilateral, y todas ofrecen la oportunidad de consolidar la igualdad de género en la práctica. 
Señorías, estoy convencido de que la igualdad entre hombres y mujeres, fomentada y apoyada a escala mundial, constituirá una importante fuente de estabilidad en el mundo y puede conseguir pacificar muchos de nuestros conflictos actuales. 
También me parece acertado el argumento expuesto en el debate en el sentido de que el nuevo instituto dotará de mayor visibilidad y transparencia política a las cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. 
Apoyo plenamente dicho argumento. 
Conviene asimismo que recordemos, como se ha dicho con frecuencia en el debate, que todavía nos queda mucho por hacer. 
Es evidente que tratamos de basar la formulación de nuestras políticas en el debate argumentado y ese es uno de los resultados civilizados de la vida en la Europa actual. 
Podría añadir que son políticas basadas en demostraciones prácticas y opiniones prácticas. 
Pero incluso desde esa perspectiva, el instituto puede mejorar la calidad. 
Me parece evidente que existe un gran volumen de información importante que no se está utilizando de manera eficaz cuando se adoptan decisiones políticas. 
¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que en España los hombres dedican 52 millones de horas al año a cuidar de otras personas, mientras que esa cifra es de 200 millones de horas en el caso de las mujeres? 
Se trata, sin duda, de un indicador importante de cuán desigual es el reparto de algunas de las obligaciones y responsabilidades que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres. 
Pero ninguna de esa información se tiene en cuenta a la hora de adoptar decisiones políticas. 
Estoy seguro de que el instituto hará posible muchas cosas. 
Señorías, uno de los principios básicos de la vida parlamentaria europea es el multilingüismo y a menudo descubrimos que determinadas cuestiones pueden expresarse con más elegancia y precisión en alguna otra lengua europea. 
Espero, por tanto, que me permitan citar el refrán alemán que dice. 
Estoy totalmente convencido de que si se quedan ustedes donde están, en la práctica retroceden. 
Señorías, permítanme expresar mi opinión sobre las enmiendas que se proponen en el informe o que se van a someter a votación. 
La posición de la comisión con respecto al carácter del instituto nos permite ser flexibles y aceptar la mayor parte de las enmiendas encaminadas a reforzar las funciones y los métodos de trabajo del instituto, incluida la creación de su red. 
Estas enmiendas son aceptables en su forma original, parcialmente o con algún cambio en su redacción. 
En una segunda categoría figuran las enmiendas que contribuyen a hacer más legible el texto y que la Comisión también puede aceptar en su forma original o con algunos pequeños retoques. 
El tercer Grupo corresponde a las enmiendas que hacen referencia a las técnicas de presentación jurídica y que, aun siendo constructivas, se apartan de las previsiones originales de los instrumentos existentes y, por consiguiente, no podemos aceptarlas por razones de cohesión. 
Por último están las enmiendas relacionadas con cuestiones horizontales; en otras palabras, con todas las agencias y organizaciones y sus procedimientos de selección de directores, prórroga de contratos y evaluación de las organizaciones. 
No podemos aceptar dichas enmiendas porque es necesario mantener un cierto principio de cohesión entre todas las agencias. 
He dejado para el final el tema de la composición del Consejo de Administración. 
Celebramos que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se haya manifestado a favor de limitar el número de miembros del Consejo de Administración y que haya tenido en cuenta la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre del año pasado sobre un marco operativo para las futuras agencias reguladoras. 
Ahora podemos guiarnos por esa propuesta, aunque el número de representantes de la Comisión no sea el mismo que en el caso del Consejo. 
El equilibrio entre ambas organizaciones y ambos niveles de interés, lo que equivale a decir entre la esfera nacional y la esfera comunitaria, podría mejorarse si, de acuerdo con la propuesta y en los ámbitos de competencia de la Comisión, la voz de su representante tuviera el mismo peso que las voces de todos los representantes del Consejo sumadas, en el número muy limitado de casos que requieran la aprobación de presupuestos y programas de trabajo. 
Por lo tanto, aceptamos las enmiendas 66, 82 y 85 relativas a la composición del Consejo de Administración y la regulación de las votaciones. 
Con el mismo espíritu, aceptamos que el número de miembros se pueda reducir a solo 25 representantes de los Estados miembros, según se establece en las enmiendas 67 y 83, y consideramos suficiente que las partes asistan a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto. 
Esperamos que el Consejo pueda aprobar su propuesta sobre el Consejo de Administración, la cual, junto con el sistema de rotación, permitirá la alternancia de representantes de todos los Estados miembros en el transcurso de tres mandatos. 
Para terminar, quiero decir que hemos hecho un esfuerzo para hacer nuestras el mayor número posible de sus enmiendas. 
En este momento, la Comisión puede hacer suyas las enmiendas 2 a 10, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 38 a 42, 44, 45, 48, 53, 55, 59 a 69, 74 y 76 a 85. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 11, 12, 14, 16, 19, 21 a 23, 27, 30 a 34, 37, 43, 46, 47, 49 a 52, 54, 56 a 58, 70 a 73 y parte de la 75. 
También debemos estar atentos a los debates que se desarrollen en el Consejo y hacer todo lo posible para asegurar el logro de un compromiso aceptable antes de finales de año. 
La Comisión cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo para crear este instituto europeo tan necesario y es importante garantizar que la organización empiece a trabajar en 2007, por el bien del progreso y para elevar el perfil de la política a favor de la igualdad de género. 
Por supuesto, les transmitiré por escrito una opinión sobre cada una de las enmiendas. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
La Lista de Junio considera que las cuestiones relacionadas con la igualdad de género son importantes y que desde luego es innecesario decir que las mujeres y los hombres tienen que recibir el mismo trato en todas las circunstancias. 
El nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género se ha creado para analizar la igualdad en la Unión Europea comparando los datos de los diferentes Estados miembros. 
La pregunta obvia que hay que formularse es: ¿Qué valor añadido aportará este organismo? 
¿Podrá realizar un trabajo práctico y útil o será sobre todo una vía para que las instituciones de la UE demuestren su capacidad de actuar? 
¿Contribuirá a promover la igualdad de género o constituirá sobre todo una cierta coartada y una manera de demostrar que la UE se preocupa por las cuestiones de igualdad? 
Los argumentos presentados en el informe son poco convincentes. 
Las actividades del nuevo instituto podrían desarrollarse en el marco de las estructuras ya existentes. 
La Unión Europea ya cuenta con su agencia central de estadística, Eurostat, que puede elaborar estadísticas comparativas sobre la igualdad de género en los países de la Unión. 
También existen autoridades nacionales que trabajan sobre las cuestiones de igualdad y que pueden cooperar a escala transfronteriza. 
La Comisión está integrada por 18 hombres y 7 mujeres. 
Aproximadamente el 30 % de los diputados al Parlamento Europeo son mujeres. 
Las instituciones de la UE deberían empezar por aplicar la igualdad en sus propias estructuras y sentar de ese modo un ejemplo, antes de crear nuevas autoridades centralizadas a escala de la Unión. 
La cooperación también se puede desarrollar de forma más descentralizada, sin necesidad de engrosar la Unión con la creación de nuevas autoridades para cada cuestión importante. 
Señorías, la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que facilitará la eliminación de todo tipo de discriminación por razón de género en Europa, tiene una enorme importancia. 
Comparto el deseo expresado por las ponentes de que las actividades del Instituto no se limiten únicamente a la recopilación de datos, registro e investigación. 
Los análisis deben integrarse en las políticas de los Estados miembros de una forma innovadora, con el objetivo de que la igualdad de oportunidades llegue a ser una directriz política de primer orden y se integre en todas las políticas y acciones de los legisladores. 
Al mismo tiempo, los resultados de la investigación deben hacerse públicos con el fin de permitir que los ciudadanos europeos puedan adoptar una posición informada sobre las cuestiones relativas a la igualdad de género. 
Pero esto requiere una consolidación e institucionalización de la relación del Instituto con el sector civil y con los foros responsables de los temas de comunicación. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la cooperación con los medios de comunicación y la utilización de los medios modernos de comunicación constituye una tarea importante del Instituto. 
Se deben poner a disposición recursos que permitan que los resultados de la investigación transciendan la esfera profesional, se hagan públicos y se puedan utilizar a la escala más amplia posible. 
El Instituto solo podrá desarrollar una labor eficaz si realmente funciona como una red europea de igualdad de género, si es capaz de coordinar a los centros, organizaciones y especialistas que participan en la implantación general de la igualdad de oportunidades en los Estados miembros y si su mensaje llega a los Gobiernos y a los ciudadanos de Europa. 
Felicito a las ponentes y propongo que se acepte el documento. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
Hoy, el Turno de votaciones se dividirá en dos partes para dar paso a la sesión solemne consagrada al discurso del Presidente de la República Federal de Alemania. 
Reanudaremos las votaciones inmediatamente después de la sesión solemne. 
Señor Presidente de la República Federal de Alemania, señoras y señores, antes de pronunciar las palabras de bienvenida a nuestro ilustre invitado de hoy, debo decirles que, durante la entrevista que hemos mantenido con el Presidente Köhler antes de acudir a este Pleno, hemos recibido una triste noticia, la del fallecimiento del señor Lennart Meri, que fue Presidente de Estonia entre 1992 y 2001. 
Como ustedes saben, el Presidente Meri era considerado un símbolo de la lucha por la libertad y la identidad nacional de Estonia y su muerte nos priva de una personalidad europea importante, a la que vamos a honrar aquí con este recuerdo. 
Señor Presidente, señoras y señores, es para mí y para todo el Parlamento Europeo un gran honor darle la bienvenida hoy en esta sesión solemne. 
Permítame recordar, señor Presidente, su compromiso personal con el proyecto europeo, especialmente útil y necesario en un momento en el que la situación de la Unión Europea ofrece muchas dudas a los ciudadanos. 
Sé que es para usted un motivo de preocupación, que manifiesta con pasión. 
Sé que tiene usted muy presente la responsabilidad que compartimos todos frente a los problemas que preocupan hoy a los europeos, que no pueden tener solución sin más Europa. 
Conocemos las iniciativas que usted desarrolla para que el debate europeo se extienda y profundice. 
Ejemplo de ello ha sido su invitación a sus homólogos de Finlandia, Italia, Letonia, Austria, Portugal y Hungría a la reunión que celebraron en Dresde –de la que estoy seguro nos contará usted alguna cosa esta mañana– con estudiantes y personalidades de esos países para debatir sobre la identidad europea y el futuro de Europa. 
Esta iniciativa importante no es un hecho aislado. 
Usted aprovecha todas las oportunidades para intercambiar opiniones con los ciudadanos y especialmente con los jóvenes, que, curiosamente, son los que mayor escepticismo demuestran sobre un proyecto tan importante para su futuro. 
Usted combina también la palabra con la acción: no solo habla de «Europa» en los actos oficiales, sino que trabaja cada día en asuntos concretos de la agenda europea. 
Usted, señor Presidente, tiene una experiencia personal que le hace casi el paradigma del europeo. 
Fue un joven, un niño refugiado en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. 
Usted me contó, muy directa y personalmente, durante mi visita a Alemania, sus experiencias: cómo sufrió la guerra y el éxodo del campo de refugiados, cómo fue saliendo adelante personalmente en un país destruido que también iba construyendo, poco a poco, su futuro a partir de los escombros de la Historia. 
Y su experiencia personal le llevó fuera de Europa, y ha vivido desde fuera de Europa y nos ha visto desde fuera y, por eso mismo, por haber vivido dramáticamente desde dentro y haber observado desde fuera cómo se iba construyendo, usted sabe que Europa no tiene otra alternativa que su propio proyecto de Unión Europea. 
Pero también sabe que esos valores y proyectos se han de defender activamente cada día, que no son gratuitos ni automáticos y por eso quiero agradecerle que esté aquí con nosotros hoy para transmitirnos sus ideas que, sin duda, contribuirán mucho a nuestro amplio debate sobre Europa. 
Señor Presidente Köhler, me complace mucho darle la palabra. 
. Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, su honorable Asamblea es el centro de la política pública y de la opinión democrática de la Unión Europea, y les agradezco esta oportunidad de tomar la palabra en este foro para hablarles sobre Europa y su futuro. 
Europa presenta un aspecto desconcertante ante el mundo. 
¿Por qué, tan poco tiempo después de su reunificación, ya parece estar tan dividida? 
¿Por qué, cuando el mercado interior europeo ha logrado tantos éxitos, la Unión Europea no confía más en sus ventajas? 
¿Por qué, con todos sus puntos fuertes y sus oportunidades, se muestra tan dubitativa? 
Cuando trabajaba en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y en el Fondo Monetario Internacional, tuve la oportunidad de conocer muchos países del mundo entero. 
La posibilidad de contemplar a Europa me permitió obtener una imagen más nítida y pude saber cómo se ve nuestro continente y la Unión Europea desde otros países. 
Para nosotros, la democracia fundamentada en la libertad, en la resolución pacífica de los conflictos y en la solidaridad mutua entre los veinticinco Estados miembros es, desde hace largo tiempo, una realidad de la vida cotidiana. 
Pero visto desde fuera se aprecia con mucha más claridad el increíble logro conseguido gracias a lo que ahora nos parece habitual, apenas dos generaciones después de la Segunda Guerra Mundial y media generación después de la supresión del Telón de Acero. 
Precisamente por ese logro, Europa es objeto de admiración para muchas personas en todo el mundo, pero aunque nos admiren, están empezando a impacientarse poco a poco con nosotros y a sentirse desconcertados. 
Consideran que demasiados europeos carecen de una clara conciencia propia, parecen acosados por las dudas y carecen de valor, y dicen con cordialidad: «Europa, si estás cansada, hazte a un lado; nosotros queremos seguir avanzando.» 
¿Cómo respondemos ante ello? 
Por mi parte, digo lo siguiente: Europa siempre estará pletórica de fermento creativo; los europeos no tememos los desafíos, sino que los utilizamos y por eso la Unión Europea tiene ante sí un futuro prometedor. 
Quisiera recapitular las tres cosas que acabo de decir. 
Quienes quieran comprender a Europa tienen que considerar su historia y entender cuáles son las ideas y los ideales que nos unen en nuestra calidad de europeos. 
Nuestro principio fundamental es el valor inalienable de todos los seres humanos, con toda su singularidad, junto con su dignidad y su libertad. 
Hace milenios, los europeos ya consideraban esas cosas como dones de los que solo era posible hacerse merecedor utilizándolos plenamente y luchando una y otra vez para defenderlos en caso necesario. 
Eso hicieron precisamente los europeos, infatigablemente y frente a toda suerte de terribles reveses. 
Pero el uso de sus talentos les abrió la mente y el espíritu, a través de la filosofía, de las ciencias y de la riqueza de las artes. 
A la vez, los ciudadanos europeos aprendieron también a cuestionar sus propias creencias y a exigir –y ofrecer– razones de peso para justificar todas sus acciones, y este proceso de ilustración no tendrá fin. 
Muy pronto comprendimos y aceptamos la importancia de la cohesión social, la autodeterminación y la autonomía, no solo en las ciudades-Estado de la antigua Grecia, sino también en las repúblicas de la Italia medieval, no solo con la conciencia de la propia identidad de España, Francia, Polonia e Inglaterra, sino también con la abigarrada diversidad del «Sacro Imperio Romano de la Nación Germana». 
En todos esos lugares, los europeos se mostraron tan temerosos de Dios como buenos trabajadores. 
En su propio hogar, pero también en el mundo exterior, consideraron el trabajo como una obligación religiosa; comerciaron y aprendieron a coexistir con personas de otras religiones y otras culturas y a convivir con ellas. 
Es cierto que en el curso de ese los europeos pecaron horriblemente en más de una ocasión contra esas personas y esas culturas y también unos contra otros, pero aprendieron la lección y ahora defienden los derechos humanos, la paz y la democracia y desean que otros aprendan la misma lección que ellos tuvieron que aprender. 
Europa lleva también el sello de una cultura de amor activo al prójimo y de lucha activa en defensa de la justicia social. 
Estas cualidades positivas pueden encontrarse, evidentemente, en todos los continentes y Europa ha aprendido de ellos, pero la combinación específicamente europea de amor a la libertad, búsqueda de la verdad, solidaridad y fermento creativo es singular y apreciada por las numerosas personas que desde fuera de Europa esperan que contribuyamos a la paz y al bienestar del mundo, como también la harán quienes nos sucedan. 
Pero la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan una vez más a grandes retos. 
En todo el mundo están surgiendo nuevas regiones en expansión y la competencia está cambiando de forma; se están configurando nuevas esferas de influencia y están apareciendo nuevas líneas de conflicto. 
El desempleo ha alcanzado niveles intolerables en muchos países europeos. 
Los ciudadanos y los electores comienzan a sentirse claramente distantes de la Unión Europea y el Tratado constitucional europeo no consiguió el apoyo de la población en dos de los Estados fundadores de nuestra Comunidad. 
¡Tantos desafíos y tantas oportunidades! 
Tenemos que volver a recordar cómo consiguió salir adelante Europa en los momentos de prueba, precisamente gracias a su capacidad de renovarse. 
Basta con considerar el mercado interior europeo y la Unión económica y monetaria. 
Hace treinta años, el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Van der Stoel, declaró que el lema de las Comunidades Europeas había dejado de ser «más completa, más profunda, más extensa» para convertirse más bien en «inercia, marcha atrás y huida». 
Europa atravesaba en aquel entonces una profunda crisis económica e institucional. 
Hace veinte años, el Acta Única Europea se marcó como meta el mercado interior. 
En aquel entonces, la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales encontraba tantos obstáculos que, por citar un ejemplo, Philips tenía que producir siete versiones distintas de la misma máquina de afeitar eléctrica para el mercado europeo y Siemens tenía que producir veinticinco modelos diferentes de enchufe. 
Diez años atrás se había alcanzado con creces el objetivo del mercado interior. 
La Unión Europea lo ha afianzado ahora sobre cimientos institucionales y una mayor cohesión económica y social entre los Estados miembros. 
Desde entonces, las empresas europeas han contado con un mercado interior que actualmente suma 450 millones de clientes para sus productos. 
Se han generado nuevas oportunidades para salir adelante con éxito, en especial para los proveedores de servicios de los Estados miembros más pequeños, que ahora pueden fabricar sus productos en mayor cantidad y, por lo tanto, de manera más competitiva. 
Pero, sobre todo, el mercado interior es un programa excelente para que las empresas europeas puedan hacer frente a la competencia mundial. 
Los que consigan demostrar su valía en este mercado, no tendrán que temer a la competencia exterior. 
La Unión económica y monetaria fue y sigue siendo la consecuencia lógica del mercado interior, que lo protege de la posibilidad de una nueva división por efecto de unas devaluaciones arbitrarias y de las crisis monetarias y oleadas especulativas como las que seguíamos experimentando en Europa a principios del decenio de 1990. 
Ofrece a las empresas seguridad para planificar su futuro, permite a los consumidores comparar fácilmente los precios y elimina las elevadas comisiones por el cambio de divisas y los altos costes de la cobertura frente a los riesgos cambiarios. 
Por eso el euro –como el mercado interior– ha sido desde hace tiempo un gran éxito y su fortaleza en los mercados de divisas internacionales demuestra, para tranquilidad del mundo, que lo aprendido hace tiempo sigue siendo válido hoy, que Europa es capaz de transformar los retos en oportunidades, y eso es algo que no debemos dejar de recordar una y otra vez, día tras día. 
Volveremos a triunfar, aunque con dos condiciones: no debemos permitir que se debiliten nuestros principios y logros, ya probados y contrastados, y debemos acometer, con seriedad y honestidad, la tarea de rectificar lo que ha ido mal y poner orden donde haga falta. 
Sobre la primera condición, bastará decir que aquellos cuyo proteccionismo debilita el mercado interior europeo se están perjudicando a la larga. 
Quienes vuelven a adoptar la vieja actitud de que cada cuál debe velar ante todo por sí mismo, juzgan mal la dimensión de la competencia global y ofrecen una falsa seguridad a sus ciudadanos. 
Están debilitando a largo plazo la capacidad de Europa para mantener su posición en el mundo, crear puestos de trabajo duraderos y disponer de los recursos que requiere una sociedad más equitativa. 
En consecuencia, solo nos queda el otro camino. 
Europa tiene que recuperar su buena forma. 
Para todos y cada uno de nosotros, la tarea comienza en casa. 
Algunos Estados miembros han avanzado bastante en la introducción de las reformas estructurales necesarias y tienen lo que se necesita; otros todavía tendrán que realizar mayores esfuerzos en ese sentido. 
Son muchos los ejemplos que demuestran que el esfuerzo merece la pena y que no debemos dejar de hacerlo. 
La Unión Europea también necesita una puesta a punto. 
La primera cuestión que debe plantearse es en que ámbitos debe actuar como Unión. 
En fin de cuentas, la Unión no tiene que encargarse de todo lo que puede hacer, sino de todo lo que es necesario que se haga y eso no incluye lo que ya se puede hacer de manera bastante adecuada a escala local o regional o de cada Estado-nación. 
Respetar los principios de subsidiariedad significa respetar en la medida de lo posible la responsabilidad personal y la identidad de los ciudadanos de la Unión, y todo aquel que sepa cómo se adoptan realmente las decisiones en la Unión Europea sabrá que esto no solo es obligación de los Gobiernos de los Estados miembros, sino también de las instituciones de la Unión Europea. 
Pero cuando la Unión Europea actúe con buen motivo, debe hacerlo reduciendo al mínimo la burocracia y de una forma que resulte comprensible para los ciudadanos. 
Al fin y al cabo, en Europa somos herederos de una larga tradición jurídica y administrativa, y eso debería animarnos a dejar entrar de una vez por todas un poco de aire fresco en el aparato burocrático. 
Nuestro anterior entusiasmo legislativo nos ha dejado multitud de lugares donde podemos hacerlo y, por lo tanto, es bueno que la Comisión Europea haya puesto en marcha un importante programa para podar la verborrea jurídica actual y simplificar la legislación europea. 
Acabo de mantener una interesante conversación al respecto con el Comisario Verheugen. 
Los ciudadanos también agradecerán una mayor transparencia en la adopción de las decisiones en Europa. 
Actualmente, los procesos de toma de decisiones a escala de la Unión suelen desarrollarse muy lejos de las personas afectadas, que muchas veces están muy poco enteradas de quién es realmente responsable de qué en Europa y a quién se deben pedir responsabilidades, en última instancia, por lo que suceda. Como resultado, se vuelven apáticas o suspicaces, dos actitudes perjudiciales. 
Pero los ciudadanos quieren ser algo más que meros espectadores conocedores de la trama; además de las elecciones europeas, desean la máxima participación democrática posible; quieren que se les escuche y quieren poder tomar la iniciativa para influir sobre lo que hacen las instituciones europeas. 
Me replicarán que todo eso –la subsidiariedad, la participación democrática, el derecho a la iniciativa ciudadana– ya figura en el Tratado constitucional europeo. 
Y es cierto, como también lo es que el Tratado contiene muchas otras cosas buenas y acertadas, que no deben descartarse de manera demasiado apresurada, sobre todo teniendo en cuenta que 14 Estados miembros ya han votado a favor del mismo. 
Europa se ha recetado una «pausa para reflexionar» , una «», como decimos en alemán, lo que puede significar tanto una pausa para reflexionar como una pausa en la reflexión. 
Debemos utilizar este período de reflexión como una oportunidad para recapacitar a fondo. Hecho esto, a más tardar, tendremos que empezar a dialogar serenamente y con seriedad, no solo en las instituciones y los partidos europeos, sino también en todos los foros públicos de debate político de los Estados miembros. 
Ello exigirá de los diputados de su honorable Asamblea ideas y un esfuerzo incansable, sobre todo para dialogar con quienes han quedado menos satisfechos con mis palabras. 
La diversidad y la creatividad solo pueden ser favorables para este debate europeo, pero lo único que en verdad contará será el peso de unos argumentos sólidos. 
Resultaría esclarecedor, en el mejor sentido de la palabra, que se desarrollara un debate pormenorizado en los Estados miembros sobre la finalidad y el contenido de fondo de la integración europea. 
A la larga, ello contribuiría a la aceptación pública de la UE. 
Los europeos esperamos y damos buenas razones; es algo que nos caracteriza, a mi parecer. 
Por eso pienso que existe más de una buena razón por la que Europa debe hablar con una sola voz en relación con los asuntos de política exterior y de seguridad, en el contexto del nuevo orden mundial que se está gestando. 
Eso nos confiere mayor peso, en los debates celebrados a escala mundial sobre la dimensión internacional de la responsabilidad social y la protección del medio ambiente, por ejemplo, y los ciudadanos saben desde hace tiempo que, en el marco de la competencia a escala mundial, cuanto más caros seamos, mejores tenemos que ser. 
Por lo tanto, la educación, la formación profesional, la investigación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para las perspectivas futuras de Europa y para los demasiado numerosos jóvenes desempleados, y esa es una buena razón para reasignar montantes importantes del presupuesto europeo a esos fines y ganarnos con ello el reconocimiento de nuestros Estados nacionales. 
Los ciudadanos también agradecerían que la UE se marcase nuevos objetivos y adoptase el tipo de medidas adecuadas para hacer más llevadera la vida de los europeos y mejorar su seguridad. 
Eso, en efecto, es posible, como ha demostrado recientemente y de forma incuestionable la política energética. 
Para cualquier persona racional resulta evidente que todos los Estados miembros tienen un interés vital en garantizar un suministro seguro y asequible de energía respetuosa con el medio ambiente y tienen que colaborar para encontrar la manera más eficaz de conseguirlo. 
La actitud de que «cada uno debe velar por sí mismo» ya no se sostiene. 
La Comisión Europea ha presentado un Libro Verde sobre política energética que acojo con gran satisfacción. 
Es necesario adoptar las decisiones adecuadas en este ámbito y que sea pronto. 
Los debates a los que me he referido y que asegurarán un buen futuro a la Unión Europea ya se han iniciado. 
Permítanme que cite un pequeño ejemplo relacionado con lo anterior; hace unas semanas estuve en Dresde con otros seis presidentes europeos para continuar un diálogo iniciado por el anterior Presidente portugués, el señor Sampaio. 
Hablamos con los jóvenes, con un centenar de estudiantes procedentes de siete Estados miembros, y les preguntamos qué pensaban sobre Europa, qué ventajas creían que podía reportar y qué expectativas tenían con respecto a la Unión Europea y a sus Estados miembros. 
No se había seleccionado especialmente a esos estudiantes, sino que se les había elegido a través de un sorteo público, pero los jóvenes estaban bien preparados. 
Se habían pasado un día y medio discutiendo entre ellos y titularon el resultado de sus deliberaciones «Peticiones de Dresde para la Cohesión Europea». 
En ellas proponen, entre otras cosas, unas leyes electorales armonizadas y la creación de una Casa de la Historia Europea. 
Además, sugieren que se destine el 5 % del producto interior bruto a investigación y desarrollo. 
Y quieren un ejército europeo y un servicio europeo no combatiente. 
Para completar mi intervención, voy a hacerles donación, para los archivos documentales de su honorable Asamblea, de una copia del texto que redactaron esos jóvenes. 
Reconozco que no eran representativos y que sus demandas parecen idealistas, pero su idealismo es admirable. 
Tiene mucho del entusiasmo de las personas que reconstruyeron Europa después de la guerra y que lucharon por su unificación en libertad. 
Ahí esta: el fermento creativo característico. 
Ahí están: los europeos que esperan algo de Europa y que están dispuestos a hacer algo por ella. 
Se les puede encontrar en Europa. 
Por cierto, algunos de esos estudiantes se habían beneficiado del programa Erasmus; congratulémonos por esta generación Erasmus y saquémosle más partido. 
Y siguiendo con el tema, también se debe ofrecer a los aprendices y trabajadores en prácticas mayores oportunidades de conocer a sus vecinos y aprender por experiencia propia el valor de Europa. 
Jacques Delors propuso el cheque de formación europeo e insto a su Asamblea a que lo desarrolle. 
Sírvanos de ejemplo el entusiasmo de esos jóvenes. 
Demostremos que somos verdaderos europeos. 
En lugar de preocuparnos por el futuro, dejémonos colmar por la impaciencia creativa, por Europa y por la Unión Europea. 
Unámonos para transformar nuestros retos en oportunidades, por el bien de todos; así Europa seguirá siendo lo que es hoy, un buen lugar para vivir y una fuerza positiva en este único mundo nuestro. 
Peticiones de Dresde para la Cohesión Europea (5 de febrero de 2006) 
I. Aproximación de Europa a los ciudadanos. 
1. 
Programa de intercambios para todos los sectores de la sociedad. 
2. 
Leyes electorales armonizadas en toda la UE. 
3. 
Dotar a Europa de un rostro visible mediante un presidente elegido por sufragio directo. 
4. 
Una Constitución europea breve y comprensible. 
5. 
Dotar a Europa de una «imagen visible» mediante símbolos más potentes, como por ejemplo 
– una Cruz del Mérito europea; 
– que el Día de Europa sea festivo en toda la UE; 
– un pasaporte azul de la UE, y muchas cosas más. 
6. 
«Estudios europeos» en todas los centros de enseñanza de Europa y un «Centro europeo de educación política». 
7. 
Transformación de «Euro-News» en un «Euro-canal» popular. 
8. 
Una campaña con el lema «Somos Europa». 
9. 
Un «eurobús» que aproxime a Europa a las zonas rurales. 
II. Aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Europa. 
1. del 5% del PIB de los Estados miembros de la UE a investigación y ciencia. 
2. al Parlamento Europeo de plenos poderes sobre el presupuesto. 
3. 
Reducción y reforma de las subvenciones agrícolas. 
4. 
Creación de un «Servicio Europeo de Voluntariado». 
III. Unidos a favor de la seguridad y la responsabilidad. 
1. 
Belarús en la agenda política. 
2. 
Creación de un «ejército europeo» como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
3. 
Integración del principio de sostenibilidad en la legislación europea con carácter permanente. 
Antes de continuar la sesión, permítanme unas pequeñas palabras de agradecimiento al señor Presidente por su alocución. 
Es verdad, hubo una época en la que teníamos veinticinco enchufes diferentes: ahora tenemos el mismo enchufe, pero veinticinco redes eléctricas diferentes. 
El siguiente paso, como usted ha señalado, es profundizar en la Europa de la energía y en tantos otros elementos que tienen que ser comunes. 
Muchas gracias por sus palabras y por su ánimo, señor Presidente. 
– Señorías, reanudamos el Turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral a la enmienda 9, a fin de suprimir la referencia a la sociedad civil. 
El resto de la enmienda quedaría igual. 
– ¿Hay alguna objeción a la presentación de esta enmienda oral? 
– Queda cerrado el Turno de votaciones. 
. – He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora Kauppi, sobre la propuesta de modificación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al capital de las sociedades anónimas. 
Ante la multiplicación de situaciones diferentes a que se enfrentan los agentes económicos, era urgente simplificar las modalidades de fijación y evolución del capital de las sociedades anónimas, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los accionistas y los acreedores. 
Profundizando en las reflexiones que dieron lugar a estos cambios legislativos, me parece necesario emprender un debate político más amplio con vistas a regular, en especial para las personas físicas o jurídicas no domiciliadas en la Unión Europea, el acceso directo o indirecto al capital de las sociedades que actúan en el mercado interior europeo. 
Señor Presidente, quiero aclarar que he votado en contra del informe Gröner, no porque me oponga a la igualdad de género, ni mucho menos, sino porque dicho informe y el Instituto de la Igualdad de Género al que se refiere son ejemplos típicos de la sofocante corrección política que está atenazando poco a poco a Europa. 
La Carta de los Derechos Fundamentales, un documento político de izquierdas, políticamente correcto, aplicado por una Oficina de los Derechos Fundamentales, también políticamente correcta, al igual que las cuotas de empleo y otras medidas propuestas en la ahora difunta Constitución europea, que sin embargo continúa acechándonos, se enmarcan dentro de la misma ideología. 
Les ruego encarecidamente que ignoren esas cuestiones en aras de lo que realmente importa, que es que las mujeres tienen derecho a acceder a los mismos empleos y deben recibir la misma retribución por el mismo trabajo. 
En eso estamos todos de acuerdo. 
El resto es mera corrección política. 
– Señor Presidente, quiero recalcar que estoy absolutamente convencida de la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, tanto de los hombres como de las mujeres, pero no estoy segura de que este texto en concreto salvaguarde esos derechos o la subsidiariedad de los Estados miembros en relación con las cuestiones a las que se refiere. 
. 
Hemos votado a favor porque reconocemos la importancia de que se cree un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. También queremos insistir en que es fundamental que dicho Instituto no se limite a realizar estudios y análisis y a elaborar estadísticas, por importantes que puedan ser estas actividades. 
Es preciso que se intensifiquen la cooperación y el diálogo con las ONG y los organismos que trabajan en el ámbito de la igualdad de oportunidades, a escala nacional y europea, y también con terceros países. Es necesario apoyar asimismo las medidas encaminadas a acabar con la discriminación. 
También es esencial que analicemos y vigilemos la integración de la dimensión del género en todas las políticas y en el proceso presupuestario de la UE, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de las repercusiones de las políticas comunitarias nacionales pertinentes para los hombres y para las mujeres. Así lo propusimos, pero lamentablemente no fue aprobado. 
Por último, esperamos que se garantice una financiación comunitaria suficiente y que en la elección del futuro Consejo de Administración prevalezca el sentido común. 
El informe propone la creación de un nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
La posición de fondo de la Lista de Junio es que las cuestiones relacionadas con la igualdad son muy prioritarias. 
La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un requisito imperativo que deben cumplir todos los países de la UE. 
Pero eso no significa que la UE deba crear otro órgano burocrático para conseguirlo. 
Suecia ha realizado grandes progresos en materia de igualdad y la Lista de Junio está convencida de que esa tarea se desarrolla mejor a escala nacional. 
Un Instituto de la Igualdad de Género de ámbito europeo significará más burocracia y menos eficiencia. 
Si queremos que los ciudadanos de ambos sexos se comprometan con ella, la lucha por la igualdad se tiene que desarrollar desde la base en los Estados Miembros y no imponerse desde arriba por eurócratas designados. 
Eurostat puede cubrir la necesidad de elaborar estadísticas comparativas en este ámbito. 
Por eso hemos optado por votar en contra de la totalidad del informe. 
. 
Tanto yo como mis colegas conservadores británicos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades en la sociedad. 
Creemos que los hombres y mujeres se realizan plenamente en la vida de nuestro país y en otras partes y se oponen a toda forma de discriminación por motivos de género. 
Sin embargo, hemos votado hoy contra este informe porque no estamos a favor de la proliferación de nuevas agencias y organismos de la UE que aumentarán la carga que soportan los contribuyentes e incrementará la burocracia sin ninguna ventaja evidente para las personas a las que se supone que sirven. 
La creación de un nuevo instituto para esta cuestión puede convertirla en un gueto y dejarla a merced de los grupos de presión monotemáticos, con lo que se facilitaría su olvido y marginación. 
La igualdad de género debe tratarse en el marco del enfoque global de los derechos fundamentales. 
. 
La Comisión anunció la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género antes incluso de que el Parlamento presentara su informe al respecto. 
Desde el punto de vista del procedimiento, no es la manera correcta de actuar. 
Hoy vamos a votar sobre esta cuestión y la voz del Parlamento tiene peso. 
La intención es crear un Instituto con un presupuesto de 54,5 millones de euros, con la función específica de realizar un seguimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la elaboración de estadísticas e informes. 
Esta Asamblea había recomendado, no obstante, por razones prácticas y financieras, y en fecha tan reciente como el año pasado, que el Instituto de la Igualdad de Género formase parte de la Agencia Europea de Derechos Humanos. 
La resolución eficaz de los problemas de igualdad requiere más actuaciones y más recursos, pero todavía no se ha aprobado ninguna disposición en ese sentido. 
Por eso la idea original de combinar ambas agencias en una única Agencia de Derechos Fundamentales merece nuestro apoyo. 
Es lo que me ha movido a presentar la enmienda 73. 
El hecho de rechazar la creación de un instituto independiente de la igualdad de género no se debe interpretarse en modo alguno como una expresión de hostilidad contra las políticas sobre las cuestiones que afectan a las mujeres. 
Los fondos disponibles se deben invertir en la educación de las mujeres. 
Esta constituiría el primer paso hacia la igualdad. 
El debate actual sobre la reducción de la burocracia es otro motivo por el que no tiene sentido crear una nueva agencia, cosa que además no podría explicarse fácilmente a los ciudadanos. 
Por eso no he votado a favor del informe. 
. 
He luchado por los derechos de la mujer y la igualdad de género durante más de 40 años. 
Por lo tanto, no se me puede acusar de falta de interés por esta cuestión. 
Sin embargo, me pregunto por qué se considera necesario un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, simplemente porque hace diez años se concibió la idea de un crearlo, siendo que entre tanto ha transcurrido ya mucho tiempo y ahora tenemos otras prioridades de gasto, para hacer un uso más eficaz de los fondos disponibles, que son escasos. 
Se me ocurren mejores maneras de gastar esos 50 millones de euros para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres que la creación de un Instituto cuyas funciones y competencias se solaparán con las de muchos otros organismos nacionales, europeos o mundiales. 
A la vista de esta lista de la compra –que es a lo que vienen a ser las 85 enmiendas– me preocupan los futuros costes de lo que se convertirá en un terreno de juego de tamaño desmesurado para las feministas con ideas desfasadas. 
Apoyo la enmienda que nos recuerda que el Parlamento Europeo ya había decidido que dicho instituto debía formar parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Eso limitaría, al menos, el daño que pueda causar. 
Vistos los muchos aspectos que carecen de sentido y la ausencia de perspectivas financieras, hoy no puedo votar a favor del informe. 
. 
Acojo con agrado este informe, sobre todo el esfuerzo de crear un órgano independiente especializado en las cuestiones de género. 
Estoy de acuerdo con la idea de crear un órgano dedicado exclusivamente a la igualdad de hombres y mujeres, ya que de este modo el objetivo de dicha igualdad, que recoge el Tratado, no quedará relegado a un segundo plano respecto a las demás políticas comunitarias de lucha contra la discriminación. 
. 
El hecho de que las opiniones estén prácticamente controladas y de que se haya consagrado el pensamiento único ha transformado unos debates serios y pertinentes sobre cuestiones de urgente importancia en ejercicios de reafirmación de la fe en determinadas políticas. 
Así ha sucedido claramente en el caso de las llamadas «políticas de género». 
Una cosa es reconocer la necesidad de una sociedad más equilibrada, con un reparto de tareas entre hombres y mujeres más acorde con el mundo moderno y una mayor libertad de elección, y otra cosa distinta es que con demasiada frecuencia se nos impongan unas políticas supuestamente destinadas a desarrollar esas ideas. 
Como si en algunos ámbitos de la política fuera imposible la divergencia de opiniones sobre los métodos y mecanismos. 
Esa es, en síntesis, mi principal objeción contra la idea de un Instituto de la Igualdad de Género en el ámbito de la Unión Europea. 
El hecho de apoyar, como he manifestado antes, la necesidad de un mayor equilibrio en la organización de nuestras sociedades, no me lleva a defender la creación de dicho Instituto. 
La burocratización de la libertad no me parece el camino adecuado para avanzar. 
El fin no siempre justifica los medios. 
Además, la proliferación de «agencias» e «institutos» no me parece un modelo adecuado para la organización de las instituciones comunitarias. 
Los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Popular austriaco, estamos a favor de la igualdad de género y también de que la política intervenga activamente en ese ámbito. 
Por lo tanto, consideramos que confiar ese asunto a la Agencia Europea de Derechos Humanos que se prevé crear transmitiría el mensaje adecuado y quiero reiterar que estamos de acuerdo en que las cuestiones de igualdad de género se consideren una tarea importante de dicha Agencia, tal como se manifiesta en la resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2006 sobre el informe Kinga Gal. 
Ahora bien, nos oponemos a la creación de otras instituciones independientes, cuyo resultado último sería la existencia de nuevas y costosas burocracias y, puesto que las cuestiones financieras no han quedado en absoluto resueltas, rechazamos las obligaciones financieras previstas sin especificar, que se cifran en unos 52 millones de euros. 
La UE tiene demasiadas autoridades y agencias. 
Aun así, voy a votar a favor de la creación del instituto. 
La igualdad de género es un desastre, que queda de manifiesto especialmente en las normas obsoletas que regulan los permisos parentales, la total ausencia de formación sobre las cuestiones de género, una legislación muy deficiente y el hecho de que el 83 % de los altos cargos directivos estén ocupados por hombres. 
Parece que merece la pena gastar algunos millones de euros para intentar mejorar un poco esta situación con la ayuda de un instituto pensado para complementar la labor del que ya existe para combatir la discriminación contra las minorías. 
De hecho, parece tener sentido contar con un instituto dedicado a combatir la discriminación contra la mayoría, que son las mujeres. 
. 
Tenemos ante nosotros un informe excelente. 
Hemos tomado conciencia de que en la UE y el resto del mundo se producen catástrofes naturales cada vez más frecuentes y severos. 
En los últimos quince meses, por ejemplo, hemos sido testigos del maremoto en Asia, de un fuerte ciclón tropical en Luisiana y Mississippi, de devastadoras inundaciones en Rumanía, Bulgaria, Suiza, Austria, Alemania y Francia, de la grave sequía en España y Portugal y de los incendios que han destruido casi 180 000 hectáreas de bosque en este último país. 
Es evidente que los desastres naturales constituyen una amenaza mundial y requieren respuestas a escala mundial. 
Por ello me complace la propuesta del Consejo y del informe del Parlamento Europeo, en particular en relación con el concepto de prevención para dar forma a una respuesta de la UE a los desastres naturales. 
La prevención es tan importante en todos los sentidos como la respuesta a estas catástrofes, y me alegra que este concepto se haya incluido en el informe. 
También estoy de acuerdo en que el fundamento jurídico más claro es el apartado 1 del artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que apoyo al ponente. 
Estoy de acuerdo en que la doctrina de la UE en materia de protección civil debe basarse en un enfoque «ascendente» y que la principal responsabilidad sobre las actividades de protección civil debe corresponder a los Estados miembros. 
Los diputados al Parlamento Europeo de la Unión Cristiana y del Partido Político Reformado no pueden apoyar la recomendación remitida al Consejo sobre el instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves. 
En particular, no apoyamos la modificación del fundamento jurídico, la ampliación del ámbito de aplicación del instrumento para incluir la financiación de medidas preventivas, ni el aumento del presupuesto. 
Lamentamos, en concreto, la modificación del fundamento jurídico, sobre todo porque el Parlamento ya se había pronunciado en otras votaciones análogas anteriores a favor de que el artículo 208 es el único fundamento jurídico adecuado. 
Forzar la definición del artículo 175 del Tratado para incluir este instrumento en su ámbito de aplicación no es la forma correcta de proceder y solo se puede interpretar como una posición mayoritaria del Parlamento encaminada a ampliar su influencia con la inclusión de cuestiones que en el Tratado se consideran fuera de sus competencias. 
Además, las consecuencias financieras del despliegue de equipos de ayuda no deben regirse por un instrumento comunitario, sino que son más bien una cuestión de solidaridad entre países. 
. 
Pese a las muchas mejoras conseguidas en lo que respecta a la respuesta a emergencias causadas por catástrofes, me parece que lamentablemente todavía queda mucho por hacer y que, por lo tanto, se requiere un esfuerzo colectivo que nos permita estar preparados en la medida de lo posible para evitar esas catástrofes. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que si nos comprometemos a trabajar para prevenir catástrofes nacionales, también ahorraremos a nuestros países y a la Unión Europea los enormes costes que soportamos como consecuencia de nuestra política actual. 
Tenemos que estar dispuestos a invertir más dinero y recursos humanos con el fin de elaborar un estudio que nos indique con claridad o, mejor todavía, que evalúe los lugares y regiones más proclives a sufrir catástrofes. 
De esa forma, estaríamos preparados ante cualquier eventualidad que pueda suceder y, como ya manifesté antes, no solo nos ahorraríamos muchos millones, sino que también cumpliríamos con nuestra obligación moral de proteger la vida de los que están más expuestos a sufrir esas catástrofes. 
Creo que debemos marcar una orientación política a través de la cual cualquier país pueda recurrir a la ayuda de la Unión para poner en marcha proyectos destinados a mejorar el nivel de vida de la población de las regiones más proclives a sufrir problemas de gran escala. 
Pienso que más vale prevenir que curar y por eso tenemos que centrar nuestros esfuerzos en los objetivos adecuados y estar preparados para cualquier eventualidad. 
. 
Las recientes catástrofes naturales, como por ejemplo las inundaciones, la sequía extrema y los incendios forestales que no solo han afectado a los países de la Unión Europea, sino también a otros –como el tsunami en Asia y los huracanes en los Estados Unidos– demuestran la importancia de contar con unos mecanismos de protección civil eficaces. 
El instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves propuesto por la Comisión tiene por objeto reforzar la capacidad de respuesta de la UE en el contexto del mecanismo de protección civil y maximizar la asistencia en el aspecto de la preparación y la respuesta rápida a emergencias graves. 
Sin embargo, no aborda el aspecto de la prevención. 
Por consiguiente, consideramos importante que se aprueba el presente informe, que da prioridad a esta cuestión y propone su inclusión en el ámbito de aplicación de dicho instrumento. 
Destacamos asimismo las propuestas para una gestión integrada de los recursos naturales y ambientales, incluida la gestión de los bosques, de las zonas más susceptibles de inundaciones, las zonas pantanosas y otros ecosistemas frágiles, así como la evaluación de riesgos en las zonas urbanas. Celebramos asimismo la especial atención que reciben las regiones aisladas y ultraperiféricas, la ampliación de la información y sensibilización de los ciudadanos y la mejora y ampliación de la formación de quienes trabajan en ese ámbito. 
El texto propuesto por la Comisión contiene algunas buenas propuestas en el ámbito de la protección civil a escala europea. 
Las medidas y acciones para las cuales se puede activar el instrumento resultarán muy favorables desde el punto de vista de la preparación y la respuesta a emergencias. 
Con las enmiendas presentadas en el Parlamento, la prevención de esos fenómenos tiene ahora cabida en el instrumento. Se trata de un factor crucial en el marco del esfuerzo para lograr objetivos tan importantes como la protección de las comunidades, del medio ambiente y de las propiedades. 
En un país como Portugal, castigado año tras año por los incendios forestales y la sequía que han dejado cicatrices indelebles, la permitirá formar personal especializado, crear mecanismos de preparación y compartir equipos y buenas prácticas con países más avanzados en ese aspecto. 
En consecuencia, apoyo el informe Papadimoulis y las enmiendas al texto de la Comisión. 
Existen buenas razones para que los Gobiernos de los Estados miembros den prioridad a las medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan catástrofes naturales. 
Sin embargo, cuestionamos que la UE deba desempeñar el papel destacado que el Parlamento Europeo le quiere otorgar en este ámbito. 
Entre otras cosas, el Parlamento Europeo quiere: 
– que la UE desempeñe un papel activo en la prevención de catástrofes, como la grave sequía en España y Portugal o los incendios en los países de la Europa meridional; 
– que la UE intervenga en las catástrofes ocurridas fuera de la Unión, mediante la intervención de fuerzas de protección civil, por ejemplo; 
– y que el presupuesto del instrumento de preparación y respuesta rápida se incremente en 105 millones de euros (por encima del montante propuesto por la Comisión) para el período 2007–2013. 
Creemos que corresponde principalmente a cada Estado miembro actuar frente a las catástrofes naturales. 
Muchos tipos de catástrofes naturales (como la sequía y los incendios) son recurrentes y se pueden predecir. 
Debería ser perfectamente posible que los Estados miembros realicen, de manera independiente, las inversiones necesarias para minimizar el riesgo de que ocurran catástrofes de ese tipo. 
Además, las Naciones Unidas ya disponen de un sistema para ayudar a los países afectados por catástrofes y accidentes graves. 
Sería recomendable que los Estados miembros recurriesen a dicho sistema que en lugar de crear una estructura paralela, con el riesgo de una duplicación innecesaria de esfuerzos. 
Por todas estas consideraciones, hemos decidido votar en contra del informe. 
. – He votado a favor de este reglamento. 
Acojo con satisfacción la mejora de los mecanismos de protección civil de la Unión Europea en caso de emergencia. 
El instrumento de reacción comunitaria debe ser visible, coordinado y muy ágil en sus respuestas, ya que las catástrofes naturales desencadenan una carrera contrarreloj. 
La clave del éxito de estas intervenciones reside en la perfecta cooperación entre las distintas partes implicadas. 
A través de mis enmiendas he querido insistir en el aspecto preventivo. En efecto, si es importante saber cómo reaccionar ante una catástrofe, aún es más importante saber cómo evitarla. 
La prevención es un elemento fundamental para la reducción de riesgos. 
Por ejemplo, los incendios son con gran frecuencia de origen humano. 
Por ello, un llamamiento a la vigilancia acompañado de una información sobre las penas incurridas es un medio de prevención que no debe desdeñarse. 
Por otra parte, antes de elaborar planes de acción, necesitamos un inventario de medios materiales y humanos existentes. 
Dicho inventario debería ser realizado por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros. 
Por último, la responsabilidad inicial en materia de protección civil es de los Estados miembros. 
Por ello, los mecanismos comunitarios deben ser un complemento de las políticas practicadas por las autoridades nacionales, regionales o locales. 
Naturalmente, apoyamos las propuestas formuladas en el informe y encaminadas, entre otras cosas, a introducir y dar prioridad a la dimensión de la prevención en el contexto del instrumento en cuestión, como factor fundamental para reducir los riesgos de catástrofes naturales, revalorizar el papel internacional de las Naciones Unidas en la gestión de las emergencias y la ayuda a las poblaciones, y garantizar la protección de la salud pública y el patrimonio cultural. 
El debate sobre la solidaridad entre los diversos países en el caso de una catástrofe también contribuye, no obstante, a demostrar –o, más bien, a poner de manifiesto con toda crudeza– el escandaloso despilfarro de recursos en la carrera de armamentos y la militarización de las relaciones internacionales, protagonizada por las principales potencias capitalistas, con los Estados Unidos a la cabeza. 
Uno se pregunta que ocurriría si se canalizaran los colosales recursos económicos de la militarización y las guerras al ámbito de la prevención, la ayuda de emergencia y la respuesta rápida, así como a la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes. 
¿Cuántas vidas, cuánto sufrimiento, cuánto despilfarro de recursos económicos, sociales y ambientales se podrían evitar si se pudiera desarrollar una política de distensión de las relaciones internacionales, de resolución pacífica de los conflictos, de desarme y de cooperación eficaz y mutuamente beneficiosa entre los diferentes países y pueblos? 
Los conservadores británicos están de acuerdo en que pueden surgir emergencias graves en las que los Estados miembros deseen expresar su solidaridad europea mediante una contribución colectiva a través del presupuesto comunitario para complementar los esfuerzos realizados por cada uno de los Estados miembros u otros Estados. 
Por ello votaremos a favor del informe en su conjunto. 
Sin embargo, no apoyamos la propuesta de modificar el fundamento jurídico, ni la idea de extender la respuesta a las emergencias ocurridas fuera de la UE, ni el incremento del presupuesto. 
Si esta respuesta se aplicase en todo el mundo, ningún presupuesto comunitario concebible sería suficiente para sufragarla. 
El Parlamento no debe despertar expectativas que la UE no querrá cumplir. 
– Los hechos demuestran que las clases pobres son las primeras víctimas de lo que a menudo es una ausencia criminal de medidas adecuadas para salvaguardarlas de las catástrofes naturales. 
Las graves inundaciones en Nueva Orleáns han acabado con la vida de miles de personas, aunque se sabía qué medidas preventivas se debían adoptar y estas se podrían haber adoptado. 
Por el contrario, en Cuba, donde existe prevención y protección gubernamental universal, no hubo víctimas. 
En este sentido, se requieren medidas preventivas para proteger la salud y el medio ambiente, una responsabilidad que compete exclusivamente al Gobierno y no a las ONG, y evidentemente también es necesario prever recursos suficientes. 
La propuesta de la Comisión ignora la cuestión de la prevención, porque entonces tendría que contemplar las causas sociales y económicas que provocan o agravan las consecuencias y aportar los recursos necesarios, que siguen siendo insuficientes. 
Resulta curioso, sin embargo, que se incluya la solidaridad ante atentados terroristas entre las emergencias y la necesidad de solidaridad de la Comunidad ante catástrofes naturales, industriales o tecnológicas. 
El artículo más repulsivo de la «Constitución europea» sobre la solidaridad en el caso de atentados terroristas se ha colado, así, por la puerta trasera ya que, como es sabido, la definición de terrorismo es elástica y el capital eurounificador la adecua a las circunstancias y la dirige principalmente contra el movimiento popular de masas y su lucha contra la política represiva y contraria a los intereses de las masas de la UE y de los Gobiernos. 
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La UE ha respondido positivamente y de forma solidaria a las peticiones de ayuda lanzados por los Estados miembros en casos de emergencia grave. 
Dicho eso, las últimas grandes catástrofes, como la sequía extrema y los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, han demostrado que la consolidación del mecanismo comunitario de protección civil debe recibir prioridad inmediata antes de que ocurran nuevas emergencias. 
El texto que hoy nos ocupa mejora claramente la propuesta de la Comisión de que se amplíe el ámbito de aplicación del reglamento y se incremente la financiación para medidas de prevención, preparación y asistencia en caso de catástrofes. 
Esto incluye también la cuestión de la contaminación marítima. En fin de cuentas, tenemos que reconocer que un país costero no podría afrontar por si solo una emergencia ambiental causada por un vertido de petróleo en gran escala que afectara a sus costas. 
Somos, además, una Unión abierta y con políticas orientadas a la solidaridad internacional. 
Debemos hacer cuanto esté en nuestra mano cuando otras comunidades se vean afectadas por emergencias graves y la prioridad principal en este ámbito es ña consolidación de la ayuda mutua entre los Estados miembros de la Unión. 
En resumen, con estas medidas podremos responder de la manera más adecuada a las peticiones de ayuda y por esto he votado a favor del informe. 
Los países de la UE deben crear estructuras de ayuda mutua en caso de incendios forestales y otras catástrofes naturales. 
Se trata de ámbitos característicos en los que la cooperación internacional resulta constructiva y necesaria. 
El Parlamento modifica también el fundamento jurídico, una iniciativa que aumentará las oportunidades de influencia de la sociedad civil. 
Por lo tanto, voy a votar a favor de la propuesta, a pesar de que quedé en minoría cuando me opuse a la inclusión de los atentados terroristas. 
Creo que esos atentados son de una naturaleza muy diferente a otras catástrofes y que, para protegernos contra ellos, se requieren métodos muy distintos. 
Por consiguiente, no deberían estar cubiertos por el fondo. 
Frente al terrorismo se requiere otro tipo de intervención, y solo deberían cubrirse los aspectos puramente civiles de la misma, como la ayuda a la reconstrucción después de un atentado. 
El terrorismo afecta sobre todo a los países con políticas exteriores coloniales. 
En lugar de modificar esas políticas, como deberían hacer, esos países quieren exportarlas, junto con sus consecuencias, a todos los países de la UE. 
Sin embargo, es probable que en estos momentos solo una pequeñísima parte del fondo se destine a esos fines, de manera que la propuesta sigue siendo aceptable. 
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El FMI es una de las instituciones de Bretton Woods que, al igual que el Banco Mundial y el GATT/OMC, han servido para consolidar las desigualdades de desarrollo entre el centro y la periferia del mundo capitalista. Eso ha facilitado la liberalización del comercio de bienes y servicios y ha promovido la ideología liberal imperante, que defiende, entre otras cosas, la reducción del papel del Estado, las privatizaciones y la flexibilidad del mercado laboral, todo lo cual forma parte de la llamada «Estrategia de Lisboa». 
Los planes de ajuste estructural son un intento de lo que se considera una adaptación de las economías de los países del Sur a la llamada economía de mercado y de competencia, en virtud de la cual los mercados de esos países se abrirán a la inversión extranjera y se introducirán los modelos de especialización económica que favorecen al centro. 
Las desastrosas consecuencias económicas y sociales de esos planes son bien conocidas. 
Ni siquiera consiguen la famosa estabilización a la que afirman aspirar. Además, el sistema monetario internacional se está volviendo más inestable y las crisis se suceden cada vez con mayor una frecuencia. 
Necesitamos otro sistema monetario distinto, que tenga como núcleo central las Naciones Unidas y basado en el beneficio mutuo y la promoción del desarrollo. 
La reforma del FMI, aunque se basara en una mayor participación de los países en desarrollo, cosa que de hecho no sucede, no altera su naturaleza. 
Por eso nos hemos abstenido. 
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Acojo favorablemente este informe, que estimula una estrecha coordinación entre los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. 
En vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de dicho organismo. 
Hay muchos temas clave, como el desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista. 
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Acojo con agrado la estrecha colaboración de los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. 
Considero que, en vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de este organismo, que es lo que sucede en muchos otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas. 
Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista. 
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El Partido Laborista Parlamentario Europeo acoge con agrado la estrecha colaboración de los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. 
Considera que, en vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de este organismo, que es lo que sucede en muchos otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas. 
Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista. 
En ciertos casos, la reducción de la UE a una sola voz podría tener un efecto patente en el peso de la opinión internacional. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme que les explique por qué he votado en contra del informe. 
Se trata de un informe innecesario, desequilibrado y que no se basa en ningún resultado real, solo en supuestos no fundamentados en los hechos. 
La ampliación del plazo de protección de cinco a siete años es inaceptable y contraria a los principios de la libre circulación. 
Si seguimos adoptando más reglamentos, en lugar de eliminar restricciones sobre las empresas y de liberalizar el mercado de trabajo y de servicios, no ayudaremos a la economía de la UE, sino que por el contrario causaremos un mayor estancamiento de la misma. 
Los socialdemócratas suecos apoyamos el informe del señor Hutchinson en lo esencial, pero opinamos lo siguiente sobre las deslocalizaciones. 
No creemos que se deban emplear los recursos de la Unión para trasladar la producción porque, en la práctica, eso significa desplazar el desempleo y enfrentar a los trabajadores de diferentes regiones. 
Sin embargo, tampoco consideramos que todas las deslocalizaciones sean negativas de por sí. 
El desarrollo de las industrias requiere que su traslado sea posible. 
Un mayor nivel de conocimientos y de pericia en una región o país puede hacer necesario permitir el traslado de empresas para hacer posible el desarrollo de la región. 
. – He votado a favor del informe sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional, porque es esencial tranquilizar a nuestros conciudadanos sobre el hecho de que la Unión Europea es fuente de soluciones en el marco de los grandes cambios económicos y sociales de hoy, y no la causa de los problemas. 
La gravedad de las cuestiones económicas y sociales asociadas a las deslocalizaciones merece una política europea enérgica que permita conciliar los cambios necesarios y el objetivo de cohesión. 
Quisiera destacar con enorme satisfacción la petición de obtener toda la futura información objetiva sobre el fenómeno de las deslocalizaciones. 
Esa información nos será indispensable, en especial en el marco de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio sobre sectores económicos muy expuestos a los cambios, que pueden ser muy radicales. 
Del mismo modo, era urgente aclarar el régimen de las ayudas europeas en relación con las deslocalizaciones, en particular estableciendo un vínculo entre la ayuda y la obligación de producir en el territorio de la Unión. 
Por último, celebro la petición relativa a la inclusión de cláusulas sociales en los tratados internacionales, y ello sobre la base de los convenios prioritarios de la Organización Internacional del Trabajo. 
. – He votado a favor del informe Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto regional tras haber participado en los debates en comisión y haberlo enmendado. 
Este informe propone evitar que los Fondos Estructurales favorezcan medidas que contribuyan a las deslocalizaciones, que tienen un alto coste social para nuestras regiones. 
Preconiza la adopción de una estrategia europea de lucha contra las deslocalizaciones y la creación de un observatorio europeo de las deslocalizaciones para cifrar la repercusión real de las ayudas europeas sobre las mismas. 
No se trata en ningún caso de volver a una economía administrada ni de mermar la libre competencia, que es el fundamento del mercado común. 
Tampoco se trata de controlar a todas las empresas ni de impedir el desarrollo de los nuevos Estados miembros. 
Pero es importante recordar que los Fondos Estructurales deben ser herramientas de desarrollo y cohesión social y no armas de guerra entre nuestras regiones, porque todavía hay, incluso en los países más ricos de la Unión Europea, regiones pobres en las que los trabajadores ven con desesperanza cómo desaparecen sus puestos de trabajo, muy a menudo sin posibilidad de reconversión. 
Un mundo cada vez más globalizado crea nuevas exigencias. 
Plantea nuevos problemas que hay que resolver y genera nuevas oportunidades que se deben aprovechar al máximo. 
El Parlamento Europeo va a votar hoy el informe de propia iniciativa del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. 
Hemos decidido votar en contra del mismo porque pensamos que sigue un camino equivocado para afrontar los problemas de la deslocalización de empresas. 
Estamos de acuerdo en que nada justifica que se utilicen los recursos de la UE, los de los Fondos Estructurales, por ejemplo, para financiar unas mejores condiciones de competencia para empresas europeas que al cabo de poco tiempo deciden trasladar su actividad fuera de la UE. 
Sin embargo, ni el Estado ni las autoridades de la Unión deben intervenir para controlar cómo gestionan las empresas sus negocios, como tampoco deben estipular que se debe hacer para impedirles adoptar decisiones racionales que les permitan sobrevivir. 
No debemos conseguir el pleno empleo aumentando el control estatal. 
Debemos conseguirlo haciendo la vida más fácil para un mayor número de empresas y favoreciendo nuevas inversiones en el mercado privado. 
Por lo tanto, tampoco podemos votar a favor de que se siga limitando el movimiento de las empresas dentro del mercado interior, como se propone en el informe. 
Para superar los problemas y gestionar las deslocalizaciones propias de un mercado mundializado, necesitamos un punto de partida distinto al de esta nueva tendencia basada en el patriotismo económico. 
. – He votado a favor del informe del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones, en el que se destaca la urgencia de que la Unión Europea tenga en cuenta los graves efectos de las deslocalizaciones de empresas sobre las poblaciones y los territorios. 
Hay que hacer la luz sobre la evolución de este fenómeno y sus consecuencias, y un observatorio nos permitirá hacerlo. 
Pero es necesario asimismo un marco legislativo más vinculante en la Unión Europea y la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los intercambios comerciales internacionales. 
El interés de los trabajadores y la preservación del empleo deben ocupar un lugar central en nuestras preocupaciones políticas. 
Es indispensable para alcanzar los objetivos de pleno empleo y de la Estrategia de Lisboa, tal como se definieron en 2000, unos objetivos que no conseguiremos alcanzar sin una política industrial europea. 
Este informe, elaborado al margen del procedimiento legislativo, se ocupa de un tema importante. 
Pero nos habría gustado que los problemas relacionados con esta cuestión se hubiesen enfocado de un modo distinto. 
Creemos que no podemos interferir en la deslocalización de las empresas a países terceros fuera de la UE. 
En general, las consideraciones del mercado son las que deben determinar la ubicación final las empresas en el mundo. 
En este contexto, los Estados miembros de la UE pueden esforzarse por competir a través de la oferta de conocimientos, capacidades y estabilidad, por ejemplo. 
En lo que respecta a la deslocalización de empresas dentro de la UE, tenemos que prestar atención al problema que plantea el hecho de que cada Estado miembro complemente la ayuda estructural de la UE con exenciones fiscales y subvenciones estatales discriminatorias. 
Así sucedió en 2002 cuando la fábrica de neumáticos de Gislaved tuvo que cerrar y la empresa afectada, Continental, decidió invertir en una fábrica de neumáticos en el norte de Portugal. 
Que algo así pueda suceder en el mercado interior de la UE constituye, en nuestra opinión, un grave problema. 
En su exposición de motivos, el ponente también dice que se debería crear un observatorio europeo de las deslocalizaciones dentro de la UE. 
En lugar de establecer un nuevo órgano de control, deberíamos encomendar a la Comisión la tarea de vigilar los cierres que se están produciendo como resultado de las reestructuraciones y de unos regímenes fiscales discriminatorios. 
Por eso hemos decidido votar en contra del informe. 
Consideramos que se trata de un asunto importante por principio, pero nos hubiera gustado una resolución que lo enfocara de manera distinta. 
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre las deslocalizaciones de empresas era la única posible, porque el acuerdo de compromiso entre las fuerzas políticas dominantes, es decir, los socialdemócratas y la derecha, dio la espalda a una resolución de mayor alcance. Por nuestra parte, proponíamos lo siguiente: 
-poner de manifiesto que, en la mayoría de los casos, ña deslocalización de empresas tiene como finalidad maximizar los beneficios, obtener incentivos fiscales y apoyo financiero, y explotar una mano de obra barata y desprovista de derechos; 
-poner de manifiesto que las deslocalizaciones forman parte de la liberalización del comercio y la desregulación del mercado de trabajo a escala mundial, bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio; 
-crear un marco jurídico reglamentario que, entre otros aspectos, contemple: la definición contractual de un período de siete años, como mínimo, que garantice la creación de empleo estable y duradero y el desarrollo económico de la región, prevea sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales (devolución de las ayudas concedidas y prohibición de recibir nuevas ayudas comunitarias) y proteja a los trabajadores manteniéndoles informados y ofreciéndoles la oportunidad de participar de manera significativa, incluido el derecho de voto; 
-elaborar una comunicación anual sobre las deslocalizaciones y sus consecuencias. 
En cualquier caso, esperamos que se aplique por lo menos lo que se ha aprobado. 
. – Al solicitar el reembolso de las ayudas europeas concedidas a las empresas que deslocalicen sus actividades, el informe del señor Hutchinson recoge una de las propuestas efectuadas por el Frente Nacional en Île de France con ocasión de las elecciones regionales y a propósito de las subvenciones del consejo regional. 
Las instituciones europeas empiezan a tomar conciencia de las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones políticas: muchas de nuestras empresas se ven obligadas a deslocalizar sus actividades porque la destrucción de las fronteras las hace competir con productores cuyos costes laborales son extremadamente bajos. 
Para proteger nuestras economías del dúmping social y preservar nuestro modelo social, debemos practicar otra política: restablecer las fronteras, hacer que nuestras empresas sean más competitivas financiando la seguridad social a través de un IVA social que sustituya las cotizaciones. 
Para ello, haría falta que los Gobiernos nacionales han de conservar su soberanía en materia fiscal. 
Estas son algunas de las medidas económicas y sociales de sentido común que podría adoptar, no la Europa actual de Bruselas, desautorizada por los franceses el año pasado, sino una Europa de las naciones libres y soberanas. 
La delegación del VVD ha considerado que debía votar en contra del informe Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional, porque este apoya abiertamente la propuesta de la Comisión de crear un Fondo de Adaptación a la Globalización, al que el VVD se opone rotundamente porque ese tipo de intervención estatal es contrario al mercado interior. 
La política social es una cuestión que deben abordar los propios Estados miembros. 
Además, ya existe un sistema europeo que ofrece posibilidades de reciclaje profesional a los trabajadores, puesto que los actuales fondos estructurales europeos conceden a los Estados miembros un margen para financiar la formación (o el reciclaje) de sus trabajadores. 
El informe Hutchinson contiene asimismo una serie de disposiciones burocráticas innecesarias que interfieren y coartan la libertad de establecimiento y frenan el impulso del mercado interior. 
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Acojo con agrado este informe sobre la deslocalización en el marco del desarrollo regional. 
De conformidad con el principio de asociación, es obligación de los Estados miembros y de la Comisión impedir que puedan acogerse a los Fondos Estructurales aquellas empresas que, después de recibir una ayuda de la Unión Europea, trasladen sus actividades a otro Estado miembro o a un país tercero en un plazo inferior a siete años a partir de la concesión de dichas ayudas. 
A este respecto es indispensable que la UE adopte una estrategia europea para luchar contra la deslocalización en estrecha colaboración con todos los Estados miembros y que cree un Observatorio Europeo de la Deslocalización para que proceda al estudio, evaluación y seguimiento sobre los acuerdos a largo plazo en el ámbito del empleo y el desarrollo local y elabore propuestas en este sentido. 
En vista del aumento estadístico de las regiones escocesas afectadas, ahora es más importante que nunca antes adoptar medidas positivas para que los fondos asignados se inviertan de modo eficaz y se respete la duración de todo el período de programación. 
. – Crear un mercado único entre 25 Estados con costes salariales, sociales y fiscales muy diferentes tenía que conducir a la deslocalización de empresas a los países con unos costes de producción bajos. Es lo que ha ocurrido. 
Los diez nuevos Estados atraen las empresas de la «vieja Europa» e incluso empresas de los Estados Unidos radicadas en México. 
Esto resulta tanto más chocante cuanto que esos Estados se permiten el lujo de ofrecer un clima fiscal atractivo y después hacen que las mejoras de sus redes sanitarias, sociales y viarias y demás sean pagadas por los Estados occidentales que, al incrementar su fiscalidad para financiar a los diez nuevos países, agravan su propia desventaja productiva. 
Para las deslocalizaciones fuera de la Unión hay una solución de fondo. 
Hay que inventar unos derechos de aduana de nueva tecnología, con tres características. Deben ser modulables en función del diferencial de costes de producción entre los dos países de que se trate. 
Deben ser reembolsables, con los derechos de aduana soportados por el exportador convertidos en un «crédito fiscal» deducible mediante compra en la economía del importador. 
En otras palabras, el derecho de aduana ofrecería al exportador un derecho de giro sobre la economía del importador, los que crearía una situación en el comercio internacional en que todos saldrían ganando. 
Por último, deben ser bonificables cuando el importador quisiera conceder una ventaja al exportador. 
El crédito aduanero se convertiría así en un crédito compensatorio como ya existe en el Derecho fiscal internacional. 
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Mi apoyo al informe se basa fundamentalmente en el diagnóstico, a pesar de que la medicación prescrita me parece que sigue un camino que ha demostrado ser en gran parte poco exitoso. 
En este contexto y a pesar de las citadas objeciones, comparto la idea expresada en el informe de que las deslocalizaciones se examinan con demasiada frecuencia cuando ya han tenido lugar. Eso me parece tan poco útil como revelador de una grave incapacidad de anticiparse a los hechos. 
Por lo tanto, considero que se deben proponer medidas legislativas encaminadas a evitar el despilfarro del erario público y a prohibir el uso de ayudas públicas cuando las organizaciones privadas se gestionan sin el debido sentido de la responsabilidad. 
Sin embargo, no creo que ciertos tipos de deslocalización sean evitables. 
También considero que esto no se puede discutir sin tener en cuenta toda la cuenta de resultados, incluidas tanto las pérdidas como las ganancias. 
En otras palabras, además de contabilizar el número de empleos que se han destruido con la apertura de los mercados, se deben incorporar a la ecuación los empleos creados gracias a esa misma apertura, sin mencionar las ventajas que ha reportado para el consumidor. 
Debemos evitar que impere la «ley de la selva» , pero sin rechazar al mismo tiempo algo que es necesario. 
Por el contrario, debemos aspirar a obtener de ello el máximo beneficio posible. 
Señor Presidente, Señorías, me he abstenido en la votación del informe Matsakis sobre la estrategia de la Comisión sobre el mercurio y quiero explicar las razones. 
Por mi formación académica de odontólogo, sé que las enmiendas relativas a la prohibición inmediata de las amalgamas dentales no son factibles, sobre todo en los nuevos Estados miembros, principalmente por razones económicas. 
Puesto que los empastes dentales realizados con otros materiales distintos de las amalgamas son tres veces más caros, su aplicación impondría una carga excesiva a las entidades aseguradoras. 
Al mismo tiempo, las pruebas de los efectos nocivos de las amalgamas son poco claras y también incompletas. 
Desde luego, debemos mejorar la eliminación de los residuos de amalgamas en las clínicas dentales, pero no debemos prohibir que los dentistas utilicen mercurio. 
También considero que la legislación pertinente debe ser competencia de los Estados miembros. 
La Cámara de Odontólogos de Eslovaquia comparte esta opinión y por eso no he votado a favor del informe. 
Aunque los diputados al Parlamento Europeo de la Unión Cristiana y el Partido Político Reformado pueden apoyar la propuesta de resolución relativa a la estrategia sobre el mercurio, queremos añadir que se deben seguir permitiendo excepciones a la prohibición del uso de mercurio en equipos de medición y control. 
Una de dichas excepciones se debería aplicar a la producción de barómetros de mercurio tradicionales, según se indica en el texto aprobado de la resolución. 
La cantidad utilizada para su producción es mínima, y su riesgo ambiental, al encontrarse dentro de una cápsula de vidrio, es relativamente reducido. 
Algunas pequeñas empresas de la UE dependen de su producción como fuente de ingresos y tendrán que cerrar si se impone su prohibición absoluta, dada la ausencia de alternativas adecuadas suficientes. 
Pensamos que la producción de este recurso europeo se debe seguir permitiendo bajo condiciones controladas. 
La finalidad de la propuesta de la Comisión es colmar las lagunas existentes y proponer una estrategia europea para los próximos años con respecto a la producción y utilización de mercurio en Europa. 
Entre los aspectos importantes que plantea el informe figuran la prohibición de las exportaciones de mercurio, la prohibición de su uso en equipos de medida y en amalgamas dentales, el control de las emisiones y el estudio de los efectos de la utilización de mercurio en las vacunas, que podría resultar muy beneficioso para la salud pública. 
La licencia prevista en la enmienda 2 salvaguarda las actividades de los pequeños productores bajo condiciones controladas, las piezas de museo, los barómetros tradicionales y los objetos de valor histórico. 
La enmienda 6 establece el plazo para la restricción de las exportaciones. Esa medida podría resultar precipitada y perjudicial para Europa, y favorecer solo a los exportadores de mercurio de terceros países. 
Apoyo la propuesta de la Comisión y el contenido general del informe Matsakis. 
La Lista de Junio apoya la propuesta de la adopción de medidas encaminadas a reducir gradualmente las emisiones de mercurio hasta su total prohibición. 
Se trata de un problema medioambiental de carácter transfronterizo que requiere una estrategia conjunta y coordinada. 
Por eso hemos decidido votar a favor del informe. 
No obstante, tenemos nuestra propia opinión sobre algunos aspectos concretos de la propuesta del Parlamento Europeo. 
Por ejemplo, consideramos que los Estados miembros son perfectamente capaces de desarrollar campañas de información independientes sobre los riesgos para la salud que entraña la exposición a mercurio. 
Además, también pensamos que afrontar las consecuencias sociales del cierre de las minas de mercurio es una tarea que compete principalmente a los Estados miembros y no a la UE. 
. – He votado a favor de este texto. 
Debemos tener una estrategia comunitaria firme con respecto al mercurio. 
Sin embargo, ser firme es también ser realista. 
El mertiolato, que contiene mercurio, se emplea como conservante en algunos medicamentos, inclusive en vacunas. 
Hay en torno a un millón de dosis de vacunas en las que el mertiolato entra en el proceso de fabricación a efectos de descontaminación, lo que representa el 0,0000003 % del mercurio utilizado anualmente en Europa. 
Por ello, dada la enorme repercusión positiva de la vacunación sobre la salud pública, inclusive en los países en desarrollo, no estaría justificado imponer una prohibición inmediata de este producto en las vacunas. 
Con todo, conviene alentar la búsqueda de métodos alternativos a fin de reducir o eliminar en el futuro el empleo de mertiolato. 
Recuerdo asimismo que, conforme a la reglamentación farmacéutica, los fabricantes deben demostrar que sus productos no son perjudiciales para el medio ambiente. 
. 
Acojo con agrado este informe sobre la estrategia comunitaria para hacer frente a las consecuencias que tiene el mercurio en el medio ambiente y los seres humanos. 
El mercurio es una sustancia sumamente tóxica y es indispensable utilizar pruebas científicas para determinar aquellos ámbitos en que puede utilizarse con seguridad y los sectores en que debe prohibirse. 
Invito a la Comisión a que presente urgentemente los resultados de sus investigaciones. 
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Las diputadas y diputados laboristas al Parlamento Europeo apoyan la estrategia de control del mercurio que propone la Comisión. 
El mercurio es una sustancia sumamente tóxica que debe someterse a controles estrictos. 
Sin embargo, consideramos que antes de dictar prohibiciones o restricciones es necesario dialogar con las partes interesadas y efectuar una evaluación de impacto exhaustiva de las consecuencias, así como dar a la industria tiempo suficiente para adaptarse a los cambios. 
. 
Los motivos de mi voto sobre el informe Matsakis, relativo a la estrategia de la Comisión para el control del mercurio en el medio ambiente, radican en que la Comisión ha identificado algunos sectores que desea investigar antes de recomendar instrumentos legislativos o medidas a escala comunitaria. 
Reconozco que el mercurio es una sustancia muy tóxica y apoyo la estrategia de la Comisión y la evaluación de impacto. 
. – Con la aprobación este martes del informe de mi colega, el señor Matsakis, referente a la estrategia comunitaria sobre el mercurio, el Parlamento Europeo envía un mensaje significativo a la comunidad internacional: las sustancias químicas más tóxicas deben ser rigurosamente reguladas y la Europa de los 25 ha de dar ejemplo prohibiendo rápidamente su exportación. 
Es la suerte que se reservará en el futuro al mercurio, un metal pesado tóxico para el ser humano y los ecosistemas, cuyo principal exportador en el mundo es Europa. 
Celebro, en especial, la adopción del apartado 17, que propone limitar para finales de 2007 la utilización del mercurio en las amalgamas dentales. 
El Parlamento confirma así su voto del 25 de enero de 2005 sobre mi informe relativo al Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud, que, en su punto 6, proponía el empleo de alternativas más seguras al mercurio en las amalgamas dentales. 
Aquí ha ganado el sentido común. 
La exposición humana debe limitarse al estricto mínimo. 
Por esta razón, es igualmente esencial que la Unión Europea encuentre pronto una solución al tratamiento de las 12 000 toneladas de residuos de mercurio que producirá en los próximos quince años la industria del cloro y la sosa. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que exponga algunas observaciones para explicar mi voto en contra del informe del señor Paasilinna sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo. 
Entre los objetivos del Proyecto 2010 figuran la innovación y la inversión en investigación. 
Me ha sorprendido comprobar que el informe no aborda el tema de la investigación con mayor detalle ni le presta la atención que merece. 
La investigación solo se menciona en relación con las ayudas para la investigación de tecnologías concretas. 
Sin embargo, por otro lado, la investigación genera una demanda de información y de tecnologías de la comunicación en todos los campos de la actividad humana. 
Este aspecto de la retroalimentación es precisamente lo que me parece que falta en el informe, a pesar de que puede ser uno de los motores del crecimiento económico y de la creación de empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
La referencia que se hace de pasada al Séptimo Programa Marco no refleja debidamente la importancia de dicho programa para el crecimiento y el empleo. 
Las capacidades profesionales relacionadas con las tecnologías digitales se incluyen actualmente entre las competencias fundamentales que debemos desarrollar en el marco de una formación permanente. 
– Señor Presidente, aquí nos encontramos, buscando nuevas formas de digitalizar cada vez más cosas. 
Se piensa que las bibliotecas digitales, los equipos digitales para grabar los viajes, los pasaportes biométricos y la administración electrónica obrarán milagros. 
El dato de que la información y las tecnologías de comunicación representan el 40% del crecimiento económico ciertamente impresiona. 
Pero a pesar de toda la euforia que generan las nuevas tecnologías, no debemos perder de vista la realidad. 
Aunque vuelven a apreciarse indicios alentadores de crecimiento del sector digital, este contribuirá a destruir más empleos de los que creará, porque lo cierto es que el sector de la alta tecnología es particularmente móvil; primero se ha trasladado a los Estados miembros orientales y, al cabo de un tiempo, a países como la India y China. 
Tampoco en este caso se harán realidad los sueños de la UE de una máquina corporativa de creación de empleo, pero es bueno observar la tendencia de las pequeñas y medianas empresas a mejorar cada vez más sus equipos, con la finalidad de aumentar su productividad y su competitividad y de abrir nuevos mercados. 
Tendremos que dar más apoyo a esas pequeñas y medianas empresas. 
. – He votado a favor del informe sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo porque considero que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es una condición necesaria para el desarrollo económico y el progreso social. 
Estas tecnologías se emplean en casi todos los sectores técnicos, administrativos, comerciales, culturales, sociales, sanitarios, etc. Es imprescindible que todos los habitantes de la Unión Europea tengan las mismas oportunidades de acceso a las mismas, y ello a un coste que se corresponda con un precio normal de mercado. 
Celebro la idea de combatir la brecha digital y es bueno recordar que la Unión Europea perdió una ocasión de aplicar una política coherente con las licencias de la tercera generación de telefonía móvil: UMTS (Universal Mobile Telecom System) , que fueron subastadas por los Estados miembros en condiciones lamentables, habida cuenta de las posibilidades que ofrecía esta tecnología desde el punto de vista de la coherencia política. 
No hay que repetir este error. 
Apoyo sin reservas la necesidad de invertir en investigación e innovación en estas tecnologías, que son importantes catalizadores de la competitividad, el crecimiento y el empleo. 
. 
Lamentamos que no se hayan aprobado las enmiendas presentadas por nuestro Grupo parlamentario, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Nuestras enmiendas tenían por objeto garantizar el libre acceso a las tecnologías y a los conocimientos, la libertad de circulación y el intercambio de conocimientos, además de consolidar el papel de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la libre circulación y la difusión de conocimientos. 
De lo contrario, corremos el riesgo de que la sociedad basada en el conocimiento quede limitada a una elite. 
El informe recomienda que se mantenga la política de liberalización y el uso de las comunicaciones para transmitir «los ideales y los valores europeos» ; en otras palabras, para transformar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en otro mecanismo de propaganda de la UE. 
Aunque el informe haga referencia a la contribución de las TIC al fomento de la cohesión social y territorial y alerte de que las nuevas tecnologías pueden contribuir a intensificar la exclusión social, no desarrolla el tema ni presenta propuestas para evitar que eso suceda. 
Nos hemos abstenido debido a las contradicciones del informe. 
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Apoyo la orientación general del informe Paasilinna y reconozco plenamente la importante contribución potencial de las TIC al logro de los objetivos de Lisboa. 
Sin embargo, me opongo a la introducción de un impuesto común consolidado sobre las empresas, pues considero que es necesario aplicar el principio de subsidiariedad y que las decisiones en materia fiscal deben seguir siendo competencia nacional. 
Quiero felicitar al señor Paasilinna por su importante y oportuno informe sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo, que apoyo plenamente. Celebro, en particular, la recomendación de que se adopten pronto el Séptimo Programa Marco de Investigación y el Programa para la Competitividad y la Innovación (2007-2013) , ambos destinados a aportar los recursos financieros suficientes para apoyar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como motor de la competitividad, el crecimiento y el empleo. 
Los dos programas contribuirán a fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la UE, que son fundamentales para el desarrollo de las regiones, toda vez romperán el «aislamiento digital» y apoyarán el desarrollo de proyectos innovadores de las PYME. 
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Acojo con agrado este informe, iniciado en junio de 2005 para fomentar el crecimiento y el empleo en la Sociedad de la Información y en los medios de comunicación. 
Este informe persigue tres objetivos prioritarios. 
En primer lugar, promover un espacio de información sin fronteras; en segundo lugar, estimular la innovación por medio de la inversión y la investigación, y en tercer lugar, hacer que todos puedan acceder a las TIC desde cualquier lugar de la UE. 
A pesar de las objeciones que despierta un nuevo acto legislativo, me parece positivo que la iniciativa i2010 vaya a beneficiar a todos los ciudadanos al contribuir a la superación de la brecha digital y a la reducción de los desequilibrios sociales y regionales. 
. 
El informe contiene dos ideas fundamentales que me han inducido a votar a favor, a pesar de que discrepo con otros aspectos del mismo. 
Por un lado, me parece sumamente importante que tengamos en cuenta que casi todo lo que se dice sobre las nuevas tecnologías refleja un enfoque retrospectivo. 
No sabemos cómo va a ser el futuro; solo sabemos que va a ser rápido y diferente. 
En consecuencia, el objetivo del reglamento debe ser, por un lado, abrir los mercados a la competencia y, por el otro lado, estimular las inversiones en innovación. 
La economía europea solo será competitiva si se orienta a la innovación y se convierte en una economía del futuro próximo y no del presente. 
Dicho lo cual, comparto la preocupación por los problemas de la protección de la intimidad y la seguridad de la información. 
La sociedad que se está creando corre el riesgo de convertirse en una sociedad vigilante y bajo vigilancia permanente, y eso sería una gran tragedia moderna desde el punto de vista de las libertades públicas. 
Por último, reconocemos que la innovación, y en particular las nuevas tecnologías, han llevado a cabo una revolución democrática en las sociedades modernas y eso es algo que debemos saludar, preservar y promover. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral del señor Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, a la Comisión sobre la situación del sector europeo del calzado un año después de su liberalización (O-0005/2006- B6-0007/2006). 
. Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la industria del calzado es un sector económico importante en la Comunidad Europea, mundialmente conocida por la excelencia de sus productos. 
Es un sector compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas localizadas, en muchos casos, en regiones donde constituyen la mayor fuente de empleo. 
En 2005 había más de 11 000 empresas que directa o indirectamente empleaban a más de 500 000 trabajadores, produciendo alrededor de 700 millones de zapatos, lo cual supone un 10 % de la producción mundial. 
Hay que señalar, además, que, en respuesta al proceso de apertura, la industria del calzado se ha sometido a una reestructuración extensiva, concentrando su producción sobre todo en la gama de precio más elevado. 
Yo diría que la especialidad europea más clara es la industria del cuero. 
Como ha ocurrido en el caso del textil, el impacto del proceso de liberalización ha sido importante al terminar el sistema de cuotas. 
El sistema de control introducido por la Comisión demuestra claramente que las importaciones, particularmemte de China, pero no solo de China, han crecido de manera espectacular. 
El año pasado, las cifras en términos de valor y cantidad superaron en promedio el 450 % de incremento de importaciones y, en algunos casos, el 900 %. 
El precio medio del calzado importado ha descendido significativamente y, sin embargo, el precio de venta de los productos no ha bajado, lo cual no corrobora la tesis, que creemos que es importante defender, de quiénes son realmente los beneficiarios del proceso de liberalización del comercio. 
Hace un año, la Confederación Europea del Calzado presentó una queja por prácticas de tipo dúmping en el calzado de cuero. 
Este es uno de los mayores casos planteados en la Unión Europea y que afecta a muchas industrias por un valor de más de 800 millones de euros. 
El 23 de febrero, el Comisario, señor Mandelson, anunció a la prensa que la Comisión iba a recomendar un aumento de aranceles del 19,4 % para China y del 16,8 % para Viet Nam. 
El calzado de niño y otros, que representa una parte muy importante, no eran objeto de este tipo de medidas. 
El hecho es que la Comisión adoptó una decisión sin precedentes, introduciendo unos aranceles provisionales para un periodo de cinco meses en concepto de antidúmping. 
Hay que señalar que, dado el valor unitario de los productos, tampoco es una medida que se pueda considerar descabellada, es un porcentaje relativamente pequeño. 
No voy a entrar más en el tema dúmping. 
Sin embargo, en calidad de Presidente de la Comisión de Comercio Internacional, sí querría hacer algunas consideraciones partiendo de un concepto inicial, y es la necesidad de respetar, en el marco de la OMC, las normas que nos hemos dado, tanto dentro como fuera de la Comunidad. 
Soy consciente de que se trata de algo más que de un simple caso de dúmping. 
Se plantea, en algunos casos, la superviviencia del sector en Europa y también la posibilidad de que la deslocalización sea una respuesta adecuada a la evolución. 
Como saben, en estos casos todo el mundo tiene sus razones; ahora, no es concebible que toda la industria europea se desplace hacia el exterior. 
Al mismo tiempo, hay que señalar que China está tratando de obtener un estatus de economía de mercado en el marco de la OMC. 
Hay aspectos relacionados con las investigaciones comunitarias que señalan que, en este caso, China no ha cumplido claramente con las obligaciones de cara a la OMC, tanto en el terreno de las subvenciones, más o menos encubiertas, como en el terreno de las falsificaciones. 
Por ello, señor Comisario, esta es una oportunidad para demostrar a los ciudadanos que la Comisión va a hacer todo lo que esté en su poder para asegurar que las normas comerciales sean respetadas, incluyendo, si ello fuera necesario, el recurso al órgano de solución de diferencias en la OMC. 
Estas distorsiones del mercado no se limitan al sector del cazado. 
Existen fundadas sospechas del carácter habitual de ciertas intervenciones ilegales de apoyo a las empresas exportadoras chinas. 
Señor Comisario, teniendo en cuenta las expectativas de la industria afectada y la sensibilidad de la opinión pública europea, quisiera saber qué acciones emprenderá la Comisión para asegurar que las reglas de la OMC serán respetadas por este país. 
Las consideraciones políticas no debe prevalecer sobre las conclusiones técnicas en un caso de antidúmping. 
Las medidas que usted ha propuesto son controvertidas. 
La industria europea y ciertos Estados miembros no están satisfechos con su propuesta. 
Son públicas las objeciones a la "creatividad" mostrada por la Comisión en la aplicación de sus bien establecidas normas y prácticas en materia de antidúmping. 
No sé si estas alegaciones son ciertas. 
Lo que sí sé es que las investigaciones antidúmping están basadas en leyes que deben aplicarse fielmente sin ningún tipo de consideraciones paralelas. 
Le puedo señalar en conclusión, señor Comisario, que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo va a seguir muy de cerca todo este proceso, porque creemos que el paso que ha dado la Comisión es un paso inicial, pero que debe completarse con una actitud favorable a que China u otros países, como Viet nam, puedan tener más posibilidades en el comercio internacional, pero respetando conjuntamente las reglas que nos hemos dado. 
Señor Presidente, en respuesta a estas preguntas, que me complace que se hayan formulado, permítame decir que he contraído el firme compromiso de desarrollar una relación bidireccional de comercio e inversión entre Europa y China, y con otros mercados asiáticos como el de Vietnam. 
El mayor desafío, en mi opinión, para la política comercial europea en los próximos años será desarrollar correctamente dichas relaciones. 
Considero que Europa debe respetar las ventajas naturales con que cuentan esas economías y adaptarse a ellas, centrándose en los sectores y productos en los que nuestras compretencias y tecnologías nos dan una ventaja. 
Así crece el comercio y así han crecido las economías europeas a lo largo de los siglos. 
La industria europea del calzado se encuentra en la primera línea de la competencia mundial. 
A pesar de su ingenio, su creatividad y su excelencia, los fabricantes europeos de calzado de cuero se enfrentan al extraordinario reto de los productores asiáticos. 
Sin embargo, para determinar la existencia de dúmping tengo que distinguir entre esta potente competencia nueva, por una parte, y las prácticas comerciales realmente desleales, por otra. 
Las medidas europeas de defensa comercial apuntan contra el comercio desleal. 
No pueden protegernos de una fuerte competencia. 
No pueden protegernos de las ventajas naturales y legítimas de Asia basadas en los bajos costes. 
Sin embargo, si a estas ventajas comparativas añadimos prácticas desleales y contrarias a la competencia, tenemos el derecho y la obligación de actuar. 
Por ello, después de conocer el análisis y la evaluación preliminares de mis servicios, he recomendado a la Comisión y a los Estados miembros que se introduzcan aranceles provisionales en este caso. 
Existen pruebas claras de una grave intervención pública en el sector del calzado de cuero de China y Vietnam: financiación en condiciones favorables, períodos de gracia fiscal, alquileres que no corresponden a los de mercado y una incorrecta valoración de activos que conduce al dúmping. Este dúmping está causando graves daños a los fabricantes de la UE. 
Los aranceles contra el dúmping que recomiendo permitirán que los minoristas que tengan mercancía en tránsito no tengan que sufragar gastos imprevistos en la frontera. 
Propongo que se introduzcan progresivamente a lo largo de cinco meses, comenzando con un 4 % en abril. 
Esto permitirá que los importadores panifiquen con seis meses de antelación y con la mayor transparencia y previsibilidad posibles. 
Sin embargo, también implica que al cabo de seis meses estará establecido el arancel completo para contrarrestar los efectos perjudiciales del dúmping. 
Como estoy obligado por ley, he ponderado muy detenidamente los intereses de los consumidores y de los minoristas en este caso. 
He propuesto la exclusión del calzado deportivo de alta tecnología, cuya producción en Europa ya no alcanza niveles significativos. 
Asimismo propongo que se excluya el calzado infantil, a fin de garantizar que incluso las pequeñas subidas de precios no se repercutan en las familias más desfavorecidas. 
Soy consciente de que a algunos les preocupa el efecto que puede tener esta medida sobre los precios al consumo. 
En vista de los datos disponibles, considero que en la cadena de suministro hay margen para absorber un reducido arancel sobre la importación, repartiéndolo entre las gamas de productos y la cadena de distribución. 
Estas serán debatidas con los Estados miembros y deben ser confirmadas por el Colegio de Comisarios. 
Creo que he propuesto una solución equilibrada que merece el apoyo de los Estados miembros y de esta Cámara, pues corrige los daños, pero permite que los importadores cuenten con la mayor previsibilidad posible, y los costes adicionales que repercute a los consumidores son mínimos. 
No se establecerán cuotas ni límite alguno a las importaciones de calzado de cuero procedentes de China y Vietnam. 
He manifestado a las autoridades chinas y vietnamitas que deseo colaborar con ellas para encontrar soluciones a los problemas detectados por la investigación de la UE. 
El cobro de aranceles sobre mercancías importadas en condiciones de dúmping no es proteccionismo. 
No se trata de pedir a los consumidores que subvencionen a los fabricantes europeos que no son competitivos, porque a menudo se hace esta fácil comparación. 
También cabe señalar que el calzado no es un caso similar al de los textiles. 
Este problema se refería a importaciones legales de productos textiles. 
En cambio, las medidas antidúmping que proponemos para el calzado de cuero apuntan contra el competencia desleal. 
La Comisión tiene la obligación legal de investigar estas denuncias y el derecho legal de proteger a los fabricantes europeos contra estas prácticas. 
Algunas de las preguntas de sus Señorías se refieren a la situación en general del sector europeo del calzado. 
La contracción del sector del calzado es un proceso de larga duración que comenzó antes de la liberalización del comercio del calzado con China en 2005. 
Sin embargo, es evidente que con este cambio algunos han salido ganando y otros perdiendo. 
Algunos fabricantes han aumentado sus exportaciones, mientras que otros, como Turquía y algunos países ACP, han visto cómo sus exportaciones a la UE y a otros destinos se han mantenido constantes o han disminuido. 
Sin duda, China cuenta con una asombrosa capacidad de producción y exportación, por lo que ha sido la más beneficiada. 
Aquí en Europa se han perdido más de 40 000 puestos de trabajo en la industria del calzado y más de 1 000 empresas de este sector han desaparecido desde 2001. 
La producción europea de calzado de cuero ha caído un 30 % y los márgenes de beneficio se han reducido a algo más del 1 %. 
Sin embargo, no pensemos que la intensa competencia a que están expuestos los fabricantes europeos de calzado se debe únicamente al dúmping. 
En gran parte es consecuencia de los cambios de pautas de producción y consumo en la economía mundial. 
Creo que debemos aceptarlo y, al mismo tiempo, ayudar a los afectados a adaptarse a estos cambios. 
Asimismo debemos reconocer que los fabricantes europeos han hecho una contribución apreciable a estos cambios al trasladar su producción a Asia en un gran número de casos. 
Por ello debemos tener en cuenta una serie de intereses de los fabricantes europeos al evaluar nuestros intereses en esta materia. 
Para hacer frente al desafío de Asia, nuestras empresas y trabajadores deben hacer grandes esfuerzos. 
La estrategia de crecimiento y empleo de la Comisión se basa en la idea de que Europa debe comprometerse a equipar a los europeos de hoy para hacer frente a este desafío y crear los empleos del futuro. 
No podemos impedir la globalización y el cambio económico. 
Y no creo que a Europa le convenga intentarlo. 
Aquellos que piden al Comisario responsable de Comercio que dé marcha atrás a los cambios económicos mundiales están pidiéndole que retenga las mareas. 
Sin embargo, podemos dar forma a la globalización e incluso utilizar su potencial dinámico para la renovación y, de hecho, la innovación en Europa. 
Creo que el problema del sector del calzado en un sentido más amplio nos pone ante este imperativo. 
Tenemos que invertir en el cambio, invertir en las personas afectadas por el cambio, pero hacer frente a un mundo cambiante en este proceso. 
Asimismo debemos defender firmemente nuestras normas en materia de competencia. 
Tenemos que reconocer que si deseamos ganar la batalla política a favor del libre comercio, tenemos que estar dispuestos a defenderlo y reivindicarlo. 
Sin embargo, no podemos negar que Asia cuenta con ventajas comparativas o con una industria competitiva que está sacando de la pobreza a cientos de millones de personas del mundo en vías de desarrollo. 
El único contrapeso sostenible para esa competencia es la creatividad, la innovación y la dedicación de las propias empresas europeas, con la ayuda de las autoridades políticas. 
Con todo gusto volveré a abordar cualquiera de estos aspectos con más detalle y responderé a las preguntas que sus Señorías deseen formular acto seguido. 
. – Señor Presidente, me preocupa que nosotros, y sobre todo la Comisión, no hayamos aprendido nada del problema de lo que llegó a denominarse la «guerra de los sujetadores» , cuando tuvimos que reconsiderar nuestra posición. 
Comprendo perfectamente la situación relativa a las medidas antidúmping y estoy totalmente de acuerdo con las perspectivas de la Comisión al respecto. 
Sin embargo, señor Comisario, ha dicho usted una o dos cosas en su intervención que me preocupan. 
Ha dicho que en los casos de Vietnam y China se han dado circunstancias en las que han obtenido financiación, acuerdos financieros especiales, reducciones de impuestos, etc. 
¿No ha ocurrido lo mismo en algunos casos en la Unión Europea? 
¿No hay muchos casos en los que eso sucede en la Unión Europea? 
Y sobre todo, ¿es que nunca se han utilizado fondos europeos, Fondos Estructurales, etc.? 
¿Podríamos correr el riesgo de que nos demandaran ante la OMC por el alcance de las medidas o el apoyo contra el dúmping? 
¿Podría responder usted también a una o dos preguntas más? 
Entiendo muy bien la situación con respecto a China y acepto su posición, pero una de las cosas que estamos tratando de conseguir actualmente en el mundo occidental es la erradicación de la pobreza. 
De eso hemos hablado mucho. 
Ahora bien, Vietnam, hace 30 años, incluso hace 10 años, era un país muy pobre, probablemente más pobre que muchos países del África subsahariana. 
¿Por qué han tenido la necesidad? 
¿Seguro que han podido competir sin introducir realmente un mecanismo de ayuda? 
¿Podría responderme a eso? 
Vietnam es un país que ha conseguido recuperarse a pesar de ser uno de los más pobres y que ahora tiene por lo menos algo de infraestructura. 
Me preocupa que vayamos a proteger a la industria europea del calzado. 
Usted lo niega. Pero a mí me sigue preocupando. 
Quisiera que me respondiera a una última pregunta. 
Creo que nosotros como diputados al Parlamento Europeo y usted en representación de la Comisión, hemos perdido la oportunidad de hacer llegar el mensaje sobre el dúmping. 
Los ciudadanos piensan que somos proteccionistas. 
Su personal me ha dicho que un par de botas de diseño fabricadas en China cuesta unos 180 euros en Europa y solo 10 euros importarlas desde China. 
Si el efecto del 19 % se transfiere directamente al consumidor, ¿se aplicará ese 19 % a los 180 euros o a los 10 euros que cuesta importarlas? 
– Señor Presidente, tengo algunas preguntas que hacerle y en esta ocasión no podré intervenir en nombre de mi Grupo porque, como ocurre con los casos antidúmping, creo que estamos muy divididos y tenemos nuestras propias opiniones sobre esta cuestión. 
No obstante, quiero agradecer al Comisario la exposición de su punto de vista y su intervención. 
Mi punto de partida es que las medidas y los instrumentos antidúmping deben tomarse bastante en serio. 
En ese punto, apoyo a mi colega el señor Sturdy, que tiene razón. 
Si no utilizamos el instrumento de una manera transparente y justa, se nos complicarán bastante las cosas. 
La primera pregunta al Comisario es la siguiente: ¿realizará la UE una evaluación general de las condiciones de la competencia y la intervención estatal en la República Popular China? 
El Parlamento Europeo también pide un informe sobre el cumplimiento por parte de China de las disposiciones de la OMC y de su compromiso de adhesión cinco años después de su adhesión a la OMC. 
¿Emprenderá la CE alguna acción en el marco de la OMC si China y Vietnam no ponen fin a sus medidas desleales dentro de un plazo razonable y cuál sería esa acción? 
Señor Comisario, ¿considera usted que el acuerdo de la CE y los resultados de la investigación antidúmping son confidenciales y que las filtraciones de información pueden distorsionar el mercado? 
¿Puede explicar en detalle el motivo de la exclusión del calzado infantil, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos países el calzado infantil es utilizado por adultos? 
¿Puede explicar por qué la divulgación de los resultados del sistema de seguimiento antidúmping se ha retrasado tanto? 
Si no estoy totalmente equivocada, ha pasado un año. 
Una pequeña pregunta: ¿cómo ve esta investigación en relación con otra evaluación actualmente en curso para reconocer a China la condición de economía de mercado? 
Señor Presidente, las cifras que han divulgado recientemente sus oficinas y que usted parecía conocer desde hace tiempo nos demuestran que desde que se liberalizaron las importaciones europeas el año pasado, las importaciones mensuales de calzado de China han aumentado en un 400 % y, en algunos casos, nada menos que en un 900 %. 
Hasta el momento, usted no ha anunciado ninguna medida contra el dúmping. 
Algunos dirán que se ha hecho demasiado poco, demasiado tarde. 
Consideran que usted podría haber impedido el deterioro de la situación si se hubiera mantenido más alerta y hubiera respondido más deprisa. 
La industria europea del calzado es un sector relativamente pequeño, limitado a unos cuatro países europeos, y ya deslocalizado en su mayor parte. 
El interrogante que se plantea es si eso es razón suficiente para permitir que todo el sector se vaya al garete, como sucederá sin duda si se tiene que enfrentar a unas prácticas comerciales desleales –como usted mismo las ha llamado con gran acierto–, como puede ser el dúmping o las ayudas estatales directas e indirectas. 
En la actualidad, el libre mercado es un mercado socialmente adaptado en el que todos los participantes deben respetar las normas vigentes a escala mundial. 
Pero es evidente que esto no sucede en el caso que nos ocupa. 
China no tiene reparos en disfrutar de las ventajas de su pertenencia a la OMC, pero ignora las obligaciones que eso implica. 
Es evidente que la totalidad del mercado mundial corre el riesgo de tambalearse. 
Ayer fueron los textiles, hoy es el calzado, ¿qué será mañana? 
Quisiera preguntarle al Comisario por qué la Comisión no ha reaccionado antes. 
¿Será cierto que teme incomodar al gran gigante amarillo? 
Pero, sobre todo, ¿puede explicarnos el Comisario cómo podemos convencer a los trabajadores de la industria europea del calzado, que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo como resultado de la competencia desleal, de los beneficios que puede reportar este tipo de globalización? 
. – Señor Presidente, cunde cierta sensación de en este debate. 
Aunque el antidúmping es efectivamente diferente del ejemplo del Acuerdo Multifibras, creo que no es pura coincidencia que esta crisis se haya producido después de suprimir el sistema de cuotas. 
Está claro que en un mundo de libre comercio completamente desregulado y libre de trabas, el llamado «precio de China» arrastrará a la baja los costes y las normas en todo el mundo, afectando especialmente a los más pobres. 
Creo que veremos más casos de este tipo hasta que no reconozcamos la necesidad de un sistema de cuotas que permita a todos, y no solo a unos pocos, beneficiarse del comercio. 
El señor Mandelson dice que Europa podrá adaptarse ascendiendo por la cadena del valor añadido, pero de eso ya hemos hablado muchas veces. 
Él conoce mi opinión de que, en lo esencial, China hará exactamente lo mismo, y ¿por qué no iba a hacerlo? 
Esa no va a ser la solución para Europa, ni tampoco para el resto del mundo. 
Lo interesante del caso es la extraordinaria distancia que parece haber recorrido la Comisión para dar la impresión de que la situación es mucho menos grave de lo que en realidad es. 
Casi parece que el dogma y la ideología neoliberales se están beneficiando de los hechos sobre el terreno. 
Por tanto, hay una serie de preguntas fundamentales a las que hay que responder, como el nivel de los aranceles en función de los daños causados, que el Comisario ha cifrado en un 19,4 % para China y un 16,8 % para Vietnam. 
Esos porcentajes se basan aparentemente en unos ajustes que la Comunidad Europa no ha realizado nunca antes. 
El sector está verdaderamente preocupado de que no sean suficientes. 
La exención del calzado infantil y deportivo tiene el efecto de excluir en torno al 42 % del calzado importado a precios de dúmping, aunque en este caso no tendrán que pagar aranceles antidúmping. 
Eso no me parece justo para los fabricantes europeos; pero tampoco es justo para los trabajadores chinos, que perciben unos salarios míseros –en torno a 12 dólares a la semana, como ha informado el –, mientras que al mismo tiempo sus derechos sociales se reducen a un mínimo absoluto. 
A menos que supongamos que el consumidor se está beneficiando, creo que debemos recordar que los aranceles antidúmping rara vez provocan un aumento de los precios al consumo, aunque sí reducen los márgenes de beneficio de los importadores. 
Creo que tenemos que estar sinceramente preocupados por el efecto de la competencia de las empresas establecidas en China –no solo en Europa, sino también en países más pobres como los de EuroMed– y reconocer que hasta que no tengamos un sistema de comercio administrado, los beneficiados se concentrarán en un puñado de cada vez menos países, mientras que los perdedores resultarán ser la mayoría. 
. – Señor Presidente, Señorías, durante diez años la Unión Europea y los Estados Unidos condujeron las negociaciones para la entrada de China en la OMC. 
Ahora, Pekín ha aprendido la lección y no duda en aplicar las normas de la Organización Mundial del Comercio con una despiadada resolución digna de sus maestros. 
No parece que las medidas antidúmping sean en modo alguno compatibles con la legislación y la jurisprudencia comunitarias y pueden tener una repercusión enormemente negativa sobre todo el sistema de la política comercial comunitaria y sus consumidores: es necesario, por tanto, revisar por completo las doctrinas liberales de la OMC. 
Nos parece importante que la Unión Europea defienda un modelo económico que conceda un lugar central al respeto de las cláusulas sociales y los derechos de los trabajadores en cualquier parte del mundo. 
Europa debe aplicarse mucho más en las distintas instancias internacionales por promover el trabajo en condiciones dignas. 
Europa debe crear normativas encaminadas a desarrollar marcas que acrediten la procedencia geográfica y el respeto de las normas sociales y ambientales. 
Si no reconsideramos el liberalismo de la OMC, después del textil y después del calzado vendrá una larga lista de otros productos. 
. –Señor Presidente, quiero manifestar mi solidaridad con el Comisario Mandelson. 
Señor Comisario, ha hecho usted un trabajo imposible. 
¿Cómo pueden tener 25 países una política comercial única? 
No hay una misma talla que pueda servir para todos, ni en política comercial ni en la talla del calzado. 
Además ha tenido el problema de ser usted personalmente partidario del libre comercio, un globalista y modernizador. 
Reconoce lo que está pasando en el mundo, pero combate el nacionalismo económico resucitado que existe en esta Unión Europea. 
Simplemente no puede hacer su trabajo y tiene que supervisar un sistema atrapado entre el proteccionismo y la más absoluta hipocresía, ya que nosotros, por supuesto, subvencionamos nuestra propia agricultura y mantendremos las subvenciones a la exportación hasta 2013. 
Pero al hilo de lo que dijo justo el otro día John Blundell, director general de la AIE: ¿admite usted que la gran mayoría de empresas británicas quieren ahora que su país se retire de la política comercial común y que nosotros volvamos a aplicar nuestra propia política comercial? 
¿Lo admite usted? 
. – Señor Presidente, Señorías, la liberalización del mercado del calzado desde el 1 de enero de 2005 hadado pie a un aumento de las importaciones de China del 500 por ciento en un año, ocasionando una nueva contracción del sector del calzado de la UE y un aumento de las quiebras y del desempleo. 
Los precios de las importaciones son artificialmente bajos; no puede haber ninguna competencia leal cuando las bases de partida son tan divergentes y no hay equidad cuando impera el dúmping. 
La consecuencia de esta situación ha afectado también a los proveedores de calzado y componentes de terceros países, inclusive países candidatos y países en desarrollo, que han quedado desplazados del mercado comunitario. 
Tras la denuncia de la industria europea contra China y Vietnam, la Comisión ha abierto una investigación antidúmping que, por sus dimensiones, es la mayor de este tipo jamás emprendida por la Comunidad. 
Sin embargo, al Parlamento no le bastan las buenas intenciones, pedimos información sobre puntos concretos. 
¿Qué repercusión ha tenido la desaparición del sistema de cuotas para la industria comunitaria y para los países en desarrollo? 
¿Cómo piensa la Comisión afrontar la exigencia de reestructurar el sector del calzado europeo? 
¿Qué evaluación hace la Comisión de los resultados del sistema de vigilancia comunitario en el sector? 
¿Cómo marchan las investigaciones antidúmping y qué perspectivas hay para la protección del interés comunitario? 
¿Piensa la Comisión poner en marcha nuevas iniciativas a escala internacional, como sucedió con el textil, o esperaremos a que sea demasiado tarde? 
¿Ha considerado la Comisión la necesidad de poner en marcha una investigación sobre China en el marco del mecanismo transitorio de salvaguardia de productos específicos? 
El nivel de protección previsto en la propuesta es demasiado bajo, inadecuado, más aún si se escalona en seis meses, durante los cuales los chinos no esperarán a que el arancel alcance el 20 % para exportar enormes cantidades de calzado. 
Esto, señor Presidente y señor Mandelson, no es libre mercado. 
Señor Presidente, es evidente que Europa necesita protegerse. 
La magnitud de la amenaza que nos acecha se puede apreciar fácilmente si consideramos que la importación de calzado de China ha aumentado en varios cientos por ciento. 
La situación es mucho peor en lo que respecta a Vietnam, dado que se trata de un país todavía más dinámico. 
Está claro que tenemos que recurrir a una serie de instrumentos que solo en apariencia son contrarios al espíritu del libre mercado. 
Digo solo en apariencia porque en continentes como Asia, la producción en el sector que nos ocupa no tiene nada en común con el libre mercado, puesto que la mano de obra local es extremadamente barata. 
Por consiguiente, es evidente que la Unión Europea tiene derecho a defenderse y a recurrir a los procedimientos e instrumentos económicos habituales. 
Aun así, pido coherencia. 
Un estudio de la situación general revela que el desempleo en el sector ha afectado sobre todo a un par de Estados de la Unión Europea. 
También revela que esos mismos Estados se niegan negando a reconocer la liberalización del mercado en la Unión Europea. 
En mi opinión, eso demuestra una cierta falta de coherencia y pido a los Gobiernos de los Estados miembros en cuestión que pongan remedio a dicha situación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, usted ha dado las cifras: hoy, la producción de calzado en Europa ha retrocedido en torno a un 30 %, los precios a la importación han caído más de un 20 % y, sobre todo, el sector ha perdido cerca de 40 000 puestos de trabajo. 
Han pasado seis meses desde el asunto de la industria textil y, tal como habíamos predicho en su momento, el mercado comunitario se enfrenta nuevamente a prácticas comerciales desleales. 
Disponemos, como ha apuntado usted, de pruebas de una intervención estatal y de la concesión de subvenciones encubiertas a los fabricantes de China y Vietnam. 
Ahora bien, la Unión Europea, ante semejante violación objetiva de las prácticas comerciales, tiene el deber de responder y corregir el perjuicio causado a la industria comunitaria, cosa que es conforme a las normas de la OMC. 
Por esta razón es necesario –como ha demostrado usted, señor Comisario– adoptar medidas antidúmping con respecto a esas importaciones. 
Establecer una ley sobre los productos que son objeto de dúmping no equivale a pedir al consumidor que subvencione empresas europeas no competitivas. 
De hecho, se trata más bien de garantizar las condiciones de un comercio equilibrado, que preserve el interés de los consumidores y el interés de los fabricantes. 
Por ello, intervenir con ánimo de limitar los efectos negativos del dúmping no debe considerarse proteccionismo. 
La Unión Europea aspira a mantener unas relaciones comerciales armoniosas y abiertas con sus socios asiáticos, entre otras cosas para sacar a esas poblaciones de la pobreza, pero aspira asimismo a que se respeten unas normas comerciales leales y equitativas para todos. 
Un año después de la abolición de las últimas restricciones a la importación de calzado procedente de China, estamos en buenas condiciones para poder evaluar objetivamente las consecuencias de la liberalización del comercio en dicho sector: han aumentado bruscamente las importaciones, con las consiguientes repercusiones para el sector de fabricación europeo. 
Esta nueva situación acentúa la necesidad de un seguimiento del proceso de reestructuración en curso en el sector del calzado, a la vez que se debe incentivar la adaptación del mundo empresarial y reorganizar la estructura económica de las regiones más directamente afectadas por las consecuencias sociales de las transformaciones que están teniendo lugar. 
Pero, al mismo tiempo, es indispensable que la Comisión Europea se comprometa a detectar y a combatir los casos de manifiesta competencia desleal que agravan una situación ya de por sí problemática. 
La competencia desleal constituye el mayor aliado de los impulsos proteccionistas. 
La UE debe ser particularmente exigente en este aspecto. 
En este contexto, debemos saludar la decisión de la Comisión de adoptar medidas antidúmping después de haber verificado que China y Vietnam han recurrido a prácticas desleales, como la reducción artificial de los precios de sus exportaciones en este sector. 
Sus prácticas son especialmente inadmisibles, dado que se trata de países que ya gozan de extraordinarias ventajas comparativas. 
Por lo tanto, cualquier actitud manipuladora resulta injustificable. 
Aunque en general acogemos con satisfacción las medidas adoptadas, hay un par de aspectos que nos preocupan. 
La aplicación gradual de los derechos antidúmping, a partir de un nivel bajo, puede originar un incremento inmediato de importaciones anticipadas de China y de Vietnam, lo cual agravaría mucho la situación actual. 
Es una preocupación importante. 
Por otra parte, la idea de excluir algunas categorías de productos del ámbito de aplicación de las medidas merece un análisis detenido, dado el riesgo de una respuesta agresiva que solo será posible combatir si, como esperamos, dichas importaciones se someten a una rigurosa vigilancia. 
– Señor Presidente, en septiembre intervine ante esta Cámara y pedí al Comisario que hiciera gala de una mayor capacidad de previsión después de la eliminación del sistema de cuotas. 
No sabía entonces que desde junio la Comisión tenía en su poder estadísticas que demostraban un incremento de casi el 700 % de las importaciones de calzado de China, que reflejaba la grave intervención del Estado en el sector que la Comisión tardó cinco meses en revelar. 
El cínico que hay en mí sugiere que esas estadísticas no se dieron a conocer porque se quería poner fin a la «guerra de los sujetadores» , un nuevo parche cuando lo que la UE necesita son soluciones a largo plazo. 
Para colmo, la Comisión anunció seguidamente a la prensa su intención de introducir aranceles antidúmping sobre el calzado de cuero, antes incluso de que los Estados miembros recibieran las propuestas, por no hablar del Parlamento. 
Señor Comisario, los fabricantes y minoristas de la UE que temen el futuro en un mercado inundado de importaciones asiáticas baratas, necesitan respuestas que usted les oculta. 
Necesitan confianza y esperanza que usted les niega; y por encima de todo, necesitan de usted innovación, ideas y gestión, que usted parece incapaz de darles. 
Señor Comisario, primero fueron los textiles, ahora es el calzado; luego serán los muebles. 
Salvo que demuestre usted una mayor previsión y se comunique plenamente con sus socios de la UE, no podremos trabajar juntos ni ayudar a la industria europea a enfrentarse al reto de esos mercados emergentes. 
– Señor Presidente, apenas un año después de los problemas habidos en el sector textil que Europa está a punto de volver a entrar en un nuevo conflicto comercial con China. 
Una y otra vez, el rápido desarrollo económico de los países asiáticos coge por sorpresa a Europa, y Europa vuelve a estar dividida. 
No obstante, la UE no debe paralizarse por los puntos de vista opuestos adoptados por los Estados miembros del norte y del sur. 
De nuevo, la política de la Comisión constituye un débil compromiso entre el libre comercio y el proteccionismo. 
Por esta razón, conviene que la Comisión, como asunto prioritario, desarrolle una política comercial sólida y inequívoca con la región asiática, para romper la cadena de conflictos sectoriales. 
Aunque puedo entender la frustración que sienten los importadores y los Estados miembros que no poseen una industria propia, mi opinión es que es vital que se recuerden a China las normas de la OMC. 
Como estas palabras han de estar respaldadas por las acciones, le pido, Comisario, que incluya la intervención estatal documentada en la industria del calzado en las negociaciones sobre el estado de la economía de mercado para la República Popular China. 
– Señor Mandelson, Señorías, estamos en las mismas: después de abolir todas las restricciones a las importaciones de calzado de Extremo Oriente y haber dañado así a la industria europea e italiana del sector, con las consecuencias evidentes sobre el empleo, se están sentando las bases para el futuro y seguro menoscabo del destino de las pequeñas y medianas empresas. 
Estas últimas serán definitivamente aplastadas por la competencia desleal de mercancías de bajísimo coste, sin ninguna comprobación seria de las condiciones de la cadena de producción y de distribución, tanto por lo que respecta al impacto ambiental como a las garantías sociales y laborales de que goza la mano de obra. 
En estos factores de producción reside la ventaja de los costes de explotación, que alteran deslealmente cualquier capacidad de competencia y la transforman, de juego del libre mercado, en abierto dúmping contra los intereses no solo de un sector, sino de toda la Comunidad. 
Pido que la Comisión intervenga en defensa del sector del calzado frente a la competencia desleal de los productos importados de países extraeuropeos, habida cuenta también de que las medidas de vigilancia que la Unión ha emprendido hasta ahora han demostrado ser prácticamente inútiles. 
Reivindicamos no solo vigilancia, sino también defensa activa del genio y la calidad de la empresa del calzado europea, limitando en gran medida las importaciones, imponiendo aranceles y certificado la ética social y ambiental de los productos, como ya he pedido en otras ocasiones. 
– Señor Presidente, pertenezco a quienes apoyan un sistema mundial de libre mercado que sea coherente tanto política como institucionalmente. 
Quiero decir un sistema basado en normas aún más estrictas, en instituciones más sólidas y en procedimientos más democráticos y transparentes. 
El incremento de las importaciones de zapatos de piel de hasta el 500 % en 2005, porcentaje que el señor Barón Crespo ha aumentado a un 900 %, no solo es el producto de la liberalización y esto es algo que hay que entender. 
Es el producto de prácticas desleales con el incumplimiento de las normas del comercio internacional por parte de China y Vietnam, dos economías emergentes. 
Tal como han dicho otros diputados, hemos perdido miles de puestos de trabajo y cientos de unidades productivas desaparecieron ayer en la industria europea del textil y hoy le toca el turno a la industria del calzado. 
La Unión Europea necesita enviar un mensaje claro, como usted ha dado a entender Comisario, y todos estamos de acuerdo con este mensaje. 
Sí a la competencia, no a su distorsión evidente y oculta. 
Los aranceles antidúmping –y esto es algo que hay que entender– no son una medida de protección; son una medida de defensa comercial lícita y, si esta medida ha de ser eficaz, los aranceles han de ser proporcionados al grado de dúmping. 
A todos los que utilizan el argumento de un mejor precio contra la imposición de aranceles, les respondo con la pregunta siguiente: ¿se han beneficiado los consumidores de la reducción de los precios de las importaciones tras la liberalización? 
Mi opinión personal es que quienes se han beneficiado han sido unos pocos proveedores de productos chinos y vietnamitas. 
La Comisión ha de organizar su ataque institucional, un ataque de convergencia sistemática y la protección eficaz de la propiedad industrial e intelectual, un ataque contra el dúmping social y ecológico, contra las prácticas desleales y opacas y las intervenciones estatales. 
De lo contrario, el cúmulo de experiencias de violación de las normas del comercio internacional, con la reacción de la Unión después de producirse, puede poner en peligro la confianza de los ciudadanos europeos en el principio fundamental de la liberalización del sistema de comercio mundial. 
– Señor Presidente, señor Comisario, desde que se suprimió el régimen de cuotas el año pasado, las importaciones procedentes de China han experimentado un aumento espectacular, como ya se ha dicho, de alrededor del 500 %. 
Esto tiene graves consecuencias para la competitividad del sector europeo del calzado, que, ante esta ola de importaciones a muy bajo precio, registra un número dramático de quiebras, por no hablar de las pérdidas de empleo que las acompañan. 
Por otra parte, nuestros proveedores tradicionales, países candidatos y países de la zona euromediterránea, se han visto desplazados del mercado comunitario. 
La Comisión permanece muda y no parece querer evaluar la repercusión de los perjuicios de esta liberalización. 
A raíz de la queja presentada por los operadores del sector, usted abrió una investigación antidúmping. 
Los alarmantes resultados de esa investigación han sacado a relucir pruebas indiscutibles de intervenciones estatales y prácticas de dúmping social, que ocasionan un daño material a nuestras industrias. 
Para luchar contra esta distorsión de las normas elementales del comercio internacional, hoy nos propone usted algunas medidas. 
Sin embargo, me preocupa la entrada en vigor progresiva de las leyes antidúmping a lo largo de un período de cinco meses, un precedente que me parece poco oportuno, jurídicamente discutible y no exento de efectos perversos. 
Esas leyes deberían permitir eliminar el dúmping o los perjuicios que ocasiona. 
Ahora bien, los tipos progresivos propuestos no responden a ninguna de estas dos condiciones alternativas. 
Por último, la exclusión del calzado infantil me parece injustificada e incomprensible. 
Sus propuestas podrían resultar insuficientes muy pronto, dada la magnitud de los daños sufridos por nuestras empresas. 
Podrían tomarse otras iniciativas para contrarrestar las prácticas comerciales desleales. 
Por ejemplo, sería posible abrir una investigación en el marco de las medidas de salvaguardia transitorias aplicables a las importaciones chinas, medidas que tienen la ventaja de ser sencillas y eficaces. 
Si los Estados miembros le piden tomar este tipo de iniciativas, ¿contemplaría la Comisión la posibilidad de adoptarlas? 
¿Se podría plantear, señor Comisario, la posibilidad de llevar a cabo una evaluación de la aplicación efectiva de las normas comerciales de la OMC por parte de China y del respeto por esta de unas prácticas comerciales equitativas y leales, a la inversa de las violaciones patentes de las normas de la OMC que no cesa de cometer? 
Sus propuestas no son enérgicas ni lúcidas. 
Después del textil el año pasado y el calzado hoy, ¿qué otros sectores tendrán que padecer, mañana, estas prácticas desleales? 
– Señor Comisario, Señorías, el examen de la situación italiana del sector del calzado me lleva a pedir una modificación sustancial de las medidas que propone usted y en parte han sido aceptadas por el Gobierno italiano. 
Italia está pagando ya precios altísimos en términos de empleo. 
La mía no es una petición en nombre del proteccionismo, sino de un cálculo de los efectos sociales. 
No se trata de afirmar o negar la globalización o el mercado, su análisis es teóricamente prudente y también realista. 
Es una cuestión de acentos: la línea entre el paraíso y el infierno es muy fina. 
Tan fina como la distinción, según ha repetido usted aquí, entre una competencia fuerte y una competencia desleal. 
Me baso en sus palabras: China y Vietnam han violado las normas. 
Usted propone responder, pero las proporciones del dúmping parecen bastante superiores a las de los aranceles que nos presenta. 
Pienso francamente que sus medidas deben renegociarse, cambiando tanto los valores como los plazos, es decir, la aplicación inmediata de los aranceles, no dentro de unos meses, y su elevación, excluyendo de la exención también los zapatos deportivos de alta tecnología De otro modo no defenderemos ni a los fabricantes ni a los consumidores europeos, ni se prestará un buen servicio al mercado. 
– Señor Presidente, en la ciudad de Romans, en el departamento de Drôme, la tasa de desempleo es del 18 % −el doble de la media francesa−, debido a que el sector del calzado está devastado y las aptitudes tradicionales desaparecen. 
Este colpaso se debe a la aplicación anacrónica del modelo ricardiano que subyace a su política. 
La nueva división internacional del trabajo ha empujado a los países de bajos salarios a especializarse en las industrias de gran intensidad de mano de obra, mientras que los países con una elevada tasa de ahorro se concentran en las industrias muy intensivas en capital. 
Hoy, el capital, sediento de crecimiento, se marcha también de esos países. 
Así, los países de la Unión Europea, que solían tener un alto nivel de productividad y salarios elevados, se ven superados por países que gozan de la misma productividad pero pagan salarios más bajos. 
Para evitar un resultado fatal debemos releer al liberal Maurice Allais, debemos redescubrir las virtudes del difunto arancel exterior común de feliz memoria y debemos protegernos fuera de la Unión para ser libres en el interior de ella. 
Si no lo hacemos, todas nuestras industrias intensivas en mano de obra seguirán los pasos de la industria del calzado. 
– Comisario, la historia de la UE, en lo que se refiere al antidúmping, da miedo. 
Se permite continuamente que intereses especiales bien organizados impongan aranceles en su busca de pequeños beneficios que se convierten en grandes costos para los consumidores. 
Cuando la Comisión introdujo los aranceles en los televisores, los consumidores tuvieron que pagar 2,00 coronas suecas por cada corona que la industria ganaba. 
En el caso de los aranceles sobre la ropa de cama procedente de Pakistán, cada corona que iba a parar a los fabricantes costaba 3 coronas suecas a los consumidores. 
En el caso del salmón noruego, las cosas incluso eran peor: cada corona que ganaban los productores de salmón costaba a los consumidores 70 coronas suecas. 
Por consiguiente, la Comisión no está teniendo lo suficientemente en cuenta a los consumidores y, por lo tanto, los intereses comunitarios. 
En estos momentos, el proceso ha vuelto a empezar a cometer el mismo error –con respecto al calzado procedente de China y Vietnam– pero esta vez conocemos el precio de la política por anticipado. 
El Gobierno danés ha llevado a cabo un estudio en que se demuestra que los costes para los consumidores de la UE han sido ocho veces más que los beneficios de los fabricantes y que, en total, la UE está perdiendo más de 2 500 millones de coronas suecas. 
Para Suecia, la cifra es aún más terrible. 
Cada corona que ganan los fabricantes suecos cuesta 44 coronas suecas a los consumidores suecos. 
En total, los consumidores suecos pueden contar con que pagarán casi 60 millones de coronas suecas de más por sus zapatos. 
El único país de la UE para el que se estima que el negocio es rentable es Eslovaquia, donde se estima que han ganado 300 000 coronas suecas. 
Sería mucho más barato si en el Parlamento Europeo hiciéramos un fondo común con nuestro dinero, y así evitaríamos que los ciudadanos tuvieran que pagar aranceles. 
Para ser sincero, no creo que esto fuera un error. 
Pese a todo, la Comisión ha elegido a consciencia hacer comparaciones con calzado caro de Brasil y ha calculado el incremento de las importaciones antes de que se suprimieran las cuotas en contra de estas después de que se suprimieran las cuotas. 
No se ha dado condición de economía de mercado ni a una sola fábrica, a pesar de reconocerse que las fábricas compran piel y mano de obra en condiciones ajustadas al mercado. 
Me preocupa muy en serio el cada vez mayor proteccionismo que encuentro en la UE y espero que esta sea la última vez que la Comisión cede a las exigencias de los proteccionistas en detrimento de los ciudadanos. 
Señor Presidente, el sector europeo del calzado vive una situación de dificultad por dos cuestiones: por un lado, está soportando prácticas desleales, y, por otro, todavía se encuentra, señor Comisario, con dificultades arancelarias y otras barreras en la práctica a la hora de acceder a mercados de terceros países. 
Creo que todo esto hace necesaria una acción eficaz frente al dúmping, que permita reaccionar de forma justa, pero a la vez ágil, de manera que evitemos, como ha sucedido con el textil, que, entre que se toman medidas y no se toman, se produzcan movimientos especulativos y promovamos al final un aumento mayor de las importaciones. 
La propuesta de la Comisión sobre el procedimiento antidúmping relativo al calzado originario de China y Vietnam es una expresión razonable y equilibrada, pero contiene elementos sorprendentes que mucha gente no puede entender, como es la exclusión de las medidas que usted ha propuesto del calzado infantil, que, como usted sabe, no es en muchos casos utilizado solo por los niños, y también del calzado deportivo de tecnología especial (STAF). 
Si existe dúmping habrá que imponer los derechos que sean efectivos para garantizar unas condiciones de competencia justas y, en ese sentido, el nivel de los derechos y su aplicación práctica deberían basarse en su efectividad, es decir, en la eliminación efectiva del dúmping. 
– Señor Presidente, Comisario, lo que falta en Europa es una estrategia para afrontar la globalización. 
En estos momentos el Fondo de Adaptación a la Globalización nos da un medio para abordar el pasado, pero ¿qué soluciones tenemos para el futuro? 
Mi primera reacción es que se trata del mismo tipo de proteccionismo que encontramos con respecto al textil, y esto sería algo negativo ya que necesitamos un acceso libre y leal a los mercados en todo el mundo. 
Esto es importante para nuestros productores de la Unión Europea y es importante que en la Unión Europea nos ajustemos a las normas, igual que exigimos que lo hagan nuestros socios comerciales. 
Después de que conseguí hacerme con más información, me quedó claro que no se trata de proteccionismo sino de dúmping, y me quedó claro que las medidas que está adoptando, hablando desde un punto de vista técnico, están mejor planificadas que las que adoptó para el textil en su día, pero también puedo ver que nuestras medidas, ahora como entonces, son incoherentes y que los chinos van a considerar la incoherencia como una señal de debilidad. 
Sigo viendo los motivos por los que se ha dejado fuera del procedimiento al calzado deportivo, pero ¿por qué lo hemos hecho para el calzado de los niños? 
O es dúmping lo que estamos tratando o no lo es. 
No creo que tenga sentido tampoco abogar sobre la base de los efectos en los consumidores, ya que en modo alguno se han beneficiado de los precios de importación reducidos durante los últimos años, cuando uno considera que unos zapatos importados por 6,5 euros pueden venderse al público en 120 euros, queda claro que no hay ninguna justificación cualesquiera que sean las advertencias de los importadores sobre los incrementos de precios que, según se reivindica, será del orden del 20 %. 
Echemos un vistazo al tema de China. 
¿Qué se oculta detrás de este dúmping? 
Un aspecto que creemos que es muy preocupante: a las empresas no les salen las cuentas ni pueden asegurar una buena gestión. 
Esto es una parte de los motivos. 
Por otro lado, sin embargo, también me preocupa profundamente el papel que desempeña cada vez más el Estado en el dúmping, los precios injustificados del suelo, las deducciones fiscales a las empresas exportadoras, los préstamos irrecuperables de los bancos, los costes subvencionados de las materias primas y muchas más cosas. 
No tiene sentido entonces que, tal como algunas personas de la Comisión parecen querer hacer, reconozcamos a China como una economía de mercado. 
En este asunto también hay que ser coherentes. 
En todos estos aspectos, quiero ver, en el futuro, que seamos más coherentes y nos atengamos a las normas. 
– Quiero empezar expresando mi apoyo a la propuesta de adoptar medidas antidúmping en el sector del calzado. 
Es lo menos que podemos pedir dado que el dúmping destruye la esencia misma del libre comercio. La industria europea no debe morir de apatía ni de complicidad con dichas prácticas. 
Dada la falta de tiempo, me limitaré a hacer dos observaciones. 
Puesto que conocemos que se está produciendo dúmping, no tiene sentido permitir que se tolere. 
Esto es lo que ocurrirá con la propuesta de enfoque gradual para aplicar medidas antidúmping. 
No hay ninguna justificación para este enfoque gradual. 
Mi segunda observación es que la exclusión del calzado para niños es totalmente inadmisible. 
No hay ninguna justificación, fundamento jurídico ni técnico para una medida como esta. 
Defender esta postura y otras exclusiones injustificadas socava totalmente la credibilidad de estas medidas. 
Por lo tanto, pido que se reconsideren completamente estos aspectos. 
Por último, es crucial que la Comisión abandone su postura de reacción constante y empiece a obtener resultados en su prioridad política de apertura de mercados de terceros países para las exportaciones de calzado europeas y, en particular, el mercado japonés, los mecanismos de acceso al mercado ruso y el mercado chino. 
– Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a la Comisión que aprenda de su experiencia. 
Celebro la decisión que ha tomado de no imponer cuotas de importación, puesto que eso habría sido desastroso para toda la cadena de suministro y para los consumidores, y creo que todos estamos de acuerdo al respecto. 
Sin embargo, tenemos que preguntarnos a quién benefician esos aranceles antidúmping. 
No veo que los consumidores vayan a beneficiarse. 
Nos guste o no, los bolsillos de los ciudadanos europeos mandan y ellos compran calzado importado. 
La imposición de aranceles podría perjudicar a los consumidores al elevar el precio que pagan por el calzado. 
Estoy de acuerdo en que algunas de las subidas de precios anunciadas pueden ser alarmistas, pero seguro que habrá subidas de precios. 
Se nos dice que un arancel del 20 % sobre el precio del calzado importado no debería producir una gran subida del precio minorista. 
Se espera que los minoristas y otros eslabones en la cadena de suministro absorban los aranceles. 
Sin embargo, aquí y ahora me deja estupefacto que la Comisión crea que sabe mejor que nadie cómo deben dirigir sus negocios los minoristas y los fabricantes de calzado y cuánto deben cobrar a sus clientes. 
¿Qué ha sucedido con las leyes de la oferta y la demanda entre los vendedores y los ciudadanos y consumidores europeos? 
Si la Comisión cree verdaderamente que los minoristas están obteniendo unos márgenes demasiado grandes en el calzado, debe realizar una investigación de la competitividad en la industria del calzado, sin penalizar a los minoristas ni a la cadena de suministro utilizando el instrumento poco eficaz de los aranceles antidúmping. 
¿Cree verdaderamente que subiendo el precio del calzado procedente de China y Vietnam va a ayudar a los fabricantes europeos, o simplemente obligará a los minoristas a abastecerse en otros mercados fuera de la UE, como la India? 
Por último, ¿podemos realmente adoptar una postura moralista y quejarnos de que el Gobierno chino subvencione a la industria del calzado cuando nosotros gastamos una parte tan grande del presupuesto de la UE para subvencionar a una agricultura ineficiente? 
Abandonemos en la UE el modelo proteccionista de la posguerra y adelantémonos a abrazar la globalización. 
– Señor Presidente, señor Mandelson, Señorías, solo quisiera decir que tengo la impresión de que esta medida es ahora insustancial. 
Se ha excluido el calzado deportivo, pero ¿qué entendemos por calzado deportivo? 
Se ha excluido el calzado infantil, que yo y muchas, muchas otras mujeres todavía llevamos y no somos niñas desde hace ya bastante tiempo. 
Las medidas antidúmping se aplican de una forma gradual nunca vista antes, sobre todo si se proponen derechos antidúmping que no sirven para afrontar una situación de competencia desleal que la propia Comisión califica de grave. 
Por tanto, le pregunto: ¿no cree que tras la defensa de los consumidores, en particular de las familias más pobres, como escribió usted en del domingo, se oculta también o quizás sobre todo –no lo sé– el intento de salvaguardar los intereses de las multinacionales? 
¿No cree que la política, que a veces considero ambigua, de la Comisión puede poner en peligro el instrumento importante, por no decir único, de la política comercial europea? 
Por último, me gustaría que comentase usted qué está sucediendo con la ropa de cama, porque tampoco en este caso se entiende bien la acción emprendida por la Comisión. 
Señor Presidente, si no le importa no responderé a la pregunta sobre la ropa de cama en este preciso instante. 
En el tiempo de que dispongo, creo que será mejor que me limite al calzado, pero puedo asegurarles que la cuestión de los aranceles antidúmping sobre la ropa de cama será debidamente evaluada y correctamente resuelta, como creo que ya se hace. 
Pienso que la utilidad de los debates como este y la importante función del Parlamento Europeo quedan reflejadas en las observaciones sumamente importantes y perspicaces que se han hecho en los últimos 45 minutos. 
Mi función como representante de la Comisión es escuchar lo que tengan que decir sus Señorías y reflexionar muy detenidamente sobre los comentarios y los argumentos que planteen. 
Puedo asegurarles que reflexionaré sobre ellos y sobre las observaciones hechas por los Estados miembros, para que cuando regrese a la Comisión con recomendaciones definitivas, lo haga después de haber escuchado la variedad, la diversidad y el alcance de los distintos comentarios y argumentos planteados. 
Sin embargo, después de haber escuchado a tantas personas quejarse esta tarde de que mi intervención es proteccionista, innecesaria e injustificada, y de que un número ligeramente mayor de diputados a esta Cámara se han quejado de que me quedo a mitad de camino, que mis actuaciones son insuficientes y que debo hacer más, tengo la tentación de hacer el comentario fácil de que quizás haya hecho lo correcto situándome a medio camino entre esos dos puntos de vista contrarios. 
Pero por mucho que me tiente ese comentario barato, me abstendré de hacerlo. 
No obstante, quiero decir que estoy particularmente de acuerdo con el señor Papastamkos y la señora Saïfi en que es necesario intervenir contra las conductas de nuestros socios que distorsionan la competencia y el mercado, pero al mismo tiempo hay que hacerlo con cierto grado de perspectiva y equilibrio que me corresponde defender. 
Creo que el señor Assis tiene razón en que con las medidas provisionales que se introduzcan es importante que mantengamos un estrecho control y vigilancia del efecto de esas medidas, para tener la seguridad de que, si se burlan los aranceles, podamos analizar la situación y posiblemente reconsiderar nuestra actuación cuando tengamos que adoptar medidas definitivas este mismo año. 
Permítanme que responda muy deprisa a otros comentarios que se han hecho. 
Algunos han trazado un paralelismo entre las medidas propuestas para el calzado y las medidas que adoptamos para los textiles. 
Son casos muy diferentes. 
En el caso de los textiles, se trataba de productos comercializados con todas las de la ley, aunque experimentaron un aumento notable y repentino del volumen tras la eliminación de las cuotas impuestas a los textiles chinos a principios de 2005. 
Por tanto, adoptamos una medida de salvaguardia con el establecimiento de cuotas, como tenemos derecho a hacer. 
Pero no nos enfrentamos, como en este caso, a medidas contrarias a la competencia –actividades de dúmping– que justifican una medida antidúmping en forma de arancel, no una cuota ni un límite físico. 
Por tanto, no creo que vayamos a tener en principio los mismos problemas temporales que tuvimos en el caso de los textiles. 
Eso deberían recordarlo quienes hablan del período textil como si nos hubiéramos implicado en una especie de guerra o batalla con China. 
Nada de eso. 
Conseguimos acordar con China las medidas adoptadas mediante un proceso que no tuvo nada de bélico. 
Algunas de sus Señorías han planteado otras dos cuestiones. 
Una de ellas es el efecto en los precios al consumo. 
Pongamos el caso en perspectiva. 
Afecta solo a nueve de cada 100 pares de zapatos adquiridos por los consumidores europeos; en otras palabras, a una fracción de toda la gama de productos. 
El arancel supondría apenas 1,50 euros sobre un precio medio al por mayor de 8,50 euros del calzado que luego se vende a un precio de 40 a 120 euros; eso frente a un arancel de solo 1,50 euros. 
Por favor, no me digan que los importadores y minoristas no pueden absorber 1,50 euros, sobre todo los que se han beneficiado del bajo precio de las importaciones de China y Vietnam, pero que no han trasladado los efectos de esos precios más bajos de las importaciones a los consumidores, una cuestión que los consumidores podrían plantear a sus minoristas si es que en el futuro todavía queda alguno. 
Algunas de sus Señorías me han preguntado por qué propongo la exclusión del calzado deportivo y el calzado infantil. 
En el caso del calzado deportivo, este se excluye de la investigación porque no se fabrica en Europa en cantidad suficiente como para pensar que pueda verse perjudicado por el dúmping. 
Así pues, los fabricantes europeos no pueden verse perjudicados porque apenas existen en el caso del calzado deportivo. 
En el caso del calzado infantil, la exclusión que propongo es para defender los intereses comunitarios. 
Los niños pequeños necesitan tres o cuatro pares de zapatos nuevos al año. 
Por consiguiente, la repercusión de un arancel sobre el precio de esos zapatos podría ser mayor que en el caso de los zapatos normales. 
En mi opinión, los padres no deben encontrar ningún obstáculo potencial para poder comprar zapatos de buena calidad a sus hijos. 
Los que quieren que reclasifique la segmentación de los aranceles para ese tipo de calzado deben tener en cuenta que la clasificación arancelaria para niños llega hasta la talla de 37½, con unos tacones de menos de 3 cm. Aunque estoy dispuesto a discutir eso con mis colegas en la TAXUD, es una clasificación que me viene dada, no que yo proponga. 
Permítanme que haga tan solo uno o dos breves comentarios más. 
Se ha sugerido que la investigación ha durado demasiado tiempo. 
El muestreo lleva su tiempo. 
Estoy obligado por la normativa legal vigente en la Comunidad Europea a seguir procedimientos muy estrictos y a utilizar países y empresas de referencia de forma muy estricta a la hora de investigar los de otro país al que no se le reconoce la condición de economía de mercado. 
Por tanto, de la misma manera que no puedo anticipar quejas por dúmping –algunas de sus Señorías se han quejado de que no demuestro previsión suficiente, como si pudiera tener ante mí una bola de cristal que me indicara la procedencia de la siguiente queja por dúmping–, tampoco puedo saltarme los procedimientos establecidos ni las investigaciones contempladas en nuestros reglamentos, que tengo la obligación de seguir estrictamente. 
Permítanme que responda a la sugerencia de que en cierto modo se ha incumplido el principio de confidencialidad. 
No lo entiendo. 
Los Estados miembros recibieron el documento de trabajo de la Comisión antes de la rueda de prensa que di el 23 de febrero. 
En el momento en que estos documentos de trabajo se entregan a los Estados miembros, les puedo asegurar que son inmediatamente divulgados a los medios de comunicación. 
Eso me obliga a hacer aclaraciones inmediatamente y a explicar y justificar lo que estoy haciendo. 
Lo cual no priva, desde luego, a los Estados miembros de su derecho a manifestar una opinión al respecto ni a recibir respuestas detalladas de los servicios de la Comisión. 
Dejaré ahí el asunto, salvo para decir por último que es muy importante que veamos con cierta perspectiva lo que está sucediendo en China, Vietnam, India y otros países asiáticos. 
Por supuesto que existe una dura competencia y que es un reto difícil al que deben enfrentarse los productores y fabricantes europeos, y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible por ayudar a los productores europeos a afrontar ese reto y ayudar a los trabajadores de las empresas a adaptarse a los desafíos y a las nuevas circunstancias del comercio internacional que estamos experimentando. 
No creo que una forma correcta y legítima de ayudar a los ciudadanos a adaptarse a esas nuevas fuerzas de la economía globalizada consista en animarles a protegerse de ellas o pretender que, si cerramos los ojos o escondemos la cabeza debajo del ala, esos cambios, esos desafíos y estas nuevas fuentes de competencia desaparecerán de una u otra forma y nos dejarán en paz, razón por la cual no debemos darles respuesta alguna. 
Cualquier político que transmitiera este tipo de mensaje a los ciudadanos sería culpable de un falso liderazgo, y de un mal liderazgo de los ciudadanos, quienes tienen que comprender lo que está sucediendo y ayudar a responder de ello. 
No podemos seguir pretendiendo que en Europa, si eludimos el desafío competitivo que plantea la economía globalizada, podremos de alguna forma escondernos y al mismo tiempo mantener nuestro nivel de vida y nuestra prosperidad en el futuro. 
Nosotros no podemos hacerlo ni lo haremos. 
Por el contrario, tenemos que responder al desafío haciendo hincapié en nuestra competitividad, nuestra innovación y nuestra capacidad de responder al cambio y de competir más eficazmente en el futuro. 
Si no afrontamos ese reto ni se lo explicamos así a los ciudadanos, no podremos culparles luego de que reaccionen con miedo y mistificación ante lo que está sucediendo en la economía globalizada. 
– Señor Presidente, quiero preguntar al señor Comisario si podría comentar brevemente una cuestión planteada por muchos de nuestros colegas sobre el reconocimiento de la condición de economía de mercado a China. 
Señor Presidente, China no cumple todavía las condiciones para que Europa pueda reconocer su condición de economía de mercado. 
Hay una serie de criterios técnicos que China no cumple, aunque está haciendo progresos en esa dirección. 
En efecto, podemos y debemos ayudar y de hecho prestamos toda la ayuda posible a China para que pueda realizar más fácil y rápidamente los cambios técnicos que le permitan cumplir esos criterios. 
Es importante que lo hagamos. 
Permítanme que añada otro comentario relacionado. 
El contexto en el que los Estados miembros y sus Señorías tienen que juzgar la condición de economía de mercado de China se verá facilitado y favorecido si China hace más de lo que ha hecho hasta ahora por abrir sus mercados a nuestras exportaciones y a los productos de otros mercados, por asegurarse de cumplir plenamente sus compromisos de adhesión a la OMC y para asegurarse de que, si está tardando más de lo razonable en cumplir plenamente esos compromisos y las reglas de la OMC, haga cuanto antes los cambios necesarios. 
Si China hace todo eso y responde a las preocupaciones de Europa y de todo el mundo ante el crecimiento de su capacidad exportadora de forma que se vuelva a equilibrar la balanza comercial –de manera que los ciudadanos, además de ver la avalancha cada vez mayor de productos procedentes de China, puedan ver también que esos contenedores regresan a China cargados de mercancías de Europa y otros lugares–, eso servirá más que ninguna otra cosa para tranquilizar a los ciudadanos ante lo que estamos viendo en China. 
Es lógico que los ciudadanos europeos vean como una amenaza el crecimiento del mercado chino, pero tenemos que verlo también como una enorme oportunidad para la venta de nuestros productos y servicios europeos en ese mercado en el futuro. 
No obstante, China es responsable de asegurar que no sigan existiendo barreras artificiales o irracionales a los productos y servicios europeos vendidos al mercado chino en cantidades cada vez mayores. 
Cuando consigamos resolver esa ecuación, posiblemente los ciudadanos puedan mirar con más simpatía y con una mentalidad más técnica la cuestión de la condición de economía de mercado de China. 
El debate queda cerrado. 
– Acojo con agrado la rapidez con que la Comisión presta oído a las peticiones de las PYME europeas preocupadas por el aumento de las importaciones de terceros países y su última propuesta de imponer a China y Vietnam derechos compensatorios antidúmping sobre el calzado de piel. 
No obstante, considero que las medidas propuestas son totalmente inadecuadas ante la gravedad de la situación. 
Los derechos propuestos son inadecuadas porque resultan demasiado bajos y por tanto ineficaces. 
El periodo de implantación (6 meses) es inadecuado porque sigue un procedimiento demasiado flojo para un caso tan grave de dúmping. 
También es inaceptable la exclusión del calzado deportivo no profesional y del calzado infantil (que también puede incluir el calzado de señora). 
Recuerdo además que otra petición fundamental, la introducción obligatoria de la marca de origen para los productos que entren en la UE, se arrastra desde hace dos años sin que se consiga alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros. 
Hay que afrontar también el preocupante aumento del comercio triangular, es decir, los movimientos anómalos de productos con el fin de eludir los controles aduaneros más exigentes (las importaciones de Bélgica han aumentado un 17,8 % en volumen, algo absolutamente inexplicable). 
Los llamamientos de la Comisión a introducir cambios innovadores son razonables e interesantes, pero solo tienen sentido en un entorno competitivo equitativo y leal, y la Comisión tiene el deber de velar por que el mercado internacional lo sea. 
– Quiero recordar al señor Comisario la situación de una fábrica de mi circunscripción – «Dickies» , en Midsomer Norton, cerca de Radstock en Somerset– cuyo futuro y cuyos trabajadores pueden verse amenazados si la investigación que están realizando actualmente sus servicios de una demanda antidúmping relativa a la protección del calzado importado de China se salda con un resultado negativo. 
Me he reunido con representantes tanto de la dirección como de los trabajadores, entre ellos representantes sindicales del GMB, y todos ellos piensan que sus puestos de trabajo y su medio de vida se verán amenazados si la Comisión impone aranceles antidúmping en este sector específico. 
El calzado importado de China sustenta los departamentos de distribución y fabricación de la fábrica de Midsomer Norton. 
Los que han presentado la queja no fabrican generalmente en Europa, sino que se abastecen de otros países terceros distintos a China. 
Creo que la investigación no podrá demostrar que las importaciones de China estén ocasionando daños a la industria europea y de hecho las fábricas afectadas, cuya mayoría ha solicitado el reconocimiento de la condición de economía de mercado, no han realizado prácticas de dúmping. 
Detengan ese peligroso impuesto sobre la protección, liberen a los ciudadanos de sus preocupaciones lógicas y cierren este expediente lo antes posible. 
– La situación en el sector del calzado es alarmante, sobre todo en Portugal. 
Solo a modo de ejemplo, docenas de empresas –entre ellas, Ecco y Rhode– en el distrito de Aveiro, han cerrado o han despedido a trabajadores en 2005. 
El desempleo y el riesgo de pobreza ha aumentado, un caso concreto es el de C [amp] J Clarks en Castelo de Paiva, donde se prometió trabajo, formación y subvenciones a los trabajadores, para que se les despidiera dos años más tarde. 
De nuevo, hemos de informar que: 
-Con el gran aumento de las importaciones de calzado de terceros países, no ha sido el llamado consumidor cuyo bolsillo se ha vuelto más estrecho, sino los grandes distribuidores y minoristas quienes han acumulado fabulosos beneficios. 
-No son los terceros países quienes son los responsables del cierre de empresas y de la pérdida de puestos de trabajo, sino que es la UE, que está a la cabeza de la cola en el fomento de la competencia y la liberalización del comercio internacional y que mantiene el euro a un nivel que perjudica la fabricación y la exportación, como en el caso del calzado. 
Los auténticos perdedores de esta política son los trabajadores, las pequeñas, medianas y microempresas, y los países como Portugal, tal como confirman los estudios y, lo más importante, la realidad. 
– Es evidente que la UE se enfrenta a nuevos desafíos competitivos en el mercado mundial, desafíos que generan preocupación e incertidumbre a nuestra industria, a nuestros trabajadores y a nuestros consumidores. 
Pero al mismo tiempo que nos adaptamos al nuevo contexto globalizado, tenemos que evitar la defensa demagógica de unas medidas proteccionistas que, en el mejor de los casos, constituyen una panacea a corto plazo para unos males de largo alcance. 
Ahora, sin embargo, parece tratarse de un caso bien documentado de dúmping y perjuicio para la industria europea. 
Aunque me temo que algunas empresas de la UE con normas laborales correctas y con intereses en Extremo Oriente (por ejemplo, los calzados Clarks) se verán afectadas por estas medidas, celebro que se hayan conseguido algunas exenciones del oneroso arancel propuesto por la Comisión, como en el delicado sector del calzado infantil. 
En conjunto, creo que la Comisión ha hecho bien en este caso. 
Estoy de acuerdo con el Comisario en que los consumidores deben preocuparse más por el margen de que disfrutan actualmente los minoristas sobre productos fabricados de forma mucho más económica pero en unas condiciones laborales y ambientales deplorables, que luego se venden por debajo del coste de producción. 
Nuestros socios tienen que abordar ahora esas cuestiones sociales y laborales, cuestiones que también nosotros hemos abordado y a las que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para superarlas conjuntamente por medio del proyecto europeo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0049/2006) de la señora Hazan, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la evaluación de la Orden de Detención Europea (2005/2175 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señora Gastinger, señor Frattini, Señorías, me complace que hoy tengamos ocasión de debatir sobre el espacio judicial europeo a partir de mi informe sobre la evaluación, muy reciente aún y por tanto necesariamente fragmentada, de un año de aplicación de la Orden de Detención Europea. 
Hemos tenido ya oportunidad de debatir esta cuestión. 
Antes de centrarme concretamente en la Orden de Detención Europea, quisiera hacer un pequeño repaso, ya que tras el concepto de espacio judicial, que se formuló de forma muy gradual tras el llamamiento de Ginebra de 1996, se hallaba la ambición de dar a los europeos un sentido común de la justicia en un entorno en el que las autoridades hagan todo lo necesario por impedir que se menoscabe su libertad o se pisoteen sus derechos. 
En octubre de 1999, la Cumbre de Tampere marcó un hito importante con la instauración del principio de reconocimiento mutuo. 
Este cambio ha sido radical. 
Significaba la confianza mutua, el ejercicio de una soberanía compartida y el reconocimiento del espacio europeo como territorio común. 
Desde entonces, como hemos visto, las dificultades persisten y es necesario tomar conciencia de ello. 
Hay que decir que la inspiración y la ambición que animaban a los Jefes de Estado en Tampere no inyectaron el mismo entusiasmo en los debates sobre los textos presentados desde entonces. 
El reconocimiento mutuo ha inspirado muchos proyectos, pero la medida simbólica ha sido sin duda la creación de la Orden de Detención Europea. 
Se trata de un avance indudable, pese a tropezar con dificultades persistentes. 
¿Cuál era pues el objetivo de esta medida, que entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2004? 
La Orden de Detención Europea se aplica a un abanico de delitos más amplio que los contemplados en el procedimiento de extradición. 
Gracias a esta orden, el procedimiento de entrega se ha convertido en un procedimiento plenamente judicial y ha dejado de ser político, lo cual es una ventaja. 
El resultado de todo ello es que el Derecho de la Unión puede ser interpretado ahora correctamente por los profesionales, mientras que el Derecho vigente en materia de extradición se basa en un sinfín de convenios bilaterales y nacionales. 
Además, como se señala en varias ocasiones –inclusive en el artículo 1 de la decisión marco–, tanto al emitir como al ejecutar la Orden de Detención los Estados miembros y las autoridades judiciales deben velar por el escrupuloso respeto de los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Una vez establecidos los principios de este instrumento, ¿qué sucede en la práctica? 
Disponemos hoy de una evaluación efectuada por la Comisión Europea sobre un período corto, ya lo he dicho, y por tanto debemos considerar con prudencia sus resultados, que todavía no están completos. 
Algunos de los objetivos previstos se han alcanzado perfectamente. 
Por ejemplo, hace poco, la Orden de Detención fue de gran utilidad en la persecución de un etíope que las autoridades británicas sospechaban había participado en los atentados de Londres. 
Su extradición por las autoridades italianas se consiguió en un tiempo récord. 
Otro éxito fue la detención de una juez corrupta buscada por su país, Grecia. 
La Orden de Detención Europea es un éxito innegable, con 3 000 órdenes emitidas en 2004, 1 000 personas detenidas y 650 personas entregadas. 
Las cifras de 2005 reflejarán sin duda un aumento, pero no estarán oficialmente disponibles hasta junio o julio. 
El procedimiento de extradición se ha acortado mucho. 
Con la sustitución del antiguo procedimiento de extradición por la Orden de Detención Europea, la duración media de los procedimientos ha pasado de nueve meses a 43 días, una ganancia apreciable tanto para los jueces como para los acusados. 
Por último y sobre todo, el procedimiento ya no está politizado en absoluto, puesto que no pasa por los Gobiernos, sino exclusivamente por el sistema judicial. 
Sin embargo, hay que reconocer que su aplicación tropieza con algunos escollos. 
A modo de ejemplo, el pasado otoño la justicia española declaró nula la Orden de Detención Europea emitida por Alemania en respuesta a la negativa de Berlín de extraditar al nacional germano-sirio Mamoun Darkazanli, supuesto miembro de Al Qaeda. 
Varios Estados miembros intentan recuperar elementos del sistema de extradición tradicional, es decir, el control de casos de doble delito. 
A los motivos facultativos de no ejecución previstos en la decisión marco, algunos Estados han añadido otros motivos de denegación de la extradición. 
Lo que es más importante aún, la cuestión de los derechos fundamentales ha dado lugar a importantes problemas de transposición en Polonia y Alemania. 
Hay que interpretar esta dificultad por una incomprensión del principio de reconocimiento mutuo. Ahora bien, este principio es precisamente la base de toda la construcción del espacio judicial europeo. 
En conclusión diré que la Orden de Detención Europea representa un gran paso adelante en la lucha contra la delincuencia, ante todo al servicio de los ciudadanos, y en la instauración del espacio judicial europeo. 
No es menos cierto que todavía hay muchas dificultades y que estas no deben subestimarse. 
La primera dificultad reside en la excesiva disparidad entre nuestros sistemas judiciales. 
La segunda es que la mayoría de los Estados todavía tienen un excesivo deseo de controlar la cooperación judicial internacional. 
Aun cuando el sistema judicial sea el producto de la historia, va a ser necesario resolver las cuestiones que se plantean. 
Para terminar: ¿hace falta más o menos armonización? 
Pienso que hace falta más. 
¿Hay que avanzar más en el reconocimiento mutuo de los sistemas? 
También creo que sí. 
. 
Señor Presidente, Vicepresidente Frattini, señora Hazan, Señorías, en primer lugar permítanme agradecerles encarecidamente, en nombre de la Presidencia, este informe sobre la evaluación de la Orden de Detención Europea, cuya lectura despierta gran interés. 
La Presidencia comparte su punto de vista –igual que lo hago yo– de que la Orden de Detención Europea ha sido, básicamente, un éxito. 
No cabe duda de que ha representado un hito en la mejora de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a nuestro deseo común de luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Creo que podemos también estar de acuerdo en que esto tiene un carácter nuevo y ejemplar y ha contribuido fundamentalmente a desarrollar en mayor medida el principio del reconocimiento mutuo, al que se refiere la señora Hazan en varios puntos y sobre los que hemos estado de acuerdo en el Consejo de Tampere. 
En el Consejo, en todo caso, consideramos que la Orden de Detención Europea representa la base para todo el trabajo que vamos a realizar en este ámbito. 
Me alegra en especial que su Cámara comparta nuestro punto de vista. 
Quizá debamos mirar atrás y recordar cuán largos, rígidos y, en muchos aspectos, dependientes eran de las decisiones políticas los procedimientos de extradición en un principio. 
Todos los que trabajamos en este campo encontrábamos intolerable esta situación. 
En estos momentos, los 25 Estados miembros en su totalidad han transpuesto en sus propios ordenamientos jurídicos la Decisión marco sobre la Orden de Detención Europea. 
Si observamos la situación en la que se encuentran hoy las cosas, podemos ver que el procedimiento para la entrega de sospechosos es ahora rápida, eficiente y, por principio, reservado a tribunales independientes. 
Esto representa una ventaja muy considerable y ha sido posible gracias a esta Decisión marco. 
También es importante que haya sido posible –tal como ha manifestado la oradora que ha intervenido antes que yo– reducir considerablemente el tiempo que tarda en tramitarse el proceso de extradición. 
Hasta este momento, se tardaba, por lo general, una media de nueve meses, pero el tiempo medio se ha reducido ahora a entre 40 y 45 días. 
Esto representa un progreso substancial, en particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales, ya que como bien comprenderán el apartado 3 del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos nos exige que contribuyamos a acelerar los procesos en los que hay personas que se hallan bajo custodia. 
Esta Decisión marco sobre la Orden de Detención Europea nos ha permitido cumplir ampliamente este requisito. 
A pesar de los temores que expresa en su informe sobre los puntos de vista críticos manifestados en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales relativos a la transposición en algunos Estados miembros, la Presidencia no conoce ningún rechazo fundamental de la Orden de Detención Europea en el ámbito nacional. 
Yo misma no sé de ninguno, y estoy segura de que esto no sucede. 
Sobre este punto, no obstante, también hemos de tener en cuenta que la confianza de los ciudadanos depende en gran medida de que concedamos la posibilidad –para lo cual no cabe duda de que hay buenas razones jurídicas– de la aplicación en el ámbito nacional, algo que prevemos en la Decisión marco que se está examinando minuciosamente en los tribunales supremos nacionales. 
Se trata de una cuestión esencial. 
Si este examen revela la necesidad de que se proceda a efectuar algún cambio en la transposición en el ámbito nacional, ese cambio se llevará a cabo, pero lo que realmente importa es que los ciudadanos confíen en lo que estamos haciendo en el ámbito europeo. 
Algo que también es importante y que podría dar lugar a reiteradas dificultades en la interpretación –aunque mi postura no es tan crítica como la de usted en su informe– es el carácter ejemplar de la cláusula de los derechos fundamentales, que no es, desde el punto vista formal, motivo de rechazo Se trata, también, de una cuestión esencial. 
Es importante, no obstante, que permitamos a nuestros tribunales nacionales ejercer su función esencial en los Estados miembros, que es la de examinar si el ordenamiento jurídico de su país garantiza la protección de los derechos fundamentales. 
No creo que exista ninguna contradicción en esto. 
Sin embargo, percibo una contradicción en este informe, en la medida en que destaca, por un lado, el riesgo del uso discriminatorio de la cláusula de los derechos fundamentales, al tiempo que –y esto es algo que también respaldo plenamente– subraya la necesidad de la Orden de Detención Europea, en su aplicación, para proteger específicamente los derechos humanos y las libertades personales. 
Hay que tener cuidado de que estos no entren en conflicto entre ellos. 
Tal como ya he dicho, el papel de los tribunales nacionales tiene que garantizar, sobre la base de la cláusula de los derechos fundamentales, que no se violen los de nuestros ciudadanos. 
Esto también ha de formar parte del procedimiento en el marco de la Orden de Detención Europea. 
Mientras estoy con este tema, también quiero mencionar un asunto que Bélgica llevó ante el Tribunal de Justicia Europeo, al que se insta a que examine los aspectos de la Orden de Detención Europea relacionados con los derechos fundamentales. 
Lo que esperamos es que el Tribunal dicte una sentencia inequívoca no solo sobre la cuestión del fundamento jurídico sino también sobre la lista de infracciones en la que ya no sea de aplicación la prueba de doble incriminación. 
Esta lista compuesta por 32 infracciones ha sido objeto de debate recurrente, y esperamos que se pronuncien inequívocamente sobre el tema. 
Cuando se dicte esta sentencia clara, no cabe duda de que se producirán más deliberaciones sobre la necesidad de revisar esta lista, y quizá podamos dejar el asunto en este punto. 
En ese momento, se sacarán otras conclusiones sobre si es adecuado o merece la pena. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para señalar que la Presidencia del Consejo considera que es de la mayor importancia que abordemos la aplicación uniforme de la Decisión marco en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea como prioridad principal. 
Es necesario si es que tenemos que hacer que el principio del reconocimiento mutuo sea una realidad evidente. 
Tampoco nadie discute que, cuando se ejecute la Orden de Detención Europea, el Estado que la ejecute ha de garantizar los derechos humanos y, en particular, cumplir las garantías procesales. 
Esto también tiene que ser nuestra preocupación común. 
La Presidencia, como ocurre con su Cámara, da por sentado en este aspecto que la aplicación y funcionamiento de la Orden de Detención Europea necesitará evaluarse mediante un examen completo e imparcial. 
Es una cuestión fundamental, y es por este motivo que el Consejo ya ha decidido una cuarta ronda de evaluación mutua. 
El trabajo que supone ocupa la agenda. 
Esperamos que se deriven más resultados de la práctica, de la que podrían surgir conocimientos más exhaustivos aplicables a la ejecución práctica. 
En cuanto al uso práctico que se da a la Orden de Detención Europea, quiero señalar, muy brevemente dado el poco tiempo disponible, que el apoyo a largo plazo para su aplicación está disponible en forma de información, a la que ya se puede tener acceso en Internet, y proporcionada no solo por la Secretaría del Consejo sino también por la Red Judicial Europea, y que el Atlas Judicial también está prestando un servicio destacado en esta cuestión, de modo que el contacto directo entre las autoridades judiciales, que con tanta urgencia se necesita para la mejor aplicación posible de la Orden de Detención Europea, se ha facilitado así de forma considerable. 
También quiero destacar otro aspecto que no reviste poca importancia con respecto a la aplicación práctica y que es que la Orden de Detención Europea ha permitido que formalidades como pueden ser las certificaciones, etc., se mantuvieran al mínimo en los procedimientos entre un Estado y otro, ya que ahora sabemos que no los necesitamos si confiamos los unos con los otros y el principio de reconocimiento mutuo se hace realidad. 
Creo que la Orden de Detención Europea ha desempeñado un papel de importancia vital en todo esto. 
Por lo tanto, espero con interés el resto del debate, tras el cual tendré algunas otras cosas que decir en mi declaración final. 
Señor Presidente, Ministra Gastinger, señora Hazan, creo que se puede decir que la Orden de Detención Europea es una medida simbólica de la cooperación judicial europea en materia penal, que aplica, por vez primera, el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y que, como espero sinceramente, se completará pronto con otros instrumentos, como la propuesta sobre la orden europea de obtención de pruebas. 
Aparte de las instituciones europeas, es muy importante que los Parlamentos nacionales participen en el debate, como sucedió el pasado mes de octubre con las fructíferas sesiones parlamentarias organizadas por el Parlamento Europeo. 
Creo que el informe de la señora Hazan ha enriquecido y actualizado en varios puntos las conclusiones a que había llegado la Comisión sobre la aplicación de la Orden de Detención Europea. 
Lo tendremos en cuenta para elaborar nuestro segundo informe de evaluación sobre la aplicación de la Orden de Detención. Este segundo informe se remitirá al Parlamento el próximo mes de junio. 
De momento, en enero de este año la Comisión presentó una versión de su primer informe, actualizada con la inclusión de Italia. 
En efecto, una transposición tardía no había permitido tener en cuenta a este Estado miembro en el primer informe. 
Comparto lo esencial de la propuesta de recomendación al Consejo. 
Hay que reflexionar, como se indica en la propuesta de recomendación, sobre la posibilidad de ampliar la lista de las 32 categorías de infracciones para las que se ha suprimido el control de la doble incriminación. Creo poder decirles que, para mí, cualquier progreso posible en este sentido es en principio deseable. 
No obstante, la Comisión velará por que se preserve la coherencia entre los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo. 
A este respecto, la Comisión se reserva el derecho de presentar propuestas encaminadas a modificar la decisión marco a la luz de una experiencia más amplia. 
Señor Presidente, dejo paso ahora al debate, al término del cual sin duda intervendré para hacer otras observaciones. 
. – Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, el informe de la señora Hazan es excepcional. 
Estoy de acuerdo con todas las recomendaciones y comentarios que hace. 
Felicidades, señora Hazan. 
Sus Señorías, la Orden de Detención Europea pone a prueba la voluntad de cooperar y el espíritu de respeto mutuo y la confianza recíproca entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Constituye un enorme paso en la dirección de la creación de un único espacio de justicia y seguridad, así como una medida sólida para la lucha contra la delincuencia. 
Pone fin a los fugitivos de la justicia, a las complicaciones del proceso político para extraditar a los sospechosos de cometer infracciones. 
La supuesta invocación de determinados Estados miembros de la soberanía nacional, de los derechos humanos y de la supuesta supremacía de su Derecho nacional para burlar la institución de la Orden de Detención Europea es peligrosa. 
No hace falta decir que cada uno de los Estados miembros a nivel individual y todos los Estados miembros en general tienen la obligación fundamental de cumplir fehacientemente y aplicar los derechos humanos en sus procedimientos judiciales y que no hay lugar para dudas superfluas. 
Hay que reforzar la institución y para ello es necesario adoptar tres medidas: la primera es que la institución de la Orden de Detención Europea necesita trasladarse del tercer pilar al primero. 
En segundo lugar, es necesario que el Consejo adopte, lo más rápidamente posible, la propuesta de armonizar criterios mínimos en los procedimientos penales. 
En tercer lugar, es necesario suprimir todos los obstáculos constitucionales para la aplicación de la Orden de Detención Europea. 
Ya en mi país, Chipre, se está procediendo a modificar la Constitución en los próximos días para que Chipre pueda ajustarse a esta institución. 
La lucha contra la delincuencia no es solo una cuestión nacional. 
Es una cuestión paneuropea. 
Es por este motivo que es necesario que todos contribuyamos a fortalecer la Orden de Detención Europea. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su excelente trabajo. 
En efecto, este informe nos permite evaluar la Orden de Detención Europea, el primer instrumento concreto del espacio judicial europeo, pero nos brinda también la ocasión de redefinir nuestras prioridades para la realización de un verdadero espacio judicial europeo. 
La Orden de Detención Europea, como ya hemos dicho, ha sido un éxito rotundo: desde su creación se han emitido en toda la Unión Europea 2 600 órdenes, lo que ha acelerado considerablemente los procedimientos judiciales. 
Las fronteras no representan ya un obstáculo a la justicia. 
Este éxito demuestra que los Estados miembros están dispuestos a trabajar juntos. 
Se fortalece así el principio de confianza mutua, piedra angular del espacio judicial europeo. 
Sin embargo, la Orden de Detención Europea ha tropezado con obstáculos a su aplicación interpuestos por algunos Gobiernos, y lamento el retraso en la transposición registrado en Italia. 
Ese retraso hizo que se demorara la evaluación de este país por parte de la Comisión. 
Por otra parte, los Estados miembros interpretan la orden de modo distinto en su Derecho nacional. 
Esto ilustra asimismo la falta de voluntad política de los Estados y las limitaciones impuestas por el método de toma de decisiones en este terreno. 
No obstante, el éxito de la Orden de Detención Europea nos demuestra que no podemos limitarnos al Derecho civil. 
Hemos de ser más ambiciosos y ampliar la cooperación judicial al Derecho penal. 
Por esta razón, nos parece esencial recurrir al artículo 42 y a la cláusula pasarela, a fin de permitir una armonización mínima de la legislación penal europea. 
Podremos poner fin así a la norma de la unanimidad, que frena la realización de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por otra parte, debemos colmar el déficit democrático, y solo una participación plena y verdadera del Parlamento Europeo en la realización del espacio judicial europeo permite la protección de los derechos fundamentales. 
Por otra parte, ¿cómo avanzar con eficacia si nos limitamos al ámbito de la seguridad? 
Hay que avanzar en el ámbito policial, sin duda, pero debemos ser exigentes también en materia de derechos fundamentales. 
Así, hay que abordar al mismo tiempo la propuesta sobre las garantías procesales. 
Para terminar, haré una pregunta concreta a la Comisión y al Consejo: ¿cuándo podremos avanzar, por fin, en otros instrumentos concretos, como el intercambio de pruebas y el intercambio de datos entre registros de antecedentes penales? 
– Señor Presidente, quiero felicitar a la señora Hazan, ponente del Parlamento. 
En términos generales, mi Grupo comparte su apreciación y su preocupación. 
Yo fui el ponente que se ocupó de esta cuestión en la Cámara. 
Tuve el honor de hacerlo en 2001. 
Pero no habría intervenido hoy aquí en representación de mi Grupo si nuestro colega, el señor Duquesne, que era Ministro de Interior belga en aquel entonces y que apoyó con entusiasmo esta medida, no estuviera gravemente enfermo en el hospital. 
Cuando aprobamos la medida, creíamos que la Orden de Detención Europea ofrecía soluciones prácticas a la cuestión que más preocupaba a los ciudadanos europeos: su seguridad. 
La experiencia ha demostrado que la orden es el principal activo de Europa en la lucha contra la delincuencia internacional, permitiendo a nuestras autoridades judiciales acortar el proceso de extradición a una media de 13 días en más de la mitad de todos los casos. 
Trece días frente a varios meses que había que esperar antes. 
Los Estados miembros han hecho un buen uso de ella y en general ha funcionado bien. 
Además de los retrasos en su implantación, las controvertidas decisiones judiciales en Polonia y Alemania han sorprendido y se han vertido acusaciones de que la medida viola los derechos fundamentales. 
No obstante, todos los Estados miembros están obligados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según se contempla expresamente en esta medida. 
Hoy quiero hacer dos preguntas. 
La primera al Consejo. 
¿Denunciará el Consejo públicamente a los Estados miembros que bloquean la decisión marco sobre derechos procesales, una decisión que disiparía todas las dudas sobre la violación de los derechos fundamentales por esta medida? 
¿Cuál cree el Consejo que será el calendario probable para la aprobación de la decisión marco? 
La segunda pregunta va dirigida a la Comisión. 
¿Puede decirnos el Comisario si se ha implantado ya correctamente la orden en el país que él conoce mejor, si hay otros Estados miembros que se estén mostrando reticentes a implantarla y si pondrá en marcha procedimientos de infracción contra todo aquel Estado miembro que aplique mal las leyes o limite sus efectos? 
. – Señor Presidente, es incuestionable que la Orden de Detención Europea ya está dando sus frutos de muchas maneras, pero mientras hace que el sistema de extradición sea más eficiente, mucho más rápido y también menos arbitrario, sigue teniendo defectos. 
En su momento, mi Grupo se oponía a su introducción debido a que no iba acompañada por acuerdos sobre unos criterios mínimos en los procedimientos penales. 
Lo que ahora se ha hecho concierne solamente al seguimiento de sospechosos, sin establecer las garantías necesarias para sus derechos. 
Esto puede tener la apariencia de que se actúa con decisión y severidad con la delincuencia, pero al mismo tiempo representa un obstáculo para la cooperación en el ámbito de la extradición. 
Tres años después de que se haya adoptado la Orden de Detención, la situación sigue sin cambios. 
La Decisión marco para los derechos procesales de los sospechosos aún no ha sido aprobada por el Consejo. 
Me uno al señor Watson en su petición de que el Consejo clarifique cuáles son los Estados miembros que se oponen a una mejora de los derechos de los sospechosos y los motivos que tienen para ello. 
En realidad, lo que, también el señor Demetriou, es que aunque todos los Estados miembros deben defender los derechos de los sospechosos y adherirse al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, también existe un enorme número de asuntos judiciales que están en marcha en Estrasburgo. 
Igualmente, existe un gran número de diferencias entre los Estados miembros, en particular en relación con estos procedimientos. 
Si nos pusiéramos todos de acuerdo en los derechos de los sospechosos, la firma de este acuerdo sobre derechos procesales sería, por supuesto, una mera formalidad, pero esto no es así ya que existen muchas diferencias de suma importancia que tienen como consecuencia que las jurisdicciones nacionales intenten ahora entender las condiciones en las que se puede extraditar a las personas. 
Esto significa que en una serie de asuntos judiciales, no se han extraditado a personas a otros Estados miembros de la UE. 
Un ejemplo ha sido la causa judicial en Bolzano donde el tribunal local rechazó entregar a un italiano a Austria. 
Cuando dispongamos de acuerdos sobre los derechos de los sospechosos, estos también se entregarán mucho más fácilmente. 
Por lo tanto, pido al Consejo que no considere esto como una ventaja para los derechos de los sospechosos, sino como un componente necesario, en concreto, que la represión y el seguimiento van de la mano, al mismo tiempo de garantizan el Estado de Derecho, incluso en el ámbito europeo. 
Al fin y al cabo, la falta de confianza recíproca entre los Estados miembros también afectará negativamente el aspecto del seguimiento. 
. – Señor Presidente, Señorías, la Orden de Detención Europea debe evaluarse analizando globalmente los efectos de la Decisión marco sobre la cooperación judicial, sobre el reconocimiento mutuo de los delitos y sobre el respeto de las garantías individuales y las libertades civiles. 
Por desgracia, hoy tenemos importantes problemas, pues algunos Estados miembros han tenido dificultades de aplicación porque se han topado con obstáculos reales en sus constituciones nacionales. 
Sin embargo, sería un error pensar en torcer las constituciones nacionales para hacer que funcione la Orden de Detención. 
Lamentablemente, la evaluación de hoy debe prescindir de los datos de un país: Italia, que, para proteger intereses privados, debido a un Ministro claramente euroescéptico y antieuropeo, no ha transpuesto a tiempo la normativa comunitaria. 
Por último, no se puede pensar en establecer la Orden de Detención Europea sin instituir previamente unas normas comunes mínimas en materia de procedimiento penal y sin prever garantías compartidas. 
El Parlamento se ha expresado ya sobre los procedimientos mínimos, esperamos que el Consejo avance en este aspecto. 
Ha sido como construir un palacio empezando por el tejado y no por los cimientos. 
Realmente, la Orden de Detención Europea puede ser un instrumento útil para sustraer la extradición de los delincuentes a la voluntad política, y ya hay algunos ejemplos positivos al respecto, pero el procedimiento está viciado por un defecto fatal, un pecado original derivado de la urgencia de responder con leyes de emergencia a los atentados terroristas. 
Comparto muchas de las evaluaciones expuestas por el la señora Hazan en su informe. 
El texto ha sido mejorado en comisión y también hemos evitado ampliar la lista de 32 delitos, pero nuestro juicio no puede sino derivarse del falso punto de partida resultante de la obsesión por la seguridad. 
Hay un viejo proverbio italiano que dice: «A más prisa, menos velocidad». 
Esto es perfectamente aplicable a la evaluación del primer año de aplicación de la Orden de Detención Europea. 
. – Señor Presidente, apoyo la medida de luchar contra el terrorismo con más eficacia. 
En el debate de 2002, expresé mi punto de vista de que solo las infracciones para las que existía una definición europea o internacional se incluyeran en la lista. 
La lista actual de infracciones es demasiado amplia, y esto puede derivar en incertidumbre y discriminación jurídicas. 
Por lo tanto, los Estados miembros están aprovechando cada oportunidad que se les brinda para aplicar el criterio de la doble incriminación. 
La señora Hazan tiene razón cuando aboga por que el Consejo garantice que se suprima la doble incriminación. 
Dados los actuales indicadores, no fue en modo alguno oportuno. 
Es preferible seguir de cerca los desarrollos en los próximos dos años. 
Espero que, en cualquier caso, una evaluación conducirá a que se vuelva a recortar la lista actual. 
La lista solo puede ampliarse mientras se garantice la certidumbre jurídica si todas las infracciones especificadas se definen a escala europea. 
Sin embargo, no sería deseable que el Derecho penal se armonizara subrepticiamente a espaldas de esta decisión. 
. – Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente el excelente trabajo que ha realizado en torno a esta cuestión. 
Pero lamentablemente, como todos los que estamos aquí en el Parlamento Europeo, la ponente parece encontrarse en cierta situación de desventaja, porque no tenemos todavía acceso al mecanismo utilizado por el Consejo y la Comisión para evaluar el funcionamiento de la Orden de Detención Europea. 
Podemos aprender algunas cosas de la experiencia adquirida hasta la fecha. 
En cuanto a los aspectos positivos, en comparación con el antiguo proceso de extradición, el plazo se ha reducido considerablemente. 
Sus Señorías hablan de 90 a 42 días, pero algunos procesos de extradición que antes habrían durado años entre Estados miembros de la Unión Europea se han reducido ahora a 42 días. 
No obstante, tenemos que ser prudentes y actuar con gran cautela en lo que respecta a los derechos constitucionales y las libertades fundamentales. 
Algunos tribunales han puesto en duda el funcionamiento de la Orden de Detención Europea, ya sea en lo que respecta a su transposición a la legislación internacional por el mecanismo utilizado o en lo que respecta a la forma en que algunos tribunales han interpretado elementos del proceso de la Orden de Detención. 
Con independencia de la armonización, esta idea de respeto, confianza y entendimiento mutuo entre las autoridades judiciales constituye el primer paso para crear un espacio más amplio e integrado de actuación judicial. 
Una de las dificultades a que nos enfrentamos es la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos en los Estados miembros de la UE, con sus respectivas legislaciones y jurisprudencias. 
En cierta medida, eso afecta a la manera de hacer un mejor uso de dicho espacio. 
Así pues, la idea de limitar las categorías de delitos a 32 fue, en principio, buena. 
Pero ahora, después de la experiencia que hemos adquirido, podemos considerarlo en mayor profundidad. 
Mi último comentario es que no debemos empeñarnos en conseguir todos estos objetivos a corto plazo. 
No nos olvidemos de que algunos países no han transpuesto la decisión marco hasta hace unos meses. 
Necesitamos más tiempo para conocer los resultados de la evaluación y asegurarnos de que la Orden de Detención Europea funcione correctamente. 
Por último, todo nuestro trabajo en este terreno debe basarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
– Señor Presidente, sus Señorías, hace dos semanas, cuando nuestra Seguridad del Estado logró dejar escapar a Fehriye Erdal, una peligrosa terrorista del movimiento terrorista turco DHKP-C, el día antes de ser sentenciada a cuatro años de prisión, y sin que se responsabilizara de ello a un solo ministro, toda la Unión Europea puso en ridículo a Bélgica. 
En otros Estados miembros, el DHKP-C ha sido incluido en la lista de grupos terroristas peligrosos hace tiempo, pero Bélgica no lo ha hecho así, donde Erdal gozaba de cobijo y asilo sin que se la molestara. 
Muy a mi pesar, se me recordó esto cuando empezamos a evaluar el desarrollo de la Orden de Detención Europea. 
Si queremos llevar a cabo una evaluación eficaz de las normas y procedimientos uniformes de lucha contra la delincuencia organizada, incluido el terrorismo, utilizando la Orden de Detención Europea entre otras cosas, la única conclusión a la que puedo llegar cuando se cometen este tipo de errores garrafales es que la Unión Europea aún tiene que mucho camino por andar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente, Adeline Hazan, por un informe que, sin duda, es preciso y riguroso. 
Quiero decir que la aprobación de la Orden de Detención Europea —no lo olvidemos nunca— no solo fue, en su momento, la aprobación de un instrumento jurídico más, ni siquiera la mera sustitución de un obsoleto sistema de extradición; la realidad es que fue un símbolo, fue una respuesta y reflejó una nueva actitud. 
Fue un símbolo de la urgencia de crear un espacio judicial y policial europeo, fue la respuesta europea al terrible atentado del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York, y, al mismo tiempo, reflejó la actitud política de combatir activamente el terrorismo, de afrontar la seguridad a través de una política interna de la Unión Europea, que es uno de los grandes objetivos que deben caracterizar nuestra presencia. 
He de decir que tuve la oportunidad de presentar esta Orden en la etapa en la que estaba en el Consejo de Ministros y, lamentablemente, esa Orden no se aprobó hasta que no llegó el atentado del 11 de septiembre. 
Por eso es fundamental que no volvamos a introducir el control de la doble incriminación, que resolvamos las distintas incompatibilidades con las distintas Constituciones y que los jueces nacionales no introduzcan instrumentos suplementarios antes de que otro atentado nos obligue con urgencia y con prisas a introducir modificaciones en esta Orden tan importante. 
Por eso, no es posible que en este tema haya obstáculos, haya tibiezas. 
Hace falta, sin duda, una voluntad inequívoca y también hace falta recordar lo que fue una tarea muy importante de un Ministro del Interior de aquella época, Antoine Duquesne, que no está hoy aquí pero que desempeñó un papel decisivo y determinante para que la Orden de Detención Europea hoy esté presidiendo el debate de esta tarde. 
– Señor Presidente, señor Ministro, señor Vicepresidente de la Comisión, sus Señorías, yo también quiero a mi vez felicitar a la ponente por su informe. 
La Orden de Detención Europea por sí misma no es una herramienta suficiente para la creación de un espacio europeo de seguridad, libertad y justicia, ni tampoco lograremos aplicarla debidamente a menos que fortalezcamos substancialmente la confianza recíproca entre los jueces, que apliquemos normas comunes mínimas a los procedimientos penales que garantizan los derechos fundamentales de los sospechosos y a menos que logremos una aproximación rudimentaria de las legislaciones nacionales. 
Por este motivo también estamos pidiendo, como una primera medida, la aprobación de la Decisión marco, con las enmiendas del Parlamento Europeo, sobre determinados derechos procesales en el marco de los procedimientos penales en la Unión Europea. 
También esperamos que el futuro servicio de derechos humanos desempeñará un papel substancial en la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades personales y en el ámbito de la Orden de Detención Europea. 
– Señor Presidente, la utilidad de la Orden de Detención Europea quedó demostrada, especialmente para mis electores de Londres, cuando Hussein Osman, sospechoso de los atentados con bomba del 21 de julio, tardó semanas en lugar de años en ser extraditado a Gran Bretaña para ser juzgado en ese país. 
No obstante, dos tercios de los Estados miembros han encontrado motivos para rechazarla: la violación de derechos fundamentales. 
Si eso es cierto, se justifica el oportuno cambio de actitud de la Presidencia austriaca a favor de la convicción de que hay que llegar a un acuerdo en torno a unas normas mínimas para un proceso judicial justo. 
No obstante, tenemos que invertir más en el sistema de justicia penal, como pidió el Parlamento Europeo hace un año. 
Lamentablemente, muchos dirigentes políticos ceden a la tentación de criticar a los jueces cuando no les gustan sus sentencias. 
El año pasado, el Primer Ministro británico, Tony Blair, alardeaba de cómo se había enfrentado al sistema judicial penal. 
En lugar de cuestionar derechos básicos, como la presunción de inocencia y el, y posiblemente colaborar en vuelos de tortura y entregas extraordinarias, tenemos que establecer normas más estrictas, y no relajarlas. 
– Señor Presidente, señora Gastinger, señor Comisario, en julio del año pasado, el Tribunal Federal Constitucional alemán declaró nulo de pleno derecho la ley alemana que aplicaba la Orden de Detención Europea. Pedía, con razón, que los legisladores alemanes cumplieran su responsabilidad de proteger y mantener los derechos civiles fundamentales que garantiza la ley fundamental alemana, y esta sentencia fue sin duda una buena bofetada para ellos. 
Teniendo esto en cuenta, señora Gastinger, creo que es totalmente incomprensible que el Consejo permita que la Decisión marco sobre derechos procesales en los procedimientos penales se arrastre así sin, hasta la fecha, hacer nada sobre el asunto. 
Es simplemente inaceptable, y hay que dar al acusado muchos más derechos para tomar en consideración a la Orden de Detención Europea. 
Respaldo lo que ya han dicho muchos diputados de esta Cámara. 
Estos derechos incluyen el requisito de que se informe a los acusados de sus derechos en un idioma que les sea familiar. 
Han de tener el derecho de disponer de los servicios de un intérprete y, por supuesto, hay que garantizar que los documentos relativos a los procedimientos penales se traducirán. 
Señora Gastinger, el Consejo tiene que hacer algo al respecto; es fundamental que se haga, ya que los ciudadanos de la Unión Europea han de tener la certidumbre de que sus derechos están protegidos y se respetan de la misma manera en toda Europa. 
– Señor Presidente, los países acostumbrados al Derecho romano y napoleónico tienen que aceptar que el Estado gobierne sus vidas, pero en el Reino Unido esa idea es una abominación. 
En mi país, el Estado no existe por derecho propio y el Gobierno del que se trate responde ante nosotros: quienes lo elegimos. 
Nuestras garantías contra cualquier intento de que el Estado interfiera en las libertades y derechos se remontan a cientos de años y están protegidas por el Derecho consuetudinario y legal. 
Ningún europeo tiene derecho a detener y llevarse a un ciudadano británico del Reino Unido sin el proceso debido, y eso significa no estar en la cárcel más de tres días a menos que un tribunal practique una prueba y decida otra cosa. 
Significa también que no puede existir un delito que no sea un delito en el Reino Unido: la xenofobia, por ejemplo, puede ser objeto de acusación en el Reino Unido. 
Seguimos disfrutando de la presunción de inocencia, la protección del juicio por un jurado y la excepción de cosa juzgada, a pesar de los vergonzosos esfuerzos del Gobierno Blair por estar de acuerdo con lo que la UE decide llamar Derecho. 
Los ciudadanos de sus países estarían mucho mejor si gozaran de los derechos y libertades de los británicos. 
Aprendan esta lección y quizá empiecen a ganarse los corazones y las mentes. 
Alguien debería decir a la señora Wallström... 
– Señora Gastinger, señor Frattini, Señorías, yo también quiero empezar felicitando a la señora Hazan por su excelente informe. 
Como ha dicho el señor Mayor Oreja, celebramos la creación de la Orden de Detención Europea como una medida innovadora y muy eficaz en el desarrollo de la cooperación judicial y la intensificación de la cooperación y la confianza recíproca. La Orden de Detención garantizará la protección jurídica en igualdad de condiciones de los ciudadanos de la UE y será uno de los principales instrumentos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 
Por desgracia, la primera evaluación ha desvelado una serie de problemas que impiden su plena aplicación y socava la confianza recíproca. 
Se han producido dificultades en su transposición, como por ejemplo que se haya recurrido a la jurisdicción constitucional en varios Estados miembros, así como obstáculos prácticos en el uso de la Orden de Detención, como pueden ser la traducción, la transmisión y el uso de formularios distintos. También ha habido cierta reticencia en varios Estados miembros que quieren conservar determinados elementos del sistema de extradición tradicional, como el control de la doble amenaza y la intervención de las autoridades políticas en el procedimiento judicial. 
Quiero destacar tres cuestiones: en primer lugar, reiterar las ventajas que la adopción del proyecto del Tratado Constitucional aportaría a este ámbito de la cooperación policial y judicial, en particular la supresión de los pilares. 
Como ha dicho el señor Demetriou, es necesario que utilicemos los recursos de que disponemos, incluida la pasarela a la que se refiere el artículo 42 del Tratado que permite a los Estados miembros incorporar la Orden de Detención Europea en el primer pilar con el fin de que el Parlamento garantice una mayor transparencia y un mayor control democrático y el Tribunal de Justicia un mayor control jurídico. 
En segundo lugar, quiero señalar que hemos de inspirarnos en la oden de detención nórdica para fortalecer la eficacia de la Orden de Detención Europea. 
La orden de detención nórdica presenta algunos aspectos innovadores, entre ellos un sistema de cumplimiento más efectivo y procedimientos más cortos. 
En tercer y último lugar, es crucial que, tal como ha dicho el señor Frattini, tanto el Parlamento como los Parlamentos nacionales participen en la próxima evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la Orden de Detención Europea. 
– Señor Presidente, al igual que los oradores anteriores, me gustaría felicitar a la ponente. 
En 2002, la Unión Europea propuso un nuevo mecanismo en el marco de sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia. 
Me refiero a la Orden de Detención Europea. 
Ahora, casi cuatro años más tarde, hemos de evaluar la eficiencia de su aplicación y dar una respuesta a la pregunta de qué es lo que hay que hacer para garantizar que los delincuentes ya no se sientan seguros en Europa. 
Solamente quiero hacer dos comentarios, si me lo permiten. 
El primero es que hay que lamentar que, con arreglo al ordenamiento jurídico actual, la Orden de Detención Europea es un instrumento del tercer pilar y no compete ni al Parlamento Europeo ni al Tribunal de Justicia Europeo. 
Es evidente que hay que cambiarlo. 
Deberíamos tener en cuenta que con arreglo a la Constitución Europea se suprimirán los pilares y se desarrollarán instrumentos para la administración de justicia. 
Asimismo, habrá más procedimientos que serán de competencia comunitaria. 
De este modo, la Unión será más eficaz y sus decisiones tendrán un carácter más transparente y democrático. 
En este sentido, merece la pena destacar que la parte del Tratado Constitucional que describe estos métodos no ha sido nunca objeto de protesta. 
No se discutió en modo alguno durante las recientes campañas de ratificación, lo que es una buena señal para esta institución. 
Mi segundo comentario es que pese al éxito alcanzado en la aplicación de la Orden de Detención Europea, esta se ha enfrentado a toda una serie de obstáculos jurídicos considerables en determinados países. 
La Cámara ha tenido conocimiento de la situación en Alemania y en Chipre. 
Conocemos la postura de Bélgica y también de Italia. 
También existen dificultades para la aplicación de la Orden de Detención Europea en mi país, Polonia. 
Ha entrado a formar parte del Código Penal y se está aplicando, pero en abril de 2005 el Tribunal Constitucional dictaminó que la orden era inconstitucional. 
Se nos concedieron 18 meses para subsanar la situación y ahora solo quedan siete meses. 
Espero que Polonia resuelva oportunamente esta situación contradictoria. 
– Señor Presidente, los dos polos básicos de la cooperación europea en asuntos penales son el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y la armonización de las leyes de los Estados miembros. 
Estos dos principios se complementan; sin embargo, su aplicación es difícil de conseguir y llevará mucho tiempo. 
No obstante, conviene esforzarse en lo posible por lograr una política penal común en la Unión Europea. 
La Orden de Detención Europea constituye un primer paso importante en el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias penales y contribuye a consolidar una cultura jurídica común. 
Por supuesto, a pesar de que se han realizado progresos en el procedimiento para adaptar la Orden de Detención Europea, existen aún ciertas dificultades que, entre otras cosas, siguen con la transposición uniforme o no de la Decisión marco en las legislaciones nacionales de los Estados miembros y las categorías de las infracciones cuya criminalidad no se verifica. 
Hay que prestar atención especial a estas dificultades. 
De modo similar –y me dirijo a la Presidenta en ejercicio del Consejo y Ministra austriaca, la señora Gastinger–, me pregunto cuál es el motivo por el que ha de existir una lista de 32 infracciones y por qué no simplificamos todo el proceso diciendo que todas las infracciones con castigadas con más de tres años están sujetas a este mecanismo. 
Esto contribuiría en gran medida a acomodar tanto la legislación nacional como a los jueces nacionales. 
Estoy seguro de que abordará este asunto con la capacidad que le distingue, señora Ministra. 
. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, en mis conclusiones quiero reiterar en términos generales que, a pesar de las críticas perfectamente justificadas que han hecho hoy sobre varios puntos, podemos dar por sentado que la Orden de Detención Europea es, sin duda alguna, algo de lo que podemos estar orgullosos. 
Lo cierto es que ha sido un primer paso crucial hacia la lucha conjunta contra la delincuencia y el terrorismo sobre la base del principio del reconocimiento mutuo. 
Esto es muy importante y no debemos perderlo nunca de vista. 
Varios diputados me han pedido que dijera algo sobre las garantías procesales mínimas en los juicios penales, y creo que es un punto muy importante. 
El señor Watson, la señora Buitenweg, el señor Catania, el señor Lambrinidis, la señora Ludford y la señora Kaufmann han planteado la cuestión. 
Estoy segura de que saben que hemos empleado mucho tiempo debatiendo todo este ámbito durante la reunión informal del Consejo celebrada en Viena los días 13 y 14 de enero. 
Estoy segura de que saben que esta Decisión marco –y no dudo en decir lo que voy a decir– está, en este momento, en una especie de callejón sin salida, cosa que todos nosotros lamentamos mucho en el Consejo. 
Les puedo asegurar que en el Consejo existe sin duda la voluntad política de introducir estas garantías procesales mínimas para los acusados en causas penales en forma de reglamento de un tipo u tipo. 
De este modo queremos enviar un mensaje político muy importante. 
También existen problemas en la propia Decisión marco, ya que algunos Estados miembros tienen dudas sobre el fundamento jurídico para la aprobación de un instrumento legal a escala europea, y esto, estoy segura que pueden imaginarlo, es una cuestión muy difícil de eludir. 
Si se examinan los pormenores se observa que estas dudas tienen que ver, en particular, con el ámbito de aplicación y puntos similares que estamos debatiendo, pero puedo asegurarles, en nombre de la Presidencia austriaca, que consideramos que es un asunto de alta prioridad y que queremos realizar auténticos progresos en esta cuestión durante nuestra Presidencia. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las garantías procesales mínimas están en un punto en que tenemos que aportar un valor añadido al Convenio de los Derechos Humanos, y más concretamente a su artículo 6, ya que este artículo es nuestro fundamento común en Europa, con el que todos nos sentimos comprometidos. 
Por lo tanto, durante nuestra Presidencia intentaremos llegar a una solución para poder dar el próximo paso, lo que es realmente esencial. 
Lo más importante para nosotros es que hemos de ser capaces de salir del callejón sin salida en el que actualmente nos encontramos. 
La señora Roure ha planteado otra cuestión importante, la de cuál han sido los progresos que hemos realizado con los demás instrumentos, sobre todo el procedimiento europeo de obtención de pruebas y el intercambio de información entre las autoridades judiciales. 
Puedo decirles sobre los procedimientos de obtención de pruebas que se ha avanzado notablemente en el Consejo. 
Huelga decir que la lista de 32 infracciones –que se ha mencionado una y otra vez en este debate– vuelve a estar en nuestro orden del día. 
Hablaré de este tema más tarde. 
Esto también es un tema de debate, pero espero que también en este asunto podamos hacer muchos progresos durante nuestra Presidencia. 
Quizá podamos concluir este asunto, pero, si esto no fuera posible, quizá sí logremos entregar a la Presidencia finlandesa un expediente que esté casi ultimado. 
Volviendo a la Decisión marco sobre la aplicación y el contenido del intercambio de información de registros de antecedentes penales entre los Estados miembros y la Decisión marco sobre la protección de datos personales procesados en el transcurso de la cooperación policial y judicial, puedo decirles que lo estamos estudiando en grupos de trabajo y que también en este caso creo que podremos avanzar. 
El señor Varvitsiotis ha preguntado por qué no tomamos como base una sentencia de tres años de prisión en lugar de las 32 infracciones de la lista, y puedo decirle, para contestar –como estoy segura de que lo sabe–, que estas 32 infracciones han sido objeto de una debate largo y profundo en el Consejo antes de que pudiéramos llegar a un acuerdo. 
Ha sido un proceso muy difícil, y ahora nos alegramos de tener la lista. 
Lo que no hay que olvidar al considerar estas 32 infracciones es lo que se establece mediante esta lista, que son los ámbitos en los que, en la práctica, la doble incriminación no es objeto de un examen adicional. 
Este es el contexto de la lista de 32 infracciones. 
La extradición y la aplicación de la Orden de Detención Europea continúan, sin embargo, siendo opciones en otros ámbitos en los que solo se verifica la doble incriminación para que entre en juego la Orden de Detención Europea. 
Como ya he dicho, estas 32 infracciones son de nuevo tema de debate con relación al exhorto europeo de obtención de pruebas, puesto que, por supuesto, sabemos que algunas de estas infracciones están definidas muy ampliamente, mientras que otras se relacionan con actos muy específicos. 
Cuando se mira con la perspectiva de hoy, esto no es del todo coherente y todos lo sabemos. 
Aún así, nos alegramos de que se esté aplicando y, a partir de la experiencia adquirida con la Orden de Detención Europea, continuaremos, por supuesto, trabajando en esta lista. 
Les pido que nos den tiempo; necesitamos tiempo si queremos tener una buena base para mejorar la cooperación en este ámbito. 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer unas breves reflexiones tras este interesante debate. 
En primer lugar, les recuerdo que continuaremos supervisando la transposición de la Orden de Detención Europea; el Parlamento tiene a su disposición nuestras evaluaciones sobre todos los Estados miembros, desde enero también sobre Italia, en un informe adicional; en junio habrá un nuevo informe. 
Quiero decir al señor Watson que, por desgracia, la Comisión no puede iniciar procedimientos de infracción con arreglo a la normativa comunitaria, dado que se trata de un instrumento del tercer pilar. 
Me alegra especialmente escuchar lo que ha dicho algún diputado sobre la posibilidad, con la que evidentemente yo estaría de acuerdo, de transferir al primer pilar un instrumento de tanta importancia para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia; ello tendría sin duda la consecuencia positiva de un seguimiento aún más efectivo y enérgico que el que podemos realizar hoy. 
Seguiremos poniendo de manifiesto los puntos fuertes y también los puntos débiles de cada ley de transposición. 
Lo haremos manteniéndonos en contacto continuo, señor Coelho, con los Parlamentos nacionales, porque está claro que debemos mantenerlos informados de los problemas existentes. Estos se deben a veces a razones constitucionales, otras a razones parlamentarias, que han dificultado en algunos Estados la plena aplicación del procedimiento. 
A mi entender, esto es respetar el principio de colaboración leal entre las instituciones. 
Concluiré mi intervención diciendo que será necesario integrar este programa de acción europea con la orden europea de obtención de pruebas. 
Ya lo he dicho antes, pero lo confirmo ahora: me parece curioso que hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo para transferir las personas de un país a otro y no consigamos transferir las pruebas, que son un elemento bastante menos relevante en términos de invasión de los derechos fundamentales y de confianza recíproca. 
Existe confianza suficiente para entregar a una persona detenida y no conseguimos ponernos de acuerdo para obtener una prueba de un país para trasladarla a otro. 
Estoy de acuerdo con las apreciaciones de la señora Gastinger sobre la necesidad de dar un verdadero paso adelante y espero que con la Presidencia austriaca se llegue a un acuerdo, pues solo quedan algunos puntos de divergencia. 
Lo mismo cabe decir de los derechos procesales. Debo dar las gracias a la Presidencia austriaca por dedicar grandes esfuerzos al intento de llegar a un acuerdo, y a mi entender no parece que el fundamento jurídico sea motivo de dificultad. 
Hay argumentos jurídicos, pero todos los argumentos jurídicos se prestan a ser discutidos. 
Estoy convencido de que hay base para alcanzar un acuerdo sobre una iniciativa europea relativa a los derechos procesales; sería una señal política extremadamente importante. 
Sé que existe el compromiso de la Presidencia, igualmente importante es el compromiso sobre el intercambio de información de los registros de penados. 
Al mismo tiempo, el enfoque represivo debe contrarrestarse constantemente con un refuerzo de los derechos y las libertades, lo que nos dará una baza política más para combatir la delincuencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0013/2006). 
Se han formulado al Consejo las preguntas siguientes. 
En Etiopía, permanecen detenidas 131 personalidades de la oposición, entre las que se encuentran diez diputados electos del Parlamento etíope, así como catedráticos, jueces y periodistas. 
¿Puede exponer el Consejo las medidas que ha tomado para hacer hincapié en estas graves injusticias ante el Gobierno etíope, teniendo en cuenta que dichas detenciones constituyen una violación del Derecho internacional y que la Unión Europea es el principal proveedor de la ayuda internacional destinada a Etiopía? 
, Señor Presidente, hablando en nombre del Consejo, quiero responder en los términos siguientes a la pregunta del señor Ryan sobre miembros de la oposición en Etiopía. 
El Consejo sigue muy de cerca la situación en la que se encuentran los dirigentes de la oposición, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los editores de prensa y los periodistas detenidos. 
Tras su detención, la Unión Europea, el 6 de noviembre del año pasado, hizo una declaración en la que expresaba su preocupación y pedía la liberación de todos los prisioneros políticos. 
La UE también solicitaba la liberación inmediata de todos los detenidos contra los que no pesaban acusaciones, de forma adecuada de conformidad con ciertos criterios mínimos. 
También se insistía en que se diera a todos los detenidos el derecho a recibir visitas de sus familiares y de la Cruz Roja Internacional u otros representantes adecuados de la comunidad internacional. 
Se hizo una petición similar en una declaración conjunta de los embajadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América en Addis Abeba el 6 de noviembre de 2005. 
Desde las detenciones a principios de noviembre de 2005, los representantes de la Unión Europea han planteado el caso de estos detenidos en las reuniones celebradas con el Gobierno etíope y también han llamado la atención del Primer Ministro, Meles Zenawi, durante el diálogo político al amparo del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. 
Los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Addis Abeba han acordado plantear el tema del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho como elementos centrales del diálogo político con Etiopía, junto con la petición de que todas estas personas detenidas tras las manifestaciones políticas de junio y noviembre sean puestas en libertad y que se garantice el acceso de sus familiares, abogados y organizaciones humanitarias. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para mencionar que he examinado estas cuestiones con Lord Triesman y con el señor Benn, ya que sabemos –como he dicho– que las diversas medidas adoptadas bajo la Presidencia británica han sido muy significativas en esta cuestión y, por supuesto, considero que es importante la continuidad en este ámbito. 
Los representantes diplomáticos también han acordado que insistirán en que se informe a los familiares de los detenidos sobre su paradero, que se dé acceso a sus abogados y que reciban un trato humano. 
También prestamos especial atención a que se garantice la presencia de observadores locales e internacionales en los juicios a los dirigentes de la oposición y de otras personas. 
La intención es que un observador haga el seguimiento del juicio del dirigente de la oposición, Hailu Shawel, y otras personas e informe a los representantes de la UE en Addis Abeba. 
La Unión Europea seguirá planteando estas cuestiones al Gobierno etíope y haciendo el seguimiento de la situación de los detenidos con suma atención. 
– Estoy un poco decepcionado por la respuesta a la pregunta. 
Nuestra política de ayuda al desarrollo se centra en la gobernanza y el respeto de los derechos humanos, y sin duda este no parece ser el caso en el asunto que nos ocupa. 
Si se mira el hecho de que hemos dado unos 900 millones de euros a Etiopía entre 2002 y 2005, no nos parece que se esté consiguiendo imponer el respeto de los derechos humanos en ese país. 
Se habla mucho, pero se actúa poco. 
Quisiera plantear el caso concreto de Berhanu Nega, el alcalde elegido de Addis Abeba. 
¿Qué pasa con él, y ha planteado el Consejo este caso? 
, En cuanto a la pregunta complementaria, como su Señoría y todos nosotros sabemos, Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. 
Partes del país, particularmente en el sur, sufren una gran tensión; hay escasez de alimentos y tenemos la obligación de ayudar a la población. 
Me parece que la ayuda y la cooperación para el desarrollo de los países pobres no deben usarse para presionar al Gobierno ni suponer un castigo para la población. 
Por eso la Unión Europea no niega los fondos de la cooperación al desarrollo, sino que los canaliza de un modo distinto. 
Esa es la cuestión que debemos tener presente. 
Así reflexionamos sobre la manera en que debemos proceder. 
Reducimos la parte de nuestra ayuda que va al Gobierno directamente e intentamos encontrar caminos y medios para canalizar esos fondos directamente a la población, donde se necesitan. 
Los días 13 y 14 de marzo habrá una conferencia en París en la que se discutirá el futuro de la ayuda al desarrollo para Etiopía y se encontrarán nuevas vías para ayudar a los pobres de Etiopía directamente, sin canalizar esos fondos directamente al Gobierno. 
En cuanto al caso que menciona el señor Ryan, no tengo información concreta; sin duda alguna lo investigaré y le haré saber el resultado de nuestras investigaciones. 
– ¿Por qué es Etiopía uno de los países más pobres del mundo, como ha dicho usted? 
Es por la naturaleza del régimen político, que desconfía de la sociedad civil incluso para canalizar la ayuda alimentaria, como pude comprobar cuando encabecé la delegación de observadores electorales en Etiopía. 
También se debe a que en este país el 85 % de la población son campesinos: no poseen tierra y por eso no tienen incentivos para producir. 
¿Se ha tenido en cuenta en las reuniones de donantes de ayer y de hoy las conclusiones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, en el sentido de que las elecciones han incumplido el respeto de los principios de unas auténticas elecciones democráticas y que ha destacado las razones de ese incumplimiento? 
¿Por qué el Consejo ha hecho caso omiso de los llamamientos del Parlamento en tres resoluciones para establecer un diálogo... ? 
, Lo siento, pero no he entendido la última parte de su pregunta. 
Como he dicho, conocemos muy bien las circunstancias políticas y sociales del país. 
Le puedo asegurar que las tenemos muy en cuenta. 
Le puedo asegurar también que la conferencia que tiene lugar en estos momentos tiene toda la información relativa a la situación política, social, económica y financiera de Etiopía. 
– Estoy de acuerdo con el Consejo en que no se puede permitir que los pobres de Etiopía padezcan las deficiencias de su Gobierno. 
¿Cómo va a ayudar el Consejo a la sociedad civil para distribuir la ayuda en Etiopía? 
Está claro que no vamos a canalizar ningún fondo a través del Gobierno etíope, pero debemos seguir animando a las ONG a implicarse en Etiopía. 
¿Cómo va a ayudar el Consejo a las ONG en Etiopía? 
, Hay varias maneras y diversos medios por los que el Consejo puede actuar y actúa. 
Estamos muy interesados en el proceso de democratización en Etiopía y queremos apoyarlo. 
Quisiera mencionar brevemente alguno de los instrumentos que usamos, uno de los cuales es la cuestión de los procedimientos parlamentarios. 
Los hemos estudiado y los hemos tenido en cuenta. 
Hemos realizado varios estudios y queremos ayudar al Parlamento a mejorar sus procedimientos parlamentarios para aumentar las posibilidades de los partidos de oposición y ajustar esos procedimientos a los parámetros internacionales. 
A este respecto también tratamos de concebir programas y proyectos para educar a los diputados. 
Prestamos apoyo logístico para la expansión y construcción de una infraestructura parlamentaria. 
El Parlamento, por lo que yo sé, no dispone de locales para los partidos de oposición. 
No tienen medios técnicos de comunicación, de manera que intentamos, de acuerdo con el PNUD, concebir proyectos que serían útiles en este sentido. 
También ayudamos a los diputados –en particular a los de los partidos de oposición– a visitar otros Parlamentos para ganar experiencia: por ejemplo, a los Parlamentos de la India, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
Como sabe su Señoría, el sistema de partidos en Etiopía es todavía muy joven, está muy poco desarrollado, y tratamos de mostrar Parlamentos más tradicionales a los diputados inexpertos, de manera que puedan aprender de ellos. 
Estamos contribuyendo a reformar la Comisión Electoral Nacional, una iniciativa muy interesante desde mi punto de vista. 
Nuestros embajadores en Etiopía están trabajando sobre ello para garantizar que la Comisión Electoral Nacional se ajuste a los parámetros internacionales. 
Los acontecimientos políticos en Irán son muy inquietantes. 
Los mulás reaccionarios y antidemocráticos han visto reforzado su poder con la elección de Mahmoud Ahmandinejad a la presidencia del país. 
Por ello resulta especialmente importante que la Comunidad internacional, incluida la Unión Europea, apoye a las fuerzas democráticas que actúan en Irán. 
Es necesario aumentar la presión sobre aquellos que poseen el poder político, por lo que se refiere al insuficiente respeto de los derechos humanos, el apoyo a organizaciones terroristas y la fabricación de armas nucleares. 
La pasada semana, el Ministro de Asuntos Exteriores de los EE.UU. declaró que el Gobierno de su país había pedido 75 millones de dólares adicionales para apoyar la democracia en Irán. 
Una gran parte de esta suma se invertirá en programas de radio y televisión destinados a la población iraní. 
También se invertirán sumas importantes para llegar a los iraníes a través de Internet. 
Los EE.UU. prevén incluso aumentar sensiblemente su apoyo a la emisora de radio FARDA, que emite noticias críticas con el Gobierno iraní desde el interior del país. 
¿Qué medidas prevé tomar la Presidencia del Consejo para apoyar a las emisoras independientes de radio y televisión, así como a otras fuerzas democráticas en Irán? 
, – Señor Presidente, como también se señala en las Conclusiones del Consejo del 7 de noviembre de 2005, el Consejo está de acuerdo sobre la importancia de respaldar la reforma política en Irán y de fomentar los derechos humanos y la democracia. 
Por supuesto, la UE quiere que Irán evolucione hacia una sociedad en la que los derechos humanos, civiles y políticos se respeten plenamente, en la que los valores democráticos y la libertad de expresión puedan florecer y en la que prevalezca el trato igualitario y la igualdad de oportunidades frente a la discriminación. 
Al mismo tiempo, no obstante, sabemos que para la implantación de este objetivo serán necesarios esfuerzos y paciencia sostenidos y a largo plazo. 
El Consejo se ha esforzado en el pasado y lo hará en el futuro por promover la reforma política, en concreto apoyando a diversas autoridades y organizaciones en Irán, incluida la sociedad civil iraní. 
Teniendo presente este objetivo, la UE ha reanudado su diálogo político amplio y también se está esforzando intensamente por restablecer un diálogo constructivo significativo sobre los derechos humanos. 
Actualmente, la UE busca la mejor manera de apoyar la reforma política y la democracia en Irán, y sus deliberaciones incluyen el fortalecimiento de la función de los medios de comunicación y las fuerzas democráticas. 
– Señor Presidente, señor Winkler, muchas gracias por esta respuesta. 
Por desgracia, no hay ningún diálogo sobre derechos humanos en Irán. 
Actualmente, en Irán, los abusos contra los derechos humanos se cometen a gran escala. 
El régimen iraní incumple la mayor parte de los derechos humanos. 
Esta situación queda relegada a un segundo plano cuando debatimos el programa de las armas nucleares que, por supuesto, es extremadamente importante. 
Creo que es necesaria una estrategia bien elaborada para tratar la situación de los derechos humanos en Irán, y me pregunto si quizá debiéramos aprovechar nuestra experiencia del período en que apoyamos a la oposición de Belarús cuando desde Europa emitíamos programas de radio en belaruso. 
, – Señora Mälmström, sabemos que no podemos hacerlo todo de golpe, por mucho que queramos. 
Sin embargo, creo que el diálogo es la única alternativa que tenemos, ya que romper el diálogo y «castigar a la sociedad civil» , por así decirlo, no cabe duda que no son opciones viables. 
Naturalmente, es desalentador que no se haya mantenido el diálogo sobre los derechos humanos desde junio de 2004, y ese ha sido el motivo por el que el Consejo de Asuntos Generales, en noviembre del año pasado, solicitó a Irán que adoptara medidas para el inicio de conversaciones en el marco del diálogo. 
Puedo decirle, señora Malmström, que en las últimas semanas Irán ha mostrado interés en iniciar este diálogo, aunque la UE ha fijado ciertas condiciones marco para ello, ya que no tiene sentido el diálogo porque sí. 
Si logramos imponer las condiciones marco que permitan un diálogo significativo, y que también cuente con el apoyo de la sociedad civil, nos alegraremos de reanudar el diálogo. 
Esperamos poder continuar el diálogo –que también esperamos que sea significativo y beneficioso– incluso antes de que finalice la Presidencia austriaca. 
– La pregunta se refiere concretamente al fortalecimiento de las fuerzas democráticas en Irán. 
Una de las principales fuerzas democráticas en Irán se llama «Combatientes del Pueblo». 
Está actualmente en la lista de organizaciones terroristas de la UE, supuestamente porque el Gobierno de Irán la puso ahí. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que mire de plantear al Consejo la cuestión de si esta anomalía puede suprimirse sin dilación. 
, Puedo garantizar a su Señoría que no solo miraré de plantearlo al Consejo, sino que lo al Consejo. 
– Me ha complacido escuchar la respuesta del Consejo, porque la diplomacia del megáfono no va a funcionar en el caso de Irán. 
Cuando George Bush pronunció su famoso discurso en que incluyó a Irán en el «eje del mal» , este país era parte signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear. 
Ahora se ha excluido de ese Tratado, en parte porque se siente desterrado del resto del mundo. 
Si se trata a alguien como a un malvado, actuará como si fuera un malvado. 
¿Nos asegurará el Consejo que continuará el diálogo con Irán, pero sin inmiscuirse en asuntos internos ni –como han sugerido algunos colegas– apoyar a determinados partidos políticos, sino ampliando el debate en Irán? 
El apoyo de la UE a un único partido político sería el final de ese partido dentro de Irán. 
, Agradezco los ánimos de su Señoría. 
Estamos intentando llevar adelante un diálogo significativo y no responder de un modo que cierre la puerta a la posibilidad del diálogo. 
Le garantizo que continuaremos por esta vía. 
Recientemente, el Gobierno israelí decidió construir una línea de tranvía para enlazar el asentamiento ilegal de Psgat Ze ' ev, situado en Jerusalén Este, con el centro de Jerusalén Oeste. 
Esta decisión, que se inscribe en el marco de la estrategia de anexionar de facto territorios palestinos a Israel, es una flagrante violación de los principios del derecho internacional humanitario en general, y, en particular, de la Cuarta Convención de Ginebra y de las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En el proyecto de construcción participan dos empresas privadas francesas, Alstom y Connex. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo de Ministros ante las autoridades israelíes, que siguen violando impunemente el Derecho internacional? 
¿Por qué no utiliza el marco que le ofrece el Acuerdo de asociación y cooperación UE-Israel para tomar medidas destinadas a detener los asentamientos ilegales? 
¿Qué medidas piensa tomar frente a Francia y su Gobierno para que las empresas que participan en este proyecto respeten el Derecho internacional? 
, – Señor Presidente, quiero dar la siguiente respuesta a la pregunta del señor Beglitis. 
La posición inequívoca de la UE sobre todas las actividades que infringen el Derecho internacional que está llevando a cabo Israel en los territorios palestinos, inclusive en Jerusalén Este, continúa siendo la misma y se expresa de forma reiterada, regular, insistente y clara en todos los niveles en el contacto político sostenido entre la UE e Israel. 
Las herramientas utilizadas por la UE al seguir esta línea política son el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, que prevé dicho contacto, y el plan de acción UE-Israel, que se acordó a principios de 2005 en el marco de la Política Europea de Vecindad. 
Esta posición no ha cambiado, lo que se ha vuelto a poner de manifiesto en las dos últimas ocasiones en las que pudimos debatir el proceso de paz y la situación de Oriente Próximo, concretamente en el último Consejo de Asuntos Generales y en la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores o «reunión de Gymnich» , en Salzburgo, la semana pasada. 
La UE y todos sus Ministros de Asuntos Exteriores siguen adoptando esta posición de lealtad y de hablar claro –inclusive a Israel– cuando se trata de llamar la atención sobre las actividades que consideramos contrarias al Derecho internacional. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al representante de la Presidencia austriaca pero, al mismo tiempo, quiero expresar mi pesar por la forma burocrática en que ha respondido, como representante de la Presidencia, a mi pregunta sobre una cuestión que constituye una violación de los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
Para ser sincero, no entiendo, señor Ministro, el doble rasero que aplica la Unión Europea a los palestinos y a Israel. 
No veo que se haga ninguna declaración ni que se adopten medidas sobre el mantenimiento de los asentamientos en el territorio palestino ocupado. 
No veo ninguna reacción por parte de la Unión Europea a la declaración del Primer Ministro de Israel, el señor Olmert, de que fijará unilateralmente las fronteras de Israel en 2010. 
, – Lamento que su Señoría crea que mi respuesta ha sido burocrática, pero no era esa mi intención. 
Creo que he sido muy claro cuando he dicho que, siempre que el Consejo considera que el comportamiento es contrario al Derecho internacional, aprovecha todas las oportunidades que se le brindan para decirlo así en todos los niveles. 
Por citar solo algunos ejemplos, hemos declarado muy claramente que consideramos que el muro, la barrera de separación construida en territorio palestino, es contraria al Derecho internacional. 
Hemos criticado inequívocamente la política de asentamientos de Israel en numerosas ocasiones y continuaremos haciéndolo. 
Espero que su Señoría no crea que esto sea burocrático; en realidad, no lo estamos haciendo de modo burocrático, sino de una forma totalmente política. 
– Puesto que la UE fomenta proyectos de infraestructuras transfronterizos en su propio territorio y disfruta con ellos, ¿no sería incongruente y un error que se opusiera un proyecto semejante en Israel, ya que la mejora de los enlaces de comunicación solo puede traer cohesión y mejora económica y social a esos territorios dispares? 
, Sí, estoy de acuerdo en que debemos fomentar y apoyar todos los contactos entre ciudadanos y todas las infraestructuras que faciliten dichos contactos. 
Sin embargo, tienen que ajustarse a las normas aceptadas del Derecho internacional. 
Esta es exactamente la política de la Unión Europea. 
Fomentamos los contactos y proyectos que están de acuerdo con el Derecho internacional, y los criticamos cuando no están de acuerdo con el Derecho internacional. 
– Señor Presidente, tal como se ha planteado en la pregunta, empresas de la UE están participando en proyectos de infraestructuras en territorios ocupados. 
Se trata de proyectos que son claramente contrarios al Derecho internacional y a la legislación humanitaria internacional. 
Incluyen, por ejemplo, el enlace de tranvía con los asentamientos y la nueva vía férrea a Jerusalén que cruza la Cisjordania ocupada. 
La empresa francesa Connex participa en dichos proyectos de construcción. 
¿Qué piensa el Consejo de Ministros del hecho de que empresas de la UE participen en estas actividades, que son contrarias al Derecho internacional? 
, – Puedo responder a esta pregunta de si la UE debe participar en proyectos, ya que no es, en sí mismo, incompatible con el cometido del Consejo. 
Solo puedo reiterar lo que ya he dicho, y pido disculpas por esta repetición. 
Naturalmente, la UE apoya solo proyectos que sean conformes con el Derecho internacional y se ajusten a la normativa. 
Puede haber diferencias de opinión sobre lo que se ajusta y lo que no se ajusta precisamente al Derecho internacional, pero, en todo caso, la postura del Consejo es por supuesto que apoyamos solo los proyectos que son conformes al Derecho internacional. 
¿Cómo se garantizará que fortalecer el reconocimiento mutuo y simplificar los procedimientos transfronterizos no signifique debilitar la protección de los derechos fundamentales? 
¿Qué normas de obligado cumplimiento serán necesarias para clarificar la aplicación de garantías procesales mínimas en asuntos transfronterizos, en particular por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales? 
. – Señor Presidente, esta pregunta se refiere a la protección de los derechos fundamentales y al principio de reconocimiento mutuo que ya ha sido debatido. 
Quiero responder que el Consejo siempre ha hecho hincapié en que da prioridad absoluta al respeto de los derechos humanos y que el Consejo también promueve activamente la prevención y erradicación de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, con especial atención al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y las directrices pertinentes de la UE. 
Asimismo, en las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere –que ya se han mencionado hoy aquí–, el Consejo destacó que el principio de reconocimiento mutuo había de convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial y que el reconocimiento mutuo y la aproximación necesaria de la legislación facilitarían la protección judicial de los derechos individuales. 
En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo de 26 de julio de 2000, titulada «Reconocimiento mutuo de las resoluciones finales en materia penal» , la Comisión señaló en este sentido que debía asegurarse que el trato dado a los sospechosos y los derechos de la defensa no solo no sufrirían por la aplicación de este principio –en concreto, el principio de reconocimiento mutuo–, sino que incluso se mejorarían las garantías. 
Esto también se confirmó en el Programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal que fue aprobado por el Consejo y la Comisión. 
El 28 de abril de 2004, la Comisión aprobó una Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en procedimientos penales en toda la Unión Europea, que presentó al Consejo el 3 de mayo de 2005. 
Ya hemos debatido esto, con menor o mayor intensidad, en el marco del punto anterior del orden del día. 
Esta propuesta, que están examinando en estos momentos los órganos competentes del Consejo, y con la que intentaremos avanzar considerablemente bajo nuestra Presidencia, tiene por objeto mejorar los derechos de todos los sospechosos y los demandados garantizándoles un grado uniforme de protección en toda la Unión Europea. 
Asimismo, el Consejo señala que los Estados miembros de la UE han de cumplir sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y, en particular, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual, al fin y al cabo, todos somos partes. Esto se confirma en el artículo 6 del Tratado de la UE. 
Que el principio de reconocimiento mutuo también se realice en el marco de un mero procedimiento judicial supone asimismo que la protección jurídica está garantizada por autoridades judiciales independientes, lo cual representa un gran ventaja. 
También hay que tener presente en este sentido que, por norma, los instrumentos jurídicos basados en el principio de reconocimiento mutuo contiene una cláusula general de derechos humanos que confirma que la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos generales de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea no se ve afectada. 
Por último, la propuesta de un reglamento del Consejo que establezca una Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, que la Comisión presentó en julio de 2005 y que está siendo examinada por los órganos competentes del Consejo, representa una nueva medida a favor de una política eficaz sobre derechos humanos de la UE. 
– Estoy muy agradecido a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta exhaustiva. 
Quiero formular otra pregunta relacionada con la Constitución Europea. 
La Parte II de la Constitución establece que se pretende, por decirlo así, que el producto de la labor del entonces Convenio sobre Derechos Fundamentales complemente y hasta cierto punto fortalezca las disposiciones del Artículo 6 del Tratado actual. 
¿Podemos contemplar su aplicación, como ya han abordado la Comisión y el Parlamento, también por parte del Consejo y podría esto mejorar la situación en su conjunto? 
. – Absolutamente. 
En realidad es una de las razones por las que lamento que el Tratado Constitucional Europeo no esté aún en vigor, puesto que uno de los mayores beneficios que puedo ver en él es que incluiría esta Carta de los Derechos Fundamentales. 
Ya no serían necesarios más debates precisamente sobre estos criterios mínimos para las garantías procesales que hemos debatido muy a fondo antes, si nuestros Tratados dispusieran de un fundamento jurídico único. 
Considero que es una gran ventaja y por esa razón es también importante que prosiga el debate de una manera u otra. 
En este sentido, espero que alcancemos una solución a su debido tiempo. 
En Filipinas, se mantiene el Estado de excepción, a pesar de todas las promesas y seguridades de levantarlo, con el pretexto de las posibilidades de derrocamiento del Gobierno de la Presidenta Gloria Arroyo. 
Se multiplican las denuncias y las detenciones en contra de dirigentes del movimiento democrático de masas, mientras que el ejército difunde documentos con los que trata de sustanciar el intento de derrocamiento de la Presidenta. 
¿Condena el Consejo el establecimiento del estado de excepción, que muchos consideran como ley marcial con otro nombre y en virtud del cual se suspenden libertades políticas fundamentales? 
¿Piensa pedir el inmediato levantamiento del estado de excepción y la restauración de las libertades democráticas? 
, – Señor Presidente, el estado de emergencia declarado por la Presidenta de Filipinas el 24 de febrero de este año se levantó, como saben, una semana más tarde, el viernes 3 de marzo. 
Tanto la Presidencia de la UE, que había llegado a un acuerdo de antemano con los responsables de misión locales en Manila, y la troika de la UE, que se encontraba en Manila del 28 de febrero al 4 de marzo para la reunión entre períodos de sesiones del Grupo de Apoyo del Foro Regional de la ASEAN sobre medidas creadoras de confianza y diplomacia preventiva, expresaron oralmente la preocupación de la UE por el último desarrollo en las reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino el 1 de marzo. 
Asimismo, reclamaban el Estado de Derecho, el derecho a un juicio justo y el pleno respeto de los derechos humanos, así como el levantamiento sin demora del estado de emergencia, que, como ya he dicho, se levantó el 3 de marzo. 
– Señor Presidente, señora Ministra, gracias por su información. 
Sin embargo, he de decirle que hemos podido levantar el estado de emergencia, pero han sido detenidos cinco parlamentarios de la oposición, que ahora están en prisión. 
Por lo tanto, les pregunto qué van a hacer para lograr la liberación inmediata de los parlamentarios detenidos y de los sindicalistas que siguen en prisión. 
, – Puedo asegurar a su Señoría que, en estos casos, como ocurre en todos los casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos, en especial los que se refieren a representantes de los ciudadanos, la UE está trabajando de forma continua, regular y siempre que sea posible para garantizar que se cumplan las disposiciones y normas relativas a los derechos humanos. 
Tal como ya se ha señalado correctamente, esto no siempre tiene lugar en público, ya que esto no siempre produce el efecto esperado; a veces, la diplomacia silenciosa es mejor. 
Pero ocurre y de forma regular. Muy a menudo corre a cargo de los representantes de la UE, incluida, en particular, la troika. 
Se realiza en el transcurso de conversaciones con funcionarios de alto rango de los países correspondientes. 
Asimismo, puedo asegurar otra vez a su Señoría que, por supuesto, también seguiremos trabajando y ocupándonos de los casos que ha mencionado. 
Mejorar el acceso a la justicia, en particular para los consumidores, es un objetivo fundamental del Plan de acción de Viena y del Consejo de Tampere. 
En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil ya se han adoptado algunas medidas para facilitar la aplicación de la legislación en el extranjero. 
Precisamente en casos transfronterizos se necesitan también procedimientos simples y rápidos para que los ciudadanos de la UE puedan acceder a la justicia. 
¿Qué simplificaciones en materia procesal pueden esperar los ciudadanos de la UE en este terreno en un futuro próximo? ¿Qué mejoras resultarán de lo anterior, en particular para la situación jurídica de los consumidores? 
. – En respuesta a la pregunta de la señora Schierhuber sobre el acceso mejorado de la justicia para los consumidores de Europa, quiero decir que, en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y comercial, actualmente el Consejo está llevando a cabo proyectos contemplados en el Programa de La Haya de 2004 y el Plan de acción 2005 que lo aplica. 
Incluye la creación de nuevos procedimientos que permitan a los ciudadanos de la UE obtener una resolución judicial con mayor facilidad y rapidez en caso de litigios transfronterizos. 
Concretamente, lo que nos ocupa aquí son dos reglamentos en particular: en primer lugar, el Reglamento por el que se crea un proceso monitorio europeo y, en segundo lugar, el Reglamento por el que se establece un proceso europeo para reclamaciones de escasa cuantía. 
Por su condición de reglamentos, el Parlamento está estrechamente implicado en ambos procedimientos al amparo del procedimiento de codecisión. 
Ambos reglamentos crean nuevas oportunidades procesales, que también fortalecerán, en particular, la protección del consumidor en toda la UE. 
Si los consumidores se enfrentan a un contencioso jurídico en relación con sus transacciones financieras transfronterizas, ahora podrán recurrir a las instituciones que organizan la cooperación judicial entre las autoridades judiciales de cada uno de los Estados miembros. 
Por consiguiente, los dos nuevos procedimientos complementarán los instrumentos que ya han sido adoptados hasta este momento en el ámbito de la cooperación judicial: el procedimiento simplificado para la obtención de pruebas y los criterios mínimos relativos a la asistencia judicial, por citar unos cuantos y, de esta forma, aumentar las vías de recurso en la UE. 
El Reglamento por el que se crea un proceso monitorio europeo permitirá que, en el futuro, los ciudadanos de la UE obtengan un requerimiento europeo de pago después de presentar una demanda ante un tribunal, con respecto a las notificaciones de pago que el deudor posiblemente no impugne. 
Si, con posterioridad, el deudor no formula ninguna objeción, este requerimiento de pago es inapelable y tiene carácter ejecutivo. 
Se facilitará así que el acreedor haga valer posteriormente este requerimiento en los Estados miembros. 
Tras el dictamen positivo del Parlamento en diciembre de 2005, se demostró que sería posible alcanzar un acuerdo político sobre el reglamento, a más tardar el 21 de febrero de 2006, en el último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
Una vez haya sido revisado por juristas-lingüistas, el Consejo aprobará el reglamento en primera lectura como un punto «A» en abril de 2006. 
Incluso así prevemos que el reglamento entre en vigor dentro de dos años. 
El establecimiento del proceso europeo de escasa cuantía –el segundo punto crucial en cuestión– simplificará y acelerará la ejecución de los pleitos transfronterizos de «escasa cuantía». 
El proceso europeo de escasa cuantía, que, en principio, ha sido concebido para que se efectúe en forma escrita, es aquél en el que se dictan decisiones judiciales sobre las demandas de hasta 2 000 euros. 
La aceleración deseada se logra imponiendo un plazo que, en cada una de las etapas del procedimiento, no solo deberán cumplir los tribunales sino también las partes del litigio. 
Además, el tribunal es libre de determinar los medios de prueba y el alcance de la obtención de las pruebas, según el caso particular. 
Las pruebas también se pueden obtener mediante tecnologías de comunicación modernas, como la videoconferencia o similares, siempre que, por supuesto, también sean admisibles en los procedimientos del Estado miembro correspondiente. 
Pretendemos seguir trabajando activamente en torno al Reglamento para establecer un proceso europeo de escasa cuantía durante nuestra Presidencia y esperamos poder avanzar mucho en su consecución. 
– Le estoy muy agradecida a la Presidenta en ejercicio por su respuesta. 
Ha mencionado el proceso europeo de escasa cuantía y, asimismo, la protección transfronteriza para ambas partes. 
Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿Cómo se va a informar en el futuro a los consumidores europeos sobre los recursos judiciales de que disponen? 
. – Señor Presidente, en términos generales, la información que puede ofrecerse a los ciudadanos de la Unión Europea es cuantiosa. 
Concretamente, el Atlas Judicial de la Comisión, que está a disposición de todo el mundo a través de Internet, desempeña una función muy valiosa a este respecto, porque permite acceder de forma sencilla a la jurisdicción y asuntos similares en toda Europa. 
Ese es un aspecto muy importante. 
Por supuesto, queremos que nuestros ciudadanos reciban la máxima información posible, en particular con respecto al acceso a la justicia, y, por tanto, también es importante transmitirla con prontitud. 
Para ello es especialmente básico, desde nuestro punto de vista, que la cooperación con las principales instituciones pertinentes sea muy constructiva, muy rápida y muy eficaz. 
Ese es un aspecto crucial. 
Me parece esencial que trabajemos con ahínco en los Estados miembros para obtener información de los tribunales, de manera que la información necesaria pase de los tribunales al público. 
Este es otro aspecto crucial. 
Un sistema jurídico sólido en Europa solo funciona si el público sabe a dónde tiene que dirigirse. 
– Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, los consumidores aprovechan cada vez más las nuevas oportunidades que ofrece Internet, incluyendo, en particular, el comercio electrónico. 
¿Se ha deliberado con respecto a la mejora o la protección de los recursos jurídicos? 
¿Para cuándo podemos esperar resultados que mejoren la situación actual? 
Naturalmente, existen instrumentos reglamentarios cuyas disposiciones ya han empezado a incluir la protección de los consumidores, especialmente en relación con el comercio electrónico, ya que somos conscientes de que en este terreno pueden abundar los abusos. 
También soy consciente de que los proveedores del comercio electrónico ya están utilizando sellos de calidad y similares, que es su propia forma de acceso. 
Creo que en el futuro nosotros también dispondremos de estos instrumentos, aunque de ello no se encargará en primer lugar el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, sino que será competencia del Consejo de Competitividad. 
– Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, yo también creo que el mercado interior necesita un sistema jurídico que funcione y, en especial, un sistema de control del cumplimiento que funcione. 
Sin embargo, ¿qué mecanismos hay previstos con respecto al coste? 
Después de todo, el cumplimiento de la ley siempre es cuestión de coste. 
¿Se va a desarrollar un mecanismo uniforme europeo para ello o vamos a seguir con el sistema de mecanismos nacionales individuales, en su forma actual? 
. – Su Señoría ha planteado una cuestión muy delicada que, por supuesto, especialmente en el caso del Reglamento por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, es una de las principales cuestiones objeto de debate. 
En sentido estricto, no se ha previsto la representación obligatoria por parte de un abogado en el proceso europeo de escasa cuantía, que, por supuesto, plantea una cuestión central relativa al asunto del coste y, especialmente, al reembolso de los costes de los tribunales, para lo cual existen diferentes mecanismos en los distintos Estados miembros. 
En términos generales, ya nos hemos esforzado por establecer instrumentos jurídicos en el marco de la ayuda jurídica, en particular, y ya se están aplicando. 
Indudablemente tendremos que idear otros instrumentos para el otro ámbito. 
De las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo se desprende que se trata de una cuestión que mis expertos están debatiendo y en la que podremos, sin duda alguna, encontrar también una solución con respecto al proceso europeo de escasa cuantía. 
¿Piensa la Presidencia austriaca intensificar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia propuesta por la Comisión en 2001 y que ha recibido el firme respaldo del Parlamento? 
Dado el preocupante panorama que se esboza en los informes del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, con sede en Viena, sobre la magnitud de los delitos racistas en Europa y sobre el fracaso a la hora de hacer frente a los mismos, ¿cómo se justifica que el Consejo no dé prioridad a dicha legislación a fin de lograr un enfoque paneuropeo que ilegalice todo comportamiento criminal motivado por el odio racial? 
. – Señor Presidente, esto nos lleva a otro ámbito muy delicado. 
Por supuesto, desde la Comisión se ha presentado una propuesta de decisión marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, que se presentó el 29 de noviembre de 2001. 
A pesar de los intensos debates en el Consejo, en febrero de 2003 no fue posible alcanzar un acuerdo en torno a esta propuesta. 
A continuación, en marzo de 2003 la delegación italiana presentó una versión alternativa de la Propuesta de decisión marco, pero esta tampoco consiguió suscitar el acuerdo de las delegaciones. 
Por consiguiente, el 24 de febrero de 2005 el Consejo dio instrucciones a su grupo de trabajo de derecho penal sustantivo de seguir con los debates sobre la propuesta. 
Por tanto, el grupo de trabajo reanudó su trabajo en torno a la propuesta, basándose en la situación alcanzada en 2003. 
El debate sobre esta decisión marco en la reunión del Consejo de los días 2 y 3 de junio de 2005 dejó claro que no hay espacio para el consenso entre los Estados miembros. 
Naturalmente, fue una píldora amarga, especialmente para los Estados miembros que han apoyado firmemente esta decisión marco. 
En vista de los antecedentes de esta decisión marco, que acabo de describirles, la reanudación de las negociaciones actualmente no le parece prometedora a la Presidencia austriaca. 
Sin embargo, la Presidencia no quiere que este expediente crucial, y sobre todo el mensaje que conlleva, se paralice del todo, y por ello celebraremos un seminario al respecto, también de acuerdo con la Comisión y el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, antes de que finalice nuestra Presidencia. 
El seminario se celebrará en Viena del 20 al 22 de junio de 2006 y se debatirán problemas seleccionados en relación con esta propuesta. 
Estoy segura de que pueden ustedes imaginarse –de hecho, también surgió en los debates recientes sobre las caricaturas– que nos encontramos una vez más en el centro del área de tensión entre nuestro mensaje político, de que nos oponemos sin ambigüedades al racismo y a la xenofobia, y la libertad de expresión. 
Hemos de aliviar esta tensión si realmente queremos avanzar. 
Este es exactamente el tipo de cuestiones que han de tratarse en el seminario. 
Se pretende que participen en este seminario dos representantes de cada uno de los Estados miembros, de los países en vías de adhesión y de los países candidatos. 
Asimismo, queremos invitar a ONG, en particular, que están familiarizadas con estas cuestiones, y también a representantes del Consejo de Europa, de la Oficina de la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, de la red de la Unión Europea de expertos independientes en derechos fundamentales y de la Comisión Europea en contra del Racismo y la Intolerancia. 
No hace falta decir que también se invitará a los representantes del Parlamento a participar. 
El Parlamento recibirá a finales de marzo una invitación oficial a este seminario. 
El programa también habrá finalizado para entonces, y podremos presentarlo. 
Además, tal y como ya se ha mencionado en la Pregunta nº 4 sobre la protección de los derechos fundamentales, quiero señalar que el Consejo Europeo decidió en diciembre de 2003 establecer una Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un hecho confirmado en diciembre de 2004. 
El grupo de trabajo ad hoc del Consejo de derechos fundamentales y ciudadanía examina en estos momentos la propuesta de un reglamento presentado por la Comisión en junio de 2005. 
Está previsto que la Agencia empiece a trabajar el 1 de enero de 2007. 
Sabemos que es una fecha muy próxima, pero esperamos poder atenernos a ella. 
La Presidencia austriaca adjudica la máxima prioridad a esta cuestión y espera poder concluir las negociaciones para que la Agencia pueda empezar a trabajar a tiempo. 
– Hay algunas cuestiones difíciles –como la negación del Holocausto y la protección de la libertad de expresión–, pero es escandaloso que en 2006 no haya todavía una respuesta del conjunto de la UE al creciente y alarmante problema de la violencia racista. 
Tiene que ser posible llegar a un amplio acuerdo sobre la cuestión central de la prevención del hostigamiento racial cotidiano y el odio sufrido por muchos de nuestros ciudadanos y residentes. 
Algunos países, como Grecia, Italia y Portugal, actualmente ni siquiera registran los ataques raciales. 
Señale por favor con el dedo a los Estados miembros obstructores que retrasan esta decisión marco y dé un fuerte impulso durante su Presidencia a la ilegalización de los delitos de odio racial. 
¡No escatime esfuerzos! 
. – No podría estar más de acuerdo con la declaración de su Señoría: desde el punto de vista de la Presidencia, por supuesto también estamos muy interesados en enviar una importante señal política a este respecto. 
Suponemos que el seminario que vamos a celebrar tratará otra vez este asunto y, a través de las opiniones de expertos, exactamente numerosas opiniones de expertos, se obtendrá un resultado que nos posibilitará alcanzar en el futuro el equilibrio necesario en nuestra aspiración compartida: en concreto, la oposición al racismo y la xenofobia con la máxima eficacia, pero sin arriesgar por ello la libertad de expresión. 
En todo caso, queremos avanzar considerablemente y esperamos que, dado el nuevo ímpetu, es posible que la Presidencia finlandesa concluya con éxito este dossier o, al menos, que continúe las negociaciones, basándose en nuestro trabajo. 
– Señor Presidente, señora Ministra, el racismo y la xenofobia han llegado al deporte y al fútbol. 
Estoy seguro de que usted sabe muy bien que hemos tenido numerosas actuaciones en contra de atletas y futbolistas en muchos eventos y, principalmente de fútbol, partidos en Inglaterra, España, Francia, etcétera. 
¿Pretende la Presidencia austriaca recomendar que Alemania adopte medidas en contra del racismo y la xenofobia durante la Copa del Mundo del próximo verano, y cómo las abordará, dado que todavía ostentará usted la Presidencia? 
. – Suponemos que Alemania está regida por el Estado de Derecho y que corresponde a las autoridades alemanas adoptar medidas apropiadas para combatir el racismo y la xenofobia, incluso en la Copa del Mundo. 
Estoy bastante segura de que Alemania adoptará las medidas apropiadas. 
– Mi pregunta, que es la nº 8, también trata de la xenofobia. 
Los Ministros continúan explayándose con sus respuestas. 
¿No es posible, por cortesía hacia los diputados, juntar las preguntas cuando se refieren al mismo asunto? 
Vengo aquí todos los meses para formular preguntas, pero nunca llegan a responderse. 
Llegamos a un número muy pequeño de preguntas, pero se da rienda suelta a las respuestas. 
Precisamente la siguiente pregunta, formulada por mí, se refiere a la cuestión de la xenofobia y no sé por qué no se ha unido a la pregunta nº 7. 
– Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, la Ministra de Justicia de Austria ha tardado mucho en venir. 
Se nos dijo que le formuláramos preguntas. 
Tuvimos que esperar hasta marzo. 
Algunas de estas preguntas se formularon en diciembre, pero esperamos pacientemente durante tres meses para hacérselas a ella. 
Ahora solo ha podido responder justo dos preguntas ¡en tres meses! 
No es culpa de ella, estamos encantados de que haya venido –gracias por venir, señora Ministra–, pero por favor comunique al Presidente Borrell que esto es un fallo. 
No funciona. 
No es un buen sistema que la Ministra venga y conteste a dos preguntas al cabo de tres meses. 
¿Dispone el Consejo de un plan de acción coherente frente a los crecientes niveles de xenofobia que se están experimentado en la UE, especialmente contra ciudadanos de Estados miembros de la UE que viven y trabajan en otros Estados miembros de la UE como minorías? 
. – Señora Presidenta, en realidad ya he respondido a la vez a las preguntas nº 7 y 8 de Sarah Ludford y Gay Mitchell, pero por supuesto acogeré con satisfacción las preguntas complementarias. 
–Teniendo en cuenta que la xenofobia y el racismo se ponen a menudo de manifiesto en los encuentros deportivos, ¿se plantearía el Presidente en ejercicio del Consejo utilizar, en el marco del plan, el deporte para luchar contra la xenofobia? 
De las bellotas nacen robles. 
En mi circunscripción electoral, el Crumlin United Football Club –un club juvenil, del que salió Robbie Keane– celebra todos los años un festival deportivo durante un fin de semana en el que no solo se practican deportes, sino que también se realizan intercambios culturales. 
¿Se plantearía el Presidente en ejercicio del Consejo la posibilidad de celebrar un fin de semana en toda la Unión Europea con encuentros deportivos e intercambios culturales similares, utilizando así el deporte para luchar contra la xenofobia? 
. – Señora Presidenta, señor Mitchell, creo que, en principio, es una buena idea, pues yo también creo que hemos de luchar juntos para garantizar que el racismo y la xenofobia en Europa no tengan ni una oportunidad. 
Además, creo que el deporte es capaz de tender puentes a este respecto, porque si la gente, especialmente los jóvenes, que, después de todo, son nuestro futuro, y a menudo también los adultos, hacen juntos deporte entonces también pueden llegar a desempeñar actividades juntos. 
Sin embargo, no solo el deporte tiene un papel que desempeñar aquí; también veo oportunidades concretas en relación con la cultura. 
Aunque no están directamente relacionados, hemos de intentar construir esos puentes en muchos ámbitos diferentes. 
El racismo y la xenofobia suelen ir de la mano del prejuicio. 
El prejuicio suele proceder de la falta de familiaridad con otras culturas, porque las cosas que no son familiares suelen asociarse al miedo. 
Puesto que el miedo, a su vez, suscita sentimientos negativos, es, por supuesto, totalmente posible que aparezcan el racismo y la xenofobia. 
Por este motivo, todo lo que pueda contribuir a que nos conozcamos mejor mutuamente, a conocer aún mejor otras culturas, es bien recibido como medio para luchar contra la xenofobia. 
La cuestión es, ya que su Señoría se dirigió específicamente a mí como Ministra de Justicia, si el Consejo tiene realmente la competencia de hacerlo en virtud del Tratado de la Unión Europea. 
No obstante, creo que es un mensaje político importante que todos nosotros deberíamos transmitir. 
Mi más sincero agradecimiento por estos comentarios. 
Los comentaremos con la Presidencia del Consejo y estudiaremos cómo proceder la próxima vez para satisfacción de todas las partes. 
– Sobre la observancia del Reglamento, no estoy seguro de que la cuestión se haya entendido. 
La Presidencia austriaca decidió cambiar el sistema de respuesta a las preguntas al Consejo, que implica que mucha gente que está apuntada aquí, incluido yo mismo, tenga que esperar tres meses. 
El señor Newton Dunn ha planteado esa cuestión. 
La Ministra ha sido muy cordial. 
No es culpa suya que la Presidencia decidiera cambiar el sistema. La Ministra ha sido increíblemente cordial al responder a una pregunta adicional. 
Nunca he visto que esto pasara antes. 
Sin embargo, ¿podrían reconsiderar por favor esa decisión y volver al viejo sistema? 
Este simplemente no funciona. 
Hemos formulado preguntas serias sobre la radicalización y otras cuestiones, a las que todavía no se ha respondido después de tres meses. 
Por favor, piensen en la posibilidad de volver al viejo sistema. 
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo). 
Con esto concluye el Turno de Preguntas al Consejo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las preguntas a la Comisión (B6-0013/2006). 
Señora Presidenta, perdone que haga perder un poquito de tiempo antes de comenzar el turno de preguntas a la Comisión, pero quería mostrar mi extrañeza y, quizás, estupor por lo que ha ocurrido con una de las preguntas que había presentado precisamente para esta sesión. 
Mientras que la semana pasada se me había comunicado que mi pregunta sobre el mantenimiento o modificación de la decisión de reducir el número de traductores de español en la Comisión Europea iba a ser respondida en tercer lugar durante este turno, ayer por la noche recibí una comunicación según la cual mi pregunta era calificada por el Presidente del Parlamento como inadmisible. 
Hoy he recibido una carta del señor Harald Rømer, Secretario General Adjunto, en la que me explica que así se ha decidido porque se respondió oralmente a una pregunta mía similar el pasado mes de febrero. 
Seguramente, el señor Rømer solamente se ha leído el título de mi pregunta, que es igual, pero no se ha leído el texto. 
El texto de mi pregunta en febrero y el de mi pregunta para este mes son absolutamente distintos; que alguien me demuestre, por ejemplo, cuándo la Comisión ha dicho si va a reducir hasta 67 el número de traductores en el servicio español antes de fin de año o cómo va a sostener una decisión de esas características en la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina que tendrá lugar en Viena. 
No estoy de acuerdo con esta declaración de inadmisibilidad. 
Creo que vulnera mis derechos como parlamentario y exijo que se responda mi pregunta, si no es en este turno, el mes que viene. 
Muchas gracias, señor Carnero González. 
Lo transmitiré al señor Rømer, de la Secretaría, donde se adoptó la decisión. 
Sin embargo, al mismo tiempo quiero llamar su atención una vez más sobre nuestro Reglamento, en concreto el Anexo II (3) , en relación con la realización del Turno de preguntas en virtud del artículo 109, según el cual una pregunta será inadmisible si se ha formulado y respondido una pregunta idéntica o similar durante los tres meses anteriores. 
Evidentemente esta es la base de la decisión; solo puedo decirles esto, pero, en cualquier caso, transmitiré sus comentarios. 
Parte I 
El presupuesto asignado por la Comisión al proyecto de lucha contra la delincuencia transfronteriza sólo es suficiente para la UE-15. 
Dado que la mayor parte de la delincuencia organizada a gran escala procede del exterior de la UE, del este y el sudeste, ¿no sería mejor ampliar el presupuesto del proyecto para que puedan participar los 25 Estados miembros de la UE? 
. Señor Presidente, Señorías, la pregunta plantea un problema importante, pues se refiere a los fondos para un proyecto que consideramos esencial, concretamente un proyecto de investigación relacionado con el tema de la delincuencia. 
Por razones técnicas no es posible, como pide el señor Newton Dunn, aumentar la financiación; es un proyecto de 2004 que concluirá en 2006. No obstante, dentro de este programa es posible organizar seminarios relativos a las actividades y los análisis de los nuevos Estados miembros, como desea el señor Newton Dunn. 
Además, hay otro programa, también financiado por la Comisión, que contempla justamente a todos los Estados miembros, por tanto también a los nuevos Estados miembros, y comprende en concreto la recogida de datos estadísticos e información sobre cinco tipos de delitos graves: corrupción, fraude, tráfico ilegal de bienes culturales, falsificación y piratería, y explotación sexual de los niños y pornografía. 
En estos temas, el proyecto en curso abarca a todos los Estados miembros de la Unión. 
– Quisiera dar las gracias al Comisario por esto. 
Creo que estamos aquí en la misma onda, y él lo sabe. 
Realmente teníamos el mismo objetivo. 
Así que gracias por esa información, señor Comisario. 
Quisiera simplemente preguntarle cuándo espera que estén disponibles los resultados. 
¿Cuándo estará listo el programa de manera que realmente tengamos una recogida armonizada de datos estadísticos en el conjunto de la UE? 
. Señor Presidente, Señorías, el proyecto en curso concluirá en abril de 2006, dentro de pocas semanas; el proyecto siguiente ha comenzado ya y concluirá en el curso del año. 
Podemos afirmar, por tanto, que este año tendremos a nuestra disposición datos estadísticos actualizados, tanto de los Estados miembros anteriores a 2004, como, antes de finales de año, de todos los demás Estados miembros. 
¿Preocupa a la Comisión el aumento de los tipos de interés en un momento en que la inflación en Europa no da signos de aceleración? 
¿Qué consecuencias estima que tendrá esta subida en la incipiente recuperación de la economía europea y en el empleo de la zona del euro? 
. La pregunta se refiere a la política de tipos de interés y a la política monetaria. 
En nombre de la Comisión debo decir que la política monetaria –y por consiguiente las decisiones sobre los cambios de los tipos de interés– es responsabilidad exclusiva del Banco Central Europeo, cuya independencia está consagrada en el Tratado. 
El objetivo fundamental del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro garantizando que las expectativas de inflación a medio y largo plazo en la zona del euro se mantengan firmemente en niveles coherentes con la estabilidad de precios. 
El Banco Central Europeo apoya el crecimiento económico y la creación de empleo en la zona del euro. 
El nivel actual de tipos de interés en toda la gama de vencimientos sigue siendo históricamente bajo, tanto en términos nominales como reales. 
Con respecto a la última parte de la pregunta sobre el panorama económico, en su última previsión interna la Comisión esperaba que el crecimiento económico se acelerara en 2006 entre el 1,9 % y el 2 % en la zona del euro, lo que se acerca a las estimaciones de la tasa de crecimiento potencial de la zona. 
Sin embargo, la Comisión se muestra prudente a la hora de comentar las políticas del Banco Central Europeo, ya que son responsabilidad exclusiva del mismo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, toda la cautela y todo el respeto institucional no están reñidos con que hagamos valoraciones políticas de las decisiones de las instituciones, como en el caso del Banco Central Europeo, cuya subida de tipos de interés, en un momento de bajo crecimiento económico y de falta de creación de empleo en la Unión Europea, adquiere tintes preocupantes para millones de españoles, millones de ciudadanos europeos, millones de pequeñas empresas de toda Europa y millones de familias que tienen hipotecas. 
Por eso le decía, señor Comisario, que invito a la Comisión a que haga un planteamiento también político respetuoso con el Banco Central Europeo. 
. 
El mensaje político es que el Banco Central Europeo es un organismo muy independiente, como se determina en el Tratado. 
Como economista y antiguo director del Banco Central, sé de qué estoy hablando. 
Solo puedo decir que los objetivos de la política monetaria de Europa se basan en la lucha contra la inflación, que tiene una importancia social muy grande, y en este contexto el ajuste de la política monetaria es un mecanismo bastante sofisticado. 
Todos los prestatarios quieren los tipos de interés más bajos posibles. 
Estos tipos son muy bajos de momento en Europa y no frenan el crecimiento económico. 
Solo puedo hablar como economista. 
La posición de la Comisión es que la política de tipos de interés sigue siendo prerrogativa del Banco Central Europeo. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Sus Señorías, por supuesto, la política de tipos de interés también tiene una influencia decisiva sobre la deuda pública. 
¿Qué opina el Comisario sobre la política de tipos de interés en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
. 
A lo largo de la historia, los Gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas diferentes y radicales. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos los tipos de interés se elevaron de repente al 17 % y la oferta de dinero suplementaria quedó entonces realmente yugulada. 
Pero en este momento el cambio de tipo de interés es bastante modesto en el Banco Central. 
Esto está en consonancia con las previsiones, consideraciones económicas y perspectivas. 
Nosotros no intervenimos en esas políticas. 
–Señor Comisario, tres Estados –Eslovenia, Lituania y Estonia– van a ingresar en la zona del euro el año que viene. 
Si estas tres pequeñas economías consiguen adherirse, ¿qué efecto tendrá este acontecimiento en los tipos de interés y la inflación en Europa? 
¿Hay signos de algún cambio? 
. En cuanto a los cambios que se producirán si esos países se unen al euro, todos ustedes conocen la situación y saben que los criterios adoptados en el Tratado de Maastricht son muy estrictos. 
Solo puedo comentar esta cuestión como economista. 
Como ciudadano de uno de esos países, por supuesto que apoyo la ampliación de la zona del euro, y los países con políticas financieras correctas fortalecerán sin duda alguna la zona del euro. 
También supondrá la ampliación del euro y su influencia en el mundo. 
Estos países tiene una política presupuestaria estable, así que aumentarán la credibilidad del euro. 
A la hora de elaborar la nueva serie de programas (Cultura 2010, Aprendizaje a lo largo de toda la vida 2007-2013, Educación y formación y Juventud en acción 2007-2013) , ¿con qué acciones concretas y medidas de simplificación del proceso y de supresión de la burocracia tiene la Comisión la intención de sacar provecho de las nuevas posibilidades de educación y formación con vistas a la integración espiritual y científica de los jóvenes y la adquisición del bagaje y de las cualificaciones profesionales y, al mismo tiempo, reforzar su sentimiento de pertenencia a Europa, de manera que contribuyan a la vida económica, social y política de la UE? 
. La pregunta se refiere a la simplificación y a un espacio más accesible para la movilidad y los programas educativos relacionados con la juventud, la cultura y la ciudadanía. 
Como saben, la propuesta sobre la enseñanza y la nueva generación de programas en el campo del aprendizaje permanente, la juventud y la cultura se adoptaron en 2004 para el periodo 2007-2013. 
Nos estamos preparando para ello, los programas no están todavía plenamente adoptados, pero sustituirán a los programas existentes y contribuirán también a crear unas condiciones más claras y sencillas para los usuarios. 
Los nuevos programas, una vez plenamente establecidos, permitirán a los individuos beneficiarse más de un verdadero espacio común europeo de movilidad. 
Es de esperar que habrá suficientes fondos disponibles. 
Estos programas permitirán a instituciones del ámbito de la educación, la formación y la cultura mejorar la manera en que trabajan juntas. 
En este contexto, la simplificación de los procedimientos administrativos y financieros es una cuestión clave. 
Las sucesivas evaluaciones y los ejercicios de consulta pública a gran escala han demostrado que los programas actuales se beneficiarían efectivamente de la simplificación. 
Pero esto exige esfuerzos en planos diferentes, en el nivel de los mecanismos administrativos para los propios programas y en el nivel del Reglamento financiero y sus normas de aplicación. 
En el plano de los programas se propone reducir el número de programas en el ámbito de la enseñanza y la formación situando Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig debajo del mismo paraguas: un programa integrado de aprendizaje permanente. 
El diseño de los nuevos programas –especialmente en el ámbito de la juventud, la cultura y la ciudadanía– intenta simplificar el acceso a los potenciales beneficiarios. 
Por ejemplo, en el nuevo programa de Cultura 2007 hemos creado un programa más abierto y accesible desde el punto de vista de su propia estructura, con tres objetivos principales, frente a los ocho que había antes. 
Des este modo es más fácil entender su esencia, concretamente porque sigue un enfoque no sectorial, en el que cualquier interesado puede sentirse bien acogido, y está destinado explícitamente a la diversidad de beneficiarios. 
Además, la Comisión quiere simplificar los sistemas de solicitud e informes implicados y, por supuesto, acelerar el proceso de selección. 
Hemos incluido disposiciones al respecto en el proyecto de decisión. 
Durante el procedimiento de codecisión en curso para adoptar las decisiones del programa, tanto el Parlamento como el Consejo han apoyado el propósito de la Comisión de simplificar al máximo, no solo la forma de las acciones del programa, sino también sus requisitos administrativos y financieros, y de hallar el equilibrio justo entre la flexibilidad y la facilidad de uso por un lado y la claridad del objetivo y las salvaguardias financieras y de procedimiento adecuadas por otro. 
Con respecto al Reglamento financiero, la Comisión ha propuesto una serie de enmiendas que actualmente examina el Parlamento. 
Estas enmiendas introducen, entre otros, el principio de proporcionalidad, que significa que los requisitos administrativos y contables deben ser proporcionales a la cuantía de la subvención. 
En cuanto a las normas de aplicación ya ha habido algún progreso, porque en julio de 2005 la Comisión modificó las normas detalladas para la aplicación del Reglamento financiero nº 1, que comportó, entre otras, las siguientes mejoras desde el punto de vista de la simplificación de los procedimientos. 
En primer lugar, el requisito de una auditoría externa en apoyo de los pagos es ahora obligatoria solo para los pagos intermedios o los pagos finales cuando la subvención supere los 750 000 euros para las acciones y los 100 000 euros para las subvenciones operativas. 
La segunda enmienda es que el límite de los importes a tanto alzado se ha aumentado de 5 000 euros a 10 000 euros. 
Además, ahora es posible incluir varias cantidades a tanto alzado en una subvención y la Comisión puede autorizar el uso de importes a tanto alzado incluso si no se especifican en el instrumento de base. 
– Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta completa e informativa. 
Me complacen las medidas de simplificación que ha presentado usted. 
No obstante, ¿quizá deberíamos entender que la simplificación también se aplica a la financiación de esos programas? 
Los ciudadanos temen que estos programas no se financien tan espléndidamente como en el pasado. 
¿Están justificados esos temores? 
. 
Muchas gracias por la pregunta adicional. 
He escuchado con gran interés, vía retransmisión, el discurso del Presidente de la República Federal de Alemania, cuando ha hablado con entusiasmo sobre la educación, los jóvenes y el programa Erasmus. 
Creo que es la actitud adecuada para un Jefe de Estado y el ciudadano europeo que creen que a través de la educación y la movilidad podemos lograr mucho más en los ámbitos económico, social, cultural y político. 
Por tanto, creo firmemente que los nuevos programas para grupos voluntarios y jóvenes en el ámbito de la educación, así como de la cultura, deberían mejorarse desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, dada su importancia para las personas y el conjunto de la Comunidad. 
La situación actual se encuentra ahora principalmente en manos de los socios que debaten las perspectivas financieras, pero creo que estamos transmitiendo un mensaje muy oportuno al país que ostenta la Presidencia, al Parlamento, a la Comisión y a toda la Unión Europea ampliada. 
Agradezco en particular el apoyo continuo de esta Asamblea con respecto a los programas educativos de la Unión Europea. 
Es muy necesario. 
Señora Presidenta, hablamos ahora de integración y de sentimiento de pertenencia a Europa y hace unos minutos hablábamos de racismo y xenofobia. 
Creo que hay elementos comunes en todo esto. 
Hace unos meses visité Canadá y vi que allí existe un programa muy completo de integración de los inmigrantes y de sus familias. 
Quisiera preguntarle a la Comisión si, en este sentido, se plantea crear algún programa de integración de los jóvenes inmigrantes, para que también nosotros logremos tener menos racismo y menos xenofobia, ya que esos nuevos ciudadanos europeos también tienen el sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad. 
. Estoy seguro de que usar la educación como herramienta contra el racismo y la xenofobia para la inclusión social y la integración es también una labor común y agudamente percibida. 
Una Europa integrada, libre y democrática puede basarse solamente en sociedades integradas, libres y democráticas. 
Los Estados miembros, sus Gobiernos, las autoridades públicas en sentido amplio y las instituciones europeas están invitadas pues a apoyar esas herramientas. 
Algunos de los programas ya se utilizan con ese fin. 
El Pacto Europeo para la Juventud, adoptado el año pasado, es una de las herramientas especiales para la integración y da algunas respuestas a la juventud de Europa, a los jóvenes que tienen muchas dificultades o se hallan en situaciones vulnerables en determinados países. 
La inclusión social es una de las partes más importantes de la política social. 
No quiero hablar en nombre de mis colegas, pero estos asuntos se tienen en cuenta y se promueven a través de diferentes programas que son de nuestra competencia. 
Se puede hacer más sobre la base de políticas coherentes a escala europea y nacional. 
Esta es una cuestión en curso, que hay que tratar no solo a través de la educación, sino también a través del deporte, la cultura y el diálogo intercultural. 
Son herramientas muy útiles y eficientes para promover la inclusión social y la integración y para combatir problemas como la violencia, el vandalismo, el racismo y la xenofobia. 
– Señora Presidenta, como todos sus colegas, el Comisario habla de simplificación y estos procesos europeos complicados son un punto principal de contención. 
¿Quizá podría él darme un par de ejemplos específicos de lo que se está simplificando con medios nuevos y lo que va a mejorarse? 
En segundo lugar, ¿se lleva un registro de los costes efectivos de la gestión de los programas y del importe de los fondos de estos programas que en el futuro beneficiarán directamente al público europeo? 
. He mencionado Erasmus porque el Presidente alemán ha citado ese ejemplo. 
Creo que era correcto mencionarlo porque es probablemente el programa más famoso y popular. 
Son programas muy influyentes para los individuos y las sociedades. 
Los interesados se benefician mucho de esos programas. 
Se les pide cada vez más. 
He expresado mi gratitud por el apoyo del Parlamento a esos programas, porque surten efecto. 
El futuro de Europa sin esos programas estaría más en tela de juicio. 
Los programas tienen repercuten en otros terrenos: Erasmus fue la fuerza motriz del Proceso de Bolonia, que es muy influyente para cualquier estudiante, cualquier profesor y cualquier universidad de Europa. 
He mencionado algunas de las propuestas que ya figuran en las normas de aplicación adoptadas por la Comisión. 
La Comisión ha propuesto más de 100 enmiendas al Reglamento financiero. 
Ahora les toca a ustedes decidir y mejorarlo. 
En enero de 2006 hemos creado una nueva agencia ejecutiva que trata todos los casos y proyectos individuales y colabora estrechamente con las agencias nacionales. 
Este sistema centralizado para el funcionamiento de nuestros programas es una herramienta razonable. 
Las agencias nacionales funcionan en los Estados miembros en lenguas nacionales concretas. 
Están mucho más cerca de los ciudadanos, lo que contribuye a prestar el mejor servicio a los usuarios del programa. 
Hay algunas medidas y propuestas concretas sobre el modo de simplificar la tarea del usuario de subvenciones pequeñas, en contraste con los millones invertidos en proyectos de infraestructura o de investigación. 
También queremos poner más dinero, por ejemplo, en Erasmus o en programas de aprendizaje permanente, porque creemos que los 125 euros per cápita al mes no son una ayuda europea muy sustancial si tenemos en cuenta los costes reales de la vida cotidiana en nuestros países. 
Así que «más» también significa más en la dimensión social. 
Este dinero es a menudo decisivo para los que necesitan subvenciones europeas para estudiar en el extranjero. 
Quisiera referirme al Plan que ha elaborado la Comisión para fomentar el espíritu empresarial desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. En él, se refiere la Comisión a la necesidad de un mayor crecimiento económico y de una mayor iniciativa empresarial para mantener de forma satisfactoria el modelo social europeo. 
Comparto plenamente esta necesidad. Sin embargo, me preocupa el riesgo de que la educación se subordine a la lógica de la competencia y del mercado, ya que considero esencial para el modelo social europeo preservar la formación con el fin de hacer ciudadanos libres, autónomos, con criterio, y también para el cultivo personal. 
A pesar de algunas buenas prácticas de las que, sin duda alguna, podemos aprender –como incrementar los programas de prácticas profesionales en empresas–, y sin que ello vaya en detrimento de los estudios empresariales, una perspectiva demasiado mercantilista del modelo educativo norteamericano no debe ser nuestro modelo de referencia. 
¿No cree la Comisión que, en beneficio del futuro de la educación como pilar de la ciudadanía, no deberíamos centrar también nuestros esfuerzos en revisar los currículos educativos de los Estados miembros para mejorar la formación en ámbitos diversos, incluidos los humanísticos y culturales? 
. 
Señora Presidenta, Señorías, el Plan de Acción denominado Agenda Empresarial Europea se aprobó en 2004. 
En estos años se han establecido, al amparo del Plan de Acción, cinco ámbitos políticos estratégicos para la Agenda Empresarial Europea. 
El primero de estos ámbitos se ocupa de estimular las ideas empresariales entre los jóvenes. 
Hace poco, el 13 de febrero, la Comisión Europea aprobó, como parte del Plan de Acción, una comunicación llamada Impulsar los modos de pensar empresariales a través de la educación y el aprendizaje. 
En la comunicación, la Comisión perfiló una serie de recomendaciones para los Estados miembros, puesto que la Unión Europea no tiene ninguna capacidad o competencia formal en este ámbito. 
La idea es fortalecer el papel de la educación para configurar una cultura empresarial mejorada en Europa y las empresas europeas. 
La educación debería estimular el espíritu empresarial entre los jóvenes y abrir nuevas posibilidades para su futuro, además de medios para desarrollar aptitudes empresariales básicas. 
Uno de los objetivos de la comunicación es mejorar la forma en que los jóvenes se están preparando para sus vidas futuras, sus ocupaciones y trabajos futuros. 
La Comisión cree que los beneficios del espíritu empresarial y la educación empresarial no deberían medirse simplemente teniendo en cuenta el número de nuevas empresas o empresas innovadoras y de nuevos puestos de trabajo. 
El espíritu empresarial es, en primer lugar, una competencia esencial para todos, ya que ayuda a los jóvenes a ser más creativos y emprendedores, a tener más seguridad en ellos mismos, y a trabajar y tomar decisiones con mayor responsabilidad social independientemente de la actividad a que se dediquen. 
En vista de todo esto y en el campo más amplio de las competencias que se adelantan en el Programa de formación profesional y educación de 2010, el espíritu empresarial es uno de los elementos del marco de referencia de ocho competencias cruciales y básicas para la educación continua. 
Estas competencias básicas nos parecen cruciales para la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y la empleabilidad. 
También incluyen una dimensión cívica, cultural y educativa. 
De acuerdo con la comunicación, la Comisión estima que impulsar los modos de pensar empresariales a través de la educación y la formación profesional es totalmente coherente y compatible con los objetivos que nos hemos fijado y con los formulados por los diputados al Parlamento Europeo, incluso la autora de esta pregunta, la señora Maria Badia i Cutchet, en el contexto de mejorar la educación general en todos los ámbitos y garantizar que en el futuro los ciudadanos europeos sigan siendo libres e independientes, con mejores condiciones para el desarrollo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco sus palabras, que ciertamente me han tranquilizado un poco, porque, leyendo esta Comunicación, a una le entra la duda de si no estamos sometiendo demasiado la educación a una lógica de competencia y de mercado. 
Estoy viendo en estos momentos en el público muchos estudiantes y estoy convencida de que algunos de ellos piensan ser empresarios en un futuro, pero quizá otros muchos tendrán intereses totalmente diferentes: intereses culturales o humanitarios. 
. Estoy seguro de que no todos somos hombres de negocios, ni lo serán todos nuestros hijos, pero es importante que entendamos cómo funcionan los negocios. 
Nosotros creemos –y cuando digo «nosotros» me refiero también a los Estados miembros, porque hay un gran consenso sobre el conjunto de las competencias principales, que incluyen la iniciativa empresarial– que se trata de la capacidad de comprender la complejidad, la capacidad de tomar iniciativas, de convertir la iniciativa en acción y de asumir la responsabilidad personal. 
Esto también es bueno para los empleados, no solo para los empresarios: los empleados activos y creativos son buenos empleados para cualquier empresa seria. 
Por eso creemos que esa aptitud es muy útil para el conjunto de la sociedad y los ciudadanos y que no se trata solo de propagar y generar negocios y hombres de negocios. 
Se trata de una mentalidad que debería ser también más madura en un entorno cambiante, en un entorno que exige un conocimiento más profundo de los factores que influyen y la dinámica. 
– Señor Comisario, en principio es bueno que la Comisión emprenda iniciativas en el ámbito empresarial, como el CIP, y también aquí. 
Después de todo, los puestos de trabajo solo surgen cuando algo se ofrece a la venta. 
¿Contempla el Comisario alguna posibilidad de presentar esas iniciativas a un público bastante más amplio, incluso como parte de las actividades de relaciones públicas de la Comisión con la Comisaria Wallström? 
. Esto debería formar parte de una comunicación o promoción por parte de los colegas tanto de la Comisión como de esta Cámara, porque Europa suele comparar su potencial con el de muchos otros socios. 
Creo que tenemos el potencial, pero la mayoría de obstrucciones u obstáculos se derivan de nuestras normas, es decir, de cómo organizamos nuestras economías o sociedades, o de nuestra mentalidad. 
Por eso apoyo completamente la opinión del señor Rübig de que este concepto básico –las competencias fundamentales, incluida la educación en el espíritu empresarial, la educación para la cultura, el conocimiento cultural, la ciudadanía y, por supuesto, las lenguas, las matemáticas, la ciencia, la alfabetización digital y aprender a aprender– es importante para todos. 
La enseñanza permanente se basa y debe basarse en algunas competencias fundamentales, que incluyen una aptitud o mentalidad empresarial. 
Por consiguiente, quisiera invitar también a ustedes y a todos los amigos de las PYME, a todos los amigos de las iniciativas emprendidas por nuestros ciudadanos e instituciones, a promover el importante concepto de aprendizaje permanente. 
No me sorprendió, sino que me estimuló, que durante el último Turno de preguntas un colega hablara del aprendizaje permanente como un derecho de los ciudadanos, un derecho del individuo frente al Estado o sus autoridades a tener acceso al aprendizaje permanente, no solo a la enseñanza básica o secundaria. 
Para aplicar dichos sistemas también necesitamos una mayor disposición mental. 
Gracias y pongamos juntos manos a la obra en esta cuestión. 
La pregunta nº 48 se ha declarado inadmisible (apartado 3 de la parte A del Anexo II del Reglamento). 
Hace un año entró en circulación en Turquía la moneda de una lira (valor equivalente a 0,6 euros) que guarda un parecido increíble con la moneda de dos euros. 
Por una parte, la imagen de Kemal Atatürk que muestra la moneda de una lira se puede confundir con la imagen del Rey Alberto II. Teniendo en cuenta las coincidencias técnicas de peso y grosor, en la UE se han producido grandes perjuicios para los propietarios de máquinas expendedoras. 
El mismo problema se da en los bancos con las máquinas de selección automática, sin contar con el problema de los ciudadanos que todavía no son conscientes del peligro de confusión. 
¿Qué opinión le merece a la Comisión este nuevo paso de Turquía? 
¿Hasta qué punto está permitido que un Estado emita una moneda que muestre tantas similitudes con el euro? 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger a los ciudadanos europeos? 
. La pregunta se refiere a las monedas turcas acuñadas a principios de 2005, que son muy parecidas a las monedas de la UE. 
Por supuesto que la Comisión comparte la preocupación de su Señoría sobre este asunto. 
Este tipo de cosas no debería pasar. 
El derecho a acuñar monedas es uno de los derechos soberanos fundamentales de un país. 
Hay una red llamada Oficina de Registro de Monedas, creada por la Conferencia Internacional de Directores de Casas de la Moneda. 
Se supone que los miembros de las Casas de la Moneda consultan a la Oficina de Registro de Monedas cuando preparan una nueva moneda, de manera que se puedan evitar las similitudes. 
Evidentemente, esto no se ha hecho debidamente en este caso, de manera que han aparecido monedas que son similares a las del euro. 
No ha sido la primera vez que sucede una cosa así. 
Incluso en mi país, cuando yo estaba a cargo de esta cuestión, acuñamos monedas que eran similares a los marcos alemanes, por lo que tuvimos que cambiar nuestra producción. 
La Comisión colabora con las autoridades turcas y estas han prometido modificar sus monedas poco a poco. 
La acuñación de monedas es un ejercicio muy caro y laborioso. 
Sin embargo, no hay prisa y los riesgos son muy limitados. 
Las máquinas expendedoras –que son el problema principal– pueden ajustarse. 
Estimamos que hay algunos viejos modelos de máquinas expendedoras que son más difíciles de ajustar, pero la mayoría de las nuevas pueden ajustarse debidamente para aceptar las monedas correctas. 
A la vista son muy diferentes. 
Si estas monedas se manejan en el comercio minorista, pueden distinguirse fácilmente. 
Así que los riesgos son limitados. 
La Comisión ha colaborado también con fabricantes de los mecanismos de aceptación de monedas para informarles de que los mecanismos deben ajustarse en función de este problema. 
Estamos colaborando con las autoridades turcas para garantizar que la nueva producción de monedas pueda modificarse ligeramente, de manera que no sean tan similares a las monedas de euro. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, me doy cuenta de que no hay motivos para tener pánico, tal y como usted dice. 
Sin embargo, quiero preguntarle si quizá sería deseable plantear esta cuestión en el marco de las negociaciones de adhesión con Turquía, a fin de garantizar la pronta retirada de la circulación de esas monedas. 
Después de todo, también existe la tentación para las sociedades paralelas turcas de Europa, en Alemania o Austria, por ejemplo, de hacer un mal uso de esas monedas. 
¿No sería posible acelerar el proceso, incluso aunque, tal y como dice usted, acuñar monedas sea muy caro, a fin de reducir los daños que han sufrido Europa y la economía europea? 
. Esto debe negociarse en todos los contextos, incluido el de las negociaciones de acceso. 
Hay una especie de acuerdo entre caballeros de que este tipo de cosas no debe suceder. 
Si sucede, entonces los productores de las monedas más pequeñas deben hacer algunos ajustes para evitar la situación creada por el uso de monedas similares. 
Esto se negociará. 
Tendré la oportunidad de encontrarme pronto con los miembros del Gobierno turco, de manera que definitivamente plantearé el asunto con algún tiempo porque, como he dicho, la acuñación de monedas es un asunto enorme y muy costoso. 
Con el tiempo podremos resolver este problema, pero hasta entonces trabajaremos con los productores de mecanismos de monedas para evitar eventuales perjuicios. 
El Consejo Superior de las Escuelas Europeas ha establecido los criterios en los que se basará la decisión sobre las secciones lingüísticas que se abrirán en la IV Escuela Europea de Laeken. 
El Grupo de Seguimiento presidido por el Secretario General de las Escuelas Europeas ha señalado en varios documentos oficiales a la sección italiana de la Escuela de Bruselas II como una cuyo traslado a la IV Escuela se propondrá al Consejo. 
Lógicamente, esta indicación es fruto de un análisis comparativo obtenido tras cruzar los criterios con todas las secciones existentes. 
¿Puede presentar la Comisión este análisis pormenorizado? 
En caso de que no se hubiera llevado a cabo, ¿puede explicar la Comisión cómo se llegó a dicho resultado y, en particular, cómo se llegó a la decisión de excluir a las otras secciones lingüísticas? 
Todos sabemos que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, pero se considera oportuno conocer en profundidad el procedimiento de trabajo que ha utilizado el Grupo de Seguimiento para comprender si se ha basado en criterios suficientemente rigurosos que justifiquen una propuesta que acarreará consecuencias sumamente negativas para cientos de familias de funcionarios de las instituciones comunitarias. 
El Consejo Superior de las Escuelas Europeas está a punto de aprobar la creación de la sección alemana de la Escuela Europea de Bruselas IV en Laeken. 
Una de las opciones presentadas al Consejo Superior prevé el traslado de las secciones italiana y neerlandesa de Woluwe a Laeken, adonde también se trasladará la sección alemana de Ixelles. 
¿Es consciente la Comisión de que, si se les traslada a Laeken, los niños de la zona de Woluwe e Ixelles pasarán en total entre tres y cuatro horas al día sentados en el autobús escolar? 
¿O confía la Comisión en la experiencia, con este tipo de traslados, del Secretario General y del Consejo Superior, cuyas actuaciones ya dieron lugar a situaciones insostenibles con ocasión de la apertura de Ixelles? 
¿Está dispuesta la Comisión a revelar y explicar la consigna de voto a su representante en el Consejo Superior? 
. Las preguntas 50 y 51 son bastante parecidas, pero si es necesario contestaré por separado, aunque el concepto sea el mismo. 
Debo empezar diciendo que las Escuelas Europeas constituyen una de las cuestiones más complicadas de mi ámbito de responsabilidad, y los problemas son numerosos. 
El sistema es muy independiente y complicado. 
La gobernanza del sistema no corresponde a la Comisión, y, de hecho, la Comisión no es más que un miembro del Consejo de Gobernadores, formado por 29 miembros. 
La rápida ampliación de la Unión Europea ha traído a numerosas personas a nuestras ubicaciones, no solo a Bruselas, y tenemos muchos problemas en relación con la falta de plazas que se necesitan para niños en las escuelas y otros equipamientos. 
Una solución, que es extremadamente necesaria, sería abrir en 2009 una cuarta escuela de Bruselas, en Laeken. 
¿Por qué Laeken? 
Esa decisión la tomó el Gobierno belga. 
Bélgica es el país anfitrión y contribuye notablemente a la infraestructura escolar. 
Toda la infraestructura la proporciona el país anfitrión. 
He estado en contacto con el Gobierno y con Ministros belgas. 
El Presidente Barroso ha planteado esta cuestión ante el Gobierno belga para acelerar este proceso, y 2009 es antes de lo originalmente previsto. 
Ahora se trata de decidir los dispositivos internos de las escuelas para las secciones lingüísticas: qué secciones lingüísticas se abrirán y cuáles se transferirán. 
En primer lugar, es demasiado pronto para decir que todo está decidido. 
Sigue estando en debate, y la Comisión es solo una parte, y definitivamente no la parte dominante, de estos debates. 
El Consejo de Gobernadores tomará las decisiones. 
Por supuesto, la Comisión intenta aportar su experiencia y sus conocimientos, participar en este proceso y defender los intereses de los padres empleados en las instituciones europeas, así como garantizar la transparencia y un proceso justo. 
En su reunión de los días 25 y el 26 de octubre, el Consejo de Gobernadores aprobó una lista de criterios de cómo ocuparse de las secciones lingüísticas. 
Se creó un grupo de trabajo, el «» y el Secretario General de la Escuela Europea presentó un documento preliminar a este grupo. 
De nuevo, la Comisión participa activamente en este grupo, pero solo somos un miembro entre otros. 
Por último, ese «» ha de tener en cuenta todos los planteamientos y encontrar una solución adecuada. 
Se han discutido algunas soluciones preliminares, las opciones A y B, pero es realmente demasiado pronto para decir que una solución es preferible a la otra. 
Actualmente, este grupo debate opciones intermedias que incorporan los aspectos mejores de ambas soluciones, que incluyen el principio, apoyado por la Comisión, de que los niños actualmente inscritos en uno de los colegios existentes en una sección cualquiera no deberían estar obligados a trasladarse a Laeken. 
Esta sea probablemente una buena idea para los padres cuyos hijos ya van a esas escuelas. 
Es muy difícil imaginar que la solución definitiva satisfará a todo el mundo, pero hemos de encontrar una solución que garantice que los alumnos reciban una buena educación. 
Estamos colaborando con el Consejo de Gobernadores y con el Gobierno neerlandés, que preside el Consejo, sobre la reforma de las escuelas europeas, porque existen muchos problemas, incluso problemas estructurales y, por supuesto, es preciso modificar este sistema. 
Esta es mi respuesta conceptual y hoy no puedo decir que hayamos preparado planes o soluciones ocultos. 
Colaboramos con el «» muy seriamente y puedo asegurarles que nos tomamos muy en serio estas cuestiones, pero es un ámbito difícil y se han acumulado muchos problemas, y ahora tenemos que encontrar soluciones finales duraderas. 
Junto con el Gobierno belga y las autoridades de Bruselas nos esforzaremos por hallar algunas soluciones de transición a fin de resolver problemas a corto plazo y deficiencias en todos nuestros equipamientos. 
Esa es la situación actual. 
Naturalmente, tiene usted razón, señor Comisario: las preguntas nº 50 y 51 deberían responderse a la vez, ya que sus temas están interrelacionados. 
Además, hay numerosos diputados interesados en este tema. 
Sin embargo, en primer lugar voy a dar la palabra a los dos autores para que formulen sus preguntas complementarias. 
– Señor Comisario, le agradezco su respuesta. 
Dado que la opción B parece claramente mejor que la opción A desde muchos puntos de vista, me pregunto si puede excluir que la Comisión plantee un problema de costes. 
En particular, si el problema del leve incremento de los costes no inducirá a la Comisión a bloquear la opción que, entre las dos, parece con mucho la mejor. 
. Por supuesto, la Comisión paga la mayor parte de la factura de las Escuelas Europeas y el problema del coste también es una cuestión grave. 
Sin embargo, yo no me centraría sobre todo en esta cuestión del coste, sino principalmente en el sistema de trabajo y en la tarea de impartir a los alumnos la mejor educación posible. 
A este respecto, la opción B no es la mejor. 
La opción B, que contempla disponer de casi todas las secciones en todas partes, traerá una gran fragmentación, con pequeños grupos y pequeñas clases, en cuyo caso nos enfrentaremos al problema de garantizar una enseñanza de buena calidad y una educación de buena calidad. 
Por tanto, la opción B no es la mejor. 
Sin embargo, también es mucho más cara, pero para la Comisión la cuestión del coste no es la primera y ni la más importante. 
La cuestión más importante implica asegurar el funcionamiento eficaz del sistema de las Escuelas Europeas, y también existen muchos problemas relacionados con la futura calidad de la educación. 
– Señora Presidenta, el Comisario habla de procedimientos complicados, de una situación complicada. 
Todos lo sabemos, pero la situación es aún más complicada si la Comisión no está preparada para introducir mayor transparencia en su proceso de toma de decisiones. 
Después de todo, la reunión decisiva del Consejo de Gobernadores se celebrará a mediados de abril. 
¿Por qué no está preparada la Comisión para decir simplemente, sobre la base de sus propios criterios: hasta aquí hemos llegado, estas son las cifras y hasta aquí podemos llegar? 
Si el Comisario se limita a perpetuar la oscuridad, no puede esperar que mejore la satisfacción en las secciones lingüísticas. 
. Muchas gracias, pero no comparto la opinión de que no seamos transparentes en este proceso. 
Todo el proceso ha sido transparente para todas las partes y las opciones han estado sobre la mesa. 
Si usted quiere, la Comisión emprenderá la principal iniciativa en la preparación de esas opciones. 
No obstante, lógicamente es preciso llegar a un consenso final que englobe a las organizaciones de padres y madres, a las propias escuelas y al personal docente. 
La Comisión hace su aportación y está estudiando a fondo todas las opciones posibles presentadas por otras partes. 
Estamos intentando participar en el hallazgo de una solución definitiva que sea más o menos aceptable para todos. 
En todo este proceso hemos sido transparentes y ahora estamos pensando en algún tipo de solución de compromiso, una opción intermedia entre las opciones A y B. El proceso ha sido transparente y conlleva negociaciones muy complicadas con todas las partes. 
En este caso la Comisión participa en la negociación y también quiere respetar a las demás partes, incluso a las autoridades belgas, que tienen cosas sustanciales que aportar. 
– Señor Comisario, si se adoptase la opción A, a la que se ha hecho referencia, entre las dos que se plantean, es decir, la que prevé la transferencia de secciones, ¿no le parece que existiría el riesgo de que muchas familias tuvieran a sus hijos en escuelas diferentes? 
Dado que de los datos difundidos en el grupo de seguimiento se desprende que la evolución demográfica de algunas secciones, por ejemplo la sección italiana en los próximos años, será superior a la de muchas otras nacionalidades, ¿no considera que es un elemento y un aspecto que debería inducir a la Comisión a elegir la opción B entre las alternativas citadas? 
. La decisión final la tomará el Consejo de Gobernadores. 
Ha mencionado usted que al final los niños podrían tener que asistir a diferentes centros. 
He leído acerca de los criterios a este respecto en los documentos de conceptos básicos. 
La opinión de la Comisión es que deberíamos esforzarnos por todos los medios por evitar algo así. 
Los niños de una misma familia, hermanos y hermanas, han de ir a la misma escuela. 
La opción B adolece de tremendas deficiencias desde el punto de vista del futuro desarrollo de la educación. 
No compartimos la opinión de que la opción B sea la mejor, pero se llevará a cabo un trabajo intensivo a fin de encontrar soluciones que satisfagan a tantas partes y a tantos padres como sea posible. 
– Señor Comisario, vuelvo sobre el mismo tema: el criterio F, de los adoptados en octubre, establece que cuando una sección existe en más de una escuela, debe albergarse en escuelas periféricas y escuelas céntricas. 
Quiero ser aún más claro: si se adoptase la opción A elaborada por el grupo de seguimiento, la sección italiana sería la única penalizada, pues sería desplazada a dos escuelas periféricas: Uccle y Laeken. 
¿No considera, señor Comisario, que la opción A resulta discriminatoria para algunos italianos? 
Le pido, pues, que acceda a un compromiso al respecto, rechazando la opción A y adoptando la opción B. 
. 
No diré que vayamos a apoyar la opción B. Tampoco he dicho que vayamos a apoyar la opción A. Estamos intentando encontrar una solución de compromiso. 
Si quiere usted que yo diga que daré todas las opciones a la opción B, no puedo decirlo. 
Debo reiterar que quien ha de tomar la decisión es el Consejo de Gobernadores, además del grupo de trabajo, el, que incluye a padres y madres y otras partes interesadas. 
Ese es el proceso. 
Con este tipo de cuestiones complejas siempre intento encontrar alguna especie de solución de compromiso. 
Esto es lo que probablemente también ocurra en este difícil terreno. 
La próxima reunión del Consejo de Gobernadores se celebrará a finales de abril. 
Se debatirán todas las posibles soluciones y aspectos. 
Su pregunta sobre la sección italiana se ha planteado en numerosas ocasiones y también hay otras implicadas. 
Hemos intentado encontrar una solución equilibrada y no penalizar a nadie. 
¿Puede informar la Comisión sobre las consecuencias para los ciudadanos de la Unión Europea de la ampliación a Bulgaria y Rumanía en el ámbito del Derecho privado, en especial sobre el régimen de adopciones a través de futuras fronteras interiores de la Unión, y si se garantizarán las adopciones o se revisarán las adopciones ya conseguidas? 
Soy plenamente consciente de los casos pendientes de adopciones internacionales de niños rumanos y la comprensible ansiedad que rodea a este asunto entre las familias que quieren dar a esos niños un nuevo hogar. 
En el marco de las reformas legislativas que se están preparando para la adhesión a la Unión y con la ayuda prestada por el Parlamento Europeo a lo largo de los años, Rumanía ha aprobado hace poco una nueva legislación sobre protección de la infancia. 
De acuerdo con esta legislación, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, la adopción internacional es un último recurso para el caso de que no sea posible encontrar una solución interna adecuada, desde hogares de acogida más pequeños hasta la adopción dentro del país. 
Gracias a esta ley, Rumanía se ha ajustado a la normativa legal de la Unión Europea en este terreno, también materializada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
La aplicación de esta normativa debe situarse en el contexto de las antiguas prácticas abusivas asociadas a las adopciones internacionales en Rumanía. 
En cuanto a los aspectos jurídicos más precisos, convendría señalar además que actualmente no existe ninguna normativa comunitaria en el terreno de la adopción internacional. 
De hecho, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, que prevé el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental, excluye explícitamente la adopción de su ámbito de aplicación. 
Esto significa básicamente que en Rumanía y Bulgaria se ha aplicado el acervo comunitario en el terreno de la protección de los niños. 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sirve de base tanto en Rumanía como en Bulgaria. 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no distingue entre fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea. 
Esta pregunta no es la única sobre este tema; también están las preguntas nº 55 y 56. 
Si sus Señorías están de acuerdo, podemos juntarlas. 
Sin embargo, en primer lugar quiero dar la palabra al autor de la pregunta, el señor Medina Ortega, para una pregunta complementaria. 
Señora Presidenta, creo que es un progreso que la legislación de Bulgaria y Rumanía se adapte a las normas europeas, porque en materia de adopciones lo más importante es la protección del niño. 
Sin embargo, por desgracia, sabemos que en estos países, como en otros, hay niños que no se encuentran en una situación familiar cómoda y tenemos familias dentro de la Unión Europea que estarían dispuestas a aceptar las funciones parentales con toda clase de garantías. 
Sé que no hay legislación europea sobre el tema, pero sí hay la posibilidad de que la Unión Europea medie, de alguna forma, con las autoridades de Bulgaria y Rumanía para garantizar que las familias de la Unión Europea que estén dispuestas a realizar este tipo de actuaciones lo hagan en las mejores condiciones posibles y facilitar así, cuando sea necesario, la adopción por familias de la Unión Europea. 
Me gustaría saber su opinión sobre si hay alguna posibilidad de actuación por parte de la Comisión en este ámbito. 
Actualmente colaboramos muy estrechamente con el Gobierno de Rumanía. 
Reconocemos que este país ha revisado su legislación y que sobre esta base un grupo de expertos estás examinando los casos pendientes. 
Ese grupo de expertos debería concluir su trabajo en el curso de este mes. 
Mantenemos un contacto regular con las autoridades rumanas en torno a este asunto. 
Opinamos que en la medida en que respeten la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la normativa europea, entonces corresponde al Gobierno y a las autoridades rumanos buscar una solución. 
Con respecto a la situación de la atención a la infancia, entendemos, sobre la base de los informes de situación pormenorizados, que ha mejorado sobre el terreno, entre otras cosas porque la Unión Europea ha prestado una ayuda notable a la reestructuración del sector de la atención a la infancia, una ayuda que asciende a uno 160 millones de euros en los últimos 15 años. 
Globalmente está previsto que el proceso de selección de solicitudes de adopción internacional registradas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa concluya este mes. 
Esperamos que las autoridades rumanas informen a todos los solicitantes individualmente. 
– Señor Comisario, en parte ha respondido ya a mi pregunta, que trata del problema de los casos de adopción pendientes. A raíz de las peticiones del Parlamento Europeo en diversas resoluciones, se creó un grupo de expertos para examinar caso por caso las situaciones pendientes. 
Quisiera saber si hay noticias sobre los plazos en que serán tramitadas las solicitudes y, por tanto, si tendremos información sobre los resultados del trabajo hasta ahora realizado por dicho grupo. 
Mantenemos un contacto regular con las autoridades rumanas, y en respuesta a su Señoría quiero decir que las autoridades rumanas están en vías de resolver las peticiones de adopción pendientes, presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley el 1 de enero de 2005. 
Las autoridades rumanas han creado un grupo de trabajo que debería finalizar el 31 de marzo, y la Comisión se ha comprometido a hacer un seguimiento de cerca de este asunto. 
Informaremos al Consejo y al Parlamento sobre esta cuestión en nuestro amplio informe de seguimiento que se aprobará, tal y como está previsto, el 16 de mayo. 
En cuanto a los demás elementos de su pregunta, los 82 000 niños que actualmente se hallan bajo protección social, en residencias, hogares particulares o en familias ampliadas se benefician de una estructura de protección de la infancia que se ajusta a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y esto también ocurre respecto del acceso a la atención sanitaria y a la educación. 
A la luz del informe de seguimiento exhaustivo de la Comisión sobre la preparación para la adhesión a la UE de Rumanía en 2007, que pone de relieve las preocupaciones de la Comisión sobre la falta de progreso de Rumanía en determinadas áreas de la protección infantil, así como en el sistema de cuidados sanitarios de las personas con discapacidad y enfermos mentales, ¿puede especificar la Comisión qué importancia concede a estas cuestiones en las negociaciones en curso con las autoridades rumanas? 
Por otra parte, ¿considera la Comisión que se han realizado progresos suficientes y que seguirán realizándose de manera que Rumanía pueda adherirse a la Unión Europea en 2007? 
Ya he respondido parcialmente a esta cuestión, por lo que solo abordaré los aspectos que todavía no se han tratado. 
En primer lugar, además de una evaluación general de la protección de la infancia y la situación del sistema sanitario para los discapacitados y los enfermos mentales Rumanía, hemos organizado una evaluación por homólogos en torno a la salud mental a fin de evaluar la situación sobre el terreno. 
Estamos a la espera del informe de expertos resultante de esta evaluación. 
Tenemos en marcha un total de 15 evaluaciones de expertos, o evaluaciones por homólogos, tanto en Bulgaria como en Rumanía, sobre una serie de cuestiones cruciales, y este es uno de los ámbitos esenciales en que realizamos esta evaluación por homólogos, que corra a cargo de funcionarios de la Comisión y los mejores expertos de los Estados miembros de este terreno. 
En cuanto al cuidado de las personas con discapacidad, el centro de atención es una estrategia inclusiva que pretende cerrar y reestructurar grandes instituciones residenciales mediante el desarrollo de servicios alternativos de base comunitaria, el apoyo a las familias y unidades residenciales más pequeñas. 
Aportamos, por ejemplo, hasta 15 millones de euros. 
Además, en Rumanía se desarrolla una campaña de sensibilización en torno a los derechos de las personas con discapacidades. 
Aunque la reforma de este sector todavía está dando sus primeros pasos, desde el punto de vista de la Comisión calculamos que el país va ahora por buen camino a este respecto. 
Por último, es preciso abordar de inmediato el problema persistente del maltrato en los hospitales psiquiátricos en Rumanía. 
Esto se subrayó en nuestro amplio informe de seguimiento de octubre y es preciso abordar los considerables déficit existentes con respecto a las condiciones de vida y de asistencia en algunos establecimientos. 
Hemos advertido seriamente a las autoridades rumanas de que den prioridad al ámbito de la salud mental y dediquen suficientes recursos a este fin. 
Se exhorta a las autoridades rumanas a que aprovechen la ayuda actual de PHARE y elaboren una estrategia y un plan de acción para la reforma de la salud mental. 
Por supuesto, la clave está en la aplicación. 
Es preciso demostrar la viabilidad de las disposiciones prácticas, por ejemplo a través de la asignación de suficientes recursos financieros. 
Este será el objeto de la evaluación por homólogos y formará parte del informe de situación de mayo de 2006. 
– Señor Comisario, ¿podría usted abordar la cuestión de las camas jaula en Rumanía? 
Hablando de asuntos que nos preocupan, esta es una pregunta válida que podría usted abordar. 
Esta cuestión nos preocupa enormemente. 
Desde el punto de vista de la revisión por homólogos, que acojo con agrado, ¿implicará la visita a las instituciones sin previo aviso? 
¿Ha calculado usted, en el ámbito de la Comisión, el tiempo que tardará Rumanía en abordar lo que es un grave problema para el país? 
¿Esta usted convencido de que si Rumanía se adhiere el año que viene seguirá por este camino hacia la reforma? 
Yo creo que solo avanzaremos si ejercemos presión. 
Quiero pedir que cuando hablamos de niños abandonados en hospitales de maternidad y de la cuestión de la adopción internacional, los niños se sitúen en el centro de esta cuestión, en lugar de otras preocupaciones. 
Estoy dispuesto a aportar más detalles de la revisión por homólogos si es preciso. 
Normalmente llevan a cabo tanto misiones previamente acordadas como visitas sobre el terreno a distintos tipos de establecimientos en diferentes sectores, que van desde el Estado de Derecho –es decir, el sistema judicial y las fiscalías– hasta el cuidado infantil y la salud mental. 
Llevan a cabo el mismo tipo de acciones. 
¿Cuánto tarda en este terreno? 
Es un concepto muy relativo. 
Es necesario que haya un registro de seguimiento creíble que demuestre que Rumanía se halla verdaderamente en el buen camino. 
Este será el enfoque de nuestra revisión por homólogos. 
Ha tocado usted el quid de toda esta cuestión: el cuidado infantil ha de situarse en el centro de nuestra evaluación y es lo que pretendemos hacer cuando extraemos y presentamos los resultados de la revisión por homólogos. 
En este contexto también nosotros hemos indagado sobre la sospecha de que se utilizan camas jaula en Rumanía. 
Puedo asegurarle que durante los 15 años de seguimiento por parte de la Comisión nunca hemos hallado pruebas fehacientes del uso de camas jaula en Rumanía. 
La Comisión seguirá observando esta cuestión en el marco de nuestros contactos regulares con varias organizaciones no gubernamentales. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario y decir que todos estamos de acuerdo en que necesitamos ayudar a Rumanía a mejorar las condiciones y la protección de los niños y mejorar la asistencia sanitaria. 
Quiero pedir al Comisario si la Comisión puede canalizar más recursos comunitarios en el marco de «proyectos de hermanamiento» para mejorar la asistencia sanitaria, proteger a los niños y mejorar las condiciones de psiquiátricos. 
Además, quiero preguntar si la Comisión Europea puede cooperar con la Organización Mundial de la Salud y con otras organizaciones internacionales en el sector de la salud para mejorar la situación en Rumanía. 
Tenemos estructuras hermanas en varios ámbitos de la reforma de la administración pública en Rumanía. 
Hemos descubierto que para Europa Central y Oriental –los llamados nuevos Estados miembros, así como el futuro Estado miembro rumano– el hermanamiento ha sido uno de los mecanismos más eficaces para divulgar conocimientos. 
Sí, en el futuro queremos tener cada vez más en cuenta el hermanamiento también en este terreno. 
Es una práctica muy útil y el programa marco Phare la contempla. 
Hemos de estudiarla con más detenimiento para ver qué mecanismos prácticos pueden establecerse. 
– Señor Comisario, si realmente no ha visto usted las pruebas de las camas jaula en Rumanía, le remito al reportaje de portada que apareció en una edición reciente del de Londres y a los asuntos muy bien documentados que ha publicado el «Mental Disability Advocacy Centre». 
Espero que digan ustedes a Rumanía, al igual que a los demás países implicados en esta práctica bárbara, que las camas jaula no son apropiadas para los niños, los ancianos desconcertados o las personas con problemas mentales en un país civilizado, tanto más si es un Estado miembro de esta Unión Europea. 
Ya he respondido basándome en una evaluación muy rigurosa de la Comisión. 
Tal y como he dicho, nunca hemos tenido pruebas del uso de camas jaula en Rumanía, pero si usted tiene alguna prueba concreta a este respecto, estaré encantado de estudiarla y pediré a mis funcionarios que vuelvan a examinar el asunto y entonces, si es necesario, podemos plantear esta cuestión a Rumanía. 
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo). 
Con esto concluye el turno de preguntas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0028/2006) de la señora Bauer, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la protección social y la inclusión social (2005/2097 (INI) ). 
. 
Señor Presidente, a mediodía, el Presidente Horst Köhler ha declarado que muy pocas personas conocen la Europa actual. 
Cuando uno conoce las ingentes cantidades de energía que Europa ha estado invirtiendo en la reformulación de su política de inmigración, estoy convencida de que el problema de la pobreza infantil en Europa le parecerá incomprensible. 
Mientras hablamos de la falta de emigrantes altamente cualificados, registramos pérdidas inevitables y cuantiosas debido a la pobreza infantil, pérdidas por las que las futuras generaciones nos pedirán cuentas. 
Por tanto, no es una mera coincidencia que el informe sobre la protección social y la inclusión social que tienen ante ustedes se centre principalmente en la pobreza infantil, porque mientras que el 15 % de los ciudadanos europeos corren el riesgo de ser pobres, esta cifra se eleva al 19 % en el caso de los niños, y con datos de 2004, en 12 de los 25 Estados miembros el riesgo de pobreza infantil es, como mínimo, un 25 % mayor que en la población adulta. 
Quiero hacer hincapié en que esta no es una cuestión emocional o, quizá, jurídica, porque la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño contiene cláusulas vinculantes al respecto. 
Europa también se enfrenta al problema de que en las siguientes décadas, a raíz de la crisis del crecimiento de la población y del envejecimiento de la sociedad, necesitará cincuenta millones de nuevos inmigrantes para mantener los niveles actuales de empleo. 
La pobreza infantil, la exclusión que la acompaña y el alto índice de abandono escolar temprano arrojan una duda sobre la posibilidad de desarrollar una sociedad basada en el conocimiento sin aumentar las distancias con sectores sociales enteros. 
La Comisión tiene razón al considerar prioritaria la cuestión de la pobreza infantil, pero por otro lado nos parece que no disponemos de datos precisos, que no existen datos comparables relativos a la pobreza infantil. 
Es evidente que esta situación ha de rectificarse con urgencia. 
En mi informe quiero hacer hincapié en que la inclusión social representa un valor añadido en el proceso de Lisboa. 
La política social europea exige una nueva solidaridad entre generaciones, porque los daños que causan la pobreza infantil y la infraeducación a los recursos humanos futuros no deberían subestimarse. 
Naturalmente, podría mencionar muchos otros problemas presentados en el informe, pero por falta de tiempo solo mencionaré uno más, en concreto el reemplazo de la mano de obra de mayor edad del mercado laboral. 
Aunque existe una directiva en contra de la discriminación en este ámbito, la discriminación todavía existe, pero es más difícil seguirle el rastro. 
Estoy convencida de que la Comisión tomó el rumbo correcto cuando estableció objetivos claros y fáciles de seguir para modernizar la protección social. 
Y, por último, quiero dar las gracias a la Secretaría de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su excelente cooperación, así como expresar mi agradecimiento por la propuesta de enmienda formulada por mis colegas. 
Asimismo, quiero darles las gracias por estar aquí y participar en el debate. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero agradecerles encarecidamente, en particular a la ponente, la señora Bauer, su informe, y me complace poder constatar un acuerdo total entre ustedes y la Comisión en relación con el hecho de que la Estrategia de Lisboa se basa en la operación combinada positiva de política económica, política de empleo y política social. 
Agradezco el apoyo expresado en el informe a la iniciativa de la Comisión encaminada a modernizar y hacer más eficaz el método abierto de coordinación en los ámbitos de la protección social y la inclusión social. 
La cuestión es cómo contribuir más a través de la política social a los objetivos de la Estrategia de Lisboa, fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación de estas políticas. 
Contribuir más a través del proceso de la Estrategia de Lisboa de coordinación social implica desarrollar funciones activas de protección social y demostrar un valor añadido sobre la base de los puestos de trabajo y el crecimiento generados. 
Desde un punto de vista práctico, tanto los nuevos objetivos comunes para el método abierto de coordinación, como los objetivos temáticos parciales recién aprobados por el Consejo, se englobarán en estrategias nacionales. 
En primer lugar, los nuevos organismos nacionales presentarán un enfoque estratégico para cada uno de los Estados miembros en relación con la modernización de su política en ámbitos específicos. 
A continuación, los Estados miembros presentarán los tres planes temáticos: inclusión social, pensiones y asistencia sanitaria. 
La Comisión también ha aprobado una comunicación que inicia una consulta pública sobre posibles medidas seleccionadas a escala de la Unión relacionadas con ajustes de los salarios mínimos y la inclusión de personas excluidas del mercado laboral. 
La consulta, por supuesto, también incluye al Parlamento Europeo y otras organizaciones, pero en vista del tema objeto de debate se ampliará a organismos públicos de todos los niveles, así como a organizaciones, grupos de interés e interlocutores sociales. 
Su informe es también el preludio de posibles acuerdos nuevos interinstitucionales que consolidarían el papel del Parlamento a la hora de aplicar el método abierto de coordinación. 
Es cierto que la participación del Parlamento en la labor englobada en la coordinación abierta sigue estando limitada porque no existe un marco global reglamentario. 
Por mi parte, puedo asegurar a los diputados que apoyo los esfuerzos de los funcionarios de mis departamentos para impulsar el diálogo con el Parlamento. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, celebro con satisfacción el informe de la señora Bauer, que hemos debatido en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y que apoyamos. 
El informe presenta sus objetivos desde el punto de vista de una posición de igualdad entre hombres y mujeres, perfilando a la vez las necesidades de las mujeres, especialmente en el ámbito de la inclusión social. 
Sin embargo, no solo quiero hablar de las mujeres, sino también de cómo la pobreza y la exclusión social afectan a niños y jóvenes. 
No olvidemos cómo han cambiando nuestras actitudes hacia la pobreza en los países desarrollados en comparación con el pasado, en un entorno en que la exhibición de riqueza y prosperidad nos ha llevado a considerar que el nivel de vida bajo es cada vez más escaso. 
E incluso me atrevería a decir que se considera un estado humillante y anómalo, que uno mismo puede solucionar. 
Lo que quiero decir es que los medios de comunicación y los publicistas suelen presentar imágenes de gran abundancia y las personas que no lo logran se sienten impotentes. 
El éxito y la abundancia material que lo acompaña están aparentemente al alcance de todos, por lo tanto quienes no lo logran quedan excluidos de las ventajas que la sociedad ofrece. 
Esta exclusión no se refiere solo a factores materiales, sino también a la educación, la salud o la seguridad en la tercera edad, y pasa de generación a generación. 
Los niños que nacen en entornos sociales constreñidos tienen dificultades para lograr acceder a la educación superior, viajan menos y tienen un nivel de vida más bajo. 
La pobreza, por supuesto, no es tan drástica aquí como en los países del mundo en desarrollo, pero, aun así, en la medida en que se oculta a través de la vergüenza y está estadísticamente subestimada, suscita sentimientos de exclusión del mundo normal y una sensación de que algo que es normal y cotidiano es al mismo tiempo inalcanzable. 
¿Por qué debería ser así? 
¿Cómo explicamos a un niño que, a diferencia de otros, se las tiene que arreglar sin varias cosas? 
Es cierto que siempre han existido diferencias sociales que han determinado el desarrollo del niño durante toda su vida. 
Sin embargo, nunca hasta ahora se ha dado por hecho que la abundancia es lo normal en esta medida, y la falta de medios económicos no ha apartado a los ciudadanos de tantas oportunidades como ocurre hoy día. 
Esta es la paradoja de las sociedades desarrolladas. 
Un nivel de vida decente es más accesible para más personas que antes, pero es mucho peor para quienes, por varios motivos, no lo consiguen. 
Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no se trata meramente de efectos materiales, sino de una protección social insuficiente, sobre todo en el caso de los niños y los jóvenes, y esto tiene consecuencias de seguridad moral y personal para el futuro de la sociedad, pues la injusticia social produce tensiones, que, como comprobamos en nuestro entorno, explotan en forma de violencia o pueden empujar a retirarse de la realidad a través de las drogas o del esparcimiento escapista. 
Yo no infravaloro las obras de beneficencia, pero ocurre que la protección social y la inclusión social han de integrarse en un sistema y los ciudadanos han de poder utilizarlo. 
La beneficencia es un regalo y en las sociedades modernas que defienden la dignidad de la persona debería ser el último recurso, que no puede sustituir a una buena política social que se corresponde con las necesidades de la Europa del siglo XXI. 
. – Señor Presidente, el primer informe conjunto de la Comisión Europea sobre la protección social y la inclusión social es ya un antiguo texto que se escribió en enero de 2005 y que debe examinarse junto con las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo y el informe provisional sobre la Estrategia de Lisboa. 
El informe Bauer es un texto cuidadosamente construido por el que felicito a su ponente. 
Está bien estructurado y presenta todos los aspectos de la urgente necesidad de que el objetivo central de la Estrategia de Lisboa siga siendo una drástica reducción de la pobreza y de la exclusión social para 2010. 
Las dos rondas del método abierto de coordinación en materia de integración social en el nivel de los 15 y, desde 2004, de los 25 Estados miembros han demostrado que la racionalización del método abierto de coordinación ha de salvaguardarse en la protección social y la integración social. 
Así es, el crecimiento económico y el aumento de la tasa de empleo son los medios para lograr niveles más elevados de cohesión social, junto con sistemas eficaces de educación y formación. 
Desde este punto de vista, el informe Bauer nos recuerda que es preciso adoptar medidas encaminadas a impedir la salida temprana de la educación y la formación y a ayudar a los estudiantes que se gradúan con malas notas a entrar, en particular, en el mercado académico y laboral. 
Se hace mención especial de la inversión en materia de educación y el aprendizaje durante toda la vida, porque la participación está paralizada, y por ello también se invita a la iniciativa privada a participar en esto. 
Es un medio muy poderoso de luchar en contra de la pobreza y la exclusión social. 
También hay que prestar atención a la erradicación de la pobreza infantil y por ello la ponente, la señora Bauer, hace hincapié con razón en que la herencia generacional de la pobreza debe abordarse acelerando el trabajo de la Comisión con una Carta del niño, cuyo objetivo será defender sus derechos. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Špidla y a la señora Bauer por el informe y la iniciativa relativos a la protección y la inclusión sociales. 
Que haya casi 70 millones de personas en situación de riesgo en la Unión Europea es una estadística vergonzosa e inaceptable. 
La pobreza es fruto de la acción de seres humanos y puede resolverse mediante la acción de seres humanos inteligentes. 
Sabemos cuál es la solución para la pobreza, pero nuestro sistema económico sigue reproduciendo miseria para decenas de millones de personas y, como se ha señalado, esta pasa de generación en generación. 
Y esto ocurre porque no conseguimos integrar a escala nacional las diferentes políticas –económica, social, cultural y ambiental– que preconizamos. 
No conseguimos integrar en la política general las soluciones identificadas por varios órganos e informes. 
Una de las principales soluciones singulares no es, como se defiende a menudo, un puesto de trabajo; en realidad es la educación: educación desde la edad preescolar, pasando sin duda por la escuela primaria hasta acabar como mínimo la enseñanza secundaria. 
El empleo, por supuesto, desempeña un papel crucial, pero es preciso subrayar que demasiados de nuestros ciudadanos sin techo y en general de nuestros pobres tienen efectivamente un puesto de trabajo. 
Por tanto, es evidente que el puesto de trabajo ha de ser de calidad, dignamente retribuido y sujeto a condiciones aceptables si se quiere que favorezca la resolución de la pobreza. 
Además, la protección social ha de considerarse en sentido más amplio que la mera seguridad social. 
Nuestros servicios públicos deberían concebirse como mecanismos de protección social. 
Los servicios sanitarios, educativos, de transporte y culturales no solo ayudan a proteger a quienes corren el riesgo de caer en la pobreza, sino que, por el mero hecho de existir, también mantienen fuera de la pobreza a decenas, si no a centenares, de millones de personas. 
Si no existieran habría muchas más personas en la miseria. 
Asimismo, quiero señalar que es preciso evitar la noción de que la seguridad social es simplemente una red de seguridad, y al reformar nuestros sistemas de seguridad social tenemos que prestar especial atención a la eliminación de las trampas de pobreza. 
. 
Señor Presidente, estimado presidente, colegas, la eliminación de la pobreza y la exclusión social es una de las prioridades estratégicas de la Unión Europea. 
El informe provisional de la Estrategia de Lisboa criticaba las acciones de los Estados miembros, o, mejor dicho, la falta de acciones. 
El 15 % de la población de Europa, o 68 millones de personas, un tercio de las cuales son niños, viven en la pobreza. 
Las diferencias salariales entre hombres y mujeres rondan un promedio del 20 %, en detrimento de las mujeres. 
La pobreza genera por naturaleza pobreza. 
El equilibrio social sirve a los intereses de toda la sociedad. 
El fracaso personal no es la razón principal para caer en la pobreza. 
La inclusión social, teniendo en cuenta cualquier política, y el fin del derroche de capital humano supondrían un estímulo directo para el progreso que deseamos lograr a través de la Estrategia de Lisboa. 
El informe actualmente objeto de debate también hace hincapié en esto. 
Europa ha de poner orden en su casa una vez más. 
Los países escandinavos son un buen ejemplo de ello. 
Estos países tienen economías que, sin duda alguna, se encuentran entre las diez primeras del mundo y, al mismo tiempo, tienen los sistemas de protección social más eficaces. 
Quiero subrayar en particular el llamamiento que contiene el informe a entablar negociaciones para la selección de ámbitos políticos en que se aplique el método abierto de coordinación. 
Europa ha de saber que si nosotros tenemos ahora 38 pensionistas que no trabajan por cada cien trabajadores, esta cifra puede duplicarse en las próximas décadas, a menos que se cambie la política de empleo. 
Sin embargo, este problema ha de abordarse ya. 
El aprendizaje durante toda la vida y el aumento del empleo entre personas mayores son objetivos cruciales. 
La legislación de varios Estados miembros contiene por desgracia disposiciones que promueven la discriminación por edad en el mercado laboral. 
Prácticas así deberían erradicarse del ámbito jurídico europeo. 
Además de otros grupos de riesgo, el mayor peligro de exclusión se sitúa entre mujeres de más de 50 años, y esto se agrava en la edad de jubilación. 
Se acoge con agrado que el informe preste gran atención a este aspecto. 
Exhorta a los Estados miembros a garantizar que cuando se calculen sus pensiones no se castigue a las mujeres por lagunas en su historial laboral debidas a bajas por maternidad o cuidado de niños. 
Una parte del informe que considero esencial es el llamamiento que hace a todos los Estados miembros, especialmente a los nuevos, a examinar sus sistemas de pensiones de solidaridad, teniendo en cuenta la esperanza de vida más corta de los hombres y las grandes diferencias salariales entre sexos, que se reflejan en el importe de las pensiones que ganan las pensionistas viudas y que a menudo las sitúan por debajo de la línea de la pobreza. 
Quiero dar las gracias a la señora Bauer por su labor de experta y espero que los principios establecidos en este documento se apliquen pronto en la práctica legislativa de los Estados miembros. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Bauer por la labor que ha llevado a cabo con este excelente informe y a la Comisión por su documento inicial. 
Una de las cuestiones que se desprenden del informe es que existe una privación múltiple que a menudo está asociada a la discriminación; que si nos fijamos en algunos de los grupos particularmente afectados –mujeres, como acabamos de oír; personas con discapacidades; miembros de grupos étnicos de raza negra y otras minorías, y ancianos y jóvenes–, veremos por qué las directivas del artículo 13 contra la discriminación son tan importantes y por qué han de aplicarse al máximo posible. 
Me complace que se centre la atención en la pobreza infantil. 
Sabemos que existen vínculos entre la malnutrición, la precariedad de la vivienda y el medio ambiente deteriorado –los pobres viven a menudo en los entornos más insalubres– y la falta de perspectivas educativas, que luego se mantienen a lo largo de toda la vida de las personas y, de hecho, de las de sus hijos. 
Celebro que se haya pedido un Libro Verde sobre la pobreza infantil. 
Hemos de examinar esta cuestión en el contexto de la cohesión social en su conjunto, porque influye en la brecha que separa a ricos y pobres. 
El señor De Rossa ha mencionado las dificultades relativas a la educación y al empleo. 
La verdadera causa de la pobreza es la falta de dinero suficiente. 
No se puede confiar en el chorrito que mana del crecimiento de la economía. 
Es preciso adoptar medidas concretas para dar una respuesta a quienes están en la parte baja de la escala. 
Fíjense en el ejemplo del Reino Unido, que registra un nivel de riesgo de pobreza bastante elevado. 
A pesar de los numerosos esfuerzos de nuestro Gobierno en este momento, se ve que la cuota del 10 % más pobre en la renta neta de la población es del 2,8 %, mientras que la del 10 % más rico es del 28 %, es decir, diez veces más. 
Esto es evidente en mi región, el centro de Londres, que es la zona más rica de la Unión Europea pero también registra tremendos niveles de pobreza. 
Hemos de cambiar esos porcentajes y aumentar los de quienes están en la parte baja de la escala. 
Estoy de acuerdo con la importancia de los servicios públicos y que la seguridad social ha de desempeñar un papel en todo esto. 
Los Estados miembros deberían examinar si sus sistemas de seguridad social funcionan de manera que las personas puedan formarse y aprovechar las ofertas educativas, o si de hecho les limitan porque esas personas han de estar dispuestas a trabajar en todo momento. 
Asimismo, me hago eco de los comentarios realizados sobre el método abierto de coordinación y el papel que el Parlamento Europeo debería desempeñar en esto, sobre todo en el examen de los planes de acción nacionales y sus resultados. 
– Ya se han mencionado en este debate los altos niveles de pobreza y exclusión social, que afectan a más de 70 millones de personas en la Unión Europea. 
Como señala el informe, en 14 de los 17 Estados miembros sobre los que se dispone de cifras, la pobreza infantil aumentó en la década de los noventa. 
La tendencia actual apunta a un deterioro de la situación con mayores niveles de desempleo, más trabajo precario y mal pagado y la privatización de sectores y servicios básicos. 
Dado que la pobreza es una violación de los derechos humanos, es preciso prestar más atención a sus causas. Por consiguiente, han de adoptarse las medidas necesarias a fin de promover la inclusión social, vista desde una perspectiva multidisciplinaria. 
De ahí las propuestas que hemos presentado, encaminadas a cambiar las políticas macroeconómicas y a situar la inclusión social, el empleo con derechos, la salud pública, la educación y el acceso a la justicia, la cultura y una vivienda decente en lo más alto del programa de trabajo político. 
Por tanto, defendemos la sustitución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un auténtico pacto de desarrollo y progreso y la Estrategia de Lisboa con una estrategia adecuada de cohesión económica y social. A su vez, creemos que el acento no debería ponerse en la propuesta de directiva sobre la creación del mercado interior de servicios. 
La experiencia nos ha enseñado que el método de coordinación abierto establecido en la Estrategia de Lisboa no ha reducido la pobreza. 
A raíz de la Estrategia de Lisboa, las prioridades han sido la liberalización y la privatización de sectores y servicios públicos, que han servido para exacerbar la pobreza y poner trabas a la inclusión social. 
Dado que estas medidas eran obligatorias, el método de coordinación abierto no obligó a ningún Estado miembro a reducir la pobreza, y esa es la diferencia con este proceso hipócrita. 
Las políticas públicas son esenciales para reducir la pobreza y garantizar los derechos humanos, de ahí la necesidad, por un lado, de una política de seguridad social pública y universal caracterizada por la solidaridad y, por otro, de rechazar la privatización de los sistemas de salud, como hemos propuesto. 
De forma similar, el Estado tiene un papel crucial que desempeñar en la garantía de una educación pública de alta calidad y de derechos laborales que no infrinjan la dignidad de los trabajadores. 
En consecuencia, insistimos en que no basta con lamentar la pobreza. 
Es preciso invertir las políticas neoliberales que son la causa de que haya aumentado el número de personas que corren el riesgo de caer en la pobreza. Este es el desafío que planteamos a la Cámara, con la esperanza de que no sea simplemente otro debate inútil. 
. 
En el apartado 37 del informe del Parlamento, que en general es digno de aplauso, leemos la conclusión de que el cambio rápido impuesto por la globalización y el uso extendido de las tecnologías de la información y la comunicación aumentan la vulnerabilidad de la gente con respecto al riesgo social. 
La globalización y las tecnologías de la información y la comunicación se consideran riesgos. 
En mi opinión, la que está amenazada es una sociedad en que el cambio rápido impuesto por la globalización no va acompañado de un amplio uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Las amenazas surgen cuando las ventajas del cambio se consideran riesgos. 
El amplio uso de las tecnologías de la información y la comunicación aumenta las oportunidades de educación y formación, además de sus oportunidades de entrar en el mercado laboral, sobre todo para los grupos socialmente más vulnerables, como las personas con discapacidad. 
Con la ayuda del gobierno electrónico, los grupos sociales o particulares pueden participar directamente en el diálogo social con el Gobierno nacional. 
También por este motivo, en política social deberíamos hacer hincapié en esas medidas que ayudan a los ciudadanos a aprovechar esas oportunidades. 
Convendría coordinar las políticas de desarrollo de la sociedad del bienestar y de la sociedad de la información. 
Dejemos los temores a la rápida extensión de las tecnologías de la información a los dictadores de Corea del Norte y Belarús. 
Señor Presidente, es lamentable que, de acuerdo con las últimas estadísticas, el aumento del número de multimillonarios en el mundo no haya reflejado un aumento de la riqueza de todos los ciudadanos. 
Lo que ocurre es lo contrario. 
El número de personas que viven en la pobreza aumenta sin parar en los países de la antigua y de la nueva Unión. 
Claramente, la pobreza, la falta de protección social y de inclusión social necesaria son problemas más acuciantes en los nuevos Estados miembros. 
En Polonia, por ejemplo, tenemos una situación paradójica. 
Un país ex socialista proporciona ahora menos protección a sus ciudadanos que los países que siempre han sido capitalistas. 
A los problemas sociales de los países de los antiguos Quince añadimos los nuestros específicos, como la alta tasa de desempleo entre jóvenes con estudios o la falta de acceso a una asistencia médica general. 
Señor Comisario, a menudo se critica a la Unión por una plétora de reglamentos, pero me parece que carece de uno especialmente importante. 
La Unión debería obligar a los Estados miembros a establecer un mínimo social. 
Este mínimo permitirá a todos los ciudadanos sentirse seguros. 
Además, promovería la inclusión social reduciendo el nivel del miedo por la supervivencia. 
Señor Comisario, Señorías, creo que el debate de hoy sobre el tema de la protección social y la inclusión social es muy pertinente, pues aunque entre los años 1995 y 2000 hubo un declive del 3 % en el nivel de pobreza relativa, el nivel del 15 % es, sin duda alguna, alarmante. 
Me temo que, a la luz de las cifras y la situación actual, no será posible eliminar para 2010 la pobreza y la exclusión social que comporta. 
Estos fenómenos son resultado de los cambios estructurales que acompañan al desarrollo social y económico de nuestra sociedad. 
Se han producido cambios en el mercado laboral, cambios tecnológicos en la sociedad, cambios demográficos, diversidad étnica, cambios de composición de los hogares y la redefinición de los papeles de hombres y mujeres. 
Por tanto, la asistencia ha de dirigirse principalmente a los grupos más amenazados, los desempleados, las familias monoparentales, los ancianos, las personas que viven solas, las familias con miembros dependientes, las minorías étnicas y las personas con discapacidad. 
El hecho de que la pobreza a menudo afecta también a los niños es, en mi opinión, muy triste y alarmante. 
De todas las prioridades políticas básicas para resolver problemas de pobreza y exclusión social, yo destacaría la educación. 
La cuestión es garantizar el nivel de educación adecuado, una transición fluida de las instituciones educativas al lugar de trabajo y la integración de grupos desfavorecidos en el sistema educativo a través del uso del aprendizaje electrónico. 
La educación no es solo una escuela, es un sistema seleccionado de aprendizaje durante toda la vida. 
No obstante, el cumplimiento de estas y otras prioridades exige recursos financieros. 
Los nuevos Estados miembros, en particular, no pueden hacer un uso suficiente del instrumento financiero para este ámbito, que es el Fondo Social Europeo. 
Por lo tanto, pido a los nuevos Estados miembros, sobre todo a la República Checa, que hagan todo lo posible por aliviar la carga burocrática a los solicitantes con respecto a los documentos del programa recién proyectado para el período 2007-2013. 
Quiero finalizar dando las gracias a la señora Bauer por un informe excelente. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la política de pensiones, la reducción de la pobreza y la asistencia sanitaria y a largo plazo son tareas básicas para nosotros y cuestiones esenciales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por tanto, el Parlamento ha de aumentar notablemente su participación en la coordinación abierta de todos los aspectos de protección social e inclusión social. 
El procedimiento actual es totalmente inaceptable. 
La situación que hoy debatimos ya está anticuada. 
El Consejo ya ha comentado la comunicación de seguimiento de la Comisión. 
Por este motivo se necesita con urgencia un acuerdo interinstitucional. 
El Comisario ha prometido un diálogo con el Parlamento. 
Y por ello le estoy agradecido, pero no queremos solamente un diálogo relajado; lo que de verdad queremos es un acuerdo interinstitucional que establezca normas transparentes. 
Además, en el futuro convendría tratar más a fondo la cuestión de la reconciliación de la vida profesional y familiar, y debería prestarse especial atención al cuidado de los niños, en el marco del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social. 
Señor Presidente, el aumento de la globalización conduce a la reestructuración de empresas y del mercado laboral. 
Otra consecuencia de la globalización es el énfasis que se pone en el nivel internacional, no solo en el local y el nacional. 
Las grandes empresas tienden cada vez más a echar a las pequeñas y medianas empresas del mercado, lo que tiene un impacto significante en las comunidades locales. 
La naturaleza de la reestructuración varía de una región a otra. 
En los antiguos Estados miembros genera inquietud por la pérdida de trabajos y en los nuevos las preocupaciones se refieren a la parada de la producción y a los despidos generalizados. 
En los nuevos Estados miembros la construcción de hipermercados y supermercados ha golpeado duramente al mercado laboral, especialmente los construidos en centros urbanos y en grandes urbanizaciones de viviendas. 
Estos grandes centros comerciales han destrozado el sustento de pequeños comerciantes y proveedores de servicios en la zona inmediata, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar. 
Por cada puesto de trabajo creado en un hipermercado, se pierden entre cinco y ocho en el área circundante. 
Los inversores a menudo se olvidan de tener en cuenta el factor humano o el entorno natural de la persona y el legado histórico. 
La Señora Bauer llevaba mucha razón al identificar esta cuestión en su informe. 
Resumiendo, las víctimas principales de los lugares de trabajo reestructurados son sus trabajadores y proveedores, incluso los productores agrícolas. 
La ayuda y el apoyo han de prestarse a estos grupos de personas. 
Se les debería brindar la oportunidad de encontrar nuevos trabajos, nuevas profesiones o nuevos mercados para sus productos. 
Creo que el país socialmente más comprometido es el que crea las condiciones para puestos de trabajo de alta calidad y el que garantiza la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. 
Y los trabajos de alta calidad pueden garantizarse invirtiendo en capital humano, en aprendizaje durante toda la vida, en la promoción de la flexibilidad en el mercado laboral y mediante legislación que favorezca la economía. 
Los ciudadanos necesitan circunstancias externas favorables para hacer su trabajo y para ser creativos, así como para satisfacer sus necesidades básicas. 
Sin embargo, es distinto para los grupos de riesgos, como los ancianos o los jóvenes sin experiencia laboral, las personas enfermas, las personas con discapacidad y las madres solteras o familias con varios hijos. 
Todos estos grupos necesitan nuestra atención y ayuda si se les quiere proteger socialmente y no se les quiere excluir de la sociedad. 
No obstante, no puedo entender la decisión del Consejo, en las negociaciones en torno a las Perspectivas Financieras, de reducir los fondos asignados a la educación y subvenciones para jóvenes, un ámbito donde pueden utilizarse fondos relativamente modestos para que impacten significativamente en la educación, el estudio de idiomas extranjeros, el desarrollo de vínculos internacionales y actitudes hacia la Unión Europea. 
Estamos luchando por estos valores en casi todos nuestros documentos. 
Mientras en la Unión Europea sigamos adoptando medidas concretas que están concretamente enfrentadas a nuestras palabras y nuestra percepción, no podremos llegar más rápido a los objetivos que nos hemos fijado. 
Quizá nunca en la historia de la humanidad el tiempo ha pasado tan rápido como hoy día, y nada indica que este ritmo vaya a ralentizarse. 
Por este motivo también necesitamos soluciones rápidas y sencillas para adaptarnos a estos cambios, a fin de lograr un mayor crecimiento económico y una mejor protección social para los grupos de riesgo de la población. 
Señorías, como socialdemócrata creo que el trabajo es la única fuente de riqueza y, sin embargo, la mano de obra está perdiendo terreno en favor de las máquinas –en otras palabras, el capital– como factor de producción. 
En los antiguos Estados miembros muchos pensionistas disfrutan de una jubilación cómoda, porque los Gobiernos de esos países han legislado para que los trabajadores los sustenten hasta cierto punto, mientras que muchas personas que se las arreglan con un salario bajo mientras trabajan en beneficio de la sociedad corren el riesgo de quedar por debajo del umbral de pobreza cuando se jubilen. 
En demasiados Estados miembros, los sistemas de pensiones son sistemas básicamente piramidales. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que los últimos en unirse al sistema, los jóvenes, ya no podrán encontrar a las personas que se supone les sustentarán en el futuro con sus salarios. 
Su trabajo, sus salarios y sus responsabilidades económicas no les permiten tener hijos o ahorrar dinero. 
Elogio el informe de la señora Bauer, pero los problemas de las pensiones no pueden resolverse con un único informe. 
No obstante, podemos adoptar medidas hoy para asegurar el futuro. 
Tanto los programas de pensiones del sector público como del privado han de contener dinero tangible, y no basarse solo en promesas. 
La transición de Estonia a un sistema de pensiones financiado ha sido un éxito. 
La competitividad y la sostenibilidad de Europa se beneficiarían mucho si los antiguos Estados miembros pudieran reproducir ese éxito. 
Espero que nuestro Parlamento pronto vuelva al tema de los planes de pensiones. 
– Señor Presidente, el verdadero desafío para la Unión Europea es brindar una oportunidad para romper el círculo vicioso de la exclusión social. 
Es inaceptable que el 15 % de los ciudadanos europeos, cerca de 68 millones de personas, vivan en la conciencia de que corren el riesgo de caer en la pobreza, tal y como se describe en el informe de la Comisión Europea emitido el 27 de enero de 2005. 
Es inaceptable que la exclusión social afecte a los grupos sociales más vulnerables, las mujeres y las minorías étnicas. 
Estos son los grupos que sufren desventajas a la hora de obtener y conservar un trabajo, los salarios percibidos, el bienestar, la asistencia sanitaria, la educación y el acceso a la riqueza cultural. 
El informe señala que en Hungría el porcentaje de quienes viven amenazados por la pobreza es inferior a la media de la Unión Europea, que está por debajo del 10 %, parecido a las cifras de la República Checa, Suecia, Dinamarca y Eslovenia. 
Sin embargo, en la República de Irlanda, Eslovaquia, Grecia y Portugal la cifra es del 20 %. 
El Comisario Spidla ha hecho hincapié en su discurso en que a lo largo de su vida las mujeres dedican cuatro veces más tiempo cuidando a otros que los hombres. 
Cuando reconozcamos el valor social de este hecho, estaremos brindando una verdadera oportunidad para salvar la brecha. 
Los grupos las personas pobres y vulnerables de la sociedad solo pueden romper el círculo vicioso de la exclusión social si les creamos oportunidades de trabajo, si les garantizamos una formación orientada al mercado para ellos. 
Encontrar trabajo significa tener ingresos, que facilitan la integración social y mejoran la situación económica de la persona. 
Este es el verdadero desafío, ¡afrontémoslo! 
Propongo que se apruebe el informe. 
– Quiero agradecer a la señora Bauer su informe elaborado con destreza. 
No obstante, sería mejor que pudiéramos ver un sistema que mostrara qué prioridades reclaman en primer lugar nuestra atención. 
En mi opinión, la prioridad más importante son los niños, pues ellos son el principio y el adulto solo es la consecuencia de la educación de ese niño. 
Si los niños no van a la escuela, no tendrán puestos de trabajo. 
Si los niños tienen constantemente hambre empezarán a pedir e incluso a robar. 
Si los niños experimentan violencia o se abusa de ellos sexualmente, cuando sean mayores se convertirán en personas violentas. 
Si los niños no tienen padres o están separados de ellos, entonces la calle será su hogar. 
Todos los casos mencionados son un pretexto espléndido para que el mundo criminal ofrezca refugio a dichos niños y los prepare para ser delincuentes. 
Esos niños no entrarán en el mercado de trabajo, ya que solo pueden hacer cosas que son inadecuadas para el mercado laboral. 
Por tanto, la prioridad básica debería ser la erradicación de las causas que alejan al niño del mercado laboral. 
Si no logramos erradicar las causas, entonces las otras medidas señaladas en el informe solo serán una lucha con las consecuencias. 
. Señor Presidente, Señorías, celebro el alto nivel de este debate y de las propuestas formuladas por los diputados, y quiero confirmar de nuevo mi voluntad de trabajar codo con codo con ustedes para cumplir los objetivos de la Unión y desempeñar el papel que nos han asignado los ciudadanos de Europa. 
Les puedo asegurar que la Comisión contribuye con firmeza a elevar más el perfil de la dimensión social en la Estrategia de Lisboa. 
Quiero proponerles algunas ideas para nuestro trabajo en el futuro. 
En primer lugar hemos de elevar el perfil de la coordinación europea. 
Hemos conseguido desarrollar un enfoque equilibrado, que hace hincapié en la necesidad de combinar objetivos sociales con objetivos financieros. 
Es un gran logro y es fundamental para reforzar la fe de los ciudadanos en las reformas. 
Tenemos que mejorar la cooperación entre los Estados miembros y la Unión. 
La Estrategia europea para el crecimiento y el empleo y la agenda social no pertenecen a la Comisión o a organismos europeos. 
Se basan en la obligación de todos los participantes, los Estados miembros, los ciudadanos europeos, los Parlamentos, los interlocutores sociales y los grupos de interés, así como todas las instituciones y órganos de la Comunidad. 
El éxito de esta cooperación precisará una clara separación de papeles. 
Los Estados miembros aplicarán las reformas de nivel intraestatal y las políticas estructurales en el marco de la Estrategia de Lisboa revisada. 
La Unión seguirá apoyando actividades de reforma y, al mismo tiempo, utilizará todos los nuevos instrumentos, la asistencia de los Fondos Estructurales, el respeto por los derechos fundamentales, el apoyo del diálogo social y el establecimiento de enfoques demostrados. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0058/2006) del señor Grech, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones relativas a las secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario 2007. 
Sección I, Parlamento Europeo 
Sección II, Consejo 
Sección IV, Tribunal de Justicia 
Sección V, Tribunal de Cuentas 
Sección VI, Comité Económico y Social 
Sección VII, Comité de las Regiones 
Sección VIII (A) , Defensor del Pueblo Europeo 
Sección VIII (B) , Supervisor Europeo de protección de datos (2006/2021 (BUD) ). 
. – Señor Presidente, el informe que someto al examen y la aprobación del Parlamento esboza las principales orientaciones para el presupuesto de 2007 correspondiente a otras instituciones. 
Sin embargo, la parte principal de mi informe está dedicada al presupuesto del Parlamento. 
El informe insiste mucho en la necesidad de consolidar los logros de estos últimos cinco años. 
Para 2007 no se contemplan proyectos importantes, lo que debería darnos tiempo suficiente para llevar a cabo un inventario a fondo y permitirnos examinar y evaluar crítica y objetivamente lo que hay que hacer en los próximos años. 
En un marco de restricciones presupuestarias tenemos que aplicar el rigor presupuestario en todas las actividades en curso, generando un valor añadido por el dinero de los contribuyentes. 
Quiero recalcar la importancia que tiene aplicar una presupuestación por actividades, que comportaría estimaciones más racionales y analíticas. 
Además, los créditos deberían asociarse a actividades específicas. Con ello se evitaría la cancelación de créditos a finales de año. 
Las instituciones han de basar sus cálculos en necesidades bien definidas, evitando la duplicación de funciones, centrándose en operaciones básicas y eliminando las malas prácticas y todos los cuellos de botella. 
A este respecto se exhorta a las instituciones a aprovechar mejor sus recursos, dando pie a una mayor cooperación interinstitucional, que a su vez debería desembocar en una mayor eficacia y, esperemos, en más ahorros. 
Es razonable suponer que algunas tareas administrativas podrían compartirse entre las instituciones, sin que estas pierdan su independencia. Esto podría generar economías de escala e incrementar la efectividad de los servicios. 
Otra cuestión clave del informe se refiere a la política de información, que aborda el objetivo del Parlamento de acercar Europa y sus instituciones más a sus ciudadanos. 
A fin de mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de la Unión, es crucial aplicar una estrategia de información efectiva y potente. 
Sin embargo, dicho esto, todavía sostengo que en cualquier proyecto de información es preciso prestar especial atención al alcance de la participación y la cooperación de los Grupos políticos, la pluralidad de opiniones, el interés de su contenido y su estructura de costes. 
En última instancia, el grado de éxito de cualquier proyecto habrá de medirse en función de su efecto positivo sobre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Desde el punto de vista de la dotación de personal, teniendo en cuenta el proceso de contratación excepcionalmente intenso que se ha llevado a cabo en los últimos tres años y el sistema informático Streamline, que debería estar en marcha a finales de año, cabe suponer que, excepto en relación con la ampliación y la contratación sumamente limitada de personal especializado, en 2007 no debería producirse ninguna nueva contratación, lo que comportaría un ahorro real en el futuro. 
En mi informe también abordo una serie de prioridades adicionales para 2007, relativas principalmente a la política inmobiliaria, la ampliación, a la ayuda a los diputados, el estatuto de los asistentes de los diputados y la formación. 
Lamentablemente, por falta de tiempo no podré tratar todos estos temas en detalle. 
Es una pena que este procedimiento presupuestario empiece en un contexto de incertidumbre, debido a la falta de un nuevo acuerdo interinstitucional. 
Es lógico que debamos hacer todo lo posible por alcanzar un acuerdo en torno a las perspectivas financieras, pero no a cualquier precio. 
No podemos y no debemos pregonar por un lado conceptos altisonantes que están de moda –como «crecimiento» , «empleo» , «investigación» , «solidaridad social» y «ampliación» – y al mismo tiempo no proporcionar los fondos o la flexibilidad para ponerlos en práctica. 
En otras palabras, si realmente queremos hacer lo que decimos, deberíamos poner los medios. 
Además, y en estas circunstancias, sería aconsejable, al menos en esta fase, trabajar en torno al supuesto de que mantendremos el tope autoimpuesto del 20 % del gasto de la Categoría 5. 
No obstante, dicho esto sabemos que el tope autoimpuesto no es una ley fija e irrefutable. 
En el futuro no deberíamos dudar en poner en tela de juicio y revisar este acuerdo si estamos realmente convencidos de que tiene más sentido desde el punto de vista financiero y presupuestario hacerlo. 
Para concluir, confío en que las diversas orientaciones destacadas en este informe, si efectivamente se aprueba, mejoren la eficacia, la calidad, el rendimiento y la transparencia de las instituciones europeas, ofreciendo más valor añadido a los ciudadanos europeos y, esperemos, más valor añadido a la credibilidad de las instituciones. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Grech, por su excelente propuesta y el grado de cooperación aceptable que pudimos alcanzar durante el debate sobre el informe. 
Señor Presidente, el presupuesto del Parlamento ha de abordarse con eficacia, responsabilidad y credibilidad, lo cual depende de varios factores. 
Primero, hemos de dejar de hablar de un aumento o un tope anual del 20 %. 
Deberíamos hablar solamente de un presupuesto basado en las necesidades efectivas y aplicarlo. 
Siempre hemos de tener en cuenta nuestra responsabilidad ante el contribuyente. 
Esto cultivará la credibilidad que se espera del Parlamento. 
Un ejemplo importante de esto es la política de información. 
No deberíamos embarcarnos en proyectos ambiciosos, como los canales de televisión propios, sino, en su lugar, tendríamos que asegurarnos siempre de que los Grupos políticos participaran activamente en todos los ámbitos de información del Parlamento. 
También hemos de planificar bien toda la información que publicamos a fin de determinar los costes de proyectos y las necesidades de personal correspondientes. 
El mejor ejemplo de transmisión de información son los grupos de visitantes, y ahora hemos de darnos realmente prisa por asegurar que los 5 millones de euros que se decidieron el año pasado se utilicen lo antes posible. 
Además, quiero mencionar una enmienda relacionada con la guardería del Parlamento. 
Quizá no parezca una cuestión muy importante políticamente, pero la cuestión de cómo tratamos a los empleados que trabajan con niños es muy importante desde el punto de vista de la categoría del Parlamento como empresario. 
Más que nada es cuestión de igualdad, y no podemos castigar a progenitores solteros y a mujeres que tienen niños y quieren trabajar en el Parlamento. 
Por este motivo, convendría tener una guardería tan cerca del Parlamento y de los servicios de transporte públicos como fuera posible. 
La propuesta hace poco formulada de dejar de utilizar la Guardería Eastman es, naturalmente, muy alarmante, y espero que se llegue a un acuerdo sobre la aprobación de esta enmienda. 
. – Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al señor Grech por su arduo trabajo y el excelente informe que ha realizado sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario de 2007. 
Realmente espero que, como propone el informe, las instituciones puedan presentar peticiones realistas basadas en el rigor presupuestario a la luz de la estrechez financiera actual. 
Al igual que el ponente, estoy convencida de que en todas las instituciones podemos trabajar de forma más eficiente sin dejar de cumplir las normas. 
Quiero instar a todos los responsables –es decir, a cada uno de nosotros y a los miembros de todas las instituciones– a que lo tengan presente y cambien nuestros hábitos de trabajo en consecuencia. 
Se ha mencionado el ámbito de la información y la comunicación. 
Aplaudo la insistencia en los resultados en vez de hablar simplemente del gasto. 
Las soluciones caras no son siempre las más eficaces. 
Como propone el ponente, no deberíamos tener miedo de dejar de utilizar instrumentos o estrategias que no arrojan los resultados deseados. 
Esto implica un seguimiento regular y una distribución clara y adecuada de responsabilidades. 
Se han mencionado los medios de información. 
Una idea ya explorada es la televisión en línea. 
Apoyo firmemente esta idea. 
En realidad, mucha gente joven extrae la mayor parte de su información de Internet. 
Si se gestiona y maneja debidamente, podría ser una nueva forma de conectar con los ciudadanos e impulsar nuestros objetivos. 
Hemos de encontrar mejores vías, pero esto hay que saber manejarlo correctamente. 
Estoy plenamente a favor de la idea de una televisión en línea y de ver cómo todas las instituciones pueden colaborar para hacer llegar nuestra información a diferentes miembros de la sociedad. 
. 
Señor Presidente, el señor Grech ha redactado un informe excelente sobre las orientaciones del próximo año para las Secciones del Presupuesto, distintas de la Comisión. 
Por tanto, mi más sincero agradecimiento a él. 
Una característica del presupuesto del próximo año es, una vez más, el establecimiento del nuevo sistema de responsabilidad basado en las actividades en todas las instituciones. 
Tal y como insiste el ponente, es importante que todas las instituciones adopten la misma nomenclatura presupuestaria, en cuyo caso los diputados al Parlamento y otras partes interesadas estarían mejor situadas para supervisar la ejecución del presupuesto. 
Es importante obtener datos comparables sobre los costes y resultados de diferentes actividades. 
Una característica del presupuesto del próximo año es la ampliación anticipada. 
Es muy probable que Rumanía y Bulgaria entren en la Unión Europea el próximo año. 
Lo cual comportará requisitos especiales que han de tenerse en cuenta. 
Hemos de hacer hincapié en la importancia de organizar el servicio lingüístico y la contratación de personal. 
De esta forma nos aseguramos una fase transicional sin problemas. 
El informe se centra bastante acertadamente en el hecho de que el presupuesto del Parlamento debería estar por debajo de la marca del 20 % de todo el gasto administrativo de la Unión Europa. Este será un indicador de la disciplina administrativa del Parlamento. 
Señor Presidente, la intención del presupuesto del próximo año es prestar especial atención al suministro de información. 
Esto en sí mismo es algo muy bueno. 
Si embargo, debemos insistir en que el suministro de información sigue siendo relevante y apropiado. 
No podemos permitirnos soluciones que sean demasiado costosas, especialmente si no se corresponden con beneficios. 
Hemos de centrarnos en servicios para visitantes y grupos de visitantes. 
Aunque se han mejorado las instalaciones actuales para mostrarlas a los visitantes, dejan mucho que desear. 
Hay muy pocas salas para que se reúnan los visitantes y hay mucha cola de espera. 
Estaría bien que los expertos de las instituciones de la Unión Europea de fuera del Parlamento pudieran utilizar más las instalaciones del Parlamento para que los visitantes recibieran una imagen más diversa de la organización de la que ahora se ofrece. 
Los verdaderos costes de los grupos de visitantes deberían satisfacerse con más eficacia Más importante que aumentar el número de visitantes es el reembolso más global de los gastos de viaje en los que incurren los visitantes actuales. 
Con respecto al debate más a fondo del presupuesto, esperamos que los créditos del próximo año se propongan justo en el anteproyecto presupuestario. 
Durante el debate de otoño demasiado a menudo se tiende a que hayan más y más demandas relacionadas con el presupuesto, lo que debería considerarse inaceptable. 
Con estas observaciones quiero expresar mi apoyo para la propuesta del ponente. 
– Señor Presidente, hablaré sobre el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. 
Estos dos comités han pasado a la historia. 
Su valor para la Unión Europea es desproporcionado con respecto a los costes implicados en la integración actual. 
La idea original que subyace a los comités es que aumentarían la legitimidad democrática de la Unión Europea. 
Sin embargo, ahora el Parlamento Europeo en gran medida ha asumido este papel. 
En su lugar, lo que queda es un Comité de las Regiones cuya libertad de responsabilidad pone en duda la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuestos. 
También hemos podido ver cómo los sindicatos y los empresarios han llevado a cabo con éxito campañas fuera del Comité Económico y Social. 
Nadie cuestiona el hecho de que esas partes estén actualmente bien establecidas y puedan hacerse oír sin la ayuda de una institución financiada por la Unión Europea. 
En la Unión Europea deberíamos, en su lugar, pedir propuestas de las partes directamente afectadas. 
Con ello habría oportunidades aún no aprovechadas para ahorrar. 
Aún más, sería ventajoso obtener respuestas de organizaciones y partes que no son necesaria y completamente dependientes del presupuesto de la Unión Europea. 
Por tanto, creo que los créditos del presupuesto 2007 deberían limitarse notablemente. 
– Señor Presidente, en una democracia parlamentaria los representantes de los ciudadanos pueden, deben, deberían y podrían dar ejemplo. 
Si muchos de nosotros ahora nos vemos obligados a pedir a los ciudadanos de nuestros países que hagan sacrificios, esto solo puede funcionar, en un espíritu democrático, si nosotros también hacemos sacrificios. 
Reducir el presupuesto parlamentario de 1 200 o 1 300 millones de euros a menos de 1 000 millones de euros es la forma de lograr credibilidad. 
Por hacer un par de sugerencias, los numerosos diputados que han prometido reclamar solo los gastos de viaje en los que realmente incurran a partir de ahora deberían pagar el excedente. 
En 2004, solo 37 diputados dieron cuenta de la ridícula cantidad de 234 000 euros. 
Sabemos que se despilfarran 26 millones de euros por el uso indebido de los servicios de interpretación. 
Los numerosos minutos de silencio innecesario cuestan aquí aún más millones, y suma y sigue. 
Se han gastado 100 millones de euros al año eso y en aquello, y buscamos algo que lo justifique. 
Pongamos fin a todo esto. 
No tendríamos ningún problema para ahorrar 300 millones de euros; y si lo hiciéramos no solo nos ahorraríamos titulares negativos en la prensa internacional, sino que además nos ganaríamos titulares positivos. 
Lo digo como proeuropeo. 
Mañana se despertarán ustedes para leer algo que consideran escandaloso, pero no, lo escandaloso es lo que ocurre aquí. 
Lo siento, pero Europa no puede avanzar a menos que se ahorre justo aquí, en la cúspide, de una vez por todas. 
Señor Presidente, quiero referirme a lo que mi Grupo considera que debería ser la línea inspiradora en el presupuesto del Parlamento, es decir, maximizar la eficacia del trabajo parlamentario minimizando su coste. 
Al elaborar el presupuesto del Parlamento Europeo deberíamos responder a preguntas como estas: ¿estamos proporcionando a los diputados los instrumentos adecuados para el desempeño de su función? 
¿Tienen los diputados europeos interpretación disponible a todas las lenguas, traducción rápida de documentos y correcta asistencia jurídica y técnica? 
¿Tienen los diputados un buen sistema informático y suficiente dotación de personal auxiliar? 
Desde un punto de vista externo, ¿reciben los diputados una información correcta? 
¿Participan los Grupos políticos en la elaboración y en el control de esa información? 
¿Necesitan los diputados europeos nuevos soportes informativos, o necesitan, más bien, un mejor uso de los ya existentes? 
El Partido Popular Europeo ha presentado enmiendas concretas que responden a estas preguntas. 
Por otra parte, deberíamos pensar en minimizar el coste. 
¿Es necesario alcanzar ese techo del 20 %? 
¿No sería mejor demostrar que, también en esta Casa, la austeridad y el ahorro son principios básicos de comportamiento? 
Espero que el presupuesto del año 2007 siga la tendencia del año 2006 y no volvamos, en ningún caso, a la senda del gasto generalizado. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a mi colega el señor Grech por la claridad y el rigor de su informe, tan completo como pragmático. 
Los apartados consagrados a nuestra institución, única representación democráticamente elegida por los ciudadanos de la Unión Europea, en palabras del propio señor Grech, han llamado plenamente mi atención, en especial los relativos a las visitas al Parlamento. 
Los recientes debates sobre el Tratado constitucional y el resultado del referendo en mi país, que personalmente deploro, ponen de relieve que demasiados ciudadanos ignoran la realidad y la importancia de la Unión Europea para su vida diaria. 
Los temores y los prejuicios ocupan a menudo el lugar de la información. 
Por mi breve experiencia como nueva diputada al Parlamento Europeo, sé que cuando he tenido ocasión de recibir visitantes, en Bruselas o Estrasburgo, independientemente de su edad, origen o antecedentes socioprofesionales, han vuelto a casa convencidos, espero, del valor de la Unión Europea o al menos mejor informados sobre ella y siempre interesados en ella. 
Una regla mercadotécnica bien conocida dice que un cliente insatisfecho se lo dice a once personas mientras que una persona satisfecha solo se lo dice a cuatro. 
Aumentemos pues el número de ciudadanos satisfechos por estar mejor informados, para difundir mejor la idea europea en nuestras naciones. 
Ahora bien, para ello hay que aumentar, como recuerda el informe Grech, el número de visitantes por diputado al Parlamento Europeo. 
Apoyo la petición del señor Grech. 
Hace poco, la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Francia organizó en mi circunscripción un apasionante foro europeo sobre el tema «Diálogo sobre Europa: reducir la distancia entre la Unión Europea y el ciudadano». 
Muchos participantes lamentaron que el número de visitas apadrinadas al Parlamento no fuera mayor. 
Es una auténtica demanda. 
Unas palabras más: para acoger a los visitantes y organizar nuestro trabajo, los asistentes desempeñan una función irreemplazable. 
Comparten nuestra vida de diputados y ponen a nuestra disposición voluntariamente su inteligencia y su tiempo, pero existen grandes disparidades entre ellos y a menudo su situación social es precaria. 
Como señala el señor Grech en su informe, se merecen realmente que se les conceda al fin un estatuto real y significativo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero expresar yo también mi apoyo al trabajo de nuestro colega, el señor Grech, y ensalzar la gran calidad de su informe. 
En el contexto actual y con las dificultades que encontramos en las negociaciones con el Consejo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, este informe analiza oportunamente los recursos financieros que se precisarán en 2007 para financiar las principales instituciones de la Unión: Parlamento, Consejo, Tribunal de Justicia, etc. 
Quiero sumarme esta tarde a las peticiones que tienen por objeto los principios de buena administración y los destinados a la generación de un valor añadido, pero me gustaría que ampliáramos esos principios a todas las instituciones y también, por supuesto, específicamente a las agencias de la Unión Europea. 
Debemos esforzarnos aún más por optimizar nuestros instrumentos de trabajo, la gestión de las herramientas informáticas, los costes de transmisión de datos y, por último, nuestra política de recursos humanos. 
Yo, por mi parte, quisiera insistir en nuestra política de comunicación: es preciso que permita un verdadero acceso de nuestros conciudadanos no solo a la información, como se explicaba hace un momento, sino también a todas las diferentes facetas de la Unión. 
En efecto, los ciudadanos de la UE no solo deben poder comprender las decisiones que tomamos en su nombre, sino también hacer suyo este magnífico proyecto de sociedad que construimos para ellos y, espero, con ellos. 
En este sentido, debemos multiplicar los esfuerzos de comunicación, asignar medios adecuados a la aplicación de una política de comunicación que sea moderna, eficaz y pedagógica, en una palabra, adaptada a nuestro tiempo, en especial a través de herramientas como la televisión en línea 
En el mismo sentido, me parece inevitable destacar la importancia de intensificar también la acogida de visitantes y de prensa a los distintos lugares de sesión. 
Es innegable que nos faltan infraestructuras suficientes con vistas a la futura ampliación. 
Me sucede muy a menudo que tengo que recibir delegaciones en los pasillos del edificio. 
– Señor Presidente, como ciudadano británico me opongo enérgicamente al acuerdo presupuestario que Tony Blair dice haber negociado en diciembre. 
Abrir el talonario y preguntar cuánto es no es la idea que tengo de negociación. 
Permitir que la contribución neta de Gran Bretaña aumente de 3 000 millones de libras esterlinas al año en promedio a más de 6 000 libras esterlinas al año a partir de 2007 es totalmente inaceptable y desperdicia el descuento que tanto le costó ganar a la señora Thatcher. 
Por tanto, he votado en contra de la aprobación del presupuesto cuando se presentó en este Parlamento, pero sospecho que mis motivos eran diferentes que los de la mayoría de los demás diputados que también votaron en contra. 
Ningún partido político importante de mi país, excepto el mío, está dispuesto a plantear abierta y honestamente los asuntos europeos en un período electoral. 
Es el famoso elefante presente en la habitación del que todos evitan hablar. 
Cuentan con el apoyo de unos medios indolentes deseosos de participar en lo que es efectivamente un encubrimiento. 
El señor Blair y su Gobierno se pueden creer muy listos cuando evitaron un verdadero debate sobre la Unión Europea en las últimas elecciones generales. 
Sin embargo, hay un inconveniente. 
¿Cómo pueden afirmar legítimamente que tienen el mandato de derrochar todo este dinero suplementario de los contribuyentes, que en su mayor parte se utilizará para subvencionar proyectos en los países de Europa oriental a expensas de subfinanciar nuestra propia infraestructura nacional? 
He examinado las orientaciones de este informe y la mayoría no son más que una lista de buenos deseos llena de palabras altisonantes como «corazón europeo» y «nuevas bazas para la institución». 
En mi opinión, si la Unión Europea está realmente interesada en dar nuevas bazas a la institución, podría empezar pidiendo menos dinero, no más, y debería emprender un estudio amplio sobre los medios necesarios para devolver los poderes que ha tomado de los Gobiernos democráticamente elegidos. 
Bien, esa es mi lista de deseos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Grässle, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (COM (2005) 0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090 (CNS) ) (A6-0057/2006). 
. Señor Presidente, quiero felicitar al Parlamento en este día tan importante en el que finaliza nuestro debate sobre el Reglamento financiero. 
Es una semana importante porque se someterá a votación en esta Cámara el dictamen del Parlamento. 
Quiero felicitar a los dos ponentes por la labor que han realizado. 
Reconozco el inmenso trabajo que les ha supuesto presentar esas enmiendas. 
Quiero confirmar que la Comisión incluirá la gran mayoría de las propuestas del Parlamento en su nueva propuesta revisada. 
También quiero confirmar que los objetivos del Parlamento y los de la Comisión son más o menos los mismos. 
A la luz de esos objetivos compartidos respecto a la simplificación de las normas y la reducción de la burocracia, me complace anunciar que muy pronto después de la votación del Parlamento presentaremos nuestra nueva propuesta revisada. 
Sabemos que el Consejo está dispuesto a adoptar una decisión final y una opinión final muy pronto. 
Quiero citar algunos ejemplos de las muchas enmiendas que con mucho gusto incluiremos en nuestra nueva propuesta: una referencia explícita al principio de proporcionalidad, lo que ayudará a definir un procedimiento más ágil para los proyectos menores; información a los solicitantes de subvenciones y unos impresos de solicitud normalizados para los mismos ámbitos políticos; y refuerzo de la división de los contratos de suministros y servicios en lotes parciales o especializados. 
El cuarto elemento que evaluamos positivamente es el procedimiento en dos fases para el proceso de solicitud de subvenciones, que evitará costes innecesarios en la fase inicial. 
La Comisión y el Parlamento no son los únicos agentes del actual proceso legislativo. 
El Comité Económico y Social Europeo y el Tribunal de Cuentas presentaron sus dictámenes entre octubre y diciembre de 2005. 
El Consejo está a punto de completar su primera lectura. 
Me gustaría resaltar que el proceso legislativo de revisión de la normativa financiera comunitaria ha progresado ya de forma considerable. 
Nuestro objetivo común es tener una normativa financiera más simple y más moderna, mejor adaptada a la nueva generación de programas de gasto, que esperamos que pueda aplicarse a partir de enero de 2007. 
De ahí que el calendario sea tan importante y no podamos saltarnos los plazos. 
Me comprometo a esforzarme en las próximas negociaciones interinstitucionales y fomentar un proceso de conciliación para llegar a un consenso efectivo entre el Parlamento y el Consejo. 
. – Señor Presidente, Comisaria Grybauskaitė, Señorías, hoy presento a la Asamblea 135 enmiendas al Reglamento financiero. 
Me ha alegrado mucho oírle anunciar a la señora Comisaria su intención de incorporar a la revisión de la Comisión algunos de los puntos más fundamentales del presente informe. 
El Parlamento aprovecha esta primera revisión escalonada del texto –un texto tan importante para la administración– como un medio para eliminar problemas fundamentales. 
Hemos escuchado algunas críticas muy básicas y severas contra los procedimientos burocráticos. 
Muchas organizaciones que solicitan subvenciones y empresas que participan en los procedimientos de licitación de productos y servicios –e incluso también los quienes se encargan de aplicar el Reglamento financiero en la Comisión y en otras instituciones– han contribuido a nuestra reforma y a las enmiendas del Parlamento. 
Les estoy muy agradecida a todos. 
Su asesoramiento profesional permitirá mejorar los procedimientos. 
En esta Asamblea, estoy especialmente agradecida al Presidente Borrell y, por supuesto, a mis colegas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario, sobre todo al señor Pahor y a todos aquellos que han trabajado en las propuestas del intergrupo durante varios meses. 
Ambas comisiones han adoptado el informe bien por una amplia mayoría, bien por unanimidad, no solo gracias a la cooperación constructiva, sino también debido a la percepción general de la presión a favor de una reforma. 
Mi asistente personal, el señor Sichel, ha contribuido mucho a ello; lo cual también quiero agradecerle muy sinceramente. 
En cuanto a la Comisión, debo manifestar asimismo mi agradecimiento a la Comisaria Grybauskaité, al Director General, señor Romero, y al señor Taverne y su equipo por las numerosas y fructíferas conversaciones mantenidas, que sinceramente espero que tengan continuidad y en las que será un placer participar. 
Todos –también yo, con mis años de experiencia en relación con el Reglamento financiero– nos preguntamos qué clase de Europa es esta que exige unos procedimientos de solicitud tan costosos y complicados. 
Hasta una tercera parte del importe de cada subvención se pierde para cubrir el coste del procedimiento de solicitud. 
Año tras año, las organizaciones despilfarran cantidades considerables de dinero participando en convocatorias para el desarrollo de las políticas europeas, aunque no tengan ninguna posibilidad de ser elegidas. 
Cuarenta páginas de impresos y quinientas páginas adicionales de manuales no son una excepción, sino la norma. 
Solo entre un 5 % y un 25 % de las solicitudes llegan a buen puerto. 
Con un coste de hasta 200 000 euros por solicitud, pueden hacerse una idea de la cantidad de dinero que se derrocha en Europa cada vez que una organización participa en un concurso de ofertas de la Unión. 
¿Qué clase de Europa es esta donde las empresas ya no desean participar en los procedimientos de licitación porque se les exige la presentación de dos balances anuales, incluso para solicitudes rutinarias? 
En realidad, la Comisión ya ha venido trabajando muy intensamente en ello y seguirá haciéndolo e introduciendo modificaciones en las importantes normas de desarrollo. 
También quisiera animar a la Comisaria Grybauskaité a que persevere en el empeño y le estaré muy agradecida si hace suyas todas las propuestas del Parlamento, ya que no queremos que la Comisión sea vista en toda Europa como sinónimo de lentitud, burocracia y pérdida de dinero; queremos que se la considere una proveedora de servicios para cuantos deseen desarrollar y apoyar las políticas europeas. 
Nuestras enmiendas más importantes se someterán a votación nominal mañana. 
Como ya ha anunciado la Comisaria Grybauskaité, algunas se incorporarán. 
Quisiera presentar también algunas otras. 
Una de ellas se refiere a una base de datos para la notificación a los participantes en las licitaciones, que evitaría la presentación de múltiples copias de los documentos y permitiría ahorrar, así, tiempo y dinero en la fase de la solicitud. 
También preferiríamos que los voluminosos contratos sean reemplazados por decisiones de la Comisión. 
De este modo se podría conseguir que los procedimientos no se alarguen tanto y, sobre todo en el caso de subvenciones pequeñas, que resulten menos onerosos. 
Nuestro objetivo principal es que, en el futuro, la Comisión ayude a los solicitantes a lo largo de los procedimientos. 
Es una revolución cultural, pero será beneficiosa para todos, sobre todo para el prestigio de la Unión. 
Nuestros objetivos son mejorar la previsibilidad, la fiabilidad y la seguridad jurídica y, con vistas a aumentar la flexibilidad, se ha presentado una enmienda relativa a la reutilización limitada de los créditos de compromiso que de lo contrario prescribirían. 
Mañana presentaré otra enmienda oral que, sin especificar un importe, indica sin embargo un límite máximo. 
Las negociaciones al respecto dependerán de las perspectivas financieras. 
Quiero pedir al Consejo que no mantenga la situación actual. 
¿Cómo interpretar unos procedimientos que bloquean la salida de fondos mientras las organizaciones de los Estados miembros pierden tanto dinero? 
Esta Asamblea ha reconocido que no podemos seguir así, sobre todo porque esos procedimientos burocráticos complejos ni siquiera están dando resultados especialmente satisfactorios en lo que respecta al objetivo de proteger los fondos comunitarios. 
Y este es el motivo de mi petición final: procuremos conseguir una nueva versión del Reglamento financiero a medio plazo. 
En los Estados miembros, los reglamentos financieros son documentos sencillos destinados a las administraciones, porque tienen que utilizarse a diario. 
El Reglamento financiero de la Unión Europea no debe ser el más complicado que pueda concebir la administración para su propia gestión. 
Este tema va a seguir figurando también en la agenda del Parlamento. 
Quiero darles una vez más las gracias a todos por su cooperación y espero poder contar con su apoyo mañana. 
– En primer lugar, dos expresiones de agradecimiento; la primera para la ponente, la señora Grässle, que ha sido una gran inspiración para cuantos hemos trabajado con ella en la preparación del presente informe. 
La segunda para el Presidente de la Comisión de Control Presupuestario, señor Fazakas, que bajo la gran presión de los plazos hizo todo lo posible para que ambas comisiones disfrutaran de un excelente ambiente de cooperación con vistas a la presentación del informe al Parlamento. 
En mi calidad de coponente y ponente de opinión para el Reglamento financiero, quiero resaltar que el objetivo principal del informe era reducir los aspectos burocráticos del Reglamento financiero y sus normas de desarrollo y hacerlos más comprensibles, simplificarlos y, sobre todo, facilitar su aplicación. 
Así garantizaríamos también un uso más eficaz de los fondos presupuestarios. 
Como ha dicho la ponente, el informe dedica una atención especial al tema de la licitación pública y las donaciones. 
Lo cierto es que en varias reuniones hemos oído, sobre todo en boca de organizaciones no gubernamentales, que ya no desean seguir cooperando con la Unión Europea porque los procedimientos burocráticos son demasiado largos y, sobre todo, demasiado caros. 
Nadie –tampoco yo– desea modificar ningún aspecto del Reglamento en un sentido que reduzca la transparencia en relación con el uso del dinero de los contribuyentes. 
En la redacción del informe hemos intentado alcanzar un nuevo equilibrio más adecuado entre un uso eficaz del dinero, por un lado, y un control democrático de dicho uso, por el otro lado. 
La comisión que preside el señor Fazakas, la Comisión de Control Presupuestario, es en particular muy sensible en lo que se refiere a ese tema. 
Por esto, los dictámenes del Tribunal de Cuentas han tenido a menudo un peso decisivo para ambos ponentes y, sobre todo, para la Comisión de Control Presupuestario, y por esto también se les ha dado cabida en el informe. 
Para acabar, permítanme que les diga que nadie, sobre todo en el ámbito de la política, desea ningún tipo de escándalo financiero. 
Y por bien redactadas que estén, evidentemente no existe ningún conjunto de normas capaz de impedirlo del todo, pero estas pueden facilitar una gestión más o menos satisfactoria de los fondos presupuestarios y favorecer una confianza más o menos generalizada de la población en su legalidad y eficacia. 
Finalmente, voy a tener la osadía de afirmar que el informe apunta en la dirección adecuada, las soluciones propuestas permiten un nuevo equilibrio satisfactorio, y espero que sea adoptado mañana. 
. – Señor Presidente, felicito a la ponente por su espléndido y valiente trabajo. 
Este informe envía a los ciudadanos un mensaje claro y contundente de que el Parlamento Europeo quiere facilitarles el acceso a la financiación de la UE. 
Se otorga gran importancia al debate sobre las perspectivas financieras, que trata de la cantidad de dinero que habrá en el presupuesto de la UE. 
Y eso está bien, pero no deberíamos olvidar el tema, igualmente importante, de cómo debe gastarse el dinero y cómo podemos facilitar que los ciudadanos se beneficien del mismo. 
¿De qué sirve hablar de grandes cantidades de dinero de la UE cuando los ciudadanos de a pie se sienten cada vez más frustrados por la excesiva burocracia necesaria para acceder a esos fondos, por las largas e incomprensibles solicitudes y por unos funcionarios que no hacen nada o casi nada para explicárselo? 
No debe sorprendernos que muchas personas simplemente abandonen antes de empezar. 
Eso está mal y debemos cambiarlo. 
Debemos cambiarlo reformando el Reglamento financiero y asegurándonos de que las cosas sean más fáciles y accesibles. 
Y eso es lo que hace el informe de la ponente: introduce varias medidas para que el acceso a los fondos sea más fácil y, en este sentido, convierte el dinero virtual de la UE en un dinero real al que realmente se puede acceder. 
Son buenas noticias para los ciudadanos, pero también para las ONG y las pequeñas empresas. 
Por lo tanto, pido a la Comisión que sea nuestro aliado en esta reforma. 
Nuestro mensaje es claro: si realmente queremos volver a conectar con los ciudadanos, debemos hacer que las cosas sean más fáciles. 
– En este caso los elogios no son una mera formalidad, sino un reconocimiento del trabajo extraordinariamente coherente y comprometido de la ponente, encaminado a conseguir dos objetivos claros: la simplificación y la proporcionalidad de la aplicación de las normas. 
Desde esta perspectiva, es un excelente informe, al que no deberíamos escatimar elogios. 
Dicho lo cual, quiero añadir que, a mi parecer, es esencial que analicemos los siguientes pasos del presente proceso de reforma del Reglamento financiero. 
Debemos estar seguros de que, durante todo el período de vigencia de las próximas perspectivas financieras, desde el Parlamento vamos a continuar ejerciendo el poder de codecisión, como hemos hecho hasta ahora, para poder cumplir cuatro tareas básicas en un futuro próximo. 
La primera de ellas es actualizar las directrices presupuestarias en algunos ámbitos, por ejemplo el principio de anualidad y los mecanismos de flexibilidad presupuestaria; en segundo lugar, reducir las excepciones al mínimo absolutamente imprescindible, con lo cual a la vez que confirmaríamos la precedencia del Reglamento financiero sobre la legislación sectorial, y acabaríamos con las duplicidades y discrepancias entre la reglamentación básica, por un lado, y las normas de desarrollo, por el otro, y entre ambas y los reglamentos sectoriales; en tercer lugar, dejar claras las obligaciones, competencias y responsabilidades de los diversos actores presupuestarios y garantizar que reflejen debidamente las normas de contabilidad presupuestaria. 
La cuarta y última tarea será incorporar el Reglamento financiero y el marco financiero acordado al Acuerdo Interinstitucional y conseguir que sean coherentes. 
Pueden parecer tareas sencillas, pero en realidad son complejas y requieren una cuidadosa atención. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes, la señora Grässle y el señor Pahor, por la inmensa tarea que han acometido al abordar este asunto. 
Enmendar el Reglamento financiero ha representando un inmenso trabajo de preparación, muy técnico y muy duro. 
Ha requerido mucho tiempo y concentración. 
La señora Grässle ha presidido incansablemente numerosas reuniones de los grupos de trabajo. 
El hecho mismo de que la opinión del Parlamento haya quedado clara para todos se debe justamente a este excelente trabajo de preparación. 
Se lo agradezco sinceramente. 
La propuesta de la Comisión tenía por objeto revisar el Reglamento que ha estado en vigor vigente durante tres años. 
El principal objetivo ha sido eliminar y simplificar la burocracia y aumentar la flexibilidad, a la vez que se deseaba garantizar la seguridad financiera. 
El origen ha sido la evolución de una nueva cultura administrativa. 
En 1999, después de la crisis que se cerró con la dimisión de la Comisión, un grupo de expertos propuso que la administración de la Unión Europea se organizara de forma que quedase clara la responsabilidad personal y que a la vez simplificara la administración financiera; dicho paquete legislativo incluía la reforma de la estructura presupuestaria para basarla en las actividades y una revisión del Reglamento financiero, así como de las normas de desarrollo del mismo. 
Ahora nos encontramos en el período de evaluación intermedia. 
Podría decirse que el ambicioso objetivo original se ha conseguido en parte. 
Actualmente, tenemos una percepción más clara de los costes y los resultados de las políticas de la Unión en los diversos ámbitos. 
Pero todavía queda una gran dosis de burocracia y existen un número considerable de controles y comprobaciones. 
La propuesta de la Comisión con vistas a la modificación del Reglamento financiero apunta en la dirección correcta, a mi parecer, aunque sus objetivos sean modestos. 
La delegación de competencias y responsabilidad todavía es tímida y aún falta mucho para conseguir una administración basada en las actividades. 
En nuestra opinión, los ponentes han adoptado el enfoque acertado al intentar relacionar la gestión necesaria con un montante de dinero asumible. 
Actualmente, los procedimientos resultan a veces tan complicados y tan caros que las medidas no consiguen los objetivos a los que aspiramos, como puede ser la cooperación con el sector privado. 
Creemos que el informe adoptado por las comisiones es demasiado prudente. 
Nos habría gustado un planteamiento más audaz, más liberal. 
En nuestra opinión, el Parlamento continúa centrándose en la «microgestión». 
El problema principal de la gestión son los resultados, no los procedimientos que intervienen en su desarrollo. 
Unos procesos administrativos complicados solo sirven como protección para los funcionarios ineficaces, a quienes evitan tener que tomar decisiones. 
La administración financiera debe basarse en decisiones racionales y en la responsabilidad personal. 
No obstante, más allá de estos comentarios, estamos dispuestos a apoyar el informe en su totalidad, mientras permanecemos a la espera del próximo debate sobre las normas de desarrollo. 
. Señor Presidente, por mi parte, quiero expresar también mi más sincero agradecimiento a la señora Grässle por su trabajo, por haber sacrificado incluso sus vacaciones de Navidad, según tengo entendido, y por las numerosas y fructíferas reuniones que hemos mantenido. 
La reforma del Reglamento financiero es, en verdad, urgentemente necesaria. 
La dimisión de la Comisión Santer tuvo como resultado unas normas más estrictas y una revisión de los mecanismos de control, algo en lo que siempre estuvo empeñado mi Grupo. 
Pero también hemos tenido que llegar a la conclusión de que el proceso de depuración ha ido un poco demasiado lejos. 
Ha dado lugar a una burocracia excesiva para las solicitudes de subvención y las principales afectadas han sido las ONG, las organizaciones no gubernamentales, y las pequeñas y medianas empresas. 
El temor a un gasto inadecuado es ahora tan grande que los funcionarios europeos transfieren, siempre que pueden, la responsabilidad a los solicitantes de subvenciones. 
En consecuencia, todavía no hemos conseguido lo que queríamos, es decir, una Comisión con unos funcionarios realmente responsables y capaces de asumir también dicha responsabilidad. 
Por lo tanto, estoy muy a favor de las enmiendas que hoy se presentan, la mayoría de las cuales están encaminadas a simplificar los procedimientos. 
Se somete a debate el principio de proporcionalidad y también acojo con gran satisfacción las enmiendas 110 y 111 relativas a la norma del porcentaje. 
En estos momentos, cuando los beneficiarios aportan recursos propios, es probable que tengan que devolver una gran parte de la subvención, con el efecto contraproducente de que esto desincentiva la búsqueda de recursos propios en el futuro. 
La Comisión ha prometido que adoptará varios puntos básicos de dichas enmiendas, pero, como siempre, el problema está en los pormenores, como es natural. 
Como habrán podido apreciar en las propuestas presentadas, la intención de esta Asamblea es simplificar los procedimientos. 
Y esto no depende solo del Reglamento financiero; en gran parte dependerá también de las normas de desarrollo que redacte la Comisión. 
Por lo tanto, espero que adopten el principio de que es necesario introducir una simplificación, lo cual aligerará verdaderamente la carga. 
Ahora se habla mucho de reducir la presión de las normas que impone Europa y la gente de inmediato piensa en las grandes empresas que, de lo contrario, verían reducida su competitividad. 
Pero es igualmente importante que las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro comiencen a beneficiarse de una reducción de los costes administrativos. 
Aunque es importante que la Comisión lo tenga en cuenta cuando redacte las normas de desarrollo, espero que el Consejo también acepte que dicho principio no se refiere solo a las grandes empresas y que las empresas más pequeñas y las ONG también deben beneficiarse de una reducción de la carga administrativa que impone Europa. 
. 
Señor Presidente, en mi intervención en el debate sobre el informe de la señora Grässle relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Comunidad Europea, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre los temas siguientes. 
En primer lugar, la Comisión Europea considera que al cabo de tres años de vigencia del Reglamento financiero, no existe ninguna necesidad de modificar su estructura o los conceptos y principios fundamentales que contiene. 
En segundo lugar, la Comisión propone, no obstante, toda una serie de cambios que afectan a los principios presupuestarios fundamentales y la validación de los títulos de crédito entre otros temas. 
Según la propuesta, los Estados miembros deberían tratar los títulos de crédito comunitarios de igual modo que los nacionales. 
Además, la propuesta establece un plazo de cinco años para su prescripción. 
Y se prevé que esto se aplique tanto a las licitaciones públicas como a los contratos. 
Dichas disposiciones incorporan los cambios necesarios para la adecuación a la nueva Directiva comunitaria sobre adjudicación de contratos públicos y subvenciones, adoptada en 2004. 
El objetivo es simplificar las disposiciones en materia de controles y garantías. 
La ponente propone toda una serie de enmiendas al reglamento modificado por la Comisión Europea. 
Los cambios están destinados a facilitar el desarrollo del presupuesto de la Unión y el acceso a los fondos presupuestarios por parte de los beneficiarios. 
Apoyo la mayoría de las enmiendas y espero sinceramente que el Reglamento financiero, con las modificaciones introducidas por la Comisión Europea y el Parlamento, permita una distribución más eficiente y transparente que hasta ahora de los fondos consignados en las Perspectivas Financieras 2007-2013. 
Eso será especialmente importante para los nuevos Estados miembros, que en el período 2007-2013 deben recibir una financiación varias veces superior a la recibida en el pasado 
Para terminar, quisiera manifestar mi agradecimiento a la señora Grässle por su buen informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hoy, al igual que la última vez que lo revisamos, debatimos el Reglamento financiero en la sesión nocturna. 
Espero que hoy también, como en la última revisión, encontremos una Presidencia en ejercicio del Consejo receptiva a nuestras propuestas y no una Presidencia desconfiada, que quiera mantener la situación actual, sin darse cuenta de que las circunstancias han cambiado y de que hay que mejorar las normas de funcionamiento para mejorar la ejecución presupuestaria. 
También hoy, como la última vez, necesitamos una Comisión ejecutiva que sea comprensiva con el Parlamento y reivindicativa frente al Consejo. 
La ponente ha conseguido una gran mayoría en torno a su propuesta, tanto en la Comisión de Control Presupuestario como en la Comisión de Presupuestos, e incorpora valiosas aportaciones para la eliminación de obstáculos burocráticos, asegurando los intereses financieros de los contribuyentes frente al fraude. 
En relación con las enmiendas presentadas, quiero insistir en la propuesta de compromiso de la ponente. 
La propuesta que hace otro Grupo político de autorizar el en la totalidad de los créditos de compromiso no utilizados, es irrealista y puede afectar al principio de anualidad y, sobre todo, no favorece nuestra posición frente al reciclaje de fondos no utilizados, que forma parte de la estrategia negociadora en las perspectivas financieras. 
Limitar la cantidad, como hace la ponente en su enmienda de compromiso, parece más razonable y, sobre todo, más operativo para defender esta estrategia. 
Por lo demás, señor Presidente, creo que la estrategia debería separar claramente la votación de la propuesta legislativa de la adopción final en el momento que tengamos una redacción positiva por parte del Consejo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo quiero saludar el trabajo de la ponente, la señora Gräßle y del ponente de opinión, el señor Pahor, y felicitarles por la calidad de su informe. 
En efecto, como diputados debemos revisar el Reglamento financiero por varias razones. 
Urgía reformarlo. 
Para demostrarlo basta que mencione los diversos problemas que tuvimos que afrontar como representantes de los ciudadanos de Europa, en especial en el ámbito de la información a los europeos. 
Debemos comunicarnos mejor con los ciudadanos y hacerlo más a menudo. 
La revisión del Reglamento financiero es uno de los medios de conseguirlo. 
Los pagos de importes a tanto alzado con respecto a los procedimientos de contratación y de concesión de subvenciones deben acogerse con agrado por suponer un avance hacia una mejor gestión financiera. 
Lo mismo sucede con la protección de los intereses financieros de las Comunidades, entre otras cosas gracias a la modificación propuesta en materia de cobro, de suspensión o ejecución de contratos y de sanciones. 
Pienso, en particular, en las enmiendas relativas a las medidas de simplificación. 
Nuestro reto es lograr un equilibrio entre simplificación y buena gestión financiera. 
Celebro el enfoque de la ponente y del ponente de opinión de simplificar las normas para los beneficiarios, en particular mediante la agilización de los procedimientos administrativos, al mismo tiempo que se refuerza el control sobre el modo en que se gasta nuestro presupuesto. 
Debemos poner los medios para el diálogo en curso con la sociedad civil y no crear discriminaciones entre organizaciones, entre las que tienen los medios para responder a los programas comunitarios y las que no. 
El informe permitirá preservar en el futuro los derechos del Parlamento, tanto en términos de poder de control como de derecho a la información en su calidad de rama de la Autoridad presupuestaria. 
En el mismo orden de ideas, quiero recordar que las disposiciones relativas a la financiación de los Grupos políticos o los partidos políticos revisten la máxima importancia. 
En efecto, se trata de la constitución de la ciudadanía europea, una ciudadanía a la que debe contribuir el Parlamento para garantizar el futuro del espacio público europeo. 
Señor Presidente, me dirijo a los veinte colegas que, de forma casi heroica, estamos en esta sesión nocturna. 
Es una vergüenza que con nocturnidad tengamos que discutir temas tan importantes. 
Colegas nuestros decidieron que no tenía que haber sesión los viernes, y aquí estamos, a unas horas impropias, indignas de la calidad y de la dignidad de nuestro trabajo parlamentario. 
En segundo lugar, diré que debemos felicitar a la señora Gräßle por su buen trabajo y decir que este Parlamento tiene la obligación de hacer que el dinero que nos dan los ciudadanos no se pierda en gastos administrativos, que llegue a tiempo y de forma eficaz, y eso es lo que pretende el informe de la señora Gräßle. 
Porque hay dos filosofías, y me encanta que la mayoría de los intervinientes comparta esta nueva filosofía —que no es la que yo conocí cuando llegué a este Parlamento hace cuatro legislaturas—, la filosofía de pensar que tenemos que sacar lo mejor de las personas que trabajan para administrar el presupuesto, que tenemos que otorgar responsabilidades. 
La postura política de poner burocracia en el gasto nace de la desconfianza hacia nuestros funcionarios, de que nosotros, los políticos, no queremos, correr ningún tipo de riesgo. 
Queremos cortar las cabezas de los funcionarios que se equivoquen y, por tanto, les decimos que, cada vez que tengan que comprar un lapicero, deben hacer un largo procedimiento para asegurarnos de que el lapicero está bien comprado. 
No admitimos el mínimo error y tenemos experiencia de haber cortado cabezas a funcionarios que han acertado muchas veces, pero se han equivocado una. 
Por tanto, la filosofía de hacer menos complicado el procedimiento de gasto va a permitir que el dinero comunitario, que el Consejo cada vez raciona más —solo nos va a dar el 1 %, no el 1,2 %—, llegue mejor y a tiempo, porque sobran los ejemplos de que el dinero comunitario, a causa de nuestro Reglamento y de nuestra poca responsabilidad como políticos, llega tarde y mal al contribuyente, al ciudadano europeo. 
Muchas gracias, señora Gräßle, por este excelente informe. 
La revisión de la «biblia financiera» de la Comunidad afecta no solo al marco institucional de la Unión Europea sino también a sus ciudadanos. 
La ponente, señora Grässle, ha realizado un trabajo excelente en su examen del proyecto de la Comisión y ahora tenemos una magnífica propuesta sobre la mesa. 
Me centraré en aquellos puntos que considero más importantes. 
Debemos definir claramente las tareas y las responsabilidades conjuntas de los Estados con respecto a la gestión de los recursos financieros comunitarios. 
En lo que se refiere a los fondos estructurales y en aras de la transparencia, la fiabilidad, la eficiencia y la buena reputación de la Unión Europea ante sus ciudadanos, debemos establecer unos procedimientos administrativos transparentes y rápidos, con responsabilidades claramente definidas para cada uno de los actores. 
Lo mismo cabe decir de la contratación pública. 
En ese ámbito también son frecuentes las ambigüedades y retrasos innecesarios en los procedimientos. 
En mi calidad de ex alcalde, he tenido experiencias personales negativas en ese sentido. 
Creo que con la aprobación del presente documento contribuiremos a un mejor funcionamiento del sistema financiero de la Unión Europea y, por consiguiente, a que las actividades de la UE resulten más comprensibles para sus ciudadanos. 
En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a la ponente, señora Grässle, que ha realizado un trabajo formidable, un trabajo excelente. 
No podemos dejar de felicitarla por lo que ha conseguido. 
En segundo lugar, si algo se puede decir de este trabajo, es con toda seguridad que representa un intento de mejorar la eficiencia de la gestión de nuestros programas y nuestros fondos. 
Pero esto también significa que en el futuro el trabajo de la Comisión deberá juzgarse cada vez más por su eficiencia. 
Esto afectará a los futuros procedimientos de aprobación de la gestión en esta Cámara y nos obligará a modificar nuestros métodos y a empezar a abandonar la actitud omnisciente en favor de la aplicación de unos estándares más eficientes. 
En tercer lugar, en mi calidad de diputado al Parlamento Europeo procedente de una pequeña región alpina, espero que la Comisión ofrezca información –también en el contexto de las tantas veces anunciadas iniciativas a favor de la transparencia– sobre el tamaño medio de las empresas que participan en los programas europeos, el tamaño medio de las pequeñas y medianas empresas que se benefician de los fondos europeos, por ejemplo, y el período de tiempo, según el cálculo final, durante el cual una empresa tiene que aportar financiación previa para poder recibir fondos europeos. 
También esto es muy importante para la futura evaluación del trabajo de la Comisión y del desarrollo de los programas europeos. 
Señor Presidente, al final de este debate que se ha prolongado hasta entrada la noche, quisiera decir unas pocas palabras en mi calidad de presidente de la comisión competente, la Comisión de Control Presupuestario, y de diputado al Parlamento Europeo en representación de un nuevo Estado miembro. 
Los diputados al Parlamento Europeo procedentes de los nuevos Estados miembros han participado en los trámites parlamentarios del Reglamento financiero con gran satisfacción y entusiasmo, no solo por su entusiasta dedicación a su tarea parlamentario sino también por el convencimiento de estar trabajando a favor de una Europa mejor, más simple y más eficaz. 
Y esto es así porque nuestra experiencia de casi dos años nos ha demostrado que el Reglamento financiero de la Unión Europea adolece a menudo de un exceso de burocracia y suele resultar contraproducente. 
Cambiar esta situación no solo nos interesa, sino que también es un deber de todos. 
Conscientes de ello, todos los diputados a este Parlamento que han participado en el proceso han colaborado y han dado con ello un buen ejemplo; ambas comisiones reforzaron su cooperación, designaron a dos ponentes excelentes y luego han hecho cuanto estaba en sus manos para conseguir un buen resultado, empezando por la organización de la audiencia pública y hasta el momento de la votación. 
Confiamos en que la Comisión y el Consejo sigan ese buen ejemplo lo antes posible, en beneficio de una buena nueva Europa común. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a debatir el informe del señor Ó Neachtain, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente (2004/2199 (INI) ) (A6-0019/2006). 
. – Señor Presidente, iniciaré mi presentación sobre la promoción de métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente recordando al Parlamento que últimamente el colectivo de los pescadores se ha visto gravemente atacado. 
A causa de las acciones ilegales de unos cuantos, existe la creciente percepción pública de que todos los pescadores son criminales en potencia. 
Quiero decir a sus Señorías y sobre todo a usted, señor Comisario, que eso tiene que acabar. 
¿Hay gente deshonesta en el sector de la pesca? 
Claro que sí, como en todos los sectores conocidos, económicos y de cualquier otro tipo. 
Si alguien es culpable de una actividad criminal, dejemos que caiga sobre él todo el peso de la ley. 
Pero debemos impedir que se siga poniendo de forma insidiosa a todos los profesionales de la pesca la misma etiqueta de la deshonestidad. 
No debemos olvidar jamás que la gran mayoría de los hombres y las mujeres implicados en el sector son gente honesta, entregada a un trabajo muy duro. 
Además, no se podrá conseguir ningún cambio significativo sin la implicación y la participación activa de esos hombres y mujeres pescadores honestos. 
En los últimos años, el difícil reto de mantener la sostenibilidad de la pesca se ha convertido, en gran medida, en un debate excesivamente simplista y polarizado sobre si deberíamos pescar más o menos. 
En realidad, el reto de recuperar las poblaciones de peces y mantener la sostenibilidad implica también el desarrollo de nuevas y mejores formas de pescar con la utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
El objetivo de mantener la sostenibilidad debe abarcar, sobre todo, la cuestión de cómo pescaremos en el futuro para que podamos cosechar nuestros recursos marinos de la forma más respetuosa posible con el medio ambiente. 
La introducción de prácticas de pesca que reduzcan los impactos adversos en nuestros ecosistemas es una prioridad. 
Pero para conseguirlo debemos comprender primero los efectos de las prácticas de pesca en el entorno marino y promover actividades pesqueras que sean ecológicamente sostenibles. 
Me complace en especial que la última Presidencia irlandesa propusiera la iniciativa de un importante programa de la UE para que la actividad pesquera fuera más ecológica con el fin de ayudar a recuperar las poblaciones de peces en Europa. 
Es un tema urgente. Y esa urgencia queda claramente ilustrada con una estadística extraordinaria: cada año se desechan en el mundo 20 millones de toneladas de pescado, equivalentes a una cuarta parte del total de la captura mundial. 
En palabras de la entonces Presidencia irlandesa, el exceso de pesca es parte del problema global; pero esa cantidad de pescado que se saca del mar y después se tira por la borda es un derroche increíble y tiene que reducirse considerablemente a corto plazo. 
Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en que no vamos a llegar a ninguna parte a menos que eso ocurra, y debemos hacer algo positivo al respecto. 
Es alentador que en la Unión Europea estemos dispuestos a tomar la iniciativa para resolver este problema mundial y abordar ese subproducto tan despilfarrador en el sector pesquero. 
El programa ambiental que se propone incluye una revisión de todas las medidas técnicas de conservación existentes en los próximos dos años, para reducir el daño para el ecosistema y el medio ambiente. 
Incluye la propuesta de acelerar el desarrollo de artes de pesca más selectivas. Propone la simplificación de nuestras normas actuales de cara a facilitar esos cambios. 
He iniciado mi presentación con la defensa de los pescadores. 
La terminaré subrayando que son nuestros hombres y mujeres pescadores quienes tendrán un papel importante que desempeñar a la hora de decidir el futuro del sector europeo de la pesca. 
Esos hombres y mujeres pescadores podrán opinar en este proceso mediante sus consejos consultivos regionales, que desempeñarán un papel de gran importancia. 
No tengo ninguna duda de que los pescadores apoyarán plenamente este nuevo planteamiento respetuoso con el medio ambiente. 
Lo harán porque así la pesca será más sostenible. 
Lo harán porque así contribuirán a mejorar las poblaciones de peces. 
Lo harán porque así se asegurarán de que las poblaciones de peces se preserven para las generaciones futuras. 
Señor Comisario, si quiere que este programa funcione, debe asegurarse de que haya propuestas de financiación y otros incentivos, como el derecho a cuotas adicionales para animar a los pescadores a avanzar hacia unas artes de pesca más selectivas y más respetuosas con el medio ambiente. 
Espero que esté de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que en el contexto actual será un precio muy bajo. 
,. Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al ponente, el señor Ó Neachtain, y a la Comisión de Pesca el informe constructivo sobre métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente y el interés que han mostrado por la Comunicación de la Comisión. 
No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el ponente sobre la honestidad y la integridad de los pescadores; los abusos de unos pocos no deberían recaer sobre todos en general, y debemos tomar medidas drásticas contra los verdaderos culpables. 
La Comisión otorga gran importancia al desarrollo de métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente. 
Mejorar la selectividad es uno de los objetivos de las medidas técnicas que proponemos en este contexto. 
En este sentido, me complace informar de que se ha conseguido un cierto progreso con respecto a las medidas técnicas en el Báltico que se adoptaron en el Consejo de diciembre, y de que la Comisión tiene intención de incrementar la selectividad y las nuevas medidas técnicas que se propondrán para el Mediterráneo, el Atlántico y el Mar del Norte. 
He tomado nota de su interés por la lucha contra la pesca fantasma. 
La Comisión está dispuesta a ponerse al frente de esta batalla. 
Después del informe Deepnet, se decidió tomar medidas, en el último TAC y en el reglamento de cuotas para 2006, para prohibir temporalmente la pesca con redes de enmalle en aguas profundas de las zonas cubiertas por el informe y afectadas por esta actividad hasta que se adopten medidas permanentes –también aplicables a otra zonas, en vez de una prohibición completa–, esperemos que en el curso de este año. 
También he reservado fondos para apoyar los estudios sobre la retirada de redes fantasma. 
La Comisión seguirá prestando especial atención a estos temas. 
La reducción de los descartes será un objetivo importante en las nuevas medidas técnicas para el Atlántico y el Mar del Norte. 
Hay que poner de relieve que debido a la variedad en la composición de las capturas y el nivel de descarte en las aguas de la Unión Europea, se tendrán en cuenta los aspectos regionales de las diversas pesquerías. 
Las diferentes zonas que se van a considerar corresponderán a las esferas de influencia de los diversos CCR, incorporando así más fácilmente las propuestas presentadas por dichos consejos, y el CCR competente realizará una evaluación positiva. 
La Comisión anima al sector a comprometerse en programas piloto utilizando los CCR para este fin. 
Ya se han realizado dos proyectos piloto de ese tipo en Francia y Suecia. 
Otros proyectos piloto, con plena colaboración del sector, nos permitirán probar caso por caso posibles medidas para reducir los descartes de forma eficaz. 
La Comisión también fomenta el desarrollo de nuevos esfuerzos en la gestión de la pesca en el Kattegat, con la colaboración de Dinamarca, Suecia y Alemania. 
Esperemos que a finales de este año hayamos conseguido resultados positivos. 
Este tipo de gestión pretende, entre otros objetivos, reducir o eliminar los descartes. 
La reducción de las capturas accesorias está relacionada con el tema de la selectividad y los descartes y, a escala internacional, la Comisión ha promovido en el seno de la FAO un enfoque mundial de la cuestión de las capturas accesorias. 
Esto podría llevarnos a un plan internacional de acción para la reducción de las capturas accesorias o a unas directrices técnicas elaboradas por la FAO. 
La mayor parte de las medidas de fomento de métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente se incluirán en las nuevas medidas técnicas para el Atlántico y el Mar del Norte. 
Como saben, las medidas técnicas se consideran un complemento de las limitaciones del esfuerzo pesquero, los TAC y los planes de recuperación y gestión a largo plazo, y parte del paquete global de medidas de gestión. 
He tomado nota de su petición de simplificar el sistema regulador y puedo informarles de que esas nuevas medidas técnicas serán un antecedente fundamental en el programa de simplificación dirigido por la Comisión. 
Constituyen uno de los puntos principales del plan de acción para la simplificación. 
Voy a centrarme ahora en las enmiendas: en cuanto a la enmienda 1 sobre centralización y codirección, la Comisión quisiera ver una implicación considerable de los CCR en la elaboración de medidas técnicas, pero sin ningún cambio en el proceso de toma de decisiones. 
La Comisión está de acuerdo en tener en cuenta las iniciativas de los CCR para mejorar la gestión de las pesquerías y puede aceptar este punto a condición de que los efectos positivos de dichas medidas se confirmen en una evaluación científica. 
Quiero resaltar que ya tenemos ejemplos que ilustran que la Comisión tiene en cuenta las propuestas de los CCR, como es el caso del paño de malla cuadrado francés, la rejilla sueca y la nueva propuesta de reglamento según el cual, por motivos de seguridad, el estrobillo se situará a diez metros de distancia, en vez de a un metro, de las redes del copo cuando se utilice un sistema de bombeo de a bordo en la pesca pelágica. 
Es prematuro responder de forma definitiva a la enmienda 2, dado que todavía no han terminado las conversaciones sobre las poblaciones de peces diezmadas. 
Esperemos que terminen en abril. 
Sin embargo, el proyecto de propuesta de la Comisión ya ofrece una compensación socioeconómica vinculada a los planes de recuperación, y puedo asegurarles que se prestará la atención necesaria a este tema. 
. Señor Presidente, permítanme primero felicitar efusivamente al ponente, el señor Ó Neachtain, por su brillante informe de iniciativa sobre la introducción de métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente en el sector europeo de la pesca. 
Ha presentado una conclusión muy adecuada para una iniciativa que, como nos ha recordado, fue iniciada por la Presidencia irlandesa. 
Estoy de acuerdo con él y con el señor Comisario respecto a la necesidad de despenalizar a los pescadores honestos. 
Es un tema importante que ha planteado en su presentación. 
Pero en su informe resaltan dos temas más que quiero ampliar. 
En primer lugar, la necesidad de que la Comisión adopte un punto de vista más amplio con respecto a las medidas de protección del entorno marino y recuperar las poblaciones de peces agotadas, en concreto estudiando otros factores, además del exceso de pesca, que pueden ser la causa de que las poblaciones se agoten, como la contaminación y el calentamiento del planeta. 
Como sabe, señor Comisario, cada vez es más evidente que el exceso de pesca no es la única causa de que se agoten las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte. 
Si así fuera, la drástica reducción de la cantidad de barcos de pesca que ahora se dedican al bacalao en el Mar del Norte –las cifras han bajado un 60 % a causa de la retirada que ha tenido lugar en los últimos cinco años– habría comportado una considerable recuperación de la población de bacalao, pero no ha sido así. 
Me parece que ahora deberían ser los demás factores, como el calentamiento del planeta o la contaminación u otros que puedan ser evidentes, la base de la revisión del programa de recuperación del bacalao, y me complace en gran manera que haya aceptado llevarla a cabo. 
De hecho, el otro tema del informe del señor Ó Neachtain que quiero resaltar es el tema de los descartes, en el que tanto ha insistido, cuando ha resaltado que cada año se desechan en todo el mundo más de 20 millones de toneladas. 
En Europa se descarta cada año un millón de toneladas. 
Señor Comisario, usted ha dicho que ya estaban en marcha dos proyectos piloto. 
Yo creía que también estaban realizando proyectos piloto en el Mar del Norte. 
Si tiene más información sobre los proyectos piloto y pruebas sobre los descartes y de cómo se pueden resolver en el futuro me gustaría mucho que hablara de ello en su intervención final. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor Ó Neachtain por su excelente informe. 
Nuestro Grupo se siente satisfecho con el informe y también apoyamos las dos enmiendas presentadas. 
El informe es muy oportuno. 
El mes pasado, se hizo público que varias especies abisales corren el riesgo de agotarse o incluso de extinguirse. 
No tiene vuelta de hoja: las poblaciones de peces se encuentran en una situación desesperada y es urgentemente necesario un cambio de rumbo hacia una pesca sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, y eso nos afecta a todos. 
Permítanme que empiece diciendo que los pescadores deberán adaptarse a la reducción de las poblaciones de peces. 
Aunque es necesario que se adopten medidas técnicas, como los dispositivos acústicos de disuasión, impulsos eléctricos que harán innecesario alterar el fondo marino, tamaños de las redes y anzuelos adecuados para reducir al mínimo las capturas accesorias, también son al menos igualmente importantes otras medidas no técnicas. 
Me preocupa sobre todo la prevención de la pesca ilegal y la introducción de reservas marinas que permitan regenerar las poblaciones de peces. 
Parece sencillo pero, lamentablemente, en realidad no lo es. 
Nuestro Grupo insiste en la necesidad de alentar a los pescadores a que utilicen métodos sostenibles. 
El sector de la pesca está pasando un mal momento, sobre todo, entre otras cosas, debido al aumento de los precios del combustible. 
En este contexto, para promover la pesca sostenible se requiere un Gobierno activo y comprometido. 
Los Gobiernos también deben asumir la responsabilidad del control y de hacer cumplir la ley. 
La pesca ilegal crea una situación insostenible para todas las partes. 
Sin unas medidas de control eficaces, esta situación nos acabará conduciendo irrevocablemente a un fracaso del sentido común. 
Todo el mundo tiene algo que perder y pronto no quedarán peces que pescar. 
En tercer lugar, es necesario promover que los consumidores también se comprometan a favor de la pesca sostenible. 
Muchos consumidores quieren comprar pescado capturado correctamente, pero no saben cuál procede de la pesca sostenible. 
Por lo tanto, la certificación y las marcas de calidad son importantes. 
Ante todo, un pescado sostenible es el que se obtiene sin un esfuerzo pesquero excesivo, sin capturas accesorias ni descartes innecesarios, y es preciso que los consumidores estén bien informados al respecto. 
Solo entonces podrán adoptar una decisión informada a favor del pescado procedente de la pesca sostenible. 
Finalmente, para que sea posible un cambio de rumbo, los políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. 
Debemos llamar constantemente la atención sobre la pesca sostenible y debemos actuar; debemos ofrecer respuestas a los pescadores que hacen posible la introducción temporal de reservas marinas y garantizar que no pierdan sus ingresos a corto plazo. 
El informe que tenemos sobre la mesa implica algunos pasos firmes en esa dirección y tendremos que darles cuerpo en un futuro próximo. 
Ni que decir tiene que el sector pesquero debe participar en las medidas. 
Solo con unos políticos responsables y un Gobierno activo, unos pescadores innovadores y consumidores comprometidos, cabe la esperanza de un futuro sostenible para el sector de la pesca y para las poblaciones de peces. 
. – Señor Presidente, el Grupo ALDE felicita al señor Ó Neachtain por su informe. Es claro y sucinto y, sin embargo, abarca todos los temas. 
Apoyamos en especial las referencias a la biodiversidad y a la necesidad de actuar tanto en relación con la pesca fantasma como con los descartes, así como su petición de que la Comisión siga promoviendo la adopción de un Plan de Acción Internacional de la FAO para la reducción de las capturas accesorias. 
Sobre la pesca fantasma hemos resaltado la importancia de realizar un seguimiento de la medida transitoria en curso, para asegurarnos de que no lleve simplemente a una desviación del esfuerzo, y la importancia de la plena implicación del Parlamento Europeo en los debates relacionados con los controles a largo plazo. 
Estamos totalmente de acuerdo con el énfasis que el informe pone en el papel que los consejos consultivos regionales pueden desempeñar en la promoción de métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente y con la necesidad de prestarles más apoyo técnico y financiero. 
Lamentamos que no podamos votar a favor de ninguna de las enmiendas. 
Aunque simpatizamos con el planteamiento expresado en la enmienda 1, sobre todo en cuanto a la descentralización y la codirección, tenemos dificultades con una parte del texto y creemos que los puntos se abordan ya efectivamente en el apartado 19. 
De la misma forma creemos que el tema de la compensación, como se ha planteado en la enmienda 2, ya se contempla de forma adecuada en el apartado 6. 
En resumen, recomendamos el informe a la Comisión, al Consejo y al Parlamento en su conjunto. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a nuestro ponente, el señor Ó Neachtain, y asegurarle mi total apoyo a su informe, que espero que sea aprobado sin enmiendas. 
No conozco a nadie con algún tipo de interés en la pesca que no apoye el principio de los métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente: al fin y al cabo, quienes más tienen que ganar con la protección del entorno marino y la garantía de un equilibrio entre la conservación y la pesca de las poblaciones de peces son los propios pescadores. 
La mayor parte de los pescadores que conozco no solo pescan para hoy, sino que esperan que, algún día, sus familias puedan sucederles en el negocio. 
Sin embargo, hay otras formas de protección ambiental, aparte de las medidas técnicas, por muy importantes que estas sean. 
La propia PPC, diría yo, no es muy respetuosa con el medio ambiente: los TAC y las cuotas no miden la cantidad de peces capturados, sino solo los que llegan a tierra. 
La PPC los descartes, en vez de evitarlos. 
Muchas personas de las comunidades que dependen de la pesca en Escocia se sienten totalmente decepcionadas por la forma en que la Unión Europea gestiona la pesca; tanto que hoy el Comité Europeo del Parlamento escocés ha considerado una petición basada en 250 000 firmas que solicita la retirada de la PPC. 
El Parlamento escocés ha aceptado pedir asesoramiento jurídico al respecto. 
Y eso no se ha hecho a la ligera, sino porque existe una necesidad imperiosa y real de una reforma más radical que la que hemos llevado a cabo hasta ahora. 
, – En primer lugar, quiero elogiar al ponente por su franqueza y por el enfoque con el que ha redactado el informe, que apoyamos en líneas generales y que fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Pesca. 
La sostenibilidad de los recursos pesqueros es esencial, sin duda, para la viabilidad y la supervivencia a largo plazo del sector pesquero. 
La sostenibilidad de los recursos debe basarse en un planteamiento de amplio alcance de las medidas destinadas a proteger el entorno marino y recuperar las poblaciones de peces esquilmadas, que también tome en consideración otros factores, como la contaminación costera y en alta mar, los vertidos industriales y agrícolas, el dragado del fondo marino y el transporte marítimo. 
Dicha sostenibilidad se debería apoyar también en medidas técnicas procedentes de la investigación científica, en concreto a través de la limitación de temporadas, el cierre de zonas y normas sobre el tamaño de las mallas. 
Dicho esto, consideramos que las políticas de gestión de la pesca no se deberían utilizar para penalizar esa actividad estratégicamente valiosa, de una importancia económica y social vital. Por lo tanto, es necesario conseguir un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades sociales y económicas y la sostenibilidad medioambiental, en concreto mediante la aplicación de medidas económicas y sociales adecuadas destinadas a compensar a los pescadores por el coste de la reducción su actividad en cumplimiento de los planes para recuperar las poblaciones de peces esquilmadas, sobre todo los que trabajan en zonas menos desarrolladas. 
Dado que se trata de una política común, consideramos que quienes adoptan las decisiones en el ámbito de la Política Pesquera Común deben asumir la responsabilidad de las mismas. En consecuencia, hemos vuelto a presentar una enmienda en la que se pide a la Comisión que proponga medidas de compensación económica y social destinadas a aportar financiación comunitaria para los planes de recuperación de las poblaciones de peces agotadas. 
Asimismo, dado que pensamos que los pescadores y las asociaciones que los representan deberían participar en las decisiones sobre las medidas encaminadas a proteger el entorno marino y recuperar las poblaciones de peces, hemos vuelto a presentar una enmienda donde se declara que la descentralización y la gestión conjunta son dos principios fundamentales para garantizar tanto la participación de los pescadores y sus asociaciones en las medidas encaminadas a proteger el entorno marino y a recuperar las poblaciones de peces, como la eficacia de dichas medidas, teniendo en cuenta que los pescadores y sus asociaciones disponen de un conocimiento de primera mano sobre el estado de los recursos y son los más interesados en asegurar su preservación y quienes van a aplicar las medidas. 
. – Señor Presidente, sin lugar a dudas la Política Pesquera Común y el sistema tradicional de cuotas han comportado un agotamiento de las poblaciones de peces. 
El planteamiento más reciente por días de pesca no garantiza una pesca respetuosa con el medio ambiente y, sorprendentemente, remunera el uso de mallas más pequeñas. 
Espero que las políticas desarrolladas con el nuevo sistema, para las que se ha consultado a todas las partes interesadas, sean mejores que las políticas dictadas desde arriba. 
Estoy a favor de los cerrados, como el reciente del bacalao en el Mar Céltico que, aunque con dificultades, cuenta con el apoyo de los pescadores. 
Creo que debemos aumentar el tamaño de las mallas para evitar descartes innecesarios de juveniles. 
Noventa milímetros debería ser el tamaño mínimo de la malla para proteger las zonas de cría y reducir los descartes. 
Se necesita más I+D para adaptar los dispositivos de selectividad, como los paños de malla cuadrados y las rejillas de selección, para que sean más eficaces a la hora de proteger a los peces jóvenes. Este año se han prohibido las redes de enmalle en aguas de más de 200 metros de profundidad. 
Confío en que las medidas subrayadas, y otras, puedan contribuir considerablemente a una pesca sostenible y, en definitiva, nos permitan conseguir unas pesquerías sostenibles. 
– En primer lugar quiero dar las gracias al ponente y felicitarle por su trabajo. También quiero manifestar que agradezco sinceramente la iniciativa de la Comisión de presentar una comunicación sobre la promoción de métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente. 
Las medidas técnicas de conservación tienen un papel más importante que nunca para el futuro del sector. 
Es esencial que adoptemos métodos para mejorar la selectividad y, por lo tanto, la posibilidad de pescar ejemplares del tamaño adecuado, teniendo en cuenta la biología y el ciclo de vida de cada especie. 
La reproducción satisfactoria de los peces y el consiguiente aumento de las poblaciones solo serán posibles si contamos con unas medidas de gestión adecuadas, como el cierre temporal de determinadas zonas de pesca, la reducción de las capturas accesorias a unos niveles sostenibles y la práctica efectiva de un control de las embarcaciones y de las zonas de pesca mediante tecnología vía satélite. 
También es necesario que tengamos presentes las características específicas de las prácticas pesqueras en los diversos Estados miembros. Esta información nos ayudará a aplicar medidas adecuadas y equilibradas, que garanticen la recuperación y la gestión de los recursos pesqueros y salvaguarden los intereses prioritarios de los pescadores y los propietarios de los buques. 
Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque descentralizado que tenga en cuenta las características específicas de las zonas de pesca y de las diferentes especies. 
A pesar de las buenas intenciones de la Comisión, a veces se requiere un planteamiento más descentralizado en cuestiones tan delicadas e importantes como las relacionadas con la sostenibilidad económica y medioambiental de la pesca. 
Son ejemplos de ello la propuesta presentada inicialmente por la Comisión para regenerar las poblaciones de merluza austral y de bogavantes, y la propuesta más reciente para la recuperación de las poblaciones europeas de anguilas. 
Para acabar, quisiera señalar que el desarrollo de la investigación científica y la posibilidad de compartir la tecnología a escala comunitaria son factores fundamentales si queremos adoptar una normativa de pesca más respetuosa con el medio ambiente. 
En este contexto, creo que debemos prestar más atención a la canalización de los fondos que se pondrán a disposición como parte del nuevo marco comunitario de apoyo a la investigación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero sumar mis sinceras felicitaciones al señor Ó Neachtain a las ya expresadas. 
El presente informe se refiere a una comunicación de la Comisión que ocupa un lugar central en la Política Pesquera Común. Creo que en este ámbito, y también en otros, y con otros instrumentos, debemos encontrar soluciones a los problemas con que nos enfrentamos y, por consiguiente, pienso que el debate de hoy es de vital importancia. 
En la región autónoma de las Azores se han conseguido progresos considerables en los últimos años, sobre todo con la prohibición de las redes de enmalle en aguas profundas y las redes de arrastre de fondo. 
Pero creo que queda mucho por hacer, tanto en la región autónoma de las Azores como en todas las aguas comunitarias, en lo que se refiere a esos métodos más respetuosos con el medio ambiente. 
Lo que se requiere, en primer lugar, es más gestión directa de la pesca, con el concepto básico del hábitat marino como núcleo central del desarrollo de la política de pesca. 
En segundo lugar, debemos dar prioridad al problema de los descartes, como ha hecho el ponente. 
Sabemos que estos se han prohibido en otros países, dentro y fuera de Europa, y no veo motivos para que no podamos actuar con mayor rapidez y seguir su ejemplo en la Unión Europea. 
Otro aspecto fundamental es el de los sistemas de control y detección de embarcaciones vía satélite, un aspecto en el que todavía queda mucho por hacer si queremos que estos cumplan plenamente su cometido. Para terminar, quisiera pedir, por lo tanto, a la Comisión que asuma la necesidad de instaurar dichos sistemas en cuanto se presente la oportunidad y de garantizar que efectivamente se utilicen. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, promover métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente marino demuestra una gran toma de conciencia por parte de la Unión Europea de las dificultades que atraviesa el sector y de la necesidad de intervenciones estructurales para una explotación responsable de los recursos pesqueros. 
Reducir la presión de la pesca porque las poblaciones de peces se encuentran en malas condiciones, optimizar las capturas evitando que ingentes cantidades de peces, en su mayoría inmaduros, sean arrojados al mar, y reducir el impacto sobre hábitats especialmente sensibles, son los objetivos principales de la política pesquera común que nosotros podemos aceptar. 
Adoptar medidas encaminadas a proteger y conservar los recursos acuáticos vivos, a garantizar una explotación sostenible, a definir medidas compensatorias por el lucro cesante y a apoyar el desarrollo a través de la investigación y la innovación, son los compromisos prioritarios definidos en el informe sometido a debate. 
El informe cuenta con nuestro firme apoyo; de hecho, al hacer que las actividades de pesca sean más respetuosas con el medio ambiente, contribuye a promover unas condiciones socioeconómicas positivas. 
Estoy convencido de que las normas técnicas que rigen la pesca solo podrán aplicarse correctamente si los pescadores están dispuestos a hacerlo. 
Es preciso, por tanto, reforzar la colaboración, el consenso y la participación de todos los agentes en la evaluación, la aplicación y la definición de todas las medidas técnicas que se adopten, favoreciendo también un enfoque descentralizado; de este modo, una vez más, la Unión Europea decidirá no por los ciudadanos, sino junto con ellos. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente la atención que ha dedicado al informe y la presentación del mismo. 
La búsqueda de métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente tiene una historia tan larga como la propia pesca. 
Ya en la antigüedad se establecieron medidas jurídicas y técnicas destinadas a limitar las capturas y evitar el agotamiento de las poblaciones y los daños a la biomasa y, por lo tanto, al entorno. 
Solo en las circunstancias concretas de principios del siglo XIX se levantaron todas las restricciones a la pesca. 
A finales de siglo las cosas volvieron a la normalidad, en otras palabras, se volvieron a introducir restricciones protectoras. 
A mediados del siglo XX se desarrollaron medidas de protección más complejas basadas en la investigación científica. Dichas medidas favorecieron la denominada pesca óptima que implicaba una normativa sobre la edad de la primera captura. 
Siguieron unas disposiciones sobre el tamaño permitido de los peces capturados y los principios de las artes de pesca selectivas. 
Por otro lado, aquellas solo restringían los límites, el esfuerzo pesquero y el potencial de pesca. 
En cuanto a los temas concretos que se abordan en el documento que hoy se presenta, creo que vale la pena mencionar el nuevo enfoque de los principios protectores. 
En contraste con las medidas protectoras aplicadas hasta la fecha, relacionadas sobre todo con la pesca selectiva, ahora se propone la protección de los elementos de las capturas hasta ahora desechados. 
Me parece un planteamiento muy racional e incluso noble. 
Diríase que se trata de una caso de aplicación de la corrección política a los peces. 
¿Pero, será realmente beneficioso para el medio ambiente? 
La experiencia ha demostrado que la pesca selectiva siempre debilita la potencia biológica de las especies deseables dentro el ecosistema. 
Las especies menos útiles pueden invadir el nicho que han dejado vacío las especies más deseables. 
Por lo tanto, es vital recomendar un control continuado de la población de ambos grupos y de la relación entre estos. 
– Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y añadir que, a pesar de las medidas adoptadas por la Unión Europea, las poblaciones de peces siguen bajo una constante amenaza y esto se debe a tres factores muy importantes: en primer lugar, el ritmo intensivo de la pesca; en segundo lugar, los métodos de pesca; y en tercer lugar, la contaminación marina. 
La Comisión de Pesca adoptó en enero un informe que tenía como objetivo promover métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente mediante la propuesta de diversas medidas técnicas, como la definición de las zonas de pesca, los períodos de pesca y las artes de pesca. 
Todos deseamos e intentamos conseguir una explotación sostenible de los mares y, por consiguiente, todos necesitamos avanzar en esa dirección. 
Como parte de ese esfuerzo, también quisiera resaltar algunas cuestiones: 
En primer lugar, las medidas que se apliquen deben basarse en estudios adecuados y acreditados científicamente, que tengan en cuenta las peculiaridades de cada zona. 
En segundo lugar, las organizaciones de pescadores deben tener derecho a participar, opinar y codecidir en el marco del procedimiento global. 
De esta forma los pescadores comprenderán la importancia y la necesidad de esas medidas, y contribuirán a una aplicación más efectiva. 
En tercer lugar, unos métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente implican una reducción de la pesca y que esta sea más selectiva, nuevos equipos y una pérdida de ingresos. 
Por lo tanto es importante prever unos recursos adecuados para compensar dichos esfuerzos. 
En cuarto lugar, es muy importante que se adopten medidas más estrictas para proteger los mares de la contaminación, ya sea terrestre o marítima. 
Y en quinto lugar, los mares no conocen fronteras. 
La Unión Europea debe encontrar la forma de asegurar que no solo los Estados miembros sino también los terceros países apliquen las medidas de protección de los mares. 
Finalmente, quiero resaltar que es una obligación sagrada del mundo entero dejar unos mares limpios y con peces para las generaciones futuras. 
– Señor Presidente, esta noche seré el último en transmitir mis felicitaciones al ponente por su excelente informe. 
Sin embargo, me ha llamado la atención una línea, y es que los TAC no pueden controlar la mortalidad de los peces porque controlan los que llegan a tierra pero no las capturas y los descartes. 
Ese ha sido el principal problema de la Política Pesquera Común durante décadas y nada de lo que se ha hecho hasta ahora para mejorar ha funcionado. 
El plan de recuperación del bacalao no ha conseguido su objetivo. 
Los pescadores de mi región de Irlanda del Norte han tenido que hacer frente al cierre del Mar de Irlanda durante muchos años y no han visto ninguna prueba concreta de que haya sido un éxito. 
Necesitamos mirar hacia adónde vamos. 
Dejemos atrás el pasado y pasemos página. 
A todos los pescadores les interesa que se protejan las poblaciones de peces del futuro, y, si debemos tener controles, dejemos que el sector forme parte del proceso de toma de decisiones. 
No se puede seguir cerrándoles la puerta y culparles de falta de colaboración. 
Tenemos esa oportunidad a través del proceso consultivo regional. 
Dejemos subir a todo el mundo a bordo y dejemos hablar al sector y, sobre todo, aceptemos algunas de sus excelentes ideas. 
Es absurdo dar por sentado que si un pescador dice algo, está equivocado. 
En el futuro no puede ser esa nuestra línea de referencia. 
,. Señor Presidente, no podría estar más de acuerdo en que, en definitiva, necesitamos tener una amplia visión de lo que ocasiona el agotamiento de las poblaciones de peces. 
Sin embargo, también resaltaré que nuestra comunicación trata de las pesquerías y de cómo resolver el problema del agotamiento de las poblaciones de peces, porque, a menos que invirtamos la tendencia con respecto al exceso de capacidad y el esfuerzo pesquero, no abordaremos el problema con eficacia. 
En cuanto al tema de los proyectos piloto sobre los descartes, en realidad se han propuesto proyectos en el Mar del Norte que pretenden aumentar la selectividad mediante nuevas medidas técnicas. 
Pero necesito subrayar que pedir una prohibición completa de los descartes de las aguas comunitarias es más fácil de decir que de hacer. 
También lo han comentado el señor Stevenson y el señor Casaca. 
Incluso en Noruega, donde la pesca está mucho menos mezclada y es menos compleja, ha habido problemas. 
Pero estamos buscando formas de reducir los descartes, como he indicado en mi presentación inicial. 
En cuanto a otro tema que ha comentado el señor Stevenson sobre el estudio de factores distintos del exceso de pesca, como la contaminación y el calentamiento planetario –un tema que también han mencionado otros diputados– sin duda queremos hacerlo y lo estamos haciendo. 
El problema existe independientemente del problema de las poblaciones de peces agotadas, y debemos abordarlo si queremos recuperar una pesca sostenible en el interés a largo plazo de los propios pescadores. 
De hecho es lo que intentamos hacer con las nuevas medidas técnicas propuestas y la Comunicación que estamos elaborando sobre rendimientos sostenibles máximos. 
En cuanto al tema planteado por la señora Corbey, estamos estudiando la cuestión del certificado y el etiquetado de la pesca sostenible mediante la propuesta de etiquetado ecológico, que esperamos presentar en el curso de este año. 
También quiero hablar del comentario que ha realizado el señor Hudghton, respecto a que los métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente interesan ante todo a los pescadores. 
Pero no estoy de acuerdo con lo que dice sobre el abandono de la Política Pesquera Común, que considero que es una piedra angular y la base de la pesca sostenible en la Unión Europea. 
En cuanto al tema planteado por el señor Guerreiro, permítanme reiterar que la cuestión de la compensación por las medidas socioeconómicas se está abordando en el contexto de los debates sobre el Fondo Europeo de Pesca, que espero que se adopte en el Consejo de abril. 
En respuesta al comentario del señor Freitas sobre el Sistema de Localización de Buques vía satélite, quiero dejar claro que la Comisión considera que las tecnologías vía satélite constituyen un potente medio para detectar la presencia de barcos de pesca no autorizados en zonas cerradas y muchas zonas protegidas, y apoya enérgicamente el uso de las tecnologías de control remoto para el control de la mayor parte de la flota de la Unión Europea. 
La Comisión subvenciona la compra de VMS y los costes de instalación, y, en realidad, el importe máximo pagado en los últimos años ha sido del orden de los 2 250 euros por cada caja azul. 
Al mismo tiempo, la Comisión fomenta el uso de sistemas de protección de buques que permiten identificar la presencia de barcos con sistemas VMS a través de una imagen vía satélite. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho el señor Braghetto, el señor Gklavakis y el señor Nicholson sobre la implicación del sector pesquero –las diversas partes interesadas y el propio sector– en la gestión de las pesquerías y en las diversas medidas necesarias para conseguir y conservar una pesca sostenible. 
También estoy de acuerdo con la necesidad de basar nuestro asesoramiento en evaluaciones científicas. 
También quiero dar las gracias a la señora Attwooll, a la señora Sinnot, al señor Chmielewsky y al señor Casaca por sus opiniones y sus valiosos comentarios y observaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Buenos días, señoras y señores diputados. 
Antes de abordar los puntos del orden del día, debo comunicarles lo que ustedes ya saben, es decir que hoy no tendremos la oportunidad de escuchar al Presidente Mahmud Abbás. 
En efecto, pocas horas después de haber llegado ayer a Estrasburgo, el Presidente Mahmud Abbás, nuestro invitado de hoy, tuvo que volver a Ramalá. 
La causa evidente han sido los acontecimientos terribles y deplorables que se produjeron en Jericó y que han creado una situación violenta y peligrosa. 
Ayer por la noche le transmití la comprensión del Parlamento, diciéndole que entendíamos perfectamente que la situación de crisis creada en Palestina le obligaba a volver a su país para tomar las riendas de la situación. 
El destino, la casualidad, han querido que se haya producido así una situación altamente simbólica. 
Recién llegado, tener que dejar Estrasburgo inmediatamente sin poder llegar al Parlamento tiene algo de simbolismo de tragedia griega. 
En efecto, el señor Abbás representa a la mayoría de palestinos que, a pesar de todo el sufrimiento y todas las decepciones que han acumulado, siguen apoyando una solución negociada del conflicto con Israel. 
Representa a los que, a pesar de todo, todavía piensan que es posible encontrar una solución a través de la paz. 
Es un hombre que ha intentado conseguir la paz a través de negociaciones desde los años setenta y, por eso, su presencia hoy aquí, entre nosotros, hubiese constituido una oportunidad de oro para apoyar su actitud; otra oportunidad perdida debido a una operación militar innecesaria e ilegal y a la violencia que ha provocado. 
El mundo entero se pregunta hoy por qué y cómo una acción militar de este tipo sirve para reforzar la seguridad de Israel, por qué y cómo las imágenes humillantes que hemos visto por televisión o la destrucción de esa cárcel con contribuyen a la seguridad de Israel. 
Los europeos tendremos que pagar una nueva cárcel, como tantas otras cosas destruidas en el curso de esos enfrentamientos trágicos. 
La violencia que ha seguido a esta acción militar es ciertamente preocupante. 
Como ustedes saben, esta mañana las noticias confirman que hay tres rehenes occidentales, entre ellos, dos ciudadanos europeos −dos ciudadanos franceses. 
Ha habido rumores de más secuestros, de más rehenes, pero no han sido confirmados. 
Ayer por la noche, antes de que el señor Abbás se dirigiese hacia el aeropuerto, le visité en su hotel y me explicó los esfuerzos que había estado haciendo durante el día para detener esta operación militar y para detener la espiral de violencia antes de que esta se hiciese incontrolable. 
El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina me pidió que les explicase las razones por las cuales ha tenido que volver a su país, para intentar controlar la situación y evitar que siguiesen los secuestros de ciudadanos de países occidentales, que en este momento son objeto de grave preocupación. 
También el personal de la Unión Europea que estaba controlando la frontera entre Gaza y Egipto ha tenido problemas de seguridad. 
Asimismo, debo informarles de que el Presidente Abbás se ha comprometido a volver a Estrasburgo y a intervenir ante el Parlamento Europeo tan pronto como le sea posible: probablemente, en la próxima sesión del mes de abril. 
Si eso ocurre, tendremos entonces ocasión de conocer cuál es la forma en que pretende afrontar la grave crisis en su país. 
Le pregunté si quería que el discurso que hoy iba a pronunciar fuese distribuido por escrito a los miembros del Parlamento. 
El señor Abbás consideró que había perdido actualidad y que era mejor conocer el desarrollo de la situación actual, y que deseaba poder estar con nosotros tan pronto como esta se lo permitiera. 
Creo que esta es una ocasión para que los líderes de los Grupos políticos que lo deseen puedan intervenir. 
Algunos de ellos me lo han pedido. 
Por lo tanto, aquellos que deseen intervenir pueden hacerlo por un tiempo relativamente breve de tres minutos. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, estamos profundamente preocupados por los acontecimientos que han tenido lugar en Oriente Próximo y nuestro Grupo lamenta sobremanera que el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, no pueda hablar hoy en el Parlamento Europeo. 
A propuesta suya, señor Presidente, los presidentes de los Grupos decidieron invitar al señor Abbás, porque le consideramos un hombre con dominio de sí mismo, partidario de la conciliación y la paz. 
Por lo tanto, lamentamos profundamente que no pueda hablar hoy aquí. 
Señor Presidente, usted ha explicado las circunstancias del caso. 
En situaciones como la presente, en verdad poco podemos hacer. 
Quisiera advertir contra la tentación de apresurarse a extraer conclusiones precipitadas: debemos ser prudentes y no exacerbar la espiral de violencia. 
Sin embargo, tenemos que exigir una investigación del asalto a la prisión de Jericó. 
Tenemos que obtener una respuesta sobre las razones de que ocurriera y esa respuesta debe ser convincente, si es que en realidad puede haber una respuesta. 
Dado que acabo de advertirles contra la tentación de extraer conclusiones precipitadas, en un momento como este merece la pena que recordemos nuestros principios. 
Defendemos un Estado israelí con fronteras seguras, pero también queremos un Estado palestino con fronteras seguras. 
Los israelíes tienen la misma consideración que los palestinos, y los palestinos la misma que los israelíes. 
Estoy convencido de que, a pesar de las imágenes que hemos visto en la televisión, tanto en Israel como en Palestina la mayoría de las personas desean vivir en paz. 
Queremos animar a todo el mundo a seguir esa vía para llegar a un entendimiento. 
Pedimos a todas las partes que pongan fin a la violencia y liberen a los rehenes, tanto europeos como no europeos, porque todo el mundo tiene derecho a la dignidad humana. 
Espero que la Unión Europea pueda contribuir a la paz en la región, con una declaración objetiva, justa y no partidista. 
Nuestro Grupo apoyará cualquier propuesta que pueda contribuir a llevar la paz a Oriente Próximo. 
Esperamos fervientemente, como ha dicho usted, señor Presidente, que pronto llegue el momento en que el Presidente de la Autoridad Palestina, el señor Abbás, pueda realizar su intervención en el Parlamento Europeo. 
Es nuestro más sincero deseo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero hacerme eco de los comentarios del señor Poettering y, sobre todo, también de los suyos, señor Presidente. 
Todos deploramos los acontecimientos de las últimas horas. 
Y en especial lamentamos que el señor Mahmud Abbás no pueda dirigirse a nosotros. 
Y no lo lamentamos por nosotros, sino porque habría podido venir: el hecho de que ya hubiera estado aquí, de que pudiera acudir a este Parlamento, de que pudiera aceptar nuestra invitación, era una señal alentadora, sobre todo de que podíamos recibir al Presidente electo de Palestina aquí. 
Con ello, favorecíamos una situación en la que, como acaba de decir el señor Poettering, estamos trabajando conjuntamente, paso a paso, para conseguir un Estado palestino, reconociendo al señor Abbás lo que le corresponde, es decir la futura dirección de un Estado, como representante de su país en la región, en igualdad de condiciones, con plena soberanía. 
Ese debe ser nuestro objetivo. 
Y toda contribución, por pequeña que sea, que podamos aportar, constituye un buen trabajo. 
Habría sido bueno que el señor Abbás hubiese podido aprovechar esta situación, que ahora se ha tenido que aplazar. 
Hemos dicho deliberadamente aplazar, porque esperamos poder recibir de nuevo aquí al señor Abbás lo más pronto posible. 
No obstante, por lo que respecta a los recientes acontecimientos de Jericó, que estuve comentando anoche y esta mañana con los diputados que han estado en la región como observadores de las elecciones durante las últimas semanas, mi Grupo se plantea la pregunta que siempre se formula en política internacional en tales circunstancias: ¿Quién se beneficia de lo ocurrido? 
Por supuesto, solo podemos especular al respecto y una especulación no es una respuesta. 
Pero tengo tres preguntas. 
La primera es: ¿realmente beneficia a alguien el asalto a esa prisión? 
Las respuestas que obtenemos actualmente de los medios de comunicación israelíes no son adecuadas. 
No creo que tenga sentido que un Estado cuyos servicios pueden llevar a cabo asesinatos selectivos necesite asaltar una cárcel para hacer frente a la presunta liberación de los allí encarcelados. 
Seguramente hay formas de evitarlo sin necesidad de asaltar la prisión. 
La segunda pregunta es: ¿Por qué se llevó a cabo esa acción, cuando había unos observadores internacionales que controlaban esa prisión como parte de un acuerdo internacional? 
¿Por qué no se cumplió el compromiso internacional? 
¿Por qué no se utilizó? 
En tercer lugar, espero que esta acción no estuviera motivada por razones políticas internas de Israel. 
Sería funesto que la verdadera razón fueran los acontecimientos políticos internos que deben tener lugar en marzo. 
Lo consideraríamos muy lamentable, porque eso no beneficia a nadie. 
Quizás permita conseguir un cierto éxito a escala nacional a corto plazo, pero a largo plazo perjudicaría a toda la región. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Demócratas y Liberales por Europa, también lamento que el señor Abbás haya tenido que volver a casa en estas circunstancias y quiero expresarle el agradecimiento de mi Grupo por la declaración que realizó anoche sobre este asunto. 
Realmente nos parece que allí donde las placas tectónicas de las tres principales religiones monoteístas del mundo –el cristianismo, el judaísmo y el islam– se rozan y sacan chispas, debemos proceder con extrema cautela. 
Esta Cámara no debe subestimar el riesgo de una mayor conflagración en Oriente Próximo. 
Los trágicos acontecimientos del 11 de Septiembre y la respuesta igualmente trágica han amenazado gravemente las posibilidades de una paz duradera en nuestro mundo. 
De la misma forma que la diplomacia de la Unión Europea con Irán se ve minada por el hecho de que George Bush hace caso omiso del Tratado de No Proliferación en sus conversaciones con la India, nuestra diplomacia en Oriente Próximo se está viendo perjudicada por las acciones de Israel de ayer. 
Espero que la Unión Europea, a través del Consejo y la Comisión, proteste en los términos más duros ante el Gobierno israelí por esas acciones. 
Hay que preguntarse si hubo una conspiración entre los observadores británicos y estadounidenses que custodiaban la prisión y que se fueron poco antes de que entraran los israelíes, y espero que el Consejo vuelva a esta Cámara con un informe cuando sepamos lo que realmente ocurrió. 
Nada puede justificar el ataque a la prisión. Como tampoco nada puede justificar la toma de rehenes que siguió. 
Espero que podamos avanzar rápidamente para recuperar la calma y la confianza y espero que podamos ver al señor Abbás pronto de vuelta a esta Cámara en circunstancias mucho más serenas, para que podamos hablar seriamente con todas las partes de cómo podemos crear una paz segura y duradera en esa región tan conflictiva. 
. 
Señor Presidente, Señorías, el hecho de que el señor Mahmud Abbás no haya podido hablar aquí no es ninguna tragedia, pero resulta difícilmente tolerable desde un punto de político, pues habría sido un foro donde poder presentar una visión sobre la situación actual en Oriente Próximo. 
Las políticas unilaterales como las que se están siguiendo actualmente en esa región conducen al desastre y me refiero a las políticas unilaterales de ambas partes. 
El menosprecio unilateral mutuo conduce a una deshumanización de la acción. 
Podemos constatarlo en la práctica en dicha región. 
En principio, desde la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el señor Solana deben insistir en una cosa: la política unilateral se tiene que acabar. 
Israel no puede decidir por su cuenta cómo debe ser el Estado palestino. 
Eso es inadmisible y la comunidad internacional no puede tolerarlo. 
Los palestinos y su Gobierno dirigido por Hamás no pueden decidir por su cuenta cómo y cuándo pueden hacer uso o no de la fuerza contra Israel. 
Europa y el mundo no pueden limitarse a cerrar los ojos ante esa situación. 
Si ambas partes creen que su postura legítima puede otorgarles un derecho universalmente válido a actuar, a no hablarse y a menospreciarse, la comunidad internacional debe acabar con esa situación. 
Lo cual también significa que la decisión sobre cuándo y cómo va a actuar Israel en las zonas palestinas no puede estar exclusivamente en manos israelíes, ni siquiera cuando se trata de problemas de seguridad. 
El señor Schulz ha sido muy claro: van a celebrarse elecciones nacionales. 
El señor Olmert y el partido Kadima dijeron que devolverían los asentamientos. 
Con ello, ganaron puntos entre la izquierda. 
Ahora quieren ganar puntos entre la derecha y por esto han llevado a cabo esa acción. 
No nos hagamos ilusiones: el objetivo fue puramente electoralista. 
El aspecto más grave del asunto es que se está sacrificando el futuro de la región por unas elecciones. 
Por lo tanto quiero decirles a todos los presentes que no debemos engañarnos. 
La acción israelí ha sido escandalosa. 
La cárcel de Jericó ya no era una cárcel. 
También eso es cierto. 
Podían celebrar una conferencia de prensa con 500 periodistas. 
Me gustaría saber en qué parte del mundo hay una prisión –y me han encarcelado varias veces– donde se pueda celebrar una conferencia de prensa con 500 periodistas. 
En ambos casos se trata de acciones unilaterales inaceptables y sencillamente debemos reconocerlo. 
Si queremos liberar a alguien de una cárcel –cosa muy posible– hay maneras de hacerlo respetando el Estado de Derecho. 
Es lo que deberían haber hecho los palestinos, y Hamás. 
Sin embargo, Israel no tiene derecho a asaltar una institución solo porque algo no va bien. 
Por lo tanto, seamos francos: lo que tenemos que combatir es la acción unilateral y arbitraria por ambas partes. 
. – Señor Presidente, la rapidez con que el Presidente Mahmud Abbás aceptó su invitación demuestra la importancia que concedía a su visita al Parlamento Europeo, lo que ilustra la gravedad de su decisión de regresar precipitadamente a su país. 
En efecto, consideró que su país podía verse abocado a una situación extremadamente grave a causa de esta nueva escalada –y lo que es más, como ha señalado usted con razón, de esta escalada deliberadamente humillante– de la violencia israelí y sus inevitables consecuencias, todas las cuales, como los secuestros, son absolutamente inaceptables, aunque también eran inevitables y previsibles. 
Pienso que este asunto afecta a la Unión Europea en varios sentidos. 
En primer lugar, porque un país miembro, el Reino Unido, había concluido con los Estados Unidos y la Autoridad Palestina un acuerdo con arreglo al cual estos dos países occidentales se ocuparían de la vigilancia de esta prisión. 
Israel ha violado de forma flagrante ese acuerdo, a pesar de no haberse producido ningún problema durante cuatro años. 
No se ha escapado ningún preso ni lo ha intentado ninguno. 
Si además –ahora quiero dirigirme al señor Cohn-Bendit– Israel pensaba que había un problema, el Presidente Abbás había propuesto al Gobierno israelí trasladar a los presos a la Mukata bajo la debida vigilancia, de hecho internacional. 
Por tanto, no había ninguna excusa, ningún fundamento para la decisión de Israel. 
¿Podemos aceptar esto? 
La segunda razón por la que la Unión Europea se ve afectada es, creo, y perdonen la franqueza, la actitud sistemáticamente complaciente de la Unión Europea para con el Gobierno del Ariel Sharon ayer y de su sucesor hoy. 
¿Cómo entender de otro modo que un aspirante a Primer Ministro cometa la imprudencia de arriesgar que se inflame la de por sí explosiva situación en Palestina y en toda la región solo –en esto estoy de acuerdo con mis colegas diputados al Parlamento Europeo− para apaciguar al sector más extremista de su electorado? 
Es realmente difícil de creer. 
Si se lo permite, es, por una parte, porque sabe que los dirigentes norteamericanos dan carta blanca a Israel para hacer lo que le venga en gana y, por otra, porque Israel se ha acostumbrado a gozar de impunidad de hecho por cortesía de los dirigentes europeos. 
Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta: a la vista del resultado de esta política, ¿vamos a seguir aceptando alegremente que este nuevo golpe contra la paz debilite cada vez más a los palestinos deseosos de una solución pacífica, en primer lugar al Presidente Mahmud Abbás? 
Estas son las preguntas que, creo, debemos hacernos. 
Por mi parte, señor Presidente, haré tres propuestas concretas mañana por la mañana en la Conferencia de Presidentes reclamando una respuesta inmediata de nuestro Parlamento, con la idea formal de expresar nuestro compromiso con el Estado de Derecho y una paz justa en Oriente Próximo. 
. 
Señorías, nos encontramos ante otro despliegue de intolerancia entre dos Estados que respetamos pero que no se respetan mutuamente. 
Un ataque a una prisión y a unos prisioneros políticos no se ha considerado nunca aceptable en ninguna parte y nunca lo ha sido a lo largo de la historia. 
Incluso los prisioneros políticos tienen derecho a estar en prisión sin estar expuestos a la amenaza de sentencias extrajudiciales. 
El ataque de hoy a la prisión me recuerda en cierto modo el cumplimiento de una sentencia de ese tipo. 
Por supuesto, ese acto originará ulteriores reacciones y tensiones en ambos lados, que desembocarán en lo que se podría describir como una «historia interminable». 
Realmente esperaba la intervención del Presidente palestino en esta Cámara, en la conferencia de prensa y durante la comida conjunta, y esperaba conocer el punto de vista que Palestina tiene la intención de presentar en la mesa de negociaciones con la esperanza de asegurar la paz para los ciudadanos de esa región del mundo. 
Esperaba y quizás confiaba en que el Parlamento Europeo asumiera el papel de mediador. 
Mi más ferviente deseo es que podamos ofrecer ese tipo de apoyo, dado que ambas partes necesitan que llegue la paz. 
. 
Señor Presidente, Señorías, este es uno de esos momentos en que uno se siente muy inseguro, sin saber qué puede ocurrir a continuación, y por lo tanto le preocupa que pueda ser el inicio de una evolución negativa, después de esperar durante muchos años, tras el inicio del proceso de Oslo, que se pudiera llegar a un acuerdo en esa parte fundamental de la política mundial. 
El Presidente Abbás, elegido directamente por sus conciudadanos palestinos y que, por consiguiente, está legitimado, parecía haber asumido un papel de mediador, con el fin de negociar entre quienes propugnan la renuncia a la violencia y el reconocimiento del derecho de Israel a existir, y Hamás, que hasta ahora no lo ha reconocido pero ha ganado unas elecciones, y conseguir que Hamás vuelva al redil. 
Me temo que ahora es evidente que se está dejando abandonado ese papel y no sabemos qué otra persona podría desempeñarlo. 
La acción de Jericó ha sido un suceso emotivo y significativo, que causará problemas en el lado palestino. 
Sin embargo, me preocupa sobremanera que la retirada de los observadores internacionales de los Estados Unidos y del Reino Unido conduzca a una pérdida de credibilidad del Cuarteto como influencia estabilizadora y garante de la estabilidad. 
Me temo que todo tiene raíces mucho más profundas. 
Por un lado, las acciones de Al Fatah en Gaza demostraron que quienes antes estaban a favor de renunciar a la violencia bajo el mandato del señor Abbás están asumiendo un nuevo papel desde que perdieron las elecciones y sus fuentes de ganancias. 
Y por el otro lado, Hamás todavía no ha llegado a ese punto. 
Quienes solían defender la renuncia a la violencia se están alejando de esa postura y los otros todavía no han llegado a ella. 
Me parece que esa es la situación actual. 
Tanto el Presidente Abbás como el Cuarteto han perdido credibilidad para poner las cosas en su sitio. 
Esa es la impresión que tengo en este momento. 
En nuestro propio interés, espero que esta descripción de la situación resulte ser errónea. 
. – Señor Presidente, ayer por la noche tuve ocasión, junto con mi colega, el señor McMillan-Scott, de reunirme durante tres cuartos de hora con el Presidente Abbás, y quisiera expresarle con toda franqueza qué conmocionados nos sentimos ante los últimos acontecimientos y cuánto nos enfurecieron. 
Ha dicho usted, señor Presidente, que había sido el destino o el azar: esto no tiene nada que ver ni con el destino ni con el azar. 
El hecho de que la prisión de Jericó haya sido asaltada justo cuando el Presidente palestino estaba en Europa para defender su causa, acompañado por Saeb Erakat, el hombre fuerte de Jericó, no es en absoluto una casualidad. 
La puesta en escena, hoy, de presos medio desnudos con los ojos vendados y las manos atadas no se debe para nada al azar en un país que, como sabemos, está atormentado. 
La cosa más nimia puede desencadenar la violencia y la caricatura no anda nunca muy lejos. 
Por tanto, nos enfrentamos hoy a un suceso extremadamente grave, que, como acaba de decir el señor Brok, intenta minar al hombre que es el garante de la estabilidad entre Palestina e Israel, pero que es también el garante de la resistencia a Hamás, que él quisiera ver convertida en una fuerza de paz. 
Esos son los objetivos que se ha intentado socavar hoy. 
No sé a quién beneficiará el crimen, pero en todo caso sé que aquí, en el Parlamento Europeo, no debemos dejarnos engañar ni compartir la responsabilidad de este crimen, que debemos denunciar. 
Es cierto que la situación es difícil, es cierto que estaban en curso negociaciones sobre el preso, el señor Saadate. Es cierto que ese preso había estado implicado en el asesinato de un Ministro israelí, que a su vez se cometió tras el asesinato de un responsable del FPLP. 
No, no debemos. Hemos de mantener la cabeza fría, pero también denunciar con firmeza lo que pasó ayer. 
La situación es realmente muy grave. 
. – Señor Presidente, como bien ha dicho, presidí la delegación de este Parlamento en las elecciones presidenciales de enero de 2005, cuando el presidente Mahmud Abbás fue elegido en un proceso libre y limpio por el pueblo de Palestina, y de nuevo en enero de 2006 cuando tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en circunstancias tan controvertidas. 
Sin embargo, fueron libres y limpias. 
Estamos ante un hombre, el señor Mahmud Abbás, cuya historia usted ha descrito ya, con su compromiso por la paz, desde la década de los setenta, y su presencia hoy aquí en una Asamblea de 25 naciones, elegida directamente, representa los mismos valores que nosotros intentamos fomentar en otras partes del mundo y sobre todo en Oriente Próximo: los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, medios de comunicación libres, etc. Son los valores que creo que el presidente Mahmud Abbás estaba dispuesto a aceptar y de los que habló en su discurso inaugural en enero de 2005. 
Como británico, y profundamente comprometido con el proceso de paz y democracia en el mundo árabe, considero paradójico, irónico y trágico que los dos países que tanto hablan de democracia en el mundo árabe sean los mismos dos países, los Estados Unidos y el Reino Unido, que se fueron de esa prisión, que hicieron dejación de sus responsabilidades internacionales en vez de reforzar la seguridad de la prisión. 
Sabíamos que había un problema; sabían que había un problema. 
Era su obligación resolverlo. 
No lo hicieron: se fueron. 
Espero, señor Presidente, que cuando la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que usted preside, se reúna en Bruselas dentro de unos días, oigamos una declaración de la Comisión y el Consejo explicando exactamente lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién dio la orden. 
Hay un caso que resolver y un caso que puede requerir una explicación para la comunidad internacional, pero empezando en este Parlamento. 
. 
Señor Presidente, el señor Mahmud Abbás tenía que haber comparecido hoy ante esta Cámara para pronunciar un discurso, pero por las razones que todos ustedes conocen dicha intervención se ha tenido que cancelar. 
Por lo tanto, es natural que los dirigentes de los Grupos y otros diputados importantes hayan querido intervenir. 
Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar brevemente, en nombre del Consejo, nuestra profunda preocupación por la continuación y la escalada de la violencia en Oriente Próximo. 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Austria y Presidenta del Consejo, señora Plassnik, ha condenado los ataques violentos de los radicales palestinos contra instituciones de la UE y también ha ofrecido su apoyo a los llamamientos del Consejo de Seguridad y del Secretario General de las Naciones Unidas en ese contexto. 
La máxima prioridad es recuperar la paz y el orden y proteger las vidas humanas. 
Debemos recordar a todos los responsables que tienen la obligación de proteger las vidas humanas y liberar a los rehenes que continúan retenidos. 
Como ha dicho muy acertadamente el señor Poettering, no es el momento de extraer conclusiones precipitadas. 
También el Consejo va a debatir discutirá ahora qué medidas concretas hay que adoptar. 
Estoy de acuerdo asimismo con el señor Schulz, que ha dicho que todas las instituciones –el Parlamento, el Consejo y la Comisión– tienen la obligación de actuar de forma responsable para garantizar que el proceso de paz de Oriente Próximo no se interrumpa de manera irrevocable, sino que pueda continuar. 
Pedimos a Israel y a la Autoridad Palestina que se contengan, para evitar una nueva escalada. 
En este contexto, también estaría de acuerdo con el señor Cohn-Bendit en que debemos prevenir y evitar las acciones unilaterales. 
No son el camino para resolver los problemas de Oriente Próximo. 
En las últimas semanas y los últimos meses, los ministros de Asuntos Exteriores han lidiado incansablemente con el problema de Oriente Próximo, por última vez en Salzburgo el fin de semana pasado en la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores, sobre la cual nos informará hoy la señora Plassnik. 
Los ataques contra instituciones, la toma de rehenes y todas las demás formas de violencia no solo contradicen nuestros valores, sino que también perturban y van en contra de los esfuerzos en favor de la paz. 
Esperamos que unidos podamos lograr reencauzar el proceso de paz. 
,. Señorías, comparto la decepción generalizada de la Asamblea por el hecho de que el Presidente Mahmud Abbás no haya podido pronunciar hoy su discurso aquí. 
Personalmente, tenía programada una entrevista con él y me entristece que no se haya podido celebrar. 
En cualquier caso, la Comisaria Ferrero Waldner se reunió con el Presidente Abbás ayer y le expresó, en nombre de la Comisión, nuestro apoyo en la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto de Oriente Próximo. 
Permítanme dejar muy claro que condenamos rotundamente todas las formas de violencia, con independencia quien la perpetre, e instamos a todas las partes a que actúen de manera responsable y con la máxima moderación. 
Compartimos la preocupación expresada por algunos oradores ante la situación extremadamente peligrosa de la región. 
Por supuesto, debemos destacar que algunos europeos han sido tomados como rehenes y se han atacado intereses de la UE y de algunos Estados miembros en los territorios. 
Quiero señalar que nadie ha ayudado más que la Unión Europea al pueblo palestino. 
La UE ha sido y sigue siendo un donante para los palestinos y por esto pedimos en voz alta y con toda claridad que se evite a toda costa la violencia contra los intereses de la UE o los de nuestros ciudadanos e instamos a ambas partes a que se moderen, para evitar que se agrave la situación. Trabajaremos juntos para asegurar que el pueblo de Israel y el pueblo palestino puedan vivir en paz. 
Acabado el turno de intervenciones, quiero señalarles que la Conferencia de Presidentes estudiará las propuestas que los presidentes de los Grupos políticos eleven y que dentro de diez días tendrá lugar en Bruselas la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, con la cual acaba la Presidencia de la Unión Europea de esta Institución. 
Quiero hacer un llamamiento a todos para que este encuentro se aproveche a fin de que ese diálogo al que todos han hecho referencia esta mañana se desarrolle debidamente. 
Muy en particular pido a la Comisión y al Consejo que su presencia en esta Asamblea Parlamentaria Euromediterránea esté a la altura de las circunstancias, porque en anteriores reuniones su presencia quizá no haya estado al nivel que hubiésemos deseado y que solicitamos. 
Espero que en esa Asamblea Parlamentaria Euromediterránea la Comisión y el Consejo puedan presentar informes, medidas, propuestas que contribuyan al diálogo euromediterráneo y a la solución que Europa puede aportar a los problemas del Oriente Medio, que los acontecimientos de ayer ciertamente no han contribuido a mejorar. 
Señor Presidente, me remito al artículo 142, junto con los artículos 132 y 137 del Reglamento. 
La democracia solo puede funcionar si los representantes de los ciudadanos no actúan a título personal ignorando por completo los deseos de sus electores y las promesas realizadas. 
Cuando pedimos que se hagan sacrificios, como a veces nos vemos en la necesidad de pedir, cuando se restringen los presupuestos públicos, quisiera pedirle una vez más que comience las sesiones con puntualidad; hoy hemos vuelto a empezar con cinco minutos de retraso. 
Su comportamiento personal con respecto a los retrasos acumulados ya les ha costado centenares de miles de euros a los contribuyentes. 
Basándome en las noticias de hoy de los principales diarios del mundo, el y el, pido a los diputados cuya principal promesa electoral fue que utilizarían honradamente los fondos que cumplan por fin dicha promesa. 
Resulta bastante duro que ahora intente impedirme hablar. 
Señor Martin, ¿en qué consiste su cuestión de orden? 
Señor Presidente, he hecho una observación y he expresado el deseo de que por favor intente llegar a la hora. 
Su predecesor, el señor Cox, ahorró a los contribuyentes centenares de miles de euros gracias a ello. 
Lo mismo puede decirse de las comisiones. 
Así se pierden 12 millones de euros al año. 
Luego no podemos decir que no tenemos dinero para proyectos sociales importantes. 
Señor Martin, esto no es una cuestión de orden. 
Me permito recordarle que el tiempo que usted malgasta también le cuesta dinero al contribuyente. 
– Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento. 
No quiero quitarle tiempo a la Cámara, pero tengo que plantear esta cuestión porque se trata de un asunto grave. 
De acuerdo con el apartado 8 del artículo 191 del Reglamento, relativo a la Comisión de Peticiones, de la cual soy miembro, una persona que presente una petición al Parlamento puede insistir en mantener su anonimato. 
Sin embargo, en un reciente caso que fue admitido a trámite por la Comisión de Peticiones, se rompió el anonimato de la señora X, ex miembro de Lloyd´s, y debido a ello, la señora X ha sido procesada por el Gobierno británico con todos los medios legales. 
Ello no habría sucedido si se hubiese preservado su anonimato. 
Por ello es esencial que este Parlamento proteja su posición, mantenga los derechos de los peticionarios y haga frente al Gobierno británico. 
El presidente de la comisión le ha escrito con carácter de urgencia, pero de momento ni siquiera ha recibido respuesta. 
¿Cuándo le responderá, señor Presidente, y cuándo protegerá los derechos y privilegios de este Parlamento y de sus peticionarios? 
Señor diputado, está usted en su derecho de pedir lo que quiera, pero no amparándose en una cuestión de orden. 
El procedimiento que usted ha seguido tampoco es el adecuado. 
Ruego a todos que utilicen los procedimientos reglamentarios adecuados para formular sus planteamientos. 
No es una cuestión de orden que tenga algo que ver con el desarrollo de la sesión de hoy. 
No obstante, revisaré las circunstancias en las que se encuentra el escrito que usted dice haberme dirigido y la respuesta que imagino debe de estar en curso. 
Por favor, no apelen a procedimientos de orden referentes única y exclusivamente al desarrollo de los trabajos de la sesión en curso para suscitar otras cuestiones que, por importantes que sean, no pueden ampararse a través de las peticiones que ustedes formulan. 
De conformidad con el orden del día, procedemos al debate a partir de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo y la Estrategia de Lisboa. 
Como hemos modificado el orden de nuestros trabajos, a consecuencia de la anulación de la sesión solemne, este debate se prolongará aproximadamente hasta las doce. 
El turno de votaciones tendrá lugar a continuación del debate. 
. 
Señor Presidente, Señorías, cuando falta una semana para el Consejo Europeo de Primavera, el debate de hoy representa una excelente oportunidad comentar conjuntamente las principales prioridades en las que se centrará la cumbre. 
Como saben, el desarrollo de la Estrategia de Lisboa va a ser un tema central de la cumbre. 
No hace falta decir que la mejor forma de asegurar el éxito de ese acontecimiento es prepararse a fondo y las formaciones del Consejo responsables de los diversos temas ya han examinado las prioridades del Consejo Europeo desde su perspectiva y han presentado sus aportaciones. 
Las conclusiones provisionales se examinarán en el curso del procedimiento estipulado. 
El día de la inauguración del Consejo Europeo, el 23 de marzo, se celebrará también, como de costumbre, la Cumbre Social Tripartita. Su finalidad es asegurar la cooperación entre el Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales, sobre todo en relación con el empleo, la política económica y la protección social. 
En este sentido, agradecemos especialmente las iniciativas de las instituciones europeas para asumir una mayor responsabilidad y una mayor implicación a escala comunitaria, así como las valiosas aportaciones realizadas, por ejemplo, por la segunda reunión interparlamentaria del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
En ese contexto también se pide una gran implicación de los ciudadanos. 
Los Gobiernos de los Estados miembros tienen la tarea de explicar mejor a sus ciudadanos la urgencia de poner en práctica esa asociación para el crecimiento y el empleo. 
En este sentido, es importante que las autoridades regionales y locales, en el marco de su Constitución nacional, y la sociedad civil también participen en el diseño y desarrollo de los programas nacionales de reforma. 
Con este mismo espíritu constructivo, también queremos que el debate de hoy incluya un debate abierto sobre las alternativas para resolver los problemas económicos y sociales comunes de toda la Unión Europea, y sobre el importante papel que les corresponde a ustedes, en su calidad de representantes de los ciudadanos. 
Como sabrán, el Consejo Europeo acordó en marzo de 2005 renovar a fondo la Estrategia de Lisboa y también reforzó el control del procedimiento. 
El nuevo ciclo de gobernanza se basa en la cooperación y la responsabilidad. 
Como parte de la cumbre celebrada en Hampton Court, los Jefes de Estado o de Gobierno dieron un mayor impulso político a la Estrategia de Lisboa recién reactivada, con especial atención al tema de cómo pueden contribuir los valores europeos a afianzar la modernización de la economía y de la sociedad en un mundo globalizado. 
También es importante que el Consejo Europeo, en su reunión del diciembre pasado, llegara a un compromiso político sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
Eso constituye en sí mismo un indicio importante de que la Unión Europea es capaz de encontrar soluciones, aunque por supuesto somos conscientes de que nos encontramos en un proceso de diálogo intensivo y difícil con ustedes, que queremos continuar desarrollando de forma constructiva para poder poner en práctica ese acuerdo entre los Gobiernos en cooperación con el Parlamento. 
Europa se enfrenta con nuevos retos, como la mayor presión competitiva del exterior, tanto económica como tecnológica, el envejecimiento de la población, el aumento del precio de la energía y la necesidad de garantizar la seguridad energética. 
Desde finales de 2005 ha habido indicios de recuperación económica lenta pero segura. 
Se prevé que, en los tres años que van desde 2005 hasta 2007, se crearán seis millones de nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea. Ello reduciría el desempleo en casi un punto porcentual en 2007. 
Sin embargo, los principales retos de la Unión Europea siguen siendo continuar reduciendo el desempleo, que en la actualidad afecta a casi 19,5 millones de personas, y aumentar la productividad y el potencial de crecimiento. 
Esta recuperación económica, aunque leve, constituye una oportunidad excelente para seguir impulsando con firmeza reformas estructurales acordes con los programas de reforma nacional y promover una mayor consolidación fiscal de conformidad con el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Los objetivos y los calendarios concretos son una herramienta útil para acelerar la ejecución de las reformas previstas y conseguir mejores resultados desde el punto de vista del crecimiento y el empleo. 
A partir de sus decisiones de la primavera de 2005, el Consejo Europeo ha adoptado unas directrices estratégicas integradas. 
Los Estados miembros se han basado en esas directrices para elaborar programas nacionales de reforma adecuados a las necesidades específicas de cada país. 
La Comisión ha presentado un «Programa Comunitario de Lisboa» , donde se proponen las medidas que se deberían adoptar a escala comunitaria. 
El informe anual de situación de la Comisión también constituye una aportación importante al proceso de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo. 
Todos los Estados miembros han elaborado sus propios programas nacionales de reforma con rapidez y a conciencia. 
Dichos programas se han adecuado a las necesidades y circunstancias específicas de cada Estado miembro, y sirven para llevar a cabo las reformas. 
Los programas nacionales de reforma constituyen un primer paso decidido para progresar con una mayor responsabilidad individual y mayor conciencia de las prioridades de reforma. 
En general, dichos programas nacionales de reforma son una buena base para el futuro trabajo de desarrollo del programa de reformas. 
Sin embargo, en opinión de la Comisión –y en este contexto quisiera manifestar mi especial agradecimiento al Presidente de la Comisión, señor Barroso, por el trabajo realizado por su institución, que es de una gran importancia para los preparativos de la cumbre, y en especial por la rapidez y la meticulosidad con que han trabajado–, algunos de los programas deberían incluir objetivos y calendarios más concretos y detalles adicionales sobre los aspectos presupuestarios de las reformas propuestas, y profundizar con mayor detalle en los temas de la competencia y la supresión de las barreras para el acceso al mercado. 
Disponemos de los instrumentos necesarios. 
La principal prioridad de los Estados miembros para 2006 será, por lo tanto, el cumplimiento puntual y completo de nuestros objetivos. 
Para que ello sea posible, es esencial que los Estados miembros intensifiquen la aplicación de las medidas que ya han propuesto. 
La Comisión no ha propuesto una actualización de las directrices para el crecimiento y el empleo, de modo que estas directrices seguirán vigentes en su totalidad. 
Después de los grandes cambios del año pasado, ahora deberíamos centrarnos en actuar más y con mayor continuidad. 
De conformidad con la nueva gobernanza de la estrategia, los Estados miembros han realizado verdaderos esfuerzos para promover la participación de los Parlamentos nacionales, los representantes de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales y demás representantes de la sociedad civil en el diseño de sus programas nacionales. 
Ahora necesitamos que los ciudadanos de Europa participen más activamente en el proceso, para convencerles de que unas reformas oportunas y aplicadas de manera adecuada contribuirán a una mayor prosperidad mejor distribuida. 
Para ello necesitamos realmente la ayuda de esta Asamblea. 
El Parlamento Europeo puede ayudarnos a otorgar a todos los implicados una mayor responsabilidad en relación con la Estrategia de Lisboa, de manera que la sientan más suya, y a asegurar su participación en el futuro. 
Debates como el de hoy ofrecen una oportunidad para ello que es muy de agradecer. 
En este sentido, también quiero señalar que la Presidencia austriaca otorga una gran importancia al compromiso en relación con la Directiva sobre los Servicios, alcanzado durante la primera lectura en esta Cámara. 
Es un resultado muy equilibrado y constituye una base sólida para futuros empeños. 
La gran cantidad de enmiendas propuestas demuestra que el tema sigue siendo muy controvertido. 
A la vista de dicho resultado y de los debates celebrados hasta la fecha en el Consejo, la Presidencia tiene mucho interés en que el Consejo Europeo pida ahora a la Comisión que presente su propuesta modificada cuanto antes y manifiesta la esperanza de que las instituciones estén ahora en condiciones de poder completar rápidamente el procedimiento legislativo. 
La intención de la Presidencia es que el Consejo Europeo establezca, en el marco de las directrices integradas adoptadas el año pasado, unas medidas prioritarias específicas que se deberán aplicar antes de finales de 2007. 
Así pues, como parte de la Estrategia de Lisboa renovada, la Cumbre de primavera estará dedicada a los temas a los que se ha otorgado prioridad en los programas nacionales de reforma y en el informe de la Comisión Europea, es decir, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, la política a favor de las pequeñas y medianas empresas, el empleo y la energía. 
Por supuesto, también debemos seguir actuando de manera en general en el contexto de las tres vertientes de la Estrategia de Lisboa: la económica, la social y la medioambiental. 
Para poder iniciar una fase de verdaderos logros y resultados visibles, tenemos que intentar conseguir una buena combinación de compromisos voluntarios verificables de los veinticinco Estados miembros y recomendaciones de la Comisión. 
Como parte de los preparativos para el Consejo, todavía estamos debatiendo hasta dónde tienen que llegar nuestras aspiraciones. 
Un pilar de la Estrategia de Lisboa es la investigación y la innovación, como fuerza motora de la producción y la aplicación de los conocimientos. 
Han pasado ya cuatro años desde que nos propusimos como objetivo elevar al 3 % el gasto en investigación en Europa antes de 2010 y una proporción considerable –dos terceras partes– de esa financiación debía proceder del sector privado. 
Sería una buena idea que los recursos puestos a disposición por la Unión Europea se incrementasen a la par con los respectivos esfuerzos nacionales. 
Con este fin, también es preciso aumentar la cooperación entre las universidades, los centros de investigación y las empresas para contribuir a incrementar la financiación de la investigación. 
Sin embargo, como todos sabemos, en realidad no hemos llegado muy lejos en este campo, que es tan importante para nuestro futuro: el gasto actual de la UE en investigación solo es de un 1,9 %. 
Nuestros esfuerzos conjuntos con la Comisión Europea nos han permitido desarrollar un cierto impulso y mejorar el reconocimiento en los Estados miembros de que es importante establecer unos objetivos específicos y unos compromisos voluntarios para aumentar el gasto en investigación. 
En este sentido todos los Estados miembros ya han aumentado sus aspiraciones y han establecido sus objetivos nacionales en consonancia. 
Además, las estrategias de comunicación modernas tienen un papel esencial para el fomento de la innovación en nuestra sociedad de la información donde todo sucede a un ritmo tan rápido. 
En cuanto a la educación superior, quisiéramos pedir a los Estados miembros que, para 2007, faciliten el acceso de las universidades a formas adicionales de financiación privada y supriman las barreras a la cooperación entre las instituciones académicas y las empresas, de conformidad con los usos nacionales. 
En segundo lugar, hay que dedicar más esfuerzo a mejorar el marco de condiciones para la actividad empresarial, el potencial de negocios y, en particular, la situación de las pequeñas y medianas empresas. 
Ese debe ser también un foco de atención del Consejo Europeo. 
Las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte importante de la economía europea y está justificado describirlas como su fuerza motora. 
En la Unión Europea tenemos unos 23 millones de pequeñas y medianas empresas que proporcionan casi 75 millones de puestos de trabajo. 
Por lo tanto, las medidas destinadas a consolidar y promover a las pequeñas y medianas empresas como columna vertebral de la economía europea pueden contribuir de manera significativa al crecimiento y al empleo. 
También queremos eliminar la burocracia para las PYME y reducir el tiempo y los gastos que requiere la creación de nuevas empresas. 
Señor Winkler, discúlpeme, normalmente no está limitado el tiempo de intervención del Consejo y de la Comisión, pero esta mañana tenemos problemas de horario, debido al tiempo que hemos consumido en el debate previo. 
Le rogaría que, si pudiera, ajustara también su intervención para que los diputados pudiesen intervenir. 
Se lo agradecería. 
. 
Señor Presidente, lamento haberme extendido tanto. 
Voy a resumir mis comentarios y enseguida acabo. 
Hay varios temas que requieren con urgencia que se adopten medidas. 
Mis observaciones serían incompletas si no mencionara el mercado laboral, incluida en particular la promoción de la integración de los jóvenes en el mercado laboral. 
Desde el propio Consejo Europeo queremos prestar especial atención a la lucha contra el desempleo juvenil. 
Uno de nuestros objetivos es reducir el nivel de fracaso escolar para 2010 y garantizar que un mayor número de jóvenes completen la educación secundaria. 
Otro objetivo central de nuestros esfuerzos debe ser también la lucha contra el desempleo de larga duración. 
Finalmente, el tema de la energía ocupará también un lugar especialmente destacado, no solo debido a la importancia del sector para la generación de puestos de trabajo y de crecimiento, sino también, por supuesto, a la vista de los recientes acontecimientos. 
Espero que el Consejo Europeo aporte un impulso importante en este aspecto, al igual que en todos los temas que he mencionado, que influya de manera decisiva sobre las actividades futuras de todas las instituciones de la Unión Europea. 
No, señor Presidente. 
La Presidencia del Consejo, como la Comisión, no tiene tiempo tasado de palabra, pero precisamente hoy tenemos todos que repartirnos un recurso escaso y no renovable como es el tiempo. 
. Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de la semana que viene tendrá lugar en un momento importante. 
Observamos actualmente los primeros y alentadores indicios de un aumento de la confianza de los consumidores en Europa: las inversiones se reanudan, las cifras de crecimiento mejoran progresivamente. 
Son buenas noticias. 
Aprovechemos este contexto económico favorable para dar un nuevo salto adelante hacia nuestro objetivo de crecimiento y empleo. 
Cambiemos a la siguiente marcha. 
El año pasado propusimos una revisión en profundidad del modo de conducir la política económica en Europa. 
Acordamos trabajar juntos en el marco de una asociación. 
Nos repartimos las responsabilidades. 
Recentramos nuestra estrategia y nuestras preocupaciones en lo esencial. 
Su Asamblea prestó un apoyo masivo a este nuevo enfoque, y quiero felicitar al Parlamento por el papel que desempeñó al respecto. 
En su informe al Consejo de primavera, la Comisión propone varias acciones prioritarias a favor del crecimiento y el empleo. 
No quiero abordar en detalle todas las medidas concretas que proponemos adoptar, pero sí algunos temas que me parecen hoy especialmente importantes. 
Celebro que se hayan adoptado 25 programas nacionales de reforma, que exponen cómo desea cada Estado miembro aplicar, a la luz de las circunstancias reales propias de cada uno como nación, las directrices acordadas conjuntamente para el crecimiento y el empleo. Admito que no todos los planes nacionales de reforma tienen el mismo nivel de ambición. 
Es cierto que no todos tienen la misma calidad. Sin embargo, constituyen una buena base de trabajo. 
Para que quede claro: esta es tan solo una primera etapa y todo el mundo sabe que los informes no crean puestos de trabajo. 
Ahora hay que ver la voluntad política, la voluntad de poner en práctica específicamente esas intenciones. 
Por ello, este año ha llegado la hora de traducir las palabras en actos. 
Durante los próximos meses, la Comisión trabajará en estrecha cooperación con los Estados miembros para ayudarles a aplicar sus programas nacionales y darles continuidad. 
Estoy muy agradecido al Parlamento por el papel que desempeña a este respecto. 
Las sesiones parlamentarias conjuntas entre el Parlamento Europeo y los representantes de los Parlamentos nacionales, dedicadas a la Estrategia de Lisboa, han contribuido mucho a sensibilizar a los Parlamentos nacionales en torno a lo que está en juego y les han animado a participar en el proceso. 
No obstante, es cierto, Señorías, que todavía queda trabajo por hacer en términos de apropiación nacional de esta nueva estrategia para el crecimiento y el empleo. 
En el marco de la cooperación, los Estados miembros extraen enseñanzas de la experiencia de los demás. 
Todos tienen algo que ofrecer, todos algo que aprender, pero nunca insistiré lo suficiente en que necesitamos actuar no solo por parte de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, sino que también necesitamos implicar activamente a los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, los partidos nacionales –y no solo los partidos europeos– y a la opinión pública europea. 
Esta es una condición para el éxito de nuestra estrategia renovada para el crecimiento y el empleo. 
Otra cuestión importante: la libre circulación de los trabajadores. 
He observado que el Parlamento, en la resolución que propone para cerrar este debate, insta, y cito, «a los Estados miembros a avanzar lo más deprisa posible hacia la total libertad de circulación de ciudadanos y trabajadores en la Unión Europea actuando al mismo tiempo con decisión para promover la calidad del trabajo en todos sus aspectos». 
Hago plenamente mía esta propuesta del Parlamento Europeo. 
Por lo demás, los hechos les dan la razón. 
Un análisis reciente de la Comisión demuestra claramente que el flujo de trabajadores de los Estados miembros de Europa central y oriental a los quince antiguos Estados miembros ha tenido, en lo esencial, efectos positivos. 
Esta es tan solo una de las razones por las que la Comisión celebra el anuncio reciente –concretamente, tras la publicación de nuestra Comunicación– por parte de Finlandia, Portugal y España, primero, y los Países Bajos ahora, de que se unirían a Irlanda, el Reino Unido y Suecia para levantar las restricciones a la libre circulación de los trabajadores en Europa. 
Estoy impaciente por que otros países se sumen a ellos. 
En una economía globalizada, ningún Estado miembro puede permitirse andar a su aire. 
No es el momento del nacionalismo económico. 
No por utilizar la retórica nacionalista seremos capaces de construir la Europa de mañana. 
Defender a los campeones nacionales a corto plazo, suele conducir, a más largo plazo, a relegarlos a segunda división. 
Las empresas más eficientes que hayan tenido que afrontar todo el rigor de la competencia dejarán atrás a los campeones nacionales cuando se presenten en los mercados internacionales. 
Seamos claros. Lo que necesitamos no son campeones nacionales, sino campeones mundiales con base en Europa que saquen el mayor provecho de nuestro mercado interior. 
Pero que no haya malentendidos. 
La Comisión ejercerá sus prerrogativas si las empresas abusan de su posición dominante en el mercado. 
Está legalmente obligada a velar por la aplicación de las normas de la competencia y proteger al consumidor, y cumplirá plenamente este deber. 
El reto de la globalización exige el fortalecimiento del mercado interior. 
La libertad para ofrecer servicios es un elemento esencial del mercado interior, y ya hemos dicho que el sector de los servicios, por un lado, y las pequeñas y medianas empresas, por otro, son hoy los principales impulsores del empleo en Europa. 
Quiero darles las gracias por el resultado de la primera lectura en el Parlamento de la Directiva de servicios. 
Han presentado ustedes enmiendas basadas generalmente en un amplio consenso que ahora nos permitirá seguir avanzando. 
La Comisión responderá positivamente a su consenso. 
El mes que viene presentaremos una propuesta modificada, que se basará en gran medida en esta primera lectura y en los debates en el Consejo. 
Sabemos que la Presidencia austriaca trabajará a partir de la posición común del Consejo poco después. 
Espero que esta legislación pueda adoptarse rápidamente, pues hemos de realizar progresos en este terreno si queremos realmente crecimiento y puestos de trabajo. 
Los retos energéticos del siglo XXI exigen una respuesta fuerte y efectiva. 
Después de un largo periodo de relativa estabilidad, ya no podemos dar por sentado que tendremos unos suministros de energía seguros y asequibles. 
La mayor dependencia de las importaciones, el aumento de los precios de la energía y el cambio climático son retos compartidos por todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Solo una respuesta europea, basada en la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad, puede hacer frente a la magnitud de estos retos. 
En el Libro Verde de la Comisión hemos recalcado seis acciones clave. 
Hemos de crear un verdadero mercado europeo único del gas y la electricidad. 
Hemos de mejorar la integración. 
Con una mejor integración habrá más solidaridad entre los Estados miembros en tiempos de crisis. 
Hemos de acelerar la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, utilizando tanto las energías nuevas como las actuales para asegurar la sostenibilidad. 
No solo debemos cambiar la oferta de energía, sino también la demanda. 
Hay muchas posibilidades de hacer un uso más eficiente de la energía en beneficio del clima, los consumidores y nuestra seguridad. 
Europa está a la vanguardia del desarrollo de las tecnologías de reducción de las emisiones de carbono. Hemos de mantenernos en cabeza. 
Necesitamos más innovación europea para las energías renovables y todo lo que tenga que ver con tecnologías ecológicas. 
Por último, hemos de fomentar un enfoque más coherente e integrado en nuestras relaciones con terceros países y en los foros internacionales. 
A veces oigo decir que la política energética europea no es viable porque toca aspectos en los que los Estados miembros tienen intereses estratégicos nacionales. 
No tengo que recordarles que la base de la Comunidad Europea fue de hecho una política común europea del carbón y del acero, los dos ámbitos que entonces se consideraban más delicados desde el punto de vista de los intereses estratégicos nacionales de los Estados miembros. 
Precisamente por el hecho de que la energía es estratégica necesitamos una estrategia europea y no 25 estrategias nacionales. 
Esta es precisamente la razón por la que necesitamos esta estrategia. 
El Libro Verde invita a todo el mundo a participar en este importante debate. 
Me alienta mucho la reacción favorable que ha suscitado nuestro Libro Verde y el apoyo decidido de la Presidencia austriaca, y espero con interés el firme apoyo del Parlamento Europeo a esta nueva estrategia europea. 
Asimismo quiero recalcar la necesidad de que la cohesión social se considere una parte integral de la estrategia de crecimiento y de creación de puestos de trabajo. 
La Comisión es plenamente consciente de la necesidad de asegurar puestos de trabajo de calidad y evitar las condiciones de trabajo precarias. 
Creo que la globalización ofrece grandes oportunidades, pero no podemos ni debemos ignorar la presión que ejerce la feroz competencia internacional sobre nuestras empresas y nuestros trabajadores. 
Por ello la Comisión ha propuesto un Fondo de Adaptación a la Globalización. 
Dicho fondo servirá de amortiguador del potente motor de la globalización. Complementará los esfuerzos de los Estados miembros por que los trabajadores afectados puedan volver al mercado de trabajo. 
Lo importante es que las personas se reciclen y vuelvan a la vida laboral de forma sostenible. 
Hemos de implicar a los interlocutores sociales en nuestros debates sobre puestos de trabajo y mercados de trabajo. 
El futuro económico de Europa depende de la disponibilidad de los trabajadores mejor capacitados y formados, con una gama completa de aptitudes y la adaptabilidad necesaria para una economía del conocimiento. 
Por ello hemos de dar un impulso importante a la inversión en educación superior. 
La Comisión propone un objetivo del 2 % del PIB para 2010. 
Al mismo tiempo, hemos de incrementar el gasto en investigación y desarrollo hasta el 3 % del PIB en 2010. 
Esto exige fijar objetivos nacionales más ambiciosos y medidas más ambiciosas para conseguirlos. 
Disponemos de algunas universidades y centros de investigación excelentes que realmente se beneficiarán de una mayor financiación. 
Sin embargo, nuestros sistemas están fragmentados. 
Hay un abismo entre la educación superior y la investigación, por un lado, y las empresas y la economía por otro. 
No parecen estar conectadas. 
Son demasiados nuestros más destacados cerebros que abandonan Europa. 
Por ello, la Comisión, en busca de la excelencia, ha propuesto la creación de un instituto europeo de tecnología. 
Un instituto europeo de tecnología complementaría otras medidas; utilizaría los recursos aportados por sus partícipes y así beneficiaría de modo más efectivo tanto a ellos como a toda la economía de la Unión Europea. 
Se trata de un proyecto ambicioso. 
Pido a los Jefes de Estado y de Gobierno que respalden esta idea y pido el apoyo del Parlamento. 
Airbus y Galileo nos han demostrado la importancia de los proyectos insignia europeos de éxito. 
El IET podría ser el siguiente; simboliza un objetivo europeo, pero no es un mero símbolo: añade valor a nuestros esfuerzos colectivos en relación con la investigación, la educación y la innovación. 
Asimismo soy consciente de la necesidad de hacer más en este terreno y creo que este puede ser un compromiso claro para este triángulo del conocimiento. 
En resumidas cuentas, un mayor compromiso con Europa conllevará más prosperidad y libertad para nuestros ciudadanos. 
Les agradezco sinceramente su apoyo tan bien expresado en su propuesta de resolución. 
La semana que viene, el Consejo Europeo ha de demostrar un compromiso similar con el crecimiento y los puestos de trabajo. 
Ahora ha llegado el momento pasar de las palabras a los hechos. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Estrategia de Lisboa es sinónimo de crecimiento y empleo, y por consiguiente, como aspecto central de la misma, de competitividad de la economía de la Unión Europea, y me complace sobremanera el compromiso personal del Presidente de la Comisión y esté concentrando los esfuerzos de su Comisión en ese ámbito. 
Quiero agradecerle que haya expresado que el retorno a un nacionalismo económico o –algunos desean darle un matiz positivo– el patriotismo económico supondría el declive de la economía europea y la pérdida absoluta de competitividad a escala internacional en este mundo globalizado. 
Por lo tanto, agradezco esa actitud combativa y espero que diga lo mismo en el Consejo, durante la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Señor Winkler, le apreciamos mucho como persona y agradecemos su presencia aquí, pero cuando está presente el Presidente de la Comisión lo adecuado sería que la Presidencia del Consejo estuviera representada a un nivel similar, por un Ministro. 
Debemos tenerlo en cuenta. 
Quiero dejar claro que personalmente siento el mayor respeto por usted, pero las instituciones deben tener una representación equivalente en estos debates. 
Y lo digo con independencia de cualquier afiliación política. 
Se trata de las instituciones de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo otorga una gran prioridad al proceso de Lisboa, que es un proceso continuado y no se limita al período hasta 2010. 
Por esto creamos el Grupo de pilotaje bajo la presidencia del señor Daul. 
Me complace que los tres Grupos mayoritarios –sí, y quizás algún día los demás también se sumen a ellos, señor Wurtz– tengan lo hayan adoptado como un eje central de sus actividades, como también lo ha hecho, naturalmente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, aunque no estén aquí, y quizás otros también… 
.... es cierto, sus dirigentes no están aquí y deberían agradecer que les preste tanta atención. 
El mercado único, la libre circulación de personas, productos, servicios y capitales, es una condición previa para que la Unión Europea sea competitiva en los mercados mundiales. 
Pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a los Gobiernos que sigan el ejemplo del esfuerzo realizado por el Parlamento en relación con la Directiva sobre los Servicios. 
A los Gobiernos, les digo que todo aquel que ahora quiera conseguir algo distinto destruirá el compromiso en relación con la Directiva sobre los Servicios. 
Por lo tanto, pido a los Gobiernos que sigan el ejemplo del Parlamento Europeo. 
También acojo con satisfacción –no es mi cometido, pero me congratulo en mi calidad de presidente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos– que ahora contemos con la presencia de uno de los dirigentes de los Verdes. 
Juntos forjaremos Europa, señor Cohn-Bendit. 
En la Unión Europea hace falta espíritu emprendedor. 
Las empresas no son un concepto abstracto y comprometerse trasladar la libertad a la práctica. 
Espíritu emprendedor significa crear puestos de trabajo. 
Necesitamos una visión positiva en este contexto. 
Señor Barroso, acogemos con satisfacción la propuesta que ha presentado con vistas a la creación de un Instituto Europeo de Tecnología. 
Pero no debe consistir en la creación de una nueva gran autoridad universitaria, sino de una red entre los diversos institutos tecnológicos europeos que ya existen, que permita obtener un valor añadido y que Europa pueda llegar a situarse en cabeza de la innovación y la investigación a escala mundial. 
Ha citado los proyectos GALILEO y Airbus. 
Necesitamos nuevos proyectos y en ese sentido apoyamos sus consideraciones. 
Una observación final, puesto que no dispongo de quince minutos como el Consejo y la Comisión: en algún momento, señor Presidente, tendremos que reflexionar sobre cómo podemos conseguir un mayor equilibrio. 
Por mi parte, abogaría por que esta Asamblea trabaje en estrecha colaboración con los Parlamentos nacionales sobre este tema, puesto que nuestro cometido común, tanto a escala nacional como europea, es conseguir que Europa sea competitiva y asegurar su desarrollo adecuado desde el punto de vista económico y en general. 
– Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento en relación con el apartado 1 del artículo 166 y del apartado 2 del artículo 121. 
Ruego me disculpe por interrumpir el debate, pero antes de que se iniciara, Sir Robert Atkins ha intervenido por una cuestión de observancia del Reglamento que usted ha rechazado porque no tenía que ver con los asuntos del día. 
En realidad se estaba refiriendo a una cuestión sumamente importante que está contemplada por el artículo 166. 
Cuando se incumple el Reglamento del Parlamento, es muy oportuno que un diputado le llame la atención al respecto. 
Sir Robert decía que el Gobierno británico puede estar actuando y violando la legislación comunitaria en lo que es un abuso de confianza. 
La comisión en cuestión le ha dirigido un escrito. 
Le pregunto si le es posible contestar a Sir Robert Atkins antes de la votación. 
Quiero recordarle una vez más que me refiero al apartado 1 del artículo 166 y al apartado 2 del artículo 121 del Reglamento. 
Señoras y señores diputados, a partir de ahora, la presidencia tendrá que ser más estricta en la consideración de las peticiones por cuestiones de orden, porque, una y otra vez, ustedes recurren a este procedimiento para fines para los que no está pensado. 
Señor Presidente, Señorías, el lanzamiento del proceso de Lisboa fue el primer intento real, y desde mi punto de vista bien elaborado, de dar una respuesta europea a los retos de la globalización. 
La premisa establecida en Lisboa era que solo podríamos sobrevivir a la competencia intercontinental y seguir compitiendo con rivales en otros continentes a largo plazo si nos convertíamos en la economía nacional y la sociedad basada en el conocimiento más fuerte del mundo, pero a escala europea. 
Era el paso que debíamos dar, pero ¿qué ha sucedido desde entonces? 
Quienes decidieron dar este paso no consiguen decidirse sobre si quieren que sea a escala europea o nacional. 
Dudan entre el mensaje de que «solo podemos sobrevivir a esta competencia como una Europa unida» , que es el correcto, y el mensaje en sus países de que «en realidad, ya somos suficientemente fuertes como Gobierno para hacerlo solos» , que por supuesto es más popular entre los votantes. 
El resultado es que no se ha invertido suficientemente en el proceso de Lisboa ni a nivel europeo ni a nivel nacional. 
¡Esta es la situación después de seis años! 
Señor Presidente de la Comisión, agradezco sus palabras, pero también lamento que guarde silencio sobre otra cuestión. 
Hay un enorme abismo entre lo que ha vuelto a describir hoy como un compromiso necesario, también desde el punto de vista de la política financiera, y lo que sucede en la práctica. 
Usted y su Comisión han descrito lo que se necesita en cuanto a financiación de la UE a lo largo de los próximos siete años, y el Consejo ha aprobado una base financiera. 
¡El problema es que hay un abismo del 40,82 % entre lo que ha pedido usted y lo que ha decidido el Consejo! 
El Consejo acordó un 40,82 % menos de lo que usted solicitó para la perspectiva financiera. 
Es imposible construir una casa bonita con diferentes tipos de ladrillo. 
Ni siquiera se puede construir una choza. 
Ni siquiera se puede construir una cabaña de esquí en Arlberg am Lech –o mejor dicho, Lech am Arlberg– en la que por las noches se puedan entonar canciones de marineros. 
¡Bienvenido al valle, señor Presidente! 
Ya ha acabado el descenso de la montaña. 
La troika sobre la perspectiva financiera, que tendremos en los próximos días, y la posterior cumbre vuelven a llamar la atención sobre esta discrepancia. 
La troika está dominada por tacaños, que rebañan hasta el último euro para que no se pueda dar el dinero a Europa. 
Tres días más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán, y una vez más proclamarán lo importante que son la cumbre de Lisboa y los objetivos de Lisboa. 
Esto es precisamente lo que obstaculiza a Europa: la falta de un enfoque coherente y consistente del proceso de Lisboa. 
En el Parlamento Europeo, hemos intentado combinar la flexibilidad que necesita Europa con la imprescindible cohesión social, porque ambos aspectos van de la mano. 
Si queremos que los ciudadanos se unan a nosotros sí, señor Winkler, tiene usted razón en este sentido, si queremos que los ciudadanos nos acompañen, hemos de retratar la globalización como una oportunidad, pero también hemos de reducir el riesgo de que se utilice para suprimir las normas sociales. 
Con la Directiva de Servicios hemos intentado decir sí a la flexibilidad siempre que sea necesario y posible, pero manteniendo en todo momento la cohesión social. 
Por ello, supongo que la decisión del Parlamento Europeo constituirá la base para que la Comisión y el Consejo sigan con las consultas sobre la Directiva de Servicios. 
Solo puedo advertir que no hemos de desviarnos de ella. 
Hizo usted una promesa, señor Winkler, y hoy ha dicho que cumplirá esta promesa. 
Nos aseguraremos de que lo haga, ¡no le quepa la menor duda! 
De hecho, ya se ha gastado mucha tinta sobre el tema del futuro del proceso de Lisboa. 
Lo que hemos de hacer es invertir en investigación y capacitación, para que nuestros mejores cerebros no se marchen a otros continentes. 
Lo que hemos de hacer es invertir en el aprendizaje permanente porque, si una buena capacitación es un requisito previo para acceder al mercado de trabajo, el aprendizaje permanente es un derecho básico que garantiza que todo el mundo tenga acceso. 
Ayer, el Presidente de la República Federal de Alemania dejó claros los deseos de los jóvenes en Europa utilizando el ejemplo del programa Erasmus. 
Sin embargo, Erasmus es uno de los puntos donde el Consejo ha reducido más la perspectiva financiera. 
Así que se lo repetiré: en el proceso de Lisboa, nada cuadra. 
– Señor Presidente, más que nunca en la historia de la Unión se evidencia una disyuntiva entre quienes intentan avanzar y quienes quieren volver atrás; entre los que defienden el mercado único y la Agenda de Lisboa como el mejor medio de garantizar la eficacia, la competitividad y el crecimiento a largo plazo, y los que rechazan el libre comercio a favor de un patriotismo económico parecido –como ha dicho Giulio Tremonti– al inmediatamente anterior a la guerra de 1914-1918. 
La ironía es que este supuesto patriotismo un nacionalismo económico apenas disimulado aportará tan pocos beneficios a los ciudadanos de Francia, España y Polonia como al resto de Europa, pues es la libre competencia la que impulsa el mercado mundial, aumenta la calidad y baja los precios, y el proteccionismo socava precisamente la libre competencia. 
Si una empresa puede ver una lógica comercial en la fusión con otra, ¿por qué tendríamos que ponerle trabas? 
El gran éxito del euro, como ha señalado el Presidente de la Comisión, es que las fusiones y las absorciones se producen rápidamente. 
La industria europea se está preparando para los retos que implica competir en una economía mundial. 
Se trata de cuestiones para el Consejo de primavera. 
Se trata de cuestiones para la Comisión, porque la Comisión será puesta a prueba en este clima como defensora y guardiana de los Tratados. 
Enfrentada a un asalto sin precedentes contra el mercado interior, la Comisión ha de aferrarse a los Tratados, aferrarse a las libertades básicas y decir lo que piensa cuando sea preciso como ha hecho usted, señor Barroso, y como han hecho los Comisarios McCreevy y Kroes y actuar en defensa de la Unión. 
Pero defender el mercado único no solo es tarea de la Comisión; el Consejo tiene un papel que desempeñar, como recalcamos en la propuesta que debatimos hoy. 
Esto significa que el Consejo de primavera deberá acelerar la transposición y la aplicación de las directivas de la Unión para realizar un mercado único con libre circulación de mercancías, servicios y capital. 
Queremos que el Consejo Europeo trate seriamente la libre circulación de servicios, la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capital. 
Cuando debatan la futura financiación de nuestra Unión, los Jefes de Estado y de Gobierno deberían encontrar los fondos necesarios para capacitar a nuestra mano de obra, para las redes transeuropeas y para la investigación y el desarrollo a través del Instituto Europeo de Tecnología, que garantizará el futuro dinamismo económico. 
Es hora de que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno formalicen las reuniones del Consejo que tienen lugar en marzo y octubre. 
Estas no tienen que anunciarse puramente como cumbres de política económica; las exigencias de seguridad energética, de paz en Oriente Próximo y de lucha contra el crimen organizado internacionalmente también son urgentes y deberían incluirse en el orden del día de la semana que viene. 
Asimismo hay que celebrar un debate público sobre la floreciente política de defensa de la Unión, que actualmente se está planificando a puerta cerrada. 
La Presidencia austriaca abrió al escrutinio público una reciente reunión del Consejo de Medio Ambiente; ¿por qué no hacer de esta apertura una práctica universal en el Consejo? 
Mi Grupo aplaude la propuesta de la Comisión de presentar un documento conceptual para que podamos debatir la política de defensa en el Parlamento e implicar a nuestros ciudadanos en el debate sobre el posible papel de nuestro continente. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hace un siglo su país tenía un Ministro de Asuntos Exteriores que estudió en Estrasburgo, que restauró el antiguo régimen y dominó la política continental durante 30 años. 
Si la señora Plassnik puede emular los logros de Metternich, Europa prosperará. 
Si fracasa, siempre puede seguir su ejemplo y huir a Gran Bretaña. 
. 
Señor Presidente, señor Winkler, señor Barroso, con el paso del tiempo mi Grupo se ha dado cuenta de que la estrategia de Lisboa ha dejado de ser la estrategia que se estableció al inicio de este proceso tan interesante. 
Ha quedado bien claro en la intervención del señor Winkler. 
Ahora se trata de una estrategia unilateral para el crecimiento y los puestos de trabajo. 
Se ha desechado por completo la idea de que los objetivos de sostenibilidad y equidad social, establecidos en Gotemburgo, también deberían formar parte de esta estrategia. 
De acuerdo con los debates que he presenciado en la estructura de coordinación de Lisboa y a la luz de lo que hemos preparado como propuesta de resolución, sobre la cual votaremos hoy, me temo que existe un riesgo de que el Parlamento ya no esté dispuesto a seguir esta ambiciosa estrategia de vincular realmente la sostenibilidad con el crecimiento. 
¿Por qué lo digo? 
No hay ninguna voluntad de debatir instrumentos importantes que garantizarían el éxito. 
En esta estructura de coordinación, intentamos debatir la política fiscal. 
Si no estamos preparados para considerar una fiscalidad uniforme de las empresas dentro de la UE, ¿cómo pretendemos resolver la competencia negativa debido a la localización de las empresas? 
Si no estamos dispuestos a hablar de impuestos ecológicos, ¿cómo podremos promover la sostenibilidad de una manera controlada? 
Algunos de los diputados a este Parlamento no están dispuestos a utilizar en absoluto la palabra «impuesto» : temen asustar a los ciudadanos. 
Les hacen promesas, pero no garantizan el establecimiento de instrumentos que nos permitan cumplir realmente estas promesas ambiguas. 
Pongamos un ejemplo actual importante: la política energética. 
Quiero decirles lo siguiente al Comisario Verheugen y al señor Barroso: si no están ustedes dispuestos a incorporar la política de transporte en sus estrategias de política energética, si no están dispuestos a poner la conservación de los recursos y la eficiencia justo en el centro de sus estrategias, y si continúan concentrándose en la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, están ustedes condenados al fracaso. 
No reducirán la dependencia en las material primas, y no podrán asegurar unos precios justos en el mercado de la energía. 
Basta con mirar a los países en los que una gran proporción de la energía proviene de las centrales nucleares. 
¿Acaso la energía en Francia y Alemania es barata? 
No, es cara. 
Con respecto al mercado, señor Barroso, quiero pedirle una cosa: confíe en las propuestas que hizo la semana pasada la señora Kroes. 
Hoy por hoy, el mercado no puede aplicarse a la energía. 
Tenemos que separar la producción y la distribución de energía, la generación y la red. 
Como dijo muy oportunamente la señora Kroes, solo tendremos una oportunidad política contra los gigantes de la energía si hacemos prevalecer realmente el mercado a pesar de ellos. 
. – Señor Presidente, señor Barroso, señor Winkler, por norma general la Comisión tiene el don de encontrar patronímicos evocadores para sus programas: Erasmus, Sócrates... 
Pues bien habría podido poner a su Estrategia de Lisboa el nombre de «Jano» , por la célebre divinidad romana habitualmente representada con dos rostros, uno vuelto hacia el futuro y el otro hacia el pasado, exactamente igual que la Agenda de Lisboa. 
Parece anunciar tal era de progreso social, económico y ecológico que resulta difícil entender a primera vista que la Comisión considere textualmente que «[a] queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos de que las reformas contribuirán al advenimiento de una prosperidad mayor y compartida y asociarlos a ellas». 
¿Por qué demonios? 
Porque hay otro rostro de la Estrategia de Lisboa, vuelto hacia las sempiternas obsesiones liberales de los dirigentes de la UE. 
Me remito a la última Comunicación de la Comisión con sus referencias a la necesidad de mejorar el atractivo de Europa para las empresas, la reforma de las pensiones, del sector de la sanidad, del mercado de trabajo y la estabilización del presupuesto, el aumento de la edad de jubilación, el aumento de la productividad del trabajo, la garantía de una verdadera competencia en el ámbito de los servicios y la promoción de una mayor competencia en los mercados de la electricidad y del gas. 
La Comisión espera incluso de los sindicatos que contribuyan a la proliferación de esta estrategia liberal y del Parlamento que también pregone sus virtudes. 
Pues bien, no cuenten con nosotros para explicar a los trabajadores alemanes de la administración pública que se movilizan contra el aumento del tiempo de trabajo y el descenso de las remuneraciones, a los trabajadores italianos que exigen la revisión de la ley 30 y el modo en que genera alegremente inseguridad laboral. Vemos a los jóvenes franceses que se alzan contra el proyecto de un contrato de trabajo de dos años, que permite a la patronal despedirlos a su antojo, a las trabajadoras británicas que se oponen al proyecto de elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años, a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de Europa Central que no quieren que sus países se consideren zona de bajo coste y reivindican sus derechos al progreso social. 
La verdad es que las dos vertientes de la Estrategia de Lisboa son incompatibles. 
Hay que poner en jaque la segunda para que pueda florecer la primera. 
Esta es la elección que se nos plantea. 
Señor Presidente, a raíz de la negativa francesa y holandesa a la Constitución, la cumbre de la UE decidió intercalar una pausa para reflexionar sobre el futuro de Europa. 
Ahora resulta que no se trataba de una pausa para pensar sino, más bien, un cambio en la programación de quién ha de ratificar y cuándo. 
Desde los dos votos negativos, la Constitución ha sido aprobada en Luxemburgo, Chipre, Malta, Letonia, y más recientemente, en Bélgica. 
El proceso está en marcha en Estonia, y Finlandia aprobará la Constitución antes de que asuma la Presidencia el 1 de julio. 
Una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales visitó Helsinki el otro día. 
Solo un pequeño partido, que representa a los verdaderos finlandeses, respetará el «no» francés y holandés. 
La Constitución propone que se permita proseguir con las ratificaciones hasta que el 80 % de los países la hayan aprobado, tras lo cual se celebrará una cumbre especial. 
Sin embargo, las disposiciones de la Constitución no pueden servir de base para cambiar el Tratado de Niza, donde la norma es la unanimidad. 
Por ello la Constitución está formalmente muerta después del «no» francés y holandés. 
En los Países Bajos, el Gobierno ha declarado que no ratificará el documento rechazado, y en Francia, los principales políticos dicen lo mismo. 
Por ello es ilegal proseguir con las ratificaciones sin una nueva decisión, salvo que Francia y los Países Bajos se hayan enzarzado en una doble negociación y digan una cosa en casa y otra en Bruselas. 
Quiero preguntarle a la Presidencia si Francia y los Países Bajos han aceptado formalmente que las ratificaciones continúen sin que se efectúen cambios en el documento rechazado. 
¿No sería mejor aprovechar el respiro para encontrar nuevas ideas y preparar un documento que los ciudadanos puedan aceptar en referendos celebrados el mismo día en todos los países, un documento cuyos títulos podrían ser transparencia, democracia y proximidad con los ciudadanos? 
– Señor Presidente, quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Winkler, y al Presidente Barroso las presentaciones que han hecho hoy. 
Después de examinar y debatir esta cuestión durante varios años, una de las cosas que me asombra es: ¿qué queremos realmente obtener de la Estrategia de Lisboa? 
Los elementos y objetivos clave siguen siendo tan válidos hoy como lo eran cuando se acordó por primera vez: hacer de Europa la economía más dinámica e innovadora del mundo en 2010. 
Por desgracia, lo que oímos hoy es todo menos lo que debería estar haciendo la Estrategia de Lisboa. 
Quizá seamos demasiado ambiciosos o queramos abarcar demasiado en lo que respecta a los ámbitos que queremos incluir. 
Una de las cuestiones más importantes que hoy han abordado todos los oradores de esta Cámara ha sido la inversión en capital humano: la cuestión de la formación, la educación y el modo en que esto aporta más investigación y futura innovación y desarrollo. 
Examinemos realmente lo que está sucediendo en la Unión Europea en estos momentos. 
Examinemos la situación demográfica, que muestra un envejecimiento de la población y un descenso de la natalidad en la mayoría de los Estados miembros, cuando no disponemos de estrategias para responder a estos problemas. 
Necesitamos estrategias que contemplen la faceta positiva de la población que envejece, la experiencia que tiene; pero también estrategias que sean realistas al ver que se niega a la gente oportunidades para acceder al nuevo mercado laboral. 
Hemos de darles las aptitudes y la formación que necesitan para trabajar en la llamada economía digital. 
A pesar te todas las palabras edulcoradas que puedan decirse aquí, la realidad es que quien es capaz de cumplir estas estrategias capaz de dar estas aptitudes a trabajadores jóvenes, estudiantes o personas mayores que quieren seguir cursos de reciclaje o recapacitación no es la Unión Europea, sino cada Estado miembro. 
Por ello hemos pedido planes nacionales con objetivos claros que garanticen la rentabilidad de la inversión. 
Cuando hablamos de la estrategia de empleo europea, de cohesión social y cooperación social, es fundamental que incluyamos a las personas, pero también es fundamental que las personas despierten y vean la realidad de lo que está sucediendo con la deslocalización de la industria como debatimos ayer y la falta de inversión en investigación y desarrollo. 
Miren las 20 principales empresas de biotecnología del mundo. 
Diecinueve son norteamericanas y una es suiza; ninguna está dentro de la Unión Europea. 
Si queremos ser realistas cuando hablamos de ser los más dinámicos tendremos que tomar decisiones drásticas que reflejen esta posición. 
– Señor Presidente, el informe del grupo de alto nivel presidido por el señor Wim Kok aporta una descripción realista del estado de la economía europea, que se enfrenta a la amenaza de la marginación en relación con los mercados asiáticos y norteamericanos. 
El mercado mundial es benevolente hacia los organismos económicos que son eficientes y competitivos, y que ofrecen unos productos y unos servicios baratos y de buena calidad. 
La implicación directa de los Estados miembros y los Parlamentos en los programas de aplicación puede incluirse entre los éxitos de actividades encaminadas a lograr la Estrategia de Lisboa. 
La acción relacionada con el programa de seguridad energética también puede crear unas condiciones mejores y más estables para el desarrollo económico. 
El hecho de que un gran número de personas esté participando en la aplicación de la estrategia también puede ser motivo de optimismo. 
El problema reside en la eficacia de las acciones y la resistencia mostrada hacia ellas. 
Estas acciones incluyen la creación de un mercado interior, un mercado de trabajo, las condiciones adecuadas para la reestructuración y la creación de empresas, y el crecimiento de la innovación, al tiempo que se elimina el desempleo y se aumentan los salarios. 
Necesitamos un consenso entre los Grupos políticos, los sindicatos y los empresarios. 
Hay obstáculos especialmente importantes que bloquean el proceso de reestructuración, organización del mercado agrícola y limitación de los costes de producción agrícolas. 
La falta de viabilidad en algunos sectores agrícolas significa que un gran número de empresas se enfrenta a la liquidación y que hay un aumento del desempleo y de la tierra sin utilizar. 
Por ello es vital emprender acciones rápidas para establecer un sistema de producción agrícola con un mercado garantizado como los biocombustibles y la biomasa. 
Necesitamos un programa plurianual para adaptar la actividad agrícola a las nuevas condiciones del mercado. 
El proceso de abolición del proteccionismo, que no crea sino que reduce el valor añadido y aumenta los costes sociales, se enfrenta a grandes obstáculos. 
Por último, quiero mencionar una cita optimista del Presidente alemán: «Deberíamos convertir las dificultades en oportunidades de éxito». 
Creo que es algo que podemos lograr. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, deseo lo mejor a todas las instituciones en relación con las acciones que tienen que adoptar en las próximas semanas o en la cumbre, que han de ser los puntos de partida del futuro de Europa. 
El lema de todas las sesiones en las próximas semanas ha de ser, como ha dicho el señor Barroso: «hechos, no palabras». 
Pedimos acciones que dejen bien claro que rechazamos el particularismo, el proteccionismo y la mentalidad de que la «caridad bien entendida empieza por uno mismo». 
Pedimos unas acciones europeas valientes, concretas y verificables por parte de los Estados miembros a favor del crecimiento y los puestos de trabajo, y para la política energética. 
Por último, pedimos a los Estados miembros que se adecuen a la Directiva de Servicios y a la perspectiva financiera y que no se queden parados por más tiempo. 
¿Qué queremos? 
En primer lugar, queremos acciones decisivas, para que la Unión Europea pueda seguir desarrollándose hacia una unión política con más valor, credibilidad y decisión. 
Una unión política es nuestro objetivo prioritario. 
¿Cuándo podremos hablar de un mercado nacional para todos? 
Cuando desperdiciemos el menor tiempo posible en aplicar las cuatro libertades para todos los ciudadanos de una UE sin fronteras. 
Libertad y responsabilidad en lugar de cadenas, proteccionismo, nacionalismo y normas transitorias divisorias: estos son nuestros objetivos, y ofrecerán un valor añadido común a los ciudadanos de Europa. 
En tercer lugar, todo aquel que nacionalice en lugar de «europeizar» está embaucando a la gente. 
¿Dónde están las iniciativas y los proyectos para aplicar el Plan D y para implicar a los ciudadanos en el proyecto europeo? 
En cuarto lugar, también pido la codecisión del Parlamento Europeo en todas las cuestiones relacionadas con el mercado interior, en cuestiones de crecimiento y empleo y en la perspectiva financiera. 
Es evidente que la norma de unanimidad en el Consejo bloquea el progreso, evita o impide unas soluciones europeas y refuerza el particularismo. 
Esto no es lo que queremos. 
En quinto lugar, necesitamos proyectos específicamente europeos, no solo planes de acción nacionales: la creación de un marco de investigación europeo, la creación de una infraestructura europea, la creación de un mercado de energía europeo, la creación de un espacio aéreo europeo, la creación de una ofensiva de establecimiento y de innovación europea, la expansión del programa de educación europeo. 
Para todo esto necesitamos proyectos y acciones, y no simples declaraciones. 
En sexto lugar, no tenemos una política económica común, lo cual significa que hemos de coordinar mucho más estrechamente las políticas económicas. 
La UE es una oportunidad. 
El particularismo y el proteccionismo son nuestro riesgo casero. 
– Señor Presidente, señor Winkler, señor Barroso, una estrategia sin recursos es como Napoleón sin ejército: impotente y a fin de cuentas inútil. 
Es la amenaza que se cierne sobre la Estrategia de Lisboa. 
Con unas perspectivas financieras enclenques, unos presupuestos nacionales desequilibrados y un presupuesto comunitario que representa menos de un tercio del déficit presupuestario de los Estados Unidos, ¿se ha reducido la Unión a los gestos? 
El proyecto de resolución que he elaborado con mi excelente colega, el señor Lehne, indica algunas vías interesantes que emprender, aunque a veces este Parlamento se niegue a mirar de frente a la verdad. 
Así, la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo ha dado la espalda al hecho de que buena parte del plus de crecimiento de los Estados Unidos en los últimos años ha sido resultado de la integración de más de diez millones de inmigrantes legales. 
Necesitamos una política de inmigración europea más generosa. 
¿Se haría a costa de los países en desarrollo? 
Según las Naciones Unidas, las transferencias monetarias de los inmigrantes a sus familias representan más del doble de la ayuda internacional al desarrollo. 
El espectacular desarrollo económico de la India, China, Taiwán y Hong Kong debe mucho a la creación de empresas por antiguos emigrantes que han regresado a casa. 
Está por construir la Europa de la investigación. 
Sobre todo las empresas de medianas dimensiones no invierten lo suficiente. 
Una de las causas de este fenómeno es un acceso demasiado burocrático a los fondos europeos. 
Otra es la falta de cooperación entre empresas y universidades. 
Estas últimas deberían procurarse más recursos invirtiendo en talentos jóvenes prometedores y aumentando el prestigio de sus actividades de investigación mediante la concesión de diplomas y títulos asociados. 
En materia energética, Europa debe concertarse con los demás grandes consumidores, Estados Unidos, Japón, China y la India, a fin de contrarrestar los cárteles y los oligopolios que dominan los sectores del petróleo y el gas. 
Ante un mercado dominado por un puñado de países productores, no tiene sentido tratar de sanearlo únicamente mediante la liberalización del mercado europeo, sobre todo cuando dicha liberalización conduce a la creación de los supuestos campeones europeos, que acabarán por repartirse el mercado entre ellos. 
La evolución demográfica que espera a Europa no solo representa un desafío para la financiación de la seguridad social. 
El aumento de diez o veinte años de la esperanza de vida en unas poblaciones generalmente en buena forma y sanas constituye también una gran oportunidad. 
Hay que elaborar estrategias que permitan a las personas permanecer activas mientras envejecen, ofrecerles diversas opciones para la jubilación e integrarlas en la vida en general de la sociedad. 
Europa debe renunciar a su discurso pesimista sobre el futuro y aprovechar todas las oportunidades nuevas para construir esa sociedad dinámica e integradora que pretende conseguir con la Estrategia de Lisboa. 
– Señor Presidente, un año después de la revisión intermedia de la Agenda de Lisboa va siendo hora de preguntarnos una vez más qué estadio ha alcanzado Europa. 
Por desgracia, la respuesta a esta pregunta da que pensar; después de la conmoción política que causaron los votos negativos a la Constitución, ahora nos enfrentamos a la amenaza de una parálisis económica, de que Lisboa se convierta –al igual que la famosa mujer sin la parte inferior de su cuerpo– en una atracción de feria, pues, a pesar del consenso en que la aplicación de la estrategia es responsabilidad de los Estados miembros, son precisamente ellos los que cometen proteccionismo en nombre del patriotismo económico y ello es motivo de grave preocupación. 
Quienes se imaginan que podríamos lograr «más Lisboa» o ser más competitivos con menos mercado interior han perdido contacto con la realidad o no son francos. 
El éxito económico de Europa en los últimos cincuenta años se ha basado en las cuatro libertades del mercado interior, tres de las cuales corren ahora un grave peligro. 
Todo empezó hace dos años cuando, entre otros, Alemania y Austria impusieron restricciones a la movilidad de la mano de obra procedente de los Estados miembros del este de la UE. 
Ahora resulta que los países que, como Gran Bretaña, no interfirieron en la movilidad de la mano de obra han obtenido resultados positivos. 
Consideremos la libre circulación de capital. 
Italia está prohibiendo la adquisición de intereses en bancos italianos; Polonia se opone a la fusión de UniCredit y HBV; franceses y españoles se resisten a la absorción de proveedores de energía nacionales. 
Ello resulta especialmente irónico teniendo en cuenta el hecho de que el sector energético es el que exige un enfoque europeo, ¿o hemos de creer que podemos tener una política energética común sin un mercado interior en materia de energía? 
Celebro las palabras claras de la Comisión sobre este tema, y es de esperar que el Consejo siga sus recomendaciones. 
La tercera libertad, la de prestación de servicios, también corre peligro. 
La debilitación de la Directiva de Servicios perpetrada por Alemania, Bélgica y Francia implica sencillamente un aplazamiento de la división del trabajo en esta zona. 
Si se aplicara a la circulación de mercancías, significaría, por ejemplo, que Renault podría exportar coches a Alemania solamente si, una vez allí, no costaran ni más ni menos que un Volkswagen. 
¿Y qué hemos de pensar de Skoda? 
Los trabajadores en Mladá Boleslav ganan menos que sus colegas que montan coches de Audi o Citroën; ¿es esto también dúmping social? 
La consecuencia lógica de los argumentos de los sindicatos sobre la directiva de servicios es que deberían exigir la aplicación de aranceles aduaneros punitivos sobre los productos industriales procedentes de Estados miembros donde los salarios sean inferiores, y es solo una cuestión de tiempo que lo hagan. 
Por cierto, si se considera la cuestión sistemáticamente, podría decirse que las exigencias hechas a los nuevos Estados miembros de que aumenten los impuestos que aplican a las empresas equivalen exactamente a lo mismo. 
Lisboa ya no es más un fin por sí misma que el mercado interior. 
Lo que se necesita en el corazón del continente europeo es un nuevo crecimiento, y más de esto, si se quiere dar una nueva esperanza para el futuro a los millones de desempleados. 
Dársela es una obligación, tanto desde el punto de vista político como social, y a la postre, moral. 
Poner en peligro el mercado interior es un atentado contra el desempleado en Europa, frente al cual tenemos obligaciones, en el sentido de que es por su bien, por el bien de los miembros más débiles de nuestra sociedad, que hemos de hacer que Lisboa sea un éxito. 
Lo mismo puede decirse de las personas mayores; la resolución de esta Cámara recalca la importancia de un cambio democrático, y tanto los mayores de hoy como los de mañana merecen nuestra atención. 
Crecimiento es lo que hace falta para estabilizar nuestros sistemas de seguridad social; la redistribución por sí sola no hará el trabajo. 
He de añadir que creo que este debate se debería estar celebrando en Bruselas, no en Estrasburgo. 
– Señor Presidente, señor Winkler, señor Barroso, señor Verheugen, soy ecologista pero no les hablaré de energía. 
Tengo colegas que ustedes conocen y que son muy competentes en esa materia. 
Quisiera hablarles del papel de la Comisión en la Estrategia de Lisboa. 
Han insistido ustedes en muchas ocasiones, y con razón, en el hecho de que esta estrategia no tendrá éxito sin una amplia adhesión popular y que hay que promover la debida participación de todos los agentes relevantes, incluidos los Parlamentos nacionales. 
Creo que, a tal fin, conviene que la Comisión transmita dos mensajes claros. 
El primero es que la Estrategia de Lisboa no es sinónimo de competencia desbocada entre los Estados miembros. 
Defendemos, por el contrario, un modelo de cooperación y solidaridad entre los Estados miembros. 
El segundo es que en una Unión Europea de 25 Estados miembros no puede haber ciudadanos o trabajadores de primera y de segunda. 
Les pondré ahora tres ejemplos concretos en los que espero de su parte un mensaje más incisivo. 
Primer ejemplo: la libre circulación de los trabajadores. 
Han aludido ustedes a ella, han publicado un informe –que está muy bien– y celebran que algunos países sigan la línea marcada por la Comisión. 
Yo esperaría del Presidente de la Comisión y del Colegio de Comisarios que en interés de la Unión Europea dijeran a los Estados que no quieren seguirla o que se muestran reticentes a hacerlo que van descaminados. 
Paso a mi segundo ejemplo. En el tema de la Directiva de servicios, el Parlamento ha rechazado el principio del país de origen, el PPO. 
¿Qué problema planteaba este principio? 
Que no queríamos organizar el mercado único poniendo a competir entre sí unas normas nacionales insuficientemente armonizadas. 
Ahora, para tranquilizar a los trabajadores, deberían declarar sin rodeos que los portugueses, alemanes o eslovacos que trabajen en una obra de construcción en Polonia deben percibir el mismo salario, y a la inversa. 
En otras palabras, es necesario reforzar la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y ustedes poseen la prerrogativa para hacerlo. 
Veamos ahora mi tercer ejemplo. Hablando de la evolución de la fiscalidad en Europa, la Comisión ha avanzado en la armonización de la base imponible en el marco de la fiscalidad de las empresas. 
En 2007-2008 deben presentar ustedes un informe sobre el presupuesto y los recursos futuros de la Unión Europea. 
Deberían tener ustedes la voluntad política y el coraje de decir –y este es un tema del que han hablado otros diputados– que es inadmisible que el presupuesto se reduzca hasta el punto de tener que recortar un tercio el presupuesto previsto para los jóvenes estudiantes o los jóvenes trabajadores. 
En otras palabras, señor Barroso, espero que en el proceso de aplicación de la Estrategia de Lisboa no solo se refugie detrás de los Estados miembros, aun cuando estos tienen un papel importante que desempeñar. En vez de ello, espero que vaya más allá de su papel de honesto mediador y encuentre realmente, porque tiene usted el monopolio de la iniciativa legislativa, la fuerza para defender el interés europeo, que está amenazado por la tendencia de las naciones a replegarse cada vez más sobre sí mismas. 
– Ha llegado la hora de escuchar las protestas y la lucha contra las medidas neoliberales contenidas en esta Estrategia de Lisboa, ahora revisada, cuyas consecuencias son contrarias a lo que se prometió en 2000 en la cumbre de Lisboa. 
Con la intensificación de la liberalización de los mercados, de la privatización de los servicios públicos y de la promoción de la flexibilidad del mercado laboral, o flexiseguridad, como la denomina ahora la Comisión, lo que hemos visto es un menor crecimiento económico, un mayor desempleo, más trabajo precario, más pobreza y una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, en nombre de la competitividad y la libre competencia. 
Ahora está más claro que los dos pilares esenciales de las políticas neoliberales son el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la llamada Estrategia de Lisboa, por no mencionar los recortes brutales de los fondos comunitarios que han servido para convertir la cohesión económica y social en un simple espejismo. 
Por consiguiente, como sugerimos en la resolución que hemos presentado, es vital que la Estrategia de Lisboa sea sustituida por una estrategia europea para la solidaridad y el desarrollo sostenible, que promueva la inversión en investigación e innovación con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado y duradero, en la calidad del trabajo en todos sus aspectos, en la promoción de las cualificaciones, en infraestructura básica para apoyar a la industria, en servicios públicos, en protección del medio ambiente y tecnología medioambiental, sobre todo en el ámbito de la energía y el transporte, en la mejora de la normativa laboral, social y medioambiental y la normativa de seguridad, para conseguir la armonización a los más altos niveles, y en la economía social. 
También se requiere una nueva agenda de política social, con miras al desarrollo de una sociedad... 
– Señor Presidente, el señor Barroso quiere que los ciudadanos de la Unión Europea participen en la sociedad civil; el señor Winkler quiere motivar a los ciudadanos de la UE. 
Pero si hay algo que puede hacer que los observadores de la Unión Europea bostecen o suspiren o digan: «¡oh no, otra vez no! », es hablar de la Agenda de Lisboa. 
¿Es que no podemos aceptar que la Estrategia de Lisboa ha fracasado, al igual que fracasó el Pacto de Estabilidad, lo cual es de lamentar porque es lo que apuntala al euro? 
Si la Estrategia de Lisboa no ha fracasado, ¿por qué tenemos que relanzarla? 
Todos queremos crecimiento económico y puestos de trabajo; todos queremos que las economías de Europa prosperen. 
Sin embargo, es hora de reconocer que no disponemos de la fórmula adecuada. 
En lugar de ser la fuerza que impulsa las reformas necesarias, la UE con sus infinitas normas y su interferencia es lo que frena las economías de Europa. 
Las recientes y modestas mejoras de algunas economías de la Unión Europea se han logrado de la Unión Europea. 
Son más bien un resultado del desarrollo mundial. 
Las economías de la UE no necesitan la Estrategia de Lisboa: necesitan que se las deje en paz para que los mercados trabajen y los empresarios creen puestos de trabajo. 
¿No vemos que al seguir hablando de la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea no hace más que insistir en su incompetencia? 
Por ello recomiendo un periodo de silencio: dejen de hablar de una agenda que, año tras año, ha demostrado a los ojos del mundo entero que es un fracaso. 
Señor Presidente, después de la revisión del proceso de Lisboa el año pasado surgió la esperanza de que la estrategia hubiera adquirido un vigor renovado, pero los acontecimientos de los últimos seis meses han demostrado que la acción real para alcanzar los objetivos de la estrategia sigue atrasada. 
Al evaluar los programas de los Estados miembros para implementar la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea habla de duplicar los esfuerzos para lograr los objetivos de Lisboa. 
Creo que actualmente sería un gran adelanto lograr reducir al menos a la mitad los esfuerzos que se han hecho para evitar las tareas de Lisboa. 
El ejemplo evidente más reciente es la Directiva de Servicios, cuyo objetivo era dar un impulso vital a la liberalización del mercado interior y aumentar la competitividad, y que también ha sido una de las piedras angulares de la Estrategia de Lisboa. 
El texto de compromiso del Parlamento Europeo no podrá contribuir mucho a vitalizar el mercado común, por lo menos no mientras la Estrategia de Lisboa siga operando. 
De un modo similar, en otras esferas vemos cada vez más que los cambios y las reformas se topan con una creciente acción social y política contraria. 
Se gasta una enorme energía en preservar la situación existente y limitar los cambios y las reformas, pero de hecho, las reformas al mercado interior de la Unión Europea y la intensificación de su integración son los principales pasos que podría dar un entorno que permita implementar la Estrategia de Lisboa. 
Hasta ahora poco se ha logrado para ofrecer un apoyo financiero coordinado a las tareas de Lisboa. 
Durante el apasionado proceso de debatir el marco financiero, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros no tenían previstas consideraciones estratégicas, y el marco financiero demuestra solo una muy débil conexión con las tareas de Lisboa. 
De una forma similar, poco se ha hecho para coordinar el uso de los Fondos Estructurales con las prioridades de Lisboa. 
El uso de los Fondos Estructurales y una más estrecha coordinación de la Estrategia de Lisboa debería lograrse tanto a escala de la UE como de Estados miembros armonizando los planes de desarrollo nacionales con los programas de aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
En la base de cualquier estrategia reside la capacidad de subordinar los intereses a corto plazo a las tareas a largo plazo. 
Por este motivo, alcanzar la Estrategia de Lisboa también dependerá de cómo y cuándo los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto logren convencer a los ciudadanos de la UE del hecho de que si no se logra la Estrategia de Lisboa a largo plazo no será posible alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo. 
Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa tiene por objeto convertir Europa en la economía más fuerte del mundo, y creo que en esta Cámara existe un amplio consenso acerca de dicho objetivo, aunque quiero cuestionar la manera en que se pretende lograrlo. 
No puedo evitar constatar que la Europa de hoy sigue estando demasiado preocupada por las subvenciones en detrimento de la inversión y la innovación. 
No solo los diferentes Estados miembros, sino también la Comisión, tienen una gran responsabilidad en este sentido. 
Mientras que la Comisión había propuesto duplicar el gasto para ciencia y desarrollo hasta 10 000 millones de euros al año a partir de 2007, el Consejo rechazó esta propuesta porque habría implicado efectuar unos recortes considerables en las subvenciones agrícolas, las subvenciones regionales y también los fondos estructurales. 
Cuando pienso en los fondos estructurales europeos, recuerdo enseguida el pozo sin fondo de Valonia, por ejemplo, en el que cada año se introducen millones de euros, sin que ello afecte en modo alguno a ningún cambio estructural, porque lo impide un omnipresente y corrupto. 
Es algo que ahora también corroboran diversos políticos e influyentes economistas valones. 
Y ahora, la señora Danuta Hübner, Comisaria europea de Política Regional, afirma que Valonia consigue utilizar eficazmente los fondos estructurales y que los proyectos valones son característicos de los notables cambios estructurales que tienen lugar en esta región. 
Ahora bien, viniendo de alguien que es en parte responsable del cumplimiento de la Estrategia de Lisboa, esa afirmación plantea un interrogante sobre toda la cuestión. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero empezar aprovechando la oportunidad para agradecer sinceramente a mi coponente, el señor Goebbels, la actitud cooperativa en el grupo de coordinación, en el que hemos logrado elaborar, para el Pleno y para la Conferencia de Presidentes, una propuesta que es la continuación lógica de lo que conseguimos el año pasado cuando considerábamos la revisión intermedia. 
Tal como hicimos en aquella ocasión, la Cámara apoya la estrategia de la Comisión. 
En concreto, hemos dejado claro una vez más que nuestra capacidad para realizar los otros objetivos principales de la Estrategia de Lisboa tal como queremos depende del crecimiento y del empleo. 
Esta Cámara también ha desempeñado un papel a la hora de establecer prioridades, tres de las cuales se mencionan en nuestra resolución, concretamente el cambio demográfico, la política energética y la innovación. 
Mi única queja es acerca de algo que muchos oradores ya han mencionado. 
El enfoque estratégico no es nuestro principal problema; el enfoque estratégico es el correcto. 
Nuestro problema es qué sucederá al final. 
Hablando en términos prácticos y bastante claros, lo que considero el aspecto más negativo es lo que siempre sucede cuando el Consejo Europeo interviene en este asunto: decide sobre una estrategia buena y substancialmente sólida, la presenta en una conferencia de prensa y el resultado es que se escribe sobre ella. 
Al día siguiente, o quizás al cabo de dos días, llegan los ministros de finanzas y retiran lo que había decidido el Consejo Europeo. 
Es un problema estratégico fundamental, y no tengo ni idea de cómo solucionarlo; contribuye en gran medida a avivar la percepción que tienen algunos ciudadanos europeos de que la política europea es deshonesta y a aumentar la desesperación del público con Europa. 
Lo que ha de decirse en esta cumbre es que no podemos aplicar una doble moral; al contrario, la política aplicada en la práctica ha de reflejar las directrices estratégicas. 
La última cuestión que queremos abordar es la de cómo hay que evaluar el impacto de las leyes: algo que también mencionamos en nuestra resolución. 
Nos gustaría señalar que esperamos que la evaluación del impacto incluya un factor independiente, garantizando así que el resultado sea realmente neutral. 
Ello forma parte de una «mejor legislación» , y esta exigencia también va dirigida a la Comisión. 
– Señor Presidente, 2005 fue el primer año en que se aplicó la Estrategia de Lisboa revisada. 
Ahora la estrategia es más conocida, ha sido debatida en los Estados miembros y se han adoptado los programas nacionales de reforma. 
Es un progreso, pero casi es el único que ha habido. 
Por lo demás, el señor Winkler ha sido muy audaz al afirmar hace un momento que se había relanzado la Estrategia de Lisboa. 
De hecho está más bien atascada. 
Como ha dicho el señor Schulz, está maniatada por unas perspectivas financieras cicateras y un crecimiento anémico en la zona de euro, así como por la clamorosa ausencia –tanto a escala europea como en cada uno de los Estados miembros– de inversiones en investigación e innovación, en las universidades y en la formación a lo largo de toda la vida. 
Del mismo modo, hay dificultades para completar las redes transeuropeas, mientras las energías renovables y las biotecnologías siguen siendo el pariente pobre en lo que respecta a nuestros esfuerzos de inversión e investigación. 
Cambiemos a una marcha superior, ha dicho usted, señor Barroso. Si pusiéramos la primera ya estaría bien, he tenido ganas de responderle. 
Para que la Estrategia de Lisboa sea un éxito, necesitará recursos, unas perspectivas financieras coherentes, con unas prioridades definidas, inversiones por parte de cada uno de los Estados miembros y un marco macroeconómico que realmente apoye el crecimiento. 
Pero necesitará también que los ciudadanos la hagan suya, como ha indicado usted, señor Presidente. 
Si queremos que la estrategia de crecimiento definida por la Unión Europea dé resultado, necesita apoyo. 
Por ello, renunciar a la dimensión social de la estrategia, dejarse llevar por una pendiente de liberalizaciones a ultranza, de precarización, de fragilización de los derechos sociales y de los servicios públicos, sería un doble error. 
Sería debilitar las bases de la competitividad futura de la Unión, apartarse de la Europa de la excelencia, y sería también alejar a los ciudadanos de la Unión Europea y de sus políticas. 
La dimensión social no es enemiga de la competitividad. 
Los países nórdicos, como hemos mencionado a menudo en este debate, supieron llevar a buen término las reformas porque las negociaron y se aseguraron de que vinieran acompañadas tanto de una inversión colectiva en investigación e innovación como de una nueva flexibilidad económica y una compensación significativa de los trabajadores en materia de prestaciones sociales, de formación a lo largo de toda la vida y de protección de los derechos. 
Ahora bien, todo esto requiere el mantenimiento de un alto nivel tanto de desgravaciones fiscales como de redistribución social. 
Del mismo modo, Alemania ha recuperado todas sus bazas en materia de exportación y, como otros países de la Unión Europea, ha demostrado que incluso con unos costes salariales altos, incluso con un sistema de protección social que es uno de los más eficientes de Europa y de los más extensivos del mundo, puede mantener el lugar que le corresponde en la competencia internacional. 
Por tanto, dejemos de invocar la competencia mundial para rebajar el modelo social europeo. 
Invoquémosla para invertir más en las bazas de Europa, en capital humano, en investigación, en innovación. 
Hoy, el relanzamiento del crecimiento pasa esencialmente por el aumento de la demanda interior, por la confianza de los consumidores, por la recuperación del poder adquisitivo, así como por un reparto más equitativo de las rentas y del valor añadido entre los accionistas y los trabajadores asalariados. 
Para concluir, señor Winkler y señor Barroso, quisiera decir que el Consejo Europeo será juzgado según dos criterios: por una parte, a la luz de las enseñanzas que saque de la votación del Parlamento sobre la Directiva de servicios –no debe haber, insito en ello, un retorno a Bolkestein– y, por otra, de la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros dentro de la Unión Europea. Es hora de reconocerles esta libertad fundamental. 
– Señor Presidente, señor Barroso, señor Winkler, Señorías, considero positivo que la Unión Europea ejerza su influencia para hacer que el todo valga más que la suma de las partes potenciando la investigación y el desarrollo para liberar el potencial de las empresas, favorecer la ampliación y una mejor utilización de la calidad de la mano de obra mediante intervenciones encaminadas a garantizar los suministros energéticos, pero todo esto está supeditado a una premisa básica: el valor añadido europeo solo se expresa plenamente si es fruto del trabajo de una sociedad y una economía europea realmente unificada, si los resultados se alcanzan gracias a la actividad principal de la Unión Europea. 
La creación del mercado único y de una Comunidad unificada desde el punto de vista social y político mediante el desarrollo de su riqueza de identidades culturales es un factor que hay que destacar con fuerza: no hay mercado único ni sociedad europea capaces de expresar todo su potencial sin una integración física de Europa, sin infraestructuras y servicios de transporte que garanticen la movilidad y el acceso desde cada punto «a» hasta cada punto «b» de la Unión. 
Este objetivo no debe considerarse casi obsoleto ante los nuevos retos que debemos afrontar, sino que es una premisa esencial: no se puede desarrollar la investigación sin la posibilidad de mantener contactos cara a cara; no hay potencial empresarial efectivo si los mercados no están integrados. 
Es una condición necesaria fundamental que hace un año prometimos solemnemente conseguir con la Resolución 884-2004 aprobada por esta Cámara, asumiendo el compromiso de completar lo antes posible, antes de 2020, la red transeuropea de transporte. 
Por desgracia ya no hay ni rastro de este objetivo en la Comunicación de la Comisión –contrariamente a la propuesta inicial– o de lo que sucedió el año pasado, cuando hicieron una reflexión sensata y nos guiaron en esta dirección, urgiendo asimismo a los Estados miembros a hacer lo mismo. 
Si a esto se suman las propuestas del Consejo de recortar drásticamente el presupuesto en este terreno, lo cual hace casi irrealizable el objetivo o al menos lo aleja enormemente en el tiempo, nos encontramos en una situación de alarma roja. 
De algún modo, me parece que el Parlamento, con su intervención, está tratando de poner un parche en su resolución y pidiendo a todas las partes implicadas que garanticen la conclusión de la red transeuropea de transporte. 
Mi sentido llamamiento de hoy es que hay que evitar un gravísimo error político: un error totalmente político, porque, tras la Decisión 884 se desencadenaron en Europa energías intelectuales, políticas y financieras y enormes expectativas en torno a la idea de proseguir el proyecto RTE. 
No hay lugar en Europa en el que no se hable de las RTE. 
De hecho, las RTE constituyen hoy uno de los capítulos no incluidos –y por tanto insuficientemente apoyados– de aquel plan D que pretende suplir la falta de interés de los ciudadanos por la Unión Europea. 
Si no cumplimos las promesas, si no respondemos a estas expectativas, los resultados serán muchísimo más graves y profundos que aquellos que intentamos alcanzar en el intento de cohesionar el proyecto europeo. 
Espero que esta idea no sea aprobada y sea posible evitar los desastrosos efectos de una posible interrupción del proyecto sobre las expectativas de muchos ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, si queremos que Europa se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, tendremos que impulsar la inversión en educación y en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
Por desgracia, Europa sufre ahora una fuerte emigración de nuestros investigadores a los Estados Unidos. 
En la Europa actual, si un investigador quiere significarse lo mejor es que ingrese en una destacada universidad estadounidense. 
Hemos de competir con los Estados Unidos mejorando nuestras políticas para que nuestros estudiantes se queden en la Unión Europea. 
Hemos de crear un espacio europeo de investigación con el objetivo de analizar y encontrar maneras de mejorar la investigación y hacer de él una herramienta útil para las necesidades y los objetivos de nuestros investigadores. 
Creo que hemos de vincular la Estrategia de Lisboa con el Proceso de Bolonia a fin de establecer una buena conexión entre nuestro sistema universitario y nuestros objetivos de política económica y de bienestar. 
Si no mejoramos los actuales instrumentos educativos y de I+D en cada uno de los Estados miembros y en los organismos supraestatales, la llamada Estrategia de Lisboa será un gran fracaso. 
– Señor Presidente, ni que decir tiene que los objetivos de la estrategia de Lisboa –20 millones de nuevos puestos de trabajo, un crecimiento medio anual del 3 % en el PIB y un incremento similar en la cantidad dedicada a investigación y desarrollo– son los correctos, pero quiero decirle al señor Lehne que el problema no radica tanto en el destino como en la estrategia propuesta para alcanzarlo. 
Consideremos las realidades actuales: nuestro crecimiento económico es del 1,5 % de media y solo hemos creado cerca de una cuarta parte de los nuevos puestos de trabajo que esperábamos crear, y se trata de puestos de trabajo muy mal pagados. 
Este es el problema fundamental. 
Es el curso que hemos seguido durante seis años, y las directrices recientemente adoptadas, que ahora han de aplicarse como parte de los planes nacionales, así lo reflejan. 
Basta con echar un vistazo: en todos los Estados miembros de la Unión Europea, ¡los beneficios de la productividad ascienden vertiginosamente! 
Pero ¿qué pasa con los salarios? 
¡Los salarios siguen donde estaban! 
Entontes, ¿cómo pretenden ustedes estimular la demanda nacional? 
Lo que se hace siempre refleja la idea de que las prestaciones de la seguridad social tienen un cierto efecto negativo para la economía nacional, pero eso no es cierto; ¡son positivas! 
A la postre, unos salarios elevados dan como resultado un crecimiento económico, pero hay que elaborar de nuevo la política. 
Lo que no necesitamos es una desregulación y una privatización permanentes. 
Necesitamos competencia, pero hemos de competir por unas normas sociales más elevadas y unas normas medioambientales más elevadas. 
Hemos de comprender que los bienes que producimos han de fabricarse de acuerdo con normas laborales internacionales. 
¡Eso es lo que necesitamos! 
Entonces tendremos la oportunidad de llevar realmente adelante la Estrategia de Lisboa hasta el objetivo que queremos alcanzar, y no lo haremos reduciendo constantemente las prestaciones de la seguridad social a fin de dar aún más libertad a las empresas; esa es la forma errónea de hacerlo. 
Señor Presidente, cada año en marzo, celebramos debates como preparación de la cumbre de primavera y, desde 2001, hemos debatido por qué el proceso de Lisboa no logra alcanzar los objetivos prescritos. 
En 2004, el informe Kok dio una respuesta inequívoca a esta pregunta: los Estados miembros han de asumir su responsabilidad y tomarse en serio la tarea de reformar sus economías y su Estado de bienestar, dando cabida al crecimiento sostenible y al empleo. 
Ahora que el crecimiento económico vuelve a estar en perspectiva, se corre el riesgo de que las reformas necesarias se dejen para más tarde, pero el crecimiento por sí solo será insuficiente para mantener intacto nuestro modelo social. 
¿Podría indicar el Comisario qué pretende hacer la Comisión para evitar este peligro y aplicar las conclusiones del informe Kok? 
Espero que también se debata sobre el periodo de reflexión, pues es muy necesario. 
Se pone de manifiesto que la elite europea es incapaz de debatir el futuro de la UE sin el exceso de equipaje de una Constitución rechazada. 
(Señor Presidente, es una vergüenza que tanta charla exaltada sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa no haya producido nada más que palabras. 
La Estrategia de Lisboa está relacionada en particular con la competitividad de la Unión. 
Como todos sabemos, una mayor competitividad exige principalmente un aumento de la productividad, lo cual, a su vez, pone en peligro los puestos de trabajo. 
Esta amenaza no se materializará si el incremento en ingresos creado por una mayor productividad es suficientemente elevado y no se limita a unos países individuales, sino que también se aplica a economías integradas como las de la UE. 
Sin embargo, una mayor productividad exige no solo la aplicación de los avances tecnológicos, sino también el traslado de la producción desde emplazamientos donde es más cara a lugares donde es más barata. 
El incremento de ingresos resultante de estas actividades será beneficioso para todos en la Unión, mientras que abandonar el proceso amenaza con provocar un estancamiento y un descenso de la competitividad, puesto que el mundo no está parado. 
Por ello hemos de optar bien por un cierto estancamiento bien por un riesgo que puede dar sus frutos. 
No deberíamos tener miedo de la Estrategia de Lisboa. 
Es una oportunidad para todos nosotros. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
A nuestro entender, las acciones emprendidas para alcanzar los objetivos de Lisboa –crecimiento, empleo y competitividad– han sido escasas y poco claras. 
Hay que apoyar más a las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de nuestro tejido industrial, por ejemplo facilitando el acceso al crédito, a la financiación europea y a los programas de investigación y tecnología y reforzando la defensa de la industria europea de calidad contra los ataques desleales de la competencia internacional, y me remito a los sectores textil y alimentario a título de ejemplo. 
Es necesario un plan energético que independice a la Unión Europea de la actual inestabilidad geopolítica, prestando la máxima atención a las nuevas fuentes de energía, a fin de garantizar un desarrollo sostenible y duradero también en el plano ambiental. 
Es necesario invertir, en concreto, en educación, formación, investigación e innovación para garantizar la competitividad de nuestros procesos productivos. 
Es necesario, por último, salvaguardar nuestro principal recurso: los trabajadores y el capital humano. 
Hay que evitar que el empleo y el bienestar de nuestros conciudadanos pasen a un segundo plano con respecto a las leyes del mercado y del comercio internacional. 
No podemos olvidar que la industria debe estar al servicio de los trabajadores y no al revés. 
Señor Presidente, señores Presidentes, Señorías, no tengo por costumbre hacer cumplidos, pero en este debate sería muy poco oportuno no expresar mi aprecio por los coponentes el señor Lehne y el señor Goebbels. 
Ambos merecen nuestras felicitaciones por la propuesta de resolución que han preparado, que es más que satisfactoria y que respaldamos en su totalidad. 
Evidentemente, como coordinadora de mi Grupo en el grupo coordinador de Lisboa, también quiero expresar mi aprecio por mis colegas de Grupo que han ofrecido las aportaciones necesarias. 
El debate sobre esta resolución en el Parlamento ha sido mucho más constructivo que el año pasado, y espero que esta sea una buena señal para la esperada aplicación de la renovada estrategia para el crecimiento y los puestos de trabajo. 
Parece quela revisión intermedia da frutos, que los Estados miembros están cooperando, y deseo perseverancia a los Estados miembros más valientes y a los demás el valor de la convicción para empezar o para aumentar el ritmo. 
Pero por supuesto, también tenemos una responsabilidad como institución europea, y en este sentido aplaudo las intenciones, expresadas por la Comisión y por la Presidencia del Consejo, de abordar rápidamente la directiva de servicios y, en este sentido, respetar el difícil equilibrio que hemos logrado después de un duro trabajo en esta Cámara. 
Estamos familiarizados con la naturaleza y la amplitud del reto al que se enfrenta Europa. 
En Europa nos gusta vivir bien y queremos seguir así, pero para hacer realidad nuestro sueño, para conservar nuestro nivel de prosperidad y mantener intacto lo que llamamos nuestro modelo social, hemos de convertirnos en un agente global competitivo. 
No podría decirlo mejor que el Presidente alemán ayer: tendremos que tendremos que ser mejores cuanto más caros seamos. 
Hemos de traducir nuestra intranquilidad en creatividad y hemos de tener fe en que solo cambiando podremos mantener el potencial para realizar nuestras ambiciones. 
Sabemos lo que tenemos que hacer. 
Actuemos en consecuencia en todos los frentes, pues no tenemos otra alternativa. 
– Señor Presidente, el presidente de mi Grupo, el del PSE, ha hablado acerca de la necesidad de actuar de inmediato. 
Es hora de que pasemos a la acción. Me centraré en esta cuestión. 
Todos sabemos que nuestro crecimiento económico ha mejorado un poco, pero un crecimiento anual medio del 2,2 % en lugar del 2,1 % no genera suficiente empleo para reducir seriamente nuestro desempleo de 19,5 millones. 
Por ello estoy fundamentalmente de acuerdo con el Presidente Barroso y el Presidente del Consejo Europeo. 
Necesitamos más crecimiento. 
Tengo dos preguntas breves. 
En primer lugar, sobre la inversión. 
Señor Presidente de la Comisión, ¿prevé usted que en la próxima reunión del Consejo Europeo los Gobiernos puedan llegar –quizá no tengamos la capacidad ni los poderes en el Tratado para obligarles a hacerlo– a una especie de acuerdo intergubernamental de invertir en los próximos dos o tres años en los objetivos que ha recomendado usted en sus documentos y recomendaciones? 
Si pudiera preverlo me complacería mucho, porque entonces habríamos dado un paso hacia una actividad inversora coordinada. 
En segundo lugar, me complace que el Consejo de Empleo tomara una decisión en materia de flexibilidad y seguridad sobre la base de las propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿prevé usted que las conclusiones asegurarán no solo la flexibilidad, sino también una seguridad moderna? 
En Francia veo a un Gobierno que se concentra únicamente en la flexibilidad y he visto las reacciones de los jóvenes. 
Por ello es tan necesario que garanticemos ambas cosas. 
Quisiera que me respondiera y sería muy oportuno y conveniente que nos diera una respuesta hoy, si es posible. 
Es hora de cumplir lo prometido y espero que todos unamos fuerzas. 
Haré lo que pueda en el Partido Socialista Europeo y sé que mi colega, el presidente de nuestro Grupo, hará lo que pueda por cumplir lo prometido, porque ha llegado el momento y los ciudadanos esperan que lo hagamos. 
Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones generales sobre la Agenda de Lisboa en conjunto. 
Desde mi punto de vista, se basa en un malentendido sobre la manera en que las economías –y si vamos al caso, las civilizaciones humanas– se desarrollan en el transcurso de la historia. 
Hubo un periodo de la historia –que empieza a finales del siglo XVIII y prosigue a lo largo del XIX– en que Europa se convirtió en la región basada en el conocimiento más dinámica del mundo. 
Empezó con los cambios en el Reino Unido, incluida la legislación sobre cuestiones económicas y la abolición del sistema de gremios. 
Tuvo lugar un progreso enorme y rápido, que se expandió con increíble rapidez a grandes partes del mundo. 
También otros países empezaron a utilizar máquinas de vapor y las hiladoras con husos múltiples. 
Así es como se produce el desarrollo. 
Es un error pensar que hoy podrían existir personas inusualmente sabias que sabrían con todo detalle qué medidas deberían tomar los países europeos a fin de ayudar a que Europa se convirtiera en una región dinámica basada en el conocimiento. 
Son los propios países los que intentan encontrar soluciones, vigilándose unos a otros y copiando las soluciones constructivas. 
Así es como se produce el desarrollo. 
Seguir como hacemos hasta ahora nos hará pensar de forma equivocada. 
Deberíamos ocuparnos de las cuestiones adecuadas, en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, la próxima Cumbre de primavera tendrá que responder a los retos de nuestra época, incluidos los que plantean el medio ambiente y la política energética. Deberá tener en cuenta las expectativas de la juventud y del deber de reconocimiento de nuestros ancianos, cada vez más numerosos. 
Todo esto supone la necesidad de adaptar nuestras infraestructuras. Nuestra sociedad está experimentando grandes cambios y eso es lo que preocupa a los ciudadanos. 
Por tanto, debemos ayudarles a superar el trance anticipándonos a las dificultades de los próximos decenios. 
El Estado de bienestar omnímodo de la década de 1980 ya no es la respuesta. 
Debemos conciliar flexibilidad y seguridad, encontrar otras vías de dar prioridad al empleo y devolver la confianza a nuestros conciudadanos, la confianza en sus políticas y en una Europa que se une. 
Es una confianza que impulsaría espontáneamente el crecimiento y la tasa de natalidad, que es un buen barómetro del estado de nuestra sociedad. 
Es una confianza que haría que la inmigración se viera como una gran oportunidad y que en lugar de amordazar la iniciativa privada, la liberaría, la estimularía y la apoyaría. 
Esa confianza restablecida nos permitiría formar mejor y retener a nuestros investigadores. 
Finalmente, sería una Europa que no tendría tabúes y que por tanto se atrevería a hablar de energía nuclear y de independencia con respecto a las fuentes de energía. 
Podría darles muchos más ejemplos de lo que esta Europa sería capaz de hacer. 
Pero sin un presupuesto adecuado, ¿de qué sirven los discursos? 
Hoy se nos dice que va a haber que elegir, señor Barroso, entre las grandes redes transeuropeas y Galileo. 
¿Es posible? 
No, no lo es. 
Necesitamos Galileo y hay que completar el mercado interior con mejores comunicaciones. 
Y permítame apoyar además, de paso, el proyecto de enlace ferroviario Lyon-Turín. 
No quisiera que esta jornada matinal fuera la enésima ocasión de hablar de la Estrategia de Lisboa. 
Palabras, palabras, palabras... 
Es hora de pasar de las palabras a los hechos. 
Quisiera animar a los Jefes de Gobierno a que se armen de valor. 
La Estrategia de Lisboa es el único antídoto contra las diversas formas de proteccionismo nacional. 
Señor Presidente, aprovecharé este breve minuto para concentrarme en una enmienda presentada por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo en la cual aplaudimos la propuesta presentada por los Jefes de Gobierno de seis países de que se establezca un pacto europeo para la igualdad entre hombres y mujeres. 
Proponemos medidas en tres ámbitos. 
En primer lugar, queremos reducir el desequilibrio entre géneros en el mercado de trabajo; en segundo lugar, facilitar la conciliación entre el empleo remunerado y la educación de los hijos; y, en tercer lugar, introducir una perspectiva de igualdad, que deberá seguirse en todos los ámbitos políticos. 
El objetivo de este pacto de igualdad no es crear un nuevo proceso, sino reforzar los procesos ya existentes, como el de Lisboa, para que los objetivos de crecimiento sostenible, pleno empleo y justicia social sean alcanzables. 
Los objetivos en relación con el cuidado de los niños y la conciliación del empleo remunerado con la educación de los hijos son especialmente importantes. 
– Señor Presidente, la próxima reunión del Consejo brindará una oportunidad a los Gobiernos de los Estados miembros de afirmar la vital necesidad de que la reforma avance más rápidamente que antes. 
Creo que, en sus conclusiones, el Consejo debería hablar clara y enérgicamente sobre dos cuestiones. 
A la luz del documento de la Comisión «Es hora de acelerar» , publicado en enero, sin duda no es un momento para que los conductores se queden sin combustible. 
Me complace que el señor Barroso parezca estar avanzando con combustible de alto octanaje y que siga así durante mucho tiempo, pero la marea creciente de retórica proteccionista y actos proteccionistas por parte de los Gobiernos de los Estados miembros es inaceptable. 
Es extraordinario que la Unión Europea siga tendiendo Gobiernos aferrados a una mentalidad proteccionista anticuada y a la promoción del patriotismo económico e industrial. 
Aplaudo las declaraciones de la Comisión que condenan esta deriva. 
Aplaudo los recientes comentarios del Ministro de Economía alemán, que dijo que no necesitábamos patriotismo industrial y que los inversores extranjeros deberían ser recibidos con los brazos abiertos, y no solo tolerados. 
Si los planes nacionales de reforma presentados por los Gobiernos se parecen de alguna forma a los que ha presentado el Gobierno del Reino Unido, que el Cielo nos ampare. 
El tema del proteccionismo está en el meollo del debate sobre el futuro desarrollo económico. 
No hay espacio para las políticas que hemos visto hasta la fecha. 
Ya ha pasado el tiempo de las filigranas diplomáticas. 
Hemos de permitir que se oigan las voces de las pequeñas y medianas empresas. 
En cuanto a la Directiva de servicios, los Gobiernos han de mejorar el paquete de compromiso acordado por el Parlamento. 
Hemos avanzado, pero no lo suficiente. 
El Consejo debería actuar unido en la Ronda de Doha y esforzarse más por conseguir acuerdos comerciales mundiales. 
Me temo que en estos momentos el jurado sigue reunido. 
Pido al Consejo Europeo que demuestre el mismo vigor y la misma firmeza que el señor Barroso. 
Le insto a que evite la chapuza habitual en la próxima reunión y a que ejerza un liderazgo real. 
Entonces podremos juzgarle por su firmeza y podremos darle nuestro veredicto. 
– Señor Presidente, incluso el señor Poettering, en su declaración inicial de hoy, se ha sentido obligado a criticar la representación de la Presidencia austriaca –en concreto, la ausencia del Canciller Schüssel– y podría muy bien ser que la ausencia tuviera algo que ver con el hecho de que la noticia que debía transmitir la Presidencia austriaca está lejos de ser algo de lo cual alardear o ni siquiera algo conveniente. 
Y por consiguiente, prefiere dejar esta tarea tan ingrata a otra persona. 
El mensaje es modesto e inadecuado en cuanto a los objetivos, sobre todo la pretendida reducción del desempleo, si tenemos en cuenta cuánto desempleo hay y lo que pretendíamos en un principio que lograra el proceso de Lisboa; no es solo modesto e inadecuado, sino también falso en cuanto a los medios que van a aplicarse, pues estos objetivos, por modestos que sean, no se lograrán solo a través de reformas estructurales. 
La UE y los Estados miembros deben conseguir más dinero. 
Si no hay dinero, la banda no toca, eso también lo aprendimos de Mozart. 
– Señor Presidente, una economía europea competitiva, tal como se propuso en la Agenda de Lisboa, no puede cimentarse sobre un abastecimiento inseguro de gas y petróleo. 
No puede basarse en una accesibilidad y una seguridad diferenciadas y desiguales del abastecimiento energético. 
Esto sería contrario a la lógica del mercado único y a los principios de la competencia. 
Por ello, es bueno que la seguridad del suministro energético constituya una de las prioridades de la Presidencia y de la Comisión. 
Ya iba siendo hora de que la Unión emprendiera acciones concretas en este terreno. 
La seguridad del suministro de energía es crucial para la actividad económica y la competitividad de la economía de la UE en su conjunto. 
La energía, como hemos visto recientemente, también se utiliza como arma para ejercer influencia política. 
Por ello, también debería considerarse dentro del contexto de la política exterior y de seguridad de la Unión. 
Los recientes problemas en torno al suministro de energía ponen de manifiesto nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de terceros. 
Por ello es esencial que la UE desarrolle una verdadera política de seguridad energética. 
Si tratamos seriamente el mercado interior y la Agenda de Lisboa, deberíamos ofrecer a nuestros operadores económicos y a nuestros ciudadanos el mismo acceso a los suministros de energía y la misma seguridad. 
Los pasos emprendidos por la Presidencia, y especialmente el Libro Verde de la Comisión, van en la buena dirección, aunque son demasiado modestos. 
La solidaridad es uno de los principios más importantes de la integración europea; crea la obligación de ayudar a todos los Estados que se encuentran en dificultades. 
Hemos de extender este principio de solidaridad a problemas relacionados con la escasez de suministro de energía causada por la acción política. 
Lo que necesitamos para asegurar los suministros de energía del exterior es cooperación y solidaridad, no competencia entre los Estados miembros. 
La seguridad energética tiene asimismo un aspecto financiero: los mayores recortes de las perspectivas financieras, como acordó el Consejo, se han producido en el ámbito de las redes transeuropeas de energía. 
Hemos de resolver esta situación durante el diálogo a tres bandas sobre el presupuesto, pues de lo contrario nuestras prioridades quedarán sobre el papel. 
La seguridad energética también es una de las piedras angulares de la política de vecindad. 
La buena cooperación en el ámbito de la seguridad energética es indispensable y es la medida más eficaz para aumentar la confianza, tanto dentro de la Unión Europea como entre la Unión y sus vecinos. 
No podemos recibir la globalización con los brazos abiertos y al mismo tiempo abandonar a muchos de nuestros ciudadanos. 
Necesitamos mercados de trabajo activos. 
Hemos de actuar para aplicar la legislación: demasiados Estados miembros no están aplicando la legislación que han aceptado y, francamente, esta situación es inaceptable. 
Por último, 13 años después de crear el mercado único, va siendo hora de que aceptemos que hay un mercado único europeo que exige campeones europeos y no campeones nacionales. 
Así pues, espero que en esta cumbre los Estados miembros haya menos palabras y muchos más planes de acción concreta. 
¡Cumplan sus promesas y no hablen tanto! 
Señor Presidente, este debate es sobre la cumbre de primavera y tenemos una buena resolución con unas espléndidas recomendaciones. 
A fin de cuentas, se sigue prometiendo más crecimiento y más puestos de trabajo a los ciudadanos europeos, pero no nos engañemos, pues el papel puede esperar. 
Cuando después de la cumbre, la semana que viene, los Jefes de Gobierno regresen a sus capitales, tienen que llevar consigo la responsabilidad de Lisboa, ya que son los Estados miembros junto con los interlocutores sociales, los políticos nacionales y regionales, quienes lograrán finalmente un aumento del empleo. 
El mensaje a los Estados miembros es simple y claro. 
El mercado interior ha de convertirse en una realidad, pase lo que pase. 
Debería hacerse más en el ámbito de la investigación y el desarrollo; hay que apoyar la innovación, y la organización de la educación y la formación debe ser más eficiente y ha de estar más orientada a la calidad. 
Sin embargo, la Estrategia de Lisboa también tiene una dimensión social. 
No seremos más competitivos si reducimos nuestros principios y valores en relación con la solidaridad con los más débiles, la responsabilidad de nuestros ciudadanos, la justicia social o los salarios, hasta un nivel que nos permita competir con nuestros rivales asiáticos. 
Esa no es la respuesta europea que inspirará confianza al público. 
No obstante, las reformas son necesarias. 
Es preciso abordar el cambio demográfico, en forma de envejecimiento de la población y descenso de la natalidad. 
Hemos de atrevernos a examinar a fondo la forma como se financian los regímenes de seguridad social, pues la realidad demográfica se nos está echando encima a gran velocidad. 
De nada sirve filosofar sobre un clima favorable para los empresarios o el aprendizaje permanente si no podemos cumplir nuestras promesas. 
Hay mucho por hacer. 
Hemos organizado los programas estructurales europeos de forma que garanticen que tres cuartas partes, o 55 000 millones, contribuyan a los objetivos de Lisboa, y si faltan los fondos para estos programas, o si los Estados miembros no están dispuestos a pagarlos, entonces debo advertir que no se logrará un crecimiento y un empleo conforme a lo establecido en Lisboa. 
En lo que respecta al envejecimiento de la población y a la disminución del número de jóvenes, tendremos que adaptar la política de empleo y la seguridad social de forma que los jóvenes activos y las personas mayores sanas puedan contribuir a la sociedad en el futuro próximo, a la prosperidad y la felicidad de nuestros ciudadanos. 
Señorías, hoy quiero hablar acerca de dos cuestiones que considero sumamente importantes para cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es decir, el crecimiento y el empleo. 
La primera de estas cuestiones es el mercado único interior. 
Parece que el concepto de las cuatro libertades que sustentan la Unión Europea es algo que, tristemente, a menudo solo existe en el papel. 
El mes pasado dimos un paso muy importante con la primera lectura de la Directiva de Servicios. 
Creo firmemente que fue un paso en la dirección correcta, pero me gustaría decir algo acerca de la libre circulación de personas. 
El informe de la Comisión Europea, que ya se ha mencionado antes aquí, recalca que la movilidad de la mano de obra, no solo entre los nuevos y viejos Estados miembros, sino también dentro de la «vieja» UE, sigue siendo insuficiente. 
Y sin embargo, el crecimiento económico depende precisamente de esta movilidad. 
La segunda cuestión es la aprobación de la Perspectiva Financiera. 
Señorías, si no tenemos una Perspectiva Financiera a mitad de año, Europa se enfrentará a una crisis. Una crisis económica, una crisis política y, me temo, que también una crisis de confianza. 
Por ello me gustaría pedir a las tres instituciones que trabajen codo a codo en esta cuestión para que la Perspectiva Financiera esté lista a finales de junio, o en otras palabras, al final de la Presidencia austriaca. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Presidente Abbás por brindarme esta inesperada oportunidad de contribuir a este debate. 
Doy las gracias a Lisboa por darnos la Agenda, y al hijo de Lisboa que preside la Comisión por su liderazgo en esta Agenda. 
No hay nada más importante para Europa que asegurar el éxito de la Agenda de Lisboa. 
Este es el modo de dar a nuestros ciudadanos nuevas esperanzas de que Europa contribuirá a mejorar su futuro y que colaboraremos juntos para dar también una nueva esperanza a otras partes del mundo. 
Quiero hacer hincapié en dos aspectos de la Agenda que recalca esta resolución. 
El primero es la salud de los ciudadanos de Europa, porque creo que es una condición indispensable de Lisboa. 
Sin una población sana no podremos tener una economía sana. 
Es importante que empecemos por examinar algunas de las amenazas sanitarias a que nos enfrentamos, incluida la posibilidad de una pandemia de gripe, y las oportunidades sanitarias como las que ofrece la movilidad de los pacientes y las consideremos una parte integrante de la Agenda. 
Como han dicho mis colegas, hemos de entender el envejecimiento de la población como una oportunidad y no una carga. 
Asimismo, hemos de entender que un medio ambiente saludable es una exigencia de nuestra economía. 
Esto tampoco supone una amenaza. 
Las oportunidades que tienen las empresas de innovar y cumplir las exigencias más estrictas que esperamos en nuestro medio ambiente, las situarán en un buen lugar con respecto al resto del mundo. 
Tenemos la oportunidad de liderar el mundo en el terreno de la sostenibilidad, la innovación, el etiquetado ecológico, etc., y creo que es un reto que la Comisión ha de asumir con el Parlamento. 
Por último, permítanme reconocer y rendir homenaje a la Presidencia austriaca por el trabajo que ha realizado en estos dos ámbitos, en relación tanto con las personas sanas como con un medio ambiente saludable, porque esto conducirá a la economía sana que Lisboa nos puede aportar a todos en un futuro muy cercano. 
Señor Presidente, el 15 de marzo, Hungría conmemora la lucha por la libertad y la revolución de 1848. 
Volviendo la vista atrás podemos decir que los resultados duraderos de la revolución han sido el cambio del sistema económico, la libertad de las personas y la competitividad continuada del país. 
Hoy, ya no hay competencia entre Estados nacionales, sino entre continentes, a escala mundial. 
Por ello, también es preciso crear una competitividad duradera a este nivel. 
La Unión Europea tiene que cambiar mucho su filosofía económica. 
Finalmente, hemos de pasar de la competencia desfasada e improductiva entre Estados miembros a un mercado interior europeo que garantice el más alto nivel de libertad y de dignidad a sus ciudadanos. 
La Estrategia de Lisboa no es únicamente un plan quinquenal o decenal, sino la base de nuestra competitividad y supervivencia para los próximos 100 o 150 años. 
En 1848, los políticos comprendieron el mensaje de los tiempos y encabezaron el cambio. 
Pido al Consejo, a la Comisión, al Parlamento y a los Primeros Ministros que se están preparando para la cumbre de primavera que finalmente comprendan y pongan en práctica el mensaje del siglo XXI. 
Esto es lo que esperamos los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, en marzo de 2000 los líderes europeos decidieron qué sería Europa en 2010. 
Habían comprendido que las intervenciones de cada Estado miembro serían aún más eficaces si estuviesen respaldadas por la acción colectiva de los demás. 
Hoy, la creciente diferencia de crecimiento entre Europa y América y Asia, así como el envejecimiento de la población, exigen aplicar con urgencia y eficacia la Estrategia de Lisboa para recuperar el tiempo perdido. 
Además, será posible conseguir mejores resultados adoptando las medidas complementarias y los cambios estructurales concertados en el seno de la Unión Europea. 
Es necesario intervenir a tiempo en los sectores que se identificaron en su momento con el fin de hacer Europa más atractiva para los investigadores y los científicos, completar el mercado interior para permitir la libre circulación de mercancías y capital y crear un verdadero mercado único de los servicios; a fin de crear un contexto más favorable para las empresas hay que aplicar a tiempo las recomendaciones del Grupo de Trabajo Europeo sobre el Empleo. 
Los Estados miembros individuales han hecho progresos en algunos de estos ámbitos, pero ninguno ha obtenido resultados positivos y duraderos. 
Para alcanzar sus objetivos, Europa debe demostrar un compromiso más fuerte, entre otras cosas presionando a los Estados miembros. 
Los Estados deben renunciar a las viejas prácticas nacionales y dedicar más recursos a la construcción de Europa. 
Debemos hacer comprender a los ciudadanos que los sacrificios de hoy son las ventajas de mañana. 
El Parlamento Europeo es un elemento central de la estrategia de crecimiento y del compromiso de construir la nueva Europa. 
Por tanto, debe intervenir cada vez más estimulando a todas las partes interesadas en el relanzamiento de Europa. 
Señor Presidente, evidentemente nos hemos acorralado a nosotros mismos en la Unión. 
La mayoría de los Estados miembros está ralentizando la ejecución de la Estrategia de Lisboa por motivos puramente egoístas y, además, estrechos de miras. 
Por ejemplo, cada semana, nos quedamos muy rezagados detrás de los Estados Unidos de América y Japón en cuanto a inversión en tecnología de la información y comunicaciones. 
Al mismo tiempo, China y la India están compitiendo con nosotros de forma cada vez más feroz. 
Estamos completamente atascados, y no vamos a ninguna parte. 
Sin embargo, los países nórdicos han mantenido unos elevados niveles de competitividad, así como el Estado de bienestar y una amplia base de conocimiento. 
Esto ha sucedido ahora. 
Quiero preguntarle al señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea, si es posible que tenga el tipo de temperamento sureño para transmitir este ejemplo a los que aún tienen miedo de las soluciones valientes que adoptamos hace mucho tiempo. 
No nos han puesto boca abajo, y ni siquiera el frío invierno nos ha hecho cambiar de dirección. 
En otras palabras, es posible; ¿por qué no habría de serlo? 
Señor Presidente, cuando debatimos acerca del proceso de Lisboa, podemos ver que los países tienen éxito con él en mayor o menor grado. 
Los países que han aplicado reformas y cambios, tienen muchas menos dificultades para hacer frente a la globalización y para conseguir ser mucho más competitivos. 
Los que no han introducido reformas lo están pasando menos bien. 
Sin embargo, lo curioso es lo poco que ha sucedido en realidad a una escala europea común y el limitado grado en que hemos dado más espacio a nuevas empresas, servicios y mercados para expandirse y más oportunidades a los productos para desarrollarse. 
La tarea primordial general de la Comisión es combatir el nuevo proteccionismo que vemos que se está desarrollando entre los Gobiernos y los políticos de Europa. 
Este nuevo proteccionismo va dirigido contra los nuevos Estados miembros y el mundo exterior donde se encuentran los grandes mercados del futuro. 
Aunque también va dirigido contra los antiguos Estados miembros, y puede encontrarse cada vez más en las relaciones entre ellos. 
Si queremos gestionar con éxito el proceso de Lisboa, la principal tarea es combatir este proteccionismo, que contraviene el Tratado y todo lo que representa la integración europea. 
Europa tiene un potencial fantástico, y cada vez que hemos puesto en práctica reformas, hemos tenido éxito. 
Basta con mirar el mercado de las telecomunicaciones, que es donde más éxitos hemos tenido. 
Lo que ha de hacer la Comisión es explicar claramente la importancia de salvaguardar el libre comercio, que es la base de la prosperidad europea. 
La Comisión debería mostrarse positiva respecto a la globalización, pero sobre todo debería aplicar medidas que conllevaran más empresas nuevas y empleos nuevos. 
Deben ser los resultados los que cuenten y no los objetivos. 
Entonces podremos dar a Europa un nuevo futuro. 
– Señor Presidente, señor Barroso, quiero hacer tan solo un par de observaciones. 
Para conseguir los objetivos de crecimiento y creación de puestos de trabajo, es preciso realzar la integración del género en la Estrategia de Lisboa, sobre todo en las orientaciones generales de las políticas económicas y en las orientaciones sobre el empleo. Hemos de incrementar la proporción de empleo entre las mujeres, desarrollar una estrategia activa en relación con el envejecimiento y construir una sociedad que se caracterice por el aprendizaje permanente. 
El segundo punto tiene que ver con la perspectiva financiera. 
Es muy necesario llegar a un acuerdo interinstitucional. 
No hay tiempo que perder. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben actuar rápidamente para llegar a un acuerdo. 
Los ciudadanos de Europa no aceptarán más aplazamientos. 
Ha llegado el momento de «lisboizar» la UE y adoptar un presupuesto que promueva el crecimiento, y más y mejores empleos para todos, incluidas las mujeres. 
Sin mujeres, la Estrategia de Lisboa no será un éxito. 
. 
Señor Presidente, Señorías, prometo ser lo más breve posible. 
Sobre esta cuestión se han dicho cosas muy importantes e interesantes, y estoy seguro señor Poettering y señora Berger que el Canciller Federal, a pesar de que no está presente hoy, está siguiendo muy de cerca lo que esta Cámara tiene que decir. 
Evidentemente, las opiniones de Sus Señorías desempeñarán un papel importante en los preparativos. 
Quisiera decirle a la señora Berger que no ha de interpretar mi presencia hoy aquí como un indicio de falta de ambición; al contrario, la Presidencia austriaca tiene la ambición de colaborar con la Comisión para lograr grandes cosas en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Asimismo, puedo decir al señor Schulz que por supuesto somos conscientes de la necesidad de desarrollar los recursos financieros necesarios. 
Aquí no hablamos solo de recursos europeos, sino de recursos nacionales, y lo que importa es su calidad y eficacia, pues no hemos de limitarnos siempre a considerar la cantidad de recursos, sino que también hemos de tener cuidado de que los recursos se desplieguen en los lugares adecuados. 
Señor Watson, sin duda coincido con usted en que hay muchos temas que el Consejo Europeo debería tratar, pero el tiempo no da para tratarlo todo. 
En lo que respecta a su referencia a Metternich, le aseguro que Metternich no es un modelo para nosotros. 
Su forma de ver Europa no es la misma que la nuestra. 
No queremos un directorio de cinco grandes países que gobiernen al resto. 
Recordemos que estuvo al frente de un Estado policial, cosa que tampoco queremos. 
Lo que me gustaría decir a la señora Harms es que la sostenibilidad desempeña por supuesto un papel importante en la Unión Europea y puedo recordar a la Cámara que la estrategia de sostenibilidad se revisará antes de mediados de 2006. 
Estoy convencido de que la sostenibilidad también desempeñará un papel importante en todo lo que intentan hacer el Consejo y la Comisión. 
También quiero decirle algo al señor Bonde. 
Quiero declarar totalmente inadmisible la idea de que los Estados que quieren ejercer sus derechos soberanos prosiguiendo con el proceso de ratificación del tratado constitucional estén actuando ilegalmente. 
Le remito a la decisión del Consejo Europeo de junio que, al instaurar el periodo de reflexión, también declaró expresamente que no se cuestiona la validez de continuar con el proceso de ratificación. 
Creo que el Consejo está trabajando a pleno ritmo para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. 
Es muy posible, señor Kirkhope, que el Consejo no funcione con un octanaje elevado, a diferencia del Presidente de la Comisión. 
Quizá funcionemos más con biocarburante, conforme al espíritu de nuestro tiempo. 
Diversos oradores han mencionado, en este contexto, la iniciativa de «mejor legislación» de la Comisión, y en este sentido quiero dar las gracias en especial al Comisario Verheugen, quien se encuentra hoy con nosotros, y alentarle a que siga adelante con esta iniciativa, pues esa es la clase de iniciativas que comprende el público y que acercará más la Unión Europea a los ciudadanos. 
El señor Rasmussen y otros se han referido a la cuestión de la «flexiseguridad» y puedo confirmar y resaltar que aquí se trata de flexibilidad a través de seguridad como un paradigma global para las reformas en el ámbito de la legislación laboral y la política social. 
Ni que decir tiene que la intención es lograr una relación equilibrada entre flexibilidad y seguridad en los mercados de trabajo europeos. 
Señor, Titley, coincido con usted en que es preciso actuar, porque eso convencerá a nuestros ciudadanos. 
Nosotros, junto con la Comisión, estamos decididos a dar los pasos necesarios para actuar. 
. Señor Presidente, Señorías, aunque «crecimiento» y «empleo» son las palabras clave en la Estrategia de Lisboa, creo que es preciso aclararlas una vez más. 
Cuando, en la Europa del siglo XXI, utilizamos el término «crecimiento» , no podemos estar hablando de un tipo de crecimiento que no sea sostenible, socialmente defendible y ambientalmente responsable. 
Cualquier otra cosa significaría que no hemos aprendido nada de las últimas décadas, y les ruego que tomen nota de ello de una vez por todas. 
Cuando la Comisión habla de crecimiento, está hablando de crecimiento sostenible, que implica innovación ambiental, eficiencia energética, competencia para lograr una mayor calidad y no unas normas sociales más bajas, unas normas ambientales más bajas o unos salarios más bajos, así que espero que haya quedado claro de una vez por todas. 
Cuando hablamos de puestos de trabajo, no nos referimos a tan solo antiguos puestos de trabajo, pues nos hemos dado cuenta de que la gran pregunta social de nuestro tiempo es si, en medio de las tormentas de la globalización, lograremos poner a disposición suficientes empleos bien pagados y especializados. 
Esta es la gran cuestión que hemos de abordar. 
No solo nos preocupamos únicamente por los puestos de trabajo antiguos; lo que importa es que haya trabajos que duren en tiempos en que la competencia es cada vez más feroz. 
La consecuencia de ello en nuestra situación actual es que es preciso hacer algunas exigencias claras a los Estados miembros, a los que hay que decir con firmeza que ha llegado el momento de cambiar de curso. 
Ha llegado el momento de dar el paso –con toda la determinación que podamos reunir– hacia una sociedad basada en el conocimiento. 
En Europa, no podemos permitir sociedades cuyas políticas educativas excluyan en lugar de fomentar o discriminen a las personas en lugar de integrarlas. 
Necesitamos una política educativa que utilice plenamente las reservas de educación de este continente. 
No nos podemos permitir unas políticas sociales que, aunque admitan que las mujeres jóvenes tengan una buena educación, luego no les den la oportunidad de aprovecharla por falta de compatibilidad entre la vida familiar y laboral, y no nos podemos permitir unas políticas sociales que simplemente echen a los trabajadores mayores del proceso de producción porque se considera que ya no son necesarios. 
Hoy en día, todas estas cosas han dejado de ser una propuesta viable, y nuestra estrategia lo deja bien claro. 
Asimismo, afirmamos que el mercado único europeo, una política que debe hacer frente a la competencia internacional, es bueno para el crecimiento y el empleo, y por esta razón la Comisión no cree en el patriotismo económico de ningún tipo. 
Queremos reiterar que quienes quieren un gran mercado interior europeo también deben aceptar el hecho de que las empresas se crean a fin de operar en él sin referencia a las fronteras. 
Si tiene que haber un mercado europeo, también deberá haber empresas europeas. 
La Comisión observa con preocupación la renacionalización del pensamiento económico en algunas partes de la Unión Europea y advierte contra ello, pues –como han dicho casi todos los oradores– lo correcto es hacer frente a los problemas de Europa juntos. 
Sin embargo, también tengo algo que decir a las empresas europeas. 
Desde hace años hemos aspirado a una política de mejora de las condiciones para las empresas europeas, pero lo que esperamos de ellas ahora, en un momento en que las más grandes prosperan más que nunca, es que sean conscientes de su responsabilidad para con Europa como centro de actividad empresarial. 
Las empresas no solo están obligadas a conseguir beneficios a corto plazo; también tienen una responsabilidad en el sitio donde los consiguen. 
Si una empresa que experimenta cambios estructurales recurre al despido de personal, entonces la responsabilidad primaria no reside en los responsables políticos; al contrario, en un caso como este nos enfrentamos a un fracaso por parte de la empresa, pues las empresas pueden reconocer con tiempo suficiente cuándo va a ser necesario un cambio estructural y cuándo hay que ponerlo en marcha, y pedimos a las empresas europeas que hagan más para dar un resultado positivo al cambio estructural. 
Despedir al personal es siempre la peor forma de abordarlo, y una forma a la que no deberían recurrir. 
Sin embargo, hay otra cosa que debemos decir a las empresas europeas: es posible crecer utilizando los grandes beneficios de las empresas para crear nuevos productos, para desarrollar nuevas tecnologías y nuevas capacidades, en lugar de solo comprar otras empresas. 
Quiero señalar –de la forma más amable posible– que, en los últimos veinte años, toda nuestra experiencia con la adquisición de empresas no ha evidenciado, en la gran mayoría de los casos, efectos positivos en las empresas ni en la economía en su conjunto. 
Preferiría que las empresas europeas utilizaran los enormes beneficios que han realizado en los últimos años para invertir en nuevas capacidades de investigación y producción en Europa en vez de financiar campañas para absorber otras empresas. 
También hay algo que han de hacer los diputados a los Parlamentos. 
Ha habido quejas bastante justificadas de que no se ha implicado al público en general en el desarrollo de la estrategia de crecimiento y de empleo. 
Es algo que corresponde a los políticos nacionales y a los Parlamentos nacionales. 
Les pido, Señorías, que hablen con sus colegas de los Parlamentos nacionales de sus países para que pongan esta cuestión en la agenda política nacional. 
A fin de cuentas, no es tarea de la Comisión impulsar a los políticos de la oposición en los Estados miembros para que hagan su trabajo y garanticen que esta cuestión se ponga en la agenda. 
Es tarea de los diputados, así que les pido encarecidamente que ejerzan su influencia aquí, ya que solo si logramos iniciar un amplio debate político en los Estados miembros y sus legislaturas, conseguiremos dejar bien claro que es necesario un esfuerzo conjunto, no solo por parte de los responsables políticos, sino también de los ciudadanos, si queremos mantener intacta nuestra competitividad. 
– Señor Presidente, quiero agradecer sinceramente al Comisario Verheugen la intervención que acaba de hacer, que ha sido excelente. 
He podido escucharla con los auriculares puestos, aunque he de decir, señor Presidente, que si no los hubiese utilizado, apenas habría podido seguirla, a pesar de los altavoces de la Cámara. 
Y no tiene sentido que usted, con la amabilidad que le caracteriza, diga por el micrófono en su propio idioma a los diputados que se sienten; el hecho es que no le comprenderán si no se traduce lo que dice. 
Si quería usted que se sentaran, debería haber blandido el martillo. 
Únicamente quiero dirigir una solicitud a la Cámara, y lo hago como uno de sus diputados. 
Considero inaceptable que no podamos ejercer la cortesía mínima y escuchar a los que se dirigen a nosotros. 
Espero que todos los presentes traten con seriedad lo que se ha dicho. 
Acepto las críticas y por ello pediré orden a los diputados hablando en una lengua de la UE más extendida o utilizando el martillo. 
He recibido dos propuestas de resolución (1) presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, solo quiero plantear una pequeña cuestión interna. 
Algunos de nosotros no hemos recibido mensajes de correo electrónico desde las 11.00 horas de hoy, excepto a través del webmail. 
No sé cuántas personas están afectadas, porque hay más de un servidor. 
Sin embargo, uno de los servidores no funciona y tampoco funcionó durante parte de la mañana de ayer. 
Creo que es un problema especialmente relacionado con Estrasburgo, que, por supuesto, es otro de los motivos de alegría de venir aquí. 
¿Podría asegurarse de que la administración dé prioridad a resolver este problema tan sumamente inoportuno? 
– Lo tendremos en cuenta, señora Ludford. 
Señor Presidente, me refería concretamente al artículo 140 del Reglamento del Parlamento Europeo conforme al cual estamos autorizados a consultar los documentos directamente a través del sistema informático del Parlamento. 
Me gustaría que revisara usted el acuerdo con la empresa privada que se supone ofrece este servicio. 
Creo que hay que hacerlo por nuestros intereses democráticos y económicos. 
– Muchas gracias. 
Lo examinaremos. 
– Señor Presidente, la reunión de primavera, en la que el Consejo Europeo examinará la economía de Europa, tiene lugar justo cuando se produce un brote de proteccionismo en diversos países europeos, especialmente en Francia. 
El Presidente Chirac intenta a menudo retratar a Francia como la defensora de la integración europea y acusa a otros países de falta de entusiasmo. 
Ahora bien, el historial de Francia desde el punto de vista de la aplicación de la legislación europea es uno de los peores, su actitud ante las fusiones transfronterizas es obstruccionista, ha incumplido deliberadamente sus obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ha frenado continuamente el ritmo de la reforma de la PAC. 
El Consejo Europeo debería ser una oportunidad para otros Estados miembros de presionar a Francia para que ponga en orden sus asuntos. 
– Los temas relacionados con la competitividad y el crecimiento siempre han ocupado un lugar central en la Estrategia de Lisboa. 
Hoy –y quiero decir que me parece excelente– la resolución sobre la que vamos a votar introduce la dimensión social. 
No debe considerarse un freno a la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, porque, entre otras cosas, permite a todos los ciudadanos de la Unión Europea acceder a una educación de alto nivel y a la formación a lo largo de toda la vida. Quisiera señalar la importancia de un programa de intercambio europeo para los aprendices. 
Quisiera resaltar también el papel de las PYME en la realización de los objetivos de Lisboa. Estas empresas son una de las principales fuentes de puestos de trabajo de mañana. 
Hemos de dotarnos, por tanto, de los recursos necesarios para eliminar los obstáculos a que se enfrentan esas empresas, en particular las más pequeñas, y más allá de esto, darles los recursos necesarios para innovar. De ahí la importancia de un presupuesto ambicioso para el Programa marco de Competitividad e Innovación. 
Como habrán comprendido, deploro la ausencia de un presupuesto que esté a la altura de las ambiciones de la Estrategia de Lisboa y espero que consigamos mejorar las perspectivas financieras con vistas a remediar esta situación. 
. – Señor Presidente, solicito que se modifique la segunda parte de la enmienda eliminando la cifra indicada y sustituyéndola por un comodín. 
. – Señor Presidente, pido que la votación de la resolución legislativa se aplace de conformidad con el apartado 1 del artículo 53 del Reglamento. 
– Señor Presidente, dado que la UE no puede solucionar por sí sola el problema del calentamiento global, mi enmienda oral pretende ampliar el auditorio añadiendo las palabras «y la comunidad internacional» después de «la UE y sus Estados miembros». 
– Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda para aclarar las cosas. 
Se va a crear un fondo destinado a los trabajadores afectados por reestructuraciones. 
En el informe del señor Cottigny se denomina fondo de ajuste del crecimiento; yo propongo retomar la denominación de la Comisión Europea, a saber, la de Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, para evitar confusiones. 
– Señor Presidente, mi Grupo quiere proponer una enmienda oral a este apartado. 
Nuestra votación por partes tiene que ver con la eliminación del límite de tiempo. En lugar de ello queremos insertar las palabras: «que deberá entrar en vigor cuanto antes». 
Esto es para ajustarse al texto que se propondrá en el informe de aprobación de la gestión 2004, en el apartado 55. 
– Señor Presidente, inicialmente quería intervenir para proponer la retirada de la enmienda 1, que al final ha sido rechazada. 
Por lo que respecta a la enmienda 24, me gustaría proponer a los colegas diputados del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa que se cambie una palabra mediante una enmienda oral. 
Se trata de sustituir el término «educación» por «educación superior» , porque en este punto estamos tratando de la cooperación entre la investigación, el sector privado y la enseñanza superior. 
Creo poder decir que presento esta enmienda oral en nombre del señor Lehne y del señor Lambsdorff, que también está de acuerdo. 
–Con esto concluye la votación. 
. 
Considero que la asociación entre la Comunidad Europea y los Estados Federados de Micronesia (EFM) sobre la pesca en aguas de los EFM debería firmarse de acuerdo con la propuesta de reglamento del Consejo. 
El Pacífico Occidental es una de las zonas de pesca de atún más ricas del mundo y los estudios científicos han demostrado que el estado actual de las poblaciones permite que la pesca se extienda a terceros países. 
El acuerdo prevé contrapartidas para ambas partes, y salvaguarda una política de pesca sostenible en los EFM. 
Aunque he prestado mi apoyo a este acuerdo de pesca, quiero llamar la atención sobre las excesivas tasas para licencias de los palangreros, que constituyen una carga prohibitiva para algunos armadores. 
. Somos muy críticos con los destructivos acuerdos de pesca que la UE firma con terceros países y por consiguiente lamentamos el hecho de que la UE haya optado por firmar acuerdos de pesca con nuevos países. 
Una serie de informes ha arrojado luz sobre las consecuencias perjudiciales de tales acuerdos para las poblaciones costeras de los países que los firman. 
Estos acuerdos provocan la sobreexplotación de las aguas de pesca, lo cual afecta negativamente a las habitantes locales. 
Sin embargo, tanto la Comisión como la gran mayoría del Parlamento Europeo optan reiteradamente por ignorar estas críticas. 
Según una de las opiniones del Parlamento, los acuerdos de pesca en cuestión pueden tener además consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. 
Al tiempo que la UE recomienda incrementar los esfuerzos para la ayuda, los impuestos de los contribuyentes se utilizan para financiar acuerdos de pesca que van contra el desarrollo. 
No es una política consecuente ni creíble. 
Creemos que los acuerdos de pesca deberían eliminarse poco a poco para finalmente cancelarlos. 
Los Estados miembros de la UE cuyos barcos operan en aguas de terceros países deberían hacerse cargo de los costes de los acuerdos. 
A continuación, estos mismos Estados miembros deberían decidir independientemente si han de financiar este gasto imponiendo, a su vez, cargas en relación con sus propios barcos de pesca 
. 
A la luz de la reforma de la política pesquera común, es sumamente importante actualizar el Reglamento nº 3690/93 de 20 de diciembre de 1993. La información sobre los barcos de pesca ha de compatibilizarse con las nuevas normas de gestión y conservación de los recursos a fin de garantizar el cumplimiento del principio fundamental de «gestión de esfuerzo pesquero». 
Las enmiendas que se han propuesto, como la introducción del número de Registro de la Flota Pesquera Comunitaria y el escalonamiento de las artes utilizadas por los barcos, son elementos importantes que no se incluyen en el reglamento original. 
La propuesta de la Comisión y las enmiendas presentadas por el ponente en este informe merecen mi apoyo. 
Los Moderados hemos optado por votar a favor del actual informe, pero lamentamos que no se haya resaltado suficientemente la protección de los derechos fundamentales a escala de la UE y creemos que la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo debería ampliarse a los derechos fundamentales de las personas también en relación con cuestiones relativas a la seguridad interna. 
Gracias al informe de iniciativa de la señora Hazan sobre la evaluación de la Orden de Detención Europea, podemos aumentar aún más la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos. 
El informe señala las mejoras que se han realizado. 
Sin embargo, quiero resaltar los problemas mencionados en el informe que aún constituyen obstáculos para garantizar la seguridad jurídica. 
Es increíblemente importante para las personas arrestadas en relación con la Orden de Detención Europea que se les garantice la asistencia y la ayuda jurídica en forma de traducción e interpretación. 
Es responsabilidad de cada Estado miembro solucionar este importante problema que actualmente provoca violaciones de los derechos humanos. 
. Este informe demuestra que se están realizando esfuerzos para obtener una mayor cooperación en el ámbito del Derecho penal. 
Se pide al Consejo que prohíba a los Estados miembros reinstaurar un control sistemático de la doble incriminación, y que integre la Orden de Detención Europea en el primer pilar. 
El informe revela grandes problemas a la hora de aplicar la Orden de Detención Europea. 
Los Estados miembros han demostrado claramente que quieren conservar partes del sistema de extradición tradicional. 
Algunos países se han negado a aplicar la Orden de Detención Europea contra sus ciudadanos, alegando como motivo para no hacerlo la discriminación o la violación de los derechos fundamentales. 
Otros han mantenido o vuelto a introducir el control de la doble incriminación. 
La Lista de Junio cree que estas son señales claras de que los Estados miembros están salvaguardando su soberanía en el ámbito del Derecho penal. 
Entre las medidas que pueden tomarse contra una persona, hay pocas que tengan efectos tan trascendentales como los procedimientos jurídicos o la exigencia de cumplir condena. 
Por ello, la seguridad jurídica ha de prevalecer sobre la simplificación y la eficacia que, según el informe, conllevará la Orden de Detención Europea. 
La Lista de Junio rechaza el incremento del supranacionalismo y cree que es una cuestión que debe resolverse en cada país. 
Por consiguiente, hemos optado por votar en contra de este informe. 
. 
Como señalamos en 2001, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, la Comisión presentó propuestas que defendían la supranacionalización de aspectos cruciales de la justicia, pasando por alto la cooperación necesaria entre Estados miembros y los instrumentos jurídicos existentes como la extradición. Ello equivalía a un ataque contra la soberanía de los Estados miembros y su deber de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. 
En aquel momento dijimos que la Orden de Detención Europea, que tiene por objeto, entre otras cosas, eliminar el principio de doble incriminación, aunque de forma limitada, podría ser un caballo de Troya destinado a llevarnos más lejos por el camino supranacional. 
El informe que tenemos ante nosotros confirma nuestras críticas. 
Considera como obstáculo la soberanía jurídica y hace referencia a la actual «interferencia» de las autoridades políticas en el proceso de extradición, incluso por motivos de respeto de los derechos humanos. 
Es significativo que el Tribunal Constitucional alemán haya decidido anular la legislación de transposición de la Orden de Detención Europea y que, a la luz de esta decisión, diversos Estados miembros hayan vuelto a aplicar los instrumentos de extradición. La ponente critica estas decisiones y apoya la activación de las posibilidades de reordenación previstas en el artículo 42 del Tratado de la UE, integrando así la Orden de Detención Europea en el primer pilar. 
. – Al igual que las políticas de inmigración europeas, la orden de detención europea es muy peligrosa y está llena de consecuencias para todos. 
En efecto, contempla tanto las infracciones graves como las menores (terrorismo, robo, daños deliberados, comportamiento injurioso en reuniones, expresiones consideradas racistas y xenófobas, etc.) y, en todos los casos, los derechos de las personas están menos protegidos que con el procedimiento de extradición anterior, que permitía al poder político proceder a una extradición o rechazarla. 
Hoy, la orden de detención se ha convertido en un procedimiento exclusivamente judicial debido a la supresión de la fase administrativa y política, así como al control ejercido por las jurisdicciones administrativas. 
La orden de detención se creó a toda prisa, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, y en nombre de su preocupación por su imagen mediática y en vez de guiarse por la sabiduría y la responsabilidad, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no dudaron en liquidar las libertades individuales y los derechos de defensa. 
Idealmente concebida por nuestros eurócratas como una baza para la defensa de los derechos fundamentales de la persona, la orden de detención europea surge hoy con su faz verdadera: una herramienta de represión totalitaria y potencialmente peligrosa para todos. 
. Acojo con agrado este informe, que intenta evaluar la orden de detención europea, su eficacia y los problemas que ha encontrado desde su adopción. 
El papel de la orden de detención europea a la hora de reforzar la cooperación judicial y la confianza mutua es sumamente innovador y mejora la capacidad de los Estados miembros para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. 
Coincido con la recomendación de que el Parlamento debería estar más implicado en la evaluación de la orden de detención europea y que es preciso garantizar los derechos fundamentales en el contexto de la orden de detención europea a fin de asegurar que los ciudadanos de la UE de diferentes Estados miembros no sufran discriminación alguna. 
. – La Orden de Detención Europea es un eslabón más en la cadena de medidas para completar la red institucional para salvaguardar el poder del capital dentro del marco del «espacio de seguridad y justicia» unificador de Europa. 
Permite la extradición de nacionales de los Estados miembros y básicamente suprime el principio de doble incriminación y el mecanismo para que los dirigentes políticos decidan sobre la extradición de una persona, invirtiendo los principios básicos y las garantías de protección de los derechos individuales salvaguardados en virtud de la anterior legislación sobre extradición. 
Limita la soberanía nacional, en el sentido de que cuestiona el derecho de cada Estado miembro a ejercer jurisdicción penal sobre sus ciudadanos, al tiempo que menciona derechos y garantías personales básicas y constitucionalmente protegidas. 
El informe pide incluso unos cambios más reaccionarios a la Orden de Detención Europea, al proponer que se amplíe la abolición de la doble incriminación, que se supriman todos los derechos de los responsables políticos a intervenir en la extradición de personas por motivos de política nacional y conveniencia, y que se suprima todo control judicial de la compatibilidad de la orden con los derechos fundamentales. 
El Parlamento Europeo vuelve a utilizar «el terrorismo y el crimen organizado» como pretexto necesario, a fin de ofrecer una base más estable para una nueva manera de limitar los derechos y las libertades, que se utilizará contra la lucha popular y contra todos aquellos que se oponen al imperialismo y al sistema capitalista explotador. 
. Resulta bastante incomprensible que el informe Hazan, tal como ha sido aprobado hoy por una amplia mayoría de esta Cámara, demuestre tanto entusiasmo por la Orden de Detención Europea. 
Lo más cuestionable es que recomienda que no se obligue al juez que ejecute la orden «a verificar sistemáticamente la conformidad con los derechos fundamentales». 
En otros aspectos también procura eliminar el control por parte de los jueces. 
Esta decisión conduce a Europa un poco más lejos por el mal camino de la oposición a los derechos fundamentales. 
Si las decisiones –se tomen o no a través de los tribunales– tienen que ser reconocidas mutuamente cuando no existen normas uniformes, entonces los derechos fundamentales en la Unión Europea saldrán perdiendo. 
El hecho es que el acusado corre el riesgo de quedar destrozado en la maquinaria de sistemas de Derecho penal totalmente diferentes que hay en la Unión Europea. 
En este informe no se menciona ni una sola vez el hecho de que los intentos de los Estados individuales –como Alemania– de incorporar la Orden de Detención Europea en su legislación han sido rechazados por sus tribunales constitucionales debido a su clara inconstitucionalidad. 
A pesar de ello, se sigue pidiendo a los Estados miembros que «adopten, en el plazo más breve posible, las medidas que se impongan para eliminar los posibles obstáculos constitucionales o jurídicos que pudieran existir en relación con la aplicación de la Orden de Detención Europea a sus nacionales». 
Esto significa ni más ni menos que se pide a los legisladores alemanes que violen su propia constitución a fin de permitir que se aplique la Orden de Detención Europea. 
. 
El aspecto positivo del análisis de la Orden de Detención Europea es que aborda uno de los mecanismos de cooperación judicial más importantes en la UE, en un momento en que tal cooperación es cada vez más necesaria y cada vez más difícil. 
Tradicionalmente, las autoridades nacionales no han compartido con facilidad la información relacionada con la seguridad, y han tenido dificultades para cooperar en cuestiones judiciales. 
La Orden de Detención Europea va en contra de esta tendencia al imponer la cooperación, que es vital, tanto desde el punto de vista de una mayor seguridad –es la forma más eficaz de evitar que los criminales se beneficien de las ventajas de la libertad de circulación– como desde el punto de vista de una mayor seguridad jurídica, que es igualmente fundamental. 
Dicho esto, es de lamentar que haya que recordar a los Estados miembros que deben «adoptar, en el plazo más breve posible, las medidas que se impongan para eliminar los posibles obstáculos constitucionales o jurídicos que pudieran existir en relación con la aplicación de la Orden de Detención Europea a sus nacionales». 
Asimismo queremos mencionar, con cierto orgullo, que Portugal fue uno de los primeros Estados miembros en transponer la decisión marco en cuestión. 
. – Me he abstenido en la votación sobre el informe Grässle sobre la reforma del Reglamento financiero porque considero que en vez de aumentar la responsabilidad de los gestores, lo que habría permitido una mayor flexibilidad y unas normas más claras, el Parlamento contribuye aún más a la complejidad y la burocracia. 
Nada de esto sirve para potenciar la eficacia de la acción comunitaria y no conduce a una mejor gestión de los fondos de la Unión. 
No conozco ninguna otra entidad pública, ni sobre todo privada, en la que el 40 % de la plantilla participe en la gestión financiera y en el control de la dirección. 
La Unión tendrá pronto más auditores que auditados. 
. – El Reglamento financiero es lo mismo que una constitución financiera. 
Por tanto, es importante. 
Debemos reformar este Reglamento, que bloquea la máquina burocrática europea porque es la referencia comparativa o la expresión de la proliferación patológica de la burocrática europea. 
Si hacen falta voluminosos manuales para entender este Reglamento, si se necesita una «ventanilla de ayuda» para ayudar cada día a funcionarios perdidos en el laberinto de sus procedimientos, si las empresas, institutos, organizaciones, campesinos y ciudadanos no pueden beneficiarse de la totalidad de las subvenciones ni participar en todos los contratos, es simplemente porque el Reglamento financiero se asienta en el principio filosófico fundamental que atraviesa toda la construcción europea: el principio de la cortina de humo, que el financiero italiano Puviani denominaba en 1905 el principio de las ilusiones financieras, consistente en utilizar la complejidad para ocultar la verdad, la verdad europea en este caso. 
. Apoyo plenamente esta resolución y pido a la Federación de Fútbol y a los clubes de fútbol que ayuden a poner fin al tráfico de seres humanos y a la prostitución forzada, y eviten que los eventos deportivos internacionales provoquen un enorme aumento de este horrible tráfico. 
Han de «mostrar la tarjeta roja a la prostitución forzada». 
Han de colaborar con los clubes para informar y educar al público en general, y a los aficionados e hinchas en particular, acerca de la gravedad del problema de la prostitución forzada y el tráfico de seres humanos. 
Hasta 800 000 mujeres son víctimas del tráfico cada año, 100 000 de ellas en la Unión Europea. 
Se trata de una de las más graves violaciones de los derechos humanos en el mundo actual. 
El crimen organizado se está preparando para explotar la Copa del Mundo. 
Miles de pobres mujeres serán atraídas a Alemania bajo falsas promesas de trabajo, solo para ser obligadas a prostituirse y a llevar una vida miserable. 
Debemos actuar a escala europea e implicar no solo a la policía y los políticos, sino también a la Federación de Fútbol, a los clubes y a los propios aficionados. 
Pido a todos los aficionados que asistan a la Copa del Mundo que estén alerta ante este escándalo e informen de cualquier sospecha de tráfico que puedan tener. 
. 
Hemos votado a favor de esta resolución sobre la prostitución forzada que reconoce la realidad de la situación en Alemania y la necesidad de aprovechar la oportunidad brindada por la Copa del Mundo para condenar el tráfico de seres humanos y la prostitución. Sin embargo, siempre hemos mantenido que prostitución forzada no es el término adecuado, dado que sugiere que existe algo así como una prostitución voluntaria. 
Por supuesto, la lucha contra la prostitución forzada y el tráfico de seres humanos son muy importantes, pero no hemos de olvidar que toda la prostitución es forzada, aunque no haya tráfico. 
Es el resultado de la pobreza, la exclusión social, el desempleo, el empleo precario y mal pagado, y la presión psicológica de la sociedad de consumo. 
Por ello, la prostitución es siempre un ataque contra los derechos humanos, un ataque contra la dignidad de las mujeres y equivale a esclavitud. 
Es vergonzoso que se intente comerciar con todo, incluso con el cuerpo femenino. 
De ahí que luchemos por la inclusión social y por los derechos de todas las mujeres a la dignidad. Asimismo, condenamos todas las formas de tráfico de seres humanos y pedimos medidas eficaces para garantizar que todas las mujeres y todos los seres humanos tengan una vida digna. 
. La distinción entre prostitución legal y forzada es una distinción artificial. 
También es hipócrita condenar la prostitución forzada porque estabiliza y amplía la prostitución legal. 
Tanto si la prostitución es legal como forzada, lo que se vende es el cuerpo humano, como una mercancía sujeta a todas las reglas del mercado. 
El marco legislativo que regula las normas de higiene que han de cumplir las prostitutas registradas reconoce básicamente la prostitución como una profesión y gestiona el problema. 
Así pues, ante este fenómeno social en espiral, la prostitución se está legalizando como una profesión; en otras palabras, está siendo desvinculada de las causas sociales que la producen y reproducen (desempleo, pobreza, empobrecimiento y falta de prestaciones sociales). 
Es decir, se está ocultando y exonerando la putrefacción en el sistema explotador, y está rechazando sus responsabilidades y remitiendo el problema a la esfera individual. 
La prostitución no puede considerarse una profesión o una elección libre, porque es incompatible con el valor y la dignidad del ser humano, es la forma más extrema de ataque contra los derechos humanos. 
La prostitución, si se denomina una profesión, pasa a la lista de orientación profesional, como una alternativa al desempleo que afecta a las mujeres jóvenes con tanta brutalidad. 
Al mismo tiempo, legaliza las inversiones en empresas en el mercado de la prostitución, establece la cultura pornográfica y promueve la prostitución de las jóvenes. 
Nos oponemos a todas las formas de prostitución. 
. Acojo con agrado esta resolución, que, con motivo de los preparativos de la Copa del Mundo, intenta poner fin al increíble aumento de la demanda de servicios sexuales y ofrece protección a las mujeres explotadas que son víctimas de la delincuencia organizada. 
La resolución hace hincapié en la necesidad de emprender una campaña integrada a escala europea y, por tanto, insta a los Estados miembros a que lancen y fomenten la campaña de la «tarjeta roja» en estrecha cooperación con ONG, las fuerzas de orden público, iglesias y servicios médicos. 
Además de pretender informar a la opinión pública, la resolución insta al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas, incluidas la FIFA, la UEFA, la Federación Alemana de Fútbol, entre otras, así como a los deportistas en general a que apoyen la campaña de la «Tarjeta roja» y a que condenen rotundamente la trata de seres humanos y la prostitución forzada. 
. Al votar a favor de esta resolución me preocupa que, en particular, la Copa del Mundo de la FIFA esté generando un aumento importante e inaceptable de la trata de mujeres. 
A la hora de hacer frente a estos fenómenos, y también en general, la Comisión, entre otros, debería asegurar que la prioridad sea la lucha contra las bandas que obligan a las mujeres a prostituirse, en lugar de optar por «medidas suaves» dirigidas a menudo contra mujeres vulnerables que se ven empujadas a la fuerza a la esclavitud sexual. 
Apoyamos la resolución porque creemos que es importante centrarse en medidas que reduzcan el número de víctimas de la trata de seres humanos con fines de esclavitud sexual. 
Sin embargo, opinamos que hay que ampliar la resolución para incluir el conjunto de la prostitución. 
El término «prostitución forzada» puede interpretarse como si existiese su antónimo, la prostitución voluntaria. 
Creemos que toda prostitución es forzada porque ninguna mujer decide prostituirse por su propia voluntad. 
Se ve forzada a ello por una o varias razones, como por ejemplo la pobreza y el desempleo. 
Pero sobre todo existen unos vínculos claros entre una mujer que opta por prostituirse y el abuso físico, psicológico o sexual previo. 
. – He votado a favor de la Resolución común sobre el cuarto Foro Mundial del Agua, que se celebrará en México del 16 al 22 de marzo de 2006, porque considero que el agua será uno de los elementos clave del bienestar de nuestros conciudadanos y de la paz en el mundo. 
La Unión Europea no podía estar ausente del reto mundial que supone permitir a los seres humanos acceder al valioso recurso natural que es el agua. 
Tenemos la responsabilidad colectiva de supervisar esta cuestión, que afecta a los derechos fundamentales de los seres humanos, a los animales y a las plantas. 
Al mismo tiempo, me pregunto si no ha llegado el momento de estudiar si la Unión debería adoptar una amplia política europea del agua a fin de garantizar de forma sostenible y renovable un abastecimiento en calidad y cantidad suficientes a los ciudadanos de la UE, independientemente del lugar en que vivan en el territorio de la UE. 
Considero que la Comisión debería anticipar la presentación al Parlamento y al Consejo del informe previsto en el artículo 18-1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
. La naturaleza nos suministra agua gratis; el agua es de todos y todos deben poder acceder a ella. 
No puede ser una mercancía en beneficio del capital porque el acceso al agua es un derecho fundamental, íntimamente relacionado con la salud, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la calidad de vida. 
Para que pueda haber una oferta universal de agua de buena calidad a un precio asequible, la gestión de los recursos hídricos tiene que ser competencia exclusiva del Estado. 
El IV Foro Mundial del Agua en México se celebrará bajo los auspicios del Banco Mundial y su política de clase; dicho de otro modo, su política de privatización de los sistemas de abastecimiento de agua, lo que augura la falta de agua potable para las clases populares pobres y nuevos beneficios para el capital. 
La UE fomenta una política de liberalización de los servicios en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
Durante las negociaciones de la OMC se puso de acuerdo en torno a los servicios (GATS) con los demás centros imperialistas. 
La privatización y destrucción de los bosques y los macizos montañosos, que constituyen importantes zonas de almacenamiento de agua, forma parte de la filosofía de la rentabilidad, que desprecia los derechos humanos básicos. 
Los diputados por el Partido Comunista de Grecia expresamos nuestra oposición al IV Foro Mundial del Agua porque desprecia los derechos humanos básicos a favor de los beneficios. 
Instamos a las clases trabajadoras a luchar por desbaratar los bárbaros planes antipopulares de sus explotadores. 
– Señor Presidente, cuando los dividendos y los beneficios aumentan, y con ellos los salarios de los directivos, los puestos de trabajo hacen lo contrario y disminuyen. 
En el conjunto de Europa se pierden tantos empleos en reestructuraciones como en quiebras. 
Se calcula que en los últimos años tan solo en Austria se han perdido entre 15 000 y 20 000 puestos de trabajo, que han ido a parar a los nuevos Estados miembros. 
La reestructuración es una panacea que permite a las empresas de hoy presentarse ante el mundo como modelos de gestión, al menos sobre el papel. 
Ha habido más reestructuraciones en los servicios públicos que en el sector privado, entre otras cosas en respuesta a las directrices de la UE. 
Ahora nos estamos dando cuenta de que a menudo pagamos un precio elevado por las medidas económicas, en forma de pérdida de calidad, conocimientos, competencia, motivación del personal y potencial estratégico. 
A pesar de que el uso de las reestructuraciones en sustitución de una estrategia clara supone un gran riesgo, las directrices de privatización de la UE y el trato preferencial del turismo de subvenciones han fomentado esta tendencia. 
Es hora de que la UE asuma sus responsabilidades y se abstenga de realizar nuevas ampliaciones, a las que en parte pueden atribuirse estos cambios, y se preocupe más de la justicia social. 
. – He votado a favor del informe relativo a las reestructuraciones y al empleo porque tenemos que demostrar continuamente a nuestros conciudadanos que la Unión Europea es fuente de soluciones en el marco de los grandes cambios económicos y sociales de hoy, y no la causa de los problemas. 
La gravedad de los problemas económicos y sociales asociados a las reestructuraciones, en especial industriales, merece una política europea enérgica a fin de conciliar las necesarias mutaciones y la competitividad de la Unión. 
Celebro la propuesta de crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 
Era urgente poder conciliar, por una parte, las inevitables reestructuraciones industriales derivadas de los cambios económicos y, por otra, la protección de las principales víctimas, que son los trabajadores despedidos y las actividades económicas que dependen de los sectores reestructurados, en particular entre los subcontratistas. 
Por último, apoyo plenamente la idea de que la Unión Europea intervenga a favor de las regiones que, después de haber experimentado un proceso de reestructuración, tengan que integrarse en nuevas zonas económicas. 
. – He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las reestructuraciones y el empleo, que propone recursos financieros, el refuerzo del papel de los interlocutores sociales y herramientas de análisis y anticipación de las reestructuraciones. 
Las reestructuraciones de empresas tienen diversas causas, defensivas u ofensivas, pero siempre tienen los mismos efectos sobre los trabajadores, que son la variable de ajuste de las estrategias de los grupos industriales. 
Que la Unión Europea se ocupe de este problema con el objetivo de anticipar las consecuencias de las reestructuraciones sobre los trabajadores es loable y necesario, pero la UE tiene el deber de establecer una política económica e industrial dinámica, preocupada por la preservación y la creación de puestos de trabajo para los ciudadanos europeos, así como por la cohesión social y territorial. 
Lamento, pues, que la propia UE favorezca la competencia entre los Estados miembros permitiendo el dúmping social y fiscal. 
. – Las reestructuraciones industriales son un fenómeno antiguo y permanente, generado por el progreso técnico y la mejora de la productividad. 
Con frecuencia son inevitables para garantizar el mantenimiento de la competitividad y, por tanto, del empleo a largo plazo. 
Siempre tienen un alto coste social, sobre todo en las regiones con industrias tradicionales en las que los trabajadores escasamente cualificados y no particularmente móviles tienen dificultades para cambiar de ocupación. 
Hay que mitigar por tanto sus consecuencias sociales. 
Por esta razón he votado con absoluta convicción a favor del informe Cottigny sobre las reestructuraciones y el empleo. 
Deseo vivamente que sus propuestas sean recogidas por el Consejo y la Comisión y se conviertan en actos concretos. 
La Unión Europea debería adaptar sus respuestas, reforzar el papel de los interlocutores sociales y crear herramientas destinadas a anticipar con más acierto las reestructuraciones. 
La mayor atención prestada a las PYME, la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, el derecho a la formación a lo largo de toda la vida, etc. son otras tantas medidas que deberían demostrar a los ciudadanos que la Unión Europea está cerca de sus inquietudes y comparte su preocupación por una genuina cohesión social. 
En el informe sobre reestructuración y empleo, el ponente, el señor Cottigny, adopta la misma desafortunada actitud que también se observa en el informe sobre la deslocalización en el contexto del desarrollo regional, sobre el que votamos ayer. 
Ayer votamos en contra de dicho proteccionismo económico y hoy haremos lo mismo. 
Una vez más, creemos firmemente que ni el Estado ni la UE tienen que decir a las empresas cómo llevar a cabo la reestructuración. 
Dicho esto, está claro que no podemos esconder la cabeza bajo el ala y pretender que la reestructuración y la deslocalización de las empresas no afectan en algunos casos a los habitantes y las circunstancias sociales básicas de la zona. 
Apoyamos la petición de un diálogo más estrecho entre los agentes sociales respecto de estas cuestiones, pero podemos evitar los efectos perjudiciales de la reestructuración y la deslocalización por otras vías que no consistan en impedir el desarrollo del sector privado. 
En su lugar, deberíamos invertir nuestra energía en mejorar las condiciones básicas para que las empresas puedan crear un mayor número de puestos de trabajo de duración indefinida. 
. – He votado a favor de la propuesta de resolución sobre las reestructuraciones y el empleo, que propone recursos financieros, el refuerzo del papel de los interlocutores sociales y herramientas de análisis y anticipación de las reestructuraciones. 
Las reestructuraciones de empresas tienen diversas causas, defensivas u ofensivas, pero siempre tienen los mismos efectos sobre los trabajadores, que son la variable de ajuste de las estrategias de los grupos industriales. 
Que la Unión Europea se ocupe de este problema con el objetivo de anticipar las consecuencias de las reestructuraciones sobre los trabajadores es loable y necesario, pero la UE tiene el deber de establecer una política económica e industrial dinámica, preocupada por la preservación y la creación de puestos de trabajo para los ciudadanos europeos, así como por la cohesión social y territorial. 
Lamento, pues, que la propia UE favorezca la competencia entre los Estados miembros permitiendo el dúmping social y fiscal. 
. – Esta tarde estaré en la ciudad de Le Syndicat, en el departamento de los Vosgos, donde está teniendo lugar un suceso que simboliza las consecuencias de las políticas adoptadas por Bruselas. 
El grupo SEB se propone cerrar una unidad de producción en esa ciudad porque no ha podido soportar la competencia de las importaciones baratas de China. 
Más de 400 trabajadores están en la estacada, por no hablar de los subcontratistas, que pierden a uno de sus principales clientes y también deberán efectuar despidos. 
Toda una cuenca de empleo en crisis. 
Sin embargo, el grupo SEB prospera. 
Sus beneficios aumentan. 
Se implanta en el extranjero, compra marcas... 
Pero cierra fábricas en Francia. 
No puede hacer otra cosa, porque se ve acorralado entre las exigencias burocráticas y financieras –procedentes directa o indirectamente de Europa– y la desbocada competencia mundial negociada por la UE. 
No fue SEB quien fijó las reglas del juego, sino Bruselas. 
Hoy, para intentar atajar las consecuencias lógicas de las políticas de competencia europeas (reestructuraciones, deslocalizaciones, etc.) , el informe Cottigny propone una lista de medidas burocráticas que no resolverán el problema, sino, al contrario, lo agravarán y acelerarán. 
Lo que hay que cambiar es toda la lógica, empezando por el culto a la «libre» competencia combinado con la multiplicación de las exigencias reglamentarias y fiscales. 
El mercado de trabajo saldría ganando con ello. 
Durante mucho tiempo, la UE ha tomado medidas políticas para hacer frente a la reestructuración en diferentes sectores. 
Este informe propone algunos cambios constructivos de esas medidas, por ejemplo los recursos desembolsados con cargo a los fondos comunitarios se controlarían de modo más eficiente y no se usarían para deslocalizarse dentro de la UE. 
La actitud básica de la Lista de Junio es que las consecuencias de la deslocalización y la reestructuración son asunto de cada país. 
No creemos que la UE tenga que tomar medidas para garantizar que las empresas acepten responsabilizarse de dichas consecuencias. 
Las cuestiones importantes de este tipo deben decidirse en los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo desea, entre otras cosas: 
– fijar los criterios que rijan las condiciones en que estará permitido llevar a cabo una reestructuración (con objeto de salvar puestos de trabajo y aumentar la competitividad y no solo, por ejemplo, para generar beneficios); 
– crear un fondo especial de «ajuste al crecimiento»; 
– que la UE acepte la responsabilidad sobre los «efectos ocultos» de la reestructuración, como las consecuencias para la salud de los trabajadores, los problemas psicológicos entre los trabajadores y el aumento de la mortalidad entre los que hayan sido despedidos; 
– conseguir la participación igualitaria de los empleados para que puedan participar en las decisiones relativas a la reestructuración; 
– y manifestar el desacuerdo con los Estados miembros que exigen la jubilación anticipada a los trabajadores a raíz de la reestructuración. 
Sean cuales fueren las opiniones políticas en relación con dichas cuestiones, competen a cada país individualmente. 
Por consiguiente, hemos optado por votar en contra de este informe. 
. – La «Estrategia» de Lisboa, que se supone debe depararnos un futuro radiante, será un vergonzoso fracaso, y no se salvará añadiendo algunos fondos de apoyo a los abandonados de un sector industrial que, en mi región de Nord-Pas-de-Calais, han visto sus puestos de trabajo destruidos por nada. 
Un sacrificio que no habrá permitido exportar el bienestar económico y social a otras partes del mundo. 
No solo no necesitamos caridad, sino tampoco otro informe intervencionista más que pretende corregir los malos hábitos de la Comisión Europea. 
La destrucción de puestos de trabajo en Francia y en la Europa ampliada continuará, por muchas toneladas de papel que removamos, que no expresan más que nuestra impotencia y sumisión a las normas de la globalización desenfrenada y al enfoque ultraliberal de los celosos eurófilos. 
Europa está enferma también de un neomarxismo que quiere más intervencionismo estatal, que suma la burocracia europea a la burocracia nacional, ya caracterizada por sus cargas administrativas y por una aplastante insistencia en la fiscalidad. 
Las fuerzas motrices de nuestra economía huyen para ser sustituidas por una inmigración masiva cuya aportación negativa representa una carga económica y social insoportable. 
Necesitamos el nacionalismo económico, el restablecimiento de las fronteras aduaneras y arancelarias, la preferencia comunitaria en Europa y la protección y la preferencia nacional en Francia. 
. – He votado a favor del informe Cottigny después de que las enmiendas propuestas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que incorporaban propuestas que yo había hecho en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hubieran obtenido una mayoría suficiente. 
La reestructuración de las empresas tiene que verse bajo una luz más matizada. 
Por una parte, la deslocalización de las empresas a lugares más baratos en el extranjero provoca un conflicto entre diferentes culturas empresariales, con la pérdida de los efectos sinérgicos que dicen que esto suele generar y el agravio que supone para los trabajadores, incluido el personal directivo. 
Por otra parte, la reestructuración es necesaria cuando las empresas necesitan responder a las demandas de los nuevos mercados, la proximidad de los clientes y la necesidad de aumentar su competitividad. 
Para que los trabajadores de la UE estén más preparados para mejorar su movilidad hasta los niveles que les serán exigidos, necesitan apoyo suficiente mediante la formación continua y el reciclaje profesional y deben participar en programas de aprendizaje permanente. 
Las PYME tienen que beneficiarse al máximo de la ayuda a la reestructuración, que debe ajustarse a los objetivos de Lisboa. 
Con el fin de determinar si las ayudas son legales o no, tiene que ser más sencillo trazar los fondos hasta su origen y de este modo facilitar la recuperación de la ayuda obtenida indebidamente. 
Puesto que los fondos estructurales de que disponemos en este momento son insuficientes, acojo con satisfacción la creación, para poner de manifiesto nuestra solidaridad, de un fondo especial de 500 millones de euros anuales para el reciclaje y la ayuda al cambio de empleo. 
No obstante, falta debatir sus criterios, porque se prevé que funcione solo en caso de deslocalizaciones a Estados que no forman parte de la UE y en los que una empresa despida a más de 1 000 trabajadores. 
La administración de este fondo no debe dar lugar a la creación de una nueva burocracia en la Comisión Europea o en el nivel de las autoridades nacionales. 
. Acojo con satisfacción el informe escrito en respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre reestructuración y empleo. 
El informe establece que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de retrocesos sociales, a condición de que estas se prevean y gestionen correctamente a través de la estrecha colaboración entre las empresas afectadas y los sindicatos, además de una formación adecuada de los trabajadores. 
Pide que se preste apoyo a las PYME y propone que los programas financieros que se están debatiendo para 2007-2013 se orienten en mayor medida a la previsión y la gestión de las reestructuraciones. 
A fin de evitar el «turismo de subvenciones» , el informe defiende que las empresas beneficiarias de ayudas procedentes de los fondos de la Unión que deslocalicen total o parcialmente sus actividades dentro de la Unión no puedan beneficiarse nuevamente de ayudas comunitarias durante un periodo determinado. 
. He votado a favor del informe Cottigny sobre reestructuración y empleo. 
He votado a favor de la segunda parte del apartado 9 sobre la dotación de un Fondo de Adaptación a la Globalización por parte de las empresas, ya que se trata de una donación voluntaria. 
. 
La globalización no es solo un proceso de aproximación, de acortamiento de las distancias y de maximización de la escala; también es un proceso de aceleración. 
En la actualidad, todo es cuestión de movimiento y todo se mueve con mayor rapidez. 
Por tanto, es comprensible que algunas personas muestren aprensión por la celeridad de los tiempos modernos. 
El final de un ciclo, el desmantelamiento de un modelo, la ruptura con el pasado; esto siempre es un momento de crisis. 
Evidentemente, es improbable que las víctimas de estos procesos crean en las virtudes de la «destrucción creativa». 
No obstante, esto es tan real como la propia destrucción. 
Hago estos comentarios en respuesta al informe Cottigny sobre reestructuración y empleo, que peca precisamente de no sintonizar con la realidad. 
Las estructuras sociales, sobre todo las públicas, han de estar preparadas para encajar el golpe de las transformaciones que va a traer esta época de revolución económica. Después de todo, no podemos dar la espalda a los que han sido excluidos del progreso. 
Pero tampoco me parece deseable invertir el proceso totalmente. 
Nuestro objetivo consiste en procurar aprovechar este tiempo al máximo en beneficio de nuestras economías y de nuestros ciudadanos, y este es el proyecto en el que debemos centrar nuestros esfuerzos. 
El informe es constructivo y arroja luz sobre muchos de los problemas derivados de una economía que se nutre de la especulación a corto plazo. 
Por esto he votado a favor de él. 
No obstante, el informe se refiere en términos positivos al fondo que la Comisión desea crear. 
Este fondo implicaría pagos directos a individuos y supondría el comienzo de un proceso mediante el que la UE asumiría el poder sobre la política social, lo que sería lamentable. 
Voto en contra de nuevas directrices de la UE en materia de legislación laboral en relación con la reestructuración porque socavan el modelo sueco de convenios colectivos entre los agentes sociales. 
– Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Bauer sobre la protección social y la inclusión social y quisiera formular al Consejo Europeo, o sea, a los veinticinco Jefes de Gobierno, una pregunta a la que espero respondan: ¿por qué actualmente los jubilados perciben una pensión cada vez menor que resulta cada vez menos suficiente para sobrevivir? 
Las reformas que los veinticinco Jefes de Gobierno están aplicando apuntan a conceder pensiones cada vez más bajas a los jubilados. 
En Italia, en 2050, los jóvenes se encontrarán con una pensión equivalente tan solo a un tercio de su último sueldo. 
Quiero enviar esta grabación en DVD con mi voz a los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno y espero que digan claro qué quieren hacer. 
Quizás derogar la categoría de ciudadanos jubilados o asegurar la supervivencia de quienes han trabajado en el pasado pero ahora ya no pueden hacerlo por ser demasiado viejos. 
. Este informe contiene una larga lista de exhortaciones a los Estados miembros relativas a las medidas que deberían tomar para hacer frente a la pobreza relativa en los Estados miembros individuales. 
Sin duda, hay buenas razones para que los Estados miembros cooperen en cuestiones de este tipo, por ejemplo compartiendo experiencias y buenas prácticas de forma voluntaria. 
No obstante, la integración social y la pobreza tienen que abordarse a escala nacional o a través de la cooperación voluntaria entre los Gobiernos de los Estados miembros. 
Es difícil ver el valor añadido o la competencia específica que aporta el Parlamento Europeo si nos dedicamos a emitir opiniones sobre estas y otras cuestiones similares. 
El informe contiene propuestas para que: 
– los Estados miembros aumenten las oportunidades de aprendizaje permanente (apartado 11); 
– los Estados miembros faciliten el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad (apartado 24); 
– los sistemas de pensiones de los Estados miembros se reformen para garantizar la justicia social en la medida de lo posible (apartado 44); 
– las reformas de los sistemas de pensiones de los Estados miembros no graven aún más la carga fiscal del trabajo (apartado 45); 
La Lista de Junio recomienda que este tipo de cuestiones importantes se resuelvan mediante debates nacionales, en los que los Estados miembros, independientemente o en cooperación voluntaria con otros agentes relevantes, usen los canales democráticos habituales para decidir sobre la legislación más apropiada y otras medidas oportunas. 
Por eso hemos votado en contra de este informe. 
. 
El informe de la Comisión Europea sobre la protección social y la inclusión social confirma que los Estados miembros están intensificando sus esfuerzos por combatir la pobreza y asegurar que los planes de pensiones garanticen ingresos suficientes a los pensionistas. 
Pero el informe señala que más de 68 millones de personas, el 15 % de la población de la UE, vivía en el umbral de la pobreza en 2002. 
A pesar de las importantes mejoras estructurales en el mercado de trabajo de la UE, los niveles de empleo y de participación siguen siendo insuficientes. 
El desempleo sigue siendo elevado en varios Estados miembros, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y las mujeres. 
El informe afirma que la exclusión del mercado de trabajo tiene una dimensión nacional, pero también local y regional. 
Apoyo plenamente el informe Bauer, que recomienda las medidas planteadas por la Comisión para ayudar a los Estados miembros a reconocer las dificultades a que se enfrentan las personas desfavorecidas y para apoyar su integración, fomentar la creación de empleo, la formación y el desarrollo profesional, la conciliación de la vida familiar y profesional y el derecho a un acceso equitativo a la atención sanitaria y a una vivienda digna, así como para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. 
. Acojo con satisfacción el presente informe, que se centra en varias prioridades políticas fundamentales, entre ellas el aumento de la participación en el mercado laboral; la modernización de los sistemas de protección social; la superación de las desventajas en materia educativa y de formación; la eliminación de la pobreza infantil; la garantía de una vivienda digna; la mejora de las viviendas y la superación de la falta de viviendas sociales para los grupos vulnerables; la mejora del acceso a servicios de calidad como la asistencia sanitaria y de larga duración, los servicios sociales y el transporte; la superación de la discriminación y el aumento de la integración de las minorías étnicas y de los inmigrantes. 
En la votación final hemos decidido votar a favor de las directrices para el procedimiento presupuestario 2007, a pesar de que tenemos serias objeciones respecto de dos puntos. 
Nos oponemos a la creación de un estatuto para los asistentes de los diputados, porque existe el peligro de que vivan en condiciones muy diferentes de las que tienen las personas con las que han de trabajar estrechamente en las circunscripciones. 
También hay un importante riesgo de que la profesión de asistente de los diputados se convierta en una carrera vitalicia. 
Asimismo, nos oponemos a la creación de un Centro de Casas de Europa en Bruselas concebidas para llevar a cabo una política de información sobre la UE. 
. – He apoyado el informe del señor Grech, que dista mucho de ser políticamente anodino. 
Así, por ejemplo, en materia de política de información, si se aplica el principio general recogido en los apartados 17, 28 y 62 (reducción de las actividades que no aportan ningún valor añadido) , creo que es preciso introducir cambios importantes. 
Todos los días recibimos folletos de información redactados por «especialistas». 
Estoy convencido de que, para inspirar confianza a los ciudadanos europeos, es mejor informarles a través de los medios de comunicación que les llegan habitualmente allí donde estén, que diseñar costosos folletos que no leerán o no entenderán. 
Otro ámbito en el que deberían aplicarse los principios del informe es el de los «auxiliares de sesión». 
En materia de empleo, nuestra ponente aboga por contratar personal a largo plazo en vez de recurrir a agentes con contratos a plazo fijo. 
Si apoyamos este principio –como es mi caso–, ¿qué estatuto propondremos a finales de año a los 300 auxiliares de sesión cuyo contrato no podrá prorrogarse en su forma actual, tras la desaparición del fundamento jurídico previsto en el artículo 78 del «régimen aplicable a otros agentes»? 
. – He votado en contra del informe Grech porque no estoy de acuerdo en que se ponga en entredicho el establecimiento de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y el establecimiento de Luxemburgo como lugar de trabajo. 
. He votado a favor del informe Grech. 
He votado a favor de ambas partes del artículo 47 porque considero que para 2009 los asistentes de los diputados deben contar con un estatuto. 
. Acogemos con satisfacción la introducción de métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente. 
Pero no estamos a favor de que la UE introduzca un sistema de apoyo y compensación para los pescadores profesionales afectados por los efectos negativos de dichos métodos. 
El informe no menciona ninguna cantidad específica de compensación. 
Tampoco explica de qué partida presupuestaria habría que sacar dicha compensación. 
Estamos a favor de que los pescadores y sus representantes se impliquen en la fijación de medidas encaminadas a proteger el medio ambiente marino y recuperar las poblaciones de peces diezmadas (enmienda 1). 
Pero no estamos a favor de la propuesta de que la Comunidad subvencione las medidas de compensación a los pescadores (enmienda 2). 
No aprobamos un nuevo gasto presupuestario en el seno de la UE y hemos decidido votar en contra de la totalidad de este informe. 
. 
Tras el debate anterior acogemos con satisfacción el apoyo del Comisario de Pesca, el señor Borg, a la enmienda que hemos presentado, que defiende que la descentralización y la cogestión son dos principios fundamentales tanto para garantizar la implicación de los pescadores y de sus asociaciones representativas en las medidas de protección del medio ambiente marino y la recuperación de las poblaciones de peces esquilmadas, como para garantizar la eficacia de dichas medidas, teniendo en cuenta que son los pescadores y sus asociaciones quienes aplicarán dichas medidas, ya que tienen un conocimiento de primera mano sobre el estado de los recursos y son los principales interesados en su preservación. 
Destacamos igualmente su buena disposición a examinar la enmienda que hemos propuesto, que insta a la Comisión a proponer medidas socioeconómicas de compensación, con la garantía de financiación comunitaria, para los planes de recuperación de las poblaciones de peces esquilmadas. 
La mayoría del Parlamento Europeo ha rechazado inexplicablemente estas propuestas, cosa que lamentamos. 
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Un sector pesquero sostenible basado en la última investigación científica y tecnológica es fundamental para alcanzar uno de los principales objetivos de la UE, a saber, la explotación de los recursos marinos vivos de tal modo que asegure unas condiciones económicas, ambientales y sociales sostenibles. 
Esta Comunicación de la Comisión constituye un paso en la buena dirección porque desempeña un papel importante en la promoción de una gestión de la pesca ecológicamente sostenible. 
Quiero reiterar la importancia de estas medidas para los pescadores; cualquier actividad económica que sea más respetuosa con el medio ambiente les beneficia porque les garantiza poblaciones de peces sanas. 
Puesto que estas medidas podrían tener un efecto socioeconómico importante a corto plazo, es necesario implicar a las partes interesadas en las reformas programadas y examinar maneras de compensar a los pescadores afectados negativamente, a corto y medio plazo, por una pesca respetuosa con el medio ambiente. 
A la luz de los puntos mencionados, considero que el contenido de la comunicación contribuye de forma relevante y significativa a la construcción de un futuro positivo, tanto para las personas que se ganan la vida con la pesca como para la protección del medio ambiente. 
. – He votado, por supuesto, a favor de este informe, que fomenta unos métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente. 
Hoy, la prioridad es conseguir una reducción de la intensidad de la actividad pesquera para permitir la recuperación de las poblaciones. 
El tema es delicado, lo sabemos, pero es urgente. 
En efecto, el 46 % de las 28 000 especies de peces censadas en el mundo están amenazadas. 
Además, el Programa de evaluación de los ecosistemas de las Naciones Unidas destaca que el 25 % de las especies comerciales están sobreexplotadas. 
Evidentemente, hay que tener en cuenta los imperativos socioeconómicos y no penalizar al sector pesquero, sometido ya a demasiadas exigencias. 
La reducción de la actividad pesquera puede contemplarse si va asociada a compensaciones. 
Pero otras medidas pueden aportar resultados significativos, como la intensificación de la lucha contra la contaminación por los buques o la promoción de unos métodos de pesca sostenibles. 
La sostenibilidad de los recursos pesqueros es un objetivo esencial, y en este sentido he orientado mi informe de opinión relativo a la Comunicación de la Comisión sobre un enfoque comunitario acerca de los sistemas de etiquetado ecológico de los productos pesqueros. 
. Respaldo el objetivo de modernizar la economía europea mediante la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. 
Acepto que esta estrategia también debe ser considerada en el contexto más amplio de los requisitos del desarrollo sostenible y que es necesario que cubramos nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. 
Sin duda, Europa dispone de recursos para mantener nuestras elevadas condiciones de vida, pero tenemos que actuar para liberarlos. 
Me gustaría que constase en acta que aunque apoyo el objetivo general de la resolución del Parlamento sobre la Cumbre de primavera de 2006, no apoyo las enmiendas que manifiestan que la energía nuclear constituye una alternativa viable a la actual dependencia energética de Europa. 
Irlanda no apoya de ningún modo el uso de la energía nuclear. 
. 
Casi ha pasado un año desde el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, acordada por el Consejo Europeo de Primavera en marzo del año pasado. 
En su Informe Intermedio Anual sobre la Estrategia de Lisboa publicado el 25 de enero en preparación del próximo Consejo Europeo de Primavera, la Comisión afirma que aunque reconoce los avances significativos realizados desde entonces, ahora la prioridad es generar resultados y ha llegado el momento de acelerar las reformas. 
En este sentido, identifica cuatro ámbitos prioritarios de actuación, en los que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE deben comprometerse a tomar las siguientes medidas concretas adicionales a escala nacional y europea: aumentar la inversión en educación e innovación; liberar el potencial de las empresas, especialmente de las PME; responder a los retos de la globalización y del envejecimiento de la población; e iniciar una política energética europea eficaz e integrada. 
La propuesta de resolución planteada formula comentarios y sugerencias sobre los cuatro ámbitos de actuación prioritarios, que apoyo plenamente. 
Por eso he votado a favor. 
. 
Aunque lamento que la resolución que hemos presentado haya sido rechazada, cabe señalar que cerca de 100 diputados han votado a favor (79) o se han abstenido (20) , lo que supone más del doble del número de diputados de nuestro Grupo y más que el conjunto del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Ha sido igualmente significativo que un número aún mayor se haya negado a votar a favor de la resolución conjunta, que sin embargo ha sido aprobada por la mayoría. 
La experiencia nos ha demostrado que el método de coordinación abierta previsto en la Estrategia de Lisboa no ha reducido la pobreza. 
A raíz de la Estrategia de Lisboa, las prioridades han sido la liberalización y la privatización de los sectores y los servicios públicos. 
Dado que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, hay que fijarse más en sus causas. Por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias para promover la inclusión social desde una perspectiva multidisciplinaria. 
Por eso defendemos la sustitución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un verdadero pacto de desarrollo y progreso, y la Estrategia de Lisboa por una verdadera estrategia de cohesión económica y social. A su vez, creemos que no hay que poner el acento en la propuesta de una directiva sobre la creación de un mercado interior de los servicios. 
. Apoyaré esta resolución, junto con mis colegas del Grupo socialista y la delegación laborista, pero quiero señalar una omisión fundamental en la sección sobre política energética, a saber, la energía maremotriz. 
El calentamiento global nos aparta de la energía convencional, al tiempo que las preocupaciones en materia de seguridad suponen una amenaza para la energía nuclear. 
Las energías renovables, ya sea la energía solar, la eólica o los biocombustibles, difícilmente pueden colmar este vacío. 
La gran oportunidad que estamos dejando de lado es la energía maremotriz. 
Francia construyó una central en el estuario de La Ranche como ejemplo de esta tecnología; en el Reino Unido, tanto el estuario del Mersey, en menor medida, y el del Severn, a gran escala, son lugares adecuados. 
Solo el proyecto del Severn podría proporcionar casi el 10 % de las necesidades energéticas británicas. 
¿Por qué estamos dejando de lado las «grandes» fuentes de energía renovables, mientras cubrimos nuestras colinas con molinos de viento y nuestros tejados con paneles solares? 
. – Por norma general, las resoluciones de este Parlamento sobre los preparativos de los Consejos Europeos consisten en una letanía de deseos a los Gobiernos y a la Comisión. 
Lo que tienen en común es que nunca señalan que las dificultades que experimentan nuestros países tienen su causa en la integración europea y siempre reclaman más intervenciones de Bruselas en las políticas de los Estados miembros. 
La salud no puede venir de la Europa de Bruselas, porque la mayoría de los problemas mencionados en este texto tienen su origen en ella. 
Por ejemplo, nos encontramos hoy en un punto en el que los problemas debidos a la liberalización del mercado interior de la energía –que Bruselas deseaba y que estaba basada exclusivamente en el sacrosanto principio de competencia– llevan a los diputados a pedir una política energética común, incluso única, cuando este ámbito de intervención no existe en los Tratados y no figura en ellos por una buena razón: la oposición de los Gobiernos, conscientes de la importancia estratégica del sector y de sus intereses discrepantes. 
La impresión general es que la integración europea, tal como está hoy, es un fin en sí misma y se autoalimenta de las consecuencias negativas de sus propios errores. 
. En esta resolución, el Parlamento Europeo se inmiscuye en ámbitos de los que tienen que ocuparse los Parlamentos de los Estados miembros para alcanzar los objetivos europeos de aumento del crecimiento y del empleo. 
La base de la Estrategia de Lisboa es que los Estados miembros apliquen lo que se haya acordado. 
La Estrategia de Lisboa no debe usarse como argumento para pedir constantemente un aumento de la dotación del presupuesto de la UE. 
En su lugar, la Lista de Junio cree que la Estrategia de Lisboa ha de estar incluida en los presupuestos de los respectivos Estados miembros. 
El apartado 3 de la resolución afirma que hay que aumentar el presupuesto de la UE si queremos alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Por eso hemos decidido votar en contra de la resolución. 
La resolución contiene muchas propuestas positivas, pero está basada en unas perspectivas financieras que no apoyamos. 
La responsabilidad de la aplicación de la Estrategia de Lisboa reside en los Estados miembros; por eso es importante que no aumenten sus contribuciones a la UE. 
Por el contrario, deberían tener margen para ocuparse de las exigencias de la Estrategia de Lisboa. 
Por tanto, hemos votado en contra de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
. 
Lo que ocurrirá el 16 y 17 de marzo podría denominarse junta general de empresarios, y no es casualidad que esté prevista para justo antes del Consejo Europeo. 
Participará el Canciller austriaco y actual Presidente en ejercicio del Consejo, el Presidente de la Comisión y los Comisarios, junto con los peces gordos de las empresas, la industria, el medio ambiente, la investigación y los medios de comunicación, por no mencionar a los responsables gubernamentales de los llamados programas nacionales de reforma. 
Los capitanes de la industria presentarán su lista de deseos, que pide la aplicación de las llamadas reformas estructurales, un eufemismo de la política de derechas cuyo significado real conocen muy bien los trabajadores: más trabajo precario, reducción de los salarios, aumento de la vida laboral y de la jornada laboral, retraso de la jubilación, desmantelamiento y posterior liberalización y privatización de los servicios públicos, con el acento puesto en la energía y las comunicaciones, la seguridad social, la salud y la educación y la investigación, lo que generará explotación, desempleo y pobreza. 
La mayoría del Parlamento se ha unido para aprobar esta agenda, aunque nosotros hemos votado en contra. 
. 
Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos plenamente todas las medidas de la Estrategia de Lisboa que mejoran verdaderamente la competitividad de las economías europeas. 
Para ello, es necesaria una verdadera reforma económica que genere más crecimiento, mercados de trabajo más flexibles y más empleo en todo el territorio de la UE. 
Aunque apoyamos plenamente los esfuerzos del Presidente de la Comisión y de algunos Estados miembros por reducir las cargas que soportan las empresas y los impedimentos que obstaculizan la creación de empleo, nos preocupa el hecho de que algunas de las medidas descritas en la resolución puedan generar más costes para las empresas y resten valor a la prioridad primordial de dotar a Europa de más competitividad en el mercado mundial y, de este modo, reducir de forma significativa los niveles de empleo. 
No podemos apoyar estas propuestas recogidas en la resolución, que supondrían elevar las perspectivas financieras por encima de lo acordado en el Consejo Europeo de diciembre de 2005. 
Por estos y otros motivos, hemos decidido abstenernos en la votación sobre la resolución. 
La propuesta de resolución conjunta firmada e impulsada en el Parlamento Europeo por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa está encaminada a acelerar aún más las reestructuraciones capitalistas mediante el establecimiento de programas nacionales. 
El ataque del capital unificador de Europa se extiende y abarca todos los vínculos básicos, con la invasión de capital y la comercialización de la sanidad, la educación y la energía, el desmantelamiento de las relaciones laborales y la eliminación de los derechos adquiridos por las clases trabajadoras, con el nuevo ataque a sus derechos de seguro y de pensión. 
La Estrategia de Lisboa también está basada en el Tratado de Maastricht y en las cuatro libertades (de capital, comercio, trabajadores y servicios) que Nueva Democracia, el Movimiento Socialista Panhelénico y Synaspismos apoyaron conjuntamente en nuestro país. 
El Partido Comunista de Grecia ha advertido a la clase obrera y a los ciudadanos sobre los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Insta a la clase obrera a intensificar su lucha contra el bárbaro ataque del capital, a dirigir su lucha contra los monopolios y el imperialismo y a construir su alianza para el poder y la prosperidad del pueblo. 
. Es escandaloso que 20 años después del desastre de Chernóbil, dos tercios de los diputados sigan apoyando el uso de la energía nuclear votando a favor de la resolución sobre la Estrategia de Lisboa. 
La energía nuclear sigue siendo una tecnología de alto riesgo con consecuencias incalculables. 
El aumento del uso de la energía nuclear viola los derechos fundamentales y agrava irreparablemente las condiciones de vida de las generaciones futuras. 
La extracción de uranio entraña la sobreexplotación masiva de la naturaleza y la contaminación radioactiva de las aguas subterráneas. 
El uranio también puede enriquecerse, lo que constituye un medio de producir material utilizable en armas nucleares. 
De hecho, no es posible separar el uso «civil» de la energía nuclear del militar. 
Incluso el funcionamiento normal de los reactores nucleares implica un estado permanente de riesgo a causa de la radiación de bajo nivel y el riesgo de contaminación de los ríos cuya agua se utiliza para enfriar. 
Hay ejemplos repetidos de plantas de reprocesamiento que provocan contaminación radioactiva en grandes extensiones de tierra y de mar. 
Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de resolver el problema de la gestión y almacenamiento de los residuos altamente radiactivos, que siguen aumentando y que seguirán emitiendo radiación al menos durante los próximos 10 000 años. 
Los 3 100 millones de euros que el séptimo programa marco de investigación ha destinado a la investigación nuclear (2007-2011) duplican la cantidad destinada por su predecesor. 
En lugar de invertir en tecnologías nucleares, la UE debería desarrollar formas de energía renovables. 
La única forma de garantizar la seguridad del suministro de energía a largo plazo es descentralizar el suministro de las fuentes de energía renovables. 
. 
He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la contribución del Consejo Europeo de Primavera 2006 a la Estrategia de Lisboa, porque acepto la mayoría de los puntos y las propuestas que formula. En particular, acojo con satisfacción las propuestas relativas a un enfoque exigente, competitivo e innovador de la economía europea, que establece un plan de trabajo para la reforma económica europea caracterizada por la consecución del mercado interior, la inversión en investigación y desarrollo y la solidaridad entre comunidades y generaciones. 
Hay algunos puntos que creo que hace falta clarificar. 
En mi opinión es lamentable que un año después del Consejo de Primavera de 2005, en muchos ámbitos seguimos más o menos donde estábamos, es decir, la libertad de prestación de servicios, la libertad de instalación de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, la profundización del mercado interior y la reforma de las prioridades presupuestarias. 
Estos puntos no justifican mi desacuerdo con la resolución, pero refuerzan mi decepción por la falta de compromiso con las reformas de la Unión Europea. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los resultados del Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores (10-11 de marzo de 2006). 
. 
Señor Presidente, en los Balcanes Occidentales la UE puede realmente marcar la diferencia. 
Esto se debatió en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores en Gymnich, Salzburgo. 
La región se encuentra en una encrucijada y la UE la guiará por el camino de la paz y de las reformas. 
En los últimos años hemos visto muchos avances positivos, pero no debemos dejarnos arrastrar por un falso sentido de la seguridad. 
Este año tendremos que resolver con paciencia y firmeza la cuestión del estatuto de Kosovo y Montenegro. 
También debemos hacer que la región supere la época de la guerra. 
Así pues, debemos despejar el camino para avanzar en cuestiones que realmente importan a los ciudadanos de la región: el desarrollo económico y social y el acercamiento de los países a la integración europea. 
¿Cuál es la mejor forma de animar a estos países a que acepten un ambicioso programa de reformas? 
Lo más importante es que debemos atenernos a nuestro compromiso de que estos países puedan avanzar hacia la UE con el objetivo último de la adhesión, una vez que hayan logrado cumplir los rigurosos criterios al respecto. 
Asimismo, debemos esforzarnos por que esta perspectiva sea concreta y tangible, como ha hecho la Comisión en su reciente Comunicación. 
Me gustaría mencionar unos pocos ejemplos de nuestros objetivos y propuestas concretos. 
En primer lugar, debemos eliminar los obstáculos al comercio, la producción y la inversión. 
La Comisión, junto con el pacto de estabilidad y los países afectados, aspira a la creación de un acuerdo de libre comercio regional, que vendría a sustituir al actual conglomerado formado por 31 acuerdos de libre comercio bilaterales. 
Esto podría lograrse mediante una ampliación y modernización simultáneas del CEFTA, a cuyo efecto se celebrará una reunión del Acuerdo en abril en Bucarest. 
En segundo lugar, deberíamos llevar a cabo una «europeización» de la futura generación, aunque ¿por qué no de la actual? 
Por este motivo, hemos propuesto incrementar la movilidad de investigadores y estudiantes ofreciéndoles más becas. 
En tercer lugar, es necesario facilitar los contactos personales. 
Presentaremos medidas sobre tramitación de visados y confío en que los Estados miembros las aprueben con rapidez en el Consejo, para que podamos emprender las negociaciones sobre la tramitación de visados y los acuerdos de readmisión. 
Quiero destacar el hecho de que cuanto más puedan hacer los países de la región por garantizar los controles de las fronteras y la seguridad de los documentos, más fácil será convencer a los Estados miembros de la UE de que realicen avances en materia de tramitación de visados. 
Me complace que los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE reunidos en Salzburgo el pasado fin de semana apoyaran estas medidas prácticas y, aunque no esté presente hoy, quiero felicitar en particular a la señora Plassnik por su compromiso personal de asegurar el avance en los Balcanes Occidentales. 
Por último, debo decir algunas palabras sobre la muerte de Slobodan Milosevic. 
Cuando recibimos la noticia de su muerte al término de la cumbre de Gymnich, mi reacción inmediata fue recordar mi visita a Srebrenica el pasado mes de julio con motivo del décimo aniversario de la masacre más terrible que se ha cometido en la Europa de posguerra. 
Lamento que Milosevic haya muerto antes de que se hiciera justicia por los cientos de miles de víctimas de los crímenes de los que se le acusaba. 
En sus memorias, el Canciller Kohl escribe que cada generación debe esforzarse por crear una conciencia necesaria de la historia para evitar repetir nuestros errores y garantizar que «sean escuchadas las voces de las víctimas». 
Son palabras muy sabias. 
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia deja constancia de pruebas que ayudarán a los serbios de la generación actual y de las generaciones futuras a entender que se cometieron muchos crímenes en nombre de Serbia, aunque solo algunas personas fueran responsables de ellos. 
La muerte de Milosevic resalta todavía más la necesidad de que el Tribunal de la Haya acabe su trabajo y los demás acusados comparezcan ante la justicia. 
Esto ayudará a Serbia a cerrar el trágico capítulo de la historia presidido por Milosevic y a reconciliarse con el legado de su pasado. 
Hoy, Serbia se encuentra más que nunca en la encrucijada y, sinceramente, espero que los dirigentes y ciudadanos serbios tengan la voluntad y la sabiduría de elegir el futuro europeo en lugar del pasado nacionalista. 
Ahora el país tiene verdaderamente su futuro en sus propias manos. 
Podemos ayudar a los serbios a tomar la decisión correcta manteniendo abierta para ellos la perspectiva europea. 
– Señor Presidente, se anunció que esto iba a ser un debate con el Consejo. 
Acaba de decir que el Consejo aún no ha llegado, pero creo que deberíamos esperar a que llegue, porque queremos oír y después debatir un informe sobre la Cumbre de Salzburgo. 
No tiene sentido celebrar el debate antes de oír el informe; sería una pérdida de tiempo. 
Estoy de acuerdo con las observaciones del señor Posselt, si bien me han informado de que la Ministra está a punto de llegar. 
. Señor Presidente, quiero decir que me uno a la protesta que ha hecho el señor Posselt, porque creo que en este Parlamento no debemos sacrificar el fondo por la forma, y si está anunciado un debate con la Comisión y el Consejo, el Consejo debería estar presente. 
Señor Presidente, quisiera decir que, por si no fuera suficientemente complicada la situación en Oriente Próximo y en Palestina después del triunfo de Hamás, el asalto efectuado por tropas israelíes a la prisión de Jericó −que creo que debemos deplorar− añade un elemento de complicación más y ha desatado esta ola de violencia indiscriminada de la que han sido víctimas ciudadanos e intereses de la Unión Europea y que debemos condenar con toda contundencia. 
Señor Presidente, me gustaría preguntar a la Comisión cuál va a ser el criterio −porque sé que se ha debatido en el Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores− que van a seguir la Comisión Europea y el Consejo, que lamentablemente sigue estando ausente, en relación con la ayuda de la Unión Europea a Palestina y si van a insistir, como es lógico, en la necesidad de exigir a Hamás que renuncie a la violencia y que reconozca el Estado de Israel y los acuerdos anteriores. 
En segundo lugar, señor Presidente, me gustaría preguntarle a la Comisión, en relación con el tema de Irán, que ha sido remitido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si la Comisión prefiere un enfoque gradual, es decir, que el Consejo de Seguridad emita una declaración, o espera que aplique sanciones. 
Respecto de la ampliación, me gustaría saber, señor Presidente, habida cuenta de las declaraciones que ha hecho el Ministro del Interior francés, señor Sarkozy, de que hay una cierta fatiga en lo que se refiere a la ampliación y de su solicitud de un debate en el Consejo para el mes de junio, en relación con el examen de los límites en la capacidad de absorción de la Unión Europea −vamos a ver el informe del señor Brok en el siguiente punto del orden del día−, si la Comisión comparte esta petición del señor Sarkozy al Consejo y si piensa que la Presidencia austriaca de la Unión debería dar una respuesta definitiva acerca de los límites geográficos de nuestro proyecto político. 
Algunas de las preguntas que ha planteado usted debería dirigirlas a la señora Ferrero-Waldner, quien no se encuentra presente en estos momentos, mientras que muchas de sus otras preguntas se responderán en el debate sobre la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que tendrá lugar en su momento. 
,. Señor Presidente, dado que el tiempo de intervención de la Comisión en este debate es ajustado y sería imposible informar sobre un abanico tan amplio de cuestiones que abarca todos los asuntos exteriores y de orden mundial, se acordó que la señora Ferrero-Waldner abordaría los temas de Irán y Palestina y la crisis de las caricaturas cuanto intervenga más adelante esta misma noche. 
Por este motivo me he centrado en las políticas relacionadas con los Balcanes Occidentales. 
Esta es la forma en que se distribuirá la intervención de la Comisión, lo que quiere decir que después del debate responderé a las preguntas sobre los Balcanes Occidentales y la señora Ferrero-Waldner responderá más tarde sobre las demás cuestiones. 
– Señor Presidente, el Comisario Rehn ha descrito cómo están las cosas, así que mientras esperamos que llegue la señora Plassnik, podríamos debatir el informe Brok sobre la ampliación. 
Le ruego que lo hagamos de ese modo, porque de lo contrario seremos injustos con el Comisario y el debate no seguirá el orden adecuado. 
Soy consciente de que nos encontramos en una situación inusual, pero por desgracia, según el orden del día, el debate sobre el informe Brok se celebrará después de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión. 
– Señor Presidente, yo también quiero hacer una propuesta. 
Podemos hacer, desde luego, una pausa si la Presidencia del Consejo ausente nos invita a tomar mientras un café con ella. 
Señor Presidente, comprendo perfectamente los apremios que pesan sobre la elaboración del orden del día de nuestro Parlamento, pero usted ha dicho que tenemos un determinado orden del día, y lo que no se puede hacer es establecer un punto del orden del día en el que se dice que vamos a tratar el Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores cuando resulta que el Comisario competente respecto de la mayor parte de los puntos relativos a dicho Consejo ha decidido que se haga en un momento ulterior de nuestro debate. 
Me parece que lo que han propuesto el señor Posselt y la señora Pack está completamente justificado. 
Si no está el Comisario responsable para tratar los temas principales del Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores, abordemos el informe del señor Brok y tratemos este punto cuando venga la Comisaria responsable, porque no es de recibo que se haga un reparto de los temas sin escuchar la opinión de los diputados. 
Comprendo las dificultades que plantea, pero tengo que decir que el Reglamento no nos va a ayudar a resolver el problema. 
– Señor Presidente, el problema es, por supuesto, que algunos diputados que tienen que hablar sobre el informe Brok aún no han llegado. 
Creo que podemos reorganizar las cosas, por supuesto. 
La señora Napoletano estaba dispuesta a intervenir y yo lo hago ahora porque voy a hablar principalmente de los Balcanes. 
Podríamos sencillamente combinar los dos temas, pero algunos diputados se enfadarán por no haber podido hablar del informe Brok porque no estaban presentes. 
¡Ese es el problema! 
– Señor Presidente, ¿puedo preguntar con todo respeto si sabe cuándo va a llegar el Consejo? 
Si es cierto que va a llegar dentro de un cuarto de hora, podemos esperar, porque no sería la primera vez que tenemos un retraso de 15 minutos. 
Sugiero que si el Consejo va a llegar dentro de 15 minutos suspendamos la sesión. 
Pero si van a tardar una hora, tendremos que pensar en otra alternativa. 
No tenemos información al respecto, pero quizás usted sí la tenga. 
Propongo que suspendamos la sesión durante unos minutos mientras esperamos la llegada de la representante del Consejo. 
Puesto que la representante del Consejo ya ha llegado, podemos reanudar la sesión. 
Señor Presidente, le ruego que disculpe nuestro retraso. 
Nos hemos encontrado con dos accidentes de tráfico, uno de camino al aeropuerto en Viena y el otro en la autopista de Entzheim. 
Gracias por darme la oportunidad de informarles de nuestra reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores, que se celebró este fin de semana en Salzburgo. 
Se centró principalmente en dos ámbitos. El primero eran los retos con los que actualmente se enfrenta la política exterior, sobre todo los acontecimientos en Oriente Próximo y las elecciones inminentes en Belarús y Ucrania. 
El segundo día se dedicó a los Balcanes, la agenda de Salónica, su aplicación y su futuro. 
Si me lo permiten, primero quiero hablar de Oriente Próximo y después de los Balcanes. 
Dichos principios están perfectamente claros y consisten en tres elementos. 
Les pedimos que abandonen la violencia, comiencen las negociaciones –lo que implica reconocer los acuerdos existentes– y reconozcan el derecho de Israel a existir. 
Nuestra política se desarrolla sobre esa base coherente y clara, y sobre ella hemos lanzado un llamamiento a nuestros socios en Oriente Próximo. 
Hamás, en particular, tendrá que ser consciente de la encrucijada y tomar una decisión sobre el camino que quiere tomar en el futuro. 
Tiene que dejar claro qué camino va a tomar; hemos dejado claras las condiciones, pero ellos no han cambiado ni un ápice. 
Seguiremos apoyando al pueblo palestino y en Gymnich también hemos debatido el tipo de ayuda económica que les daremos en el futuro. 
Está claro que cualquier apoyo tiene que beneficiar al pueblo palestino en lugar de usarse para el terrorismo y la violencia. 
Así pues, estamos siguiendo con mucha atención los acontecimientos, los esfuerzos que se están haciendo para formar un nuevo Gobierno palestino y su futuro programa. 
Ayer el Presidente Mahmud Abbás y su delegación visitaron Viena, donde tuvimos la oportunidad de plantearle algunas cuestiones. 
Él y su Gobierno interino pueden contar con nuestro apoyo en este difícil período, y estaré encantada de debatir los acontecimientos en detalle si tengo la oportunidad de hacerlo más tarde. 
En cuanto al tema de los Balcanes, la cuestión era y es importante para la Presidencia austriaca, y por tanto considero que la reunión de Gymnich constituye un mensaje alentador, incluso en un doble sentido del término, dirigido a los ciudadanos de los Estados de los Balcanes Occidentales. 
El camino que tienen que recorrer para acercarse a Europa y cumplir las normas europeas es difícil, pero el viaje vale la pena, y en ese camino cuentan con nuestros mejores deseos y nuestro apoyo. 
También es una señal para nuestros pueblos, ya que les alienta en la creencia de que es posible encontrar soluciones a los problemas difíciles, incluidos los más difíciles. 
Por tanto, creo que es una señal de esperanza y de confianza que la declaración de Salzburgo haya conseguido subrayar y resaltar las perspectivas que tienen los Estados balcánicos de adherirse a la Unión Europea. 
Es importante, en particular en un momento en que la gente habla de «fatiga de ampliación» , enviar esta señal a nuestros socios para que se formen una idea correcta de lo que pueden esperar en vista de las difíciles decisiones que tendremos que tomar en 2006. 
La lista de invitados de nuestra reunión de Salzburgo refleja a las claras que el camino que tendremos que recorrer este año será difícil, porque entre nuestros invitados estaban a Martti Ahtisaari, el enviado especial de las Naciones Unidas a Kosovo, y su suplente Albert Rohan, y pudimos debatir con ellos el futuro de esa región. 
También invitamos a Christian Schwarz-Schilling, el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina; Søren Jensen-Petersen, el Presidente de UNMIK, estaba presente con su delegación, así como el sucesor de Ibrahim Rugosa como Presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu. 
También me satisfizo la presencia del señor Brok, Presidente de su Comisión de Asuntos Exteriores, que participó en nuestros debates. 
Los Balcanes se encuentran en el corazón de Europa, y sin ellos la unificación europea estará incompleta. 
Sabemos que el camino será difícil, pero estamos decididos a recorrerlo. 
Hemos decidido ir paso a paso, trabajando y resolviendo las cuestiones una por una. 
Ayer el Primer Ministro bosnio me visitó en Viena y me dijo que no era crucial fijar una fecha o un momento específico en el tiempo, sino trabajar juntos sobre las normas europeas. 
Javier Solana, que ha estado observando los acontecimientos durante mucho tiempo, califica lo conseguido desde Salónica en 2003 de acierto que se deja ver en nuestro plan de trabajo, y en particular en el orden del día de la reunión de Salzburgo, porque las cuestiones de las que se ocupaba esta reunión eran la mejora y facilitación de los acuerdos comerciales, la lucha contra la delincuencia organizada, los jóvenes y la facilitación de los viajes. 
Hemos prestado atención a la cuestión de los visados ante la necesidad de abordar las expectativas de los ciudadanos de esos países. 
Pero también hemos de dejarles claro que las opciones están abiertas y unirnos a ellos en la búsqueda, paso a paso, de soluciones a los problemas que siguen pendientes en esa zona y en otras. 
No cabe ninguna duda que Europa está marcando una diferencia en esa región, pero también hemos subrayado la responsabilidad que tienen los países implicados, porque los que ya han conseguido la estabilidad tienen que avanzar hacia una europeización dinámica. 
Mientras avanzamos en ese camino, tenemos que dejarles claro que necesitan la voluntad de tomar las medidas necesarias y demostrar esa cualidad tan bien descrita en la palabra inglesa «ownership» (protagonismo). 
Hemos subrayado la necesidad de cooperación regional, en especial en vista del trabajo que se está realizando en una zona regional de libre comercio, con un único acuerdo de libre comercio basado en el CEFTA, destinado a sustituir a 31 acuerdos individuales. 
Personalmente, agradezco al Comisario Rehn y a la Comisión en su conjunto su compromiso con esta cuestión. 
El Consejo y la Comisión están trabajando juntos y codo a codo en el mejor sentido de la palabra. 
Quiero dar las gracias a la Comisión por su comunicación a finales de febrero, así como por su voluntad de unirse a nosotros para seguir trabajando por lograr los objetivos establecidos en la declaración de Salzburgo. 
También es necesario que los Ministros del Gobierno nacional trabajen de forma continuada en el seno de sus propios ámbitos de actividad, porque son ellos quienes tendrán que ponerse en contacto con sus socios en los Estados balcánicos para abordar los problemas. 
Los Ministros de Interior, en particular, están muy comprometidos con esta cuestión y tienen una gran responsabilidad, porque son ellos y su cooperación quienes determinarán los avances prácticos que pueden hacerse en cuestiones importantes. 
También hemos debatido el tema de la capacidad de asimilación de la UE y hemos explorado sus implicaciones. 
Como saben, se trata de un tema al que di mucha importancia el pasado otoño y creo que estaba en lo cierto al hacerlo, porque no queremos poner otro obstáculo, sino tomar más conciencia de algo que tendría que ser bastante obvio, es decir, que tanto los candidatos a la adhesión como la Unión Europea tienen que hacer los deberes. 
En un momento en que estábamos reunidos alrededor de la mesa en Salzburgo tuvimos una experiencia inquietante y, a la vez, de confianza esperanzada: nuestros debates fueron interrumpidos por la noticia de la muerte de Slobodan Milosevic, y había un simbolismo europeo en el hecho de ser capaces de seguir trabajando en nuestro futuro europeo común en aquel momento. 
. – Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, solo quiero hacer dos observaciones breves sobre el tema de Oriente Próximo. 
En primer lugar, llevamos razón al solicitar que Hamás asuma la realidad y renuncie a la violencia, pero esto no autoriza a Israel a seguir con su política de violencia unilateral, que es lo que ha estado haciendo. 
En segundo lugar, Europa y los Estados Unidos tienen que ser coherentes con sus políticas nucleares, en particular en vista de las diferentes maneras en que se está tratando a la India e Irán, y el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena tiene que desempeñar un papel más amplio en un sistema multilateral de enriquecimiento de uranio y gestión de los residuos nucleares. 
Si mantenemos esos principios, progresaremos. 
Volviendo al tema de los Balcanes, me sorprende que nuestras medidas estén guiadas por el principio de que el progreso tiene que definirse como cualquier cosa que no sea retroceso. 
Quiero decir que mi Grupo y yo nos avergonzamos del comportamiento de algunos Estados miembros, que se sienten culpables por la manera en que la cuestión de la adaptación de Europa a la adhesión de nuevos Estados miembros se está oponiendo a las perspectivas de adhesión de los países balcánicos. 
Pero Europa no será más fuerte por privar a los países balcánicos de sus perspectivas de adhesión o por aplazarla a un futuro distante. 
El principio rector tiene que seguir siendo la adhesión a la UE, a favor la que esta Cámara –incluido mi Grupo– ha votado ha menudo unánimemente. 
Aunque la exigencia de que la UE esté más capacitada para acoger a nuevos miembros, es perfectamente comprensible –estoy pensando en la constitución y en la base financiera–, esto no puede esgrimirse contra los países de Europa Sudoriental ni utilizarse para eludir sus esfuerzos de adhesión. 
Nuestros preparativos y los de los Balcanes tienen que ser paralelos. 
La preparación de ambas partes tiene que ser coherente y exhaustiva, y mientras se lleva a cabo hay que tomar medidas prácticas para preparar a los países de los Balcanes para la adhesión a la Unión Europea, sobre todo facilitando las disposiciones sobre los visados. 
Sobre lo que han dicho los Ministros de Interior –la señora Gottes y el señor Ohr–, espero que hagan algo tangible para que los jóvenes de esa región tengan por fin la oportunidad de conocer Europa. 
A pesar de la muerte de Slobodan Milosevic –que en muchos aspectos ha sido prematura–, redunda en interés de las víctimas y del futuro compartido de Europa que todos los que cometieron crímenes sean juzgados en la Haya, y tenemos que insistir en ello. 
Los países de los Balcanes, que en el transcurso de la historia de nuestro continente muy a menudo han sido los juguetes de las grandes potencias europeas, tienen que integrarse de forma progresiva en la Unión Europea. 
De cualquier modo, no aceptaremos que se les relegue a una fase anterior de su relación con la UE. 
Cuando mañana votemos sobre el informe Brok, tenemos que hacerlo exponiendo con claridad solo lo que se encuentra en el texto, sin tener en cuenta las interpretaciones que, por desgracia, se han hecho en las últimas horas y que falsifican su contenido. 
Defendemos las perspectivas de adhesión a la Unión Europea de los países balcánicos. 
. – Señor Presidente, esperaba que de la Conferencia sobre los Balcanes saliera un mensaje firme y positivo. 
Creo que la Presidencia en ejercicio del Consejo y la Comisión esperaban lo mismo. 
Ustedes no pueden permitirse el lujo de manifestar su decepción, así que lo haré yo en su nombre. 
Todos reconocemos que el conjunto de la región de los Balcanes sigue siendo volátil y potencialmente inestable, motivo por el que la claridad es absolutamente indispensable. 
El comunicado de prensa conjunto, particularmente más suave que declaraciones anteriores, manifiesta que el futuro de los Balcanes Occidentales se encuentra en la Unión Europea. 
Echamos en falta alguna referencia a la adhesión. 
Añade que en 2006 está previsto un debate sobre la estrategia de ampliación y que hay que tener en cuenta la capacidad de absorción de la UE. 
Esto es decepcionante. 
Volveré sobre este punto durante el debate sobre el informe Brok. 
Me gustaría añadir un comentario sobre Oriente Próximo. 
Comparto plenamente la reacción de mi Grupo ante el deplorable e inaceptable comportamiento de Israel ayer en Jericó, por no mencionar la extraña actuación –dicho suavemente– de los soldados estadounidenses y británicos. 
Huelga decir que esa actuación dificulta la posición de la UE. 
Aunque mi Grupo está plenamente de acuerdo con que Hamás debe renunciar a la violencia y aceptar los tratados y acuerdos internacionales en vigor, debemos manifestar con tristeza que Israel cada vez hace más difícil mantener esta posición. 
A pesar de todo lo seguiremos haciendo, aunque queremos dejar muy claro que acciones como las de ayer van totalmente en contra de la búsqueda de una solución pacífica. 
. – Señor Presidente, señora Plassnik, la razón por la que hemos suspendido nuestra sesión para esperarla es que hay cosas que nos preocupan mucho y que deseamos debatir con usted. 
Cuando iniciaron su Presidencia, los austriacos estaban planeando Salónica II, pero esto ya ni se menciona en la declaración de Salzburgo; tampoco se ha vuelto a escuchar nada sobre la perspectiva de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales. 
La declaración es un compromiso que, aunque insustancial, se ha recibido con críticas en los Balcanes y no ha constituido de ninguna manera una señal de ánimo, sino como mucho, una tergiversación provocada. 
Esta es la valoración que hago de la declaración del señor Brok, que también ha participado en Salzburgo y quien, desde el lunes, ha estado hablando en los medios de comunicación alemanes de un final de las perspectivas de adhesión de los Balcanes y de lo que él denomina una tercera vía, una asociación privilegiada. 
Si Europa quiere tener cierta credibilidad, hemos de respetar la perspectiva europea de los Balcanes no solo en la teoría sino también en la práctica, y en este punto estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Rehn. 
Señor Brok, permítame concluir diciendo una cosa: una tercera vía es precisamente lo que el Jefe de Estado libio, el coronel Gaddafi, buscaba en los años 80. 
Por suerte, fracasó miserablemente en su empeño, y a usted le pasará lo mismo. 
– Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, permítanme hacer algunas observaciones sobre cuestiones que no tienen nada que ver con los países de la ampliación, que debatiré en breve en el marco de mi informe. 
Quiero hacer unas breves observaciones sobre Oriente Próximo. 
Nos encontramos en graves dificultades, no solo a raíz de los acontecimientos de los últimos días, sino también de lo ocurrido en las últimas semanas y meses. 
Por una parte, tenemos la situación que nos presentan ambos bandos de la Tierra Santa; por otra, la cuestión de llegar a disuadir a Irán de llevar a cabo un programa nuclear militar. 
Y si se cierra el círculo, como sin duda es posible, con Irán, Siria, un acuerdo multilateral en Líbano con Hezbolá y contactos con Hamás, existe el grave peligro de una alianza muy problemática y para la que tenemos que encontrar una respuesta, no solo para garantizar la paz y luchar contra el terrorismo, sino también para garantizar la seguridad de nuestros suministros de energía. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le agradezco que haya podido estar presente en algunos de los debates. 
Aunque en las negociaciones abordaremos hechos políticos difíciles, también hemos de garantizar un diálogo real de culturas, para que los fundamentalistas no puedan impedir que los moderados –que están presentes en todas las regiones– formen una mayoría. 
Quizá, señora Presidenta en ejercicio, se me permita abordar otro aspecto de gran relevancia en algunos ámbitos, y es la cuestión de la misión de la Unión Europea al Congo. 
Me gustaría mucho saber si ya existe un mandato que establezca lo que hay que hacer, durante cuánto tiempo y en qué zona geográfica, y si las autoridades congoleñas han invitado dicho proyecto de forma oficial y qué participación va a tener la Unión Europea. 
Si se van a tomar decisiones tanto aquí como en otras partes, es muy importante que haya claridad respecto de lo que la Presidencia del Consejo y el Alto Representante están haciendo sobre la organización de dicho mandato. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, es magnífico que presten ustedes mucha atención al tema de los Balcanes. 
Todos deseamos la estabilización y democratización de la región y la UE tiene realmente la oportunidad de desempeñar un papel importante. 
Deseo a ambos mucha suerte en la tarea de elevar las ambiciones de sus colegas en otros Estados miembros al mismo nivel elevado. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa les apoya en esto. 
Las diferentes iniciativas para que los países cooperen entre ellos y con nosotros son excelentes. 
También es positivo que, al final, se haya tomado la decisión de utilizar la CEFTA, que ya existe y funciona, como base para hacerlo en lugar de crear algo nuevo, como se había dicho previamente. 
Creo que es una decisión muy acertada. 
Al mismo tiempo, también estamos hablando de diferentes países con diferentes tradiciones, diferentes historias y diferentes grados de desarrollo. 
Por tanto, es importante que sigamos transmitiendo el mensaje de que todos estos países pueden solicitar la adhesión a la Comunidad Europea si lo desean y que, en ese caso, serán tratados según sus propios méritos. 
En este momento existe la preocupación en algunos sectores de que deseamos meter a los países en el mismo saco y que serán tratados como una unidad. 
Creo que tanta ansiedad es exagerada, pero es muy importante que quede muy el punto que se ha mencionado, es decir, que hay que tratar a cada país según sus propios méritos. 
Respecto de la muerte de Slobodan Milosevic, estamos hablando de un dictador odioso, responsable de la muerte de cientos de miles de personas y de gran parte de la tragedia que ocurrió. 
También lamento que el juicio no pudiese llevarse a cabo, y creo que se trataba de un hombre patético que tenía los días contados. 
Pero tenemos que ser muy claros sobre la necesidad de que Radovan Karadzic y Ratko Mladic sean extraditados de inmediato. 
No se puede hacer concesiones a este respecto. 
– Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, aunque deseo apoyar lo que ha dicho la señora Neyts-Uyttebroeck sobre la posición de mi Grupo respecto de la política de Israel durante los últimos días, también quiero responder a lo que usted ha dicho sobre la importancia de esta fase de transición. 
Es una fase en la que la UE debería enviar un mensaje claro que hiciese hincapié en los principios de cooperación, renuncia a la violencia, aceptación de los acuerdos existentes y el reconocimiento del derecho de Israel a existir. 
Esto es muy importante, y la UE no puede distanciarse de ello de ningún modo. 
Por eso creo que la UE está cometiendo un grave error al seguir apoyando económicamente al Gobierno provisional. 
Aunque la UE debe enviar ayuda humanitaria a las zonas palestinas y ayudar a la población que vive en ellas, no debería apoyar a las autoridades, porque Hamás no ha reconocido el derecho de Israel a existir ni ha renunciado a la violencia, y el mensaje que estamos enviando es mortal, porque Hamás ha reiterado su opinión de que la decisión de la UE de seguir enviando dinero es una señal de que acepta sus políticas, pero sigue negándose a negociar con Israel aduciendo que no reconoce su legitimidad. 
El objetivo del apoyo de la UE es la promoción del proceso de paz, pero es un error apoyar económicamente a los que desean su fracaso. 
La UE tiene que seguir por el camino que se ha trazado y no debe abandonar la ayuda económica, que es su mayor baza, y por eso les pido que vuelvan a examinar esta cuestión. 
– Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, comenzaré felicitándola por su logro histórico en Luxemburgo, ya que ha allanado el camino a la adhesión de Croacia, el único Estado centroeuropeo aparte de Suiza que aún no es miembro de la UE. 
También quiero felicitarla por el valor con que ha lanzado el debate sobre las fronteras de Europa, que debería haberse planteado hace mucho tiempo. 
En segundo lugar, permítame decir que le estoy muy agradecido por haber defendido en Salzburgo las perspectivas de adhesión de los otros Estados del sudeste de Europa. 
En efecto, creo que no debemos cambiar de opinión a este respecto; no puede haber duda de que los Estados del sudeste de Europa son europeos, y que tienen derecho a convertirse en miembros de pleno derecho de la Unión Europea en cuanto cumplan todos los criterios, lo que incluye el criterio de ampliación que se aplica a todos nosotros. 
En tercer lugar –y en este punto discrepo de la señora Koch-Mehrin–, quiero decir que lo que tenemos que hacer por Palestina no es solo darles ayuda humanitaria, sino también ayudarles a lograr el pluralismo, aunque resulte difícil. 
Aunque el Estado de Fatah sea corrupto y sospechoso, un Estado gobernado por Hamás sería aún más cuestionable. 
Tenemos que fomentar el proceso de paz y el pluralismo por todos los medios posibles para impedir la creación de una zona iraní de influencia que se extienda desde el Golfo hasta el Mediterráneo. 
En cuarto lugar, Irán, que solo está por detrás de China como poder más antiguo del mundo, no es un bloque monolítico, y por eso tenemos que aplicar una combinación de rigor y esfuerzos diplomáticos intensos para tratar con ese país. 
También en este caso, aunque el actual Presidente del país sea inaceptable, no podemos perder fe en el diálogo. 
Irán no es solo su presidente; es uno de los Estados más antiguos del mundo, y los europeos tenemos que hacer todo cuanto esté en nuestra mano para reforzar las fuerzas pluralistas en su seno y para impedir que degenere en una uniformidad agresiva. 
Señor Presidente, volviendo al tema de los Balcanes, creo que había llegado el momento, y creo que mi decisión de que la Presidencia Austriaca del Consejo diese prioridad a los Balcanes era acertada. 
Había llegado el momento de celebrar un debate sobre la ampliación, y el que hemos celebrado en Salzburgo ha ido bien. 
Creo que es un avance, porque el peor modo de proceder es mantenerse callados y no abordar las cuestiones que tienen que abordarse, no informar a la opinión pública ni explicarles lo que está juego, lo que se está haciendo y porqué. 
Así que me alegro de que hayamos celebrado este debate, sobre todo porque también hemos prestado atención a las frustraciones de los países de los Balcanes Occidentales. 
Rechazo la idea de que la declaración de Salzburgo sea un compromiso superficial o incluso retrógrado, y les pido que cuiden sus palabras. 
Permítanme recordarles que en el apartado 3 hablamos explícitamente del ingreso en la UE como un objetivo a largo plazo, como «el objetivo último de conformidad con la Declaración de Salónica» , y por eso lo que importa, y lo que nos ha preocupado en los debates, es que la perspectiva de adhesión sea más creíble y tangible, sobre todo para los ciudadanos de los Balcanes Occidentales. 
Eso explica porqué hemos debatido los temas que hemos debatido, y porqué los hemos debatido en un espíritu constructivo. 
En cuanto al tema del Congo, se está trabajando para clarificar las condiciones en términos de tiempo, posibilidades y contenido; se está haciendo en el nivel del Consejo, junto con el señor Solana y las autoridades congoleñas. 
Redunda en nuestro interés clarificar esta cuestión. 
En cuanto a Irán, nos encontramos en un período de conversaciones diplomáticas en las Naciones Unidas y, como ha señalado un orador, lo que realmente importa es que el Organismo Internacional de Energía Atómica se refuerce y se apliquen rápidamente las resoluciones aprobadas sobre este tema. 
Permítanme concluir mencionado brevemente lo que está ocurriendo en Jericó y en Gaza. 
Lo que ocurrió ayer preocupa mucho a la Presidencia. 
Hemos subrayado la necesidad de tomar mediadas adecuadas para restaurar la paz y el orden; hemos dicho que el uso de la fuerza por parte de Israel en Jericó y la actividad de los extremistas palestinos en respuesta a ello son capaces de desestabilizar aún más una situación en Oriente Próximo que ya es muy tensa. 
Hemos pedido moderación tanto a Israel como a la Autoridad Palestina. Ambos bandos tienen que examinar con atención las consecuencias de sus acciones. 
Hemos denunciado enérgicamente la toma de rehenes y –como les ha dicho hoy el señor Winkler– hemos pedido inmediatamente a la Autoridad Palestina que haga todo lo necesario, tanto ahora como en el futuro, para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos y los edificios europeos. 
Hay que decir que aunque estamos dispuestos a prestar ayuda humanitaria, dicha ayuda solo puede ser eficaz en un ambiente pacífico, y todas las partes tienen que ayudar a crearlo. 
. Señor Presidente, como he dicho antes de la pausa, la Comisaria Ferrero-Waldner expondrá el punto de vista de la Comisión sobre Oriente Próximo, Palestina e Irán esta noche. 
Mis comentarios se ceñirán al siguiente punto: cuestiones relacionadas con la ampliación y la capacidad de absorción. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a la señora Plassnik por su dedicación personal a la política sobre los Balcanes Occidentales. 
Esta ha sido extremadamente importante y la Presidencia austriaca ha dado nuevos pasos hacia la incorporación de esta región a la integración europea, que es indispensable para la seguridad y la estabilidad de toda Europa y de la Unión. 
Todos los participantes en el debate han reconocido que el camino que tenemos por delante en lo que respecta a los Balcanes Occidentales constituye un reto y que es necesario emprender numerosas reformas antes de que estos países puedan cumplir los requisitos requeridos. 
También es igual de claro que en esta Cámara existe un consenso sobre el papel absolutamente fundamental que desempeña la Unión Europea y que debe desempeñar en los Balcanes Occidentales mediante una perspectiva de adhesión creíble; aunque se trate de una perspectiva a largo plazo, debe ser creíble. 
Esta es la fuerza motriz que subyace a las reformas y que está en la base de nuestro trabajo en los ámbitos de la seguridad y la estabilidad. 
Especialmente con vistas al proceso relativo al estatuto de Kosovo, todos tendremos que ser extremadamente responsables en lo que respecta a los Balcanes Occidentales y a su estabilidad. 
No debemos socavar la perspectiva de la UE, que constituye el fundamento de la seguridad y la estabilidad en la región. 
Así pues, para evitar erosionar nuestra propia credibilidad, no podemos quitar con una mano lo que damos con la otra. 
Los objetivos fundamentales por los que debemos trabajar son la seguridad, la estabilidad y el progreso en los Balcanes Occidentales. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0025/2006) del señor Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el documento de la Comisión relativo para la estrategia 2005 para la ampliación- (2005/2206 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, hasta el día de hoy, la ampliación de la Unión Europea ha sido el aspecto más logrado de su política exterior porque ha sido un medio de ampliar la zona de estabilidad y paz en Europa, así como de seguir avanzando en la causa de la paz, la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Se trata de un aspecto importante que no podemos perder de vista ni ahora ni en el futuro. 
Pero también debemos tener claro que la estabilidad es un objetivo alcanzable solo si la Unión Europea es lo suficientemente fuerte como para desarrollar la capacidad de dominar esas tareas; por eso, por ejemplo, el Tratado Constitucional fue un intento retrospectivo de hacer viable la adhesión de diez nuevos Estados miembros en términos institucionales y de los objetivos implicados, y la razón por la que ahora nos encontramos con tantas dificultades es que el proceso de ratificación no está yendo a ninguna parte. 
También hemos de darnos cuenta de que la capacidad de la Unión Europea de aceptar nuevos miembros es uno de los aspectos esenciales de los criterios de Copenhague, si bien hay buenas razones por las que esto ha sido puramente declaratorio por naturaleza. 
Pero cuando alcancemos el tipo de relación que alcanzaremos tras la adhesión de Bulgaria y Rumanía tendremos que poner en juego y redefinir esa capacidad. 
Por eso pedimos a la Comisión que, para finales de año, defina el significado de la capacidad de absorción de la Unión Europea con referencia a esta cuestión y esto nos permitirá utilizarla. 
Lo que hace que esta cuestión revista una gran importancia es que no se trata solo de una cuestión constitucional, sino que también afecta a la capacidad financiera de la Unión Europea y mucho más. 
También creo que debemos dejar claro hasta qué punto la Unión Europea es capaz de aceptar a nuevos miembros, y que, en última instancia, esto puede afectar a la decisión de «sí» o «no». 
La perspectiva de adhesión a la UE se ofrecerá no solo a los países que ya han comenzado las negociaciones de adhesión, a los que tienen la condición de candidatos o aquellos a los que se les ha prometido después de Salónica –para evitar dudas y volver a clarificar cuestiones, quiero decir que no se puede retirar esa promesa–, sino también como incentivo para llevar a cabo reformas internas muy importantes y a Estados como Ucrania o aquellos Estados europeos que se encuentran bajo una dictadura y necesitan tener esa perspectiva para poder seguir mirando hacia occidente. 
Para eso, la Política de Vecindad no es suficiente por sí sola. 
En algunos casos, a los propios países o a la propia Unión Europea les está costando mucho combinar esto con la perspectiva de ser miembros de pleno derecho, porque en muchos casos esto solo se producirá dentro de quince años. 
Si queremos que este proyecto sea creíble, necesitamos algo que está situado entre las dos cosas, algo con que esos países puedan resistir hasta que se integren plenamente, pero sin que ello nos imponga a nosotros una presión poco realista. 
Esta opción debería estar abierta a cualquier Estado que actualmente no pertenezca a la Unión Europea. 
Quiero volver a hacer hincapié en que puede ser la recta final para países como Noruega –que también forma parte del Convenio de Schengen– decidir sobre la base de su participación en el Espacio Económico Europeo. 
Si se me permite hablar en términos de un «Espacio Económico Europeo Plus» , entonces podemos hacer mucho con dicho proyecto multilateral en los ámbitos del mercado interior, la seguridad interior y exterior, la política medioambiental y muchos más. 
Pero también puede ser una fase intermedia. 
Si los Estados a los que hoy se les ofrece la perspectiva de adhesión post Salónica –como por ejemplo los países de los Balcanes Occidentales, cuyo desarrollo se producirá a lo largo de diferentes períodos de tiempo– deciden usarla como una etapa intermedia hacia la plena integración, entonces lo que se prometió en Salónica no habrá sido inútil. 
Sobre esta base podemos alcanzar un nuevo grado de flexibilidad haciendo esta perspectiva más creíble, porque las cosas pueden ocurrir de inmediato sin necesidad de intercalar los quince años de negociaciones, y entonces tendremos que decir «sí» o «no». 
Así pues, creo que la ampliación en algunos países implica plebiscitos, por lo que no sabemos si al final se producirá la ratificación. 
Esto significa que no se trata solo de un intento de una estrategia «todo o nada» , sino de crear la posibilidad de ofrecer perspectivas creíbles a esos países, al tiempo que impulsamos el proyecto político que es la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a esta Cámara y al Presidente de la Comisión de Política Exterior por su concienzudo informe sobre el documento de estrategia de 2005 de la Comisión. 
Este tema es objeto de constantes debates en el Consejo, sobre todo en referencia a las decisiones prácticas que hemos de tomar. 
Como ya se ha dicho, hemos celebrado un debate muy positivo y profundo en Gymnich, y seguiremos haciéndolo. 
Creo que es esencial, porque negarse a debatir despierta sospechas en la opinión pública, y debemos reforzar la confianza de los ciudadanos europeos en el proyecto europeo en su conjunto y crear más confianza y más claridad. 
Esa es una de mis preocupaciones principales como Presidenta en ejercicio, y por eso acojo con satisfacción el debate que estamos celebrando. 
Puesto que necesitamos el apoyo de los ciudadanos para el proceso de ampliación tenemos que mejorar el flujo de información y nuestro trabajo de relaciones públicas, al tiempo que explicamos mejor las medidas individuales. 
Tenemos que dejar claro que seremos exhaustivos y circunspectos y que, aunque no actuaremos precipitadamente, tampoco nos dormiremos en los laureles. 
Creo que esta consideración es esencial. 
Al introducir el concepto de «capacidad de asimilación» no podemos establecer un obstáculo arbitrario y adicional; por el contrario, se trata de concienciarnos y de concienciar a los demás de algunas verdades fundamentales bastante importantes y evidentes. 
Cada paso en la ampliación, cada nueva adhesión exige dos participantes: uno es la Unión Europea y el otro el país que va a convertirse en Estado miembro. 
Queremos prepararnos para las próximas adhesiones lo mejor que podamos. 
En este sentido, Salzburgo ha sido importante para mí porque había que echar la vista atrás a los últimos tres años y contemplar las próximas medidas prácticas, porque esto nos permite clarificar nuestra posición y nuestro grado de preparación, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. 
También podemos confiar en la experiencia que hemos adquirido durante la última ampliación y aplicar el conocimiento que tenemos en materia de transformación sobre una base de cooperación. 
Como se ha dicho en el debate anterior, el protagonismo también refleja las normas europeas que, aunque equitativas, tienen que cumplirse de forma estricta, como dejó bien claro el informe de la Comisión de noviembre de 2005. 
Pero en este debate debemos ser honestos sobre las expectativas de los ciudadanos respecto de la Unión Europea, sobre todo las expectativas de las personas que viven en ella. 
Nos debemos claridad, y solo podemos dárnosla unos a otros. 
No podemos dar un cheque sin una garantía. 
Además, pido un enfoque más matizado respecto de los países individuales, porque hemos de ser justos en nuestras relaciones con cada uno de ellos. 
Por tanto, en el debate continuo la presidencia prestará especial atención a las contribuciones de la Cámara. 
Permítanme esbozar las decisiones en las que actualmente estamos trabajando. 
La primera tiene que ver con Rumanía y Bulgaria. Los informes son alentadores y ya tenemos el objetivo de adhesión fijado para el 1 de enero de 2007, aunque con la posibilidad de retrasarla un año. 
Las negociaciones de adhesión de Turquía y Croacia han comenzado; el pistoletazo de salida fue el 3 de octubre del año pasado. 
Ahora estamos inmersos en evaluar el acervo comunitario. 
La Presidencia ha escrito a Croacia y Turquía para invitarles a establecer su posición negociadora sobre el primer capítulo, «Investigación y Desarrollo». 
Compartimos la opinión de la Cámara de que se necesita un progreso continuado en la consecución de todos los criterios políticos y económicos y en la realización eficaz de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia. 
Respecto de Turquía, la presidencia acoge con satisfacción el cierre del caso de Orhan Pamuk, y en una reciente reunión de la troika en Viena ha dejado claro que esperamos que los juicios pendientes de conformidad con el artículo 301 del Código Penal turco se aborden de manera similar, o que se cambie la ley. 
También estamos supervisando de cerca la aplicación del protocolo de Ankara y nos aseguraremos de que los organismos relevantes lo revisen este año y de conformidad con la declaración del Consejo de 21 de septiembre de 2005. 
Creemos que el comienzo de la asociación para la adhesión con Croacia es igualmente importante, y hemos acogido con satisfacción la iniciativa del Primer Ministro croata para garantizar una cooperación incondicional con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. 
Compartimos con ustedes la opinión de que Croacia está contribuyendo más a la cooperación regional y que se necesitan más esfuerzos. 
Ya he dicho lo que había que decir sobre los Balcanes Occidentales. 
La estrategia del Consejo para que Serbia y Montenegro cooperen plenamente con el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra también está clara, y hemos enviado una señal muy clara al respecto en nuestra última reunión. 
Apoyamos el trabajo del enviado especial de las Naciones Unidas en Kosovo, Martti Ahtisaari, y creo que la Unión Europea, a través de los esfuerzos de su delegado especial, Javier Solana, es capaz de ayudar de forma muy positiva y diplomática para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones para el referendo del 21 de mayo. 
Señor Presidente, aprovechando que aún está aquí, me gustaría felicitar al señor Brok por su informe. Como ha dicho muy acertadamente, la ampliación es una de las herramientas políticas más poderosas de la UE para lograr la paz y la prosperidad, la libertad y la democracia. 
La ampliación al este en 2004 selló la reunificación pacífica entre Europa Occidental y Oriental. 
Ahora nuestros esfuerzos están centrados en una unificación pacífica en el sudeste europeo. 
Nuestro proceso de adhesión, gestionado de forma gradual y minuciosa, se basa en tres principios fundamentales. 
Primero, hemos consolidado nuestro programa de trabajo para la ampliación. 
Esto quiere decir que debemos ser cautos antes de adoptar nuevos compromisos, pero del mismo modo debemos atenernos a los que ya tenemos con los países candidatos o posibles candidatos que ya se encuentran en el proceso. 
Nuestro programa de trabajo consolidado sobre la ampliación se centra en Europa Sudoriental: Bulgaria y Rumanía, Turquía y Croacia y los demás países de los Balcanes Occidentales. 
En segundo lugar, aplicamos una condicionalidad rigurosa. 
Esta funciona si además existe una perspectiva de adhesión creíble. 
Ha ayudado a transformar a los países de Europa Central y Oriental en democracias modernas. 
Más recientemente ha inspirado reformas atrevidas y significativas en Turquía y, cada vez más, en los Balcanes Occidentales. 
Esto también viene demostrado por varios importantes acontecimientos recientes, como el encarcelamiento del general Ante Gotovina en La Haya, mientras que el escritor Orhan Pamuk puede expresar libremente sus opiniones. 
La política de ampliación y la de vecindad son complementarias. 
Asimismo, la Comisión está dispuesta a seguir profundizando y actualizando la cooperación con sus socios vecinos, una vez que se hayan abordado debidamente las principales prioridades en los actuales planes de acción. 
Al mismo tiempo, deberíamos evitar las dificultades que entraña un debate excesivamente teórico sobre las fronteras definitivas de Europa. 
Dado que ahora tenemos un programa de trabajo consolidado para la ampliación, un debate teórico, por ejemplo sobre si Ucrania debe entrar en la UE, no nos beneficiaría ni a nosotros ni a los ucranios, en un momento en que el futuro de Ucrania y su evolución democrática están en juego. 
Sin lugar a dudas, el ritmo de la ampliación debe tener en cuenta la capacidad de absorción de la UE. 
La Comisión siempre ha mantenido este punto de vista. 
La ampliación se basa en compartir un proyecto cimentado en principios, políticas e instituciones comunes. 
La Unión debe garantizar que puede mantener su capacidad para actuar y decidir conforme a un equilibrio justo dentro de sus instituciones, respetando los límites presupuestarios y aplicando políticas comunes que funcionen bien para lograr sus objetivos. 
Durante más de tres décadas, la UE ha absorbido con éxito a una gran variedad de países, como podemos ver por la composición de esta Cámara, por ejemplo, entre ellos el Presidente encargado de dirigir este debate y el propio Comisario. 
Al desarrollar sus políticas e instituciones, la Unión ha respondido de forma positiva a las nuevas circunstancias, como la caída de las dictaduras, el colapso del comunismo y el crecimiento de la globalización económica. 
La ampliación ha demostrado ser un excelente amortiguador de crisis en Europa. 
En tercer lugar, necesitamos mejorar la comunicación. 
En el informe se aboga acertadamente por una estrategia de comunicación y, de hecho, el apoyo de los ciudadanos es fundamental para todo lo que hace la Unión, incluida la ampliación. 
Confío en el apoyo político y financiero del Parlamento para poder llevar a cabo un debate bien fundado sobre la ampliación. 
Para terminar, la consolidación era necesaria para evitar excedernos en nuestros compromisos con la ampliación. 
No olvidemos nuestro propio interés estratégico: sería una absoluta irresponsabilidad interrumpir un valioso proceso que está contribuyendo a crear asociaciones estables y eficaces en las partes más inestables de Europa. 
Si dudáramos con respecto a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, nuestra beneficiosa influencia, nuestra repercusión política y nuestro impacto se verían seriamente erosionados, justo cuando la región está entrando en un periodo difícil con las negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. 
La perspectiva de la UE es la llave para una solución duradera para Kosovo y para el desarrollo democrático en Serbia y en el resto de la región. 
Es el cimiento que mantiene a la región en el camino de la paz y de las reformas. 
Por lo tanto, en interés de Europa, pido que no hagamos tambalear estos cimientos y que nos aseguremos de que el todavía frágil edificio balcánico no se derrumbe a nuestros pies, en nuestro propio patio. 
. – Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero comenzar felicitando al ponente y al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, señor Brok, por su importante informe y, al mismo tiempo, felicitarle, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por el interés y la firmeza que demuestra en la cuestión de los Balcanes, tanto en su papel de Ministra austriaca de Asuntos Exteriores como de Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Felicidades también al Comisario por la comunicación global e integral de la Comisión que nos ha presentado. 
Quiero hacer unos comentarios rápidos: 
En primer lugar, la opinión central del informe Brok sobre la importancia de las perspectivas europeas de una serie de países, la mayoría de los cuales se encuentran en los Balcanes, es correcta. 
Al mismo tiempo, si los apartados 5, 9 y 10 del informe se leen juntos, dan el punto de referencia en función del cual la Unión Europea percibe las ampliaciones futuras. 
En cuanto a Turquía, quiero decir que apoyo las perspectivas europeas de Turquía, pero creo, como usted ha dicho con razón, que inicialmente hemos de centrarnos en el protocolo de Ankara. 
Solo debe ratificarse el Protocolo –repito, solo el Protocolo–, no la declaración unilateral, y, por supuesto, la cuestión de la actualización del marco jurídico del país. 
En cuanto a Kosovo, estoy de acuerdo en que durante las negociaciones hay que prestar atención a su estatuto final, pero también debemos prepararnos para ver cómo se aplicará la decisión respecto de este tema. 
En cuanto a ARYM, ahora posee el estatuto de país candidato. Y precisamente por eso también tiene derechos y obligaciones, uno de los cuales es demostrar una actitud constructiva en el diálogo con Grecia para que pueda resolverse la cuestión pendiente del nombre. 
Por último, en cuanto a Serbia, estoy de acuerdo en que tiene la obligación de cooperar con el Tribunal de la Haya, pero solo es una parte de un conjunto de criterios que debe cumplir, y quiero pedir que no caigamos en el error de «croatizar» el caso de Serbia. 
Señora Ministra, sobre esta cuestión usted también tiene un punto de vista personal. 
,. – Señor Presidente, la Comisión, en su documento, no se anda con rodeos: aunque no haya una nueva ronda de ampliación en la que esté implicado un amplio grupo de países al mismo tiempo, sostiene –en mi opinión, con razón– que la Unión Europea es, y en efecto seguirá siendo, una organización que se mantiene abierta a nuevos miembros, aunque con ciertas condiciones. 
A pesar de que la entrada de diez nuevos países en 2004 fue un éxito, no todos los ciudadanos lo ven así. 
Por lo tanto, es preciso realizar un esfuerzo adicional para explicar este éxito. 
En nombre del Grupo puedo decir que apoyamos la idea del informe Brok y quiero darle las gracias por la interesante ronda de preparación en la que hemos participado en los últimos meses. 
Los socialdemócratas estamos totalmente a favor de la especial atención que se presta al criterio de la capacidad de absorción. 
El punto muerto que rodea a la ratificación del Tratado Constitucional desempeña una importante función en esto. 
Sin reformas internas será difícil gestionar efectivamente la adhesión de nuevos Estados miembros. 
Como se ha expresado en resoluciones anteriores, en nuestra opinión el Tratado de Niza no es una base para nuevas decisiones en materia de adhesión. 
No obstante, es necesario aclarar el concepto de capacidad de absorción, tal y como se establece en los criterios de Copenhague, y el informe, con acierto, presta atención también a este aspecto. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar la postura de los socialdemócratas con respecto a la posible adhesión de varios países. 
Por lo que respecta a nuestros vecinos orientales, Ucrania y Moldova, pensamos que ahora no es el momento adecuado de debatir su adhesión. 
En lugar de ello deberíamos fomentar la cooperación práctica. 
Hemos concluido planes de acción con esos países y deberíamos intentar llevarlos a buen término. 
Con respecto a los Balcanes, apoyamos la postura del Consejo. 
En principio, los países de los Balcanes Occidentales insisten en la perspectiva de la adhesión, a pesar de que lo harán en diferentes momentos. 
Por nuestra parte, con respecto a Turquía, continuaremos por el camino elegido. 
Estamos en vísperas de iniciar un proceso que durará muchos años y es sumamente importante que mantengamos la promesa, pero también las condiciones, que hemos establecido al respecto. 
En cuanto al tema de los Balcanes, quiero añadir que, a pesar de que huelga decir que los criterios de Copenhague siguen teniendo una gran importancia para nosotros, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo sigue apreciando mucho la cooperación con el tribunal de Yugoslavia como criterio. 
También considero –y se ha hablado mucho de ello– que la cooperación regional puede realizar una importante contribución para el acercamiento de estos países a la Unión Europea. 
Finalmente –y puede que este sea el punto más importante de todo el debate–, el informe menciona la posibilidad de establecer un nuevo marco multilateral para países europeos que todavía no se han unido a la Unión Europea. 
Para algunos países, esa podría ser una alternativa a la adhesión, mientras que para otros podría ser un paso intermedio hacia la misma. 
Para Ucrania y Moldova, por ejemplo, una estructura de ese tipo podría suponer un firme paso adelante, pero para los países que ya están reconocidos como potenciales miembros, yo señalaría que se trata de una opción, no de una obligación. 
Así es como se establece también de forma bastante clara en el informe Brok. 
Esos países pueden optar por ello, en caso de que decidan que les resultaría útil. No es una alternativa a la perspectiva de la adhesión. 
Eso se aplica a Turquía, así como a los países de los Balcanes. 
Quiero señalar que así es como interpretamos el apartado 10 del proyecto de resolución. 
Es así –y no de otro modo– como en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos llegado a un acuerdo con el ponente. 
– Señor Presidente, la ampliación es el principal éxito de la Unión Europea, en términos de cooperación europea. 
La unificación del este y el oeste en mayo de 2004 marcó el fin de la división de Europa y demostró el poder que tiene el sueño de una Europa unificada, basada en la democracia, el libre comercio y el respeto del Estado de Derecho. 
La adhesión a la Unión Europea fue la espuela que impulsó las poderosas fuerzas de reforma en las antiguas dictaduras comunistas. 
Las perspectivas de la adhesión a la Unión Europea son también sumamente importantes para las negociaciones y reformas en Turquía y los países de los Balcanes. 
En estas regiones, la Unión Europea tiene increíbles reservas del llamado poder blando, que contribuye a una Europa más estable y democrática. 
En mi Grupo pensamos que es importante, como dice el Tratado, que mantengamos abierta la puerta a la ulteriores ampliaciones. 
Naturalmente, deben aplicarse los criterios y la capacidad de la Unión Europea para acoger a nuevos países es un factor importante. 
No obstante, necesitamos cambiar internamente y celebrar el debate sobre la ampliación sin echarle la culpa a esto. 
Soy consciente del hecho de que hay un debate en curso en muchos países y preocupación acerca del vertiginoso ritmo de la ampliación de la Unión Europea y sobre cómo podrían ir las cosas. 
Esa conversación debe mantenerse con respeto y franqueza, pero también debemos atrevernos a defender las ventajas de la ampliación y a llamar la atención sobre las mismas. 
En ese contexto, el debate sobre el proteccionismo económico es sumamente preocupante. 
Tenemos una responsabilidad con respecto a los países vecinos. 
Nuestras promesas a los países de los Balcanes y a Turquía deben mantenerse. 
Son ellos los que fijan el ritmo y nosotros hacemos lo que podemos para acelerar las cosas. 
También debemos mantener la puerta abierta a otros países como Ucrania y quizás también, algún día, para Belarús, a pesar de que, en estos momentos, la situación del país es extremadamente complicada. 
La esperanza de la adhesión a la Unión Europea es lo que mantiene viva a la oposición y las fuerzas de la democracia allí. 
Esa es la razón por la que nos oponemos a definir los límites geográficos de Europa. 
Este Parlamento ha impulsado la ampliación y, hace un año, nos pusimos en pie en la Cámara de Bruselas, con nuestros pañuelos naranjas, y aplaudimos al Presidente Yúschenko. 
Aprobamos una resolución en la que hablábamos de las perspectivas de adhesión de Ucrania. 
Este es un objetivo y quizás un objetivo lejano. 
Como ha dicho el señor Brok, el pueblo ucranio se halla en el alero entre democracia y dictadura. 
Si fijamos las fronteras de Europa, ellos lo interpretarán como si le cerrásemos la puerta en la cara. 
En lugar de introducir nuevos conceptos como acuerdos multilaterales, aprovechemos la oportunidad –como ha dicho también el Comisario Rehn– para adaptar la estrategia de vecindad a los futuros Estados miembros y para darle una forma práctica. 
Plantear ahora nuevos conceptos que no hemos debatido convenientemente y cuyas implicaciones desconocemos no parece muy productivo en estos momentos. 
. – Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, mi Grupo ha votado a favor del informe Brok por dos razones. 
En nuestra opinión, habría que definir mejor el concepto de capacidad de absorción. 
Se trata de un concepto de moda y polivalente que cada uno puede utilizar como quiera, lo que significa que la cuestión de los límites geográficos necesitará una respuesta, dado que no podemos seguir evitando esa cuestión. 
Estamos de acuerdo en que es necesario que la Unión Europea piense en un paso intermedio entre la plena integración y la vecindad, por el bien de los países que todavía no tienen perspectivas de adhesión. 
Por lo tanto, no estoy hablando de Turquía ni de los Balcanes Occidentales, sino de Ucrania, Moldova o Belarús. 
Debo señalar que mi Grupo y yo sentimos una gran decepción y, sinceramente, nos enfadamos mucho al ver que, en el período previo a este debate, los medios de comunicación tergiversaron las palabras del informe, siendo el resultado contrario a una serie de puntos centrales. 
Si leemos los medios de comunicación previos a este debate, la conclusión última es que debería crearse un paso intermedio para esos países, inclusive Turquía y los Balcanes Occidentales. 
No es coincidencia –seamos claros– que esta sea la opinión que defiende el ponente, una idea que nunca ha tenido intención de ocultar. 
El señor Brok siempre se ha opuesto a la apertura de las negociaciones con Turquía y, desde el rechazo de la Constitución, ha aumentado su escepticismo con respecto a la perspectiva de adhesión de los Balcanes Occidentales. 
El ponente tiene todo el derecho a tener su opinión, pero esta no coincide con la de la mayoría de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es más, ni siquiera coincide con lo que dice en su propio informe. 
Le agradecería al ponente que explicase, fuera de esta Cámara, lo que pone en su informe, y que no confundiese sus contenidos con sus propias nociones. 
Lo que el Parlamento afirma en este informe es que no queremos estropear las perspectivas de adhesión de Turquía y los Balcanes Occidentales y que los pasos intermedios serían solamente una opción para estos países, si ellos mismos así lo decidiesen. 
Todos saben tan bien como yo que todos esos países de los Balcanes Occidentales y Turquía no quieren seguir ese camino; quieren la plena integración. 
Dejemos de generar ambigüedad en esta Cámara y, sobre todo, también fuera de ella. 
. – Señor Presidente, hasta hace poco una ampliación rápida y extensiva de la Unión Europea parecía un enorme paso adelante y algo que merecía apoyo universal. 
Se consideraba una reunificación de Europa y la victoria de Occidente en la Guerra Fría. 
Tras la importante ampliación de 2004, ese clima ha cambiado drásticamente. 
La opinión pública de los antiguos Estados miembros no considera que esta ampliación haya sido un éxito, particularmente a resultas de la creciente explotación de la disparidad entre países de salarios altos y países de salarios bajos. 
Los políticos también se están distanciando de esta idea. 
Este cambio se pone de manifiesto en el informe sobre la estrategia para la ampliación, que es el tema del debate de hoy. 
Se llama la atención sobre la capacidad de absorción de la Unión Europea, sobre las fronteras exteriores, los costes que implica la ampliación y problemas administrativos que se atribuyen a la ausencia de una Constitución Europea. 
Debido a ello, Rumanía y Bulgaria probablemente serán los últimos países a los que se les permita la adhesión a corto plazo. 
Otros Estados europeos quedan relegados a la política de vecindad. 
Ni siquiera a los tres países que ya han sido seleccionados como países candidatos se les ha dado una fecha de adhesión. 
En el conjunto de los Balcanes Occidentales, en Estados reconocidos, así como en Estados federales o protectorados que luchan por la independencia, donde grupos de población que hablan lenguas diferentes y practican religiones diferentes y que en la década de los noventa se llevaban a matar unos con otros, la opinión pública espera ahora milagros de un rápido proceso de adhesión a la Unión Europea. 
La Unión Europea utiliza estas expectativas para exigir reformas y, de este modo, realiza profundas incursiones en las decisiones administrativas que se están tomando allí. 
En estos momentos, la Unión Europea no quiere ampliarse, pero sí quiere influir fuera de sus fronteras. 
Esa es la razón por la que Bosnia y Herzegovina tienen ahora un sistema fiscal que nadie había pedido y por la que la autonomía regional que se garantizó en el acuerdo Dayton está en franco retroceso. 
Según los carteles de propaganda, gracias a la presencia militar de la Unión Europea este país está en camino hacia la adhesión. 
La opinión pública de Montenegro y Kosovo, zonas en que hace cuatro años, junto con 12 Estados miembros, se introdujo el euro como moneda de curso legal, da por sentado que pronto serán admitidos en la Unión Europea como Estados independientes, mientras que la minoría húngaroparlante de Voivodina espera protección frente al dominio eslavo. 
Hasta ahora las medidas de la Unión Europea han decepcionado a todas estas personas. 
¿No tenemos nada que ofrecer a esos países de los Balcanes Occidentales, aparte de la invitación a formar un mercado común en el territorio de la antigua Yugoslavia y a adaptar su Gobierno y su economía a nuestros deseos, sin que puedan adherirse antes de 2020? 
Mi Grupo no puede expresar mucho entusiasmo por esa propuesta. 
No obstante, también reconocemos que gracias a este texto es posible señalar que el futuro referendo de Montenegro deberá tomarse en serio y que el conflicto relativo al uso del nombre de Macedonia debería resolverse rápidamente, en franca consulta entre Grecia y su vecino del norte. 
También es positivo que en Kosovo deba encontrarse una solución a corto plazo que satisfaga las necesidades tanto de la amplia mayoría albanesa como de las minorías serbia y de etnia romaní. 
. – Señor Presidente, es difícil conciliar el hipernacionalismo, también llamado chovinismo, con la integración en la Unión Europea y eso mismo sucede en el caso de los países candidatos. 
Lamentablemente hay un país candidato en el que el chovinismo está muy extendido: ese país es Turquía, que ya es objeto de bastante controversia. 
En este contexto actual, tengo dos preguntas que me gustaría formular al Comisario Rehn. 
¿Hay algo de cierto en la información que recibí anoche de un experto de que la postura de las iglesias cristianas en Turquía se ha deteriorado visiblemente en los últimos tiempos? 
A la luz de esta información, el asesinato del sacerdote italiano Andrea Santoro, ocurrido el 5 de febrero en el puerto de Trabzon, no es un caso aislado. 
En la ciudad de Mersin se ha producido recientemente un intento de asesinato idéntico y se lanzan amenazas directas por teléfono contra las iglesias o incluso en columnas de prensa. 
Por cierto, según el vicario anglicano Ian Sherwood, que ejerce en Estambul, la elite turca considera que la divulgación de literatura cristiana en turco es intelectualmente inaceptable, si no potencialmente criminal. 
¿Cómo se puede, señor Comisario, reconciliar esto con la libertad religiosa en Turquía? 
Según tengo entendido, no se está realizando ningún tipo de progreso con respecto a este importante aspecto de los criterios políticos de Copenhague. 
Da la casualidad de que anoche escuché que Trabzon se encuentra en el denominado valle de los lobos. 
«El valle de los lobos» es también el título de una producción cinematográfica original turca, que literalmente rebosa chovinismo y que es conocida por ser radicalmente anticristiana, antisemita, antiaestadounidense y antikurda. 
Ya ha sido un éxito de taquilla en Turquía y se ha ganado los elogios eufóricos del entorno inmediato del Primer Ministro Erdogan y del presidente del Parlamento turco. 
Me gustaría preguntar al señor Comisario si ha pedido al Primer Ministro Erdogan y al Ministro Gul que expresen su desacuerdo con este chauvinismo turco, que es completamente incompatible con los valores europeos. 
. – (Señor Presidente, es muy importante que el informe elaborado por el señor Brok nos haya ofrecido la oportunidad de hablar hoy acerca de la ampliación. 
Definitivamente necesitamos reforzar la política de vecindad y necesitamos una relación nueva y más seria entre la Unión y los países con los que comparte sus fronteras. 
Hasta ahora, la política de vecindad no ha sido suficiente como instrumento. 
Esto lo demuestra el hecho de que en el curso de su aplicación los países sometidos a su influencia experimentaron períodos de crisis y desestabilización a gran escala. 
No obstante, las nuevas formas de cooperación propuestas en el informe no pueden cerrar la puerta a la adhesión. 
Hoy tenemos que ser conscientes de que si no ofrecemos la perspectiva de la adhesión a los países situados junto a nuestras fronteras orientales, nuestras peticiones de democracia, economía de mercado y respeto de los derechos humanos seguirán siendo palabras vacías. A menos que se les ofrezca como mínimo la perspectiva de la adhesión en un futuro lejano, estos países regresarán a la esfera de influencia rusa y a todo lo que esto supone con respecto a la democracia y a los derechos humanos. 
No obstante, en el mismo informe comprobamos el desarrollo y el refuerzo de opiniones con respecto a la ampliación en términos de capacidad de absorción. 
Este término nunca se ha definido claramente y actualmente no es más que una ingeniosa excusa, una explicación barata para dar marcha atrás en el proceso de ampliación. 
Si la capacidad de absorción debe basarse en la aceptación del Tratado Constitucional, entonces podría dar la impresión de que los autores de este quieren cerrar definitivamente la puerta a todos. 
El Tratado, en la versión que conocemos actualmente, nunca podrá resucitar. 
Exigir que la Comisión Europea defina las fronteras de la Unión es un error. 
Solo provocará embarazosas discusiones políticas sobre el tema de la geografía y definitivamente debilitará la influencia que tiene la Unión sobre los procesos de democratización, estabilización y refuerzo de la política prooccidental en los países vecinos. 
Con frecuencia, este Parlamento ha estado en la primera línea del proceso de integración. 
Hoy, este mismo Parlamento está demostrando ser el más conservador y pasivo de los organismos. 
Esto plantea una cuestión de principio: ¿por qué? 
– Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre unas cuantas imprecisiones y contradicciones del informe sobre Turquía. 
El informe incluye tal catálogo de problemas fundamentales que es curioso que no se saque la única conclusión lógica: en primer lugar, que fue un error fatal iniciar negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Como ha explicado detalladamente el señor Belder hace un momento, se producen violaciones de los derechos de las minorías nacionales y religiosas. 
La tortura todavía abunda y, basándonos en el artículo 301 de la legislación penal, entre otras, la libertad de expresión y la libertad de prensa no están garantizadas. 
Asimismo, Turquía incumple abiertamente sus obligaciones con respecto a la unión aduanera. 
Los aviones y barcos chipriotas todavía no son admitidos en territorio turco. 
En las últimas semanas hemos comprobado también la escalada de tensiones entre las autoridades turcas y ciertos grupos kurdos. 
Nada menos que el vicecomandante del ejército turco ha sido acusado de haber dirigido un atentado con bomba con la intención de culpar a los kurdos. 
Algunos militares consideran que esta acusación es una estratagema dirigida por el Gobierno, al que le gustaría poner en tela de juicio al general en cuestión debido a su actitud con respecto al fundamentalismo musulmán. 
En algunos círculos incluso se ha sugerido la posibilidad de un nuevo golpe militar en caso de que la situación continúe empeorando. 
Hay que admitir que cabe esperar muy poco y eso en un país que aspira a adherirse a la Unión Europea en el plazo de unos años. 
De hecho, deberíamos aclararnos y decir que es totalmente absurdo. 
El informe nos recuerda con acierto que los criterios de Copenhague incluyen nuestra propia capacidad de absorción. 
Esto ya es base suficiente para que anulemos la decisión de iniciar negociaciones con Turquía. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, como presidenta de la delegación para Europa Sudoriental, permítanme decir que apoyo incondicionalmente lo que dice el informe del señor Brok acerca de cada país individual y lo que les reclama. 
Cada uno de ellos tiene sus propios problemas particulares y necesita ser juzgado sobre la base de sus propios logros y sería muy recomendable que se considerase la adhesión de Croacia en una fecha temprana. 
Esto enviaría un importante mensaje de estabilización a toda la región, dado que los logros de Croacia, tanto en el ámbito político como en el económico, no son en modo alguno inferiores a los de los dos países que van a adherirse próximamente. 
No obstante, ahora que estamos llegando al final del debate, quiero señalar una idea, que no figura en el informe Brok, pero que recibe más atención en los medios de comunicación. 
Me refiero a las alusiones al cambio de la estrategia de ampliación. 
Se plantea la cuestión de dónde se encuentran las fronteras de la Unión Europea, aunque nadie contesta. 
El propio Comisario Rehn ha dicho anteriormente al respecto que hay que contestar a esta pregunta y es precisamente esto lo que preocupa al público. 
Mi opinión personal es que las adhesiones de Bulgaria, Rumanía y los países de los Balcanes Occidentales significarán que la Unión Europea ha llegado a sus límites. 
Para todos los demás países hemos concebido el nuevo instrumento de la política de vecindad y debemos afrontarlo. 
Las negociaciones apresuradas con Turquía han hecho lo que faltaba para provocar la inseguridad y desorientación de nuestros ciudadanos. 
Durante diez años hemos estado diciendo que no debe haber ampliación sin reforma institucional de la Unión Europea, pero el Consejo no hizo caso hasta después de la última ampliación y por eso fuimos todos castigados con los resultados de los referendos de Francia y los Países Bajos. 
Sin embargo, sería fatal que, por este motivo, llegásemos a la conclusión de que no se deben permitir más adhesiones. 
No debemos perder tiempo echando mano de los instrumentos necesarios, que, por supuesto, están previstos en el Tratado Constitucional, sino utilizarlos para recuperar nuestra capacidad para acoger a nuevos miembros. 
Si no queremos arriesgar lo que ha sido hasta ahora nuestro gran compromiso con los Balcanes, debemos mantenernos coherentes y decididos a continuar acercando a estos países a la Unión Europea. 
Acojo con gran satisfacción lo que han dicho al respecto el Comisario Rehn y la señora Plassnik. 
A todos estos países se les prometió la adhesión a la Unión Europea, siempre que cumplieran los criterios. 
Eso fue y sigue siendo un importante motor del cambio después de los terribles conflictos en la antigua Yugoslavia y tras la dictadura de Enver Hoxha en Albania. 
Para cualquier persona sensata que eche un vistazo al mapa, resulta evidente que esta región se encuentra bien dentro de la Unión Europea. 
Si goza de estabilidad, nosotros también lo haremos. 
En la década de los noventa, todos nosotros experimentamos y sufrimos lo contrario, pero me temo –y puedo decir a la Presidenta en ejercicio del Consejo que la vaguedad e imprecisión de lo que se dijo en Salzburgo me da motivos para ello– que ciertos europeos están decididos a dejar a los países del sudeste de Europa en la estacada por segunda vez y eso es lo que no podemos permitir que suceda. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción el cambio de perspectiva que se establece en el informe del señor Brok. 
Nuestros debates no pueden seguir tratando sobre nuestra preferencia por un país en vez de por otro; en vez de esto, debemos hacer frente finalmente a la cuestión de qué tipo de sistema político se puede realmente permitir la Unión Europea, si quiere tener más capacidad para tomar decisiones y actuar conforme a las mismas. 
Esa es la cuestión fundamental de la que dependen todas las demás. 
Por esa razón, nuestro próximo paso debería ser aclarar los términos que todavía no se han definido. 
Los criterios de Copenhague hacen referencia al concepto de la «capacidad de asimilación» , aunque no lo definen. 
En mi opinión, debe implicar al menos los mecanismos políticos e institucionales establecidos en el Tratado Constitucional. 
A pesar de que he escuchado atentamente lo que ha dicho el señor Comisario –y que me corrija si me equivoco–, no le he oído decir nada al respecto. 
La decisión sobre qué es un criterio de capacidad de asimilación encierra la fuente potencial de disentimiento entre nosotros y la Comisión. 
Entre los criterios importantes figura que la Unión Europea debería financiarse de forma que tuviese un futuro viable y fuese aceptada por las personas que viven en ella. 
Si queremos hablar de credibilidad, esa credibilidad, y los criterios que se pueden aplicar apropiadamente a la capacidad de asimilación, exigen que no debería ser posible que otro país acceda a la Unión Europea en un futuro previsible, una vez que lo hayan hecho Bulgaria y Rumanía. 
La credibilidad es más que una promesa de aceptar poblaciones en un momento no especificado; se trata de especificar las condiciones en las que pueden ser aceptadas y eso significa que tenemos que ser más precisos por lo que respecta a conceptos como «perspectivas de ampliación» o «posibilidad de adhesión». 
Nosotros mismos tenemos que tener muy claro que pensar que la adhesión de un país resolverá tensiones y problemas de seguridad interior es un error. 
Estas tensiones y problemas deben ser resueltos antes de que comiencen las negociaciones sobre la adhesión. 
– Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el informe Brok plantea preguntas pertinentes y ofrece respuestas, aunque no estoy de acuerdo con todas ellas. 
También refleja las dudas que tienen muchos con respecto a la ulterior ampliación. 
Esa es la razón por la que se da tanta importancia a la capacidad de absorción, a la que, si el informe fuese aprobado sin enmiendas, incluso se le daría una dimensión geográfica. 
Comparto la opinión de la mayoría de mi Grupo de que la capacidad de absorción no precisa ninguna demarcación geográfica previa para definirla, dado que la demarcación de la Unión será, en primer lugar, política, y no es que eso vaya a ser fácil tampoco. 
Lo más importante es que la Unión Europea debería cumplir su promesa de ampliación, indudablemente también con respecto a los países de los Balcanes Occidentales. 
A pesar de que a estos países en cuestión todavía les separan varios años de la posible adhesión, ahora es el momento de establecer algunos acuerdos firmes sobre esta cuestión e incluso un calendario. 
No que decir tiene que habrán de cumplirse todos los criterios, particularmente los políticos. 
Según he entenddo, eso es exactamente lo que ha dicho la Presidenta en ejercicio del Consejo en su respuesta. 
En mi opinión, la vaguedad acerca de una eventual adhesión y el desarrollo de los criterios solamente retrasarán el proceso, porque esta vaguedad se utilizaría como excusa, de lo que nadie se beneficiaría. 
– Señor Presidente, Señorías, este informe pide que se fijen y se defina la naturaleza de los límites geográficos de la Unión Europea. 
No solamente algunos demócrata-cristianos, sino también algunos socialdemócratas están buscando alternativas a la integración en la Unión Europea. 
Me gustaría recordar a la Cámara que, hace unos años, los analistas y expertos políticos no podrían haber imaginado que llegase un día en que desapareciese el telón de acero. 
Sin embargo, ya ha desaparecido y podemos alegrarnos de ello. 
Quiero pedir a la Cámara que sea prudente al predecir cómo será la Unión Europea dentro de veinte, treinta o cuarenta años, cuando la mayoría de nosotros ya no participaremos activamente en la política. 
Creo que esto nos vendría bien, en vista de que la mayoría de nosotros nos habríamos equivocado con respecto a lo que iba a suceder en 1989. 
La otra cosa que quiero decir es que todos han hablado de la necesidad de que se aplique el Protocolo de Ankara y tienen razón, pero lo que también hay que decir es que Turquía y el norte de Chipre están asimismo a favor de una solución y nosotros hemos ofrecido compromisos. 
La vieja máxima de «» es de rigor y eso significa que hay que poner fin al aislamiento de la parte norte de la isla, como ha prometido la Unión Europea. 
Lo que quiero decir al señor Brok es que ojalá Helmut Kohl no quedara consignado a los libros de historia, sino que también, de vez en cuando, participase de nuevo en la definición de la política europea de la CDU. 
– Señor Presidente, mi Grupo político no votará a favor del informe Brok, particularmente por las siguientes rezones. 
El informe, especialmente el punto 10 con su deliberada falta de claridad, formula una estrategia doble. 
Deja totalmente abierta la puerta de atrás para que las perspectivas de adhesión se conviertan en una fórmula para una relación especial, con la que los demócrata-cristianos alemanes están encantados. 
El punto sobre Kosovo, con su confusa redacción, refleja la doble voz dentro de la Unión y la tendencia al abandono gradual de los claros requisitos de la Resolución 1244 de las Naciones Unidas. 
Mi Grupo político insiste en la exigencia a Turquía de que aplique las condiciones previas establecidas dentro de un calendario específico, comenzando con la fiel aplicación, sin infracciones, del Protocolo de Ankara. 
Finalmente, mi Grupo político apoya, entre otras cosas, la enmienda 19, relativa a una resolución mutuamente aceptable del problema existente con el nombre de la ARYM y la enmienda 4 revisada relativa a Chipre. 
– Señor Presidente, la primera cuestión que tenemos que debatir es: ¿dónde termina Europa? 
Ya no sabemos dónde se encuentra Europa: hemos llegado a Diyarbakir y, si mañana los Estados Unidos nos dicen que Iraq necesita unirse a Europa por motivos de equilibrio, ¿llegaremos al Océano Índico? 
Esa es la cuestión. 
¿Quién decide qué países se unirán a Europa? 
Hasta hace poco dijimos no a Croacia. 
La fiscal, la señora Carla del Ponte, dijo no, Austria presionó y Croacia está dentro. 
¿Es esta la voluntad política de Europa? 
Por supuesto, no está bien tener que decir a nuestros amigos los turcos que no deben insultar al Presidente del Parlamento Europeo. 
No está bien que les llevemos 139 millones de euros a las zonas ocupadas y que ellos arrojen huevos y piedras a los diputados al Parlamento Europeo. 
Han de cambiar de actitud y no solamente un artículo de su Constitución. 
No pueden recibir este trato especial. 
No pueden amenazar a un Estado de Europa con una guerra, con un, mientras nosotros hablamos de dejarles entrar. 
¿No pueden reconocer a un Gobierno que ha sido reconocido por los otros 24? 
Estos no son planteamientos lógicos. 
Esto me lleva a la ARYM que, por supuesto, reclama un nombre. 
Permítame recordarle que cuando ustedes solicitaron la adhesión a las Naciones Unidas con el nombre de República Germánica de Austria, Alemania –en ese momento la derrotada Alemania– lo vetó y entraron con el nombre de Austria. 
Permítame recordarle que los bretones no permitieron la entrada de Gran Bretaña porque ellos tenían Bretaña, y tuvo que adherirse con el nombre de Reino Unido. 
Así que, ¿por qué no debería apoyarnos, si tenemos una historia de 3 000 años con Macedonia? 
¿Por qué no llaman al pan pan y al vino vino? 
¿Por qué no tenemos, por fin, una política independiente y tenemos que seguir el juego de los Estados Unidos de molestar a Rusia y tomar sus satélites y abrir un frente con Irán y todo esto? 
¿Cuando decidirá por fin Europa –y esta es la cuestión– que no es el bebé de los Estados Unidos? 
No necesitamos prefectos para desarrollar nuestras propias iniciativas. 
– Señorías, la ampliación de la Unión Europea hasta la fecha ha sido sin duda una fórmula de éxito, dado que ha impulsado reformas en muchos Estados, ampliando el espacio de paz, estabilidad y el Estado de Derecho en Europa. 
La ulterior ampliación de la Unión Europea es necesaria, pero tendremos que encontrar nuevos mecanismos y vías que saquen a la Unión Europea del punto muerto de su capacidad actual para absorber a nuevos Estados. 
Sin duda, al definir criterios precisos la Comisión Europea debe desarrollar este concepto de capacidad de absorción. 
Además de la posibilidad de la plena integración, también necesitamos ofrecer varias formas de asociación y cooperación multilateral a países que, al menos a corto plazo, no podrán unirse a la Unión Europea. 
En este sentido, quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Brok. 
Esta podría ser una forma de atraer hacia el camino de la reforma y los valores europeos a Turquía, Ucrania y los Balcanes, por ejemplo. 
– (Señor Presidente, es un mito el hecho de que, sin una ulterior ampliación, la Unión será fuerte y competitiva. 
Sin embargo, también es un mito que la Unión puede ampliar sus fronteras indefinidamente, por ejemplo con la adhesión de Rusia. 
Concentrémonos simplemente en las prioridades en materia de ampliación. 
Los países del sudeste de Europa deberían estar en la cola, tras Rumanía y Bulgaria, que deberían acceder a la Unión Europea en 2007 y no en 2008. 
Después de Croacia y Macedonia, deberíamos abrir las puertas a Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo y Albania. 
Esta es la dirección lógica a seguir. 
Es una cuestión de pensamiento estratégico y también de aumento de la seguridad en el Viejo Continente. 
Después de todo, será beneficioso desde el punto de vista económico, dado que gastaremos menos en ampliar la Unión mediante la adhesión de los próximos Estados balcánicos que tirando el dinero en las arcas de preadhesión sin fondo de los Balcanes. 
La resolución de conflictos permanentes en esta parte de Europa cuesta más de lo que habría costado tener a estos Estados en Europa y, de este modo, hacerles cumplir las reglas del juego económicas y políticas de la Unión Europea. 
No debemos temer a la ampliación de la Unión a resultas de la adhesión del siguiente pequeño grupo de Estados. 
Sé que este temor está ahora «de moda» , por así decirlo. 
Es particularmente útil en las campañas electorales que constantemente tienen lugar en diversos Estados miembros de la Unión Europea. 
Si queremos que nuestra Unión sea más efectiva económicamente y que no se quede rezagada con respecto a América y Asia, debería abolir progresivamente la división de Europa en dos partes: la Europa A, es decir, la Unión Europea, y la Europa B, es decir, toda la que no forma parte de la Unión. 
La historia también ha demostrado que una Unión que se expande es una Unión más segura. 
Una invitación a las negociaciones de adhesión, incluso sin la perspectiva de unirse a la Unión en un futuro próximo, es como la bandera de salida que se levanta al comienzo de una carrera de coches. 
Los conductores deben tener un objetivo por el que luchar; tienen que saber dónde se encuentra la meta. 
Después pueden llegar muy lejos, negociando muchas curvas e incluso superando averías del motor. 
No obstante, lo importante es poner en marcha las ruedas de la adhesión. 
La propuesta de resolución del Parlamento subraya con razón el hecho de que es precisamente este impulso el que ha respaldado las reformas de Turquía, Croacia y los Estados de los Balcanes Occidentales. 
Sí, la ampliación es cara, particularmente a corto plazo, pero es una inversión rentable a largo plazo. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del señor Brok que, en general, es positivo. 
Aplaudo su audacia al reconocer el hecho de que los Balcanes Occidentales deberían formar parte de la Unión Europea en el futuro. 
Estoy convencido de que tenemos que respetar nuestros compromisos; no podemos cerrar las puertas a los países a los que se ofreció una perspectiva de adhesión o a los que se merecen esta perspectiva en el futuro a la luz de las disposiciones del Tratado de la UE. 
Sin embargo, no debemos repetir nuestros errores del pasado. 
Tenemos que estar preparados para la ampliación. 
Ante todo, tenemos que poner los recursos financieros. 
También tenemos que preparar a nuestros ciudadanos para la perspectiva de la ampliación explicándoles sus grandes ventajas. 
Tenemos que dejar de utilizar como chivo expiatorio las ampliaciones del pasado y del futuro por nuestros problemas internos y nuestra inactividad. 
A la hora de prepararnos para la ampliación, tenemos que ser rigurosos, tenemos que atenernos a la condicionalidad, tenemos que ser sinceros con nuestros socios. 
Sin embargo, no debemos ser dogmáticos en exceso. 
Es perfectamente posible abrir las puertas a Croacia sin el Tratado Constitucional. 
Basta introducir los ajustes necesarios en el Tratado de adhesión. 
Croacia no debe ser ni víctima ni rehén de nuestros problemas con el Tratado Constitucional. 
Acojo con agrado el carácter innovador y la valentía del informe. 
Podríamos debatir la idea de adoptar pasos intermedios hacia la adhesión, a condición de que no fueran permanentes; sí a los pasos intermedios, pero no como sustitutos de la adhesión. 
No deberíamos utilizar diversas consideraciones como coartada de nuestra inactividad o del cierre de las puertas a países que algún día serán merecedores de pertenecer a la UE, como es el caso de Ucrania. 
Las fronteras de la Unión ya están definidas en el Tratado de la UE, que establece que «cualquier Estado europeo que respete los principios... » , etc. 
Por último, me gustaría repetirlo: la ampliación es una de las políticas más acertadas de la Unión y, por lo tanto, deberíamos hacer un buen uso de su potencial para construir una Unión sólida, segura e influyente, fiel a sus valores de solidaridad, democracia y apertura. 
– Señor Presidente, quiero señalar la responsabilidad particular que tiene la Unión Europea de crear una comunidad de países, naciones y ciudadanos del continente europeo, basada en la paz, la democracia liberal, los derechos humanos, la economía de mercado y el Estado de Derecho. 
No obstante, hoy nos enfrentamos a la cuestión de si la Unión Europea es capaz de una nueva ampliación y de una verdadera apertura, enfrentándose también al problema de cómo definir el carácter de la Unión Europea, incluidos sus límites geográficos. 
La capacidad de absorción se ve actualmente complicada por el punto muerto del proceso de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y por los obstáculos hacia una integración estratégica y política más profunda de los 25 Estados miembros de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, en los próximos años las instituciones de la Unión Europea tendrán que aplicar estrategias de ampliación basadas en términos estrictamente definidos, que tengan en cuenta las obligaciones de la Unión Europea con respecto a Turquía, Croacia y todos los Estados de los Balcanes Occidentales. 
La Unión Europea también debería elaborar una perspectiva europea a largo plazo con respecto a los países del este de Europa y a Ucrania en particular. 
– Señor Presidente, Señorías, cuando debatimos sobre la ampliación, en el fondo discutimos de lo que entendemos por Unión Europea. 
¿La consideramos un medio para conseguir un fin o una entidad política en sí? 
¿Queremos una OSCE de libre comercio para estabilizar un vecindario problemático o queremos una unión política con competencia para actuar sobre la base de sus propias leyes? 
El informe Brok es positivo, porque realmente cambia la perspectiva a favor de la segunda opción. 
En general, de nosotros los políticos se dice que somos incapaces de expresar elogios, pero el señor Kuhne del SPD acaba de hablar sobre la base de un importante documento que han adoptado los socialdemócratas alemanes, y lo absolutamente maravilloso del mismo es que define la postura del SPD con respecto a la ampliación. 
En efecto, se da el caso de que, con respecto a Bulgaria y Rumanía, las decisiones están tomadas, pero tenemos que considerar la posibilidad de tratarlos por separado si su comportamiento lo justifica. 
Lo crucial no son los medios, sino los resultados. 
Es bastante posible que las negociaciones con Turquía produzcan un resultado diferente a la plena integración y aquí viene una frase fundamental: «No seguiremos aceptando la progresiva suavización de los criterios de adhesión» , dicen los socialdemócratas alemanes y nosotros, los demócratas liberales alemanes, estamos totalmente de acuerdo. 
También se define la capacidad de asimilación; en este sentido, el principal problema es que la capacidad de la Unión Europea para asimilar a nuevos miembros depende, en parte, del acuerdo de principio de los ciudadanos de los Estados miembros. 
Eso me parece bastante fundamental, si queremos que la opinión pública esté con nosotros. 
Si queremos que sigan siendo buenos y fieles ciudadanos de la Unión Europea, habremos de tener en cuenta su voluntad. 
– Señor Presidente, aprecio mucho las referencias que contiene el informe del señor Brok a la necesidad de respetar los derechos y libertades fundamentales, en particular los derechos de las minorías en Turquía, Croacia y los Balcanes Occidentales. 
A la hora de debatir la solicitud turca de adhesión a la Unión, insté a la Comisión a no repetir los errores cometidos en el caso de la adhesión de mi país, Letonia, cuando no se utilizó este proceso para fomentar los derechos de las minorías. 
El Grupo Alianza Libre Europea ha pedido a las instituciones europeas que insten al Gobierno turco a mejorar su política sobre minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. 
Lamentablemente, no vemos ningún progreso en este sentido y, en particular, en Kurdistán se sigue asesinando a ciudadanos inocentes. 
Hace dos semanas fueron asesinados los padres de Derwich Ferho, prominente defensor de los derechos humanos y presidente del Instituto Kurdo con sede en Bruselas. 
Hay indicios de que en los asesinatos están implicadas fuerzas especiales turcas. 
Estoy a favor de la ampliación, pero una ampliación basada estrictamente en los criterios de Copenhague. 
– Señor presidente, con respecto al apartado 29 del informe, la decisión del Consejo de bloquear la ayuda financiera a los chipriotas turcos supuso un avance en la dirección correcta, por lo que quiero dar las gracias al Ministro. 
Por lo que respecta a la cuestión del comercio, todavía se puede tratar dentro del marco del reciente acuerdo sobre las conversaciones relativas a un paquete de medidas para aumentar la confianza. 
En la declaración conjunta emitida tras su reunión en París, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente Papadopoulos afirmaron, entre otras cosas, que sería beneficioso para todos los implicados y mejoraría en gran medida la atmósfera para entablar nuevas conversaciones el hecho de que se consiguiesen progresos con respecto a una nueva retirada de fuerzas y la desmilitarización de la isla, al completo desminado de Chipre y a la cuestión de Famagusta. 
En particular, los progresos relativos a la cuestión de Famagusta podrían suponer también progresos en la cuestión del comercio. 
Todos conocemos la significativa propuesta del Gobierno de Chipre por la que la devolución de Famagusta a sus residentes legales y la reapertura del puerto de Famagusta podrían resolver la cuestión del comercio desde y hacia las zonas ocupadas. 
No obstante, lamentablemente Turquía y los líderes de los turcochipriotas todavía no han adoptado una postura con respecto a esta cuestión concreta. 
– Señor Presidente, primero nuestro ponente, muy desencaminado, celebra el hecho de que el documento de estrategia de la Comisión «abogue por una Unión abierta al exterior». 
En realidad no está hablando de una Unión abierta al exterior, sino de una Unión expansiva y no, por lo que se ve, de un periodo de reflexión tras los referendos neerlandés y francés, ¡ni mucho menos! 
En estos referendos se dijo «no» , en particular a Turquía. 
Lo que este informe nos ofrece es más centralización y más expansión que nos conduce a un resultado inviable, y esto en una semana en que se ha dicho a Alemania que ponga en orden sus finanzas. 
En lugar de enviar montones de dinero a Europa Oriental, deberían hacer todo lo posible por garantizar que no se vea comprometida la prosperidad del conjunto de Europa. 
Está de moda en estos días fingir que hay una larga cola de países que desean entrar en Europa. 
La realidad es que los países balcánicos acaban de salir de una organización dictatorial, burocrática y corrupta llamada Yugoslavia y no desean entrar a formar parte de una organización de características similares simplemente porque sea bueno para su salud. 
La verdad es que quieren dinero. 
Quieren más dinero todavía. 
Lo que no habría que hacer en los Balcanes es comerciar con su soberanía como si fuera una mercancía, ya que así solo habrá decepción. 
Me temo que lo único que les espera es una gran decepción. 
– Señor Presidente, señores diputados del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en particular los de Alemania y Austria, ¡felicidades! 
En lugar de hacer como solían hacer y utilizar el populismo como un garrote –el término lo han utilizado ustedes mismos– con el que golpear a sus antiguos líderes de partido o principales candidatos, ahora se han golpeado ustedes mismos con él en la cabeza. 
Los ciudadanos están empezando a darse cuenta de lo que los votantes dicen, empezando a darse cuenta de las cifras económicas reales y, ojalá, llegando a algún tipo de conocimiento. 
Los debates que su Grupo ha venido manteniendo durante años han producido finalmente un documento con el que realmente podemos hacer algo. 
¡Bien hecho, señor Kuhne! 
Cambio de perspectiva, perspectivas de adhesión, capacidad para asimilar: este es precisamente el meollo de la cuestión. 
Por lo tanto, existe un motivo de esperanza, dado que lo que están defendiendo puede conseguir el apoyo mayoritario no solamente entre sus propios votantes, sino también en toda Europa. 
Con una perspectiva apropiada, las cosas pueden avanzar, pero sin duda no podrán si continuamos andando con rodeos como hemos venido haciendo. 
– Señor Presidente, las ampliaciones han sido beneficiosas para la Unión Europea; no solamente la población de los países recientemente admitidos, sino también, sin duda, las de los demás, han sacado mucho provecho de ellas. 
El sentimiento predominante en mi país durante el referendo fue el temor de ser invadidos por fontaneros polacos. 
La realidad es diferente: desde la ampliación más reciente a estos países, los Países Bajos han ganado 2 000 millones de euros anualmente. 
Son precisamente quienes han defendido siempre esta ampliación los que tienen que comunicar esta misma información sobre la ampliación, manteniendo, al mismo tiempo, la vigilancia sobre el equilibrio entre ampliación y profundización, dado que actualmente está desequilibrado. 
Realmente el Tratado de Niza no fue lo bastante bueno para 25 e indudablemente no lo será cuando otros dos países, concretamente Rumanía y Bulgaria, se unan a nosotros en breve. 
Creo que sería bueno para nosotros que nos comprometiésemos a poner nuestra propia casa en orden primero, con un nuevo tratado antes de aceptar a otros dos países. 
Deberíamos comprometernos a esto por nuestra propia cuenta. 
En segundo lugar, creo que es importante que los países que están en el umbral no tengan que esperar a que la Unión Europea finalice sus quehaceres domésticos para poder comenzar el proceso de profundización con una especie de asociación. 
Si desean convertirse en verdaderos miembros, y Europa parece ser capaz de poder con ello, el acercamiento a la integración podría ser entonces el siguiente paso para ellos. 
El informe no resta valor en modo alguno a los derechos de los países candidatos que tienen esta categoría actualmente y me gustaría dejar esto muy claro. 
No obstante, esta credibilidad también debe estar estrechamente relacionada con que demos credibilidad a los criterios. 
Esto significa, como bien ha dicho la señora Plassnik, que Turquía debe controlar la libre expresión de opiniones, no solamente por el bien de algún autor, sino también por el de otros, que la libertad religiosa debe estar garantizada y también que hay avances por lo que respecta a Chipre. 
Acogemos con satisfacción el «Age Package Deal» , pero sería magnífico –y espero que el señor Comisario tome nota de ello– poder convencer a Turquía de que ratifique y aplique el protocolo. 
Una vez que se consiga esto, también se progresará mucho con respecto a Chipre. 
Desde ese punto de vista, apoyo plenamente la enmienda 4, en la que en esta Cámara explicamos en detalle, una vez más, que queremos cumplir nuestra obligación por el bien de la población del sur, pero también indudablemente por la del norte de la isla. 
– Señor Presidente, la ampliación es el mayor éxito de Europa, que ha propagado la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la democracia en nuestro continente y que lo seguirá haciendo. 
Sin embargo, cuando la opinión mayoritaria en siete Estados miembros, incluido el mío, se opone a la futura ampliación, es hora de explicar la situación a los ciudadanos y hacer frente a los que intentan bloquear el progreso; rechazar a los que en esta resolución intentan utilizar frases como «posibilidades operativas» o «redibujar las fronteras» para socavar los actuales compromisos de Europa; hacer frente a aquellos, como los conservadores británicos, que dicen que Europa debe elegir entre ampliar y profundizar, a diferencia de nosotros; oponernos a la extrema derecha que de forma deliberada azuzó los temores de que la nueva inmigración supone una amenaza para los empleos y el sustento de las personas, cuando la realidad demuestra todo lo contrario; desenmascarar a los que, incluso de nuevo en esta resolución, aplauden los progresos de Croacia, pero no hacen lo mismo con los avances en Turquía; reconocer que las poblaciones musulmanas mayoritarias en Macedonia, Bosnia y Albania también comparten un destino europeo; y destacar que una pausa para reflexionar sobre el Tratado Constitucional no puede ser una excusa para poner freno a la nueva ampliación. 
– Señor Presidente, la integración regional en los Balcanes Occidentales es un elemento fundamental en la estrategia de ampliación de la Comisión. 
Este esfuerzo es positivo, porque fomenta la cooperación y la asunción de responsabilidades y también conlleva ventajas económicas. 
No obstante, no conviene forzar una unión económica o política que no es deseada por los afectados o que no es viable en sí misma. 
Sería mucho más efectivo ampliar el Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio ya existente, como propone el Gobierno croata, porque ya ha demostrado ser un marco de cooperación próspero y positivo, y es aquí donde deberían estar incluidos los Estados balcánicos. 
La verdadera garantía de estabilidad en los Balcanes Occidentales es la promesa auténtica de integración europea. 
A este respecto, es sumamente preocupante que sobre la base de la propuesta del Consejo, los países afectados no reciban el apoyo financiero adecuado en el futuro y que el año que viene y en los años siguientes reciban menos apoyo que el que han obtenido hasta ahora. 
Esto siembra dudas con respecto a la credibilidad de todo el proceso de adhesión. 
Por lo tanto, queremos que se produzca un aumento considerable de los fondos disponibles. 
En tercer lugar: a la hora de evaluar a cada país, debemos tener en cuenta sus logros individuales y las valoraciones en bloque o colectivas de cualquier tipo son inaceptables, porque esos países deben demostrar su madurez uno a uno. 
Croacia ha hecho mucho por convertirse en un Estado miembro de la Unión Europea lo antes posible. 
Debemos reconocer estos esfuerzos, porque Croacia se merece concluir las negociaciones con éxito lo antes posible. 
– En primer lugar quiero dar las gracias al señor Brok por un informe tan constructivo y lógico. 
No me cabe duda de que si la Unión Europea fuese capaz de formular su postura con respecto a todas las cuestiones de esta manera, indudablemente contaría con más apoyo y comprensión por parte de sus ciudadanos. 
Me gustaría hablar de la parte del informe relativa a Turquía. Estoy totalmente de acuerdo en que la estrategia de expansión de la Unión Europea ha fomentado indudablemente la reforma democrática y política y otras reformas en Turquía y los demás Estados mencionados en la resolución. 
No obstante, es igualmente importante tener en cuenta que, y cito textualmente, «aunque el proceso de transición política en Turquía sigue en marcha, el ritmo de las reformas ha disminuido en 2005, y que la aplicación de las reformas es desigual». 
Esta es la respuesta exacta que recibí ayer del Comisario Rehn a mi pregunta oral sobre la aplicación de la resolución del Parlamento Europeo con respecto al inicio de las negociaciones con Turquía. 
También se indica en el proyecto de resolución que hemos debatido hoy, lo que quiere decir que el ritmo de las reformas en Turquía en 2005 no solamente ha sido insuficiente, sino que, en efecto, se ha frenado. 
Esto puede interpretarse como una falta de disposición por parte de Turquía para llevar a cabo reformas que la acerquen a la Unión Europea o quizás incluso como una falta de voluntad de comprometerse a cumplir las obligaciones básicas de la posible integración. 
También comparto el pesar expresado en el informe del señor Brok y en la resolución sobre la declaración unilateral realizada por Turquía al firmar el Protocolo adicional al Acuerdo de Ankara. 
Creo que es necesario recordar a Turquía que el reconocimiento de todos los Estados miembros de la Unión Europea es un componente indispensable del proceso de adhesión. 
Es cierto que lo que voy a decir no se encuentra en el informe, aunque no me cabe duda de que los actos de genocidio cometidos contra la nación armenia hace 90 años deberían ser reconocidos por Turquía en el más alto nivel, dado que esto más que nada daría testimonio de que la postura de Turquía, incluso con respecto a esos lamentables acontecimientos del pasado, armoniza con el espíritu de los criterios de Copenhague. 
– Señor Presidente, el informe Brok no define nada concreto con respecto a las minorías étnicas. 
La Unión Europea suele utilizar dobles o incluso triples raseros cuando exige y espera algo completamente diferente de dos Estados candidatos, cuando casi nunca llama al orden a sus propios Estados miembros por temas relacionados con las minorías étnicas. 
Tras un levantamiento armado, a los albaneses que viven en Macedonia se les concedió una amplia autonomía administrativa e incluso territorial, mientras que en el caso de Rumanía la Unión Europea no presiona para que se conceda autonomía territorial al casi millón de húngaros que viven en Székelyföld. 
La Unión Europea promete independencia a Kosovo, pero para Voivodina no recomienda ni siquiera la autonomía arrebatada por Milosevic. 
Les ruego apoyen las propuestas de enmienda húngaras encaminadas a preservar el carácter multiétnico de Voivodina, la protección de las minorías y la ampliación de la autonomía provincial. 
El Comisario Rehn sabe bien que no hay solución sin autonomía para los finlandeses que hablan sueco en Finlandia y tampoco puede haber una solución en los Balcanes para los kurdos que viven en Turquía. 
– Señor Presidente, hemos de ser particularmente honestos y aceptar que la estrategia de ampliación no es la razón de la actual crisis institucional de la Unión Europea. 
No obstante, como objetivo estratégico, la ampliación puede ser el chivo expiatorio de los bloqueos colectivos europeos y eso, en mi opinión, deberíamos evitarlo. 
Dentro de este contexto, el mensaje enviado por la Presidencia austriaca y la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores en Salzburgo sobre el objetivo final de la integración de los países de los Balcanes Occidentales en la Unión Europea son, en efecto, especialmente importantes. 
Estamos diciendo sí a la integración de los países y no a relaciones especiales. 
En este sentido, la Comisión debería acelerar la presentación de su propuesta de concesión de visados de entrada a los ciudadanos de los países balcánicos. 
La cuestión es profundamente política, no burocrática. 
La doblez de la Unión Europea con respecto a Kosovo está causando preocupación. 
La ausencia de una política común europea tendrá consecuencias negativas. 
Finalmente, por lo que respecta a Chipre, creo que es el momento de tomar iniciativas políticas para crear la ósmosis política y social necesaria en la sociedad civil entre los grecochipriotas y los turcochipriotas. 
El papel de catalizador corresponde a la Unión Europea. 
– Señorías, el ponente, el señor Brok, ha realizado un gran trabajo para mostrar a los países de los Balcanes Occidentales el camino hacia la Unión Europea. 
No obstante, como jefe de la delegación para Moldova, es mi obligación recordar el hecho de que hay dos países incluso más cercanos al corazón de Europa que necesitan la promesa de integración a la Unión Europea, tanto como los países de los Balcanes y Turquía. 
El Parlamento Europeo ha expresado claramente su apoyo a las aspiraciones de Ucrania y Moldova de convertirse en candidatos para la adhesión a la Unión Europea. 
Moldova lleva haciendo un gran esfuerzo desde hace dos años. 
Ucrania también ha demostrado recientemente que desea convertirse en un país europeo. 
Lo pude comprobar claramente en mi visita a Ucrania la semana pasada. 
No obstante, lamento que se haga hincapié excesivamente en el cuarto criterio de Copenhague en el informe. 
Al mismo tiempo, estoy de acuerdo con el señor Brok en que la Comisión Europea debería definir la naturaleza de la capacidad de adhesión lo antes posible. 
Esto no debería ser una vaga excusa para rechazar a países que desean acceder a la Unión Europea. 
Desde la Cumbre de Salónica de 2003 nuestra unión se ha reformado. 
Esta es la historia de aciertos de los países que cumplían los criterios de Copenhague. 
Los potenciales países candidatos también deberán ser evaluados, en el futuro, sobre la base de criterios transparentes. 
La expansión debe continuar, porque Europa necesita estabilidad del mismo modo que necesita el aire. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias por este apasionante y, sin duda, tenso debate, que el Consejo también considera importante. 
Señorías, yo procedo de un país que de acuerdo con todas las cifras y datos disponibles se benefició muy notablemente de la última ampliación, aunque, a pesar de ello, la opinión popular, tanto sobre la propia Unión Europea como sobre su ampliación, es muy crítica, por lo que quiero hacer algunas observaciones personales al respecto. 
No habrá Europa sin fronteras; aunque Europa ha sido siempre un proyecto político. 
Esa es la razón por la que ni los geógrafos ni los historiadores ni los legisladores nos servirán de nada para las decisiones políticas que tenemos que tomar; lo que decidirá las cuestiones será la voluntad común de quienes comparten esta comunidad de valores y leyes, concretamente nosotros y –como es norma en las democracias– los propios ciudadanos. 
Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? 
Si se analiza objetivamente, el 3 de octubre del pasado año se tomaron decisiones políticas con implicaciones muy importantes; lo que ahora tenemos por delante –con «tenemos» me refiero al Consejo y a la Comisión con nuestros socios de todo el mundo– es un período de trabajo tranquilo en torno a las cuestiones. 
Permítanme hacer tres comentarios más sobre las cuestiones geográficas de los Balcanes: básicamente, ¿de qué trata todo esto? 
¿En qué estamos trabajando? 
Creo que estamos trabajando en Europa como un proyecto de paz, en su reunificación, en la superación de la división entre este y oeste, en la eliminación de la división creada por el comunismo. 
Es intolerable que los Balcanes acaben en tierra de nadie en Europa; debemos explicar, una vez más, dónde vemos el valor añadido para nosotros mismos, para nuestros propios ciudadanos y para los ciudadanos de los Balcanes: un valor añadido que consiste en el Estado de Derecho, la seguridad y la oportunidad económica. 
Con respecto a Turquía, a la que se han referido muchos diputados, en el actual proceso en curso la Comisión y el Consejo no solamente abordan el progreso que Turquía ha realizado con su proceso de reforma, sino también, de forma bastante específica y directa, lo que queda por hacer, en ámbitos como la libertad religiosa y la libertad de expresión. 
Lo hicimos en nuestra reunión de la troika. 
Permítanme decir algo acerca de Ucrania. 
Recientemente la Comisaria Ferrero-Waldner y yo hemos visitado juntas Ucrania, en una misión de la troika, y puedo darles el mismo mensaje que di allí: a Europa, la Unión Europea, le gustaría ver una Ucrania estable, confiada y próspera, pero, sobre todo, una Ucrania que asuma la tarea de transformación y que lo haga con determinación. 
La política de vecindad europea y el plan de acción que está a punto de ser revisado por primera vez durante la Presidencia austriaca nos ofrecen un conjunto de instrumentos útil y apropiado. 
También existe un considerable potencial para cosas como un consenso más profundo que podría incluir un amplio acuerdo de libre comercio. 
. Señor Presidente, me gustaría comenzar dándole una noticia: las decisiones que tomamos a finales de 2005 han creado un sólido marco político para nuestra política de ampliación para el periodo de 2006 a 2010, y en algunos casos incluso más allá. 
Por ejemplo, las negociaciones de adhesión con Turquía durarán probablemente entre 10 y 15 años. 
Espero que nadie ponga en duda seriamente nuestros compromisos en vigor en Europa Sudoriental, porque se trata realmente de una cuestión de seguridad y estabilidad propias que podamos garantizar la paz, la democracia y aumentar la prosperidad en esta zona tan delicada. 
Ahora tenemos un programa de trabajo sobre la ampliación consolidado y suficientemente exigente. 
El tren de la ampliación no es de alta velocidad, no es el TGV ni el Eurostar; se trata de un tren normal o, en algunos casos, incluso de un tren correo, pero lo más importante es que este tren se está moviendo, se encuentra en el proceso y, por tanto, está transformando los países que se hallan en las proximidades de la Unión Europea. 
En cuanto a las fronteras de Europa, la Comisión trabaja sobre la base del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que indica que cualquier Estado europeo que respete y aplique los valores europeos de democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales podrá solicitar su adhesión a la Unión. 
Esto no quiere decir que todos los Estados europeos deban presentar su solicitud ni que la UE deba aceptar a todos los países, pero al mismo tiempo significa que no es sensato cerrar la puerta para siempre trazando una línea en el mapa para definir Europa de una vez por todas, ya que esto perjudicaría muy seriamente nuestras posibilidades de influir de forma beneficiosa y estratégica en nuestro vecindario inmediato. 
Mientras tanto, aunque todavía no se han determinado unas fronteras finales de la Unión, la UE está desarrollando otras formas de asociación y cooperación con sus países vecinos, por ejemplo la Política Europea de Vecindad, que puede seguir desarrollándose y actualizándose. 
Se han hecho algunos comentarios y se han señalado varios puntos sobre la capacidad de absorción. 
Me gustaría explicar brevemente los antecedentes históricos. 
Este concepto fue mencionado de forma explícita por primera vez en Copenhague en 1993, cuando el Consejo Europeo manifestó que la capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea, es también un factor importante en el interés general tanto de la Unión como de los países candidatos. 
La Comisión ha examinado con regularidad ese concepto y sus consecuencias. 
En su Agenda 2000 –y me complace referirme a ella porque yo fui miembro del Grupo rector para la Agenda 2000, aprobada en 1997–, la Comisión examinó el efecto de la adhesión de los países de Europa Central y Oriental desde dos ángulos: su efecto en las políticas de la UE como la agricultura o la política regional, y sus consecuencias presupuestarias. 
A resultas de ello, este trabajo condujo al establecimiento de una serie de parámetros críticos en las negociaciones que se produjeron después, en las decisiones de marzo de 1999 en la Cumbre de Berlín y en 2003, cuando se dio el visto bueno a la adhesión a la Unión Europea de los países de Europa Central y Oriental. 
Esta decisión facilitó la entrada de los diez nuevos Estados miembros y, de ese modo, logramos combinar nuestra misión histórica de reunificar el continente europeo y tener en cuenta las consideraciones prácticas, que también preocupan hoy en día a nuestros ciudadanos. 
Más tarde, examinamos ese concepto durante las negociaciones de adhesión, en algunos capítulos en particular, como el de la libre circulación de personas y los capítulos financieros, y más recientemente en nuestro documento de reflexión de 2004 sobre las cuestiones derivadas de las perspectivas de adhesión de Turquía. 
Me gustaría recomendar este documento de octubre de 2004 a todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Merece la pena leerlo y describe muy bien las amplias consecuencias de la posible adhesión turca a la Unión si, un día, Turquía cumple todas las condiciones. 
Así pues, el aumento de la capacidad también es un concepto importante y a él nos hemos referido en los marcos de negociación para Turquía y Croacia. 
Puedo asegurar a sus Señorías que lo tenemos en cuenta durante las negociaciones y que es un concepto primordial en nuestro documento de estrategia del pasado mes de noviembre. 
Basamos nuestro trabajo en ese concepto y es una consideración muy importante. 
Por último, en relación con lo que ha dicho el señor Eurlings sobre profundización y ampliación, me uno a los que piensan que la profundización de la integración política es indispensable para hacer una Unión Europea más eficaz y democrática. 
Tenemos que hacer que la Unión funcione mejor y este era y sigue siendo el objetivo del Tratado Constitucional. 
Por tanto, necesitamos un debate constitucional y en su momento –más vale pronto que tarde– tendremos que decidir cómo vamos a reformar nuestras estructuras para hacerlas más eficaces y democráticas y para que la Unión Europea pueda tener más influencia en las relaciones exteriores, en la Política Exterior y de Seguridad Común y en el mantenimiento de la seguridad de sus propios ciudadanos contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Todo esto debemos hacerlo en el futuro inmediato, no en un futuro lejano –no dentro de 10 o 15 años, por ejemplo, cuando Turquía esté preparada para la adhesión–, en interés de Europa, y tenemos que hacerlo ahora para la Unión Europea de 25 o 27 Estados miembros. 
Por tanto, en lugar de hablar de la capacidad de absorción, preferiría que habláramos de la capacidad de funcionamiento de la actual Unión Europea para garantizar que servimos a nuestros ciudadanos mejor tanto en nuestras políticas como en nuestras instituciones. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
– El informe del señor Brok aborda de forma exhaustiva y completa el estado actual de la ampliación y tiene en cuenta países que indudablemente están realizando notables esfuerzos por alcanzar los objetivos políticos y económicos exigidos para su entrada en la Unión Europea. 
Estamos especialmente de acuerdo con la invitación que se hace a Croacia de «resolver los problemas bilaterales, en especial los relativos [... ] a los derechos de la propiedad» , pero observamos con pesar que no se hace alusión alguna a los problemas relacionados con la adecuación de la legislación de dicho país en materia de acceso al mercado inmobiliario por parte de ciudadanos de la Comunidad, y en concreto de los italianos y los exiliados julio-dálmatas. 
No se puede impedir a ningún ciudadano de la UE su instalación en un Estado miembro y el acceso al mercado inmobiliario. 
Justificar la prohibición con la aplicación del principio de reciprocidad no es suficiente para afirmar hoy que Croacia satisface todos los requisitos para ser candidato a una futura adhesión a la Unión. 
Conscientes del incumplimiento de un principio de libertad, actualmente aceptado por todos los Estados miembros, nosotros, si bien votamos a favor del informe, deseamos que se pida a Croacia que colme esta grave laguna, que, de prolongarse, nos impediría apoyar su adhesión. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las fusiones en el mercado interior. 
– Señor Presidente, Señorías, este es un debate que naturalmente estará dominado, en gran medida, por el discurso de la señora Comisaria. 
Puedo imaginar que los diputados presentes estarán particularmente interesados en escuchar lo que tiene que decir la Comisión. 
Por lo tanto, me limitaré a hacer algunas observaciones en nombre del Consejo, dado que estamos convencidos de que al aplicar las nuevas disposiciones y las normas de competencia de la Unión Europea, la Comisión está demostrando gran responsabilidad por lo que respecta a la consecución de los objetivos de la política de competencia, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. 
Los estudios sectoriales que la Comisión ya está preparando y desea realizar con mayor profundidad forman una base fundamental para ello, y la cuestión de la definición del mercado también es importante en este sentido. 
Es importante recordar que también deberán tenerse en cuenta los aspectos a medio y largo plazo a la hora de tomar decisiones sobre fusiones. 
La economía no es estática, sino dinámica, por lo que las empresas se enfrentan al desafío diario de prepararse para el futuro y mantenerse competitivas. 
Hay más de 23 millones de empresas en la Unión Europea en su conjunto; cada día se crean nuevas empresas y se cierran otras. 
Como continuación del debate que hemos mantenido esta mañana, cabe señalar que más del 99 % de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que en conjunto representan el 80 % del empleo. 
Por lo tanto, la competitividad también tiene un importante impacto sobre el mercado laboral y presupone una competencia efectiva. 
No debe existir distorsión de la competencia en el mercado interior: esa es una de las bases esenciales del éxito de la economía europea. 
La plena realización del mercado interior y de la unión económica y monetaria, la ampliación de la Unión Europea y la reducción de las barreras al comercio internacional y a la inversión provocarán incluso una mayor reorganización de empresas, también en forma de concentraciones. 
Acogemos con satisfacción una reorganización como esta en la medida en que cumpla los requisitos de la competencia dinámica y pueda aumentar la competitividad de la industria europea, mejorando las condiciones para el crecimiento económico y elevando el nivel de vida de la Comunidad. 
Esto se ajusta perfectamente a los objetivos de Lisboa que se han debatido hoy. 
El problema presente se está debatiendo a la luz de ejemplos actuales de concentraciones en el ámbito de la energía, en particular. 
En este sentido, para el público y los consumidores son particularmente importantes las tendencias de los precios, que se ven negativamente afectados por la falta de competencia, y las consideraciones relativas a la preservación del empleo. 
Los consumidores pueden imaginar fácilmente que la única forma de evitar aumentos de precios injustificados pasa por una competencia suficiente. 
No obstante, también es cierto que los puestos de trabajo solamente se pueden salvaguardar a largo plazo si las empresas son competitivas. 
En este sentido, deberíamos perseguir activamente una política de competencia paneuropea en el contexto de las cuatro libertades fundamentales. 
Otra tarea importante de la política de competencia es la de garantizar que los casos de reorganización y concentración no puedan provocar daños permanentes a la competencia. 
Esa es la razón por la que, como saben, la legislación comunitaria comprende disposiciones relativas a las concentraciones que podrían distorsionar la competencia, sea en la totalidad o en gran parte del mercado común. 
Quiero repetir que estamos convencidos de que la Comisión emprenderá la acción apropiada y procederá de forma responsable. 
El Estado de Derecho y por tanto la previsibilidad de las decisiones son también particularmente importantes para el éxito de Europa como ubicación de empresas. 
Con este fin, habrá que trabajar incluso con mayor profundidad en un planteamiento más orientado a la economía. 
Si, tras una fase de evaluación, se pone de manifiesto que el marco jurídico para las fusiones ha de ser complementado a este respecto, el Consejo también abordará del asunto. 
También está claro que no es posible prever todas las eventualidades en los marcos legales; por el contrario, se necesita cierto nivel de abstracción. 
La Presidencia del Consejo también asume que, a la hora de tomar sus inminentes decisiones, la Comisión aplicará su criterio en cuestiones como la definición del mercado y la determinación de la eficiencia con la máxima prudencia. 
. Señor Presidente, Europa lucha por derribar barreras entre Estados miembros, no por erigirlas. 
Los mercados abiertos y competitivos son los principales factores de impulso del crecimiento y del empleo en Europa. 
Las empresas que prosperan en el mercado europeo también están en buenas condiciones para competir mundialmente. 
La Comisión siempre observará con preocupación cualquier intento de los Gobiernos nacionales de interferir de forma indebida, directa o indirectamente, en el proceso de reestructuración empresarial transfronteriza en Europa. 
El Tratado consagra el principio de que no debería existir ningún impedimento injustificado para el ejercicio de las libertades que establece –en particular la libre circulación de capital– o para el derecho de establecimiento. 
Un elemento fundamental de estos derechos es la libertad de las empresas para reestructurarse, incluso mediante el cambio de propiedad. 
Negar esta posibilidad a las empresas por principio o por no aplicar correctamente las disposiciones de la legislación sectorial comunitaria que introduce la competencia en los mercados –como la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros– supondría una grave limitación de su capacidad para adaptarse a los desafíos que presenta la integración de los mercados en la Unión Europea, para los rápidos avances en tecnología que muchas industrias están experimentando y, en general, para la dinámica actual de los negocios en la Europa de nuestros días. 
La industria europea está haciendo frente a estos desafíos, inclusive mediante la aparición de un creciente número de empresas transfronterizas europeas. 
A pesar de que los efectos de las fusiones deben evaluarse caso por caso, de acuerdo con las normas de competencia pertinentes, es probable que las fusiones entre empresas asentadas en diferentes Estados miembros aumenten la competencia en el Estado miembro en cuestión, contribuyendo así a la materialización de beneficios concretos para los consumidores europeos, en forma de precios inferiores y de una selección más amplia. 
Pongamos el ejemplo del sector de la energía. 
El Libro Verde publicado la semana pasada por la Comisión era muy claro. 
No se conseguirá una energía sostenible, competitiva y segura sin mercados energéticos abiertos y competitivos, basados en la competencia entre empresas que deseen competir a escala europea en lugar de dominar su mercado nacional. 
Los mercados abiertos reforzarán Europa y le permitirán abordar sus problemas. 
Al mismo tiempo, el proceso de reestructuración empresarial transfronterizo aumenta la competitividad de las empresas europeas, preparándolas para triunfar en los mercados mundiales. 
Cualquier interferencia en este proceso por parte de los Gobiernos nacionales que no esté justificada por un interés legítimo, tal como se establece en los Tratados, la legislación secundaria o la jurisprudencia, conlleva el riesgo de mermar gravemente las posibilidades de Europa de aprovechar las oportunidades que ofrecen la globalización y la integración del mercado. 
La Comisión, como saben, dispone de dos instrumentos legales principales –las normas del mercado único del Tratado CE y el artículo 21 del Reglamento comunitario sobre concentraciones– para hacer frente a una interferencia indebida por parte de las autoridades nacionales con respecto a la reestructuración empresarial. 
Tiene la obligación de aplicar estas normas en este sentido siempre que proceda. 
Como guardiana del Tratado CE y como institución responsable del control de las fusiones sobre la base de la competencia a escala europea, la Comisión está decidida a garantizar que las empresas puedan aprovechar efectivamente las ventajas del mercado interior de la Unión Europea. 
Esa es la razón por la que la aplicación de estas disposiciones es y seguirá siendo una de las prioridades centrales de la Comisión. 
. – Señor Presidente, Señorías, el mercado interior se está sometiendo a prueba; en el ámbito de la energía, en particular, incluso se podría decir que está en peligro. 
La promoción de campeones nacionales se traduce en monopolios nacionales, lo que significa que no hay competencia y también que no hay más competencia en el mercado interior europeo. Esta situación es negativa para los consumidores. 
Las empresas europeas de la energía se enfrentan al problema adicional de que si no compiten en Europa, tampoco serán competitivas en el plano internacional en el futuro. 
Esto también agrava la situación en Europa. 
Por lo tanto, también agrava la situación de todas las demás empresas, dado que tienen que pagar los elevados precios de la energía y, de este modo, salir perdiendo en términos de competitividad internacional. 
A pesar de que apoyo explícitamente los esfuerzos de la Comisión y, en particular, de la señora Comisaria con respecto a esta cuestión, creo que las opciones de la Comisión son sencillamente limitadas. 
La Comisión está intentando presentar instrumentos de la normativa en materia de competencia, pero la famosa norma de los dos tercios en las fusiones casi siempre se aplica en el ámbito de la energía, en particular, y a resultas de ello la capacidad de intervención de la Comisión es mínima. 
Sé que la Comisaria Kroes se está planteando cambiarlo, pero para ello necesitaría la unanimidad dentro del Consejo y no creo que esa unanimidad sea posible en la situación actual. 
Esa es la razón por la que es fundamental que también el Consejo se ocupe de este problema. 
Cabe esperar que los Gobiernos respeten el espíritu y las normas de los Tratados y de la legislación europea. 
En última instancia, el caso es que queremos un mercado interior en el ámbito de las empresas de la energía, en particular. 
Por esta razón, espero que el Consejo se implique en esta cuestión. 
Me gustaría hacer un comentario sobre la normativa en materia de absorciones: en artículos de prensa de los últimos días se ha alegado que la normativa europea en materia de absorciones está promoviendo esta evolución. 
No me parece justo. 
Cabe esperar que los Estados miembros transpongan la normativa en materia de absorciones, pero se trata de un caso de relaciones entre empresas; no tiene nada que ver con el ejercicio de influencia política. 
El ejercicio de influencia política no se contempla en las decisiones en virtud de la normativa en materia de absorciones a escala europea y deberá evitarse y prevenirse. 
Es fundamental que esta cuestión se ponga abiertamente sobre la mesa en el Consejo y que se haga un llamamiento en este sentido a todos los responsables en el seno del Consejo. 
. – Señor Presidente, imagine que el próximo fin de semana el Presidente Barroso convoque una conferencia de prensa para anunciar la fusión de Euronet, Deutsche Börse y London Stock Exchange. 
¿Un sueño o una pesadilla? 
Yo diría que ninguna de las dos cosas, pero señalaría simplemente que es bastante improbable que ocurra algo así. 
No obstante, el mensaje de mi Grupo es que el Presidente Barroso, la señora Comisaria y sus colegas no deberían encontrarse por sorpresa en la situación en la que nosotros mismos nos hallamos ahora, con las fusiones, adquisiciones y acontecimientos que presenciamos en los mercados financieros, el sector de la energía y otros, todos ellos sectores muy importantes para la economía europea. 
Los socialdemócratas seguimos pensando que el Estado tiene que desempeñar un papel en la economía como mediador, como regulador y como defensor del interés público. 
No digo que los políticos tengamos que asumir el papel principal y ser las estrellas de las conferencias de prensa, pero deberíamos desempeñar un papel de diplomacia discreta y crear las condiciones necesarias en un diálogo con las empresas; no solamente deberíamos comenzar con lo que ha sucedido, sino también prever lo que sucederá. 
Esa es la razón por la que no me gusta su planteamiento, señora Comisaria, que es exclusivamente negativo e intenta impedir que las autoridades interfieran en lo que está pasando con las empresas. 
En mi opinión, debería aplicarse un enfoque activo y mencionaré tres cuestiones sobre las que deberíamos mantener un profundo debate en Europa. 
La primera es la política industrial. 
Me han complacido algunas de las observaciones del Comisario Verheugen de esta mañana, realizadas más desde la perspectiva de la política industrial. 
La segunda –también mencionada por el señor Lehne– se refiere a lo que está ocurriendo con las absorciones y la forma en que las organizamos. 
Necesitamos un debate al respecto, no solo sobre la democracia accionarial que tanto predican el y, sino también sobre otros aspectos. 
La tercera es el enfoque europeo frente al enfoque nacional. 
. – Señor Presidente, Señorías, realmente nos encontramos ante una situación muy importante para Europa: los Estados miembros siguen apegados a la percepción de una dimensión nacional que todavía se considera primordial en todas las circunstancias y olvidamos que se ha producido un cambio de dimensión y debemos avanzar conscientemente hacia una dimensión continental, sabiendo que avanzamos en dicha dirección y sabiendo también cómo gobernarla. 
Por esta razón no consigo entender las dificultades que se plantean, por ejemplo, en relación con las fusiones bancarias en Polonia; en Italia aceptamos la adquisición de la precisamente por esa razón. 
Veo en estas dificultades un conflicto de intereses, porque muy a menudo se trata de empresas completamente estatales o al menos de mayoría estatal. 
Hay un conflicto de intereses entre el interés político inmediato y el interés a largo plazo, no solo de los consumidores, sino también de la eficiencia global del sistema europeo. 
Esto ha sucedido también en el caso de y, con un grave conflicto de intereses entre la necesidad de racionalizar nuestras empresas para que se conviertan realmente en sujetos capaces de soportar la competencia a escala mundial y la necesidad de evitar que pasen apuros a muy corto plazo. 
Pido asimismo que se organice el marco competitivo; esta mañana también hablamos de ello con la Comisaria Kroes, a quien agradezco su disponibilidad en materia de competencia energética. 
Es preciso crear redes eléctricas, gas y electricidad a escala de toda Europa. 
Esta es nuestra misión y pido una rápida acción en este sentido. 
. – Señor Presidente, entiendo perfectamente el enfado de Italia y España por lo que yo denominaría el imperialismo energético germano-francés en Europa. 
Son las economías alemana y francesa las que pagan el precio más alto por la energía. 
Los precios de la electricidad y el gas en Austria son un 20 % más bajos que los de Alemania porque sus costes de red son menores y porque en su mercado existe más competencia que en Alemania. 
La respuesta a lo que ha sucedido en las últimas semanas, señora Kroes y señor Barroso, no son los campeones europeos. 
Los campeones europeos de la energía exprimirían aun más dinero de nuestra industria principal y nuestros consumidores, y de nosotros como ciudadanos, para dárselo a los accionistas. 
Así pues, la única solución es tener mercados competitivos, supervisados por órganos reguladores fuertes e independientes, autoridades fuertes de defensa de la competencia y una plena desvinculación de la propiedad. 
. – Señor Presidente, Señorías, siempre hemos dicho que la energía y Europa no necesitan un enfoque liberal, sino políticas válidas en torno a las que haya consenso. 
Lo que sucede ahora lo confirma: a Europa le cuesta enormemente tener una política energética innovadora y acorde con los problemas planteados por el Protocolo de Kyoto y con la exigencia de un desarrollo nuevo y de otro tipo. 
El mundo vive guerras dramáticas por el control de los recursos petroleros y ahora esos conflictos se trasladan también al interior de Europa: evidentemente, la solución no es el proteccionismo, sino un uso más equitativo de la energía disponible y la promoción del ahorro energético y de las fuentes renovables. 
Reitero nuestra firme oposición a las fuentes de energía peligrosas, como la nuclear. 
Hay que crear modelos económicos y sociales no «energívoros» , apostar por la cooperación con los demás continentes; como podemos ver, esto es muy distinto de la implicación en guerras comerciales que no tienen nada que ver con nuestro futuro. 
Reducirlo todo a mercancías y comercio es un grave error. 
Ni liberalismo, ni proteccionismo, sino una política energética diferente y consensuada, una política solidaria para Europa y el mundo: este ha de ser nuestro cometido. 
. – (Señor Presidente, me gustaría hablar sobre el tema de la fusión de dos grupos bancarios: y. 
Se trata de un tema que ha causado una gran controversia en Polonia. 
En 1999, adquirió una participación mayoritaria en, uno de los bancos polacos más importantes. 
Resultó ser una decisión muy rentable. 
Siete años después, el valor de las acciones se ha multiplicado por cuatro. 
Sin embargo, cuando compraron el banco polaco, los italianos tuvieron que comprometerse a no invertir ningún capital en ninguna empresa en competencia con ese banco de Polonia. 
Por lo tanto, la adquisición de y, por la misma razón, también de otro banco polaco, , supone un claro incumplimiento del acuerdo de privatización. 
Así pues, las autoridades polacas está obligadas a bloquear esta fusión y a hacer cumplir los términos del acuerdo. 
Cabe señalar que este conflicto no consiste en absoluto en que el Gobierno polaco pretenda evitar que una entidad extranjera adquiera el control de una empresa nacional, como se ha dado el caso recientemente en Francia, España e Italia. 
Así pues, las acusaciones de proteccionismo lanzadas al Gobierno polaco son totalmente infundadas en este caso. 
También deberíamos recordar que, a pesar de que la Comisión Europea ejerce el control sobre las fusiones a escala comunitaria, las obligaciones relativas a los acuerdos y el control sobre los bancos siguen siendo competencia de los Gobiernos nacionales. 
Por lo tanto, espero que la Comisión Europea tenga en cuenta estos argumentos y que Polonia deje de ser objetivo de una lluvia de amenazas con respecto a este asunto. 
– Señor Presidente, Señorías, la unificación de los mercados es un objetivo fundamental de la Unión, pero es más que eso: el mercado es uno de los pilares en los que se ha basado y se basa todo el proceso de integración europea. 
Un verdadero mercado exige, en primer lugar, que los capitales circulen libremente y puedan invertirse donde estén mejor remunerados; en segundo lugar, que las empresas adquieran una dimensión transfronteriza y se establezcan allí donde lo consideren más interesante para su competitividad, a través de fusiones y adquisiciones, incluso hostiles. 
Además, el mercado no tolera abusos de posición dominante que impidan la libre competencia. 
Un mercado abierto y que funcione bien es decisivo para la competitividad de Europa en los mercados internacionales. 
Provoca efectos opuestos al proteccionismo, a los que hemos asistido en los últimos meses, con Estados que bloquean ofertas, fusiones o adquisiciones transfronterizas para proteger intereses estratégicos nacionales. 
En realidad, el proteccionismo se practica para defender empresas débiles e ineficientes, o bien para crear artificialmente campeones nacionales. 
Los daños que provoca son importantes para los usuarios, que no pueden disponer de bienes y servicios a precios mejores, y son graves para la colectividad, que debe soportar los costes de empresas no competitivas. 
Hay que añadir que el proteccionismo, por su naturaleza, no puede garantizar a los trabajadores unas perspectivas seguras y duraderas de empleo. 
Con el proteccionismo, Europa da marcha atrás. 
Para funcionar bien, el mercado debe ser eficiente, no deben existir asimetrías. 
Todos deben respetar las normas: no se puede admitir la competencia desleal de Estados y empresas que, por un lado, se protegen y, por otro, se aprovechan de la apertura virtuosa de los demás. 
Por ello, pedimos a la Comisión Europea que actúe con firmeza para garantizar la libre circulación de capitales y la libre competencia. 
En consecuencia, nos complace escuchar los comentarios de la señora Kroes en esta Cámara. 
Tener la valentía de tomar estas decisiones significa ser europeístas en serio: la competitividad, el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos, basados en un mercado integrado, son cruciales para preparar el terreno al nacimiento de la Constitución Europea. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, quiere usted que el mercado funcione bien. 
Para ello tendrá que renunciar al liberalismo frenético que nos propone y que, manifiestamente, no cumple sus objetivos. 
Lo que necesitamos es una estrategia en materia de fusiones que funcione, desde luego, pero que se apoye también en una estrategia política industrial bien regulada, que se apoye también en estrategias empresariales que respeten objetivos relativos al medio ambiente y las normas sociales. 
Creo que el Presidente del Consejo tiene razón al decir que hay que integrar también objetivos a medio y largo plazo que un liberalismo desbocado no permite alcanzar. 
Además, si queremos que la directiva sobre las ofertas públicas de adquisición funcione bien, los Estados miembros tendrán una gran responsabilidad. 
Quizás debamos también prever su revisión –esto está incluido en el texto–, de forma que el poder de los accionistas no sea ese poder ciego que, sin tener en cuenta ningún interés, ni el del Estado en el que interviene, ni el de la estrategia industrial practicada, ni el de los trabajadores, puede desmantelar empresas que, con el paso de los años, han acumulado unos conocimientos técnicos y una estrategia empresarial que pueden ponerse también al servicio de una política industrial europea. 
– Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante dos posibles fusiones. 
La primera, entre y, es antinatural, porque crea en Bélgica un monopolio energético en el sector del gas y la electricidad y cierra aún más el mercado francés a la presencia de competidores; la segunda, entre y, podría dar lugar en cambio a una diversificación en los mercados francés y belga de la energía. 
El principio de reciprocidad en las relaciones entre países europeos en el sector energético parece esencial para un mercado europeo de la energía al servicio del consumidor y para una política europea común en el sector energético. 
En Italia se ha dejado mucho espacio a las empresas energéticas de los demás países mediante políticas de privatización y liberalización. 
Lo mismo se ha hecho en otros países europeos. 
La violación del principio de reciprocidad por parte de Francia, en este caso, no se justifica por la exigencia de asegurar su autonomía energética con campeones nacionales, sino que es expresión de una política de nacionalismo excesivo: Francia tiene ya sus campeones nacionales de la energía, no necesita crear otros. 
La fusión entre y que controla la belga conllevaría el grave riesgo de incentivar las tendencias proteccionistas, no solo en el sector energético, sino también en otros sectores industriales, financieros y de servicios. 
La Comisión Europea ha empleado, en otros casos y con rigor, sus instrumentos de defensa de la competencia para bloquear el desarrollo de posiciones dominantes y distorsiones de la competencia internacional. 
Recientemente, ha sido así en los casos de y en el caso que ahora parece haber beneficiado a un banco francés. 
Sería deseable que la Comisión emplease el mismo rigor para garantizar la libre circulación de capital; también en estas circunstancias, el principio debe valer para todos, pues no podemos admitir que en Europa algunos países sean más iguales que otros. 
Estamos ante unas OPA inducidas por Gobiernos −como ocurre en España− o impedidas por Gobiernos −como sucede en Francia. 
Todo esto es un revés, una contrariedad para la Unión Europea. 
Estamos asistiendo a discursos políticos de responsables máximos de importantes países europeos que no dudan en poner en cuestión los principios básicos de la Unión Europea: la libre circulación de capitales o la competencia plena de los mercados. 
Discursos, como los que hemos escuchado estos últimos días, de ministros que parece que hablan de planificación: planificación económica de la más rancia y fracasada. 
Hablan sin pudor de proteccionismo, de patriotismo económico, de nacionalismo; en definitiva, lo que están haciendo es un discurso populista del peor estilo. 
Ante eso, tenemos que apostar claramente por la construcción europea, que es la integración libre de mercados, reconociendo que hay asimetrías en esos mercados. 
¿Acaso conocemos un solo ejemplo de integración económica en el que no haya habido asimetrías? 
Y, a pesar de eso, aquí estamos, hemos llegado donde hemos llegado, con problemas y con dificultades frente a los cuales estos discursos políticos no hacen más que engendrar más problemas y más dificultades. 
Estamos hablando de sectores estratégicos, pero no lo son menos las comunicaciones, los transportes y las finanzas. 
Pedimos a la Comisión Europea que, frente a estas tentaciones nacionalistas, se pongan por delante el objetivo y el ideal de la integración europea y que, frente a un discurso populista de aislamiento, se consagre el objetivo de la construcción de un mercado único. 
En definitiva, pedimos a la Comisión Europea que asuma su papel como garante de los Tratados e impulse políticas reales de desarrollo y de empleo para todos los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, el proceso de concentración industrial y financiera puede fortalecer a la Unión Europea en el mundo. 
En algunos casos y para algunas fases, dicho proceso puede llevarse a cabo de forma conveniente por canales nacionales, pero a menudo estos últimos son defensivos y pueden provocar una peligrosa espiral proteccionista que es imprescindible detener: hay que adaptar más el marco jurídico, hay que promover una mayor convergencia entre las normas nacionales en materia de adquisiciones y fusiones, ya que de lo contrario la carrera por establecer cláusulas de reciprocidad colocará a todos los países al amparo de una normativa más cerrada y protectora. 
Por último, en algunos sectores tendremos inevitablemente posiciones oligopolistas, por ejemplo en el sector de la energía. 
Dichas posiciones no deben ser frutos de colusiones ni desfavorables para los consumidores y tampoco el control público de algunas empresas debe facilitar el abuso del mercado. 
En resumen, queremos más fuerza y más integración para la autoridad reguladora, más firmeza para las medidas de defensa de la competencia y, de forma inmediata, una actitud más activa e incisiva por parte de la Comisión. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, usted sabe que en Bélgica hay muchas miradas fijadas en usted en este momento. 
La expectativa general es que usted diga a los recién fusionados grupos franceses Suez y Gaz de France, en términos muy claros, que su postura en un mercado tan pequeño como el belga es insosteniblemente monopolista. 
Sé que su oficina todavía no ha sido oficialmente informada de la fusión, pero no creemos que eso signifique que usted no puede, en esta fase, enviar un claro mensaje de que situaciones de este tipo incumplen la normativa europea, porque el grupo recientemente fusionado suministrará no menos del 90 % del gas distribuido en Bélgica. 
Espero que pueda confirmar que una empresa con semejante concentración de mercado tendrá que renunciar a una parte importante de sus actividades. 
Señora Kroes, usted es la única garantía que tiene el consumidor –y me refiero tanto a personas particulares como a la industria– de que no tendrá que pagar un precio inaceptablemente elevado por su gas y electricidad en el futuro. 
Usted también tiene la capacidad de recuperar la confianza pública en Europa, al menos en cierta medida. 
Puede hacerlo dejando claro a esos gigantescos grupos industriales que están beneficiándose económicamente de la liberalización, que lo que están haciendo es ilegal e incumple esas normas de la competencia. 
También ha dicho usted que pronto presentará nuevas propuestas para poner fin a la concentración de poder en el ámbito de la distribución de energía. 
Me gustaría saber si puede confirmar que lo que quiere decir con eso es que se exigirá a los principales productores que renuncien a su capacidad de bloqueo en las empresas de distribución. 
Me gustaría terminar, señora Comisaria, diciendo que puede hacer historia ejerciendo su influencia y explicando que las autoridades europeas son iguales a esas gigantescas fusiones. 
Tiene fama de ser una chica lista y le agradeceríamos que, en las próximas semanas, nos pudiese dar un motivo para creer que esa reputación es cierta. 
Señor Presidente, comparto el criterio de la Comisaria de que no tiene sentido hablar de campeones nacionales o de gigantes continentales y de que el enfoque en Derecho de la competencia es decidir caso por caso. 
La política de la competencia es clave, pero no lo resuelve todo en el campo energético, y tampoco la política de mercado interior. 
Hablar de energía es hablar de seguridad y de intereses generales. 
La energía es vital y, en lo esencial, forma parte de las competencias actuales de los Estados miembros. 
En la actualidad, existen 25 mercados de la energía con grandes disparidades, asimetrías en las regulaciones y operadores que funcionan vinculados a diferentes opciones estratégicas y compromisos de política exterior. 
Es necesario un sistema homogéneo con condiciones de partida armonizadas. 
Las grandes operadoras no pueden imponer ni predeterminar estas condiciones. 
Un mercado energético europeo, con servicios de energía europeos, no nacerá solo, sino como fruto del método europeo, de la acción y del compromiso común. 
Europa necesita agenda y liderazgo para hacerlo posible. 
Los socialistas defendemos una política energética europea, tal como prevé, por primera vez, la Constitución Europea. 
Más que palabras resentidas contra el patriotismo, se necesitan acciones inteligentes a favor del europeísmo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la delegación italiana de UDC-SVP presentó hace unas semanas una pregunta escrita a la Comisión en la que ponía de manifiesto las contradicciones de una política energética europea aparentemente en crisis. 
La decisión del Gobierno francés de crear otro coloso de la energía violando los principios del mercado europeo tendrá consecuencias negativas. 
La fusión entre las empresas y puede desencadenar una lucha fratricida entre Estados miembros justo cuando Europa se dispone a liberalizar al cien por cien el mercado del sector. 
Esta iniciativa política se está llevando a cabo a despecho de cualquier propósito de transparencia y libre competencia y suplantando de hecho la titularidad del juego financiero, que debería formar parte de un mercado único. 
Además, preocupa la transposición de la Directiva sobre ofertas de adquisición en Francia, cuyo debate, tras un largo silencio, se reanudará mañana en la Asamblea Nacional. 
Este proyecto de ley puede obstaculizar posibles operaciones sobre el capital de confiriendo excesivos poderes a las sociedades que son objeto de una oferta de adquisición. 
Ante semejante anomalía, no hemos podido dejar de plantear responsablemente el problema, preguntándonos qué política energética quiere seguir Europa. 
Queremos resaltar en esta Cámara, señor Presidente, el temor a una peligrosa deriva hacia una Europa de las naciones, opuesta a los ideales y el espíritu de los Tratados, opuesta al espíritu y los valores que nos legaron Alcide de Gasperi, Honrad Adenauer, Robert Schumann y Jean Monnet. 
La Europa que se dota de una moneda única, que trata de armonizar leyes, estatutos e instituciones, que crea un Banco Central y que instituye el espacio de Schengen, no puede reducirse a un juego en el que los intereses nacionales prevalezcan sobre los comunitarios y en el que la política sustituya rápidamente al mercado. 
La perspectiva de un contexto industrial paneuropeo, relanzada por el Presidente Barroso con la aprobación del Libro Verde sobre la energía, al menos da motivos para la esperanza. 
Los objetivos prioritarios de la Comisión en los próximos meses deben consistir en la creación de mercados abiertos en beneficio de los consumidores y en centrar la atención en las políticas globales europeas que protejan frente a los egoísmos nacionales. 
Señor Presidente, cuando oigo en este Pleno elevar a sacrosanto el principio de la libre circulación de capitales, olvidando los objetivos sociales que están contenidos en el Tratado, como son el empleo, el desarrollo de una economía equilibrada o el mantenimiento de la solidaridad y de la cohesión, me da la impresión de que algunos miembros de este Parlamento no se han leído los Tratados de la Unión Europea. 
En materia de ofertas públicas de adquisiciones, en general, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los intereses de los trabajadores, que están reconocidos en la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición, y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta las obligaciones de servicio público. 
Como dijo antes el señor Turmes, concretamente en este momento las grandes multinacionales exigen en ciertos países una cantidad superior a sus abonados que en países donde no existe esa libre circulación. 
Los que procedemos de regiones periféricas insulares nos planteamos la cuestión de quién va a pagar la factura adicional que surgirá para estas regiones deficitarias. 
Por último, quisiera decir que no es cierto que la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición no prevea intervenciones políticas: el apartado 5 del artículo 4 prevé el establecimiento de medidas excepcionales en función de las circunstancias nacionales. 
Los reguladores de la Unión Europea habrán de tenerlo en cuenta. 
Señor Presidente, voy a hacer caso a mi compatriota Sánchez Presedo y voy a referirme al caso de las OPA, en plural, sobre la compañía Endesa. 
¿Qué ha hecho el Gobierno socialista español en este caso? 
En primer lugar, ha ocupado sistemáticamente todos los organismos reguladores y el Tribunal de Defensa de la Competencia. 
Por primera vez en la historia de la democracia española, los tres están presididos por personas de militancia probada. 
En segundo lugar, ha apoyado descaradamente una determinada OPA sobre la compañía Endesa, hasta tal punto que el Consejo de Ministros la aprobó en contra del informe-dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia. 
En tercer lugar, ha establecido un muro −hoy repetido por el Ministro de Economía y por el Ministro de Industria− contra la OPA hecha por otra empresa comunitaria. 
Al grito de «no pasarán» , que estableció el Presidente, el Ministro de Industria desplegó todas las armas de «obstrucción masiva» hasta el punto de cambiar en mitad del partido las reglas del juego −que, por cierto, hubo que rectificar en el tramo comprendido entre el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado− convirtiendo a España en una especie de república bananera en la que la seguridad jurídica se pisotea. 
Y si hablamos de patriotismo económico, lo que España necesita para seguir creciendo y creando empleo es más competencia y no más proteccionismo, más liberalismo y no cambalaches o injerencias políticas, más seguridad energética, lo que significa integración en Europa, y no seguir siendo una isla en este tema. 
A la Comisión le pido, en primer lugar, que despeje las dudas políticas que se ciernen sobre estas operaciones. 
Pedí a la Comisaria, en el primer momento en que esta OPA se produjo, que avocase la resolución del tema, porque le advertí de los riesgos políticos que había en esa OPA. 
No quiso hacerlo, y hoy estamos donde estamos. 
En segundo lugar, le pido que garantice la aplicación de las reglas de competencia tal y como son. 
En tercer lugar, como ella ha dicho, le pido la integración en un mercado común, que será la única forma de tener la suficiencia energética, una energía barata y en un mercado interior, que es a lo que aspiramos. 
Eso es patriotismo español y eso es patriotismo europeo. 
– (Señor Presidente, la normativa comunitaria gobierna las fusiones y adquisiciones en el mercado interior, creando una política de competencia que es una de las principales políticas comunitarias y también una de las primeras que tiene. 
Se supone que garantiza la eliminación de barreras para el comercio interior dentro de mercado único y también que no sean sustituidas por otras acciones de las empresas o los Gobiernos que puedan distorsionar la competencia. 
Lamentablemente, los recientes acontecimientos han demostrado que en algunos Estados miembros se están llevando a cabo actividades proteccionistas y con poca visión de futuro. 
Esto se aplica a la empresa alemana que intenta adquirir la empresa española, a la fusión del gigante gasista francés con, el grupo multinacional de energía y combustible, con base en Italia, y al reciente bloqueo por parte del Gobierno polaco con respecto a la fusión del banco. y el banco, que es producto de una fusión entre el alemán y el italiano. 
La oposición del Gobierno polaco tiene una dudosa base jurídica con respecto a la legislación comunitaria y muestra una cara poco amable de Polonia a los inversores extranjeros. 
Lamentablemente, este caso también se ha convertido en un arma para el Gobierno de derechas en su lucha contra la independencia del Banco Nacional de Polonia, que es también el banco central. 
– Señor Presidente, Señorías, ¿sabían que el yogur es una cuestión de interés nacional? 
Ese fue el argumento planteado por un importante Estado miembro fundador con respecto a la cuestión de si se podía permitir una absorción de Danone, a pesar de que el giro y los beneficios de la empresa se generan en su mayor parte en el extranjero. 
El actual debate es chocante. 
Todos están a favor de que las empresas de su propio país se vayan de compras por toda Europa y el resto del mundo, pero no en su propio país. 
No he escuchado a nadie en España que se haya quejado cuando Telefónica de España adquirió la empresa germano-británica O2 o cuando el Banco de Santander adquirió un importante proveedor británico de servicios financieros. 
No vi que nadie se alterase por el hecho de que Francia intentara comprar un banco italiano ni de que Electricité de France adquiriese una participación en Energie Baden-Württemberg AG, o de que UniCredito de Italia adquiriese Hypo-Vereinsbank, a pesar de que ABN AMRO tuvo problemas cuando intentó una acción similar en Italia. 
Estamos siendo testigos de una gran hipocresía en este sentido por parte de los Estados miembros y del Consejo. 
Están cerrando sus propias puertas tras ellos e intentando hacer negocios en otras partes, debilitando así la economía europea. 
Estamos trabajando de forma equivocada si creemos que los objetivos de Lisboa se pueden conseguir y que podemos ser más fuertes mediante un proteccionismo nacional, cuando no podemos siquiera resistir la competencia pertinente en nuestro propio espacio. 
Necesitamos empresas fuertes y también empresas que vayan a otros países e introduzcan una mayor competencia en ellos. 
La Comisión se enfrenta a desafíos en dos niveles. 
Debe examinar cada caso detenidamente y responder a las siguientes preguntas. ¿Beneficia la fusión a los consumidores? 
¿Mejora la competencia? Esa es la verdadera misión de la Comisión por lo que respecta al examen, y la respuesta suele ser «sí» y, en ocasiones «no». 
La Comisión debe seguir una línea estricta con respecto al Consejo, dado que la confianza en que los Estados miembros y el Consejo piensen en términos de un planteamiento europeo y del mercado interior se ha deteriorado mucho en los últimos años. 
– La iniciativa de la Comisión de revisar el reglamento relativo a las fusiones es positiva. 
La legislación ha dejado de ser efectiva, como ponen de manifiesto las decisiones jurídicas desequilibradas y económicamente insostenibles con respecto al mercado de la energía en Portugal y en España. 
El reciente aumento de grandes operadores en Europa agrava los problemas legales, especialmente en los países más pequeños, cuyos recursos son más frágiles. 
Los bienes y servicios esenciales que deberían estar universalmente disponibles al coste mínimo posible están siendo suministrados ahora por empresas privadas que manejan monopolios u oligopolios. 
Cuando las imperfecciones del mercado se convierten en norma, en lugar de excepción, los objetivos que la competencia debería poder generar resultan inalcanzables y es en este ámbito en particular donde el papel de la normativa es fundamental. 
Señora Comisaria, ¿responderá la revisión legislativa en curso a algunas de estas cuestiones? 
¿Cómo tiene previsto regular la Comisión el poder de los oligopolios europeos? 
¿Puede Europa prescindir de una reflexión profunda acerca de la política industrial y los servicios de interés económico general? 
Quiero darle las gracias por anticipado por su respuesta. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no tengo mucho que añadir a lo que he dicho al comienzo. 
He expresado claramente mi apoyo, en nombre del Consejo, a la competencia en interés de los consumidores. 
Al comienzo del debate, el señor Lehne ha pedido que el Consejo aborde esta cuestión. 
El señor Radwan ha hecho un llamamiento similar al Consejo. 
Solamente puedo decir que, cuando se necesite un esfuerzo por parte del Consejo y cuando tengamos la competencia y la autoridad para ello, indudablemente emprenderemos acciones y lo haremos de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer, si me lo permiten, una pequeña autopromoción. 
Me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre un acto que están organizando conjuntamente las Presidencias austriaca y finlandesa del Consejo, que puede ser de interés para los presentes. 
Con ocasión del ya tradicional Día Europeo de la Competencia, Austria y Finlandia, las dos Presidencias del Consejo en 2006, van a celebrar un acto titulado «La ley de la competencia y todo lo que la rodea – vínculos y nuevas tendencias» el 19 de junio de 2006 en Viena. 
Este acto hará especial hincapié en las actuales tendencias, por lo que se refiere a las fusiones y el control de las fusiones. 
Bajo el título «¿Mantienen las fusiones lo que prometen? », se debatirá la cuestión de hasta qué punto el Reglamento comunitario de concentraciones ha aportado un nuevo planteamiento, sobre la base de ejemplos de una fusión y la situación en una economía en transición. 
En este acto tendremos el placer de contar con la presencia de la Comisaria Kroes y también de Martin Bartenstein, el Ministro federal austriaco de Asuntos Económicos y Trabajo. 
Puedo imaginar que esto despertará cierto grado de interés. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias por la iniciativa de la Presidencia austriaca de organizar, junto con la futura Presidencia finlandesa, una jornada muy importante en junio: el Día de la Competencia. 
Con respecto a otras cuestiones, estoy impresionada por la prioridad que se ha dado a las PYME. 
La cuestión de ha abordado de forma que realmente representa un gran paso adelante. 
La Presidencia no solo ha cumplido un programa de trabajo, sino que también ha sido muy pragmática en su intento de buscar soluciones. 
Sabemos que no son solamente los diputados al Parlamento los que están interesados en el tema, sino que también hay otros, especialmente las propias PYME. 
Estoy muy agradecida a todos los diputados que, en sus intervenciones, han respaldado sin rodeos la política de la Comisión. 
También tengo en cuenta que no todos están de acuerdo con esta política. 
No obstante, espero sinceramente que todos seamos conscientes de que los mercados abiertos y competitivos son los principales factores de impulso del crecimiento y el empleo en Europa. 
Se ha mencionado con acierto que esto es lo que prometimos cumplir en la Agenda de Lisboa: más puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo y crecimiento económico. 
Como muchos de ustedes han reconocido, un mercado interior tiene un enorme potencial. 
Hemos de permitir que nuestras empresas e industrias lo exploten al máximo. 
Eso es lo que se ha decidido. 
Esto incluye, por cierto, el proceso de reestructuración empresarial. 
Esto parece prometedor y no se trata solamente de mirar el propio mercado interior, sino también la posición del mercado interior fuera de Europa. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que existe una competitividad mundial y si decimos en serio que queremos jugar a ese juego, entonces tendremos que saber que tenemos que reestructurar en algunas circunstancias. 
A pesar de que los efectos de las fusiones individuales deben evaluarse caso por caso, de acuerdo –de eso no hay duda– con las normas de la competencia pertinentes, es probable que las fusiones entre empresas asentadas en diferentes Estados miembros aumenten la competencia. 
Esto, a su vez, se traduce en beneficios concretos para los consumidores europeos, en forma de precios inferiores y una selección más amplia. Esta es la razón por la que la Comisión miraría con gran preocupación cualquier interferencia injustificada en este proceso por parte de los Gobiernos nacionales. 
Con respecto a la libre circulación de capital, mencionada con razón por algunos diputados, la Comisión defenderá las normas del mercado único, como sus Señorías esperan que hagamos. 
Seremos duros con los Estados miembros que no apliquen correctamente las disposiciones de la legislación sectorial comunitaria que introducen la competencia en mercados como el de la energía, las telecomunicaciones, los servicios financieros o la banca. 
Con respecto a determinadas fusiones individuales, aplicaremos el Reglamento comunitario de concentraciones con equidad, objetividad y coherencia. 
Sus Señorías recordarán que en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva para controlar, por motivos de competencia, los efectos de las fusiones de dimensión comunitaria. 
Tomo debida nota de las preocupaciones expresadas aquí con respecto a casos concretos del sector energético. 
No dispongo de información en este momento, por lo que no puedo comentarlos. 
Quiero decir, una vez más, que controlamos las fusiones exclusivamente por motivos de competencia, y sobre esta base el Tribunal revisa nuestras decisiones. 
Como sabrán, el artículo 21 del Reglamento comunitario de concentraciones también nos ofrece una herramienta para hacer frente a cualquier interferencia indebida por parte de las autoridades nacionales con respecto a la reestructuración empresarial. 
Quiero añadir que no dudaré en hacer uso de esta herramienta, siempre que sea necesario. 
Con respecto a la norma de los dos tercios para las fusiones, mencionada por algunos diputados, ¿se modificará esa norma para las fusiones? 
La división de competencias provocada por la norma de los dos tercios podría conllevar una incoherencia en el planteamiento relativo a fusiones sustancialmente similares. 
Eso es básico. 
Considero que esto parece particularmente inapropiado en el sector de la energía, donde se está aplicando actualmente una política de liberalización a escala de la Unión Europea –todavía no está lista, pero se está aplicando actualmente– y donde diferentes agentes deberían ser tratados de forma similar en todos los Estados miembros. 
Así pues, no a las diferencias de trato entre un Estado miembro y otro. 
No obstante, la Comisión está en una fase muy temprana de su proceso de reflexión. 
El primer paso es una consulta a las partes interesadas de los Estados miembros sobre la cuestión de si es aconsejable modificar la norma de los dos tercios. 
Sé que necesitamos el apoyo del Consejo y soy consciente de lo difícil que será. 
Ese es un posible instrumento y yo estoy a favor de abordarlo, pero ese no es mi objetivo. 
El objetivo es garantizar un trato justo y equitativo, y no que unos sean más iguales que otros. 
Por lo tanto, si existe una posibilidad de llegar a esa política, desde cualquier dirección, entonces será el Día D para esta parte de mi política. 
La Comisión tiene la obligación de aplicar las normas siempre que proceda. 
Como guardiana de los Tratados, haremos nuestro trabajo de forma equitativa pero firme, como bien ha dicho la Presidencia austriaca. 
Quiero darles las gracias una vez más por su apoyo; se lo agradezco. 
Urge que llevemos a cabo nuestro trabajo lo antes posible, pues hay mucho movimiento en el terreno de las fusiones. 
– El debate queda cerrado. 
El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la política euromediterránea y la preparación de la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en Bruselas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el curso del breve debate sobre Oriente Próximo que se ha mantenido hoy en respuesta a los acontecimientos actuales, también se ha mencionado acertadamente la cooperación euromediterránea. 
Esta cooperación es de suma importancia, no solamente con respecto a la cuestión de Oriente Próximo, sino también en otros contextos. 
No quiero repetir en este punto lo que ya he dicho hoy, en nombre del Consejo, acerca de los acontecimientos en Oriente Próximo. 
Por su parte, la Presidencia también ha emitido una declaración al respecto. 
Ahora me gustaría regresar al tema del proceso euromediterráneo en sí. 
La Presidencia austriaca sigue la línea de la última Cumbre de Barcelona, celebrada en noviembre, en el décimo aniversario de la primera Cumbre de Barcelona, en la que se adoptó un programa de trabajo quinquenal para la Asociación con vistas a la instroducción de reformas económicas y políticas, así como un Código de Conducta Antiterrorista. 
Creo que estos documentos y acuerdos son de máxima importancia. 
Nosotros y nuestros socios mediterráneos también hemos acordado aumentar la inversión en educación y afrontar juntos todos los aspectos de la inmigración legal e ilegal. 
Esa es otra cuestión muy importante. 
Ahora corresponde a la Presidencia austriaca trabajar para aplicar todos esos proyectos. 
Deberemos hacerlo con voluntad, energía y convicción. 
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que el 24 de marzo se celebrará una reunión de Ministros de Comercio en Marrakech y que los Ministros de Finanzas euromediterráneos se reunirán en Túnez los días 25 y 26 de junio. 
También prestaremos un apoyo particular a la Comisión para dar prioridad a los medios de comunicación, porque estamos convencidos de que los medios desempeñan un papel particularmente importante en el entendimiento intercultural. 
En este sentido, el Seminario Euromediterráneo sobre Xenofobia y Racismo en los Medios de Comunicación, previsto desde hace mucho tiempo, se celebrará en mayo, durante la Presidencia austriaca. 
Como la Cámara ya sabe por boca de la Ministra de Asuntos Exteriores austriaca, Presidenta del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, el Consejo se ha ocupado intensamente de la cuestión de las caricaturas en las últimas semanas, inclusive en la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Salzburgo. 
Esta es otra cuestión de la que ya he tenido oportunidad de hablar con ustedes aquí. 
Este problema, en particular, nos dejó claro que tenemos que tratar específicamente de buscar el diálogo entre la Unión Europea y el mundo islámico y con las comunidades musulmanas en Europa. 
La Asociación Euromediterránea constituye un foro ideal y particularmente importante para el diálogo con países mediterráneos en este sentido. 
Considero que este diálogo es particularmente importante en todos los niveles, sobre todo el contacto directo entre los jóvenes, y creo que la Asociación Euromediterránea puede y debe desempeñar en efecto un papel fundamental. 
Con este objetivo se creó el pasado año la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas. Esta Fundación tiene un papel fundamental que desempeñar, particularmente en este momento. 
Las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea del 27 de febrero de 2006 mencionan expresamente el proceso de Barcelona y la Fundación Anna Lindh, junto con otras organizaciones multilaterales que participan en este ámbito, un hecho que consideramos sumamente positivo. 
Ahora es importante utilizar todos los instrumentos disponibles de la Asociación Euromediterránea y utilizarlos para reducir tensiones como las que hemos visto recientemente. 
El 22 de febrero se celebró una reunión de altos funcionarios euromediterráneos: en ella hubo un intercambio de puntos de vista muy franco acerca de los acontecimientos y todos los participantes tuvieron la oportunidad de proponer medidas concretas. 
Básicamente se está de acuerdo en el hecho de que las estructuras necesarias para hacer frente a este problema ya existen; no creo que debamos crear otras nuevas. 
El desafío al que nos enfrentamos ahora es aprovechar todas las oportunidades apropiadas de diálogo para continuar con éxito los antiguos esfuerzos por acercar a los pueblos de ambos lados del Mediterráneo. 
La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea reúne a representantes de los pueblos de ambos lados del Mediterráneo. 
Esperamos que realice una contribución particularmente importante para continuar calmando esta situación y para un mejor entendimiento. 
La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea ha dado al proceso de Barcelona la nueva dimensión que tanto se necesitaba y, en particular, ha aumentado su legitimidad. 
Los comités de trabajo pertinentes se pusieron a funcionar ya en la fase de preparación de la Cumbre de Barcelona, en noviembre de 2005. 
El Comité de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea debatió el problema de las caricaturas con calma y detenidamente, en su reunión celebrada el día 6 de este mes, y también señaló la necesidad de intensificar el diálogo. 
No me cabe duda de que la sesión plenaria que se celebrará los días 26 y 27 de marzo también podrá dar una respuesta apropiada a las cuestiones que han surgido. 
La Presidencia austriaca sigue y apoya diversas iniciativas que se toman a este respecto. 
Hoy mismo, en la reunión del Comité de altos funcionarios para el proceso de Barcelona, el Comité Euromediterráneo, se tuvo que cambiar título de un seminario que se celebrará en Viena, a petición de nuestros socios mediterráneos, para tener en cuenta su petición de que se respeten sus sentimientos religiosos. 
No me cabe duda de que se puede continuar mejorando la comunicación entre los comités euromediterráneos tradicionales y la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Espero que con un poco de imaginación podamos continuar progresando en esta cuestión bajo la Presidencia austriaca, en beneficio de todos los comités euromediterráneos y de la Asociación en conjunto. 
Asimismo, particularmente a la luz de los acontecimientos actuales, podría iniciarse una cooperación reforzada, por ejemplo con la OSCE o incluso con la «Alianza de Civilizaciones» , que como sabemos es una iniciativa de España y Turquía auspiciada por las Naciones Unidas. 
A Austria le gustaría continuar implicada en este contexto más amplio, dado que ya ha invitado al Grupo de Alto Nivel sobre la Alianza de Civilizaciones a que celebre su tercera reunión en Viena a finales de mayo. 
Señor Presidente, estamos aquí para discutir el Proceso de Barcelona y los preparativos de la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Permítanme decir solamente unas palabras acerca de los recientes acontecimientos en los territorios palestinos, porque hoy el tiempo de uso de la palabra durante los discursos sobre la reunión de Gymnich ha sido muy corto y había solamente dos Comisarios. 
Yo cedí mi puesto al Comisario Rehn para el debate sobre los Balcanes Occidentales y ahora, si me lo permiten, diré unas palabras sobre los acontecimientos de ayer. 
No solamente es un tema de actualidad, sino que también es esencial para la asociación euromediterránea, para nuestro objetivo compartido de una región de paz, estabilidad, prosperidad y oportunidad. 
No veo que ninguna de las acciones de ayer haya contribuido en modo alguno a la consecución de estos objetivos. 
El ataque israelí contra la prisión de Jericó y el trato que dieron públicamente los israelíes a los internos y a los guardas de la prisión es inaceptable y debe ser condenado. 
También deploro la violencia, los secuestros y los ataques contra las oficinas de la Comisión y otras oficinas de los Estados miembros en Gaza y Cisjordania. 
Las primeras víctimas de este quebranto de la ley y el orden es el propio pueblo palestino. 
En las circunstancias actuales, con importantes citas políticas inminentes tanto en Israel como en los territorios palestinos, es más importante que nunca que ambas partes actúen con mesura y responsabilidad. 
Ataques como los que ocurrieron ayer y las declaraciones provocadoras no mejoran para nada las perspectivas, y la Autoridad Palestina debe poner fin a la violencia y la inseguridad. 
Ayer por la mañana mantuve una buena discusión –como también usted, señor Presidente, sin duda– con el Presidente Abbás, antes de que regresara para hacer frente a la ola de violencia y enfrentamientos. 
Este hombre está haciendo desempeñando uno de los cometidos más difíciles del mundo en estos momentos, y no se ha visto favorecido por los acontecimientos de ayer. 
La forma en que consiga componer un nuevo Gobierno de la Autoridad Palestina afectará a las perspectivas de paz en Oriente Próximo y también tendrá repercusiones para todos nosotros. 
La Unión Europea es un socio fiable del pueblo palestino. 
Ningún donante se ha esforzado más por ayudarles. 
Le dije al Presidente Abbás, una vez más, que queremos mantener nuestro apoyo para un futuro mejor, pacífico y próspero, pero que nos mantenemos firmes en nuestros principios, dejando la puerta abierta a acontecimientos positivos. 
Toda la ayuda futura a un nuevo Gobierno de la Autoridad Palestina será revisada a la luz de su posición con respecto a los principios fundamentales del fin de la violencia, el reconocimiento de Israel y el cumplimiento de los acuerdos vigentes, incluida la Hoja de Ruta. 
Aquellos con quienes negocia el Presidente Abbás deben saber y comprender que sus decisiones sobre sus problemas tendrán importantes repercusiones. 
Ahora permítanme decir unas palabras sobre la Asociación Euromediterránea. 
La Cumbre de Barcelona celebrada el pasado mes de noviembre consiguió importantes resultados para el futuro. 
El programa de trabajo quinquenal acordado en la cumbre y el Código de Conducta Antiterrorista constituyen una programa de trabajo muy ambicioso, que permitirá que la asociación se concrete, tenga mayor relevancia política y resulte más operativa. 
Para consolidar la cumbre, ahora debemos garantizar las contribuciones constructivas y efectivas de todos los socios a fin de conseguir los objetivos acordados en común sobre la reforma política y económica, el crecimiento y la creación de empleo, los derechos humanos y las cuestiones de género, la educación y la gestión de la migración, la estabilidad regional y la lucha contra el terrorismo. 
La Comisión ya ha comenzado a trabajar en la aplicación de ese programa de cinco años. 
Se han emprendido iniciativas con la Presidencia actual del Consejo y la siguiente, así como con los socios mediterráneos, para garantizar el éxito de este esfuerzo común. 
Hemos reservado los fondos apropiados de asistencia y apoyo, facilitados a través de MEDA y el futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, que incluye un importante mecanismo para fomentar el progreso de reforma de la gobernanza que denominamos un «instrumento de gobernanza». 
En este año se emprenderán varias actividades nuevas e innovadoras. 
Ya se están realizando los preparativos para organizar la primera reunión ministerial euromediterránea sobre cuestiones de género a finales de año. 
Dos conferencias subregionales, una en el Magreb y otra en el Mashreq, allanarán el camino para que representantes gubernamentales y de la sociedad civil examinen la importancia de la igualdad de género para el desarrollo económico y social y propongan medidas prácticas para mejorar el acceso de las mujeres al empleo y a la vida pública. 
En la Cumbre de Barcelona, los socios euromediterráneos señalaron la importancia de la migración, la integración social, la justicia y la seguridad como cuestiones de interés común en la asociación, que deberían tratarse con un planteamiento equilibrado e integral. 
Se ha comenzado a trabajar para preparar una reunión ministerial con el objetivo de hacer frente a todos los problemas, desde la migración ilegal hasta el tráfico de seres humanos y el contrabando de personas. 
Esta iniciativa regional se complementa con nuestros programas bilaterales destinados a reforzar las capacidades institucionales, gestionar la migración legal, mejorar los controles fronterizos, combatir la inmigración ilegal y el tráfico de personas. 
El señor Winkler ya ha mencionado la Reunión Ministerial de Comercio, a la que asistirá el Comisario Mandelson y en la que se impulsará el objetivo de una zona europea de libre comercio. 
También esperamos presenciar un progreso similar en el comercio sur-sur, el «proceso Agadir». 
La denominada crisis de las caricaturas ha puesto de manifiesto los peligros de dejar que florezcan los perjuicios, la desinformación y los malentendidos. 
Lamentamos la ofensa causada por estas caricaturas a los musulmanes de todo el mundo, pero también condenamos con firmeza todos los actos violentos y amenazas contra personas y bienes de la Unión Europea y otros países. 
El apoyo al diálogo intercultural en todos los niveles es importante. 
Me satisface que esto se haya recomendado con firmeza en Salzburgo. 
Estamos convencidos de que el Proceso de Barcelona tiene un marco para ello y de que la arquitectura necesaria ya existe: está la Fundación Anna Lindh y otras 35 estructuras dentro de una red completa. 
Debemos llegar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, y todos los seminarios de medios que está planificando la Presidencia austriaca se acogen con gran satisfacción. 
En este contexto, me satisface mucho la iniciativa de intercambiar opiniones sobre este tema durante la próxima Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Desde ahí, yo iría a la reunión de la Liga Árabe de Jartún, porque es muy importante que ahora aprovechemos cualquier oportunidad de hablar realmente con nuestros amigos y colegas árabes. 
En este momento crítico, nuestro mensaje tiene que ser claro: mediante un intercambio de opiniones vigoroso, pero también pacífico, con pleno respeto de la libertad de expresión, se profundizará en el entendimiento y se generará respeto. 
En efecto, esa es la esencia del Proceso de Barcelona. 
Por lo tanto, lo que queremos hacer es dar más esperanza al progreso. 
Juntos queremos alcanzar los objetivos de seguridad, estabilidad y prosperidad. 
. – Señor Presidente, me complace mucho verle en la Presidencia al comienzo de este debate sobre la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que usted tanto se esfuerza en resaltar y mejorar. 
Entre los diputados a esta Cámara, los pioneros de la política euromediterránea son muy numerosos en la izquierda, pero no tan numerosos en la centroderecha, con las distinguidas excepciones del señor Busuttil, el señor Kasoulides y la señora Saïfi, aunque puede que se sumen otros. 
Como ya se ha mencionado hoy, la señora De Keyser y yo tuvimos el honor de reunirnos anoche con el Presidente de Palestina. 
Lamentamos profundamente las circunstancias en las que tuvo que regresar a casa. 
Me parece irónico y trágico que los dos países que más hablan de fomentar la democracia en Oriente Próximo –el Reino Unido y los Estados Unidos– sean precisamente los países que abandonaron sus puestos en Jericó ayer. 
Los Gobiernos de estos dos países deberían haber reforzado y no abandonado sus guarniciones. 
Sería conveniente que escuchásemos, en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, particularmente de boca del Consejo, dónde recae la responsabilidad de las decisiones, quién las tomó, cuándo y por qué se tomaron. 
Espero que, si es posible, escuchemos una declaración del Consejo en esa reunión, con la ayuda de la Comisión. 
El trabajo de esta Asamblea se basa en gran medida en sus comités. 
Agradecemos profundamente el trabajo que se realiza allí y la oportunidad que ofrece la Asamblea, única en el mundo, para que Palestina e Israel trabajen juntos. 
Se trata de una reunión inusual, que tendrá lugar la víspera de las elecciones en Israel y después de las elecciones palestinas del 25 de enero. 
Puede que no asistan representantes de esos dos países, pero eso no significa que nos hayamos olvidado de ellos. 
Se encuentran entre nuestras principales preocupaciones. 
Creo que esta reunión –la última durante su mandato en la Presidencia del Parlamento Europeo– será una gran oportunidad para que la Comisión, el Consejo y el Parlamento subrayen nuestro compromiso de dar a la dimensión parlamentaria del Mediterráneo una base real. 
Espero que el trabajo que estoy haciendo en mi subcomisión ofrezca al Parlamento Europeo la oportunidad de convertirse en el centro operativo y organizativo de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en el futuro. 
Esa es mi intención. 
. – Señora Comisaria, señor Ministro, señor Presidente, Señorías, los dramáticos sucesos del momento en Palestina nos obligan a un juicio y, como ha dicho usted, señora Comisaria, apuntan al corazón de la cooperación euromediterránea. 
Quisiera decir a las autoridades israelíes que una campaña electoral, aunque es importante, no puede justificar la distorsión de los marcos legales vigentes. 
Uno de ellos, el principal, es la función del Presidente Abu Mazen, atacado y desautorizado por el acto irresponsable del asalto a la prisión de Jericó y la captura de presos cuya detención era competencia de la Autoridad Palestina. 
Quisiera oír también del Consejo un juicio sobre el comportamiento de las fuerzas del Reino Unido y de los Estados Unidos presentes sobre el terreno. 
Expresamos todo nuestro apoyo político y moral al Presidente de la Autoridad Palestina, que tendría que estar aquí hoy con nosotros. 
Somos conscientes de la grave dificultad en que se encuentra, sobre todo tras el resultado de las elecciones legislativas en Palestina. 
Como ha dicho usted, señora Comisaria, Europa debe recordar a las autoridades israelíes la necesidad de respetar el Derecho y a los interlocutores legítimos, como exigimos al propio Hamás. 
Desafiar el marco de la legalidad quiere decir abrir la puerta a represalias y actos violentos, que se están produciendo ya y que debemos intentar atajar. 
Nos alivia a este respecto la noticia de la liberación de los rehenes. 
En relación con la crisis iraní, otro capítulo doloroso, aprecio las declaraciones del señor Straw, que espero mantenga hasta el final. 
Ha afirmado que no existe ninguna opción militar. 
Ha expresado una posición que toda Europa debería asumir y que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo suscribe en pleno, por ser también la suya. 
Apartarse de la negociación conduciría a la desastrosa dinámica ya conocida en Iraq. 
Esto no nos hace más débiles, al contrario, abre la posibilidad de un diálogo estrecho y tranquiliza a los ciudadanos iraníes y sirios, que se sienten amenazados. 
Rebajemos la tensión, evitemos que se construyan alianzas antinaturales en nombre de la lucha contra Occidente. 
Mantengamos unida a la comunidad internacional en la presión sobre Irán para que respete las obligaciones contraídas con la firma del Tratado de No Proliferación, en la perspectiva del desarme en Oriente Próximo y en todo el Mediterráneo. 
Cabe esperar que en este momento extremadamente delicado, Europa sea capaz de expresarse con una sola voz, con autonomía y eficacia, y que la próxima Asamblea Parlamentaria Euromediterránea pueda ser una ocasión perfecta para abordar estos temas. 
. – Señor Presidente, también yo quiero condenar el ataque lanzado ayer por las Fuerzas de Defensa israelíes contra la prisión de Jericó. 
Acciones como esta no pueden sino incitar a la radicalización de la política de Hamás y, en consecuencia, complicar las relaciones, ya muy tensas, en la región. 
A la luz de las violaciones del Derecho internacional y de los derechos humanos y habida cuenta de los retos democráticos en la región, hemos de deplorar que las declaraciones y compromisos resultantes de la Cumbre de Barcelona no hayan venido acompañadas de un empeño más enérgico y concreto en materia de promoción de los derechos humanos y la democracia. 
La libertad de expresión es un derecho universal, tan vital como esencial para el desarrollo de cualquier democracia, y la Unión Europea no debería escatimar esfuerzos, en este sentido, por su defensa y promoción. 
No se trata tan solo de las consecuencias de la publicación de las caricaturas. 
En Argelia, quienes atacan al Presidente son acusados de difamación y condenados a penas de prisión o multas. 
Es el caso de Ali Dilem, corresponsal del, Bachir El Arabi y Hakim Laâlam, crolumnista del 
Mohamed Benchicu, director de, está preso en la cárcel de El-Harrach desde el 14 de junio de 2004. 
A pesar de que su estado de salud no deja de deteriorarse, las autoridades se niegan a darle tratamiento. 
Ha sido condenado o acusado de casi cincuenta delitos de prensa. 
Es un preso de conciencia y no un preso común, como afirman algunos. 
En Túnez, cuya delegación presidirá próximamente la APEM, el señor Abbú, abogado y defensor de los derechos humanos, está encarcelado desde hace más de un año por la publicación de dos artículos críticos. 
Una vez se cosió su propia boca para protestar por su encarcelamiento y las condiciones de detención. 
Ahora se propone iniciar una huelga de hambre. 
En Marruecos, Abubakr Jamai y Fahd Iraki, del periódico, han sido condenados a pagar el equivalente a 143 años de salario mínimo marroquí. 
La difusión de la edición del 2 de febrero de 2006 del diario español fue prohibida debido a un artículo escrito por Ali Lmrabet. 
Los periodistas del semanal también han sido condenados por difamación. 
Terminaré lanzando un llamamiento para que los derechos humanos y la democracia se tengan más en cuenta en los debates en la APEM, como nos piden los ganadores del Premio Sájarov 2005, Periodistas sin Fronteras. 
. – Señor Presidente, Señorías, en el paso fronterizo de Karni, en Gaza, un hombre llamado Ayman me dijo que nos fuéramos al diablo con nuestro dinero, no porque no aceptase nuestra ayuda y no estuviese agradecido, sino para decir que él y su pueblo ya están hartos, que necesitan libertad y dignidad y no solo ayuda humanitaria. 
Del mismo modo, tampoco nosotros podemos tener la conciencia tranquila solo porque sigamos ayudando; lo que realmente tenemos que hacer es seguir ayudando a los palestinos. 
La acción de ayer, como tantas otras, es ilegal, cínica e inhumana. 
Ilegal porque es ilegal, pero también cínica, porque está pensada para las elecciones. 
En realidad, es un ejemplo de venganza y colonialismo brutal. 
Creo que es hora de que Israel comprenda que su vida y su amor por la democracia solo pueden existir si respeta a los demás pueblos; pero no lo está haciendo, y no podemos ser cómplices de ello, y no lo somos. 
La Comisión y el Consejo lo han declarado muy abiertamente esta mañana. 
Nuestra Asamblea Parlamentaria es sumamente importante, pero tendremos que afrontar un problema: la participación de la representación palestina en la Asamblea Parlamentaria. 
Debemos aceptar absolutamente la presencia de quien designe el Consejo Nacional Palestino. 
Es una lástima que tenga lugar un día antes de las elecciones israelíes, porque significa que un componente esencial de la Asamblea no estará presente. 
Con todo, debemos hacer que funcione, que trabaje, entre otras cosas porque si no resolvemos la cuestión palestina, el debate de nuestra Asamblea estará siempre centrado en el tema de Palestina e Israel. 
No podremos abordar siquiera los problemas que la Comisión y el Consejo han expuesto con toda claridad, es decir, cómo conseguir un Mediterráneo que coopere de verdad. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar este debate para felicitar a la mesa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea por el comunicado que ha publicado sobre las infames caricaturas. 
La figura de Mahoma es lo que podríamos denominar el punto de comunión de un islam que por lo demás es más frágil y diverso y está más dividido de lo que creemos. 
Apuntar a esta figura era apuntar al corazón. 
No se podía ignorar, como tampoco se podía no pensar en las consecuencias de lo que se hacía, es decir, inflamar el conflicto entre civilizaciones. 
No se sabe exactamente al servicio de qué designios: ¿quién tiene interés en atizar estos conflictos? 
Quisiera plantear esta pregunta. 
Sin duda no nosotros, los europeos, sin duda no Francia, en todo caso, que es la primera potencia ribereña del Mediterráneo y cuya influencia depende de un estricto equilibrio entre su política continental europea, por un lado, y su política mediterránea y africana, por otro. 
Admito que esta afirmación no deja de plantear una doble preocupación: por una parte, la APEM y Euromed son todavía como esquifes demasiado endebles arrojados al mar. 
Endebles no solo por sus recursos, sino sobre desde el punto de vista de su inspiración intelectual, pues me parece que se apegan mucho a una concepción muy eurocéntrica de la democracia y los derechos humanos –acabamos de ver un nuevo ejemplo ilustrativo de ello−, que no solo tiene resabios coloniales, sino que además impide –lo vimos también en Barcelona en diciembre− abordar lo esencial, a saber, la cooperación económica, financiera y comercial y la gestión de los flujos migratorios. 
Por mi parte, hablaría, contrariamente a lo que ha afirmado la Comisión hace un momento, de cooperación más que de zona de libre comercio, que me parece una fórmula muy peligrosa. 
La segunda preocupación es que la cuestión de las civilizaciones es evidente desde hace mucho tiempo, que nosotros conocemos desde los tiempos de Carlos Martel: no hemos tenido que esperar a que los pensadores estadounidenses nos la recordaran. 
Hay que estar totalmente embobado por las ilusiones de la globalización para sorprenderse de repente de que las civilizaciones no son intercambiables y los hombres aún menos y que la coexistencia entre diferentes pueblos no es automática. 
Este tipo de enfoque al estilo de Huntington tiene por objeto, evidentemente, transmitir otro mensaje, es decir, que todos estamos embarcados en lo que sería un «Occidente» −entre comillas− cuya capital sería necesariamente Washington, de modo que los europeos no tendrían más que seguir las aventuras guerreras de los Estados Unidos. 
El idea misma de Occidente es, como sabemos, una impostura ideológica. 
Sin duda porque las civilizaciones chocan sin cesar entre sí hace falta una política, hace falta la política, hace falta una voluntad de vivir colectivamente, en resumen, algo para lo que la APEM y Euromed ofrecen un marco. 
Empecemos pues por reforzarlos, porque me parecen cada vez más frágiles a medida que año tras año devienen cada vez más necesarios. 
– Es una pena que en cuanto damos un paso adelante en el Proceso de Barcelona, ocurre algo en Oriente Próximo que retrasa el avance que habíamos realizado. 
No obstante, quiero seguir centrándome en nuestro tema y quiero hablar como miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Quisiera que tanto la Comisión como el Consejo analizaran un estudio realizado por la Universidad de Manchester titulado «Estudio de evaluación del impacto sostenible de la zona de libre comercio euromediterránea». 
Hemos empezado a debatir este estudio en la Comisión Económica de la Asamblea y vemos que refleja una imagen preocupante del impacto de la política de la Unión Europea con la creación de una zona de libre comercio en el Mediterráneo. 
Prevé un efecto bastante negativo sobre nuestros países asociados del Mediterráneo, que se supone que van a beneficiarse y no a salir perdiendo con el Proceso de Barcelona. 
Entre los efectos negativos menciona la posibilidad de que en dichos países pudiera producirse un incremento del desempleo y un descenso del nivel salarial, así como un gran impacto en recursos como el agua y la biodiversidad y otros impactos ambientales. 
Por supuesto, el informe no nos dice que frenemos o desmantelemos el plan de creación de una zona de libre comercio, pero dice que deberíamos tomarnos en serio estos efectos negativos y deberíamos adoptar medidas preventivas ahora, antes de que sea demasiado tarde. 
Por lo tanto, quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que nos hicieran saber cuál es su opinión respecto a este estudio y qué medidas pretenden tomar para abordar cualquier impacto negativo que podría producir el establecimiento de una zona de libre comercio en el Mediterráneo. 
Por ejemplo, sin duda existe la necesidad de que la política de la Unión Europea respecto a estos países equilibre el aspecto comercial con una cooperación más intensiva en el sector financiero, social y educativo, al igual que en el sector ambiental. 
Termino haciendo un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que participen más activamente en la Asamblea Parlamentaria Mediterránea y también para que respondan a las preguntas formuladas por los diputados al Parlamento. 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, que agradezca su presencia aquí y, sobre todo, que le felicite por haber llevado con buen tino los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea durante doce meses, el tiempo en el que a esta Casa le ha correspondido encabezar sus labores. 
Debemos ser capaces de reconocer lo que hacemos bien y también lo que hacemos mal. 
En este caso, reconozcamos lo que hacemos bien. 
El proceso euromediterráneo ha sido un éxito y la Cumbre de Barcelona del pasado mes de noviembre, también. 
Estamos ante un proceso vivo y en desarrollo. 
Planteémonos la pregunta del coste de la inexistencia del proceso euromediterráneo a la luz, por ejemplo, de los acontecimientos que hemos vivido en torno a la crisis de las caricaturas o de lo que ocurrió ayer en Jericó. 
Sería enorme: cómo establecer el diálogo, cómo buscar vías de colaboración para solucionar los problemas. 
El plan de acción, aprobado en Barcelona, tiene puntos extraordinariamente importantes −ya se han citado algunos. 
Querría mencionar algo que me parece sustancial: sí a la zona de librecambio, pero con cohesión económica y social también. 
De eso sabemos mucho en Europa y será precisamente el elemento clave para el éxito del primer objetivo. 
Se abordó también, por ejemplo, el código de conducta contra el terrorismo. 
En una zona como esta, un código de conducta así era inimaginable hace tan solo unos años. 
Hoy lo tenemos. 
Además, la Cumbre de Barcelona hizo suya la iniciativa conjunta hispano-turca sobre la alianza de civilizaciones, que no significa aceptar el relativismo cultural sino, precisamente, encaminar las culturas en la misma dirección: la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la igualdad entre los seres humanos. 
En ese marco, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea es un lugar de debate político extraordinariamente importante con el que contamos. 
Creo que, de cara a la reunión de los días 26 y 27, necesitamos hacer cuatro cosas: agilizar la toma de decisiones, recentrar los debates en torno a ponentes por comisiones, conseguir que la Comisión y el Consejo asistan y participen, como pedía esta mañana el Presidente Borrell al principio de nuestra sesión, tal como los acontecimientos exigen, y por último, tener a la sociedad civil con nosotros. 
Con esto iremos por el buen camino. 
Señor Presidente, con mi minuto escaso quisiera hacer una propuesta muy concreta. 
Obviamente suscribo totalmente las opiniones ya vertidas sobre los acontecimientos de Jericó. 
Desde la perspectiva de la política, ahora más que nunca, en esta espiral de violencia y después del conflicto de las viñetas de Mahoma, tenemos que buscar la convivencia en el Mediterráneo. 
En el contexto de la comisión de la APEM encargada de los asuntos de cultura, hemos propuesto la creación de un comité de contacto cultural compuesto por personas sabias, respetadas y dialogantes, para responder a los conflictos culturales y religiosos, para mediar, aclarar y disipar la tensión cultural y religiosa entre las dos orillas del Mediterráneo. 
La fundación Anna Lindh, con sede en Alejandría, podría encargarse perfectamente de la organización de este comité de sabios, que podría actuar de forma preventiva ante conflictos parecidos, para aclarar la incomprensión de la cultura del otro, para aclarar las dudas sobre lo que realmente ocurrió. 
Creo que con esto, en la Asamblea del día 26, podemos dar un pasito hacia la tolerancia que queremos en el Mediterráneo. 
– Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, por fuerza hemos de constatar que los trabajos de la Cumbre de Barcelona han defraudado frente a los enormes retos en juego. 
Debemos, por tanto, mirar al futuro con mayor decisión y obtener resultados de inmediato. 
A la vista de recientes sucesos, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea es el lugar ideal para fortalecer la cooperación sobre la base del diálogo, el intercambio y la comprensión mutua. 
Es más necesario que nunca respaldar y apoyar la acción de la APEM. 
Más que nunca, los objetivos de establecer la paz y garantizar la seguridad deben figurar en el centro de nuestras decisiones e ir acompañados de actos concretos. 
Es urgente actuar para hacer frente a una situación local difícil y un contexto regional cada vez más incierto. 
Considero que la Unión Europea tiene actualmente una grave responsabilidad y esto lo digo como presidenta del Comité político de la APEM, que, con un vicepresidente palestino y un vicepresidente israelí, quiere situar en el centro de nuestros trabajos la resolución del conflicto de Oriente Próximo. 
En efecto, la Unión debe expresarse con una sola voz y condenar la perversidad de actos que relanzan la escalada de la violencia y minan un proceso de paz que ya de por sí es frágil. 
Es lamentable que el Presidente palestino, Mahmud Abbás, no haya podido expresarse ante esta Cámara debido a los sucesos de Jericó, y quisiera manifestar en esta Cámara mi preocupación por esta situación. 
Señora Comisaria, le hemos escuchado. 
Tomamos nota de sus convicciones y de su voluntad. 
En la APEM y junto con el Presidente Borrell estamos decididos a avanzar. 
Creo que ya es hora de no decepcionar más a los ciudadanos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, los sucesos de Jericó, que nos han privado del encuentro con Mahmud Abbás, no son ni mucho menos fortuitos. 
El primero que estaban en el punto de mira es sin duda Mahmud Abbás, pues las fuerzas israelíes lanzaron el asalto contra la prisión apenas había abandonado el país. 
Pero no es el único afectado. 
No se ha dicho que Ahmed Sa’adat era miembro del Consejo Legislativo palestino recién elegido. 
No se ha dicho y no se ha destacado que Hamás, que había dado algunos tímidos pasos hacia el reconocimiento del Estado de Israel en sus fronteras de 1967, no puede, tras las humillantes imágenes de esos presos medio desnudos, atados y con los ojos vendados, avanzar más en el reconocimiento de Israel. 
La afrenta ha sido también para nosotros, los europeos. 
Esperábamos a Mahmud Abbás, pero no ha venido. 
Está en juego toda nuestra política con respecto a Palestina. 
Y hoy, ante el saqueo de nuestras oficinas y el secuestro de ciudadanos nuestros, diputados a esta Cámara me dicen que los principales donantes no deben seguir financiando a Palestina ante la ingratitud de que ha hecho gala. 
Este ha sido el efecto de Jericó. 
Quisiera decir a los colegas que vacilan en apoyar a Palestina que no hay palestino que no cambiaría hoy el dinero que damos a Palestina por una posición política clara de la Unión Europea sobre los sucesos actuales. 
Porque ¿podemos callar hoy que Israel ha tomado una vía unilateral, centrada en la ley y el orden, que no tiene nada que ver con la «Hoja de Ruta»? 
El plan Olmert es unilateral, como lo era la retirada –por lo demás aplaudida– de Gaza, como lo es la anexión del río Jordán y la toma de Jerusalén Este. 
La realidad de Palestina es una ocupación interminable y un muro condenado por La Haya pero que sigue en pie. 
Y todo el dinero que damos a Palestina para ayudarle a sobrevivir no le permite escapar de esta realidad. 
En otras palabras, el proceso de paz arrastra los pies. 
En conclusión, señora Comisaria, si hace falta un plan B para ayudar a Palestina, hace falta también y sobre todo que Europa adopte una posición política valiente y clara. 
¿Cómo cree, si no, que podrían los palestinos mantener la esperanza y creernos cuando hablamos de la «Hoja de Ruta»? 
– Señor Presidente, los acontecimientos de Jericó han sido ampliamente debatidos por mis colegas, esta mañana y posteriormente, pero en la Comisión de Fomento de la Calidad de Vida, los Intercambios Humanos y la Cultura indudablemente se planteará sin duda el tema de las caricaturas. 
Debemos condenar sin tapujos el contenido de las caricaturas. 
El respeto de la identidad y los valores religiosos de otros, como nuestros conciudadanos europeos musulmanes, es un valor europeo y solo la estupidez impide entenderlo. Sin embargo, en Europa estamos obligados a defender incluso el derecho a que la estupidez se exprese libremente, y nuestros socios árabes deben entenderlo. 
Con respecto al tema de la migración, las nuevas iniciativas de la Comisión y las recientes decisiones del Consejo con vistas a gestionar los flujos migratorios, en lugar de hablar solamente de inmigración ilegal, son encomiables. 
Políticas como la recepción legal organizada y debidamente planificada de inmigrantes, que es necesaria en los mercados nacionales; el establecimiento de una circulación de cerebros en vez de un drenaje de cerebros; la agilización de las remesas de dinero; la integración cívica de los inmigrantes; la política común de asilo, etc., serán más atractivas para nuestros socios mediterráneos. 
Es cierto que algunos de estos países han pasado de ser países de origen o tránsito a países de destino. 
Esa es la razón por la que necesitamos trabajar juntos, compartiendo medios técnicos, conocimientos técnicos y responsabilidad, para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, como presidenta de la Delegación parlamentaria europea para las Relaciones con los Países del Mashreq, me sumo, por supuesto, a lo que se acaba de decir sobre los sucesos recientes en Palestina y, en particular, a la condena del asalto de la prisión de Jericó, que sin duda no supone un paso hacia la paz y la democracia. 
Quisiera mencionar a la Fundación Anna Lindh, que fomenta el diálogo entre civilizaciones y que ha sido objeto de un grupo de trabajo de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM). 
Esta institución ya sufre una serie de dificultades estructurales. 
Muchos Estados socios no han estructurado aún su red nacional y se registran retrasos en el pago de las contribuciones. 
La mayor incertidumbre reside en la continuidad de su financiación después de 2008. 
Por esta razón, es urgente poner remedio a esas dificultades garantizando el mantenimiento financiero de la Fundación Anna Lindh, dando mayor visibilidad a las acciones realizadas por la misma y a sus prioridades, flexibilizando las normas europeas de financiación de proyectos, creando una cadena de televisión europea en lengua árabe y dando un trato igual a las tres lenguas de trabajo de esta estructura en las comunicaciones. 
En conclusión, la APEM, junto con el Consejo y la Comisión, deben hacer el esfuerzo necesario por examinar esta cuestión. 
– Señor Presidente, Señorías, tras los trágicos acontecimientos recientes, las conclusiones absolutamente claras de nuestra última reunión en noviembre han adquirido una relevancia especial. 
La prosperidad económica y el progreso social no están al alcance de todos, lo cual significa que las cuestiones de violencia adquieren mucha relevancia. 
Ya sabemos que aquellos a los que se niega la sanidad y el derecho a adquirir un conocimiento cualitativo y cuantitativo suelen ser nuestros socios en el sur del Mediterráneo, especialmente los sectores menos privilegiados de la sociedad, es decir, las mujeres y los pobres. 
El futuro nos preocupa. 
Este es especialmente el caso si evaluamos el impacto sobre la sostenibilidad de la zona de libre comercio euromediterránea, que queremos que esté en marcha de aquí a 2010, como ha señalado la Comisaria. 
En este caso, los datos demuestran que en cuanto a la reducción de la pobreza, los beneficios inmediatos son bastante inferiores, aunque pueden obtenerse otros beneficios producidos por los profundos cambios que tienen lugar en las economías de nuestros socios mediterráneos. 
En los ámbitos de la sanidad y la educación hay pocas posibilidades de obtener beneficios a corto plazo. En consecuencia, al no disponer de nada para contener este efecto, es probable que la sanidad y la educación se vean afectadas adversamente. 
Respecto a los derechos humanos, es fundamental que investiguemos la ausencia casi total de un concepto guía en la UE y las instituciones euromediterráneas sobre la cuestión de los derechos económicos y sociales y el papel que desempeña esto en el proceso de Barcelona. 
Creo que especialmente en el marco actual –aunque en realidad de manera general– se trata de una cuestión de crucial importancia que debería ocupar el lugar destacado que merece en el programa MEDA. 
Nuestras prioridades más apremiantes en esta asociación deberían ser la intensificación del diálogo social, la lucha contra el trabajo infantil, la cooperación en la lucha contra la discriminación en el ámbito de la seguridad social, el diálogo sobre las reformas sociales y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
En el contexto de la realidad de hoy, esta cuestión debería situarse en un primer plano en el proceso de Barcelona. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, les agradezco a todos ustedes que hayan mencionado el efecto positivo de la Asociación Euromediterránea en sus discursos. 
Sin duda se pueden enumerar muchísimas cuestiones en las que persisten deficiencias bastante considerables, como acaba de hacer la señora Madeira. 
Esto significa que de ninguna manera podemos dormirnos sobre los laureles –y de hecho, no lo estamos haciendo–, sino que debemos fijarnos la tarea de seguir trabajando en todos los sectores citados por la señora Madeira: sanidad, diálogo social, sostenibilidad, cuestiones de género, oportunidades para la educación y muchas otras cuestiones. 
Eso no puede hacerse de la noche a la mañana. 
Nos estaríamos engañando si creyéramos que esta Asociación por sí sola es suficiente para permitirnos realizar cambios en un corto espacio de tiempo, pero tenemos que trabajar en ello, y como ha dicho la Comisaria, disponemos de los instrumentos para hacerlo. 
La cuestión de los derechos humanos se ha mencionado en numerosas ocasiones. 
Se trata de una preocupación especial para mí personalmente y también para el Consejo en su conjunto. 
Añadiría que no creo que pueda acusarse al Consejo o la UE en su conjunto de no disponer de una política de derechos humanos coherente y metódica; creo que la tenemos. 
Dicho sea de paso, creo que la Agencia de Derechos Humanos, que espero que se establezca pronto y que cuente con su apoyo, pueda contribuir a un enfoque metódico respecto a la cuestión de los derechos humanos. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a todos los parlamentarios comprometidos como usted y su subcomisión, a la señora De Keyser y otros, que están trabajando de modo constante y denodado en pro de un mejor entendimiento entre los pueblos de la Asociación Euromediterránea. 
Debemos estarles agradecidos y hacer todo lo posible por apoyarles, aún cuando no estén totalmente de acuerdo con una o dos medidas del Consejo. 
También se ha mencionado a Irán a este respecto. 
En este sentido quisiera decir que el Consejo sigue la política, por supuesto, de utilizar medios pacíficos y la negociación para lograr resultados. 
El señor Carnero González ha dicho algo muy importante, a saber, que en la cumbre de noviembre sucedió algo que hace unos años habría sido imposible. 
Un minucioso análisis de esta declaración sobre el terrorismo, este Código de Conducta sobre la Lucha contra el Terrorismo, revela que contiene un buen enfoque incluso para las cuestiones difíciles y delicadas; sin duda, la lucha contra el terrorismo, con todos los problemas políticos que conocemos, es una cuestión muy difícil. 
Se trata de un enfoque que nos permite seguir obteniendo nuevos resultados, y el Consejo comparte este objetivo. 
Quisiera agradecer a todas sus Señorías sus buenas ideas y sugerencias, que sin duda nos complacerá estudiar. 
Es sumamente importante y yo ya puedo confirmar que estaré presente. 
Esta vez es posible y realmente quiero asistir. 
Su propuesta de resolución es excelente. 
Incluye todos los temas importantes: la libertad de expresión y el respeto de las creencias religiosas, las perspectivas de una auténtica asociación. 
Eso es lo que queremos. 
Eso significa que no solamente nosotros tenemos que estar a la altura, sino también nuestros socios. 
Juntos tenemos que encontrar la combinación correcta para que puedan desarrollarse cada vez más. 
Existen algunas cuestiones específicas que también tenemos que señalar, una de las cuales se refiere a uno de mis temas favoritos y está también incluida en nuestra comunicación: la educación. 
Siempre he creído que con la educación podemos estimular a la próxima generación. 
Podemos hacer todo lo posible por que las cosas ocurran. 
También estoy totalmente de acuerdo con el señor Carnero González. 
Creo que Barcelona fue un éxito. 
No obstante, no es justo decir que no fue un éxito completo porque solamente acudieron Jefes de Estado. 
El contenido fue bueno. 
Ahora tenemos que asegurarnos de que se pueda aplicar todo en nuestro programa quinquenal. 
Estoy a favor de la liberalización, pero estoy de acuerdo en que también hay que tener en cuenta la cohesión social y la estabilidad social, los derechos sociales, cuestiones energéticas y, por supuesto, la educación. 
Permítanme decir brevemente que se han llevado a cabo varios estudios: el estudio de Manchester es bastante negativo, pero hay otros que son mucho más positivos. 
Como he dicho, lo que queríamos crear con la Asociación Euromediterránea es precisamente eso: una asociación, lo que significa que ambas partes tendrán que hacer todo lo posible por que las cosas progresen y todavía son necesarias muchas reformas. 
Lo que nos gustaría conseguir, con el aumento del comercio, es también la creación de más puestos de trabajo –eso significa más puestos de trabajo para los jóvenes– y también, por supuesto, intentar ofrecer perspectivas adecuadas al mercado laboral y un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los imperativos sociales y ambientales. 
La política europea de vecindad es la política que intenta complementar esta Asociación Euromediterránea. 
A pesar de que también se centra muy claramente en los derechos humanos, intenta promover todos los demás factores que garantizarán a esos países una vida mejor en el futuro. 
Quiero terminar señalando que lamentablemente todo esto se está viendo eclipsado por el conflicto entre israelíes y palestinos, y que, por desgracia, no se encuentra en su mejor momento: nos encontramos en una fase muy crítica y crucial. 
Esperamos poder conseguir que el futuro, incluso en esta fase crítica, sea un futuro mejor. 
El debate queda cerrado. 
– El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás, se ha visto obligado a volver urgentemente a su país y cancelar su alocución al Parlamento debido a los gravísimos acontecimientos ocurridos. 
La UE debe adoptar una postura firme respecto a los continuos ataques de Israel contra Palestina, entre los cuales la destrucción de la cárcel de Jericó es uno de los episodios más graves y humillantes. 
Israel ha cometido este crimen tras un reciente acuerdo entre la Autoridad Palestina, los Estados Unidos y el Reino Unido sobre la seguridad de los prisioneros, y aun así no se ha hecho nada para impedirlo. 
La predisposición de la Comisión y del Consejo hacia el Gobierno israelí y la escalada de violencia criminal perpetrada contra Palestina no son de recibo. 
Hay que tomar medidas para impedir que Israel siga actuando de esta manera tan terrible, minando los derechos más fundamentales de Palestina. 
En la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, el Parlamento debe mostrar una clara solidaridad con Palestina y debe condenar la violencia perpetrada por Israel, que está perjudicando la paz en Oriente Próximo. 
Las resoluciones de las Naciones Unidas deben cumplirse, y debe respaldarse la libre voluntad de los ciudadanos de Palestina. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la 62ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU, Ginebra). 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cuestión que vamos a debatir ahora, a esta hora relativamente tardía, también me preocupa mucho a título personal, y por eso era importante para mí permanecer aquí para este debate. 
Me complace tener la oportunidad de unirme a ustedes en este debate. 
Como saben, el año pasado se celebró en Nueva York una cumbre sobre la reforma de las Naciones Unidas, y como es lógico se preguntó a los participantes –Jefes de Estado o de Gobierno– si consideraban o no que la reunión había sido un éxito. 
El Presidente de la República de Austria afirmó que en efecto la consideraba un éxito. 
Sin duda –como siempre sucede en un entorno multilateral– hubo algunas cosas que se aprobaron y otras que no, pero a fin de cuentas la Cumbre de las Naciones Unidas del año pasado en Nueva York podría calificarse de éxito. 
Fue un éxito porque se lograron acuerdos, en esencia, respecto a una serie de cuestiones muy importantes, especialmente para nosotros como Estados miembros de la UE, para Occidente en su conjunto. 
Todos defendemos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La decisión de principio tomada el pasado septiembre en Nueva York de crear un Consejo de Derechos Humanos en lugar de la Comisión de Derechos Humanos fue una decisión que justificó la valoración positiva de la Cumbre. 
Por supuesto, la decisión del pasado mes de septiembre fue únicamente una decisión de principio, y hubo que entablar difíciles negociaciones para infundir vida a este Consejo de Derechos Humanos. 
En este contexto, creo que el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el señor Jan Eliasson, merece un agradecimiento especial por trabajar incansablemente para conseguir que se tomara una decisión respecto al Consejo de Derechos Humanos hace unas horas en Nueva York. 
Los resultados de la votación por la que se aprueba este Consejo de Derechos Humanos son impresionantes: 170 votos a favor y 4 en contra, con la abstención de 3 países. 
Los países que votaron en contra fueron los Estados Unidos, Israel, Palaos y la República de las Islas Marshall. 
Venezuela, Irán y Belarús se abstuvieron. 
Señorías, 170 votos en las Naciones Unidas es un gran éxito. 
La UE levantó un frente común en la Asamblea General de las Naciones Unidas con una postura común. 
Esto es algo de lo que podemos estar orgullosos y podemos felicitarnos a nosotros mismos y a la comunidad internacional por este éxito. 
El establecimiento del Consejo de Derechos Humanos representa un paso importante, yo diría incluso histórico, hacia un refuerzo mayor del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la protección de los derechos humanos en todo el mundo. 
Naturalmente, hubo una serie de cuestiones respecto a las que incluso la UE quedó decepcionada. 
Nos habría gustado obtener un resultado distinto en algunas cuestiones, pero después de todo, los compromisos son necesarios en un marco multilateral y tenemos que preguntarnos si lo que lo que resultó posible al final sigue siendo, en esencia, coherente con lo que realmente queríamos. 
Respecto al Consejo de Derechos Humanos en su forma actual, la respuesta era claramente afirmativa. 
Estoy muy agradecido a todos aquellos que hicieron posible esta decisión. 
Me complace que el Consejo haga conseguido el apoyo de todos los Estados miembros a este respecto. 
Llegados a este punto, no quiero centrarme demasiado en las cosas que no se lograron, sino en una serie de aspectos especialmente positivos –en mi opinión– del nuevo sistema del Consejo de Derechos Humanos. 
En primer lugar, a diferencia de la Comisión de Derechos Humanos, que funcionaba bajo la égida del Ecosoc, que se reunía una vez al año en Ginebra para celebrar una sesión de seis semanas, el Consejo de Derechos Humanos se reunirá durante todo el año y será responsable directamente ante la Asamblea General. 
Se ha dejado abierta la opción de que el Consejo de Derechos Humanos se convierta un día en uno de los organismos principales de las Naciones Unidas. 
Sin duda, esto requeriría cambios en la Carta de las Naciones Unidas, y todos sabemos lo difícil que sería, pero la opción sigue abierta. 
No obstante, en todo caso ahora es un organismo permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
La elección directa e individual de los miembros sujeta a la exigencia de una mayoría absoluta de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas también representa un progreso. 
Todos aquellos que, como yo mismo, han participado una y otra vez en los últimos años, se alegrarán de que esto signifique, si no el fin, al menos una reducción sustancial del proceso –a menudo descalificado– de tira y afloja respecto a las votaciones: quién vota a quién, cuándo se vota esta cuestión, si se vota o no otra en su lugar. 
Otro aspecto nuevo es la posibilidad de suspender a miembros del Consejo de Derechos Humanos en caso de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, sujeta a una mayoría de dos tercios. 
Dicho sea de paso, esta fue en última instancia la razón decisiva por la que los Estados Unidos no apoyaron el Consejo de Derechos Humanos. 
Los Estados Unidos intentaron hasta el final aprobar el requisito de una mayoría de dos tercios para la pertenencia, y también la exclusión automática de los miembros a los que el Consejo de Seguridad haya impuesto sanciones. 
La UE ofreció emitir –y de hecho, ha emitido– una declaración en la Asamblea General con ocasión del establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y su compromiso político de abstenerse de votar a favor de la admisión en el Consejo de Derechos Humanos de cualquier país al que el Consejo de Seguridad haya acusado de violaciones de los derechos humanos y que sea objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. 
También respecto a esta cuestión la UE ha enviado una señal política importante. 
En tercer lugar, habrá una revisión periódica de la situación de los derechos humanos en todos los países mediante la creación de un mecanismo universal de revisión, que también ayudará a obviar las acusaciones de aplicación de un doble rasero y de selectividad en el futuro. 
En cuarto lugar, el Consejo de Derechos Humanos tiene competencia para realizar recomendaciones directas a todos los organismos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad. 
Creemos que este hecho puede reforzar sustancialmente el sistema de protección de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas en su conjunto. 
El quinto punto es que, en última instancia, permanecen los importantes logros de la Comisión de Derechos Humanos, principalmente el sistema de ponentes especiales y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales en las sesiones. 
Aunque no fue posible lograrlo todo, este nuevo Consejo de Derechos Humanos representa una clara mejora respecto a la Comisión de Derechos Humanos, que había dejado de ser eficaz. 
La Comisión de Derechos Humanos se reunirá de nuevo –seguramente por tiempo breve– para concluir sus asuntos y posteriormente traspasárselos al Consejo de Derechos Humanos. 
En mayo de este año –dicho de otra manera, pronto– serán elegidos los primeros miembros del Consejo de Derechos Humanos, y la sesión inaugural del Consejo se celebrará este mismo mes de junio. 
La UE y el Consejo harán todo lo posible por garantizar que el Consejo de Derechos Humanos pueda realizar su trabajo con éxito y de manera eficaz desde el principio. 
Aunque los Estados Unidos no apoyaron esta propuesta, no obstante creo que se ha establecido cierta confianza en los últimos días y semanas, especialmente en las relaciones trasatlánticas entre la UE y los Estados Unidos, puesto que los Estados Unidos afirmaron, con ocasión de la creación del Consejo de Derechos Humanos, que no era su intención obstaculizar la creación y la financiación de este Consejo, y que en principio estaban de acuerdo con los objetivos del mismo, pero que los dos problemas que he mencionado –la cuestión de la elección de los miembros y de la exclusión de los mismos– eran demasiado serias para permitir que votaran a favor. 
Espero que el trabajo del Consejo de Derechos Humanos en los próximos años convenza a todas las partes de que ha sido una opción satisfactoria, que supone un progreso y que, en última instancia, también hemos hecho algo positivo para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. 
Creo que, como Unión Europea, podemos estar orgullosos de haber contribuido a ello. 
Señor Presidente, me gustaría poder decir: ¡eureka! 
¡Tenemos un Consejo de Derechos Humanos! 
Eso es extraordinario y me satisface profundamente estar aquí esta tarde para celebrarlo con el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Como saben, la Unión Europea y la Comisión Europea han contribuido notablemente a ese resultado. 
La pasada semana, cuando la Unión Europea decidió apoyar el proyecto de resolución presentado por el Presidente Eliasson, logramos que varios países nos imitasen. 
Esperábamos que varias de nuestras propuestas estuvieran en la resolución. 
No obstante, estoy de acuerdo con la Presidencia en que el texto de compromiso representa una notable mejora de la Comisión de Derechos Humanos y eso es fundamental. 
Permítanme decir unas palabras acerca de la Comisión de Derechos Humanos. 
En los últimos meses se ha criticado mucho a esa Comisión. 
Normalmente se le acusa de doble rasero, de un exceso de politización o de ser demasiado indulgente, en ocasiones, frente a violaciones flagrantes de derechos humanos. 
No cabe duda de que estas alegaciones tienen parte de verdad y no es casualidad que el documento de la Cumbre de las Naciones Unidas haya propuesto su sustitución. 
Sin embargo, también es cierto que se ha hecho lo que se ha podido. 
Fue esa Comisión, en 1948, la que supervisó la elaboración del proyecto de la declaración más importante sobre los derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Quería mencionarlo porque ahora, por supuesto, miramos adelante, pero también deberíamos haber mirado al pasado. 
También me gustaría llamar la atención del Parlamento sobre un elemento del Consejo de Derechos Humanos: la revisión periódica universal. 
Si se aplica oportunamente, ayudará a hacer frente a las cuestiones de doble moral y selectividad, que han abundado en la Comisión de Derechos Humanos. 
Después de todo, comprobamos que la revisión paritaria funciona muy efectivamente en otros ámbitos, como en el comercio, el mecanismo de revisión del proceso comercial o incluso en el conflicto de los diamantes y el Proceso Kimberley. 
Cabe señalar que durante todo el complejo y prolongado proceso de negociación en torno al Consejo de Derechos Humanos, la Unión Europea ha podido mantener una posición común. 
No cabe duda de que esto ha influido positivamente en el curso de las negociaciones. 
Por lo tanto, la Comisión se sintió muy aliviada cuando tras las recientes discrepancias entre Estados miembros con respecto al proyecto de resolución final, la Unión Europea pudo adoptar de nuevo una posición común y demostrar así su compromiso con la parte crucial del proceso de reforma de Naciones Unidas. 
La Comisión, al igual que los Estados miembros, está preocupada por el voto estadounidense en contra del texto. 
No obstante, por otra parte también nos conforta su declaración expresando su deseo de trabajar con el Consejo de Derechos Humanos. 
Kofi Annan ha dicho hoy que entendía que los Estados Unidos, a pesar de que no pudiesen votar a favor del Consejo tal y como estaba actualmente propuesto, podrían trabajar con el Consejo, y no me cabe duda de que los Estados Unidos, que tanto han hecho por los derechos humanos, encontrarán una manera de trabajar con los demás Estados miembros para hacer del Consejo lo que debería ser. 
Por lo tanto, creo que las perspectivas, en general, no son malas. 
Tenemos que rendir homenaje a la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora queremos un cambio y cabe esperar que juntos podamos conseguirlo. 
. – Señor Presidente, la creación de una comisión de derechos humanos eficaz, que funcione y cuente con un amplio respaldo forma parte esencial del paquete de reformas de las Naciones Unidas perfilado por Kofi Annan el año pasado. 
A diferencia del campo minado político que rodea la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la organización ha demostrado su capacidad para aprobar una nueva estructura que se encargue de cuestiones de derechos humanos. 
La mayoría de las personas coinciden en que la actual Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de base amplia y que se reúne durante seis semanas cada año en Ginebra, ya está desfasada y necesita ser sustituida. 
Necesitamos un mecanismo más permanente que pueda responder, durante todo el año, a las numerosas crisis de derechos humanos que se producen. 
Los temas de debate a la hora de formular la nueva estructura para los derechos humanos han sido numerosos: 
1. 
La necesidad de una estructura/consejo permanente. 
2. 
Los miembros de ese consejo deben tener credibilidad por lo que respecta a cuestiones de derechos humanos. 
3. 
El consejo no debería ser demasiado grande. 
4. 
El consejo debería reflejar la diferencia geográfica globalmente. 
5. 
No debería verse como un consejo elitista, un pequeño grupo que sermonea a los demás. 
6. 
La cuestión de cómo deberíamos seleccionar o elegir a los miembros de ese consejo. 
7. 
La necesidad de otorgar un papel constante a las ONG. 
8. 
Un mecanismo de suspensión para los que tienen continuamente un historial negativo en materia de derechos humanos. 
Intentar alcanzar un acuerdo y, si fuese necesario, un compromiso con respecto a todas esas consideraciones nunca iba a ser fácil. 
No obstante, en mi opinión, el proyecto de resolución del Presidente de la Asamblea General es un intento razonable de conseguir precisamente eso, un esfuerzo por encontrar un terreno común. 
Acojo con satisfacción el amplio respaldo que han dado las Naciones Unidas a ese proyecto de resolución esta tarde. 
Es una lástima que los Estados Unidos no hayan podido apoyarlo. 
Sin embargo, yo no considero que el documento sea perfecto en absoluto y me gustaría criticar dos puntos en particular. 
En primer lugar, creo que el Consejo es demasiado grande: 47 miembros son demasiados. 
En segundo lugar, el procedimiento de elección según el cual los miembros son elegidos por mayoría absoluta no es el ideal. 
Yo habría estado de acuerdo con los Estados Unidos y optado por una mayoría de dos tercios para ese fin. 
Quiero terminar diciendo que las Naciones Unidas ha hecho hoy un buen trabajo y creo que esto mejorará la credibilidad de su postura relativa a las cuestiones en materia de derechos humanos. 
– Señor Presidente, hoy ha habido un avance muy positivo respecto al acuerdo logrado en Nueva York. 
Este acuerdo, con una gran mayoría de 170 países, constituye un compromiso dinámico y progresivo hacia la mejora y el refuerzo de la eficacia del sistema internacional de defensa de los derechos humanos. 
De los cambios y reformas serias realizadas, quisiera comentar de manera especial la participación en las reuniones del nuevo Consejo de organizaciones no gubernamentales y organismos de defensa de los derechos humanos. 
Creo que la Comisión y la Comisaria colaborarán con organizaciones no gubernamentales para reforzar el papel y la eficacia del Consejo. 
Puede que estas claras reformas den un nuevo impulso a favor de los derechos humanos en la institución del Consejo y reduzcan la falta de credibilidad y eficacia de las Naciones Unidas. 
Del mismo modo, la Unión Europea puede trabajar con las Naciones Unidas y con el resto de países dentro del marco del Consejo a fin de reforzar la nueva institución. 
Lamentablemente, la ostentosa búsqueda por parte de los Estados Unidos de un resultado mejor mina este compromiso positivo logrado hoy. 
Ya era hora de que los valores humanitarios fundamentales se impusieran a las urgencias políticas. 
– Señor Presidente, sin duda este es, por muchas razones, una fecha histórica, el día en que creamos un Consejo de Derechos Humanos. 
La cuestión es que el Parlamento Europeo ha impulsado esta cuestión en ocasiones anteriores y sabemos que es posible cambiar la situación de los derechos humanos trabajando mucho y al unísono. 
Apoyamos a las Naciones Unidas en esta labor. 
La decisión relativa al Consejo de Derechos Humanos fue una de las pocas decisiones prácticas tomadas en septiembre, y por ello es muy gratificante que ahora exista dicho Consejo y que hayamos conseguido un organismo permanente que haga desaparecer la necesidad de esas seis semanas de presión intensiva en Ginebra, caracterizadas, como acaba usted de decir, por un constante tira y afloja en relación con quién iba a apoyar qué resolución. 
Si obtenemos un organismo permanente que pueda llevar las riendas en estos asuntos, puede que también obviemos la situación en la que en ocasiones algunos de los Estados más rufianes han presidido las sesiones de Ginebra. 
También comparto el análisis de que el Consejo es bastante más débil de lo que se había esperado. 
Estoy de acuerdo con el señor Coveney en que una mayoría de dos tercios habría sido mejor. 
Este sistema regional de cuotas que se aplica actualmente para nombrar a los representantes del Consejo supondrá, lamentablemente, que los Estados que infrinjan los derechos humanos también estarán representados. 
No obstante, la votación secreta y la capacidad de excluir países supone un gran paso adelante. 
Espero que en el futuro la UE adopte un enfoque unánime y coherente y no tenga miedo de señalar con el dedo si un país con puesto en el Consejo es culpable de graves violaciones de los derechos humanos. 
Eso es así porque si actúa concertadamente, la UE podrá desempeñar un papel muy importante en las Naciones Unidas. 
Con el tiempo, en mi Grupo nos gustaría que hubiera un representante común europeo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Este es un gran paso adelante. 
Ahora es el momento de hacer las cuentas y es importante no solo poder actuar con rapidez cuando se produzcan crisis, sino también recordar los hechos menos llamativos desde el punto de vista de los medios de comunicación, es decir, las permanentes violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas en lugares un tanto olvidados y lejanos. 
Si el Consejo de Derechos Humanos puede salvaguardar los derechos de estas personas, habremos dado un gran paso adelante. 
. – Señor Presidente, me complace la perspicacia del Parlamento Europeo, que ha organizado este debate unas horas después de la aprobación de la resolución y que a su vez aprobará otra resolución mañana mismo. 
Podemos expresar juntos nuestra alegría, nuestro gran alivio, por la aprobación de esta resolución. 
Por supuesto, no todo es perfecto: los miembros del Consejo no serán elegidos por mayoría de dos tercios; ha aumentado el número de escaños de determinados Grupos; y se han añadido apartados. No hace falta que siga. 
No es menos cierto que la resolución aprobada establece un Consejo permanente de Derechos Humanos que presenta algunas características muy positivas. 
Los miembros serán elegidos en votación secreta por la Asamblea General. 
El Consejo podrá reunirse a lo largo de todo el año, en vez de menos de tres veces al año; podrá responder rápidamente a las situaciones de crisis en materia de derechos humanos; preserva los mecanismos especiales de las Naciones Unidas; garantiza un papel particular a las ONG, aun cuando en este terreno hace falta una reforma de las Naciones Unidas –cosa que considero sumamente importante– para asegurar una representación mejor de las ONG independientes, incluidas las no reconocidas; este Consejo establecerá un sistema de examen de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros del Consejo. 
Todos estos son aspectos muy positivos. 
Existirá también la posibilidad de suspender a un país culpable de vulneraciones de los derechos humanos por mayoría de dos tercios de la Asamblea. 
Estos puntos positivos eran precisamente lo que querían el Parlamento y la Unión Europea en su conjunto y que gozaban del pleno apoyo de todos nosotros. 
En cuanto a la 62ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos, muy probablemente será una comisión de transición, encargada esencialmente de transmitir los expedientes al Consejo. 
No obstante, insto a los Estados miembros a que se mantengan atentos y garanticen el voto en temas importantes, como la adopción de un proyecto de convenio internacional para la protección de todas las personas víctimas de desapariciones forzadas, la declaración sobre los pueblos indígenas y la renovación de los mandatos, como el del representante especial de los defensores de los derechos humanos. 
. – Señor Presidente, Señorías, la aprobación de hoy en las Naciones Unidas supone un paso adelante de enorme importancia. 
Hasta ahora regía un doble rasero. 
No es aceptable que Rusia no haya sido condenada nunca por el atroz comportamiento de sus fuerzas especiales en Chechenia. 
No es aceptable que China no haya sido condenada nunca por la dramática represión de los derechos fundamentales del pueblo tibetano. 
No es aceptable que los Estados Unidos no tengan que responder por su comportamiento en Iraq, donde una ocupación ilegal, contraria al Derecho internacional, ha ocasionado más de cien mil víctimas entre la población civil. 
Y ¿qué decir de Israel, que impone castigos colectivos ilegales al pueblo palestino, expresamente prohibidos por los convenios internacionales? 
La razón de Estado no puede justificar la negación de los derechos de millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. 
La Unión Europea debe demostrar más valentía en esta cuestión: está en juego nuestra credibilidad y nuestra política de fomento de los derechos humanos. 
No basta protestar contra los países que no están protegidos por alianzas internacionales, a menudo discutibles. 
Los derechos humanos están consagrados en códigos: los tratados jurídicos valen para todos, y con mayor razón para los poderosos. 
El golpe de gracia a la credibilidad de la ya difunta Comisión de Derechos Humanos de Ginebra vino dado por la presencia en dicha institución de Gobiernos dictatoriales que se sirven de su posición institucional en las Naciones Unidas para evitar críticas a sus políticas y comportamientos. 
¿En virtud de qué, por ejemplo, el Gobierno sudanés puede formar parte, como sucede hoy, de la Comisión de Ginebra? 
Bienvenidas sean, pues, todas las reformas anunciadas, que deberán transformar la Comisión de Ginebra en un restringido Consejo de Derechos Humanos. 
Aplaudo la noticia recién llegada de que la ONU ha aprobado la Resolución sobre la reforma radical de dicho órgano a pesar de la oposición de los Estados Unidos. 
Comparto el contenido de la resolución que votaremos mañana, sobre todo la afirmación de que solo podrán formar parte del futuro Consejo los países que demuestren respetar los derechos fundamentales. 
Debemos reconocer asimismo un papel más importante a las ONG internacionales, realmente democráticas e independientes, mediante la creación de un comité ONU de las ONG, que deberán desempeñar un papel de estímulo y crítica al sistema ONU de derechos humanos. 
. – Señorías, el objetivo de las reformas de las Naciones Unidas, y especialmente de los cambios en la Comisión de Derechos Humanos, era crear instituciones mejores, no iguales o peores. 
Finalmente se ha logrado un compromiso y el Consejo de Derechos Humanos acaba de formarse, que es algo bueno en sí mismo. 
No obstante, la solución actual, mediante la cual en la Asamblea General basta una mayoría para que un Estado sea elegido para el Consejo, pero se precisan los votos de tres cuartos de los presentes para excluirlo del Consejo, es un compromiso muy débil. 
No existe ninguna seguridad de que, con este método, los Estados en los que se produzcan claras violaciones de los derechos humanos no logren entrar en el Consejo. 
Será todavía más difícil expulsar a dichos Estados del Consejo. 
Con ello existe la posibilidad de que los Estados que no respeten los derechos humanos puedan seguir dentro del Consejo, con todo el desprestigio que ello comporta. 
El acuerdo de que el Consejo de Derechos Humanos se reúna no seis semanas al año, sino diez, tampoco es motivo de optimismo. 
Estos compromisos despiertan la duda de si la posición de Europa sobre las cuestiones de la reforma de las Naciones Unidas se planteó con fuerza suficiente. 
En el terreno de los derechos humanos, si en la Unión Europea no encabezamos procedimientos, nadie lo hará. 
Por lo tanto, la Comisión Europea debería movilizar el máximo apoyo posible a favor de otras reformas apropiadas de la institución de derechos humanos de las Naciones Unidas, al igual que la elección de Estados al Consejo que no lo desacrediten, sino que sienten unas bases sólidas para un trabajo eficaz en el futuro. 
Señor Presidente, el documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en septiembre sentó unas bases, en algunos casos mínimas, sobre las que construir las reformas institucionales. 
Así sucedió con el Consejo de Derechos Humanos: solo se alcanzó el compromiso de crearlo, lo demás estaba en el aire. 
Era difícil alcanzar un acuerdo en unos meses para poner en marcha el órgano que sustituyera a la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos. 
La propuesta final del Presidente Eliasson, que acaba de ser votada con amplio respaldo en Nueva York, es el fruto de una difícil negociación. 
No era una propuesta óptima —estaba por debajo de las ambiciones europeas—, pero crea un nuevo órgano que es mejor, desde luego, del que ahora tenemos. 
En efecto, los miembros del nuevo Consejo serán elegidos por mayoría absoluta por la Asamblea, es decir, se requerirá un mínimo de 96 votos positivos. 
Además, durante su mandato, todos los miembros del Consejo serán sometidos a escrutinio e incluso, como se ha dicho, podrán ser suspendidos. 
Asimismo, como hemos reclamado, la frecuencia y la duración de las reuniones serán muy superiores a las de la actual Comisión de Derechos Humanos. 
El nuevo Consejo es, pues, un claro avance respecto de la CDHNU. 
Sin embargo, tengo que decir que lamento que el cupo de países adjudicado al grupo de Europa occidental sea inferior al que disfrutábamos en la Comisión. 
Señor Presidente, me habría gustado que esta propuesta del señor Eliasson se adoptara por consenso, pero, finalmente, ha sido sometida a votación. 
Lamento mucho que los Estados Unidos se hayan inclinado por el voto negativo. 
Es un país clave en las Naciones Unidas y esperaba que prosperaran las iniciativas para que se asociaran a la propuesta del señor Eliasson y que, finalmente, el nuevo Consejo naciera con el apoyo de Washington. 
Pero celebro que, en todo caso, hayan asegurado su colaboración constructiva con el nuevo Consejo. 
Por lo demás, el trabajo y funcionamiento del Consejo serán revisados al cabo de cinco años, lo que nos permitirá superar las deficiencias del nuevo mecanismo: uno de los objetivos más ambiciosos del documento final de la Cumbre de septiembre. 
Señor Presidente, en este documento, por cierto, la lucha contra la pobreza ocupa un lugar prioritario y quisiera recordar que la pobreza debería ser considerada, como ya dijo este Parlamento, como una violación de los derechos humanos, ya que atenta contra la dignidad de la persona e impide el disfrute de otros derechos básicos. 
– (Señor Presidente, hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado a favor de la creación de un Consejo de Derechos Humanos que sustituirá a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya posición estaba en entredicho. 
El nuevo Consejo de las Naciones Unidas no reúne muchos de los requisitos para una asegurar una supervisión efectiva de los derechos humanos y responder a los abusos de estos derechos en todo el mundo. 
No obstante, el establecimiento de una nueva estructura internacional basada en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades políticas supone un paso adelante. 
La creación del Consejo ha contado con el apoyo de personas galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, así como de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o el Instituto para la Sociedad Abierta y la Red de la Fundación Soros. 
Ahora, la Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de desempeñar un papel protagonista apoyando los esfuerzos del Consejo en la creación de un nuevo sistema mundial de protección de los derechos humanos. 
En el marco del diálogo trasatlántico, la Unión Europea debería animar a los Estados Unidos a que colaboren más intensamente con el Consejo de Derechos Humanos y trabajen por una reforma adicional de las Naciones Unidas. 
Los Estados Unidos son uno de los países que han votado en contra de la creación del Consejo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, cuando debatimos sobre la cumbre de la reforma de las Naciones Unidas a finales de septiembre del año pasado, una de las pocas cosas que podríamos calificar realmente de éxito fue la sustitución prevista de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos por un nuevo Consejo de Derechos Humanos. 
Lo único que todavía no estaba decidido era su composición y sus procedimientos. 
En realidad, habría sido una grave derrota para la causa de los derechos humanos, pero también para las Naciones Unidas, si hubiéramos fallado en nuestro intento de sustituir a tiempo esta desacreditada Comisión por un nuevo Consejo de Derechos Humanos. 
Por esa razón, el resultado de las largas negociaciones que se ha conseguido es un éxito importante, también para el Presidente Eliasson. 
Lo felicitamos por eso, puesto que se han introducido mejoras reales. 
Por citar algunas: los miembros de este nuevo Consejo de Derechos Humanos han de ser elegidos mediante voto secreto como mínimo por 96 países. 
Los miembros pueden ser excluidos del Consejo de Derechos Humanos con una mayoría de dos tercios si son culpables de graves violaciones de los derechos humanos. 
El Consejo de Derechos Humanos tiene que reunirse como mínimo tres veces al año. 
Se ha introducido una mayor continuidad en el trabajo y está previsto realizar una revisión periódica de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
Estos son cinco aciertos importantes. Por lo tanto, yo no podía entender por qué los Estados Unidos habían intentado bloquear el camino. 
Señor Presidente en ejercicio, los Estados Unidos no solo han formulado demandas positivas, sino también que los cinco miembros del Consejo de Seguridad conservaran su condición privilegiada, que permanecieran en el Consejo de Derechos Humanos sin ser elegidos. 
Eso habría sido un grave error si se considera la situación de los derechos humanos en la República Popular China. 
Es positivo que la votación de hoy haya apoyado las propuestas en esta forma. 
– Señor Presidente, la abolición de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la creación de un Consejo con un número de miembros mucho más reducido tiene el objetivo de excluir y poder expulsar a los países que no se sometan a los Estados Unidos de América, a la Unión Europea o a otras fuerzas imperialistas. 
El objetivo es tener un Consejo sumiso que pueda convertirse en una agencia que juzgue las violaciones de los derechos humanos con parcialidad y según el criterio de las ambiciones imperialistas. 
Por lo tanto, las decisiones dictadas proporcionarán el pretexto para varias intervenciones, incluso la guerra, en nombre de la defensa de los derechos humanos. 
En efecto, los Estados Unidos de América han hecho mucho por los derechos humanos: han asesinado a decenas de millones de personas desde Hiroshima y Nagasaki hasta Iraq en la actualidad, pasando por Vietnam. 
Esa es su contribución. 
Por parafrasear a Brecht –porque el tiempo apremia–, quien escribió que «Cuando los imperialistas hablan de paz, se están preparando para la guerra» , yo diría que cuando actualmente hablan ustedes de proteger los derechos humanos, se están preparando para pisotearlos, como hacen todos los días. 
No obstante, no hay Comisión, Consejo de Derechos Humanos o Naciones Unidas que puedan impedir la lucha de los pueblos contra su subyugación. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, a pesar de que habría preferido que este debate tuviera lugar antes y es posible que hoy esté un poco atrasado, todos compartimos una nueva gran esperanza tangible y sin duda todos acogemos con agrado la creación del nuevo Consejo. 
Sobre todo, felicitamos al presidente sueco de la Asamblea General, no solo por lo que consiguió negociar entre los países miembros de las Naciones Unidas, sino especialmente por el modo en que consiguió reunir a las organizaciones voluntarias del sector no gubernamental que tanto le están apoyando ahora. 
Sin duda acogemos con satisfacción la mayor duración de los períodos de sesiones en Ginebra. 
Esperamos que la mejora de las relaciones trasatlánticas, constatada en las últimas semanas, no se agríe y que sea posible superar el posicionamiento actual. 
En mi opinión, es importante que la UE haya hablado y que tenga una postura clara y unificada, que comparte con todo el mundo desarrollado. 
No obstante, es el mundo en vías de desarrollo el que tiene la mayoría. 
A pesar de todas las conversaciones sobre la pérdida de civilización, está claro que el nuevo Consejo debe adherirse por completo al principio de universalidad de los derechos humanos, aplicando las mismas normas a todas y cada una de las mujeres y a todos y cada uno de los hombres. 
Siempre se sabe si los derechos humanos han sido respetados o han sido violados, y el Consejo desempeñará un papel muy importante en este examen previo. 
El instrumento de exclusión también es muy importante en este contexto, a pesar de que requiere una mayoría de dos tercios, y en mi opinión brinda una nueva oportunidad a la política exterior europea, una nueva oportunidad para abordar realmente la violación de los derechos humanos, que es un problema derivado del mal funcionamiento de algunos Estados. 
Señora Comisaria, espero que tengamos, y especialmente usted, la valentía de dar pasos claros en defensa de los derechos humanos universales en todo el mundo. 
– Señor Presidente, el año pasado asistí con la delegación del Parlamento a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y vi con mis propios ojos el descrédito al que había llegado dicha Comisión y el modo en que sus procedimientos eran prisioneros de países que a su vez eran responsables de los peores abusos de los derechos humanos. 
Así, junto con otros diputados de todos los lados de esta Cámara, acojo con satisfacción la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos. 
Creo que será un paso adelante que se reúna durante todo el año, que sea elegido por mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exista un sistema de suspensión para aquellos países que sean miembros y aun así violen los derechos humanos y que se mantenga la tradición del acceso para las organizaciones no gubernamentales. 
Me siento muy orgulloso de la función que hemos desempeñado como diputados al Parlamento Europeo en los aledaños del proceso. 
Cuando nos reunimos en Ginebra con la señora Arbour, la Alta Comisaria de Derechos Humanos, y cuando nos devolvió la visita en Bruselas, exploramos detalladamente sus propuestas sobre el proceso de revisión universal que se ha acordado ahora, del cual se dice que permitirá un examen más estricto y más objetivo de los datos de todos los países. 
En nuestras resoluciones insistimos en que la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos debería estar abierta únicamente a países que emiten invitaciones permanentes sin trabas para los relatores especiales. 
Eso forma parte del acuerdo de hoy. 
Sudán, Arabia Saudí, Nepal y Zimbabue no deben ser y no serán miembros de este nuevo Consejo. 
Por último, esta reforma de las Naciones Unidas deriva de la Cumbre de Revisión del Milenio y se produce en un momento histórico en la defensa del principio de multilateralismo en nuestro mundo. 
Desde el Parlamento Europeo deberíamos enviar un mensaje a los Estados Unidos –no solo al Gobierno, sino también a sus ciudadanos– en el sentido de que tanto con respecto al Consejo de Derechos Humanos como a Kyoto, a la Corte Penal Internacional o al propio principio del multilateralismo, los Estados Unidos están profunda y peligrosamente aislados en este mundo y ese no es el papel que corresponde a la última superpotencia mundial que queda. 
Si los Estados Unidos quieren formar parte de este nuevo Consejo, tendrán que permitir el acceso sin trabas a la Bahía de Guantánamo. 
Me pregunto si los Estados Unidos mantendrán su postura. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores anteriores: es importante que se haya tomado una decisión para no dejar este Consejo de Derechos Humanos en estado embrionario. 
El respeto de los derechos humanos en el sentido tradicional es una de las piedras angulares de la interpretación europea de los valores, que se verá reforzada por la creación de este nuevo organismo. 
Aunque la propuesta aprobada no es ideal, representa una clara mejora respecto a la Comisión de Derechos Humanos, que seguía siendo influenciable por países que habían cometido ellos mismos violaciones gravísimas de los derechos humanos. 
Es un paso importante para los derechos humanos en el mundo. 
Un organismo que funcione podrá intervenir con mayor rapidez en los casos urgentes y deberá obligar a los países a defender los derechos humanos, luchar por ellos y promoverlos. 
Un bloqueo habría significado la pérdida de credibilidad de la comunidad internacional en la lucha contra los abusos de los derechos humanos. 
Por esa razón resulta tan positivo que este proyecto no haya fallado; y también en vista de la importante labor de las numerosas ONG. 
– Señor Presidente, la labor de la actual Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido duramente criticada desde casi todos los flancos. 
Ha sido acusada de estar demasiado politizada y demasiado activa, además de ser corrupta. 
Por lo tanto, deberíamos acoger con satisfacción los ambiciosos intentos de reformar la Comisión y transformarla en el Consejo de Derechos Humanos, cuya actividad será más independiente. 
Aunque el alcance de estos cambios parece estar bien pensado, hay peligro de que se limiten parcialmente en el curso de las conversaciones internacionales sobre las propuestas. 
El Parlamento Europeo debería dejar clara su postura respecto a la cuestión, subrayando la necesidad de estos cambios con el fin de promover y desarrollar una cultura basada en el Estado de Derecho y en el régimen democrático en todo el mundo. 
El reto más importante relacionado con esta reforma es, como ya se ha mencionado, la independencia del propuesto Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
La exigencia de que se convierta en uno de los organismos principales de las Naciones Unidas es uno de los principales medios para lograr este objetivo. 
Lo que debería cambiar realmente es el modo en que se elige a los candidatos. 
La Asamblea General debería elegirlos por una mayoría de votos que imposibilitara la pertenencia de un país cuyo Gobierno se comporte de modo que pudiera generar dudas respecto a sus credenciales en materia de de derechos humanos. 
También es importante que se plantee una votación sobre la candidatura de todos los países, incluso si hay menos candidatos de la región que plazas reservadas a dicha región. 
Evitar la presencia de países como Libia, como ha ocurrido en ocasiones recientes, o de Cuba, como es el caso actual, es uno de los pasos básicos en el camino hacia el objetivo de recuperar la credibilidad de las Naciones Unidas en el ámbito de la protección de los derechos humanos en el mundo. 
También es importante reducir el tamaño de esta institución para que sus medidas y decisiones puedan ser más eficaces. 
La reforma de la Comisión de Derechos Humanos es una gran oportunidad para realizar mejoras significativas en la situación de los derechos humanos en todo el mundo. 
No obstante, no podemos tratar este tema como una transformación excepcional. 
Tenemos que considerarlo una oportunidad para comenzar un proceso de continuas mejoras del sistema de protección de los derechos humanos, de modo que asegure que se ganará la confianza de la opinión pública mundial y la condición de un mecanismo que llame la atención sobre los abusos más graves de los derechos humanos en el mundo y no esté sujeto a vínculos políticos. 
– Las noticias de Nueva York nos dan alivio y satisfacción. 
El compromiso propuesto por el Presidente de la Asamblea General, el señor Eliasson, no será perfecto, pero es positivo. 
Esto se debe a las razones expresadas por una serie de oradores y, en un artículo, por varios galardonados con el Premio Nobel de la Paz, incluido el ex Presidente Jimmy Carter. 
Nos decepciona que los Estados Unidos hayan votado en contra, aunque no nos sorprende, dado que los Estados Unidos –un país que siempre ha hecho tanto por los derechos humanos y por la legislación internacional sobre los derechos humanos y las Naciones Unidas– están actualmente a merced de una administración que no goza de ninguna credibilidad o coherencia respecto a esta cuestión. 
Se trata de una administración que pasará a la historia como la de la ignominia de la invasión de Iraq, de Guantánamo, de Abu Ghraib y de la ley de entregas extraordinarias. 
Eleanor Roosevelt y otros honorables defensores de los derechos humanos deben estar revolviéndose en sus tumbas. 
Cuando la Administración Bush se equivocó fue al intentar hacer chantaje con la creación del nuevo Consejo en las negociaciones de última hora. 
Debemos asegurarnos de que si intenta boicotear los procedimientos del nuevo Consejo no lo logre. 
Es responsabilidad de la UE seguir persiguiendo una relación de trabajo sólida y clara con el señor Eliasson a través de la Presidencia austriaca y las presidencias ulteriores y a través del señor Solana y el señor Barroso, cuyas voces quisiéramos oír con mayor fuerza y claridad respecto a esta cuestión. Europa tiene que utilizar toda su notable influencia para garantizar la puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos en cuanto sea posible. 
– (Señor Presidente, es inaceptable que frente a los abusos frecuentes de los derechos humanos, el mundo carezca de una organización que permita condenar esos hechos. 
Lamentablemente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha convertido en los últimos años en símbolo de la indolencia de esta organización. 
Era una especia de club de ex alumnos en el que se podían reunir países notorios por sus abusos de los derechos humanos, como China, Sudán, Zimbabue o Rusia. 
No obstante, su objetivo era impedir cualquier tipo de debate sobre sus propias actividades. 
La propuesta de un Consejo de Derechos Humanos es un intento de crear una institución capaz de responder con mayor celeridad a las crisis en el mundo y cuyas actividades irían más allá del envío simbólico de una misión de las Naciones Unidas al país objeto de críticas. 
El proyecto no es perfecto, pero parece que el deber del Consejo de Derechos Humanos de evaluar la situación en cada uno de sus miembros impedirá al menos los abusos que hasta ahora han sido perpetrados por sus propios miembros. 
La creación de un Consejo de Derechos Humanos es, sin duda, la mejor solución disponible para el problema de la Comisión de las Naciones Unidas, cuya integridad se ha visto comprometida. 
La Unión Europea debería conceder a esta nueva institución todo su apoyo para que pueda enfrentarse efectivamente a los retos mundiales en el ámbito de la protección de los derechos humanos. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por las opiniones expuestas aquí. 
Las expectativas del nuevo Consejo son altas y se necesita una postura coherente respecto a su uso para que pueda cumplir estas expectativas y funcionar de manera adecuada. 
Sin duda, no podemos abolir las leyes de la realidad política de un día para otro, pero creo que tenemos una posibilidad. 
La UE debe desempeñar un papel clave a este respecto. 
Agradezco a la Cámara el apoyo que sus Señorías han expresado aquí. 
Se ha señalado en repetidas ocasiones que la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos reviste una importancia máxima. 
Todos lamentamos que no pudiera aprobarse la propuesta original de una mayoría de dos tercios. 
No obstante, quisiera reiterar que el compromiso de la UE, que he mencionado anteriormente, de votar exclusivamente a países que tengan un historial impecable en materia de derechos humanos, es muy importante. 
No se trata de 25 o 27 votos, sino de que si incluimos a países asociados –de hecho, la comunidad de naciones democráticas en su conjunto– se trata de un número considerable, capaz de bloquear el ingreso de países en los que se violan de modo flagrante los derechos humanos. 
El señor Coveney ha dicho que la cifra de 47 miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos es demasiado alta, que el instrumento es demasiado grande. 
Esto está abierto a debate. Hay que tener presente que, en todo caso, el número de miembros del Consejo de Derechos Humanos es algo menor que el de la Comisión de Derechos Humanos. 
Frente a los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas, personalmente considero que la cifra de 47 es totalmente apropiada. 
Dicho sea de paso, eso ha supuesto un número bastante inferior de escaños para el grupo occidental, debido al hecho de que ahora los miembros tienen que ser elegidos, no en el Ecosoc, sino directamente en la Asamblea General. 
Eso también es lamentable, pero tenemos que estar a las duras y a las maduras. 
Si queremos un instrumento poderoso y relativamente pequeño, tenemos que aceptar que contaremos con algunos votos menos. 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Schmidt. 
La petición de los Estados Unidos de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean miembros natos del Consejo de Derechos Humanos fue una propuesta relativamente temprana que dejó de recibir apoyo en una fase posterior. 
Sin duda no habría contado con el apoyo de la UE, y como tal nunca habría conseguido una mayoría. 
La señora Flautre ha señalado que hay que llevar a término los importantes expedientes que todavía está tratando la Comisión de Derechos Humanos. 
Sin duda, la UE garantizará que las cuestiones pendientes se ultimen, y ello de manera que salgan favorecidos los derechos humanos y que estos expedientes puedan traspasarse inmediatamente al Consejo de Derechos Humanos. 
. Señor Presidente, Señorías, el hecho de que el proyecto de resolución por el que se crea el Consejo de Derechos Humanos haya sido votado por una mayoría tan amplia –70 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones– hace pensar que este Consejo tendrá realmente cierta credibilidad. 
No cabe ninguna duda de que el 9 de mayo, día de la elección de los miembros del Consejo, será un momento importante en la génesis del mismo. 
Espero que los países candidatos presenten su candidatura un mes antes de la votación, como la Unión les ha pedido que hagan. 
El Consejo debería reunirse por vez primera en Ginebra el 16 de junio. 
Espero que seamos muchos los que asistamos a esa sesión. 
Si el Consejo de Derechos Humanos es indiscutiblemente un resultado feliz de la última Cumbre de las Naciones Unidas, por fuerza hemos de constatar que la arquitectura multilateral se ha visto coronada por el éxito con la creación, también en diciembre de 2005, de la Comisión de consolidación de la paz, que debería reunirse pronto. 
El año 2006 debería ser, en efecto, un buen año para el multilateralismo. 
En ambos casos, la Unión ha demostrado su apego a un multilateralismo efectivo, su liderazgo y su capacidad de influir en la reforma de las Naciones Unidas. 
Creo que podemos continuar juntos por este camino. 
– Al término del debate he recibido cuatro propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
– informe del señor Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (COM (2005) 0694 – C6-0026/2006 – 2005/0270 (CNS) (A6-0033/2006) , e 
– informe del señor Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (COM (2005) 0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275 (CNS) ) (A6-0034/2006). 
Repito a los oradores que intervienen en este debate lo que he dicho en el anterior, es decir, que tenemos una sesión de noche extremadamente larga y que seré despiadado con el respeto del tiempo de palabra. 
Por consiguiente, evítenme tener que tomar medidas disciplinarias ateniéndose al tiempo de palabra que se les ha concedido oficialmente. 
Esta observación no se aplica evidentemente a la señora Kroes, a quien cedo ahora la palabra. 
. Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al señor Graefe zu Baringdorf y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el trabajo que han realizado en relación con ambos informes, el primero sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen y el segundo sobre las especialidades tradicionales garantizadas. 
La Comisión aprecia la eficaz organización de su trabajo, que ha permitido la adopción de los informes en un período de tiempo reducido. 
En mi declaración inicial me refiero a ambos informes, centrándome así en el trasfondo general que ha dado pie a estas propuestas de la Comisión. 
En primer lugar, en cuanto al informe sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, hace ahora casi 14 años la Comunidad Europea estableció un sistema voluntario de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios distintos del vino y los licores. 
Desde 1993 se han registrado más de 700 nombres. Actualmente hay casi 300 solicitudes pendientes de ser registradas; eso da una idea del éxito de este sistema. 
Puede que este éxito explique el interés mostrado por nuestros socios comerciales por esta normativa. 
Las conclusiones de los recientes debates de sendos grupos especiales de la OMC planteados por los Estados Unidos y Australia nos imponen la obligación de abrir el esquema comunitario a solicitudes y objeciones directas de ciudadanos de terceros países. 
Este es la razón fundamental de la propuesta que tienen sus Señorías sobre la mesa: garantizar la conformidad con las conclusiones de los grupos especiales. 
Basándonos en la experiencia adquirida en la gestión del proceso de registro, nos dimos cuenta de que el sistema actual no sobreviviría a una carga adicional de solicitudes directas de operadores en terceros países. 
Por ello tuvimos que racionalizar el sistema y hacerlo más eficiente. 
Si simplemente nos ajustamos a las normas de la OMC, sin incrementar la eficacia del funcionamiento del sistema, la totalidad del proceso de aprobación podría llegar a un punto muerto. 
Debo añadir que para evitar cualquier riesgo de nuevas quejas en el ámbito de la OMC, el procedimiento a seguir para las denominaciones de terceros países y de la UE debería ser lo más parecido posible. 
A todos nos ha sorprendido el alcance de los cambios exigidos con arreglo a las normas de la OMC. 
Aunque la Comunidad ganó el debate del grupo especial sobre la importante cuestión de las marcas, perdimos en las cuestiones de procedimiento. 
También incluimos un claro cambio de política, a saber, la promoción del uso de logotipos comunitarios para reforzar la credibilidad del sistema. 
No obstante, aparte de esto no existen iniciativas políticas, puesto que el principal objetivo de la propuesta es ajustarse a las conclusiones del grupo especial de la OMC en el plazo previsto. 
Las numerosas exigencias y sugerencias de desarrollo político expuestas en las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son cuestiones que merecen más tiempo para ser abordadas de manera adecuada. 
Permítanme ahora hablar de la otra propuesta, que tiene que ver con las especialidades tradicionales garantizadas. A pesar del modesto número de productos registrados, algunos productores han mostrado interés por esta normativa. 
Solo hay 50 nombres registrados como especialidades tradicionales garantizadas, pero hay 19 solicitudes pendientes en el ámbito comunitario y otras que están siendo examinadas en los Estados miembros. 
Esta normativa no se ha modificado desde su adopción en 1992. 
Los procedimientos no se diseñaron para 25 ni para 27 Estados miembros, ni para gestionar un número significativo de solicitudes. 
Existe una necesidad similar de racionalizar y normalizar el contenido de las solicitudes, para que se adopten procedimientos más eficientes y para que los productores que hacen el esfuerzo de introducir programas de calidad no se decepcionen ante la tardanza de las aprobaciones de varios años. 
También considero importante corregir una serie de incoherencias y reflejar avances sustanciales de las normas de redacción jurídica desde 1992. 
Al mismo tiempo, proponemos simplificaciones, aclaraciones y otras mejoras idénticas a las propuestas para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. 
Por último, queremos dejar claro en esta normativa que se respetan las normas de la OMC y anticiparnos a cualquier crítica. 
En conclusión, estas propuestas establecen la conformidad con la OMC e introducen normas internas limitadas pero necesarias con vistas a racionalizar y aclarar los procedimientos. 
Por lo tanto, podemos sostener los mecanismos y servir mejor a productores y consumidores que confían en las denominaciones. 
No obstante, especialmente a la luz del plazo de la OMC del 3 de abril de 2006, no propusimos cambios políticos más profundos. Esos se abordarán a su debido tiempo en el marco de una reflexión amplia sobre la política de calidad agrícola. 
– Señor Presidente, me complace que la Comisaria esté aquí para representar a la Comisión en el debate de hoy sobre este informe. 
Su colega, la Comisaria Fischer Boel, no puede estar presente, pero eso no debería ser óbice para que mantengamos un buen debate. 
La Comisaria ha dicho que esto no es el comienzo de un proceso legislativo, sino que se trata simplemente de responder a una petición de la OMC. 
Los comienzos de un marco legislativo para el aseguramiento de la calidad se produjeron en 1992, hace ya 14 años, pero por supuesto ese no fue el comienzo de la producción de alta calidad en las zonas protegidas de la época. 
Más bien se daba el caso de que, como sucede con la agricultura biológica, el asunto de los productos en cuestión se había introducido en el mercado hacía mucho tiempo, durante décadas, por parte de los productores y estos habían conseguido la aceptación por parte de los consumidores. 
Entonces siguió la armonización y las medidas de racionalización, las aclaraciones y las garantías. 
Respecto a la política de calidad, solo hay dos ámbitos en la agricultura que se denominan «de calidad». 
Son el ámbito que debatimos hoy y la agricultura biológica. 
Todo lo demás entra dentro del concepto de seguridad alimentaria. 
No obstante, ahora hablamos de la calidad y vamos a centrarnos en ella. 
Como ya ha señalado la Comisaria, no se trata de una cuestión insignificante, sino de un negocio de miles de millones de euros. 
La concesión a las regiones y a las empresas del derecho a proteger indicaciones geográficas, denominaciones de origen o especialidades, crea un verdadero valor añadido. 
Es comprensible que otros codicien este valor añadido. 
La disputa está con los Estados Unidos, en particular, y cuando digo los Estados Unidos me refiero a grandes multinacionales. Estas están estudiando muy detenidamente si los productos que van a estar protegidos como denominaciones de origen pueden incorporarse a sus imperios como marcas comerciales. 
Del mismo modo que la Coca-Cola, quieren incluir el queso feta, el parmesano, los Spreewälder Gurken (pepinillos de Spreewald) , los Karlsbader Oblaten (barquillos de Karlsbad) , la Thüringer Rostbratwurst y el Tiroler Speck –de Austria y del Tirol Meridional (Südtiroler Speck) – entre sus marcas comerciales; no porque los consideren especialmente buenos, sino porque se puede sacar dinero de ellos. 
Por ese motivo ellas también se han sumado al debate en la OMC y ahora estamos presentando nuestra respuesta. 
El aspecto positivo del debate es que la OMC ha dicho desde el comienzo, como cuestión de principio, que nuestras normas están en consonancia con las suyas. 
Lo que no concuerda con sus normas y donde hay que realizar mejoras es en la cuestión del acceso de terceros países a estas indicaciones de calidad protegidas. 
Vamos a subsanar esta deficiencia y también creo que es razonable. 
No obstante, también quisiera señalar que en este punto asoma asimismo otro tipo de deseo. 
Por ejemplo, los productores de jamón de Parma o tocino tirolés podrían pensar para sus adentros: si compráramos los cerdos en el mercado más amplio, sería más barato que tener que producirlos en la región o estipular que las regiones de las que los obtenemos se ciñan específicamente a ese tipo de producción, porque esto supondría, naturalmente, un incremento de los costes de producción. 
No obstante, si no lo hacemos corremos el riesgo, en los debates internacionales en el seno de la OMC –y las multinacionales estarían siempre encima de nosotros con esta cantinela–, de caer en la arbitrariedad, de minar nuestras propias indicaciones cualitativas y así perder, en última instancia, la protección. 
Si este fuera el caso, sería una cuestión muy dudosa creer que es posible comprar materias primas a precios más baratos, y por esa razón hemos estipulado la existencia de una relación especial entre las regiones a este respecto. 
A modo de conclusión, quisiera decir unas palabras sobre el procedimiento. 
Como también sabe la Comisaria, el Consejo ya ha tomado una decisión. 
Una vez más, mantenemos aquí un debate a pesar de que ya está todo decidido, y eso es inaceptable. 
Las cuestiones han de debatirse primero. 
Espero que también podamos aclarar eso en la Constitución una vez se haya ratificado. 
En su día nos planteamos devolver esta cuestión a la comisión de puro enfado, porque una vez más se nos ha pasado por alto y se ha hecho caso omiso de nuestra labor de expertos. 
No obstante, creemos que esto proyectaría hacia el exterior una falta de unidad por nuestra parte en los procesos de la OMC y permitiría que otros dijeran: mira, no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos. 
Puesto que estamos a favor de reforzar y asegurar la posición de la UE, lo dejaremos pasar, pero quisiéramos aclarar dónde se encuentran los puntos débiles del Consejo en algunos aspectos y pedimos a la Comisaria Kroes que lo transmita en su papel de Comisaria, para que reconsidere sus decisiones. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales de los productos agrícolas y alimenticios constituyen un importante instrumento para el desarrollo y la sostenibilidad de productos de calidad. 
En conjunto, considero bastante positivo el trabajo realizado por la Comisión: dado que estaban previstas dos fases de análisis de la solicitud, una nacional y otra comunitaria, era absolutamente necesario garantizar su coordinación. 
Estoy convencido de que la mayor responsabilidad confiada por los Estados miembros, los plazos precisos que jalonan el procedimiento y el nuevo régimen de oposición responden a esta exigencia: un reconocimiento más rápido y eficiente, un examen rápido, pero al mismo tiempo dotado de la característica principal de ser completo. 
El hecho de que terceros países puedan acceder al sistema europeo de protección de los productos agrícolas exige proteger al consumidor de una asociación errónea entre los símbolos comunitarios y la procedencia efectiva del producto. 
La indicación del origen del producto en una etiqueta, junto con la diferenciación cromática de los logotipos comunitarios y la autorización para utilizar las menciones de los productos transformados, son novedades que responden a una mayor protección de los consumidores. 
Por otra parte, considero que estas medidas incitarán a los productores a aprovechar más y mejor las menciones de excelencia, avanzando en la línea de la política de calidad agroalimentaria que promueve la Unión Europea. 
Por último, apoyo las enmiendas 48 y 50, cuyo objeto es permitir la colaboración de las autoridades regionales en la fase de comprobación nacional y una protección mayor de las DOP y las IGP respecto de otras fórmulas de protección, como las marcas. 
Espero que sus Señorías compartan mañana mi punto de vista aprobando estas dos enmiendas. 
Para concluir, deseo manifestar mi reconocimiento a la Comisión, que ha tenido a bien remitirse al examen del Parlamento –a este respecto, me sumo a todo lo dicho antes por mi colega– para estos procedimientos y para el reconocimiento de los productos de calidad, respondiendo así a una extendida exigencia de celeridad, pero también y sobre todo a la protección de la excelencia de las zonas rurales europeas. 
. Señor Presidente, como muy bien ha dicho nuestro ponente, creo que la calidad es el gran activo de la agricultura europea. 
Ante un mercado global en el que tenemos que competir, cada vez más, por ínfimos costes de mano de obra, escasas exigencias medioambientales y de higiene, es decir, precios más bajos, creo que la calidad debe marcar la diferencia. 
Para ello, es necesaria −y es en lo que estamos trabajando− una calidad garantizada y certificada por un sistema más sencillo, fácilmente reconocible y que goce de la confianza de los consumidores, tanto en Europa como fuera de ella. 
Es imprescindible, además, el reconocimiento de estas calificaciones en el exterior, en la OMC, para establecer así un mercado de productos agrícolas de alta calidad. 
En ello estamos, y creo que el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural avala esta postura. 
El primer reto que se nos plantea es el de afianzar, aún más, el sistema de nuestros consumidores y productores. 
Es necesario un sistema más ágil, con plazos y trámites claramente determinados, en el que estén bien asignadas las competencias. 
Para mí tan importante como la percepción del consumidor es también la del propio sector, al que se le deben mostrar las ventajas económicas de un mercado de alta calidad: la seguridad de un sistema de calificación que controle bien los productos que no cumplen las condiciones fijadas y un procedimiento ágil y no demasiado gravoso. 
Creo que el tema que estamos tratando es muy importante, sobre todo para países, como el mío, que son pioneros en la agricultura ecológica. 
Creo que el tema merece, como he dicho, una reflexión más amplia, que debemos afrontar una vez cumplidas, lo antes posible, las exigencias de la OMC, simplificando el acceso al sistema de productos de terceros países. 
En la profundización y reflexión posterior que tendremos en esta Cámara, creo que es imprescindible escuchar al sector y estar atentos a sus necesidades, pensando siempre en la proyección hacia el mercado global de nuestros productos y de nuestra calidad, que son los valores de un sector agroalimentario europeo realmente competitivo. 
. – Señor Presidente, una vez más el señor Graefe zu Baringdorf ha llevado a cabo su tarea de ponente con su entusiasmo habitual y por eso quisiera felicitarle. 
Coincido con el tenor de sus conclusiones. 
A la luz del incremento de la liberalización del comercio de productos agrícolas, es necesario que reconozcamos más indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos agrícolas y piensos a escala internacional. 
Por lo tanto, sus conclusiones están totalmente justificadas. 
Lo que también entra en juego en mi opinión es precisamente la definición de indicación geográfica en Europa. 
El señor Graefe zu Baringdorf ha mencionado el ejemplo del jamón de Parma, que debería provenir de esa región. 
Siempre me ha extrañado el hecho de que el principal productor de queso Edam sea Alemania, en lugar de los Países Bajos, y creo que esa situación debe cambiar. 
Si lo regulamos en la OMC –y me complace que el ponente coincida conmigo en esto– y pedimos a los demás que reconozcan nuestros productos, me parece lógico que nosotros también reconozcamos los suyos. 
No coincido con el señor Graefe zu Baringdorf cuando dice que actualmente solo hay dos categorías de calidad de los productos agrícolas en la Unión Europea, los que tienen indicaciones geográficas y los producidos biológicamente. 
Puede que esto sea verdad de momento, pero debemos ir mucho más allá. 
Es necesario introducir una marca de calidad europea para los productos agrícolas. 
Si pedimos a nuestros agricultores que respeten las normas de bienestar animal, los objetivos ambientales y cosas por el estilo, entonces sería muy injusto esperar que esos agricultores compitieran con el resto del mundo, con agricultores que no tienen que cumplir las mismas normas. 
Puesto que los clientes deben poder distinguirlos en las tiendas, debemos desarrollar una marca de calidad para los productos distintos de los geográficos y biológicos. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, respecto al tema de una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, quisiera llamar la atención sobre algo que se dice en el informe Graefe zu Baringford, que es que la propiedad intelectual es la última materia prima que conservan los europeos. 
Precisamente por esta razón podemos maravillarnos y lamentar el hecho de que hasta ahora no hayamos tenido un plan concreto para desarrollar un sistema específico para la protección de la propiedad intelectual. 
El nuevo instrumento debe eliminar finalmente las persistentes disputas en la OMC entre la UE y algunos de sus socios comerciales. 
Una vez resuelta esta cuestión, solo podemos esperar que la Comisión vuelva entonces a la cuestión de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen con objetivos conceptuales claros. 
Quisiera añadir que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas constituyen un componente integral de la propiedad intelectual, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Según el Reglamento del Parlamento Europeo, la cuestión de la propiedad intelectual corresponde sin lugar a dudas y exclusivamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Por lo tanto, es extraño desde un punto de vista procedimental y práctico que la redacción de este informe se encomendara a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sin incluir en él ni siquiera una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
. – (Señor Presidente, los objetivos de ambas propuestas de reglamento parecen bien fundados. 
Es difícil no apoyar un incremento de los ingresos de los agricultores, unas condiciones justas para la competencia y la protección de copias falsas de productos originales. 
No obstante, existen dudas respecto de si los objetivos establecidos son realistas. 
Veamos el resultado hasta la fecha de las soluciones existentes. 
En el marco de especialidades tradicionales garantizadas, hasta ahora solo se han registrado 15 productos agrícolas y alimenticios en toda la Unión. 
¿Realmente es necesario crear procedimientos complejos y aplicar la burocracia para beneficiar a una o varias docenas de productos? 
¿Realmente el agricultor-productor ganará algo con ello? 
En el marco del sistema de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se han registrado más de 700 nombres en la UE, entre ellos 150 tipos de quesos, 160 tipos de carne o productos cárnicos, 150 tipos de fruta y verduras y 80 tipos de aceite de oliva. 
Hay 300 nuevas solicitudes pendientes de ser examinadas. 
¿No nos encontraremos pronto en una posición ridícula, casi irrisoria, desarrollando esta legislación? 
Dentro de algunos años tendremos miles de productos originales que querrán conquistar los supermercados de toda la Unión Europea. 
Como clientes nos agotarán y el coste burocrático resultará ser ineficiente en la tramitación de las solicitudes. 
¿No sería mejor abandonar la idea de regular los manjares locales? 
Si convertimos los manjares en productos de masas, dejarán de ser manjares. 
Dejemos que sigan siendo una atracción natural de lugares o regiones concretas, pero sin el apoyo de la Unión Europea. 
. – (Señor Presidente, en nombre del Grupo UEN quiero felicitar al señor Graefe zu Baringdorf por su excelente informe. 
Me complace mucho que logremos introducir las simplificaciones necesarias en los procesos de registro de los productos alimenticios locales y que tengamos más productos de este tipo disponibles, o más bien que los conozcamos mejor, puesto que sin duda hablamos de productos tradicionales que llevan en el mercado mucho tiempo. 
El verdadero futuro de Europa se encuentra en el apoyo a productos regionales tradicionales que representan los logros de comunidades locales. 
Es algo en lo que podemos distinguirnos, en lo que podemos superar a otros y gracias a lo cual podemos construir un mercado europeo que sea un mercado común y al mismo tiempo que sea rico gracias a la variedad de las especialidades regionales. 
Es una gran oportunidad para los productores regionales. 
No obstante, sobre todo es una buena noticia para los consumidores, puesto que estos productos se elaboran mediante recetas tradicionales y utilizando métodos de generaciones anteriores y que son más sanos y mejores que los productos producidos de forma masiva. 
También es la mejor manera de afrontar el reto que suponen las empresas biotecnológicas. 
Quieren obligarnos a consumir sus alimentos producidos de forma masiva, que son fruto de la ingeniería genética. 
Debemos ser claros respecto a esta cuestión. 
Queremos consumir productos sanos, variados y que utilicen métodos tradicionales y regionales, y no queremos que se nos obligue a consumir productos alimenticios elaborados con métodos que engañan a la naturaleza. 
– Señor Presidente, durante las últimas décadas la Política Agrícola Común ha animado a los agricultores a producir más, independientemente de la calidad. 
A resultas de ello, ahora tienen dos Mercedes en el garaje y las tiendas están llenas de productos que no son sabrosos ni baratos. 
Tenemos que pagar más por los llamados productos «biológicos» para comprar lo que deberían ser alimentos normales. 
Es hacer gala de cinismo decir que hoy los consumidores dan más importancia a la calidad que a la cantidad. 
Sencillamente quieren comer de nuevo alimentos que no han visto desde hace mucho tiempo y a los que tienen derecho. 
Mientras tanto, nosotros nos gastamos la mayor parte de nuestro presupuesto en la Política Agrícola Común, especialmente en los Estados miembros antiguos. 
Esperemos que simplificando los procedimientos actuales, estos reglamentos relativos a la protección de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y especialidades tradicionales favorezcan a los agricultores que producen productos sanos y sabrosos. 
Quisiera dar las gracias al ponente y a la Comisión por abordar esta importante cuestión. 
Espero que los agricultores, especialmente los de los nuevos Estados miembros que todavía no han tenido tiempo o dinero para abordar la producción agrícola a escala industrial, se vean recompensados por sus métodos de producción tradicionales. 
No tenemos los espléndidos métodos de procesado por los que la cocina francesa es conocida, pero tenemos productos y alimentos sanos y sabrosos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, no hace falta subrayar la enorme importancia que concedemos a nuestro sistema de indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denominaciones de origen protegidas (DOP) , a su defensa y su respeto dentro de la Unión Europea y fuera de ella. 
Tal como están las cosas, tras las reformas reiteradas y, en mi opinión, demasiado frecuentes de la Política Agrícola Común, los productores solo sobreviven en muchas de nuestras regiones gracias a la calidad de sus productos y sus conocimientos técnicos, cosa que los consumidores aprecian cada vez más, por suerte, y están dispuestos a remunerar pagando precios equitativos, que contribuyen así al mantenimiento del empleo en los eslabones anteriores y posteriores de la cadena productiva y, por tanto, al desarrollo rural. 
Es un hecho documentado que los Estados Unidos y Australia han tenido el descaro de atacar, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) , nuestra acertada reglamentación en la materia. 
Desde 1993 se han registrado más de 700 denominaciones de productos alimentarios. 
Su valor comercial se cifra en más de 10 000 millones de euros. No puedo por más que mencionar en este punto el registro del, especialmente apreciado del señor Ebner, que me ha cedido sus dos minutos de palabra en este debate. 
El órgano competente de la OMC ha llegado por fortuna a la conclusión de que nuestro reglamento no contraviene las reglas de la OMC. 
Solo hace falta que lo adaptemos –de aquí al próximo 20 de abril, por lo que el tiempo apremia– para situar a los nacionales de terceros países en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la Unión por lo que respecta a las solicitudes y los derechos de oposición. 
Quisiera felicitar al ponente, señor Graefe zu Baringdorf, y agradecerle su excelente colaboración, cosa que no siempre sucede entre miembros de distintos Grupos de este Parlamento. 
Celebro que con él, nuestro ponente, y otros portavoces de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, entre ellos nuestro presidente, el señor Daul, hayamos conseguido ponernos de acuerdo en torno a unas enmiendas que tiene por objeto la aclaración, la precisión y la simplificación, al mismo tiempo que se mejora mediante un control adecuado el respeto de esta propiedad intelectual de los agricultores, una de las últimas materias primas de los europeos. 
Lo que queremos ante todo –con unos plazos concretos: seis meses para el examen de las solicitudes por parte de la Comisión, cuatro meses para presentar oposición– es evitar retrasos perjudiciales para los operadores. 
Queremos que los símbolos comunitarios, nuestros logotipos, se distingan mediante colores específicos y no puedan ser utilizados por terceros países. 
Queremos por último que, en caso de anulación del registro de una DOP o una IGP, no se pueda registrar como marca durante cinco años, para evitar cualquier presión económica sobre los productores. 
Sé que muchos diputados a esta Cámara han tenido muchas ideas y propuestas para mejorar la legislación, pero pedimos al Consejo –puesto que el tiempo apremia– que al principio solo aplique los cambios que exige la decisión arbitral de la OMC. 
– (Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por dos excelentes informes. 
También quisiera expresar mi convicción de que son precisamente estos nuevos reglamentos adoptados por el Parlamento los que harán avanzar el desarrollo de la producción de alimentos agrícolas, especialmente la revitalización de las zonas rurales promoviendo sus tradiciones y valores culturales e incrementando el empleo fuera del sector agrario. 
Creo que un proceso de registro transparente y simplificado y una clara división de competencias entre los Estados miembros y la Comisión supondrán una protección más efectiva para los consumidores y productores, los ciudadanos de la Unión y, sobre todo, para aquellos que fabrican estos productos. 
Estarán protegidos frente a las falsificaciones, el mal uso de los nombres originales, las copias de listas de ingredientes y otras prácticas fraudulentas utilizadas por personas que quieren sacar beneficios rápidos. 
Los reglamentos propuestos contribuyen a garantizar un sistema creíble para proteger la calidad de los productos registrados en los que se confía y cuya popularidad está creciendo en la Unión y en todo el mundo. 
Ahora estos productos no solo llevarán la etiqueta del productor, sino también la etiqueta de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, Europa debe ser capaz de garantizar y proteger la calidad de su producción agrícola y alimentaria. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario defender las especialidades tradicionales y las indicaciones geográficas, entre otras cosas frente a los ataques lanzados en la Organización Mundial del Comercio por los Estados Unidos y Australia. 
El ponente ha hecho un trabajo excelente de mejora de los dos reglamentos. 
Tenemos que proteger los productos para influir efectivamente en la mejora de la seguridad alimentaria y en contra de la homogeneización del sabor que se está produciendo a escala mundial. 
Por desgracia, demasiado a menudo asistimos a fenómenos de falsificación: el principal mercado del sur de Italia, el de Vittoria en Sicilia, se ve invadido cada día por productos falsificados, que se introducen en el mercado como productos IGP, por ejemplo los tomates cherry de Pachino. 
Por este motivo, consideramos necesario un etiquetado, que debe incluir la indicación del lugar de origen y de transformación del producto. 
Sin embargo, debemos reflexionar sobre un punto: demasiado a menudo los que están a favor de las DOP y las IGP están más interesados en la comercialización que en la producción. 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente por ayudar a proteger la individualidad regional y la autosuficiencia rural. 
Europa tiene productos y alimentos ricos y variados, y sin duda hemos de protegerlos de los absolutistas de la liberalización del comercio. 
La receta familiar, el sabor local, el producto hecho a mano, la calidad y el carácter único necesitan nuestra protección para mantener la riqueza actual de nuestras regiones. 
Pero ¿de qué servirá todo este valioso trabajo si al mismo tiempo permitimos que la modificación genética se infiltre en nuestros cultivos y por tanto en nuestros alimentos y productos? 
Aquí estamos, intentando proteger la individualidad de los productos y el carácter único de los ingredientes locales. 
¿Cómo podemos decir que nuestros ingredientes son locales si todos ellos se modifican en un laboratorio? 
Esas semillas no son obra de una familia; son semillas Monsanto con un determinado número de lote, exactamente idénticas a millones de otras en todo el globo. 
¿Cómo podemos decir que nuestros productos son únicos, que tienen nuestro rico sabor regional o que son de nuestra región? 
¿No nos exige la honradez que pongamos en la etiqueta de nuestros productos «Monsanto Corporation, producido en St. 
Louis, Missuri»? 
Debemos permitir a las regiones que escojan si quieren productos modificados genéticamente y debemos proteger a las que no los quieren. 
No solo debemos apreciar y conservar las especialidades locales, sino también los mercados de los agricultores en los que en ocasiones todavía se venden localmente. 
Debemos garantizar que al regular la comercialización de alimentos, no eliminemos los mercados de agricultores locales tradicionales que quedan. 
– (Señor Presidente, es bueno que mantengamos un debate conjunto sobre los informes del señor Graefe zu Baringdorf. 
En uno de los informes, en el punto 5 de la justificación, el texto dice que «el objetivo de las propuestas es simplificar el procedimiento y definir de modo apropiado las competencias de los distintos organismos durante el proceso de examen de la propuesta». 
Esto, junto con otras anotaciones como las del punto 9, nos permiten abrigar la esperanza de que en los reglamentos finales del Consejo podamos evitar la burocracia y las incoherencias jurídicas. 
Esto es especialmente importante respecto al reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para los productos agrícolas y los piensos. 
Tenemos que recordar que las indicaciones geográficas forman parte del patrimonio de ciertas comunidades locales y de países individuales y que ellos son responsables de su protección. 
La protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los piensos a escala comunitaria deberían cumplir únicamente una función de apoyo e impedir las prácticas deshonestas. 
No obstante, «únicamente los organismos nacionales tendrán autoridad» para imponer multas a escala nacional, como se refleja en el apartado 3 del artículo 11. 
Los productos regionales y los piensos tienen que apoyar el desarrollo regional y ampliar el rango de las atracciones turísticas, incluido el agroturismo. 
Nadie quiere una Unión en la que todo el mundo se vista de la misma manera en todas partes, coma la misma comida y hable de la misma manera. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción estos informes porque proteger las especialidades regionales es correcto y necesario. 
Las regiones tienen derecho a explotar y proteger dichas especialidades en su propio beneficio económico. 
Observo que se calcula que en los Estados miembros en que se hace esto se obtienen unos 5 000 millones de euros al año en términos de valor añadido mediante la promoción de dichas indicaciones geográficas. 
Sin duda, también existe un efecto dominó en términos de impacto y creación de empleo y de retención de población en zonas rurales. 
Lo único que lamento es que hasta la fecha mi región –Irlanda del Norte– no se ha beneficiado de este mecanismo, aunque tengo que decir, partidista que soy, que disponemos de una gran variedad de este tipo de productos. 
La ternera del Ulster, que pronto podrán volver a saborear de nuevo todos los europeos cuando se levante la prohibición de la ternera, tiene un sabor y una calidad reconocida, motivo por el cual la etiqueta Greenfield es sinónimo de la máxima calidad. 
Nuestros panes de trigo y de sosa son manjares que hay que probar, y las manzanas de Armagh Bramley gozan de gran reputación. 
Por consiguiente, solicito al Gobierno británico en este debate que aproveche de inmediato las oportunidades que ofrece esta normativa. 
En cuanto a dicha normativa, he visto una queja de que el proceso de solicitud es indebidamente arduo y burocrático. 
Por ello, quiero romper una lanza a favor de que se realice el máximo esfuerzo por simplificar el proceso para que los productos regionales puedan protegerse y promoverse de una manera más rápida, y acojo con satisfacción las palabras de la Comisaria a este respecto. 
En el contexto de la OMC, es vital que Europa defienda los derechos derivados de estas normas y no ceda a la presión de terceros países. 
Estoy totalmente de acuerdo con nuestro ponente en que la UE debe utilizar toda su influencia y sus habilidades diplomáticas para defender las indicaciones geográficas. 
A la vez que debería animarnos el rechazo de los recientes ataques de Estados Unidos y Australia por parte del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, no podemos permitirnos ningún sentimiento de complacencia. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a mí también me gustaría dar las gracias al ponente por sus excelentes informes, así como a los ponentes alternativos por su cooperación tan eficaz en este asunto. 
Considero que ambos informes figuran entre los expedientes más importantes de esta legislatura: especialmente el informe sobre indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas. 
Como ha señalado la Comisaria, ya hay más de 700 productos registrados y 300 procedimientos iniciados. 
Eso representa un aspecto clave para la agricultura europea y las zonas rurales. 
Creo que la propiedad intelectual también es relevante para estos productos y que estos productos contribuyen a la identidad de una región. 
Si abrimos nuestros mercados a los productos de terceros países, debemos poder condicionar este hecho a que estos países apliquen las mismas normas de calidad y los aspectos sociales que prevalecen en la UE. 
La cuestión es que vivimos en un mundo global, pero la competencia leal solo es viable si se aplican y se ponen en práctica los mismos requisitos y normas en el seno de la OMC. 
No obstante, en términos generales debemos asegurarnos de que el procedimiento implique un escrutinio cuidadoso y de que no se intente igualar a la baja. 
La calidad tiene un precio. 
Como dijo ayer Horst Köhler, Presidente de la República Federal de Alemania, los precios más altos en la UE deben ser compensados por una calidad superior. 
Por citar un ejemplo, en Austria hay 180 000 agricultores que producen. 
Estos mantienen, como está demostrado, unos 600 000 puestos de trabajo en las fases anteriores y posteriores del proceso productivo. 
Esto también revela lo importantes que son las empresas agrícolas activas y las granjas familiares productoras para las zonas rurales. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente y a mis colegas diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por este informe, que tiene el mérito de insistir en una idea fundamental, y es que la agricultura europea solo sobrevivirá por la calidad. 
Por consiguiente, la defensa de las etiquetas y de otras denominaciones protegidas, que son las únicas que podrán garantizar a la larga la competitividad de los productos europeos en un mercado globalizado, debe ocupar un lugar central en toda la acción política de la Unión Europea, en particular en foros internacionales como la OMC. 
Procedo de una región que cuenta con más de treinta productos protegidos por los regímenes DOP, IGP y ETG. 
Estas denominaciones representan indiscutiblemente un activo para los productores que se benefician de ellas. 
Aplicamos esta misma lógica desde siempre en otro sector, que no se contempla directamente en el texto, pero que necesita la protección y el apoyo de Europa. 
Hablo, por supuesto, del sector vinñicola, que genera decenas de miles de puestos de trabajo en mi región, el sur de Francia, y centenares de miles en toda Europa y que actualmente atraviesa una grave crisis. 
Si no se hace nada, inclusive a escala europea, Europa corre peligro de perder su alma. 
– (Señor Presidente, hoy estamos debatiendo el modo de proteger los productos agrícolas tradicionales especiales. 
La normativa habla de un periodo de producción de una sola generación para que un producto se considere elaborado con métodos tradicionales. 
Se han formulado dudas sobre la enmienda que restringe la definición a los productos que se utilizaban antes de la II Guerra Mundial. 
Esto discrimina a los países de Europa del Este. 
A raíz de la II Guerra Mundial, Polonia perdió la mitad de su territorio y varios millones de personas se desplazaron a tierras que se habían recuperado. 
Por lo tanto se rompió la continuidad de la tradición. 
Durante el Gobierno comunista, la producción de productos tradicionales con fines comerciales también fue prohibida. 
Solo durante la última década, más o menos, después de recuperar la independencia, las comunidades situadas en determinadas regiones han vuelto a los métodos de producción tradicionales y sanos de alimentos, por ejemplo, salchichas y jamones tradicionales polacos. 
Esto había sido imposible anteriormente. 
Otra cuestión muy importante es la de la certeza de si habrá un control de calidad suficiente de los alimentos y si podrá evitarse una situación en la que el suministro creciente de plantas modificadas genéticamente en Europa haga que los productos tradicionales sean alterados. 
Después de todo, hay países en Europa en los que las plantas modificadas genéticamente se han extendido más allá de todo control y sin duda pronto amenazarán los productos tradicionales debido al cambio de la lista de ingredientes. 
El registro adjunto de productos clasificados como productos tradicionales también debe extenderse para incluir las preparaciones refinadas. 
Señor Presidente, en el informe sobre denominaciones de origen, indicaciones geográficas y menciones tradicionales que nos presenta la Comisión ejecutiva, se dice que, a la hora de elaborarlo, la intención de la Comisión ha sido clarificar procedimientos y adaptar la normativa comunitaria a una sentencia de la Organización Mundial de Comercio. 
La protección de las indicaciones geográficas tiene, desde luego, una gran importancia, porque es fundamental para informar correctamente a los consumidores sobre la calidad, el origen y los métodos de producción de los productos que consumen. 
Por tanto, parece lógico que haya que evitar confusiones a los propios consumidores y, por ello, no se debería autorizar el uso del logotipo comunitario en productos de países terceros. 
Además, los diputados de esta Cámara tenemos la obligación de defender la diversidad y la riqueza del patrimonio gastronómico europeo, que goza, hasta este momento, de una reputación internacional. 
Hay que cumplir la sentencia del tribunal de la Organización Mundial del Comercio −de eso no hay duda, para eso está− y hay que modificar el Reglamento para garantizar su conformidad con esas exigencias. 
Ahora bien, mientras la propia OMC no recoja en el debate el sistema internacional de indicaciones geográficas y, por tanto, carezcamos de un registro internacional de indicaciones geográficas, no parece muy sensato que las modificaciones de nuestro Reglamento comunitario vayan más allá de lo estrictamente imprescindible. 
Además, hay que asegurar que los cambios en el Reglamento no acaben ocasionando retrasos en el registro y causen discriminaciones entre la Unión Europea y países terceros, porque el procedimiento de autorización comunitario requiere cumplir con unos requisitos muy elevados de calidad y seguridad alimentaria. 
¿Podría asegurar la Comisión ejecutiva que los productos de países terceros alcanzan esos mismos estándares? 
Sinceramente, creo que no. 
Por lo tanto, en ese sentido, creo que debe apoyarse la enmienda presentada por el PPE−DE y creo, además, que la diferencia de concepto en los Estados miembros sobre los sistemas sanitarios tiene que llevar a que los agricultores y los productores no sean los únicos que paguen la extensión a las denominaciones de origen de la normativa sobre higiene de los alimentos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar felicitando a nuestro ponente. 
El establecimiento de la denominación de origen protegida (DOP) , la indicación geográfica protegida (IGP) y la especialidad tradicional garantizada (ETG) es un paso en la dirección apropiada para el desarrollo de las zonas rurales. Ayudará a conservar el patrimonio natural y cultural y a ampliar el abanico de productos de alta calidad a un número creciente de consumidores exigentes y bien informados. 
Puedo dar fe de esto por la experiencia de mi país, en el que más de 100 productos han sido objeto de estos acuerdos, y la mayoría de ellos han registrado un éxito comercial razonable. 
En algunos casos el éxito del mercado representa tanto la rehabilitación de las razas indígenas que estaban abocadas a la extinción y de métodos de funcionamiento que de otro modo habrían estado en peligro o habrían desaparecido. 
La idea de las propuestas que tenemos ante nosotros ayudará a mejorar el marco reglamentario existente y ajustarlo a las normas de la OMC, que queremos cumplir. 
Quiero subrayar que la identificación más clara de los símbolos comunitarios mediante colores, la identificación del origen y del lugar de procesado de productos de terceros países y el hecho de que prevaleciera la decisión de la Comisión, proporcionan una mayor credibilidad al proceso, lo cual comportará unos precios más baratos y menos burocracia. 
– Señor Presidente, antes de abordar el tema del debate de hoy, es importante que deje constancia en esta Cámara del hecho de que la industria azucarera irlandesa va a cesar su producción totalmente. 
Se ha anunciado hoy en Irlanda. 
Cuando hablamos de la OMC, Irlanda es su primera víctima desde el punto de vista de la producción de remolacha azucarera. 
Trescientos trabajadores perderán sus empleos y 3 500 agricultores se verán afectados gravemente. 
¿Es esto una señal de aviso de lo que está por venir, mientras aumenta el poder de la OMC para determinar nuestra agricultura en Europa? 
Si hoy se sacrifica la remolacha azucarera, como se ha hecho en Irlanda, ¿qué pasará mañana con la ganadería bovina en la UE? 
Respecto a este informe, agradezco al ponente su buen trabajo. 
No obstante, me temo que a veces hablamos de este tema con gran intensidad –como es debido– pero ignoramos la imagen más amplia de la producción de mercancías en la Unión Europea, que también necesita protección. 
Lamento que en Irlanda solo tengamos tres productos registrados con la descripción IGP, pero tenemos cientos de pequeñas empresas alimentarias que podrían acogerse a la protección que ofrece esta normativa. 
Les insto a que lo hagan. 
Si queremos hacer frente a los retos desde el punto de vista de la reforma de la PAC y las presiones de la OMC, vamos a necesitar cada vez más especialidades. 
Tenemos que reconocer que la continuidad de la producción alimenticia en Europa depende de un compromiso con el sector y del reconocimiento de que no cabe esperar la supervivencia a la embestida del acceso ilimitado al mercado de productos de bajo coste producidos fuera de la Unión con unas normas distintas y menos exigentes. 
Por supuesto, protejamos y animemos a aquellos que quieren producir especialidades, pero reconozcamos también que la agricultura de la UE produce mercancías de especificaciones muy estrictas que también necesitan protección. 
– Señor Presidente, en primer lugar, también yo quiero felicitar al ponente, el señor Graefe zu Baringdorf, por el notable trabajo realizado con el fin de informar y proteger mejor tanto a los productores y los fabricantes como a los consumidores, sin manifestar por ello un proteccionismo conservador, sino, por el contrario, respeto y reconocimiento por nuestra pericia. 
Sin embargo, esto no gusta a todo el mundo, y la mejor prueba de ello es la belicosidad mostrada en los Estados Unidos y Australia, que quieren que las indicaciones geográficas se admitan solo de forma excepcional y se limiten a determinados vinos y licores. 
La Unión Europea debe defender las indicaciones geográficas con todas sus fuerzas y demostrar una gran destreza diplomática, en particular y ante todo en el marco de las próximas negociaciones para la transposición de las decisiones de Hong Kong. 
Las indicaciones geográficas constituyen un excelente medio de alcanzar un enfoque cualitativo del comercio internacional. 
Por desgracia, no se observa ningún signo de consagración duradera de las indicaciones geográficas en el marco de la OMC. 
La Comisión Europea debe desempeñar un papel importante a este respecto. 
Seamos conscientes, pues, de que la calidad y el reconocimiento son portadores de esperanza para el futuro de la agricultura europea. 
– Señor Presidente, doy las gracias a mis colegas diputados y quisiera transmitir una parte de estas grandes alabanzas a mis colaboradores. 
Señor Mulder, también me ha complacido su contribución. Estamos de acuerdo en la sustancia, pero también me complace que usted haya alabado mi compromiso. 
Sin duda, ahora ambos nos llevamos bien y llevamos en esto mucho tiempo; aun así, nos siguen preocupando las cosas y no nos hemos cansado de luchar por lo que creemos apropiado. 
Cuando se queja de que solo hay dos tipos de indicación de calidad, comparto su crítica. 
Esto debe extenderse; no solo debemos buscar la seguridad en el sentido de que la gente no muera por comer algo, sino también respetar el placer de comer, al igual que la calidad, el origen y el esfuerzo de generaciones. 
Esta combinación de economía de libre mercado y aseguramiento de la calidad es justo lo que necesitamos. 
Sin duda, la orientación del mercado es positiva, pero necesita combinarse con una apreciación de lo que se está logrando aquí. 
En respuesta a la pregunta de hace un rato sobre si se trata de una cuestión puramente administrativa, solo puedo decir: no, no es una cuestión administrativa, es un sistema desarrollado durante generaciones que ahora recibe garantías legislativas y administrativas. 
Eso es muy distinto de que se nos imponga algo. 
Si no nos beneficiáramos con esto, no estaríamos celebrando este debate en el seno de la OMC. 
Es natural que las multinacionales estén al tanto del valor añadido que se está creando aquí, y desde luego es considerable. 
Entre nosotros, lamentablemente Irlanda –país que he oído mencionar dos veces– todavía tiene que dar buen ejemplo, y le insto a que anime a aquellas de sus regiones que elaboran productos de este modo a que presenten una solicitud. 
No debe haber omisiones a este respecto. 
Ese es un aspecto de la información que podemos facilitar, incluso al Parlamento. 
También quisiera mencionar la colaboración con la señora Lulling. 
Puede que no sea la diputada de más edad, pero es la que más tiempo lleva sirviendo entre nosotros. 
Cualquiera que haya trabajado con ella sabe que no siempre es tarea fácil. Esto no tiene que ver únicamente con la orientación política, sino también con la señora Lulling como persona. 
No obstante, hemos conseguido presentar enmiendas conjuntas en algunos ámbitos. Aquí me gustaría señalar algunas de las más importantes. 
Por alguna oscura razón, el Consejo ha introducido una disposición al efecto de que a cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés legítimo puede cancelársele un registro de una denominación de origen o de una indicación de calidad especial. 
De hecho, puesto que estamos hablando de valor añadido, naturalmente surgirá el deseo de transformar esto en marcas comerciales. 
Para demostrar que no estamos realizando una actividad comercial, hemos presentado una enmienda conjunta. 
Quiero pedir a la Comisión que garantice realmente que el Consejo la asuma. 
Si se cancela una denominación protegida, no puede transformarse en marca comercial durante un período de cinco años. 
Esto nos da cierta libertad, y encarece un poco el precio para aquellos que quieren transformar las denominaciones en marcas comerciales y ofrecen a los ciudadanos o las regiones algo a cambio. 
Debemos proceder con mucho cuidado en este tipo de situaciones. 
Espero que la Comisaria siga impulsando esta cuestión. 
Quisiera expresarles mi más sincera gratitud por un debate tan constructivo como el que ha tenido hoy lugar aquí. 
. Señor Presidente, el ponente ha recibido elogios de bastantes diputados y en nombre de la Comisión quiero sumarme a ellos. 
Permítanme comentar algunos de los puntos planteados durante este debate. 
A modo de comentario general –el señor Graefe zu Baringdorf y el señor Castiglione han mencionado este punto– quisiera subrayar de nuevo que con estas propuestas la Comisión quiere lograr la conformidad de nuestra legislación con las conclusiones de los grupos especiales de la OMC. 
Este punto incluye numerosos aspectos del procedimiento y elementos de simplificación, para que el sistema pueda apoyar la implementación de los resultados de la OMC. 
El señor Allister ha mencionado ese punto, que en mi opinión responde a sus preocupaciones. 
Respondiendo al señor Mulder, reitero la intención de la Comisión de volver a revisar con más detalle las distintas cuestiones políticas que no están relacionadas con los resultados de la OMC y la cuestión más amplia de la política de calidad de la agricultura en la CE en el próximo año. 
He aprendido muchas cosas esta tarde, incluido el comentario del señor Mulder sobre el queso Edam. 
Debo explicar al señor Mulder que el Edam es un tipo de queso que puede producirse en cualquier lugar. 
Es una norma del Codex. 
No obstante, el Edam de Holanda del Norte está protegido, y es un producto neerlandés de calidad. 
Así que ¡coman más queso de Holanda del Norte! 
Permítanme comentar más en detalle el intercambio de puntos de vista y abordar algunas de las cuestiones que han planteado sus Señorías. 
Respecto a los logotipos, los tres establecidos por las normas de la Comisión ya son distintos entre sí. 
También quiero dejar claro que cualquier ventaja que se conceda a los productores de la CE –y creo que la utilización de un símbolo comunitario es una de estas ventajas– estará igualmente abierta a productores de terceros países. 
Esa respuesta es para el señor Castiglione y para la señora Herranz García. 
No obstante, la Comisión está de acuerdo en que hay que seguir estudiando esto, cosa que se llevará a cabo en el marco de una revisión política más amplia que la Comisión pretende realizar tan pronto como esta propuesta se haya implementado. 
Varias enmiendas tratan de las obligaciones de los Estados miembros y la Comisión, que ha mencionado el señor Podkański. 
La Comisión no tiene intención de alterar la distribución actual de competencias entre los Estados miembros y la Comisión. 
Las enmiendas 23 y 24 exigen un período de tiempo para que la Comisión examine y publique las solicitudes. 
Estoy de acuerdo en que la Comisión debe desempeñar sus funciones en un período de tiempo razonable. 
La señora Lulling y la señora Salinas García han mencionado ese punto. 
Estoy de acuerdo en que deberíamos tener en cuenta la definición de período de tiempo razonable, lo cual no es fácil, dada la complejidad de las solicitudes. 
Sin duda, no es realista examinar y publicar todas las aplicaciones en seis meses; doce meses sería un período más aceptable. 
Sus enmiendas respecto a los controles reflejan el objetivo de la propuesta de la Comisión, que es garantizar que se entienda claramente que en toda la CE hay autoridades responsables de hacer cumplir las normas comunitarias relativas a las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales. 
Tampoco cabe duda de que estos controles se realizarán en el marco del Reglamento (CE) nº 882/2004 respecto a los controles oficiales realizados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación sobre alimentos y piensos. 
Quiero mencionar los puntos que únicamente se refieren al informe de las indicaciones geográficas. Son el uso de ingredientes en productos procesados y el origen de las materias primas. 
Confirmo que sus propuestas relativas al uso de nombres protegidos en relación con los ingredientes para los productos procesados se corresponden con algunas de las preocupaciones de la Comisión. 
No obstante, las normas generales de etiquetado ya incluyen los casos de información engañosa. 
Un número mayor de restricciones respecto al uso de nombres registrados para productos procesados supondría un importante cambio político que merece una evaluación adecuada y exhaustiva. 
He tomado nota de varias enmiendas respecto al etiquetado de origen u otras condiciones aplicables a las materias primas. 
La Comisión comparte el objetivo del señor Graefe zu Baringdorf de que no habría que confundir a los ciudadanos a este respecto. 
Sin embargo, tenemos que ser muy prudentes. 
Cualquier cambio político en este terreno puede afectar a derechos ya concedidos a los usuarios de ciertas designaciones. 
Por último, voy a realizar algunos comentarios sobre el informe de las especialidades tradicionales garantizadas. 
La normativa actual sobre especialidades tradicionales garantizadas no contempla una definición del término «tradicional». 
Proponemos la introducción de la obligación de demostrar el uso durante un período de tiempo mínimo de 25 años. Creemos que es un buen compromiso. 
Por consiguiente, la Comisión puede aceptar en principio las siguientes enmiendas en el informe sobre indicaciones geográficas: enmiendas 1, 10, 11, 15, 25, 29 y 31. 
De las enmiendas de última hora presentadas en este periodo parcial de sesiones, la Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 41, 43, 49 y 54. 
En el informe sobre especialidades tradicionales, puede aceptar las enmiendas 6, 10, 13 y 16. 
La Comisión no puede aceptar las demás enmiendas a estos informes. 
– El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la pregunta oral del señor Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión sobre las profesiones jurídicas y el interés general en el funcionamiento de los sistemas jurídicos (O–0003/2006 – B6-0005/2006). 
. – Señor Presidente, Señorías, en realidad estoy aquí en representación de mi colega el señor Gargani, quien en su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos es el verdadero autor de esta pregunta. 
Sin embargo, es para mí un honor hacerlo. 
Antes de justificar en detalle esta pregunta, quisiera decir algunas palabras sobre los antecedentes. 
La historia de esta cuestión, la de las profesiones liberales, especialmente las profesiones jurídicas –a las que se refiere esta pregunta– se remonta a varios años atrás. 
El Parlamento abordó esta cuestión en la anterior legislatura basándose en dos preguntas para su respuesta oral en las resoluciones correspondientes, especialmente a la luz de las actividades de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios bajo el mandato de Mario Monti, el anterior Comisario de Competencia, y también en vista del estudio realizado por el Instituto de Viena de Estudios Avanzados, que desencadenó todo este debate. 
No quiero ocultar el hecho de que la Comisión de Asuntos Jurídicos siempre ha estado muy convencido –incluso en todo el espectro político– de que este estudio de Viena incluía un enfoque muy parcial, influido por los aspectos económicos, y no tenía en cuenta suficientemente el papel específico de las profesiones liberales, especialmente las profesiones jurídicas, en la administración de justicia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos también temía –y esto quedó reflejado hasta cierto punto en los documentos– que la Comisión no siempre hubiera sacado las conclusiones correctas de los documentos del estudio de Viena y que además estuviera dirigiendo conscientemente una política que dudábamos de si era correcta en el caso de algunas cuestiones concretas. 
Después de todo, las profesiones liberales, con su importancia particular, simplemente no pueden compararse con el supermercado de la esquina desde el punto de vista de la política y la normativa en materia de competencia. 
Sus orígenes son distintos, su importancia para el funcionamiento de la sociedad es distinto. 
Presentar otra pregunta para que sea respondida oralmente hoy, tras el último informe provisional de la Comisión presentado por la Comisaria Kroes –la semana que viene seguirá una resolución de acompañamiento– continúa prácticamente la tradición de la anterior legislatura. 
Quisiera dejar muy claro en este contexto que nosotros también somos muy conscientes de que habría que prescindir de las costumbres anticuadas. 
Ya no vivimos en la Edad Media, y el sistema gremial pertenece al pasado. 
No obstante, hay que tener en cuenta especialmente las características distintivas de las profesiones liberales: especialmente de las profesiones jurídicas, que son lo que interesa a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Estas características forman parte del sistema judicial y tienen que funcionar. 
Si el sistema no funciona, el público sufre porque no dispone de suficiente protección jurídica, y esto significa que también se cuestiona una parte intrínseca de la democracia, el Estado de Derecho. 
Por eso las normas para las profesiones liberales han de examinarse con mucho cuidado y con todo detalle, por eso tenemos que considerar detenidamente lo que se necesita para dar protección jurídica y acceso a la justicia a todos los ciudadanos de un modo tan eficaz y seguro como sea posible, incluso en la práctica. 
Naturalmente, esto debe hacerse especialmente respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Ahora quisiera volver sobre un problema concreto que sin duda ha sido abordado junto con esta pregunta, y que fue una de las razones por las que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha querido celebrar otro debate sobre esta cuestión en la sesión plenaria de hoy. 
Ese problema es el papel específico de las tarifas en las profesiones jurídicas liberales, puesto que en muchos Estados miembros de la UE tienen una naturaleza y una importancia especiales, en concreto en relación con las normas de reembolso de las costas legales, y también en situaciones en las que las compañías que realizan seguros de costas quieren realizar reembolsos por sí mismas en nombre de sus clientes. 
Estas cosas son prácticamente imposibles sin tarifas y están profundamente enraizadas en las tradiciones jurídicas de muchos Estados miembros. 
Como tales, no deberían cuestionarse sin una buena causa, porque también representan un aspecto fundamental de la protección del consumidor. 
Esto debería quedar muy claro en este contexto. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ha sido muy cuidadosa en el pasado al tratar cuestiones de este tipo. 
Recientemente –hace algunas semanas– vimos un ejemplo concreto en el que el Abogado General también intentó demostrar en debido cuidado en esas cuestiones. 
Para nosotros es muy importante que la Comisión deje de tratar esta cuestión fundamental –que es muy importante para el funcionamiento de las profesiones jurídicas en muchos Estados miembros– de la manera que parecen sugerir los documentos de la Comisión. 
La Comisión no puede tratar a las profesiones liberales del mismo modo que a los supermercados. 
Estas profesiones tienen una importancia y un papel especial. 
Algunos Estados miembros han abolido ahora las tarifas y es interesante ver cómo esto ha supuesto un incremento de los precios para los abogados y los consumidores, por ejemplo; en algunos casos son mucho mayores, por término medio, que los de los Estados miembros que todavía tienen un sistema de este tipo. 
Especialmente respecto a la tendencia de los precios, este sistema ha garantizado que la protección jurídica de los consumidores siga siendo accesible y sostenible desde el punto de vista financiero. 
Ahora nos gustaría recibir una respuesta de la Comisaria Kroes, que ya ha tenido la oportunidad de debatir esta cuestión con nosotros en la comisión parlamentaria en nombre de la Comisión Europea. 
Entonces tendremos la oportunidad de responder a la misma, tanto en el contexto del debate como en el contexto de la resolución, la semana que viene. 
. Señor Presidente, la Comisión da las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos por su pregunta y al señor Lehne por el excelente trabajo realizado aquí esta tarde. 
Ha presentado sus puntos de vista de manera muy clara. 
La Comisión reconoce la función especial de la abogacía en la buena administración de la justicia y en la promoción del acceso a la justicia; por cierto, respondiendo al ejemplo citado por el señor Lehne, la Comisión también reconoce que los supermercados son muy importantes y miembros muy honorables de nuestra comunidad y de ninguna manera estamos cuestionando este punto. 
Pero decimos que tenemos que reconsiderar la normativa actual del sector para ver lo que puede modernizarse para promover nuevos tipos de servicios y nuevas formas de hacer las cosas. 
Eso redunda en beneficio de los usuarios de estos servicios clave. 
Así que proponemos que los Estados miembros utilicen una prueba de proporcionalidad para ver hasta qué punto la normativa actual sirve realmente al interés público. 
Este enfoque respeta plenamente el principio de subsidiariedad. Permite que las circunstancias nacionales y las características especiales de la abogacía se tengan plenamente en cuenta. 
Sin duda, la Comisión está de acuerdo con la necesidad de nuevas normas. 
Repito: nuestra iniciativa está destinada a mejorar la normativa, no a desregular. 
También reconocemos que los Estados miembros tienen derecho a determinar el equilibrio entre normas estatales y autorregulación por parte de organismos profesionales. 
Respecto a la cuestión del derecho de los Estados miembros a establecer aranceles, quiero subrayar la posición de la Comisión en su informe de febrero de 2004. 
En nuestra opinión, la sentencia sugiere que las medidas estatales por las que se delegan poderes reguladores en organismos profesionales para establecer tarifas pueden cuestionarse de acuerdo con las normas de competencia, por ejemplo la letra g del apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 10 y el artículo 81 CE – si el Estado no tiene la última palabra y ejerce un control eficaz de la implementación de estos aranceles. 
Esperamos una mayor aclaración de este punto cuando el Tribunal emita se pronuncie con carácter prejudicial en el caso (asunto C-202/04). 
Por último están las normas del mercado interior. Estas normas se encuentran implicadas en otro caso pendiente ante el Tribunal de Justicia Europeo, el caso (asunto C-04/04) , relativo también a la responsabilidad de los Estados miembros sobre la fijación de precios. 
La Comisión considera que los precios mínimos de los servicios de abogados suponen una restricción de la libertad de prestación de servicios porque neutralizan la ventaja competitiva de los proveedores de servicios de otros Estados miembros. 
Además, no vemos justificación alguna para fijar precios mínimos de acuerdo con la prueba de proporcionalidad, puesto que por sí mismos no garantizan la calidad, el acceso a la justicia o una buena conducta ética. 
. Señor Presidente, la pregunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos es oportuna, pues han de considerarse de forma especial las relaciones de abogados y notarios, y de las profesiones jurídicas en general —como ha dicho el señor Lehne—, con sus clientes. 
La Comisión Europea no debe tratar estos casos como si fueran una simple relación mercantil entre cliente y proveedor de servicios. 
La relación entre abogado o notario y cliente afecta a la buena marcha de algo tan delicado para la democracia, como también ha dicho el señor Lehne, como es la administración de justicia. 
La intervención de los colegios de abogados en los diversos países es muy benéfica para las relaciones, no solo corporativas, sino también de defensa del interés público. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que tanto espera la señora Kroes, reconoce hasta ahora el respeto a la normativa europea de sistemas que, como el español, tienen tarifas de honorarios meramente orientativas, no mínimas, que sirven a la administración de justicia para fijar la condena en costas, en definitiva controlada siempre judicialmente. 
Tampoco debería cuestionarse la oposición de los abogados de muchos países al pacto de. 
Ese pacto va contra la dignidad del trabajo y es una falta de consideración y respeto para la profesión. 
La prohibición del pacto ha sido aceptada también, señora Kroes, por los tribunales nacionales. 
Pido a la Comisión Europea que respete el funcionamiento de instituciones que, como los colegios de abogados y de notarios, funcionan bien en líneas generales desde hace más de dos siglos, con los altibajos e interrupciones históricas que hayan tenido lugar. 
No olvide que constituciones, como la española, reconocen el alto papel de los colegios y de sus altos fines. 
La Comisión Europea debería ser fiel a la tradición europea y no a la estadounidense, nueva. 
Hay que estar al lado de los pequeños despachos de abogados. 
No cometan ustedes un error. 
. – Señor Presidente, ha quedado claro que la mayoría de miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos siente pasión por la abogacía. 
Para muchos de nosotros, entre los que me incluyo, era nuestra profesión antes de llegar aquí, y en ese sentido tenemos interés por ella. 
No obstante, a pesar de lo que me pueda haber apasionado mi anterior profesión y su independencia, me apasiona más el acceso a la justicia y a los servicios jurídicos en general y el modo en que podemos ofrecer esos servicios para que sirvan el interés público. 
El interés público en el acceso a la justicia debe ser, en mi opinión, nuestro objetivo primordial y no la protección o la conveniencia de los abogados que puedan encontrar más cómodo seguir ofreciendo sus servicios del mismo modo que lo han hecho siempre. 
La profesión ha de ser independiente, pero su proteccionismo debe servir exclusivamente al interés público. 
Me parece que en Europa tenemos una oportunidad maravillosa de intentar averiguar lo que sirve mejor al interés público. 
Por ejemplo, siempre he pensado que la escala de honorarios en Alemania en su grado interior funciona bien para garantizar que los demandantes con pleitos de menor cuantía puedan acudir a la justicia. 
En mi país, a menudo esto supone un problema porque los gastos son muy elevados, y cuando disponemos de cierto tipo de honorarios fijos, estos son tan bajos que los abogados rechazan el trabajo. 
Se trata de equilibrios delicados, pero Europa nos da la oportunidad de considerar muchas respuestas que puede haber disponibles para estos problemas y escoger lo mejor para la sociedad a la que intentamos servir, y no deberíamos asustarnos ni ser protectores por buscar lo mejor. 
Creo que mientras la Comisión comparta ese objetivo, podremos trabajar juntos. 
. Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la conclusión de la señora Wallis. 
Busquemos lo mejor y hagámoslo juntos. Ese es el único modo en el que podemos responder a todos los clientes y a los clientes potenciales de esos profesionales de los que hablamos. 
Quisiera volver a subrayar algunos mensajes clave respecto a nuestras aspiraciones en este terreno. 
Nuestra iniciativa se refiere a la mejora de la normativa. 
¿Qué significa eso? 
Significa establecer una normativa equilibrada y no más restrictiva de lo estrictamente necesario. 
Queremos promover, no obstaculizar, el acceso a la justicia. 
Eso es lo que realmente tiene sentido. 
Abriendo la puerta a una mayor competencia en ese sector se conseguirá precisamente eso; ocasionará la prestación de nuevos tipos de servicios innovadores. Sin duda, esa es una gran ventaja. 
Beneficiará a todas las partes liberando el potencial del sector en términos de crecimiento y empleo, al mismo tiempo que proporcionará unos servicios de mayor calidad y una mayor oferta para los consumidores. 
Quisiera comentar más detalladamente la importante cuestión de los precios fijos, que se ha puesto sobre la mesa como cuestión principal esta tarde. 
En general, no veo ninguna justificación objetiva para unos precios fijos a gran escala, incluso para el trabajo en los tribunales, para todos los consumidores y usuarios empresariales. 
Puede que haya ciertas circunstancias limitadas en las que una regulación de precios esté justificada: por ejemplo, cuando sea necesario proporcionar una protección especial para ciertos grupos desaventajados, incluidos los que reciben salarios bajos. 
Eso puede exigir una regulación de precios muy limitada y cuidadosamente selectiva. 
No obstante, de manera más general, los consumidores y usuarios de empresas probablemente disfruten de una situación mejor con una serie de ofertas de distintos proveedores de servicios entre los que comparar y elegir. 
No obstante, en los sistemas en los que la parte perdedora se hace cargo de las costas legales, veo cierta justificación en que se disponga de una guía para los jueces a la hora de decidir las costas. 
No estoy diciendo que la eliminación de la regulación de los precios o que una regulación más laxa vaya a ocasionar automáticamente unos precios inferiores, una mayor oferta para los consumidores o la creación de nuevos empleos. 
En cuanto a la eliminación de la regulación de precios en el Reino Unido como causa de unas costas legales elevadas, no me consta ninguna prueba que demuestre que la desregulación de precios en el Reino Unido haya supuesto problemas para los ciudadanos de este país a la hora de acceder a la consulta y a la representación legal, o que las costas legales hayan aumentado de manera desproporcionada debido a ello. 
De hecho, el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales observó en 1999 que la introducción de una mayor competencia en el ámbito de las funciones notariales de transmisión de propiedades ocasionó una disminución de precios de hasta el 24 % en la década de los noventa y abrió el camino a que los consumidores compararan y escogieran la mejor opción. 
En el país que mejor conozco, la investigación en 2002 descubrió que la introducción de la competencia en las funciones notariales comportaron un descenso de los honorarios. 
Por último, un comentario sobre la calidad. 
Todos queremos que los consumidores europeos tengan acceso a unos servicios jurídicos de calidad. Es algo esencial si queremos que el acceso a la justicia para todos sea una realidad. 
Pero no creo que para ello sea esencial contar con unos precios fijos. 
No me consta ninguna prueba que sugiera que la eliminación de tarifas fijas haya causado un deterioro de la calidad de los servicios jurídicos en los Estados miembros en los que se ha dado esta circunstancia, aunque la calidad tiene un precio. 
Un precio fijo por sí mismo no garantiza la calidad. 
El lema que voy a retomar de la señora Wallis es: «busquemos lo mejor y hagámoslo juntos». 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves, 23 de marzo, en Bruselas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los preparativos de la reunión COP-MOP sobre la diversidad y la seguridad biológicas, que tendrá lugar en Curitiba, Brasil. 
. Señor Presidente, la Comisión Europea tiene la firme voluntad de cumplir y reforzar las obligaciones internacionales relacionadas con la biodiversidad. 
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio ha subrayado la necesidad de tomar medidas drásticas si queremos evitar la pérdida irreparable de los servicios de los ecosistemas de los que depende el bienestar humano. 
Si no prestamos atención a los vínculos entre el desarrollo económico y la biodiversidad, también pondremos en peligro el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio concluye que «se precisa un esfuerzo sin precedentes para lograr el objetivo de 2010 de una reducción significativa del ritmo de pérdida de biodiversidad en todos los niveles». 
Ese objetivo mundial de biodiversidad para 2010 fue adoptado por el Convenio sobre Diversidad Biológica y aprobado en la Cumbre Mundial de Johanesburgo sobre Desarrollo Sostenible. 
Por lo tanto, se precisa un compromiso político de alto nivel para reforzar e aplicar el Convenio sobre Diversidad Biológica y lograr el objetivo de 2010. 
La octava conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tendrá lugar en las próximas dos semanas en Curitiba, Brasil. 
La COP-8 vendrá precedida de la tercera reunión de las partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. 
Se trata de importantes actos internacionales en materia de medio ambiente y el Comisario Dimas asistirá a la reunión ministerial de la octava conferencia de las partes del 26 al 30 de marzo. 
El Consejo de Medio Ambiente del pasado miércoles adoptó conclusiones que establecían las prioridades de la UE para la octava conferencia de las partes. 
Las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, reforzar la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica y controlar el progreso hacia el logro del objetivo de biodiversidad de 2010; en segundo lugar, progresar en la implementación del programa de trabajo en zonas protegidas por el Convenio sobre Diversidad Biológica, y en especial respecto a su objetivo de establecer una red mundial de sistemas integrales de zonas protegidas nacionales y regionales, ecológicamente representativos y efectivamente gestionados. 
Eso debería ultimarse para 2010 con respecto a las zonas terrestres y para 2012 con respecto a las zonas marinas. Eso también exigirá un avance con respecto a las zonas marinas que se encuentran fuera de toda jurisdicción nacional. 
El Convenio sobre Diversidad Biológica debería establecer criterios científicos para la identificación de zonas y especies marinas en alta mar que requieren una protección más urgente. 
La tercera conclusión se refiere al progreso de las negociaciones de un régimen internacional sobre el acceso y la distribución de beneficios. 
Respecto a la tercera reunión de las partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, nuestras prioridades consisten en ultimar la adopción de los requisitos de documentación para la circulación transfronteriza de OGM, seguir desarrollando las orientaciones para la evaluación de riesgos y debatir medidas adicionales sobre su cumplimiento. 
Las cuestiones de creación de capacidad también ocuparán un lugar central en la tercera reunión de las partes. 
La Comisión propugna enérgicamente la inclusión de diputados al Parlamento Europeo en calidad de observadores en delegaciones comunitarias que negocian acuerdos multilaterales y ya lo ha hecho en varias ocasiones. 
Por ello, la Comisión acoge con satisfacción la participación de diputados al Parlamento Europeo en la COP-8 y cree que pueden realizar una contribución importante. 
Dentro de los límites impuestos por los recursos de personal disponibles en la COP, la Comisión informará regularmente a los diputados al Parlamento de la evolución de las negociaciones, de conformidad con el acuerdo interinstitucional. 
. – Señor Presidente, hace ahora 13 años que se firmó la Convención sobre la Diversidad Biológica, y aun así la diversidad biológica de la Tierra está cada vez más deteriorada. 
Cuando comience la octava conferencia de las partes del acuerdo la semana que viene, el mundo contará con 16 000 especies animales y 60 000 especies vegetales en peligro de extinción. 
Estamos explotando nuestros ecosistemas de manera insostenible. 
A escala global, el principal factor que merma la diversidad es el uso de la tierra que cambia el medio ambiente natural para hacerlo más rentable. 
Cada año, un 2 % de los entornos naturales originales de la Tierra se convierten en terrenos agrícolas y silvícolas o se integran en el medio ambiente urbano. 
Dado que los problemas de los hábitats, sus especies y la pérdida de diversidad genética normalmente solo se observan después de que haya pasado cierto tiempo, no se ha prestado atención suficiente a la naturaleza del techo de la biodiversidad en el marco del cambio global. 
A resultas del deterioro de los ecosistemas, su función y los servicios gratuitos que prestan a los humanos, como la producción de agua limpia y el mantenimiento del ciclo hidrológico, la fijación del carbono, la polinización de plantas comestibles y el reciclado de nutrientes podrían verse afectados de manera muy adversa. 
Los ecologistas y economistas han calculado que el valor de los servicios gratuitos prestados por la naturaleza asciende a la increíble suma de unos 23 000 millones de euros al año, que es más que el producto nacional conjunto de todo el mundo. 
Los servicios prestados por un ecosistema pueden devolverse hasta cierto punto, por ejemplo, con la reforestación de superficies taladas, pero las plantaciones forestales no compensarán la diversidad de los bosques naturales. 
Por ello compartimos el mismo deseo claro: queremos frenar el empobrecimiento de la naturaleza. 
No obstante, ¿hallaremos la sabiduría para embarcarnos en una vía efectiva en este sentido? 
La resolución incluye muchas recomendaciones valiosas, pero cuando uno mira a la propia naturaleza, no puede más que maravillarse ante su sabiduría. 
La propia naturaleza es infinitamente productiva, creativa e incluso extravagante, pero al mismo tiempo eficaz y práctica. 
La naturaleza nos dice cómo es un sistema de producción natural económico y qué objetivos debemos perseguir con un diseño de producto ecológico. 
A la naturaleza no le preocupa la política de producto integrada de principio a fin: para la naturaleza, todo siempre es el principio de algo nuevo. 
Necesitamos el mismo tipo de sabiduría –pero también un enfoque imparcial– para poder superar las dificultades futuras. 
. – Señor Presidente, existe un amplio consenso en torno a la necesidad de reforzar la gestión ambiental internacional. 
El cambio climático es el mayor de los problemas ambientales mundiales, pero lamentablemente no el único. 
El descenso del número de especies en el mundo ya amenaza la viabilidad de nuestra sociedad. 
Por esta razón, necesitamos resultados reales de la próxima Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas respecto a la diversidad biológica en la UE. 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el acuerdo internacional vigente adoptado por más países sobre la conservación de la diversidad biológica. 
Lo han suscrito 188 países, incluidos los 25 Estados miembros de la Unión Europea. 
Con el fin de garantizar que el Convenio tenga el efecto más amplio posible, es esencial que se aplique de manera efectiva en los distintos ámbitos políticos, que sea compatible con otros acuerdos internacionales sobre el medio ambiente y que todos puedan coordinarse de manera conjunta. 
No obstante, el problema más grande para una aplicación efectiva es el número insuficiente de indicadores que describan la diversidad biológica. 
No sabemos lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente o cómo podemos responder mejor a este reto. 
La Comisión tiene que trabajar mucho para elaborar estos indicadores. 
La Unión Europea debe ser la que señale el modo de reforzar la dimensión mundial del desarrollo sostenible. 
Deberíamos estar dispuestos a acordar objetivos vinculantes para todos nosotros, para que podamos ser capaces de poner fin al empobrecimiento de la naturaleza y salvaguardar sus riquezas; no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. 
. – ¿Por qué necesitamos conservar la diversidad biológica? 
La respuesta es sencilla: porque está directamente relacionada con nosotros, con las personas. 
El hombre forma parte de la diversidad biológica; el hombre influye en los organismos vivos que lo rodean y que a su vez influyen en él. 
Sin embargo, cada día el hombre destruye un número desconocido de especies vivas, puesto que sus acciones inducen el cambio climático, aumentan la contaminación del medio ambiente y destruyen los hábitats naturales de plantas y animales. 
Las actividades humanas, que no tienen analogía en la naturaleza, normalmente son desastrosas desde el punto de vista de la diversidad biológica. 
Una evaluación de los datos disponibles en poder de varios Estados europeos sobre las condiciones de las poblaciones de aves y mamíferos y las variaciones de su abundancia demuestra que la conservación a largo plazo de muchas de estas especies no puede garantizarse sin un cambio urgente y decidido de la política y la estrategia de protección biológica. 
La llamada simplificada estrategia de protección ambiental, que ya se ha utilizado anteriormente, solo intenta tener en cuenta las necesidades de las especies que corren el mayor peligro de extinción. Dicha estrategia ya no es válida. 
Considero muy positivo el ambicioso objetivo de la Unión Europea de poner fin al declive de la diversidad biológica antes de 2010. 
Para llevar a cabo este objetivo es necesario crear un sistema de indicadores biológicos que ayude a evaluar el progreso en la aplicación de obligaciones asumidas al amparo del Convenio de Diversidad Biológica. 
Debemos redactar planes nacionales de acción y coordinar la recogida, el análisis y la publicación de datos a escala internacional. 
Sin duda esto también requiere una inversión financiera. 
Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es simbólico que precisamente hoy estemos debatiendo sobre la conservación de la diversidad biológica. 
La creciente promoción del consumismo, que, como se ha afirmado, incrementa el crecimiento económico y el bienestar de todas las personas, perjudica diariamente cada vez más el medio ambiente. 
. – Señor Presidente, esta resolución brinda al Parlamento una oportunidad crucial para enviar una resolución enérgica a las partes que van a reunirse en Brasil sobre el valor que otorgan los ciudadanos de Europa a la biodiversidad y a los recursos naturales del mundo. 
Quiero centrarme únicamente en dos de esos recursos. 
Los últimos bosques antiguos del mundo se están perdiendo a un ritmo de más de 13 millones de hectáreas al año, con un efecto devastador. 
Es preciso establecer y financiar una red mundial de zonas forestales protegidas, y los países deben establecer objetivos conmensurables de prohibición temporal para garantizar que el uso, el consumo y el comercio de los recursos de la biodiversidad provengan exclusivamente de fuentes sostenibles. 
También debemos hablar urgentemente de la cuestión de los cultivos diseñados a base de tecnologías suicidas. 
Estos cultivos producen semillas estériles, con lo cual los agricultores no podrán reservar semillas de los cultivos de un año para sembrarlas el año siguiente, obligándolos a comprar semillas cada año de empresas biotecnológicas cuyo control sobre las semillas ya es enorme: solo diez empresas controlan más del 50 % de las ventas mundiales de semillas. 
Las consecuencias para la seguridad alimentaria, especialmente en países en vías de desarrollo y para los medios de vida de los agricultores pobres, serían enormes. 
Cualquier propuesta que mine la moratoria de las pruebas sobre el terreno y la comercialización de estas semillas suicidas deben rechazarse firmemente, y por eso nuestro Grupo ha presentado una enmienda para mañana a fin de reforzar ese punto. 
– Señor Presidente, en los últimos dos siglos el crecimiento de la población, la explotación de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente han llevado a una pérdida de crecimiento cada vez mayor. 
Como hoy se ha reiterado, el hombre depende de la biodiversidad. 
Los bosques, por ejemplo, no solo nos aportan materias primas como la madera e incrementan el oxígeno del aire, sino que también nos purifican el agua y evitan la erosión y las inundaciones, una función cuya importancia se va reconociendo de forma creciente en todos los rincones del mundo, al apreciarse las consecuencias del cambio climático. 
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 se decidió, tal como ha expuesto la señora Comisaria, que debía ponerse freno a la pérdida de biodiversidad. 
La delegación del Parlamento Europeo criticó entonces la insuficiente ambición de esa exigencia. 
En el seno de la UE fuimos más allá y resolvimos que antes de 2010 debía invertirse la tendencia de la pérdida de biodiversidad. 
Creo que la Comisión y los Estados miembros deben seguir desempeñando un papel de liderazgo y deben asegurar que en la VIII Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica se llegue a un acuerdo sobre objetivos cuantificables y referidos a plazos concretos. 
La UE y los Estados miembros deben prestar asimismo especial atención a la biodiversidad marina, asunto en que la propia Unión ha de revisar su actitud. 
Quisiera tan solo hacer mención de la política de pesca comunitaria, que actualmente está siendo objeto de debate con nuestros socios ACP debido a la alarmante disminución de las poblaciones de diversas especies. 
– Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
El Grupo Independencia y Democracia me ha informado de que, con efecto desde ayer, 15 de marzo de 2006, está constituido por los siguientes veintidós diputados: 
Gerard Batten, Bastiaan Belder, Johannes Blokland, Godfrey Bloom, Jens-Peter Bonde, Graham Booth, Derek Roland Clark, Paul Marie Coûteaux, Nigel Farage, Hélène Goudin, Georgios Karatzaferis, Roger Knapman, Patrick Louis, Nils Lundgren, Michael Henry Nattrass, Kathy Sinnott, Jeffrey Titford, Philippe de Villiers, John Whittaker, Thomas Wise, Lars Wohlin y Vladimír Železný. 
Por este motivo, con efecto desde la citada fecha, los siguientes diputados son no inscritos: 
Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak y Andrzej Tomasz Zapałowski. 
– Señor Presidente, Señorías, solo pido que conste en Acta que el señor Bossi, el señor Borghezio, el señor Speroni y el señor Salvini rechazan el procedimiento absolutamente irregular que se ha seguido con respecto al tema de la comunicación que acaba de efectuar el Presidente. 
No fuimos informados de ninguna reunión. 
Esta decisión del Grupo Independencia y Democracia es totalmente ilegítima e irregular y, por tanto, la comunicación efectuada esta mañana por el Presidente también está basada en una decisión irregular e injustificada. 
Muchas gracias. 
Tomo nota de sus comentarios. 
– Señor Presidente, intervengo para pedir una modificación del Acta. 
Ayer olvidé firmar la lista de asistencia. 
Desde luego estaba aquí, como atestigua el acta del Turno de votaciones, e incluso participé en el debate sobre el informe Cottigny. 
Muchas gracias. 
Tomo nota de sus comentarios. 
Señor Presidente, mi intervención se refiere al artículo 172, relativo al acta de la sesión anterior. 
El martes presenté una pregunta al Consejo sobre un tema de gran urgencia para mi región, las Islas Canarias, sobre la crisis humanitaria de los naufragios de inmigrantes, que están llegando por centenares a mi región. 
La pregunta no recibió respuesta −el Consejo respondió muy pocas preguntas−, pero esperaba recibir, por lo menos, la respuesta escrita. 
Hoy, jueves, he recibido las actas literales: en ellas tampoco aparece la respuesta y no tengo ninguna forma de saber cuál es, porque los servicios del Parlamento no me la dan. 
Quería expresar mi protesta por el retraso en el funcionamiento de los servicios, ya que creo que para temas de urgencia, que es el objetivo de estas preguntas, es demasiado largo el tiempo transcurrido entre la fecha en que la pregunta no se responde y la fecha de recepción de la respuesta, teniendo en cuenta que ya existe la respuesta escrita. 
Quería expresar mi protesta y espero recibir la respuesta escrita lo antes posible. 
Muchas gracias. 
Quedará constancia de sus comentarios. 
– Señor Presidente, Señorías, en relación con la comunicación sobre mi exclusión y la de otros diputados del Grupo Independencia y Democracia, ha respondido usted que tomaba nota de ello y que se hará constar en el Acta. 
Sin embargo, esta respuesta me parece insuficiente. 
A través de nuestro jefe de delegación, el señor Borghezio, señalamos algunas irregularidades en el procedimiento de exclusión del Grupo, por lo que pido a la Presidencia que compruebe su regularidad. 
Si la Presidencia comprueba que todo ha sido correcto, me consideraré no inscrito, pero quisiera que la Presidencia comprobase que el procedimiento ha sido correcto. 
Muchas gracias. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0030/2006) del señor Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer un Programa de Acción Comunitario en el Área de la Salud y de la Protección de los Consumidores 2007-2013. Aspectos sanitarios [COM (2005) 0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A (COD) ]. 
. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera agradecer al ponente, el señor Trakatellis, su excelente trabajo en la redacción de este informe. 
Pero también quiero dar las gracias a los miembros de las dos comisiones por su magnífica tarea en el estudio y examen de este programa. 
Me complace sinceramente el gran número de oradores que han intervenido, así como las muchas propuestas presentadas. 
Igualmente quiero decir de entrada que de hecho, en circunstancias distintas, yo no podría estar en desacuerdo con la esencia de las propuestas presentadas. 
En lo que respecta a la división en dos programas, puede ser que tengamos puntos de vista diferentes, pero las recomendaciones añadidas a las acciones del programa amplían su alcance y lo hacen más efectivo, al abarcar más sectores. 
Asimismo, y esto no es menos importante, no solo se han previsto los recursos que la Comisión requiere para sostener el programa, sino que su presupuesto se ha incrementado aún más. 
Sin embargo, en las actuales circunstancias –y me refiero en concreto a las circunstancias económicas– lamentablemente debemos ser cautelosos y, usando una palabra que no me gusta demasiado, «realistas». 
El asunto más importante que nos ocupa en este momento es el fin del debate sobre las perspectivas financieras, y el Parlamento desempeña en este terreno un papel fundamental. 
En este punto quiero resaltar el apoyo y las posturas positivas del Parlamento y de la Comisión en cuanto al refuerzo financiero del programa. 
Es obvio que si se mantiene el compromiso alcanzado en el Consejo Europeo en diciembre, el programa sufrirá drásticos recortes. 
El Presidente Barroso ya ha enviado la pertinente carta al Presidente Borrell comunicándole que si el acuerdo queda como en diciembre, el sector de la salud y de la protección de los consumidores no solo carecerá de suficientes recursos, sino que en 2007 tendrá menos que en 2006. 
En otras palabras, habrá menos dinero para la Europa de 25 y 27 Estados miembros que para la Europa de los 15. 
Creo, como apunta también el Presidente Barroso en su carta, que esto no tiene justificación, y menos aún en un momento en que queremos acercar Europa a sus ciudadanos. 
Por eso se ha pedido al Presidente Borrell que el Parlamento haga un mayor esfuerzo de colaboración en este sector. 
La propuesta de la Comisión para el programa también está reflejada en el correspondiente presupuesto. 
No obstante, si finalmente tiene lugar la reducción sustancial a la que he aludido, habrán de abandonarse numerosas acciones y muchos sectores de la propuesta, pues no tendrá sentido asignar pequeñas cantidades a un gran número de sectores de modo que ninguno de ellos cuente con suficiente apoyo. 
Por eso es necesario reevaluar todo el programa, fijar prioridades y reducir notablemente el número de acciones, iniciativas y sectores abarcados, a fin de poder apoyar efectivamente a los pocos sectores elegidos. 
Por supuesto, yo quisiera que en los sucesivos debates esta situación quedara subsanada y que se entendiera que esto no fue sino un error y que, dada la gran importancia política tanto de los asuntos sanitarios como de la protección del consumidor, siquiera se añadieran algunas pequeñas cantidades finalmente al programa. 
En lo que respecta a la cuestión de dividirlo, entiendo las posturas expresadas. 
Sé que ambas comisiones preferirían programas separados, comprendo sus argumentos y sus preocupaciones. 
Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que, en esencia, un programa conjunto comportaría ciertas ventajas: se podría hacer un mejor uso de los recursos. 
En todo caso, no obstante, hasta que se haya aclarado el tema de las perspectivas financieras, la Comisión no estará en condiciones de tomar una decisión definitiva en cuanto a la división. 
Así las cosas, en esta fase del proceso la Comisión rechazará las enmiendas encaminadas a dividir el programa en dos y, tan pronto conozcamos el resultado final del debate sobre las perspectivas financieras, volveremos a estudiarlo. 
El Parlamento ha dejado clara su postura y tomamos nota. 
No entraré en más detalles debido a la falta de tiempo. 
He tenido el placer de discutir el programa con la comisión competente. 
Tan solo quisiera resaltar que, dado que no hay tiempo y que son muchas las enmiendas, la postura de la Comisión sobre cada una de ellas será comunicada por escrito, y yo agradecería que se incluyeran en el Acta de este debate (1). 
Sin embargo, insistiré en el hecho de que las enmiendas rechazadas no lo son debido a discrepancias de principio. 
Quiero recordarles que muchas de ellas, lógicamente, han sido aceptadas, pero en el caso de las que no lo han sido es por el hecho de que sencillamente, por un lado, es necesario que haya ciertas prioridades en la situación financiera actual y, por otro lado, hay que respetar los criterios de subsidiariedad, es decir, no intervenir en competencias de los Estados miembros y, claro está, no interferir ni duplicar acciones amparadas en otras políticas y acciones comunitarias. 
Para terminar, quisiera darles las gracias una vez más y decirles que seguiré el debate entre sus Señorías con el máximo interés. 
. – Señor Presidente, el problema de la gripe aviar ha sido –estará de acuerdo conmigo– una oportunidad para que la Unión y los Estados miembros actúen de forma coordinada y efectiva fortaleciendo la confianza y el sentimiento de seguridad entre los ciudadanos. 
Pero también ha demostrado una vez más el valor que tiene la actuación comunitaria en el terreno de la salud pública. 
Por eso creo que este debate es el momento oportuno para respaldar el presente informe, incluida una mayor financiación, base necesaria para la consecución de objetivos, los cuales, junto con las líneas básicas de actuación, garantizan la continuidad y también el desarrollo del programa anterior. 
Esto se consigue mediante una combinación de objetivos y actuaciones, como proteger a los ciudadanos de las amenazas para su salud provocadas por agentes físicos, químicos y biológicos, de enfermedades contagiosas, etcétera. 
Es necesario un sistema común de defensa y una respuesta coordinada en Europa ante posibles pandemias, como demuestra el caso de la gripe aviar. 
La promoción de políticas que fomenten una vida más sana, los determinantes de la salud. 
Se lo debemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, tenemos la obligación de establecer unas pautas de vida que tengan en cuenta seriamente los determinantes de la salud: buenos hábitos alimenticios, no fumar, condiciones sociales y económicas que eviten un estrés excesivo. 
La prevención de enfermedades debe basarse ante todo en abordar los determinantes de la salud que afecten probadamente a la salud física y mental. 
Otra línea de actuación que requiere una acción conjunta y coordinada es la reducción de la incidencia que tienen las grandes enfermedades y lesiones en la morbilidad y la mortalidad. 
Mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de salud: hemos de examinar conjuntamente los sistemas de salud de los Estados miembros para garantizar su compatibilidad, ya que esto les permitirá prestar un mejor servicio a los ciudadanos europeos. 
Poner a disposición no solo de los profesionales de la salud, sino también de los ciudadanos de a pie, más información y conocimientos, por un lado para desarrollar la salud y, por otro, para incorporar los objetivos de las políticas aplicadas en los sectores sanitarios a otras políticas. 
Mejores prácticas sanitarias, que constituyen no solo los medios más efectivos de combatir enfermedades, sino que también evitan mayores pérdidas de salud. 
Es evidente que el criterio de evaluación de los tratamientos no puede ser el coste financiero, sino la eficacia, lo que supone además un ahorro a largo plazo. 
Asimismo, se hace hincapié en actuaciones como el efecto del medio ambiente en la salud y la recopilación de datos relativos a la baja natalidad, la baja fertilidad y la esterilidad, que se están convirtiendo en un azote para una envejecida población europea, ya expuesta a la amenaza del problema demográfico. 
La recopilación de datos y el desarrollo de estrategias de movilidad de pacientes, la continuación del desarrollo de la tarjeta de salud electrónica, los mecanismos de promoción de los transplantes de órganos, la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y con organismos internacionales como la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, son medidas necesarias para el intercambio de opiniones y para la promoción de las acciones de salud. 
Los Estados miembros están llamados a desempeñar en este punto un importante papel, dado que gran parte de los datos proceden de ellos. 
El elemento de coordinación del programa, en mi opinión, es crucial y necesario para su éxito, y el método abierto de coordinación puede contribuir realmente a la subsidiariedad fortaleciendo las estrategias en el sector de la salud y la atención sanitaria, como la movilidad de pacientes. 
Señorías, podría seguir enumerando sin parar temas de prevención y sanidad. 
Pero estoy seguro de que la necesidad de una intervención coordinada que combine la actuación conjunta en el plano comunitario con la capacidad de los Estados miembros de mejorar su eficiencia constituye ahora una base común. 
Esta aspiración verdaderamente ambiciosa se contempla en el segundo programa propuesto. 
Es un programa más completo y, según la experiencia que he adquirido, creo que comparativamente dará mejores resultados. 
Desde este punto de vista, creo que es aceptable la enmienda 64, que propone una mayor financiación, pues el programa ahora está más lleno y es distinto del presentado por la Comisión, y, sin fondos, los mejores programas no pueden dar resultados. 
En consecuencia, como ponente, les invito con toda convicción a que voten a favor de la enmienda 64, pues creo que si lo hacen enviarán un mensaje de firmeza al Consejo y otro de esperanza a los ciudadanos europeos, que han de saber que de verdad nos preocupamos por ellos y por su salud. 
. – Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al señor Trakatellis por el magnífico trabajo que ha realizado en el asunto que hoy nos ocupa. 
Esta es sin duda una de las áreas en que más necesario es asegurar un auténtico apoyo a las clases populares. 
Se habla mucho de que en este momento hay una concepción claramente defensiva de la cooperación europea, sobre todo tras las votaciones en los Países Bajos y en Francia sobre el Tratado Constitucional. 
Pero todos los estudios demuestran que es muy difícil detectar una oposición popular a la cooperación transfronteriza, concretamente en las áreas que hoy estamos debatiendo. 
Por eso considero importante recalcar que apoyamos el trabajo realizado hasta ahora. 
Respaldamos el intento de dividir el programa en dos y estamos a favor de garantizar la máxima financiación posible de los programas. 
En especial, quiero señalar que el informe incluye una propuesta de la Comisión de Presupuestos con vistas a asegurar que la Comisión pueda aportar la financiación básica de forma bienal mediante convenios de asociación en red. 
Se trata de asegurar que se gaste el mínimo de recursos posibles en burocracia y que la mayor parte se dedique a aumentar los esfuerzos en las áreas en que estamos de acuerdo. 
Dicho esto, quiero agradecer de nuevo al señor Trakatellis su encomiable labor. 
Realmente espero que consigamos enviar una clara señal a los europeos de que la UE puede marcar la diferencia al beneficiarnos a todos en este campo. 
. – Señor Presidente, recomiendo encarecidamente el informe de mi colega y acojo con sumo agrado lo que tanto él como el Comisario han dicho sobre el presupuesto en sus declaraciones iniciales. 
Creo que es algo que el Parlamento debe escuchar. 
En estos momentos tenemos un presupuesto ridículo de 0,15 céntimos por ciudadano de la UE –eso es todo lo que gastamos cada año en salud en esta Unión Europea– a pesar de las muchas amenazas, retos y oportunidades que se nos presentan en el ámbito de la salud. 
El Comisario y su Señoría el ponente entenderán lo que eso significa, porque es un término griego, pero para el resto de mis colegas diré que se trata de los pacientes que han sufrido graves discapacidades o graves problemas de salud a causa de accidentes sufridos en el hospital. 
Es una de las cuestiones de seguridad de los pacientes que forma parte de nuestro plan de trabajo, introducida con razón durante la Presidencia británica. 
Nos enfrentamos al reto del envejecimiento de la población, puesto que las personas viven más tiempo –mayoritariamente en buenas condiciones de salud–, pero luego llega la debilidad a una edad avanzada y han de hacer frente a todos los problemas relacionados con enfermedades neurodegenerativas que eso conlleva. 
En estos momentos, el gasto farmacéutico provocado por el Parkinson es mayor que el causado por el cáncer. 
Tenemos que mejorar la calidad, y la forma en que mejoramos la calidad en la Unión Europea pasa por describir normas de calidad, no por prescribirlas. 
Esa es la manera de avanzar; no es muy cara; lo hemos hecho con el cribado del cáncer, empezando con la Presidencia irlandesa y continuando bajo la Presidencia austriaca. 
Estamos pidiéndolo para la diabetes, sobre todo la diabetes de tipo 2, y la propia Comisión aboga por hacer algo en esa misma línea para la salud mental, uno de los mayores retos de la época que nos ha tocado vivir. 
Probablemente, un tercio de nosotros tendrá, en algún momento de su vida, algún problema de este tipo y desde luego tendremos que estar agradecidos si hemos conseguido avanzar en ese ámbito. 
Pero el presupuesto nos preocupa. 
Una de las mayores amenazas en este momento es la pandemia de gripe. 
Una de las mayores necesidades es la gestión eficaz del Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades. 
Uno de los problemas, que nos ha explicado directamente su consejo, es que no cuenta con suficientes recursos ni financiación, y que no podrá hacer su trabajo debidamente si la pandemia se produce durante los próximos meses, o incluso durante los próximos años. 
Esa debe ser una prioridad para nosotros, pero no puede acabar con el resto de nuestro trabajo en el ámbito sanitario. 
Tenemos que dedicar tiempo y energía y algunos recursos para aprovechar las oportunidades que, gracias a los tribunales europeos, se presentan en el ámbito de la movilidad de los pacientes. 
Es preciso que nos concentremos en todas las enfermedades que causan alarma entre el público, ya se trate de las cardiacas o respiratorias, reumatológicas o cerebrales. 
También tenemos que pensar en toda la ciencia médica, incluidas las áreas más modernas, como la medicina complementaria, que puede desempeñar un papel. 
Hace poco recibí un tratamiento de acupuntura para aliviar el dolor de la ciática y les puedo garantizar la eficacia de al menos un tipo de tratamiento complementario. 
También recomiendo ese aspecto de este informe a la Cámara. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quiero unirme a quienes han felicitado al señor Trakatellis por su trabajo y por la forma abierta y cooperativa en que ha elaborado este informe. 
Todos sabemos que la Unión Europea tiene competencias y recursos limitados, incluso menos recursos de los que desearíamos, para actuar en el campo de la salud. 
Sin embargo, es importante que centremos nuestro trabajo en aspectos en los que la UE puede hacer una aportación valiosa y marcar una diferencia real. 
Por eso el Grupo del PSE ha intentado garantizar que nos centremos realmente en el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud. 
Necesitamos un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud que forme parte de la estrategia en materia de salud de la Unión Europea. 
En este momento tenemos gran cantidad de iniciativas, con frecuencia lanzadas por las Presidencias, en torno a una u otra enfermedad. 
Eso no es suficiente: necesitamos una estrategia y tenemos que definir qué debe abarcar. 
Por mi parte, creo que debe incluir las amenazas transfronterizas para la salud; ya hemos oído hablar de ellas, conocemos el caso de la pandemia de gripe. 
En segundo lugar, debe incluir las cuestiones relacionadas con la movilidad sanitaria de los pacientes: ahora que cada vez más personas se desplazan, tenemos que hacer bien lo de la tarjeta sanitaria. 
Me llegan muchos casos de personas que todavía tienen problemas con su tarjeta sanitaria. 
Luego está la gente que está de viaje y quiere recibir asistencia sanitaria en el extranjero con el impreso E112. 
Tenemos que evitar que el Tribunal continúe elaborando las normas sobre asistencia sanitaria; somos los legisladores quienes debemos elaborarlas. 
En tercer lugar, quiero mencionar el ámbito de la cooperación, del intercambio de buenas prácticas para abordar factores determinantes de la salud. 
Como ha dicho el señor Trakatellis, esto es muy importante. 
En este terreno nos vemos muy presionados por organizaciones que nos piden que incluyamos en el programa acciones sobre alguna enfermedad o afección. 
El Grupo del PSE no apoya la inclusión de una lista de afecciones en el informe, porque creemos que debemos centrarnos en los factores determinantes para la salud. 
No queremos crear una jerarquía de enfermedades y afecciones, porque muchas de ellas son terribles para quienes las padecen. 
Mantener este claro enfoque en la salud en el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud no va a ser fácil. 
Solo hay que ver el número de enmiendas presentadas para el pleno –casi 200– y las muchas exigencias contrapuestas que se formulan. 
Sin embargo, a menos que el programa tenga un enfoque claro, a menos que consigamos demostrar que la UE añade valor y no se limita a una serie de declaraciones en cumbres o conferencias, será muy complicado convencer al Consejo y al público de la necesidad de incrementar el presupuesto. 
Por lo tanto, la pelota está en el tejado de la Comisión. 
Espero que proponga una estrategia en el ámbito de la salud y espero que nos centremos en un futuro programa de acción en el ámbito de la salud. 
Vamos a votar a favor de la enmienda 64; creemos que es muy importante dejar claro que la atención sanitaria es importante. 
Sabemos que el público es escéptico con Europa, pero si los ciudadanos nos ven tomar medidas sobre las cosas que les importan, es posible que se muestren un poco más favorables a la Unión Europea. 
Espero que defendamos un buen presupuesto, pero también que prestemos especial atención al enfoque del programa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías: la competencia en política sanitaria reside básicamente en los Estados miembros. 
Y esto responde a una buena razón: los sistemas de salud son financiados a base de cotizaciones e impuestos, y cada uno de ellos está concebido de modo que cubra necesidades específicas. 
Además, en el terreno de los servicios sanitarios y de la asistencia médica rige el principio de subsidiariedad. 
El artículo 152 del Tratado de la Unión obliga a los Estados miembros a garantizar un alto nivel de protección sanitaria. 
La UE, por su parte, puede adoptar medidas de apoyo a las políticas de los Estados miembros. 
A veces tengo la impresión de que la Comisión y algunos de nuestros diputados quisieran competir con las políticas sanitarias nacionales. 
En este campo existe el mismo problema que se repite en otras áreas: Europa se muestra impotente para hacer las cosas importantes que deberían centrar su actividad. 
En consecuencia, la UE abarca muchos ámbitos políticos que, ante la duda, es preferible que los regulen los Estados miembros, e interfiere constantemente en los asuntos de estos. 
Con ello, lógicamente, no quiero decir que Europa deba desentenderse totalmente de la política sanitaria. 
Por el contrario, debe concentrarse en aquello que suponga un auténtico valor añadido europeo, y aquí enlazo directamente con lo aludido por la anterior oradora: Europa debe actuar sobre todo en las cuestiones que sobrepasen las fronteras y que un Estado miembro no pueda resolver por sí solo. 
Hay que dar la máxima prioridad a la mejora del intercambio de información y estrechar la colaboración para coordinar la lucha contra las epidemias y enfermedades contagiosas. 
Los riesgos para la salud que se derivan de la gripe aviar demuestran la absoluta necesidad de coordinar las medidas internacionalmente. 
Lo mismo puede decirse del VIH y el sida, un gran problema sobre todo en los nuevos Estados miembros, que cae progresivamente en el olvido a pesar de sus crecientes índices de prevalencia. 
La UE debe establecer prioridades más firmes en la lucha contra las enfermedades. 
Mi Grupo ha presentado enmiendas al respecto, para las cuales solicito una vez más el apoyo de sus Señorías. 
Debería prestarse especial atención a las principales enfermedades de gran difusión, como la diabetes, el cáncer y las dolencias cardiovasculares; ahí es donde deben centrarse las medidas comunitarias y los escasos recursos. 
No somos nosotros quienes debamos elaborar una lista de la compra. 
En la comisión hemos debatido largamente las enfermedades y las medidas preventivas que merecen prioridad en el programa de acción. 
Seamos coherentes aquí con nuestras demandas. 
La resolución del Parlamento de diciembre de 2005 sobre el programa de trabajo pedía explícitamente medidas para combatir la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 
El contenido de la propuesta de programa de acción de la Comisión era demasiado general. 
Ahora nos toca a nosotros fijar las prioridades políticas y centrarnos en las enfermedades de mayor difusión. 
También quisiera decir unas palabras sobre el presupuesto y la financiación de las ONG. 
Mi Grupo apoya la propuesta del ponente de que el presupuesto del programa de acción se incremente hasta 1 200 millones de euros. 
Si nos tomamos en serio las prioridades establecidas en este programa, es obvio que serán precisos recursos suficientes. 
Las asociaciones de pacientes y las organizaciones no gubernamentales juegan un papel cada vez más importante, lo que justifica que reciban apoyo de la UE. 
Al financiar las ONG, sin embargo, debemos observar estrictos criterios y transparencia. 
No sería aceptable que algunas organizaciones –como sucede con el medio ambiente– recibieran un apoyo tan generoso que pudieran sufragar oficinas en Bruselas como si fueran sucursales de la Comisión Europea. 
. – Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya claramente un programa sanitario independiente y financieramente bien dotado. 
La salud está en el primer lugar en la lista de preferencias de los ciudadanos de Europa, y nosotros debemos dar una señal inequívoca de que la política sanitaria también es una prioridad para el Parlamento Europeo, para la Unión Europea. 
Lógicamente, los servicios y los sistemas se organizan en el plano nacional, pero los objetivos de la política sanitaria deben discutirse internacional y conjuntamente en Europa. 
Si cada año gastamos mil millones de euros en subvencionar el tabaco, la política de salud merece al menos el mismo importe. 
En cuanto a la financiación de las ONG, en el Grupo de los Verdes queremos que quede claro que solo podrán financiarse las ONG independientes de la industria. 
Por desgracia, existen muchas ONG sufragadas por la industria farmacéutica que son sus portavoces, y cuya única función es hacer publicidad de medicamentos supercaros. 
Eso no es lo que queremos. 
Queremos apoyar a las ONG independientes. 
Y es una contradicción, señor Krahmer, decir que ellas no pueden recibir dinero público. 
¿Qué han de recibir, si no? 
¿Es preferible que las financie la industria farmacéutica y que sigan sus directrices? 
¡De ninguna manera! 
Es obvio que esas ONG también necesitan financiarse para poder sufragar sus relaciones públicas. 
Para nosotros, lo fundamental es fomentar la medicina complementaria y alternativa. 
Me complace que ya se hayan realizado experiencias positivas al respecto. 
Hay millones de personas en la Unión Europea que han tenido experiencias muy positivas con la medicina complementaria y alternativa, sin olvidar tampoco a la medicina ecológica. 
Por tanto, es discriminatorio que la Unión Europea no considere esas formas de medicina, que aún no tienen apenas una existencia en la sombra. 
Si la Comisión cree realmente lo que proclamó en Lisboa, esto es, que somos una sociedad innovadora, debemos entonces aprovechar la ciencia y la innovación que aportan la medicina alternativa y complementaria, desarrollarlas y ponerlas a disposición de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Esto es fundamental y tengo la impresión de que la Comisión se ha implicado demasiado en los intereses de la gran industria farmacéutica con su demanda de medicamentos superventas. 
Esto no puede seguir así. 
No podemos seguir promoviendo solapadamente la investigación industrial y farmacéutica; nuestro objetivo debe ser practicar una auténtica innovación. 
Y ahí debe haber un hueco para la medicina complementaria y alternativa. 
Termino con esto. 
Una vez más, todos pedimos expresamente que no haya discriminación, que no se permita la selección genética. 
Por eso, reiteramos nuestra petición al señor Trakatellis de que acepte nuestra enmienda como cláusula adicional en que se diga claramente que en esta materia solo se puede seguir trabajando postnatalmente y siempre que haya terapias disponibles. 
. – Señor Presidente, Señorías: debo felicitar al señor Trakatellis por el excelente trabajo que ha hecho en una materia tan complicada, y estoy de acuerdo con él en muchos aspectos, sobre todo en lo relativo al aumento del marco financiero del programa. 
Sin embargo, no comparto su deseo de que no se mencionen ciertas enfermedades, que son las más mortíferas, y realmente no se trata de listas de la compra, como ha dicho el señor Krahmer. 
Cáncer: una de cada cuatro muertes se debe al cáncer. 
Uno de cada tres europeos sufrirá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. 
Enfermedades del corazón: primera causa de muerte. 
Reumatismo: más de ciento cincuenta enfermedades y síndromes. 
Uno de cada cinco europeos sigue un tratamiento permanente por reumatismo o artritis. 
El reuma es la segunda causa más frecuente de visitas al médico. 
En la mayoría de los países, el veinte por ciento de la atención primaria abarca a personas que sufren reumatismo. 
Y hay más enfermedades, tales como la diabetes y las dolencias psíquicas. 
Dado que las enfermedades mencionadas afectan a sectores tan amplios de la población europea y están tan directamente vinculadas a la calidad de vida de los ciudadanos, opino que hay que citarlas expresamente en el programa. 
En consecuencia, he presentado la enmienda correspondiente en nombre de mi Grupo, la enmienda 156, que les pido que apoyen. 
Es un hecho que los miembros pudientes de nuestra sociedad disfrutan de un acceso directo y sencillo no solo a la información sobre salud, sino también a los servicios médicos. 
Están bien informados sobre los peligros y amenazas para la salud y tienen medios para consultar regular y puntualmente a un médico. 
Esto contrasta con las personas con dificultades económicas, que carecen de ese acceso directo y sencillo a la información, y muy probablemente deberán esperar largo tiempo hasta ser atendidos. 
Por lo tanto, es preciso hacer un gran esfuerzo por incluir en nuestros sistemas de salud las necesidades de esos grupos y las organizaciones que los representan. 
Debemos tener en cuenta sus experiencias para diseñar unos sistemas de salud capaces de satisfacer las necesidades de los europeos que sufren la discriminación y reciben una atención sanitaria deficiente. 
Por eso se ha presentado la enmienda correspondiente –la enmienda 157–, para la que también pido su apoyo, y termino felicitando una vez más al señor Trakatellis por su magnífico trabajo. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por su trabajo en este informe. 
Es encomiable su compromiso con la salud pública en Europa. 
Aunque estoy de acuerdo con la esencia del informe, deseo hacer tres observaciones. 
En primer lugar, con respecto al presupuesto, la enmienda 64 lo incrementa sustancialmente, si bien con carácter meramente indicativo. 
A mi juicio, esta enmienda no pertenece a este informe, pues el nivel del presupuesto no es objeto de este debate, sino que depende de lo que resulte de las negociaciones sobre las perspectivas financieras. 
En segundo lugar, quisiera mostrarme a favor de la enmienda 148 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
La investigación genética puede ser un elemento valioso que añadir a las actuales técnicas de diagnóstico, pero solo si se usa de forma éticamente responsable. 
Por ejemplo, debemos evitar que las compañías de seguros excluyan a determinadas personas de sus pólizas basándose en un perfil genético. 
Por último, quisiera llamar la atención del señor Comisario sobre la forma burocrática en que se ha distribuido el presupuesto de investigación. 
Ha llegado a mis oídos que una simple solicitud puede costar incluso miles de euros. 
Además, los solicitantes carecen de información sobre los criterios según los cuales, en su caso, serán examinados y se rechazarán o concederán sus solicitudes. 
Además, aunque la Comisión es muy estricta con el cumplimiento de los plazos por los solicitantes, no hay ninguna consecuencia cuando es ella quien demora su decisión. 
No hace falta decir cuánta frustración genera esto. 
Propongo que introduzcamos un procedimiento preliminar en que se examinen las solicitudes a la luz de un número limitado de aspectos. 
Entonces se pedirán solicitudes completas tan solo a los proyectos que tengan verdaderas posibilidades. 
Esto reducirá la carga de trabajo de la Comisión y también la carga que soportan los solicitantes. 
Quisiera escuchar la respuesta del señor Comisario a este respecto. 
. – Señor Presidente, la salud pública en cada país es crucial para los ciudadanos y un asunto que corresponde claramente a cada Estado miembro. 
Sin embargo, una de las grandes ventajas de ser un Estado miembro de la Unión Europea es el acceso a la colaboración y a la base de conocimientos de otros Estados miembros. 
Ese acceso es importante en cualquier ámbito y, en este caso, si es posible mejorar la salud pública, ya sea por su amplitud o sus efectos, mediante la cooperación de los Estados miembros, entonces hay que fomentarla. 
El Gobierno irlandés sigue tratando de ofrecer una asistencia sanitaria de primera categoría a sus ciudadanos, que incluye una asistencia sanitaria apropiada, inmediata y segura en el contexto adecuado: una asistencia sanitaria prestada de una forma que sea justa para los pacientes, los contribuyentes y los profesionales sanitarios. 
Tiene el objetivo de proporcionar personal profesional preparado para el trabajo, formación, equipos y apoyo para promover una vida más sana en un entorno más saludable. 
En nuestra época, tanto en Irlanda como en toda la Unión Europea, tenemos importantes retos sanitarios que abordar: las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neuropsiquiátricos, el cáncer, las enfermedades digestivas, las enfermedades respiratorias, los trastornos de los órganos sensoriales, la obesidad y la diabetes son algunos de ellos. 
Ningún país puede solucionar esto por sí solo. 
La Unión Europea, haciendo uso de la experiencia de sus Estados miembros y expertos y en virtud de esta propuesta, que ha sido ampliamente mejorada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, responde al desafío de ayudar a los Estados miembros en el ámbito de la salud pública. 
También quiero felicitar al señor Trakatellis por su aportación a este informe. 
Las comunicaciones, la educación, el acceso a métodos modernos, la prestación de un buen asesoramiento médico y la reducción de las diferencias en el ámbito de la salud pública entre los Estados miembros son elementos cruciales. 
Además, y más concretamente, acojo con agrado las enmiendas relativas a la inclusión de la medicina alternativa en el programa. 
Un mejor conocimiento de la medicina complementaria y alternativa puede hacer una importante contribución a la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones más informadas y responsables sobre su salud. 
– Señor Presidente, muchas de las enfermedades que hoy padece Europa están directamente relacionadas, en mayor o menor medida, con nuestra forma de vida. 
Piénsese por ejemplo en el incremento de las enfermedades nutricionales y las derivadas de la falta de ejercicio. 
Por lo tanto, sería un buen punto de partida fomentar estrategias que promuevan una forma de vida más sana. 
Sin embargo, su éxito no deja de ser dudoso, ya que se gastan actualmente 1 400 millones de euros en un sistema de información sobre salud que no ha servido más que para el intercambio de informes. 
La mayor parte de las enfermedades que sufrimos, incluso en Europa, no se deben ya a la falta de información. 
La realidad es que la salud comienza con la actitud ante la vida. 
Hasta los niños saben que vive más sano quien hace ejercicio y come con moderación y de forma natural. 
Hace tiempo que la sociedad conoce lo que es malo para la salud, aun sin inscripciones en las cajetillas de tabaco, en la cerveza o en el vino, en los dulces y en la comida preparada, que imponen al consumidor juicios y decisiones cuando es él quien desea juzgar y decidir. 
Es cuestionable la eficacia de dichas medidas supuestamente disuasorias, y yo no creo que la sociedad las acepte. 
En una encuesta, el 66 % de los interrogados se ha declarado a favor de fomentar conductas sanas, con descuentos en las primas de los seguros para quienes se sometan periódicamente a exámenes médicos, por ejemplo. 
Ese es el rumbo que debemos seguir. 
Y hay una cosa que está totalmente clara: la prevención reduciría también la carga financiera de nuestro sistema sanitario. 
– Señor Presidente, la salud siempre está a la cabeza de la lista de preferencias de los europeos. 
Si Europa puede contribuir a eso, es muy legítimo y, de hecho, es nuestra obligación, pues el Tratado exige que garanticemos un alto nivel de salud pública. 
Quisiera felicitar al ponente por el programa. 
Se ha mostrado abierto a los justos deseos de los demás diputados, y la Comisión ha presentado un buen programa que, no obstante, el Parlamento ha cambiado en algunos aspectos. 
Por citar uno de ellos, ahora se establece expresamente que los Estados miembros deben cooperar en hacer más sencilla la solicitud y prestación de servicios sanitarios. 
Yo procedo de una región fronteriza que cuenta con hospitales académicos en Maastricht, Lieja y Aquisgrán. 
Desde lo alto del monte Vaalser –que tiene un poco más de 300 metros de altura y por tanto para nosotros los limburgueses es una montaña– casi se distinguen esos tres hospitales académicos punteros. 
Seguramente sería una buena idea, anteponiendo el coste al beneficio, que esas regiones unieran sus fuerzas para garantizar que esas grandes instalaciones no se paralizaran, cosa que nos costaría a todos mucho dinero. 
Por eso me complace el programa ampliado, que incluye estas opciones transfronterizas. 
Y hasta aquí mi primera observación. 
La segunda se refiere a los sistemas sanitarios, todos ellos sometidos a presión, en parte por la demografía y en parte porque necesitamos cada vez más instalaciones que, a menudo, son cada vez más costosas. 
Todos los Estados miembros están adaptando sus sistemas sanitarios. 
¿Por qué necesitamos inventar la pólvora en cada lugar? 
¿No podemos aprender unos de otros? 
Este es un elemento que merece también gran atención. 
En cuanto a la financiación, el coste debe ir antes que el beneficio. 
Cuando veo –el señor Bowis se ha hecho eco de este sentimiento– que el equipo gestor de Estocolmo para enfermedades contagiosas afirma que «no puede funcionar cuando se sufre un desastre de tal magnitud» , me doy cuenta de que es necesario renovar los acuerdos mutuos, y espero que exactamente eso sea lo que haga la Comisión. 
También creo que es importante que este programa se extienda a la asistencia y previsión alternativa y complementaria, y que hay que hacer mucho más en relación con enfermedades como el cáncer, la diabetes y el parkinson. 
– Señor Presidente, quiero felicitar al señor Trakatellis por su disposición a cooperar. 
El programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud es un texto de gran importancia que pretende garantizar una prevención eficaz, mejorar los servicios sanitarios y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual es nuestro primer objetivo político. 
La prioridad básica del programa es combatir las desigualdades en materia de salud fortaleciendo las redes existentes en el ámbito de la salud pública. 
En lo que se refiere a las personas discapacitadas, hemos de tener en cuenta que la discapacidad no es una enfermedad ni una incapacidad, sino un diferente estado de salud que debe considerarse al procesar y aplicar todas las políticas y programas comunitarios. 
Es sumamente importante desarrollar estrategias e intercambiar buenas prácticas en la promoción de la salud de las personas discapacitadas, y facilitarles información fiable de forma accesible a ellos, que son uno de los grupos destinatarios del programa. 
También debemos garantizar la igualdad de acceso a los respectivos sistemas sanitarios y farmacéuticos. 
Otra prioridad básica es salvaguardar el valor añadido que tienen las acciones de la Comunidad en relación con las acciones nacionales en el campo de la salud, a fin de fortalecer la cooperación internacional en sectores innovadores como la telemática en la medicina. 
Para las personas discapacitadas, estas acciones pueden abrir nuevos caminos que les permitan buscar una mejor calidad de vida y un acceso puntual y sencillo a los servicios sanitarios, a la vez que ayudan a racionalizar el gasto sanitario. 
– Señor Presidente, Señorías, antes que nada deseo felicitar a mi colega, el señor Trakatellis, por su informe. 
En el nuevo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores para 2007-2013, la Comisión ha hecho hincapié en el importante papel que desempeña la UE en la reducción del número de enfermedades, es decir –y quiero subrayarlo– en el ámbito de las enfermedades graves. 
Las dolencias cardiovasculares, como sabemos, son sin duda una de las principales causas de muerte en Europa. 
Cada año pierden la vida dos millones de ciudadanos de la UE como consecuencia directa de ellas. 
Las decisiones adoptadas por el Consejo durante la Presidencia irlandesa fueron –y siguen siendo– un buen inicio de nuestros esfuerzos en la prevención de tales enfermedades. 
Por eso, igual que muchas otras Señorías, creo que las enfermedades cardiovasculares deben mencionarse también en este documento legislativo. 
Debemos llamar a las cosas por su nombre. 
Por todo ello, conmino a sus Señorías a que apoyen las enmiendas 142 y 143, que aclaran cuáles pueden considerarse las principales enfermedades de Europa y contra las que debemos colaborar mediante la prevención, el control y el tratamiento. 
– Señor Presidente, acojo con gran satisfacción el informe del señor Trakatellis. 
Le felicito y le doy las gracias por su excelente trabajo en torno al mismo. 
También quiero sumarme a quienes critican la escasa financiación del área en cuestión. 
Mi Grupo apoyará la enmienda 64. 
De hecho, mi Grupo había propuesto inicialmente un nivel aún más elevado de financiación, como probablemente recordarán. 
Quiero subrayar, una vez más, uno de los aspectos fundamentales que ya se ha mencionado y sobre el que mi Grupo ha presentado una enmienda: la contribución de la medicina complementaria y alternativa. 
Más de 100 millones de ciudadanos comunitarios utilizan ya la medicina complementaria, cuya popularidad crece rápidamente. 
Ampliar los conocimientos del público sobre la medicina complementaria y alternativa puede ser una forma importante de capacitarles para tomar decisiones más responsables y mejor informadas sobre su salud. 
Por lo tanto, creo que es vital que saquemos del gueto a esa rama de la medicina y reconozcamos los beneficios muy reales que puede aportar. 
La mayor sensibilización pública sobre los peligros de los productos químicos en la cadena alimentaria, la creciente resistencia a los antibióticos provocada por una utilización excesiva de los mismos y la preocupación sobre los efectos secundarios de algunas medicinas convencionales contribuyen a una reflexión masiva sobre nuestra forma de vida y el modo en que tratamos de recuperar nuestra salud. 
Las medicinas complementarias, que tienen un enfoque integral y centrado en la persona, atraen a un público que no deja de aumentar. 
Es importante reconocerlo como fenómeno. 
Sin embargo, sigue existiendo una enorme disparidad entre la demanda de esas medicinas por parte del público y la insignificante financiación dedicada a la investigación en este campo. 
Es esencial que reduzcamos esa diferencia. 
Apoyo plenamente las enmiendas que se refieren a la gravedad de la contaminación ambiental como riesgo para la salud y uno de los principales motivos de preocupación para los ciudadanos europeos. 
Este problema debe abordarse urgentemente en el marco de una estrategia sanitaria preventiva. 
Como ya ha dicho la señora Breyer, nuestro Grupo cree que la participación de la sociedad civil es sumamente importante para la formulación y aplicación de la política comunitaria en el ámbito de la salud. 
Me complace la propuesta de incremento de la financiación para permitir esta mayor participación, así como los criterios descritos en la enmienda 53, que dejan clara la necesidad de mantener la independencia con respecto a intereses industriales, comerciales y empresariales. 
Sin embargo, la enmienda 141, presentada por los liberales, enturbia las aguas y acaba precisamente con la seguridad jurídica que establece la enmienda 53. 
Por eso ruego a mis colegas que la rechacen. 
Señor Presidente, los actuales temores sobre la posibilidad de una mutación del virus de la gripe aviar hacen que el público sea consciente de la necesidad de una estrategia conjunta en relación con las enfermedades transmisibles. 
Al mismo tiempo, debemos reconocer que las enfermedades no transmisibles son, con mucha diferencia, las que causan una mayor carga de morbilidad, y debemos poner nuestros recursos allí donde vayan a ser más eficaces. 
También pido a esta Cámara que apoye la enmienda que aboga por la participación de las comunidades desfavorecidas en la elaboración de las futuras políticas en el ámbito de la salud. 
No podremos abordar las desigualdades en la salud sin la participación activa de aquellos cuya experiencia vital les convierte en expertos en este ámbito. 
También apoyo la inclusión de la medicina complementaria y alternativa en las acciones apoyadas por el programa y estoy totalmente a favor de que la salud constituya un programa independiente del de la protección de los consumidores. 
El programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud puede apoyar la integración de la salud en todas las políticas comunitarias. 
La Unión Europea está en una posición única para complementar el trabajo realizado por los Estados miembros, para analizar la incidencia de otras políticas en la salud, para promover el acceso a la información, para mejorar la evaluación de la detección precoz y la comunicación de los riesgos y para hacer recomendaciones sobre mejores prácticas. 
– Señor Presidente, como médica quisiera llamar la atención especialmente sobre el hecho de que la ciencia moderna está buscando la base psicológica de la mayoría de las enfermedades calificadas de psicosomáticas, desde la obesidad hasta los problemas circulatorios y la hipertensión arterial, así como las enfermedades autoinmunes y los tumores, y que una sociedad basada en el conocimiento debe estar al tanto de esto, muy en particular los legisladores de la Unión Europea. 
Las políticas comunitarias también pueden desempeñar un importante papel en la prevención de enfermedades y en la protección de la salud pública, no solo en relación con las enfermedades consideradas de civilización, sino también las patologías mentales. 
Sin embargo, es necesario un cambio de estilo de vida, abandonar un modelo liberal que no sigue ningún principio ético en pos de un estilo basado en valores éticos y morales, pues el orden mental y la integración mental ayudan a prevenir el subdesarrollo personal debido a las enfermedades mentales y todas las formas de dependencia, inclusive la nicotina, el alcohol, las drogas y otras formas de adicción autodestructiva. 
Se están dedicando ingentes recursos simplemente a subsanar los efectos de dicha dependencia, pero la falta de restricciones legales hace que el gasto sea en vano. 
Un problema similar existe con la protección del consumidor, que a menudo se reduce a meras frases grandilocuentes a causa del predomino de los grandes monopolios en el mercado, que miran por su propio interés e invierten grandes sumas en publicidad. 
Hay que contener la marea de una información tan manipuladora, haciendo que por fin los lemas de la UE sobre la protección de los derechos fundamentales se hagan realidad. 
– Señorías, yo también deseo dar las gracias al señor Trakatellis por su excelente informe. 
Comparto plenamente su idea de dividirlo en dos partes, una para la promoción de la salud y otra para la protección del consumidor en 2007-2013. 
Yo también he presentado diversas enmiendas a esta informe, y celebro que algunas de ellas hayan sido aprobadas, sobre todo la referida a los nuevos Estados miembros, que es la que más me importa. 
Existen diferencias flagrantes entre los sistemas sanitarios de los distintos Estados miembros de la UE. 
Los nuevos parecen estar en cierta desventaja, dado que se enfrentan a grandes retos sanitarios y disponen de escasos fondos para mejorar la situación. 
El gasto insuficiente en salud es un obstáculo que dificulta el desarrollo de esos países y el crecimiento de la Unión Europea en su conjunto. 
Es preciso dar a conocer que es posible financiar programas de salud con los Fondos Estructurales de la UE. 
Para los nuevos Estados miembros, saber esto sería una inyección de esperanza, pues supondría una oportunidad de mejorar la calidad de los servicios. 
Es lamentable que, en aras al principio de subsidiariedad, el sector sanitario no forme parte de las competencias de la Unión Europea y se someta a la legislación nacional. 
Agradezco el esfuerzo de incluir en el informe la protección de la seguridad del paciente. 
Las dificultades que encuentran los ciudadanos europeos para acceder a los servicios sanitarios cuando están en un país diferente al suyo constituyen un obstáculo a la libre circulación. 
Es necesario definir con mayor claridad la ambigua normativa sobre el reembolso de los servicios médicos, pues actualmente los ciudadanos encuentran poco claras y difíciles de entender las disposiciones y normas del Tribunal de Justicia Europeo. 
Sería buena para los pacientes la creación de una base de datos con información sobre proveedores de servicios médicos en los demás Estados miembros. 
Esto mejoraría sin duda la situación de los pacientes y posiblemente eliminaría las largas listas de espera para algunos servicios. 
Los medios de masas también pueden contribuir a mejorar la salud general de la población. 
Sería una buena idea sustituir ciertos por programas que aprovechen ese atractivo formato para destacar asuntos relacionados con la nutrición, cuya degradación contribuye decisivamente a la incidencia de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
Animar a los medios de comunicación a afrontar los asuntos sanitarios también es importante por razones de seguridad nacional, debido a la actual amenaza de atentados bioterroristas. 
En caso de epidemia, la sociedad estaría mejor informada sobre las estrategias básicas para contener su expansión. 
Es necesario prestar más atención y dedicar más recursos a la salud, pues sabemos que será imposible conseguir los objetivos de Lisboa si no tenemos una población sana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada quiero dar las gracias sinceramente al señor Trakatellis por su excelente cooperación y su magnífico informe. 
En él han quedado claros los tres objetivos básicos comunes de la política comunitaria en materia de salud y protección del consumidor. El primero, proteger al público de los riesgos y daños que las personas no pueden controlar y contra los que los Estados miembros no pueden luchar eficaz o plenamente. 
En este sentido, también es digna de elogio la iniciativa de la Comisión de reducir las restricciones en la política de información de la industria farmacéutica. 
En tercer lugar, la incorporación de la política sanitaria a las demás áreas de la política de la UE. 
Creo que la división en protección del consumidor y protección de la salud puede ser positiva y correcta, pues representan dos campos de la política con diferentes fundamentos jurídicos, con lo que también atañen a distintos poderes de la UE. 
Personalmente, me parece impresionante todo lo que queremos hacer en siete años con 1 500 millones. 
Espero que logremos buena parte de ello. 
Pensemos que la seguridad social obligatoria mueve 180 000 millones de euros al año solo en la República Federal Alemana. 
Doy mi apoyo a la enmienda 64 sobre la extensión del marco financiero. 
Creo que es lo mínimo si queremos hacer algo digno. 
Comparado con lo que gasta la Comunidad en siete años en subvencionar el cultivo de tabaco, esta cantidad aún es insignificante, pues representa no más de la quinta parte de dichos subsidios. 
Es evidente que no podemos satisfacer todos los deseos de los ciudadanos e instituciones de Europa en un programa marco. 
Hemos intentado ser lo más justos y equitativos posible. 
Creo que esta es una gran oportunidad de acercar de nuevo un poco más Europa a los ciudadanos mediante una labor conjunta de relaciones públicas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor Trakatellis. 
Su dominio de la materia sanitaria tiene un gran valor para nuestro debate. 
La salud es un importante tema político, pero, antes que nada, es un asunto de interés nacional. 
Está justificado que Europa preste atención a la salud, pero Europa solo debe actuar si existe un claro valor añadido en su actuación. 
No obstante, señor Comisario, tengo muchas esperanzas depositadas en su política. 
Para empezar, espero que anime usted activamente a los demás Comisarios a asumir políticas sanas. 
Contemplemos los subsidios agrarios desde el prisma de la salud. 
¿Es lógico que sigamos protegiendo la grasa, el azúcar y el tabaco? 
Yo preferiría que favoreciéramos las hortalizas y la fruta. 
Alternativamente, señor Comisario, le invito a que se plante en medio de la pelea entre la DG de Industria y la DG de Medio Ambiente por la calidad del aire y los productos químicos y abogue decididamente por la salud. 
Esto no costará dinero alguno y es el mayor favor que puede hacer usted a los ciudadanos europeos. 
En segundo lugar, le ruego que se implique en la batalla contra la desigualdad y me remito a lo dicho por la señora Belohorská al respecto. 
El acceso de los ciudadanos al tratamiento médico adecuado está muy desequilibrado. 
Los enfermos de cáncer tienen muchas más posibilidades de sobrevivir en unos países que en otros. 
Los métodos de tratamiento son diferentes y el acceso a la salud, desigual. 
El conocimiento de su enfermedad por los pacientes es distinto en cada país. 
La prevención no es objeto de la atención que merece en todos los Estados miembros. 
Invito al señor Comisario a que centralice los conocimientos. 
Los Estados, los hospitales, las asociaciones de pacientes y los proveedores de servicios pueden aprender unos de otros. Combinar prevención y tratamiento. 
Y le pido, por encima de todo, que no reúna estadísticas sobre la situación general de la salud, sino que reúna información práctica sobre las principales enfermedades, incluidos el cáncer, el reuma, la diabetes, las dolencias pulmonares y, por supuesto, las cardiovasculares, y entonces evalúe dónde es posible introducir mejoras. 
Podrá usted establecer centros y redes de conocimiento capaces de constituir una valiosa fuente de información tanto para el proveedor de servicios como para el paciente. 
En ese sentido, la Unión Europea puede hacer una gran contribución. 
Por último, ruego a sus Señorías que firmen la Declaración nº 1, sobre la diabetes, presentada por diversos diputados a esta Cámara. 
Ya tenemos 260 firmas y necesitamos ochenta más, así que les pido su colaboración. 
– Señor Presidente, señor Comisario, salud y protección de los consumidores son dos ámbitos en los que los ciudadanos piden más Europa –como refleja repetidamente cada Eurobarómetro sucesivo− y, a este respecto, quiero dar las gracias a los dos ponentes, el señor Trakatellis y, para esta tarde, la señora Thyssen, que han mostrado mucho sentido común al proponernos la división de los dos programas. 
Hecha esta observación preliminar, quisiera sumarme a todos aquellos que están con el profesor Trakatellis y con usted, señor Comisario, y a muchos otros que se han expresado a favor de un programa de Salud ambicioso, a pesar de que, como bien sabemos, no conseguiremos los 1 500 millones de euros solicitados, ni alcanzaremos, sin duda, el tan simbólico listón del 1 % del presupuesto europeo. 
Por tanto, finalmente nos veremos obligados a hacer recortes, dolorosos sacrificios. 
Por esta razón me parece importante centrar nuestra acción en las cinco o siete enfermedades que constituyen las principales causas de mortalidad en Europa. 
Debemos tener en cuenta lo que nos dice la OMS y apoyar la enmienda 142, propuesta por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, y no tener miedo a citar específicamente determinadas enfermedades y redoblar los esfuerzos en materia de prevención, por ejemplo, con respecto a las enfermedades cardiovasculares y los distintos cánceres, pues ser ambiciosos no equivale a hacer demasiadas cosas a la vez. 
Los ciudadanos piden a Europa que sea eficaz y transparente: no hay que decepcionarles con medidas dispersas y de escaso peso. 
Nos piden también que tengamos capacidad de respuesta y les tranquilicemos, sobre todo hoy. 
A este respecto, no sería correcto dejar sin un presupuesto digno al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de Estocolmo. 
Recordemos, después de todo, que el mismo se puso en marcha en 2005, tras la fulgurante propagación del SRAS hace dos años. 
Tiene por tanto para nosotros el máximo interés que el CEPCE pueda cumplir su misión, hoy que la gripe aviar ha arribado a nuestro continente. 
Para concluir, señor Comisario, tengo una pregunta para usted y también para el Consejo: ¿cómo va a financiar el plan de acción de salud y medio ambiente y conciliarlo con este nuevo programa de salud pública? 
Ya sabemos que Europa debe dotarse de medios para combatir la contaminación ambiental, que afecta a los más vulnerables de nosotros, las mujeres embarazadas y los niños. 
Proteger a los más jóvenes es también ofrecer todas las oportunidades a la Europa de mañana. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Trakatellis y al señor Kyprianou por su excelente trabajo. 
No obstante, nos encontramos en una situación absurda en que gastamos cinco veces más en subsidiar el tabaco que en promocionar la salud pública, es decir, cinco veces más en arruinar la salud de las personas que en mejorarla. 
Lo que más me gusta es que este informe se centra en la prevención. 
Los recursos son tan limitados que solo alcanzan para las tareas de cooperación, de intercambio de buenas prácticas y de divulgación de la información. 
Pero es en el plano nacional donde se encuentran los recursos y donde debe tener lugar la mayor parte del trabajo. 
En los cambios efectuados por el Parlamento Europeo, encuentro positiva sobre todo la enmienda 53, cuya importancia quiero destacar. 
Al haber tan pocos fondos, no deben destinarse a organizaciones que presionen, abierta o soterradamente, por los intereses de la industria farmacéutica. 
Sería bueno que un cuidadoso control impidiera que eso llegara a suceder. 
Hasta ahora no se han mencionado las enmiendas 92 y 114, relativas a la igualdad de sexos. 
Se destinan demasiados fondos al hombre y a la salud del hombre, y demasiado pocos a la atención de las mujeres. 
Sin embargo, es en la relación entre salud pública y la industria donde Europa puede hacer la mayor contribución en este campo. 
Los artículos del Tratado sobre salud pública se aplican muy escasamente en la política mercantil. 
¿Dónde está la dimensión sanitaria en la política sobre alcohol? 
Lo mismo se puede decir de los productos químicos y los pesticidas. 
Aquí es donde es más necesario centrar los esfuerzos. 
Señor Comisario, puede hacer usted una contribución inicial a esta más amplia visión no aprobando los ocho nuevos pesticidas que se presentan ahora y que son biopersistentes, perjudiciales para el sistema endocrino y carcinogénicos de clase 2, una nutrida relación de razones para prohibir un producto químico. 
Ahora tiene la ocasión de hacerlo. 
– Señor Presidente, felicito al profesor Trakatellis por este informe. 
Es importante recalcar que la salud es una competencia nacional. 
Sin embargo, sí nos parece apropiado que la UE fomente estilos de vida que favorezcan la salud y que, por lo menos, exija que los servicios sanitarios de todos los países cumplan unas normas de calidad mínimas. 
Esto es especialmente conveniente en un país como el mío, Irlanda, que tiene la economía más pujante de Europa, pero cuyo servicio sanitario es insuficiente y en el que la gente se encuentra en situaciones de riesgo porque no pueden recibir los servicios básicos de salud que necesitan. 
La diabetes es un buen ejemplo de una enfermedad cuya financiación es insuficiente en mi pudiente circunscripción. 
Tenemos medio puesto de enfermera especializada en diabetes para atender a 250 personas, cuando, para que el servicio sea eficaz, debería haber uno por cada 50 personas. 
Otras experiencias con el sistema irlandés de salud han influido en mi lectura de este informe. 
En el ámbito de los órganos, tejidos y sangre humanos, solicitaré una enmienda oral para incluir el concepto de trazabilidad. 
Los escándalos de la hepatitis C que hemos sufrido en Irlanda son un buen ejemplo de los riesgos médicos de no poder localizar el origen de la contaminación. 
En el caso del escándalo de la retención de órganos en Irlanda, a los niños muertos se les extraían rutinariamente los órganos sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familias, lo que prueba la necesidad ética de la trazabilidad para garantizar que los productos humanos se obtengan de forma legítima. 
Para terminar, quiero decir que Europa tiene una función que desempeñar en la promoción de la salud. 
Sin embargo, no creo que los fondos comunitarios deban utilizarse para promover a las lucrativas industrias sanitarias, que tienen fondos más que suficientes para promoverse ellas mismas. 
– Acojo con gran satisfacción el trabajo realizado por el señor Trakatellis, ponente y miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, en la redacción de este informe, sobre el cual se ha pronunciado el Parlamento. 
Los ciudadanos y profesionales de la salud también acogen con satisfacción este nuevo programa de acción. 
Lo más importante es que, según el informe, los políticos y responsables sanitarios colaborarán para trazar el camino de la resolución de problemas que trascienden las fronteras de los Estados. 
El informe allana el camino hacia una estrategia moderna, especialmente en materia de coordinación de actividades, pero, por desgracia, tras el radical recorte presupuestario del Consejo no contará con una adecuada provisión de fondos comunitarios. 
La Unión aún tiene mucho por hacer, sobre todo en las tareas que cada Estado miembro no puede efectuar por sí solo. 
Se trata no solo de combatir graves enfermedades contagiosas que no conocen fronteras, como el sida y la gripe, sino también de combatir la extensión de la drogodependencia y de las dolencias relacionadas con el modo de vida. 
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades se constituyó con este mismo fin, en conexión con los laboratorios nacionales competentes. 
Los recortes presupuestarios no son buenas noticias, y revelan las deficiencias en las prioridades de la elite política de la UE y de algunos diputados. 
A este respecto quisiera llamar la atención sobre otro problema. 
La medicina moderna permite a las personas tener una vida más larga y de mayor calidad, pero esto tiene un coste cada vez mayor: entre el 60 y el 90 % de los fondos públicos. 
Cuanto mayor es la proporción de la financiación comunitaria de los servicios sanitarios, menor es la responsabilidad que los ciudadanos individuales asumen sobre su salud. 
Asimismo, cuanto más regula el Estado, más se reduce la responsabilidad personal de los ciudadanos. 
Buena muestra de esto son los países que han conocido una tendencia centralizadora y han regulado totalmente la salud: en ellos, las decisiones sobre la salud de los pacientes, la prevención y el tratamiento –y su coste– se han tomado al margen de los pacientes. 
A pesar de ciertas reformas, esos sistemas se han mostrado menos eficaces y más costosos. A las viejas ideas y costumbres les cuesta desaparecer entre pacientes, médicos y políticos. 
Por eso, los programas destinados a tener mejor informados a los clientes de servicios sanitarios y a mejorar la compatibilidad del sistema no deben recortarse bajo ningún concepto. 
Son recursos que se amortizan con creces. 
Tengo dudas también sobre la efectividad de ciertos reglamentos –supuestamente básicos para la protección de la salud y el medio ambiente– que hemos aprobado absurdamente. 
Me temo que a veces lo que se intenta es complacer a algunos grupos de presión industriales y no se gasta suficiente dinero en la salud de los ciudadanos. 
Por eso apelo a la Comisión a que dedique una mayor proporción del presupuesto a análisis basados en pruebas empíricas. 
De ese modo, nuestras decisiones legislativas serán más responsables y adquiriremos conciencia de su verdadero impacto en la salud pública, su coste económico y su repercusión en la economía europea. 
Por eso doy mi apoyo también a la enmienda 64. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, y como han hecho otros colegas, quiero expresar mi apoyo a la decisión de no fusionar los ámbitos de salud y protección de los consumidores del programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores. 
Aparte de que las competencias de la Unión Europea en estos dos ámbitos son de distinta naturaleza, la política de salud no puede considerarse un producto de consumo. 
Si bien apoyo la implantación de la «salud electrónica, esta no debe servir para crear un medio encubierto de experimentar una política de información. 
Agradezco al señor Trakatellis que proponga aumentar considerablemente la dotación presupuestaria de este programa, un aumento necesario para llevar a buen término nuestros objetivos y acciones. 
Habría sido preferible una financiación superior, dados los desafíos que hay que superar, pero obtendremos ya cierta satisfacción si el Consejo acepta aumentar las dotaciones financieras para la salud en el marco de las perspectivas financieras 2007–2013. 
Quisiera hacer hincapié en dos prioridades. 
En primer lugar, hay que mejorar la cooperación y la coordinación en materia de salud para poder afrontar con más rapidez las amenazas sanitarias transfronterizas. 
Si hubiera sido así, habríamos podido evitar que la epidemia de chikungunya se expandiera tanto. 
Esta situación debe incitar a la Unión Europea, a los Estados miembros y a los laboratorios farmacéuticos a implantar un sistema de vigilancia e investigación sobre este tipo de enfermedad, que puede ser rara en proporción a la población mundial, pero que es catastrófica a escala local. 
Mi segunda prioridad es esta: para alcanzar el objetivo de mejorar el nivel de salud de todos los europeos hay que tener en cuenta la repercusión de las condiciones de vida ambientales y sociales sobre la salud. 
Para tratar mejor determinadas patologías hay que abordar sus causas. 
Todos sabemos que las personas vulnerables o socialmente marginadas son más propensas que otras a contraer determinadas enfermedades. 
Debemos ayudar a los más frágiles. 
Si los Estados avanzasen rápidamente en estos dos ámbitos, los ciudadanos se sentirían algo más protegidos por la Unión Europea. 
– Señor Presidente, felicito al señor Trakatellis por su informe, que, como esperábamos, es excelente. 
Un importante aspecto del problema de la salud en la UE es la protección contra las enfermedades mediante la prevención. 
Las tres principales lacras prevenibles que afectan a la salud humana –el tabaco, el consumo excesivo de alcohol y la malnutrición– provocan la muerte prematura de millones de ciudadanos europeos cada año. 
En el caso del tabaco, se cree que está implicado en la causa de muerte de uno de cada tres fumadores. 
Fumar mata a mucha más gente que la drogadicción, los accidentes de tráfico y la infección por el VIH juntos. 
Por lo tanto, si el tabaco es un asesino tan masivo, ¿estamos tomando medidas suficientes para ayudar a nuestros ciudadanos a liberarse de este hábito autodestructivo? 
Me parece que no. 
En primer lugar, seguimos financiando el cultivo del tabaco en la UE. 
Sin duda eso no es muy inteligente, como ya han mencionado muchos de mis colegas. 
En segundo lugar, permitimos a las multinacionales tabaqueras, que cada vez son más poderosas, que presionen e influyan libremente en importantes centros de toma de decisiones; desde luego, presionan con toda libertad a los diputados al Parlamento Europeo. 
En tercer lugar, nos quedamos atrás en la aplicación de una estrategia de información eficaz. 
Por ejemplo, incluimos en los paquetes de cigarrillos terroríficas advertencias a las que todo el mundo ha dejado de prestar atención, mientras que las empresas tabaqueras pagan para que los ídolos cinematográficos aparezcan fumando en las pantallas. 
No tenemos programas estructurados de educación contra el tabaco en las escuelas. 
Construimos caros departamentos hospitalarios para tratar a pacientes que padecen enfermedades graves causadas por el tabaquismo, pero toleramos que muchos médicos que trabajan en esos mismos departamentos den el peor ejemplo posible fumando en público. 
Muchos Estados miembros pagan caros departamentos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pero no pagan para que los fumadores sigan programas para dejar de fumar antes de enfermar. 
Por último, muchos Estados miembros siguen dejando a los fumadores pasivos a merced de los fumadores, ya sea en su lugar de trabajo o en locales dedicados al ocio. 
Ahora que tenemos un Comisario de Salud decididamente contrario al tabaquismo, quizás sea hora de librar una verdadera guerra abierta contra las gigantes tabaqueras de la muerte y confiar razonablemente en nuestra victoria. 
– Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que estoy de acuerdo con todas y cada una de las palabras del anterior orador; no voy a repetirlo todo, pero quisiera decir: «¡buen trabajo!» 
Quiero dar las gracias al señor Trakatellis por su excelente informe y también al Comisario por haber sido tan sincero con nosotros esta mañana al decir que este plan de acción comunitaria en el ámbito de la salud necesita ya ciertas revisiones si queremos que sea eficaz, así que tenemos que establecer aspectos prioritarios, debido –según sus propias palabras– al «embrollo contable». 
Todo lo que puedo decir sobre eso es que es una vergüenza. 
El Tratado CE establece que «al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana». 
Este informe es un primer paso importante para hacer realidad el derecho de nuestros ciudadanos a la protección de la salud consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Aunque la salud es competencia de los Estados miembros, la Comunidad Europea puede aportar valor y complementar las actividades de los mismos mediante una muy necesaria coordinación y recopilación de modelos de mejores prácticas, con el fin de que podamos aprender unos de otros y crear centros de excelencia. 
Mediante la integración de la salud en todas las políticas comunitarias, la realización de amplias evaluaciones de incidencia en la salud de toda la legislación comunitaria y el fomento de estilos de vida saludables, la UE puede proporcionar la plataforma necesaria para fomentar un pensamiento común en todos sus Estados miembros. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2000, por primera vez en la historia, el número de personas con sobrepeso en todo el mundo era igual al número de personas que presentan un peso inferior al normal –más de 1 000 millones de personas con sobrepeso, 300 millones de las cuales padecen obesidad– con las enormes consecuencias que eso tiene para la morbilidad. 
A este respecto, es indispensable que fomentemos un enfoque preventivo, así que acojo con satisfacción las diversas iniciativas de la Comisión en este ámbito. 
Los factores de comportamiento, sociales y ambientales generales que determinan la salud pueden abordarse de forma óptima a escala comunitaria mediante un enfoque integral y no fragmentado. 
Las medicinas complementarias y alternativas, cuando cuentan con fundamentos científicos, deben incluirse en cualquier programa de acción comunitario en el ámbito de la salud. 
La Comunidad Europea cuenta con una inmejorable posición para luchar contra problemas de salud transfronterizos, como la amenaza que suponen las epidemias de enfermedades infecciosas y los incidentes relacionados con productos alimentarios. 
La EEB, el SRAS y la reciente gripe aviar han resaltado, por desgracia, la necesidad de llevar a cabo acciones preventivas coordinadas y activas en el ámbito de la salud. 
La proliferación de agencias comunitarias en el ámbito de la salud –el Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, entre otros– es una evolución bienvenida y muy necesaria para atajar estas amenazas para la salud. 
Sin embargo, estos organismos no pueden funcionar sin una política clara a escala comunitaria y sin los recursos financieros necesarios para sostenerla. 
Si el dinero no se garantiza en el presupuesto y no se puede adoptar un enfoque preventivo, las consecuencias, financieras y de otros tipos, pueden ser mucho mayores. 
Que una UE de 25 Estados miembros dedique a la salud menos dinero que la UE de los 15 no es aceptable y, sinceramente, es irresponsable. 
¿Podría el Comisario decirnos dónde está nuestra directiva de servicios sanitarios y cuándo tendremos una propuesta de proyecto? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero dar las gracias al señor Trakatellis por su excelente informe. 
Sin duda es difícil satisfacer plenamente todos los intereses legítimos implicados y mostrarse al mismo tiempo convincente. 
Por eso lamento, por ejemplo, que el cáncer desaparezca como prioridad expresa en el nuevo programa de acción en materia de salud. 
Sin embargo, tiene usted toda la razón, señor Trakatellis, en que para todos los objetivos que nos hemos propuesto es necesario contar también con suficientes recursos. 
Actualmente estamos lejos de esa situación, por no hablar del hecho de que hoy este Parlamento va a rechazar, por inaceptable, la nueva propuesta de la Comisión de un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y de la protección del consumidor. 
En la política sanitaria, el público también quiere más protección de Europa, no menos. 
Entre las prioridades de política europea aquí nombradas, la salud ocupa el cuarto lugar. 
Por eso mismo es urgente que la salud vuelva a contar con su propio programa de acción. 
No puedo entender cómo ha podido la Comisión siquiera sugerir una asignación presupuestaria tan baja, ni cómo el Consejo la ha podido recortarla aún más. 
Por eso hoy tenemos dos graves errores por corregir: queremos dos programas separados y queremos más dinero. 
Se lo digo, en primer lugar, al Consejo. 
Si se llevara a cabo su nueva reducción, eso significaría que solo tendríamos la tercera parte del anterior presupuesto para una Europa que será de veintisiete miembros. 
En consecuencia, seríamos totalmente incapaces de atender la prevención primaria ni la secundaria frente a ciertas enfermedades, ni la urgentemente necesaria protección contra los riesgos patológicos ocasionados por la globalización. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también comenzaré felicitando al señor Trakatellis no solo por su magnífico informe, sino, sobre todo, por la forma en que ha atendido a todos los diputados que deseaban ver sus preocupaciones reflejadas en el informe. 
Es un documento de gran importancia, pues formula los programas de acción comunitaria en términos de salud pública para los próximos seis años, que no pueden ser ampliados por los Estados miembros individuales. 
Creo que se puede decir que el ponente se las ha arreglado para combinar todos los aspectos relevantes y específicos en un campo tan vasto y tan sensible como es la salud pública. 
Por mi parte, me satisface especialmente que por primera vez sea posible incluir la medicina complementaria y alternativa en las acciones, lo que permitirá a la sociedad elegir estando mejor informada y siendo más responsable de su propia salud. 
Me preocupa que se menosprecien tan a menudo las formas alternativas de medicina, aunque las numerosas personas que se benefician de ellas pidan lo contrario. 
No obstante, la Comisión ha citado una cifra según la cual no menos del 30 % de la población y cientos de miles de médicos y terapeutas demandan estos métodos alternativos. 
Un mejor conocimiento de la medicina complementaria sería un gran paso a favor de la salud pública, por lo que aplaudo plenamente que se afronte el problema de la escasez de órganos en el plano comunitario. 
Tanto el establecimiento de plataformas comunes de donantes y receptores como el desarrollo de actividades que fomenten la seguridad y la calidad de los órganos pueden ser de utilidad a este respecto en toda la UE. 
Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, antes que nada quiero señalar que los factores ambientales afectan a la salud. 
Con demasiada frecuencia, los ciudadanos desconocen las consecuencias de exponerse a ciertas sustancias tóxicas, por ejemplo. 
Una información clara, respaldada por la investigación científica, ayudaría a prevenir muchos sufrimientos y evitaría también malentendidos. 
El programa de acción prevé medidas específicas en el terreno de la prevención, detección y concienciación, y con respecto a la información sobre enfermedades graves. 
Como miembro de MAC, «Diputados contra el Cáncer» , recientemente constituidos en el Parlamento, no puedo sino celebrar estos pasos concretos. 
Pero hay una cosa que, como muchos otros diputados, me cuesta digerir. 
Mientras no se llegue a un acuerdo sobre las perspectivas financieras para el próximo período, todo el debate sobre este programa de acción será meramente académico. 
Aun así, la necesidad es grande, y más aún las ambiciones, por lo que el Parlamento en los próximos meses deberá conseguir que se dispongan los fondos necesarios. 
– Señor Presidente, aunque los servicios sanitarios sean competencia de los Estados miembros, la UE debe aprovechar sus posibilidades de complementar la acción nacional en interés de toda la Comunidad. 
Por este motivo, es intolerable que en los próximos años el presupuesto de la Unión recorte el gasto en ámbitos que afectan a la calidad de vida de sus habitantes, en especial la salud. 
La Unión Europea puede y debe contribuir a la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, sobre todo desde que la última ampliación ha aumentado el desequilibrio entre Estados miembros en el ámbito de la salud. 
Las claras diferencias de esperanza de vida de los ciudadanos, de salud y de acceso a los servicios sanitarios, están directamente relacionadas con el nivel de desarrollo de cada Estado miembro. 
Los nuevos programas de atención sanitaria, cuya intención general es mejorar la salud de los ciudadanos y la prevención en el sentido amplio de la palabra, deberían corregir ese desequilibrio. 
El objetivo de todos los políticos de la UE debería ser mejorar el nivel de los servicios sanitarios. 
En concreto, ahora habría que centrar los esfuerzos en reducir la desigualdad del acceso y la calidad de los servicios médicos en los Estados miembros mediante la introducción de pautas comparables y una mayor transparencia de los sistemas sanitarios nacionales. 
El nuevo programa sería especialmente útil en el caso de las amenazas transfronterizas a la salud, pues permitiría poner en marcha estrategias y acciones comunes para proteger la salud y la seguridad y acabar con las amenazas, y para favorecer los intereses económicos de los ciudadanos al reducir la carga del sistema sanitario sobre ellos. 
Un mejor intercambio de información sobre los servicios médicos disponibles y la posibilidad de reembolso de los gastos en el territorio de la Unión Europea también contribuirían a promover la movilidad de pacientes y especialistas, como bien ha apuntado el autor de este crucial informe, el señor Trakatellis. 
– Señor Presidente, he expresado solo unas pocas opiniones sobre el programa de salud de la Comisión y con ello he levantado cierta inquietud. 
Sin embargo, creo que es realmente encomiable, por lo que doy las gracias no solo al señor Kyprianou, sino también al señor Trakatellis. 
Para mí no cabe duda de que la salud es, ante todo, asunto de los Estados miembros, y me complace que la mayoría de esta Cámara esté de acuerdo. 
Lo que hagamos en el plano comunitario debe aportar un claro valor añadido para los usuarios del sistema. 
Yo he estado implicado y he luchado por tres aspectos concretos de esta materia, en los cuales quiero insistir. 
El primero de todos es el punto de partida de este informe, a saber, que lo más importante es el compromiso individual de cada uno con su propia salud. 
En lo que respecta a atención sanitaria y al trabajo en el terreno de la salud pública, los políticos debemos considerar siempre a las personas, aun enfermas, como adultos con derechos y obligaciones, incluido el control de sus propias vidas y su salud. 
No debemos olvidar que el compromiso activo con nuestra propia salud es siempre la mejor medicina. 
Por eso es tan desafortunado el hecho de que los socialdemócratas deseen eliminar los artículos destinados a promover precisamente esa implicación activa en nuestra propia salud. 
Como diputados al Parlamento Europeo debemos facilitar asimismo la circulación dentro y entre los países, de modo que cada cual pueda procurarse el tratamiento y la atención en que más confíe. 
Hoy en día, los que menos libertad de circulación disfrutan en la UE son los que más la necesitan, es decir, los pacientes. 
Para ellos, las fronteras europeas son como pequeños Muros de Berlín que se interponen en su posibilidad de recibir tratamiento. 
Para ellos, la libre circulación puede ser una cuestión de vida o muerte. 
No podemos creer que los aspectos más importantes de la sociedad de bienestar se puedan regular y organizar con la economía planificada, que tan claramente ha demostrado ser el modelo económico más destructivo de la creatividad y de la buena administración. 
Necesitamos más libertad de elección y de movimientos. 
Por tanto, debemos hacer lo posible por garantizar que los responsables políticos, junto con quienes ejecutan las decisiones y, en especial, los que se benefician de los servicios sanitarios, tengamos un mejor acceso a la información sobre esos servicios. 
Es preciso que podamos comparar resultados, y no solo costes, como sucede actualmente. 
Esto no es solo necesario para que aprendamos unos de otros, sino para que los usuarios puedan aprovecharse de la libre circulación y de la libre elección que les ha reconocido el Tribunal de Justicia Europeo. 
Todo ello sería, por tanto, beneficioso para los pacientes europeos. 
Hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, las personas que entraban en contacto con los servicios sanitarios eran víctimas. 
Con harta frecuencia, su estado era mejor antes de llamar al médico que después. 
Mediante el desarrollo de los métodos de tratamiento y de los fármacos, hemos pasado a ser pacientes en nuestros sistemas sanitarios. 
Sin embargo, estoy convencido de que en un futuro no muy lejano seremos consumidores de salud, y esta es una perspectiva a la que debemos contribuir: víctimas ayer, pacientes hoy y consumidores de servicios sanitarios mañana. 
Sería una fantástica evolución que, estoy seguro, nos hará no solo más sanos, sino más libres. 
– Deseo unirme a mis colegas y agradecer al señor Trakatellis el excelente trabajo que tenemos ante nosotros. 
Es prioridad de todo Gobierno establecer un sistema sanitario, ya que se trata de un sector importante para absolutamente toda la población. 
En él no hay fronteras y se halla en el corazón de cada país. 
La Carta de los Derechos Fundamentales consagra todo esto y subraya que la Unión Europea debe prestar la atención y dar la prioridad necesarias al sector de la salud. 
La UE debe intervenir fijando objetivos de mejora en los sistemas de salud pública, ayudando a prevenir las enfermedades contagiosas y tratando de eliminar todo riesgo que haga peligrar la salud de la Comunidad. 
Por eso es muy importante que contemplemos el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud de una forma objetiva y distintiva, centrada exclusivamente en este sector concreto. 
No podemos estar de acuerdo en un solo programa para dos sectores diferentes, por relacionados que estén entre sí. 
Con ello se podría llegar a perder lo esencial y se haría más mal que bien. 
Lo mismo se puede decir del programa de protección a los consumidores, en sí una materia compleja que precisa atención especial. 
Queremos ver un programa que, por un lado, acerque los sistemas sanitarios de los distintos países y, por otro, ayude a cada país a conseguir sus propios objetivos. 
Y no puedo dejar de mencionar la importancia que hay que dar a los casos de las personas afectadas por enfermedades crónicas o discapacidades. 
Debemos asegurarnos de que no sean marginadas y, sobre todo, de que puedan conseguir una alta calidad de vida. 
Las personas con dificultades deben tener la ocasión de recibir asistencia que haga su vida más fácil y beneficiarse de programas de investigación que mejoren sus condiciones de vida. 
También hemos de tener en cuenta el importante papel que desempeñan las personas que cuidan de los impedidos, y debe haber programas para facilitarles la adecuada formación a fin de que puedan desarrollar su función con la máxima eficiencia. 
Estamos ante un programa que constituirá una herramienta crucial para que los pacientes se beneficien del mejor tratamiento y de las mejores medicinas. 
Un programa que educará a los europeos y les ayudará a elegir mejor en interés de su salud. 
Este programa ayudará a reducir los desequilibrios sanitarios existentes entre los países miembros de la UE, de modo que cada uno de ellos disfrute de un nivel servicio más elevado. 
Sí, tenemos un reto ante nosotros, un reto que debe llevarnos a una prevención más eficaz, a mejores servicios sanitarios y a una mayor calidad de vida. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Trakatellis por su magnífica y esmerada labor. 
La salud es nuestro valor más importante, por lo que también es bueno que la UE aborde este asunto. 
Estoy de acuerdo con las palabras del señor Fjellner y como diputado de un nuevo Estado miembro me complace que se separen los ámbitos de la salud y la protección del consumidor, pues abordan problemas totalmente distintos. 
Una vida larga no basta: es igual de importante mantenerse sano todo el tiempo posible. 
Por eso, considero especialmente positivo que el programa se centre en extender la esperanza de vida sana de los ciudadanos, porque es fundamental para el bienestar de los europeos poder disfrutar de una buena salud el mayor tiempo posible. 
A la vista de los desafíos demográficos a que nos enfrentamos, esto también tiene una gran relevancia para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. 
En Hungría, esto es especialmente importante, pues allí la esperanza de vida es diez años más baja que en los Estados miembros más antiguos. 
Por eso, el nuevo programa debe incluir esfuerzos especiales por reducir las diferencias entre los niveles de salud de los ciudadanos europeos. 
Nuestra tarea más importante es fomentar la prevención, también prioritaria en este programa. 
Tal es el motivo por el que sugerí en mi propuesta de enmienda que el programa hiciera hincapié en la salud de los niños y los jóvenes, pues las costumbres que se adquieren tempranamente son decisivas en la prevención de los problemas que aparecen con la edad. 
Por último, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que cada céntimo que dediquemos a mejorar la salud de nuestros ciudadanos reportará múltiples beneficios. 
Es difícil encontrar una inversión más rentable para el dinero de los contribuyentes europeos que la salud. 
Por tanto, espero que finalmente se doten los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha del programa que tenemos delante. 
Una vez más le doy las gracias en nombre de todos nosotros, señor Trakatellis, por su excelente labor y espero que todo el contenido de este programa se lleve a cabo. 
– Señor Presidente, deseo adherirme a las palabras de agradecimiento expresadas al señor Trakatellis, quien ha llevado a cabo una labor realmente ardua. 
Pero también quiero dar las gracias al señor Comisario, porque la Comisión está haciendo una buena labor, especialmente en lo relativo a la gripe aviar, tan estrechamente relacionada con todo esto. 
La salud es, en efecto, un campo del máximo interés para todos nosotros y para los ciudadanos. 
Es evidente que la esperanza de vida se ha elevado de forma extraordinaria en los últimos años. 
Hay cifras que demuestran que su aumento ha sido de dos años y medio por década desde 1840. 
Esto, lógicamente, plantea nuevos desafíos para nuestros sistemas sanitarios y sociales. 
Significa que, al vivir durante más tiempo, también necesitamos que la esperanza de vida sana sea mayor –sobre todo por parte de los políticos y de los médicos– y que las personas no solo vivan más años, sino que vivan más sanas. 
Nos enfrentamos a nuevos retos. 
Algunos ya se han mencionado, como la gripe aviar, que podría mutar en pandemia y plantear a Europa unos problemas hasta ahora nunca vistos. 
Tenemos que estar bien preparados para esto si queremos ser capaces de actuar a tiempo. 
También quisiera señalar que los problemas en torno al sida, al cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares deben permanecer en el orden del día, pues representan grandes riesgos para nuestros ciudadanos. 
Asimismo, debemos tener claro que los Estados miembros son los principales responsables de la salud. 
Pero nosotros, en el lado europeo, debemos pensar dónde podemos realmente aportar el famoso valor añadido europeo, dónde podemos hacer algo desde Europa que ayude a los ciudadanos a vivir más y más sanos. 
Uno de los aspectos es, sin duda, el factor transfronterizo: las enfermedades no conocen fronteras. 
Otro aspecto es el del conocimiento. 
Aquí mencionaré otra cifra. 
Los conocimientos en materia médica han aumentado de forma impresionante, y eso genera costes, por supuesto. 
Si aplicáramos ahora los conocimientos de la época de Bismarck, tan solo sería necesario el 1 % del presupuesto actual de salud. 
El 99 % restante se refiere a conocimientos adquiridos después. 
Por lo tanto, la salud cuesta dinero, y por eso respaldo decididamente la petición formulada por el ponente de dedicar 1 500 millones de euros de la Unión Europea. 
No podemos aprobar ambiciosos programas de salud sin disponer de los fondos necesarios. 
Otro aspecto importante es el tocante a la prestación. 
Como ya he dicho, la población envejece. 
Eso significa también que habrá un aumento de las costumbres sanas y las prestaciones. 
Y, sobre todo, en este punto es necesaria una gran labor de investigación para sanear nuestros presupuestos de salud a largo plazo. 
En general, estamos en el buen camino, pero no debemos cerrar los ojos ante los retos que se nos plantean. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a sus Señorías por este interesante debate. 
Voy a hacer algunos comentarios. 
En primer lugar, sobre la cuestión de las agencias, estoy totalmente de acuerdo en que tanto el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades como el Sistema Europeo de Vigilancia de la Gripe (EISS) son políticas muy importantes, pero no deben realizarse a costa de las demás políticas en el ámbito de la salud. 
Salvo que dispongamos de una mayor financiación, tendremos que realizar una elección imposible entre financiar plenamente las dos agencias y no hacer absolutamente nada más, o dividir el dinero, una opción que no estoy seguro de que tampoco sirviera para mucho. 
Este es un problema importante. 
En lo que respecta a la financiación, quiero dar las gracias a sus Señorías por su apoyo. 
En vista de cómo trabajamos en la Unión en el ámbito de la salud, en general mediante iniciativas no legislativas, necesitamos más dinero. 
Cuando se legisla es mucho más fácil remitir las propuestas aprobadas y esperar que los Estados miembros las pongan en práctica. 
Pero cuando lo que se quiere es tomar otras medidas de coordinación, de recomendaciones o de intercambio de mejores prácticas, se necesita más dinero. 
Estoy de acuerdo en que no vamos a meternos en los asuntos que son competencia de los Estados miembros. 
Nos centraremos en áreas en las que la Unión Europea puede aportar algo tomando medidas a escala europea. 
De hecho, eso es lo que hace el programa. 
Los servicios de salud son competencia de los Estados miembros. 
De eso no cabe duda. 
Pero en una Unión solidaria, no creo que podamos aceptar las desigualdades en el ámbito de la salud que todavía existen en la Unión Europea, donde la esperanza de vida varía en más de diez años de un Estado miembro a otro. 
La movilidad de los pacientes es una cuestión relevante. 
Es una realidad que tenemos que abordar. 
Vamos a elaborar propuestas a ese respecto, pero el objetivo debe ser que se ofrezca a los pacientes un elevado nivel de tratamiento allí donde viven, donde están sus familias y donde se habla su idioma. 
Eso puede conseguirse mediante programas de centros de referencia, intercambio de mejores prácticas, la coordinación de los Estados miembros, la coordinación de los sistemas sanitarios y la colaboración para conseguir el mejor nivel de servicio posible. 
Repito: eso no afectaría a los principios de competencia y subsidiariedad. 
No solo estamos trabajando con la medicina masiva; al contrario, quiero recordarles que en el programa se aborda también la cuestión de las enfermedades raras, así como la de los medicamentos huérfanos. 
También promovemos este ámbito. 
En lo que respecta al tabaco, no puedo estar más de acuerdo y me encantaría poder tener la oportunidad de participar en un debate concreto sobre el tabaco. 
Lo dicho sobre las subvenciones es correcto, pero también quiero añadir que las subvenciones se reducirán hasta su desaparición y que esa es una decisión que ya se ha tomado, pero el Fondo del tabaco que hemos financiado en campañas a escala europea recibe dinero a través de esas subvenciones. 
Cuando se terminen las subvenciones, no nos quedará dinero para campañas paneuropeas contra el tabaquismo, así que nos volvemos a encontrar en una situación imposible, que espero que se solucione en un futuro próximo. 
Sobre el alcohol, quiero recordarles que para finales de este año o en algún momento tras el verano, elaboraremos una propuesta de estrategia comunitaria sobre el alcohol. 
En lo tocante a la financiación, quiero dirigirme a la señora Doyle: hablo de un error contable –o al menos espero que sea un error contable– porque no puedo creer que se decidiera de forma intencionada reducir la financiación de la salud y la protección de los consumidores. 
Espero que en el acuerdo general alguien se diera cuenta de la incidencia que ese compromiso tendría sobre esos dos ámbitos concretos, lo que significa que puede corregirse. 
Si fue intencionado, lo lamento mucho y no puedo decir mucho más que eso. 
He tomado nota de los comentarios hechos sobre la medicina complementaria. 
Creemos que esta cuestión depende del principio de subsidiariedad. 
La propuesta de la Comisión no aborda una medicina concreta como tal. 
En lo que respecta al medio ambiente y la salud –y me dirijo ahora a la señora Ries–, el programa actual ya dispone de medidas, que se prolongarán cuando se apruebe un nuevo programa, sobre todo en materia de factores ambientales determinantes de la salud. 
Sobre las diversas enfermedades, puedo garantizarles que el cáncer es nuestra principal prioridad, pero hemos incluido una nueva línea destinada a reducir la carga de morbilidad, aunque creíamos que en un programa de siete años necesitábamos más flexibilidad, así que no enumeramos enfermedades concretas; sin embargo, eso puede hacerse mediante distintas decisiones que se tomen en el curso del programa. 
Al elaborar una lista de enfermedades, en la práctica se están excluyendo otras, así que queríamos un enfoque más flexible. 
Quiero recordar también a sus Señorías que presentaré una propuesta sobre la estrategia en el ámbito de la salud, que será más exhaustiva y detallará más ampliamente el programa en función de la financiación que consigamos; por lo tanto, habrá una estrategia completa y más amplia, que se elaborará conjuntamente con las partes interesadas y los ciudadanos. 
Para concluir, quiero volver a dar las gracias al señor Trakatellis por su excelente trabajo, así como a los miembros de la comisión. 
Les agradezco de nuevo su apoyo en esta importante política. 
– El debate queda cerrado. 
Todos agradecemos una vez más al profesor Trakatellis su excelente trabajo. 
La votación tendrá lugar hoy en el Turno de votaciones. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 44, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 72, 78, 80, 84, 85, 86, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 111, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 132, 135, 139,. 
Las enmiendas 16, 31, 32, 56, 57 y 90 pueden aceptarse en parte. 
Las enmiendas 10, 14, 23, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 50, 63, 67, 71, 73, 79, 81, 91, 110, 115, 116, 118 y 137 pueden aceptarse con modificaciones. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 5, 33, 47, 54, 58, 64, 68, 82, 83, 89, 95, 96, 98, 104, 105, 112, 128, 130,. 
La Comisión rechaza principalmente por razones de división o recursos las enmiendas 1, 2, 3, 15, 18, 19, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 62, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94, 97, 107, 109, 114, 117, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 140 y. 
(Las enmiendas subrayadas son enmiendas nuevas presentadas por los Grupos políticos el 8 de marzo de 2005.) 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0032/2006) de la señora Thyssen, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores (2007-2013) – aspectos relacionados con los consumidores (COM (2005) 0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B (COD) ). 
Antes de ceder la palabra al Comisario, tengan en cuenta, Señorías, que solo nos quedan veinte minutos para el debate antes del Turno de votaciones. 
Como comprenderán, en estas condiciones no podremos terminar el debate. 
Prefiero decírselo ahora: me veré obligado a suspender el debate. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la señora Thyssen, y a los diputados al Parlamento y los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por su excelente y estrecha colaboración y por el apoyo que han dado al programa de acción comunitaria en el ámbito de la protección de los consumidores. 
Permítanme disculparme anticipadamente por repetir algunas cosas que ya he dicho cuando hablaba de la parte del programa dedicada a la salud. 
Sin embargo, dado que estamos manteniendo debates independientes, es importante volver a puntualizar algunas cosas en relación con el programa de protección de los consumidores. 
El problema del presupuesto es similar: la reducción del presupuesto provocará una reducción de las políticas y, también en este caso, tendremos menos dinero para la Unión de 27 –25 más 2– que el que teníamos para los 15. 
En la era de la protección de los consumidores, en la que tenemos que poner en práctica iniciativas de gran alcance, sobre todo en los nuevos Estados miembros y en los países en vías de adhesión, esto provocará graves problemas y, como es lógico, afectará a la ayuda que podamos ofrecer a las organizaciones de consumidores, sobre todo en lo relativo a la financiación de proyectos y la formación del personal. 
Sobre la misma cuestión, quiero volver a recordarles la carta enviada por el Presidente Barroso al Presidente Borrell, en la que hablaba de esas preocupaciones, explicando que si el compromiso se mantiene, significaría menos dinero del que teníamos en 2006 y pidiendo esfuerzos adicionales en este ámbito. 
En el ámbito de la salud, si finalmente se produce un recorte tan importante de nuestro presupuesto, no podremos repartirlo entre muchas acciones. 
Si los fondos son limitados, tendremos que llevar a cabo una reevaluación y establecer prioridades, decidiendo dónde queremos concentrarnos, dónde podemos conseguir los mayores beneficios. 
Espero que el presupuesto pueda corregirse y que finalmente se proporcione financiación y podamos cubrir el programa como se había propuesto. 
En lo tocante a la división de los programas, tengo que repetir que comprendo plenamente la posición de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Entiendo por qué preferiría tener dos programas independientes. 
Como he dicho antes, creemos que podríamos añadir cierto valor si mantuviéramos un programa conjunto, en el que distinguimos claramente las acciones en el ámbito de la salud y las acciones en el ámbito de la protección de los consumidores; pero podemos beneficiarnos de tener áreas comunes y conseguir mejores economías de escala. 
No obstante, dado que las negociaciones sobre las perspectivas financieras no han concluido todavía, esto afectará a la posición de la Comisión sobre la división del programa. 
En este punto, por lo tanto, no podemos tomar una decisión definitiva sobre la división y tenemos que rechazar las enmiendas relativas a la misma. 
Cuando concluya el debate sobre las perspectivas financieras, la Comisión volverá a analizar esta cuestión. 
Repito que el Parlamento ha dejado muy claros sus deseos y he tomado nota de la firme posición –casi unánime– de la Cámara. 
No voy a hacer comentarios sobre cada una de las enmiendas. 
Se facilitará al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas, que les ruego se incluya en el Acta literal de esta sesión (1). 
Las enmiendas que rechazamos se refieren en su mayoría a la división, y lo hacemos por la razón que acabo de explicar o porque escapan del alcance de la política de consumo comunitaria. 
No es que estemos en desacuerdo con el fondo de estas propuestas, sino que creemos que se salen un poco del ámbito de la política de consumo comunitaria y –dada la situación actual– no podríamos financiar algunas de ellas. 
Estamos de acuerdo sobre otras cuestiones, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de integrar los intereses de los consumidores en otras políticas. 
Espero obtener el apoyo del Parlamento para garantizar que los intereses de los consumidores reciban la atención necesaria en muchas otras iniciativas de política de consumo de vital importancia. 
Este es un breve resumen de la posición de la Comisión sobre esta cuestión. 
Espero con impaciencia este interesante debate. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor quiero confirmar explícitamente lo que, de hecho, ya era obvio en el debate anterior. 
La comisión se opone a un programa integrado de salud pública y protección de los consumidores y, con el apoyo de la Conferencia de Presidentes, solicitamos un programa plurianual distinto para la protección de los consumidores. 
Como tengo la impresión de que el Comisario no está plenamente convencido, le presento de nuevo los motivos resumidos. 
Las competencias comunitarias en cada uno de estos dos ámbitos son demasiado dispares. 
Esto también es cierto en el caso de los objetivos sociales de las organizaciones de la sociedad civil involucradas; la distribución interna de las competencias, también en los Estados miembros, a menudo no concuerda con un planteamiento integrado. 
Un paciente es ligeramente distinto de un consumidor y, como mínimo, deseamos seguridad en relación con la proporción del presupuesto disponible para los asuntos del consumidor y queremos evitar que, cuando nos enfrentemos a una crisis de salud pública, la política del consumidor sea la víctima presupuestaria de una necesidad urgente de salud pública que normalmente debería resolverse mediante un instrumento de flexibilidad. 
A decir verdad, a falta de perspectivas financieras, me siento un poco incómoda hablando hoy sobre este informe, ya que no tenemos idea alguna del nivel del presupuesto. 
A la vez, soy muy consciente de que el alcance del presupuesto y el desarrollo del programa por lo que respecta al contenido son dos caras de la misma moneda. 
Sin embargo, es difícil contener nuestra ambición en el ámbito de la política de protección de los consumidores. 
Durante años, todas las instituciones europeas han empleado la política comunitaria de los consumidores para ilustrar que Europa se preocupa enormemente por atender a la gente normal. 
En épocas de ampliación, cuando la necesidad de dotar al mercado interior una dimensión de protección del consumidor es mayor que nunca, cuando también nos encontramos ante la necesidad de permitir que la Unión Europea mantenga su faceta humana, en épocas como estas no podemos poner freno a las ambiciones en el ámbito de la protección de los consumidores sin que ello tenga repercusiones. 
Como las tres instituciones están hoy presentes –y supongo que la Presidencia austriaca está adecuadamente representada– considero únicamente por esta razón que es útil discutir hoy a favor de mantener el presupuesto tal como se especifica en la propuesta de la Comisión. 
Pienso que realmente debemos atenernos a ello. 
Previa consulta con el señor Trakatellis, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, hemos dividido cuidadosamente el presupuesto de acuerdo con la escala de reparto usada por la Comisión. 
En consecuencia, para la protección de los consumidores llegamos a una suma de 233 millones de euros repartidos en siete años. 
De acuerdo con nuestro negociador para las perspectivas financieras, el señor Böge, no añadimos nada a la IMCO, pero no debe haber malentendidos: ello no significa en absoluto que en una fase posterior vayamos a darnos por satisfechos con menos. 
Instamos a las tres autoridades presupuestarias a que se tomen este mensaje al pie de la letra. 
No nos damos por satisfechos con menos ante la importancia de la cuestión, el creciente ámbito de acción derivado de la ampliación y la confianza vital del consumidor en el mercado interior. 
Deseo dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor porque nos apoyan en este tema y también porque hemos logrado limitarnos a dos grandes ámbitos adicionales de interés en la propuesta de la Comisión que, por cierto, han sido objeto de una gran labor explicativa por parte del Comisario. 
1. 
Queremos que el procedimiento de programación sea más abierto a la participación de los Estados miembros que no cuentan con una larga tradición en la protección de los consumidores, el movimiento de los consumidores, la capacidad de desarrollo de asociaciones de consumidores y su participación en la elaboración de políticas. 
2. 
Conviene prestar especial atención al fenómeno del envejecimiento de la población, así como a otros grupos de consumidores vulnerables. 
Los expertos jurídicos en materia de consumo saben que no podemos proporcionar medios suficientes a estos grupos vulnerables mediante una legislación cuyo ámbito de aplicación es por definición general; sin embargo, en un programa destinado a los consumidores podemos centrarnos en grupos de destinatarios y acomodar a los consumidores vulnerables, cosa que debemos hacer si queremos avanzar hacia una sociedad cálida y humana. 
Este es el primer informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en más de diez años en el que su antiguo presidente, el señor Whitehead, no ha tomado la palabra. 
Todavía le echamos de menos, y los años de sincera y amistosa cooperación me han empujado a dedicarle este informe. 
Señorías, solicito su apoyo a todo esto y también solicito el apoyo de la Comisión y el Consejo a nuestra propuesta. 
Les agradezco su cooperación, les agradezco su respeto por el señor Whitehead, ya que se lo debemos, y yo también estoy en deuda con las personas de la secretaría de la comisión que han marcado el curso de este informe con tanta profesionalidad. 
Señor Presidente, permítame decir unas palabras a modo de conclusión. 
Es poco probable que todos los diputados tengan la oportunidad de intervenir antes del almuerzo; por lo tanto, deberemos alcanzar un acuerdo sobre la votación, ya que no se trata de un informe de codecisión. Si no interviene todo el mundo antes del almuerzo, sugiero aplazar la votación al período parcial de sesiones de la semana que viene en Bruselas, pues considero que no podemos permitir que las coincidencias determinen el resultado y que no podemos votar sobre un asunto de este tipo con un número muy reducido de diputados presentes. 
Es mi sugerencia como ponente. 
– Señora Thyssen, su petición de aplazamiento de la votación será sometida a la Cámara dentro de un momento, justo al comienzo del Turno de votaciones, por el Vicepresidente que me sustituya. 
Señor Presidente, deseo mencionar la misma situación que la señora Thyssen ha planteado con razón. 
Ayer nos quejábamos, con toda la razón, de que había intervenciones de personas y se invitaba a intervenir a los Comisarios mientras los diputados todavía estaban entrando y en realidad nadie podía escucharles. 
Ahora nos encontramos con la misma situación. 
Si esta Cámara es incapaz tanto de organizar debates que se ajusten al horario como de prever un margen de tiempo entre la votación y el final del debate, realmente deberíamos plantearnos hacer las cosas de forma distinta. 
En cualquier caso, apoyo plenamente en un aspecto la sugerencia de la señora Thyssen: la votación debería posponerse a una fecha en la que los diputados puedan estar de hecho presentes. 
– Le comprendo perfectamente, señor Rack, pero debo precisar que decidimos comenzar el debate sobre este informe esta mañana a petición de la propia ponente, que, si he comprendido bien, no podrá estar aquí por la tarde. 
Oiremos ahora a los ponentes de opinión. 
. – Señor Presidente, además de su salud, de la cual acabamos de debatir, los 460 millones de europeos quieren que se les proteja cada vez mejor en su calidad de consumidores. 
En el contexto de las crisis sanitarias pasadas y presentes o en el de la globalización, que no garantiza ya la trazabilidad de todos los productos, la política europea de protección de los consumidores adquiere pleno sentido. 
En efecto, el mercado interior no puede funcionar correctamente sin la confianza de los consumidores. 
Demostrando a los europeos que se preocupa realmente por su salud y su seguridad y que se dota realmente de los medios para actuar, la Unión Europea puede favorecer la claridad política ante ellos. 
Quiero dar las gracias a la señora Thyssen por la calidad de su informe. 
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) propone un presupuesto de 233 millones de euros, escalonado en siete años, específicamente para la acción de «protección de los consumidores» ; este presupuesto, que supone un aumento con respecto al programa actual, es indispensable si queremos alcanzar los objetivos fijados, que son ambiciosos dadas las nuevas necesidades creadas por la ampliación. 
Esperemos que estas acciones no se vean afectados por drásticos recortes en caso de acordarse unas perspectivas financieras mínimas, porque lo que necesitan los consumidores europeos es un presupuesto que esté a la altura de las políticas que esperan en respuesta a sus preocupaciones. 
Esto no sería posible si la Unión Europea se ve sometida a una dieta de hambre. 
No obstante, lamento que las enmiendas sobre la información y la lucha contra la falsificación adoptadas por la Comisión de Presupuestos, no hayan sido recogidas por la Comisión IMCO. 
Desde el punto de vista económico, la falsificación es una auténtica plaga, tanto para la salud como para los consumidores. 
Afecta a las grandes marcas, a las PYME y a todos los sectores de la actividad económica y humana: medicamentos adulterados, electrodomésticos defectuosos, recambios no conformes, juguetes peligrosos, cosméticos tóxicos, por citar tan solo algunos ejemplos. 
Me parece importante, en el marco de una política de protección de los consumidores, informar mejor a los clientes potenciales de los falsificadores de los peligros que corren; por esta razón, aunque la lucha contra la falsificación está incluida en otras acciones de este programa, quiero insistir una vez más en este aspecto de la protección de los consumidores. 
. – Quiero felicitar a la señora Thyssen por elaborar un espléndido análisis del documento de la Comisión Europea. 
También debemos ensalzar el hecho de que los líderes del Parlamento Europeo hayan decidido separar el documento sobre la protección de los derechos de los consumidores del documento sobre la protección de la salud. 
Si esto no se hubiera realizado, la protección de los consumidores seguiría estando eclipsada por la protección de la salud. 
No obstante, que se hayan separado los documentos no significa todavía una separación real de estos problemas. 
Si no se divide el control de estos dos sistemas, ambos sectores estarán gobernados por la misma agencia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos considera que para mejorar la protección de los derechos de los consumidores es esencial integrar la protección del consumidor en el derecho civil. 
Mientras tanto, la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores debe cooperar estrechamente con la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Mercado Interior, ya que la protección de los consumidores también es responsabilidad parcial de estas direcciones generales. 
Está perfectamente claro que, con la expansión del mercado interior, para un Estado individual es prácticamente imposible aplicar la protección de los derechos del consumidor sin cooperar estrechamente con otros Estados miembros de la UE. 
Por tanto, la agencia europea de protección de los derechos del consumidor también debe cooperar estrechamente con las agencias nacionales, en particular los organismos públicos, ya que disponen de toda la información sobre las violaciones de los derechos de los consumidores. 
Debemos reconocer que los consumidores más vulnerables son los niños y los ancianos, al ser incapaces de defender sus derechos con eficacia. 
Las agencias deben prestar especial atención a estas categorías de personas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha presentado enmiendas que consolidan las propuestas anteriormente mencionadas. 
Insto a todo el mundo a aprobar el informe de la señora Thyssen junto con las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
– Señorías, tengo un pequeño problema que les expondré muy brevemente. 
Acabamos de oír a los ponentes de opinión de las distintas comisiones competentes. 
Se supone que tengo que suspender el debate en este momento, antes del bloque de oradores que intervendrán en nombre de los Grupos. 
Dicho esto, como el orador que interviene en nombre del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Stubb, no podrá estar aquí por la tarde, ha pedido intervenir ahora. 
Su tiempo de uso de la palabra es de tres minutos. 
En aras a la equidad, debo preguntar a los demás oradores que intervendrán en nombre de los Grupos, es decir, a la señora Patrie por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, a la señora Malmström por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, a la señora Svensson por el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, al señor Batten por el Grupo Independencia y Democracia, al señor Kristovskis por el Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones y al señor Mölzer en calidad de diputado no inscrito, si están de acuerdo en dejar intervenir al señor Stubb esta mañana. 
Si uno solo de los diputados que acabo de mencionar se opone a ello, no podré dar la palabra al señor Stubb. 
En cambio, si no hay oposición, el señor Stubb intervendrá durante tres minutos. 
¿Alguno de los seis diputados que acabo de citar se opone a que el señor Stubb intervenga a continuación? 
Nadie se opone y les doy las gracias a todos por ello. 
El señor Stubb será pues el último orador de esta mañana en este debate, que se reanudará a las 15.00 horas. 
Señor Presidente, hay un antiguo dicho swahili: «Nunca te sitúes entre un río y un hipopótamo». 
¡Así es como me siento ahora! 
Quisiera dar las gracias a la señora Thyssen por su excelente informe. 
En nombre de mi Grupo y en el mío propio, apoyo cada palabra del mismo. 
En primer lugar, no creo que necesitemos un programa de acción en el ámbito del consumo especial para los nuevos Estados miembros. 
Mantengamos esa línea básica. 
En segundo lugar, debemos mejorar la colaboración, pero no necesitamos una nueva agencia para hacerlo, así que quiero pedir a la Comisión que no cree otra agencia. 
En tercer lugar, intentemos activar a los consumidores y recordar que el dinero que asignamos a la política de consumo en realidad no es tanto: 40 millones de euros al año, lo que representa el 0,03 % del presupuesto total. 
De nuevo quiero felicitar a la señora Thyssen por su excelente trabajo. 
– Gracias por haber dejado que el hipopótamo volviera al río. 
Se suspende el debate sobre el informe de la señora Thyssen. Se reanudará esta tarde a las 15.00 horas. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 13, 26, 28, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48 y 54. 
Las enmiendas 10, 41 y 50 pueden aceptarse en parte. 
La Comisión rechaza las enmiendas 14, 17, 36, 37, 38, 39, 49,. 
La Comisión rechaza por razones de división las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 45, 46, 51, 52, 53 y. 
La Comisión rechaza/puede aceptar el contenido relativo al consumo de las enmiendas 8, 12 y 16. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 21, 22, 23, 24, 25 y 33, que deben reformularse. 
(Las enmiendas subrayadas son nuevas enmiendas presentadas por los Grupos políticos el 8 de marzo de 2005.) 
Señorías, antes de proceder a la votación, quiero anunciar una importante declaración de nuestra Conferencia de Presidentes. 
La declaración se refiere a la detención de figuras de la oposición en el período previo a las elecciones presidenciales en Belarús. 
A 16 de marzo, la Conferencia de Presidentes observa que un número creciente de políticos de la oposición, periodistas y activistas de ONG han sido detenidos en Belarús. 
La Conferencia de Presidentes lamenta estas medidas, que ponen en entredicho a gran escala la naturaleza democrática de las elecciones y son contrarias a todos los principios democráticos. 
A continuación se presentan diecisiete nombres. 
Con su permiso, leeré en alto los 17 nombres, porque solo podemos esperar que ello tenga algún efecto si son mencionados aquí, en el Parlamento Europeo. 
Se trata de las personas siguientes: 
Siarhiej Malčyk 
Viktar Sazonau 
Vadzim Sarančukou 
Andrej Pisalnik 
Mikoła Lemianouski 
Alaksiej Trubkin 
Siaržuk Hudzilin 
Jauhien Vaukauviec 
Aleś Čyrejka 
Vital Brouka 
Vasil Leučanka 
Tatsiana Klimovič 
Dzimitry Šymanski 
Ryhor Bakijevič 
Anatol Labiedźka 
Siarhiej Niarouny 
Vincuk Viačorka 
Cuatro personas más han sido detenidas en Pinsk, incluido el seńor Pavieł Lachnovič, y seis personas más en Svietłahorsk. 
La Conferencia de Presidentes exige la liberación inmediata de estas personas. 
Señorías, los ciudadanos de Belarús han iniciado una protesta silenciosa contra el régimen dictatorial establecido en su país, encendiendo velas en sus casas el 16 de cada mes. 
En relación con las elecciones presidenciales del próximo domingo, quisiera pedir, en nombre de mis compañeros Petr Šťastný y Milan Gaľa, que enciendan una vela en sus casas u oficinas a las 16.00 horas en señal de solidaridad con la nación belarusa y, de esta forma, expresar su apoyo por la democratización de la sociedad belarusa. 
La luz de las velas simboliza la esperanza en una nueva vida y un nuevo comienzo, en la libertad y la democracia. 
Ello constituirá una muestra formidable de la solidaridad europea con Belarús. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votación. 
. Señor Presidente, le pido disculpas por hacerle perder tiempo en esta cuestión, pero la lista de informes que deben someterse a votación también incluye uno del que soy responsable, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre el programa plurianual en el ámbito de la política de protección de los consumidores. 
De momento no hemos logrado terminar el debate sobre este informe. Dado que ni los ponentes alternativos de la mayoría de Grupos han tomado la palabra y por consideración hacia mis compañeros diputados, quiero pedirle, porque tiene poco sentido votar antes de que termine un debate, que no procedamos a la votación en este momento, sino que continuemos el debate esta tarde y votemos en el período parcial de sesiones de la semana que viene en Bruselas. 
Como se trata de un informe de codecisión, no podemos correr el riesgo de votarlo con una cantidad muy reducida de diputados presentes y debemos garantizar la participación del mayor número posible de personas. 
Señor Presidente, acabamos de escuchar del Comisario Kyprianou que no está dispuesto a aceptar las propuestas de la comisión relativas a la separación entre protección de la salud y protección de los consumidores, y que tampoco está de acuerdo con lo que vamos a proponer en relación con el ámbito de aplicación. 
Por lo tanto, sería muy satisfactorio que pudiéramos expresar la opinión del Parlamento Europeo sobre estas cuestiones con una mayoría cualificada clara y amplia. 
En consecuencia, deseo sugerir que pospongamos esta votación hasta el período parcial de sesiones de marzo II, en lugar de proceder a ella esta tarde. 
– Señor Presidente, intervengo de conformidad con los artículos 29 y 30 del Reglamento del Parlamento Europeo en relación con la declaración realizada hoy por el Presidente del Parlamento Europeo a las 10.00 horas respecto a la reconstitución del Grupo Independencia y Democracia. 
Como Presidente de la Mesa del Grupo IND/DEM, quisiera decir lo siguiente. 
El Grupo Independencia y Democracia en el Parlamento Europeo consta de 33 diputados de 10 Estados miembros de la UE. 
Esta composición del Grupo Independencia y Democracia fue confirmada en la reunión del Grupo IND/DEM de 14 de marzo de este año. 
Desde esta fecha, el Grupo IND/DEM no ha celebrado ninguna otra reunión. 
Como resultado, no se ha entablado acción legal alguna para reconstituir el Grupo. 
Toda la información sobre la reconstitución del Grupo debe considerarse como infundada y sin consecuencias jurídicas. 
La nueva lista de los diputados IND/DEM enviada al Presidente incluye los nombres de siete polacos, pero lamentablemente no se nos dio la oportunidad, en mi opinión deliberadamente, de firmarla. 
Otros no la habrían firmado de haber sabido que en ella no figuraban representantes polacos. 
El hecho de que dicha acción encubierta, contraria a todos los principios democráticos, se haya llevado a cabo, significa que solo puede haber una razón detrás de todo esto: el dinero de los diputados no invitados. 
Por esta razón, como Presidente de la Mesa del Grupo IND/DEM, solicito que los fondos del Grupo se congelen hasta que la situación se haya aclarado y fijado por escrito. 
Se toma nota, pero las disputas internas de los Grupos políticos no son objeto de debate en el Pleno. 
– Señor Presidente, tengo una enmienda oral, para la que he obtenido el visto bueno del ponente y mis colegas ponentes alternativos, para añadir la palabra «trazabilidad» a las enmiendas 120 y 138. 
De esa forma, la enmienda 120 quedaría así: «Promover la disponibilidad, trazabilidad y accesibilidad en toda la Comunidad de órganos y sustancias de origen humano de alta calidad y seguridad para tratamientos médicos». 
La enmienda 138 quedaría redactada así: «Actividades para ayudar a mejorar la seguridad, la calidad y la trazabilidad de los órganos y sustancias de origen humano, incluidos la sangre y los componentes y precursores sanguíneos». 
Esta modificación responde tanto a razones médicas como de legitimidad. 
– Señor Presidente, intervengo sobre la observancia del Reglamento en virtud del apartado 3 del artículo 151 del mismo. 
Cuando usted preguntó si había alguna objeción, me puse en pie, pero sin duda usted no me vio. 
El apartado 3 del artículo 151 del Reglamento establece: 
«El Presidente decidirá la admisibilidad de las enmiendas». 
«La decisión del Presidente sobre la admisibilidad de las enmiendas, adoptada en virtud del apartado 3, no se fundará únicamente en los apartados 1 y 2, sino en las disposiciones del Reglamento en general». 
En el Reglamento en general hay otro artículo que dice que nuestras actividades deben ser siempre transparentes. 
Tenemos aquí 140 enmiendas distintas, que la señora Sinnott desea modificar –aunque vayamos a debatirlas con una enmienda oral. 
¿Cómo es posible votar «sí» o «no» a 140 enmiendas distintas? 
Esto es absurdo. 
Le ruego que interprete el Reglamento en el sentido de declararlas inadmisibles y que las votemos una por una. 
Tomamos nota de su intervención, pero en el Parlamento Europeo lo hemos venido haciendo de esta forma durante años. 
– Señor Presidente, ¿sería posible, aunque admito que no se ajusta del todo a las normas, votar por separado sobre la enmienda 3 del primer informe del señor Graefe zu Baringdorf? 
Además, pregunto de paso también si con respecto al segundo informe del señor Graefe zu Baringdorf sería posible votar por separado sobre la enmienda 18. 
Son enmiendas que forman parte del paquete de enmiendas de la Comisión. 
Señor Presidente, esta breve enmienda exige una pequeña explicación. 
Señor Presidente, en el apartado 21, en lugar de «Opina que una Turquía democrática y laica podría desempeñar un papel constructivo… » propongo suprimir la palabra «laica» porque resulta ambigua. 
Si hablamos del Estado, del Gobierno, del Parlamento, entonces no habría nada que objetar; pero «una Turquía laica» se refiere a toda la nación. 
No tenemos ningún derecho a exigir que el pueblo turco pierda el respeto por su religión. 
Imagínense que el Parlamento de Azerbaiyán dijera que su país solo nos suministrará petróleo a condición de que todos seamos creyentes, o no creyentes. 
Pienso que es jugar con fuego exigir de un pueblo tal… 
–Señor Presidente, en nuestra enmienda, donde aparecen las palabras «las consultas realizadas durante la Presidencia luxemburguesa» , quisiera añadir «teniendo en cuenta» , de forma que la enmienda quede así: «teniendo en cuenta las consultas realizadas durante la Presidencia luxemburguesa». 
. 
Señor Presidente, la aceptación del apartado 43 convierte a la enmienda 15 en innecesaria. 
El apartado 43 trata sobre el nombre de Macedonia o Antigua República Yugoslava de Macedonia y no precisamos otro apartado 43a sobre el mismo tema. 
Ya se ha solucionado. 
– Hemos propuesto que al final de la primera frase del apartado 5 se añada lo siguiente: 
«y espera que dicha participación mejore y se refuerce en el futuro». 
– En el apartado 18, hemos propuesto que en el medio de la frase se inserte una referencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Con esto concluye el Turno de votaciones. 
. 
La Comisión ha presentado un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores, combinando dos programas anteriores en estos ámbitos sobre la premisa de que serviría para aprovechar energías de ambos. No obstante, pasa por alto el hecho de que los dos programas se solapan por lo que respecta a objetivos, estrategias e instrumentos. 
El 30 de junio de 2005, sin embargo, la Conferencia de Presidentes decidió dividir de nuevo este programa. 
En consecuencia, este informe se refiere únicamente al programa de salud que, en cualquier caso, tenía un ámbito de aplicación restringido y bajos niveles de financiación. 
Está claro que no hay nada más importante que la salud, y su protección interesa a todos sin excepción. 
Sobre este telón de fondo, el informe que tenemos hoy ante nosotros en el Parlamento amplía estos poderes y propone incrementar tanto la financiación global como la financiación específica con el fin de llevar a cabo las medidas. 
Somos conscientes de que todavía queda bastante lejos de lo que es necesario para satisfacer la demanda y el interés suscitados por este programa, pero a pesar de ello hemos votado a favor del informe porque mejora en gran medida la propuesta de la Comisión. 
El informe recomienda que la UE elabore un programa comunitario separado en el ámbito de la salud para el período 2007-2013. 
El Parlamento Europeo defiende que el presupuesto para este programa sea de 1 200 millones de euros (la Comisión propugna que sea de 969 millones de euros). 
La Lista de Junio está convencida de que las cuestiones sanitarias competen esencialmente a cada uno de los Estados miembros. 
Algunos de los objetivos que el ponente quisiera incluir en el programa por ejemplo, la lucha contra los problemas de salud causados por el tabaco, el alcohol y una dieta inadecuada son objetivos que los Estados miembros pueden perseguir de forma independiente. 
En otras palabras, no se respeta suficientemente el principio de subsidiariedad. 
Evidentemente, la cooperación internacional es necesaria en relación, por ejemplo, con las epidemias víricas y los problemas médicos complejos. 
Sin embargo, la cooperación internacional debería tener lugar principalmente a través de acuerdos multilaterales y dentro del marco de la labor que ya está desarrollando la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Nos oponemos a destinar recursos adicionales para esta finalidad y, basándonos en los citados motivos, hemos decidido votar en contra de este informe. 
. – He votado a favor de este texto. 
Estoy especialmente preocupada por la creciente resistencia microbiana a los antibióticos. 
Es una auténtica amenaza. 
Por ello, hay que aumentar la investigación en este terreno y desarrollar una información que explique a los pacientes los peligros de un uso inadecuado de estos medicamentos. 
Una de las grandes bazas de la Unión Europea reside en el intercambio de datos, en especial en el ámbito de las enfermedades raras. 
En este punto espero un esfuerzo adicional para favorecer las sinergias. 
Este programa de acción nos brinda también la ocasión de emprender una reflexión sobre la movilidad de los pacientes. 
En Europa se producen situaciones aberrantes. 
He conocido a una paciente que vive en Estrasburgo y que, para tratar el tipo concreto de cáncer que padece, tiene que viajar a Marsella, cuando el mismo tipo de terapia está disponible a 5 km de su casa. 
Claro que este centro se encuentra en Kehl, Alemania. 
Por otra parte, es esencial que la financiación esté a la altura de la situación. 
Por último, hay un punto que no puedo apoyar: el de las medicinas complementarias o alternativas. 
Esas prácticas no son medicina, sino una alternativa a la medicina. 
La Unión Europea debe concentrarse en lo esencial y, por tanto, no procede que participe en la financiación de ese tipo de prácticas. 
. Apoyo el plan de acción comunitario sobre la salud pública. 
Pienso que es un producto de máxima importancia y su protección nos concierne a todos sin excepción. 
Los objetivos del programa son la protección de los ciudadanos frente a las amenazas para la salud, el fomento de políticas que permitan una vida más sana y el desarrollo de sistemas de salud más efectivos y eficientes. 
Apoyo en particular el desafío que supone para todos garantizar una prevención más eficaz, mejores servicios sanitarios y una mayor calidad de vida. 
Salvar las diferencias que existen entre los servicios sanitarios de los Estados miembros y conseguir a la vez que los servicios nacionales de salud operen en sinergia debe considerarse un aspecto importante del programa. 
. – He votado a favor del considerando 3 ter (nuevo) sobre la definición de la duración de una vida sana a pesar de considerar incorrecto el uso en la versión inglesa de la expresión «disability-free life expectancy indicator» , a diferencia de la traducción griega, que no presenta tal problema. 
Deseo hacer hincapié en que una discapacidad no implica incapacidad, sino un estado de salud distinto que debería tenerse en cuenta a la hora de procesar y aplicar todas las políticas y los programas comunitarios. 
. 
La finalidad de esta propuesta de la Comisión es sustituir el Reglamento (CEE) n° 2082/92 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios por un texto nuevo que introduzca una serie de simplificaciones y clarificaciones de conformidad con las disposiciones de la OMC. 
Comprendo la necesidad de enmendar la legislación comunitaria en este ámbito. 
Estoy de acuerdo con la idea central de la propuesta de la Comisión y voto a favor del informe Graefe zu Baringdorf. 
En este informe deseo destacar las enmiendas 6 (por la que un Estado miembro puede solicitar cualquier otra información, siempre y cuando ello esté debidamente fundamentado) y 13 (por la que se fija una fecha límite para que los organismos privados de control ya existentes se acrediten) , y votaré a favor de las mismas. 
. 
El carácter específico de los productos agrícolas y alimenticios goza de protección comunitaria desde 1993. 
Así se ha garantizado que los productos tradicionales con características específicas, por lo que a su fabricación y elaboración se refiere, sean debidamente valorados. 
El informe que tenemos ante nosotros introduce numerosas simplificaciones y aclaraciones en relación con los procedimientos y las responsabilidades de las distintas autoridades involucradas en el examen de las solicitudes presentadas. 
Este instrumento es importante porque no solo significa que se atribuye a los productos el valor que se merecen, sino también porque se protege a los consumidores frente a prácticas desleales, garantizando de esta forma un práctica leal del comercio. 
Este instrumento contribuirá a crear valor añadido en las zonas rurales europeas y, de esta forma, creará nuevos ámbitos de interés para el turismo. Ello tendrá repercusiones socioeconómicas muy positivas tanto para las actividades relacionadas con el turismo como para el crecimiento y la cohesión territorial de la Unión. 
Por último, quisiera destacar la importancia de valorar, recuperar cuando sea necesario y proteger nuestros productos tradicionales, pues somos depositarios de la herencia que transmitimos a las generaciones futuras. 
Considero que las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios son a menudo útiles porque, a diferencia del predominio de las grandes marcas registradas de la OMC en el mercado mundial, impulsan y desarrollan la producción y el comercio locales. 
Sin embargo, me opongo a que la UE tenga poder de decisión sobre el etiquetado obligatorio de estos productos. 
Se trata de una cuestión que en el futuro también debería ser voluntaria. 
. – He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios porque era urgente adaptar nuestro sistema de protección de los productores de especialidades regionales a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio, como demostraron las negociaciones de Hong Kong (China) del pasado mes de diciembre. 
Debemos ser muy combativos en este tema, porque algunos países, en especial los Estados Unidos de América y Australia, que están en el origen de estos ataques, no nos van a regalar nada. 
Estamos obligados a mejorar el acceso de los nacionales de terceros países al sistema europeo y situarlos en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la Unión por lo que respecta a las solicitudes y los derechos de oposición. 
En todo caso, la Unión Europea debe defender las indicaciones geográficas con todas sus fuerzas ante la Organización Mundial del Comercio, pues constituyen un medio decisivo para generar valor añadido. 
Por último, en lo que respecta a la aplicación y dado que se encuentran aún pendientes cerca de 300 solicitudes, es necesario que los servicios de la Comisión Europea actúen con mayor rapidez a la hora de reconocer estas protecciones. 
. 
Las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las denominaciones de origen protegidas (DOP) de productos agrícolas y alimenticios contribuyen enormemente a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las zonas rurales de la UE, incluida Portugal. 
Mediante la divulgación de la idea de que los reglamentos vigentes son incompatibles con los acuerdos comerciales internacionales, especialmente el conocido Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) , los Estados Unidos y Australia están ejerciendo una presión inaceptable. 
El propio Tribunal de Arbitraje de la OMC ha dictaminado que, en términos generales, son de hecho compatibles con las obligaciones impuestas por la OMC. 
Dicho esto, la UE ha sido obligada a mejorar el acceso al mercado para terceros países. 
A su vez, la Comisión intenta realizar ajustes que, en la mayoría de los casos, se corresponden con mejoras que el Parlamento decidió realizar para ayudar a proteger a los agricultores y al mundo rural. 
En términos generales, aceptamos estas mejoras, y ello explica por qué hemos votado a favor. Consideramos fundamental la defensa de las DOP, las IGP y las especialidades tradicionales garantizadas. 
. 
La finalidad de esta propuesta de la Comisión es sustituir el Reglamento (CEE) n° 2082/92, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios por un nuevo texto que prevea normas más claras y simples de conformidad con la decisión adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en respuesta a las quejas presentadas por los Estados Unidos y Australia. El plazo de aplicación es el 3 de abril de 2006. 
Dado que comprendo la necesidad de enmendar esta legislación comunitaria, estoy de acuerdo con la idea central de la propuesta de la Comisión y votaré a favor del informe Graefe zu Baringdorf. 
En un mundo globalizado, de normalización y acceso universal a los alimentos, la reflexión sobre nuestro origen, nuestra tradición y, en última instancia, también nuestra cultura es un fundamento bueno y firme sobre el que podemos construir y seguir desarrollándonos. 
La tradición europea y el origen europeo constituyen una unidad en la diversidad. 
Y esa diversidad distingue a Europa, sus regiones y en especial a sus ciudadanos. 
Las personas se han adaptado a sus condiciones regionales, que varían enormemente unas de otras. 
Han dado pie a formas de vida tradicionales y a productos tradicionales. 
Asociamos ideas y expectativas bastante particulares con etiquetas tradicionales y geográficas. 
Hoy en día, nuestros productos se comercializan en todo el mundo. 
No obstante, eso exige regular estos productos, que se lanzan al mundo más bien como «embajadores» de un pueblo o una región. 
Debemos garantizar que aquello que se encuentra detrás de un buen nombre continúe siendo bueno. 
Y debemos asegurar que siga existiendo un vínculo entre el nombre de un producto y su origen en una región particular. 
Todo ello debe reglamentarse de la forma más sencilla pero eficaz posible. 
Este informe cumple dicha finalidad en todos los sentidos. 
. – Inspirada en las DOC francesas, la herramienta jurídica europea que protege nuestras producciones agrícolas con etiquetas como las IGP, se encuentra en el meollo del conflicto agrícola entre Europa y los países anglosajones. 
Para los Estados Unidos, la agricultura debe ser industrial, con logotipos y marcas, el vino incluido. 
Para Europa, la agricultura es ante todo una actividad cualitativa, de tipo familiar, con tierras cuyos productos protegen desde el punto de vista de su origen geográfico. 
El símbolo es el vino, nacido de la fermentación y signo de civilización, mientras que en Australia es una mercancía industrial. 
En la OMC, la oposición entre los Estados Unidos y Europa, entre el hemisferio sur y Europa, entre el mundo anglosajón y Europa, representa un verdadero choque de civilizaciones entre la hoz y McDonald’s. Ahora bien, en Hong Kong la Comisión ni siquiera puso sobre la mesa el registro multilateral de las denominaciones de origen para proteger nuestros vinos de pequeños agricultores en competencia con los grandes distribuidores de vinos. 
En Ginebra, a finales de abril, seguir disminuyendo la protección arancelaria de la agricultura agrícolas y dejar entrar 1,2 millones de toneladas de carne del hemisferio sur y los líquidos australianos, coloreados industrialmente, amaderados, afrutados, edulcorados y llamados vinos, será destruir nuestra identidad agrícola, de la que las IGP son un instrumento. 
. 
La protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios permite a los productores afectados preservar la producción, la transformación y la elaboración de un producto de un determinado origen a través de su registro. 
En el contexto de la necesidad de modificar los reglamentos y a la luz de la decisión arbitral de la OMC, este informe mejora estos instrumentos, que han contribuido enormemente al acceso al mercado con unos precios más elevados y han servido para crear puestos de trabajo en las zonas rurales de Europa. 
Además, las actividades relacionadas con el turismo han tenido efectos socioeconómicos muy positivos. 
Europa es heredera de tradiciones antiguas con un enorme atractivo turístico. 
El vino de Oporto y el queso Roquefort son productos europeos que marcan la pauta en todo el mundo. 
Por supuesto, es importante establecer claramente qué información hay que facilitar al consumidor, no solo con el fin de proteger estos productos, sino también para facilitar el derecho a plantear objeciones. 
Deseo destacar la clarificación del reparto de poderes entre los Estados miembros y la Comisión, haciendo hincapié en la necesidad de que las actividades de la Unión cumplan en todo momento el principio de subsidiariedad. Ello contribuirá a garantizar que con las medidas previstas se alcance el máximo beneficio. 
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son fuentes de riqueza para Europa. 
Compartir las tradiciones culinarias es enriquecedor. 
A la vez, sin embargo, deben tenerse en cuenta los inconvenientes de estas denominaciones. 
No queremos que las denominaciones de origen se usen con fines proteccionistas. 
Durante un par de siglos, en su nueva patria, los emigrantes europeos han venido produciendo alimentos y bebidas cuyas tradiciones importaron de sus países de origen. 
La Unión Europea debe mostrar, dentro de la Organización Mundial del Comercio, comprensión por dichas tradiciones y por el hecho de que, a veces, los nombres genéricos y las denominaciones de origen pueden entrar en conflicto entre sí. 
Los dos informes del Parlamento Europeo sobre este tema no son más que propuestas suplementarias de conformidad con el procedimiento de consulta. 
No consideramos que tengan mucho que añadir –aunque es preferible que algunas propuestas se presenten a que no lo hagan– y creemos que esta cuestión debería ser abordada en el Consejo de Ministros. 
Asimismo, rechazamos firmemente la idea de que podría encomendarse la tarea de realizar el seguimiento de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen a una autoridad de la UE. 
En esta cuestión en particular, consideramos que debemos confiar en las autoridades de los Estados miembros. 
En consecuencia, hemos decidido votar en contra de ambos informes. 
. Votamos en contra de este informe porque queremos mantener nuestra soberanía en lo que respecta al registro de los productos agrícolas. 
El proceso de ejecución es demasiado burocrático. 
No podemos aceptar la existencia de una agencia comunitaria responsable para el procedimiento de registro. 
Sin embargo, pensamos que los Estados miembros deben ser responsables de dicho procedimiento. 
Tampoco queremos ninguna etiqueta comunitaria. 
Queremos proteger la cuajada de igual manera que los griegos defienden su queso feta, pero sin dejar de ser equitativos. 
Siempre que el etiquetado sea claro, como es el caso del queso feta de Yorkshire, que evidentemente no es queso feta griego, no entendemos por qué no pueden coexistir ambos productos en las tiendas de alimentación británicas. 
No creemos que la armonización sea una idea positiva. 
Señor Presidente, voy a hablar en nombre de mi Grupo durante dos minutos. Mi Grupo me ha pedido que dé una explicación oficial de voto sobre el informe Brok. 
Los artículos publicados en la prensa han dado la impresión en muchas partes de Europa de que el Parlamento Europeo se ha echado atrás en su propuesta de que Croacia pueda adherirse plenamente en un plazo muy breve, cuestión sobre la que ha votado en varias ocasiones. 
Como saben, nuestro Grupo ha abogado por iniciar negociaciones de adhesión con Croacia y concluirlas con éxito antes de las elecciones europeas de 2009. 
En nombre de mi Grupo, quiero decir que apoyamos inequívocamente ese objetivo y que del informe Brok se deduce bastante claramente que Croacia es un país candidato a la adhesión que cumple excepcionalmente los criterios para la misma. 
Es cierto que hay algunos aspectos criticables, pero no creo que Croacia sea un candidato a la nueva estructura de cooperación multilateral propuesta en el informe Brok. 
No es el caso. 
Croacia es un país centroeuropeo que en realidad debería haber sido aceptado en la Unión Europea en 2004 y que cumple ampliamente los criterios. 
Nuestras críticas se refieren a aspectos que solo se critican en el caso de un país que está relativamente próximo a la adhesión, mientras que en Turquía ni siquiera está garantizada la abolición de la tortura. 
Por lo tanto, quiero volver a dejar totalmente claro en nombre de mi Grupo que Croacia es un candidato para la adhesión. 
Debe ser juzgado por lo que ha logrado. 
Debe separarse de las negociaciones de adhesión con Turquía y se le deben dar claras perspectivas de adhesión antes de que concluya la década. 
Señor Presidente, es bien sabido que muchos imperios históricos cayeron porque crecieron demasiado rápido y no fueron capaces de controlar los conflictos entre las culturas y los movimientos que los conformaron en el marco de ese crecimiento. 
Por lo tanto, a mi juicio hace ya mucho tiempo que debíamos haber celebrado un debate sobre la capacidad de la Unión Europea para admitir nuevos miembros. 
No debemos olvidar que el propio nombre «Unión Europea» implica un límite claro, reflejado en el término Europa. 
Tenemos que tener claro que Europa se basa en cimientos de valores cristianos. 
En sí misma, esa es una razón por la que estoy totalmente de acuerdo con el señor Posselt sobre el caso de Croacia. 
Por otra parte, es preciso decir que los acontecimientos, sobre todo los del pasado más reciente, demuestran que la fe en la tolerancia ilimitada, que está tan extendida en la actualidad, es un error. 
La tolerancia debería funcionar en los dos sentidos, pero, hasta ahora, en nuestra sociedad cada vez más multicultural, esa tolerancia se ha traducido en que los inmigrantes musulmanes esperan que sus países de acogida cristianos se adapten a ellos, y lo exigen cada vez más frecuentemente por medios violentos. 
En las negociaciones de adhesión, Turquía ha mostrado fugazmente su verdadera cara numerosas veces, por ejemplo en el acuerdo con Chipre, con amenazas de castigos por los supuestos insultos al Estado, y ahora también en la disputa sobre las caricaturas. 
Es hora de que hasta el último de los idealistas partidarios de la ampliación se dé cuenta de que debemos establecer unos claros límites para Europa. 
– Señor Presidente, al igual que la mayor parte de mis colegas de la delegación de los conservadores británicos, he votado a favor del excelente informe del señor Brok, a quien deseo felicitar. 
Sin embargo, mi partido se opone a la Constitución de la Unión Europea y, por consiguiente, hemos votado a favor de la supresión del apartado 6, puesto que ha quedado claro que la actual oleada de ampliación de 15 a 25 países ha funcionado perfectamente con la fórmula de Niza y sin Constitución Europea. 
Los conservadores británicos opinamos que las cinco oleadas de ampliación anteriores han sido un éxito, como lo será la adhesión de Rumanía y Bulgaria, prevista con toda probabilidad para el 1 de enero de 2007. 
Toda ampliación ulterior podrá acogerse mediante nuevas conferencias intergubernamentales. 
Como conservadores creemos en una Unión Europea más amplia y flexible de Estados nacionales que cooperen entre sí, de ahí que apoyemos globalmente el excelente informe del señor Brok. 
Señor Presidente, quisiera dejar constancia de que he votado a favor de la enmienda 13 de la resolución del señor Brok, que solicita que la organización racista y antisemita Lobos Grises se declare ilegal. 
Esta organización es responsable de varios ataques terroristas contra instituciones cristianas y judías en Turquía. 
Es cierto que el texto es duro, pero por desgracia es un reflejo de la realidad. 
Este grupo aterroriza a la gente exactamente igual que lo hicieron las bandas de Hitler antes de que llegara al poder; no a una escala tan grande, pero con la misma arrogancia y usando algunos métodos idénticos. 
A mi juicio, este problema merece la atención de esta Cámara. 
Las comunidades judías y las iglesias cristianas han pasado a ser objetivo del terrorismo físico y espiritual de los Lobos Grises, y esta cuestión merece la atención internacional. 
Los socialdemócratas suecos queremos ver una Unión Europea abierta en la que la solidaridad sea la norma y que acoja en su seno a nuevos Estados sobre la base de los criterios de Copenhague. 
Por lo tanto, lamentamos que el informe se centre demasiado en la capacidad de absorción de la propia UE, porque puede dar la impresión de que el Parlamento Europeo pone en duda la capacidad de la UE para incluir a nuevos miembros. 
La capacidad de absorción de la Unión Europea depende en última instancia de su voluntad de incluir a más Estados miembros. 
También nos preocupa la tendencia generalizada a excluir a países de la adhesión en función de criterios como, por ejemplo, su situación económica. 
– Los diputados al Parlamento Europeo de Nea Dimokratia queremos aclarar que la segunda parte del apartado 43 del informe no expresa nuestras opiniones sobre este asunto concreto. 
Este informe de iniciativa propia debate la importante cuestión de la continua ampliación de la UE. 
La Lista de Junio tiene, en principio, una buena disposición hacia la ampliación continua de la UE, siempre que los países que se propongan para la adhesión compartan los valores fundamentales que constituyen la base de la UE en términos de lo que representa. 
Esos principios incluyen, ante todo, los derechos humanos, la democracia y el principio del Estado de derecho. 
En lo que respecta a la legislación que no afecta a esos valores, los Estados nación son soberanos. 
El ponente propone también un incremento muy considerable del presupuesto, que se corresponde aproximadamente con 25 000 millones de coronas suecas, y eso es algo a lo que nos oponemos. 
Por eso hemos votado en contra del informe. 
. 
Aunque la Unión está todavía digiriendo los diez países que se adhirieron en 2007, con Bulgaria y Rumanía de camino, su insaciable apetito le ha llevado a comenzar el procedimiento para la adhesión de Turquía y los países de los Balcanes; todo esto después de participar activamente en la destrucción de la República Federal de Yugoslavia. 
De entre la niebla de la «corrección política» surgen siempre los verdaderos objetivos de esa carrera: la creación de una zona de libre comercio y el uso compartido de los recursos naturales a cambio de incentivos prácticos; en otras palabras, la dominación y explotación económica de estos pueblos y de sus países por los grandes grupos económicos y financieros de las principales potencias de la Unión, con Alemania a la cabeza. No estamos ante una coincidencia, ya que Alemania es, conjuntamente con los Estados Unidos, la fuerza dominante de la región y participa en la ocupación militar de esos países. 
¿No les parece esto un buen ejemplo de una injerencia por parte de la mayoría del Parlamento en un Estado soberano? «llama la atención… sobre la debilidad… como por ejemplo una excesiva intervención estatal en la economía y las complejas normas... de la administración pública que están impidiendo el desarrollo del sector privado y de la inversión extranjera directa». 
También hay que destacar el apoyo a la división de Serbia, burlando el Derecho internacional, cuando se hacen llamamientos para «un Kosovo cuya integridad territorial esté protegida por las Naciones Unidas y la Unión Europea… 
. El Partido Laborista Parlamentario Europeo apoya una actitud positiva ante la futura ampliación de la Unión Europea, en particular cumpliendo los compromisos contraídos con los países candidatos y potenciales candidatos. 
A este respecto, no es de recibo proponer otras «posibilidades operativas» en el apartado 10 de la resolución, ya que las relaciones con los países vecinos están claramente reguladas por el proceso de adhesión y la política europea de vecindad. 
El 1 de mayo de 2004, la Unión Europea se amplió para incluir diez nuevos Estados miembros de Europa central y oriental. 
Con la ayuda de la estrategia del palo y la zanahoria de la Unión, países que anteriormente estaban tras el Telón de Acero se convirtieron en democracias con economías de mercado. 
Fue un acontecimiento histórico. 
Ahora debemos cumplir nuestras promesas sobre la continua ampliación de la UE para incluir países como Rumanía, Bulgaria y Croacia. 
Sin embargo, también debemos ser receptivos a nuevas solicitudes de adhesión. 
Se debe permitir a los países que cumplan los requisitos convertirse en Estados miembros. 
Hoy vamos a votar un documento estratégico para la continua ampliación, que contiene una propuesta de que la UE defina sus fronteras geográficas. 
Voy a votar en contra de eso. 
No se pueden cerrar las fronteras. 
La demarcación de las fronteras de Europa sería interpretado, por ejemplo por el pueblo ucranio, que actualmente se encuentra entre la democracia y la dictadura, como un portazo en sus narices. 
– El informe, las decisiones del Consejo y de la Comisión y el debate en el Parlamento Europeo coinciden con el séptimo aniversario de la sucia guerra de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea contra Yugoslavia y con el asesinato organizado de Milosevic. 
Los planes de los imperialistas europeos y estadounidenses y ejecutores de los Balcanes, que se querían anexionar y donde querían crear protectorados subordinados a la Unión Europea y al imperialismo, permitiendo que el capital eurounificador robara sus recursos generadores de riqueza, quedan patentes de una forma insultante. 
La situación de los pueblos de los Balcanes ya es grave y empeorará cuando entren en la UE. 
La competencia y la nueva ronda de cambios de fronteras están creando nuevas tensiones. 
El Kommounistiko Komma Elladas, reiterando su posición contra la UE y su ampliación, contribuirá a galvanizar la lucha de los pueblos contra el imperialismo europeo y estadounidense que impuso la ocupación de la zona. 
En el caso del FYROM, repite que el problema está relacionado con las intervenciones imperialistas y las modificaciones de fronteras, así como con la agitación de problemas de minorías, acciones sobre las que Nea Dimokratia, Panellinio Socialistiko Kinima y Synaspismos han guardado silencio o han consentido en el pasado, centrando su atención en el nombre del país vecino. 
Todos los cacareos demagógicos y los ajustes políticos de otros partidos son un intento de desorientar a la gente y ocultar las enormes responsabilidades políticas que tienen por ir de la mano del imperialismo. 
. 
El informe Brok sobre la ampliación es una excelente instantánea de los solicitantes de adhesión para la próxima ronda de ampliación de la UE. Sin embargo, y lo que es más importante, también es una advertencia sobre las dificultades que conllevarán las futuras ampliaciones. 
A este respecto, creo que hay que dejar claras dos ideas. 
La primera es la del «punto muerto constitucional». 
Dada la necesidad de aclaración, o incluso de reorganización, de la estructura institucional antes de cualquier nueva ampliación, también parece que los ciudadanos y los líderes políticos no deben verse restringidos a una única solución institucional/constitucional para la ampliación. 
El factor de la «capacidad de absorción» está convirtiéndose en uno de los criterios más importantes. 
Las perspectivas de adhesión y la política de vecindad han contribuido a la democratización y al desarrollo de posibles países candidatos, pero eso no es suficiente en sí mismo. 
La UE debe estar también dispuesta a acoger a nuevos socios y esto debe formar parte de un esfuerzo por garantizar las mismas condiciones para los nuevos miembros, y no de un enfoque egoísta por parte de quienes ya lo son. 
Ese es un enfoque responsable para abordar la necesidad de que los ciudadanos europeos apoyen el proceso de ampliación. 
. – Hoy, el Parlamento se ha expresado sobre la estrategia que hay que seguir para las futuras ampliaciones de la Unión Europea. 
Ampliaciones de «reunificación» con nuestros hermanos de Europa –búlgaros, rumanos, croatas, macedonios y demás– arbitrariamente separados de nosotros desde Yalta. 
Están tan destinados a reunificarse con nosotros como la Unión Europea lo está a integrarlos. 
No es el fondo lo que discuto, sino la forma y el calendario, y por esa razón he votado a favor de los apartados 5 y 6. 
Es hora de que la Unión entable un auténtico debate sobre sus fronteras, que evitó cuidadosamente durante los trabajos de la Convención. 
Un agujero negro de la Constitución que alimentó en gran medida el escepticismo y las preocupaciones. 
Evitar lo que desagrada no es una actitud digna de nosotros ni de nuestros electores, y pedir un debate no nos convierte en objetores de la ampliación. 
Una Europa sin fronteras no sirve de nada a los que quieren una potencia europea. 
Nuestras fronteras pueden ser geográficas, históricas y morales, por supuesto, pero son necesarias para preservar un modelo, una visión y valores comunes. 
. Soy un firme defensor de la ampliación de la Unión Europea. 
Aunque estoy de acuerdo con gran parte del contenido del informe, no puedo sin embargo apoyar las posiciones negativas expresadas hacia Turquía, en particular la aseveración incorrecta del apartado 31 de que dicho país obstaculiza de alguna manera la política de la OTAN. 
Además, al igual que otros conservadores británicos, me opongo firmemente a una Constitución Europea y no puedo aceptar la redacción del apartado 6. 
. 
Ayer se aprobó una resolución para crear el Consejo de Derechos Humanos, que reemplazará a la Comisión de Derechos Humanos. 
Este proceso se ha caracterizado por los intentos de los Estados Unidos de crear un instrumento que puedan manipular, de tal forma que puedan justificar su política de injerencia y agresión a pueblos y Estados soberanos. 
Es un proceso en el que los Estados Unidos han intentado, incrementando constantemente su nivel de exigencia, imponer el mayor número de sus condiciones posible. 
Los Estados Unidos querían que fuera todavía peor y esa es la única razón por la que votamos en contra. 
Entre las muchas modificaciones y aspectos en los que se podría profundizar, cabe destacar que, en comparación con la actual Comisión, el nuevo Consejo verá reducido su número de países miembros de 53 a 47 (los Estados Unidos querían que fueran 30). 
Sus miembros serán elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas por mayoría absoluta (los Estados Unidos y la Unión Europea querían un sistema de votación en el que ellos y sus aliados tuvieran capacidad de veto) , aunque se ha procurado introducir restricciones. 
Este es un proceso que, a juicio de algunos, es únicamente el primer paso de un esfuerzo más amplio por parte de los Estados Unidos y de sus aliados para dominar y manipular las Naciones Unidas. 
. 
En el contexto de la votación sobre la resolución conjunta sobre el 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU, Ginebra) , quisiera mencionar que la considero una solución posible, aunque no la ideal, para uno de los aspectos de debate más significativos. 
Uno de los mayores déficit de las Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos ha sido siempre la falta de legitimidad de algunos de los miembros de su Comisión de Derechos Humanos, sobre todo cuando la han presidido. 
La lista es bien conocida y no creo que sea necesario repetirla. 
El resultado, me refiero al método de elección de los miembros del futuro Consejo de Derechos Humanos, no garantiza que esto no vuelva a repetirse, pero por lo menos constituye un intento de legitimar de forma eficaz a sus miembros, y esto merece un reconocimiento. 
También considero que esta es una oportunidad para reforzar la idea de que los Estados miembros de la Unión Europea y sus aliados deben tratar de dar ejemplo en materia de derechos humanos, tanto en sus propios países como en sus relaciones internacionales. 
. 
Hemos votado a favor de esta resolución, aunque nos parece que algunas cuestiones no están claras y son algo incoherentes. 
Creemos que la diversidad biológica debe protegerse y que debe haber el mayor consenso mundial posible sobre la protección de la biodiversidad. La Convención sobre la diversidad biológica da una forma práctica a estos deseos. 
Por lo tanto, la Unión Europea y sus Estados miembros deben adoptar una posición apropiada en la Conferencia de las Partes que va a tener lugar en Curitiba, Brasil, a finales de mes. 
Sin embargo, igualmente importante, si no más, es la necesidad de detener la pérdida de diversidad biológica, incorporando los objetivos de la Convención a la política de desarrollo en políticas comunitarias como la agrícola y la forestal, con el fin de frenar el crecimiento de los OMG, apoyando la agricultura familiar y la silvicultura tradicional, ya que esa es la mejor forma de proteger la diversidad biológica. 
También la biodiversidad marina debe protegerse de prácticas destructivas, apoyando la pesca costera tradicional, que es la que mejor protege la biodiversidad. 
Por último, es preciso tener en cuenta anteriores resoluciones sobre esta cuestión, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra la tala ilegal de árboles y el comercio con los mismos. 
. – He votado en contra de la resolución sobre la Conferencia de Curitiba sobre la biodiversidad. 
El Parlamento incurre en un grave error al confundir biodiversidad e ingeniería genética. 
Toda la diversidad de cosas vivas es fruto de cambios de la estructura genética de todos los seres vivos. 
Quienes prosiguen en Europa su batalla retrógrada contra la agricultura transgénica no quieren enterarse de que esta no ocasiona ningún perjuicio para la salud humana en el resto del mundo. 
En 2004, nueve millones de pequeños campesinos cultivaron cerca de 90 millones de hectáreas de OGM en el mundo, mientras que en la Unión Europea de los 25 once millones de pequeños campesinos cultivaron 97 millones de hectáreas, de las cuales solo algunas decenas de miles estuvieron dedicadas a cultivos transgénicos. 
Europa está perdiendo otra batalla. 
– Estamos de acuerdo con la mayoría de las conclusiones, que confirman el deterioro del medio ambiente, la destrucción de ecosistemas forestales y la continua pérdida de diversidad biológica. 
También estamos de acuerdo con muchas de las propuestas, con la excepción de las que se incluyen en el marco del orden jurídico actual, porque en muchos Estados, como en algunos Estados miembros de la UE, estas cosas están sucediendo legalmente. 
Por ejemplo, el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción agrícola y en la producción de alimentos, que pone en peligro el medio ambiente y la biodiversidad, se liberalizó de conformidad con la normativa comunitaria. 
Los bosques están siendo objeto de comercialización en virtud de la normativa comunitaria, de tal forma que se están destruyendo aún más rápidamente, y podría seguir poniendo ejemplos. 
Estamos totalmente en contra de la propuesta de resolución cuando «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den muestras de su liderazgo y de su convicción acordando y facilitando medidas concretas para la protección de la biodiversidad, tanto a escala de la UE como a nivel internacional» , porque es como pedir al lobo que vigile a las ovejas. 
Están pidiendo a los responsables de la destrucción liderazgo de acuerdo con su propia política. 
Nosotros hacemos un llamamiento al movimiento popular y a sus organizaciones (sindicatos, organizaciones ecologistas, agentes, etc.) para luchar para imponer medidas y políticas que eviten que continúen el deterioro del medio ambiente, la destrucción de los bosques y la pérdida de biodiversidad. 
– Señor Presidente, la preservación de la biodiversidad es un tema apasionante. 
Mi Grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, está plenamente satisfecho con la resolución que el Parlamento Europeo ha votado por una mayoría muy, muy, amplia y está también plenamente satisfecho de que el Parlamento envíe a la octava Conferencia sobre la biodiversidad, tres años después de Kuala Lumpur, una delegación para defender allí la preservación de la biodiversidad. 
En esta perspectiva, permítanme, Señorías, recordar algunos elementos básicos que olvidamos demasiado a menudo en este Parlamento. 
La seguridad alimentaria depende de tres factores: el agua, el suelo y la diversidad fitogenética, y solo doce variedades vegetales, entre las que se encuentran el trigo, el arroz, el maíz y la patata, proporcionan el 80 % de los aportes energéticos necesarios para la población mundial. 
Es por tanto una gran tentación para la industria asegurarse el monopolio de las semillas mediante la aplicación de tecnologías derivadas de la biotecnología. 
Por consiguiente, pedimos al Consejo de la Unión Europea, que estará presente, que apoye la moratoria actualmente en curso sobre los ensayos y la comercialización de las variedades genéticamente modificadas a fin de restringir su uso. 
En palabras más sencillas, Señorías, Terminator no debe resurgir en guisa de ninguna innovación biotecnológica. 
Además, para limitar el carácter invasivo para nuestros ecosistemas de las variedades procedentes de las biotecnologías, hay que proteger la diversidad biológica con protocolos que obliguen a los investigadores a efectuar sus experimentos en espacios confinados. 
Para concluir, hay que recordar que la lucha contra la erosión de la biodiversidad exige alguna iniciativa de conservación. 
No se trata desde luego de guardar la diversidad biológica en probetas, sino de permitir a las poblaciones autóctonas, a las que por lo demás apoyamos, continuar ejerciendo su saber tradicional y su supremacía sobre sus recursos genéticos. 
Por último, hay que reconocer que también en este caso el nervio de la guerra es el dinero. 
Les pido, pues, que apoyen el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
En efecto, sabemos perfectamente, en el caso de Natura 2000, que si la Unión Europea no asigna dinero a esta red, la biodiversidad no se preservará. 
Del mismo modo, si no damos dinero al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la preservación de la naturaleza solo será, una vez más, un enjambre de palabras bonitas pronunciadas en el Pleno. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe de la señora Thyssen sobre el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores (2007-2013) – aspectos relacionados con los consumidores. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme en primer lugar dar las gracias a la señora Thyssen por su informe y por su espíritu de colaboración. 
A pesar de haber sido aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria competente, el Grupo Socialista en Parlamento Europeo pidió un debate sobre este informe. 
En efecto, aunque todos los Grupos coincidan de buena fe en dar la máxima prioridad política a la protección de los consumidores, observo que sigue habiendo divergencias respecto de las orientaciones que conviene adoptar. 
Por ello, cuando la viabilidad de este programa está pendiente del resultado de las negociaciones sobre las perspectivas financieras, quiero recordar algunas cuestiones fundamentales que plantea el Grupo Socialista. 
En primer lugar, quisiera recordarles nuestro apoyo a la separación de los dos programas de acción, el relativo a la salud pública y el relativo a la protección de los consumidores. 
Además, por lo que respecta a los objetivos horizontales del programa, el Grupo Socialista considera que la existencia de vías de recurso, tanto individuales como colectivas, disponibles en algunos Estados miembros constituye un avance positivo para los consumidores. 
Este es el sentido de nuestra enmienda 55. 
A continuación, por lo que respecta a las acciones específicas del programa, quiero resaltar la importancia de las siguientes: la creación de herramientas de evaluación científica de la exposición de los consumidores a las sustancias químicas emitidas por los productos; la realización de un inventario, que podemos denominar, de las legislaciones, normativas y prácticas existentes en los Estados miembros en materia de protección de los consumidores, así como una evaluación de la aplicación de la legislación comunitaria a escala nacional; intercambios entre asociaciones nacionales y locales de consumidores, a fin de ayudar a los poderes públicos a legislar a escala europea en materia de protección de los usuarios en el ámbito de los servicios de interés económico general, y este es el sentido de nuestra enmienda 58. 
En tercer lugar, por lo que respecta a las medidas legislativas que acompañarán a este programa, quisiera dirigirme especialmente al señor Kyprianou en relación con las medidas políticas y legislativas que ha prometido presentarnos en otoño para acompañar específicamente a este programa. 
Los términos del debate son conocidos. 
¿Cómo hay que intervenir a escala europea? 
¿Es mejor favorecer la legislación europea o privilegiar la autorregulación por parte de los agentes económicos? 
¿Cómo articular el Derecho europeo naciente en materia de protección de los consumidores con los Derechos nacionales, más antiguos y que en algunos Estados miembros ofrecen más protección a los ciudadanos? 
Por mi parte, en un momento en que la movilidad de nuestros conciudadanos va en aumento, considero que la función de los poderes públicos europeos es garantizar la mejor protección posible de los consumidores. 
No me opongo, por supuesto, a las iniciativas en materia de autorregulación, pero estas últimas deben ser responsabilidad de los propios operadores económicos y su objetivo debe ser el de mejorar las normas mínimas fijadas por el legislador. 
Por último, deberíamos tener sumo cuidado con respecto a dos asuntos relacionados con el debate de hoy. 
El primero se refiere a los debates sobre el marco común de referencia en materia de Derecho contractual europeo y el segundo a la ampliación de los procedimientos de normalización en el sector de servicios, incluidos los servicios que se benefician de preferencias colectivas, como la vivienda social. 
Estas son las observaciones que quería hacer en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en vista de lo ocupados que estábamos esta mañana, este debate se ha retrasado y, por desgracia, la ponente y otras muchas personas que han trabajado sobre este tema no pueden estar presentes. 
Sin embargo, así son las cosas. 
De repente, mi Grupo me ha concedido mucho tiempo de intervención y he declinado el uso de los últimos cinco minutos, aunque me ofrecieron la posibilidad de cantar una canción. 
Pero no creo que deba. 
El mercado interior ha creado millones de puestos de trabajo, además de incrementar la prosperidad. 
Ha derribado fronteras y abierto puertas. 
Podemos hacer todo lo que queramos: viajar, estudiar, trabajar y establecernos. 
Los consumidores tienen ahora acceso a una multitud de nuevos productos. 
Por lo tanto, debemos dar un paso más y crear también un mercado interno para consumidores. 
Eso significa normas comunes y un elevado nivel de protección de los consumidores en toda la Unión. 
Al incrementarse el comercio transfronterizo, y también el comercio a escala individual, la gente necesita saber qué tipo de productos está adquiriendo, qué hacer si presentan algún defecto, cómo reclamar y qué tipo de normativa existe. 
¿Cómo van a saber que un producto concreto sirve realmente para lo que dice servir? 
¿De qué recursos disponen en materia de servicios, garantías y resolución de conflictos? 
Si queremos recuperar la confianza de la gente, deben existir garantías sobre estas cuestiones, puesto que son problemas cotidianos relativos a las situaciones que los consumidores se encuentran cada día. 
Son cuestiones que tenemos que abordar a escala comunitaria. 
Por lo tanto, me parece realmente excelente que la Comisión haya presentado esta propuesta de programa plurianual a largo plazo en el ámbito de la protección de los consumidores. 
Sin embargo, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa no está de acuerdo con la Comisión sobre la necesidad de combinar la protección de los consumidores y la salud pública. 
Compartimos la opinión de la ponente de que deben mantenerse separadas. 
Aunque, como es lógico, hay aspectos comunes, se trata de dos áreas de política diferentes que requieren enfoques distintos, y deben mantenerse aparte. 
Tampoco deseamos que se cree ninguna autoridad especial o agencia relacionada con este ámbito. 
Otras cuestiones importantes que nos complace mucho ver en esta propuesta son la creencia de que la política de protección del consumidor debe integrarse en todas las políticas, que es importante colaborar con las distintas organizaciones de consumidores de nuestros Estados miembros y que es posible dar apoyo y prestar atención adicionales a los Estados que todavía no han conseguido avanzar demasiado en el ámbito de la protección de los consumidores. 
Me alegro mucho de que hayamos conseguido llegar a un acuerdo sobre estos aspectos y de que haya un amplio consenso entre los Grupos a este respecto. 
Quiero dar las gracias a la señora Thyssen –con un poco de suerte, leerá el Acta– por la amplitud de miras y la voluntad de colaborar que ha demostrado. 
En el ámbito de la protección de los consumidores somos ambiciosos, ya se trate de la colaboración, la evaluación o la información. 
Por lo tanto, es preciso que el presupuesto sea también adecuado. 
Espero que también se produzca una colaboración constructiva en lo tocante a los programas de protección de los consumidores que la Comisión va a presentar este otoño. 
Quizás deberíamos haberlo hecho al revés, tratando primero las principales directrices políticas y luego este programa, pero lo hecho, hecho está. 
Respaldamos la propuesta y apoyaremos el informe por amplia mayoría –en realidad, creo que de forma unánime– cuando se vote durante el próximo período parcial de sesiones. 
. – Señor Presidente, la Unión Europea quiere financiar organizaciones de los consumidores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, hasta una suma de 1 200 millones de euros con el fin de que se ajusten a la legislación actual y futura. 
Como es el caso de gran parte de lo que sale de este Parlamento, no tenemos nada que objetar a la cuestión en sí. 
¿Quién se opondría a la adopción, siempre que fuera necesario, de medidas más eficaces de protección del consumidor? 
En Gran Bretaña disponemos ya, y eso desde hace muchos años, de una legislación importante en materia de protección del consumidor. 
No cabe duda de que los países europeos deben aprender unos de otros y de países no europeos, adoptando en el plano nacional las mejores prácticas internacionales y seleccionando lo que resulte más adecuado para las necesidades de cada uno. 
Pero como era de suponer, el informe habla de uniformidad, integración y armonización. 
El propósito de este informe no es aprobar un texto legislativo, cosa que en sí misma es buena, sino que, como todo lo que sale de este Parlamento, sirve al propósito y al proceso de ampliar el poder y el dominio a la Unión Europea. 
Incrementará el ese cuerpo legal que, una vez otorgado a la Unión Europea, nunca se restituye a los Estados nacionales. 
También hay algunas alusiones desconcertantes en las propuestas de adoptar modelos de consumo vinculados a sectores de la población. 
Esta recogida de información en materia de pautas de consumo podría poner en peligro la intimidad del ciudadano. 
Esto ya se hace en Gran Bretaña por parte de empresas privadas del comercio minorista con instrumentos como las tarjetas de fidelidad. 
Sin embargo, el consumidor tiene la opción de participar o no, según dónde y cómo decide realizar sus compras. 
Esta forma de recogida de datos sobre los ciudadanos no incumbe al Estado, y desde luego no en la forma representada por la Unión Europea. 
– Señor Presidente, el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores para 2007-2013 define la forma en que la Unión Europea pretende mejorar la salud y la confianza de los consumidores mediante la aplicación de las disposiciones del Tratado. 
La estrategia común en el ámbito de la protección de los consumidores en la Unión Europea es una recopilación de acciones, como la mejora del conocimiento de los consumidores y los mercados, la mejora de la normativa de protección de los consumidores, la mejora de los medios de aplicación de la ley, supervisión y resolución de reclamaciones y la mejora de la información y la educación que se dan a los consumidores. 
Sin embargo, el problema es otro. 
La seguridad alimentaria está empeorando en Europa. 
Los alimentos modificados genéticamente se están multiplicando en el mercado comunitario. 
Estos alimentos no son deseados y son potencialmente perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente. 
La sociedad se siente amenazada por los OMG, lo que ha quedado patente en numerosas protestas, en un creciente movimiento público contra OMG y en las normativas de las autoridades locales. 
Otra amenaza para la salud y los consumidores, aparte de la expansión de los alimentos modificados genéticamente, es la creciente concentración de producción agrícola, que deja fuera a las explotaciones familiares que producen alimentos saludables. 
La utilización de productos químicos en la agricultura y la contaminación del suelo, el agua, el aire y muchos alimentos no benefician a los seres humanos. 
Ha llegado la hora de que la salud y el bienestar humanos sean el valor más elevado de todos, de tal forma que la humanidad salga beneficiada. 
Señor Presidente, al contrario de lo que se cree de forma generalizada en muchos círculos económicos, la protección de los consumidores no tiene nada que ver con el proteccionismo. 
Más bien al contrario: las empresas no pueden prosperar sin la confianza de los consumidores y los consumidores son más capaces de tomar decisiones maduras de lo que suelen creer las multinacionales y la Unión Europea. 
La actitud de la Comisión en este ámbito es extrañamente contradictoria. 
Por una parte, con el Libro Verde sobre la alimentación sana y la actividad física, por ejemplo, inicia una política coordinada, mientras que, por otra, socava la protección de los consumidores con la Directiva de Servicios. 
Entre otras cosas, esta última legaliza repentinamente la molesta publicidad telefónica, que hasta ahora estaba prohibida, siempre que no se realice desde centrales telefónicas internas. 
Luego resulta que vuelve a preocuparse por el nivel de endeudamiento de los ciudadanos y quiere eliminar los descubiertos, incluso los más pequeños, con un gran coste burocrático. 
Pero esos descubiertos son consecuencia de nuestra sociedad de consumo y de una vida basada en los créditos, y conviene decir que las políticas presupuestarias de muchos Estados miembros de la UE son un perfecto ejemplo de ello. 
Como vuelve a demostrar el último escándalo relacionado con carne en mal estado en Alemania, no hay suficientes inspectores para luchar contra las ovejas negras del sector alimentario. 
También en el mercado de los artículos eléctricos y los juguetes, el número de productos peligrosos prácticamente se ha duplicado. 
Publicar los nombres de las empresas involucradas sería más eficaz que cualquier sanción económica. 
Quizá entonces tendríamos una verdadera protección de los consumidores. 
Señorías, en primer lugar quiero agradecer a la señora Thyssen su trabajo en este informe, que no ha sido especialmente fácil. 
Apoyo plenamente las razones que aduce la ponente para no unificar el programa de acción comunitaria en el ámbito de la protección del consumidor con el programa para la protección de la salud pública. 
Separando estos programas, ambas políticas, que son muy importantes para nuestros ciudadanos, adquieren más trascendencia. 
A pesar del hecho de que la Unión Europea original, y también los nuevos Estados miembros, prestan ahora más atención a las cuestiones relacionadas con el consumo, no debemos ser complacientes sobre la situación actual. 
El apoyo a la protección de los consumidores conlleva principalmente la financiación de las organizaciones de consumidores, sobre todo en los nuevos Estados miembros, y los niveles actuales son insuficientes, por no decir preocupantes. 
Por ejemplo, en Eslovaquia las subvenciones ascienden a menos de una décima parte de la ayuda comparable concedida en países vecinos. 
Con frecuencia los pagos programados se retrasan y las subvenciones, ya de por sí escasas, se recortan, poniendo en peligro la supervivencia y la creatividad de esas organizaciones. 
Estoy segura de que un programa de acción conjunto solo conseguiría empeorar estas negativas consecuencias. 
Los consumidores son la base de una economía de mercado. 
Cada vez es más complicado ser un consumidor, sobre todo después de la ampliación de la UE. 
Nosotros, los 450 millones de ciudadanos comunitarios, estamos afectados directamente por cuestiones que van desde la seguridad de los productos que compramos y nuestra confianza en los minoristas hasta la publicidad y la compra por Internet. 
Dado que muchas de estas cuestiones cruzan las fronteras nacionales, necesitamos campañas intensivas y preventivas de concienciación que nos doten de la autoconfianza necesaria para evitar ser los peones de las grandes empresas. 
Con toda seguridad, la Comisión debe considerar estas razones suficientemente válidas para aprobar un programa de acción en materia de política de protección de los consumidores independiente y con una financiación suficiente. 
El programa de acción comunitaria para la protección de los consumidores 2007-2013 constituye un importante marco para conseguir el equilibrio en el mercado interior, responder a las necesidades y exigencias de los consumidores y crear una relación equilibrada y apropiada entre consumidores y empresas. 
Las organizaciones europeas independientes que están educando a los consumidores europeos del mañana quieren un cambio sustancial y seguridad financiera. 
Esperan que la Unión Europea fije un objetivo general claro y un conjunto de normas, y que suprima trabas burocráticas y administrativas. 
Sin embargo, es preciso dedicar un esfuerzo especial a ayudar a los nuevos Estados miembros y a los países en vías de adhesión. 
La fecha fijada para el debate sobre este informe es simbólica, ya que el 15 de marzo es el Día mundial de los derechos de los consumidores. 
Aprobando este informe, enviaremos el mensaje de que el Parlamento Europeo considera prioritario crear en Europa una sociedad digna y justa para los consumidores. 
Señor Presidente, Comisario, como muchos otros o la práctica totalidad de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, yo también quiero recalcar que no es sensato unificar la protección de los consumidores y la salud pública en un programa de acción conjunto. 
Necesitamos dos programas de acción distintos porque se están debatiendo y abordando un gran número de cuestiones muy diferentes. 
En lo que respecta a la protección de los consumidores, quiero decir que es muy importante; por eso, quiero rogarles que presten una gran atención, en la propuesta del Parlamento, que espero que se acepte en su redacción actual, al hecho de que apoyamos especialmente a las organizaciones de protección de los consumidores. 
Hemos descubierto que todavía hay que recuperar cierto terreno perdido sobre todo en los nuevos Estados miembros y queremos garantizar que los consumidores de esos países tengan, al igual que en los nuestros, el máximo nivel común posible de protección; no obstante, también en nuestros países hay cierto margen de mejora, no se puede decir que siempre lo hagamos lo mejor posible. 
Se trata de una cuestión que nos preocupa mucho. 
Por eso tenemos que garantizar que las organizaciones de protección de los consumidores sean capaces de actuar con eficacia en representación del público. 
Los ciudadanos nos han dicho en innumerables ocasiones que lo que quieren es protección para los consumidores. 
Queremos una Europa centrada en los ciudadanos, en el pueblo, una Europa en la que se respeten los derechos a recibir protección. 
Por eso, mi Grupo está especialmente preocupado también por la necesidad de armonizar la legislación de protección a los consumidores en el ámbito de los servicios de interés económico general. 
Dónde, si no en el caso del agua, los servicios postales, el gas o la electricidad u otras áreas, es importante tener una armonización mínima que permita garantizar un elevado nivel de derechos en lo tocante al acceso, la seguridad, la fiabilidad, el precio, la calidad y la elección y que estas formas de protección sean tan elevadas como sea posible. 
Estas son cosas que preocupan a nuestros ciudadanos, que necesitan y que quieren. 
Señor Presidente, la cooperación internacional en el ámbito de la protección de los consumidores tiene el objetivo de proteger contra los riesgos e incrementar las oportunidades disponibles para que los ciudadanos tomen sus propias decisiones. 
Mejora la calidad de vida para los ciudadanos de la Unión Europea al incrementar la seguridad y la confianza en los productos en el mercado interior. 
Por eso, es preciso fomentar y desarrollar las redes comunitarias que proporcionan a los consumidores información esencial y apoyo en forma de asistencia jurídica, mediación y otras formas de resolución de conflictos. 
El sistema Solvit tiene una gran importancia a este respecto, dado que es un mecanismo al servicio de los consumidores que ya existe. 
También es importante crear confianza en los productos tomando medidas para reforzar la lucha contra los bienes falsificados, debiendo considerar la falsificación un delito común de robo de una marca registrada o comercial. 
Es preciso poner especial atención en proporcionar a los consumidores una mejor información sobre los riesgos para la salud y la seguridad que pueden derivarse de la utilización de determinados productos falsificados como medicamentos o cosméticos. 
La política de protección de los consumidores debe también ponerse en práctica a través de las organizaciones de consumidores. 
Ese tipo de organizaciones existe en la mayoría de los Estados miembros, pero sus presupuestos y su margen de acción son con frecuencia limitados, sobre todo en los nuevos Estados miembros. 
Hay una incuestionable necesidad de financiación adicional para organizaciones de este tipo. 
Es cierto que la protección de los consumidores cuesta dinero, pero es un coste que tenemos que asumir. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con todos los argumentos utilizados por la ponente y por la Conferencia de Presidentes para apoyar la separación de las acciones en materia de salud y en materia de protección de los consumidores, y apoyo esa separación. 
Quiero presentar un nuevo argumento. 
La protección de los consumidores se enfrenta a retos muy concretos tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros, que son totalmente independientes de los asuntos sanitarios. Estos retos deben abordarse con la máxima independencia. 
En un primer momento, la protección de los consumidores se centraba en productos, sobre todo en determinados artículos alimentarios y para el hogar. 
Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente durante la última década. 
Por una parte, junto con la integración del mercado, también la protección de los consumidores debe ir más allá de los productos para incluir los servicios. 
Por otra parte, la protección de los consumidores debe adaptarse a la reestructuración del mercado provocada por el rápido desarrollo y la veloz expansión de las tecnologías de la información. 
En estos momentos, es posible, por ejemplo, que un consumidor francés que viva en Bélgica solicite un préstamo de consumo a un banco neerlandés mediante un mensaje de texto SMS y luego, con unos pocos clics, compre un producto electrónico sueco en una tienda por Internet lituana, que le entregará un proveedor de servicios británico. 
Esas situaciones son bastante normales en la actualidad, y son un simple reflejo del funcionamiento normal de nuestro mercado interior. 
Sin embargo, dentro del marco jurídico vigente, no solo es complicado discernir, sobre todo para el consumidor, qué normativa de protección a los consumidores de qué país es aplicable en un momento dado, sino también la competencia de las diversas autoridades posibles. 
Por eso, con la integración del mercado de servicios y la irreversible expansión de las compras en Internet, la futura Agencia europea de protección de los consumidores tendrá también, además de su tradicional obligación de proteger a los consumidores, otras tareas de importancia crucial en los ámbitos de la investigación, el análisis y la planificación. 
Al igual que la industria, nuestro sistema y nuestras instituciones jurídicas necesitan innovación. 
Los marcos que garantizan la protección de los consumidores europeos en el siglo XXI deben ser suficientemente flexibles para adaptarse a la enorme variedad de situaciones posibles en la vida real. 
Para conseguir ese objetivo, necesitamos recursos independientes y especialistas excelentes y versátiles y estoy segura de que la creación de una Agencia de protección de los consumidores que sea un polo de excelencia redundará en interés de los 450 millones de consumidores europeos. 
Solicito el apoyo del Comisario para lograrlo. 
Me permito hacer, si me disculpan, una sugerencia a los diputados de los nuevos países, que acostumbran a leer su intervención en la Cámara. 
La lectura de la intervención a una velocidad excesiva dificulta la traducción y hace imposible la comprensión de la intervención. 
Sugiero, por tanto, que digan una frase menos, para que la lectura se desarrolle a una velocidad soportable para los intérpretes, o bien que entreguen antes a los intérpretes su intervención, de forma que puedan mantener su ritmo de lectura. 
Todo ello a fin de favorecer la comprensión de los trabajos parlamentarios. 
– Señor Presidente, quiero protestar contra la acusación de que «los colegas de los nuevos Estados miembros» leen demasiado rápido. 
Si un diputado lee demasiado rápido, lee demasiado rápido, al margen de que proceda de un Estado miembro nuevo o antiguo. 
. Señor Presidente, haré unos breves comentarios sobre las cuestiones planteadas por los diputados. 
Quiero darles las gracias por el interesante debate que hemos tenido; ahora tenemos además la ventaja añadida de que las cuestiones se dividan en dos partes, pero sigo pensando que las cuestiones planteadas hoy han sido muy interesantes. 
Sé que tiendo a repetirme, pero muchas de las cuestiones planteadas chocarán con dificultades financieras. Por ejemplo, el apoyo o el incremento del apoyo a organizaciones de consumidores o incluso iniciativas más activas/reforzadas en los nuevos Estados miembros son cuestiones que se verán afectadas por el resultado final de los debates sobre el presupuesto. 
De cualquier modo, reconozco que es necesario, en el caso de los nuevos Estados miembros, no tanto establecer estrategias diferentes, y de esto ya hemos hablado en la sesión de esta mañana, como dar prioridad, poner el acento y centrar la atención en los Estados miembros más nuevos, al menos en aquellos que no tengan tanta tradición en materia de protección del consumidor como otros Estados miembros. 
Esto se reflejará, como verán ustedes en un futuro próximo, en la estrategia en materia de protección del consumidor que se está elaborando de forma más detallada. Podrán comprobar cómo se hará hincapié en los nuevos Estados miembros, en particular en lo relativo a la educación, a la formación de las organizaciones de consumidores y a los ámbitos en los que se pueda reforzar la mentalidad de protección del consumidor. 
En lo que se refiere al tema de los grupos vulnerables, estoy de acuerdo en que determinados grupos de consumidores requieren una protección mayor. 
De nuevo, no estoy seguro de que la mejor forma de conseguirlo pase por incluir esto o por una disposición específica en el programa; en todo caso, en las acciones específicas, en las iniciativas y disposiciones legales concretas, deberíamos tener en cuenta las necesidades particulares de grupos vulnerables, como por ejemplo los niños. 
Me remito a las recientes disposiciones legales que aprobamos conjuntamente sobre prácticas comerciales injustas, en las que tenemos en cuenta los grupos vulnerables de consumidores. 
Hay un malentendido acerca de la agencia. 
Compruebo que el señor Stubb no está presente esta tarde, pero no se trata de una propuesta de agencia que elabore políticas o tome iniciativas en el ámbito de la protección del consumidor, será una agencia ejecutiva, un órgano de gestión que se encargará de la contabilidad y demás aspectos prácticos que no impliquen la política. 
En realidad se encargará de las cuestiones prácticas de gestión contable, de forma que liberará recursos que tenemos efectivamente en la Comisión para promover y proponer políticas. 
Ya tenemos una agencia ejecutiva para el programa de salud que está funcionando muy bien porque permite mejorar el uso de los recursos, y ahora proponemos algo similar para la protección del consumidor. 
En consecuencia, no se trata de una agencia o institución separada en el sentido en que la ha calificado hoy el orador del Grupo en cuestión. 
Esta mañana he dicho unas palabras acerca de la separación. 
Entiendo la posición del Parlamento. 
Antes de tomar nuestra decisión definitiva, esperaremos el resultado del debate sobre las perspectivas financieras, pero de momento no estamos de acuerdo: seguimos pensando que conviene establecer un programa conjunto, salvaguardando al mismo tiempo las necesidades específicas y las disposiciones financieras de las dos vertientes. 
No obstante, volveremos sobre esta cuestión una vez se aclare la situación con respecto al presupuesto. 
Por último, he asumido la cuestión de los servicios. 
Ya estamos financiando programas destinados a los consumidores en relación con los servicios. 
Otro punto en relación con este tema es que siempre deberíamos tener en cuenta no solo los beneficios que suponen las políticas de protección del consumidor para los consumidores y para la protección de los ciudadanos, sino también las consecuencias positivas que una mayor confianza del consumidor tendrá para el mercado interior, el crecimiento económico y, por supuesto, la competitividad de la economía europea. 
Una vez más, quisiera agradecer al ponente y a los miembros de la comisión su firme apoyo al programa, y me alegra la idea de colaborar con ellos en el ámbito de la protección del consumidor en el futuro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el 23 de marzo de 2006. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de siete propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Moldova y en particular en Transdniéster (1). 
. – Señor Presidente, a pesar de las protestas internacionales, Transdniéster, que declaró ilegalmente su independencia de la República de Moldova hace 12 años, tras un conflicto armado en que contó con el apoyo militar de Rusia, sigue existiendo en paralelo a la profunda corrupción de su régimen autoritario y antidemocrático. 
La situación es muy preocupante, no solo debido a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos de esa región, sino también porque sigue siendo una fuente de conflicto e inestabilidad entre Moldova y Ucrania. 
Podría estallar fácilmente una crisis fronteriza de consecuencias imprevisibles. 
Es sumamente importante que, haciendo gala de buena voluntad, sentido común y deseo de paz y reforma, todas las partes directamente implicadas en el conflicto –a saber, Moldova, la región de Transdniéster de la República de Moldova, Ucrania y Rusia– se abstengan de cualquier acción que pueda causar el deterioro de una situación que ya de por sí está al rojo vivo y entablen inmediatamente negociaciones honestas con el fin de alcanzar a la mayor brevedad posible una solución amistosa del problema. 
. – Señor Presidente, la situación política en Moldova es un ejemplo de cómo las declaraciones políticas no consiguen estar en sintonía con las oportunidades disponibles para ponerlas en práctica o con la voluntad para hacerlo. 
En 1999, Rusia se comprometió a retirar sus tropas estacionadas en territorio moldovo, en Transdniéster, para finales de 2002. 
Sin embargo, hasta ahora Rusia no ha reconocido la soberanía y la integridad constitucional del territorio de ese país retirando esas tropas. 
Transdniéster es una de las zonas más industrializadas de Moldova. 
La existencia continuada de una autoproclamada entidad política es una piedra en el camino para la vuelta a la normalidad de la situación económica del país y para que este comience los preparativos necesarios para cualquier tipo de conversaciones con la Unión Europea, ya sea sobre una posible adhesión o incluso solo sobre una relación de asociación. 
La política rusa trata de utilizar todos los medios posibles para conservar su influencia de superpotencia en Europa central y oriental, una región que considera su esfera natural de influencia. 
El régimen de Transdniéster, apoyado por el antiguo Ejército Rojo, es un flagrante ejemplo de menosprecio al pueblo, a los ciudadanos y a sus derechos. 
Las corruptas tropas llevan a cabo una actividad a gran escala de comercio ilegal de armas, así como otras muchas actividades delictivas. 
Se ha vuelto a demostrar que las promesas del Gobierno ruso de retirar a su ejército son una estratagema política utilizada sin respeto alguno por sus socios políticos, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es una estratagema destinada a acallar a la opinión pública. 
Mi pregunta es esta: ¿Cómo pretendemos formular una política europea de defensa si somos incapaces de obligar a nuestros socios a respetar obligaciones tan claras respecto de regiones tan próximas a nosotros? 
¿En qué ámbito podemos mostrar la capacidad de persuasión de los 25 Estados miembros de la UE si no lo hacemos en cuestiones urgentes como esta, que es clave desde el punto de vista de nuestra propia seguridad? 
Si queremos que cualquiera de nuestras declaraciones sobre política de defensa tenga algún significado, debemos demostrar que estamos a la altura de la situación en casos concretos como este, y demostrar nuestra voluntad de asegurarnos de que cada uno de nuestros socios, con independencia de su poder, cumpla sus compromisos. 
. Señor Presidente, aunque las distintas fuerzas políticas de Moldova son partidarias de la adhesión a la Unión Europea, ese Estado no es un país candidato y es poco probable que lo sea en el futuro previsible. 
Hoy hemos votado sobre la estrategia de ampliación propuesta por el informe Brok. 
Si, sobre la base de ese informe, restringimos el acceso a nuevos Estados, la única oportunidad que Moldova tiene de entrar es por caminos secundarios, siguiendo el modelo de la reunificación alemana en 1990. 
Eso significaría que, a su debido tiempo, Moldova tendría que renunciar a su independencia para volver a Rumanía, de la que se separó en 1940. 
También se propuso una solución de este tipo tras la desintegración de la Unión Soviética, pero entonces Rumanía no parecía suficientemente atractiva para poner en marcha este plan a corto plazo. 
Eso puede cambiar si la adhesión a la UE de Rumanía es un éxito arrollador y si Moldova se da cuenta de que, como país vecino, sale mucho peor parado. 
Sin embargo, una reunificación de este tipo no ha contado nunca con el apoyo de la minoría de habla eslava, que vive en su mayoría en el este del país y que preferirían mantener los antiguos vínculos con Ucrania y Rusia. 
Es posible que hasta que Ucrania no se adhiera a la Unión Europea, no se presente una solución para la separación de hecho de la franja oriental, la alargada y estrecha región de Transdniéster situada a lo largo de la frontera con Ucrania. 
Mientras tanto –y puede pasar bastante tiempo– debemos tratar de encontrar soluciones pacíficas, cooperación y cambios democráticos en Transdniéster, que todavía está gobernada con mano de hierro. 
Mi Grupo ha destacado esto en su propio proyecto de resolución. 
Lamentamos que la resolución conjunta mencione un debilitamiento del Gobierno de Transdniéster, en lugar de su reforma. 
En cuanto al resto, podemos apoyar el documento de compromiso porque, por una parte, no incita a la violencia contra Transdniéster y, por otra, esta resolución no trata de aislar a Moldova castigándole por la fuerte posición en que los votantes han situado al Partido Comunista en ese país. 
. Señor Presidente, deduzco de las intervenciones que muchos de los que trabajan sobre Europa oriental son conscientes de la situación en Belarús, que empeora cada día. 
Dado que la señora Ferrero-Waldner está presente, voy a volver a destacar que la forma en que se ha comportado con el Parlamento en este ámbito ha sido muy desafortunada y una considerable violación de los derechos de los propios diputados al Parlamento Europeo. 
Conocemos la correspondencia con el señor Klich, pero esa no es forma de comportarse. 
Llevo 12 años trabajando en el ámbito de la política para el país de Belarús y solo puedo decir que, en todo ese tiempo, la Comisión nunca se había comportado como lo hizo ella. 
Solo quería decir eso rápidamente aprovechando que está presente. 
Al contrario, aunque la República de Moldova está gobernada por un partido comunista, está interesada en acercarse a la Unión Europea y es, por lo menos así lo veo yo, un socio activo en la política de vecindad. 
El problema es otro muy distinto: está al Este del río Dniéster. 
Allí todavía hay tropas rusas, fuera del territorio ruso, 15 años después de la desintegración de la Unión Soviética. 
Ese es justamente el problema: el estacionamiento de tropas rusas y la violación de la integridad de la República de Moldova; ese es el conflicto del que estamos hablando. 
No se trata de un conflicto étnico. 
Por lo tanto, creo que los problemas solo pueden solucionarse mediante duras conversaciones entre la UE y Rusia, con un ultimátum para la completa retirada de las tropas. 
Eso también redunda en interés de Europa, porque es la única forma de controlar completamente la frontera. 
El régimen que está viviendo de esas tropas en Transdniéster podrá entonces pasar a ser una región democrática de Moldova. 
La pobreza del país ha fomentado mucho el tráfico de mujeres y esa es otra razón por la que debe formar parte de la política de vecindad con Moldova. 
,. – Señor Presidente, la dictadura de las autoproclamadas autoridades de Transdniéster, caracterizada por una grave represión y por su reaccionaria ideología, ha suscitado una gran preocupación en Europa. 
Mientras que Moldova ha dado ya significativos pasos hacia la democracia y el respeto de las libertades civiles, en Transdniéster se siguen violando derechos humanos fundamentales. 
Detenciones brutales, unas condiciones de detención inhumanas y la ausencia de libertad de expresión o reunión forman parte de la vida cotidiana en esta región y no pueden tolerarse en la Europa actual. 
Transdniéster es conocido por ignorar las resoluciones de la comunidad internacional. 
Han pasado 18 meses desde que el Tribunal Internacional de Derechos Humanos dictó su sentencia en el caso de Ilascu y otras figuras de la oposición, pero ninguno de ellos ha sido puesto en libertad. 
Un importante paso hacia la resolución del conflicto con Moldova es la retirada de las tropas rusas de la autoproclamada República de Transdniéster, según lo previsto en las resoluciones de la cumbre de la OSCE de Estambul en 1999. 
Hasta la fecha, Moscú ha incumplido sus compromisos al seguir dando apoyo económico y político a la dictadura local y a su represivo régimen. 
Aunque acogemos con agrado los esfuerzos de Moldova en lo tocante a las reformas institucionales y el respeto por los derechos de las minorías nacionales, incluida la minoría rumana, como un paso real hacia el diálogo democrático con la Unión Europea, también conocemos datos sobre la corrupción generalizada y el tráfico ilegal de mujeres y niños. 
Las autoridades moldovas deben mantener sus esfuerzos para establecer un poder judicial estable e independiente, así como el pluralismo político en el país. 
Por su parte, la Unión Europea debe dar pasos decisivos para solucionar el problema de Transdniéster. Una intensificación del diálogo entre la UE y Moldova puede contribuir a solucionar este prolongado conflicto y a estabilizar la situación en esta región de Europa. 
– Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a los colegas que han impulsado este importante debate y esta resolución sobre la situación en Moldova, particularmente en Transdniéster. 
El conflicto de Transdniéster, congelado desde 1992, ha sido calificado recientemente de punto de confrontación entre la Unión Europea y Rusia. 
Tras largas conversaciones y una importante labor preparatoria, la Unión Europea emprendió finalmente, el pasado mes de diciembre, una nueva misión –la Misión de la UE para la Asistencia Fronteriza a Moldova y Ucrania–, ayudando de esta forma a ambos países en su acción conjunta de lucha contra el contrabando y el mercado negro en la región. 
Y ¡sorpresa, sorpresa! 
Esta iniciativa muy equilibrada hizo que Rusia pusiera en alerta la semana pasada a sus 1 100 soldados –la llamada tropa de mantenimiento de la paz– acantonados en Transdniéster. 
El régimen ilegal de Transdniéster, que no ha sido reconocido por ninguna democracia en el mundo, rompió las negociaciones 5+2. 
Debemos expresar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Transdniéster, donde no se pueden celebrar elecciones democráticas y donde el acoso, la represión y la intimidación de los medios de comunicación independientes, los defensores de los derechos humanos, las ONG y quienes se oponen al régimen autoproclamado son prácticas comunes. 
Además, debemos expresar nuestro apoyo a las autoridades de Moldova y Ucrania que luchan por estabilizar la situación en la región y erradicar la corrupción, el contrabando, etc. 
Pido a la Comisión y al Consejo que apoyen a las autoridades moldovas en su proceso de reforma democrática y que hagan uso de todos los medios diplomáticos disponibles para resolver el conflicto de Transdniéster. 
– Señora Comisaria, la denominada República Moldova de Transdniéster, que ocupa una quinta parte del territorio del Estado independiente de Moldova y posee la mayoría de su industria, está siendo reconocida como Estado a pesar de la oposición internacional. 
Le ruego que preste atención a las violaciones de los derechos humanos, las restricciones a los medios de comunicación y el sistema populista-autoritario de Transdniéster, que enarbola la bandera de la antigua República Soviética de Moldova. 
Las organizaciones no gubernamentales están teniendo especiales problemas para actuar en Transdniéster. 
La nueva iniciativa política del Presidente Igor Smirnov, la organización juvenil internacional Proryv, sigue el modelo de Nashi, el movimiento juvenil de seguidores de Putin en Rusia. 
Proryv es una organización populista extremista cuyo objetivo es no permitir cambios democráticos en Transdniéster. 
Su ideología está basada en una ideología soviética-eslavófila de nacionalismo prorruso. 
Proryv está asociada con la sección de Transdniéster del partido ruso de Vladimir Zhirinovsky y colabora estrechamente con el movimiento ruso euroasiático. 
La Unión Europea debe interesarse más en la situación en Transdniéster desde el punto de vista de los derechos humanos y el desarrollo democrático de esta parte de Europa. 
– Señor Presidente, hoy hemos hablado mucho de Belarús y yo quisiera romper lanzas por este país. 
No es cierto que Belarús sea el país menos democrático de Europa. 
El primero de esa lista negra es la denominada República Moldova de Transdniéster. 
Aparte de Rusia, ningún Estado del mundo reconoce a este país, que no reconoce los derechos humanos ni civiles. 
Prueba de ello son los presos políticos y los ataques a organizaciones no gubernamentales, a las que la prensa ha descrito como parásitos. 
Esta situación no se da tampoco en la República de Moldova, pero acogemos con satisfacción los esfuerzos de este país para avanzar hacia la democracia plena y, a su debido tiempo, hacia la Unión Europea. 
El conflicto entre Transdniéster y Moldova se produce bajo la amenaza de los intereses rusos. 
Parece que Rusia está avivando el conflicto, algo que no podemos ignorar. 
El Presidente moldovo, el comunista Voronin, habla de la desmilitarización, la democratización y la eliminación de la delincuencia en Transdniéster. 
Por su parte, el diario oficial del régimen del presidente de Transdniéster, Smirnov, aboga por la «desvoronización» de Moldova y solicita ayuda para democratizar el país o, en otras palabras, para echar de la República de Moldova a los comunistas y a su líder. 
Esto puede resultar gracioso, pero deja de serlo cuando se violan derechos humanos y se encarcela a personas. 
Se convierte así en una broma muy pesada. 
Señor Presidente, la única razón por la que el territorio de la actual Moldova no va a entrar en la Unión Europea el año que viene o el siguiente es que el país fue segregado de Rumanía a la fuerza por el pacto Hitler-Stalin. 
No debemos olvidar ese hecho histórico. 
Es un país profundamente europeo y debemos hacer grandes esfuerzos por conseguir tres cosas. 
La primera, el desmantelamiento de la estructura delictiva y militarista de Transdniéster por medios pacíficos. 
Gracias a Dios, Hitler perdió la guerra y tuvo que renunciar a su botín. 
El botín de Stalin no se liberó hasta 1991 y en Moscú todavía quedan fuerzas que mantienen viva su peligrosa estructura. 
La segunda tarea importante es la democratización de Moldova con el Estado de derecho y los derechos de las minorías, y la tercera es la lucha contra la delincuencia transfronteriza. 
Estoy muy agradecido a nuestro colega, el señor Albert Deß, como representante de la región fronteriza del Alto Palatinado, que utiliza toda su vehemencia para pedirnos que luchemos, conjuntamente como Unión Europea, contra el tráfico de drogas, seres humanos y armas, que se origina desde esta estructura delictiva en Transdniéster; eso redunda en interés de ese bello país del extremo oriental de Europa Central, que necesita que lo integremos porque, de lo contrario, se ulcerará como una herida entre Rumanía, que pronto será un Estado miembro, y Ucrania, con la que hemos iniciado una relación más intensa de colaboración desde la revolución naranja. 
El proceso de democratización en esta región que es tan importante para nuestro propio destino solo tendrá éxito si esta estructura militarista y tiránica deja paso por fin a una democracia basada en el Estado de derecho. 
Esa es nuestra obligación como Parlamento Europeo, y por eso estoy agradecido al señor Sonik y a otras personas que han hecho posible este debate. 
El Parlamento Europeo debe enviar una clara señal a este respecto. 
Señor Presidente, en primer lugar contestaré a algunas de las cuestiones políticas y luego también diré unas palabras sobre Belarús. 
También contestaré con mucho gusto a la señora Schroedter antes de referirme al contenido esencial del debate de hoy: los derechos humanos. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la cuestión política, Moldova es un país que está incluido en la Política Europea de Vecindad. Con esta política tratamos de acercar a Moldova a la Unión Europea y esto se lo digo al señor Posselt democratizar poco a poco ese país aunque aún queda mucho por hacer. 
No obstante, ese es el camino a seguir. Por ese motivo, también es muy importante acabar con el tráfico ilegal de mercancías, personas, armas y quizás drogas, y poner fin a las actividades delictivas. 
Doy las gracias a todos aquellos que han mencionado una misión fronteriza. 
La Unión Europea ha lanzado recientemente una misión fronteriza en Transdniéster, entre Moldova y Ucrania. 
Debemos agradecer al Presidente Yúschenko, de Ucrania, quien, a su llegada al poder, emprendió esta iniciativa junto con el Presidente Voronin. 
Hemos conseguido, junto con los Ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Moldova, poner en marcha esta iniciativa. 
Pienso, por cierto, que funciona muy bien bajo la dirección de un responsable húngaro en esta región. 
Su objetivo real, en mi opinión, consiste en acabar con el tráfico ilegal. 
No siempre resulta fácil, pero a largo plazo alcanzará su objetivo. 
Todos ustedes han hablado del conflicto de Transdniéster y de la forma en que se puede resolver. 
De hecho, la OSCE ha hecho todo lo posible por ayudar y la Unión Europea también se implica cada vez más. 
Por cierto, los progresos realizados se deben a la aceptación por parte de Rusia de las conversaciones «5+2» , a las que han sido invitados como observadores la Unión Europea y los Estados Unidos de América, con el fin de encontrar un acuerdo. 
Es cierto que aún no se han retirado las tropas rusas, tal como había previsto en la reunión de la OSCE de Estambul, y eso queda pendiente. 
La pregunta, por supuesto, es: ¿quién las sustituirá? 
Todas las iniciativas políticas deben seguir adelante, aunque desafortunadamente, como bien ha dicho alguien, Transdniéster se ha retirado en efecto de las negociaciones. 
Por tanto, aún queda mucho por hacer. 
Me referiré ahora a Belarús y, si me lo permiten, continuaré en alemán. 
Señora Schroedter, creo, para empezar, que me han malinterpretado totalmente en este caso. 
El periodista que se encontraba en la sala de la rueda de prensa en Bruselas me preguntó, en mi calidad de Comisaria, si nosotros, la Comisión Europea, íbamos a enviar una misión comunitaria de observación electoral a Belarús. 
Yo dije: «No, la observación la está llevando a cabo la OSCE/ODIHR». 
Usted sabe que es así. 
Añadí que los diputados no formaban parte de una misión oficial de la UE, porque no tenemos ninguna. 
Eso ha sido totalmente malinterpretado. 
Le ruego que vuelva a aceptar mi explicación. 
Me alegro de que sacara este tema porque así he podido aclarar mi posición. 
No solo escribí una carta al señor Klich ayer, sino que también hablé con él; me comprendió perfectamente. 
También he publicado ya una declaración sobre Belarús, un país cuyos acontecimientos estoy siguiendo, lógicamente, en las fechas previas a las elecciones. En esa declaración decía cuánto lamentaba que se negara el acceso a los diputados no concediéndoles visados; siempre son bienvenidos aquí, eso no es necesario decirlo y usted debería saberlo, dado que estoy totalmente a favor de las misiones de observación de la UE y estoy trabajando para que se refuercen. 
Llego al tercer punto que quería comentar, concerniente al debate de hoy sobre las resoluciones acerca de la violación de los derechos humanos en Moldova. 
La propuesta de resolución subraya la incapacidad del sistema judicial de garantizar la celebración de juicios justos. 
Señalaré que Moldova aprobó en 2005 tres leyes que refuerzan significativamente la independencia del poder judicial. 
En lo que se refiere al caso del señor Pasat, el ex Ministro de Defensa, la Comisión ha planteado en varias ocasiones los problemas que rodean a este caso. 
Estoy en contacto directo con el señor Stratan, el Ministro de Asuntos Exteriores moldovo. 
Acabo de escribir una carta al Presidente Voronin sobre este tema para pedir aclaraciones y no demorar el recurso del señor Pasat. 
La democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos figurarán en un lugar destacado del orden del día de la próxima reunión del Consejo de Cooperación con Moldova. 
El debate de hoy hace hincapié especialmente en los derechos humanos en Transdniéster. 
No obstante, como saben sus Señorías, debido a su condición de república independiente autoproclamada, disponemos de muy poca información sobre los acontecimientos internos. 
De todos modos, es evidente que hay problemas muy importantes. 
En verano de 2004, por ejemplo, las autoridades de Transdniéster cerraron por la fuerza seis escuelas en las que se enseñaba el moldovo utilizando el alfabeto latino. 
Nos satisface comprobar que las negociaciones entre las autoridades de Moldova y Transdniéster sobre la cuestión de las escuelas que utilizan el alfabeto latino se reanudaron en febrero después de una interrupción de siete meses. 
La Comisión seguirá muy de cerca el desarrollo de estas negociaciones. 
Quiero decir unas palabras sobre el caso Ilascu, que sigue siendo un ejemplo muy grave de violación de los derechos humanos. 
Puesto que Moldova no puede intervenir en Transdniéster, planteamos la cuestión a Rusia en cualquier oportunidad. 
La última ocasión fue hace unas dos semanas en Viena, con motivo de la reunión de la troika de Ministros de Asuntos Exteriores, cuando me reuní con el Ministro Lavrov. 
Los recientes informes según los cuales uno de los dos presos, en concreto Andrei Ivantoc, ha iniciado una huelga de hambre, subraya la necesidad de que ambos detenidos sean liberados de inmediato. 
Debemos presionar para que esto ocurra. 
La Comisión colabora con todos los países socios, incluidos Rusia, Ucrania y Moldova, con vistas a conseguir la retirada de las tropas rusas, la desmilitarización de Transdniéster, la democratización de Moldova –incluido Transdniéster– y el establecimiento de un control de hecho y de derecho de Transdniéster por parte de Moldova. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Kazajstán (1). 
. 
El 13 de febrero, el conocido político kazajo y líder de la oposición A. Sarsenbáyev fue brutalmente asesinado en Almaty, junto con su conductor y su guardaespaldas. 
No hace mucho, otro líder de la oposición, Z. Nurkadílov, fue encontrado con tres heridas de bala después de que acusara al Gobierno de corrupción y de ser responsable del asesinato del periodista independiente Sharipzhánov. 
Dado que es uno de los Estados más avanzados de la región, Kazajstán está intentando incluirse entre los Estados democráticos del mundo. 
Es más, pretende presidir a partir de 2009 la OSCE, una organización que tiene que garantizar la democracia y la estabilidad dentro de la Comunidad y más allá de sus fronteras. 
Una organización que en diciembre reconoció que las elecciones presidenciales de Kazajstán no cumplían los requisitos internacionales. 
Reconocemos que la economía kazaja crece a buen ritmo. 
Kazajstán es un socio comercial muy importante para la Unión Europea, pero, Señorías, no somos solo una unión económica, sino también una unión de valores. 
En nuestra política exterior, no podemos perseguir intereses estrictamente económicos y en ningún caso podemos permitir la violación de derechos humanos. 
El Presidente N. Nazarbáyev admite abiertamente que en el pasado no había un sistema democrático en su país y afirma que no podemos esperar que se cree de la noche a la mañana. 
Ese es un intento de garantizarnos que puede haber una democracia controlada en Kazajstán pero, sobre todo, es un intento de justificar un régimen autoritario que data del período soviético. 
Señor Presidente, todos sabemos que la democracia existe o no existe. 
No puede ser controlada ni parcial. 
. Señor Presidente… no habríamos celebrado este debate esta tarde. 
No es que no nos preocupemos por Kazajstán o que pensemos que todo está bien en ese país; por supuesto, estamos preocupados, pero en su última legislatura, esta Cámara aprobó una estricta resolución sobre Kazajstán, una resolución que tanto este Parlamento como Kazajstán se tomaron en serio en ese momento. 
Ha dado lugar a la admisión de más partidos políticos y, en cualquier caso, ha sido un paso adelante en la libertad de prensa. 
Hoy volvemos a estar preocupados, pero lo que ahora llama la atención con respecto a la anterior resolución sobre la situación de Kazajstán es el hecho de que el Gobierno, el Presidente, por lo menos está intentando introducir transparencia, en el sentido de que, en relación con los asesinatos y otros problemas, al menos los observadores extranjeros han tenido la oportunidad de presenciar lo que está ocurriendo. 
Una cosa es segura. Algo se cuece en Kazajstán, eso es cierto, pero eso mismo significa que no es posible evaluar la situación correctamente, y nosotros creemos que, en vista de eso, esta resolución es prematura. 
Otra razón es que, aunque no creemos que todo sea maravilloso, sí vemos por primera vez que en áreas sensibles, en las que es posible que se haya asesinado a personas y de hecho ha habido asesinatos, aunque no se conozcan las circunstancias ni los culpables, hay una voluntad de mostrar lo que está ocurriendo, de mostrar cómo el proceso se acerca a su final. 
Son estos aspectos los que deberíamos destacar para reforzar la relación que tenemos con Kazajstán en la Unión Europea. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos propone, por lo tanto, que hagamos uso de la cooperación entre delegaciones parlamentarias. 
La delegación parlamentaria de Kazajstán visitará Bruselas en mayo y durante su visita tendremos la ocasión de hablar sobre todas estas cuestiones como parlamentarios. A los miembros del Grupo del PPE-DE nos gustaría ver algún progreso en relación con los países de Asia Central. 
En lo que respecta a Kazajstán, debemos debatir claramente el tema de la asociación para averiguar si podemos actuar conjuntamente en las áreas en las que tenemos una buena cooperación. 
En resumen, estamos preocupados por Kazajstán. Aunque la democracia en ese país no es precisamente modélica, en este momento podemos apreciar una mayor transparencia, que algo se está cociendo, que hay mucha incertidumbre. 
En cualquier caso quiero felicitar a la Comisaria por la adecuada información que hemos recibido de su representante en Almaty a este respecto, que agradecimos mucho. 
En lo que respecta a la votación, aunque hemos contribuido a esta resolución, ya que no hacerlo suponía quedarnos fuera de juego, solicitamos cinco votaciones por partes, de cuyo resultado dependerá que apoyemos o no esta resolución. 
Resumiendo, aunque hay cosas que nos preocupan, nos gustaría hablar sobre ellas de forma amistosa con nuestros colegas kazajos para ver si podemos conseguir algunos avances en relación con la democracia. 
Señor Presidente, solo unas palabras. 
A la hora de comer, la señora Pleštinská dijo que la gente está poniendo velas en sus ventanas en Eslovaquia y muchos otros países en señal de solidaridad con la oposición y los movimientos por la libertad de Belarús. 
Para evitar que salten las alarmas contra incendios, solo hemos traído una pequeña vela simbólica al pleno, que está encendida en el sitio de la señora Pleštinská, pero con la que pretendemos dejar clara la fuerza de nuestros vínculos con el movimiento por la libertad de Belarús. 
Si bien reafirmo nuestro apoyo a la iniciativa, debo recordar que según el Reglamento está rigurosamente prohibido introducir en la Cámara cualquier objeto incandescente o ardiendo, por lo que pido cortésmente a su Señoría que lo apague. 
Gracias. 
– Señor Presidente, la oposición política de Kazajstán protesta contra el asesinato de Altynbek Sarsenbáyev, el ex Ministro de Exteriores y embajador que se unió a la oposición en 2003 y comenzó a criticar el sistema político que dirige el Presidente Nursultán Nazarbáyev. 
El 26 de febrero de este año, alrededor de 1 500 personas participaron en Almaty en una manifestación, y el cuerpo de Sarsenbáyev, de 43 años, apareció con heridas de bala en los hombros y en la cabeza junto a los cuerpos de su guardaespaldas y su chófer. 
Los funcionarios del Comité de Seguridad Nacional sospechosos del asesinato han sido detenidos, y el director de ese organismo, Nartay Dutbáyev, ha presentado su dimisión. 
También quiero destacar que la organización Periodistas sin Fronteras ha acusado a las autoridades kazajas de censura en Internet y de restringir la libertad de expresión en los medios de comunicación tradicionales. 
El 15 de diciembre del pasado año, las fuerzas de seguridad registraron la sede del semanario, después de que este publicara una carta firmada por el director de la Comisión Electoral en la que afirmaba que se había producido cierto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 4 de diciembre. 
Además, el 20 de diciembre el semanario fue cerrado por orden de un tribunal de Almaty tras ser acusado de difamación contra el Presidente Nazarbáyev. 
. – Señor Presidente, el hundimiento de la Unión Soviética no ha resultado una garantía de democracia, más bien al contrario. 
Es posible que algunos políticos con pasados comunistas hayan abandonado su ideología, pero, precisamente por eso, ahora tienen aún menos problemas para maniobrar para mantenerse en el poder durante mucho tiempo o incluso para transferir el poder estatal a sus descendientes. 
Una de esas artimañas es prorrogar el mandato de los presidentes en ejercicio por diez años o incluso con carácter vitalicio mediante un referendo en el que no se permite la presentación de uno o dos candidatos rivales. 
Otra técnica consiste en eliminar a opositores con cierto poder encarcelándolos sobre la base de acusaciones falsas, organizando su muerte en accidentes de tráfico o simplemente haciéndolos desaparecer. 
En Ucrania, en Georgia y en Kirguistán, las revueltas populares generalizadas contra regímenes de ese tipo han tenido éxito, pero todavía está por ver si esos países van a estar en una situación mejor en el futuro. 
Hasta ahora, en Belarús, Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán, que es mucho mayor, los que ocupan el poder han conseguido acabar con la oposición. 
Algunos han podido utilizar su papel en el suministro de energía para comprarse poderosos amigos extranjeros. 
Durante mucho tiempo, Kazajstán fue fundamentalmente una región seca y poco poblada, situada en medio de una pequeña población de habla turca. La colonización rusa tuvo lugar en zonas en las que la industria o la minería parecían posibles o donde se podía establecer una base de cohetes experimentales. 
Desde entonces, se ha creado una nueva capital, lejos de la gran ciudad de Almaty, y la influencia de los habitantes rusos se está reduciendo considerablemente. 
Kazajstán es un país muy grande y poco poblado, con dos grandes grupos de población y varias minorías desterradas a ese país del imperio ruso, y su futuro es muy precario. 
La resolución tiene razón al insistir en que, en nuestras relaciones con él, debemos tener en cuenta no solo las relaciones económicas, sino, sobre todo, a los presos políticos, el margen de maniobra de la oposición, la toma de decisiones por medios democráticos y los derechos humanos. 
Señor Presidente, no todo es tan negro en Kazajstán. 
Si lo comparamos con otros países de la región, también están dándose acontecimientos positivos, por ejemplo la moratoria de la pena de muerte y el procesamiento de policías acusados de torturas. 
Sin embargo, los últimos acontecimientos son paradójicos, ya que, al mismo tiempo que la oposición crece y se refuerza, también está siendo objeto de medidas represivas. 
Estos dos asesinatos han agravado la situación. 
La OSCE afirmó que las elecciones no se habían celebrado con corrección. 
En realidad, era bastante innecesario amañar las elecciones, ya que, según todas las encuestas, el señor Nazarbáyev iba a ganar de todas formas. 
Estos acontecimientos quizá no parezcan tan extraños si tenemos en cuenta la situación de los medios de comunicación en Kazajstán. 
Los gobernadores no se atrevieron a comunicar las peores cifras de votos y no dudaron en adornarlas con unos pocos votos adicionales por su temor a ver menoscabadas sus posiciones, ya fueran económicas o de otro tipo. 
No es posible tener ese tipo de ambiente en una democracia, y debemos estar en guardia. 
En realidad, el Parlamento Europeo no exige demasiado: solo que Kazajstán cumpla su propia constitución y que sean necesarias decisiones judiciales por ejemplo para detener a gente. 
En el apartado 3, afirmamos que queremos que observadores internacionales supervisen la investigación de asesinatos. 
Se ha invitado al FBI a participar en las investigaciones de los asesinatos y debemos asegurarnos de que también se permita a otros organismos internacionales estudiar la información sobre estos delitos, para que podamos comprender y recibir aclaraciones de la investigación. 
– Señor Presidente, Kazajstán es un importante país con una gran historia, además de ser uno de los mayores de Europa; y digo Europa, porque aproximadamente 150 000 km2 de su territorio se encuentran dentro de los límites geográficos de nuestro continente. 
Es un país en el que, hasta la fecha, viven miles de mis compatriotas polacos que tuvieron que exilarse allí en la época del régimen de Stalin. 
Sin embargo, tanto histórica como políticamente, está claro que Kazajstán pertenece a Asia Central. 
También es un Estado poscomunista y postsoviético. 
Debemos tener en cuenta esta historia y recordar que la palabra «democracia» no siempre se entiende igual en esa región que en los países europeos, con sus siglos de tradición democrática. 
Fui uno de los observadores del Parlamento Europeo en Kazajstán durante las elecciones presidenciales. 
El país no es en modo alguno un modelo de democracia, pero considero que es justo decir que las autoridades kazajas están trabajando mucho para democratizar la vida pública y, sobre todo, para acercar el país a los valores occidentales y modernizarlo. 
Eso es algo que debemos apreciar, y debemos ofrecer un prudente apoyo para este proceso. 
La propuesta de resolución que estamos debatiendo merece nuestro apoyo en la medida en que exige una investigación de la muerte del señor Sarsenbáyev, el político de la oposición, pero también tiene algunos elementos que son una expresión de unas injustificadas sospechas. 
En muchos países mueren políticos en intentos de asesinato o accidentes, sin que la causa sea siempre una intriga política. 
Por eso solicito moderación en el contenido de la resolución y que se aprueben varias de las enmiendas propuestas. 
. – Señor Presidente, al igual que todos mis colegas diputados, me siento horrorizado por el brutal asesinato del líder de la oposición Altynbek Sarsenbáyev, el pasado 13 de febrero. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el Presidente Nazarbáyev haya pedido ayuda al FBI para capturar a los culpables así como su declaración de 21 de febrero de que se castigaría a los asesinos. 
La reciente detención de cinco sospechosos resulta alentadora. 
Por supuesto, la democracia y los derechos humanos siguen siendo motivo de preocupación en Kazajstán. 
La Unión Europea se ve directamente afectada por cualquier inestabilidad en esta estratégica República centroasiática que desea acercarse más a la Unión Europea y no a Rusia o China. 
En mi calidad de ponente sobre la Política Europea de Vecindad, he propuesto la inclusión de Kazajstán en esta política. 
Esto se ajusta a la tradición de que fuese el Parlamento Europeo el primero en plantear este estatuto para las tres repúblicas caucásicas, que fue debidamente aceptado por el Consejo en su momento. 
Kazajstán tiene una extensión hacia occidente, lo que justifica su inclusión en la Vecindad Europea desde un punto de vista geográfico. 
También tiene una fuerte tradición laica heredada de su pasado soviético, con una importante minoría cristiana que vive en armonía con el pueblo musulmán autóctono de Kazajstán. 
Sus grandes reservas de gas y petróleo son estratégicamente importantes para la Unión Europea, y Kazajstán se muestra deseoso de vender dichas materias primas a la Unión Europea sin tener que depender totalmente de los gasoductos rusos para transportar sus recursos naturales. 
Además, la política de diversificación kazaja incluye planes para licuar el gas natural de forma que se pueda transportar por la ruta transcaspiana. 
En este contexto se sitúa, aunque menos apreciado, el vasto potencial de abastecimiento de uranio de torta amarilla kazajo, procedente de minas en curso de apertura, el cual será vital para satisfacer las futuras necesidades de la Unión Europea en materia de energía nuclear. 
La Unión Europea debe prestar todo tipo de ayuda a este vasto y poco poblado país, cuya ubicación geográfica es crucial, y los miembros del Grupo del PPE-DE no apoyarán el sesgado texto conjunto, a menos que se aprueben nuestras enmiendas. 
. – Señor Presidente, permítame hablar en mi lengua materna. 
Me preocupa escuchar un discurso como el que se acaba de producir. 
Me preocupa que, porque Occidente y los Estados Unidos tengan un interés en Kazajstán –principalmente porque posee minerales y es un aliado en la guerra contra el terrorismo– su Gobierno pueda sentirse capaz de hacer ciertas cosas con total impunidad. 
Eso es algo contra lo que deberíamos estar en guardia. 
Hace algún tiempo, Kazajstán solicitó su admisión en el Consejo de Europa, y yo acudí al país en una misión. 
Es cierto que, geográficamente, parte de Kazajstán está en Europa, pero todo el mundo sabe que este país tiene todavía mucho que aprender para adquirir credenciales democráticas. 
También es evidente que el clima político se ha deteriorado últimamente. 
Sabemos que, en un plazo de tres meses, dos políticos de la oposición han sido asesinados y los derechos humanos se violan de una forma u otra. 
Por lo tanto, no debemos permitir que la riqueza de Kazajstán y el hecho de que este país sea un aliado contra el terrorismo nos lleven a creer que no es necesario controlar su conducta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hasta la fecha el Presidente kazajo Nasarbáyev ha actuado según el viejo proverbio que dice «mantén a tus amigos cerca de ti y a tus enemigos aún más cerca» y ha tratado de incluirlos en su régimen. 
Aunque hace muy poco pasó una semana en un balneario en mi provincia natal de Carintia, evidentemente para recuperar fuerzas, parece que tiene cada vez menos éxito, porque las críticas sobre él aumentan, como ustedes saben. 
Es posible que no sea una coincidencia que, como hemos oído, dos políticos opositores hayan muerto en circunstancias sospechosas tras revelar maquinaciones poco honestas por parte del clan presidencial. 
A mi juicio, es realmente esencial que estos asesinatos sean investigados con transparencia por partes independientes. 
Con independencia de los progresos que Kazajstán muestre en su desarrollo económico –en buena medida, debidos a sus muchos recursos minerales– todos estamos de acuerdo en que no está avanzando en lo tocante a la democracia. 
En las elecciones presidenciales de diciembre hubo acusaciones de fraude electoral, y se sabe que la hija del Presidente elegido en esas dudosas circunstancias es la directora de la mayor cadena de televisión, mientras que su marido es el director de la autoridad fiscal. 
Se están rechazando las solicitudes de registro de algunos partidos y se sabe que los activistas están siendo perseguidos. 
Por lo tanto, no resulta sorprendente que se castigue a quienes lloran al hombre asesinado. 
Dado que existen tantas dudas sobre la capacidad de Kazajstán para comportarse como una democracia, no se le puede permitir que presida la OSCE a partir de 2009 como desea. 
En mi opinión, la UE debe oponerse claramente a eso. 
Quizá también merezca la pena estudiar la posibilidad de seguir los pasos de los Estados Unidos y supeditar más la ayuda financiera y económica a la consecución de avances en los ámbitos de la democracia y los derechos humanos y civiles. 
Señor Presidente, hace ahora un mes desde que el destacado político Sarsenbáyev fue brutalmente asesinado, y creo que ya es hora de que celebremos un debate urgente sobre la situación en Kazajstán. 
Dos importantes políticos opositores han sido asesinados en el espacio de tres meses y el clima político se ha deteriorado mucho. 
Pedimos a las autoridades kazajas que permitan una investigación completa, independiente y transparente de las circunstancias de las muertes, así como la presencia de observadores internacionales. 
Los asesinatos por razones políticas son solo la punta del iceberg. 
Ya se ha mencionado la censura en Internet, y la presión que sufren los políticos de la oposición y los periodistas se ha incrementado sobremanera. 
Condenamos la detención de las personas que participaban en una reunión pacífica para conmemorar la muerte de Altynbek Sarsenbáyev e instamos al Gobierno kazajo a que cumpla sus obligaciones en virtud del Acuerdo de asociación y cooperación y, sobre todo, a que garantice el respeto por la democracia y los derechos humanos. 
Señor Presidente, hay mucho que decir sobre Kazajstán. 
Por una parte, Kazajstán es y debe ser un socio clave para fomentar la estabilidad y la cooperación regional en Asia Central. 
En efecto, es el más importante de esos países y también es rico en recursos energéticos, por lo que actualmente se ve cortejado por muchos países. 
Analicemos el discurso del Presidente Nazarbáyev sobre el estado de la nación, pronunciado el 1 de marzo. 
Se extendió mucho sobre el desarrollo económico. 
Pero no fue muy detallado en lo tocante al programa de reformas democráticas, a pesar de las promesas a la comunidad internacional en torno a un programa de cambios democráticos. 
Volvió a confirmar el concepto de «democracia gestionada» ; de hecho, reforzó dicho concepto. 
Diré unas palabras sobre el lado positivo y el lado negativo, pues debemos ver ambas caras. 
En cuanto al aspecto positivo, quiero mostrar mi satisfacción por la ratificación por parte de Kazajstán, en enero de este año, del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos así como del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Este es un buen paso. 
También esperamos que Kazajstán proceda ahora a ratificar los protocolos optativos que autorizan reclamaciones individuales. 
El mantenimiento de la moratoria sobre la pena de muerte constituye asimismo un paso en la buena dirección. 
En el lado negativo, y acerca de cuestiones que deberíamos criticar, nos preocupa enormemente lo que ha ocurrido con el principal líder de la oposición, el señor Sarsenbáyev. 
Su asesinato apunta a una tendencia muy peligrosa a la criminalización de la política kazaja. 
En ausencia de mecanismos constitucionales claros que garanticen una transferencia pacífica del poder ejecutivo en Kazajstán, este hecho es realmente preocupante. 
Por consiguiente, hemos instado a las autoridades a que garanticen la plena transparencia en el proceso de investigación. 
Me alegro de que el FBI pueda ir allí, pero también deberían estar presentes algunos europeos. 
Por otra parte, seguimos muy de cerca la investigación del asesinato de Oksana Nikitina, hija de otro miembro destacado de la oposición. 
Asimismo me inquietan sobremanera los informes sobre el acoso a figuras de la oposición tras dos marchas pacíficas de conmemoración en Almaty, que tuvieron lugar después del funeral del señor Sarsenbáyev. 
Algunos de ustedes han hecho alusión a esto. 
También me gustaría mencionar otras dos cuestiones esenciales, la libertad de prensa y las restricciones a la sociedad civil. 
Nos preocupan los informes acerca de numerosos ejemplos de acoso a periodistas y sobre acciones llevadas a cabo contra cinco periódicos y una página web de la oposición. 
La nueva ley de seguridad nacional, aprobada en julio de 2005, permite restringir indebidamente las actividades de la sociedad civil y ONG. 
Por una parte, hemos acogido con satisfacción las mejoras señaladas por la OSCE/OIDDH en la organización de las elecciones presidenciales de diciembre de 2005; algunos de ustedes estaban allí de observadores. 
No obstante, también lamentamos que las elecciones no cumplieran algunos de los compromisos de la OSCE y que no se tomaran medidas para modificar el marco legislativo de acuerdo con las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. 
Sin duda queremos seguir controlando las investigaciones sobre supuestas prácticas fraudulentas. 
Un asunto esencial y persistente es la libertad política. 
En bien de su estabilidad interna, Kazajstán necesita una oposición política y las autoridades deben legalizar urgentemente los partidos políticos de la oposición e iniciar un diálogo real con ellos, por ejemplo a través de la comisión estatal sobre democratización, que está a punto de establecerse y que presidirá el Presidente Nazarbáyev. 
Pienso en particular que las autoridades de Kazajstán reconsiderarán su negativa a registrar los partidos de la oposición Alga y True Ak Zhol. 
Me complacería mucho la formación de una delegación parlamentaria así como el refuerzo por su parte de la cooperación con delegaciones de Kazajstán. 
Transmitirles mensajes claros es otro canal importante y también es una oportunidad. 
No anticipemos ninguna decisión sobre la oferta de Kazajstán de asumir la presidencia de la OSCE en 2009. 
Podría constituir un importante incentivo para elevar los niveles de democracia en Kazajstán. 
También estamos preocupados por las informaciones acerca de numerosos ejemplos de acoso a periodistas y acciones llevadas a cabo contra cinco periódicos y una página web de la oposición. 
La nueva ley de seguridad nacional, aprobada en julio del año pasado, permite restringir indebidamente las actividades de la sociedad civil y las ONG. 
En consecuencia, pienso que es un país con el que tenemos que relacionarnos intensamente, pero al mismo tiempo hemos de enviarle mensajes inequívocos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre la impunidad en África y, en particular, el asunto Hissène Habré (1). 
. Señor Presidente, numerosas oportunidades se están abriendo en estos momentos en África para saldar cuentas con un pasado muchas veces teñido de sangre. 
Sin embargo, avanzar hacia la paz exige combatir de forma clara la impunidad y ello, a su vez, implica hacer aflorar la verdad, por dolorosa que esta sea, así como hacer justicia. 
Los procesos a Pinochet o a Milosevic, aunque imperfectos y tristemente inacabados, suponen claros indicios de por dónde deben andar las cosas también en África. 
Nombres como los de Charles Taylor, Mengistu Haile Mariam o Hissène Habré, entre otros, deben añadirse a lista de ex dictadores que tienen que comparecer ante la justicia nacional e internacional. 
Existen ya algunos mecanismos de rendición de cuentas por medio de tribunales para los autores de crímenes y atrocidades, como, por ejemplo, los que existen respecto a Ruanda o Sierra Leona. 
Pero, lamentablemente, la falta de medios, en algunos casos de voluntad política y, ciertamente, de capacidad, hacen que muchas veces estos tribunales sean ineficientes e insuficientes. 
La lucha contra la impunidad constituye, sin duda alguna, uno de los pilares de la política de la Unión en el ámbito de los derechos humanos. 
Por ello, debemos recordar que, sin una Corte Penal Internacional que establezca la responsabilidad individual como mecanismo de aplicación de la ley, los actos de genocidio y las violaciones flagrantes de los derechos humanos quedarán a menudo impunes. 
Por ello, también instamos desde aquí a los Estados de la Unión Africana que todavía no hayan ratificado el Estatuto de Roma, a que lo hagan y establezcan cuanto antes un plan de acción para su aplicación efectiva. 
Resultaría pretencioso −y no es lo que pretendo − dar lecciones a África desde Europa, cuando tenemos también nosotros muchos casos abiertos o mal resueltos de impunidad o de justicia insuficiente en cuanto a ex dictadores. 
Pero sí creo firmemente que esta es una labor que debe afrontarse de forma universal, conjuntamente desde Europa y desde África. 
Sin verdad, sin justicia y sin reparación a las víctimas, la paz no es más que un sueño, pero luchar contra la impunidad puede ayudarnos, algún día, a hacer ese sueño realidad. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el caso del antiguo dictador de Chad, Hissène Habré, no debe analizarse de forma aislada, sino que debe estudiarse en el contexto africano, porque la impunidad de los ex dictadores es generalizada en África. 
Solo tengo que recordarles a Charles Taylor en el caso de Liberia o a Mengistu Haile Mariam en el de Etiopía. 
Los dictadores africanos han gobernado con extrema violencia, han reprimido a su propio pueblo y han mantenido sus posiciones de poder mediante la tortura, el asesinato y la tiranía. 
Otra cosa que todos ellos tienen también en común es que han encontrado refugio en otros países africanos, sin recibir castigo alguno y sin que se les hayan pedido cuentas. 
Sin embargo, eso es precisamente lo que ya no podemos aceptar, porque las víctimas y sus familias han estado luchando durante mucho tiempo por un juicio en el que los déspotas tengan que hacer frente a su responsabilidad. 
Por lo tanto, acojo con sumo agrado los grandes avances realizados en el caso de Hissène Habré. 
En septiembre de 2005, un juez belga emitió una orden internacional de detención, como consecuencia de la cual Hissène Habré fue puesto bajo arresto domiciliario en Senegal en noviembre. 
No obstante, Senegal ha recalcado que Hissène Habré debe ser juzgado por un tribunal africano y que la Unión Africana debe decidir sobre ello. 
En su última reunión de enero, la Unión Africana creó una comisión que emitirá un informe en julio sobre qué tipo de tribunal debe juzgarle. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que hay varias formas posibles de llevar a Hissène Habré ante un tribunal. 
La más realista es su extradición a Bélgica, dado que su caso podría ser examinado rápidamente por un tribunal justo en Europa. 
La Corte Penal Internacional también podría hacerse cargo del caso. 
Por otra parte, un tribunal africano requerirá una gran voluntad política y probablemente es poco factible sin una enorme cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo administrativo. 
Ahora depende de la Unión Africana hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el caso de Hissène Habré concluya ante un tribunal. 
Si, por otra parte, se descarta la extradición a Bélgica, la Unión Africana tendrá que presentar un plan preciso sobre cómo va a tratar esta cuestión un tribunal africano lo antes posible. 
Me encantaría que se sentara un precedente y Hissène Habré fuera juzgado. 
Las muchas víctimas lo exigen. 
. – Señor Presidente, en Europa nos sentimos muy consternados de que los supervivientes del genocidio orquestado por Slobodan Milosevic no hayan podido verle condenado en La Haya. 
En África las víctimas de Gobiernos que violan los derechos humanos y de criminales de guerra tienen derecho a obtener justicia y están tratando de conseguirlo. 
Sus nombres son: Hissène Habré, Charles Taylor, Mengistu Haile Mariam y Robert Mugabe. 
Hace unos días, en la Comisión de Derechos Humanos, escuchamos a una abogada chadiana destacar esto en relación con el dictador Hissène Habré, que ha vivido en el exilio en Senegal durante varios años. 
La abogada era partidaria de su extradición a Bélgica, donde un tribunal le busca a petición de las víctimas. 
También explicó que la extradición es necesaria porque, en el contexto de la Unión Africana, por desgracia todavía no existen mecanismos, ni tampoco la voluntad política, para juzgar a este criminal, que fue responsable del asesinato por razones políticas de más de 40 000 de sus compatriotas y la detención y tortura de muchos más. 
La abogada dijo también que el motivo de que las autoridades senegalesas sometieran la cuestión a la Unión Africana no es facilitar la justifica y conservar la dignidad africana, sino bloquear la justicia y ofender aún más a las víctimas que tratan de llevar a Hissène Habré ante la justicia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, recientemente estuve en Senegal, donde me dirigí a activistas de los derechos humanos, diputados del Parlamento senegalés y periodistas. 
Por desgracia, todos confirmaron la misma impresión: la Unión Europea tiene responsabilidades en África y por eso hemos aprobado hoy esta resolución. Esperamos que, como consecuencia, los políticos portugueses utilicen su influencia y traten de acabar con la impunidad de todos esos criminales en África. 
. – Señor Presidente, los Estados africanos no deben sus orígenes a los africanos, sino a la colonización europea. 
Sus fronteras fueron trazadas por extranjeros y dividen grupos de población que querían permanecer juntos, mientras que se agrupó a personas que tenían muy poco en común en términos de su historia, su cultura, su idioma y su religión. 
Es imposible que esas personas vean a las autoridades como algo que les pertenece. 
En la práctica, esa es una gran traba para la democracia. 
En esas situaciones, campan a sus anchas quienes, por medios violentos, favorecen a un grupo de población mientras reprimen a otro. 
Solo consiguen mantener unidos sus inestables Estados por medios terroríficos. 
En esas circunstancias, solo violentos acaparadores consiguen conservar el poder estatal durante cierto tiempo. 
Situaciones de este tipo se encuentran en toda África, pero sobre todo allí donde se han unido en un país poblaciones árabes islámicas y no islámicas. 
Todos conocemos las tragedias, las permanentes guerras civiles y los flujos de refugiados que han acosado a Sudán. 
Ayer adoptamos una resolución sobre su vecino Chad. 
Hissène Habré fue el líder de ese país desértico y fue aceptado automáticamente por el mundo exterior, conservando su poder en parte del mismo hasta 1990, cuando se vio obligado a escapar a Senegal. 
Incluso después de su marcha, no es posible la oposición política, la gente se muere de hambre y está aterrorizada por bandas armadas, mientras que los países vecinos tratan de controlar parte del territorio. Charles Taylor huyó de Liberia a Nigeria; 
Mengistu Haile Mariam escapó de Etiopía y ahora vive en Zimbabue y todos estos hombres deberían ser condenados por un tribunal. Eso podría incluso evitar que los futuros políticos africanos se conviertan en violentos dictadores. 
La situación en Ruanda no es totalmente comparable. 
Hay quienes ven en la actual dominación de la minoría tutsi un justo castigo para el intento de la mayoría hutu de expulsar y masacrar a sus multiseculares opresores. 
El mantenimiento a largo plazo de la actual situación –puesto que debemos tener en cuenta la posibilidad de que esta situación continúe en el futuro previsible– sigue alimentando un multisecular sentimiento de odio mutuo. 
Por eso no debemos meter en el mismo saco a todos los países, sino prestar la debida atención a las atrocidades que se han cometido en los mismos. 
. – Señor Presidente, la lucha contra la impunidad debería constituir una de las piedras angulares de la política de la Unión en materia de derechos humanos. 
Este principio concierne particularmente a África, en algunas de cuyas regiones se han cometido horrendas violaciones de los derechos humanos, en ocasiones a gran escala. 
Desafortunadamente, los autores de tales crímenes han comparecido en pocos casos ante la justicia y a menudo se deniega a las víctimas toda vía de recurso efectivo. 
Es imperativo que personas infames como Charles Taylor, el Coronel Mengistu y el ex Presidente de Chad, actualmente en el exilio, Hissène Habré, sean procesadas ante un tribunal reconocido por la comunidad internacional por las atrocidades y crímenes contra la humanidad que presuntamente han cometido. 
Es realmente vergonzoso y sin duda deshonroso que los Gobiernos de países como Zimbabue, Nigeria y Senegal sigan poniendo trabas a la justicia al proporcionar un refugio seguro a esos presuntos criminales. 
Pienso que si esos Gobiernos pasan por alto el contenido de esta resolución, entonces la Unión Europea, junto con la comunidad internacional, deben plantearse la posibilidad de tomar medidas pacíficas más drásticas para forzar una solución adecuada. 
. Señor Presidente, hoy estamos debatiendo la impunidad en África y ya se ha destacado la importancia de la institución de la Corte Penal Internacional. 
Pero también estamos debatiendo el caso concreto del antiguo dictador de Chad. 
Habré gobernó Chad desde 1982 a 1990 y su sistema unipartidista se caracterizó por diversas violaciones de los derechos humanos y campañas de violencia a gran escala contra su propio pueblo. 
Los Estados Unidos y Francia apoyaron a Habré durante mucho tiempo, porque consideraron que su régimen era un baluarte contra Gaddafi. 
Durante el mandato de Ronald Reagan, Habré recibió grandes cantidades de ayuda militar, así como ayuda paramilitar a través de la CIA. 
Eso también hay que decirlo. 
No se trata solo de que no debemos dar lecciones a otros continentes; también debemos tener claro que, durante muchos años, los principales países occidentales dieron su respaldo a muchos países regidos por sangrientos dictadores. 
Ahora la cuestión es cómo acabar con la impunidad de Habré. 
Me complace la búsqueda de una solución africana. 
Si eso falla, Habré debe ser entregado a las autoridades belgas para poner fin a la impunidad de un sangriento dictador. 
Señor Presidente, el debate de hoy sobre las violaciones de derechos humanos está relacionado con la impunidad de varios antiguos jefes de Estado africanos acusados de ser dictadores y de bárbaros métodos de gobierno. 
La cuestión tratada en la resolución del Parlamento se refiere concretamente al ex Presidente de la República de Chad, Hissène Habré, que es responsable de 40 000 asesinatos políticos y 200 000 casos de torturas. 
Sin embargo, la resolución cita también a otros dictadores de Libia y Etiopía, así como ejemplos de conflictos como los de Sierra Leona, Ruanda y la República Democrática del Congo, donde tres millones de personas han muerto durante el conflicto de seis años de duración. 
Un análisis de la situación política en África obliga a preguntarse por las causas de los conflictos entre las elites gobernantes africanas y las masas de sus compatriotas que son objeto de tan inhumano trato. 
Es preciso recordar que la composición y el papel de las elites africanas fueron determinados en gran medida por las potencias coloniales, que también decidieron los cambios de esas elites. 
Como en la mayoría de las sociedades colonizadas, también en África las elites se formaron bajo la influencia de modelos europeos y de la injerencia comunista, que fue decisiva para conformar el carácter administrativo e intelectual de las elites que llegaron al poder. 
Las potencias coloniales, centradas en la explotación de la mano de obra y en la exportación de las materias primas, restringieron deliberadamente la actividad política y el desarrollo económico de esos países. 
Al mismo tiempo, las elites a las que se permitió recibir educación en universidades europeas y americanas adoptaron un estilo de gobierno en el que se asignaban amplios recursos presupuestarios a los ejércitos, a engrosar las filas de la administración, a viajes al extranjero y a delegaciones, a pagar los sueldos de los funcionarios, a ostentosos estilos de vida, casas y coches de lujo, etc.; en otras palabras, modelos de vida que estaban muy alejados de las condiciones en las que vivían la mayoría de los hambrientos africanos La dependencia económica se agravó como consecuencia de que las principales industrias dependían del capital extranjero y además eran perjudiciales para el medio ambiente. 
La continua sangría económica de África se ha perpetuado como consecuencia del intercambio económico en condiciones de desigualdad, ya que la política seguida ha sido la de endeudar sistemáticamente a los países pobres. 
Apoyamos una resolución que solicita que los gobernantes que cometan delitos deban responder de ellos, pero es urgente que mejoremos la situación general de la población africana de forma que esté garantizado el desarrollo sostenible, algo que es muy complicado de conseguir en las condiciones que he mencionado. 
Señor Presidente, nos complace mucho que haya habido un debate sobre la impunidad. 
La Comisión se ha comprometido a luchar contra la impunidad por todos los medios a su disposición, tanto políticos como financieros. 
Como ustedes saben, en el plano internacional hemos expresado reiteradamente nuestro apoyo firme a la Corte Penal Internacional tanto en nuestra posición común como en nuestro plan de acción. 
Además, la Unión Europea, a través de sus Estados miembros, es el principal contribuyente a la CPI y su presupuesto. 
La credibilidad y las posibilidades de funcionamiento efectivo de la Corte dependen en gran medida de que la comunidad internacional la acepte en términos generales. 
Por eso nos esforzamos por que el Tribunal sea realmente universal alentando al mayor número posible de países a ratificar el Estatuto de Roma. 
Estoy particularmente satisfecha de que la Unión Europea y los 77 países ACP hayan acordado incluir en el Acuerdo revisado de Cotonou un compromiso destinado a tomar medidas relativas a la ratificación y aplicación del Estatuto. 
Es un buen paso adelante. 
En julio de 2004, el procurador de la Corte Penal Internacional inició una investigación acerca de los crímenes supuestamente cometidos en la República Democrática del Congo y en Uganda después de 2002. 
Estas notificaciones, seguidas de órdenes de detención en Uganda, indican claramente que la Corte Penal Internacional puede luchar y luchará contra la impunidad en el continente africano. 
Además, en marzo de 2005 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presionado por la Unión Europea y otros agentes, aprobó una resolución por la que remitía la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional. 
Es una pena que no se pudiera resolver el caso de Hissène Habré en Senegal, pero celebro la decisión de enero de 2006 de la Unión Africana de crear una comisión de eminentes juristas africanos para examinar el caso en profundidad. 
Cabe resaltar su adhesión a los principios de rechazo total de la impunidad. 
Espero que se alcance pronto una solución que cumpla los requisitos de justicia. 
Además del caso de Hissène Habré, es preciso encontrar, como algunos de ustedes han dicho, una manera concreta de llevar ante la justicia a Charles Taylor, que se encuentra actualmente exiliado en Nigeria. 
En lo que se refiere a la financiación, contribuimos a los tribunales penales internacionales de Sierra Leone y Ruanda. 
Por otra parte, estamos elaborando un gran proyecto para la República Democrática del Congo, que intentará apuntalar nuestra labor en la Corte Penal Internacional. 
Por último, los Estados tienen el deber, de acuerdo con la legislación internacional, de juzgar o extraditar a las personas acusadas de crímenes internacionales, como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. 
Por tanto, corresponde en primer lugar a los Jefes de Estado afectados garantizar que así ocurra con Hissène Habré, Charles Taylor y Mengistu Haile Mariam. 
La importancia de la función de la Corte Penal Internacional entra en juego cuando los Estados se niegan a cumplir su deber. 
Esta es la razón por la cual es importante que la Unión Europea siga apoyando la ratificación y aplicación universales del Estatuto de Roma. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar de inmediato. 
– La impunidad es el mayor enemigo de la justicia. 
Los delitos sin nombre, los delitos por los que nadie es condenado, los delincuentes que viven con una sensación de impunidad, y con frecuencia incluso rodeados de lujos, todo esto provoca una trivialización de la muerte y del sufrimiento humano. 
Los pueblos de África ha sufrido mucho bajo sus gobernantes. 
Es nuestra obligación ayudarles, y no solo con ayuda material, sino también con asistencia asociada con valores más elevados, como el sentido de la justicia. 
La modernización ha hecho que personas malvadas puedan hacer mucho daño a los demás. 
La modernización también debe significar una justicia más rápida y eficaz para quienes comenten flagrantes abusos de su poder. 
La inmunidad y los privilegios se diseñaron para proteger a las personas del abuso de las autoridades, no para proteger a quienes abusan del poder. 
Las altas instancias morales pueden conceder el perdón, pero el perdón real no existe sin arrepentimiento. 
Desgraciadamente, estos delincuentes que no tienen un sentido de la responsabilidad individual y que no reconocen los derechos de los demás a condenar sus acciones, no suelen ser suficientemente maduros para tener sentimientos como el arrepentimiento. 
Por lo tanto, debemos apoyar cualquier acción que les obligue a responder a estas preguntas: ¿por qué mataron? ¿Por qué violaron? 
¿Por qué torturaron? No es una cuestión de venganza, sino de restablecer un equilibrio entre lo que está bien y lo que está mal. 
Sin un equilibrio fundamental como ese, el futuro de la humanidad estará bajo una permanente amenaza, y no solo en África. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, tengo una enmienda oral. 
Quisiera modificar el texto «Considerando que el 12 de noviembre de 2005, otro líder de la oposición, Nurkadilov Zamanbek, », por «». 
Esto queda mejor en las traducciones neerlandesa e inglesa, de ahí mi propuesta. 
Con esto concluye el Turno de votaciones. 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 16 de marzo de 2006. 
Antes de analizar el orden del día debo comunicarles una noticia que, por una vez, es positiva: una noticia positiva que se refiere a la situación en España, pero que, en mi opinión, es una buena noticia para toda Europa. 
Me refiero al comunicado que ha hecho público hoy ETA, en el que anuncia un alto el fuego permanente. 
Con ello se vislumbra un horizonte sin violencia terrorista. 
Es un momento para demostrar serenidad y prudencia. 
Y también es un momento para recordar a las víctimas del terrorismo, que han sido muchas. 
Es un momento para la esperanza, para la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas. 
Creo —insisto— que la buena noticia no lo es solo para la sociedad española, sino para toda Europa, porque demuestra que se puede combatir al terrorismo desde la fortaleza de la democracia. 
Gracias, señoras y señores diputados, por sus aplausos. 
Señor Presidente, como puede imaginar, la información que ha facilitado a esta Cámara ha causado hoy una gran alegría dentro de nuestro Grupo. 
Entre los 200 diputados del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hay una víctima del terrorismo de ETA, cuyo marido fue asesinado por esta organización. 
Espero que estén de acuerdo en que pida a mi colega, la señora Dührkop Dührkop, que diga unas palabras en nombre de nuestro Grupo. 
. Señor Presidente, colegas del Parlamento Europeo, el anuncio de ETA de un alto el fuego permanente, que se ha confirmado, es una noticia sumamente esperanzadora para todos los ciudadanos españoles y, por ende, para todos los ciudadanos europeos. 
Hacemos un llamamiento a la unidad de todas y todos los demócratas europeos, ahora y de cara al futuro, para conseguir definitivamente la paz. 
Y creo, señor Presidente, que, como usted ha dicho —y lo digo con profunda emoción—, este es el momento de recordar a las víctimas. 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con el comentario final de nuestra respetada colega, la señora Dührkop, concretamente con que nuestro pensamiento está hoy con los hombres y mujeres asesinados por ETA y con sus familias. 
Aunque acogemos con gran satisfacción este anuncio, por supuesto, también afirmamos rotundamente que no debe existir ninguna recompensa política por este anuncio de ETA. 
En un momento como este, en el que esperamos un futuro pacífico para todo el País Vasco y para toda España, nuestras mentes están con las personas de todo el mundo que están muriendo a causa del terrorismo o que están privadas de sus libertades individuales, como actualmente en Belarús, donde parte de la oposición está en la cárcel. 
Como diputados al Parlamento Europeo libremente elegidos, tenemos la obligación moral de pronunciarnos siempre que estén en juego la protección y la dignidad de la vida humana. 
Porque la dignidad y la protección de la vida humana es el valor supremo en Europa y en el mundo. 
. – Señor Presidente, cuando invita a los líderes de los Grupos políticos a tomar la palabra suele deberse a alguna tragedia que ha azotado nuestro mundo. 
Es un placer que nos invite hoy a celebrar algo que no puede considerarse sino una victoria. 
En Europa Occidental, gracias a los líderes políticos de la generación de posguerra, disfrutamos de democracia. 
En una democracia, el cambio llega a través de los votos, no de las balas. 
Las acciones de ETA, del IRA, de las Brigadas Rojas y los demás grupos terroristas que hemos conocido en el pasado han sido acciones terroristas injustificables. 
En nombre de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, acojo con satisfacción el proceso a través del que ETA ha anunciado este alto el fuego. 
Espero que el diálogo y la democracia sean la base para el cambio en España y en todo nuestro continente. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo ha escuchado la noticia del comunicado de ETA hace unas dos horas y nos gustaría hacer la siguiente declaración. Este anuncio de ETA demuestra dos cosas. 
En primer lugar, que las democracias tienen razón al oponerse al terrorismo. 
En segundo lugar, el anuncio indica que a pesar de que las democracias tengan razón al oponerse al terrorismo, también deben ser capaces de negociar y discutir a fondo las cosas. 
Eso fue lo que ocurrió en Irlanda del Norte y es lo que está ocurriendo también en España. 
Quiero felicitar a todas las fuerzas políticas de España que han sido capaces de adoptar una postura y negociar, dado que, para prevenir que se produzca una masacre, las diferentes partes deben ser capaces de hablar entre ellas. 
Por lo tanto, quiero felicitar al Gobierno español y a todos los que han tenido la fuerza de demostrar que adoptan una postura y que no van a ceder, sino que quieren acabar con el terrorismo y el final del terrorismo siempre pasa por negociaciones. 
Asimismo, hemos pedido que ETA envíe su carta de alto el fuego a Hamás, para que este pueda inspirarse en ella. 
Lamentablemente es demasiado tarde para muchas de las víctimas, pero pensemos en las futuras víctimas cuyas vidas se han salvado gracias a la decisión tomada hoy. 
Mirando al futuro de paz y negociación que se producirá en España a resultas de esta decisión, quiero inculcar la idea de que un alto el fuego y una negociación no significan sometimiento. 
Debe existir una igualdad de estima entre los diferentes bandos de la discusión; debe existir respeto por la divergencia de opinión; pero lo más importante de todo es que nunca debemos olvidar que se han sacrificado vidas innecesariamente porque hubo personas se negaban a hablar entre ellas en pie de igualdad. 
Si hay algo que la Unión Europea ha demostrado, en sus 50 años de existencia, es el mejor proceso de paz posible que se puede ver, porque se basa en el diálogo, en el respeto mutuo, el entendimiento, la tolerancia –que no aceptación– de todas las ideas diferentes. 
Se basa en el respeto de las personas con diferentes ideas y se concentra en las maneras de trabajar juntos. 
Para terminar, la oportunidad que brinda ahora esta decisión de ETA es crucial, pero no olvidemos que la oportunidad pasa y no espera: debemos agarrarla ahora y trabajar para llevar a cabo las ideas que contiene. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los oradores anteriores y quiero dar las gracias a la señora Dührkop Dührkop en particular. 
Quiero que quede totalmente clara una cosa: nada puede justificar el terrorismo. 
Es importante que todos los partidos democráticos, todos los ciudadanos que viven en democracia y en paz, digan claramente: no aceptamos el terrorismo de ningún modo; eso no es lo que queremos; queremos vivir en paz y amistad unos con otros. 
Cada víctima del terrorismo es una víctima innecesaria. 
Democracia y derechos humanos: esos son los valores que todos defendemos. 
Espero que este día, en el que se ha producido el anuncio de ETA, realmente conduzca a una solución política y pacífica de los problemas de España. 
– Señor Presidente, sin duda yo también acojo con satisfacción este anuncio. 
También quiero unirme a las expresiones de pesar y simpatía con respecto a las numerosas víctimas innecesarias de ETA. 
Lo hago, en cierto modo, desde una perspectiva personal, dado que en Irlanda del Norte también sufrimos décadas de terrorismo innecesarias. 
También me uno a sus palabras de cautela, dada la experiencia en Irlanda del Norte. 
Indudablemente este alto el fuego es positivo. 
Esperamos que sea permanente, pero el señor Poettering tiene toda la razón: no puede ni debería haber ninguna recompensa por hacer lo que hay que hacer. 
El error que se cometió en mi país, cuando la organización asociada de ETA declaró su alto el fuego en 1994, fue que todos se apresuraron a ofrecer recompensas políticas por lo que se había hecho. 
Eso resultó desastroso, porque fomentó la idea de que era posible mantener un pie en ambos campos. 
No se puede ser un terrorista de noche y un político de día. 
Debe haber una asunción completa de medios exclusivamente pacíficos. 
Así pues, las autoridades españolas deberían aprender de la experiencia de Irlanda del Norte. 
Deben poner a prueba el compromiso y la buena fe de ETA y ser conscientes de que uno no debe ni puede ofrecer recompensas por hacer lo que es necesario y correcto. 
Acogiendo con satisfacción el alto el fuego, ofrezco ese consejo y esa advertencia por la experiencia en mi país. 
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el alto el fuego y el hecho de que se vayan a dejar de lado las armas para ser sustituidas por papeletas de voto. 
Yo procedo de una zona situada entre Dinamarca y Alemania donde ha habido siglos de guerra y conflictos, y donde, gracias a la concesión de derechos recíprocos, al respeto de las minorías nacionales y el trazado de la frontera a base de referendos, se ha alcanzado una situación en la que los viejos enemigos se han convertido en amigos. 
He experimentado este proceso en Irlanda del Norte. 
Cuando visitamos la provincia por primera vez como diputados al Parlamento Europeo, antes de entrar en el hotel nos registraron a fondo para descartar que llevásemos armas. 
En ocasiones posteriores ya visitamos una Irlanda del Norte pacífica. 
El proceso es posible. 
Espero que finalmente también se establezca la paz en España y en el País Vasco. 
Señor Presidente, el comunicado de la banda terrorista ETA no introduce ningún cambio en la situación en España. 
El comunicado nos dice que ETA deja de matar durante un tiempo que ella misma decidirá y que lo hace para conseguir sus objetivos pretendidamente políticos. 
Lo único que hace este comunicado, donde no hay una sola palabra de arrepentimiento, donde no hay una sola petición de perdón, donde no hay el menor anuncio de sometimiento al Estado de Derecho, es demostrar una vez más el cinismo y la miseria moral de este grupo criminal. 
Espero que el Gobierno español solo admita un comunicado de ETA: aquel que anuncie su disolución y la entrega de las armas y en el que se pida perdón a tantas personas a las que ha provocado tanto sufrimiento y tanto dolor injusto. 
Gracias a todos por sus reacciones al comunicado de ETA. 
– Señor Presidente, comparto con usted y con el pueblo español la alegría por las buenas noticias que han recibido. 
Creo que es muy positivo para su región. 
Como norirlandés, durante la primera parte de los 16 años que llevo en esta Cámara tuve que tomar la palabra casi todos los meses para expresar mis condolencias a los habitantes de mi zona. 
No echo de menos en absoluto hacerlo en esta Cámara, ahora que tenemos cierto grado de normalidad en Irlanda del Norte. 
Espero que los ciudadanos de España también lo consigan. 
Quiero hacerme eco de las palabras del señor Poettering –y, en efecto, lo he aprendido por propia experiencia– cuando dice que es mucho más fácil hacer la guerra que practicar la paz. 
Estoy de acuerdo con el señor Poettering en que los responsables de esa guerra y de cobrarse esas vidas no deberían ser recompensados ahora por poner fin a esas cosas. 
Señor Presidente, yo creo que estamos ante una noticia muy importante, no solamente para España, sino para la Unión Europea, porque efectivamente ETA ha anunciado lo que ha anunciado. 
Se abre una nueva perspectiva para explorar un proceso de negociación que permita la paz definitiva en Euskadi y, por lo tanto, en parte de la Unión Europea. 
Iniciamos una etapa complicada, difícil, y yo espero que este Parlamento Europeo ayude en segunda instancia ¯porque la primera es en España, y corresponde al Gobierno español¯ a superar todos los obstáculos, que seguro que los va a haber, en este proceso de negociación. 
Yo, por lo tanto, sin lugar a dudas, creo que estamos ante una nueva situación que merece la atención de todos, el apoyo de todos, para buscar una solución definitiva a este problema. 
– Señor Presidente, yo también procedo de una isla que ha sufrido casi 30 años de terrorismo. 
Hemos mantenido un proceso de paz durante diez años o más. 
Acojo con gran satisfacción el anuncio realizado hoy por la organización ETA. 
Mi crítica a ella sería la misma que he aplicado al IRA en Irlanda durante muchos años: haber intentado conseguir sus objetivos de una forma inútil, sin sentido y antidemocrática. 
No obstante, al fin y al cabo, como políticos, tenemos que encontrar una forma de dar una solución política democrática al problema. 
En mi opinión, hay que felicitar al Gobierno español por haber creado las condiciones en que se ha anunciado el alto el fuego. 
Todos los demócratas –tanto en España como en Europa– debemos respaldar al Gobierno español para que el proceso prospere, porque si permitimos que asociaciones como ETA o el IRA observen una falta de consenso entre los demócratas con respecto a cómo se debe conseguir la paz, entonces fracasaremos y ellos vencerán. 
Señor Presidente, yo no tenía intención de intervenir después de la intervención, sentida, de mi compañera, la señora Dührkop, pero tras la intervención del Vicepresidente, señor Vidal-Quadras, solo quiero decir una cosa, porque creo que aquí todos estamos unidos pidiendo la unidad de los demócratas europeos para apoyar este proceso. 
Yo solo le quiero decir al señor Vidal-Quadras Roca que espero que su partido político y su Grupo tengan el mismo comportamiento que tuvo el Grupo Socialista cuando el Partido Popular y el Gobierno del PP tuvieron la responsabilidad de empezar un proceso de negociación a partir de una tregua sustancialmente igual a esta, y no con el mismo contenido. 
Queda cerrado el turno de intervenciones sobre este tema. 
Señoras y señores diputados, me complace comunicarles que una delegación del Parlamento de Dinamarca, encabezada por su Presidente, el señor Christian Mejdahl, asiste en estos momentos desde la tribuna oficial a nuestra sesión plenaria. 
He tenido ocasión de mantener una reunión con el señor Mejdahl y con su delegación y ahora quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro Hemiciclo; les deseo que su estancia en Bruselas y su visita a las Instituciones europeas sean fructíferas y positivas. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 16 de marzo de 2006. 
Señor Presidente, me refiero a los artículos 103 y 130 del Reglamento. 
El artículo 130 se refiere al orden del día y el artículo 103 se refiere a las declaraciones y propuestas de la Comisión. 
No obstante, no me refiero al orden del día de hoy, sino al de la próxima sesión plenaria, y quiero pedir lo siguiente: que en el orden del día de la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo tengamos un debate y una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de Belarús. 
Dado que se hallan aquí el Presidente, la Vicepresidenta y otros miembros de la Comisión, aprovecho esta oportunidad para pedir lo siguiente: la situación en Belarús es motivo de preocupación. 
No creo que la Unión Europea pueda quedarse sin hacer nada, mientras un dictador destruye descaradamente la democracia en Europa. 
Por lo tanto, es necesario pensar en las medidas que la Unión Europea puede adoptar para poner al señor Lukashenko en su lugar. 
Así pues, hoy quiero pedir a la Comisión que plantee las propuestas oportunas con respecto a este punto del orden del día, antes del debate de la próxima sesión plenaria, y que explique las medidas que va a proponer o que puede proponer para actuar contra Belarús y su actual Gobierno y reforzar a la oposición. 
Señor Schulz, el orden del día de la siguiente sesión será determinado por la siguiente Conferencia de Presidentes. 
Tomamos buena nota de que usted desea que ese punto figure. 
Lo debatirá la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, entonces solicito que este punto figure en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes. 
Muy bien, estará en el orden del día de la siguiente Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, con referencia a los artículos 133 y 144 del Reglamento, el señor Schulz habla del próximo período parcial de sesiones, pero me pregunto por qué no aprovechamos este período parcial de sesiones de esta Cámara para debatir la situación en Belarús. 
En efecto, podemos esperar a que la Comisión proponga medidas, pero también podemos proponer algunas nosotros. 
Es absurdo que no aprovechemos el impulso generado por los que están tomando las calles. 
Propongo que celebremos un debate sobre Belarús hoy o mañana. 
Muchas gracias, señora diputada. 
Estamos haciendo notables progresos, porque ahora los diputados que piden intervenir por una cuestión de orden ya citan los artículos en los que se basa. 
Es un progreso. 
Pero, además de citarlos, convendría que los leyeran, porque si los leen observarán que esos artículos dicen que las peticiones al respecto tienen que ser presentadas por escrito al menos tres horas antes del principio de la sesión. 
Por lo tanto, sobre la base de estos artículos no puedo someter a la consideración del Pleno su propuesta. 
Lo siento, pero es lo que dice nuestro Reglamento, de manera que lo discutiremos en la próxima Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, Señorías, seré muy breve; me refiero al período parcial de sesiones de Estrasburgo. Concretamente, solicito una explicación de las declaraciones de la Presidencia durante el período parcial de sesiones de Estrasburgo con respecto a la composición del Grupo IND-DEM. 
Quiero informar a la Presidencia de que los miembros de la delegación a la que pertenezco y los miembros de la delegación polaca hemos sido convocados a una reunión del Grupo IND-DEM que se celebrará hoy a las 14.00 horas. 
No obstante, nos gustaría saber en calidad de qué se nos ha convocado, dado que la Presidencia anunció que el Grupo IND-DEM nos había excluido, utilizando un procedimiento totalmente incomprensible y absolutamente irregular. 
Solamente quiero decir que esta reunión no contribuye a resolver las irregularidades cometidas por los dirigentes del Grupo IND-DEM con respecto a los 11 diputados que forman la denominada minoría dentro del Grupo, que, quizás no por casualidad, también van a declarar que no tienen absolutamente nada que ver con los oscuros acontecimientos que han llamado la atención del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los dirigentes del Grupo. 
Señor Borghezio, los diputados no pueden acudir al Pleno y pedir la palabra y tomarla para explicar cualquier problema que tengan. 
Usted no ha citado ningún artículo que le sirva de fundamento para justificar su intervención. 
El problema que usted plantea es un problema estrictamente de orden interno de su Grupo político. 
La Presidencia no tiene ninguna información al respecto ni ninguna capacidad para intervenir sobre la forma en que su Grupo político convoca o deja de convocar para cualquier tema a sus miembros. 
Por lo tanto, señor Borghezio, lamento no haber podido cortarle la palabra como hubiera debido. 
– Señor Presidente, yo también quiero retomar las cuestiones basadas en los artículos 133 y 144 del Reglamento. 
Entiendo que, técnicamente, puede que tenga usted razón de que la petición debería haberse presentado tres horas antes del comienzo de la sesión. 
Sin embargo, ¿quiere eso decir que en esta Cámara no vamos a debatir sobre Belarús, donde la gente está manifestándose en las calles, simplemente por el problema técnico de que no presentamos una petición tres horas antes de la sesión? 
¡Desde el punto de vista político, eso es completamente ridículo! 
Por favor, olvide las tres horas y votemos si vamos a debatir sobre Belarús. 
Puede que haya gente que no quiera este debate: perfecto, pueden votar en contra. 
No obstante, no debemos permitir que motivos burocráticos impidan que debatamos un tema de plena actualidad y nos conviertan, de este modo, en un Parlamento completamente inútil. 
Señora Buitenweg, cuando las normas no convienen se las califica de burocráticas. 
Las normas son las normas, y si quiere usted que le diga lo que dice la norma —y usted la debe conocer—, la norma no habla solamente de la presentación por escrito antes del Pleno: dice que tiene que ser presentada por una comisión —no es el caso—, por un Grupo político —tampoco es el caso— o por 37 diputados al menos —tampoco es el caso—. 
Por lo tanto, no se cumple ninguno de los requisitos que están previstos en nuestro Reglamento. 
El Presidente tiene que cumplir con el Reglamento y actuar en consecuencia: el asunto está cerrado. 
Lo siento, señores diputados: el Reglamento pide una presentación por escrito antes del Pleno. 
Si tanto interés tenían, podían haberse tomado la molestia de presentar por escrito la petición antes del Pleno, porque supongo que no han descubierto el tema de Bielorrusia hace media hora, ¿verdad? 
Tómense la molestia de leer el Reglamento y aplicarlo. 
Señor Presidente, hay situaciones en las que hay que llegar a un entendimiento. 
Sin duda su interpretación del Reglamento es correcta, pero tenemos otra sesión mañana por la mañana, y quiero pedir, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que mañana se celebre el debate sobre la situación de Belarús en esta Cámara... 
para poder expresar nuestra solidaridad con los demócratas de Belarús. 
Muchas gracias, señor Poettering. 
El Pleno es soberano y se hará lo que se estime adecuado en función de los apoyos que se manifiesten, pero el Presidente tiene que seguir el Reglamento. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo; nuestro Grupo lo acepta. 
Podemos celebrar el debate sobre Belarús en esta Cámara mañana por la mañana; no hay ningún problema. 
No obstante, también tendríamos que discutir la hipocresía de que se acaba de hacer gala aquí. 
Si un Grupo considera que este tema debería debatirse aquí hoy o mañana, señor Poettering, habría bastado con una llamada de teléfono. 
Hablé con usted por teléfono cinco minutos antes del comienzo de esta sesión y no me dijo ni una sola palabra sobre el tema. 
Acabo de pedir aquí que celebremos el debate en la próxima sesión; después un colega ha pedido que lo hagamos ahora. 
¡Las credenciales democráticas también se muestran por la capacidad para escuchar! 
Ya casi he terminado. 
Un colega ha pedido que lo hagamos ahora; eso se puede discutir tranquilamente. 
Sin embargo, ensayar esta revuelta aquí, como si usted –y solamente usted– fuese el defensor de los intereses de Belarús, con eso no podemos estar de acuerdo. 
Podemos debatir la cuestión mañana, pero no con su ridículo comportamiento. 
– Señor Presidente, yo no tengo ningún tema especial que quiera discutir con usted: sigue tratándose de Belarús. 
Ya estamos recogiendo 37 firmas. 
Creo que podemos proceder a primera hora de mañana con la solicitud de nuestros presidentes de Grupo. 
No espero presentar una declaración por escrito al respecto, pero las 37 firmas recogidas aquí durante la sesión deberían bastar y espero recibir su confirmación. 
– Quiero advertir a mis estimados colegas que piden ahora que intervengamos lo antes posible en la situación de Belarús –algunos de los cuales proceden de Austria– de que la Unión Europea impuso sanciones a Austria hace algún tiempo. 
La señor Ferrero-Waldner pide que se ejerza presión sobre Belarús, y eso que ella formó parte del Gobierno de Schüssel que se enfrentó a las sanciones de la Unión Europea. 
Les ruego piensen detenidamente en los pasos que van a dar, para no tener que enfrentarse a la embarazosa perspectiva de tener que pasarlos por alto en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decir que siempre me alegro cuando la gran coalición comienza a agitarse. 
Eso siempre es bueno para el Parlamento. 
Lo segundo que quiero decir –y no hay necesidad de ponerse nerviosos, porque creo que el señor Poettering tiene razón, aunque quizás no se le haya ocurrido la idea hasta que llegó a la Cámara, lo que tampoco sería tan terrible, señor Schulz– es que el Parlamento Europeo debe debatir esta situación y adoptar una postura clara con respecto a Belarús y a Rusia, porque el señor Lukashenko ya ni siquiera estaría en el poder si no fuera por el señor Putin. 
Si lo hacemos mañana, nos habremos ganado las estrellas de la Unión Europea. 
Señor Cohn-Bendit, estamos en cuestiones de orden; les ruego que no entren en el fondo del asunto. 
– Señor Presidente, tomo la palabra para elogiarle por garantizar el respeto del Reglamento de la Cámara, por demostrar la flexibilidad necesaria para satisfacer las peticiones de nuestros colegas de que se celebre una votación mañana por la mañana y propongo que pasemos al siguiente punto del orden del día. 
Señor Presidente, Señorías, al entrar en la Cámara hace un rato –y solo intervengo por alusiones del señor Schulz– he pensado que esta sería la primera sesión desde que soy presidente del Grupo en la que no tendría que hablar. 
No ha resultado ser así: usted ha hecho el anuncio con respecto a ETA y yo he intervenido porque otros también han hablado. 
Cuando he hablado por teléfono con el señor Schulz, por iniciativa de él, a las tres menos cinco o las dos menos cinco –no recuerdo exactamente–, yo no tenía ni idea de que hoy se produciría aquí un debate sobre Belarús. 
Pueden creerme –y estoy poniendo las cartas sobre la mesa– cuando digo que, si hubiera querido provocar tal debate, no habría hablado solamente con el señor Schulz, sino también con el señor Watson, el señor Cohn-Bendit, la señora Frassoni, el señor Wuertz, el señor Crowley, con todo el mundo. 
He entrado en la Cámara sin saber nada de este debate, he escuchado las reacciones de mis colegas y he pensado que demostraría mi buena voluntad al proponer que lo debatiésemos por la mañana. 
Sigo pensando que es una buena propuesta. 
Bien, adaptemos nuestro Reglamento, pero respetémoslo, porque si no lo respetamos hoy diciendo que es una vulgar norma burocrática, mañana otros podrán creer también que es una vulgar norma burocrática y nos quedaremos sin normas. 
De manera que si esta tarde se presenta por escrito ¯como exige el Reglamento— una petición firmada por 37 diputados o por un Grupo político, mañana tendrá lugar el debate sobre Bielorrusia. 
Pero cumplan ustedes los trámites preceptivos, por favor. 
(1) 
Antes de dar la palabra a los oradores que intervienen en nombre de los Grupos, quiero señalar al Pleno que se encuentra en la tribuna diplomática el ministro de Asuntos Exteriores del Perú, señor Maúrtua de Romaña. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno del Perú la inestimable ayuda que nos prestó para celebrar la Conferencia América Latina y Caribe, en Lima, en junio del pasado año. 
Todos los miembros de este Parlamento que participaron en esa Conferencia —en particular el Vicepresidente señor dos Santos— se hicieron eco de las atenciones recibidas y de su excelente organización. 
Transmita nuestro agradecimiento, señor ministro, al Gobierno de su país. 
El siguiente punto es la Declaración de la Comisión sobre la Estrategia política anual 2007. 
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, a quien ruego que disculpe el retraso. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en 2005 los ciudadanos de Europa tuvieron la oportunidad de decirnos no solamente que esperan grandes cosas de nosotros, sino también que se preguntan acerca de su futuro y del de Europa, en un contexto de globalización. 
La estrategia política para 2007 debe permitirnos ofrecer respuestas sólidas. 
Sin el acuerdo interinstitucional ni las perspectivas financieras por el momento, ¿a dónde vamos desde aquí? 
Nos encontramos en una situación que yo calificaría de hipocresía total. 
Queremos debatir acciones que sean importantes para los europeos, mientras que, por su parte, el Consejo, siempre sordo a nuestros argumentos, no propone prácticamente ningún cambio presupuestario. 
Nuestro Parlamento no cederá con respecto a las perspectivas financieras. 
Las necesidades son enormes: formación de los jóvenes, investigación, transporte, programas sanitarios, medio ambiente; una lista completa sería demasiado larga. 
Señor Barroso, usted nos habla de un posible acuerdo próximo, pero no le he oído decir la palabra «ambicioso» –un acuerdo ambicioso– y, por lo tanto, mantengo mi escepticismo. 
En el diálogo que iniciamos pueden uestedes contar con el impulso de nuestra Asamblea para formular sus prioridades políticas para 2007. 
Asimismo, me satisface comprobar que la Comisión Europea reconozca finalmente que la cohesión económica, la solidaridad y la protección ambiental se pueden conciliar con nuestros objetivos en materia de crecimiento y empleo. 
Usted propone cuatro áreas prioritarias: el conocimiento, las empresas –y concretamente las pequeñas y medianas empresas–, el empleo y el envejecimiento y por último la energía. 
De hecho, nosotros debemos representar lo mejor de la sociedad del conocimiento. 
Podemos ver lo que está ocurriendo en Asia y no debemos permanecer de brazos cruzados ante ello. 
La Unión Europea solamente saldrá airosa si asume el desafío que supone el conocimiento, el conocimiento en forma de avances técnicos e industriales. 
Con respecto a las PYME, debemos crear un entorno reglamentario competitivo y ayudar a nuestras empresas a ganar terreno en mercados internacionales. 
También pretende usted acabar con las leyes europeas que no sirven a ningún fin; esas conocidas leyes inútiles que, como nos acaba de decir, debilitan las leyes necesarias. 
Estamos totalmente de acuerdo con usted, señor Barroso, y nuestro Parlamento tiene previsto implicarse estrechamente en las decisiones adoptadas para simplificar la legislación. 
No obstante, ser sencillo también significa expresarse con claridad. 
Usted quiere que 2007 sea un año importante en lo tocante a la comunicación y apruebo su ambición. 
No obstante, acuñar nuevos términos nunca ha sido propio de una buena estrategia de comunicación. 
En el contexto de la principal prioridad, la del empleo, usted introduce una palabra horrible: «flexiguridad». 
¿Qué significa? 
«Bruselas ha inventado otro término olvidable» : eso es lo que nos arriesgamos a escuchar. 
La energía es la cuestión fundamental. 
El año 2007 tendrá que ser decisivo en lo que respecta a las directrices sobre política energética. 
Tendremos que ser objetivos, hacer caso omiso de todas las ideologías, dejar de tratar la energía nuclear como un tema prohibido y tener en cuenta que nuestra dependencia energética nunca debe superar el 50 %. 
Como hemos visto recientemente, la energía se está convirtiendo en una verdadera arma con la que ejercer presión política. 
Asimismo, si en el futuro un país no perteneciente a la Unión Europea decide cortar el suministro y hundir a Europa en la oscuridad, ¿cómo responderemos? 
Así pues, necesitamos mejorar los medios para transportar la energía y pensar, sobre todo, en la solidaridad entre los Estados miembros. 
En materia de seguridad y libertades, la ampliación del espacio de Schengen preocupa a nuestros conciudadanos. 
Siguen teniendo la impresión de que nuestras fronteras se mantienen porosas y de que el debate sobre la inmigración se encuentra aún en la fase de las ilusiones. 
La futura ampliación para incorporar a Rumanía y Bulgaria tendrá que decidirse en el transcurso de este año. 
A este respecto, tomamos nota con interés de su condición indispensable: esos países deberán respetar plenamente el acervo comunitarioAsimismo, si la política de vecindad se convierte en una política por derecho propio, lamento que no se haga más por crear la asociación estratégica. 
El periodo 2007-2013 también marcará el lanzamiento de nuevos programas europeos. Habrá un gran número de ellos y, si queremos lanzarlos, necesitaremos las perspectivas financieras. 
Ya conocemos bien el debate sobre Erasmus. 
Finalmente, prestaremos gran atención a la preparación de su Libro Blanco relativo a la reforma del presupuesto de la Unión Europea. 
Le pedimos que haga participar a nuestro Parlamento en esta tarea. 
En el año 2007 se celebrará el 50 aniversario del Tratado de Roma. 
¿No puede ser una oportunidad, por una parte, para que entre en vigor la Constitución europea y, por la otra, para hacer de 2007 el año de Europa en todos los Estados miembros, para acabar finalmente con los dobles parámetros y para que se pueda decir la verdad sobre lo que aporta Europa a las vidas cotidianas de sus ciudadanos? 
Señor Presidente, Señorías, si vamos a hablar acerca del programa estratégico de la Comisión, entonces también debemos preguntar qué papel desempeñará la propia Comisión para poner en práctica esa planificación estratégica. 
Eso es de lo que quiero hablar. 
Todos estamos de acuerdo, señor Barroso, con respecto al contenido de lo que ha dicho y presentado por escrito. 
¿Una Estrategia de Lisboa revisada? 
¿Definir el papel de Europa en el mundo globalizado con respecto a la migración? 
¡Muy bien! 
¡Un importante desafío! 
¿Mejorar el suministro de energía de Europa, una mayor eficiencia energética y una mayor seguridad energética? 
¡Unidad en toda la Cámara! 
¿Promover la tecnología, invertir en las tecnologías del futuro para preservar y mejorar la competitividad global de Europa como un continente basado en el conocimiento? 
¡De acuerdo! 
¿Reforzar la seguridad interior y ampliar el papel de Europa en materia de seguridad internacional? 
¡De acuerdo! 
¡Maravilloso! 
¡Estupendo! 
Hoy escucharemos a muchos más oradores decir: «¡eso es precisamente lo que necesitamos! 
El señor Barroso tiene razón; ese es el camino a seguir!» 
No obstante, lo que no nos han dado son las perspectivas financieras, es decir, los recursos necesarios para conseguir todo eso. 
Regateamos con el Consejo –la señora Grossetête tiene razón en ese sentido– por mil millones más o menos. 
El atrevido planteamiento que usted y sus Comisarios defendieron a la hora de presentar sus perspectivas financieras, señor Barroso, sufrió un recorte de 200 000 millones de euros por obra del Consejo Europeo. 
Usted pidió 1 022 000 millones de euros para siete años y el Consejo decidió que fuesen 840 000 millones. 
Me pregunto qué ocurrió con la estratégica protesta del señor Barroso contra una política financiera tan incorrecta. 
Usted dijo a este Parlamento que lucharía por estos objetivos estratégicos con esta asignación financiera. 
Posteriormente, usted dijo a este Parlamento que la decisión del Consejo había sido un éxito. 
Entiendo que usted no puede hacer otra cosa, porque no conseguirá más dinero, al menos hasta que luchemos un poco más por ello. 
Como Presidente de la Comisión, usted tiene que vivir con la estupidez de los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Así pues, mi crítica no está dirigida tanto a usted o a su Comisión como más bien a los socios del otro lado. 
No conseguiremos estos objetivos estratégicos si definimos los objetivos sin poner los recursos necesarios a disposición de las instituciones que tienen que actuar. 
¡Eso es indudable! 
Esa es la razón por la que digo que los objetivos estratégicos de la Comisión son los correctos, ¡pero también tiene que discutir la cuestión con los distintos Estados! 
¡Como Presidente de la Comisión, usted debe llamar a las cosas por su nombre! 
En todos y cada uno de los casos, usted y sus Comisarios deben ir y decir que no podemos anunciar que vamos a dotar a la Europol de más competencias, que vamos a combatir el terrorismo y el crimen de forma más eficiente a escala europea –por cierto, la lucha conjunta contra el crimen y una mayor seguridad interior son las cuestiones europeas que obtienen el mayor porcentaje de aprobación de los ciudadanos europeos– y, a continuación, encontrarse con los recortes de los créditos por parte del Consejo por valor de 7 800 millones de euros, y todo esto tres días antes de la adopción del programa adicional para la Europol que suena tan bien en la prensa. 
Sus objetivos estratégicos son los correctos. 
Sin embargo, la Comisión tiene que dar la cara por esos Jefes de Estado o de Gobierno, de esos Ministros y Consejos de Ministros que el lunes no quieren pagar el precio de los discursos que lanzaron el domingo. 
Espero que la Comisión lo haga. 
Puede confiar en que apoyaremos sus objetivos estratégicos –usted ha mencionado los objetivos estratégicos correctos–, pero nosotros también confiamos en que se mantenga de nuestro lado en nuestra batalla, como Parlamento, con los Jefes de Estado o de Gobierno para conseguir un poco más de credibilidad para la política europea. 
Si acordamos esto juntos para 2007, será un año apasionante e indudablemente un año próspero para las instituciones europeas. 
. – Señor Presidente, hoy debatimos las prioridades de la Comisión para 2007, pero mañana nuestros Jefes de Estado y de Gobierno deberán buscar los medios, el coraje y el ánimo para convertir estas prioridades en realidad. 
Tenemos ante nosotros un proyecto para el futuro, que hace hincapié en el conocimiento, la empresa, el empleo y la energía. 
La Estrategia política anual 2007 consigue dar sustancia a las propuestas de Hampton Court, que podrían ayudar a convertir a Europa en la economía más dinámica y competitiva del mundo si los Estados miembros fuesen más allá de los tópicos expresados en el Consejo Europeo anual de primavera sobre Lisboa. 
He visto el proyecto de conclusiones del Consejo. 
¡Bonitas palabras de corazones tan débiles! 
Europa se merece algo mejor. 
Se merece la responsabilidad compartida de la que ha hablado el señor Barroso. 
Esa es la razón por la que los liberales y demócratas acogemos con satisfacción la ambición mostrada por la Comisión Europea. 
Este documento promete lo que varias estrategias políticas anuales anteriores manifiestamente no ofrecían: propuestas prácticas para la renovación europea, creando canales de migración legales y un sistema de asilo europeo común, y su corolario de una mejor gestión de las fronteras, para aportar la mano de obra y la seguridad que Europa necesita; elaborando por la vía rápida una política energética europea; completando el mercado interior de la energía y el gas; invirtiendo en tecnologías de carbón limpio y equilibrando la flexibilidad y la protección social con las exigencias de los mercados para impulsar el crecimiento y la competitividad. 
Hay una cosa que la Comisión no ha aprendido. 
Sitúa el uso de los recursos y la protección ambiental bajo el epígrafe de solidaridad. 
Debería ponerlos bajo el epígrafe de prosperidad, porque hasta que aprendamos que el medio ambiente y el crecimiento sostenible forman parte de la prosperidad y no de la solidaridad, no tendremos la perspectiva correcta de estas cuestiones. 
Si añadimos a esto la ampliación de la zona del euro y la adhesión de Bulgaria y Rumanía, 2007 podría ser un año crucial para Europa, particularmente si retomamos el proceso constitucional. 
No obstante, el éxito depende de un factor que ha estado ausente hasta ahora y que no puede ser sustituido por ninguna serie de propuestas de la Comisión: la responsabilización nacional de las reformas necesarias por parte de los Estados miembros. 
¿Quién confiará en un liderazgo que dice una cosa y hace la contraria; que acuerda políticas y después se echa para atrás, interrumpe y debilita su aplicación? 
No solamente me refiero los ataques contra las Directivas sobre los servicios o las absorciones por parte de los proteccionistas económicos, sino que estoy hablando de una miopía más general que impide que los Estados miembros vean el cuadro completo; la miopía que provocó que el Consejo rechazase las propuestas de denunciar a los países menos cumplidores y denegase una financiación suficiente de las áreas prioritarias de Europa. 
Esa es también una razón por la que las ambiciones de la Estrategia política anual del año pasado de progresar con respecto a Doha, los objetivos de Lisboa y la Constitución fracasaron rotundamente. 
Así pues, ese es el reto al que se enfrentan los líderes europeos cuando se reúnan mañana en el Consejo Europeo de primavera. 
Europa necesita que construyan una coalición de la coherencia. 
Señor Presidente, Señorías, ahora estamos discutiendo otra estrategia, otro documento y otro conjunto de prioridades; del mismo modo que hemos debatido los demás, queremos hacer hincapié en dos o tres cuestiones; en primer lugar, en el acuerdo relativo a las perspectivas financieras. 
Señor Presidente, usted sabe muy bien que llegar a un acuerdo ahora, hoy mismo, con el Consejo implicaría una reducción drástica de nuestras ambiciones y, naturalmente, de las ambiciones de los ciudadanos. 
Por lo tanto, le pedimos que llegue a un acuerdo y que trabaje a favor de un acuerdo, pero con arreglo a nuestras condiciones, que también deberían ser las suyas. 
Estoy totalmente favor de un acuerdo con respecto a las perspectivas financieras, pero no en las condiciones del Consejo. 
Hasta que podamos contar con un acuerdo y una clara alianza con la Comisión con respecto a este punto, los debates como el de hoy continuarán estando desprovistos de sustancia. 
En segundo lugar, usted ha mencionado otros temas y me gustaría mencionar dos en particular: uno es la cuestión de la inmigración y la seguridad interior. 
Usted dijo que las prioridades serán Schengen, los controles y las fronteras, pero no ha dicho nada acerca de un punto, a pesar de que se menciona en el texto: el problema es un aspecto que consideramos una prioridad, que son los procedimientos de inmigración legal. 
Este elemento está presente en sus textos, ¡pero ausente de todo lo que se hace y se dice! 
El hecho de que la Comisión no sea capaz de decir una sola palabra –ni una– con respecto al tema de los miles de personas que han muerto entre Mauritania y las Islas Canarias ni sobre el hecho de que mi país, Italia, todavía mantenga un acuerdo desconocido con Libia, que ha sido ocultado a usted y a este Parlamento, y que ha provocado la muerte de un gran número de personas en ese desierto, significa que el debate sobre una política común de inmigración no es más que un cúmulo de palabras vacías. Nos encantaría oírle decir aunque solo sea una palabra sobre este tema que sea algo más que una observación general. 
En tercer lugar, está la cuestión de la energía. 
Tenemos un problema; usted sabe que hay diferencias de opinión con respecto a esta cuestión y particularmente que, en nuestra opinión, la energía nuclear y la energía renovable no se pueden situar en el mismo nivel, ya que son dos cosas diferentes. 
Reconocemos el hecho de que hay energía nuclear en este continente, pero no podemos creer que esta sea una energía del futuro para nuestro continente, en parte porque –y esta no es una razón nimia– todavía tenemos que importar uranio, ¡pero no tenemos que importar sol ni viento! 
Este es un aspecto importante, al menos desde un punto de vista conceptual, y la energía nuclear no debería situarse en el mismo nivel. 
Tenemos que entender, de forma muy clara y específica, que no podemos depender de la energía nuclear. 
Actualmente la energía nuclear satisface solamente una parte de nuestras necesidades y sin duda no es una opción para el futuro. 
Además, con respecto a la cuestión de la energía todavía existe una importante carencia en la estrategia de la Comisión: su silencio con respecto a la cuestión del transporte. El setenta por ciento de nuestra dependencia del petróleo está asociada al transporte. 
Ni siquiera en este Parlamento hemos sido capaces de ayudar mucho, estoy de acuerdo, con respecto a una política de transporte innovadora, pero creo que la Comisión debe ayudarnos en este asunto. 
Me gustaría terminar, señor Presidente, diciendo que hay otra prioridad que se está ignorando en este terreno y es la de nuestras ciudades. 
Las ciudades representan una oportunidad, no solamente como una especie de laboratorio, sino también para el uso de Europa, y actualmente se está haciendo un uso insuficiente de ellas, tanto desde el punto de vista del apoyo financiero, como desde el de las grandes estrategias. 
Quizás sea mejor comenzar con las ciudades que con las grandes infraestructuras, que, en cualquier caso, tampoco serán financiadas por Europa. 
. – Señor Presidente, la cuestión principal que plantea mi Grupo político no se refiere solamente a las políticas previstas específicamente para 2007, sino también a las dudas que surgen en nuestra mente con respecto a la dirección estratégica más amplia que se está dando a la construcción europea en su conjunto. 
Es inaceptable que cada día seamos testigos de las tempestuosas tribulaciones y protestas que ha suscitado la nueva e impopular legislación en materia de empleo en Francia; últimamente hemos presenciado a menudo las reacciones de los ciudadanos a las diversas directivas. 
Es inaceptable que la Unión esconda la cabeza siguiendo políticas que favorecen a las grandes empresas y no a los trabajadores. 
Está siguiendo la Estrategia de Lisboa que, en un intento de desorientar a los trabajadores, ahora es supuestamente una estrategia «reformada». 
¿Se ha reformado o cambiado acaso su esencia desde que se adoptó inicialmente o ha conseguido promover el desarrollo de un programa de política social encaminado a salvaguardar unos niveles sociales básicos, un empleo de calidad y la conciliación de la vida laboral y privada? 
No, no lo ha hecho. 
En nombre de la competitividad, los derechos de los trabajadores están cada día en el punto de mira de la Europa capitalista. 
Se amplía la jornada laboral trabajo, se recortan los salarios, se abolen los convenios colectivos, aumenta el desempleo y la desigualdad salarial y se elimina completamente el sistema de bienestar social. 
Las primeras víctimas son los jóvenes, aquellos a los que estamos pidiendo –y esa es la ironía– que construyan una Europa con futuro. 
Al mismo tiempo se promueven políticas que supuestamente engrasan las ruedas de la inmigración. 
¿Cómo puede ser eso cuando su objetivo son, una vez más, los criterios establecidos para salvaguardar los intereses económicos de Europa, cuando los inmigrantes y las personas que necesitan protección internacional se mantienen en territorio europeo en condiciones de detención, cuando su único delito ha sido querer vivir una vida humana? 
Los recursos europeos no deberían utilizarse para financiar políticas que refuercen las fronteras cerradas, las deportaciones y repatriaciones, sino para resolver las causas reales de la inmigración y para promover los derechos humanos de forma sustancial, dentro del marco de una política de vecindad mutuamente beneficiosa, alejada de la filosofía de las reformas de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial y de la filosofía de intervención militar. 
. 
Para reducir el abismo existente entre la realidad y los objetivos de Lisboa de la Unión Europea, el programa de trabajo para 2007 de la Comisión tiene que ser ambicioso. 
La acción de la Comisión debería cubrir todas las esferas y, al mismo tiempo, situar entre sus prioridades las iniciativas que son importantes no solo para un sector específico, sino también para el desarrollo general de la Unión Europea. 
En el programa de la Comisión, el lanzamiento del programa espacial y la evaluación regular de la estrategia figuraban entre las principales medidas mencionadas para la aplicación de la Estrategia de Lisboa en 2007. 
A pesar de que no discuto la importancia de estas medidas, creo que unas medidas específicas para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo del sector de los servicios ofrecerían un apoyo más amplio al proceso de Lisboa, pero dichas medidas no se incluyeron en la lista. 
A pesar de que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas se encuentra entre las prioridades enumeradas, esta prioridad no se refleja en absoluto en la lista de principales acciones. 
No obstante, el desarrollo de este sector es el que puede realizar realmente la contribución más rápida al logro de los objetivos de empleo y crecimiento. 
A pesar de que el desarrollo del sector de los servicios es y sigue siendo uno de los principales instrumentos de la estrategia de la Comisión para 2007 en la aplicación de la Estrategia de Lisboa, no se menciona ninguna medida concreta para el desarrollo del sector de los servicios. 
Esperamos que el hecho de que la reforma del sector de los servicios no se haya incluido en la estrategia política de la Comisión para 2006 no se deba a un acto deliberado, sino a la falta de coordinación de la estrategia establecida con medidas operativas. 
La adopción de la Directiva relativa a los servicios en 2007 también preparará el camino para nuevas iniciativas de la Comisión Europea, en sectores que se han identificado para la liberalización de los servicios. 
La creación de agencias únicas sería un cambio específico en esta dirección. 
El año 2007 será decisivo para los debates acerca del futuro de la Unión Europea. 
Uno de los principales criterios conforme a los que el público europeo juzgará la viabilidad de la Unión Europea y sus perspectivas de futuro en 2007 serán los resultados concretos de las acciones emprendidas por las instituciones de la Unión Europea, incluida la Comisión. 
No obstante, esta especificidad ya debería ponerse de manifiesto en el establecimiento de prioridades y tareas, definiendo las medidas previstas para 2007, no solamente en términos de continuación del trabajo ya comenzado, sino también de consecución de resultados concretos. 
. Señor Presidente, la Comisión ha incumplido un claro compromiso de presentar un programa anual completo, que establezca toda la legislación propuesta y sus fundamentos jurídicos. 
Hasta ahora solo hemos recibido información de una pequeña selección de leyes y reglamentos elaborados por la Comisión. 
No se nos ha ofrecido información precisa acerca de los fundamentos jurídicos, por lo que no podemos comprobar si la Comisión va a proponer una coordinación voluntaria o normas vinculantes. 
Es difícil debatir directrices estratégicas en la oscuridad. 
¿Quiere la Comisión más poder, centralismo y reglamentos bizantinos o quiere inspirar a los Estados miembros para que luchen juntos por la creación de empleo y fomentar que los países compitan haciendo las cosas lo mejor que pueden? 
El Grupo Independencia/Democracia quiere una mayor libertad para los Estados miembros y menos poder centralizado en Bruselas. 
La Comisión debe ser abierta con los ciudadanos. 
Dígannos quién está dando buenos consejos en sus 3 000 grupos de trabajo secretos. 
Permítannos ver qué hay detrás de los consejos que dan. 
Dígannos cómo utilizan el dinero de los contribuyentes. 
Permitan a los auditores de la Unión Europea, al defensor del pueblo y a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo acceder plenamente a las cuentas para investigar todos los gastos. 
Pongan su correo en Internet para que podamos estudiar todos los planteamientos de los grupos de presión. 
Muestren alguna confianza en los ciudadanos. 
Facilítennos la información que solicitamos, a menos que exista, excepcionalmente, un argumento irrefutable para excluir el debate público. 
También quiero dar las gracias al Presidente por citar a Montesquieu. 
Este personaje también estaba a favor de la triple división de poderes, aunque no de una manera que se corresponde exactamente con la mezcla de poder legislativo, ejecutivo y judicial de la Comisión. 
En mi opinión, a la hora de definir los poderes de la Comisión fue más bien Maquiavelo quien sirvió de inspiración, en vez de Montesquieu. 
– Señor Presidente, señor Barroso, por desgracia 2005 será recordado por los europeos como el año en el que se rechazó el Tratado Constitucional en dos de los Estados miembros fundadores de la Unión Europea. 
Esto nos debería servir de aviso a los políticos de que no prestamos suficiente atención a nuestros ciudadanos. 
La Unión Europea todavía no ha conseguido unificarse tras su más reciente ampliación a 10 nuevos Estados miembros y ya se está preparando para la futura adhesión de Turquía. 
El año 2007 podría ser un año de oportunidad, por lo que se refiere a la consecución de una Europa más unificada, que demuestre más solidaridad, si los antiguos Estados miembros se abren a los nuevos Estados miembros, particularmente con respecto a la liberalización de sus mercados laborales. 
Lamentablemente parece haber pocos países con la valentía de España y Portugal, que saben por su propia experiencia reciente lo difícil que resulta ser ciudadanos de segunda clase en la Unión Europea. 
Propongo que cualquier futura ampliación de la Unión Europea sea completa o bien que no se produzca en absoluto. 
Espero que, al decir esto, también esté reflejando la voluntad de los ciudadanos de los Países Bajos y Francia. 
Todavía no es demasiado tarde para aumentar la unidad europea, garantizando que su presupuesto esté a la altura de sus ambiciones. 
El año 2006 ha llamado la atención de los europeos sobre el problema de los suministros de energía. 
Hoy más que nunca, Europa necesita una política energética común. 
Esto ofrecería una buena oportunidad para mejorar las perspectivas de los agricultores, particularmente los de los nuevos Estados miembros, que podrían participar en la producción de biocarburantes. 
El proceso de globalización a escala mundial es inevitable. 
Europa debería considerarlo un nuevo desafío y una oportunidad de desarrollo. 
Es nuestra obligación ayudar a los países en desarrollo, pero también mejorar nuestro modelo social europeo y cuidar de nuestros grupos de ciudadanos que son menos capaces de velar por sí mismos. 
Señor Presidente, como ya han dicho otros diputados de nuestro Grupo que han hablado antes que yo, acogemos con satisfacción las ideas relativas a la política de la Comisión para el año 2007. 
Las acojo con satisfacción, tanto por lo que se refiere a las cuestiones de procedimiento como a su contenido. 
Con respecto a las cuestiones de procedimiento, me satisface la iniciativa puesta en marcha el pasado año, a raíz del acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, de garantizar que el Parlamento Europeo, incluidas sus comisiones, esté más implicado y tenga más oportunidades de participar en la elaboración de la estrategia política anual y el programa legislativo. 
Espero que las dificultades experimentadas el año pasado hayan sido eliminadas este año. 
Asimismo, el contenido del documento presentado por la Comisión ha sufrido un importante cambio, en comparación con años anteriores, y ahora marca el rumbo correcto. 
Paradójicamente, también podríamos decir que el hecho de que el documento no contenga especificaciones presupuestarias debido a la ausencia de perspectivas financieras ha tenido un efecto positivo sobre el mismo, dado que ha permitido centrarlo mejor en las tareas y objetivos políticos a los que se enfrenta la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, tampoco deberíamos olvidar el contexto en el que se ha creado este plan. 
En los últimos años, hemos sentido en varias ocasiones que Europa no estaba avanzando, sino retrocediendo, y que no daba los pasos necesarios. 
En el transcurso del año pasado conseguimos dar unos primeros pasos tímidos en la dirección correcta, pero tenemos un gran número de proyectos sin terminar. 
Echémosles un vistazo, uno por uno. 
Uno de estos proyectos es la Constitución, que creo que necesitamos completar lo antes posible. 
Si queremos evitar un Parlamento Europeo lleno de grupos euroescépticos, deberíamos asegurarnos de que la Constitución se encamine en la dirección correcta, antes del comienzo de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Tampoco tenemos perspectivas financieras. 
Por lo tanto, los objetivos que están correctamente formulados en este presupuesto septenal no están establecidos y no tienen una base firme actualmente. 
A este respecto, también hemos dado un paso positivo en la dirección correcta, pero actualmente en el Parlamento no estamos satisfechos con el presupuesto. 
Cuando hablamos de 2007 también hablamos de ampliación, porque es muy probable que Rumanía y Bulgaria se conviertan en Estados miembros de la Unión Europea para entonces. 
A pesar de que pensamos que las tensiones que han surgido en la Unión Europea en relación con la última ampliación, debido al declive de la solidaridad, están todavía sin resolver, debemos entrar en 2007 de forma que podamos eliminar las tensiones que han surgido en el transcurso de la última ampliación. 
Señor Presidente, señor Barroso, quiero pedirle que reflexione más de lo que lo hace en su documento acerca de cómo podría comunicar mejor al público el contenido y los objetivos que define de forma tan acertada. 
Señor Barroso, la competitividad es uno de sus temas importantes, ¡es uno de nuestros temas importantes! 
No obstante, veo a muchos ciudadanos que piensan que no tiene nada que ver con ellos, que es un tema que solamente concierne a la industria y a las grandes empresas. 
No, sin una mayor competitividad no seremos capaces de mantener el sistema social de Europa; sin una mayor competitividad no seremos capaces de mantener el modelo social de Europa. 
Lo mismo ocurre con la educación. 
La educación no interesa únicamente a una elite. 
La educación debe llegar a amplios sectores de la población si queremos conseguir uno de los objetivos esenciales de Europa, concretamente el de prevenir la exclusión de ciudadanos o grupos. 
Asimismo, la educación es especialmente importante si tenemos en cuenta que somos de hecho un continente de inmigración. 
Para la integración de nuevos ciudadanos inmigrantes es sumamente importante que desarrollemos el sector educativo convenientemente. 
Por lo que respecta al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización que menciona usted, solamente podremos financiarlo, de hecho, si aumentamos también nuestra competitividad, para no correr el riesgo de tener que acudir a este fondo con demasiada frecuencia. 
Un segundo ejemplo que me gustaría poner, porque insiste usted mucho en ello en su documento, es la política energética. 
No quiero anticipar lo que dirán los diputados que hablarán a continuación, pero un tema importante que ha mencionado es la seguridad del suministro de energía. 
Me satisface mucho que haya visitado Moscú recientemente y –por lo que he escuchado– no sin éxito, a pesar de que, en muchos aspectos, todavía le corresponde a Rusia tomar decisiones, por lo que se refiere a la Carta de la Energía en particular. 
Finalmente, he oído que ha dicho que deberíamos hablar también de energía nuclear. 
Tiene razón y me satisface mucho que en breve vayamos a escuchar al Comisario responsable de la energía. 
A pesar de mi escepticismo con respecto a la energía nuclear, tenemos que hablar de ella y de los riesgos que comporta. 
Si estos días hablamos de proliferación con respecto a Irán, entonces más energía nuclear también significa más peligros, a menos que garanticemos, conjunta y multilateralmente, que se minimicen en lo posible los riesgos asociados. 
Creo que habría que hablar más de este tema en particular, tanto por parte de usted como en el Libro Verde. 
Eso mismo sucede, también, en el caso del desarrollo de infraestructuras. 
Dado que sin una mayor infraestructura –tuberías, en particular, pero también en otros ámbitos– nunca seremos capaces de ofrecer a este continente una seguridad energética ni ofreceremos a Europa el nuevo impulso tecnológico correspondiente. 
Le apoyo totalmente en eso. 
No obstante, le deseo más fuerza y valentía para poner en práctica estas decisiones. 
Usted ha mencionado a Montesquieu y alguien más ha preferido a Maquiavelo. 
Yo le deseo la sabiduría de Montesquieu, pero también la fuerza y la astucia de Maquiavelo, para llevar adelante su programa. 
– Señor Presidente, la cita de Montesquieu que ha mencionado el Presidente Barroso me ha llevado a buscar en la Estrategia política anual una pista de lo que la Comisión pretende hacer con la Constitución. 
No hay pistas. 
Una estrategia política que no trata el principal atasco político al que se enfrenta la Unión debería ser valorada de forma bastante crítica. 
Sin la Constitución, la Unión no tendrá la capacidad de alcanzar las ambiciones de la Comisión para la misma. 
La opinión pública se mantendrá escéptica con respecto al proyecto europeo y, sin el apoyo de la opinión pública, la Comisión carecerá de la fuerza necesaria dentro del Consejo. 
La función clásica de la Comisión sería negociar un acuerdo entre los socios enfrentados en una crisis. 
Espero que el señor Barroso, cuando se dirija al foro parlamentario el 9 de mayo, pueda exponer una estrategia integral de la Comisión para encontrar una salida a la crisis. 
Para mucho que apreciemos el Plan D, la mejor forma de generar confianza a través de la acción será rescatar la Constitución. 
Quizás ahora sea el momento del Plan B. 
– Señor Presidente, las intenciones del señor Barroso son sin duda inocentes. 
No obstante, me temo que no podrá ponerlas en práctica, precisamente porque no tiene dinero. 
No hay ninguna vía ni su política hará lo posible para que Europa prospere. 
No hay ni un solo ciudadano europeo que este año esté económicamente mejor situado que el pasado año. 
Las fábricas se van de Europa a otros países. 
Las mujeres compran bolsos con etiquetas francesas que se fabrican en Marruecos. 
Su chaqueta de piel es de un diseñador europeo, pero se ha fabricado en Turquía. 
¿Qué significa eso? 
Significa un aumento del desempleo. 
Significa un aumento de los despidos. 
Significa que nos estamos convirtiendo todos en rehenes de la industria, que impone políticas como las de Francia, una política que usted no rebatió. 
Por lo tanto, significa una vida peor. 
Significa un aumento de los precios. 
Nada de lo que tiene usted en mente puede ser creativo, a menos que nos deshagamos de los indicadores de Maastricht. 
A menos que se revise Maastricht, Europa se convertirá en un vecindario pobre. 
– Me gustan Portugal y los portugueses. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿me permite darle un pequeño consejo inequívoco y del que estoy muy convencido? 
A partir de mayo de 2007, cuando probablemente Portugal ejerza la Presidencia del Consejo, la historia le ofrecerá de nuevo una oportunidad histórica para el proyecto europeo. 
Sí, estoy hablando del Plan B del señor Duff y de muchas cosas más. 
Tendrá usted otra oportunidad de ensamblar esta cosa europea que tenemos ante nosotros de forma que tenga sentido. 
Me refiero a la gran cuestión. 
Podrá usted triunfar y pasar a la historia con ello o fracasar completamente. 
Sin embargo, le ruego que observe ahora las aportaciones que se están haciendo realmente al debate sobre la Constitución y el posicionamiento de la Unión Europea. 
Intente deshacerse de los viejos patrones que provocaron todos estos problemas. 
¡Mire al otro lado del vasto océano! 
Piense un poco como Vasco da Gama –no me refiero solamente a Chindia– y, a continuación, ensámblelo todo para que podamos aprovechar realmente esta oportunidad histórica, que se presentará de nuevo, antes de que el proyecto europeo sencillamente fracase o implosione. 
Siento curiosidad por ver qué nos podrá decir usted después de mayo de 2007. 
Ahora debería decirnos que tendrá algo que decirnos entonces, porque, de lo contrario, será el mismo viejo truco de siempre y eso, casi seguro, se traducirá en un fracaso. 
– Señor Presidente, cuando hablé sobre la estrategia política de la Comisión a finales del pasado año, comenté el hecho de que no percibíamos en absoluto las prioridades de esa estrategia. 
Tenemos 62 prioridades en este espléndido documento nuevo. 
También considero que ahora hemos pasado de «aumentar una marcha» a «generar confianza a través de la acción». 
No estoy seguro de si la señora Wallström se encuentra todavía aquí y no sé si ella es la responsable de haber inventado estas preciosas frases, pero necesitamos un planteamiento estratégico mucho más estructurado y práctico de la Comisión que estas rebuscadas palabras. 
¡También observo aquí, señor Barroso, que usted va a «cumplir las promesas a velocidad de crucero»! 
Bueno, francamente, eso significa que por el momento las cosas marchan a paso normal. 
Queremos cierto despegue de la Comisión, no solo una marcha plácida. 
El problema con su estrategia no es que estemos escasos de nuevas ideas o nuevas iniciativas, sino que realmente nos falta una verdadera aplicación de las políticas que van a crear los puestos de trabajo y el crecimiento que a usted tanto le gustan. 
¿De dónde vamos a sacar la impresión de que está asignando algunos recursos reales y prioridades para resolver los problemas del mercado interior? 
Hay un pequeño párrafo que señala que va a racionalizar el enfoque legislativo. Eso es fabuloso, pero ¿dónde se sitúa esto en sus acciones prioritarias? 
Ha empleado usted una gran frase –y le aplaudo por ello– sobre desplegar la alfombra roja a las pequeñas empresas. 
No hay ni una sola acción prioritaria, Presidente Barroso, que mencione a las pequeñas empresas. 
Por lo tanto, es muy positivo que vayamos a mantener un debate al respecto, pero necesitamos material de mejor calidad; necesitamos material que esté mucho más centrado en la estrategia real y la utilización de recursos, en lugar de esas rebuscadas palabras que la señora Wallström parece estar ofreciéndole. 
Queremos algo que nos de la impresión real de que va usted a establecer prioridades para sentar los verdaderos cimientos de la Unión Europea y conseguir que el mercado interior funcione mejor, en lugar de limitarse a aparecer con todo un conjunto de prioridades de coste incierto que suenan bien sobre el papel, pero con respecto a las que no se tiene ni idea de si van a funcionar en la práctica. 
– Señorías, hoy quiero centrarme en algunas de las prioridades de Europa para 2007 desde el punto de vista de la ampliación europea. 
Ya se puede decir que la ampliación de 2004 fue un gran éxito para Europa, desde el punto de vista político, económico, social y de la seguridad, y no me cabe duda de que 2007 verá la continuación de ese éxito. 
En 2007 los primeros Estados miembros nuevos estarán dispuestos para entrar en la zona euro. 
En este sentido, quiero retar a la Comisión a que mantenga una actitud activa, para ayudar a esos países a prepararse para la llegada del euro, y a que controle estrictamente el cumplimiento de los requisitos de entrada, los denominados criterios de Maastricht. 
Estoy convencido de que el cumplimiento de los criterios, sean los de Maastricht o los del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es fundamental para preservar la credibilidad política, financiera y comunitaria de la moneda única europea. 
En 2007 los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental también formarán parte del espacio Schengen ampliado. 
La eliminación de los controles en las fronteras interiores entre Estados miembros, que permite una verdadera libre circulación dentro de la Unión, no debería significar bajo ningún concepto que se vaya a permitir la libre circulación de todo tipo de criminalidad, migración ilegal, etc. La lucha contra el crimen y la violencia en Europa, junto con el lanzamiento de la segunda generación del sistema de Schengen deberían, en mi opinión, formar parte de las prioridades claras y prácticas para 2007 de la Unión Europea. 
Finalmente, 2007 también debería ser el año de la próxima ampliación, con la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la Unión. 
En este sentido, quiero pedir a la Comisión que ayude a estos dos países a prepararse para la adhesión y que garantice que cumplan sus requisitos de entrada en todos los aspectos. 
Rumanía y Bulgaria deben estar tan bien preparados para la adhesión como lo estaban los 10 países candidatos en 2004. 
Creo que esto es sumamente importante para la credibilidad de futuras ampliaciones y si queremos que el público europeo acepte este proceso. 
Quiero informar a sus Señorías de que el señor Barroso, Presidente de la Comisión, tiene que marcharse y, por lo tanto, ha pedido permiso para adelantar su intervención a fin de poder ofrecer algunas respuestas y aclaraciones. 
Ahora le cederé la palabra e inmediatamente después de su discurso reanudaremos el debate. 
,. Lo siento pero tengo que irme en breve debido a un compromiso oficial con las autoridades belgas. 
No esperaba que la sesión continuara hasta tan tarde, tras la primera parte de los procedimientos de la Cámara antes del inicio de este punto del orden del día. 
De todos modos, la Comisión estará presente hasta que concluya el debate. 
Yo todavía podré responder a algunas de las preguntas. 
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por los comentarios, que, en su mayoría, han sido favorables a nuestro programa. Evidentemente está la cuestión subyacente de las perspectivas financieras, que discutiré dentro de un momento. 
Más concretamente, el señor Watson me ha preguntado por qué situamos los objetivos relativos a la conservación de la energía y a la protección del medio ambiente bajo el epígrafe de la solidaridad y no de la prosperidad. 
Por supuesto, podrían y deberían estar bajo el epígrafe de la prosperidad, pero los ponemos bajo el de la solidaridad para señalar su enorme importancia, dado que el término «solidaridad» remite a la solidaridad con las generaciones futuras. La lucha por un medio ambiente limpio y por un desarrollo sostenible guarda una relación directa con nuestro futuro en general. 
Esto fue lo que nos llevó a poner las cuestiones ambientales bajo el epígrafe de la solidaridad a efectos de la presentación. 
Con respecto a la inmigración, la señora Frassoni ha dicho que nunca hemos dado nuestra opinión con respecto al tema de la inmigración ilegal y la tragedia de los numerosos africanos que fallecen en el Mediterráneo. 
Lo siento, pero eso no es cierto. 
Ha habido una serie de claras tomas de postura de la Comisión con respecto a este tema, expresadas por el señor Frattini, y lo cierto es que estamos luchando para conseguir un planteamiento conjunto entre los Estados miembros, cuando sea posible, en lo tocante a estas cuestiones. 
La señora Frassoni también ha preguntado por la ausencia de cualquier mención del transporte en el contexto de la política energética. 
Lo siento, pero el Libro Verde dice que hemos propuesto las siguientes acciones posibles a los Estados miembros, y cito de la página 11 del texto inglés: 
Por supuesto, se trata solamente de un Libro Verde, con fines de consulta, pero esa línea está presente. 
Por lo que respecta a la eficiencia energética, creemos que el sector del transporte es crucial. No quiero que quepa ninguna duda al respecto. 
Una de sus Señorías ha mencionado la apertura de los mercados laborales en Europa. 
Saben que la Comisión está a favor de esto. 
Después de nuestro informe, varios Estados miembros –no solamente los mencionados, concretamente Portugal y España, pero también Finlandia y el Gobierno neerlandés– han anunciado su intención de promover la liberalización de los mercados laborales en Europa lo antes posible. Este ya es el caso también del Reino Unido, Irlanda y Suecia. 
El señor Swoboda ha preguntado cómo se puede explicar esto mejor a nuestros ciudadanos o, en otras palabras, qué podemos hacer para explicar el valor añadido de Europa, que es una cuestión muy importante. 
Esto resulta más sencillo con respecto a unas cuestiones que a otras. 
De hecho, hoy hemos anunciado una medida muy importante, la «lista negra» en materia de seguridad aérea, que es la primera parte de legislación aprobada por esta Comisión, con el apoyo del Parlamento y del Consejo. 
Las ventajas de una acción a escala comunitaria con respecto a esta cuestión son muy obvias para los ciudadanos. 
Con respecto a cuestiones como estas, necesitamos hacer un esfuerzo adicional para ofrecer explicaciones y defender nuestro punto de vista. 
En efecto, este es el trabajo de la Comisión, pero quiero añadir, si me lo permiten, que todos nosotros somos responsables de ello: también es responsabilidad del Parlamento, de sus Señorías, de los Parlamentos nacionales, de todos aquellos que se preocupan por los intereses de Europa y de quienes sienten la necesidad de explicar el valor añadido que aporta Europa. 
Con respecto a la cuestión nuclear, señor Swoboda, nuestra postura es muy clara: respetamos el principio de subsidiariedad. 
Se trata de una cuestión difícil en Europa; hay Estados miembros que están a favor y otros que están en contra. 
Por lo que a mí respecta, el camino a seguir no consiste en evitar el debate. 
El señor Swoboda ha mencionado mi reunión con el Presidente Putin. 
Quiero decirles que a pesar de la riqueza de Rusia en recursos naturales de petróleo y gas, el Presidente Putin ha afirmado que una de las principales prioridades de Rusia en el futuro es desarrollar la energía nuclear. 
Por lo tanto, se trata de una cuestión que no podemos evitar; se trata de una cuestión que está en la agenda y que debe ser debatida con franqueza. 
La Comisión no va a tomar partido en el debate sobre la energía nuclear. Lo que vamos a promover es el principio por el que cada Estado miembro busca formas de energía sostenible a largo plazo en su «surtido» energético, garantizando, al mismo tiempo, el cumplimiento del principio de subsidiariedad. 
El señor Duff y otros han planteado la cuestión de la Constitución. 
Eso no es lo que estamos debatiendo hoy aquí, pero quiero confirmar que la Comisión continúa fiel a los principios y los valores consagrados en el proyecto de Tratado Constitucional y que estamos trabajando en este tema. 
Estamos pensando en aportar algunas ideas sobre el futuro del debate europeo al Consejo Europeo de junio. Cabe esperar que estas ideas contribuyan positivamente. 
A pesar de que el Tratado Constitucional, como su nombre sugiere, es un Tratado intergubernamental, la Comisión mantiene el compromiso de cumplir sus responsabilidades y, por lo tanto, quiere realizar su propia aportación a este período de reflexión. 
No sé si será una aportación que esté a la altura de las exploraciones de Vasco de Gama, desde el punto de vista de la ambición, como ha sugerido el señor Martín, pero, en cualquier caso, será nuestra aportación. 
Sea como fuere, me ha gustado que se haya mencionado a Montesquieu, Maquiavelo y Vasco da Gama en nuestro debate, lo que demuestra que el nivel de los debates del Parlamento no deja de elevarse. 
Y ahora haré algunos comentarios en inglés; ¡siempre utilizo el inglés cuando hablo de dinero! 
Me acostumbré durante la Presidencia británica. 
Así pues, ahora haré algunas observaciones en inglés acerca de las perspectivas financieras. 
Entiendo que ayer se produjo un progreso real entre las instituciones. 
Sobre la base de textos de compromiso presentados por la Comisión, ayer por la tarde se mantuvo una tercera conversación a tres bandas con la Presidencia austriaca, el equipo de negociación del Parlamento y la Comisión. 
Entendemos que el resultado de la reunión fue muy positivo. 
Con respecto al propio acuerdo interinstitucional, existe prácticamente un acuerdo total, incluso con respecto a la idea de añadir una nueva Parte Tres sobre la buena gestión financiera. 
Sin perjuicio de las verificaciones técnicas definitivas, se han acordado textos sobre puntos importantes como el reglamento financiero, la certificación por parte de los Estados miembros y la cláusula de revisión. 
Cuando digo «acordado» , me refiero a acordado entre las delegaciones. 
Se trata de acuerdos. 
Todos estos puntos han sido considerados elementos fundamentales en varias resoluciones aprobadas por el Parlamento. 
Me satisface comprobar que las tres instituciones han sido capaces de alcanzar un consenso al respecto y estoy orgulloso de la contribución de la Comisión a ese acuerdo. 
Con respecto a las cifras, el Parlamento y el Consejo han intercambiado sus opiniones y evaluaciones, basándose en los límites acordados en el Consejo Europeo de diciembre. 
Seamos francos: todavía existen grandes diferencias entre las cifras propuestas por el Parlamento y las propuestas por el Consejo. 
Quiero ser claro al respecto. La Comisión apoya el acuerdo más ambicioso posible. 
La cuestión, francamente, es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Consejo? 
Por lo tanto, quiero hacer un llamamiento a que se alcance un compromiso lo antes posible. 
Si no hay compromiso, será negativo para todos nosotros en la Unión Europea, en particular para los nuevos Estados miembros y para aquellos Estados miembros y regiones que realmente necesitan nuestra solidaridad para su desarrollo. 
La solución podría consistir en encontrar la combinación apropiada entre tres elementos: flexibilidad, maneras de movilizar los fondos sobre los diversos mecanismos de flexibilidad y, finalmente, los límites globales. 
¡Hay luz al final del túnel! 
Está prevista una conversación final a tres bandas para el 4 o el 5 de abril de 2006 en Estrasburgo. 
Confío firmemente en que se podrá alcanzar un acuerdo en esa reunión. 
Mientras tanto, la Comisión continuará desempeñando su función activa en la búsqueda de la postura más ambiciosa, pero, al fin y al cabo, necesitamos ambición con un acuerdo. 
Por lo tanto, apruebo la ambición, pero con realismo y responsabilidad, intentando que todas las instituciones estén a bordo. 
Sé que la Presidencia austriaca está buscando activamente un acuerdo con todos los Estados miembros. 
Permítanme decirles que en todas las reuniones que he mantenido con los Jefes de Gobierno –y esta semana he mantenido varias– les he pedido, tanto públicamente como en privado, que acepten un aumento del gasto global. 
He citado, en particular, la necesidad de educación y cultura: los programas Erasmus y de ciudadanía. 
Ahí, al menos, deberíamos realizar un esfuerzo real y algún progreso, si es posible. 
Debemos esforzarnos todos por alcanzar un buen acuerdo y, si vamos con buen talante, una buena estrategia y buenas políticas. 
Esperemos contar también con buenos instrumentos por lo que respecta a las perspectivas financieras. 
– Señor Presidente, es muy importante que el Parlamento tenga la oportunidad de celebrar un debate sobre estrategia. 
2007 será un año crucial para el futuro de la Unión Europea. 
Para que se produzca un debate estratégico en el Parlamento, hay que plantear opciones a la Cámara. 
El Presidente de la Comisión no ha explicado las opciones que tiene la Comisión, a pesar de que la política es el arte de optar. 
En primer lugar está la cuestión constitucional. 
¿Cree la Comisión Europa que la Constitución se aprobará en 2007? ¿Cuenta con las oportunidades y los métodos necesarios para conseguirlo? 
En segundo lugar está la importante cuestión del empleo. 
El crecimiento económico, la libertad económica y la libre circulación de los trabajadores, ¿son la respuesta al desempleo? 
Si no es así, ¿por qué no regresar a Colbert y al proteccionismo económico, que antaño se llamaba patriotismo económico? 
En tercer lugar, la cuestión de la Estrategia de Lisboa es un problema fundamental para el futuro de la Unión Europea. 
La cuestión se ha reducido a retórica, dado que, por una parte, afirmamos que el futuro de la Unión Europea depende de la Estrategia de Lisboa, mientras que, por otra, a la hora de tomar decisiones con respecto al presupuesto y a los recortes presupuestarios, los primeros recortes se hacen en el ámbito de la investigación científica y del sistema educativo. 
La Unión Europea tiene la capacidad para hacer de Europa un lugar de innovación y un partícipe mundial, pero para ello necesita una estrategia. 
Creo que el debate de hoy demuestra la importancia del Parlamento y sería una buena idea que todas las demás instituciones europeas se tomaran en serio al Parlamento. 
– Señor Presidente, he leído las 15 aburridas páginas de este documento y considero que son un informe del pasado más que un documento para el futuro. 
La frase que se me ocurre aparece a menudo en el informe de un colegial: «podría ser mejor». 
En efecto, si su sueño es cambiar la mentalidad de la población de la Unión Europea, tendría que ser «debe ser mejor». 
Se nos habla de términos como «objetivos estratégicos» , «estrategia política» , «nuevas orientaciones» , «comunicaciones efectivas» y «diálogos auténticos». 
Se nos promete que se asignará más dinero a los fondos regionales, fondos de cohesión, fondos sociales, fondos globalizados, fondos de pesca, etc., todo ello para ganarse la confianza y el compromiso de los ciudadanos. 
Pero, ¿dónde están las palabras «libertad» , «elección» y «el individuo»? 
Nos recuerda a de George Orwell, salvo porque creo que eligió el año equivocado, pero está tan solo a la vuelta de la esquina; entonces habrá «control, control, control» del individuo. 
Dados los referendos sobre la Unión Europea, o incluso las elecciones, los verdaderos sentimientos del pueblo demostrarán que la mayoría quiere decir «no» a esta pesadilla burocrática. 
– Señor Presidente, lamento que el Presidente Barroso haya sido amonestado por las autoridades belgas. 
Estoy seguro de que si aparca el coche con más cuidado en el futuro, podrá quedarse hasta el final de nuestros debates, aunque sin duda le harán llegar el mensaje. 
Acojo con satisfacción el título de este documento: «generar confianza a través de la acción». 
En ocasiones se genera confianza a través de la acción y, en otras ocasiones, a través de la inacción. 
En ocasiones se consigue cancelando acciones, mediante cláusulas de suspensión, mediante revisiones y siempre comprobando la letra pequeña de las propuestas. 
Nosotros no hacemos nada por impulsar la confianza entre nuestros electores, si tenemos historias absurdas como la sucedida en el Reino Unido esta semana con los órganos de las iglesias y la intención de la Unión Europea de prohibir, en virtud de la Directiva RAEE, las reparaciones de los órganos de las iglesias y de sus edificios, debido a su contenido de plomo. 
Eso es absurdo y espero que si existe cualquier amenaza de este tipo se produzca una llamada telefónica del Vaticano para decir que la Basílica de San Pedro no admitirá esa tontería. 
No obstante, eso es la letra pequeña. 
Creo que deberíamos reconectar con nuestros electores, que deberíamos reubicar ese propósito de nuestra empresa europea y comunicárselo al público. 
Pueden hacerlo, por ejemplo, antes del próximo debate sobre la energía, demostrando que estamos trabajando juntos con solidaridad, para hacer frente a cualquier amenaza que se pueda producir. 
Se ha citado a Montesquieu. 
Como escribió Dumas, «todos para uno y uno para todos» : necesitamos una red europea de energía que pueda resistir cualquier intento de acabar con cualquiera de nuestros Estados miembros. 
También se trata de fomentar la salud para asegurarnos de que esté todo preparado con respecto a la pandemia de gripe. 
Debemos aceptar la propuesta austriaca de un marco para la diabetes; debemos trabajar mucho en torno a la propuesta de la Comisión sobre salud mental. 
La señora Wallström estará de acuerdo conmigo en que tenemos que esforzarnos mucho por convencer al público de que podemos hacerlo bien en materia de productos químicos y contaminación, etiquetado ecológico y todas esas otras cosas que tendrían sentido para el público. 
El público lo consideraría un valor añadido por la Unión Europea y entonces no tendremos los mismos problemas que han tenido recientemente algunos de nuestros Estados miembros por lo que respecta a las votaciones en los referendos. 
– Basándome en la experiencia de mi país en materia de reformas, solamente puedo decir una cosa con seguridad: los programas económicos y políticos son imposibles de aplicar a menos que se reformen las instituciones existentes. 
Me resulta difícil imaginar por qué la Comisión Europea, que declara que la simplificación de la normativa se encuentra entre sus objetivos, no cambia sus propias estructuras, no reorganiza el trabajo de sus instituciones, que, después de todo, crean esos complejos documentos. 
Estas cosas son sencillamente incomprensibles e incoherentes. 
Permítanme poner un sencillo ejemplo. Hace poco nos visitó una delegación de profesores lituanos. 
Acudieron a las distintas direcciones generales con la esperanza de adquirir información sobre el trabajo que hacen. 
En todas partes les dieron la misma información. 
Y el Comisario que vino a nuestra Comisión de Presupuestos incluso dijo que no todos los fondos se utilizan para relaciones públicas y campañas de publicidad. 
Sin embargo, todo el trabajo se hace por duplicado. 
Los profesores lituanos se quedaron bastante sorprendidos. 
Realmente debemos hacer algo con la reforma del trabajo de la Comisión Europea. 
El Parlamento Europeo, al menos, está demostrando cierta iniciativa e intenta reformar su trabajo, para que podamos aplicar esos ambiciosos objetivos. 
Siempre lamento el hecho de que no aprendamos de la experiencia de los nuevos países. 
Nosotros, los nuevos países, realmente entendemos que en primer lugar debemos reformar nuestras instituciones. 
Confío en que la Comisión Europea presente un programa de reforma de su estructura de Gobierno lo antes posible. 
En primer lugar, que estoy actuando de «policía bueno» frente al «policía malo» , como Malcolm Harbour. 
La Comisión la presenta en un momento muy oportuno, cuando existe una atmósfera de nacionalismo y proteccionismo. 
En efecto, a diferencia de muchas de las estrategias que usted ha planteado anteriormente, señor Barroso –yo las llamaría «nash» : no actuar, solo hablar–, esta tiene mucha acción. 
No obstante, estoy de acuerdo con el señor Harbour en que puede que quiera proponer un nombre alternativo. 
Usted llama a este documento –no necesariamente de forma muy acertada– «generar confianza a través de la acción». 
Quizás debería pedir consejo a una agencia de publicidad, antes de ponerle el próximo nombre. 
El segundo comentario es que estoy de acuerdo en centrar la atención en la comunicación. 
Señora Wallström, por supuesto usted desempeña un papel importante en ello. 
No tenemos un déficit de democracia, no tenemos un déficit de información –tenemos casi demasiada–, pero sí tenemos un déficit de comunicación. 
El documento que plantea sobre comunicación europea es bastante bueno. 
Tenemos grandes problemas: el señor Bowis ha hablado de los órganos de las iglesias hace un segundo y, por supuesto, sabemos que se trata de una auténtica tontería. 
No obstante, cuando periódicos respetables como sacan titulares como «Fuerzas de la Unión Europea obligan a reciclar dildos» , entonces tiene usted un problema. 
Se trataba de una Directiva sobre aparatos eléctricos: si se devuelve el aparato a una tienda, deberá ser reciclado. 
No obstante, es este tipo de comunicación el que realmente necesitamos eliminar. 
El último comentario que quería hacer es que con mucha frecuencia la Unión Europea sirve de chivo expiatorio. 
Todo lo malo procede de la Unión Europea y todo lo bueno procede de los Estados miembros. 
Por lo tanto, le animaría, señora Wallström, a que se concentre más en la comunicación sobre la Constitución. 
Es una buena Constitución, la necesitamos; manténgala viva hasta la primavera de 2007 y veamos qué sucede después. 
. Señor Presidente, presentamos este documento y la Estrategia política anual al Parlamento Europeo para recibir sus aportaciones e ideas sobre cómo mejorarlo. 
Por lo tanto, les escuchamos muy detenidamente. Ya hemos escuchado varios comentarios que mejorarían nuestro documento. 
Lo mismo sucede con la discusión que he mantenido con la Conferencia de Presidentes de Comisión. 
Esto nos aportará mucho, dado que podemos mantener una verdadera discusión política acerca de nuestras prioridades, el equilibrio que queremos conseguir y los mensajes que queremos enviar. 
Creo que estamos volviendo al hecho de que queremos conseguir resultados y queremos ganar confianza. 
Estas son condiciones básicas y fundamentales para nosotros, para poder construir una Unión Europea más sólida. 
Sea cual sea el título que elijamos, habrá problemas lingüísticos o de otro tipo con el mismo. 
No estoy segura de si alguna vez podremos encontrar algo con lo que todos estén de acuerdo. 
No obstante, nuestro objetivo es poder generar confianza, demostrando buenos resultados y cumpliendo nuestros compromisos. 
Si participamos en un debate y una discusión democrática con los ciudadanos, también será más fácil explicar por qué necesitamos una reforma constitucional para conseguir esos buenos resultados. 
Así es como tenemos que actuar: tenemos que participar con los ciudadanos de manera democrática. 
Me satisface mucho tener la oportunidad de decir a todos los ciudadanos del Reino Unido que los tubos de los órganos de las iglesias no se ven afectados por la Directiva sobre residuos electrónicos y eléctricos. 
Pueden llenar sus iglesias de tantos tubos de plomo como deseen. La Comisión no interferirá en eso. 
Simplemente asegúrense de que ahora y en el futuro los pobres ciudadanos del Reino Unido oigan la verdad, dado que rara vez reciben información correcta. 
Pueden estar totalmente seguros de que la Directiva no afectará a los tubos de los órganos de las iglesias. 
También espero que podamos abrir las reuniones del Consejo. 
La Presidencia finlandesa está preparándose ya para convertir esto en realidad, lo que ayudará definitivamente a poner fin al juego de echar la culpa a los demás. 
Si los ciudadanos pueden seguir lo que hacen sus Ministros en el Consejo –las posiciones que adoptan y las declaraciones que realizan, si es que se encuentran presentes–, ayudará a poner fin a este juego. 
Actuando en colaboración, todos tendremos que explicar qué es y qué hace la Unión Europea. 
Quizás podamos realizar algún progreso. 
Espero que durante la Presidencia austriaca hayamos progresado, porque eso también les incumbe a ustedes. 
Definitivamente, bajo el mandato de la Presidencia finlandesa, cuando podamos dar un paso más, deberíamos progresar. 
Gracias por todos sus acertados comentarios sobre la Estrategia política anual. 
Definitivamente me llevo todos sus comentarios conmigo y se los comunicaré a todos los demás Comisarios. 
El debate queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral formulada al Consejo (O-0007/2006 – B6-0009/2006) por el señor Chichester, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, relativa a la seguridad del suministro de energía. 
. – Señor Presidente, me complace formular esta pregunta en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Es la continuación de la cuestión que se debatió en enero sobre el tema de la seguridad del suministro de la energía. 
El mundo ha cambiado poco desde entonces. 
Ahora tenemos el Libro Verde de la Comisión y las conclusiones de la reunión del Consejo de la semana pasada. 
Ambos documentos son muy interesantes y demuestran claramente que muchos de los puntos planteados en el debate anterior han quedado recogidos. Quiero dar las gracias al señor Comisario y felicitar al Consejo por ello. 
También es positivo que las cuestiones relativas a la energía se encuentren entre las prioridades del programa de trabajo. 
Se trata de una cuestión crucial sobre la dependencia de las importaciones de una serie de combustibles. 
Por lo tanto, nuestra pregunta es qué hará la Comisión para responder como es debido a los acontecimientos y cambios de la situación geopolítica, estratégica y diplomática. 
No obstante, quiero insistir en que creo que estos aspectos son más bien de la competencia de nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Me alegro mucho por algunos de mis colegas que participarán en este debate de formular esas observaciones. 
El aspecto más importante que hay que destacar en relación con la seguridad del suministro es la necesidad fundamental de la diversidad: diversidad de combustibles, diversidad de fuentes y diversidad de tecnologías. 
Esto es absolutamente esencial. 
Quiero señalar que me ha decepcionado un poco el Libro Verde –que esperamos debatir en su totalidad y en el momento oportuno– porque quizás no reconoce lo suficiente el papel crucial de la energía nuclear en el suministro de la mayor parte de electricidad en la Unión Europea. 
El Parlamento ha aprobado recientemente una enmienda con el objetivo de establecer el objetivo ambicioso, aunque realista, de que el 60 % de la electricidad de la Unión Europea proceda de fuentes cuyas emisiones de carbono sean ultrarreducidas o nulas. 
Esto solo es posible con una combinación de fuentes de energía renovables y energía nuclear. 
Me ha complacido mucho observar que las conclusiones del Consejo se refieran a «sistemas energéticos eficientes y sostenibles». 
En ese contexto me viene a la mente la energía nuclear. 
No obstante, hay otras fuentes de energía que debemos recordar. 
Desde la ampliación de la Unión Europea, nuestra dependencia de las importaciones de carbón ha descendido del 50 al 35 % porque un Estado miembro en particular es un importante productor de carbón. 
No deberíamos ignorar los beneficios y el potencial de la tecnología de carbón limpio cuando tenemos esta importante fuente de energía autóctona. 
La propuesta de resolución adjunta a esta pregunta oral insiste, entre otras cosas, en una mayor eficiencia del sector del transporte. 
Insiste en la importancia de investigar y desarrollar tecnologías energéticas de futuro y busca propuestas para mejorar la eficiencia energética de los edificios. 
Hemos formulado cuatro preguntas al señor Comisario y esperamos escuchar oportunamente su respuesta. 
Queremos saber qué podemos hacer para reducir nuestra dependencia del gas y del crudo importados. 
Queremos saber qué otras fuentes considera que podríamos desarrollar. 
Tal vez tenga algunas ideas con respecto a los suministros, la gestión de existencias y las instalaciones de almacenamiento de gas. 
Finalmente, esperamos que la Comisión se ponga manos a la obra con la cuestión de la seguridad del suministro, la cuestión asociada del cambio climático y cómo ajustar nuestra política energética en una era posterior a Kyoto para conseguir nuestros tres objetivos de sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Chichester por la pregunta. Llega en un buen momento. 
De hecho, la Presidencia austriaca llevaba exactamente ocho horas de mandato cuando nos llegó la noticia de que la energía era un problema europeo, un problema para todos nosotros, porque el conflicto del gas entre Rusia, Ucrania y Moldova comenzó a las ocho de la mañana del 1 de enero de 2006. 
Se puso de manifiesto que necesitábamos hacer frente a este problema, a pesar de que no era completamente nuevo. 
No obstante, su importancia se ha puesto especialmente de manifiesto a lo largo de este año. 
Está muy claro que para Europa el suministro de energía es una cuestión de máxima importancia. 
Por esta razón, el Consejo Europeo tratará en su reunión de mañana este tema como una de sus prioridades. 
También hemos convocado otra reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía, a la que ha aludido su Señoría, para preparar la reunión del Consejo Europeo de la mejor forma posible. 
Esa reunión de los Ministros de Energía aportó sugerencias muy útiles y válidas, que se discutirán mañana y pasado mañana. 
También se puso de manifiesto que, con respecto al conflicto del gas entre Rusia, Ucrania y Moldova, la cuestión del suministro de energía no es solo una cuestión que podamos discutir entre nosotros. 
Cuando tuve el placer de informar ayer a la Comisión de Asuntos Exteriores, se señaló especialmente que se trata de una cuestión que corresponde a la política exterior de la Unión Europea. 
Esto se debe a que necesitamos cooperar con nuestros socios y vecinos, para tener en cuenta sus problemas. 
Es importante que insistamos en la estabilidad política y económica del país de tránsito, por ejemplo. 
También debemos incluir a los países de origen y los países consumidores en nuestros debates. 
Esa es la razón por la que mantenemos intensas relaciones en este sentido con la OPEP, Rusia y otros países importantes, como China y la India. 
También somos activos por lo que respecta a los instrumentos internacionales. Mencionaré solo de pasada a la Agencia Internacional de Energía, los foros internacionales de la energía y Euromed, que desempeña un importante papel. 
Hay otros acuerdos internacionales importantes, como por ejemplo el acuerdo energético con el sudeste de Europa. 
Espero, señor Chichester, que consigamos el acuerdo de esta Cámara muy pronto, dado que esperamos contar con él antes de la reunión de los Ministros que se celebrará en junio. 
Por supuesto, también hay otros aspectos importantes para la seguridad del suministro de energía, como la cuestión de la diversificación de nuestras fuentes de energía, especialmente la inclusión de fuentes de energía domésticas, en particular, asimismo, la cuestión de las fuentes de energía renovables. 
No obstante, la gestión de la demanda, incluida la mejora de la eficiencia del uso de la energía, también reviste la máxima importancia a este respecto. 
Al hablar con sus socios, el Consejo suele insistir en que la inversión adecuada en infraestructura y exploración también es fundamental. 
Por esta razón, el Consejo asimismo considera que es sumamente importante que la resolución del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las redes energéticas transeuropeas se adopte pronto, dado que será imposible diversificar el suministro y, de este modo, aumentar la seguridad del suministro sin recursos para ampliar la red energética europea. 
Por lo que respecta a la seguridad del suministro en particular, el Consejo ya ha adoptado en el pasado disposiciones legales que no detallaré ahora por razones de tiempo. 
Quiero mencionar brevemente también la Directiva relativa a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural, que se adoptó en 2004. 
Volviendo ahora a su pregunta relativa a las fuentes de energía alternativas, señor Chichester, el Consejo cree que hay dos componentes principales de la política energética que conviene mencionar particularmente en este marco, aunque ya los he mencionado de pasada: la cuestión de la diversificación de las fuentes de combustibles y la eficiencia energética. 
Como ya se ha dicho en el debate de hoy –la energía ha sido un elemento clave del debate que acaban de concluir y con razón–, los Estados miembros deben decidir por sí mismos el surtido de energías que prefieren, como expresión de sus políticas nacionales. 
Independientemente de lo que decidan los Estados miembros, la diversificación de las fuentes de combustibles incluye, por supuesto –y creo que esto es particularmente importante–, la diversificación de los países proveedores, por lo que respecta a las importaciones de energía; sin embargo, las fuentes de energía renovables también son particularmente importantes en este sentido. 
A este respecto, el Consejo también puede señalar una completa serie de instrumentos, que solo mencionaré brevemente ahora. 
Con respecto a la diversificación de las fuentes de combustibles, especialmente a través del uso de energías renovables, el Consejo y el Parlamento Europeo ya aprobaron en 2001 una Directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
En este contexto también quiero llamar su atención sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables para el transporte. 
En diciembre del año pasado también se alcanzó un acuerdo con el Parlamento Europeo acerca del proyecto de Directiva relativa a la eficiencia energética y los servicios energéticos, que espero que se pueda aprobar en los próximos meses; estamos trabajando con este fin. 
Es muy importante para el ahorro de energía. 
También quiero señalar que el programa «Energía Inteligente para Europa» ya está realizando una importante contribución en este punto dentro del Sexto Programa Marco de Investigación. 
El Séptimo Programa Marco de Investigación y el programa «Energía Inteligente para Europa» que se está debatiendo actualmente dentro del Programa CIP también fijarán una prioridad apropiada y pertinente. 
Asimismo hay medidas en el ámbito no legislativo: el año pasado, por ejemplo, los Ministros de Energía realizaron una contribución al Consejo Europeo de Primavera de 2005. 
Actualmente el Consejo está estudiando a marchas forzadas y con gran interés el Plan de Acción de la Biomasa, que es sumamente prioritario para nosotros. 
Señor Chichester, quiero terminar refiriéndome a su pregunta sobre Kyoto después de 2012, la seguridad del suministro de energía y la competitividad de la Unión Europea, y le diré que en nuestra opinión este efecto puede ser fundamentalmente positivo. 
Me parece particularmente importante decir que estamos convencidos de que una política ambiental bien concebida tendrá un efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo. 
Las medidas de promoción de la eficiencia energética se traducen en innovaciones ecológicas y tecnologías ambientales y la demanda de tales innovaciones está creciendo constantemente en todo el mundo. 
Esto también crea oportunidades para nuestras economías. 
Al diversificar las fuentes de energía y especialmente al promover las fuentes de energía renovables, también queremos realizar una contribución a la seguridad del suministro de energía y, al mismo tiempo, detener el cambio climático y aumentar la competitividad de la UE en general. 
. Señor Presidente, el debate anterior sobre el programa de trabajo de la Comisión se ha centrado mucho en la energía. 
Agradezco mucho esa atención y la pregunta formulada a la Comisión que ha hecho posible este debate. 
En cierto sentido, el Libro Verde sobre la estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura formula respuestas a cómo debemos proceder para afrontar los desafíos que plantean en sus preguntas. 
Debemos darnos cuenta también de que se trata de un desafío mundial: la rigidez de la oferta y la demanda, el cambio climático, la dependencia de las importaciones y las necesidades de inversión en el sector energético son todos ellos desafíos mundiales. 
La respuesta de la Unión Europea es una política energética común. 
Contamos con un respaldo significativo de los ciudadanos. 
En una reciente encuesta de opinión, el 47 % de los ciudadanos europeos apoyaban la acción a escala europea. 
Tras la publicación del Libro Verde, hemos recibido el apoyo de muchos Estados miembros y Parlamentos nacionales. 
Está claro que el principal valor añadido de este Libro Verde se halla en ese enfoque común que hace hincapié en que la seguridad del suministro, la competitividad y la sostenibilidad no pueden estar separados en nuestra política energética. 
Estos tres elementos deben estar interrelacionados. 
Pero está también claro que no podremos encontrar un remedio mágico porque no existe. 
Eso significa que en el terreno de la política energética debemos centrarnos en una serie de medidas en ámbitos concretos. 
En primer lugar, la existencia de un mercado interior de la UE que sea realmente competitivo, abierto y transparente es importante para la seguridad del suministro, la sostenibilidad y la competitividad. 
Además es crucial para la seguridad del suministro. 
Algunas de las medidas contempladas pretenden no solo promover la competencia, sino también el comercio transfronterizo: las transacciones energéticas transfronterizas. 
Se trata de un ámbito de enorme importancia y espero contar en el futuro con el apoyo de esta Cámara en estas cuestiones. 
La segunda cuestión, que es extremadamente importante –como ha recordado el Presidente en ejercicio – es la solidaridad. 
La Unión es fuerte cuando existe solidaridad. 
La solidaridad significa, primero, estar preparados para afrontar situaciones extremas; implica, en segundo lugar, un mecanismo de solidaridad y requiere, en tercer lugar, mucha información sobre lo que sucede en los mercados energéticos. 
Estoy de acuerdo en que la diversidad es el aspecto más importante, pero para hacer el mejor uso posible de esa diversidad necesitamos mucha información y mucha transparencia. 
Prevemos este tipo de medidas replanteando la Directiva sobre reservas de petróleo, prestando más atención a la seguridad del suministro de electricidad y gas y buscando nuevos mecanismos que realmente atiendan las necesidades de nuestros ciudadanos, a quienes les gustaría saber que en el caso de producirse una situación extrema, dispondríamos de un mecanismo y de reservas que podrían utilizarse. 
Luego está también la cuestión del surtido de fuentes de energía. 
Esa es una responsabilidad que corresponde a cada Estado miembro, por razones de subsidiariedad. 
No obstante, sabemos que la actuación de un Estado miembro influye en todos los demás Estados miembros, al menos en los Estados miembros vecinos. 
Eso significa que debemos actuar teniendo en cuenta las políticas energéticas de nuestros vecinos y tratar de impulsar las mejores acciones posibles. 
Hace falta una revisión estratégica de la energía de la UE que nos permita reconsiderar estas cuestiones continuamente, para adoptar el mejor enfoque desde el punto de vista del surtido de fuentes de energía en cada Estado. 
La eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables tendrán un gran peso a la hora de decidir el surtido de fuentes de energía. 
Pero al mismo tiempo creo también que la energía nuclear, que se incluye ahora en el surtido de fuentes de energía, será utilizada por muchos Estados miembros. 
Por eso es importante garantizar que esa energía se utilice de una forma segura y sostenible. 
Creo asimismo en la diversidad que pueden aportar las nuevas tecnologías y en el carbón limpio, la captura de carbono, etc. Tenemos ya un buen ejemplo con el proyecto de Shell y Statoil sobre la captura de carbono y su poscombustión. 
No se trata de un proyecto de demostración: por primera vez, un proyecto industrial efectivo de 860 megavatios ofrece nuevas posibilidades de diversificación del surtido de fuentes de energía, más acorde con los objetivos de nuestra política energética. 
Algunas personas han dicho que no se presta suficiente atención a la eficiencia energética. 
Discrepo con ellas, porque sí se hace mucho hincapié en eso. 
El Parlamento Europeo ha debatido ya el Libro Verde sobre eficiencia energética. 
En el futuro propondremos un plan de acción europeo muy ambicioso sobre la eficiencia energética, que insistirá mucho en el transporte. 
No obstante, todos los Estados miembros seguirán prestando atención a la eficiencia energética en sus planes de acción nacionales y eso es extremadamente importante. 
En cuanto a la tecnología, pondré solo un ejemplo: Europa es capaz de desarrollar nuevas tecnologías, pero debemos utilizar todas las posibilidades de una forma coherente. 
Creo que el plan estratégico europeo de tecnología energética podría marcar realmente la diferencia. 
Por último quiero llamar su atención sobre algunas cuestiones internacionales. 
La mejor respuesta en cuestiones de seguridad del suministro no hay que buscarla solo en la diversidad, sino también en mercados del gas y del petróleo mundiales, transparentes y competitivos. 
Esta es la visión que podría proporcionar la necesaria diversidad. 
Para ello tenemos que contribuir a la estabilidad de los países que disponen de gas y petróleo entre sus recursos. 
Debemos crear infraestructuras que nos permitan importar más gas de diferentes regiones del mundo, porque solo así podremos garantizar la seguridad del suministro de gas y petróleo. 
Debemos promover nuestra visión del mercado en los países vecinos. 
La comunidad de la energía debe expandirse. 
Mañana, el Consejo Europeo tendrá la oportunidad de debatir estas cuestiones. 
Creo que se mantendrá el impulso generado por el Libro Verde a la creación de una política europea común en el sector de la energía. 
Les agradezco mucho el debate y espero trabajar con esta Cámara en la formulación de una política energética europea que responda a las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Piebalgs, Señorías, durante varios meses hemos estado envueltos en un nuevo debate estratégico. 
Vemos el conflicto con Irán y la guerra en Iraq, pero también vemos el conflicto con países de la OPEP donde no habríamos pensado que se producirían tales acontecimientos. 
Vemos que China está realizando compras estratégicas en los mercados energéticos; vemos que Rusia se está apartando de una política estable y fiable; vemos que los mercados mundiales están sufriendo cambios muy dinámicos. 
Por lo tanto, necesitamos defender nuestros objetivos, los objetivos de la Agenda de Lisboa. 
Queremos crecimiento y empleo. 
Por lo tanto, la política energética –y quiero dar las gracias al Comisario Piebalgs por centrarse en la eficiencia energética– es una prioridad importante. 
Esto podría abrir áreas de negocio totalmente nuevas para nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Crea puestos de trabajo en el ámbito de la artesanía y pequeños ciclos comerciales que nos proporcionan seguridad energética. 
Por otra parte, no debemos olvidar la competitividad de nuestra industria energética. 
A este respecto, quiero pedir en particular a la Comisión que analice detenidamente el efecto del Protocolo de Kyoto después de 2012 sobre nuestras principales industrias primarias de gran intensidad energética, como la industria del acero y el aluminio, y otros muchos sectores, así como sobre nuestra generación de energía. 
Creo que también necesitamos analizar los aspectos ambientales de la sostenibilidad, con especial referencia a la competitividad. 
Quiero pedir a la Comisión y al señor Barroso que hagan uso de los diversos servicios de la Comisión –sea con respecto a la estrategia de comunicaciones, la política fiscal, las relaciones económicas exteriores, la política exterior, la política de competencia o la política ambiental– para asumir esta importante tarea, que es muy significativa para nuestro futuro en Europa. 
. – Señor Presidente, vivimos en un mundo cada vez más privado de energía. 
Los principales consumidores –los estadounidenses y los europeos– no pueden negar a los chinos, los indios y otros el derecho a intentar alcanzar nuestro nivel de vida y a consumir más energía. 
Con una creciente demanda global, los países consumidores deben unirse frente a los mercados que están organizados en cárteles, con el objetivo de influir en el nivel de precios. 
En un contexto como este, el ahorro de energía y una mayor eficiencia energética son la principal prioridad. 
La Agencia Internacional de Energía ha calculado que si los fabricantes de ordenadores se viesen simplemente obligados a reducir la cantidad de energía consumida por los ordenadores en modo de espera a un vatio, en lugar de los actuales diez vatios, esto supondría un ahorro equivalente a 20 centrales eléctricas de 1 000 megavatios. 
Necesitamos utilizar más fuentes de energía renovables: Brasil produce 700 millones de litros de etanol, un subproducto de su industria azucarera; Mauricio ahorra 20 000 toneladas de petróleo quemando residuos de fibras en sus centrales eléctricas; 
Dicho esto, las fuentes de energía renovables no pueden sustituir totalmente a las fuentes de energía tradicionales. 
Se necesitan avances tecnológicos importantes con respecto a la energía solar, a las pilas de hidrógeno, etc. Incluso la energía eólica, para la que Europa tiene un importante potencial en sus mares ribereños, precisa una importante inversión para hacer las redes seguras. 
El mundo no será capaz de renunciar al carbón y a la energía nuclear a toda prisa. 
Estas elecciones son responsabilidad de los Estados miembros, que deben decidir libremente qué combinación de energías prefieren. 
Europa tendrá que invertir más en investigación en materia de eficiencia energética, energías renovables, captura de carbono, carbón limpio, seguridad nuclear y fusión nuclear. 
La Unión tendrá que aplicar una política energética más unida. 
Debe completar su mercado interior, evitando una situación en la que los mercados se dividan, beneficiando a los oligopolios. 
Quiero terminar diciendo que el Consejo de Primavera debe tomar una decisión: una Europa sin una política energética común no será más que una débil potencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, representantes de Austria, Señorías, es difícil concebir lo increíblemente dependiente que es Europa de las importaciones, lo que nos pone en una situación muy preocupante. 
Necesitamos replantear la producción y distribución y regular el mercado de forma que funcione como es debido. 
En otras palabras, es preciso regular los derechos de los consumidores y la capacidad de transferencia y examinar la posición dominante de las grandes empresas energéticas. 
No estamos utilizando tecnologías ya existentes. 
Estamos reduciendo los créditos para investigación en las actuales negociaciones presupuestarias y no se están dando las señales claras que la industria necesita, si queremos que se atreva a invertir y que lo haga dentro de un plan a largo plazo. 
Los Estados miembros eligen su propio surtido energético y eso es positivo. 
Ahora nos encontramos en una fase en la que ha llegado el Libro Verde. 
En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoyamos el Libro Verde y lo consideramos extremadamente constructivo, al igual que el trabajo de la señora Kroes en la cuestión de la competencia. 
No obstante, señor Winkler, usted ha comenzado diciendo que a las ocho en punto del día 1 de enero Europa se vio conmocionada en el ámbito de la energía, y la causante fue Rusia. 
En esta situación, muchos Jefes de Gobierno nacionales se están poniendo nerviosos y quieren desregular. 
Quieren que haya proteccionismo en el sector de la energía, un cambio que sería diametralmente opuesto a lo que el Consejo ha dicho anteriormente que le gustaría ver y que la Comisión y el Parlamento también desean. 
Eso es una vergüenza cuando nos encontramos en una fase en la que, poniéndonos de su parte, podemos ayudar a los nuevos Estados miembros a estabilizar su suministro de energía y en la que podemos resolver importantes problemas ambientales. 
Es una vergüenza plantear estos argumentos cuando también podemos crear tantos puestos de trabajo en Europa. 
Lamento decir que nuestro propio Jefe de Gobierno sueco, Göran Persson, ha dicho hoy que desea volver a regular el mercado energético sueco. 
Si uno sigue haciendo lo que siempre ha hecho, obtendrá lo que siempre ha obtenido, como se suele decir. 
No obstante, ya no nos podemos permitir esta situación en Europa. 
Necesitamos que se tomen decisiones extremadamente sólidas y Austria, que presidirá la reunión de mañana del Consejo de Ministros, tiene una importante responsabilidad. 
,. 
Señor Presidente, los Jefes de Estado o de Gobierno se reunirán mañana para hablar de energía. 
¿Hablarán de energía? 
Me temo que no; mañana el señor Berlusconi presentará un gran espectáculo y Enel anunciará que va a absorber a Suez. 
En otras palabras, será un espectáculo para las elecciones italianas, y el señor Villepin y el Presidente Chirac utilizarán todo este asunto para perfilarse, una vez más, como héroes nacionales en un Gobierno francés que se está desmoronando. 
No son más que bombas de humo lanzadas sobre el mercado interior. 
¿Cuál es la verdadera cuestión en el mercado interior de la Unión Europea? 
Tal y como funciona actualmente, es el mayor error económico que Europa ha conocido jamás. 
Enel despluma a los consumidores italianos, Endesa a los españoles, Suez a los belgas y E.ON a los alemanes. 
Y ahora se supone que vamos a discutir si tenemos campeones nacionales o –como dice el señor Barroso– incluso campeones europeos todavía más grandes, que son cada vez más dominantes en sus mercados y comportan un riesgo cada vez mayor para los consumidores y la competitividad en Europa. 
¡No, esa no es la cuestión! 
La verdadera cuestión es esta: ¿venceremos finalmente desde el punto de vista político y seremos capaces de regular de forma apropiada e independiente y de separar las redes de todo lo demás? 
La política de transporte debe ser un elemento central de la política energética y, hasta que sea un elemento central, todos estos documentos no son más que tigres de papel. 
Las contribuciones más importantes que tenemos que hacer con nuestras políticas son los objetivos a largo plazo, la energía renovable, la eficiencia y los objetivos de CO2, de lo contrario no podrá haber garantías de inversión. 
En mi opinión, de lo que carece este debate es de una nueva metodología. 
Hasta ahora no hemos conseguido alcanzar una buena coordinación en todos los niveles. 
En otras palabras, necesitamos nuevas cooperaciones. 
¿Y qué está haciendo el señor Barroso, dando vueltas como un elefante en una tienda de porcelana, como siempre? 
Está poniendo la energía, un tema que divide a los ciudadanos europeos más que cualquier otro, en el centro del debate. 
¿Se puede actuar con menos juicio político de lo que hace el señor Barroso actualmente con respecto a la prensa? 
. – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, conocemos las previsiones de las grandes empresas petroleras. 
Dicen que para 2030, aproximadamente el 80 % de la energía mundial continuará produciéndose a partir de combustibles fósiles. 
La historia demuestra que estas previsiones son creíbles, aún cuando hagamos todo lo posible por ahorrar energía, mejorar la eficiencia energética, apoyar el uso de formas de energía alternativas y el uso de biocarburantes, y aunque construyamos nuevas centrales nucleares mientras desmantelamos los viejos reactores. 
Es bien sabido que ya no quedan depósitos importantes de petróleo en los países de la Unión Europea y el gas de nuestra región también se agotará en los próximos 10 años. 
Según el Libro Verde, la dependencia de las importaciones de la Unión Europea en general habrá alcanzado el 71 % en 2030. 
Si son ciertas las previsiones de las empresas petroleras de que nuestras necesidades energéticas se cubrirán principalmente mediante el uso de combustibles fósiles, habrá más competencia por esos combustibles. 
La Unión Europea quiere cubrir todo el aumento de sus necesidades de energía a base de gas. 
El desarrollo de la licuefacción del gas agravará la situación, favorable a los países de la Unión Europea, dado que la mayoría de las reservas mundiales de gas se encuentran en el continente euroasiático, conectadas mediante gasoductos. 
La disponibilidad y el precio del petróleo y el gas se ven sumamente influidos por la competencia por los mismos recursos naturales de China y otros países del Lejano Oriente, recursos que hasta ahora han sido utilizados, casi de forma exclusiva, por los países de la OCDE. 
Nuestro Grupo apoya a la Comisión en su búsqueda de alternativas. 
No hay otra solución que sea tan sencilla. Si continuamos con la política de utilizar combustibles fósiles, la Unión Europea necesitará establecer buenas relaciones comerciales con Rusia. 
Finalmente, permítanme decir algo sobre las «soluciones europeas». 
Una política que provoca el aumento del precio de la electricidad en algunos países para que pueda bajar en otros es inaceptable. 
Para algunos países, esa es una forma de solidaridad demasiado cara. 
Señor Presidente, señor Piebalgs, Señorías, lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el caso Suez-Enel y lo que está ocurriendo actualmente con respecto a la oferta de adquisición de Endesa por E.on, que ha sido bloqueada por un decreto del Gobierno español que aumenta las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, confirma una tendencia regresiva de los Estados miembros con respecto a los principios y las normas en que se basa la Unión Europea. 
Ayer mismo, el señor Barroso dijo: «Espero que los Jefes de Gobierno respondan a la pregunta: ¿tienen la voluntad política de encontrar soluciones europeas a problemas europeos?» 
El problema de la energía ha sido estudiado por la Comisión en todos los aspectos, mediante un análisis muy útil, casi punto por punto, que no quiero explicar aquí porque es bien conocido por todos. 
En la resolución conjunta presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo Unión por la Europa de las Naciones se expresan las preocupaciones que comparten actualmente todos los ciudadanos europeos y se plantean las soluciones que a la mayoría de los ciudadanos y los Estados miembros les gustaría ver. 
No obstante, la propuesta es deficiente en un punto, que tiene que ver con los centros responsables de la toma de decisiones. 
¿Cuántos hay y cuáles son? 
En su declaración de ayer, el señor Barroso habló una vez más de la existencia de 25 mercados energéticos diferentes y 25 políticas diferentes en el sector. 
Además de esta estadística devastadora con respecto a las esperanzadas políticas de convergencia de la Unión Europea, existe la necesidad de garantizar la seguridad física de la infraestructura energética de Europa frente a los riesgos de catástrofes naturales y atentados terroristas, así como su seguridad frente a riesgos políticos, incluidas las interrupciones del suministro. 
La pregunta que yo planteo a todos y cada uno de nosotros es: «¿Puede Europa estar gobernada por 25 Gobiernos diferentes o quizás ha llegado el momento de que la estrategia europea en materia de política exterior, seguridad y energía cuente con un único centro responsable de la toma de decisiones, para poder hacer frente, de forma oportuna y coherente, a los desafíos que ahora supone el cambiante mundo moderno?» 
– Señor Presidente, las recientes interrupciones del suministro de energía han renovado la conciencia de la vulnerabilidad de la energía importada. 
La energía es esencial para todos los países. 
¿Qué lecciones podemos aprender acerca de la seguridad del suministro? 
Ya es un hecho que la política energética y la política exterior están interrelacionadas. 
La Unión Europea tiene que tener cuidado con la presión de los países productores de energía y, para ello, una mayor diversificación de los proveedores de energía es una necesidad política. 
Además, la situación de crisis de Rusia y Ucrania ha provocado que la opción de importar gas natural líquido de otras regiones sea de nuevo una cuestión candente. 
El frágil funcionamiento del mercado interior también exige nuestra atención y el reciente debate sobre la creación de campeones nacionales no nos debería distraer de ello. 
Los Estados miembros ya cuentan con potentes instrumentos para hacer frente a las cuestiones de la seguridad del suministro; además de hacer uso de una mayor variedad de fuentes de energía, también pueden recurrir más a sus reservas de emergencia. 
Tales medidas, además del aumento de la cooperación entre los Estados miembros, nos permite avanzar por caminos que no nos ofrece una cuidadosa política energética europea. 
La precaución es también un requisito primordial para alcanzar un acuerdo en materia de energía con Rusia. 
La distancia crítica es preferible a una mayor integración en el sector de la energía de países con los que nuestras relaciones son menos que estables. 
– Señor Presidente, Señorías, la dependencia de Europa en el sector de la energía es preocupante, tal y como indica el Libro Verde de la Comisión. 
Italia es incluso más dependiente en el ámbito de la energía, como los datos de Enea e Istat confirman irrefutablemente. 
Italia tiene una capacidad de producción de energía de tan solo a unos 30 millones de toneladas equivalentes petróleo y tiene que importar energía del extranjero. Su dependencia ha alcanzado aproximadamente el 85 % en 2005, frente al 83 % de 2001 y al 81 % de 1995. 
Dentro de la Unión Europea, solamente Irlanda, Luxemburgo y Portugal son más dependientes que Italia desde el punto de vista de la energía. 
Por lo tanto, las necesidades de energía de Italia dependen notablemente del petróleo, que representa el 45 %, y del gas, que alcanza el 32 %. 
El aumento de los precios de la energía se traduce para todos en un mayor gasto en las facturas de gasolina, electricidad y gas, y las preocupaciones ambientales también influyen en las opciones en este ámbito, hasta el punto de que la opción nuclear está volviendo a ser un tema de actualidad. 
Para combatir la dependencia de la energía tenemos que hacer que el sistema de suministro sea más flexible, racionalizar el uso de energía, distribuir energía localmente, tanto con pequeñas instalaciones convencionales como con fuentes renovables, e invertir más en investigación: parece que ya no es posible demorar la energía solar termodinámica, la energía geotérmica, el uso de biomasa, la introducción de nuevos ciclos combinados a base de gas en los sistemas generadores de electricidad y, finalmente, la recuperación de la energía nuclear. 
Estos son los problemas y los desafíos del futuro, pero necesitamos preguntarnos a nosotros mismos por qué Italia y Europa siguen perdiendo terreno con respecto a Rusia y, sobre todo, a China. 
El gas y el petróleo de Irán destinado a China y Rusia, los recursos y flujos de energía en los que las empresas europeas han invertido durante décadas una enorme cantidad de capital de investigación, todo esto se ha perdido para servir a intereses no comunitarios. 
Esto significa que Europa está perdiendo, una vez más, una gran oportunidad de desarrollo, seguridad y bienestar social, y aumentando su dependencia, tanto en materia energética como política. 
Europa debe tener la valentía de tomar decisiones geopolíticas apropiadas para sus intereses si realmente desea garantizar un futuro para sus pueblos. 
Este es el tipo de acción revolucionaria, por encima y más allá de las directivas existentes, que los europeos esperan de la Comisión y del Consejo. 
– Señor Presidente, la energía, como hemos podido comprobar recientemente, es utilizada también a veces como un arma de influencia política por Estados que disfrutan de una posición casi monopolista, como es el caso de Rusia/Ucrania. 
Eso es lo que ha suscitado en realidad este repentino interés por la política energética. 
Así pues, el problema debe considerarse una cuestión de política exterior y de seguridad y por eso, además del Comisario Piebalgs, me dirigiría de buena gana al señor Solana y a la señora Ferrero-Waldner. 
Es fundamental que la UE desarrolle una verdadera dimensión de la política de seguridad exterior relacionada con el suministro de gas y petróleo, que no es lo mismo que la política energética en sentido estricto. 
No debemos confundirlas. 
La pregunta es: ¿qué valor añadido puede ofrecer la UE si se producen recortes en los suministros energéticos por motivos políticos? 
Las propuestas, tal como aparecen en el Libro Verde, apuntan en la dirección correcta, aunque sigue siendo insuficientes. 
La solidaridad, uno de los grandes principios de la integración europea, nos obliga a ayudar a todos los Estados miembros que atraviesen dificultades. 
Y ese principio de solidaridad debe abarcar los problemas relacionados con la escasez de suministros energéticos por motivos políticos. 
Lo que hace falta es cooperación y solidaridad, no competencia entre los Estados miembros para asegurarse suministros energéticos externos, como sucede hoy. 
El próximo Consejo de primavera debe considerar, ante todo, tres cuestiones de máxima importancia: primero, la ayuda mutua entre los Estados miembros en caso de producirse recortes del suministro energético; segundo, los mecanismos de consulta mutua entre los Estados miembros con respecto a los grandes contratos de gas y suministro; y tercero, la inclusión de una cláusula sobre seguridad energética en todos los tratados de la UE con países terceros que sean proveedores de energía o países de tránsito. 
Esa cláusula sobre seguridad energética debería imponer la obligación de respetar un cierto código de conducta y renunciar a utilizar el suministro energético como un instrumento de presión política. 
Ha llegado el momento de ir más allá de las meras declaraciones. 
– Señor Presidente, Señorías, la política energética tiene una clara dimensión exterior, que se manifestó con toda su contundencia en la crisis de enero entre Rusia y Ucrania. 
A su vez, en los últimos años la Unión Europea ha establecido políticas como la cooperación estratégica con Rusia, la asociación euromediterránea, la Política Europea de Vecindad y el acuerdo con el Consejo de Cooperación del Golfo. 
Estas relaciones implican a los principales países productores de petróleo y de gas. 
La cuestión de la energía se ha abordado de forma inconexa: desde la liberalización de los mercados hasta la seguridad del suministro, la eficiencia y un mejor uso de los recursos. 
Hasta la fecha, todo esto no se ha parecido en nada a una política estructurada. 
La reunión del Consejo Europeo que comenzará mañana y se prolongará hasta el día siguiente tratará estas cuestiones, pero los Gobiernos europeos parecen divididos con respecto a si se necesita una política común o si hay que continuar con relaciones bilaterales basadas en factores históricos, geográficos o políticos. 
En el Parlamento Europeo apoyamos los esfuerzos de la Comisión y, al mismo tiempo, pedimos más. 
No obstante, esto no será posible sin responder a algunas importantes preguntas. 
¿Pretendemos reducir la dependencia general de los combustibles fósiles? 
¿Hasta qué punto? 
¿Podemos calcular las necesidades futuras en este momento? 
¿Vamos a fijarnos el objetivo de coordinar la demanda con otros países importadores, sobre todo los países en desarrollo? 
¿Presentaremos una propuesta única y unánime en la próxima reunión del G8 en San Petersburgo? 
Las respuestas a estas cuestiones presuponen algo muy parecido a un plan energético europeo. 
El Libro Verde constituye un primer paso, pero queda mucho por hacer y naturalmente el Parlamento Europeo desea participar plenamente en esta política. 
– Esta resolución es un documento muy importante y oportuno que expresa la postura del Parlamento Europeo con respecto a la volátil situación del sector de la energía en la Unión Europea. 
La resolución marca el comienzo del debate sobre el Libro Verde para una política energética segura, competitiva y armoniosa. 
Además de la eficiencia del consumo de energía, la variedad de fuentes de energía mencionada en la resolución es el factor fundamental para reducir la dependencia de los Estados de la Unión Europea con respecto al suministro de recursos energéticos de terceros países. 
Se presta gran atención al ámbito de la energía nuclear, dado que la energía nuclear es una parte inseparable del sector energético de la Unión Europea. 
Es muy importante para Lituania y otros Estados, que no tienen suficiente energía eólica, solar ni geotérmica, ni otras alternativas al gas y al petróleo. 
Es acertado que la iniciativa de generar energía nuclear sea una opción de los Estados miembros. 
Debe establecerse una normativa para que parte de los fondos destinados a la política agrícola se pongan a disposición de las necesidades energéticas, productivas y de cultivo de biomasa. 
El principio de la solidaridad en materia de energía entre Estados miembros es sumamente importante. Es importante en las conversaciones con el resto del mundo. 
A la hora de planificar los proyectos del sector energético, los Estados miembros deberán evaluar las consecuencias que tendrán para otros países. 
Por lo tanto, creo que deberíamos centrarnos en la revisión de los anexos de las RTE-E. 
La lista del proyecto contiene opiniones encontradas sobre lo que yo llamaría el gasoducto político septentrional en el Mar Báltico. 
Lamentablemente no menciona ninguno de los proyectos que son importantes para los países bálticos y Polonia, como el gasoducto Ámbar o las conexiones eléctricas, que permitan a la aislada región báltica conectarse rápidamente a la zona europea. 
Señor Presidente, mucho me temo que la propuesta de la Comisión sobre el gas natural, que llega tras la crisis entre Rusia y Ucrania, no se corresponde con las circunstancias o necesidades. 
Es insuficiente. 
Si queremos conseguir los objetivos establecidos por la Comisión, necesitamos invertir cada vez más para reforzar drásticamente las fuentes de energía renovables, para ahorrar energía y para desarrollar redes energéticas. 
Con los presupuestos que están ustedes elaborando, estos objetivos no se podrán conseguir; no podemos realizar un progreso importante en la creación de una política energética común, no podemos conseguir una tecnología más barata y mejor para las fuentes renovables y el ahorro de energía con el dinero asignado en el Séptimo Programa Marco para estos objetivos y, con las medidas que proponen para la política energética común, no podemos combatir las prácticas de los cárteles que hacen y deshacen –y viven– a costa de los consumidores y de una Europa unificada en materia de energía. 
Una cosa más: las fuentes de energía renovables son una cosa y la energía nuclear otra. 
No intenten meter todo en el mismo saco y utilizar las fuentes de energía renovables como una gran cortina para ocultar la verdad, que es que gran parte de los ciudadanos europeos sienten entre reservas y rechazo al hablar de la energía nuclear, y eso no se puede hacer desaparecer con una cortina mágica. 
Señor Presidente, la fiabilidad de los suministros de energía a la Unión Europea se reduce cada mes que pasa, al ritmo que aumenta nuestra dependencia de la energía importada. 
Lo único que nos podemos permitir perder en este sentido son los socios imprevisibles o poco fiables. 
Su papel en el mercado energético europeo debería mantenerse dentro de unos límites seguros. 
Para sorpresa de muchos países europeos –aunque no de todos–, Rusia ha demostrado recientemente ser uno de esos socios poco fiables. 
Los suministros de Rusia se han visto restringidos recientemente debido a las condiciones climáticas de Siberia, la falta de seguridad de los gasoductos en el norte del país y el incontrolable deseo de utilizar la energía como medio para ejercer presión política sobre sus vecinos occidentales. 
Por esta razón, la cooperación energética no se puede limitar a los países pertenecientes a la Unión Europea. 
Nuestros problemas energéticos proceden precisamente de fuera de la Unión Europea. 
No obstante, algunas de las soluciones también residen fuera de la Unión Europea, por ejemplo en las explotaciones petroleras de Noruega, que es la razón por la que no solamente la política energética, sino también las redes transeuropeas deberían ir más allá de los límites de la Unión Europea. 
Esa es la razón por la que una política de vecindad reforzada debería incorporar la energía y por la que la propuesta polaca de un pacto energético basado en la solidaridad, que rebase claramente los límites de la Unión Europea, deberían ser objeto de un debate más profundo en la próxima cumbre. 
La seguridad energética es, sobre todo, una cuestión de política exterior y de defensa. 
Es absurdo fingir que las nuevas fuentes de energía o la imposición de restricciones sobre la industria, como los acuerdos climáticos, son la solución. 
Durante mucho tiempo, las fuentes de energía renovables continuarán siendo un complemento oneroso de nuestros recursos energéticos. 
La imposición de restricciones excesivamente severas a la industria europea, a menudo sobre la base de supuestos científicos dudosos, es un factor que limita nuestra competitividad. 
– Señor Presidente, la caótica liberalización del mercado energético de la UE ha producido ya grandes distorsiones. 
Los buenos europeos, como los británicos, liberalizan diligentemente sus mercados, mientras que los malos europeos, como Francia y Alemania, se niegan a hacer lo mismo. 
La liberalización ha ocasionado directamente enormes subidas del precio mayorista del gas en el Reino Unido. 
La UE ha añadido más de 200 libras esterlinas anuales a la factura media del gas en el Reino Unido. 
Ahora, la UE quiere una política energética común para meter mano en lo que queda de las reservas británicas de gas y petróleo. 
El señor Chichester pregunta cómo reaccionarán el Consejo y la Comisión ante la evolución del mercado energético mundial y cómo se asegurarán los suministros: su pregunta es oportuna, pero la ha formulado a las personas equivocadas. 
Debería habérsela formulado al Gobierno británico. 
El Partido Conservador, representado por el señor Chichester, está invitando una vez más a la Unión Europea a entrometerse de nuevo y más a fondo en los asuntos británicos. 
Gran Bretaña debe seguir el ejemplo de Francia y Alemania y defender sus propios intereses nacionales y los de sus consumidores nacionales de energía. 
Señor Presidente, en los próximos días los Jefes de Estado y de Gobierno debatirán la posibilidad de lanzar una política energética común. 
Tanto los Gobiernos como los ciudadanos han tomado conciencia de la gravedad de la situación, de la vulnerabilidad de nuestro sistema de suministro, de nuestra dependencia de las importaciones y de la urgencia con la que debemos tomar medidas que estén a la altura de las circunstancias. 
El Parlamento Europeo comparte plenamente la inquietud de la ciudadanía y, por eso, hoy desde esta Cámara debemos lanzar un mensaje claro y fuerte en favor de la independencia energética de la Unión. 
Para ello, hemos de apoyar un energético completo, con un papel destacado para las fuentes de energía libres de emisiones, como la nuclear y las renovables. 
Ha llegado el momento de plantearnos seriamente la posibilidad de invertir en rutas de suministro alternativas, para reducir el impacto de situaciones como la reciente crisis entre Rusia y Ucrania. 
Por el lado de la demanda, debemos hacer hincapié en la mejora de la eficiencia energética en todos los niveles de consumo y de producción. 
Y, en este sentido, la diseminación de información y buenas prácticas es crucial. 
Debemos apostar fuertemente por un verdadero mercado libre interior de la energía, mejorando infraestructuras e interconexiones y abandonando de una vez la idea, ya pasada, de los grandes campeones nacionales. 
Estamos en el siglo XXI, en una Unión Europea cada vez más integrada, y no es el momento de dar pasos atrás. 
Que nadie se equivoque: el proteccionismo no solo perjudica a nuestras economías y nuestra competitividad, sino que perjudica ante todo al consumidor. 
En el mundo globalizado los gigantes nacionales son enanos en la esfera mundial, y de poco sirven los discursos europeístas cuando, a la hora de tomar decisiones, las palabras no son seguidas de acciones coherentes. 
Acabo, señor Presidente, pidiendo al Consejo que no desaproveche esta oportunidad. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos atrapados en una crisis energética persistente. 
La razón está clara: la diferencia entre consumo y oferta es tan pequeña que casi cualquier cosa puede hacer que los precios suban como la espuma. 
Esto puede suceder, por ejemplo, a raíz de una tormenta al otro lado del océano y de muchas otras cosas. 
Tenemos una buena solución para este problema: cooperación energética dentro de la Unión. 
Sin embargo, un «movimiento antisolidario» de ciertos Estados miembros, que de hecho se ha extendido entre los miembros fundadores, impide esta cooperación. 
No permiten la competencia en sus propios países pero compran empresas de energía en otros utilizando ese dinero ocioso. 
Así no se consigue nada. 
Hicieron lo mismo en el sector de las telecomunicaciones, cuando se abrieron los mercados. 
Entonces vinieron de nuevo compradores del extranjero. 
Si no mostramos solidaridad en la Unión Europea, podemos olvidarnos de las soluciones energéticas que se están debatiendo aquí. 
Una condición de una política energética común es tener objetivos compartidos a los que se comprometan nuestros líderes y que no sean simplemente utilizados para sacar provecho, como ocurre ahora. 
Sugiero que Finlandia celebre una cumbre energética en que los líderes gubernamentales puedan acordar un. 
De este modo, podremos alejarnos de una situación en la que continuamente estamos abocados a la crisis. 
Finlandia podría organizar la reunión como un favor, especialmente dado que la cuestión de la energía rusa es muy importante allí, como han apuntado muchos diputados. 
Tenemos mucha experiencia en este terreno. 
El diálogo energético con Rusia, que apenas ha avanzado y que bastante clandestino porque el Consejo casi nunca participa en él, podría vincularse a la cumbre al mismo tiempo. 
De este modo podríamos matar dos pájaros de un tiro y aumentar la solidaridad. 
– Señor Presidente, celebro que la resolución conjunta sea equilibrada y no una reacción precipitada. 
La energía ha irrumpido en el debate político, pero las iniciativas geopolíticas son solo una parte de la solución del problema de la seguridad del suministro. 
El futuro sigue dependiendo en gran medida de nosotros mismos. 
Tenemos que abordar la vertiente de la demanda haciendo un verdadero esfuerzo por aplicar medidas de eficiencia energética y desarrollando las fuentes de energía autóctonas, sobre todo las renovables. 
Esto se subraya en los apartados dedicados a las fuentes de energía sostenibles y se amplía en una serie de enmiendas que nosotros, el Grupo ALDE, apoyaremos. 
Incluso en la cuestión del suministro del gas, la respuesta debemos buscarla en su mayor parte cerca de nosotros. 
Los grandes consumidores industriales del noroeste de Inglaterra han tenido que luchar por asegurarse los suministros de gas incluso a unos precios excesivos, simplemente porque el mercado no está funcionando. 
El Consejo de Primavera de mañana tiene que abordar este problema y nombrar y avergonzar a los Estados miembros que no han liberalizado sus mercados del gas. 
– Señor Presidente, el suministro de energía y el uso de todas las fuentes de energía son una opción política que debe tender a un planteamiento combinado para todas las necesidades populares, como la reducción de la dependencia energética, el ahorro de energía, la garantía de seguridad de los residentes, la protección del medio ambiente y la salvaguarda de los productos energéticos como productos sociales y no comerciales. 
La Unión Europea fomenta una política de liberalización, sacrificando la satisfacción de las necesidades populares en el altar de la rentabilidad de los inversores privados. 
El Libro Verde entra en este marco de competitividad y la antipopular Estrategia de Lisboa e incluso utiliza las fuentes de energía renovables como un vehículo para introducir capital privado en el sector de la energía. 
Citar la protección de medio ambiente es hipócrita y oculta los objetivos espirituales de la Unión Europea con respecto a la aceleración de la liberalización, la promoción de los productos comunitarios pertinentes y la restricción de la dependencia del combustible importado. 
La solución podría encontrarse en una agencia única de la energía que perteneciese al pueblo y funcionase en el marco de una economía con los medios de producción básicos nacionalizados. 
Esta agencia haría frente a las cuestiones fundamentales y garantizaría que la energía fuera un bien social y no comercial. 
– Señor Presidente, Polonia es particularmente susceptible a las políticas que explotan los suministros de gas natural y petróleo al país para ejercer presión política. 
Esas políticas son utilizadas por el principal proveedor de dichos combustibles, concretamente Rusia. 
Esa es la razón subyacente a la iniciativa del Gobierno polaco, presentada a las instituciones europeas y que nos permitiría hallar una solución al problema de la energía basada en el principio de «uno para todos y todos para uno» o, en otras palabras, en el principio de solidaridad. 
Lamentablemente esta iniciativa ha tenido una acogida bastante fría entre los principales Estados miembros de la Unión, dado que la mayoría de ellos están intentando introducir las soluciones que les benefician a ellos mismos, aunque sea a costa de otros Estados miembros. 
Una perfecta ilustración de esta política es la construcción del gasoducto del norte a través del Mar Báltico, conforme a un acuerdo entre Rusia y Alemania. 
A pesar de que, en efecto, esto mejorará mucho la seguridad energética de Alemania en el futuro, supondrá una amenaza para los intereses económicos y la seguridad energética de países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y otros no pertenecientes a la Unión Europea, como Ucrania. 
Por lo tanto, lo que se necesita es una acción concertada por los Estados miembros o, en otras palabras, una política energética común. 
Esa es la razón por la que la iniciativa polaca que he mencionado antes merece un debate serio. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio, quiero hablar no tanto de la política energética propiamente dicha, sino de las acciones de política exterior y de seguridad asociadas a ella. 
En vista de que Rusia, según parece, está utilizando la energía como arma política este invierno y en vista de la situación en Oriente Próximo, hemos de ser conscientes de que la cuestión de la seguridad del suministro de energía es una cuestión sumamente problemática, la más problemática que hemos tenido desde hace mucho tiempo. 
Por esta razón, hemos de desarrollar y aplicar una serie de cosas en estrecha cooperación entre la Comisión de Asuntos Exteriores y su comisión, señor Chichester; por ejemplo, hemos de pedir a Rusia que ratifique por fin la Carta de la Energía a fin de garantizar la seguridad energética. 
Debemos dejar claro –quizás con medidas de política exterior, pero también promoviendo la competencia– que debe haber una separación de la propiedad de los productores y los proveedores que poseen los gasoductos, para que, por ejemplo, Gazprom no tenga cada vez más posibilidades de convertirse en el mayor productor, sino también de controlar la cadena de abastecimiento y, de este modo, tener todos los triunfos. 
Creo que necesitamos trabajar mucho más estrechamente con Ucrania y el Cáucaso Meridional para modernizar y desarrollar redes de energía. 
No obstante, creo que en particular debemos crear redes dentro de la Unión Europea, no dirigidas contra nadie, que no sean una «OTAN de la energía» , sino que formen una red interior que garantice que, cuando alguien quiera cortar el suministro a un país, ese país sea automáticamente abastecido por todos los demás países. 
¿Por qué no se cortaría el suministro entonces a esos países? Porque esto sería demasiado caro para el país proveedor, sobre todo porque entonces no tendría ningún ingreso. 
Creo que unas cláusulas de solidaridad similares a las del Tratado de la OTAN no son lo correcto; lo que necesitamos es una red de solidaridad, que no esté dirigida contra otros, y a través de estas redes hemos de organizar la solidaridad interior en el terreno práctico. 
Por lo tanto, quiero decir especialmente que la decisión del anterior Gobierno alemán de construir este gasoducto bajo el Mar Báltico, evitando a Polonia y los Estados bálticos, no fue acertada. 
Como ejemplo de estas redes hemos de asegurar que haya ramificaciones, por ejemplo que vayan a Polonia, para garantizar de este modo la seguridad. 
Con respecto a la situación de los Estados bálticos, también necesitan que se les ofrezca la oportunidad de tener unos suministros energéticos seguros, en caso de que Rusia deje de suministrar. 
También hemos de resolver esto internamente; tenemos que discutirlo. 
– Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al señor Winkler y al Comisario Piebalgs por sus intervenciones. 
Estoy de acuerdo con ustedes en que es absolutamente esencial que sigamos una política energética verdaderamente común. 
La cuestión no debería ser si la necesitamos, sino si podemos crear una política energética europea que cumpla los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad. 
Una parte de esto –como ya han señalado algunos diputados– es un mercado interior de la energía con una competencia realmente libre y sabemos que todavía queda mucho camino para conseguirlo. 
De hecho, esperaba una declaración mucho más clara de ustedes en este sentido. 
(¿Puedo preguntar por qué no corre el reloj? 
No sé cuánto tiempo me queda.) 
Ambos han insistido en la necesidad de continuar desarrollando la energía renovable. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
No obstante, al mismo tiempo, esperaba algunas propuestas más concretas. 
Como saben, en estos momentos solo tenemos objetivos hasta 2010: objetivos relativos a la electricidad, los biocarburantes y la energía en su conjunto. 
Como también sabrán, el Parlamento Europeo ha reclamado un objetivo del 20 % para 2020. 
El Libro Verde de la Comisión plantea la cuestión de si deberían establecerse nuevos objetivos. 
Si no he entendido mal, el Consejo está debatiendo en estos momentos un nuevo objetivo del 15 % para 2015, lo que supone claramente un paso atrás. 
Sería más importante vigilar de cerca para garantizar que consigamos nuestro objetivo para 2010 –el 12 % del total del consumo de energía procedente de fuentes renovables. 
Por lo tanto, es muy importante y necesario lo que ha anunciado usted al Parlamento, Comisario Piebalgs, a saber, la propuesta de una directiva sobre calefacción y refrigeración procedentes de energías renovables, dado que es precisamente en este ámbito donde hay deficiencias. 
Esto reviste la máxima importancia si queremos avanzar en materia de seguridad energética. 
El ejemplo de Alemania lo deja muy claro: la renuncia progresiva de Alemania de la energía nuclear significa que habrá que sustituir 33 000 millones de kilovatios hora para 2010. 
Según las previsiones actuales, para 2010 se producirán 51 000 millones de kilovatios hora a partir de fuentes de energía renovables. 
Hasta la fecha, la realidad siempre ha superado a las previsiones con respecto a las fuentes de energía renovables. 
Por lo tanto, a aquellos que dicen que la energía atómica es tan importante, yo les digo: tenemos la oportunidad de sustituir esta fuente de energía. 
También necesitamos hacerlo, porque es una fuente no renovable y somos completamente dependientes de las importaciones de uranio. 
Asimismo, es fundamental aprovechar la eficiencia energética. 
Ambos se han referido a esto y espero realmente, señor Piebalgs, que el plan de eficiencia energética que presentará sea ambicioso. 
– Señor Presidente, Señorías, definitivamente es hora de que Europa tenga una estrategia integral y completa para la energía, en la que pedimos, señor Piebalgs y señor Winkler, que el Parlamento desempeñe un papel central. 
Una parte esencial de esa estrategia es la creación de un mercado único europeo y de una política europea coherente. 
La liberalización ha llegado a los distintos mercados nacionales, pero eso no es suficiente. 
En el ámbito de la energía, algunos países han abandonado la filosofía del monopolio, pero otros no. 
Si solo pedimos la consolidación de los mercados nacionales individuales acabaremos con un mercado europeo asimétrico y, por tanto, débil. 
Será débil interiormente, o dicho de otro modo, incapaz de corregir las distorsiones que tan bien conocemos, esas limitaciones que hemos analizado en nuestros informes. 
También será débil exteriormente, porque carecerá de todo poder de negociación con los países consumidores. 
Además, también existe el grave peligro de que se convierta, como afirma una enmienda a nuestra resolución, en víctima de los nuevos oligopolios que se formen en las zonas productoras del mundo. 
El segundo punto importante es que en el surtido de energías que debemos conseguir, hemos de determinar no solo las opciones nacionales, sino también los objetivos europeos y los indicadores de referencia correspondientes sobre ahorro de energía y eficiencia energética. 
Esperábamos que el Consejo fuera más valiente en su selección de objetivos e infraestructuras, así como en materia de política de investigación. 
Son objetivos europeos de una política energética comunitaria. 
Señor Presidente, quiero mencionar un par de cuestiones técnicas tras los comentarios políticos que se han realizado. 
Las crisis energéticas siempre surgen en Europa debido a una escasez de la oferta de dos fuentes de energía, el gas y el petróleo. 
No somos autosuficientes, lo que nos deja con dos opciones. 
La primera es crear más fuentes de energía propias, y la segunda es diversificar la oferta. 
Crear más energía propia exige sobre todo investigación y desarrollo, más eficiencia energética y más energías renovables. 
Olvidamos que Europa tiene enormes reservas de lignito y carbón. 
No entiendo por qué nuestra resolución parlamentaria ha ignorado completamente las tecnologías de carbón limpio. 
Otros llevan años investigando y poniendo en marcha programas comerciales en este terreno. 
La energía nuclear es otra necesidad, sobre todo por la amenaza del efecto invernadero. 
El Parlamento Europeo tiene que exigir más recursos para la investigación y las nuevas tecnologías. 
La segunda cuestión que quiero plantear es la diversificación de la oferta. 
Aún no hemos usado los enormes recursos de uno de nuestros vecinos, Ucrania. 
Anoche, no lejos de aquí, en Solvay, el Gobierno ucranio hizo una presentación del potencial del país: las mayores reservas naturales de gas en Europa y las tuberías de tránsito de gas y petróleo de Turkmenistán y del Mar Caspio, que son independientes de Gazprom. 
Todo esto podría ser objeto de cooperación entre la Unión Europea y Ucrania. Significa dejar las tuberías ucranias en manos de los ucranios. 
Exige invertir, construir y reparar tuberías y la Unión Europea tiene que ayudar a Ucrania en esas tareas. 
Contamos para ello con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, las redes transeuropeas y una política de vecindad reforzada. 
Nos sentiríamos más seguros, demostraríamos más solidaridad y tendríamos una base firme para una política energética común de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, la política energética de la UE tiene dos dimensiones: la dimensión exterior o geopolítica y una dimensión interior, porque la seguridad energética también significa el uso racional de la energía. 
En este momento, Europa necesita organizar su propio potencial energético y mejorar el uso del mismo aumentando la eficiencia termodinámica. 
Esto podría conseguirse, por ejemplo, mediante el aislamiento térmico de los edificios y otras estructuras, la modernización y un uso más generalizado de fuentes diversificadas de calor y energía eléctrica, en particular en los nuevos Estados miembros que tienen un potencial enorme de cogeneración y conservación de energía, y el uso racional de fuentes de energía renovables, en especial la biomasa. 
Pero al mismo tiempo creo que el uso de biomasa para generar electricidad es un error. 
Construyendo redes transfronterizas, la Unión Europea ampliada puede hacer uso de las considerables diferencias horarias entre sus fronteras orientales y occidentales para aliviar la carga de las horas punta en las redes de electricidad, y también podría aprovechar las diferencias de temperatura estacionales a lo largo de su eje norte-sur. 
También hay que seguir reduciendo la energía usada para generar renta nacional y eso debe quedar reflejado en la política aduanera. 
Por tanto, es incomprensible que se aplique un arancel del 6 % al aluminio primario, cuya producción requiere grandes cantidades de energía. 
Importar este aluminio es lo mismo que importar energía, que la Unión Europa se ahorraría después. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, tengo la impresión de que la nueva situación desde comienzos de este año ha dejado claro que la energía es importante no solo para el desarrollo económico en Europa. 
También está cada vez más claro que tenemos poca energía y que se están desarrollando dependencias políticas que gran parte de la sociedad no había previsto a esta escala. 
Pero esta crisis también nos da una gran oportunidad, porque finalmente debatimos cuestiones energéticas con objetividad y sensatez y quizá seamos capaces de tocar con los pies en el suelo, abandonar viejas batallas y dejar de blandir dogmas. 
Pero eso significa –y en este punto es donde tengo muchas preguntas sobre lo que ha propuesto la Comisión– que debemos parar un momento y hacer números. 
¿Cuál es la situación, qué oportunidades tenemos, cuánta energía hay, dónde está, cuáles son los riesgos, dónde está el potencial? 
Creo que no encontraremos una respuesta con una sola solución. 
Nunca ha sucedido y no sucederá. 
Pero tenemos que hacer un esfuerzo combinado por debatir todas las cuestiones abiertamente y encontrar soluciones de base amplia. 
Como acaba de decir nuestro colega de Polonia, no podemos prescindir de los recursos actuales de carbón; de eso no cabe ninguna duda. 
Debemos examinar cómo podemos usarlo de forma limpia, pero sin duda no podemos prescindir de él. 
No podemos ignorar ninguna fuente potencial, incluidas las energías renovables. 
Pero también hemos de ser honestos y reconocer que su potencial tiene límites y que no resolverán nuestros problemas de suministro. 
Por eso creo que, para ser honestos, hemos de reconocer que no podemos prescindir de la energía nuclear. 
Nuestro lema no puede ser «no al carbón, no a la energía nuclear, todo sin CO2 y sin dañar el medio ambiente». 
Creo que tenemos que dejar de debatir sobre la base de sueños y dogmas. 
Necesitamos un debate realista y racional. 
Debemos intentar que nuestros hijos tengan suficiente energía en el futuro, porque es una condición esencial para la prosperidad en nuestros países europeos. 
También creo que es inmoral que compremos todo el potencial energético del mundo solo porque tengamos los recursos para hacerlo, ya que podríamos empujar a los países que no tienen recursos –los países en desarrollo– al límite de su capacidad de aguante. 
También tenemos la obligación de usar tecnología moderna. 
El uso de la energía nuclear es para nosotros una cuestión de obligación moral. 
– Señor Presidente, ya no cabe duda de la necesidad de dedicar subvenciones comunitarias a favor de nuevas tecnologías más eficientes para explotar fuentes de energía renovables. 
Además, fomentando la diferenciación de las fuentes de energía, incluida la energía eólica y la solar, de los países de origen y de los países tránsito ayudaremos a crear nuevas condiciones para el desarrollo, la búsqueda de empleo y el fortalecimiento del desarrollo sostenible. 
En este sentido también quiero subrayar y destacar el apoyo a la producción de biomasa mediante la elaboración de planes nacionales que salvaguarden la seguridad económica y empresarial y la confianza de los inversores y los productores y, al mismo tiempo, den una salida a la producción agrícola. 
También hay que subrayar que la armonización del mercado interior en el sector energético tiene que proteger a los consumidores y no imponerles más costes. 
Estas políticas no pueden protegerse de las concentraciones de oligopolios. 
Por último, quiero decir, en relación con el fortalecimiento de las inversiones en nuevas formas de energía más respetuosas con el medio ambiente, puede fomentarse un impuesto verde, en el que no se incluya ni pueda incluirse la energía nuclear. 
Señor Presidente, señor Comisario, a través de las diferentes épocas e incluso ahora, los grandes conflictos y guerras han ocurrido por dos motivos: primero la energía y después el agua. 
Europa tiene que enfrentarse a este problema internacional con políticas estables. 
– Señor Presidente, la seguridad energética y la diversificación de las fuentes de suministro han subido muchos puestos en la escala de prioridades políticas este año después de que Gazprom utilizara el «arma del gas» contra Ucrania y Moldova durante el período de Año Nuevo. 
Ya no es una cuestión técnica reservada a los tecnócratas, sino que se ha convertido tanto en un elemento de la PESC como en una competencia de los Ministros de Energía. 
Como ponente de la Política Europea de Vecindad, yo ya era muy consciente de que muchos de los países miembros, como Argelia y Azerbaiyán, son productores de petróleo y gas, mientras que otros países son fundamentales para los sistemas de transporte de combustible mediante tuberías a Europa Occidental, como Ucrania. 
En repetidas ocasiones he defendido la necesidad de que Kazajstán, convenientemente estabilizado, se integre en la PEV, puesto que ese país desea evitar el riesgo de un dominio económico y político por parte de Rusia y China. De hecho, podría suministrar no solo petróleo y gas, sino también uranio a la Unión Europea, puesto que inevitablemente tendremos que construir más reactores nucleares para cumplir los requisitos de Kyoto y no depender excesivamente de regiones del mundo inestables, como Oriente Próximo, Venezuela o Nigeria, por nombrar solo algunas, para el suministro de combustibles fósiles. 
Respeto a los países antinucleares, como Austria e Irlanda, pero creo que las nuevas tecnologías, como la transmutación, resolverán algún día los problemas de los residuos radioactivos que tanto tardan en degradarse y tanto preocupan a los ciudadanos. 
Evidentemente, los Estados miembros tienen también mucho que hacer –preferiblemente a través de la cooperación intergubernamental– para promover una mayor eficiencia energética, desarrollar más tecnologías basadas en energías renovables e interconectar sus redes eléctricas para crear un sistema paneuropeo que haga descender los precios y permita tener capacidad de reserva. 
Es también necesaria la conexión de los oleoductos y gasoductos actuales entre los Estados miembros de la UE. 
España parece ser prácticamente autosuficiente, pero está aislada a este respecto, y los países bálticos dependen también demasiado de las conexiones con Rusia, aunque ahora han acordado entre ellos, por iniciativa propia, la construcción de una nueva central nuclear. 
Creo asimismo que hay que presionar a Rusia para que ratifique la Carta de la Energía y no pueda impedir a terceros países el uso de sus oleoductos y gasoductos. 
Además, existe una clara laguna, ya que la Agencia Internacional de la Energía solo permite mantener reservas estratégicas de petróleo, no de gas. 
Algunos Estados miembros de la Unión Europea no parecen tener reservas. 
– En primer lugar quiero que todos recordemos la razón por la que hoy debatimos esta cuestión. 
A comienzos de año, el conflicto del gas que surgió entre Ucrania y Rusia demostró que el sistema de energía europeo es muy vulnerable y, sobre todo, que la energía puede usarse como un instrumento político muy poderoso. 
Dicho conflicto demostró que si un país tiene un dirigente adecuado, como Lukashenko, conseguirá energía barata de Rusia. 
Si la elección del dirigente de un país no satisface a Rusia, como en el caso de Ucrania, entonces ese país no conseguirá energía barata. 
Los efectos de esa política se han hecho notar en todo el sistema energético europeo. 
Mientras la Unión Europea carezca de una política energética común, mientras cada Estado miembro o Jefe de Gobierno intente asegurarse el mejor trato posible con una empresa de un gran país de fuera de la Unión Europea, seguiremos siendo dependientes y víctimas de acuerdos hechos entre bastidores. 
Europa necesita una política energética común del mismo modo que necesitamos una política comercial común, que hace que la Unión Europea pueda negociar de manera muy efectiva. 
Imaginemos la posición en que se encontraría Alemania o Francia, por no mencionar a mi pequeño país, Estonia, si estuvieran solos en las negociaciones con los Estados Unidos o China en la OMC. 
Pero el actual estado de cosas, en que cada país es responsable de su propio suministro de energía y concluye acuerdos bilaterales, no es diferente de esa situación. 
Además está el hecho de que los dos gasoductos que se pretende construir entre Rusia y China podrían amenazar todo el suministro. 
Si uno debe 100 000 euros al banco, el banco le tiene en sus manos. 
Pero si le debe 100 millones de euros, uno tiene al banco en sus manos. 
Lo mismo se aplica a la energía. 
Con una política energética desunida dependemos del capricho político del monopolio estatal de un país. 
Pero una política energética común sería decidida por la propia Europa. 
– En relación con la estrategia geopolítica de la UE, quiero señalar el importante hecho (aunque bien conocido) de que la mayoría de los nuevos Estados miembros dependen totalmente del suministro de petróleo y gas de Rusia, y a este respecto difieren de muchos de los viejos Estados miembros, cuyo suministro de combustible está más diversificado. 
En ese sentido, estoy seguro que no será necesario volver a explicar las recientes consecuencias negativas de la dependencia que ha experimentado Ucrania. 
Los nuevos Estados miembros contemplan las cuestiones de seguridad del suministro de combustibles con especial sensibilidad. 
En la carrera por alcanzar los niveles de rendimiento económico de los antiguos Estados miembros, la seguridad del suministro de energía es una cuestión cada vez más apremiante. 
Respecto del suministro de electricidad en particular, una serie de nuevos Estados miembros han heredado un surtido de fuentes de energía dominado por la generación de energía nuclear. 
Creo que el principio de subsidiariedad debería aplicarse al desarrollo de ese tipo de energía. 
Pero no puedo dejar de lado el principio de solidaridad, que debería permitir a los Estados miembros individuales desarrollar ese tipo de energía sin verse expuestos a una interferencia exterior negativa. 
Acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión de apoyar la investigación en este ámbito, encaminada a mejorar la seguridad de la generación de energía nuclear, por ejemplo a través de la investigación en el reciclaje o en las tecnologías de fusión nuclear y otros ámbitos relacionados. 
Pero quiero subrayar que las nuevas perspectivas financieras no prevén una financiación suficiente para esta investigación en particular. 
El Libro Verde sobre política energética se centra más en las fuentes de energía renovables. 
No tengo grandes reservas al respecto. 
No obstante, la Comisión tiene que actuar de forma responsable y aceptar que algunos Estados miembros quieran seguir desarrollando la energía nuclear en el futuro, por dos razones en particular. 
La primera es que el potencial de desarrollo de las fuentes de energía renovables no es muy bueno en esos países, y por tanto no es posible contar con la sostenibilidad a largo plazo de esas fuentes; la segunda, que esos países han tenido experiencias muy positivas con la energía nuclear, que es segura, respetuosa con el medio ambiente y sostenible a largo plazo. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción esta resolución que reconoce que existe, en efecto, una crisis energética en Europa. 
Les puedo decir esto como diputada al Parlamento Europeo por el Reino Unido, un país donde los precios del gas son tres veces mayores que en los Países Bajos y donde se ha advertido a las fábricas de que posiblemente tengan que cerrar durante un tiempo debido a la escasez de gas. 
El mercado único europeo de la energía no funciona. 
La respuesta no consiste en retrotraernos a un nacionalismo estrecho de miras, sino cooperar y conseguir que el sistema funcione mejor. 
Tenemos que formular una política energética europea común. 
El Huracán Katrina y la reciente actitud de Gazprom/Rusia son dos incidentes graves que nos han obligado a abordar esta cuestión. 
Después de las alentadoras declaraciones que escuchamos en Hampton Court, me temo que hemos visto algunas nuevas actuaciones decepcionantes de los Estados miembros: siguen sin aplicar la legislación vigente en este terreno; siguen fijando los precios en el mercado energético, mantienen un proteccionismo renovado y pretenden crear nuevos campeones nacionales. 
Eso no augura nada bueno para la reunión de mañana, en la que esperamos que el Consejo no siga dando marcha atrás. 
Esta es la primera vez que nosotros en el Parlamento hemos tenido la oportunidad de comentar el Libro Verde. 
Nuestra primera reacción tiene que ser de decepción: no hay objetivos nuevos ni propuestas concretas para establecer una política energética común. 
No hay forma de que puedan invertir un billón de euros sin una mayor planificación a largo plazo. 
En este documento se ignora por completo la cuestión del transporte y la aviación y su contribución al debate sobre la energía. 
El Parlamento va a tener que trabajar mucho. 
Espero que seamos capaces de cooperar en este terreno y que no haga falta un tercer incidente grave para que los Estados miembros se den cuenta de la necesidad de actuar. 
– Señor Presidente, la seguridad del suministro como fórmula para resolver un problema real debe contemplar posibles situaciones de peligro, que también deben especificarse. 
Debemos prever medidas incluso para el caso de que haya ataques con bombas contra oleoductos o gasoductos o líneas de transmisión de electricidad. 
Ambas cosas han sucedido hace poco en Georgia, donde nadie duda de la autoría política de esos atentados. 
Existen también distintos tipos de catástrofes naturales que pueden interrumpir el suministro. 
El documento sobre la seguridad del suministro energético en Europa no indica si Europa está preparada para afrontar esas catástrofes o cualquier otro incidente imaginable que afecte al suministro. 
Un agresor potencial dispuesto a utilizar la energía como arma podría desistir de su empeño si supiera que su actuación no le iba a reportar ningún beneficio político y solo desventajas para él mismo, mientras que el país atacado recibiría de inmediato ayuda y compensación gracias a la solidaridad colectiva de la Unión. 
Ahí es donde debemos trabajar sin demora. 
La resolución hace caso omiso de esto. 
Puesto que ahora estamos debatiendo la seguridad frente a la inseguridad, está también la inseguridad ambiental real asociada a la construcción de un gasoducto y el abastecimiento de Occidente por un medio tan vulnerable como es el fondo del Mar Báltico. 
Existe un extraño silencio en torno a las bombas químicas y otras bombas de la Segunda Guerra Mundial que reposan en gran número en el fondo de ese mar, oxidándose y esperando a que llegue su propio Armagedón. 
Con el paso del tiempo, puede que este trabajo mecánico de construcción de gasoductos se esté aproximando cada vez más deprisa hacia una enorme catástrofe. 
¿Quién sufrirá? 
Nadie, salvo algunos pequeños países sin importancia de la costa oriental del Mar Báltico. 
¿Quién nos garantiza a nosotros, los países bálticos, la supervivencia energética y biológica? 
¿Alemania? 
¿Los Comisarios de una Unión dividida? 
Tenemos derecho a esperar políticas correctas y garantías europeas concretas. 
Solo entonces tendrá Europa motivos para utilizar la palabra solidaridad. 
– Señor Presidente, en relación con nuestra tarea común europea respecto de la política energética, es importante definir dos cosas que a mi juicio hemos de aclarar. 
La primera es que una de nuestras tareas comunes evidentes es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 
Ahora tenemos muchos obstáculos para hacerlo. 
Tenemos que hacerlo todo, desde garantizar que las empresas puedan crecer juntas más allá de las fronteras hasta asegurarnos de que el mercado interior pueda funcionar tanto jurídica como técnicamente. 
Necesitamos redes comunes porque ofrecen una manera de conseguir muchos de los objetivos que tenemos en común. 
Las redes comunes nos proporcionan más competencia y precios más bajos. 
Si queremos desarrollar los combustibles renovables, necesitamos un mercado más amplio en el que puedan comercializarse y desarrollarse comercialmente. 
A través de las redes comunes podemos reducir nuestra vulnerabilidad y, al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de obtener acceso a una electricidad segura y barata. 
La segunda tarea común respecto de la política energética se refiere a cuestiones que se contemplan en la política exterior y en la política comercial. 
También en estos ámbitos es crucial tener redes comunes que fomenten la solidaridad entre nuestros países. 
Podemos hablar de solidaridad y de cláusulas de solidaridad tanto como queramos, pero básicamente solo a través de las redes comunes será posible que países como Estonia, Latvia y Lituania –o cualquier otro país que pueda ser objeto de chantaje político– obtengan solidaridad en la práctica. 
Dicha solidaridad será entonces una realidad y no solo un conjunto de objetivos políticos. 
En política exterior y política comercial, cualquier cooperación con Rusia tiene que basarse en condiciones claras y transparentes que gobiernen el comercio y la distribución. 
La UE tiene que apoyar una política que lleve a Rusia a suministrar fuentes de energía en condiciones seguras para cada Estado miembro individual. 
De ese modo, obtendremos una política energética sólida, solidaridad y una Europa mejor. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Europa depende demasiado de los combustibles fósiles. 
Las últimas semanas han dejado más claro que nunca que esto tiene que acabar. 
Los precios están aumentando dramáticamente para la industria y para los consumidores privados. 
No existe una verdadera seguridad del suministro, y no hay garantías de que nuestros suministros de energía actuales sean sostenibles desde el punto de vista climático. 
Esta mañana, la señora Morgan ha hablado del Katrina. 
Ha habido muchos otros huracanes y los científicos nos dicen que muy probablemente sean un síntoma del cambio climático. 
Por eso hemos de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. 
Creo que tres cosas son decisivas. 
La primera es la energía nuclear: no podemos cerrar centrales nucleares seguras solo por razones políticas. 
Por eso defiendo la aprobación de la enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos al respecto. 
Creo que es lamentable que la Canciller alemana, la señora Merkel, no haya podido decirlo en su intervención de esta mañana porque estamos coaligados con los socialdemócratas, pero me satisface que los socialdemócratas aquí en el Parlamento Europeo estén comenzando a reconsiderar la cuestión; quizá dentro de un año la señora Merkel pueda defender la energía nuclear en nombre de todo el Gobierno federal. 
Hay una serie de puntos que la señora Merkel y todos nosotros podemos apoyar, y lo hará en su intervención principal en la cumbre de mañana: necesitamos eficiencia energética. 
Europa derrocha energía y no podemos permitir que esto continúe. 
Necesitamos una expansión eficiente de energías renovables. 
Es esencial que usemos más energías renovables, pero hemos de hacerlo sin subvenciones a largo plazo. 
Por eso quiero volver a mencionar la petición de esta Cámara de una directiva sobre la calefacción y la refrigeración. 
Es un ámbito en el que hay un gran potencial y en el que los costes son relativamente bajos, y por eso debemos avanzar rápidamente hacia la realización efectiva. 
Apoyo esta resolución porque contiene esas peticiones y porque anima a la Comisión y al Consejo a avanzar con mayor rapidez en esta cuestión. 
– Señor Presidente, señor Piebalgs, Señorías, para crear una política energética común, la Comisión tiene que llevar a cabo primero la liberalización del mercado del gas y la electricidad. 
La Comisión tiene que combatir todas las medidas encaminadas a bloquear la libre circulación de capital, evitando cualquier forma de distorsión de la competencia provocada por el apoyo proteccionista de los Gobiernos a los «campeones nacionales» ; su credibilidad depende de ello, señor Piebalgs. 
Como todos sabemos, la energía es tanto un factor de producción como un producto de consumo, y ambos son esenciales para el desarrollo de nuestra economía y para el mantenimiento de un alto nivel de vida. 
La política energética común, junto con una política exterior común, constituyen los instrumentos con los que conseguiremos estos objetivos en nuestra Europa ampliada. 
La pregunta política es: ¿seremos capaces de hacerlo? 
Europa está dividida en dos bandos: los que confían en Rusia y los que son hipercríticos con ella, aunque dependamos casi exclusivamente de sus recursos energéticos. 
Rusia es un proveedor insoslayable en el mercado energético europeo, pero no debemos depender demasiado de ese país. 
Por tanto, la diversificación de la energía es vital para encontrar soluciones europeas a la cuestión del suministro. 
En resumen, tenemos que hablar con una sola voz. ¿Seremos capaces de hacerlo? 
Parece que la diversificación de las fuentes de suministro es una respuesta obligada, así como la mejora de las redes de transporte de energía, los gasoductos y los puertos. 
Es importante desarrollar una dimensión energética en la estrategia y la seguridad de la Unión Europea y aumentar la inversión pública y privada en energías alternativas y renovables. 
¿Seremos capaces de hacerlo? 
En resumen, una política energética como componente fundamental de la nueva Europa; este es el mensaje que hemos de dar a nuestros ciudadanos; ¿seremos capaces de hacerlo? 
– Señor Presidente, cuando se produjeron los apagones de California, Turín o incluso de mi ciudad natal de Wexford, todos empezamos a pensar en la seguridad del suministro energético, que tiene para nosotros una enorme importancia tanto desde el punto de vista estratégico como económico, sobre todo por nuestra dependencia de la importación de energía y el aumento exponencial de los costes. 
Como se nos dice en el Libro Verde sobre política energética publicado recientemente, salvo que consigamos hacer más competitiva nuestra propia energía en los próximos veinte años, el 70 % de las necesidades energéticas de la Unión tendrán que satisfacerse por medio de productos importados, frente al 50 % de ahora. 
La mayoría de las importaciones proceden de regiones amenazadas por la inestabilidad geopolítica. 
Pero este porcentaje enmascara la dependencia aún mayor de las importaciones de energía de los mercados energéticos periféricos y geográficamente aislados, como los países Bálticos, Irlanda y otras comunidades insulares. 
En Irlanda hemos pasado de una dependencia del 65 % de la energía importada en 1990 a más de un 90 % hoy, y ese porcentaje sigue aumentando. 
Nuestros suministros autóctonos de combustibles fósiles –hulla y gas natural– se han ido agotando rápidamente desde 1995, mientras que un crecimiento económico e industrial sin precedentes ha impulsado la demanda. 
Si bien el surtido de fuentes de energía tiene que seguir siendo competencia de los Estados miembros, en un mercado único un ataque contra uno es un ataque contra todos en términos de energía. 
La solidaridad dentro de la UE será fundamental para garantizar la distribución equitativa de los suministros procedentes de fuera de nuestras fronteras, por medio de la realización de un mercado energético interior competitivo e integrado. 
Esto no puede conseguirse sin una capacidad física adicional, a través de redes de energía transeuropeas que nos conecten a todos a una red europea. 
Dentro de cada Estado miembro, la «desvinculación» efectiva de las redes y las actividades de suministro en el sector del gas y la electricidad tiene que hacerse realidad: en Irlanda eso todavía no ha ocurrido. 
Por medio de incentivos estatales a escala nacional y europea, tenemos que tratar en serio de desarrollar y simplificar los 21 tipos de energías renovables, y no solo por nuestras obligaciones en relación con el cambio climático. 
Tengo la impresión de que, especialmente en lo que respecta a los biocombustibles, no es que haya falta de interés: las comunidades científicas y financieras dan vueltas y vueltas, pero tienen miedo a saltar en el vacío. 
No basta con hablar y mostrar buena voluntad e interés; necesitamos unos catalizadores financieros y reguladores serios para promover la investigación y la puesta en marcha de proyectos piloto utilizando las más avanzadas tecnologías renovables. 
No podemos ignorar la desvinculación del crecimiento económico y el consumo energético y todo lo relacionado con la gestión del lado de la demanda. 
Según las previsiones, la demanda de energía mundial y las emisiones de dióxido de carbono aumentarán un 60 % de aquí a 2030. 
Con que tan solo mejoráramos las medidas de la eficiencia energética de aquí a 2020, podríamos reducir la demanda más de un 20 %. 
Señor Comisario, no espere hasta que se produzca otro apagón. 
Actuemos ahora y sigamos dando prioridad a la seguridad energética en el programa político en tiempos de paz. 
– La energía es fundamental para nuestras actividades y vital para el éxito de la aplicación de las políticas que hemos establecido. 
La situación en el ámbito de la energía determinará en gran medida cómo conseguimos los objetivos de la Estrategia de Lisboa y de hecho si los conseguimos o no. 
Señor Comisario, usted conoce la situación, por eso ha planteado la cuestión y publicó el Libro Verde sobre una política energética común europea a principios de mes. 
Ya es hora, en efecto, de que busquemos respuestas a estas preguntas: ¿Cómo podemos garantizar un suministro de energía seguro y suficiente a precios competitivos, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente? 
¿Cómo hemos de definir nuestro surtido de energías en el futuro? 
¿Hasta qué punto son estables las zonas de las que podemos importar recursos energéticos? 
¿Cuál es su coste actual y cuánto costarán en el futuro? 
¿Cómo afecta su uso al medio ambiente, etcétera? 
Nuestras respuestas a estas preguntas tienen que ser una evaluación realista de la contribución de las fuentes de energía primaria dentro del conjunto de energías europeo, y una evaluación honesta de la eficacia de las tecnologías actuales y del potencial de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta también los recursos naturales de los Estados miembros. 
Ha llegado el momento de que dejemos de lado la retórica política y nos enfrentemos a la situación real. 
Quiero señalar en particular que la energía nuclear no puede ni debe ser un tema tabú en la escena política europea. 
Ahora mismo la energía nuclear no produce emisiones de gases de efecto invernadero, nos permite importar uranio de una variedad de países, incluidos los que son políticamente estables, y por esta razón tiene un precio estable y competitivo. 
Está previsto investigar y seguir desarrollando este ámbito en el futuro para mejorar su eficiencia, reducir la cantidad de residuos radiactivos y aumentar la seguridad. 
Tiene que ocupar el lugar que le corresponde tanto en los documentos estratégicos europeos como en la adopción de medidas concretas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate de hoy ha sido muy importante en vista del Consejo de mañana y de los intensos debates que mañana celebrarán los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la cuestión de la energía, y quiero dar las gracias a todos los que han participado. 
No tengo tiempo para responder a todo lo que se ha dicho –y se han dicho algunas cosas muy importantes–, pero quiero mencionar algunos puntos a modo de conclusión. 
El señor Rübig está en lo cierto al afirmar que necesitamos un debate más amplio sobre este problema y que todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea tienen que preocuparse de la energía. 
La Presidencia es consciente de ello y está trabajando con la Comisión a este respecto; llegados a este punto, quiero dar las gracias al Comisario Piebalgs por su cooperación desde el comienzo. 
Creo que ha sido el primer Comisario con el que hemos trabajo estrechamente, y le estoy muy agradecido por ello. 
No obstante, los Estados miembros también deben implicarse, porque solo un esfuerzo conjunto nos acercará al objetivo de seguridad del suministro, competitividad y sostenibilidad, que deben ser los puntos centrales de la política energética europea. 
Europa tiene que hablar con una sola voz a los países terceros en lo que respecta a la política energética. 
El señor Brunetta lo ha dicho, y también el señor Brok, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Es una tarea particularmente importante y debemos dedicarnos a ella. 
El señor Goebbels y el Comisario Piebalgs han hecho referencia a la solidaridad. 
En efecto, la solidaridad es un factor esencial y mañana los Jefes de Estado y de Gobierno lo reconocerán en su declaración y en las conclusiones que adopten. 
El señor Goebbels ha pedido una, que es una buena expresión. 
El señor Turmes ya ha anticipado lo que los Jefes de Estado y de Gobierno dirán mañana. 
Debo admitir que no lo sé: quizás otros están mejor informados que yo. 
Pero puedo decir una cosa: los Ministros de Energía y el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores han preparado a conciencia el debate de mañana sobre la energía. 
Por supuesto, no sabemos cómo será el texto final que aprueben los Jefes de Estado y de Gobierno, pero imagino que contendrá cosas muy importantes. 
No será una declaración de intereses nacionales; en su lugar, mañana se aprobará una política energética europea. 
Es todo lo que podemos decir de momento. 
La señora Ek ha mencionado la necesidad de mantener la competencia. 
Me gustaría recordarles, en primer lugar, el debate celebrado hace diez días en Estrasburgo donde yo, en representación del Consejo, junto con la Comisaria responsable de la Competencia, dije muy claramente que estamos totalmente a favor y que tenemos que respetar las reglas de la competencia, sobre todo en el ámbito de la energía. 
Quiero mencionar un pequeño párrafo sobre la política energética para Europa. 
El párrafo que trata exactamente de lo que ha preguntado usted dice que para lograr sus objetivos principales, la política energética para Europa debe garantizar la transparencia y unos mercados no discriminatorios; respetar las reglas de la competencia; ser congruente con las obligaciones del servicio público y respetar plenamente la soberanía de los Estados miembros sobre los recursos energéticos primarios y la elección de la combinación de fuentes de energía. 
Muchas de esas cosas ya se han dicho aquí, y solo puedo confirmarlas e insistir en ellas. 
La señora Rothe ha pedido objetivos específicos para la expansión de las fuentes de energía renovables, y estoy totalmente de acuerdo con ella. 
La Presidencia austriaca está muy comprometida y es muy ambiciosa. 
Pero como ha demostrado este debate, hay una falta de acuerdo en varios puntos. 
No se puede construir una política energética para Europa coherente y sólida de la noche a la mañana. 
Es importante que mañana los Jefes de Estado y de Gobierno den un estímulo importante y que después los Estados miembros, el Consejo y la Comisión se basen en los principios que se adopten mañana, con el fin de conseguir lo que todos queremos: seguridad del suministro, una mayor eficiencia y un diálogo constructivo con países terceros para garantizar el uso de energía limpia en el futuro y para las generaciones venideras. 
. Señor Presidente, después de un debate tan estimulante e interesante, quiero tomarme la libertad de hablar un poco más de lo normal al final del mismo. 
En la situación a que nos enfrentamos actualmente, lo normal es que repasemos la Historia para ver qué decisiones valerosas se han tomado en materia de política energética. 
De momento, he encontrado una: fue antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Winston Churchill, que en aquel entonces era responsable de la Marina, decidió sustituir el combustible utilizado por la Marina británica, el carbón –que se producía internamente en Gales–, por el petróleo. 
Cuando se le preguntó por la seguridad, dijo que la respuesta estaba en la diversidad. 
Ahora nos enfrentamos a un desafío tan grande como el suyo. 
Pero debemos tener también valor. 
Ni la OPEP ni Rusia tienen los ases en nuestro juego de póquer. 
Nosotros sí. 
Creo que ante el desafío actual la mayor ventaja competitiva consistirá en que una parte del mundo sea no solo eficiente en materia de energía, sino también capaz de controlar la demanda. 
Esa es la clave del éxito. 
De lo contrario, no seremos sostenibles ni con una diversificación óptima. 
Ese es el principal desafío que tenemos que afrontar. 
La segunda cuestión importante es que si en un escenario más complejo –en el que no se trata simplemente pasar del carbón al petróleo– queremos triunfar y conseguir los objetivos acordados, debemos estar convencidos de que podemos lograrlos, de la misma forma que hemos logrado nuestros anteriores objetivos. 
Esto es fundamental. 
La solidaridad es extremadamente importante. 
Pero todos debemos entender que la solidaridad nos impone algunas «tareas» para las que debemos prepararnos y que hay que pagar un precio. 
Debemos creer, por ejemplo, que el puente energético entre Lituania y Polonia no es una cuestión meramente comercial, sino también de solidaridad. 
Ese puente debe construirse, pero no por motivos comerciales. 
He escuchado muchos comentarios escépticos en relación con los mercados. 
Sin embargo, el mercado es el que realmente da fuerza a la Unión Europea. 
Se habla mucho de campeones nacionales. 
No obstante, cada caso se juzgará aplicando la legislación europea en materia de competencia. 
Si hace falta reforzar la ley, eso es otra cosa. 
El debate siempre dispara las emociones. 
Pero la legislación se aplicará con rigor y la competencia prevalecerá. 
Las nuevas tecnologías son claramente necesarias. 
El precio del petróleo está, de hecho, estimulando el desarrollo. 
Recientemente he recibido una propuesta muy interesante sobre superredes para conectar un gran número de estaciones eólicas en alta mar. 
Cuando nos hemos reunido con los representantes de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a las energías renovables y a sistemas de calefacción y les hemos preguntado qué quieren ellos, han respondido que los precios del petróleo deben seguir donde están, porque así se favorece la diversidad y se estimula el desarrollo tecnológico entre nuestros investigadores. 
Pero eso nos lleva de nuevo al hecho de que seremos tan fuertes como queramos serlo. 
Si somos débiles y no creemos en ello, nadie nos ayudará, ni Rusia ni Arabia Saudí. 
Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. 
En este sentido, creo que los debates son necesarios. 
El análisis estratégico de la política energética de la UE nos permitirá entablar un debate muy útil y nos ayudará a tomar las decisiones correctas. 
Pero sigo creyendo que la respuesta fundamental está en nuestra fortaleza como Unión: en la democracia, en nuestra visión de las relaciones internacionales y en el mercado. 
Ahora bien, para que el mercado funcione debemos crear unas condiciones estables y previsibles para la inversión. 
El mercado dará entonces lo que se le pide. 
Verdaderamente creo que volveremos para el debate y acordaremos el contenido de una política energética común. 
Al término del debate he recibido cinco propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
En mi país, Alemania, en lugar de hablar abiertamente de un continente oscuro donde la población está permanentemente implicada en conflictos de aniquilación recíproca por pura necesidad, algunos políticos de la Unión Socialcristiana, por ejemplo, sugieren que usaríamos mejor al ejército alemán si defendiese los estadios de la Copa del Mundo en un futuro inmediato en lugar de enviarlo a la República Democrática del Congo. 
Pero lo que debería interesarnos en el ámbito europeo es algo que aún no se ha mencionado. 
Creo que en las últimas semanas han salido a la luz graves déficit del proceso de toma de decisiones europeo, déficit que hay que eliminar. 
Si bien no pedimos modificaciones poco realistas del Tratado, tenemos que conseguir que se lleve a cabo sin demora una revisión de los procesos de toma de decisiones en el ámbito del Consejo, para que cuando haya que tomar decisiones más rápidamente que ahora, sea posible tomarlas. 
No obstante, quiero cuestionar el supuesto que se hace en el considerando A de que debemos anteponer la seguridad en los países vecinos europeos, sobre todo en los Balcanes. Por supuesto que los países vecinos son cruciales, pero con los países balcánicos cada vez más cerca de la adhesión y la estabilización, deberíamos estar hablando de reducir las tropas de la UE, y no de mantenerlas en sus niveles actuales. 
Una y otra vez, este Parlamento aprueba resoluciones para una política exterior y de seguridad común con Europa como líder en los asuntos mundiales. 
Si decimos que el terrorismo que actúa en nuestras calles tiene su origen en Estados frágiles de todo el mundo, ¿por qué debemos tratar de limitar nuestras aspiraciones a los países vecinos europeos? 
Aprobamos resoluciones para combatir la pobreza mundial, pero ¿estamos dispuestos a aplicarlas en los nueve países más pobres del mundo, con uno de los índices más elevados de mortandad infantil? 
Como dice el Grupo de Crisis Internacional, todo, desde las elecciones y la ayuda humanitaria hasta la actividad económica, depende de la creación de un entorno seguro. 
Una década de guerra en la RDC ha costado cuatro millones de vidas y todavía mil personas mueren cada día por causas relacionadas con la guerra. Recibimos informes diarios de masacres, asesinatos de civiles, violaciones generalizadas y violencia sexual. 
Europa está proporcionando más ayuda que nunca para apoyar el proceso electoral. La petición de que las fuerzas de seguridad acompañen dicho proceso electoral procede de todas las facciones representadas en el Gobierno nacional de transición. 
Ahora que la Unión Europea es más grande que los Estados Unidos, más rica que los Estados Unidos y proporciona más ayuda al Tercer Mundo que los Estados Unidos, nada más acertado que añadamos a esto una dimensión de Política Exterior y de Seguridad Común. 
En ese sentido, por supuesto, nadie está cuestionando el valor de la petición de las Naciones Unidas para enviar una misión a la República Democrática del Congo. 
El problema es que dicha misión se está debatiendo a puerta cerrada y nosotros necesitamos un cierto escrutinio democrático. 
Y puesto que cada vez estamos enviando más misiones a Aceh –cosa que yo personalmente acojo con gran satisfacción por haber sido observador jefe en las elecciones indonesias– y a la República Democrática del Congo, necesitamos ese control democrático. 
El problema es que salvo que tengamos cierto escrutinio democrático, en un sistema postelectoral en el que posiblemente se produzca un deterioro de la situación en la RDC, existe el peligro de que la misión fracase y se vea metida en un atolladero. 
Enviamos una misión de observación electoral, pero también enviamos esta misión. 
– Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea, que es el principal donante mundial, tiene el deber de cumplir los compromisos que contrajo en varias ocasiones en el año 2000 cuando se definieron los Objetivos del Milenio, y recientemente en el Consejo y en las reuniones del G8 celebradas en 2005. 
Señor Winkler, reducir la dotación prevista para el FED no es una señal positiva para nuestros socios mundiales, en particular para los países ACP, en un momento en el que está claro que estamos muy lejos de alcanzar los Objetivos del Milenio. 
Cada día la globalización plantea nuevos y difíciles retos a los países en desarrollo. 
Además del volumen de la dotación, para que nuestros fondos sean verdaderamente eficaces en la lucha contra la pobreza tenemos que centrarnos en la transparencia, la coherencia con otras políticas de la UE, el criterio de cumplimiento por parte de los beneficiarios y, sobre todo, la plena participación de los Gobiernos implicados en la coordinación de los diferentes instrumentos, tanto en el ámbito europeo como respecto de las políticas de desarrollo individuales de los Estados miembros con vistas a reducir la burocracia, que aún representa una parte demasiado grande del gasto total. 
Es esencial que el Consejo destine los fondos necesarios para cumplir los compromisos contraídos y que la Comisión, en parte sobre la base de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de septiembre de 2005, se comprometa a establecer un sistema transparente, eficiente y efectivo de gestión de los fondos. 
– Señor Presidente, Gran Bretaña disfruta actualmente de una exención fiscal sobre el gasóleo rojo que se aplica a las embarcaciones de recreo. Esa exención expira en diciembre de 2006. 
Las autoridades fiscales recaudarán menos ingresos fiscales en lugar de más, y las comunidades locales sufrirán un perjuicio económico. El mantenimiento de la exención es una cuestión que compete al Consejo y a la Comisión, pero la política fiscal debe ser una prerrogativa exclusiva de los Gobiernos nacionales soberanos. 
Todos los diputados británicos al Parlamento Europeo deben presionar al Ministro responsable para conseguir que la exención se mantenga. Deben sumarse además a la campaña para salvar la exención iniciada por la revista. 
– Señor Presidente, es la tercera vez en esta legislatura que tomo la palabra en una sesión plenaria para protestar por la discriminación de los católicos. 
Esta vez quiero hablar del bloqueo de la retransmisión interactiva por Internet de Radio María, que es la única fuente de información fiable para los diputados de fe cristiana. 
Nuestras actividades, al igual que las de nuestro electorado, están vinculadas a estos medios de comunicación, y el hecho de que se haya bloqueado la recepción de esta emisora significa que se nos ha privado de contacto con nuestro electorado durante dos meses. 
La situación actual infringe los principios consagrados en la Convención. 
Esperamos que el Parlamento Europeo garantice nuestras libertades, junto con las de otras minorías. 
– Señor Presidente, en virtud de la aplicación de la Directiva sobre nitratos, el sector agrícola de mi circunscripción, como en todas partes, se ve obligado a realizar cuantiosas inversiones de capital para aumentar considerablemente su capacidad de almacenamiento de lodos. 
Para ayudarle, el Gobierno británico anunció un sistema de concesión de ayudas con un plazo de presentación de solicitudes que expiraba a finales de este mes. 
Luego, de forma unilateral, el mismo departamento anunció a principios de este mes que se iba a clausurar el mecanismo porque ya se había suscrito más de la cantidad consignada, que ascendía a meros 45 millones de libras esterlinas. 
Los agricultores que de buena fe estaban trabajando dentro de los plazos establecidos se encuentran en una situación de clara desventaja. La justificación de la ayuda, es decir, la necesidad de realizar unas obras excesivamente costosas, sigue existiendo. 
Pero ahora se han retirado las ayudas. Eso es tan injusto como la dotación claramente insuficiente de 45 millones de libras esterlinas. 
Por tanto, quiero aprovechar la ocasión hoy aquí para instar al Gobierno británico a conceder ayudas suficientes para que puedan realizarse esas obras esenciales; de lo contrario, será imposible transponer la Directiva sobre nitratos. 
– Señor Presidente, el 19 de febrero de 2006, un pequeño grupo de jóvenes malteses pertenecientes al Moviment Graffiti organizaron una protesta pacífica a favor de la paz y en contra de la guerra. 
Querían manifestar su oposición a la presencia de cinco buques de guerra de la OTAN en los puertos malteses simplemente desplegando unas pancartas que decían «Paz, no guerra» y «Los buques de guerra matan». 
Las autoridades policiales les impidieron desplegar las pancartas –una protesta pacífica pequeña y legítima– en el Muelle de Pinto y en los bastiones del Gran Puerto. 
Además, supuestamente se dijo a esos activistas que no se permitirían manifestaciones de este tipo en el futuro. 
Esta actitud es inaceptable y viola el derecho fundamental a la libertad de expresión. 
Por eso he pedido a la Comisión que explique su opinión al respecto. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Comisario. Quiero empezar haciendo referencia a su comentario de que hablar de alternativas a los acuerdos de asociación económica es «académico» ; esa es la palabra que ha utilizado. 
En el Acuerdo de Cotonú se dice muy claramente que las alternativas forman parte de lo que los países ACP pueden decidir. Por tanto, señor Comisario, no es una cuestión académica, sino una opción clara para los países ACP. 
Hay ejemplos del interés de la Comisión por un marco que facilite el comercio como máxima prioridad. Las regiones ACP están mucho más interesadas en resolver las limitaciones del lado de la oferta y la relación entre los AAE y la ayuda al desarrollo. 
La apertura propuesta de las economías de los países ACP –la mayoría de los cuales son países menos desarrollados– es motivo de gran preocupación. 
Los beneficios de la integración regional, del acceso al mercado y del comercio y el desarrollo integrados, como ha dicho mi colega, la señora Martens, están perfectamente claros. Pero en la Comisión de Desarrollo pensamos que cualquier posible beneficio podría verse contrarrestado por los costes que quizá haya que pagar. 
Los países ACP necesitan formación y una mano de obra más cualificada; además de mejorar infraestructuras, transporte y capacidad institucional. 
Quiero hacer una pregunta al señor Comisario. Las negociaciones centroafricanas se presentan como un modelo de estas negociaciones regionales. 
Mis fuentes me han informado de que las altas instancias de la DG Desarrollo –eso probablemente se refiere a usted, señor Comisario– están preocupadas por la capacidad de la secretaría de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central en sus negociaciones. 
Por último, quiero llamar su atención sobre la Declaración de Ciudad del Cabo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2002. 
En aquel entonces se propusieron evaluaciones comparativas de la gestión y el resultado de las negociaciones basadas en una serie de indicadores sociales y ambientales clave, como trabajo digno, salud, educación y género. 
Esta posibilidad fue confirmada el año pasado por el Consejo ACP. 
. – Señor Presidente, gracias por darme la palabra en lo que parece, a esta hora de la tarde, una reunión abierta de la Comisión de Asuntos Constitucionales con algunos otros diputados que estamos encantados de que se nos unan. 
Mi Grupo apoya el informe presentado por nuestro ponente, el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como hemos escuchado, se refiere a ajustes del sistema que aprobamos hace ahora más de un año. 
Estos ajustes son necesarios debido a los problemas iniciales que hemos descubierto en el funcionamiento del sistema. Son sensatos y pragmáticos, e insto a la Comisión que los acepte, concretamente las partes del informe que están dirigidas a la Comisión, como las que corresponden al Reglamento financiero. 
Los partidos políticos no son ONG, cumplen una función distinta y son vitales para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. 
Lo que hemos establecido y lo que esperamos mejorar es un sistema en el que tengamos –y el público pueda ver que tenemos– un sistema claro, transparente y justo para financiar el nivel de trabajo europeo de los partidos políticos. Acontecimientos recientes han demostrado que esto no siempre ocurre a escala nacional. 
Deberíamos estar orgullosos de crear una estructura sólida a escala europea para financiar la labor de los partidos políticos europeos. Es importante que lo hagamos porque lo que ofrecen los partidos políticos son opciones para el votante, visiones diferentes, programas diferentes, ideas diferentes, propuestas diferentes. 
¿Quieren que nuestros mercados sean totalmente libres, al estilo liberal, o que se regulen para proteger a las personas vulnerables? Estas son todas ellas decisiones políticas, opciones políticas defendidas por partidos políticos; a menudo se escamotean en el Consejo. 
Algunos afirmaron que así solo se financiaría a los grandes partidos. Bueno, algunos dirán que diez partidos son muchos partidos financiados. 
Algunas de sus Señorías que no están presentes esta noche –incluido el señor Hannan, del Grupo del PPE-DE– dijeron que este sistema solo iba a financiar a los partidos proeuropeos, como si hubiera una norma con la que pudiéramos inclinar la financiación hacia un punto de vista político concreto. 
Señor Presidente, puesto que el único lugar natural para el debate político y democrático es el plano nacional, los partidos coherentes con un programa global solo tienen un lugar en el marco de los Estados miembros. 
El déficit democrático de la Unión Europea solo se solucionará mediante la representación de partidos nacionales que tengan su identidad propia, partidos que rindan cuentas a los ciudadanos que los conocen y los entienden. 
Los partidos políticos europeos, financiados prácticamente por la Unión Europea, deben ser capaces de preservar su independencia y no convertirse en otro medio de propaganda y comunicación europea ante los electores. 
Por ello, los partidos políticos europeos deben seguir siendo simplemente un medio de cooperación entre los partidos políticos nacionales, un foro abierto en el que se respete a todos los miembros. 
De ningún modo deben reflejar ni convertirse en medios de convencer a una supuesta opinión pública europea que no existe ni existirá porque las diferencias de lingüísticas son un hecho y la Unión Europea es un medio y no un fin en sí misma. 
Eso se dice en todas partes. Y aquí tenemos que aplicar una frase muy sencilla: la función crea el organismo. 
Por ejemplo, la Constitución Europea dice que, cuando el Consejo haga su propuesta de cara a la elección por esta Cámara del Presidente de la Comisión, deberá tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas. 
Y, si eso es así, los partidos europeos tendrán que pensarse muy bien cuáles son sus cabezas de lista y también cuáles son sus programas; y tendrán pleno sentido entonces, no las listas transnacionales —obviemos este término—, sino las listas europeas, que es la definición más exacta: listas europeas. 
La Convención Europea fue un éxito porque trabajó sobre la base de familias políticas europeas, y los encuentros interparlamentarios y el período de reflexión también serán un éxito si somos capaces de trabajar como familias políticas, de entendernos y de llegar a acuerdos. 
Y para eso el papel de los partidos políticos europeos es fundamental, como lo será también cuando haya referendos europeos y evitemos el espectáculo de referendos nacionales trufados por los problemas de cada uno de los países. 
Para lograr estos objetivos, es esencial que haya unas normas que rijan a los partidos políticos de ámbito europeo. Se necesita un estatuto de los partidos políticos para definir sus derechos y obligaciones y permitirles convertirse en entidades legales. 
A pesar de todo este acuerdo y de lo tarde que es, todos somos de la opinión de que es esencial celebrar un debate sobre este importante informe. 
En la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, subrayamos el hecho de que se trata de un ejercicio de mejora de la legislación. 
El MCR y la revisión del acervo pueden contribuir enormemente a que mejore el funcionamiento del mercado interior. 
No obstante –y esta era nuestra principal preocupación–, la recopilación del MCR es un ejercicio político: implica opciones políticas. Por lo tanto, el Parlamento Europeo debe estar implicado plenamente como colegislador. 
Todos acogemos con satisfacción el establecimiento del grupo de proyecto, que augura un buen futuro para la cooperación con la Comisión. 
No obstante, todavía esperamos con preocupación que la Comisión presente un enfoque coherente. Eso significa que no solo la DG Sanco, sino también la DG Justicia y la DG Mercado Interior deberían estar implicadas plenamente en el proceso. 
En mi país –que no es conocido por su apoyo a nada que siquiera pudiera empezar a parecerse a un código de contractual europeo–, una encuesta independiente realizada por un importante bufete de abogados sacó a relucir los costes transaccionales de un Derecho contractual incoherente en el mercado interior. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la situación política en Belarús después de las elecciones. 
. – Señora Presidenta, Señorías, deseaba estar presente aquí para este importante debate de hoy, porque el Parlamento, en particular, tiene que expresar enérgicamente la honda preocupación que siente la UE sobre la situación y la evolución de los acontecimientos en Belarús. 
Por supuesto, el Consejo lleva prestando atención a Belarús no solo desde el domingo pasado, cuando se celebraron las elecciones, sino desde hace mucho tiempo. 
Durante algún tiempo, el Consejo ha observado con preocupación la situación de Belarús en lo referente a los derechos humanos y su supresión, la oposición y la sociedad civil. 
De hecho, esa es la razón por la que el Consejo adoptó numerosas medidas antes de las elecciones, en particular reaccionando de forma clara al anuncio del Gobierno y del Presidente de Belarús de su intención de tomar medidas drásticas contra cualquier manifestante. 
Se utilizó incluso la palabra «terroristas» y se habló de la pena de muerte, por lo que el Consejo se pronunció muy claramente. 
El discurrir de las propias elecciones ha confirmado por desgracia las expectativas negativas que teníamos a raíz de los últimos acontecimientos, concretamente el freno a la actividad de la oposición y la supresión de la libertad de expresión, lo que significa que no han sido elecciones libres: esto lo ha confirmado particularmente la misión de observación electoral de la OIDDH de la OSCE, que ha dicho que las elecciones no han sido limpias ni libres, ni cumplen las normas de la OSCE. 
La Presidencia se ha pronunciado inmediatamente sobre los acontecimientos de Belarús y ha emitido una declaración al respecto el lunes 20 de marzo, en el Consejo de Asuntos Generales. 
El Consejo ha debatido el asunto y se ha manifestado de forma clara en la misma línea que la declaración de la OIDDH de la OSCE, emitida posteriormente aquella misma tarde. 
Lo que importa ahora, por supuesto, son las consecuencias de estos acontecimientos y la respuesta de la UE. 
El Consejo creyó que era importante, ante todo, reaccionar rápidamente y enviar una señal. 
Una vez más, estoy muy complacido por la rapidez con la que el Parlamento también se ha puesto a trabajar sobre esta situación, para enviar una señal política. 
En los próximos días y semanas, el Consejo examinará cuidadosamente qué medidas específicas pueden y deben tomarse para expresar nuestro descontento con esta situación y también para influir en los futuros acontecimientos en el país. 
En mi opinión esta es la razón por la cual la situación se ha hecho tan difícil y por ello deben sopesarse con cuidado las medidas que conviene adoptar, porque no queremos que ninguno de los pasos que demos afecten a los ciudadanos o a la sociedad civil. 
Por el contrario, ahora debemos intentar fortalecer a la sociedad libre o la sociedad civil libre. 
Debemos buscar formas de cooperar, formas de alentar a las personas valientes que se están reuniendo, que se mantienen firmes allí, y debemos considerar cuáles deben ser nuestras próximas medidas. 
Por esto, el Consejo decidió el lunes reunirse con la Comisión para debatir detalladamente qué tipo de medidas podrían adoptarse. 
Es muy importante que las medidas actuales y futuras que adopte la UE tengan también el apoyo de los socios de la UE. 
Un total de 40 países aprobaron la declaración emitida por la Presidencia ayer por la tarde: esto envía una señal enérgica. 
Esta declaración fue refrendada por los países candidatos, y también por los países que participan en el proceso de estabilización y asociación –Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro–, los países de la AELC, Islandia, Liechtenstein y Noruega y también Ucrania y Moldova. 
Es importante llegar a un amplio consenso para enviar una señal clara al respecto. 
También tendremos que dialogar con Rusia, por supuesto, donde reside otra clave de los acontecimientos. 
Debemos dejar claro que Rusia también debe compartir los valores comunes de la Unión Europea, que los cuatro espacios de los que siempre hablamos en relación con la asociación con Rusia presuponen que esta también se adhiera a las normas de la democracia. 
Naturalmente también expresaremos esto en nuestros contactos con Rusia. 
A modo de conclusión, me gustaría asegurarles que el Consejo se toma esta situación con mucha seriedad, que estamos preocupados por Belarús, que es el último país de Europa donde no se respetan los derechos humanos y donde no se respeta la libertad de reunión ni de expresión. 
Continuaremos con nuestros esfuerzos activos por mejorar esta situación. 
Como el Ministro de Asuntos Exteriores austriaco comentaba después de las elecciones: «No siempre será invierno en Minsk». 
Simplemente deseo tomarme la libertad de protestar contra la celebración de este debate. 
En el mejor de los casos, podemos definirlo como una total pérdida de tiempo. 
Aceptar de forma repentina, con un lapso de tan solo unas horas o minutos, debatir un tema muy importante es claramente infringir el Reglamento. 
Es un tema importante, pero lo que estamos viento es una inusual complacencia en un contexto democrático reflejado en las reacciones a las elecciones en Belarús y la opresión que se ha producido. 
No es un tema que pueda debatirse con tan poca antelación. 
Hacerlo va en contra del Reglamento e insisto en que dejemos de debatir este tema y pasemos al orden del día adecuado. 
Muchas gracias, señor Krarup. 
La petición de modificar el orden del día se anunció ayer; supongo que se debatió en los Grupos. 
Esta mañana he anunciado la modificación del orden del día, junto con los detalles de quién ha propuesto la modificación, qué Grupos están implicados y el número de firmas recibidas. 
No ha habido protestas de la Cámara. 
Estoy segura de que su Señoría planteará el tema en su Grupo. 
Señora Presidenta, las recientes elecciones en Belarús y los eventos del domingo en la capital, Minsk, han confirmado claramente que el Presidente Lukashenko está decidido a mantener su régimen sin importarle los medios. Eso no es ninguna sorpresa, puesto que se trata de un régimen represivo que no muestra tolerancia alguna con la competencia política. 
Las malas noticias son que el Presidente y el régimen todavía disfrutan de cierto apoyo entre una parte significativa de la población. 
No obstante, las manifestaciones pacíficas son la prueba de la consolidación de fuerzas pluralistas en el país, y este es un avance positivo. 
El informe inicial de la OSCE y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos concluye que las elecciones del 19 de marzo incumplen claramente los criterios de la OSCE respecto a las elecciones democráticas debido a la ausencia de los derechos básicos de libertad de reunión, asociación y expresión, al uso arbitrario del poder estatal, a las numerosas detenciones y a problemas con el recuento prematuro de votos y los procesos de tabulación. 
A la luz de estos graves problemas, la Comisión considera que las elecciones presidenciales celebradas en Belarús estuvieron gravemente viciadas. 
Esto plantea serias dudas respecto a si los resultados de las elecciones reflejan verdaderamente la voluntad de los ciudadanos de Belarús. 
La Comisión también condena la no admisión de los observadores anunciados y registrados de la UE y la OSCE, entre ellos varios diputados al Parlamento Europeo. 
Condenamos la instigación de procesos penales contra miembros de la oposición y las detenciones de activistas de la oposición y de manifestantes pacíficos. 
Instamos a las autoridades belarusas a que los liberen inmediatamente. 
Ahora la Comisión está considerando la cuestión de las sanciones. 
Es importante que las medidas de sanción se dirijan contra los individuos que son responsables de las elecciones fraudulentas. 
Tenemos que evitar que sea la población la perjudicada y deberíamos expresarlo así con toda claridad. 
La Comisión participará plenamente en la preparación de dichas medidas. 
Mirando ahora al futuro, debemos continuar con nuestros esfuerzos por apoyar la democratización y la sociedad civil. 
Estamos ultimando una propuesta relativa a estrategia de asistencia para el período de 2007 en adelante. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo, seguiremos apoyando la democratización a través de nuestros distintos modos y medios. 
También seguiremos apoyando las necesidades de la población abordando cuestiones sociales y económicas de la sociedad belarusa. Esto puede hacerse mediante nuestros futuros instrumentos de la Política Europea de Vecindad. 
Este tipo de apoyo nos permitirá combinar contactos con funcionarios intermedios para reducir el autoaislamiento de Belarús; cooperación con ONG y prestación de apoyo que beneficie directamente a la población, por ejemplo en el sector sanitario, el medio ambiente o la zona afectada por Chernóbil. 
Los programas de radio y televisión que se emiten actualmente en Belarús y que cuentan con el apoyo de la Comunidad Europea son una contribución importante a la democratización y a la visibilidad de la Unión Europea en Belarús. 
Es importante que hagamos llegar a la población belarusa tanto el considerable esfuerzo económico realizado por la UE como las ventajas potenciales de la Política Europea de Vecindad. 
A través de nuestra ayuda nos complacerá fomentar los contactos personales y buscaremos la máxima flexibilidad dentro de los límites de nuestras normas financieras. 
. 
Señora Presidenta, el debate de hoy es importante. 
La decisión de incluir este punto en el orden del día dice mucho a favor del Parlamento Europeo. 
La intervención de hoy de la Comisaria también dice mucho a favor de la Comisión Europea. 
Parece que, por primera vez después de mucho tiempo, el Parlamento y la Comisión están hablando el mismo lenguaje. 
Es una excelente señal. 
Los belarusos están esperando una expresión de solidaridad política de nuestra parte. 
Esto lo pidió Alexander Milinkevich cuando compareció ante el Parlamento hace unos meses. 
Se entrevistó con la Comisaria Ferrero-Waldner y el señor Solana y fue reconocido como un socio democrático por los líderes políticos de la Unión Europea. 
La solidaridad política no es simplemente hacer declaraciones políticas, sino que también incluye la necesidad de revisar las políticas de nuestra Unión. 
Este proceso de revisión de largo alcance debería tener por objeto el aislamiento de las autoridades en el poder sin aislar a la sociedad belarusa. Su objetivo debería ser el apoyo a la sociedad belarusa sin apoyar a las autoridades. 
Esta Cámara lleva mucho tiempo pidiendo que las acciones que emprensa la Unión sean inteligentes y que se apliquen solamente aquellas sanciones que afecten a los funcionarios del régimen, a los responsables de la violación de los derechos civiles y las libertades democráticas. 
Pedimos que se aumente significativamente la lista de personas a las que se prohíbe la entrada en la UE. 
En nuestra calidad de delegación del Parlamento Europeo para Belarús, hemos enviado la documentación relevante a la Comisaria Ferrero-Waldner y al señor Solana. 
También es muy importante abrir las puertas de la Unión Europea a los belarusos que no pueden encontrar su lugar en su propio país, y es vital incluir a los jóvenes de Belarús, a los que se niega el acceso a las universidades por participar en manifestaciones pacíficas, en un programa especial de becas en los Estados miembros de la UE. 
Esto se lo debemos a nuestros socios belarusos. 
. Señora Presidenta, si echamos un vistazo al domingo pasado, creo que está muy claro que la única respuesta adecuada a las elecciones de ese día en Belarús es la de rotunda condena. 
Esas elecciones no han sido libres, no han sido justas y la situación era peor, si cabe, que durante las elecciones presidenciales de hace cuatro años. 
Pienso que es justo y conveniente que la Unión Europea lo proclame abiertamente y haga saber a nuestra ciudadanía que no aceptamos que una dictadura siga teniendo atenazado a ese país por medio de elecciones de este tipo. 
Eso, por supuesto, plantea la cuestión de qué hacer a renglón seguido. 
Comparto la opinión del señor Klich de que tenemos que analizar cómo continuamos ampliando lo que denominamos sanciones inteligentes. 
Creemos que carece de sentido aplicar sanciones que afecten a la población de ese país; lo más importante que deberíamos hacer en favor de ella es ver la manera de contribuir a aumentar la conciencia o a ampliar el espacio del pluralismo en dicho país. 
Creo que el Consejo y la Comisión tienen que dejar claro qué consideración van a otorgar a ese régimen tras estas elecciones, y que deberíamos utilizar los mismos términos severos para describirlo que los Estados Unidos. 
Al menos no quedará duda entonces de lo que pensamos de él. 
Pienso que deberíamos contemplar asimismo la opción de ampliar el papel del Alto Representante. 
¿Por qué no nombrar, efectivamente, un representante especial de la UE para Belarús? 
Tal como ha expuesto el señor Winkler hace unos momentos, un tema esencial es, desde luego, el de las relaciones con Rusia. 
Está bien –muy bien, de hecho– contar con 40 firmas al pie de una declaración de la UE, pero falta una firma. 
Esa firma se encuentra en el pie de un telegrama que el señor Putin ha enviado al señor Lukashenko el mismo domingo, creo, para felicitarle una vez más por el magnífico resultado, y en el que el señor Putin expresa la esperanza de poder trabajar, junto con el señor Lukashenko, en el ulterior desarrollo democrático de ambos países. 
Esa es la situación a que nos enfrentamos. 
Espero que estos temas se planteen en la Cumbre del G8, pero también, y sobre todo, dentro del marco de las consultas regulares entre la Unión Europea y Rusia. 
Considero que es fundamental para la UE aunar esfuerzos con países vecinos como Ucrania, así como con los Estados Unidos, a fin de desarrollar una política con vistas a inducir un cambio en el país en cuestión. 
Pienso igualmente que una política de mayor visibilidad por nuestra parte resultaría rentable en estos momentos. 
Ha sido tan grande la atención mediática prestada en todos nuestros países a estas elecciones que deberíamos aprovechar el impulso generado. 
Por último, dentro de dos semanas vamos a celebrar un debate más amplio sobre este tema en Estrasburgo, en el que tendremos ocasión de debatir con más detalle las acciones que podría emprender la Unión Europea, razón por la que quiero pedir al Consejo una cosa, a saber, que presente un programa coherente y propuestas sólidas para apoyar a la oposición y a la sociedad civil en ese país. 
Creo que eso es sumamente importante: buscar nuevas formas de ofrecer a la oposición el apoyo que necesita y merece, y seguramente esa sea la única manera de garantizar el cambio en el país. 
Hago mía la reflexión del señor Winkler: el invierno no puede durar toda la vida en Minsk. 
. Señora Presidenta, el Consejo y la Comisión han manifestado su intención de realizar consultas acerca de esas sanciones y medidas, y con razón. 
Estoy bastante sorprendida de que no se haya diseñado de antemano un plan de ataque. 
Al fin y al cabo, la situación actual de Belarús no coge a nadie por sorpresa. 
Se han expuesto muchos ejemplos de posibles sanciones y medidas y yo apoyo rotundamente planteamientos tales como ampliar la denegación de visados a los representantes gubernamentales, una política flexible de visados de bajo coste para los ciudadanos normales de Belarús, la congelación de los bienes en el extranjero, una mayor armonización de los programas financieros europeos para adecuarlos a la situación concreta en ese país, y así sucesivamente. 
Sin embargo, un aspecto al que no se ha prestado la debida atención es el papel de Rusia en todo este asunto, a lo que el señor Wiersma ha aludido de pasada hace un momento. 
Pero incluso más importante es el papel que la UE puede, y efectivamente debería, desempeñar a este respecto. 
Por refrescarles la memoria, el señor Putin ha felicitado al señor Lukashenko por su victoria sin pestañear. 
Al hacerlo, simplemente estaba mostrando su desprecio por las conclusiones provisionales de la OSCE, y es él quien sigue engrasando la maquinaria de la economía de Belarús con suministros baratos de materias primas. 
¿No va siendo hora de que el Consejo y la Comisión entablen un diálogo constructivo con Putin? 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho hace un momento que da por sentado que muchos de los asuntos se van a resolver en los contactos con Rusia. 
Eso puede constituir un intento loable, pero quizá no sea suficiente. 
Desde luego no resulta aceptable que Putin continúe imperturbable su política y felicite a Lukashenko, mientras se sigue violando flagrantemente los derechos humanos. 
¿Acaso corremos el riesgo, al adoptar una postura totalmente clara, de crear un conflicto con diferentes prioridades, como la de garantizar los suministros energéticos para Europa? 
Tendría un inmenso valor para mí que nuestros propios intereses no hipotecaran los ideales en los que se fundamenta la UE. 
. – Señora Presidenta, el asunto de mayor importancia a mi juicio es que quede claro el mensaje, es decir, el mensaje por parte de todas las instituciones europeas de que estas elecciones han sido una farsa. 
No existe ninguna demostración fiable de la declaración por parte del señor Lukashenko de haber ganado las elecciones. 
Esa es la verdad del asunto. 
La gente se deja engañar cada vez menos; de lo contrario, no se habrían congregado decenas de miles de ciudadanos en la Plaza de Octubre la tarde de las elecciones del domingo, a pesar de las amenazas por parte del Presidente Lukashenko y los servicios secretos. 
Esa gente en la Plaza de Octubre constituye nuestra gran esperaza en Belarús, razón por la cual quiero mandarle un saludo muy especial desde esta Cámara, ya que ellos son nuestros futuros socios. 
Por este motivo, nuestra máxima prioridad consiste en conceder a estas personas el reconocimiento de socios, apoyar sus actividades democráticas y garantizar que, en caso de que sean detenidos, se aplique una denegación de visados para quienes practiquen tales detenciones. 
Al fin y al cabo, estas personas no están haciendo más que ejercer su derecho democrático a la libertad de expresión y manifestando su deseo de vivir en democracia. 
Quiero plantear una vez más el tema de Rusia. 
Es urgente incluir el asunto de cómo actuar con respecto a Belarús en la agenda de la próxima Cumbre del G8 como cuestión especial. 
Cualquiera que continúe apoyando incondicionalmente a Belarús y al Presidente Lukashenko no puede ser tomado por un socio serio de la UE. 
Belarús está obstaculizando las buenas relaciones entre Rusia y la UE, lo cual significa que esto debe ser debatido. 
Espero que la Presidencia nos informe de cómo se han desarrollado estas conversaciones. 
Es la única forma de dar un paso al frente y de apoyar a quienes resisten en la Plaza de Octubre. 
. 
Señora Presidenta, hay algo sorprendentemente positivo en el hecho de que hoy, en esta Cámara, todos los representantes de los distintos Grupos políticos estén defendiendo una misma opinión. 
Constituye un buen ejemplo de lo que significa la solidaridad europea y demuestra que todos los aquí presentes, o al menos una mayoría abrumadora, conceden la misma importancia a las normas básicas referentes a los derechos humanos y los derechos civiles, tan brutalmente violados en Belarús. 
Quiero unir mi voz a la de quienes hoy han expuesto aquí de forma tan clara que el régimen del Presidente Lukashenko y todos los sucesos que se están produciendo actualmente en Belarús serían imposibles si el propio dictador no pensara que cuenta con el apoyo de patronos influyentes y amigos poderosos en el Kremlin. 
Hemos de ser conscientes de que la clave para resolver la situación en Belarús no debe buscarse solamente en la propia Belarús, sino que radica también en convencer a las autoridades rusas de que nosotros, como ciudadanos de la Unión Europea, consideramos a todas luces inaceptable la situación imperante al otro lado de la frontera oriental de la Unión Europea. 
Señorías, quiero mencionar un asunto que hasta ahora no se planteado en este debate, ya que hemos estado discutiendo, como es lógico, acerca de los delitos relacionados con las elecciones que se han celebrado hace unos días en Belarús. 
Sin embargo, deberíamos recordar que existe cierta continuidad en el problema de las violaciones de los recursos humanos en Belarús y que el problema no está relacionado únicamente con el proceso electoral. 
Quiero solicitar una acción más intensa por parte de la Unión Europea, no solo en el ámbito de los derechos humanos, en el sentido de los derechos electorales, sino también del fomento de la libertad de información y de los medios de comunicación en Belarús. 
La razón de ello es que el régimen del Presidente Lukashenko también sigue en el poder simplemente por el hecho de que engaña a los ciudadanos. 
– Señora Presidenta, Belarús adquirió inesperadamente la condición de Estado en 1991. 
Ha tenido una historia horrible y ha sufrido especialmente por la lluvia radiactiva de Chernóbil. 
De hecho, yo fui uno de los autores de una enmienda en el último Parlamento para incrementar la financiación de ayuda a los niños que todavía están sufriendo las consecuencias de la radiactividad hasta la fecha. 
Ahora Belarús está dominada por un dictador paranoico que busca el autoaislamiento, el señor Lukashenko. 
En su día califiqué el país de la «Cuba de Europa». 
El señor Lukashenko no tiene tiempo para unas elecciones libres y limpias. 
Solo pasa por la charada. 
Cree en el dicho estalinista según el cual lo que importa no es cómo se realiza la votación, sino quién controla el recuento. 
Curiosamente, puede que el señor Lukashenko incluso haya tenido suficiente apoyo popular –del 55 % al 60 %– para haber ganado la votación en unas elecciones libres. 
No obstante, eso no es suficiente para un hombre como él: quería un margen mucho mayor de mayoría como dictador, porque temía que si perdiera más popularidad, la próxima vez no habría ningún margen cómodo para retroceder al 55 % o al 60 %. 
Lamentablemente, Rusia, bajo el señor Putin, suministra gas a Belarús a 50 dólares por mil metros cúbicos, y la economía belarusa es lo suficientemente optimista para que el señor Lukashenko pueda comprar los votos de los pensionistas, los militares, la policía y todo el aparato estatal. 
Afortunadamente, los jóvenes son más cínicos y saludo el valor de todos aquellos que han tomado las calles en protesta y han hecho frente a la brutalidad y la ira de las milicias y la KGB controladas por el señor Lukashenko. 
Al fin y al cabo, el señor Lukashenko debería ser considerado un paria en Occidente y deben restringirse las posibilidades de viaje y los activos financieros de todos los miembros del régimen: deben congelarse. 
Debemos apoyar a su sociedad civil y sus ONG, y necesitamos un programa de visitas muy especial en la Unión Europea que cuente con una financiación generosa para traer a estudiantes, periodistas y miembros de la sociedad civil –los activistas y los líderes de opinión– a nuestro Parlamento para que vean cómo funciona la democracia en realidad. 
Los valientes ciudadanos en la Plaza de Octubre están escribiendo la historia de su país. 
Lo están haciendo al derribar el muro de miedo y apatía que reinaba en Belarús. 
Constituye un revés inmenso para quienes no creen en la democracia. 
Y están arriesgando todo: sus trabajos, sus estudios, sus familias, sus vidas. 
A pesar de las amenazas, desde el sábado pasado los valientes jóvenes de la Plaza de Octubre han sido capaces de mantener una guardia diaria de valor, una guardia que se va a prolongar por lo menos hasta el sábado que viene. 
Insistimos en que no se ha utilizado la violencia contra estas personas. 
Para nosotros eso sería inaceptable. 
Algunos de estos jóvenes han sido expulsados de la universidad por participar en manifestaciones. 
Ahora tenemos que mostrar en la práctica la solidaridad de la que hemos venido hablando tanto tiempo. 
Si las cosas no mejoran, tendremos que hacer un sitio a estos jóvenes para estudiar en las universidades europeas aquí, con nosotros. 
Las palabras que hemos proferido desde hace tanto tienen que convertirse en hechos. 
Ha sonado la señal y se ha dado el aviso para quienes quieran escucharlo. 
Que nadie se llame a engaño. 
Sin embargo, a partir de ahora la cuestión es quién va a ser capaz de resistir más. 
No vale esgrimir ninguna excusa. 
No podemos aducir dificultades burocráticas o diplomáticas para no acudir en ayuda de estas fuerzas democráticas. 
La iniciativa de realizar emisiones radiofónicas para este país constituye un paso válido en la dirección correcta, pero, francamente, no sé en qué ha quedado eso. 
Al margen de lo anterior, no debemos rehuir nuestra responsabilidad simplemente por haber adoptado esta iniciativa. 
Lo que está ocurriendo en Belarús nos atañe porque está ocurriendo en casa. 
Gracias. 
Durante años hemos sabido lo que ha estado haciendo este dictador al otro lado de nuestras fronteras orientales. 
Pero donde hemos tenido problemas ha sido a la hora de responder a la pregunta acerca de lo que teníamos que hacer al respecto. 
El período de impotencia política pasó cuando este Parlamento tomó la iniciativa, sobre todo durante el mandato actual. 
Estoy convencido de que la Cámara ha prestado un servicio histórico en este sentido. 
Sin embargo, hoy hemos de combatir la inoperancia exhibida por Europa y por el mundo libre en el terreno de la acción práctica. 
A corto plazo, hemos de ampliar notablemente la lista de personas que no son bienvenidas en el territorio de la Unión Europea. 
A medio plazo, hemos de encontrar métodos eficaces de apoyo a las fuerzas cívicas, sobre todo a los medios de comunicación. 
Acabar con el bloqueo informativo es una cuestión de gran importancia por tratarse de recuperar la fe en una vía alternativa para el desarrollo en Belarús. 
Hemos de intensificar nuestra acción en este campo. 
Ya se han dado los primeros pasos, pero deben ser considerarse meramente iniciales. 
Lo más importante es que a la larga los belarusos también tienen que sentir que estos pasos conducen a algún sitio. 
Hemos de abrirles el camino hacia Occidente y ofrecerles perspectivas europeas reales. 
Sin esto, los belarusos jamás creerán que puedan liberarse de las garras de un dictador u otro. 
Sin estas perspectivas, el régimen de Lukashenko pasará, pero su lugar será ocupado por otro que ejecute la política de Rusia de reconstrucción de su esfera de influencia en la región. 
No existe una tercera vía para esta parte de Europa. 
Yo, como polaco, lo sé de sobra. 
Los resultados de las elecciones presidenciales en Belarús estaban cantados. 
El resultado refleja el uso de violencia, fraude y detenciones masivas, o en otras palabras, violaciones flagrantes de las normas básicas que rigen las elecciones libres y democráticas. 
¿Cómo va a evolucionar la situación ahora, tras las elecciones? 
Parece como si se hubiera cerrado un capítulo en la lucha por la democracia en Belarús, pero no debemos quedarnos de brazos cruzados. 
La gente ha estado manifestándose en las calles de Minsk durante cinco días. 
¿Qué podemos hacer nosotros en el Parlamento Europeo y la Unión Europea dadas las circunstancias? 
Primero, no debemos aceptar los resultados electorales. 
Esto significa que hemos de rechazar, ignorar y aislar al Presidente belaruso del resto del mundo. 
Segundo, la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen que apoyar claramente a partir de ahora solo a las fuerzas democráticas de la oposición y a las asociaciones ciudadanas, la sociedad civil, tal como ya se ha dicho aquí. 
Este apoyo no solo debe expresarse en términos morales, sino que debe ser específico e incluir ayuda financiera. 
También podría ser una buena medida integrar a los partidos de la oposición de Belarús en las estructuras de partido europeas. 
El SMK (Partido de Coalición Húngara) en Eslovaquia sentó un buen precedente al firmar un acuerdo con el Frente Nacional belaruso y el Partido Cívico Unido el año pasado, y al mismo tiempo, el SMK está planteando este tema dentro del Grupo del PPE-DE. 
A resultas de ello se va a conceder a los dos partidos la categoría de miembros observadores del PPE-DE en el Congreso que se va a celebrar en Roma la semana próxima. 
Tercero, la Unión Europea, en concreto la Comisión, debería elaborar una estrategia nueva que sea clara, más eficaz y más coherente. 
No debemos permitir que el apoyo financiero de la Unión Europea se canalice a través del Gobierno de Lukashenko, sobre el que carecemos de control acerca de cómo se utiliza. 
La República Eslovaca está a favor de prácticas más estrictas y severas. 
Señorías, la Unión Europea no debe dejar a Lukashenko a su aire y volver a hacer como si nada hubiera ocurrido; la Unión Europea, el socio comercial más importante de Belarús, ha estado contribuyendo efectivamente en buena medida al mantenimiento de este régimen. 
– Los recientes acontecimientos en Belarús han puesto de manifiesto dos cosas: primero, que es necesario revisar a fondo y concretar la estrategia de la Unión Europea sobre Belarús cuanto antes, y la positiva aparición de una naciente sociedad civil no debería apaciguar ni a los dirigentes de la Unión Europea, ni a los Parlamentos y Gobiernos de sus Estados miembros. 
La oleada represiva no va remitir, sino a aumentar; por tanto, el primer objetivo consiste en proteger de la represión a las fuerzas contrarias al régimen y a sus líderes. 
Esta estrategia tan concreta y vinculante deberían aplicarla los Parlamentos y Gobiernos de todos los Estados miembros de la Unión Europea, no solo por quienes comparten fronteras con Belarús. 
Segundo, una vez aislada la cúpula del régimen, tenemos que utilizar todos los medios posibles para reforzar el apoyo informativo al pueblo belaruso, desarrollar los contactos existentes y establecer otros nuevos en todos los niveles de la sociedad civil: la comunidad empresarial, el mundo académico, la gente implicada en las artes y la cultura y los periodistas. 
Creo que Lituania ya nos ha dado un ejemplo satisfactorio y concreto al acoger la que solía ser la única universidad libre de Belarús, y que más tarde fue enviada al destierro. 
Ofrecer a los jóvenes de Belarús esas oportunidades de estudio en instituciones de enseñanza superior y universidades en la Unión Europea resulta, sin duda alguna, prioritario dentro de una estrategia común de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, yo era miembro de la delegación del Parlamento Europeo que jamás fue a Belarús. 
Asumí el reto. 
Fui retenido en la frontera y presencié toda la ridícula escena; lo absurdo de un tren esperando durante una hora en la frontera polaca-belarusa, la gente mirando con horror y luego cruzando la frontera, aterrada. 
Al ver a los funcionarios revisando los pasaportes me recordó a la época comunista. 
Fue como si estuviera viendo una película de aquellos años. 
Vi pequeños contrabandistas. 
La frontera sobre el río Bug es un Muro de Berlín ridículo y tenemos mucha razón al proclamar que habría que aislar a las autoridades. 
Sin embargo, puesto que podemos tender puentes, yo propondría que no aislásemos a la sociedad belarusa, los jóvenes, los estudiantes, los periodistas, el personal académico y la gente que trabaja para las ONG que están siendo discriminadas en Belarús. 
Necesitamos puentes que permitan a los belarusos sentirse europeos y comprender que podrían y deberían participar en la defensa de valores como la democracia y la libertad. 
. – Señora Presidenta, estoy realmente agradecido a la Cámara por su firme, unánime e impresionante apoyo a nuestras iniciativas y a las de la Comisión. 
Nuestras ideas están en la misma onda y ahora tenemos que encontrar formas eficientes de responsabilizar al régimen por la situación, celebrar elecciones y apoyar a los partidarios del cambio. 
Todos estamos de acuerdo en eso. 
Naturalmente, pretendemos seguir muchas de las recomendaciones que se han formulado aquí. 
Ya que no puedo entrar en detalles sobre todas las cuestiones planteadas, quiero comentar las que me parecen especialmente interesantes en este contexto. 
El señor Klich ha recordado a la Cámara que Alexander Milinkevich ha visitado al Parlamento Europeo; quiero señalar que el señor Milinkevich también ha visitado al Consejo; en todo caso, catorce Ministros de Asuntos Exteriores estuvieron presentes en el encuentro, que se celebró en el marco de una reunión del Consejo y también allí dejamos muy clara nuestra profunda admiración por la valentía de la oposición y la firmeza de nuestro apoyo. 
Varios oradores han mencionado aquí medidas restrictivas o sanciones. 
Eso es exactamente lo que necesitamos ahora. 
Ya existen restricciones para los visados y esas medidas restrictivas tienen ahora que ampliarse. 
La señora Schroedter ha dicho que hay que denegar el visado a todos los responsables y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. 
Esa es también la razón por la que –aunque, naturalmente, en el pasado ya se habían barajado hipótesis– solo ahora podamos tomar medidas concretas: porque ahora sabemos exactamente quién es responsable de la situación en Belarús y qué nombres deben figurar en la lista de restricciones a la concesión de los visados, aunque siga haciendo falta un análisis detallado. 
Como han dicho muchos oradores, al mismo tiempo debemos encontrar formas de ofrecer ayuda a las personas que quieran viajar al extranjero, para visitar nuestros países, ampliar sus horizontes y ver cómo funciona la democracia. 
Quiero expresar también mi agradecimiento a la Comisaria Kovács por haber adoptado una postura específica respecto a las medidas previstas por la Comisión, porque también será importante que la Comisión, con todo nuestro apoyo, desarrolle programas coherentes y creíbles. 
Se ha hablado de sanciones inteligentes. 
En efecto, eso es exactamente lo que necesitamos, aunque, para ser sincero, tengo que decir que a menudo resulta más fácil decir las cosas que hacerlas y encontrar medidas que no dañen a quienes no deben. 
Se ha llamado la atención asimismo sobre los observadores de la UE a los que se ha negado el acceso. 
Esa es una situación muy lamentable. 
Quiero decir que la declaración de la Presidencia sobre la situación en Belarús, publicada ayer, deplora expresamente la prohibición del acceso a los observadores de la UE, entre los que había algunos diputados al Parlamento Europeo. 
Eso solo sirve para demostrar el profundo miedo que tienen de permitir la entrada de parlamentarios libres al país. 
Pero nuestra obligación es ayudar a los jóvenes, a la sociedad civil y a las personas que siguen resistiendo a pesar de soportar temperaturas bajo cero. Nosotros nos uniremos a la Comisión para buscar la manera de ayudarles. 
El seńor Kamiński ha mencionado la libertad de prensa, que desempeńa un papel muy importante. 
Realmente es importante. 
Todos sabemos por experiencia –y yo, como austriaco, tengo muchos elementos para juzgarlo– la importancia del papel que desempeñaron en su tiempo la radio y la televisión independientes en nuestros países vecinos, Hungría y Checoslovaquia. 
Hoy también tenemos que asegurar que los interesados tengan la oportunidad de recibir noticias que no estén censuradas ni controladas. 
Debemos procurarlo. 
. Señora Presidenta, la Unión Europea es, sin duda, una comunidad de valores compartidos, una comunidad de países democráticos. 
Por consiguiente, tenemos que dejar muy claro que no aceptamos el régimen represivo del Presidente Lukashenko, ni la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni la violación de los derechos de los candidatos de la oposición registrados durante la campaña electoral y la detención de miembros de la oposición y manifestantes pacíficos. 
Las declaraciones políticas son importantes, pero sin duda no son suficientes. 
Por ello tenemos que introducir y mantener sanciones que reflejen claramente nuestra posición. 
Deberíamos evitar las sanciones económicas en general, que afectarían a la población. 
Nuestras sanciones deberían estar precisamente centradas en los responsables de las elecciones fraudulentas y de la supervivencia del régimen represivo en Belarús. 
Dichas sanciones podrían incluir, por ejemplo, la prórroga de la denegación del visado o la congelación de activos en los Estados miembros. 
Paralelamente a las sanciones y al incremento del apoyo a la sociedad civil y a las fuerzas democráticas del país, tenemos que animar y favorecer los contactos personales, por ejemplo renunciando a las tarifas de los visados en casos concretos. 
También tenemos que apoyar a las ONG. 
Somos conscientes del problema de que, según nuestras normas, el apoyo solo puede concederse a las ONG oficialmente registradas, pero la Comisión ha encontrado una solución para esto. 
Ahora accedemos a financiar ONG que estén registradas fuera de Belarús pero que trabajen en beneficio del país y de su gente. 
El debate ha sido bastante alentador. 
Demuestra que los diputados al Parlamento Europeo, la Presidencia –es decir, los Estados miembros– y la Comisión siguen la misma línea. 
Siguiendo la misma línea y trabajando en estrecha cooperación, promoveremos finalmente cambios democráticos en Belarús. 
El debate queda cerrado. 
– Señora Presidenta, Señorías, en nombre del Nuevo Partido Socialista Italiano quiero expresar mi apoyo a las protestas contra el fraude electoral cometido en las elecciones belarusas, donde el Presidente Lukashenko ha sido reelegido en dudosas circunstancias. 
Reitero mi pleno apoyo a los manifestantes de Minsk: miles de jóvenes se han manifestado pacíficamente en las plazas durante días y, en medio de numerosas dificultades, han emprendido una batalla democrática con la idea de construir un futuro diferente y mejor para su país. 
Las aspiraciones de la nueva Belarús están lejos de los objetivos del último tirano de Europa, Alexander Lukashenko, que ha hecho trampa en las elecciones, amenazando a la oposición en las plazas y haciendo uso de las prisiones como hizo Stalin en su tiempo. 
Apoyamos a los disidentes belarusos, que están aislados, soportando el frío, los malos tratos y las humillaciones, en su lucha por defender un futuro caracterizado por la libertad y la justicia, también en ese rincón de la URSS. 
El reloj de la historia tiene que empezar a funcionar de nuevo en Minsk, como lo ha hecho en otros sitios. 
– Es encomiable que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo hablen con una sola voz sobre la cuestión de Belarús y que lo estén haciendo tan enérgicamente por primera vez. 
La situación en Belarús es suficientemente grave como para que el Consejo y la Comisión, así como los diputados al Parlamento Europeo, condenen la aceptación por parte de Rusia y el apoyo que presta este país a un régimen tan poco democrático como el de Aleksander Lukashenko. 
No podemos ser indulgentes con la posición de Rusia a cualquier precio. 
Tenemos que ser sinceros y reconocer que las instituciones de la Unión Europea han esperado demasiado y reaccionado con excesiva lentitud a los acontecimientos en Belarús. 
Las acciones adoptadas han sido lentas y poco eficaces, ya sea porque no quisimos irritar al Presidente Putin o por el limitado alcance y los escasos recursos para la acción, pero también por lo que ha dicho el señor Onyskiewicz: los largos procedimientos y la canalización inadecuada de los fondos gastados. 
El trabajo de la Comisión es gastar correctamente los fondos asignados a la ayuda a Belarús y la Comisión tiene que hacer su trabajo de modo más eficiente y efectivo. 
Como diputados al Parlamento Europeo, pediremos periódicamente a la Comisión que nos mantenga informados de cómo está realizando su trabajo y si el procedimiento para transferir y gastar la ayuda se ha mejorado. 
Insistiremos también al Consejo y a la Comisión para que adopten una posición más firme en el futuro y condenen el apoyo prestado por Rusia al último tirano antidemocrático de Europa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0041/2006) del señor Bushill-Matthews, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre generaciones (2005/2147 (INI) ). 
. – Señora Presidenta, acojo con satisfacción la prioridad que ha dado el Comisario a esta cuestión. 
Esta prioridad la reconocen y apoyan todos los Grupos políticos del Parlamento. 
El hecho de que hubiera más de 200 enmiendas en la fase de comisión para lo que fue y es un informe de propia iniciativa se considera un reflejo de su naturaleza prioritaria y no se debe totalmente a la insuficiencia del ponente en primer lugar. 
Quisiera empezar dando las gracias a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y especialmente a los ponentes alternativos, por su importante aportación. 
Quisiera expresar mi gratitud a la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad Pública y Seguridad Alimentaria, y especialmente a la Comisión de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género –con la que hemos mantenido una cooperación reforzada, tanto oficialmente como en la práctica– por sus valiosas opiniones y por las muchas ideas con las que también han contribuido a este informe. 
No obstante, una consecuencia directa de todo esto es que el informe es demasiado largo: quizás un tributo a nuestro entusiasmo colectivo. 
Espero que con el apoyo de sus Señorías en la votación de hoy podamos acortarlo un poco. 
No obstante, el objetivo de este informe debería seguir estando claro: los retos de una población que envejece, con más personas que viven mucho más tiempo, con más personas mayores que están inactivas y necesitan el apoyo de otros y más personas mayores que están activas y necesitan apoyarse a sí mismas, no son solo problemas para los ancianos, sino para la sociedad en su conjunto. 
Los retos de una tasa de natalidad en declive, con un menor número de personas en edad de trabajar, que matemáticamente son incapaces de financiar a un mayor número de pensionistas; con muchos padres que quieren tener más hijos y que luchan con la presión de combinar el trabajo y la vida familiar, pero que matemáticamente son incapaces de cuadrar las cuentas. 
No se trata simplemente de problemas para los jóvenes, sino también de problemas para la sociedad en su conjunto. 
Son retos para los Gobiernos; son retos para las empresas. 
No hay soluciones válidas para todos, pero como dicen en Expediente X: la verdad está ahí afuera. 
Hay muchas ideas distintas y experiencias diferentes de las que sacar conclusiones, no solo en la Unión Europea. 
Hay una serie de ideas e indicadores en este informe. 
Ahora necesitamos que las mentes se abran, pero sobre todo necesitamos medidas para desarrollar estas ideas. 
Espero que el Comisario considere que este informe no solo refleja su propia prioridad, sino también su propio sentido de la urgencia y que todos estemos de acuerdo en que el verdadero trabajo empieza ahora. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias al señor Bushill-Matthews, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por su informe, que es realmente inspirador. 
Celebro el apoyo que ha expresado el Parlamento Europeo a nuestro Libro Verde. 
El informe del Parlamento Europeo llega en el momento justo para dar un impulso al trabajo de la Comisión relacionado con la nueva comunicación sobre demografía, puesto que está previsto que esta comunicación esté terminada en las próximas semanas y el calendario nos permite, por tanto, hacer un uso muy práctico de su informe. 
El informe contiene algunos puntos de gran importancia que merecen ocupar un lugar destacado en la nueva comunicación, que reunirá las conclusiones derivadas de las respuestas que hemos recibido a nuestro Libro Verde y de los estudios de impacto financiados a través del proyecto piloto organizado por el Parlamento Europeo. 
Describe las posibilidades que existen de mantener la cooperación a escala europea en cuestiones demográficas. 
Señorías, en los últimos tiempos Europa ha conseguido algunos éxitos extraordinarios. 
Quiero decirlo claramente, para que tengamos eso en cuenta. 
El envejecimiento demográfico de nuestra sociedad es el resultado de este éxito en dos de los vértices de la pirámide de la población y en dos lugares de esa pirámide. 
La esperanza de vida media ha aumentado gracias a los enormes avances médicos que, por ejemplo, han conseguido vencer en gran medida las enfermedades cardiovasculares, realizando con ello una importante contribución a la esperanza de vida media para las personas de mediana edad. 
Gracias a los importantes avances médicos en el ámbito de la atención infantil y perinatal, las cifras de mortandad de niños y lactantes han descendido hasta niveles nunca vistos antes en la historia y probablemente inesperados hace apenas unas décadas. 
En cierto modo, ahora nuetra vida dura más del doble de la de nuestros antepasados. 
Me ha complacido descubrir, en mis conversaciones con compañías de seguros, que ahora están trabajando con tablas de mortalidad que llegan no hasta los 80, sino hasta los 120 años. 
Este éxito tiene, por supuesto, algunas consecuencias, puesto que el envejecimiento demográfico altera al conjunto de nuestra sociedad en todos los aspectos. 
Es importante darse cuenta de que necesitamos una respuesta holística, una respuesta integrada que abarque todo. 
El envejecimiento demográfico va más allá de las cuestiones relativas a los sistemas de pensiones, la salud, la educación, la planificación urbana, etc. De hecho, dudo de que podamos encontrar alguna esfera de la actividad humana que no se vea afectada por el envejecimiento demográfico, incluidas las fuerzas armadas. 
Por tanto, debemos tratar de asegurar que el envejecimiento activo se haga realidad. 
Tenemos que desarrollar nuestros servicios asistenciales para niños y mayores. 
Tenemos que desarrollar nuevos productos y servicios para responder mejor a las necesidades de las personas que envejecen y, por supuesto, a las de una sociedad que envejecerá globalmente a medida que se altere su perfil de edad. 
Finalmente, tenemos que invertir más en desarrollo y conservación de nuestro capital humano de tal forma que consigamos mayores niveles de empleo y permitamos que las personas de edad avanzada puedan mantenerse laboralmente activas durante más tiempo. 
En las respuestas a las consultas del Libro Verde, especialmente en las de los Estados miembros, se hizo gran hincapié en la necesidad de conciliar mejor nuestra vida personal, familiar y profesional. 
El caso es que los inmigrantes ya invierten las pautas del declive demográfico en algunos Estados miembros. 
Para que tenga un efecto realmente beneficioso, la inmigración tiene que venir acompañada de mayores esfuerzos de integración y superación de las diferencias. 
Pese a todo ello, Señorías, sigue estando claro que los inmigrantes con los que contamos como elemento permanente de nuestras sociedades futuras no son la respuesta a los problemas del envejecimiento demográfico. 
Son solo uno de los componentes, pero en ningún caso deben considerarse la solución. 
Quiero apuntar algunas de las cuestiones que deben incluirse en nuestro programa de trabajo en los próximos años. 
Queremos seguir centrándonos en la conciliación de la vida familiar y profesional, porque está claro que los ciudadanos europeos quieren tener más hijos que los que están teniendo. 
Y para que puedan cumplirse sus aspiraciones y deseos naturales, creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre nuestra sociedad en su conjunto, nuestros hábitos, nuestras formas de hacer las cosas y los procedimientos que empleamos. 
Queremos crear un foro europeo sobre población y demografía que nos permita entender mejor los distintos aspectos implicados en la integración de la dimensión demográfica en las distintas políticas, con el respaldo de expertos reconocidos en la materia, así como organizaciones voluntarias. 
En 2007, la Comisión presentará un informe sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para integrar en su legislación nacional las disposiciones de la Directiva 2007/78/CE relativas a la discriminación por motivos de edad. 
Una vez cada dos años, coincidiendo con las sesiones plenarias del foro, la Comisión publicará un informe sobre población y demografía en Europa, en el que se describirán las tendencias demográficas europeas en el contexto de la evolución en el mundo. 
Señorías, el valor añadido de Europa consiste principalmente en organizar el intercambio de información, comparar enfoques contrastados y presentar y divulgar los datos resultantes. 
Eso ya lo estamos haciendo en numerosos ámbitos, sobre todo en los relacionados con la Estrategia de Lisboa. 
Señorías, las tendencias demográficas están cambiando nuestra sociedad. 
La han cambiado a lo largo de toda la historia y la seguirán cambiando en el futuro. 
Nuestra sociedad está envejeciendo técnicamente en términos demográficos, pero podemos decir también con seguridad que se está haciendo más sabia, puesto que la sabiduría se adquiere con la experiencia y en todas las sociedades es una característica de quienes han disfrutado de buena fortuna y han podido vivir lo suficiente para tener la oportunidad de aprender de la experiencia. 
Creo que en nuestros debates encontraremos la manera de responder a los desafíos que plantea el enorme logro de nuestra sociedad de aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida, y lo haremos de tal forma que las futuras generaciones sigan el curso que nosotros habremos trazado, un curso que conllevará un sentido más profundo de la calidad de vida, la dimensión humana y los valores sociales que todos acariciamos. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero empezar agradeciendo sinceramente al señor Bushill-Matthews su excelente informe. 
Quiero decir al Comisario Špidla que yo, personalmente, viviría de buena gana hasta los 120 años. 
Tengo que llegar a los 116 para recuperar lo invertido en mi plan de pensiones. 
Me sorprende que el Libro Verde sobre el cambio demográfico no haya tenido más en cuenta los aspectos relacionados con la salud. 
Los problemas de una sociedad envejecida no se limitan a los aspectos económicos. 
Están apareciendo nuevos síndromes, como ya se puede ver: la demencia –bien la enfermedad de Alzheimer, bien la demencia subcortical–, enfermedad vascular –desde las cardiopatías coronarias hasta la insuficiencia renal–, enfermedades metabólicas –sobre todo diabetes–, artritis espinal y de las grandes articulaciones y osteoporosis, por nombrar solo algunas. 
Eso hace todavía más que sea una cuestión de prevenir, de garantizar unas buenas condiciones de vida para todos antes del tratamiento y, si este es necesario, de asegurar que sea lo mejor posible para todos los europeos. 
Se trata de mantener tanto la calidad de vida como la movilidad. 
Necesitamos una reorientación social para afrontar estos retos. 
La jubilación ocupa ahora un tercio de la vida humana. 
Necesitamos un empleo con sentido, tareas sociales, tareas que permitan realizarse a las personas de edad avanzada, una vida sin barreras, nuevos conceptos de vivienda y, si es preciso, excelentes cuidados de enfermería y atención médica. 
Sin embargo, me preocupa el supuesto implícito e irreflexivo contenido en el Libro Verde de que un declive de la población tendrá consecuencias exclusivamente negativas para el sistema social establecido. 
– Quiero felicitar al señor Bushill-Matthews por su excelente informe y por nuestra cooperación durante la elaboración de nuestros respectivos informes. 
En 2003, el crecimiento natural de la población europea era del 0,04 %. 
Entre 2005 y 2030 se prevé una pérdida de más de 20 millones de habitantes. 
Hasta 2025 se espera que la población de la UE crezca ligeramente a causa de la inmigración, para luego volver a descender. 
La inmigración es solo una solución parcial. 
Los europeos no tienen el número de hijos que desean. 
Los estudios demuestran que les gustaría tener 2,3 hijos por término medio, pero solo tienen 1,5. 
Esta cifra es demasiado baja para la reposición de la población. 
Algunas causas de la baja natalidad son: un acceso tardío o inestable al empleo; dificultades de acceso a la vivienda; la tardía edad a la que se tiene el primer hijo; la falta de incentivos fiscales y de prestaciones familiares; una baja parental insuficiente; escasez de centros guarderías para niños y otras personas dependientes; diferencia salarial entre hombres y mujeres; y dificultad de conciliar la vida familiar y laboral. 
Según el experto demógrafo Phillip Longman, en Europa son los conservadores cristianos y musulmanes los que tienen más hijos y eso alterará la composición de la sociedad. 
¿Qué podemos hacer para rectificar el rumbo? 
Phillip Longman formula algunas sugerencias: Suecia ha conseguido aumentar su tasa de natalidad reforzando las prestaciones sociales y construyendo centros infantiles y guarderías. En Italia convendría facilitar la obtención de préstamos para la adquisición de una vivienda, que ahora son muy difíciles de conseguir. 
Una cosa es cierta: en la mayoría de los Estados miembros existe una estrecha correlación entre los altos niveles de empleo femenino y unas elevadas tasas de natalidad, y viceversa. 
. – Señor Presidente, en palabras del Comisario Špidla, el cambio demográfico no solo es una cuestión actual, sino también uno de los principales retos a los que hoy se enfrenta Europa. 
De ahí que el informe del señor Bushill-Matthews sea a la vez oportuno y muy relevante. 
El problema con los políticos de hoy en día es que solo pensamos en períodos de cinco años. 
No se considera políticamente urgente tratar cuestiones que tendrán un efecto dramático en nuestras vidas dentro de diez o veinte años. 
De hecho, en los últimos meses he presidido un grupo de trabajo del PPE-DE sobre aspectos concretos del cambio demográfico. 
Hemos sacado algunas conclusiones bastante útiles respecto a la cuestión. 
En primer lugar, en el ámbito demográfico y familiar, Europa no debería resignarse a un declive de su población. 
La mejora de la situación general de los niños y los jóvenes y el refuerzo de la compatibilidad del trabajo y la vida familiar para hombres y mujeres, combinado con los incentivos fiscales, podría tener un impacto significativo sobre las tasas de natalidad. 
En segundo lugar, está claro que necesitamos más posibilidades de opción y flexibilidad en el mercado laboral en Europa. 
A este respecto, deberíamos reforzar la inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores en la mano de obra, ofreciendo nuevas oportunidades, por ejemplo, a través de la flexibilidad del horario de trabajo, la promoción del empleo a tiempo parcial y el trabajo autónomo. 
Los sistemas educativos tienen que reformarse para incrementar la eficacia y el ritmo de la educación superior, permitiendo así una entrada más temprana en la vida laboral. 
En tercer lugar, habría que atraer a trabajadores cualificados de terceros países, pero según nuestro grupo de trabajo, no deberíamos considerar la inmigración como una solución única a los futuros problemas demográficos y del mercado laboral de Europa. 
Los inmigrantes han de poseer talentos y habilidades que escaseen en Europa y deben estar dispuestos a integrarse en nuestras sociedades y aceptar nuestros valores comunes. 
Para poder enfrentarse al reto del cambio demográfico y sostener una sociedad cambiante, tenemos que garantizar la aplicación decidida de la Agenda de Lisboa. 
El «status quo» no es una opción. 
Para desarrollarse y luchar, Europa necesita –por utilizar una de las palabras raras del señor Barroso– «flexiguridad» e innovación. 
La seguridad y la flexibilidad del mercado laboral nos permitirán responder a los retos de la globalización. 
Para lograrlos necesitamos reformar nuestros sistemas de pensiones y centrarnos en el crecimiento y el empleo introduciendo medidas innovadoras que favorezcan la tasa de natalidad y haciendo un uso juicioso de la inmigración. 
Solo a través de la innovación, a través de la reinvención de nosotros mismos, podemos estar seguros de que el reto del cambio demográfico se convertirá en la oportunidad de crecimiento de mañana. 
. – Es innegable la importancia del tema que hoy nos ocupa. 
Buena parte de Europa envejece. 
Con raras excepciones, las tasas de natalidad son bajas. 
Varios sistemas de protección social, solidaridad y seguridad social han visto amenazada su sostenibilidad. 
La inmigración procedente de países de fuera de Europa ha permitido equilibrar aparentemente las tasas de actividad de algunos Estados miembros, pero hay consecuencias sociales que conviene tener en cuenta, tanto en el plano de la integración social como del apoyo a las familias. 
El debate sobre los retos demográficos ha cobrado actualidad con la reciente aplicación del modelo social europeo en Escandinavia. 
Es muy importante combinar los aumentos de la productividad y los beneficios derivados de la competitividad con una nutrida participación femenina en el mercado de trabajo. 
Al mismo tiempo, las tasas de natalidad han aumentado y ahora hay mayores facilidades para disfrutar de permisos de paternidad y más apoyo a la maternidad. 
En consecuencia, desde una perspectiva europea, todos los esfuerzos tienen que centrarse en conciliar la vida laboral y familiar en todos los Estados miembros, negociando una mayor flexibilidad de horarios y por medio de una infraestructura más adecuada y generalizada de apoyo a la infancia. 
Por otro lado, es necesario profundizar en el conocimiento mutuo de los diferentes sistemas de seguridad social, para dar a las personas la oportunidad de pasar libremente de un sistema nacional a otro, ya sea público, privado o de otro tipo, como por ejemplo mutualista. 
Esto es muy importante para los trabajadores que pagan la seguridad social en un determinado Estado miembro y cuya vida mejorará cuando regresen a su país de origen y cuando se muden a otro Estado miembro para trabajar. 
Hay que realizar también un esfuerzo por modernizar los sistemas de protección social. Al mismo tiempo es preciso promover el envejecimiento activo. 
Todo esto se ha debatido en los informes del señor Bushill-Matthews, la señora Estrela y todos los miembros de las comisiones que con tanta dedicación han trabajado en este tema. 
Concluiré diciendo que los retos demográficos que afronta Europa en la actualidad son graves, pero hay formas de responder ante ellos. 
Por tanto, afrontemos el reto de ayudar a garantizar una mayor solidaridad entre las generaciones. 
. – Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por este informe tan completo sobre un tema de gran importancia en el conjunto de la UE-25, concretamente el desafío de los cambios demográficos y la importancia de la solidaridad entre generaciones. 
En esencia, lo que el informe propone es una mejora de la calidad de vida para todos, en todas las etapas de la vida, y el reconocimiento de que las decisiones políticas y la legislación que se apruebe deben contribuir a ese objetivo central. 
Por problemas de tiempo plantearé brevemente tan solo dos cuestiones. 
Me complace que se haya incluido en el informe una recomendación a los Estados miembros para mejorar la prestación de servicios de interés general en las zonas rurales, fomentando así un equilibrio justo entre la vida rural y la urbana, particularmente para las personas mayores. 
También pido apoyo a la enmienda 20, que intenta reconocer el potencial de las viviendas con servicios de asistencia. 
Utilizo de modelo para ello el proyecto de St. Brendan’s Village, en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, y el programa SLE Habitat Extra Care de Lille, en Francia. 
En un informe elaborado por el Comité de Enlace Europeo para la Vivienda Social para celebrar el Año de las Naciones Unidas de las Personas Mayores, una de las recomendaciones principales es que los Gobiernos y prestadores de servicios ayuden a las personas a permanecer en sus comunidades cuando envejecen. 
Según el informe, los proyectos que acabo de citar constituyen dos buenos ejemplos de proyectos concebidos para satisfacer las necesidades locales. 
Ayudan a que las personas mayores permanezcan en las comunidades donde han pasado la mayor parte de sus vidas, con el apoyo de la familia, los amigos y los servicios y en un entorno familiar. 
Eso es auténtica solidaridad entre generaciones. 
Todos los diputados a esta Cámara, si somos afortunados para contarlo, nos haremos mayores. 
Para algunos de nosotros está más cerca que para otros. 
Sin embargo, personalmente yo preferiría vivir independientemente en mi comunidad con el nivel de asistencia social y médica que necesito. 
Los dos proyectos a los que me he referido son modelos europeos de mejores prácticas en este terreno y podrían reproducirse en toda la UE-25. 
– Señor Presidente, junto con el cambio climático, el cambio demográfico es probablemente el mayor desafío que se nos presenta hoy. 
Existen muchas razones por las que nuestra tasa de natalidad está en declive, con el consiguiente deterioro de las perspectivas futuras para nuestra sociedad. 
Quiero referirme solo a un aspecto de esta cuestión tan extremadamente compleja: el pago de pensiones a las madres. 
El trabajo que hacen las madres, sobre todo las que tienen varios hijos, recibe muy poco reconocimiento. 
Uno de los principales problemas es que la mayoría de las madres de los tiempos en que no tenían o no querían una carrera profesional y preferían dedicarse a criar y cuidar a sus hijos están en una situación de clara desventaja, primero en su vida profesional y posteriormente en la vejez. 
En nuestra opulenta sociedad, criar y cuidar a los hijos debe merecer al menos el mismo reconocimiento que las actividades desempeñadas en la producción y el sector de servicios. Debería, por tanto, contabilizarse plenamente a efectos del derecho a pensión. 
La solución más simple y completa sería una pensión básica no contributiva para todos. 
. – Los cambios demográficos que están teniendo lugar en la UE son, en su conjunto, más beneficiosos que perjudiciales para la sociedad. 
Gracias a las mejores condiciones de vida y a los cuidados de la salud, la esperanza de vida ha aumentado. Eso plantea, naturalmente, nuevos desafíos que hay que afrontar. 
Algunos de esos desafíos, que la Comisión no ha sabido abordar debidamente en su Libro Verde, son la importancia de la salud sexual y reproductiva, la integración de la perspectiva de género en todos los análisis y políticas, la mejora del nivel de vida de las personas y una mayor integración y cohesión económica y social. 
Por eso, en las propuestas presentadas por nuestro Grupo se pone el acento en la necesidad de un empleo estable, de seguridad en el lugar de trabajo y de jornadas de trabajo reducidas, para permitir el acceso de los trabajadores jóvenes y los de más edad a trabajos debidamente remunerados. Eso permitirá a los trabajadores disponer de tiempo para dedicar a su familia, apoyar a los hijos y recibir formación permanente. 
Las principales prioridades en lo que respecta a la gestión del cambio demográfico son el empleo con derechos, una distribución más igualitaria de los rendimientos, una seguridad social pública fuerte basada en la solidaridad entre generaciones y servicios públicos de calidad, principalmente en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda y la protección social. 
En otras palabras, lo que proponemos es invertir la tendencia actual a dar prioridad a la competencia y al liberalismo, a un trabajo cada vez más precario y peor pagado, a la privatización de los servicios públicos y al atropello de los derechos laborales. 
Por eso insistimos en la necesidad de un cambio claro en esas políticas. 
. – Señor Presidente, en 1981 escuché en Irlanda una conferencia del doctor Ratner, profesor de salud pública y ética médica. 
En ella describía la demografía de Europa occidental continental. 
Predijo con precisión la tendencia rápidamente descendente que vemos ahora de los índices de natalidad hacia el año 2000 y el declive terminal de la población hacia 2020, que ahora es inevitable. 
En esta conferencia, el doctor Ratner aconsejó a sus oyentes irlandeses que siguieran optando por la vida y, entre las muchas ventajas que esto comporta, que evitasen el suicidio demográfico de nuestros vecinos europeos. 
Dos años después optamos por la vida en un referendo para proteger la vida de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. 
El índice de natalidad de Irlanda está cayendo ahora, pero hemos retrasado la tendencia 20 años y aunque ahora estamos un poco por debajo del nivel de reemplazo, todavía tenemos el índice de natalidad más sano, la población activa más joven y la economía más fuerte de la UE. 
Tal como afirma el Libro Verde de la Comisión sobre la demografía, no hay crecimiento económico sin crecimiento de la población. 
Puedo aducir muchas razones de peso para que la UE adopte la cultura de la vida, la dignidad de la persona humana y Dios. 
Pero aunque no sea más que por razones de crecimiento económico y un futuro viable para Europa, debemos repensar nuestra actitud ante la santidad de la vida, la posición de la familia y el apoyo a las madres y otros cuidadores. 
– Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
Por mi parte, las cuestiones que quiero mencionar son los dos grandes retos a los que nos enfrentamos: primero, el envejecimiento de una población a la que queremos garantizar una vejez óptima y digna y, segundo, una baja tasa de natalidad. 
Queremos que se restablezca el equilibrio adecuado en nuestro continente entre las expectativas de las mujeres y las de nuestros países. 
Para afrontar el primer reto, se necesitan dos políticas. 
La primera consiste en eliminar todos lo que desincentiva la prolongación la vida laboral de las personas y, por tanto, apoyar todas las políticas encaminadas a permitir que las personas de edad avanzada sigan participando directamente en el mercado de trabajo durante el mayor tiempo posible. 
La segunda política consiste en dar a las personas de edad avanzada la oportunidad de seguir integradas en sus comunidades durante el mayor tiempo posible. 
Todas las políticas sociales deben encaminarse hacia este objetivo: permanecer en el entorno familiar y en las proximidades de la propia casa, recurriendo a las residencias asistidas tan solo en casos extremos. 
En lo que respecta a la política de natalidad, creo que como siempre en la vida, las evidencias concretas ayudan. 
Hay que decir que en los últimos años los mismos países que adoptaron un enfoque inteligente en la formulación de nuevas políticas fiscales fueron los que obtuvieron buenos resultados; Francia es un ejemplo interesante. 
Por tanto, se necesitan nuevas políticas fiscales, mayores oportunidades de empleo para las mujeres, oportunidades de acceso al mercado de trabajo e indudablemente una calidad nueva y diferente de los servicios. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, es indudable que el cambio demográfico representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo para todos los Estados miembros de la UE. 
No obstante, el cambio demográfico debe verse también como una oportunidad para conseguir una nueva solidaridad entre generaciones, que garantice a los jóvenes una buena educación, cree puestos de trabajo para todos y permita a las personas envejecer con dignidad. 
Un paso muy importante en ese sentido sería incorporar el impacto sobre el cambio demográfico en todas las políticas y acciones de ámbito nacional y europeo. 
Lo mismo podría hacerse con el trabajo de la Comisión. 
Además, existe otro ámbito en el que debemos aprender más unos de otros e intensificar el intercambio de experiencias no solo entre los Gobiernos, sino también entre los interlocutores sociales. 
Estos realizan una contribución fundamental a la característica distintiva del modelo social europeo, que es la solidaridad social. 
Por eso celebro la petición a los Estados miembros de establecer nuevas alianzas con los agentes sociales y también la petición de consultar lo antes posible a los agentes sociales sobre la conciliación de la vida familiar y profesional. 
– Señor Presidente, no puede haber un debate serio sobre el cambio demográfico si a las personas se las considera factores económicos en lugar de individuos; en mi opinión, tanto el Libro Verde de la Comisión como este informe del señor Bushill-Matthew cometen precisamente ese error. 
Pienso también que en el debate hay que plantear el cambio demográfico como una cuestión mundial. 
Es evidente que ni los Objetivos de Desarrollo del Milenio ni la lucha contra la pobreza en el mundo asoman siquiera remotamente en nuestro debate sobre el cambio demográfico. 
Al fin y al cabo, el problema principal no es que la población europea esté en declive, sino que, primero, este sea desproporcionado de una región a otra; segundo, que la coexistencia en la sociedad esté en riesgo; y, tercero, que no relacionemos el cambio demográfico en Europa con la explosión demográfica mundial. 
Consideramos el envejecimiento de la sociedad europea casi exclusivamente desde el punto de vista de la disminución de la población activa y, de paso, ignoramos por completo el aumento de la productividad. 
Al mismo tiempo, explotamos la productividad como un medio de reducir las prestaciones sociales, de enfermedad, sanidad y pensiones y de plantear la posibilidad de prolongar en gran medida la vida laboral. 
Me refiero en este caso al estudio elaborado y publicado por la Comisión, que prevé la jubilación a los 71 años. 
Sugiero un cambio de prioridades. 
Necesitamos una sociedad volcada en los niños, que acoja con verdadera satisfacción la convivencia con los niños. 
Necesitamos un tipo diferente de debate, porque no podemos limitarnos a ver a los niños como una inversión para salvaguardar las prestaciones laborales y las pensiones. 
Por otra parte, tampoco podemos seguir limitándonos a buscar una conciliación mejor entre la vida profesional y familiar, entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. 
Tenemos que ocuparnos de algo más: de los niños, porque son ellos los que importan aquí. 
Los niños tienen que ocupar realmente el centro y hay que considerarlos individuos. 
Naturalmente, la sociedad necesita también afrontar los desafíos del envejecimiento, por ejemplo, con la ampliación de los servicios sociales o, como no, por medio de la planificación urbanística: por ejemplo, con viviendas para mayores y redes de transporte diseñadas teniendo en cuenta a los niños y a los mayores. 
Esta cuestión es mucho más polifacética de lo que pensamos. 
– Señor Presidente, no hace falta ser economista ni licenciado en ciencias políticas para comprender que la tendencia a querer sacar dinero de todas las cosas y la desaparición de los espacios verdes en nuestra sociedad traen consigo numerosas consecuencias. 
Los políticos como nosotros sabemos –pero la mayoría de los ciudadanos no– que la globalización y el cambio demográfico plantean numerosos problemas. 
El informe Bushill-Matthews trata de infundir esperanza, cosa que le quiero agradecer. 
Pero lo que debemos hacer no es solo fijarnos en lo que dice la Comisión. 
Aunque tenemos que procurar que la tasa de natalidad aumente, hacer que nazcan niños no depende de nosotros, los políticos, sino de los progenitores. 
Lo que tienen que hacer los políticos es crear una sociedad abierta a los niños, una sociedad en la que los niños no sean una carga, sino un beneficio añadido. 
Eso significa también que tenemos que asegurarnos de que las personas puedan cuidar debidamente a los niños. 
Para ello hace falta flexibilidad en el mercado de trabajo, flexibilidad en la vida y flexibilidad en los horarios de trabajo. 
Ahí es donde aparecemos de nuevo nosotros, los políticos. 
Si queremos crear una sociedad buena y justa en la que puedan desenvolverse tanto los jóvenes como los mayores, que es lo que necesitamos, tenemos que conseguir también que la legislación sea favorable a los niños en el plano europeo, pero desde luego también en el nacional. 
–Señorías, señor ponente. 
El señor Bushill-Matthews ha elaborado un informe que era muy necesario. 
Si seguimos ocupándonos meramente de la política cotidiana, Europa se verá afectada por una catástrofe demográfica y social de magnitud similar al tsunami asiático. 
La sostenibilidad de la forma de vida europea está amenazada. 
La generación más joven trabaja largas jornadas por un salario mísero, con el consiguiente desgaste físico y mental. 
Lo que se presenta aquí como su libertad de elección, en realidad les viene impuesto por una sociedad que se guía por el lema de que «quien gana se lo lleva todo». 
La esclavitud asalariada o el desempleo, la promoción profesional o la puerta cerrada en las narices: estas son las opciones que tienen nuestros jóvenes altamente cualificados. 
Cuando a pesar de la ley una persona trabaja 12 horas al día y más, ni los horarios laborales flexibles ni los horarios de apertura más amplios en el comercio y el sector de servicios pueden servir de ayuda. 
Simplemente no hay tiempo para la vida privada ni para tener hijos. 
Desde el punto de vista macroeconómico, esta situación se produce debido a la necesidad de financiar las pensiones anticipadas de la generación de más edad y el tratamiento médico, que cada vez es más caro. 
El presente informe debe ser tan solo un punto de partida. 
El mantenimiento del alto nivel de vida que disfrutamos en Europa nos obliga a los políticos a trabajar mucho más y a actuar deprisa. 
Gracias por su atención. 
–Señor Presidente, el ponente, el señor Bushill-Matthews, conocido por su atención al detalle y su gran sensibilidad y que ha tenido la paciencia de elaborar este informe, hace bien en destacar las posibles soluciones del problema demográfico, empezando por los medios para acometer con decisión los bajos niveles de crecimiento económico y las elevadas tasas de desempleo. 
Se proponen distintos enfoques de acuerdo con las circunstancias, que –como bien se recalca– tienen que respetar la libertad de elección y facilitar el ejercicio del derecho humano fundamental de las familias europeas a tener tantos hijos como deseen, sin los obstáculos creados por la dificultad de conciliar la vida profesional y familiar. 
La identificación de estos obstáculos y los que existen tanto fuera como dentro del lugar de trabajo (como impuestos, vivienda y el coste de la educación, la salud y los seguros) es responsabilidad de los Estados miembros, puesto que son ellos los que deciden en exclusiva tanto la política familiar como la de desarrollo. 
Históricamente, por supuesto, la inmigración ha resuelto en muchos casos el problema de la renovación de la población y hoy llena la laguna creada por nuestra decisión de no tener hijos o tener un solo hijo a una edad avanzada. 
¿Qué nos ha llevado a tomar optar por este plan de vida en tiempos de paz y opulencia? 
Buscar las causas del cambio demográfico no es tarea que competa a la Comisión Europea ni a los Gobiernos. 
No está dentro de las competencias de la Unión Europea; es competencia de cada ciudadano europeo, que quiere ir más allá de sus capacidades humanas, tanto en la planificación del inicio de la vida como en la imposición de su final. 
Desde luego, la educación, la formación y la búsqueda de empleo en el contexto del desarrollo sostenible son condiciones necesarias para conseguir un alto nivel de vida. 
Pero si se quieren evitar los problemas demográficos, si se quiere que nazcan niños europeos y que envejezcan en condiciones dignas, los futuros padres tendrán que ponerse de acuerdo para poder exigir fiabilidad en sus relaciones personales y, en general, una visión de la vida para el presente y el futuro. 
– Como diputado al Parlamento Europeo por Lituania, el problema demográfico me parece especialmente importante. 
Sobre todo porque el número de habitantes en Lituania está disminuyendo progresivamente, no tanto debido a la emigración, sino más bien al rápido descenso de la tasa de natalidad, que ha ocasionado ya el cierre de algunas escuelas. 
Las medidas adoptadas por el Gobierno lituano para resolver este problema son claramente insuficientes y por eso acogemos con satisfacción la publicación de documentos de ámbito europeo. 
Pero el descenso de la tasa de natalidad no es solo un problema para Lituania, sino para la totalidad de Europa, y aunque estadísticamente nuestras familias tienen menos de 1,5 hijos cada una, en los países asiáticos, entre ellos Turquía, un país candidato a la Unión Europea, los niños nacen como las setas. 
Lo que eso significaría en un futuro no tan distante es un tema que debe hacernos reflexionar. 
Podemos y debemos superar esta crisis demográfica mediante acciones y programas reales. 
Ese es precisamente el espíritu del documento presentado y una vez que se apruebe habrá que buscar soluciones prácticas. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al señor Bushill-Matthews por su excelente informe. 
Para hacer frente al efecto del colapso demográfico se suele recurrir a tres estrategias: una política de inmigración cuidadosamente formulada y regulada, la movilización de la mano de obra y las políticas destinadas a las familias y al aumento de la tasa de natalidad. 
Este último tipo de estrategia suele dejarse en manos de los Estados miembros. 
Pero sería un error que la Unión Europea se privara a sí misma de esos recursos. 
Su eficacia es bien conocida y el ejemplo francés así lo atestigua: ventajas fiscales para las familias, baja parental, ayuda económica y, sobre todo, la prestación de cuidados a la infancia: cuidados infantiles fuera de la escuela, cuidados para los niños más pequeños y cuidados para los niños con discapacidades. 
Además, es importante recordar que no se podrá conseguir la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo sin la debida prestación de cuidados para sus hijos. 
Europa no carece de medios, siempre que tenga la voluntad política y los recursos financieros. 
Por tanto, es fundamental que los reglamentos de las políticas de cohesión territorial hagan más hincapié en la necesidad de financiar centros de atención a la infancia. 
En un momento en el que se está debatiendo la naturaleza del modelo social europeo, los niños y las familias, con toda su diversidad, tienen que constituir un elemento fundamental de ese modelo. 
Señorías, quiero darles las gracias por un debate que ha demostrado que la demografía es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta Europa hoy, y que ha arrojado luz sobre la cuestión de muchas formas. 
Creo que hemos obtenido una clara confirmación de la opinión básica de que se trata de un cambio fundamental que exige un enfoque holístico o integrado, como ya se ha dicho. 
Al mismo tiempo se han considerado distintos aspectos del problema general. 
Por ejemplo, se ha dicho que el Libro Verde no presta la misma atención a dos conjuntos de problemas, a saber, los problemas que afectan al sector sanitario y los problemas en el contexto internacional. 
Puede que hayan leído en mi informe que el contexto internacional se tratará en los informes periódicos, puesto que desde ese punto de vista ya existe una respuesta preliminar específica. 
La cuestión de la salud es una de las más fundamentales de todas y creo que el debate nos ha inspirado para desarrollar nuestras ideas al respecto en el futuro. 
Este problema plantea no solo cuestiones técnicas y organizativas, sino también toda una serie de cuestiones éticas, puesto que el envejecimiento de la población creará cada vez más situaciones que llevarán a las personas a vivir en circunstancias extremas por una combinación del destino y de su estado de salud personal. 
Eso significa que será difícil encontrar una respuesta ética adecuada y exigirá una profunda reflexión. 
Me parece también claro que una cuestión que ha centrado la atención, en mi opinión de manera justificada, es la de los niños y la baja tasa de natalidad, así como la manera de cambiar o al menos influir en esa tendencia. 
En el debate ha quedado también claro que es un problema general de Europa, ya que a pesar de que Irlanda, por ejemplo, tiene en la actualidad el mayor número de nacidos vivos por mujer en edad fértil, ha registrado también un descenso en los últimos 20 años mayor que en casi todos los demás países, y el nivel actual no es suficiente para mantener la estabilidad demográfica. 
Existen, por supuesto, otros Rstados que están en una situación mucho peor y en los que la situación podría resultar extremadamente difícil dentro de unas generaciones. 
Está también claro que debemos considerar muy en serio el hecho de que no todas las sociedades son propicias al ser humano. 
Un antiguo dicho romano dice: , en otras palabras, cuando la sociedad está sometida a presiones o situaciones extremas, la creatividad sufre. 
En mi opinión, la decisión de tener hijos es una cuestión de necesidad profunda y deseo profundo. 
Educar a los hijos y cuidar de ellos es también, en cierta forma, una actividad que requiere niveles muy altos de creatividad, y está claro que los ciudadanos europeos, para decidirse a tener hijos, necesitan una mayor seguridad en un mundo que está experimentando enormes cambios. 
En el debate se han tratado también cuestiones de equilibrio de género, en mi opinión de forma justificada. 
Permítanme que mencione un único dato procedente de un estudio español: «en España, los hombres dedican 52 millones de horas al año a cuidar de personas dependientes, ya sean niños o familiares mayores. 
Las mujeres dedican 200 millones de horas al año a ese tipo de cuidados». 
Así que la carga, que es bastante frecuente, recae de manera muy desigual, soportando las mujeres cuatro veces más peso que los hombres. 
Creo que estas son también cuestiones que debemos examinar. 
Señorías, quiero darles las gracias por el debate y por un informe muy conciso que demuestra que existe una sorprendente tendencia a la convergencia en nuestros enfoques en el contexto del pensamiento social y político sobre Europa. 
En mi opinión, eso permite albergar esperanzas de conseguir una posición consensuada capaz de superar los cambios a menudo problemáticos que ocurren después de unas elecciones, puesto que cinco años es un plazo de tiempo muy corto para muchas cuestiones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
– Los desafíos demográficos y la solidaridad entre generaciones representan constituyen problema complejo que tiene un efecto extensivo en nuestras sociedades europeas. 
Sin dos desafíos de carácter amplios que los Estados miembros tienen la responsabilidad de abordar de forma duradera y orientada al futuro. 
La solución debería ser una estrategia integral, mundial, coherente y justa para fomentar la comprensión y la solidaridad duradera entre el número creciente de generaciones que viven juntas. 
Las soluciones políticas al desafío demográfico, como el envejecimiento, el género, el mercado de trabajo, las pensiones y la migración deberían suscitar una visión nueva y coherente de la sociedad europea. 
Aunque hay diferencias importantes en las circunstancias locales de los Estados miembros, los desafíos y objetivos son similares: afrontar el creciente desafío del envejecimiento de la sociedad europea, teniendo en cuenta los objetivos de Lisboa de hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con mayor cohesión social y capacidad de crecimiento económico sostenible, y con más y mejores puestos de trabajo. 
Superar los desafíos demográficos debe ser una solución duradera que llega incluso más allá de los plazos de Lisboa. 
Para lograr estos objetivos se necesitan estrategias políticas, económicas y sociales complejas. 
– Los Estados miembros se enfrentan a importantes retos demográficos. 
Pero los problemas y las condiciones básicas difieren de un Estado miembro a otro. 
Tanto por eso como por razones democráticas se necesitan soluciones arraigadas en las distintas naciones. 
No tiene sentido que el Parlamento Europeo proponga recomendaciones políticas detalladas pretendiendo que valgan para todos los Estados miembros. 
El informe actual contiene una larga lista de exhortaciones sobre el tipo de medidas que los Estados miembros deben adoptar en ámbitos tan importantes como la seguridad social, los impuestos, los tiempos de trabajo y la inmigración. 
Las vías elegidas por cada Estado miembro en importantes ámbitos de la política deben decidirse por medio de procesos democráticos nacionales, no imponerse desde arriba. 
El progreso político y social tiene lugar cuando los países experimentan y ensayan diferentes soluciones que luego pueden comparar. 
De esta forma, aprenden unos de otros. 
Por medio de estos procesos se ha desarrollado la cultura europea y, en la práctica, ha conquistado el mundo. 
Las soluciones y formas de pensar europeas han tenido éxito precisamente porque se han basado en la competencia institucional entre diferentes países, en lugar de ser el resultado de una decisión centralizada. 
El informe objeto de debate constituye otro ejemplo más de la forma en que, lento pero seguro, el Parlamento Europeo trata de obtener una influencia aún mayor en las cuestiones políticas nacionales. 
Lamento este proceso y yo criticaría la ausencia de toda oposición en el Parlamento Europeo a esta iniciativa antidemocrática. 
– Es evidente que si Europa desea superar en el futuro sus desafíos demográficos de forma más eficaz que hoy, debe afrontar el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Si queremos atraer a los padres y madres de niños pequeños, a personas mayores u otros grupos que consideran imposible trabajar con el típico horario de nueve a cinco, debemos instaurar jornadas de trabajo más flexibles, tener guarderías infantiles mejores y más accesibles, políticas fiscales más favorables a la familia y mayor igualdad en el lugar de trabajo. 
Sin embargo, es evidente que incluso si atraemos a un mayor número de residentes europeos actuales para que se integren en la población activa, todavía habrá escasez de cualificaciones. 
Por eso también necesitamos una política de inmigración equilibrada. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0040/2006) del señor Parish, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la promoción de los cultivos vegetales con fines no alimentarios (2004/2259 (INI) ). 
. – Señor Presidente, me complace mucho poder presentar mi informe sobre biocarburantes. 
Es un informe de propia iniciativa de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Me alegro mucho de que la Comisaria esté aquí y deseo agradecerle a ella y a sus colaboradores la ayuda que me prestaron mientras elaboraba este informe. 
Lo más interesante de los biocarburantes, la biomasa y el biogás es que tienen mucho futuro. 
Cuando escuchamos al Presidente de los Estados Unidos decir durante el Discurso sobre el Estado de la Unión que la economía norteamericana no puede seguir siendo una economía basada en el petróleo de origen mineral, quiere decir que las cosas están cambiando y en Europa tenemos grandes posibilidades. 
Históricamente los agricultores siempre han suministrado carburantes para el transporte desde la época de los caballos; ¿por qué no iban a poder suministrar ahora combustibles? 
Con los nuevos pagos a la agricultura, las nuevas reformas de la PAC, el pago disociado y el pago único, que rompe el vínculo entre la producción y la subvención, también debemos encontrar mercados nuevos para nuestros productos, y ahí es donde, como he dicho, entran en juego los cereales y el aceite de semilla de colza para el biodiésel y el trigo para el bioetanol. 
También podemos estar seguros de que podemos generar más biomasa. 
En muchos países de Europa, de hecho, vemos que existen bosques que se están utilizando eficazmente. 
Donde no haya bosques podemos plantar sauces y miscanthus para asegurar el abastecimiento de energía. 
Algunos de estos pueden ser grandes proyectos utilizados para centrales eléctricas, otros pueden ser pequeños proyectos para plantas de calefacción locales y para escuelas y hospitales. 
Puede haber mucha flexibilidad. 
Si nos fijamos no solo en los combustibles sino en la energía en su conjunto, el biocombustible y la bioenergía no pueden ser la única respuesta, pero sí una de ellas. 
Si pensamos que, por ejemplo, Rusia podría suspender el suministro de gas en cualquier momento, creo que tenemos que buscar alternativas. 
Uno de los aspectos en los que siempre debemos hacer hincapié en este contexto es que estos tipos de combustible y biomasa son muy respetuosos con el medio ambiente. 
Esto es lo maravilloso: no solo son buenos para los agricultores, sino que también para el medio ambiente. 
Ya está disponible la actual generación de combustibles y biomasa, pero también vemos que aparecen nuevas generaciones y pronto veremos aparecer los bioplásticos. 
Hemos visto un nuevo proceso de producción de papel a partir de paja, en el que además se emplean productos químicos mucho más respetuosos con el medio ambiente. 
Con una tonelada de paja se puede producir media tonelada de pulpa de papel y un cuarto de tonelada de bioetanol. 
Esto demuestra, como ya he dicho, que estamos avanzando con todos estos proyectos. 
Para mencionar la Política Agrícola Común, tenemos tierras en barbecho en las que no estamos cultivando nada. 
Algunas tierras en barbecho son muy eficaces para la mejora del medio ambiente, pero creo que deberíamos pensar muy positivamente en utilizar otras tierras en barbecho para producir combustible. 
Con respecto a los biocarburantes, Volkswagen, en Alemania, se ha mostrado muy favorable a la mezcla de combustibles y el diseño de motores compatibles con los biocarburantes, pero debemos presionar a las empresas automovilísticas para que sean mucho más favorables a esto. 
También creo que debemos mezclar mucho más los combustibles para conseguir una calidad de combustible que sea buena para los motores. 
Otro aspecto sobre la dedicación de tierras a la producción de biocarburantes y biomasa es que mantiene esa tierra en estado productivo, de modo que si en el futuro la necesitamos para el suministro de alimentos, ya estará productiva y podremos dedicarla otra vez a la producción de alimentos. 
Esto es una gran ventaja. 
Finalmente, deseo dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Agricultura y los demás diputados por su apoyo. 
He visitado muchos países para ver lo que está pasando. 
Tenemos por delante un período apasionante. 
Señora Comisaria, creo que ha llegado el momento de que el Parlamento y la Comisión, junto con los Estados miembros, aúnen esfuerzos realmente para crear los incentivos fiscales y el resto de las condiciones necesarias para poder contar con una excelente política de biocarburantes/biomasa en Europa. 
Lo confirmaron los Jefes de Estado en Hampton Court y esta situación es una oportunidad que debemos aprovechar, justo lo que está haciendo la Comisión. 
Me ha alentado mucho ver que el Parlamento Europeo tiene el mismo enfoque positivo y está haciendo exactamente lo mismo. 
Como Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el uso de cultivos con fines no alimentarios es un ámbito que me interesa particularmente. 
Veo aquí una nueva salida muy interesante para nuestro sector agrícola y una interesante fuente de ingresos, no solo para los agricultores, sino también para el conjunto de la economía rural. 
Por ello me complace mucho el informe que estamos debatiendo hoy. 
Es muy oportuno y hace una valiosa contribución al debate sobre el uso no alimentario de los cultivos agrícolas. 
Quisiera dar las gracias concretamente al ponente, el señor Parish, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el trabajo que han venido realizando. 
La Comisión ha publicado recientemente dos Comunicaciones con el objetivo de fomentar el uso de la biomasa: el plan de acción de la biomasa y la estrategia europea para los biocarburantes. 
Los programas marco de investigación de la Comisión han apoyado durante muchos años trabajos pioneros sobre recursos biológicos renovables, inclusive plásticos, productos agroquímicos y productos farmacéuticos. 
El séptimo programa marco de investigación hará hincapié en particular en el desarrollo de aplicaciones no alimentarias sostenibles. 
Además de ofrecer nuevas oportunidades a los agricultores, el desarrollo de aplicaciones no alimentarias de materias primas agrícolas está plenamente en línea con la Estrategia de Lisboa. 
El enfoque es innovador y representa un alto nivel de valor añadido europeo. 
Sobre el uso de biomasa para la producción de energía, Eurostat y el Centro Común de Investigación calculan que potencialmente es posible lograr los objetivos de producción de biomasa establecidos para 2010. 
La reforma de la PAC da a los agricultores incentivos para responder a la creciente demanda. 
Además de nuestra ayuda específica para cultivos energéticos de 45 euros por hectárea, los agricultores pueden utilizar tierras en barbecho para cultivos no alimentarios. 
El año pasado, unas 900 000 hectáreas de tierras de barbecho se utilizaron para cultivar biomasa con fines energéticos. 
La reforma del azúcar ha hecho que la remolacha azucarera pueda acogerse a todos los regímenes de apoyo a la bioenergía. 
En la parte del procesamiento todavía se hay que progresar mucho y se necesitan grandes inversiones. 
En nuestro nuevo período de programación del desarrollo rural tenemos la oportunidad de apoyar las inversiones y otras acciones a favor de la biomasa para la generación de energía y otros fines no alimentarios. 
La política de cohesión también puede desempeñar un papel importante. 
Por lo que se refiere al medio ambiente, estoy de acuerdo en que debemos examinar atentamente cualquier efecto no deseado del desarrollo del sector no alimentario. 
El uso de la biomasa está creciendo en todas las regiones del mundo, particularmente para la producción de biocarburantes. 
Esto puede tener claramente ventajas económicas, sociales y ambientales, pero también debemos estar seguros de mantener un equilibrio adecuado entre la producción alimentaria y no alimentaria. 
No deseamos desarrollar un sector no alimentario de tal forma que se produzca un efecto negativo para nuestra industria agroalimentaria o en los precios al consumo de los alimentos, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo. 
También debemos hacer un cuidadoso seguimiento de ello. 
Espero con interés el debate aquí en el Parlamento Europeo sobre la forma de utilizar las energías renovables de una forma más activa. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar expresando mi sincero agradecimiento al ponente por su informe de propia iniciativa, que demuestra un fuerte compromiso, y también por haberse tomado la molestia de viajar a varios Estados miembros y ver por sí mismo el tipo de posibilidades que ya existen en el sector de las materias primas renovables. 
Como ha recordado la señora Comisaria, en los últimos seis meses la energía se ha convertido en un tema de máxima actualidad. 
Europa necesita sin falta un surtido de todas las fuentes de energía que sea económico y respetuoso con el medio ambiente. 
Las materias primas renovables y las energías renovables podrían constituir también los pilares de ese surtido. 
Junto con la energía eólica, la energía hidráulica, las células fotovoltaicas y el biogás, este sector particular de las energías renovables satisface las necesidades básicas en los ámbitos de los materiales de construcción y aislamiento y las materias primas de la industria farmacéutica. 
La producción de alimentos y cultivos para la generación de energía ha sido una práctica habitual durante siglos. 
El uso de combustibles fósiles a escala masiva sustituyó a la energía de nuestros animales de tiro, que se obtenía de las plantas. 
La producción de materias primas renovables para fines energéticos tiene una importancia fundamental para la agricultura y la silvicultura europeas, así como para las zonas rurales. 
Ha abierto nuevas fuentes de ingresos y ha realizado también una contribución esencial no solo al mantenimiento del nivel de empleo actual, sino también para la creación de nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales. 
La UE haría bien en considerar las fuentes de energía renovables como un importante factor en el uso de energía, para reducir su dependencia de productores de energía internacionales y, sobre todo, de regiones políticamente inestables. 
Muchas gracias y mis sinceras felicitaciones al ponente. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero ante todo unirme a los que acaban de intervenir felicitando al señor Parish por el trabajo que ha realizado y decirles que estoy totalmente de acuerdo con los objetivos que se formulan en este informe. 
Primero, tener en cuenta de manera global la cuestión ambiental: bioenergía, biomasa y materia biodegradable. 
Segundo, diversificar nuestras fuentes de energía, puesto que sabemos que tenemos que anticiparnos al fin de los combustibles fósiles dentro de 40 ó 50 años y que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas y por todos los medios contra el efecto invernadero. 
Tercero, y sobre todo porque afecta a la agricultura, ofrecer nuevas vías de comercialización a nuestra agricultura europea. 
Dicho esto, quiero añadir que para ello es imprescindible cumplir dos condiciones, señora Comisaria. 
En primer lugar, los biocarburantes no constituyen, por sí solos, la totalidad de la política agraria y, en el contexto de dicha política, tenemos que mantener dos pilares: uno vinculado a la producción y otro vinculado a la cohesión territorial y social. 
En segundo lugar, la nueva política orientada a las bioenergías no puede tener sentido si no se inscribe plenamente en un proceso político y en la voluntad de hacer del modelo agrícola un modelo de desarrollo sostenible. 
Creo, por tanto, que tenemos que iniciar una reflexión sobre nuevos modelos que permitan la diversificación de la producción agrícola, garantizando al mismo tiempo un buen equilibrio ecológico para todos nuestros territorios. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, Señorías, quiero empezar felicitando sinceramente al señor Parish por este equilibrado informe, que mi Grupo apoya expresamente. 
La promoción de cultivos vegetales con fines no alimentarios ofrece a los agricultores de la UE la oportunidad de desarrollar nuevos mercados y, por consiguiente, la ayuda y la investigación son fundamentales en este campo. 
El uso de materias primas renovables y la producción de energías renovables encierran un enorme potencial para las zonas rurales europeas. 
Yo procedo del Estado federado alemán de Baja Sajonia, que tiene carácter rural. 
Para nosotros, los habitantes de Baja Sajonia, en particular, la bioenergía es vital como fuente de ingresos alternativa para los agricultores y silvicultores. 
En algunos sectores, especialmente en el del biogás, con casi 430 plantas ya construidas, somos líderes en Europa. 
Llegado a este punto, quiero decir que acojo con agrado las últimas iniciativas de la Comisión en este terreno: el Plan de acción de la biomasa y la Comunicación de la Comisión sobre biocarburantes. 
El Parlamento renovará sus esfuerzos en lo que respecta a la Estrategia de la UE para los biocarburantes en el marco de un informe de propia iniciativa. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural emitirá también una opinión al respecto. 
Como ponente de opinión, me alegrará poder basarme en el excelente trabajo realizado por mi colega, el señor Parish. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, es curioso que cuando hablamos de una crisis de suministro, todos nos imaginamos al Presidente Putin cerrando nuestra espita del gas. 
Nadie menciona el hecho de que Europa como región es uno de los mayores importadores del mundo de alimentos y que, si mantenemos este nivel de vida, difícilmente podremos subsistir. 
Cuando hablamos de fuentes de ingresos alternativas, es también interesante escuchar que el cultivo de azúcar de consumo, es decir, como alimento, genera poco o ningún beneficio; ¿por qué entonces el cultivo de azúcar para producir bioetanol sí que genera beneficios? 
Hay algunas incoherencias en esta cuestión. 
Quiero pasar a comentar la cuestión de la ecología: ¿cuál es la situación en lo que respecta al uso de la ingeniería genética en el cultivo de materias primas renovables? 
¿No es este un problema de contaminación, es decir, un problema de coexistencia? 
El cultivo de materias primas renovables implica también métodos que no son ecológicamente buenos; que no son necesariamente respetuosos con el medio ambiente. 
En cuanto al tema de los gases de efecto invernadero, hay que decir que estos también se absorben con la producción de alimentos, así que podríamos mostrar un poco más moderación y un poco menos entusiasmo que los que ha mostrado el ponente, así como centrarnos un poco más en las materias primas renovables derivadas de productos de desecho. 
Es también interesante oír que se hace un mejor uso de la hierba cuando se recupera en forma de biogás que de leche. 
Por tanto, si queremos recurrir a la recuperación, es importante recuperar paja, madera o setos, pero dedicar a producir materias primas renovables la tierra que necesitamos para producir alimentos es un problema grave que requiere menos entusiasmo y más precisión. 
Me complace que en el informe se pidan exenciones de impuestos a los combustibles para promover la producción de biocarburantes. 
Esta política nos llevaría mucho más cerca del objetivo de la UE de alcanzar un 5,75 % de consumo de biocarburantes. 
El desarrollo activo de energías renovables permitirá afrontar hasta cierto punto la crisis de los combustibles fósiles. 
Puede comportar mejoras ambientales, aunque estoy de acuerdo tanto con el ponente como con la Comisaria cuando han dicho esta mañana que tenemos que hacer un seguimiento de este impacto ambiental. 
También puede aportar beneficios económicos mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de puestos de trabajo y el reequipamiento del sector agrícola, en particular allí donde tendrán que cerrar las plantas azucareras. 
. – Señor Presidente, soy un defensor del desarrollo de los biocarburantes como una de las muchas respuestas que los Gobiernos nacionales necesitan frente a la inminente crisis energética. 
Como la Unión Europea ha fracasado rotundamente a la hora de proteger a mi país de la fijación de precios por parte de las empresas energéticas europeas, esta necesidad resulta todavía más evidente. 
Sin embargo, no creo en medidas paneuropeas en estas materias, particularmente con respecto a la fijación de objetivos obligatorios. 
La obsesión de la UE con las políticas de talla única conduce al fomento de soluciones de parcheo por parte de los Gobiernos nacionales. 
Estamos recorriendo esta vía en Gran Bretaña con la tecnología de los aerogeneradores. 
Nuestro campo se está convirtiendo en un monstruoso juego de Mecano con el fin de cumplir los objetivos en materia de energías renovables que se le ocurrieron a la Comisión Europea. 
El otro problema es la propensión de la UE a introducir regímenes legislativos mucho antes de que los Gobiernos nacionales sean capaces de crear la infraestructura necesaria para sustentarlos. 
De nuevo mi país ha tenido que soportar enormes montañas de refrigeradores que esperaban su reciclaje. 
Los grupos de intereses a favor del desarrollo del biodiésel deberían ejercer presión sobre los Gobiernos nacionales, no sobre Bruselas. 
Nuestro Gobierno está mucho mejor situado para encontrar propuestas adecuadas para el fomento del desarrollo sensato de los biocarburantes en Gran Bretaña que la UE, que probablemente introducirá un régimen que no nos convenga a todos. 
Las necesidades de cada nación son diferentes y ya es hora de que la UE lo asuma. 
– Señor Presidente, el excelente informe del señor Parish sobre la promoción de los cultivos vegetales para fines no alimentarios plantea bien el problema: en un momento en el que el precio del petróleo no hace más que subir y en el que las reservas de gas y petróleo están disminuyendo debido a las crecientes necesidades de los países en desarrollo, es conveniente que preveamos fuentes de energía alternativas. 
Los biocarburantes, cuyo desarrollo apoyamos desde hace mucho tiempo, responden, aunque solo sea parcialmente, a las necesidades de la economía agrícola: la mejora del medio ambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, se nos dice, la producción de fuentes de energía renovables que favorezcan la independencia energética, la creación de empleo en zonas rurales, el equilibrio de territorios contra la desertificación rural y la preparación de las tierras retiradas de la producción para dedicarlas a cultivos sin fines alimentarios. 
No obstante, persisten una serie de interrogantes. 
¿Cómo vamos a conseguir el ambicioso objetivo del 5,75 % del mercado en 2010 para los biocarburantes cuando Francia no ha conseguido todavía más que un 1 %? 
Además, si el precio del barril sigue aumentando, los biocarburantes se harán competitivos y el problema de las exenciones fiscales dejará de tener sentido, y si no, ¿aceptarán los Estados miembros una pérdida de ingresos del orden de cientos de millones de euros? 
Por último, con la eliminación de las restituciones a la exportación en 2013, decidida por la OMC, y la retirada gradual de las ayudas nacionales, los productores de cereales se orientarán más a la producción de cultivos sin fines alimentarios, que no es su actividad principal. 
– Señor Presidente, es indudable que la biomasa pertenece al futuro del suministro energético europeo. 
Pero al apoyarla no debemos repetir los errores del pasado, con lo que me refiero principalmente a que tenemos que dar al mercado más de una oportunidad. 
Por eso, pido que no se establezca inmediatamente un mercado interior comunitario de biomasa ni subvenciones a largo plazo. 
No podemos seguir el mismo camino que el de las subvenciones agrícolas, solo para darnos cuenta dentro de unos años de que nuestra política bienintencionada es incompatible con las exigencias de la OMC. 
Por el contrario, tenemos que reconocer que la subida del precio del petróleo hace que el cultivo de biomasa resulte interesante incluso sin ayudas estatales. 
Solo hay que recurrir al apoyo político cuando falta la masa crítica para la integración del mercado, en cuyo caso los programas de ayuda deben tener una duración limitada y una base decreciente, sin obstaculizar el progreso. 
Me viene a la mente la ingeniería genética: sobre todo en el caso de los cultivos energéticos, ofrece el potencial de generar importantes beneficios económicos en la competencia mundial. 
Por tanto, existen buenas perspectivas de un mercado libre para las materias primas renovables en Europa. 
Los políticos tienen que crear el marco adecuado para permitir que esta delicada planta se convierta en una gran fuente de energía. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones al ponente, señor Parish, por el trabajo que ha realizado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La Resolución que hoy va a emitir el Parlamento Europeo aplaude las iniciativas de la Comisión a favor de potenciar los cultivos no alimentarios y, dada su vital importancia, le pide que las lleve a cabo lo antes posible. 
Iniciativas como el plan de la biomasa o la nueva legislación sobre biocarburantes se esperan con especial interés en zonas rurales deprimidas o que viven dificultades concretas. 
Por ejemplo, en mi país, en España, el cultivo con fines no alimentarios se ve, de hecho, como una verdadera solución socioeconómica para aquellas zonas que ya han sido afectadas por la reducción o la desaparición de los cultivos autóctonos, como es el caso de las recientes OCM del algodón o de la remolacha. 
Pero, para que estos cultivos sean una verdadera alternativa, hay que hacerlos viables a través de una política de precios y de incentivos fiscales que garanticen su rentabilidad. 
La señora Comisaria sabe muy bien que no se trata solamente de ofrecer salidas a los agricultores que están en dificultades. 
Con esta nueva iniciativa, nuestro medio ambiente mejorará con la aportación de combustibles limpios. 
Se hará negocio, pero se luchará contra la despoblación. 
Es decir, todos vamos a salir ganando. 
Por ello, quiero aprovechar para preguntar a la Comisión si piensa escuchar a este Parlamento y, tal como recoge nuestra Resolución, elaborar una recomendación a los Estados miembros sobre incentivos fiscales y reducciones de derechos e impuestos. 
Un acto de este tipo, que, como muy bien sabemos, no sería legislativo, sí sería una gran ayuda para fomentar el uso de energías renovables y estimular el cultivo de las materias primas que lo hacen posible. 
Creo que no debemos perder esta oportunidad. 
Se abre un tema muy importante, como es el debate energético, en un momento en el que estamos en plena discusión en este Parlamento. 
– Señor Presidente, el impulso dado a la energía verde, combinado con la presión sobre la agricultura tradicional, se unen para ofrecer la producción agrícola con fines no alimentarios como alternativa para algunos, pues consideran necesaria la diversificación. 
Las experiencias del uso de biomasa para la generación de energía en toda la UE, inclusive tanto materias primas renovables como residuos agrícolas orgánicos, deberían ponerse en común para poder reproducir en toda Europa las iniciativas más viables. 
Mi Gobierno ha anunciado recientemente su intención de hacer de Irlanda del Norte un centro de excelencia de energías alternativas. 
La UE debería apoyar financieramente esa iniciativa. 
Incentivos fiscales, aumento de la ayuda al uso de la tierra para cultivos energéticos y aplicación selectiva de los Fondos Estructurales: todos tienen que cumplir su parte. 
Del mismo modo, las políticas de planificación deben ayudar, no impedir el progreso. 
En mi circunscripción, hace poco una planta de digestión anaerobia ha tenido que cerrar debido a unas restricciones de planificación rígidas e innecesarias. 
Claramente necesitamos un enfoque conjunto interdepartamental. 
– Yo también quiero felicitar al señor Parish por su informe, que acojo con satisfacción. 
En primer lugar, considero que los cultivos para fines no alimentarios pueden suponer una contribución importante al sector energético europeo, que está siendo objeto de análisis continuo. 
Es cada vez más importante garantizar la seguridad energética en la UE y una mayor autonomía en relación con el mundo exterior. 
Pienso que, en este sentido, la utilización de biocarburantes podría suponer una contribución positiva. 
Además, creo también que la promoción de los cultivos no alimentarios será muy beneficiosa desde un punto de vista agrícola, sobre todo en lo que respecta a los cultivos energéticos, que podrían constituir una nueva esperanza para el futuro de la agricultura europea y la tan incomprendida PAC. 
En un futuro que se prevé sombrío para la producción alimentaria europea, dada la dificultad de competir con países con menores preocupaciones sociales y ambientales que permiten una producción a bajo coste, la búsqueda de alternativas para mantener viva la agricultura es urgente. 
– Señor Presidente, en nombre de los nuevos Estados miembros, entre ellos Hungría, quiero agradecer al señor Parish que haya recordado que los mismos no pueden recibir ayuda económica de la UE para el cultivo de plantas con fines energéticos. 
Por tanto, la petición que se hace en el informe de que la Comisión Europea elimine los obstáculos a los cultivos vegetales para fines energéticos en los nuevos Estados miembros y facilite la ayuda de la Unión Europea, reviste una importancia particular. 
Otro aspecto muy positivo es que según el informe la ayuda tiene que concederse fuera del sistema de pago único por superficie, independientemente de la «introducción progresiva» relacionada con los pagos directos. 
El informe del Parlamento Europeo defiende claramente los intereses de los nuevos Estados miembros y, por eso, pido a la señora Fischer Boel y a la Comisión que tengan en cuenta estas propuestas, porque la ayuda para fines energéticos es de extrema importancia también en los nuevos Estados miembros para garantizar el empleo. 
– Señor Presidente, la idea de promover los cultivos para fines no alimentarios es excelente y muy oportuna. 
Es oportuna porque, desde su ingreso en la Unión Europea, los agricultores polacos han experimentado de primera mano lo que significa limitar la producción de leche o liquidar la producción de azúcar, y porque los niveles de subvenciones no son iguales en toda la Unión. 
La producción de biomasa y biocarburantes, en particular, no solo mejorará la situación del medio ambiente y aumentará el empleo en las zonas rurales, sino que preservará también la dignidad humana al aumentar los ingresos de familias enteras. 
En lugar de preocuparse por el precio cada vez menor del ganado porcino, los agricultores podrán celebrar la subida del precio de los combustibles. 
Hasta ahora, los agricultores nos han protegido de la amenaza del hambre. 
Ahora nos pueden salvar de una crisis energética e infundir nueva vida a la Política Agrícola Común. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quiero empezar dando las gracias a nuestro ponente, el señor Parish, que ha hecho un trabajo excelente con la elaboración de este informe de propia iniciativa. 
En vista de los acontecimientos actuales, las combinaciones de todas las fuentes de energía y la parte de la demanda energética total representada por las energías renovables son los temas de más actualidad del día. 
Tenemos que aprovechar esta oportunidad para promover el uso generalizado de cultivos no alimentarios. 
Tras las reformas agrícolas, los agricultores pueden producir cultivos con fines energéticos en tierras retiradas de la producción, pero junto con la producción alimentaria, que sigue siendo una prioridad. 
Este paso inicial tiene que ir seguido de otros, lo que significa que tenemos que reforzar la investigación y el desarrollo, extendiéndolos a la biotecnología económica moderna. 
Lo importante son las ayudas a la integración en el mercado y la insistencia en la competitividad, lo que significa que es importante dotar a la promoción de bioenergías obtenidas de cultivos sin fines alimentarios, una alternativa lógica desde un punto de vista ecológico, de una base que sea económicamente viable a largo plazo. 
Seguimos necesitando más empleo en las zonas rurales. 
. Señor Presidente, quiero darle las gracias nuevamente por la interesante contribución del Parlamento Europeo en este ámbito tan importante. 
Estoy muy impresionada por el enorme apoyo que he visto aquí en el Parlamento hoy. 
Tenemos mucho trabajo por delante. 
El año 2006 representa un desafío particular, con una serie de asuntos clave que deben abordarse: primero, los objetivos sobre biocarburantes en el contexto de la revisión de la Directiva sobre biocarburantes; en segundo lugar, la posibilidad de aumentar la proporción de mezcla de biocarburantes en los carburantes convencionales. Ya se está trabajando en la revisión de la Directiva sobre la calidad de los combustibles; y en tercer lugar, el régimen de cultivos energéticos que también revisaremos este año. 
Todas las acciones se reflejan en el plan de acción de la biomasa y la estrategia sobre biocarburantes, que debe ponerse en marcha este año. 
Hay mucho que hacer y nos dedicamos a ello. 
Por ello hemos creado una nueva unidad en mi departamento, responsable en particular sobre la biomasa y los biocarburantes. 
También seguiremos encontrando vías de fomento del enorme potencial económico, social y ambiental de las aplicaciones no alimentarias, particularmente las destacadas en el informe. 
Creo firmemente que el conjunto de la economía va a ganar con la contribución que los recursos biológicos renovables pueden hacer para asegurar un futuro sostenible para Europa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
– El fomento de los cultivos con fines no alimentarios es una oportunidad única que puede reportar ventajas sociales, económicas y ambientales considerables para los agricultores y las economías rurales de Europa. 
De hecho, el informe destaca claramente el potencial que ofrecen los desarrollos e inversiones en el sector de los cultivos no alimentarios para los agricultores. 
Es muy probable que el desarrollo del sector de los cultivos no alimentarios tenga un efecto positivo entre los agricultores que sufren las consecuencias de la reforma de la Organización Común del Mercado del azúcar. 
Por ello deberíamos apoyar el desarrollo de este sector porque incorpora producciones alternativas para los agricultores europeos que sufren la presión de la competencia. 
Además, es evidente que el apoyo a los cultivos con fines no alimentarios está en consonancia con los objetivos fijados por las estrategias de Lisboa y Gotemburgo para el desarrollo y el uso de energías renovables, puesto que los cultivos con fines energéticos albergan un alto potencial para satisfacer las necesidades energéticas de la Unión. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
– Señor Presidente, agradecería que el Presidente hablara un poco más despacio, puesto que la interpretación no se escucha inmediatamente. 
– De hecho, leo los títulos de los informes más deprisa cuando son largos y complicados. 
Espero que los intérpretes, que tienen el mismo texto delante de ellos, puedan seguirme. 
– Señor Presidente, quizás tenga usted un compromiso en otro lugar más tarde, no lo sé, pero estamos aquí para hacer nuestro trabajo y votar. 
Va usted tan rápido que ni siquiera podemos levantar las manos a tiempo para votar. 
¿Podría ir más despacio, por favor? 
– En cuanto a mi horario, les puedo tranquilizar. 
No saldré del Parlamento antes de mañana por la mañana, así que tengo mucho tiempo. 
No estoy seguro de que ese sea el caso de todas sus Señorías. 
Después de 
«gastos de gestión» 
se incluye lo siguiente: 
«toda agencia ejecutiva que se cree o amplíe para la gestión del programa» 
– ¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral? 
– Señor Presidente, quiero presentar una enmienda oral con la intención de modificar el considerando C. Es una cuestión de sustituir los términos, que voy a leer en inglés por ser la única versión que tengo: 
… «protección del medio ambiente» por «sostenibilidad del medio ambiente»… 
Creo que estos son los términos reconocidos. 
El texto debería quedar como sigue: 
… «considerando que la política energética de la UE tiene tres objetivos principales: la seguridad del suministro, la competitividad y la sostenibilidad del medio ambiente». 
– ¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral? 
– Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de observancia del Reglamento conforme al artículo 151, sobre la inadmisibilidad de enmiendas. 
Quisiera que usted decida que ninguna de estas enmiendas sea admisible porque a las 10.45 horas de esta mañana, la última vez que lo comprobamos, no había ninguna lista de votaciones en el sistema electrónico. 
Por tanto, no tenemos una lista de votaciones y votaremos sobre algo que no podemos ver. 
Por ello quiero pedirle respetuosamente que avance pase al punto siguiente del orden del día y aplace este hasta que tengamos una lista de votaciones adecuada. 
– Señorías, los servicios dicen que las listas de votación han estado disponibles desde ayer por la noche. 
Dicho esto, es posible que no estuvieran necesariamente en el lugar donde ustedes las han buscado en el sitio web del Parlamento, puesto que se han cambiado de lugar desde la reorganización del sitio. 
No obstante, considerando lo que me dicen los servicios, no veo por qué tendría yo que actuar ante su comentario, puesto que las listas de la votación estaban efectivamente disponibles ayer por la noche en Internet. 
Señor Presidente, es una enmienda menor, para precisar el texto: se trata de cambiar el término «históricamente» por el término «frecuentemente». 
. – Señor Presidente, Señorías, preferiría mantener el texto original, porque está claro que la palabra «frecuentemente» cambia el sentido. 
Agradezco al señor Martínez Martínez la enmienda y la acepto. 
– ¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral? 
. – Señor Presidente, Señorías, esta Cámara ha dado un gran empuje al desarrollo de los partidos políticos europeos. 
Ahora tenemos 10 familias de partidos, lo que demuestra la diversidad de nuestra cultura política. 
Este informe marca el inicio de una nueva etapa, que consiste en simplificar el trabajo de esos partidos. 
Los partidos europeos son un elemento necesario de la democracia europea y esperamos, por encima de todo, que los partidos designen candidatos de alto nivel para el cargo de Presidente de la Comisión antes de las próximas elecciones europeas, de manera que los ciudadanos puedan elegir entre personalidades y programas y puedan participar en la decisión del modelo de Europa que desean. 
Quiero dar las gracias al Presidente y al Secretario General del partido por sus importantes sugerencias. 
Esta partida presupuestaria es una de las pocas que son responsabilidad del Parlamento Europeo, y por eso quiero agradecer a la Mesa y a la administración de esta Cámara su excelente gestión de esta delicada partida presupuestaria para los partidos europeos. 
Pido a la Cámara que apruebe el informe. 
– Señor Presidente, ¿podría decirnos si algún diputado a esta Cámara ha declarado un interés financiero antes de votar sobre el informe anterior? 
– Que yo sepa, ningún diputado ha hecho una declaración. 
Les recordaré la regla: tenemos un registro especial para declarar de una vez por todas cualquier posible interés financiero, evitando así la necesidad de tener que declararlos en cada debate. 
Por tanto, si quieren evitar discrepancias, completen correctamente ese registro. 
– Señor Presidente, se trata de una enmienda oral para sustituir las palabras «mejorar la compatibilidad del horario escolar con el horario laboral» por «mejorar la compatibilidad del horario laboral con el horario escolar». 
. – Señor Presidente, quisiera decir que en mi calidad de ponente al principio no pensaba que esto cambiara algo en el texto. 
Sin embargo, después de examinarlo, creo que mejora el texto por lo que, personalmente, estoy a favor. 
– ¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral? 
– Con esto concluye la votación. 
. 
Señor Presidente, este informe del señor Brok es formalmente técnico, pero aún así muy importante. 
He votado a favor de la aprobación del mismo y creo que si se alcanza este acuerdo, demostraremos en el Parlamento Europeo el deseo de estrechar nuestras relaciones con el Estado independiente de Israel, el único país democrático de Oriente Próximo. 
Es importante que nosotros, en el Parlamento Europeo, apoyemos a países que respetan valores europeos como la democracia, los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho. 
En consecuencia, Israel necesita nuestro apoyo unánime. 
Espero que esta votación envíe la señal de que en el Parlamento Europeo respetamos los valores europeos fundamentales y que no podemos permitir la cooperación o negociación con la organización terrorista Hamás, que se ha hecho con el poder en la Región Autónoma de Palestina. 
Antes de poder hablar de negociación, Hamás tiene que 1) reconocer sin rodeos el derecho de Israel a ser un Estado judío; 2) cesar todos los actos de terror; 3) renunciar a las armas; 4) rechazar el apoyo de otros grupos violentos, y 5) respetar los acuerdos internacionales vigentes entre Israel y la Autoridad Palestina (Acuerdos de Oslo, Hoja de Ruta, etc.). 
Espero que la Unión Europea sepa defender sus valores fundamentales. 
Es importante que apoyemos a un Israel independiente y democrático y a su derecho a la existencia. 
– Señor Presidente, la gente está empezando a irse, así que seré breve. 
Puesto que no pude hacer uso de la palabra en la votación de la semana pasada en Estrasburgo, quiero insistir ahora en la importancia de separar los programas de protección del consumidor y de salud, aunque la Comisión no tuviera una opinión particularmente positiva a este respecto, porque en definitiva los dos programas tienen diferentes fundamentos jurídicos y, por tanto, la protección del consumidor debe abordarse de una forma diferente. 
En segundo lugar, quiero utilizar esta explicación de voto para reiterar que, en términos generales, el intento de crear más agencias de la UE y, por tanto, repartir más aún las competencias de las distintas autoridades, reduciendo así la transparencia, no es una forma eficaz de proceder. 
Por este motivo, celebro el informe Thyssen de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, que tiene plenamente en cuenta esta preocupación. 
La aprobación del informe hoy, con la enmienda oral sobre la financiación, era una buena solución. 
Hemos votado a favor de este informe porque confiere autonomía al Programa de Protección del Consumidor, al contrario que la propuesta de la Comisión Europea de crear un solo programa que englobe también la salud. 
Aparte de esta importante diferencia de fondo, que apoyamos, el informe introduce mejoras significativas desde el punto de vista de las áreas que hay que abarcar, las sumas totales de dinero asignadas y el aumento del gasto para el funcionamiento de las organizaciones europeas de consumidores que representan sus intereses. 
Aunque en algunos aspectos nos hubiera gustado llegar más lejos, esperamos que ahora la Comisión Europea y el Consejo tengan en cuenta esta posición del Parlamento. 
. 
Celebro que el Programa de Acción Comunitario haya creado un programa común de protección de la salud y de los consumidores. 
El Programa de Acción quiere pronunciarse sobre el ámbito de protección de los consumidores para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, que es la comisión responsable. 
Lo hará armonizando la protección de los consumidores en todo el mercado interior, permitiendo la libre circulación de los ciudadanos dentro de la UE y la compra de productos con la misma confianza que en sus países de origen. 
Facilitando la comprensión de los consumidores y mercados, este Programa de Acción protege a los ciudadanos de los riesgos y amenazas que escapan al control de los individuos. 
También estoy particularmente a favor de este Programa de Acción porque situará las cuestiones de salud y consumo en el centro de la política de la UE. 
. – Quiero felicitar a la señora Thyssen, que ha hecho un trabajo excelente. 
Le agradezco sobre todo que haya estado dispuesta a incorporar las enmiendas que yo había presentado respecto a las relaciones entre los consumidores y las empresas artesanales. 
Los artesanos desempeñan un papel esencial en la vida cotidiana al facilitar información y aconsejar a los consumidores, con los que están en contacto directo. 
También me complace que se mantenga la separación entre los dos programas: salud y protección del consumidor. 
Ambas políticas son importantes para los ciudadanos y con esto no se hará más que reforzar ambos programas. 
No obstante, todavía estoy muy preocupada por las propuestas del Consejo relativas al presupuesto comunitario para el período 2007 a 2013, que comportarían en pocos años una reducción drástica en la política actual de protección del consumidor a escala europea. 
Es impensable que este presupuesto se reduzca a 5 millones de euros al año en 2009, lo que equivale a un 1 % al año por consumidor europeo. 
Dicha cantidad sería totalmente insuficiente para financiar una política de protección de los consumidores digna de ese nombre y, además, de importancia fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos. 
A pesar de ello, voy a votar a favor de este informe. 
– Señor Presidente, me refiero también al informe Parish cuando digo que hay tres cosas que Europa necesita para asegurar su futuro: primero, un medio ambiente saludable, sobre todo en lo relativo al aire, el agua y el suelo; segundo, alimentos saludables y en cantidad suficiente; y, tercero, energía. 
Las zonas rurales son capaces de ofrecernos estas tres cosas en cantidad suficiente y con independencia de fuentes externas, de las que llegaríamos a depender. 
En este sentido, la intervención de Tony Blair en esta Cámara hace unos meses, difamando a los agricultores de Europa y tachándolos de retrógrados, fue desastrosa. 
Cada céntimo que invertimos en agricultura y en zonas rurales es una inversión en el futuro de Europa. 
Estos son tres ámbitos fundamentales que están llenos de innovación y de perspectivas de futuro. 
La clave para garantizar el futuro de Europa –y este es un hecho revolucionario del que todavía no nos hemos dado cuenta del todo– está cada vez más en nuestras zonas rurales y en estructuras rurales descentralizadas. 
– Señor Presidente, quiero proponer un cálculo que justifica por qué he votado a favor de la energía nuclear. 
Si las emisiones en la UE se reducen unos 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en la primera fase del comercio de los derechos de emisión, el precio del mercado en términos de emisiones alcanzará los 2.500 millones anuales a precios actuales. 
Una estimación prudente es que el precio de la electricidad en el mercado eléctrico mayorista europeo podría aumentar una media de 10 euros por megavatio-hora a resultas del comercio de derechos de emisión. 
Puesto que el consumo de electricidad en la UE se sitúa en torno a 3 000 teravatios-hora al año, los costes del comercio de los derechos de emisión en el mercado mayorista de la electricidad rondará los 30 000 millones de euros al año. 
Una alternativa que va en contra del principio del mercado sería gravar la electricidad. 
No es eso lo que propongo, sino un ejercicio mental. 
Si el comercio de los derechos de emisión se sustituyera por un impuesto sobre la electricidad y esos ingresos se utilizaran para invertir realmente en la reducción de emisiones, los casi 30 000 millones al año podrían utilizarse en ayudas a la inversión para adquirir una capacidad enorme, que eliminaría la necesidad de combustibles fósiles. 
La energía nuclear es un ejemplo de un tipo de energía libre de emisiones que el mercado de la electricidad no apoya, y que de hecho tampoco es realmente necesaria, al contrario que muchas otras formas de energía. 
Pero si imaginamos que una inversión de 3 000 millones redujera en unos 10 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono gracias al uso de la energía nuclear, los 30 000 millones conseguirían en efecto esa reducción anual de las emisiones por medio de la construcción de centrales nucleares, con la diferencia de que la electricidad producida podría seguir vendiéndose. 
. – He votado a favor de la resolución común presentada por cuatro Grupos políticos sobre el tema de la seguridad del suministro de energía en la Unión Europea. 
La cuestión energética va a adquirir una importancia crucial en la era posterior al petróleo para garantizar el desarrollo económico y el progreso social dentro del respeto del medio ambiente. 
Felizmente, la energía nuclear ha dejado de ser un tema tabú y me alegro de que se preste atención a las fuentes de energía duraderas, así como a la necesidad urgente de programas de investigación y desarrollo para ganar terreno en este ámbito. 
Lamento que no se haya aceptado la idea de introducir una herramienta comunitaria para controlar los precios del petróleo. 
En esta propuesta de resolución, no es cuestión de oponerse a la subida de los precios del petróleo, que es inevitable, sino más bien de atenuar los brutales efectos de esa subida haciéndola anual. 
Por último, es muy importante que el Consejo Europeo formule una política clara en este sector que, como conviene señalar, no es responsabilidad de Europa, y eso lo digo para no dar falsas esperanzas a nuestros conciudadanos que, si no quedaran satisfechos, se volverían otra vez en contra del ideal europeo. 
. El Grupo del PPE-DE ha decidido abstenerse sobre los apartados 10, 22, 27 y 29, no porque tenga objeciones sobre el contenido, sino porque en estos apartados se indica que tienen su origen en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Este Grupo abusa regularmente del proceso de negociación de las propuestas conjuntas. 
Hasta el último momento logran hábilmente que se introduzcan varios apartados que proceden de su propia resolución y se elimine del texto que no les gusta, pero al final se niegan a firmar la resolución común por alguna razón espuria, como por ejemplo que una palabra del texto es inaceptable para los Verdes. 
Compromiso significa un toma y daca por parte de ambos bandos y al final aceptar algo que no es exactamente lo que en un principio se quería. 
El Grupo del PPE-DE cree que si el Grupo Verts/ALE quiere desempeñar su papel de forma democrática y justa, debe jugar limpio. 
Como dice la resolución, la dependencia energética de los 25 Estados miembros de la UE de las importaciones de energía es extremadamente elevada: un 48 % en 2002, pudiendo aumentar hasta el 71 % en 2030 si no se toman medidas adicionales. 
Algunos datos dibujan una situación muy clara: 
-las importaciones cubren el 76,6 % de la demanda de petróleo de la UE, el 53 % de la de gas, el 35,4 % de la de carbón y casi el 100 % de la de uranio y derivados de uranio; 
-la producción bruta de electricidad en la UE de los 25 se divide entre: energía nuclear (31 %) , combustibles sólidos, especialmente carbón (25 %) , gas natural (18 %) , fuentes de energía renovables (14 %) y petróleo (5 %); 
-la utilización final de la energía en la UE de los 25 fue del 28 % en el sector industrial, el 31 % para transporte y el 41 % en edificios. 
Por eso, sabemos que es necesario tomar medidas para reforzar la cooperación, la investigación, las políticas públicas y las inversiones adecuadas si queremos reducir la dependencia de los Estados miembros y aumentar la eficiencia energética. 
La resolución contiene una serie de propuestas a las que nos oponemos, como la apuesta por la liberalización del sector, por la competencia y por el mercado interior de la energía. Este camino servirá solo para fortalecer a los grupos económicos y financieros, sin mejorar la situación de los países con economías más débiles ni de sus respectivas poblaciones. 
– Estamos en parte de acuerdo con las declaraciones contenidas en esta resolución: la inquietud por la dependencia energética de nuestros países y por sus posibles consecuencias económicas y sociales; la necesidad de promover fuentes de energía renovables locales y más respetuosas con el medio ambiente; la inversión en eficiencia energética o la investigación de nuevas formas de ahorrar energía. 
Ahora bien, no se presta atención al tan anunciado agotamiento de los recursos mundiales de combustibles fósiles. 
Por otra parte, no estamos de acuerdo con el papel que la Comisión se ha atribuido a sí misma en el sector energético, un papel que no figura en los tratados, que hasta su Constitución Europea redujo a la constatación de la situación existente, pero que este Parlamento quiere desarrollar. 
La liberalización del mercado de la electricidad y del gas no produce más que un aumento del precio de la energía para el consumidor, interrupciones del suministro y una tendencia generalizada a la concentración de empresas. 
Incluso mi país, en el que casi el 90 % de la producción eléctrica procede de la energía nuclear o de recursos energéticos renovables, y que tradicionalmente es excedentario, se encuentra ahora con este tipo de problemas. 
¡Gracias a Bruselas! 
La sola lógica del mercado no es compatible con el logro de los objetivos estratégicos nacionales o la defensa de los intereses vitales de un país. 
Los Estados miembros deben seguir siendo los únicos dueños de su política energética. 
. He votado a favor de esta resolución porque, en mi calidad de diputado por Londres, creo que algunas investigaciones sobre el sector energético, publicadas recientemente, descubrieron que algunas empresas continentales habían incurrido en acuerdos de precios. 
Este tipo de acuerdos de precios y los contratos de larga duración han provocado divergencias entre los precios del gas de Londres y del continente. 
Quiero que la Comisión Europea responda a ello enérgicamente. 
También estoy preocupado por aspectos clave de la escasez de combustible en mi circunscripción que no se mencionan en esta resolución. 
El Libro Verde de la Comisión sobre la estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura hace un análisis correcto de los problemas que plantea el suministro energético y que se han hecho tan evidentes en los últimos tiempos. 
Lo que podemos llamar la «cuestión energética» es el resultado previsible del progreso económico, asociado a la limitada capacidad de producción y transformación de los recursos energéticos tradicionales. 
El problema más grave es que estos términos de la ecuación son muy difíciles de cambiar. 
El crecimiento económico de gigantes como Brasil, Rusia, la India y China es un hecho previsible y, por fortuna, incontrovertible. 
Además, aunque se produjera un aumento de la capacidad de producción y transformación –suponiendo que la capacidad de las refinerías se resolviera a tiempo– la naturaleza finita de estos recursos es también irreversible. 
Reconozco que tengo grandes dudas sobre la eficacia inmediata de la reducción del consumo, a menos que ese proceso se extienda a la producción de bienes, equipamientos, transporte y edificios. 
Pienso también que este debate solo puede ser realista si se considera la energía nuclear como parte de las energías renovables. 
Por último, apoyo el Libro Verde y la resolución, especialmente porque introduce la cuestión de la seguridad en el debate. 
– Señor Presidente, cualquiera que haya sobrevolado África a la luz del día sabe hasta qué punto la República Democrática del Congo constituye su centro geoestratégico. 
Por eso tenemos que tratar de garantizar la democracia y la estabilidad allí. 
Pero el actual debate crítico de esta cuestión debe verse como una última señal de advertencia de la necesidad de crear por fin todas las estructuras necesarias, entre otras cosas para defender los propios intereses de Europa en un continente vecino de tanta importancia estratégica. 
Estamos haciendo una buena política en otros continentes, estamos asumiendo la responsabilidad de la paz y la libertad, pero no conseguimos proporcionar los instrumentos necesarios. 
Necesitamos de una vez por todas un ejército europeo, un ejército profesional que complemente al formado por soldados de servicio obligatorio y a otros ejércitos. 
Los ejércitos nacionales tienen que seguir asumiendo la defensa nacional, pero en su mayor parte siguen careciendo de los instrumentos necesarios para intervenir en otros continentes. 
Nos estamos arriesgando demasiado y por eso digo «sí» a este despliegue. 
No obstante, tenemos que tomarlo como una advertencia seria para asegurarnos de que nuestra Política Exterior y de Seguridad Común tenga también a su disposición por fin los instrumentos necesarios para el mantenimiento de la paz. 
La situación actual en la República Democrática del Congo es muy preocupante. 
Desde hace mucho tiempo el país sufre una gran inestabilidad, lo que ha ocasionado hambre, desmanes contra la población civil y una situación muy grave en toda la región de los Grandes Lagos. 
A pesar de todo, nos anima el hecho de que ahora se vayan a celebrar elecciones. 
En la Lista de Junio nos oponemos rotundamente a que la misión en la República Democrática del Congo se esté utilizando también para reforzar la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. 
La situación en la República Democrática del Congo tiene que resolverse, pero no a través del despliegue de una fuerza conjunta de la UE. 
Cada Estado miembro tiene que decidir, a petición de las Naciones Unidas, si despliega o no tropas. 
Por eso hemos votado en contra de la resolución. 
África es un fruto muy apetecido. 
Las principales potencias capitalistas ambicionan dominarla y explotar sus inmensos recursos. Esto se demuestra por el aumento de la presencia en el continente y el número de operaciones y bases militares de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Alemania. 
La intervención militar en la República Democrática del Congo está imbuida de esta lógica y allana el camino a otras operaciones militares en el futuro. 
Recordemos que se trata de la segunda intervención bajo el paraguas de la «UE» que se realiza en ese país, después de la llamada «Artemis» , con tropas francesas, en 2003. 
En vez de tratar de promover el fin de la explotación ilegal de los recursos naturales, en la que han participado empresas de países de la UE, y el fin de la injerencia externa en ese país; en vez de responder a la petición de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas; en vez de promover y apoyar económicamente el proceso de desarme y de desarrollo socioeconómico, asegurando que la explotación de los recursos naturales se realice por la población de ese país y en beneficio de ella, las grandes potencias de la UE –Francia y Alemania, con el apoyo del Gobierno portugués– envían más tropas a un país donde ya se encuentran estacionados más de 15 000 militares en el marco de la Misión en la República Democrática del Congo (MONUC). 
De ahí nuestro voto en contra. 
– La decisión de la UE de enviar tropas militares bajo el mando de la UE a la República Democrática del Congo guarda relación con la competencia entre las potencias imperialistas por controlar los mercados y los recursos generadores de riqueza del Congo y África en general, que ha pagado por esta política con millones de vidas. 
La UE utiliza la excusa del mantenimiento de la paz y la vigilancia del proceso electoral para ocultar sus verdaderos objetivos y crear una situación de hechos consumados para futuras intervenciones. 
Además, esta misión militar bajo el mando de la UE constituye la primera aplicación de la reaccionaria reforma de las Naciones Unidas, cuya finalidad es integrar a las organizaciones regionales (OTAN, ejército europeo) en los mecanismos de las Naciones Unidas para «legalizar» las intervenciones imperialistas. 
No es coincidencia que la resolución haga referencia a la necesidad de reconstruir la República Democrática del Congo de acuerdo con la norma iraquí que se contempla en la declaración del 60º Aniversario de las Naciones Unidas. 
La segunda misión militar organizada del ejército europeo después de Bosnia demuestra también su agresivo carácter intervencionista. 
Los ciudadanos del Congo y de África no necesitan «protectores internacionales» que, en este caso, son los responsables de las guerras y la desesperada situación en la que se encuentran. 
. 
Los conservadores británicos se oponen a la participación de la UE en actividades militares, que son un aspecto de la integración política comunitaria, no crean capacidades militares adicionales y socavan las alianzas militares establecidas. 
Se está incubando una tragedia en el Congo, pero el despliegue internacional propuesto no la resuelve. 
La UE no está concebida ni equipada para tratar este tipo de problemas desde un punto de vista militar. 
Ni debería estarlo. 
La UE no ha sido capaz ni siquiera de cumplir sus exiguas obligaciones de seguridad con respecto a Sudán, donde insistió en asumir un papel cuando la OTAN ya estaba comprometida. 
Ha habido dos misiones civiles de la UE en el Congo y no está claro cuál podría ser ahora el mandato de una misión militar comunitaria. 
El Gobierno congoleño no la ha solicitado. 
Este ejercicio es una campaña de imagen, destinado más a dar publicidad a la marca UE que a resolver los problemas del Congo. 
La UE debería responder a las peticiones de las Naciones Unidas utilizando sus herramientas de políticas, humanitarias, de observación electoral y ayuda al desarrollo. 
En función del contexto, estos asuntos deberían ser responsabilidad de los Estados nacionales, la OTAN o las Naciones Unidas. 
Los conservadores británicos apoyan a las Naciones Unidas en sus múltiples y difíciles tareas, pero no apoyan las aventuras militares de la UE. 
Por esto hemos votado en contra de la resolución. 
– Señor Presidente, Señorías, me complace poder explicar por qué he votado a favor del informe del señor Leinen sobre la reglamentación de los partidos políticos europeos y su financiación. 
Cuando en Italia lanzo el grito de «¡Pensionistas, al ataque! », todos los pensionistas me siguen y los jóvenes hacen lo mismo que los pensionistas, porque creen en el Partido de los Pensionistas, que yo dirijo. 
Estoy seguro de que si gritase «¡Pensionistas, al ataque! » en las 25 lenguas de la Unión Europea, los pensionistas de los otros 24 Estados miembros de la UE me apoyarían también, porque el partido político europeo va directamente al corazón de la gente. 
Estoy absolutamente seguro de que crearemos Europa cuando hayamos creado los partidos europeos, de la misma forma que el Partido de los Pensionistas está creando el Partido Europeo de los Pensionistas. 
¡Pensionistas, al ataque! 
– Señor Presidente, el informe Leinen trasluce la idea de que los partidos políticos europeos de pleno derecho son necesarios, porque realmente benefician a la democracia a escala europea. 
Creo que no sería una exageración decir que ocurre justo lo contrario. 
El desaforado aumento de magnitud del proceso de toma de decisiones en una Europa que debiera estar formada, tomen buena nota, por Estados miembros muy diferentes y definitivamente soberanos, es la forma más segura de reducir la democracia y hacer que la toma de decisiones sea todavía menos transparente, introduciendo una burocracia que es prácticamente imposible de controlar. Por cierto, de eso podemos encontrar muchos ejemplos estos días. 
Piensen simplemente en el totalitarismo con que el Parlamento Europeo está haciendo frente al rechazo de la Constitución europea en los referendos democráticos celebrados en Francia y en los Países Bajos. 
La intención es, pues, que los partidos políticos europeos sirvan al propósito de desviar todavía más dinero del contribuyente para dárselo a los partidos políticos, pero solo, eso sí, a los partidos políticamente correctos. 
De ahí se deduce que cuando Europa habla de democracia, más vale mirar dónde pisamos. 
– Señor Presidente, si bien no estoy de acuerdo con el orador anterior y afirmo que también necesitamos partidos políticos a escala europea para que los ciudadanos puedan elegir, quisiera dejar constancia de que no estoy de acuerdo con una de las sugerencias que se han planteado en el contexto del informe Leinen, en concreto que deberíamos tener listas a escala europea para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Tal propuesta, para empezar, requeriría que se enmendasen ahora los Tratados, cuando todavía estamos en un período de reflexión sobre la futura modificación del Tratado. 
También pienso que no es necesario. 
Existe el riesgo de que tales listas alejen a los diputados elegidos en virtud de las mismas todavía más de los ciudadanos que los que se eligen en las regiones, como la mayoría de nosotros. 
Donde sí podemos explorar una vía útil de vincular las elecciones europeas a la idea de la opción por los ciudadanos es en la idea que ha expresado nuestro ponente hace unos minutos, a saber, que cada partido político europeo nombre a su candidato a Presidente de la Comisión. 
Esto establecería un lazo entre la elección de un Parlamento y la composición resultante del ejecutivo, como es costumbre cuando se vota en las elecciones nacionales de los países europeos. 
Nosotros consideramos importante que haya partidos políticos de ámbito europeo. 
Desempeñan un papel importante en la divulgación de información política y conocimiento de la política europea, así como en la promoción de los valores democráticos y la creación de una conciencia europea. 
Pero no creemos que la UE deba decidir sobre cómo deben hacerse las afiliaciones, las listas y los nombramientos. 
Los propios partidos son los que deben establecer reglas relativas a la forma en que desean ocuparse de cuestiones como estas. 
Nuestro voto en contra es coherente con la posición que hemos adoptado en relación con los partidos políticos europeos. 
Siendo cierto que existe un foso enorme entre los ciudadanos y las instituciones europeas, la solución no pasa por crear más partidos europeos o aumentar la financiación de los que ya existen. 
Cada partido nacional debe poder seguir organizándose de forma autónoma, también en lo que se refiere a sus relaciones con la Unión y el Parlamento Europeo. 
Lo que se impone para motivar a los ciudadanos a aumentar su participación política, también en el plano comunitario, y al abandono completo de las políticas neoliberales, es el fin del Pacto de Estabilidad, la retirada de la llamada Directiva Bolkestein y la sustitución de la Estrategia de Lisboa por una verdadera estrategia de solidaridad, desarrollo sostenible y cohesión social. 
Lo que se necesita es más empleo de calidad y con derechos, mejores servicios públicos, más inversión generadora de empleo y mayor inclusión social, acompañado todo ello de una distribución más justa de la riqueza producida. 
– Los partidos políticos europeos no son más que organizaciones con fines extremadamente lucrativos. 
Lo esencial de este informe es que se atiende su demanda de más dinero y más libertad en su utilización, así como un estatuto favorable y un sistema de exenciones fiscales. 
Simplemente para existir y reunirse, por el momento. 
Porque lo que se pretende es confiar a estos partidos el monopolio de la difusión de las buenas palabras del europeísmo. 
Además, su creación depende de un inadmisible certificado de «pensamiento correcto» europeo concedido por esta institución, basándose en los programas que tienen que presentar a sus autoridades. 
Sabemos también que quisieran reservar algunos de los escaños de este Parlamento a los elegidos de las listas constituidas a escala europea, listas que solo podrán ser presentadas por partidos europeos. 
El resultado final sería que esos partidos estarían autorizados a participar como tales en escrutinios nacionales y locales, permitiendo así una injerencia política inaceptable a todos los niveles de decisión en los Estados miembros. 
La democracia consiste en permitir a las naciones gobernarse a sí mismas o elegir representantes para defender sus intereses en las instancias decisorias, los Parlamentos o los Gobiernos. 
La imposición de entidades artificiales que no son representativas más que de sí mismas y están supeditadas a la ideología de Bruselas es todo menos democracia. 
Nos oponemos al sistema subvencionado que se está creando ahora para los partidos políticos europeos. 
Los partidos tienen que ser construidos de abajo arriba por los partidos de los Estados miembros. 
Si esos partidos no encuentran justificación para aumentar los fondos que asignan a sus partidos europeos, habrá que cuestionar si realmente es necesario que existan partidos políticos europeos. 
Nos oponemos a la creación de partidos de ámbito europeo que reciban importantes subvenciones de los contribuyentes de la UE. 
Por eso hemos votado en contra del informe. 
– Hoy, cerca del 85 % de los diputados al Parlamento Europeo han acordado aumentar las subvenciones que reciben sus propios partidos políticos y relajar las normas sobre cómo pueden utilizar esos fondos. 
Por otra parte, el presupuesto actual de 8 400 millones de euros que se gastó el año pasado en subvenciones a partidos políticos volverá a incrementarse, y esos partidos podrán quedarse dichas subvenciones aunque no las gasten en el plazo de un año. 
En muchos casos, los políticos desarrollan una lógica propia, al margen de su electorado. 
Así ocurrió con la propuesta fallida de una Constitución Europea y así ha ocurrido también con este tipo de subvenciones. 
Inicialmente se utilizaron fondos votados por el Parlamento Europeo, ilegalmente, para la cooperación a escala europea entre los partidos políticos. 
El 18 de junio de 2003 voté en contra de legislar ese abuso y hoy votaré en contra de una nueva expansión. 
Si los partidos nacionales quieren unirse para formar partidos europeos, de ellos depende, pero no entendemos por qué no financian algunas cosas ellos mismos. 
El hecho de que ahora estén pidiendo un aumento de las subvenciones y mayor flexibilidad de las reglas aplicadas a esas subvenciones, da la impresión de que los políticos están más preocupados por defender los intereses de sus propios Grupos que los de sus electores. 
– El Kommounistiko Komma Elladas se opone a la decisión de la UE de crear partidos políticos europeos que quiere controlar y utilizar para defender o promover un proceso unidireccional en Europa. 
El informe prevé una ampliación de sus funciones y una mayor flexibilidad en el sistema de financiación, de manera que puedan utilizarse en el marco del mecanismo de lavado de cerebros para allanar el camino a la Constitución Europea y su política, con el fin de vencer la oposición popular. 
En el marco de la llamada «política europea de comunicaciones» , en otras palabras, del ataque ideológico del capital, y haciendo uso del «periodo de reflexión» , moviliza iniciativas, autoridades regionales, ONG, medios de comunicación, periodistas y partidos políticos a favor de un proceso unidireccional en Europa con fines propagandísticos y para resucitar la Constitución Europea y mejorar la «baja estima» de que goza la UE entre los trabajadores europeos. 
Se otorga una importancia particular a los jóvenes, reforzando los «partidos europeos» para crear organizaciones juveniles europeas. 
Al mismo tiempo, se mantiene un control absoluto y la falta de independencia de estos partidos, hasta el punto de establecer sus reglas de funcionamiento internas. 
Vamos a votar en contra del informe, porque rechazamos las declaraciones de lealtad a la alianza imperialista del capital, la UE, y pedimos a la oposición insubordinación y desobediencia. 
– Señor Presidente, Señorías, ayer, antes de subir al avión para estar hoy aquí en Bruselas, grité «¡Pensionistas, al ataque! », como hago siempre. 
Al darme la vuelta, vi que me seguían mayores y jóvenes, porque en el Partido de los Pensionistas todos trabajamos juntos, tanto mayores como jóvenes. 
El informe del señor Bushill-Mattews –a quien agradezco su habitual diligencia– habla con razón de la solidaridad entre generaciones. 
Señor Presidente, todos –jóvenes y también pensionistas– me han hecho la siguiente pregunta, que yo también me hago: ¿deben ser los mayores los que cuiden de los jóvenes, o deben ser los jóvenes los que cuiden de los mayores? 
Indudablemente son los mayores los que supuestamente, después de haber entregado toda su vida a la sociedad y a sus miembros, deben entregar sus pensiones a los jóvenes. 
Creo que los Gobiernos de los 25 Estados miembros de la UE quieren que esto ocurra, pero ¿estamos realmente seguros de que será la mejor solución? 
¿No sería mejor que los jóvenes dieran finalmente a los mayores el reconocimiento que estos se merecen? 
¡Larga vida a los pensionistas! 
– Señor Presidente, me he abstenido en la votación de este informe Bushill-Matthews porque no estoy de acuerdo con algunas de sus recomendaciones. 
Me viene a la mente el considerando 70 sobre política de inmigración, aunque tengo que confesar, por cierto, que incluso este considerando contiene una frase que está claramente matizada para esta Cámara. 
Hay que reconocer que este informe es bastante imparcial y, al menos, tiene el mérito de volver a situar el problema demográfico de Europa en la agenda. 
Pero lo que no encuentro en este informe es la conclusión de que muchos padres y madres siguen hoy optando voluntariamente por quedarse en casa y se deciden por la familia, y que probablemente muchas más personas elegirían esta alternativa si el Gobierno la hiciera económicamente viable. 
En este sentido, mi Grupo lleva mucho tiempo defendiendo la necesidad de salarios parentales de pleno derecho, incluida la seguridad social y el reconocimiento de derechos de pensión para los padres que decidan quedarse en casa para cuidar a niños de corta edad. 
Estoy convencido de que esta medida podría contribuir de modo importante a la búsqueda de una respuesta al enorme desafío demográfico que se nos presenta en la actualidad. 
– Señor Presidente, los medios de comunicación contemporáneos elogian a los solteros como la medida de todas las cosas. 
A las familias con varios hijos se las ve prácticamente como antisociales. 
Pero cuanto mayor sea la proporción de personas sin hijos hoy, más jóvenes querrán a su vez no tener hijos. 
En mi opinión, los padres del mañana tienen que crecer con niños para poder apreciarlos. 
Por tanto, tenemos que intensificar las medidas para reparar la imagen contemporánea de la familia. 
Si queremos evitar un escenario donde, en las ciudades, el modelo de familia tradicional se dé solo entre los inmigrantes, creo que tenemos que orientar cada vez más la promoción de la familia también hacia la población autóctona de Europa. 
Otro punto de partida importante es, por supuesto, la conciliación de la vida familiar y profesional. 
No es coincidencia que los países que han conseguido esa conciliación tienen tasas de natalidad más altas. 
Hemos votado a favor del informe sobre los retos demográficos y la solidaridad entre generaciones. 
Sin embargo, hemos votado en contra del texto que dice que el aumento de los impuestos para financiar la seguridad social ofrece una solución menos sostenible a largo plazo. 
Además, interpretamos el aumento de la edad de jubilación como un aumento en la edad real, no obligatoria, de jubilación. 
Puesto que el texto no era suficientemente claro en este punto, no hemos podido apoyarlo. 
Tampoco apoyamos el llamamiento que ha hecho el Parlamento Europeo a los Estados miembros y a las empresas privadas para romper los vínculos entre más edad y niveles salariales más altos. 
Los Conservadores suecos han decidido hoy abstenerse en la votación sobre los retos demográficos y la solidaridad entre generaciones. 
Aunque el informe contiene muchas propuestas de interés, no podemos apoyarlo. La razón es que trata cuestiones que son competencia de los Estados miembros. 
– He votado a favor del informe del señor Bushill-Matthews sobre los retos demográficos y la solidaridad entre generaciones. 
Los hechos están ahí y son irrefutables. Europa está envejeciendo. 
En mi país, la ecuación es simple: como vivimos en un sistema de redistribución para el pago de las pensiones legales que hace que cada generación de trabajadores tenga que pagar las pensiones de la generación precedente, eso significa, en la práctica, que un menor número de trabajadores tendrá que financiar la jubilación y la asistencia sanitaria de un mayor número de pensionistas, que cada vez vivirán más tiempo. 
Si no se hace nada, las futuras generaciones tendrán que soportar unos costes mucho mayores, con el consiguiente deterioro de su propio nivel de vida, o si se niegan a ello, los pensionistas del mañana se verán reducidos progresivamente a un nivel de vida de subsistencia y al racionamiento de la asistencia sanitaria. 
Frente a eso, ninguna de estas posibilidades es aceptable. 
Ninguna de ellas sería aceptada en cualquier caso. 
Tenemos que encontrar otras vías, y con urgencia; todos los países de la Unión Europea se enfrentan a este reto. 
La obligación de una democracia es anticipar la respuesta a los retos cuando sabe que son inevitables. 
Se lo debemos a las futuras generaciones de europeos. 
. Celebro la aprobación de este informe, que responde a las tendencias que originan los cambios demográficos. 
Según la Comisión, para afrontar el cambio demográfico, Europa debería tener tres prioridades esenciales: una vuelta al crecimiento demográfico, asegurando un equilibrio entre las generaciones y «encontrando nuevos puentes entre las etapas de la vida». 
En nuestra sociedad es más importante que nunca que hagamos frente a nuestros desafíos demográficos y aprovechemos al máximo posible los conocimientos de nuestros ciudadanos mayores. 
. – Desde China hasta Europa, pasando por Rusia, sin hablar de África, está apareciendo un enorme problema demográfico. 
El mundo está envejeciendo. 
Y lo que es peor, en algunos países de Europa la población está disminuyendo o va a disminuir, como en Alemania o Rusia. 
Las consecuencias demográficas son bien conocidas: aumento del gasto en salud y pensiones, necesidad de millones de empleos para prestar ayuda personal y escasez de personal que hace necesario el influjo de migrantes, con el consiguiente efecto psicológico de empujar a las sociedades hacia actitudes cautelosas e inmovilistas y hacia políticas malthusianas de «falta de futuro» , cuya expresión ha sido el «pacto de austeridad presupuestaria» desde Maastricht. 
En otras palabras, ¿quién va a pagar los impuestos para financiar esta situación? 
¿Los Dioses del estadio o los ancianos en sus últimas? 
Por supuesto, las políticas familiares tratarán de crear contribuyentes y contribuciones. 
Pero mientras esperamos la llegada de un aumento de la tasa de natalidad y, por tanto, de nuevos trabajadores, en el vacío de los veinte próximos años las leyes belga, neerlandesa o suiza sobre la eutanasia, disfrazadas del derecho a elegir la propia muerte, demuestran el «viaje al fin de la noche» que las políticas, especialmente en Europa, han iniciado. 
Europa se enfrenta a un problema demográfico sin precedentes. 
En 2030, la UE tendrá 18 millones menos de jóvenes que ahora, y en 2050 tendrá 60 millones de habitantes menos. 
Entre 2005 y 2030, el número de personas con más de 65 años aumentará un 52,3 % (40 millones más) , mientras que el grupo de 15 a 64 años disminuirá un 6,8 % (21 millones menos). 
La proporción entre la población inactiva (jóvenes, mayores y otras personas dependientes) y la población activa aumentará del 49 % en 2005 al 66 % en 2030. 
Estas tendencias pueden atribuirse a dos hechos: primero, las personas están viviendo más tiempo y, segundo, la tasa de natalidad ha descendido. 
Por un lado, la esperanza de vida media a los 60 años ha aumentado desde 1960 cinco años para las mujeres y cuatro años para los hombres y eso hará que el número de personas mayores de 80 años aumente un 180 % de aquí a 2050. 
El número de hijos por mujer en 2003 era de 1,48, cuando haría falta al menos 2,1 hijos por mujer para mantener el nivel de población. 
Consciente de las consecuencias de estos factores sobre la prosperidad, las condiciones de vida y la relación entre generaciones, he votado a favor de este informe. 
– Señor Presidente, apoyo plenamente el desarrollo máximo de las bioenergías, pero cuando hablamos de promover los cultivos para fines no alimentarios en relación con la autosuficiencia energética, tenemos que recordar que los biocarburantes líquidos no son nada eficientes en función del coste. 
Además, la UE no puede siquiera producir suficientes biocarburantes para lograr los objetivos establecidos en la Directiva sobre biocarburantes. 
Me parece importante llamar a las cosas por su nombre para evitar una situación en que, sin que nos demos cuenta, la Dirección General de Agricultura empiece a gestionar la política energética de la UE. 
Se tratará entonces de subvenciones a la agricultura, no de eficiencia del dióxido de carbono o autosuficiencia energética, siempre que los costes de los biocarburantes líquidos sean claramente mayores que los de los combustibles convencionales a los que supuestamente reemplazarán, o mientras que la energía fósil utilizada para fabricarlos sea mayor que la que se obtiene de ellos. 
Así están las cosas, sobre todo con la energía nórdica de origen agrícola. 
En consecuencia, un aumento del uso de biocarburantes aumentaría tanto los costes energéticos de la UE como el precio de los alimentos. 
Eso afectaría inevitablemente a la competitividad de la UE. 
Junto con los biocarburantes líquidos necesitamos un análisis sincero del ciclo de vida, que podría encomendarse a un organismo independiente e imparcial. 
. Señor Presidente, apoyo el informe Parish. 
Recuerden, Señorías, que, utilizando azúcar como materia prima, Brasil es la superpotencia mundial del etanol, con interesantes relaciones de propiedad en el sector, ya que no es totalmente brasileño. 
Estoy profundamente decepcionado y triste por la decisión de cerrar la última azucarera de Irlanda. 
Se perderán cientos de puestos de trabajo. 
Es un duro golpe para todos aquellos que sirvieron fielmente al sector durante generaciones. 
La decisión de la Comisión de reformar el sector del azúcar y recortar las ayudas que pagaba a los productores nunca ha favorecido a la industria azucarera irlandesa. 
Debemos asegurar ahora que aquellos que sirvieron fielmente a la industria azucarera durante muchos años reciban una justa compensación. 
Ahora hay que prestar mucha atención y apoyar tanto en el plano comunitario como nacional los cultivos alternativos, que pueden utilizarse, entre otras cosas, para la producción de bioetanol, en particular el sector de la remolacha azucarera. 
Los biocarburantes ofrecen nuevas oportunidades excelentes y pueden beneficiarse de los conocimientos de los agricultores irlandeses. 
Los biocarburantes contribuirán a la autosuficiencia energética de Europa en un momento de aumento de los precios del petróleo y a la luz de la reciente controversia sobre el suministro de gas de Rusia. 
Hemos votado a favor del informe sobre la promoción de cultivos vegetales para fines no alimentarios porque pensamos que es una buena idea para los agricultores plantar cultivos distintos a los tradicionales cuando estos ya no les resultan rentables. 
El desarrollo tecnológico es importante para las formas alternativas de energía, y somos también conscientes de las oportunidades que ofrece la reestructuración de la política agrícola. 
Pero no creemos que haya que permitir que la transición a los cultivos energéticos frene la retirada gradual de la Política Agrícola Común. 
Es importante que estos nuevos productos se desarrollen y se introduzcan en un mercado libre sin subvenciones. 
En la medida en que eso se consiga, la ayuda temporal debe dirigirse no a la producción subvencionada, sino a las medidas infraestructurales dirigidas a la puesta en marcha de nuevas actividades. 
– Con ocasión de la aprobación de este informe, que cuenta con mi apoyo, quiero mencionar la situación actual de las bioenergías en Bélgica. 
Además de los proyectos microeconómicos relacionados con el uso de biocarburantes en la agricultura, se están emprendiendo por fin proyectos industriales a gran escala en mi país, cosa que me alegra mucho. 
En cuanto a la producción, están actualmente en marcha seis importantes proyectos, situándose los dos más importantes en Gante (sector del biodiesel) y Wanze (sector del bioetanol).+ 
Además, el programa de exenciones fiscales para los biocarburantes, adoptado por Bélgica y aprobado por la Comisión Europea, fija, en el caso del biodiesel, la proporción de la mezcla con el diesel tradicional en el 3,37 % para 2006 y en el 4,29 % para 2007. 
En el caso del bioetanol, la mezcla se ha fijado en el 7 %. 
A este ritmo, podríamos incluso conseguir el objetivo recomendado en la Directiva 2003/30 de que el 5,75 % de todos los combustibles vendidos sean «verdes» de aquí a 2010. 
En este sentido, el informe Parish propone que estos objetivos se declaren obligatorios. 
La utilización de los productos agrícolas con fines energéticos, además de ser una oportunidad real para el futuro de nuestros agricultores y respetuosa con el medio ambiente, merece en efecto que se fijen unos objetivos restrictivos, especialmente si son razonables. 
El ponente dice, y nosotros estamos de acuerdo, que «la producción de materias primas renovables y la utilización de residuos orgánicos pueden contribuir a la mejora del medio ambiente, a la producción de energía sostenible, al empleo y al equilibrio regional, así como favorecer la diversificación y la autonomía de una agricultura multifuncional». 
No obstante, juzgamos necesario llamar la atención sobre las capacidades existentes en lo que respecta a las alternativas energéticas y la relación existente entre energía, medio ambiente y agricultura. Esto beneficiará en última instancia a los ciudadanos y a su calidad de vida, así como a los sectores económicos implicados. 
Creemos, no obstante, que hay que encontrar un equilibrio adecuado entre cultivos alimentarios y cultivos energéticos, para garantizar que la soberanía y la seguridad alimentarias no se vean en peligro. 
La producción de cultivos para fines no alimentarios no está protegida por la PAC, puesto que la ayuda es inferior a 80 euros por hectárea al año, y el ponente pide que se adopten medidas para poner fin a la ayuda pública. 
Tal medida haría que la producción dependiera de la industria energética y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Por eso me he abstenido. 
. En principio acojo con agrado este informe de mi colega Neil Parish sobre el fomento de los cultivos para fines no alimentarios. 
Si bien estas técnicas no solucionarán nuestros problemas energéticos, pueden suponer una contribución pequeña pero significativa. 
Los sauces y álamos de rápido crecimiento pueden utilizarse, como vi hace algunos años en Austria, para suministrar calefacción y electricidad a pequeña escala en zonas remotas y aisladas. 
El aceite de semilla de colza y el trigo pueden utilizarse para producir biocarburantes, ya sea gasóleo o gasolina, y reducir las emisiones de CO2. 
Pero cuidado: los planes deben ser parte de la solución, no el problema. 
Si tienen sentido desde el punto de vista económico, ambiental y energético, los apoyaré, pero en los casos en que, simplemente, mantengan el gasto agrícola a costa del sentido común, no lo haré. 
El informe refleja únicamente la postura del Parlamento Europeo sobre la cuestión y no propone ningún procedimiento legislativo. 
Trata de ampliar la actual Política Agrícola Común al ámbito de los cultivos energéticos. 
Queda mucho por debatir en materia de cultivos energéticos. 
Hemos decidido votar en contra del informe. 
El informe sobre el fomento de los cultivos con fines no alimentarios es muy oportuno, dada la rápida disminución de las reservas de combustibles fósiles. 
El cultivo de biomasa, por ejemplo, puede contribuir de modo eficiente a la disminución del efecto invernadero, causado primordialmente por el CO2, al absorber las emisiones de este gas. 
Estoy a favor del fomento de la energía renovable mediante la producción de vegetales. 
Varias tecnologías actuales, como la energía derivada de la biomasa, son económicamente viables y competitivas y, a su vez, abrirán nuevos mercados para los agricultores de la Unión Europea, estimulando así el crecimiento económico, social y ambiental. 
– Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 23 de marzo de 2006. 
La Conferencia de Presidentes me pidió que informase al Pleno de que el ex Presidente de Liberia, señor Charles Taylor, fue capturado el pasado 29 de marzo y extraditado a Sierra Leona, para ser juzgado ante la Corte Especial para Sierra Leona. 
Como saben, Taylor ha sido inculpado por crímenes de guerra y contra la humanidad. 
Sobre él recaen acusaciones que incluyen responsabilidades por asesinato, violación, reclutamiento de niños soldado y mutilación durante la guerra civil en Sierra Leona. 
El Parlamento Europeo se ocupó de este caso y, en su Resolución sobre el caso de Charles Taylor, de 24 de febrero de 2005, y en su Resolución sobre Derechos Humanos en el Mundo, de 28 de marzo de 2005, reclamó la entrega de Taylor a la Corte Especial. 
Por haber votado estas Resoluciones, creo que el Parlamento puede hoy aplaudir esta importante victoria en la lucha contra la impunidad de los criminales de guerra. 
Les recuerdo que la nueva Presidencia de Liberia ha sido invitada a tomar la palabra en el Pleno, y espero que pueda acudir pronto a hacerlo. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 30 de marzo de 2006. 
Se han propuesto las siguientes modificaciones: 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo propone que la votación del informe del señor Őry, prevista para mañana, se traslade al miércoles. 
– Señor Presidente, según la versión original del orden del día, el informe Őry había quedado pospuesto para el miércoles, programándose consecuentemente la votación sobre dicho informe para ese mismo día. 
La Conferencia de Presidentes ha decidido ahora –este jueves pasado– adelantar el informe al martes, de modo que nuestro Grupo no ha tenido la oportunidad de celebrar un debate final sobre el mismo, ya que habíamos supuesto, a la hora de enviar la convocatoria a nuestros miembros, que la votación se celebraría el miércoles, por lo que podríamos llevar a cabo nuestro debate final el martes. 
Por tanto, agradecería que la Cámara conviniera con nosotros en debatirlo mañana, pero esperar hasta el miércoles para votar sobre él. 
. 
No veo ningún inconveniente y, personalmente, estoy de acuerdo. 
Muchas gracias. 
– El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo propone que se traslade a otro periodo parcial de sesiones la votación de los informes Monica Frassoni (A6-0089/2006) , Bert Doorn (A6-0082/2006) , Arlene McCarthy (A6-0083/2006) y Giuseppe Gargani (A6-0080/2006). 
– Señor Presidente, sin habérselo notificado previamente, lo reconozco, quiero decir algo más acerca del tema de «Legislar mejor». 
Se trata de un debate importante y habíamos acordado celebrarlo esta semana, pero a lo largo de las últimas horas se ha puesto de manifiesto que restan algunos asuntos por resolver en lo referente a la votación. 
En cualquier caso, se ha acordado con los autores que la votación sobre los cuatro informes relativos a «Legislar mejor» se celebre durante el próximo período parcial de sesiones y no en esta semana. 
No sé si podemos proceder a votar ahora en el caso de que haya consenso, pero en cualquier caso hoy quería decir que existe una marcada tendencia a favor de debatir esta semana los informes sobre «Legislar mejor» , aunque no se sometan a votación. 
Está usted pidiendo, si lo entiendo bien, que el debate se celebre como está previsto, pero que no tenga lugar votación al respecto. 
– Señor Presidente, quiero confirmar que esa es la opinión general y decir, en nombre de mi Grupo, que estamos a favor. 
Estamos hablando, por el momento, de tendencias. 
– Señor Presidente, Señorías, no es una tendencia de la gran coalición, pero también nosotros estamos de acuerdo con el aplazamiento de la votación, por una razón muy simple: pensamos que la relación recíproca, por decirlo así, de estos informes todavía no está plenamente desarrollada. 
Por tanto, sin duda tenemos que debatirlos y ya votaremos en mayo, si así lo decide la Cámara. 
Interpreto que la sensación de tendencia puede convertirse en una propuesta concreta de que no se proceda al voto en este periodo parcial de sesiones. 
El Consejo ha completado el título de la última de las declaraciones que realizará por la tarde y que será el siguiente: «Medidas dirigidas a mejorar la seguridad vial (SAFETY) y medidas de seguridad del sector del transporte, incluida la financiación (SECURITY) ». 
– Señor Presidente, quiero pedir a los servicios que digan al Presidente en ejercicio del Consejo que se fije en la definición original de la seguridad, esto es, la de combatir el terrorismo, en lugar de ocuparse únicamente de la seguridad vial, ya que nos tememos que solo va a tratar este segundo aspecto. 
La Comisión toma buena nota de lo que acaba de decir el señor Swoboda, desde luego. 
La seguridad frente al terrorismo y la seguridad vial son dos cosas muy diferentes, pero el Consejo no está aquí para tomar nota de su observación. 
Se la transmitiremos. 
Sería bueno que no hablásemos solo de la seguridad vial, si estaba en la intención de la petición que se abordase también el tema de la seguridad frente al terrorismo. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica propone que se añada como primer punto del orden del día del jueves una declaración de la Comisión sobre la situación en el Sudeste de Turquía que concluya con la votación de una resolución. 
– Señor Presidente, mi Grupo solicitó una declaración de la Comisión seguida de debate. 
También estábamos a favor, por cierto, de que se presentara una resolución, pero creo que hay varios Grupos que no la desean. 
¿Por qué insistimos en que haya, al menos, una declaración de la Comisión seguida de debate? 
Insistimos porque, desde hace algunos días, se han enviado tanques a la región del Kurdistán turco. 
Hay muchas víctimas, incluso niños. 
La represión es extremadamente violenta. 
Y se trata de un país que está negociando su adhesión a la Unión Europea. 
Pienso por tanto que esta gravísima violación de los compromisos contraídos por ese país afecta directamente a la Comisión. 
Por esta razón queremos que se incluya en el orden del día del jueves una declaración y un debate, si es posible por la mañana como primer punto del orden del día. 
– Señor Presidente, aunque podemos estar de acuerdo con la propuesta de debate tras una declaración de la Comisión, no deseamos plantear una resolución ahora mismo; por el contrario, queremos que este asunto, si es posible, sea uno de los contemplados en el próximo informe del señor Eurlings. 
Me gustaría proponer que le hagamos un hueco a las 15.00 horas el jueves o que comencemos antes ese día, pues de lo contrario tendremos todavía más problemas en la votación sobre los dos informes, programada para ese día, ya que estaremos de nuevo en la misma tesitura de tener que posponer la votación y todo lo demás, por lo que el jueves podemos comenzar antes o tratar el tema a las 15.00 horas para poder proceder a la votación sobre ambos informes en las debidas condiciones. 
Señores, me temo que hay un asunto que no ha quedado claro en la decisión que hemos tomado. 
Hemos decidido empezar la sesión a las tres, que trataríamos el tema del Sudeste de Turquía, pero no ha quedado claro- en mi opinión- si ese debate se concluiría o no con la votación de una resolución. 
– Señor Presidente, después de consultar a los distintos Grupos y en consonancia con ellos hemos considerado preferible retirar la petición de que se presente una resolución. 
Inicialmente éramos favorables a una resolución, pero hemos decidido no someterla a votación a raíz de las consultas que hemos mantenido. 
Por lo tanto, habrá debate pero no irá seguido de la votación de una resolución. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos propone también que se modifique el título del debate «Situación de las cárceles en Iraq» de la siguiente manera: «La comunidad asiria en Iraq y la situación de las cárceles en Iraq». 
– Señor Presidente, de acuerdo con el enunciado original, tendríamos que haber debatido acerca de la comunidad asiria en Iraq, pero la Conferencia de Presidentes modificó después el título al de «situación en las cárceles en Iraq». 
No tenemos nada en contra de debatir la situación de los presos en Iraq, pero creemos que es urgente que nos pronunciemos acerca de la comunidad asiria, razón por la que solicito que acordemos que este debate verse sobre la comunidad asiria y la situación en las cárceles en Iraq. 
Si la memoria no me falla, esta era la redacción que había acordado la Conferencia de Presidentes. 
No aparece así en el orden del día y hay que ver si la mantenemos o la modificamos, como solicita el señor Poettering. 
Señor Presidente, tal como ha manifestado el señor Poettering hace un momento, se ha producido una cierta confusión en cuanto al título exacto y la forma en que se ha elaborado. 
Apoyamos la sugerencia del señor Poettering de conceder la misma importancia a ambos temas, a saber, el papel de la minoría asiria y la situación en las cárceles de Iraq. 
El título debe ser totalmente inequívoco. 
Por consiguiente, si pensamos en un cambio, o en una propuesta de cambio, en la línea de «La situación en Iraq: las cárceles y la situación de la minoría asiria» , el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa está en condiciones, por supuesto, de apoyarlo. 
La propuesta del señor Poettering es concretamente «La comunidad asiria en Iraq y la situación de las cárceles en Iraq» , las dos cosas. 
(1) 
El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Hay muchas inscripciones y, una vez más, debo anticiparles que, salvo que se atengan todos ustedes muy estrictamente al tiempo de uso de la palabra de un minuto, no será posible dar la palabra a todos los que han pedido intervenir, mucho más si, como siempre ocurre, hay otras peticiones de palabra que se suman durante la sesión. 
(Señor Presidente, el Parlamento Europeo lleva bastantes años investigando el caso Lloyds en relación con la primera Directiva de seguros distintos del seguro de vida y la forma en que esta Directiva ha sido –o más bien no ha sido– aplicada, sobre todo en los últimos 20 años antes de que la ley fuera convenientemente modificada a raíz de la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido en 2001. 
La intención del último intercambio de cartas entre nosotros sobre el caso Lloyds, señor Presidente, era la de zanjar el asunto y garantizar a los demandantes el apoyo del Parlamento Europeo. 
¿Puedo preguntarle si tiene algo que añadir que nos permita dar por concluido este asunto? 
Señor Libicki, como sabe, el 17 de enero de 2006 le escribí sobre los peticionarios de Lloyd’s. Como le recordé en esa carta, la resolución más reciente del Parlamento sobre el tema –aprobada en junio de 2005– confirma que existen motivos de peso y razonables para creer que la primera Directiva sobre el seguro no de vida y, posteriormente, sus versiones modificadas no se transpusieron y aplicaron debidamente en el Reino Unido. 
– Señor Presidente, quisiera llamar la atención del Parlamento Europeo sobre el grave proyecto lanzado por el Gobierno francés de crear un «contrato de primer empleo». 
Se trata sin duda de una seria amenaza al modelo social francés, pero he creído entender –y algunos de mis colegas intervendrán al respecto– que existen amenazas de este tipo en muchos países, en los que el empleo precario e inestable es la única solución que se ofrece a las personas, en especial a los jóvenes, cuando acceden al mundo del trabajo. 
Habida cuenta de los compromisos contraídos en el marco de la Estrategia de Lisboa, con arreglo a la cual la Unión Europea quiere ser a la vez el espacio más competitivo del mundo y desarrollar un modelo social original, me parecería muy oportuno que las instituciones europeas pidiesen a Francia que no ponga en entredicho un punto que ha sido adoptado en particular por la Oficina Internacional del Trabajo, es decir, que no debe haber despidos injustificados. 
Sea como fuere, podemos observar entre la juventud europea una gran preocupación por su futuro y me parece importante reafirmar nuestra voluntad de luchar contra el denominado trabajo atípico y la precariedad en el empleo. 
(Señor Presidente, permítame llamar la atención de los diputados acerca de los injustos principios fiscales aplicados actualmente en Polonia a los nacionales polacos que trabajan en el extranjero. 
El problema afecta en primer lugar y principalmente a varios cientos de miles de personas que trabajan en el Reino Unido y al Acuerdo sobre la doble imposición firmado entre el Reino Unido y Polonia en 1976. 
El método polaco para calcular los impuestos correspondientes a los ingresos percibidos por nacionales polacos en el Reino Unido es perjudicial y, de hecho, puede traducirse en una doble imposición. 
Tanto el Gobierno del Reino Unido como, sobre todo, el polaco tienen que asegurarse de que se renegocie el Acuerdo lo antes posible en bien de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Los polacos que deciden abandonar su patria para trabajar en otros países contribuyen a la riqueza de toda la Unión Europea; a menudo realizan los trabajos más arduos a cambio de un salario reducido y viven en circunstancias difíciles. 
En muchos casos son víctimas de la explotación por parte de intermediarios deshonestos. 
El Ministro de Finanzas polaco no debería aplicar ningún tipo de impuesto sobre las rentas percibidas por los ciudadanos polacos en el extranjero y enviadas a su país de origen. 
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo debería salir en defensa de estas personas, preservando la justicia y el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a una vida digna. 
– Señor Presidente, me gustaría hablar de Zimbabue. 
Como todos sabemos, desgraciadamente no se han producido cambios positivos en ese país. 
Al contrario, la situación política sigue deteriorándose y la mitad de la población rural sobrevive únicamente gracias a la ayuda alimentaria internacional. 
El Parlamento siempre ha sostenido que la ayuda de la UE a Zimbabue debe pasar exclusivamente a través de las ONG y que en ningún caso debe quedar en manos del Gobierno. 
Por ello me ha alarmado escuchar que, al parecer, la Comisión tiene la intención de conocer una ayuda de 1 millón de euros a Zimbabue para la denominada «reforma parlamentaria» que administra, es cierto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
El propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que es un «socio imparcial y de confianza del Gobierno de Zimbabue». 
Espero que la Comisión pueda darnos una explicación antes de entregar esta ayuda, y que también pueda ofrecernos garantías sobre este asunto. 
– Señor Presidente, quiero resaltar que es necesario salvaguardar el apoyo y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos europeos, pero sobre todo los de la gran mayoría que, por razones «históricas» , se considera que disfruta de ellos y por tal motivo no los reclama por medio de grupos organizados que ejercen presiones y manifiestan su protesta. 
El reparto de los derechos de la población de la Unión Europea en asuntos a los que, desde luego, nadie piensa negar el derecho a la no discriminación, se traduce a menudo en equívocos y dudas sobre si lo que es evidente es aplicable a la mayoría silenciosa en relación con cualquier tipo de derecho: el derecho a la vida y la dignidad humana y al respeto de la libertad de expresión y elección. 
Además, los derechos humanos fundamentales e inalienables merecen el respeto y el respaldo de la mayoría de la población, motivo por el cual el apoyo a los derechos de unos pocos no debe interpretarse como una abolición de los derechos de la mayoría. 
– Señor Presidente, los altercados en Francia no pueden dejar de conmover a mi generación, para la que está pensado el Contrato de Primer Empleo o, dicho de otra manera, el modelo de «trabajador desechable». 
Los jóvenes europeos, presionados por el paro, tal vez decidan participar en este experimento. 
Además, el riesgo de choque entre generaciones es inevitable. 
Los trabajadores mayores verán en los jóvenes a sus competidores. 
Van a verse desplazados por jóvenes «trabajadores desechables» porque se prefiere una mano de obra barata y disciplinada. 
Estas soluciones coactivas propuestas por los paladines del liberalismo económico infravaloran claramente al protagonista de la historia: el ciudadano, el trabajador, la persona. 
Ese será asimismo su error fatal. 
Hace poco fue rechazado el Tratado Constitucional. 
Ahora se producen enfrentamientos sociales en favor de la retirada completa de la ley sobre las «garras laborales». 
El movimiento social se está reforzando, rechazando y formulando reivindicaciones. 
El paro puede y debe combatirse, pero no de manera turbulenta, sin ignorar las necesidades de la sociedad y, desde luego, no a expensas de una generación a la que no se puede culpar del mundo que ha heredado. 
(Señor Presidente, algunos medios impresos de Europa Occidental han comenzado recientemente a tildar de nacionalista al Gobierno polaco y a su base de poder. 
Este tipo de información resulta escandaloso y ofensivo para millones de polacos. 
Este Gobierno y sus seguidores tienen sus raíces en la orgullosa historia de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, en la que decenas de miles de polacos arriesgaron sus vidas ocultando a los judíos y a gentes de otras nacionalidades y en la que miles de ellos lo pagaron con la muerte. 
Esta presunta corrección política, que acaba con la libertad de expresión en la Unión Europea, califica a quienes hablan de patriotismo, tradiciones nacionales y la importancia del cristianismo en Europa de chovinistas, nacionalistas y quizá pronto de fascistas. 
Consideran normales todos los comportamientos opuestos a la naturaleza y los valores tradicionales de la Europa cristiana, así como los que toleran los insultos a los sentimientos de los católicos y los seguidores de otras creencias. 
Al margen de lo que dicte la prensa de Europa Occidental, Polonia seguirá permaneciendo fiel a sus tradiciones y a sus valores democráticos. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero aprovechar esta ocasión para discutir la forma en que el señor Comisario trata las cuestiones planteadas por los diputados al Parlamento Europeo. 
Hace poco planteé a la Comisión una pregunta muy detallada sobre tres asuntos concretos. 
Lo que recibí en respuesta fue un breve extracto de un texto jurídico. 
Creo que de una organización como la Comisión cabe esperar que estudie los temas planteados por los diputados a esta Cámara a través de sus preguntas, que proporcione respuestas que guarden relación con el asunto de dichas cuestiones y que no se limite a facilitar un texto jurídico que yo, que soy abogado, podría haberme procurado por mi cuenta. 
No es ese el propósito de todo este procedimiento. 
Señor Presidente, voy a remitirle la pregunta y la contestación a la misma; tal vez sienta la misma indignación que yo ante esta respuesta y esté en condiciones de hacer algo para mejorar dicha situación. 
Señor Leichtfried, con mucho gusto intentaré comunicar a la Comisión su queja, para que en el futuro las respuestas no sean fotocopias en tamaño reducido de textos que son de general conocimiento. 
La cuestión de los derechos humanos es parte integrante del entramado de los cimientos de la Unión Europea. 
El último Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos, fechado el 8 de marzo de 2006, menciona asimismo una falta de cumplimiento del dictamen del Tribunal Constitucional austriaco, que durante años ha venido exigiendo la utilización de señales regionales bilingües en alemán y esloveno en la parte meridional de la provincia austriaca de Carintia, que alberga a una minoría eslovena. 
Sin embargo, ese mismo día, Jörg Haider, Presidente del Gobierno regional de Carintia, presentó una demanda contra el regidor del municipio de Völkermarkt, August Muri, por «abuso de su cargo público» al dictar finalmente una orden de que se colocaran señales en dos idiomas en Bleiburg/Pliberk. 
También se han expuesto dos señales bilingües en el edificio de nuestro Parlamento en Bruselas. 
Como es bien sabido, Rusia ha propuesto oficialmente que las violaciones de los derechos de la minoría eslovena en Austria se incluyan en el temario de la Cumbre UE-Rusia. 
Me interesaría saber cómo va a actuar la Comisión para resolver este claro ejemplo de violación de los derechos de la minoría eslovena, en un momento en que Austria ocupa la Presidencia de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, estamos sobrecogidos por las imágenes y las noticias que nos han ido llegando desde el lunes de la semana pasada procedentes de muchas ciudades turcas, pero sobre todo de Diyarbakir. 
La similitud con el tipo de imágenes que recibimos de Gaza o Cisjordania es pasmosa. 
Hasta ahora han sido asesinados por las fuerzas de seguridad turcas 11 personas, la más joven de ellas un niño de tres años de edad. 
Cientos de personas han sido heridas, algunas de ellas gravemente, mientras otras muchas han sido encarceladas. 
Hay que evitar una escalada mayor de esta situación. 
Las declaraciones del Primer Ministro Erdogan, en el sentido, por ejemplo, de que «nuestras fuerzas de seguridad emprenderán las acciones necesarias contra quienes se conviertan en instrumentos del terrorismo, aun cuando sean mujeres o niños» , no contribuyen en nada a alcanzar una solución pacífica para el problema kurdo. 
Pido que la Comisión y usted, señor Borrell, se pongan en contacto con el señor Beydemir, alcalde de Diyarbakir, y solicito que se forme y envíe una delegación para examinar en detalle lo ocurrido en las zonas afectadas. 
– Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de sus Señorías una serie de estafas a escala paneuropea de las que son víctimas las pequeñas empresas. 
La más conocida de ellas es la «European City Guide» de España, pero hay otras: «Construct Data» en Austria, «Novachannel» e «Intercable Verlag» en Suiza, «Deutsche Addressdienst» y «TVV Verlag» en Alemania. 
Todas ellas envían documentos engañosos a pequeñas empresas de toda Europa. 
Se trata de supuestos formularios de actualización que en su letra pequeña incluyen un aviso que indica que con la firma de dichos formularios se incurrirá en enormes gastos. 
Hace poco, un periódico suizo reveló que detrás de la mayoría de estas organizaciones hay un único hombre: Meinolf Lüdenbach, quien controla igualmente las empresas de cobro que demandan a las victimas una vez que han sido engañadas y han firmado esos documentos. 
Su red constituye una conspiración para estafar a las pequeñas empresas europeas. 
Estas estafas saltan de un país a otro, aprovechando las diferencias entre nuestros ordenamientos jurídicos para eludir la justicia. 
Por ello estoy encantado de que el Comisario Kyprianou haya decidido examinar esta cuestión e insto a todos los colegas que conozcan ejemplos de estas estafas ocurridos en sus circunscripciones –y sé que hay muchos– a que le transmitan por escrito dicha información para que pueda completar su expediente. 
– Señor Presidente, muchos diputados se han referido en alguna ocasión al tiempo empleado por los organismos institucionales competentes para responder a preguntas planteadas por aquellos. 
El incidente más reciente se refiere a mi pregunta escrita, que presenté el 27 de septiembre de 2005 y que aludía a la reunión del Comité de Ministros de 11 de octubre de 2005. 
El organismo institucional competente respondió a mi pregunta cinco meses más tarde, el 9 de marzo de 2006 para ser exactos, informándome en apenas tres líneas de texto de que el Consejo no había debatido el asunto acerca del que había solicitado una postura y que no tenía intención de hacerlo. 
¿Cuál es entonces, señor Presidente y Señorías, el papel de los diputados al Parlamento Europeo y la función de este y qué se puede afirmar acerca del respeto y las responsabilidades frente a los ciudadanos europeos que nos han confiado la posición que hoy ocupamos? 
¿Qué justificación voy a dar a los ciudadanos por la respuesta que esperaban y que nunca recibimos? 
Señor Mavrommatis, tiene usted mucha razón en su queja. 
La única razón que se me ocurre para explicar que hayan tardado tanto tiempo en contestarle, para decirle al final que el Consejo no había tratado el tema, es que estuviesen esperando a que el Consejo lo tratara, pero ni siquiera con esta hipótesis parece razonable el plazo. 
Me dirigiré al Consejo y a la Comisión, señalándoles la conveniencia de que se tomen en serio las respuestas a los diputados en tiempo, como es en su caso, y en forma, es decir, no solamente respuestas en plazos razonables, sino con contenidos que puedan considerarse como verdaderas respuestas. 
Estoy seguro de que los responsables del Consejo y de la Comisión tomarán muy en cuenta esta petición. 
Señor Presidente, tal como usted ha manifestado hace unos momentos, Charles Taylor, que está acusado de crímenes de guerra, ha sido puesto a disposición del Tribunal Especial para Sierra Leona de las Naciones Unidas. 
Como observador principal de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Liberia, he solicitado a la recién elegida Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf que insista en conseguir la extradición. Ella ha accedido, siempre que el Presidente nigeriano y la Unión Africana presten su apoyo. 
La detención y puesta a disposición de la ley de Charles Taylor constituye un triunfo para la nueva Liberia y no solo para la Unión Africana, sino decididamente también para la UE, que han superado la prueba de manera airosa. Esto dice mucho en favor del trabajo que hemos realizado allí. 
A partir de la detención se ha disipado el nubarrón que se cernía sobre África Occidental y la región dispone de una oportunidad para conseguir la paz y una ocasión para desarrollar la democracia. 
Como observador principal de la misión de supervisión electoral en Liberia, apoyo totalmente la idea de que los presidentes la inviten a que intervenga antes nosotros en el Pleno y espero que, entre tanto, la UE continúe brindando su apoyo decidido a los Objetivos del Milenio y la democratización en dicho país, ya que es eso lo que los ciudadanos de allí se merecen. 
Señor Van den Berg, como he señalado antes, la Presidenta de Liberia será invitada y esperemos que pueda acceder pronto a nuestra petición. 
Señor Presidente, los días 16 y 23 de marzo del presente año le escribí en mi condición de Presidente de la oficina del Grupo IND/DEM, respecto de la denominada reconstrucción del Grupo Independencia/Democracia, acerca de la cual habían sido informadas las autoridades del Parlamento por parte de la dirección del Grupo durante la última sesión plenaria. 
A juicio de la delegación polaca, el procedimiento que ha desembocado en la exclusión de dos delegaciones nacionales, la italiana y la polaca, del Grupo IND/DEM fue ilegal. 
¿Puedo preguntarle cuándo podemos esperar una respuesta a las cartas antes mencionadas? 
Señor Piotrowski, precisamente antes de que empezase esta sesión plenaria he tenido una reunión con los Sres. 
Bonde y Farage; hemos tratado este tema y estoy esperando que me comuniquen por escrito su punto de vista sobre la situación y las medidas que se han de adoptar. 
Espero que mañana, al inicio de la sesión plenaria, pueda hacer una comunicación al respecto. 
– Señor Presidente, hace exactamente 1 500 días que Ingrid Betancourt y su colaboradora, Clara Rojas, fueron secuestradas por las FARC en Colombia, sumándose así a la lista demasiado larga de 3 000 rehenes, por no hablar de los miles de desaparecidos en este país. 
Intervengo hoy en nombre de la Federación Internacional de Comités Ingrid Betancourt, que, en colaboración con su familia, pide tres cosas. 
En primer lugar, un apoyo activo al esfuerzo mediador de tres países, que son Francia, Suiza y España. 
En segundo lugar, ejercer una fuerte presión sobre las FARC a través de las organizaciones que las apoyan en el extranjero y especialmente en los países que no las han incluido en su lista de organizaciones terroristas, para que den una respuesta positiva a la propuesta del grupo de los tres países, demostrando así una voluntad real de llegar a un acuerdo humanitario. 
En tercer y último lugar, ejercer una fuerte presión sobre el Gobierno colombiano para que respete la Convención de Ginebra, ratificada por Colombia. 
En efecto, en virtud de dicha Convención, en caso de conflicto interno, el Gobierno está obligado –como por lo demás se había comprometido anteriormente– a celebrar acuerdos humanitarios a fin de salvar tantas vidas humanas como fuera posible. 
Señor Presidente, ayer por la noche se cumplió el primer aniversario de la muerte de un gran hombre y un gran europeo, el Papa Juan Pablo II. 
Agradezco la oportunidad de rendir homenaje a un hombre que fue y seguirá siendo un símbolo de diálogo interconfesional: entre el cristianismo y el judaísmo, entre el cristianismo y el islam. 
Juan Pablo II es asimismo un símbolo de tolerancia y respeto para todo el mundo, con independencia de raza, nacionalidad, género, clase social o situación financiera. 
Papa originario de Europa Central y Oriental, en repetidas ocasiones subrayó la unidad de Europa, incluso durante la época del Muro de Berlín y el Telón de Acero. 
En Santiago de Compostela, en España, habló hace unos 20 años de que Europa representaba la unidad en la diversidad. 
Espero que aquellas palabras continúen vigentes hasta nuestros días. 
Señor Czarnecki, en efecto, ha transcurrido ya un año desde la muerte de Su Santidad el Papa, Juan Pablo II. En ese momento, me encontraba de visita oficial en Lituania y pude observar el fervor con el que los europeos de los países del Este sentían la muerte de una personalidad que tanto influyó en el proceso que dio lugar a la posterior ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, las abundantes precipitaciones recientes en la zona de Bulgaria y el norte de Grecia han provocado el desbordamiento del río Evros. 
El río ha inundado miles de hectáreas de tierra de cultivo, dañando tanto la horticultura, en zonas de siembra, como la cría de ganado, ya que se han ahogado más de 3 000 cabezas de ovejas, cabras, cerdos y vacas. 
Muchos pueblos han quedado inundados y multitud de viviendas han quedado totalmente sumergidas bajo las aguas. 
Aparte de las pertinentes acciones que van a ser emprendidas por los distintos Estados miembros, ¿está dispuesta la Unión Europea a demostrar su apoyo en estos tiempos difíciles enviando un mensaje a los agricultores de los países afectados en el sentido de que la Unión Europea está a su lado, toda vez que, como sabemos, la solidaridad es el principio rector en la Unión Europea? 
Señor Presidente, quiero expresar mi disgusto por la declaración final de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea celebrada el 27 de marzo. 
Aunque puedo apreciar, por supuesto, la importancia de un diálogo entre el norte y el sur del Mediterráneo, no estoy seguro de que un diálogo de ese tipo sirva para nada si se traduce en un reconocimiento unilateral de culpabilidad, en este caso por parte de Europa. 
No creo que exista ninguna otra forma de calificarlo tras la lectura de esta declaración final. 
En primer lugar, las viñetas danesas son condenadas mediante una sentencia o cláusula forzosamente breve acerca de la violencia contra esos dibujos. 
Aunque la gente es muy concreta en lo tocante a esas viñetas danesas, todo lo demás se mantiene deliberadamente en un tono muy vago y general. 
Se habla de promover la democracia, pero no se hace referencia en ningún lugar a la discriminación practicada sistemáticamente contra los cristianos y otras minorías en el mundo musulmán. 
Desde luego no tenemos que ir hasta Afganistán para encontrar ejemplos de lo dicho. 
En Turquía, por ejemplo, cualquier cambio de religión tiene que ser notificado al Gobierno. 
En ese país fue asesinado hace poco un sacerdote católico italiano por el hecho de serlo. 
Lamento el hecho de que este tema no haya sido sometido a debate. 
En efecto, no forma parte de las conclusiones, pero, como usted sabe, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea no ha acabado sus trabajos. 
Seguirá debatiendo, y espero que la representación del Parlamento en esta Asamblea haga suyo su planteamiento y así lo manifieste. 
La única forma de que se recoja en las conclusiones es que alguno de los miembros de la Asamblea Parlamentaria lo plantee en la misma. 
– Señor Presidente, uno de los habitantes de mi circunscripción, Alexander Litvinenko, es ex teniente coronel del FSB, sucesor del KGB, en la Federación de Rusia. 
El señor Litvinenko reveló las actividades ilegales del FSB, lo que le obligó a buscar asilo político fuera de su país. 
Antes de decidir a qué país dirigirse, consultó a su amigo, el general Anatoly Trofimov, ex subdirector de la FSB. 
Al parecer, el general Trofimov le dijo: «No vayas a Italia, pues entre los políticos de ese país hay muchos agentes del KGB. 
Romano Prodi es nuestro hombre en Italia». 
En febrero de 2006, el señor Litvinenko transmitió esta información a Mario Scaramella, de la Comisión Guzzanti, que investiga la penetración de la KGB en la política italiana. 
Esta acusación contra un ex Presidente de la Comisión Europea reviste una enorme gravedad y debería investigarse a fondo. 
El Parlamento Europeo debería realizar su propia investigación. 
Todas las sugerencias deben ser acogidas con respeto. 
¿Sugiere usted que el Parlamento Europeo investigue si los políticos italianos son agentes del KGB? 
¿Ésa es su propuesta? 
– Propongo que el Parlamento lleve a cabo dicha investigación, en vista de que el señor Prodi ocupó la Presidencia de la Comisión Europea. 
Me parece que las credenciales democráticas de las que tanto alarde hace este Parlamento saldrían reforzadas con dicha investigación. 
Me temo que no nos dará tiempo a hacer esta investigación antes de las próximas elecciones italianas, pero siempre podremos hacerlo después, si el Parlamento lo considera adecuado, claro está. 
Varios Estados miembros de la Unión Europea han sufrido recientemente graves inundaciones. 
Miles de personas en la República Checa, Alemania, Hungría y Austria están luchando heroicamente contra las aguas que amenazan sus casas, sus propiedades y sus campos. 
Entre 1998 y 2004 ha habido más de 100 inundaciones importantes en Europa. 
Las que sufrimos el año pasado y este han confirmado la necesidad de una acción conjunta a escala europea. 
En enero de 2006, la Comisión Europea presentó una Directiva sobre gestión de inundaciones en Europa. 
El objetivo de la Directiva consiste en mitigar los riesgos y efectos de las inundaciones, así como promover la actuación conjunta. 
Constituye una prioridad europea aprobar la Directiva cuanto antes y actuar conjuntamente para protegernos de las inundaciones. 
Pido al Presidente Borrell e insto al Consejo a que adopte medidas a la mayor brevedad con el fin de desarrollar un único sistema europeo de defensa contra las inundaciones. 
– Señor Presidente, la semana pasada, en la ciudad de Diyarbakir, en Turquía, cuatro personas perdieron la vida y otras 500 más fueron heridas al producirse incidentes al final de un funeral. 
Todas las víctimas eran kurdos, mientras que los autores fueron las fuerzas especiales de la policía turca. 
Hace quince días, el ejército turco puso en marcha una operación para sofocar el movimiento obrero kurdo, durante la cual murieron otras 14 personas. 
Turquía está demostrando a las claras con tales acciones que está dispuesta a resolver este problema no a través de un proceso democrático, sino por medio de la violencia, para que sobreviva el más apto. 
Así pues, estamos contribuyendo e incitando el exterminio de un pueblo, al tiempo que estamos incorporando a Turquía a la familia europea. 
Esa política es paradójica y deberíamos recordar a Turquía, en su condición de país candidato, lo que significa la tradición democrática europea. 
– Señor Presidente, quiero hablar de una empresa de mi circunscripción. 
Hygrade –filial de la sociedad danesa Tulip– se propone cerrar dos plantas en Chard y Chippenham, lo que conllevaría la pérdida de 300 y 500 puestos de trabajo, respectivamente. 
Este cierre dejará devastadas estas dos poblaciones. 
En este momento se está realizando una consulta sobre los cierres propuestos, lo que realmente resulta una farsa. 
En las hipotecas de los residentes de las nuevas viviendas cercanas de Chippenham ya constan garantías de que la empresa cerrará. 
En Chard ya tiene proyectado retirar el equipo. 
Espero que plantee usted esta cuestión a la Comisión. 
Al mismo tiempo, esta empresa no está a punto de quebrar, sino que obtiene beneficios fabulosos. 
En las negociaciones ofrece al personal, que le ha servido lealmente durante 22 años, la menor indemnización por despido posible. 
Vende sus productos y servicios sobre todo a Co-op y Tesco, que son empresas procesadoras de alimentos. 
Espero que la gente presione a estas sociedades, que hablan muy a menudo de comercio justo, para que los trabajadores de las fábricas de sus proveedores reciban un trato justo. 
Es posible que el caso que usted cita pueda ser tomado en consideración en la aplicación del Fondo para hacer frente a las consecuencias de la globalización, que la Comisión ha propuesto y que estará recogido en los próximos presupuestos. 
Ojalá pueda entrar en consideración para la aplicación de estos recursos. 
– Señor Presidente, la libertad de expresión y de manifestación pacífica es un componente fundamental del acervo comunitario. 
Desgraciadamente, en una amplia zona que rodea la ciudad donde vivo, Limassol, no se respeta esa libertad de expresión, porque el acervo no se aplica en ese lugar. 
Esa zona se encuentra bajo ocupación militar británica desde la época colonial y a pesar de ser parte de Chipre y estar habitada por civiles chipriotas, el Reino Unido se aseguró de que no formara parte de la UE. 
Por consiguiente, el acervo europeo no se aplica en ella. 
El sábado pasado, que es el Día de la Libertad en Chipre, un civil chipriota intentó manifestarse pacíficamente contra la presencia de bases británicas en Chipre. 
No molestó a nadie ni penetró en la zona militar. 
Al cabo de unos minutos fue atacado por soldados británicos, que le apuntaron con metralletas y amenazaron con dispararle. 
Fue retenido en la vía pública en contra de su voluntad y a punta de pistola hasta que llegó la policía miliar y la prensa local. 
Lo soltaron cuando se dieron cuenta de que era diputado ¡a este Parlamento! 
¿Hasta cuándo tolerará esta Cámara que las tropas británicas ocupen parte de otro Estado miembro y sometan a sus ciudadanos a semejante acoso? 
– Señor Presidente, me gustaría hablar de la decisión que adoptó el Gobierno británico la semana pasada de privatizar British Nuclear Group. 
Esta privatización implicaría que la planta nuclear de Sellafield quedaría en manos privadas. 
Si consideramos que un 80 % de los residuos nucleares británicos están almacenados en Sellafield y que esta planta puede procesar 5 000 toneladas de residuos al año –alrededor de un tercio de los residuos de todo el mundo–, las serias dudas que hay sobre la seguridad de esta planta desde hace muchos años y el número de accidentes que han tenido lugar, me gustaría saber qué garantías puede dar el Gobierno británico a las partes interesadas y a los ciudadanos de Irlanda de que esta planta cumplirá las más estrictas normas de seguridad cuando esté en manos del sector privado. 
Cabría aducir que las cosas no pueden empeorar y que es mejor que esté en manos privadas. 
Sin embargo, lo correcto es que el Gobierno británico ofrezca garantías categóricas de que se cumplirán las máximas normas de seguridad, ya que esta cuestión es motivo de gran preocupación para los ciudadanos de Irlanda y muchos otros. 
Señor Ryan, comprendo perfectamente su preocupación y estoy seguro de que el Gobierno británico será sensible a la cuestión que usted plantea. 
– Señor Presidente, siento haber llegado tarde, pero la culpa es de Air France. 
Me gustaría señalar que Air France ha cancelado vuelos procedentes de Londres. 
Me gustaría hablar de las 84 Directivas sobre la Estrategia de Lisboa que ha aprobado el Parlamento. 
Setenta y seis de ellas ya han entrado en vigor y han sido totalmente transpuestas, pero tan solo 13 de estas 84 Directivas se aplican plenamente en todos los Estados miembros. 
La Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas entró en vigor el 24 de julio de 2003, pero Bélgica, Grecia y Luxemburgo no han notificado aún su transposición a la Comisión. 
Esta laxitud de los Estados miembros pone en peligro la Estrategia de Lisboa. 
Sin embargo, el hecho de que la Comisión vaya a abrir 50 procedimientos contra los Estados miembros que no han transpuesto la liberalización de los mercados de energía es alentador. 
Ya era hora de que esto ocurriera. 
Hemos agotado la lista de diputados inscritos, pero me ha parecido ver que la Sra. Hennicot-Schoepges levantaba tímidamente la mano. 
No quería dejarla a usted sin la palabra, Sra. Hennicot-Schoepges. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con los dos colegas que se han quejado de que las preguntas de los diputados no se contestan a tiempo. 
Creo que es usted el guardián de nuestro Reglamento y le ruego que vele por que la Comisión responda a nuestras preguntas dentro de un plazo prudencial. 
El asunto al que me refiero es el de los distribuidores por cable luxemburgueses, que se dirigieron a la Comisión en marzo de 2005 y fueron remitidos de un Comisario a otro Comisario, quien en septiembre de 2005 les dio una respuesta que contradecía la que se había dado a mi pregunta parlamentaria con tres meses de retraso. 
Señor Presidente, si queremos legislar más efectivamente, es necesario que los servicios jurídicos de la Comisión funcionen como es debido y que se vele por la plena aplicación de nuestro Reglamento. 
(Hace quince días asistimos al final de las estrafalarias elecciones de Belarús, ganadas naturalmente por Alexander Lukashenko. 
Estas elecciones han quedado falseadas por el uso de la fuerza, por el KGB de Belarús, la policía y el ejército. 
Señor Presidente, ¿cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea y del Parlamento a esta situación? 
Fueron detenidos muchos observadores, al igual que periodistas y un polaco diputado al Parlamento. 
Algunos de ellos siguen hoy en la cárcel. 
Mientras que hemos estado preocupándonos de las elecciones en Liberia y de diferentes elecciones en Estados exóticos, ni siquiera hemos enviado una delegación de observadores operativa a Belarús. 
El Parlamento Europeo y la Unión Europea tienen que adoptar una postura muy firme y decidida respecto a Belarús, de forma que podamos derrocar definitivamente la última dictadura sangrienta en Europa. 
En Polonia existe un descontento creciente respecto de la política agrícola de la Unión Europea. 
Los sentimientos de los agricultores polacos quedan bien expuestos en sus pancartas de protesta: «la Unión significa la bancarrota para el campo polaco». 
Las demandas de los agricultores incluyen la renegociación del Tratado de Adhesión, el inicio de medidas de protección en los mercados de frutos rojos y hortalizas y en el mercado de manzanas, la suspensión de la liberalización del mercado del azúcar y la liberación de las cuotas de reestructuración de la leche de 416 000 toneladas. 
A Polonia se ha asignado una cuota de 9,3 millones de toneladas de leche, aunque necesita aproximadamente 12,5 millones de toneladas. 
Esto ya ha provocado la imposición de sanciones a los agricultores por exceso de producción y a partir de 2010 supondrá que Polonia tenga que importar leche y productos lácteos. 
De esta forma, Polonia está perdiendo gradualmente seguridad alimentaria. 
Europa también la está perdiendo. 
Tenemos que plantearnos una cuestión fundamental: ¿qué nos proponemos? 
Hemos acabado con las intervenciones. 
Como pueden ver, la Presidencia se esfuerza por que todos ustedes puedan intervenir y nadie se quede con las ganas de hacerlo. 
Eso retrasa los debates. 
Ruego a la Comisión que disculpe por hacerle esperar más de lo previsto. 
El siguiente punto es la Declaración de la Comisión sobre la Situación de los campos de refugiados en Malta. 
. Señor Presidente, los problemas a los que se enfrenta Malta afectan a toda la Unión Europea y exigen un planteamiento global para gestionar la migración y el asilo. 
Las fronteras exteriores de las Unión Europea están sometidas a la constante presión de flujos migratorios irregulares y muchas de las personas que emprenden estas travesías necesitan protección. 
En el mes de diciembre, el Consejo Europeo definió una serie de medidas para mejorar las políticas comunitarias en materia de migración y asilo. 
La Comisión busca activamente respuestas estructurales a las presiones que los grandes movimientos migratorios ejercen sobre la Unión Europea y sus países asociados. 
A este respecto, la Conferencia Ministerial UE-África celebrada los días 10 y 11 de julio en Rabat, la cooperación reforzada con la Unión Africana y el diálogo con los principales países de origen constituyen importantes iniciativas políticas nuevas, encaminadas a discutir en detalle los problemas de la migración y, al mismo tiempo, encontrar soluciones comunes duraderas. 
La Comisión es consciente de la situación de Malta y adoptará las siguientes medidas para mejorarla. 
La ayuda más inmediata a la que puede acceder Malta en el plano de la UE pasa por los programas financieros pertinentes de la UE. 
El Fondo Europeo para los Refugiados ya presta asistencia financiera a aquellos Estados miembros que reciben refugiados y personas desplazadas. 
Una de las prioridades de dicho Fondo es prestar ayuda para el desarrollo de condiciones de acogida adecuadas de los solicitantes de asilo, y Malta ya se beneficia de la ayuda del Fondo en este terreno. 
El Fondo Europeo para los Refugiados concedió a Malta 114 000 euros en 2004, 500 000 euros en 2005 y 600 000 euros en 2006. 
Además, la Comisión acordó recientemente financiar con 120 000 euros un proyecto de mejora de las condiciones de acogida en Malta en el marco del programa ARGO. 
A fin de resolver situaciones concretas, como la que ha tenido que afrontar Malta en los últimos meses, se ha propuesto modificar el Fondo Europeo para los Refugiados a fin de que los Estados miembros puedan recibir fondos con más rapidez y con la menor carga administrativa posible para hacer frente a las consecuencias de la repentina llegada de un gran número de personas que pueden requerir protección internacional. 
Estas enmiendas pretenden en concreto apoyar medidas de emergencia para asegurar unas condiciones de acogida adecuadas de los solicitantes de asilo, incluidas sus necesidades básicas y unos trámites de asilo justos y eficaces. 
La Comisión presentará igualmente en breve una propuesta de decisión del Consejo para garantizar la cooperación en la práctica entre los Estados miembros, como se prevé en la Comunicación «Reforzar la cooperación en la práctica» , adoptada el 17 de febrero. 
Dicha propuesta pondrá en marcha la creación de equipos de expertos para prestar asistencia a los Estados miembros en situaciones como la que experimenta Malta en materia de condiciones de acogida y tramitación de solicitudes de asilo. 
La Directiva sobre las condiciones de acogida, que ya está en vigor, establece normas mínimas para el alojamiento de los solicitantes de asilo, incluso para los que están detenidos o que tienen restringida su libertad de circulación. 
La Comisión supervisa la aplicación de esta Directiva y prestará especial atención a la forma en que Malta la aplica, en particular a la vista de la información de los diputados a esta Cámara que visitaron la isla la semana pasada. 
Este otoño se presentará al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación de la Directiva y sus posibles mejoras. 
. – Señor Presidente, Señorías, la semana pasada una delegación de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior visitó Malta, como en el pasado había visitado París, Ceuta, Melilla y Lampedusa. 
Todos debemos ser conscientes y sensibles ante esta cuestión. 
Las charlas son una cosa y los hechos otra. 
La situación de la inmigración en Europa no es ni agradable, ni placentera, ni adecuada. 
No es adecuada para el año 2006, ni para la Unión Europea ni sus principios, ni para los Tratados ni las responsabilidades políticas que nosotros, el Parlamento Europeo, tenemos para con los pueblos de Europa. 
La Comisión da vueltas al problema: primero se habló de iniciativas de 25 000 o 120 000 euros: señor Comisario, quisiera informarle de que Malta gasta cada año, debido a este problema, 1 millón de euros. 
Desde 2002, es decir, desde la fase de preadhesión hasta hoy, ese país ha registrado un aumento de la tasa de inmigración y se encuentra ahora por lo menos con 2 000 personas más, con las que no sabe qué hacer. 
Las 2 000 personas de Malta podrían equivaler a 400 000 personas encerradas en las cárceles nacionales de Alemania, o incluso a 300 000 personas en las cárceles nacionales de Italia, Francia y el Reino Unido. 
Para ocuparse de los inmigrantes, Malta emplea al 10 % de sus fuerzas de policía, como si en Italia se empleasen 30 000 personas o en Alemania 40 000, es decir, todas las fuerzas del orden juntas. 
Esto no es posible. 
Señor Comisario –aunque me dirijo sobre todo al Consejo–, tenemos un deber concreto: no podemos abandonar a nuestros Estados y, sobre todo, no podemos abandonar a Malta en medio del mar. Porque, de hecho, este país es la frontera más meridional de Europa. 
Es la frontera de Europa. 
Desde este punto de vista, Malta no puede considerarse un Estado autónomo. 
Es necesario que la Unión Europea tome todas las iniciativas pertinentes al efecto. 
Señor Comisario, le pido que convoque un Consejo de Asuntos de Interior en Malta en el plazo más breve posible ante la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior. 
En este momento, Malta está soportando situaciones de una gran gravedad: tiene 2 000 personas que no sabe adónde enviar, que solo pueden ser enviadas a Gozo, lo que significaría empeorar una situación ya gravísima. 
Estamos haciendo que el pueblo maltés se arrepienta de lo que ha hecho –aunque no lo quiera hacer porque es un país muy europeísta– de lo que ha hecho. 
En Malta empieza a cundir la xenofobia y esto es un hecho muy grave. 
Como Parlamento tenemos el deber de asumir una responsabilidad política. 
Exhorto al Consejo para que se mueva rápido y revise el Tratado de Dublín. 
Hoy, la gente no quiere ir a Malta para quedarse, la gente pasa y se detiene en Malta solo para buscar refugio. 
Pido a todos ustedes que sean solidarios con Malta. 
Por casualidad, pasado mañana estará presente aquí el Presidente de Malta, lo cual me alegra mucho. 
Espero que este Parlamento manifieste toda la solidaridad que necesita esta gran, antigua y noble nación, que está sufriendo debido errores que hemos cometidos nosotros. 
. – Señor Presidente, en las visitas efectuadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en los centros de detención se observaron, en efecto, numerosos problemas muy graves. 
Pero lo que hemos visto en Malta es terrible. 
Las condiciones de detención son inhumanas y degradantes. 
Los solicitantes de asilo están enjaulados sin ninguna posibilidad de salir y no se respetan sus derechos más elementales. 
No cuentan con asistencia jurídica ni médica. 
Vimos a personas encerradas algunas veces desde hace 18, 19 ó incluso 20 meses, sin ningún contacto con el mundo exterior y en unas condiciones sanitarias insoportables. 
Desde luego, es alentador que las autoridades maltesas no nos hayan ocultado nada. 
Es una señal de respeto por el Parlamento Europeo y la propia Unión. 
Sin embargo, esas condiciones de detención siguen representando una violación de los derechos humanos y de la Directiva europea sobre la acogida de los refugiados. 
Por tanto, hacemos un firme llamamiento al Gobierno maltés para que ponga fin lo antes posible a su sistema de detención sistemática de los inmigrantes. 
Los solicitantes de asilo no son delincuentes. 
A menudo vienen del infierno y deben ser tratados con dignidad. 
Dicho esto, debemos reconocer que Malta es un país muy pequeño y que, por su situación geográfica, la isla sufre una presión especialmente fuerte. 
Por tanto, es un deber de la Unión Europea mostrarse solidaria y compartir la carga financiera de la gestión de las fronteras maltesas recurriendo, en especial –como ha dicho usted, señor Comisario– a los programas existentes, como ARGO y el Fondo para los Refugiados. 
Pero es necesaria una reforma más amplia, porque no se trata solo de un problema de dinero. 
Por esta razón llamo a la Comisión a que proceda lo antes posible a la revisión del Reglamento Dublín II y presente propuestas encaminadas a modificarlo sustancialmente. 
¿No deberíamos reconsiderar el principio mismo que lo inspira, es decir, que el Estado miembro responsable de la tramitación de una solicitud de asilo sea el primer país en que el solicitante de asilo pone los pies? 
En efecto, este principio impone una carga insoportable a los países situados en el Sur y el Este de la Unión y tiene el efecto pernicioso de comprometer el acceso al asilo y socavar las condiciones de acogida. 
Las migraciones son sin duda un fenómeno del mundo contemporáneo. 
No nos sustraigamos a las responsabilidades que nos incumben como naciones ricas en materia de acogida de las víctimas de la opresión o de lucha contra la pobreza, que es la causa fundamental, no lo olvidemos, de las migraciones. 
. – Señor Presidente, me gustaría unirme a la señora Roure, que ha descrito con gran viveza la situación que encontró en Malta la delegación del Parlamento. 
También quiero sumar mi voz y la de mi Grupo a lo que han dicho el señor Zappalà y la señora Roure sobre las implicaciones de ello, no solo en Malta, sino también en otros lugares que visitó nuestra delegación, incluso en Dublín. 
Lo que en su momento pareció un sistema sumamente lógico para la mayoría del Parlamento –aunque no para todos nosotros– encierra problemas reales que es preciso abordar. 
Se nos ha dicho que varios de estos problemas se deben en parte a la falta de recursos y de personal experto. 
La Comisión nos ha dicho que uno de sus objetivos en el marco de la continuación de la política de asilo será que todos los Estados miembros apliquen las normas más exigentes posible y las mejores prácticas. 
Por ello me complace oír que se crearán grupos de expertos, pero la Comisión no debería subestimar cuántos de ellos se necesitarán en muchas partes de la Unión. 
Supongo que colaborarán con organismos como el ACNUR y otros, que cuentan con tales expertos. 
Dicha cooperación tiene implicaciones presupuestarias por lo que se refiere a los fondos que la Unión Europea entrega al ACNUR. 
Ya somos un importante donante del ACNUR y si vamos a pedirle más cosas, habremos de tenerlo en cuenta. 
Asimismo quisiera formular una pregunta a la Comisión acerca del calendario previsto para Malta: ¿cuándo cree que los equipos de expertos llegarán a ese país? 
Por otra parte, ¿que otros recursos serán necesarios para ayudar a Malta a largo plazo a tratar a estas personas con la dignidad que se merecen? 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior por haberme nombrado y pedido que fuera ponente de la visita que realizamos a Malta. 
Como ponente no puedo sino afirmar que la situación en los centros de detención de inmigrantes en Malta es simplemente terrorífica: todo un infierno dantesco donde se niegan incluso los derechos más elementales. 
Visitamos tres centros de detención, en los que encontramos condiciones absolutamente inhumanas y degradantes, indignas de un país civilizado: condiciones higiénicas inaceptables, promiscuidad, mujeres embarazadas detenidas hasta el cuarto mes de gestación, comida horrible y duchas de agua fría, servicios sin puertas, basura y mugre por todas partes. 
La legislación maltesa es abominable: prevé 18 meses de detención administrativa para ciudadanos que no han cometido ningún delito. 
¡Me parece realmente demasiado! 
Además, pienso que el trato reservado a los solicitantes de asilo choca con la Convención de Ginebra y con las directivas europeas en materia de asilo. 
Los inmigrantes no reciben información y las solicitudes de asilo no se examinan en menos de ocho o nueve meses. 
En Malta se niega el asilo incluso a prófugos procedentes de zonas de guerra, en particular de Darfur. 
Me impresionó un hombre que llevaba un cartel sobre el que estaba escrito «genocidio en Darfur y detención en Malta». 
Europa no puede permanecer callada ante este tormento, y las visitas de nuestra comisión a los centros de permanencia temporal de Europa nos llevan a considerar que hay que cambiar radicalmente la política de acogida de los inmigrantes. 
Ante todo, es necesario ampliar los canales legales de entrada, hacer de este tema materia comunitaria, modificar los acuerdos de Dublín 2, y, por último, cerrar todos los centros de detención administrativa existentes en territorio europeo. 
Son lugares jurídicamente inaceptables, en los que se violan todos los derechos humanos. 
– Una cosa que el diputado que me ha precedido, el señor Catania, ha olvidado decir es que la queja más común y rotunda que expresaron los inmigrantes en los centros de detención que visitamos no se refería a las condiciones imperantes en los centros, sino al hecho de que jamás tuvieron intención de ir a Malta. 
Han acabado en Malta en contra de sus deseos y lo que quieren es seguir el viaje hasta la Europa continental. 
Esa es realmente la tragedia. 
«Permítannos ir a otros países de Europa» , nos dijo uno tras otro. 
Por consiguiente, proclamo que es positivo que, a través de este debate y por medio de esta resolución, el Parlamento esté mostrando su solidaridad con los inmigrantes, así como con el pueblo de Malta, las autoridades maltesas y las fuerzas del orden de dicho país, que están realizando una tarea muy ardua. 
Es positivo que los Grupos políticos de este Parlamento estén demostrando que son capaces de unirse para manifestar esta solidaridad y pedir, tanto a la Comisión como al Consejo, que emprenda acciones prácticas y urgentes. 
¿Cuáles son esas acciones prácticas y urgentes? 
En primer lugar, que los Estados miembros acojan personas que han solicitando asilo en Malta. 
En segundo lugar, que el Reglamento Dublín II sea revisado de manera que las responsabilidades de los Estados miembros se compartan de una manera más equitativa que la actual, en una situación en la que Malta, y otros países, están soportando una carga ingente que sobrepasa sus posibilidades. 
En tercer lugar, que se utilicen los recursos financieros de la Unión Europea también en casos urgentes, como ha dicho acertadamente el Comisario que deben ser utilizados. 
No obstante, debería existir una cláusula de emergencia en cada uno de los fondos europeos con que contaremos en el sector de la inmigración a partir del año que viene, no solamente en el fondo para los refugiados. 
Por último, señor Presidente, quiero preguntar asimismo a la Comisión qué ha pasado con la iniciativa, prometida el año pasado, relativa a las patrullas conjuntas en el Mediterráneo. 
Señor Presidente, está hablando el Parlamento. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión hagan algo. 
Gracias. 
– Al margen de ciertas iniciativas adoptadas recientemente, pienso que la Unión no ha abordado la situación actual con la urgencia, la energía y el sentido práctico que hacen falta. 
La resolución que tenemos sobre la mesa refleja la alarmante situación en Malta y otros países de una manera incisiva, clara y objetiva. 
El documento afirma acertadamente que los centros en que se hallan detenidos los inmigrantes deben gestionarse de forma que se salvaguarden la dignidad y los derechos de los inmigrantes. 
Hay que subsanar de inmediato cualquier deficiencia, allá donde se detecte. 
Sin embargo, la resolución también deja claro que ningún país puede resolver por sí solo este problema, mucho menos un país como Malta, que está soportando una carga mucho mayor de la que puede aguantar. 
De hecho, la dimensión europea exige una política integrada, basada en el principio del reparto de cargas, en virtud de la cual la carga se distribuye proporcionalmente entre todos los Estados miembros en función de la población y el PIB de cada país. 
La misma importancia tiene la necesidad de realizar una revisión de Dublín II y, en concreto, del sistema para procesar las solicitudes de los inmigrantes. 
Para poder iniciar la resolución de este asunto, la Unión necesita, no obstante, habilitar fondos, pues no basta con hacer promesas. 
Debe asignar los fondos necesarios para ayudar a los pequeños países fronterizos a solventar este asunto. 
Además, deberían existir fondos específicos asignados para hacer frente a las emergencias, sobre todo cuando se produce una llegada excesiva de inmigrantes, principalmente durante el verano. 
Con esta iniciativa, el Parlamento ha demostrado su voluntad para actuar. 
Ahora es el turno de la Comisión y del Consejo para poner de manifiesto que están dispuestos a traducir sus promesas de solidaridad en actos. 
Señor Presidente, cualquier acción acometida por la Unión Europea enfocada a ayudar a los inmigrantes de una manera que sea equitativa y, además, a proporcionar ayuda práctica a los pequeños Estados miembros como Malta, resulta mucho más eficaz que cien mil declaraciones o folletos destinados a proporcionar mayor credibilidad a la Unión Europea e inspirar mayor confianza en ella. 
Gracias. 
– Señor Presidente, creo que las visitas efectuadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo tienen el gran mérito de poner de manifiesto que el encierro de los extranjeros se ha convertido, de algún modo, en la forma habitual de gestionar los asuntos migratorios y que esta lógica de encarcelamiento de los extranjeros en toda Europa muestra manifiestamente los límites de este fenómeno y sus consecuencias totalmente inaceptables, especialmente en Malta, por las razones que se han indicado ya en el debate. 
Por desgracia, tenemos que ir más allá de esta observación de hecho, pues ya fue descrita por grandes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos en 2004 y 2005. 
Conocemos la situación y creo que hoy debemos reconocer simplemente que el Acuerdo de Dublín aplicado a Malta resulta absurdo. 
Me parece necesario avanzar de verdad en su reforma y, como han pedido algunos colegas diputados, hacerlo en profundidad. 
En primer lugar, una persona que llegue a Malta debe poder presentar y formular una solicitud de asilo en el país en que desee asentarse. 
Es necesario asimismo que las personas que obtengan el estatuto de refugiado en Malta puedan circular libremente por Europa, ya sea, añadiría yo, en Malta como en cualquier otro país en que hayan pisado primero suelo europeo. 
Creo que estas reformas son absolutamente necesarias si queremos superar semejantes situaciones absolutamente catastróficas desde el punto de vista de los derechos humanos. 
Es necesario también que la Unión Europea establezca una política legal de migración y deje de dar la prioridad absoluta a la represión y al cierre de las fronteras con un estilo de gestión cuya total inhumanidad y falta de sustancia vemos hoy. 
Así lo testimonian los centenares, incluso millares, de personas que cada semana se ahogan no solo en el mar Mediterráneo, sino también en aguas canarias, pues, como sabemos, los flujos migratorios se han desplazado ahora a Mauritania. 
– Señor Presidente, el señor Comisario ha hablado antes de centros de acogida. 
Sin embargo, quisiera manifestar que lo que nosotros, los miembros de la misión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, vimos en Malta son todo menos centros de acogida. 
Resulta inaceptable y escandaloso que Europa, al amparo de una crisis de histeria antiterrorista, se transforme en una fortaleza medieval y promueva el funcionamiento de centros en los que permanecen detenidos los inmigrantes y solicitantes de asilo contraviniendo los convenios internacionales aplicables. 
Las condiciones de detención en los centros cerrados que visitamos en Malta son, tal vez, las peores que hayamos presenciado hasta ahora. 
La situación geográfica de Malta y su falta de recursos económicos y administrativos para hacer frente a las oleadas de inmigrantes, sobre todo a partir de su adhesión a la Unión Europea, que se ha traducido en un aumento del flujo de inmigrantes y refugiados, no constituyen razones válidas para justificar la situación. 
La práctica de la detención es en sí misma condenable. 
Privar de libertad a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes resulta injustificable. 
Las circunstancias en las que se encuentran detenidos son precarias y la ausencia de transparencia en la forma de actuar de los centros en cuestión y las prácticas aplicadas resulta inaceptable. 
– Tras haber enviado la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior una delegación a Malta para constatar por sí misma la situación en que se encuentran los inmigrantes ilegales, observo hoy con satisfacción que el Parlamento está prestando la debida atención a la situación concreta que se nos presenta en Malta. 
Todos los asistentes han sido testigos de la difícil situación que han de afrontar todos los que han llegado a nuestras costas y permanecen en nuestros centros. 
Sin embargo, también han constatado los tremendos esfuerzos realizados por el Gobierno maltés para conseguir que todos los que llegan a este país de forma irregular reciban un trato correcto, a pesar de disponer de recursos tan limitados. 
Es evidente que esta situación tiene que cambiar pronto. 
Todos hemos oído que se espera que las llegadas de inmigrantes se dupliquen este año, así que el problema no hará sino agravarse. 
Malta no puede realizar milagros por sí sola. 
Durante años hemos estado intentando llamar la atención de Europa sobre este problema a fin de encontrar las soluciones necesarias. 
No me estoy refiriendo solamente a la ayuda económica (de la que he de decir que hemos visto muy poquito) , sino más bien a las soluciones prácticas mediante las que la Unión Europea, de la que somos Estado miembro, nos ayude a absorber el enorme flujo de inmigrantes a nuestro país. 
Hemos de respetar como es debido la dignidad de los detenidos, pero no podemos continuar estirando nuestros recursos y realizando esfuerzos más allá de nuestras posibilidades. 
La situación a la que nos enfrentamos es crítica y hemos de encontrar soluciones en virtud de las cuales dejemos de someter a Malta a una presión excesiva para que actúe y no pierda el control sobre la situación. 
Así pues, ahora tenemos que traducir las bonitas palabras y promesas en actos. 
La Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento deberán actuar para poner en práctica, a la mayor brevedad posible, las soluciones que han sido mencionadas por los diputados que han intervenido antes que yo en este debate. 
El Gobierno y el pueblo de Malta van a continuar haciendo cuanto esté en sus manos, pero tenemos derecho a esperar que todo el mundo realice esfuerzos reales y prácticos, pues creo que en última instancia no se trata de un problema exclusivo de Malta, sino de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
– Señor Comisario, lo que ha dicho hoy me ha obligado a dejar de lado el discurso que tenía preparado y me dirijo a usted directamente como representante de la Comisión. 
No creo que pueda esperar de nosotros, los representantes del pueblo maltés, que le demos las gracias en esta Cámara porque nos vaya a dar dinero o porque nos haya dado una cantidad equivalente a lo que podemos recaudar en limosnas durante un día en época navideña. 
Sus respuestas no reflejan lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. 
En segundo lugar, usted ha eludido la pregunta más crucial de todas. 
Le planteamos una propuesta práctica: que se revise Dublín II de manera que la responsabilidad sobre la tramitación de las solicitudes de la gente que llega a Malta deje de recaer en ese país y que en su lugar se reparta entre otros países. 
¿Qué piensa de esta propuesta? 
Lo pregunto porque en última instancia no es cierta cantidad de dinero lo que queremos (y, repito, «dinero» , no migajas) , sino dinero del orden de millones, en cantidad suficiente para brindar una bienvenida adecuada a esos congéneres nuestros. 
Pero aparte del dinero, ¿qué considera usted, desde el punto de vista de la ayuda administrativa real y duradera, que podría ayudarnos a resolver este problema? 
Eso es lo que nos gustaría saber hoy. 
– Señor Presidente, le doy las gracias por darme la oportunidad de dirigirme al Parlamento en relación con este asunto tan importante. 
Lamentablemente, Malta ha sido abandonada para que se las arregle como pueda. 
Durante este difícil trance, con el que no solo se enfrentan los habitantes de nuestro país, Malta, sino también las personas que están detenidas, hemos tenido la sensación de estar nadando contra corriente, de que se nos ha dejado desamparados y de que, a pesar de las hermosas palabras de solidaridad, Europa nos ha abandonado. 
Lo que ha ocurrido y de hecho tenía que ocurrir es que, tal como habíamos solicitado durante mucho tiempo, ha venido a Malta una delegación y ha visto por sí misma las espantosas condiciones en que se hallan los detenidos. 
Estas condiciones son funestas y nadie se siente feliz con esa situación; pero es una cuestión de recursos. 
Dos mil personas inmigrantes al año en Malta no parece una cifra excesiva, pero esas dos mil equivalen a 800 000 inmigrantes al año en Alemania o 400 000 en Italia. 
Imagínense la avalancha de refugiados en el país más pequeño y piensen lo que tiene que soportar uno de los países que carece de recursos. 
Inexorablemente, necesitamos ayuda económica. 
También necesitamos solidaridad, la solidaridad en virtud de la cual ustedes acudan en nuestra ayuda llevándose a los refugiados a sus países, donde puedan ser absorbidos adecuadamente, cosa que no resulta posible en Malta, que es una isla de apenas 300 kilómetros cuadrados. 
Quiero terminar diciendo que consideramos que ustedes han demostrado a todas luces que la solidaridad existe realmente cuando se trata de reconocer las necesidades de un país cuya superficie es pequeña en comparación con la enorme extensión de Europa. 
Gracias. 
. Señor Presidente, como he dicho en mi primera intervención, no estoy de acuerdo en que se ha abandonado a Malta. 
Hasta ahora, la Comisión ha facilitado toda la ayuda razonable posible y todos los programas aplicables seguirán utilizándose para ayudar a Malta a resolver este problema. 
Pero también debemos tener en cuenta que los centros no resuelven el problema y que es sumamente importante colaborar con los países en que se originan los flujos migratorios. 
Esta es nuestra principal tarea, ya que mientras existan las condiciones que hacen que la gente abandone su lugar de origen, lo harán, y si ahora le ha tocado a Malta, posiblemente la próxima vez será mi país o algún otro. 
Así que ese es nuestro principal reto. 
La Comisión ya ha prometido ayuda financiera y la prestaremos rápidamente. 
También tenemos los grupos de expertos y la propuesta estará lista el 31 de mayo. 
Seguiremos trabajando sobre las patrullas conjuntas. 
Por lo que respecta al paquete de medidas Dublín II, esto lleva su tiempo aunque los Estados miembros estén de acuerdo, ya que fue aprobado hace cuatro años. 
Es muy importante que el Parlamento haya suscitado este problema y se planteará cómo resolver la situación de la mejor manera posible. 
El principio de dar prioridad a los Estados miembros de acogida tiene su lógica, pero sabemos qué problemas le ha creado esto a Malta. 
La Comisión seguirá trabajando al respecto y prestará toda la asistencia posible en este momento, pero es muy importante que también las autoridades maltesas hagan su trabajo, porque considero que las autoridades nacionales también deben velar por unas condiciones humanas y la dignidad. 
Esperamos que cada uno de los Estados miembros haga lo que tiene que hacer a este respecto, porque la Comunidad puede prestar ayuda y examinar las mejores respuestas posibles. 
No obstante, esperamos al mismo tiempo que cada uno de los Estados miembros aplique las condiciones contempladas en las directivas comunitarias. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura del informe (A6-0071/2006) de la señora Laperrouze, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, acerca de las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y la derogación de la Decisión 96/391/CE y la Decisión nº 1229/2003/CE (10720/1/2005 – C6-0016/2006 – 2003/0297 (COD) ). 
. – Señor Presidente, Señorías, permítanme expresar mi sincera gratitud a mis colegas ponentes de los demás Grupos políticos, en especial a la señora Ayuso y al señor Swoboda, que me han apoyado durante mi evaluación y han hecho una gran aportación al texto que se les presenta hoy y que se someterá a su aprobación mañana. 
Quisiera dar las gracias a los representantes de la Comisión Europea y de la secretaría de la Comisión de Industria, Investigación y Energía por su capacidad de prestar oído y sus respuestas a las cuestiones planteadas. 
Quisiera destacar asimismo el papel positivo de la Presidencia austriaca, que se ha esforzado por encontrar fórmulas que, basándose en la primera lectura del Parlamento, contaran con el apoyo de los Estados miembros. 
Me parece que vale la pena recordar los objetivos de esta propuesta de decisión. 
Se trata de garantizar una etiqueta europea a las redes de transporte de olefina, de modo que puedan solicitar préstamos del Banco Europeo de Inversiones, adaptar las orientaciones a la configuración de la Unión Europea de 25 Estados miembros, autorizar la financiación de proyectos de interés común, permitir la realización del mercado interior del gas y la electricidad y, principalmente, garantizar la seguridad del suministro a través de las interconexiones entre los países miembros y los países vecinos: el sureste de Europa, los países mediterráneos, Ucrania y Belarús. 
Aun cuando la posición común del Consejo, que se comunicó en enero, proponía un enfoque diferente del preconizado por el Parlamento, por cuanto rechazaba la declaración de interés europeo y la designación de un coordinador, el trabajo en segunda lectura ha permitido redactar enmiendas de transacción en los diálogos a tres bandas informales en los que han participado el Parlamento, la Presidencia del Consejo y la Comisión Europea. 
Estas enmiendas de transacción responden plenamente a nuestros objetivos de la primera lectura. 
Definen, en particular, los proyectos de interés europeo como una serie de proyectos situados en ejes prioritarios y que sean de naturaleza transfronteriza o tengan una repercusión considerable sobre la capacidad de transporte transfronterizo. 
Esos proyectos podrán considerarse, pues, prioritarios para la financiación en el marco de las redes transeuropeas de energía y ser objeto de atención especial en la categoría de otros fondos comunitarios. 
Se examinarán los retrasos registrados en la ejecución y en las reuniones de coordinación conjuntas se analizarán, en particular, la evaluación y los procedimientos de consulta pública. 
Estas enmiendas aportan también una mejor definición de la función del coordinador europeo, que se podrá designar cuando un proyecto presente retrasos o dificultades importantes de ejecución. 
El coordinador promoverá la dimensión europea del proyecto, contribuirá a la coordinación de los procedimientos nacionales de consulta de los ciudadanos afectados y presentará un informe anual sobre la evolución del proyecto. 
Señor Comisario, permítame plantear no obstante dos aspectos que lamento. 
Por una parte, la modesta financiación disponible para las redes transeuropeas de energía, que probablemente tan solo bastará para financiar algunos estudios de viabilidad. 
Y por otra, como usted sabe, señor Comisario, el Parlamento no ha querido discutir la legitimidad de los proyectos que figuran en los anexos del informe. 
Sin embargo, me parece que habría que dar prioridad a los proyectos que contribuyan a la seguridad del suministro del mayor número de Estados, favoreciendo así esta dimensión europea. 
Pienso, en particular, en los Estados bálticos, cuyas redes de gas son muy insuficientes para abastecerlos de forma segura y duradera, cuando sabemos que se ha dado prioridad al gasoducto ruso-alemán debido a los acuerdos celebrados entre el señor Schroeder y el señor Putin. 
Le pido que favorezca la creación de las infraestructuras necesarias para el abastecimiento de todos los Estados. 
A la vista de la reciente crisis entre Ucrania y Rusia y de las declaraciones de Hampton Court, una política energética europea es esencial. 
Por lo tanto, el presente texto ofrece a las instituciones europeas una oportunidad para demostrar su voluntad de lograrla. 
Las nuevas disposiciones que introducen la declaración de interés europeo y la posibilidad de designar un coordinador son herramientas indispensables para realizar un verdadero mercado interior del gas y la electricidad y garantizar la seguridad del suministro. 
Pero esta red europea solo podrá conseguirse si se incrementa el número de interconexiones. 
Señorías, les pido que apoyen la posición común tal como ha quedado modificada por el paquete de transacción. 
Su voto dotará a la Unión de una de las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos que se ha fijado. 
. Señor Presidente, hace muy poco tuvimos la oportunidad de debatir las cuestiones relacionadas con el Libro Verde sobre la política energética común. 
Creo que los temas que hoy debatimos –seguridad del suministro, sostenibilidad ecológica y competitividad– están estrechamente relacionados y que Europa necesita una respuesta europea. 
También tenemos que ver cómo movilizar la inversión en Europa. 
Las redes transeuropeas son parte de ello. 
Algunas veces se dice que no hay dinero para ello, pero hace poco tuve la oportunidad de sentirme orgulloso de un proyecto que apoyamos: la futura interconexión eléctrica entre Irlanda y el País de Gales. 
Este proyecto muestra claramente de qué forma se utilizan los fondos europeos. 
Existen muchos proyectos de este tipo de los que podemos sentirnos orgullosos; los estudios de viabilidad que hemos financiado han allanado el camino a esa interconexión y su infraestructura. 
Desde esa perspectiva, aprecio mucho la labor desarrollada por el ponente, los ponentes alternativos y todos los que han contribuido al desarrollo de esta decisión. 
Creo realmente que las redes transeuropeas de energía permitirán intensificar el desarrollo de la Unión Europea. 
Por lo que respecta al gas natural, por ejemplo, cada vez dependemos más de las importaciones de gas y sabemos que dicha tendencia continuará. 
La Política de Redes Transeuropeas de Energía pretende garantizar y diversificar nuevas capacidades para la importación de gas procedentes de lugares como la cuenca del Caspio, África del Norte y Oriente Próximo. 
En Bruselas hemos debatido a menudo la necesidad de continuar desarrollando el mercado europeo de la electricidad. 
Y una vez más, las redes transeuropeas de energía propiciarán la creación y la promoción de auténticas interconexiones europeas y de una red eléctrica europea. 
No solo debemos pedir dinero a nuestros contribuyentes, también debemos atraer dinero para esos proyectos del Banco Europeo de Inversiones, de los Fondos Estructurales y de inversores privados, porque es ahí donde hay recursos disponibles para la inversión. 
Hasta ahora, el verdadero cuello de botella ha sido la falta de voluntad política para llevar a cabo esos proyectos o la falta de capacidad para adoptar las decisiones adecuadas. 
La propuesta de decisión se presentó al Parlamento en diciembre de 2003. 
En ese momento contemplaba los nuevos desafíos suscitados por la ampliación, así como las conexiones energéticas esenciales con países terceros. 
En cuanto a la selección de proyectos, la Comisión ha definido los proyectos de máxima prioridad entre una amplia gama de proyectos de interés común. 
Ahora, gracias a las negociaciones entre las tres instituciones, hemos llegado a un compromiso que, al parecer, resulta aceptable para todos nosotros, al menos en estos momentos. 
Los proyectos de máxima prioridad, un lista muy selectiva de proyectos de interés europeo, tienen por objeto contribuir a la rápida realización de la mayor capacidad posible de interconexión transfronteriza. 
Para lograrlo, los proyectos de interés europeo deben cumplir determinados criterios. 
Deben tener un carácter transfronterizo o un efecto importante en la capacidad de transmisión transfronteriza y deben estar maduros. 
Uno de los resultados importantes logrados entre la primera y la segunda lectura es la figura del Coordinador Europeo, cuyo papel se considera fundamental, pues se encargará de promover la cooperación con los usuarios y operadores y de promover los proyectos entre los inversores privados y las entidades financieras. 
En mi calidad de miembro del Grupo de la Comisión Europea sobre las Redes Transeuropeas, he sido testigo de la excelente labor que han realizado los actuales coordinadores europeos a favor de las infraestructuras de transporte, porque realmente trabajan para promoverlas, para encontrar e identificar los cuellos de botella y para intentar encontrar soluciones. 
Observo con satisfacción que los principales elementos de la propuesta de la Comisión figuran en el paquete de compromiso que sus Señorías votarán mañana. 
Por tanto, puedo apoyar plenamente el acuerdo alcanzado. 
Quiero dar las gracias una vez más a todos los que han contribuido a alcanzar este compromiso. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el panorama energético se encuentra en un momento clave. 
Así lo demuestran el Libro Verde y los recientes informes de la Comisión Europea sobre el estado de liberalización de los mercados energéticos. 
Todos ellos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las interconexiones entre los Estados y de profundizar en el desarrollo de redes transeuropeas, para mejorar todos estos servicios energéticos. 
La ponente, señora Laperrouze, ha hecho un trabajo excelente, y la felicito, porque ha sabido conciliar las demandas de los miembros de este Parlamento con las posturas de la Comisión y del Consejo. 
Apoyamos los proyectos de máxima prioridad que tienen carácter transfronterizo y que pueden incrementar la capacidad del transporte, la seguridad del abastecimiento y el comercio del gas y la electricidad entre los Estados miembros. 
En definitiva, una mayor eficiencia del sistema, que afectará positivamente a los precios para las empresas y los consumidores. 
Para que la red europea de la energía sea una realidad, hay que evitar los retrasos innecesarios en la ejecución de los proyectos, especialmente aquéllos de interés europeo. 
Los Gobiernos deben poner todo su empeño en eliminar estas barreras administrativas, y por eso es importante la figura del coordinador europeo, que puede contribuir a agilizar los proyectos de interés europeo que experimentan retrasos o dificultades de cierta importancia en su ejecución. 
No quiero terminar mi intervención sin hacer una mención a la reciente Cumbre Europea de los días 23 y 24 de marzo, en la que la política energética fue tratada como lo que es, una cuestión prioritaria. 
En particular, me alegra que el Consejo haya retomado el objetivo de incrementar las interconexiones eléctricas entre los Estados miembros hasta un valor equivalente al 10 % de la capacidad instalada, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002. 
El aumento de las interconexiones entre los Estados miembros y el aumento de la capacidad de almacenamiento de gas son cuestiones prioritarias para el mercado interior. 
Creo que este texto que vamos a votar mañana es un paso correcto en la buena dirección. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la señora Laperrouze, por la excelente labor que ha realizado y, en concreto, por la forma en que ha consultado a los ponentes alternativos y los excelentes debates que hemos mantenido. 
Cuando comenzamos a trabajar en este informe, no teníamos ni idea de cuál iba a ser la situación real cuando viera la luz. 
Los acontecimientos más recientes no solo han demostrado lo precario que es el abastecimiento energético de Europa en determinados aspectos, sino lo necesario que resulta, desde el punto de vista de la competitividad de nuestro continente, mejorar el suministro de energía y hacerlo de forma sostenible. 
Nos alegramos de que la Comisión, el Consejo y el Parlamento estén de acuerdo en torno a los objetivos que ha de perseguir la política energética, sobre todo por lo que atañe al abastecimiento. 
Está claro, desde luego, que no todos los tipos de redes o de conexión a una red van a proporcionar automáticamente más seguridad, ya que ciertos problemas pueden propagarse de un ámbito a otro, pero en términos generales, si se refuerzan el entramado eléctrico y las redes de suministro de gas natural y de petróleo, resultará más fácil contrarrestarlos. 
Eso sería posible si invirtiéramos más en diversificación, cosa que no solo defendemos con firmeza en el plano conceptual, sino también como objetivo. 
La señora Laperrouze tiene razón: es lamentable que el presupuesto contemple unas previsiones insuficientes en este terreno, pero en cualquier caso eso solo representaría una pequeña parte del coste total incurrido y que habría de ser soportado por los distintos Estados miembros, ya que redunda en su beneficio. 
Otra cosa que es muy importante es la solicitud de que el nombramiento de coordinadores europeos sea opcional. 
Usted, señor Comisario, ha señalado que ya se pueden apreciar signos positivos en el sector del transporte, lo que es cierto. 
Yo no estaba de acuerdo con todas las condiciones marco impuestas al nombramiento de coordinadores, pero en principio las necesitamos si verdaderamente se desea poner en marcha determinados proyectos. 
Si se me permite voy a citar, en relación con el suministro de gas, el proyecto Nabucco, que afecta de forma indirecta a varios países europeos y directamente a otros muchos y que nos permitiría conseguir la diversificación que buscamos, por lo que es un proyecto en el que deberíamos embarcarnos a toda velocidad si pretendemos garantizar la seguridad de suministro. 
Estos coordinadores pueden mediar entre un país y otro y tal vez evitar el tipo de situación que se ha producido con el proyecto entre Rusia y Alemania, no porque exista nada intrínsicamente erróneo en el proyecto, sino porque se podría haber involucrado desde un principio a otros países, por ejemplo Polonia y los Estados bálticos. 
Espero que nuestra política energética sea en el futuro verdaderamente europea, incluidos los proyectos individuales. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera dar las gracias a la señora Laperrouze por su trabajo sobre las redes transeuropeas de energía. 
Estoy absolutamente de acuerdo con su posición, que lamenta el riesgo siempre inminente de un retorno a posiciones nacionales, cuando en cambiodebemos perseguir con mucha más firmeza la construcción de redes sólidas y realmente europeas, tanto para la electricidad como para el gas. 
Solo en este nivel se podrán gestionar más eficazmente los recursos energéticos: por ejemplo, solo con una red efectiva a escala europea se podrá explotar al máximo el gran potencial de energía eólica y, al mismo tiempo, las capacidades de la carga de base representada por los reactores nucleares franceses. 
Solo en este nivel se podrá garantizar una competencia real en el mercado europeo entre campeones europeos, no campeones nacionales. 
La reciente reducción del suministro, justo en un período de gran demanda de gas, ha puesto de manifiesto que tanto la interconexión entre sistemas originalmente nacionales como una eficaz inserción de infraestructuras de almacenamiento –entre otras cosas manteniendo conectados los yacimientos de gas explotados y en vías de agotamiento– son absolutamente indispensables para ejercer la solidaridad entre países. 
Esta solidaridad es irrenunciable, como ya ha subrayado efectivamente el Libro Verde. 
Esto significa también que es necesaria un punto de referencia que pueda actuar a escala europea, un coordinador que pueda asegurar un mercado real tanto para el gas como para la electricidad y que garantice la seguridad del abastecimiento y el uso óptimo de los recursos en todo momento. 
La construcción de una red realmente europea es una necesidad imprescindible. 
Exhortamos pues al Consejo, a toda la Unión y a todas las instituciones a que hagan que esto sea posible, en interés de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. 
. Señor Presidente, señor Comisario, el objetivo de las redes energéticas transeuropeas es un objetivo válido y necesario. 
Sin embargo, un mercado único no va a resolver la totalidad de los problemas y, además, acarreará otros nuevos. 
Si se crea un mercado único transeuropeo de la electricidad, eso se traducirá en un aumento del precio de la electricidad, por ejemplo en mi país, Finlandia. 
Si el precio de la electricidad disminuye en algún otro país, los consumidores del mío pagarán por ello. 
En un mercado único, los productores de energía nuclear e hidroeléctrica barata siempre venderían la electricidad a los precios de mercado más altos. 
En lo referente al precio, los consumidores del país productor, en nuestro caso Finlandia, no se beneficiarán para nada del hecho de que nuestros saltos de agua se utilicen para la producción de energía en lugar de destinarlos a la industria pesquera y al transporte, o de que el combustible nuclear gastado se entierre por los siglos de los siglos en nuestro suelo. 
Nosotros tenemos experiencias recientes con el mercado único nórdico de la electricidad respecto de la forma en que los productores especulan con el precio de la electricidad, de manera que no aprovechan toda su capacidad de producción. 
Con motivo de las alzas del precio del gas en Gran Bretaña, el gasoducto que conduce al continente no se utilizó a pleno rendimiento. 
La libertad de mercado también significa libertad para especular. 
Señor Presidente, al contemplar la controversia sobre la política energética entre el Consejo y el Parlamento Europeo, uno no puede por menos que preguntarse: ¿ha de ser la Unión tan solo una institución aparente, se trata de hacer ver que se actúa, se escenifica un teatro de ficción? 
Porque eso es realmente lo que transluce esta controversia. 
Es posible extraer lecciones de las disputas de este año entre Ucrania y Rusia y entre Rusia y Georgia, así como de las que podrían producirse entre Belarús y Rusia en un futuro próximo. 
La política energética común europea, si bien ha de preservar la soberanía de los distintos Estados miembros, ha de tener una nueva dimensión. 
Los métodos antiguos fueron buenos para los viejos tiempos, cuando había 10, 12 o 15 Estados miembros. 
Hoy, a raíz de la ampliación de la Unión, han dejado de ser suficientes los antiguos mecanismos, ilustrados por el viejo proverbio polaco de que cada uno rema por su cuenta y se apaña como puede. 
Nos enfrentamos a nuevos retos, por ejemplo, en relación con la diversidad del suministro. 
No se trata de un problema político, sino de seguridad y económico. 
Polonia desea diversificar su base de suministro a fin de no depender de Rusia. 
España desea igualmente aplicar el principio de la diversificación y realizar mayores compras a Rusia para no depender de sus proveedores actuales. 
La Unión Europea tiene la oportunidad de lograr una coordinación real, y no virtual, de estas acciones en el momento actual. 
Europa tiene que interpretar correctamente los signos de los tiempos y responder a los nuevos retos. 
La disputa acerca del regulador europeo y de los proyectos europeos prioritarios es, en realidad, un conflicto de planteamientos, de si la política energética para Europa debe hacerse realidad o de si debe quedar solamente sobre el papel. 
En este último caso, si se quiere que solo sea una simple suma de las políticas nacionales, digámoslo abiertamente y no finjamos que la Unión cuenta con una nueva política común. 
Pero entonces no nos sorprendamos de lo que ocurra más adelante. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisaria Kroes, que es responsable de estos asuntos, por hallarse hoy con nosotros, ya que es ella quien se encarga del estudio del sector que nos mostrará dónde existen cuellos de botella en el mercado energético y si se han originados de forma natural o artificial. 
Lo segundo que quiero decir es que el Comisario Piebalgs se dedica actualmente a la revisión, cuyo resultado nos mostrará dónde es preciso actuar. 
La legislación reciente, sobre todo la aplicable a la desagregación, ha brindado al mercado unas oportunidades totalmente nuevas. 
A la vista del hecho de que hoy se han presentado 280 proyectos –19 de ellos en Austria–, va a resultar necesario nombrar coordinadores que sean capaces de abordar los distintos problemas que puedan surgir en este tipo de contextos con carácter interdisciplinar. 
Los coordinadores pueden constituir luego un órgano propio, consultándose entre ellos y utilizando métodos de buenas prácticas y comparaciones para avanzar. 
Quizá también resulte aconsejable confeccionar calendarios precisos –es decir, fijando no solo los costes, sino también las fechas– y, al igual que hacemos en otros ámbitos, modificar las prioridades según proceda cuando se supere una fecha límite. 
Las estaciones de transferencia, asimismo, no solo son importantes desde el punto de vista de la liberalización, ya que también encierran un aspecto relacionado con la propiedad. 
¿Corresponde su propiedad a la Unión Europea o a otra instancia y se necesitan acuerdos especiales? 
Se trata de una situación importante desde el punto de vista de la política exterior. 
Otro de los aspectos que hay que contemplar son los sistemas de emergencia: ¿qué ocurre en caso de emergencia o actos de terrorismo o en el de imprevistos que planteen un problema importante para la energía? 
¿Va ser posible, en esta eventualidad, mantener la conexión de determinados proveedores o consumidores? 
¿Y qué decir del software que se necesita para ello? 
Es ahí donde se va a necesitar una actuación urgente en el futuro. 
Solicito al señor Comisario que elabore un Libro Verde sobre este tema, de forma que, cuando se produzca una emergencia, se pueda aplicar la medida necesaria en toda Europa y también por parte de nuestros vecinos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la resolución sobre la seguridad del suministro de energía aprobada el mes pasado afirma que la creación de redes energéticas tiene la máxima prioridad, lo cual es cierto. 
Las RTE de energía tienen una función importante que desempeñar en el mercado interior energético de la Unión y con respecto a la seguridad del suministro, y esta última representa el problema más grave a que nos enfrentamos. 
Los nuevos Estados miembros tienen que participar cuanto antes en este asunto. 
La especulación, como ya se ha mencionado aquí, es una de las causas de los problemas que hemos padecido en los países nórdicos. 
Tal vez los coordinadores puedan hacer algo a este respecto. 
Nuestras recientes crisis energéticas han demostrado que existe una dependencia excesiva respecto de la energía importada. 
Así pues, necesitamos una política energética en la que un país pueda socorrer a su vecino, siempre de una forma equitativa. Se trata asimismo de una necesidad urgente. 
Por este motivo, espero que se concluya rápidamente este asunto en segunda lectura. 
Tenemos que estudiar la forma en que Europa puede terminar con una situación en la que es propensa a las crisis dentro del contexto de los mercados energéticos. 
Ninguna acción en el momento actual puede tener un efecto inmediato. 
Al margen de cualquier otra consideración, el consumo no para de aumentar. Por tanto, necesitamos crear un tipo totalmente nuevo de ética energética que tenga en cuenta esta situación. 
Hemos de reflexionar acerca de un enfoque básico del ahorro de energía. 
La gente ya no se acuerda de las tinieblas cuando siempre ha habido luz por todas partes. 
En consecuencia, quiero pedir al señor Comisario que elabore un paquete actualizado de ahorro de energía, basado en una ética nueva que muestre a la población, a la industria y a la sociedad la senda hacia el ahorro de energía, ya que realmente ese sería el camino más sostenible de todos. 
Además, al mismo tiempo produciríamos tecnología para el ahorro de energía y utilizaríamos fuentes de energía renovable. 
Señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la ponente y manifestar que apoyo el acuerdo que se persigue, pero una vez más deseo llamar su atención sobre el hecho de que los Estados miembros actuales que forman parte de la región báltica se hallan prácticamente aislados de los sistemas energéticos europeos. 
Lamentablemente, la revisión de los anexos de las RTE-E no ha tenido en cuenta la situación geopolítica. 
La controvertida conducción del Norte de Europa, que circunvala los países bálticos y Polonia, continúa en la lista de proyectos prioritarios, al tiempo que los proyectos que se presentaron para ser incluidos en la lista de proyectos prioritarios, y que revisten una importancia especial para esta región, como los gasoductos «Amber» y «Yamal II» , capaces de cruzar Belarús, o conexiones eléctricas sincronizadas adicionales, no han sido debatidos por el Consejo Europeo. 
Eso no está bien. 
La Comisión tiene que elaborar en 2006 un plan de conexiones prioritarias, que darían lugar a medidas concretas para la integración de los mercados energéticos aislados. 
Los Estados miembros han de demostrar solidaridad, teniendo en cuenta los intereses comunes. 
Es la única forma de garantizar un suministro seguro de recursos energéticos a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, no ha pasado en Europa, pero podría haber pasado. 
No solo no se ha sacado ninguna enseñanza de los cortes de electricidad de 2000 en California, sino que están creando ustedes las condiciones para que Europa sufra también una catástrofe energética de gran magnitud. 
Sus propuestas conducirán a un abastecimiento de energía más caro y menos fiable. 
Separar la red de transporte y las unidades de producción de la energía eléctrica es una aberración económica, ecológica e industrial. 
Una vez más, las instituciones europeas toman partido por los intereses financieros en detrimento del interés general. 
El mercado capitalista es incapaz de asumir inversiones a largo plazo en el ámbito de la energía. 
La satisfacción de los intereses de los accionistas lleva a sacrificar la investigación, el desarrollo sostenible y la seguridad. 
La decisión de crear artificialmente un gran mercado interior de la energía conducirá asimismo a la supresión de muchos puestos de trabajo y a la precarización de otros tantos. 
Ahora bien, la Unión necesita un polo público europeo fuerte, financiado por el sector público, para satisfacer las necesidades de los europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, es vital que el abastecimiento energético de la Unión Europea sea seguro, fiable y a un precio razonable, tanto en bien de los ciudadanos particulares como de las empresas que dependen de él, así como para mantener la competitividad de las industrias de la UE. 
Mejorar la eficacia de la generación de energía y aprovechar lo mejor posible la capacidad de producción y la infraestructura existente resulta sensato, no solo en términos económicos sino también, sin duda alguna, como forma de protección del entorno. 
Si queremos desarrollar las infraestructuras de las redes energéticas en toda la UE, al menos deberíamos equiparlas con tecnologías modernas a fin de hacerlas más eficientes, de evitar la duplicación innecesaria de conducciones y de reducir al mínimo vías de contaminación ambiental como el escape de metano de las conducciones de gas natural. 
Supondría asimismo un avance importante hacia la consecución del objetivo de reducir el consumo de energía. 
Por muy importantes que sean los aspectos de la seguridad del suministro energético de la Unión Europea, la política energética no puede constituir una razón para apoyar, a escala masiva, la adhesión de Turquía a la UE. 
No creo que deba permitirse a ningún país fuera de Europa convertirse en Estado miembro de la UE si la única razón para ello es el deseo de ampliar la UE hasta las fronteras de las regiones ricas en recursos energéticos de Oriente Próximo y de alrededor del Mar Caspio. 
Aun cuando Turquía no se convierta en país miembro, las debatidas conducciones de petróleo podrán atravesarlo y seguirá siendo posible llevar a cabo los proyectos de infraestructuras para el gas. 
Considero que estas cosas seguirán siendo posibles aunque Turquía no pase de socio preferencial de la Unión Europea en vez de convertirse en Estado miembro de pleno derecho. 
– Los objetivos de la propuesta de decisión que estamos debatiendo hoy son claros: adaptar los aspectos cruciales para la Unión Europea de 25 miembros, permitir fijar la financiación de proyectos de importancia común, crear las circunstancias para la creación de un mercado interior del gas y la electricidad, y lo que es más importante, garantizar la seguridad del suministro energético conectando entre sí las redes de los Estados miembros y con las de los países vecinos, los países de las regiones de Europa del sudeste y del Mar Mediterráneo, Ucrania, etc. Durante el primer debate, el Parlamento Europeo ya aprobó las propuestas de la Comisión sobre la definición de acciones prioritarias, la descripción de proyectos de importancia europea y el nombramiento de un coordinador europeo para proyectos complejos. 
Sin embargo, el Consejo ha expresado una posición diferente, por ejemplo, al proponer el rechazo del coordinador europeo y otras disposiciones importantes que ya habíamos respaldado. 
En su lugar, el Consejo sólo ha apoyado enmiendas de importancia secundaria contenidas en la resolución del Parlamento, y aunque ha respaldado la creación de la Red Transeuropea, el Consejo solo la concibe como una simple combinación de redes de los Estados miembros y la coordinación de las medidas de política energética de los Estados miembros de la Unión. 
Esto me parece totalmente insuficiente. 
El mercado energético de la Unión Europea cuenta con más de 450 millones de consumidores. 
Este mercado es el segundo más grande del mundo. 
Si la UE actuara al unísono, sería capaz de defender sus intereses y obligar a otros a respetarlos. 
A la vista de la crisis recientemente acaecida en la que se han visto implicadas Ucrania y Rusia y las declaraciones efectuadas en Hampton Court, proclamo que necesitamos incuestionablemente una política energética común europea. 
Necesitamos algo más que las 25 políticas individuales de los Estados miembros. 
La creación de la red europea, por su parte, solo es posible si mejoramos y ampliamos la conexión de las redes. 
En cuanto al tema de los intereses comunes y los proyectos prioritarios, quiero recordar al Parlamento el proyecto «Amber» de gasoducto de tránsito y discutir su inclusión en la lista de proyectos de máxima prioridad de importancia europea. 
Convendría tener en cuenta asimismo que la ejecución de los proyectos mejoraría la seguridad del suministro energético de los Estados de la región báltica. 
– Señor Presidente, las directrices revisadas ampliarán las actuales redes de transporte de gas y electricidad de la Unión Europea a los nuevos Estados miembros, cosa que acojo con satisfacción. 
Ya hemos visto lo que sucede cuando no funciona el mercado interior, cuando este no se ha completado del todo, cuando no están asegurados los suministros. 
El principal proveedor de gas de Europa, Rusia, ha mostrado que está dispuesto y es capaz de interrumpir sus suministros de gas si con ello obtiene ventajas políticas. 
Esto hace que seamos sumamente vulnerables y me complace ver que la Unión Europea se toma por fin en serio toda la cuestión de la energía. 
Los precios del gas han aumentado en todo el mundo, pero no hay motivo alguno para que estos precios sean tres veces más altos en el Reino Unido que en los Países Bajos. 
Se nos ha dicho que las fábricas del Reino Unido podrían verse obligadas a cerrar a corto plazo. 
El motivo es que los altos precios han provocado escasez de suministro de gas a través de los gasoductos, lo que se debe a la falta de acceso a otros mercados de la Unión Europea. 
Gordon Brown ha dicho que la falta de liberalización del mercado europeo de la energía le cuesta al Reino Unido 10 000 millones de libras esterlinas al año. 
¿Cómo pueden ser competitivas las empresas británicas ante esta injusticia? 
Los dirigentes de la Unión Europea apoyaron hace poco las propuestas del Libro Verde para desarrollar las interconexiones de gas y electricidad. 
Todo esto está muy bien, pero no debemos eludir cuestiones como la fijación de precios, los campeones nacionales, el resurgimiento del nacionalismo y la falta de aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. 
A ese respecto me complace el anuncio de que la Comisión abrirá 50 nuevos procedimientos contra los Estados de la Unión Europea que no han transpuesto la legislación comunitaria al no liberalizar el mercado energético de la UE. 
Es una excelente noticia, pero me gustaría preguntar al Comisario por qué ha tardado tanto en adoptar esta medida. 
– Me complace el debate sobre los hitos de las redes transeuropeas de energía; era muy esperado y necesario. 
Tres nuevos países de la UE, los Estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, han permanecido hasta ahora fuera del sistema energético europeo. 
Las redes transeuropeas de energía han de constituir un interés común de toda la Unión y tienen que conectar la energía de los Estados miembros en el mercado interior, así como con los vecinos orientales y meridionales. 
Sin la creación de la Red Transeuropea de Energía, la prioridad más importante en términos de seguridad energética de la UE y competitividad económica, la UE se quedará en la periferia del mercado energético. 
Como Estado que depende del gas y del petróleo ruso y que confía en la energía nuclear, Lituania no puede pasar a depender asimismo de los suministros de electricidad de Rusia. 
Tenemos que comenzar construyendo el puente eléctrico entre Lituania y Polonia y conectar Estonia y Finlandia por medio de cable eléctrico tan pronto como sea posible. 
El mercado común báltico de la electricidad se convertiría en parte integrante del mercado eléctrico europeo. 
Les pido que muestren su solidaridad y apoyo a la incorporación de las redes energéticas bálticas a la UE. 
. Señor Presidente, antes que nada me gustaría darle las gracias por este debate. 
Las redes transeuropeas constituyen en mi opinión una parte sumamente importante de la política energética europea, pero tan solo una parte de ella. 
Una condición previa muy importante es la cooperación entre los Estados miembros. 
Creo que la mejor noticia de los últimos meses ha sido la cooperación en el sector energético entre los países bálticos. 
Los Gobiernos buscan una política energética común, incluso si sus mercados están aislados; pero esto indica que los Gobiernos deberían estudiar esa política. 
El Consejo Europeo ofreció amplias garantías, porque los Jefes de Estado y de Gobierno volvieron a abordar los problemas de interconexión –la decisión del 10 % de Barcelona que no se llevó a cabo– y pidieron que se diera prioridad al plan de interconexión. 
Las redes transeuropeas de energía constituyen realmente la base para responder a esta cuestión. 
Se ha criticado que estas redes puedan dar lugar a algún tipo de especulación. 
Por ello afirmo que la regulación es tan importante como la interconexión. 
La regulación del mercado es absolutamente necesaria y la Comisión siempre se ha mostrado rigurosa a la hora de pedir a los Estados miembros que apliquen la legislación comunitaria. 
Pero existen dos fases. 
En primer lugar debemos hacer que cada uno de los Estados miembros transponga la legislación. 
Lo hemos logrado en 23 casos y los otros dos se encuentran ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Esta es la primera fase. 
Y luego tenemos la conformidad. 
Este nuevo paquete aborda la cuestión de la conformidad. 
Y posiblemente surjan nuevos casos, porque la conformidad no se plantea tan solo a partir de los estudios de la Comisión, sino que la plantean los partícipes del mercado cuando observan que la Directiva no se aplica correctamente. 
Así que la historia no termina allí. 
Sin embargo, es evidente que las redes y su buen desarrollo son absolutamente necesarias. 
Las redes no solo implican interconexión, sino también almacenamiento; por ejemplo, se necesita mucho tiempo para construir instalaciones de almacenamiento de gas. 
Soy consciente de que la tarea que nos espera es enorme. 
Se ha hablado de la necesidad de evitar duplicaciones y sé que existen varios proyectos en el mismo terreno. 
Creo que en este aspecto deberían intervenir los Gobiernos para buscar un enfoque común y evitar la construcción de redes que compiten entre ellas; al contrario, deberían desarrollar los mejores proyectos, los que sirvan a los intereses de la mayoría de los Estados miembros y de la Unión Europea. 
Por último, en respuesta a la pregunta sobre lo que significa la política europea de la energía, diré que esta no es la suma de la política de los Estados miembros de la UE, sino que se basa en ellas, pero crea un nuevo ámbito de actuación para la Unión Europea en una situación en la que la globalización de los mercados de energía ha generado nuevos retos, en la que la acción de un único Estado miembro no responde plena o adecuadamente a las expectativas de los ciudadanos de ese Estado y en la que nuestro deber consiste en actuar a escala de la Unión Europea en su conjunto y dentro de su ámbito. 
Las redes transeuropeas son sin duda uno de los instrumentos que podemos utilizar. 
Me gustaría dar las gracias una vez más a la ponente, la señora Laperrouze, y a todos los ponentes alternativos que han tenido la paciencia de negociar con el Consejo y de llegar, en su momento, a este compromiso general, que estoy en condiciones de aceptar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0065/2006) del señor Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004 (2005/2209 (INI) ). 
. – Señor Presidente, Señorías, tenemos que examinar un informe que, por primera vez, adquiere una dimensión política. 
En efecto, en los debates de los referendos de 2005 sobre la ratificación del Tratado Constitucional ocupó un lugar central el concepto de espacio de competencia libre y abierta, como se dice actualmente, o no distorsionada, como se habría dicho de haberse adoptado el Tratado sobre la Constitución Europea. 
Nuestro problema hoy es demostrar que la política de competencia puede estar al servicio de la población, debe estar al servicio de la población y está ya al servicio de la población. 
A este respecto, hay un amplio consenso en nuestra comisión, pero, tan pronto tuve que destacar, como ponente, casos manifiestos que exigían un reexamen o una reorientación de la política de competencia o que por el contrario llamaban a alentar firmemente la política de la competencia, surgieron los desacuerdos. 
El informe, en su estado actual modificado, es característico de los informes del Parlamento Europeo, que prácticamente nadie puede o tiene ganas de leer porque no dicen absolutamente nada. 
Espero que, al menos en tres puntos, se reafirmen ideas contundentes, para demostrar a la población que las instituciones europeas están a su servicio. 
La política de competencia se divide en tres grandes ramas: la lucha contra la formación de monopolios, la lucha contra los acuerdos clandestinos entre empresas y la lucha contra las ayudas estatales ilegales o perjudiciales para una competencia sana y no distorsionada. 
Tomaré estos tres ejemplos y les propondré, Señorías, ideas contundentes sobre estas políticas. 
En primer lugar, la lucha contra los monopolios: la política de la Unión Europea en su batalla contra el abuso de posición dominante de Microsoft ha sido admirable. 
Mi comisión, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, optó por no apoyar a la Dirección General de Competencia en esta lucha. 
Les pido, Señorías, que reafirmen el apoyo del Parlamento Europeo a la Dirección General de Competencia y a la Comisión en el pulso que mantienen con Microsoft. 
En segundo lugar, abordaré la formación de estos monopolios y la lucha contra los acuerdos clandestinos. 
Globalmente, la Dirección General de Competencia ha sido admirable. 
Pienso, en particular, en el asunto Vivendi/Hachette. 
Creo que en 1999 se cometieron errores por precipitación e inadvertencia con ocasión de la fusión entre Rhône-Poulenc y Hoechst. 
No tenemos derecho a revocar las medidas tomadas por la Comisión y tampoco lo pido, pero pido una comisión de investigación sobre lo que sucedió para entender cómo pudieron arruinarse decenas de miles de trabajadores y decenas de miles de pequeños accionistas debido a la incapacidad de la Comisión para efectuar controles, pese a que se había comprometido a hacerlo. 
El tercer punto sobre el que les pido que intervengan y emitan ideas contundentes es el de las ayudas públicas. 
La Dirección General de Competencia y el Informe 2004 aprueban las ayudas públicas cuando responden a la política de Gotemburgo y a la política de Lisboa. 
Hay que apoyarla en este punto. 
Cuando, por el contrario, la Dirección de Competencia aprueba al ayuntamiento de Charleroi, que subvenciona generosamente a la compañía Ryanair, creo que hay que criticarla, porque este tipos de medidas distorsionan la competencia entre ciudades, entre empresas y entre modalidades de transporte, de una forma que resulta perjudicial para la política de Lisboa y de Gotemburgo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor Lipietz, y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por este informe. 
Soy consciente de que debo agradecer al ponente por el crédito que concede a la Comisión y sus servicios en varios puntos. 
Como saben, la política de competencia debe contribuir a impulsar la competencia, competitividad y crecimiento de la UE, y como señala el propio ponente, al final todo debe obrar a favor de los consumidores, a los que llama la gente de a pie. 
Me complace que el Parlamento siga muy de cerca y activamente la evolución de la política de competencia. 
El fructífero debate que celebramos en el mes de febrero sobre la reforma de las ayudas estatales constituye un excelente ejemplo de ello. 
Seguiré haciéndoles partícipes plenamente de la elaboración de esta política, incluso si el Tratado no contempla un papel legislativo de esta Cámara en este terreno. 
Este Parlamento ha apoyado firme y constantemente la labor de la Comisión para aplicar las normas en materia de competencia de forma justa, firme y efectiva, como acertadamente señala el ponente, cosa que le agradezco. 
Estoy de acuerdo con sus comentarios en muchas cuestiones: las reformas antimonopolio adoptadas en 2004, la coordinación de la red europea de la competencia, las jornadas europeas de la competencia, la cooperación internacional y, por supuesto, la información a los consumidores. 
En cuanto a las demandas de daños y perjuicios de los particulares por la infracción de las normas antimonopolio comunitarias, quedo a la espera del examen del Parlamento de nuestro Libro Verde. 
Seguimos trabajando en la revisión del artículo 82 del Tratado en ámbitos de importancia para la Sociedad de la Información y sobre las investigaciones sectoriales, y asumo su observación sobre los ámbitos en que podría mejorarse nuestra metodología. 
En relación con algunos puntos concretos mencionados por el ponente, ya hemos deliberado ampliamente sobre Altmark, y la Comisión ofrecerá orientaciones cuando adopte decisiones en cada uno de los casos. 
No tengo indicio alguno que me permita cuestionar el comportamiento de los responsables de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, pero quisiera recordarles que en caso de que apareciera un caso la Comisión puede intervenir y ocuparse de él por sí misma. 
Por último, quiero hacer dos comentarios en respuesta al señor Lipietz. 
En primer lugar, el tratamiento que la Comisión dio a la fusión entre Hoechst y Rhône-Poulenc en 1999 y 2004 ha sido debatido amplia y detalladamente durante las reuniones de la comisión parlamentaria en las que se redactó este informe. 
La Comisión ha respondido pormenorizadamente a todas las cuestiones planteadas. 
No creo que se hayan aportado nuevos factores. 
Así que, por lo que a mí se refiere, el asunto está cerrado. 
En segundo lugar, la Comisión decidió que una parte de las ayudas concedidas a Ryanair en el aeropuerto de Charleroi era compatible con el mercado común en el contexto de la política de transporte. 
Me refiero a las ayudas que permitían el desarrollo y la mejora de la infraestructura del aeropuerto secundario, que no se utilizaba a plena capacidad y que representaba un gasto para toda la sociedad. 
Sin embargo, debo añadir que se consideró que el resto de las ayudas no era compatible y debía ser recuperado. 
– Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que el informe de la comisión parlamentaria es excelente y agradezco al señor Lipietz su labor. 
Creo que todos consideran que el informe ha mejorado gracias a algunas de las enmiendas presentadas, y me gustaría centrarme brevemente en algunas de ellas: el énfasis que pone en los consumidores, mediante propuestas concretas en las que se afirma que apoyamos la idea de la competencia privada y se refuerza la función del funcionario de enlace con los consumidores. 
Acogemos favorablemente los resultados del primer año del proceso de reformas emprendido por la Comisión y quedamos a la espera de la realización del enfoque basado en el artículo 82, cuya interpretación actualmente es objeto de consultas. 
Sin embargo, no pretendo que repasemos detenidamente todas las disposiciones del informe. 
Simplemente quiero decir que, aunque acojo con agrado, por ejemplo, las investigaciones que se han puesto en marcha, quiero destacar que el objetivo que persigue la Comisión y la Comisaria Kroes es hacer frente al proteccionismo. 
En este contexto, no me disculparé por destacar algo que es objeto de gran inquietud para todos nosotros y que se ha producido después de la redacción de este informe, a saber, la votación celebrada recientemente en el Senado de los Estados Unidos para ampliar el proceso previsto para las fusiones de tal modo que equivale a un flagrante caso de proteccionismo por parte de este país. 
En mi opinión, esta modificación del reglamento de la Comisión de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos podría imponer restricciones perjudiciales a las inversiones extranjeras. 
No lo digo yo, sino seis importantes entidades de servicios financieros de los Estados Unidos. 
La Comisaria, así como sus colegas, ha colaborado muy estrechamente con el Gobierno estadounidense sobre cuestiones de cooperación en materia de regulación. Tengo delante un ejemplar del acuerdo firmado el pasado mes de diciembre. 
En su punto 8 se señala: ; «Nosotros –es decir, el Gobierno de los Estados Unidos y la Comisión– acordamos deliberar sobre los obstáculos que quedan para la inversión transatlántica que identifique la otra parte, y consideraremos la forma de abordar y reducir dichos obstáculos para promover una integración económica transatlántica más estrecha». 
Considero que las propuestas adoptadas en los Estados Unidos constituyen un duro golpe para esa declaración, y añadiría que son tan graves que la Comisaria debería dejar claro a sus interlocutores estadounidenses que si proceden de este modo podría ser necesario adoptar medidas de represalia en Europa. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, la presentación del informe anual sobre la política de competencia que se somete al examen, debate y resolución del Parlamento es un ejercicio de responsabilidad por parte de la Comisión. 
Ofrece la oportunidad de subrayar los hitos más importantes, consolidar el acervo acumulado y enriquecerlo con la experiencia adquirida en el periodo y con orientaciones para el futuro. 
En este sentido, me ha parecido realmente útil la ponencia del señor Lipietz. 
Como ponente del Grupo Socialista, quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción por que, desde el 1 de mayo de 2004, la política de competencia se haya extendido a diez nuevos países como consecuencia de la ampliación y por la integración en la Red de Autoridades de la Competencia de las autoridades de los nuevos miembros. 
Tras las elecciones, el Parlamento se pronunció sobre la investidura de la nueva Comisión, que incluía una nueva titular al frente de la Competencia. 
Un papel activo y creciente del Parlamento aporta más legitimidad y transparencia al desarrollo de la política de competencia, como se ha venido constatando. 
La reiterada aspiración del Parlamento a contar con poderes de codecisión está bien justificada. 
Durante 2004, la Comisión ha completado su paquete de modernización. 
Ha mejorado las garantías de sus procedimientos y ha promovido iniciativas en el ámbito de la sociedad de la información y de la comunicación. 
Ha perseguido acuerdos colusorios y abusos de posición dominante y también ha controlado concentraciones y ayudas públicas. 
Hemos querido destacar la importancia de estas actuaciones y expresar nuestro apoyo. 
Sin embargo, también hemos detectado insuficiencias y debilidades en el informe, como la falta de evaluación de los efectos de las decisiones más importantes sobre concentraciones y ayudas públicas, el tratamiento de los servicios de interés general, la problemática de la negociación colectiva en sectores sensibles, como el agrícola, la promoción de la cooperación internacional, también con los países emergentes y en vías de desarrollo, o el protagonismo de los consumidores en una genuina cultura de la competencia. 
La resolución final será más completa si se hace eco de todos estos aspectos, para que obtengan la atención que merecen. 
La política de competencia es fundamental para contribuir al éxito de la Estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo. 
La resolución que adoptemos tendrá más valor si refleja esta realidad, su papel estratégico y el potencial de la Red Europea de la Competencia y tendrá más fuerza si establece dos claras directrices: que la Comisión se centre en cuestiones relevantes para nuestros ciudadanos, para la mejora de sus condiciones de vida, y que actúe proactivamente, es decir, anticipándose y promoviendo los cambios y no solamente reaccionando frente a ellos. 
– Señor Presidente, la Comisión emitió su decisión sobre Microsoft en 2004. 
Las informaciones aparecidas en la prensa desde entonces sobre los intentos de hacerla cumplir son contradictorias. 
No es la primavera vez que la Comisión pone en entredicho el progreso e incluso el derecho a defenderse antes de un juicio o el derecho a recurrir cuando impide que las empresas accedan a toda la información o las pruebas en contra de ellas. 
De hecho se dice a las empresas que deben esforzarse, pero que no pueden ver las pruebas y no se les dice exactamente qué se espera de ellas. 
¿Es necesaria o útil esta falta de transparencia o, llevada al extremo, es compatible con los principios de justicia que uno asocia con una comunidad democrática avanzada? 
Me complace, con algunas reservas, la consulta del artículo 82, que se basa en experiencias recientes, pero me parece que debería hacerse igualmente una consulta sobre los procedimientos de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 773/2004. 
En esta consulta debería incluirse una comparación con otros países, como los Estados Unidos, con el objetivo de fomentar un entorno competitivo para las empresas y la inversión. 
El caso de Microsoft resulta especialmente difícil porque incluye la interoperabilidad en un ámbito altamente técnico. 
Es muy importante que definamos los procedimientos generales para la interoperabilidad y resulta lamentable que estas no se hayan incluido en la Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. 
Sin embargo, los procedimientos generales para la interoperabilidad no deben definirse a la luz de un caso concreto. 
Los casos concretos dan lugar a una legislación deficiente y, en estos momentos, incluso resulta difícil reconciliar las propuestas que figuran en el documento de consulta –como los apartados 238, 239 y 240–, tanto entre sí como con las exigencias planteadas a Microsoft. 
Asimismo, el apartado 242 plantea otros motivos de preocupación en lo referente a los secretos comerciales. 
. – Señor Presidente, me pregunto si el Parlamento y la Comisión aplaudirían con tanto entusiasmo a la Comisaria Kroes, responsable de la Competencia, si supieran que durante trece años fue miembro del Consejo de Bienestar Social de Ballast Nedam, creado para proteger el bienestar de los trabajadores. 
Por ello, debería conocer la situación que se produciría cuando Ballast Nedam, propiedad de una empresa de construcción neerlandesa, cerró sin más su filial británica, dejando a unos 2 000 trabajadores con un fondo de pensiones sumamente deficitario. 
Actualmente, muchos de los habitantes de mi circunscripción casi están en la miseria. 
Si esta es la conducta a seguir para conseguir un puesto en la Comisión, no resulta sorprendente que a Europa le vaya tan mal en todo lo que toca. 
Señor Presidente, a la hora de debatir la política de competencia, hay algo que resulta conveniente subrayar, a saber, el hecho de que la prosperidad europea, las empresas europeas y los puestos de trabajo europeos han sido impulsados por la competencia. 
La posibilidad de fundar nuevas empresas y plantar cara a las viejas compañías existentes es lo que ha creado el bienestar y la prosperidad europea. 
Por tanto, resulta perfectamente legítimo y sumamente importante defender la política de competencia contra todas aquellas fuerzas que, por distintas vías, desean introducir el proteccionismo. 
Tal como se desprende del informe que estamos debatiendo, hay un par de tareas a este respecto en las que la Comisión tiene una función especialmente importante. 
La primera es debatir los asuntos de la competencia desde la perspectiva del mercado interior en su conjunto. 
Ese es un paso que tenemos que dar, ya que si queremos conseguir campeones globales, también hemos de asegurar que seamos capaces de contar con empresas europeas grandes y robustas que operen más allá de las fronteras y que puedan intervenir en el escenario mundial. 
Eso exige una nueva política de competencia que, en varios aspectos, es una evolución de la antigua. 
Pienso, por tanto, que la Comisión tiene que actuar con energía y comportarse con inquebrantable lealtad a la hora de llevar a la práctica el Tratado. 
Con eso me refiero a que debe actuar con decisión respecto de aquellas parcelas del mercado interior en las que los Estados miembros no cumplen lo que se espera de ellos. 
Eso es válido para asuntos relacionados con las telecomunicaciones, en las que hemos visto cómo el sector ha prosperado gracias a la desregulación de la competencia, y es importante que todos los sectores de la economía se beneficien de la misma forma. 
Los asuntos energéticos constituyen otro tema a considerar y aplaudo el hecho de que, por lo que he podido colegir de los medios de comunicación, la Comisión va a actuar con decisión para establecer un mercado interior y para combatir el proteccionismo al que asistimos actualmente cuando se plantean fusiones de diferentes compañías. 
La última tarea es la debatida asimismo por el señor Evans, a saber, la de asegurar que contemos con una política de competencia transatlántica que sea recíproca y que refuerce toda la economía transatlántica. 
Dicho esto, quiero subrayar también que son la competencia y la política de competencia las principales fuerzas impulsoras de la integración europea actual, entrelazando nuestras economías y creando nuevos puestos de trabajo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta cita anual es importante, porque es el único momento en que el Parlamento Europeo puede hablar a fondo de política de competencia tal como la practica la Comisión y evaluarla. 
A este respecto, es importante que este Parlamento vele por que la competencia libre y no distorsionada siga siendo verdaderamente libre y no distorsionada y por que, cuando algún asunto merezca que nos interesemos por él más en detalle, podamos hacerlo, incluso en esta Cámara, ya se trate de Microsoft, de Rhodia-Rhône-Poulenc o de Ryanair-Charleroi. 
Señora Comisaria, dado que va a reabrir usted la reflexión sobre el importante concepto de concentración, que desempeña un papel clave en la política de competencia, quisiera llamar su atención sobre un punto, y espero que el Parlamento nos apoye en esta cuestión. 
Nos parece que los criterios de umbral hoy vigentes en la Comisión le impiden declararse competente en todas las ocasiones que debería hacerlo. 
Por lo que respecta, por ejemplo, al acercamiento entre London Stock Exchange y Deutsche Börse, al final no fueron ustedes competentes porque el volumen de negocios se situaba por debajo de los umbrales. 
Hay aquí materia para una auténtica investigación. 
Mi segunda reflexión se refiere al asunto Mittal-Arcelor. 
¿Supone la competencia libre y no distorsionada dejar completamente de lado las condiciones de propiedad de las empresas? 
Me parece que también aquí hay materia para la una reflexión seria. 
Por último, no les sorprenderá que les diga que para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, la política de competencia solo tiene sentido si contribuye a la Estrategia de Lisboa. Debe integrar objetivos sociales, objetivos ambientales y objetivos a largo plazo. 
Espero que en este sentido consigamos reequilibrar el concepto de competencia libre y no distorsionada para que la Unión sea efectivamente la zona más competitiva del mundo, pero atendiendo a la necesidad del pleno empleo y el desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, dado que la política de competencia es uno de los pilares de la política europea, y a la vista de la importancia de su buena y sólida ejecución dentro del contexto de la Estrategia de Lisboa, respaldo plenamente que la política de reforma de la Comisaria Kroes insista más en simplificar los procedimientos y evitar los gastos burocráticos y judiciales. 
Este informe acierta a conceder un puesto de honor a su política de competencia, ya que los políticos no deberían, en casos concretos, asumir el papel de la señora Comisaria y, menos aún, el del juez. 
Efectivamente, parece que a algunas Señorías les resulta difícil no hacerlo, pero en el informe que constituye el objeto del debate de hoy, su política de competencia ocupa el lugar central. 
La creación de una red de competencia europea es un paso importante e insto a la Comisión a que mejore el intercambio de información entre las autoridades nacionales de la competencia en su seno, asegurando así el mantenimiento de la unidad en la ejecución de la política europea de competencia. 
Por último, quiero pedir a la Comisión que acelere la última parte de la operación de modernización, esto es, el artículo 82 sobre abuso de posición económica dominante. 
A este respecto, deseo resaltar la importancia de una política que tenga suficientemente en cuenta la estructura del mercado y no centre, tal como ocurre ahora, toda su atención en la cuota de mercado de una determinada empresa. 
Al fin y al cabo, la globalización ha transformado el mundo y las grandes empresas con una considerable cuota de mercado que, por ejemplo, efectúan contribuciones importantes en el campo de la innovación, no tienen que ser juzgadas simplemente por su posición dominante, sino que deben ser contempladas dentro de un contexto económico más amplio. 
Espero que, en lo tocante al artículo 82, tenga usted esto en cuenta en la política que va a presentar en su momento. 
Señor Presidente, permítame ante todo responder brevemente a lo que el señor Bloom ha dicho hace un momento acerca del caso Ballast Nedam y los fondos de pensiones de sus empleados ingleses. 
Ocurre que en su momento me interesé vivamente por este caso y creo que fue un ejemplo típico de falta de supervisión o de normas en el Reino Unido, por lo que resulta injusto hacer ahora responsable de aquello a Europa. 
Además, eso ocurrió en la época de Thatcher, por situarlo dentro de contexto. 
Voy a limitar mis comentarios a una serie de asuntos que también han sido contemplados en el informe y que se han discutido recientemente, sobre todo en el debate acerca de la forma en que los intereses nacionales pueden intervenir de nuevo en la política de competencia. 
A ese respecto, existen desde luego dos cosas que afectan a las reglas de la política europea de competencia, una de las cuales es la regla de los dos tercios. 
Sería bueno que pudiéramos avanzar más en este campo, ya que se ha prestado escasa atención a las diferencias de tamaño de los Estados miembros y el efecto que tienen ciertas medidas, incluso por el bien de los países vecinos y la política regional. 
Se trata de un aspecto crucial que hemos planteado alguna vez más. 
El segundo punto también ha sido tocado por la señora Berès cuando ha citado el ejemplo de los mercados de valores. 
Es evidente en ese caso que, aun cuando el rendimiento está por debajo del umbral de interferencia europea, el efecto de tal nivel de concentración bien puede ser europeo, y según ya ha apuntado la señora Comisaria, eso puede constituir una razón para averiguar si podemos ampliar los criterios para determinar las competencias europeas también en este ámbito. 
Volveré a plantear este tema con respecto a esos puntos y quisiera solicitar su apoyo a nuestra enmienda 9. 
– Señor Presidente, Señorías, ante todo permítanme dar las gracias a la Comisaria Kroes por su labor como responsable de la competencia durante el período al que se refiere este informe, aunque solo ocupara el cargo durante la mitad del mismo. 
Creo que esta Cámara, tomando como base el informe de la Comisión, también ha elaborado un buen texto alternativo, cuyos aspectos positivos ya se han mencionado repetidamente. 
Quiero hablar de dos asuntos a los que todavía no se ha hecho alusión. 
El primero es que considero que sería deseable que la Comisión volviera a enumerar por separado los servicios de interés económico general el año que viene, es decir, cuando toque evaluar el año 2005. 
Al fin y al cabo, la Comisión pretende promulgar, en un futuro inmediato, disposiciones adicionales en este ámbito, por lo que resultaría beneficioso considerarlo bajo un epígrafe independiente. 
En segundo lugar, me ha sorprendido bastante que el informe sobre el año 2004 no hiciera ninguna referencia a los mercados postales. 
Efectivamente, estamos siguiendo con gran interés las maniobras para abrir el sector de correos y creo que estos informes nos van a proporcionar, en el transcurso de los próximos años, algún material de lectura. 
Permítanme, sin embargo, dejar de lado el informe y efectuar algunos comentarios breves sobre la política de competencia en general. 
Siempre se ha dicho que la legislación sobre la competencia se halla en el centro de los tratados europeos, pero –como ya se ha denunciado– impone una carga considerable al poder ejecutivo. 
Los casos que se nos plantean actualmente en Europa suscitan, sin embargo, el tema de si las leyes de la competencia realmente siguen siendo las de máximo rango o si no ocurrirá que están empezando a desempeñar un papel importante algunos otros factores. 
Creo que en esta Cámara podemos afirmar, con la mano en el corazón, que deseamos verdaderamente conceder prioridad en nuestra política económica a la plena transposición de los artículos 81 y 82. 
Si bien considero que es sumamente beneficioso que usted también esté introduciendo una serie de reformas estructurales en la legislación europea sobre acuerdos restrictivos, pienso que hay muchos asuntos –de los que el «» es uno– que nos muestran que lo que falta es una mayor cooperación entre las autoridades nacionales de la competencia. 
Con eso en mente, le animo a proseguir a partir del punto donde comenzaron sus últimos discursos. 
– El fin último de la política de competencia es asegurar el buen funcionamiento del mercado interior y, con ello, garantizar la prestación de servicios y productos de alta calidad a precios asequibles para la mayoría de los consumidores europeos. 
Hemos sido testigos de una serie de fusiones en el mercado interior que han propiciado la formación de monopolios naturales de productos y servicios esenciales. 
La evaluación que la Comisión hace de este fenómeno, aunque en principio es una buena idea, en la práctica suele ser poco coherente con esos objetivos, sobre todo cuando se trata de servicios públicos. 
En esos momentos en que han resurgido sentimientos proteccionistas, Europa debe garantizar a sus ciudadanos que, por encima de todo, es capaz de asegurar la prestación de productos y servicios esenciales de forma segura, universalmente y al coste más bajo posible. 
Por lo tanto no basta con ampliar el mercado interior. 
Debe ir acompañado al menos de mejores poderes reguladores. 
La reglamentación comunitaria debe ser eficaz y las discrepancias entre los Estados miembros no deben conducir a una mayor distorsión de la competencia. 
Los ciudadanos de Europa solo tendrán confianza en la construcción del mercado interior si reciben garantías de que se reforzará el seguimiento de sus necesidades más básicas. 
Por lo tanto es importante actualizar la normativa en vigor para alcanzar nuestros objetivos. 
– Señor Presidente, Señorías, la política de competencia es el motor que mueve la estrategia de crecimiento y empleo. 
Es evidente, pues, que el Parlamento Europeo defiende una mejora de la consulta, porque queremos la máxima competencia posible y –por motivos sociales y ambientales y por el bien de la justicia y los valores éticos– solo tanta regulación como sea estrictamente necesario. 
Esto significa que el trazado de cada límite es una cuestión política. 
Es la política de competencia la que mueve el mercado interior, y por ese motivo existe una relación entre la aplicación de las cuatro libertades mediante la política de competencia o a causa de ella, y la consolidación, tanto externa como interna, del mercado interior. 
Tengo la sensación de que todavía estamos tratando la política de competencia como si tuviera tres niveles: la política de competencia en los Estados miembros, la política de competencia entre Estados miembros y la política de competencia de la Unión Europea en un mundo globalizado, y que este es el motivo por el que existe tanta inseguridad jurídica. 
La sentencia Altmark podría muy bien haber establecido unos criterios de prueba claros, pero ha habido muchos casos en los que la Comisión los ha interpretado de formas distintas. 
Por una parte, existe el debate sobre si la investigación de la posición dominante debería referirse al mercado nacional en una ocasión y al mercado europeo en otra. 
No existe una distinción clara entre lo que forma parte de la política de competencia y lo que forma parte de los servicios de interés general. 
Ahora se ha eliminado totalmente el capítulo del informe. 
En mi opinión, la política de competencia también implica asegurar que las directivas, una vez adoptadas por nosotros, se apliquen de manera uniforme. 
Una transposición incoherente de las directivas comporta una distorsión de la competencia y es una de las causas del proteccionismo que resurge y que tenemos que combatir con fuerza. 
Por lo tanto, instamos a la creación de un espacio único europeo tanto para investigación como para energía, a la vez que defendemos la codecisión en los temas de política fiscal, donde lo más mínimo que se exige es una base impositiva única para las empresas. 
En primer lugar, acojo favorablemente tanto el informe del Parlamento en su versión modificada como el informe de la Comisión sobre las directrices para 2004. 
Las cosas van por buen camino y quiero felicitar a todo el equipo de la DG Competencia y a la Comisaria, quien prosigue muy bien la labor del señor Monti. 
En estos precisos momentos vivimos en una atmósfera de nacionalismo económico y la tarea de la Comisaria de Competencia no es forzosamente la más sencilla de todas. 
La Comisaria está haciendo una buena labor. 
Mi segunda observación –que también he hecho el señor Hökmark– es que es muy importante adoptar un enfoque amplio. 
En mi opinión, competencia y mercado interior son inseparables; van de la mano. 
La Comisaria Kroes se ocupa de lo relativo a la competencia y el Comisario McCreevy del mercado interior. 
Si hoy día tuviéramos que definir las cuatro libertades, desgraciadamente creo que en la atmósfera en que nos encontramos no lo haríamos muy bien. 
Por ello no debemos olvidarnos de las cuatro libertades, pues están siendo atacadas, al igual que la política de competencia en general. 
Esto me lleva a mi última observación sobre los cuatro ámbitos principales de los que trata el propio informe. 
El primero es el de las fusiones: siga luchando contra la conducta proteccionista que encuentre, por ejemplo, por parte del Gobierno español en el caso Endesa y del Gobierno polaco en el sector bancario. 
El segundo son las ayudas estatales: siga ejerciendo un firme control, haga desaparecer a todos los campeones nacionales posibles, pues son perjudiciales para los consumidores y los contribuyentes. 
Le invito a que lea el informe del señor Hökmark sobre este tema. 
El tercero es el artículo 81 sobre los cárteles: luche contra ellos. 
Están en todas partes e intentan esconderse: póngalos al descubierto y mantenga satisfechos a los consumidores. 
Por último, el artículo 82 sobre posiciones dominantes: existe un caso suficientemente destacado. 
No estoy tan seguro de que todo esté claro en ese caso. 
Quizá podamos ver ambas vertientes, pero es importante atenerse a ello y, como dice el señor Evans, si deseamos un mercado transatlántico, mantengámoslo y entretanto estemos atentos a los casos de proteccionismo estadounidense. 
– Señor Presidente, antes de empezar quisiera pedir que eliminen la «t» de mi nombre que aparece en la pantalla porque de verdad me pone nervioso. 
Quiero sumarme a los comentarios del señor Stubb y de la señora Bowles, pero me gustaría hablar de la transparencia en estas cuestiones. 
¿Soy el único en esta Cámara que piensa que la conducta en la Comisión respecto a la transparencia en los casos de competencia ha sido muy extraña? 
En cierto modo resulta rara, ya que la Comisión parece incoar los procedimientos de infracción en los medios de comunicación y no en audiencias o en los tribunales. 
Antes de Navidad escuchamos los extraños arrebatos del portavoz de la Comisión sobre el caso de la venta colectiva de los derechos de televisión de la Primera División inglesa, y esta táctica se ha repetido en la investigación antimonopolio de Microsoft que lleva a cabo la Comisión. 
Me parece sumamente preocupante que la Comisión actúe como investigador, fiscal, juez y jurado en materia de competencia y, al mismo tiempo, haga declaraciones públicas en las que condena a las personas que investiga o permita la publicación de documentos confidenciales sin ninguna preocupación o investigación. 
Aquellos de nosotros a los que nos interesa la transparencia en el Parlamento Europeo y, de hecho, a los que nos interesa la justicia en el mundo en general, estamos cada vez más preocupados porque la Comisión parece dispuesta a no tomar en consideración la justicia natural en su intento de obtener una resolución judicial y hacer relaciones públicas contra aquellos que persigue. 
Señora Comisaria, usted acaba de hacer varias declaraciones sumamente sensatas sobre el rumbo que tomará en el futuro la política de competencia en la UE, como la declaración de 13 de diciembre de 2005 relativa a la mejora de las normas para acceder a los expedientes de los procedimientos de fusión y antimonopolio. 
Le recomiendo humildemente que haga circular dicha declaración en su departamento, ya que en el reciente caso Microsoft y en otros anteriores –el caso General Electric, el caso Tetra Laval y el caso de los derechos de transmisión de los partidos de la Primera División inglesa– el acceso a la información y los expedientes que usted tiene en su poder ha sido una de las deficiencias de la Comisión. 
. Señor Presidente, espero sinceramente que no me interrumpa. 
Permítanme decir que me siento muy satisfecha con las manifestaciones de casi todo el mundo en este debate, en especial los comentarios que se han vertido acerca de esta cartera. 
La política de competencia constituye un desafío; de hecho es un instrumento, un motor para llevar a cabo la Agenda de Lisboa. 
No podría estar más de acuerdo con el señor De Rossa y la señora Van den Burg en que hemos de conseguir, dentro del marco de Europa, empleo sostenible y pleno y bienestar social; pero a la postre también tenemos que garantizar un mayor crecimiento económico y más y mejores puestos de trabajo. 
Centrándonos ahora en un par de detalles referentes a la política de competencia, se ha mencionado acertadamente que los cárteles son absolutamente inaceptables y que hemos de combatirlos. 
Dondequiera que exista casi un monopolio hemos de darnos cuenta de que no beneficia al consumidor. 
Se puede defender que, a corto plazo, es una situación beneficiosa, pero puedo asegurarles que un monopolio o un casi monopolio no va a ser muy proclive a gastar dinero en aspectos como la investigación o la innovación. 
Sin embargo, necesitamos desesperadamente este tipo de inversión. 
¿Por qué? 
Porque hemos de competir en el escenario mundial, porque tenemos que saber que los competidores de fuera de Europa están invirtiendo intensamente en investigación, en innovación y en su competitividad. 
Así, el señor Evans ha mencionado acertadamente la necesidad de un trato justo, de un planteamiento bilateral pero no descompensado: si nosotros cumplimos, lo demás también deben hacerlo. 
Está en juego la competitividad de Europa. 
Aprecio sinceramente su interés por la política de competencia. 
La Comisión les informa de todas las iniciativas políticas significativas en este terreno y, por supuesto, yo escucho con atención todas las opiniones del Parlamento. 
Tal vez no coincidamos plenamente en todo momento, en todos los temas, en todos los expedientes; yo no estoy de acuerdo con algunas de las opiniones vertidas esta tarde, por cuanto el modo en que han sido expuestas no refleja la verdad y no es realista. 
Pero volveré sobre eso con más detenimiento. 
He escuchado atentamente las opiniones expresadas por el ponente, por los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y por todos los demás diputados. 
Quisiera añadir algunas palabras en respuesta a cuestiones concretas. 
En cuanto a la cooperación internacional, creo que la competencia es muy importante dentro de un mercado mundial y que las autoridades de la competencia tienen que ser coherentes. 
Por lo que respecta a la red europea, estoy verdaderamente impresionada por la Red Europea de la Competencia y los responsables de la misma están realizando un trabajo excepcionalmente bueno. 
Todavía podemos aprender unos de otros y aún hemos de asimilar que el tiempo de la política nacional ya ha pasado. 
A fin de cuentas tenemos un mercado interior. 
Se trata de un tráfico en ambos sentidos. 
El señor McCreevy y yo somos compañeros y hemos que derribar cuantas barreras haya que abatir. 
Con respecto a Microsoft, que ha sido mencionada por algunos diputados, la Comisión está procurando activamente que se aplique la decisión de marzo de 2004. 
Acepto, por supuesto, comentarios que no están de acuerdo con mi planteamiento, pero afirmar que no somos transparentes, que no estamos prestando atención a todas las cuestiones y observaciones, no hace honor a la verdad. 
Desde marzo de 2004 ha habido una decisión que ha sido debidamente explicada y debatida; yo lo he hecho en persona con la dirección de Microsoft. 
Por lo que respecta al profesor Neil Barrett, un asesor altamente prestigioso de la Comisión, fue nombrado efectivamente por la Comisión, pero la lista que encabezaba procedía de Microsoft. 
Es una persona renombrada por sus conocimientos y su independencia y, dicho de manera muy clara, es el puente entre Microsoft y la Comisión. 
En efecto, es el asesor. 
Pero cuando adoptamos la decisión en diciembre de 2005, no se hizo pública la declaración de objeciones –que incluía un hallazgo preliminar en el sentido de que Microsoft no había cumplido lo prometido, de que su compromiso según la decisión de marzo de 2004 no tenía la forma que esperábamos– debido a temas relacionados con determinados procedimientos, el proteccionismo y los intereses legítimos de todas las partes. 
La audiencia supuso una oportunidad para celebrar lo que espero fue un debate fructífero y se concedió la palabra a todos los participantes en la misma. 
No solo se trata de Microsoft; existen quejas en todas partes y hay un par de otras empresas estadounidenses realmente interesantes. 
Así pues, Microsoft no es la única empresa interesante de los Estados Unidos: hay algunas otras empresas interesantes que me han planteado sus quejas.Por tanto, y sin dudarlo, yo tenía que actuar y reaccionar. 
Espero que eso clarifique la situación para cuando lleguemos a debatir lo tratado el jueves y viernes pasados. 
Se va a celebrar otra audiencia –la vista del Tribunal– en Luxemburgo del 24 al 28 de abril 2006. 
Una vez hayamos debatido lo que se habló la semana pasada, llegaremos a una conclusión lo antes posible. 
La señora Berès ha mencionado la oferta de adquisición de Mittal sobre Arcelor. 
Debería leerla y me prometió que lo haría, así que permítame que sea precisa: el anuncio de la oferta de adquisición de Mittal sobre Arcelor ha suscitado mucha atención, no solo en los medios, sino también en algunas capitales europeas. 
La operación todavía no ha sido notificada formalmente a la Comisión. 
Si eso sucede y cuando suceda, la Comisión la estudiará con sumo cuidado e imparcialidad y realizará un estudio exhaustivo para analizar su posible impacto sobre el sector siderúrgico en Europa. 
Es responsabilidad de la Comisión, de la Comisaria y de los servicios implicados examinar siempre con suma atención y objetividad todos los casos. 
El tamaño y la nacionalidad por sí solos no son determinantes a la hora de tomar nuestras decisiones. 
La cuestión es si se puede adoptar una decisión y si las cosas se pueden hacer en la forma solicitada por las partes, o si debería haber recursos. 
Lo estudiaremos. 
Permítanme centrarme en la regulación de las fusiones y la competencia en casos sujetos a la regla de los dos tercios, que han mencionado algunos diputados. 
De momento estamos solicitando información a los Estados miembros. 
Una vez hayamos recibido dicha información, mantendremos un debate y conversaciones con dichos Estados miembros y procuraremos sacar conclusiones. 
Los Reglamentos y las Decisiones fueron elaborados en la década de 1980 y eran adecuados para aquella época, pero el mercado interior ha evolucionado, afortunadamente, desde entonces. 
Soy consciente de que el mercado interior todavía no está completo, todavía nos queda bastante trabajo por hacer y hay que concretar aún las cuatro libertades principales. 
En su época, la regla de los dos tercios era el instrumento correcto, pero ahora tenemos que analizar si sigue siendo válido en ese terreno. 
En determinados sectores tenemos que garantizar un equilibrio y la igualdad de trato y debería reinar la transparencia con independencia del país en que se produzca la fusión. 
Bruselas tiene que garantizar la igualdad de trato, al margen del trasfondo de una operación de fusión. 
El señor Hökmark y la señora Ferreira han planteado el tema de las fusiones en el mercado interior. 
Todos somos conscientes de que se han manifestado preocupaciones acerca del supuesto renacimiento del proteccionismo. 
Hay que combatirlo. 
Podría entenderlo un poco, pero no está permitido y no debe permitirse. 
Debemos explicar a los afectados que no se ajusta a la decisión que adoptamos acerca de un único mercado interior, de una única Europa, en que estamos y estaremos en mejores condiciones para competir con el mundo exterior. 
La Comisión cuenta con poderes significativos en virtud del Tratado para actuar como árbitro independiente e imparcial a fin de garantizar que los Estados miembros respeten plenamente las reglas del mercado interior y no pongan impedimentos ilegales a las operaciones de fusión transfronterizas. 
Puedo asegurarles que la Comisión está firmemente decidida a hacer uso de estos poderes y favorecer la reestructuración empresarial en Europa. 
Para eso necesitamos una Europa unida. 
Se ha dicho acertadamente que hemos de aplicar las reglas del juego de la misma forma, ya juegue el equipo en casa o fuera. 
Tenemos unas reglas y unas decisiones que hay que respetar, las decisiones adoptadas en el pasado. 
Hemos de aplicar tales decisiones: un único mercado interior y la Agenda de Lisboa. 
Casi todas sus Señorías han estado de acuerdo en que debemos luchar para conseguirlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de 
-el informe (A6-0056/2006) del señor Hammerstein Mintz, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo tras el proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la reclamación 2395/2003/GG referente a la apertura al público de las reuniones del Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa (2005/2243 (INI) y 
-el informe (A6-0052/2006) del señor Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los documentos de las instituciones (2004/2125 (INI). 
. Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer la colaboración de la Presidencia austriaca en esta cuestión, y muy especialmente la de la Comisaria Wallström, que ha mostrado bastante entusiasmo y compromiso respecto a la transparencia y el modo de impulsarla. 
También quisiera mencionar la iniciativa del señor Michael Cashman, sobre la regulación del acceso público a documentos, un informe paralelo al presente pero que va en el mismo sentido. 
Actualmente el Consejo tiene un problema de credibilidad. 
Por un lado, los líderes políticos de los Estados miembros apoyan el artículo 1.2 del Tratado de la Unión Europea, incluso han firmado el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, según el cual, las decisiones del Consejo se deben tomar de la forma más transparente, abierta y cercana a la ciudadanía. 
Pero la realidad es muy distinta. 
El mismo Consejo se niega a abrir sus reuniones legislativas a la opinión pública y a los medios de comunicación. 
El Defensor del Pueblo Europeo tiene razón cuando afirma que estamos ante un caso de mala administración, al concluir que el Consejo no ha aportado ninguna razón de peso válida para no abrir las puertas de sus deliberaciones. 
Para aumentar el interés y el compromiso de los ciudadanos de a pie con la Unión Europea, y ante la presente crisis constitucional, Europa necesita medidas audaces e imaginativas para acercar los asuntos europeos a todos y a todas. 
Para empezar, tiene que abrir sus puertas al debate público; sin embargo, el Consejo no quiere hacerlo. 
Si millones de europeos vieran por televisión a sus ministros discutiendo abiertamente sobre asuntos europeos como la crisis energética, la Directiva de servicios, la retención de datos personales o la investigación con células madre, podríamos despertar mucho más interés hacia los temas europeos y podríamos despertar del letargo a millones de europeos que muestran muy poco interés por la actualidad europea. 
La opinión pública está encerrada en debates estrechamente nacionales. 
Este informe adoptado por la Comisión de Peticiones apoya plenamente la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, que ha considerado que el principio de transparencia debe aplicarse no solo a las deliberaciones del Consejo, sino a todos los casos en que el Parlamente Europeo está implicado, incluyendo las consultas y los temas relacionados con los derechos y libertades individuales y los comprendidos en el tercer pilar. 
El pasado mes de octubre, el Defensor del Pueblo Europeo publicó un informe que pedía al Consejo que revisase su negativa a reunirse públicamente cuando estuviese tomando decisiones de carácter legislativo. 
Para ello, el Defensor del Pueblo pedía al Consejo que cambiara su reglamento interno, para garantizar así el acceso de los medios de comunicación y la opinión pública a sus debates. 
Sin embargo, y a pesar de la recomendación de la Presidencia británica, el Consejo no ha tomado medida alguna para cambiar su reglamento interno en aras de favorecer la transparencia. 
Así, los líderes de los Estados miembros pueden seguir diciendo en Bruselas lo contrario de lo que dicen a sus votantes en casa. 
Las implicaciones de esta apertura que queremos podrían ser profundas para el Consejo y cambiarían la naturaleza del mismo. 
Los ministros tendrían que expresarse bajo el escrutinio de la prensa y ante los ojos de millones de personas. 
Esta sería la mejor forma de visibilizar la democracia europea y despertarnos del actual letargo y aburrimiento. 
El Consejo podría comenzar incluso con un programa piloto, donde se explicara cómo se toman las decisiones y cómo es el procedimiento ante millones de personas, ante las cámaras de televisión. 
Quisiera plantear la siguiente pregunta a la Presidencia en ejercicio del Consejo y a la Comisión: ¿están dispuestos a proponer iniciativas concretas para posibilitar unos debates y una toma de decisiones transparentes y abiertos en el Consejo? 
Si ahora no, ¿cuándo? 
La ciudadanía y el Parlamento Europeo pedimos al Consejo luz y taquígrafos. 
El Consejo tiene la palabra. 
Por favor, abran las puertas. 
Los europeos y las europeas queremos participar. 
. – Señor Presidente, quiero adherirme absolutamente a la declaración de mi amigo, el señor Hammerstein Mintz. 
Yo fui el ponente original del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos y recuerdo bien los acalorados debates, no solo en el seno del Parlamento, sino dentro del Consejo y del diálogo a tres bandas, cuando nos dispusimos a defender los argumentos a favor de lo que en aquellos momentos era un Reglamento pionero. 
Recuerdo –y merece la pena nombrar algunos de los antiguos miembros de la Europa de los 15– la tremenda oposición por parte de Francia, España, Italia, Alemania y Austria. 
Me complace manifestar que la Presidencia austriaca ha cambiado ahora de actitud, pero cito este detalle porque ilustra el largo camino que hemos recorrido. 
Existen diferentes enfoques respecto de la apertura al público y la transparencia. 
Contamos con el maravilloso ejemplo nórdico y luego tenemos el planteamiento más bien suspicaz adoptado en otros Estados miembros, pero está claro que no tenemos nada en absoluto que temer de la transparencia. 
¿Qué podemos temer de abrir nuestras decisiones al escrutinio externo? 
¿Qué puede temer un Estado miembro por explicar a su propio Parlamento por qué un Ministro ha votado en el sentido que lo ha hecho? 
En mi informe formulo varias recomendaciones y solicito a la Comisión que actúe. 
Reconocemos que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 no supuso el final del partido, sino simplemente el comienzo de un viaje prolongado –sin duda cultural– hacia la apertura al público y la transparencia en el seno de las tres instituciones. 
Procedemos de tradiciones diferentes. Por eso he abogado en favor de una nueva revisión del Reglamento. 
Esta revisión estaba contemplada en la recomendación original y hay varios entornos relativos a la aplicación del Reglamento que ahora, varios años después, podrían mejorarse notablemente sobre la base de las lecciones que hemos extraído de su puesta en práctica. 
Tenemos que volver a examinar las definiciones de los textos legislativos y no legislativos en relación con el acceso del público a los documentos, a fin de garantizar que todas las instituciones trabajen de manera abierta y transparente. 
El acceso a los documentos no es un regalo, es un derecho. 
Esto resulta especialmente importante cuando el Parlamento y el Consejo obran en su capacidad legislativa. 
Una mayor cooperación interinstitucional y un mayor uso del procedimiento de codecisión requieren una mayor apertura por parte del Consejo en particular. 
Los ciudadanos tienen que poder ver lo que acuerdan en su nombre los Ministros nacionales de los Gobiernos nacionales, de manera que ellos y los partidos de la oposición puedan pedirles cuentas. 
Tenemos que analizar la forma en que definimos las circunstancias en que determinados documentos pueden declararse total o parcialmente confidenciales. 
Estas reglas deben prever exenciones legítimas por razones concretas y perfectamente definidas, pero no deben ser interpretadas en un sentido amplio, lo que se traduciría esencialmente en la denegación del acceso del público a los documentos. 
He aquí el punto con el que quiero terminar: ganamos la batalla entre 1999 y mayo de 2001, fecha en que fue aprobado el Reglamento. 
Una y otra vez hemos batallado a favor de una revisión de las reglas internas de las instituciones, de forma que el Consejo en particular, cuando se reúne en su capacidad legislativa, lo haga en público y vote en público. 
Se que la Vicepresidenta defiende personalmente la noción en general de la apertura y la transparencia. 
La Cámara también, pero eso no es suficiente. 
Contamos con una magnífica oportunidad el 9 de mayo, el Día de Europa. 
Hagamos del Día de Europa una jornada positiva pudiendo anunciar cómo vamos a mejorar el derecho de los ciudadanos a conocer lo que se hace en su nombre. 
Por último, existe un auge del antieuropeísmo, incluso en los diez nuevos países que se adhirieron hace dos años. 
A menudo, los Gobiernos que integran un país a la familia de la Unión Europea sufren un castigo por ello; no vuelven a ser elegidos. 
Estaríamos favoreciendo el antieuropeísmo si continuáramos manteniendo en secreto lo que hacemos. 
Combatamos a los antieuropeos. 
Promovamos nuestras instituciones. 
Proclamemos lo que hacemos. Saquemos adelante esa revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001, no a regañadientes, sino con entusiasmo. 
. Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Parlamento Europeo y, por supuesto, a los dos ponentes, el señor Mintz y el señor Cashman, por esos dos informes tan importantes. 
Si me permiten empezar hablando de la apertura del Consejo, la Comisión está completamente de acuerdo en que sus reuniones sean abiertas. 
Ya a principios de octubre declaramos, en el plan D, que el Consejo debería estar abierto cuando legisla, y que apoyamos las iniciativas tomadas por el Consejo. 
Estoy convencida de que las reuniones abiertas del Consejo aumentarían la credibilidad de la UE, así como el interés de los ciudadanos en la UE. 
En términos de principios, sé que existe un consenso entre nuestras instituciones sobre este tema, y es ahora cuando los Estados miembros deben tomar medidas y ofrecer resultados. 
También creo que sería una forma efectiva de poner fin a lo que denominamos «juego de culpas» , por ello es una cuestión importante. 
La apertura también tiene que ver con el acceso del público a los documentos y con el Reglamento 1049/2001. 
Formalmente, esta legislación se aplica solo al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, pero, por todo ello, ha llegado a aplicarse a muchos más organismos. 
Las diversas oficinas y agencias de la UE –de hecho casi todos sus organismos– han adoptado voluntariamente las correspondientes normas referentes al acceso a los documentos. 
Como ha dicho el ponente, el señor Cashman, de este modo las instituciones de la UE, y por suerte en gran medida también el Parlamento Europeo, han conseguido en un período relativamente corto un nivel de apertura que es muy bueno en comparación con el que se puede ver en muchos Estados miembros. 
Aunque esto no significa que las cosas no se puedan mejorar. 
Pueden y deben mejorar. 
En 2003, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre cómo se había introducido el Reglamento en los primeros años. 
En 2004, publicamos nuestro informe de evaluación. 
Por entonces, hacía menos de dos años que el Reglamento estaba en vigor, pero había funcionado bien, y no había ninguna necesidad inmediata de revisarlo ni ninguna obligación legal de hacerlo, tampoco. 
Por este motivo la Comisión pensó que sería mejor esperar a que se ratificara el Tratado constitucional antes de hacer nada más. 
La Constitución exige una nueva legislación en este ámbito. 
El hecho es que todos sabemos cómo están las cosas con el Tratado constitucional. 
Mientras, el Tribunal de Justicia Europeo también ha presentado varias propuestas para introducir unas normas que rijan el acceso a los documentos. 
La Comisión ha pensado que ahora era un momento adecuado para empezar a revisar el Reglamento, y la decisión de hacerlo forma parte de la amplia iniciativa europea en materia de transparencia, que en la Comisión decidimos en noviembre del año pasado. 
El informe del señor Cashman es, pues, de lo más oportuno, dado que estamos plenamente sumidos en el estudio de cómo podemos mejorar las normas que rigen el acceso público a los documentos. 
La Comisión, incluyéndome a mí misma personalmente, puede prometerlo, estudiará con gran detenimiento las recomendaciones del informe. 
Una de las conclusiones que la Comisión sacaba en su informe de evaluación de enero de 2004 era que el Reglamento había sido utilizado principalmente por profesionales, miembros de grupos de presión, asesores y empresas jurídicas de la UE, y no por el público en general. 
Es algo que queremos cambiar, y debemos hacer mucho más para llegar a nuestros ciudadanos. 
Lo que nos preocupa aquí, en primer lugar, es el acceso público a los documentos, o el derecho de los ciudadanos a estar informados, y es un argumento más para apoyar nuestro deseo de ver como se celebra una consulta general antes de cambiar la legislación. 
La Comisión tiene intención de celebrar una consulta de este tipo entre julio y octubre de este año. 
Después, presentaremos una propuesta práctica a finales de año o a principios del año próximo. 
Sin entrar en detalles respecto a las diversas recomendaciones del informe, simplemente quiero aclarar diversos puntos. 
La recomendación 2 habla de una mayor apertura en el procedimiento legislativo y de una línea divisoria más clara entre documentos legislativos y administrativos. 
La propuesta es muy interesante, y la estudiaremos con detenimiento. 
La misma recomendación se refiere también al Diario Oficial y a la publicación electrónica del mismo. 
Nuestras instituciones ya decidieron estudiar este tema en el año 2004, y la Oficina de Publicaciones ya ha emitido un informe sobre el futuro del Diario Oficial. 
La recomendación 3 habla de los documentos clasificados como confidenciales. 
En este ámbito, debemos tener cuidado de no confundir cosas diferentes. 
La confidencialidad no conlleva en sí misma una excepción general de la norma según la cual las personas tienen derecho a los documentos. 
La negación a emitir un documento clasificado como confidencial debe justificarse exactamente de la misma manera que la negación a poner a disposición del público cualquier otro documento. 
El procedimiento es el mismo, y las obligaciones de la institución son las mismas. 
La misma recomendación habla del tema del acceso al Parlamento Europeo a la información clasificada como confidencial. 
También aquí corremos el peligro de confundir las cosas. 
Los derechos del Parlamento en este ámbito no están controlados por el Reglamento sino por el Anexo I del acuerdo marco entre nuestras instituciones. 
Según nuestra experiencia, el acuerdo marco funciona bien. 
Creo que la recomendación 5 contiene bastantes propuestas muy interesantes y útiles relacionadas con unos registros y unas bases de datos más simples para el usuario. 
Son propuestas que no exigen legislación, ya que hablan de detalles y medidas prácticos. 
El comité interinstitucional nombrado de conformidad con el Reglamento en cuestión se reunió por última vez en noviembre de 2005 y decidió crear un grupo de trabajo para estudiar estas cuestiones, por lo que la solución puede estar más cerca de lo que creemos 
Para finalizar, la Comisión está muy comprometida con la cuestión del acceso público a los documentos. 
Nos hemos embarcado en una revisión del Reglamento, y hemos empezado a estudiar más de cerca muchos de los aspectos discutidos en el informe. 
Esperamos que el Parlamento Europeo siga ayudando en estos temas y esperamos grandes cosas de la consulta general que llevaremos a cabo entre julio y octubre. 
El acceso del público a los documentos tiene que ver con el escrutinio y la credibilidad y, cuando de ello se trata, con la democracia. 
Por lo tanto es importante que sigamos cooperando constructivamente y escuchemos a los ciudadanos. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría empezar diciendo, en nombre de los diputados del Grupo del Partido Popular (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en la Comisión de Peticiones, lo agradecidos que estamos con el señor Hammerstein Mintz, el ponente, y también con el señor Cashman, por el trabajo que han realizado y por los informes resultantes. 
Ciertamente, contribuyen de forma considerable a dejar fuera de toda duda la voluntad de esta Cámara de que Europa sea más transparente. 
Si no les importa, me gustaría decir brevemente algo sobre la historia previa al informe Hammerstein Mintz. 
Resulta que estábamos discutiendo con nuestros amigos de los Jóvenes Demócrata-Cristianos alemanes cómo es posible que tantas veces veamos en los medios de comunicación nacionales informes sobre determinadas decisiones por las que después se culpa a las instituciones europeas, aunque el Consejo, que por cierto está visiblemente presente esta noche, haya tenido la misma participación en ellos. 
Esto, junto con la Convención, nos dio la idea de acudir, a través del señor Brok, al Defensor del Pueblo Europeo en un intento de averiguar cuál era la situación según las leyes europeas en cuya adopción había participado el Consejo. 
Por supuesto, no es de extrañar que quienes hablan mucho del hermetismo ante el público y de la necesidad de que la UE sea más democrática, tengan un papel activo en la lucha para que ello sea realidad. 
Conseguirlo sería hacer un gran servicio no solo a la estima en que se tiene a Europa, sino también, en este caso específico, al prestigio del Consejo y de la Unión Europea en conjunto. 
A pesar de los temas individuales que el señor Cashman y el señor Hammerstein Mintz han abordado, no existe tanta necesidad de tomar medidas respecto a la transparencia y la apertura de la Comisión y de esta Cámara, pero ciertamente queda mucho por hacer en el Consejo de Ministros. 
Por supuesto, el modo de funcionar del Consejo hace que sea más difícil en cierto modo, dado que hay varias cosas que no son tan estables como en el Paramento o en la Comisión, pero de todos modos creo que, en un debate como este, y sin ánimo de ofender a la Presidencia austriaca, habría que poder esperar un planteamiento mucho más serio al respecto. 
No hay ninguna duda sobre el hecho de que no toda la información que los ciudadanos quisieran tener puede estar a su disposición, pero de todos modos deberían aplicarse los fundamentos de la transparencia. 
Quizás, señora Comisaria, podría transmitir este mensaje a sus colegas. 
. – Señor Presidente, no voy a entretener a la Cámara gastando dos valiosos minutos, pero me gustaría recomendar a la Cámara el trabajo sumamente valioso del señor Hammerstein Mintz. 
Ha colaborado muy estrechamente con todos nosotros y en nombre del Grupo del PSE quiero manifestar que cuenta con el pleno apoyo de mi Grupo. 
Si se me permite, he olvidado dar las gracias a mi buena colega, la señora Cederschiöld, con la que he colaborado muy estrechamente, al igual que con otras personas, en torno a mi informe, y agradezco a la Cámara su paciencia. 
. – Señor Presidente, Señorías, ¿qué es la democracia? 
Sean cuáles sean las respuestas a esta pregunta que hayan ido surgiendo a lo largo de los siglos de historia europea, no existe ninguna en la que el acceso de los ciudadanos al proceso legislativo no se describa como uno de sus principios fundamentales y como algo sin lo cual la democracia no existe. 
El Consejo de la Unión Europea está teniendo la osadía de tratar un principio fundamental con desdén; tiene la gran frescura de decir que es cosa suya, su propia decisión política, y, en un cinismo sin precedentes, de negarse a la apertura y la transparencia que exige el Tratado, diciendo que este requisito de transparencia se aplica a la Unión del futuro. 
El Parlamento Europeo no puede hacer otra cosa que considerarlo intolerable. 
Este informe aborda la esencia misma de la crisis de confianza de los ciudadanos en Europa. 
Cuanto más me preocupo por este abuso – y conseguí que fuera uno de los principales elementos del orden del día de la Convención –, más me parece que el Consejo es un agujero negro para la democracia, que el déficit democrático. 
Esta Cámara debería hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que se convierta en un ejercicio simbólico para tranquilizar nuestras tiernas conciencias. 
Somos representantes de los ciudadanos europeos, elegidos directamente por ellos, y tenemos que hacer de ello nuestro empeño. 
Por muy agradecido que esté por ese informe, lo que propongo va mucho más allá: quienes formamos parte de esta Cámara, como representantes de los ciudadanos europeos, deberíamos presentar al Consejo un ultimátum, poniendo como plazo definitivo el fin de este año. 
Si para entonces el Consejo aún no ha cumplido este principio fundamental de la democracia modificando su reglamento y llevando a cabo su actividad legislativa en público, esta Cámara debería rechazar todas sus propuestas de legislación que no se hayan discutido y adoptado en público. 
,. Señor Presidente, aunque la Comisión y el Parlamento seguramente atraen más atención en la Unión Europea, en el análisis final, es el Consejo el que ostenta más poder. 
Allí es donde se deciden los vetos y donde hay margen para diferir lo que han decidido la Comisión y el Parlamento. 
Es allí donde los Gobiernos de los Estados miembros realizan sus trueques, donde se protegen los intereses de empresas poco transparentes, y donde todo se envuelve con un gran secretismo. 
La Constitución propuesta, que fue rechazada el año pasado por los electores franceses y neerlandeses, no habría cambiado en nada el poderoso papel del Consejo como Gobierno y senado unidos en uno solo. 
Una de las principales carencias democráticas de la Unión es el hecho de que el Consejo se reúna a puerta cerrada. 
En la práctica, eso hace imposible que los diputados a esta Cámara, o a los Parlamentos nacionales, estén seguros de que los ministros de sus Estados miembros hayan votado lo que habían dicho que votarían. 
Un ejemplo es el voto sobre las patentes de software hace un año, donde tanto el ministro neerlandés como el danés mintieron ante sus Parlamentos respecto a su propia conducta de voto. 
Esto hace que el control democrático sobre la toma de decisiones sea imposible. 
No deberíamos esperar que una constitución abriera las reuniones del Consejo al público, y no solo las legislativas, sino todas las reuniones. 
Si nos demoramos más se deteriorará deliberadamente la democracia parlamentaria. 
. 
Es un auténtico placer tomar hoy la palabra para dirigirme a la Asamblea, porque estamos hablando de dos documentos preparados por el Parlamento, por diputados a este Parlamento, por un destacado miembro de la Comisión de Peticiones, que yo presido, el señor Hammerstein Mintz, y porque también estamos debatiendo un informe elaborado por el señor Cashman en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; él es también vicepresidente de la Comisión de Peticiones y un miembro destacado de la misma. 
Uno de los puntos de partida del debate es el informe del Defensor del Pueblo Europeo, el profesor Diamandouros, sobre la apertura del trabajo del Consejo. 
El trabajo del profesor Diamandouros, nuestro Defensor del Pueblo Europeo, también está muy relacionado con nuestra comisión. 
Dado que me dirijo a ustedes en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, pero también como Presidente de la Comisión de Peticiones, me complace en especial poder hablar de estos tres documentos tan bien preparados, y me gustaría felicitar a sus autores, el señor Hammerstein Mintz y el señor Michael Cashman, por su excelente trabajo. 
Hoy hemos estado hablando de apertura. 
A veces se oye decir, aunque hoy no lo hemos oído, que no todo necesita ser abierto, que hay negociaciones, discusiones, preparativos. 
Esas negociaciones, discusiones y preparativos deben tener lugar detrás del escenario. 
No exigimos el tipo de apertura que nos permitiría escuchar a escondidas lo que discuten los ministros con sus colegas en sus oficinas, o antes de las reuniones del Consejo. 
Pero, una vez el Consejo empieza sus debates, queremos saber qué se debate y quién representa qué punto de vista. 
Existen al menos tres motivos para exigir esta apertura. 
El primer motivo es sencillamente que tenemos derecho a la verdad y por lo tanto queremos saber cuál es la verdad. 
En segundo lugar, tenemos derecho a la supervisión. 
Tenemos derecho a la supervisión en calidad de diputados individuales al Parlamento Europeo, y en calidad de Parlamento Europeo como organismo, y también tenemos derecho a la supervisión en calidad de miembros y ciudadanos de la Unión Europea. 
Además, nuestros colegas, los diputados al Parlamento de los Estados miembros, cuyos ministros hablan en el Consejo, también tienen derecho a saber. 
En otras palabras, tanto la opinión pública europea como la nacional tienen derecho a saber qué ocurre en el Consejo. 
También hay una cuestión especialmente relacionada con la esencia de la Comisión de Peticiones, y es acercar las instituciones europeas al ciudadano. 
Si decimos que hay una crisis de confianza en las instituciones europeas, es la apertura de los debates lo que podría superar la crisis. 
En otras palabras, queremos que haya confianza en Europa, queremos la confianza por la que luchan, y me complace decirlo, la Comisión de Peticiones y sus dos destacados miembros, los autores de esos informes. 
. Señor Presidente, existe un método muy simple de poner en práctica la apertura en la UE: invertir el procedimiento de modo que exista un libre acceso a todas las reuniones y los documentos, a menos que se decida lo contrario. 
Es como lo hacemos aquí en el Parlamento Europeo, y es algo de lo que las demás instituciones pueden aprender. 
Nuestras reuniones de comisión para preparar legislación están abiertas. 
¿Por qué no pueden estar abiertas las correspondientes deliberaciones de los 300 grupos de trabajo medio secretos del Consejo? 
Es de dominio público que utilizamos los servicios de expertos. 
¿Por qué no podría decir la Comisión quién está implicado en los 3 000 grupos de trabajo secretos? 
La propuesta de invertir el procedimiento recibió 200 de las 220 firmas posibles en la Convención. 
Ninguna otra propuesta recibió tanto apoyo: todos los representantes electos de los Parlamentos nacionales, todos los diputados al Parlamento Europeo excepto uno, y 23 de los 28 Gobiernos. 
La propuesta no exige ni siquiera un cambio en el Tratado. 
Se puede poner en práctica mediante un simple cambio del Reglamento. 
Tanto la Comisión como el Consejo pueden adoptar la propuesta por mayoría simple: 13 de 25 Comisarios, y 13 de 25 países del Consejo. 
Háganlo ahora, señor Barroso y señor Schüssel, pongan las cosas en marcha para que las personas podamos sentir respeto por la necesaria cooperación transfronteriza. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias sinceramente al señor Cashman por su constructiva cooperación a lo largo de los años para conseguir una mayor apertura. 
El Parlamento Europeo siempre ha sido la fuerza motora, pero debo reconocer, honestamente, que la Comisión y el Consejo también han contribuido en estos últimos tiempos a la realmente inmensa mejora de la calidad que hemos visto en los cinco últimos años. 
Ahora tenemos un procedimiento legislativo en la UE que, en algunos aspectos, es mucho más abierto que el de la mayoría de los Parlamentos nacionales, el mío incluido. 
El objetivo de esta revisión es producir las mismas normas para las tres instituciones. 
Por supuesto espero que a largo plazo el proceso se aplique también a los organismos nacionales. 
Los reglamentos deben pensarse de tal forma que puedan ser adoptados por la mayoría de las instituciones, tanto de la UE como de los Estados miembros. 
El Parlamento está aprovechando esta iniciativa de apertura para aumentar el control democrático y presentar aclaraciones cuando la legislación no esté clara. 
Las actas de las reuniones del Consejo deben publicarse cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, lo que no significa que deban hacerse públicos todos los detalles de todas las reuniones del Coreper. 
Sin embargo, la apertura debería aplicarse cuando se tomen decisiones sobre la legislación actual, por supuesto. 
Ofrecer acceso al público a las opiniones jurídicas de forma automática sería restringir el ámbito de la acción política. 
O eso, o las opiniones serían de menor calidad. 
La alternativa sería reducir la calidad de las opiniones. Pero, en ciertos casos, los parlamentarios implicados en un tema concreto deberían poder estudiar las opiniones jurídicas, una vez se hubieran comprometido por escrito a respetar la confidencialidad que se aplica a todas las demás personas que hayan participado en el asunto en cuestión. 
Una protección clara y firme de los datos es una condición básica para mejorar la apertura. 
Los derechos en cuestión –apertura y protección de datos– se complementan y refuerzan mutuamente. 
Hay que respetar la información entregada en confianza. 
Tampoco debemos tomar medidas retroactivas en este ámbito. 
Estoy convencida de que, cuando la Comisión haya completado su trabajo, tendremos una propuesta justa y equilibrada. 
Tengo toda mi confianza en la señora Wallström. 
Hay que desarrollar aún cómo se puede llevar a la práctica el acceso de los ciudadanos a los documentos, y el Consejo debe mostrar respeto por las personas y por el proceso democrático. 
Queda mucho por hacer en este ámbito. 
Doy las gracias a la señora Comisaria por apoyar de forma comprometida, junto con el Parlamento Europeo, la idea de que las reuniones del Consejo deben ser públicas. 
Solo puedo repetir lo que han dicho quienes han hablado antes que yo, porque todo el mundo ha hablado de la misma cuestión: la legislación parlamentaria es un principio fundamental de la democracia moderna, investida con poderes legislativos y ejecutivos. 
Aunque en los Estados miembros de la Unión Europea existen algunas cámaras que no son elegidas directamente por los ciudadanos, como la Cámara de los Lores británica, a escala de los Estados miembros estas cámaras también toman sus decisiones públicamente. 
Por desgracia, el Consejo es una excepción a este principio fundamental. 
En el sistema democrático de la Unión Europea, este es el único órgano legislativo del mundo que legisla a puerta cerrada. 
La exclusión del público y el secreto no mejoran en nada la credibilidad de la Unión Europea. 
Cuando se debate un tema especialmente importante y controvertido, el debate entre Estados miembros sería mucho más transparente y comprensible para todos si el Consejo llevara a cabo el debate legislativo en público, durante una de las primeras fases del proceso. 
Por lo tanto, acojo con especial satisfacción el excelente informe del señor Hammerstein, las propuestas del señor Cashman, y el informe del Defensor del Pueblo Europeo en este asunto, y quiero darles las gracias por su trabajo. 
Quiero recordar a todo el mundo que, según el primer artículo del Tratado de la Unión Europea, las decisiones deben tomarse lo más públicamente posibles, haciendo que la Unión Europea se acerque aún más a los ciudadanos. 
Señor Presidente, según los Tratados de la UE, las decisiones deben tomarse de la forma más abierta posible, y lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Ninguno de esos principios se está poniendo en práctica, y eso no aporta precisamente credibilidad a la UE. 
No es aceptable que el organismo legislador más importante de la UE, el Consejo, siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa en su capacidad legislativa. 
Apenas puedo imaginarme lo que ocurriría si el Parlamento nacional de un Estado miembro cerrara sus puertas cuando empezara a elaborar leyes; el Parlamento estaría obligado a desaprobarlo. 
Pero en la UE sigue siendo posible elaborar leyes de forma no democrática. 
Una mayor transparencia permitiría controlar más fácilmente al Parlamento Europeo, y también a los Parlamentos nacionales, y mejoraría en gran manera el debate público sobre cuestiones relacionadas con la UE. 
Hoy es muy difícil para los Parlamentos nacionales y el público seguir y controlar las decisiones tomadas por sus propios ministros en el Consejo. 
Realmente, eso ya no es aceptable: una parte de la democracia es transparencia. 
En la actualidad en la UE los ciudadanos dicen que el Tratado Constitucional debería ratificarse rápidamente. 
De hecho, yo considero más importante para la UE promover la transparencia y que todas las instituciones de la UE hagan todo lo posible al respecto, y, sobre todo, obviamente, el Consejo. 
De esta forma, se podría llenar este agujero negro de la democracia, y la transparencia sería una realidad en la legislación a escala europea. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su constructivo trabajo. 
Me gusta la propuesta del señor Voggenhuber de que nos neguemos a ser accesorios de una pieza no democrática de la toma de decisiones. 
¿Dónde está el Consejo? 
¿Tienen problemas para mantenerse despiertos a esas horas del día? 
Es porque se encierran en sus habitaciones. 
Si quisieran abrirlas, obtendrían suficiente oxígeno y les duraría hasta la noche, de modo que podrían participar también en estos debates. 
¿Por qué no abren sus puertas? 
¿No agradecen los políticos cualquier oportunidad de salir en la televisión? 
¿Por qué, me pregunto, desaprovecha el Consejo la oportunidad de hacerlo? 
Al igual que todos los ciudadanos de Europa, me pregunto qué hacen. 
Hay una forma fácil de solucionar esta situación: abrir las puertas para que podamos ver lo que ocurre. 
Confío en que la señora Wallström pueda conducir a la UE hasta el siglo XXI y despertar al Consejo de su letargo del siglo XX. Creo que es importante que recordemos al Consejo que, si ahora abren sus reuniones, no debe ser para que se reúnan formalmente durante una hora y después se sienten ante una mesa para un almuerzo de trabajo de cuatro horas, en cuyo caso la apertura se convertirá en una quimera. 
También confiamos en que el Consejo coma con rapidez y tome sus decisiones de forma abierta y durante un período amplio. 
– Señora Wallström, Señorías, creemos que el derecho al acceso a los documentos es uno de los derechos más importantes de que han disfrutado los ciudadanos europeos. 
La UE pone cada vez más documentos a disposición del público. Pero han surgido varios problemas, sobre todo en relación con una inadecuada aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/01. 
El Parlamento ha reiterado en varias ocasiones, con razón, la necesidad de revisar ese Reglamento de cara a mejorarlo y consolidar la legislación de la UE en el ámbito de la transparencia. 
Lo hemos hecho porque es esencial resaltar la idea de que los ciudadanos pertenecen al proyecto europeo y deben identificarse con él. 
Para que así sea, tiene que haber un proceso de toma de decisiones basado en unas negociaciones transparentes, abiertas, y en una cooperación adecuada entre las instituciones, sin secretos no deseados. 
Este Reglamento modificado debe formar parte también de la base jurídica para crear normas, buenas prácticas y acuerdos interinstitucionales pensados para mejorar la elaboración de textos legislativos y asegurar que los textos legislativos finales sean accesibles. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Cashman, que de nuevo ha realizado un trabajo excelente, cuando dice que el hecho de que el Parlamento no tenga una base jurídica clara para el acceso a la información clasificada de la UE va en contra del principio democrático en que se basa la Unión. 
También es lamentable que las instituciones no tengan un enfoque común sobre cómo gestionar, compartir y almacenar los diversos tipos de documentos. 
Sin duda ha habido mejoras, pero todavía no existe mucha coordinación entre las instituciones, sobre todo en cuanto a los documentos relacionados con los procesos interinstitucionales. 
También tiene que haber unas normas claras sobre el acceso a los documentos administrativos. 
Terminaré, señor Presidente, pasando a un tema que me afecta especialmente como presidente de la comisión provisional que analiza los vuelos de la CIA. Quiero dejar claro que lamento que se haya omitido el tema del acceso a los documentos que los Estados miembros clasifican y ponen a disposición del Consejo. 
– Señor Presidente, el Partido por la Independencia del Reino Unido probablemente va a resultar útil por primera vez en la historia, así que me complace poder intervenir durante un minuto. 
Hemos acusado repetidamente al Consejo de falta de transparencia. 
El remedio es bien sencillo: modificar el Reglamento del Consejo, tal como plantea el señor Hammerstein Mintz en su informe. 
Esa medida garantizaría sin duda que, en el futuro, el pueblo británico pudiera ver cuándo los Ministros británicos faltan a lo que prometieron antes de entrar en esas reuniones. 
Pero eso no es suficiente. 
La Comisión seguirá siendo el Gobierno no electo de la UE, formulando y dictando leyes sin ningún tipo de mandato democrático. 
Mientras tanto, este Parlamento continúa sacando adelante, de forma ridícula, votación tras votación a base de dudosos recuentos a mano alzada. 
Sobre todo, los rechazos democráticos por parte de Francia y los Países Bajos a la malograda Constitución de la UE son contemplados con rotundo desprecio por el Consejo, la Comisión y el Parlamento por igual. 
Así que dejemos de dar lecciones de democracia al resto del mundo. 
Abramos de par en par las puertas del Consejo y también las de la Comisión. 
Señor Presidente, felicito calurosamente al señor Hammerstein y a la Comisaria por sus esfuerzos para democratizar definitivamente las reuniones del Consejo, para abrir las puertas de esas reuniones donde se legisla sin que los ciudadanos tengamos toda la información necesaria. 
He de decir que, en mi país, España, en el que se votó a favor de la Constitución Europea, ese fue uno de los argumentos más aceptados por los ciudadanos y las ciudadanas: la posibilidad de democratizar las reuniones del Consejo y de acceder a toda esas informaciones. 
En ese sentido, apoyo, pues, las propuestas del ponente y, de manera especial, en lo que respecta a la publicación de toda esa información, incluido todo lo relativo a las sucesivas Presidencias, en internet y en todas las lenguas oficiales de la Comunidad, evitando restricciones en la comunicación. 
De poco serviría que se publicara toda la información, que se abrieran esas puertas, pero solo en dos o tres lenguas, como alguna institución parece, en este momento, querer sugerir. 
La transparencia exige también que lo que se comunica se entienda, que lo entiendan todos los ciudadanos. 
De ahí que animemos a todas las instituciones que están a favor de la transparencia democrática del Consejo a no escatimar medios para garantizar esa transparencia en todas las lenguas. 
– Señor Presidente, voy a comenzar haciendo algunos comentarios sobre las absurdas observaciones del señor Knapman. 
Ha dicho que la Comisión es un Gobierno no electo. 
Por supuesto, todo el mundo sabe de sobra que no es en absoluto un Gobierno. 
¿Le gustaría que fuera elegida? 
¿Le gustaría que esto fuera una Europa federal con un Gobierno elegido? 
Por favor, ¿qué pretende, señor Knapman? 
Luego utiliza una ridícula expresión: la Comisión «dicta» leyes. 
No dicta nada: recibe sus poderes del Consejo y del Parlamento. 
Limítese a decir la verdad al público británico, es todo lo que pedimos. 
Hasta aquí con respecto al señor Knapman. 
El Grupo ALDE apoya plenamente estos informes y queremos más apertura. 
Bajo la Presidencia británica luchamos de forma denodada por convencer al señor Blair de que hiciera algo. 
Fiel a su costumbre, en el Consejo de Ministros bajo la Presidencia Británica se vertieron grandes palabras y promesas, pero hubo muy pocos hechos, lo cual es muy triste. 
Queremos que el Consejo legisle en público. 
Es algo muy claro y muy sencillo: únicamente Corea del Norte y Pekín se comportan como el Consejo de Ministros en Bruselas. 
Esto debe cambiar si queremos que el público comprenda lo que ocurre en Europa. 
En segundo lugar, queremos que las opiniones jurídicas elaboradas en el marco de un proceso legislativo sean públicas, no solo para las comisiones parlamentarias, sino también para el público al que representamos. 
Se me acaba el tiempo. 
No obstante, todos vamos a votar a favor, y espero que lo haga incluso el señor Knapman. 
– Señor Presidente, después de haber trabajado durante seis años en la representación finlandesa y el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés –en otras palabras, el Consejo– y tres años en la Comisión en calidad de funcionario público, no sé si represento un pasivo o un activo en la discusión, probablemente lo primero, y le dedico esto a Pekka Shemeikka y a todos sus amigos del Consejo. 
Quiero apuntar varias cuestiones. 
La primera es que estamos manejando aquí dos asuntos independientes pero ligados entre sí: el acceso a la documentación y la apertura al público en el Consejo. 
Si el señor Cashman me lo permite, me voy a centrar en el segundo. 
A veces tengo la sensación de que somos un poco hipócritas en el debate debido a que, si nos fijamos en los Parlamentos nacionales, muchas comisiones jamás son abiertas. 
Somos mucho más abiertos que los Parlamentos nacionales, cosa que debemos tener presente. 
Mi segunda cuestión se refiere a la apertura de las reuniones del Consejo. 
Se trata de una larga historia que tiene sus orígenes en el informe Trumpf-Piris en 1999, luego hubo varias conclusiones del Consejo en 2001, la Constitución en 2004 y una decisión del Consejo en 2005. 
Es una historia que continúa, pero nosotros no nos enteramos. 
Personalmente considero que es una idea fantástica abrir al público las reuniones del Consejo. 
Todos sabemos la forma en que los Ministros utilizan la UE como chivo expiatorio. 
Primero, se palmean mutuamente sobre el hombro en la reunión del Consejo y manifiestan: «Buen compromiso» ; cinco minutos más tarde comparecen ante los medios de comunicación nacionales y proclaman: «No hemos podido hacer nada». 
Necesitamos abrir al público el Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa y cuanto antes lo hagamos, mejor. 
Otro tema distinto es el de que, tras haber asistido durante cientos de horas a las reuniones del Consejo, estoy en condiciones de afirmar que son las reuniones más aburridas que uno puede presenciar. 
La apertura proporcionaría más agilidad al debate en el Consejo, ya que a menudo la gente llega y lee documentos ya elaborados. Verdaderamente es un aburrimiento y si lo abrimos al público, mejoraría un poco. 
Mi siguiente cuestión se refiere al Coreper. 
Seamos sinceros: no creo que el Coreper permita jamás la apertura al público y no pienso necesariamente que eso sea algo malo. 
Quiero terminar con una propuesta poco realista, que se parece bastante a la del señor Voggenhuber. 
Lo que deberíamos procurar es que el Consejo se reuniera en una sala sin asistentes y totalmente abierta. 
Eso sería un Consejo verdaderamente abierto y transparente y eso es lo que necesitamos. 
– Señor Presidente, un debate animado, público y político sobre temas concretos constituye la base para crear un espacio político europeo. 
Al contar con una de nuestras instituciones legislativas que se reúne y decide sobre temas en privado, a puerta cerrada, estamos negando la creación y el nacimiento de dicho espacio político. 
No menosprecio los problemas que comporta comunicar un debate de este tipo a una población de 450 millones con más de dos docenas de lenguas, pero hoy disponemos de la tecnología: tenemos televisión por satélite, radio, publicación en la red, un amplio conjunto de herramientas de comunicación que podemos utilizar, y no creo que quepa poner el coste como excusa, ya que el coste de no hacerlo, el coste de no tener un debate abierto, público y animado en Europa es la imposibilidad de crear un futuro para Europa. 
El 22 de abril, el Consejo de Competencia se va a reunir a puerta cerrada para decidir acerca del futuro de la Directiva de servicios, una Directiva en la que han participado activamente y en la que tienen puesto un gran interés millones de ciudadanos europeos. 
Me complace que las instituciones de la Unión Europea sean cada vez más abiertas y transparentes, pero debemos recordar que ofrecer acceso a los documentos y asegurar la apertura de las reuniones del Consejo no es un favor que las instituciones de la Unión Europea puedan conceder a los ciudadanos europeos pero sin necesidad de hacerlo. 
Es más bien una obligación jurídica y moral, en consonancia con los principios básicos de la buena gestión de los asuntos públicos, o lo que se llama gobernanza, porque nos permitirá superar poco a poco el distanciamiento de los europeos respecto a las instituciones de la Unión Europea y su creciente euroescepticismo, y acabar de una vez por todas con el tipo de bromas que dicen que de lo único que hablamos aquí es de la curvatura simbólica de la banana. 
Si la Unión Europea exporta y desea exportar sus valores democráticos básicos en relación con la protección de los derechos humanos y los valores de la gobernanza, debe convertirse en el mejor ejemplo de esos valores. 
Sin embargo, desde la perspectiva de los nuevos Estados miembros poscomunistas, pero también de los Estados que aspiran a la democracia y los Estados en transición, debo concluir con pena que, debido a su limitada transparencia, las instituciones de la Unión Europea todavía no son el mejor ejemplo a seguir. 
Por lo tanto, ciertamente lo que más necesitamos es una nueva reglamentación que detalle las obligaciones de las instituciones de la Unión Europea y proporcione una definición clara y precisa de las circunstancias en las que se puede denegar el acceso a los documentos y a los registros de las reuniones del Consejo. 
Sin embargo, en la práctica realizar un seguimiento de la mayor parte de la información representa un problema grave. 
Para obtener acceso a un documento, en primer lugar hay que saber que existe. 
El siguiente aspecto importante, si se quiere asegurar el máximo acceso y la apertura de las reuniones de las instituciones de la Unión Europea, es limitar la corrupción, el conflicto de intereses y todas las ambigüedades y acusaciones de falta de objetividad en la toma de decisiones. 
¿Cuántas veces hemos oído acusaciones de que las instituciones de la Unión Europea toman decisiones partidistas, no siguen unos principios claros…? 
– Señor Presidente, Señorías, en definitiva el debate sobre la apertura de las reuniones del Consejo es un debate sobre la democracia. 
No puedo más que apoyar sin reservas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las propuestas del señor Hammerstein Mintz y mi amigo Michael Cashman. 
La falta de información de los votantes sobre las posturas que defienden los representantes de sus Gobiernos a escala de la Unión Europea crea una zona gris respecto a quién es responsable de las decisiones relacionadas con sus vidas diarias. 
A los Gobiernos les resulta muy cómodo echar la culpa a la Unión de las decisiones que no coinciden con sus intereses, y se otorgan el mérito de las que benefician a su país. 
Pero la democracia exige conocimiento, opinión y reacción. 
La falta de conocimiento sobre las posturas de los Gobiernos en el Consejo también priva a los Parlamentos nacionales del mecanismo de control de los Gobiernos de sus Estados en asuntos europeos. 
Finalmente, la cuestión de la transparencia del Consejo nos lleva a la cuestión fundamental de si queremos o no una opinión pública europea, una opinión pública capaz de expresar su satisfacción o desagrado, capaz de enviar un mensaje a las instituciones europeas y capaz de obligar a los ministros del Consejo, como dice con razón el ponente, a asumir su responsabilidad colectiva. 
Ese podría ser en realidad el camino hacia la unificación europea. 
Señor Presidente, quisiera agradecer la ayuda de todos los colegas de la Comisión de Peticiones —una comisión muy importante de este Parlamento—, en particular a su presidente, señor Libicki, y a su vicepresidente, señor Cashman. 
Yo creo que, en resumen, este debate ha mostrado que hay un clamor de esta Cámara a favor de la transparencia. 
Sin embargo, este clamor encuentra unos oídos sordos, una respuesta autista, e incluso ninguna respuesta. 
Hay muchas palabras, pero no hay acción. 
Yo me pregunto, reflexionando sobre la propuesta del señor Voggenhuber: ¿tenemos que llegar hasta el extremo de una huelga parlamentaria para conseguir un mínimo de transparencia en el Consejo Europeo? 
¿O vamos a continuar estos debates cada año, cada dos años, con una posición unánime del Parlamento, sin respuesta alguna del Consejo Europeo, sin una iniciativa fuerte por parte de la Comisión, sin que lo vea la gente de la calle? 
Porque está muy bien, Comisaria Wallström, que se haya aprobado en octubre la apertura de los Consejos, pero la gente de la calle no ha visto nada, no salen en televisión ministros debatiendo, no hay un debate plástico. 
Tenemos que dar visibilidad al debate político europeo, tenemos que dar tensión política al debate en el Consejo, no solo en el Parlamento. 
Eso es lo que estamos pidiendo y creo que tenemos que adoptar medidas y propuestas concretas y no solo buenas palabras. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, les ruego que acepten mis disculpas porque acabo de llegar, pero la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores no ha terminado hasta ahora. 
Me complace que se haya presentado este informe, porque es un paso importante en la dirección correcta. 
No necesitaríamos debatir este informe si se hubiera ratificado el Tratado Constitucional, en el que esta es una de nuestras principales aspiraciones. 
Si hay que legitimar la política, la transparencia es un punto esencial. 
Esto significa, ni más ni menos, que debemos responder a los ciudadanos cuando preguntan quién y cuándo es responsable de qué a la hora de tomar decisiones. 
Si uno de los órganos legislativos, a saber, el Consejo de Ministros, no desempeña sus actividades legislativas con luz y taquígrafos, tendremos un problema. 
Una posible respuesta durante el período de reflexión en el que nos encontramos podría ser abrir las puertas a los ciudadanos. 
Por supuesto soy muy consciente de que existen unos límites, por lo menos en lo que se refiere al COREPER, respecto a lo que se puede hacer a puertas abiertas, y de la posibilidad de que las negociaciones se vean perjudicadas si se llevan a cabo en público. 
Y podría ser que el ponente y yo no estuviéramos de acuerdo respecto a cuáles son esos límites. 
Realmente les pido, señora Comisaria, señora Vicepresidenta, que se unan a nosotros en esta iniciativa y avancemos por este camino. 
También me gustaría expresar mi gratitud al Defensor del Pueblo Europeo por la línea positiva que ha seguido en su informe, porque lo que desencadenó todo esto fue una petición presentada, con mi ayuda, por los Jóvenes Demócrata-Cristianos de Renania del Norte-Westfalia, y nos complace que esta presión de los jóvenes haya hecho posible un debate de este tipo, un debate que abrirá las puertas a una mayor transparencia y a más democracia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– Hemos avanzado ya un largo trecho en la apertura del Consejo a la luz pública, pero hemos de ir aún más lejos y, por tanto, acojo con agrado la intención de este informe. 
El Consejo solía deliberar siempre a puerta cerrada, sin que el público tuviera derecho a acceder a los documentos, y ni siquiera publicaba los resultados de sus votaciones, impidiendo con ello que los Parlamentos nacionales supieran cómo votaban los Ministros representantes de su país. 
A lo largo de los últimos años eso ha cambiado significativamente gracias a la presión del Parlamento Europeo. 
Ahora, el Consejo publica al menos los resultados de las votaciones, permite acceder a la mayoría de los documentos y, merced a la iniciativa de la Presidencia del Reino Unido del año pasado, delibera en público sobre la legislación sometida a codecisión. 
Es hora de ir un poco más allá y sentar el principio de que toda la actividad legislativa del Consejo se celebre en público, el mismo principio que rige para la otra cámara legislativa de la UE, el Parlamento. 
Es de máxima prioridad que la Presidencia austriaca abra las puertas del Consejo de Ministros al público. 
Esta Cámara, como colegislador, se reúne y vota en público, y todos los documentos de las reuniones se cuelgan en Internet. De ese modo todo el mundo, todas las organizaciones, los medios de comunicación y los políticos nacionales pueden echarles un vistazo si lo desean. 
No puedo comprender por qué el Consejo no puede hacer lo mismo. 
A las conclusiones del Consejo del 21 de diciembre de 2005 sobre este tema les falta valentía en este sentido. 
Es precisamente en aquellos ámbitos en los que el Consejo decide solo por aprobación unánime donde es importante que tanto la votación como el debate se celebren en público. 
Solo de esta forma podremos poner fin a los acuerdos entre bastidores. 
No es difícil, dado que ni siquiera hace falta cambiar el Tratado para abrir las reuniones del Consejo. 
Lo único que se requiere es un cambio en el Reglamento del Consejo. 
Ya no es adecuado que el Consejo siga tomando la mayoría de sus decisiones a puerta cerrada. 
Además, hay que mejorar el acceso a los documentos de las instituciones. 
Los ciudadanos europeos que rechazaron el Tratado Constitucional en verano de 2005 han demostrado la necesidad de una Unión más transparente y más democrática. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de informe (A6-0051/2006) del señor Papastamkos, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong [2005/2247 (INI) ]. 
– Señor Presidente, lamentamos que el Comisario competente, el señor Mandelson, no esté presente. 
Sopesar las obligaciones es un ejercicio objetivo y, en todo caso, la responsabilidad recae en quien elige. 
Por supuesto, nos complace que esté presente la vicepresidenta de la Comisión, la señora Wallström. 
La conclusión satisfactoria de las negociaciones actuales en el marco de la Organización Mundial del Comercio constituye un importante reto para la comunidad mundial, dado que se espera consolidar de forma considerable el empleo, el crecimiento y la economía mundial. 
También se espera que el sistema de comercio internacional sea más justo, más equilibrado y más efectivo, en beneficio de todos los socios comerciales. 
Señorías, hasta ahora, el sector agrícola ha sido el epicentro de las negociaciones. 
Sin embargo, la Unión sigue bajo presión, aunque, como sabemos, el pasado octubre presentó una oferta muy importante sobre el acceso al mercado. 
Basta decir que, a escala mundial, la Unión Europea es el mayor importador de productos agrícolas procedentes de países desarrollados. 
El marco general de la reducción de los derechos de aduana debe evaluarse junto con: en primer lugar, la importante oferta presentada por la Unión Europea de suprimir el sistema comunitario de restituciones a la exportación; en segundo lugar, la drástica reducción ya realizada de la ayuda comunitaria interna, y en tercer lugar, la postura comparativamente desventajosa de los agricultores y productores europeos debido a su obligación de cumplir unas normas más estrictas. 
Creo que hacer más concesiones unilaterales por parte de la UE en esta fase perjudicaría claramente la puesta en práctica de la PAC reformada, y serían de poco beneficio, o ninguno, para aquellos países para los que se ha pensado una agenda de desarrollo. 
El desarrollo no debe confundirse con la mejora unilateral de los intereses de los grandes exportadores agrícolas. 
Al mismo tiempo, se necesita un progreso considerable en otros sectores importantes, que son sectores de interés ofensivo por excelencia para la Unión Europea, los terceros países industrializados y los países en desarrollo. 
En cuanto al NAMA, el acuerdo final debería garantizar nuevas oportunidades reales de acceso al mercado, mediante recortes considerables en los tipos aplicados tanto en los países desarrollados como en los que se desarrollan de forma dinámica. 
En cuanto a servicios, se necesita una mayor liberalización con pleno respeto por las políticas nacionales, por supuesto, y el derecho de los Estados miembros a regular sus servicios públicos. 
Las economías emergentes deben asumir su parte de responsabilidad y realizar su contribución. 
Son precisamente estos países los que mantienen los niveles más elevados de protección y guardan la llave del desarrollo de los países más pobres mediante la promoción del comercio sur-sur. 
La diferenciación entre los países en desarrollo no solo es justa, sino también necesaria en beneficio de los países en desarrollo más débiles. 
El hecho de que todos los países en desarrollo estuvieran totalmente exentos de la necesidad de comprometerse funcionaría como un factor disuasorio para las reformas y para abordar los factores endógenos que se ocultan tras el retraso en el desarrollo. 
Por otra parte, creo que la externalización y la participación más activa de los países en desarrollo en las negociaciones multilaterales, según su nivel de desarrollo, contribuirían a una integración más eficaz de esos países en la economía mundial. 
Por supuesto, es una condición previa necesaria conceder asistencia técnica dirigida adecuada para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones y aplicar con eficacia las normas de la OMC. 
Es de especial importancia garantizar un programa de Ayuda para el Comercio ambicioso y eficaz. 
El fracaso de las negociaciones multilaterales y, por extensión, el retorno a unos acuerdos regionales bilaterales podrían llevarnos a un proceso desigual de liberalización, a un desarrollo no uniforme y a unos conflictos comerciales no controlados La Unión Europea actúa correctamente al cumplir su compromiso con el planteamiento multilateral de la política comercial y su apoyo a la OMC, como expresión organizada de la gobernanza del comercio mundial. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor Papastamkos, y pedir disculpas en nombre de mi colega, el señor Mandelson, que hubiese preferido estar aquí personalmente, pero ha vuelto hoy de Río de Janeiro, donde ha estado un par de días intentando acercar posturas con sus homólogos de los Estados Unidos y Brasil, así como con el señor Lamy, Director General de la OMC. 
El señor Mandelson me ha pedido que les informe acerca de cómo ve la situación de la ronda a la luz de los acontecimientos de este fin de semana. 
Por desgracia, las conversaciones en Río de Janeiro no se han traducido en un avance significativo. 
No obstante, han supuesto un importante paso adelante para una mejor comprensión de las posiciones respectivas. 
Tenemos que entender las presiones que se ejercen sobre nuestros socios y sus pretensiones. 
No se trata de obligar a los demás a que adopten nuestra posición. Se trata de entender dónde está cada cual y luego buscar la forma de que nuestras posturas lleguen a encontrarse en un punto intermedio, de modo que suponga un beneficio suficiente para todos nosotros. 
Todavía existen diferencias, pero los agentes principales han dejado de avasallar tanto al de enfrente. 
Ahora tiene que producirse un movimiento simultáneo. 
Por lo respecta al calendario y el plazo para llegar a un acuerdo sobre los preparativos para el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas antes de finales de abril, sigue habiendo una posibilidad. 
Sin embargo, aún no se dibujan totalmente los contornos del posible acuerdo. 
El señor Lamy resumió la situación general tras la reunión de Río de Janeiro haciendo un llamamiento a Brasil a que se dispusiera a abrir sus sectores a la competencia extranjera y pidiendo a la UE y a los Estados Unidos que suavicen sus ofertas de apertura de los mercados agrícolas. Eso demuestra que la Unión Europea se encuentra en una posición mejor que antes e inmediatamente después de la Conferencia de Hong Kong. 
Los miembros son conscientes ahora de que actualmente no puede haber un avance en la oferta agrícola de la UE y que el éxito o el fracaso de la ronda no pueden depender de ese solo factor, sino del equilibrio global. 
La ecuación a resolver entre los intereses enfrentados de los miembros de la OMC no es sencilla. 
No obstante, nuestros objetivos y nuestras aspiraciones permanecen inalterados: crear auténticas oportunidades nuevas de negocio para los productos y servicios agrícolas e industriales en países desarrollados y países en desarrollo avanzados, así como contribuir al desarrollo; reestructurar el comercio agrícola, y fortalecer las reglas multilaterales. 
Solo podremos alcanzar nuestros objetivos a través de una ronda amplia y ambiciosa. 
Estamos contribuyendo al avance de la ronda con los recortes reales propuestos de los aranceles agrícolas y de las subvenciones que distorsionan el comercio, a cambio de recortes reales de los aranceles industriales y una auténtica liberalización adicional de servicios por quienes están en condiciones de contribuir. 
Además tenemos que conservar el proyecto indivisible aparte de los artículos agrícolas e industriales. 
A ese respecto queremos dar las gracias al señor Papastamkos por su excelente informe. 
Le damos las gracias por el apoyo a una ronda ambiciosa y de auténtico desarrollo. 
Estamos de acuerdo con el enfoque adoptado por el ponente, que ha subrayado la necesidad de avanzar en todos los temas de este amplio plan de trabajo, insistiendo claramente en los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. 
Apreciamos sinceramente el apoyo de esta Cámara en el intento de conseguirlos. 
Sin embargo, cuando nos referimos a una ronda de auténtico desarrollo, no debemos caer en la trampa de la simplificación y generalización que desbanca la falacia de que la liberalización agrícola constituiría una receta mágica para el desarrollo. 
Tal como se explica en un interesante estudio de la Fundación Carnegie, el grueso de los beneficios de la liberalización agrícola queda reservado para los países desarrollados y un grupo central de exportadores agrícolas sumamente competitivos, sobre todo Brasil, Argentina y Sudáfrica. 
Habría que tener en cuenta otros elementos, como el impacto de la erosión de las preferencias en los países en desarrollo más pobres. 
Por todas estas razones, los beneficios fundamentales para los países en desarrollo en el Programa de Doha para el Desarrollo no se encuentran en la agricultura, sino en el comercio de bienes industriales, especialmente en industrias intensivas en mano de obra, como la del calzado y el textil. 
Otra falacia que su informe rebate acertadamente es que dentro del grupo de los países en desarrollo, todos ellos sean iguales. 
No lo son. 
Si queremos que esta ronda saque verdaderamente a la superficie todo su potencial de desarrollo, debemos tenerlo en cuenta. 
Las contribuciones a la ronda deben basarse en la capacidad para contribuir. 
Los países en desarrollo no tienen idénticos intereses y capacidades comerciales. Esto es de sentido común. 
Aceptamos que los países en desarrollo contribuyan, por lo general, en menor medida en términos de acceso a los mercados que los países desarrollados. 
Sin embargo, los países en desarrollo avanzados deben realizar una contribución significativa mediante un auténtico acceso a los mercados nuevos no agrícolas y los servicios, si bien en menor medida que los países desarrollados. 
Deberían hacer únicamente dos tercios de lo que hacemos nosotros. 
Es lo que denominamos el principio de no reciprocidad plena. 
En cuanto a los demás países en desarrollo, estamos de acuerdo en que asuman menos compromisos en consonancia con su nivel de desarrollo o, por lo que respecta a los países menos desarrollados, incluso ningún compromiso. 
Tenemos que continuar trabajando en favor de la equidad comercial. 
Uno de los principales logros de la Conferencia Ministerial de Hong Kong del pasado diciembre fue la aceptación por parte de otros países desarrollados de seguir la vía de la UE de conceder un acceso exento de derechos de aduanas y de cuotas a los productos procedentes de los países menos desarrollados. 
Pero tal como señala acertadamente su informe, es lamentable que la decisión todavía permita a los países ricos excluir el 3 % de líneas arancelarias. 
Puesto que nos estamos aproximando a la fase final de esta ronda, tenemos que manejar simultáneamente todos los frentes de negociación. 
Eso exige intensificar los contactos discretos con los socios fundamentales –como la reunión celebrada el pasado fin de semana en Río de Janeiro– para diseñar posibles paquetes finales. 
Al mismo tiempo tenemos que seguir en contacto con todos los miembros de la OMC, en particular con los países menos desarrollados y los países en desarrollo intermedios, para elaborar un consenso multilateral. 
En esto, el señor Lamy tiene un papel esencial que desempeñar. 
La negociación final tiene que satisfacer los intereses de todos los miembros de la OMC y especialmente los de los países menos desarrollados y demás miembros débiles y vulnerables. 
Aun cuando eso está resultando cada vez más difícil, vamos a continuar trabajando para cumplir los plazos acordados en Hong Kong, como el relativo al acuerdo sobre las disposiciones sobre los aranceles agrícolas e industriales para finales de abril. 
Al mismo tiempo garantizaremos que otros temas en esta ronda que van a llevar más tiempo, como los servicios, las normas y las indicaciones geográficas, sigan formando parte del proyecto indivisible. 
Seguiremos informándoles y recabando sus opiniones sobre los principales avances en esta ronda. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero felicitar al señor Papastamkos por su excelente informe. 
Como ponente de la opinión de la Comisión de Desarrollo, me complace que el componente del desarrollo haya recibido el puesto prominente que merece. 
Nadie discute que el comercio puede realizar una gran contribución en los ámbitos del desarrollo, la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos del Milenio. 
Sigue siendo un asunto peliagudo, porque aunque los intereses de los diversos países no siempre van en paralelo, el derecho y el orden siguen siendo importantes en el comercio mundial. 
Por este motivo el marco comercial multilateral sigue siendo de vital importancia, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, y también por este motivo debemos intentar por todos los medios terminar la ronda de Doha de este año con una nota positiva. 
Tenía esperanzas de que así fuera, pero ahora cada vez estoy más preocupada. 
Ya nos quedan tan solo cuatro meses y apenas hemos avanzado nada, y parece ser que en Río tampoco se han conseguido suficientes resultados. 
Queda mucho por hacer en muchos ámbitos, incluyendo, como acaba de señalar la señora Comisaria, la elaboración de un tratamiento especial y diferenciado para ayudar a los países menos desarrollados, en concreto, para mejorar el comercio y la capacidad de negociación en relación con las subvenciones que interfieren en el comercio, como las ayudas internas, etc. Esos temas deben negociarse más a fondo y ninguno de ellos debería depender solamente del resultado en agricultura o el acceso al mercado para los productos no agrícolas (NAMA). 
El señor Lamy nos advirtió hace poco de que el fracaso en la consecución de los tres objetivos principales en el plazo acordado del 11 de abril es la fórmula ideal para el fracaso de la ronda. 
Lo dijo en relación con la ayuda interna, el acceso al mercado para los productos agrícolas y los aranceles industriales. 
Europa, los Estados Unidos y los países en desarrollo más desarrollados deberían asumir su responsabilidad en este sentido. 
Todavía tengo esperanzas de que el resultado sea positivo este año. 
El compromiso de Europa es sólido pero, sin el esfuerzo de los principales agentes implicados, no se podrá conseguir ningún resultado a escala multilateral que pueda ser el éxito o la ruina de los países en desarrollo más débiles. 
Sigamos trabajando para una ronda satisfactoria con un buen resultado, especialmente por el bien de los países pobres. 
. Como representante de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, quisiera señalar que el informe presentado es más equilibrado que los documentos sobre un tema similar que se han debatido previamente. 
Sin embargo, lamentablemente, ni este informe, ni con frecuencia las propias conversaciones, consiguen dedicar suficiente atención a la resolución de los problemas del sector de servicios de la Unión Europea en el comercio, aunque el sector de servicios de la Unión Europea constituye un setenta por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea. 
Para resaltar la importancia de este sector y su importancia para los servicios comerciales internacionales, hablaré solo de un par de aspectos. 
Esto afecta a los sectores financieros en concreto. 
En los países en desarrollo, la falta de oportunidades para aprovechar los diversos productos financieros progresivos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, donde trabaja la mayor parte de la población de esos países, entorpece la modernización de sus economías y la transición de la mano de obra de la agricultura hacia ámbitos de mayor productividad. 
Por otro lado, las instituciones de la Unión Europea no pueden explotar el potencial del inmenso sector de los servicios financieros. 
Somos muy competitivos en este ámbito. 
Y nos encontramos con problemas cuando comerciamos con los países en desarrollo en productos agrícolas. 
Es decir, de hecho debemos esforzarnos por cambiar la estructura del comercio de modo que sea más fácil trabajar y para que una economía más moderna sea una economía mundial más moderna. 
Es decir, deberíamos fomentar el comercio de los servicios financieros, lo que permitiría a los países en desarrollo modernizar sus economías y a su vez haría que la estructura comercial internacional fuera más efectiva. 
Por supuesto, esto significa que debemos discutir la introducción de unas normas sobre la regulación del comercio, la gestión de las empresas y la regulación de los servicios financieros. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar expresando mis más sinceras gracias a mi colega el señor Papastamkos por su informe y por esos puntos de vista claros y explícitos sobre el tipo de resultado que quisiéramos ver emerger de la OMC. 
También la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quisiera ver una conclusión satisfactoria de la ronda de Doha, pero no a cualquier precio. 
No es aceptable que unos pocos reciban todas las ventajas mientras muchos otros se quedan atrás. 
Lo que necesitamos son unas condiciones justas para el comercio. 
Me complace que el informe insista en la necesidad de una reforma fundamental de la OMC. 
No basta con que la OMC tenga como principal objetivo ampliar el comercio. 
También deben ser objetivos de la OMC las normas medioambientales, las normas de protección al consumidor, las de bienestar animal y unas normas sociales mínimas. 
No es aceptable que en definitiva los ganadores de las negociaciones de la OMC sean quienes saquean la naturaleza y explotan a las personas. 
Es injusto que los agricultores europeos comprometidos en la producción de alimentos deban cumplir un requisito tras otros, si esos requisitos no se aplican a las importaciones. 
Helmut Kohl, el ex canciller federal alemán, dijo una vez que le gustaría ver aplicar a las importaciones de alimentos lo que ya se aplica en el caso de la industria del motor, puesto que en Alemania se permite importar coches de Japón, los Estados Unidos y Corea pero solo pueden circular por las carreteras del país si cumplen los estrictos requisitos técnicos que se exigen aquí. 
Si los alimentos cumplieran los mismos requisitos que deben cumplir los agricultores europeos, no deberíamos temer a la competencia mundial. 
Estamos totalmente de acuerdo en tener que enfrentarnos a esta competencia si podemos compartir los resultados con muchos, y no con unos pocos, en un entorno de creciente prosperidad. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor Papastamkos por las claras orientaciones que nos dio en Hong Kong. 
Podemos sentirnos afortunados porque, en Hong Kong, se consiguió un marco político que ahora, , determina la forma en que se llevarán a cabo las negociaciones de Ginebra, Al fin y al cabo, los políticos han conseguido algo, pero ahora está en manos de los expertos de Ginebra extraer el contenido, y solo podemos esperar que lo hagan lo más rápidamente posible. 
Sabemos que no será fácil, pero estamos bajo una cierta presión de tiempo, sin la que, como norma, en este ámbito no se llega a ninguna solución. 
Por supuesto, para las pequeñas y medianas empresas la principal preocupación es la de la apertura del mercado, que debería ser ambiciosa y, sobre todo, basada en la reciprocidad. 
Creo que es en este ámbito donde la denominada «caja de desarrollo» –un programa para PYME, pensado para agrupar a las pequeñas empresas familiares en el mundo desarrollado y las de los países menos desarrollados– sería una buena forma para que ambos lados se vieran favorecidos en el futuro. 
Para ello, por supuesto, necesitamos la dimensión parlamentaria de los diversos países de la OMC. 
Como sabemos, todos los Parlamentos tienen Gobierno y oposición, y es la oposición la que podría conseguir un progreso considerable en lo que se refiere a esos temas porque, en los países menos desarrollados, la oposición y, por supuesto, los medios de comunicación, tienen una importancia especial cuando se trata de progresar en las negociaciones. 
Finalmente, – y creo que no carece de importancia – existe la relación transatlántica. 
Aquí es donde se necesitan conversaciones, sobre todo en relación con la agricultura, y no puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo con el señor Deß. 
Necesitamos un marco que prometa ganancias para todos. 
. Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, deseo, en primer lugar, felicitar al señor Papastamkos por su informe y agradecerle la disponibilidad y la cooperación que ha mostrado para lograr mantener la coherencia y la línea general que viene marcando esta Cámara desde el inicio de la Ronda de Doha. 
Nuestro Grupo aportará unos matices y respaldará mañana su trabajo. 
En Hong Kong —ya lo hemos debatido aquí en enero— los resultados fueron modestos, pero se dibujó una hoja de ruta, con plazos fijos, siendo el primero de ellos el próximo 30 de abril. 
Permítanme, Señorías, que centre mi intervención en el camino que nos lleva a Ginebra. 
Resulta alentador que las negociaciones se hayan reequilibrado y que no se hable ya exclusivamente de agricultura. 
Se están produciendo avances tanto en NAMA, servicios y facilitación de comercio como en los temas de desarrollo. 
Seguimos abogando por que se cierre esta Ronda a finales de año con un acuerdo ambicioso y equilibrado en todos los ámbitos de la negociación. 
Respaldamos plenamente la estrategia de la Comisión y seguimos defendiendo el principio del. 
Ahora bien, el éxito depende esencialmente de la voluntad política y de la flexibilidad de los grandes actores. 
Ha llegado la hora de mover ficha. 
Contamos con la habilidad negociadora de nuestros Comisarios competentes para incitar a los Estados Unidos a presentar nuevas propuestas respecto de la ayuda interna a sus agricultores y a los países emergentes, especialmente a Brasil e India, a que flexibilicen sus posiciones y presenten propuestas que supongan una verdadera apertura de sus mercados industriales. 
En este ámbito, en NAMA, teniendo en cuenta que se ha optado por la fórmula suiza, se debería definir un número adecuado de coeficientes y aplicar el principio de reciprocidad no plena, para lograr que los PVD puedan proteger sus sectores industriales frágiles y que la industria europea pueda reforzar su posición competitiva en el acceso a los mercados industriales. 
En el ámbito de los servicios, es necesario que se siga por la vía iniciada en las recientes negociaciones plurilaterales y que a las peticiones presentadas el 28 de febrero les correspondan unas ofertas revisadas serias el 31 de julio, teniendo siempre en mente que se debe mantener un equilibrio entre la liberalización de los mercados y el pleno derecho de los países miembros a regular la actividad en este sector, especialmente en el ámbito de los servicios públicos esenciales. 
Señora Comisaria, en Hong Kong los parlamentarios teníamos una magnífica vista sobre la bahía pero tuvimos que utilizar prismáticos para seguir el desarrollo de los trabajos de la Conferencia. 
Espero que no ocurra lo mismo. 
Sabemos que podemos contar con el apoyo y la logística de la Comisión para que se reserve a la delegación del Parlamento Europeo la plaza adecuada y esté plenamente asociada e informada en todo el proceso de negociación. 
. – Señor Presidente, quiero comenzar dando formalmente las gracias al señor Papastamkos por el enfoque que ha dado a su trabajo. Su planteamiento nos ha permitido aunar posiciones de toda la Cámara para elaborar un trabajo magnífico que a mi juicio supone un avance para el Parlamento, la Comisión y la Unión Europea en su conjunto. 
La OMC ha dado pasos concretos para mejorar la transparencia y la participación democrática en sus procesos de toma de decisiones, pero quedan deficiencias básicas, que muchas de mis contribuciones a este informe han intentado subsanar. 
En Hong Kong se organizaron cerca de 450 reuniones, pero solo se invitó a observadores elegidos a un puñado de ellas. 
Solo en dos participaron todos los miembros de la OMC y la mayoría fueron exclusivas y se celebraron entre bastidores. 
Esto tal vez favorezca la negociación, pero apenas ofrece una oportunidad para que el público conozca las instituciones esenciales del sistema comercial mundial. 
Esta cultura de la toma de decisiones a puerta cerrada constituye un retroceso importante en la lucha por despejar el secretismo, lo que se asemeja a nuestra lucha con el Consejo Europeo. 
Si bien los dirigentes de la conferencia se felicitaron por un proceso transparente y participativo, no existen registros o actas de tales reuniones. 
Quién dijo qué, qué países fueron invitados o estuvieron presentes, eso nunca será conocido por el público. 
Esta inquietud no hace sino agravarse con la organización de minirreuniones ministeriales y encuentros superrestringidos a los que la mayoría de los países en desarrollo no están invitados o no pueden asistir. 
El mayor número de miembros y la toma de decisiones basada en el consenso, si bien puede parecer más democrática, sigue sin contrarrestar la influencia de los países industrializados en relación con la de los países en desarrollo. 
A pesar de que tres cuartas partes de los miembros son países en desarrollo, en la OMC siguen enfrentándose pesos pesados con pesos mosca. 
La falta de acceso provocó el descalabro de las conversaciones de Seattle y Cancún, cuando los Ministros hicieron uso de su derecho democrático y dijeron «no». 
Pero no se extrajo ninguna lección. 
Las conversaciones de 2005 todavía estuvieron estructuradas de manera que los debates se celebraran en distintos lugares al mismo tiempo. 
Esto beneficia a las grandes delegaciones de la UE y los Estados Unidos, pero deja a los Ministros de algunos países en desarrollo –los incapaces de desdoblarse– con sensación de desamparo, enterándose a menudo de menos cosas que las omnipresentes ONG y los peces gordos de las empresas. 
Las ONG se han arrogado un papel mayor en las negociaciones de la OMC sobre la base de que representan a la sociedad civil, pero ¿la representan realmente? 
¿Quiénes son sus electores y cómo se beneficien quizá de campañas estrechas y monotemáticas? 
Y sobre todo, ¿cómo puede sobrevivir la democracia cuando las ONG no elegidas gozan de un acceso más privilegiado a los agentes principales que los representantes elegidos democráticamente? 
La Comisión tal vez haya hecho esfuerzos expresos por comunicarse con los observadores en Hong Kong, pero eso no sustituye a la información directa a los parlamentarios electos a fin de subsanar su evidente déficit democrático. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en esencia la ronda de Doha trataba esencialmente sobre la necesidad de que el comercio apoyara y promoviera el desarrollo. 
Uno de los objetivos de la historia de las relaciones comerciales internacionales era hacer de esto un requisito normativo, y era y es lo correcto. 
Eso significa que la continuación de las conversaciones debe considerarse desde la perspectiva del desarrollo. 
Eso es lo que hace que sea de lo más alarmante que la famosa Fundación Carnegie venga ahora con un informe diciendo que el contenido de desarrollo de la ronda actual es prácticamente nulo. 
Debemos tomarnos ese análisis, y esa opinión, muy en serio y, a la luz de esos datos le corresponderá a la Comisión, en las negociaciones, utilizar lo que se denomina «tratamiento especial y preferencial» como método para encontrar y defender soluciones flexibles para los países en desarrollo. 
Lo que importa ahora es que lo que llegó de Hong Kong no empeore en las negociaciones actuales. 
Por este motivo nosotros, los Verdes, rechazamos la propuesta presentada por el señor Papastamkos en su informe de que la cifra de coeficientes de la fórmula suiza debe mantenerse lo más baja posible. 
Esto, en esencia, va en contra del espíritu del compromiso de Hong Kong y negaría a los países en desarrollo un ámbito mayor para el desarrollo independiente. Es flexibilidad lo que necesitan, y pido al Consejo y a la Comisión que ignoren las propuestas de este tipo y adopten una estrategia de negociación que sea favorable al desarrollo. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al señor Papastamkos por su informe. 
La gran cantidad de enmiendas presentadas en la comisión demuestra que puede haber puntos de vista muy diferentes respecto al valor de adaptarse a diversos intereses y, por supuesto, de establecer una gama de prioridades. 
Pasando a la agricultura, es evidente que la Política Agrícola Común necesita una reforma, aunque debe conservar su carácter multifuncional, y una de las consecuencia de ello es que los agricultores de la Unión Europea deben seguir recibiendo ayuda, pero hay que tener cuidado de que las subvenciones para el desarrollo regional socialmente y medioambientalmente sostenible se introduzcan en zonas rurales en vez de ofrecer un trato preferencial a las grandes empresas agrarias y los bancos. 
Debo añadir que no considero que la oferta de la Unión Europea de abolir sus subvenciones a la exportación de cara a 2013 como parte de la reforma de la PAC sea especialmente generosa; de hecho, no lo es más que la prudente reducción de la ayuda interna. 
En cuanto al NAMA, considero que la fórmula suiza para el acceso al mercado no agrícola que se propone actualmente es totalmente inadecuada, porque «igual» no es lo mismo que «justo». 
Todos los estados, y los países en desarrollo en concreto, deben tener derecho a industrializarse al ritmo que ellos mismos elijan, lo que significa que también deben poder proteger a sus sectores vulnerables. 
Además, permítanme pronunciar una firme advertencia respecto a las consecuencias económicas negativas que la repentina anulación de los ingresos aduaneros puede tener para esos países, dado que los derechos de aduana suelen ser una fuente importante y vital de ingresos para sus presupuestos estatales. 
La semana pasada, nada menos que Pascal Lamy, el director general de la Organización Mundial del Comercio, confirmó una vez más que la normativa del GATS permite a todos los estados elegir libremente si quieren liberalizar o no sus mercados de servicios, y, en caso de que deseen hacerlo, a hacerlo como y cuando y en la medida en que ellos mismos elijan. 
Ni siquiera el Anexo C de la declaración ministerial puede, o no debería poder, interferir en ello en el ámbito de los servicios de interés público general como la educación, la cultura, la salud, la infraestructura y la energía. 
Si me permiten pasar a las preferencias, resulta que el informe aborda el problema de la erosión de las preferencias y el descenso de los precios de las materias primas, pero aquí es donde el Parlamento, de cara a la expiración del acuerdo ACP/UE, debería insistir más en que se diera más importancia a los objetivos para el desarrollo durante las negociaciones sobre los acuerdos económicos. 
Después está la democracia: en lo que se refiere a la dimensión democrática, lo que considero definitivamente necesario es una mayor consulta –no solo dentro de la Unión Interparlamentaria, sino también con esta Cámara, con las asambleas nacionales y regionales y con el público. 
ADPIC: Me complace que el acuerdo sobre la reforma del ADPIC ofrezca a los países en desarrollo un mayor acceso a los medicamentos, pero no lo considero suficiente. 
Si se quiere garantizar a todas las personas un acceso a los medicamentos, se necesitarán más cambios en relación con las licencias obligatorias. 
. – Señor Presidente, estamos debatiendo el informe del señor Papastamkos sobre la valoración de la ronda de Doha después de la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong que tuvo lugar en 2005. 
Incluso los preparativos para la Conferencia y la acción llevada a cabo durante ese período por la Comisión y el Consejo causaron gran preocupación en el Parlamento Europeo, especialmente en cuanto al futuro de la agricultura en la Unión Europea. 
Me gustaría llamar la atención de Sus Señorías hacia dos hechos relacionados con ese período. 
En primer lugar, el 18 de octubre, en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el Comisario Mandelson dijo que la Unión Europea debe hacer concesiones a otros países durante las negociaciones de la OMC, porque la Unión Europea ganará más con la exportación de servicios y productos industriales que lo que perderá con una menor protección de la agricultura. 
Esta afirmación sugería que puede haber un deseo de sacrificar los intereses de la agricultura de la UE a cambio de unas vagas ganancias en otros ámbitos. 
En segundo lugar, en diciembre de 2005, antes de que el Parlamento Europeo adoptara los correspondientes informes, la Comisión y el Consejo anunciaron apresuradamente una reforma del mercado del azúcar, que probablemente no ayudará a los países más pobres que exportan azúcar a la Unión Europea, y asestará un duro golpe a los plantadores de caña de azúcar de la Unión Europea, sobre todo a los de los nuevos Estados miembros. 
Esos dos hechos demuestran que antes de que tuviera lugar la conferencia de Hong Kong, la Comisión y el Consejo querían demostrar al mundo su voluntad de ofrecer concesiones durante las negociaciones, sobre todo en temas agrícolas. 
Pero resultó que otros miembros de la OMC no han demostrado ese deseo trascendental de ofrecer concesiones y, lo que es más, han culpado a la Unión Europea por la falta de progreso de las negociaciones. 
Así pues, parece que durante la continuación de las negociaciones, que tendrá lugar en 2006, las instituciones de la Unión Europea deberán atenerse a los siguientes principios en relación con la agricultura: las concesiones realizadas durante las negociaciones de la OMC no deben deteriorar ni la autosuficiencia de la Unión en cuanto a alimentos ni el modelo europeo de agricultura, ni su carácter multifuncional. 
Las concesiones que se ofrezcan en agricultura deben estar condicionadas y deben retirarse si no hay ofertas satisfactorias de otros socios de la OMC durante las negociaciones siguientes. 
En tercer lugar, dada la considerable reducción de los derechos de aduana sobre productos agrícolas, solo los productos no asociados con prácticas de dumping económico, ambiental o social deben tener libre acceso al mercado de la Unión Europea, mientras que los productos agrícolas producidos en condiciones que impliquen un incumplimiento de los derechos humanos y de los tratados internacionales sobre medio ambiente y protección animal deben estar sujetos a cargas adicionales o a cláusulas de protección especiales. 
Dado que los costes en que incurrirán los agricultores europeos para cumplir las correspondientes normas de bienestar animal se han valorado aproximadamente en unos 10 000 millones de euros, debemos exigir que los productos animales procedentes del exterior de la Unión Europea cumplan una normativa similar. 
. – Señor Presidente, cuando todo lo demás se había acabado y Juan vendió la última vaca de lo que en tiempos había sido la próspera granja de su familia, al menos le quedó un puñado de habichuelas. 
En la Conferencia Ministerial de Hong Kong, el Comisario Mandelson hizo importantes concesiones con respecto a la agricultura europea a cambio, supongo, de la esperanza de obtener concesiones en el acceso a los mercados no agrícolas por parte de las demás grandes potencias económicas, pero que sepamos no fue mucho lo que concedieron. 
En el trueque de agricultura por servicios, los agricultores irlandeses de remolacha azucarera han perdido sus cultivos, y ahora hemos perdido nuestra última azucarera, en Mallow, en mi circunscripción electoral, que ha cerrado hace justo dos semanas. 
Los agricultores irlandeses están preocupados de que el ganado vacuno y la industria láctea sean lo próximo que se sacrifique, en un intento por conseguir concesiones comerciales en el ámbito de los servicios. 
Señora Comisaria, cuando el señor Mandelson canjee la última vaca irlandesa, ¿qué espera que nos den? 
Por ahora no veo que sea mucho lo que hayamos obtenido. 
– Señor Presidente, aunque la actual ronda de negociaciones comerciales multilaterales viene celebrándose desde 2001, la aspiración de concluirlas este año parece cada vez más inalcanzable, sin duda a juzgar por el efecto incremental de Hong Kong. 
Hong Kong no consiguió ningún avance significativo en la liberalización del comercio internacional de los servicios o el acceso a mercados no agrícolas. 
La UE no obtuvo nada importante a cambio de su compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación antes de 2013. 
Esta concesión, que viene a añadirse a los sinsabores de la reforma de la PAC, conlleva un sacrificio para las comunidades rurales de Europa. 
En Irlanda del Norte, por ejemplo, nuestra industria láctea depende en gran medida de los reembolsos a la exportación de leche entera en polvo. 
Esta concesión debería retirarse en un plazo corto si no se produce una respuesta recíproca en lo referente al acceso a mercados no agrícolas y de servicios. 
La segunda cuestión que me preocupa es la falta de auténtico control democrático sobre lo que negocia la Comisión en nuestro nombre. 
Una de las condiciones para pertenecer a la UE es que cada Estado debe ceder el control de la política comercial a Bruselas, de forma que ningún Estado miembro puede negociar independientemente acuerdos comerciales con ningún otro país en ninguna parte del mundo. 
Los intereses nacionales quedan totalmente supeditados a lo que se considera el interés general de la UE. 
Eso implica una rendición total del poder nacional, un disparate agravado por la falta de control real sobre lo que después haga la Comisión en nuestro nombre. 
Sí, aquí lo sometemos a debate, pero realmente no podemos cambiar nada. 
No existe un mecanismo eficaz para exigir cuentas al Comisario Mandelson. 
Este déficit democrático es uno de los defectos de diseño de esta UE. 
– Señor Presidente, antes de empezar quisiera decir que me parece bastante sorprendente que una mujer irlandesa afirme primero que Irlanda no ha obtenido absolutamente nada de la Unión Europea y que luego alguien de Irlanda del Norte diga que la política comercial no tiene nada que ver con la democracia. 
Es bastante sorprendente. 
Es más que evidente que Irlanda representa el éxito más notable de la Unión Europea. 
Y sí, el comercio es una competencia exclusiva de las Comunidades Europeas, pero en esencia los Estados miembros se sientan alrededor de una mesa, toman una decisión por mayoría cualificada y otorgan un mandato para negociar a la Comisión. 
Por supuesto, si lo que se quisiera es una federación, tal vez se harían las cosas de un modo algo distinto, pero no he oído nada en ese sentido. 
De todas formas, lo siento, no he podido refrenarme. 
Quiero apuntar varias cuestiones. 
En primer lugar diré que acojo con agrado el informe, cosa que tengo que hacer porque el señor Papastamkos se sienta delante de mí y si no lo hiciese, se volvería y me propinaría en un puñetazo en la cara. 
Pienso asimismo que la globalización es lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos 150 años. 
Ha incrementado el bienestar global; cientos de millones de personas han mejorado sus condiciones de vida. 
Nuestro gran reto, dentro del contexto de la OMC, consiste en cómo encontrar un papel clave para la Unión Europea y cómo conseguir que todo el mundo se suba al carro. 
En segundo lugar, si Doha fracasa, probablemente sobreviviríamos a corto plazo; al fin y al cabo, somos una potencia comercial mundial: más del 20 % del comercio se origina en Europa, más del 20 % procede de los Estados Unidos. 
Podríamos llegar a algunos acuerdos comerciales bilaterales con otras partes del mundo. 
Pero a la larga no creo que funcionara. 
El proteccionismo actúa a largo plazo como un avestruz; es una forma de intentar huir de la realidad de muchas maneras. 
En tercer lugar, y esto se lo digo a la señora Wallström –y a través de ella, al señor Mandelson–, coincido con quienes afirman que ya hemos hecho demasiadas concesiones, sobre todo en el ámbito de la agricultura. 
Creo que la Comisión está realizando una gran labor, pero la realidad es que, a la postre, muy probablemente tendremos que hacer algunas concesiones más. 
Por último, pienso que tenemos que concluir estas negociaciones en 2006, ya que después no vamos a contar más con los Estados Unidos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría hacer varios comentarios. 
En primer lugar, por supuesto, tengo que dar las gracias al señor Papastamkos, pero me gustaría añadir en esta expresión de gratitud al señor Moreno Sánchez, miembro de mi Grupo y ponente alternativo. 
Ambos, junto con los demás diputados que han actuado como coordinadores alternativos, han realizado un trabajo excelente al conseguir –hasta cierto punto conjuntamente– un buen compromiso y un informe creíble. 
Quiero hacer un par de comentarios relacionados con los aspectos que ha abordado usted, señora Comisaria. 
Nos encontramos en una situación muy complicada. 
Londres no fue un éxito, Río no fue un éxito, y ahora viene Ginebra. 
¿Está dispuesta a decir algo, y puede decirlo, sobre las perspectivas de estas negociaciones? 
¿Ginebra será una realidad? 
El segundo tema que ya hemos planteado a la señora Comisaria en varias ocasiones es si la Comisión querrá, esta vez, reconocer en la declaración final el papel de los Parlamentos. 
Ya existe un reconocimiento de la sociedad civil, pero el papel de los Parlamentos se sigue pasando por alto en silencio. 
Solo si se menciona será posible ofrecer mejores garantías en el futuro respecto a la implicación de los Parlamentos y su capacidad de ejercer una función de control. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero felicitar al señor Papastamkos por su excelente informe. 
Sé que ha invertido mucho esfuerzo y que se ha implicado personalmente en el trabajo, así que le felicito calurosamente por este documento. 
Quiero llamar la atención sobre dos puntos. 
El primero es el de las indicaciones geográficas de origen. 
Es lamentable que ni la Comisión ni los europeos en su conjunto hayan conseguido resolver la importante cuestión de las indicaciones geográficas de origen, y no solo estamos hablando de lugares y de nombres, sino también del conocimiento que contienen los productos que proceden de esos lugares. 
En muchos casos Europa es el original que muchos otros imitan, y deberían pagarnos por ello. 
El segundo punto que quiero debatir es el que la señora Mann, el señor Karim y otros han planteado y que, por suerte, ha influido algo en el informe. 
No es aceptable que 130 parlamentarios de 80 países pasen tres días negociando y después no se les mencione ni una sola vez en el comunicado final, mientras que el mismo documento hace seis referencias a organizaciones no gubernamentales. 
Es una invitación a cuestionar la legitimidad democrática de esta asamblea. 
¿A quién debería mencionar, si no a los demócratas? 
Aparte de eso, deseo mucho éxito al señor Papastamkos en el impulso de esta idea. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por un excelente informe que establece importantes principios. 
El primero es que no hay alternativa al sistema de comercio multilateral. 
Los acuerdos bilaterales siempre benefician a la parte más fuerte. 
Tenemos que centrarnos en los países en desarrollo, que se benefician de los sistemas multilaterales que les permiten liberarse de la dependencia de las potencias coloniales. 
En segundo lugar, el informe afirma que la UE tiene que tomar las riendas. 
Esto significa que la UE debe aceptar que vamos a pagar por los acuerdos. 
Debemos alejarnos del principio y no centrarnos en lo que la UE puede conseguir a corto plazo con los acuerdos. 
Los acuerdos que luchan contra la pobreza mundial también nos benefician mucho. 
Después está la cuestión de la agricultura. 
La decisión de retirar las subvenciones a la exportación está muy bien, pero también debemos examinar el resto de las disposiciones en esta materia, incluidas las subvenciones a los distritos rurales. 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , dichas disposiciones resultan muy problemáticas para los pobres del mundo. 
Por último, quiero decir que es muy gratificante que el informe mencione a la OIT y las normas medioambientales, aunque lo haga en términos demasiado generales. 
– Señor Presidente, Señorías, la Ronda de de Doha se ha reducido a una negociación típica encaminada a aumentar las liberalizaciones a favor de los grandes grupos económicos y, como tal, representa un fracaso. 
A pesar de haberse definido como la ronda del desarrollo, los países en desarrollo serán justamente los principales perdedores, como se desprende, por lo demás, de un informe encargado por el propio Banco Mundial a un grupo independiente. 
Además, la permanencia, hasta 2013, de los subsidios europeos a la exportación de productos agrícolas y de los subsidios norteamericanos al algodón provocará un nuevo desastre social en los países en desarrollo. 
La petición de las naciones ricas de que se anulen o se rebajen en gran medida los aranceles de los países en desarrollo acentuará aún más la tendencia negativa en esas regiones. 
Es más, la posibilidad de mantener los aranceles a la importación del 3 % de los productos actualmente protegidos permitirá, por ejemplo a los Estados Unidos, reforzar la protección arancelaria de unos 420 productos, y es muy fácil imaginar que entre los productos salvaguardados se incluyan justamente los que revisten la máxima importancia para los países más pobres. 
Por no hablar de la revisión de los acuerdos ADPIC, que, más allá de los grandes discursos, dificultará aún más el acceso a los fármacos en todo el hemisferio sur del mundo. 
Creo, por último, que el informe no destaca ni estos aspectos ni pone de manifiesto que la OMC representa, de hecho, la promesa incumplida de un multilateralismo necesario destinado a distribuir la riqueza de un modo más efectivo. 
Señor Presidente, comparto la preocupación del señor Papastamkos de que, hasta la fecha, la ronda de Doha ha estado dominada por la agricultura. 
Por eso la UE ha salido con las manos prácticamente vacías de las negociaciones sobre denominaciones y servicios. 
Estoy encantado con la enmienda en la que el ponente pide a la Comisión que elabore un plan de acción alternativo en caso de que fracasen las negociaciones, porque la UE tiene que dar prioridad al progreso en los ámbitos mencionados. 
Esto constituye una prueba de mayor realismo que simplemente insistir en que la ronda acabe en 2006. 
Un segundo elemento que quiero destacar de este sólido informe es el papel de China. 
Europa debe prestar atención no solo a la protección de la propiedad intelectual y a castigar las ayudas estatales ilegales, sino también al acceso al mercado chino. 
Por tanto, me alegra saber que existe una mayor cooperación entre la UE y los Estados Unidos, lo que ha resultado en una queja común sobre las importaciones de componentes automovilísticos de China. 
Este es otro ejemplo de que la Comisión debe seguir dando prioridad a una mejor aplicación de las normas de la OMC por parte de China. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, aquí todos estamos de acuerdo con el libre comercio, nadie quiere resucitar la Albania de los tiempos de Enver Hoxha. 
Por tanto, estamos todos a favor de unas normas multilaterales, pero ¿qué normas y al servicio de qué? 
Se nos dice que el libre comercio está al servicio del empleo y el crecimiento. 
Pero las normas que hasta ahora se han aplicado al comercio ¿han enriquecido a las naciones? 
Esta es la respuesta: en México se han firmado 94 acuerdos de libre comercio y no han traído prosperidad; en Ecuador, los indígenas de los Andes están en contra del acuerdo de libre comercio; en Francia hay en este momento tres millones de estudiantes en la calle porque no hay puestos de trabajo; en la zona donde yo vivo, los vinicultores se encuentran en la miseria, se producen suicidios y sin embargo hay libre comercio. 
La observación de que las actuales normas de libre comercio no conducen a la prosperidad económica indica que hay dos posibilidades. 
La primera es que el libre comercio sea el nombre laico de cristiandad, en que los vinicultores de Europa, los pequeños campesinos y los trabajadores tienen que subirse a la cruz para expiar sus pecados terrenales. 
En este caso, sigamos y, a cambio de nuestras concesiones, ni Brasil ni la India abren su mercado ni el mundo anglosajón reconoce nuestra propiedad intelectual sobre nuestras denominaciones agrícolas. 
Así, señora Comisaria, persistimos en la vía de la pobreza que, tras diez rondas de negociaciones del GATT y de la OMC, no ha hecho nada por África. 
La otra posibilidad es que por fin dejemos de cometer errores y tomemos la vía de la adopción, no de la técnica arcaica de reducción y supresión de los derechos de aduana, sino de la técnica moderna de deducción de los derechos de aduana. 
Damos el salto tecnológico con la invención de derechos de aduana deducibles, porque, en forma de créditos fiscales ofrecidos a los países exportadores y que pueden utilizarse en el país importador, tendremos unos derechos de aduana que garantizarán la neutralidad económica y resolveremos las tragedias de la globalización. 
Diga al señor Mandelson que su papel no es seguir a David Ricardo, sino tener la inventiva de John Maynard Keynes. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera rendir homenaje al notable trabajo de mi amigo el señor Papastamkos, ex Ministro griego de Asuntos Económicos, en la minuciosa recopilación de los datos y la búsqueda del compromiso, y quisiera pedirle, señora Comisaria, que dé las gracias de mi parte al señor Mendelssohn por toda la labor que ha llevado a cabo. 
El mayor éxito de la Conferencia de Hong Kong ha sido el hecho de no resultar un fracaso. 
La etapa actual es decisiva para el equilibrio de la Tierra. 
Tengo dos propuestas y una observación que hacer. 
En primer lugar, por lo que respecta al cese de las subvenciones a las exportaciones en 2013, quisiera volver sobre la propuesta de efectuar una auditoría independiente sobre todas las formas de ayuda materiales e inmateriales a fin de acabar con la hipocresía reinante en este asunto. 
Además hay que hacer hincapié en un importante esfuerzo de planificación que permita evaluar cuantitativa y cualitativamente las repercusiones económicas y sociales en Europa, por ejemplo en materia de empleo en el marco de estas negociaciones. 
Algunos de nuestros sectores económicos más importantes se ven muy expuestos en estas negociaciones, como las industrias agroalimentarias, y lo mínimo que podemos hacer es facilitarles información. 
Por último, debemos abordar la cuestión de la relación entre comercio internacional, riqueza y pobreza, porque esto es esencial para las economías, en particular las occidentales, que crean su riqueza respetando los principios del mercado, y contribuir a la aplicación de mecanismos reales de erradicación de la pobreza en el mundo. 
Si nosotros, los demócratas, no lo hacemos, lo pagaremos muy caro en el plano político, en particular por la escalada de los extremismos. 
En el Parlamento Europeo hay diputados que piensan que el comercio internacional crea pobreza y no riqueza. 
Por nuestra parte, en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, pensamos lo contrario. 
En otros tiempos, el mundo resolvía sus grandes desórdenes con guerras; hoy, las guerras militares han dejado paso a las guerras económicas, con dos diferencias: en vez de muertos, tenemos parados, y no sabemos quién es el enemigo. 
En este asunto, y ante la escalada de los egoísmos nacionales, que son a fin de cuentas la suma de los egoísmos individuales, la Unión Europea apuesta mucho. 
En efecto, en los debates sobre la Constitución Europea explicamos que necesitamos una Europa más política para existir en un mundo cada día más complejo. 
Si nuestros conciudadanos dudan de la utilidad de la Unión Europea en este pulso mundial, nuestro gran proyecto europeo recibirá un nuevo golpe. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, también yo quiero felicitar al ponente y decir, tras su exposición y la del señor Lamy, en nombre de la OMC, ante la Comisión de Comercio Internacional hace algunos días, que después de Hong Kong, Londres y Río, vemos que la Ronda de Doha sigue en suspenso e incluso peligra. 
Es cierto que avanza, pero no mantiene el ritmo con la cuenta atrás hasta el momento de la expiración del mandato de negociación de la Administración estadounidense y, a diferencia de las rondas anteriores, esta vez no tenemos la posibilidad de prolongar dos o tres años las conversaciones sin poner en peligro toda la estructura multilateral. 
Creo que si defendemos con entusiasmo este marco multilateral, debemos pedir hoy a todas las partes que hagan un último esfuerzo. 
Tras las simulaciones por ordenador de Londres, tras los comienzos o los preliminares primaverales de Río, ha llegado el momento de pasar a la acción. 
En particular, es preciso que los países industrializados, Europa y los Estados Unidos, tomen decisiones y consientan compromisos, y hagan los gestos necesarios, porque esta ronda es una ronda de desarrollo. 
Es cierto que los países del G20, los países emergentes, deberán hacer también una serie de concesiones en el plano de los aranceles industriales, pero como sabemos, la reciprocidad no será total. 
No podemos exigirles que pongan en peligro algunos sectores económicos frágiles o sectores industriales o de servicios que no necesariamente están todavía preparados para abrirlos a la competencia internacional. 
Creo, pues, que esta ronda merece concluirse a pesar de todo, y en esto difiero quizás de algunos amigos, como el señor Agnoletto, que hace un momento ha señalado sus insuficiencias. 
No cabe duda que las hay y la Unión debe concentrar su energía en asegurar que se respeten los compromisos contraídos a favor del desarrollo. 
Pero está también la supresión de las ayudas a las exportaciones. 
Su aplicación debe comenzar antes de 2013 y, sobre todo, ir acompañada de un mecanismo de compromiso y control que garantice que los demás países industrializados, y no solo la Unión Europea, avanzan hacia la supresión de todas las ayudas a las exportaciones. 
Con todo, los productos agrícolas de los países en desarrollo tendrán un mayor acceso al mercado de los países ricos, y es necesario reducir la lista de productos sensibles. 
Los países menos avanzados deben tener acceso al mercado sin derechos ni cuotas, pero debemos suprimir una parte de las líneas arancelarias del 3 % que van a permitir a determinados países, como Japón o Australia, eludir este esfuerzo; es preciso modificar los acuerdos ADPIC para el acceso a los medicamentos; y debemos prever un paquete de desarrollo con ayudas al comercio que no deben sustituir a las ayudas ya previstas en el marco de la ayuda pública al desarrollo para financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
Desde hace ahora diez años, la OMC controla el complejo régimen de los intercambios comerciales internacionales. 
El volumen y la calidad de este comercio crecen exponencialmente. 
Resulta indispensable, por tanto, adoptar un marco normativo sólido y homogéneo, que garantice la transparencia y suprima las desigualdades. 
El régimen multilateral es la única forma de negociación que puede garantizar un enfoque equilibrado entre todos los miembros. 
Espero por tanto que Europa sepa defender esta posición en las nuevas negociaciones y esforzarse por concluir los acuerdos en 2006, porque un nuevo fracaso debilitaría todo el sistema, con graves consecuencias sobre todo para los países en desarrollo. 
Hay que mirar más que nada a estos últimos y la renuncia a las subvenciones a la exportación por parte de los países industrializados representa un gran paso en este sentido. 
Naturalmente, para que esta iniciativa dé resultados positivos, es importante que sea debidamente apoyada y propuesta de nuevo por los demás miembros de la OMC. 
En nombre del desarrollo de los países más atrasados, es importante velar también por que la apertura al mercado de otros sectores, como los servicios, no comprometa de forma irreparable la estructura económica y social de estos países y, en particular, que la prestación de los servicios públicos no esté sujeta a las normas de la competencia y a la presión comercial de las compañías del norte. 
Por último, no obstante, exhorto a la Comisión a que proteja nuestra producción, sobre todo en aquellos sectores en los que la magnitud de la falsificación y de la importación ilegal está resultando insoportable para miles de industrias. 
La Comisión debe defender enérgicamente una aplicación rigurosa de las normas vigentes contra estas actividades. 
Señor Presidente, África representa menos del 2 % del comercio mundial y, sin embargo, la ronda del desarrollo sigue atascada en concesiones insuficientes. 
Los Estados Unidos van a la zaga con la ley de reforma agraria, la UE no está abierta a más restricciones de productos automovilísticos y a la restricción de servicios «azules» , y el G20 va a la zaga con la reducción de los aranceles industriales. 
África y los países menos desarrollados corren el riesgo de sufrir las consecuencias de todo ello. 
Se merecen el derecho permanente a proteger su propia agricultura, porque la subsistencia de siete de cada diez personas en esos países depende de ese sector, y se merecen un acceso libre a los mercados crecientes de la UE, los Estados Unidos y el G20. 
Hace dos semanas Pascal Lamy, el Secretario General de la OMC no tuvo pelos en la lengua al declarar que a menos que insistamos en Ginebra a finales de este mes, la ronda acabará siendo un fracaso. 
Esto costaría a Europa crecimiento económico y empleo, y África perdería en términos de desarrollo económico y no conseguiría alcanzar los Objetivos del Milenio en los ámbitos de la educación básica y la atención sanitaria. 
¡Combinemos los intereses de Europa y de África; insto al Comisario Mandelson a que haga todo lo que pueda por abolir y limitar las subvenciones agrícolas, y que apoye a la Europa del siglo XXI y no convierta a África y a nuestros ciudadanos en prisioneros de elecciones pasadas! 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe. 
Aunque todavía hay que avanzar mucho en las negociaciones, al menos estamos hablando, lo que ya de por sí es una bendición. 
Quiero hacer tres observaciones que, a mi juicio, revestirán una importancia crucial en las próximas semanas y meses. 
En primer lugar, la necesidad de implicar a los países más pobres. 
Muchas delegaciones de los países más pobres, que son quienes más se van a beneficiar de esta ronda, tienen dificultades para seguir implicadas en las negociaciones de los expertos. 
En segundo lugar, son estos países en desarrollo los que tienen que beneficiarse del comercio mundial. 
Después de todo, por algo hablamos de las rondas de «desarrollo» de Doha. 
Por tanto, quiero pedir a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que traduzcan en hechos este excelente principio, mencionado en numerosas intervenciones, tanto durante las negociaciones como después de ellas. 
Por último, la liberalización del comercio de servicios. 
Está cambiando la manera en que se están llevando a cabo esas negociaciones, y creo que es peligroso. 
En mi opinión, abandonar el enfoque de abajo arriba no puede reconciliarse con la idea de una ronda de desarrollo y el informe podría haber sido más implacable a ese respecto. 
. Señor Presidente, solo quiero hacer tres comentarios breves. 
Primero, quiero darles las gracias por este debate, que me ha parecido muy constructivo y equilibrado y efectivamente muy interesante. 
¡Gracias por no matar al mensajero! 
Me encargaré sin duda de que todo lo que se ha dicho esta noche sea trasladado de inmediato al señor Mandelson, que además agradecerá, espero, que no haya entrado en profundidad en todos los detalles de esta Ronda de Doha. 
También me gustaría comentar el proceso general. 
Como comprenderán, se informa y se debate regularmente en la Comisión. 
Como han preguntado varios diputados, ¿qué ocurre si fracasa Doha y qué diremos entonces acerca del proceso general? 
Es verdad que este proceso no es fácil, pero tampoco está bloqueado, y seguimos estando empeñados en concluir la ronda antes de finales de año y comprometidos con el principio del proyecto indivisible. 
Como ya se ha mencionado, hemos propuesto recortes reales de los aranceles agrícolas, pero tienen que estar compensados por recortes reales de los aranceles industriales y la liberalización de los servicios. 
Nos quedan algunas semanas para llegar al final de abril y seguiremos debatiendo con nuestros socios, paso a paso, a fin de ponernos de acuerdo sobre las disposiciones dentro del plazo que nos marcamos en Hong Kong. 
Me gustaría decir también unas palabras acerca de la participación de los diputados al Parlamento Europeo en la próxima reunión de la OMC, ya que considero que es muy importante para todos ustedes. 
A mi juicio, la reunión de abril de la OMC probablemente va ser una reunión del Consejo General encargado de los procedimientos de negociación; no es una reunión ministerial propiamente dicha, así que no conlleva el mismo montaje y, por consiguiente, la Comisión no tiene prevista una delegación oficial de la UE al completo, como la que solemos enviar a las reuniones ministeriales del tipo de Hong Kong. 
Si la Comisión de Comercio Internacional aquí en el Parlamento envía diputados a Ginebra durante dicha reunión, el Comisario estará dispuesto a recibirles y facilitarles un resumen informativo como es habitual. 
La delegación de la Comisión en Ginebra brindará igualmente el apoyo que normalmente ofrecemos a los diputados al Parlamento Europeo sobre el terreno cuando se encuentran en misión oficial en otros países. 
Eso es lo que podemos decir en estos momentos sobre la participación de los diputados. 
De nuevo les doy las gracias por el debate y me cercioraré de que sus opiniones sean transmitidas inmediatamente al señor Mandelson y al conjunto de la Comisión. 
– Señor Presidente, tengo una pregunta breve acerca del tema que acaba de plantear la señora Comisaria, el de que la reunión de abril va a ser una reunión del Consejo General. 
Según la información que he recibido, la reunión del Consejo General puede convertirse –si es provechosa– en una reunión ministerial. 
En tal caso, la práctica habitual es que tengamos políticos disponibles. 
¿Podría estudiar con sus colegas de la Comisión, y con el Comisario Mandelson, la forma de proceder en este caso? 
. Señor Presidente, tendría que estar aquí el Comisario Mandelson para facilitar la información más reciente. 
Si se modifica la decisión o el formato, entonces tendremos que garantizar también que a continuación se cambien convenientemente las previsiones en lo tocante a la participación de los diputados al Parlamento Europeo. 
Acogemos con agrado la participación de los diputados al Parlamento Europeo, que siempre ha sido sumamente útil y, una vez más, le conferiría un carácter abierto y sería un gran apoyo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ayer, en el turno de intervenciones de un minuto, algún diputado hizo referencia a la situación de un Grupo político y le anticipé que hoy podría darle respuesta a su inquietud. 
En efecto, les informo de que he recibido una carta, que me han remitido los señores Bonde y Farage, copresidentes del Grupo Independencia y Democracia, en la que me piden que revoque el anuncio que hizo la Presidencia el pasado 15 de marzo sobre la reestructuración de dicho Grupo político. 
En consecuencia, atendiendo la petición de los copresidentes de este Grupo, queda revocada, nula y sin efecto dicha declaración de la Presidencia y, en consecuencia, la composición del Grupo Independencia y Democracia sigue siendo idéntica a la que había antes del 15 de marzo de 2006. 
En base a esta composición, que sigue siendo la misma que antes de la declaración de la Presidencia, la dirección del Grupo convocará las reuniones que estime oportunas para seguir trabajando en el interior del mismo. 
. – Señor Presidente, Señorías, intervengo en realidad en nombre de la Comisión de Pesca, de la que soy presidente, para informarles de que anoche, por una amplia mayoría de 14 votos contra 9, dicha comisión se pronunció ayer por la tarde en contra de la solicitud de urgencia presentada por el Consejo para el examen del informe de nuestro colega el señor Varela sobre el reglamento relativo a la celebración del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. 
Esto se debe a que si aceptáramos esa solicitud sería lo mismo que dar un cheque en blanco con respecto al acuerdo, en un momento en que los debates en nuestra comisión distan mucho de haber concluido, como demostró la viveza de las discusiones de ayer, y en un momento en que la Comisión de Desarrollo, que tiene un interés particular en este tipo de acuerdos, todavía no ha emitido su opinión. 
Somos conscientes, por supuesto, de la importancia de este acuerdo tanto para el Gobierno marroquí como para los propios pescadores europeos. 
Por ello proponemos aplicar a este expediente un procedimiento acelerado, que permitiría, tras un nuevo intercambio de puntos de vista en la próxima reunión de la comisión de los días 18 y 19 de abril, votar el informe en comisión el 2 de mayo y, por consiguiente, someterlo al dictamen del Parlamento en el próximo Pleno de mayo. 
Que sepamos, los primeros pagos no tendrán lugar hasta finales del mes de junio. 
Por consiguiente, pensamos que este periodo final de reflexión, que consideramos necesario en el Parlamento, no causará mayor inconveniente. 
Es absolutamente necesario que los pescadores españoles puedan pescar desde el comienzo de la temporada, es decir, desde el 1 de mayo. 
Hace años que no tienen la oportunidad de dedicarse a su actividad pesquera y un retraso, en el fondo, no modificaría en absoluto el actual proceso de ratificación ni el contenido de los tratados. 
Señor Presidente, mi Grupo político se opone a la solicitud del Consejo de aplicación del procedimiento de urgencia hasta que se suministre a este Parlamento la información necesaria e imprescindible que garantice que este acuerdo de pesca es el marco jurídico adecuado para el normal desarrollo de las actividades pesqueras de la flota comunitaria. 
. Señor Presidente, tomo la palabra en virtud del apartado 3 del artículo 134, como ponente de este informe, para señalar a la Cámara que el ponente está en contra de la urgencia. 
Está en contra porque, tratándose de un asunto tan sensible, que no se ha cerrado del todo, de un acuerdo que aún es objeto de matizaciones sustanciales por ambas partes, no se puede hurtar a la comisión competente, la Comisión de Pesca, su correspondiente informe, su debate y su votación. 
Queridos colegas, no queremos sobresaltos el día de mañana en la aplicación de este acuerdo, como ha ocurrido en el pasado. 
Queremos dar al sector pesquero garantías de seguridad jurídica, de plena operatividad de lo pactado y de rentabilidad de este acuerdo. 
La Comisión de Desarrollo ya se ha pronunciado y tendremos en cuenta su informe. 
La Comisión de Pesca todavía no lo ha hecho. 
Con el compromiso que propuse ayer al presidente de la Comisión de Pesca, y que esta ha aprobado, no pretendo retrasar el informe sino acelerarlo para que en mayo pueda estar disponible en esta Cámara y podamos llegar en perfectas condiciones a la conclusión del asunto, puesto que el 30 de junio vence el primer plazo para que se haga la primera compensación financiera. 
Llegaremos a tiempo y quiero señalar, a la luz de lo que ha dicho el señor Kindermann, que muchas de las especies que están recogidas en el acuerdo empiezan este mes y el mes que viene una parada biológica, por lo que no se verán afectadas. 
Por estas razones, pedimos que nuestra comisión trabaje en este tiempo que le queda y podamos traer al Pleno un informe de la comisión competente. 
Esta es la razón por la que rechazamos hoy la urgencia. 
(1) 
. – Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidió ayer, por unanimidad, apoyar la solicitud del procedimiento de urgencia presentada por la Comisión Europea para las medidas excepcionales de apoyo al mercado de los huevos y las aves de corral. 
Ante la grave crisis que vive actualmente el sector avícola en muchos Estados miembros, nos parece indispensable tomar una decisión rápida y, si se aprueba el procedimiento de urgencia, el Parlamento Europeo podrá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión Europea. 
Demostrará así su capacidad para reaccionar con rapidez y responder a las demandas de los ciudadanos. 
La Comisión presentó la solicitud del procedimiento de urgencia a finales de la semana pasada y le responderemos el jueves. 
Creo que esto es un buen ejemplo para nuestros ciudadanos de capacidad de respuesta ante una crisis importante. 
(2) 
El punto siguiente es el debate conjunto sobre 
-el informe de Magda Kósáné Kovács, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros [COM (2006) 0032- C6-0047/2006- 2006/0010 (CNS) ] (A6-0086/2006) , y 
-el informe de José Manuel García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea: informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 [2006/2047 (INI) ] (A6-0077/2006). 
Señor Presidente, Señorías, las directrices económicas integradas constituyen el núcleo de la nueva política de crecimiento y empleo con la que intentamos dar un impulso a la agenda de Lisboa; se han formulado de manera integrada a partir del reconocimiento de que no podremos cumplir satisfactoriamente el cometido de mejorar el crecimiento y el empleo en Europa si no conseguimos establecer una estrecha relación entre los objetivos macro y microeconómicos y en materia de empleo. 
Las directrices económicas constituyen el marco en el que los Estados miembros y las instituciones comunitarias establecen sus planes respectivos para el desarrollo de la estrategia de crecimiento y de empleo. 
La Comisión las presentó por primera vez el año pasado y agradezco la atención especial que les ha prestado su Asamblea, pues servirán de guía –no solo este año, sino también después– de lo que nos proponemos hacer y de los fundamentos en que vamos a basarnos para ello. 
Lo cierto es que la estrategia de crecimiento y empleo, que estamos intentando aplicar desde hace alrededor de un año, es un proceso totalmente nuevo. 
Todavía no sería justo emitir un dictamen definitivo sobre los elementos de este nuevo proceso, pero podemos afirmar, aunque con mucha cautela, que para elaborar sus programas nacionales de reforma los Estados miembros se han guiado sobre todo por las prioridades establecidas en las directrices económicas integradas, igual que lo ha hecho la Comisión en su propuesta de programa de acción comunitaria. 
Es importante señalar que la estrategia de crecimiento y empleo está basada en un ciclo de tres años. 
Y, por supuesto, será necesario hacerlo, pero en este momento no vemos ninguna razón para modificar las directrices para el año 2006; estas siguen constituyendo una base sólida para los diálogos que está desarrollando actualmente la Comisión con los Estados miembros, con la finalidad de que los programas nacionales de reforma se pongan efectivamente en marcha. 
En cuanto a los pilares individuales de la estrategia, mis colegas, los Comisarios Almunia y Špidla, podrán añadir algo más sobre sus aspectos macroeconómicos y de empleo. 
Por mi parte, quisiera considerar brevemente su dimensión macroeconómica y subrayar los progresos significativos conseguidos en algunos ámbitos, en particular en lo que respecta al aspecto fundamental para el futuro económico de Europa, esto es, la transición a una sociedad basada en el conocimiento y su transformación en una economía basada en la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Por eso hemos insistido tanto en imponer unos objetivos cuantitativos en materia de investigación y desarrollo. 
Como deben saber, los programas nacionales de reforma han obtenido resultados bastante decepcionantes en este ámbito, ya que supondrían un crecimiento del 2,2 % hasta 2010, en lugar del 3 % deseado. 
Pero durante las pocas semanas en las que hemos podido tratar este asunto este año, hemos conseguido un compromiso significativamente superior de los Estados miembros. 
Si lo cumplen, podremos conseguir un crecimiento del 2,6 % para el 2010, lo que supone una mejora, pero quiero dejar claro que no es suficiente y, por lo tanto, la Comisión va a continuar presionándolos. 
El Consejo Europeo de hace dos semanas, sobre el que ustedes van a debatir mañana, también examinó algunos aspectos importantes de la aplicación de la estrategia y llegó a algunas conclusiones; quiero recordarles en particular las resoluciones del Consejo sobre la promoción de las pequeñas y medianas empresas, la mejora del proceso legislativo y la política energética. 
En relación con las directrices, periódicamente se plantea si en adelante la Comisión debería dirigir recomendaciones específicas a los países correspondientes cuando evalúe los planes nacionales de reforma. 
Nos abstuvimos de hacerlo en la primera ronda por un motivo que nos pareció importante: no sabíamos cómo serían los programas nacionales de reforma. 
Sin embargo, quiero señalar que la Comisión sigue teniendo, como es obvio, la opción de incluir recomendaciones específicas en futuros informes de situación y así lo haremos cuando resulte necesario. 
No obstante, pienso que ahora lo más importante es que todos sumemos nuestros esfuerzos para informar a la opinión pública europea de que en efecto tenemos una estrategia común de crecimiento y creación de empleo, de las prioridades que compartimos y de que estamos trabajando conjuntamente para hacerlas realidad. 
. Señor Presidente, me uno a la valoración que acaba de formular el Vicepresidente Verheugen sobre el modo en que estamos desarrollando la Estrategia de Lisboa revisada, que pusimos en marcha el año pasado. 
Leyendo el informe del señor García-Margallo sobre la economía europea y las grandes orientaciones de política económica observo una coincidencia sustancial, como también observamos desde la Comisión esa coincidencia, con los mismos objetivos y con el mismo proceso hacia el logro de los mismos, en el último Consejo Europeo. 
Creo que esta coincidencia básica de las tres instituciones europeas es un elemento crucial para la credibilidad del proceso, la apropiación de los objetivos de esta estrategia por todos los actores económicos y sociales, y no solo por las instituciones europeas y nacionales, y una de las condiciones- a mi modo de ver imprescindibles- para la consecución de un mayor crecimiento y mayor empleo en la Unión Europea. 
En primer lugar, es evidente que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, y creo que coincidimos con la opinión del Parlamento, era importante obtener una mejor sincronización entre los objetivos de la Estrategia de Lisboa, para lograr más crecimiento y más empleo, y la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En el último año esto se ha conseguido. 
Hay más sintonía y mejor interrelación y, en la práctica, creo que los resultados están siendo muy positivos. 
Hoy en día la economía europea avanza mejor que hace un año hacia la consolidación fiscal, como una de las condiciones necesarias para sustentar sobre ella un crecimiento más sólido y un crecimiento capaz de generar empleo. 
La confianza de los actores económicos mejora, los resultados de actividad nos permiten avanzar que el año 2006 va a ofrecer mejores resultados que el año 2005 y las perspectivas que se abren para el futuro son también positivas. 
En segundo lugar, coincido plenamente con una de las afirmaciones del informe del señor García-Margallo en cuanto a la importancia de prestar más atención a la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en particular, a cómo afrontar las consecuencias del envejecimiento de la población. 
Hace pocas semanas, la Comisión y el Comité de Política Económica, del que forman todos los Estados miembros, hemos hecho público un informe sobre las consecuencias económicas y presupuestarias del envejecimiento de la población. 
Son unas consecuencias importantes, pero también se observa en ese informe que, actuando a tiempo y aplicando reformas, como las que están incluidas en muchos de los programas nacionales de la Estrategia de Lisboa y como las que están promoviendo los diferentes Miembros de la Comisión Europea a través de sus iniciativas, en particular las iniciativas en el plano demográfico del Comisario Špidla, los resultados se observan, y ya hay países europeos que están hoy en mejores condiciones que hace cinco años para afrontar las consecuencias del envejecimiento de la población. 
En octubre, la Comisión va a publicar un informe sobre esta cuestión, que espero sea también debatido y seguido en el Parlamento. 
Quiero expresar mi satisfacción porque en el informe del señor García-Margallo, además de un análisis general de la economía europea y del papel de la Estrategia de Lisboa y de los diferentes instrumentos recogidos en las grandes orientaciones de política económica para la economía de los veinticinco, se hace una alusión especial a los desafíos y las necesidades de la zona del euro, en la que los doce países que comparten una moneda única, el euro, necesitan unos mecanismos de coordinación y de atención especial para obtener los máximos resultados de la unión económica y monetaria. 
Agradecemos al señor García-Margallo que lo haya señalado en su informe. 
. Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión quiero dar las gracias a la ponente, la señora Kovács, por el excelente informe que ha presentado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Es un informe constructivo en dos sentidos: amplía la base de conocimientos y es de esperar que acelere la adopción por el Consejo en comparación con la tardanza de años anteriores. 
En la sesión de primavera del Consejo Europeo se afirmó que la Unión será capaz de crear dos millones de puestos de trabajo anuales. 
Pero la creación de empleo y la reducción del desempleo no tendrán lugar a menos que aprovechemos el actual crecimiento económico para continuar impulsando las reformas necesarias. 
La sesión confirmó que las directrices integradas siguen siendo válidas, al tiempo que estableció las prioridades sobre las que se va a insistir más. 
Me complace que la comisión parlamentaria defienda un enfoque parecido y no haya acordado modificar en exceso los principios de fondo de la política de empleo. 
Estamos dispuestos a cambiar los puntos de justificación, pero también queremos mantener la redacción original del texto propiamente dicho. 
El año pasado se redefinió la Estrategia de Lisboa con respecto al conjunto integrado de principios básicos que informan la política de empleo y las directrices para la política económica. 
La estrategia tiene carácter trianual, con el fin de crear un marco político claro y estable para los órganos encargados de aplicarla. 
Un estudio realizado por la Comisión sobre los primeros programas nacionales de reforma ha puesto de manifiesto deficiencias concretas en lo que respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros, si bien estas no merman la validez de los principios básicos. 
Por lo tanto, no sería pertinente dar la impresión de que deseamos cambiar la orientación o el contenido de las políticas. 
El texto propuesto por la Comisión deja deliberadamente abierta la posibilidad de complementar las justificaciones con prioridades políticas específicas. 
Por consiguiente, se adecua claramente al deseo del Parlamento de incluir en las justificaciones ciertos aspectos de carácter económico y social que exigen especial atención, en especial los que concuerdan con las conclusiones de la última sesión de primavera del Consejo Europeo. 
En dicha sesión se hizo hincapié en la necesidad de aumentar el empleo, en particular de los jóvenes, las mujeres, las personas mayores y las personas con problemas de salud, los inmigrantes legales y las minorías. 
En el caso de los jóvenes se confirmó el objetivo de reducir un 10 % las cifras de abandono escolar y de ofrecer a todos los jóvenes un empleo, experiencia laboral o educación superior en el plazo de seis meses tras la finalización de sus estudios para el año 2007 y de cuatro meses para el 2010, tal como establecen los principios actuales. 
En el caso de los trabajadores mayores se subrayó la necesidad de introducir una estrategia integrada basada en empleos de calidad y formación especializada. 
Por lo que respecta a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la sesión de primavera del Consejo Europeo aprobó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, y el Consejo también aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar un amplio debate que debería culminar con la aprobación de principios comunes en el ámbito de la flexibilidad y la seguridad antes de finales de 2007. 
El objetivo de dicho debate con los Estados miembros y los agentes sociales es reducir la segmentación del mercado laboral y lograr un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. 
Permítanme que manifieste asimismo mi satisfacción por la acogida favorable que obtuvo en la Cumbre de primavera la propuesta de la Comisión de establecer un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Esto prueba que existe el deseo de hacer un uso más eficaz de los fondos comunitarios en apoyo de la estrategia de empleo europea y conforme a los deseos del Parlamento Europeo. 
. – A los ciudadanos europeos nos les gusta la jerga política que usan los expertos. 
Por desgracia, el «proceso de Lisboa» también está empezando a convertirse en una frase hecha, a pesar de que representa nuestro futuro común. 
Si los Estados miembros de la Unión son competitivos, tendremos más y mejores puestos de trabajo. 
Si los ciudadanos encuentran empleo, disminuirá la pobreza. 
Esto también proporcionará más recursos para la reforma de los sistemas sociales y nos permitirá conservar el medio ambiente para nuestros nietos. 
Quiero hacer hincapié en que el empleo no puede producir resultados económicos significativos si no va acompañado de seguridad social y está basado en esta. 
Y si esto es cierto –y lo es– podemos acoger con satisfacción la decisión del Consejo y de la Comisión de que los Estados miembros evalúen la aplicación de las directivas sobre empleo y desarrollo económico en forma de directivas integradas, con una evaluación conjunta de ambos aspectos. 
Como podemos ver, el panorama se ha enriquecido, sobre todo debido a que ahora la Comisión Europea ha evaluado los planes de acción de los 25 Estados miembros. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha reconocido y aceptado que, de conformidad con los acuerdos interinstitucionales –y creo que esto también redundará en interés de los Estados miembros–, el Parlamento no va a modificar las directrices cada año, sino solo en el caso de que surjan problemas en el mercado de trabajo de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, nos pareció importante incluir en el documento parlamentario, en la especificación de los objetivos políticos contenida en el preámbulo, las lecciones aprendidas a partir del primer informe elaborado tras la adhesión de los diez nuevos Estados miembros. 
La comisión competente ha acordado, casi por unanimidad, que el Parlamento participe más activamente en la verificación de la aplicación de las directrices. 
Con este objeto, nos pondremos en contacto con el funcionario competente de la Comisión en esta materia. 
En mi informe he querido complementar la exposición de la Comisión respecto de tres cuestiones de principio importantes; mis colegas de la comisión parlamentaria han contribuido de forma significativa a asegurar que dichas cuestiones se presenten con claridad y de manera detallada. 
En primer lugar, pedimos que se preste más atención a la mejora de las oportunidades de los grupos sociales desfavorecidos en el mercado laboral. 
Y, como han apuntado los Comisarios, esto también es un requisito previo para un mayor crecimiento económico. 
Disponemos de una enorme reserva para aumentar los recursos laborales: en primer lugar, mediante el aumento de la actividad femenina; en segundo lugar, a través de la permanencia de los trabajadores mayores en el mercado laboral o del fomento de su reincorporación; y, en tercer lugar, ayudando a los jóvenes a encontrar empleo y a incorporarse al mercado laboral. 
Aun así, consideramos igualmente importante eliminar las desventajas que actualmente mantienen fuera del mercado de trabajo a una parte de la población. 
También ponemos de manifiesto la anomalía que supone que los trabajadores procedentes de terceros países pueden disfrutar de una posición más favorable en el mercado laboral europeo que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Tendremos oportunidad de debatir este problema en relación con el informe Őry, pero quiero adelantarles que acogemos con satisfacción la incorporación de los Países Bajos al «club de los Seis» (será el séptimo país, a partir de 2007) , según se desprende de las noticias que hemos escuchado recientemente. 
Y, por último, como tercera consideración, pensamos que sin unas perspectivas financieras a largo plazo no es posible dotar a los Estados miembros de recursos suficientes para desempeñar las tareas que se definen específicamente como objetivos fundamentales en las directrices integradas. 
Las palabras corteses están de moda, pero lo que voy a decirles no es una cortesía ni una frase rutinaria: quiero manifestar mi sincero agradecimiento a mis colegas –independientemente de su afiliación– y a los representantes de los diversos Grupos políticos por su ayuda y sus aportaciones, y en especial a la señora Mato Adrover, coponente del informe. 
Esperamos que la frase «unidad en la diversidad» no sea solo un lema, sino también una oportunidad. 
. – Señor Presidente, señores Comisarios, la discusión sobre las grandes orientaciones económicas nos ha dado bastantes dolores de cabeza en años anteriores. 
Para que este año el dolor de cabeza sea más liviano, me voy a limitar a tres cuestiones: ¿por qué el Parlamento ha decidido hacer un informe a pesar de que la Comisión ha optado por ratificar los informes anteriores? 
¿Qué podemos hacer para que nuestros informes sean oídos? 
Y, en tercer lugar, ¿qué es lo que queremos que la Comisión oiga? 
En primer lugar, ¿por qué un informe? 
Porque hay un montón de recomendaciones, hechas en informes anteriores, que la Comisión no ha tenido en cuenta. 
En segundo lugar, porque, desde que discutimos el informe anterior, han surgido factores nuevos: el fracaso relativo de la Constitución Europea, unas nuevas perspectivas financieras, unas primeras subidas de interés, tres candidatos que aspiran a entrar en la zona del euro, y la Ronda de Doha, que continúa las conversaciones comerciales de Hong Kong. 
En segundo lugar, porque hay ciertos factores que sí fueron tenidos en cuenta en otros informes, pero que han cobrado un protagonismo mayor a lo largo del tiempo. 
Se ha referido el Comisario Almunia al envejecimiento de la población y deberíamos hablar también de las consecuencias de la inmigración, de las consecuencias de las importaciones chinas, una vez que han terminado las restricciones cuantitativas, de los desequilibrios mundiales, fundamentalmente de los Estados Unidos, y, por último, del shock energético. 
¿Qué debemos hacer para ser oídos? 
Este informe ha sido redactado con un espíritu de consenso, lo cual nos ha obligado a muchos a hacer muchas renuncias de nuestros pensamientos particulares, renuncias que yo agradezco especialmente a todos los representantes de los otros Grupos parlamentarios. 
Y, si queremos ser oídos, lo primero que tengo que señalar aquí es que antes no lo hemos sido. 
Empieza este informe con una especie de memorial de agravios, una recopilación de recomendaciones que hemos hecho y que no han sido seguidas por la Comisión. 
Pedimos una transposición de directivas que no se ha hecho, la reducción de los déficit —el Comisario Almunia ha recordado que 12 de los 25 Estados miembros están en estos momentos en una situación de déficit excesivo—, una comunicación sobre la globalización para aclarar a la población cuáles son las oportunidades y los desafíos de la misma —comunicación que, si se hubiese hecho, nos habría evitado algún quebradero de cabeza— y pedimos también que se aplicasen las cartas de la pequeña y la mediana empresa, cosa que no se ha hecho. 
En segundo lugar, este informe trata de lo que podríamos llamar cuestiones institucionales, tengan o no carácter constitucional. 
Se abordan en este periodo de reflexión activa —que ni es reflexión ni es activa— aquellas preguntas que quedaron pendientes en la Convención y que no han sido contestadas: ¿cuáles son los objetivos y competencias de la Unión? 
¿Cuál es la responsabilidad del Banco Central Europeo, respetando siempre su independencia? 
¿Qué hacer para reforzar el Pacto de estabilidad y crecimiento? 
¿Cuáles son las bases jurídicas para modificar la fiscalidad en la Unión y en los Estados miembros? 
Una recomendación explícita de la que yo rogaría que la Comisión tomase nota: este Parlamento no aprobará ninguna directiva por el procedimiento Lamfalussy si antes de 2008 no se resuelve el problema del o de la avocación, en última instancia representación internacional de la zona del euro. 
Se ha referido el Vicepresidente de la Comisión a la coordinación en un solo documento de las GOPES y de las orientaciones de empleo: es verdad, pero siguen sometidas a procedimientos diferentes, información y consulta, que dificultan su comprensión. 
Es necesario, además, incorporar otros documentos para que esto no sea fragmentario. 
En materia de fiscalidad de carácter institucional, pedimos que la Comisión se haga eco de lo que ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia: residencia única, como extensión de la ciudadanía, principio de no discriminación y convenio de doble imposición. 
Y, en materia de coordinación, celebro las amables palabras del Comisario Almunia: es verdad que tenemos que coordinar más, tenemos que hacer un diagnóstico exacto, una terapia exacta, un análisis de lo que ha pasado y definir el papel del Eurogrupo. 
En materia de política macroeconómica, no entramos en el tema de los tipos de interés, no exponemos nuestra opinión. 
Sí decimos que hay que hacer todo lo posible para que los precios no suban y los tipos de interés se mantengan bajos. 
Hacemos una referencia a la deuda pública, en los términos que ha dicho el Comisario: menos intereses, menos amortizaciones, quiere decir más gastos de envejecimiento, más Lisboa. 
En cuanto al clima empresarial, pedimos una reflexión seria. 
Los Estados Unidos van por delante de nosotros. 
La Unión Europea tiene 144 empresas entre las primeras del mundo, frente a las 206 de los Estados Unidos. 
La pequeña y la mediana empresa duplican sus efectivos en empleo en los dos primeros años, cosa que no ocurre en Europa. 
Pedimos que se aplique la discriminación positiva a favor de la pequeña y la mediana empresa, haciendo especial referencia a la financiación de capital-riesgo. 
En materia de fiscalidad, pedimos, si se quiere simplificar, que se aproveche el en sociedades para aplicar el principio de origen en valor añadido. 
Nada digo en materia de capital humano. 
Lo ha dicho muy bien mi colega. 
Materia de inversión: redes transeuropeas. 
Veinte años se tardaría en terminarlas. 
Energía, I+D+I, más mercado, más competencia, más competitividad. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar mi intervención destacando, en primer lugar, el buen trabajo y la magnífica colaboración con la ponente, Magda Kósáné Kovács, a la que felicito por su esfuerzo y por el informe presentado. 
Como es sabido, hace escasamente un año se aprobaban las directrices de empleo, de las que tuve el honor de ser ponente en esa ocasión. 
Dichas directrices fijaban las líneas generales para el empleo y las prioridades para los próximos tres años y tenían como finalidad contribuir eficazmente al crecimiento del empleo, a la productividad de la economía y, por supuesto, a reforzar la cohesión y la inclusión social. 
Estas directrices, que se debatían conjuntamente con las líneas de política económica, que este año ha presentado brillantemente mi compañero José Manuel García-Margallo y Marfil, son recogidas y traducidas en objetivos concretos en los planes nacionales de reforma, aprobados hace escasamente seis meses por los Estados miembros. 
Tanto por lo que dicta el sentido común –están aprobadas hace escasamente un año y son para tres– como por lo que se recoge en las propias directrices, hemos procedido simplemente a su actualización. 
¿En qué ha consistido la actualización? 
En el primer bloque, hemos recogido las cuestiones prioritarias que se han venido destacando en las grandes cumbres europeas celebradas este año: en primer lugar, la inversión en investigación, el desarrollo y la innovación y la extensión de las tecnologías de la información, uno de los aspectos que más nos alejan de los objetivos de Lisboa; en segundo lugar, la igualdad real y efectiva de oportunidades, por la que nuestro Grupo ha apostado siempre, y que pasa por la incorporación, permanencia y promoción de la mujer en el empleo y, por supuesto, por la igualdad de salarios; y, en tercer lugar, la apuesta importante por el empleo estable, y digo esto porque gran parte del empleo que se está creando es mayoritariamente empleo precario. 
Por ejemplo, en mi país, el 52 % del total del empleo creado en los dos últimos años es empleo temporal, y eso es inaceptable. 
En el segundo bloque, hemos reiterado cuestiones fundamentales y no recogidas adecuadamente por la Comisión. 
En la lucha contra la siniestralidad laboral apostábamos por un gran acuerdo a nivel europeo, que creemos imprescindible, dado que, por ejemplo, en España, en el año 2005, 990 personas han perdido la vida, y también por facilitar la obtención de un empleo a las víctimas de violencia doméstica. 
Por último, dado que procedemos ahora a la actualización, queremos que este Parlamento pueda hacer un seguimiento de las directrices de empleo y de su cumplimiento por parte de los Estados miembros. 
. – Señor Presidente, Comisario Verheugen, Comisario Almunia, Comisario Špidla, Señorías, todos estamos de acuerdo en que el mercado único europeo nos brinda la mejor oportunidad para abrirnos camino en el entorno de la globalización, con nuestros cerca de 450 millones de habitantes, un camino que debe estar marcado por la prosperidad económica y unas finanzas saneadas, y generar a la vez resultados reales para los ciudadanos de a pie. 
Tenemos que examinar –y es fundamental que lo hagamos en este debate– si nos hemos pertrechado con todos los instrumentos necesarios para dicho viaje y si estamos haciendo un uso adecuado de los que tenemos a nuestra disposición para dotar a nuestro mercado interior del marco adecuado y poder influir sobre los procesos de desarrollo económico a largo plazo. 
Permítanme que haga dos observaciones que van más allá del debate de hoy y de los presentes informes. 
No lograremos ese objetivo si no conseguimos dotar –y ha de ser pronto– a la Unión Europea de una base financiera independiente y responsable, ni tampoco lo lograremos si no conseguimos hablar de temas tabú, incluida la necesidad de una política fiscal común en nuestra Unión Europea. 
Lo digo porque en nuestra situación económica actual ya no está justificado mantener ningún tipo de tabú. 
Cualquiera que aporte ideas nuevas a este debate tendrá mi apoyo porque, habida cuenta de la situación económica, sencillamente no podemos permitirnos seguir celebrando debates rituales e impidiendo que entren ideas nuevas en esta Cámara y se incorporen a nuestros debates. 
En 2005, nuestro desarrollo económico fue inferior al de 2004; nuestra tasa de desempleo sigue siendo alarmantemente alta, con una cifra de alrededor de un 9 %, y ha vuelto a aumentar, en particular, el desempleo de larga duración. 
Me ha alegrado oírle decir al señor Almunia –y apoyo sus palabras– que existen señales de que la evolución económica está siguiendo la dirección adecuada, pero tengo que decirle que no hay garantías de que la Unión Europea vaya a ser capaz de alimentar su recuperación. 
Por eso tenemos que hablar de lo que es necesario incluir en el plan de trabajo. 
¿Cuándo vamos a introducir, por fin, una política de inversión común en la Unión Europea? 
Es la cuestión más urgente. 
¿Cuándo vamos a empezar a invertir, como Comunidad, en investigación y desarrollo? 
En los últimos diez años hemos conseguido aumentar la inversión del 1,8 % al 1,9 %. 
¿Cuándo vamos a poner en marcha una inversión más adecuada y a más largo plazo en educación, con una estrategia coordinada de los Estados miembros? 
¿Cuándo vamos a empezar a hacer uso del gran potencial de eficiencia energética? 
Ahí está la clave de la próxima revolución tecnológica, así que ¡manos a la obra! 
¿Dónde están invirtiendo los Estados miembros en este ámbito? ¿En qué sentido se está orientando el debate a escala europea al respecto? 
Si examinamos el sector del transporte, a veces uno tiene la impresión de que en realidad habría que volver a escribir el Libro Blanco de Delors, vistas las numerosas insuficiencias de la transposición en ese terreno, y si las subsanásemos e invirtiésemos más, podríamos avanzar. 
La atención infantil es una de las cuestiones centrales. 
Si invertimos más en atención infantil, aumentará el índice de natalidad y habrá más personas empleadas, mujeres en particular; las estadísticas lo demuestran. 
Apoyamos a cuantos quieran avanzar en ese terreno. 
Les insto a que, de una vez por todas, sitúen la cooperación con esta Asamblea en el plano institucional adecuado y así –y le agradezco al señor García-Margallo que lo haya señalado– ya no tendremos que dedicar nuestro tiempo a elaborar informes de propia iniciativa, sino que los debates en esta Cámara se desarrollarán sobre una base distinta y estable. 
Los científicos establecieron que no existe ningún remedio milagroso capaz de ayudar a crear puestos de trabajo, resolver todos los problemas de empleo y fomentar la competitividad, sino que en ello intervienen numerosos factores y simplemente se trata de encontrar una combinación adecuada. 
El problema reside en que dicha combinación de factores difiere de un país a otro y hemos de tener en cuenta las peculiaridades de la economía nacional. 
Dado el fracaso de la experiencia del Fondo Monetario Internacional, que intentó crear un modelo único universal, no está claro que debamos intentar crear un modelo de estrategia económica a escala europea. 
Creo que debemos hacer hincapié en tres aspectos fundamentales. 
Ante todo, tendríamos que suscribir la opinión del señor García-Margallo en el sentido de que debemos consolidar todos los documentos sobre política económica; hay demasiados y son repetitivos. 
En segundo lugar, debemos diseñar un mecanismo de interacción entre las estrategias económicas nacionales y a escala europea. 
Y en tercer lugar, esto se puede conseguir estableciendo unas prioridades claras y concretas que se complementen entre sí. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, el Comisario Verheugen ha dicho que el lugar adecuado en que deben situarse las directrices de la política de empleo es en el centro de la Estrategia de Lisboa y en eso tiene razón. 
Las directrices de la política de empleo no solo constituyen el fundamento formal de los planes de empleo nacionales, sino que también influyen en la configuración y el desarrollo de los mercados de trabajo nacionales, y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes ante el hecho de que el Consejo se apropie del cuarto pilar de la política de empleo europea: la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. 
El desempleo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres; ellas siguen siendo quienes desempeñan la mayoría de trabajos a tiempo parcial. 
Ganan un 15 % menos que los hombres por un trabajo equivalente y tienen menos oportunidades de promoción. 
Les resulta mucho más difícil reincorporarse al mercado laboral, sobre todo en los lugares donde no existen servicios de atención infantil universales, de libre acceso y durante toda la jornada. 
La integración de la perspectiva de género en todas las políticas aún requiere el respaldo de medidas proactivas que promuevan los intereses de las mujeres; por esto le agradezco mucho a la señora Kovács que haya hecho posible un compromiso, por lo menos en lo que respecta a las justificaciones, con el fin de incorporar a las directrices indicadores mensurables de la promoción de la igualdad de oportunidades. 
También quiero llamar su atención sobre una segunda enmienda. 
Queremos que se suprima la directriz 22. Creemos que corresponde a las partes firmantes de un acuerdo colectivo determinar los salarios y que estos deben mantenerse al margen de las resoluciones políticas. 
No puedo dejar de expresar mi gran preocupación por el acuerdo tácito que parece haberse establecido en esta Asamblea entre los dos principales Grupos para que, en el futuro, las decisiones de política gubernamental, bajo la forma de los planes nacionales de empleo, garanticen la adecuación de la evolución general de los salarios al aumento de la productividad en el contexto del ciclo económico. 
Creía que la economía planificada con la que estábamos familiarizados en la antigua Alemania Oriental había desaparecido para siempre en Europa, hasta que he caído en la cuenta de que las directrices determinan el apoyo del Fondo Social Europeo. 
Es incoherente que este determine los salarios; esto pueden hacerlo perfectamente ambas partes en el contexto de la empresa y deberíamos dejar que lo hagan. 
. – La mayor parte de las directrices integradas para el crecimiento del empleo contienen las principales barreras para una política de empleo eficaz, que dé prioridad a la creación de empleo de calidad, con derechos, cohesión social y territorial, y bienestar para las personas. 
Esto es así, en primer lugar, porque se da prioridad a asegurar la estabilidad económica, a la ampliación y profundización del mercado interior, a la apertura y el fomento de la competitividad de los mercados y a la creación de un entorno más favorable para la actividad empresarial. Todo eso es música celestial para los oídos de los grandes grupos económicos y financieros, y para los señores del comercio internacional que se benefician de la explotación de la mano de obra barata de terceros países y, por lo tanto, prefieren los enormes beneficios que genera la deslocalización de la producción al mantenimiento y desarrollo del empleo con derechos en los Estados miembros de la Unión. 
Más aún, las directrices de empleo son demasiado imprecisas, puesto que omiten aspectos fundamentales, como la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y de garantizar empleos de calidad con derechos. Esto ayudaría a combatir la discriminación salarial y en lo que respecta a la promoción profesional de la que son víctimas las mujeres, y no conduciría al empleo precario y mal remunerado que tenemos en la actualidad. 
También es esencial promover las economías regionales, las microempresas y las PYME, y crear puestos de trabajo en las regiones con tasas elevadas de desempleo. 
También hay que apoyar a las familias, tanto en lo que respecta a la reorganización y reducción de la jornada laboral, sin ninguna merma de derechos, como desde el punto de vista de la inversión en servicios públicos de apoyo a la familia, ya que ello contribuiría a la creación de empleos que respondan mejor a las necesidades locales y regionales. 
Por lo tanto, es urgente promover una mayor inversión pública en sanidad, vivienda y acceso garantizado a una educación y formación profesional gratuitas y de alta calidad. 
Por esto hemos presentado una propuesta destinada a incorporar dichas directrices a las propuestas presentadas, ya que nos parece fundamental que estas se incluyan en las directrices para el empleo. 
– Señor Presidente, las grandes directrices en materia de política económica son vitales a la hora de crear un marco coherente para guiar a los Estados miembros hacia la consecución de los objetivos de Lisboa. 
El reto para Irlanda y para Europa va a consistir en poner en práctica las directrices acordadas a través de programas de reforma nacionales. 
Es sumamente importante que Europa alcance la estabilidad económica. 
Sin embargo, rechazo de plano todas las secciones de este informe que abogan por apoyar la base imponible común consolidada para las empresas, propuesta por la Comisión. 
El establecimiento de una base común está intrínsicamente ligado a un tipo armonizado. 
Los Estados miembros tienen que ser realistas y reconocer que la introducción de una base imponible común no es más que el paso previo al desastre de la armonización fiscal. 
Irlanda ni ningún otro Estado miembro tienen derecho a intervenir en la fijación del tipo fiscal de otro Estado miembro. 
La unidad de Europa no se ve comprometida por la disparidad de las políticas fiscales, pero la competitividad de la UE se ve erosionada por políticas fiscales erróneas. 
La competencia puede tener realmente un efecto armonizador. 
Creo que la competencia fiscal armoniza las oportunidades dentro de la UE y permite competir a los pequeños países de la periferia de la Unión. 
Por último, en general aplaudo el papel de la ayuda estatal en el apoyo a los objetivos de Lisboa. 
Sin embargo, me gustaría subrayar que las normas sobre ayuda estatal no deberían utilizarse para impedir a Irlanda o a otros Estados miembros que compitan con países no pertenecientes a la UE en torno a importantes inversiones directas extranjeras. 
Europa necesita flexibilidad para avanzar y hacer frente a los retos de la globalización. 
Europa necesita reformar sus economías y todos los países deberían hacerlo. 
– Señor Presidente, el informe sobre las políticas de empleo está sobrecargado de frases clave, cuyo tono se establece muy pronto: legislación, monitores de la CE y cumplimiento. 
Luego tenemos la importancia especial de los trabajadores jóvenes y de edad avanzada; también la UE sin barreras –elimínenlas, dice– con prioridades claras y cuantificables; la revisión de las directrices cada tres años, pero asumiendo el Parlamento Europeo un papel más activo en los periodos intermedios; y el examen de los programas de reforma nacional de los Estados miembros. 
Bueno, hagamos eso. 
Los franceses adoptaron una jornada semanal de 35 horas, no de 48 horas. Pero luego se aprobó la Directiva sobre el tiempo de trabajo el año pasado y muchos de sus trabajadores protestaron por la injerencia de la UE. 
Los trabajadores portuarios protestaron a principios de este año por una nueva injerencia de la UE. 
Las ciudades francesas están ahora sitiadas debido a las nuevas políticas de empleo juvenil. 
¿Quién va a decir al señor Chirac o al señor De Villepin que están equivocados, que no están siguiendo las directrices? 
Por supuesto que ustedes no. 
Los franceses se gobernarán a sí mismos, como haremos todos nosotros, como democracias adultas que somos. 
Pero lo más siniestro de todo lo contenido en este informe es la directriz 19: la revisión continua de incentivos y desincentivos que se derivan de los regímenes de impuestos y prestaciones. 
Otro colega ha hablado ya esta mañana de una política fiscal única. 
¿Es este el comienzo de la armonización de la política fiscal en toda la UE, de la que dijeron que nunca sucedería? 
Señorías, sus sistemas fiscales están amenazados. 
¡Se les ha advertido! 
Los informes que hoy se debaten ofrecen una descripción clara del penoso estado de la economía europea e identifican correctamente las causas: una reglamentación inadecuada, falta de reformas estructurales y sociales, y falta de flexibilidad de la economía. 
Asimismo el dinamismo empresarial es insuficiente, tenemos unos mercados laborales débiles, el crecimiento de la productividad es demasiado lento, la inversión es insuficiente, falta innovación y los sistemas educativos son deficientes. 
Pedimos que se fomente el espíritu empresarial, que se reduzcan los costes laborales y se mejoren los niveles de enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales. 
La descripción es muy sucinta, pero también muy hipócrita. 
Este Parlamento podría tomar medidas concretas a favor de la productividad, la flexibilidad y el fomento del espíritu empresarial, y de una verdadera liberalización del mercado de servicios –que no sea solo formal–, en lugar de rendirse cobardemente a los manifestantes de los aledaños. 
Mucho me temo que, mientras los Gobiernos nacionales sigan actuando de la misma forma populista e hipócrita que este Parlamento, en lugar de hacer frente a las verdades difíciles y tomar medidas incómodas en aras de la supervivencia, los informes de hoy se quedarán en nada. 
– Señor Presidente, en un momento en que el fenómeno de la globalización determina en última instancia muchos aspectos de los sistemas económicos y sociales de todos nuestros países, debemos ser conscientes de que cada barrera que limite la libre circulación de las personas, las mercancías, los capitales y los servicios constituye un gran obstáculo para la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. 
Es pura ilusión pensar que restringiendo la libertad de circulación dentro de la Unión Europea se pueden proteger los intereses de un país. 
Ese tipo de actitud puede servir como panacea a corto plazo, pero nunca será una solución adecuada frente a los retos con los que se enfrenta la Unión. 
Para poder afianzarse en un mundo cada vez más globalizado, Europa necesita avanzar, ante todo, en la liberalización de los mercados. 
Como es sabido, la situación demográfica del continente europeo y el fenómeno de la globalización exigen una serie de reformas de los modelos sociales y económicos de muchos Estados miembros de la Unión. 
Cuanto mayor sea el crecimiento económico en Europa, más fácil será llevar a cabo dichas reformas, pero para que tenga lugar ese crecimiento es necesario que el mercado interior funcione plenamente. 
Mientras Europa crezca a un ritmo del 1, el 2 o incluso el 3% va a ser muy difícil realizar esas reformas tan necesarias para la paz y la estabilidad social de la Unión. 
Por eso quiero hacer hincapié en que la plena realización del mercado interior incluye un componente económico, pero también comprende otro elemento esencial: la política social. 
Otro motivo por el que apoyo los esfuerzos que ha realizado la Comisión en este ámbito. 
Permítanme que añada una última observación sobre la libre circulación de trabajadores. Al establecer determinado tipo de barreras a la libre circulación de trabajadores, algunos Estados miembros se ven en la ridícula posición de estar facilitando el acceso al empleo a trabajadores de terceros países antes que a los procedentes de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento a la ponente, señora Kovács, por su trabajo muy constructivo. 
Por supuesto, en el Parlamento estamos a favor de unas directrices a largo plazo, en ciclos de tres años, e integradas. 
Una vez que estas se hayan establecido, es muy importante examinar los programas nacionales de reforma. 
Es importante que lo haga la Comisión, pero también lo es que el Parlamento participe en el examen y seguimiento de dichos programas. 
El Comisario Almunia ha dicho que ahora las perspectivas económicas son mejores. 
Es cierto, pero la situación del empleo en Europa no es nada alentadora. 
Es muy posible que mejore, pero permítanme que comente tres aspectos que resultan muy preocupantes. 
El primero es el problema del desempleo juvenil. 
Es muy preocupante porque, si cuando concluyen los estudios, los jóvenes recalan directamente en el desempleo –de larga duración, además–, luego resulta muy difícil su reincorporación al mercado laboral. 
No creo en el modelo francés ni tampoco creo, como han manifestado explícitamente varios otros partidos, que el empleo se fomente restando seguridad a uno u otro grupo concreto. 
El empleo se estimula mediante políticas activas industriales y de mercado laboral. 
Por lo que respecta a los trabajadores mayores, nos encontramos ante el dilema de que actualmente las personas abandonan el mercado laboral europeo demasiado pronto. 
Los trabajadores mayores tienen que poder desarrollar sus habilidades en mayor medida, pero también es preciso mejorar las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo. 
Por último, voy a referirme a la igualdad entre las mujeres y los hombres, que tiene que impregnarlo todo. 
Acojo con satisfacción el Pacto Europeo por la Igualdad entre hombres y mujeres, que forma o formará parte del proceso de Lisboa. 
Es muy importante desarrollar los servicios de atención infantil y otros aspectos, de modo que tanto los hombres como las mujeres puedan trabajar y tener una vida familiar. 
Son aspectos que me gustarían que se incluyeran. 
– Señor Presidente, el principal problema de la Unión Europea es el alto índice de desempleo. 
Si queremos que los 20 millones de desempleados vuelvan a ganarse la vida necesitamos un cambio de política, no teórico sino en la práctica. 
Las directrices constituyen el principal instrumento para una coordinación eficaz de las políticas económicas de los Estados miembros, pero hasta ahora, por desgracia, el progreso no ha sido satisfactorio en la práctica. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa pide, por consiguiente, que se renueven los esfuerzos; esperamos que los Estados miembros lleven a cabo políticas presupuestarias más saneadas, reformas estructurales reales del mercado laboral y de la sanidad y las pensiones, y que aumenten significativamente la inversión en educación e investigación. 
En el ámbito europeo, pedimos que se establezca una base fiscal única para la fiscalidad de las empresas, mejoras en los sistemas del IVA, la aprobación de la decimocuarta Directiva relativa a las empresas, que facilitará su acceso a la escena internacional; nuevas reducciones de las subvenciones, la introducción de una patente comunitaria y la apertura coherente de los mercados. 
Solo cuando hayamos puesto orden en nuestros países podremos pensar en introducir impuestos a escala de toda la Unión, que es lo que pide el señor Bullmann. 
Europa solo podrá enfrentarse a los grandes retos de manera eficaz si modifica realmente su política. 
Señorías, ante todo quiero dar las gracias a la señora Kovács por su informe. 
La ponente ha examinado algunas cuestiones fundamentales relativas al empleo, que actualmente –en un momento de obsesión por el crecimiento económico– a menudo se olvidan: la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo para los jóvenes y las personas mayores, la salud y seguridad en el trabajo y la libre circulación de trabajadores en toda la Unión. 
Por la experiencia de la República Checa y las conversaciones mantenidas con algunos colegas, y después de examinar también la situación actual en Francia, sé que el problema del primer empleo, de los licenciados, por ejemplo, suele ser a menudo uno de los más difíciles. 
Aunque la Comisión Europea ha realizado algunos esfuerzos para darle solución, hasta ahora sus recomendaciones e instrumentos han dado escasos resultados, en parte debido a que los Estados miembros los han aplicado de forma irregular, como ha expuesto la ponente. 
Se trata precisamente del ámbito al que deberíamos dedicar la mayor atención, junto con la discriminación por motivos de edad en el mercado laboral. 
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral es sin duda una cuestión importante. 
Sabemos por las estadísticas que, a pesar de que las mujeres constituyen un segmento creciente de la sociedad, esta tendencia no se refleja en su participación en el empleo. 
Todavía llama más la atención la proporción de mujeres que ocupan puestos directivos. 
Debemos instar a todos los Estados miembros a que apliquen las leyes contra la discriminación de manera escrupulosa y sin demora para modificar este patrón. 
En primer lugar quiero dar las gracias a la ponente por haber llamado la atención en su informe sobre las restricciones a la libre circulación de trabajadores en el mercado interior de la Unión Europea. 
Lamentablemente, en el mercado interior, la última ampliación de la Unión se ha visto como una amenaza, en lugar de acogerla como una nueva oportunidad. 
El mítico fontanero polaco, que en la vida real sería bien recibido pero resulta difícil de encontrar, ilustra claramente los miedos que atenazan al mercado interior de la Unión Europea tras la ampliación. 
Se observa una actitud negativa en relación con las cuatro libertades del mercado y no solo con respecto a la libre circulación de trabajadores. 
Por eso es una lástima que el informe no evalúe el proyecto de Directiva sobre los servicios, diluido por el Parlamento, que en la versión presentada por la Comisión se esperaba que llegara a convertirse en el principal estímulo para el mercado laboral de la Unión Europea durante los próximos años. 
Asimismo, el informe no ha evaluado las repercusiones negativas para el empleo de las restricciones a la libre circulación de capitales. Entre ellas figuran las aprobadas por esta Asamblea en el período parcial de sesiones del mes pasado en Estrasburgo. 
Me refiero al informe titulado «Reestructuraciones y empleo» y, en particular, al informe titulado «Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional». 
El principal de ambos informes es la creación de restricciones que impidan el libre traslado de las empresas dentro del mercado interior de la Unión Europea. 
En este momento existen muchas oportunidades sin explotar para estimular el mercado laboral de la Unión. 
El desarrollo y consolidación del mercado interior de la UE constituye el instrumento más eficaz para preparar el mercado laboral de los Estados miembros para una competencia mundial creciente. 
Por lo tanto, deberíamos examinar el enfoque de fondo de las políticas de empleo de los Estados miembros en estrecha relación con el objetivo de desarrollo del potencial del mercado interior de la Unión Europea. 
El señor García-Margallo y Marfil escribió en 2003 su informe sobre las directrices económicas y ahora, al cabo de tres años, a juzgar por el lugar que ocupa el medio ambiente en la política económica, la cooperación mediante el método de coordinación abierta no parece haber logrado el impacto necesario. 
La Cumbre de Estocolmo decidió que se debía intentar incorporar la política medioambiental y la política social a las directrices de política económica, con el fin de establecer una economía social de mercado sostenible en la Unión Europea. 
Puesto que, en mi opinión, los aspectos medioambientales de la política económica se llevan la peor parte, abogo por que en las directrices de la política económica se incluyan objetivos medioambientales claros y específicos, además de las referencias a la importancia del medio ambiente. También se deberían establecer metas con respecto al consumo de energía y a la reducción de las emisiones de CO2. 
El crecimiento económico tiene que ir de la mano de un uso responsable de los recursos naturales y por eso voy a apoyar las enmiendas del señor Lipietz. 
– Señor Presidente, los diputados que, como es mi caso, a la vez también somos autores, sin duda debemos estar en la vanguardia del uso constructivo de la crítica como un medio para despertar a los grandes que, una vez así avisados, deberán responder de manera práctica a nuestras críticas. 
Veo que el señor Karas es el próximo orador; no le será difícil responder al envite. 
Lo que está ocurriendo ahora ha llevado a la corriente principal europea a frotarse los ojos y declarar: «Sí, es verdad que tenemos un problema» , pero yo les pido que den un paso más. 
El estudio Prognos constituye una demostración impresionante de que no conseguiremos el pleno empleo en las próximas dos décadas. 
Al contrario, avanzaremos hacia lo que uno de los periodistas del denomina el «americano desechable» o, adaptado a nuestro contexto, el «europeo desechable». 
Para esto tenemos que encontrar soluciones. 
La pérdida de los servicios que han proporcionado empleos que sustituían a los empleos industriales que ya no existen plantea un enorme problema. 
Es necesario avanzar en este aspecto y para eso necesitamos enfoques que no sean válidos solo para el momento presente. 
En efecto, una cuestión central, un punto de partida potencial, es la reasignación de los millones, de los miles de millones, que todavía permanecen ocultos en el presupuesto de la Unión Europea y se están derrochando en cosas inútiles. 
Me refiero, por ejemplo, a lo que conduce a que el sector agrícola más subvencionado de Francia sea la producción de arroz. 
La presente ausencia de unas perspectivas financieras completas también nos brinda una oportunidad de mejorar en ese ámbito y de conseguir ahora lo que de otro modo solo se hará dentro de cinco o diez años, cuando de nuevo vuelva a ser ya casi demasiado tarde. 
– Señor Presidente, señor Comisario Almunia, señor Comisario Špidla, Señorías, ¿por qué necesitamos directrices de política económica? 
Porque no tenemos una política económica común. 
Y no la tenemos porque los instrumentos para una política económica activa –una política de investigación, una política fiscal, una política educativa, por citar solo tres ámbitos– están en manos de los Estados miembros. 
En muchos aspectos, las condiciones se han agravado desde que elaboramos nuestro último informe. 
Cada vez está más claro que el potencial de crecimiento de la Unión Europea no se está explotando al máximo, que no estamos suficientemente preparados para el cambio demográfico y que aún no hemos aprovechado todas las oportunidades que ofrece la globalización en nuestro continente. 
La crisis energética y el alto nivel de desempleo demuestran que nuestros problemas no son solo nacionales, sino que sus causas son estructurales y globales, y estas causas son las que tenemos que abordar de forma activa. 
Queremos que el Parlamento Europeo tenga poder de codecisión en todos los asuntos que afectan al mercado único, pues en todos esos aspectos necesitamos más Europa, en cooperación con los Estados miembros, de la que tenemos en la actualidad. 
El presente informe constituye, por lo tanto, nuestra petición de que se traspongan todas las directivas relativas al mercado interior, cuya aplicación incoherente distorsiona la competencia y nos cuesta crecimiento y empleo. 
Pedimos que los Estados con déficit excesivos apliquen medidas de consolidación del presupuesto, porque si no conseguimos reparar nuestra seguridad social y nuestros sistemas de pensiones no podremos participar en la competencia a escala mundial. 
También quiero pedir encarecidamente que se aplique en su totalidad la Carta de las PYME. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, esta reunión es a todas luces importante, pues el debate sobre las directrices nos brinda el medio de aplicar la Estrategia de Lisboa. 
Es también la ocasión para una coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. 
En este Parlamento hemos apoyado la integración de las directrices de las políticas de empleo en las orientaciones generales de las políticas económicas. 
Pienso que desde el punto de vista de la coherencia intelectual, era el planteamiento adecuado, siempre que por ello no perdieran sustancia y siempre que, en particular, los poderes de este Parlamento se armonizaran también. 
Apoyo las propuestas del ponente a este respecto. 
Con respecto al fondo de las orientaciones generales de las políticas económicas, nos encontramos ante una paradoja: mientras el Banco Central ha ido aumentando poco a poco los tipos de interés en un punto, cuando la subida del precio del petróleo compromete seriamente las condiciones de reactivación en la Unión Europea y cuando varios representantes de la UE subestiman en gran medida las condiciones para una reactivación de la demanda interior, estas orientaciones generales no cambian. 
Nos parece que, desde este punto de vista, debemos hacer más cosas juntos, al menos con respecto a un punto: me refiero a la estrategia en materia de inversiones. 
Mi Grupo ha presentado una enmienda en este sentido que, espero, será aprobada por el Pleno. 
Se trata de insistir en la necesidad de elaborar a escala de la Unión Europea, para poner en práctica realmente la Estrategia de Lisboa, los planes de inversión que necesitamos para apoyar las políticas encaminadas a afrontar los retos que se nos plantean en términos de conocimiento, formación y empleo. 
Para terminar, quisiera insistir en la cuestión fiscal, que sustenta a todo nuestro sistema económico. 
Espero que la Comisión en su conjunto, y también el Consejo, se hagan eco de los esfuerzos del Comisario Kovács a este respecto y los apoyen. 
–Los cambios de la economía mundial, los procesos de globalización y sus repercusiones sobre la competitividad de los bloques económicos y de las empresas en algunos sectores de las economías estatales constituyen los nuevos retos a los que debe hacer frente la Unión Europea, que está perdiendo progresivamente su competitividad y no está preparada para los desafíos de la globalización. 
La Unión Europea está perdiendo la guerra de la competencia frente a los Estados Unidos, China y la India. 
La Unión Europea debería prepararse para los retos de la globalización mediante una reforma desde dentro. 
No conseguimos aprobar la Constitución, las perspectivas financieras se encuentran en un punto muerto y se han reducido los fondos destinados a las redes transeuropeas. 
Sin una política energética común, el abastecimiento de recursos energéticos, que constituye la base de la competitividad de una economía, está amenazado, al igual que la seguridad. 
Con la admisión de los nuevos candidatos, Eslovenia y Lituania, la ampliación de la zona del euro sería una de las medidas y decisiones capaces de estimular el crecimiento económico. 
Quisiera recordar dos factores importantes para aumentar la competitividad de la Unión Europea: la inversión en información y en innovaciones, y la elaboración acelerada de una política energética común. 
Se trata de factores interdependientes; las innovaciones permiten desarrollar liderazgos, mientras que en el sector de la energía, que determina la competitividad, permiten crear nuevas fuentes de energía y un uso racional y económico de las existentes. 
Mientras todavía se están negociando las perspectivas financieras para el período 2007-2013, deberíamos considerar las prioridades de financiación y aumentar los fondos destinados a la ciencia, la investigación y las redes transeuropeas. 
En relación con el tema de la competitividad de la economía de la Unión, quisiera recordar uno de los proyectos europeos más acertados: la introducción de la moneda común, el euro, en doce Estados miembros. 
Cuando falta poco para la próxima ampliación de la zona del euro, también se pueden observar algunas deficiencias: no se están cumpliendo las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el endeudamiento estatal es considerable y casi todos los miembros de la zona del euro no han conseguido cumplir el índice de estabilidad de precios en diversos momentos. 
La experiencia de cinco años demuestra que es necesario mejorar los criterios de Maastricht. 
Aun así, en lo esencial, la zona del euro fue y sigue siendo un proyecto político que ha demostrado su utilidad y que debe avanzar hacia una nueva fase de ampliación. 
Señor Presidente, si tuviésemos que identificar una palabra clave en relación con la política de empleo europea, esta tendría que ser «flexibilidad». 
Una legislación laboral flexible con respecto al lugar de trabajo y la jornada laboral favorece la incorporación de las mujeres al mercado laboral. 
La maternidad representa un enorme reto en las vidas laborales de las mujeres. 
La flexibilidad también posibilita la incorporación al mercado laboral y el empleo de los jóvenes y los trabajadores mayores, que en la actualidad constituyen un grave problema. 
No todos en Europa están a favor de dicha flexibilidad, como demuestra lo que está ocurriendo en las calles de París. 
La única medida que podemos tomar a escala europea es reducir la armonización en este terreno, para lograr flexibilidad al menos en algunos países y zonas de la Unión Europea. 
Si tuviésemos que identificar una palabra clave relativa a la política económica, esta tendría que ser «competencia» , acompañada de competencia fiscal. 
Contrariamente a lo que afirma el informe, la competencia no resulta perjudicial para la financiación de las necesidades públicas. 
Más bien ocurre lo contrario; en efecto, los presupuestos nacionales de algunos países que han reformado hace poco radicalmente sus sistemas fiscales, sobre todo mediante la reducción del impuesto de sociedades, han registrado un aumento de sus ingresos. 
La competencia fiscal en países como Irlanda o Eslovaquia también contribuye a aumentar la competitividad de Europa en su conjunto, mejorando así nuestra competitividad a escala mundial. 
Por lo tanto, la competencia fiscal no constituye de ningún modo una amenaza para Europa. 
De hecho, representa una formidable oportunidad. 
Aunque me temo que sea una de las pocas oportunidades que nos quedan, si no la única. 
– Señor Presidente, Europa necesita 40 millones de puestos de trabajo. 
Solo en Grecia se necesita un millón. 
¿Podemos prometerlos? 
No podemos. 
Europa no puede salvaguardar esos puestos de trabajo. 
El 10 % de la población activa vivirá por debajo del umbral de la pobreza. 
Vivirán de los subsidios de desempleo. 
No disponemos de energía propia. 
El gas procede de Rusia, el petróleo de Oriente Próximo; el precio de esta energía aumentará constantemente a consecuencia del exceso de demanda de China y de la India. 
Tenemos una moneda fuerte que impide la exportación; observen las exportaciones que el dólar barato está brindando a los Estados Unidos de América. 
Con los estrictos indicadores de Maastricht, la gente sufre mientras los indicadores prosperan. 
Esta es la realidad. 
Los productos chinos inundan continuamente el mercado y lo inundarán cada vez más. 
Ya ni siquiera se pueden encontrar muñecas fabricadas en Europa. 
Son chinas. 
Las fábricas de Europa se trasladan a países terceros y los salarios se van con ellas, como es lógico. 
Los agricultores están sufriendo. 
El algodón y el tabaco se han puesto a buen recaudo en los almacenes en Grecia. 
Tenemos que cambiar las tornas; de lo contrario, los ciudadanos europeos no sobrevivirán. 
En mi intervención quiero retomar varias ideas de la resolución sobre el informe relativo al sector energético, y lo haré en el contexto de los grandes objetivos para 2006 de la política económica. 
Estas ideas llegan al fondo de la cuestión sin caer en vanos lamentos sobre la desaceleración económica en Europa. 
Los milagros no existen y, por lo tanto, estoy de acuerdo en que es necesario realizar un análisis en profundidad de las políticas de reforma estructural de la última década. 
Esto aclarará las causas del crecimiento lento y de la productividad insatisfactoria. 
También es importante la llamada «estrategia de crecimiento inteligente». 
Esta consolidará los diferentes enfoques de la política económica de la Unión Europea en una estrategia coherente. 
El objetivo es reforzar el potencial de la Unión Europea en relación con una nueva generación de productos y métodos de producción aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. 
También apoyo la petición de que los Estados miembros fomenten la inversión privada. 
El desplazamiento de la inversión pública y privada en bienes de equipo a sectores que en general mejoran el rendimiento económico y la productividad también será importante. 
Pero será necesario defender y aplicar este enfoque en el contexto del desembolso de los fondos de la Unión, pues en este caso es válido el dicho de que los ámbitos más necesitados de atención suelen ser a menudo los más cercanos. 
– Ante todo quiero dar las gracias al ponente, señor García-Margallo, por su informe equilibrado y muy pertinente. 
Como este reitera en varias ocasiones, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la Unión Europea en este momento es que la mayoría de Estados miembros subestiman la necesidad de una reforma estructural de gran alcance. 
Paradójicamente, algunos Estados miembros han intentado abordar la pérdida de competitividad, que es una consecuencia natural del rechazo de dicha reforma, aplicando nuevas medidas para proteger sus mercados, lo que solo agrava el problema. 
Tenemos que aceptar que el mercado interior no es totalmente funcional y no permite la libre circulación de trabajadores o la libre prestación de servicios. 
Este enfoque tiene consecuencias muy negativas. 
Las empresas han empezado a trasladar sus actividades a zonas con mano de obra más barata o a externalizarlas, lo que también ha causado una contracción del empleo. 
Desde un punto de vista macroeconómico, un resultado importante de dicha política es el crecimiento lento y, dada la estructura inalterada de las haciendas públicas, el deterioro del déficit general de los Gobiernos, que a menudo excede los límites impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si se considera la escasez de inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y a ello se suma la gran dependencia energética de la mayoría de Estados miembros, no podemos esperar una mejora significativa de la competitividad de la economía europea respecto de los principales actores mundiales, como los Estados Unidos y China. 
Tenemos que responder con rapidez a esos desafíos poniendo en marcha un mercado interior totalmente operativo, que funcione sin ninguna discriminación y libre de las trabas de normativas innecesarias. 
La armonización de la legislación europea tiene que promover la competitividad, en lugar de entorpecerla. 
Los esfuerzos por armonizar el impuesto de sociedades ofrecen ejemplos lamentables de este tipo de obstáculo. 
Para mejorar la competitividad interior de los Estados miembros y, por consiguiente, de toda la Unión, es preciso que el principio de subsidiariedad llegue a ser un componente significativo de todas las iniciativas de la Comisión. 
A este respecto, también acojo con satisfacción el programa de acción para la reforma de las ayudas estatales que crea las condiciones para un aumento de la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, encaminado a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. 
Por el mismo motivo, también deberíamos elogiar el Libro Verde sobre una estrategia europea para un suministro energético sostenible, competitivo y seguro. 
– Señor Presidente, la Estrategia Europea de Empleo, si los Estados miembros la ponen en práctica de manera adecuada y pragmática, podrá lograr los niveles de empleo contemplados en los objetivos de empleo de Lisboa. 
De hecho, debería reflejar una política general antidiscriminatoria, constituyendo la promoción de la igualdad de género una herramienta para suplir las diferencias de género en el mercado de trabajo. 
La Estrategia Europea de Empleo tiene que ser no solo una herramienta para atraer a más personas al mercado de trabajo, sino también una oportunidad favorable y abierta para integrar en el mercado de trabajo a los que tengan un acceso particularmente limitado al empleo, como las mujeres de más edad, los padres o madres solteros y las minorías étnicas. 
Hay que admitir que el reto que plantea el envejecimiento de la sociedad europea solo puede abordarse con una mayor participación de esos grupos especiales en el mercado de trabajo, como ha dicho el Comisario Špidla. 
Hay que eliminar todo tipo de obstáculos. 
Estamos tratando de conseguir más y mejores empleos y hemos declarado 2006 el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
La movilidad proporciona a la población trabajadora de Europa nuevas capacidades, nuevas experiencias, flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes condiciones de trabajo y a unas necesidades del mercado que cambian continuamente. 
La movilidad es un valor que contribuye al beneficio del conjunto de la economía europea. 
Esa es una necesidad urgente que tienen que reconocer algunos Estados miembros que siguen poniendo barreras a los trabajadores de los nuevos países de la UE. 
Por último, creo que la EEE puede convertirse en la estrategia capaz de lograr el pleno empleo, hacer del trabajo una opción real para todos, aumentar la calidad y la productividad laboral y anticipar y gestionar el cambio, potenciando una sociedad más cohesiva de igualdad de oportunidades para todos y tratando de promover la diversidad y la no discriminación. 
Mi colega húngara, la señora Kovács, ha elaborado un informe excelente y muy útil. Propongo que se aprueben sus recomendaciones. 
Señor Presidente, en mi intervención en el presente debate quiero señalar que algunas de las recomendaciones a los Estados miembros contenidas en los informes no favorecerán el crecimiento económico ni el empleo en la Unión Europea. 
Voy a comentar solo algunas. 
En primer lugar, la oposición a la competencia fiscal y la sugerencia de que se armonicen las soluciones respecto del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, en unas circunstancias en que la reducción de los tipos impositivos tiene repercusiones evidentes sobre la aceleración del crecimiento económico. 
En segundo lugar, la oposición a la deslocalización, que es un proceso económico objetivo que supone un intento de reducir los costes de fabricación y mejorar la competitividad de las empresas en el contexto de la economía mundial. 
En tercer lugar, la introducción de reglamentaciones adicionales que afectan a los procesos económicos y sociales, cuando lo que en realidad se necesita es una drástica reducción de dichas medidas. 
Por último, a pesar de las experiencia positivas de países como Gran Bretaña e Irlanda tras la apertura de sus mercados laborales, los de los países más grandes de la Unión Europea continúan cerrados para los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Esta es, de hecho, una de las razones por las que la Unión Europea se desarrolla mucho más lentamente que los Estados Unidos y los antiguos Estados miembros de la Unión se desarrollan más lentamente que los nuevos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su excelente informe. 
Sin embargo, este no parece centrarse como es debido en el ámbito más difícil de la economía, el que consume más recursos de la Unión, exige protección y no se aprovecha suficientemente desde el punto de vista económico. 
Me refiero al sector agrícola en su sentido más amplio. 
Los pagos más sustanciales benefician a los magnates, mientras que los pequeños agricultores van a la quiebra y la superficie de tierras no cultivadas aumenta junto con el número de personas que han perdido sus puestos de trabajo y toda esperanza de futuro. 
El enorme potencial del sector sigue sin explotar, a pesar de que, con unas políticas sólidas, podría contribuir de manera positiva al desarrollo de la economía en general. 
El programa de actividades destinado a desarrollar cultivos industriales no es suficientemente ambicioso, y el programa de investigación y aplicación no proporciona el apoyo necesario para un progreso rápido. 
Estamos rezagados respecto de los países con economías eficientes en este aspecto. 
El problema se merece un amplio debate y exige que se tomen medidas rápidas y efectivas en el curso de 2006. 
Señor Presidente, para empezar quisiera reflexionar sobre dos aspectos. 
El primero es que las economías europeas que están más abiertas a la globalización ahora disfrutan de un mayor desarrollo económico. 
El segundo es que los países que tienen los mercados laborales más flexibles también disfrutan de un mayor desarrollo en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
A la vista de ello, quiero dar las gracias al ponente, el señor García-Margallo y Marfil por el trabajo que ha realizado, porque los cambios y la orientación política que propone en su informe constituyen el enfoque capaz de generar más empleo y prosperidad. 
La cuestión fundamental es si todo ello producirá cambios y si se modificará la política a escala europea y en los Estados miembros. 
Un político sueco dijo una vez que «si dejamos que las cosas sigan funcionando como en el pasado, nada cambiará». 
Ahora tenemos más de 20 millones de parados. 
Es un problema económico, pero también un problema social de máxima importancia. 
Nada es tan importante para la protección social como la creación de nuevos puestos de trabajo. 
En este ámbito, la Comisión tiene que hacer frente a una serie de tareas. 
En primer lugar, tiene que aplicar las directivas que allanan el camino a una mayor competencia. 
En segundo lugar, tiene que adoptar medidas que fomenten la actividad empresarial y esto nos remite al conjunto de la política de competencia. 
Nueva actividad empresarial no significa solo el desarrollo de pequeñas empresas. 
También supone la capacidad de crear en Europa nuevas empresas transfronterizas que puedan llegar a ser «campeonas mundiales». 
La Comisión tiene que asumir la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas, pero los Estados miembros también tienen la responsabilidad de aplicar las reformas que generarán nueva actividad empresarial. 
Por último, tenemos que garantizar unos mercados laborales más flexibles en Europa. 
Si no lo hacemos, estaremos excluyendo a millones de personas del mercado laboral y de la protección social. 
Quienes están a favor de la protección social y del desarrollo económico también apoyan unos mercados laborales más flexibles. 
Me complace poder decírselo a los socialdemócratas, pues la seguridad la aportan las reformas. 
Señor Presidente, el debate de hoy versa sobre el futuro de la Unión Europea. 
Las economías europeas se están desarrollando con lentitud, tenemos un alto desempleo y nuestras haciendas públicas están en crisis. 
Esta situación se mantiene desde hace varios años y el resultado podría ser la pérdida del papel protagonista de Europa en el mundo. 
Necesitamos una gran reforma estructural, junto con un cambio de política económica. 
Las orientaciones de las políticas económicas presentadas por la Comisión identifican correctamente las medidas esenciales que hay que adoptar. Estas incluyen la creación de mercados de trabajo más flexibles y un entorno empresarial más atractivo, además del apoyo a la educación, la formación profesional y la investigación. 
La Comisión viene propugnándolo desde hace años, pero sin resultado. 
Quiero recordar a la Asamblea que los motivos de la debilidad de las economías europeas son de sobras conocidos. 
También lo es el carácter de las medidas que se requieren para estimular el crecimiento económico y crear nuevos puestos de trabajo. 
Lamentablemente, los políticos de los Estados miembros se muestran reacios a adoptar las medidas necesarias por temor a perder popularidad o debido a cálculos políticos miopes o, a veces, incluso por pura ignorancia. 
Europa está sufriendo, de hecho, una crisis de liderazgo político. 
El debate de hoy debería dirigirse principalmente a los Gobiernos de los Estados miembros y a los círculos políticos que les apoyan. 
Su objetivo debería ser emitir señales de alarma que indiquen que si no se llevan a cabo algunas reformas esenciales, es muy probable que Europa se estanque y se quede rezagada. 
El progreso económico y social que ha conseguido también se verá amenazado. 
La verdadera obligación de un político es resolver los problemas concretos y no estar supeditado a las encuestas de popularidad y a los caprichos de los votantes. 
Confiamos en que los políticos de los Estados miembros emprendan las reformas pertinentes y convenzan a sus ciudadanos de que son en verdad necesarias. 
Insto a la Comisión a que actúe con firmeza y decisión en este sentido. 
– Señor Presidente, por supuesto me complace poder disponer de un tiempo parecido al que originalmente se me había asignado. 
Señores Comisarios, Señorías, permítanme que empiece por agradecer al ponente el esfuerzo que ha dedicado a este asunto. 
El informe vuelve a dejar claro que la Unión Europea ofrece a los ciudadanos de Europa, en el contexto de la globalización, una oportunidad de encontrar un compromiso justo entre las condiciones económicas, por un lado, y las condiciones sociales, por otro. 
Pero el problema es que esto ha pasado completamente desapercibido para los ciudadanos de Europa. 
Los veinte millones de parados y los centenares de millones de personas que temen perder sus empleos atribuyen sus circunstancias a la Unión Europea más que a la globalización. 
Los demás, cuyos trabajos están a salvo gracias a la Unión Europea y a la labor de la Comisión y de esta Asamblea, desconocen este hecho y lo atribuyen a los Gobiernos nacionales. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Rosati: en efecto, sería muy deseable, a la vista de estas importantes consideraciones, que el Consejo –al que compete actuar en muchos de estos aspectos en el contexto de la Estrategia de Lisboa– prestase mayor atención a este asunto y que los debates en esta Cámara no quedasen limitados a sus diputados y a los miembros de la Comisión; aunque es cierto que a la Comisión le corresponde una función importante a la hora de garantizar que los Estados miembros apliquen efectivamente las medidas ya adoptadas por el Consejo, tenemos que ser sinceros, pues en definitiva lo que cuenta –como veremos probablemente luego, cuando se debata el informe Őry– es que los Estados miembros cumplan lo que ellos mismos decidieron en su día. 
Por eso es muy positivo que la Comisión haya indicado –así lo ha declarado, en efecto, el Comisario Špidla a los medios de comunicación alemanes– que el único camino para proporcionar más empleo a los ciudadanos de Europa es flexibilizar los mercados laborales y que esto no debe causar ansiedad, ya que permite crear empleo. 
Esto es lo que todos queremos, en realidad. 
Por lo tanto, les insto a que insistan en dejar claro a los Estados miembros que es necesario que se apliquen por fin las decisiones adoptadas por el Consejo. 
Señor Presidente, señores Comisarios, colegas, empezaré diciendo que soy más optimista que alguno de los colegas que me han precedido, porque creo que los informes que hoy tenemos y este debate van a ser útiles y constituyen una nueva oportunidad para impulsar la estrategia europea del empleo y el proceso de Lisboa. 
Al fin y al cabo esta es nuestra única esperanza: la única esperanza de que Europa trabaje coordinadamente en la línea iniciada el año pasado de enriquecer la visión económica y la visión social con nuevas directrices que estén en ese marco de integración. 
Decía el Comisario Verheugen que necesitamos visibilidad de esta estrategia. 
Efectivamente, es uno de nuestros déficits, como lo es también nuestro déficit de credibilidad, que decía el Comisario Almunia. 
Necesitamos esos empleos, que decía el Comisario Špidla. 
Para ello, en este brevísimo tiempo que tengo, yo quiero pedirles que lean estos dos informes del Parlamento. 
Son informes horizontales, con los que nos identificamos una inmensa mayoría de diputados, y que reflejan, creo, un gran esfuerzo de unidad y un gran esfuerzo de oportunidad hacia el futuro. 
Lean lo que dicen estos informes y tomen ese liderazgo que necesitamos hoy en Europa. 
La gente de la Comisión tiene que ser más activa, para obligar a los Gobiernos a que apliquen esta estrategia europea del empleo. 
Y sean ustedes coherentes, vean nuestras enmiendas. 
Por ejemplo, vean la enmienda 2. 
Necesitamos que se aplique la legislación europea que ya tenemos, que hace mucho más coherente el trabajo entre los Estados miembros. 
Lean también nuestra enmienda 5. 
En este año europeo de la movilidad, den pasos adelante para eliminar las barreras que impiden la movilidad de los trabajadores europeos. 
– Señor Presidente, Comisarios, Señorías, las recomendaciones elaboradas por el señor García-Margallo, a quien quiero felicitar, han llegado en el momento oportuno para cambiar la situación económica de la UE. 
Lo único que falta es seguir esas recomendaciones. 
Tal como están las cosas, debemos hablar de profundizar, más que de revisar, la Estrategia de Lisboa, puesto que lo que ahora estamos viendo –y lo que hemos visto desde el principio– es un mayor crecimiento económico y más empleo, cosas ambas que ayudan a sostener los modelos sociales a largo plazo y a promover la suficiente cohesión social a corto plazo. 
A pesar de los progresos recientes, las cuestiones fundamentales siguen igual. 
El desempleo ha alcanzado unos niveles intolerables y el crecimiento económico mundial es insuficiente para invertir esta tendencia. 
En consecuencia, se precisa una mayor integración y una mejor coordinación de las políticas económicas, y hace falta desarrollar el trabajo de las instituciones que forman el nuevo gobierno económico de la Unión. 
El Consejo ha decidido apoyar a la Comisión en la elaboración de una política energética común europea. 
Aunque es una decisión interesante, sigue siendo menos de lo que se necesita. 
La dependencia energética de la Unión Europea es insostenible. 
Las importaciones de petróleo representan actualmente el 2,3 % del PIB de la Unión, que es dos veces y medio el presupuesto destinado a todas las políticas europeas. 
De aquí a 2030, esa dependencia podría ser abrumadora, sobre todo en el sector del petróleo (con un 94 % de dependencia del exterior). 
Los simples acuerdos entre los Estados miembros promovidos por el Consejo son, por tanto, insuficientes. 
El aumento de la competencia es un requisito imprescindible para formular una política energética común. 
Un marco reglamentario común exigirá, ante todo, enormes inversiones para mejorar las redes actuales y para volver a conseguir un verdadero progreso en el campo de las energías alternativas y el ahorro energético. 
Todo ello es esencial para aumentar la competitividad y el desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, Señorías, el debate acaba de demostrar la distancia que tenemos que recorrer juntos, pero ha demostrado también que cada vez se entiende mejor la nueva estrategia de crecimiento y empleo y que existe una presión creciente para tomarse en serio y hacer realidad las prioridades que nos hemos fijado. 
La Comisión les ha escuchado muy atentamente y prestaremos una gran atención a lo que nos han dicho los Grupos y los oradores, para tratar, en futuros debates, de incorporar los deseos y las sugerencias de esta Cámara. 
Permítanme que finalice reiterando, y muy claramente, que la razón por la que el crecimiento y el empleo son prioridades para los próximos años es que, sin más crecimiento y sin la creación de más empleo, no podremos conseguir nuestros grandes y ambiciosos objetivos políticos. 
No podremos mantener nuestro elevado compromiso con el medio ambiente, nuestro elevado compromiso social y nuestro elevado nivel de vida si no construimos unos cimientos económicos sólidos que puedan soportar su peso, y por eso creemos que el crecimiento y el empleo son nuestro principal cometido. 
Las directrices que estamos debatiendo hoy son uno de los medios fundamentales para garantizar que en Europa quizá podamos hacer de la necesidad una virtud. 
Nuestra incapacidad de formular una política económica común es, desde luego, un defecto, pero podría convertirse en una virtud si fuéramos capaces de establecer un nuevo tipo de cooperación como la que hemos establecido con la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
– En los últimos años, la UE se ha enfrentado a graves problemas económicos: el crecimiento de la Unión está por debajo de su potencial si se compara con los Estados Unidos o con países emergentes, como China o la India. 
La economía europea presenta un crecimiento demográfico, una tasa de empleo y una productividad más bajos. 
Europa tiene que prever estrategias a largo plazo y recursos suficientes para invertir en su futuro. 
Se han formulado estrategias para atacar estos problemas, pero la situación es cada vez peor. 
Eso se debe a varias razones: la falta de infraestructuras adecuadas, insuficientes inversiones privadas y públicas, retrasos en el desarrollo de tecnologías innovadoras y formación y educación profesional insuficientes. 
Europa necesita una visión clara de una economía más competitiva. 
Para estar a la altura de los objetivos de empleo y crecimiento de la Estrategia de Lisboa se requieren cambios estructurales: ayudas para I+D, fomento de la inversión privada y pública y actuaciones innovadoras en sectores como biotecnología, energías sostenibles y TIC. 
Al margen de los cambios estructurales y del desarrollo de sectores innovadores, en el marco de la economía global tiene que mantenerse la protección del medio ambiente y la calidad de los productos, dos particularidades típicamente europeas. 
Por último, es fundamental promover la educación y la formación profesional para atender las necesidades y los retos del desarrollo económico. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0069/2006) del señor Őry, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de los trabajadores en los mercados de trabajo de la UE [2006/2036 (INI) ]. 
. Señorías, gracias, estoy acostumbrado a hacer presentaciones en las que el ponente habla primero y solo entonces el Comisario da una respuesta. 
Pero si han decidido cambiar el procedimiento, estoy dispuesto por supuesto a empezar. 
Señorías, quiero agradecer antes de nada al señor Őry su excelente informe sobre un tema que constituye uno de los pilares de la integración europea. 
El objetivo de las medidas transitorias contempladas en el Tratado de Adhesión es permitir a los Estados miembros trabajar gradualmente para conseguir, a la mayor brevedad posible, el objetivo irrevocable de proporcionar a todos los trabajadores migrantes de los Estados miembros que han entrado en la Unión Europea en 2004 acceso abierto al empleo en todos los Estados miembros. 
Esa es una de las libertades fundamentales consagradas en el Tratado de Roma. 
Como se estipula en el Tratado de Adhesión, la Comisión ha evaluado el funcionamiento de dichas medidas transitorias con respecto al período inicial de dos años, para ayudar a los Estados miembros a decidir si mantienen esas medidas o si las abandonan. 
Sobre la base de los datos estadísticos correspondientes a 2004 y en algunos casos también a 2005, y previa consulta con los distintos participantes, la Comisión ha preparado una serie de conclusiones relacionadas con la primera fase del período de transición. 
El número de trabajadores registrados desde la adhesión es generalmente muy pequeño, alcanzando rara vez el 1 % de la población activa del país de acogida. 
Además, parece ser que el influjo de trabajadores de los nuevos Estados miembros ha tenido un efecto básicamente positivo. Eso es porque la ampliación ha contribuido a sacar de la ilegalidad a los trabajadores de la economía sumergida en los ocho nuevos Estados miembros de la UE. 
La adhesión ha beneficiado además a Europa al reducir la escasez de mano de obra y mejorar los resultados económicos. 
Los países que no introdujeron restricciones después de mayo de 2004 han registrado un mayor crecimiento económico, menores niveles de desempleo y niveles más altos de empleo. 
Los trabajadores a los que se les ha concedido acceso legal al mercado de trabajo han experimentado pocas dificultades para acceder a dicho mercado. 
Por supuesto, solo los Estados miembros pueden decidir si aplican o no las medidas transitorias, pero la Comisión puede pedirles que evalúen objetivamente las ventajas y desventajas de esas medidas. 
En realidad, la segunda fase es el verdadero período de transición que nos llevará, en su totalidad o al menos en parte, al objetivo de la libre circulación de los trabajadores. 
Con este espíritu, los Estados miembros que han aplicado restricciones sobre la base del Tratado de Adhesión no deben tratar a los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros que ya estén residiendo legalmente en su territorio de una forma más restrictiva que a los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración, como ya se dijo en el anterior pleno. 
Se ha enviado una carta explicando esto a los ministros de interior para dejar clara la situación legal. 
Hace unos momentos, el ponente ha mencionado este problema de los ciudadanos de terceros países, así que espero que me permitan insistir una vez más en que, en el contexto de las directivas y los tratados de adhesión, no se puede permitir que los ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE reciban un trato más favorable que los ciudadanos de Estados miembros de la UE; es decir, si se aplican restricciones a los ciudadanos de la UE, las mismas restricciones deben aplicarse lógicamente a los ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE. 
Por las mismas razones, la Comisión está vigilando también el cumplimiento de las disposiciones que prohíben a los Estados miembros restringir el acceso a sus mercados laborales a los trabajadores de los ocho nuevos Estados miembros en mayor medida que antes de la firma del Tratado de Adhesión, es decir, antes del 16 de abril de 2003. 
La Comisión apoya además el llamamiento a los Estados miembros para que apliquen escrupulosamente las disposiciones jurídicas de la Comunidad, sobre todo en el ámbito de los trabajadores desplazados. 
Reconozco que tenemos que reforzar considerablemente la vigilancia estadística de la circulación de trabajadores en el marco de la UE, puesto que hay numerosas hipótesis que deberían considerarse, pero que son imposibles de verificar con los recursos estadísticos y analíticos actualmente disponibles. 
La Comisión apoya las propuestas del Parlamento de reforzar el diálogo social tanto a escala europea como nacional, con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
La Comisión tiene igualmente una opinión favorable sobre la necesidad de que los ciudadanos conozcan el derecho a la libre circulación de trabajadores y la legislación asociada. 
La declaración de 2006 como Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores debe contribuir a este objetivo. 
A pesar de los temores que suscita la ampliación gradual, la libre circulación de trabajadores no ha debilitado los mercados de trabajo intraestatales. 
La libre circulación de las personas es un principio básico aplicable a todos los ciudadanos, y cualquier restricción que se imponga sobre ella solo puede ser temporal y tiene que acogerse estrictamente al espíritu de los tratados. 
Señorías, en mi intervención he utilizado una o dos veces el término «nuevos Estados miembros». 
Pero los nuevos Estados de Europa Central poseen una historia casi tan larga como la de los Estados de otras partes de Europa y, con la ampliación de la Unión Europea, ahora son Estados miembros. 
Por tanto, quiero decir que no volveré a utilizar más el término «nuevo Estado miembro». 
. 
Después de la ampliación de la Unión Europea en 2004, la cuestión de la apertura de los mercados laborales, y en relación con eso, la aplicación de las restricciones transitorias consideradas necesarias por los doce antiguos Estados miembros, han sido objeto de una seguimiento especial. 
Como se establece en los Tratados de Adhesión, los Estados miembros –basándose en sus propias experiencias con el mercado laboral– levantarán gradualmente esas restricciones entre 2004 y 2011, y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo evaluarán también la situación a la luz de las experiencias de los Estados miembros. 
La posición de las instituciones europeas contiene un mensaje político cuyo principal objetivo es transmitir, a los más de 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea, el interés paneuropeo por una cuestión tan importante como es la circulación de los trabajadores. 
En otras palabras: ¿qué le interesa a la Unión Europea como agente importante de la política mundial y la economía mundial? 
Esta lógica de tener en cuenta los intereses europeos ha sido decisiva en el proceso de elaboración del informe. 
El único punto de partida posible para la evaluación de la situación actual era el análisis de los desafíos mundiales a los que se enfrenta la Unión Europea en los albores del siglo XXI. 
En este sentido, basta con referirme al hecho de que nuestros competidores económicos en el Sudeste Asiático están acelerando el progreso tanto en el ámbito de la producción industrial como en investigación, desarrollo e innovación. 
Si queremos aumentar nuestra competitividad para mantenernos a la altura de Estados Unidos y Asia, tendremos que buscar una solución a las tensiones estructurales en las economías europeas. 
La solución está clara: debemos aumentar la movilidad dentro de la Unión Europea y promover, con todos los medios a nuestro alcance, la creación de un único mercado laboral europeo dotado de la mayor flexibilidad posible. 
Existen, por supuesto, soluciones alternativas para aumentar la movilidad (podemos hablar también de acelerar la inmigración y otras medidas similares) , pero el denominador común de todas esas alternativas es su elevadísimo coste y su menor eficiencia. 
El camino hacia el desarrollo económico –en línea con la Estrategia de Lisboa– discurre principalmente a través del aumento de la movilidad y la utilización de las reservas profesionales representadas por la población inactiva. 
Esa es la única forma de preservar los logros sociales tan deseados por los ciudadanos europeos y de los que hablamos con tanta frecuencia. 
Un paso importante dentro del proceso de aumentar la movilidad es levantar lo antes posible las restricciones transitorias que afectan a los nuevos Estados miembros. 
Algunos Estados miembros han acordado ya levantarlas en mayo de 2006 y solo esperamos que en los próximos años –quizá incluso antes de mayo de 2009–, otros Estados miembros les sigan, porque es importante insistir en que la posibilidad jurídica de que otros Estados miembros tomen una decisión similar está siempre ahí. 
Los temores a una migración masiva han resultado ser infundados. 
La experiencia ha demostrado claramente que la presencia de trabajadores de los nuevos Estados miembros en los antiguos Estados miembros que decidieron abrir sus mercados plenamente en 2004 no ha causado tensiones ni en el mercado laboral ni en la economía. 
¡Todo lo contrario! 
La evaluación tanto de la Comisión Europea como de uno de los Gobiernos afectados –el Gobierno británico– ha demostrado que la migración, en un grado restringido, de trabajadores de los nuevos Estados miembros ha supuesto ventajas económicas para los países de acogida. 
Por tanto, la conclusión está clara: la actuación más ventajosa para la Unión Europea y para sus Estados miembros es que los Gobiernos afectados abandonen lo antes posible el sistema de medidas transitorias que restringen la libertad de empleo dentro de la Unión. 
Junto con el informe, hemos presentado también propuestas de compromiso. 
Esas propuestas se han elaborado teniendo en cuenta las sensibilidades especiales de algunos Estados miembros respecto a esta importante cuestión, porque, como sabemos por experiencia propia, en algunos Estados miembros la rápida implantación de la libre circulación de trabajadores se está viendo entorpecida no solo por dificultades económicas, sino también por dificultades políticas, sociopsicológicas o lingüísticas. 
Las propuestas de compromiso consideran además la cuestión desde el punto de vista del interés paneuropeo, tratando de tener en cuenta las aspiraciones y sensibilidades tanto de los antiguos como de los nuevos Estados miembros. 
Por tanto, espero que el informe, en su forma actual, reciba un apoyo mayoritario en la votación del Parlamento. 
Gracias por su atención, y quiero agradecer a todos mis colegas, a los Grupos políticos y a la Comisión Europea su cooperación. 
No es coincidencia que el contenido de la presentación realizada por el señor Špidla me haya eximido de la obligación de presentar el informe con detalle. 
En general, pensamos de forma parecida y nuestras experiencias son similares. 
Espero que así siga siendo también en el futuro. 
. Señor Presidente, permítanme que empiece expresando mis calurosas felicitaciones al señor Őry, quien ha asumido sus obligaciones de una manera muy concienzuda y ha elaborado un excelente informe. 
En Europa debemos la prosperidad que disfrutamos a las cuatro libertades que sustentan a la Unión Europea. La libre circulación de trabajadores es una de ellas. 
Pero ahora me parece que el miedo ha dominado el proceso de ampliación en los antiguos Estados miembros y que el temor a verse arrojados de un mercado laboral que está o estaba ya sometido a presiones, ha llevado a imponer restricciones en la libre circulación. 
Siempre he pensado que las decisiones no deben tomarse sobre la base del miedo y que hubiéramos defendido mucho mejor nuestros intereses si hubiéramos abierto desde el principio el mercado laboral. 
Así lo demuestran también los resultados de los estudios realizados en el Reino Unido y en Suecia, aunque debe decirse que, en el Reino Unido, la seguridad social no funciona como nos gustaría que funcionara. 
¿De qué tenemos miedo? 
Las personas tienen miedo de verse arrojadas fuera del mercado laboral y, para evitar que eso suceda, cierran las fronteras, cuando nada podría estar más lejos de la verdad. 
Muchos trabajadores llegan a nuestros Estados miembros y trabajan durante muchas horas para ganar un salario pequeño. 
Viven en malas condiciones, lo hacen todo ellos solos y compiten con nuestras pequeñas y medianas empresas. 
¿Cuál debe ser la respuesta? 
En lugar de recurrir al miedo, la respuesta está en abrir las fronteras y asegurar que se implantan los controles oportunos para vigilar, no tanto si se pagan los salarios mínimos, como si los salarios y las condiciones de trabajo se corresponden con lo acordado en los convenios colectivos y se cumplen también las condiciones de seguridad en el trabajo. 
Esa sería una buena medida tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros. 
. Señor Presidente, como ya se ha dicho, 2006 será el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Por iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, se elaboró una propuesta de resolución del Parlamento que la Comisión aprobó el 21 de marzo por abrumadora mayoría. 
Debemos agradecer especialmente al señor Őry la elaboración del informe. 
El elemento central de la resolución era pedir que se levanten las actuales medidas transitorias. 
Inmediatamente después de ser aprobada, se empezaron a recibir propuestas de enmienda dirigidas a suprimir este mensaje prospectivo del Parlamento. 
Es curioso que todas las propuestas empiezan por «Apoyo la libre circulación de trabajadores, pero....» 
Por tanto, considero que el Parlamento debe aprobar la misma versión que ha sido aprobada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Quiero recordarles que tanto grupos de empresarios como la Confederación Europea de Sindicatos solicitan el levantamiento inmediato de las medidas transitorias. 
Sé que algunos Gobiernos no han hecho lo mismo, y los que lo han hecho merecen nuestro agradecimiento. 
En respuesta a las quejas que hemos escuchado hoy en las intervenciones sobre la mala situación de la Unión Europea, quiero decir que ni Estados Unidos ni China deben ser modelos para nosotros y que después de la grave crisis que se vivió en Asia hace unos años, muchos Estados de allí están pensando en crear el tipo de estructuras que algunos tratan de demoler ahora aquí. 
Sería bueno, por tanto, que nos diéramos cuenta de que el camino a la prosperidad no discurre ni a través de los niveles salariales al estilo chino ni a través del tipo de relaciones industriales que prevalecen en los Estados Unidos. 
. 
Señor Presidente, creo que a la hora de considerar el informe del señor Őry sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la UE, deben tenerse en cuenta cuatro criterios fundamentales. 
En primer lugar, la libre circulación de personas es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado único y un derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
El reconocimiento de ese derecho requiere el levantamiento de los períodos de transición a la mayor brevedad posible. 
Eso no significa promover la circulación masiva dentro de la Unión Europea. 
Tenemos que distinguir entre la circulación provocada por la necesidad de buscar empleo y la libre circulación de las personas que es un derecho de los ciudadanos. 
En segundo lugar, el informe hace bien en destacar los beneficios que han obtenido los países que no impusieron períodos de transición y que abrieron desde el principio sus mercados de trabajo. 
Eso coincide con la opinión de la Comisión Europea. 
No obstante, me parece también oportuno considerar cómo la libre circulación de personas puede amenazar o beneficiar a los países de origen de los ciudadanos implicados. 
En tercer lugar, es importante que los ciudadanos de los Estados miembros no se vean discriminados en contra para favorecer a los nacionales de terceros países en los mercados de trabajo de la Unión Europea. 
Por supuesto, eso no implica que nos mostremos indiferentes ante los nacionales de terceros países o que no queramos expresar nuestra solidaridad también con ellos. 
Por último, la libre circulación de personas debe verse como una característica fundamental del modelo social europeo. 
Teniendo en cuenta que el informe del seńor Őry y la posición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales cumplen los criterios antes mencionados, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa votará a favor del informe. 
Queremos agradecer también al seńor Őry su trabajo. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el Grupo de los Verdes está a favor de la libre circulación y apoya el informe ecuánime del señor Őry, porque los períodos de transición, por muy populares que sean entre nuestros propios ciudadanos, no auguran ningún éxito. 
Según la prensa alemana, el Gobierno se ha pronunciado en contra de permitir la entrada de mano de obra barata en el país porque quiere proteger su propio mercado de trabajo del influjo de trabajadores migrantes baratos procedentes de los países vecinos, pero eso no tiene ningún sentido; los períodos de transición no mantienen alejados a los trabajadores migrantes. 
Siguen llegando igual y trabajan en la economía sumergida o fingen que trabajan por cuenta propia. 
Las disposiciones transitorias están obligando a las personas a trabajar al margen de la ley y, precisamente por eso, a convertirse en mano de obra más barata y ser víctimas de una brutal explotación sin la protección del Derecho laboral, sin seguridad social y sin la certeza de que se les vaya a pagar. 
Sin la protección de las leyes, las personas no tienen derechos. 
En las regiones vulnerables y en los mercados de trabajo afectados existe una presión aún mayor sobre los salarios, porque los convenios salariales no tienen efecto en el mercado negro, que funciona según sus propias normas y sin control alguno. 
Los Gobiernos que siguen defendiendo los períodos de transición animan a las personas a trabajar al margen de la ley, haciendo con ello un gran daño a la cohesión social. 
Si se pretende que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos, el empleo tiene que situarse en el marco de la legalidad. 
Una mayor transparencia traerá consigo un mejor control de los mercados de trabajo. 
Tenemos que organizar los mercados de trabajo europeos en su forma actual sobre la base de «un salario igual por un trabajo igual en las mismas condiciones y en el mismo lugar» , dando así a las negociaciones salariales a escala nacional y regional un peso añadido y los mismos derechos sociales a todos. 
Lo que eso significa, para el Gobierno alemán por ejemplo, es que tiene que aplicar, sin más preámbulos, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en todas las regiones vulnerables, porque sabemos que en Alemania y Austria los períodos de transición en el sector de los servicios dependerán de los que se apliquen a la libre circulación. 
La única protección realmente eficaz para evitar problemas en el mercado de trabajo es la adopción de medidas anticipatorias que pongan orden en él. 
– Señor Presidente, la ausencia de libre circulación de los trabajadores procedentes de lo que yo sigo llamando los «nuevos» Estados miembros hace que muchas personas se vean obligadas a realizar un trabajo no declarado, en unas condiciones de vida y de trabajo intolerables y en una situación de ilegalidad. 
Constituye además una discriminación, puesto que la libre circulación de las personas es un derecho fundamental garantizado por el Derecho comunitario. 
Como es bien sabido, se trata de una libertad que ha existido para los trabajadores desde la fundación de la Comunidad Europea en 1957. El hecho de que millones de ciudadanos de la Unión Europea dejen, en 2006, de disfrutar ese derecho es intolerable. 
Durante todo el proceso de ampliación, diputados socialmente comprometidos de la izquierda –como el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, por ejemplo– en el Parlamento Europeo han insistido una y otra vez en la necesidad de crear unas condiciones que permitan, después de la adhesión de los nuevos Estados miembros, la libre circulación de los trabajadores sin efectos negativos para la sociedad. 
Los ciudadanos de los nuevos y los antiguos Estados miembros quieren beneficiarse de la ampliación, pero en su lugar volvemos una y otra vez a la cuestión de la competencia mundial. 
Aunque en los países escandinavos se ha demostrado que la libre circulación realiza una contribución importante al mantenimiento de los niveles actuales de protección social, el Gobierno Federal de Alemania ha ampliado los períodos de transición sin dar ningún tipo de explicación sobre lo que pretende hacer con ellos para permitir realmente la libre circulación de trabajadores. 
En lo fundamental, mi Grupo está de acuerdo con el señor Őry en que en el fondo no necesitamos períodos de transición, pero es poco probable que este informe consiga concienciar de la necesidad de una mayor responsabilidad social en los mercados de trabajo europeos. 
Las enmiendas presentadas por nuestro Grupo en ese sentido han sido hasta ahora bastante ineficaces. 
Quiero manifestarme a favor de la libre circulación para todos los trabajadores que viven en la UE, con efecto inmediato, y de unos niveles de protección social y unos salarios mínimos que saquen a las personas de la pobreza. 
La lucha contra la pobreza tiene que convertirse en una prioridad política absoluta en la Unión Europea. 
. 
Señor Presidente, muy recientemente hemos experimentado una amarga decepción con el libre mercado en el sector de los servicios, pero ahora vemos que solo unos cuantos Gobiernos de los antiguos Estados miembros están dispuestos a abrir sus mercados a los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
La mayoría de los Gobiernos siguen restringiendo el número de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros, cuando en realidad se enfrentan a problemas más graves planteados por la inmigración de países no pertenecientes a la UE. 
La apertura parcial de los mercados de trabajo a, por ejemplo, trabajadores de la construcción, porteros y camareros, como ha propuesto Francia, no demuestra que exista la voluntad de respetar las libertades fundamentales europeas. 
Más bien demuestra el escaso prestigio del que gozan esas profesiones, puesto que el desempleo entre la juventud francesa es muy elevado. 
La apertura selectiva del mercado profesional a trabajadores poco cualificados significa que muchos trabajadores cualificados tendrán un incentivo para abandonar los nuevos Estados miembros, cambiar de profesión y ganar de inmediato un salario más alto, cosa que, a la larga, debilitará la competitividad de Europa. 
Por último, pido a los jóvenes franceses que están organizando protestas contra su Gobierno por una legislación discriminatoria que les perjudica, que se trasladen a los nuevos Estados miembros e inicien allí sus carreras profesionales. 
Tenemos un nivel de desempleo muy bajo entre los jóvenes y no los discriminamos. 
Yo pensaba que la UE era sobre todo un espacio de libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. 
¿Y con qué nos encontramos? 
Cuando los diez nuevos Estados miembros ingresaron en la UE en 2004, no consiguieron la paridad. 
Solo tres Estados miembros de la anterior UE de los 15 admitió a sus trabajadores sin restricciones: Irlanda, Suecia y el Reino Unido. 
Esto es muy extraño si se considera que son tres de los Estados miembros más reticentes a la UE. 
Irlanda rechazó el Tratado de Niza la primera vez y solo lo aprobó más tarde, debido a una impresionante manipulación en el segundo referendo. 
Suecia entró en la UE después de conseguir una mayoría de apenas el 1 % en su referendo. 
En cuanto al Reino Unido, todos ustedes ya nos conocen. 
Ninguno de ustedes acogió precisamente con satisfacción al Primer Ministro Blair el pasado mes de diciembre, al final de lo que todos ustedes consideraron que había sido una pésima Presidencia del Reino Unido. 
Incluso rechazaron su presupuesto septenal –su inapreciable intento de rescate– por una aplastante mayoría en la votación del informe Böge. 
Así que ahora tengo la satisfacción de decirles: hagan lo mismo que han hecho el Reino Unido, Irlanda y Suecia. 
No se preocupen por los regímenes transitorios; sigan sus propias reglas; abran sus fronteras; acepten su cuota, digamos, de trabajadores polacos. En el Reino Unido tenemos 250 000 y no todos ellos son fontaneros. 
Señor Presidente, el último informe de la OCDE revela que Suecia, Finlandia y Gran Bretaña son los países que están registrando un desarrollo más rápido en la Unión Europea. 
Dos de esos países han abierto sus mercados de trabajo, y debemos recordar que Irlanda también lo ha hecho y que su PIB se ha beneficiado gracias a ello. 
El informe derriba el mito de que el influjo de trabajadores extranjeros tenga un efecto destructivo en la economía del país de acogida. 
Lo que sucede es justamente lo contrario. 
Deberíamos recurrir a una política de empleo de esta naturaleza para salvar la Estrategia de Lisboa. 
Todos y cada uno de los Estados miembros tienen que abrir sus mercados de trabajo. 
La preocupación por una posible avalancha de mano de obra barata ha demostrado ser infundada. 
La migración económica es restringida. 
Por tanto, creo que es fundamental levantar todas las barreras que puedan, de una u otra manera, entorpecer la libre circulación de trabajadores en Europa. 
– Señor Presidente, la ampliación de la UE con la entrada de 10 nuevos Estados miembros era algo que deseábamos por razones culturales, económicas y políticas; yo, como diputado alemán, llevo años argumentando a favor del proyecto y tratando de ganar adeptos para la causa. 
La aceptación de los ciudadanos dependía de que los Estados miembros tuvieran derecho a restringir la libre circulación de trabajadores en función de las condiciones que prevalecieran en sus respectivos mercados de trabajo. 
En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha dicho que la ausencia de flujos migratorios masivos justifica la abolición inmediata de las disposiciones transitorias garantizadas por los tratados. 
A eso respondo que la situación vivida en Estados miembros como Alemania, Austria o Francia es muy diferente. 
Cuando se pagan salarios por hora mucho más altos y cuando se garantiza la seguridad social, se produce una afluencia de migrantes que tienen que ser controlados para evitar el trabajo ilegal y el trabajo ficticio por cuenta propia. 
El efecto de los flujos continuos de migrantes a países con altos niveles de desempleo no es ni la creación de nuevos puestos de trabajo ni el aumento de la competitividad de las empresas. 
Aunque este informe es solo una recomendación sin peso jurídico, no debe hacerse un uso indebido del mismo para sentar a algunos países en el banquillo de los acusados, para suscitar sentimientos en su contra y para lanzar campañas que insten a los ciudadanos a boicotear sus productos. 
De hecho, eso ya ha sucedido. 
Los que tratan de separar a los antiguos y los nuevos Estados miembros, ponen en peligro el concepto de la UE como algo más que un simple espacio de libre comercio. 
He ayudado a preparar algunas enmiendas de transacción y quiero dar las gracias al seńor Őry, nuestro ponente. 
Consideremos, pues, la restricción de las disposiciones transitorias, pero hagámoslo sobre la base de un análisis detallado de los mercados de trabajo nacionales. 
Debemos elaborar además reglamentos que garanticen que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no se vean en desventaja frente a los de terceros países. 
Es necesario que pensemos bien las decisiones. 
La competencia mundial exige a todos los Estados miembros de la UE la creación de las condiciones necesarias, por ejemplo, para reformar sus sistemas de seguridad social. 
Este tipo de posturas no hacen más que amenazar la viabilidad de nuestro proyecto europeo unitario. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de nuestro colega el señor Őry, a quien quiero felicitar por su trabajo, puede representar una oportunidad para los trabajadores europeos. 
Las restricciones a la libre circulación de los trabajadores tienen algunos efectos perjudiciales, entre ellos la expansión del trabajo ilegal. 
Justo en los últimos meses se ha descubierto en Francia un grupo de obreros polacos alojados en tugurios, mal alimentados, sin asistencia sanitaria, sin salario, llevados por una empresa alemana de subcontratación. 
El colmo de la ironía es que esos obreros trabajaban en la construcción de un palacio de justicia. 
¿Dónde está la justicia? 
Hechos como estos son inadmisibles. 
La libre circulación de los trabajadores debe ser una de las palancas para el progreso social, una de las herramientas destinadas a frenar el dúmping social. 
El fin de los regímenes transitorios obligará a las empresas a ofrecer a los trabajadores unas condiciones de vida decentes y respetar la legislación social del país de acogida. 
Protección social, vivienda digna, salario decente y unos horarios de trabajo justos: estos son los derechos fundamentales que debe aportar la libre circulación, y velaremos por que así sea. 
No se puede aceptar que algunos puedan jugar con las distintas nacionalidades de los trabajadores para hacer bajar sus costes de explotación del mismo modo que otros juegan a la Bolsa. 
Recordemos que el proyecto fundador europeo tenía por objetivo unir a los pueblos y no dividirlos. 
Seguir restringiendo la libre circulación de los trabajadores no hará sino alimentar los temores de los ciudadanos de algunos países, aterrados ante la idea de ser tratados como europeos de segunda clase. 
Y tiene usted razón, señor Comisario, a partir de ahora debemos hablar de ciudadanos europeos. 
Las restricciones deben levantarse en todas partes. 
Esto es posible, pero habrá que reforzar los controles para que los primeros beneficiarios de esta medida no se conviertan en sus primeras víctimas. 
Acojo con satisfacción sus comentarios sobre los ciudadanos de terceros países y este problema en general. 
Felicito al ponente por haber elaborado un informe muy equilibrado. 
La libre circulación de trabajadores no solo es uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, sino también la expresión de la solidaridad entre los nuevos y los antiguos países. 
Por tanto, celebro ver que todos mis colegas apoyan unánimemente la abolición de las restricciones. 
Al tiempo que reaccionamos a los desafíos de la economía mundial actual, creo que la eliminación de los obstáculos que entorpecen la circulación de los ciudadanos y trabajadores en el mercado de la Unión Europea es uno de los objetivos principales de la Estrategia de Lisboa y uno de los factores que estimulan el crecimiento económico. 
Con el capital humano acumulado, la población activa de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea puede promover el crecimiento económico a largo plazo. 
Además, los mercados pueden hacerse más eficaces, puesto que los trabajadores extranjeros suelen reaccionar más activamente a las diferencias regionales en oportunidades económicas. 
Tras haber admitido a trabajadores de los nuevos estados, Irlanda, el Reino Unido y Suecia no han hecho más que beneficiarse. 
Esos Estados miembros han registrado un rápido crecimiento económico, menos desempleo y más empleo que otros estados. 
Además, puede concluirse que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros han complementado, que no sustituido, a los ciudadanos de los antiguos Estados miembros en los mercados de trabajo de estos últimos. 
Las estadísticas de los Estados miembros de la Unión Europea indican que la inmigración procedente de terceros países excede el flujo de inmigración en el corazón de la Unión Europea. 
Debemos felicitarnos y alegrarnos de la decisión de los países que han optado por abrir sus mercados de trabajo a los nuevos países de la Unión Europa a partir de mayo de este año. 
Yo les diría: avergoncemos al Gobierno de Austria, que ostenta la Presidencia de la UE, y al de Alemania, por sus fobias, por su incapacidad de debatir esta cuestión con sus propios ciudadanos. 
Pero por supuesto, la apertura de los mercados de trabajo es un derecho soberano de todos los estados. 
– Señor Presidente, yo también quiero agradecer al Comisario y a nuestro ponente su trabajo sobre esta cuestión. 
Como han dicho muchos, la igualdad de trato es un principio fundamental para los ciudadanos europeos, que debe aplicarse a las condiciones de empleo y al acceso a los servicios en todos los Estados miembros de la Unión. 
Pero en un debate en el que estamos hablando de nacionales de terceros países, es fundamental que dejemos claro –como ha hecho el ponente– que no estamos hablando de un retroceso de los derechos que tanto ha costado conseguir de esas personas, sino de ampliar los derechos que tienen nuestros nuevos Estados miembros. 
En los últimos meses hemos escuchado algunos argumentos a favor de mantener los períodos transitorios. 
A muchos de nosotros no nos parecen convincentes. 
Creemos que lo que estamos viendo –como ya se ha dicho– es prueba de empleo irregular y de cifras de autoempleo falsas. 
Apostaría a que en todos nuestros países tenemos ciudadanos de los Estados miembros en situaciones poco claras. 
Cuando el Reino Unido estableció su sistema de registro de trabajadores para los nacionales de los países A8, comprobó que el 40 % de los polacos que se registraron estaban residiendo ya en el Reino Unido. 
Creo que es evidente que las personas quieren trabajar legalmente. 
Tenemos que animarlas a que lo hagan. 
Necesitamos estar mejor informados de antemano, dedicar más esfuerzos a la inspección y la ayuda a los que denuncien situaciones irregulares y aclarar la cuestión de los derechos de las personas, así que no vemos dónde está la explotación de la que ha hablado el señor Cottigny, que amenaza con deteriorar las condiciones de trabajo y explotar a los trabajadores. 
Es mucho más fácil exigir igualdad de trato cuando se tienen derechos que están claros. 
El Reino Unido –como ya se ha dicho– ha abierto el acceso, con algunos cambios en la seguridad social. 
Hemos acogido a una gran diversidad de trabajadores de todos los niveles de cualificación. 
No se conoce ningún dato estadístico que pruebe que haya habido un aumento de la reclamación de prestaciones sociales. 
La repercusión económica se considera modesta y las cifras empezaron a desacelerarse a finales del año pasado. 
Las experiencias positivas de Irlanda deben animar a otros países que han establecido regímenes transitorios a eliminar las restricciones. 
El Sinn Féin y el movimiento sindical apoyan la decisión de no introducir un régimen transitorio en Irlanda. 
He firmado una declaración por escrito aquí en el Parlamento Europeo solicitando la eliminación de esas restricciones. 
Hoy reitero dicho llamamiento y celebro el informe del seńor Őry en ese contexto. 
No obstante, tenemos que ir más lejos: no podemos ignorar la cuestión de las condiciones de empleo y la explotación de los trabajadores. 
En la propia Irlanda, empresarios sin escrúpulos han aprovechado la falta de libertad de circulación de los trabajadores en la UE para practicar una discriminación en materia de salarios y condiciones de trabajo según la nacionalidad. 
La señora Oomen-Ruijten ha mencionado las restricciones impuestas a la seguridad social. 
Tenemos que combatir también cualquier tipo de discriminación en el acceso a la protección social de los ciudadanos de la UE que viajan a otro Estado miembro para trabajar o para buscar trabajo. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al promotor y autor del informe sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la UE. 
En su versión inicial, este documento indica ya que la imposibilidad de estar legalmente empleado en la mayoría de los llamados antiguos Estados miembros favorece el empleo irregular y la explotación de los trabajadores. 
El seńor Őry ha destacado también con razón que en algunos Estados miembros de la Unión Europea se están imponiendo más restricciones a la circulación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros que las que había cuando se firmó el Tratado de Adhesión. 
Ha recordado además que existen problemas relacionados con el trato preferente que reciben los llamados nacionales de terceros países residentes de larga duración en detrimento de los ciudadanos de la Unión procedentes de los 10 nuevos Estados miembros. 
Además, el autor del informe dice claramente que no se han producido consecuencias sociales o económicas negativas para los países que han abierto ya sus mercados de trabajo. 
Por el contrario, la reducción del empleo irregular de extranjeros ha originado un aumento de la recaudación para las arcas nacionales. 
La propuesta inicial del seńor Őry se ha presentado también a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para su debate y posterior votación, un proceso que ha mejorado considerablemente el texto. 
Eso es cierto sobre todo en el caso del apartado 1. 
En la versión presentada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Parlamento Europeo se manifiesta muy claramente a favor de los ciudadanos y su derecho a las libertades fundamentales consagradas en los Tratados. 
Creo firmemente que esta es la postura que tiene que adoptar el Parlamento Europeo. 
La Cámara debe hacer una declaración clara e inequívoca en defensa de los derechos y las libertades fundamentales. 
Debe defender los intereses de la Comunidad y los intereses de todos los ciudadanos de la Unión Europea, por encima de los intereses particulares de cada país. 
Por eso opino que debemos apoyar el texto que ha salido del debate y la votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también me opongo a que haya miembros de la UE de segunda clase y, sí, tiene que haber libre circulación para todos los trabajadores en la UE, lo antes posible, pero la alternativa de utilizar la regla 2+3+2 para limitar el acceso a los mercados de trabajo nacionales se adoptó por una serie de razones, así que me parece un poco arriesgado tratar de sacar conclusiones de las experiencias de tres Estados miembros para aplicarlas automáticamente a todos los demás. 
El señor Őry me merece un gran respeto y para ser sincera le diré que entiendo por qué él y muchos otros diputados de esta Cámara apoyan la línea de la Comisión, pero puedo decir también que fue el Ministro de Trabajo checo, entre otros, el que anunció, ya a finales del año pasado, que incluso su propio país estaba pensando en la posibilidad de aplicar a Rumania y Bulgaria períodos de transición para la circulación de los trabajadores. 
Al contrario que el Reino Unido, Suecia e Irlanda, la tasa de desempleo en Alemania se sitúa en torno al 12 %, frente a un mero 5 %. 
Tenemos un país con un desempleo del 18 % muy cerca de nosotros. 
Me parece comprensible que muchos trabajadores se preocupen por sus propios puestos de trabajo, y es perfectamente normal que un Gobierno deba tenerlo en cuenta, sobre todo cuando Alemania es el país que ha concedido ya, en términos de porcentaje, más permisos de trabajo que ningún otro a ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
– Señor Presidente, hace unas semanas votamos en esta Cámara la Directiva sobre los servicios y la mayoría apoyó un compromiso que pretende ayudar a mantener unos altos niveles de protección social, con el eslogan «no al dúmping social». 
Pero parece como si la protección contra el dúmping social pretendiera beneficiar solo a unos cuantos en Europa, ¿porque cómo se entienden sino las restricciones impuestas a la libre circulación de los trabajadores? 
Los que obstruyen el acceso de algunos trabajadores al mercado tienen que saber que la respuesta bastante lógica a su actuación es la aparición de mercados ilegales. 
Las personas que viven cerca de una frontera entre Estados no dejan por ello de ofrecerse como mano de obra al otro lado de la frontera y, así, en los últimos años, categorías enteras de trabajadores están saliendo a las calles, como artesanos y trabajadores de la construcción para ofrecer sus servicios, una maniobra que les está saliendo bien porque son muy demandados. 
Simulan que son trabajadores por cuenta propia o, por decirlo de otra forma, trabajan ilegalmente, sin seguridad social y ganando menos que los salarios mínimos establecidos por ley. 
¡Qué poco sinceros son algunos, como los representantes del sector alemán de la construcción, cuando piden –o así lo hemos leído– que se amplíen los períodos de transición! 
¿Por qué será que algunos representantes de los empresarios quieren imponer esas restricciones discriminatorias a los ciudadanos de otros Estados miembros? 
¿No será que pretenden enriquecerse con mano de obra temporal barata, con los supuestos trabajadores por cuenta propia y con los que trabajan en el mercado negro? 
¿Por qué, me pregunto también, no se oponen con más firmeza los representantes de los empresarios nacionales a este tipo de explotación? 
¿Por qué hacen que la seguridad social dependa de la nacionalidad? 
¿No será que lo hacen por simple populismo, puesto que los ciudadanos del propio país son los únicos que votan, así que lo que a ellos les importa no es el principio en sí mismo, sino su éxito el día de las elecciones? 
Hasta ahora, tres países han abierto sus mercados de trabajo a los nuevos Estados miembros de la UE y su experiencia ha sido positiva. 
En este Año de la Movilidad de los Trabajadores, pido a todos los demás países que hagan lo mismo de aquí a 2007 como muy tarde. ¡Y denunciemos a todos los que no lo hagan, sobre todo a mi propio país, Austria, si resulta ser uno de ellos! 
– La libre circulación de personas y el acceso a los mercados de trabajo se ha convertido en una cuestión política indudablemente delicada. 
El ponente, seńor Őry, ha manejado el tema con destreza, sin causar divisiones entre los Estados miembros. 
Su informe se centra en los efectos reales de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros que acceden a los mercados de trabajo de los quince antiguos Estados miembros. 
Defiende la premisa de que el verdadero problema para la competitividad en Europa no está en los Estados miembros ni en las interacciones entre ellos, sino más bien en competidores externos como la India y China. 
En el informe se consideran los siguientes hechos: primero, los trabajadores de los nuevos Estados miembros no sobrepasan en ningún caso el 2 % de la población del país de acogida; segundo, la migración interna dentro de los antiguos Estados miembros es cuatro veces mayor que la migración interna procedente de los nuevos Estados miembros y, tercero, la migración de terceros países sobrepasa con creces la migración interna total dentro de la UE. 
Es indudable que, además de las actitudes alemana, austriaca y francesa respecto al período de transición, existen también opiniones divergentes entre los nuevos Estados miembros, puesto que el período de transición se ha llegado a convertir también allí en una cuestión política delicada. 
Durante las negociaciones de adhesión, aprobamos las medidas transitorias como parte del acuerdo. 
Pero según pasa el tiempo, estas medidas se han convertido en una cuestión delicada en la política de los antiguos Estados miembros, puesto que cada vez se consideran unas medidas discriminatorias. 
Los debates en torno a la Directiva sobre los servicios han revelado ya situaciones absurdas relacionadas con los períodos de transición y ahora, con respecto a la Directiva 109, parece ser que ha surgido un conflicto legal con la cláusula de normas preferenciales. 
Los temores generados por la inseguridad en el empleo y los prejuicios representan, sin lugar a dudas, un capital político que puede utilizarse fácilmente. 
Pero en lugar de propagar este mito, que en realidad nos conduciría a un callejón sin salida en la política, los políticos tienen la obligación de decir la verdad. 
Felicito al ponente, señor Csaba Őry, por su excelente trabajo, y quiero agradecer al Comisario Špidla el resumen que ha hecho de un informe que a menudo provoca polémica, por la existencia de intereses diferentes. 
Los colegas de algunos estados han criticado el informe, pero la mayoría cree que es objetivo y realmente útil. 
Cuando los nuevos Estados miembros luchan por la igualdad de derechos, luchan por algo más que por la igualdad de trato: tratan de proteger los intereses de toda la Unión Europea. 
Resulta paradójico que sean los nuevos Estados miembros los que estén insistiendo en la liberalización de los mercados de trabajo, una medida que, al igual que la liberalización de los servicios, tiene que adoptar en cualquier caso la Unión Europea para mejorar su propia competitividad. 
Queremos ser ciudadanos con igualdad de derechos de la Unión Europea. 
La apertura de los mercados de trabajo y la libre circulación de los trabajadores no son un regalo ni un favor; son la decisión racional de los ocho antiguos Estados miembros, que tendrá efectos positivos para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Reino Unido, la República de Irlanda, Suecia, Finlandia, España, Portugal y Holanda, y esperamos que los ocho Estados miembros que quedan reconsideren también su posición. 
Coincido con el Comisario Špidla: es inadmisible que los nacionales de terceros países con cinco años de residencia legal estén en una posición más favorable que los trabajadores de los diez nuevos Estados miembros en los países que no les han abierto sus mercados de trabajo. 
Señor Presidente, cuando España y Portugal entraron en la Unión Europea —la entonces Comunidad Europea—, se creó un miedo irracional respecto de lo que iba a ser el desembarco de trabajadores españoles y portugueses en el mercado. 
Se demostró que eso era absurdo y, sin embargo, ese mismo miedo volvió a surgir con la adhesión de los nuevos Estados miembros y, desgraciadamente, a pesar de que algunos en ese caso, en ese tiempo, desde dentro del Parlamento español, nos opusimos a ello, incluso el propio Gobierno español de ese momento —el momento de la adhesión— se sumó a esos períodos transitorios, en parte por la presión de otros Estados miembros. 
Hoy ya se ha confirmado que eso no tiene sentido, que ese miedo es absolutamente irracional y que no se puede permitir que una de las libertades esenciales en la Unión Europea quede arrinconada durante un tiempo, solo por razones de populismo o por miedo a la reacción que puedan tener determinadas sociedades. 
No puede haber Estados de primera y Estados de segunda dentro de la Unión Europea y, por tanto, es preciso terminar con esos períodos transitorios y abrir del todo las fronteras del mercado laboral europeo y convertirlo efectivamente en un verdadero mercado laboral único. 
Por eso, le doy el más pleno apoyo al informe Öry, que llama la atención sobre esta cuestión y sobre la situación en la que quedan los ciudadanos de esos Estados, que en algunos casos están incluso en peores condiciones que ciudadanos de terceros Estados que son legalmente residentes en Estados miembros de la Unión Europea. 
Felicito al Gobierno español por haber decidido sumarse, por fin, a la supresión de ese período transitorio y espero que cuanto antes otros Estados —y de ahí la presión que hay que ejercer desde esta Cámara— se sumen a esta iniciativa, para que todos los ciudadanos de la Unión Europea estén en igualdad de condiciones. 
Apoyo el informe del señor Őry y todos los demás esfuerzos encaminados a mejorar el funcionamiento de un mercado interior en la Unión Europea. 
Por supuesto, el funcionamiento eficiente del mercado interior se basa en la libre circulación de capitales, mercancías, servicios y trabajadores. 
La libre circulación de capitales y mercancías se ha implantado con relativo éxito. 
Pero nos hemos encontrado con grandes dificultades en lo que respecta a la libre circulación de servicios y trabajadores. 
Pensamos que la economía europea florecería con la Estrategia de Lisboa. 
Constantemente oímos hablar de la importancia de la competencia y la adopción de medidas en contra del proteccionismo, ¿pero hasta qué punto está funcionando eso en la práctica? 
En lo que respecta a capitales y mercancías, algunos países son más coherentes en su defensa de la competencia e incluso están abriendo sus mercados a productos baratos procedentes de Asia. 
Pero otros que nos dan constantemente charlas sobre la importancia de la competencia y las desventajas del proteccionismo en materia de mercancías y capitales, son los que al mismo tiempo cierran sus mercados de servicios y trabajo. 
¿Eso no es proteccionismo? 
2006 ha sido declarado el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores y, aún así, es el año en que algunos Estados miembros están pensando en ampliar sus períodos de transición. 
Les pregunto pues, ¿cómo se supone que debemos explicar esto a los ciudadanos de la Unión Europea? 
Con mucha dificultad. 
Por otra parte, es evidente que todos los que han abierto sus mercados están haciendo progresos y que su desarrollo económico ha sido notable. 
Cualquier país que decida seguir cerrando su mercado de trabajo tiene que hacerlo, en mi opinión, sobre una base racional y a título individual, no como parte de un bloque de países. 
Si queremos que la Unión Europea sea capaz de competir con éxito con otros estados, tiene que implantar plenamente en su mercado interior la libre circulación de capitales, mercancías y servicios, así como la libre circulación de trabajadores. 
– Señor Presidente, por muy justificado que esté el deseo de eliminar los períodos de transición para la libre circulación de los trabajadores –que constituyen una barrera para la movilidad dentro de Europa– la superficialidad y vaguedad del estudio de la Comisión ayudan poco o nada a facilitar las cosas. 
Para que quede claro, su abolición podría hacer más difícil el empleo no declarado en el mercado de trabajo, pero no conseguiría en ningún caso que desapareciera la presión reguladora sobre los salarios y en la esfera social Eso se convertiría, de hecho, en un problema aún mayor. 
Si luego se demostrase la imposibilidad de adoptar medidas complementarias para proteger a los trabajadores, como por ejemplo, una Directiva muy mejorada sobre el desplazamiento de trabajadores, junto con la maquinaria para vigilar y aplicar esa directiva, solo se aumentaría aún más la presión sobre los mercados de trabajo de Alemania y Austria. 
Sigo sin poder encontrar pruebas de unas medidas complementarias útiles adoptadas por la Comisión y ¡hace bien en reírse, señor Comisario! 
Es posible que la mayoría de esta Cámara acepte los informes de la Comisión y del señor Őry, demostrando con ello una despreocupación total por las posiciones y los intereses de Alemania y Austria, así que: ¡acabemos con los períodos de transición! 
Como parlamentario, tengo que aceptar lo que la mayoría diga –eso está claro– pero, aunque a usted no le importe, señor Comisario de Asuntos Sociales, estar alentando sentimientos antieuropeístas en nuestros países, ¡a mí sí que me importa! 
– Señor Presidente, de las muchas cuestiones sobre las que votaremos esta semana, creo que el presente informe y este tema son los más importantes. 
El hecho de que cerca de 30 oradores de muchos partidos diferentes quieran intervenir en este debate así lo confirma. 
Muchas personas se han referido ya a las cuatro libertades fundamentales de la UE. 
Entre ellas, la libre circulación de las personas es quizá la más importante. 
Hace medio siglo, Jean Monnet dijo de una de las misiones fundamentales de la UE:. 
Tenía tanta razón entonces como la sigue teniendo ahora. 
Eso es lo que debemos hacer: unir a las personas. 
Se ha hecho referencia a los temores de algunos Estados miembros. 
No creo que debamos criticar a los Estados miembros por tener esos temores: es comprensible que los tengan. 
Pero junto a esos temores están los hechos, y estos deben situar los temores en su contexto. 
El hecho es que esos inmigrantes que han llegado de Europa Central y Oriental al Reino Unido, Suecia e Irlanda no han sido una carga para la economía, sino todo lo contrario. 
El problema no ha sido la inmigración legal en nuestros países, sino la inmigración ilegal en otros países que ha impulsado el crecimiento de la economía sumergida. 
Quienes sienten temor ante el problema tienen que saber que es un problema que va mucho más allá que la simple apertura de las fronteras en este momento. 
Celebro que haya ya otros tres países –España, Portugal y Finlandia– que han anunciado la eliminación de las barreras. 
Quiero pedir al Comisario que utilice su gran autoridad personal, así como la de la Comisión, para animar a Finlandia a seguir dando la máxima prioridad a esta cuestión en el programa de trabajo de su próxima Presidencia y que informe al final de la Presidencia del progreso realizado, para que sirva a otros de ejemplo. 
Mientras tanto, espero que todos nosotros sirvamos de ejemplo a otros emitiendo un voto claro esta semana. 
Espero que podamos decir a los nuevos Estados miembros que «en Europa no hay ciudadanos de segunda clase» y a los antiguos Estados miembros que «es hora de que abran sus fronteras y sus mentes». 
– La libre circulación de trabajadores es uno de los pilares fundamentales de la cooperación europea. 
El régimen transitorio temporal que algunos países –entre ellos el mío, Dinamarca– han decidido introducir con relación a los trabajadores de Europa Oriental, tiene que suprimirse tan deprisa como sea razonablemente posible. 
El régimen transitorio no debe entorpecer innecesariamente la libre circulación, y tenemos que mostrar solidaridad y apertura hacia todos los europeos. 
Así pues, las normas tienen que hacerse flexibles para poder eliminar todas las barreras innecesarias. 
Ahora bien, las normas transitorias deben abolirse solo después de asegurarnos de que las personas que lleguen aquí procedentes de Europa Oriental no se vean explotadas. 
Las normas transitorias en Dinamarca sirven de protección frente a la explotación y aseguran que los trabajadores reciban los salarios que se contemplan en los convenios colectivos. 
Los trabajadores de Europa Oriental se ven explotados con demasiada frecuencia por empresarios que pagan unos salarios considerablemente más bajos de lo normal y que permiten que sus empleados trabajen en unas condiciones miserables. 
Somos responsables de defender la libre circulación de los trabajadores, que es un derecho fundamental en la UE. 
Pero somos también responsables de defender las condiciones de los trabajadores y de garantizar que todos ellos reciban unos salarios adecuados y que disfruten de unas condiciones de trabajo adecuadas. 
Las medidas transitorias fueron y son un intento de tener en cuenta ambas consideraciones. 
En Dinamarca no tenemos un salario mínimo. 
Las medidas transitorias han permitido, pues, vigilar el influjo de trabajadores procedentes de Europa Oriental para poder concentrar los esfuerzos en los empresarios que intentan eludir las normas que regulan las condiciones salariales y laborales. 
Ha llegado el momento de retirar gradualmente las restricciones. 
– Señor Presidente, Señorías, en los momentos de duda, la Unión Europea debe volver a sus principios básicos. 
Hay que completar hoy la aplicación de las cuatro libertades que constituyen la base del mercado interior. 
La libre circulación de los trabajadores está por realizar y a este fin es importante suprimir lo antes posible las restricciones impuestas en el momento de la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
La desconfianza no es de recibo cuando observamos que, en los quince países en que se han levantado las restricciones, no se han producido entradas masivas. 
Es sorprendente que solo el 2 % de los europeos trabajen fuera de su país, cuando un tercio de los estadounidenses están establecidos en un Estado distinto de aquel en el que han nacido. 
La invasión no es más que un fantasma y la movilidad de los trabajadores, un reto. 
El informe del señor Őry fija el objetivo de levantas las restricciones para el año 2009, y yo apoyo ese objetivo. 
Por lo demás, el Primer Ministro francés ha indicado que Francia va a anticipar esta medida levantando las restricciones de forma progresiva y controlada. 
La resolución adoptada en diciembre de 2005 por la Confederación Europea de Sindicatos abre vías que concilian la apertura de las fronteras con la protección adecuada. 
Las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Sociales apuntan en este sentido, a fin de garantizar la aplicación del Derecho laboral en los Estados miembros, es decir, garantizar la aplicación de las normas comunitarias, en particular la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, y con vistas a estudiar la creación de un centro europeo que coordine los servicios de inspección de los Estados miembros. 
Elaborando estadísticas normalizadas sobre la migración comunitaria, podríamos crear la caja de herramientas de una Europa social en la Unión, que comprobará que la libertad de circulación de los trabajadores no es sinónimo ni de dúmping ni del menor denominador común social, sino todo lo contrario, un factor de dinamismo económico que nos permitirá eliminar bolsas de subempleo. 
– Señor Presidente, felicito al señor Őry por haber elaborado un informe excelente. 
Quiero hacer tres breves comentarios; el primero de ellos se refiere al apartado 1: tal como quedó en comisión, ahora pide a los Estados miembros que eliminen las disposiciones transitorias en vigor. 
Para muchos, ese es el punto más interesante del informe. Sé que el ponente se ha sentido presionando para presentar una enmienda de transacción que dice que los Estados miembros deben considerar la abolición de esas medidas y menciona en concreto a los tres Estados miembros que de entrada no las aplicaron. 
Muchos diputados de mi Grupo apoyan el texto en su versión actual y piensan que debemos oponernos a que se siga aplicando el régimen transitorio. 
No obstante, cuando dicen eso tienen en cuenta también el apartado 14, que dice que los Estados miembros que sigan aplicando esas medidas deben hacer todo lo necesario para asegurarse de que no continúen más allá de 2009. 
Mi segundo comentario hace referencia a la igualdad de trato. 
El ponente y otros oradores han defendido hoy aquí con firmeza que no se trata solo de asegurar que los trabajadores de los países A8 tengan derecho a la libre circulación, sino que tenemos que garantizar que los sistemas de inspección y vigilancia de la aplicación de la legislación les concedan un trato totalmente igual e impidan su explotación en los Quince. 
Tanto en el Reino Unido como en la República de Irlanda se han producido infracciones graves. 
Mi último comentario hace referencia a la Directiva 2003/109/CE, mencionada por el Comisario, que garantiza el pleno acceso a los mercados de trabajo de los Estados miembros a los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración. 
El Servicio Jurídico del Parlamento Europeo ha dicho que no existe ningún peligro de que pueda darse la situación de que nacionales de terceros países puedan acceder más fácilmente que los ciudadanos de los países A8. 
El Servicio Jurídico ha aclarado que el artículo 11 de la Directiva dice que los Estados miembros «pueden» restringir la igualdad de trato en algunos casos a los nacionales de países terceros. 
Decir que los Estados miembros «pueden restringir» no es lo mismo que decir que «tienen que restringir» o que «restringirán». 
La única forma de garantizar la igualdad de trato consiste en poner fin a los regímenes transitorios. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, a pesar de las demandas que se plantean en el informe Őry, tengo la firme convicción de que tanto los períodos de transición como la libre circulación pueden mantenerse en los Estados miembros que lo consideren necesario. 
Si un país, con la mirada puesta en su propio mercado de trabajo y su economía, piensa que tiene que seguir regulando el acceso al mercado de trabajo, tiene perfecto derecho a hacerlo. 
Aquí también se aplica la regla «», y ni la Comisión ni esta Cámara –quizá ni siquiera una mayoría de esta– deben aventurarse a ejercer presión con peticiones dirigidas a uno u otro país. 
Hacer eso sería, en mi opinión, hacer un uso indebido de una cuestión muy delicada que puede agitar los sentimientos. 
En esta cuestión, me veo incapaz de poner a Alemania y Austria junto con España y Portugal. 
Alemania está en la línea divisoria, y las condiciones que prevalecen en ella son muy diferentes a las de los países de Europa meridional. 
En esta Cámara se habla mucho de subsidiariedad, pero de pronto, en lo que respecta a la libre circulación de trabajadores, Bruselas y Estrasburgo dicen saber más que los que trabajan sobre el terreno en Alemania o Austria. 
Hace unos meses, en su pacto de coalición, el Gobierno alemán reiteró su compromiso con los períodos de transición y lo hizo no a la ligera, sino basándose en unos hechos que deben tratarse con respeto. 
Mi país tiene que seguir regulando el acceso al mercado de trabajo durante al menos los próximos tres años. 
Entonces habrá que ver qué medidas se aplican en los dos años siguientes, dependiendo de la nueva situación, y actuar en consecuencia. 
Para terminar, permítanme decir que fue precisamente este problema el que suscitó dudas generalizadas sobre la ampliación hacia el este, pero aún así siempre pudimos decir: «No hay nada que temer; estas cuestiones han estado reguladas mediante tratados desde hace cinco o siete años.» 
Señor Presidente, el 1 de mayo de 2004 es una fecha que siempre recordaré. 
Ese día estaba, junto con el doctor Otto von Habsburg, en la frontera entre Eslovenia y Austria y participé en una solemne ceremonia. 
Con el ingreso de Eslovenia en la UE, se celebraba la reunificación de una ciudad que después de la guerra había quedado dividida en dos partes, una de ellas en territorio austriaco y la otra en territorio esloveno. 
El simbolismo era evidente y, allí de pie, me di cuenta claramente de que las personas no sentían que estuvieran comenzando una nueva era, sino volviendo a formar parte de algo a lo que siempre habían pertenecido. 
Así es como están las cosas. 
Los diez nuevos Estados miembros de la UE son diez antiguos países de Europa. 
Lo único es que fueron secuestrados por el Comunismo durante 50 años, y ahora pueden volver a unirse con nosotros. 
Antes de esa reunificación, los socialdemócratas suecos pintaron escenas terribles de cómo nuestro país se vería invadido por trabajadores extranjeros que desplomarían nuestros salarios y explotarían nuestras prestaciones sociales. 
Yo y mi partido luchamos en el Parlamento sueco para evitar que nuestro país adoptara normas transitorias. 
Queríamos que los nuevos países, que durante tanto tiempo han sufrido el Comunismo, disfrutaran ahora de las libertades conseguidas con su ingreso en la UE. 
Nos negamos a aceptar la propaganda de los socialdemócratas y demostramos la naturaleza de la verdadera solidaridad. 
Ganamos la batalla y Suecia no llegó a introducir medidas transitorias. 
Las evaluaciones realizadas ahora demuestran claramente que Suecia no se ha visto expuesta al dúmping social invocado por los socialdemócratas como táctica para atemorizar a los ciudadanos. 
Por el contrario, la libre circulación no ha tenido más que efectos positivos en la economía sueca. 
Los otros países que no introdujeron medidas transitorias han tenido también la misma experiencia. 
Tengo que decir, además, que he sentido una gran decepción al enterarme de la decisión tomada por varios países de extender sus medidas transitorias. 
Es una decisión difícil de justificar cuando los escenarios invocados no se han cumplido. 
Lo único que está justificado es desistir de introducir medidas transitorias y espero que, en el futuro, Europa se deje guiar más por la razón que por el temor. 
Todos sabemos perfectamente que la libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades fundamentales en las que se basa la idea misma de la Comunidad Europea. 
Pero sabemos también que esa libertad es válida y se respeta plenamente solo en el caso de los ciudadanos de los quince antiguos Estados miembros, mientras que los ciudadanos de los ocho nuevos Estados miembros, que se nos unieron el 1 de mayo de 2004, están sujetos a las disposiciones que regulan el período de transición, un período que puede durar hasta siete años según la fórmula 2+3+2 años. 
Por si eso fuera poco y en virtud de algunas directivas europeas, los residentes de larga duración de terceros países disfrutan en algunos casos de derechos que les otorgan una posición más privilegiada que la de los ciudadanos de los ochos nuevos Estados miembros para vivir y acceder a los mercados de trabajo en quince Estados miembros de la UE. 
Y eso significa que por mostrar solidaridad con los trabajadores de terceros países, estamos discriminando a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la UE. 
Puesto que el primer período de transición finaliza el 30 de abril, tenemos una oportunidad perfecta para evaluar sus consecuencias y efectos en las economías tanto de los quince antiguos Estados miembros como de los ocho nuevos Estados miembros, y de tomar las decisiones oportunas. 
Es cierto que carecemos de estadísticas sobre la inmigración en el corazón de la Comunidad. 
Es difícil sacar conclusiones objetivas, pero hoy parece evidente que la inmigración de terceros países excede con creces el flujo de inmigración en el corazón de la UE, es decir, en los quince Estados miembros antiguos y en el conjunto de la UE ampliada. 
Resulta también obvio que los países que han abierto sus mercados de trabajo a los ciudadanos de los nuevos países no han hecho más que beneficiarse, mientras que los períodos de transición favorecen el trabajo ilegal, unas condiciones de trabajo injustas, la discriminación y la explotación de los trabajadores migrantes. 
Creo que el Parlamento Europeo debe instar a los Estados miembros a eliminar las disposiciones del período de transición actualmente en vigor, puesto que hay razones más que suficientes que lo justifican. 
Señor Presidente, el debate de hoy tiene seguramente una importancia fundamental para el empleo, la economía y la libre circulación de las personas. 
Conviene hacerse una pregunta esencial y es si los mercados de trabajo deben abrirse cuando existen puestos de trabajo desocupados y escasez de trabajadores autóctonos; en otras palabras, escasez de personas dispuestas a trabajar. 
Me refiero a la falta de personas dispuestas a trabajar, no a los desempleados. 
Alternativamente, ¿deben abrirse los mercados de trabajo para generar crecimiento económico y conseguir así la creación de nuevos puestos de trabajo? 
Mis convicciones y mi experiencia hasta la fecha me dicen que la apertura del mercado de trabajo en un país genera crecimiento económico y nuevos puestos de trabajo. 
Debemos tener en cuenta que el aumento del empleo y la creación de empleo serán posibles solo si emprendemos verdaderas reformas económicas, no solo cambios superficiales. 
Los empresarios tienen que estar convencidos de la necesidad de esas reformas, pero sobre todo tenemos que convencer al sector de los sindicatos. 
Aunque esos cambios suelen ser dolorosos a corto plazo, tienen un efecto positivo a medio y largo plazo. 
Pasaré a una pregunta muy oportuna, ahora que estamos participando en negociaciones en el seno de la OMC. 
¿En qué medida y a qué ritmo debe liberalizarse el comercio mundial para promover el crecimiento económico y el empleo en la UE? 
Así evitaríamos convertirnos simplemente en un espacio para el consumo de mercancías importadas, pero con capacidad limitada de producción. 
Por último, es importante prepararse para la flexibilidad y la movilidad de la mano de obra. 
Creo que los recursos de los presupuestos nacionales y comunitarios deben destinarse a la adquisición de nuevas capacidades y a la formación orientada a nuevas ocupaciones. 
En la actualidad, parece que a pesar de la elevada tasa de desempleo, carecemos de trabajadores cualificados... 
. He seguido con interés el debate sobre el informe del señor Őry y tengo que decir que ha tenido un gran calado y ha arrojado luz desde numerosos ángulos y puntos de vista a la cuestión de la libre circulación de los trabajadores. 
Permítanme contribuir al debate con un argumento más que nadie ha mencionado. 
Los períodos de transición han formado parte de todos los procesos de ampliación de la UE, y todas las ampliaciones han estado dominadas por grandes temores, temores que en ningún caso se han materializado. 
Señorías, el actual Tratado de Adhesión contempla pues un sistema gradual que consta de varias etapas y que está pensado para que la última etapa, en 2011, sea lo más corta posible. 
Por consiguiente, celebro poder afirmar hoy que, a partir del 1 de mayo de este año, Europa dará un importante paso hacia la plena libertad de circulación de los trabajadores. 
Señorías, quiero darles las gracias una vez más por un debate que ha sido muy serio, profundo y a menudo muy vivo, como se merece un tema tan importante. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
El informe del señor Csaba Őry sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la Unión Europea hace referencia a los valores fundamentales de la Unión Europea. 
La libre circulación de los trabajadores es uno de los principios más fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, tenemos que rechazar cualquier restricción que se quiera imponer sobre ella, no solo por consideraciones económicas, sino también políticas. 
Estoy de acuerdo con el contenido del informe, en el sentido de que los trabajadores procedentes de terceros países no deben disfrutar de una situación más favorable que los procedentes de Estados miembros de la UE. 
Las actuales disposiciones discriminatorias contradicen el objetivo político de fortalecer la identidad europea. 
La certeza y el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Europea solo pueden verse reforzados en los ciudadanos de los nuevos Estados miembros si los Estados miembros les otorgan los mismos derechos en el ámbito del empleo y el acceso a prestaciones sociales. 
Apoyo la propuesta de pedir a la Comisión, a los Estados miembros, a los agentes sociales y a los órganos competentes en el sector privado y público que desarrollen un procedimiento justo y transparente para asegurar que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros puedan trabajar en todos los Estados miembros de la Unión Europea sin sufrir discriminación, ganando unos salarios adecuados y disfrutando de unas condiciones aceptables de salud y seguridad. 
Puesto que las estadísticas indican claramente que la contratación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros no perjudica a los antiguos Estados miembros, sino todo lo contrario, contribuyen a su desarrollo económico, el antagonismo que sienten los ciudadanos de los quince Estados miembros tiene que combatirse por todos los medios a nuestro alcance, y el objetivo europeo de la libre circulación de mano de obra tiene que incorporarse a las legislaciones nacionales, de acuerdo con el reglamento transitorio. 
– Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento. La semana pasada, en la Conferencia de Presidentes se fijaron las fechas para el calendario 2007. 
El plazo para presentar las enmiendas vencía ayer por la tarde a las 19.00 horas. 
En esta Cámara tenemos reglas muy estrictas que obligan a que las enmiendas presentadas lleven nuestras firmas originales, pero muchos de mis colegas tuvieron problemas de tráfico para llegar aquí antes de las 19.00 y, por tanto, no pudieron firmar las enmiendas que había hecho circular la Campaña para la Reforma Parlamentaria, entre otras. 
Sé que ahora no podrá cambiar el artículo del Reglamento en cuestión, pero le pido que examine la cuestión, porque en prácticamente todos los informes tenemos un plazo de tiempo suficiente para presentar las enmiendas, pero con respecto al calendario de nuestras sesiones no tenemos tiempo para nada. 
– Lo estudiaremos, señor Heaton-Harris. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, dado que el texto ha quedado prácticamente vacío de contenido, retiro mi nombre del informe y pido al Parlamento que lo rechace. 
– Señor Presidente, en la frase que empieza por «subraya la importancia» y termina en la palabra «subsidios nacionales» , se sugiere añadir una palabra. 
La frase quedaría así: «Subraya la importancia que tiene, por ello, alcanzar resultados positivos en la reducción y eliminación de sus subsidios nacionales.» 
Para no generar confusión y en aras de la coherencia gramatical y semántica, se propone colocar esa frase inmediatamente después de la frase que finaliza con las palabras «cultivadores de algodón». 
– Con esto finaliza el Turno de votaciones. 
Hemos votado a favor de las enmiendas relativas a los coordinadores europeos, porque creemos que una función de coordinación voluntaria y temporal puede ser útil, sobre todo en el caso de los proyectos transfronterizos. 
La Lista de Junio cree que los Estados miembros de la UE deben cooperar en cuestiones transfronterizas cuando dicha cooperación genere un valor añadido. 
Las redes transeuropeas de energía constituyen una de esas cuestiones y por eso votamos a favor del informe en su totalidad cuando se debatió en el Parlamento Europeo. 
Algunas de las enmiendas que hemos votado hoy son, sin embargo, excesivamente burocráticas y el coste adicional y las cargas administrativas que supondrían son desproporcionados frente a los beneficios potenciales. 
Por eso hemos votado en contra de estas enmiendas. 
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Quiero felicitar a la señora Laperrouze por su firme y oportuna recomendación para segunda lectura referente a la posición común adoptada por el Consejo para aprobar una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen directrices relativas a las redes transeuropeas de energía. 
Comparto la opinión de la ponente de que es necesario incluir de nuevo en esta propuesta las disposiciones que contemplan la declaración de interés europeo y la designación de un coordinador europeo para estas cuestiones. 
Estas medidas son indispensables para la realización de un verdadero mercado interior del gas y de la electricidad, lo que permitiría garantizar la seguridad del suministro. 
También a este respecto, quiero recordar las posiciones expresadas sobre estas cuestiones en los últimos Consejos Europeos. 
. 
Esta es una oportunidad única para demostrar a los ciudadanos que estamos dispuestos a desarrollar una auténtica política energética europea. 
Así que debemos dotarnos de todos los instrumentos y herramientas necesarios para conseguir este objetivo. 
Las redes transeuropeas de energía favorecerán las interconexiones, la interoperabilidad y el desarrollo de redes de energía en la Europa ampliada, y a la vez estimularán el funcionamiento efectivo del mercado interior. 
La construcción del futuro mercado interior del gas y la electricidad es quizás el objetivo más importante de la propuesta de decisión que tenemos delante. 
Además, el objetivo es adaptar las directrices a la nueva Unión Europea de 25 Estados miembros, permitir que los fondos se destinen a proyectos de interés común, completar el mercado interior del gas y la electricidad y, sobre todo, garantizar la seguridad del suministro por medio de interconexiones entre los Estados miembros y países vecinos (Europa Sudoriental, países mediterráneos, Ucrania, Belarús). Este enfoque de las redes transeuropeas de energía refleja el enfoque seguido con respecto a las redes transeuropeas de transporte terrestre. 
Por consiguiente, he votado a favor del informe Laperrouze. 
– Señor Presidente, nadie duda de la importancia de la campaña contra el empleo no declarado para contrarrestar tendencias negativas en los mercados laborales, pero la libre circulación de trabajadores –contrariamente a lo que se esperaba– no nos permitirá enfrentarnos a este problema. 
Las empresas que no quieran cotizar a la seguridad social seguirán así en el futuro. 
Otra cosa dudosa es la manera en que cada vez más empresas fuerzan a su personal a un autoempleo ficticio como una forma más de eludir las normas en materia de salarios y cotizaciones mínimas a la seguridad social, y tenemos que impedir que esto vaya más lejos. 
Una y otra vez nos topamos con la cuestión de que una mejora de la situación del empleo es esencial, pero, al mismo tiempo, la UE fomenta que los trabajadores sean móviles y más flexibles, aunque los estudios han demostrado que la realidad es que las nuevas formas de trabajo –como el trabajo a tiempo parcial– no hacen más que repartir una cantidad de trabajo casi constante entre más personas. 
No hemos sido suficientemente enérgicos a la hora de contrarrestar estos fenómenos y por esa razón he votado en contra de este informe. 
– Señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Liberal Demócrata han participado en la votación sobre el informe (A6-0086/2006) sobre las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Lo hemos hecho porque queríamos solidarizarnos con nuestros colegas que defienden los intereses de nuestro Grupo, a pesar de que seguimos estando convencidos de que la política de empleo no es asunto de la UE y que esto debería ser abordado por los Estados miembros y no por nosotros aquí en Estrasburgo o en Bruselas. 
Si la Unión Europea quiere tener éxito, debe centrarse en sus funciones esenciales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que en el futuro habrá que tomarse en serio y respetar. 
En principio me opongo a este tipo de informe en el que, en asuntos sumamente rutinarios dentro de un determinado ámbito político, el Parlamento repite posiciones ya conocidas y reafirma su buena voluntad general. 
Esto no contribuye a una mayor confianza en el Parlamento y legitima la posición de los que desean una intervención cada vez mayor de la UE incluso en esos ámbitos políticos, en este caso la política de empleo, que deberían ser de la incumbencia de los Estados miembros individuales y estar expuestas a la competencia. 
He decidido, sin embargo, votar a favor por una razón importante: la libre circulación de los trabajadores. 
Las decisiones que han permitido que haya reglas transitorias que discriminan a los trabajadores de los nuevos Estados miembros son una flagrante vulneración del principio de libre circulación de los trabajadores y una manera totalmente vergonzosa de actuar con los nuevos Estados miembros de la UE que se han adherido a esta con mucho entusiasmo. 
La experiencia de los países que han establecido regímenes transitorios limitados, o han prescindido de ellos, ha demostrado categóricamente que esos regímenes no son necesarios y que la amenaza de «invasión» que habían blandido algunos líderes políticos no se ha materializado en modo alguno. 
En lugar de esto es preciso atraer a más personas que deseen trabajar en lugar de cerrar el camino a esas personas. 
La evidente necesidad de señalar todo esto y expresar claramente el rechazo del Parlamento a cualquier forma de prórroga de tales trabas es, para mí, una razón perfectamente válida para apoyar el informe. 
. 
Aunque el informe Kovacs sobre las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, sobre el que votamos hoy, plantea cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación, no menciona lo que consideramos que es la cuestión fundamental, a sabrer, la protección de los derechos de los trabajadores. 
En consecuencia, teniendo en cuenta los Programas de Reforma Nacionales presentados por los Estados miembros y las medidas adoptadas para cumplir estas directrices, hemos presentado enmiendas al informe con vistas a que las directrices sean más prácticas y más fáciles de programar, garantizando así la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres, el aceso a una educación y formación públicas de alta calidad, la creación de empleos estables con derechos y más inversión pública en salud y vivienda. 
Por desgracia, la mayoría del Parlamento ha rechazado nuestras propuestas. Así pues, no hemos podido votar a favor del informe, aunque apoyamos algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Nos hemos abstenido de votar sobre el informe y hemos votado en contra de la resolución legislativa sobre las directrices de empleo, que parecen allanar el camino a unas directrices económicas abiertamente liberales. 
. – Los informes elaborados por el Parlamento Europeo sobre las políticas sociales y de empleo son una repetición cansina de una letanía europeísta y que, aparte de producir montañas de papel, no han dado absolutamente ningún resultado. 
Aparte del fracaso del proceso de Lisboa, que observamos cada día, el empleo y la economía de Francia no se salvarán con unos cuantos parches mal dados a las directrices de una decisión decididamente «indecisiva» del Consejo. 
El rancho propuesto quiere gustar a todos. 
Se mantiene el liberalismo de la Comisión, pero al mismo tiempo se considera que las instituciones europeas deben dotarse de un mayor control sobre naciones autogobernadas. 
Para hacer bonito, el conjunto está sazonado con buenas intenciones, como la protección, en el marco de este modelo monstruoso, de los más débiles, a los que se mezcla gustosamente con la inmigración para no tener que mantener polémicas sobre esta cuestión. 
Ahora bien, precisamente en estos puntos es donde reside la solución a nuestros problemas. 
Para resucitar, como ave fénix, nuestra economía y nuestro empleo, hay que frenar la inmigración con fines de incrementar la población, favorecer políticas de natalidad y aplicar la preferencia y la protección comunitarias en Europa y la protección nacional en Francia. 
. 
Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros retan a la UE –y desde mi punto de vista esto está bien– a responder a algunas de las cuestiones de empleo fundamentales. Sus preocupaciones se centran correctamente en la cuestión de los excluídos de los mercados laborales, como los más jóvenes y los más viejos y otros ciudadanos igualmente marginados, ya sea en sus propios países, ya sea en otros Estados miembros. 
Creo, sin embargo, que hay que encontrar un equilibrio entre el reto a la Comunidad y a las instituciones nacionales y la defensa de soluciones efectivas y adecuadas. 
El debate sobre políticas de empleo tiene una dimensión europea que no conviene omitir. 
Esa ha sido, de hecho, una constante preocupación mía como diputado al Parlamento Europeo, porque pienso que es preciso crear sinergias reformistas en el espacio europeo y que el Parlamento es una de las instituciones más adecuadas para conseguir este objetivo. 
. 
La primacía de la competencia es uno de los pilares del mercado interior y ha apuntalado el proceso de liberalización y privatización en sectores clave, como la energía, el transporte y las comunicaciones. Este proceso se ha intensificado desde 2000 con la adopción de la Estrategia de Lisboa. 
Está claro que lo que se ha aplicado hasta ahora no solo no ha conseguido asegurar las prometidas reducciones de precios, la mejora del acceso a los servicios y la calidad de los mismos y el fin de los monopolios, ni mucho menos. Más bien ha servido para agravar el desempelo derivado de las reestructuraciones y fusiones de esos sectores y la pérdida de soberanía del Estado en ámbitos cruciales. 
Aunque el informe proclama que trata de combatir las posiciones dominantes y los monopolios, acepta las directrices del informe de la Comisión para 2004, que se centra en la energía y las telecomunicaciones, y aboga una vez más por la plena liberalización del sector del gas y la electricidad, una prioridad para el Consejo de Primavera de marzo de 2006. 
Además, en el sector de las comunicaciones, que ya ha sido liberalizado sustancialmente, se hace hincapié en la competencia en el sector de la banda ancha y en la internacionalización de la producción. Eso facilitará todavía más la deslocalización de la producción o de eslabones de la cadena productiva. 
Por consiguiente, hemos votado en contra. 
. – La exposición de motivos del informe del señor Lipietz es mucho más instructiva que el propio texto del informe, que se limita a adular el «notable» trabajo de la Comisión en su batida contra el más mínimo obstáculo a la libre competencia. 
En efecto, en la exposición de motivos se deplora la ausencia de estudios sobre las consecuencias reales de las decisiones de la Comisión o sobre la aplicación dogmática de las disposiciones en materia de ayudas estatales. 
Se menciona que el mercado, por lo demás adornado con todas las virtudes, podría no bastarse por sí solo para realizar determinados objetivos políticos o siquiera económicos. 
Se sugiere que la liberalización de determinados mercados ha conducido a sustituir los buenos viejos monopolios públicos por oligopolios privados, suprimiendo sus ventajas sin crear ningún valor añadido para los consumidores. 
Por último, se resalta la falta total de autocrítica de la Comisión, cuando sus inoportunas decisiones conducen a catástrofes económicas, como en el asunto Rhodia por ejemplo. 
La impresión general que se desprende, sin embargo, es que la política de competencia de Bruselas es la expresión de la doctrina ultraliberal de la Comisión frente al «patriotismo económico» , aplicada paradójicamente por una burocracia puntillosa que interviene sin cesar en las estrategias empresariales o en las políticas de los Estados. 
En el contexto de una competencia mundial salvaje, esto solo puede generar desempleo. 
. – La política de competencia europea tiene normas y objetivos que destruirán a las pequeñas y medianas empresas y permitirán que prevalezcan los monopolios europeos, financiándolos y privatizándolos, en lugar de los intereses de los consumidores, como ustedes mantienen hipócritamente. 
Además, la palabra «competitividad» es sinónimo de mayor explotación de los trabajadores, de supresión de sus derechos y de reducción de la remuneración del trabajo, mientras las exigencias contemporáneas van en aumento. 
La legislación en materia de competencia está al servicio de la antipopular Estrategia de Lisboa y su objetivo es controlar, prevenir y reducir cualquier subsidio o ayuda estatal que satisfaga las exigencias populares que los trabajadores puedan haber obtenido con sus luchas. 
Es mentira que la competencia ayude a reducir los precios al consumo. 
La experiencia hasta la fecha demuestra lo contrario: los mercados se han repartido, los beneficios han aumentado para las empresas y los precios han aumentado para los trabajadores. 
¿Acaso no es también en nombre de la competencia que se somete a los jóvenes a unas condiciones de trabajo de verdadera explotación que se harán extensivas a todos los trabajadores? 
Los jóvenes de Francia tienen razón cuando protestan y mosotros estamos de su lado. 
Constituyen la esperanza de cambio radical contra las políticas de explotación de la UE y los Gobiernos, y por eso estamos con ellos. 
– Señor Presidente, quisiera decir unas pocas palabras sobre el informe Hammerstein Mintz y el sentido de mi voto. 
Apoyo la apertura, pero estoy también a favor de cierto grado de realismo. 
Está perfectamente claro que las reuniones del Consejo deben ser abiertas, pero en los puntos 14 y 15 este Parlamento ha votado a favor de que las reuniones del COREPER, los Representantes Permanentes –es decir, los embajadores de la UE– sean abiertas, y también las del Comité de Conciliación. 
Seguramente podemos insistir en esto, pero yo diría que el Consejo también tiene derecho a insistir en que todas las reuniones de Grupo, las reuniones preparatorias y todas las reuniones de la Conferencia de Presidentes sean abiertas. 
Apoyo por consiguiente la apertura, pero no creo que sea realista insistir en la apertura por parte del COREPER. 
. – He votado a favor del informe del señor Hammerstein Mintz sobre la transparencia de las reuniones del Consejo Europeo cuando actúa en como órgano legislativo. 
En un momento en que es necesario avanzar hacia la Europa política, resulta cada vez más incomprensible que el Consejo Europeo siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa en calidad de legislador. 
Aparte de que esta posición es contraria al artículo 1, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992) , que establece el principio de un proceso abierto de toma de decisiones europeas, no se ajusta a la transparencia que esperan nuestros conciudadanos del funcionamiento de las instituciones europeas. 
Nunca conseguiremos reducir la fractura entre las estructuras europeas y los ciudadanos actuando de este modo. 
Es urgente que en espera de la ratificación de un tratado que establezca una Constitución para Europa, el Consejo Europeo, si bien manteniendo espacios la privacidad de los intercambios entre Jefes de Estado o de Gobierno, reforme su reglamento interior para anticipar esta evolución hacia una mayor transparencia de sus deliberaciones cuando actúa en calidad de legislador. 
. – Me he abstenido en la votación sobre la apertura de las reuniones del Consejo porque considero que es un falso problema. 
Al imponer al Consejo que trabaje a la vista de las cámaras, acabaremos teniendo intercambios formales y negociaciones entre bastidores. 
Toda negociación requiere cierto grado de confidencialidad. 
Opinamos que las reuniones del Consejo y el Coreper deben ser públicas cuando estas organizaciones actúen como órganos legislativos. 
Este es un importante principio democrático si queremos que los electores puedan pedir cuentas a los representantes electos. 
Por desgracia, el borrador del informe contiene varios pasajes favorables a la adopción del proyecto de Tratado Constitucional rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. 
Hemos intentado que se eliminaran del informe las partes en cuestión pidiendo votaciones separadas precisamente sobre esos pasajes. 
Con independencia del resultado de esas votaciones, queremos votar sin embargo a favor del informe en su conjunto, ya que las reformas relativas a la apertura de las reuniones del Consejo y del Coreper son una cuestión prioritaria y queremos presionar al Consejo para que cambie su Reglamento. 
Nos oponemos, sin embargo, con toda firmeza a la manera en que, en el contexto de esta importante cuestión de la apertura, la mayoría del Parlamento Europeo ha interferido en el debate sobre el futuro del Tratado Constitucional. 
. 
Este informe es fruto de la investigación del Defensor del Pueblo Europeo sobre la apertura al público de las reuniones del Consejo. 
El Defensor del Pueblo Europeo considera que las reuniones del Consejo, cuando este actúa en su capacidad legislativa, no están abiertas al público y que la negativa del Consejo a tomar la decisión de abrir al público esas reuniones es un caso de mala administración. 
Este informe tan oportuno se ha elaborado a raíz de la petición de mayor transparencia por parte de la Presidencia británica. 
Además, las encuestas de opinión y las declaraciones de las ONG, la sociedad civil y el mundo académico ponen de manifiesto el deseo de la ciudadanía de que sus Gobiernos tengan que rendir cuentas en mayor medida con respecto a los asuntos de la UE. 
Estoy de acuerdo en que es inaceptable que un importante órgano legislativo de la UE siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa como tal, especialmente en un momento en el que la UE se ve a sí misma como promotora de la democratización y la responsabilidad. 
Por tanto, estoy a favor de que las reuniones públicas del Consejo se retransmitan en directo y a través de la web y que se publiquen las transcripciones oficiales de las reuniones legislativas. 
Las enmiendas reclamadas al Consejo deben considerarse una adaptación –pendiente desde hace tanto tiempo– del Consejo a la realidad europea y a la igualdad institucional en la actividad legislativa. 
. 
Felicito sinceramente al diputado de mi Grupo, el señor Hammerstein Mintz, por su importante informe, ya que llega al fondo de muchos de los problemas a los que se enfrenta actualmente la UE. 
En Escocia, el lugar de donde yo procedo, al igual que en tantos países, la mayor confusión sobre la UE es la falta de transparencia y la sensación de que la UE no informa de sus decisiones; y en mi opinión todo ello se debe a que el Consejo de Ministros se reúne a puerta cerrada, a menudo en la oscuridad de la noche. 
Para una organización que habla tanto de transparencia, en la práctica vemos poca transparencia fuera de esta Cámara, y el hecho de abrir las puertas del Consejo supondría un gran avance para informar a los ciudadanos europeos de lo que se hace en su nombre. 
El presente informe es solo el inicio de ese proceso y nosotros tenemos que seguir presionando en una cuestión tan crucial como esta. 
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Quisiera felicitar al señor Cashman por su importante informe con recomendaciones a la Comisión sobre el acceso a los textos de las instituciones, que yo apoyo. Acojo con agrado en particular la referencia a la necesidad de que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre «el derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y sobre los principios generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso». 
Compartimos también el punto de vista de que las nuevas normas de acceso a los documentos deben aplicarse solamente después de que haya entrado en vigor el reglamento modificado, sin ningún efecto retroactivo. 
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Desde la ratificación del Tratado de Amsterdam y la entrada en vigor del artículo 255 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) , la transparencia se ha convertido en un principio fundamental de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es reforzar la naturaleza democrática de las instituciones europeas. 
Este informe insta a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa sobre el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Por medio de esta propuesta, el informe trata de adherirse al principio de subsidiariedad, los derechos fundamentales de los ciudadanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular respecto al artículo 8, y los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Apoyo plenamente el informe porque creo que la UE no solo tiene la obligación de ser lo más abierta y transparente posible con los ciudadanos, sino que también ha de asumir el liderazgo y servir de ejemplo a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos y en vías de adhesión. 
. 
Felicito al señor Cashman por su informe y me complace poder apoyarlo hoy. 
Los problemas que han tenido muchos diputados con el acceso a los documentos es una cuestión que afecta a toda la Cámara y ya es hora de que empecemos a abordarla aquí. 
Solo espero que los objetivos de este informe se vean respaldados por medidas efectivas. 
– Señor Presidente, en la OMC, la UE se ve presionada por varios flancos. 
Por un lado tendremos que aceptar algunos cambios en beneficio de la lucha contra la pobreza en los países más pobres, mientras que, por otro, no podemos ser demasiado generosos en las concesiones unilaterales que hacemos. 
Los países ACP, con sus demandas de aranceles reducidos, corren el riesgo de perjudicarse a sí mismos. 
Ya que sin duda no es esto lo que se busca con estas negociaciones, he votado en contra del informe. 
Al mismo tiempo, tenemos que impedir que se lleve a cabo la amenaza de levantamiento de la prohibición de importar materiales genéticamente modificados. 
La Unión Europea tiene la posibilidad de conseguir esto actuando como una comunidad sólida en el escenario internacional. 
Finalmente, tenemos que resolver de inmediato el problema del cobro por parte de China de derechos de aduana sobre componentes y recambios de vehículos de motor, ya que de lo contrario los últimos fabricantes de vehículos acabarán abandonando Europa y dirigiéndose a China. 
. – He votado a favor del excelente informe de mi colega y amigo, el señor Papastamkos, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong de diciembre de 2005. Considero que las economías, en especial las occidentales, deben apoyar el programa de desarrollo de Doha, que prevé un tipo de comercio abierto y justo que está destinado a reducir la pobreza en el mundo ayudando tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados a progresar. 
Si no lo hacemos, lo pagaremos muy caro desde el punto de vista político, en especial por la escalada del extremismo. 
Me alegro que estas negociaciones reconozca la capacidad del multilateralismo y del comercio internacional para crear riqueza y, de este modo, progreso social. 
Todo el mundo podrá comprobar cómo una Unión Europea política unida y fuerte puede desempeñar un papel destacado a escala mundial en esta lucha contra una situación en la que el egoísmo nacional prevalece sobre unas instituciones internacionales debilitadas. 
. – La OMC intenta encontrar hoy soluciones a problemas que nunca habrían existido sin ella y sus intentos de imponernos el libre comercio mundial, cueste lo que cueste para la población: toda clase de dúmping, problemas de falsificación, obstáculos al acceso al mercado en la mayoría de los países salvo en la Unión Europea, subvenciones transparentes (en Europa) o disfrazadas (en el resto del mundo, en especial en los Estados Unidos) que distorsionan la competencia, etc. El mercado mundial es una selva en la que los más débiles, los más pobres, son las víctimas elegidas, y la única región que respeta las reglas del juego, Europa, es una víctima circunstancial. 
Para garantizar el desarrollo de los países menos avanzados, no hay que integrarlos en la OMC, sino protegerlos de ella. 
Junto con algunos premios Nobel de Economía consideramos que el libre comercio solo puede beneficiar a todas las partes cuando se realiza entre países con el mismo grado de desarrollo, mientras que el comercio entre otros países debe regularse; esto no impide, por cierto, que haya disposiciones comerciales favorables para los países en desarrollo. 
Tampoco significa que cada «zona» constituida de este modo necesite una política comercial común centralizada en manos de una burocracia supranacional. 
En una palabra, el libre comercio no es un fin en sí mismo. 
Este informe de propia iniciativa arroja luz sobre el doble rasero que aplica la UE en la política comercial internacional. 
Se habla con mucho entusiasmo de la necesidad de que los países en desarrollo abran sus mercados a las empresas europeas. 
Al mismo tiempo, el ponente dice que la agricultura de la UE tiene un «carácter multifuncional» que hay que respetar. 
Creemos que, a largo plazo, el libre comercio ayuda a mejorar el mundo. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, los diferentes grados de desarrollo de los países. 
Si al comienzo también del proceso de desarrollo se pretende que el comercio tenga por efecto reducir la pobreza, la UE debe modificar su política comercial suprimiendo los subsidios agrícolas y permitiendo que los países pobres compitan en buenas condiciones. 
Dado que la mayor parte del informe está redactado en negativo, hemos votado en contra del mismo en la votación de hoy. 
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Con esta resolución, la mayoría del Parlamento ha querido allanar el camino a la liberalización del comercio internacional –en el sector agrícola, los productos no agrícolas y los servicios– en la ronda actual de negociaciones de la OMC, que se espera que concluya a finales de 2006. 
La profundización de la liberalización del comercio –sorteando las contradicciones actuales o debilitando las posiciones que han defendido hasta ahora algunos de los denominados países en desarrollo– tendrá consecuencias extremadamente serias para los trabajadores y para la gente en general. 
Tomemos el ejemplo de los servicios. Hasta el 28 de febrero, la Unión Europea o los Estados Unidos han solicitado la liberalización de los siguientes sectores: transporte (aéreo y marítimo) , audiovisual y cultura, tecnología de la información, construcción, enseñanza, energía, medio ambiente, telecomunicaciones, distribución, arquitectura e ingeniería, servicios postales, financieros y jurídicos. 
Eso significa que en relación con estos sectores se intenta levantar todas las restricciones de la inversión extranjera, del establecimiento transfronterizo y de la prestación de servicios, los requisitos de nacionalidad y las limitaciones de la competencia. 
En otras palabras, se pretende suprimir mecanismos que son fundamentales para que los Estados económicamente menos (o más) desarrollados estén en condiciones de asegurar su desarrollo y satisfacer las necesidades de su población. Esto hará las delicias de la codicia explotadora e inhumana de los grandes grupos económicos y financieros de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
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Este informe sobre el resultado de la reunión de la OMC en Hong Kong llega en un momento crucial, puesto que actualmente las negociaciones están pendientes de un hilo. 
Hemos votado hoy con objeto de enviar una señal política clara a las partes negociadoras, entre ellas la UE, para que cumplan sus compromisos de concluir con éxito esta ronda centrada en los países más pobres, como se acordó en Doha. 
Como portavoz laborista en asuntos de comercio internacional, he presentado una serie de enmiendas a este informe en su paso por la comisión. 
Entonces, como ahora, pedí la exclusión de algunos servicios públicos críticos (entre ellos el agua) de los procesos de liberalización. 
En el apartado relativo al acceso al mercado de productos no agrícolas pedí flexibilidad en el número y el rango de coeficientes utilizados para calcular las reducciones arancelarias, con objeto de dejar suficiente margen político a los países en desarrollo para que puedan decidir el ritmo de la liberalización. 
Hoy he votado a favor de una enmienda similar. 
En cuanto a la agricultura, aunque estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de que las negociaciones deben llevarse en paralelo a las de otros sectores, no he podido votar a favor del llamamiento hecho por algunos colegas de que la oferta actual de la UE se considere condicional e incluso reversible. 
Creo que por lo menos tenemos que mantener la oferta actual. 
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El informe Papastamkos sobre la conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong nos ha llevado a hacer dos observaciones. 
En primer lugar, no debería ser difícil de entender que el comercio internacional tiene un enorme potencial para promover el desarrollo y la prosperidad. 
Por un lado, cuantas más transacciones comerciales se realicen, tanto mayor será nivel de dependencia y cooperación entre los Estados miembros. 
Por otra parte, cuanto más intenso sea el comercio internacional, tanto mayor será la prosperidad económica de los diversos países, lo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de las personas y hacer del mundo un lugar más seguro. 
En segundo lugar, la inevitable conclusión es que cualquiera que desee ver un mundo con más comercio y más comercio justo, un mundo en el que se cumplan las normas, casi con toda seguridad abandonará la cumbre decepcionado. 
A medida que avanza 2006 nos alejamos cada vez más del objetivo de terminar con éxito, a finales de este año, la ronda iniciada en 2001. 
Sin embargo, si queremos alcanzar este objetivo, necesitamos ponernos de acuerdo sobre las ventajas del libre comercio y sobre las normas a las que debe someterse ese libre comercio. 
. 
Este informe se ha modificado tanto que ya no he podido apoyarlo, aunque esté de acuerdo con algunos puntos. 
Los objetivos de la campaña «Pobreza Cero» y la manifestación convocada en Edimburgo el verano pasado se han logrado en tan poca medida que por desgracia podemos hablar de una oportunidad perdida. 
Hoy podríamos haber enviado un mensaje más alto y más claro a nuestros Gobiernos y a la Comisión Europea. 
En su lugar, hemos dado prácticamente por buena la situación actual, una situación que yo no quiero que continúe. 
. – Quiero indicar la razón por la que he votado en contra del informe en la votación final. 
La causa está en el rechazo de la enmienda 22, que condenaba la insistencia de la Comisión en la liberalización de los servicios en la UE y en otras partes sin el apoyo de una legislación social y ambiental adecuada. 
Estoy plenamente de acuerdo en que ningún país debe verse obligado a liberalizar cualquier sector de servicios, y que sectores como la sanidad, la distribución de agua, la educación y los servicios audiovisuales en particular deben excluirse de la liberalización. 
Esta parte de la enmienda ha sido rechazada por escaso margen: 291 a favor, 299 en contra y 20 abstenciones. 
Por esta razón no he querido votar a favor en la votación final. 
– El Kommounistiko Komma Elladas ha votado en contra del informe sobre la evaluación de la Ronda de Doha porque se inscribe e insiste en el marco reaccionario y antipopular de la Conferencia Ministerial de la OMC de Hong Kong y las extravagantes pretensiones de eurounificar el capital, como se define y promueve en espléndida cooperación con los Estados Unidos. 
El objetivo de la Uión Europea y los Estados Unidos durante las negociaciones en curso es aumentar todavía más la explotación de los pueblos y de los recursos de producción de riqueza de los países capitalistas desarrollados y más aún de los países en desarrollo y menos avanzados. 
La Unión Europea y los Estados Unidos, junto con los demás poderes imperialistas, están procediendo a la apertura selectiva de los mercados y a la abolición de los subsidios a los productos agrícolas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, de manera que el capital monopolista pueda penetrar en los mercados de los países en desarrollo y menos desarrollados a fin de controlar totalmente los productos industriales, la prestación de servicios y la explotación abusiva del agua, la energía y demás recursos para maximizar su rentabilidad. 
. – He votado a favor del excelente informe de mi colega, el señor García-Margallo y Marfil, sobre la situación de la economía europea en el marco del informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006, que destaca las condiciones necesarias para un crecimiento económico duradero. 
Este informe es esencial para entender por qué Europa es una de las zonas del mundo, concretamente del mundo desarrollado, cuyo crecimiento es más lento. 
El exceso de burocracia, que resta flexibilidad a nuestra economía; el hecho de que no tengamos suficientes líderes mundiales y que nuestras pequeñas y medianas empresas progresen con menos rapidez que en los Estados Unidos de América; bajos niveles de desempleo y jornadas de trabajo de duración media reducida y, por último, la escasez de inversiones en formación profesional, investigación y desarrollo, explican en gran parte la situación actual. 
En la competencia económica y social planetaria a que se enfrenta Europa, urge que los Estados miembros, a través de los planes nacionales de reforma, colaboren con la Unión Europea en la creación de las condiciones para la consecución de los objetivos de Lisboa, que pretenden hacer de Europa la economía más fuerte del mundo. 
. 
Hé aquí un informe más sobre la situación económica; una reafirmación más de falsedades; y soluciones que simplemente ofrecen más de lo mismo. 
La situación económica y social sigue siendo precaria, con una desigualdad creciente, unos niveles de pobreza y desempleo inaceptables y un crecimiento económico que sigue siendo lento e inestable. 
Lo que vemos es que los aspectos financieros predominan sobre la economía real, haciéndose hincapié en la necesidad de inspirar confianza a través de la aplicación estricta de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en la necesidad de reducir impuestos a las empresas. 
Estas posiciones son tributarias de un liberalismo en estado puro y las rechazamos de plano. 
¿Qué ha pasado en el nombre de la globalización? Se han socavado los derechos de los trabajadores y la seguridad social, se ha impuesto una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo (el concepto mágico de «flexiguridad» y el CPE (Contrato de Primer Empleo) en Francia son un buen ejemplo) , se ha justificado el aumento de la edad de jubilación real y oficial, se ha promovido la liberalización del sector de la energía y se ha pedido la liberalización de los servicios, contribuyendo así a la desregulación laboral y al dúmping social y ambiental. 
Estas son grandes noticias para los grupos económicos y financieros. 
Como de costumbre, son los trabajadores y los sectores menos privilegiados de la sociedad los que tienen que pagar el pato. 
De ahí que hayamos votado en contra. 
. – Como cada año, el informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones generales de política económica es, en sus observaciones, un catálogo de obviedades y, en su capítulo de propuestas, una enumeración de recomendaciones que los diputados de derecha e izquierda de este Parlamento aprobarán con entusiasmo, pero que los partidos a los que pertenecen se cuidan mucho de aplicar cuando están en el poder en sus respectivos países. 
Aparte de esta hipocresía, quisiera señalar tres puntos que me parecen sorprendentes: la ausencia total de cualquier referencia a los aumentos inmotivados de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que contribuyen al estancamiento de la zona del euro; el informe considera la Unión Europea una zona perfectamente homogénea, integrada por países que padecen problemas absolutamente idénticos, cuando las situaciones se han vuelto extremadamente heterogéneas desde la última ampliación; la petición de una legislación europea que sea «compatible con la de nuestros competidores» puede constituir una apuesta inaceptable por el menor común denominador social y ambiental. 
Si no considerásemos ya que el conjunto de la política de Bruselas es en gran medida responsable de nuestras dificultades económicas, estos tres puntos habrían bastado para motivar nuestro voto en contra. 
. – No he aprobado las orientaciones generales de las políticas económicas porque no hacen sino avalar las tendencias liberales de la UE desde hace varios años y son la causa del escaso crecimiento, del desempleo, de la incertidumbre de los trabajadores y del abandono de nuestras protecciones sociales. 
El informe no respalda ninguna de las orientaciones que harían posible una política alternativa: apoyo al poder adquisitivo y revalorización de los salarios para relanzar el consumo popular y el crecimiento; apoyo a ambiciosas inversiones públicas en modernización y empleo; armonización al alza de la fiscalidad y de las normas sociales para combatir el dúmping y creación de un verdadero Gobierno económico que tenga peso en el Banco Central Europeo. 
,. – Las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 incluyen todas las medidas antipopulares que acarraerán precios más elevados y mayor desigualdad, pobreza, incertidumbre y pesar para la clase trabajadora y las clases populares y mayor riqueza para el capital eurounificador. 
Esto se ha garantizado en los Programas de Reforma Nacionales, de manera que la soga de la barbarie capitalista que se predica en la Estrategia de Lisboa pueda estrangular a la gente con rapidez y precisión. 
Hay numerosas coartadas: el envejecimiento de la población para aumentar las edades de jubilación, la seguridad energética para privatizar el sector de la energía y convertirla de un bien social en una mercancía comercial, la reducción de los déficit que exige el Pacto de Estabilidad mediante la «contención» del gasto público en necesidades populares y la vinculación entre salario y productividad para garantizar reducciones de salarios y pensiones. 
Al mismo tiempo, tenemos reducciones de impuestos y procedimientos simplificados para crear empresas, formas flexibles de trabajo, formación permanente por exigencias del mercado y ayuda estatal e investigación al servicio de las empresas, no en función de necesidades de la sociedad. 
Es el nuevo ataque de la UE a la clase trabajadora y a los jóvenes, que solo un potente movimiento de masas puede rechazar; solo un potente movimiento de masas puede abrir nuevos caminos poniendo en práctica la enorme riqueza que se produce y que debe revertir en sus creadores, los trabajadores, y no en sus explotadores. 
. 
He apoyado este informe en su propósito de reducir los costes de la asistencia sanitaria y los medicamentos de los países más pobres. 
Aunque apoyo el propósito de la enmienda 3 de reducir esos costes, la enmienda no es apropiada, puesto que establece un límite general para todas las patentes de productos relacionados con este campo, lo que podría distorsionar los mercados a escala mundial y posiblemente mermar su desarrollo en el futuro. 
. 
Acojo con agrado la tendencia que apuntan las preocupaciones y recomendaciones contenidas en las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006. 
En este momento, el debate debería centrarse en decisiones operativas encaminadas a lograr que el entorno económico propicie en mayor medida el crecimiento, el empleo, la competencia, la innovación y la creación de riqueza. No deberíamos gastar nuestras energías en asuntos secundarios o, con la misma gravedad, en lo que debería ser evidente. 
Los Estados miembros de la UE y sus dirigentes políticos tienen el deber de promover un entorno político favorable a la reforma económica. 
Lo que necesitamos urgentemente es un discurso caracterizado por la verdad, el coraje y los resultados. 
Tenemos que ser audaces y retar a nuestras sociedades a invertir en el futuro y en sí mismas. Tenemos que ser capaces de crear las condiciones necesarias para que esa inversión se produzca. 
El futuro no es necesariamente temible. 
Sin embargo, muchos Gobiernos europeos aparecen temerosos. 
He apoyado este informe porque rechaza esa manera de pensar y porque se presenta como un reto para actuar con objetivos y propuestas factibles, con las cuales estoy de acuerdo en gran parte. 
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He votado en contra del informe García-Margallo y Marfil porque apoya la propuesta de la Comisión de establecer una base impositiva común consolidada para las empresas según se establece en el apartado 16. 
Dicha propuesta supone claramente el inicio de un proceso de armonización fiscal, esa grave pero casi nunca reconocida amenaza para la prosperidad irlandesa. 
Me opongo también al régimen fiscal según las normas del estado de origen para las PYME. 
La armonización fiscal es directamente contraria a los deseos de los irlandeses. 
Con un régimen fiscal común europeo para las empresas perderemos uno de los principales factores que mantienen nuestra independencia económica y nuestra situación actual de prosperidad. 
Me parece que ese es el inicio de la tentativa de imponer una política fiscal europea común a Irlanda. 
Tengo que aconsejar al Gobierno irlandés que preste mucha atención a este espacio, en el que nuestra libertad se ve amenazada, y que lo defienda de una manera más enérgica. 
En los círculos del Gobierno irlandés se dice lo siguiente: no hay planes para armonizar los impuestos, pero si los hubiera, el Gobierno irlandés los rechazaría. 
Bueno, pues aquí los tenemos, asomando por el horizonte; es hora de que demuestren su valía. 
Aunque apoyo el propósito de la enmienda 3 de reducir los costes de la asistencia sanitaria y los medicamentos, la enmienda no es apropiada, puesto que establece un límite general para todas las patentes de productos relacionados con este campo, lo que podría distorsionar los mercados a escala mundial y posiblemente mermar el desarrollo en el futuro. 
Estas cuestiones se tratan mejor en el marco de las Naciones Unidas y la OMS. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo mantiene su posición sobre la cuestión de la fiscalidad de las empresas, que consiste en no apoyar el recálculo de la base impositiva para las empresas. 
Aunque deseamos una mayor coordinación de las autoridades fiscales en sus iniciativas para ayudar a las PYME que realizan transacciones comerciales transfronterizas, reconocemos que esta cuestión sigue siendo competencia de los Estados miembros de la UE. 
De conformidad con el orden del día, procedemos a la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta modificada de Directiva sobre los servicios en el mercado interior y a la Comunicación sobre la Directiva 97/71/CE referente al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 
Se trata, como todo el mundo es consciente, de la propuesta modificada de la denominada «Directiva Bolkestein» después de su primera lectura en el Parlamento. 
. Señor Presidente, cuando debatimos esta propuesta en el período parcial de sesiones de febrero, dije que la Comisión basaría su propuesta modificada en lo que votara el Parlamento. 
Creo que podrán comprobar que he cumplido ese compromiso en el texto aprobado hoy por el Colegio. 
Nos hemos comprometido a respetar el consenso que alcancen ustedes sobre algunos de los artículos fundamentales. 
Encontrarán reflejadas en la propuesta modificada las enmiendas que han votado ustedes al artículo 16 –libertad de prestación de servicios– y al artículo 17 –derogaciones de la libertad de prestación de servicios–. 
Hemos excluido toda la asistencia sanitaria del ámbito de aplicación de la propuesta y, en línea con el compromiso adquirido, presentaremos una iniciativa distinta para el sector sanitario. 
La propuesta modificada contempla además la exclusión de la fiscalidad, las agencias de empleo temporal, los servicios de seguridad y el sector audiovisual, del ámbito de aplicación de la propuesta. 
Una cuestión en la que no hemos aceptado su postura es la exclusión de los servicios jurídicos. 
La Comisión considera que eso no es necesario, puesto que el artículo 3 estipula ya que en caso de conflicto entre una cierta directiva y esta propuesta, prevalecerá la primera. 
Además, hemos ajustado el texto sobre el ejercicio de una autoridad oficial en consonancia con el artículo 45 del Tratado CE. 
Hemos basado la exclusión de los servicios sociales en las distintas enmiendas aprobadas por ustedes en este sentido. 
Estoy convencido de que estarán de acuerdo en que todas las exclusiones tienen que definirse claramente y eso es lo que hemos tratado de hacer. 
El texto de la propuesta modificada especifica que la exclusión de la directiva afecta a los servicios sociales relacionados con la vivienda social, los niños y las ayudas a familias y personas necesitadas prestadas por el Estado u otros proveedores en nombre del Estado. 
Además, la Comisión emitirá en las próximas semanas una comunicación sobre los servicios sociales de interés general, reflejando la importancia que tienen esos servicios para nuestros ciudadanos. 
La decisión de eliminar toda interacción entre la propuesta relativa a los servicios y la legislación laboral ha sido, en mi opinión, uno de los principales elementos para crear un clima más favorable en torno a esta nueva propuesta de servicios. 
Eso nos ha permitido obviar las acusaciones de querer rebajar las normas sociales y amenazar el modelo social europeo. 
Aunque dicha percepción era errónea, prevaleció y envenenó el debate sobre esta importante propuesta. 
En cualquier caso, la propuesta modificada es clara en este sentido: se suprime por completo la legislación laboral. 
Una de las consecuencias de ello es que se han eliminado los artículos 24 y 25 en la propuesta modificada. 
No obstante, como anuncié en el debate de febrero, la Comisión publicaría una comunicación para abordar las cuestiones relativas al desplazamiento de los trabajadores, que iban a ser objeto de los artículos 24 y 25. 
Dentro de un momento, mi colega, el señor Špidla, les resumirá el enfoque que ha adoptado hoy la Comisión. 
Solo quiero añadir que esta comunicación es un elemento fundamental de nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo en el Consejo sobre la propuesta relativa a los servicios. 
Existen otras dos cuestiones en la propuesta modificada que quiero destacar. 
En el artículo 3 aclaramos que todas las leyes especiales prevalecen sobre las disposiciones de la propuesta relativa a los servicios. 
En concreto, en el artículo 3 dejamos claro que la directiva no afecta al derecho internacional privado y que, en consecuencia, los consumidores se beneficiarán en principio de la protección que les conceda el reglamento sobre la protección de los consumidores que forme parte de la legislación vigente en sus respectivos Estados miembros. 
La Comisión ha aceptado también que el seguro de responsabilidad profesional contemplado en el artículo 27 sea voluntario, en lugar de obligatorio. 
Desde que el Parlamento Europeo votó en febrero, se ha llegado al convencimiento generalizado en toda Europa de que el consenso que ustedes alcanzaron constituyó la base para seguir avanzando en este debate. 
Los Jefes de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo hace dos semanas así lo reconocieron. 
Tenemos la oportunidad de afvanzar apoyándonos en este consenso cada vez mayor. 
Quiero ver el potencial de crecimiento y empleo que esta propuesta convertirá en realidad lo antes posible. 
Presentaré esta propuesta modificada al Consejo de Competitividad informal que se reunirá en Graz este mismo mes. 
Confío en que con el apoyo activo de la Presidencia austriaca y los Estados miembros podamos aprovechar esta gran oportunidad de hacer importantes progresos durante su Presidencia. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acaba de adoptar una Comunicación que contiene instrucciones y explicaciones para los Estados miembros con respecto al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transfronteriza. 
La Comunicación incluye también propuestas encaminadas a ayudar a los Estados miembros a mejorar la aplicación práctica de la cooperación administrativa, el acceso a la información y la supervisión del cumplimiento de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
La Comisión anunció esta Comunicación el pasado mes de febrero, después de la votación sobre la Directiva de servicios en el Parlamento Europeo, señalando en ese momento que toda supresión de los artículos 24 y 25, que contienen disposiciones sobre obstáculos administrativos al desplazamiento de trabajadores, se decidiría sobre la base de un voto mayoritario. 
Sin embargo, los Estados miembros no deberían interpretar la retirada de estos artículos en el sentido de que pueden introducir o mantener trabas administrativas excesivas frente a las empresas que desplacen a trabajadores a través de fronteras nacionales. 
El desplazamiento transfronterizo de trabajadores se se rige por lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE, cuya finalidad es armonizar, por un lado, el derecho de las empresas a prestar servicios transfronterizos y, por otro lado, los derechos de los trabajadores destinados temporalmente a otro Estado para prestar servicios. 
La Directiva es el principal instrumento para garantizar la libre circulación de servicios y al mismo tiempo el principal instrumento para evitar el dúmping social. 
La explicación jurídica aprobada hoy por la Comisión facilita la clarificación necesaria con respecto a las medidas de control que pueden utilizar los Estados miembros para controlar si se cumplen las condiciones de trabajo estipuladas en la Directiva. 
El objetivo es garantizar que los Estados miembros actúen de acuerdo con el principio de la libre circulación de servicios, evitando al mismo tiempo el dúmping social. 
La Comunicación contiene explicaciones e instrucciones sobre cuatro tipos de medidas de control en particular: la exigencia de obtener permiso, la obligación de tener un representante en el territorio del Estado miembro anfitrión, el deber de declarar y obligaciones con respecto a los documentos relativos a las condiciones sociales y de trabajo. 
Las conclusiones de la Comunicación son las siguientes: la obligación de tener un representante en el territorio del Estado miembro anfitrión se considera algo excesiva, y se cree suficiente que alguno de los trabajadores –por ejemplo, un directivo– sea nombrado persona de contacto ante las autoridades competentes de los Estados miembros. 
No se considera razonable que el deber de hacer una declaración sistemática preliminar deba aplicarse solamente sobre la base de que se trata de un servicio desplazado; se reconoce, por supuesto, el deber de conservar los documentos, pero esto debe aplicarse únicamente a los documentos que sean absolutamente necesarios y permitan a las autoridades de los Estados miembros llevar a cabo actividades efectivas de apoyo y control. 
No se aplica, por ejemplo, a los documentos de la seguridad social, porque de estos trata la Directiva 1408/71/CEE. 
Se ha llegado asimismo a la conclusión de que es razonable solicitar la notificación preliminar de actividades. 
Las notificaciones deben hacerse no más tarde del día en que empiezan las actividades. 
La Comisión intenta tener un acceso más fácil a la información sobre las condiciones de trabajo para los trabajadores y las empresas y mejorar los niveles de cooperación entre las autoridades intraestatales. 
Es también esencial mejorar los recursos disponibles para los trabajadortes y las empresas, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa aplicable a los trabajadores. 
Sobre la base de un estudio de la aplicación de la Directiva que ha llevado a cabo la Comisión y que puede encontrarse en el informe de la unidad de la Comisión, hemos concluido que todos los ámbitos todavía pueden mejorarse mucho, y la Comunicación contiene varias propuestas especificadas por los Estados miembros para subsanar esas deficiencias. 
Esto incluye mejoras de los sitios web y otros recursos informativos, más recursos para los puntos de contacto y los organismos responsables de supervisar el uso de los sistemas de transmisión de datos electrónicos y la mejora de contactos entre inspecciones de trabajo. 
Me parece bastante importante la sugerencia de que es correcto que los Estados miembros incluyan en la información que facilitan detalles de las responsabilidades que deben cumplir las empresas que desplazan a trabajadores, y no solo referencias generales al Derecho laboral o al régimen jurídico que se aplica en el Estado miembro en cuestión. 
Señorías, creo firmemente que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores –con tal que se aplique correctamente– constituye un instrumento suficiente y robusto para garantizar, por un lado, la prevención del dúmping social y, por otro lado, la libre prestación de servicios. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Crisitanos) y de los Demócratas Europeos no está del todo descontento con la situación en que se halla la Directiva sobre los servicios. 
En noviembre, en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor dimos en el clavo ofreciendo la posibilidad de un documento sólido y ecuánime, que es lo que realmente se ha presentado. 
Estimulados por la Comisión, presentamos propuestas de cambios radicales que posteriormente fueron aprobados por amplia mayoría en la sesión plenaria. 
En la cumbre europea de primavera –porque sin duda así es como podemos llamarla ahora–, el Consejo nos felicitó efusivamente y expresó el deseo de que continuara el trabajo en torno a una Directiva de servicios que abra los mercados garantizando al mismo tiempo una protección social suficiente. 
Hoy hemos oído una posición detallada de la Comisión sobre nuestras propuestas y observamos que la Comision ha cumplido su promesa y sigue apoyando activamente la línea seguida por esta Cámara. 
Se mantienen los servicios de interés económico general, aunque, como propusimos, inscritos en una estructura propia. 
Aunque el ámbito es limitado, que es lo que queremos, yo pediría al Comisario que examinara de nuevo cómo podríamos definir exactamente estos servicios sociales. 
La Directiva no afecta para nada al Derecho laboral y el Comisario Špidla ha explicado hace un momento las directrices prometidas sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Por fortuna, el consumidor sigue estando a fin de cuentas suficientemente protegido; la burocracia se reduce y la libertad de prestación de servicios, consagrada en los artículos 16 y 17, está garantizada. 
Aunque podía haber funcionado un procedimiento diferente de cooperación a efectos de inspección, contamos con el Consejo para garantizar que funcione tan bien como el que habíamos propuesto nosotros. 
Sabemos que se puede lograr el equilibrio. 
Ahí es adonde quisiéramos llegar a parar y esperamos que la Presidencia Austriaca del Consejo, con la que siempre estamos dispuestos a dialogar, nos lleve a una directiva que beneficie a los trabajadores autónomos, a los profesionales, a los consumidores de servicios, a los consumidores en general, a los trabajadores, al crecimiento económico en su conjunto y cree muchos puestos de trabajo más. 
Deseamos mucho éxito a la Presidencia del Consejo y nos complace que finalmente hayamos contado con alguna cooperación positiva por parte de la Comisión. 
. – Señor Presidente, Señorías, en la tramitación de la Directiva sobre los servicios, la Comisión ha dado un paso de gigante desde las sombras que aparecieron de repente la semana pasada. 
Comisario McCreevy, estimado Charlie, como ponente y en nombre de mi Grupo, permítame decir lo contenta que estoy de que la Comisión haya cumplido la promesa que hizo a esta Cámara y haya hecho como si hubiera sido invitada por una mayoría aplastante en el pleno. 
Sé que ayer los tuvieron que dedicar horas de trabajo, pero la ley más importante de Europa –aparte de la Constitución– va ahora por buen camino. 
Podemos acompañarla en esta andadura, ¿o habría que decir que la Comisión va adónde señala el Parlamento? 
Lo que podemos decir es que se ha dado un paso importante en dirección a una Europa social y puedo decir al Comisario que estoy especialmente contenta de que la principal manzana de la discordia –el principio del país de origen– se haya desechado. 
Es el mayor avance en nuestro esfuerzo por una Europa social. 
También me complace mucho que haya seguido usted la propuesta de esta Cámara de sacar del ámbito de la Directiva de servicios aspectos tan importantes como el trabajo a tiempo parcial, las empresas de seguridad, el sector del juego y la totalidad del sector sanitario, aunque queda todavía un interrogante sobre la exclusión de los servicios sociales, y tendremos que discutir más sobre cómo hay que evaluar e interpretar realmente el pensamiento de la Comisión a este respecto. 
Estoy contenta asimismo de que, al contrario de lo que se había temido al principio, la Directiva de servicios se considerará subordinada a las directivas sectoriales, cosa que a esta Cámara le pareció importante, en particular en relación con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Lo que hemos conseguido es a mi juicio un éxito importante para los ciudadanos, para la Europa social y también para esta Cámara. 
Con él nosotros, sus diputadas y diputados, hemos demostrado que nos tomamos en serio nuestros derechos al servicio del público. 
El expediente está ahora en manos del Consejo de Ministros. La rapidez con que se adopte una legislación adecuada dependerá de ellos. 
. – Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario el dinamismo y la prontitud con que ha presentado este documento elaborado a toda prisa. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa entiende incluso que representa un avance con respecto a la posición del Parlamento Europeo, cosa que será beneficiosa para el empleo en Europa. 
El Grupo ALDE opina que la creación de puestos de trabajo es la mejor estructura social que hay, mejor que la protección de lo conseguido hasta ahora. 
Por desgracia, hay varios factores y sectores que permanecen excluidos, cosa que los Estados miembros pueden aprovechar para proteger sus mercados. 
Esto es lo que llamamos proteccionismo y que probablemente dará lugar a muchos procesos ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
Quedan todavía conceptos genéricos, como el juego y el sector audiovisual –y la lista sigue–, y los Estados miembros pueden definir su contenido. 
Habríamos preferido una definición y una delimitación mucho más estrictas de lo que se excluye y de lo que no. 
Por desgracia, esto no goza de apoyo en este momento y puede que se necesite más tiempo. 
Esperamos que la gente acabe dándose cuenta de ello. 
A veces, como sucede en Francia, esto puede causar problemas si se quiere reformar para garantizar nuestras conquistas y nuestra prosperidad actuales, también en beneficio de nuestros hijos. 
Hay todavía millones de personas que, cada martes, salen a la calle a protestar. 
¡Qué vergüenza! 
Los políticos están ahí para tomar decisiones a largo plazo y, de vez en cuando, para ser reelegidos a muy corto plazo. A veces, optamos por lo último. 
En cualquier caso, nos parece que se ha dado un paso en la buena dirección. 
Hemos apoyado la propuesta en primera lectura. 
Esperamos que se explique un poco más por qué se excluyen una serie de sectores. 
Por ejemplo, como usted mismo ha señalado, las definiciones deberían ser menos ambiguas para que los Estados miembros tengan más dificultades para proteger sus servicios importados de otros. 
Después de todo, habrá que mejorar y fortalecer la movilidad y el dinamismo de la economía en el mercado interior si queremos ser capaces de competir con otras grandes regiones económicas del mundo. 
Creo que así es como podemos mantener nuestra prosperidad. 
Le doy las gracias y espero que se logre muy rápidamente un resultado positivo en el próximo Consejo. 
. – Señor Presidente, señores Comisarios, pienso que debemos alegrarnos de que la Comisión haya cedido a la doble presión del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Creo que tal como están las cosas actualmente en la Unión Europea, esto es un buen ejemplo de que en la Unión Europea puede funcionar la democracia parlamentaria y que la Comisión puede asumir efectivamente las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo ha mejorado sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión. 
Dicho esto, quiero destacar que se mantienen las objeciones de fondo que habíamos formulado y que habían justificado el voto negativo y unánime de nuestro Grupo. 
Se refieren principalmente a dos cuestiones: el ámbito de aplicación de la directiva y la inclusión confirmada de los servicios de interés económico general. 
Nuestro Grupo es partidario de una directiva específica para los servicios de interés económico general, pues tememos que su inclusión en esta directiva pueda obstaculizar cualquier nueva propuesta de la Comisión. 
La segunda objeción se refiere al compromiso alcanzado sobre el artículo 16, que no mejora la seguridad jurídica del texto y en realidad nos remite de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal, así como a la necesidad de que este decida caso por caso, contrariamente a lo que desean la Comisión y el Parlamento. 
Ahora la pelota está en el tejado del Consejo, que tiene que definir su posición común. 
A este respecto, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea llama unánimemente al Consejo a que modifique y mejore este texto, en particular en los dos aspectos que acabo de mencionar. 
. – Señor Presidente, señores Comisarios, en toda batalla es interesante evaluar correctamente cada etapa. 
No hay que subestimar los tantos marcados, pues de lo contrario se cultiva el derrotismo, ni sobreestimar lo que se cree ganado, so pena de allanar el camino a la desilusión. 
En el caso del proyecto de Directiva denominada «Bolkestein» , ¿dónde nos encontramos? 
Los tantos marcados en la primera lectura del Parlamento por los oponentes al texto inicial son innegables. 
La supresión del principio del país de origen y el ajuste de la aplicación efectiva de la Directiva son los reveses más emblemáticos que han encajado los defensores puros y duros de la Europa liberal. 
La exclusión de una serie de sectores de actividad del ámbito de aplicación de la Directiva y la asignación al Estado de acogida de un poder de control, aunque sea limitado, condicional y difícilmente practicable, tampoco son elementos despreciables. 
Por último, la exclusión del Derecho laboral nos remite a la legislación vigente. 
Estudiaremos con lupa el nuevo texto de la Comisión. 
Si parece que intenta recuperar parte del terreno que ha tenido que ceder, en especial arrogándose cualquier derecho de supervisión automático, esto sería, en nuestra opinión, una pretensión inaceptable. 
Si, por el contrario, resulta que la Comisión integra las exigencias del Parlamento en su nueva versión del proyecto de directiva, sería tanto una nueva señal de la importancia creciente de esta Cámara en el triángulo institucional europeo como también, y quizás sobre todo, la confirmación de la influencia formativa de la irrupción de los ciudadanos en el debate europeo, en particular desde un cierto 29 de mayo de 2005. 
Esto demuestra que nuestro Grupo no tiene ninguna intención de denegar estos avances. 
Dicho esto, sin embargo, ¿basta el resultado alcanzado hasta ahora para frenar la manía por la competencia entre trabajadores contra la cual se alzan cada vez más conciudadanos nuestros? 
Esta es la verdadera pregunta, y nuestra respuesta es «no». 
En efecto, al margen de las excepciones indicadas, la Directiva en su versión modificada refuerza normas que instituyen un modo de integración basado, no ya en la armonización de las legislaciones, sino en la libertad del mercado. 
La situación actual y las principales tendencias del acervo comunitario merecerían una atención renovada a este respecto, en especial a la hora de la ampliación de la Unión a países con normas sociales atractivas para dirigentes económicos y políticos obsesionados por la reducción de costes y la supresión de las «barreras a la competencia» en la famosa economía de mercado libre en que la competencia es abierta y no está distorsionada. 
¿En qué medida estamos dispuestos a abandonar esta lógica represiva? 
Cuando llegas la hora del gran debate abierto sobre el futuro de la Unión Europea, este es el tema central sobre el cual propongo abrir el debate, particularmente en la izquierda. 
. – Señor Presidente, señores Comisarios, me veo obligado a expresar la tremenda decepción que he sentido a raíz de su presentación hoy de la Comunicación de la Comisión. 
El texto modificado de la Directiva sobre los servicios es poco preciso y en muchos casos su redacción es equívoca. 
Los países que se oponen al libre mercado de servicios aprovecharán estas deficiencias. 
Comisario McCreevy, en una reunión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de hace dos semanas, usted señaló que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Eso sin duda es verdad, pero ¿realmente cree usted que este proyecto, fruto de dos años de trabajo sobre la liberalización del mercado de servicios en la Unión Europea, es realmente bueno? 
¿Considera que la Directiva, tal como está, es una respuesta adecuada a las expectativas de la economía europea en un momento en el que la competencia mundial se intensifica cada vez más? 
Me cuesta entender la postura adoptada por los Gobiernos de algunos Estados miembros de la antigua UE de los Quince. 
Siguen una política miope y egoísta y obstaculizan la competencia en la Unión Europea. 
En cuanto a la pasividad y la peculiar apatía de que hace gala la Comisión Europea, simplemente no puedo aceptar este estado de cosas en modo alguno. 
Se supone que la Comisión se rige ante todo y sobre todo por los intereses de la Unión Europea en su conjunto. 
Se supone que procura conseguir por lo menos los objetivos consagrados en la Estrategia de Lisboa. 
Hace dos meses, el Parlamento Europeo puso el proyecto de directiva patas arriba, como dijo tan acertadamente la señora Gebhardt en su momento. 
Ese fue el resultado de un compromiso muy desafortunado entre los dos principales Grupos políticos de la Cámara. 
Sin embargo, la Comisión dio entonces garantías a los defensores del mercado libre de servicios de que habría acuerdos alternativos para compensar la retirada de disposiciones liberales del proyecto. 
Me refiero en particular al artículo 24 y el artículo 25, que pretendían eliminar las barreras con que se topan en la actualidad los trabajadores desplazados. 
Ahora está claro que la Comisión Europea ha incumplido esta promesa. 
En todos los sentidos y a todos los efectos, el documento que ha elaborado sobre el desplazamiento de trabajadores es simplemente una descripción de las barreras que existen en la actualidad. 
No contiene propuestas de sanciones de ningún tipo contra países que bloqueen el desplazamiento de trabajadores. 
Sin embargo, es tarea de la Comisión cambiar radicalmente de política con respecto a los países que infringen abiertamente el Derecho comunitario en materia de libertad de prestación de servicios. 
Finalmente, señores Comisarios, quiero desearles mucho éxito en la creación de un libre mercado dentro de la Unión Europea. 
El éxito de esta empresa es crucial para ustedes y para la Unión en su conjunto, pero requiere más valentía y firmeza por parte de la Comisión. 
– Señor Presidente, el Consejo y la Comisión han tomado nota de la votación sobre el informe Gebhardt relativo a la Directiva de servicios y no podemos sino felicitarnos por ello. 
Por una vez que estamos con la mayoría, saquemos el máximo jugo de ello. 
Hemos ayudado en gran medida a eliminar los elementos más discutibles de la Directiva de servicios, empezando por el famoso principio del país de origen. 
No obstante, sigue habiendo unas cuantas zonas oscuras, en especial por lo que se refiere a los servicios económicos de interés general, y es tarea del Consejo resolverlas de acuerdo con el Parlamento. 
De momento, el peligro está en otra parte. 
En efecto, la Comisión tiene previsto revisar en un sentido más liberal la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores, lo que podría invalidar en parte la función legislativa del Parlamento Europeo. 
Por último, condenamos enérgicamente la decisión de la Comisión de expedientar a Francia por que haber promulgado decretos contra ofertas de adquisición hostiles en once sectores sensibles y estratégicos, especialmente en relación con la defensa. 
La Comisión prefiere jugar contra su propio bando en vez de defender los intereses bien entendidos de Europa en la OMC o en los mercados mundiales. 
Serán pues los Estados los que tengan que corregir esta anomalía institucional y política. 
– Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Comisario McCreevy por haber cumplido plenamente las promesas que nos hizo. 
Dijo que si conseguíamos una propuesta equilibrada y respaldada por una amplia mayoría de este Parlamento, la Comisión la respetaría y recogería en un texto modificado. 
Y eso es lo que ha hecho en gran medida, como han dicho muchos colegas. 
Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Era un compromiso. 
No niego que me habría gustado una directiva más liberal, pero lo cierto es que la que tenemos representa un importante paso adelante en el mercado interior. 
Señor McCreevy, lo que quiero pedirle es que a partir de ahora sea el defensor más firme de esta directiva. 
Queremos que la defienda en todas partes. 
En su intervención no ha dicho que esta directiva contiene unas cien medidas distintas, dirigidas a los Estados miembros, con vistas a desmantelar las barreras a las empresas de servicios, reducir la burocracia, simplificar la administración y facilitar más información. 
Mi colega de Polonia parece haber ignorado eso totalmente en su intervención de hace un instante. 
Tenemos también una cláusula fundamental que establece la libertad de prestación de servicios, propuesta por esta ala de la Cámara. 
Estoy absolutamente convencido, y seguro que usted me lo confirmará, de que la formulación respeta plenamente –y uso las mismas palabras que la directiva– las reglas conforme a las cuales operan los proveedores de servicios en sus respectivos Estados miembros. 
Este es un importante paso adelante, pero necesitamos que usted defienda la propuesta por todas partes con firmeza y talante positivo. 
Por favor, considere esto como nuestro principal mensaje, porque tenemos que ganar los corazones y las mentes de los ciudadanos, quienes piensan que hemos creado un instrumento legislativo diluido y débil. 
Si la leen, verán que no es así. 
Para terminar, quiero dar las gracias al Comisario Špidla, porque le habíamos pedido una declaración sobre la directiva referente al desplazamiento de trabajadores en el marco del compromiso de eliminar los artículos 24 y 25 de la propuesta, y ha respondido a nuestros deseos. 
Creo que podríamos haber llegado más lejos, pero celebro que ahora hayan quedado vinculadas, lo cual era una exigencia clave de esta ala de la Cámara. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera sumarme al agradecimiento a la Comisión, que se ha mantenido tan leal como le ha sido posible a la posición del Parlamento. 
Tengo que decir, señor Comisario, que la definición bastante restrictiva de los servicios sociales me inquieta un poco y quisiera que el Parlamento y el Consejo dedicaran algún tiempo a idear una definición mejor. 
Estoy encantada, sin embargo, de que la Comisión haya adoptado las cláusulas sociales del Parlamento relativas al respeto de la legislación laboral y de la seguridad social, así como de los convenios colectivos, y también, señor Comisario, de que la Directiva sobre los servicios dé prioridad a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y la respete plentamente. 
Tengo que decir, sin embargo, Comisario Špidla, que no estoy totalmente de acuerdo con el contenido de la Comunicación sobre el desplazamiento de los trabajadores, de modo que quiero insistir en que presente esta Comunicación a los interlocutores sociales y al Parlamento a efectos de consulta. 
Aunque sea bueno que vayan a eliminarse la burocracia y las restricciones que imponen los Estados miembros y que han sido repetidamente condenadas por el Tribunal de Justicia, tengo la sensación de que las cláusulas prohibitivas de la Comunicación van mucho más allá de la administración de justicia. 
Por ejemplo, la opinión de que basta la designación de un representante entre los trabajadores desplazados equivale a denegar a los países escandinavos su tradición en materia de negociación. 
Además, con la prohibición de los permisos o registros previos, se corre el riesgo de socavar el sistema de licencias, por ejemplo en el contexto del empleo temporal. 
Así pues, habrá que examinar esto más de cerca. 
Sin embargo, también quisiera felicitarles por el buen comienzo que ha tenido la mejora de las inspecciones en la práctica. 
Es fundamental que las empresas y los trabajadores estén mejor informados que hasta ahora sobre las condiciones de trabajo en relación con el desplazamiento de trabajadores y que las oficinas de enlace sean más efectivas. 
También respaldo incondicionalmente la idea de equipar mejor a las inspecciones de trabajo y hacerlas cooperar más allá de las fronteras. Esto lo ha pedido esta Cámara repetidamente. 
Creo que solo entonces tendremos suficientes garantías para crear un mercado interior de servicios que funcione bien, respetando al mismo tiempo las normas sociales básicas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nuestra opinión el texto final al que tenemos que llegar debe respetar plenamente el equilibrio alcanzado por los diputados a este Parlamento. 
Si hay que adoptar una directiva sobre la libre circulación de los servicios, porque es una verdadera necesidad, no es a cualquier precio. 
El proyecto inicial de la Comisión era un texto torpe, mal planteado e imprudente. 
El Parlamento ha revisado ahora por completo ese texto, lo que permite completar el mercado interior preservando al mismo tiempo nuestro modelo social. 
Le agradecemos, señor Comisario, que no ceda a las tentaciones y le sugerimos que se sume al Parlamento para la elaboración de un compromiso. 
La pelota está ahora en el tejado del Consejo, del que esperamos que actúe como colegislador responsable. 
La Directiva relativa a los servicios es hoy un edificio cuyo equilibrio descansa en pilares igual de importantes para nosotros. 
Poner en peligro uno u otro podría echar abajo toda la estructura. 
Así, el Consejo no puede hacer oídos sordos al mensaje político que le hemos transmitido. 
Señor Comisario, el voto del Parlamento sobre los servicios ha mostrado el camino. 
Nuestros conciudadanos no entenderían que nos volviéramos atrás. 
– Señor Presidente, me complace que la Comisión se haya dado cuenta de que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es indispensable para proteger a los trabajadores en el mercado europeo de servicios. 
No debemos permitir que la Directiva sobre los servicios la limite. 
La Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores establece el principio de «salario igual a trabajo igual en el mismo lugar» , pero tengo que decir al Comisario Špidla que me pregunto cómo, a la vista de la energía criminal dedicada a burlar ese principio en la práctica, se puede considerar que un capataz local o el registro en el mismo día en que se empieza a trabajar basten para garantizar que los Estados miembros puedan controlar de cerca lo que sucede. 
Si los medios de control con que cuentan los Estados miembros están destinados a ayudar a proteger a los trabajadores, lo lógico es que no se les pongan trabas y que este –y no la afirmación de que tal cosa no es más que una imposición burocrática– deba ser el principio rector del manual. 
La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores debe seguir teniendo el objetivo primordial de proteger a los trabajadores. 
– Señor Presidente, quisiera unirme a las palabras de agradecimiento a los Comisarios McCreevy y Špidla. 
Siento una gran admiración por la manera en que usted ha alcanzado un compromiso. 
Lo que tenemos ahora ante nosotros representa un gran paso adelante. 
Tengo algunas preguntas y comentarios. 
Empezaré con usted, Comisario McCreevy. 
Ha dicho que presentaría un documento sobre la salud. 
¿Qué quiere decir? 
¿Es una directiva? 
En efecto, no podemos aceptar una situación en que el Tribunal de Justicia Europeo decide que debemos seguir la situación de cerca solo para que luego no se haga nada. 
Agradecería mucho que fuera una directiva lo que se presentara, pero usted no ha indicado la forma que tendría el documento. 
Hablando ahora al Comisario Špidla, estoy de acuerdo con usted en que los artículos 24 y 25, tal como estaban formulados originalmente, se incluyeron con el objetivo de impedir que el Estado miembro de destino pusiera trabas administrativas. 
Estoy totalmente de acuerdo en que algo había que hacer con ellos. 
Dicho esto, también se pueden eludir las normas relativas a los salarios y las condiciones de trabajo, generando una competencia desleal en el mercado de trabajo. 
Eso significa, por consiguiente, que es importante que se elaboren nuevas directrices políticas, inclusive para los trabajadores desplazados. 
Sin embargo, tengo una pregunta. 
¿Por qué ha publicado usted una Comunicación, Comisario Špidla? 
Le pregunto porque la señora Schröder está escribiendo un informe acerca de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y usted ya cuenta con una evaluación de dicha Directiva. 
¿Por qué ha publicado un documento que es difícil de hacer cumplir? 
¿Por qué no decide, en su lugar, adaptar la legislación? 
Señor Presidente, tengo un último comentario que hacer. 
Me encanta que se vaya a mejorar el procedimiento de control que comprueba la manera en que nos relacionamos unos con otros, gracias a que las diferentes inspecciones de trabajo van a unir fuerzas. 
Tendremos que tener otra conversación sobre cómo podríamos reforzar este procedimiento. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, durante el primer debate sobre la Directiva relativa a los servicios, un diputado británico dijo: «Fritz Bolkestein está vivo y se encuentra bien, y vive sobre todo en Francia» Mi Grupo desea una feliz jubilación al ex Comisario Bolkestein. 
En efecto, esperamos que tenga una jubilación apacible, pero su directiva está definitivamente muerta. 
De ahora en adelante tendremos una directiva Gebhardt-McCreevy. 
Por supuesto, quedan los huérfanos de Bolkestein. 
Para la extrema izquierda y para algunos antieuropeos notorios, la Directiva Bolkestein se había convertido en un ogro evidente, símbolo de una Europa antisocial. 
Estas personas tienen dificultades para aceptar que la Directiva Bolkestein esté definitivamente muerta y enterrada. 
Otros tienen el mismo problema, en especial algunos entusiastas del ultraliberalismo, y pienso en los que vieron en la propuesta inicial de la Comisión una especie de llave maestra para una Europa totalmente desregulada. 
Pienso en particular en ese barón francés que quiere parecer moderno y habla americano cuando se expresa en nombre de la gran patronal. 
Pero por suerte el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo y una mayoría cualificada del Parlamento ha reescrito el texto presentado en primera lectura sobre la propuesta inicial de la Comisión, para hacer de él un instrumento digno al servicio de la libre prestación de servicios, evitando al mismo tiempo cualquier forma de dúmping social. 
La Comisión ha hecho muy bien en apoyar en gran medida la posición del Parlamento Europeo, aun cuando se haya podido observar cierta vacilación la semana pasada. 
El Presidente Barroso ha tomado las riendas. 
Por supuesto, tendremos que seguir atentos y pedir algunas precisiones más. 
Dicho esto, la Presidencia austriaca también haría bien en velar por que el Consejo apoye al Parlamento, de modo que podamos llegar rápidamente a la Directiva de servicios decente que tanto esperamos y deseamos. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, en el Parlamento hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y ha quedado demostrado que no hay ningún problema con la Directiva propiamente dicha, aunque sea complicada. 
Sin embargo, hay enormes problemas con la aplicación práctica de las normas. 
La gente no conoce sus derechos, las empresas no saben qué normas tienen que seguir y las distintas autoridades públicas interpretan la Directiva de manera diferente. 
En lugar de modificar la Directiva tenemos por tanto mucho que hacer en términos de administrar mejor y facilitar información de modo más efectivo. 
La UE y los Estados miembros deben garantizar conjuntamente que sea posible, por ejemplo a través de Internet y de memorias caché rápidas, mejorar la información. 
De esa manera seremos capaces de recoger seriamente los beneficios de un mercado interior de servicios. 
Espero que la Comisión adopte iniciativas en este terreno y garantice que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores funcione mejor en el futuro. 
– Señor Presidente, gracias por presentar las directrices sobre el desplazamiento de los trabajadores. 
Suponen sin duda un importante paso más hacia la liberalización de los servicios. 
El documento de la Comisión subraya las barreras administrativas impuestas ilegalmente a las empresas que desplazan a trabajadores al extranjero por motivos de trabajo. 
Contiene también ejemplos de fallos del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que esas prácticas infringen el Tratado. 
Por desgracia, sin embargo, el documento no propone ninguna manera efectiva de resolver la situación actual. 
La Comisión ha demostrado muy claramente que le falta voluntad para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario. 
No basta con meras referencias a fallos del Tribunal de Justicia. 
Las barreras siguen inamovibles a pesar de los fallos, del Tratado y de la Directiva. 
Así que se reclaman medidas más enérgicas, como emprender acciones legales contra quienes han infringido las disposiciones. 
Me temo que la propuesta de elaborar otro informe sobre los progresos realizados con vistas a la supresión de las barreras durante un año simplemente supone seguir aplazando dichas medidas. 
En conclusión, quisiera decir lo desconcertados que se han sentido muchos diputados a esta Cámara al descubrir que los servicios sanitarios habían sido completamente suprimidos de la opinión de la Comisión sobre la Directiva de servicios, aunque el voto parlamentario reflejó una mayoría a favor de su inclusión. 
. Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a sus Señorías los comentarios que han hecho. 
Responderé a algunas de las preguntas concretas. 
En cuanto a los sectores excluidos, es importante que todos recordemos que las disposiciones del Tratado siguen aplicándose a los servicios que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. 
El Colegio de Comisarios debatirá la cuestión de la salud en las próximas dos semanas y entonces se decidirá el alcance de la iniciativa. 
El señor Kyprianou dirigirá la operación y el señor Špidla y yo le expondremos nuestras ideas. 
Aunque hoy no puedo concretar más, sí que les puedo decir que como mínimo se tratará la cuestión de la movilidad de los pacientes y el reembolso del gasto sanitario. 
Tendremos que esperar a ver qué propone el señor Kyprianou. 
El señor Harbour es un poco pesimista respecto a la acogida que ha tenido esta propuesta modificada. 
Es cierto que se han hecho comentarios negativos en algunos medios de comunicación, pero las opiniones cambiarán con el tiempo y cuando las personas hayan tenido más tiempo para digerir lo que se ha votado en el Parlamento Europeo. 
He defendido con fuerza la propuesta modificada ante el Consejo de Ministros. 
En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo 12 de marzo de 2006 defendí con fuerza la nueva propuesta modificada. 
Comuniqué a los Ministros que pretendía respetar lo que el Parlamento Europeo había acordado en las cuestiones principales. 
Aunque puede que algunos Ministros se mostraran escépticos en un principio, al final de la reunión la mayoría estaban bastante satisfechos con el resultado. 
El hecho de que el Consejo Europeo apoyara la semana pasada por amplia mayoría lo que el Parlamento Europeo había votado demuestra que se ha avanzado mucho en el debate. 
Es una buena propuesta. 
El señor Harbour resume muchas de las iniciativas y los aspectos positivos que contiene y nosotros deberíamos estar dispuestos a defenderla como un paso muy importante en el sector de los servicios y decir que será un buen día para Europa cuando se adopte esta directiva en particular. 
Como ya he dicho en las reuniones de comisión –recientemente he asistido a una reunión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor–, es importante darse cuenta de que la anterior propuesta de la Comisión nunca habría salido a la luz tal como estaba redactada. 
Así que los que defendían las propuestas originales tuvieron que reconocer la realidad política: nunca llegaría a convertirse en un texto legislativo. 
Lo que yo como Comisario y el Colegio de Comisarios reconocimos fue la realidad política de que no podíamos seguir alardeando de lo brillante que era la propuesta, cuando en el fondo sabíamos que no iba a salir adelante. 
Adoptamos el enfoque pragmático de decir que esperaríamos a ver si se alcanzaba un consenso amplio entre los diputados al Parlamento Europeo de los principales Grupos porque, con ese consenso, tendríamos más posibilidades de conseguir que la propuesta modificada fuese aprobada por el Consejo de Ministros. 
En las reuniones del Consejo de Ministros a las que he asistido había tantas divisiones como en el Parlamento Europeo. 
Así que creo que el Parlamento Europeo ha señalado muy claramente el camino a seguir. 
Ahora que tenemos una propuesta revisada, debemos estar todos dispuestos a defenderla y a reconocer que constituye un importante paso adelante. 
Puede que algunos lo consideren un simple paso más, pero es un paso importante. 
Será muy beneficioso para la economía europea, porque lo que está en juego es la galvanización de la economía europea de manera que pueda alcanzar unas tasas de crecimiento capaces de generar los niveles de empleo que tanto necesitamos. 
En mi opinión, la propuesta de servicios modificada hará precisamente eso. 
Considerando el amplio consenso que se ha alcanzado sobre los aspectos más difíciles de esta propuesta, estoy convencido de que el Consejo de Ministros querrá trabajar en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo para tratar de alcanzar rápidamente un consenso. 
Nosotros en la Comisión haremos todo lo posible por facilitar que se llegue a un consenso rápido y definitivo sobre el texto. 
Si todos mantenemos un enfoque abierto y constructivo, lograremos sacar adelante esta importante propuesta. 
Señorías, quisiera darles las gracias por el debate que se acaba de producir. 
Permítanme comentar algunos de los puntos que se han planteado. 
En el debate en curso entre los interlocutores sociales y representantes de los Estados miembros, y especialmente en el marco también de los debates parlamentarios, toma cuerpo la idea de que la Directiva está lista para cumplir su objetivo y que no hay ninguna razón urgente para someterla a ninguna revisión legislativa fundamental, aunque su aplicación práctica puede originar varios problemas. 
Durante el debate en torno a la Directiva sobre los servicios se prometió al Parlamento que la Comisión incluiría en su Comunicación un resumen de las prácticas habidas hasta ahora y de las resoluciones dictadas hasta ahora del Tribunal de Luxemburgo. 
Está absolutamente claro, y creo que se aplica a todo el sistema jurídico, que las leyes deben usarse siempre de acuerdo con los objetivos para los que los legisladores las han elaborado. 
La Directiva de desplazamiento de trabajadores debe proteger a los trabajadores desplazados, garantizándoles los derechos correspondientes e impidiendo el dúmping social, protegiéndoles de la explotación e impidiendo que se les obligue a aceptar normas sociales poco razonables, compitiendo de ese modo deslealmente con los trabajadores del país de acogida. 
Este es el objetivo de la Directiva y ese fue nuestro punto de vista determinante cuando formulamos una estrategia para la Comunicación. 
Por supuesto que el objetivo de la Directiva no es crear barreras artificiales, y eso significa que cada barrera y cada procedimiento administrativo debe ponderarse desde el siguiente punto de vista: ¿es necesario y esencial para una mayor protección de los trabajadores? 
Si la respuesta es sí, entonces será conforme a la Directiva, y si la respuesta es no, entonces no lo será. 
Puedo citar un ejemplo típico: la protección de los trabajadores exige indudablemente el uso de documentos oficiales, pero es fácil de imaginar que algunos documentos pueden ser innecesarios desde este punto de vista. 
Esta es una de las cuestiones abordadas en la Comunicación. 
En varias intervenciones se ha planteado asimismo una cuestión que no tiene que ver directamente con la Comunicación, sino con el desarrollo ulterior de la Directiva sobre los servicios y con asuntos relacionados con los servicios en general. 
Es la cuestión de los servicios sociales de interés público. 
Puedo informar de que la Comunicación ya está ultimada con respecto a los principios básicos de este asunto, y esperamos que se acabe de formular a finales de abril. 
Por un lado, la comunicación clarificará algunas de las principales cuestiones jurídicas, porque es necesario tener interpretaciones fiables y precisas de las decisiones de los tribunales, y por otro lado establecerá varios nuevos procedimientos que podrían adoptarse con el desarrollo y la elaboración ulteriores del concepto político de servicios de interés público. 
Señorías, creo que la Directiva sobre los servicios y la Comunicación correspondiente, junto con las negociaciones complementarias y los pasos posteriores, nos da un ejemplo de cooperación excepcionalmente productiva entre la Comisión y el Parlamento en el marco de algunas partes muy complejas de nuestra legislación. 
Señorías, espero que me permitan un comentario más, mencionado ya por mi colega el señor McCreevy, que es que verdaderamente esperamos que se formulen nuevas propuestas legislativas en relación con la asistencia sanitaria, y especialmente en relación con la circulación de pacientes en el sistema sanitario. 
– Señor Presidente, me extraña que la Presidencia austriaca de la Unión Europea no tome postura ante una Comunicación tan importante de la Comisión. 
Escuchando al Canciller Schüssel, resulta que habla muy bien del compromiso obtenido por el Parlamento Europeo, y me encantaría saber si la Presidencia austriaca hará ahora todo lo que esté en su mano para que el Consejo adopte esta nueva posición del Parlamento y la Comisión. 
Señor Goebbels, dudaría en calificar su intervención como una cuestión de orden, aunque ciertamente afecta al orden de los debates. 
Es una pregunta sobre el orden, pero creo que el Consejo no necesita incentivos de los parlamentarios para intervenir si lo desea. 
Sabe que puede hacerlo y, si no ha pedido la palabra, será porque no lo considera necesario. 
Ya sabe usted lo que se dice: el que calla, asienta. 
Se cierra el debate. 
– Agradezco a la Comisión que haya tenido en cuenta la posición del Parlamento, que refleja democráticamente las exigencias de la mayoría de ciudadanos europeos. 
Lamento que algunos servicios sociales sigan estando excluidos de la Directiva: servicios como viviendas asequibles y el apoyo a la infancia y las familias no pueden estar sujetos a las leyes de la competencia, sino que deben tener en cuenta exclusivamente los intereses de los beneficiarios. 
Espero, pues, que en la directiva relativa a los servicios sociales que la Comisión ha anunciado para finales de abril se tengan debidamente en cuenta estas exigencias. 
Me complace, además, que se haya suprimido el principio del país de origen y que se vaya a elaborar un nuevo documento sobre el desplazamiento de los trabajadores. 
En efecto, me parece necesario prevenir el dúmping social mediante un minucioso examen de las reglas del mercado, sobre todo en materia de salarios y condiciones laborales. 
Es importante trabajar para que la competencia mejore la calidad del trabajo por el bien de los trabajadores y los consumidores. 
El objetivo último de la Unión Europea no es aumentar el volumen de negocio, sino crear una sociedad competitiva al servicio de los ciudadanos, una sociedad que contribuya a mejorar el nivel de vida de todos sus miembros en todos los aspectos. 
. – Señor Presidente, Señorías, me satisface especialmente hacer uso de la palabra hoy, no como es habitual en calidad de representante de mi Grupo, sino como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en representación de una mayoría de base más amplia. 
Como tal, quisiera emitir algunos mensajes sobre este informe, cuyo objetivo fundamental es resaltar que la aplicación del Derecho comunitario constituye una parte importante del expediente «legislar mejor» , al igual que los demás temas de que hablaremos esta tarde. 
La aplicación es una parte importante del Derecho, ante todo porque la situación a escala de la Unión Europea no es satisfactoria, como dice claramente el informe de la Comisión. 
Hay problemas muy graves desde el punto de vista, sobre todo, de la legislación ambiental, pero también por lo que respecta a la relativa al mercado interior, y la responsabilidad reside fundamentalmente –no tiene ningún sentido negarlo– en los Estados miembros. 
La responsabilidad por la falta de aplicación se debe también a un procedimiento que, al estar consagrado en los Tratados, no es fácil mejorar. 
Es un procedimiento lento y que establece sanciones relativamente insuficientes: a menudo deja mucho que desear para llegar a una solución positiva en materia de aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, y lleva muchísimo tiempo. 
Quisiera saber si usted considera que la aplicación del Derecho comunitario es o no una prioridad para la Comisión. 
A juzgar por la Comunicación, no me parece que lo sea, porque como sabemos se favorece más la retirada o la modificación de las directivas que su correcta aplicación. 
Creo que en la Comisión hay esencialmente dos escuelas de pensamiento: una que dice: «es mejor evitar problemas con los Estados miembros, así que intentemos resolver los problemas junto con ellos» y otra que dice: «intentemos, por el contrario, aplicar las normas tal como son, no de forma rígida, pero sí de forma positiva, adoptando procedimientos que en la medida de lo posible sean rápidos y conformes a Derecho.» 
Del mismo modo, hay situaciones interesantes por lo que respecta al derecho de los ciudadanos al reembolso de sus gastos médicos. 
Sabemos que este tema, que es importantísimo para los ciudadanos, sigue sin resolver porque es un problema políticamente difícil. 
Al mismo tiempo, solo en dos casos se ha recurrido al artículo 228: en el caso de los vertidos griegos, que se suspendió al cabo de muy poco tiempo, y en el caso de las aguas de baño españolas, retirado en el último minuto por una cuestión que la propia Comisión reconoce que es bastante dudosa desde el punto de vista jurídico. 
¿Qué respuesta damos o qué propuestas presentamos para resolver una situación en la que consideramos que la Comisión debe actuar con más transparencia? 
Antes de nada, consideramos que es preciso mejorar la evaluación y la transparencia con respecto a las modalidades de aplicación del Derecho. 
Pienso que es importante que la Comisión nos remita los estudios de conformidad que elabora sobre la aplicación del Derecho, cosa que por desgracia no hemos conseguido. 
En segundo lugar, me parece importantísimo que se transfieran recursos de todos los órganos que no seguirán elaborando legislación a los que se ocuparán en cambio de su aplicación. 
No estamos de acuerdo, por ejemplo, con la idea de que esta transferencia favorezca a quienes lleven a cabo evaluaciones de impacto, cosa que está debatiendo en este momento la Comisión. 
En tercer lugar –y esto nos afecta a nosotros– consideramos que el Parlamento Europeo debe intervenir de forma mucho más concreta en el tema de la aplicación del Derecho comunitario, no para tocar las competencias de la Comisión –sé que este tema preocupa mucho a los miembros de esa institución–, sino, al contrario, para tener, como hace la Comisión de Medio Ambiente y otras comisiones, una idea más precisa de lo que sucede. 
Creo que la política de denuncia pública de los Estados incumplidores con respecto a la aplicación del Derecho comunitario también es muy útil y que la Comisión, quizás, debería ayudarnos a aplicarla de modo más decidido. 
. – Señor Presidente, quisiera citar un artículo de un influyente periódico neerlandés de mayo del año pasado, justo antes del referendo en los Países Bajos. La cita empieza así: «Ni Barroso, ni Blair, sino el señor Van Alphen, de los Países Bajos, junto con miles de otros funcionarios nacionales, adopta las decisiones cotidianas en Europa». 
Este artículo no contribuyó en absoluto a una percepción básica positiva del referendo en los Países Bajos. 
Como saben, todo fue muy mal. 
Los Países Bajos dijeron no, lo que es preocupante. 
Son estas mismas normas y reglamentos los que son una fuente de preocupación y que deberíamos debatir hoy más en detalle. 
Tenemos que esforzarnos por eliminar la imagen negativa que tiene el ciudadano de las normas y reglamentos. 
Podemos conseguirlo haciendo que sean más transparentes. 
Hemos de tener en cuenta también la carga administrativa que se deriva de ellos. 
Muchas empresas acarrean una pesada carga administrativa y si hay algo que afecte a la competitividad de las empresas, es esto. 
¿Cómo conseguimos más transparencia y aligeramos la carga administrativa? 
Podemos hacerlo, en primer lugar, llevando a cabo una evaluación de impacto real, que todavía echamos en falta en este momento. 
Hemos visto muchos ejemplos de evaluaciones de impacto, y todos ellos varían desde el punto de vista de la calidad. 
Unas son buenas, otras no. 
Si en esta Cámara queremos sacar provecho de las evaluaciones del impacto, estas deberían contener información fidedigna e imparcial que sea fácil de entender. 
Eso es lo que echamos en falta. 
En esta Cámara tenemos experiencia de primera mano de algunas evaluaciones de impacto de enmiendas; también nosotros hemos encontrado que la calidad varía, y por eso propongo una revisión independiente de ellas. No hace falta que lo haga una autoridad de peso. 
Podría ser un grupo de cuatro expertos en el campo de la evaluación de impacto, que simplemente examinaran la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión y las efectuadas en esta Cámara y emitieran recomendaciones sobre esa base. 
En otras palabras, no hace falta una agencia o autoridad de peso; lo que simplemente necesitamos es una revisión de calidad independiente, que sea efectiva y externa. 
Volviendo a la comitología, el artículo que acabo de mencionar hace un momento también tenía algo que decir al respecto. 
Incluía asimismo otro párrafo, uno sobre los comités, que no quiero ocultarles. 
«No se ven, no se oyen, unos 450 clubes de consulta en Bruselas que continuamente toman decisiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.» 
También hace falta más transparencia en este ámbito. 
Cuando la comitología genera legislación secundaria, dicha legislación debe también verificarse. 
Debemos demostrar las implicaciones de una legislación de ese tipo por medio de una evaluación de impacto. 
El público verá entonces que hablamos en serio y que queremos realmente esta transparencia. 
Finalmente, como ya ha señalado la señora Frassoni, la aplicación es muy importante y el Parlamento le debería prestar mucha más atención a este aspecto. 
Cuando un informe se ha debatido en el Pleno, entonces el ponente ya ha terminado su trabajo. 
Propondría que se pidiera al ponente en cuestión que tres años después de la aprobación en esta Cámara notificara a su comisión el estado de aplicación. 
Eso contribuiría significativamente a la correcta transposición en los Estados miembros y también a establecer buenos contactos con los Parlamentos nacionales. 
Estas son las propuestas: más transparencia, supervisión objetiva de la evaluación de impacto, limitación de la comitología, mayor conocimiento de la comitología y posiblemente un derecho de avocación a favor del Parlamento Europeo si es preciso. 
Estos son los componentes de un acuerdo interinstitucional que creo imprescindibles para avanzar realmente con estas normas y reglamentos. 
– Señor Presidente, como presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, acojo con gran satisfacción este debate conjunto sobre «legislar mejor» y la oportunidad de debatir con el Consejo y la Comisión la manera de mejorar la experiencia reguladora para consumidores, ciudadanos y empresas, que son los que realmente entienden de la aplicación de la normativa de la UE. 
La confianza de los ciudadanos, los consumidores y las empresas en la UE está ligada a su experiencia y a su percepción de la legislación de la UE y al impacto que esta tiene en sus vidas cotidianas. 
Quiero centrarme en la mejora de la legislación sobre el mercado interior y en la necesidad de proceder con buen sentido en nuestra labor legislativa a favor de los consumidores en el mercado interior. 
El mercado interior representa casi un tercio del acervo comunitario. 
Una legislación de calidad, eficaz y simple en el mercado interior debería crear oportunidades para el comercio transfronterizo y dar a los consumidores mayores posibilidades de elección, protegiendo al mismo tiempo los derechos en materia ambiental, social y de consumo. 
Por otra parte, la adecuación de la regulación en el mercado interior es un factor crítico a la hora de lograr los objetivos de Lisboa sobre empleo, crecimiento y competitividad. 
Creo que el mercado interior se beneficiará de un enfoque común y coordinado de las tres instituciones de la mejora del ciclo legislativo en su conjunto. 
Eso significa que tenemos que pensar también en las consecuencias de los acuerdos y compromisos que alcancemos a medianoche y pensar si las leyes resultantes van a ser más confusas o más claras para los usuarios finales. 
Creo que eso empieza por unas leyes bien redactadas y claras, evaluaciones de impacto de alta calidad y una consulta efectiva, exhaustiva y transparente a los interesados. 
Los Estados miembros tienen que tomarse también en serio sus responsabilidades y asegurar una aplicación efectiva y correcta de la legislación sobre el mercado interior. 
Deben resistirse a la tentación de incorporar o adosar exigencias nacionales a las disposiciones legislativas de la UE. 
Aunque las tasas de transposición mejoran, como demuestran los indicadores del mercado interior, todavía pueden mejorar mucho más. 
Por eso pedimos un procedimiento de infracción por la vía rápida para casos relevantes en el mercado interior. 
Tenemos que aprender de los fallos y errores de la legislación europea. 
Por eso queremos introducir un sistema de evaluación tanto como sobre todo de nuestros errores. 
¿Ha conseguido esta legislación su objetivo o, por el contrario, ha ocasionado una distorsión y fragmentación del mercado interior? 
Algunos creen que las evaluaciones de impacto deben encomendarse a un organismo externo. 
Yo no comparto esa idea, porque creo que la legislación en materia de mercado interior debe ser responsabilidad de los funcionarios de la Comisión en el marco de la disciplina de una legislación efectiva. 
No obstante, la Comisión de Mercado Interior insiste en que todas las propuestas legislativas vayan acompañadas de una evaluación de impacto de calidad, un resumen y un lista de comprobación sobre «legislar mejor» de las propuestas relativas al mercado interior. 
Por supuesto, la regulación alternativa suscita un gran escepticismo. 
Aunque el Acuerdo Interinstitucional contempla esta opción no legislativa, insistimos en que, cuando se trate de leyes del mercado interior, el Parlamento sea informado y consultado sobre esos enfoques alternativos. 
Se justifican a la luz de evaluaciones de impacto. 
Igualmente, tenemos que prever la compensación de los consumidores y la aplicación de sanciones en el caso de que estas regulaciones alternativas no beneficien al consumidor en el mercado interior. 
Quiero insistir en la labor de la Comisión de Mercado Interior como parte activa del proceso de «legislar mejor». 
Sé que los Comisarios dicen a menudo que el Parlamento no se toma en serio su función. 
Nosotros fuimos la primera comisión que encargó su propia evaluación de impacto, bajo la presidencia del señor Whitehead, en relación con las enmiendas al informe Toubon sobre las cantidades nominales para productos preenvasados. 
Respecto a la propuesta relativa a la pirotecnia, estamos realizando una evaluación de impacto de las enmiendas propuestas por nuestro ponente. 
Tendremos en cuenta el análisis de coste-beneficio de sus enmiendas a esa propuesta. 
Estamos organizando una audiencia sobre el impacto de las leyes de contratación pública en el mercado interior. 
La contratación pública en la UE representa hasta el 16 % del PIB de la UE, aunque el paquete de leyes de 1992, según se demuestra en una serie de casos del TJCE, no ha conseguido la deseada apertura del mercado. 
Seamos claros. Son los consumidores, los ciudadanos y las empresas quienes salen perdiendo cuando las leyes no surten efecto. 
La mala elaboración produce inseguridad jurídica y una transposición deficiente o confusa, y al final nos encontramos con empresarios o consumidores confundidos que pierden su confianza en el mercado interior. 
El TJCE, después de años de deliberación, se convierte al final en el árbitro de la mejora de la legislación. 
Este no es el camino adecuado. 
Por último, quiero citar los casos de SOLVIT, que me parece una excelente iniciativa de la Comisión. 
Un médico cualificado llevaba años tratando de registrarse como médico en España. 
Cuando ya se había gastado mucho dinero en abogados y había dejado de confiar en el mercado interior, el sistema SOLVIT intervino y le ayudó en un plazo de diez semanas a conseguir que fuera registrado como médico en España. 
Ese médico dijo: «SOLVIT ha restablecido mi confianza en el mercado interior.» 
Así pues, la realidad es que unas leyes buenas que están bien elaboradas, son fáciles de aplicar y fáciles de hacer cumplir y controlar, son un factor fundamental para restablecer la confianza en el mercado interior. 
Espero que el debate de hoy marque el comienzo de un proceso de estrecha cooperación, de intercambio de las mejores prácticas entre las instituciones en una estrecha alianza entre iguales, para construir y restablecer la confianza que el médico antes citado nos pidió que consiguiéramos para él como consumidor en el mercado interior. 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera hablar de tres aspectos, empezando por el asunto de la simplificación. 
No cabe duda de que esta Cámara, por principio, apoya a la Comisión en sus esfuerzos por simplificar el proceso legislativo, pero también quiero dejar claro que en este terreno, como en tantos otros casos, hay que hilar muy fino y tenemos que tener cuidado de no excedernos. 
Permítanme darles un ejemplo. 
Mirando este documento de la Comisión, por ejemplo, veo que quieren simplificar todo el conjunto del Derecho mercantil y de sociedades; ahora sé, como uno de los ponentes permanentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos en este ámbito, que muchas de las directivas y reglamentos que hemos aprobado al respecto han sido fruto de negociaciones y compromisos muy complejos y que cada propuesta de simplificación encierra el riesgo inherente de que se abra la caja de Pandora y que se pongan de nuevo en cuestión compromisos a los que se ha llegado después de muchos esfuerzos. 
Eso significa que la simplificación es un instrumento que debe manejarse con sumo cuidado. 
Por esa razón creo decididamente que sería aconsejable que pensáramos un poco, tanto cuando simplificamos como cuando codificamos, en la posibilidad de que las tres instituciones adoptaran un acuerdo interinstitucional que señalara claramente cómo hay que proceder para simplificar las leyes. 
Un segundo punto que quisiera que la Comisión examinara es el asunto de las prioridades que deberían establecer las propuestas de simplificación. 
Las directivas suelen estar dirigidas a los legislativos nacionales y no al público, y las leyes con las que tienen que tratar los profesionales son las promulgadas a escala nacional. 
De ello se deduce que la simplificación de las directivas no debería ser más que un objetivo secundario. 
La Comisión debería dar prioridad a los reglamentos por la sencilla razón de que los reglamentos son directamente aplicables como ley y tienen un efecto directo en los miembros del público que recurren a la ley. 
La segunda cuestión tiene que ver con la evaluación de impacto. 
Quiero subrayar una vez más el hecho de que la mayoría de nosotros en esta Cámara consideramos que es totalmente necesario un elemento independiente en la evaluación del impacto de las leyes. 
En un informe que presentó en diciembre, esta Cámara pidió una agencia independiente de acuerdo con el modelo estadounidense. 
Por mi parte, quiero dejar claro que eso no es una condición indispensable para mí; es algo de lo que podemos hablar. 
Lo que considero indispensable, sin embargo, es la participación de un elemento externo independiente en la evaluación del impacto que tienen las leyes. 
No es de recibo que los funcionarios que hacen las propuestas sean también y al mismo tiempo los responsables de medir el impacto que tendrán esas propuestas, ya que la consecuencia de eso es que la evaluación de impacto termina siendo ni más ni menos que parte de su justificación, y no es eso lo que queremos. 
Así que por esta razón tenemos que idear algo sensato con la Comisión en relación con esta cuestión. 
Desde diciembre de 2003 existe un acuerdo interinstitucional según el cual la Comisión es, en principio, responsable de la evaluación de impacto. 
Eso también significa, sin embargo, que ejerce una responsibilidad con y en nombre del legislativo, es decir, en nombre del Parlamento y el Consejo, de manera que creemos que también nosotros en esta Cámara deberíamos tener –y tenemos– derecho a ser consultados sobre cómo se lleva a cabo esta evaluación de impacto. 
Podría añadir que esta es también la razón por la que nosotros, en la Conferencia de Presidentes, aplazamos inicialmente la aprobación de una resolución sobre la continuación de los acuerdos administrativos, ya que estos, por supuesto, tienen que ser renegociados, entre otras cosas a la vista de las resoluciones que aprobaremos sobre esos cuatro informes en mayo de este año. 
Quisiera decir algo acerca de una cosa que sin lugar a dudas es un asunto vivo. 
El 16 de marzo, la Abogada General Sharpston presentó su dictamen en el caso de España contra el Consejo, en cuyas conclusiones se refiere explícitamente a la evaluación de impacto, señalando que la ausencia de toda evaluación de impacto suficiente es un indicio de que el acto jurídico se ha adoptado arbitrariamente, y eso demuestra y confirma el creciente interés del Tribunal de Justicia por esta cuestión. 
Más allá de lo que ha dicho el señor Doorn al respecto, creo que es fundamental que también hay que evaluar el impacto de las decisiones que se tomen a través de la comitología. 
Hay un montón de casos que podríamos citar a título de ejemplo en los que la auténtica locura burocrática está en las decisiones comitológicas y no en la propia legislación, así que también desde este punto de vista es necesario que haya un control adecuado del impacto que tienen las leyes. 
Por último, permítanme abordar la tercera cuestión, la de la, es decir, el proceso por el que se escucha a los interesados. 
Al elaborar la legislación, la Comisión ha llegado a basarse en gran medida en organizaciones y asociaciones de toda Europa. 
No tengo nada en contra de los grupos de presión europeos, pero los procesos por los que llegan a adoptar las decisiones son a veces más complejos que los del Consejo de Ministros, y lo que sale de ellos es a menudo un consenso condensado en necedades. 
Creo que necesitamos también otros tipos de mecanismos de consulta para obtener la información directamente de las partes interesadas que operan en sus lugares de trabajo y tienen que tratar por consiguiente con estos asuntos. 
Así, por ejemplo, el mecanismo de consulta que hemos propuesto a través de la red dedicada actualmente a desarrollar el Derecho contractual europeo, con el que hemos definido una categoría limitada de personas a las que hay que consultar, podría ser un buen ejemplo de cómo mejorar esos mecanismos. 
. – Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de hablar hoy con ustedes sobre una cuestión de gran importancia para Europa. 
Sé por mis propios contactos, muy cercanos, mantenidos con los ciudadanos durante los últimos meses, que la cuestión de «legislar mejor» , junto con todo lo que se relaciona con ello –quizá no como un lema, ya que muchos de ellos no saben qué quiere decir, sino como principio– es una de las cuestiones que más les interesa. 
Como saben, el programa de la Comisión para este año lleva el título de «Liberar todo el potencial de Europa» , un título muy acertado. 
El Consejo está convencido de que un mejor proceso legislativo contribuirá en buena medida a hacer esto posible. 
Tenemos la intención de que el proceso legislativo ayude al ciudadano en vez de ponerle dificultades, y lo mismo se puede decir –tal como ya ha dicho la señora McCarthy– del consumidor, pero esto vale en particular para la vida comercial, donde se ha hecho demasiado poco para fomentar el dinamismo y la creatividad, en concreto de las pequeñas y medianas empresas. 
No fue hasta hace poco que el Consejo Europeo manifestó su deseo de promover las pequeñas y medianas empresas y dio algunos pasos en esa dirección. 
Algunos estudios han demostrado que la carga administrativa para las empresas y los ciudadanos representa del 2 al 5 % del PNB europeo, por lo que nuestra intención es que se logre un marcado repunte de la competitividad mediante la evaluación del efecto de la carga administrativa, la simplificación y su disminución. 
Últimamente, el término «legislar mejor» se viene utilizando con frecuencia, y estoy de acuerdo con el señor Lehne en que no hay que mezclar la fruta fresca con la podrida y que este término, a menudo, se utiliza con poco rigor y se devalúa, ya que no siempre está claro qué queremos decir con ello. 
Puedo decir, en nombre del Consejo, que la participación hoy de la Cámara en esta cuestión con nada menos que cuatro informes nos complace mucho. 
La Presidencia del Consejo sigue considerando el Acuerdo interinstitucional sobre «legislar mejor» , al que ya se ha hecho referencia hoy, como el marco para nuestra cooperación. 
Pretendemos colaborar con la futura Presidencia finlandesa, con la Comisión y, por supuesto, con esta Cámara, para sacar adelante el programa de reforma del marco regulador. 
Voy a examinar con mayor detalle algunos de los ámbitos que son importantes en este contexto. 
Empezaré con la simplificación. 
La simplificación de las normativas de la UE es algo que tiene un efecto tangible en las empresas y los ciudadanos, y por este motivo será muy eficaz si también nos permite ganar una mayor credibilidad. 
La iniciativa del Comisario Verheugen de revisar toda la reglamentación y los planes actuales para la simplificación sectorial y redoblar los esfuerzos por la simplificación horizontal nos han puesto en el buen camino. 
También estoy muy impresionado por la presencia hoy del Presidente y el Vicepresidente de esta Cámara y por su participación en este debate, ya que hemos de alentar un mayor progreso en esta senda, y esto es lo que tanto el Consejo como la Comisión están haciendo al tomar medidas para acercar Europa a sus ciudadanos. 
Como saben, la Presidencia austriaca, en cierta medida, ha adoptado como lema el de «acercar Europa de nuevo a sus ciudadanos» , y estas iniciativas, incluidas las de la Comisión, contribuyen sobremanera a que así sea. 
También ayudan a que Europa tenga éxito a la hora de lograr los objetivos de Lisboa. 
La Presidencia del Consejo se alegra de ver que la Comisión no solo está llevando a cabo la «simplificación de la legislación vigente» mediante una depuración general del acervo comunitario, sino que también prevé incluir en esto el resultado de los esfuerzos del Consejo en este ámbito. 
Junto con la futura Presidencia finlandesa y la Comisión, estamos tratando de obtener mejores métodos de trabajo para la simplificación y para potenciar la eficiencia de la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento y, por lo tanto, también es útil que la Comisión, con carácter anual, facilite información al Consejo sobre su programa de simplificación. 
También proponemos que los expedientes de simplificación ocupen un lugar prioritario en nuestros órdenes del día, y que el Consejo y el Parlamento se esfuercen, en la medida de lo posible, por aprobar expedientes de simplificación en primera lectura. 
La carga administrativa –a la que ya se ha hecho referencia– que soportan las personas afectadas se puede evaluar, por supuesto, directamente y les afecta directamente. 
Necesitamos instrumentos en la esfera europea para hacer precisamente esto. Dichos instrumentos existen; todo lo que hay que hacer ahora es utilizarlos. 
La Presidencia del Consejo está, en estos momentos, elaborando un documento sobre la fijación de objetivos cuantitativos en este ámbito. 
En cuanto a mi tercer punto, quiero retomar el tema de la elección de instrumentos legislativos, ya que, por mucho que nos esforcemos por mejorar la labor legislativa, existe una serie de aspectos importantes que no hemos de perder de vista, entre los cuales cabe citar el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, mientras, al mismo tiempo, se procura asegurar que el acervo comunitario permanezca intacto. 
Lo que queremos ver no es menos Europa, sino una Europa mejor. 
Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad son las directrices fundamentales para que las instituciones actúen en el desempeño de sus competencias comunitarias y, por consiguiente, son parte integrante de la mejora de la labor legislativa. 
La subsidiariedad y la proporcionalidad también desempeñan un papel fundamental en la elección de los instrumentos jurídicos. 
En las evaluaciones de impacto es necesario considerar varias medidas alternativas, una de las cuales ha de ser la opción de actuar en un nivel inferior al de la propia UE. 
No obstante, por el contrario, se defenderán mejor los intereses de claridad jurídica y buen funcionamiento del mercado interior mediante reglamentos que mediante directivas, y esto también se ha comentado hoy. 
En general, es crucial que en cada caso individual se elija el instrumento que mejor permita a Europa conseguir lo que pretende la reglamentación y, así pues, en la práctica, existe una estrecha conexión entre las evaluaciones de impacto, que tienen un valor considerable, hablando desde una óptica cualitativa, y la aplicación efectiva de la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Tanto el Consejo como el Parlamento ya están obligados por el acuerdo interinstitucional a recurrir ampliamente a las evaluaciones de impacto de la Comisión en el proceso de toma de decisiones. 
Estas evaluaciones de impacto de la Comisión también pueden servir, por consiguiente, de base para un debate activo sobre los principios de la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Quizá aproveche esta oportunidad para reiterar que pretendemos, con el fin de profundizar el debate, organizar una conferencia sobre la subsidiariedad en Austria, el 18 y 19 de abril, en la que esperamos que la Cámara haga aportaciones valiosas. 
Tal como se ha subrayado hoy en general, las evaluaciones de impacto deben elaborarse según los más altos niveles de calidad para utilizarse seguidamente en el proceso de negociación: la Presidencia austriaca del Consejo elaborará lo que se puede llamar un manual para presidentes de grupos de trabajo del Consejo con el título «. 
También queremos alentar una mayor cooperación entre instituciones, en particular con respecto a la evaluación del impacto de las principales enmiendas propuestas por el Consejo y en la observancia coherente del que se ha acordado para las tres y, teniendo esto en cuenta, esperamos con gran interés la revisión de la evaluación de impacto por parte de la Comisión, que se ha anunciado para esta primavera. 
En general, la Presidencia comparte el punto de vista de la Cámara de que las evaluaciones de impacto de gran calidad son componentes esenciales de un marco regulador mejorado. 
Otro aspecto al que se ha hecho referencia es la implicación de los denominados «interesados» en el proceso de consulta, que es vital si ha de existir una mayor transparencia. 
Hay que informar exhaustivamente a los interesados sobre las opciones para la consulta, hay que tener en cuenta sus opiniones al elaborar las políticas y también hay que facilitarles la debida realimentación. 
Voy a concluir añadiendo un comentario sobre la transparencia. 
Si los ciudadanos han de aceptar las decisiones que adoptamos, es importante no solo que la legislación que aprobemos sea comprensible y sencilla, sino que mejoremos las explicaciones sobre cómo hemos llegado a estas decisiones. 
Es necesario que el proceso decisorio sea lo más transparente posible para el público en general. 
Nuestro canciller federal lo ha dicho al presentar el programa de Consejo austriaco, aspecto que he destacado en muchas ocasiones. 
Es importante para la Presidencia austriaca del Consejo continuar avanzando en la transparencia. 
Se han adoptado las primeras medidas mediante las resoluciones aprobadas en diciembre, sobre cuya base pretendemos ahora dar esta expresión práctica y, en lo posible, destacar otros métodos con los que se pueda lograr una mayor transparencia. 
Tal como he dicho al principio, «legislar mejor» es un proyecto de relevancia pública y que nos concierne directamente a todos. 
Si se consigue, juntos habremos logrado añadir un valor real y habremos logrado que las ventajas de la Unión Europea sean más claras para sus ciudadanos. 
. Señora Presidenta, Señorías, la legislación europea ocupa un lugar central en todo lo que hace que la Unión Europea sea especial. 
De hecho, somos una Comunidad basada en el Estado de Derecho. 
Sin el Derecho tendríamos que basarnos en la negociación permanente, en el equilibrio de fuerzas entre los Estados miembros o en su buena disposición, aunque solo en teoría, en la cooperación y la buena voluntad. 
No queremos una Comunidad basada en la arbitrariedad o en la discrecionalidad. 
Queremos una Comunidad basada en el Estado de Derecho. 
Solo el Derecho puede garantizar las libertades de que hoy disfrutan los europeos. 
Creo que esto es una cuestión de principio importante y me permito una observación personal. 
Hace tres días, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, di una conferencia, la conferencia Jean Monnet, referida precisamente a mi noción del Derecho en la Unión Europea. 
Creo que es más necesario que nunca reafirmar los principios de una Comunidad basada en el Estado de Derecho que es nuestra Comunidad. 
Esto es lo que marca la diferencia con otras experiencias a escala internacional. 
Legislamos por muchas razones: por ejemplo, para proteger la salud velando por la seguridad alimentaria, para proteger el medio ambiente fijando normas de calidad del aire y del agua, o para dotar de normas a las empresas que operan en el mercado interior, de modo que luchen con las mismas armas y se evite cualquier discriminación. 
Legislamos a escala de la Unión Europea porque los Estados miembros se han puesto de acuerdo para que determinadas medidas se adopten a escala comunitaria. 
Concretamente, se trata de sustituir 25 normas nacionales por una sola norma, aplicable en toda la Unión Europea. 
Sin embargo, debemos velar por que la legislación y las normativas europeas aporten un valor añadido: es preciso que apunten a su objetivo, que respeten los principios de subsidiariedad y que sean correctamente aplicadas, y al mismo tiempo que sean proporcionales a las necesidades a que responden. 
Las medidas adoptadas no deben ser excesivas ni ir más allá de lo estrictamente necesario. 
Hay que evitar las normas demasiado prescriptivas, que entrañan gastos injustificados o que puedan resultar contraproducentes. 
Hay que eliminar también los efectos acumulativos de las normas, que con el tiempo acaban solapándose, lo cual es perjudicial para las empresas, el sector voluntario, las autoridades públicas y los ciudadanos. 
Permítanme, pues, felicitar al Parlamento Europeo por haber tomado la excelente iniciativa de este debate sobre el tema «legislar mejor». 
Nos brinda la ocasión de llevar a cabo un examen coherente del mismo. Quiero dar las gracias a la señora Frassoni, al señor Doorn, a la señora McCarthy y al señor Gargani, sustituido hoy por el señor Lehne, por su excelente trabajo y por sus informes. 
Para influir realmente en la calidad de nuestras iniciativas legislativas, necesitamos un conjunto de medidas y un principio rector firme. 
Así se desprende claramente de los distintos informes, que a mi juicio proporcionan una base sólida para nuestro intercambio de puntos de vista. 
Esos informes y la forma en que respondemos a ellos demuestran que nuestras dos instituciones han recorrido mucho camino en los últimos años. 
La necesidad de legislar mejor y establecer normas mejores es objeto de un consenso real. 
Nuestra actividad legislativa es un proceso continuo. 
Debemos colaborar para que nuestras decisiones políticas, sean las que sean, se traduzcan en una legislación de máxima calidad. 
Y en este punto quisiera celebrar también todas las iniciativas tomadas por la Presidencia austriaca al respecto. 
Lo reconocemos: todavía debemos introducir mejoras en todas las fases del ciclo, es decir, de los actos ya adoptados a las nuevas iniciativas, pasando por las propuestas en curso de negociación. 
Por esta razón, la Comisión ha lanzado un vasto dispositivo para legislar mejor que conjuga varias medidas: un sistema para evaluar la repercusión de las propuestas importantes de la Comisión; un programa de simplificación de la legislación vigente y de retirada de cierto número de propuestas de la Comisión que están en espera de ser examinadas por el Parlamento y el Consejo; y un recurso más frecuente a medios de resolución de problemas distintos de la legislación convencional, como por ejemplo la autorregulación por las partes afectadas o la corregulación por parte del legislador. 
Pasemos a la evaluación de impacto. 
Desde 2003, la Comisión cuenta con un sistema para comprobar el impacto económico, social y ambiental de sus principales propuestas. 
Desde que se adoptó un enfoque integrado se han publicado 120 evaluaciones del impacto. 
También hemos puesto al día nuestras directrices para ayudar al personal a examinar mejor las opciones e impactos, incluso sobre la competitividad, y centrar la atención en cuestiones como el coste del exceso de burocracia. 
Esto refleja un cambio marcado y profundo de enfoque y de actitud. 
Creo que es un auténtico progreso. 
Sabemos que no todas las evaluaciones alcanzan todavía el mismo nivel de calidad. 
Sabemos que son mejorables. 
Reconocemos, como se señala en el informe del señor Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que la calidad es mejorable y que los mecanismos de control de calidad deben fortalecerse. 
Suscribo plenamente la necesidad de una revisión independiente de las evaluaciones de impacto; una especie de principio de los «cuatro ojos». 
Estamos desarrollando un enfoque integral. 
En primer lugar tenemos que garantizar que nuestras evaluaciones de impacto se organicen de manera correcta. 
Como se prometió en marzo de 2005, estamos creando una red de expertos técnicos y científicos para ayudarnos a desarrollar métodos que garanticen que las evaluaciones de impacto sean completas y de alta calidad. 
También se está llevando a cabo una evaluación externa del sistema para detectar en qué aspectos actuamos bien y en cuáles hemos de mejorar. 
Igualmente, los autores de las evaluaciones de impacto necesitan información para saber si han hecho un buen trabajo. 
Por eso la consulta forma parte inseparable del proceso de evaluación de impacto. 
Es también una razón por la que todas las evaluaciones del impacto de la Comisión se publican en la página web de Europa. 
En cuanto al control de calidad de las evaluaciones individuales, estoy de acuerdo con que conviene llevar a cabo una revisión independiente de los servicios que proponen la legislación. 
Sugiero que la mejor garantía de imparcialidad es que esa revisión esté bajo la autoridad del Presidente de la Comisión. 
He pedido al Secretario General de la Comisión que examine cómo se puede intensificar nuestro apoyo y control de calidad. 
Pero permítanme subrayar que necesitamos colaborar mucho más estrechamente con sus Señorías en el tema de la evaluación del impacto. 
Acojo con agrado al reciente acuerdo sobre el enfoque común de la evaluación de impacto. 
Este conjunto de reglas para tratar la evaluación de impacto en las tres instituciones es un importante paso adelante; facilitará nuestro trabajo conjunto y evitará la duplicación de esfuerzos. 
En cuanto a la simplificación hemos comenzado bien. 
El programa de acción que adoptamos el año pasado prevé la anulación, codificación, refundición o modificación de unos 220 actos legales que abarcan un amplio espectro de políticas. 
El programa, que ya está en marcha en los sectores del automóvil, los residuos y la construcción, se revisará y pondrá al día en consulta con los sectores interesados. 
Seguirán otros sectores como el de la alimentación, la cosmética, los medicamentos y los servicios. 
Necesitamos la aportación de sus Señorías para fijar los objetivos correctos y garantizar los mejores resultados. 
Necesitamos que el Consejo y el Parlamento aceleren la adopción de propuestas de simplificación. 
Mi interpretación de sus informes es que básicamente estamos de acuerdo sobre lo que intentamos conseguir. 
Ahora tenemos que ponernos a trabajar, ir a lo esencial y conseguir resultados. 
También nos enfrentamos a cargas administrativas especialmente pesadas para las pequeñas empresas. 
Eso significa simplificar las formas y modernizar el código aduanero para facilitar el intercambio electrónico de información. 
Estamos introduciendo la medición de los costes administrativos en nuestras evaluaciones de impacto. 
Es esencial que el Consejo y el Parlamento presten atención a la carga administrativa cuando proponen enmiendas. 
También necesitamos probar nuevos enfoques de la regulación, viendo en la corregulación y la autorregulación posibles alternativas. 
Podemos trabajar más estrechamente con la industria, por ejemplo, para conseguir resultados sobre una base voluntaria. 
Entiendo perfectamente la inquietud de sus Señorías por no participar de cerca en la elaboración de planteamientos no legislativos. 
Cuando esos planteamientos parezcan la mejor vía, acepto plenamente la necesidad de encontrar maneras de mantener al Parlamento implicado en su elaboración y aplicación. 
Finalmente, quisiera decir algo acerca de la aplicación de la ley. 
Esto es altamente prioritario para la Comisión. 
Les pido que examinen las conclusiones de la reunión de hoy de nuestro Colegio. 
Hemos analizado 2 055 casos de infracciones. 
Esta ha sido la decisión de la Comisión de hoy. 
A veces las decisiones son muy difíciles y esperamos que algunos Estados miembros reaccionen. 
Espero que apoyen la gran implicación de esta Comisión en la aplicación y el control del cumplimiento del Derecho comunitario. 
Nuestras leyes han de aplicarse y ejecutarse correctamente, pues de lo contrario nuestros esfuerzos en el terreno de la definición de políticas y la legislación serán vanos. 
A medida que maduran cada vez más ámbitos políticos deberíamos observar un desplazamiento de la atención política y de los recursos al terreno de la aplicación. 
De hecho, esta es una gran prioridad para esta Comisión. 
Todo este programa de «legislar mejor» –incluida la aplicación– se ha convertido en un buque insignia de esta Comisión. 
Me ocupo personalmente de él, junto con el Vicepresidente Verheugen y todo el Colegio de Comisarios. 
La Comisión como tal tiene que gestionar los procedimientos de infracción de un modo eficiente. 
Soy consciente de la necesidad de reducir la duración de cada uno de los procedimientos de infracción. 
Necesitamos métodos más rápidos para responder a los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en los negocios. 
Deberíamos examinar juntos estas cuestiones de aplicación en sentido amplio y explorar vías constructivas para tratarlas. 
Este mismo año espero que la Comisión se presente de nuevo ante ustedes con propuestas específicas. 
Creo que los informes que debatimos hoy presentan un análisis compartido de lo que hay que hacer. 
Hemos colocado las piedras angulares y ahora tenemos que cumplir nuestros compromisos. 
Estoy convencido de que si trabajamos en asociación podemos demostrar que Europa no equivale a burocracia y cargas innecesarias, sino que se trata de dar a los ciudadanos lo que necesitan de la manera correcta. 
Creo que si trabajamos en asociación reforzaremos una Comunidad basada en los principios del derecho. 
. – Respaldo plenamente lo que ha dicho el señor Barroso en la última parte de su intervención. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he elaborado un informe de opinión sobre el informe del señor Doorn. 
Quiero felicitarle por este informe y también darle las gracias por incluir, prácticamente en su totalidad, los diversos apartados que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos introducido en nuestro informe, basándonos en nuestra experiencia. 
También quiero respaldar lo que ha dicho el señor Winkler y responder dándole un sesgo ligeramente diferente, en concreto que legislar mejor no siempre equivale a menos normas y reglamentos o a una desregulación, sino más bien una regulación más efectiva que esté centrada principalmente en el resultado final. 
Este ciclo de preparación, consulta, formulación de normas, evaluación de impacto y, posteriormente, aplicación y cumplimiento, ha sido mencionado por varias personas. 
En nuestro informe de opinión he defendido que en realidad hemos de empezar por atrás y observar el proceso desde ese ángulo. 
¿Cómo podemos hacer que el proceso sea eficaz? Y, sobre esta base, ¿qué normas necesitamos elaborar? 
Un mal ejemplo de cómo no se ha hecho esto, de cómo no se ha considerado en modo alguno y de cómo no se ha hecho uso de la dimensión de campo en la etapa de elaboración es la Directiva de servicios, que acabamos de debatir en su forma original. 
Por suerte, el Parlamento ha cambiado esta Directiva. 
También quiero mencionar buenos ejemplos de esta misma Dirección General de Mercado. 
Particularmente en el ámbito de la prestación financiera de servicios se ha desarrollado una práctica en esta Dirección General que propuso el comité de expertos Lamfalussy y que llamamos el procedimiento Lamfalussy. 
En este marco, son aquellas personas que utilizan las normas y reglamentos y, en la práctica, en concreto, los supervisores, los operadores económicos, los consumidores y los usuarios implicados en el proceso, quienes han de poder opinar más sobre el contenido de estas normas. 
También hemos utilizado este ejemplo para mostrar otros, y es algo que queremos volver a dejar muy claro en este debate. 
Aunque tenemos problemas con la avocación y con la responsabilidad del Parlamento en su calidad de colegislador para poder hacer el seguimiento de lo que se elabora, apoyamos sin reservas el proceso como tal. 
. – Señora Presidenta, señor Winkler, señores Comisarios, este debate es esencial. 
A fin de cuentas, trata del derecho de iniciativa de la Comisión en materia legislativa. 
En efecto, ya se trate de legislar mejor o de elaborar leyes, lo que importa es cómo se toma la iniciativa en pro de la ley. 
Y si en los Tratados se concede a la Comisión el derecho de iniciativa es porque debe encarnar el interés general. 
Debe tener la capacidad de no ser una mera caja de resonancia de las distintas empresas afectadas, sino representar a todos los que no necesariamente puedan organizarse. 
En este sentido, creo que todos estamos convencidos de que legislar mejor es sin duda importante para el mundo de los negocios, pero que en ocasiones debe traducirse también en más legislación. 
Esto, señor Barroso, es lo que le explicó claramente el Parlamento cuando su Comisión propuso retirar 68 propuestas de texto y cuando, con toda claridad, por lo que respecta por ejemplo a las sociedades mutuas, manifestamos la necesidad de una legislación. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he elaborado una opinión sobre el informe del señor Gargani, que se centra en la simplificación de la legislación y, a este respecto, desearía hacer tres observaciones. 
En primer lugar, debemos prestar atención al hecho de que, en este terreno, las cuestiones técnicas ocultan sin duda la cuestión política del contenido: ¿qué simplificamos? 
¿Sobre qué acervo comunitario trabajamos al amparo de la simplificación? 
En segundo lugar, algunos piensan a veces que legislar mejor es sinónimo de autorregulación. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios tenemos, con el caso de las normas contables, el ejemplo perfecto de una situación en la que, a falta de una regulación democrática muy específica, a veces pueden producirse peligrosos abusos. 
Para concluir, la búsqueda de la simplificación debe conducir también a adoptar una legislación mejor elaborada, en la que el Parlamento defina los principios y el resto se remita a la comitología. 
Como saben, apoyamos plenamente este enfoque desde el momento en que descansa en un acuerdo de comitología que reconoce plenamente los derechos del colegislador en la materia, es decir, del Parlamento Europeo. 
. – Señora Presidenta, los Estados miembros que pregonan el proteccionismo como una opción política positiva lo disfrazan de patriotismo o tienen miedo no de lo que Europa puede llegar a ser, sino de lo que ya es: una economía basada en el libre comercio y la libre competencia. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y ponente de opinión sobre «legislar mejor» , creo firmemente que estimular la competencia a través de la reforma de la legislación es el estímulo inicial que Europa necesita para mejorar la productividad. 
Me parece imperativo que todas las futuras evaluaciones de impacto legislativo tengan en cuenta el creciente nivel de competencia mundial. 
Además, si la Unión Europea tiene que volverse más responsable y flexible ante la corriente mundial de cambio del mercado, propongo a la Comisión que se incluya una cláusula de revisión en toda la nueva legislación. 
Asimismo es fundamental que al amparo de la tarea de «legislar mejor» se examinen alternativas a la legislación. 
Hay que estudiar medidas como el aumento de los niveles de consulta y los mecanismos para acelerar la resolución de disputas. 
El objetivo primordial de toda legislación debería ser que el mercado interior funcione sin obstáculos transfronterizos al crecimiento de las industrias. 
Por consiguiente, debemos aprovechar las oportunidades que brindan las sustanciales economías de escala a través de fusiones y adquisiciones. 
Espero con ansiedad medidas concretas por parte de la Comisión con miras a reducir el coste de la operación de ajustarse a 25 regímenes nacionales diferentes. 
Acojo con satisfacción el funcionamiento del Plan de Acción de Servicios Financieros. 
Sin embargo, no debemos permitir que los Estados miembros se duerman en los laureles en la aplicación de estas 42 directivas. 
Si falta compromiso entonces habrá que aplicar medias de ejecución. 
Hay que mejorar la uniformidad y el grado de aplicación si queremos alcanzar de manera realista los objetivos de Lisboa y los retos de la globalización. 
La gente necesita darse cuenta de que la globalización está aquí, y está aquí para quedarse. 
Es política y económicamente inaceptable que algunos Estados miembros busquen volver a las políticas proteccionistas. 
Las empresas irlandesas y otras sociedades europeas están tratando de hacer realidad el mercado único y abordar frontalmente los retos de la globalización, y el ruidoso proteccionismo de los Gobiernos no debería interponerse en su camino. 
. – Apoyo los esfuerzos de la Comisión y de cualquier otro órgano por legislar mejor y mejorar la elaboración de la legislación de la Unión Europea y, sin embargo, al mismo tiempo, lamento que no se haya aprobado el Tratado Constitucional. 
Lo lamento porque, en concreto, en el Tratado Constitucional elaboramos un muy buen marco regulador transparente, que nos ofrece otra oportunidad de acelerar su proceso de ratificación. 
Hoy, el señor Barroso ha mencionado ciertos ámbitos que hay que seguir revisando. 
Hemos de añadir el terrorismo a esa lista. 
En el ámbito del terrorismo ya hemos aprobado 58 reglamentos, directivas, etc., 27 de las cuales se encuentran en la etapa de proyecto y otras 15 aún están por llegar. 
En resumidas cuentas, nuestro entramado legal para la lucha contra el terrorismo es extremadamente opaco: no logro aclararme con toda esta maraña y espero que los terroristas tampoco puedan orientarse entre toda esta confusión. 
Europa padece dos formas de idealismo, como mínimo. 
La primera es el idealismo normativo: si un determinado ámbito está sin regular, creemos que una mayor reglamentación resolverá el problema. 
La consecuencia es que se permite que la reglamentación se expanda desproporcionadamente. 
La segunda es el idealismo organizativo: si creemos que un ámbito necesita regularse mejor, creamos una institución. 
La última que creamos es una institución para la igualdad de oportunidades, y la anterior fue una institución para los derechos humanos. 
Como si fueran una garantía de más y mejor reglamentación. 
Son ilusiones que nunca se harán realidad, por lo que sería mejor que la Comisión examinara cómo están regulados estos ámbitos y, por supuesto, cómo afectan a las personas. 
Los ciudadanos se preguntan si es realmente necesario que tengamos tanta legislación, tantas instituciones, etc. Asimismo, no creo que la Comisión necesite nuevas instituciones para supervisar actos legislativos y la revisión de sus proyectos, pues ya disponemos de un Parlamento capaz de cumplir esta función perfectamente. 
Por último, los ciudadanos no van a tener en mayor estima a las instituciones europeas por el hecho de que tengamos una multitud de reglamentos, directivas, etc., sino más bien por actuar con transparencia para beneficiar a los ciudadanos y fortalecer la idea de Europa. 
. – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Gargani por la claridad y el compromiso de su informe. 
Celebro que haya integrado gran parte de mi opinión y que su informe recoja los dos objetivos que propuse, a saber, primero hacer hincapié en que la simplificación es necesaria pero no debe realizarse de cualquier forma y, segundo, afirmar la voluntad del Parlamento de participar plenamente en la estrategia de simplificación. 
No podemos sino acoger favorablemente cualquier iniciativa tendente a hacer el entorno reglamentario más legible y coherente. 
En efecto, es imposible seguir funcionando correctamente con un acervo de más de 80 000 páginas. 
En estas condiciones, ¿cómo hablar de forma creíble a los ciudadanos de accesibilidad y transparencia? 
Por esta razón, en principio hay que apoyar la estrategia de simplificación. 
A plazo nos permitirá disponer de unas normas comunitarias y nacionales más fáciles de aplicar y menos costosas. 
No obstante, la simplificación conlleva también una serie de limitaciones, incluso peligros, y por tanto es conveniente permanecer atentos. 
El informe precisa, en particular, que la simplificación no deba traducirse en una rebaja de las normas, que hay problemas relacionados con la aplicación del acuerdo interinstitucional que rige el procedimiento de refundición y que es necesario, por tanto, aclarar las normas aplicables para evitar conflictos de competencia y obstáculos de procedimiento. 
El informe afirma también con claridad la voluntad del Parlamento de participar plenamente en la estrategia de simplificación y hace hincapié tanto en la necesidad de proteger las prerrogativas del Parlamento como en la adaptación de su Reglamento interno. 
En efecto, la simplificación no puede llevarse a cabo al margen de cualquier control democrático y, en particular, del control del Parlamento. 
En el contexto de la simplificación, el Parlamento también debe reflexionar sobre la mejora de sus procedimientos y sus técnicas legislativas internas. 
Esta cuestión será objeto de un informe específico que estoy encargada de elaborar. 
Por último, en lo que respecta a los medios de regulación alternativos, celebro que el informe exija un marco estricto del recurso a la corregulación y a la autorregulación, porque es fundamental establecer salvaguardias en este terreno. 
. – Señora Presidenta, todas las directivas y reglamentos conforman el Derecho, que es quizás lo principal que nuestros ciudadanos ven o sienten a resultas de nuestra actividad. 
El Derecho es, por decirlo así, nuestro producto principal. 
Pero legislar, especialmente a escala europea, es un proceso –un largo proceso– y no un punto de llegada. 
Este continuo está bien representado por los diversos informes que estamos discutiendo hoy. 
Están los informes Doorn y Frassoni, uno centrado en la legislación y la subsidiariedad, el otro en el control de la aplicación del Derecho. 
Pero nuestros ciudadanos deberían estar al principio, al final y en el meollo de este proceso, ayudándonos a establecer el plan de trabajo, reclamándonos e informándonos cuando tomamos decisiones y supervisando cómo funciona el resultado. 
El informe Doorn se centra especialmente en el uso de la evaluación de impacto. Esto hay que acogerlo realmente con agrado. 
Pero hemos de tener cuidado. 
La evaluación de impacto no puede desplazar la toma de decisiones políticas. 
Por supuesto, necesitamos información completa e independiente de todas las partes y sobre todos los aspectos, no únicamente los efectos en las empresas. 
Nosotros podemos entonces decidir como colegisladores, pero debe ser nuestra decisión, no la de los expertos, ni la de los tecnócratas, interesados o grupos de presión. 
Dénnos toda la información de manera equilibrada y entonces podremos adoptar con total transparencia una decisión política de la que tengamos que responder. 
Ningún número de evaluaciones de impacto o de reimpacto puede sustituir a la democracia. 
Permítanme volver a una de las principales preocupaciones de la Comisión de Peticiones. 
Quizás sea la comisión de esta Cámara que está más en contacto con nuestros ciudadanos. Acuden a nosotros cuando la ley no funciona. 
El trabajo de la Comisión de Peticiones consiste en ayudar a los ciudadanos a destacar los problemas con la aplicación y el control del Derecho de la UE. 
Esta labor debería adquirir un perfil y un reconocimiento mucho mayores, especialmente en el informe anual de la Comisión. 
Por enésima vez, la Comisión de Peticiones ha hecho hincapié en la necesidad de que el procedimiento de infracción de la Comisión sea más robusto, por lo que apoyamos las propuestas formuladas por la señora Frassoni al respecto. 
También me ha complacido oír los comentarios sobre la aplicación realizados por el Presidente Barroso. 
También hemos subrayado el lugar de nuestros ciudadanos en el proceso legislativo. 
A muchos de nosotros nos gustaría que desempeñaran un papel en la iniciativa legislativa, como prevé la iniciativa ciudadana europea en el proyecto de Tratado Constitucional; pero por desgracia, probablemente, este es un asunto para otro día. 
Sin embargo, podríamos asegurar por lo menos que nuestros ciudadanos entiendan lo que hacemos en su nombre. 
Parece haber un amplio apoyo a la propuesta de que todas las directivas y reglamentos estén prologados por un sumario legalmente no vinculante para los ciudadanos. 
En resumen, queremos una legislación que sea accesible en su forma, la manera en que la hacemos y el modo en que la hacemos cumplir. 
. – Señora Presidenta, quiero expresar mi satisfacción en particular con todos los informes. 
Como coordinador de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, quisiera elogiar especialmente a la señora McCarthy por el excelente trabajo que ha realizado, así como a nuestra comisión, que ha celebrado una audiencia sobre este asunto. 
Una de las lecciones que debemos aprender de este ejercicio –y digo esto al selecto grupo de colegas que están aquí– es que «legislar mejor» es una tarea común de todos los diputados a este Parlamento, con independencia de la comisión a la que pertenezcan. 
Es bueno que ampliemos el debate, pero participan demasiado pocas personas. 
La cuestión principal que quiero resaltar hoy, relacionada con las enmiendas que he hecho al informe de la señora McCarthy, que han sido aceptadas por la comisión, es que «legislar mejor» es un proceso. 
Estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho la señora Wallis. 
El problema es que el proceso es difícil, complejo y muy poca gente lo entiende. 
Tenemos que intentar explicarlo y simplificarlo, pero necesitamos explicarlo a nuestro propio electorado así como a la gente de fuera. 
¿Cuánta gente de este Parlamento puede decir realmente que entiende los procedimientos que se han establecido ahora en la Comisión para mejorar la calidad de la legislación? 
¿Cuántos de ustedes saben que sus responsabilidades están sujetas al famoso acuerdo interinstitucional, que fue firmado en esta misma Cámara hace dos años por nuestro entonces Presidente, el señor Cox? 
Sospecho que si se hiciera un cuestionario sobre esto, muchas de sus señorías no tendrían ni idea de cuáles son esas obligaciones. 
Sin duda lo primero que debemos hacer, Señorías, es poner orden en nuestra propia casa; cada uno de nosotros debería tener esa lista de control simplificada. 
Deberíamos decir, cuando la Comisión nos mande una propuesta –y esto sigue siendo una recomendación– que cada propuesta debería venir acompañada de una breve lista de control con los procedimientos que la Comisión ya ha llevado a cabo y los que llevará a cabo en el futuro. 
Si hubiera documentos y evaluaciones de impacto, sin duda deberían adjuntarse. 
Esta es la clase de definición práctica y clarificación del proceso que necesitamos. 
Si no hacemos esto, los ciudadanos de fuera perderán fe en el proceso. 
El proceso de «legislar mejor» es vital para el futuro de toda la manera en que trabajamos aquí. 
. – Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes y a aquellas personas que han elaborado informes de opinión y, en particular, por haber estado de acuerdo en celebrar hoy este debate sobre ellos en esta Cámara. 
Este debate conjunto nos permite ver todos los aspectos que hemos de debatir hoy con los títulos de «mejor reglamentación» o «legislar mejor». 
He de admitir que cada vez me es más difícil obtener una perspectiva general de este debate. 
A menudo no se puede ver nada detrás de las palabras bien intencionadas que oímos y con las que ya estamos familiarizados. 
A veces también sospecho que este debate sobre «legislar mejor» pretende distraernos de nuestras auténticas funciones como legisladores y servir de pretexto para la inactividad de los legisladores de la Comunidad o para que una mejor reglamentación signifique desregulación. 
En estos momentos, todo esto se ha vuelto tan desconcertante que una está tentada de pedir un proceso de «mejor reglamentación del proceso de mejor reglamentación» o que se evalúe el impacto de la evaluación del impacto. 
Agradezco a los ponentes que hayan elaborado algunas medidas muy claras, a pesar de toda esta niebla, en particular a la señora Frassoni por su informe con sus propuestas concretas para un mejor seguimiento del proceso de la transposición del Derecho comunitario, para unos procedimientos de infracción más rápidos y una mayor transparencia para los ciudadanos que presentan quejas. 
Al fin y al cabo, no se puede admitir que miembros del público presenten una queja, o que la Comisión abra procedimientos de infracción para ver a continuación cómo se interrumpen bruscamente sin que se dé ninguna información real a los ciudadanos de por qué ha sucedido esto. 
A menudo, esto les sitúa en desventaja en causas pendientes a escala nacional, por lo que se pide más transparencia al efecto. 
Sobre todo, acojo positivamente las propuestas del señor Doorn, en especial las que se refieren a la evaluación de impacto. 
Estamos de acuerdo con él de que es necesario también evaluar el impacto de los actos de comitología, y con la idea de que la evaluación de impacto esté sujeta a una revisión independiente, es decir, independiente de la Dirección General, pero que no es necesario que se lleve a cabo fuera de la Comisión. 
La Comisión tiene su responsabilidad política y no hay que pedirle que renuncie a ella; en realidad, en este caso concreto, no tiene la intención de hacerlo realmente. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con el señor Doorn en la cuestión de las evaluaciones de impacto obligatorias para las enmiendas propuestas en esta Cámara y en el Consejo. 
No creo que como legisladores tengamos que permitir en este sentido que se nos coaccione y silencie. 
Una buena evaluación de impacto realizada por la Comisión también permitirá evaluar los efectos de las enmiendas y también hay que reconocer la aplicación voluntaria de la evaluación de impacto, de la cual, tal como hemos oído, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ya ha hecho uso, y las demás comisiones también deberían estudiarlo. 
Lo que es válido para una mejor reglamentación es válido para el resto de buenas intenciones y las demás cosas en esta vida: no sirve de nada si no se hace algo en vez de limitarnos a hablar sobre ello. 
. – Señora Presidenta, he defendido durante muchos años la necesidad de legislar mejor, especialmente en mi comisión, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Necesitamos una evaluación de impacto mejor y más completa y tenemos que ver si la legislación es realmente necesario a nivel de la UE, o es mejor dejarla en manos de los Estados miembros en muchos casos. 
Si es necesaria, habrá que efectuar el debido análisis de costes y beneficios de las empresas, incluidas las pequeñas, así como de la mano de obra. 
Me gustaría que las evaluaciones de impacto fueran realmente independientes, más de lo que bastante a menudo lo han sido hasta ahora: una justificación de la necesidad de legislar. 
Una vez aprobada la legislación, también hay que aplicarla, como hemos dicho todos, en todos los Estados miembros. 
Si no se aplica, ¿es porque no es viable? 
Si no es viable, entonces, como ha dicho la Comisión, hay que revocarla. 
Finalmente, hemos de asegurar que cumpla el acuerdo interinstitucional sobre «legislar mejor». 
En una respuesta que dio hace poco, la Comisión admitió justamente que se había progresado muy poco. 
. – Señora Presidenta, Señorías, ante todo quisiera decir al Presidente Barroso que lo que se ha decidido hoy sobre la energía demuestra que querer es poder y que por tanto «quisiéramos» que «pudiera» más veces, en particular en los ámbitos de la política de protección del medio ambiente, de los consumidores y de la salud. 
Pero este es un mensaje obvio. 
Señor Winkler, he observado con pesar que no ha dicho ni una palabra sobre la cuestión de la aplicación del Derecho, cuando es un tema que concierne ante todo a los Estados miembros. 
Creo además que sería interesante conocer el parecer del Consejo sobre la posibilidad de reabrir las negociaciones sobre el acuerdo «legislar mejor» por lo que respecta a la parte relativa a la aplicación del Derecho, que anteriormente fracasaron miserablemente. 
Además, por lo que se refiere a la evaluación de impacto, no oculto mi preocupación por el hecho de que este tema se esté convirtiendo en una especie de mito, una fórmula mágica que como tal debería mejorar la legislación basándola en fuentes científicas e imparciales. 
Personalmente soy escéptica en este punto. 
En efecto, me preocupa que este tema esté adquiriendo demasiada importancia, sobre todo porque algunas de las propuestas contenidas en los informes –en especial en el de la señora McCarthy, pero no solo– introducen elementos burocráticos que realmente serían complejos de administrar, sobre todo por parte de la Comisión. 
Esta duda hace que mi Grupo se sienta muy feliz de que hayamos aplazado la votación, porque así tendremos la posibilidad de revisar la situación para llegar a un acuerdo. 
Además, los elementos de los que todos hablan y que se consideran cruciales para una evaluación de impacto, incluidos los costes administrativos, el exceso de burocracia y los costes excesivos para las empresas, sean reales o supuestos, son en sí mismos una elección política. 
Les daré un ejemplo, señor Barroso y señor Verheugen: bastó una carta de la UNICE para recortar drásticamente la estrategia sobre la calidad del aire a pesar de una evaluación de impacto que costó dos millones de euros y en la que se decía que no debían contemplase solo los costes para las empresas, sino también los costes para la salud de las personas. 
Por tanto, al final, incluso las evaluaciones de impacto son opciones políticas y por consiguiente yo pediría que no tuvieran un carácter tan prioritario y completamente exagerado con respecto a los demás aspectos de la ley. 
Me gustaría dedicar unas últimas palabras a la cuestión de la corregulación y la autorregulación. 
Quisiera que la Comisión estudiara cómo han funcionado estos procedimientos, porque según nuestro análisis no han funcionado, ya que la capacidad de las empresas para ajustarse a los acuerdos de autorregulación ha sido considerada bastante insatisfactoria por las propias empresas. 
. – Señora Presidenta, es muy lamentable que solo parece haber un lema en todo el debate sobre la subsidiariedad y la forma de legislar mejor, en concreto un mayor crecimiento económico y más competencia mediante un menor número de normas y reglamentaciones. 
Esto crea la ilusión de que, en particular en el entorno regulador, hay que prestar más atención a la subsidiariedad en ámbitos como la protección social, el medio ambiente y la protección del consumidor. 
Todo esto encaja con la mentalidad neoliberal según la cual menos normas y reglamentaciones son, por definición, algo positivo. 
La realidad, sin embargo, nos demuestra que son esas mismas normas europeas sobre el venerado mercado interior las que hacen que la vida sea difícil para los ciudadanos europeos. 
Por ejemplo, son esas normas las que exigen que un pequeño municipio del norte de los Países Bajos solicite la autorización de la Comisión Europea antes de que pueda instalar una red de cable de fibra óptica para sus propios ciudadanos, o que consideran que el apoyo gubernamental de la Ciudad de Amsterdam al zoológico local es una distorsión de la competencia. 
No es de extrañar que los ciudadanos de los Países Bajos hayan perdido toda su fe en una mayor ampliación de las competencias de Bruselas y en la propuesta de Constitución que aprobó y respaldó este proceso, y procedieran, por lo tanto, por inmensa mayoría, a tirar ese documento a la papelera. 
La realidad es que la subsidiariedad ha sido un concepto vacío durante mucho tiempo. 
Las instituciones europeas, encabezadas por esta Cámara, en contadas ocasiones, si es que lo hacen, cuestionan si la interferencia europea en un determinado ámbito contribuye positivamente al bienestar de los ciudadanos y el medio ambiente. 
Al contrario, un rosario constante de normas y reglamentaciones europeas sigue socavando la autoridad de los Gobiernos nacionales y regionales. 
El ejemplo que voy a dar al respecto es la Directiva de servicios, que, incluso en su forma modificada, erosionará gravemente la autonomía de las autoridades municipales en el ámbito de las licencias o la prestación local de servicios. 
En pocas palabras, aunque hay que acoger con satisfacción un debate sobre la calidad y la subsidiariedad de la legislación europea, es completamente ingenuo suponer que eliminando un puñado de normas o llevando a cabo evaluaciones de impacto se pueden resolver los problemas fundamentales de interferencia de Bruselas. 
Para que esto ocurra, las normas del mercado interior deberán, en primer lugar, revisarse de arriba abajo. 
. – Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Presidente de la Comisión y al Presidente en ejercicio del Consejo, así como a nuestros ponentes, por la manera en que se han comportado respecto al debate de hoy. 
Es obvio que hay problemas con nuestro proceso legislativo; hay dificultades que todos podemos reconocer y ver en nuestras vidas laborales diarias. 
Una de las cosas que necesitamos de manera más clara e importante es la codificación y simplificación del cuerpo legal existente –el acervo comunitario–, no solo para garantizar que las empresas puedan operar más libre o adecuadamente en todo el mercado interior, sino también para que los ciudadanos reconozcan en qué aspecto se protegen sus derechos; que hay reglas claras y definidas que garantizan que las grandes empresas no puedan pasar por encima de los derechos de los trabajadores; que los consumidores no puedan ser pisoteados por las decisiones adoptadas por entidades financieras ni de ningún otro tipo. 
Esa es la razón por la que durante muchos años en el Parlamento hemos intentado aplicar esta idea de la evaluación de impacto con respecto a cualquier legislación, para probarla antes de que se convierta en ley, para ver su necesidad y entender completamente cuál será su impacto cuando finalmente se transponga en ley. 
Sin embargo, cuando se observa toda la cuestión de la legislación, las mayores dificultades y los mayores culpables se encuentran en el nivel de los Estados miembros, en la transposición del Derecho europeo aprobado. 
Esto pasa cuando los Gobiernos ya han estado representados en el proceso de toma de decisiones, cuando ya han intervenido el Parlamento y la Comisión, pero cuando llega el momento de la transposición hay una dificultad debido a una disputa política interna o al miedo a una reacción en contra en este ámbito político. 
Creo que sería un error que la Comisión se representara a sí misma meramente bajo el disfraz de terrible ejecutor contra los Estados miembros, porque a veces hay fallos y errores en la legislación que deben corregirse y para ello se requiere flexibilidad. 
Mi última observación es que cuando se establezca cualquier grupo de trabajo o de expertos para legislar mejor, es fundamental hacer que participen los que practican la política, no solo los tecnócratas o ponentes parlamentarios, sino los mismos políticos que pueden entender cómo hay que vender esto al público y hacerlo cumplir en el plano local. 
. – Señora Presidenta, en estos momentos únicamente especialistas selectos son capaces de leer la legislación comunitaria y descifrar la normativa legal vigente en un ámbito determinado. 
Cada pastor debe saber dónde esta cada una de sus ovejas, pero ninguna institución de la UE conoce con precisión cuántas leyes tenemos. 
Hemos creado unas 20 000 normas que llenan más de 100 000 páginas. 
La normativa legal vigente que rige, por ejemplo, el ámbito de la pesca se puede encontrar en más de 70 reglamentos diferentes. 
¿Por qué no integrar todas las normas que rigen el mismo tema en una sola ley? 
De esta forma, los propios ciudadanos podrían ver y leer la ley resultante, que es el primer requisito para que puedan influir. 
Se pueden utilizar caracteres en negrita para llamar la atención sobre las enmiendas que se proponen, y las palabras que hay que suprimir se podrían escribir en cursiva. 
Así, todos podrían ver cuál es el objetivo de la propuesta. 
También adoptaremos el principio democrático de nuestras propias constituciones, en concreto, que en el futuro no sea posible adoptar ninguna ley comunitaria sin que se haya aprobado aquí en el Parlamento Europeo. 
Con estos mecanismos, la legislación de la UE podría autorizar la cuestión de las notificaciones, pero dicho instrumento podría reconsiderarse sobre la base de una mayoría simple en el Consejo y el Parlamento. 
Hay que suprimir asimismo todos los procedimientos en comisión en los que una minoría se une a la Comisión para legislar en contra de la mayoría en los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Es absurdo que la Comisión haya podido aprobar los cereales genéticamente modificados cuando, al conocer sus ciudadanos lo que se había decidido entre bastidores, 14 de los 15 países se opusieron a dicha aprobación y el que hacía 15 también se declaró finalmente en contra. 
Si toda la legislación se abre a los ciudadanos, también obtendremos mejores leyes. 
– Señora Presidenta, la Comisión Europea controla la aplicación del Derecho comunitario con carácter anual. 
En estos momentos estamos debatiendo los informes anuales nº 21 y 22 de la Comisión. 
Para tener una idea de la envergadura del problema hay que señalar que existen unos cuatro mil procedimientos de infracción. 
Se ha emitido un denominado dictamen razonado para casi mil de ellos, y más de 400 se han remitido al Tribunal de Justicia. 
Es de lamentar que la Comisión haya presentado con retraso el 22º informe anual. 
No se presentó hasta enero de 2006 y, por consiguiente, el Parlamento solo pudo remitirse a parte de la información de la Comisión para 2004 en su resolución. 
Paradójicamente, se podría decir que cuantas más quejas, mejor. 
Esto es debido a que las quejas indican que los ciudadanos de los Estados miembros ejercen una función importante en el proceso de control y, por lo tanto, también en la actividad legislativa de la Unión. 
Las quejas de los ciudadanos no tienen un carácter simbólico. 
Forman parte del proceso de creación de una Europa para los europeos y, en general, son una forma eficaz de controlar la aplicación del Derecho comunitario. 
Las comisiones del Parlamento Europeo han de controlar de cerca la aplicación del Derecho comunitario, en particular en situaciones en que se exige al ponente correspondiente que participe activamente en el control de la aplicación de una determinada disposición jurídica en cada uno de los Estados miembros y también, por supuesto, cuando se da el caso de pedir que se actúe sin demora si se observan infracciones. 
La eficacia del proceso ha de mejorarse mediante la abreviación del procedimiento interior, tal como se ha previsto correctamente en el proyecto de resolución del Parlamento Europeo. 
También sería adecuado autorizar a los distintos Comisarios a que ejerzan el control directo en la transposición de las disposiciones comunitarias en el Derecho nacional dentro de los plazos establecidos. 
Esto se podría lograr autorizando a los Comisarios a que reclamen directamente a los Estados miembros que se aborden los incumplimientos dentro de su esfera de competencia. 
. – Señora Presidenta, usted me permitió contribuir de forma práctica a mejorar los procedimientos legislativos al concederme el privilegio de reunirme con la Conferencia de Presidentes y mantener conversaciones exhaustivas con ellos sobre actos jurídicos, y esto es, sin lugar a dudas, sumamente relevante para este debate. 
En todo caso le agradezco su comprensión. 
Quiero decir algo, muy brevemente, sobre una o dos de las cuestiones que hemos abordado en este debate. 
Un gran número de oradores tenían algo que comentar sobre la cuestión de la comitología. 
En Austria existe un refrán en este sentido que dice que no hay que cloquear a los huevos que aún no se han puesto, pero bajo la Presidencia austriaca hemos retomado la cuestión de la comitología con gran firmeza. 
Ya hemos mantenido dos rondas de negociaciones exhaustivas con los representantes nombrados por la Cámara, la última de las cuales se ha celebrado hace un par de horas. 
Después de varios años, creo que ahora nos encontramos en el camino correcto para encontrar una solución con la que tanto el Consejo y el Parlamento pueden quedar satisfechos. 
En todo caso, sea cual sea el resultado, será una mejora de la situación actual, ya que, huelga decir, el Parlamento dará su opinión sobre estos actos legislativos que se aprueben por el procedimiento de codecisión con su acuerdo y el del Consejo. 
No estamos lejos de llegar a una solución y espero que, finalmente, consigamos solucionarlo a finales de este periodo de seis meses. 
Esto ayudará a mejorar nuestros procesos legislativos. 
Naturalmente, la señora Frassoni tiene razón en lo que tenía que decir sobre la aplicación de la ley y su importancia. 
Es un asunto que compete a los Estados miembros más que al Consejo como tal –en cuyo nombre, por supuesto, estoy hablando– pero, naturalmente, los distintos Estados miembros se esfuerzan en lo posible, en sus conversaciones con la Comisión, por encontrar procedimientos más adecuados para garantizar que se aplique la ley. 
Nosotros también –y con esto me refiero a «nosotros los austriacos» – estamos, por supuesto, tan afectados por esto como cualquier otro Estado miembro; los procedimientos de infracción nos afectan de la misma forma que a ellos. 
Hablando como abogado, puedo decir que todas las leyes necesitan, desde luego, una maquinaria por medio de la cual se puedan poner en práctica; esto es importante, y también nos esforzamos por prestar más atención a la Comisión y encontrar mejores procedimientos para ejecutar y aplicar la ley. 
Que esto no lo haya dicho en nombre del Consejo no significa, naturalmente, que la aplicación y ejecución de la ley sean menos importantes que el propio proceso legislativo. 
Por supuesto, la cuestión relativa a la legislación y la revisión de los actos legislativos que ya han sido aprobados ocupa un lugar destacado en las consideraciones del Consejo. 
– Señora Presidenta, no puedo evitarlo, pero cuando veo el nombre de Winkler ahí arriba, pienso inmediatamente en Henry Winkler: ¿recuerdan al tipo que hizo de Fonzie en Días Felices? 
¡Es bueno tener a un Ministro austriaco haciendo el papel de Fonzie, dando ánimos para que se legisle mejor! 
La primera, de la que tratamos ayer, tenía que ver con la transparencia y la apertura del Consejo; la segunda es este debate sobre la mejora de la regulación y la legislación, y la última que tenemos esta tarde versa sobre la ciudadanía. 
Apoyo todas estas iniciativas; creo que son magníficas; creo que el trabajo hace que el Secretario General en la Comisión con el señor Ponzano es sumamente bueno y quisiera recomendar los cuatro informes que tenemos hoy sobre la mesa. 
Dicho esto y teniendo en cuenta que hablamos de legislar mejor, cuando empecé a leer los informes me sentí un poco intranquilo. 
Les explicaré lo que quiero decir. 
Creo que hay aquí un problema de comunicación. 
La señora Frassoni ha elaborado un magnífico informe, pero el apartado 18 «señala que la red SOLVIT ha demostrado su efectividad en el mercado interior como mecanismo no judicial complementario que ha aumentado la cooperación voluntaria entre Estados miembros... ». 
Es todo cierto, pero si usted permanece sentado tratando de escucharlo, no necesariamente va a entender lo que significa. 
El señor Doorn, sobre la mejora de la legislación, en el apartado 5, «considera que el procedimiento Lamfalussy es un mecanismo útil y que la convergencia de las prácticas de supervisión es fundamental; se congratula por la labor de los comités de nivel 3 al respecto y apoya la solicitud de disponer de los instrumentos adecuados» ; estupendo. 
Después, el informe McCarthy –que creo que es el más claro– señala en el apartado 6 que «pide que la Comisión lleve a cabo evaluaciones del impacto tanto ex-ante como ex-post en materia de legislación para ayudar a identificar si se han alcanzado objetivos políticos clave» , y el informe Gargani hace exactamente lo mismo. 
Lo que intento decir es que necesitamos una normativa mejor, legislar mejor, pero de manera que tenga que ver con la simplificación y que entendamos lo que decidimos y que la gente entienda lo que intentamos decidir. 
Esto es lo que significa mejorar la normativa; así que necesitamos mejorar el lenguaje. 
¡No puedo imaginarme cómo ha sonado esto en la interpretación finesa! 
– Señora Presidenta, Señorías, tras la apariencia de un debate técnico se oculta un debate de gran calado político. 
Necesitamos legislar mejor, no cabe duda, pero sin desregular y sin dejar de lado al propio legislador. 
A este respecto, quiero expresar mis grandes reservas con respecto a determinados mecanismos, incluidos los mecanismos de regulación alternativos, como la regulación y la autorregulación. 
Cumplen su función, pero, a mi entender, en interés de los ciudadanos y los consumidores esos recursos no deben sustituir en ningún caso a la ley, que confiere derechos pero también deberes y constituye así la herramienta democrática más legítima. 
Por lo que respecta a la consulta previa al proceso legislativo, pido a las tres instituciones que organicen, junto con los operadores económicos, la participación efectiva de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en toda su diversidad. 
En efecto, es responsabilidad de los poderes públicos apoyar la organización de estos agentes en toda Europa, es decir, las asociaciones de consumidores, las de usuarios de servicios públicos, las de lucha contra la exclusión o las de educación comunitaria. 
Por último, permítanme un comentario sobre el programa permanente de simplificación, que supuestamente facilita la Estrategia de Lisboa. 
Me sorprende que incluya como principio prioritario la refundición del reglamento sobre la agricultura biológica, cuando los productores del sector no piden tanto y cuando al mismo tiempo se han retirado del programa legislativo propuestas tan importantes como las relativas al régimen de las sociedades mutuas y la Asociación Europea. 
– Señora Presidenta, estoy bastante de acuerdo con quienes aquí piensan que un régimen de adelgazamiento le iría bien a la Europa de la reglamentación, una Europa puntillosa con los principios, pero por desgracia más permisiva con el seguimiento de la transposición y la buena aplicación de nuestra legislación. 
Una cosa está clara: diez años después del lanzamiento del programa SLIM, y a pesar de la firma, hace dos años, del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» , todavía nos queda un largo camino por recorrer. 
Todavía no hemos puesto freno al apetito legislativo de la Unión. 
Por tanto, estoy encantada de que la Comisión nos proponga hoy este régimen equilibrado: tres condiciones para que este plan de trabajo funcione, fortalezca a la Unión y la acerque a los europeos. 
Se ha dicho que Europa debe legislar únicamente cuando pueda hacerlo mejor que otros niveles de autoridad. 
Como acaba de decir el señor Stubb, desde Canarias hasta Escandinavia, pasando por Bruselas, debemos dejar de utilizar de una vez por todas la jerga europea y hablar y escribir leyes en el lenguaje más comprensible para todos aquellos a los que va destinada. 
Hay mucho más ejemplos. 
En tercer lugar, este régimen de adelgazamiento que queremos, y que quieren también las PYME, en particular, no es un régimen informal y no intervencionista. 
Regular mejor, hay que subrayarlo, y con esto concluyo, señora Presidenta, no equivale a falta de ambición. 
Estoy de acuerdo con la señora Frassoni: al destacar este último punto pienso en REACH, por ejemplo. 
– Señora Presidenta, felicito a todos nuestros ponentes por su esfuerzo colosal de hoy y me voy a centrar brevemente en dos cuestiones: La transparencia del Consejo y el informe del señor Doorn sobre la subsidiariedad. 
Como escuchamos ayer, la falta de transparencia en el Consejo sigue siendo la viga en nuestro propio ojo; sigue siendo la causa principal de tanto descontento con la legislación de la UE en general. 
Seguramente el Consejo puede dar más pasos hacia la apertura al público de reuniones significativas. 
Actualmente solo La Habana y Pyongyang funcionan de manera tan opaca. 
Deberíamos hacerlo mejor en el siglo XXI. 
Para profundizar más, y volviendo a la subsidiariedad y especialmente a los apartados 25 a 29 del informe del señor Doorn, pongo a mi país, Escocia, como ejemplo de la oportunidad fallida que representa actualmente la subsidiariedad. 
Escocia forma parte en la actualidad de un Estado miembro no conocido por su compromiso entusiasta con la UE y sin embargo nuestro Parlamento de Edimburgo sería un socio entusiasta en la mejora de la legislación de la UE. 
Nuestro Parlamento es totalmente responsable de la salud, el medio ambiente, la justicia, la educación, la pesca, la agricultura y muchos más aspectos, pero la visión de la subsidiariedad que tiene la UE se detiene con demasiada frecuencia en los Estados miembros cuando, de hecho, el socio más relevante puede ser perfectamente mucho más local. 
Me asociaría a todas las recomendaciones del señor Doorn sobre evaluaciones del impacto, aunque me hago eco de los comentarios de la señora Wallis sobre el compromiso político y subrayo que ese compromiso debe ser tan local como sea posible. 
Quizás veamos entonces que la subsidiariedad empieza a funcionar en bien de la mejora de la legislación de la UE en el futuro. 
– Señora Presidenta, no creo que este debate se pueda reducir a un debate sobre la calidad de la legislación. 
También hay que debatir la cantidad real de legislación comunitaria. 
El número de leyes comunitarias se ha incrementado de forma espectacular en los últimos años y la UE está ahora legislando en una gran cantidad de nuevos ámbitos. 
Al mismo tiempo, es extremadamente inusual que la UE devuelva su derecho de toma de decisiones a los Estados miembros o que revoque la legislación. 
La combinación de un gran volumen de legislación y su calidad deficitaria derivan en una falta de claridad y hacen que sea difícil ejecutar la legislación en la práctica. 
En cuanto a la calidad, son muchas las cosas que se pueden hacer ahora y los informes incluyen propuestas al respecto. 
Se puede revocar toda la legislación obsoleta. 
Hay otra que se puede simplificar y otra parte que se puede refundir y consolidar. 
Todo esto está muy bien, pero se requiere otra forma de enfocar la labor legislativa. 
Al determinar la dirección que ha de tomar la legislación, es necesario que nos centremos más en los objetivos y menos en los pormenores y dar a los Estados miembros una mayor libertad para elegir cómo han de aplicar los objetivos que se han fijado. 
Los análisis de impacto están muy bien, pero no siempre es fácil evaluar lo que queremos evaluar. 
Con más frecuencia de lo habitual, es mucho más sencillo evaluar factores económicos sencillos que por ejemplo factores medioambientales. 
Ya hablamos de esto con motivo del debate sobre la política relativa a los productos químicos, REACH. 
Era fácil evaluar los costes para una empresa, pero difícil evaluar las enormes ventajas desde el punto de vista de la salud pública y la disminución del sufrimiento humano al haber menos enfermedades. 
Esto significa que es necesario poner especial cuidado en este ámbito. 
Si realmente lo que se quiere es simplificar las cosas, hay que reducir el número de leyes comunitarias, y el ámbito con mayor exceso de regulación es la política agrícola, donde la mayor parte de los asuntos se pueden devolver a los Estados miembros y donde se pueden suprimir miles de leyes. 
Varios oradores se han referido a la Constitución europea. 
Lo que ocurre es que estos problemas se habrían agravado al aumentar el poder de la UE y al hacer que fuera más fácil para la UE asignarse nuevas competencias legislativas y poder legislar en ámbitos en los que no debe implicarse. 
Por lo tanto, ahora también hay que dar las gracias a los votantes neerlandeses y franceses. 
– Señora Presidenta, la habilidad del legislador se demuestra no solo por la capacidad de elaborar leyes sensatas, sino también por la capacidad de abstenerse de regular aquello que no hace falta regular. 
Por consiguiente, las declaraciones del informe sobre la ampliación y el ajuste de los principios para evaluar el coste y el impacto de la legislación merece un fuerte apoyo. 
En el informe se hace referencia al impacto negativo de los compromisos políticos sobre el desarrollo del Derecho europeo. 
La Directiva sobre servicios es un caso ilustrativo. 
Cada una de las partes del debate mantiene que ha ganado la partida. 
Para los socialistas, la señora Gebhardt sostiene que ha dado la vuelta a la Directiva, mientras que para los conservadores, el señor Harbour se congratula de haber logrado un excelente compromiso. 
¿Quién está equivocado? 
¿Quizá nadie lo está? 
Puede que hayamos llegado a un documento que consiste en docenas de disposiciones contradictorias con la esperanza de que incluirá algo para todos. 
Esto equivale a una terapia de relajación para los Estados miembros, la Unión en su conjunto y también para esta Cámara. 
Sin embargo, estamos acallando nuestras consciencias en detrimento de los ciudadanos, los empresarios y la calidad de nuestra legislación. 
– Señora Presidenta, además de los informes sobre «legislar mejor» que son el tema del debate de hoy, quiero hacer unas observaciones sobre la función de las evaluaciones de impacto. 
Deduzco de lo que ha dicho el señor Doorn que está a favor de que se lleve a cabo una prueba aleatoria mediante un grupo de expertos autorizados. 
Apoyo plenamente la idea subyacente. 
Igual que él, pido un comité realmente independiente que no esté compuesto por representantes de las tres instituciones. 
Se pueden encontrar ejemplos en los Países Bajos, en forma del comité que supervisa los informes de impacto ambiental. 
Si uno ha tenido algunos encuentros dolorosos con dicho grupo, está obligado a adecuar sus actos la próxima vez. 
También quiero añadir que la legislación siempre es un proceso de aprendizaje, pero la descripción explícita que se hace en el considerando J del informe del señor Doorn es, a mi entender, demasiado negativa. 
Hacemos lo que podemos para aprobar una legislación de calidad. 
Es inevitable que en algún momento lo entendamos mal, pero considerarlo un objetivo desde el principio me da la impresión que es llevar las cosas demasiado lejos. 
– Señora Presidenta, es usted una eminente especialista en el Japón antiguo de la era Tokugawa, durante la cual se mantenía al pueblo deliberadamente en la ignorancia de las leyes consideradas secreto de Estado, cuyo conocimiento se reservaba a un reducido número de grandes señores, pues se pensaba que de esta manera el pueblo observaría un respeto mucho mayor por unas normas que ignoraba por completo. 
Pues bien, a veces me pregunto si no nos inspiramos en esta antigua legislación japonesa. 
En realidad, Señorías, creo que la complejidad del Derecho europeo es el efecto perverso de una dinámica de grupo en la que participamos todos. 
¿En qué consiste? 
En primer lugar, la iniciativa corresponde a la Comisión, pero detrás de cada Comisario se encuentran evidentemente la Dirección General y los funcionarios que la integran. 
Después, se pasa al Consejo. 
Teóricamente, el Consejo está integrado por Ministros. 
Estos se ponen de acuerdo en torno a un texto, a condición de que cada una de sus burocracias respectivas encuentren en él todas las normas que deben figurar en el proyecto común, y después el texto se remite al Parlamento y el Parlamento designa a un ponente. 
Naturalmente, el ponente, como es perfectamente legítimo, quiere que su nombre pase a la historia. 
Ahora bien, su nombre tendrá más posibilidades de ser recordado si añade normas que si las quita, por no hablar de los diputados que presentan enmiendas, del importante papel que desempeñan los grupos de presión, etc. Así concebimos, Señorías, un verdadero monstruo de normativa. 
Hace 17 años que estoy en este Parlamento y desde el primer año que ocupé un escaño había ya un debate sobre la simplificación del Derecho comunitario. 
Tengo la impresión de que estamos exactamente en el mismo punto que hace 17 años, con la única excepción de que la situación se ha agravado aún más. 
¿Qué hace falta entonces? 
Debemos ponernos de acuerdo sobre el sentido de los términos que empleamos. 
Sería necesario un verdadero diccionario de Derecho comunitario, un código como el Código Civil, el Código Mercantil o el Código Penal, que esté organizado racionalmente, dividido en títulos, subtítulos, capítulos, secciones y artículos, de modo que cuando trabajemos sobre un texto sepamos de antemano que vamos a modificar tal o cual artículo. 
En resumen, hace falta un gran esfuerzo de simplificación. 
Me temo que a pesar de la buena voluntad expresada por los ponentes, no estemos ni mucho menos allí. 
Muchas gracias. 
– Señora Presidenta, Comisario Verheugen, quiero empezar aprovechando esta oportunidad para dar las gracias a todos los ponentes por su labor constructiva sobre esta cuestión, que no solo preocupa a los compadres de la taberna, sino también cada vez más a los políticos. 
Lo que he encontrado especialmente reconfortante sobre este debate ha sido la intervención del señor Gollnisch, en la que ha efectuado un ruego vehemente de que se establezca la Constitución Europea, algo que es obvio que compartimos y de lo que yo no era consciente hasta ahora. 
En realidad, también creo que con la Constitución Europea estaríamos en mejores condiciones en el ámbito de la legislación normativa que ahora. 
Me alegra que trabajemos juntos en este tema. 
Creo que hemos de tener siempre presente con respecto al proceso de «legislar mejor» que el objetivo de todos estos informes sobre el tema no es, por supuesto, mejorar la familiaridad del ciudadano con los textos jurídicos, sino proporcionar a los Estados miembros un texto sencillo para ayudar a su transposición. 
Por consiguiente, es necesario tener claramente presente nuestro objetivo cuando nos enfrentamos a estos retos. 
Naturalmente, en este determinado contexto –y no pretendo ser irónico en modo alguno cuando digo que he de estar de acuerdo expresamente con el orador precedente por esta vez sobre este punto en particular–, nos quejamos de que nuestro proceso legislativo no es transparente en el ámbito de la comitología. 
Se ha criticado este proceso legislativo en esta Cámara de vez en cuando. 
Por esta razón, estoy convencido de que necesitamos un riguroso examen externo de la legislación europea, cosa que la propia Comisión no puede llevar a cabo. 
La cuestión que se plantea es si debe ser tarea de una agencia; aunque todos ustedes conocen nuestras reservas sobre la creación de más agencias: «ningún incremento de la burocracia para reducirla» , o por otras autoridades externas. 
En todo caso, el Parlamento debe participar en la elección de estas autoridades externas. 
Por lo tanto, los cuatro informes que estamos debatiendo hoy también brindan un excelente punto de partida para llegar a una posición común entre el Parlamento y la Comisión, y posiblemente incluso el Consejo, sobre esta cuestión. 
– Señora Presidenta, la mejora de la labor legislativa en la Unión exige disposiciones sensatas formuladas con más transparencia, y también una ejecución y aplicación más rápida y efectiva de estas disposiciones. 
Siguen existiendo demasiados casos de ejecución indebida del Derecho comunitario. 
Esto se debe, en parte, a la mala calidad de las disposiciones y, en parte, a la acción deliberada de los Estados miembros, 
Asimismo, los tribunales nacionales de muchos Estados miembros siguen siendo reticentes a aplicar el principio de la primacía de la legislación comunitaria. Si se considera que la legislación de la Unión no es vinculante para todo, y su transposición y aplicación depende enteramente de la buena voluntad del Gobierno, las consecuencias pueden ser la renacionalización objetiva de la política comunitaria, tal como destaca con razón la señora Frassoni en su informe. 
Es evidente que esto perjudicaría al mercado interior y a todo el acervo. 
La falta de uniformidad de la transposición también puede dar lugar a la aplicación incorrecta de la legislación de la Unión si se aplican disposiciones diferentes en países diferentes, socavando así la credibilidad de la Unión. 
Si no somos capaces de presionar a los Gobiernos de los Estados miembros para que transpongan como es debido la legislación de la Unión, no podemos esperar que los ciudadanos crean que las instituciones de la Unión, como la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo, defienden eficazmente los derechos de los ciudadanos derivados del Derecho comunitario. 
– Señora Presidenta, el Parlamento Europeo tiene que ser el portador oficial de la mejora de la labor legislativa. 
El trabajo del Parlamento Europeo ha de ser transparente y estar claramente formulado y, en particular, hemos de suprimir las barreras administrativas de la legislación europea. 
Por lo tanto, apelo al liderazgo del Parlamento para que se garantice que nuestra labor legislativa se coordine mejor para que no terminemos otra vez en una situación en que las comisiones proponen enmiendas que se contradicen unas con otras. 
Al mismo tiempo, hemos de dar prioridad a la seguridad jurídica y a la previsibilidad para nuestros ciudadanos y no dejar que las autoridades o el Tribunal de Justicia Europeo tengan demasiadas facultades discrecionales. 
El Presidente del Consejo Europeo –el Canciller austriaco– ha acusado al Tribunal de Justicia Europeo de arrogarse demasiado poder. 
Sin embargo, el Tribunal solo está desempeñado su trabajo, puesto que los legisladores no lo estamos haciendo demasiado bien. 
Por desgracia, me temo que con la Directiva de servicios estamos en el proceso de repetir errores anteriores y que estamos dejando que el Tribunal de Justicia Europeo tenga un margen de interpretación demasiado amplio. 
Se trata de un ámbito en el que todos hemos de hacerlo mejor en segunda lectura. 
– En mis reuniones con las partes interesadas del mercado interior, a menudo he escuchado críticas a la legislación europea vigente. 
Una legislación mal elaborada dificulta a menudo la transposición de los proyectos en los ordenamientos jurídicos de los Estados correspondientes. 
Los participantes en la audiencia pública sobre este asunto, incluido el Comisario Verheugen, han confirmado que la ambigüedad del texto a menudo causa inseguridad jurídica o, alternativamente, distorsiona y fragmenta el mercado interior, mermando la capacidad de los consumidores y de las empresas para aprovechar a fondo sus ventajas. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción las recomendaciones de la ponente, la señora McCarthy, para que la Comisión continúe consolidando, simplificando y codificando la legislación comunitaria a fin de que sea más fácil de entender. 
No hace falta decir que hay que aplicar la norma de que las mejoras en la legislación no deben menoscabar las normas ambientales, sociales o de protección del consumidor. 
Basándome en mi experiencia en la elaboración del informe relativo a la financiación de la normalización europea, estoy totalmente de acuerdo con la ponente de que solo una legislación buena, clara y, sobre todo, sencilla en materia de mercado interior beneficiará a los ciudadanos, los consumidores y las empresas, contribuyendo a que la Unión Europea fortalezca su posición con respecto a los competidores en la economía mundial. 
Señorías, estoy convencida de que una mejor reglamentación aportará la base para las iniciativas de las instituciones europeas en la creación de puestos de trabajo y la generación de crecimiento en la UE al amparo de la Estrategia de Lisboa revisada. 
Para concluir, quiero agradecer a los cuatro ponentes que hayan establecido una nueva arquitectura para mejorar la labor legislativa y acercar Europa a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, hubo una época en la que las leyes las hacían los dioses; los dioses hacían leyes perfectas. 
Luego, los dioses se cansaron y empezaron los hombres a hacer leyes, y las leyes son imperfectas. 
Entonces, en el momento actual, si una ley es buena o mala no lo decide nadie, sino nosotros mismos, y el único criterio para saber si una ley es buena o mala es la democracia, el criterio de la mayoría, porque, como decía Rousseau, «es razonable que sea la mayoría la que decida, y no la minoría». 
Establecido este principio en las democracias modernas, la democracia es representativa y son los Parlamentos los que legislan; pueden equivocarse, pero el único criterio de legitimidad es la mayoría parlamentaria. 
Partiendo de esto, creo que el mayor peligro en este momento para la democracia es la tecnocracia asociada a los intereses económicos —lo que se llama autorregulación y corregulación—, que es una forma de poner los intereses generales en manos de los intereses particulares de unos pocos, y es algo que hay que recordar. 
Desde luego, este parlamentario, que viene siendo elegido después de muchas legislaturas, no estaría dispuesto a renunciar a sus responsabilidades legislativas en favor de una subcontratación y en favor de intereses tecnocráticos. 
– Señorías, me doy cuenta de que el nuevo enfoque de la normativa europea exige cambiar de mentalidad y posiblemente incluso cambiar los acuerdos. 
Sin embargo, si queremos retener la fe de los ciudadanos en el mercado único, hemos de contener la salida de las inversiones y la pérdida de puestos de trabajo. 
Esto supone que no solo hemos de reducir y simplificar la legislación, sino que también conviene, a mi entender, que reconsideremos los objetivos originales tanto de la reglamentación europea como nacional. 
Se trata de un gran reto político. 
También nos corresponde a nosotros, Señorías, pedir que cada una de las medidas que tengan por objeto, por ejemplo, la protección de la salud o del medio ambiente, estén sujetas a una evaluación de impacto. 
La señora McCarthy nos lo pide en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Añadiré que hay que dejar claro cuáles son los costes que asumirán los productores europeos, cuánto se incrementarán o reducirán las finanzas públicas y cuál será el efecto sobre el desempleo en nuestras regiones. 
En particular, hemos de conocer con anterioridad cómo afectarán las normas encaminadas a la mejora de la calidad a la competencia de los productos europeos con respecto a terceros países, para asegurar que las principales consecuencias no sean una mayor migración de fábricas y capital fuera de Europa. 
Una mejor reglamentación también quiere decir que, en el contexto de los costes, investiguemos en serio si las nuevas medidas pueden mejorar realmente las condiciones sanitarias y sociales de nuestros ciudadanos, o si esto es simplemente una suposición. 
Como médica y como política no me gusta que tantas reglamentaciones nacionales y europeas sean simplemente gestos populistas. 
Contra esto no tengo claro cómo se puede proteger a los consumidores contra los productos perjudiciales o falsificados de terceros países que están desplazando a los productos europeos de calidad. 
Un ejemplo puede ser el calzado infantil procedente de Asia que tiene defectos ortopédicos. 
La única solución sería un nuevo certificado sanitario obligatorio para el calzado infantil, que también consistiría en una mejor reglamentación para los ciudadanos. 
Lamento que la Comisión sea tan lenta a la hora de tipificar la protección de los consumidores y la protección de la propiedad intelectual. 
Nunca antes había sido tan importante la calidad de la reglamentación europea como lo es ahora, cuando la Unión se enfrenta a la enorme competencia de terceros países. 
El objetivo político de la reglamentación de hoy es proteger tanto la competencia leal como al consumidor europeo –no solo dentro, sino también fuera de Europa– y también motivar la creatividad de nuestros ciudadanos mientras les libramos de normas ineficaces. 
– Señora Presidenta, Señorías, una mejor labor legislativa comunitaria supone la evaluación y definición del esfuerzo con respecto a su vertiente técnica. 
La complejidad de las administraciones nacionales, la escasa facilidad de la transposición y, a menudo, la falta de voluntad agravan las cosas. 
En esta cuestión, las sanciones por parte de la propia Unión parecen ser la medida más eficaz. 
Sin embargo, la apuesta por una correcta aplicación de la legislación comunitaria es la determinación de la voluntad política y, sobre todo, social. 
La correcta aplicación de la legislación comunitaria es un procedimiento que permitirá a Europa, a medio plazo, reducir su inercia y ser más competitiva en el entorno globalizado internacional, en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas. 
Necesitamos normas claras, íntegras y que se entiendan. 
Dichos textos, por supuesto, presuponen acuerdos más claros entre sus autores. 
Es muy importante simplificar y racionalizar el legislativo. 
Incluso sería mejor que la legislación respetara los principios de la transparencia, la proporcionalidad y la coherencia para regular los puntos básicos de un sector y prever medidas de aplicación que también se relacionen con los detalles técnicos. 
En cuanto a la efectividad de los acuerdos, es importante evaluar los costes y las ventajas de la aplicación. 
Por lo tanto, es necesario el diálogo social con las agencias implicadas, que estarán así en condiciones de actuar como colegisladores. 
Con respecto a las propuestas políticas de importancia, esta es nuestra única forma de ganar la confianza de los ciudadanos. 
Una buena ley no es una ley laberíntica con procedimientos estrictos, es una ley que conviene a los ciudadanos y, al mismo tiempo, hace que sean conjuntamente responsables de su aplicación. 
– Señora Presidenta, Señorías, tengo la impresión de que este debate ha dejado claro que el problema medular de nuestro debate sobre este asunto son las evaluaciones de impacto preceptivas. 
A mi entender, no tiene absolutamente nada que ver con que la democracia esté siendo sustituida por la tecnocracia. 
No se trata de esto. 
No hace falta decir que las instituciones democráticas siguen ejerciendo el control. 
La Comisión toma decisiones sobre propuestas bajo su propia responsabilidad, tal como lo hacen, por supuesto, el Parlamento y el Consejo. 
Este asunto depende de un punto vital, en concreto que cambiemos los procedimientos que rigen nuestro apoyo. 
Actualmente, la UE legisla sobre la base de «aprender sobre la marcha». 
Tomamos una decisión sobre algo y algo sale de ello al final que tiene un efecto u otro. 
Si más tarde descubrimos que el efecto no es el esperado, el problema que se nos presenta es que, gracias a los procedimientos complejos de la UE, no podemos modificar rápidamente esta legislación, como lo hacen los Parlamentos nacionales, sino que se precisa un procedimiento complejo que dura muchos años para revisar directivas y modificar reglamentos. 
Así pues, necesitamos mecanismos diferentes de los que existen a menudo en el ámbito nacional. 
Necesitamos saber qué estamos haciendo. 
Lo que hacen las evaluaciones de impacto reguladas es respaldarnos; también se nos informa de las consecuencias que tendrán nuestras medidas por parte de personas independientes. 
Incluso si a fin de cuentas seguimos siendo nosotros quienes tomamos la decisión política, seguimos necesitando este apoyo. 
Esto es crucial cuando la Comisión, el Consejo y el Parlamento han de tomar decisiones en nombre de los 470 millones de personas de un espacio económico tan amplio. 
Por esta razón también es vital disponer de un elemento independiente. 
Vuelvo a pedir muy claramente a la Comisión que trabaje para garantizar la introducción de este elemento independiente dentro de sus propias estructuras. 
De no hacerlo así, el Parlamento –si se toma a sí mismo en serio– se verá obligado a llevar a cabo sus propias evaluaciones de impacto independientes en cada caso. 
Esto es contrario al espíritu del Acuerdo Interinstitucional de 2003. 
Queremos que la Comisión lo haga por propia iniciativa, para que dispongamos de unas bases sólidas para la toma de decisiones. 
. – Señora Presidenta, Señorías, permítanme que vuelva a intentar explicar en qué consiste todo esto y en qué no. 
No se trata de legislar menos ni tampoco de legislar peor. 
No se trata de desregulación ni tampoco de radicalismo de libre mercado neoliberal. 
Se trata, pura y simplemente, de configurar el ordenamiento jurídico europeo para que sea comprensible a los ojos del público y para que la economía europea pueda utilizarlo para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo. 
Es realmente la cosa más sencilla del mundo y me sorprenden una y otra vez los motivos que se atribuyen a un concepto tan claro e inequívoco. 
Que creamos o no que tenemos demasiadas leyes europeas o que estas no siempre son suficientemente buenas es irrelevante. 
De lo que hablamos no es de creer, sino de que existe un porcentaje alarmantemente elevado de ciudadanos europeos que se están convenciendo de que así es. 
Hablamos de empresarios y sindicatos europeos que dicen unánimemente que es así. 
Demasiada burocracia, demasiadas leyes, leyes excesivamente complicadas, demasiadas restricciones innecesarias. 
No importa si es así realmente; lo que importa es que aquellos para quienes legislamos están convencidos de que es así. 
Este es el motivo por el que tenemos que hacer algo. 
El ejercicio de «legislar mejor» propuesto por la Comisión utiliza todos los instrumentos que se han mencionado en esta Cámara: distintos procedimientos para simplificar y modernizar la legislación sin cambiar su contenido. 
Repito: lo importante no es cambiar el contenido de la reglamentación, sino de que sea comprensible para los usuarios y transparente. 
Pido otra vez el apoyo del Parlamento. 
En realidad, por supuesto, nos estamos refiriendo aquí a dos grandes proyectos, dos proyectos diferentes, uno de los cuales es el cribado retroactivo de todas las disposiciones normativas. 
Sin embargo, no nos engañemos. 
Cuando la integración europea se encontraba aún en sus albores, la actitud ante la aprobación de normas era muy diferente de la que prevalece hoy en día, y si vamos más lejos se pueden encontrar situaciones extrañas en los anales de nuestro del derecho escrito. 
Nadie niega que la modernización sea necesaria. 
El cribado de todo el no es tarea sencilla y estoy muy a favor de que lleguemos a un acuerdo sobre los procedimientos comunes para esto, también, y no solo con respecto a la codificación, donde ya se ha llevado a cabo. 
Las evaluaciones de impacto desempeñan un papel fundamental en este sentido. 
Estoy de acuerdo con todos los que han dicho que es esencial en una democracia que el legislativo sepa las consecuencias que tendrán sus medidas para las personas afectadas. 
Naturalmente, esto no supone que el legislativo se abstenga de actuar una vez que posea ese conocimiento. 
Siempre será una cuestión de criterio. 
Si la Comisión dijera que un instrumento legislativo originará costes para la economía de X miles de millones de euros pero que, por otra parte, esta legislación ha de presentarse para satisfacer las necesidades de protección sanitaria de los ciudadanos, la decisión no sería difícil de tomar. 
La Comisión diría entonces que la protección de la sanidad pública tiene prioridad, incluso si cuesta dinero. 
Quiero dejar claro aquí que las evaluaciones de impacto no suponen automáticamente que si resulta que una de nuestras medidas origina costes simplemente digamos: no lo haremos. 
Se trata de saber exactamente qué estamos haciendo. 
Se han expresado aquí algunas reflexiones importantes sobre la cuestión de cómo organizar mejor dichas evaluaciones de impacto y puedo decirles sinceramente que, actualmente, se está llevando a cabo un debate sobre este tema en la Comisión y que tanto el Presidente Barroso como yo opinamos que es necesario cambiar el sistema actual. 
Estoy francamente de acuerdo con los que en esta sesión han dicho que la decisión final sobre la validez de una evaluación de impacto no puede descansar en las personas que la han realizado, y que no se puede llevar a cabo una evaluación de impacto exclusivamente por quienes hacen la ley en cuestión. 
Así es como lo vemos tanto el Presidente Barroso como yo mismo. 
En realidad, en su exposición introductoria, el Presidente ha dicho que está considerando el establecimiento de una autoridad independiente bajo su propia responsabilidad para el cribado de las evaluaciones de impacto. 
Por lo tanto, estamos dispuestos y deseosos de continuar nuestro diálogo con el Parlamento. 
Lo mismo vale para el procedimiento de comitología, en el que, sin duda, respaldamos ampliamente las peticiones del Parlamento y también todas las demás ideas que se han expresado aquí. 
Solo quiero volver a recalcarles que no hay que abordar este ejercicio desde un punto de vista técnico, burocrático ni formal. 
Se trata de un ejercicio de gran calado político. Está concebido para ayudar a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de integración europea en general y contribuir a dar a nuestra economía un marco estable y fiable para resolver la gran cuestión social de nuestro tiempo, a saber, el del futuro de nuestros puestos de trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes, 16 de mayo. 
– La ponente ha realizado un trabajo excelente en la identificación de los obstáculos existentes en las legislaciones de los Estados miembros y de la Comunidad que crean dificultades en el funcionamiento del mercado interior. 
La solución pasa por revisar la legislación vigente y por una elaboración mejor y más cautelosa de nuevas leyes. 
Es responsabilidad del propio proceso legislativo. 
Ni la Comisión, que elabora y ejecuta la legislación, ni el Consejo y el Parlamento como legisladores ceden esta responsabilidad a otros ni, en particular, a órganos externos. 
El Parlamento desempeña un papel y asume una responsabilidad en la revisión de la legislación vigente en su calidad de legislador. 
Pido respetuosamente a la Comisión su estrecha cooperación con el Parlamento, en el espíritu del Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor». 
Al elaborar las futuras normas no es conveniente complicar más los largos procedimientos burocráticos. 
Si hoy hemos de crear un órgano auditor independiente para examinar la calidad de los estudios de evaluación de impacto, por qué no creamos mañana un órgano de inspección externo independiente para examinar la independencia del órgano auditor. 
En lugar de multiplicar los órganos que inspeccionan los procedimientos que han demostrado ser erróneos, hay que desarrollar métodos de trabajo nuevos y más eficientes para mejorar la reglamentación en materia de mercado interior. 
Junto con la revisión de la legislación, la Comisión, el Consejo y el Parlamento también deben considerar sus propios procedimientos y, en caso necesario, han de cambiarlos responsablemente. 
Por último, quiero llamar la atención de las tres instituciones sobre el hecho de que la sociedad solo respetará y confiará en la legislación europea si garantizamos la plena publicidad y el control social. 
– La legislación europea es demasiado compleja y a veces superflua: una renovación inteligente debe permitirnos luchar contra esta falta de claridad malsana y perjudicial. 
Por una parte, conviene mejorar la legislación vigente reduciéndola y simplificándola. 
En este proyecto de simplificación, al igual que para las nuevas medidas que se adopten, hay que respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad: la Unión Europea donde haga falta, cuando sea más eficaz que los Estados miembros actuando solos, en la medida en que haga falta, pero no más de lo que haga falta. 
La aplicación de estos principios aparentemente técnicos exige juzgar su idoneidad social, cultural o de otro tipo, aun cuando no existe ningún mecanismo de control eficaz de su aplicación. 
Esta laguna quedó colmada en el proyecto de Constitución. 
Mientras esperamos que sea ratificada, hemos de preguntarnos por la debida aplicación de estos principios. 
Por otra parte, conviene mejorar la supervisión de la transposición del Derecho comunitario, porque la inseguridad jurídica mina la competitividad de las empresas. 
La creación de corresponsales nacionales es una medida positiva si los controles engloban un análisis cuantitativo y cualitativo e integran un análisis de impacto sobre el entorno social, económico y ecológico. 
Estos análisis de impacto han de poder compararse: por tanto, deben normalizarse. 
Para alcanzar este objetivo, el Parlamento Europeo debe reforzar su poder en este terreno. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0017/2006). 
Se han presentado a la Comisión las preguntas siguientes. 
¿Tiene previsto la Comisión organizar una campaña de información a escala de la UE para que las organizaciones a las que se aplican las disposiciones de la nueva Directiva 2005/60/CE (1) relativa al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo (por ejemplo, los bancos y los profesionales del Derecho) tengan información suficiente sobre los nuevos procedimientos? 
. La Comisión reconoce la importancia de aumentar el conocimiento sobre el nuevo régimen más completo de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
Por eso la Comisión ya ha emprendido una serie de iniciativas informativas. 
En este contexto quisiera mencionar: en primer lugar, la participación de la Comisión en los esfuerzos informativos con respecto a las organizaciones profesionales europeas, lanzados por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; en segundo lugar, la consulta en curso sobre el impacto de la segunda Directiva contra el blanqueo de capitales en la abogacía, que conducirá a la publicación de un informe este verano, probablemente en julio; en tercer lugar, una extensa consulta entre todos los interesados en el contexto de la preparación de posibles medidas de aplicación de acuerdo con la tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales; en cuarto lugar, la participación en conferencias organizadas por los Estados miembros al amparo de sus responsabilidades en la aplicación de las Directivas de la UE sobre el blanqueo de capitales. 
A la vista de estas iniciativas en curso, la Comisión no planea en la actualidad lanzar otra campaña de información a escala de la UE. 
Sin embargo, la Comisión sigue supervisando de cerca la aplicación de la Directiva y no descartaría más acciones si se demuestra que hay problemas en determinados sectores y la actuación de la UE supusiera un valor añadido. 
. – Señor Comisario, todo esto suena muy bien, pero algo me ha llamado la atención en el nuevo boletín informativo sobre blanqueo de dinero del Colegio de Abogados de Inglaterra y el País de Gales. 
Se refería a una industria extensiva que se ha desarrollado alrededor de los servicios destinados a ayudar a los abogados en el cumplimiento de sus tareas. 
Me ha llamado la atención que, ya que la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero ha introducido la noción de los controles proporcionados de la exposición al riesgo, necesitamos estar seguros de que la conformidad se dé donde se hallan los riesgos realmente graves. 
A menudo hay electores que vienen a mí porque como particulares tienen dificultades para abrir cuentas bancarias. 
Verdaderamente tiene que haber conformidad con respecto a la exposición al riesgo. 
. En esta Directiva concreta la cuestión de la exposición al riesgo está bien planteada. 
Hay diferentes categorías de riesgo y las autoridades deben elaborar sus procedimientos sobre la base de estas evaluaciones del riesgo. 
Eso está claramente especificado en la tercera Directiva, y los diputados al Parlamento Europeo han planteado bien la cuestión. 
No quisiera que se desarrollare toda una industria alrededor de personas que cobran tarifas desorbitadas por lo que debería ser un procedimiento relativamente razonable. 
Deberían evaluarse los niveles de riesgo. 
Se puede hacer poco por los que tienen un nivel de riesgo pequeño, y hay categorías superiores. 
Esto se establece claramente en la Directiva. 
Agradezco a su Señoría que plantee este asunto, porque me da la oportunidad de subrayar la cuestión que ha planteado en su pregunta suplementaria. 
– Señor Comisario, teniendo en cuenta que se cree que, después del robo del Northern Bank, el IRA se ha aprovechado de las oportunidades de blanqueo de capitales en Bulgaria, ¿qué medidas específicas se adoptan para garantizar que las autoridades y organizaciones de allí, y también de Rumania, estén dispuestas y preparadas para aplicar las exigencias legislativas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? 
. Su Señoría debe saber que parte del procedimiento que cualquier país candidato tiene que cumplir es que debe garantizar que las Directivas de la Comunidad entren en vigor. 
Esto se aplicará tanto a Bulgaria como a Rumanía. Su Señoría sabe probablemente también que estas recomendaciones provienen del Grupo de Acción Financiera Internacional –conocido por su sigla, GAFI– y la mayoría de los países del mundo están obligados a aplicar las recomendaciones de este organismo especial. 
En la UE nos hemos ocupado nosotros mismos, en una directiva, de aplicar las recomendaciones, lo que se ha hecho en la tercera Directiva sobre el blanqueo de dinero. 
Puede estar usted tranquilo de que Bulgaria tendrá estas medidas en cuenta en su legislación, ya que forma parte de su compromiso para llegar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
¿Dispone la Comisión de suficientes competencias de facto y de iure para tomar medidas rigurosas y oportunas con miras a impedir que los Estados miembros elaboren una legislación nacional que, por ejemplo, autorice medidas defensivas por parte de las empresas para protegerse contra OPAs desde el extranjero? 
¿Dispone la Comisión de suficientes competencias para hacer frente de forma eficaz a países que, de forma unilateral, deciden calificar determinados sectores industriales de intocables en razón de un interés nacional declarado y definido por iniciativa propia? 
¿Deberían concederse a la UE competencias adicionales a fin de permitirle hacerse con el control de esta situación y, en caso afirmativo, en qué consistirían y de qué forma se aplicarían? 
. El Presidente ha señalado que respondo a esta pregunta en nombre de mi colega, la señora Kroes. 
La Comisión tiene poderes importantes para garantizar que los Estados miembros cumplan plenamente las reglas del mercado interior y no creen obstáculos ilegales a las fusiones internacionales. 
Si un Estado miembro infringe las reglas del mercado interior, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. 
Este procedimiento puede durar bastante tiempo, ya que la Comisión tiene que conceder al Estado miembro, en dos fases separadas, la oportunidad de expresar su punto de vista antes de recurrir al Tribunal de Justicia, que debe adoptar entonces la decisión final sobre la supuesta infracción. 
Si las circunstancias del caso lo justifican, la Comisión puede actuar más rápidamente dando plazos muy cortos a los Estados miembros en la fase prejudicial y pidiendo al Tribunal que dicte medidas cautelares. 
Incluso en ese caso, la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones de los Estados miembros, incluidas las respuestas recibidas fuera de plazo, ya que la jurisprudencia consolidada establece que la realización correcta de su procedimiento prejudicial constituye una garantía esencial exigida por el Tratado CE, no solo para proteger los derechos del Estado miembro afectado, sino también para garantizar que cualquier procedimiento contencioso tenga por objeto una disputa claramente definida. 
Además, en los casos en los que un Estado miembro interviene en relación con concentraciones de dimensión comunitaria, la Comisión tiene poderes especiales para adoptar una decisión con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) nº 139/2004, el llamado Reglamento de fusiones. 
De acuerdo con esa disposición, la Comisión tiene la competencia exclusiva para evaluar las concentraciones de dimensión comunitaria. 
Los Estados miembros solamente pueden adoptar medidas susceptibles de prohibir o prejuzgar de hecho o de derecho esas operaciones cuando, en primer lugar, las medidas en cuestión protejan intereses distintos de los contemplados en el Reglamento de fusiones y, en segundo lugar, esas medidas sean necesarias y proporcionadas para la protección de intereses compatibles con el Derecho comunitario. 
La seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales se consideran intereses compatibles con el Derecho comunitario. 
Las medidas adoptadas en defensa de estos intereses deben ser en cualquier caso necesarias y proporcionadas, y la Comisión puede recabar información de las autoridades nacionales sobre las medidas previstas para verificarlo. 
Los demás intereses deben comunicarse a la Comisión antes de la adopción de estas medidas. 
La Comisión debe decidir entonces, en el plazo de 25 días laborables, si las medidas nacionales se justifican por la protección de un interés compatible con el Derecho comunitario. 
La Comisión considera que las disposiciones antes mencionadas pueden permitir actuar oportunamente contra todas las medidas proteccionistas ilegales adoptadas por los Estados miembros. 
La Comisión tiene además la firme voluntad de usar todos los poderes de que dispone para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho comunitario. 
. – Ha sido una respuesta muy larga, pero, con todo respeto, no ha sido realmente una respuesta, porque sé cuáles son los poderes. 
Mi pregunta es si necesitaban ustedes realmente más poderes. 
Usted ha dicho concretamente que la fase prejudicial podría acelerarse. 
Quisiera una respuesta concreta, por favor: con respecto a la fase posjudicial, ¿no está usted de acuerdo en que a veces puede durar varios años y de nuevo varios años más antes de que se aplique una penalización? 
¿No sería más práctico tener poderes para abreviar esto y endurecerlo todavía más? 
. Puedo entender la intención de la pregunta suplementaria planteada por su Señoría. 
Sí, a veces es frustrante tener que esperar durante un considerable periodo de tiempo a que haya alguna acción. 
Sin embargo, somos una Comunidad de derecho y debemos cumplir la ley establecida al respecto. 
Hay que seguir los procedimientos. 
Incluso en los Estados miembros este tipo de acciones tardan algún tiempo. 
Aunque a veces hay mecanismos para acelerar el proceso en los Estados miembros, e incluso en la Comunidad se pueden ejercer derechos para acelerar el proceso, se tarda todavía bastante tiempo. 
Así que me temo que no podemos gobernar por decreto o por dictado en esta Comunidad. 
No creo que nadie lo defendiera. 
Por otra parte, a veces es frustrante que haya un periodo de tiempo tan considerable, pero no veo otra manera de hacerlo. 
Además, no preveo que ningún Estado miembro se precipite a dar a la Comisión nuevos poderes inmediatos o poderes para acelerar el proceso. 
Debemos convivir con lo que tenemos. 
El «contrato Primer Empleo» instaurado en Francia permite a las empresas de más de veinte asalariados contratar a un joven de menos de 26 años con un período de prueba de dos años. Durante este período, el joven podrá ser despedido sin motivo. 
Estos asalariados no estarían amparados por las disposiciones del Código laboral en virtud de las cuales el empresario está obligado a motivar el despido. 
El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE (2) define como discriminación el hecho de que una persona reciba un trato menos favorable que otra por razón de la edad. 
¿Considera la Comisión que el «Contrato Primer Empleo» es conforme a los principios de la Directiva? 
En caso negativo, ¿qué iniciativas piensa tomar respecto del Estado miembro interesado? 
. Señor Presidente, Señorías, señor Désir, la Comisión aún no ha recibido la comunicación de la ley francesa a la que se ha aludido antes en la pregunta formulada por su Señoría y, por lo tanto, la Comisión no está preparada para emitir un dictamen detallado sobre la ley. 
El objetivo de la Directiva 2000/78/CE, tal como se ha mencionado, es, en realidad, la de impedir la discriminación en el ámbito del empleo, en especial la discriminación por la edad. 
La Directiva también establece varias excepciones a la norma general. 
Permítanme que cite directamente de la Directiva. 
«No obstante, en determinadas circunstancias se pueden justificar diferencias de trato por razones de edad, y requieren por lo tanto disposiciones específicas que pueden variar según la situación de los Estados miembros. 
Resulta pues esencial distinguir las diferencias de trato justificadas, concretamente por objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado laboral y de la formación profesional, y debe prohibirse la discriminación». 
Otra cita: «El establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y remuneración, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas». 
Por lo tanto, como pueden ver, desde el punto de vista de la Directiva la situación tiene un doble aspecto. 
La Directiva reconoce formas diferentes de gestión, cuando existen motivos legítimos y diferentes medidas, cuando dichas medidas se corresponden proporcionalmente con el propósito para las que se pretenden. 
No tengo nada más que decir sobre la situación que prevalece en la actualidad. 
El punto de vista definitivo de toda ley notificada debe descansar, comprensiblemente, en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
. – Señor Comisario, creo en efecto que, cuando la Comisión reciba la notificación del Contrato de Primer Empleo, es importante que pueda efectuar un análisis minucioso de las condiciones en que esta ley autoriza, para los jóvenes menores de 26 años, a rescindir el contrato de trabajo durante los dos primeros años. 
Ahora bien, si como ha dicho usted la Directiva 2000/78 autoriza un trato diferenciado, incluso en función de la edad, lo hace en el marco de acciones positivas, de acciones proporcionales al fin perseguido. 
Recientemente, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia –sentencia Mangold de 22 de noviembre de 2005– relativa a otro acto legislativo, la ley alemana «Hartz 4» sobre las disposiciones relativas a los trabajadores de edad avanzada. 
Esta sentencia consideraba que en este caso la forma de renovar contratos a plazo fijo únicamente para los trabajadores de edad avanzada no era proporcional al objetivo perseguido. 
Creo que en el caso del contrato de primer empleo nadie puede considerar que esta medida sea favorable a los jóvenes menores de 26 años. 
Es por tanto, sin duda alguna, un acto de discriminación contra ellos, que les impide beneficiarse de una serie de elementos del Derecho laboral. 
Espero que la Comisión se base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para condenar este Contrato de Primer Empleo. 
. Señor Désir, ha citado un caso particular que reviste una gran importancia para la evaluación de situaciones similares, puesto que la Directiva asume, en efecto, que toda medida será, de un lado, proporcional y, de otro, legítima con relación a su propósito. 
En el caso que ha mencionado relacionado con trabajadores de más edad, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó que el propósito era legítimo pero la medida no era proporcional y, en consecuencia, se rechazó la medida. 
En este momento, tal como he dicho, debido a que la ley aún no se ha comunicado, no sabemos que forma va a adoptar, e incluso he leído informes en los medios de comunicación de que aún no se ha determinado su forma final por lo que me es imposible, como representante de la Comisión, dar más detalles. 
– Señor Presidente, en los Estados miembros de la UE como Francia, Alemania, España e Italia se ha desarrollado un mercado laboral floreciente para los trabajadores en prácticas. 
Se substituye a un número cada vez mayor de trabajadores regulares por personas en prácticas mal pagadas o sin cobrar, o en Alemania, por ejemplo, por «empleos a un euro» financiados por el Estado –en los que personas que se encontraban en paro tienen derecho a ganar 1 euro por hora además de su prestación por desempleo– que no cotizan a la Seguridad Social ni están sujetos a impuestos. 
¿Hasta qué punto conoce la Comisión este problema? 
. La Comisión, por supuesto, controla el mercado laboral en cada uno de los Estados miembros, así como los desarrollos de la legislación sobre empleo. 
A propósito, dentro de poco se publicará un Libro Verde sobre el desarrollo de la legislación sobre empleo en Europa y, espero, que será la base de debates de gran alcance sobre las costumbres, los métodos y el desarrollo de la legislación sobre empleo y las relaciones jurídicas entre el empresario y el empleado en los Estados miembros de la UE. 
En caso contrario, naturalmente, la Comisión puede controlar y adoptar decisiones solo en esos marcos establecidos al amparo del Tratado y, al efecto, hay que decir que el Tratado no establece vínculos directos con la legislación sobre empleo. 
En el tercer considerando del Reglamento (CE) nº 485/2005 del Consejo (3) , se señala que «procede ampliar la posibilidad de retirada de la flota pesquera comunitaria al amparo de dichas ayudas a los buques que sean objeto de traspaso a los países afectados por el tsunami, en beneficio de las comunidades pesqueras damnificadas». 
Considerando que dicho Reglamento estipula que los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión, ¿podría indicar la Comisión cuántas solicitudes de traspaso de estos buques han presentado los distintos países afectados por el tsunami, cuántos buques han ofrecido los Estados miembros y cuántos buques se han enviado realmente al Océano Índico y a qué países? 
. El Reglamento del Consejo (CE) nº 485/2005 al que se refiere su Señoría amplía la posibilidad de retirar barcos de pesca de la flota pesquera comunitaria con ayudas públicas a los barcos que puedan trasladarse a los países afectados por el tsunami en beneficio de las comunidades pesqueras damnificadas. 
Esta posibilidad se concede con carácter excepcional, en determinadas condiciones y solo durante un periodo limitado. 
Aunque varios países del Océano Índico cuyos sectores pesqueros se vieron afectados por el desastre del tsunami preguntaron por la posibilidad de un traslado de barcos, solo Sri Lanka presentó una petición formal de barcos. 
Abarca 120 barcos con una eslora de 9 a 12 metros. 
La Comisión informó a los Estados miembros de la petición y les recordó en varias ocasiones la obligación de informar sobre el traslado de barcos. 
A pesar de la adopción unánime del Reglamento por el Consejo, todos los 20 Estados miembros que tienen actividades de pesca marítima han informado ahora a la Comisión de que no han detectado ninguna posibilidad de traslado de barcos en respuesta a la petición de Sri Lanka. 
Como el Reglamento fija el plazo del 30 de junio de 2006, en la actualidad no hay más perspectivas de traslado de barcos de acuerdo con este mecanismo. 
. – Señor Presidente, por tanto no tengo otra opción que concluir que el Reglamento que aprobamos fue algo inútil, que es, de hecho, lo que previmos. 
Creo que el Reglamento tal y como se presentó no fue si no un acto de relaciones públicas y, por la respuesta del Comisario, es evidente que fue un mal instrumento legislativo. 
Quiero hacer otra pregunta al Comisario: si este Reglamento no ayuda a los países afectados por el tsunami a reconstruir su flota pesquera, ¿puede decirnos si la Comisión ha adoptado otras medidas para ayudar realmente a esos países a construir sus propios barcos y a organizar una forma más apropiada de pesca en las regiones que fueron golpeadas el año pasado por el tsunami? 
. Está claro que cuando se promulgó esta legislación, por vía de excepción a la regla que se había establecido, con arreglo a la cual ya no era posible trasladar barcos a terceros países, se hizo con algunas restricciones importantes, una de las cuales se refiere, por ejemplo, a la eslora de los barcos. 
Recuerdo el debate aquí en el Parlamento de que no deberíamos permitir una situación en la que los barcos se trasladaran a terceros países afectados por el tsunami sin imponer ninguna condición porque eso podría suponer, en las actuales circunstancias, un aumento del esfuerzo pesquero e intensificar por consiguiente los problemas que existían en algunas pesquerías de esas aguas de terceros países, sino que los barcos deberían ser adecuados y apropiados para las pesquerías tradicionales de esos países. 
Por consiguiente, se establecieron restricciones con respecto al tamaño de los barcos, su edad, el hecho de que los barcos no debían usar aparejos de arrastre y otras condiciones relativas a la gestión de recursos ecológicos y a la navegabilidad. 
Dicho esto, debo subrayar el hecho de que las respuestas que hemos recibido de los Estados miembros sobre el motivo por el que no era posible detectar barcos para trasladarlos a Sri Lanka eran o bien que no había barcos apropiados disponibles entre los que tenían que desguazarse en determinados Estados miembros, o que el desguace no estaba previsto en algunos otros Estados miembros, o que los incentivos para el traslado de barcos no eran suficientemente atractivos. 
Debo subrayar también el hecho de que esta era una iniciativa de la Comisión destinada a intentar ayudar a los países afectados por el tsunami, con respecto específicamente al sector pesquero, si había la oportunidad de hacerlo. 
Era un elemento adicional que fue por consiguiente el principal objetivo de la ayuda, aunque bajo el paraguas general de la cooperación al desarrollo en lugar de la cartera pesquera. 
Fue un «extra optativo» que no se utilizó. 
Debo subrayar que el resultado final fue que algunos Estados miembros particulares ayudaron a los países afectados por el tsunami facilitando fondos para la adquisición de barcos, que fueron comprados sin ninguna medida de control. 
El resultado final hoy es que hay una flota significativamente mayor en las zonas afectadas por el tsunami, lo que crea mucha más presión que antes sobre el esfuerzo pesquero y genera más problemas. 
En lugar de avanzar en dirección a la pesca sostenible, de acuerdo con la información que tenemos hay muchos más problemas que los que había antes. 
– Señor Presidente, ¿no es el ejemplo que acaba de dar el Comisario un indicio típico de que la Unión debería esforzarse por considerar la ayuda en caso de catástrofe una cuestión aparte y por suministrar fondos de inmediato para este fin –tal y como, en efecto, ya lo ha hecho en el caso de las inundaciones–, en lugar de intentar avanzar mediante derogaciones en ámbitos de políticas tradicionales: pesca, transporte u otra política? 
Después de todo, la experiencia ha demostrado que esto lleva demasiado tiempo y que no funciona. 
. Sí, está claro que es importante intentar encontrar el equilibrio correcto entre las necesidades de los países que se vean afectados por esas catástrofes y la ayuda a largo plazo, que no debería servir para generar más presiones o dificultades a esos países intentando ayudar a reconstruir la economía de manera sostenible. 
Estamos intentando hacer esto específicamente con respecto a la pesca; sin embargo, a menos que haya una coordinación más estrecha entre las iniciativas de la Comisión y las iniciativas particulares de los Estados miembros, lo más probable es que las posibilidades de éxito sean limitadas. 
La Comisión admite que la veda para el enmalle de fondo, aprobada en el Consejo de diciembre de 2005, no está sustentada por informes científicos propios, ni existen estudios de impacto socioeconómico. 
En reunión con la Coordinadora de afectados del 25.1.2006, la Comisión indicó su intención de solucionar el problema lo antes posible a través de la modificación del Reglamento TAC, afirmando que la prohibición es transitoria, hasta conseguir la regulación de estas artes. 
Condicionó el inicio del calendario de actuaciones a la decisión adoptada en la reunión del RAC de Aguas del Noroeste del 31.1.2006. 
En dicha reunión se aprobó por unanimidad dirigirse al Comisario Borg para mostrar la disconformidad con el proceso que llevó a la veda y se anunció la creación de un grupo de trabajo para regular el uso de este tipo de artes. 
Dada la necesidad de contar con una decisión rápida por las consecuencias socioeconómicas nefastas de esta prohibición, ¿cuándo piensa la Comisión presentar su propuesta legislativa? 
¿Ha previsto la Comisión alguna medida transitoria que suavice la prohibición hasta la presentación de dicha propuesta? 
. La pregunta de la señora Miguélez Ramos sobre la veda del uso de artes de enmalle de fondo en el norte y oeste de Gran Bretaña e Irlanda sigue a varias preguntas formuladas por escrito sobre la misma cuestión por ella misma y por la señora Fraga Estévez y el señor Varela Suanzes-Carpegna. 
La prohibición, que tuvo efecto el 1 de febrero de 2006, se introdujo en el Reglamento de TAC y cuotas y se adoptó en el Consejo en diciembre de 2005. 
Se propuso en respuesta al informe de la investigación DEEPNET, que destacaba el daño potencial que esas pesquerías podrían estar causando a los tiburones de aguas profundas y otras especies. 
El informe DEEPNET lo realizaron acreditadas organizaciones científicas de Irlanda, el Reino Unido y Noruega, así que la Comisión lo consideró seriamente. 
Paralelamente a la prohibición en aguas comunitarias, en su reunión anual de noviembre de 2005 la Comisión de la Pesca del Atlántico Nordeste adoptó una prohibición idéntica de redes de enmalle de fondo en su zona jurisdiccional a partir del 1 de febrero de 2006. 
En primer lugar, quisiera tranquilizarles en el sentido de que esta prohibición pretende ser una medida temporal en respuesta a serias preocupaciones sobre las prácticas de algunos partícipes de esas pesquerías y en particular sobre el impacto de esas prácticas en especies como los tiburones de aguas profundas. 
Estas especies se hallan en un estado tan deplorable y tardan tanto en recuperar su número una vez que han sido mermadas, que la Comisión tiene que reaccionar muy rápidamente sin esperar a un dictamen científico definitivo del Comisión Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). 
La prohibición estaba prevista originalmente como una medida de emergencia en septiembre, pero se aplazó hasta el Consejo de diciembre para que diera tiempo a las consultas. 
Por desgracia, no se presentaron a tiempo propuestas concretas de medidas alternativas para su inclusión en la propuesta debatida en el Consejo en diciembre. 
Sé que la mayoría de los pescadores que usan esas artes actúan responsablemente y que es una minoría la que causa preocupación. 
Por esa razón, quisiera introducir medidas encaminadas a regular la actividad de las redes de enmalle de fondo en la primera oportunidad. 
La Comisión ha recibido ya alguna información sobre posibles enfoques, especialmente del Consejo Consultivo Regional de las Aguas del Noroeste, que propone una rápida reapertura de la pesca de merluza y un número limitado de barcos que participen en la pesca de rape y de aguas profundas con presencia de observadores. 
Los servicios de la Comisión se reunirán con el Consejo Consultivo Regional de las Aguas del Noroeste y con científicos el viernes, 7 de abril de 2006, donde debatiremos estas posibilidades. 
En función del resultado de esa reunión se podría hacer una propuesta para permitir una pesca limitada con arreglo a un programa de observación en mayo de 2006. 
Los datos recogidos por un programa semejante podrían estar entonces disponibles para la CCTEP, que abordará esta cuestión a finales de junio o comienzos de julio. 
Los límites geográficos de la prohibición se fijaron en el informe del estudio DEEPNET. 
Sé que puede haber problemas similares en otras zonas, pero actualmente no tenemos información que justifique que la ampliación de la zona de veda. 
Esta es otra razón para establecer una legislación efectiva aplicable a todas las zonas tan pronto como sea factible. 
Por desgracia, la prohibición tiene que crear dificultades económicas a las flotas afectadas. 
No se han planeado medidas de transición para mitigar los efectos de la prohibición, pero yo animaría a los Estados miembros a que hicieran uso de las posibilidades que ya están disponibles para el cese temporal de actividades, con arreglo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, para ayudar a los más gravemente afectados. 
Señor Comisario, la verdad es que lo que le acabo de escuchar se lo he oído ya en ocasiones anteriores; creía que me iba a decir algo un poco más nuevo, que, por ejemplo, insistiría algo más en esas fechas que usted ha explicitado, de mayo y de junio. 
En realidad, lo que le quería preguntar es qué posibilidad hay de enmendar esta decisión con carácter inmediato, qué posibilidad hay de enmendar el Reglamento de TAC y cuotas, para que por lo menos los volanteros –que se dedican a la merluza con un arte que usted mismo reconoce, en cartas que he visto por ahí, que no es agresivo– puedan volver a esas aguas; y qué plazos prevé la Comisión para la regulación definitiva de artes fijos de enmalle, para no tener al sector en la incertidumbre. 
Porque, efectivamente señor Comisario, esta decisión tuvo y sigue teniendo efectos muy negativos, sobre todo socioeconómicos. 
. Sí, hay aquí dos aspectos: uno se refiere a las medidas que pueden adoptarse a corto plazo para tratar de suavizar el impacto de la imposición temporal de la prohibición de redes de enmalle de fondo. 
Estamos discutiendo esto con el CCR de las Aguas del Noroeste, y está prevista una reunión para el 7 de abril, donde es de esperar que podamos discutir este asunto con el CCR de las Aguas del Noroeste. 
Inmediatamente después, es de esperar que seamos capaces de adoptar algunas decisiones para abrir la posibilidad de una pesca limitada de merluza y quizás de ver la posibilidad con respecto al rape, estableciendo un sistema de supervisión a bordo de los barcos. 
Estamos estudiando también el establecimiento de medidas permanentes que sustituyan la prohibición de redes de arrastre en todas las aguas comunitarias. 
Este mismo año podremos presentar entonces una propuesta para retirar la prohibición de redes de arrastre y sustituirla por medidas permanentes, previa comprobación de que no haya ya riesgo alguno de daño irreparable en las reservas de tiburones de aguas profundas a resultas de que los pescadores dejen sus redes en el mar durante largos períodos, pescando por su propia cuenta y causando un gran daño al hábitat. 
– El Comisario probablemente se encuentre entre Escila y Caribdis con este argumento, pero estoy seguro de que tendrá en cuenta el grave daño que han causado las redes de arrastre y de enmalle en el pasado, por ejemplo al salmón salvaje en el Atlántico Norte, y que protegerá firmemente las pesquerías frente a este método de pesca. 
. Sí, es necesario hacer una distinción, ya que estamos hablando de redes de enmalle de fondo, que normalmente se utilizan muy selectivamente y, por lo tanto, no queremos desalentar el uso de este tipo de artes de pesca. 
Sin embargo, si no se hace nada al respecto, la práctica de este tipo de pesca durante un largo periodo causa daños considerables. 
Por lo tanto, queremos reducir el uso indebido de las redes de enmalle, no su uso adecuado. 
Así pues, por un lado, dado que el uso de redes de enmalle es muy selectivo como arte de pesca, no queremos desalentarlo; pero, por otro lado, claro que queremos desalentar el uso indebido de las redes de enmalle, ya que esto crea las denominadas «redes fantasma» , que siguen utilizándose para la pesca durante un periodo de un mes más o menos, lo que causa daños considerables a las especies correspondientes. 
. Quiero recordar a su Señoría que las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la Unión Europea y Marruecos han concluido y que la Comisión y el Gobierno marroquí rubricaron el proyecto de acuerdo en julio de 2005. 
En cuanto a su aplicación territorial, el texto del nuevo acuerdo no difiere del acuerdo anterior, que venció en 2000. 
Con respecto a la pregunta concreta de su Señoría, quiero señalar que el Frente Polisario no está formalmente acreditado ante la Comunidad Europea. 
No existe un diálogo político formal entre la Comisión y el Frente Polisario. 
En cuanto a las negociaciones sobre la pesca, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar con el Reino de Marruecos. 
No tiene competencias para ampliar las negociaciones a terceros. 
En el marco de los preparativos para la negociación del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos, la Comisión ha evaluado a fondo las implicaciones políticas, jurídicas y económicas de un eventual acuerdo. 
En este caso, como en otros, la Comisión intenta evitar una situación en que la conclusión de nuevos acuerdos en el ámbito de la pesca pueda ser un factor que suscite disputas o conflictos internacionales. 
En cuanto a la cuestión del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental, la Comisión se ha asegurado de cumplir plenamente los principios pertinentes del Derecho internacional y apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas por encontrar una solución adecuada con respecto al Sahara Occidental. 
El contenido del texto inicial, como en el caso del anterior acuerdo pesquero, no prejuzga en modo alguno la cuestión relacionada con el estatuto internacional del Sahara Occidental. 
La Comisión está convencida de que el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos se ajusta al Derecho internacional y al dictamen del Consejero Jurídico de las Naciones Unidas del 29 de enero de 2002. 
La opinión de la Comisión con respecto al alcance geográfico del acuerdo ha sido confirmada y ratificada tanto por el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo como por el del Parlamento Europeo. 
. – En el contexto de la política de desarrollo de la Unión Europea, la Unión ha asignado fondos para los campos de refugiados del pueblo saharaui regidos por el Frente Polisario en la región del Sahara Occidental. 
Por tanto, una vez más, quiero preguntar si, al amparo de su enfoque del problema del Sahara Occidental, la Comisión tiene intención de preguntar al Frente Polisario qué piensa de este acuerdo, dado que tendrá implicaciones de gran calado para el Sahara Occidental. 
. Como ya he dicho en mi respuesta anterior, la Comisión ha mantenido negociaciones con los representantes del Gobierno del Reino de Marruecos. 
La autorización que teníamos del Consejo era negociar con Marruecos. 
Las negociaciones finalizaron con un acuerdo que implica que toda la pesca que se lleve a cabo en aguas jurisdiccionales del Reino de Marruecos deberá beneficiar a las comunidades directamente adyacentes al lugar donde se realizan las actividades de pesca. 
Por lo tanto, es responsabilidad del Reino de Marruecos verificar que todos los beneficios que se deriven de las actividades pesqueras que se lleven a cabo en aguas adyacentes a la zona del Frente Polisario vayan a parar a las comunidades que viven allí. 
Señor Comisario, esta mañana el Parlamento acordó rechazar la petición del Consejo de aplicación del procedimiento de urgencia al Acuerdo con Marruecos. 
¿Qué consecuencias, con respecto a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, va a tener la decisión de esta mañana del Parlamento Europeo? 
. Ayer participé en una reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y el acuerdo es que el ponente presentará su informe a la Comisión de Pesca a principios de mayo, con la posibilidad de presentar enmiendas, para someterlo seguidamente a votación en la Comisión de Pesca a mediados de mayo y, a continuación, se llevará al Pleno para zanjar la cuestión en el período parcial de sesiones de mayo en Estrasburgo. 
Voy a hablar con la Presidencia austriaca sobre la posibilidad de que el Consejo decida sobre este acuerdo en la reunión del Consejo de Ministros en el mismo mes de mayo, de modo que si todo funciona de este modo, el acuerdo podría entrar en vigor a principios de junio. 
Esto supondría solo un mes de retraso con respecto a los plazos acordados entre la Comisión y el Reino de Marruecos. 
A la vista del acuerdo logrado en el seno del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, ¿puede informar la Comisión sobre la incidencia de las mismas en las políticas de desarrollo de las regiones ultraperiféricas? 
. Sobre la base del acuerdo del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2005, la situación de las regiones ultraperiféricas en el período 2007-2013 es la siguiente: 
Para las partes afectadas de Europa habrá una tasa de cofinanciación más elevada al amparo de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. 
Será del orden del 85 % para las regiones del objetivo de convergencia y para aquellas regiones ultraperiféricas que forman parte del objetivo de competencia regional y empleo. 
También habrá una dotación financiera adicional para contribuir a la ayuda operativa financiera para compensar los costes adicionales en que se incurra en estas regiones debido a su situación geográfica. 
La tasa de cofinanciación en esta dotación adicional será del orden del 50 %; esta dotación adicional asciende a 35 euros al año per cápita en cada una de las siete regiones ultraperiféricas. 
También tenemos situaciones específicas en lo que atañe a cada una de las regiones periféricas. 
Madeira, por ejemplo, que conservará la condición de región en proceso de inclusión gradual, pero que, al mismo tiempo, se beneficiará del régimen transitorio financiero más generoso, similar al de las regiones en proceso de exclusión gradual por razones estadísticas. 
También están las Islas Canarias, que se beneficiarán de una dotación adicional de 100 millones de euros durante el período comprendido entre 2007 y 2013. 
En cuanto a la cooperación regional –el objetivo que se ha establecido para la política–, todas las regiones ultraperiféricas podrán acogerse a la línea transnacional del objetivo de cooperación territorial europea, y las regiones ultraperiféricas francesas, igual que las Islas Canarias, podrán acogerse a la línea transfronteriza. 
Asimismo, Madeira, las Azores y las Islas Canarias se beneficiarán de las disposiciones especiales aplicables a Portugal y España. 
Como bien saben, en el caso de Portugal, Madeira y las Azores también podrán optar al Fondo de Cohesión, así como a la aplicación temporal de la norma n+3 para el periodo 2007-2010. 
En el caso de España y las Islas Canarias, esto supone que también podrán beneficiarse del Fondo de Cohesión y de una dotación adicional que se concedió a España en forma de fondo tecnológico. 
La participación de las Islas Canarias se efectuará por decisión del Gobierno. 
Como quizá sepan, las regiones ultraperiféricas también se pueden beneficiar de medidas específicas, cuyo objetivo es apoyar a los sectores tradicionales de estas regiones. 
Se adoptarán medidas específicas para la agricultura en las regiones ultraperiféricas de la Unión y también se dará un trato específico al amparo de la política de desarrollo rural, en particular en lo que se refiere a las tasas de intervención del nuevo Fondo Agrícola Europeo de Desarrollo Rural. 
Además de todo esto, naturalmente, existen los instrumentos ordinarios en el marco de nuestras políticas y todas las regiones tendrán acceso a todos los programas comunitarios previstos al amparo de todos los títulos del presupuesto europeo. 
Estas son en resumen las medidas específicas que caben en las nuevas perspectivas financieras para las regiones ultraperiféricas. 
. Señor Comisario, la Comisión hasta ahora ha efectuado una gran labor en la ayuda a las regiones ultraperiféricas, pero es evidente que en las nuevas perspectivas financieras hay una disminución del esfuerzo global de la Unión Europea. 
Querría formularle simplemente una pregunta muy concreta: si, en el nuevo contexto de la crisis que están viviendo las zonas próximas a la Unión Europea, sobre todo el norte de África, es posible que la Unión Europea, a través de las regiones ultraperiféricas y el nuevo fondo asignado a las políticas de vecindad, pueda ayudar a resolver el problema, que afecta a toda la Unión, del acceso masivo de inmigración hacia la Unión Europea. 
Es decir, ¿de qué instrumentos de cooperación se podría disponer para evitar esta tremenda crisis que se está planteando en las zonas próximas a estas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea? 
. Como bien saben, las regiones de Europa también pueden utilizar parte de los fondos que les han sido asignados para invertir en esas regiones que no están en los Estados miembros de la UE, pero que forman parte de los países vecinos, por lo que esta posibilidad de utilizar una parte de la dotación en un territorio de vecindad está abierta a las regiones ultraperiféricas. 
Asimismo, dentro del instrumento europeo de asociación y vecindad, que en estos momentos la Comisión todavía está elaborando en lo tocante a su forma jurídica, existirá la posibilidad de cooperar con las regiones y los países vecinos sobre cuestiones relacionadas con las que usted aborda para la creación de puestos de trabajo y oportunidades de empleo al otro lado de la frontera. 
En las Islas Canarias, en particular, podrán destinar parte del dinero al nuevo instrumento de asociación y vecindad y, por lo tanto, podrán contar con cooperación exterior, por ejemplo con las zonas fronterizas de Marruecos. 
Así pues, esto es lo que esta política puede hacer a través de los instrumentos financieros. 
Pero además de todo esto existe un problema político. 
Hace más o menos una semana, en la Comisión hablamos de la situación existente en algunas de las regiones ultraperiféricas en el contexto de la migración y las difíciles situaciones que experimentan. 
Así, dentro de otros instrumentos y desde el punto de vista político, próximamente la Comisión ayudará a abordar esta cuestión. 
Disponemos de algunos instrumentos financieros, que son limitados. 
Tal como han dicho ustedes mismos, el presupuesto no es el que esperábamos cuando la Comisión presentó la propuesta; sin embargo, además de esos medios financieros limitados, existen también iniciativas para trabajar con los países vecinos, o regiones adyacentes a nuestras regiones periféricas, para hallar soluciones políticas a algunos de los problemas. 
– Los retos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas de la Unión son muy similares a los retos que afrontan las regiones más septentrionales de la UE. 
¿Diría usted que existe un equilibrio entre la ayuda de la UE a las regiones ultraperiféricas y la ayuda de la UE a las regiones más septentrionales en las propuestas de cohesión? 
Por otra parte, ¿podría esbozar brevemente cuáles son los porcentajes de cofinanciación y las medidas concretas especiales para las regiones más septentrionales de la Unión Europea, en especial las partes del norte de Finlandia y de Suecia? 
. Es una pregunta muy difícil. 
Es muy difícil ver cuál es el equilibrio en este caso, ya que las cuestiones y los problemas a los que se enfrentan estas regiones son muy diferentes. 
Algunas de nuestras regiones tienen problemas debido a que están poco habitadas y esto supone que los costes de las infraestructuras son muy elevados. 
No solo representa un reto para nosotros a escala europea, sino también para los Gobiernos respectivos. 
Otras regiones tienen superpoblación y problemas de migración. 
Por consiguiente, es muy difícil medir qué está equilibrado y qué no lo está. 
Como saben ustedes, dentro de este presupuesto tan limitado, durante el Consejo –que también forma parte de la tradición europea– se presentaron asimismo peticiones adicionales. 
Lo que yo presenté –todas esas medidas adicionales que se ofrecieron a las regiones– es algo que llegó durante el Consejo y que no formaba parte de una propuesta global equilibrada de la Comisión. 
Tenemos que examinar la situación actual e intentar aprovechar esos recursos de la mejor manera posible, tratando de utilizar los que se habían asignado a las regiones con escasa densidad demográfica de Suecia y Finlandia de la manera más eficaz y hacer todo lo posible. 
Sin embargo, no veo la necesidad de comparar los 540 millones de euros que Finlandia y Suecia han recibido para dichas regiones con el dinero asignado a las regiones ultraperiféricas. 
Las situaciones son muy diferentes: el dinero tiene un valor diferente. 
No cabe duda de que la Comisión tratará los dos tipos de problemas –en las regiones ultraperiféricas y en las regiones con escasa densidad demográfica– para obtener los mejores resultados de los fondos que habrá disponibles. 
– Señora Comisaria, en realidad la Comisión había presentado un marco financiero muy ambicioso. El Consejo lo recortó drásticamente en su reunión de diciembre. 
Las negociaciones se desarrollan actualmente en el marco del diálogo a tres bandas. 
Lo que echo en falta en este punto es el papel de la Comisión. 
Si la Comisión presenta una propuesta tan ambiciosa, ¿por qué no se sabe nada más de ella y por qué el Parlamento ya no está dispuesto a luchar por los recursos presupuestarios que necesitamos para ejecutar estos programas? 
Esto en particular concierne al desarrollo rural, no solo en las regiones ultraperiféricas, sino en zonas rurales en general, donde se precisa una transferencia masiva de fondos para alcanzar los niveles necesarios. 
. No tengo la impresión de que la Comisión no sea estricta en las negociaciones. 
Lo que yo creo es que estamos intentando contribuir a que se llegue a un compromiso en un grado que sea satisfactorio para las tres instituciones. 
Sucede que las dos instituciones –el Consejo y el Parlamento– han llegado bastante lejos en los aspectos financieros y en la cuantía del presupuesto que hay sobre la mesa. 
Los esfuerzos de la Comisión deben dirigirse, a mi entender, a ayudarles a encontrar un compromiso. 
La cuantía del presupuesto es extremadamente importante. 
Esperamos que también tengamos fondos para aquellos ámbitos en que hubo recortes tan drásticos en diciembre. 
Pero también es importante alcanzar un acuerdo. 
No sé a qué se parece el diálogo tripartito, ya que no participo en él, pero puedo imaginarme que existen momentos en que la función de la Comisión es la de ayudar a encontrar un compromiso. 
Esto les debe dar la impresión de que no nos preocupa el dinero, pero no es así. 
Nos preocupa. 
Sabemos que si tuviéramos dinero podríamos hacer más por Europa, con Europa y en Europa para todos los ciudadanos. 
Sin embargo, a veces el realismo y el desafío que representan los plazos son también importantes. 
Así lo veo yo. 
La regla «n+2» es uno de los criterios para llevar a cabo las acciones del MCA y prevé que los importes comprometidos para la financiación de un programa deben desembolsarse en un plazo de dos años. 
¿Puede indicar la Comisión para qué importes y qué programas ha solicitado el Gobierno griego la no aplicación de la regla «n+2»? 
¿En qué fase de examen se encuentran estas solicitudes por parte de los servicios de la Comisión? 
Por otra parte, ¿puede indicar la Comisión si, en el marco del 3er MCA, existe la posibilidad de prolongar el período establecido para la firma de contratos legales más allá de 2006? 
En caso afirmativo, ¿en qué condiciones? 
¿Podrán utilizarse fondos comunitarios del 3er MCA incluso después de 2008? 
De ser así, ¿en qué condiciones? 
. Quizá sepan ustedes que antes de finales del año pasado, las autoridades griegas presentaron a la Comisión una lista de peticiones de exenciones de la regla n+2. 
El importe total era de más de 655 millones de euros. 
La intención era cubrir un importe de 342 millones de euros, sujetos potencialmente a la regla n+2. 
La petición que se presentó tiene que ver con 12 programas operativos en Grecia y también implica la intervención de tres fondos: el FEDER, el FSE y el fondo agrícola. 
La Comisión ha completado las tramitación de la petición griega relativa a la aplicación de la norma n+2 y ha llegado a la conclusión de que lo que queda como recorte potencial debido a la norma n+2 asciende a 8 638 000 euros, lo que representa menos que lo que en un principio estaba sobre la mesa. 
Seguimos a la espera de la confirmación de los griegos y, si lo confirman, esta será la dotación que la Comisión espera efectivamente como compromiso. 
La segunda parte de su pregunta se refiere al periodo de admisibilidad para los compromisos y los pagos. 
Como saben, para el período de programación 2000-2006, el plazo de admisión finaliza el 31 de diciembre de 2008. 
Los compromisos, en teoría y quiero subrayar esto, son posibles durante todo el periodo de admisión, o sea el año 2008. 
Sin embargo, es preciso establecer los compromisos con la suficiente antelación para permitir a los beneficiarios finales poner en marcha las operaciones y proyectos y efectuar los pagos antes de que finalice el plazo de admisión para el gasto, que expira a finales de 2008. 
Cerraremos los gastos para todos los Estados miembros al amparo de las actuales perspectivas financieras el 31 de diciembre de 2008, con excepción de los programas y las medidas contempladas por las ayudas estatales. 
Según las normas, este plazo de admisión concluye el 30 de abril de 2009. 
También quiero informarles de que de conformidad con todos nuestros análisis jurídicos y la información de que disponemos en la Comisión, no pueden existir excepciones a estas condiciones –quiero decir, a finales de 2008 o en abril de 2009– en cuanto a la posible fecha final de admisión. 
Así pues, la fecha final es finales de 2008 o abril de 2009, y esta es la situación. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, permítame preguntarle algo más. 
Dado que la aceptación de las solicitudes de exención traslada la presión a los próximos años, me gustaría que la Comisión explicara cómo se formulan las obligaciones de Grecia de los años 2006 y 2007 y cuál es la previsión de la Comisión, si es que tiene alguna, con respecto a la regla n+2 para estos dos años. 
. Con este tipo de pregunta es demasiado arriesgado embarcarse en una iniciativa para responder sin comprobarlo ni prepararlo, por lo que puedo comprometerme a que intentaremos responder lo más pronto posible durante los próximos días y responderle más tarde con una evaluación de la situación actual en lo que se refiere a los pagos y compromisos para Grecia. 
Las preguntas de la 48 a 59 se contestarán por escrito. 
Como son de contenido similar, las siguientes preguntas se tratarán simultánemaente: 
¿Cómo valora el Comisario el estado actual de los preparativos y el calendario para la introducción del euro en los diez nuevos Estados miembros, adheridos el 1 de mayo de 2004 a la UE? 
Según los puntos de vista expuestos en la prensa y en declaraciones formuladas por diferentes autoridades, la preparación de los nuevos Estados miembros de la UE para la introducción del euro se evaluará teniendo en cuenta no solo los criterios de Maastricht, sino también el nivel de desarrollo económico general del país. 
En concreto, se ha anunciado que se puede proponer a Eslovenia que entre en la zona del euro porque su PIB por habitante es más elevado que el de Lituania y el de Estonia, mientras que estos dos países no serán seleccionados aunque cumplan los criterios de Maastricht, incluido el nivel de inflación. 
¿Tienen fundamento estas declaraciones? 
¿Podría la Comisión indicar claramente que la decisión relativa a la adhesión de los nuevos Estados miembros a la zona del euro se basará únicamente en los criterios de Maastricht y no en otros, sean del tipo que sean? 
Respondo a la primera pregunta del señor Posselt diciendo que Estonia, Lituania y Eslovenia han establecido el 1 de enero de 2007 como fecha objetivo para la adopción del euro; Chipre, Letonia y Malta se proponen adoptar el euro el 1 de enero de 2008; 
Una vez cada dos años, como mínimo, o a petición de un Estado miembro, la Comisión y el Banco Central Europeo deben informar al Consejo sobre los avances realizados por los Estados miembros en el cumplimiento de su obligación de pertenecer plenamente a la Unión Económica y Monetaria. 
En febrero de 2006 la Comisión, de acuerdo con el Banco Central Europeo, anunció que el próximo informe de convergencia, relativo a todos los Estados no integrantes de la zona del euro, salvo los dos que tienen una cláusula de opt-out, el Reino Unido y Dinamarca, será publicado en octubre de 2006, es decir, dos años después de la evaluación anterior. 
Sin embargo, y de conformidad con el artículo 122 del Tratado, dos Estados miembros, Eslovenia y Lituania, se han dirigido a la Comisión y al Banco Central Europeo, solicitando un informe particular sobre sus avances en materia de convergencia; la Comisión y también el Banco Central Europeo tienen la intención de adoptar este informe sobre ambos Estados miembros el 16 de mayo de 2006. 
En el caso de que la evaluación sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia económicos y legales sea positiva, la Comisión presentaría la correspondiente propuesta y, previa consulta a este Parlamento, a mediados de junio el Consejo Europeo podría analizar y adoptar, en su caso, una decisión, con lo cual, la propuesta definitiva de derogación podría discutirse por el Consejo Ecofin el 11 de julio. 
Con independencia de este proceso, por supuesto, desde la Comisión mantenemos regulares contactos con todos los Estados que aspiran a entrar en la zona del euro, los seguimos muy atentamente y cooperamos con ellos para los preparativos prácticos de esta importante decisión. 
En respuesta a la pregunta del diputado señor Paleckis, debo decirle que, por supuesto, la Comisión aplicará el principio de igualdad de trato al evaluar los avances de los diez nuevos Estados miembros en materia de convergencia económica y legal. 
Los países, como acabo de decir, serán evaluados en función del procedimiento y los criterios establecidos en el Tratado, en particular en el artículo 122 y, como es obvio, la Comisión no tiene intención de cambiar este procedimiento ni de introducir criterios adicionales. 
En lo que se refiere al criterio de inflación, el Tratado establece, como saben sus Señorías, que el Estado miembro correspondiente tiene la obligación de mantener una evolución de precios sostenible y una tasa media de inflación que no supere en más de 1,5 puntos porcentuales la de, como máximo, tres Estados miembros con los mejores resultados en materia de estabilidad de precios. 
La Comisión se propone aplicar con rigor este criterio en el futuro, igual que lo ha hecho en el pasado. 
. – Señor Presidente, agradezco enormemente al Comisario su respuesta tan precisa. 
Sin embargo, si se me permite decirlo, ha hablado tan rápido al principio que la interpretación alemana ha sido prácticamente incomprensible. 
Por tanto, me gustaría saber si he entendido bien: ¿está previsto que los dos últimos de estos diez Estados miembros, es decir, la República Checa y Hungría, se adhieran en 2010? 
Quiero preguntar al Comisario si el proceso ha concluido realmente o si alguno de los diez Estados miembros han solicitado un aplazamiento hasta después de 2010. 
– Gracias por su respuesta a mi pregunta. 
Los criterios de Maastricht se aplican estrictamente a los países que solicitan la entrada en la zona del euro. 
No se puede aceptar a Lituania en la zona del euro, a pesar de que, en estos momentos, solo supera los criterios de inflación en un 0,1 %. 
Lituania ha cumplido esta condición durante los últimos seis años, como han hecho otros. 
En la zona del euro actual, muchos miembros infringen alguno de los criterios de Maastricht. 
Por ejemplo, algunos países grandes han incumplido durante muchos años las condiciones sobre el déficit presupuestario sin recibir ninguna tarjeta roja, igual que con respecto a la inflación y otros criterios. 
¿No se está discriminando en este sentido a los nuevos Estados miembros con este doble rasero? 
. 
En primer lugar, respondo al señor diputado Posselt tratando de no hablar tan rápido. 
Los objetivos que he citado, acerca de cuándo los Estados miembros desean ingresar en la zona del euro, son fechas definidas por ellos mismos. 
En su día, los tres primeros, Estonia, Lituania y Eslovenia, anunciaron que querían entrar en la zona del euro en 2007. 
Por su parte, Hungría, como usted ha citado, fijó 2010 como fecha objetivo. 
El único que no ha fijado objetivo alguno —como he dicho antes— es Polonia. 
Esa es una condición necesaria, pero no es condición suficiente. 
La condición suficiente es que, en la valoración que hacen tanto la Comisión como el Banco Central Europeo, acerca del cumplimiento de los criterios establecidos en el Tratado, los Estados miembros que desean entrar en la zona del euro cumplan dichos criterios. 
Por lo tanto, tienen que coexistir dos voluntades: la voluntad del Estado miembro y la voluntad expresada en última instancia por el Consejo, a propuesta de la Comisión, una vez que la Comisión y el Banco Central Europeo hayamos evaluado positivamente el cumplimiento de los criterios. 
Esa es la situación. 
En el caso de Polonia, que es el único de los nuevos Estados miembros que no ha fijado una fecha objetivo para ingresar en la zona del euro —también Suecia está en esa situación, después del referéndum negativo de 2003—, la Comisión recuerda que es una obligación de los propios Estados miembros —salvo en el caso de los que tienen una cláusula de excepción, que solo son Reino Unido y Dinamarca— plantearse el ingreso en la zona del euro y nuestra obligación y responsabilidad es evaluar si cumplen o no los requisitos. 
No le puedo responder por anticipado al señor diputado Paleckis acerca de cuál será el contenido del informe que la Comisión va adoptar el 16 de mayo y aun menos le puedo anticipar cuál puede ser el contenido del informe del Banco Central Europeo, por razones obvias. 
Lo que sí le reitero al señor diputado —y lo he dicho en muchas ocasiones— es que la Comisión va a evaluar si se cumplen o no los criterios tal como han sido definidos en el Tratado. 
No es un capricho de la Comisión establecer esos criterios. 
Es una prescripción del Tratado y nuestra obligación es hacer cumplir el Tratado, y le reitero que vamos a hacer esa evaluación con igualdad de trato para todos, no aplicando unos baremos a unos Estados miembros y unos baremos distintos a otros. 
Por lo tanto, cumplimiento del Tratado, valoración clara y rigurosa de si se cumplen o no los criterios e igualdad de trato para todos. 
La conclusión de este ejercicio de análisis se la podré anticipar a usted y a todas sus Señorías el 16 de mayo. 
– Los nuevos Estados miembros han de cumplir los criterios de convergencia para introducir el euro. 
A fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de convergencia, la Comisión y el Consejo formulan diversas propuestas para esos Estados miembros. 
Mi pregunta es esta: ¿puede un Estado miembro seguir una política económica que ignora las propuestas del Consejo y de la Comisión, y, si así lo hace, qué arriesga con ello? 
Señor Presidente, en general, para todos los Estados miembros con la derogación, todavía no miembros de la zona del euro, pero con obligación de serlo en el futuro, esa evaluación la hicimos en octubre de 2004 y la repetiremos en octubre de 2006. 
Para los dos Estados miembros que han hecho una petición individualizada de recibir esa valoración —tienen derecho a ello, según el Tratado—, es decir, para Eslovenia y Lituania, nuestra valoración, individualizada para cada uno de los dos, se realizará el 16 de mayo. 
No puedo anticiparles el resultado de un informe que va a ser adoptado por el Colegio de Comisarios el 16 de mayo. 
El 16 de mayo por la tarde, si ustedes lo desean, estaré en el Parlamento explicándoles el contenido del informe, pero hoy no puedo anticipárselo. 
– Señor Presidente, el Comisario ya ha mencionado uno de los problemas. 
Estamos debatiendo el grado de seriedad con que los nuevos Estados miembros cumplen sus compromisos, pero lo que no estamos tratando en realidad es cómo ve su futuro, concretamente, un Estado miembro que lleva cumpliendo los criterios durante cierto tiempo pero que, obviamente, no desea entrar en la zona del euro, como sucede con Suecia. 
La cuestión es si el caso de Suecia podría sentar un mal ejemplo para otros, que ahora son nuevos Estados miembros. 
El Comisario ha mencionado un nuevo Estado miembro que todavía no ha anunciado una fecha. 
Si no se imponen sanciones, ¿no sentará esto un precedente negativo? 
Coincido con el señor diputado en que nos enfrentamos a un problema, porque hay un Estado miembro que convocó un referéndum, el resultado del referéndum fue negativo y, apoyado en ese resultado negativo, no puede o no desea o no se plantea cumplir una obligación que, en tanto que Estado miembro, tiene. 
Tenemos que afrontar cómo resolver esa cuestión. 
Por prudencia la Comisión no ha querido hacerlo en los momentos inmediatamente posteriores a la celebración de un referéndum. 
Hay que combinar la obligación de la Comisión de respeto del Tratado con tener en cuenta la opinión expresada por los ciudadanos de ese Estado miembro, pero yo no me olvido de que la Comisión tiene que entablar conversaciones con Suecia para ver cómo en el futuro este país cumple con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea. 
Lo mismo está sucediendo con Polonia, que, en su día, había avanzado un objetivo para entrar en el euro, un año determinado. 
Las nuevas autoridades polacas anuncian que no asumen el objetivo de sus predecesores y que, de momento, no definen un objetivo futuro. 
Y yo ya he tenido ocasión de recordarle al nuevo Gobierno polaco que lo tendrá que hacer. 
No queremos presionar, pero no podemos olvidar que esa es una obligación de los Estados miembros. 
Tenemos que combinar —como le he dicho antes— el ejercicio de nuestras responsabilidades con la prudencia política y, desde luego, lo que sí digo —y lo he dicho ya en otras ocasiones en público— es que no se puede someter a referéndum el cumplimiento de una obligación que, en tanto que Estado miembro, tienen los 25 países que pertenecen a la Unión Europea. 
En este caso hay dos a los que se les aplica una excepción, Reino Unido y Dinamarca, pero, ni en general se pueden someter las obligaciones de los Estados a referéndum, ni, los 23 Estados que no tienen cláusula de opt-out, lo deberían hacer, porque no se puede someter a votación si se cumple o no un Tratado. 
– Señor Comisario, quiero preguntarle por la inflación. 
Sabemos que la inflación de los once primeros países que se adhirieron a la Unión Económica y Monetaria y que estaban listos para introducir el euro, ha sobrepasado el índice durante un periodo significativo. 
Solo dos países no han superado el índice. 
Los otros lo superaron durante un período que va de 10 meses a casi seis años, desde finales de 1998 hasta finales de 2005. 
Mi pregunta es: ¿estamos aplicando un doble rasero a los nuevos Estados y es la Unión Económica y Monetaria una unión técnica o es simplemente una unión política? 
. 
Señor Presidente, la obligación de la Comisión es hacer cumplir los Tratados y doy por supuesto que en anteriores ocasiones, cuando se creó la zona del euro, o cuando se admitió al duodécimo miembro de la zona del euro, la Comisión y el Consejo de entonces, con la opinión del Parlamento Europeo, tuvieron en cuenta la obligación de hacer cumplir los Tratados. 
Desde luego, yo, como Comisario, y la Comisión, que preside el señor Barroso, no vamos a abdicar de nuestra obligación de aplicar los Tratados y hacerlos cumplir. 
Los criterios económicos, incluido el de inflación, están definidos en un protocolo anejo al Tratado, con valor jurídico equivalente, idéntico al de las previsiones o los artículos del Tratado. 
Por lo tanto, no podemos ignorarlo ni transformarlo. 
Es verdad que existe una discusión académica sobre la definición, más o menos acertada, de los criterios, pero la celebración de una Conferencia intergubernamental y de un proceso de ratificación constituirá el procedimiento para cambiar los Tratados cuando se considere oportuno y cuando se tenga mayoría suficiente para ello. 
La Comisión no es quien para cambiar los Tratados y tiene la obligación de aplicarlos. 
Es verdad que existe una asimetría, porque se exige el cumplimiento de los criterios para entrar en la zona del euro y después, una vez dentro de ella, se pueden incumplir los criterios; una vez que se es miembro de la zona del euro, se puede tener más inflación, o más deuda, o más déficit. 
En el caso del déficit y la deuda, existen las reglas de la disciplina presupuestaria –artículo 104 del Tratado– y el Pacto de estabilidad y crecimiento y, en el caso de la inflación, no existen esas reglas, pero existen unas reglas que son probablemente más duras que las jurídicas de aplicación del Tratado: las reglas del mercado. 
Hoy hay países en la zona del euro que, por no ser capaces de moderar la evolución de su inflación y de sus costes laborales unitarios, están sufriendo considerablemente. 
Creo que también hay que tener en cuenta la dura realidad de cómo los mercados juzgan a quienes no cumplen determinadas reglas, aparte de la obligación de la Comisión de hacer cumplir las reglas del Tratado. 
¿Está satisfecha la Comisión con el funcionamiento en la práctica del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o tiene pensado modificar las normas que rigen su manera de operar en el futuro? 
. 
Señor Crowley, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado fue acordado por el Consejo Ecofin hace casi un año, en junio de 2005, previo acuerdo político en el Consejo Europeo de marzo del año pasado. 
Las primeras experiencias con el Pacto revisado son positivas, alentadoras, y apuntan a una renovada adhesión o a una renovada apropiación por parte de los Estados miembros de dicho marco. 
En todos los casos recientes que se han tratado, cuando la Comisión y el Consejo hemos aplicado las reglas del procedimiento de déficit excesivo, con arreglo al espíritu y la letra del Pacto revisado, ha habido pleno consenso y no se han producido dificultades ni discrepancias políticas, como en la ocasión anterior. 
En la vertiente preventiva del pacto, el examen de los programas de estabilidad y de convergencia de 2005, que hemos realizado en los primeros meses de 2006, ha mostrado que los Estados miembros han establecido su objetivo presupuestario a medio plazo, de conformidad con los principios acordados. 
Algunos países han decidido incluso establecer objetivos más ambiciosos, que reflejan una estrategia nacional tendente a garantizar una mejor sostenibilidad de sus finanzas públicas. 
Y, en lo que se refiere a la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo, los Estados miembros que todavía no están en esa situación de equilibrio a medio plazo cumplen generalmente la exigencia de realizar un esfuerzo presupuestario equivalente, como mínimo, al 0,5 % de su producto bruto, en términos estructurales. 
Por citar algunos casos, les recuerdo que, desde el año pasado, desde que se aprobó el nuevo Pacto hasta ahora, el procedimiento de déficit excesivo se ha aplicado a Italia, Portugal, Hungría, el Reino Unido y Alemania, con unanimidad en el Consejo y sin los problemas de apropiación política que existieron en la fase anterior. 
Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, la Comisión está satisfecha con el funcionamiento del nuevo Pacto. 
. – Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Sobre el último punto que ha comentado con respecto a las normas relativas a unos déficit públicos excesivos y de que se hayan hecho propuestas a Italia, Portugal, Hungría y el Reino Unido, ¿qué pasa con Francia y Alemania? 
Ambos países tienen déficit públicos excesivos que traspasan los límites acordados conforme a los criterios. 
En particular, ¿qué ocurre con la pérdida de confianza en el Pacto de Estabilidad que esto crea en el mercado en sentido amplio? 
Esto se pone de manifiesto, en particular, cuando observamos las dificultades actuales relativas al reconocimiento del euro y de la economía de la zona del euro en los Estados Unidos o en Extremo Oriente, y a las preguntas continuas sobre el cumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en esas zonas. 
. 
Señor Crowley, señor Presidente, a Francia se le está aplicado el procedimiento de déficit excesivo y está sometida al procedimiento establecido en el apartado7 del artículo 104 del Tratado. 
En cumplimiento de sus obligaciones de aplicar las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo, las autoridades francesas tenían el compromiso y la obligación de situar el déficit público en 2005 por debajo del 3 %. 
La semana pasada, las autoridades francesas notificaron a la Comisión que el déficit público a finales de 2005 se situaba por debajo del 3 %. 
En las tres próximas semanas, de aquí al 24 de abril, Eurostat tiene que analizar las cifras notificadas por las autoridades francesas, y explicará si dichas cifras, un déficit del 2,87 %, son correctas o no. 
En el caso de que lo fuesen –espero que lo sean, pero no puedo anticipar la decisión de Eurostat–, Francia habría cumplido en 2005 las recomendaciones. 
El Gobierno francés prevé también para 2006 situar el déficit por debajo del 3 %; la Comisión Europea toma nota de ello y se congratula de las intenciones del Gobierno francés, pero vamos a publicar nuestras previsiones económicas de primavera el próximo 8 de mayo. 
Hasta entonces no podré anticipar cuál va a ser nuestra previsión económica para este año, pero, sin anticipar las valoraciones definitivas, creo que la situación presupuestaria en Francia está mejorando con relación a nuestras previsiones de hace un año, entre otras cosas, porque el Gobierno francés y, en particular, el Ministro de Hacienda, el señor Thierry Breton, tienen el compromiso político –que agradezco, tuve ocasión de hacerlo públicamente el otro día en Bruselas–, de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Es una muestra de cómo el consenso renovado en torno al nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento está funcionando. 
Es posible que hace un año, antes de la revisión del Pacto, hubiese sido difícil escuchar al ministro francés, o al alemán, o al italiano, por citar los ejemplos de las tres mayores economías de la zona del euro, contraer reiteradamente el compromiso político de que sus cuentas públicas iban a ser conformes con las recomendaciones que reciben de la Comisión y del Consejo para la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Hace dos años hubiese sido imposible; hace un año era difícil. 
Hoy es real, es un compromiso político cierto. 
Pero esto no quiere decir que no queden todavía etapas difíciles por delante, porque no debemos contentarnos con déficits del 2,8 %. 
Europa, la Unión Europea y las mayores economías de la zona del euro deben proseguir su consolidación fiscal hasta situar las cuentas públicas, a medio plazo, en una situación de equilibrio en términos estructurales para poder afrontar los importantes desafíos que tenemos de cara al futuro, el primero de los cuales son las consecuencias del envejecimiento de la población. 
En cuanto al euro, la confianza en la economía de la zona del euro está mejorando día tras día, y hay índices de confianza, como el índice IFO alemán, que está batiendo el récord de los últimos quince años. 
Ayer se publicaron datos de los indicadores que elabora la Comisión, los servicios bajo mi responsabilidad, que marcan récords de confianza en los últimos cinco años. 
Desde la anterior fase expansiva no habíamos alcanzado tales grados de confianza. 
Nuestra moneda se mantiene perfectamente estable en los mercados de cambio, incluso está demasiado apreciada según algunos sectores económicos. 
El euro se utiliza en los mercados financieros, en los mercados de deuda y en los mercados de capitales y de dinero a escala global en una proporción superior al peso relativo de la economía de la zona del euro en la economía mundial. 
Por lo tanto, creo que debemos estar vigilantes, pero satisfechos de los logros que hemos conseguido en los siete primeros años de funcionamiento de la unión económica y monetaria. 
– ¿Ha tenido la creación de una Presidencia más estable en la zona del euro alguna implicación práctica en su labor como guardiana de los Tratados y guardiana del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
¿Cuáles son los efectos prácticos de la Presidencia más estable de la zona del euro? 
. 
Cuando los Estados miembros de la zona del euro decidieron nombrar un presidente estable del Eurogrupo, yo me manifesté muy satisfecho. 
Estaba convencido de que una interlocución regular, continua, permanente con el presidente de esa instancia, que no es una formación orgánica del Consejo, pero que tiene unos debates y unas responsabilidades en la práctica muy importantes, iba a ser una decisión eficaz. 
Cuando supe que el presidente iba a ser Jean-Claude Juncker, me ratifiqué en mi confianza. 
Y ahora puedo decir que las relaciones con el Presidente del Eurogrupo son excelentes, nuestros contactos son continuos y la preparación de las reuniones ha mejorado considerablemente. 
Creo que es muy apreciado el papel que cumple hacia el exterior, expresando la voz, los criterios, los planteamientos de los países de la zona del euro. 
Me manifiesto claramente de manera positiva sobre la institución, la institucionalización, sobre la persona y sobre el ejercicio de las funciones por parte de esa institución y de esa persona. 
Me parece que las necesidades de la zona del euro en materia de coordinación de política económica son evidentes. 
Antes citaba los problemas de algunas economías de la zona del euro, por ejemplo, a la hora de afrontar pérdidas de competitividad por una evolución por encima de la media de sus costes laborales unitarios. 
Hay problemas de inflación de activos en algunas economías de la zona del euro, hay una necesidad evidente de mejorar el diálogo entre el Eurogrupo y el Presidente del Banco Central Europeo. 
Todas esas funciones las está cubriendo el Eurogrupo, y ello en buena medida gracias a una eficaz e inteligente dirección de los trabajos del Eurogrupo por parte del Presidente Juncker. 
– Quiero preguntar al Comisario qué tipo de conversaciones ha mantenido con los Estados miembros de la zona del euro en relación con su desempeño actual y potencial. 
En el caso de Irlanda, por ejemplo, la inflación de los activos, el índice de precios de la vivienda, ha aumentado un 1,5 % en febrero. 
La inflación de la vivienda ha sido de dos dígitos durante algún tiempo y parece que seguirá así. 
Si hay un aterrizaje forzoso en la industria de la construcción, ello repercute en los ingresos, en los pagos del desempleo y, por lo tanto, en la renta y en la confianza de los consumidores. 
¿Ha mantenido usted conversaciones con el Gobierno irlandés sobre esta cuestión y en qué medida la Comisión ha considerado las implicaciones que pudieran tener para un miembro de la zona del euro la posibilidad de un aterrizaje forzoso? 
. 
Por supuesto que discuto sobre la evolución de la economía de la zona del euro, no solo de la zona del euro, también del conjunto de la Unión Europea. 
Pero, en particular, ya que usted me pregunta por la zona del euro, discuto de la economía de la zona del euro de modo bilateral con los diferentes ministros de la zona y con el Presidente del Banco Central Europeo, y, de manera colectiva, una vez al mes en las reuniones del Eurogrupo. 
En la mayoría de las reuniones del Eurogrupo hay un punto dedicado al análisis de la situación económica. 
A veces se analiza la situación económica con carácter general, a veces se examina un aspecto concreto de esa evolución económica. 
En relación con la inflación, el responsable del mantenimiento de la inflación, de acuerdo con los objetivos fijados por el Banco Central Europeo, es el propio Banco Central Europeo, una institución independiente, que tiene mandato de las demás instituciones europeas, en virtud del Tratado, para preservar la estabilidad de precios y que ejerce sus decisiones con total independencia, pero establece también un diálogo con las demás instituciones. 
El Presidente del Banco Central Europeo participa mensualmente en las reuniones del Eurogrupo. 
Asimismo, el Presidente del Eurogrupo y el Comisario responsable de Asuntos Económicos y Monetarios estamos invitados a participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y aceptamos esas invitaciones. 
Y, en particular, sobre el tema de la vivienda, en la última reunión del Eurogrupo, celebrada en Bruselas el pasado mes de marzo, discutimos, en uno de los puntos, la situación de los mercados de la vivienda, que no es la misma en todos los países de la zona del euro. 
Hay algunos países de la zona del euro con un problema de inflación de activos inmobiliarios y hay otros países de la zona del euro con la situación contraria, que incluso han tenido una estabilidad total, cuando no un decrecimiento a lo largo de algunos años de los precios de la vivienda y de otros activos inmobiliarios. 
Esa divergencia interna en la zona del euro, en cuanto a los precios de los activos inmobiliarios, crea problemas, porque, por definición, política monetaria solo puede haber una en la zona del euro, y los impactos son diferentes. 
Hemos discutido de la cuestión. 
La Comisión Europea se ha comprometido a someter nuevos análisis y nuevas consideraciones al Eurogrupo en los próximos meses. 
Si usted está especialmente interesado en saber cuál es nuestro análisis de la inflación de activos en el sector de la vivienda en algunos países de la zona del euro, le enviaré el último informe trimestral sobre la economía de la zona del euro, publicado hace pocos días por los servicios que están bajo mi responsabilidad en la Comisión. 
Las preguntas que no se han tratado por falta de tiempo serán contestadas por escrito (véase el Anexo). 
Con esto concluyen las preguntas a la Comisión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0076/2006) del señor Takkula, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa «Ciudadanos con Europa» para el periodo 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa (COM (2005) 0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041 (COD) ). 
. – Señor Presidente, quiero empezar esta presentación de mi informe dando las gracias a todos los que han participado en este trabajo. 
Esta cuestión llegó a nuestra comisión hace un año, la propuesta se presentó al Parlamento el 6 de abril de 2005 y desde principios de mayo nuestra comisión empezó a deliberar sobre ella. 
Desde entonces, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior han hecho algunas declaraciones, sobre las cuales la señora Gill y el señor Catania, respectivamente, han hecho un buen trabajo. 
También la Comisión de Asuntos Constitucionales ha hecho una declaración al respecto, redactadas por la señora Esteves. 
Quiero darles las gracias a todos ellos por sus excelentes y bien fundamentadas declaraciones. 
Podría decirse que este año hemos estado muy ocupados, y también quiero dar las gracias a todos los ponentes alternativos y a los diputados y las diputadas de la comisión que, con firme voluntad, me han ayudado en esto, y a todos los demás participantes. 
Por tanto, ahora nos encontramos con que mañana se va a votar sobre este informe y pensaba decir unas pocas palabras más sobre el mismo. 
Contiene cuatro acciones. 
La primera es «Ciudadanos activos con Europa» , que incluye el hermanamiento entre ciudades y que ahora ha sido objeto de mucha publicidad y comentarios positivos a través del programa existente. 
Los proyectos ciudadanos también se engloban en la acción 1. 
La acción 2 es «Una sociedad civil activa en Europa». 
Se trata de un medio para obtener apoyo estructural para los laboratorios de ideas de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil, así como apoyo a proyectos de la sociedad civil. 
También es una acción muy importante. 
La acción 3 lleva el nombre de «Juntos con Europa» : actos de gran visibilidad, estudios, divulgación e información. 
La acción 4 es la «Preservación de la memoria europea». 
La finalidad de este programa consistía específicamente en llegar a los europeos que, por un motivo u otro, todavía no han conseguido participar en el plan de trabajo europeo. 
Como sabemos, actualmente hay personas que por algún motivo sienten la cuestión de Europa como algo ajeno a ellas, y Europa ha conocido incluso una creciente exclusión. 
A través de este programa hemos intentado encontrar a esas personas y crear un programa adecuado para ellas a fin de que también puedan experimentar qué es actuar juntos, para que sepan qué es la identidad europea y cómo podemos fortalecer la identidad común europea. 
Tanto los últimos acontecimientos en relación con las elecciones del Parlamento Europeo, como los resultados de los referendos demuestran que muy pocas, demasiadas, personas están interesadas en cuestiones que nos afectan a todos. 
Como ya sabemos, es importante fortalecer la identidad europea y aumentar las actividades en la que se impliquen todas las naciones de Europa, creando así oportunidades para que todos participen. 
En una palabra, este programa ha funcionado sobre el supuesto de que lo que necesitábamos no era un programa elitista, sino un programa adecuado para todos los europeos. 
Algunos podrán decir que es una especie de mosaico variopinto o que en el mismo programa se han metido numerosas cuestiones de importancia muy diferente, pero se ha hecho a medida precisamente para que coincida efectivamente con algunos de los programas existentes y que brinde de verdad a todos los europeos la oportunidad de participar en Europa. 
Ahora parece que, aunque en comisión hubo casi unanimidad (solo dos diputados se abstuvieron y el resto votó a favor del programa) , en la sesión de mañana van a presentarse unas pocas enmiendas. 
Se refieren principalmente a la acción 4, la preservación de la memoria europea. 
También se refieren a organizaciones que ya se han mencionado en este programa. 
En relación con estas organizaciones quiero decir lo siguiente: espero que esta parte del programa, que se ocupa de la preservación de la memoria europea, nos ayude a adherirnos a su finalidad original de apoyar los emplazamientos conmemorativos de las víctimas del nazismo y del estalinismo, porque estos regímenes totalitarios afectaron a toda Europa sin limitarse a un único país. 
Con respecto a esto, quiero dar las gracias a la señora Mikko en particular, ya que ella defendió con firmeza el componente estalinista y quería que se incluyera. 
En este sentido, espero que seamos fieles a nuestras opiniones al respecto. 
Asimismo, también espero que las observaciones adicionales realizadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea con respecto a estas nuevas organizaciones, , el situado en Berlín y el Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, puedan aprobarse en el marco de este programa. 
Por desgracia, el tiempo es tan escaso y he superado el mío, por lo que no puedo alargarme más, pero quiero darles las gracias por todo el apoyo. 
Espero que el resultado de la votación sea como deseamos en comisión. 
. Señor Presidente, ahora hace un año que propusimos este importante programa para fomentar la ciudadanía europea. 
Mañana votarán ustedes sobre este informe, que refleja una gran labor realizada desde entonces, y es un paso importante hacia la adopción de la nueva generación de programas. 
Quiero dar las gracias a todas las comisiones enumeradas, en particular a la Comisión de Cultura y Educación y a su ponente, el señor Takkula, por sus esfuerzos, que combinan la firmeza y la modernización. 
El informe refleja este equilibrio y demuestra que la comisión parlamentaria comparte las inquietudes de la Comisión sobre la necesidad de fomentar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de una Europa común. 
La propuesta se basa en la convicción de que el fortalecimiento de la ciudadanía activa a escala europea está estrechamente relacionada con el desarrollo del sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y de la identidad europea, que se complementa con otras identidades: nacional, regional y local. 
Por consiguiente, los valores comunes, la historia y la cultura con toda su diversidad serán los elementos esenciales del programa. 
La comisión parlamentaria ha aprobado varias enmiendas que enriquecen nuestra propuesta con referencias a los valores europeos. 
Me complace observar que el informe sigue la propuesta de la Comisión sobre las diversas medidas de este programa, asegurando la continuidad de las actividades que han demostrado ser satisfactorias y la introducción de proyectos y métodos innovadores para la participación de los ciudadanos. 
Agradezco que el informe proponga la integración de una nueva y cuarta medida que preste apoyo a los actos conmemorativos a las víctimas de los regímenes nazi y estalinista, tal como se acordó por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en noviembre. 
Quiero pasar ahora a la cuestión de los beneficiarios designados. 
La Comisión ha propuesto una lista limitada de seis órganos designados debido a su carácter único en la escena europea. 
Tres de ellos celebran la memoria o continúan la labor de los padres fundadores, mientras que otros tres son asociaciones paneuropeas de organizaciones de los diversos países. 
Todos ellos han sido financiados durante muchos años por las instituciones europeas. 
Todos ellos contribuyen a los objetivos de este programa. 
Agradezco que la comisión comparta nuestra filosofía y haya confirmado la selección. 
Ha propuesto añadir otra organización: la. 
Todas las características que se han citado anteriormente se aplican a esta organización. 
Esta red paneuropea de organizaciones locales tiene por objeto la implicación de los ciudadanos en la construcción de Europa. 
Por lo tanto, me alegra decir que la Comisión apoya esta enmienda, siempre que no suponga que otras organizaciones puedan optar a esta designación. 
Por último, quiero expresar lo que pienso sobre la cuestión del voluntariado. Se ha mencionado este aspecto en la propuesta como ejemplo en el ámbito de interés de este programa. 
Una enmienda de la comisión parlamentaria proponía suprimir esta referencia. 
Sin embargo, creemos que el voluntariado es una herramienta poderosa para el desarrollo de la cohesión social y el compromiso con la sociedad y que, por lo tanto, merece que se le preste una atención especial en el programa. 
Estos son, en resumen, los principales puntos sobre los que quería llamar su atención. 
Se habrán percatado ustedes de que nuestros puntos de vista convergen en muchos aspectos. 
Permítanme que subraye la importancia de continuar nuestra cooperación constructiva, a pesar de las incertidumbres actuales en torno a las cuestiones financieras relacionadas con este programa. 
En interés de los ciudadanos, hemos de esforzarnos cuanto podamos por alcanzar un acuerdo lo más pronto posible para preparar la puesta en marcha de este programa en enero de 2007. 
Su votación enviará una importante señal a los ciudadanos europeos, ya que se está dando otro paso importante hacia una Europa para los ciudadanos. 
– Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al ponente por su informe. 
Se trata de un programa de vital importancia, ya sea «Ciudadanos con Europa» o «Europa de los ciudadanos». 
La última vez que formulamos esta pregunta en 1992, la mitad de los ciudadanos de la UE encuestados dijeron que nunca se habían sentido europeos. 
Creo que esta cifra probablemente ha disminuido con el tiempo, pero no tanto como quisiéramos. 
Pero que nos sintamos o no europeos, somos ciudadanos europeos y compartimos los derechos y los privilegios que la ciudadanía lleva consigo. 
Este programa ha de hacer que la gente sea conciente y esté orgullosa de su ciudadanía de la Unión Europea. 
Sin embargo, es importante recordar que ya hemos invertido en programas similares cuyo objeto era implicar a los ciudadanos. 
El problema está en que la estrategia de la Comisión en este terreno ha sido poco sistemática y confusa. 
Por lo tanto, lo que quiero preguntar a la Comisión es: ¿puede garantizar que no se tratará solo de otro programa más? 
¿Marcará realmente una diferencia? 
¿Se relacionará con otras acciones en una estrategia coherente y que sirva de puente de unión? 
Espero realmente que sea así, pero quiero que la Comisión explique de qué manera. 
Como hablo en nombre de la Comisión de Presupuestos, me preocupa que las ambiciones no se respalden con recursos. 
Por lo tanto, volvemos a crear expectativas solo para defraudarlas. 
Entiendo que todos los diputados quieran abordar sus cuestiones preferidas dentro del ámbito de aplicación de este programa, pero su financiación, creo, está lejos de ser suficiente y necesitamos examinar muy de cerca algunas de las enmiendas que se han presentado. 
Quiero dar las gracias al ponente por prestar especial atención a la sociedad civil organizada en el ámbito local, incluidas las personas discapacitadas. 
Sin embargo, lamento que no hayamos presionado bastante a la Comisión para que se esfuerce más en llegar a las comunidades más desfavorecidas. 
Por último, deseo a este programa todo el éxito del mundo y espero que se retomen las cuestiones de seguimiento y la evaluación que ha presentado la Comisión de Presupuestos. 
. – Señor Presidente, Señorías, el tema de la ciudadanía es fundamental para la revitalización del proyecto político de la Unión Europea. 
No hay atajos para revitalizar el papel de Europa a escala global, es necesario organizar un proceso constituyente real, evitando los intentos de resucitar un Tratado Constitucional ya muerto y liquidado por la voluntad popular. 
Es necesario construir una sociedad intercultural que haga hincapié en la identidad mestiza de Europa y sobre todo favorecer la integración de los inmigrantes y la ampliación de los derechos de ciudadanía. 
Por esta razón, pensamos que la ciudadanía europea debe ser un concepto muy vinculado a la residencia, con el objetivo explícito de favorecer la inclusión. 
A este fin, consideramos que el programa «Ciudadanos con Europa» puede ser un instrumento útil y válido para promover los derechos de ciudadanía europea, que deberían disociarse cada vez más de criterios nacionales. 
Las acciones del programa merecen nuestro apoyo y me refiero en particular a los proyectos de hermanamiento entre ciudades y a la rememoración activa europea. 
En este punto, sin embargo, creo que hay que ser claros. 
El siglo XX fue un siglo de guerras y regímenes autoritarios y fueron muchas las víctimas de las deportaciones y los exterminios masivos perpetrados por los regímenes nazi y estalinista. 
No obstante, la historia del siglo XX europeo no puede conmemorarse sin recordar a las víctimas de los regímenes fascistas: en Italia los fascistas privaron a hombres y mujeres de su libertad durante veinte años y entre el régimen italiano y el nazismo hay muchos vínculos. 
España, Portugal y Grecia no recuperaron la democracia y la libertad hasta hace poco. 
El antifascismo es un valor europeo y no puede limitarse a un hecho nacional. Por ello, consideramos útil recordar hoy a las víctimas del fascismo, para evitar que puedan repetirse fenómenos semejantes. 
Sigue habiendo en Europa grupos neofascistas que se alimentan de la xenofobia, la homofobia, la islamofobia y el antisemitismo. 
Sería trágico y peligroso para la promoción de la ciudadanía y para la identidad europea común excluir del programa a las víctimas de esos regímenes autoritarios. 
Por ese motivo, esperamos que se aprueben las enmiendas 62 y 63. 
. – La identidad europea se considera el punto donde confluyen los valores universales de la dignidad humana con una serie de tradiciones diferentes. 
Esta identidad, que después de todo es simplemente una forma de vida más, la impulsa el programa de Ciudadanos con Europa que es hoy objeto de debate. 
El programa promueve una conciencia ética del mundo, que es la expresión más profunda de la ciudadanía europea. 
El programa prepara el camino para un modelo político de cooperación entre el público en general y las instituciones de la Unión Europea. 
Este camino ayudará a convertir a los ciudadanos en partícipes del proceso político europeo. 
Por este motivo el programa es tan importante. 
Ahora Europa tiene la tarea de convertirse en una Europa política y de pasar de ser un mercado a ser un ámbito público de debate. 
No obstante, este empuje hacia la ciudadanía europea comporta un gran desafío para las instituciones. 
La política de ciudadanía significa que las instituciones de la Unión Europea también han de pasar a ser más políticas. 
La cuestión de la ciudadanía europea gira mucho alrededor de cómo las instituciones promueven el interés de las personas en la política europea. 
Existe la necesidad obvia de una reforma institucional en Europa y de nuevas reglas que puedan atraer y capacitar al público europeo. 
Asimismo, es claramente necesario un punto focal político en torno al cual podría haber una esfera política europea. 
Pero para ello, Europa precia ser más política en todas sus estructuras, desde el punto de vista de los ciudadanos, los partidos y las relaciones entre instituciones. 
Quizá el debate público europeo esté esperando a que lo lancen a la vida. 
Quizá el debate público europeo esté esperando un momento decisivo y una Constitución. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de hecho la Unión Europea está pasando por una mala racha en estos momentos. 
Tras el rechazo del Tratado Constitucional en Francia y los Países Bajos, los ciudadanos europeos son cada vez más escépticos con respecto a las instituciones de la Unión Europea y la ampliación rápida de la Unión Europea. 
El programa «Ciudadanos con Europa» está destinado a promover la ciudadanía europea activa y a reducir la insatisfacción y la alienación. 
Mi Grupo apoya activamente los principales objetivos del programa: promover los valores y los logros europeos y conservar la diversidad cultural a fin de fomentar la cohesión entre europeos. 
Este programa es una de las herramientas que podrían ayudar a la Unión Europea a lograr estos objetivos, por medio del hermanamiento de ciudades, proyectos ciudadanos, creación de redes europeas en el sector de la sociedad civil y centros de educación para adultos. 
Además, tal y como hemos oído, la importancia de la «preservación de la memoria europea» no debería subestimarse a este respecto, en concreto la conservación de lugares construidos en memoria de la deportación y el exterminio masivo por parte de nazis y estalinistas. 
Los lugares creados en memoria de las víctimas de los crímenes cometidos por estos regímenes totalitarios, cuyo efecto se dejó sentir en toda Europa, se han incluido en el programa y van a recibir fondos; ambas acciones cuentan con el apoyo de mi Grupo. 
El presupuesto total propuesto va a ser de 235 millones de euros en el marco de las perspectivas financieras para 2007-2013. 
En vista de los ambiciosos objetivos del «Ciudadanos con Europa» , esta financiación, por supuesto, no refleja la verdadera importancia del programa como herramienta para que los ciudadanos, por un lado, sean conscientes de su identidad europea y de los valores comunes, y para fortalecer y apoyar la integración europea por otro. 
. – Señor Presidente, Europa debería estar en primer lugar con sus ciudadanos, y no solo los ciudadanos con Europa. 
Por este motivo me complace que el informe del señor Takkula haya convertido el programa de Ciudadanos con Europa en el programa de Europa con los ciudadanos. 
Me impresiona menos cómo el Consejo de la Unión Europea habla continuamente de la importancia de implicar al ciudadano en la Unión Europea, pero nos engatusa con una excusa, cuando se trata de financiar el programa de la Europa para los ciudadanos. 
La parsimonia del Consejo no dice mucho en su favor. 
Lo que es peor, ha dificultado mucho el debate sobre el informe Takkula, porque cuando hablamos de implicar a los ciudadanos en la Unión Europea en realidad queremos decir todos los ciudadanos. 
Por ejemplo, esto incluye a los ciudadanos europeos que han sido víctimas de regímenes dictatoriales o de luchas internas en Europa, o a los nuevos ciudadanos, inmigrantes y ciudadanos de terceros países que viven en Europa desde hace mucho tiempo, así como a ciudadanos de todas las edades. 
Si contáramos con fondos suficientes, que no los hay, sin duda podríamos haber financiado una amplia gama de proyectos que habrían afectado a todos esos grupos. 
Como suele ocurrir, solo podemos financiar un número muy limitado de programas. 
Para evitar la decepción de las personas que se ponen nerviosas cuando vienen a presentar sus solicitudes, solo para que las rechace la Comisión, el señor Takkula ha sido lo suficientemente valiente como para decepcionar a los ciudadanos en esta fase, para dejar del todo claro y desde el principio quién puede optar a los fondos y quién no. 
Es comprensible y, en general, apoyo esta forma de hacer las cosas. 
Sin embargo, cuando se trata de recordar a las víctimas de las dictaduras, este enfoque es doloroso y lamentable. 
¿Las víctimas de una dictadura son más importantes que las de otra? 
Por supuesto que no. 
Deberíamos intentar evitar dar esa impresión, incluso aunque corramos el riesgo de que la Comisión tenga que decepcionar a los ciudadanos en una fase posterior. 
Por este motivo espero que todos apoyen la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en la que solicitamos que se recuerde a las víctimas de todas las dictaduras europeas. 
El ciudadano europeo no debería ser la parte receptora de los movimientos económicos del Consejo. 
Todavía no es demasiado tarde. 
La decisión final sobre las perspectivas financieras se tomará antes de que el informe vuelva a esta Cámara para su segunda lectura. 
Querría hacer una solicitud urgente a las partes implicadas para que en el futuro pongan más fondos a disposición de la cultura en general y del programa de Europa con los Ciudadanos en particular. 
Sin ciudadanos la Unión Europea no es nada, como de hecho han demostrado una y otra vez el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Por tanto, necesitamos dinero porque el programa brinda muchas oportunidades, incluidas las de hermanamiento de ciudades, de apoyo a los laboratorios de ideas y las ONG, así como de promoción de contactos entre ciudadanos europeos, por ejemplo en clubes deportivos. 
Todas ellas son ideas excelentes, pero las buenas ideas sin dinero para respaldarlas no son nada más que promesas vacías. 
Si Europa quiere servir a sus ciudadanos, ahora no debería dejarles en la estacada. 
– Señor Presidente, estoy particularmente agradecida al ponente, el señor Takkula, por su dedicación, que llega al mismo corazón de la Unión Europea. 
Esta Europa debería ser una cuestión sentida por sus ciudadanos; esta es la idea básica que subyace al programa que debatimos. 
Es preciso promocionar más la ciudadanía europea activa. 
Se trata de mejorar la integración de los ciudadanos, ya que en su mayoría rechazan Europa y saben demasiado poco de los ideales, valores y objetivos europeos. 
La Unión Europea resulta extraña a la mayoría de los ciudadanos, que no la consideran su patria. 
La política de integración europea está fracasando. 
Para muchos, Europa es demasiado inestable, demasiado complicada, demasiado insondable, demasiado fría. 
Por este motivo, el enfoque del ponente de despertar el interés por Europa en ámbitos estimulantes para los ciudadanos, como por ejemplo los clubes deportivos, iniciativas culturales actividades de ocio, es muy viable. 
Quiero solicitar hoy aquí que se promuevan más actos de Eurovisión a través de la televisión. 
Un Festival de la Canción al año no basta para dar a los ciudadanos una idea permanente de la diversidad de este continente. 
¿Por qué no existe un Festival de Cine Europeo, por ejemplo, o concursos de baile en Eurovisión o un «European Idol» , o espectáculos europeos de sábado por la noche, donde los Estados miembros compitan entre sí para divertirse? 
Es la única forma de generar interés efectivamente, quizá incluso entusiasmo, entre los ciudadanos europeos aunque sean apolíticos en su Europa que es la nuestra. 
Actualmente los representantes de las empresas de televisión europeas mantienen contactos frecuentes para hablar de la nueva Directiva «Televisión sin fronteras». 
Solicitemos y promovamos un mayor compromiso con Europa en los programas de televisión nacionales de esparcimiento. 
. – Señor Presidente, Comisario Figel, Señorías, yo también acojo con agrado este programa porque es un intento de responder a la crisis de confianza en Europa que sufren muchos ciudadanos. 
Es importante poder celebrar amplios debates de verdad sobre los conocimientos que tiene Europa de sí misma en términos políticos y culturales, sobre su responsabilidad social y su futuro, y también sobre la función que quiere desempeñar en el mundo. 
Después de todo, poder hablar directamente ante un gran número de ciudadanos, jóvenes, ancianos, miembros de organizaciones culturales y asociaciones políticas, sobre todos los asuntos políticos de Europa es la única forma de llegar a los ciudadanos y sus corazones con más éxito del que hemos logrado en los últimos meses. 
Por este motivo, la cuestión del futuro de Europa es tan importante en este programa, aunque también lo es el pasado de Europa. 
De hecho, por desgracia Europa es el continente cuyo totalitarismo, cuyo nacionalsocialismo y cuyo estalinismo han causado grandes sufrimientos, asesinatos y crímenes no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo. 
Por lo tanto, me parece bien que este programa nos recuerde ese pasado totalitario, que volvamos a evaluar ese pasado, que seamos razonables y que hagamos lo posible por garantizar que todo eso no ocurra de nuevo. 
Por lo tanto, quiero dejar claro que no me parece que se trate de competir con otros regímenes dictatoriales que han existido en Europa. 
Por supuesto, está bien volver a evaluarlos en el plano nacional, y todos nos ocupamos de eso, pero es igualmente positivo que este programa europeo haga referencia al totalitarismo de Europa. 
Por tanto, yo también estoy a favor de la propuesta del ponente. 
. – Empecemos con el nombre del programa. ¿«Ciudadanos con Europa» o «Europa con los ciudadanos»? 
La diferencia no le ha pasado por alto a la Comisión. 
Es fruto de la cultura que prevalece en las instituciones europeas. 
No habrá nuevos ciudadanos con Europa mientras la Europa de las instituciones siga, con sus políticas, exacerbando las fisuras sociales y los problemas de identidad. 
Ningún programa de ciudadanía puede resolver este divorcio. 
Sin embargo, si el programa, ya desde su título, refleja esta urgencia primaria, entonces no puede ser nada bueno. 
Por tanto, celebro el cambio de nombre, aunque ojalá tuviera la solidez de la que actualmente carece. 
Por tanto, quiero subrayar tres aspectos: ante la escasez de recursos, hay dos opciones. O bien el dinero se concentra en unas pocas acciones muy destacadas, o bien se distribuye entre proyectos que promuevan la ciudadanía europea. 
El ponente ha optado por el compromiso, a la vez que intenta aumentar las reservas de la segunda de estas opciones. 
Yo habría ido mucho más lejos. 
No tengo nada en contra de los grandes actos, pero me opongo frontalmente a que se mienta. 
La gran virtud de este programa es que pueden ejecutarlo las redes de asociaciones que, sobre el terreno, promueven la ciudadanía. 
Todo desvío de esta opción distorsionaría la misma idea de ciudadanía. 
Por consiguiente, la idea de asignar una suma sustancial de dinero a seis, ahora ocho, instituciones sin ningún tipo de concurso, es igualmente insostenible. 
El procedimiento normal en una sociedad civilizada consiste en seleccionar proyectos por medio de concursos transparentes. 
En la otra punta de la escala está la ley de los grupos de interés, de los acuerdos y de los favores. 
En este caso particular se alcanzaron acuerdos de último momento para dar cabida a dos organizaciones más. 
No estoy juzgando sus verdaderos méritos, pero sí critico la falta absoluta de mérito en este método de concesión de subvenciones. 
Lo contrario sería una lección de ciudadanía europea, según la cual los concursos se celebran y, esperemos, los concursantes se seleccionan imparcialmente de acuerdo con sus méritos. 
La última cuestión que quiero plantear se refiere al problema de la memoria. 
Con la entrada de los nuevos países del este, es perfectamente comprensible que haya surgido la idea de asociar la memoria a las víctimas del estalinismo a la de las víctimas del holocausto. 
Es bastante justo, pero no es toda la historia. 
Lo que falta es algo para honrar la memoria de las víctimas del fascismo en el sur de Europa. 
Nuestra visión de la ciudadanía ha de ser de respeto por el dolor de las víctimas, sus familias y sus descendientes. 
No puede haber otros criterios. 
En Portugal hay una campaña ciudadana en contra de convertir los cuarteles de la policía del antiguo régimen en pisos de lujo, en lugar de en un museo. 
Cada una de las personas aporta su memoria a Europa. 
Con esas memorias, con todas ellas, la propia memoria puede ser un componente de la ciudadanía. 
El fascismo fue un ejemplo de totalitarismo. 
También fue europeo. 
. 
Señorías, quiero hacer hincapié en que no solo hemos de hablar de los valores importantes comunes a los ciudadanos de la Unión Europea, sino que también deberíamos poner activamente en práctica el contenido del informe del señor Takkula. Esto todavía es más cierto desde que aumentan las preocupaciones de que el conocimiento que tiene el mundo globalizado de Europa y su identidad se están desvaneciendo. 
De hecho, hemos de desarrollar una Europa polifacética, honesta y democrática que esté abierta al resto del mundo. 
En particular necesitamos prestar atención a los aspectos históricos y culturales. 
Hemos de promover medidas para recordar las deportaciones masivas y a las víctimas del nazismo y del estalinismo, repito, y del estalinismo. 
Deberíamos conservar las pruebas de estos crímenes. 
Estas tareas son testimonio del progreso de las ideas del Parlamento Europeo, tal y como las exponen los diputados. 
Por desgracia, esto no puede decirse de las formulaciones elaboradas por el Consejo. 
Increíblemente, han mantenido la característica de la connivencia de los años de la guerra fría con las medias verdades de la historia europea impuestas por el régimen comunista totalitario. 
Es preciso recordar al Consejo que el estalinismo también fue totalitario y que fue un régimen no menos destructivo para quienes murieron entre los pueblos europeos. 
El informe Takkula es bueno. 
Representa la afirmación ahora habitual de que la verdad histórica no distingue entre crímenes nazis y crímenes comunistas. 
Son crímenes y seguirán siéndolo. 
Me sorprende que en esta ciudadela de democracia, justicia y verdad todavía puedan encontrarse movimientos que intenten sopesar en las balanzas de la importancia las memorias de quienes murieron en el holocausto o en los gulags. 
Doy las gracias al ponente y a los diputados que piensan de forma moderna por hablar de una Europa que es honesta y que se basa en valores comunes y la historia verídica. 
. – Señor Presidente, quiero realizar un pequeño experimento. 
Pido a las personas que se encuentran en la Cámara que se quiten los auriculares durante tres segundos. 
Uno, dos, tres. 
Así es como suena el silencio que anuncia el clamor de este instrumento legislativo. 
¿Van a conseguir algo estas peticiones? 
¡No! 
¿Van a abordar los problemas fundamentales de 450 millones de personas que luchan por ganarse la vida o encontrar soluciones a sus problemas cotidianos? 
Tampoco. 
Es sabido que algo que uno da pero que no se puede utilizar tiene poco valor para quienes lo reciben, ya que no han hecho ningún esfuerzo para obtenerlo. 
Cuán rastrera es entonces la ciudadanía europea, que se impone a las personas, no se quiere y no se puede rechazar ni renunciar a ella. 
¡Así pues, ya estamos otra vez! 
Otro enorme proyecto de propaganda para distorsionar y ocultar la verdad. 
Parece ser que se espera y se cree que esto curará el escepticismo que crece en todo el continente. 
La escasa participación en las elecciones europeas, una oposición enérgica a la ampliación y la Constitución rechazada se van a remediar, aparentemente, tirando 235 millones de euros en proyectos para persuadir a los ciudadanos de que la UE es buena para ellos. 
Se trata de una ciudadanía de pago. 
El precio aumenta mientras tus derechos se van. 
La UE no escuchará a los ciudadanos a los que se supone representa. 
En vez de ello, intenta sobornar su camino hacia una posición favorable. 
Sin embargo, es precisamente la integración europea a lo que cada vez están más opuestos los ciudadanos. 
¿Por qué? 
Porque todos y cada uno de los países se están despertando lentamente ante la realidad de que lo mismo no vale para todos en la zona del euro, ni tampoco, ahora, una sola ciudadanía. 
Lo he dicho antes, si la UE es la respuesta, tiene que haber sido una pregunta estúpida. 
Que millones de ciudadanos de países de todo el mundo estén de acuerdo es muy reconfortante. 
– Señor Presidente, la ciudadanía y la estatalidad van juntas; de ahí el deseo de los promotores del proyecto europeo de crear una ciudadanía europea. 
Sin embargo, no es necesario invertir dinero en una auténtica ciudadanía para que sea real y deseable. 
La lealtad hacia ella sale del corazón, no del bolsillo. 
A buen seguro podemos encontrar cómo utilizar mejor los 230 millones de euros o incluso los 290 millones de euros, como algunos quieren, que promover esta noción artificiosa de ciudadanía europea. 
Al final de todo este gasto inútil, los franceses seguirán queriendo ser franceses y los británicos seguirán queriendo ser británicos, pero nadie que no sea la elite política europea apreciará la ciudadanía de Europa por encima de la de su propio país. 
¿Por qué entonces hemos de intentar con tanto empeño desafiar el orden natural y crear un sustituto sintético, cuando en nuestros Estados miembros podemos disfrutar todos de lo que es real? 
Puede que la ciudadanía modificada genéticamente lo sea para algunos, pero no lo es para mí. 
– Señor Presidente, un elemento esencial de la ciudadanía efectiva y comprometida es la comprensión de un patrimonio compartido y común de la sociedad. 
Un patrimonio rechazado, ignorado o distorsionado deja a una sociedad separada de la realidad, con su verdadera naturaleza y carácter aún oprimidos y privados de su derecho de nacimiento. 
Por consiguiente, la enmienda 29 del ponente es de enorme importancia para cientos de miles de europeos del centro y del este de Europa cuyas familias o familiares fueron ejecutados, deportados o murieron en los de Stalin, por la única razón de que se consideró que su supervivencia representaba una amenaza para la ocupación ilícita de sus países, acordada por Hitler y Stalin en virtud del famoso Pacto Molotov-Ribbentrop. 
En este sentido, se han debatido otras enmiendas en nombre del señor Sifunakis: las enmiendas 62 y 63, que se refieren a los conflictos en España, Portugal y Grecia. 
Espero que todo el Parlamento apoye la enmienda 29, para que no diluyamos el mensaje de que Hitler y Stalin eran ambos criminales que desahogaban su cólera en los ciudadanos de Europa. 
El NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos del Interior de la Unión Soviética, con arreglo a la Resolución nº 001223, titulada «Sobre la contabilidad operativa de elementos antisoviéticos y asociales» de 11 de octubre de 1939, fue el preludio de las deportaciones masivas ordenadas por Merkulov, el Comisario del Pueblo para la Seguridad del Estado de la URSS, y ejecutada por su segundo de a bordo, Serov. 
Durante la noche del 13 al 14 de junio de 1941, 34 260 personas fueron deportadas de Lituania, 15 081 de Letonia y 10 205 de Estonia. 
Fue la más notoria de las numerosas deportaciones que continuaron hasta 1951. 
Es significativo que la UE apoye ahora la conmemoración de las víctimas de estas dos dictaduras. 
No puede haber reconciliación sin verdad. 
Hoy en día, el pueblo ruso no es más responsable de los crímenes de Stalin de lo que es el pueblo alemán de los de Hitler. 
Pero la ciudadanía europea y la buena vecindad solo se pueden basar en el respeto... 
Permítanme hacer otra corrección: la traducción ha hablado del Acuerdo de Malta. 
Malta es una isla bellísima. 
Se trata del Acuerdo de Yalta: una pequeña diferencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la escasa participación de los ciudadanos europeos en las elecciones europeas y el rechazo por parte de dos países del Tratado Constitucional son quizá la punta del iceberg de lo que a veces es una relación difícil entre los ciudadanos europeos y la Unión Europea. 
Por ese motivo necesitamos un programa capaz de motivar a los ciudadanos europeos en los puntos débiles; en otras palabras, animarles a participar más activamente en empresas comunes, con el objetivo del conocimiento mutuo entre ciudadanos y entre las diferentes permutaciones culturales e históricas de la propia identidad europea. 
En cuanto al programa «Ciudadanos con Europa» , en el informe sobre su propuesta, en la que trabajó con mucho empeño nuestro honorable amigo el señor Takkula, lo rebautizó con el título de «Europa con los ciudadanos» , que sustituyó al de «Ciudadanos con Europa» , solventando así una carencia del programa, que se sumará a programas comunitarios existentes como «Aprendizaje permanente» y la «Juventud en acción» , que principalmente están dirigidos a los jóvenes. 
Sin embargo, la historia europea también integra dos períodos difíciles durante el siglo XX, que también forma parte de nuestra memoria e historia comunes. 
La memoria de las víctimas exterminadas y desplazadas y encarceladas por regímenes autocráticos ha de mantenerse viva. 
No podemos y no debemos olvidar los trágicos momentos que nuestro continente experimentó hace 60 años en los campos de concentración y exterminio en manos del nazismo, ni, por supuesto, podemos o debemos olvidar los crímenes cometidos por el estalinismo. 
No obstante, no podemos mantener en vida memorias selectivas. 
No podemos honrar la memoria de las víctimas del nazismo y del estalinismo y, al mismo tiempo, olvidar el fascismo y las dictaduras del sur de Europa. 
Este año celebramos el 20º aniversario del acceso a España y Portugal a la Comunidad Europea, dos países donde el fascismo, durante 40 años, ha dejado recuerdos trágicos. 
También celebramos este año el 25º aniversario del acceso de Grecia a la Comunidad Europea. 
De 1946 a 1974 hubo campos de concentración en Grecia, donde miles de ciudadanos fueron exterminados por sus ideas políticas. 
Las islas de Yiaros –que los romanos también utilizaron como lugar de exilio– y Makronis se convirtieron en la tumba de un gran número de personas que perdieron la vida a raíz de la dureza y la tortura que sufrían con miles de otros ciudadanos exilados a esas islas en esa época. 
El factor común que une a los Estados del sur de Europa es que la estabilización de la democracia en esos países se logró en gran medida gracias a su adhesión a la Comunidad Europea. 
Por tanto, el programa de «Ciudadanos con Europa» , que hoy estamos debatiendo, adquirirá un valor material y general. 
Por este motivo, las enmiendas mencionadas antes por mi honorable amigo el señor Catania, junto con otros, han de aprobarse, porque complementan el más extenso y muy importante informe de nuestro honorable amigo el señor Takkula 
Celebro la nueva iniciativa de la Comisión Europea «Ciudadanía europea activa». 
También quiero felicitar al ponente por un informe tan bien elaborado. 
La promoción de la ciudadanía europea es condición esencial para que funcione la Unión Europea, que se ha ampliado con éxito. 
La Unión Europea necesita un programa, especialmente después de la ampliación de 2004, que preste atención especial a sus ciudadanos. 
En estos momentos el déficit de democracia activa es uno de los problemas actuales más graves que afronta la Unión Europea, y, por tanto, celebramos los esfuerzos por crear una identidad europea, impulsar la ciudadanía y promover la participación activa en el ámbito de la integración europea. 
En Lituania los sondeos de opinión revelan una gran desconfianza entre los residentes con respecto a instituciones estatales importantes, y se tiene la sensación de que la participación de los votantes es cada vez menor. 
Estos indicadores también son similares en la Unión Europea. 
Además, un europeo medio tiene poca fe en los partidos políticos, el Gobierno o el Parlamento de su país. 
Mediante la introducción de la iniciativa de la ciudadanía activa, la integración de valores europeos en las sociedades nacionales individuales se hará notar, y la identidad europea, activamente configurada, también ejercerá una influencia positiva en las decisiones comunes de la Unión Europea. 
Las instituciones de la Unión Europea han de responder no solo ante los Gobiernos de los Estados miembros y sus delegaciones, sino también ante los ciudadanos de Europa. 
La aplicación de medidas aumentará la transparencia y creará un grado de responsabilidad en el proceso político de la Unión Europea. 
Se promoverá la cultura europea y su diversidad y se impulsará la cooperación entre ciudadanos y organizaciones de varios países. 
La misma evaluación del pasado, los gulags de Stalin y el holocausto fascista, fortalecería la ciudadanía europea. 
Es importante que todas las partes interesadas, es decir, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, puedan acceder a este programa. 
Esta iniciativa es la clave para los ciudadanos que tiene un efecto consciente en su propio futuro y el de sus hijos en Europa. 
– Señor Presidente, como europeo y catalán apoyo plenamente la necesidad de fortalecer la memoria histórica para evitar futuros desastres mientras aprendemos de nuestro pasado. 
En el informe del señor Takkula hay una propuesta de financiar los lugares históricos relacionados con los principales regímenes totalitarios que Europa soportó durante el siglo XX: el nazismo y el estalinismo. 
Estoy de acuerdo con él, pero también queremos extender esta propuesta a otros aspectos relacionados directamente con esta clase de autoritarismo. 
En nuestro caso, en el país catalán, hemos sufrido la dictadura de Franco que estaba estrechamente relacionada en su origen con el nazismo y el fascismo italiano. 
El único presidente de una nación democrática asesinado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue Lluís Companys, Presidente del Gobierno Autónomo catalán. 
La primera población civil bombardeada indiscriminadamente por la aviación hostil fue Guernica, la ciudad emblemática del País Vasco. 
Si no reconocemos que existieron el régimen de Franco y otras dictaduras en el sur de Europa y la necesidad de rescatar la memoria histórica de este oscuro periodo de nuestra historia, eludimos debatir las consecuencias de las dictaduras, algunas de las cuales son muy molestas para la Unión Europea, incluso hoy en día. 
Señor Presidente, las medidas recogidas en el programa «Ciudadanos con Europa» contribuirán a crear principios sólidos de coexistencia e interacción entre naciones. Sensibilizarán en torno a la individualidad de cada una de las naciones y promoverán el reconocimiento de su patrimonio cultural nacional. 
Además, contribuirán a eliminar estereotipos y ayudarán a nuestros ciudadanos a tener una mejor disposición ante la diversidad. 
Me ha complacido comprobar que en la parte relativa a los lugares de conmemoración de las víctimas de los regímenes totalitarios se prevea una ayuda económica no solo en recuerdo de las víctimas del nazismo, sino también de las actividades relacionadas con el estalinismo. 
A lo largo de su historia, Europa ha sufrido a manos de varios dictadores crueles e inhumanos, y ni un ápice de ese sufrimiento debería caer en el olvido. 
Sin embargo, a la luz del escaso presupuesto asignado a este objetivo concreto, nuestros esfuerzos deberían centrarse en los dos más espantosos y horribles de estos regímenes, cuyos efectos se dejaron sentir masivamente con consecuencias en todo el mundo. 
Los regímenes de Stalin y Hitler deben convertirse en símbolos del mal y deben grabarse en la conciencia de nuestros niños como sistemas criminales. 
Ello servirá de prevención para que no se repitan dichos regímenes. 
Por consiguiente, también hemos de garantizar que se asignen importes adecuados a la ejecución de programas culturales apropiados en las perspectivas financieras 2007-2013. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y esta vez hablo también como alcalde de una bonita ciudad situada al norte de Roma. 
Como alcalde he llevado a cabo incontables actividades para promover la identidad europea, alentando la participación y la cooperación entre los ciudadanos, sobre todo a través de los hermanamientos y los intercambios culturales, que han tenido como principales protagonistas a los jóvenes y los estudiantes, además de otros sectores. 
En efecto, me parece que los ciudadanos, que se enfrentan a diario con problemas a menudo muy distantes de los abordados en esta Cámara, necesitan demostraciones palpables de la existencia de una base de valores comunes a los 450 millones de europeos. 
Solo si ese sentimiento es fuerte se podrá esperar un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones. 
Estoy a favor, por tanto, de la propuesta de la Comisión y de todas las acciones propuestas, sobre todo las que promueven los valores europeos de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos: pienso que son válidas y deben aprobarse. 
Espero, pues, que este proyecto salga adelante con el mayor apoyo institucional y económico posible. 
Sin embargo, es preciso adoptar otras medidas concomitantes. Ante todo, mejorar la comunicación y la información sobre las actividades de nuestras instituciones a escala local y, por tanto, incentivar programas de información, debates y conferencias sobre las principales temáticas europeas. 
Creo además que cualquier acción emprendida para promover la denominada «ciudadanía europea» será vana si en los próximos debates no tenemos debidamente en cuenta las necesidades, las exigencias y las expectativas de la sociedad civil. 
Hacer que los ciudadanos se sientan realmente partícipes de los muchos y grandes retos que aún tenemos que afrontar es quizás el modo más concreto de crear una sólida base común sobre la cual fundar nuestro futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, doy las gracias al señor Takkula por el trabajo que ha hecho y me complace que realmente cuente con el apoyo de toda la comisión. 
Este programa representa la única oportunidad para la mayoría de los ciudadanos de participar en el cuerpo del pensamiento europeo y de implicarse como miembros activos de nuestra sociedad civil. 
En efecto, debido a los referendos de Francia y los Países Bajos tenemos que explicar las cosas mejor, explicar la ampliación, explicar el Tratado Constitucional, disipar los miedos de los ciudadanos con respecto a la globalización. 
Este programa posibilita todo esto, con la ayuda de intermediarios que reciben dinero de este programa. 
Por tanto, me complace que la Comisión haya mencionado a algunos de ellos. 
De hecho, no hay necesidad de reinventar la rueda; algunas instituciones ya llevan mucho tiempo trabajando en torno a la ciudadanía europea. 
Al señor Allister, que por desgracia ya no está aquí, quien ha dicho antes que no quiere ser europeo, solo puedo decirle que soy ciudadana del Sarre, un pequeño Estado federado alemán, soy alemana y soy europea. 
Es como una muñeca rusa; es posible ser todo eso, ninguna de esas identidades queda excluida. 
No obstante, colectivamente todos estamos comprometidos con los valores europeos. 
Lamento el hecho de que nos hayamos metido demasiado de lleno en la cuestión de los lugares conmemorativos del nazismo y el estalinismo. 
A este respecto, quiero decir al señor Sifunakis, que por desgracia también se ha marchado, que realmente se ha excedido de sus competencias. 
Su propuesta relativa a estos lugares conmemorativos fue rechazada en comisión. 
La comisión decidió en contra de ella. 
Entonces, el señor Sifunakis procedió a escribir a todos los miembros de la comisión, como presidente de la misma, pidiéndoles que esta vez fueran tan amables de seguirle. 
Que yo sepa, en los 16 años que llevo aquí esto nunca ha ocurrido en esta Cámara. 
Espero que mis colegas diputados no le sigan. 
Quiero plantear una última cuestión, que ya ha mencionado el señor Battilocchio: necesitamos actividades de hermanamiento de ciudades porque llevan a cabo una labor maravillosa. 
Este es otro ámbito donde es posible lograr más con menos dinero que en un gran negocio de otras cosas que podrían haberse contemplado. 
Quiero pedir al Comisario que incluya a las tres organizaciones adicionales que queremos que participen. 
Han hecho un trabajo maravilloso y puede confiar en ellas. 
– Señor Presidente, «Ciudadanos con Europa» significa despertar el interés de los ciudadanos por Europa, informarles de Europa, implicarles en las decisiones, ofrecerles vías de comunicación y, en última instancia, llenarles de entusiasmo por Europa. 
Por desgracia, cada vez estamos más lejos de conseguirlo. 
No obstante, estoy convencida de que este programa tiene el potencial de contribuir mucho a la reducción del euroescepticismo. 
Tal y como acaba de decir la señora Pack, un aspecto esencial son las actividades de hermanamiento de ciudades, que promueven el conocimiento y el entendimiento mutuos por medio de acuerdos comunes selectivos, pero también estructurados, y plurianuales. 
Este es un proyecto de comunicación muy poco caro pero, lamentablemente, no se reconoce como tal. 
Si quisiéramos aumentar la inversión en este proyecto, podríamos prescindir de más de un folleto. 
El objetivo de los proyectos ciudadanos es reunir a las partes interesadas para trabajar en torno a cuestiones europeas, lo que permite llegar a un público amplio. 
Si están integrados en redes, clubes y asociaciones, pueden ser una herramienta eficaz para llegar a los ciudadanos, fortalecer la cohesión social e impedir la exclusión o la discriminación entre una amplia variedad de grupos de personas, que conforman una base importante para la ciudadanía activa y el diálogo europeo. 
Por primera vez en este programa se ha incluido la campaña «Preservación de la memoria europea» , ya que la comisión opina que es preciso hablar de la historia en el contexto de un público amplio. 
El debate también ha demostrado, y esto prueba que teníamos razón, que este importante asunto no debería tratarse como una pequeña contribución a este programa, como un fenómeno periférico, en su forma actual, sino que precisa un programa por derecho propio. 
Su finalidad es llamar la atención sobre todas las formas de dictadura y sus víctimas, y en particular sensibilizar a los jóvenes y a las futuras generaciones de las atrocidades cometidas por regímenes pasados y tratar de asegurar que nuestras democracias sean y sigan siendo suficientemente fuertes para que estos regímenes inhumanos sean imposibles en el futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera felicitar al señor Takkula por el magnífico trabajo realizado y por su excelente informe. 
Lo que más me complace de este es la propuesta de modificar el título del programa de «Ciudadanos con Europa» por «Europa con los ciudadanos». 
Esta inversión de términos encierra todo el sentido de la cultura que de ahora en adelante debería inspirar la acción comunitaria: el medio y no el fin de los pueblos europeos para la realización de sus aspiraciones. 
Celebro el hecho de que se preste más atención a los ciudadanos y se haga gala de una sensibilidad recuperada por la cuestión cultural y la identidad europea. 
Esto se refleja en el hecho de que el orden del día de esta sesión plenaria incluya también los informes del señor Hammerstein Mintz sobre la apertura al público de las reuniones del Consejo; del señor Cashman sobre el acceso a los documentos de las instituciones, y de la señora Prets sobre las capitales europeas de la cultura. 
Tenemos pues en esta Cámara la oportunidad –incluso diría que el deber– de hacer que Europa sea más transparente, más democrática, más fácil de comprender y, por tanto, más aceptable. 
En un momento difícil del proceso de construcción europea como el que estamos viviendo hoy, en el que las tendencias nacionalistas y disgregadoras parecen adquirir una nueva legitimidad, la difusión del conocimiento recíproco de nuestras distintas culturas es sin duda un instrumento fundamental de integración social y exaltación de los valores que nos unen, y un elemento clave en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
En conclusión, por estos motivos, considero importante dotar este programa de recursos financieros más abundantes y adecuados. 
Señor Presidente, el sentimiento de pertenencia, el sentirse europeo, también debe desarrollarse entre los ciudadanos de Europa, que no quieren seguir estando sometidos a Europa, sino crearla. 
Señor Presidente, señor Figel’, señor Takkula, Señorías, en el siglo pasado la distinguida historiadora Hannah Arendt concluyó, con una maravillosa sencillez, pero con precisión, que en principio no hay nada más característico de los regímenes totalitarios y de los dictadores que el sorprendente poco tiempo que tardan sus crímenes en contra de la humanidad en olvidarse, y el hecho, también pasmoso, de que nuevos tiranos pueden aparecer tranquilamente en su lugar. 
Por desgracia, la posibilidad de observar a nuevos Stalines e Hítleres aún no ha desaparecido hasta la fecha. 
Precisamente por este motivo compartimos la responsabilidad de no permitir que se olviden los crímenes cometidos por los nazis y el comunismo totalitario soviético. 
Hemos de recordar el horror de lo ocurrido cuando las descabelladas ideas de dos tiranos sometieron a los ciudadanos de Europa a asesinatos masivos, el exterminio de personas en los campos de la muerte y la distorsión del destino, ennegreciendo las páginas de la historia europea. 
Independientemente de que sus ideas particulares fueran diferentes, ambos regímenes totalitarios pueden considerarse iguales. 
Tanto Hitler como Stalin organizaron deportaciones masivas, establecieron campos de la muerte y ordenaron asesinatos masivos de millones de personas, entre ellos niños indefensos. 
Puedo decir con seguridad que casi todas las familias europeas tienen algo que contar sobre los destinos malogrados de padres, hermanos o hermanas. 
Los crímenes de los nazis de Hitler y del estalinismo no pueden y no deben olvidarse, especialmente este año, cuyo 14 de junio marcará el paso de 65 años desde el inicio de las implacables deportaciones masivas desde los Estados bálticos. 
Gracias, señor Beazley, por recordarnos estos hechos. 
Hoy deberíamos promover entre los ciudadanos europeos el conocimiento de los principios de respeto de la democracia, la libertad y los derechos humanos. 
Deberíamos hacerlo para que ningún imitador contemporáneo de Stalin pueda ni siquiera soñar que no saldría indemne. 
Hemos de apoyar activamente proyectos que preserven la memoria del nazismo y del estalinismo, las deportaciones masivas y los muertos. 
Hemos de enseñar a nuestros hijos los lugares relacionados con las deportaciones masivas y los campos de concentración, y hemos de preservar las memorias de las víctimas. 
Les pido que voten a favor de una reunificación de la historia de Europa. 
Señor Presidente, mañana vamos a votar este informe sobre el programa «Ciudadanos con Europa» , que, como se ha dicho, pretende promover una ciudadanía europea activa y que se enmarca en este contexto de preocupación de la Unión por el distanciamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas y por sus dificultades para identificarse con el proceso de integración. 
Quiero expresar todo mi apoyo a este programa y mi felicitación al trabajo llevado a cabo por el señor Takkula. 
Hablemos de la acción nº 4 de este programa, que está orientada a la preservación de los lugares conmemorativos de la deportación y exterminación masivas cometidas por el nazismo y el estalinismo; todo mi apoyo también a la memoria de las víctimas de estos regímenes atroces que marcaron la historia europea y mundial del siglo XX. 
Pero quiero añadir también que no puede, de ninguna manera, excluirse a otras víctimas, igualmente inocentes e injustamente tratadas por la Historia, como las víctimas del fascismo y de otras dictaduras europeas. 
De hecho, señor Presidente, hace menos de un mes el Consejo de Europa adoptó una resolución de condena internacional al régimen franquista. 
Si uno de los objetivos de este programa es forjar una identidad europea basada en valores, historia y cultura comunes y reforzar la integración europea sobre la base del respeto, la comprensión mutua y la apreciación de la diversidad cultural, el Parlamento Europeo no puede faltar al respeto a la historia de muchos países europeos que sufrieron durante largos años represión y asesinatos en su lucha por la libertad. 
En España la consecución de la democracia está fuertemente vinculada a nuestra entrada en la Unión Europea, ahora hace veinte años. 
Y, en el marco de este programa, es de justicia otorgar un reconocimiento a las víctimas de este periodo negro de nuestra historia, porque ello contribuiría justamente a estrechar los lazos de la ciudadanía con la Unión. 
Señorías, la escasez de presupuesto —que es una realidad— no puede justificar la exclusión de unas víctimas con respecto a otras. 
Y no se trata de equiparar unas guerras con otras o de cuantificar una masacre en función de las muertes cometidas, sino de recordar a todas las víctimas, para que la preservación de su memoria impida que hechos como este nunca más vuelvan a producirse. 
Por ello, señoras y señores diputados, les pido su apoyo a las enmiendas, apoyadas ya por más de 60 miembros de distintos Grupos de este Parlamento, porque enriquecerán el programa, sobre la base del reconocimiento pleno de la memoria histórica europea y con objeto de reforzar el sentimiento de ciudadanía. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la indiferencia del público con respecto a las instituciones y los órganos de la Unión Europea, la falta de identificación con el proceso de integración europea y también la incapacidad para implicar al público en debates sobre el alcance de la ampliación futura confrontan al conjunto de la Unión Europea con un problema considerable. 
Este problema se ha revelado con más fuerza en los referendos francés y neerlandés sobre la ratificación de la Constitución de la Unión Europea. 
Sin embargo, en otros países, incluidos los que se adhirieron en mayo de 2004, ha habido manifestaciones negativas sobre el déficit informativo. 
Un aspecto positivo es el deseo del público de tener más información y, asimismo, su interés por actividades racionales y razonables. 
El programa «Ciudadanos con Europa» que hoy se debate es un instrumento capaz de satisfacer esta demanda. 
Algunas de las acciones expuestas en él ya están demostrando su valor actualmente y se desarrollan intensamente. 
Un ejemplo positivo es el programa de hermanamiento, en el que cualquier comunidad puede participar independientemente de su tamaño. 
El programa es especialmente adecuado para pequeñas comunidades, ya que es muy fácil obtener una subvención y no existen obstáculos burocráticos innecesarios. 
La subvención mínima para financiar, por ejemplo, reuniones entre miembros de las comunidades asociadas es muy baja, de forma que en caso de demanda no será difícil encontrar apoyo económico. 
Las asociaciones de hermanamiento entre ciudades, y la forma en que los ciudadanos trabajan juntos para resolver cuestiones europeas o para apoyar a organizaciones voluntarias, pueden fortalecer los valores europeos compartidos y, al mismo tiempo, respetar la diversidad nacional y regional. 
Los Estados miembros deben complementar estas acciones con actividades culturales y del ámbito de la educación. 
Habría que reconocer como prioridad e interés común hacer hincapié en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, así como la ayuda al multiculturalismo y al multilingüismo. 
Quiero finalizar expresando mi reconocimiento por el trabajo del ponente y por la voluntad de cooperación de la Comisión de Cultura y Educación. 
Señorías, el informe del señor Takkula versa sobre un tema muy importante. 
Enhorabuena por su buen trabajo. 
Hoy día la Unión Europea se está convirtiendo en un parque de atracciones donde a los políticos de los Estados miembros únicamente les mueven sus propios intereses y el objetivo de satisfacer a sus votantes. 
Entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea no hay suficiente sentimiento de que son realmente ciudadanos de Europa. 
A fin de desarrollar un sentimiento de ciudadanía, es importante que uno conozca la historia de otro. 
Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos europeos se consumieron bajo el régimen totalitario. 
Mi patria Estonia fue borrada del mapa por uno de los dictadores más implacables de la historia, Stalin. 
Nos quitaron nuestra propia bandera o nuestro himno nacional, y nuestra capital era Moscú. 
El hermano gemelo del estalinismo fue el nazismo. 
Estas dos ideologías, que nacieron a la vez, se repartieron Europa entre ellas con el Pacto Hitler-Stalin. 
Stalin tuvo sometida a su régimen dictatorial toda la parte oriental de Europa durante medio siglo. 
La máquina de guerra de Hitler subyugó violentamente a la parte occidental de Europa donde los dictadores locales no pudieron hacerse ellos mismos con el poder. 
Al pretender recordar por igual a las víctimas del nazismo y del estalinismo estoy luchando en contra de la mera aceptación simbólica de los nuevos Estados miembros en la Unión Europea. 
Condeno toda forma de totalitarismo. 
Sin embargo, quiero hacer hincapié en que el nazismo y el estalinismo son la piedra angular de todas las demás ideologías totalitarias. 
Gobernantes como Franco, Mussolini y Salazar torturaron a sus víctimas siguiendo el ejemplo establecido por Hitler y Stalin. 
Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea debería asumir la responsabilidad de valorar justamente las acciones de sus dictadores en su país. 
No obstante, en estos momentos hablamos del estalinismo y del nazismo, que trascendieron y no respetaron las fronteras estatales. 
Es el deber de los Estados miembros condenar colectivamente las crueldades de Hitler y Stalin, que dividieron en dos a Europa separándola mediante un Telón de Acero. 
Por tanto, trabajemos juntos en el marco del programa «Ciudadanos con Europa» para recordar conjuntamente a las víctimas del estalinismo y del nazismo. 
– Señor Presidente, tengo dos observaciones que hacer, una es sobre el informe y la otra de carácter general. 
En primer lugar, quiero felicitar a mi amigo, el señor Takkula, por su informe. 
Es su primer informe, es un gran informe y ha hecho una labor excelente al plantear todas las cuestiones fundamentales. 
Apoyo cada uno de sus planteamientos. 
También apoyo todo el texto sobre Stalin y Hitler. 
He de admitir que, aunque no soy miembro de la comisión, apoyo plenamente lo que ha dicho la señora Pack. 
Es sorprendente que el presidente de la comisión, el señor Sifunakis, adopte un punto de vista totalmente opuesto a lo que se ha decidido en comisión, pero que así sea. 
Si no conociera bien al señor Takkula, después de leer este informe incluso pensaría que es un federalista, pero quizá no en esta ocasión. 
Mi observación más general es sobre la ciudadanía europea y la ciudadanía nacional. 
Algunas personas parecen creer que de alguna manera estamos intentando crear un prototipo europeo, pero estoy en desacuerdo. 
Yo mismo soy federalista, pero creo que la identidad es, en primer lugar, local, luego nacional y, seguidamente, europea. 
He vivido en Bruselas durante siete años. 
Para ser sincero, cuando llegué a Bruselas tenía unos cuantos perjuicios sobre las nacionalidades. 
Por ejemplo: los finlandeses no hablan; todos los alemanes tienen el mismo sentido del humor que nuestra Presidenta que hoy preside la sesión; los franceses siempre hablan por tres puntos; ningún italiano ha llegado nunca a una conclusión operativa. 
Esta era la sensación que tenía yo cuando llegué a Bruselas. 
Estos son los prototipos nacionales que tenemos. 
Para ser honesto, después de siete años creo que mis perjuicios no han hecho más que reforzarse, muy positivamente, pero, sin embargo, se han reforzado. 
Por lo tanto, no estamos creando ningún tipo de europeo prototípico. 
Me parece que el único momento en que podemos sentirnos realmente europeos es, por ejemplo, en el deporte: la Copa Ryder de golf es un magnífico ejemplo y Eurovisión es algo que nos une. 
Sin embargo, a fin de cuentas, creo que este informe es positivo, ya que nos da cuatro elementos de acción: puedo apoyar todos y cada uno de ellos. 
No hay ninguna propaganda en el mismo, así que espero que la Comisión se lo tome en serio y tenga en cuenta todos los cambios que el señor Takkula ha propuesto. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el programa para promover la ciudadanía europea activa, correctamente empleado, tiene el potencial de convertirse en una herramienta muy valiosa para salvar la distancia entre la Unión Europea y sus ciudadanos y para combatir el euroescepticismo. 
Con un presupuesto inferior a 300 millones de euros para siete años y con la participación de 36 países, las expectativas son altas. 
Sin embargo, en vista de sus cuatro campos de acción diferentes, la ejecución será difícil. 
Por este motivo, quiero dar las gracias al señor Takkula, que ha hecho verdaderos esfuerzos por lograr un equilibrio y también por abstenerse de hacer recortes en el bajo presupuesto, por ejemplo en el ámbito de las actividades del hermanamiento de ciudades. 
Se trata de proyectos ciudadanos que fortalecen la conciencia europea y la identidad desde la base. 
Queremos promover los proyectos de la sociedad civil y activos en la Unión Europea, donde existe un gran idealismo: necesitan nuestra atención y apoyo. 
Queremos apoyar las actividades de relaciones públicas de las Casas Europeas y de los institutos que funcionan en Europa. 
Quiero pedir al Comisario que haga suyas nuestras propuestas. 
La cuarta acción también es muy importante para mí, como socialdemócrata alemana. 
Soy de Núremberg, la ciudad de las conferencias del Partido Nazi. 
Actualmente, la ciudad hace esfuerzos por deshacerse de su antigua imagen y adquirir un nuevo perfil de ciudad de derechos humanos. 
Quien quiera configurar activamente el futuro necesita conocer el pasado, por ello la acción 4, «preservación de la memoria europea» , es tan importante. 
Hemos de recordar a las víctimas de los violentos regímenes nazi y estalinista, además de los lugares relevantes y de conmemoración. 
No obstante, también debemos recordar a todas las víctimas de las dictaduras, y, por tanto, quiero pedirles que apoyen las enmiendas 54 y 55 de mi Grupo. 
El motivo de esta petición es que hemos de tener mucho cuidado de no enfrentar a unas víctimas con otras. 
Señor Presidente, celebro el informe del señor Takkula y la propuesta de crear una cuarta acción adicional, llamada preservación de la memoria europea. 
Se ha hablado mucho en esta Asamblea de la integración económica y social, pero se ha tendido a pasar por alto la función de la integración histórica como elemento esencial de la integración. 
Europa siempre ha reflejado su pasado y hoy día sigue recurriendo a este legado. 
El comunismo y el nazismo fueron dos regímenes totalitarios que contribuyeron por igual a la historia sangrienta del siglo XX. 
No es apropiado utilizar el término estalinismo. 
El comunismo en general fue una maldición del siglo XX. 
La naturaleza de las relaciones entre los países y los pueblos europeos tiene el color de sus experiencias históricas, pero incluso en la más difícil y dolorosa de ellas puede transformarse en fuertes lazos de afecto. 
El Papa Juan Pablo II dijo que a pesar de los tremendos logros en una serie de ámbitos, el siglo XX se caracterizó por el misterio del mal. 
Hemos traído con nosotros este legado del bien y del mal al siglo XXI. 
Podría mencionar los debates sobre el 60º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el 25 aniversario de Solidaridad, por ejemplo. 
Estos debates reflejan el alcance de la malinterpretación de hechos históricos básicos y de nuestro legado histórico. 
La noción de una identidad europea ha de basarse en la aceptación de la verdad sobre nuestro pasado. 
Recordar a las víctimas de las deportaciones masivas y del exterminio emprendidos por el comunismo y los nazis no promoverá la desconfianza entre las naciones. 
En su lugar, nos recordará el derecho fundamental de la libertad, el Estado de Derecho y el respeto de los demás. 
Es la única forma de que la Unión Europea lleve a la práctica el mensaje de sus fundadores de unidad en la diversidad. 
. Señor Presidente, quiero agradecer a todos los participantes en este debate sus comentarios y contribuciones muy interesantes. 
Podemos estar fácilmente de acuerdo en que, aunque el consenso es fuerte, a veces se plantean cuestiones sobre los programas o la identidad europea, pero no por ello la identidad deja de aflorar. 
Quizá lo vemos más desde fuera que desde dentro, pero se complementan con nuestras dimensiones elementales de tipo personal, nacional, local y regional; es enriquecedor. 
Es importante recordar las tragedias en Europa, en especial en una época en que seguimos buscando criminales de guerra en el continente. 
No hace tanto tiempo que muchas partes de Europa estaban llenas de lugares sangrientos, fronteras y fosas comunes, y es importante recordarlo. 
No necesito responder a puntos concretos ya que los he tratado al principio. 
En cuanto a las finanzas, estamos negociando. 
Espero que se pueda ver un fuerte apoyo por parte del Parlamento, tal como se ha visto hace poco en relación con los programas de juventud y educación y sobre ciudadanía, en las reuniones finales de la troika o en las actuales negociaciones sobre las perspectivas financieras. 
Integraremos las cuestiones relativas a la ciudadanía a través de diferentes acciones y diferentes programas, ya que es importante. 
El último punto se refiere al título. 
Creo que tanto la Comisión como el Parlamento son, en parte, correctos. 
Solo es parcialmente correcto afirmar que existe o bien una «Europa con los ciudadanos» o bien «Ciudadanos con Europa». 
Si recuerdan el mensaje de John Fitzgerald Kennedy a los ciudadanos, de que Europa solo puede desarrollarse sobre los cimientos de ciudadanos maduros, y una Europa madura puede dar muchas respuestas a nuestros ciudadanos. 
Por lo tanto, necesitamos tanto una «Europa con los ciudadanos» como unos «Ciudadanos con Europa». 
Creo que este programa puede contribuir a la madurez de la comunidad (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana miércoles. 
– Desarrollar una identidad europea, mejorar la comprensión y la integración recíprocas y valorar la diversidad a través del diálogo son objetivos fundamentales para consolidar la Unión Europea. 
La unidad de Europa no puede imponerse desde arriba, sino que debe ser fruto de la responsabilidad de cada persona. 
Los protagonistas deben ser las familias, las agrupaciones sociales, el amplio sector voluntario, las asociaciones populares. 
Acercar entre sí a las personas y favorecer el encuentro entre comunidades locales para que se puedan intercambiar experiencias, opiniones y valores: todo esto es necesario para hacer madurar la ciudadanía europea. 
Ser ciudadanos de Europa significa formar parte de una cultura que sitúa en un lugar central la riqueza de una vida responsablemente vivida y creativamente amada, una vida de la que valientemente rendimos testimonio ante todos los que vengan. 
Recuperemos una memoria activa en la que los horrores, de los que nosotros, los europeos, hemos sido testigos, sirvan de advertencia para un futuro diferente. 
Una recuperación de la memoria que en mi ciudad, Padua, en mi región, Véneto, dará vida a un Museo de la Memoria en Villa Venier, en el municipio de Vo ' Euganeo. 
Por ello, el programa «Ciudadanos con Europa» es una idea inspirada, que debe desarrollarse y transmitirse a cada país, ciudad y municipio de Europa y que cuenta con nuestro apoyo convencido. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 39, 43, 46, 50 (2) , 51 y 61. 
Las enmiendas 12, 14, 16, 20, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 44, 48 y 52 pueden aceptarse en principio siempre que se cambie la redacción. 
Se mantienen reservas pendientes de llegar a un acuerdo sobre las perspectivas financieras con respecto a las enmiendas 36, 45, 49 y 50 (3). 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 y 63. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0061/2006) de la señora Prets, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2007 a 2019 (COM (2005) 0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102 (COD) ). 
. Señor Presidente, la acción «Capital europea de la cultura» es probablemente una de las iniciativas europeas más populares. 
Es apreciada tanto por los Estados miembros como por el público general desde su nacimiento hace 20 años en 1985, gracias a Melina Mercouri. 
La idea principal sigue siendo destacar la riqueza y diversidad de las culturas europeas y las características que comparten, así como fomentar un mayor conocimiento mutuo entre los ciudadanos europeos. 
Se trata de un tema muy próximo al anterior. 
Sin embargo, nuestra experiencia ha demostrado que algunos aspectos del actual programa de cooperación necesitan mejorarse, principalmente en cuatro ámbitos: la competencia entre las ciudades, el papel del comité de selección, la dimensión europea de la acción y el proceso de supervisión. 
Por esta razón, el año pasado la Comisión adoptó la propuesta destinada a sustituir a la decisión de 1999. 
Se trataba de una petición parlamentaria expresada por la señora Prets y en aquel momento prometí personalmente que presentaría una nueva propuesta. 
El nuevo sistema alentará a los Estados miembros a organizar concursos a escala nacional entre las ciudades interesadas. 
Un comité de selección mixto evaluará las solicitudes en el marco del concurso nacional. 
Este comité mixto estará compuesto por siete expertos nombrados por las instituciones, junto con seis expertos que serán designados por el Estado miembro correspondiente. 
Seguidamente, el Estado miembro propondrá una ciudad a las instituciones europeas. 
Como en el pasado, el Consejo tomará la decisión final sobre la designación de la capital. 
Asimismo, la propuesta establece criterios simplificados y más claros que los de la decisión vigente. 
Tras la designación de las capitales europeas se pondrá en marcha un proceso de supervisión para prestar apoyo y asesoramiento a las ciudades en la ultimación de la elaboración del programa y, en particular, con vistas a asegurar que haya quedado reflejado efectivamente el valor añadido europeo. 
Se dará un premio a las Capitales Europeas de la Cultura que cumplan los criterios y objetivos de esa iniciativa. 
Al mismo tiempo, propondré que se incremente sustancialmente la contribución comunitaria a las ciudades que participan en el programa a través del programa Cultura 2007. 
Me complace mucho que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hayan cooperado estrechamente en la búsqueda de enmiendas de compromiso aceptables para todos. 
Este informe está en consonancia con el enfoque de la Comisión y mejora de forma clara nuestra propuesta, por lo que creo que este nuevo programa establece un buen equilibrio entre los intereses locales y nacionales y destaca la dimensión europea. 
Estoy seguro de que esto aumentará la transparencia del proceso de selección y la visibilidad de la acción. 
Quiero confirmar que la Comisión acoge con satisfacción este informe y acepta todas las enmiendas de compromiso. 
Por consiguiente, espero que se apruebe nuestra propuesta modificada en primera lectura. 
Me gustaría mucho dar las gracias a la Comisión de Cultura y Educación y, en particular, a la ponente, la señora Prets, por su eficiencia y su esfuerzo. 
. – Señor Presidente, como acaba de decir el Comisario, había que reformar algunos aspectos de este acuerdo, celebrado hace 20 años. 
Aunque en 1999 se presentó una nueva decisión, esta no preveía la adhesión de diez nuevos Estados miembros –y quizá incluso más– algunos años más tarde, de modo que es necesario tener en cuenta a estos nuevos Estados miembros. 
Una consecuencia de ello es que ahora tenemos un sistema asociativo. 
La propuesta que se nos presentó en ese momento no era satisfactoria. 
En 2004 elaboramos una nueva propuesta, esta vez abreviada, pues teníamos prisa por no obstruir el proceso aplicable a las ciudades de 2009 y 2010, por lo que aceptamos sus deficiencias. 
Sin embargo, la Comisión cumplió su promesa y seis meses más tarde nos presentó una nueva propuesta. 
Nuestra prioridad es redefinir el papel del grupo de expertos. 
Este ya ha dado lugar a problemas anteriormente, por lo que tenemos que asegurarnos de que sea mejor en el futuro. 
Esta nueva propuesta hace que el grupo de expertos sea más democrático. 
Esto significa que los Estados miembros y los países candidatos estarán representados en el grupo de selección, en la fase anterior a la selección, y podrán así hacer su contribución, ya que es muy importante que las decisiones no se tomen únicamente en Bruselas. 
En la segunda fase habrá un grupo de seguimiento y consulta, que seguirá críticamente este proceso, pero que desempeñará igualmente un papel de asistencia en lugar de limitarse a señalar las deficiencias. 
Este aspecto es muy importante, ya que las ciudades a menudo consideran que no se contribuye a sus preparativos y no saben exactamente cómo cumplir todas las normas. 
La competencia era otra cuestión crucial, pues queríamos reforzar el elemento competitivo. 
Los Estados miembros deben tener en cuenta durante el período de preparación que lo importante son las nuevas actividades culturales, así como la participación del público y de las regiones. 
Aunque hago hincapié en la cuestión de la competencia, también me gustaría señalar que no cabe duda alguna de que algunos países pequeños no están en condiciones de celebrar competiciones importantes. 
En dichos casos debería permitirse una única ciudad candidata, pero esta tendría que superar todos los problemas y requisitos que implica convertirse en Capital Europea de la Cultura. 
Un criterio fundamental que también es objeto de debate es la dimensión europea. 
A las ciudades se les pide que generen valor añadido europeo y la pregunta es: ¿qué es el valor añadido europeo? 
¿Cómo pueden reflejarlo las ciudades? 
¿Cómo podemos explicar a las ciudades la tarea precisa que deben llevar a cabo? 
La Comisión no ha logrado definirla con total precisión, algo que es comprensible, pues resulta muy difícil. 
La Comisión ha prometido presentar un modelo de mejores prácticas en un sitio de Internet. 
Este sitio constituye un medio muy importante para orientar y compartir consultas y experiencias, algo muy importante para las ciudades candidatas. 
Yo le pediría al Comisario que esta orientación y este sitio en Internet ya existan cuando entre en vigor este proyecto. 
Un aspecto positivo es la financiación, no por lo que respecta al importe, ya que este aspecto planteará otro problema. 
Las nuevas Perspectivas Financieras probablemente reducirán el importe destinado a las Capitales Europeas de la Cultura, lo que será una gran pena. 
Si tomamos como ejemplo la ciudad de Linz, que hasta ahora ha invertido 60 millones de euros, de los cuales tan solo un 0,86 % procede de la UE, me pregunto por qué la carga económica es tan pesada. 
Podríamos decir, desde luego, que se trata de una cuestión de imagen, pues ayuda a la región, a la ciudad, pues invertimos en el futuro, en la sostenibilidad, que es otro aspecto importante. 
Y hablando de finanzas, resulta alentador que ahora este premio vaya a adjudicarse con tres meses de antelación. 
De esa forma sin duda se ayudará a las ciudades, ya que hasta ahora el principal problema ha sido que las ciudades siempre han tenido que preocuparse por sus recursos después del evento, una vez que todo ha terminado. 
Espero y deseo que sea así en la práctica y, por consiguiente, que las Capitales Europeas de la Cultura tengan ante ellas un futuro muy democrático. 
Espero que la sostenibilidad, la buena reputación y el impulso dado al arte y la cultura europea en general se refleje en este informe, así como en las actividades y su posterior ejecución. 
– Señor Presidente, aunque en realidad ya se ha dicho todo, me gustaría añadir algo que reviste gran importancia para mí, a saber, que la Capital Europea de la Cultura se convierta realmente en lo que hemos creído siempre que debería ser, es decir, un medio de difusión de la cultura europea. 
Esta cooperación que hasta ahora tenía lugar a nivel intergubernamental, pues en realidad era una acción pública, se ha convertido en una cuestión interinstitucional. 
Esto significa que contamos con una excelente cooperación y que, como ya ha indicado la señora Prets, nuestra voz ha sido escuchada. 
Durante años hemos estado pidiendo que el grupo de expertos evalúe y seleccione algo sustancial, a fin de que las ciudades hagan un esfuerzo por generar valor añadido europeo y no solo mostrar lo que ya poseen. 
Esta acción en particular pone de relieve al importancia de la cultura europea. 
Las ciudades son los portadores y mediadores de la cultura en la UE. 
Esta competición les ofrece la oportunidad de reunir un gran número de elementos, y es posible una cooperación transfronteriza entre las culturas regionales. 
No podría estar más de acuerdo en la importancia que reviste celebrar igualmente una competición con este fin. 
El ejemplo de Alemania nos muestra que la competición para designar la Capital Europea de la Cultura para 2010 fue un evento magnífico, en el que participaron diez ciudades. 
Las iniciativas que tomaron estas no se han agotado, sino que están siendo transmitidas. 
Crearon una red con las ciudades húngaras, y creo que la Comisión debería tener en cuenta este precedente. 
El sitio en Internet sería también una herramienta para poder difundir estos temas. 
Me alegro de que la Comisión haya superado sus obstáculos administrativos y se haya creado un galardón, que no es realmente un galardón, por supuesto, sino el dinero que pertenece a una ciudad y un medio para que la ciudad por fin disponga de este dinero cuando comience a trabajar. 
Esta acción es en general muy positiva, tanto en este contexto como en el de nuestro anterior debate sobre la ciudadanía, pues contribuye a mostrar al público la gran diversidad cultural de Europa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría dar una explicación a mi honorable amiga la señora Pack sobre la carta. 
Todas las diputadas y diputados al Parlamento –y lo digo para su información, señora Pack– recibimos cartas en las que se nos pide que apoyemos las enmiendas presentadas por otras diputadas y diputados. 
Ello se debe simplemente a que no todos nosotros podemos conocer el contenido de los centenares de enmiendas presentadas. 
Yo recibo estas cartas igual que todos los demás. 
Ahora bien, en relación con el comentario efectuado por otro diputado a esta Cámara, los Presidentes de las comisiones parlamentarias ejercen su derecho, al igual que todos los demás, de presentar enmiendas y también tienen el derecho –que no es contrario al Reglamento interno– de presentarlas en el pleno, incluso cuando consideran que no serían aprobadas en comisión. 
Me parece que todos lo hacemos. 
Regresando al tema de las capitales de la cultura, estas siguen siendo la mayor institución política de Europa y la mejor organizada. 
Ninguna otra acción cultural celebrada en la Unión Europea tiene el mismo rango y, lo que es más importante, la misma proyección y la participación masiva por parte de los ciudadanos. 
Además, resulta difícil encontrar muchas otras iniciativas europeas modernas en el ámbito de la cultura que se hayan convertido en norma. 
Sin embargo, como muestra la experiencia y han mencionado otros miembros de esta Cámara, algunos aspectos concretos de esta institución no podrían ir más lejos. 
Lo realmente necesario es mejorar el método para seleccionar las capitales de la cultura. 
Esto ya se ha hecho y Sus Señorías que participaron en la comisión parlamentaria anterior, presidida por el señor Rocard, trabajaron con ahínco a este fin. 
El marco vigente realmente no garantiza la competencia, como se nos ha dicho. 
Otra cuestión importante es que en el programa a menudo no figura la dimensión europea; eso es lo que he visto en los eventos culturales a los que he asistido en tres o cuatro capitales de la cultura. 
La nueva propuesta, sobre la cual usted, señora Prets, ha realizado una excelente labor, intenta reconciliar los distintos puntos de vista que existen tanto dentro del Parlamento como dentro del Consejo. 
Por último, quiero decir unas cuantas palabras acerca del premio. 
Es importante, como lo propone la Comisión, que este premio sea en honor de Melina Mercouri. 
La propuesta de que el premio lleve su nombre no es una casualidad de parte de la Comisión ni, por supuesto, de los 25 representantes del Consejo que la aceptaron, porque Melina Mercouri fue la inspiradora, la artista que trabajó a tiempo completo cuando era Ministra de Cultura a favor de la creación de este premio. 
Así pues, fue idea suya y me parece importante que lleve su nombre en el futuro. 
Por supuesto, se ha llegado a un compromiso respecto a la propuesta original. 
Para terminar me gustaría agregar que la Unión Europea acoge las capitales de la cultura. 
Sin embargo, al mismo tiempo, lo que los Estados miembros necesitan, aparte de la libertad de elección, es una orientación para determinar los mejores métodos de intervención, sobre todo en materia de infraestructuras, si no ya de programas. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gusta mucho la propuesta de la Comisión encaminada a reforzar la dimensión europea y mejorar la transparencia en el proceso de selección de la capital de la cultura. 
El planteamiento del informe Prets es excelente, y felicito por ello a la ponente. 
Me parecen muy convincentes e interesantes las propuestas de que el premio que la Comisión propone conceder a la ciudad seleccionada lleve el nombre de Melina Mercuri, por las razones que acaba de apuntar el señor Sifunakis, y de crear un portal de Internet que establezca vínculos entre las ciudades designadas, incentive el intercambio de conocimientos técnicos y de mejores prácticas y ofrezca información a las ciudades candidatas. 
Personalmente, considero indispensable mejorar la conexión entre el programa «Capital europea de la cultura» y el turismo, un sector económico importante, para explotar plenamente el enorme potencial económico y social que puede tener una manifestación de este calibre y también para que constituya un acicate para el desarrollo duradero de la ciudad y el territorio circundante. 
A este respecto, quisiera recuperar la propuesta que hice en esta Cámara durante el debate sobre el informe Queiró: crear una capital europea del turismo. 
Esta propuesta se ve respaldada por el refuerzo de la dimensión urbana. 
De hecho, el nuevo plan de trabajo 2007-2013 se centrará decididamente en el papel de las ciudades. 
Como pueden comprobar, los italianos son operativos. 
Si todavía estuviese aquí el señor Stubb, que ha calificado en broma a mis compatriotas de ser incapaces de sacar conclusiones operativas, le diría, también en broma, que quizás esté condicionado por algún mal modelo y por sus amistades políticas. 
En conclusión, señor Presidente, espero que mañana el Parlamento apruebe el informe Prets, pues es un texto completo y rico que pone de relieve un importante proyecto comunitario encaminado a acercar Europa a los ciudadanos a través de la cultura, así como a favorecer el desarrollo y la revitalización de ciudades. 
. – Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la señora Prets por su dedicación y su competencia en este informe. 
Aunque algunos de los oradores anteriores ya han mencionado los problemas ocurridos en algunos casos, me gustaría hacer hincapié en que, hasta ahora, la historia de las capitales europeas de la cultura ha sido en general un éxito. 
Las ciudades que han sido designadas capitales de la cultura han salido beneficiadas, pero también Europa en su conjunto, porque estas capitales europeas de la cultura han puesto de manifiesto, una y otra vez, cuán diversa, rica y variada es la cultura europea. 
No obstante, me gustaría destacar dos aspectos del informe modificado que me parecen de especial importancia. 
En primer lugar, la idea de sostenibilidad exige que las capitales de la cultura no se basen exclusivamente en eventos, sino que hagan una aportación real para estimular una mayor interacción social, para promocionar aún más el arte y la cultura, y los nuevos diseños arquitectónicos, así como el tema de los cambios estructurales y el valor de las actividades culturales para toda Europa. 
En segundo lugar, el objetivo de crear una perspectiva y un intercambio genuinamente europeos, y de poner énfasis en el valor añadido europeo es un aspecto realmente decisivo dentro de la modificación de este programa, y habrá que hacer mucho más a este respecto. 
La mejor manera de ganarnos a la gente y de generar entusiasmo es dejar claro lo que es realmente la interacción europea, y no hacer simplemente referencia a lo que ya existía sin ella, sino unirnos a otros muchos actores europeos para desarrollar nuevas posibilidades. 
De ese modo, la idea de las capitales europeas de la cultura resultará aún más atractiva en los años venideros. 
. Señor Presidente, las manifestaciones de las capitales europeas de la cultura nos han permitido adquirir una gran experiencia. 
Su celebración ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. 
En el aspecto positivo hemos observado un florecimiento de las actividades creativas, de los intercambios culturales con el extranjero y del patrocinio de eventos culturales. 
Las ciudades se han promocionado y han despertado las ambiciones culturales de sus ciudadanos. 
En el aspecto negativo podría mencionar la concentración de esfuerzos y recursos en determinados eventos culturales en detrimento de los movimientos sociales y culturales de la ciudad y la región interesadas. 
También podría mencionar la falta de una evaluación de impacto detallada del programa realizado, y la imposición a los Estados miembros y autoridades municipales de criterios que a menudo resultan poco adecuados para las necesidades y tradiciones de estas ciudades y regiones. 
Señalaré igualmente la falta de claridad y transparencia en la financiación de las actividades por parte de los fondos europeos. 
Por último se observa una tendencia consistente en limitar el papel de los Estados miembros en la selección de las capitales europeas de la cultura. 
Esta evolución resulta preocupante y haremos bien en considerar qué es más deseable, una buena cooperación o que nos impongamos unos a los otros. 
Personalmente estoy a favor del diálogo y de la creación de las condiciones necesarias para una participación activa en la cultura, a fin de promocionar su belleza y diversidad. 
Debo dar las gracias a la señora Prets por su informe y el gran esfuerzo que invirtió en este. 
Confío que en los futuros trabajos nos esforzaremos para aprovechar las experiencias positivas. 
Espero igualmente que eliminaremos aquellos aspectos que no contribuyen a un mayor desarrollo, sino que, por el contrario, limitan la diversidad cultural que es indispensable para la integración y el diálogo nacional. 
– Señor Presidente, señor Comisario, he hecho constar en acta una opinión minoritaria conforme al artículo 48 de nuestro Reglamento y no votaré a favor de este proyecto. 
No obstante, doy las gracias a la señora Prets por su trabajo. 
Les expondré las razones de mi posición. 
El proyecto de designar cada año una capital de la cultura en Europa suscitó, en el momento de su creación, el entusiasmo y la voluntad de sobresalir, la conciencia de que la cultura es una valiosa baza. 
Desde hace un decenio, la Comisión y el Parlamento intentan infundir al proyecto una nueva dinámica, pero se dedican a ello con los mismos medios que los que estrangulan el proyecto europeo en general. 
En lugar de reconstruir el entusiasmo del comienzo, con los ciudadanos que debían identificarse con el proyecto, la Comisión y el Parlamento se autoerigen en jueces. 
En mis enmiendas proponía confiar a los Estados miembros la misión de designar la capital europea de la cultura con arreglo a sus propios criterios. 
Esto les habría espoleado para asumir sus responsabilidades. 
En lugar de reforzar la subsidiariedad en la construcción de la identidad europea, una identidad que está formada por nuestra diversidad, las instituciones actúan ahora como directores de obra: dictan, seleccionan, juzgan, sin asumir por ello el coste de sus decisiones, ya que la aportación financiera de la Unión sigue siendo pequeña. 
La burocracia se erige en muralla entre las iniciativas locales y, señor Comisario, no puedo sino esperar que los futuros jurados sean más conscientes que los que juzgaron el proyecto de Luxemburgo 2007 sin ni siquiera estar todos presentes, sin haber tomado conocimiento del proyecto de ampliación a la Gran Región y sin darse cuenta de que la propuesta luxemburguesa de elegir Sibiu en Rumanía como ciudad cooperadora iba a convertirse en una propuesta tan innovadora. 
La cultura es más que simples actos publicitarios. 
El proyecto de capital de la cultura debería ser algo más que un largo fuego artificial de manifestaciones y, para darle una continuidad, propuse asociar a las consultas una red de capitales culturales constituida con el apoyo de la Comisión. 
En su lugar, asistimos a la parodia de una red que mezcla a algunas de las que han sido designadas legítimamente y otras que se han arrogado a sí mismas ese título. 
Ya es hora de que protejamos por fin el título de capital europea de la cultura. 
– Señor Presidente, huelga decir que estoy totalmente en desacuerdo con el orador anterior, con todos los respetos. 
Quiero felicitar a la señora Prets por su informe exhaustivo y minuciosamente elaborado. 
Todo el mundo admite que el programa de la Ciudad Europea de la Cultura o Capital Europea de la Cultura, como se denomina ahora, es un concepto acreditado y muy útil y que hay que reconocer el mérito de quienes lo concibieron a mediados de los ochenta, en especial la entonces Ministra griega de Cultura, Melina Mercouri. 
Era en verdad una mujer inspirada y de talento quien, en su tormentosa vida, luchó con valentía por la democracia y por el fomento de la unidad europea a través de la cultura. 
Es indiscutible que programas como el que estamos debatiendo esta noche contribuyen a unir más estrechamente a los ciudadanos europeos y fortalecen los lazos entre ellos. 
Ayudan a fomentar el entendimiento entre nuestros pueblos y mejoran el reconocimiento y el respeto de la historia cultural respectiva, que es diversa pero unificadora. 
A lo largo de los años se han detectado algunos aspectos problemáticos y esta propuesta de la Comisión, que probablemente modificará el Parlamento, sin duda mejorará más el programa. 
Ojalá que al hablar en lo que para mí es un idioma extranjero, el inglés, contribuya a la unificación de nuestra aspiración europea de tener una lengua común de comunicación en algún momento en el futuro. 
A partir de la experiencia adquirida en los 20 años que ha estado funcionando el programa y debido a los cambios necesarios por la última ampliación, en estos momentos requiere una revisión urgente. 
Dos de los principales cambios necesarios son la aplicación de mejoras en el procedimiento de selección, seguido de la creación de un sistema que garantice que una vez que se ha elegido una ciudad, se lleve a cabo efectivamente un programa bien planificado. 
Quiero destacar el acierto de dos innovaciones de la propuesta: el sistema emparejamiento y el premio. 
No tengo tiempo ahora de entrar en detalles. 
Vuelvo a felicitar a la ponente por su excelente informe. 
En una Europa cultural y étnicamente diversa es sumamente importante tender puentes entre los países. 
El principio que debe guiarnos es y debe seguir siendo la conservación de nuestra propia cultura y el conocimiento de las riquezas culturales de otros países. 
La cultura es el lazo más discreto y eficaz para unir a aquellos países que desean vivir en paz y cooperar entre ellos. 
La Capital Europea de la Cultura hace posible dicho lazo. 
Y ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad para que las ciudades elegidas realicen una mayor inversión en instalaciones y proyectos culturales que tiene efectos positivos a largo plazo sobre la economía. 
Este proyecto estimula igualmente a los ciudadanos a participar en la cultura y a conocerla en todas sus dimensiones. 
También acojo con beneplácito la propuesta de conceder un premio si la ciudad cumple los criterios fijados para la Capital Europea de la Cultura, ya que muchos de los organizadores anteriores se han quejado de la falta de recursos, pues la Unión Europea solo les entregó estos después de la presentación del informe. 
Nuestra contribución representa tan solo una pequeña parte de las cantidades que las comunidades locales, los Estados miembros y el sector privado invierten en las Capitales Europeas de la Cultura. 
Por ello no debemos complicar el proceso de recaudación de fondos con estrictos procedimientos administrativos. 
Al contrario, debemos facilitar la labor de los organizadores, pues solo así contribuiremos a mejorar las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones europeas. 
La propuesta de crear un grupo de selección conjunto para designar la ciudad que será capital de la cultura es una buena idea, porque tiene más en cuenta la dimensión internacional, y porque permitirá que la selección sea más equitativa, ya que a nivel nacional existe un mayor riesgo de favorecer una ciudad determinada. 
Señor Presidente, mi ciudad de residencia, Cracovia, en Polonia, fue Capital Europea de la Cultura en 2000, junto con otras ocho ciudades europeas. 
Tuve el honor de ser el Director del programa de la Capital Europea de la Cultura en esa ocasión. 
Quiero manifestar que el programa de las Capitales Europeas de la Cultura es el programa que más destaca la unidad cultural de nuestro continente. 
Además se trata de un programa nacido de una iniciativa ciudadana. 
No fue fruto de la iniciativa de una institución, como la Comisión o el Parlamento. 
Debemos felicitar a Grecia y a la señora Mercouri en particular por encontrar una manera de mostrar lo que es Europa y lo que significa realmente la unidad cultural de nuestro continente. 
De hecho, es justo y necesario que este galardón lleve el nombre de la señora Mercouri, que por entonces era Ministra de Cultura de Grecia, pues es lo que este país y la señora Mercouri se merecen. 
¿Cuál debe ser el papel de la Comisión Europea? 
Y ahora me dirijo especialmente al Comisario Figel. 
El papel de la Comisión debería ser apoyar y asesorar, seńalar los errores y dar consejos sobre las medidas que deben adoptarse. 
No debe intervenir en cuestiones administrativas, como suele hacer. 
Sobre todo debe evitar adoptar este planteamiento en este caso, pues los 500 000 euros del premio tan solo representan entre un 2 % y un 5 % de los recursos destinados a la ejecución del programa de las Capitales Europeas de la Cultura. 
Por ello, señor Comisario, es necesario encontrar una manera de difundir la información pertinente y de prestar asistencia a sitios en Internet y otras publicaciones. 
Necesitamos aprender las lecciones que nos han enseñado los éxitos y fracasos de las anteriores Capitales Europeas de la Cultura. 
Todas ellas forman parte de la Asociación de las Capitales Europeas de la Cultura. 
Seńor Figeľ, usted es responsable de la financiación de 25 redes, y la Asociación de las Capitales Europeas de la Cultura debe ser una de ellas a fin de que las ciudades que van a desempeñar este importante papel en un futuro próximo cuenten con los servicios necesarios. 
. Me parece que la Capital Europea de la Cultura goza de tanta popularidad en el ámbito de la cultura como el programa Erasmus en el de la educación. 
Ambos programas fueron creados hace aproximadamente veinte años y, de quererlo, podríamos decir muchas cosas acerca del pasado y el futuro de estos programas. 
Estoy seguro que no solo la comisión parlamentaria, sino también el Parlamento desea que el programa de las Capitales de la Cultura sea cada vez mejor y más popular, y creo que avanzamos en esa dirección. 
Tan solo me gustaría agregar que el hecho de que diez ciudades alemanas y once ciudades húngaras compitan por obtener este título en 2010 refleja el interés, la competitividad y el movimiento o dinamismo en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural, algo que es positivo para toda Europa. 
Quisiera dar las gracias a todas Sus Señorías y decir que estamos haciendo muchas de las cosas que el señor Sonik ha mencionado en materia de información, asesoramiento y asistencia. 
Asimismo nos gustaría aumentar la cuantía del premio o de la ayuda financiera a 1,5 millones de euros. 
Sin embargo, todo ello depende del resultado e la votación de mañana y de las deliberaciones sobre las Perspectivas Financieras. 
Ahora bien, estoy convencido de que estas actividades, este componente de cooperación cultural, merece una ayuda importante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana miércoles. 
Debo dar las gracias al ponente por su excelente informe que promociona el valor de la cultura dentro de la Unión Europea. 
Al elaborar nuevos planteamientos debemos tener en cuenta que la cultura de los nuevos Estados miembros fue objeto de muy diversos tipos de presión durante el período comunista. 
Además se negaba la variedad e identidad de dichas culturas. 
Al permitir que esos países tengan una mayor participación en los eventos de la Capital Europea de la Cultura les brindamos una oportunidad única de aprovechar la energía sin precedentes que generan las sociedades en las denominadas nuevas democracias. 
No puedo dejar de mencionar a una candidata destacada entre las ciudades que esperan ser designadas Capital Europea de la Cultura para 2010. 
Me refiero a la ciudad de Goerlitz-Zgorzelec, donde tuve la suerte de crecer y educarme. 
Se trata de una ciudad muy particular, porque a pesar de su accidentada historia de crueles divisiones, los habitantes de Goerlitz-Zgorzelec ha sabido mantener vivos sus lazos humanos, económicos y, en particular, culturales. 
Esta ciudad ha sido marcada por la historia y fue dividida por la frontera surgida de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora tiene la oportunidad de renacer en el mapa de Europa gracias a las actividades de la Unión Europea. 
Su destino es convertirse en un lugar de reconciliación, comprensión y cooperación supranacional y cultural en todos los niveles. 
Constituye un ejemplo de cómo los intereses comunes y la voluntad de diálogo pueden vencer las divisiones y el resentimiento, algo que podría parecer imposible. 
Recomiendo que todos los proyectos a escala europea, y no solo los culturales, adopten este planteamiento. 
– El importante papel del proyecto de la Capital Europea de la Cultura y su misión son innegables; contribuye a preservar la diversidad y la riqueza del patrimonio cultural europeo. 
Favorece en gran medida el conocimiento de las tradiciones y los valores culturales respectivos. 
La transparencia, la claridad, el control y las mejores prácticas presentan los requisitos fundamentales de todos los tipos de procedimientos de selección de la Comunidad Europea y esto también debe aplicarse a la selección de las capitales europeas de la cultura. 
No puedo sino apoyar la inclusión de Bulgaria y Rumanía en el programa, expresando el interés manifestado por los dos nuevos Estados miembros potenciales para que participen en esta acción, dada la importancia simbólica de hacerles ya sentir que forman parte de Europa y para enriquecer más nuestros valores culturales y nuestra diversidad. 
La inclusión de la iniciativa del Mes Cultural en el proyecto ayudará a los ciudadanos a conocer el patrimonio cultural de otros países y a extender el proyecto a una escala internacional más amplia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre 
– el informe (A6-0087/2006) de la señora Doyle, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto invernadero (PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A (COD) ) y 
– el informe (A6-0009/2006) de la señora Doyle, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (PE-CONS 3605/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A (COD) ). 
Creo que tiene algo que declarar que desea que conste en acta, a lo que me gustaría tener la posibilidad de contestar. 
. Señor Presidente, quiero transmitirles los saludos de mi colega, el señor Dimas. 
Permítanme presentar la posición de la Comisión Europea en este asunto. 
En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a la delegación del Parlamento que participó en la reunión de conciliación con el Consejo el 31 de enero. 
En particular, quiero expresar mi agradecimiento al Vicepresidente Trakatellis y a la ponente, la señora Doyle, y felicitarles por el resultado. 
Los debates en el Comité de Conciliación fueron constructivos y el resultado final sobre cuestiones básicas –como normas de contención, etiquetado, puesta en el mercado, promoción de alternativas, así como sobre una serie de otros temas importantes– es satisfactorio. 
Por tanto, la Comisión puede apoyar el texto de conciliación y animo al Parlamento a aprobar el excelente resultado obtenido por su equipo negociador. 
Creo que el reglamento sobre gases fluorados, así como la directiva relativa a los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor, contribuirán notablemente a la lucha de la Unión Europea contra el cambio climático y a nuestros esfuerzos por conseguir nuestro objetivo de Kyoto de reducción de emisiones. 
La Comisión calcula que la legislación que debatimos ahora reducirá de aquí a 2012 las emisiones de gases fluorados unos 20 millones de toneladas de equivalente de CO2 al año. Esto supone una reducción del 20 % en comparación con 1995. 
A falta de medidas, las emisiones de gases fluorados habrían aumentado un 50 % en el mismo periodo. 
A partir de 2020, cuando ya se hayan aplicado completamente todas las medidas, el efecto será la reducción de 40 a 50 millones de toneladas de equivalente de CO2. 
La política climática de la Unión Europea se basa en la estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Solo a través de la acción común y combinada, a escala europea y nacional, la Unión Europea logrará reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por tanto, la Comisión celebra las medidas adoptadas por los Estados miembros para reducir las emisiones nacionales a fin de cumplir su objetivo de reparto de la carga. 
Sin embargo, en este contexto la responsabilidad de la Comisión consiste en conservar cualquier derecho que pueda tener para garantizar que todas las acciones llevadas a cabo para reducir las emisiones de gases fluorados sean compatibles con el Tratado. 
Por este motivo, la Comisión quiere emitir la siguiente declaración con respecto a la cuestión de las medidas nacionales más estrictas: 
«La Comisión toma nota del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la inserción en el reglamento de una disposición que permita a los Estados miembros mantener, hasta 2012, medidas nacionales más estrictas, en comparación con las establecidas en el reglamento, si han sido adoptadas antes del 31 de diciembre de 2005. 
Del Tratado se deriva que si tras la adopción de una medida armonizada un Estado miembro estima necesario mantener medidas nacionales que se justifiquen por importantes necesidades especificadas en el artículo 30 del Tratado CE, o en relativas a la protección del medio ambiente o del entorno de trabajo, este Estado miembro las notificará a la Comisión, indicando los motivos de su mantenimiento. 
Además, el Tratado especifica las normas para la aceptación o el rechazo de estas medidas por parte de la Comisión. 
Por tanto, la Comisión está obligada a reservarse su posición en este asunto, incluido todo derecho que pueda tener en virtud del Tratado.» 
Una vez más, agradezco al Parlamento su enfoque abierto y constructivo sobre el paquete de gases fluorados. 
El resultado es una legislación fuerte y eficaz, que, una vez más, demuestra la capacidad de la Unión Europea de cumplir lo que promete con hechos concretos en su política climática. 
. – Señor Presidente, agradezco al Comisario que haya aceptado mi invitación de iniciar el debate de esta noche, porque me preocupa la declaración de la que acaba de dejar constancia, y durante el debate me remitiré a ella, como sospecho que harán también otros colegas. 
Esta legislación es un caso fascinante para quien esté interesado en los procesos institucionales de toma de decisiones del Parlamento Europeo. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas, en particular a la ponente alternativa, la señora Corbey, por la cooperación que hemos mantenido durante un debate largo y a veces bastante difícil. 
En la década de los noventa se introdujeron gases fluorados para sustituir a los CFC y los HCFC dañinos para la capa de ozono. 
Se utilizan en todo tipo de aplicaciones, algunas fundamentales, otras no tanto: en espumas aislantes, aerosoles, sistemas de refrigeración y aire acondicionado; en equipos de protección contra incendios y conmutadores e incluso en las suelas de zapatillas de correr «air-tech» , además, por supuesto, de las ventanas de doble acristalamiento. 
La lista es muy larga. 
Cuando se desarrolló el debate sobre el cambio climático a raíz de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se reconoció que el impacto perjudicial de estos gases fluorados, debido a su alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) , era un importante factor –con una contribución del 5 % y que va en aumento– del «efecto invernadero». 
Estos gases no solo tienen un alto PCA: el más potente –hexafloruro de azufre o SF6– tiene un PCA de casi 24 000 veces el del CO2, el gas de efecto invernadero más común. 
También tienen una semivida muy prolongada. 
Si no se toman medidas, la Comisión calcula que las emisiones de gases fluorados se situarán en 2010 un 50 % por encima de los niveles de 1995. 
Otros hablen quizá de una cifra mucho más elevada. 
Con las medidas acordadas en este paquete legislativo, para 2012 disminuirán más del 20 % con respecto a los niveles de 1995. 
De los seis gases de efecto invernadero enumerados en el anexo al Protocolo de Kyoto, tres de ellos son gases fluorados. 
En general, la legislación actual anima a reducir las emisiones de 25 gases fluorados –hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafloruro de azufre– a través de la contención, el uso responsable, la recuperación, la destrucción y el vertido. 
El objetivo de esta legislación es capacitar a los Estados miembros para que cumplan sus objetivos de Kyoto de contención de fugas y de limitación del uso de gases fluorados. 
Si bien la propuesta inicial de la Comisión al Parlamento se presentó en forma de reglamento con un fundamento jurídico asociado al mercado único –a saber, el artículo 95–, el Consejo llegó a una posición común en forma de dos textos separados: una directiva basada en el artículo 95 y un reglamento basado en un fundamento jurídico doble, formado por los artículos 175 y 95. 
El motivo para dividir la propuesta inicial de la Comisión en dos textos diferentes, recomendado por el Parlamento Europeo en primera lectura, era trasladar todos los requisitos relativos a las emisiones de los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor del reglamento propuesto a la Directiva marco 70/156/CEE, relativa a la homologación de los vehículos a motor. 
El reglamento propuesto se centraría entonces en las demás aplicaciones legales. 
Por tanto, una vez cortado en dos y dado el muy dudoso paso de repartir el reglamento entre dos fundamentos jurídicos –con un cuerpo central que es el medio ambiente y algunas disposiciones auxiliares basadas en el fundamento jurídico del mercado único–, el Consejo ha devuelto la pelota al Parlamento. 
En la segunda lectura en el Parlamento no hubo ninguna resolución definitiva sobre la controvertida cuestión crucial del doble fundamento jurídico del reglamento, que se mantuvo. 
Mi propuesta, como ponente, de adoptar un fundamento jurídico asociado al medio ambiente como único medio de garantizar la seguridad jurídica, no obtuvo la mayoría cualificada necesaria. 
Sin embargo, se aprobaron enmiendas con ánimo de destacar el hecho de que al amparo de las medidas del mercado único se permiten medidas nacionales más estrictas, a condición de que sean proporcionadas, no discriminatorias y que no tengan un carácter puramente económico. 
El artículo 176 del Tratado explica este mecanismo en relación con el medio ambiente o las leyes del artículo 175. 
En primer lugar, había una cuestión de principio general que, en aras de promover una legislación mejor, más simple y más clara, la introducción de un doble fundamento jurídico de distinto peso supone una orientación y un precedente peligrosos en la elaboración de las políticas europeas. 
En segundo lugar, está la jurisprudencia consolidada del TJCE, según el cual debería existir un único fundamento jurídico que refleje la finalidad preponderante o el centro de gravedad de la legislación. 
El centro de gravedad de este reglamento es indiscutiblemente la protección ambiental, que garantizaría un fundamento medioambiental, un enfoque de armonización mínima. 
Por último, estaba la cuestión sin resolver de si los Estados miembros que ya tenían una legislación vigente más ambiciosa, especialmente Austria y Dinamarca, podrían mantener esas medidas o si la Unión Europea les obligaría a rebajar sus normas de protección ambiental en un ámbito de lucha contra el cambio climático en una época en que ya existen dificultades para cumplir los objetivos de Kyoto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Dadas las divisiones implacables en el seno del Consejo en torno a esta última cuestión de medidas nacionales más estrictas para ciertos Estados miembros, una tercera lectura a efectos de conciliación era inevitable. 
Tras muchas semanas agotadoras de preparativos informativos y reuniones, el 31 de enero de 2006 el Comité de Conciliación llegó a un acuerdo en torno a un texto conjunto para el reglamento con respecto a ciertos gases de efecto invernadero fluorados –gases f–, que abordaba los principales puntos de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo, a saber: la posibilidad de que los Estados miembros mantengan o introduzcan medidas nacionales más estrictas que las previstas en el reglamento; disposiciones técnicas relativas a la contención de los gases f; informes y revisión del reglamento; definición de la puesta en el mercado; transporte o envío transfronterizo de gases f con fines de recuperación; etiquetado; notificación de medidas que introducen nuevas prohibiciones de los gases f; y el ámbito de la formación y la certificación. 
Sin embargo, el aspecto clave que quiero mencionar otra vez es la cuestión de las medidas nacionales más estrictas. 
El acuerdo sobre el principio general de que los Estados miembros pueden mantener o introducir medidas nacionales más estrictas de conformidad con las disposiciones del Tratado, era importante para fomentar una competición en torno a la mejora del medio ambiente. 
En el caso concreto de las medidas nacionales vigentes en Dinamarca y Austria, contra las cuales la Comisión ha estudiado la posibilidad de emprender acciones judiciales, se introdujo una cláusula de salvaguardia que permitiría a los dos Estados miembros mantener su legislación hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Ambos países ya cuentan con una estricta legislación vigente sobre los gases f –desde la década de 1970 en el caso de Dinamarca– y consideran que es una medida clave de su dispositivo político para cumplir sus objetivos de Kyoto en materia de cambio climático. 
Creo que la legislación ahora acordada y en espera de la sanción definitiva que mañana emitirán nuestros colegas en este Parlamento establecerán un equilibrio equitativo entre los criterios de protección del medio ambiente y los del mercado único. 
Reafirma el compromiso de la Comunidad Europea de mitigar el cambio climático y supondrá un gran estímulo para el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales, contribuyendo así a nuestros objetivos de la Agenda de Lisboa en el terreno de la economía basada en el conocimiento. 
Lo hará de forma comedida, razonable y proporcionada, reconociendo ciertos usos críticos de estos gases que, no lo olvidemos, pueden ser útiles en ciertas circunstancias porque son excelentes aislantes. 
Los conmutadores eléctricos o electrónicos, entre otros usos vitales, seguirán utilizando gases f en un espacio cerrado. 
En este caso no existe un sustituto mejor o más adecuado y esa ha de ser la piedra de toque. 
Las tres instituciones, yo misma, mis colegas diputados al Parlamento Europeo, el Ministro Pröll en nombre del Consejo Europeo y el Comisario de Medio Ambiente, el señor Dimas, han acogido con agrado el compromiso de conciliación. 
Era el único resultado equitativo y honroso. 
El Comisario Dimas calificó el acuerdo, y le cito directamente, «señal política clara y positiva» , pero aludió al hecho de que la Comisión decidiría más adelante si emitiría una declaración pública una vez aprobada definitivamente la legislación, cosa que está previsto que sucederá mañana. 
Quiero establecer un marcador en relación con la declaración que acabamos de escuchar al Comisario Figel’, quien ha hablado en nombre del Comisario Dimas. 
En el laborioso proceso de negociación de esta legislación estaba claro que los legisladores, el Parlamento y el Consejo, querían que prevaleciera la interpretación más amplia posible de la facultad para tomar medidas ambientales sobre la base de un fundamento jurídico del mercado único. 
Rechazo enérgicamente cualquier intento por parte de la Comisión de interpretar el contenido de este fundamento jurídico de forma que quede estrictamente confinado al apartado 4 del artículo 95, que describe un procedimiento de notificación previa. 
Una declaración de esta índole representa una mala interpretación del resultado de la conciliación, donde estaba clara, aunque implícitamente, la intención de permitir medidas nacionales más estrictas sobre la base del apartado 10 del artículo 95. 
Aunque cualquier declaración de la Comisión en este contexto no es vinculante, puede influir en la interpretación del TJCE en torno a esta cuestión, si por ventura esta legislación, que ya se viene arrastrando durante dos legislaturas, es objeto de una cuarta lectura en el Tribunal de Luxemburgo, como me preocupaba desde el comienzo. 
Esta noche quiero dejar claro que los objetivos principales de este reglamento –reducir nuestras emisiones de gases fluorados– deberían respetarse y suscribirse lo más plenamente posible. 
Lamento el hecho de que la Comisión no haya tenido el gesto de retirar hasta la fecha su carta de notificación formal al Gobierno danés. 
Quiero instar al Comisario Figel’ a que declare públicamente esta noche la intención de la Comisión de hacerlo lo antes posible. 
La directiva relativa a los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor era el segundo brazo del paquete de las dos propuestas que surgieron de la primera lectura del Consejo sobre la recomendación de mi predecesor como ponente, el señor Goodwill. 
Acojo con agrado la decisión pionera de introducir una prohibición gradual de los gases fluorados con un potencial de calentamiento atmosférico que es 150 superior a la potencia del dióxido de carbono en los vehículos de motor. 
Esta prohibición se aplicará a los nuevos modelos de vehículos en 2011 y a todos los vehículos nuevos en 2017. 
La adecuación de la medida al inveterado sistema de homologación de vehículos mantendrá también la competitividad y garantizará el cumplimiento por parte de los fabricantes de coches europeos. 
El umbral de riesgo eliminará el principal gas utilizado actualmente en sistemas de aire acondicionado y permitirá emplear en su lugar gases menos dañinos. 
En la práctica, es probable que la mayoría de los fabricantes de vehículos introduzcan sistemas basados en dióxido de carbono. 
Pero lo importante es que permitamos que se desarrollen estos nuevos sistemas sin prescribir ninguna tecnología y sin infringir nuestras obligaciones con respecto a la OMC. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a nuestra ponente, la señora Doyle. 
Su intervención ha puesto de manifiesto el vigor con el que ha luchado, tanto en la comisión parlamentaria como en el pleno, a favor de esta cuestión, que reviste una especial importancia para Austria y Dinamarca, pues son los dos Estados miembros que cuentan con las normativas más estrictas en este ámbito. 
Ante todo hemos demostrado que es posible adoptar una normativa más estricta sin provocar daños económicos. 
Por ello tengo que preguntar a la Comisión por qué ha vuelto a intentar evitar la unidad europea con su declaración. 
La política medioambiental y la satisfacción de la opinión pública europea van unidas y en Europa estamos unidos. 
Por ello, la actitud de la Comisión me sorprende sobremanera, ya que el Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo en el procedimiento de conciliación. 
El proyecto conjunto del Parlamento Europeo y del Consejo, que el Comité de Conciliación aprobó el 31 de enero de 2006, establece que los Estados miembros podrán mantener obligaciones nacionales más estrictas que las contempladas en el Reglamento hasta que el 31 de diciembre de 2012. 
Si no se hubiese introducido esta cláusula de salvaguardia, los Estados miembros habrían tenido que abolir las prohibiciones vigentes que trascienden las contempladas en el Anexo II del Reglamento, o bien pedir a la Comisión que las aprobase. 
Con arreglo al apartado 10 del artículo 95 del Tratado CE, las medidas de armonización, como la regulación de estos gases fluorados de efecto invernadero, pueden incluir una cláusula de salvaguardia para autorizar temporalmente a los Estados miembros a que adopten medidas divergentes. 
Esta autorización debe concederse en el marco del proceso establecido en el Reglamento y en la forma que este contempla. 
A pesar de ello, la Comisión no se refiere en su declaración sobre el apartado 3 del artículo al proceso establecido en el Reglamento, sino que repite el texto del apartado 4 del artículo 95, según el cual la adopción de disposiciones nacionales más estrictas –que, además, ha quedado justificada por recientes evidencias científicas– debe notificarse a la Comisión para su aprobación. 
Me parece evidente que esto va demasiado lejos y no corresponde a lo acordado por el Consejo y el Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi cordial agradecimiento a la ponente, la señora Doyle, que dio el primer impulso en varios ámbitos importantes a fin de mantener intacta la calidad de estas propuestas en materia ambiental. 
Recuerdo con agrado su tenacidad durante las reuniones a tres bandas. 
Mañana alcanzaremos de forma permanente dos hitos, o al menos eso es lo que creía antes de escuchar esta declaración. 
Hemos alcanzado un primer hito en el ámbito de la política de protección del clima. 
Existe un amplio consenso en esta Cámara en que debemos tomarnos en serio el cambio climático. 
Es necesario adoptar urgentemente medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los gases fluorados son gases que provocan un gran efecto invernadero que se utilizan en todo tipo de productos, como el aire condicionado y los sistemas de refrigeración, los extintores de incendios, las espumas que se usan en la construcción e incluso en las suelas de los zapatos. 
El hecho de que el Parlamento y el Consejo hayan trazado una línea clara resulta positivo. 
Es necesario reducir todo lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La innovación es importante pues es así como se reducirá el ritmo del calentamiento planetario. 
El segundo hito reviste una gran importancia política, a saber, el mercado interior. 
En la primera lectura dejamos claros nuestros puntos de vista. 
En lugar del fundamento jurídico del mercado interior, preferimos un fundamento jurídico relacionado con el medio ambiente. 
La mayoría del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo apoyó firmemente esta opción. El motivo fue que varios países ya habían adoptado medidas por iniciativa propia. 
En relación con el fundamento jurídico del mercado interior, Austria y Dinamarca corrían peligro de retirar las medidas de mayor amplitud que habían adoptado, algo totalmente inaceptable. 
El mercado interior debe mantener un alto nivel de protección del medio ambiente. 
Si no es así, los Estados miembros deben poder adoptar medidas de mayor envergadura. 
Europa no debe imponer cambios para peor a los Estados miembros, ni negar a estos la posibilidad de adoptar una política medioambiental eficaz. 
Finalmente hemos logrado enviar este mensaje. 
El deseo del Parlamento y del Consejo es que los Estados miembros puedan adoptar medidas más amplias. 
Por supuesto, la Comisión debe seguir de cerca la situación y procurar que las limitaciones impuestas al acceso al mercado sean proporcionadas. 
Señor Comisario, con toda franqueza le digo que su declaración me parece de una lamentable falta de solidez. 
Esperaba al menos que mostrara la voluntad política de ofrecer un mayor margen de maniobra a los Estados miembros que deseen adoptar medidas más amplias. 
No era necesario que leyera el artículo 95, que todos conocemos, y lo que realmente esperamos es la voluntad política para conceder a los Estados miembros este margen de maniobra. 
Esto es lo que necesitamos desesperadamente, porque la innovación es importante para la política de protección del clima, pero también para nuestra economía y para la Agenda de Lisboa. 
Así pues, me gustaría, a este respecto, que retirara la declaración que acaba de hacer. 
Creo que no hemos llegado al final de esta cuestión. 
Señor Presidente, para comenzar quiero dar las gracias a la ponente parlamentaria, la señora Doyle, quien ha realizado una brillante labor en este tema. 
Para mí ha sido un verdadero placer haber formado parte de la delegación de conciliación. 
En nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa quiero expresar mi sincero agradecimiento por esta constructiva cooperación. 
El resultado obtenido por el Comité de Conciliación es una victoria para el medio ambiente europeo y para los pueblos de Europa. 
Es necesario tener en cuenta a países como Dinamarca y Austria, que han impuesto una prohibición más estricta a los gases fluorados, y a otros países que pueden seguir su ejemplo. 
Esto demuestra que la UE sitúa el medio ambiente por encima de todo lo demás. 
Cuando el Parlamento Europeo adopte mañana el documento del Comité de Conciliación por una mayoría que espero sumamente amplia, supongo que el Comisario de Medio Ambiente, el señor Dimas, aprovechará la ocasión para retirar la notificación formal que envió a Dinamarca. 
Esa sería la consecuencia lógica del nuevo texto legal. 
Ahora que la legislación comunitaria ha sido modificada, no existe fundamento alguno para abrir un procedimiento contra Dinamarca ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Me ha parecido deprimente escuchar en los pasillos que el Servicio Jurídico de la Comisión se ha negado a aceptar el resultado de la conciliación o ha intentado interpretarlo de forma errónea. 
Permítanme recordar al Comisión que un hecho así carecería de precedentes y resultaría totalmente inaceptable si la nueva legislación comunitaria no fuera administrada por la Comisión. 
Asimismo sería perjudicial para la cooperación con la Comisión y la confianza que merece esta. 
El Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado el acuerdo y el contenido del documento de conciliación. 
La Comisión fue parte del acuerdo de 31 de enero de 2006 y, por lo tanto, es responsable del mismo. 
Por ello le pido, señor Comisario, que retire la notificación formal dirigida a Dinamarca tras la votación de mañana, cuando una amplia mayoría del Parlamento haya votado a favor del documento. 
Cualquier otra cosa resultaría inaceptable para la futura cooperación con la Comisión. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Doyle por su excelente colaboración y su firme voluntad de buscar compromisos con los que todos podamos estar de acuerdo. 
Dicho esto, si bien mi Grupo puede aceptar la Directiva relativa a sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor, aunque en nuestra opinión sigue siendo demasiado floja, no podemos aceptar los resultados de la conciliación sobre el reglamento relativo a los gases fluorados, a pesar de los buenos oficios de la señora Doyle por intentar conseguir un mejor trato, que en última instancia han fracasado. 
Las instituciones europeas se complacen en pregonar su liderazgo internacional en el terreno de la política sobre el cambio climático, la mayor amenaza que afrontamos, y, sin embargo, este reglamento es una tragedia de oportunidades perdidas y reduce el potencial de nuestra política climática durante décadas. 
Hablamos de gases que tienen un enorme potencial de calentamiento atmosférico. 
Entre ellos se incluye el hexafloruro de azufre, que es más de 23 000 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono y que, sin embargo, todavía se permitirá en algunas aplicaciones. 
No obstante, tenemos ante nosotros un reglamento con un fundamento jurídico que pone en entredicho el derecho vigente de Austria y Dinamarca de mantener sus leyes nacionales más estrictas después de seis años y se opondrá activamente a que otros Estados miembros puedan adoptarlas. 
Tenemos un reglamento que no reconoce el hecho de que ya existen alternativas para la mayoría de las aplicaciones de gases fluorados, que no promueve la sustitución y que retrasará la introducción de alternativas seguras e innovadoras durante años, no solo en la Unión Europea, sino también en el mundo en desarrollo, donde está previsto que las emisiones de gases fluorados aumenten enormemente en las próximas décadas. 
Tenemos un reglamento que representa una capitulación vergonzante ante la industria de gases fluorados. 
Por ello, repito la pregunta que otros ya han planteado: ¿Aclarará la Comisión de una vez por todas si retirará los procedimientos contra Austria y Dinamarca? 
A principios de febrero mis colegas y yo escribimos al Comisario Dimas para hacerle esta misma pregunta. 
Todavía no hemos recibido una respuesta. 
Esto es inaceptable y los procedimientos deberían cancelarse inmediatamente. 
Señor Presidente, nuestro Grupo no votó a favor de este compromiso alcanzado en el comité de conciliación, y no votaremos a favor de él en el Pleno de mañana. 
No estamos satisfechos con su contenido y mucho menos con su fundamento jurídico. 
Y con ello no queremos criticar a la ponente. 
Consideramos que la señora Doyle ha hecho todo lo posible en una situación difícil y ha intentado todo lo humanamente posible para reclamar el derecho a mantener e introducir mayores obligaciones en materia medioambiental. 
Sin embargo, en vista de la difícil posición en que se ha encontrado tras la segunda lectura del Parlamento, no pudo lograr el único objetivo razonable, a saber, la adopción del artículo 175 como fundamento jurídico. 
Para nosotros, el único resultado aceptable es que se permita que la legislación en materia de medio ambiente proteja el medio ambiente. 
En nuestra opinión, este compromiso plantea dos problemas. 
El primero es que se podrían haber adoptado medidas de mayor alcance por lo que respecta a algunas de sus partes. 
Se podría avanzar más rápidamente para prohibir estos gases de efecto invernadero tan peligrosos. 
Sin embargo, la principal consideración es que actualmente corremos peligro de poner trabas a aquellos países que desean hacer más estricta su legislación nacional en este ámbito. 
Esta situación es contraria al espíritu del Protocolo de Kyoto y podría ser un obstáculo para los países que desean luchar contra el cambio climático que, como todos sabemos, es la mayor amenaza para el medio ambiente a la que nos enfrentamos. 
En cuanto Dinamarca y Austria, debemos ofrecer una garantía a estos países hasta el año 2012, fecha en que expiraría dicha garantía. 
A continuación no sabremos lo que pasará y estos países volverán a correr el riesgo de que se les obligue a suavizar la legislación que ya han adoptado. 
Respecto a los demás países, si la Comisión no toma otra decisión se pondría fin de hecho a la reforma. 
Esta situación es completamente inaceptable. 
Esto significa igualmente que los países de la UE tendrán problemas para producir nuevas tecnologías –que es precisamente lo que propugna este documento– para prohibir los gases peligrosos y obligar a la producción de alternativas que utilicen precisamente dichas nuevas tecnologías. 
Con su actuación, el Consejo y la Comisión evitan la aparición de nuevas tecnologías. 
En nuestros debates generalmente aceptamos que el clima es un problema grave y nos mostramos de acuerdo con los informes de los investigadores que llegan a nuestras manos, en los que se indica que la situación es más grave de lo que pensábamos hace unos cuantos años. 
Luego llega esta declaración de la Comisión que muestra que no ha aprendido nada sobre el clima. 
Lo que dice es que el mercado sigue siendo más importante que el medio ambiente. 
El derecho de las empresas a vender gases peligrosos es más importante que las oportunidades políticas para luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático. 
Resulta increíble que se pueda afirmar algo semejante en 2006. 
. Señor Presidente, tengo que darle muy buenas noticias: el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, y el Vicepresidente, el señor Verheugen, se han comprometido hoy a retirar las tres notificaciones formales relacionadas con los gases fluorados. 
De este modo, la Comisión pasará a formar parte del compromiso al que llegaron el Consejo y el Parlamento en el procedimiento de conciliación. 
Este compromiso resulta especialmente alentador porque la Comisión había adoptado una declaración en la que se reservaba el derecho de declarar ilegales la prohibición de los gases fluorados adoptada por Austria y Dinamarca. 
Esta declaración era una provocación, de la que ahora podemos olvidarnos. 
Quisiera dar las gracias a los señores Barroso y Verheugen por el apoyo personal que han dado hasta cuestión y también me gustaría dar las gracias al Presidente del Consejo Europeo, señor Schüssel, que ha ofrecido su apoyo personal en una cuestión que el Consejo de Ministros no quiso abordar cuando Austria asumió la Presidencia. 
Existen igualmente razones para mostrarnos agradecidos con esta Cámara, pues hemos votado a favor de la tan debatida enmienda 45, lo que hizo posible esta victoria. 
Mediante las enmiendas convertiremos la decisión sobre los gases fluorados en una norma de mínimos que permite a los Estados miembros ir más allá en la protección de nuestro clima. 
Se necesitaban 367 votos para que nosotros, los representantes electos, ejerciéramos una verdadera influencia, y hemos obtenido 370. 
Por eso hemos contraído con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el señor Florenz, y con la ponente, la señora Doyle, una gran deuda de gratitud por la firmeza con que apoyaron estas normas de mínimos, a pesar de estar sometidos a fuertes presiones, incluso de su propio Grupo. 
Asimismo deseo felicitar especialmente a los responsables de haber sentado el claro precedente que nos permite introducir normas de mínimos, incluso si el mercado interior se mantiene como fundamento jurídico. 
Hemos logrado muchas maneras de tener en cuenta la seguridad, la salud, el medio ambiente, el ambiente de trabajo, la protección de los consumidores y el bienestar de los animales, y ahora abandonamos la estricta disciplina y lo que denominamos armonización total. 
Espero que este no sea un fenómeno aislado, sino que, al contrario, anuncie una nueva dirección para la cooperación europea. 
La población nos agradecerá que tomemos decisiones mayoritarias para garantizar un nivel común de protección y, al mismo tiempo, para dar permiso a aquellos Estados miembros que desean ser pioneros. 
De este modo, todos podrán observar los avances logrados. 
Los daneses y los austriacos no podrían comprender que la Comisión hiciera de los esfuerzos para luchar contra el cambio climático una prioridad política y, al mismo tiempo los castigara por hacer un esfuerzo especial. 
El señor Verheugen, el señor Dimas y el señor Barroso tampoco lo comprenderían. 
Esperamos que con ello se haya puesto en su lugar a los eurócratas de la Comisión. 
Nosotros, los representantes populares hemos marcado la diferencia y podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. 
La siguiente tarea deber ser convencer a todos los países de que existen alternativas técnicas a fin de imponer una prohibición a escala comunitaria de los gases fluorados, de preferencia antes de 2012, fecha en que deberá renovarse el Protocolo de Kyoto tomando en consideración las generaciones futuras. 
Espero que el señor Barroso y el señor Verheugen se opongan firmemente a quienes intentan arrastrarlos por el lodo. 
Señor Presidente, tengo que felicitar a la señora Doyle por el papel de conciliadora parlamentaria que ha desempeñado en las deliberaciones sobre este paquete formado por un reglamento y una directiva. 
El reglamento y la directiva que tenemos ante nosotros constituyen un paso importante hacia nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por propia experiencia sé que dirigir un proceso de conciliación es una tarea rigurosa y muy exigente para los ponentes. 
Los gases fluorados de efecto invernadero son un ejemplo más de lo difícil que es resolver los problemas del medio ambiente. 
Cuando solucionamos uno aparecen nuevos que ocupan su lugar. 
Cuando en su día pasamos a utilizar hidrocarburos fluorados en los sistemas de refrigeración, aerosoles y otras aplicaciones, logramos reducir considerablemente el empleo de hidrocarburos clorofluorados, que atacaban la capa de ozono. 
El Protocolo de Montreal pretendía eliminar gradualmente los CFC, ya que estos gases son perjudiciales para el ozono estratosférico. 
Ese fue un paso positivo, pero los agentes que atacan la capa de ozono fueron reemplazados por gases con un gran efecto invernadero. 
Su potencial para el calentamiento del planeta es 100 o incluso 1000 veces mayor que el del dióxido de carbono, y el tiempo que tardan los gases en dispersarse en la atmósfera puede ser muy largo. 
Los gases fluorados representan al menos un 5 % del efecto invernadero. 
Es por ello por lo que la amenaza del cambio climático nos obliga a reducir el uso de los hidrocarburos fluorados. 
El texto del Reglamento que ha adoptado el Comité de Conciliación estimulará un desarrollo continuo de tecnologías alternativas y la adopción de tecnologías ya existentes que, no obstante, permiten modelos operativos y sostenibles para alcanzar el objetivo fijado. 
Esperemos que cada vez sepamos más y podamos seguir previendo los peligros que pueden presentar las soluciones alternativas. 
Uno de los mayores problemas que plantea el Reglamento objeto de examen es su fundamento jurídico. 
Espero que las dos bases jurídicas que se han elegido resulten, a pesar de todo, un compromiso viable y no provoquen que los problemas se solapen. 
En su momento voté por un único fundamento jurídico, el artículo 95, pero con las mayores garantías. 
Siempre me he preguntado por qué se considera que los motivos medioambientales son siempre más compatibles con el medio ambiente, mientras que los motivos basados en el mercado interior son acusados de servir a los intereses de la industria. 
Solo así ofreceremos un incentivo real a nuestra industria para que compita en igualdad de condiciones y de forma compatible con el medio ambiente. 
– Señor Presidente, uno de los principales argumentos avanzados durante los debates anteriores a la adhesión de Austria a la Unión Europea por aquellos que se oponían a su adhesión era la rebaja de las normas medioambientales. 
Ahora nos encontramos con un ejemplo trágico de dicha rebaja. 
Los gases de efecto invernadero están al orden del día y los efectos del cambio climático se pueden observar en los informativos, en las inundaciones que asolan Alemania y Austria. 
La protección del clima debería ser nuestra prioridad absoluta, sobre todo ahora. 
¿Qué pensamos que creen los ciudadanos interesados cuando damos rienda suelta a la emisión de gases de efecto invernadero en nombre del mercado interior? 
Austria y Dinamarca han actuado de forma coherente. 
Las economías de esos países poseen la flexibilidad suficiente para adaptarse y responder. 
¿Queremos ahora proteger a los dinosaurios del mercado, que no desean cambiar, de aquellos que tienen la fuerza suficiente para hacerlo? 
Les pido que rectifiquen este error. 
En vista de los peligros a que se enfrenta el clima del planeta, sería totalmente absurdo que penalizáramos a los pioneros de la protección del medio ambiente. 
– Señor Presidente, como ve, al final de este debate se está produciendo una fuerte dosis de intervenciones austriacas. 
Desgraciadamente, Austria no siempre ha sido un alumno modelo en lo que se refiere a la política ambiental, pero en materia de emisiones de gases fluorados de efecto invernadero hemos adoptado medidas más estrictas que las propuestas en este paquete de armonización legislativa. 
En mi opinión, la Unión Europea tiene dos opciones: realizar una armonización a un alto nivel, o bien continuar permitiendo que los Estados miembros mantengan metas y medidas más estrictas y ambiciosas. 
Austria y Dinamarca –como ya han dicho varios oradores, incluso la misma ponente, que ha defendido constantemente esta posición– han adoptado una prohibición general del uso de gases fluorados de efecto invernadero. 
La experiencia de estos países nos muestra que existen alternativas a estos gases. 
El proyecto que el Comité de Conciliación aprobó a finales de enero contempla que los Estados miembros podrán mantener obligaciones nacionales más estrictas hasta 2012. 
Esta medida es posible en virtud del apartado 10 del artículo 95 del Tratado – la «cláusula de salvaguardia» – que permite el mantenimiento temporal de medidas más estrictas. 
El Parlamento Europeo y el Consejo han acordado una cláusula de salvaguardia de este tipo, que garantiza –al menos por el momento– que Austria y Dinamarca podrán seguir aplicando sus estrictas normativas. 
Significa asimismo que no es necesario presentar las pruebas científicas contempladas en el apartado 4 del artículo 95. 
Me complace que el señor Bonde tenga acceso a información más reciente, según la cual la Comisión ha modificado su declaración. 
La declaración que el Comisario hizo al inicio de este debate no era satisfactoria. 
Eso es algo que muchos oradores han resaltado. 
Yo también pido a la Comisión que tome nota de la actitud del Parlamento y del Consejo, y que conceda a los Estados miembros el margen de maniobra necesario. 
Señor Presidente, en realidad tenía intención de decir otra cosa, pero tras escuchar este debate, tengo que dar las gracias a la señora Doyle por su espléndida contribución. 
Sin embargo, no veo de qué forma sus esfuerzos pueden dar fruto, ya que la Comisión afirma que únicamente aquellos países que ya tienen normas más estrictas podrán mantenerlas. 
No se habla de que los países puedan ir más lejos ni se garantiza a Dinamarca que pueda hacerlo. 
Cuando pienso en la furiosa oposición con la que se topó la propuesta de la señora Doyle en la segunda lectura, no sé de donde sacan su optimismo el señor Bonde, el señor Busk y otros. 
No hay señales tranquilizadoras. 
Nos encontramos ante una propuesta que es una afrenta a todas las fuerzas constructivas que trabajan a favor del medio ambiente. 
La sustitución existe. 
Existen alternativas. 
En Dinamarca y Austria tenemos sistemas de refrigeración eficientes y, no obstante, se ha preferido someterse a la industria de los gases fluorados que al medio ambiente. 
No observo nada en la declaración de la Comisión que abogue por algo más constructivo. 
Es por ello por lo que agradezco únicamente a la señora Doyle su espléndida pero –hay que decirlo– totalmente inútil labor. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora Doyle por haber adoptado una posición tan heroica en esta Cámara. 
El Consejo y la Comisión han defendido las tecnologías viejas y desfasadas del mercado interior, en lugar de defender el clima. 
La historia los tratará severamente al juzgar estos actos. 
Por ejemplo, ¿por qué no prohibimos los gases fluorados de efecto invernadero en los frigoríficos que se venden a los consumidores? 
Un 90 % del mercado ya no utiliza estos gases. 
La decisión de prohibirlos no admite dobleces. 
¿Por qué permitimos el uso del hexacloruro de azufre, que hace 23 000 veces más daño al clima que el dióxido de carbono? 
La única manera de encontrar una alternativa es establecer un plazo, con lo cual la investigación encontrará las alternativas adecuadas. 
Además, ya existen varias alternativas. 
En la intervención de la Comisión debe haber una errata, porque yo pensaba que intentaba que los Estados miembros introdujeran una legislación más estricta para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto. 
Sigo pensando que debe haber un error en esa intervención, pues no puedo pensar que la Comisión sea responsable de una política tan anticuada y desfasada. 
. – Señor Presidente, ¿procedería ahora que el Comisario respondiera a algunas de las cuestiones planteadas? 
Sé que es muy tarde y que estamos poniendo a prueba su paciencia. 
De lo contrario, se planteará mañana antes de la votación. 
Además, quiero hacer una petición ahora para que conste en acta, para hacer llegar el mensaje, que pediremos a la Presidencia austriaca que mañana comente esto específicamente. 
Que a quien corresponda transmita el mensaje, para que no haya malos entendidos: queremos que mañana estén presentes. 
Aparte de ostentar la Presidencia, es un asunto especialmente importante para Austria. 
Se han formulado numerosas cuestiones importantes directamente al Comisario Figel’; me complacería que contestara a ellas. 
Hay mucho descontento aquí con la declaración de la Comisión. 
El Consejo estará presente en el debate de mañana. El Comisario puede responder todavía hoy. 
Según tengo entendido, el Comisario Dimas estará presente mañana. 
¿Desea añadir algo, Comisario Figeľ? 
. Señor Presidente, puedo asegurarle que creemos que la sostenibildad no es solo un principio del Tratado, sino también el principio más importante, individual y socialmente, para el impulso del progreso económico con responsabilidad social y ambiental. 
Lo digo como miembro de la Comisión y como padre y político, no solo porque estoy sustituyendo a mi colega el señor Dimas. 
Pueden estar seguros de que realmente lo vemos así. 
En cuanto a la cuestión de la declaración, no estoy en condiciones de retirar la declaración, que he emitido en nombre de la Comisión Europea, pero puedo asegurarles que la aprobación del nuevo estatuto jurídico –la votación del texto de conciliación– afectará a los casos pendientes que se han mencionado repetidamente. 
Revisaremos o reexaminaremos estos casos a la luz de esta nueva situación –el resultado de la conciliación–, especialmente porque tendremos una nueva legislación comunitaria en este ámbito. 
Es todo lo que puedo decir en este momento. 
. – Señor Presidente, existe una acusación particular, que creo que exige una respuesta, de que el Servicio Jurídico de la Comisión está trabajando entre bastidores para socavar la decisión surgida de la conciliación. 
¿Es eso cierto? 
¿Existe alguna discrepancia entre la Dirección General de Empresa y la Dirección General de Medio Ambiente en torno a esta cuestión, y ha sido la primera quien ha ganado la batalla? 
. No tengo noticias de que haya diferencias. 
Solo conozco la posición de la Comisión, que he defendido o declarado aquí. 
Seguiremos actuando de acuerdo con ella. 
Es importante que tengan ustedes en cuenta la posición de la Comisión, no los pasillos, mensajes o señales. 
Los ignoro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Quiero abrir la sesión de hoy dando la más cordial bienvenida, en mi nombre y en el de todos los diputados al Parlamento Europeo, al señor Alexander Milinkevich, líder de la oposición democrática y candidato a la Presidencia de Belarús. 
Estimado señor Milinkevich, como líder de la oposición unificada, usted tuvo el valor de presentarse a las elecciones presidenciales celebradas recientemente en Belarús, elecciones en absoluto consideradas como democráticas por nuestro Parlamento. 
El Parlamento Europeo admira su valentía y la perseverancia que demostró tanto durante la campaña electoral como después, y quiere expresarle toda nuestra solidaridad, con usted, con sus compatriotas y con su país. 
Europa no será plenamente democrática mientras Belarús no sea un país libre. 
Puede tener la seguridad de que el Parlamento Europeo seguirá apoyando los derechos humanos y la democracia en su país. 
Podrán ustedes observar que algunos miembros del Parlamento se han adornado con una bufanda con cuyos colores tratan de expresar físicamente este apoyo y debo decirles que, gracias a la reforma del Reglamento que impulsamos recientemente y está en vigor, el Presidente puede permitir la presencia de estos símbolos externos, cuya retirada hubiese tenido que pedir con arreglo al anterior Reglamento. 
Congratulémonos pues por la reforma del Reglamento, y vean ustedes como, en algunos casos, las iniciativas de la Presidencia son positivas. 
Ahora vamos a entrar en el punto del orden del día relativo al estado de las perspectivas financieras. 
Sobre este tema quiero comunicar brevemente al Pleno que nuestro equipo negociador, presidido por el señor Lewandowski, alcanzó un acuerdo con los representantes de la Comisión y del Consejo. 
Como ustedes saben, el Parlamento se había planteado objetivos cuantitativos y cualitativos sobre las perspectivas financieras, es decir, por una parte un aumento de los recursos globales y, por otra, una estructura mejor y mejores formas de ejecutar el presupuesto. 
Con respecto a la posición del Consejo de diciembre, se ha aumentado el tope en cuatro mil millones de euros de dinero fresco, «», que van a sumarse a los recursos de determinados programas que habían quedado severamente recortados, en particular Erasmus, los programas de educación a lo largo de la vida, la innovación y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. 
A esos recursos adicionales se añade un aumento de las reservas del Banco Europeo de Inversiones en dos mil quinientos millones de euros para financiar los programas en favor de la investigación y el desarrollo, las redes de transporte y las ayudas a las pequeñas empresas. 
El instrumento de flexibilidad mantiene el montante del periodo actual, doscientos millones anuales, pero con la posibilidad de que los recursos no utilizados se trasladen a los dos siguientes ejercicios. 
Ese es el resumen del acuerdo al que se llegó ayer, pero estoy seguro de que nuestro ponente, el señor Böge, podrá hacer una presentación más completa de dicho acuerdo. 
Los Grupos políticos van a tener ocasión de valorar el acuerdo en nuestro debate. 
. – Señor Presidente, Señorías, tengo que admitir francamente que no estoy satisfecho con el resultado. 
Si observamos el análisis detallado de las perspectivas financieras de la UE ampliada que ha elaborado la comisión temporal, veremos que incluso este resultado no incluye algunos de los elementos que necesitamos urgentemente para aportar valor añadido europeo o fondos con los que otros deberán trabajar en los próximos siete años. 
Aun así, permítanme decir que en las condiciones en que hemos tenido que trabajar, todos los participantes han ido hasta el límite de lo que podía esperarse a fin de hallar una solución a largo plazo para las perspectivas financieras y un acuerdo interinstitucional. 
El Presidente tenía mucha razón al señalar que lo que preocupa al Parlamento no son tan solo los números, sino también los aspectos cualitativos y la reforma de la política presupuestaria europea, los nuevos instrumentos, la desburocratización de todo el procedimiento y garantizar los derechos del Parlamento en los instrumentos de política exterior, así como el papel que desempeñará el Parlamento en la posible revisión en 2008 y 2009. 
Así pues, hemos examinado, dentro de los límites que establece el acuerdo interinstitucional y por medio de declaraciones conjuntas y unilaterales, todo este paquete de elementos cualitativos y de proyectos de reforma, y creemos que lo hemos hecho correctamente, y en todo caso hemos adoptado una posición a todos los respectos que contribuye a avanzar hacia la mejora de la calidad de la política presupuestaria europea. 
Teniendo en cuenta que conocemos detalladamente los programas –pues los hemos analizado con más detenimiento que el Consejo–, el Parlamento consideró que las cifras que hemos acordado representaban el mínimo absoluto, pero, por ejemplo, si en el ámbito del aprendizaje permanente o, en general, en lo relativo a la competitividad para el crecimiento y la creación de empleo hemos logrado otros 2 100 millones de euros, por ejemplo, para el intercambio de otros 40 000 estudiantes dentro de Europa, nuestra dedicación al valor añadido europeo ha rendido frutos. 
Me gustaría dar las gracias a todo el equipo de negociadores presidido por el señor Lewandowski, al señor Walter y al señor Mulder por su excelente cooperación, así como a los coordinadores de Grupo. 
Fue únicamente gracias a esta colaboración por encima de las divisiones políticas para formar un equipo unido y decidido por lo que logramos este resultado, y estoy muy agradecido por ello. 
. Señor Presidente, es un placer estar aquí hoy para compartir con ustedes mi satisfacción ante el acuerdo alcanzado por los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las perspectivas financieras de 2007-2013. 
En particular, quiero felicitar al señor Böge, al señor Lewandowski, al señor Mulder y al señor Walter por su notable labor, que sé que se ha realizado en condiciones muy difíciles. 
También quiero agradecer al Canciller Schüssel y a su Ministro de Hacienda por sus incansables esfuerzos por llegar a un acuerdo. 
He seguido las negociaciones muy de cerca, con la firme voluntad de garantizar que llegáramos a un buen acuerdo. 
Puedo decirles que me siento orgulloso del papel desempeńado por la Comisión, en concreto la Comisaria Grybauskaitė, durante las negociaciones, que fueron muy difķciles. 
Creo de verdad que el resultado de esas negociaciones es claramente mejor que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo. 
Sabiendo como sé de primera mano lo arduo que ha sido llegar a este punto, puedo decir sinceramente que se trata de un éxito. 
Es una buena noticia para Europa, porque significa que ahora tenemos los fondos para cumplir nuestras ambiciones de desarrollo de la Unión en los próximos siete años. 
Ahora tenemos un marco financiero claro para impulsar el desarrollo de los diez nuevos Estados miembros que se adhirieron en 2004 y de los dos nuevos Estados miembros que quedan por ingresar. 
Me complace especialmente que hayamos aumentado la financiación de programas directamente relacionados con la nueva Agenda de Lisboa, en concreto, la investigación, el aprendizaje permanente, las redes transeuropeas, la competitividad y la innovación. 
En los próximos siete años habrá casi 50 000 millones de euros disponibles para mejorar la actividad de investigación en el ámbito de la Unión. 
Además, por primera vez el acuerdo conlleva un esfuerzo conjunto con el Banco Europeo de Inversiones. 
Los fondos del Banco Europeo de Inversiones sirven de catalizadores para inversores públicos y privados en investigación y desarrollo tecnológico, así como las redes transeuropeas y las pequeñas y medianas empresas. 
También aumentarán significativamente los fondos del importante ámbito de la justicia y los asuntos de interior. 
Otras de mis prioridades, como ustedes recordarán –ha sido objeto de mis cartas al Presidente en ejercicio del Consejo y algunas de mis declaraciones aquí en el Parlamento– era obtener fondos adicionales para programas que afectan a nuestros ciudadanos, como programas de cultura, juventud, salud y protección del consumidor. 
Esto ya se ha conseguido. No habría sido posible si no hubiéramos trabajado juntos para aumentar esos fondos tras el acuerdo del Consejo Europeo. 
También he tomado nota de los comentarios que acaba de hacer el señor Böge en este sentido. 
Nuestro gasto en acciones externas también aumentará, lo que nos permitirá seguir promoviendo los valores europeos en todo el mundo. 
Gracias a ese acuerdo será posible mejorar sustancialmente la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión. 
El Parlamento y el Consejo tendrán que ratificar ahora el acuerdo alcanzado por los negociadores. 
Esperamos que esto ocurra sin más demora. También nos hemos esforzado por garantizar que el futuro presupuesto de la Unión Europea se base en principios de buena gestión financiera. 
También he tomado buena nota de lo que acaba de decir el señor Böge sobre esto: no se trata solo de cifras. 
Las cifras han aumentado, sí, pero no se trata solo de cifras, se trata de transparencia, de responsabilidad, de calidad del gasto y de calidad del modo en que trabajamos juntos, el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Es justo decir que el papel del Parlamento en el proceso se ha visto reforzado y que también desempeñará una función importante en la revisión de las perspectivas financieras, que será una de las principales prioridades de los próximos años. 
Hoy les puedo confirmar algo que he dicho en varias ocasiones: como saben, el Consejo nos ha pedido que presentemos una propuesta de «cláusula de revisión» para el futuro de las perspectivas financieras, y en esta materia queremos colaborar todo lo posible con el Parlamento. 
Sé que ha sido difícil. 
No todos están contentos y nadie estará totalmente contento –permítanme decir que la Comisión no está del todo contenta–, pero, una vez más, ha sido una buena demostración de nuestro compromiso y nuestro espíritu de cooperación, motivo por el cual quiero felicitar de todo corazón a todos los negociadores. 
Creo que deberíamos celebrar este éxito y después pasar rápidamente a aprovechar el impulso generado por este acuerdo a fin de acelerar y completar el proceso legislativo necesario para organizar y poner en marcha todos los programas a partir del año que viene. 
No tenemos más tiempo que perder. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el camino que nos ha traído aquí ha sido largo y difícil, y sin este Parlamento no estaríamos donde ahora nos encontramos. 
Recomiendo que todos nosotros tengamos en cuenta no solo el interés nacional –o lo que consideramos el interés nacional– sino el interés de la Comunidad, los intereses de la Unión Europea, de la Europa que todos compartimos. 
Si no lo hubiéramos tenido en cuenta, no habríamos obtenido este resultado, al cual respondemos con un «sí, pero». 
Como ha señalado el señor Böge con toda la razón, no estamos totalmente satisfechos, pero sabemos que no era posible obtener más. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías, al señor Lewandowski, que presidió el grupo de trabajo, al señor Böge, al señor Walter y al señor Mulder por su labor de persuasión. 
Podemos estar orgullosos de que este grupo negociador haya obtenido este resultado. 
Tenemos una gran responsabilidad ante la Unión Europea, y esa responsabilidad no esta relacionada con el dinero, sino, por el contrario, con la democracia, el sistema parlamentario, la transparencia y la apertura. 
Se trata de ganar a la opinión pública para la causa de Europa, a fin de que esta Europa nuestra resulte convincente. 
Es por ello por lo que, cuando los fondos europeos se gastan a escala nacional, deseamos que las autoridades nacionales compartan la responsabilidad del buen uso de estos fondos. 
Las deficiencias no deben atribuirse siempre a la Unión Europea, ya que las autoridades nacionales deben aceptar su parte de responsabilidad. 
Insistimos en que el Parlamento debe tener voz y responsabilidad en la revisión de los gastos de la Unión Europea que tendrá lugar en 2008 y 2009. 
Permítanme decir con todo el énfasis de que soy capaz que no debe repetirse el regateo del que hemos sido testigos en las últimas semanas y meses. 
Esta debe ser la última ocasión en que nuestras negociaciones resulten tan poco convincentes. 
Estoy plenamente de acuerdo con el Presidente del Consejo Europeo cuando señala que debemos reflexionar sobre la forma en que concederemos a la Unión Europea sus propios ingresos, en lugar de que sea una carga para el público, de modo que Europa cuente con recursos suficientes; así que trabajemos juntos a ese fin. 
Señor Presidente, Señorías, lo obtenido es menos de lo que deseamos, más de lo que muchos esperaban y una victoria de la razón. 
El acuerdo interinstitucional contempla una serie de elementos a los que concedo especial importancia. 
En primer lugar, tenemos la cláusula de revisión. 
En 2008-2009 volveremos a revisar todas las cifras. 
Aquellos que se sienten insatisfechos ahora –es decir, insatisfechos con todo– deben tener en cuenta que la consecuencia de ello es que parte del proceso puesto en marcha por la modificación del presupuesto de la UE constituye un primer paso. 
La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para los próximos pasos necesarios relativos a la cláusula de revisión que se realizará en 2008-2009. 
Lo que se ha acordado es una mejor gestión financiera, lo que constituye un paso de vital importancia. 
Es fundamental que los recursos de los que disponemos se gasten y utilicen de forma eficaz. 
La puesta en práctica de los compromisos que hemos asumido mutuamente y de los acuerdos que hemos celebrado será un gran paso hacia adelante. 
También hemos dado otro gran paso hacia adelante, a saber, la obligación de que los Estados miembros deben elaborar sus propios informes en los que demuestren lo que han hecho con los recursos, pues –como acaba de decir el señor Poettering– con ello se abandona esa actitud consistente en afirmar que «los éxitos son nacionales, pero los fracasos se deben a Bruselas». 
Ahora, los Estados miembros deben rendir cuenta del uso que ellos y sus autoridades dan a los recursos recibidos. 
Este acuerdo reviste una importancia vital. 
Asimismo se ha podido obtener más dinero, y por ello deseo aprovechar esta ocasión para decir: gracias, señor Böge, gracias, señor Mulder, gracias, señor Lewandowski, pero también quisiera dar las gracias, en nombre de mi Grupo, a nuestro colega el señor Walter, que –como pueden atestiguar otras personas– negoció firmemente en nombre de nuestro Grupo en las últimas fases de la negociación. 
Procede del valle del Mosela y está acostumbrado a las inundaciones; cuando las aguas suben, Ralf muestra su mejor faceta, y quiero darle las gracias por ello. 
Quiero terminar haciendo algo que no hago a menudo, y es dar las gracias a la Comisión por su constructiva cooperación en esta etapa de las negociaciones. 
Quiero igualmente dar las gracias al Canciller Schüssel, Presidente del Consejo, que, como sabemos, aún tiene un montón de trabajo, pero tras haberse mostrado tan constructivo durante la negociaciones, puede contar con nuestro apoyo para convencer a aquellos recalcintrantes en el Consejo a los que aún no ha podido persuadir. 
A final de cuentas, ayer fue un buen día. 
– Señor Presidente, en nombre de los liberales y los demócratas yo también quiero agradecer al señor Böge y su equipo, los señores Mulder, Walter y Lewandowski, así como a la Presidenta de Austria, el acuerdo alcanzado. 
Espero que este acuerdo obtenga la aprobación de mi Grupo, la Asamblea, el Consejo y la Comisión. 
No pretenderé que mi Grupo está contento con el resultado. 
Pensamos que no dedicamos dinero suficiente a la investigación y el desarrollo que nuestra Unión necesita para el Programa Galileo, para las redes transeuropeas, para el aprendizaje permanente: todas las cosas que deberíamos financiar debidamente para convencer a nuestros ciudadanos del valor añadido de la Unión. 
Sabemos que está de moda en las capitales nacionales de algunos de nuestros Estados miembros echar agua fría sobre el esfuerzo común. 
Esto empezó con la carta enviada al señor Prodi por seis Jefes de Estado y de Gobierno hace dos años, que planteaba reducir el presupuesto al 1 % del PIB, una política profundamente corrosiva. 
Pero si la fuerza centrípeta de nuestra Unión ya no procede del liderazgo visionario en su interior, sin duda procederá de lo que suceda más allá de nuestras fronteras. 
Espero que nuestros Estados miembros utilicen la revisión de la financiación de la Unión Europea que han acordado para ocuparse de nuevo de facilitar a nuestra Unión los recursos que precisa. 
Asimismo, nuestro Grupo espera que podamos avanzar, tal y como ha sugerido el Consejo, hacia una declaración sobre la fiabilidad, para que finalmente los auditores puedan aprobar las cuentas de la Unión. 
Nos parece que este es un requisito mínimo para recuperar la confianza del público. 
. – Señor Presidente, Señorías, no les sorprenderá saber que mi Grupo no está especialmente satisfecho con el acuerdo alcanzado y no está demasiado convencido de que no se hubiera podido conseguir más. 
Señor Barroso, a diferencia de lo que usted dice, no creo este acuerdo pueda aportarnos fondos suficientes para colmar nuestras ambiciones y debo admitir que me ha sorprendido su afirmación. 
Pienso que el problema de base sigue siendo el mismo, es decir, la falta de disposición de los Estados miembros a financiar los programas necesarios en la Unión Europea. 
Me parece que esto es un problema político que tendremos que afrontar en los próximos años. 
Quisiera dar las gracias yo también al equipo que ha negociado –totalmente integrado por hombres– y al equipo que ha participado en este difícil trabajo, todo él compuesto por mujeres de mi Grupo. 
Las perspectivas financieras siguen siendo conservadoras en su estructura y no se orientan sin duda hacia una reforma. 
Se han recortado 20 000 millones de euros para el desarrollo rural, y proyectos ambiciosos como «Natura 2000» siguen, aún hoy, sin dotación financiera. 
El Consejo Europeo ha anunciado que habrá una cláusula de revisión, pero se ha negado a incluirla en este acuerdo, de modo que no sabemos muy bien en qué consistirá esa cláusula. 
Por otra parte, quisiera saber de la Comisión –y espero que sus miembros me estén escuchando– si su intención de mejorar el sistema de toma de decisiones para los programas exteriores es cierta o no, porque a este respecto hay opiniones controvertidas que quisiera me aclarasen. 
Por último, quisiera dirigir algunas palabras al señor Schüssel: ha hablado a menudo de temas importantes para nosotros, como el impuesto europeo y el sistema de recursos propios. 
Me parece absolutamente necesario mantener esos temas en el orden del día, porque hoy, con este acuerdo realmente insatisfactorio –que habría podido ser mucho mejor de lo que es, solo si el Consejo hubiese querido– no me parece que podamos realizar progresos reales para los ciudadanos de aquí a 2013. 
. – Señor Presidente, señor Schüssel, señor Barroso, mi Grupo nunca ha preconizado un aumento irreflexivo del presupuesto. 
Es más, no creemos que el presupuesto sea el único instrumento de que dispone la Unión para favorecer un crecimiento sano y un desarrollo equilibrado. 
Sin duda sería de gran ayuda que el Banco Central Europeo desempeñase un papel diferente al respecto. 
Con todo, el presupuesto es siempre la expresión de una voluntad política. 
No podemos albergar grandes ambiciones si negamos los recursos financieros necesarios para su realización. 
Esto es especialmente cierto en el caso de la ampliación, de la que todos sabíamos, antes incluso del lanzamiento del proceso, que entrañaría costes legítimos, en especial con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión. 
Por esta razón, hasta las peticiones iniciales del Parlamento y el informe Böge nos parecían situarse muy por debajo de las necesidades financieras generadas por los compromisos contraídos. 
Por esto compartimos la decisión del Parlamento de rechazar el compromiso de saldo del Consejo Europeo del pasado mes de diciembre. 
Tenía usted razón, señor Barroso, cuando señaló entonces los drásticos recortes que comportarían aquellas perspectivas financieras y reclamó medios para la educación, la investigación, las redes transeuropeas, la cooperación, etc. Desde el punto vista de estos objetivos, el aumento del 1,5 % reclamado por nuestros negociadores era en sí mismo muy modesto: el 1,5 % del 1,04 % de la renta nacional bruta de la Unión. 
Pero, para el Consejo, esto era aún tres veces demasiado. 
En estas condiciones, la posición de mi Grupo es que nuestra credibilidad depende de que rechacemos esta bufonada y, por tanto, que debemos asumir nuestras responsabilidades. 
Señor Presidente, cuando escuché poco antes de la media noche de ayer que nuestros negociadores habían llegado a un compromiso con el Consejo y La Comisión sobre las nuevas perspectivas financieras, mis reacción fue contradictoria. 
Por una parte, deseaba reconocer los esfuerzos de nuestros negociadores y su gran labor. 
Me sentí muy aliviado al saber que de este modo terminaban quince meses de incertidumbre y discrepancias que amenazaban las finanzas de la Unión. 
Si no se adoptaban las nuevas perspectivas financieras, habríamos tenido que debatir cada año todos los parámetros presupuestarios, excepto los gastos obligatorios, e ir permanentemente a la zaga en la adopción del presupuesto. 
Ese es el aspecto positivo de esta situación. 
Por otra parte, hay que señalar que las nuevas perspectivas financieras no cumplen las expectativas, ya que imponen fuertes limitaciones a la redistribución de los recursos de la Unión. 
Se prevé que el PIB de la Unión crecerá aproximadamente un 15 % entre 2007 y 2013, mientras que su presupuesto tan solo aumentará en torno al 2 % en el mismo período. 
Las cifras hablan por sí mismas. 
En vista de ello, el hecho de que el Consejo se resista a adoptar las muy modestas propuestas de nuestros negociadores es una mezquindad. 
A menudo se ha dicho que algunas tendencias políticas representadas en este hemiciclo ponen de manifiesto un euroescepticismo incomprensible, en particular entre aquellos que proceden de los nuevos Estados miembros. 
A mí me interesa mucho determinar qué partidos son euroescépticos e incluso antieuropeos. 
¿Podría ser que fueran los Gobiernos de aquellos Estados que recortan constantemente los gastos presupuestarios de la Unión y que creen que es posible hacer más Europa con menos dinero? 
Invitaré a mis colegas del Grupo UEN a apoyar el compromiso sobre las nuevas perspectivas financieras. 
No obstante, si no superamos los umbrales que contemplan las Perspectivas para los presupuestos anuales, sin duda el futuro de la Unión será muy sombrío. 
Simplemente quiero invitarles a que no culpen a los nuevos Estados miembros por esta situación. 
Gran parte de los problemas financieros de la Unión se deben a la tacañería de los antiguos Estados miembros. 
. – Señor Presidente, después de haber escuchado lo que se ha dicho esta mañana, creo que el Parlamento Europeo se dedica de nuevo a su deporte y pasatiempo favoritos, el de mirarse el ombligo. 
Todo lo que realmente debatimos son las minucias de los acuerdos –o quizá en esta fase deberíamos decir «desacuerdos» – interinstitucionales, pero ¿abordamos las cuestiones reales del presupuesto de la Unión Europea? 
¿Hay alguien dispuesto a hablar de verdad sobre el hecho de que los auditores hayan rechazado aprobar las cuentas de once ejercicios seguidos? 
¿Alguien quiere apostarse conmigo a que no serán 12 años seguidos, ni quizá 13 o 14? 
Todo este asunto está fatalmente viciado, ¿no? 
Tenemos un sistema presupuestario demasiado complicado, pero mi pregunta es: ¿necesitamos realmente un presupuesto? 
Bien, el señor Blair, después de haber fracasado en las negociaciones, después de haber sido burlado, superado y vencido por el Presidente Chirac, ha firmado un trato bastante malo para el contribuyente británico. 
Y ahora una mayoría de británicos preguntan: «por qué pagamos 39 millones de libras esterlinas al día a una organización que no es capaz de aprobar sus propias cuentas»? 
¿Por qué los contribuyentes británicos deberían ayudar a construir una nueva red de metro en Varsovia y nuevas alcantarillas en Budapest? 
¿Por qué pagamos todo este dinero a un grupo de países que nos venden más de lo que nosotros les vendemos? 
Sin duda, subvencionar a los competidores económicos de uno es una economía de locos. 
Nadie razonable lo haría. 
Por eso, señor Presidente, pronto los británicos van a dejar de pagar dinero a la Unión Europea. 
Sé que todos ustedes se han beneficiado en los últimos 30 años, pero me disculpo por adelantado. 
Dentro de pocos años, ninguno de ustedes recibirá ningún cheque británico, pero hemos disfrutado mientras ha durado. 
– Señor Presidente, con respecto a la conclusión, todos estábamos de acuerdo en calificar de modesta la suma aproximada de un billón de euros que se supone va a nutrir siete años de presupuesto europeo, cuando el presupuesto de los Estados Unidos para un solo año es de dos billones y medio de dólares. 
En estas condiciones, afirmar en Lisboa que Europa sería en 2010 la economía más competitiva del mundo es comportarse como Nikita Jrushchov cuando, en 1960, en la tribuna de la ONU, dijo: «En diez años, la Unión Soviética habrá alcanzado a los Estados Unidos.» 
Por tanto, desde esta perspectiva, a pesar del éxito de nuestro intento de obtener un puñado de miles de euros más, las propuestas que formulamos en esta Cámara siguen siendo igual de insuficientes ante la necesidad universalmente reconocida de invertir en laboratorios, hospitales, universidades, asilos de ancianos, trenes de alta velocidad, etc. Esto hace que el Consejo y el Parlamento solo hayamos divergido en un «cero coma poco» con respecto al PIB, porque se inspiran en la misma fuente, que podemos resumir en dos palabras: malthusianismo en política económica y fundamentalismo en política presupuestaria. 
El malthusianismo está en todas partes en la Unión, en la PAC, en las cuotas, en el abandono de tierras, en el arranque de viñas. 
El Parlamento Europeo, en esta misma Cámara, mantiene en la miseria a sus camareros y sus conductores, ¡que cobran la vergonzosa suma de 1 000 euros al mes! 
Esto es un ejemplo de la sórdida realidad económica que se refleja en el fundamentalismo de nuestras políticas presupuestarias y en la técnica presupuestaria del Reglamento financiero de la Unión. 
¡Se hace de todo por evitar el gasto! 
El Reglamento financiero de la Unión consagra el principio del equilibrio presupuestario. 
Señor Barroso, hay que remontarse a la época del doctor Salazar para encontrar el mismo principio, mientras que los Estados Unidos, en un siglo, solo han tenido 38 presupuestos equilibrados. 
Dicho de otro modo, si nuestro propósito era revisar nuestras perspectivas financieras, lo que tendríamos que haber revisado es la ideología ultraliberal que las sostiene, pero poner en entredicho los tres azotes del pensamiento anglosajón –Malthus, Adam Smith y Ricardo– ya es harina de otro costal. 
Muchas gracias a todos los que han intervenido. 
El Consejo y la Comisión han podido escuchar a los Grupos políticos, que han expresado distintos grados de insatisfacción, en algunos casos de satisfactoria insatisfacción y en otros casos de insatisfacción a secas. 
También han podido escuchar un llamamiento para que se siga trabajando a fin de dotar a la Unión de un sistema de recursos propios que en futuras negociaciones presupuestarias permita salir del regateo entre egoísmos nacionales a los que varios presidentes de Grupo han hecho referencia. 
Señor Schüssel, queremos animarle a que siga por este camino que usted valientemente ha esbozado. 
Estamos seguros de que en ello reside el futuro de la Unión, con unos presupuestos mejores para que la Unión pueda alcanzar sus objetivos. 
Los Grupos políticos debatirán y el Parlamento votará en su próxima sesión sobre el acuerdo al que han llegado nuestros negociadores en su nombre. 
– El acuerdo alcanzado en el diálogo tripartito sobre las perspectivas financieras es una mala noticia, ya que recorta 108 000 millones de euros de la propuesta original del Presupuesto. 
La propuesta de dedicar un 1,05 % de la RNB a los créditos de compromiso resulta muy inferior al 1,21 % que propuso la Comisión y al 1,18 % que avanzó el Parlamento. 
En respuesta al acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de diciembre de 2005, el Parlamento presentó una propuesta en la que pedía otros 12 000 millones de euros para compensar plenamente a aquellas regiones que, como el Algarve, se han visto afectadas por el efecto estadístico. La cantidad que obtuvimos fue tan solo de 4 000 millones de euros –financiados en gran parte mediante una redistribución de los fondos correspondientes a otros títulos– destinados a prioridades, como la Estrategia de Lisboa y el Pacto de estabilidad y crecimiento, y no a los Fondos estructurales y al Fondo de Cohesión. 
Las cantidades acordadas resultan deplorablemente insuficientes para mejorar la situación económica, social y medioambiental de la Unión ampliada, en la que han aumentado las desigualdades y en la que se necesita una mayor cohesión. 
En junio votamos contra la propuesta del Parlamento porque no iba suficientemente lejos para garantizar la cohesión económica y social, penalizaba a los países beneficiarios de los fondos de cohesión y se basaba en las prioridades que figuran en la denominada «Constitución europea». 
Por esa razón, no nos queda más opción que oponernos a este nuevo acuerdo. 
Ahora continuamos con el debate sobre los resultados del Consejo Europeo y la Estrategia de Lisboa. 
. 
Señor Presidente, Señorías, me complace enormemente poder reunirme de nuevo, en calidad de Presidente del Consejo, con todos ustedes, señor Presidente Borrell, Señorías y miembros de la Comisión. 
Esta es la segunda vez que comparezco ante ustedes, y quizá recuerden la promesa que hice al inicio de la Presidencia austriaca, en el sentido de que no queríamos que esta fuera una presidencia caracterizada por temas, aspiraciones y deseos propios, sino que queríamos ofrecerles una presidencia de equipo, una que colaborara estrechamente con ustedes, con el Parlamento Europeo democráticamente elegido, con la Comisión y por supuesto también con los Estados miembros. 
Mantener la confianza de las personas es una tarea ingente, y es una tarea que solo podemos realizar juntos y juntos hemos de abordar las grandes cuestiones que solo Europa puede resolver. 
Al hacerlo, hemos de recurrir a todas las instituciones. 
De nada sirve que una institución señale con el dedo o critique a otra. 
Todos estamos en el mismo barco y tendremos que sujetar firmemente los remos y remar juntos si queremos adquirir velocidad y llegar a nuestro destino. 
Creo que también ustedes pueden apreciar que, desde el principio, hemos intentado establecer este enfoque colaborador con una presidencia de equipo. 
Sin querer hacer demasiado ruido al respecto quiero recordarles que, junto con ustedes y la Comisión, en las últimas semanas y meses hemos conseguido bastantes soluciones. 
Quisiera empezar ofreciéndoles un breve informe sobre el Consejo Europeo. 
Hace un año, bajo la Presidencia luxemburguesa, nos asignamos a nosotros mismos la tarea de dar un nuevo impulso a la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. 
No basta con pronunciar frases retóricas y vagas; lo que necesitamos en lugar de ello son resultados y acciones a los que se refería Robert Schuman cuando dijo que Europa no podía construirse en un solo día, sino a través de la acción y probablemente a través de las acciones, en plural. 
Asimismo, por primera vez hemos logrado un cambio institucional al implicar a los interlocutores sociales europeos en las deliberaciones del Consejo Europeo, a las que asistió el Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, el señor Méndez Rodríguez, con el Presidente de UNICE, la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, el señor Seillière, que participó en los debates, y con el Presidente del Banco Central Europeo, el señor Trichet, presente por primera vez. 
Por supuesto, el Presidente de este Parlamento, señor Borrell, también intervino e hizo una importante aportación a este debate sobre las empresas y la creación de empleo. 
Nuestra Presidencia se ha fijado unos objetivos muy definidos. 
Ustedes mismos han podido constatar a través de los medios de comunicación que muchos de ellos eran muy polémicos. 
No hemos permitido que esto nos desalentara y hemos incluido varias formulaciones exactas en las conclusiones, sobre todo en las relacionadas con el trabajo y el crecimiento. 
Lo más importante para nosotros es que se mejore la situación de empleo por el bien de los desempleados europeos, que suman cerca de 18 millones. 
En términos prácticos, queremos alcanzar un crecimiento del 1 % en el empleo por medio de los programas de reforma nacionales y unas mejores condiciones marco, que supondrían la creación de cerca de 2 millones de puestos de trabajo al año o, en el 2010, un incremento neto de unos 10 millones adicionales. 
En segundo lugar, tenemos la clara intención de concentrarnos en la formación de los jóvenes a fin de que el 85 % de los menores de 22 años lleguen a la educación superior. 
Nuestra intención es reducir en un 10 % el número de alumnos que abandonan los estudios, y, concretamente, poder ofrecer, ya el año que viene a todos los jóvenes, en un plazo de seis meses, bien un puesto de trabajo, una plaza como aprendiz o la oportunidad de seguir capacitándose, y más adelante reducir este periodo a cuatro meses. 
Hemos acordado un pacto de igualdad de género en el lugar de trabajo, a todos los niveles se está debatiendo con más detalle la «flexiguridad» y el fondo de globalización propuesto por la Comisión nos ofrece los medios adecuados para dar, a través del reciclado o la formación complementaria, una nueva oportunidad en el mercado laboral a aquellos trabajadores que se hayan visto afectados negativamente por el cambio estructural. 
La siguiente gran cuestión es, por supuesto, cómo conseguir todo esto, y hemos decidido dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas, que antes han sido tratadas a veces de forma menos que amable. 
Hemos considerado los aspectos prácticos de cómo facilitar las cosas a las pequeñas y medianas empresas –de las cuales hay cerca de 23 millones– simplificando los trámites oficiales y reduciendo las normas administrativas. 
La Comisión –representada por el Comisario Verheugen y el Presidente Barroso– ha presentado un programa muy intensivo de «legislar mejor» , a imitación de un programa neerlandés que da un impulso crucial a favor de una reducción del 25 % de las tareas administrativas, Queremos que los empresarios jóvenes tengan más facilidades para poner en marcha una empresa. 
La intención es que puedan establecer y poner en marcha una empresa en el plazo de una semana, con un único punto de contacto que garantice que las pequeñas empresas no tengan que tratar con innumerables organismos administrativos, sino que puedan empezar a operar cuanto antes. 
Agradezco mucho a la Comisión que haya aumentado el umbral de mínimos, y sé que internamente no ha sido fácil hacerlo. 
Duplicar este umbral es una iniciativa sumamente importante y nos permite facilitarles mucho la vida a las pequeñas y medianas empresas y también nos permite ofrecerles aliento y apoyo. 
Asimismo quiero rogarles que no olviden que, a través del Banco Europeo de Inversiones, hemos puesto sobre la mesa 30 000 millones de euros adicionales a través de préstamos subvencionados y garantías que permiten sobre todo a las pequeñas y medianas empresas dar pasos importantes en la creación de puestos de trabajo. 
El tercer tema que quiero tratar es el conocimiento y la investigación. 
Todos somos conscientes de que una consecuencia de los niveles salariales de Europa es que solo podremos superar a nuestros rivales si invertimos más en formación, investigación y conocimiento. 
Por supuesto, ya en 2000 fijamos el objetivo del 3 %. 
El único problema es que no lo hemos alcanzado. 
La novedad en estas conclusiones es que hemos conseguido que todos los países se comprometan, en el anexo que forma parte de las conclusiones, a lograr este objetivo del 3 % cada año hasta 2010. 
Mi comentario al debate previo es que, si lo logramos –y por supuesto ello exigirá unos esfuerzos considerables– la consecuencia será que se invertirán en investigación 100 000 millones de euros más al año, sacados de los presupuestos nacionales y de la industria privada. 
Ello podría suponer la inyección más importante para el crecimiento que quepa imaginarse en este ámbito. 
Aun así, el Banco Europeo de Inversiones nos ayudará con 10 000 millones de euros en capital de riesgo adicional, y, si añadimos a ello las contribuciones privadas, tendremos una inyección adicional de 30 000 millones de euros. 
Me parece especialmente significativo que el Consejo Europeo haya adoptado la idea del señor Barroso de crear un instituto europeo de tecnología, aunque en un principio fue sumamente controvertida, por la comprensible razón de que algunas personas temían la aparición de enormes burocracias paralelas, mientras que otras temían que los centros de excelencia existentes salieran perdiendo. 
Apoyo plenamente la idea básica que propone la Comisión, que consiste en establecer un vínculo entre las instituciones de educación superior y la industria, entre la investigación y desarrollo por un lado y los usuarios finales por otro. 
No se trataría de una especie de superautoridad, sino de una red perfectamente desarrollada cuyo principal propósito sería cooperar realmente con las instituciones en los Estados miembros. 
Felicito al señor Barroso y a la Comisión por la adopción y aprobación de sus propuestas, y esperamos con interés las propuestas concretas de legislación en junio de este año. 
Otro asunto importante en relación con el presupuesto es que nos hemos comprometido a poner mucho más dinero a disposición de los programas para estudiantes y de los programas de intercambio de aprendices. 
Ya han oído ustedes que ahora se han reservado 800 millones de euros del presupuesto. 
Se trata de una iniciativa muy interesante e importante para dar más perspectivas a los jóvenes. 
Lo interesante es que recientemente leí diversos estudios que criticaban las razones por las que aún no se han alcanzado los ambiciosos objetivos de nuestra estrategia –Lisboa, puestos de trabajo, empleo– y una de las razones dadas por el informe Sapir y también por el era que no había suficiente responsabilización nacional – ¡qué término más horrible! –, que significa, en otras palabras, que nadie en los Estados miembros se siente realmente responsable. 
Y ahora voy a dar un buen ejemplo: en el último Consejo de Ministros en Austria decidí que tuviésemos un coordinador a nivel ministerial, así que con efecto inmediato nuestro Ministro de Economía y Trabajo será el coordinador político de todo este proceso y pediré a cada uno de los Estados miembros que hagan lo mismo, para que tengamos coordinadores de políticas que puedan controlar –quizá en el Consejo de Competencia– el grado de realización de los objetivos que nos hemos fijado. 
Eso sería un paso sumamente importante para dar credibilidad a lo que hemos emprendido juntos. 
Una cosa totalmente nueva ha sido la política energética, y su principal impulsor ha sido la Canciller alemana, la señora Merkel, aunque también quiero dar las gracias al señor Blair por haber dado la señal de salida en Hampton Court. 
Por supuesto, fue sobre todo el 1 de enero de este año lo que nos despertó y dio la alarma, pues el 1 de enero, mientras asistía al concierto de Año Nuevo junto a la señora Merkel, los rusos cortaron el suministro de energía, en un 30 % la primera noche y en un 50 % la segunda. 
Con ayuda de la Comisión, del Comisario Piebalgs y de muchos otros, conseguimos aplacar la crisis en cuatro días, pero, por supuesto, los problemas no han desaparecido. 
Casi todos los productores están ubicados en zonas de crisis política; casi todos los conflictos globales tienen algo que ver con la energía. 
El precio de las materias primas está fluctuando mucho; apenas hay diversificación. 
En algunos momentos y en algunas zonas, Europa corre un gran riesgo de sufrir un apagón. 
El cambio climático, con todos los fenómenos vinculados a él es una cuestión que hemos de afrontar; es preciso encontrar una respuesta al problema del aumento mundial de la demanda de energía, y por supuesto, no hemos de perder de vista los enormes riesgos para la seguridad. 
Toda la situación exige un nuevo esfuerzo conjunto por parte de Europa, y la Comisión ha realizado un trabajo excelente al preparar el terreno con su Libro Verde, que el Consejo ha adoptado, al tiempo que ha definido tres objetivos: la seguridad de suministro, la competitividad de nuestra propia industria y la mejora de la calidad medioambiental. 
En términos prácticos, aceptamos una reducción del 20 % del consumo de energía, algo que considero sumamente importante pues no creo que sea evidente. 
De hecho, lo que significa es que la UE se está fijando el objetivo a largo plazo de desvincular el crecimiento económico del consumo de energía. 
Considero que se trata de una de las decisiones más importantes que ha tomado este Consejo y que exigirá enormes esfuerzos si se quiere poner en práctica. 
Queremos incrementar la contribución de la energía renovable desde el actual 7 % al 15 %; esto también ha sido motivo de mucha controversia y no es en absoluto un proceso automático. 
Queda mucho por hacer tanto a escala nacional como a escala comunitaria. 
El uso de biocarburantes, que actualmente se sitúa en el 2 %, ha de incrementarse hasta el 8 %, y ello exigirá inevitablemente tecnología e investigación; implicará tener en cuenta los biocarburantes de segunda generación, la aplicación de CARS 21, y la cooperación con la industria automovilística, al tiempo que nos brindará una enorme oportunidad de crecimiento que queremos aprovechar. 
Pasando al comercio transfronterizo de electricidad, aspiramos a alcanzar una participación del 10 % entre redes, lo cual reduciría substancialmente el riesgo de apagón para nuestros consumidores. 
No hemos de olvidar que los gasoductos, las redes, las centrales eléctricas y la seguridad de la red ofrecen oportunidades económicas, pues en ellas se invierten entre 800 000 millones y 1 billón de euros, procedentes principalmente de fuentes privadas. 
Si lo utilizamos sabiamente, por medio de una política económica europea, demostrará ser un potente generador de puestos de trabajo y nos dará mayor seguridad. 
En relación con ello –y es un debate que también hemos mantenido con franqueza, sin desacuerdos públicos– está el requisito de que, en un mercado relativamente pequeño como Europa, no debería haber proteccionismo. 
Al haber sido ministro de Economía, y por ello también de energía, durante seis años, sé de lo que estoy hablando. 
Se han acabado los tiempos en que éramos capaces, sin ayuda de nadie, de crear campeones nacionales o en que creíamos poder hacer caso omiso de la normativa europea. 
Lo que hay que hacer es abrir los mercados, y según lo acordado, esto es lo que sucederá con el mercado de la electricidad y del gas a mediados de 2007. 
Disponemos de los instrumentos para hacerlo; la Comisión los tiene, por ello hemos de seguir adelante y utilizarlos sin más preámbulos, pues una de las razones por las cuales es la guardiana de los Tratados, es para garantizar la seguridad de suministro a nuestros consumidores. 
Sin embargo, hay que decir que la combinación de energías no ha perdido en absoluto su importancia, y la decisión sobre qué tipo de energía utilizar ha de tomarse a escala nacional; es algo que quiero dejar bien claro. 
Cada país ha de decidir si quiere o no centrales nucleares; la posición de Austria es bastante clara en este sentido –y sé que otros países adoptan otra postura– y ha de respetarse. 
Les garantizo que se respetará y, por supuesto, lo mismo hace el Parlamento Europeo. 
Es de vital importancia que no lo consideremos únicamente desde el punto de vista económico sino también en el contexto de política exterior, y por ello se ha acordado que la Comisión en cooperación con el Alto Representante, señor Solana, elabore un documento de estrategia sobre la dimensión de política exterior de la política energética. 
En retrospectiva, estos debates y estas decisiones se considerarán como un avance desde la perspectiva de una verdadera política energética europea común. 
Las revisiones que deberán realizarse en cada mandato de la siguiente presidencia garantizarán que no se olvide esta cuestión. 
Sin embargo, también considero muy importante –y no fue fácil llegar a un consenso a este respecto, pues pasé mucho tiempo hablando con todos los Jefes de Gobierno para allanar el camino– haber conseguido que todo el mundo acepte la decisión sobre la Directiva de servicios que su Cámara tomó democráticamente y por amplia mayoría. 
Asimismo agradezco a la Comisión que haya presentado hoy mismo una propuesta que –por lo que veo hasta ahora– coincide con este consenso. 
Por ello espero realmente que trabajemos lo más estrechamente posible en un procedimiento rápido en la segunda lectura a fin de lograr cuanto antes una resolución común. 
Asimismo quiero expresar mi gratitud hacia los interlocutores sociales a nivel europeo por haber desempeñado un papel en este contexto. 
No fue fácil para los patronos, pero hicieron una aportación constructiva. 
Después de este avance –pues así es como considero la Directiva de servicios– quisiera pedir un compromiso similar con una segunda cuestión importante, a saber: la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Todos sabemos lo importante y lo conveniente que es que realicemos progresos en este ámbito, pero tendremos que hacer gala de mucho tacto teniendo en cuenta las peculiaridades nacionales. 
Lo considero como un ejemplo por excelencia de un ámbito en que puede utilizarse el principio de subsidiariedad. 
Es preferible alcanzar un compromiso sensato a no tener solución alguna. 
Me complacería mucho que, durante la Presidencia austriaca, fuésemos capaces de lograr juntos un progreso real a tres niveles: servicios, la Directiva sobre el tiempo de trabajo y el presupuesto. 
Esto me lleva al presupuesto. 
Sé tan bien como cualquiera que elaborarlo ha sido un asunto problemático. 
Algunos de ustedes sonríen porque saben que –a diferencia de lo que cabría suponer– exigió un trabajo duro por parte de tres presidencias: Luxemburgo, el Reino Unido y ahora Austria. 
Este presupuesto es para un periodo de siete años y no solo quiere ofrecer seguridad jurídica para los programas sino también, y sobre todo, permitir a los nuevos Estados miembros aplicar las cosas que esperan. 
Realmente aprecio la manera en que –como de hecho ha señalado todo el mundo en esta Cámara– hemos pensado en el conjunto y no en los intereses individuales. 
Créanme, yo también he tenido que cruzar varias áreas de seguridad interior para llegar a este consenso común. 
Como sabrán sus Señorías, ello también ha exigido una gran dedicación por parte del equipo negociador de la Presidencia austriaca –nuestro Ministro de Finanzas, nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y por supuesto, yo mismo– en nuestras relaciones con el señor Barroso y el señor Borrell, a quienes estamos muy agradecidos. 
Asimismo sabrán ustedes que teníamos que atenernos al compromiso de diciembre; podíamos ofrecer hasta 3 500 millones, aunque el Parlamento quería 4 000 millones, y el hecho de que, finalmente, la Comisión nos ayudara a conseguir los 500 millones que faltaban para gastos administrativos, para que el Parlamento consiguiera el mínimo de 4 000 millones que deseaba en los programas, da fe del trabajo de equipo de la Presidencia. 
Si se incluye al banco Europeo de Inversiones en el análisis, se llega a algunos resultados interesantes. 
Habrá 1 000 millones para reforzar los aspectos exteriores de la UE, y 1 000 millones adicionales reforzarán claramente la Política Exterior y de Seguridad Común. 
A eso pueden ustedes añadir 5 000 millones para la Estrategia de Lisboa, la mitad de ellos procedentes del presupuesto europeo y la otra mitad del Banco Europeo de Inversiones, en efectivo. 
El resto son préstamos, con cifras de hasta 10 000 millones para investigación, 20 000 para las redes transeuropeas, 30 000 para las pequeñas y medianas empresas, en conjunto 60 000 millones de euros. 
Ha habido algunos cambios considerables, y creo que este es un compromiso que podemos recomendarles honestamente que acepten. 
Ahora tendré que ir al COREPER y a los demás Estados miembros, pero creo que ya hemos logrado algo que es realmente creíble a los ojos del mundo exterior. 
Por último, hay una política exterior, en la que, aparte de gestionar crisis como la gripe aviar, el escándalo en torno a las caricaturas, la crisis del gas y las grandes cuestiones de política exterior, hemos de aclarar diversos puntos, pero esa no es la cuestión principal que nos incumbe hoy. 
Hay otra cuestión que deseo mencionar, porque he visto que Alexander Milinkevich se encuentra en la tribuna, y esa cuestión es una que también se trató en el Consejo Europeo. 
La situación en Belarús es, por supuesto, trágica y al decirlo expreso también mi opinión personal. 
Ayer tuve el honor y el placer de mantener una larga conversación con el señor Milinkevich. 
Se trata de un hombre tranquilo y razonable, y merece que le demos todo el apoyo político y económico posible, sobre todo a través de los diferentes Grupos políticos, pues la oposición en Belarús está constituida por una plataforma compuesta por los más diversos grupos. 
Las fuerzas del estado han tratado con brutalidad a los manifestantes, cientos de los cuales siguen en prisión, y miles de estudiantes han perdido sus plazas en la universidad; los trabajadores han perdido sus puestos de trabajo y las familias sus ingresos. 
Diversos Estados miembros han formado una coalición, los países del Grupo Visegrad –Polonia, Eslovaquia, la República Checa y Hungría– entre otros, y Austria también desempeña su papel ofreciendo becas a estudiantes belarusos, y por ello pido a la Comisión que nos apoye para que podamos ofrecer una ayuda real a Belarús. 
Sobre todo, hemos de unirnos y alzar nuestras voces exigiendo la pronta liberación de los detenidos, sobre todo del candidato a la Presidencia, Alexander Kosulin. 
Al mismo tiempo, también debemos recalcar que la UE no tiene interés en aislar a Belarús, y menos aún a sus ciudadanos. 
También deberíamos apoyar a la sociedad civil en Belarús a la hora de establecer la democracia que desean. 
El régimen seguirá sometido a las medidas restrictivas que adoptamos en el Consejo Europeo mientras mantenga su enfoque autoritario y reprima sistemáticamente a la sociedad civil. 
Aún nos quedan tres meses de Presidencia, y sé que nos aguarda mucho trabajo, pero confío en que –tal como hemos hecho antes– resolvamos las cuestiones importantes por medio de los buenos contactos y la buena cooperación. 
Confio mucho en que, como han hecho ustedes antes, se muestren críticos o exigentes cuando tengan determinadas ideas. 
Puedo prometerles mi más absoluta cooperación, y también intentaré avanzar todo lo posible a nivel de Consejo, sin anunciarlo todo a bombo y platillo, sino más bien de una manera que permita obtener resultados reales. 
Este es mi programa, y creo que puedo afirmar que ha logrado algunos resultados, incluso antes de que nuestra Presidencia haya llegado a la mitad. 
. Señor Presidente, señor Schüssel, Señorías, en contra del escepticismo de moda y de cierto cinismo que prevalece hoy, pienso que podemos decir que a pesar de los difíciles momentos que vive, Europa avanza, y el Consejo Europeo de los días 23 y 24 del pasado mes de marzo ha demostrado que una Europa ampliada también puede avanzar. 
La dinámica positiva iniciada el pasado otoño ha vuelto a situar el nivel europeo y nuestras instituciones en el centro del debate. 
El mensaje que se desprende del Consejo Europeo es claro. 
Hace falta una respuesta europea a los principales problemas asociados al crecimiento económico y al empleo. 
Una semana antes de la celebración del Consejo Europeo de primavera les expuse aquí las cuestiones en liza de esta reunión, una reunión que era crucial porque era la primera vez que íbamos a poner en práctica la renovada Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. 
Puedo decirles hoy que los objetivos que se había fijado la Comisión se han alcanzado. 
Pienso no solo en la excelente acogida que ha tenido el Libro Verde sobre la energía, sino también en otras propuestas concretas, en especial la relativa al Instituto Europeo de Tecnología. 
Al decir esto, no hablo solo en nombre de la Comisión, sino que me hago intérprete también del interés general europeo: creo que podemos felicitarnos sin reservas de los resultados obtenidos por el Consejo Europeo de primavera. 
Guiados por la excelente labor y la perseverancia de la Presidencia austriaca, los Jefes de Estado y de Gobierno han aceptado el principio de la cooperación para la nueva Estrategia de Lisboa. 
Se han declarado dispuestos a apretar el paso y han tomado también importantes decisiones que encarrilan la aplicación efectiva de nuestros compromisos en el marco de la nueva Estrategia de Lisboa. 
Ahora tenemos mecanismos de supervisión. 
Ahora, el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales, las fuerzas políticas, los interlocutores sociales y la opinión pública en general pueden enfilar un rumbo en que las medidas toman la forma de resultados; pueden pasar de la fase de la retórica a la fase de medición práctica de los resultados. 
La consigna en inglés era «delivery» : la presentación práctica de resultados. 
El ejemplo principal elegido por el Consejo Europeo fue la progresión hacia una auténtica política energética para Europa. 
Quien escriba la historia de la integración europea dentro de 20 o 25 años podrá decir, sin exagerar, que el lanzamiento de una política energética para Europa tuvo lugar en el mes de marzo de 2006 bajo la Presidencia austriaca. 
Nos encontramos solo en el comienzo, y no será fácil. 
Habrá resistencias, pero hay resistencias porque hay cambio. 
¡Si no hubiera cambio no habría resistencias! 
A este respecto, puedo garantizarles, en nombre de la Comisión, que esta va a ejercer todos sus poderes en materia de integración, porque –y queremos declarar esto con firmeza– no hay ninguna razón para tener en Europa 25 mercados energéticos. 
No hay razón para tener hoy en Europa 25 políticas energéticas nacionales. 
Necesitamos una estrategia común para Europa en materia de energía. 
Los reflejos nacionalistas no tienen cabida aquí. 
Los Estados miembros han reafirmado su voluntad de trabajar juntos en la búsqueda de soluciones comunes y reconocen a la Comisión un papel central en el establecimiento de mercados abiertos y competitivos a escala de la Unión. 
Por lo que respecta a la Agenda de Lisboa, no tenemos tiempo que perder y ahora debemos obtener resultados. 
Con este espíritu, el Vicepresidente Verheugen y yo mismo nos reunimos, inmediatamente después del Consejo Europeo, con los coordinadores nacionales para la aplicación de la Agenda de Lisboa. 
Les comunicamos la voluntad de la Comisión de desempeñar plenamente su papel de apoyo y acompañamiento, pero también de seguimiento de la aplicación de los programas nacionales de reforma. 
Quiero felicitar al Canciller Schüssel, que acaba de anunciar su voluntad de elevar el nivel de representación responsable de la supervisión del proceso de Lisboa en su país, Austria. 
También quisiéramos aprovechar esto llamar a todos los Estados miembros a hacer lo mismo. 
Una buena preparación técnica es importante, por supuesto, y estamos muy satisfechos del nivel técnico alcanzado para este ejercicio en los distintos Estados miembros. 
Dicho esto, creemos que es importante también, para el éxito del programa, elevar la apropiación del mismo en la jerarquía política, como acaba de anunciar el Canciller por lo que respecta a Austria. 
Por otra parte, La Comisión seguirá empujando a escala europea. 
Aceptamos también la necesidad de realizar intercambios de experiencias prácticas. 
Pensamos que ha llegado el momento de celebrar reuniones en los distintos Estados miembros, cosa que haremos a partir del otoño. 
Este estrecho contacto con los Estados miembros es esencial para hacer avanzar nuestro programa, pero no es suficiente. 
Permítanme sumarme aquí al importante mensaje del Parlamento sobre la necesidad de asociar más y más ampliamente aún a todos los actores afectados en la etapa primordial de la aplicación. 
Nos hemos esforzado por aclarar los niveles de responsabilidad y competencia de los distintos agentes institucionales, económicos y sociales a escala europea, nacional y regional. 
Ahora debemos favorecer una responsabilización real de todos esos agentes sobre la Estrategia de Lisboa. 
Les pido que concentren todas sus energías en las reformas indispensables para preparar a Europa para superar los retos de la globalización y también del envejecimiento. 
Podemos ganar la batalla de la globalización. 
Para conseguirlo, debemos participar todos también en los esfuerzos de comunicación y debate público. 
Celebro la cooperación existente entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Este enero han debatido ustedes la Estrategia de Lisboa en este marco. 
No puedo sino alentarles a continuar ese diálogo y ofrecerles la ayuda de la Comisión. 
Su Parlamento y los Parlamentos nacionales son los protagonistas clave de este debate, puesto que, en conjunto, representan a los ciudadanos europeos. 
No podremos realizar con éxito las reformas necesarias sin un amplio apoyo de los ciudadanos, que son los beneficiarios últimos de nuestros esfuerzos. 
En este Consejo Europeo había una visión, aunque también ha sido un Consejo Europeo práctico. 
Ha dejado a todo el mundo muchas cosas que hacer en los próximos meses. 
Entre otras cosas, ha dado a la Comisión un claro mandato de actuar durante los próximos meses, y en especial quiero dar las gracias al Canciller Schüssel por su trabajo en equipo, su espíritu de equipo, la forma en que ha comprendido, la forma en que ha apoyado el papel de la Comisión y la necesidad de dar coherencia y continuidad en el tiempo a la labor que seguirá durante las sucesivas Presidencias del Consejo Europeo. 
Ese enfoque de cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento es esencial. 
Sin ese espíritu y cooperación no podremos avanzar realmente. 
Un ámbito en el que la función del Parlamento ya ha sido decisiva a la hora de encontrar un compromiso era y es precisamente la Directiva de servicios. 
Ha costado algún tiempo convencer a los Jefes de Estado y de Gobierno, pero al final el Consejo Europeo ha respaldado la línea acordada por el Parlamento y también ha recibido nuestro apoyo. 
Si ustedes recuerdan, he dicho desde el principio, y también lo ha dicho la Comisión, que si hubiera un verdadero y claro consenso en el Parlamento, estaríamos dispuestos a trabajar con ustedes para resolver la cuestión de la Directiva de servicios. 
Ayer les presentamos nuestra propuesta modificada y, como pueden ver, refleja plenamente el compromiso aprobado por una gran mayoría de esta Asamblea en febrero. 
El texto revisado conserva el equilibrio entre la necesidad urgente de liberar todo el potencial del mercado interior de servicios y la preservación de nuestro modelo social europeo. 
Paralelamente, presentamos la Comunicación que contiene una orientación clara para la aplicación de las normas comunitarias sobre el desplazamiento de trabajadores. 
En cuanto a la libre circulación de trabajadores, quiero ensalzar asimismo el anuncio de varios Estados miembros, tras el informe de la Comisión, de que van a adelantar el final del periodo de transición para la libre circulación de trabajadores. 
Después de Irlanda, Gran Bretaña y Suecia, ahora tenemos a Finlandia, España, Portugal y, más recientemente, a los Países Bajos, que han anunciado su deseo de adelantar esa libertad de circulación de los trabajadores, porque así es como creemos que vamos a tener de verdad una Europa ampliada que funcione. 
Como continuación de esta versión modificada de la Directiva de servicios vamos a publicar una Comunicación sobre servicios sociales de interés general. 
También estamos trabajando sin descanso sobre los servicios sanitarios. 
Sobre la base del texto que ahora se ha presentado, espero que el Consejo y el Parlamento concluyan rápidamente el procedimiento legislativo. 
Asimismo, quiero mencionar tres ámbitos con respecto a los cuales el Consejo Europeo adoptó decisiones que, en mi opinión, tendrán un impacto real y duradero. 
En primer lugar, la empresa: todos sabemos que para encontrar nuevos puestos de trabajo hemos de buscar en el mundo de los negocios y en las pequeñas y medianas empresas, porque en ellas es donde se crean la mayoría de los puestos de trabajo. 
La decisión de recortar la burocracia para las nuevas empresas es una señal de que Europa está abriéndose ahora a los negocios. 
En cuanto a las PYME, me complace que la Comisión haya recibido apoyo a su enfoque de las normas sobre ayuda estatal y al recorte de las cargas administrativas. 
Llevaremos este trabajo adelante con rapidez. 
En segundo lugar, el conocimiento: la propuesta de un Instituto Europeo de Tecnología ha suscitado cierto debate. 
Bien. 
Lo veo como una señal de que este Instituto es realmente importante. 
Un buque insignia de la excelencia europea en educación, investigación e innovación es realmente una idea nueva que necesita imaginación e impulso para funcionar. 
Con la luz verde del Consejo Europeo, nos esforzaremos por dar cuerpo a los planes y demostrar que el Instituto Europeo de Tecnología será un catalizador efectivo del conocimiento y del crecimiento en Europa. 
Como he dicho al principio, el Consejo Europeo ha prestado especial atención a la energía. Creo que la Unión avanza hacia una verdadera política energética para Europa. 
Ha aprobado el triple objetivo de nuestro Libro Verde: energía sostenible, competitiva y segura. 
Además, ha establecido las medidas prácticas que es preciso adoptar, incluidas algunas de las 20 propuestas específicas expuestas en el Libro Verde de la Comisión: un verdadero mercado interior de la energía, una política exterior coherente, el apoyo efectivo a la eficiencia energética y las energías renovables. 
El atrevido programa energético de la Comisión está ahora muy ocupado. 
Por ello, creo realmente que se aplicarán medidas específicas. 
Era importante que esto no se convirtiera en un espectáculo efímero. 
Ahora está muy de moda hablar de energía y ahora los Estados miembros aceptan lo que, para ser francos, hace dos años habría sido imposible que aceptaran: que necesitamos una estrategia común. 
Por tanto, para el Consejo Europeo de junio, tal y como ha dicho el Canciller Schüssel, la Comisión y el Alto Representante vendrán con algunas ideas sobre la dimensión externa de la política energética. 
Hemos decidido revisar constantemente este asunto y hacer un seguimiento todos los años en el Consejo de primavera. 
Esto era importante para mantener la coherencia. 
Después de todos esos asuntos internos, el Consejo Europeo también ha enviado un firme mensaje de compromiso en torno a la situación de Belarús. 
La Comisión coopera activamente con el Consejo con objeto de promover el refuerzo de la sociedad civil en Belarús y de apoyar a los medios independientes para que los ciudadanos de Belarús puedan acceder a medios no censurados ni controlados por un Gobierno que no respeta los principios fundamentales de un Estado democrático. 
Ahora vamos en la dirección correcta. 
Estamos pasando de las palabras a los hechos. 
Sabemos lo que debemos hacer; lo acordamos y ahora lo hacemos. 
Actuamos en colaboración con el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y los Estados miembros, y también con empresas, sindicatos, consumidores y ciudadanos de toda Europa. 
Creo que es la única forma de conseguir más crecimiento y nuevos puestos de trabajo. 
Creo que es el buen camino para salir de una situación muy negativa para Europa. 
Como he dicho antes, en Europa ahora hay una sensación de escepticismo, a veces cinismo. 
Para cambiar esto hay que obtener resultados concretos, resolver la cuestión de la Directiva de servicios, tal y como hemos estado haciendo, fijar las perspectivas financieras, como espero que se haga ahora. 
No diré nada al respecto ahora, porque ya lo he hecho al principio de mi intervención. 
Por tanto, si podemos obtener resultados crearemos la atmósfera óptima para resolver problemas institucionales que han de solucionarse y para dar a esta Europa un nuevo ímpetu. 
Este es nuestro deber. 
Deberíamos hacer más por lograrlo. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Presidente del Consejo Europeo, el Canciller Schüssel, ha hablado de la responsabilidad que tienen en común las instituciones europeas, y el Presidente de la Comisión acaba de hablarnos de acciones. 
Dirigiéndome en concreto al Presidente de esta Cámara puedo decir que mi impresión es que nosotros –y me refiero a ustedes tres y a todo el Parlamento Europeo– nos hallamos hoy en una situación en la que se nota este sentido de comunidad y de responsabilidad compartida por el futuro de la Unión Europea. 
Estoy firmemente convencido de que es una buena oportunidad para restaurar, a través de nuestras acciones visibles, la perspectiva que hace que esta Unión Europea sea atractiva para quienes viven en ella, y hacerlo también en relación con otras cuestiones que no debatimos hoy, como el Tratado Constitucional, para el cual hemos de encontrar una solución. 
Esta es nuestra responsabilidad compartida. 
Me complace mucho observar que el Presidente del Consejo Europeo esté trabajando con ahínco, junto con nosotros y la Comisión, en el destino común de Europa, y que lo haga sin aspavientos, sino con una profesionalidad y eficacia sustentadas por la convicción europea. 
La gente cree –a menudo erróneamente– que Bruselas es un símbolo de la burocracia. 
Tendremos éxito si –y en este punto me dirijo sobre todo a la Comisión– conseguimos llevar a buen puerto el proceso de Lisboa, dejando bien claro que queremos menos burocracia; que lo que queremos es un mercado interior más libre, pues cuanto más fuerte sea el mercado interior, más lograremos abrir el mercado en la Unión Europea –objetivos para el cual la Directiva de servicios es un instrumento importante– con menos normativa, menos subvenciones y más competencia, para que seamos más competitivos en los mercados mundiales. 
Por consiguiente, nuestro objetivo ha de ser: menos leyes y más libertad para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pues cuanta menos burocracia y menos gastos tengan que soportar las pequeñas y medianas empresas, mayor será su capacidad para crear puestos de trabajo. 
Esto es lo que más importa, pues aquí no hablamos de la economía en abstracto, sino de las personas de la Unión Europea, y por ello me alegro de que el Presidente del Consejo haya dicho algo acerca de los jóvenes, porque lo peor de todo, de hecho, es que los jóvenes no tengan perspectivas, y esta es una situación que hemos de evitar por todos los medios. 
Si me permiten pasar a la política energética, el Gobierno polaco, que no demuestra mucho compromiso con Europa, ha dicho que espera solidaridad europea en materia de política energética, y digo que tienen razón al hacerlo, pues esta Unión Europea se basa en la solidaridad. 
Necesitamos una política energética europea, pero lo que también quiero decir al Gobierno polaco es que, si exigen solidaridad en este ámbito, es justo que esperemos que ellos demuestren la misma solidaridad en relación con el futuro de los elementos, el contenido y los principios del Tratado Constitucional. 
La solidaridad no es un proceso unidireccional, sino que va en dos direcciones. 
Necesitamos solidaridad unos con otros por el bien de nuestro futuro europeo. 
Dado que se me acaba el tiempo, permítanme hacer una última observación: quizá tengamos que reflexionar acerca de cómo esta Cámara y los presidentes de sus Grupos pueden expresarse adecuadamente; no es necesario que las intervenciones sean tan largas como las del Presidente del Consejo o del Presidente de la Comisión, pero hemos de compartir el tiempo de forma más proporcionada. 
Señor Presidente, esta Cámara acaba de dar la bienvenida a Alexander Milinkevich. 
Mi Grupo fue el que lo invitó expresamente para que asistiera hoy a nuestro debate. 
Durante los debates sobre energía y economía, no hemos de olvidar nunca los cimientos que nos sustentan, concretamente nuestros valores, los derechos humanos y la dignidad humana, que son la razón por la cual abogamos a favor de la democracia en Belarús, y ello hace que nuestra defensa de los derechos humanos en Europa y en el mundo sea convincente. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, si evaluamos al Consejo Europeo, vemos que hay cosas que decir a su favor, pues, en su última reunión, demostró tener la voluntad de revitalizar el proyecto europeo, y de esto tomamos nota con satisfacción. 
Antes de la última reunión del Consejo, el señor Rasmussen, Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, presentó en su nombre un plan de acción para el crecimiento y el empleo que había elaborado junto con los ministros socialistas de Economía y Hacienda. 
La esencia de este plan es el uso de inversión estatal y gasto público para estimular el gasto privado, exactamente lo mismo que propuso usted cuando dijo que los recursos disponibles del Banco Europeo de Inversiones se utilizarían para este fin. 
Se trata de un buen enfoque socialista y puede usted contar con nuestro apoyo para adoptarlo. 
En lo que respecta a la política energética –y es un tema sobre el que desearía volver más adelante, dado que es el núcleo de su informe sobre el Consejo Europeo–, es cierto, en efecto, que necesitamos una estrategia europea única para esta política y lo primero que cabe observar cuando la consideramos es que los Estados miembros deciden sus propias políticas energéticas. 
Ha explicado usted de nuevo cómo, en el momento en que Rusia cerró el grifo del gas, asistía usted al Concierto de Año Nuevo, sentando junto a la Canciller Alemana. 
No sé si entre ambos sucesos existe una relación de causa y efecto, pero es algo que podemos pasar por alto. 
Quizá pudiera usted hacerme un favor y decirle, no durante el próximo Concierto de Año Nuevo, sino la próxima vez que se reúna con ella: «Angela, haz como yo y deja en paz la política energética». 
En tal caso hará usted lo correcto en lo que concierne a la energía nuclear, y conseguirá mucho apoyo, no solo de los ciudadanos de su país, sino también en Alemania. 
La pregunta decisiva es: ¿cómo podemos manejar la política energética de una forma solidaria? 
Es algo que tiene que decidir el Consejo, y no puede seguir el ejemplo del burro de Buridán, que se encontraba entre dos montones de heno y acabó muriendo de hambre porque no conseguía decidir por cuál de los dos empezar. 
A eso me recuerda el Consejo Europeo en casi todos los ámbitos, pues el problema es siempre el mismo. 
Ahora oímos las bonitas declaraciones del Consejo acerca de lo que debe hacer Europa, pero cuando sus miembros –sus colegas Jefes de Estado o de Gobierno– vuelven a casa olvidan las promesas que le hicieron a Europa y solo responden ante la opinión pública nacional. 
Esta es exactamente la crisis europea que nuestras instituciones han de superar conjuntamente. 
El Parlamento Europeo está desempeñando su papel. 
Hemos elaborado una Directiva de servicios decente –cuya adopción por la Comisión fue anunciada ayer– y considero que uno de los puntos culminantes de la última reunión del Consejo fue su declaración unánime de que también la convertirían en una de las bases de su posición común. 
Es una buena señal. 
Demuestra que Europa –bajo la dirección del Parlamento Europeo– está avanzando. 
Lamentablemente, no podemos dejárselo solo al Consejo y a la Comisión, y por ello tendremos que seguirles de cerca. 
Un comentario final, señor Schüssel: Tengo que admitir que en promedio el balance es positivo; la Presidencia austriaca está haciendo un buen trabajo. 
Hoy, de nuevo, ha hecho usted algunas observaciones –y sabe perfectamente a qué me refiero– en las que ha aludido a ciertos aspectos de lo que hay que hacer en las próximas semanas. 
En general, es usted un hombre hábil: aseguró usted al señor Berlusconi que estaba dispuesto a ayudarle a salvar a Europa del comunismo, para luego reunirse con el señor Prodi solo unas horas más tarde. 
Sabe cómo equilibrar diferentes intereses de forma que funcione en su beneficio. 
Si todos podemos utilizar esa habilidad por el bien de la Unión Europea, entonces le apoyaremos. 
– Señor Presidente, los cínicos en las filas de los demócratas liberales dirían del Consejo del mes pasado que podría haber sido peor. 
Enhorabuena a los austriacos por evitar una pelea. 
En las conclusiones de la Presidencia, como ocurre tan a menudo, las peticiones de reforma económica figuran en número inversamente proporcional a las medidas de reforma económica. 
Pero los optimistas entre nosotros advierten que el tono de estas conclusiones de la Presidencia es diferente. 
Como dijo Mark Twain de la música de Wagner: «No es tan mala como suena». 
Incluso los Primeros Ministros socialistas han aceptado que el juego ha terminado, que hay que dar entrada al mercado para que nos traiga crecimiento y prosperidad. 
Todos los miembros del Consejo han aceptado que la política ambiental puede suponer una importante contribución al empleo y al crecimiento. 
Estamos avanzando y, junto con la posibilidad de un acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras y el crecimiento económico que ahora prevemos, otra vez hay esperanza para nuestra Unión. 
Celebro en particular la decisión de la Comisión de esta semana de emprender acciones legales contra quienes desacaten las normas de liberalización, porque esto es lo que tiene que hacer la Comisión para que podamos avanzar. 
La Unión Europea tiene una gran capacidad de recuperación. 
Quizá no logre avanzar en un ámbito, pero emerge en otros: una política energética para Europa, un buen paso adelante; o más países que quieren entrar en la zona del euro. 
El impulso a favor del esfuerzo común puede venir ahora de los desafíos de fuera, en lugar de la convicción de dentro. 
Pero espero que la Presidencia de Austria y la Presidencia finlandesa que le seguirá puedan adoptar este nuevo espíritu y ayudarnos a reconstruir una base constitucional sobre la que construir nuestra Unión para el futuro. 
Mi Grupo cree que ya es hora de abandonar la idea de que el Consejo de Primavera se centre en la reforma económica. 
Necesitan tres Consejos al año. 
Necesitan hablar de otros asuntos, asuntos importantes como el de Belarús. 
Podrían haber hablado, tal y como propusieron algunos Estados miembros, de la cuestión de la Bahía de Guantánamo, donde siguen detenidos residentes de la Unión Europea. 
El deseo de no disgustar a los Estados Unidos les impidió hacerlo. 
Ojalá veamos un poco más de espíritu europeo en estos Consejos. 
Empecemos por reconstruir la Unión con la participación activa de los Estados miembros. 
Demasiado a menudo, en los últimos años hemos visto en Roma, en París, en Londres e incluso en Berlín intentos de descoser el método comunitario para que Europa se desintegre por las costuras: capitales nacionales que corren el riesgo de reforzar la anarquía general en nombre del mantenimiento de la soberanía nacional. 
Me ha sorprendido mucho verles, señor Schüssel y señor Poettering, y a todas esas personalidades del Partido Popular Europeo en Roma apoyando la campaña de reelección de un Primer Ministro que ha socavado los valores de Europa en todo momento... 
frustrando el avance en materia de cooperación judicial, incluso los procedimientos judiciales; rebasando los límites de la propiedad, de medios de comunicación libres e independientes, o incluso de sistemas electorales; utilizando la Presidencia de la Unión Europea para abrazar a Vladimir Putin, olvidando las acciones de Rusia en Chechenia. 
Difícilmente es esa la acción de un partido proeuropeo. 
Si los italianos votan inteligentemente el domingo, habrá un Gobierno proeuropeo en Roma que quizá pueda trabajar con el nuevo Gobierno de Berlín para reestablecer el equilibrio que necesitamos en nuestra Unión y empezar a enderezar el rumbo de Europa. 
. – Señor Presidente, señor Barroso, señor Schüssel, señor Winkler, señor Barrot, no quisiera provocar una nueva intervención del señor Schulz al indicarle que mi Grupo podría estar de acuerdo, desde luego, con las últimas observaciones del señor Watson con respecto a la situación italiana. 
Dicho esto, el señor Barroso ha señalado con razón que los ciudadanos esperan resultados y que la legitimidad de la Unión Europea proviene de la obligación de producir resultados. 
Pero primero necesitamos instrumentos y medios. 
A este respecto, permítanme que me dirija al señor Schüssel y al Consejo –puesto que hablamos en efecto de las conclusiones del Consejo– para hacerles tres propuestas. 
En primer lugar, una propuesta sobre el presupuesto de la Unión Europea, del que hemos hablado hace un momento. 
Pienso que hay que repetir simplemente que este presupuesto es insuficiente e incoherente habida cuenta de los objetivos de Lisboa. 
Las propuestas que están actualmente sobre la mesa se sitúan 110 000 millones de euros por debajo de la propuesta de este Parlamento y 200 000 millones de euros por debajo de la propuesta de la Comisión. 
Por tanto, y es mi primera propuesta, hay que acelerar los trabajos sobre los recursos propios de la Unión Europea, como usted mismo ha señalado. 
La segunda propuesta se refiere a la función del Banco Europeo de Inversiones. 
Pienso que lo que se ha decidido es interesante, señor Schüssel. 
La cifra de 30 000 millones de euros está bien, pero en realidad necesitaríamos diez veces más, según estimaciones de economistas. 
Y desde este punto de vista, pienso que el Consejo no debería encorsetarse y debería aceptar abrir un debate sobre los bonos de Estado europeos. 
Hay que movilizar el ahorro popular en Europa para financiar redes de transporte sostenibles y para financiar la eficiencia ecológica. 
Para empezar, esto se podría hacer en el marco de la zona del euro: las conclusiones del Consejo lo mencionan. 
Por último, mi tercera propuesta. 
Creo que es realmente necesario que en el seno del Consejo avance el debate sobre la evolución de los sistemas fiscales en los países europeos. 
Saben muy bien que en los próximos 20 años nos enfrentaremos al problema de la financiación de los sistemas de seguridad social en casi todos los países europeos. 
Si seguimos sin tomar medidas decididas que permitan imponer las bases móviles, inclusive a escala europea –lo que nos remite a la cuestión de los recursos propios– perdurará la situación actual, en la que asistimos a una escalada de las desigualdades en la distribución de la renta y al incremento de una población pobre que las redes de seguridad social no conseguirán ya mantener. 
Aquí tiene tres propuestas, señor Schüssel, y me gustaría que el Consejo, bajo su Presidencia y las Presidencias subsiguientes, estudiase de este tipo de propuestas. 
. – Cuando examinamos las conclusiones de esta Conferencia de Primavera y las comparamos con la situación real de nuestras economías y nuestras sociedades, solo se puede decir que el abismo entre las políticas y los ciudadanos se está ampliando. 
¿Dónde están las medidas prácticas para abordar la necesidad de duplicar el crecimiento económico y los puestos de trabajo con derechos a fin de alcanzar los niveles de 2000? 
¿Dónde están las respuestas al desempleo, que ha alcanzado al 18,5 % de los jóvenes de menos de 25 años y en edad de trabajar, y a cerca del 10 % de las mujeres en edad de trabajar? 
¿Dónde están las respuestas al crecimiento del trabajo precario y mal pagado, en una época en que el 32 % de las mujeres empleadas trabajan solo a jornada parcial y más del 43 % de los jóvenes empleados solo tienen contrato temporal, sin perspectivas de futuro? 
La verdad es que las únicas respuestas presentadas han sido las vagas promesas en cuanto a puestos de trabajo, sin referencia alguna a la calidad de ese trabajo o a las medidas prácticas para lograrlo, y se trata del principal síntoma de las crecientes tensiones en diversos países de la UE. 
Es especialmente chocante que no haya habido respuestas a la pobreza, que afecta a más del 15 % de la población, y que la pobreza no se haya reconocido como una grave violación de los derechos humanos. Por ello, la inclusión social debería ser una de las prioridades de la agenda política de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros, pero de momento este no es el caso. 
Por consiguiente, quisiera proponer un reto. Lo que necesitamos es un cambio de dirección, poniendo el acento en las políticas de cohesión social y económica. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio y al Presidente Barroso por sus intervenciones de hoy. 
No obstante, quiero empezar diciendo que deploro absolutamente la forma en que se ha utilizado esta Asamblea esta mañana, en este debate, para lidiar elecciones políticas nacionales. 
Si en el Parlamento no podemos demostrar suficiente madurez para abordar las verdaderas cuestiones de la Cumbre Europea y el Consejo Europeo, en lugar de volver a las elementales peleas partidarias entre diferentes individuos, entonces este es una triste reflexión de esta Asamblea. 
De hecho, de la reunión del Consejo Europeo han salido muchas cosas positivas que deberíamos promover con fuerza, en particular los compromisos contraídos de aumentar las oportunidades de empleo y la cantidad de dinero que se destinará a la investigación y el desarrollo; a favorecer a la expansión del aprendizaje permanente y de programas de educación y formación; a utilizar los recursos de que dispone el Banco Europeo de Inversiones para dar un impulso a las pequeñas y medianas empresas, a fin de brindarles la oportunidad de generar puestos de trabajo y crear la riqueza económica y el crecimiento que necesita la Unión Europea. 
Entre las nuevas políticas en general que intentamos sacar adelante se incluye un sistema energético común, en el que reconocemos, por supuesto, los derechos de los Estados miembros de ocuparse de sus propios asuntos energéticos, pero también indicamos en qué terrenos esos Estados miembros particulares pueden cooperar entre sí para garantizar unos recursos mínimos con respecto a la seguridad y la interconexión y con la garantía del uso adecuado de los fondos de investigación y desarrollo en relación con las nuevas energías renovables y, en particular, los biocarburantes. 
En nuestro deseo de ayudar al medio ambiente, al mismo tiempo que reducimos nuestra dependencia de los combustibles importados, podríamos utilizar nuevos cultivos energéticos para cubrir todas nuestras necesidades de transporte público en la Unión Europea, si quisiéramos. 
Podríamos utilizar la energía solar para calentar nuestras casas, si quisiéramos. 
Podríamos utilizar biomasa para calentar fábricas, colegios y hospitales, si quisiéramos. 
No obstante, esto nos exige invertir para garantizar que haya tecnología disponible para todos y, a través de nuestros impuestos, para dar preferencia a energías menos perjudiciales para el medio ambiente, tal y como hicimos hace varios años con la introducción de la gasolina sin plomo. 
Mirando el lado positivo, ayer comprobamos en qué puede responder el Parlamento. 
Con respecto a la Directiva de servicios y las perspectivas financieras, el Parlamento quiere servir de órgano político para garantizar que cumpla sus compromisos en nombre de los ciudadanos europeos, en cooperación con las demás instituciones. 
Sin embargo, y este es el inconveniente, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas y de promover un mayor crecimiento en investigación y desarrollo, y de presentar la maravillosa idea de un Instituto Europeo de Tecnología y cualificación técnica, lo que falta en todo eso es un marco jurídico apropiado de la Unión Europea para proteger los derechos de propiedad intelectual, porque las empresas no invertirán en investigación y desarrollo a menos que se les garantice protección para sus ideas. 
Lamentablemente no hemos logrado establecer en la Unión Europea un marco jurídico adecuado para permitir utilizar ese dinero junto con los fondos públicos disponibles. 
Hemos cumplido nuestros compromisos, ahora debemos asegurarnos de que podemos cumplir nuestras promesas futuras con miras a las futuras generaciones de Europa. 
. – Señor Presidente, hemos oído algunas cosas del Presidente de la Comisión. 
Quiero hacer algunos comentarios sobre la frase que ha usado cuando ha dicho que hemos de superar los reflejos nacionalistas; por supuesto, ha utilizado la palabra «nacionalista» para que los reflejos nacionales tengan un tono amenazante. 
Pero ¿acaso no enseñábamos reflejos nacionales a los ciudadanos de Europa cuando reinaban el comunismo y la internacionalización? 
Frente a la internacionalización del comunismo, cultivamos los reflejos nacionales en las personas. 
Llamamos a la Liga de las Naciones «Liga de las Naciones» y no «Liga de los Estados» ; llamamos a la Organización de las Naciones Unidas «Organización de las Naciones Unidas» y no «Organización de los Estados Unidos» , precisamente para cultivar los reflejos nacionales. 
Ahora les decimos que olviden estos reflejos, precisamente porque tenemos que servir a la globalización que es la otra cara de la internacionalización. 
Esta es la verdad y cuando habla usted de una política energética común, significa que obliga a los Estados a no ser capaces de tener su propia política energética. 
Si no tienen su propia política energética nacional, significa que no pueden tener mejores relaciones con los Estados del Golfo, que tienen petróleo, o con Rusia, que tiene energía. 
Por consiguiente, está usted tomando como rehenes a todas las personas, a todos los Estados, y, por supuesto, las personas lo comprenden y es por ello por lo que reaccionan. 
Señor Presidente, la mejora de la economía europea y del nivel de vida de sus ciudadanos depende de que todos los organismos económicos se defiendan bien en el mercado mundial. 
Ello exige que todas las instituciones europeas algo lentas funcionen con eficacia. 
Asimismo exige que los recursos disponibles se destinen a las reformas internas. 
Las disposiciones jurídicas y los procedimientos internos han de adaptarse a las necesidades actuales. 
En consecuencia, pido que los cambios propuestos por el Presidente sean adoptados por el procedimiento de urgencia. 
Quisiera recalcar que las perspectivas financieras no son tan buenas como cabría, y que hay un considerable déficit que afecta a diferentes sectores de la economía. 
Estas cuestiones deberían ser tratadas cuanto antes. 
Las cuestiones relacionadas con muchos sectores de la economía, como la agricultura, deberían tratarse simplemente por el procedimiento de urgencia, como sucede, por ejemplo, con la energía. 
Ello permitiría que la economía europea se desarrollara satisfactoriamente en el futuro. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, todos tenemos una corazonada: son buenos tiempos para la Unión Europea. 
La Directiva de servicios y las perspectivas financieras están en la recta final, la hoja de servicios de la Presidencia en la primera mitad de su mandato es buena, y son muchos los que han salido ganando, incluidas las PYME, los jóvenes, los proyectos de redes transeuropeas y muchas cosas más. 
Recordemos: la Cumbre de hace un año fue un fracaso, sus debates estuvieron dominados por acusaciones cruzadas y todo el mundo decía que la UE estaba en crisis. 
Hace medio año, la Cumbre fue rechazada; la UE parecía paralizada, se lograban escasos resultados y una amplia mayoría de este Parlamento rechazó lo que se decidió en la cumbre de diciembre. 
¿Qué está sucediendo hoy? 
Nuestro Parlamento ha demostrado su capacidad para sacar las cosas adelante; ninguna de las tres instituciones ha tirado la toalla, y el Consejo vuelve a ser capaz de negociar y de hacer el trabajo. 
Juntos hemos devuelto el rumbo a la UE; todos tenemos esa corazonada. 
No podemos –y sin duda alguna, no queremos– separar este éxito de la Presidencia del Consejo y de su Presidente, Wolfgang Schüssel. 
Su experiencia, su profesionalidad, su manera de trabajar, su hábito de actuar más que pronunciar discursos, nos han unido a todos y han hecho posible el resultado de hoy. 
Por ello estamos agradecidos y los austriacos podemos estar orgullosos de ello. 
Las perspectivas financieras han implicado la redistribución de un total de 7 900 millones de euros; junto con lo que salió de la Cumbre, la Directiva de servicios nos ofrece el programa más sólido para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo que ha tenido la UE en años. 
Aún queda trabajo por hacer para que los objetivos que nos hemos fijado se traduzcan en acciones. 
– Señor Presidente, intentaré atenerme a los hechos. 
Un hecho es que sin duda ha habido progresos en el frente de la política energética, en cualquier caso en lo que concierne al último Consejo, pero de lo que hemos de preocuparnos ahora, señor Presidente en ejercicio, es de la aplicación. 
Lo que me gustaría es que se prestara mucha más atención a la aplicación y a la infraestructura. 
Ya se ha hecho referencia a Poul Rasmussen y a su iniciativa. 
El lunes adoptamos las directivas sobre las redes transeuropeas de energía; ahora hemos de conseguir el dinero para financiarlas. 
Dado que no hay suficiente para tal fin en el presupuesto europeo, tendremos que encontrar presupuestos nacionales que contribuyan. 
Ha dicho usted que todos estamos en el mismo barco, y que todos tenemos que remar; ahora mismo no veo a nadie agachado sobre los remos, pero espero que pronto suceda. 
En lo que respecta a los elementos de la política exterior –y es algo que me gustaría dirigir a la Comisión– hemos hecho esta petición desde que la Comisión fue nombrada, desde su entrada en funciones. 
Tarda en llegar, pero está en camino, y espero que a mediados de año tengamos algunas declaraciones. 
El Presidente del Consejo tiene razón al decir que nuestra política en materia de energía nuclear es asunto de los Estados nacionales. 
Aunque por supuesto apoyo el enfoque austriaco, las cuestiones de seguridad y de proliferación, junto con el regreso de la energía nuclear, desempeñarán papeles importantes, y es allí donde me gustaría ver más actividad. 
Ciencia e investigación: en realidad, la lista incluida en las conclusiones del Consejo es triste. 
Dos países –Suecia y Finlandia– van muy por delante, y gracias a ellos hemos alcanzado el 3 %. 
Por desgracia, Austria no está suficientemente avanzada para alcanzar el 3 %. 
A este respecto, todos hemos de ponernos a remar, sobre todo aquellos entre nosotros que tienen ingresos más altos y una mayor influencia económica, que han de remar más fuerte, para que podamos llegar al 3 % que pretendemos. 
Mi última observación tiene que ver con la Directiva de servicios. 
Les agradezco su apoyo. 
Será un elemento esencial en la Europa social, siempre y cuando consigamos que sea aprobada por esta Cámara y usted consiga que la apruebe el Consejo. 
Es crucial. 
Aunque se ha referido usted a los empresarios, no ha mencionado a los empresarios en el sector cooperativo –que en sí es de vital importancia– o, en particular, a las organizaciones que representan a los empleados que han hecho mucho para lograr la Europa social. 
– Señor Presidente, Señorías, es correcto decir que esta cumbre de primavera no ha sido un fracaso; sin embargo, repitió ciertos errores del pasado que considero merecen ser objeto de crítica. 
La promesa de crear 10 millones de puestos de trabajo nos recuerda mucho a la primera cumbre de Lisboa. 
La insistencia en los jóvenes también sonaba a pura retórica y, a juzgar por el ejemplo francés, los jóvenes no parecen haber notado gran cosa de todo eso. 
Considero el fondo de globalización como una recompensa para quienes rechazan la reforma; para fomentar el cambio estructural tenemos políticas estructurales y de cohesión. 
El señor Schulz tiene razón al decir que los Estados miembros no se esforzarán. 
En una cumbre sobre energía celebrada ayer en Berlín, se habló de todo tipo de cosas salvo de la apertura de los mercados de la electricidad y del gas. 
No cabe esperar mucho de los Estados miembros en este frente, y por ello es alentador que la Comisión vuelva por fin a actuar e inicie procedimientos contra los Estados miembros, también contra Francia, en relación con su proteccionismo en los mercados de la energía. 
La respuesta no consiste en hacer promesas como en el pasado, sino en que haya más competencia, y el hecho de que la Comisión esté haciendo por fin algo al respecto nos da esperanzas. 
He de añadir que creo que este debate se debería estar celebrando en Bruselas, no en Estrasburgo. 
Señor Presidente, Señorías, Europa necesita una nueva política de energía y transporte. 
Quisiera decir al señor Schüssel que aún está por ver si optar por el 20 % más de eficacia de la energía y el 15 % de energías renovables supone un gran paso adelante. 
En lo que a mí respecta, estoy convencido de que lo más importante en este contexto es que necesitamos una nueva cultura en el transporte y la energía. 
¿A qué me refiero con ello? 
Si lo que queremos realmente es eficiencia, tenemos que forjar una alianza con profesionales y bancos para progresar al menos con nuestro parque de edificios. 
Necesitamos una alianza con las principales ciudades para que nuestras ciudades sean de nuevo unos lugares agradables para vivir; necesitamos menos tráfico y tener movilidad al tiempo que consumimos menos petróleo. 
La razón por la cual, a mi entender, esta iniciativa no responde suficientemente a todo esto, es que la Comisión confía demasiado en las grandes empresas en lugar de confiar en una alianza con las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos. 
Tengo tres preguntas concretas que me gustaría que contestara el Canciller Schüssel. 
La primera tiene que ver con la investigación en materia de energía. 
¿Cómo va usted a explicar a los ciudadanos austriacos y a las pequeñas y medianas empresas austriacas el hecho de que, en el quinto programa de investigación, vamos a gastar o pretendemos gastar cinco veces más en energía nuclear que en energías renovables? 
¿Cómo va usted a llevar el debate sobre cuestiones nucleares en Austria y en Europa cuando el señor Barroso ha borrado cualquier referencia al «riesgo» en relación con la energía nuclear en el Libro Verde? 
Quiero decirle, señor Barroso, que en un debate libre de ideologías también hay que debatir los riesgos asociados a la energía nuclear. 
Usted, señor Schüssel, es quien tiene la responsabilidad de que se mantenga un debate objetivo, y no puede retirarse y esconderse detrás de la independencia nacional. 
– Señor Presidente, si seguimos el enfoque de doble vía de la Estrategia de Lisboa –por un lado, en el marco del presupuesto y, por otro, de los planes nacionales– entonces me pregunto realmente si el compromiso por el que estamos luchando ahora en el contexto del presupuesto europeo será realmente suficiente para aportar los recursos necesarios. 
Le digo que no lo será, como tampoco lo serán los presupuestos nacionales, si los examina. 
Sencillamente no se recaudan los fondos necesarios para investigación y desarrollo, para formación y educación tal como debería hacerse. 
En su cumbre, usted dijo que hacía falta hacer más por el sector de las pequeñas y medianas empresas, y tiene usted razón, pero, si quiero hacer algo por el sector de las pequeñas y medianas empresas, si quiero crear puestos de trabajo, entonces tendré que hacer algo para conseguir un aumento de la inversión pública, y por desgracia esta no aumenta, no en los Estados miembros. 
Tendré que hacer algo por incrementar la demanda nacional y ello no se puede lograr recortando los ingresos, intentando alargar las vidas laborales de la gente, sustituyendo los planes de seguros privados por regímenes de la seguridad social basados en el principio de solidaridad. 
Es justo la manera equivocada de hacerlo. 
En lugar de ello, hemos de sustituir la Estrategia de Lisboa por una estrategia de solidaridad y sostenibilidad europea. 
Examine por un momento los resultados. 
El umbral de riesgo de pobreza no ha cambiado; en 2000 se situaba en el 16 %, y hoy en día se mantiene en ese nivel. 
Durante el mismo periodo, el desempleo a largo plazo ha aumentado del 3,9 % al 4,1 %. 
El porcentaje de personas activas ha aumentado del 63 % al 64 %, lo cual representa una ligera mejora. 
Estamos muy alejados de lo que pretendíamos lograr, y ello se debe a que la estrategia es la equivocada. 
La Estrategia de Lisboa en su forma actual no nos llevará a ninguna parte. 
Señor Presidente, hoy examinamos los resultados de la cumbre de primavera, la enésima reunión de Jefes de Gobierno que no ha dado frutos. 
Los Países Bajos ya han sugerido que dos cumbres europeas al año para la toma de decisiones son suficientes; pido que se supriman estas cumbres, porque al regresar a casa se constata que resulta imposible cumplir las promesas hechas allí. 
Basta con que mencione el ejemplo de Francia para demostrarlo. 
Las empresas de energía francesas están llevando a cabo absorciones, pero las fronteras siguen cerradas a las absorciones extranjeras en Francia, y ahora que la Directiva de servicios está en suspenso, también se impide el paso de los trabajadores extranjeros De esta manera, un paso adelante se ve acompañado de dos pasos atrás. 
En este contexto, las revueltas en Francia son una demostración de lo difícil que es reformar el sistema social. 
El proceso de Lisboa encalla en la protesta del electorado. 
Sin embargo, también tendremos que dejar claro a la Francia proteccionista que el sistema social es insostenible sin reformas. 
La UE no puede seguir tolerando el efecto de freno de Francia. 
Si en una cumbre europea los Jefes de Gobierno fueran capaces de tomar una decisión a este fin y ponerla en práctica, entonces su reunión estaría totalmente justificada. 
Señor Presidente, he leído atentamente las conclusiones de la sesión de marzo del Consejo Europeo y he de decir que estoy decepcionada. 
Son absolutamente superficiales y sobre todo hipócritas. 
En las conclusiones, el Consejo Europeo reconoce la importancia excepcional de crear un entorno empresarial favorable y alaba a las pequeñas y medianas empresas como espina dorsal de la economía europea, alude a la necesidad de apoyarlas y afirmar el espíritu empresarial en general, pero por desgracia se trata únicamente de un ejercicio sobre el papel. 
El Consejo Europeo ha desaprovechado una oportunidad única de pasar de las palabras a los hechos. 
Esperaba que los políticos tuvieran el valor de apoyar las propuestas originales de la Comisión en relación con los servicios en el mercado interior, sobre todo el principio del país de origen, y que el Consejo nos daría señales claras de que realmente tiene intención de desarrollar el entorno empresarial. 
Sin embargo, ello no ha sucedido. 
El Consejo ha optado por las propuestas castrantes y populistas de este Parlamento y al final no ha hecho nada por las pequeñas y medianas empresas, salvo pronunciar palabras de aliento. 
No veo cómo esto puede ser el camino hacia la realización de la Estrategia de Lisboa y una mayor competitividad. 
– Desde mi punto de vista, el Consejo Europeo ha identificado correctamente los retos a los que se enfrenta Europa hoy en día: la globalización, la cuestión demográfica, los sectores clave de la economía europea como la energía y los servicios, la investigación y el desarrollo, la innovación, la educación, los puestos de trabajo y el crecimiento. 
Ahora bien, ¿cuál es la sensación que se tiene? 
Aunque por un lado se han hecho considerables progresos en el ámbito de la energía –progresos que hace seis meses hubiesen sido impensables– ha habido otros ámbitos en los que por desgracia no hemos avanzado tanto. 
¿Por qué? 
Porque la Estrategia de Lisboa cometió el pecado cardenal de atribuir a la Comisión el papel de agente movilizador y eje principal de esta estrategia 
Ahora, la Comisión ha hecho un esfuerzo y gracias a ello se han realizado progresos. 
Sin embargo, hay que hacer mucho más. 
Los Estados miembros han de dar a la Comisión la responsabilidad y los medios para facilitar este progreso tan necesario. 
A este propósito quiero decir que acogemos con profunda satisfacción el apoyo dado al Instituto Europeo de Tecnología. A fin de cuentas, no tiene sentido tener 25 políticas de investigación europeas que no están orientadas directamente hacia un objetivo fundamental –la economía basada en el conocimiento– y que siguen sin tener los recursos y la masa crítica para competir con otras economías más desarrolladas. 
Por consiguiente, hoy queremos enviar un mensaje claro de que la Estrategia de Lisboa está viva y si queremos que se materialice pronto, tendremos que dar a la Comisión los medios para poner en marcha el Instituto Europeo de Tecnología, que considero muy importante. 
– Señor Presidente, los franceses recordarán dos cosas del Consejo. 
La primera es que cuando un francés habla inglés, el Presidente abandona la sala. 
La segunda es que cuando un periodista le pregunta si una ley promulgada debe aplicarse, contesta que «sí» en Bruselas y que «no» en París. 
«Hay que acostumbrarse a ello, hagas lo que hagas» : esto es lo que al final piensan los franceses. 
En este país bullen los conflictos; en diez meses se han producido tres revueltas: la primera, que se manifestó en las urnas, expresaba una forma de hostilidad al capitalismo; la segunda, con los tumultos de los barrios periféricos, expresaba una forma de revuelta contra las discriminaciones; la tercera, con huelgas y manifestaciones, expresa una forma de revuelta contra todas las incertidumbres asociadas al empleo. 
De esto deduzco –y ruego me perdonen por hablar un poco más de mi país− que, para su próximo Consejo más que para este, al margen de lo que hayan hecho en él, hay una aspiración que es preciso colmar y es la mutua confianza. 
Nuestros conciudadanos han notado que hubo mucho más que una actitud de «cada uno a por la suya» a lo largo de este periodo. 
Francia debe asumir su parte de responsabilidad porque no es ajena a ello, pero no es la única. 
Por tanto, hay que tener a la vez confianza, es decir, fe recíproca según su etimología latina. 
Es preciso que tanto la Comisión como el Consejo sigan este camino. 
Otro aspecto es la protección, porque en cierto modo nuestros conciudadanos temen que Europa no les proteja suficientemente. 
¡Buena suerte! 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo y señor Presidente de la Comisión, están ustedes felicitándose y dándose palmaditas en la espalda. 
Están ustedes muy satisfechos con los resultados de la cumbre de primavera, ¿Creen ustedes que los ciudadanos europeos sienten lo mismo? 
Yo no lo creo, porque la reforma de la Estrategia de Lisboa que están promoviendo ustedes sacrifica la cohesión y el medio ambiente en aras de una versión neoliberal de la competitividad. 
Esto es precisamente lo que describe el término «flexiguridad». 
Después de cinco años de fracasos, fijan ustedes unos objetivos ambiciosos, con plazos vinculantes para los puestos de trabajo, la investigación, la energía y el crecimiento; al mismo tiempo, el presupuesto se caracteriza por una extrema «eurotacañería» y una falta de ambición. 
¿Con qué recursos y qué políticas pretenden ustedes alcanzar estos objetivos, cuando sectores cruciales, como los Fondos Estructurales, las redes transeuropeas, la política del consumidor y la política sanitaria, la investigación y la educación sufren recortes drásticos de recursos? 
¿Creen ustedes que conseguirán los objetivos que se han fijado? 
Mi Grupo político no lo cree y por ello está en desacuerdo con su política. 
Señor Presidente, el sistema europeo tiene la desagradable costumbre de utilizar actos de terrorismo, desastres naturales, crisis políticas y conmociones económicas para sus fines políticos. 
Se explota el miedo legítimo de la gente, su ansiedad y su compromiso político, para seguir luchando por un superestado europeo. 
Por ello, en este Parlamento nos hemos visto forzados a menudo a escuchar inacabables cantidades de intervenciones inspiradas por los atentados terroristas en Madrid y Londres, el desastre del tsunami en el Océano Índico o el riesgo de guerra en Oriente Próximo. 
Los oradores, incluido el propio Presidente, utilizan a menudo descaradamente estos sucesos trágicos y fatídicos para promover un motivo secreto: la lucha por un superestado europeo. 
Ahora, el suministro energético de Europa se enfrenta a una crisis, y volvemos a encontrarnos con la historia de siempre. 
Los 25 miembros del Consejo Europeo no tienen ni idea de cómo será la tecnología y la política energética dentro de diez años. 
Por ello no deberían fijar porcentajes para los biocarburantes y las energías renovables. 
Los países individuales han de experimentar y buscar soluciones por sí solos en un libre mercado de la energía. 
La tarea de la UE es mantener un libre mercado de la energía y coordinar las inversiones en infraestructura. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha mencionado el envejecimiento y la globalización como dos de nuestros retos clave. 
Es importante que otorguemos al primer aspecto un lugar prioritario en la agenda política. 
De hecho, el envejecimiento de la población en Europa no es tanto un reto como un gravísimo problema, no solo en cuanto a mantener intactos nuestros sistemas de seguridad social, y por consiguiente, nuestras economías, sino también, sencillamente, en cuanto a asegurar la supervivencia de los pueblos europeos. 
Además, a veces se proponen soluciones que, de hecho, no hacen más que empeorar las cosas. 
Baste con pensar en el alegato a favor de la inmigración a gran escala. 
La Comisión ha publicado un Libro Verde en un intento por explorar esta vía. 
Aunque ello puede servir a los intereses a corto plazo de algunas empresas o industrias, pueden estar seguros de que no cuenta con el apoyo de la opinión pública. 
Los problemas son ya incalculables. 
Si la UE desea distanciarse aún más de su población, entonces debe seguir por este camino. 
Una solución real es alentar a las familias jóvenes a tener más hijos, y crear un clima favorable para ello. 
Si no se hace, los objetivos de Lisboa no serán más que palabras huecas. 
Señor Presidente, ante las grandes expectativas surgidas en las semanas anteriores al Consejo de Primavera, en torno a la posibilidad de crear una política energética común, las conclusiones del Consejo en este ámbito son, por un lado, esperanzadoras, pero, por otro, decepcionantes. 
Son esperanzadoras, porque, por primera vez, se recoge en un texto del Consejo un apartado dedicado exclusivamente al lanzamiento de una política energética común, porque se hace hincapié en los temas en los que el Parlamento Europeo lleva insistiendo desde hace tiempo, como son la aplicación correcta de las directivas existentes, la necesidad de cumplir con el compromiso de los Estados miembros en materia de interconexiones, la falta de inversiones en infraestructuras y en investigación y desarrollo, y la necesidad de culminar el mercado interior de la energía: una serie de propuestas que esperamos que los Estados miembros cumplan rápidamente. 
Pero no nos engañemos. 
Al Consejo le ha faltado, una vez más, visión y ambición en este campo crucial que es la energía. 
Con la excepción de un par de asuntos, como la necesidad de hablar con una única voz en la esfera mundial y la posible creación de un mecanismo de solidaridad para hacer frente a situaciones de crisis, el resto de medidas están ya recogidas en diversas directivas en vigor y en acuerdos de cumbres anteriores. 
Además, echamos de menos una discusión franca entre Jefes de Estado y de Gobierno, sobre las barreras políticas que algunos Gobiernos están poniendo al buen funcionamiento del mercado interior de la energía. 
No se pueden firmar conclusiones en las que se aboga por la realización de un mercado único cuando, a la vez, se proclaman campeones nacionales y se practica un proteccionismo que daña seriamente el proceso de integración. 
Concluyo, señor Presidente, transmitiendo al Consejo la satisfacción con la que hemos acogido su propuesta de cumplir obligaciones que ya existían y la decepción por la falta de coraje político para establecer, tal como le piden la mayoría de esta Cámara y también la Comisión Europea, una auténtica política energética común, que la Unión necesita urgentemente, porque le va en ello su futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quiero transmitirles tres mensajes. 
En primer lugar, agradecezco al Consejo Europeo y, en particular, al Canciller Schüssel el apoyo que han dado al Gobierno español al iniciarse el largo proceso de superación del terrorismo, tras el anuncio del alto el fuego por parte de la banda terrorista ETA. 
Muchas gracias. 
En segundo lugar, saludo que el Consejo Europeo haya hecho suya la iniciativa hispano-sueca por un pacto por la igualdad entre géneros, entre hombre y mujer, que es uno de los frentes más importantes de progreso en Europa. 
En tercer lugar, me referiré a la política energética. 
Por fin se empieza a hablar de política energética, pero, más que atacar el proteccionismo, lo que hay que hacer es política energética, y hay que empezar por conseguir que haya lo que los sajones llaman un campo de juego nivelado. 
En este momento hay dos mercados liberalizados en Europa, que son el Reino Unido y España. 
Lo que hace falta es acabar con los blindajes y hacer política europea. 
La Comisión, además de predicar a los demás, tiene que hacer sus deberes. 
Por ejemplo, sería interesante saber qué piensa la Comisión, desde el punto de vista europeo, sobre el gasoducto del Báltico y la solidaridad europea. 
Asimismo, la Comisión, después de haber aceptado las tesis del Parlamento sobre la Directiva de liberalización de servicios, tendría que traernos una directiva sobre los servicios de interés económico general. 
Porque no estamos hablando de mercado, sino de utilidades y de empresas de prestación de servicios públicos, y la Comisión tiene la obligación de cumplir con su deber. 
Me gustaría tratar dos puntos: Europa necesita y seguirá necesitando energía urgentemente. 
Sin embargo, debido a la presión por parte de la Unión Europea y debido a un Gobierno nacional débil, en 2008 Eslovaquia tendrá que cerrar dos unidades de la central nuclear en Jaslovské Bohunice, aunque dadas las medidas de seguridad de que disponen estas unidades, podrían seguir funcionando por lo menos hasta 2015. 
Eslovaquia recibirá de los fondos europeos solo una fracción del dinero que necesita para cerrar estas dos unidades. 
Este año está previsto que lleguen dos nuevas fábricas de automóviles de importancia europea a Eslovaquia. 
A consecuencia de ello, el sistema de transportes tendrá dificultades para poder satisfacer las necesidades asociadas a la entrega de suministros y el transporte de productos acabados. 
Sin embargo, en virtud de las perspectivas financieras a largo plazo, la Unión Europea está reduciendo los recursos disponibles para las redes transeuropeas en 20 000 millones de euros. 
Ello no contribuirá en absoluto a fomentar la confianza de los ciudadanos eslovacos en la política de la UE. 
– Señor Presidente, empiezo agradeciendo la firme postura del Consejo respecto a la situación de Belarús y las sanciones que se han acordado. 
En cuanto a la Agenda de Lisboa, acojo con satisfacción muchas de las conclusiones de la Presidencia, pero por desgracia Europa tiene que encontrar aún una respuesta a su malestar económico subyacente. 
A los Gobiernos no les cuesta nada firmar declaraciones de intención, pero les resulta más difícil poner en práctica lo que predican. 
Sobre la Directiva de servicios, admito que no me gusta el compromiso del Consejo. 
Siempre he instado al Gobierno británico y al Consejo a llegar más lejos en la vía de la liberalización, pero mis palabras han caído en saco roto. 
El señor Blair habla mucho; dice que él marca el camino y el resto de Europa lo acata, pero creo que se engaña, y no es la primera vez. 
Una directiva que verdaderamente liberalizara los servicios debería ser el signo más indispensable de la reforma de Europa, que es desesperadamente necesaria en estos momentos y no en una fecha futura sin determinar. 
Sin embargo, el aspecto más decepcionante del Consejo ha sido el hecho de que los dirigentes no consiguieran hablar con firmeza sobre la creciente ola de proteccionismo. 
Esperábamos oír algo, al menos un memorando, del señor Berlusconi, dado que parece que últimamente ha hablado de todos los demás temas, y del señor Blair. 
En la reunión del Consejo se podría haber expresado más claramente su determinación de luchar contra la amenaza del proteccionismo para la prosperidad de Europa y el funcionamiento del mercado único. 
Era una ocasión perfecta para apuntar a lo más alto, y no lo ha hecho. 
De nuevo, es el Presidente Barroso quien debe sacar las castañas del fuego. 
Le felicito por su perseverante determinación en esta cuestión. 
La semana pasada dijo en Florencia que los Gobiernos nacionales están cediendo a las tentaciones populistas. 
Estoy de acuerdo. 
Ha llegado el momento de considerar qué medidas deben tomarse contra quienes quieren atacar las normas básicas del mercado interior. 
También felicito al señor Barroso por lo que hizo ayer para poner freno a los gigantes energéticos en Europa, que utilizan su influencia industrial para dificultar la competencia y distorsionar el mercado. 
Esta acción legal contra quienes intentan restringir un mercado energético abierto en Europa será bien acogida por aquellos de nosotros que creemos en los mercados libres y en la plena realización del mercado único. 
Quiero dar la bienvenida a una delegación de Papás Noel en la galería de invitados. 
Es un poco fuera de temporada… ¡espero que se comporten correctamente! 
Al menos visten los colores adecuados para esta mañana, rojo y blanco, como yo. 
Señor Presidente, hemos llegado a la fase intermedia de la estrategia de Lisboa con una considerable falta de éxito hasta ahora. 
La prioridad de la Unión ha de ser la innovación en su sentido más amplio, junto con la inversión en el conocimiento. 
Ello producirá el crecimiento económico y un mayor empleo. 
Por ello resulta sorprendente que un Consejo haya recortado una vez más el gasto en investigación y en programas educativos. 
En algunos casos, los porcentajes de recortes tienen dos cifras. 
¿Cómo puede justificarse este tipo de decisiones? 
¿Cómo se supone que la Unión ha de competir, si el crecimiento económico es de apenas el 2 % y el desempleo medio ha alcanzado el 9 %? 
Se está sometiendo al presupuesto de la Unión Europea a una estricta dieta, pero si sigue adelgazando gradualmente no podrá hacer frente a las necesidades de una Unión que se expande. 
Además, una Europa emancipada no podrá competir con los Estados Unidos, China y la India, que tienen unas economías sólidas. 
Sin duda hay que celebrar el compromiso alcanzado ayer en las negociaciones sobre las perspectivas financieras y ello da algo de esperanza de que la Estrategia de Lisboa no siga siendo papel mojado, sino que se convierta en un objetivo prioritario. 
Sin embargo, paradójicamente, sigue apareciendo al final de la lista de gastos, y llegados a este punto, los fondos suelen haberse agotado. 
Señor Presidente, acojo con agrado la postura adoptada en la declaración del Consejo Europeo sobre Belarús, y también la posición que el Canciller Schüssel ha presentado a la Cámara. 
La distinción establecida por el Consejo entre las autoridades belarusas y la sociedad belarusa es especialmente significativa. 
Esta importante distinción fue propuesta por el Parlamento Europeo como base de la estrategia de la Unión hacia Belarús. 
Sin embargo, no basta con limitarse a condenar las elecciones fraudulentas y el uso de la fuerza, y pedir que se libere a los encarcelados. 
Son necesarias unas sanciones más y más selectivas. 
Debería ampliarse la lista de personas a quienes se prohíbe la entrada en la Unión y deberían congelarse cuentas bancarias. 
La Unión Europea y la Comisión Europea en particular no hacen bastante por Belarús y reaccionan con excesiva lentitud. 
La Unión debería ofrecer un apoyo más firme y más específico a la sociedad civil en Belarús. 
Belarús debería ser tratada del mismo modo que Ucrania en su momento. 
En primer lugar, deberíamos exigir la celebración de nuevas elecciones. 
En segundo lugar, las organizaciones no gubernamentales deberían establecer un fondo de solidaridad considerable para apoyar a Belarús. 
En tercer lugar, deberíamos exigir algo más que el esfuerzo simbólico hecho hasta la fecha para garantizar que en Belarús puedan recibirse la televisión y la radio independientes. 
Por su parte, los belarusos deberían poder trabajar para ofrecer la emisión de información. 
En cuarto lugar, el alcance de ciertos programas de la Unión, como el programa de intercambio de estudiantes, Erasmus, debería ampliarse para incluir a Belarús y a su sociedad civil. 
En quinto y último lugar, la Unión y sus Estados miembros deberían asegurar una representación diplomática más fuerte en Minsk. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, únicamente quiero hacer dos breves observaciones. 
En primer lugar, me complace mucho que ayer por la tarde lográramos alcanzar un acuerdo sobre el marco financiero, de forma que ahora tenemos suficiente tiempo para que las cosas arranquen realmente en 2007, con la aplicación de todos los programas. 
Tenemos mucha confianza en que usted, señor Presidente de la Comisión, apruebe y revise muy pronto lo que hacen los Estados miembros en materia de política estructural, para que no perdamos tiempo. 
Y ya que hablamos de la cumbre, tengo un segundo comentario que hacer; no creo que la competitividad pueda decretarse desde arriba; tiene que crecer desde abajo. 
Por supuesto, me gustaría que todas las cosas que ha expuesto usted esta mañana, señor Presidente en ejercicio, se hicieran realidad y se aplicaran a escala local. 
Cuando veo cómo en la Alemania de hoy se siguen necesitando entre siete y ocho semanas para poner en marcha una empresa, porque se envía a la gente de la Ceca a la Meca, entonces veo claramente que es sobre el terreno donde han de cambiar las cosas. 
Espero que las iniciativas que ha tomado usted ayuden a lograrlo, y puedo decirle al señor Schulz que los ciudadanos de Aquisgrán, que está cerca de la frontera, saben perfectamente lo poco competitiva que es la legislación alemana, incluso en Renania del Norte-Westfalia. 
. – Señor Presidente, Señorías, a pesar de sentirme agradecido por las palabras de aliento que hemos oído en el ecuador de la Presidencia austriaca, no nos dormimos en los laureles –de todos modos, no hay laureles–, sino que queremos seguir trabajando intensamente con ustedes. 
Me gustaría realizar unos breves comentarios, en primer lugar, sobre los objetivos: ¿Qué nos gustaría ver? 
¿Deberíamos fijarnos realmente objetivos? 
Con respecto a esto, existe la crítica inevitable de qué hacer a la hora de ponerlos en práctica. 
¿O no vamos a fijarnos objetivos? 
Pienso que sí, que deberíamos ser suficientemente audaces para fijarnos una serie de objetivos que puedan ser revisados, a pesar del riesgo de que un país u otro, o quizás toda la Unión Europea, no puedan lograr completamente lo que nos hemos propuesto, pero creo que diez millones de empleos –2 millones al año– es un objetivo realista. 
En 2005 logramos crear 2 millones de empleos adicionales en la Unión Europea y ahora podemos estar orgullosos de la oportunidad real que tenemos en estos momentos que el ciclo económico se encuentra en un estado de salud relativamente bueno y muchos países europeos están empezando una mejora, y esto es algo que no debemos menospreciar. 
En Austria, por ejemplo, estamos haciendo un buen trabajo y otros países harán lo mismo, pero los objetivos son necesarios. 
A los que han dicho que el Consejo Europeo debería desaparecer tengo que decirles que creo que es una idea completamente equivocada. 
Lo que tenemos que hacer es invertir más tiempo y energías, y esto puede que signifique reunirnos más a menudo, tal vez con menos bombo y platillo y menos revuelo mediático, y trabajar más, con más ahínco, esto es lo que hace falta si queremos llegar a alguna parte. 
En cuanto a mi segundo tema: varios oradores se han manifestado menos que plenamente satisfechos con las perspectivas financieras, comparándolas únicamente con lo que la Comisión Prodi propuso en un principio. 
Ahora sus Señorías son expertos, saben perfectamente que esa propuesta no era realista. 
No puede decirse que ahora tenemos 200 000 millones de euros menos de lo que se propuso entonces; si lo comparan con lo que hemos tenido en los últimos siete años, ha habido un aumento de más de 100 000 millones. 
En particular, ha habido aumentos en los programas que sus Señorías consideran importantes. 
Si tomamos solo el ejemplo de la investigación y el desarrollo, en el presupuesto se prevé un aumento superior al 75 % en los próximos siete años. 
La cantidad asignada a las redes transeuropeas se ha duplicado; la disponible para el aprendizaje permanente ha aumentado un 50 %, así que en estos momentos entre 30 000 y 40 000 jóvenes más prácticamente en toda Europa tienen la oportunidad de aprender. 
En cuanto a la política de vecindad, hay disponible un 40 % más, mientras que el presupuesto para la política exterior se ha incrementado un 250 %. 
Tenemos dos opciones: o enviamos a las personas el mensaje de que todo esto sigue siendo demasiado poco, lo que realmente creerán, ya que sus Señorías gozan de buena credibilidad en sus distritos electorales, o podemos decir que supone un gran avance, que nos acerca a nuestros objetivos, lo que hará que se lo tomen en serio y digan, sí, esto es realmente un importante paso hacia adelante. 
Repito: sus Señorías son conscientes de la posición en que me encuentro, atrapado entre los que tienen que pagar y los que tienen que recibir. 
Todo esto tiene que salir de los presupuestos nacionales y sus Señorías lo saben. 
La única solución es definir de nuevo lo que llamamos «recursos nacionales» : esta es la única forma de hacer frente a la situación. 
Conseguir que estas perspectivas financieras despegaran en el primer intento fue un gran logro, y por ello quiero dar las gracias al señor Barroso, al Presidente de la Cámara y a todos los Grupos aquí presentes, así como a los negociadores. 
No fue fácil, pero ahora tenemos la oportunidad de ponernos manos a la obra. 
Les pido su apoyo general, porque los ciudadanos, dondequiera que estén, quieren oír que estamos trabajando y que no solo nos enredamos en disputas entre Grupos e instituciones. 
Nadie ahí fuera está interesado en si se podrían haber logrado 500 millones de euros más o si el Consejo estaba ofreciendo 500 millones de más. 
Lo que les importa es si podemos ponernos a trabajar de cara a los próximos siete años, en interés de los ciudadanos y de Europa. 
Estoy preparado y dispuesto a hacerlo y espero sinceramente que trabajaremos juntos sobre la cuestión de la constitución, y puede que no tengamos una solución de aquí a junio, pero espero que podamos idear una forma para lograr el mejor fundamento jurídico que todos necesitamos. 
. Señor Presidente, Señorías, aunque los puntos fundamentales ya se han mencionado, quisiera ofrecerles un resumen de mi análisis de este debate, que, como observo, apoya ampliamente las conclusiones del Consejo Europeo. 
Una evaluación honesta revelaría con toda seguridad que, en general, estos resultados han sido bien recibidos. 
Es obvio que no todas sus Señorías están completamente satisfechas, porque existen, naturalmente, diferencias de opinión. 
Pero no se puede negar, sin embargo, que se han producido resultados en el sector de la energía, en las PYME, en la investigación, en los objetivos de empleo y, en general, en el nuevo sistema de gobernanza de la Estrategia de Lisboa. También se ha logrado el consenso en el Consejo Europeo con respecto a la Directiva relativa a los servicios. 
Con respecto a la energía, deseo subrayar que nuestro trabajo en el Consejo Europeo desde luego no ha concluido, y que los resultados de la reunión de ayer de la Comisión demostrarán a sus Señorías que la Comisión está decidida a garantizar que se respetan todos los principios del Derecho comunitario: por ejemplo, el cumplimiento de los principios del mercado interior y de las normas sobre competencia. 
Esto es un requisito previo fundamental si queremos mantener la credibilidad, tanto dentro como fuera de la UE. 
Con respecto a las PYME, fue especialmente importante el impulso dado por la Presidencia austriaca y la Comisión a la reducción de los trámites burocráticos que dificultan tantas iniciativas de creación de empleo por parte de las empresas. 
En cuanto a la investigación, por primera vez todos los Estados miembros han podido aceptar objetivos viables de investigación e innovación, y esto es algo sumamente importante. 
Igualmente importante fue el amplio apoyo a la idea del Instituto Europeo de Tecnología y a que la Comisión tenga ahora un mandato para presentar una propuesta. 
El hecho de que se marcaran objetivos de empleo también es muy positivo. 
Quisiera subrayar un nuevo aspecto que surgió durante el Consejo Europeo y al que el Canciller Schüssel no se ha referido, pero que yo considero que vale la pena mencionar. 
El Canciller Schüssel, como Presidente en ejercicio del Consejo, ha aprovechado cada oportunidad para introducir el debate a la Comisión, y a las próximas presidencias finlandesa, alemana, portuguesa y eslovena. 
Creo que esto es importante en cuanto a que se refiere a garantizar la continuidad y la sostenibilidad de los esfuerzos de la Comisión. 
La Comisión puede también ofrecer esa continuidad y sostenibilidad en el tiempo, ya que, por muy buenas que sean las presidencias del Consejo, estas cambian cada seis meses. Es necesario un esfuerzo constante, que solamente puede darse si la Comisión toma gran parte de la iniciativa, y si el Parlamento ofrece apoyo constante. 
Estos puntos fueron muy positivos. 
Igualmente bien recibidas fueron la confirmación del acuerdo de principio sobre la Directiva relativa a los servicios, y la noticia que recibimos anoche, o debería decir esta mañana temprano, sobre las perspectivas financieras. 
Estoy totalmente convencido de que si logramos resultados prácticos, si conseguimos solucionar los problemas regularmente, podemos llevar adelante esta Europa de los proyectos, recuperar la confianza de nuestros ciudadanos y crear un mejor ambiente para resolver algunos de los problemas institucionales que necesitan una solución. 
Por tanto, siento que podemos tener mejor ánimo de cara al Consejo Europeo de junio, el cual, obviamente, no podrá solucionar la cuestión constitucional, pero que con toda seguridad podrá marcar el camino adelante para definir el futuro de Europa. 
La Comisión trabaja de forma activa con el Consejo en ese sentido y confiamos en que seremos capaces de contribuir de forma útil. 
Con este espíritu de equipo, este espíritu de alianza, Europa puede y debe avanzar. 
– Señor Presidente, quisiera referirme a una cuestión de observancia del reglamento. 
Parece que el señor Farage no se encuentra en la Cámara. 
¿No será que el Partido de la Independencia del Reino Unido está sentado en la tribuna? 
Me han informado de que los Papás Noel vienen de Dinamarca. 
El debate queda cerrado. 
– Esperamos mucho, a veces demasiado, de los Consejos Europeos. 
El que acaba de celebrarse a finales de marzo estaba dedicado esencialmente a los aspectos económicos de la integración europea. 
Europa se enfrenta a un problema capital, cuya magnitud y urgencia acaba de demostrar la crisis ruso-ucrania de enero: la ausencia de una política energética común. 
Varios países se han mostrado especialmente activos en este tema crucial para la independencia de nuestros países, entre ellos Francia, que propuso un memorando que fue objeto de un amplio consenso. 
El Consejo Europeo ha lanzado una estrategia ambiciosa a favor de una energía segura, competitiva y sostenible para Europa. 
Es un paso adelante muy importante, que ahora debemos concretar. 
El Consejo Europeo de primavera decidió también la duplicación, para el período 2007/2013, del esfuerzo presupuestario europeo de investigación e innovación. 
Esto es capital para la competitividad de nuestras economías y, por tanto, para el lugar de Europa en el mundo ante los países en desarrollo. 
Paralelamente, el Consejo Europeo hizo oficial la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, muy reclamado por nuestros conciudadanos. 
Europa vive, sin duda, un período difícil, pero ello no debe ocultar la señal positiva que representa la creación de instrumentos de progreso económico y de solidaridad. 
– Hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo de aquí a 2010 conlleva, a mi entender, dos prioridades: invertir masivamente en Investigación y Desarrollo y suprimir las exigencias que pesan sobre las empresas, y en especial sobre las más pequeñas. 
El presupuesto europeo, a pesar del acuerdo mejorado obtenido por el Parlamento Europeo, no permitirá realizar estas ingentes inversiones. 
El llamamiento que ha hecho el Consejo Europeo al BEI para que intensifique sus esfuerzos en materia de I+D representa, en este contexto, una solución innovadora y pragmática, si en efecto es posible movilizar de este modo 30 000 millones de euros. 
Pero esta medida quizás no sea suficiente para paliar el déficit crónico de gastos europeos en I+D y todavía habrá que hacer un gran esfuerzo por alcanzar el objetivo de consagrar a I+D el 3 % del PIB. 
Es indispensable asociar al sector privado a este esfuerzo, pues sabemos perfectamente que los presupuestos públicos son insuficientes. 
Por tanto, hay que ir más allá en materia fiscal para incitar a las empresas a invertir más en I+D. 
Esta política voluntarista es lo que esperamos de la Estrategia de Lisboa revisada, que debe ofrecer un marco jurídico europeo estimulante, eficaz y, sobre todo, simplificado para las empresas europeas. 
Procedemos ahora al turno de votaciones. 
– Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de observancia del Reglamento basada en el apartado 4 del artículo 170 y el apartado 3 del artículo 150 del Reglamento. Se refiere al calendario y a la enmienda del Grupo del PPE-DE al calendario. 
Sobre la base de esos artículos del Reglamento, me gustaría aplazar la votación de dicha enmienda hasta el próximo período parcial de sesiones, porque quisiera reabrir el debate político sobre nuestros métodos de trabajo en este Parlamento. 
Como todos sabemos, el hecho de que tengamos que viajar entre nuestra oficina de trabajo y nuestra sede real nos dificulta un poco la vida. 
A mí misma, sobre todo esta semana, me ha resultado increíblemente difícil llegar aquí y por lo tanto me he perdido una votación. 
Así pues, algunos diputados a esta Cámara, entre ellos yo misma, hemos elaborado una propuesta para aplazar la votación. 
También quisiera pedir a la Conferencia de Presidentes que reabra el debate sobre las enmiendas al calendario. 
– Señor Presidente, esta semana hemos debatido el tema de «legislar mejor». 
Uno de los principales obstáculos para legislar mejor es nuestro calendario de reuniones. 
Tenemos sesiones plenarias aquí en Estrasburgo doce semanas al año. 
A menudo no hay temas suficientes para esas sesiones plenarias, por lo que rellenamos el orden del día. 
A resultas de ello, las reuniones de las comisiones siempre están bajo presión y ahora esas comisiones de codecisión no pueden legislar de forma eficaz. 
Necesitamos un debate sobre cómo organizamos nuestro trabajo. 
Este calendario se ha introducido sin que haya existido ese debate. 
Quisiéramos aplazar la votación de este calendario para el próximo periodo parcial de sesiones, para que quienes hemos presentado esa propuesta podamos debatir nuestros métodos de trabajo, es decir, cómo podemos mejorar la reglamentación del Parlamento Europeo y cómo podemos usar mejor los 300 millones de euros que nos cuesta estar aquí para legislar mejor. 
Es un gasto enorme de dinero de los contribuyentes que socava la labor de este Parlamento. 
– Señor Presidente, Señorías, si existe una alternativa a Estrasburgo, estoy totalmente a favor de que se debata; eso es lo que siempre he dicho, pero utilizar esto para debatirlo me parece absurdo e injusto. 
Una cosa está clara: mientras el Consejo, de forma unánime, insista en Estrasburgo, tendremos doce periodos parciales de sesiones en este lugar, y si el señor Titley entiende el inglés o el alemán o el francés, debería sencillamente echar un vistazo a los tratados, algo que a veces podría resultar un ejercicio saludable para el Gobierno del señor Blair. 
Por tanto, considero que debería haber otro debate sobre Estrasburgo, pero no de esta manera. 
Lo que deberíamos hacer esta semana es votar nuestro calendario. 
¿Cómo justifica usted, señor Titley, su afirmación de que nuestros órdenes del día aquí en Estrasburgo no están completos? 
Simplemente intente sustituir al señor Schulz en la Conferencia de Presidentes y entonces se daría cuenta de que lo que está diciendo es una mentira descarada y no se corresponde con los hechos. 
. – Señor Presidente, a la luz de una declaración que la Comisión hizo constar anoche en esta Cámara durante el debate plenario relativo a la reglamentación de determinados gases fluorados, cuyo texto no fue presentado durante la conciliación y que compromete el espíritu del acuerdo de conciliación y demuestra una gran falta de respeto y una gran indiferencia ante la clara voluntad del Parlamento y del Consejo, quiero pedir un aplazamiento de la votación de los dos informes sobre los gases fluorados, al menos hasta mañana. 
– Señor Presidente, a mi Grupo nos vendría muy bien, de forma que nos permita aclarar los asuntos para mañana, pero si no se consiguiera, sería necesario un nuevo aplazamiento. 
Deberíamos, sea como sea, ser capaces de hacer buen uso del tiempo. 
. – Señor Presidente, he pedido el aplazamiento de la votación sobre los dos informes relativos a los gases fluorados. 
Han recorrido juntos todo el camino hasta aquí y creo que sería más coherente mantenerlos juntos. 
. 
Señor Presidente, quisiera dirigir unas breves palabras al Parlamento, ya que estoy muy sorprendido por el comportamiento exhibido por el Presidente de nuestra comisión cuando anoche nos envió a todos un correo electrónico relativo a la votación de mi informe. 
El informe fue aprobado de forma unánime en comisión, nadie votó en contra, y en mi opinión, este tipo de ataque del Presidente contra su propia comisión resulta, cuando menos, curioso, si no fuera de lo común. 
En consecuencia, espero que el Parlamento entienda de lo que se trata y que no acepte las dos enmiendas presentadas por el Presidente. 
Sería un gran error por parte del Parlamento aprobar sus enmiendas 62 y 63, ya que echarían por tierra la noción de la preservación de la memoria contenida en este programa. 
Señor Presidente, considero que esta forma de actuar es un insulto para nuestra comisión. 
– Señor Presidente, me gustaría aclarar lo siguiente: soy diputado al Parlamento y tengo derecho a presentar enmiendas en el Pleno. 
Eso es lo que hice. La recomendación y el informe del señor Takkula son increíbles, pero ¿qué aporta nuestra propuesta con las dos enmiendas? 
Aporta muchísimo. 
No podemos hablar tan solo de nazismo y estalinismo cuando, durante cuarenta años, en Grecia, España y Portugal hubo campos de concentración en que vivieron miles de personas durante veinte años. 
Como presidente de la comisión seguí el procedimiento debido, pero como diputado al Parlamento tengo derecho a presentar enmiendas. 
Se cierra el turno de votaciones. 
Las explicaciones de voto tendrán lugar después de la sesión solemne. 
Señor Presidente de la República de Malta, es una gran satisfacción para mí recibirle hoy en el Parlamento Europeo y ofrecerle la oportunidad de dirigirse a los parlamentarios, que en estos últimos días han estado hablando mucho de su país. 
Hoy está usted aquí como Jefe de Estado, pero conocemos muy bien su largo compromiso a favor de la integración europea, como Primer Ministro de su país, durante muchos años —los años de la trayectoria de Malta hacia la Unión—. 
Hace casi tres años firmó usted el Tratado de Adhesión, que representaba la culminación de muchos años y muchos esfuerzos para que Malta fuese miembro de la Unión Europea. 
Es un signo muy importante del consenso que hay hoy en Malta en torno a la integración europea el que, el pasado mes de julio, ustedes, su país, su —la Cámara de Representantes de Malta—, ratificaran el Tratado Constitucional por unanimidad y que lo hiciesen después de que otros lo rechazaran. 
Con ello lanzaron ustedes una señal muy clara en un momento difícil para la Unión y pusieron punto final a las divisiones políticas que habían caracterizado en su país el debate europeo. 
Hoy, su presencia en este hemiciclo nos recuerda algo muy importante: la ampliación europea ha estado mirando hacia el Este mucho tiempo, hoy, Malta, en el Sur, nos trae el recuerdo de nuestra vocación mediterránea y de la necesidad de reforzar nuestro diálogo con los países de la cuenca mediterránea. 
En efecto, su país está en la encrucijada del Mediterráneo y ha estado siempre en el centro de las políticas relativas a las fronteras meridionales de Europa. 
Hoy las relaciones con los países del Sur son el principal desafío geopolítico que se plantea a Europa y especialmente a su país, que está en la primera línea de este encuentro; en la primera línea de la llegada de muchos seres humanos que quieren ir a Europa, arriesgando su vida muchas veces, porque somos para ellos un nuevo Eldorado, que los atrae con la fuerza magnética que tiene el bienestar para los que sufren la más absoluta de las pobrezas. 
Por eso sabemos que Malta se enfrenta hoy a un número muy importante de solicitantes de asilo y de inmigrantes que llegan a sus costas. 
Hemos escuchado el informe que ha redactado una delegación del Parlamento Europeo que ha tenido ocasión de visitar los campos. 
Son el reflejo del desafío más importante al que tiene que responder Europa para defender y proteger los derechos de los seres humanos y construir las mejores relaciones con sus vecinos del Sur. 
En estas circunstancias especiales, señor Presidente, su visita es muy bienvenida y, por ello, tendrá mucho interés para el Parlamento lo que usted nos pueda decir. 
Gracias por estar con nosotros. 
Tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, Señorías, es un placer y un honor para mí poder dirigirme a su institución. 
Como representante de uno de los países que se incorporó a la Unión Europea en 2004, traigo conmigo experiencia reciente sobre el significado de la ampliación, tanto en lo que respecta al proceso por el que pasa un país para preparar su adhesión a la Unión Europea, como en el impacto de la adhesión en un nuevo Estado miembro. 
Mi país considera la adhesión a la Unión Europea como la vuelta natural a nuestra casa en Europa, donde pertenecemos. 
Es un orgullo para nosotros formar parte de la familia de naciones que conforman la Unión Europea, con todo su legado espiritual, cultural y humanístico. 
Nuestro camino hasta la adhesión no fue fácil. 
Tuvimos un debate largo y difícil que concluyó cuando, hace tres años, el pueblo maltés tomó una decisión clara y soberana a favor de la adhesión mediante un referendo y, a continuación, unas elecciones generales. 
Este animado debate nos dio la oportunidad de hablar abierta y libremente de los méritos y peligros de la adhesión, mientras que examinábamos detenidamente el posible impacto de la adhesión, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales. 
En este sentido, fue un ejercicio a través del cual acercamos Europa a las personas, y es un ejercicio que debería continuar. 
Los preparativos de la adhesión fueron una carga para los países que se incorporaron en la última ampliación. 
Es verdad que nunca antes se había llevado a cabo una ampliación de esa magnitud, y nunca antes se había exigido a los países candidatos ejecutar reformas tan grandes como parte de los preparativos para su adhesión. 
Me gustaría felicitar a todos los nuevos Estados miembros de la Unión Europea por haber superado un proceso tan dificultoso. 
De la misma manera, también quiero felicitar a la propia Unión Europea por su actuación, actuando como un catalizador para animar a esos países a adoptar las reformas. 
A menudo hablamos del pesimismo que se apoderó de Europa tras los dos referendos celebrados el año pasado en los que se rechazó el Tratado constitucional europeo. 
Sin embargo, no reconocemos suficientemente el enorme éxito de la Unión Europea a la hora de absorber nuevos países de forma tan natural. 
El 2005 no solo no fue un para Europa, como algunos dicen que fue, sino que fue más bien un gran éxito para Europa, ya que se demostró que es capaz de hacer frente al reto de la mayor ampliación de su historia. 
A menudo olvidamos ahora que la ampliación tuvo lugar hace menos de dos años. 
Eso no significa que la vida sea fácil tras la ampliación. 
Al contrario, es igual de difícil para la economía como lo es para la sociedad adaptarse a la realidad de la adhesión. 
Esta adaptación exige líderes que tomen decisiones difíciles, que a menudo son impopulares. 
De hecho, un país ha de tomar decisiones, tanto si se incorpora a la Unión Europea como si no. 
La adhesión a la Unión Europea simplemente hace que esas decisiones sean más reales y exigentes, así como inevitables. 
Lo que con toda seguridad está mal es echarle la culpa a Europa por las reformas que son impopulares, pero que, en realidad, son el resultado de decisiones que todo Gobierno responsable debe adoptar. 
Es un error que los Gobiernos le echen la culpa a Europa por esas decisiones difíciles, y que luego se cuelguen la medalla por las ventajas. 
Señor Presidente, desearía también compartir con sus Señorías mis ideas sobre otros asuntos varios. 
Comenzaré con algunas reflexiones en torno al Tratado constitucional europeo. 
Tenemos que aceptar que hubo deficiencias en la forma en que se presentó el proyecto constitucional, aun cuando las dificultades referidas eran en realidad una cuestión más de forma que de sustancia. 
Para los nuevos Estados miembros, por ejemplo, el proyecto constitucional parecía prematuro y precipitado indebidamente. 
El asunto del calendario era una preocupación legítima. 
De hecho, los países que estaban preparándose dolorosamente para la adhesión veían la perspectiva de un cambio de las normas del Tratado de la misma forma que uno vería un cambio en las reglas de una carrera justo cuando se divisa la línea de meta. 
Soy consciente de que se suponía que el Tratado Constitucional aceleraría el proceso de toma de decisiones en la Unión de los 27, pero evidentemente los ciudadanos de algunos de los Estados miembros lo veían de forma diferente. 
La Unión en la que habían crecido había cambiado con la ampliación de 1995 y mucho más con la de 2004, y a la luz de la globalización, el proyecto constitucional parecía implicar cambios de nunca acabar. 
Por tanto, en retrospectiva, vemos que podíamos haber sido más prudentes y haber dado más tiempo a este importante proyecto y haber esperado no solo hasta que los diez nuevos Estados miembros se hubieran asentado, sino también hasta que los 25 Estados miembros hubieran tenido tiempo de adaptarse a la nueva realidad de la Unión Europea. 
Sin embargo, la cuestión que queda es cómo salir del atolladero actual. 
Ni que decir tiene que ha de respetarse el deseo expresado por las personas de estos dos países que no aceptaron el Tratado constitucional, pero lo mismo podría decirse de las decisiones de los catorce países que lo ratificaron. 
En mi país, por ejemplo, el Tratado constitucional fue aprobado por nuestro Parlamento nacional de forma unánime, y así, nuestro compromiso con la adhesión estaba cantado y supuso un claro final a nuestras divisiones. 
Ahora es el momento de entablar un debate y compartir nuestras opiniones sobre los posibles escenarios que se presentan ante nosotros. 
Un escenario sería adherirse al compromiso adquirido por los Jefes de Estado o de Gobierno signatarios para tratar de encontrar una solución dentro del Consejo Europeo si cuatro quintas partes de los Estados miembros ratifican el Tratado constitucional y uno o más Estados miembros tienen dificultades en conseguirlo. 
Esto haría necesario continuar con el proceso de ratificación. 
De esa forma, sería posible que el proceso acordado continuara con vistas a decidir más tarde cómo proseguir. 
Otro escenario podría incluir utilizar las dos primeras secciones del Tratado constitucional para elaborar el borrador de una «Carta Europea». 
Este podría ser para los europeos un documento claro y conciso con el que pudieran identificarse más fácilmente. 
La otra sección del Tratado constitucional puede considerarse como ya ratificada en gran medida por medio de los Tratados existentes. 
Otro escenario podría incluir el fortalecimiento del protocolo respecto al papel de los Parlamentos nacionales. 
Más concretamente, podría ampliarse la función consultiva de estos últimos con respecto al proyecto europeo. 
Naturalmente, podrían considerarse otras opciones, y este periodo de reflexión existe para permitir que hagamos justamente eso. 
No lo desaprovechemos. 
Señor Presidente, paso a hablar ahora del asunto del liderazgo político en Europa. 
Esto no es consecuencia de una falta de iniciativa, y desde luego no de una falta de iniciativas europeas. 
Si acaso, puede que sea resultado de una falta de coherencia entre unas iniciativas y otras: ¿cómo esperamos tener liderazgo político si algunas de las iniciativas no son coherentes unas con otras? 
¿Qué tipo de coherencia tenemos cuando, por una parte, insistimos en la solidaridad y, por otra, no ponemos a disposición los recursos financieros necesarios? 
¿Qué coherencia tenemos si, por un lado, eliminamos fronteras y, por el otro, creamos obstáculos? 
¿Qué coherencia tenemos si instamos a hacer un esfuerzo colectivo pero luego permitimos que los países se enfrenten a las dificultades por sí solos? 
No creo que la culpa de la falta de liderazgo político pueda echarse a las instituciones individuales de la Comunidad, cuyas iniciativas y perseverancia hablan por sí mismas. 
Es más, cualquier falta de confianza en estas instituciones debería resolverse. 
Ser capaces de inspirar confianza no es como tener un talento especial. 
No es algo con lo que nacemos, sino algo que podemos adquirir. 
De este modo, hemos de preguntarnos a nosotros mismos qué podemos hacer para recuperar la confianza de la gente en la Unión Europea y sus instituciones. 
Esto lo podemos hacer desarrollando una vez más vínculos con las personas, y en este sentido me gustaría elogiar el trabajo de la Comisión, que, mediante el Plan D, ha asumido la difícil tarea de salvar la brecha entre la UE y sus ciudadanos. 
Como institución elegida directamente en el ámbito europeo, el Parlamento Europeo se encuentra en una posición ideal para apoyar el trabajo de la Comisión. 
No son más palabras lo que se necesita para formar lazos estrechos con nuestros ciudadanos. 
Es cuestión de escuchar más y, si Europa se comunica de forma más eficaz, estará en mejor posición para reflejar las aspiraciones de los europeos y producir resultados en todos aspectos que les preocupan. 
Para fortalecer la confianza, debemos no solo comunicar mejor, sino también hemos de ser más eficientes en aquellos sectores con los que la Unión Europea ya está comprometida. 
También podemos restablecer la confianza mostrando que la Unión Europea está dispuesta y es capaz de entablar nuevas iniciativas comunes en sectores donde nos enfrentamos a nuevos retos que los países no pueden afrontar por sí solos. 
Constantemente hemos de garantizar que la Unión Europea es cada vez más valiosa para sus Estados miembros y ciudadanos. 
De forma más importante, sin embargo, podemos aumentar la confianza en la Unión Europea mostrando que, al adoptar políticas, tomar decisiones y actuar de forma interna y externa, la Unión Europea permita la manifestación de la razón. 
Con esto, me refiero a que revele de forma coherente un sentido de equilibrio y justicia en su desarrollo político, en su proceso de toma de decisiones y también en sus relaciones con otros países de todo el mundo. 
En este sentido, hay pruebas suficientes que me hacen ser optimista con respecto a que la Unión puede verdaderamente recuperar la confianza de la gente, ya que evidentemente está preparada para ponerse del lado de la razón. 
Permítanme citar algunos ejemplos: 
Dado que vengo de Malta, soy también observador de la forma en que la Unión Europea trata de encontrar un equilibrio entre los intereses de los países grandes y los de los pequeños. 
Siempre he estado convencido de que, para la Unión Europea, lo que cuenta no es el tamaño del país de donde uno provenga, sino la solidez de tus ideas y la claridad de tu visión. 
Naturalmente, el tamaño también importa. 
La Unión Europea es, sin embargo, única en la forma en que desarrolla un modelo de liderazgo que pone en equilibrio los intereses de los países grandes y los pequeños, y a menudo combina estos intereses en un interés común. 
Debería tomarse buena nota de este valor especial atribuido a la Unión. 
Es una virtud que hace que Europa sea lo que es: rica en su diversidad y totalmente respetuosa de las evidentes diferencias de sus miembros. 
También puede explicar por qué los países pequeños se sienten muy estrechamente ligados al proyecto europeo y, en particular, al método comunitario. 
La Unión Europea aumenta la influencia de los países pequeños. 
Fortalece su identidad y, especialmente, su identidad lingüística, y les abre a los amplios horizontes del resto de Europa y del mundo. 
El Parlamento Europeo debería también seguir desarrollando este equilibrio y tomando nota de los intereses particulares de los Estados pequeños. 
La Unión Europea no puede y no debe ser una junta directiva de países grandes. 
La Directiva relativa a los servicios es otro ejemplo de cómo las instituciones europeas destacan como la voz de la razón. 
Elogio el trabajo realizado por este Parlamento al establecer un compromiso para una iniciativa tan importante. 
La amplia aprobación por parte del Consejo Europeo es también testimonio válido del trabajo de sus Señorías. 
Ahora que se ha alcanzado un compromiso funcional, es momento de que el proceso legislativo concluya de forma rápida para que los europeos puedan cosechar los verdaderos frutos del mercado interior de servicios. 
Asimismo, la iniciativa a favor de una política común de energía para afrontar el enorme reto de obtener un abastecimiento de energía fiable es otra acción deseable por la cual deberíamos aplaudir y apoyar a la Comisión. 
Son iniciativas así las que demuestran que Europa de verdad merece la confianza de la gente. 
Sin embargo, hay otros retos a los que Europa respondió demasiado despacio y con respecto a los que siempre hay una necesidad cada vez mayor de acción a escala europea. 
En estos sectores, tenemos que trabajar más para permitir la manifestación de la razón, para conseguir un equilibrio justo y, de este modo, hacer que crezca la confianza de la gente en Europa. 
Considero que el trabajo de la Comisión Europea en cuanto al desarrollo de una política marítima es de especial importancia, porque persigue establecer una ventaja intrínseca para Europa como elemento principal de su agenda. 
No es solo porque provengo de una antigua nación marítima por lo que afirmo sin ninguna duda que la herencia marítima de Europa no está siendo utilizada lo suficiente en el ámbito europeo. 
Debemos adoptar una actitud holística. 
Los intereses a corto plazo en determinados sectores no deberían desviarnos de la visión progresista que tenemos sobre los asuntos marítimos en general. 
Deberíamos luchar para liderar el mundo del mar más que tratar de crear un espacio privilegiado dentro del mismo. 
Deberíamos recuperar la confianza de la gente no solo dentro de la Unión, sino también fuera de ella, demostrando también que somos capaces de aumentar la confianza en nosotros actuando de forma justa. 
Nuestra política euromediterránea es un ejemplo claro de esto. 
La complejidad de esta región, que compartimos con nuestros vecinos, y su vinculación intrínseca con el proceso de paz de Oriente Próximo exige que seamos, más que nunca, la voz de la razón. 
Los recientes incidentes tras la publicación de determinadas viñetas han resultado ser, tristemente, un paso atrás en este sentido. 
Sin embargo, estos acontecimientos nos dan la oportunidad de restablecer la confianza incluso desde este nivel. 
Otro reto surge de las consecuencias obvias pero inevitables de la globalización. 
La respuesta a este reto no puede encontrarse en el proteccionismo ni en dejar de lado lo que se ha conseguido hasta ahora. 
Debe haber un equilibrio justo entre las consecuencias inevitables del libre comercio, por un lado, y la reafirmación en los principales valores de Europa, y no digamos ya nuestro modelo social, por el otro. 
Es cierto que no es fácil encontrar este equilibrio. Sin embargo, no podemos olvidar que es el sentido del equilibrio y la razón lo que distingue a Europa de los otros actores del ámbito internacional. 
Otro reto, y uno que es más visible por lo que respecta a los humanos, es el reto de la inmigración ilegal. 
Hace unos días, una delegación de su institución visitó mi país como parte de los esfuerzos actuales del Parlamento para visitar países de dentro y fuera de Europa con el fin de examinar el alcance del reto de la inmigración ilegal. 
Se trata de un problema que, por el momento, supone una pesada carga a la capacidad de varios Estados miembros, y entre ellos mi propio país, de hacer frente a la afluencia aparentemente incesante de personas procedentes principalmente de los países del África subsahariana. 
Como su delegación pudo comprobar al hablar con los inmigrantes y solicitantes de asilo, el problema es real y urgente. 
Por un lado, el Mediterráneo se enfrenta a un desastre humanitario en el que cientos de personas mueren tratando de llegar a Europa, mientras que miles más viven en la inseguridad y en condiciones difíciles una vez que han alcanzado su objetivo. 
Al mismo tiempo, los países que reciben una fuerte afluencia de inmigrantes ven cómo sus capacidades y recursos van más allá de sus límites. 
Evidentemente, no se trata de un problema que afecte solo a Malta o a ningún otro país por sí solo. 
Es un reto común que exige un esfuerzo colectivo. 
Sin embargo, debo destacar que el problema de Malta es más acusado, ya que Malta es el Estado miembro con una mayor densidad de población. 
Europa necesita urgentemente una política de inmigración que proporcione una solución más práctica a este problema en toda su complejidad, una solución que ofrezca la típica solidaridad europea con las personas implicadas en este drama y con los países de origen, pero también con los países desde los que se produce la entrada de inmigrantes a Europa y que no tienen los medios para hacer frente a este problema por sí mismos. 
Doy las gracias, por tanto, al Parlamento Europeo y a los miembros de la delegación que visitaron Malta, por haber introducido este punto en el orden del día del Parlamento, y por haber conseguido que se atienda la petición de acción urgente de nuestro país. 
Si queremos que aumente la confianza de la gente en nosotros, debemos demostrar que estamos respondiendo de forma eficaz a los intereses de las personas y, para ello, debemos reconocer el talante de las personas. 
Los líderes políticos no deberían seguir, sino guiar, a las personas. 
Sin embargo, no deberían avanzar con demasiadas prisas. De lo contrario, dejarán atrás a muchas personas y quedarán totalmente aislados de las realidades del mundo. 
También aquí ha de encontrarse un equilibrio. 
Hay diversos valores que distinguen a Europa de otros continentes y a la Unión Europea de otros proyectos del mundo que tienen como objetivo la integración regional. 
Europa ya se distingue por su compromiso total con los valores de la paz, tolerancia, derechos humanos y solidaridad. 
La Unión Europea adquiere cada vez una mayor relevancia como la voz de la razón entre sus vecinos y en el mundo. 
Para que Europa sea la voz de la razón, debemos superar los límites del egoísmo nacional y trabajar juntos en aras de nuestro bien común. 
Debemos seguir defendiendo este valor en la actuación que adoptemos tanto entre nosotros como con otros países. 
Esta es la Europa que la gente espera de nosotros y la Europa en la que están dispuestos a confiar. 
Gracias. 
Muchas gracias, señor Presidente, por sus palabras. 
Estoy seguro de que su presencia aquí habrá servido a todos los parlamentarios para conocer mejor las dificultades que tiene su país. 
Gracias por sus palabras de elogio al trabajo del Parlamento Europeo. 
Espero también que el grito de alarma que han lanzado nuestros diputados al visitar su país haya sido escuchado por todos los responsables, y que, tanto su Gobierno, como las instituciones de la Unión, se apliquen eficientemente para conseguir que la política de acogida en Europa alcance mejores cotas de respeto a los ciudadanos de otros países que tratan de llegar a los nuestros. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos desde hace mucho tiempo los intentos de conseguir que el Parlamento Europeo tenga una única sede oficial, que debería estar en Bruselas. 
El coste de la sede de Estrasburgo para el contribuyente se cifra en unos 150 millones de libras esterlinas al año. 
Es un flagrante despilfarro de dinero público. 
Los contribuyentes británicos merecen que su dinero se gaste como es debido. 
Queremos llevar a cabo nuestro trabajo en nombre de nuestros electores allí donde sea más eficaz y rentable, es decir, en Bruselas. 
El coste de tener que mantener actividades parlamentarias tanto en Estrasburgo como en Bruselas es ya insostenible, y seguiremos con la campaña para que en el futuro el Parlamento tenga una única sede en Bruselas. 
– Señor Presidente, voté a favor del informe Roure porque constituye una iniciativa muy positiva a favor de una mayor seguridad. 
Por primera vez, se establece una base institucional y se regula específicamente la cooperación de los funcionarios de enlace designados por los Estados miembros para operar en terceros países También por primera vez, se garantizan la cooperación de los funcionarios de enlace con los funcionarios de enlace de Europol y su coordinación mediante funcionarios de enlace de Europol en terceros países. 
Además, a los Estados miembros que se enfrentan a posibles amenazas de estados en los que no cuentan con funcionarios de enlace, se les puede proporcionar información temprana por medio de funcionarios de enlace de otros Estados miembros. 
La institucionalización de la cooperación de los funcionarios de enlace incrementa la seguridad en la Unión Europea y en sus países vecinos más próximos. 
Se trata de asunto de interés público y de interés de la seguridad dentro de la Unión Europea. 
. 
Esta propuesta es posterior a la evaluación de la Decisión 170/2003, por la que se intensifica la cooperación entre Estados miembros con respecto a la designación de funcionarios de enlace en terceros países y organizaciones internacionales. 
Respaldo la idea de presentar las enmiendas necesarias para garantizar que la práctica actual de empleo de funcionarios de enlace de Europol queda cubierta y es jurídicamente vinculante. 
De esta forma, los funcionarios de enlace de los Estados miembros deberían establecer y mantener contactos directos con las autoridades nacionales en el Estado u organización internacional de acogida, con vistas a facilitar y acelerar la recogida e intercambio de información, que a su vez debería transmitirse a Europol. 
El objetivo es ayudar a establecer un espíritu de cooperación europea entre las autoridades policiales, en otras palabras, un enfoque comunitario para las tareas asignadas a los agentes de enlace y el intercambio directo de información entre esos funcionarios y el mando central de Europol. Esto contribuirá a aumentar la coherencia y la eficacia de las tareas asignadas a estos funcionarios, y evitar problemas de falta de coordinación, cooperación e incluso solapamiento. 
Por tanto, apoyo las enmiendas presentadas por el ponente y espero que se pueda llegar a un acuerdo en primera lectura. 
Señor Presidente, el desarrollo del programa del informe Takkula refleja perfectamente la actitud oficial arrogante y condescendiente de Europa tras los referendos de Francia y los Países Bajos. 
Los tontos de los franceses y neerlandeses no han captado el mensaje y han de ser reeducados. 
El perfecto representante de esta elite arrogante es el Comisario Michel, quien afirmó literalmente que el público no siempre tiene la razón y que, en casos como este, los políticos deberían marcar el camino. 
El programa actual «Ciudadanos con Europa» encaja muy bien en esta dudosa estrategia de comunicación e información. 
Invirtiendo cientos de millones de euros en todo tipo de organizaciones y proyectos sin sentido y políticamente correctos, la Comisión desea acercar a los ciudadanos a la Unión, o eso dice. 
Irónicamente, el documento también hace referencia al Plan D, que indica democracia, diálogo y debate, pero el mismo mes en que se presentó el plan, se iniciaron las negociaciones de adhesión con Turquía, aunque es bien sabido que la mayoría de los europeos se oponen a ello. 
Este es exactamente el tipo de hipocresía a la que ofrecen resistencia un número cada vez mayor de europeos. 
. – He votado a favor del informe de mi colega, el señor Takkula, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo Europeo por la que se establece el programa encaminado a promover la ciudadanía europea para el período 2007-2013. 
En efecto, es esencial hacer valer esa característica original de la integración europea que consiste en ofrecer a los europeos una doble ciudadanía: nacional y europea. 
La capacidad de los Estados miembros para declarar ambiciones comunes afirmando al mismo tiempo nuestros valores depende muy directamente de la asociación de los ciudadanos a la integración europea. 
Por tanto, todos debemos trabajar en ello, y muy en especial los diputados al Parlamento Europeo en relación con nuestros colegas de los Parlamentos nacionales, que representan la ciudadanía nacional de los habitantes de los Estados miembros. 
La ciudadanía europea es la argamasa que debemos promover en todas partes con el orgullo de pertenecer a una iniciativa especial y única en el mundo: la integración de la Unión Europea, que no es una nación, sino la creación, en un contexto pacífico y con medios democráticos, de una civilización humanista. 
. El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) ha votado contra las enmiendas 62 y 63 sobre el programa «Ciudadanos con Europa» porque creemos que los proyectos propuestos, que merecen toda nuestra simpatía, deberían organizarse y financiarse a escala nacional. 
Los Conservadores suecos han decidido abstenerse hoy en la votación sobre el informe Ciudadanos con Europa. 
El informe subraya soluciones constructivas tales como la importancia de difundir información sobre las víctimas del nazismo y el comunismo. 
También es bueno que las instituciones de la UE ofrezcan información sobre sus actividades y sobre los derechos y obligaciones que emanan de la ciudadanía europea. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con el número cada vez mayor de asignaciones financieras de la UE destinadas a formar la opinión con el fin de desarrollar una identidad europea. 
La identidad europea se desarrolla por medio de reuniones entre personas y una cooperación más amplia, no mediante esfuerzos de las instituciones públicas de formar la opinión. 
Me he abstenido en la votación final de este informe porque las enmiendas 62 y 63, en las que puse mi nombre, no han sido aprobadas. 
En mi opinión, este intento de volver a escribir la historia es tremendo. 
No debemos olvidar a las víctimas del fascismo y otros regímenes dictatoriales que han llegado al poder en Europa en el pasado reciente. 
Votar en contra de las enmiendas 62 y 63 es un error histórico y político. 
Dado que el principal objetivo de este nuevo programa es promover los valores, las conquistas y la diversidad cultural de Europa, unir a los ciudadanos de la Unión Europea, reforzando los vínculos que unen a los ciudadanos y las instituciones de Europa, y promover la cohesión entre europeos, no se puede dejar fuera a las víctimas del fascismo, ni pasar por alto la importancia de la conquista histórica de la libertad y la democracia, sin las que países como Portugal no hubieran sido capaces de formar parte del proyecto europeo. 
. 
La promoción de la ciudadanía supone mucho más que simplemente fortalecer la democracia y la integración política y social en Europa, algo que el informe dice defender. 
La promoción de la ciudadanía supone animar a los ciudadanos a que se impliquen en la definición de las políticas que les afectan de forma directa e indirecta. Esto puede lograse, entre otras cosas, mediante lo siguiente: igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; la promoción de una enseñanza de buena calidad, incluyente y pública; el derecho al trabajo y a trabajar con derechos; el derecho a una sanidad gratuita y de buena calidad; el derecho a la cultura; el acceso a la justicia; el acceso a una vivienda digna; y la paz. 
Este es, de hecho, un listado de libertades, garantías y derechos económicos, sociales y culturales recogidos en la Constitución de la República Portuguesa. 
Consideramos que la identidad individual y colectiva de las personas se forma a partir de su memoria colectiva, y que esta debe traerse a primer plano, para que todos seamos conscientes de donde venimos y definamos a dónde queremos ir. 
Lamentamos, sin embargo, que el informe aprobado vaya a servir para contaminar la historia europea y que la mayoría del Parlamento haya optado por contaminar la memoria colectiva en la que se basará la identidad de las generaciones actuales y futuras. Por ejemplo, rechazaron las propuestas de apoyo de iniciativas en honor a las víctimas del fascismo... 
No nos parecen nada bien algunas de las enmiendas de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. 
El informe se basa principalmente en la actitud de aparente incomprensión a la que hacer frente tras la baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, así como el hecho de que el proyecto de Constitución fuera rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. 
El programa «Ciudadanos con Europa» no ayudará a cambiar la situación política. 
Nos oponemos a aumentar el presupuesto de este programa por encima de los 235 000 000 euros dispuestos para el periodo 2007–2013, como se recomienda en la Enmienda 36. 
La cantidad mencionada ya es demasiado generosa. 
El trabajo con respecto a los clubes deportivos locales de aficionados huele a desprecio a la gente. 
Igualmente observamos que, importante como es para los europeos preservar los recuerdos de las dictaduras y tragedias de su historia, esto debería hacerse en el ámbito de cada país. 
No es algo en lo que tengan que implicarse los eurócratas de Bruselas. 
Por tanto, hemos votado en contra de este informe. 
Mi disposición respecto al informe es buena, en la medida en que se trata de que los ciudadanos de la UE han de ser más conscientes, y estar informados, sobre la UE y las oportunidades que tienen para ejercer su influencia. 
También apoyo la opinión del ponente de que el programa debería ser accesible para todos y no solo estar dirigido a los ciudadanos bien formados y privilegiados. 
Sin embargo, soy crítica con respecto al texto que hace referencia a la nueva Constitución y con respecto a la aspiración a una ciudadanía europea común. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo estamos de acuerdo en que existe un amplio distanciamiento respecto a las instituciones europeas por parte de los ciudadanos de la UE. 
Esto quedó demostrado con el voto negativo en los referendos de Francia y los Países Bajos sobre la Constitución Europea. 
También quedó demostrado con la gran abstención en las elecciones europeas de 2004. 
Creemos que las instituciones europeas deben ser más transparentes y responsables ante sus electores. 
Deben ser también más eficientes en relación con el coste. 
El Parlamento y las demás instituciones deben operar de tal forma que permita recuperar la confianza y el respeto. 
Este informe plantea esos problemas de forma básicamente equivocada. 
Además deteriorará la confianza en la UE con su petición de un presupuesto de casi 300 millones de euros de dinero de los contribuyentes para gastar en proyectos arbitrarios que pretenden imponer una identidad europea artificial. 
Queremos dejar claro que los conservadores británicos están muy a favor de actos solemnes de recuerdo y conmemoración de los males del nazismo y el estalinismo que sufrieron millones de personas de la Europa Central y Oriental y de la antigua Unión Soviética. 
Pero creemos que la celebración de esos actos corresponde a cada Estado miembro y a sus ciudadanos. 
. 
Los ciudadanos de Europa se sienten muy desilusionados y despegados de las instituciones y del proceso de integración europea. 
El rechazo al Tratado constitucional en Francia y los Países Bajos ha puesto aun más de relieve esta situación. 
En este contexto, la Comisión ha presentado su programa «Ciudadanos con Europa» , destinado a promover los valores europeos y una ciudadanía europea activa. 
El programa establece la ejecución de medidas que acercarán a los ciudadanos europeos con el fin de compartir e intercambiar experiencias, opiniones y valores, para fomentar el debate y la reflexión sobre la ciudadanía europea, a través de la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, para celebrar actos de gran visibilidad, llevar acabo estudios y encuestas, y reforzar otra información e instrumentos de difusión. 
En términos generales, apoyo las enmiendas presentadas a este informe, especialmente respecto del título del programa. 
El título «Europa con los ciudadanos» refuerza la idea de que Europa debería actuar como medio para cumplir las aspiraciones de los ciudadanos, y no al revés. 
– Mediante el programa «Ciudadanos con Europa» , la Comisión y el Parlamento Europeos están lanzando una campaña de lavado de cerebro contra los pueblos de Europa con el fin de combatir el creciente desencanto y condena de sus políticas, y el cuestionamiento de la propia UE. 
Su arsenal ideológico descansa sobre dos pilares: en la consagración de la barbarie capitalista, como único camino adelante para los pueblos, y en el anticomunismo, metiendo de nuevo por la puerta de atrás el «memorándum» que equipara al fascismo con el comunismo. 
Con asignaciones de 235 millones de euros para costear y pagar a todo tipo de panegiristas y propagandistas de la Europa «de la calle de un solo sentido» , están movilizando los mecanismos creados hace años y a las llamadas ONG para cultivar un clima positivo y corregir el desencanto de la gente con respecto al carácter y la política de la UE. 
A los reconciliados líderes de los sindicatos se les ha encomendado una misión parecida, para que puedan esconder bajo el título ‘Ciudadanos de Europa’ las enormes e irreconciliables diferencias de clase entre los capitalistas y la clase trabajadora. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
Por lo que respecta a la enmienda que hace referencia a la condena del nazismo y las dictaduras de Europa, nos abstuvimos en la votación, porque no menciona a las dictaduras de España, Portugal y Grecia por su nombre, y está formulada de tal manera que los regímenes socialistas podrían interpretarse como dictaduras. 
. 
Como sabemos, la UE está pasando por un momento difícil. 
Están apareciendo nuevos retos en diversos frentes; el flojo crecimiento económico ha causado un gran impacto social y nos ha traído retos globales a los que todavía tenemos que encontrar soluciones. 
Sin embargo, el mayor reto al que nos enfrentamos es la opinión de los ciudadanos sobre el proyecto europeo. 
El creciente escepticismo y la evidente falta de satisfacción con el proyecto de integración europea están aumentando la brecha entre los ciudadanos y los responsables políticos de la toma de decisiones. Por tanto, necesitamos replantearnos la forma en que se comunican las instituciones democráticas europeas. 
Considero que este programa es una herramienta importante para difundir el conocimiento de los valores europeos entre todos los ciudadanos. Contiene diversos proyectos de los ciudadanos, apoyo a la provisión de información a la sociedad civil europea, y la celebración de actos muy visibles y otros eventos que contribuirán a promover el conocimiento de la memoria europea. 
El proyecto europeo se caracteriza por el respeto a la diversidad y la riqueza cultural. Esto se consigue gracias a medidas que refuerzan la cohesión entre los europeos, que resulta vital si queremos completar el mercado interior y lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles de nuestras sociedades. 
Por tanto, he votado favor de este informe. 
. – Apoyo desde luego este informe, que pretende acercar las instituciones europeas al ciudadano, que es un objetivo, si no una necesidad, en la Europa de hoy, en la que no deja de ganar terreno el escepticismo. 
Este informe propone nuevas ideas en materia de comunicación, de proyectos ciudadanos de carácter transnacional y, sobre todo, de un deber de «memoria activa europea» , una iniciativa unificadora destinada a conmemorar a las víctimas de las deportaciones y del exterminio masivo cometidos por los regímenes nazi y comunista. 
He votado en contra de todos los intentos de diluir el texto, pues se ha querido hacer referencia a otras formas de totalitarismo en Europa. 
Las atrocidades cometidas por estos dos regímenes, y padecidas por todos los pueblos europeos, están en el origen de la construcción europea y es esencial no banalizarlas. 
Aparte de esta iniciativa, nuestra función es informar, conocer, dialogar, convencer, hacer de forma que cada ciudadano sepa cómo encuadra Europa su vida cotidiana, reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa, luchar contra cualquier forma de repliegue nacionalista, dar vida al valor añadido de Europa y recordar que se trata de la idea más brillante del siglo XX. 
Recordemos que en una época en que algunos de nosotros empiezan a tener dudas, el resto del mundo sueña con Europa. 
. – El programa «Ciudadanos con Europa» no es más que una herramienta de propaganda al servicio de la Unión Europea. 
El informe constata que Francia y los Países Bajos han rechazado el Tratado Constitucional y que los europeos son escépticos ante la ampliación, se entiende que con respecto a Turquía. 
Pero lejos de sacar conclusiones de esta dura desaprobación, este informe pretende «reeducar» a los ciudadanos. 
Una iniciativa como el hermanamiento entre ciudades, que ha demostrado su valía desde hace ya mucho tiempo, se secuestra sin vergüenza, mientras se gastarán millones en círculos de comunicación y acciones de comunicación. 
Una enmienda, la enmienda 14, alienta incluso acciones a escala de la Comunidad. 
Al hablar de acciones en el ámbito deportivo, el informe indica, y cito, «de este modo se podría llegar a los ciudadanos pasivos o incluso euroescépticos». En realidad ustedes quieren acosar a los europeos que, a diferencia de ustedes, no se engañan. 
El término inventado de «valores europeos “activos” » que promueve este informe no significa nada. Un valor no es activo ni pasivo, no es un aparato que podemos conectar o desconectar, a menos que hagamos lo que hacen ustedes y nos comportamos como ideólogos. 
Antes que nada, quisiera agradecerles a aquellos de sus Señorías, alrededor del 30 % del Parlamento, quienes, por respeto a mi país, han escuchado el discurso pronunciado por el Presidente de Malta. 
Sin embargo, lo que me ocupa hoy es explicar el sentido del voto con respecto al informe sobre la capital cultural de Europa. 
Ayer hubo un malentendido. 
Estaba previsto que yo iba a hablar, pero, por algún motivo, no se me dio la oportunidad de hacerlo. 
De hecho, lo que quería decir era que me abstenía, al igual que hicieron mis colegas malteses de la Delegación del Partido Socialista, porque, de los nuevos Estados miembros, nuestro país aparecía al final de la lista de países que pueden ser nominados y, de entre todos los Estados miembros más los dos nuevos países dispuestos a entrar en la Unión, estaba casi al final de esa lista. 
Creo que es injusto que se haya asignado a Malta una posición en la que deban de pasar doce años antes de que pueda ser nominada. 
Gracias. 
. 
Hemos votado a favor de las enmiendas del ponente, que mejoran la propuesta original de la Comisión y que preservan los intereses de Portugal. Un elemento a destacar es la refundición del artículo 13 que otorga una Capital Europea de la Cultura a Portugal en 2012. 
También simplifica los procedimientos administrativos para la selección y supervisión de las «Capitales Europeas de la Cultura» , y garantiza que la evaluación se realiza de acuerdo con los nuevos y más incluyentes criterios. 
Con respecto al programa, el único requisito es que debe ser coherente con la estrategia o política cultural nacional del Estado miembro. 
Por consiguiente, creemos que la diversidad y las características particulares del legado cultural de cada Estado miembro se situarán en un primer plano, y se fomentará el diálogo entre las diversas culturas. 
Tenemos una buena disposición con respecto a la idea básica de Capital Europea de la Cultura. 
Sin embargo, percibimos, al mismo tiempo, que este evento asumiría una nueva dimensión con respecto a la organización responsable y los compromisos de la UE. 
La idea de la Capital Europea de la Cultura es buena; tan buena que podría financiarse de muchas otras maneras; por ejemplo, mediante patrocinadores locales. 
Los recursos financieros de la Unión Europea no deberían resultar necesarios para la supervivencia de este proyecto. 
Por tanto, votamos en contra del informe, pero no nos oponemos a la idea en sí de la Capital Europea de la Cultura. 
Se supone que recibir el título de «Capital Europea de la Cultura» sirve para mejorar considerablemente la imagen de una ciudad, y así debería serlo, pero el estatus de Capital Europea de la Cultura no debería suponer principalmente un año de fiesta en la ciudad y un marketing a corto plazo de la cultura local. 
Newcastle y Bilbao han demostrado que la cultura también puede tener un efecto a largo plazo. 
En momentos en que los presupuestos se reducen al mínimo, en los nuevos proyectos se descuidan a menudo los costes de seguimiento. 
El portal de Internet propuesto, como herramienta para el intercambio de información y proporcionar ayuda, podría emplearse para evitar problemas en la organización y puesta en marcha del año de la cultura, antes de que se produzcan. 
Podría evitar, con muchísima más antelación, que las aspirantes gasten innecesariamente millones de euros en elaboradas campañas de publicidad y que al final se queden sin la subvención, o incluso, como en el caso de Weimar, la anterior capital de la cultura, tener que cerrar el museo de la ciudad por culpa de las grandes pérdidas financieras. 
En 2009, el título de Capital de la Cultura recaerá de nuevo en una capital de provincia austriaca, Linz. 
Los preparativos ya están en marcha, y queda por saber si se están realizando con la suficiente previsión. 
– La reestructuración de la institución de la Capital Europea de la Cultura se integra dentro de unos esfuerzos más generales para integrar y homogeneizar el tejido cultural de cada país, con el fin de ofrecer un apoyo único para la «cultura europea» , que será una mezcla de subcultura, una presentación folclórica de las culturas nacionales y las estructuras comerciales modernas. 
La experiencia de mi país, con Atenas en 1985 y Salónica en 1997, es lamentable en el sector cultural y económico. 
Programas culturales superficiales, con costes exorbitantes y sin conexión con la historia, gestionados por empresas nuevas, agencias y patrocinadores, con criterios vulgares, comerciales o con ánimo de lucro, que ensombrecieron algún destello de inteligencia que fue la excepción. 
Actos mundanos, bufets abundantes y celebraciones de mal gusto que marginalizaron o repudiaron cualquier elemento progresista de Grecia o sus países vecinos. 
Este es el «modelo cultural europeo» , que funciona también como una fuente de enormes beneficios para diversas empresas. 
La enmienda propuesta mantiene el mismo carácter, pero pasando los costes a los Estados miembros, fortaleciendo la supervisión y control por parte de la UE y pidiendo a la gente que pague a los empresarios en el ámbito nacional, y el coste de la política de la UE para imponer la subcultura europea y los ‘valores’ de la barbarie capitalista. 
Votamos en contra de este informe, y pedimos a los trabajadores y a las gentes del mundo del arte y la cultura que se opongan firmemente. 
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Desde que se puso en marcha en 1985, el programa «Capital Europea de la Cultura» ha contribuido a unir a los ciudadanos de Europa, al poner de manifiesto la riqueza, la diversidad y las características del patrimonio cultural de Europa. 
El enorme éxito del programa entre los ciudadanos ha ayudado a fortalecer la dimensión europea y el desarrollo socioeconómico en las ciudades seleccionadas. 
Estos beneficios pueden aumentar significativamente si adoptamos nuevas medidas, creando una metodología básica que nos permitirá crear sinergias que de otra forma no serían posibles. 
Un ejemplo de esto es la creación de un sitio web con información sobre las ciudades seleccionadas como capitales europeas de la cultura, las redes de contactos existentes e intercambios de experiencias, una estrategia que debería extenderse a todos los programas de la Comunidad. 
También me gustaría indicar que, gracias a su éxito e innovación, este programa me sirvió de inspiración para propuestas que he presentado, y que fueron aprobadas por el Parlamento, destinadas a crear un Destino Europeo de Excelencia, que también contribuirán a promover Europa en todo el mundo. 
Por tanto, he votado favor de este informe. 
Esta decisión no supone ningún nuevo coste, sino que da a los nuevos Estados miembros y a los países de la ampliación la oportunidad de elegir capitales de la cultura. 
La cooperación cultural es algo que ayuda a las personas a conocerse, y respetarse, las unas a las otras, y esto es algo positivo. 
El poder de la Comisión es limitado, y son los países y las ciudades quienes son responsables de hacer que las cosas salgan adelante. 
Todo esto es alentador, al contrario que la legislación comunitaria, que se impone a las personas y que limita sus oportunidades democráticas de participación activa. 
Por tanto, voté a favor de la propuesta, a pesar de estar revestida de algo de euronacionalismo impreciso. 
– Señor Presidente, voy ofrecer la explicación sobre el voto en representación de la delegación del Partido Popular Austriaco. 
Votamos en contra de este informe porque solicita que se supriman los periodos transitorios actualmente vigentes para la libre circulación de trabajadores. 
Votamos en contra porque esperamos que se mantenga el tratado de adhesión, que todos los países, también los nuevos Estados miembros, ratificaron, incluyendo las disposiciones transitorias para proteger el mercado laboral austriaco. 
Es algo que está bastante justificado, ya que las estadísticas muestran que el número de trabajadores de los nuevos Estados miembros ya se ha duplicado en los dos últimos años. 
La delegación del Partido Popular Austriaco se opone al informe porque, tanto ahora como en el futuro, solo Austria puede decidir durante cuánto tiempo se mantendrán las restricciones de entrada garantizadas en el tratado de adhesión, en el interés de los trabajadores austriacos; podría ser hasta siete años. 
– Señor Presidente, Señorías, a la luz del hecho de que la comunicación de la Comisión 2006 sobre el funcionamiento de las medidas transitorias demuestra que no se ha producido una enorme afluencia de trabajadores de los Estados de la Europa de los 10 a los Estados con mercados laborales abiertos y que, al contrario, según los expertos ha tenido un efecto positivo en el aumento de la producción y la mejora de la economía, y a la luz también del hecho de que los periodos transitorios han contribuido claramente a un aumento del número de trabajadores ilegales, considero que la aprobación del informe del señor Őry debería ayudar a abrir completamente los mercados laborales de todos los Estados de la Unión Europea. 
Solo de esta manera podemos hacer realidad todas las libertades expresadas en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y dar un impulso a la economía de toda la UE. 
Por tanto, he votado a favor de la aprobación de este informe. 
La libre circulación de las personas y el acceso a los mercados laborales constituye uno de los pilares de la integración europea. 
A no ser que defendamos este principio de conformidad con los valores básicos de la Comunidad, no nos pondremos al nivel de Estados Unidos, ni aunque América fuera aproximándose a nosotros; y no conseguiremos ralentizar al gigante asiático. 
Creo firmemente que los temores de algunos de los países de la UE de los 15 son justificados, y es deplorable que no acepten las recomendaciones de un informe de la Comisión Europea que ha sido redactado conforme a los tratados de adhesión. 
Por otro lado, debemos elogiar las decisiones adoptadas por los países que irán abriendo sus mercados laborales durante el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Por estas razones, el informe Őry no debería interpretarse como que «viene el coco» , sino más bien como una simple guía sobre cómo cumplir de forma gradual con los objetivos revisados de la Estrategia de Lisboa. 
Es un intento de garantizar la igualdad de derechos para los antiguos y nuevos Estados miembros en una Europa unida. 
Por esta razón, he votado a favor del informe. 
– Señor Presidente, cuando Grecia y Portugal entraron en la UE hubo también unas disposiciones transitorias, para permitir que los mercados laborales se adaptaran a la nueva situación. 
Por tanto, no se trata de una forma de tachar a los nuevos Estados miembros como Estados de segunda clase. 
Además, las disposiciones transitorias son también bien recibidas por los nuevos Estados miembros del este, en el sentido de que también sirven a sus intereses nacionales. 
A la luz de los altos niveles de desempleo, especialmente en Austria y Alemania, y de la presión cada vez mayor del sector de baja remuneración, la libre circulación de los trabajadores en este momento sería algo totalmente irresponsable. 
Actualmente ya tenemos que hacer frente a la gran cantidad de personas que dicen ser trabajadores autónomos, algunos de los cuales eluden pagar impuestos y cotizaciones a la seguridad social. 
Hasta que las empresas dejen de deslocalizarse a las economías del Este con menores cargas fiscales para librarse de acuerdos arancelarios, y hasta que el mercado se haya adaptado a la nueva situación o se hayan tomado las medidas complementarias adecuadas, la libre circulación plena de los trabajadores sería algo irresponsable. 
Por ello he votado en contra de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, las cuatro libertades europeas, es decir, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y, sobre todo, personas, siempre han sido de los factores mejor valorados por los ciudadanos con respecto a la Unión Europea. 
Por ello resulta incomprensible, injusto y discriminatorio que las personas de ocho nuevos Estados miembros, incluida la República Checa, todavía no gocen de los mismos derechos con respecto a los ciudadanos de los otros Estados de la UE. 
Los motivos para restringir esta libertad fundamental europea son totalmente infudados y carentes de sentido. 
Los ejemplos del Reino Unido, Suecia e Irlanda muestran que los mercados laborales no están amenazados. 
Me alegra que otros países también vayan a abrir sus mercados laborales, y confío en que así lo harán muy pronto. 
Necesitamos una Unión en la que todos los ciudadanos compartan los mismos derechos y obligaciones, y no una Unión en la que algunos son iguales y otros más iguales, como en de George Orwell. 
Por tanto, he votado a favor del informe del señor Őry. 
– Señor Presidente, Señorías, al igual que los otros eurodiputados del Partido Democrático Cívico he apoyado el informe de mi colega, el señor Őry, sobre la libre circulación de los trabajadores. 
Respetamos totalmente el derecho de cada Gobierno de los Estados miembros a decidir las restricciones temporales con respecto a la libre circulación de los trabajadores, en el contexto del Tratado de Adhesión. 
También apreciamos la decisión de Gran Bretaña, Irlanda y Suecia de no hacer uso de este derecho, y acogemos con satisfacción la decisión de los Gobiernos de Finlandia, España, los Países Bajos y Portugal de poner fin a estas restricciones. 
Estamos convencidos de que no hay razones objetivas para restringir la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea. 
Las razones políticas para restringir esta libertad, sin embargo, son tan convincentes para los antiguos Estados miembros como importante es la libre circulación de trabajadores para los nuevos Estados miembros. 
Por tanto, hemos decidido apoyar este llamamiento a todos los Gobiernos para que eliminen las restricciones a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea. 
. 
La votación de este informe sobre las disposiciones transitorias que restringen la libre circulación de los trabajadores en los mercados laborales de la UE pone en evidencia las contradicciones del Parlamento. 
Por un lado, sus Señorías afirman defender la libre circulación de los trabajadores y desear acabar con esta situación injusta en la que se encuentran los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Pero cuando esta libre circulación puede conducir a igualdad de derechos, votan en contra, lo que significa que solo desean la libre circulación si esta trae consigo bajos salarios y la pérdida de derechos. 
Lamentablemente las propuestas que presentamos, y que son las que ofrezco a continuación, fueron rechazadas: 
-cree que es fundamental poner fin a la grave explotación de los trabajadores en varios países de la UE producto del trabajo ilegal al que están sometidos muchos trabajadores de los nuevos Estados miembros y de algunos antiguos como Portugal. 
-subraya la necesidad de un control eficaz y una actuación constante para terminar con la discriminación, el trato desigual y el trabajo ilegal, así como la necesidad de promover la igualdad de derechos de los trabajadores y de aplicar la misma legislación social y laboral a todos las personas que trabajan en un Estado miembro, independientemente del país de la UE del que provengan. 
De ahí nuestra decisión de abstenernos. 
Defendemos un mercado interior eficiente y apoyamos totalmente la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea. 
Esta es una de las libertades fundamentales del Tratado CE. 
La libre circulación de los trabajadores ayuda a crear más empleo y a reforzar la competitividad de la UE. 
Es un orgullo para nosotros que Suecia sea uno de los tres países que no han adoptado las normas transitorias. 
Lamentamos que los Jefes de Estado y de Gobierno decidieran introducir disposiciones transitorias en el acuerdo de adhesión de los diez nuevos Estados miembros. 
Al mismo tiempo, respetamos el hecho de que cada Estado miembro decidiera actuar según las posibilidades dispuestas en el acuerdo de adhesión ratificado. 
En el informe, el Parlamento Europeo llama a los Estados miembros a eliminar las disposiciones transitorias actuales. 
Creemos que este asunto debería decidirlo cada Estado miembro en el ámbito nacional. 
Así, nos oponemos a que el Parlamento Europeo forme opinión con vistas a influir en que los Estados miembros adopten una actuación concreta sobre esta importante cuestión. 
Además, tampoco creemos que la UE debería realizar campañas de información sobre la libre circulación de los trabajadores. 
Estamos seguros que las respectivas autoridades de cada país pueden llevar a cabo esta tarea de forma satisfactoria. 
También cuestionamos la propuesta de introducir un plan para «seguimiento sistemático de las migraciones de trabajadores en el interior de la Unión» y facilitar los fondos necesarios para estas acciones (apartado 11). 
. A partir del 1 de mayo de 2004, tres «antiguos» Estados miembros (Irlanda, el Reino Unido y Suecia) abrieron sus mercados laborales sin restricciones a los ciudadanos de los «nuevos» Estados miembros. 
Los demás Estados miembros de la UE de los Quince optaron por aplicar restricciones nacionales mediante acuerdos transnacionales. 
En el Reino Unido, después de que se abriera el mercado laboral, en 2004 llegaron de los nuevos Estados miembros 60 000 personas que buscaban trabajo; los dos sectores más afectados fueron la agricultura y la pesca. 
Dado el elevado número de vacantes, esa afluencia no aumentó el desempleo en esos dos sectores. 
Al contrario, el efecto inmediato que tuvo fue mejorar la rentabilidad y la competitividad de las empresas en cuestión, elevando su productividad y consolidando su posición financiera. 
En términos macroeconómicos, la política de apertura del mercado laboral se traduce en un notable aumento de la tasa de crecimiento británica. 
Según los informes de los expertos, la migración de trabajadores de los diez nuevos Estados miembros ha ayudado a incrementar la producción y crear nuevos puestos de trabajo, y ha reducido sustancialmente el número de trabajadores ilegales. 
Acojo con satisfacción esas ventajas positivas. 
. El hecho de complementar la libre circulación de capital con la libre circulación de los trabajadores se aplaude como un acto de solidaridad. 
Sin embargo, en la práctica viene a ser lo contrario. 
Refuerza la explotación y crea conflictos innecesarios entre los trabajadores de diferentes Estados miembros. 
Una aplicación precipitada se traduce en un control insuficiente del cumplimiento de los salarios mínimos y los convenios colectivos en los países receptores. 
A pesar de las restricciones vigentes hasta 2011, ya se está utilizando personal de los nuevos Estados miembros para forzar una reducción de los costes laborales. 
Un estudio realizado por mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, ha revelado que el influjo de trabajadores de los nuevos Estados miembros se ha traducido en la expulsión de trabajadores del mercado laboral, una competencia desleal para las pequeñas empresas, la explotación de una mano de obra barata, malas condiciones de trabajo y vivienda, y unos salarios inferiores a los 3 euros por hora. 
Muchos camioneros neerlandeses ya han sido sustituidos por camioneros polacos. 
Según un estudio anterior realizado por el Partido Socialista entre los subcontratistas de la región de La Haya, muchas empresas constructoras también se están viendo seriamente perjudicadas por la competencia desleal de los países de la Europa oriental; los sindicatos neerlandeses organizaron una campaña de protesta contra esta en marzo. 
En los países de origen, ya empieza a faltar personal cualificados en algunos sectores. 
Voy a votar en contra del informe Öry, dado que mi partido es contrario a este tipo de mercado libre neoliberal. 
. 
El informe sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de los trabajadores en los mercados de trabajo de la Unión Europea es oportuno, dado que coincide con la publicación de la decisión portuguesa, española y finlandesa de eliminar las barreras establecidas desde el 1 de mayo de 2004. 
La libre circulación de los trabajadores es un elemento central de la Unión Europea, toda vez que representa la parte generosa de la Unión y es indicativa de la construcción de un espacio común en la práctica. 
Hubo un tiempo en que los habitantes de la Europa oriental deseaban escapar de sus países, pero no podían hacerlo. 
Actualmente, sin duda existe la esperanza de un futuro mejor para esos países y las expectativas generadas por la adhesión han dado lugar a una confianza en la capacidad de desarrollo de sus economías nacionales, confirmada por los hechos. 
Además, los países que han suprimido las barreras, como el Reino Unido, Irlanda y Suecia, no han experimentado incrementos importantes de sus flujos migratorios, en comparación con los de otros Estados miembros –donde se han concedido algunos permisos de trabajo, en su mayoría temporales– y, de hecho, han confirmado que esos inmigrantes han tenido un efecto positivo en sus economías, como está bien documentado. 
. – Estoy evidentemente, por una cuestión de principios, a favor de la apertura de los mercados de trabajo en la UE-15 a los trabajadores de ocho nuevos Estados miembros. 
En 2004, el Reino Unido, Irlanda y Suecia abrieron sus fronteras sin restricciones. 
Dos años más tarde, un informe de la Comisión defiende este enfoque político, apoyándose en cifras: hay menos inmigrantes de lo previsto y que suplen las vacantes de personal en determinados sectores. 
Pero dado que no podemos permitirnos ser ingenuamente optimistas, también estoy a favor de las medidas provisionales adoptadas en este ámbito por la mayoría de Estados miembros. 
Por esta razón apoyo la posición adoptada por el Gobierno federal belga de mantener determinadas condiciones para el acceso al mercado de trabajo, como mucho hasta 2009. 
Restricciones de alcance limitado que no afectan a las profesiones autónomas, como los comerciantes, los artesanos y las profesiones liberales, que gozan desde la ampliación de plena libertad de establecimiento. 
Sobre todo, estas restricciones están limitadas en el tiempo y responden a la realidad del terreno y a la competencia a veces desleal entre trabajadores y empresas europeos. 
Hay que dejar tiempo a los Estados miembros «no preparados» para implantar las estructuras de registro y control necesarias para la libre circulación de los trabajadores, vengan de donde vengan. 
. 
Hace poco celebramos el vigésimo aniversario de la adhesión de Portugal al proyecto europeo. 
Desde el principio, la libre circulación de los trabajadores portugueses se vio restringida por barreras establecidas por Estados miembros que temían una perturbación de sus mercados laborales. 
Ahora la historia se repite y los trabajadores de los ocho nuevos Estados miembros orientales están sufriendo el mismo calvario. 
He votado a favor del informe porque se ha demostrado que, al igual que en 1986, la inmigración desde esos países ha tenido efectos positivos para las economías de los Estados miembros que han decidido abrir sus mercados laborales. Dichos países han descubierto que ya no existen razones válidas para mantener tales restricciones sobre la libre circulación. 
Este tipo de restricciones fomentan precisamente el trabajo ilegal y la explotación de los trabajadores. 
Sobre todo, se trata de una cuestión de solidaridad con los nuevos Estados miembros. 
La Unión Europea no debe responder a los desafíos mundiales con el tipo de nacionalismo y de proteccionismo que se practica en algunos de sus Estados miembros. 
Todos los trabajadores europeos son necesarios para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar, de este modo, el crecimiento económico de la Unión Europea. 
. Apoyo el informe Öry sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la Unión Europea, porque comparto la opinión de que sería preferible que todos los Estados miembros, incluida Bélgica, aboliesen las medidas transitorias. 
Los tres países que han abierto sus fronteras no han tenido que hacer frente a un flujo migratorio de gran magnitud. 
Asimismo, tenemos pruebas de que los períodos transitorios provocan un aumento considerable del pluriempleo y el autoempleo ficticio, lo que ejerce presión sobre los salarios e impone a los trabajadores unas condiciones de trabajo malas e injustas. 
La restricción de la libre circulación de los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros es discriminatoria, favorece la explotación y es muestra de un pensamiento corto de miras, totalmente alejado de la realidad actual. 
El presente informe puede garantizar que, gracias a la abolición de los períodos de transición, los derechos sociales dejen de estar bloqueados y el camino hacia una Europa social y justa quede despejado. 
Lo fundamental es crear un mercado laboral europeo, donde se pague el mismo salario por igual trabajo, se apliquen iguales condiciones de trabajo y todos los empleados tengan garantizado igual acceso a los derechos sociales. 
Al mismo tiempo, también habrá que reforzar los servicios de inspección social y estos deberán cooperar a escala transnacional. 
. Este informe sobre la libre circulación de trabajadores señala la mejora de la rentabilidad y la competitividad de las empresas de Irlanda, Suecia y el Reino Unido, países que han abierto sus mercados laborales. 
La experiencia británica ha demostrado que el Reino Unido tenía razón al tomar la valiente iniciativa de abrir su mercado laboral. 
El crecimiento y los índices de productividad británicos han demostrado que el miedo a abrir el mercado laboral de la Unión Europea estaba infundado. 
Un mercado único no puede funcionar de forma adecuada si los mercados laborales están protegidos y sellados. 
El Reino Unido ha demostrado que los mercados laborales libres, junto con una protección social adecuada, pueden fomentar una economía próspera. 
Eso ha conducido al período más largo de crecimiento económico sostenido que se recuerda en el Reino Unido. 
El Partido Laborista Parlamentario Europeo cree que los mercados de trabajo europeos deberían abrirse, como en el Reino Unido, y no habría que tener miedo a las olas de inmigración. 
El punto siguiente del orden del día es la declaración del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y la declaración de la Comisión sobre la situación en Oriente Próximo después de las elecciones en Israel. 
. Señor Presidente, me corresponde comparecer ante sus Señorías en el Parlamento Europeo en un momento que entiendo es crítico para el futuro de la paz en Oriente Próximo, inmediatamente después de la formación del nuevo Gobierno palestino y de la celebración de las elecciones en Israel. 
Me gustaría hablar brevemente de la situación actual y sacar algunas conclusiones sobre cómo la Unión Europea debería asumir sus responsabilidades en este momento crucial, del que puede depender de una manera significativa el futuro de la paz en Oriente Próximo. 
Permítanme comenzar por la situación en los territorios ocupados. 
Como saben sus Señorías, Hamás ha tomado las riendas del Gobierno; no es un Gobierno de coalición, sino un Gobierno Hamás y su programa, tal como ha sido presentado por su Primer Ministro, Ismail Haniya, desgraciadamente no resulta aceptable para la comunidad internacional, no da ninguna indicación clara de que el Gobierno de Hamás esté dispuesto a respetar aquellos principios que han sido fijados por la Unión Europea, y no solamente por ella, sino por el Cuarteto y por la comunidad internacional, de manera muy amplia: renunciar a la violencia como instrumento para resolver los conflictos —y en particular este—, reconocer el Estado de Israel y respetar los acuerdos firmados entre los palestinos e Israel en los años precedentes. 
Señor Presidente, esos principios son, a nuestro juicio, los requisitos mínimos para que el ideal político que la Unión Europea ha defendido siempre pueda hacerse realidad. 
Ese ideal no es otro que una solución negociada que conduzca a la creación de un Estado palestino viable, que conviva pacíficamente con Israel, en el marco de los principios del Derecho internacional. 
Es patente, señor Presidente, que no puede haber negociación si las partes no se reconocen entre sí, que no puede haber arreglo pacífico si las partes confían a las armas la solución del conflicto y que no puede haber solución basada sobre los principios del Derecho internacional si las partes desprecian el principio fundamental de que los acuerdos deben ser cumplidos. 
Todo ello debe implicar consecuencias a nuestro juicio ineludibles para la Unión Europea. 
La imposibilidad en este momento —veremos lo que puede pasar en el futuro— de considerar a Hamás como un interlocutor válido mientras sus posiciones no cambien. 
Señor Presidente, permítame dos palabras sobre el resultado de las elecciones en Israel. 
Sin duda, es un resultado susceptible de múltiples interpretaciones. 
No es mi intención, ni sería apropiado, hacer un análisis detallado del resultado de estos comicios, pero creo que algunos comentarios pueden ayudarnos a todos a encontrar fórmulas que nos permitan hacer un análisis para hallar diferentes maneras de trabajar. 
En primer lugar, me gustaría señalar que, aunque ha habido un claro ganador, el partido Kadima, este no ha obtenido los resultados que anhelaba, y ello puede que tenga alguna incidencia en las negociaciones para formar la coalición de Gobierno, absolutamente necesaria, aunque ya el candidato Olmert haya elegido como base fundamental de su coalición al Partido Laborista. 
En segundo lugar, y a mi juicio es importante, creo que debemos constatar un debilitamiento en el resultado electoral de lo estrictamente político en favor de lo económico y lo social. 
Creo que un análisis de esa naturaleza nos explica el resultado obtenido por el Partido Laborista, el cosechado por el Partido de los Jubilados o por aquellos partidos que tienen una base social o una base lingüística delimitadas, ya sea el partido Shas o el partido Israel Beitenu, partido de la comunidad rusófona. 
En tercer lugar, y ello quizá es más inquietante para todos nosotros y para el proceso de paz, pienso que las elecciones parecen haber puesto de manifiesto una consolidación de la voluntad que yo llamaría de separación, quizá manifestada por la finalización del muro, y de una ausencia de diálogo entre los dos pueblos a la hora de definir las fronteras de Israel. 
Para nosotros, esta situación es insostenible. 
Hemos defendido siempre que solamente se podría hacer la fijación de las fronteras definitivas a través del acuerdo mutuo. 
Estamos, por tanto, como hemos estado siempre, en la línea de la negociación, para resolver estos problemas. 
La concentración en sí mismo del electorado de Israel tiene también, si me permiten, una contrapartida en la propia voluntad de Hamás de centrarse en las cuestiones palestinas e ignorar a un Israel cuyo derecho de existir sigue rechazando. 
Y no podemos ignorar que todo ello tendrá consecuencias sobre las posibilidades de aplicación de lo que para nosotros ha sido la hoja de ruta, el, que, aunque pueda pasar por momentos de dificultades, tiene que seguir siendo un punto de referencia sobre cómo resolver de manera definitiva el proceso. 
Señor Presidente, Señorías, más allá de los aspectos relacionados con el proceso de paz en Oriente Próximo, la llegada al poder en Palestina, a través de unas elecciones libres y democráticas, como ha sido reconocido por los propios observadores de la Unión, de un movimiento como Hamás, afiliado a los Hermanos Musulmanes, constituye una novedad absoluta. 
La Unión Europea no desea y no debe desear, en principio, el fracaso del Gobierno de Hamás. 
Lo que nosotros deseamos es que ese Gobierno, además de respetar los principios que conocen bien, que han sido propuestos por la comunidad internacional, aplique también los principios del imperio de la ley, del Estado de Derecho y la alternancia democrática, y que preserve el carácter plural de la sociedad palestina. 
Si así lo hace, Hamás podrá ser considerado como una entidad política de pleno derecho para nosotros. 
En este contexto, ¿cual debe ser a mi juicio la posición europea? 
Permítanme subrayar, una vez más, lo que es absolutamente obvio: la solución satisfactoria del conflicto ha sido, es y será una prioridad esencial para nosotros, los europeos. 
En este momento, más que nunca, es obligado insistir en que solo una solución negociada puede ser estable y duradera. 
Por tanto, debemos continuar presionando a ambas partes para que se comprometan con una solución negociada, basada en la existencia de dos Estados. 
Creo que es oportuno recordar hoy también que la Unión Europea defiende que la paz debe fundamentarse en el respeto de las fronteras de 1967 y que solo resultarán aceptables aquellos cambios territoriales que hayan sido acordados por ambas partes. 
Como saben sus Señorías, el papel de la Unión Europea en los últimos meses, el último período de tiempo, ha conocido un crecimiento notable; hoy tenemos dos operaciones sobre el terreno: una operación de policía y la operación importante, que se mantiene de manera muy viva, del cruce de fronteras en el puesto de Rafá. 
Más de 200 000 personas han pasado de Egipto a Gaza y de Gaza a Egipto, desde su apertura en noviembre pasado, gracias a una presencia de generosas personas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, nuestro objetivo fundamental es poder atravesar este período, que va a ser todavía un período de una cierta incertidumbre, que se abre delante de nosotros de manera tal que, cuando las posibilidades sean más propicias –y espero que lo sean pronto– para una paz negociada, la Unión Europea pueda seguir contando con la confianza de ambas partes y poder ser un activo agente de paz en ese momento. 
En relación con los actores fundamentales del conflicto, nuestros principios son claros y son los siguientes, en esta hora. 
En relación con Palestina, la Unión Europea continuará prestando su apoyo al Presidente Abbas y al programa de paz con el que fue elegido, y no podemos olvidarlo, por una mayoría enorme, aplastante, de los votantes palestinos. 
En consecuencia con la declaración del Cuarteto, de 30 de marzo, la Unión Europea está revisando actualmente sus programas de ayuda a la Autoridad Palestina. 
Está claro que, hasta que Hamás no muestre una posición inequívoca de respeto de los principios de la comunidad internacional, nos parece que hablar de no debe ser la manera de hablar. 
Pero quiero decir también de manera muy clara que la Unión Europea mantendrá la ayuda al pueblo palestino, y lo debe hacer, al menos, por dos razones: en primer lugar, porque se trata de un imperativo moral, al que la Unión Europea jamás puede renunciar —no lo hizo ayer, no lo hará hoy y no lo hará mañana— y, en segundo lugar, porque la crisis humanitaria y la inestabilidad en los territorios ocupados no benefician a nadie, comenzando por el propio Israel. 
Señorías, permítanme decir que otro objetivo esencial de la Unión Europea es que se preserve el entramado institucional de la Autoridad Palestina. 
La Unión Europea ha invertido mucho, ha dedicado esfuerzos y recursos para la construcción de esa Autoridad Palestina y cree que esta Autoridad debe mantenerse, para que un día pueda existir un Estado palestino viable y democrático. 
Con respecto a Israel, señor Presidente, la Unión Europea debe continuar rechazando las medidas unilaterales que puedan poner en peligro la solución de los dos Estados. 
La Unión seguirá muy en particular la evolución de la situación en Jerusalén Este, en el Valle del Jordán, donde Israel lleva a cabo acciones particularmente lesivas para los palestinos y la construcción de la barrera de separación. 
De acuerdo con el Derecho internacional humanitario, corresponde a Israel un número de obligaciones en tanto que potencia ocupante. 
Facilitar el tránsito de la ayuda humanitaria hacia la población palestina es fundamental, pero más allá de una interpretación estricta de esta obligación, Israel también debería facilitar el movimiento en los territorios ocupados para posibilitar la sostenibilidad económica, sin por ello comprometer la seguridad de los israelíes, algo que nadie desea. 
En este contexto, creo que es urgente que las partes apliquen el Acuerdo sobre Acceso y Movimiento, que fue firmado en noviembre del año 2005 en Jerusalén, y en cuya firma yo estuve presente. 
Ese Acuerdo permitió la apertura del puesto fronterizo de Rafá –donde, como ya he dicho, la Unión desempeña un papel– y otros mecanismos de tránsito entre Israel y los territorios ocupados. 
Israel –y permítanme que subraye con la mayor intensidad esta frase que voy a decir, que deseo sea bien entendida por todo el mundo, incluido el futuro Primer Ministro y buen amigo nuestro, señor Olmert– debe transferir a la Autoridad Palestina el dinero que recauda en nombre de esta mediante aranceles e impuestos, y que no le pertenece. 
Se trata de un dinero que no debe ni puede ser retenido. 
Quiero decir, con la voz más alta y de la manera más clara posible, que estamos dispuestos a trabajar con ambas partes para que la utilización de esos recursos llegue a buen fin, y creo que, con buena voluntad por parte de todos, será posible. 
En tercer lugar, me gustaría pronunciar unas palabras sobre el marco internacional y los objetivos de la Unión. 
Debemos seguir trabajando en el seno del Cuarteto. 
La defensa de la legalidad internacional requiere el apoyo decidido de toda la comunidad de las naciones que están hoy más o menos representadas en el Cuarteto. 
Debemos también implicar a los Estados árabes, que pueden, y deben hoy, hacer mucho más desde el punto de vista económico y político. 
Y aquí me quisiera referir a la iniciativa del plan de paz de Beirut, con objeto de tratar de aproximar también a Hamás a dicho plan, también llamado en otras ocasiones el «plan de paz árabe» , pues creo que puede abrir alguna puerta para avanzar en esa dirección. 
Señor Presidente, Señorías, creo que ha llegado el momento de no olvidar que el conflicto palestino-israelí se sitúa dentro de una grave crisis que afecta a toda la región de Oriente Próximo. 
Tenemos que trabajar en el proceso de paz, teniendo en cuenta el papel positivo que los Estados de la región pueden desempeñar, pero también teniendo en cuenta el papel negativo que algunos Estados pueden tener, y algunas influencias negativas y algunas reverberaciones negativas, como pueden ser la situación en Iraq o la situación en Irán. 
Señor Presidente, voy a terminar, para que no me puedan llamar la atención. 
El resultado de las elecciones en los territorios ocupados y en Israel ha creado, sin duda, una nueva situación. 
La Unión Europea debe abordarla sobre la base, a mi juicio, de dos principios que aparentemente, pero solo aparentemente, pueden parecer contradictorios: el rigor y la flexibilidad. 
El rigor, ¿para qué? 
Para mantener los principios que han definido la posición europea desde el Consejo Europeo de Venecia de 1980, es decir, el respeto de los derechos de los pueblos israelí y palestino, que se deben concretar en una solución negociada, que lleve —como he dicho tantas veces y todos ustedes han repetido— a la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático, que conviva en paz con Israel. 
Y también la flexibilidad, para adaptarse a la evolución de una realidad sobre el terreno que va a cambiar, que puede ser cambiante, y apoyar todas las soluciones que permitan hacer avanzar la causa de la paz. 
Me gustaría dirigirme también, y de una manera muy directa desde esta sala, que representa el corazón de la Unión Europea, al Gobierno palestino. 
Hamás no puede cambiar su pasado, pero sí puede y sí debe cambiar su futuro. 
Si decide que en ese futuro no tienen cabida ni el terror, ni la violencia, ni la negación de la realidad que es el Estado de Israel, quiero decirles a los dirigentes de Hamás que la Unión Europea sabrá responder adecuadamente, como siempre lo ha hecho. 
. Señor Presidente, creo que el señor Solana ya lo ha dicho casi todo, pero permítanme añadir algunos comentarios porque la Comisión se enfrenta a un período muy difícil de cambios rápidos y profundos en Oriente Próximo. 
Nuestra reacción y la postura que adopten las partes tendrán una influencia decisiva en las perspectivas para avanzar hacia lo que espero que sea una solución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina. 
Hemos felicitado al Primer Ministro en funciones, el señor Olmert, por la victoria de Kadima en las elecciones. 
Sin duda representa un cambio en la política israelí y esperamos con interés los resultados de las negociaciones de la coalición que se están celebrando actualmente. 
Tardarán algún tiempo. 
Permítanme subrayar que nosotros, como Unión Europea, estamos dispuestos a cooperar con el próximo Gobierno israelí para promover la seguridad y la paz, tanto para los israelíes como para los palestinos. 
Estoy convencida de que la mayoría de la población de ambos países desea profundamente una solución pacífica y sostenible del conflicto. 
En cuanto a la relación bilateral de la Unión Europea con Israel, nuestro sincero deseo es reforzar una relación sólida y equilibrada entre nosotros, reflejada en nuestro Acuerdo de Asociación y en nuestro Plan de Acción de Política de Vecindad Europea. 
Queremos que continúe el progreso que ya se ha conseguido con la puesta en marcha del plan de acción en ámbitos como los derechos humanos, la protección de las minorías, la investigación y el desarrollo, así como la integración económica. 
Ha habido muchas especulaciones sobre el impacto que esas elecciones tendrán en las perspectivas de paz, y que el señor Solana ha intentado perfilar hace un momento. 
Podríamos tener la tentación de creer que los resultados de las elecciones apoyan ampliamente la intención expresada por el Primer Ministro en funciones, el señor Olmert, de proceder al establecimiento de fronteras permanentes de Israel antes de 2010, tras una nueva retirada de los territorios ocupados de Cisjordania. 
Lo que nos preguntamos es cómo se hará. 
Creemos firmemente que las legítimas expectativas de seguridad de Israel no se pueden satisfacer, y quiero reiterar esto en nombre de la Comisión, a través de la acción unilateral o de decisiones impuestas por la fuerza. 
Solo una solución negociada será sostenible. 
La Unión Europea solo apoyará cambios de las fronteras de antes de 1967 que hayan sido acordados por consenso entre las partes. 
Apoyamos una solución de dos Estados que lleve a una resolución definitiva y completa del conflicto, con un Estado israelí y un Estado palestino conviviendo uno junto a otro con unas fronteras seguras y reconocidas mutuamente. 
Creo que es importante decir una y otra vez que deberíamos insistir ante nuestros socios israelíes en la importancia de reprimir toda acción que pueda perjudicar las negociaciones sobre la decisión final. 
La Comisión espera que el próximo Gobierno israelí reafirme su compromiso a favor de una solución negociada mediante la plena aplicación de la «Hoja de Ruta» del «Cuarteto» , y que lo demuestre con hechos y con palabras. 
Pero, como siempre, tenemos que trabajar con ambas partes. 
De la misma forma que debemos ser claros con el nuevo Gobierno israelí, también tenemos que mostrarnos muy firmes con el nuevo Gobierno palestino. 
Los principios del Cuarteto no son negociables; el señor Solana acaba de definirlos, los hemos mencionado en la declaración del Consejo, también los hemos mencionado en el «Cuarteto». 
Esperamos que el nuevo Gobierno palestino –que prestó juramento la semana pasada– suscriba estos principios de no violencia, reconocimiento de Israel y aceptación de los acuerdos y compromisos previos, incluida la «Hoja debuta» , que obligan a la Autoridad Palestina a respetar los principios fundamentales de paz, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. 
Por supuesto, hemos escuchado una serie de comentarios, algunos de los cuales van más allá; pero también hemos visto algunos ligeros signos de posibles soluciones, posibles cambios. 
Somos plenamente conscientes de las considerables necesidades económicas y humanitarias de los palestinos, y sin duda no queremos dejarlos en la estacada, así como de la necesidad de romper el círculo vicioso de pobreza y extremismo. 
Por este motivo, la Comisión ya ha movilizado más de 120 millones de euros para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los palestinos y estabilizar las finanzas del Gobierno en funciones, que acaba de dejar el cargo. 
Por este motivo tenemos intención de seguir ofreciendo ayuda humanitaria de emergencia y asistencia para satisfacer las necesidades humanas básicas. 
Pero –y debo repetirlo porque será la base de lo que se pueda hacer– a menos que el nuevo Gobierno cumpla las condiciones del «Cuarteto» , no podrá haber como si no hubiera pasado nada. 
A menos que cambien las circunstancias, habrá inevitablemente un efecto en la ayuda al Gobierno palestino, que la Comisión está revisando ahora de conformidad con la declaración del «Cuarteto». 
En este sentido, estamos preparando el próximo Consejo, donde intentaremos presentar unas líneas de conducta; no tendremos soluciones integrales, pero intentaremos avanzar en la dirección correcta. 
De modo que ahora es el turno del lado palestino, y el nuevo Gobierno israelí debe actuar de forma responsable y cumplir sus obligaciones. 
Creo firmemente que ambos lados, sobre todo la población, están cansados del conflicto y desean desesperadamente la paz, pero está en manos de sus líderes mostrar responsabilidad y habilidad política mientras avanzamos. 
Está en sus manos, y solo en las suyas, poner fin a la violencia y a la desesperación que han asolado la vida de tantas generaciones. 
Estamos dispuestos a trabajar tanto desde las instituciones europeas como con la comunidad internacional para que ello sea posible, incluso en las circunstancias más difíciles. 
. Señor Presidente, tras haber escuchado las declaraciones del Alto Representante y de la Comisaria Ferrero-Waldner, yo creo que los términos de la siempre compleja ecuación de la guerra y de la paz en Oriente Próximo son bastantes claros: un Gobierno de coalición en Israel, tras las elecciones del 28 de marzo —la Comisaria ha hecho una declaración diciendo que hay que profundizar en el desarrollo de la asociación entre la Unión Europea e Israel— y un Gobierno monocolor, de Hamás, en los territorios ocupados. 
Y, todo eso, como ha dicho el señor Solana, en un entorno de luces y sombras. 
Luces, la entrada en vigor del Acuerdo de asociación Unión Europea-Líbano el 1 de abril —en los próximos días tendrá lugar la siguiente reunión del Consejo de asociación—. 
Sombras, la situación en Iraq y en Irán, donde realmente habrá que estar a la espera del plazo de 30 días que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado para que Irán cumpla las exigencias de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 
Yo creo que nuestro Grupo político no tiene otra opción que la de apoyar decididamente la decisión del Cuarteto de pedir al Gobierno de Hamás que renuncie a la violencia y que reconozca el Estado de Israel, así como los acuerdos suscritos por la Autoridad Nacional Palestina. 
En este contexto, yo quisiera formular al señor Solana y a la señora Ferrero-Waldner tres preguntas. 
La primera es si han detectado, en el curso de la reunión del Cuarteto del pasado 30 de marzo, una posición disidente por parte de Rusia, habida cuenta de la visita que Hamás rindió a Moscú y la posición que ha mantenido la Unión Europea en las elecciones de Belarús. 
En segundo lugar, señora Ferrero-Waldner, es evidente que la Unión Europea tiene que seguir prestando su asistencia humanitaria, porque la situación en la franja de Gaza es absolutamente dramática, habiéndose disparado el número de personas que viven en la pobreza. 
Pero, ¿cómo piensa actuar la Comisión Europea para que esa ayuda humanitaria no sea destinada al uso de actividades terroristas? 
Y, por último, señor Solana, todos comprendemos la necesidad de apoyar a la Autoridad Nacional Palestina, pero, en un contexto como este, ¿sigue siendo relevante la Autoridad Nacional Palestina, trabajando con un Gobierno que no ha reconocido los compromisos anteriores firmados por la Autoridad Nacional Palestina? 
Y termino ya, señor Presidente, diciendo que, esta mañana, el Presidente de Malta ha dicho que la voz de la Unión Europea tiene que ser la voz de la razón, y creo que, tanto el señor Solana, como la señora Ferrero-Waldner, representan de forma muy acreditada la voz de la razón de la Unión Europea, que tiene que seguir trabajando en este lacerante conflicto de Oriente Próximo en favor de la causa de la no violencia, de la democracia, de la paz, de la concordia y de la reconciliación. 
. – Señor Presidente, la agitación que precedió a las elecciones palestinas e israelíes se calma y la situación está más clara. 
Nos encontramos con nuevos partidos, nuevos actores y nuevas dificultades, pero quizás también ante una esperanza. 
Tanto los palestinos como los israelíes desean poner fin al conflicto y sienten la urgencia de luchar contra la pobreza. 
Esta ecuación no es mala a fin de cuentas y si la Unión Europea quiere desempeñar un papel debe atajar tres problemas. 
En primer lugar, debe apoyar financieramente a Palestina, no solo en sus necesidades básicas, sino también a las administraciones, que están al borde del colapso. 
En Gaza, donde el 35 % de los trabajadores están empleados por la Autoridad Palestina y el 75 % de los palestinos viven por debajo del umbral de pobreza, la hambruna comienza a causar estragos, no se paga a los empleados y, según fuentes autorizadas, la gripe aviar podría combinarse con la gripe humana y desencadenar la temida pandemia. 
Pero el apoyo a las administraciones públicas no puede traducirse en un apoyo a una administración presidencial no oficial que se erigiría más o menos en una fuerza de oposición. 
En segundo lugar, la Unión Europea debe dialogar con Hamás, con determinadas condiciones, sin duda, pero debe dialogar. 
Ya lo dio a entender el señor Carter en enero y el señor Clinton lo acaba de afirmar. 
Para todos aquellos que recuerdan los numerosos movimientos terroristas que se han convertido en partidos políticos respetables, pero también para todos aquellos que quieren la paz y respetan la opción electoral de casi la mitad del pueblo palestino, es crucial que entablemos el diálogo, que abramos negociaciones. 
Hamás mantiene la tregua y su Ministro de Asuntos Exteriores acaba de entreabrir, para sorpresa general, lo reconozco, una puerta que no excluye una solución con dos Estados. 
Aprovechemos esta oportunidad. 
La idea de volver atrás y admitir el Estado israelí sobre la base de las fronteras de 1967 es ya, en sí mismo, una negociación, pues implica que el propio Israel reconoce el trazado de 1967. 
En tercer lugar, la Unión Europea debe obtener garantías del Gobierno israelí de que el plan unilateral de retirada sea solo un plan B y no un plan A. Es cierto que resulta más difícil negociar la paz que asegurarse de forma unilateral y por la fuerza una seguridad razonable. 
Pero si el plan unilateral de convergencia se convierte en el programa secreto de Israel, no solo será el fin de la «Hoja de Ruta» o de cualquier iniciativa bilateral, sino que será también el fin de las esperanzas de paz y Europa perderá toda influencia creíble en esta parte del mundo. 
Aquí tienen ustedes tres problemas que resolver, pero he visto que ya han captado las principales líneas de acción a este respecto. 
. – Señor Presidente, los electores palestinos e israelíes nos han puesto en una tesitura verdaderamente complicada. 
Parece que cada cual ha favorecido a un partido que está decidido a actuar de forma unilateral y declara que no reconocerá a la otra parte ni negociará con ella. 
Soy plenamente consciente de que hay una distinción muy importante entre negar el derecho de un Estado a existir y negarse a reconocer la legitimidad de una parte que, hasta ahora, no ha renunciado oficialmente al uso de la violencia. 
De modo que la situación se presenta bastante sombría. 
Pero ¿podría ser que los electores hubieran dado prioridad a los asuntos internos, a los asuntos que influyen en su vida de cada día? 
¿Podría ser que los palestinos quisieran poner fin a la corrupción, a los conflictos internos y a la incompetencia administrativa? 
¿Podría ser que los israelíes quisieran tener mejores perspectivas económicas, más protección social y un sistema más equitativo? 
¿Podría ser que cada electorado hubiera votado a favor de lo que considera sus intereses primordiales y no en contra del otro pueblo? 
Si es así, podría quedar todavía alguna esperanza. 
Si Hamás reconoce a Israel, sigue cumpliendo el alto el fuego y no reanuda la violencia; si Israel se compromete a aligerar las muchas restricciones, garantiza la igualdad de derechos de defensa a los cientos de palestinos retenidos administrativamente y se abstiene de detener a las personas indefinidamente, tanto el nuevo Gobierno palestino como el futuro Gobierno israelí podrían considerarse en cierto modo capaces de trabajar juntos, aunque solo sea para que las cosas sigan su curso. 
Ya sé que eso es muy distinto de los llamamientos a reanudar el proceso de paz, pero quizás a corto plazo solo podamos esperar pequeños pasos en la dirección correcta. 
Enviamos nuestros mejores deseos a las dos partes. 
. – Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señor Solana, Señorías, es difícil ser inteligente y al mismo tiempo mantener una línea de acción, y difícil también enfrentarse a interlocutores que, de un lado y otro, solo quieren escuchar una parte de la verdad. 
Por tanto, tienen ustedes un Gobierno palestino que quiere definir unilateralmente qué es Palestina y qué no debe ser Israel, y un Gobierno israelí que quiere definir unilateralmente qué es Israel y qué no debe ser el Estado palestino. 
En estas circunstancias, creo que hay que observar ejemplos concretos. 
Así, si tomamos el problema del agua potable en la región −la señora de Keyser ha hablado de la gripe aviar−, pues bien, no se puede responder al problema del agua potable o de la gripe aviar sin negociaciones entre el Gobierno palestino y el Gobierno israelí, ya que el agua potable viene de Cisjordania y va a Israel. 
Es la misma agua. 
Si la Unión Europea no concede los 230 millones de dólares, no habrá agua potable ni en Israel ni en Cisjordania. 
¿Quién saldrá ganando? 
¡Nadie! 
Veamos algunos ejemplos: la gripe aviar. 
Si afecta a Gaza, afecta a Israel. 
No la pueden ustedes detener, como tampoco podría la retirada unilateral de Israel. 
No es posible. 
Ni siquiera Israel puede hacerlo. 
Hay, pues, circunstancias en las que la Unión Europea puede obligar a los Gobiernos a negociar, porque sus intereses vitales lo exigen y el medio ambiente es uno de esos ejemplos. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la «Hoja de Ruta» , ¿por qué no hacemos de un cuarteto un quinteto? 
Integremos a la Liga Árabe, tomemos a los cuatro más la Liga Árabe, negociemos diciendo: «Está la Liga Árabe, por tanto el señor Abbás e Israel deberán negociar al mismo tiempo con el “Cuarteto” y con la Liga Árabe». 
Y quizás haya seres humanos inteligentes que veten en la delegación de la Liga Árabe a algunos representantes de los palestinos, lo cual no sería malo. 
Por tanto, podemos y debemos tener inventiva, debemos ser inteligentes, y hay que decir las cosas con claridad. 
El muro no es solo una cuestión de seguridad, es una conquista territorial, es unilateral, es contrario a todos los principios de la Unión Europea, así como el no reconocimiento de Israel era contrario a los principios de la Unión Europea. 
Los dos son contrarios a los principios de la Unión Europea y esto hay que explicarlo. Un muro en las fronteras de 1967 es una cosa; un muro como el de hoy es una conquista territorial, y esto no podemos aceptarlo. 
Para concluir, déjenme decirles una cosa: tenemos que ser muy claros con unos y otros y recalcarles que nuestros principios son nuestros principios. 
De este modo, podremos obligarlos a negociar entre ellos. 
Una última observación sobre el señor Abbás: es cierto que ha sido elegido, pero yo vengo de un país donde un tal señor Chirac fue elegido con el 82 % de los votos y, a pesar de todo, cuenta hoy con el apoyo de muy pocos franceses. 
. – Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señor Solana, los buenos conocedores de la sociedad israelí nos aseguran, a pocos días de las elecciones, que la mayoría de la población del país está hoy decidida a aceptar, de buena gana o no, la idea de que la ocupación de los territorios palestinos es en todos los sentidos un cerrojo que hay que romper. 
Por desgracia, el nuevo Primer Ministro mantiene la estrategia de su predecesor, es decir, por una parte, la separación unilateral sobre la base de hechos consumados, que impide la construcción de un Estado palestino viable, y por otra, de forma inmediata, la asfixia del pueblo palestino para intentar hacerlo capitular. 
Esta política es irresponsable. 
Ayer, el gran diario israelí titulaba, citando a las Naciones Unidas, «Gaza está al borde del desastre». 
¡En Nablús, Cisjordania, los jóvenes menores de treinta años ya no tienen derecho a abandonar la ciudad! 
¿Qué significa entonces la propuesta de negociar con el jefe de la Autoridad Palestina, al que por lo demás se trata de desacreditar, como con el reciente golpe de fuerza de Jericó? 
En este contexto, es casi patético ver surgir nuevas iniciativas de paz en las sociedades palestina e israelí, como la de los combatientes de la paz, que se presentará oficialmente el próximo lunes. 
Esta iniciativa comprende a antiguos oficiales del ejército israelí que se han unido a antiguos combatientes armados palestinos y han sacado de sus respectivas experiencias la convicción común de que la solución de los problemas de la región solo puede ser política y basada en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas desde 1967. 
Todos celebramos la clarividencia y el coraje de esas mujeres y esos hombres. 
Pero ¿qué esperan de la Unión Europea? 
La ayuda sola no basta: cada pueblo tiene tanta necesidad de libertad como de pan. 
No es menos cierto que al provocar el hundimiento de los últimos restos de las estructuras sociales, administrativas y de seguridad palestinas, la supresión de la ayuda, aunque sea parcial y temporal, desbarataría cualquier esperanza de paz justa por mucho tiempo. 
Más en general, ¿qué papel político debería desempeñar Europa hoy? 
El señor Solana acaba de mencionar el Consejo Europeo de Venecia de 1980, que es una buena referencia. 
En efecto, hace un cuarto de siglo, en otro momento clave de la historia de Oriente Próximo, supimos asumir nuestras responsabilidades. 
Reconocimos entonces oficialmente a la OLP e hicimos nuestro el principio de «dos pueblos, dos Estados». 
Me parece que el momento actual reclama un nuevo acto enérgico por parte de Europa. 
Ese acto ha de tener estar destinado a establecer una referencia nueva y clara que abra una perspectiva basada en el Derecho y hacer recuperar la esperanza de las fuerzas de mantenimiento de la paz en toda la región. 
Con este espíritu he propuesto la idea de que nuestra propia institución desempeñe un papel de catalizador: podría tomar la decisión de reunir la Conferencia de Presidentes en Jerusalén Este para enviar a todos los protagonistas de allí un verdadero mensaje de paz. 
. Señor Presidente, la lucha de poder entre Hamás y Al Fatah en los territorios palestinos está llegando a un punto crítico. 
Los violentos acontecimientos ocurridos en Gaza el pasado fin de semana hablan por sí solos y las ocupaciones simultáneas de varios ministerios palestinos en Cisjordania ofrecen escasos indicios de que allí impere la más mínima autoridad pública, ni tampoco la legalidad y el orden público. 
¿De qué modo creen posible reducir el Consejo y la Comisión su implicación, que contribuye a crear esta profunda división interna entre los palestinos? 
En las presentes circunstancias, no se puede decir que por parte palestina exista ningún portavoz serio que esté a la altura del señor Olmert, que acaba de conseguir la victoria en las urnas en Israel. 
En cualquier caso, no debemos albergar la menor duda de que Hamás, como organización terrorista, se ha descalificado sola. 
A la vista de la creciente amenaza terrorista que suponen la infiltración de células de Al Qaeda en la franja de Gaza y las actividades iraníes, en estrecha cooperación con Hezbolá, en el sur del Líbano, esto no presagia nada bueno para la seguridad de Israel. 
¿Cómo valoran el Consejo y la Comisión el riesgo de que se cumplan esas amenazas y qué medidas se proponen adoptar contra Egipto y el Líbano, dos países que, en fin de cuentas, ambos firmado sendos acuerdos de asociación con la Unión Europea? 
Señor Presidente, tras el clamoroso éxito del movimiento terrorista Hamás en las elecciones parlamentarias palestinas, existía el riesgo de que el electorado israelí reaccionara de manera extremista, pero claramente no ha sido así, puesto que el nuevo partido Kadima ha ganado las elecciones. 
Ahora que la mayoría de los votantes de Israel han decidido a favor de continuar impulsando el proceso de paz, la pregunta que se plantea es, sin duda, cuál ha de ser el siguiente paso. 
Independientemente de cuál sea la composición del nuevo Gobierno israelí, el problema de Hamás no es algo pasajero. 
El señor Solana dice que no podemos desear que la nueva Autoridad Palestina fracase. 
En alguna medida, sin duda es cierto, puesto que las elecciones palestinas se desarrollaron de manera imparcial y democrática. 
No obstante, es evidente que la nueva Autoridad Palestina debería reconocer el derecho de Israel a existir, cumplir todos los acuerdos existentes y abstenerse de emplear la violencia. 
Esa es la postura oficial de la Unión Europea y solo me cabe esperar que no la modifiquemos. 
Al fin y al cabo, la Unión Europea es responsable, en parte, de la victoria electoral de Hamás. 
Fuimos demasiado tolerantes al brindar apoyo a la actual Autoridad Palestina y seguimos prestándoselo hasta extremos prácticamente ilimitados, a pesar de que conocíamos perfectamente el problema de la corrupción endémica, a pesar de que estábamos al corriente del problema de que existen libros escolares que atizan el odio, aunque nunca conseguimos disipar totalmente las dudas con respecto al posible uso del dinero de los contribuyentes europeos para financiar acciones terroristas. 
La actual situación, totalmente nueva, también brinda, por consiguiente, a la Unión Europea una oportunidad de recuperar su credibilidad. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Alto Representante, durante las elecciones de Palestina e Israel, a pesar de los diferentes resultados, me quedó claro que la gran mayoría de los ciudadanos de ambos partes son personas moderadas, que desean la paz y el fin de la violencia. 
Es importante alcanzar un acuerdo que sea sólido. 
Por lo tanto, deberá ser un acuerdo negociado, dado que solamente los acuerdos negociados y aceptados por ambas partes pueden ser sólidos. 
Es importante que, por nuestra parte, contribuyamos a ello y, en particular, que el Cuarteto tenga mayor presencia que antes en la región, por intermedio de sus dirigentes, para ofrecer las garantías de seguridad y el aliento necesarios. 
En este contexto, me parece evidente que Palestina debe ser un Estado viable y que, por lo tanto, tenemos que seguir prestándole ayuda humanitaria. 
Todavía está por ver hasta qué punto es posible canalizarla a través de la Autoridad Autónoma. 
Cuando leo en Xinhua que el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores palestino ha declarado: «Espero que nuestro sueño de tener un Estado independiente en todo el territorio histórico de Palestina se haga realidad algún día y estoy seguro de que no hay lugar para el Estado de Israel en esta tierra» , no resulta agradable escuchar semejante declaración en los tiempos que corren. 
Puede que la cita sea inexacta, pero de ser así, en cualquier caso es necesaria una rectificación para que el proceso pueda seguir avanzando en la dirección adecuada. 
Está suficientemente claro que la renuncia a la violencia y el reconocimiento del derecho de Israel a existir continuarán siendo dos de las condiciones previas esenciales para unas buenas relaciones con un Gobierno palestino que quiera nuestro apoyo, especialmente de carácter financiero. 
Tenemos que comprender la importancia de esta tarea: existe una correlación entre paz en la región y paz mundial. 
Por esto debemos ayudar al nuevo equipo a conseguir un progreso significativo en la nueva situación posterior a las elecciones. 
Señor Presidente, señor Solana, señora Ferrero-Waldner, se trata, efectivamente, de conseguir la paz, una paz justa y dos Estados viables, y Hamás está haciendo algunas declaraciones de paz, de que asume el proceso y —aunque, en mi opinión, todavía indirectamente— de reconocimiento de Israel. 
Como saben, su Ministro de Asuntos Exteriores, aludiendo a la paz basada en una solución con dos Estados, se dirigió ayer a Kofi Annan con estas palabras: «Esperamos vivir en paz y seguridad, al lado de nuestros vecinos, en esta sagrada parte del mundo». 
El Ministro de Hacienda ha manifestado que la intención de Hamás es incrementar los vínculos con Occidente e incluso lograr una acomodación con Israel. 
Y, en mi opinión, el Primer Ministro reconoce al Cuarteto al declarar: «Nuestro Gobierno está preparado para dialogar con el Cuarteto, para poner fin al estado de lucha y pacificar la región. No escatimaremos esfuerzo alguno para lograr una paz justa en la región». 
En mi opinión, el deber de la Unión es tomar en consideración esta nueva realidad y liderar una estrategia que ponga fin al actual parón, en beneficio de dos pueblos, de dos Estados viables y de una paz justa. 
– Señor Presidente, el resultado de las elecciones israelíes ha sido la respuesta de los ciudadanos de Israel. 
Todos los partidos de la Knesset se han comprometido con el proceso de paz y la mayoría aprueban el plan de convergencia propuesto por el señor Olmert, que propone una solución de dos Estados. 
En cuanto al proceso de paz de Oriente Próximo, quiero decir que si observamos las elecciones palestinas, recordaremos que la democracia no se reduce a una urna con libertad de voto ni al mero proceso. 
No podemos definir y aprobar una «democracia» en forma de un «Gobierno terrorista elegido democráticamente» , como en el caso palestino. 
La democracia tiene que ver con los valores de la UE de paz y respeto, no con querer que el vecino desaparezca del mapa, como ha declarado esta semana el señor Al Zahar, el nuevo Ministro palestino de Asuntos Exteriores, que ha dicho: «Sueño con colgar un gran mapa del mundo en el cual no aparezca Israel.» 
La UE debe exigir que el Gobierno de Palestina renuncie a la violencia, reconozca al Estado de Israel y los correspondientes acuerdos y compromisos de la «Hoja de Ruta» , de lo contrario la UE no debería legitimar a Hamás bajo ningún concepto. 
Ahora que no tiene ningún socio en el lado palestino, Israel necesita todo nuestro apoyo para mantener su compromiso con el proceso de paz. 
– Señor Presidente, hace unos días se ha prohibido a unos diplomáticos estadounidenses ponerse en contacto con los funcionarios de todos los organismos del Gobierno palestino controlados por Hamás. 
Al mismo tiempo, Canadá ha suspendido la ayuda a la Autoridad Palestina y el Presidente Bush ha dicho que no aceptaría ayudar a un Gobierno dirigido por Hamás. 
Sin embargo, hay que comprender que Hamás ha sido elegido en unas elecciones libres y limpias. 
Acojo con satisfacción las recientes declaraciones realizadas por el señor Haniya de que su Gobierno cooperaría con el señor Abbás, lo que parece transmitir una imagen más suave de Hamás. 
Ayer el Ministro de Asuntos Exteriores realizó la misma declaración. 
Debemos seguir apoyando las declaraciones del «Cuarteto» de que el nuevo Gobierno Palestino tiene que aceptar los principios de no violencia, reconocimiento de Israel y aceptación de los acuerdos y las obligaciones contraídos previamente, incluida la «Hoja de Ruta». 
No debemos olvidar jamás que suspender la ayuda a los palestinos sería como castigar directamente al pueblo palestino por su elección y, por lo tanto, aumentaríamos su sufrimiento. 
El Parlamento Europeo debe contribuir a todos los esfuerzos posibles para recuperar la paz, no solo entre Israel y Palestina, sino también en toda la región de Oriente Próximo. 
– Señor Presidente, usted ha presentado al señor Solana como Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión. 
¿Qué política exterior y de seguridad común es esa? 
Quizás era la que aparecía en la Constitución Europea propuesta, que tan rotundamente rechazaron los franceses y los neerlandeses en los referendos del año pasado, y que habría sido rechazada por los británicos si se les hubiera dado la oportunidad. 
La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea no tiene ninguna legitimidad. 
El señor Solana no tiene ninguna legitimidad como Ministro de Asuntos Exteriores de hecho de la UE. 
El señor Solana habla como si la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea fuera un hecho consumado. 
Una y otra vez la UE asume de forma ilegítima el papel y las características de un Estado político. 
Eso no es un debate sobre el modo de resolver los problemas de Oriente Próximo. 
Es un debate sobre cómo impulsar unos ilegítimos Estados Unidos de Europa. 
Señor Presidente, señor Solana, se da la coincidencia de que últimamente se han celebrado elecciones en varias zonas inestables del mundo, como Belarús, Ucrania, Palestina e Israel. 
La Unión Europea desempeña un papel primordial en todas esas zonas. 
Debemos congratularnos por ello, dado que los Estados Unidos ya no son un actor objetivo en el conflicto palestino-israelí. 
Señor Solana, según tengo entendido, usted es el encargado de expresar los deseos del conjunto de la Unión y de todos los Grupos políticos representados en esta Cámara. 
Israel ha experimentado en carne propia lo que significa ser una nación sin Estado. 
Creó su Estado por la fuerza y, por lo tanto, debería dar buen ejemplo y aceptar la creación del Estado palestino. 
Hasta entonces no debe exigir a Hamás que reconozca al Estado de Israel. 
– Señor Presidente, acojo con gran satisfacción las declaraciones del Alto Representante y de la señora Comisaria. 
Por cierto, usted habla en nombre de la mayoría de esta Cámara y de la mayoría de Europa, y ciertas personas deberían aceptarlo. 
También me ha alegrado mucho la insistencia en la necesidad de una solución negociada. 
Es cierto que necesitamos negociar, pero eso significa que Hamás e Israel también deben estar dispuestos a hacerlo. 
Si pensamos en Gaza, Israel no negoció allí. 
Por supuesto, también tenemos que analizar las razones por las que Hamás salió elegido. 
Durante años, otro Gobierno, concretamente el de Al Fatah, fue quedando minado, en parte por su propia culpa –por ejemplo, a cauda de la corrupción y de otras circunstancias–, pero también debido a la negativa de Israel a aceptarlo como interlocutor en las negociaciones. 
Ni siquiera fue aceptado tras la muerte del señor Arafat, cuando el señor Abbás era Presidente, durante la retirada de Gaza. 
Por lo tanto, se necesitan dos para negociar y ambas partes tienen que desearlo. 
En segundo lugar, desde luego es necesario el reconocimiento del derecho de Israel a existir, en un clima pacífico y con unas fronteras razonables, pero Israel debe aceptar también, al menos como principio, que la resolución de las Naciones Unidas relativa a sus fronteras es correcta. 
Es evidente que todavía se requerirán algunas correcciones –todos lo sabemos, si somos realistas–, pero si ni siquiera se acepta en principio, habrá dificultades. 
Mi tercera observación es que debemos hacer todo lo posible para mejorar la situación en Gaza, incluida la situación económica, para que Gaza sea viable. 
La retirada de las tropas no puede garantizarlo por sí sola. 
Finalmente, nos preocupan profundamente los acontecimientos ocurridos en Jerusalén Este. 
Aunque acogemos con satisfacción a Kadima y la sensatez de sus miembros, en el caso de Jerusalén Este todavía no han tenido el sentido común de reconocer a la vez que Jerusalén es la capital de Israel y que los palestinos tienen derecho a reclamar la zona oriental de la ciudad. 
Esto debería seguir siendo una política clara en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, combinado con la victoria de Hamás, el voto de Israel tendrá una influencia definitiva en las perspectivas de paz de Oriente Próximo. 
Las elecciones israelíes se han considerado en general un referendo sobre la acción unilateral de establecer fronteras permanentes. 
Sin embargo, un 25 % de los votos sin duda no otorgan a Kadima este mandato y, aunque pudiera reunir apoyos adicionales en la Knesset, una retirada unilateral de Cisjordania y un establecimiento unilateral de fronteras que no coincidieran con las fronteras de 1967 no sería una solución. 
Solo una resolución negociada y pacífica puede abordar el verdadero y antiguo problema del proceso de la «Hoja de Ruta». 
Todas las partes deben seguir una vía de compromiso positivo, como ha establecido el «Cuarteto» , que incluye conversaciones con la nueva Autoridad Palestina. 
No es fácil esperar que la comunidad internacional se comprometa con quienes aún no han renunciado a la violencia, pero hasta que llegue este momento no tenemos alternativa si queremos avanzar. 
Ofrezcámosles una alternativa a la violencia desesperada y un motivo para aceptar el reto. 
De lo contrario, empeoraremos su situación y simplemente atacarán aún más. 
Si una relación constructiva con la UE y la presión internacional pueden llevar a Ariel Sharon de su carrera política inicial hasta el legado que ha dejado a Kadima, con toda seguridad ello demuestra que un compromiso positivo puede cambiar mentalidades en apariencia diametralmente opuestas. 
– Señor Presidente, Señorías, después de tres días de lluvia en los territorios ocupados, ese muro que, como han dicho todos ustedes, es ilegal, provocó una acumulación de agua que arrastró los cuerpos de dos hermanos muertos en Bi ' ilin. 
Los soldados israelíes impidieron que se excavase para drenar el agua, los bombardeos del norte de Gaza han destruido zonas agrícolas y matado a civiles. 
Nablús y Hebrón están cercadas y se hacen incursiones en ellas. 
Tenemos muchas responsabilidades y no podemos seguir repitiendo el lugar común sobre los dos pueblos y dos Estados. 
No hay dos pueblos y dos Estados, hay un Estado y algo que se desarrolla, un territorio que constantemente es despedazado, tanto por este el muro ilegal como por la fuerza. 
Kadima y el partido laborista pueden ser una oportunidad. 
Estoy a favor de aprovechar todas las oportunidades, pero no en silencio: hay que pedir, y hay que hacerlo enérgicamente. 
Desde hace dos años, Hamás ha declarado y respetado una tregua, ha cesado su actividad. 
Díganlo, digámoslo fuerte, que desde hace dos años Hamás no lleva a cabo ninguna actividad y no debe hacerlo nunca más. 
Pero no podemos seguir repitiendo, como hacemos desde 1980, la línea en torno a los dos pueblos y dos Estados, al tiempo que asistimos a lo que simplemente es el robo de tierras palestinas. 
Debemos permanecer activos con respecto a Hamás, pero también con respecto a Israel, para que comprenda que la Comunidad internacional tiene un sentido. 
– Señor Presidente, Señorías, Hamás se habrá puesto la piel de cordero, pero bajo la piel de cordero de vez en cuando aún puede verse el lobo, si es cierto que en estos días el Ministro de Asuntos Interiores, Said Siam, apartándose por vez primera una práctica introducida por el Presidente Arafat para contribuir a la secularización del país, ha alentado una señal visible del proceso de talibanización de Palestina al estilo de Hamás, al permitir a los policías palestinos dejarse crecer la barba. 
Esto contradice la política anterior de la policía palestina y es un medio para mostrar pleno respeto por el precepto atribuido a Mahoma que dice que para distinguirte de los infieles hay que dejarse crecer la barba y cortarse el bigote. 
Es, pues, un proceso de talibanización más preocupante aún en un momento en que se descubre, tras la identificación de un aspirante saudí a terrorista suicida, una presencia real de Al Qaeda dentro de las fronteras del Estado de Israel. 
Es una situación que parece, en conjunto, extremadamente preocupante. 
Tampoco son en absoluto alentadoras o tranquilizadoras las declaraciones, ampliamente divulgadas por la prensa internacional, del Ministro de Asuntos Exteriores Al Zahar, en las que daba alas a la esperanza de una actitud abierta ante el reconocimiento de Israel y, por tanto, ante la política de los dos Estados, desde el momento en que, pocos días antes, el mismo personaje pronunció una increíble declaración según la cual su sueño sería colgar en su casa un bonito mapamundi en el cual no apareciera el Estado de Israel. 
La talibanización de Palestina produce una honda preocupación. 
Europa debe abrir los ojos ante este peligro muy real. 
– Señor Presidente, considerando que el Gobierno palestino está en manos del grupo terrorista Hamás, que se ha negado a abandonar la violencia y a reconocer a Israel, me parece correcto y necesario que Israel tome medidas unilaterales para definir y defender sus fronteras. 
Si no lo hiciera, no podría ofrecer seguridad a sus ciudadanos y esa debe ser la principal preocupación de todo Gobierno. 
Por lo tanto, animo a Israel a que, sean cuales sean las presiones internacionales, se muestre decidido y constante al respecto. 
Nada bueno se consigue haciendo el juego a los terroristas o a sus apologistas políticos, y espero que Israel, la UE y el señor Solana no vacilen en seguir esa línea y no duden al insistir en que el único camino para avanzar es que Hamás abandone la violencia y reconozca a Israel. 
– Señor Solana, señora Comisaria, entre todos los temas que se están debatiendo, voy a centrarme en las palabras del señor Solana, cuando ha descrito la situación en los territorios palestinos e Israel. 
De su descripción, podemos deducir dos hechos principales. 
Mientras que los palestinos están gobernados por Hamás, una organización que se niega a aceptar los principios básicos del Derecho internacional, la situación en Israel es diferente. 
Allí, de las elecciones puede salir un Gobierno que, ante todo, desee ocuparse de los problemas sociales y económicos que todas las personas que viven en sociedades democráticas consideran los más importantes a los que deben dar solución. 
Aun así, la Unión Europea se enfrenta con un reto abrumador. 
A saber: que independientemente de la opinión que nos merezca Hamás –y estoy segura de que la mayoría lo consideramos una organización terrorista–, ustedes, en su calidad de nuestros máximos representantes en el ámbito de las relaciones exteriores, deben encontrar una forma de cooperar con el Gobierno de Hamás. 
Solo les pediría que, a medida que vayamos avanzando por ese camino, no olviden que todos los fondos de la Unión Europea destinados a ayudar a los palestinos deberán continuar estando sujetos a la condición de que el Gobierno palestino respete la existencia de Israel. 
También me gustaría preguntar si podrían averiguar a través del señor Kofi Annan qué decía exactamente acerca de la existencia de Israel la carta que recibió del Ministro de Asuntos Exteriores palestino. 
– Señor Presidente, los resultados de las elecciones celebradas hace poco en Israel básicamente legalizaron la estrategia de la imposición unilateral de los términos de cualquier resolución sobre el problema palestino. 
No es casualidad que los dirigentes políticos de Israel empleen más la palabra «seguridad» y mucho menos la palabra «paz» , porque la paz exige negociación y compromisos dolorosos. 
En cambio, la seguridad va asociada a una determinación unilateral del estatuto definitivo de las fronteras, que mantiene la ocupación de Jerusalén Este, los asentamientos en Cisjordania y el Muro de la Vergüenza. 
Creo que el plan estratégico de Israel, reforzado por la nueva situación política en los territorios palestinos, no está creando las condiciones adecuadas para la paz. 
No está creando un Estado palestino viable. 
Al contrario, está contribuyendo a crear un Estado virtual formado por zonas desconectadas, sin fronteras estables. 
La Unión Europea hace bien en imponer condiciones a Hamás. 
Sin embargo, no vemos que se impongan condiciones a Israel, dado que también esté incumpliendo los acuerdos de Oslo o las condiciones establecidas en la hoja de ruta. 
Tanto el señor Solana como la señora Ferrero-Waldner han abordado hoy la cuestión de un mayor realismo por parte de la Unión Europea. 
Tenemos que seguir manteniendo el mismo tono fiable, si queremos ser una Unión Europea eficaz. 
– Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Partido Laborista Israelí por su entrada en el Gobierno. 
Son socialistas, son nuestro partido hermano, y acogemos con satisfacción su compromiso expreso de que «la ocupación erosiona la fibra moral de la sociedad israelí» , además del discurso del señor Amir Peretz en Herzliya apoyando el respeto de las fronteras internacionales. 
Ambos son compromisos muy importantes para poder avanzar. 
Doy las gracias tanto a la Comisaria como al Alto Representante por reafirmar esta tarde el compromiso de Europa con una solución negociada, no unilateral. 
A la Comisaria le reitero lo dicho en nuestras conversaciones privadas, a saber, que aunque tiene todo el derecho del mundo a imponer condiciones para la ayuda de Europa a la Autoridad Palestina, le pido que elabore planes para evitar un desastre humanitario en los territorios palestinos si Hamás no avanza tan de prisa como todos esperamos. 
Al señor Solana le pido que considere lo fácil que fue cerrar el cruce de Rafá –supuestamente garantizado por la UE– durante las recientes acciones israelíes, así como la legalidad de que Israel retenga los pagos aduaneros a la Autoridad Palestina, garantizados en el Acuerdo de París. 
Son obligaciones legales que la Unión Europea y el «Cuarteto» tienen el deber de hacer cumplir. 
En primer lugar, en cuanto a las tres exigencias esbozadas por el señor Solana, apoyo las tres pero me temo que están incompletas. 
Creo que no solo deberíamos exigir a Hamás el respeto de los acuerdos vigentes, como el reconocimiento del Estado de Israel, sino que también deberíamos exigir el pleno respeto de la democracia en la toma de decisiones en la política palestina, de la que se deriva la situación actual. 
Debemos exigir que Hamás no toque los derechos humanos de los palestinos. 
Debemos ofrecer nuestro pleno apoyo a las mujeres palestinas que se manifestaron por sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. 
El señor Solana ha dicho que Hamás no puede cambiar el pasado, pero puede cambiar el futuro. 
Fue Ariel Sharon quien dijo una vez que cuando uno se encuentra en el poder, su perspectiva del mundo cambia drásticamente, y algunos líderes mundiales han acabado calificándolo de hombre de paz. 
No podemos excluir la posibilidad de que Hamás se ponga a la altura de las circunstancias. 
Pero yo no apostaría nada por ello. 
Por lo tanto, necesitamos una estrategia a largo plazo. 
Espero que la próxima vez que haya elecciones en Palestina, el pueblo palestino saque a Hamás del poder, y el único partido que puede vencer a Hamás es Al Fatah. 
La joven generación de Al Fatah, y me refiero para el caso a todos los que tienen menos de 50 años, pide una reforma interna, y creo que es correcto hacerlo. 
Esa generación tiene el potencial de volver a conectar a Al Fatah con la calle palestina. 
Defiendo plenamente sus objetivos y pido a todos mis colegas que busquen maneras de invertir en este movimiento reformista. 
– Señor Presidente, quisiera empezar con algunas observaciones. 
Primero, el problema demográfico ha estado en el meollo del debate político; segundo, la utopía del Gran Israel ya no existe; tercero, la cuestión social ha estado en el meollo del debate en Israel; y cuarto, Hamás no ha influido en las elecciones en Israel. 
Inconscientemente, los israelíes han reconocido de una vez por todas la existencia de dos Estados. 
Ha llegado la hora de la negociación, pero hay que presionar a Hamás para que considere caduca su Carta y reconozca por fin a Israel como interlocutor válido. 
Si no, Señorías, habrá una política unilateral en ambos lados. 
Las opiniones públicas de los dos países están a favor de la paz. 
Es preciso que Europa aproveche esta situación, pues su papel es ahora crucial. 
Europa despierta expectativas y, por lo que respecta a la ayuda a los palestinos, repito que Europa debe mantenerla, de lo contrario se producirá una catástrofe en Palestina. 
. En primer lugar quiero dar las gracias a los numerosos oradores que han participado por su pleno apoyo a nuestros intentos de continuar con el proceso de paz. 
Incluso en este momento tan difícil debemos intentar hacer todo lo que podamos. 
Sin embargo, la principal responsabilidad recae en las dos partes y nosotros –la comunidad internacional– debemos apoyarles en su avance por esta vía. 
Reitero que tiene que ser una solución negociada –no unilateral– y creo que esto tiene que quedar muy claro. 
Todos estamos de acuerdo en que es importante que Hamás respete las tres condiciones: tiene que renunciar a la violencia, reconocer la existencia del Estado de Israel y cumplir los acuerdos vigentes aceptados por los anteriores Gobiernos. 
También es muy importante que el «Cuarteto» internacional permanezca unido. 
No siempre será fácil, pero debemos intentar permanecer unidos tanto como podamos. 
En segundo lugar, la ayuda humanitaria es absolutamente necesaria. 
En análisis anteriores hemos visto que más o menos la mitad de nuestra ayuda ha llegado a los diversos dispositivos de ayuda humanitaria, no a través de la Autoridad Palestina. 
Por lo tanto, esa ayuda seguirá prestándose a través de las organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. 
Encontraremos formas de hacerlo a través de las ONG, pero también tendremos que revisar nuestra postura y encontrar mecanismos alternativos. 
Trabajamos en ello. 
Sin embargo, dado que es una cuestión muy difícil, tendremos que estudiar con sumo cuidado qué podemos hacer. 
También tendremos que estar absolutamente seguros de que nuestra ayuda no vaya a parar a manos de los terroristas, y eso es lo que debemos investigar. 
Por lo tanto, debemos encontrar el equilibrio adecuado, cosa que no es fácil. 
Por supuesto, tenemos también el apoyo del señor Mahmud Abbás. 
En la actualidad es nuestro interlocutor. 
La posibilidad está ahí, por lo que debemos tratar de reforzar su cargo tanto como podamos, pero de nuevo les ruego que sean pacientes porque estamos trabajando en los detalles. 
Rusia ha dejado claro que cuando se reunió con Hamás se mantuvo dentro del marco de la declaración de nuestro «Cuarteto» del 30 de junio. 
Los rusos dijeron que era importante hablar con Hamás para que entrara en la línea correcta incluso antes de que se formara el Gobierno. 
Por desgracia, hemos oído que Hamás no ha cumplido todas las condiciones, aunque sí ha dado algunos primeros pasos. 
Permítanme decir también algunas palabras sobre Jerusalén Este. 
Estamos especialmente preocupados por las actividades de los asentamientos y la construcción del muro de separación en y alrededor de Jerusalén Este, que pone en peligro la contigüidad de un futuro Estado palestino y amenaza también con complicar en gran medida las negociaciones sobre el estatuto definitivo. 
Todo acuerdo sobre el estatuto de la ciudad debe ser negociado por las dos partes y no debe verse condicionado por nuevos factores sobre el terreno, como he dicho antes. 
Las declaraciones del Consejo y del «Cuarteto» lo han dejado ya muy claro. 
Estamos dispuestos a ayudar a las partes de la forma adecuada, si lo piden. 
El primer paso de Israel debería consistir en poner fin a la discriminación contra los palestinos en las ciudades. 
En cuanto al muro de separación, la Unión Europea ha declarado en diversas ocasiones que aunque reconoce plenamente el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos contra los ataques terroristas, está especialmente preocupada por la ruta marcada por el muro de separación en el territorio ocupado de Cisjordania, que se desvía considerablemente de la Línea Verde, confisca injustamente tierras palestinas y entorpece gravemente la circulación y el acceso. 
De nuevo pedimos a Israel que se detenga y dé marcha atrás en la construcción del muro de separación dentro de los territorios palestinos ocupados, incluido el centro y los alrededores de Jerusalén Este. 
. Señor Presidente, quisiera recordar a sus Señorías que en esas elecciones ha ocurrido algo muy importante. 
Tanto las elecciones de Palestina como las de Israel han creado una nueva clase política. 
Los partidos políticos que han dominado la vida de Israel y Palestina en los últimos 20 años han desaparecido o han obtenido resultados muy bajos en las elecciones. 
Han aparecido nuevos partidos que habían sido creados tan solo unos meses antes. 
Han aparecido nuevos líderes. 
¿Qué significa esto? 
Probablemente significa muchas cosas, pero al menos para nosotros debe significar algo nuevo, en lo que al liderazgo se refiere. 
Debemos depositar cierta esperanza en este cambio y ver si podemos aprovechar la situación para llevar adelante el proceso. 
Tengo la impresión y la profunda convicción de que el resultado de esas elecciones representa un cambio profundo en la estructura social de ambas sociedades. 
Por parte de los palestinos seguramente no existe ningún deseo de tener un Gobierno no laico. 
Me gustaría mucho insistir en ello. 
No creo que la mayoría del pueblo palestino haya votado a Hamás porque quisiera un Gobierno religioso al frente de la Autoridad Palestina. 
Creo que ha votado en contra de otras cosas mucho más relacionadas con la tiranía de no hacer las cosas de forma adecuada, de la corrupción, de la falta de una organización correcta. 
Ahora debemos hacer el esfuerzo de intentar asegurar en la medida de lo posible que Palestina, que es seguramente la región más laica de Oriente Próximo, no cambie hacia algo que probablemente la mayoría de los ciudadanos palestinos no desean. 
Pero al mismo tiempo tiene que haber en el Gobierno personas que puedan ofrecer los resultados que desean la mayoría de los ciudadanos: servicios sociales, ausencia de corrupción, democracia, etc. Allí es donde debemos influir tanto como podamos. 
Y lo mismo ocurre en Jerusalén, lo mismo en Israel. 
Es realmente impresionante pensar que el primer ministro va a ser el señor Olmert y no el señor Sharon: ¡qué cambio tan profundo ha tenido lugar en un período de tiempo tan corto! 
La persona que ha dirigido Kadima y Likud, el partido que ha gestionado los asuntos de Jerusalén durante más de veinte años, está sufriendo en un hospital. 
Hay un nuevo partido con un nuevo líder que nadie esperaba que hoy pudiera ser el líder. 
¿Nos ofrece eso posibilidades? 
Permítanme creer que sí nos ofrece posibilidades. 
¿Vamos a aprovechar esas posibilidades? 
Me gustaría pensar que sí, que vamos a aprovechar esas posibilidades. 
Cuando hablo con el señor Olmert, cosa que hago a menudo, no paro de insistir en que el unilateralismo no es posible. 
Ya lo hemos visto. 
No fue posible retirarse de Gaza de forma unilateral. 
Al final, tuvieron que recurrir primero a la comunidad internacional y después al pueblo palestino, porque es imposible desenredar una situación que está tan unida y hacerlo de forma unilateral. 
El señor Cohn-Bendit ha dicho que es terrible que la gripe aviar pueda propagarse de Israel a Palestina. 
Hoy se ha dicho en una intervención que debemos asegurarnos de que la gripe aviar no se propague de un territorio a otro. 
Pero esa persona no ha dicho que la pobreza tampoco puede propagarse de un lugar a otro, que el sufrimiento no puede ir de un lugar a otro. 
A veces parece que estamos muy preocupados por la propagación de la gripe aviar y en cambio no nos preocupa el sufrimiento, la miseria y la tragedia que han existido durante tantos años. 
Los pueblos están separados por una barrera que no puede detener la gripe aviar, pero en cambio puede impedir que las personas vayan de un lugar a otro. 
Es realmente triste. 
Debemos poder hacer las dos cosas –cooperar para que la gripe aviar no se propague y asegurarnos de que las personas puedan circular, que los trabajadores puedan circular, y que se pueda progresar, y creo que eso es mucho más importante. 
En 1980 dijimos algo muy importante, que se ha mantenido. 
No hace mucho dijimos que creíamos que las fronteras de 1967 son el punto de partida para las negociaciones. 
Me gustaría repetirlo hoy en este Parlamento. 
Estamos dispuestos a defenderlo; estamos dispuestos a aceptar cambios en las fronteras acordados por la mayoría de las personas, por ambas partes. 
Pero no podemos imaginar ninguna otra solución que no tenga en cuenta la premisa de que las negociaciones deben partir de las fronteras de 1967. 
También me gustaría decir que todo el mundo debe tener la oportunidad de cambiar. 
El señor Cohn-Bendit ha cambiado. 
Yo he cambiado. 
¿Cuántas personas en esta Cámara han cambiado? 
Y creo que todos hemos cambiado a mejor. 
¿Por qué no pensamos que la gente pueda cambiar a mejor? 
Tenemos que ofrecer esa oportunidad, pero debemos mostrarnos implacables hasta el momento en que cambien. 
Debemos decirles que si cambian tendrán la oportunidad de formar parte del equipo. 
Pero si no cambian, sintiéndolo mucho no formarán parte del mismo. 
Como he dicho antes, es muy difícil cambiar el pasado. 
Nadie puede cambiar su pasado, solo aligerar sus recuerdos, como mucha gente hace. 
Debemos actuar para crear unas condiciones con las que la gente pueda comportarse de otra forma en el futuro. 
Me gustaría ver que Hamás cambia y reconoce a Israel. 
Es imposible negociar si no se reconoce que la otra parte tiene derecho a existir. 
Y eso tiene que ser recíproco. 
Es imposible negociar si uno se quiere negociar y al mismo tiempo quiere tener un revólver en el bolsillo. 
Eso no es una negociación. 
Es el tipo de mensaje que debemos hacer llegar. 
También queremos impulsar la pluralidad de la sociedad palestina. 
Ha sido la sociedad más laica y sigue siendo laica, no está sujeta a ninguna sociedad religiosa impuesta, como se ha reflejado en algunas declaraciones de Hamás. 
Es un punto muy importante y debemos pensar en ello por primera vez. 
Un grupo que pertenece a los Hermanos Musulmanes ha llegado al poder democráticamente. 
Debemos pensar en ello porque ha ocurrido en Palestina. 
Y puede ocurrir en otros lugares, y debemos pensar en cómo vamos a abordar este tema. 
Me gustaría que esos elementos fueran tenidos en cuenta, no solo por los expertos, sino también por los agentes políticos de la Unión Europea. 
Tengo esperanza en mi corazón y me gustaría que sus Señorías también la tuvieran. 
Juntos vamos a ver si podemos colmar las esperanzas que estoy seguro que tienen en su corazón. 
El debate queda cerrado. 
Quiero dar la bienvenida a nuestra distinguida galería de visitantes al señor Milinkevich, candidato a las recientes elecciones presidenciales de Belarús, y al señor Viacorka, jefe del Frente Nacional Belaruso. 
Han sido invitados por el Presidente del Parlamento Europeo en señal de apoyo del Parlamento Europeo a la democracia y la libertad en Belarús. 
El señor Milinkevich dirigió con valentía la campaña presidencial en unas condiciones de opresión creadas por el Gobierno dictatorial de Belarús, defendiendo los derechos humanos, la democracia y la sociedad civil, y luchando por unos valores que también son los nuestros. 
¿Qué ha ocurrido en realidad con las elecciones? 
En mi opinión, lo que de hecho ha ocurrido es que han convertido el plan de Sharon y de su sucesor Olmert en unas elecciones, con el fin de desvincularse más de la zona de Cisjordania, preservando así la identidad religiosa de Israel. 
El legado de Sharon comprende de tres cometidos: 
-el lado palestino no quiere concluir un tratado permanente con Israel. 
Abu Mazén quiere hacerlo, pero no puede; Hamás puede, pero no quiere. 
-Israel debería establecer sus fronteras unilateralmente, 
-la frontera se debería fijar a lo largo del muro «divisorio» , incluyendo los grandes asentamientos judíos de Cisjordania esto supondría la retirada dolorosa y radical de unos 70 000 colonos. 
Si se da ese paso, se crearán tres cantones separados y no cabe duda de que el resultado sería un Estado fallido. 
Este es el punto en el que debemos intervenir desde la Unión Europea y hacerles comprender a nuestros amigos israelíes que eso ya no les interesa, pues conducirá indudablemente a una nueva revuelta palestina y todos sabemos lo que eso significa. 
La Liga Árabe mantiene una postura interesante con respecto a esta cuestión: Aceptarían una paz basada en las fronteras israelíes de 1967. 
Quizás deberíamos analizar también las negociaciones sobre esa base y considerar si es el camino que puede conducir a una paz segura en el futuro. 
Estoy cada vez más convencida de que la seguridad de Israel no depende de que se mantengan los asentamientos, sino de la resolución del conflicto. 
– Señor Presidente, Señorías, los resultados de las últimas elecciones israelíes confirman que el camino emprendido por el Primer Ministro Sharon hacia la paz en Oriente Próximo, aceptable para el pueblo palestino y para el pueblo de Israel, es el correcto, entre otras cosas porque es quizás el único posible. 
El problema ahora es ver si el nuevo Gobierno palestino sabe continuar por la misma senda a pesar de la victoria de Hamás en las pasadas elecciones legislativas. 
La Unión Europea debe ponerse en marcha para convertirse en un agente principal de un proceso de paz en el que muchas veces ha sido parte poco activa en la tarea de mediación que le confiere su la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Conseguir una paz verdadera en una de las zonas más frágiles del panorama geopolítico internacional solo es posible mediante garantías reales para la seguridad de los dos países y, por tanto, mediante una acción política europea capaz de garantizar el desarrollo y el diálogo, pero firme a la hora de condenar el terrorismo y la violencia de quienes aún hoy quieren eliminar del mapa al Estado de Israel. 
Los poderes amparados en la Política Exterior y de Seguridad Común de las instituciones comunitarias deben responder a expectativas reales de una negociación reforzada, a fin de garantizar que todo diálogo se desarrolle correctamente y que se salvaguarden los derechos políticos y sociales de ambas poblaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a las elecciones en Belarús. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Parlamento Europeo ha debatido con frecuencia el tema de Belarús; lamentablemente por razones muy justificadas. 
Quiero recordarles que, inmediatamente después de las elecciones, celebraron un debate especial muy serio y convincente sobre esta cuestión, en el cual también tuve el honor de participar. 
El Consejo también se ha visto obligado a incluir a Belarús en su agenda desde hace ya algún tiempo, porque dicho país es motivo de gran preocupación. 
La situación está soportando ahora el pueblo de Belarús es trágico y hoy debemos expresarle nuestra solidaridad. 
Sé que ya lo están haciendo, al igual que el Consejo y, por supuesto, también la Comisión. 
Por mi parte, quiero sumarme a las palabras de bienvenida del señor Presidente y decirle al señor Milinkevich cuánto me alegra poder contar con su presencia en este debate. 
Espero que el apoyo que le brindan todas las instituciones de la Unión Europea, al igual que a sus seguidores y a todos los valerosos hombres y mujeres de Belarús, le infunda un coraje renovado. 
Quiero recordarles que el Presidente del Consejo Europeo, el Canciller Schüssel, se refirió al señor Milinkevich durante el debate de esta mañana y dijo que «le debemos todo el apoyo político y económico imaginable, siempre que lo necesite». 
Ya antes de las elecciones, el Consejo estaba profundamente preocupado por la situación en Belarús y advirtió claramente al Gobierno, en particular al Presidente Lukashenko, de que no debía pisotear los derechos humanos y le instó a respetar la libertad y el derecho de reunión del pueblo, así como su derecho a manifestarse; y cuando un Ministro, de forma bastante increíble, amenazó con tratar a los manifestantes como terroristas, también señaló que la Unión Europea no estaba dispuesta a aceptarlo. 
Como sabemos y como determinaron los observadores de la OSCE/OIDDH, las elecciones no fueron democráticas. 
Es un hecho muy lamentable, pues recuerdo que en esta Cámara algunos habían expresado la esperanza de que las elecciones supusieran un punto de inflexión. 
Ahora la Unión Europea, en general, y el Consejo, en particular, pueden hacer básicamente dos cosas: en primer lugar, debemos dejar claro que no estamos dispuestos a tolerar ese comportamiento. 
Por lo tanto, tenemos que emprender acciones específicas contra los responsables de esos acontecimientos. 
En principio, el Consejo –y ahora también el Consejo Europeo– ha decidido emprender las acciones oportunas contra los responsables de violaciones de los derechos humanos y de las normas democráticas en Belarús. 
El Consejo ya está preparando una decisión que concretará y aplicará dichas medidas. 
Se impondrá un veto a la concesión de visados a una serie de personas, incluido el propio Presidente, tal como también manifestó expresamente el Consejo Europeo en su declaración adjunta a las conclusiones. 
El Consejo está estudiando asimismo la posibilidad de otras acciones, teniendo presente –y sé que estarán de acuerdo– que en todo momento se debe garantizar que cualquier acción emprendida no perjudique a la población. 
No queremos emprender ninguna acción que perjudique a la población y no a los responsables. 
Por esto, lo segundo que puede y debe hacer la Unión Europea –y el Consejo ya lo ha debatido también– es emprender acciones específicas para ayudar a la población. 
No me cabe duda de que la Comisaria Ferrero-Waldner realizará una declaración detallada y enumerará las medidas específicas que se podrían adoptar. 
Los Estados miembros también tienen una obligación y quiero decírselo con toda claridad: los Estados miembros también tenemos que adoptar medidas muy concretas, junto con Unión Europea –y la Comisión está adoptando medidas específicas en este ámbito–, en lo que respecta a ofrecer a los jóvenes la oportunidad de estudiar en nuestros países y al apoyo a la sociedad civil. 
Como ha manifestado esta mañana el Canciller Schüssel, un grupo de Estados, entre los que se incluye Austria, ya ha decidido ofrecer becas especiales a los jóvenes de Belarús, con objeto de brindarles la oportunidad de viajar a nuestros países, para que vean cómo funcionan los países democráticos, para que aprendan y regresen a casa con el mensaje de que la Unión Europea les apoya y no les ha olvidado. 
Este mensaje de que no nos hemos olvidado del pueblo, de que queremos ayudarles y les apoyamos también es absolutamente fundamental. 
Finalmente, no debemos cansarnos de pedir al Gobierno que deje en libertad a quienes han sido encarcelados. 
Debemos recordarles que esas personas se han limitado a ejercer uno de sus derechos humanos, concretamente el derecho a manifestarse y a expresar su opinión libremente. 
El Consejo continuará haciéndolo. 
No dejaremos al pueblo de Belarús en la estacada y no pararemos hasta que la primavera haya llegado a ese país, como ha dicho la señora Plassnik. 
. Señor Presidente, quiero empezar diciendo que es un placer ver aquí al señor Milinkevich. 
Nos hemos reunido esta mañana, por lo que el día ha empezado bien, y he escuchado directamente lo que siente el pueblo de Belarús. 
Por lo tanto, creo que era muy importante celebrar hoy este debate, porque todos hemos visto que los acontecimientos de Minsk han confirmado la determinación del señor Lukashenko de ganar estas elecciones sea como sea. 
Recuerdo que el señor Milinkevich me ha dicho hoy que aunque parezca que el señor Lukashenko ha ganado las elecciones, en realidad quien ha ganado es el pueblo belaruso y el señor Lukashenko ha empezado a perder las elecciones. 
Eso es muy importante para el futuro. 
Por desgracia, eso es exactamente lo que preveíamos. 
Sin embargo, lo que se preveía menos era el grado en que las fuerzas plurales serían capaces de trabajar juntas. 
Expreso mi admiración por su valentía. 
Esperamos que podamos seguir dando todo el apoyo que podamos a las fuerzas democráticas. 
En el informe oficial de la OSCE/ODIHR se llegaba a la conclusión de que las elecciones no habían cumplido en absoluto las normas de la OSCE para unas elecciones democráticas. 
Eso se debió en particular al uso arbitrario del poder estatal y de las detenciones generalizadas, ignorando los derechos básicos de la libertad de reunión, asociación y expresión, y a problemas con las votaciones por anticipado y los procesos de recuento y tabulación. 
Es evidente que todos consideramos que las elecciones han tenido defectos de base. 
En concreto lamentamos que se haya negado la admisión de los observadores acreditados de la OSCE y de los parlamentarios de la UE, incluidos algunos diputados al Parlamento Europeo. 
Lo hemos hecho saber. 
Condenamos firmemente la represión violenta de las protestas y la detención de manifestantes pacíficos, como el señor Kozulin, el ex embajador polaco señor Maszkiewicz y todos los estudiantes, artesanos y trabajadores anónimos que salieron a la calle para manifestarse. 
Apoyamos plenamente lo que dijo el Presidente en ejercicio del Consejo: que es muy importante que impongamos sanciones selectivas que no afecten a la población sino a los responsables del fraude electoral. 
Debemos ver qué se puede hacer. 
La Comisión participa en los preparativos. 
De cara al futuro debemos seguir expresando nuestro apoyo a la sociedad civil. 
Debemos seguir esa estrategia, porque queremos defender a los ciudadanos y trabajar en su beneficio. 
Pero al mismo tiempo no queremos trabajar con el Gobierno, o al menos queremos trabajar con él tan poco como podamos. 
En línea con las conclusiones del Consejo, el apoyo a la democratización seguirá a través de diversos instrumentos de ayuda. 
También hemos trabajado especialmente en el frente de los medios de comunicación, porque sabemos que es muy importante que los ciudadanos tomen sus propias decisiones. 
Los actuales programas de radio y televisión apoyados por la CE son una importante aportación a la democratización, pero también a la visibilidad de la UE en Belarús, que hoy hemos debatido. 
Todavía queda mucho por hacer, hay que introducir mejoras, pero debemos seguir con esos proyectos. 
Estoy de acuerdo en que tendremos que ver lo que se puede hacer, buscando formas de apoyar a los estudiantes que han sido expulsados de las universidades. 
Quizás no en el próximo Consejo, pero sí en un futuro próximo estableceremos programas y la Comisión, junto con el Consejo, por supuesto los apoyará. 
Ya hemos financiado a la Universidad de Vilnius, porque Minsk ha cerrado, y hemos intentado dar una oportunidad a los jóvenes. 
Los contactos entre personas son sumamente importantes para mejorar la posibilidad de trabajar juntos. 
Debemos hacer todo lo que podamos contra la represión, por una parte mediante las declaraciones que hemos emitido oficialmente a través del Consejo, y, por otra parte, hablando claramente en nuestras reuniones con los rusos, indicando que queremos una Belarús donde se respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
. 
Señor Presidente, es cierto que el debate de hoy es, en efecto, una continuación del que celebramos hace dos semanas. 
Quiero recordar a la Asamblea que, en esa ocasión, superamos airosamente la prueba de la solidaridad con el pueblo de Belarús. 
Reaccionamos como era debido y oportuno: condenamos la represión y pedimos la liberación de los detenidos y condenados. 
Y lo que es más importante, apoyamos a los manifestantes que estaban ejerciendo sus derechos ciudadanos en la Plaza de Octubre. 
También es significativo que la Comisión, el Consejo y esta Asamblea hablaran todos con una sola voz hace quince días. 
Debemos continuar haciéndolo en relación con Belarús. 
No obstante, el tiempo de las declaraciones políticas ha quedado atrás y ahora ha llegado el momento de pasar a la acción. 
Hemos completado el diagnóstico y ahora debe comenzar el tratamiento. 
Esto significa que el Consejo y la Comisión deben adoptar una serie de decisiones valientes. 
Acojo con gran satisfacción que tanto el señor Winkler como la Comisaria Ferrero-Waldner ya hayan mencionado algunas, pero por mi parte quisiera plantear algunas más. 
En primer lugar, si consideramos que las elecciones no fueron democráticas, entonces el señor Lukashenko no tiene un mandato para continuar en el poder durante un tercer período. 
A su vez, esto implica que debemos pedir claramente que las elecciones presidenciales se repitan, tal y como hace tiempo que exige la oposición belarusa. 
En segundo lugar, la lista de personas que tienen prohibida la entrada al territorio de la Unión Europea se debería ampliar bastante, para incluir a diversas categorías de responsables de conculcar los derechos humanos y las libertades. 
Por consiguiente, la lista debe incluir no solo a representantes de los Gobiernos locales, regionales y nacional, sino también a los vicerrectores universitarios responsables de expulsar a los estudiantes que se manifestaron y a los editores que publican propaganda a favor del régimen. 
En tercer lugar, se debe suavizar lo antes posible la política de visados para los ciudadanos de Belarús. 
Esto nos permitiría aplicar nuestro principio de no aislar a la sociedad belarusa, al tiempo que aislamos a sus dirigentes. 
La población de Belarús necesita poder viajar con más facilidad y, por lo tanto, es fundamental que facilitemos el proceso de concesión de visados. 
En cuarto lugar, debemos hacer oír nuestra voz en los organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la OSCE, y pedir la liberación de los presos políticos. 
Un diplomático polaco, el señor Maszkiewicz, está ahora detenido como preso político en Minsk y me alegro de que la señora Comisaria le haya mencionado hoy. 
Confío en que el Consejo actúe rápidamente para asegurar liberación en cuanto sea posible. 
En quinto lugar, es fundamental incluir a Belarús en la agenda de la próxima cumbre entre la Unión Europea y Rusia, ya que esta está en condiciones de poder ejercer presión política y económica sobre Belarús, lo que podría contribuir a suavizar al régimen en dicho país. 
Por su parte, la Unión Europea puede presionar a Rusia para que ejerza su influencia sobre Belarús en ese sentido. 
El Consejo deberá asegurarse de que se utilicen convenientemente los instrumentos de los que dispone para ese fin. 
Finalmente, si se rompe el monopolio de la información, desde luego tendremos que apoyar a las emisoras de radio y a las futuras emisoras de televisión que emitan programas dirigidos a Belarús. 
No obstante, también es importante actuar con prudencia en este aspecto y, por lo tanto, pido que no se despilfarre más dinero en el apoyo a iniciativas que no llegan al pueblo de Belarús. 
,. Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, también quiero dar la bienvenida al señor Milinkevich, el candidato presidencial de Belarús y, a través de su persona, saludar de hecho también a la oposición y a todos los disidentes de Belarús, particularmente a los que han sido detenidos y encarcelados, y expresarles mi apoyo. 
Hace dos semanas, ya se dijo que no podíamos aceptar el resultado de las elecciones como si se tratase del resultado de un proceso libre y democrático. 
Parafraseando a la señora Comisaria, me gustaría añadir que Lukashenko no ganó, pero el pueblo de Belarús perdió. 
Es una conclusión importante. 
También tenemos que dejar claro que Lukashenko no puede reivindicar una legitimidad democrática y por eso es positivo que la Unión Europea haya emprendido acciones visibles. 
Con la prohibición de que se le conceda un visado, le hemos transmitido el mensaje de que, por lo que a nosotros respecta, cuanto antes se vaya, mejor, y desde luego no puede contar con nuestro reconocimiento. 
No queremos volver a verle ni volver a hablar con él. 
Ese lo primero que quería dejar claro. 
Estoy de acuerdo con que se amplíe la prohibición de concesión de visado para incluir a otras autoridades y personalidades de Belarús. 
Debemos considerar atentamente cómo podemos extenderla el máximo posible y esperamos las sugerencias de la Comisión y del Consejo al respecto. 
También podríamos considerar las posibilidades de congelación de activos, de forma que afecte a la elite gobernante de Belarús. 
Es importante que hoy dejemos claro que debemos mantener con firmeza todas las conclusiones extraídas tras las elecciones en Belarús. 
Debemos seguir constantemente la evolución de los acontecimientos en ese país. 
Yo mismo mantuve relaciones con Belarús durante cinco años, en mi calidad de predecesor del señor Klich y presidente de la delegación. 
Aunque las elecciones presidenciales anteriores también estuvieron manipuladas, como es obvio, la atención prestada a Belarús se redujo visiblemente al cabo de un par de meses. 
Tenemos un compromiso común, como institución pero también como Parlamento, de continuar concentrando sin descanso la atención en dicho país. 
Me ha alegrado el comentario de la señora Comisaria acerca del diálogo con Moscú. 
También me gustaría conocer la opinión del señor Winkler sobre cómo podemos incorporar este punto a la agenda de las reuniones con Rusia, porque –como ya he dicho– las felicitaciones del señor Putin a Lukashenko volvieron a llegar con increíble rapidez. 
En cuanto a otras posibles medidas, sería positivo que lográramos convencer a la Comisión y al Consejo para que piensen libremente. 
¿Qué podemos proponer, además de los instrumentos existentes, para fomentar el contacto entre la población de dicho país y la de aquí? 
Por ejemplo, a los diputados al Parlamento Europeo nos resulta muy difícil viajar a Belarús. 
¿Qué medidas específicas y creativas podemos adoptar para establecer ese contacto humano y el apoyo práctico al pueblo de Belarús bajo una u otra forma? 
Para acabar, quisiera añadir que debemos perseverar y no dar de ningún al señor Milinkevich y a su pueblo la impresión de que le dejaremos en la estacada. 
Debemos insistir y concentrar toda la atención que podamos reunir en esta Asamblea. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decir, con todos los respetos –pues soy consciente de que el Consejo ya está utilizando un lenguaje relativamente duro–, que las declaraciones me han decepcionado un poco. 
Todavía no está claro cuándo ni cómo van a aplicar en realidad todos los Estados miembros, incluida también la Comisión, las medidas y sanciones propuestas. 
Por supuesto, la ampliación de la prohibición de la concesión de visado a los representantes del Gobierno es algo magnífico, pero ¿qué vamos a hacer con los jueces, los policías implicados en casos de malos tratos, etcétera? 
¿Qué se ha hecho de la idea de poner en marcha, de forma simultánea y con efectos inmediatos, una política flexible de concesión de visados a bajo precio para los ciudadanos corrientes de Belarús y, especialmente para los estudiantes? ¿O la idea de congelar los activos extranjeros, adecuar mejor los programas financieros a las situaciones concretas, apoyar a la prensa independiente, etcétera? 
¿Cuándo y cómo se va a hacer algo al respecto? 
Finalmente, las bellas palabras no nos llevarán muy lejos. 
Es magnífico expresar la solidaridad con palabras, pero lo que se requiere son acciones concretas. 
Esperaba oír hablar de fechas, estadísticas, plazos y hechos reales. 
Asimismo, como señalaba hace un momento el señor Wiersma, el papel de Rusia sigue quedando demasiado disimulado. 
El señor Putin felicitó a Lukashenko por su victoria sin inmutarse. 
También es quien mantiene engrasados los engranajes de la industria con su suministro baratos de materias primas. 
A finales de abril, sabremos si el señor Putin continuará aplicando unos precios del gas extravagantemente bajos a Belarús. 
Todo dependerá del interés que persiga Rusia en Beltransgas, la empresa de belarusa. 
El objetivo es, por lo tanto, el beneficio económico. 
Quiero instar una vez más al Consejo y a la Comisión a que le digan claramente al señor Putin qué valores defiende la Unión Europea. 
Ahora es necesario aumentar la presión, también y no en último lugar en el contexto de la Cumbre de la energía del G8 que se celebrará en San Petersburgo a mediados de julio, pero hasta momento el Consejo está manteniendo una actitud extremadamente prudente. 
Por consiguiente, quisiera preguntar al Consejo si teme que el hecho de adoptar una postura clara pueda chocar con otras prioridades, como su propio suministro energético. 
– Señor Presidente, quiero comenzar por dar una cordial bienvenida, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a nuestros invitados de Belarús, el señor Milinkevich y el señor Viachorka. 
Nuestro Grupo siente el máximo respeto por los logros y el valor del movimiento de oposición activa en Belarús. 
A pesar de las amenazas de violencia, protestaron contra el fraude de las elecciones manifestándose pacíficamente. 
Por nuestra parte, también pensamos que el señor Lukashenko ya no tiene ningún derecho legítimo a ocupar el poder y admiramos la independencia, la serenidad y la claridad con que usted, señor Milinkevich, hizo frente a la difícil situación en la Plaza de Octubre y el Parque Kupala. 
¡Le felicitamos por ese logro! 
Pudimos ver en los informativos de la televisión la brutal detención de los manifestantes pacíficos por la policía. 
Para muchos de sus seguidores, el mero ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, un derecho básico que se da por sentado en los países de la Unión Europea, tuvo como resultado su detención, encarcelamiento y expulsión de la universidad. 
No obstante, para nosotros, son la nueva fuerza del país y creemos que pueden llevar la democracia y la recuperación económica a Belarús. 
Esperamos que el espíritu de libertad continúe vivo en Belarús. 
Señor Winkler, le agradecemos que haya hecho suyas muchas de nuestras peticiones. 
No obstante, a la hora de imponer prohibiciones de concesión de visados, le rogamos que no se olvide de quienes detuvieron a los manifestantes de forma tan brutal. Deben estar incluidos en la lista. 
Asimismo le rogamos que recuerde –como ya han dicho otros– que el señor Putin apoya al señor Lukashenko y que esto debe ser un punto importante de nuestras conversaciones con Rusia. 
Señor Presidente, nuestro Grupo político cree que las elecciones en Belarús no fueron democráticas. 
Se utilizaron diversos métodos para evitar que la oposición pudiera actuar como razonablemente cabría esperar. 
Los medios de comunicación están controlados por el régimen de Lukashenko. 
Todo esto se expresa claramente en nuestra propuesta de resolución. 
En estas circunstancias, es importante que los países circundantes mantengan estrecho contacto con las fuerzas democráticas de Belarús, como pueden ser los movimientos nacionales y los sindicatos libres. 
El pueblo de Belarús no debe permanecer aislado. 
A pesar de sus métodos antidemocráticos, Lukashenko todavía cuenta con un apoyo popular importante. 
Esto se debe, en parte, a la relativa igualdad social y al grado relativamente elevado de protección social que existe en el país. 
No obstante, la protección social, que sin duda es positiva, nunca puede justificar las limitaciones de las libertades y los derechos democráticos. 
. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, yo también quiero dar cordialmente la bienvenida a esta Cámara a los señores Milinkevich y Viacorka. 
Espero sinceramente que llegue el día en que puedan ocupar sus propios escaños en esta Asamblea. 
Tenemos muy claro lo que significa la dictadura del señor Lukashenko. 
Europa ya no tiene la menor duda ni inquietud con respecto a una política de aislamiento, al enfrentamiento con los dirigentes y a la apertura simultánea al pueblo belaruso. 
Sin embargo, nuestros planes encomiables se quedarán en nada si no asumimos una mayor responsabilidad política con respecto al futuro de Belarús. 
Nuestros esfuerzos serán en vano si delegamos demasiado en Rusia la responsabilidad del proceso de cambio. 
La democracia bajo el patrocinio ruso será forzosamente incompleta, como ocurre en la propia Rusia. 
Una excesiva intervención rusa en el proceso de cambio impedirá transformaciones geopolíticas esenciales en la región. 
La estabilidad política y económica no se puede conseguir sin tales transformaciones ni sin una vinculación auténtica entre Belarús y Europa. 
Por consiguiente, además de instrumentos para ofrecer ayuda inmediata a la oposición, también necesitamos un plan político amplio para una nueva Belarús y lo necesitamos ya. 
Este plan deberá permitir que Belarús ocupe el lugar que le corresponde en Europa. 
Señor Presidente, cabe recordar que, por extraño que parezca, la Unión Europea y Polonia tienen una frontera común con Belarús. 
Asimismo, Europa, Polonia y Belarús comparten una historia común y confío en que un futuro común también. 
Esta Asamblea se ha esforzado mucho recientemente por ofrecer su apoyo a la democracia emergente en Belarús. 
El señor Milinkevich y el señor Viacorka, que se encuentran hoy entre nosotros, creen que el fin del dictador está próximo. 
No deberíamos esperar a unas futuras elecciones. 
Ya es hora de que ayudemos a dar el golpe de gracia al sistema, que se opone a la democracia por la fuerza. 
El pueblo de Belarús es excepcionalmente pacífico y paciente. 
La democracia se está desarrollando entre ellos de forma muy lenta, pero la Unión Europea puede tener la certeza de que, cuando llegue el momento, Belarús demostrará ser un socio de confianza y garante de la paz durante muchos años. 
Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida al señor Milinkevich. 
No solo es un gran honor tenerle entre nosotros, sino que también es muy importante que se encuentre hoy aquí, pues este no es solo un momento de temores y amenazas, sino también un momento singular de esperanza. 
El señor Milinkevich pronunció unas sabias palabras el día 19 cuando dijo que el pueblo de Belarús ya no tiene miedo y el Presidente Lukashenko sí tiene motivos para estar temeroso, porque ni siquiera el dictador más armado puede imponerse frente al coraje heroico de un pueblo que ya no se dejará amordazar. 
Desde Europa, deberíamos emitir ahora las señales apropiadas. 
Eso significa que debemos dar prioridad a la restricción del régimen de visados y a la congelación de activos, y mirar también en otra dirección. 
Debemos ofrecer oportunidades a los estudiantes y a las personas que no pueden permanecer en Belarús. 
Debemos asegurarnos de que puedan estudiar y prepararse aquí para una nueva Belarús democrática. 
¿Puedo pedirles asimismo que se planteen la posibilidad de imponer una sanción en el ámbito de la exportación de armas, que golpee al Presidente de Belarús donde más le duele? 
El Presidente obtiene mucho dinero con la exportación de armas. Mil o dos mil millones cada año, que van a parar en gran parte a los bolsillos del Presidente y sus compinches. 
Desde el punto de vista de las exportaciones de armamento, podría ser una buena idea persuadir a Europa y a sus aliados de que apliquen duras sanciones, también para evitar que los fondos del Presidente continúen creciendo, sin que ello afecte a la población. 
Poco podemos hacer para evitar las exportaciones de armas de Belarús. 
En mi calidad de presidente de la Delegación parlamentaria para las relaciones con Rusia, quisiera hacer una última observación. 
Cada país tiene derecho a apoyar a determinados candidatos o Gobiernos. 
Esto también se aplica a Rusia, pero lo que resulta inaceptable es que un miembro de la OSCE sencillamente ignore las conclusiones de sus observadores. 
La OSCE ha afirmado que las elecciones no fueron libres ni imparciales y Rusia no puede responder diciendo que han sido y limitándose a felicitar al Presidente Lukashenko. 
Por lo tanto, es importante que esta cuestión se incorpore a la agenda de nuestra reunión con Rusia y también a la de la cumbre del G8. 
Es positivo que el Presidente Putin pida al Presidente Lukashenko que evite la violencia, pero no es suficiente, ni mucho menos. 
Si Rusia quiere presentarse como un país democrático, deberá aceptar la comunidad de valores de Europa y defender la democracia y los derechos humanos. 
– Ninguno de los presentes puede dudar del carácter antidemocrático del Gobierno del señor Lukashenko. 
Yo también quiero dar la bienvenida al señor Milinkevich y, al igual que mis colegas, expresar mi apoyo a la oposición de Belarús. 
No obstante, con el apoyo verbal no basta y, por lo tanto, creo que también debemos adoptar otras medidas. 
La Comisión puede adoptar algunas, el Consejo, otras, y nosotros, en nuestra calidad de diputados al Parlamento, otras más. 
Estas deben incluir medios para mejorar la información del pueblo de Belarús, pues una sociedad civil informada puede apreciar mejor los cambios importantes. 
En mi calidad de diputada al Parlamento Europeo de la República de Eslovaquia, un país que en el pasado se enfrentó a una situación similar durante muchos años, puedo confirmar que ciertamente es así. 
También creo que es necesario analizar con mucho cuidado la cuestión de los requisitos para la obtención de un visado, ya que evidentemente no podremos mejorar el nivel de información de las gentes de Belarús, si les impedimos viajar a los países de la Unión Europa y que puedan ver una imagen diferente de la que presenta el señor Lukashenko a través de sus medios de comunicación. 
Señor Presidente, la opinión generalizada en la Unión Europea es que solamente disponemos de posibilidades limitadas para ejercer presión sobre el régimen del señor Lukashenko, porque la Unión solo tiene un peso secundario en la economía y la política de Belarús. 
Eso no es cierto, en absoluto. 
En 2004 Belarús exportó a la Unión Europea un 10% menos que a Rusia, pero el pasado año ya exportó un 12% más. 
Es evidente que la Unión Europea se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para la economía belarusa. 
Por lo tanto, existen motivos justificados para pensar que en verdad podemos influir sobre el desarrollo de los acontecimientos en Belarús. 
El señor Klich ya ha mencionado algunas posibilidades específicas de hacerlo. 
Solo quisiera destacar una cosa. 
El señor Lukashenko ha adoptado medidas para dificultar que los belarusos puedan viajar fuera del país. 
Se han impuesto tasas adicionales. 
A los jóvenes no les resulta fácil viajar al extranjero e incluso se ponen dificultades a las personas que desean salir del país para recibir tratamiento médico. 
Como respuesta, tenemos que hacer algo más que facilitarles las cosas y ahora me refiero a los criterios para la concesión de visados. 
Tenemos que ir mucho más allá. 
Debemos reducir los recursos financieros mínimos exigidos y el coste de los visados. 
Incluso podríamos introducir visados gratuitos. 
En conclusión, quiero insistir en la necesidad de que cambiemos nuestro planteamiento. 
Con respecto al apoyo financiero a Belarús, es necesario eliminar una serie de obstáculos. 
Pido a la señora Ferrero-Waldner que nos aclare el carácter de los obstáculos formales que nos impiden actuar con mayor flexibilidad, si es que estos existen. 
Señorías, permítanme que acabe con una máxima. 
Como dicen los ingleses y los norteamericanos, debemos apoyar nuestras palabras con dinero. 
– Señor Presidente, dado que unas elecciones permiten la presentación de alternativas, su reconocimiento y su posterior opción deliberada –se elige al candidato que parezca mejor– no gusta a las dictaduras. 
El procedimiento de votación en circunstancias que impiden de hecho elegir libremente no debería recibir el nombre de elecciones. 
Lo que ha ocurrido recientemente en Belarús solo fue una votación que, junto con el recuento de votos, estaba en manos del Gobierno del titular de siempre. 
No recibió ninguna legitimidad democrática. 
¿Quién es el señor Lukashenko hoy? 
Cada vez se parece más a un gobernador nombrado por el dirigente de toda Rusia para llevar a cabo una vez más el tan conocido procedimiento deshonesto de una votación fraudulenta y continuar con sus experiencias sobre el terreno. 
Debemos declarar aquí que la unión militar trielectoral postsoviética de las dictaduras consolidadas de Moscú, Minsk y Tashkent no es el camino hacia un futuro mejor para los tres Estados y naciones. 
Hemos visto el nacimiento de una nueva democracia en Belarús como país vinculado a Europa, no a Eurasia. 
Por lo tanto, dado que la propia Rusia prefiere ahora un nacionalismo autoritario postsoviético a cualquier renovación «naranja» , existe un creciente peligro de que Belarús se vea fusionada a la fuerza con la Rusia putinista, y las bases para ello se han establecido ya de antemano. 
Todo el mundo debe ser advertido al respecto. 
Si no queremos que el señor Milinkevich desaparezca para siempre, como ocurrió con los líderes de la oposición de Belarús hace varios años y como está ocurriendo en Chechenia cada día, la resolución sobre Belarús empieza con un paso correcto, que es en primer lugar pedir a las Naciones Unidas que creen una comisión internacional para investigar los crímenes anteriores del régimen terrorista de Belarús, para impedir que hoy ocurran otros nuevos. 
Vincuk Viacorka está hoy aquí con nosotros, ha salido temporalmente de la cárcel. 
Pero nadie sabe lo que puede ocurrir allí cualquier día de estos. 
– Nuestro trabajo en el futuro inmediato deberá caracterizarse sobre todo por la perseverancia y la insistencia. 
El régimen de Minsk espera que, con el tiempo, el tema de Belarús vaya perdiendo importancia en los medios de comunicación internacionales. 
Esperan que los europeos olvidemos la angustia de ese pueblo hermano. 
Esto no debe ocurrir y desde el Parlamento Europeo tenemos el deber de mantener vivo el recuerdo de esos acontecimientos y de encargarnos de recordárselo incluso a las demás instituciones europeas, para que nadie olvide la llamada de socorro de ese pueblo. 
Como dije durante el último período parcial de sesiones, es una satisfacción comprobar que mi petición de que velemos por los estudiantes expulsados de las universidades por haber participado en manifestaciones y a los que debemos ofrecer educación en nuestro país, está siendo escuchada. 
Debemos hacer todavía más. 
También me alegra que la propuesta de la congelación de activos se haya aceptado. 
Es una de las propuestas que formuló la Delegación para las relaciones con Belarús hace mucho tiempo y no me cabe duda de que una revisión del plan de acción que presentamos más de un año atrás permitiría encontrar más propuestas. 
Tras las elecciones presidenciales en Belarús, nos enfrentamos a una situación compleja. 
Debemos ser conscientes de que el señor Lukashenko se siente afianzado en su posición por el hecho de haber ganado las elecciones. 
En los próximos años, intentará consolidar su poder con mayor empeño todavía. 
A este respecto, debemos recordar un factor muy importante: las conexiones rusas, la estrecha cooperación entre el régimen de Lukashenko y la Federación Rusa, y la dependencia del régimen de Lukashenko –y de Belarús– de los rusos en el aspecto económico y energético. 
Por consiguiente, si la Unión Europea busca una solución eficaz, una de las cosas importantes que debería hacer es incluir este tema en la agenda de las negociaciones bilaterales con Rusia. 
También es necesario aislar en la mayor medida posible no solo al señor Lukashenko, sino a todos los representantes de su Gobierno. Se deben explicitar y controlar estrictamente las condiciones de diversas subvenciones y en todo momento debemos evitar convertirnos, aunque sea por azar, en contribuyentes o defensores del éxito y la consolidación del régimen de Lukashenko. 
Una de nuestras prioridades es ofrecer a las fuerzas democráticas de Belarús, dirigidas por el señor Alexander Milinkevich, así como a las organizaciones civiles, no solo apoyo moral, sino también ayuda financiera concreta y bien calculada. 
En primer lugar, es necesario despertar a la nación de Belarús e informarla –por televisión, radio, Internet y otros medios– de que esa no es la cara de la verdadera democracia, de un Estado de Derecho. 
La invitación de dos representantes de la oposición de Belarús, los señores Alexander Milinkevich y Vincuk Viachorka, que han estado encarcelados, fue una excelente iniciativa; hagámosle saber al régimen dictatorial que todos apoyamos plenamente a nuestros dos invitados. 
Confío en que brindarán todo su apoyo a la propuesta de resolución que tenemos sobre la mesa. 
Apoyo la posición adoptada por el señor Winkler y la señora Wallner y, por mi parte, quiero destacar cuatro puntos. 
En primer lugar, dado que las elecciones en Belarús fueron injustas, legalmente, Lukashenko no es el Presidente y no se le puede conceder ese título en ningún documento del Parlamento Europeo. 
Tampoco se debería llamar Presidente a Lukashenko en esta Cámara. 
En segundo lugar, con el fin de combatir el adoctrinamiento del pueblo de Belarús que están llevando a cabo los medios de comunicación, controlados por Lukashenko, desde Lituania, Polonia e incluso Ucrania, se tienen que emitir de forma continuada programas de televisión que lleguen a todo el territorio de Belarús y no solo a una parte del mismo. 
Es la televisión y no la radio la que tiene una mayor influencia sobre las opiniones de la población. 
En tercer lugar, debemos utilizar todos los medios posibles para fortalecer a la oposición unida de Belarús. 
Finalmente, en cuarto lugar, debemos recordar continuamente al Presidente de Rusia, el señor Putin, que si el régimen belaruso todavía no se ha hundido, ello se debe en parte al apoyo que recibe de Rusia y la responsabilidad es suya. 
Señor Presidente, hace diez años se publicó un bello relato del escritor belaruso Vasil Bykov. 
Se titulaba En esa obra, el autor describe –de forma simbólica, naturalmente– el modo en que Belarús se identifica con la civilización europea, mediante la adopción de un sistema de valores similar y el consiguiente rechazo de las ideologías basadas en el odio. 
En la Plaza de Octubre, el pueblo belaruso demostró que había reconocido el verdadero significado de la propaganda general del Gobierno, que difunde mentiras y alimenta infundios acerca de Europa. 
Durante un par de días, esa plaza se convirtió en la cabeza de puente de la libertad, desde donde se dirigieron llamamientos al pueblo belaruso, instándole a reafirmar su identidad nacional. 
En sus esfuerzos por reavivar la identidad nacional, la oposición contó con el apoyo del talento creativo figuras destacadas del mundo de la cultura y la literatura belarusas. 
Entre ellos se encontraban Vasil Bykov, Uladzimir Arlov y Slawomir Adamowicz. 
Incluso jóvenes que participan en la cultura pop contemporánea ofrecieron su apoyo. 
Por lo tanto, ahora nos corresponde a nosotros desacreditar el mito generalmente aceptado en Europa de que los belarusos están «rusificados» hasta tal extremo que no tienen el menor interés por recuperar su identidad independiente, basada en su lengua, su cultura y sus símbolos nacionales propios. 
¿Qué ayuda concreta puede ofrecer la Unión Europea con este objeto? 
Los dos millones de euros que la Comisión ha destinado a los medios de comunicación libres no son más que una gota en el océano. 
No son gran cosa, comparados con los 60 millones de dólares que ha destinado, solamente durante este año, el Presidente Lukashenko a una amplia campaña de propaganda, al adoctrinamiento y a los medios de comunicación gubernamentales. 
Además del apoyo a los medios de comunicación libres y a los periodistas independientes, se necesitan fondos para otros fines; voy a citar solo unos pocos. 
Se debe prestar ayuda a las editoriales independientes que publican en lengua belarusa. 
No me refiero solamente al apoyo para publicaciones políticas y de investigación, sino también para la literatura belarusa. 
Deben crearse becas para investigadores belarusos y para quienes se dedican a las artes creativas, como pueden ser los escritores, poetas y pintores, que les permitan sobrevivir y continuar desarrollando su trabajo. 
También se deben crear becas para los estudiantes expulsados de los centros de educación superior y para los que no desean integrarse en el sistema gubernamental y verse sometidos a un total adoctrinamiento, y prefieren asistir a centros privados de educación superior en Belarús o solicitar plaza en centros europeos. 
La única forma de responder a los regímenes que encarcelan a la gente por el mero hecho de haber escrito un poema, es ofrecer un amplio apoyo a la libertad de pensamiento y de creación. 
En conclusión y por lo que respecta a la definición de los métodos y entidades adecuados para prestar ayuda financiera a la Belarús libre, le pido encarecidamente a la señora Comisaria que incluya en los organismos responsables de tomar las decisiones a personas que conozcan y comprendan bien a Belarús, sus circunstancias, sus problemas y su identidad nacional, a la que ya me he referido antes. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta Cámara ha emitido nuevamente hoy un mensaje firme y sus contribuciones han demostrado algo que considero fundamental y que les agradezco: su apoyo y reconocimiento de los esfuerzos de la Comisión y del Consejo. 
Es importante que la Unión Europea hable con una sola voz sobre esta cuestión y emita la señal adecuada. 
El Consejo e indudablemente también la Comisión quieren continuar trabajando para este fin. 
El señor Klich y otros después de él han planteado el tema de la influencia que se puede ejercer sobre Rusia. 
Quiero recordarles que la declaración anexa a las conclusiones del Consejo Europeo ya manifiesta explícitamente que tenemos que la manera de incorporar a nuestros socios internacionales –y a los demás vecinos de Belarús, en particular – a este debate. 
No cabe la menor duda de que, obviamente, también hay que plantearle esta cuestión a Rusia, un importante vecino de Belarús. 
Pueden tener la seguridad de que el Consejo no evitará este tema en sus conversaciones con Rusia; acabamos de celebrar un debate sobre los derechos humanos y habrá otras oportunidades. 
También se nos ha preguntado, espero que retóricamente, si tenemos miedo. 
Solo puedo responderles que no, no tenemos miedo. 
Sabemos perfectamente cuáles son nuestros valores y los defendemos con toda claridad. 
Muchos de ustedes han señalado que la flexibilización de las normas relativas a los visados se debe aplicar, específica y concretamente, a las personas a quienes queremos acoger aquí para demostrarles cómo funciona la democracia occidental. 
Por supuesto, eso no se puede separar de ciertas consideraciones administrativas. 
Estamos trabajando en ello; queremos invitar a las personas adecuadas y ofrecerles la oportunidad de venir aquí. 
A la inversa, en el debate también se ha exigido que incluyamos a las personas adecuadas, concretamente a los responsables, en la lista de las prohibiciones de concesión de visados. 
La distinción entre la prohibición de concesión de visados que ya existía antes de las elecciones y la situación actual es que, anteriormente, esta solo afectaba a los altos funcionarios, mientras que ahora estamos haciendo exactamente lo que muchos de ustedes han pedido: queremos llegar a los políticos responsables. 
Alguien ha preguntado qué se propone hacer el Consejo la próxima semana, el 10 de abril: muy concretamente, vamos a adoptar una lista de ese tipo y a partir de ese momento no habrá más obstáculos para la aplicación. 
El Consejo también analizará otras posibles sanciones y medidas, que debemos contemplar con mucho cuidado para evitar emprender ninguna acción que pueda acabar teniendo un resultado contrario al que deseamos conseguir. 
No debemos exponer al pueblo a riesgos innecesarios a causa de nuestras acciones. 
Queremos protegerlo, incluido el señor Milinkevich, y queremos enviarle una clara señal de que estamos de parte de la población y de las personas que están ejerciendo sus derechos. 
Por lo tanto, pueden tener la seguridad de que el Consejo continuará trabajando con gran seriedad y firmeza, y de manera muy concreta, en unas medidas que acaben siendo útiles y permitan conseguir el objetivo que todos perseguimos, concretamente la democratización del país y su inclusión en los programas de vecindad de la Unión Europea. 
De eso se trata, en fin de cuentas. 
Debemos decirle al pueblo –y demostrarle– que le interesa que se cumplan las condiciones que permitan la inclusión de su país en el programa de vecindad europeo, en las mismas condiciones que Ucrania y otros países. 
Otro objetivo es la incorporación del país al Consejo de Europa, dado que es el único que todavía no forma parte del mismo. 
De momento, eso no es posible, dado que solo pueden formar parte del Consejo de Europa los países que quieran y puedan respetar los derechos humanos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Nuestra intención es que Belarús pueda hacerlo algún día y el Consejo continuará trabajando para conseguir ese objetivo. 
. Señor Presidente, creo que el mensaje clave es que nos gustaría poder incluir a Belarús en la Política de Vecindad. 
Esto es lo que nos gustaría hacer, con todas las ventajas para la población y para el país. 
Permítanme contestar a varias cuestiones concretas planteadas de nuevo en el debate. 
En lo que respecta a Belarús, prestamos apoyo a ONG registradas fuera de ese país para actividades que beneficien a Belarús a través de la IEDDH, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, y esto no es habitual porque, según nuestras normas, normalmente solo trabajamos con ONG de dentro del país, así que hemos intentado encontrar una solución flexible. 
Esa flexibilidad continuará en los próximos años. 
Pronto se destinarán 420 000 euros más a ONG situadas fuera de Belarús mediante el mismo instrumento y ya se han publicado las licitaciones. 
Nuestras herramientas de ayuda en el futuro, que sustituirán a la IEDDH, y la cooperación descentralizada para el próximo periodo al amparo de las perspectivas financieras nos permitirán conceder ayudas fuera de Belarús. 
Actualmente estamos ultimando una propuesta para nuestra estrategia de ayuda para los próximos años. 
Se ha mencionado el proyecto relativo a los medios de comunicación. 
Ha sido muy importante empezar con este proyecto, que hemos financiado. 
Hemos financiado cinco componentes de los medios de comunicación: la televisión, la radio, Internet, apoyo a la prensa escrita independiente y la formación de periodistas en los próximos 24 meses. 
Tendremos que seguir con estas tareas. 
Las retransmisiones de radio diarias y los programas de televisión semanales para Belarús empezaron en febrero e inmediatamente –yo diría que dos semanas después de haber firmado el contrato– intentamos hacer todo lo posible para que la población belarusa tuviera conocimiento de ello. 
Tanto los componentes de radio como de televisión seguirán ofreciendo información independiente, fiable y –esperemos– muy equilibrada sobre Belarús, así como sobre la UE, la diversidad de sus 25 Estados miembros y nuestras relaciones con el país. 
Nosotros, en la Comisión, seguiremos desarrollando sinergias con los demás donantes en el ámbito de este proyecto, y los programas de radio ya se retransmiten a través de varios operadores técnicos, tanto en FM como en AM –sé que esto es también motivo de preocupación– y a través de Internet, que incluye opciones de descarga. 
En cuanto a la expedición de visados, sabemos que esto se ha solicitado. 
El criterio general sobre los visados fue adoptado por el Consejo en diciembre del año pasado y manifiesta, a diferencia de los acuerdos de readmisión, que la expedición de visados no se ofrecerá activamente a países terceros. 
A pesar de esta posición común general, estamos buscando posibilidades para facilitar contactos personales entre la Unión Europea y Belarús con medidas encaminadas a renunciar a las tasas de visado sobre una base. 
Todavía no se ha decidido nada, pero las medidas se están tramitando. 
A ese respecto, el acervo vigente y las medidas que estamos preparando ya ofrecen el margen de maniobra idóneo para que los Estados miembros puedan eximir del pago de tasas de visado a los visitantes procedentes de Belarús. 
Por último, sobre la cuestión de los estudiantes, nos inclinamos por facilitar el acceso de estudiantes belarusos a sus universidades. 
Compartimos plenamente el punto de vista expresado por muchas de sus Señorías de que hay que ayudar a los estudiantes, no solo porque han constituido la plataforma, la base, el grueso de los que han protestado pacíficamente tras las elecciones, sino también porque la consolidación de la democracia descansará en buena medida sobre sus hombros. 
Por tanto, podemos facilitar el acceso de los estudiantes a nuestras universidades siempre que todos los Estados miembros y la Comisión sumen sus fuerzas y siempre que podamos asegurar cierta coordinación entre los Estados miembros y nosotros, y creo que la Comisión estaría dispuesta a ello. 
Esto también requerirá esfuerzos financieros que estamos dispuestos a examinar. 
Contamos con los programas Tempus y Erasmus y, junto con los esfuerzos realizados por los Estados miembros, creo que podemos hacer muchas cosas. 
Por último, en cuanto a Rusia, como ya ha dicho el señor Winkler, este país siempre ha sido un tema recurrente en el diálogo político porque estamos hablando de nuestros vecinos comunes, entre los que se incluyen el Cáucaso Meridional, Ucrania, Moldova y Belarús. 
El Presidente Barroso habló con firmeza el 17 de marzo y recordó al Presidente Putin nuestra conocida posición sobre la democratización, pero también le advirtió de que no aceptaríamos ningún tipo de violencia el día de las elecciones. 
No hubo derramamiento de sangre en la jornada electoral, pero es necesario convencer a Rusia de que otros líderes distintos al Presidente Lukashenko no supondrían una amenaza para la relación especial con Belarús. 
Sus Señorías pueden estar seguras de que intentaremos seguir trabajando por ustedes y con ustedes en esta cuestión. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(La Unión Europea concede gran importancia al respeto de los derechos humanos y a la instauración de la democracia en todo el mundo. 
No obstante, debe prestar especial atención a los acontecimientos que tienen lugar justo al otro lado de sus fronteras. 
Una vez más, la última dictadura de Europa nos ha recordado, de forma dolorosa, su siniestra naturaleza. 
Elecciones fraudulentas, persecución de los oponentes políticos, supresión de la libertad de reunión y expresión; estas son las acciones del régimen belaruso. 
Apoyamos a la oposición belarusa porque lucha por algo que nosotros damos por sentado, a saber: la democracia y la libertad. 
También está luchando por la soberanía nacional, amenazada por las ambiciones malsanas del dictador, que son contrarias a los intereses de la nación. 
Apoyamos a la oposición no solo porque compartimos sus ideas políticas, sino también por los objetivos por los que está luchando. 
También debemos hacer todo cuanto esté en nuestras manos para dificultar las cosas al régimen y al señor Lukashenko. 
Las personas que no respetan los valores que son importantes para nosotros, no deben beneficiarse de su aplicación. 
Los defensores del dictador deben comprender que no hay lugar para ellos en Europa. 
Europa es para quienes respetan la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. 
El señor Milinkevich ha dicho que la dictadura no durará y que el cambio está próximo. 
Espero sinceramente que tenga razón, por el bien de la nación belarusa y de toda Europa. 
Esperemos que su optimismo dé fuerzas a quienes están luchando por la libertad y que consigan derrocar al tirano. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las elecciones en Ucrania. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ¡qué diferencia! 
Hace solo unos minutos estábamos debatiendo las llamadas «elecciones» en un país donde está claro –como han concluido los observadores internacionales– que estas no fueron ni libres, ni imparciales ni democráticas. 
En cambio, ahora estamos hablando de un país donde la democratización ha realizado enormes progresos y la Unión Europea ha contribuido de manera importante a ello. 
Las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania el 26 de marzo se situaron en el polo opuesto del espectro democrático con respecto a las de Belarús. 
Aparte de algunas deficiencias y problemas técnicos, fueron libres e imparciales, y ofrecieron al electorado ucranio la oportunidad de emitir sus votos sin obstáculos, bien informados por una campaña electoral activa, abierta e imparcial, observada por una prensa libre. 
Los observadores internacionales están de acuerdo con ello. 
Esto representa un gran éxito para todos nosotros; un éxito para Europa, para la Unión Europea, para la OSCE y para el Consejo de Europa. 
Es una satisfacción señalar que las elecciones se desarrollaron efectivamente bajo las condiciones que nos gusta ver. 
También pusieron de manifiesto que los ciudadanos de Ucrania han asumido la responsabilidad de la democracia en su país. 
Eso marca un hito en el proceso de consolidación de una democracia que comenzó con la «revolución naranja». 
A mi entender, un hecho especialmente importante –y por eso es conveniente que los debates sobre Belarús y Ucrania se hayan celebrado tan seguidos– es que las elecciones han establecido una nueva norma muy deseable para las elecciones en toda la región y constituyen, por consiguiente, un ejemplo para la región y para otros países de la Unión. 
Hubo deficiencias y problemas técnicos, pero no de un alcance que pueda ser motivo de preocupación. 
Esperamos que las propias autoridades puedan resolver esos problemas a fin de evitar que se repitan en las próximas elecciones. 
A diferencia del caso de Belarús, la Unión Europea se encuentra ahora en situación de continuar trabajando para reforzar su cooperación con Ucrania. 
Esta se basa en unos valores compartidos, que se expresan en la calidad de la democracia y las reformas en Ucrania. 
En este sentido, las elecciones han supuesto un paso importante y han abierto el camino a las consultas respecto a un nuevo acuerdo más amplio con Ucrania que sustituya al Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
Apoyaremos gustosamente al nuevo Gobierno de Ucrania en sus esfuerzos para impulsar su programa de reformas. 
Por nuestra parte, vamos a contribuir a garantizar que el programa se mantenga vivo y siga funcionando en el marco de la política de vecindad y del plan de acción, y que Ucrania siga progresando de manera democrática –el país ya ha avanzado mucho en este aspecto– y también en el ámbito económico, social y político. 
Desde la Unión Europea queremos ayudar a que sea así. 
. 
Señor Presidente, yo voy a ser todavía más breve, porque el Presidente en ejercicio ya lo ha dicho todo. 
Las elecciones fueron libres e imparciales, y de verdad podemos estar encantados con ello. 
El Presidente Yúschenko se había marcado ese objetivo y sin duda lo ha logrado. 
Queda por ver qué tipo de coalición se creará. 
Las negociaciones para formar la coalición están en marcha, y no son fáciles, pero es importante que ahora dejemos claro que estamos dispuestos a trabajar con cualquier coalición que desee seguir colaborando con la Unión Europea y avanzar en nuestra dirección. 
Es muy importante que indiquemos ya nuestra voluntad de ofrecer a Ucrania la opción de cerrar un acuerdo más estrecho, en el que tendrá un papel especialmente importante la cuestión de la OMC. 
Una vez que Ucrania sea miembro de la OMC, podremos disponer de una zona de libre comercio, lo cual es absolutamente vital para que Ucrania siga progresando. 
Con esto queda dicho prácticamente todo. 
No hace falta decir que queremos seguir trabajando con Ucrania a lo largo de su proceso de aproximación a la Unión Europa, dentro del marco de la política de vecindad. 
. – Señor Presidente, he tenido el privilegio de participar como observador en las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania el 26 de marzo en nombre de esta Cámara y de la delegación de mi Grupo político, el PPE-DE. 
Estas elecciones, desde nuestro punto de vista, se celebraron ese día de forma ejemplar. 
Personalmente tuve la impresión de que en muchos aspectos la organización de estas elecciones era mucho mejor que en mi propio país, el Reino Unido. 
En primer lugar, los funcionarios ucranios identificaban rigurosamente a todos los votantes, cosa que no hacemos en Gran Bretaña. 
En segundo lugar, en los colegios electorales había urnas selladas, de plástico transparente, que estaban bajo la supervisión de observadores oficiales mientras se llenaban en el curso de la jornada, haciéndose el recuento en el mismo lugar. 
En mi país, las urnas son de madera negra, no dejan entrar a observadores en los colegios electorales y nuestras urnas son transportadas por funcionarios, pero sin la presencia de observadores, a un lugar de recuento centralizado. 
Asimismo, en Ucrania no existe el voto por correo, que en el Reino Unido ha sido relacionado con posibles fraudes. 
El único problema menor que encontramos y que refleja la enorme explosión de entusiasmo por participar en las elecciones, fue una ligera aglomeración en algunos colegios electorales. 
También acojo con agrado los informes de los observadores permanentes y de seguimiento de los medios de comunicación, en los que se indicaba claramente que toda la campaña se desarrollaba en un clima de transparencia y de acceso equitativo a los medios de comunicación, tanto por parte de los partidos del Gobierno como de oposición. 
Siempre he defendido a Ucrania como un país europeo moderno que tiene derecho, en su debido momento y de conformidad con el artículo 49 del Tratado, a solicitar su adhesión a la UE. 
Esto todavía queda algo lejos, dado el sentimiento de saturación de ampliaciones que prevalece y el temor de algunos Estados miembros de ofender a Rusia. 
Esto no refleja los puntos de vista ni de mi Grupo ni de este Parlamento. 
No obstante, mientras tanto, la Unión Europea debe esforzarse más colectivamente por reconocer que Ucrania ha demostrado madurez política al respetar plenamente las normas europeas de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Ahora debemos recompensar este proceso irreversible. 
Se está formando un nuevo Gobierno en Kiev, pero confío en que cualquiera que sea su composición, seguirá comprometido con la integración europea. 
Por este motivo, nuestra resolución pide al Consejo y a la Comisión que hagan planes que vayan más allá de la formulación del acuerdo de cooperación y asociación y que avancen hacia un espacio de libre comercio y exento de visados, particularmente si Ucrania logra ingresar en breve en la OMC. 
Lo ideal sería que esto se hiciera en forma de acuerdo de asociación, aunque la Comisión –y debo decir como ponente sobre la PEV que yo podría estar de acuerdo con esto– podría abogar lógicamente por un acuerdo de vecindad en primer lugar. 
De cualquier modo, hay que acercar a los ucranios a Europa, que es a donde pertenecen por derecho. 
Todos tenemos claro que el legado perdurable de la Revolución Naranja, a saber, una democracia duradera y la libertad de prensa, sigue intacto. 
. 
Señor Presidente, «juntos somos muchos, no nos vencerán» , bajo este lema ganaron su libertad los ciudadanos de Ucrania hace dieciocho meses en la Plaza de la Independencia. 
Ganaron su batalla por un país mejor. 
El 26 de marzo, esas mismas personas, en el mismo país, dieciocho meses mayores y más sabios, se plantearon cómo ganar la paz. 
El setenta por ciento de los ucranios acudieron a las urnas con la seguridad de que ninguno de los votos sería falsificado ni se desperdiciaría. 
Fue el comienzo de su batalla por la paz. 
Tuve el privilegio de encabezar a los representantes del Parlamento Europeo en el equipo de observadores internacionales. 
Estos concluyeron que las elecciones fueron libres e imparciales. 
La democracia ucrania pasó el control de calidad, en parte gracias a los esfuerzos de esta Asamblea. 
Quisiera dar las gracias a los representantes de todos los Grupos políticos que participaron en la misión de observación y que han pasado algún tiempo en Ucrania últimamente. 
Podemos congratularnos por un trabajo bien hecho. 
En cuanto a la situación política en Ucrania tras las elecciones, solo cinco Grupos están representados en el Parlamento. 
Hubo una poda despiadada de los partidos pequeños y débiles que debían su apoyo exclusivamente a sus líderes. 
El señor Yanukóvich y el Partido de las Regiones ganaron, pero no están anunciando su victoria a bombo y platillo. 
La Coalición Naranja, encabezada por la señora Timoshenko, el señor Yejanúrov y el señor Moroz se hizo con más de la mitad de los escaños en el Consejo Supremo y sobre ella recaerá una gran responsabilidad por los acontecimientos pasados y futuros ocurridos en Ucrania. 
Se ha acentuado la división geográfica y política del país, aunque las diferencias entre los programas de los distintos partidos tienden a ser escasas. 
¿Qué cabe esperar para el futuro? 
Ucrania necesita una coalición fuerte y un Gobierno estable. 
Se espera que cualquier coalición futura y cualquier nuevo Gobierno ucranio no se basen en reminiscencias históricas de los acontecimientos de la Plaza de la Independencia, sino en un programa de reformas valeroso. 
Al Presidente Yúschenko le corresponde desempeñar un papel especial y tiene una obligación que cumplir. 
Además de mantener unida a la Coalición Naranja, tiene que unir a los ucranios para abordar conjuntamente las cuestiones más urgentes, o sea, un programa nacional de reforma. 
Esto no se podrá conseguir imponiendo la voluntad de la mayoría sobre la de la minoría. 
El único camino para avanzar es lograr un acuerdo con esa minoría. 
Los dirigentes de Ucrania deben aprender a alcanzar compromisos y lo que la cohabitación implica. 
También deben entender que sobre ellos recae la responsabilidad de alcanzar acuerdos sobre ciertas cuestiones, a pesar de sus diferencias. 
La resolución que tenemos sobre la mesa refleja el consenso en el seno del Parlamento Europeo sobre las cuestiones relativas a Ucrania. 
También obliga a todos aquellos que se comprometieron a garantizar el progreso en Ucrania, incluidos los diputados de esta Asamblea y las instituciones europeas. 
. – Habiendo sido testigo de las anteriores elecciones presidenciales y estas más recientes, observo cambios satisfactorios en el proceso de democratización de Ucrania. 
La apertura de la campaña electoral, la transparencia de la organización del propio proceso electoral, la actividad de los votantes y la buena voluntad, fueron las conclusiones generales de todos los observadores internacionales y de los propios ucranios. 
Es muy importante que el proceso democrático no se detenga ahora. 
Existen algunos motivos concretos de preocupación: el halago de los sentimientos nacionales, el alto grado de corrupción, los obstáculos a la inversión extranjera, la abundante presencia de oligarcas en las listas electorales y el dominio de personalidades, más que de los manifiestos electorales, son otros tantos legados del período soviético. 
En este contexto es especialmente necesario todo nuestro apoyo moral. 
Tenemos que compartir todas las experiencias positivas posibles. 
Países como Lituania, que proceden del mismo campo soviético, están especialmente capacitados para cumplir esta función. 
Europa debe mejorar las oportunidades para la cooperación de las personas en los ámbitos de la cultura y la educación, así como simplemente entre ciudadanos. 
Tenemos que ayudar a Ucrania a reincorporarse a la familia europea. 
Un acuerdo de asociación europeo sería una manera realista de darle una mano a Ucrania. 
– Señor Presidente, ¿saben qué fue lo más importante que me llamó la atención como observadora electoral en Ucrania? 
Fue la total entrega con la que muchos ciudadanos ejercieron su derecho a votar libremente, por el que habían luchado un año antes. 
Fue casi chocante volver a Alemania tras estas elecciones y comprobar la poca importancia que conceden ahora los alemanes a este derecho y las pocas personas que de verdad lo valoran. 
La conclusión que saco de esta experiencia es que Europa puede beneficiarse enormemente de este proceso que se está desarrollando en Ucrania. 
No podemos seguir manteniendo la actitud rutinaria que ha empezado a impregnar la relación entre la Unión Europea y Ucrania justo un año después de la Revolución Naranja. 
Tengo la impresión –motivada en parte por el conmovedor discurso del escritor Yuri Andrukovych en Leipzig– de que existe el riesgo de que Kiev pierda la esperanza en Europa. 
Y no debemos permitir que esto ocurra. 
Por lo tanto, quisiera decirle, señora Ferrero-Waldner, y también al Consejo, que deben ser hacer ofertas más concretas y más ambiciosas a Ucrania. 
No debe permitir que se cumpla la predicción del anterior Comisario para la Ampliación, el señor Verheugen, en el sentido de que no habría lugar para Ucrania en la Unión Europea ni siquiera dentro de veinte años. 
Nadie que ocupe un cargo de responsabilidad en la Unión Europea debe pronunciar afirmaciones dogmáticas de esa índole en público. 
. 
Apoyo plenamente lo que acaba de decir la oradora anterior. 
Por mi parte, también insto a la Comisaria a que presente un texto más enérgico y más concreto con respecto a la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. 
Sería difícil encontrar un ejemplo más satisfactorio, convincente y alentador de triunfo de la democracia en la breve historia de la nueva era de Europa. 
En concreto, el 70% de los ucranios que ejercieron su derecho a voto, un derecho que se vio cuestionado y amenazado en todo el país solo dieciocho meses atrás, nos demostraron la importancia de la democracia. 
En la Unión Europea tenemos tendencia a tratar la democracia como algo muy normal que no es necesario fomentar. 
Quisiera decir que, a mi parecer, es muy conveniente que los oradores que intervengan en este debate no comenten el resultado de las elecciones en Ucrania y el resultado final del voto emitido por la nación ucrania. 
Cuando algunos diputados de esta Cámara intervinieron en las elecciones hace dieciocho meses, no lo hicieron para apoyar a candidatos concretos. 
Estábamos apoyando a los ciudadanos de Ucrania en la afirmación de su derecho a expresar su voluntad libremente. 
Este derecho se respetó en las últimas elecciones y los ciudadanos de Ucrania acudieron a las urnas. 
Ahora necesitan nuestro apoyo en su viaje hacia la Unión Europea. 
Señor Presidente, como han dicho varios oradores anteriores, Ucrania es el vecino más cercano de la Unión y se ha convertido en una democracia parlamentaria. 
No obstante, las democracias tardan mucho tiempo en consolidarse y es necesario alimentarlas. 
Una economía de mercado libre y saneada es una de las características fundamentales de una democracia y este es el mayor reto al que se enfrenta nuestro vecino del Este. 
Ucrania necesita apoyo y necesita tener la seguridad de que la Unión estará abierta a recibirla de muy buen grado. 
Esto significa que no solo tenemos que apoyar los valores que apreciamos, sino también los intereses que compartimos con Ucrania. 
En primer lugar, Ucrania puede apoyar la política energética de la Unión. 
Posee sus propias reservas de gas natural y los yacimientos de gas natural más extensos de Europa. 
El petróleo y el gas procedente del Mar Caspio se pueden transportar hasta Europa a través de Ucrania sin que deba intervenir ningún otro país. 
Esto requiere una inversión conjunta en las conducciones, con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones, la Política de Vecindad y las redes transeuropeas. 
En segundo lugar, a media que Europa vaya abriendo su economía a Ucrania, su mercado común de mercancías se ampliará considerablemente. 
En tercer lugar, la inversión de la Unión en Ucrania puede resultar especialmente rentable gracias al buen nivel de formación de sus trabajadores y a la receptividad de su mercado. 
En cuarto lugar, a diferencia de otros países europeos, Ucrania no tiene problemas demográficos. 
En quinto lugar, un mercado ucranio autónomo, democrático y plenamente desarrollado estabilizará la situación allende las fronteras orientales de Europa. 
También estimulará una evolución económica y política positiva en los países vecinos. 
Permítanme que reitere que no solo deben preocuparnos los valores fundamentales que defendemos, sino también nuestros intereses. 
Es importante promoverlos y celebrar un acuerdo de asociación con Ucrania lo antes posible. 
También debería adoptarse el principio de libre concesión de visados para los ciudadanos ucranios tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, hace quince meses, Ucrania luchaba por la democracia, esta vez, en cambio, ha librado una batalla democrática y la diferencia es enorme. 
Se trata de un paso adelante que merece nuestra admiración y nuestro máximo respeto. 
La Unión Europea cumple un papel esencial en todo ello. 
Es precisamente la tarea que está desarrollando la delegación de la Comisión en Kiev y con gran pericia, añadiría yo. 
Ahora es necesario reforzar esa ayuda concreta de la Comisión y de los Estados miembros a escala bilateral. 
Deben estrecharse esos vínculos con un enfoque ambicioso. 
Esto cuenta con cierto apoyo, pero no el suficiente. 
La Unión Europa no tuvo el valor de condenar la actitud de despiadado cinismo de Putin con respecto a Belarús, pero ahora debemos enviar una señal positiva a los ucranios para demostrarles que su opción por la democracia también aportará mejoras concretas en su vida cotidiana. 
Señor Presidente, estoy segura de que la Unión Europea no lamenta su participación en la resolución del conflicto de Ucrania hace ya varios meses. 
Gracias a la intervención de la Unión Europea no hubo ningún derramamiento de sangre en ese país. 
También gracias a la Unión Europea comenzó a desarrollarse la democracia en Ucrania, aunque lentamente. 
Pero sigue viva y las recientes elecciones han sido un gran éxito. 
La pregunta que ahora se plantea es: ¿y ahora qué? 
¿Qué más podemos hacer para ayudar a Ucrania? 
El señor Winkler nos acaba de asegurar que existe la voluntad de hacerlo. 
Creo que la Unión debe decir con toda claridad que Ucrania tiene derecho a adherirse a ella. 
Ya va siendo hora de que realice una declaración en ese sentido, aunque desde luego tendrá que establecer unos criterios estrictos y exigentes, y es de esperar que Ucrania tarde bastante tiempo en poder cumplirlos. 
No obstante, esa declaración es necesaria, pues solo una oferta de esa naturaleza permitirá acicatear a las fuerzas internas a actuar para desarrollar la democracia y la economía de mercado libre. 
Señorías, tuve la oportunidad de observar las elecciones parlamentarias en Ucrania, en un ambiente muy diferente de las pasiones que se suscitaron durante las elecciones presidenciales. 
Esta vez las elecciones fueron libres y democráticas, y el ambiente era muy parecido al que podemos ver en nuestros países. 
No obstante, las elecciones no estuvieron exentas de deficiencias técnicas. 
Las imprecisiones del censo electoral y el hecho de que las elecciones parlamentarias se organizaran simultáneamente con las elecciones para diversos niveles de los Gobiernos locales dieron lugar a un proceso de votación largo y complicado. 
Ucrania también debería imponer un límite al gasto de los partidos políticos en la campaña preelectoral para limitar la posible corrupción y garantizar una competición leal. 
Los niveles relativamente bajos de apoyo de los ciudadanos de Ucrania a las fuerzas de la Revolución Naranja pueden explicarse por el hecho de que el ritmo de las reformas a lo largo del año fue insuficiente. 
No obstante, resulta interesante constatar que, en contra de las expectativas rusas, la presión de Rusia asociada al suministro de gas y al bloqueo de las exportaciones de Ucrania, fomentó directamente el apoyo a las fuerzas de la democracia. Estas son las únicas que pueden garantizar la continuidad de las reformas. 
La noche de las elecciones, Yulia Timoshenko nos confirmó su voluntad de formar una coalición naranja con el bloque «Nuestra Ucrania» , que incluya a los socialdemócratas. 
Por su parte, la Unión Europea debería declarar que se están evaluando los intentos de integración de Ucrania en Europa. 
Quiero instar a la Comisión a que preste todo el apoyo posible a Ucrania, con el fin de permitirle superar su debilidad administrativa, luchar de manera eficaz contra la corrupción y reducir la influencia de la oligarquía en la política, reformar el sistema jurídico y reforzar, así, la democracia. 
Es una gran satisfacción poder felicitar a Ucrania por el hecho de que las elecciones, celebradas el 26 de marzo, hayan sido democráticas, libres, imparciales y conformes a las normas democráticas internacionales. 
Solo esto ya es una gran victoria para los ciudadanos de Ucrania en su proceso de creación de una sociedad civil, especialmente si se recuerdan los sucesos de diciembre de 2004, que causaron gran preocupación y terminaron con la celebración de unas elecciones presidenciales democráticas, y también que, en los dos últimos años, Ucrania ha logrado resultados satisfactorios en la aplicación de reformas democráticas. 
Ahora solo nos queda esperar que la coalición, en la que la mayoría de ciudadanos depositaron su confianza durante las elecciones, pueda llegar a un acuerdo y formar un Gobierno de coalición que continúe las reformas democráticas y de mercado ya iniciadas y que consolidarán la democracia. 
Poco después de las elecciones, Javier Solana afirmó que la Unión Europea tiene la intención de activar la cooperación con Ucrania, apoyar las reformas políticas y económicas, que garantizarán el Estado de Derecho, y consolidar los principios de una economía de mercado en dicho país, a lo cual yo añadiría el apoyo a una lucha más eficaz contra la corrupción y la economía sumergida. 
La Unión Europea, al igual que los Estados Unidos, apoya y seguirá apoyando el objetivo de Ucrania de llegar a ser miembro de la OMC y está esforzándose por acelerar la admisión del país en dicha organización. 
Ucrania también tiene una misión propia que cumplir en la región. 
Me refiero a la solución del problema Moldova-Transdniéster y para esa tarea Ucrania merece recibir el apoyo de la Unión Europea. 
Según los resultados de una encuesta sociológica realizada el mes pasado en Ucrania, el 42,9 % de los ucranios apoya la adhesión del país a la Unión Europea, a la vez que el Presidente Bush ha afirmado, cito textualmente, que «los Estados Unidos están dispuestos a apoyar a Ucrania durante el proceso de integración en la Unión Europea y la OTAN». 
¿Y cómo se propone responder la Unión Europea? 
¿Cómo vamos a responder a las expectativas de los ciudadanos ucranios y de sus representantes elegidos? 
¿El Parlamento Europeo está dispuesto a celebrar un debate constructivo sobre la integración de Ucrania en Europa o simplemente en la perspectiva europea? 
Creo que una vez más, el futuro dependerá de la voluntad política y la determinación de los ciudadanos ucranios, de sus esfuerzos, ya que comoquiera que se mire, Ucrania está en Europa. 
En el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea se establece que todos los países europeos tienen derecho a adherirse a la Unión Europea. 
. 
Señor Presidente, solo quiero responder a algunas preguntas. 
Señor Tannock, estoy realmente impresionado por su informe sobre las elecciones. 
Yo no me atrevería a comprar la ley electoral ucrania con la que prevalece en nuestros países, ya que al tratarse de países diferentes, sus leyes electorales también son diferentes, pero lo importante es que las elecciones en Ucrania fueron sin lugar a dudas limpias y democráticas, y creo que esto es muy importante. 
También me ha impresionado mucho el gran entusiasmo del informe elaborado por los observadores de las elecciones. 
Para mantener vivo este entusiasmo y la fe en la Unión Europea, ahora debemos –es decir, la Unión Europea debe– adoptar medidas concretas. 
Estamos dispuestos a hacerlo. 
Estoy totalmente de acuerdo en que no es razonable hablar de plazos concretos, pero para evitar traspiés tenemos que avanzar paso a paso y no intentar correr antes de haber aprendido a andar. 
El próximo paso es desarrollar una mayor cooperación. 
Existe una necesidad específica de que así se haga y el Consejo lo hará, en colaboración con la Comisión. 
Lo hacemos para ayudar a Ucrania a continuar su desarrollo y a llevar a cabo las reformas necesarias. 
El señor Kamiński tenía toda la razón cuando ha manifestado que no es tarea nuestra evaluar las elecciones y a los partidos. 
No obstante, podemos observar con satisfacción que quienes abogan por una relación más estrecha con la Unión Europea ganaron las elecciones y ostentan la mayoría. 
Por lo tanto, debemos tenderles la mano. 
. 
Señor Presidente, yo también voy a ser breve en mis comentarios. 
Simplemente quiero asegurarle que no dejaremos que esto se convierta en una cuestión rutinaria. 
Lamento que la señora Harms ya se haya marchado, porque me habría gustado poder decírselo personalmente. 
Lo lograremos precisamente utilizando esta posibilidad de alcanzar un acuerdo más profundo y más sólido. 
Si examinamos todo lo que esto implica –además de una intensificación del diálogo político–, veremos que principalmente se trata de la cooperación en materia jurídica y en los ámbitos especialmente importantes de la justicia y los asuntos de interior. 
En primer lugar, un tema especialmente importante para nosotros y que se ha mencionado durante el debate es el de la política energética, que se está pasando a ser un aspecto cada vez más vital de la política exterior para todos nosotros. 
Otra cuestión es el tema del acuerdo de libre comercio al que me he referido antes. 
Por lo tanto, es impensable mantener una actitud rutinaria en este ámbito. 
En segundo lugar, en mi calidad de Comisaria responsable de este ámbito, siempre hago declaraciones muy concretas, quizás demasiado para algunos, Y quisiera dejar muy claro lo siguiente: como he dicho siempre, no se puede prejuzgar el futuro. 
Sin embargo, en este momento estamos trabajando por medio de la política de vecindad, que no prevé la adhesión a la Unión Europea. 
No puedo ser más precisa. 
Sin embargo, eso no significa que no vayamos a seguir colaborando con Ucrania con gran empuje y entusiasmo, como ha dicho el Presidente en ejercicio. 
Representan un enorme paso adelante y me complace que un número tan elevado de sus Señorías las hayan observado y compartan esta opinión con nosotros. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las medidas destinadas a mejorar la seguridad vial (SAFETY) y las medidas de seguridad en el sector de los transportes, incluida su financiación (SECURITY). 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecerlos la inclusión del tema de la seguridad vial en el orden del día de hoy. 
Como ustedes saben, concienciar todavía más a los ciudadanos de todos los Estados europeos respecto a esta cuestión es una preocupación especial de la Presidencia austriaca, con la intención de sentar otra base fundamental para una política europea común de seguridad vial. 
La Presidencia convocó la reunión informal de Bregenz, Austria, los días 2 y 3 de marzo, con este objetivo, con el fin de dedicar dos días enteros exclusivamente a la seguridad vial a escala europea. 
En el transcurso de la reunión y de numerosas conversaciones bilaterales, conseguimos hacer justicia al lema de la Presidencia austriaca: «Cruzar Fronteras en el ámbito de la Seguridad Vial – Crear una Cultura Transeuropea de la Seguridad Vial». 
Por lo tanto, agradezco enormemente a la Comisión la presentación de la revisión intermedia del Programa de acción europeo de seguridad vial, que se debatió durante la ya citada reunión informal de los ministros de Transporte de 2 y 3 de marzo y, más recientemente, en el Consejo de Ministros de Transporte del 27 de marzo, en Bruselas. 
En este contexto, quisiera adelantarles que la Presidencia austriaca también tiene el propósito de que el Consejo de Ministros formal que se celebrará en Luxemburgo el 9 de junio adopte unas conclusiones definitivas sobre seguridad vial. 
El Programa de acción europeo de seguridad vial, que data de 2003 y tiene como objetivo reducir a la mitad la cifra de muertos por accidente de tráfico en la Unión Europea para el año 2010, establece objetivos de seguridad vial a escala de toda la Unión para el período 2003-2010 e incluye sesenta medidas que se deberán aplicar en toda la Unión, la mayoría de carácter no legislativo. 
Esto supone una reiteración coherente de la prioridad que se otorga a la seguridad vial, establecida ya en el Libro Blanco de 2001 sobre los transportes. 
Todos estos esfuerzos a favor de la seguridad vial se asientan en la determinación a largo plazo de que en un futuro ningún ciudadano de la Unión muera o resulte gravemente herido en un accidente de tráfico. 
Siguen siendo necesarios muchos esfuerzos conjuntos si queremos continuar avanzando hacia ese objetivo. 
En la revisión intermedia del Programa de acción de seguridad vial de la UE, que el Vicepresidente Barrot presentó en la reunión ya citada, queda muy claro que Europa está siguiendo en el camino correcto, pero todavía avanza con demasiada lentitud. 
Permítanme que recuerde solo un par de datos sorprendentes, que el señor Barrot ya nos ha presentado. 
El objetivo de 25 000 víctimas de accidentes de tráfico para 2010, aunque esas muertes seguirán siendo lamentables, se podría conseguir si los progresos ya fuesen más rápidos. 
Una extrapolación e los resultados conseguidos hasta ahora nos daría una cifra de 32 500. 
Tenemos que intensificar todos los esfuerzos para lograr, en la medida de lo posible, el ambicioso objetivo que nos hemos marcado. 
Una política de transportes exitosa se apoya en tres pilares esenciales: las personas, los vehículos y las infraestructuras, y durante la reunión a la que he hecho referencia, pudimos examinar detalladamente los tres. 
Lo que resulta preocupante –y quiero destacarlo especialmente hoy– es la evolución del número de usuarios de motocicletas y ciclomotores que mueren. 
Estos constituyen la única categoría de usuarios de las carreteras entre los que el número de muertes está aumentando en lugar de descender. 
Si no se frena esta tendencia, en 2010 morirán la mitad de personas en las carreteras europeas, pero una de cada tres será un usuario de motorista, en comparación con la proporción actual de uno de cada seis. 
En cuanto a las infraestructuras, Europa debe ser consciente de su responsabilidad de ofrecer instrumentos adecuados a los operadores de las mismas, pues solo así lograremos minimizar el riesgo para quienes viajan por nuestras redes de carreteras europeas. 
Por lo que respecta a los vehículos, conviene subrayar que la moderna tecnología de seguridad electrónica, puede contribuir de manera muy significativa a mejorar la seguridad vial. 
Dicha tecnología tiene como finalidad garantizar una vinculación inteligente entre el hombre y la máquina que permita descargar a los conductores de las acciones rutinarias. 
Uno de los aspectos en los que se centró el Consejo informal de Bregenz (Austria) fue el tema de la sensibilización de la población. 
Allí tuvimos oportunidad de estudiar y comparar, muy brevemente y de manera concentrada, las actividades de sensibilización de la opinión pública que desarrollan nuestros colegas europeos. 
La evaluación de las distintas actividades de la campaña demostró que las campañas de sensibilización con objetivos bien definidos pueden lograr muchos resultados. 
También en Austria hemos hecho mucho en este aspecto en los últimos años, hemos movilizando a las personas, hemos reflexionado o hemos hecho reflexionar a la gente piense, y por último, lo que es más importante, hemos conseguido que modifique su comportamiento con la consiguiente mejora de la seguridad vial y una reducción de la mortalidad y del número de heridos y heridos graves a causa de los accidentes de tráfico. 
También acordamos que una campaña de sensibilización europea conjunta sobre el tema podría conseguir efectos de sinergia y una mayor eficacia. 
A partir de una encuesta, constatamos que es prioritario abordar los problemas de la ebriedad y la fatiga al volante. 
Me alegra poder anunciarles que la Comisión se comprometió a prestar apoyo, sobre todo de carácter organizativa y, evidentemente, en el marco de las normas aplicables, y sugirió que se encargue al Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Vial que elabore una propuesta en ese sentido. 
La intención de la Comisión de instaurar un «Día Europeo de la Seguridad Vial» también concuerda perfectamente con nuestros objetivos comunes de mejora de la seguridad vial. 
Estoy seguro de que una iniciativa de ese tipo también contribuirá a una mayor sensibilización de la población en toda Europa. 
En este contexto, debo expresar mi particular agradecimiento al Vicepresidente y Comisario Jacques Barrot por su especial compromiso. 
Desde 2001 se han realizado esfuerzos importantes para mejorar la seguridad en las carreteras de Europa. 
Se han adoptado una serie de medidas legislativas de carácter técnico y también reglamentario, como por ejemplo, las disposiciones que regulan los cinturones de seguridad, el tacógrafo digital, los períodos de conducción y descanso, el permiso de conducir o las normas aplicables a los conductores de camiones profesionales. 
También hay que mencionar en este contexto iniciativas como CARS 21 o la Carta europea de la seguridad vial, que sensibilizan a las asociaciones, empresas, regiones, autoridades locales europeas, etcétera. 
Las actividades e iniciativas del Vicepresidente Barrot, que incluyen propuestas ya anunciadas con respecto al uso de los faros durante el día, los retrovisores sin ángulos muertos y en el ámbito de las infraestructuras, contribuirán a mejorar la seguridad de nuestras carreteras en Europa. 
A modo de conclusión, permítanme que añada que, dado que los problemas son superiores a la media europea en algunos Estados miembros con un elevado nivel de tráfico en tránsito, deberíamos empezar por aquellos puntos donde las cifras de accidentes han descendido poco o el número de víctimas sigue aumentando en algunos casos. 
Cada muerte en las carreteras europeas es una muerte de más. 
Quiero agradecer al Parlamento la oportunidad de intervenir hoy sobre este importante tema de la seguridad vial, y quisiera añadir que no debemos flaquear en nuestros esfuerzos por hacer las carreteras europeas lo más seguras posible e impedir, de ese modo, mucho sufrimiento y dolor. 
. Señor Presidente, señor Gorbach, Señorías, el debate en el orden del día abarca dos temas: la seguridad vial y las medidas de seguridad en el sector del transporte. 
Quisiera hacerme eco de la excelente intervención del señor Gorbach y darle las gracias de entrada por su compromiso personal al servicio de esa gran causa que es la seguridad vial. 
Gracias, señor Gorbach, por haber situado en el centro de las prioridades de la Presidencia austriaca el problema capital de la seguridad vial. 
Como tuve que hacer yo mismo al informar de nuestra evaluación al cabo de cinco años, a partir del programa que se había fijado la Unión Europea en 2000, debemos constatar que los países que configuran hoy la Unión Europea registraron 50 000 muertos en carretera en 2001. 
Y el objetivo común propuesto en 2001 y actualizado hoy es no pasar de 25 000 muertos en 2010. 
¡Salvar 25 000 vidas! 
¿Dónde nos encontramos a este respecto? 
En 2005 se registraron aún 41 600 muertos. Esto equivale a una reducción del 17,5 % en cuatro años. 
Se han realizado grandes progresos, en especial en algunos Estados, pero no son suficientes. 
Como ha dicho usted, señor Gorbach, el número de muertos en la Unión podría ascender a 32 500 en 2010 si no nos preocupamos por dar un nuevo impulso a la política de seguridad vial. 
Es indispensable intensificar el esfuerzo y corregir las disparidades entre Estados miembros. 
La Presidencia austriaca nos ha permitido, y quisiera darle las gracias una vez más, avanzar en un acuerdo sobre el permiso de conducir europeo. 
Quisiera señalar que este permiso de conducir viene acompañado de un permiso para los ciclomotores y de un permiso progresivo para las motocicletas más potentes, lo que debería permitirnos reducir el número de muertos en motocicleta, que crece de modo alarmante. 
Aparte de este balance y de los avances realizados durante esta Presidencia, la Comisión presentará, en 2006, nuevas iniciativas, que se incluirán en el plan de acción que propondré en el Libro Blanco revisado. 
En primer lugar, una propuesta de directiva para la gestión de la seguridad en las carreteras de la red transeuropea. 
No se trata de que nosotros expliquemos cómo hay que hacer una carretera más segura, sino que de que la Unión Europea compruebe, en cada uno de los Estados miembros, que se presta mucha atención a la seguridad cuando se construye una carretera nueva o cuando se mejora una existente. 
En segundo lugar, una propuesta de directiva que permitirá la persecución transfronteriza en los casos más graves de violación del Código de Circulación: exceso de velocidad, conducción en estado de embriaguez y no utilización del cinturón de seguridad. 
No es normal que el autor de una infracción grave pueda evitar la sanción simplemente cruzando una frontera. 
Por último, como usted ha dicho, señor Ministro, vamos a colmar una laguna de la legislación actual por lo que respecta a los espejos con ángulo muerto instalados en los camiones actuales. 
Nos esforzamos también por hacer progresar la idea de una tercera luz «de día». 
Algunos Estados miembros quieren poder exigir desde ahora este equipamiento adicional en los automóviles. 
Estudiaremos, junto con mi colega, el señor Verheugen, cómo tratar esta cuestión y qué curso dar a las recomendaciones del grupo CARS 21, que ha enumerado toda una serie de equipos de seguridad que pueden aportar mucho a los vehículos que circulan en Europa. 
Para terminar con este primer punto, señor Presidente, quisiera confirmar que nuestra evaluación de los progresos realizados en el ámbito de la seguridad vial continuará sobre una base anual. 
El señor Gorbach ha mencionado también la idea de un Día europeo de la seguridad vial, así como el lanzamiento de campañas de sensibilización, manifestaciones que deberán realizarse todas a escala europea. 
Con respecto a todo esto, puedo confirmar al Parlamento que trabajamos de común acuerdo con la Presidencia. 
Ahora, si me lo permiten, abordaré la cuestión de la seguridad de las modalidades de transporte, incluida la difícil cuestión de su financiación. 
Sé que este tema preocupa al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 
Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, la Comisión propuso un reglamento marco con vistas a instaurar normas comunes en materia de seguridad de la aviación civil. 
El apoyo del Parlamento, como el del Consejo, fue esencial para llevar a buen término el proceso legislativo. 
Este reglamento iba acompañado de una declaración interinstitucional en la que las tres instituciones reafirmaban su resolución de reforzar la calidad de los sistemas de seguridad de la aviación en la Comunidad. 
Por otra parte, parecía necesario evitar cualquier distorsión de la competencia interna y externa. 
Por último, las tres instituciones han tomado nota de la intención manifestada por la Comisión de encargar un estudio sobre el reparto de la financiación de la seguridad entre los poderes públicos y los operadores. 
La Comisión se comprometió a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo los resultados y las propuestas que se derivaran de dicho estudio. 
Se adoptó una posición similar con ocasión de la aprobación, en 2004, del Reglamento relativo a la mejora de la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. 
Se reconocía que la aplicación efectiva y uniforme de las medidas de seguridad planteaba problemas importantes, siempre asociados a la financiación. 
A este respecto, la Comisión debía emprender también un estudio a fin de informar al Parlamento Europeo y examinar las propuestas que merecieran presentarse. 
La Comisión implantó, en 2004, un sistema de inspección que ha contribuido de forma significativa a aumentar la seguridad aérea. 
A día de hoy, la Comisión ha efectuado 69 inspecciones en todos los Estados miembros. 
A la luz de dichas inspecciones, la Comisión propuso, a finales de 2005, la revisión del Reglamento 2320/2002, que actualmente está examinando la Comisión de Transportes y Turismo y de la cual, señor Costa, es usted ponente. 
Con esta propuesta de revisión, la Comisión presentó el primer informe anual de aplicación del reglamento actualmente en vigor, así como los principales resultados de las inspecciones. 
Por otra parte, destacaré que el Comité reglamentario creado por el Reglamento marco de 2002 ha trabajado arduamente y ha hecho posible la adopción de ocho reglamentos de aplicación. 
La Comisión ha lanzado asimismo los dos estudios requeridos, que han confirmado la importancia de la cuestión de la financiación. 
Por lo que respecta a la aviación, el estudio se llevó a cabo en 2004. 
Los resultados se publicaron en el sitio Internet de la Comisión. 
El estudio sobre la financiación de la seguridad marítima se concluirá próximamente. 
Tan pronto estén disponibles los resultados, se los remitiremos. 
Por lo que respecta a la seguridad de la aviación civil, el estudio realizado demuestra que los gastos incurridos en la Unión, entonces formada por quince Estados miembros, oscilaban en 2002 entre 2 500 y 3 500 millones de euros. 
Podemos considerar que se trata de una cifra importante, pero hay que subrayar que para los transportes intracomunitarios la combinación de las cargas y tasas aeroportuarias y de seguridad representaban del 1 % al 2 % de las tarifas medias de los billetes de avión. 
Este estudio ha puesto de manifiesto también cierta diversidad en los modos de financiación. 
Hay grandes diferencias por lo que respecta al papel del Estado. 
Por otra parte, ha revelado cierta falta de transparencia por lo que respecta a las tasas y las cargas de seguridad. 
A este respecto, debo precisar al Parlamento que he decidido organizar mañana y pasado mañana una reunión entre todos los operadores del tráfico aéreo. 
Dicha reunión versará esencialmente sobre las tasas aeroportuarias, pero seguramente se tratarán los problemas de seguridad y de su coste asociado. 
Por lo que respecta a la seguridad marítima, los resultados preliminares del estudio confirman también que los costes son significativos, aun cuando los gastos en el ámbito marítimo son más bien limitados con respecto a los costes totales. 
La Unión Europea cuenta con más de 1 200 puertos de mar y en torno a 3 700 instalaciones portuarias, en las que la media de inversiones en materia de seguridad asciende, según este estudio, a más de 400 000 euros, con unos gastos corrientes de más de 200 000 euros al año. 
En cuanto a la seguridad de los buques, la inversión media es de 100 000 euros, con unos gastos corrientes de unos 25 000 euros al año. 
Estos son los datos en relación con este complejo problema. Reconozco que es un problema importante, pero también debo admitir que hoy es difícil afirmar que se pueda encontrar una solución que pueda imponerse a todos. 
Por esta razón debemos reflexionar juntos sobre los problemas de seguridad y su financiación y me complacerá escuchar sus intervenciones al respecto. 
Es un problema que deberá tratarse obviamente con mucho rigor en el futuro. 
Esto es, señor Presidente, Señorías, lo que quería decir, y quisiera agradecerles, a sus Señorías y a la Presidencia austriaca, que podamos mantener este debate tanto sobre la seguridad vial como sobre los problemas de seguridad del transporte en general. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con su pregunta, y deberíamos debatir en la Conferencia de Presidentes cómo podemos establecer un procedimiento razonable, sin dejar de respetar al mismo tiempo todos los derechos constitucionales de las instituciones. 
No puede ser admisible que el Consejo y la Comisión sumados hablen durante 25 minutos en un debate para el que se ha asignado media hora. 
¿Cuándo van a debatir con nosotros? 
Si las dos instituciones quieren debatir entre ellas, sin duda ya pueden hacerlo en el Consejo. 
No obstante, quiero volver a la cuestión central, que no es la seguridad vial. 
Gracias por sus comentarios, Vicecanciller, estoy de acuerdo con usted. 
La cuestión central es esta pregunta tan sencilla: ¿cómo podemos pagar las medidas de seguridad en la aviación? 
El problema se planteó en el Informe Costa. 
Ya es hora de que lo sometamos a debate. 
Permítanme que les recuerde que en el Parlamento Europeo acordamos en 2002 que las medidas de seguridad en la aviación derivadas del terrorismo deberían pagarlas los Estados miembros. 
La lucha contra el terrorismo es una función pública, y por lo tanto, su financiación también lo es. 
Puesto que en aquel momento no conseguimos llegar a un acuerdo, en el procedimiento legislativo para la adopción del reglamento básico, en 2002, nos conformamos con un acuerdo interinstitucional en virtud del cual la Comisión debía presentar una propuesta de financiación pública de dichas medidas de seguridad en la aviación. 
Señor Vicepresidente, ya sabe cuanto le respeto, pero no espero que nos presente estudios, sino un informe claro con propuestas legislativas claras. 
Al cabo de cuatro años, debería estar en condiciones de poder decirnos cuándo va a presentar una propuesta definitiva o podría tener al menos la amabilidad de ocuparse del tema. 
Ahora dicen que a finales de año. 
Tras cuatro años, eso ya no es tolerable. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, también quisiera que nos de una respuesta clara: si estamos de acuerdo en que las medidas adicionales adoptadas a partir de 2001 eran medidas antiterroristas, ¿considera asimismo que el Estado debería financiarlas esas medidas? 
¿Sí o no? 
. Señor Presidente, comparto el punto de vista del señor Jarzembowski y, por consiguiente, pienso que el tema de la seguridad vial merece un debate separado y estamos deseosos de poder tratarlo más ampliamente en otra ocasión. 
Ahora quiero limitarme al tema de la financiación de la seguridad. 
Desde los ataques del 11 de septiembre, la seguridad en el sector de los transportes se ha convertido en una preocupación importante, para Europa como para todos, y con mucha razón. 
Se ha considerado el sector portuario, la legislación europea ha modificado la seguridad en los aeropuertos hasta hacerla irreconocible y me alegra comprobar que hay otras medidas en marcha. 
Pero si queremos adoptar una política de seguridad sólida, no deberíamos limitarnos a redactar directrices comunes en materia de seguridad, que evidentemente se deberían aplicar del mismo modo en todas partes; también tenemos que dejar claro quién va a pagar la factura. 
Para ello necesitamos normas europeas comunes, junto con unas reglas del juego consiguientemente equitativas. 
No puede ser que en un Estado miembro se transfieran todos los gastos a los pasajeros, mientras que en otro el Estado asuma la mayor parte. 
Un reglamento al respecto es especialmente urgente porque los gastos que conllevan las nuevas medidas de seguridad siguen creciendo de forma desproporcionada. 
Como resultado, desde 2001, Bruselas ha doblado su suplemento de seguridad, que cobra a cada uno de sus pasajeros. 
Ahora también hemos empezado a redactar nuevas normas. 
No obstante, como ya se ha expuesto, en 2002 ya se elaboró un proyecto de declaración interinstitucional precisamente sobre este tema. 
Esta iba acompañada del compromiso de presentar en breve una solución para el problema de la financiación. 
La Comisión prometió que antes de finales de 2005 presentaría una comunicación sobre una estrategia para abordar ese problema. 
Quisiera preguntarle al Comisario para cuándo podemos esperar esta comunicación. 
En realidad, nos resulta difícil realizar debidamente nuestro trabajo como colegisladores en estas circunstancias. 
Estamos debatiendo la modificación del Reglamento nº 2320, pero no tenemos ni idea de qué camino va a seguir un elemento importante del paquete. 
Señor Comisario, reconozco que se trata de un asunto difícil, pero debería presentarnos lo antes posible algunas ideas que nos permitan celebrar un debate exhaustivo. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi lengua el término «seguridad» se emplea tanto para el concepto inglés de «safety» como para el de «security». 
No obstante, me parece que la confusión que ha habido hoy no obedece solo al factor lingüístico. 
Ambos temas son demasiado importantes para abordarlos juntos. 
Con todo, debo admitir, por lo que respecta a la denominada seguridad, en el sentido de «safety» , que gracias a la contribución del Parlamento se han dado pasos fundamentales en materia de tiempo de conducción y permisos de conducir. 
Pero pasando a la «security» y su financiación –que es un problema que me afecta directamente como ponente de esta medida– me hago la siguiente pregunta: ¿podemos proceder a la modificación del reglamento de acuerdo con las normas que definen la seguridad sin responder a la pregunta que se hacen nuestros conciudadanos de quién la pagará? 
Me parece que es un punto fundamental. 
Es un poco difícil responder que sí, entre otras cosas porque nos hemos dado cuenta de que la seguridad es una única cuestión, no existen 25 tipos de seguridad y no es posible que cada Estado miembro establezca la suya propia. 
Pero si existe una única seguridad para todos los países, no podemos hacer más que definir unas medidas estándar potencialmente uniformes y establecer de forma clara y transparente cómo financiarla. 
Después podrá haber medidas adicionales, más exigentes y vigentes solo en determinados países, pero, también en este caso, ¿cómo se podrá garantizar que esas medidas independientes no interfieran negativamente y tengan repercusiones sobre la seguridad de los demás países? 
Mientras nosotros esperamos, la realidad avanza. 
Hoy tenemos, de hecho, una seguridad básica que se financia por medio de tarifas, costes extra sobre los billetes, y es más o menos cofinanciada por los Estados miembros conforme a los niveles de seguridad que deseen implantar. 
Pienso que los Estados deben hacerse cargo al menos de las medidas adicionales y que es indispensable que haya claridad sobre el nivel básico de cofinanciación entre operadores, o mejor dicho, entre Estados miembros usuarios. 
Hemos de seguir al menos estos principios para poder continuar con nuestra labor. 
Señora Presidenta, Señorías, el debate de hoy retoma un tema muy serio para la Comisión de Transportes y Turismo, relativo a la financiación de las medidas actuales y futuras en materia de seguridad. 
Eso es lo que quiero comentar. 
La seguridad de los transportes también se podría haber junto con el Informe Titley. 
Pero se debate ahora y el tema primordial no es solo la financiación de medidas adicionales en Estados concretos, que reclaman mayor seguridad en los aeropuertos, sino el sistema en general, y esto es un asunto serio. 
Se nos prometió una comunicación que debería habernos servido de base para este debate. 
Ahora se le pide al Parlamento que presente propuestas. 
No estamos hablando solo de la aviación. 
Los trágicos acontecimientos de Madrid nos han dado motivos para plantearnos que las demás rutas y medios de transporte se enfrentan al mismo desafío. 
Aun así, si queremos que la competencia entre los distintos medios de transporte sea equitativa, también se deben establecer unas normas equitativas para la financiación de las medidas de seguridad. 
Por lo tanto, mi pregunta es: ¿para cuándo podemos esperar el estudio? 
¿Este incluye ese aspecto y podemos contar con que podremos elaborar planes satisfactorios para adoptar ulteriores medidas sobre la base de ese estudio? 
– Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, solo podemos ofrecer una imagen positiva de Europa a los ciudadanos si contamos con el mayor número posible de ejemplos concretos que pongan de manifiesto que las actuaciones a escala europea ofrecen un claro valor añadido a los ciudadanos. 
Una mayor seguridad en el sector de los transportes, especialmente por carretera, beneficiará a millones de ciudadanos europeos: más seguridad, menos accidentes, menos sufrimiento humano. 
La revisión intermedia, a la cual se ha hecho referencia varias veces, así lo demuestra. 
Pero también demuestra que todavía nos queda mucho por hacer. 
Visto así, resulta importante realizar nuevos esfuerzos. 
Pero también será especialmente importante que todos los proyectos y medidas estén bien organizados. 
La combinación de políticas que se propone parece razonable, pero también costará dinero. 
En este contexto, tenemos que procurar garantizar que el dinero europeo se utilice de manera razonable, apropiada y económica. 
Sin duda, también es importante que esos recursos europeos escasos acaben beneficiando a los ciudadanos y no se pierdan por el camino. 
No lo digo en absoluto pensando en malversaciones, fraudes o cosas parecidas, sino en el hecho de que, en el caso de la aviación en particular, la mayoría de los aeropuertos y operadores de aeropuertos europeos ganan muchísimo dinero. 
Han transcurrido cuatro años desde que acordamos la cofinanciación pública en el marco del acuerdo interinstitucional y si ahora ponemos a disposición ese dinero –lo cual llevará un tiempo– estoy casi segura de que los ciudadanos no se beneficiarán, sino que se impondrá una nueva tasa, que probablemente se compensará con el reembolso de otras. 
Por consiguiente, si seguimos ese camino y recurrimos al dinero público, debemos garantizar que los ciudadanos y los pasajeros aéreos obtengan algún beneficio tangible en la práctica. 
Señora Presidenta, señor Vicecanciller, señor Vicepresidente de la Comisión, ahora me he quedado bastante confundido. 
La señora Lichtenberger ha dicho que el tema de hoy debía ser la seguridad en el transporte y todo lo relacionado con ella y esa era también la intención de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Ahora acabo de escuchar al Vicecanciller y no ha dicho nada sobre la seguridad en el transporte. 
En mi opinión, ese no es modo de tratar con esta Asamblea. 
Debería haber dedicado al menos una parte de su discurso a esa cuestión. 
Después de todo, es lo que esperaba el Parlamento. 
No logro comprender por qué no ha ocurrido así, ya que no creo que el 11 de septiembre les pasara desapercibido. 
Quizás la única razón sea que al Consejo no le interesa el tema. 
Pero ese sería un enfoque equivocado. 
Respecto al contenido, evidentemente estoy de acuerdo con mis colegas diputados en que la lucha contra el terrorismo es claramente una responsabilidad estatal y a este respecto hay que establecer claras distinciones. 
Debe quedar claro que en algunos países, esa lucha la paga el contribuyente, en otros, las compañías aéreas y en otros, los aeropuertos y los pasajeros. 
Por esto, quiero que la Comisión adopte relativamente pronto medidas que nos permitan abordar esta cuestión en la práctica y garantizar, en nuestra calidad de legisladores, que la situación quede clara y no se produzcan distorsiones de la competencia en este ámbito. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, procuraré ser lo más breve posible. 
La Presidencia austriaca prevé tratar el tema de la financiación de las medidas de seguridad en el próximo grupo de trabajo del Consejo –que se reunirá mañana, 6 de abril– y examinar, en particular, cómo seguir avanzando en relación con este asunto, especialmente dado que la Comisión ha anunciado que no va a presentar su estudio al respecto hasta finales de 2006. 
En cualquier caso, un contacto estrecho entre la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Parlamento es esencial en este caso, sobre todo porque queremos alcanzar pronto un acuerdo con el Parlamento. 
Estoy dispuesto a debatir gustosamente en detalle todas las cuestiones relativas a la financiación, tal como las ve la Presidencia del Consejo, pero ahora no nos queda tiempo para ello. 
He intentado informar sobre la seguridad vial, tema en el que el Consejo se ha centrado durante las últimas semanas y meses, y he querido hacerlo en estrecha relación con la Comisión, que se ha centrado más en la financiación de la seguridad en la aviación, por ejemplo. 
La diversidad de opiniones que también existe en el Parlamento Europeo, como queda patente en el informe Costa y también en sus palabras, señor Jarzembowski, pone de manifiesto dificultad que entraña esta cuestión. 
Evidentemente, soy tan consciente como ustedes de que necesitamos unas normas claras, aunque solo sea para que la competencia sea equitativa y por razones de transparencia. 
También creo que en realidad se trata de luchar contra el terrorismo y eso debe ser una función nacional, porque si se traspasa a las compañías aéreas, la responsabilidad volverá a recaer en el pasajero y no creo que le corresponda asumirla. 
El pasajero tiene derecho a una protección adecuada contra las amenazas, del tipo que sean. 
Por ese motivo, mi postura es claramente que todo eso es una función nacional y tenemos que asumir que es así. 
. Señora Presidenta, señor Gorbach, Señorías, contrariamente a lo que ha dicho uno de ustedes, soy totalmente consciente de la importancia, tanto de la seguridad vial como de los problemas de seguridad. 
Trabajamos en ello, y he escuchado con gran atención todas sus intervenciones. 
Quisiera recordar que en su Comunicación relativa a las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre para el sector del transporte aéreo, la Comisión había destacado ya que la mejora de determinadas medidas de seguridad por parte de las autoridades públicas a raíz de los ataques dirigidos contra toda la sociedad, y no solo contra los implicados en el transporte, debería ser asumida por las autoridades públicas. 
Creo que comparto el punto de vista del señor Costa sobre esta distinción, que es probablemente uno de los principios rectores de una futura toma de posición de las instituciones europeas. 
Como he dicho, señora Presidenta, los estudios sobre la seguridad aérea se habían realizado ya y los estudios sobre la seguridad marítima se darán a conocer al Parlamento dentro de poco. 
Lo que ponen de manifiesto esos estudios –y antes ya he aportado cifras– es que los costes de las medidas de seguridad pueden ser altos, aunque, comparados con el coste global del transporte, parezcan insignificantes. 
Pero a pesar de todo, en términos absolutos, son costes, y he dicho hace un momento en esta Cámara que mañana y pasado mañana, en la reunión de las compañías de transporte europeas y los aeropuertos, sin duda trataremos este tema. 
Es cierto que diferentes Estados miembros tienen diferentes enfoques en materia de financiación, que existe cierta falta transparencia y que debemos tratar de evaluar y corregir cualquier distorsión de la competencia. 
He tomado buena nota de su impaciencia, señor Jarzembowski, señor El Khadhraoui y señora Lichtenberger. 
Quisiera precisar que la Comisión, en espera de los resultados definitivos del estudio sobre la seguridad marítima, prepara un informe para antes del verano que responderá a la declaración interinstitucional sobre el Reglamento por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, así como sobre el Reglamento relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias. 
Espero sacar provecho del debate de hoy, aun cuando haya sido demasiado corto para cubrir todos los aspectos de la cuestión. 
Quiero agradecer al Parlamento su compromiso con este asunto fundamental y dar las gracias a la Presidencia austriaca por haber hecho posible que abordemos este difícil pero muy importante problema. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas dirigidas al Consejo (B6-0017/2006). 
Examinaremos las siguientes preguntas dirigidas al Consejo. 
Quisiera expresar mi profunda inquietud por la cuestión de la persecución a los creyentes cristianos en China. 
Pese a que la Constitución de la República Popular China garantiza el derecho a la libertad de conciencia y religiosa, los cristianos chinos son perseguidos, encarcelados y torturados por las autoridades del país. 
De los estudios y denuncias de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos se desprende que las persecuciones a los creyentes cristianos son generalizadas y ejercidas a gran escala desde el año 2001. 
Afectan en particular a las provincias de Zhejiang, Jiangsu y Hebei. 
El número de cristianos en China se estima en unos 70 millones, lo que revela la importancia y las dimensiones del problema. 
Es inadmisible la tolerancia ante esta actitud de las autoridades chinas, así como la pasividad ante la persecución religiosa, en pleno siglo XXI, y el sufrimiento humano que conlleva. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo en defensa del derecho fundamental a la libertad de conciencia y religiosa en China? 
¿Se prevé que la cuestión de las persecuciones religiosas sea abordada a nivel ministerial por los representantes de la UE y de China? 
. 
Señora Presidenta, en respuesta a la pregunta del señor Sonik, ante todo quiero decir que el Consejo comparte la preocupación de su Señoría. 
Por eso, el Consejo definió, hace ya varios años, una serie de ámbitos clave en los que la Unión Europea quiere procurar avanzar en el proceso de diálogo. 
Estos incluyen, en particular, el ejercicio sin restricciones – tanto en público como en privado – de la libertad de religión y de convicciones, y el respeto de los derechos culturales y la libertad religiosa en el Tíbet y en Xinjiang. 
La libertad religiosa ha ocupado, por lo tanto, un lugar claramente destacado en la agenda de las reuniones entre la UE y China, no solo en los diálogos sino también en niveles más altos. 
Puedo confirmar, por propia experiencia, en mi anterior trabajo como consultor jurídico, responsable también de los asuntos relativos a los derechos humanos y también en mi cargo actual, que estos temas se están planteando en una gran variedad de niveles. 
En consonancia con esta conclusión del Consejo, la Unión Europea ha planteado de forma periódica no solo la persecución de los cristianos, las restricciones sobre iglesias domésticas y la distribución de ejemplares de la Biblia en las cárceles, sino también la persecución de budistas, musulmanes y miembros del movimiento Falun Gong, un tema que la UE saca a colación en muchas ocasiones. 
También hemos dejado claro que, a nuestro parecer, esas prácticas constituyen una violación de las obligaciones internacionales de China. 
En fechas bastante recientes, se trató en detalle sobre la libertad de religión en los diálogos de septiembre de 2004 y octubre de 2005, y la de la UE ha visitado el Tíbet y Xinjiang en el contexto del diálogo. 
La UE ha instado periódicamente a China a que cumpla las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas y las comisiones de las Naciones Unidas relativas a la libertad de religión y de convicciones. 
También ha planteado de manera continuada casos concretos y ha instado a las autoridades chinas a que investiguen las denuncias de torturas y proporcionen información sobre las sentencias. 
Hasta la fecha, el resultado de dichas conversaciones ha sido que, si bien la UE ha acogido con satisfacción la oportunidad de mantener conversaciones detallados con los correspondientes ministros, autoridades, etc., también ha visto confirmadas muchas de sus preocupaciones respecto a las restricciones de la libertad religiosa en China. 
En 2005, China envió una invitación oficial al Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de religión o de convicciones y la UE espera ansiosamente que se confirme una fecha para la visita. 
Hay que decir que dicha invitación ya constituye por sí sola un gran paso adelante. 
La Unión Europea seguirá presionando a todos los niveles para conseguir una auténtica libertad de religión y de convicciones en China, entre otras cosas y no en último lugar, como parte del proceso de ratificación y aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Muchas gracias por su útil respuesta. 
No obstante, el señor Sonik también quería cerciorarse de si el Consejo está satisfecho con la respuesta de China. 
Al fin y al cabo, el problema no es nuevo. 
Es bueno que figure en la agenda de las reuniones de la y de alto nivel, pero el señor Sonik sin duda esperaba que se pudiera ejercer una mayor presión sobre China para garantizar la aplicación de esas disposiciones. 
. 
Puedo decirle a su Señoría con toda franqueza que no estaremos satisfechos hasta que se cumplan todas las obligaciones internacionales. 
Por esto debemos interesarnos repetidamente por esta cuestión y referirnos a los casos individuales. 
La situación todavía no es satisfactoria. 
Por esto también vamos a continuar planteando esta cuestión en todos los niveles. 
Ya que nos pide que ejerzamos mayor presión, debo preguntarle, Señoría, qué presión se espera que ejerza la Unión Europea sobre China. 
¿Presión política, es decir, plantear preguntas y recordarlas una y otra vez? 
Los organismos internacionales, las Naciones Unidas, hasta la fecha la Comisión de Derechos Humanos, brindan otras oportunidades, en las que la Unión Europea no se enfrenta a China directamente y que creo que son importantes. 
Sin duda seguirá siendo una cuestión de la que deberá ocuparse el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Ya he señalado que al Relator Especial de las Naciones Unidas le corresponde un papel especial en este contexto. 
La cuestión se puede plantear en todos esos niveles y a través de todos esos canales. 
Solo estaremos satisfechos cuando se logre la plena libertad de convicciones y de religión. 
– He escuchado con gran atención la respuesta del señor Winkler, pero voy a centrarme en uno de los puntos que ha planteado, a saber: el hecho de que la persecución no afecta solo a los católicos, sino también a otras religiones. 
Quisiera preguntar al Consejo si tiene conocimiento del informe sobre Falun Gong, según el cual hay un campo de exterminación en la zona de Sujiatun, en la provincia de Liaoning, donde se masacra a los prisioneros de Falun Gong, y si el Consejo tiene previsto investigar dicho informe sobre graves violaciones de los derechos humanos en China. 
. 
Nunca he dicho –porque sería inexacto– que nuestros esfuerzos se refieran únicamente a los católicos o a los cristianos. 
La libertad de religión es un derecho humano que se aplica a todas las religiones que actúan dentro de un marco democrático. 
Falun Gong es un caso especial, sobre todo porque sabemos que se emplea la degradación y la tortura, como ha comentado usted. 
Naturalmente, estamos siguiendo esos hechos con gran preocupación y también hemos planteado el asunto en repetidas ocasiones. 
Usted ha mencionado los campos de rehabilitación. 
También hemos planteado ese asunto, no solo en relación con la libertad religiosa, sino de manera general. 
China sabe desde hace años que los campos de rehabilitación han sido durante mucho tiempo una espina clavada en la carne de la Unión Europea, porque desde luego no cumplen las normas internacionales de rigor en materia de derechos humanos. 
Por lo tanto, puedo asegurarle, Señoría, que también estamos intentando que se acabe la represión contra Falun Gong y sus seguidores. 
– Doy las gracias al Presidente en ejercicio. 
Aparte de las protestas que parecen caer siempre en saco roto, ¿no hay nada más contundente que la UE pueda hacer concretamente en el ámbito del comercio? 
En los acuerdos comerciales con China y otros países siempre incluimos cláusulas sobre derechos humanos, pero somos tan tímidos a la hora de aplicarlas que muy bien podrían no existir. 
Pregunta usted qué más podemos hacer. 
¿No es hora de ser más enérgicos y plantear la posibilidad de aplicar sanciones comerciales, si es necesario y es lo único que permitirá hacer que se respeten los derechos humanos? 
¿Qué sentido tiene incluir una cláusula si no la utilizamos para actuar? 
. No estoy de acuerdo con su Señoría cuando afirma que nuestras quejas caen en saco roto. 
Se han realizado y se siguen realizando avances y creemos que los medios que estamos utilizando están mejorando la situación. 
Me cuesta hablar de sanciones porque tenemos que recurrir a los medios más prometedores. 
Creo que el diálogo es el medio adecuado porque dudo mucho de que pudiéramos lograr el resultado deseado si empezáramos a hablar de sanciones comerciales. 
Creo que vamos por el camino correcto. 
Estamos avanzando. 
Debemos seguir por este camino y, finalmente, realizaremos más avances. 
Créanme, estamos planteando estas cuestiones no solo a través de la Presidencia austriaca, sino también a través de todos los Estados miembros en sus contactos bilaterales, la Unión Europea en su conjunto, el Consejo y en el marco de las Naciones Unidas. 
Sin lugar a dudas, al final esta es la mejor forma de actuar. 
Grecia se ha visto sacudida por un escándalo de escuchas de teléfonos móviles. 
De los testimonios recogidos por la comisión de investigación parlamentaria se desprende que la compañía Ericsson, que facilita a Vodafone el soporte lógico operativo, había instalado junto a éste un soporte lógico de escucha desactivado, que también pueden ofrecer otras compañías de la competencia a empresas de toda Europa. 
El soporte lógico con el que se han efectuado las escuchas telefónicas activaba el soporte de escucha instalado y podría haberse instalado en cualquier otra empresa en Europa con el mismo soporte operativo. 
Dada la importancia de este asunto en lo que respecta la seguridad de los Estados miembros y los derechos de los ciudadanos, ¿puede saberse en qué empresas de los Estados miembros se ha instalado y activado un soporte lógico de escuchas legales? 
¿Tiene intención el Consejo de comprobar si también se han efectuado escuchas ilegales de esta índole en otros Estados miembros? 
¿Acaso piensa prohibir a las empresas de soportes lógicos que faciliten soportes de escucha a las compañías de telefonía móvil sin una autorización previa de las autoridades nacionales y una notificación a los suscriptores? 
. 
Señora Presidenta, en respuesta a la pregunta del señor Papadimoulis, en primer lugar debo decir que el Consejo nunca ha debatido los incidentes que menciona. 
También he de señalar que es tarea de la Comisión garantizar el cumplimiento de los Tratados y de las disposiciones promulgadas por los órganos de la Unión sobre la base de dichos Tratados. 
Si la Comisión cree que un Estado miembro no ha cumplido con una obligación derivada de la legislación comunitaria, evidentemente puede plantearlo ante el Tribunal de Justicia para que este adopte una decisión, y así lo hace. 
Señora Presidenta, en este contexto, podría añadir algo sobre la situación jurídica. 
Supongo que su Señoría conoce perfectamente la situación jurídica y, por lo tanto, preferiría no tener que enumerar todas y cada una de las directivas, y mencionar solo algunas, como la Directiva sobre protección de datos, la Directiva 95/46, y varias más, como la que exige a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas accesibles para el público que adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus servicios. 
También existe una gran cantidad de otras normas comunitarias. 
Si estas no se cumplen, entonces la Comisión no solo tiene el derecho sino también la obligación de emprender las medidas apropiadas, y así lo hace. 
– Señora Presidenta, la partida de ping-pong que ha jugado con la Comisión y su indirecta de que debería hacer más son interesantes. 
No obstante, el escándalo de las escuchas telefónicas que ha sacudido mi país está relacionado con la intercepción de las conversaciones del primer ministro y de otros ministros y altos oficiales de las fuerzas armadas. 
Me sorprende que su clara dimensión europea no les preocupe en el Consejo. 
¿Cómo puede estar tan seguro, señor Ministro, de que sus llamadas telefónicas no están siendo interceptadas? 
Señora Presidenta, creo en el Estado de Derecho y las normas están claras. 
Existen autoridades nacionales y europeas que supervisan el cumplimiento de esas normas. 
Por supuesto, ninguno de nosotros es inmune frente al incumplimiento de la ley. 
No obstante, lo importante es que las autoridades europeas competentes adopten las medidas apropiadas cuando se infringe la legislación comunitaria. 
El Consejo carece de poderes en este ámbito. 
Si la Comisión considera que las normas no son apropiadas, solo ella está autorizada a proponer su modificación. 
Así funciona la Unión Europea, y es bueno que nos atengamos a esos procedimientos, que están establecidos en los Tratados. 
Quisiera plantear una pregunta más filosófica. 
Si la legislación se ampliara de manera que permitiera espiar a ministros y presidentes, como ocurrió en Lituania, y si de algún modo esto garantizara una intensificación de la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el abuso de poder, ¿seguiría considerando arriesgado ese camino y que tenemos que pensar más en los derechos de los ciudadanos? 
. No sé si es una pregunta filosófica. 
No soy filósofo, soy abogado. 
Por mi parte, le respondería lo siguiente. Las violaciones de los derechos civiles siempre deben ser motivo de preocupación para nosotros, no solo en abstracto sino también de manera específica, tanto si se trata de la intercepción ilegal de las conversaciones telefónicas como de cualquier otra cosa. 
Las normas que tenemos, tanto nacionales como europeas, están ahí para evitarlo. 
Si no pueden impedirlo, debemos extraer las conclusiones apropiadas. 
Creo que es la respuesta lógica a su pregunta y a la pregunta del diputado griego. 
Dicho sea de paso, hasta donde estoy informado y de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión, del año pasado, Grecia no ha comunicado todavía ninguna medida de aplicación de la directiva en cuestión y la Comisión la ha denunciado, por consiguiente, ante al Tribunal Europeo de Justicia; lo cual prueba que el sistema funciona. 
También Austria ha sido acusada en repetidas ocasiones de incumplimiento de los Tratados. 
A nosotros se nos concede la oportunidad de comentarlo. 
Así funciona el sistema y, en mi opinión, así debe funcionar. 
Comparto su fe en el Estado de Derecho, señor Winkler, pero estoy seguro de que todavía recordará el desagradable escándalo de las escuchas telefónicas en el Edificio Justus Lipsius, donde se interceptaron las llamadas de los teléfonos de las oficinas de varias delegaciones, en particular algunos de la actual Presidencia del Consejo. 
Cuando se descubrió el origen de la intercepción, todo el asunto se esfumó. 
¿Hubo un informe final al respecto y qué medidas se han tomado para impedir que las escuchas en este edificio? 
Si le he de ser sincero, señor Seeber, no lo sé. 
No tengo respuesta para su pregunta concreta respecto a cómo acabó el asunto; no obstante, creo que lo que está mal siempre está mal. 
El hecho de que haya ocurrido alguna ilegalidad no debe poner en entredicho al sistema jurídico en sí. 
No puedo darle una respuesta concreta respecto al incidente. 
Este ocurrió, además, antes de la Presidencia austriaca y, por lo tanto, esta no se ha sentido obligada a adoptar medidas concretas al respecto. 
Por otra parte, supongo que se adoptaron y se siguen adoptando las medidas apropiadas para evitar que se repitan incidentes de ese tipo. 
En una reciente entrevista al periódico austriaco «Profil» , el Primer Ministro de Turquía, Sr. Erdogan, ha reiterado la negativa de su Gobierno a ratificar el Protocolo adicional a la Unión Aduanera, vinculando de nuevo esta cuestión a la adopción del reglamento sobre los intercambios comerciales con la comunidad turcochipriota. 
Al mismo tiempo, el periódico «Hurriyet» ha revelado el nuevo dogma de seguridad nacional adoptado por el Consejo de Ministros de Turquía, tras su aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional. 
Según este fiable periódico, la dirección política de Turquía reconoce como «motivo de guerra» el ejercicio del derecho de Grecia, reconocido por el Derecho internacional, a extender sus aguas territoriales en el mar Egeo a 12 millas, al tiempo que sigue reaccionando negativamente en lo que se refiere al reexamen de la reapertura de la escuela de Teología de Chalki. 
Teniendo en cuenta que estas posiciones violan claramente las decisiones de los órganos institucionales de la UE y las obligaciones de Turquía como país candidato a la adhesión, y el hecho de que las fuerzas armadas siguen interviniendo en la vida pública, ¿tiene el Consejo la intención de tomar la decisión unánime que se precisa y de dar instrucciones a la Comisión para que, durante la Presidencia austriaca, inicie las negociaciones de adhesión abriendo los primeros capítulos? 
. Señora Presidenta, en respuesta a la pregunta del señor Beglitis, en primer lugar puedo decir que el Consejo es muy consciente de las cuestiones que plantea. 
La ratificación y posterior aplicación del protocolo que adapta el Acuerdo de Ankara para tener en cuenta la adhesión de los diez nuevos Estados miembros de la Unión Europea también es una prioridad –y una prioridad a corto plazo, de hecho– para la Asociación para la Adhesión revisada que se acordó en enero de 2006. 
Además, la Comunidad Europea y sus Estados miembros señalaron en su declaración de 21 de septiembre de 2005 que la Unión supervisaría la aplicación del protocolo adicional a todos los Estados miembros de la Unión sin restricciones ni discriminaciones y realizaría una evaluación de la cuestión en 2006. 
Como usted sabe, la aplicación del protocolo es un requisito previo para la apertura de negociaciones respecto a los capítulos pertinentes. 
Si el protocolo no se aplica plenamente, sin duda eso afectará negativamente el progreso de las negociaciones en su conjunto. 
El Consejo revisará los progresos realizados en relación con estas cuestiones a lo largo del año. 
Ahora bien, por lo que respecta a los contenciosos fronterizos no resueltos, me remito a las conclusiones correspondientes adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión de Helsinki en 1999 y en su reunión de Bruselas en diciembre de 2004. 
Evidentemente, no cabe la menor duda de que si Turquía aspira a la adhesión, debe compartir los valores y objetivos de la Unión Europea tal como están enraizados en los Tratados. 
Debe demostrar un compromiso indudable con unas relaciones de vecindad satisfactorias y solucionar los contenciosos fronterizos pendientes conforme al principio de resolución pacífica consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. 
Estas cuestiones forman parte del ámbito de las negociaciones, son prioridades a corto plazo de la Asociación para la Adhesión y se plantean de manera sistemática en las reuniones del diálogo político con Turquía. 
Respecto a la reapertura de la Escuela de Teología de Chalki, la Unión Europea sigue planteando enérgicamente esa exigencia a Turquía. 
La libertad de religión en general, de la que ya hemos hablado hoy, es uno de los ámbitos en los que se debe seguir progresando con urgencia y se deben adoptar medidas concretas. 
La promulgación de una ley que contemple todas las dificultades de las minorías religiosas no musulmanas y de las comunidades religiosas conforme a las normas europeas actuales es una de las prioridades a corto plazo de la Asociación para la Adhesión. 
Hace tan solo dos días tuve una reunión con la presidenta del Tribunal constitucional turco y también le planteé esa cuestión. 
Me aseguró que el Tribunal constitucional ha adoptado medidas con respecto a la personalidad jurídica de las comunidades religiosas y su capacidad para adquirir propiedades, y estas ya tienen o tendrán vigencia legal. 
Desde luego, es un asunto que planteamos de manera habitual. 
Por consiguiente, el Consejo puede asegurarle, Señoría, que seguimos atentos a estas cuestiones en el proceso de reforma en curso en Turquía y, en este contexto, vamos a tener plenamente en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2004, el marco de negociación para Turquía y la Asociación para la Adhesión revisada. 
El ritmo de progreso de las reformas y en el cumplimiento por parte de Turquía de las obligaciones derivadas del Tratado repercutirá obviamente sobre el proceso de negociación. 
No obstante, en las circunstancias actuales, naturalmente no puedo anticipar a qué conclusiones llegará el Consejo cuando vuelva a examinar estas cuestiones. 
. – Gracias, señor Ministro, por su respuesta, pero debemos ser sinceros y me temo que la Unión Europea aún está transmitiendo a Turquía mensajes contradictorios. 
Por una parte, decimos que la aplicación del Protocolo es una obligación inmediata de Turquía, una tarea para el año que viene y quizá también el siguiente. 
Por otra parte, decimos que la aplicación del Protocolo es una condición imprescindible para iniciar las negociaciones sobre los capítulos relativos a la unión aduanera. 
Le pregunto, señor Ministro: si Turquía se muestra dispuesta a iniciar el capítulo de negociaciones sobre la unión aduanera dentro de cinco años, ¿qué hará la Unión Europea? 
¿Le ofreceremos una vía de escape? 
En segundo lugar, usted no ha contestado a mi pregunta sobre el papel del ejército en la vida política de Turquía. 
Este es un criterio político y vemos cómo el ejército sigue desempeñando una función preponderante en el sistema político turco. 
. No comparto su opinión de que el Consejo de la Unión Europea esté transmitiendo señales contradictorias. 
Hay un procedimiento claro que está en marcha. 
Cada cosa se examinará a su debido tiempo y los diversos puntos deberán cumplirse tal y como se ha estipulado. 
Además, el Consejo está deliberando constantemente y deberá llegar a una conclusión. No siempre hay unanimidad en esto. 
Pero solo se transmiten señales cuando hay consenso. 
Estoy convencido de que el Consejo actúa de forma lógica y coherente en el curso de las negociaciones y que trata de que se cumplan las obligaciones y seguirá haciéndolo en el futuro; he dejado bien claro que son obligaciones que deben cumplirse. 
– Señora Presidenta, quisiera preguntarle qué hace la Presidencia ante las quejas expresadas por Turquía y los esfuerzos por negociar la unión aduanera en relación con el problema chipriota. 
En lo que se refiere a la Escuela de Chalki, ¿cuánto tiempo aún deberá tener paciencia y esperar? 
. No se trata de si estamos satisfechos o no con una respuesta. 
Se trata de si se están cumpliendo las obligaciones. 
Dichas obligaciones deben cumplirse. 
Como ya he dicho en mi respuesta a la pregunta original, los progresos que se hagan en las negociaciones dependerán del grado en que se satisfagan dichas obligaciones y no de la naturaleza de las declaraciones. 
Si se ha cumplido o no una obligación no depende de la respuesta que se dé. 
En lo que concierne a la Escuela Teológica de Chalki, es una cuestión que planteamos de forma regular. 
Este asunto afecta naturalmente al progreso de las negociaciones sobre los derechos y libertades fundamentales, que se tratan en un capítulo aparte. 
El día 20 de marzo comenzó en el Tribunal Militar del Líbano la vista del proceso incoado por la Fiscalía Militar contra el Dr. Muhamad Mugraby por las declaraciones efectuadas por este abogado y activista de los derechos humanos ante el Parlamento Europeo el día 4 de noviembre de 2003. 
En opinión del anterior Comisario Chris Patten y de los diputados al Parlamento Europeo, la información facilitada por el Dr. Muhamad Mugraby fue importante, oportuna y en ningún caso difamatoria. 
En la misma fecha el Consejo recibió en audiencia al Primer Ministro del Líbano para debatir asuntos relacionados con el Acuerdo de cooperación entre la UE y este país. 
¿Puede confirmar el Consejo que reiteró en esa audiencia que este juicio contradice la cláusula del Acuerdo relativa al respeto de los derechos humanos? 
¿Puede informar el Consejo de las garantías que puede ofrecer de que va a cesar la persecución contra este jurista y militante pro derechos humanos del Líbano? 
Señora Presidenta, para contestar a esta pregunta puedo afirmar en primer lugar que el caso de Muhamad Mugraby no se planteó durante la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores con el Primer Ministro libanés, el señor Siniora, que tuvo lugar en el marco de la reunión del Consejo de 20 de marzo; 
La visita del señor Siniora a Bruselas, aunque breve, brindó la oportunidad de subrayar el apoyo de la Unión Europea a la independencia, la soberanía y la democracia del Líbano, que se encuentra actualmente en un momento importante de su historia. 
Dicha reunión, en la que participaron todos los Ministros de Asuntos Exteriores, no era el momento oportuno para plantear el caso del doctor Mugraby. 
No obstante, eso no significa que el Consejo no siga de cerca el caso del doctor Mugraby. Ya lo ha planteado ante el Gobierno del Líbano en diversas ocasiones; una de ellas fue un encuentro con las autoridades libanesas el 22 de diciembre, en el que expresamos la preocupación de la Unión Europea por las acusaciones formuladas contra el señor Mugraby. 
Asimismo quiero dejar claro aquí que el Consejo está convencido de que es inaceptable inculpar a una persona por ejercer pacíficamente su derecho a expresar libremente su opinión, en particular ante una institución de la Unión Europea como el Parlamento Europeo. 
Seguiremos por tanto de cerca este caso. 
. – Estoy verdaderamente consternado de que este asunto no se tratara en la reunión con el Primer Ministro y quiero preguntar al Consejo si considera que ese Tribunal Militar de Beirut constituye un proceso antieuropeo. 
Se acusa al doctor Mugraby haber contestado a una pregunta que le formuló el Parlamento Europeo, lo cual pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones y nuestra capacidad de plantear preguntas a las personas dispuestas a cooperar con nosotros. 
Quiero por tanto preguntar al Consejo si no considera que este asunto es suficientemente grave como para aplicar las cláusulas de derechos humanos que forman parte de los acuerdos con el Líbano. 
. Estoy completamente de acuerdo en que se trata de un asunto muy grave. 
El hecho de que este asunto se planteara en una reunión relativamente breve como es un almuerzo no significa que no nos tomemos la cuestión en serio. 
Como usted sabe, la Unión Europea está a punto de entablar negociaciones con el Gobierno libanés sobre un plan de acción en el marco de la política de vecindad, en las que se plantearán sin duda los derechos humanos y la democracia como principales prioridades, como es habitual en estos planes de acción. 
Este plan de acción también mencionará la necesidad de crear un poder judicial independiente e imparcial. 
Será un instrumento útil que contribuirá a que el Gobierno lleve a cabo reformas importantes y necesarias en estos ámbitos. 
Su Señoría ha mencionado el acuerdo de asociación que entró en vigor el 1 de abril; con él disponemos ahora de un instrumento adicional para desarrollar e intensificar el diálogo sobre los derechos humanos con el Gobierno del Líbano. 
– Deseo de verdad felicitar a mi honorable amigo, el señor Casaca, por su pregunta, pero quisiera añadir que el pasado año numerosos periodistas e intelectuales distinguidos que eran luchadores de izquierda fueron asesinados en el Líbano. 
No se trata simplemente de que empecemos ahora, como Unión Europea, a colaborar con el Líbano. 
No se trata simplemente de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Siria. 
Pienso que el Consejo y la Presidencia deberían ejercer presión sobre el Líbano y su nuevo Gobierno para que se respeten los derechos humanos y pienso que la Presidencia debería tomar partido en esto. 
. Puedo contestar a esta pregunta muy brevemente. 
Estoy completamente de acuerdo con su Señoría. 
No se trata solamente, sino que se trata también de que se cumplan las obligaciones en relación con las iniciativas y actividades con respecto a Siria, tal y como las conocemos en el seno de las Naciones Unidas. 
En lo que se refiere a la Unión Europea, se trata específicamente del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. 
Nos tomamos esta cuestión en serio y se está examinando. 
Tenemos ahora los medios necesarios para plantear estos asuntos con seriedad y urgencia, y eso haremos. 
Más de 400 intelectuales, incluidos 7 Premios Nobel, piden en una carta dirigida al Gobierno estadounidense que se examine la cuestión de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos llevadas a cabo en nombre de la «lucha contra el terrorismo» , que se cierre la base de Guantánamo así como los demás centros de detención arbitraria, y que cesen los secuestros y torturas en connivencia con los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y otros países que han autorizado el funcionamiento de cárceles secretas y vuelos clandestinos de la CIA. 
¿Condena el Consejo los esfuerzos de los EE.UU. para no plantear la cuestión de la flagrante violación de la dignidad humana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? 
¿Está de acuerdo con la petición de cerrar la base de Guantánamo? 
. Señora Presidenta, permítame empezar diciendo –porque es un tema en el que tengo particular interés– que el Consejo lucha constantemente por el mantenimiento incondicional de todas las normas internacionales de derechos humanos y del Derecho humanitario internacional, en particular en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
El Consejo ya lo ha expresado en actos legislativos y programas, como por ejemplo la Decisión marco de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo y la Estrategia Antiterrorista de la UE de 1 de diciembre de 2005. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores debatieron el tema del centro de Guantánamo durante la cena que tuvieron con ocasión del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo, cuando señalaron entre otras cosas que Guantánamo sigue siendo motivo de profunda preocupación. Señalaron que los Jefes de Gobierno de algunos de los aliados más cercanos de los Estados Unidos han pedido el cierre de Guantánamo y que dichos llamamientos son acertados y oportunos. 
Algunos Ministros de la UE también señalaron que ya habían expresado su preocupación en reuniones celebradas con la Secretaria de Estado estadounidense. 
También debo subrayar que la Presidenta del Consejo, la Ministra de Asuntos Exteriores señora Plassnik, afirmó públicamente el 22 de marzo que los Estados miembros de la Unión Europea y aliados de los Estados Unidos ya han pedido que se cierre Guantánamo en numerosas ocasiones. 
Dijo luego lo siguiente: «Estos llamamientos fueron correctos e importantes pero no suficientes». 
De acuerdo con el principio según el cual nadie está por encima de la ley, la UE lleva un tiempo manteniendo un decidido diálogo jurídico con los Estados Unidos a fin de garantizar que el Derecho humanitario internacional y los derechos humanos se apliquen en la lucha contra el terrorismo. 
Partimos, y vuelvo a citar, de que «Guantánamo será pronto cosa del pasado». 
Esto se dijo reconociendo que hay que luchar contra el terrorismo de forma creíble y respetando los derechos humanos y que debemos insistir en ello, en particular desde la perspectiva de la Unión Europea, que ofrece posibles soluciones. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, a veces habla usted claro, como esta mañana, cuando a raíz de la vulneración de los derechos humanos –así lo ha dicho usted– se toman medidas contra Belarús; y en otras ocasiones habla usted en clave. 
Le hacemos dos preguntas directas: 
En primer lugar: ¿están los Estados Unidos intentando evitar que la cuestión del cierre de Guantánamo se presente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? 
¿Está usted de acuerdo en que se presente la cuestión o no? 
En segundo lugar, y me gustaría que esta vez me contestara de forma clara, ya que anteriormente no lo ha hecho: ¿cree usted que habría cerrar la base de Guantánamo? En caso afirmativo, ¿qué medidas tomará el Consejo contra los Estados Unidos de América para persuadirles de que cierren la base? 
. Quiero dejar totalmente claro que el Consejo no aplica de ninguna manera un doble rasero. 
Las violaciones de los derechos humanos se ponen sobre el tapete cada vez que ocurren. 
La cuestión relativa a la conformidad de Guantánamo con las disposiciones pertinentes del Derecho internacional, y en particular del Derecho humanitario, se ha tratado con los Estados Unidos. 
He tomado nota asimismo de las palabras de la Presidenta del Consejo expresando la esperanza de que Guantánamo sea pronto cosa del pasado. 
Nosotros, el Consejo de la Unión Europea, también hemos apoyado los esfuerzos realizados por el ponente de las Naciones Unidas sobre la tortura, el señor Novak, para evitar las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos. 
Tratamos sin duda esta cuestión con los representantes estadounidenses, incluidos y empezando por el Presidente y la Secretaria de Estado. 
– La semana pasada, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso en marcha una investigación sobre las comisiones militares. 
Por supuesto, estas violan las normas internacionales de juicio justo, no son independientes del ejecutivo y la defensa no tiene acceso a las pruebas. 
A parecer admiten declaraciones obtenidas bajo tortura y no hay posibilidad de recurrir a instancias independientes. 
¿Puede el Presidente en ejercicio del Consejo afirmar categóricamente su oposición a estos tribunales militares? 
Le pido que responda con precisión si va a presionar al Gobierno de los Estados Unidos para que cierra la Bahía de Guantánamo. 
Es la respuesta que necesitamos. 
. En primer lugar, no podemos y no deberíamos realizar comentarios sobre el sistema judicial nacional si existen recursos legales disponibles a escala nacional que se ocupan de esta cuestión. 
Su Señoría ha mencionado el Tribunal Supremo. 
Este Tribunal y otros tribunales estadounidenses han abordado en repetidas ocasiones la cuestión de la legalidad de varias cuestiones que han ocurrido en relación con el campo. 
Creo que el sistema jurídico de los Estados Unidos cuenta con los recursos necesarios para tratar este asunto. 
Afirmo categóricamente que esperamos que el campo de Guantánamo pase pronto a formar parte del pasado. 
– ¿Son muchos los Estados miembros, si es que hay alguno, que en el Consejo manifestarían que se oponen a una condena más firme del campo de Guantánamo? 
¿Qué Estados miembros se oponen a tomar medidas más concretas al respecto? 
. En los debates que tuvieron lugar en la cena de los Ministros de Asuntos Exteriores con motivo del Consejo Europeo, nadie se opuso a nada. 
Quedó bastante claro que esta era la posición común de todos. 
Por lo tanto, no es cuestión de que alguien se oponga a algo, porque lo que he dicho es sin ninguna duda la posición de todos los Estados miembros. 
Dado que tratan del mismo tema, plantearemos las siguientes preguntas de forma conjunta: 
Vista la sentencia de 10 de enero de 2006 del Tribunal de Justicia sobre la indemnización de pasajeros de líneas aéreas, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para garantizar verdaderamente a los consumidores la protección y los derechos que prevé dicha legislación? 
¿Podría indicar el Consejo Europeo si proyecta proponer algún tipo de nuevas medidas para mejorar los derechos de los pasajeros que vuelan con líneas aéreas europeas? 
. Señora Presidenta, en lo que respecta a estas preguntas, en particular a la pregunta del señor Evans, el Consejo puede confirmar que ha tomado nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de enero de 2006 en el asunto de contra. 
El Consejo acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal de Justicia considere que el examen de las cuestiones prejudiciales remitidas por los órganos jurisdiccionales nacionales no reveló ningún dato que pueda afectar a la validez de los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre la compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. 
Me permito señalar asimismo que el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo atribuye ciertos derechos a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de anulación o retraso de los vuelos. 
El artículo 16 del Reglamento («Incumplimientos» ) dispone que cada Estado miembro designará un organismo responsable del cumplimiento del Reglamento en su territorio. 
Dicho organismo debe tomar las medidas necesarias para garantizar que se respeten los derechos de los pasajeros. 
También establece que todo pasajero puede quejarse ante dicho organismo por un supuesto incumplimiento del Reglamento y, por último, el apartado 3 del artículo 16 dispone que las sanciones establecidas por los Estados miembros en caso de incumplimiento del Reglamento deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Compete por tanto principalmente a los Estados miembros y a los organismos nacionales responsables de su cumplimiento garantizar que los pasajeros gocen verdaderamente de los derechos que les concede el Reglamento cuando presentan una queja. 
Además, de acuerdo con el artículo 211 del Tratado UE, la Comisión deberá velar por la aplicación efectiva de las disposiciones del Reglamento. 
El Consejo supervisa atentamente la ejecución del Reglamento. 
Examinará minuciosamente, en particular, el informe sobre el funcionamiento y los resultados del Reglamento, que la Comisión deberá presentar, según el artículo 17, a más tardar el 1 de enero de 2007. 
En cuanto a la pregunta del señor Ryan, el Consejo quiere señalar que adoptó, junto al Parlamento Europeo, el Reglamento mencionado anteriormente sobre la asistencia a pasajeros en caso de denegación de embarque al amparo del procedimiento de codecisión en 2004. 
También deseo señalar que el Consejo aprobará en breve, de nuevo al amparo del procedimiento de codecisión, un Reglamento sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. 
Por último, conviene apuntar que la Comisión Europea tiene derecho de iniciativa para proponer actos legislativos que refuercen los derechos de los pasajeros aéreos y que no se ha presentado ninguna nueva propuesta. 
Por consiguiente, el Consejo no tiene intención de adoptar más actos legislativos en este terreno en un futuro próximo. 
. – Con el debido respeto por el Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decir que la respuesta deja mucho que desear, porque todo lo que ha hecho ha sido repetir la sentencia del Tribunal de Justicia, que ya conozco muy bien. 
La sentencia está ahí, pero las líneas aéreas siguen evitando los pagos. 
Tengo mucha documentación sobre líneas aéreas que no están pagando indemnizaciones a personas que tienen todo el derecho a cobrarlas. 
Ha dicho usted que el Consejo está examinando de cerca la cuestión, pero esto no sirve de nada. 
Como planteo en mi pregunta, ¿qué medidas está adoptando o piensa adoptar el Consejo para garantizar que la resolución se ejecute, que se ayude a los consumidores y que estos obtengan los derechos que les asisten, como prueba la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? 
. – Quisiera reiterar que este es un asunto que compete a los Estados miembros. 
El Consejo solo puede señalar durante sus reuniones que tales disposiciones, que de hecho son claras e inequívocas, deben supervisarse como es debido y que los Estados miembros deben insistir en su observancia. No podemos hacer nada más. 
Lo siento, pero debemos atenernos a ello, puesto que la situación jurídica está clara. 
La realidad es que el Estado miembro afectado es responsable en cada caso específico y deberá desde luego ejercer dicha responsabilidad. 
– Señora Presidenta, señor Ministro, Señorías, siendo nosotros mismos usuarios asiduos de líneas aéreas, conocemos bien la situación de los aeropuertos, las reclamaciones que a veces terminan en la papelera y los consumidores que a menudo no saben cómo defenderse. 
¿Sería posible establecer un servicio de arbitraje o un defensor del consumidor que trate adecuadamente estas reclamaciones? 
. – Si estos casos llegaran a multiplicarse, esa sería sin duda una de las posibles vías de solución para satisfacción de los pasajeros o consumidores. 
No obstante, señalo a la atención de su Señoría que este es también un asunto que incumbe al Estado miembro afectado. 
Solo puedo prometer a su Señoría que haré que se debata esta cuestión en el Consejo y se señale la existencia de esta opción en el caso de que las reclamaciones tomen una dimensión que exija tomar medidas. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, al igual que el señor Rübig, deseo llamar su atención sobre algo que nos ocurre casi a diario a todos nosotros. 
Un gran aeropuerto europeo, en Francfort, entrega si se pide un folleto informativo en el que se explica el Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Una cuidadosa lectura del texto, de unas 10 a 15 páginas DIN A4, cada una con texto impreso que cubre tres cuartas partes, revela que los pasajeros no tienen ningún derecho. 
¿Está dispuesto el Consejo a unirse al Parlamento para concienciar a la Comisión de que es responsable del cumplimiento de esta legislación? 
. – Respetar los derechos de los pasajeros es muy importante para mí, como lo es la cooperación con el Parlamento, y por ello contestaré a la pregunta de su Señoría con un rotundo «sí». 
– Me complace que el orador anterior hubiera sido informado. 
Cuando Air France canceló mi vuelo el domingo por la noche en el aeropuerto de Gatwick, nadie nos dio ningún tipo de indicación ni se nos informó de nuestros derechos. 
Entiendo que esto compete a los Estados miembros, pero le pido que haga uso de sus buenos oficios y pida a los Estados miembros que se aseguren de que se cumpla la legislación vigente. 
En estos momentos no se cumple. 
Si no se informa a los pasajeros sobre las indemnizaciones, ¿qué pueden hacer? 
. – No puedo sino repetir a su Señoría lo que ya he dicho en respuesta a la pregunta suplementaria, a saber, que huelga decir que estoy dispuesto a hacer uso de mis buenos oficios para utilizar sus propias palabras– a fin de concienciar a los Estados miembros de que estas cosas son importantes y deben tomarse en serio. 
Dado que tratan del mismo tema, plantearemos las siguientes preguntas de forma conjunta: 
El acuerdo político alcanzado en diciembre de 2005 en el Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras 2007-2013 reduce las perspectivas de financiación de las redes transeuropeas de transporte de 20 000 millones de euros, según la propuesta inicial de la Comisión Europea, a 7 000 millones de euros. 
Dada la importancia de las redes transeuropeas para la Estrategia de Lisboa y el funcionamiento del mercado interior, ¿considera el Consejo que con este importe de 7 000 millones de euros se pueden llevar a cabo los treinta proyectos prioritarios previstos para un futuro próximo? 
¿Comparte la opinión de que este importante recorte de dos tercios de las previsiones iniciales actuará como un freno para el sector de los transportes en su conjunto, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos proyectos registran problemas en su ejecución? ¿Cómo piensa remediar esta situación a lo largo de este semestre? 
¿Tiene intención de optar por la revisión, o incluso suspensión, de algunos programas prioritarios? 
¿Cómo enjuicia la Presidencia del Consejo las oportunidades de desarrollo y el calendario de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad París- Estrasburgo- Budapest, incluido su principal ramal, la conexión desde Munich a Roma por el túnel de base del Brennero, y más concretamente en aquellos tramos de ambos ejes que discurren por tierras alemanas y austriacas? 
La consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa no será posible sin unas redes europeas de transporte eficientes. 
El Consejo de Essen de 1994, y posteriormente las Decisiones de la Comisión 1692/96/CE (1) y 884/2004/CE (2) , así como el informe de los trabajos del grupo de alto nivel presidido por Karel van Miert, definieron una serie de orientaciones comunitarias para las redes transeuropeas de transporte e identificaron treinta proyectos prioritarios. 
Es sumamente preocupante el que en la propuesta de la Comisión, donde se nombran coordinadores para seis de los treinta proyectos TEN-T, esté ausente el eje ferroviario 23 (Gdańsk-Varsovia-Brno/Bratislava-Viena) , de importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico de la Europa central. 
¿Piensa la Presidencia austriaca otorgar consideración prioritaria al proyecto de conexión de los países bálticos con Europea central? 
¿En qué fase se encuentra dicho proyecto? 
¿Cómo se financiará? 
. – Señora Presidenta, quisiera contestar de la siguiente manera a las preguntas sobre las redes transeuropeas, las RTE. 
En lo que se refiere a la financiación solicitada, la Comisión ha dado un primer paso, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo del mes de diciembre, procediendo a evaluar las perspectivas de la ayuda económica comunitaria dentro del nuevo marco. 
Cuando haya concluido dicha evaluación, el Consejo retomará sus debates sin dilación, de forma que se pueda llegar a un acuerdo a la mayor brevedad sobre la adopción definitiva de la propuesta para finales de año. 
En lo que respecta al ámbito del transporte en general, hay que hacer hincapié en el hecho de que la ayuda económica comunitaria en el sector de las redes de transporte transeuropeas está destinada a cofinanciar proyectos que a menudo se ejecutan en el marco de la cooperación entre autoridades nacionales públicas y también privadas de los Estados miembros. 
La ayuda económica comunitaria permite impulsar la financiación por parte de autoridades públicas y privadas de ámbito nacional y fomentar la coordinación entre diversas medidas nacionales, en particular con respecto a los tramos transfronterizos. 
No obstante, los Estados miembros afectados y por supuesto los agentes implicados siguen asumiendo la responsabilidad de ejecutar los proyectos. 
Si la ejecución de un proyecto de interés común se retrasa considerablemente, la Comisión podrá, de acuerdo con la Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, consultar a los Estados miembros afectados y tomar las medidas pertinentes teniendo debidamente en cuenta la división de competencias. 
En lo que respecta al nuevo examen de la lista de proyectos prioritarios establecida en la Decisión, la Comisión podrá, en virtud de su derecho de iniciativa, presentar propuestas legislativas en el marco del informe sobre la ejecución de las orientaciones que debe presentar cada dos años. 
En lo que concierne a la financiación de la rúbrica presupuestaria de las RTE en las perspectivas financieras para el período 2007-2013, quisiera apuntar en general, en lo tocante a la financiación de proyectos RTE con cargo a los recursos destinados a las redes transeuropeas en este periodo, que en mi comparecencia del 25 de enero ante la Comisión de Transportes y Turismo en nombre de la Presidencia ya defendí los recursos para las redes transeuropeas se incrementen en la medida de lo posible en las perspectivas financieras. 
De la misma manera, también he señalado la importancia y urgencia de la cuestión a los negociadores y responsables de la toma de decisiones y he subrayado que las estrategias de crecimiento y creación de empleo en el ámbito europeo no pueden descuidar elementos como la movilidad y la sostenibilidad, para los que la extensión de las redes transeuropeas es una condición imprescindible. 
Me complace comprobar que ayer se llegó a un acuerdo en el diálogo a tres bandas. 
Cabe esperar que aprovechando todas las posibilidades podamos ahora al menos moderar la reducción de los recursos RTE para el período 2007-2013. 
En mi calidad de Presidente del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, yo mismo he reiterado constantemente la importancia de los proyectos RTE prioritarios y, como ya he mencionado, he concienciado de ello a los responsables de las negociaciones, ejerciendo presión siempre que fuera posible y útil. 
Me alegro de que se haya llegado a un acuerdo, al menos por ahora, y espero, como he dicho, que gracias a ello podamos llevar a cabo al menos los proyectos más importantes. 
– Señor Presidente, muchas gracias por la información que nos ha facilitado, tanto hoy como en la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo. 
Mi pregunta es clara: dada la necesidad de desarrollar las redes transeuropeas, de completar el mercado único de la movilidad y de todo lo que usted ha dicho, cree que se pueden conseguir dichos objetivos con 7 000 millones de euros? 
Si los objetivos son tan necesarios y falta tanto dinero, ¿qué piensa proponer el Consejo para suplir la diferencia, aparte del llamamiento a la cooperación entre los sectores público y privado? 
Además, ¿qué porcentaje del incremento de unos 500 millones corresponde a la energía y qué porcentaje al transporte? 
. – Se ha asignado un total de 7 300 millones de euros al transporte. 
Su Señoría apunta con acierto que para realizar las redes transeuropeas prioritarias no solo debemos imaginar, sino también aplicar modelos de financiación innovadores. 
Pienso por ejemplo en la participación de inversores y financieros privados. 
No hay alternativa. 
Además, sin duda tendremos que establecer prioridades y, tras unos años, estaremos en condiciones de decidir que los primeros proyectos que estén listos para ser construidos sean también los que más posibilidades tengan de ser realizados. 
Por consiguiente, quienes ostentan las respectivas responsabilidades en los Consejos tendrán la tarea primordial de garantizar que las redes transeuropeas prioritarias que se consideren importantes para el empleo y el desarrollo económico obtengan la aprobación pertinente y necesaria y de este modo queden listos para su construcción. 
. – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta se refería particularmente al plazo de construcción del Magistral Europeo de París a Viena vía Estrasburgo y Múnich y al ramal hacia Roma a través del túnel de base del Brennero. 
Quisiera que el Presidente en ejercicio me hablara del proyecto en general, pero particularmente de las conexiones de Múnich a Viena y Roma. 
. – Para responder a la pregunta del señor Posselt, quisiera decir que la Presidencia del Consejo opina que la extensión de los dos ejes ferroviarios, el eje nº 17: París-Estrasburgo-Stuttgart-Viena-Bratislava, y el eje nº 1: Berlín-Múnich-Verona-Palermo, es vital para contrarrestar la congestión del tráfico por carretera, en particular de vehículos de transporte pesado. 
Son proyectos de gran envergadura que pretenden crear un equilibrio entre los diversos modos de transporte y contribuir a un sistema de transporte sostenible en la Unión Europea. 
Además, estos proyectos transfronterizos mejoran la integración económica en el mercado interior. 
Dado que la pregunta de su Señoría se refería específicamente al calendario de realización, puedo decirle que se espera completar los dos ejes en 2015. 
No obstante, la decisión final sobre estos grandes proyectos transfronterizos y su ejecución concreta dependen por supuesto de las perspectivas financieras 2007-2013 y, en parte, como ya he mencionado, de la necesidad de encontrar financiación privada. 
Una vez que se acuerde el presupuesto necesario, se tendrá que elaborar un plan de ejecución a largo plazo para llevar a cabo estos proyectos ambiciosos. 
A modo de conclusión, deseo subrayar que estoy convencido de que, en lo que se refiere a la vía de tránsito norte-sur del eje nº 1: Berlín-Múnich-Verona-Palermo, la primera palada se habrá dado de aquí a finales de año y estaremos en condiciones de empezar. 
Yo mismo di la primera palada en lo que es el corazón del proyecto, el túnel de base del Brennero, y, durante los últimos tres años y medio, junto con mi colega el Ministro Lunardi, he hecho todo lo posible por llevar el proyecto a donde está hoy. 
Pienso que estos dos ejes importantes requieren un esfuerzo concertado. 
– No he obtenido ninguna respuesta a mi pregunta concreta sobre el eje Gdansk-Viena. 
Es un tramo particularmente importante, ya que constituye sin duda una pieza clave de la red de transporte en términos de enlace entre los nuevos Estados miembros de Europa Central y los antiguos Estados miembros de la Unión. 
Hay otros dos enlaces en fase de planificación. 
Me refiero a la línea París-Viena y a la vía prioritaria que unirá Amberes con Helsinki vía Varsovia. 
No se ha dispuesto nada para el tramo esencial sobre el que he solicitado información, de ahí mi pregunta al Vicecanciller. 
. – Con mucho gusto contestaré también a la pregunta oral H-0237/06 del señor Jałowiecki. 
Como sin duda sabe su Señoría, el Parlamento y el Consejo han aprobado la Decisión sobre las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Esto significa que las obras de la vía ferroviaria nº 23, el llamado eje Gdansk-Varsovia-Brno/Bratislava-Viena, finalizarán entre 2010 y 2015. 
La Presidencia del Consejo opina que dicho eje reviste una importancia capital porque contribuye al establecimiento de empresas comerciales a lo largo del eje y fomenta un mayor uso de medios de transporte alternativos de largo recorrido, pero también porque servirá para satisfacer las necesidades de movilidad de quienes realizan viajes regionales. 
En julio del año pasado, o sea, de 2005, se nombraron seis coordinadores europeos para promover la realización de cinco ejes de transporte prioritarios e introducir el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario. 
El eje ferroviario nº 23 no es uno de esos proyectos prioritarios iniciales, pero en este momento la Presidencia no puede anticipar ninguna decisión sobre los ejes de transporte que se clasificarán entre los ejes prioritarios ni tampoco si se va a crear un segundo grupo de coordinadores europeos. Lo siento. 
Los proyectos de transporte del eje ferroviario nº 23 forman parte de los Programas de Reforma Nacionales (PRN) de la República Checa, Polonia y Eslovaquia; ya se han realizado estudios económicos preliminares y se han iniciado los estudios de diseño y evaluaciones de impacto ambiental. 
Me gustaría añadir que en Austria está prevista una inversión de gran envergadura en el tramo Viena-Venecia, al que también se hace referencia en esta pregunta. 
Reiteraré asimismo que, como ya se ha mencionado hoy varias veces, una decisión final sobre el eje nº 23 también depende del acuerdo sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013 y de la movilización de capital privado. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Magistrale Europeo nos afecta mucho a todos, puesto que pasa por Estrasburgo, la capital de Europa. 
¿Cree el Presidente en ejercicio que el coordinador designado tendrá la posibilidad de informar periódicamente al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía sobre los progresos realizados en la coordinación? 
. – Señor Rübig, pienso que es una buena idea que el coordinador responsable, que debe estar por supuesto bien informado, rinda cuentas en esta Cámara ante los diputados responsables e interesados. 
Estaré encantado de retomar y transmitir esta sugerencia. 
– La Comisión ha propuesto nombrar a seis coordinadores para seis de los treinta proyectos. 
Parece que, al estilo orwelliano, entre los proyectos RTE-T también hay los animales que son más iguales que otros. 
¿Cuándo va a proponer la Comisión la segunda fase para la siguiente tanda de proyectos prioritarios más privilegiados? 
¿Cuándo lo va a hacer en el Consejo? 
. – Como ya he señalado, hay un total de treinta proyectos RTE prioritarios clasificados por orden de importancia, y coordinadores asignados para los seis proyectos más importantes. 
No obstante, sabemos por experiencia que habrá retrasos aquí y allá y que se deberá revisar la clasificación. 
Es la razón por la cual he puesto de relieve la bondad e importancia del sistema de clasificación. 
El Grupo de Alto Nivel dirigido por el señor Van Miert ha realizado una excelente labor al respecto. 
Sin embargo, deberemos mostrarnos flexibles, ya que las rutas son importantes no solo para el crecimiento económico y el empleo, sino también para el cumplimiento del principio establecido en diversos libros blancos y verdes, en particular el traslado del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. 
Debemos aportar proyectos nuevos también para este aspecto. 
Estoy convencido de que, juntos, debemos luchar cuanto sea posible por asegurar los recursos necesarios, incluso más allá del futuro próximo. 
Confío mucho en el potencial innovador y en el enfoque ya mencionado que supone recurrir a fondos privados, lo que permitirá una mayor rapidez de ejecución de los proyectos y redundará en una mejora no solo de la economía y la creación de empleo, sino también del medio ambiente y de las personas que residen a lo largo de las rutas de tránsito. 
– Agradezco mucho al Vicecanciller que haya sido el primero en plantear el tema de las perspectivas financieras. 
En efecto, anoche acordamos aportar una suma adicional de 500 millones de euros a la financiación directa de los proyectos RTE y otros 500 millones para obtener préstamos del BEI. 
Esto totaliza por tanto 7 300 millones de euros. 
Mi pregunta al Vicecanciller concierne a uno de los proyectos vitales para Europa y Austria, a saber, el túnel de base del Brennero. 
¿Puede decirnos cómo valora los progresos realizados en este proyecto RTE, dada su vital importancia para la UE? 
. – Señor Karas, contestaré gustosamente. 
La situación del túnel de base del Brennero, corazón de la ruta de tránsito Berlín-Palermo, es la siguiente: la Comisión ha prometido cofinanciar el túnel piloto en un 50 %, lo que constituye una suma importante. 
El volumen de inversiones para este túnel piloto asciende a unos 450 millones de euros. 
Nos encontramos actualmente en la fase 2, es decir, la fase preparatoria, y en el verano de este año iniciaremos el túnel piloto y haremos lo imposible por ejecutar la fase 3, a saber, la construcción del propio túnel de base del Brennero, que no durará mas de dos años y medio o tres, a fin de asegurar que esté terminado a más tardar en 2015, tal como lo prevé el tratado internacional entre Italia y Austria. 
Como siempre he dicho, si somos ambiciosos a la hora de perseguir estos objetivos, es muy posible que nos ahorremos un par de años, de forma que, en el mejor de los casos, el corazón de la ruta de tránsito, el túnel de base del Brennero, podría estar terminado en 2013. 
Además quiero subrayar que si los países afectados están de acuerdo y la Comisión les concede pleno apoyo –como acaba de hacer el Vicepresidente Barrot, quien también se ha informado de la situación sobre el terreno–, habrá progresos. 
Espero asimismo de la Comisión y de la Unión Europea un firme apoyo para la cofinanciación restante. 
– Señora Presidenta, he formulado una pregunta para cuya respuesta esperaba que tuviéramos tiempo suficiente, pero lamentablemente numerosos diputados han intervenido sobre una de las preguntas, por lo que la mía no se ha podido examinar. 
Como ve, he estado esperando aquí durante hora y media y, desgraciadamente, parece que la respuesta deberá hacerse por escrito. 
– Señora Presidenta, intervengo sobre una cuestión de observancia del Reglamento, ya que todos los meses quedo excluido del Turno de preguntas, aunque mi pregunta se encuentra entre las 12 o 13 primeras. 
Juntar tres preguntas y abordar tan solo un total de diez es realmente una crítica a esta Cámara. 
Hay que hacer algo al respecto. 
Los ciudadanos me envían aquí para hacer preguntas. 
Somos unos 700. 
Abordar ese exiguo número de preguntas constituye realmente una crítica apabullante a esta Cámara y al sistema. 
Me gustaría que la Mesa tuviera constancia de esto, porque hay que hacer algo al respecto. 
Lo siento mucho. 
He tomado nota de su observación, pero el hecho de que otros debates sobrepasen el tiempo nos obliga muchas veces a reducir la duración del Turno de preguntas. 
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo). 
Se cierra el Turno de preguntas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el Día Mundial de la Salud. 
. Señor Presidente, la escasez mundial de médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios ha llegado a un punto crítico en muchas partes del mundo. 
El envejecimiento de la población en Europa, los Estados Unidos y la mayoría de los países ricos, combinado con unos tratamientos médicos cada vez más sofisticados que exigen personal especializado, implican que la demanda de profesionales sanitarios en el mundo desarrollado está superando con creces a la oferta. 
De hecho, la demanda de trabajadores sanitarios no solo está superando nuestra capacidad interna de producir médicos y enfermeros: están ejerciendo una presión enorme sobre el mercado internacional de trabajadores de la salud. 
Sin embargo, la carencia de estos profesionales en las naciones ricas ni siquiera se asemeja a las graves carencias que están sufriendo muchas partes de África, donde la falta de trabajadores de la salud puede significar a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. 
Con menos de un trabajador sanitario por cada 1 000 habitantes en África, frente a los 10 profesionales por cada 1 000 habitantes en Europa, no me sorprende que se mantenga el espeluznante e inaceptable peaje de muertes de niños y sus madres. 
Más de uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años y más de uno de cada cien madres muere debido a complicaciones durante el embarazo en muchos países africanos. 
Los avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África siguen siendo inaceptablemente lentos y en algunos países incluso hay un retroceso a causa del VIH/sida. 
La carga del cuidado de los enfermos recae en las familias y en comunidades que tienen pocos recursos para hacer frente a esta carga importante. 
El Informe sobre la salud en el mundo de 2006 llama la atención internacional sobre la escasez de trabajadores sanitarios, iniciativa que acogemos con satisfacción. 
Destaca una crisis que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, pero que ahora representa probablemente la barrera más importante al progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud: reducir la mortalidad infantil y materna y controlar las enfermedades de transmisión como el VIH/sida, la TB y la malaria. 
Sin médicos, enfermeras y farmacéuticos y otros profesionales sanitarios será imposible mejorar la asistencia sanitaria o cumplir nuestros compromisos de incrementar el acceso a servicios esenciales. 
Las causas de la crisis con complejas. 
Existe una falta crónica de inversión en servicios sanitarios en los países en desarrollo desde hace muchos años y se ha destinado poco dinero a la formación de personal sanitario. 
Muchos países de África todavía intentan gestionar sus servicios sanitarios con un presupuesto de menos de 10 euros per cápita, una cantidad mucho menor que los 30 euros que se consideran necesarios para prestar servicios esenciales. 
Pero el problema no es solo una falta de inversión en África. 
Muchos países de Europa y otros lugares han invertido demasiado poco y han planificado insuficientemente la formación de trabajadores sanitarios para hacer frente al envejecimiento de la población. 
El mundo rico puede atraer a trabajadores de la salud de otros países; la consecuencia para los países pobres es que ellos forman a trabajadores que se marchan del país, subvencionando así efectivamente, y de modo perverso, los servicios sanitarios de los países desarrollados al soportar la carga de los costes de formación. 
Formar a más trabajadores sanitarios en todo el mundo solo es parte de la solución. 
Muchos trabajadores sanitarios debidamente formados no quieren trabajar en las zonas más pobres y remotas, donde las necesidades son mayores. 
Existe una pauta de migración interna de las zonas rurales a los centros urbanos, del sector público al privado, de los países pobres a los países vecinos más ricos y luego al mundo más rico y desarrollado. 
Sin embargo, es difícil culpar a los individuos cuando se han visto las condiciones en las que tienen que trabajar. 
Tenemos que entender mejor las motivaciones de los trabajadores sanitarios y crear incentivos para animarlos a trabajar allí donde la necesidad es mayor. 
El efecto «repelente» de las malas condiciones de trabajo, salarios bajos –que se pagan irregularmente–, falta de medicamentos y equipos y ausencia de perspectivas de promoción profesional contribuye a la migración de los trabajadores sanitarios. 
De hecho, lo sorprendente es que en estas malas condiciones siga habiendo un núcleo duro de trabajadores entregados en muchos países africanos que siguen realizando una labor admirable en circunstancias difíciles. 
Es importante no perder de vista el logro y la contribución aumentable de muchos trabajadores sanitarios que siguen sirviendo a su población a pesar de las dificultades de sus puestos y entornos de trabajo. 
Los factores de «atracción» de migrantes –salarios más altos en países ricos, mejores condiciones de trabajo y más seguridad, a menudo acompañados de unas prácticas de reclutamiento vigorosas de agencias de contratación privadas– también desempeñan un papel importante en la creciente movilidad de los trabajadores sanitarios. 
Estas cuestiones han sido descritas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento sobre la estrategia de acción de la UE para abordar la crisis de recursos humanos en el sector sanitario en los países en desarrollo. 
Si queremos superar esta crisis, hay que empezar a desarrollar soluciones en los países más afectados y apoyar el fortalecimiento de su planificación y financiación de la formación, el apoyo y la financiación de los trabajadores de la salud y la mejora de las condiciones de prestación de servicios. 
Es esencial apoyar las acciones nacionales con acciones regionales y mundiales, intercambiando conocimientos y mejores prácticas, compartiendo recursos de formación y cambiando las políticas de contratación internacionales para que sean más éticas. 
Es importante que examinemos detenidamente nuestros propios programas de formación de trabajadores sanitarios y que aumentemos nuestra capacidad de producción para hacernos más autosuficientes. 
La Comisión ha liderado y coordinado el desarrollo de una respuesta europea coherente. 
La Comunicación sobre recursos humanos en el sector de la salud ha sido debatida y se espera que el Consejo adopte unas conclusiones firmes. 
Los Estados miembros de la UE han acordado una Declaración de compromiso que se anuncia para el Día Mundial de la Salud. 
Esto debería demostrar al resto del mundo que Europa se toma este asunto muy en serio y que apoyará una respuesta importante a esta crisis. 
. – Señor Presidente, respaldo cada palabra que ha pronunciado la Comisaria esta noche con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, centrado en el tema, elegido por la OMS, de la inquietante falta de trabajadores sanitarios. 
En Europa tenemos tres médicos por cada mil habitantes y, como ha dicho, nos siguen faltando profesionales sanitarios. 
En África tienen menos de cinco médicos por cada 100 000 habitantes. 
En Europa la culpa es nuestra y en África, con demasiada frecuencia, también. 
¿Y por qué es nuestra la culpa? 
Porque los países desarrollados atraen cada año a 63 000 médicos y enfermeras de los países en desarrollo y solo les devuelven a 1 300. 
Esto constituye un desequilibrio falto de toda ética e inmoral. 
En Europa debemos hacer mucho más por contratar y retener a profesionales sanitarios a través de la formación, la retribución, las condiciones de trabajo, las instalaciones de investigación, etc., pero con los países en desarrollo debemos hacer mucho más y, sobre todo, poner a fin a ese expolio de su personal cualificado. 
El África subsahariana tiene unos 750 000 trabajadores sanitarios para 682 millones de personas. 
Europa tiene una proporción 15 veces más alta. 
El África subsahariana necesita un millón de profesionales. 
Ghana solo tiene 1 500 médicos para una población de 20 millones de habitantes. 
Dos tercios de los médicos jóvenes abandonan el país a los tres años de su licenciatura y, a pesar de todo, África soporta el 25 % de los problemas de salud y de enfermedades del mundo y solo cuenta con el 0,6 % de los profesionales sanitarios de todo el mundo. 
En el Reino Unido, mi país, dos tercios de los nuevos médicos y el 40 % de las nuevas enfermeras son extranjeros. 
Esto debe avergonzarnos y tenemos que comprometernos a reconocer nuestra culpa poniendo fin a esta explotación y garantizando que podemos sostener, junto con la población africana, los servicios sanitarios y a los profesionales de la salud que tan desesperadamente necesitan. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, en este Día Mundial de la Salud me complace comprobar la contribución de la Unión Europea al logro de los Objetivos del Milenio. 
De estos ocho objetivos, nada menos que tres tratan de temas sanitarios, a saber, la lucha contra enfermedades como el sida o la malaria, la reducción de la mortalidad infantil y la reducción de la mortalidad materna durante el embarazo y el parto. 
El mundo, y en particular África, aún está sobremanera atrasado. 
Cada año mueren en todo el mundo más de un millón de niños de malaria, seis millones de niños menores de cinco años mueren de inanición o malnutrición y de dos a tres millones de niños mueren de enfermedades que podrían haberse prevenido mediante una vacuna. 
En 2005, una mujer moría cada minuto por complicaciones durante el embarazo o el parto. 
Una y otra vez, la Comisión y los Estados miembros prometen dar la máxima prioridad a la sanidad en los países en desarrollo. 
Todas esas bonitas promesas no llegan a concretarse e incluirse en el plan anual de gastos. 
No se dedica a la atención primaria ni tan siquiera el 5 % del presupuesto comunitario anual destinado a la cooperación al desarrollo, lo que contradice las promesas y el deseo de esta Cámara de dedicar el 20 % del presupuesto de ayuda de la Unión Europea a la educación básica y a la atención sanitaria básica. 
Menos palabras y más dinero. 
Además, cuando concedemos una ayuda presupuestaria, debemos ser más estrictos con respecto a los criterios de gasto. 
No deberíamos prestar ayuda presupuestaria a los países que no se lo merecen debido a la falta de gobernanza. 
La ayuda presupuestaria que se concede debe estar dirigida a sectores específicos, en otras palabras, expresamente a la educación y la atención sanitaria. 
Debe quedar asimismo absolutamente claro que el dinero se ha destinado verdaderamente a la atención sanitaria. También se deben conocer las causas a las que se ha destinado y los resultados que se han conseguido, por lo que es preciso asignar un porcentaje al control de los gastos por parte de un grupo cívico supervisor. 
Se lo debemos a los contribuyentes europeos y a la población y los Parlamentos de los países beneficiarios. 
En realidad, el gasto no debería realizarse solamente a través de programas europeos, sino que a menudo se podría llevar a cabo más eficazmente aunando esfuerzos con organizaciones como la OMS, el ONUSIDA, el FNUAP y a través de iniciativas mundiales como el Fondo Global. 
Europa debería garantizar la financiación de proyectos para la atención en materia de salud sexual y reproductiva, que carecen de fondos debido a la política aplicada por el Presidente estadounidense de bloquear los recursos destinados a tales proyectos. 
Esto contrasta con los 12 000 millones de euros que los Estados Unidos invierten en una campaña absurda que promueve la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad en la pareja. 
El Congreso estadounidense ha concluido hoy que dicha campaña causa confusión y obstaculiza las campañas en curso. 
Muchas mujeres y niñas han muerto a resultas de esta política vergonzosa. 
En Europa no podemos y desde luego no debemos aceptar tal situación. 
Espero que mis colegas diputados de los demás partidos de esta Cámara no se alineen con Bush, sino con los millones de mujeres y niñas. 
Además de aumentar el gasto, también deberíamos abordar la atención sanitaria en los países en desarrollo de una manera estructural e integral. 
El acceso a un servicio básico como la sanidad es esencial para los más pobres entre los pobres, pero dicho acceso resulta a menudo insuficiente debido a la falta de pericia e infraestructura en origen. 
Deberíamos por tanto invertir en logística e infraestructura social, en transmisión de conocimientos y formación del personal local, así como en educación básica con el fin de impartir un conocimiento elemental en temas como la higiene, el agua potable y la alimentación sana. 
Mientras no se ponga en marcha una estructura básica, no se podrán eliminar de forma realmente estructural las enfermedades relacionadas con la pobreza y otras causas de mortalidad innecesarias. 
En nuestra resolución señalamos con acierto la falta de trabajadores de la salud, causada a menudo por la fuga de cerebros, fenómeno este por el cual médicos y asistentes sanitarios altamente cualificados deciden trabajar en otra parte del mundo. 
Debemos prevenir esta fuga de cerebros mediante acuerdos entre sectores y países, mediante el fomento de la migración circular, que consiste en un corto período de tiempo fuera del país para volver luego al país de origen, mediante la formación y transmisión de conocimientos y mediante la creación de mejores condiciones de trabajo. 
Por último, en muchos países la corrupción y la falta de gobernanza impiden que gran parte de los fondos destinados a la atención sanitaria lleguen finalmente a los más pobres entre los pobres. 
Hay estudios que han mostrado que en un país como Chad solo un 1 % de los fondos gubernamentales destinados al gasto sanitario llegan realmente a su destino. 
Esto me lleva a mi propio informe sobre la corrupción y la cooperación al desarrollo que se debatirá durante el pleno de mañana. 
La gobernanza y la lucha contra la corrupción son esenciales para conseguir los Objetivos del Milenio. 
Tanto los países donantes como los países beneficiarios deberán hacer un esfuerzo definitivo por lograrlo en los próximos años. 
No puedo en este Pleno dejar de hacer hincapié en la importancia que revisten los objetivos del Milenio, en particular en lo que respecta a la sanidad y la educación. 
Resulta verdaderamente vital duplicar el presupuesto dedicado a estos ámbitos. 
Si lo hacemos duplicaremos las posibilidades de ayudar a que los más pobres entre los pobres puedan escapar de la pobreza y recuperar la salud. 
¡Hagamos que la pobreza pase a la historia! 
. – Señor Presidente, acojo con satisfacción el resumen que ha hecho la Comisaria de los complejos aspectos de este problema. 
El Día Mundial de la Salud es un buen momento para hacer inventario. 
Tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y numerosas declaraciones de buenas intenciones de Gobiernos y Parlamentos de todo el mundo, pero desafortunadamente sigue habiendo un abismo entre las palabras y la realidad sobre el terreno. 
En demasiados lugares siguen muriendo personas por falta de instalaciones médicas básicas que podrían haberles salvado la vida a un coste muy bajo. 
Mencionaré solo uno: la región ecuatorial de la República Democrática del Congo, donde la población padece un índice de mortalidad catastrófico, no a causa del hambre ni de la violencia y la inseguridad que no cesan, como es el caso de la región oriental del Congo, sino simplemente porque no existen instalaciones sanitarias en esa bella pero inaccesible zona forestal. 
Tenemos que examinar con rigor el gasto de la Comisión en sanidad y preguntar por qué se asigna un porcentaje tan bajo del presupuesto del FED al sector sanitario, como acaba de señalar el señor Van den Berg. 
Todo esto a pesar del hecho de que Parlamento ha pedido que un quinto de los fondos generales de ayuda al desarrollo se destine a la sanidad y a la educación básicas. 
Quiero abordar la cuestión de los trabajadores sanitarios. 
No es solo una cuestión de falta de financiación: se trata de un ámbito en el que los Estados miembros está socavando activamente los servicios sanitarios de los países en desarrollo al arrebatarles su personal médico cualificado. 
Puede que los Estados miembros se hayan comprometido a no contratar personal sanitario de los países más pobres, pero en la práctica están encontrando formas de eludir esas promesas. 
Por ejemplo, el Reino Unido tiene el código del Servicio Nacional de Salud sobre contratación de personal sanitario, pero solo se aplica a los trabajadores contratados directamente por dicho Servicio. 
El código no se aplica al personal de enfermería contratado por agencias privadas. 
A menudo, los trabajos subcontratados son poco cualificados, por lo que estas enfermeras ni siquiera tienen la ventaja de adquirir aptitudes especializadas mientras están en Europa. 
El resultado es devastador. 
En Suazilandia hay unas 3 000 enfermeras y cada año forma a unas 100. 
Sin embargo, hasta 80 enfermeras dejan el país y se dirigen al Reino Unido todos los años. 
A esto hay que sumar el elevado número de enfermeras suazis que mueren de sida: entre 2003 y 2004 murieron de sida 300. 
Los Estados miembros deben colmar las lagunas existentes en sus códigos de contratación de personal sanitario y poner en práctica una planificación eficaz del personal sanitario, para que nunca más se vean tentados a arrebatar personal formado justo de los países que necesitan desesperadamente una mejor asistencia sanitaria. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si cabe preguntarse por la eficacia y el alcance a menudo efímero de estos días mundiales consagrados a tal o cual gran causa, no es menos cierto que nos brindan la ocasión, por un lado, de poner de manifiesto una situación dramática, la escasez de personal sanitario en el Sur, a la que habitualmente se presta poca atención y, por otro, de formular propuestas para aplicar a corto, medio y largo plazo. 
De ahí, por otra parte, la necesidad de inscribir los objetivos en materia de salud en el marco de la programación financiera plurianual, lo que permitiría mejorar la previsibilidad de los fondos de la Unión Europea, que tanta falta hace hoy, y apoyar de forma más concreta las estrategias nacionales para incrementar el personal sanitario. 
De todos modos, hay que recordar que el problema que hoy debatimos no es simplemente otro golpe de mala suerte debido a la fatalidad. 
En efecto, la escasez de personal sanitario es consecuencia, en particular, de los denominados programas de «ajuste estructural» aplicados de forma brutal por las instituciones financieras internacionales, que han conducido al desplome de los servicios públicos de sanidad y educación en muchos países. 
Hay pues «un poco mucho» de hipocresía en proclamar en 2006 la voluntad de mejorar los recursos humanos sanitarios en los próximos años, cuando las políticas financieras macroeconómicas aplicadas en otra parte han minado esos mismos recursos durante más de un decenio. 
Con todo, celebramos esta toma de conciencia, aunque sea tardía, de la necesidad absoluta de invertir en recursos humanos, pues sin ellos no se podrá aplicar ninguna política de desarrollo, por más virtuosa que sea. 
Por esta razón, la acción de la Unión Europea en este terreno debería centrarse en tres aspectos. 
En primer lugar, como ya se ha señalado, el porcentaje consagrado a las cuestiones de salud en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, que hoy asciende a alrededor del 5 %. 
Esto es totalmente insuficiente y las perspectivas no son en absoluto alentadoras; habría que consagrar al menos el 20 % para poder asumir los costes salariales de la formación y de todas las cuestiones de que hemos hablado ya. 
En segundo lugar, poner fin a las medidas de restricción presupuestaria impuestas por las instituciones financieras internacionales. 
La influencia de la Unión Europea en esas instancias es importante, en especial por lo que se refiere al límite máximo de los salarios y a la contratación en la función pública. 
Por último, un código ético que ponga remedio al escándalo que representa, en el Norte, la existencia de dos categorías de contratación en lo tocante al régimen y a la remuneración. 
Hay que luchar contra este tipo de contratación, aplicada en muchos de nuestros países, y acabar con el principio del país de origen. 
Para concluir, esperamos que estas generosas declaraciones de intenciones surtan realmente efecto gracias a un compromiso muy firme de las instituciones de la Unión Europea y del Parlamento en particular, y gracias también a la campaña iniciada por las ONG y la sociedad civil europea. 
. – El acceso a la atención sanitaria es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos. 
Sin embargo, amplios sectores de la población aún no tienen garantizado dicho acceso. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas prevén, entre otros, reducir en dos tercios la tasa de mortalidad entre los niños menores de cinco años, reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna, detener y comenzar a revertir la expansión del sida y detener y comenzar a revertir la incidencia de la malaria y de otras enfermedades importantes. 
Ha llegado el momento de evitar la muerte de muchos millones de niños y mujeres por falta de atención sanitaria primaria y de promover la salud materno-infantil, la salud reproductiva y sexual, las infraestructuras de agua y saneamiento así como la educación, incluida la educación en materia de salud. 
Para ello se precisa una mayor solidaridad entre los países más desarrollados. 
Pensamos por consiguiente que es de vital importancia proporcionar ayuda activa para la formación de médicos en los países en desarrollo y facilitar el acceso a la formación médica de estudiantes de zonas rurales y remotas. 
A este respecto, deseo poner de relieve el notable ejemplo de Cuba, que facilita formación gratuita a miles de médicos y otros trabajadores de la salud para trabajar en África y América Latina. 
De la misma forma, resulta crucial permitir el acceso a servicios de salud pública gratuitos y de alta calidad en toda la Unión Europea, lo que no es el caso actualmente debido al enfoque macroeconómico del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En algunos países ha habido graves retrocesos, como ocurre en Portugal actualmente, lo que fomenta la pobreza y la exclusión social. 
En consecuencia, hemos presentado algunas enmiendas a la resolución conjunta, que esperamos se aprueben. 
En este Día Mundial de la Salud, lo que necesitamos, señora Comisaria, es que este debate dé pie a la acción. 
. – Señor Presidente, en la UE tenemos una creciente necesidad de médicos, enfermeras, terapeutas y técnicos bien formados y comprometidos. 
El envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia de enfermedades y el mayor número de tratamientos generan una mayor demanda de trabajadores en el sector sanitario. 
Pero no solo deberíamos considerar nuestras necesidades sanitarias, sino también las necesidades de quienes prestan estos servicios. 
Su primera necesidad es la seguridad. 
Debemos hacer todo lo posible por protegerlos de enfermedades y accidentes, especialmente de pinchazos con agujas y lesiones por exposición. 
Es casi una tradición que médicos y enfermeras trabajen en exceso, a pesar de que un personal cansado y estresado es más propenso a los peligros. 
Las vacunas contribuyen a proteger a los trabajadores sanitarios, pero al ordenar la inmunización de nuestros profesionales de la salud debemos reconocer y compensar a los que han sufrido reacciones adversas debilitadoras. 
En Irlanda hemos restringido seriamente, y seguimos haciéndolo, el número de jóvenes que reciben formación en medicina, enfermería, farmacología y terapias. 
Cuando experimentamos –como inevitablemente ocurre– deficiencias en los servicios, solucionamos el problema contratando personas de otros países. 
Ahora podemos permitírnoslo y estos excelentes profesionales constituyen un factor de impulso para nuestro servicio sanitario. 
Nuestros hospitales y servicios de salud contratan a personal sanitario de la India, Filipinas, Sudáfrica y muchos otros países. 
Algunos me han dicho que trabajar en un país de la UE es para ellos una gran oportunidad, pero me pregunto si alguna vez pensamos en los que se quedan atrás, especialmente los enfermos. 
La migración sanitaria nos beneficia sin lugar a dudas, pero mientras se salvan vidas en los países desarrollados, se pierden otras en los menos desarrollados. 
Un funcionario del Gobierno zambiano me describió las dificultades que tiene Zambia para conservar a sus médicos. 
El Gobierno envía a estudiantes prometedores a la UE para formarse, pero una vez que han concluido la formación no regresan o cuando lo hacen encuentran que su formación altamente técnica no se corresponde con los entornos tan pobres en los que trabajan con pocos equipos y escasos medicamentos. 
Se marchan frustrados. 
Esto me lleva al último punto. 
Me gustaría preguntar a sus Señorías qué autoridad piensan que tenemos para condenar a otra nación soberana porque se niega a financiar proyectos con los que no está de acuerdo. 
Me refiero a la política de los Estados Unidos y la Ciudad de México, que obligan a las ONG comprometerse, como condición para recibir fondos de los Estados Unidos, a no realizar ni fomentar el aborto como método de planificación familiar en otros países. 
Al condenar la forma en que los Estados Unidos gastan su ayuda exterior, la enmienda 5 presupone un mandato que esta Cámara y esta Unión sencillamente no tienen. 
El día 7 de abril de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Salud. 
Este año se dedicará a los trabajadores de la salud, quienes serán el centro de las celebraciones para los próximos diez años. 
Si bien la falta de personal médico en los países en desarrollo es uno de los problemas del mundo, como son la malaria y el sida, la Unión Europea y en particular los nuevos Estados miembros también se enfrentan a graves problemas en el sector sanitario. 
Tras la adhesión a la Unión Europea, los diez nuevos Estados miembros han experimentado una fuga de cerebros que ha tomado la forma de una migración masiva de médicos y enfermeros a Europa Occidental. 
A resultas de ello faltan médicos en los nuevos Estados miembros. 
Hemos perdido principalmente a jóvenes políglotas que han decidido trabajar en la parte occidental de la Unión Europea, atraídos por condiciones más ventajosas. 
Las posibilidades de que regresen son mínimas. 
Lamentablemente, a la vez que celebramos el Día Mundial de la Salud se anunciaba una gran huelga en uno de los hospitales más grandes de Eslovaquia. A la que se están uniendo poco a poco otros hospitales. 
El motivo de la huelga reside en las condiciones de trabajo intolerables que deben soportar nuestros médicos y asistentes sanitarios. 
Un médico gana en Eslovaquia entre 350 y 500 euros mensuales y un enfermero lleva a casa de 250 a 300 euros. 
En estas circunstancias resulta incluso sorprendente que nuestro personal altamente cualificado quiera quedarse en su país. 
Las guardias nocturnas se pagan a dos euros la hora, lo que es realmente vergonzoso. 
Debemos por tanto asegurarnos de que estas personas reciban un sueldo suficiente. 
Señor Presidente, quiero dar la enhorabuena a quienes han tomado esta iniciativa, que son muchos en la cadena de decisiones, pues me parece excepcional. 
Me interesa especialmente hablar de dos temas; en primer lugar, del problema de la formación en el lugar de origen. 
Creo que uno de los problemas de Europa es que no hemos elaborado ninguna estrategia sobre la política de ayudas relacionada con la sanidad y, en concreto, con la formación. 
Por una parte, creo que en Europa hemos llevado a cabo una política muy egoísta de númerus clausus en la mayor parte de universidades y escuelas de enfermería, para garantizar el empleo de nuestros estudiantes, sin darnos cuenta de que había unas perspectivas en la propia Europa, y unas necesidades, que iban a desbordar la capacidad de atención; de ahí que se necesiten médicos y enfermeras que vengan de otros países. 
Esto está dando lugar, evidentemente, al drenaje del que tantas veces se está hablando hoy. 
Pero, al mismo tiempo, creo que, en la estrategia de ayuda al desarrollo, deberían crearse universidades junto a los hospitales. 
La política de inversión no debe limitarse a las carreteras, sino contemplar también los hospitales y la formación de recursos humanos. 
Por otra parte, hay una cuestión que me preocupa mucho, porque la conozco de cerca: las dificultades en la distribución de las medicinas e, incluso, la corrupción que existe en el proceso de distribución de las mismas. 
Sabemos las dificultades que tienen para ejercer su trabajo, para tener acceso a las medicinas, incluso hospitales in situ, en Camerún y en otros países, y cómo muchísimas veces a los propios medicamentos para combatir el sida, que se están enviando gratis, se les está asignando un precio añadido por parte de quienes los distribuyen. 
Creo que, en este contexto, Europa tiene que destinar, en sus programas, más dinero a la formación, pero, al mismo tiempo, controlar mucho más la distribución de ayudas e impedir esa corrupción, que es un obstáculo permanente, evitando así la frustración de quienes están atendiendo a los enfermos. 
– Señor Presidente, es interesante el dato estadístico de que hay más enfermeras de Malawi que viven en Manchester, en el Reino Unido, que en la propia Malawi; y que hay más médicos de Etiopía viviendo en Chicago que en Etiopía. 
Se calcula que faltan en general 820 000 médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios. 
Obviamente, los recursos humanos son una parte fundamental de todos los sistemas sanitarios humanos, pero la realidad es que la contratación de profesionales de la salud y la lacra del VIH/sida siguen prolongando la crisis que ya afecta a los fragilísimos sistemas sanitarios de los países en desarrollo. 
Muchos se marchan de estos países –como ha dicho usted, señora Comisaria– porque allí los salarios son bajos, las condiciones de trabajo son malas, las perspectivas de promoción son escasas y no hay posibilidades de formación. 
Además, trabajan con la presión de tener que tratar a un gran número de pacientes con VIH/sida y otras enfermedades difíciles. 
Esta fuga de cerebros constituye el principal obstáculo para prestar una asistencia de calidad en África, donde los países están perdiendo a sus enfermeras más cualificadas y experimentadas. 
El año pasado, Kenya perdió 3 000 enfermeras licenciadas que se marcharon a otros países, la mayoría a los Estados Unidos y al Reino Unido. 
De África mana un flujo neto de personal cualificado, en que los individuos deciden marcharse a lugares donde pueden ganar más y donde pueden hacer progresar su carrera profesional. 
Muchas mujeres que me he encontrado en el Reino Unido trabajando en centros de asistencia a mayores, etc., lo hacen porque quieren ganar dinero a fin de enviarlo a sus países de origen para cuidar a sus hijos. 
Una consecuencia es que las naciones perdedoras no cuentan con la necesaria base de cualificaciones para educar a sus jóvenes y desarrollar sus economías. 
Nosotros, en la Unión Europea, tenemos que buscar formas de compensar a estos países que están siendo drenados de esta manera de las cualificaciones que necesitan. 
Acojo con satisfacción la atención urgente que presta la Comisión a la crisis. 
Esperamos ver estrategias –y este es el siguiente paso– que permitan abordar las causas profundas del problema del que estamos hablando esta noche. 
Ese problema es que, a pesar de la terrible carga de enfermedades que soporta, África solo tiene el 0,6 % de los trabajadores sanitarios registrados del mundo. 
¿Cómo podemos aceptar esto, cuando las presiones sanitarias y de enfermedades son tan acuciantes en ese continente? 
Me preocupa la propuesta planteada recientemente por el Comisario Frattini de fomentar la contratación de inmigrantes con estudios universitarios, incluida la creación de una «tarjeta verde» para investigadores, ingenieros y médicos. 
El Parlamento debe pedir que se ponga fin a la contratación de trabajadores sanitarios. 
Pide con razón a la Unión Europea que exija la creación de un código de conducta mundial sobre contratación ética. 
Señor Comisario, ¿suscribiría usted la idea de que la Comisión debería hacer esto para intentar afrontar esta crisis, que es de lo que trata del debate de esta noche? 
La otra cara de la moneda es que en Europa la población está envejeciendo y nuestra tasa de natalidad disminuye. 
Por tanto, estamos intentando atraer a trabajadores sanitarios de otros países para hacer frente a nuestros propios problemas. 
Los países en desarrollo no pueden aumentar los salarios a niveles similares a los del mundo industrializado, pero hay que destinar fondos al sistema sanitario y esforzarse por descentralizar la asistencia sanitaria y por apoyar el desarrollo regional. 
También creo –y nadie lo ha mencionado, aunque se recoge en la resolución– que la telemedicina es un medio muy importante para abordar este asunto. 
Hace poco estuve en Mauritania y vi cómo, en un hospital muy pequeño de una zona desértica de ese país, los trabajadores sanitarios se ponían en contacto con médicos franceses para consultar los diagnósticos de los pacientes. 
Esto es algo en lo que podríamos invertir, de forma más seria de lo que venimos haciendo hasta ahora. 
En cuanto al personal de enfermería, los países en desarrollo deberían valorarlo más que en la actualidad. 
Esto es muy importante, como lo es que nos fijemos en lo que hacen países como Uganda, que descentraliza el servicio sanitario y lo saca de las grandes ciudades y los traslada a las zonas rurales. 
Si queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenemos una tarea ingente por delante. 
En relación con la salud, se trata de una tarea capital y tenemos que contribuir a ella. 
En relación con las perspectivas financieras que estamos debatiendo ahora, realmente no tenemos ninguna posibilidad de responder a los planteamientos y cumplir los compromisos que ustedes han debatido esta noche. 
– Señor Presidente, la buena salud no tiene precio y por eso no nos sorprende que en el mundo desarrollado invirtamos tanto en asistencia sanitaria y que esperemos recibir el mejor tratamiento siempre que sea necesario. 
No obstante, para que un sistema sanitario sea eficaz, necesitamos trabajadores sanitarios, personas que están bien formadas, comprometidas y dedicadas al cuidado de sus semejantes. 
Los trabajadores sanitarios son la espina dorsal de nuestros sistemas de salud y a ellos les debemos más que palabras. 
Sin embargo, la situación en el mundo en desarrollo en materia de salud es, por desgracia, completa y vergonzosamente diferente. 
En esos países, la buena salud es en la mayoría de los casos la excepción más que la regla. 
Quiero citar algunas cifras para ilustrar este punto. 
Un indicador que puede utilizarse para evaluar la prestación sanitaria en un país es, como ya se ha apuntado, la tasa de mortalidad infantil. 
La tasa de mortalidad infantil en países como Suecia, Alemania o Francia –de hecho la mayoría de los Estados miembros de la UE– es de unas cinco muertes por cada 1 000 nacidos vivos. 
La cifra correspondiente en países como Mozambique, Sierra Leona y Liberia es de unas 140 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, y en Angola de unas 200 muertes. 
En otras palabras, un niño en Angola tiene 4 000 % más posibilidades de morir que en un país de la UE. 
Un bebé prematuro o enfermo en Angola tiene cero posibilidades de sobrevivir. 
En muchos países del Tercer Mundo carecen de asistencia sanitaria básica y los pocos y valientes trabajadores sanitarios que hay en estos países tienen que luchar contra toda clase de fuerzas superiores para salvar cuerpos y vidas. 
Tienen que hacer frente a la falta de infraestructuras, de equipos, de medicamentos y a una población que no comprende qué es la higiene. 
Muy a menudo son perseguidos, arrestados, torturados o asesinados cuando se ven atrapados en guerras locales o revueltas sociales. 
En estas zonas, los trabajadores sanitarios deberían ser considerados héroes. 
Estas personas se merecen no solo nuestra admiración y respeto, sino también nuestro apoyo activo, y tenemos que hacer todo lo posible por prestarles toda la ayuda que necesitan. 
Se lo debemos a ellos y se lo debemos a nuestra conciencia. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el lema del Día Mundial de la Salud es «Colaboremos por la salud». 
Sin embargo, poco queda de tal cooperación. 
Hemos oído hoy cifras dramáticas e impactantes, cifras que deberían avergonzarnos porque demuestran que Europa se enfrenta a una crisis en el sector de la salud que no se está abordando de raíz aquí en Europa, sino mediante una fuga de cerebros de esos países. 
El principal problema sanitario de Europa es la lucha contra enfermedades relacionadas con el estilo de vida y atribuibles a factores nutricionales y ambientales. En cambio, en los países en desarrollo, la gente muere de enfermedades que podrían curarse: por ejemplo, a raíz del parto –las mujeres desarrollan fístulas al dar a luz– o, como ya se ha dicho, simplemente faltan vacunas pediátricas y no se toman las medidas más esenciales. 
Al mismo tiempo sabemos que la evolución demográfica no hará más que intensificar el problema. 
Debido al envejecimiento de nuestra sociedad, falta gente que se quiera dedicar a las profesiones sanitarias. 
Pienso por tanto que la Unión Europea debe mostrarse previsora y tomar medidas a largo plazo para contrarrestar este dramático proceso. 
Ya se han mencionado los recursos financieros. 
Hemos hablado mucho hoy de países africanos, pero tengo la sensación de que, particularmente en lo que se refiere a la política de desarrollo, los recursos se están vertiendo en otros países. 
Hemos escuchado hoy que la Comisión no tiene ninguna estrategia: acaba de citarse el ejemplo de la tarjeta verde. 
La Comisaria ha pronunciado hoy bellas palabras, pero sus colegas en otros ámbitos de competencia actúan a menudo en sentido contrario o aplican políticas que contribuyen a tales situaciones en lugar de favorecer soluciones. 
La Comisión también ha guardado silencio sobre el tema de los litigios sobre patentes de medicamentos contra el sida en África. 
La Unión Europea debería haber condenado al unísono a los gigantes farmacéuticos que ven cómo agoniza la gente y muere a causa de las patentes. 
Espero que las palabras de la Comisaria se conviertan en hechos. 
Lo que necesitamos no son bonitas palabras al acercarse el Día Mundial de la Salud, sino una estrategia, una solución real del problema. 
Espero que esta noche hayamos dado los primeros pasos y que se trate de un nuevo comienzo. 
Al fin y al cabo, todos estamos de acuerdo en el objetivo: lo que necesitamos son medidas concretas para hacer frente al problema. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, «Colaboremos por la salud» es un bonito lema para el Día Mundial de la Salud, siempre que los que pronuncian discursos, hacen comunicados de prensa o transmiten mensajes con ocasión del día 7 de abril se lo tomen en serio. 
A este respecto, me gustaría corroborar las palabras de la oradora que me ha precedido. 
Máxime en lo que se refiere a los trabajadores de la salud, a los que está dedicado el Día Mundial de la Salud de 2007. 
En mi opinión, el Parlamento también necesita afrontar la realidad de que no se está tomando en serio la frase «Colaboremos por la salud» , como tampoco se toma en serio la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud en la Unión Europea. 
Más bien todo lo contrario. 
Me gustaría por tanto hacer tan solo cuatro observaciones al respecto. 
En primer lugar, el debate en torno a la Directiva sobre el tiempo de trabajo y a las reformas de la atención sanitaria ha empeorado y sigue empeorando las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. 
Quiero recordar a la Cámara que el litigio en torno al reconocimiento de las guardias como tiempo de trabajo aún no se ha resuelto y que el personal de los hospitales alemanes lleva semanas en huelga, paralizando muchos hospitales en Alemania y por tanto poniendo en riesgo la salud de mucha gente. 
Se está dificultando y limitando el acceso de millones de personas a los servicios de salud, en lugar de mejorarlo o salvaguardarlo. 
En segundo lugar, a pesar de la ampliación de la Unión Europea y de los crecientes problemas en materia de salud, se han recortado los créditos destinados a la salud y la protección del consumidor en el presupuesto aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2005. 
Mi tercera observación se refiere al hecho de que a pesar de que la cumbre de primavera de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre la Estrategia de Lisboa se está celebrando pocos días antes del Día Mundial de la Salud, los temas relacionados con la salud han desempeñado un papel secundario en ella. 
De lo que se habla es de mayor competitividad, mayor presión y estrés para el individuo, que como es sabido son perjudiciales para la salud de la mayor parte de la población. 
Me tomaré la libertad de añadir una cuarta observación ante esta situación. 
Anteayer la Comisaria inició la consulta pública sobre la creación de un mercado europeo de equipos de defensa. 
Esto deja clara la importancia política real del debate de hoy sobre el Día Mundial de la Salud. 
Las armas son una vía directa para la destrucción de la salud. 
No obstante, en este contexto, también deseo llamar la atención sobre la creciente importancia de los aspectos militares en la política de desarrollo, cuyo objetivo principal consiste supuestamente en mejorar la salud pública en los países pobres. 
Desde mi punto de vista, tenemos suficientes motivos y materiales para llevar a cabo un debate destinado a mejorar la salud de las personas que viven en la UE y a impulsar la contribución de la UE a la mejora de la salud mundial. 
En este sentido, también me gustaría recomendar expresamente el estudio del informe sobre la salud mundial que sugiere, entre otras cosas, la ampliación, mejora cualitativa y democratización del ámbito de la salud pública. 
Califica a los trabajadores de la salud de savia de la atención sanitaria. 
La cuestión primordial no es por tanto el coste, el capital o la dudosa productividad, sino la participación responsable y cualificada de los trabajadores de la salud, porque sus personalidades, su competencia profesional y social así como sus opiniones y sugerencias deben contar. 
Por esta razón, propongo que se lleve a cabo una consulta pública entre los trabajadores de la salud, planteándoles las siguientes preguntas: en su opinión, ¿cuál es la causa más común de la enfermedad, o especialmente perjudicial para la salud pública? 
¿Cuál es el mayor impedimento para que usted pueda hacer uso de sus conocimientos en beneficio de la salud pública? 
En su opinión, ¿qué es preciso cambiar en el marco político para que usted pueda trabajar en mejores condiciones y mejorar la salud pública? 
Desde su punto de vista, ¿qué medidas debería tomar la Unión Europea para impulsar su contribución a la salud mundial, para vencer el sida y las epidemias y para combatir los efectos en la salud del hambre, de la falta de agua potable y del deterioro del medio ambiente? 
– Señor Presidente, el lema del Día Mundial de la Salud de este año es «Colaboremos por la salud». 
Como todos sabemos, la salud es una cuestión multidimensional. 
Podría referirme a las dimensiones médicas y sociales, pero su dimensión política es particularmente significativa. 
La salud no es tan solo un asunto de personas individuales. 
La salud de cada uno de sus ciudadanos debería constituir una prioridad absoluta para todo Estado. 
Es inaceptable recortar los recursos financieros, privando así de asistencia médica básica a millones de personas y empeorando la situación de los grupos sociales más pobres y vulnerables. 
Es inaceptable en particular privar a los que no se pueden valer por sí mismos de la atención que necesitan o reducir drásticamente dicha atención. 
Pienso en niños nonatos, ancianos y enfermos graves. 
Lanzar un llamamiento tras otro y celebrar el Día Mundial de la Salud no es suficiente. 
Los trabajadores de la salud deben estar debidamente formados. 
Para estas personas, la dedicación al sector de la salud es tanto un servicio como una vocación. 
Sin ellos es imposible garantizar una atención sanitaria eficaz y con esto no me estoy refiriendo únicamente a los países más pobres. 
Frente a la atmósfera de globalización y liberalismo a ultranza, es particularmente importante dotar a la atención sanitaria y a la medicina de principios morales y éticos, de forma que cada individuo pueda ser tratado digna y respetuosamente y que se mejore su salud. 
En esencia, el problema subyacente que afecta a la atención sanitaria es una visión del mundo gobernada por un enfoque materialista de la vida. 
Esto significa que los intereses financieros, empresariales y económicos tienen rienda suelta en detrimento de la vida y la salud de los seres humanos. 
La enorme diferencia económica entre los nuevos Estados miembros y los antiguos, en los que los salarios son exponencialmente más altos y las condiciones de trabajo excepcionales, ha dado lugar a la emigración de los profesionales médicos cualificados. 
En Polonia, las condiciones de formación y desarrollo son muy buenas, pero la retribución es poco atractiva, lo que ocasiona una fuga de cerebros. 
Me preocupa la naturaleza de una posible propuesta sobre la introducción de un código ético de reclutamiento. 
Me pregunto qué tipo de criterios se pueden establecer en un código de esa índole para que se fomente o impida la emigración de los trabajadores. 
Realmente espero que dichos criterios no estén relacionados con el contenido, de modo que los países pobres perdieran aún más especialistas destacados. 
Señor Presidente, tal y como hoy se nos ha planteado, los servicios sanitarios europeos se encuentran en un estado más que insatisfactorio, pero la situación es mucho peor en África. 
Una de las cuestiones clave que debe tratarse en relación con África es garantizar que las víctimas del sida se beneficien de medicamentos genéricos. 
Estos últimos son sin duda más baratos pero, aún y así, siguen siendo demasiado caros para los africanos. 
El señor Bowis ha planteado otra cuestión importante relacionada con África, a saber, la de animar a los individuos formados en Europa a regresar a sus países de origen, donde se les necesita urgentemente. 
Lo que hay que hacer en Europa es aumentar la movilidad tanto de los pacientes como de los servicios médicos. 
En Polonia, por ejemplo, es difícil que las enfermeras encuentren un trabajo por más de 250 euros al mes, mientras que en Bélgica se están eliminando servicios hospitalarios a causa de la falta de enfermeras. 
Además de la movilidad, es importante armonizar el reconocimiento de los títulos médicos y paramédicos. 
En general, Europa carece de una estrategia y una política comunes en materia de sanidad. 
Por último quisiera mencionar la cuestión de la inversión adicional en programas de investigación, por ejemplo los centrados en el cáncer. 
Es vergonzoso que dichos programas deban estar financiados por programas de televisión. 
En su lugar, el dinero debería proceder de los presupuestos nacionales, o tal vez de programas europeos. 
Demostramos ser capaces de movilizarnos para responder a la repentina amenaza de la gripe aviar, pero parece que no seamos capaces de superar enfermedades mortales que han estado entre nosotros durante mucho tiempo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el derecho a la salud es un valor universal. 
Se han realizado extraordinarios progresos en los últimos 50 años, Pero al mismo tiempo los costes no han dejado de aumentar aunque nos cuesta demasiado admitir que prevenir es mucho más barato que curar. 
Vivimos una auténtica crisis sanitaria por falta de previsión y, sobre todo, por una visión meramente contable de la política sanitaria. 
El derecho a la salud es un valor universal, como he dicho. 
Europa no es, por tanto, la única afectada; el mundo entero lo está también, y los países en desarrollo son los más duramente afectados. 
Ahora bien, la escasez bien documentada en el ámbito de la formación del personal médico –médicos, enfermeras, etc.– en la Unión Europea ha hecho que los Estados miembros recurran a los médicos de los países en desarrollo, lo que agrava aún más la escasez en esos países. 
En primer lugar, es necesario formar al personal asistencial en los países en desarrollo y hacer todo lo necesario para que permanezcan en ellos, lo que exige planificar mejor la organización médica en Europa y en los Estados Unidos. 
En segundo lugar, hemos visto desarrollarse, desde hace algunos decenios, pandemias graves en el mundo. 
Los países en desarrollo son los más vulnerables a ellas porque no disponen ni de medios de información y sensibilización ni de tratamientos suficientes para frenar enfermedades como el sida, la malaria o la tuberculosis, y ello simplemente por falta de personal. 
Tercero, me habría gustado que nuestra resolución fuera más precisa en puntos esenciales, y en especial por lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos. 
Por lo demás creo que también aquí la causa es la falta de personal, pues no hay nadie ahí que sirva de punto de enlace. 
Celebro por tanto las iniciativas de determinadas empresas europeas que en una muestra de solidaridad con las poblaciones de esos países distribuyen medicamentos indispensables vacunas. 
Conociendo las dificultades que conlleva esta distribución en países en los que faltan infraestructuras y personal cualificado, y a veces incluso toda voluntad política, la conclusión inevitable es que la UE debe hacer todo lo que pueda por apoyar estas iniciativas y de hecho debe ir más allá. 
Por desgracia, las propuestas de la Comisión son lamentablemente insuficientes, y las cosas no mejorarán con el famoso acuerdo sobre las perspectivas financieras. 
¿De quién nos seguimos burlando? 
Lo más grave es que las principales víctimas de nuestras deficiencias son personas frágiles, incluidas mujeres y niños. 
– Señor Presidente, pasado mañana, el 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud, que este año está dedicado a los trabajadores sanitarios. 
Se trata de una buena oportunidad para solicitar condiciones laborales justas y satisfactorias para estos trabajadores, y llamar la atención sobre la actual falta de los mismos. 
Cuando hablamos de condiciones laborales justas y satisfactorias, no solo nos referimos a los países en desarrollo, aunque desde luego centramos nuestra atención especialmente en ellos, sino sobre todo a Europa, y el próximo debate acerca de la Directiva sobre la jornada laboral –que hoy ya se ha mencionado– desvelará en particular la seriedad con la que Europa y este Parlamento se toman las condiciones laborales justas para los trabajadores en este sector y la importancia que otorgan a los servicios públicos y sanitarios de alta calidad. 
La carencia de trabajadores sanitarios es un fenómeno global y sus causas son numerosas. La Comisión lo pone de relieve, de la misma forma que la resolución que mañana aprobaremos. 
También se ha discutido con gran detalle cómo los países en desarrollo, siendo los países africanos el ejemplo más extremo, sufren a causa de la fuga de cerebros provocada por las medidas de contratación de los países ricos. 
Desde mi punto de vista, se está ocultando un aspecto importante de la falta de trabajadores sanitarios. 
Muchos países están ahorrando en gasto público y, debido a ello, también hay una falta de puestos importantes en el sector de los servicios sanitarios y sociales, al quedar estos vacantes o ni siquiera crearse. 
Muchos proclaman las virtudes del Estado ligero, prácticamente anoréxico, pero no mencionan sus repercusiones en el funcionamiento del sistema sanitario. 
Espero que la enmienda 6 sea aprobada mañana por mayoría, de modo que podamos contar con un análisis exhaustivo de la carencia de trabajadores sanitarios en los distintos países del mundo. 
Los servicios sanitarios de los países en desarrollo también han sufrido a raíz de los drásticos recortes presupuestarios en el sector social derivados de reformas macroeconómicas como los programas de ajuste estructural. 
Las instituciones financieras internacionales deben reconsiderar políticas como la de insistir de forma continuada en la privatización de las actividades del sector público en los países en desarrollo. 
La enmienda 7 pone al descubierto otra razón clave de la falta de trabajadores sanitarios y del gasto sanitario inadecuado por parte de los países en desarrollo, en particular de los países africanos. 
Sin duda no es mi intención restar importancia a los motivos como la corrupción o la falta de voluntad política que se han destacado, pero también es cierto que la deuda externa de estos países reduce de forma significativa su ámbito de aplicación para un gasto adecuado en el sector social y la sanidad. 
Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están relacionados con la salud: la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud maternal y la lucha contra el sida/VIH. 
La comunidad internacional, incluida la UE, debe asegurar que haya recursos financieros suficientes para enfrentarse al sida/VIH. 
Sabemos que en realidad solo se han satisfecho algunos de los compromisos financieros adquiridos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo. 
También sabemos que las proporciones de la pandemia del sida/VIH son mucho mayores de lo que se pensó en aquel momento. 
Es importante proporcionar recursos suficientes para promover la salud reproductiva, que es asimismo el motivo de mi solicitud del apoyo de la mayoría a esta Cámara para la enmienda 5. 
Además, la señora Hall ya ha destacado cómo esta pandemia del sida/VIH está neutralizando las inversiones de muchos países africanos. 
– Señor Presidente, el Día Internacional de la Salud nos recuerda que el acceso a la salud es el objetivo singular más deseable al que aspiran todos los humanos. 
Sin embargo, las dificultades a que se enfrenta la salud mundial hoy en día son muchas y las perspectivas de lograr los objetivos internacionales son desalentadoras. 
Cada año mueren cuatro millones de niños antes de cumplir un mes de edad. 
Otros cuatro millones mueren de diarrea o neumonía. 
La malaria se cobra al menos otro millón de vidas infantiles y en total más de diez millones de niños mueren cada año de enfermedades para las que existen tratamientos eficaces. 
Estos problemas son un escándalo en el contexto de la salud mundial en el siglo XXI. 
También existen nuevos retos sanitarios asociados a la acelerada globalización de los mercados, como el SRAS y la gripe aviar. 
En muchos países, el VIH/sida ya ha empezado a desbaratar los modestos avances logrados desde la década de 1980 y ahora amenaza la supervivencia de sociedades enteras. 
La respuesta del mundo, aunque es impresionante en comparación con otros casos, dista mucho de ser suficiente. 
Pero no todo es tan sombrío. 
El mundo también ha sido testigo de avances sin precedentes en la ciencia y el conocimiento y actualmente sabemos cómo hacer frente a la gran mayoría de las enfermedades mundiales. 
Muchas de las soluciones son baratas y no requieren una tecnología muy avanzada. 
Por lo tanto, todavía mayor es la responsabilidad que tenemos, la obligación de centrarnos en cómo hacer llegar estos tratamientos a las personas que los necesitan. 
La salud es el núcleo central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y todos debemos reconocer que la salud es crucial para el desarrollo y para la lucha por reducir la pobreza, así como una medida importante del bienestar humano. 
El mensaje claro que se desprende del año 2005 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es el de los sistemas sanitarios. 
Solo lograremos avanzar de verdad cuando nos tomemos finalmente en serio los sistemas sanitarios. 
Sin las capacidades básicas del sistema en todos los países, no será posible llevar a cabo las políticas acordadas: potenciar la prevención de enfermedades, llevar a cabo programas controlados para reducir la mortalidad infantil y maternal y hacer retroceder el VIH/sida, la TB y la malaria. 
Un elemento crucial de todos y cada uno de los sistemas sanitarios son las personas que trabajan en ellos y para ellos; tener el personal adecuado con las aptitudes adecuadas en el lugar adecuado haciendo las cosas adecuadas es fundamental para poder hacer frente a la amplia variedad de retos sanitarios en un país. 
Sin embargo, estos elementos también incluyen la gestión sanitaria, es decir, las distintas funciones desempeñadas por los Gobiernos en su intento de conseguir los objetivos de salud, una financiación sanitaria sostenible, una prestación eficiente y efectiva de servicios sanitarios y la aplicación de los conocimientos, la tecnología y la infraestructura en el ámbito de la salud. 
Aunque la falta de trabajadores sanitarios reviste una urgencia particular, la tarea general es mejorar todos estos aspectos a la vez. 
Según un proverbio, también usado en mi país, «el dinero lo puede comprar todo, salvo la buena salud». 
Sin embargo, al mismo tiempo sabemos demasiado bien que, lamentablemente, a menudo la salud es una cuestión de dinero. 
Ello es sin duda cierto en el caso de la sanidad pública. 
Este es el problema al que nos enfrentamos cuando el Día Mundial de la Salud de este año llama nuestra atención respecto a la falta de trabajadores sanitarios en todo el mundo. 
Según la OMS, esta carencia es consecuencia del hecho de que, durante varias décadas, la formación, la remuneración, las condiciones laborales y los sistemas de gestión de los trabajadores sanitarios han estado infradotados. 
Además, a causa de los cambios demográficos, probablemente habrá una demanda creciente de médicos en Europa. 
La carencia absoluta de dinero solo es una parte del problema al que se enfrenta la sanidad pública. 
La otra parte es la falta de reconocimiento de los trabajadores sanitarios en la sociedad y la falta de prestigio de la profesión. 
La cantidad de personas formándose para convertirse en médicos y enfermeras decrece constantemente porque su remuneración media y su percepción social no son proporcionales a las dificultades y la importancia de su vocación. 
Por lo tanto, urge revalorizar la sanidad pública. 
La migración de los trabajadores sanitarios ya es un problema considerable. 
Una parte de la carencia de médicos en Inglaterra se suple con médicos húngaros, donde a su vez están siendo reemplazados por médicos y enfermeras procedentes de Rumanía, que están intentando ser sustituidos por doctores y enfermeras de la República de Moldova. 
Y la larga lista podría continuar. 
Es obvio que las preocupaciones son más serias en los países en desarrollo, pero también queda mucho por hacer en Europa. 
Otro aspecto de las preocupaciones experimentadas en el ámbito de la remuneración es el extendido sistema de gratuidad en determinados Estados miembros. 
Ello es inaceptable tanto desde el punto de vista jurídico como moral, es humillante tanto para los pacientes como para los médicos, y crea asimismo desigualdades adicionales en el sistema sanitario público. 
Por lo tanto, ello debería eliminarse tan pronto como fuera posible. 
En general, debemos facilitar más dinero, mostrar más reconocimiento y crear condiciones más claras para garantizar que nuestros estándares de sanidad pública en toda Europa no se deterioren en los próximos años sino que, en cambio, mejoren. 
Espero que el Día Mundial de la Salud llame nuestra atención todavía más sobre este importante ámbito, y que nos acerque a una solución. 
– Señor Presidente, me centraré en tres aspectos porque ya se han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo. 
El primer aspecto es que hoy, en el debate sobre el Día Mundial de la Salud, debemos concentrar nuestra atención en la prevención. 
La prevención y la inversión de grandes cantidades en prevención son muy importantes porque permiten limitar la incidencia de la enfermedad y, por extensión, reducir el coste del tratamiento y del cuidado hospitalario, lo que a todas luces repercute en beneficio tanto de los ciudadanos como de las arcas públicas. 
Sin duda, mejorar la salud de la población fomenta el progreso, fortalece a los ciudadanos al garantizarles una vida más larga, de más calidad y más productiva, y es condición necesaria para la prosperidad económica. 
Segundo aspecto: quisiera que centráramos nuestra atención en aquellos que nos han facilitado tratamientos innovadores, medicamentos innovadores, inoculaciones y, en general, el conocimiento para combatir enfermedades, y aquellos que trabajan con los enfermos –médicos, enfermeras, y todos los trabajadores sanitarios–, ya que debemos involucrarnos en este sector para ver donde existen lagunas, para llegar a alcanzar la suficiencia en este sector. 
Está claro que también deberemos usar nuevos conocimientos y tecnologías, tales como la telemedicina, que es importante si queremos ofrecer un servicio moderno. 
Por último, el tercer aspecto es el de las desigualdades que existen a día de hoy en el sector de la prestación de servicios sanitarios. 
Incluso dentro de la Unión Europea existen desigualdades y, sin duda, en estos momentos existen desigualdades en todo el planeta; tenemos fallecimientos, tenemos una elevada incidencia de enfermedades, y considero que la Unión Europea debería consagrarse a este problema e invertir dinero en este sector, porque nadie puede encontrar la felicidad en medio de la desdicha. 
Con estos tres aspectos, y mostrándome de acuerdo con todo lo dicho por sus Señorías, a mí también me gustaría homenajear a las personas que trabajan con los enfermos y prestan estos excelentes servicios. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, este año el Día Mundial de la Salud está dedicado a los trabajadores sanitarios. 
En todo el mundo hay 35 millones de trabajadores sanitarios, de los que aproximadamente 4 millones se encuentran en Alemania, y más de 12 millones en la UE. 
Solo estas cifras ya demuestran que el sur de nuestro planeta no está lo suficientemente atendido. 
Existe una clara división entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo por lo que respecta a las oportunidades de las personas de recibir servicios sanitarios. 
Sin embargo, lo indispensable es un aumento de los recursos humanos, tanto en Europa como en el mundo en desarrollo. 
Dado el poco tiempo disponible, quisiera simplemente discutir las condiciones en Europa. 
Los anteriores oradores ya han hecho comentarios sobre el mundo en desarrollo, y cuentan con mi pleno apoyo. 
Quisiera seleccionar cuatro cuestiones europeas. 
En primer lugar, el envejecimiento de nuestra sociedad comporta nuevos desafíos, nuevas enfermedades, nuevos procedimientos de tratamiento y una necesidad creciente de atenciones y cuidados que a día de hoy ya no estamos en condiciones de satisfacer plenamente. 
En segundo lugar, es necesaria una mejora de las aptitudes y de la calidad de las profesiones sanitarias en Europa si queremos satisfacer los criterios de excelencia que nos hemos marcado. 
Se requiere un aumento drástico de las cifras de formación en todos los campos del servicio sanitario si queremos cumplir dichas exigencias. 
En tercer lugar, debemos reforzar nuestra cooperación dentro de la Unión. 
A pesar de que la política sanitaria desempeña una función subordinada, se nos insta a intervenir de forma positiva. 
La política sanitaria no debe reducirse a aspectos monetarios, aunque seguramente estas palabras harán zumbar los oídos de mis colegas en Berlín. 
En cuarto lugar, debemos proteger la salud de los trabajadores sanitarios mediante horarios y volúmenes de trabajo razonables, y reducir los casos de agotamiento. 
En este sentido, hago un llamamiento a la Comisión para que adopte la posición del Parlamento respecto a la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Señor Presidente, el tema del Día Mundial de la Salud, que se celebra pasado mañana, son los trabajadores sanitarios. 
El tema de este año es muy pertinente, ya que nos enfrentamos a la amenaza de una pandemia mundial. 
Los problemas asociados con la disponibilidad de personal sanitario y las condiciones laborales afectan tanto a los países en desarrollo como a los industrializados. 
Centrar la atención en la situación del personal sanitario es la vía correcta para abordar las causas de los problemas sanitarios e intentar prevenirlos. 
Invertir en labores de prevención es siempre la mejor opción por lo que respecta a las personas y a la economía. 
Tiene sentido invertir recursos en estructuras cotidianas que sirven para contribuir a la salud de las personas y no únicamente en labores de corrección. 
Necesitamos voluntad política para reconocer las necesidades del personal sanitario y abordarlas. 
Los médicos y las enfermeras de carrera salvan vidas humanas. 
Si no se aprecian sus habilidades profesionales y no se les apoya, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, por ejemplo, no se alcanzarán. 
Ese aprecio también debe reflejarse en los salarios y las condiciones laborales. 
Las habilidades del personal sanitario se ponen especialmente a prueba con nuevas amenazas para la salud, como la gripe aviar. 
Los trabajadores sanitarios deben estar seguros en todas las circunstancias de que sus condiciones laborales no estarán expuestas innecesariamente a infecciones. 
Una posible pandemia mundial también significaría que el personal se vería enfrentado a cuestiones éticas difíciles. 
A pesar de que la vacunación universal y la recepción de los medicamentos necesarios para todos sean premisas básicas, podría darse la situación de que, por ejemplo, faltase un lote de vacunas. 
Las cuestiones de priorización sanitaria exigen un debate ético a fondo como base de trabajo. 
Con la amenaza de la pandemia, los países en desarrollo se encuentran en una situación especialmente difícil, dado que la malaria y el VIH ya han causado incalculables estragos. 
Estoy plenamente de acuerdo con los llamamientos contenidos en la resolución de mejora del enfoque para la cooperación al desarrollo, de forma que esta se emplee de cara al desarrollo humano y social. 
Con motivo del Día Mundial de la Salud, les ruego me permitan llamar su atención sobre otro día importante, el Día Internacional del Pueblo Gitano el 8 de abril. 
Quisiera hablar sobre la minoría romaní. 
La población romaní es joven: cuenta con unas tasas de natalidad y mortalidad elevadas. 
La esperanza de vida de la población romaní europea es diez años menor que la de las poblaciones mayoritarias. 
El número de pacientes romaníes es varias veces superior al número medio de pacientes de la población mayoritaria: el número de pacientes de tuberculosis es diez veces mayor, el número de pacientes con enfermedades tumorales es cuatro veces mayor, la deficiencia de hierro y las alteraciones del sistema hemático son diez veces mayores, el número de alteraciones cerebrovasculares es seis veces mayor, el número de pacientes que sufre hipertensión esencial es cuatro veces mayor, y el número de pacientes con enfermedades cardíacas es quince veces mayor en Europa actualmente. 
Por desgracia, aunque estos datos se han extraído de un informe húngaro, reflejan el panorama general en toda Europa. 
Una de las muchas razones por las que la esperanza de vida de la población romaní es diez años inferior a la de la población mayoritaria es la discriminación experimentada en el sistema sanitario público. 
Y en este punto debo mencionar la cuestión que muchos de ustedes ya han planteado hoy: la formación impartida a los trabajadores sanitarios. 
¿Están suficientemente formados para tratar a sus pacientes sin discriminación alguna? 
(Lamentablemente, hoy no podemos hablar demasiado sobre médicos y pacientes romaníes. 
Me habría encantado sumarme también a este tema, pero desafortunadamente no puedo.) 
Celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano el 8 de abril en todo el mundo y, en relación con ello, el año pasado aceptamos una resolución en el Parlamento Europeo en la que llamábamos la atención sobre la preocupante situación sanitaria de la minoría romaní. 
En el año transcurrido, ni la Comisión Europea ni los Gobiernos de los Estados miembros han tomado ninguna medida correctiva en el sector de la salud pública, o con el fin de eliminar el desempleo que afecta a la población romaní o su exclusión del sector económico, educativo y de la vivienda. 
Solicitamos a la Comisión Europea que publique un Libro Verde tan pronto como sea posible sobre la intolerable situación de la minoría romaní, con el fin de eliminar su exclusión de la sanidad pública y garantizar que los servicios sanitarios de pésima calidad que se les están facilitando se equiparen a los estándares europeos. 
– Señor Presidente, tal vez este sea uno de los debates más importantes que hemos celebrado en esta Cámara. 
Siento que por lo tarde que es no haya tanta gente para escuchar las espantosas estadísticas de muertes de niños y madres, por no hablar de las muertes debidas a enfermedades que podrían curarse fácilmente. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y a mis colegas por destacar las terribles enfermedades a que nos enfrentamos en el mundo y por intentar concienciar sobre la espantosa situación que tenemos ante nosotros. 
Yo vengo de Irlanda, un país que no hace mucho tiempo exportaba personal de enfermería porque no había trabajo suficiente. 
Hoy en día, lamentablemente, importamos personas para el sector sanitario en gran número porque estamos faltos de personal cualificado. 
No pensamos en los países a los que robamos a su gente, porque nuestros motivos son egoístas: tenemos que cuidar de los nuestros. 
A pesar de todo, incluso cuando atraemos gente del exterior, en nuestras salas de urgencias vemos cada día personas que en muchos aspectos se encuentran en condiciones tercermundistas, tumbadas en camillas en condiciones inaceptables. 
De modo que los problemas afectan directamente a todos y se dan en todas partes. 
El año pasado estuve en Malawi y fui testigo de lo que uno de mis colegas ya ha mencionado: la falta de enfermeras –que ahora están en Manchester– y los terribles efectos que esto tiene para el país. 
Es difícil saber cuáles son las respuestas, pero tal vez deberíamos examinar el trabajo que realizan los trabajadores sanitarios y valorarlos más de lo que lo hacemos en estos momentos, también en lo que atañe al respeto y la remuneración. 
Se ha planteado la pregunta de cómo podemos compensar al mundo en desarrollo por haberle arrebatado a sus mejores profesionales. 
Se trata de una cuestión de hondo calado moral sobre cómo siempre queremos llevarnos la mejor parte. 
Debemos hacer algo. 
Vamos a debatir sobre la gripe aviar y las medidas de apoyo al mercado. 
Que Dios nos ayude si se produce una pandemia humana, entonces veremos cuán expandidos están nuestros servicios sanitarios a escala mundial. 
Me gustaría leer lo que quiere que hagamos la Organización Mundial de la Salud el viernes, el día del que estamos hablando: «sensibilizar en torno a este problema crónico» –la crisis que afecta a los trabajadores sanitarios– «y prestar apoyo para garantizar que los trabajadores sanitarios trabajen donde se les necesite, cuando se les necesite y con las aptitudes adecuadas para proporcionar el nivel máximo de salud para las personas.» 
Espero que lo logremos. 
. Señor Presidente, me han impresionado mucho las apasionadas intervenciones sobre esta cuestión tan importante. 
El proceso encabezado por la Comisión para desarrollar una respuesta de la UE a las crisis de recursos humanos demuestra la fuerza de una mayor coordinación europea. 
El compromiso colectivo de los Estados miembros y de la Comisión probablemente tendrá un impacto mucho mayor que el de la Comisión o los Estados miembros por sí solos. 
La respuesta a la crisis de recursos humanos refleja el principio formulado en Los Estados miembros se han comprometido a incrementar los niveles globales de ayuda al desarrollo, acercándose al objetivo de dedicar el 0,7 % del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo, que aportará los recursos crecientes para un progreso acelerado. 
Pero son los esfuerzos coordinados de la Comunidad Europea los que garantizarán que el aumento de recursos se gaste de manera más eficiente, prestando un apoyo coordinado y coherente a los planes dirigidos y desarrollados por cada país. 
Creemos que una aplicación mejor coordinada y más coherente de nuestra política común europea, que refleje los compromisos suscritos en la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda al desarrollo, es el mejor medio para conseguir un aumento drástico del gasto relativo al desarrollo humano y social. 
Los Estados miembros deben dar prioridad a esta cuestión y reflejarla en nuestra política común. 
Por ese motivo, la Comisión ha propuesto un paquete de medidas concretas sobre la eficacia de la ayuda. Este paquete permitirá que la Unión Europea preste una ayuda más cuantiosa, de mejor calidad y más rápida. 
En la reunión de París sobre la eficacia de la ayuda, la Unión Europea se comprometió a aumentar la proporción de la ayuda que presta como apoyo presupuestario. 
Ese compromiso incluye el potencial de incremento de la financiación tanto para el apoyo presupuestario general como sectorial, complementado, si es necesario, por una financiación del tipo de la de los proyectos. 
Por lo tanto, las delegaciones que toman decisiones de programación para el 10º FED tienen un abanico de instrumentos de ayuda con los que responder a las prioridades definidas nacionalmente. 
Hay un margen considerable de opciones nacionales y procesos de programación nacional para centrar el aumento del esfuerzo en los sectores sanitarios o sociales mediante un apoyo presupuestario sectorial, si esto en el plano nacional. 
Ahora quisiera responder a algunas de las preguntas más específicas que se han planteado. 
Sobre la cuestión de un código de conducta, puedo confirmar que la Comisión está dispuesta a examinar el modo de desarrollar y aplicar un código de conducta europeo para la contratación ética de trabajadores sanitarios. 
Respecto a la cuestión de la medicina personalizada, que han planteado dos diputados, actualmente apoyamos un estudio sobre las posibilidades de un intento de aprovechar mejor los esfuerzos disponibles en el marco de nuestra asociación con la Unión Africana. 
La corrupción es, sin duda, un problema para el desarrollo que merma especialmente la prestación de servicios sociales clave como la sanidad. 
Como saben, coincidimos en la necesidad de abordar ese problema mediante todo un abanico de medidas. 
Mañana tendremos tiempo de sobra para mantener un debate más profundo cuando se presente el excelente informe del señor Van den Berg sobre el tema. 
Varios diputados han mencionado la cuestión del porcentaje de fondos de ayuda al desarrollo que se asigna al desarrollo humano y social. 
La mayor parte de la financiación de la Comisión se distribuye a través de la programación nacional. 
Actualmente, más de un 20 % del presupuesto de ayuda al desarrollo de la Comisión se destina a infraestructuras sociales. 
Además, la financiación general de apoyo presupuestario incluye la vinculación con el progreso medido a base de indicadores de salud y por ello es un mecanismo de apoyo y refuerzo de la priorización a escala nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Comisión aumentará el porcentaje de la ayuda al desarrollo prestada en forma de apoyo presupuestario y tratará de incrementar la vinculación entre apoyo presupuestario y progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La decisión sobre la proporción de la financiación destinada por los países al desarrollo humano y social es en última instancia una cuestión que incumbe a los Gobiernos nacionales. 
La Comisión proseguirá el diálogo político con los Gobiernos para subrayar la importancia del desarrollo humano y social para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
He recibido al término del debate seis propuestas de resolución (1) conforme al apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 2771/75 y (CEE) n° 2777/75, por lo que respecta a la aplicación de medidas excepcionales de apoyo al mercado (sector avícola) (COM (2006) 0153 – C6-0111/2006 – 2006/0055 (CNS) ). 
. Señor Presidente, en las últimas semanas y meses nos hemos acostumbrado a la frecuente aparición de artículos de prensa sobre nuevos brotes de gripe aviar. 
El último brote se ha confirmado hoy en una granja de pavos de Sajonia. 
Hemos podido seguir el desarrollo de la enfermedad en el mapa, tal y como la hemos visto extenderse de un país a otro. 
A todos nos afecta directa o indirectamente. 
Nosotros –y especialmente el sector avícola– nos enfrentamos a una verdadera situación de crisis que requiere una respuesta rápida. 
Por ese motivo nos encontramos aquí esta noche. 
Así que en primer lugar quisiera agradecer al Parlamento Europeo que haya aceptado la petición de la Comisión de un procedimiento urgente. 
Estoy especialmente agradecida al Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul, y al resto de la comisión por su rápida aportación y su dictamen sobre la propuesta de la Comisión. 
Eso es un claro ejemplo de que cuando tenemos que actuar rápido podemos hacerlo. 
Los numerosos casos de gripe aviar en la Unión Europea no nos han dejado indiferentes. 
Aunque las víctimas de la gripe aviar han sido principalmente aves salvajes, ya ha tenido un fuerte impacto negativo sobre el consumo europeo de carne de ave en muchos Estados miembros. 
El impacto sobre los precios ha variado de un país a otro, pero en general los precios han estado presionados a la baja y en algunos casos han descendido de manera significativa. 
Debido a ello, el mercado de la carne de ave se enfrenta a una situación excepcionalmente grave y muchas personas del sector aviar se encuentran en grave dificultad. 
Ya hemos actuado. 
Desde el principio de la crisis el pasado otoño, la Comisión ha hecho uso de las restituciones a la exportación con el fin de apoyar al mercado. 
Pero los efectos de dichas medidas han sido limitados, sobre todo porque nos hemos enfrentado a restricciones de la importación de nuestras exportaciones en muchos países terceros. 
Es evidente que no podemos gestionar de manera efectiva una crisis de la carne de ave basándonos únicamente en las restituciones a las exportaciones. 
Los Estados miembros también han anunciado o han tomado iniciativas respecto a la posibilidad de utilizar ayudas estatales. 
Hay un amplio abanico de posibilidades de apoyo mediante la ayuda estatal, como el rescate y la ayuda a la reestructuración para agricultores que tienen dificultades. 
Esas normas están concebidas para proporcionar un apoyo rápido y eficaz a aquellas personas del sector que realmente lo necesitan. 
A la luz de la crisis, examinaremos cualquier propuesta lo antes posible, teniendo en cuenta tanto la necesidad de ayuda rápida y la necesidad de evitar una distorsión de la competencia. 
Sin embargo, también tenemos que examinar medidas alternativas en el ámbito de la UE. 
Y por ello nos hemos topado con obstáculos debidos a la legislación vigente. 
Nuestra OCM prevé medidas que permitirían un apoyo especial al mercado en casos en los que se han impuesto restricciones veterinarias. 
No obstante, el alcance actual de nuestra OCM no permite a la Comisión actuar en respuesta a una crisis desatada por una falta de confianza del consumidor. 
Y esa es precisamente la situación en la que nos encontramos hoy. 
Por lo tanto, es preciso modificar el marco jurídico vigente para crear el fundamento jurídico de nuevas medidas de apoyo al mercado para el sector. 
Por lo tanto, proponemos ampliar el actual apoyo excepcional al mercado, tal y como se estipula en el artículo 14 de la OCM, de modo que incluya las medidas de apoyo en los casos en los que la reacción de los consumidores ante riesgos para la salud pública o la salud animal ocasione graves trastornos del mercado. 
Nuestra propuesta también implica compartir la carga financiera entre los Estados miembros y el presupuesto comunitario y solo se introduciría a petición de los Estados miembros. 
Ahora damos un primer paso. Vamos a llenar el vacío legal. 
Una vez que nuestra propuesta se adopte finalmente, los Estados miembros tendrán que presentar sus propuestas de pasos prácticos que encajen en su situación específica. 
Creemos que eso permitirá la mayor flexibilidad posible y por tanto la respuesta más eficaz a la actual crisis y a situaciones similares futuras, si surgieran. 
No hay tiempo que perder. 
Gracias a la constructiva postura del Parlamento Europeo y al rápido procedimiento que ha escogido para considerar esta propuesta, ahora deberíamos ser capaces de garantizar una adopción final en el Consejo en las próximas semanas. 
Este será un importante paso adelante en la adopción de las medidas que nuestro sector avícola solicita tan desesperadamente. 
. – Señor Presidente, esta noche estamos hablando de medidas de mercado excepcionales para una industria muy próspera en la UE. 
Tenemos cerca de cinco mil millones de pollos en la UE. 
Se trata de una industria que no está subvencionada por la Política Agrícola Común. 
Como ha dicho la Comisaria, estamos ante una pérdida de confianza de los consumidores con respecto a la carne de pollo. 
En algunos Estados miembros ha habido un descenso de ese consumo de hasta un 70 %. 
No hay duda de que tenemos que insistir en la seguridad de la carne de pollo, especialmente cuando se cocina como es debido. 
En la UE hemos recopilado medidas muy buenas para erradicar la enfermedad cuando llegue a Europa. 
Al fin y al cabo, en realidad necesitamos reducir la producción y ordenar la demanda de carne de pollo. 
Una de las ventajas del sector avícola es que el tiempo que pasa desde que se empieza a incubar un huevo hasta que el pollo está listo para comer puede ser de tan solo nueve semanas. 
Por lo tanto, es posible eliminar la producción. 
No creo que las restituciones a las exportaciones sean la respuesta a esta crisis. 
El problema es que si se introduce demasiada carne de pollo adicional en el mercado mundial –que ya está saturado– y si no se tiene cuidado con el uso de fondos públicos para subvencionarlo, puede ocurrir que la carne vuelva al mercado europeo. 
Creo que el camino a seguir es reducir la oferta y entonces intentar aumentar la demanda para volver a levantar la industria. 
No es solo el sector avícola el que sufre, sino también el sector cerealista, porque cinco mil millones de pollos comen un montón enorme de trigo. 
A fin de cuentas estoy de acuerdo con usted, señora Comisaria, en que la cofinanciación al 50 % entre los Estados miembros y la Comisión debe ser el camino a seguir. 
Creo que ese será el camino a seguir para buena parte de la agricultura en el futuro. 
. – Señor Presidente, quisiera empezar subrayando que el tratamiento dado por la Comisión a la gripe aviar ha sido metódico, controlado y eficaz. 
No obstante, por desgracia la falta de información a los consumidores, la política de comunicación y el papel de los medios, así como la falta de medidas nacionales directas, en especial medidas de control, han contribuido a que los consumidores perdieran su confianza; una confianza que, en la mayoría de casos, probablemente tardará mucho tiempo en recuperarse. 
Las repercusiones hasta la fecha en Europa han sido una reducción del 35 % en las ventas de pollo y huevos, con diferencias importantes entre Estados miembros. 
En Grecia, el consumo ha caído un 65 % en los últimos diez meses y se han acumulado 20 000 toneladas de existencias, mientras que en Francia, el principal productor de carne de ave, las existencias ascienden a 25 000 toneladas. 
La intervención de la Comisión y de los Gobiernos nacionales debe ser inmediata y la crisis del mercado debe abordarse con medidas económicas y sociales más eficaces para las explotaciones avícolas y los incubadores. 
Las consecuencias de la crisis aviar, como ha dicho mi amigo el señor Parish, también son importantes para el sector cerealero. 
Por eso, además de enmendar el artículo 14 del reglamento que establece el régimen operativo del sector de las aves de corral y los huevos, proponemos: 
-en primer lugar, el 50 % de la financiación de acciones de emergencia vinculadas directamente a medidas sanitarias y veterinarias; 
-en segundo lugar, el 100 % de la financiación con cargo a los recursos comunitarios en los casos en que la caída del consumo se deba al desplome de la confianza de los consumidores; 
-en tercer lugar, la promoción de medidas de mercado, como la concesión de ayudas a almacenes, por el periodo requerido para estabilizar el mercado y 
-finalmente, ayuda para la retirada de existencias e indemnizaciones por la destrucción de huevos y carne de ave. 
Estas medidas equilibrarán la oferta y la demanda en nuestro mercado. 
En particular, destacaría la opinión de la Comisión de que la ayuda estatal lícita también es necesaria y debe concederse, a escala nacional, a los avicultores del país y a las granjas avícolas de pequeño y mediano tamaño. 
Deben concederse al mismo tiempo ayudas comunitarias y nacionales. 
Ya llevamos retraso, con el resultado de que muchas empresas se están enfrentando al cierre. 
En Grecia habrá muchos problemas sociales, porque emplean a 15 000 personas. 
Señor Presidente, Comisaria, si me permiten hacer una broma, si los Gobiernos y la Comisión se retrasan en la adopción de medidas y la realización de intervenciones efectivas, la gripe aviar se convertirá en gripe laboral. 
. – En algunos países, la producción se ha visto afectada de forma importante, y en algunos casos incluso se ha detenido; miles de toneladas de carne de ave se han almacenado en frigoríficos, una medida costosa, y no hay mercado para su consumo. 
Por lo tanto, los productores de carne de ave se enfrentan a tiempos difíciles. 
Hay países en los que la producción de huevos y carne de ave ha sufrido muchísimo, a pesar de no haber aparecido casos de gripe aviar. 
En consecuencia, es fundamental prestar apoyo a los productores y que la financiación comunitaria para la indemnización a base de medidas de mercado se fije en el 100 %, tal y como se hizo en el caso de la fiebre porcina y la encefalopatía espongiforme bovina, dada la gravedad de la situación socioeconómica en varios países y la dificultad de garantizar la cofinanciación. 
También hemos propuesto financiar la eliminación de las aves de corral mientras el mercado esté inactivo, con el fin de compensar los costes de refrigeración. 
Asimismo, debe lanzarse una campaña informativa a largo plazo en toda la UE con el fin de recobrar la confianza de los consumidores. 
Me parece que ello también podría ser una propuesta de financiación para la Unión. 
. – Señor Presidente, me desconcierta un tanto el enfoque de la Unión Europea respecto de la alarma de la gripe aviar. 
Me parece que la UE ha hecho una montaña de un grano de arena. 
No hay nada que demuestre que la gripe aviar haya mutado y pueda contagiarse entre seres humanos. 
De hecho, hay muy pocas pruebas de que puede ser contagiada por las aves, a menos que haya un intenso contacto directo con los restos de aves muertas. 
A pesar de ello, en Gran Bretaña ha habido espeluznantes titulares sobre 320 000 posibles muertes y cuerpos enterrados en fosas comunes. 
Hoy mismo ha comenzado en el condado de Norfolk un ensayo a escala real sobre el brote de la gripe aviar, con la participación de varios cientos de personas y que lleva el dramático título de «Operación Espino». 
La teatralidad con que se gestiona la cuestión está creando una atmósfera de histeria, y la UE ha aportado su granito de arena celebrando sonadas cumbres internacionales para debatir la crisis de la gripe aviar. 
Ahora quiere destinar 5 millones de euros en los próximos cinco años a medidas excepcionales de apoyo al mercado para tratar la supuesta crisis. 
Incluso hay lo que parece ser un compromiso de reservar más fondos en 2011 sin plazo final. 
Me parece que la UE y algunos Gobiernos nacionales son culpables de generar una alarma social masiva que ha dañado gravemente a la industria avícola sin apenas justificación alguna. 
Discúlpenme por ser cínico, pero también parece ser una manera práctica de promocionar a la UE como organización que se preocupa. 
De lo que realmente estamos tratando aquí es de un virulento brote de histeria pública generada por un estallido contagioso de publicidad exagerada por parte de los Gobiernos nacionales y la Unión Europea. 
En pocas palabras, todo el mundo tiene que dejar de correr como pollos descabezados y empezar a examinar esta cuestión con cierto grado de objetividad. 
Si vamos a asignar esas grandes sumas de dinero, deben utilizarse para elaborar textos educativos que puedan distribuirse al público. 
Ese material debería informar al público de que no hay riesgo alguno procedente de un pollo cocinado de manera apropiada y que es totalmente seguro comprarlo en los supermercados y comerlo en los restaurantes. 
Dejemos de hacer una crisis de un drama. 
. 
Señor Presidente, desde el punto de vista médico parece que estamos ganando la guerra a la gripe aviar, ya que se han producido muy pocos brotes de la enfermedad y solamente se ha sabido de casos aislados en los que se han visto implicados seres humanos. 
Sin embargo, en lo que respecta a los medios de comunicación, esta cuestión se ha tratado de un modo muy insatisfactorio. 
No se ha facilitado información fiable ni objetiva sobre la amenaza de epidemia, ni sobre el modo de protegerse en caso de epidemia. 
Los medios de comunicación han hecho titulares con cada cisne que se ha encontrado muerto. 
La gripe aviar se está presentando como un nuevo jinete del Apocalipsis. 
La información que recibe el ciudadano de a pie es anecdótica, desorganizada y a menudo inadecuada. 
La acción por parte de los servicios veterinarios suele ser contraria al sentido común. 
La matanza de bandadas completas de aves domésticas parece hacerse de cara a la galería, simplemente con el fin de que se vea que se hace algo. 
No tiene mucho sentido cuando millones de aves salvajes pueden extender la enfermedad sin obstáculos. 
Por otra parte, ha habido numerosos casos de crueldad irreflexiva. 
Todos hemos visto en nuestros televisores cómo aves vivas eran introducidas en sacos que se manipulaban como si estuviesen llenos de patatas. 
Asimismo se facilitó información infundada conforme a la que también los gatos podrían transmitir la gripe aviar a los humanos. 
Esto provocó una serie de casos de maltrato de estos animales. 
Dada esta situación, no es sorprendente que el mercado de aves de corral esté dominado por el pánico y amenazado por el desastre. 
Por lo tanto, es absolutamente correcto actuar en apoyo del mercado. 
Esta acción es merecedora de todo nuestro apoyo, y también tengo en mente las enmiendas destinadas a aumentar el grado de respaldo. 
Concretamente, quisiera llamar la atención sobre la enmienda presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones destinada a aumentar el nivel de respaldo en los nuevos Estados miembros, en los que los agricultores y los ganaderos se encuentran en una situación especialmente difícil, dado que solamente son receptores de pagos directos parciales. 
El mejor modo de respaldar al sector avícola consiste en facilitar información fiable y tranquilizar al mercado. 
Es preferible que esto lo haga la Comisión Europea, ya que probablemente inspira una mayor confianza que las autoridades nacionales ante situaciones de crisis de esta naturaleza. 
La Comisión debería divulgar información clara sobre cómo se propaga la enfermedad. 
Concretamente, debería dejar categóricamente claro que el consumo de carne de aves de corral no constituye un riesgo para la salud. 
También habría que pedir a los medios que se mostrasen comedidos y evitasen generar pánico. 
Algo debemos aprender de esta crisis. 
En caso de que surjan situaciones similares en el futuro, debería facilitarse información fiable a los ciudadanos en una etapa mucho más temprana. 
– Señor Presidente, seré muy breve esta noche para intentar ganar tiempo. 
Simplemente quisiera agradecer a la Comisión su rápida actuación la semana pasada en relación con la propuesta del Consejo. 
El Parlamento ha demostrado ser igualmente eficaz y si todas las instituciones se ponen a ello, está claro que podemos tomar las decisiones correctas en ocho días para responder a catástrofes naturales y ayudar a las víctimas. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con todos mis colegas de la Comisión de Agricultura, y hemos hablado mucho ya de la gripe aviar. 
Por una vez hemos sido rápidos y no se podrá decir que los afectados tengan que esperar para cobrar las indemnizaciones por culpa de Europa. 
Señor Presidente, miraba distraída al señor Daul, que se ha expresado muy bien y en poco tiempo; ojalá pudiera hacer yo lo mismo. 
En cualquier caso, señora Comisaria, yo también quería felicitar a la Comisión por su rápida reacción ante los problemas que está sufriendo el mercado de carne de aves y huevos. 
También es verdad que nosotros hemos reaccionado con esa urgencia que se nos solicitó para poder modificar estos dos Reglamentos y que la Comisión tenga base jurídica para poder actuar. 
Pero, señora Fischer Boel, esta crisis, como usted ha dicho, no está provocada, de momento, por la aparición de una epizootia, que en la mayor parte de los Estados miembros no ha aparecido, y tampoco existen, de momento, restricciones al movimiento de aves dentro de la Unión, sino que, como usted precisó muy bien, se debe a una pérdida de confianza del consumidor y la consiguiente caída del consumo. 
En este sentido, señora Comisaria, estamos ante una situación compleja que no ha hecho más que empezar, pero que se parece muchísimo a las dos crisis de mercado sufridas por la carne de vacuno tras la aparición de la EEB. 
Y en las dos ocasiones, Comisaria, las medidas de apoyo del mercado se tomaron a nivel comunitario y se financiaron al 100 %. 
Por eso, desde mi Grupo hemos presentado dos enmiendas a la propuesta de la Comisión en ese sentido. 
Aceptamos la cofinanciación al 50 % para las medidas de carácter sanitario, pero solicitamos que las medidas de apoyo del mercado frente a la crisis producida por la pérdida de confianza de los consumidores tengan carácter comunitario y, consiguientemente, sean financiadas al 100 % por el presupuesto europeo. 
Señora Comisaria, pensamos, como he dicho, que plantear este mecanismo de cofinanciación —aportaciones de los Estados miembros para medidas que siempre han tenido carácter exclusivamente comunitario— crearía un grave precedente dentro de la PAC y podría poner en riesgo el principio del mercado único. 
Señor Presidente, la Unión Europea tiene una vasta experiencia en la superación de situaciones de crisis. 
Ha aplicado medidas excepcionales para respaldar al mercado en numerosas ocasiones en el pasado, especialmente en relación con la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa. 
Ahora nos ha tocado enfrentarnos a la gripe aviar. 
No debemos subestimar la importancia de las aves de corral en el sector alimentario. 
Es esencial introducir medidas excepcionales. 
Lo que queda por decidir es el alcance de la ayuda y el volumen de los fondos. 
La práctica ha variado hasta ahora. 
La Comunidad ha cubierto distintos porcentajes de las pérdidas sufridas por los Estados miembros, que por lo general han sido del 50 % al 100 %. 
El reglamento que tenemos hoy ante nosotros también establece un importante apoyo al sector avícola. 
Las conversaciones no oficiales indican que existe un firme apoyo a la propuesta de que la Comunidad reembolse el 50 % de los costes asumidos por los Estados miembros. 
Sin embargo, lamentablemente, igual no equivale a justo, especialmente dado que los antiguos Estados miembros son receptores del 100 % de los pagos directos a la agricultura, mientras los nuevos Estados miembros apenas reciben el 30 %. 
Por ello considero que debería adoptarse un principio por el que los Estados miembros que perciben el 100 % de los pagos a la agricultura reciban un reembolso del 50 % de los gastos sufridos, y los países que no reciben pagos completos que financian la agricultura de sus propios presupuestos deberían recibir al menos el 75 %. 
Debemos ser coherentes. 
O nos limitamos a hablar de una Europa de la solidaridad o nos ponemos a crearla. 
Si pretendemos crear una Europa de la solidaridad, esta debe manifestarse en términos sociales y económicos. 
Por lo general, la gente demuestra de qué pasta está hecha en situaciones difíciles, dramáticas y catastróficas. 
A menudo se dice que el valor de una persona se mide mejor por la medida en la que está dispuesta a compartir con otros. 
Por lo tanto, la Unión de naciones y Estados será juzgada según el grado en que garantice la justa distribución de costes e ingresos, así como el grado de solidaridad y justicia que demuestre. 
Señor Presidente, últimamente hemos oído hablar casi a diario de la gripe aviar. 
Realmente se trata de una enfermedad que afecta principalmente a los animales salvajes, pero ¿puede limitarse exclusivamente a las aves silvestres? 
No existe una respuesta clara a esta pregunta, pero sí sabemos que la enfermedad se produce entre las aves de corral. 
El sector avícola tiene características muy específicas. 
Dentro de la Unión Europea opera conforme a los principios de mercado, y por lo tanto solamente existen oportunidades limitadas para respaldarlo. 
Por lo tanto, hay que encontrar un modo de proporcionar ayuda al sector avícola en situaciones de crisis. 
Esta ayuda debería concederse de tal forma que no infrinja los principios de mercado y solamente se aplique en situaciones excepcionales, cuando el mercado esté en crisis. 
Se pide un planteamiento más amplio, que incluya la consideración de las características especiales de la agricultura y la necesidad de intervención en determinados mercados agrícolas en situaciones específicas en las que está claro que es necesaria una intervención y ayuda externa. 
Creo que esta es una buena oportunidad de aprendizaje. 
Debemos encontrar un modo de aportar instrumentos de apoyo especiales dentro de la Política Agrícola Común con el fin de ayudar a este sector. 
– Señor Presidente, también yo quisiera aplaudir las medidas que se han propuesto esta tarde y que espero se aprobarán en la votación de mañana. 
Había que actuar, dado que en algunos países esta crisis afecta ya a muchos agricultores, por no hablar del propio sector y de todos los que trabajan en él. 
Quisiera añadir también unas palabras sobre el modo en que deben adoptarse las medidas, en particular las relativas a la gestión del mercado. 
A este respecto y como ha dicho mi Grupo hace un momento, espero, en lo tocante a la cofinanciación, que demos prioridad a una financiación europea al 100 %. 
Al margen de estas observaciones, me parece que ha llegado el momento de que Europa reflexione sobre cómo aplicamos el principio de cautela en relación con todos los problemas sanitarios o de otro tipo que pueden afectar a nuestros Estados y a todo el continente. 
Pienso, en efecto, que si Europa no asume ella misma el principio de cautela, existe un riesgo importante de que, debido a una sucesión de problemas y al hecho de que no todos los Estados poseen toda la información o no la procesan del modo más adecuado, como ha sucedido en los últimos meses, tengamos crisis que afecten a sectores enteros, industriales y agrícolas. 
Entonces pedimos a la agricultura y a la OMC, en este caso del sector avícola, que compensen consecuencias que no se pueden imputar ni a las estructuras ni al sector agrícola, sino a fenómenos de pánico, como se ha indicado con acierto y con ejemplos concretos esta tarde. 
Pienso por consiguiente que debemos dotarnos de una política global a escala de Europa para tratar situaciones de crisis y hacer que las medidas se adopten a escala europea y sean aplicables a todos. 
La crisis que vivimos es un ejemplo que debe servirnos para el futuro. 
Ha de inducirnos a una reflexión que tiene que ver con la agricultura, cierto, pero también y sobre todo con otros sectores, como la salud pública, con el objetivo de poner en práctica de ahora en adelante el principio de cautela a escala europea. 
– Señor Presidente, es bueno que estemos haciendo algo por ayudar a la industria avícola. 
Por desgracia hemos tenido otras experiencias de pérdida de confianza de los consumidores en otros productos alimenticios. 
En Irlanda no ha habido casos ni informaciones sobre aves salvajes u otras con gripe aviar, pero sí un descenso del consumo de hasta un 20 %. 
Europa ha sido acusada de hacer una montaña de un grano de arena, pero la verdad es que estamos en una situación muy difícil. 
Yo simpatizo con la Comisión. 
¿Cómo mantenemos la gripe aviar en la palestra para evitar una pandemia humana y detectar el problema en aves salvajes al mismo tiempo que tratamos de evitar que se alarmen los consumidores? 
Es un equilibrio sumamente difícil. 
Creo que los diputados a esta Cámara pueden desempeñar un papel comunicando de manera eficaz y sin pánico lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea y por qué tomamos medidas. 
Hay una enorme falta de conocimientos por parte del consumidor. 
El problema es que tenemos grandes cantidades de carne de pollo almacenada. 
Puede que las restituciones a la exportación no sean la respuesta porque los mercados nos están cerrando las puertas. 
Tenemos que gestionar las existencias. 
Mientras estén ahí, suponen un enorme problema. 
Creo que eliminar los huevos incubados es parte de la solución, pero me preocuparía que se pudiera ir demasiado lejos. 
Esperemos que esta crisis sea de corta duración y no se prolongue y que podamos recuperar la confianza y el consumo. 
Creo que eso es lo que todos intentamos hacer. 
No obstante, al sector avícola en toda la Unión Europea le complace que la UE responda. 
Parte de esa respuesta ha de ser una información precisa, clara y no alarmista a los consumidores. 
Señor Presidente, para mí ha sido un placer refrendar la iniciativa de la Comisión sobre medidas de ayuda excepcionales para el sector avícola, y estoy seguro de que muchos otros diputados también se han sentido así. 
Necesitamos un cambio y medidas decisivas. 
Aunque Europa llevaba cierto tiempo preparándose para la llegada de la gripe aviar, no conseguimos impedir que cundiera el pánico. 
Inicialmente solo se vieron afectadas las aves salvajes y cuando se confirmaron los primeros casos de infección entre aves de granja, la demanda de aves de corral cayó en picado. 
Las ventas y exportaciones se redujeron y determinados países impusieron restricciones a la importación, prohibiendo la importación de aves de corral comunitarias. 
Este pánico generalizado está siendo alimentado por los medios de comunicación, que a menudo no facilitan información fiable. 
En lugar de informar y tranquilizar al público, simplemente agravan la situación. 
La gripe aviar de por sí no constituye un grave peligro para los criadores. 
El principal problema son los medios de comunicación y el pánico resultante de la falta de información coherente sobre el tema de la Unión Europea. 
Celebro el hecho de que la Comisión haya propuesto medidas excepcionales de apoyo a la comercialización para el sector avícola con el fin de que afronte la pérdida de confianza de los consumidores en este sector. 
Sin embargo, la propuesta de cofinanciar el 50 % de los costes puede tener un efecto negativo sobre la competencia dentro de la Unión Europea y constituir un paso hacia la renacionalización de la Política Agrícola Común. 
También deberíamos recordar que las enfermedades no conocen fronteras, lo que significa que una cepa especialmente virulenta de gripe aviar puede extenderse fácilmente más allá de las mismas y convertirse en un problema no solo para un país, sino para la Comunidad en su conjunto. 
En estas circunstancias se debería garantizar una ayuda del cien por cien. 
Es la forma correcta de tratar este tema. 
La financiación parcial no conseguirá nada. 
Se requiere una acción decisiva en el ámbito europeo. 
La Asamblea recordará que en el caso de la EEB se proporcionó una financiación del 100 %. 
¿Por qué no propone condiciones similares la Comisión en el caso de la gripe aviar? 
Cabe añadir que la propuesta de la Comisión que se está debatiendo es simplemente una serie de medidas temporales que solamente pueden establecerse por un período de tiempo limitado. 
Estas no garantizan la estabilidad de los mercados en situaciones excepcionales a largo plazo. 
Por lo tanto, hace falta un nuevo sistema de seguro cohesivo, como se ha dicho repetidamente en la Asamblea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por estar esta noche aquí y, sobre todo, quisiera expresarle mi profunda satisfacción por la rapidez con la que la Comisión ha abordado este tema, que creo que es importante para todos, consumidores y productores, en la Unión Europea. 
Me alegra que se hayan dado cuenta del descenso de los precios y también del descenso del consumo que estamos observando en la Unión Europea. 
Me alegra, porque los consumidores están perdiendo confianza, ante la posibilidad de ser contagiados de una enfermedad que todos sabemos que no puede contagiarse de este modo. 
Sin embargo, la pérdida de confianza puede llevarles a dejar de consumir un producto como los huevos o el pollo, lo que, desde luego, es una muy mala noticia. 
Creo que hay que distinguir entre las medidas veterinarias y las medidas de mercado. 
Ustedes proponen una medida de mercado que, por primera vez, deciden que sea confinanciada. 
Pues bien, aquí les retiro mi felicitación: me parece insuficiente el 50 %. 
En el año 1997, con la EEB, usted recordará que se pagó un 100 %. 
Con la fiebre aftosa también se hizo lo mismo. 
Por tanto, este es un primer precedente de cofinanciación de medidas de mercado que, como ha dicho el colega, puede traer desajustes en el mercado, distorsión de la competencia, una renacionalización encubierta de la Política Agrícola Común, que puede traer muy malos resultados para todos, incluidos los escépticos ante la Política Agrícola Común, porque una renacionalización conllevaría mucho más proteccionismo del que ahora ya les parece que es bastante. 
Creo que han de reflexionar aquellos que son escépticos ante la Política Agrícola Común actual. 
Por tanto, creo que no se debe cofinanciar y, desde luego, hemos presentado una enmienda, que espero que mañana apoye el Pleno de esta Cámara. 
Dependerá de los Gobiernos que se pida o no esa subvención. 
Si fuera al 50 %, ya habría en muchas ocasiones algunos Gobiernos que tardarían mucho en hacerlo. 
A mí me parece que el problema de fondo es que no hay dinero, ni para financiar ninguna medida de urgencia ni para financiar la Política Agrícola Común, porque, en el fondo, lo que hay es un pésimo acuerdo, y para el futuro muchísimo peor, con las perspectivas financieras que se nos avecinan. 
¿Hace falta dinero? 
Pues los Gobiernos, en el Consejo, han de ponerlo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la pérdida de ingresos de los agricultores del sector avícola derivada de la pérdida de confianza de los consumidores podría ascender al 50 % o 60 %. 
Ante esta situación, la Comisión propone modificar los reglamentos por lo que respecta a la aplicación de las medidas excepcionales de apoyo al mercado. 
Los operadores que has sufrido a resultas de una reacción emocional de los consumidores esperan esas medidas, y felicito a la Comisión por actuar rápidamente. 
Pero intentar aumentar el volumen de las exportaciones para hacer frente al déficit actual de consumo interior es contrario al principio de soberanía alimentaria. 
Por otro lado, ¿es razonable preconizar, como hacen algunos Estados miembros, la destrucción de aves sanas para regular la oferta? 
Eso beneficiaría a las grandes empresas que se han deslocalizado a Brasil. 
Quiero subrayar que las medidas cautelares necesarias que tomamos con razón en nuestros países afectan más a las granjas artesanales, preocupadas por producir aves de calidad, que a las granjas industriales, que sin embargo se benefician del apoyo complementario. 
Un ejemplo de ello son las medidas de segregación, que son restrictivas para las pequeñas granjas de aves criadas en libertad. 
Por último, recordando crisis pasadas que afectaron gravemente al mundo agrícola, como la encefalopatía espongiforme bovina en 1997 y la dioxina en 1999 –sin olvidar que estos problemas son completamente diferentes del de la gripe aviar– ¿no sería oportuno crear una comisión especial, esta vez de forma anticipada, encargada de detectar las causas de las crisis a fin de prevenirlas en vez de intentar curarlas? 
Señor Presidente, quisiera refrendar lo que ha dicho el señor Daul, presidente de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y felicitar sinceramente a la señora Comisaria por la celeridad con la que no solo ha planteado un plan de acción, sino también propuestas poco ortodoxas para afrontar el problema que actualmente afecta a la industria avícola. 
Esta ha comprendido perfectamente que Europa debe retirar todos los obstáculos con el fin de afrontar esta crisis. 
De hecho, la propagación de la gripe aviar a través de aves migratorias y la amenaza del virus para las personas demuestra que la sociedad tiene motivos para detener esta enfermedad y garantizar que el sector avícola no se hunda. 
De hecho es demasiado loco que pese a la amenaza para la salud pública y la incierta propagación a través de las aves salvajes, la vacunación contra la gripe aviar para proteger al hombre y los animales siga siendo un tema tabú. 
El argumento oído en numerosas ocasiones de que la vacunación provoca problemas de ventas prácticamente se ha convertido en una profecía que acarrea su propio cumplimiento, ya que mientras Europa, como próspera comunidad de mercado, se esconda tras este argumento, la vacunación mundial seguirá tratándose como una enfermedad contagiosa. 
Retomando la propuesta, quisiera decir que hasta el momento, la Comisión Europea siempre ha tomado y basado las medidas de mercado conforme a buenos motivos, ya que de este modo el mercado común se ha visto reforzado y se ha impedido la distorsión de la competencia. 
Ahora la Comisión propone cofinanciar hasta un nivel del 50 %. 
Debo decir, también en nombre de mi partido, la CDA, que en esta materia la Comisión, dado su limitado margen de maniobra financiero, probablemente ha elegido la mejor opción al decidirse por la cofinanciación. 
Sin embargo, quisiera solicitar a la Comisión que haga promesas firmes con el fin de evitar la distorsión de la competencia entre los Estados miembros. 
Al CDA también le gustaría ver cómo este reglamento ayuda a los países que utilizan las vacunas y sufren pérdidas en el mercado a amortiguar las consecuencias, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado una enmienda en este sentido, que espero reciba el respaldo unánime de esta Cámara. 
– Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la señora Comisaria por su resistencia. 
Lleva toda la tarde escuchando un persistente malentendido en el que insisten excesivamente los diputados de esta Asamblea. 
La Unión Europea no es una compañía de seguros. 
En los casos en que los empresarios asumen riesgos, deben y pueden contratar seguros. 
Cuando Francia sufrió la plaga de la fiebre aftosa, el Gobierno francés proporcionó préstamos blandos con bajos tipos de interés y posteriormente la industria ganadera pagó los daños que habría sufrido mediante un fondo para catástrofes que había establecido por su cuenta, y así es como deberían ser las cosas. 
No podemos responsabilizar a la Unión Europea por todos los daños sufridos por un sector, sea cual sea su actividad. 
Si se carece de un sistema asegurador sólido en la avicultura, no tendremos más remedio que tomar medidas. 
Esta es la única opción posible para la Unión Europea. 
Sin embargo ¿qué medidas puede adoptar? 
No puede impulsar las ayudas a la exportación, ya que sería un escándalo. 
Sería inaceptable trasladar nuestro problema a los países en desarrollo. 
Esto también distorsionaría el mercado mundial y es contrario a las negociaciones y acuerdos dentro de la OMC. 
En caso de que se produzca una crisis, lo que se puede hacer es animar a los Estados miembros a que concedan a los avicultores créditos blandos del tipo que he mencionado. 
Analizando la medida por la que aboga la Comisión, en cierto grado entiendo sus motivos, pero considero que en primer lugar debemos demandar que exista un sólido sistema de seguros para los propios avicultores, ya que entonces los emprendedores respaldarán su propia responsabilidad, de lo cual podrán estar orgullosos. 
La Comisión actuó de forma correcta, sensata y oportuna. 
Contamos con una Comisaria excelente. 
Mientras usted sea Comisaria, la agricultura europea estará en buenas manos. 
El consumo de aves de corral se ha reducido un treinta por ciento en la Unión Europea, pero en Hungría solamente se ha reducido un quince por ciento, ya que el Gobierno ha adoptado medidas firmes para ganarse la confianza de los consumidores. 
Estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
Esta ha aceptado un plan excelente para las medidas de mercado. 
Considero que el marketing y la recuperación de la confianza de los consumidores, como han señalado varios diputados a esta Asamblea, incluido el señor Daul, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, son al menos igual de importantes. 
Por lo tanto, respaldo plenamente el informe y estoy de acuerdo en que debemos ayudar a los avicultores europeos. 
Asimismo estoy de acuerdo con la cuestión de la cofinanciación, ya que nosotros, los nuevos Estados miembros, ya la hemos experimentado: cofinanciamos los pagos directos a un tipo del treinta por ciento anual, y creo que también es justo aplicar la cofinanciación en esta cuestión. 
Por lo tanto, respaldo plenamente los esfuerzos realizados por la señora Fischer Boel, y quisiera manifestar una vez más mi agradecimiento en nombre de los avicultores europeos y húngaros. 
. Señor Presidente, quisiera empezar agradeciéndole sinceramente el amplio apoyo que nos ha prestado respecto a este cambio de la OCM. 
Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre las 23 enmiendas. 
En las enmiendas 1, 2 y 22 se solicita una lista de las distintas medidas de apoyo que deben incluirse en el reglamento del Consejo. 
Como he dicho anteriormente, es importante conceder cierta flexibilidad a los Estados miembros. 
Deberían decidir por sí mismos las herramientas que quieren utilizar. 
No quiero atarles las manos, pero he dicho claramente que es importante que intentemos abordar los problemas en las fases anteriores del proceso productivo. 
Pero en última instancia lo dejo en manos de los Estados miembros. 
Algunas de las medidas incluidas en las distintas enmiendas van en la misma dirección. 
No obstante, quisiera mencionar una de ellas, relativa a la financiación de una campaña informativa; de hecho, de hecho pertenece a un marco jurídico totalmente distinto. 
Por lo tanto, creo que algunas de las otras medidas propuestas merecen ser examinadas con más detalle. 
Una vez más, debo subrayar que el objetivo de este cambio de reglamento es intentar llenar el vacío legal que hemos observado y permitir entonces que los Estados miembros sugieran las distintas posibilidades que consideran más eficaces para ellos. 
Por lo tanto, a la vez que estoy bastante de acuerdo con algunas de las medidas que se han propuesto, no puedo aceptarlas o introducirlas en el reglamento tal como se pretende. 
Algunas de sus Señorías han mencionado la cofinanciación, que se propone en 11 de sus enmiendas. 
Hemos tenido la posibilidad de debatir esta cuestión en varias ocasiones cuando modificamos nuestro reglamento sobre medidas de mercado excepcionales. 
La Comisión considera que la cofinanciación de las medidas de apoyo al mercado es un modo importante de garantizar que los Estados miembros asuman su parte de responsabilidad sobre la gestión de las distintas crisis relacionadas con cuestiones de salud. 
Utilizamos este tipo de cofinanciación en relación con nuestras medidas veterinarias, y tenemos más de diez años de experiencia en la cofinanciación de medidas excepcionales de mercado relacionadas con este ámbito. 
No es el momento de cambiar este enfoque y por lo tanto no estoy en condiciones de aceptar dichas enmiendas. 
Respecto a la campaña informativa que se solicita en las enmiendas 1, 2, 16, 17 y 22, no es el tipo de medida que encaja con esta propuesta. 
No obstante, existe un reglamento del Consejo sobre la promoción interna de los productos agrícolas europeos y he pedido a mis servicios que preparen una enmienda al reglamento vigente de la Comisión, para que la promoción genérica de la carne de ave pueda acogerse a financiación europea. 
Sería una pérdida de dinero comenzar una campaña de promoción en este momento, pero puedo garantizarles que llegado el momento todos los aspectos jurídicos estarán resueltos para que podamos actuar de inmediato. 
Respecto a las enmiendas 8, 9 y 23, no creo que sea necesario excluir ciertas medidas por motivos de bienestar animal. 
El sacrificio de animales no es una prioridad en las medidas previstas y la Comisión propondrá medidas en consonancia con las distintas normas de bienestar animal. 
Tampoco puedo apoyar la enmienda 7 sobre restituciones a la exportación. 
La Comisión utiliza el instrumento de restitución a la exportación de manera prudente, teniendo en cuenta las distintas responsabilidades que tenemos al amparo de nuestros compromisos internacionales respecto a este instrumento. 
En cuanto a los préstamos blandos, en este momento no excluyo ninguna propuesta nacional potencial, siempre que no destruya la competencia o la distorsione. 
Eso está muy claro, y puedo prometer –como ya es el caso– que actuaré lo más rápidamente posible ante cualquier propuesta que los distintos Estados miembros pongan sobre mi mesa. 
Respecto a la vacunación, los Estados miembros que se planteen una política de vacunación deberían examinar detenidamente las posibles consecuencias que dicha medida podría tener en su comercio internacional. 
En mi opinión, los problemas comerciales creados por la vacunación no pueden justificar el uso de medidas excepcionales de apoyo al mercado basadas en el nuevo artículo 14. 
Permítanme abordar el artículo 14 del texto legislativo vigente del Consejo, que ha sido objeto de una pregunta: los Estados miembros garantizarán que cuando los productores contribuyan al gasto soportado por los Estados miembros, esto no ocasione una distorsión de la competencia entre productores de distintos Estados miembros. 
Simplemente quiero subrayar que este fue el texto que incluimos en el debate que celebramos el año pasado sobre la cofinanciación. 
Finalmente, en cuanto al procedimiento: la rápida tramitación de esta propuesta por parte de la Unión Europea es otra señal de su credibilidad como interlocutor útil para atajar los problemas que pueden surgir en el sector agrario. 
Una vez más, ha sido un gran placer para mí trabajar con ustedes. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Cornillet, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2005 [2005/2104 (INI) ] (A6-0063/2006). 
. – Señor Presidente, el informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005 está inscrito en efecto en el orden del día. 
No entraré en los detalles del informe, sino que me limitaré a hacer referencia a dos sesiones, la de Bamako en abril de 2005 y la de Edimburgo en noviembre de 2005, sin olvidar la próxima sesión, que tendrá lugar en Viena en junio de 2006. 
Quisiera resaltar a este respecto en esta Cámara hasta qué punto vale la pena que las sesiones organizadas en Europa se celebren, como sucedió este año, en el país que ostenta la Presidencia. 
En efecto, parece del todo lógico mantener y perpetuar este sistema, adoptado hace dos años. 
Quisiera destacar asimismo la gran participación de nuestros colegas de los países ACP, y debemos felicitarlos por ello. 
Paralelamente, hemos llevado a cabo seis misiones conjuntas, y permítanme insistir por primera vez –pero no por última– en el adjetivo «conjunto». 
En efecto, es esencial que tanto la Asamblea Permanente como las misiones compartan una visión conjunta de las cosas. 
Lo contrario no tendría ningún sentido. 
Quisiera señalar también que se han celebrado votaciones transversales cada vez más numerosas entre los países ACP y la representación de la Unión Europea. 
En mi opinión, la práctica de las cámaras separadas debe utilizarse lo menos posible sin por ello suprimirla de nuestro Reglamento. 
Dicho esto, es cierto que el objetivo a largo plazo sería organizar cada vez más votaciones que permitieran asegurar una mayoría ACP-UE. 
Por otra parte, parece que nuestros colegas de los países ACP se implican menos en lo yo llamaría un plano «intelectual». 
Con esto quiero decir que hemos convenido con ellos que lo que para nosotros es un gasto –en realidad, el gasto de la UE, que constituye el presupuesto de la ACP–, representa para ellos un ingreso. 
Por lo demás, tienen cada vez más clara la necesidad de un control parlamentario en estos dos niveles. 
A este fin, nosotros mismos pedimos la inclusión del FED en el presupuesto, con objeto de garantizar un control parlamentario sobre el empleo de ese gasto comunitario, pero, paralelamente, es necesario que los Parlamentos de los países ACP también sometan a control parlamentario lo que consideran un ingreso. 
Debemos lidiar una batalla conjunta para que se reconozca la necesidad vital de un control parlamentario. 
Por lo que respecta al futuro de la ACP, celebro la modificación introducida en el Acuerdo de Cotonú. 
El presupuesto del décimo FED asciende ahora a 22 682 millones de euros. 
En esta Cámara ya nos hemos quejado de este importe, que no responde a nuestras expectativas de 24 000 millones de euros. 
La Presidencia austriaca nos ha respondido. 
Y no dudo que mis colegas, dentro de un momento, volverán a abordar el tema para pedir un reajuste. 
No se trata de repetir indefinidamente las mismas cosas, pero esperamos respuestas más enérgicas que las que se nos han dado. 
También el excedente del FED representa un problema. 
Asciende a día de hoy a casi 11 000 millones de euros, lo que plantea naturalmente cuestiones relacionadas con el procedimiento y la ambición de los proyectos tratados, porque es imperdonable que no se hayan gastado 11 000 millones de euros en países con necesidades tan clamorosamente evidentes. 
¿Cuál es el futuro del FED? 
Si cumplimos nuestros compromisos políticos en 2010 y conseguimos consagrar el 0,56 % de nuestro PIB a la ayuda al desarrollo, la Unión Europea concederá 50 000 millones de euros más al año a este presupuesto, aun cuando se había comprometido políticamente a consagrar solo la mitad de ese importe a África, es decir, 25 000 millones de euros. 
Está claro que si esta política se respeta, la ayuda adicional disponible equivaldrá de hecho a un presupuesto anual del FED. 
Sin embargo, si estudiáramos cómo se gasta ese presupuesto, solo se plantearían preguntas. 
Por otra parte, me pregunto por la parte de la ayuda a los países en desarrollo que será gestionada por la Unión Europea y que será del orden del 20 %. 
En este caso, aunque la palabra sea quizás un poco fuerte, el FED quedará relegado al rango de instrumento menor de la ayuda. 
Se plantea pues de forma más acusada aún el problema de su inclusión en el presupuesto, absolutamente necesaria y en el plazo más breve posible, así como el de su «fungibilidad» , es decir, la posibilidad de conceder a proyectos regionales muy ambiciosos, como las infraestructuras ferroviarias, un lugar en el dispositivo general de acción de la Unión Europea. 
Esto permitiría garantizar la coordinación entre los países miembros y la Unión Europea. 
El FED puede convertirse en esa palanca de coordinación y la Asamblea Parlamentaria Paritaria en un elemento de control específico, sabiendo que todos los países menos avanzados del mundo son miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Por último se plantea ante todo el problema de la comprensión de la acción de la Unión Europea. 
Lo que calificaba hace un momento de gastos comunitarios asignados a la ayuda al desarrollo, son aportados por nuestros contribuyentes. 
A este respecto, la acción debe ser clara, porque no conviene que los populistas se apoderen de las cifras que les he anunciado para exclamar: «¿Pero qué diantres hacen ustedes con todo ese dinero?» 
Necesitamos, por tanto, que este asunto se vea y se entienda desde una perspectiva política. 
Señor Presidente, el ponente ha presentado un excelente informe sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Ha resumido muy bien las recientes actuaciones de la Asamblea. 
De hecho, se está convirtiendo en un pilar parlamentario cada vez más sólido de la cooperación ACP-UE. La creación de las comisiones permanentes y la elaboración conjunta de informes por parte de los diputados a la Asamblea de los países ACP y de la UE han ocasionado contactos más frecuentes e intensos entre parlamentarios. 
La Asamblea se ha convertido en un foro maduro en el que las cuestiones que preocupan a los parlamentarios de los países ACP y de la UE se abordan en un debate abierto en que surge un amplio consenso respecto a muchas cuestiones de desarrollo y en que las votaciones por cámaras separadas han pasado a ser una rara excepción. 
Este marco ha permitido que la Asamblea debata y logre acuerdos en una amplia gama de cuestiones, que incluyen la gobernanza, las finanzas y el comercio. 
Esta resolución solicita que la Asamblea organice reuniones entre diputados de la UE y los países ACP en el ámbito regional o subregional para reforzar la integración regional y fomentar la cooperación entre Parlamentos nacionales. 
La Comisión está dispuesta a contribuir al éxito de dichos acuerdos. 
En conclusión, quisiera subrayar que la Comisión comparte su opinión sobre el papel de la Asamblea como modelo de cooperación. 
Mi colega el señor Michel ha participado en todas las Asambleas celebradas desde que asumió su cargo. 
El Comisario Michel también espera asistir a la próxima Asamblea, que se celebrará en Viena el mes de junio de este año. 
. – Señor Presidente, para empezar permítame expresar mi más sincero agradecimiento al señor Cornillet por su exhaustivo informe sobre nuestras actividades durante el año pasado, en muchas de las cuales he participado por supuesto como primer Vicepresidente europeo de la Asamblea. 
También quisiera expresar mi agradecimiento a nuestras dos copresidentas –la copresidenta europea, señora Kinnock, que hoy está aquí con nosotros y, aunque esté ausente, la señora Hay-Webster– por su gran dedicación durante el último año, que ha sido ejemplar. Esperamos que continúen con su trabajo. 
El principal objetivo de la Asamblea Parlamentaria es reforzar la dimensión parlamentaria del Acuerdo de Cotonú. 
Las numerosas cosas que hacemos juntos tienen por objeto ayudar a nuestros homólogos a adquirir influencia en sus propios países y ganar la misma confianza en sí mismos que nosotros hemos conseguido con los años a la hora de tratar con nuestros Gobiernos y el poder ejecutivo. 
Nuestras experiencias comunes y nuestros viajes juntos a diversos lugares han hecho que compartamos conclusiones, por ejemplo respecto a la reforma de la organización del mercado del azúcar. 
Es muy positivo que la Comisaria de Agricultura esté hoy aquí con nosotros, ya que conoce las cifras al dedillo y sabe qué estamos haciendo en Europa por paliar el efecto de la reforma de la organización del mercado del azúcar y, en comparación con ello, lo poco que está disponible para los países implicados. 
Es evidente que nuestra reforma afecta directamente a estos países, dos de los cuales –Guyana y Jamaica– he visitado personalmente. 
En Guyana podemos contribuir sin quererlo a la desestabilización de todo un país si no paliamos el efecto de nuestra reforma pagando una compensación suficiente a este país. 
Hay otro aspecto importante que me gustaría destacar. 
Solicitamos a la Comisión que dedique una parte adecuada de los fondos europeos de financiación del desarrollo a la educación política de los parlamentarios y otras personas que ocupan puestos de liderazgo, ayudando a desarrollar en estos países el tipo de cultura política que reforzará a largo plazo la gobernanza responsable. 
En conclusión, quisiera mencionar el contacto oficial que establecimos con el Parlamento Panafricano a finales del pasado año, cuando pude mantener consultas, en nombre de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, con la señora Hay-Webster, y desde entonces he asumido el cargo de presidente de esta delegación. 
Es importante que fomentemos en África la conciencia de que el continente comparte un destino común, así como del importante papel que puede desempeñar el Parlamento en este sentido. 
. – Señor Presidente, el informe de mi colega, el señor Cornillet, ilustra la calidad del trabajo efectuado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005. 
La APP es un espacio de diálogo político permanente que tiende a convertirse en instrumento de prevención, resolución de conflictos y apoyo al proceso democrático. 
La función de la APP es, pues, muy valiosa en el marco de los Acuerdos de Cotonú. 
Es un instrumento único para el diálogo entre el Norte y el Sur. Y en el futuro debe trabajar más eficazmente, en particular en las situaciones de crisis grave, como en Darfur, a condición de que se le den los medios. 
Este aspecto es, en primer lugar, responsabilidad de la Unión Europea, que debe dar prioridad política a esta cooperación con los países ACP, respetando sus compromisos en las negociaciones en curso sobre el importe del décimo FED y dejando por fin de quitar con una mano lo que da con la otra, como ilustra la reforma del azúcar. 
Concediendo por fin a la APP el respeto político que merece, inscribimos definitivamente en la práctica lo que se menciona en el Acuerdo de Cotonú, es decir, que la Asamblea debe reunirse en Europa en el país que presida la Unión. 
No recibamos a nuestros socios ACP con desgana, pues daríamos una muy mala señal política. 
Pero también es responsabilidad de la propia APP. 
Esta debe avanzar en su reforma y en sus métodos de trabajo, y el próximo paso podría concretarse en las conferencias regionales. 
Podríamos fijarnos este objetivo de aquí a principios de 2007. 
Por último, nosotros, los miembros de la APP, tenemos también una responsabilidad política, absteniéndonos por ejemplo de recurrir a la votación por cámaras separadas, que no solo es una negación del carácter paritario, sino también un modo utilizado con demasiada frecuencia para desbaratar el resultado de una votación. 
Encuentro todo esto en el informe Cornillet y considero por tanto que constituye, para nosotros, un plan de trabajo para 2006. 
. – Señor Presidente, el modo de ayudar a los países de África y otras zonas del mundo en desarrollo es un factor clave para asegurar un mundo más próspero y por lo tanto más estable. 
Lo que África necesita en concreto es respeto del Estado de Derecho, respeto del Derecho contractual y protección de la propiedad privada. 
En estas circunstancias habrá desarrollo económico y prosperidad. Esto es muy difícil de lograr cuando muchos Gobiernos son socialistas o casi socialistas o simplemente cleptocracias. 
Lamentablemente, la historia de la ayuda internacional a estos países es una historia de despilfarro, malversación y corrupción. 
Si la UE realmente quiere ayudar a estos países, no debería contribuir a consolidar sistemas corruptos con más ayuda. 
Lo que debería hacer es practicar el libre comercio y reducir los aranceles y las barreras comerciales, o mejor dicho, eliminar los aranceles y las barreras comerciales que frenan el desarrollo económico de estos países. 
– Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo de Cotonú de 2000 se estableció con la buena intención de prestar ayuda comunitaria a los Estados ACP para salir de la miseria. 
Aunque hoy por hoy su continuidad es probablemente una conclusión conocida de antemano, sigue habiendo una serie de aspectos que están mal, y voy a señalar algunos de ellos. 
Entre los Estados ACP sigue haciendo seis dictaduras: Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Sudán, Suazilandia, Cuba y Eritrea. 
Es un hecho que los dictadores de estos países constituyen un obstáculo para su desarrollo económico. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria, y en particular su Comisión de Asuntos Políticos, deben dedicarse prioritariamente a llevar una verdadera democracia a estos países. 
Al mismo tiempo, entre los Estados ACP también figuran una serie de países en los que las prácticas religiosas siguen prevaleciendo sobre el Estado de Derecho. 
La tragedia humanitaria de Darfur es una consecuencia directa de ello, entre otros aspectos. 
En algunos de ellos, los derechos de las mujeres no cuentan para nada y su mutilación –pese a lo que ya se ha hecho para combatirla– sigue siendo un hecho cotidiano. 
Fue el Acuerdo de Cotonú el que reconoció por primera vez que la corrupción era un obstáculo para el desarrollo. 
Esta sigue existiendo; todavía no se ha acabado con ella y constituye un serio obstáculo para aliviar las necesidades de las personas menos favorecidas de estos países. 
Para concluir, permítanme citar al premio Nobel de economía indio, Amartya Sen: «nunca ha habido hambre en un país democrático». 
De ello se deduce entonces que además del principio de «ayuda al comercio» , tenemos que considerar también la idea de «ayuda a la democracia». 
– Señor Presidente, señora Comisaria, creo que podemos analizar el año pasado con satisfacción, como también los acuerdos de Bamako y Edimburgo alcanzados por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
Se han aprobado buenos informes y se ha mejorado aún más la capacidad para afrontar tareas onerosas, además de la calidad del diálogo político. 
Esto es importante si queremos ayudar a instaurar la estabilidad política, que es lo que conseguimos reforzando los Parlamentos. 
Sin embargo, en última instancia lo que importa en la cooperación para el desarrollo en los Estados ACP es el concepto de responsabilización, y esto es lo que tomaremos como punto de partida para nuestro trabajo. 
Siguen siendo los propios países los que asumen la responsabilidad primaria de su propio desarrollo. 
A través del diálogo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE esperamos promover aún mas la gobernanza, la democracia y la protección de los derechos humanos, y añadiría que también me complace que se haya designado esta semana la delegación en el Parlamento Panafricano –a la que ya se ha hecho referencia–, que puede servir de instrumento adicional. 
Hoy quisiera pedir que se preste especial atención a dos proyectos que han venido desarrollándose durante el año pasado y que continuarán el año que viene: los acuerdos de asociación económica y la reforma del mercado del azúcar, que tendrán un importante impacto sobre Europa y los Estados ACP. 
Debemos ocuparnos de que ambos ayuden a situar a los Estados ACP en una posición económica reforzada, y en este sentido tendrá una importancia crucial la fluidez de la consulta con ellos, que debe implicar asimismo a sus Parlamentos. 
Esta Asamblea otorga especial importancia a la cooperación ente los Estados ACP y la UE, ya que implica a una Asamblea Parlamentaria Paritaria formada por 77 diputados a esta Asamblea y 77 diputados a los Parlamentos de dichos Estados. 
Debatimos conjuntamente y aprobamos resoluciones conjuntas en lo que constituye un sistema único y valioso. 
Lo que hace falta para que haya paz y estabilidad económica y política en estos países no es solo inversión financiera por nuestra parte, sino también inversión en contactos dedicados a la deliberación y el diálogo, con el fin de conocernos y entendernos mejor unos a otros. 
En eso nunca podremos invertir lo suficiente. 
Espero con interés la 11ª reunión que tendrá lugar en Viena en junio de este año, y espero que sea exitosa. 
Doy las gracias al ponente por su excelente informe y por el placer de trabajar con él. 
– Señor Presidente, doy las gracias al señor Cornillet por su excelente y amplio informe, que abarca todos los puntos planteados en el debate esta mañana. 
Cualquiera que haya observado nuestra Asamblea Parlamentaria Paritaria a lo largo de una serie de años, como he hecho yo durante unos 12 años, habrá comprobado un aumento muy alentador de la confianza, la madurez y, de hecho, la participación activa en cuestiones relacionadas con el comercio y el diálogo político, al que concedemos gran importancia. 
Alguien ha dicho que todo en África es terrible y que las cosas no mejoran. 
No creo que podamos decir eso. 
Hay limitaciones, pero estamos allí, trabajando con los parlamentarios de un modo excepcional al amparo del Acuerdo de Asociación de Cotonú. 
No existe otra asamblea parlamentaria norte-sur como la nuestra, que tenga esta oportunidad de presionar a favor de la gobernanza, la democracia y los derechos humanos, y eso es lo que hacemos. 
Respecto al FED, por decirlo brevemente, nos preocupa y hace algunas semanas celebramos un debate en la el periodo parcial de sesiones de Bruselas. 
A muchos de nosotros nos preocupa la situación de los países y territorios de ultramar en relación con el FED. 
Nos preocupa que no se haya considerado la entrada de Timor Oriental en la relación ACP-UE, y tenemos algunas otras preocupaciones. 
Siempre nos deja perplejos el 3 % o 4 % de gastos administrativos. 
No sé por qué la Comisión tiene que poner dinero para pagarse a sí misma por el trabajo que está realizando. 
Lo encuentro bastante raro. 
Permítanme hablar brevemente del azúcar, cuestión en la que la Comisaria ha participado directamente. 
Este fin de semana voy a África –Suazilandia– y Mauricio para examinar de nuevo las cuestiones relacionadas con el azúcar allí. 
La Comisaria debe ser consciente de que las cifras que tenemos ahora en la línea presupuestaria, que van de 130 millones de euros hasta 170 millones de euros para 2013, son mucho menores que lo que la Comisaria y otros habían prometido, que eran 190 millones de euros. 
Mi Gobierno habló de 230 millones de euros. 
Van a conseguir 1 100 millones de euros a finales del año 2013 y además la financiación se concentrará en los últimos años. 
¿Cómo puede ser sensato? 
Instamos a la Comisaria a que estudie esto e intente que sea más práctico. 
Pongan fin a esta concentración de la financiación en los últimos años e incrementen los importes de las líneas presupuestarias para estos países. 
Esta cuestión no se reduce al empleo en el sector azucarero, como debe saber la Comisaria –porque hemos hecho bastante ruido al respecto en Europa–, sino también a las demás aspectos que dependen de esta fuente de empleo y crecen alrededor de ella. 
Miles y miles de vidas están en juego en estos 18 países del Protocolo del Azúcar. 
Pueden confiar en que en la Asamblea Parlamentaria Paritaria seguiremos planteando esta cuestión. 
Estamos trabajando en ello. 
Nuestras comisiones están trabajando bien y creo que podemos decir honestamente que la Asamblea Parlamentaria Paritaria no hará más que reforzarse en los próximos años. 
Seguiremos luchando en torno al FED, al comercio y a otras preocupaciones y prioridades que compartimos con nuestros colegas parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
– Señor Presidente, hay numerosos aspectos en el informe de la delegación ACP que, como diputada, quisiera resaltar. 
Por lo tanto, no me refiero ahora tanto a la situación relativa a los Estados ACP, como a la labor de la delegación. 
En primer lugar, agradezco a la Mesa del Parlamento Europeo su decisión de autorizar que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se celebrase en Edimburgo. 
La reunión fue un éxito, y Gran Bretaña, país que ostentaba la Presidencia en ese momento, así como la Ciudad de Edimburgo, merecen elogio por haber organizado tan bien el evento. 
Espero que en el futuro también sea posible organizar la Asamblea Parlamentaria Paritaria en el país que ostente la Presidencia, ya que el lugar en el que se celebran las reuniones aporta un verdadero valor añadido, al igual que el hecho de que las reuniones se celebren por rotación en los Estados ACP-UE. 
También fue una experiencia excelente que los representantes de los países ACP y de la UE pudiesen participar en el Consejo de Ministros informal de cooperación al desarrollo, organizado por la Presidencia británica en octubre. 
Es de esperar que esta práctica se mantenga cuando mi país, Finlandia, asuma la Presidencia en julio. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE desempeña un importante papel en la realización del diálogo político que se establece en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. 
El objetivo es reforzar la democracia, la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. 
Es un poco un fastidio que nuestras reuniones siempre coincidan parcialmente con la semana de las comisiones. 
Para mí esto ha significado que nunca he podido estar presente en una reunión desde el comienzo hasta el final. 
No sé si otros diputados comparten esta opinión, pero creo que sería mucho más fácil salir en la semana en que celebran sus reuniones los Grupos políticos del Parlamento. 
Quizás merece la pena probar esta opción. 
Estas han mejorado la cooperación entre el Parlamento Europeo y los diputados ACP desde una fase más temprana del proceso. 
Yo misma me he dado cuenta de la viabilidad del sistema al elaborar un informe. 
– Para empezar quisiera felicitar al señor Cornillet por su informe, así como a la copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE por sus denodados esfuerzos y su dedicación a las actividades de la Asamblea. 
También quisiera llamar la atención sobre las conclusiones del Foro de las Mujeres celebrado al margen de la Asamblea, durante la última sesión en Edimburgo en el mes de noviembre. 
El debate trató el tema del tráfico de mujeres y niñas procedentes de países en desarrollo y de las regiones más pobres de Europa hacia las zonas más ricas de Europa Occidental. 
Cada año, entre 600 000 y 800 000 mujeres son víctimas del tráfico transfronterizo, una cifra que supera el número de habitantes de algunos Estados ACP, como Cabo Verde, Yibuti y las Comoras. 
El Foro de las Mujeres tendió un puente entre los países de origen y de destino. 
El debate fue animado, con una importante participación del contingente de los Estados ACP. 
En las conclusiones finales, las participantes pidieron a la Asamblea Parlamentaria Paritaria que elabore un informe para determinar las medidas necesarias para combatir este azote en todos los Estados ACP, incluidos los países europeos, africanos y del Caribe. 
Cabe señalar que el Foro se organizó al margen de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y que no hay recursos disponibles para su organización. 
Por eso solicito a los servicios del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes que estudien la posibilidad de reservar fondos para una organización tan positiva y orientada a los resultados. 
En términos más generales, el año pasado la Asamblea Parlamentaria Paritaria debatió la situación en Darfur y en África Occidental, pero no abordó la quiebra del Estado de derecho y del proceso electoral ni las graves violaciones de los derechos humanos en países de gran significado simbólico como Etiopía, donde tiene su sede la Unión Africana. 
Sin embargo, se han producido importantes avances en la lucha contra la impunidad en África; por ejemplo, el dictador Charles Taylor ha sido arrestado y llevado ante la justicia. 
Otros dictadores como Hissène Habré y el ex dictador etíope Mengistu, que actualmente residen en Estados ACP como Zimbabue y Senegal, también deben comparecer ante la justicia. 
Estos son otros casos en los que la Asamblea puede desempeñar un papel clave en el fin de la impunidad en África. 
En esta materia debo decir que sería importante que los debates fueran más auténticos. 
En ocasiones hay países ACP que actúan más como embajadores de sus Gobiernos y menos como críticos de la situación en sus países. 
Considero que como diputados al PE tenemos la obligación de encontrar la manera de respaldar a nuestros homólogos de los Estados ACP que están dispuestos a decir la verdad y de animarles a que tomen medidas para realizar el cambio y mejorar la gobernanza en sus países. 
– Señor Presidente, creo que estamos viendo madurar bien la relación con los países ACP, lo cual puede sonar a la descripción de una amante estable, pero es verdad que nos conocemos, nos entendemos, a veces nos emocionamos, a veces vemos nuestros defectos, pero ambos aprendemos a apreciar las cualidades del otro. 
Mi mensaje a los países ACP es que en principio seguimos queriendo que los delegados ACP sean exclusivamente diputados al Parlamento y no embajadores, y preferiblemente de los partidos del Gobierno y de la oposición, lo cual reflejaría mejor el equilibrio de la delegación del Parlamento Europeo. 
No estoy seguro de si un día el PE se reunirá con el PA –el Parlamento Africano, incluidos, sin duda, el Caribe y el Pacífico–, pero sin duda debemos cumplir nuestra función sosteniendo y desarrollando ese concepto de Parlamento Africano. 
Mi mensaje al Parlamento Europeo es que REACH nos ha demostrado lo mucho que afecta el trabajo de cada uno de nosotros al trabajo del otro. 
Hemos celebrado debates muy útiles en Bamako y Edimburgo, y estoy seguro de que este Parlamento tendrá en cuenta las opiniones de los países ACP. 
No obstante, a menudo legislamos por muchos motivos justificados en el Parlamento Europeo pero no oímos las preocupaciones de los países ACP porque no escuchamos. 
Por esa razón le digo a la Comisaria que los países ACP no son un asunto exclusivo de nuestro buen amigo el señor Michel: interesan a todos los Comisarios del Colegio. 
Me complace que esta Cámara se impusiera a la Presidencia del Parlamento respecto a la cuestión de dónde debería tener lugar la última APP en la Unión Europea. 
Era correcto que la situáramos en el país que tenía la Presidencia, del mismo modo que rotamos nuestras reuniones en la APP entre los países ACP. Eso brinda a los diputados ACP una oportunidad de ver distintos aspectos de distintas políticas en Europa, por ejemplo la investigación sobre la vacuna contra la malaria en Edimburgo. 
Del mismo modo, hemos aprendido muchas cosas viendo la desertización de Níger o la aplicación del fondo para la vacunación sobre el terreno en Malí, donde pudimos ver a las personas más afectadas beneficiarse del trabajo que se está llevando a cabo. 
La amenaza de pandemia de gripe y la realidad de la pandemia de gripe aviar muestran lo importante que es que sigamos trabajando juntos estrechamente –Europa y los países ACP– en nuestro beneficio muto. 
– Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al ponente, el señor Cornillet, que con su informe nos da una excelente visión general del buen trabajo realizado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Numerosos oradores han mencionado el Foro de las Mujeres que se celebra con motivo de cada reunión de la Asamblea Paritaria, y yo quisiera hacer lo mismo, ya que el debate en profundidad de los problemas económicos y políticos específicos de las mujeres de los Estados ACP es muy útil, no solo para las propias mujeres del foro, sino también para los subsiguientes debates en el pleno de la Asamblea. 
No hay más que recordar a la Asamblea el interesantísimo debate sobre la mutilación genital celebrado en Bamako (Mali) –país en el que esta práctica todavía no está proscrita por ley– cuando la discusión se prolongó durante horas e incluso conseguimos que se retransmitiese por radio. 
A continuación quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el trabajo realizado por las comisiones, que ha tenido el efecto de mejorar considerablemente el trabajo de la Asamblea ACP-UE, consiguiendo que se presenten menos enmiendas en el pleno, y cuanto mayor sea el grado de confianza entre los diputados al PE y los representantes de los Estados ACP, tanto más a menudo se alcanzarán compromisos. 
Sin embargo, quisiera reiterar algo que ya se ha dicho, a saber, que es importante pensar en la programación de las reuniones europeas de las comisiones, que se celebran en Bruselas. 
En ocasiones es realmente una vergüenza que debamos participar en votaciones en nuestras comisiones especializadas, que pueden prolongarse durante horas, y por lo tanto no podamos participar en los interesantes e importantes debates de las comisiones ACP-UE, lo cual se considera –erróneamente– una muestra de falta de interés. 
. Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores en que la Asamblea Parlamentaria Paritaria se ha convertido en un foro de diálogo aceptado y respetado. 
Las resoluciones aprobadas por esta Asamblea a veces incluso generan debates que van más allá de ese foro. 
El señor Bowis ha mencionado la resolución sobre REACH, aprobada aquí en noviembre del año pasado, que dio pie a un debate mucho más centrado sobre el impacto de REACH en los países en vías de desarrollo. 
La próxima Asamblea Parlamentaria Paritaria también promete ser interesante. Tratará cuestiones tan importantes como el papel de la integración regional en la promoción de la paz y la seguridad, la cuestión problemática de la energía en los países ACP y los aspectos sociales y ambientales de la pesca en los países en vías de desarrollo. 
Sé por mi colega, el señor Michel, que espera ansiosamente asistir a esas reuniones. 
Respecto a la cuestión del azúcar, estoy familiarizada con la cuestión de la financiación para los países del Protocolo del Azúcar. 
Ya hemos tenido este debate anteriormente. 
Solo quiero reiterar que hay 40 millones de euros disponibles en 2006. 
Lo más importante es que no olvidemos que el impacto de la caída de precios acordada en el seno de la Unión Europea no tendrá ningún efecto en los países ACP hasta 2008. 
Tienen otros dos años para intentar adaptar su producción con el dinero disponible de la Unión Europea. 
Saben que habrá fondos considerables disponibles desde 2007 hasta 2013. 
En la Unión Europea hemos demostrado que también somos responsables con aquellos países que se verán afectados por la legislación interna respecto a la necesidad –que estoy segura que todo el mundo siente– de adaptar nuestra política agrícola a un comercio más global. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha realizado un trabajo excelente profundizando nuestros lazos con los países ACP y les permite establecer un vínculo crucial con nuestras deliberaciones, especialmente cuando por fin abordamos nuestras políticas comerciales, que con demasiada frecuencia obstaculizan el desarrollo en lugar de favorecerlo. 
Escocia se situó al frente de los llamamientos al cambio en 2005, con la marcha en pro de «Hacer de la pobreza historia» en Edimburgo y la cumbre del G8 en Gleneagles en verano, y por supuesto tuvimos el placer de acoger la reunión ACP-UE en Edimburgo. 
Lo que ahora necesitamos ver es cómo los Gobiernos de nuestros Estados miembros transforman nuestras bonitas palabras en acciones y cómo hacen de la política de desarrollo no solo una cuestión de reparto de ayuda, sino de cooperación con los países en desarrollo en torno al comercio justo, en beneficio de todos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Van den Berg, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo [2005/2141 (INI) ] (A6-0048/2006). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, me complace que hoy celebremos en esta Asamblea un debate serio sobre una cuestión que no siempre es fácil de tratar en el contexto de un debate sobre cooperación al desarrollo. 
Desde el punto de vista cuantitativo, Europa es el mayor donante del mundo, pero en los últimos años ha aumentado la conciencia global del hecho de que el modo en que se hace llegar la ayuda es tan importante como su cuantía. 
La Declaración de París del año pasado sobre Eficacia de la Ayuda constituye una importante referencia para la acción en este frente y la Comisión ha respondido recientemente a la misma mediante un paquete de medidas sobre la eficacia de la ayuda que pronto trataremos en la Comisión de Desarrollo. 
Mi informe de propia iniciativa, sobre el que votaremos hoy, hace algunas recomendaciones serias sobre el modo de lograr que la ayuda sea más eficaz. 
La eficacia de la ayuda depende en gran medida de la gobernanza libre de corrupción, ya que no solo ocurre que se desvía el dinero de la ayuda, sino que la corrupción constituye también un obstáculo para el desarrollo y tiene un efecto desproporcionado sobre los miembros más pobres de la sociedad. Hace que el acceso a los servicios esenciales, como la educación básica y la atención sanitaria, sea más difícil y en ocasiones imposible. 
La corrupción es un enorme problema a escala mundial. 
Según cálculos del Banco Mundial, en un año se pagan más de un billón de dólares estadounidenses –es decir, un millón de millones– en sobornos. 
En África, el continente más pobre del mundo, la suma que de acuerdo con los cálculos que se pierde –148 000 millones de dólares estadounidenses– equivale más o menos al 25 % del PIB del continente, y la corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad y prácticamente todas las personas se ven afectadas por ella: políticos, funcionarios, medios de comunicación, empresas multinacionales y la comunidad internacional de donantes. 
La responsabilidad de la gobernanza y la ayuda eficaz la comparten la comunidad de donantes y los propios países en desarrollo; «hacen falta dos para bailar un tango». 
Por lo tanto, mis propuestas tienen que ver con lo que nosotros –la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros– podemos hacer en la práctica, a ser posible junto con la comunidad internacional. 
Mi propuesta principal se refiere a la elaboración de una lista negra de regímenes corruptos que no deberían recibir nuevos préstamos de los bancos u otras entidades financieras. 
Quienes prestaran dinero a los Gobiernos incluidos en dicha lista se expondrían al riesgo de la deuda y no podrían pedir a la comunidad intencional que los sacara del apuro. 
Esto impediría que la población se convirtiese en la víctima final de personas como Marcos, Kabila, Abacha o cualquiera de sus sucesores. 
Además, propongo que un pequeño porcentaje –el 0,5 %– de la suma pagada directamente al Gobierno de un país se abone a modo de apoyo presupuestario para los órganos de control de la sociedad civil. 
Estos grupos, pertenecientes a la sociedad civil organizada, participan en el control público de los ingresos y gastos del Gobierno desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo. 
También es necesario prestar apoyo –pagado con cargo a la misma suma– a los Parlamentos nacionales de modo que puedan ejercer mejor su labor de seguimiento junto con los órganos de control. 
Otra propuesta consiste en que las empresas de las que se conozca su implicación en actos de corrupción relacionados con proyectos en países en desarrollo deberían quedar excluidas a partir de entonces de las convocatorias europeas. 
En este caso propongo también la elaboración de una lista negra de estas empresas. 
Sin embargo, aquellas que demuestren que ha habido una mejora –por ejemplo, un cambio de la dirección– tendrían una segunda oportunidad y podrían ser tachadas de la lista. 
Por último, los Estados miembros de la UE no deben retrasar más la ratificación del tratado contra la corrupción de las Naciones Unidas, que data de 2003. 
En la actualidad solo lo han ratificado dos países: Francia y Hungría. 
Esto no puede seguir así. 
Este tratado es el primer acuerdo internacional que prevé el uso del Derecho internacional para combatir la corrupción, por ejemplo mediante la prevención y la penalización del blanqueo de dinero, la inmediata congelación de los activos financieros en bancos extranjeros y la confiscación de dichos activos en los casos en que se haya demostrado que existe corrupción. 
Estas son algunas de las propuestas que he planteado en mi informe. 
Por supuesto, solamente constituyen algunos pasos que puede adoptar Europa para afrontar el enorme problema que representa la corrupción para la sociedad, pero si la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros les damos carácter prioritario, dejaremos de limitarnos a señalar con el dedo a los países en desarrollo y confesaremos también nuestros propios pecados. 
Me interesa conocer la respuesta de la Comisión a estas propuestas prácticas, ya que, recuerden, «hacen falta dos para bailar el tango». 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al ponente su excelente informe. 
La Comisión está especialmente interesada en garantizar que la ayuda que gestiona favorezca los objetivos de combatir y en última instancia erradicar la pobreza, y a ese respecto la gestión de los recursos financieros es crucial. 
De ahí la decisión de hacer de la gobernanza en general un tema horizontal y central en la programación del 10º FED, porque la lucha contra la corrupción solo puede dar resultado si se integra en un plan más amplio de desarrollo de capacidades. 
En este contexto, compartimos la opinión del ponente, el señor Van den Berg, sobre la importancia y la magnitud del problema. La corrupción es, sin duda, un obstáculo importante para el desarrollo. 
Afecta más a los ciudadanos más pobres de los países en vías de desarrollo. 
Es responsable de la inestabilidad política y la violación de los derechos humanos y reduce la cuantía de los recursos disponibles para financiar el desarrollo. 
En segundo lugar, estamos de acuerdo en que la corrupción es un fenómeno muy complejo que ha de abordarse con una serie de medidas distintas. 
Los acuerdos internacionales son importantes y el informe indica que el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción todavía ha de ser ratificado por varios de nuestros Estados miembros. 
Tenemos que cooperar con organizaciones del sector privado y necesitamos guardianes de la sociedad civil. 
En nuestros programas de ayuda contemplamos distintas medidas de apoyo a la gobernanza, como las reformas del ordenamiento jurídico, el apoyo a Entidades Fiscalizadoras Superiores, ayuda a la sociedad civil y apoyo a los Parlamentos nacionales, que ha sido objeto de un debate en la reciente Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
Ya apoyamos a supervisores de la sociedad civil, como por ejemplo los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en algunos países. 
En tercer lugar, respecto al apoyo presupuestario, el señor Van den Berg presta especial atención al mismo, y con mucha razón, no porque sea especialmente proclive a la corrupción, sino porque es parte de la solución. 
Su gran ventaja es que aborda de manera directa una fuente importante de corrupción en muchos países, especialmente la débil gestión de las finanzas públicas. 
Nuestro apoyo presupuestario va a parar únicamente a aquellos países que muestran la clara voluntad de reformar su sistema financiero público y, al reforzar aspectos sensibles como la contratación pública, contribuye de manera significativa a la lucha contra la corrupción. 
Por otra parte, la asistencia en forma de proyectos se basa en gran medida en la contratación pública, pero no puede abordar la debilidad del sistema. 
Son ustedes conscientes del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las finanzas públicas en el marco del apoyo presupuestario a los países ACP, que apoya el enfoque adoptado por la Comisión. 
También quiero subrayar la importancia del plan de armonización, que fue el tema central del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en París el pasado mes de marzo y destaca la importancia de reforzar los sistemas de países beneficiarios de la gestión y el control financiero, que es justamente una de las cosas que estamos haciendo. 
No obstante, una nota de cautela: el apoyo presupuestario no está destinado a un sector específico, pero las medidas y objetivos específicos de reforma sectorial pueden fijar las condiciones de los fondos que por supuesto se ingresan en el presupuesto general. 
En cuarto lugar, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda también subraya la importancia de mejorar la transparencia de los procesos de contratación pública en nuestros países socios. A menudo estos procedimientos son fuente de corrupción. 
Mi último punto tiene que ver con nuestros colegas sobre el terreno. 
Uno de los objetivos clave del proceso de delegación es garantizar una supervisión más detallada de la ayuda sobre el terreno y el máximo aprovechamiento del conocimiento local detallado de nuestro personal «del interior». 
Las delegaciones pueden comprobar el uso adecuado de la ayuda. 
Además, para algunos tipos de contrato exigimos ahora auditorías externas antes de realizar el pago final, y en 2003 se introdujo un sistema exhaustivo de programación de auditorías externas que incluía las auditorías que tenían que realizar las sedes centrales y delegaciones. 
Creemos que se podría prestar más atención a las cuestiones de contratación pública y que algunas de las medidas concretas propuestas deben revisarse y seguir debatiéndose. 
. – Señor Presidente, quiero empezar felicitando a mi colega el señor Van den Berg por un informe excelente y muy útil. 
Sin lugar a dudas, la corrupción en la distribución de la ayuda al desarrollo es uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos en el intento de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Mientras crece la inquietud ante la falta de financiación de los ODM, debemos garantizar que se facilite ayuda a los países en vías de desarrollo y que dicha ayuda se distribuya de manera eficaz. 
A medida que aumentan las cuantías de ayuda cunde la preocupación de que políticos y funcionarios puedan hacer un mal uso del dinero destinado a los pobres del mundo. 
Como ha dicho el señor Van den Berg, la corrupción está extendida y afecta a todos los sectores y a la burocracia. 
Sin embargo, debemos recordar que de ninguna manera es exclusivamente un problema de los países en desarrollo. 
Un alegato común es que la ayuda no debería canalizarse a través del gobierno. 
No obstante, incrementamos el apoyo presupuestario y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria sobre el refuerzo de las instituciones para eliminar la corrupción mediante el apoyo presupuestario y la reforma del sector público. 
Es necesaria una reestructuración a fondo de la administración pública y de la gestión financiera del Estado. 
A menudo estas reformas son responsabilidad exclusiva de unos pocos funcionarios seleccionados. 
Los funcionarios de países en vías de desarrollo, que perciben salarios bajos, típicos del sector público, luchan por que sus familias no caigan en la pobreza. 
Son objeto de chantajes y a menudo tienen que recurrir al pluriempleo para complementar sus ingresos. 
¿Cómo podemos esperar que las personas apliquen las reformas necesarias si no se les paga como es debido? 
Propongo a la Comisaria que reconozcamos a unos 200 funcionarios de cada país en desarrollo como agentes clave del proceso de toma de decisiones y los incluyamos en el apoyo presupuestario. 
¿Por qué no seguimos el ejemplo de Singapur y ofrecemos unos ingresos adicionales a estos funcionarios, similares a nuestros criterios, para que no sientan la tentación de aceptar chantajes a fin de mantener con sus familias en el tren de vida al que se han acostumbrado? 
También tenemos que desregular. 
La regulación es la madre de la corrupción. 
El poder del papel empuja a la gente a pedir permisos y los permisos se buscan y se compran mediante la corrupción. 
Si desregulamos al máximo en los países en vías de desarrollo, tendremos una oportunidad de abordar este problema. 
Después de todo, la regulación se utilizó como instrumento colonial: el poder del papel en vez del soldado en la aldea para hacer cumplir los deseos del soberano imperial. 
Cuando llegó la independencia, estos países mantuvieron estos controles. 
No desregularon los controles imperiales y por esta razón la corrupción se ha hecho endémica, porque se ha ido apilando regulación sobre regulación. 
Es preciso que los Parlamentos nacionales de los países en vías de desarrollo tengan amplias facultades de investigación para indagar en la corrupción en esas administraciones. 
Vamos por buen camino. 
Felicito al señor Van den Berg por un excelente informe y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al señor Van den Berg por su excelente, oportuno e importante informe. 
La UE y sus Estados miembros aportan más de la mitad del total de la ayuda oficial al desarrollo. 
Según se decidió en el Consejo Europeo de la primavera de 2005 y en la Cumbre del G8 en Gleneagles, la ayuda internacional deberá incrementarse sustancialmente a lo largo de los próximos diez años. 
En este contexto, si queremos cumplir debidamente los Objetivos del Milenio, es preciso introducir mecanismos de transparencia para garantizar que la ayuda al desarrollo llegue realmente a las personas sobre el terreno a las que se pretende ayudar. 
Tal como afirma el informe Van den Berg, la gestión adecuada de la ayuda al desarrollo es esencial para la gobernanza de los países beneficiarios. 
Quisiera poner el ejemplo de Etiopía, donde, a pesar de ser el mayor receptor de ayuda exterior –que representa casi el 25 % del presupuesto público del país–, ha habido graves fracturas del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. 
Conforme a los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú revisado, los casos graves de corrupción pueden dar pie a consultas políticas. 
La UE no debería abstenerse de usar esta herramienta. 
Naturalmente, a medio y largo plazo es esencial promover una sociedad civil dinámica con una prensa libre y equilibrada. 
Este es el único modo en que los ciudadanos de los países en desarrollo podrán denunciar a los Gobiernos corruptos y librarse de ellos. 
En un plano más práctico, la UE debe presionar a los Parlamentos y Gobiernos de los países en desarrollo para que refuercen el control de los gastos militares. 
Los presupuestos secretos y paralelos constituyen de por sí una forma de corrupción que afecta directamente a la seguridad interior, regional e incluso mundial. 
La falta de transparencia en este terreno constituye un claro ejemplo del vínculo entre los países corruptos y arruinados y la seguridad. 
Dicho de otro modo, cuando hablamos de corrupción también estamos hablando de guerra y paz, ya que, como tal, el problema no se limita a los países en desarrollo, ya que nuestros Gobiernos de la UE y occidentales en general tienen su parte de responsabilidad. 
Los países del G8, por ejemplo, son responsables de más del 80 % de las exportaciones mundiales de armas. 
Celebro los esfuerzos realizados por los Estados miembros de la UE para garantizar la compatibilidad de las exportaciones de armas de la Unión con la capacidad técnica y económica de los países importadores conforme al código de conducta de la UE sobre exportaciones de armas. 
Es esencial garantizar que el dinero destinado al desarrollo no se desvíe a la compra de armas. 
Lamentablemente, seguimos a la espera de recibir informes detallados de los Estados miembros sobre la aplicación de las normas de este código. 
En este turbio tema de las armas, la corrupción y la violencia, Europa tiene la responsabilidad de garantizar que las armas vendidas por empresas y Gobiernos europeos lleguen a sus receptores legales, y solamente a estos, y no caigan en manos de delincuentes, milicias y Gobiernos represivos. 
La aplicación parcial de la posición común del Consejo Europeo de 2003 por parte de los Estados miembros, incluido mi país, significa que en Europa sigue habiendo lagunas jurídicas en este terreno. A menos que empecemos a ser más rigurosos con el control de las armas dentro de nuestras fronteras, será difícil luchar contra la corrupción en este terreno en los países en desarrollo. 
. – Señor Presidente, quiero felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe. 
La plaga de la corrupción no es nueva ni extraña. 
Acompaña la actividad humana desde tiempos antiguos y está extendida entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados; la única diferencia estriba en que en los países desarrollados se practica de manera más profesional y elegante, con lo cual es más difícil reconocerla. 
Así que, con una corrupción tan común y amplia, ¿qué eficacia han tenido los intentos de atajarla realizados a escala internacional? 
Me temo que no mucha. 
La cantidad estimada de un billón de dólares pagada en chantajes hoy en día no es menor que la cantidad correspondiente de años anteriores; de hecho, es mayor. 
La razón es sencilla: la corrupción no puede controlarse solo firmando convenios y declaraciones, sino aplicando estrictamente dichos convenios y declaraciones por parte de los implicados. 
A ese respecto, en el mundo desarrollado debemos dar buen ejemplo. 
Mientras juzgamos la corrupción en el mundo en vías de desarrollo, mirémonos a nosotros mismos. 
Miremos también con ojo crítico nuestra propia situación y analicémonos preguntándonos algunas cosas sencillas. 
¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite a funcionarios de máximo nivel del Gobierno de los Estados Unidos –pienso en nombres como Cheney y Rumsfeld– participar y tener supuestamente intereses personales en empresas a las que se conceden contratos multimillonarios en Iraq y Afganistán? 
¿En qué medida está libre de corrupción un país en que, como ocurre el Gran Bretaña, la mujer del Primer Ministro, la señora Blair, trabaja para una gran firma de abogados y acepta casos políticamente delicados que implican directamente y se ven afectados por decisiones políticas que toma su marido? 
¿No debería aplicarse en este caso el proverbio romano de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo? 
¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite que haya funcionarios de las Naciones Unidas y otras personas asociadas, incluido el hijo del Secretario General de las Naciones Unidas, acusados de estar implicados en escándalos relacionados con el programa de petróleo por alimentos? 
Más cerca de casa, ¿en qué medida puede considerarse que el sistema está libre de corrupción cuando los diputados al Parlamento Europeo o los miembros de otras instituciones de la UE implicados en tareas legislativas, o sus familiares cercanos, son al mismo tiempo miembros de consejos de administración o accionistas de empresas que se benefician enormemente de esa legislación? 
¿Es realmente suficiente una simple declaración de intereses? 
Por último, permítanme llamar su atención sobre dos enmiendas del señor Kristovskis, relativas al considerando N y al apartado 22. 
Estas enmiendas corrigen un error cometido en el informe original en el considerando N, en el que Chipre fue omitido de la lista de Estados miembros de la UE que todavía no han ratificado el Convenio de la OCDE de 1997. 
De hecho, Chipre ha intentado en repetidas ocasiones participar en la OCDE, pero Turquía, por motivos políticos que no están relacionados con el tema, ha bloqueado dicha participación. 
Votando a favor de estas dos enmiendas, haremos posible que Malta, Lituania, Letonia y Chipre ratifiquen el Convenio de la OCDE. 
. – Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias al señor Van den Berg por su excelente informe. 
Va a verse cubierto de laureles, lo que ya es algo. 
Está claro que la lucha contra la corrupción es absolutamente esencial no solo para la eficacia de la ayuda europea, sino también para su credibilidad. 
En efecto, ¿cómo convencer a nuestros conciudadanos o a los Estados miembros de que den más si la corrupción sigue siendo endémica? 
Es también la condición para la viabilidad de un Estado de Derecho y de una economía. 
Es, pues, un combate esencial que debemos librar de forma permanente y que se ha hecho algo más complejo con la globalización económica, debido a la facilidad con que circulan los capitales y también debido al nuevo proceso de ayuda presupuestaria en la Unión Europea. 
El ponente destaca bien todos los problemas que plantea el nuevo sistema de ayuda presupuestaria en materia de lucha contra la corrupción, así como las mayores dificultades existentes en el contexto actual, debido a la creciente presión ejercida sobre las materias primas y, en particular, sobre los escasos suministros de petróleo. 
Cabe temer por tanto un resurgimiento de los intentos de corrupción a fin de acceder a los últimos yacimientos de energía fósil, así como una escalada de los conflictos relacionados con el comercio y el tráfico de armas. 
Las armas y el petróleo son los dos grandes sectores, en la macroeconomía, en que se desarrolla un alto grado de corrupción. 
Así, el ponente insiste con razón en dos cuestiones: la transparencia y la responsabilidad. 
La transparencia es, en efecto, un elemento esencial si nos queremos hacer una idea precisa y clara de los presupuestos que se utilizan. 
En este ámbito, debemos apoyar mucho más enérgicamente una serie de iniciativas como «Publica lo que pagas» o la iniciativa de las industrias extractivas, que no obstante presentan el inconveniente de basarse únicamente en la participación voluntaria. 
Necesitamos hacer progresos en el ámbito legislativo en vez de contentarnos con la buena voluntad de los agentes económicos o políticos para publicar, si lo desean, los fondos a los préstamos que conceden a los Gobiernos afectados. 
La inclusión en el presupuesto de los ingresos petroleros y mineros es también un aspecto esencial de la transparencia presupuestaria y, por lo que respecta a la Unión Europea, debe ser una condición, de modo que no se pueda pagar una ayuda presupuestaria a un Gobierno que no publique claramente los beneficios que obtiene de las industrias petroleras, mineras o forestales. 
La opinión pública no puede entender que la Unión Europea siga ayudando a países que, normalmente, deberían disponer de un presupuesto sólido y capaz de financiar el buen funcionamiento de un Estado. 
Por último, en el informe se indica que hay que publicar también los gastos militares de un Gobierno. 
Es absolutamente necesario reforzar el papel de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil, también desde el punto de vista financiero, prestándoles un mayor apoyo que permita tanto a los Parlamentos como a la sociedad civil desempeñar el papel que les corresponde en este ámbito. 
Mi último punto se refiere a la transparencia con respecto a los donantes. 
Los Gobiernos de estos países reciben ayuda también de ciudades, regiones o Estados, en todos los niveles, y carecemos de una base de datos que indique lo que paga realmente un determinado país a un determinado Estado, región o ciudad. 
Hoy no disponemos de esos datos, y esto también alimenta la corrupción. 
Para terminar, pienso pues que debemos barrer delante de nuestra puerta, como se ha dicho, y que los asuntos de corrupción forman parte también de la actualidad de la Unión Europea. 
La cuestión del ejercicio del poder y de la financiación de la vida política se plantea tanto en el Norte como en el Sur. 
. – Señor Presidente, Señorías, creo que el señor Van den Berg ha pronunciado un discurso excelente. 
No cabe duda de que acabar con la corrupción es un objetivo capital si se quiere garantizar la eficacia de la ayuda, y el señor Van den Berg ha explicado los instrumentos necesarios para que eso sea posible: transparencia, participación y responsabilidad. 
El papel de los Parlamentos y la sociedad civil es fundamental y unos procedimientos más transparentes y la difusión de la información son cruciales. 
Se exige además una mayor presencia de todos los agentes sociales en el proceso de definición de las estrategias de lucha contra la pobreza, que aún atraen escasa participación, incluso a escala nacional. 
Por último, es necesaria una financiación específica para el seguimiento de las medidas de cooperación. 
Creo que no se puede hablar de corrupción en los países en desarrollo sin ver la otra cara de la moneda: ¿en qué medida somos responsables, nosotros los países desarrollados, de su corrupción y qué ganamos con ello? 
El señor Matsakis ha puesto ejemplos muy precisos; esto no significa en absoluto disminuir la presión sobre la corrupción efectiva de muchos dirigentes y Gobiernos de países en desarrollo y a veces también de ONG. 
La lucha contra la corrupción en los países beneficiarios debe ampliarse también a las empresas corruptoras pertenecientes a los países industrializados, y la lucha contra los «corruptores corruptos» debería llevarse a cabo en el marco de una cooperación eficaz y transparente. 
Las instituciones de los países donantes presentes en los países beneficiarios deben comprometerse a combatir el fenómeno sobre el terreno mediante la identificación de las empresas corruptoras y su destierro al país que pertenezcan, cualquiera que este sea, como ha dicho asimismo el señor Van den Berg, y han de tener el valor de actuar también cuando la corrupción anide en nuestras propias instituciones sobre el terreno. 
Además de ser un asunto moral, la corrupción tiene un coste para todos, incluidos los contribuyentes europeos. 
Desvincular las ayudas es otro aspecto crucial de la relación entre corrupción y eficacia de la ayuda. 
La ayuda desvinculada –necesaria por motivos éticos– garantiza una mayor transparencia de procedimiento en la adjudicación y gestión de los concursos, y aumentaría también el valor de las ayudas. 
Las cifras hablan claro: la ayuda vinculada determina un aumento medio de los costes de bienes y servicios del 15 al 30 %, llegando incluso al 40 % en el caso de la ayuda alimentaria. 
Sería deseable también llegar a una correcta definición de la AOD. 
Creo que la ayuda oficial al desarrollo, a menudo inflada con importantes sumas destinadas a la cancelación de la deuda, a acciones de mantenimiento de la paz, de cumplimiento de la paz y prevención de conflictos, repatriación de emigrantes y control de fronteras, no debe modificarse. 
En un escenario de este tipo, las ayudas presupuestarias pueden ser un importante canal de apoyo a los países más pobres y más endeudados, a efectos de la lucha contra la pobreza y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
No obstante, creo que es crucial –como por lo demás se afirma en el documento tripartito sobre el consenso europeo para las políticas de desarrollo– que los Gobiernos de los Estados miembros y las instituciones europeas traten de coordinarse y armonizar sus políticas, incluso en las instituciones financieras internacionales, para conseguir ser no solo los principales donantes del mundo, sino también los donantes más responsables y más incisivos a la hora de elaborar políticas que pongan fin a la espiral de crecimiento de la deuda externa en el Sur del mundo, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y, si puedo decirlo así, también a eliminar un poco de injusticia y quizás incluso guerras. 
– Señor Presidente, la solidaridad internacional y, a través de esta, la capacidad para ayudar a las personas de los países en desarrollo, es una cuestión muy importante para mí. 
Creo que la ayuda es una herramienta importante en esta lucha por un mundo mejor. 
La política de ayuda de la Unión Europea es en sí misma muy deficiente. 
Además se ve socavada por otros ámbitos políticos. 
En primer lugar, la UE tiene una política agrícola en la que se prestan subsidios absurdos a agricultores relativamente ricos. 
Esto, junto con los derechos que impone la UE a los productos agrícolas de países pobres, conduce a una situación en la que la política agrícola contrarresta activamente la ayuda. 
En segundo lugar, la política comercial de la UE hace que los países pobres se vean privados de la capacidad de entrar en nuestro mercado con sus productos competitivos. 
Un ejemplo actual e instructivo de este tipo de proteccionismo perjudicial es la reciente imposición por parte de la UE de derechos de importación sobre el calzado procedente, digamos, de Vietnam. 
En tercer y último lugar, creo que la cooperación para el desarrollo debería correr a cargo de los Estados miembros. 
Si la ayuda pretende ser lo más eficaz posible, por supuesto siempre es muy importante que los esfuerzos se coordinen. 
Sin embargo, esta coordinación debería producirse en el seno de las Naciones Unidas, donde los donantes de todo el mundo, no solo de la UE, trabajan conjuntamente para prestar una ayuda eficaz, que en la práctica comporta una reducción de la pobreza. 
Este proceso haría que los países más pobres del mundo recibiesen un trato mejor, resultado que debería ser el principal propósito de la ayuda. 
. – Señor Presidente, acojo con gran satisfacción el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo y quiero felicitarle por ello. 
La corrupción es el mayor obstáculo singular para la distribución de la ayuda a los pobres. 
Debemos preguntarnos por qué la Unión Europea sigue enviando ayuda a regímenes corruptos. 
¿Cómo podemos contemplar sin hacer nada la muerte por inanición en muchos países africanos mientras sus líderes están cargados de signos de riqueza excepcional? 
La Unión Europea debe adoptar una postura firme frente a los Gobiernos que ejercen métodos de gobernanza manifiestamente corruptos. 
Es necesaria una mayor transparencia. 
La UE es la mayor donante de ayuda en el mundo. 
La UE tiene la responsabilidad de controlar y aprobar la ejecución de la ayuda. 
Una mayor proporción de la ayuda debe canalizarse directamente a través de proyectos específicos en lugar de entregarla a las arcas nacionales de los países beneficiarios, de forma que quede absolutamente claro en qué se gasta el dinero. 
Hay que considerar seriamente la posibilidad de contar con órganos de control de la sociedad civil de los países en desarrollo y pido a la Comisión que aporte el porcentaje adecuado de ayuda presupuestaria para tales órganos de control. 
Es preciso mejorar la educación y la formación y debe aumentar el número de mujeres que acceden a un nivel superior de educación con el fin de que puedan participar más en la vida política. 
Cualquiera que haya visitado África conoce la importante función que desempeñan las mujeres allí. 
Podrían desempeñar un papel aún más importante si se les permitiera hacerlo, por tanto es un hecho que debe examinarse y promoverse. 
Uno de los asuntos más graves a los que se enfrentan los países en desarrollo es la adquisición ilícita de fondos públicos por parte de funcionarios gubernamentales que acumulan dichos fondos en cuentas extraterritoriales. 
Pido a las entidades financieras que albergan estos fondos robados que congelen o confisquen dichas cuentas. 
Conocen la procedencia de ese dinero. 
Si ingreso 10 000 euros en mi cuenta bancaria en Irlanda, el director del banco está obligado a preguntarme de dónde viene ese dinero. 
En esos países ingresan millones y nadie les pregunta nada. 
Pido que se ponga en una lista negra a los países o individuos corruptos de forma que no puedan pedir prestadas grandes sumas de dinero a los países ricos. 
Solo deberán borrarse de la lista si dan pasos significativos hacia la democracia. 
También debemos hacer nuestro propio examen de conciencia. 
Tomemos el caso de Kenia y el escándalo de Anglo Leasing. 
El señor Githongo, el zar de la lucha contra la corrupción, tuvo que abandonar el país después de sus hallazgos y ha pedido que se investigue a ciudadanos británicos en relación con dicho escándalo. 
Hay gente en Europa implicada en empresas fantasma que prestan y dan dinero a África y a cuyas actividades hay que poner fin. 
Hace unos años hubo una campaña en todos los países europeos. 
En Irlanda aprobamos una ley por la que se podía inculpar en el país de origen a personas implicadas en abusos sexuales en países del Tercer Mundo. 
Se podría introducir el mismo tipo de legislación en Europa en materia de corrupción, de forma que cualquier persona implicada en casos de corrupción o soborno de funcionarios en África u otro país del Tercer Mundo pueda y deba ser inculpada de acuerdo con la legislación de su país de origen. 
Esas son las cuestiones que debemos considerar si queremos acabar con la corrupción. 
No podemos limitarnos a echar la culpa a los pueblos africanos. 
Debemos mirarnos a nosotros mismos y considerar nuestra participación en este tipo de mecanismos. 
– Señor Presidente, Señorías, prácticamente todos los Estados ACP se encuentran entre los últimos puestos en la última edición del «Índice de Percepción de la Corrupción» , la muy utilizada vara de medir que elabora Transparency International, y ello no debería sorprendernos. 
Lo que es realmente decepcionante es ver el lugar que ocupaban estos Estados en el índice en el pasado y el que ocupan actualmente, ya que prácticamente no ha habido ninguna mejora en los últimos cinco años. 
Se trata de un buen informe y deja claro que la erradicación de la corrupción podría producir un notable aumento del producto interior bruto africano. 
Cuando se considera el hecho de que la corrupción afecta principalmente a los más pobres, se deduce que, para muchos africanos, esta marca la diferencia entre la vida y la muerte, así que afrontar la corrupción con recursos suficientes es una cuestión de vida o muerte, en vez de suponer que solamente una serie de personalidades destacadas están implicadas en ella y que por lo tanto su importancia es secundaria. 
Lo que es igualmente importante es que el apoyo presupuestario directo debe manejarse con precaución, ya que existe el riesgo de que la UE emita cheques en blanco a organismos extranjeros sobre los que no ejerce ningún control. 
Demos prioridad a la ayuda a los proyectos de las ONG que no solo son capaces de conseguir resultados palpables, sino que también estén en condiciones de garantizarlos y apliquen normas de calidad. 
– Señor Presidente, me uno a los anteriores oradores para felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe, que deja claro las muchas y diversas condiciones que pueden hacer que nuestra ayuda pierda eficacia mientras florecen las estructuras corruptas. 
Por supuesto, son principalmente las personas que viven rodeadas de lujo en estos países quienes se dedican al crimen, pero pronto salta a la vista que los fondos malversados tienen que depositarse en algún lugar, y es entonces cuando nosotros los europeos entramos rápidamente en escena. 
A menudo son nuestros bancos los que ofrecen cuentas a los dictadores en las que pueden esconder su dinero y muchas veces son empresas europeas las que actúan en connivencia con estructuras de sus países en detrimento de sus habitantes. 
Asegurémonos pues de comprobar cuidadosamente a qué se destina la ayuda presupuestaria; tengo mis dudas de si en la UE realmente podemos prestar ayuda presupuestaria a 28 países y si las estructuras de estos nos permiten hacerlo con confianza. 
Utilicemos los medios legales de que disponemos para investigar a los bancos con el fin de averiguar adónde ha ido a parar el dinero negro y, por el bien de quienes viven en estos países, asegurémonos de que regrese a ellos. 
Modifiquemos nuestra legislación para impedir que las empresas deduzcan sobornos de los impuestos como gastos de explotación, y denunciemos públicamente a aquellas que lo hacen en Europa, ya que la denuncia pública es un buen modo de erradicar la corrupción Utilicemos asimismo el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú para tomar medidas contra los regímenes notoriamente corruptos. 
Quisiera subrayar lo que ha dicho la señora Gomes sobre el tema. 
Me gustaría ver cómo a todas estas personas –y también a sus cónyuges– se les deniega el visado para viajar a Europa y hacer sus compras, gastándose el dinero que roban a su propio pueblo. 
– Señor Presidente, la eficacia de la ayuda y la lucha contra la corrupción son temas que aparecen como un hilo rojo en numerosos debates, pero especialmente en los que mantenemos desde ayer por la tarde. 
Hoy el orden de los trabajos recoge el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y sobre la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo, y quisiera unirme también a las felicitaciones y agradecimientos que se han expresado; su informe y lo que ha dicho en la introducción demuestra claramente la necesidad de combatir la corrupción e impedir que siga frenando el desarrollo. 
En un momento en que necesitamos hacernos a la idea de que hace falta aumentar significativamente el gasto en cooperación para el desarrollo, hay que hablar en serio de la lucha contra la corrupción, de forma que no pueda servir más de excusa fácil. 
La corrupción, como fenómeno, es mundial y compleja; sus causas no solo deben buscarse en los países en desarrollo. 
El Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros, de la OCDE, constituye un medio importante para abordar las conexiones entre la corrupción en nuestros países y la corrupción en el mundo en desarrollo. 
Creo que nosotros –es decir, la Unión Europea– debemos hacer todo lo posible por conseguir que Letonia, Lituania y Malta, que son Estados miembros de la UE, ratifiquen este convenio lo antes posible. 
Me gustaría decir algo más sobre el apoyo presupuestario directo. 
Existe una tendencia creciente en la Unión Europea a optar por el apoyo presupuestario directo en lugar de financiar proyectos y, pese a lo comprensible que pueda ser esto, existen numerosas dudas al respecto, que de hecho se han manifestado hoy. 
Existen dudas de si disponemos de la capacidad y el personal suficiente para garantizar el control exhaustivo que será necesario. 
– Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al señor Van den Berg por su informe, en el que le ha tocado coger una patata caliente –una de las que más queman– que hay en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
La necesidad de tomar medidas frente a ello queda reflejada en el cálculo que ha hecho la Unión Africana, según el cual la corrupción roba a las economías nacionales africanas unos 150 000 millones de dólares estadounidenses al año, el equivalente a un cuarto de su producto interior bruto. 
Quisiera comenzar con el mismo aspecto al que se ha referido el señor Gahler: destacar la necesidad de tomar medidas, aunque seamos nosotros los más duramente afectados. 
Cada año se pagan del orden de mil millones en sobornos; ¿quién los paga? 
¿Quién considera que el pago de este dinero es una inversión y lo remite a cuentas celosamente guardadas a la espera de obtener beneficios aún mayores? 
Pese a lo importante que es instar a nuestros socios a que luchen contra la corrupción y respaldarles en ello, nuestra tarea primordial debería consistir en poner fuera de juego a aquellos que, en nuestros propios países, son capaces de pagar sumas tan ingentes en sobornos y utilizarlas para arruinar a África y otras partes del mundo. 
Quisiera destacar de forma explícita el artículo 15 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conforme al cual los Estados miembros de la Unión Europea deben calificar el soborno de delito penal. 
En mi país, Alemania, hasta hace poco se daba el caso de que los sobornos podían deducirse de los impuestos, y la gente sigue sin ser castigada por pagarlos. 
En esta Asamblea deberíamos barrer primero esta mugre apestosa de nuestra propia fachada. 
Al igual que ustedes y todos los miembros de la Comisión de Desarrollo, apoyo la campaña de «publica lo que pagas» y llegaría incluso a exigir que las empresas multinacionales fuesen obligadas a publicar información sobre los pagos que hacen a los Gobiernos. 
Entre los que se benefician de los sobornos y a cuyas actividades debemos poner fin se encuentran los bancos que ofrecen servicios para llevar a cabo este tipo de transacciones y se regocijan con las cuentas desbordantes de sobornos. 
Esto no puede permitirse en la UE, y por ello debemos solicitar a esta y a sus Estados miembros que corten los canales de dinero destinado a sobornos también fuera de sus fronteras. 
Una vez criminalizado el soborno aquí en casa, cuando nuestro nivel de vida no se financie ni siquiera en parte con los beneficios de la corrupción, cuando dejemos de hacer elogios de nuestros bancos por obtener beneficios de la gestión de la corrupción y cuando equipemos a nuestras agencias investigadoras con los medios para perseguir a los que pagan sobornos, entonces podremos llevar la cabeza bien alta ante nuestros socios y pedirles que contribuyan de la misma manera a la lucha contra la corrupción. 
– Señor Presidente, apoyo plenamente el informe del señor Van den Berg. 
La corrupción impide que la ayuda sea todo lo eficaz que podría ser, por lo que es aconsejable que se siga persiguiendo, y este informe ofrece instrumentos concretos y racionales para fortalecer la maquinaria de control, con lo que mejoraría el marco jurídico para la lucha contra la corrupción. 
Sin embargo, el marco jurídico no es el único factor. 
El rechazo de la corrupción como fenómeno social tiene que ver también con los valores que prevalecen en una sociedad. 
Por tanto, hay que incitar a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a los líderes religiosos, a que desempeñen su papel en la promoción de la gobernanza y la lucha contra la corrupción. 
Lo que hace falta es que este debate deje de ser puramente teórico. 
En cualquier caso, tanto los países como las organizaciones que prestan ayuda deben poder confiar en que su dinero se emplee eficazmente y para el fin al que está destinado. 
Un experto a quien consulté con respecto al informe Van den Berg me dijo anteayer que se trataba de un informe excelente y que esperaba que el Gobierno neerlandés lo aprobase sin ningún cambio. 
Creo que no podría hacer un cumplido mejor al señor Van den Berg. 
La Unión Africana calcula que la corrupción cuesta a la economía africana más del 25 % de su PIB al año. 
Sin embargo, a la hora de debatir sobre la corrupción en los países en desarrollo, no deberíamos olvidar la vergonzosa práctica seguida hasta hace poco por países como los Estados Unidos, Dinamarca o Alemania, que permiten que las empresas utilicen sobornos y los contabilicen como gastos fiscalmente deducibles. 
Esta práctica también se utilizaba en los países de Europa Central y Oriental, incluida Polonia. 
La corrupción constituye una grave amenaza para el desarrollo. 
A fin de comprender el problema y encontrar una solución efectiva, es esencial tomar medidas contundentes, como la creación de una lista negra que impediría a los bancos conceder fondos en forma de préstamos a Gobiernos corruptos o a sus representantes. 
– Señor Presidente, anoche la palabra «corrupción» se mencionó varias veces durante nuestro debate sobre el Día Mundial de la Salud. 
Hoy estamos debatiendo su alcance y extensión. 
Felicito al ponente por este excelente informe. 
Algunos diputados se han referido al problema global de la corrupción. 
Pienso que nos autoengañamos si decimos que es un problema que afecta solamente al mundo en desarrollo. 
Yo diría incluso que este ha aprendido del mundo desarrollado: para gran deshonra nuestra, les hemos enseñado algunos trucos. 
Por tanto, es nuestro deber para con ellos y con nosotros barrer nuestro propio patio. 
Estoy de acuerdo con mi colega, el señor Ryan, cuando dice que los bancos y las entidades financieras deben ser controlados en todo este proceso, ya que si no hubiera ningún lugar donde colocar el dinero, quizás no habría tanta corrupción. 
Esta mañana he hablado con algunas agencias de ayuda que tienen una larga experiencia en este ámbito. 
Su principal mensaje es que debemos desarrollar capacidades dentro de los sistemas y servicios públicos del mundo en desarrollo y luego incorporarlo a todos nuestros programas de ayuda. 
También dijeron que se trata de un proceso a largo plazo y que no obtendremos resultados de la noche a la mañana. 
Pienso que gran parte de las medidas relativas a la corrupción deben tomarse en primer lugar dentro del mundo desarrollado, para quizás después contribuir a la erradicación de la corrupción en los países en desarrollo. 
Hagamos lo que hagamos, no debemos penalizar a los que más necesitan nuestra ayuda, nuestro dinero y nuestro apoyo. 
Siempre tengo la sensación, cuando hablamos de hacer frente a la corrupción, de que una vez más serán ellos los que sufran. 
Esa es una parte del mensaje. 
Debemos incorporarlo a nuestros programas, pero a la vez garantizar que nuestra labor de ayuda se mantenga y llegue a la gente que la precisa y se alivie así su sufrimiento. 
– Señor Presidente, en su introducción, el señor Van den Berg, como han hecho también otros, se ha referido a las grandes sumas de dinero de las que estamos hablando. 
En este Parlamento debemos mostrarnos realistas en cuanto a nuestras posibilidades. 
El informe examina algunos aspectos en los que podemos marcar la diferencia. 
El Parlamento Europeo ha establecido vínculos con Parlamentos de muchos países de todo el mundo, los países de los que estamos hablando. 
En ocasiones el problema son los Parlamentos. 
Lo acepto. 
Pero en otros casos, como ha señalado el orador anterior, los Parlamentos nacionales pueden verse excluidos; pueden verse obviados en el proceso mientras funcionarios corruptos se apoderan de la ayuda sin que intervenga el Gobierno. 
Por tanto, pienso que debemos apoyar en mayor medida a los Gobiernos elegidos democráticamente, ayudarles a reforzar los mecanismos de reparto de la ayuda en sus países y garantizar que el dinero donado se utilice ampliamente. 
El señor Ryan se ha referido a un punto muy interesante del informe: está demostrado que la corrupción decrece a medida que aumenta el número de escaños parlamentarios ocupado por mujeres. 
Podemos fomentar ese fenómeno. 
En las democracias podemos hacer más por que un número cada vez mayor de mujeres salgan elegidas. 
Me he sentido muy orgulloso de formar parte de la delegación del Parlamento Europeo en Afganistán para apoyar sus primeras elecciones parlamentarias. 
Allí vimos cómo mujeres votaban a otras mujeres. 
Cuanto más hagamos por ayudar a las mujeres y contribuir al desarrollo de los Parlamentos, mejor. 
La corrupción es el producto derivado de un sistema de gobierno débil, pero también se deriva de la ausencia de valores categóricos. 
Por lo tanto, tiene una gran importancia práctica que una sociedad pueda contar con un marco ético y con buenas prácticas para resolver este problema. 
Los principios morales débiles facilitan las transacciones en beneficio propio y su ocultación. 
Los que proporcionan ayuda se ven tentados a creer que su dinero se utiliza para el fin correcto. 
Los que reciben la ayuda consiguen a menudo hacernos creer que es así. 
La corrupción que acompaña a la concesión de ayuda es especialmente grave porque la gente que realmente vive en la miseria sufre por partida doble. 
No solo pierden la ayuda material que podrían haber recibido, sino que también les roban la esperanza de mejorar sus vidas y la esperanza de solidaridad. 
Por lo tanto, tenemos la obligación de denunciar sistemáticamente la corrupción y sobre todo impedirla, junto con la credulidad que la acompaña. 
En opinión del Tribunal de Cuentas, los programas de ayuda de la Comisión Europea no tienen suficientemente en cuenta los riesgos de la corrupción. 
Quiero poner dos ejemplos. 
En primer lugar, la ayuda de la Unión Europea a la Autoridad Palestina. 
Actualmente debemos admitir que uno de los principales motivos por los que el movimiento extremista Hamás llegó al poder fue la corrupción profundamente arraigada del anterior Gobierno. 
En segundo lugar, la Comisión envía ayuda humanitaria a Chechenia. 
¿Qué se ha hecho para determinar si estos fondos llegan realmente a los habitantes locales que sufren la corrupción oficial? 
Finalmente, quisiera destacar varios puntos importantes de este excelente informe. 
Los Estados miembros deben ratificar el convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, la ayuda presupuestaria solo debe concederse a los Gobiernos que se esfuercen claramente por mejorar la administración de las finanzas públicas. 
Me complace que el representante respalde esta idea. 
Determinado porcentaje de la ayuda otorgada debería asignarse al apoyo a organizaciones que supervisan la sociedad civil. 
Por último, el principal problema, que es presionar a los países que albergan centros financieros que congelen y repatríen los fondos ilegales depositados en ellos por gobernantes corruptos. 
Es un planteamiento muy difícil, pero su aplicación es una piedra de toque que demostrará si somos o no serios en la prevención de la corrupción. 
– Señor Presidente, la lucha contra la corrupción es de hecho una lucha por la paz y la democracia, una lucha contra la pobreza y una lucha por consolidar la sociedad civil en los países en desarrollo; las relaciones entre la democracia y el desarrollo económico en los países en desarrollo han demostrado que es así y Amartya Sen, importante intelectual y ganador del premio Nobel de ciencias económicas, lo ha confirmado en su trabajo mejor que nadie. 
Es realmente sorprendente que, a menudo tanto en la comunidad internacional como en la Unión Europea, la cuestión de la lucha contra la corrupción haya sido un tabú. 
Esto se debe a que la conveniencia política, el interés de los Estados miembros por ejercer su influencia y las relaciones con clientes internacionales eran más importantes. 
La evaluación de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio indica que es un fracaso. 
Sin embargo, nadie ha mencionado el papel que ha desempeñado la corrupción en este fracaso. 
Creo que la comunidad internacional debería establecer un nuevo objetivo de desarrollo: la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción. 
Para concluir, quisiera añadir que la Unión Europea, y sobre todo la Comisión Europea, deben establecer estrictos mecanismos de condicionalidad en la nueva estrategia de desarrollo formulada para África. 
La Unión Europea necesita colaborar con las Naciones Unidas, las organizaciones financieras internacionales y con organizaciones no gubernamentales, de forma que podamos luchar conjuntamente contra este fenómeno, poniendo el acento en la consolidación de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. 
– Señor Presidente, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial, cada año se gastan mil millones de dólares estadounidenses en sobornos. 
Imagínese cuántas iniciativas excelentes podrían financiarse con esa cantidad de dinero. 
Cada año podrían gastarse mil millones de dólares estadounidenses y emplearse para ayudar a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. 
La corrupción limita el acceso de los pobres a los bienes. 
Reduce la eficacia de los servicios públicos y, sobre todo, hace que los ciudadanos pierdan la confianza en los centros de poder. 
La Unión Europea, como principal donante de ayuda a los países en desarrollo, debería desempeñar un papel especialmente activo para garantizar la transparencia de los programas de ayuda financiados con cargo al presupuesto comunitario. 
Por lo tanto, no basta con crear una «lista negra» internacional de Gobiernos corruptos. 
Políticos, funcionarios, ONG, corporaciones internacionales y medios de comunicación deberían implicarse en la lucha contra la corrupción. 
Solamente si se coordinan las actividades de los donantes internacionales podrá gastarse esta ayuda con mayor eficacia, impidiendo así el mal uso o la apropiación de dinero destinado a la ayuda por parte de funcionarios corruptos. 
Por este motivo es tan importante y oportuno el informe elaborado por el señor Van den Berg. 
Quisiera felicitarle por un texto excelente. 
. Señor Presidente, acojo con satisfacción el debate que hemos tenido hoy en esta Cámara. 
Pienso que es importante subrayar que el problema del fraude nunca puede considerarse resuelto. 
Se requiere una vigilancia constante en todos los niveles y en todas las circunstancias en el terreno de alto riesgo de las acciones exteriores. 
Estas acciones se llevan a cabo en Estados cuyos Gobiernos son débiles, donde faltan poderes y capacidades en la sociedad civil que puedan servir de contrapeso. 
Puesto que la corrupción no puede separarse del programa de gobernanza, el enfoque de la Comisión en lo que respecta a su prevención y eliminación tiene dos vertientes. Consiste, por una parte, en incorporar la gobernanza a todos los programas y proyectos financiados por la UE y, por otra, en la ejecución de intervenciones específicas de cada programa. 
Los documentos estratégicos de cada país y los programas indicativos nacionales entre la Unión Europea y los países beneficiarios incluyen en general intervenciones específicas en los ámbitos de la legislación, democratización, reforma de la administración pública, gestión de las finanzas públicas y refuerzo de la sociedad civil. 
Comentaré ahora brevemente algunos de los temas que se han planteado hoy. 
En lo que se refiere a las empresas, debemos garantizar que estas no se beneficien de la corrupción. 
Debemos actuar lo mejor que podamos. 
Podemos excluir empresas de nuestras licitaciones si se ha demostrado que son culpables de fraude o corrupción. 
También podemos suspender un proyecto financiado si descubrimos fraude o corrupción en alguna de sus fases. 
Hicimos uso de esta opción en una ocasión con un proyecto en Zimbabue. 
En lo que respecta al apoyo a los Parlamentos nacionales, la Comisión considera que el refuerzo de la función supervisora de estos es un instrumento importante para tratar de mejorar la eficacia y los resultados globales de nuestro esfuerzo por el desarrollo en esos países. 
Por ejemplo, a través del FED y de la línea presupuestaria para el África Meridional se han reforzado las capacidades de los Parlamentos nacionales de unos 11 países ACP hasta alcanzar una cantidad de 35 millones de euros desde el año 2000. 
En lo que concierne a los órganos de control, es cierto que trabajamos con organizaciones del sector privado. 
Estaríamos aún peor si no tuviéramos a estos órganos de control. 
Varios diputados han planteado el tema de la transparencia, que es un asunto clave. 
Es la razón por la que apoyamos varios programas en el ámbito de las funciones de supervisión presupuestaria. 
El fomento de la eficacia y la transparencia de las políticas presupuestarias y del gasto público está en el corazón de nuestros programas de apoyo presupuestario. 
Por último, mediante un diálogo permanente con los Gobiernos asociados y las diversas regiones, la Comisión alienta a las instituciones a participar de la manera más amplia posible y en todos los niveles, en particular en el ámbito parlamentario. 
He tomado nota de la opinión sobre la influencia positiva de la participación de las mujeres. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve, a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, observo que hoy hemos terminado 20 minutos antes. 
Quizás me permita sugerir que en el futuro el Presidente disponga de la opción, si se termina tan temprano, de continuar el debate sobre la base de solicitudes incidentales de intervención, para hacer así un uso más eficiente del tiempo de que dispone el Parlamento. 
– Con mucho gusto transmitiré la sugerencia que acaba usted de hacer. 
Sin duda puede ser una forma razonable de utilizar nuestro tiempo de trabajo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, ayer, a la luz de una declaración unilateral presentada formalmente por la Comisión durante el debate de la sesión plenaria del martes por la noche sobre la regulación de algunos gases fluorados, cuyo texto no se introdujo durante la conciliación, contradiciendo así el espíritu del acuerdo de conciliación y haciendo gala de una gran falta de respeto y consideración hacia el deseo explícito del Parlamento y del Consejo, ayer, por tanto, solicité que se pospusiera la votación sobre los dos informes relativos a los gases fluorados, al menos hasta hoy, para tener tiempo a fin de estudiar con los colegas de todos los Grupos políticos las graves implicaciones para nosotros los legisladores de lo que consideramos ha sido un abuso del Parlamento debido a una batalla interna entre dos Direcciones Generales de la Comisión. 
Esta Cámara respeta plenamente la función de la Comisión como guardiana de los Tratados y su capacidad de iniciativa legislativa y no hace falta reiterarlo constantemente. 
De la misma manera, nosotros los legisladores exigimos pleno respeto de nuestra función por parte de todos los servicios y departamentos de la Comisión. 
Las horas dedicadas a debatir sobre la necesidad de legislar mejor y mejorar las relaciones entre la Comisión y el Parlamento Europeo no sirven de nada si la Comisión y sus representantes no las tienen en cuenta en esta Cámara. 
Quisiera que constara en acta una carta dirigida al Presidente Barroso, escrita ayer por el profesor Trakatellis, Presidente del Comité de Conciliación, y por mí en mi calidad de ponente. 
«Por la presente expresamos nuestra decepción con respecto al contenido de la declaración sobre el texto definitivo del Reglamento relativo a los gases fluorados, realizada unilateralmente por la Comisión en el transcurso de la sesión plenaria del 4 de abril de 2006. 
Como usted sabe, el Reglamento constituye un paso importante hacia la consecución de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto y de acuerdo con el Programa de Acción Europeo sobre el Cambio Climático. 
Tememos que la declaración de la Comisión sea un intento de comprometer el difícil acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo con el apoyo de la Comisión. 
El 31 de enero, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo mostraron una clara voluntad de encontrar una solución política al problema de las medidas nacionales que ya habían aprobado algunos Estados miembros a fin de reducir las emisiones de gases fluorados. La declaración tuvo lugar en el último momento y no puede considerarse un paso positivo en el proceso de aprobación de la legislación comunitaria. 
Esperamos sinceramente que la Comisión piense cuidadosamente sus próximos pasos, no solo desde un punto de vista puramente jurídico, sino también de acuerdo con el espíritu del acuerdo alcanzado en la Conciliación.» 
La carta está firmada por mi colega el profesor Trakatellis y por mí. 
Anoche, el Comisario Verheugen, Comisario de Empresa e Industria y Vicepresidente de la Comisión, me garantizó personalmente –y le cito con su permiso– lo siguiente: «Si el nuevo Reglamento entra en vigor, propondré a la Comisión que retire los procedimientos de infracción contra Austria y Dinamarca.» 
De buena fe pido al Comisario Kyprianou, que está hoy aquí para representar a la Comisión, que conteste en nombre de la Comisión a las serias preocupaciones generadas por el texto de la declaración del martes por la noche. 
Como pueden ver, Señorías, esta es una cuestión importante. 
Ahora estamos esperando una declaración de la Comisión –es decir, del Comisario Kyprianou– y entonces podremos decidir cómo proceder. 
. Señor Presidente, tomo nota de los asuntos planteados por la señora Doyle. 
En nombre de la Comisión, quiero tranquilizar a la Cámara diciendo que la Comisión está evaluando los procedimientos de infracción pendientes con respecto al uso de los gases fluorados en Dinamarca y Austria, de acuerdo con el espíritu del acuerdo final alcanzado durante la conciliación. 
Esta votación puede por tanto celebrarse hoy. 
Como veo que la ponente está satisfecha con las declaraciones de los Comisarios Verheugen y Kyprianou, podemos proceder a la votación. 
Ahora pasamos a las elecciones en Belarús o la Rusia Blanca. 
Con el permiso de la Asamblea, quisiera brindar una cálida acogida al candidato que participó en estas elecciones y luchó por la democracia en este país, el señor Milinkevich, que se encuentra en la tribuna. 
Sea usted bienvenido. 
Como puede ver, señor Milinkevich, todos nosotros, de cualquier partido, queremos que haya democracia en nuestra vecina Belarús. 
Le deseamos todo lo mejor en su país. 
– El martes por la noche, todos los Grupos políticos acordaron cambiar la palabra «integración» del apartado 8 por «perspectiva» , para que concuerde con el informe sobre la Política Europea de Vecindad, del que fui ponente, y con el informe del señor Brok sobre la ampliación. 
Por alguna razón misteriosa, los servicios de la sesión tomaron la iniciativa, quizás sin darse cuenta de la sensibilidad de la cuestión, de poner en su lugar la palabra «aspiraciones» , sin consultar a los Grupos políticos. 
¿Podemos modificar el texto conjunto para que aparezca la palabra acordada, «perspectiva»? 
– Señor Presidente, seré muy breve. 
Acabamos de votar resoluciones sobre las elecciones en Belarús y en Ucrania. 
Creo que este Parlamento debería inscribir en su orden del día una resolución sobre las elecciones presidenciales en Francia. 
En efecto, las últimas elecciones de 2002 dieron lugar a presiones sobre la opinión y manifestaciones violentas. 
Con esto concluye la votación. 
. 
Conforme a la normativa vigente, los permisos de residencia emitidos por Suiza y Liechtenstein no pueden reconocerse a efectos de tránsito o de una corta estancia en el espacio de Schengen. 
Esto significa que los nacionales de terceros países obligados a tener un visado para entrar en el territorio de Schengen, aunque cuenten con dicho permiso de residencia, deben solicitar un visado. 
Dada la movilidad estacional de los trabajadores migrantes y sus familias, especialmente en períodos de vacaciones –aproximadamente medio millón de personas de Suiza en 2003–, los consulados de determinados Estados miembros se encuentra desbordados, al tiempo que estas personas se enfrentan a interminables esperas y onerosas formalidades. 
Por lo tanto, respaldo en primer lugar la creación de un régimen simplificado para el tránsito de estas personas, ya que no constituyen ningún riesgo de inmigración ilegal ni una amenaza para la seguridad, ya que se sometieron al control de las autoridades de Suiza y Liechtenstein cuando se autorizaron los permisos de residencia. También lo respaldo basándome en la reciprocidad, ya que desde 2000 existe una exención similar por parte de estos países para los titulares de permisos de residencia emitidos por los Estados miembros de la UE. 
. 
Con esta explicación de voto quisiera manifestar mi respaldo a esta propuesta, que creo que permite introducir una mejora sustancial en este proceso. 
La consecuencia de la situación actual es que existe una enorme cantidad de trabajo por hacer por parte de los consulados de los Estados miembros en Suiza y Liechtenstein y que los nacionales de terceros países incurren en gastos. 
Se trata de una situación insatisfactoria que es preciso cambiar. 
A la hora de emitir permisos de residencia, tanto Suiza como Liechtenstein realizan las mismas comprobaciones y consultas, además de prestar especial atención a la seguridad. 
Asimismo quisiera señalar que tanto Suiza como Liechtenstein aplican en cada caso los mismos niveles de seguridad con criterios de alta calidad que los demás Estados, que pertenecen a la UE. 
Para mi es importante que esta explicación de voto respalde a Suiza y a aquellos que trabajan por su incorporación a la Unión Europea. 
En caso de que este país se incorpore a la UE, cosa que yo acogería con sumo agrado, dado que Suiza es sinónimo de alta calidad y se distingue, entre otras cosas, por una política de transporte que muchos Estados miembros deberían tomar como ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. 
. Observamos que los países que tienen una legislación sólida en materia protección de los animales a fin de garantizar el bienestar de los mismos, reducir el riesgo de propagación de infecciones y, por tanto, reducir también el riesgo de daños para la salud de los ciudadanos, no han sufrido una caída de las ventas de carne de pollo. 
Por tanto, hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer la protección de los animales y la seguridad alimentaria, de modo que los productores de alimentos puedan ganarse legítimamente la confianza de los consumidores. 
Por ello, la UE debería tomar medidas para conseguir que esto suceda. 
Pero lo que no deseamos, en esta situación de emergencia, es que por miedo a verse afectados económicamente, los criadores oculten la infección o agraven de alguna otra manera el riesgo de que esta se propague. 
En estas circunstancias estamos por tanto a favor de permitir el pago de una compensación económica a los criadores afectados. 
. 
Nos sentimos decepcionados por el rechazo de nuestras propuestas, que abogaban por fijar en el 100 % toda la financiación comunitaria destinada a la compensación de medidas de mercado, como fue el caso con la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina, dada la gravedad de la situación socioeconómica en algunos países y la dificultad de garantizar la cofinanciación. 
De todas formas, hemos votado a favor de las enmiendas, ya que proponen apoyar a los productores y, aunque proponen el una cofinanciación comunitaria del 50 % para las restricciones de la libre circulación que pudieran derivarse de la aplicación de medidas encaminadas a luchar contra la propagación de epizootias, proponen el 100 % de financiación comunitaria para las alteraciones graves del mercado relacionadas directamente con la pérdida de confianza del consumidor debido a riesgos para la salud pública o animal. 
En consecuencia, se ha mantenido una parte fundamental de lo que proponíamos, por lo que esperamos que la Comisión y el Consejo respalden la decisión del Parlamento. 
Votamos en contra de las enmiendas del Parlamento Europeo. 
Opinamos que es demasiado pronto para adoptar una postura sobre la gravedad del efecto que tendría una pandemia de gripe aviar en el sector avícola. 
Es típico de este Parlamento que tan pronto sucede algo inesperado se formulan peticiones de ayuda financiera con vistas a mantener las existencias, a pagar compensaciones financieras por la destrucción de alimentos y la financiación de campañas informativas destinadas a recuperar la confianza de los consumidores. 
No vemos motivo en estos momentos para satisfacer estas exigencias. 
¿Durante cuánto tiempo debemos permitir que se mantenga la economía planificada en el sector alimentario? 
Los consumidores no pueden quedarse sin comer y, si no pueden comer carne de ave, otros productores de alimentos sacarán provecho. 
Consideramos que el mercado puede ajustarse perfectamente a la situación actual. 
El sector avícola tendrá menos motivos para tomar medidas preventivas si reciben promesas de compensación por adelantado. 
– Señor Presidente, en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco quisiera dar una explicación de voto en relación con el informe Doyle. 
El apoyo de la delegación austriaca al informe está sujeto expresamente a la condición señalada por la señora Doyle sobre la base de la declaración del Comisario Kyprianou. 
Denunciamos enérgicamente la declaración unilateral efectuada por la Comisión una vez alcanzado el compromiso entre el Consejo y el Parlamento. A la luz de las declaraciones realizadas hoy suponemos que en virtud de la nueva legislación se suspenderán los procedimientos de infracción contra Dinamarca y Austria. 
– Señor Presidente, Señorías, sobre el informe Doyle diré que es muy importante para todos nosotros cumplir los objetivos de Kyoto. 
He votado a favor del informe Doyle sobre el texto conjunto del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto invernadero, porque establece un marco legislativo para tales gases con niveles de emisión elevados, algunos de los cuales son más nocivos que el CO2 y pueden permanecer en la atmósfera durante 50 000 años. 
Para cumplir los objetivos de Kyoto y proteger el medio ambiente, este Reglamento garantizará el reciclado, la regeneración o destrucción de aparatos que utilizan gases fluorados y una información más completa a los consumidores europeos sobre el potencial de calentamiento planetario de dichos gases. 
. 
El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es sumamente satisfactorio y comporta mejoras notables en lo que respecta a las emisiones de gases a la atmósfera. 
El doble fundamento jurídico previsto es pertinente para este tipo de reglamento, ya que permite que algunos Estados miembros mantengan una legislación ambiental más estricta sin alterar el equilibrio del mercado interior en Europa. 
La contención de las emisiones y fugas me parece la mejor manera de cumplir el objetivo de reducir las emisiones de gases fluorados a la atmósfera. 
La obligación de notificar cada año a la Comisión la certificación del personal responsable y la política de recuperación para el reciclado o de recuperación de equipos son medidas que acojo con agrado. 
Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación. 
En nombre de la delegación del SPÖ y en mi condición de representante suyo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, manifiesto que Austria y Dinamarca han establecido la prohibición general de utilizar gases fluorados de efecto invernadero. 
Esta legislación debe garantizar la posibilidad de establecer normas más estrictas. 
El proyecto presentado por el Comité de Conciliación establece que los Estados miembros pueden mantener requisitos nacionales más estrictos hasta finales del año 2012. 
Este paso es posible en virtud del apartado 10 del artículo 95 del Tratado y garantiza que Austria y Dinamarca puedan mantener temporalmente sus medidas más estrictas. 
Significa asimismo que no es necesario presentar las pruebas científicas contempladas en el apartado 4 del artículo 94. 
Hay que rechazar toda interpretación restrictiva de la cláusula de salvaguardia, ya que bajo ningún concepto se debe mermar el poder discrecional de los Estados miembros. 
. En el mes de enero abrió en Cork una nueva instalación de reciclado. 
Me pasé por allí el sábado por la noche y comprobé que en menos de 10 semanas ya se habían acumulado un número impresionante de frigoríficos. 
En cada población de la UE, se están oxidando montañas de viejos frigoríficos y, en los climas más cálidos, de aparatos de aire acondicionado. 
Hace tiempo ya que precisamos una legislación terminante sobre los gases fluorados para rectificar los errores del pasado y proteger nuestro clima en el futuro. 
Felicito a todas las partes que han intervenido en el proceso que ha llevado al acuerdo de proteger las legislaciones más estrictas de países como Dinamarca, así como en las cuestiones de etiquetado. 
Si bien tomo nota de que la Comisión tenía segundas intenciones, opino que debemos cogerle la palabra. 
Espero con impaciencia el día en que la Unión Europea cumpla sus obligaciones con respecto al Protocolo de Kyoto en materia de gases fluorados. 
. 
El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es satisfactorio y ofrece mejoras notables con respecto a las emisiones de gases a la atmósfera. 
La restricción del uso de HFC-134a y otros gases de fuerte efecto invernadero en los vehículos nuevos que se comercialicen a partir de 2011 y su extensión a todos los vehículos a partir de 2017 son medidas que provocarán una reducción significativa de las emisiones. 
Puesto que las alternativas a este gas están aún en fase de desarrollo, el permiso para utilizar HFC-152a es pertinente a condición de que esto forme parte de una eliminación gradual. 
Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación. 
– Señor Presidente, nos sentimos anonadados por las informaciones sobre tragedias sufridas por refugiados y por los testimonios de las víctimas de bandas de traficantes sin escrúpulos. 
Numerosas personas no tienen nada que perder más que la propia vida, que muchas de ellas pierden en el camino hacia Europa, que para ellas es una tierra de promisión. 
Incluso si llegan a su destino, están obligadas a trabajar sin descanso –para pagar las deudas a los traficantes– en condiciones intolerables y, entre otras cosas, dedicándose a la prostitución. 
La única forma de romper este círculo vicioso pasa por una política común de inmigración que sea restrictiva. 
Para ello, evidentemente seguimos necesitando campos de refugiados fuera de Europa, ya que los de dentro están a menudo abarrotados, con graves problemas de violencia entre los ocupantes de los mismos, provenientes de distintas culturas. 
Por estos motivos, entre otros, y también para que los refugiados no tengan la ilusión de que pueden entrar en la UE de forma ilegal, he votado en contra de esta resolución. 
– Señor Presidente, Señorías, sin duda es positivo que el Parlamento se haya expresado su veredicto sobre el tema de los centros de inmigración de Malta y además unos pocos días después de la visita de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que pude participar como delegado. 
La resolución adoptada, fruto de la valiosa contribución de todos los Grupos, expone la gravedad de la situación de los refugiados, que viven en condiciones inhumanas y casi sin servicios sanitarios básicos y de atención personal. 
La resolución, sin embargo, da a entender claramente que Europa tiene una gran responsabilidad en lo que se sucede en Malta. 
Ni que decir tiene que las visitas de la delegación a los centros de acogida de toda Europa no tienen por objeto clasificar los centros en buenos o malos. 
Pero la situación de Malta, aunque no sea comparable ni de lejos con la de Lampedusa por lo que respecta a las condiciones de vida de los ocupantes, recuerda en cambio a la de la isla italiana por sus dimensiones y su capacidad de acogida. 
Por tanto, hay que urgir al Consejo a que adopte una posición clara y enérgica, para que –en línea, por supuesto, con el principio de solidaridad– se llegue lo antes posible a una política de inmigración común y equitativa, que impida que los costes de estas oleadas de inmigrantes clandestinos graven solamente los presupuestos de unos pocos Estados en la periferia de la Europa meridional, que no están en absoluto en condiciones de sostenerse financieramente. 
La Lista de Junio se opone a una política europea común en materia de asilo y refugiados. 
Por tanto, no creemos que se trate de un asunto que deba tratar el Parlamento Europeo. Consideramos que los propios Estados miembros deben tener la libertad de decidir sobre sus políticas de inmigración y asilo, siempre que estén de acuerdo con el Derecho internacional vigente. 
No deben violar los derechos humanos. 
Defendemos una política humana con respecto a los refugiados y nos oponemos a que los solicitantes de asilo se envíen a campos de detención. 
Votamos en contra de la resolución en su totalidad. 
El debate en el Pleno en presencia de Alexander Milinkevich ha puesto de manifiesto la solidaridad del Parlamento Europeo con el pueblo de Belarús en su lucha contra el totalitarismo y a favor de la libertad y un nuevo futuro. 
En su resolución, el Parlamento Europeo declara sin ambigüedades que las elecciones presidenciales han sido manipuladas. 
Suena la alarma sobre la represión armada del dictador de una manifestación pacífica de ciudadanos de Belarús. 
Estas personas han dejado de tener miedo, incluso aunque no saben lo que les espera. 
La atención del Parlamento Europeo se centra en los líderes de la oposición arrestados, cuya liberación inmediata exigimos. 
La resolución reconoce el inmenso entusiasmo de los jóvenes, quienes han sido expulsados de las universidades. 
Son estos jóvenes los que necesitan ayuda, ya que ellos forjarán el futuro del país. 
Eslovaquia ya se ha unido a los países que han prometido ayudar a estos estudiantes, quienes ahora podrán completar sus estudios en Eslovaquia. 
Al votar a favor de esta resolución, mi deseo también era llamar la atención sobre la necesidad de nuevas elecciones en Belarús lo más pronto posible. 
Aunque Lukashenko ha ganado las elecciones amañando los votos, no ha derrotado a sus oponentes. 
El aislamiento de Lukashenko como persona propiciará su derrota. 
En conclusión, manifiesto mi convicción de que se tendrá en cuenta la solicitud que he realizado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo –que encendamos una vela a las 16 horas del día 16 de cada mes para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús–, y que todos lo harán con mucho gusto. 
Creo que la llama de la solidaridad nunca se apagará en el Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, el punto 2 de la resolución nos ha obligado a votar sobre dos cuestiones separadas. 
No he tenido problemas en aprobar y apoyar la primera, pero la segunda me ha parecido problemática, por lo que me he abstenido. 
En mi opinión, las elecciones de Belarús no fueron libres, pero no se falsificaron los resultados. 
Por otro lado, las elecciones presidenciales estadounidenses que precedieron a las más recientes –es decir, las penúltimas– fueron libres, pero en ese caso se falsificaron los resultados. 
El Parlamento no adoptó ninguna postura al respecto. 
Espero que el Parlamento tome también una posición acerca de las elecciones presidenciales en los países productores de petróleo –Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán–, así como en otros países que no son libres y en donde se han falsificado los resultados. 
. – Ucrania hizo la Revolución Naranja y la vida sigue siendo gris. 
Moscú hizo la revolución Blanca y el balance está ahí: hundimiento de la esperanza de vida en 10 años, descenso de la población, delincuencia, destrucción de los sistemas sanitarios y pillaje de los bienes nacionales en beneficio de los oligarcas. 
Un esfuerzo más y los crímenes del liberalismo igualarán a los crímenes del comunismo. 
No debemos privar a Belarús de todas las venturas generadas por el mercado. 
También los belarusos tienen derecho a la libertad de la oligarquía mediático-militar-política, con su séquito de desempleo, eutanasia pasiva de la cuarta edad, envilecimiento cultural, estancamiento económico, individualismo salvaje y aislamiento social. 
Se comprende que el Parlamento Europeo esté encantado con la democracia político-mediática de los magnates Berlusconi, Bouygues, Lagardère o Murdoch. 
También Belarús tiene derecho a la miseria liberal de las naciones y a la democracia degenerada dirigida por los medios de comunicación. 
. He representado a mi Grupo en las negociaciones sobre la resolución común relativa a Belarús. 
Al final, no se ha aceptado mi consejo de firmar conjuntamente esta resolución y, en mi opinión, la redacción de algunos pasajes de la misma tampoco es la ideal. 
A pesar de esto, lo esencial sigue siendo que el mundo exterior no reconozca la reelección del Presidente Lukashenko, a la que se llegó mediante la intimidación y el engaño; que los movimientos y las publicaciones de la oposición merecen apoyo externo y que los estudiantes huidos del país deben tener la opción de estudiar en su propia lengua. 
He mantenido esta postura en esta Cámara con anterioridad, y fuera de ella en las manifestaciones. 
Por desgracia, mi Grupo parece incapaz de dar su respaldo unánime a una resolución en este sentido. 
Quienes se oponen a ella probablemente tienen razón por el momento cuando afirman que los trabajadores y los pensionistas de Belarús disfrutan de un mayor nivel de seguridad social que sus equivalentes en cualquiera de las antiguas repúblicas soviéticas. 
Sin embargo, esto solo puede ser así durante el tiempo que Rusia considere que puede absorber a dicho país suministrándole petróleo barato. 
Esta seguridad social no justifica dictaduras ni fraudes electorales. 
Mi partido, el Partido Socialista, detesta la dictadura. 
El socialismo solo tiene futuro como movimiento democrático, en abierta rivalidad con otras opiniones y bajo ningún concepto como una dictadura. 
Mantengo mi apoyo a la resolución. 
. – El KKE vota en contra de la propuesta de resolución conjunta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Belarús. 
Se trata de una intervención descarada en los asuntos internos de un país independiente, viola todos los conceptos del Derecho internacional y equivale a una declaración de guerra a las personas que se alzan contra la barbarie imperialista. 
El Parlamento Europeo, elegido por el 30 % de los ciudadanos de la UE, pretende dar lecciones de democracia a un pueblo que ha participado en las elecciones en un 93 % y elegido al Presidente con el 80 % de los votos. 
El Consejo Europeo prohíbe la entrada al Presidente electo Lukashenko, el Parlamento Europeo protege y financia generosamente al señor Milinkevich, quien afirma que él representa al pueblo, a pesar de que la cantidad de dinero que recibió, alcanzó un «sorprendente» 6% en las elecciones y movilizó a 2 000 «manifestantes» pagados en las «impresionantes manifestaciones». 
Las reacciones furiosas de los representantes políticos del imperialismo son comprensibles, puesto que la abundante financiación y las numerosas intervenciones no han bastado para generar una revolución «naranja» , «rosa» o «verde y amarilla». 
Tras la orgullosa respuesta del pueblo de Belarús, están intentando aislar el país y a sus ciudadanos por medio del terrorismo, difamaciones y sanciones de tipo fascista. 
Los trabajadores y el movimiento popular han de condenar los planes imperialistas y permanecer unidos en su lucha y en torno a su derecho a decidir su futuro y elegir su propio destino. 
La delegación del Partido de Izquierda en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica repudia enérgicamente el régimen de Lukashenko y sus delitos contrarios los derechos democráticos y humanos. 
Creemos que las elecciones presidenciales en Belarús incumplieron algunos principios fundamentales que sustentan unas elecciones justas y democráticas. 
Por este motivo votamos a favor de la resolución. 
Esto no significa que estamos de acuerdo con todos sus pasajes. 
A pesar de ello, nos parece esencial protestar contra las violaciones de los derechos humanos y democráticos en Belarús. 
. Señor Presidente, la situación en Belarús empeora de día en día y debemos seguir con atención el curso de los acontecimientos. 
Si bien todo país tiene el derecho soberano de gobernarse como mejor le parezca, esto presupone que exista una sociedad justa y libre, y ese no es sin duda el caso de Belarús. 
Conviene que expresemos hoy nuestra preocupación y nuestro apoyo sostenido a la democracia y al diálogo en Belarús y debemos sopesar la posibilidad de tomar medidas más contundentes en el futuro si prosigue la represión. 
Las elecciones parlamentarias en Ucrania han sentado un hito importante tras la consolidación que comenzó con la Revolución Naranja. 
Durante los elecciones, los ucranios han demostrado que aman la libertad que conquistaron tomando las calles. 
Han confirmado su deseo de formar parte de la Unión Europea, compartiendo sus criterios y principios fundamentales. 
Es digno de elogio que el Parlamento Europeo no se haya limitado a apoyar simplemente la Revolución Naranja sino que además haya supervisado constantemente los avances en Ucrania a través de sus observadores. 
La democracia parlamentaria no se debe dar por sentada. 
Se debe establecer gradualmente y debe someterse a un seguimiento. 
Como vecina directa, Eslovaquia tiene un interés particular en el éxito de Ucrania. Eslovaquia ayudará a Ucrania a llegar adonde está su lugar, es decir, entre los Estados miembros de la UE. 
Por supuesto, esto no sucederá de la noche a la mañana, por lo que la Unión Europea debe ofrecer una forma de asociación que desarrollaría las expectativas europeas de Ucrania. 
La resolución conjunta demuestra la madurez política del Parlamento Europeo, que es capaz de alcanzar un acuerdo político sobre la base de un amplio consenso, además de enviar una señal clara al pueblo ucranio. 
Por este motivo he votado a favor de la resolución. 
. 
Votaré a favor de esta resolución El día de San Esteban de 2004 me encontraba en Kiev en calidad de observador del Parlamento para las elecciones presidenciales que vieron el triunfo arrasador de la Revolución Naranja. 
Pero sus promesas no se han cumplido como es debido, ya que los antiguos aliados se pelean y la corrupción se encuentra entre aquellos que prometieron acabar con ella. 
No me queda más que esperar que estas nuevas elecciones enseñen a todos los políticos de Ucrania las lecciones necesarias para que este país pueda unirse a las naciones democráticas en su avance en asociación. 
– Desdeña de modo insultante y no reconoce los resultados de las elecciones en Belarús, pero considera «democráticas» las elecciones en Ucrania, que se han celebrado en un ambiente de violencia y faslificación, específicamente contra el partido comunista de Ucrania. 
Los «observadores internacionales» y los representantes de la UE y el imperialismo no vieron los asesinatos de dos dirigentes del partido comunista, los ataques a sus oficinas, la supresión de 200 000 votantes en la región de Lugansk que no votaron y las falsificaciones en Crimea. 
Evidentemente, esto no se produjo porque los informes sobre la «validez y democracia de las elecciones» se elaboraron antes de las elecciones. 
La UE y el Parlamento Europeo consideran democráticos los países sometidos al imperialismo y a Gobiernos ocupantes, como Iraq y Afganistán, así como a las fuerzas políticas que venden los intereses de sus trabajadores y países al capital. 
Por eso acogen con agrado los resultados de Ucrania, por mucho que su representante elegido saliera perdiendo. 
La «operación democracia» promovida por los Estados Unidos y la UE a través de sus organizaciones transnacionales e internacionales supone básicamente la imposición del capitalismo y la adhesión de los países al carro imperialista. 
Las fuerzas políticas que apoyan, consienten y toleran esta política son cómplices y responsables conjuntamente ante el pueblo. 
. Señor Presidente, la Revolución Naranja fue un tiempo de grandes esperanzas, pero está claro que la transición hacia una democracia eficiente sigue siendo difícil para Ucrania. 
Nosotros, en esta Cámara, debemos hacer lo que nos corresponde, como hicimos durante la Revolución Naranja, y por ello debemos seguir apoyando a las fuerzas del progreso y la democracia en Ucrania. 
La Unión Europea ocupa un lugar ideal para desempeñar el papel de agente honesto, consejero e incluso amigo de los ucranios. Debemos seguir comprometidos con este proceso y me alegra apoyar hoy esta resolución. 
. – Esta resolución plantea el gravísimo problema del pillaje de las elites formadas del tercer mundo por los países desarrollados, en especial en el sector médico. 
En efecto, se está produciendo una situación totalmente aberrante. 
En mi país, Francia, una anticipación insuficiente de las necesidades sanitarias de una población que envejece, unas perspectivas de carrera mediocres y la aplicación de la jornada de 35 horas en los hospitales públicos han provocado la escasez de personal. 
Pero un sigue restringiendo el acceso a estas profesiones y contratamos a enfermeras y médicos en el extranjero. 
Al mismo tiempo, las poblaciones de los países en desarrollo no tienen acceso a la asistencia sanitaria y nosotros nos gastamos montones de dinero enviando misiones humanitarias, a menudo a zonas restringidas. 
Es una completa locura, en particular a la vista de que el acceso a la asistencia sanitaria se ha convertido en una de las causas de la inmigración clandestina masiva: la isla francesa de Mayotte, que se ve desbordada, es un ejemplo perfecto de ello. 
Quiero denunciar aquí la ley sobre la inmigración «elegida» del señor Sarkozy, dirigida a organizar el pillaje de élites a gran escala, comprometiendo aún más el desarrollo de los países de origen de esas élites y agravando mecánicamente la emigración de las poblaciones, cuando un sistema educativo en quiebra ha renunciado a formar una juventud abocada al desempleo o a los pequeños trabajillos. 
La lucha mundial contra las enfermedades y la pobreza es una cuestión sumamente importante que exige un compromiso internacional a gran escala. 
No obstante, opinamos que este asunto no debe abordarse en el marco de la cooperación de la UE. Creemos que la lucha contra las enfermedades incumbe a cada Estado miembro de la UE en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La Lista de Junio desea una cooperación limitada de la UE en este terreno y prefiere la renacionalización de la política de ayudas. 
Asimismo, nos oponemos a que la UE influya y amplíe sus competencias en asuntos que ya tratan otras organizaciones internacionales. 
Por lo tanto, votamos en contra de esta resolución. 
El informe trata un aspecto esencial en relación con la ayuda comunitaria, a saber, su ineficacia. 
La postura de la Lista de Junio es que la ayuda no debe prestarla la UE, sino cada Estado miembro. 
Como señala el ponente, la ayuda de la UE no es eficaz. 
Mientras que se invierten sumas de dinero relativamente elevadas para gestionar una política de desarrollo organizada por la UE, se añaden nuevas barreras de la UE al comercio, con lo que se impide que los países pobres del mundo accedan al mercado de la UE con sus productos. 
Además, la política común de la UE sobre comercio y agricultura es extremadamente perjudicial, puesto que, con sus derechos y subvenciones, resta toda competitividad a los productos agrícolas de los países en desarrollo. 
Si el informe hubiese tratado de la ayuda de cada Estado miembro, evidentemente habríamos votado a favor, ya que la ineficacia y la corrupción son dos grandes obstáculos a toda cooperación al desarrollo que sea constructiva y eficaz. 
Sin embargo, como en este asunto estamos preocupados especialmente por la ayuda organizada por la UE, hemos votado en contra del informe en su totalidad. 
. Acojo con satisfacción este informe sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo. 
La corrupción es un subproducto de la gobernanza débil. 
Como la corrupción supone a menudo una importante participación del Estado, a veces se califica de abuso del poder público en beneficio particular. 
Instituciones débiles y administraciones que no se sienten responsables permiten a menudo la malversación de bienes públicos por parte de políticos o funcionarios. 
Pienso que es crucial reforzar la función de los Parlamentos para impulsar reformas de la gestión de las finanzas públicas y opino que convendría establecer y reforzar mecanismos parlamentarios que obliguen al Gobierno a rendir cuentas. 
. Señor Presidente, me uno a las felicitaciones expresadas al ponente de este informe que trata un tema crucial para el programa de ayuda, aunque a menudo se pase por alto. 
El grado en que la financiación de la ayuda y del desarrollo, tan bienintencionada, fomenta la corrupción resulta a menudo muy desalentador y debemos seguir atentos a esta cuestión para garantizar un uso correcto del dinero a nuestros contribuyentes y a los ciudadanos de los países receptores. 
Estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones contenidas en este informe y me complace apoyarlo hoy. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Procedemos a continuación a la declaración de la Comisión sobre la situación en el Sudeste de Turquía. 
. Señor Presidente, la Comisión está preocupada por lo que está ocurriendo en el sudeste de Turquía y por los estallidos de violencia y ataques terroristas que se han extendido a otras ciudades del país. 
Seguimos de cerca la situación. 
Según la información de que dispone la Comisión, hubo un estallido de violencia el 28 de marzo en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste del país, tras el funeral de miembros del PKK. 
Permítanme recordarles, Señorías, que el PKK está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. 
Las primeras informaciones sobre víctimas aparecieron el 29 de marzo en Diyarbakir y en los días que siguieron se anunciaron otras muertes en toda la región. 
Durante el fin de semana, los disturbios se extendieron también a Estambul, donde alguien lanzó un «cóctel Molotov» contra un autobús urbano lleno de gente. 
Desde entonces se han registrado otras muertes, incluso miembros de las fuerzas de seguridad. 
Debe quedar claro que la Unión Europea condena inequívocamente el terrorismo. 
El PKK es una organización terrorista. 
Nos preocupan profundamente sus recientes actividades en Turquía. 
Nos sentimos víctimas de estos actos terroristas. 
Pero a la vez deploramos profundamente las pérdidas humanas y pedimos a las autoridades turcas que esclarezcan los hechos a través de una investigación exhaustiva y que garanticen que las fuerzas de seguridad actúen con la energía necesaria frente a los manifestantes. 
La población del sudeste de Turquía no necesita violencia y confrontación. Necesita paz, estabilidad y prosperidad. 
Instamos al Gobierno de Turquía a que se enfrente de manera global, y no solo desde el punto de vista de la seguridad, a los problemas de esta región y de sus gentes, que son en su mayoría de origen kurdo. 
El Gobierno de Turquía debe tomar medidas para reforzar y garantizar las posibilidades económicas, sociales y culturales de todos los ciudadanos turcos. 
A este respecto, esperamos con impaciencia las consecuencias del discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005. 
La Comisión recuerda y subraya que de conformidad con los criterios políticos de Copenhague, Turquía debe garantizar la diversidad cultural y fomentar los derechos culturales de todos sus ciudadanos tal y como se establece en la Asociación para la Adhesión revisada que adoptó el Consejo en enero de 2006. 
También es importante que Turquía facilite el retorno a sus lugares de origen a las poblaciones desplazadas en el interior del país, que garantice indemnizaciones justas a todos aquellos que han sufrido daños y perjuicios debido a la situación de inseguridad y que aborde la abolición del sistema de guardia rural. 
Seguiremos supervisando la situación en el sudeste. 
Plantearemos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro seguimiento regular de los criterios políticos. 
Espero asistir a un debate muy interesante. 
. – Señor Presidente, la situación que estamos debatiendo esta tarde es trágica y los recientes acontecimientos han sido dramáticos para Turquía y para los ciudadanos kurdos de Turquía. 
Seamos claros: el PKK es una organización terrorista y nunca hay excusas para el terrorismo. 
Declaro como parlamentario que el Parlamento nacional de los Países Bajos libró una ardua batalla por conseguir que se incluyera al PKK en la lista de terroristas. 
Nunca puede haber excusas. 
No obstante, al mismo tiempo debemos preguntarnos si todos quienes protestan apoyan realmente la violencia. 
Muchos analistas han llegado a una conclusión completamente diferente. 
Dicen que la mayor parte del pueblo kurdo no desea la violencia, solo desea un futuro próspero –con desarrollo económico, social y cultural– dentro del Estado de Turquía Necesitamos ahora más que nunca invertir en esas personas. 
En el informe del Parlamento aprobado a finales de 2004 insistimos en el desarrollo de la región sudoriental y en que se otorgaran más derechos culturales al pueblo kurdo. 
Hay que decir que el Primer Ministro Erdogan ha pronunciado discursos contundentes desde entonces. 
No obstante, en estos tiempos difíciles, más que nunca es preciso que a las palabras les sigan los hechos. 
Debemos invertir tanto en la sociedad como en la economía, de modo que las familias tengan un futuro próspero y no deseen violencia para sus hijos. 
Debemos invertir en una mayor libertad cultural. 
Si la radio y la televisión turcas reservaran más tiempo de antena para los programas kurdos, entonces Roj TV de Dinamarca dejará de ser tan importante. 
Es cierto que hay que abolir el sistema de guardia rural y ayudar a los desplazados a volver a su región de origen. 
Ha llegado la hora de recurrir a la sabiduría en lugar de los grandes discursos. 
Es hora de que el Gobierno turco busque interlocutores modestos y deseosos de paz. 
Me refiero a los señores Baydemir y Türk, los dos líderes del DTP. 
Estas personas deben seguir pronunciándose en contra de la violencia, pero si lo siguen haciendo el Gobierno turco debería cooperar con ellos en lugar de amenazarles con llevarlos a juicio a través de su Ministro del Interior. 
Pienso que el camino es el de la cooperación, el de la sabiduría. 
Garanticemos que los ciudadanos kurdos se sientan como en casa dentro de un único Estado turco. 
Esa es la única solución. 
. Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siente un gran aprecio por Turquía, y por ello nos produce tanta angustia ver a este país sumido en la violencia. 
El Grupo del PSE pide el final de esta escalada de violencia y acogemos con agrado la indicación del Primer Ministro Erdogan de su intención de detener la ola de violencia por medio de más reformas económicas y democráticas. 
Con ello ha tendido una mano a la comunidad kurda, que aún debe aceptar este gesto. 
El Grupo del PSE desea llamar asimismo su atención sobre la petición realizada por el alcalde de Diyarbakir a los kurdos que recurren a la violencia a fin de que abandonen esa estrategia, ya que mi Grupo rechaza rotundamente toda violencia excesiva. 
Si cesa la violencia, los tanques pueden y deben abandonar las calles de los pueblos y aldeas del sudeste. 
Los ciudadanos de Europa no quieren ver tanques en las calles cuando se plantean la posibilidad de que Turquía se adhiera a la Unión Europea. 
Quisiera recalcar que en Turquía todos, incluidos los kurdos, saldrán beneficiados si se mantiene el avance de este país hacía la adhesión a la UE. 
En efecto, la protección y el respeto de los derechos humanos de todos en Turquía son condiciones imprescindibles para formar parte de la UE. 
No debemos permitir que los agitadores saboteen las negociaciones antes de que estas se encuentren verdaderamente bien encaminadas. 
Desgraciadamente, la violencia actual interrumpe un período de aproximación, pues ya se había avanzado un poco; por ejemplo, el Gobierno turco había permitido la televisión kurda. 
Los acuerdos concluidos antes de la reciente ola de violencia deben seguir desarrollándose y, sobre todo, aplicarse. 
Los compromisos sobre el papel deben convertirse en realidad. 
Terminaré con unas palabras a favor de las víctimas, cuya muerte hay que lamentar y cuya memoria debemos guardar. 
No debe haber más víctimas. 
Insto a que conviertan este momento tan difícil en Turquía en una oportunidad para renovar la solidaridad en ese país, que es desesperadamente necesaria en el largo y difícil camino hacia la adhesión a la UE. 
– Señor Presidente, sin duda existe una alianza impía –aunque no reconocida ni intencionada– entre las fuerzas de seguridad turcas, el PKK y los europeos que se oponen a la adhesión de Turquía. 
Cada uno de ellos contribuye a su manera a impedir el progreso de Turquía hacia la Unión Europea. 
La policía y el ejército turcos no defienden los intereses del Gobierno turco con su uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Diyarbakir y otras ciudades. 
El aparato de Estado no está bajo el control democrático de ese Gobierno. 
El hecho es que los militares tienen un interés particular en que se prolongue la violencia porque esta refuerza su poder, su importancia y sus recursos. 
El PKK emplea métodos terroristas y sin duda ha provocado e instigado algunos de los recientes acontecimientos violentos, pero su propósito de lograr el reconocimiento de la identidad cultural, lingüística y política del pueblo kurdo lo comparten muchos kurdos que no abogan por la violencia. 
En ese sentido, los miembros del PKK son considerados luchadores por la libertad. 
El desafío, ante el que las autoridades turcas se muestran incapaces, consiste en separar a los oponentes radicales y violentos de los que desean seguir un camino democrático en busca de una solución política. 
Un fenómeno muy esperanzador de los últimos días han sido los llamamientos moderados realizados por personas como Ahmed Türk y Osman Baydemir, el alcalde de Diyarbakir, para que cese la violencia y se inicien conversaciones políticas. 
De alguna manera, lamento que la Comisión no haya dicho nada para recomendar al Gobierno turco que siga por ese camino, que no solo es el del progreso social y económico, sin duda necesario, no solo el del reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos, sino el del diálogo político real y de búsqueda de una solución política para la región kurda del sudeste de Turquía en la construcción del Estado turco. 
La Comisión parece resistirse a recomendar esa vía al Gobierno turco. 
Debemos unirnos todos y alentar al Primer Ministro Erdogan a que siga el camino que pareció iniciar el pasado mes de agosto y donde se ha quedado parado, sin duda a causa del ejército. 
Entre todos debemos ayudarle a impulsar el diálogo político en pro de una solución. 
. – Señor Presidente, agradezco al Comisario su discurso. 
Quisiera expresar, en nombre de mi Grupo, nuestra seria preocupación por la situación en Turquía que hemos visto en los medios de comunicación. 
Durante la última semana, al menos 15 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad turcas en el sudeste y en ataques terroristas en Estambul. 
Condenamos enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en Diyarbakir y Kiziltepe. 
Pero a la vez denunciamos firmemente las provocaciones del PKK, cuyos líderes instigan deliberadamente a la violencia y los disturbios. 
Después de que ardieran tres autobuses municipales en Estambul sin que hubiera pérdidas humanas, dos jóvenes hermanas fueron asesinadas el domingo por la noche durante el ataque a un autobús. 
Los kurdos que desean construir una vida decente en las ciudades o volver a sus pueblos, que son la mayoría, no deberían ser los rehenes de líderes cínicos asociados con el ala militar del PKK, que desea la escalada del conflicto, como también la desean algunos de los componentes del «aparato de Estado» de Turquía. 
A la luz de los recientes acontecimientos tenemos la sensación de que algunos de nuestros colegas del Parlamento Europeo no han dicho toda la verdad en los mensajes de correo electrónico que han circulado recientemente. 
Dan a entender que la situación es clara y nítida: ningún turco quiere conceder más derechos a los kurdos y todos los kurdos son víctimas oprimidas. 
Por eso pienso que es importante llamar la atención de todos sobre el debate que está teniendo lugar actualmente en la sociedad civil de Turquía entre intelectuales de origen turco y kurdo. 
Permítanme apuntar lo que han dicho: en primer lugar, el Estado turco debe reconocer por fin oficialmente la identidad kurda en Turquía; en segundo lugar, la política de asimilación de los kurdos ha sido un completo fracaso; en tercer lugar, el Estado turco debe tratar de recuperar la confianza de los kurdos y de todos los ciudadanos de Turquía; en cuarto lugar, no puede haber ninguna solución pacífica que insista en que el PKK es interlocutor oficial del Estado en las negociaciones, pues esto no es posible. 
Termino citando a un ex alcalde de Diyarbakir, quien acaba de señalar lo siguiente: «Si queremos tener una paz auténtica, el PKK debe amoldarse a la nueva situación mundial. 
El Estado turco se está democratizando. 
El PKK debe hacer lo mismo. 
Debe abandonar la idea de la lucha armada e iniciar un diálogo respetuoso con los kurdos que piensan de otra manera. 
También tiene que renovar su liderazgo. 
Esta organización se construyó desde una mentalidad de guerra fría. 
Es preciso que evolucione.» 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y en particular de mi colega el señor Agnoletto, quisiera expresar mi horror ante los enfrentamientos violentos en el sudeste de Turquía. 
Durante una semana hemos presenciado imágenes atroces y recibido informaciones horripilantes de un país con el que la UE entabló negociaciones de adhesión en octubre de 2005, que mis colegas y yo aprobamos en aquel entonces. 
Aunque desde el comienzo de las conversaciones de adhesión con la UE el Gobierno turco ha iniciado un proceso de reformas, este no será suficiente para resolver los conflictos y problemas sociales y políticos. 
Hay un elemento que debe quedar claro para Turquía y para todos nosotros, y es que los déficit democráticos de Turquía estaban y están estrechamente unidos a la cuestión kurda. 
Mientras Turquía intente resolver este problema por medios militares, reprimiendo a la población civil y eliminando la libertad de expresión de opiniones e ideas, no habrá paz en el país y, por tanto, tampoco habrá una base para un Estado democrático. 
No se puede permitir que la grieta que divide a esta sociedad se haga aún más profunda, hasta el punto de resultar insalvable. 
El Primer Ministro turco, el señor Erdogan, ha calificado los asesinatos de mujeres y niños de intervenciones necesarias para enfrentarse a instrumentos del terrorismo. 
Hasta la fecha, 15 personas han fallecido, incluidos tres niños, el más joven de los cuales tenía tan solo tres años de edad. 
De las 278 personas detenidas en Diyarbakir, 91 son menores de 18 años. 
Si las fuerzas de seguridad turcas siguen disparando contra civiles en Diyarbakir, Batman, Mardin y otras muchas ciudades kurdas, y si la cifra de muertes aumenta aún más, este abismo será mayor y la esperanza de una solución pacífica se alejará. 
Es hora de que la Comisión y el Consejo empleen todos los medios a su disposición para presionar a Turquía a que ponga fin a la violencia. 
Hay que plantearse la posibilidad de suspender las negociaciones de adhesión si el Gobierno y el ejército turcos siguen haciendo caso omiso de los principios democráticos y violan los derechos humanos. 
Solicito que se envíe una delegación a Turquía para examinar a fondo lo que está ocurriendo allí. 
Insto a quienes están implicados en el conflicto a que abandonen la violencia de inmediato y pido al Gobierno turco que acepte como interlocutores a los representantes elegidos legalmente por los kurdos y que retiren las últimas acusaciones que pesan sobre ellos. 
No se puede ni debe tolerar que 20 millones de kurdos se vean despojados de sus derechos culturales y políticos y de toda influencia en la configuración de su sociedad. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la actitud de las autoridades turcas ante los sucesos que se producen en Diyarbakir y la gestión de la crisis en el sudeste de Turquía son inaceptables desde el punto de vista del Parlamento Europeo. 
Un país que no respeta a los 12 millones de kurdos que habitan en su territorio tampoco respetará las culturas y religiones de los países de la Comunidad Europea. 
La seguridad del Primer Ministro turco, Recep Erdogan, roza la arrogancia. 
No permitan que piense que la Unión Europea tiene alguna obligación para con Turquía. 
De hecho, señor Comisario, opino que ocurre todo lo contrario. 
Estoy convencido de que sobre la base de la decisión de entablar negociaciones con Turquía, la Unión Europea tiene ahora el derecho de suspender dichas negociaciones. 
– Señor Presidente, lamento observar los estallidos de violencia en el sudeste de Turquía y me repugna ver cómo asesinan a soldados y civiles inocentes en ese país. 
No obstante, esto no nos puede llevar a la conclusión de que se trata de un problema que solo concierne a Turquía: existe un gran problema en conexión con los derechos de los kurdos, problema que no debemos omitir en el debate de hoy. 
Turquía ha elegido su perspectiva. 
Ha elegido una perspectiva europea y gracias a esta hemos presenciado ciertos avances en los últimos años en lo que respecta a los derechos humanos de los kurdos, cuya existencia apenas era reconocida hace unos años. 
Sin embargo, Turquía debe continuar por este camino. 
Las recientes intervenciones incontroladas del ejército no deben privar a los kurdos de los derechos de que deben gozar si Turquía desea adherirse a la Unión Europea. Me refiero a los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros. 
El Primer Ministro Erdogan ha anunciado recientemente que Turquía no se alejaría de su objetivo de democracia y desarrollo y que introduciría mayores libertades, más democracia, asistencia social, derechos sociales y justicia social. 
Este anuncio me parece muy bien, pero necesitamos algo más que palabras; hay que ponerlas en práctica. 
Es preciso tomar medidas en tres niveles: primero, se necesitan derechos; segundo, se necesita una política económica y social; y tercero, es necesario limitar las competencias hoy ilimitadas del ejército. 
Si se introducen estas medidas, Turquía se habrá tomado en serio sus expectativas europeas y si Turquía cumple sus compromisos en este terreno y en todos los demás terrenos estipulados por la Unión Europea, ello beneficiará tanto a los kurdos como a todos los ciudadanos de ese país. 
Por estos motivos, Turquía no debe dudar. A partir de ahora, las palabras del señor Erdogan deben ir acompañadas de medidas. 
– Señor Presidente, estamos sumamente preocupados por la reanudación de la violencia y los actos de terrorismo por parte del ejército turco y el PKK. 
Creo que el mensaje resultante de nuestro debate de hoy debe ser un mensaje de condena de los actos de terrorismo contra civiles inocentes en Estambul y en otras localidades, además de condenar la violencia militar del ejército turco para reprimir a la población kurda. 
Los poderes que fomentan la guerra y que el ejército permanezca en el poder a toda costa son responsables de la situación en el sudeste de Turquía. 
Los poderes fácticos y el ejército en Turquía encuentran en la acción del PKK una excusa perfecta para continuar interviniendo en la vida política e intentar definir los términos de la resolución del problema kurdo. 
Por otro lado, el PKK está sacando partido a los graves problemas socioeconómicos de subdesarrollo y pobreza para alimentar con sus acciones el ciclo de violencia y derramamiento de sangre. 
Es un hecho, y sería un error político subestimarlo, que las expectativas europeas de Turquía han abierto el camino a las reformas por parte del Gobierno de Erdogan. 
No obstante, esas reformas se encuentran aún en una fase temprana, están incompletas y se ven influidas por el miedo histórico de los turcos contra los kurdos. 
Debemos apoyar de forma coherente y firme los derechos culturales, lingüísticos y educativos de la comunidad kurda. Debemos apoyar los derechos políticos; debemos instar a que se enmiende la legislación electoral que prohíbe la representación democrática de la comunidad kurda en la vida política de Turquía. 
El liderazgo político turco y el Gobierno de Erdogan tienen la responsabilidad de proceder con valentía y decisión a fin de completar las reformas y la pacífica integración política, económica y social del pueblo kurdo. 
Una estrategia de resolución pacífica depende del diálogo entre ambas partes. 
Presupone la renuncia, por ambas partes, a la filosofía del conflicto militar y a la solución. 
El problema kurdo no se resolverá mediante la represión y la violencia, sino a través del diálogo democrático, el desarrollo y la plenitud de los derechos del pueblo kurdo. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad política de formular una estrategia integrada para el problema kurdo en Turquía: 
-Debe apoyar constante y coherentemente sus expectativas europeas, al tiempo que controla, sin concesiones ni oportunismos, el cumplimiento de las obligaciones por parte de Turquía. 
-Debe confirmar su apoyo a la integridad territorial y la unidad del Estado turco, además de condenar los objetivos secesionistas de la estrategia sin salida del PKK. 
-Debe tomar iniciativas para entablar el diálogo democrático en torno a una solución política del problema kurdo y a la salvaguardia del papel y los derechos de la comunidad kurda en las instituciones y la sociedad de Turquía. 
Por último, la Unión Europea, en cooperación con agencias turcas y kurdas, debe ayudar a formular y aplicar programas de reconstrucción socioeconómica a fin de combatir la pobreza y el subdesarrollo, apoyar las instituciones y la sociedad civil, así como respaldar las fuerzas políticas moderadas y democráticas en la región sudoriental de Turquía. 
– Señor Presidente, la situación en el sudeste de Turquía es realmente muy preocupante, pero a nadie debería extrañarle. 
Durante decenios se han cometido de vez en cuando en la región, en gran medida por parte del Estado turco, actos violentos y graves abusos de los derechos humanos, que se seguirán cometiendo durante muchos años a no ser que el Gobierno turco reconozca que el problema kurdo no se solucionará simplemente dan vía libre a los generales del ejército, que tratarán la cuestión de la única manera que conocen, es decir, con la fuerza bruta. 
El Gobierno turco debe entender que hay que respetar plenamente los derechos humanos de los millones de kurdos que viven en la región. 
Deben tener el derecho a utilizar su propia lengua, el kurdo, y a mantener sus tradiciones y su cultura. 
Además, el Gobierno turco debe aceptar que el pueblo kurdo tiene derecho a un grado de autonomía. 
Si se negociara una posibilidad de este tipo, no tendría ninguna consecuencia negativa para el bienestar del pueblo turco; gracias a la estabilidad duradera aportaría a toda Turquía paz y prosperidad. 
Además, el Gobierno turco debe tomar la valiente iniciativa de acceder a la reciente petición del líder del Partido Democrático de Kurdistán, Masood Barzani, de aceptar la estructura federal de Iraq y declarar una amnistía general para los militantes del PKK. 
El Gobierno del señor Erdogan ha dado señales de aspirar a realizar profundas reformas democráticas en Turquía. 
El pueblo turco debe entender que los que se resisten al cambio son en realidad los verdaderos enemigos de Turquía. 
El señor Erdogan está librando una batalla difícil, llena de peligros, con los generales del ejército. 
Debemos apoyarle y darle ánimos, puesto que si ganan los generales, los progresos de Turquía hacia la democratización y la adhesión a la Unión Europea se detendrán, de forma que el país se hundirá de nuevo en el retroceso del control militar totalitario. 
– Señor Presidente, declaro un interés particular en este debate, ya que soy patrocinador de la campaña Paz en Kurdistán y miembro del consejo de administración de la Comisión Cívica UE-Turquía. 
Suscribo plenamente las observaciones realizadas por mi colega de Grupo, el señor Özdemir, acerca del diálogo y del hecho de que este proceso no es claro y nítido. 
Todas las partes tienen sus fallos y en esta Cámara debemos seguir animando siempre que sea necesario y criticando cuando sea preciso. 
Insisto en que debemos estar atentos a nuestra propia integridad y garantizar que las preocupaciones legítimas acerca del avance lento y doloroso del proceso de paz entre el Kurdistán y Turquía no se convierta en una excusa para los que, dentro de esta Cámara y dentro de la UE, están más en contra de la adhesión de Turquía que a favor de la democracia. 
Los criterios de Copenhague marcan el rumbo. 
Los criterios de Copenhague sobre el reconocimiento de los derechos culturales, históricos y políticos son claros y ya están establecidos. 
En esta Cámara debemos mantener las manos limpias. 
La Unión Europea, como campeona del diálogo y de la democracia, debe asegurar que nunca olvidemos nuestros propios principios y nuestra función de mediador honesto e imparcial, capaz de ayudar y criticar cuando sea necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde que la Unión Europea entabló las negociaciones de adhesión con Turquía hemos recibido cada semana noticias de actos de violencia y violaciones graves de los derechos humanos, y esto es un hecho. 
Usted mismo nos ha dado una lista, pero me gustaría llamar su atención sobre el brutal asesinato de los ancianos padres del presidente del Instituto Kurdo en Bruselas, aunque por supuesto no podemos olvidar a las demás víctimas. 
La primera respuesta del Comisario Rehn fue manifestar su confianza en el Gobierno turco, una actitud que me parece un poco extraña teniendo en cuenta que cada vez hay más pruebas que demuestran que esas mismas autoridades tienen algo que ver con esta situación. 
No sé si ha visto usted el informe de la organización de derechos humanos IHD sobre el asesinato del señor y la señora Ferho o la investigación judicial del atentado con bomba de Şemdinli. 
Ambos casos apuntan al ejército turco. 
Cuando hace unas pocas semanas un fiscal manifestó su deseo de investigar la implicación directa del número dos del ejército, que según lo previsto será nombrado también Jefe de Estado Mayor, el ejército vetó inmediatamente esa idea. 
Y estas son las autoridades en las que la Comisión Europea tiene confianza ciega. 
Tengo que decir, señor Comisario, que estos incidentes son una prueba dolorosa de que Turquía no aspira de ninguna manera a una solución pacífica del conflicto con los kurdos. 
Turquía se niega simplemente a reconocer que los kurdos turcos tienen derechos culturales y democráticos de autodeterminación. 
Un país que deniega a 15 millones de ciudadanos todos los derechos políticos y culturales no es lo que yo llamaría una democracia. 
Tal y como yo lo veo, un país cuyas autoridades están activamente implicadas en graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional tampoco puede ser considerado un Estado constitucional. 
Ignorar esta realidad y no enviar un mensaje enérgico desde Europa nos convierte en cómplices. 
Me gustaría saber realmente qué tiene previsto hacer la Comisión a este respecto. 
¿Cumplirá finalmente el Comisario Rehn su promesa e incluirá la protección de las minorías en el acuerdo de asociación o no lo hará? 
Creo que una medida crucial podría ser que la Unión Europea hiciera lo que Turquía no hace, o se niega a hacer, y entablara un diálogo directo y estructural con representantes de la comunidad kurda de Turquía sobre esta cuestión. 
Me gustaría conocer su opinión al respecto. 
– Señor Presidente, en mi opinión el mejor servicio que se puede prestar a la población del sudeste de Turquía es que los grupos extremistas kurdos cesen su campaña de violencia y terrorismo. 
Una característica de las campañas terroristas es que sus víctimas son, en su mayoría, civiles de a pie que no desean otra cosa que tener la oportunidad de criar a sus hijos en una atmósfera de paz, estabilidad, libertad y creciente prosperidad. 
Nada de esto se puede lograr mientras los terroristas e insurgentes persigan sus propios fines egoístas, opriman, intimiden y movilicen a las comunidades kurdas de dentro y fuera del país e intenten inflamar a la opinión internacional en contra de las autoridades turcas. 
No creo que haya mucha libertad de opinión en las zonas dominadas por el PKK. 
De vez en cuando, el PKK, una organización que tiene sus raíces en la guerra fría, ha declarado una tregua. 
La más reciente tuvo lugar el pasado mes de agosto y duró menos de un mes. 
Desde entonces ha continuado su campaña de violencia y asesinato. 
Desde el pasado fin de semana, como han mencionado el Comisario y otros oradores, unas 12 personas han muerto a consecuencia de la violencia terrorista. 
A lo largo de los años, las víctimas del terrorismo se cuentan por decenas de miles. 
Las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE ya se han iniciado. 
Ese es en sí un factor en la campaña del PKK. 
Al PKK no le interesa una Turquía estable, próspera, democrática y orientada hacia Occidente. 
Preferiría su propio pequeño Estado marxista, viviendo en el pasado. 
Por supuesto, queremos que haya reformas en Turquía, en el marco de un programa de modernización; por supuesto, queremos ver grandes mejoras económicas en el sudeste de Turquía. 
Siento una enorme compasión por las personas que viven en la pobreza y el miedo. 
Queremos que las reivindicaciones razonables de los kurdos se resuelvan de una forma justa a través de la negociación. 
Nada de eso se puede lograr en un contexto de violencia o de continua amenaza de violencia. 
Los extremistas kurdos deben poner fin a su terrorismo. 
Las autoridades turcas podrán responder entonces con espíritu de buena voluntad. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por este debate sumamente interesante. 
He escuchado con gran interés sus observaciones, de las que he tomado nota debidamente. 
Pienso que todos podemos concluir que la situación en el sudeste de Turquía es grave y que, por tanto, todos esperamos que se aborde con firmeza, mediante una estrategia global que no solo tenga en cuenta los aspectos de seguridad, que son legítimos, sino también el desarrollo socioeconómico de la región así como el desarrollo de los derechos culturales. 
Me gustaría referirme al discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005, que ha mencionado antes, en el que hizo hincapié en la necesidad de resolver por medios democráticos lo que calificó de «la cuestión kurda». 
La Comisión recomendará al Gobierno de Turquía y a su Primer Ministro que tomen medidas basadas en el compromiso que contrajeron en el citado discurso de Diyarbakir. 
La estabilidad de la región constituye un elemento clave para tratar adecuadamente estas cuestiones y la existencia de ataques terroristas representa una grave amenaza a este respecto. 
Al mismo tiempo es muy importante que las fuerzas de seguridad y las autoridades muestren moderación y no hagan un uso excesivo de la fuerza frente a los civiles. 
Me gustaría comentar algunas de las cuestiones planteadas por algunos diputados. 
En lo que respecta a los incidentes de Semdinli, quiero subrayar que se están investigando los hechos tanto en la vertiente judicial como parlamentaria, que estamos a la espera del resultado de dichas investigaciones y que seguiremos al tanto de la situación. 
He tomado nota del asunto relativo al progreso y señalo que alentamos continuamente al Gobierno turco a que siga adelante con las reformas y a que amplíe los derechos del pueblo kurdo Subrayo el hecho reciente, que supone un paso positivo, de autorizar, a ciertas horas, las difusiones por radio y televisión en lengua kurda. 
Esperamos que se tomen más medidas similares. 
Puedo garantizar a los diputados que seguiremos controlando la situación en el sudeste. 
Plantearemos todos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro control regular de los criterios políticos. 
Se cierra el debate. 
Procedemos ahora al debate sobre la base de seis propuestas de resolución referentes a Darfur (1). 
. – Señor Presidente, hemos tenido más de una ocasión de discutir la situación en Darfur, aunque desde hace algún tiempo no lo hemos hecho, a pesar de que las circunstancias allí han dado un lamentable y trágico vuelco que ha agravado el estado de cosas. 
Incluso en los pocos meses que han transcurrido desde que comienzos de año, según el señor Egeland, Vicesecretario General de las Naciones Unidas y responsable de la cuestión de Darfur, más de 200 000 personas han sido expulsadas de sus hogares y más de 96 poblados han sido pasto de las llamas; y todo esto más de un año después de emprenderse una acción internacional con vistas a poner fin a esta situación. 
Esto viene a demostrar lo poco convincente que resulta la comunidad internacional en lo que concierne a la cuestión de Darfur. Asimismo, el hecho de que se impidiera al Vicesecretario General de las Naciones Unidas viajar a la zona del conflicto prueba que el régimen de Jartum está desafiando abiertamente y haciendo caso omiso de la comunidad internacional y, por lo tanto, poniéndola en ridículo. 
Por este motivo ya era hora que pusiéramos fin a nuestras reiteradas e inútiles protestas. En su lugar, es necesario que las Naciones Unidas, la OTAN, los Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana se reúnan en torno a una mesa para aplicar por fin una política concertada sobre Darfur que vaya más allá que las meras resoluciones formales. 
Lo que reclamamos, por tanto, es una intervención mucho más masiva que lo que hemos visto hasta ahora. 
La Unión Africana es, por supuesto, la que más necesita hacer algo, pero nosotros tampoco podemos permanecer de brazos cruzados mientras se comete un genocidio de forma bastante descarada; así es como los Estados Unidos han calificado abiertamente los hechos, aunque no hayan extraído las conclusiones necesarias de ello. 
Está claro que lo que tratamos aquí no es otra cosa que genocidio. 
Actualmente estamos preparando tristes actos conmemorativos para recordar el comienzo del genocidio en Ruanda y Burundi, hechos ante los cuales también hicimos la vista gorda. 
Hoy todo el mundo coincide en que en aquel entonces deberíamos haber intervenido. 
Ahora nos encontramos ante una situación similar. 
Miramos a otro lado, no actuamos, no utilizamos los medios que tenemos a nuestro alcance –por muy débiles que sean– y, en su lugar, nos contentamos con protestas verbales. 
Todo esto hace que Darfur no solo se haya convertido en una desgracia para el régimen sudanés sino también para las instituciones internacionales y europeas. 
Por este motivo, estoy muy contento de que en esta Cámara volvamos sobre esta cuestión. 
En pocas palabras, debemos tener muy claro que una relación normal o más o menos normal con Sudan solamente será posible si de una vez hace lo que ha prometido y permite a las instituciones internacionales hacer su trabajo allí. 
. – Señor Presidente, cuando una misión de la Comisión de Desarrollo visitó Darfur en septiembre de 2004, nos impresionó ver con nuestros propios ojos cómo había gente que buscaba abrigo bajo las ramas porque su aldea había sido bombardeada. 
En aquel momento ejercimos una gran presión para que se reforzara la misión de control de la Unión Africana, y, de hecho, en octubre de 2004 se amplió dicha misión para incluir la protección de la población civil que se encontrara bajo amenaza inminente. 
Lo trágico es que, 18 meses después, los bombardeos, los ataques y las violaciones siguen ocurriendo a pesar de los muchos esfuerzos realizados por la Unión Africana en las conversaciones de paz y sobre el terreno en Darfur. 
Sencillamente no hay suficientes tropas de la Unión Africana para poder controlar el alto grado de violencia, en particular cerca de la frontera de Chad y en el corredor entre Tawila y Gaida. 
Por esta razón, las Naciones Unidas deben intervenir en Darfur con carácter de urgencia. 
Las Naciones Unidas deben respaldar a la Unión Africana durante el resto de su mandato y estar preparadas para tomar el relevo en octubre de 2006. 
El Gobierno de Sudán dice que esto es colonialismo. 
No lo es. 
No es colonialismo. Es la triste constatación de que anteriores iniciativas para controlar la violencia han fracasado estrepitosamente. 
Hasta el esfuerzo humanitario en Darfur está actualmente amenazado, ya que se obstaculiza el paso de las organizaciones humanitarias. 
Con más de 3 500 000 de personas que dependen de la ayuda sanitaria y alimentaria, no podemos permanecer de brazos cruzados. 
Hay que poner fin a la violencia. 
Señor Presidente, desde que fui elegido por primera vez hemos venido debatiendo la situación en Sudán. 
¿Qué está ocurriendo ahí? 
Imaginen que matan a un amigo, uno solo, y la magnitud de la tragedia y la desgracia que acarrearía esa muerte. 
Imaginen entonces que son 180 000 los amigos que han muerto hasta ahora en el conflicto. 
Imaginen que le queman la casa a un amigo, uno solo, y le obligan a dejar su hogar. 
¿Cómo nos sentiríamos? 
Imaginen las lágrimas vertidas, multiplicadas por dos millones hoy en Darfur. 
Imaginen que nos violan a una familiar, una sola, y pensemos ahora que esto mismo está pasando con decenas de miles de personas. 
Esa es la magnitud de la tragedia humanitaria que azota Sudán. 
¿Qué está haciendo el Gobierno? 
Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que desarme a las guerrillas Janjaweed, pero no ocurre nada. 
Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que coopere con la comunidad internacional para ayudar a su propia población, pero en realidad es muy poco lo que ocurre. 
Y a todo esto no beneficia el hecho de que al enviado de las Naciones Unidas, Jan Egeland, se le niegue el permiso para viajar a Darfur siempre que lo estime oportuno. 
La Comisión ya entrega actualmente 160 millones de euros y mi país 330 millones de coronas suecas en concepto de ayuda. 
Si este dinero ha de servir para algo, el régimen tiene que cooperar en lugar de intentar desbaratar nuestros esfuerzos. 
Creo que debemos imponer un embargo de armas, independientemente de lo que digan Rusia y China, y todos los países que lo apoyen deberán ayudarse entre sí e impedir que dicho embargo se incumpla. 
Es más, encarcelar a las mujeres que se resisten a ser violadas es absurdo y las cuatro jóvenes en cuestión deberían ser liberadas inmediatamente, por supuesto. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, en Darfur hay millones de personas huidas. 
Los campos de refugiados están abarrotados debido a la amplia y caótica huida de personas necesitadas, atacadas por rebeldes y por la milicia Janjaweed, a menudo con historias de pillaje y violación que contar. 
Se trata de una situación desesperada, la Unión Africana es demasiado débil y parece que el Gobierno sudanés apoya a los Janjaweed y quiere desea dar una oportunidad al Derecho internacional, representado por la Unión Africana y las Naciones Unidas. 
Parece que cuenta con el respaldo de China y Rusia. 
Ayer se supo que el señor Pronk, enviado especial de las Naciones Unidas en Darfur, va a dimitir de su puesto. 
Si incluso el señor Pronk, un buscavidas y optimista incorregible, ya no ve ninguna posibilidad para el proceso de paz, entonces de verdad es hora de que hagamos sonar la alarma. 
En Darfur se desarrolla un brutal conflicto sin precedentes, en que la Unión Europea tiene la oportunidad de demostrar cuál puede ser su papel fuera de Europa. 
Esta semana se ilustra aquí el genocidio de 100 días en Ruanda en una exposición fotográfica. Este acto resume el fracaso de toda la comunidad internacional. 
Una vez más, estamos sometidos a prueba. 
Mientras que China y Rusia vetan toda acción, la Unión Africana aún intenta que el Gobierno sudanés colabore, pero eso es demasiado poco, viene demasiado tarde y se alarga durante demasiado tiempo. 
Ahora corresponde a la troika europea establecer, con dinero y apoyo a las fuerzas de paz de la Unión Africana, una presencia real con el objetivo de prestar apoyo logístico y garantizar el acceso a la ayuda alimentaria y la protección de las personas. 
Hay que poner fin a esta masacre caótica, que se caracteriza por un conflicto de intereses de una crueldad sin precedentes. 
El llamamiento de hoy de nuestra Cámara en forma de una magnífica resolución común da una clara orientación y un impulso al señor Solana, al Consejo, a la Comisión y también a nuestros Gobiernos. 
La credibilidad del papel de Europa en el mundo está en juego. 
. – Es extraño que apenas hablara de Darfur hasta que se encontró petróleo en el sur de Sudán. 
Los agricultores atendían sus campos, los ganaderos llevaban a pastar a sus animales. 
Es evidente que la región de Darfur ejerce una atracción especial en algunas personas. 
Los intentos de secesión por parte de regiones potencialmente ricas en África no son nada nuevo. 
No olvidemos Biafra, Katanga y otras zonas conflictivas de un continente rico en recursos naturales. 
Donde no hay tanta riqueza no se producen problemas tan masivos. 
Después de todo, no solo encontraremos armas rusas y chinas en la región. También en las bases militares extranjeras de la República de Chad encontraremos armas de otros países. 
El aspecto interesante es que nos preocupa que no se haya permitido la visita del Secretario General de las Naciones Unidas a Darfur. 
Cuando hubo sucesos parecidos en Eritrea, el Parlamento aprobó ayuda humanitaria para el Gobierno. 
¿Por qué nuestra resolución, en el apartado 7, no solicita que la UE, los Estados Unidos y otros ayuden a poner fin a la situación en Eritrea? 
Aunque el régimen sudanés sin duda no es un dechado de democracia, sería erróneo recurrir a la fuerza para resolver el conflicto. 
Acepto la resolución, aunque con estas reservas. 
. – Señor Presidente, mis colegas ya han mencionado el hecho de que hemos tratado este asunto una y otra vez. 
Cuando hablamos de derechos humanos y de dignidad humana, nos enfrentamos a una cuestión de geometría variable: si los hechos tienen lugar cerca de nosotros, la vida humana parece importar, pero cuando ocurren lejos, ya no nos ponemos de acuerdo. 
He estado a menudo en esa parte del mundo. 
Conozco esas tierras yermas; sé como viven –o mejor dicho sobreviven– esas personas en esas condiciones, aunque no haya conflicto. 
Están expuestas al hambre, a la escasez de alimentos y de agua potable. 
No se pueden imaginar ustedes lo dura que es su vida. 
Ahora, cientos de miles de esas personas están siendo torturadas y asesinadas y las demás han huido de sus casas, mientras nosotros aprobamos aquí otra resolución. 
Esto demuestra lo impotente que es la comunidad internacional ante el sufrimiento humano. 
Eso es todo lo que hay. 
¿Cuántos conflictos necesitamos aún? 
También en los Balcanes reaccionamos demasiado tarde. 
Y ahora Darfur está demasiado lejos. 
China y Rusia están bloqueando cínicamente nuestros esfuerzos en las Naciones Unidas. 
El régimen podrido de Sudán –siento tener que usar un lenguaje nada diplomático– bloquea los esfuerzos de las Naciones Unidas, y somos impotentes. 
Ante conflictos o problemas internacionales necesitamos gobernanza internacional. 
De lo contrario, las generaciones futuras nos dirán: «Teníais el problema entre vuestras manos. 
Visteis los nubarrones en el horizonte y no hicisteis nada». 
. – En septiembre de 2004 visité Darfur con una delegación del Parlamento y vi la magnitud de la tragedia, como ya ha dicho antes la señora Hall. 
Más tarde, aquí en el Parlamento y en la UE, apoyamos el papel que quería desempeñar la Unión Africana en la resolución del conflicto. 
Pero este ya se alarga tres años y ha causado más de 200 000 muertes y 2 millones de desplazados o refugiados. 
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) ha llegado lo más lejos posible y las conversaciones en Abuja no avanzan. 
El conflicto se ha agravado y se está expandiendo a la vecina Chad. 
La prohibición de la visita a Darfur de Jan Egeland constituye otra afrenta del régimen sudanés a las Naciones Unidas, por no hablar de los terribles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por sus fuerzas, incluida la milicia Janjaweed. 
Las amenazas provocadoras de Jartum de convertir Darfur en un cementerio de tropas de las Naciones Unidas no deben intimidarnos. 
La comunidad internacional no puede abdicar de su responsabilidad de proteger. Por ello, debe enviar inmediatamente, con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, una fuerza estabilizadora robusta y bien pertrechada, preparando con ello el terreno para una operación de paz de las Naciones Unidas de dimensiones apropiadas, ambas con una contribución europea significativa. 
Todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben asumir sus responsabilidades, incluidos los países que han protegido el régimen dictatorial corrupto y criminal en Jartum, como China. 
Asimismo, solo habrá una solución duradera del conflicto si se pone fin a la impunidad de los autores de los crímenes de Darfur. 
En ese sentido, es crucial apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional y reforzar las sanciones contra Jartum, aplicando rigurosamente el embargo de armas y declarando un embargo de las exportaciones de petróleo. 
. – Señor Presidente, mis contactos que se comunican directamente con quienes se hallan sobre el terreno en el sur de Sudán me informan de que la situación que se está desarrollando allí merece nuestra atención urgente. 
Mientras el Gobierno de Jartum proclama que cumple los acuerdos de paz, que como sabemos no es cierto, financia al LRA –el Ejército de Resistencia del Señor– desde el norte de Uganda para que este prosiga el genocidio en su lugar. 
El LRA asedia los pueblos del sur de Sudán: mata a los adultos y secuestra a los niños. 
Rapta chicas jóvenes y las convierte en esclavas laborales y sexuales o las vende o regala a los traficantes de armas del LRA. 
Aterroriza a chicos jóvenes hasta convertirlos prácticamente en esclavos que sirven de soldados y guardias. 
El LRA solo es una pequeña fuerza, pero se expande cada vez más porque utiliza a jóvenes secuestrados como combatientes. 
Actualmente es la estación de siembra en el sur de Sudán. 
Los civiles deberían estar sembrando pero no pueden hacerlo debido a la amenaza del LRA, al que respalda su propio Gobierno. 
Si no se siembra nada, habrá hambruna. 
La situación es crítica, necesitan nuestra protección inmediatamente. 
Debemos preguntarnos lo siguiente: si Rusia y China pueden apoyar al Gobierno, ¿por qué no podemos apoyar nosotros al pueblo sudanés? 
– Señor Presidente, una vez más debatimos sobre Darfur aquí en el Parlamento Europeo. 
Parece una especie de «historia interminable». 
Con tristeza debemos admitir que el Gobierno sudanés es totalmente responsable de que aún se esté luchando en esta región. 
El Gobierno de Jartum no respeta los acuerdos internacionales ni la autoridad de las Naciones Unidas y considera que la misión de paz más reciente de las Naciones Unidas era una vuelta al colonialismo. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Gobierno sudanés solamente se atreve a mostrar esta actitud porque no se encuentra aislado por la comunidad internacional. 
Como han manifestado otros oradores que me han precedido, países como Rusia suministran armas a este país. 
Llamemos a las cosas por su nombre. 
En Darfur se está produciendo un genocidio que debe ser condenado por las Naciones Unidas de forma inequívoca. 
Está totalmente fuera de lugar que algunos países, como Rusia, bloqueen la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con este asunto. 
El Parlamento Europeo debe presionar a la opinión internacional de modo que Darfur pueda dejar de ser un símbolo de violencia y abuso. 
– Señor Presidente, la guerra en Darfur, en la zona occidental de Sudán, perdura desde 2003, una guerra civil devastadora que se ha cobrado el estremecedor tributo de 200 000 muertes y 3 millones de refugiados y que los observadores califican de «Ruanda a cámara lenta». 
La Unión Europea y los Estados Unidos han expresado su apoyo a la transferencia de la misión de la Unión Africana –cuyos 7 000 soldados son bastante insuficientes para la tarea– a tropas aportadas por las Naciones Unidas. 
El enviado especial de las Naciones Unidas, Jan Pronk, resume la situación con acritud, afirmando que los esfuerzos de las Naciones Unidas por llevar la paz a Darfur han acabado en fracaso y que se ha hecho demasiado poco y demasiado tarde. 
Algunos países tratan a Sudán con guantes de seda. 
Aunque los países difieran entre sí, la razón es casi siempre la misma: materias primas y petróleo. 
Nuestra resolución hace un llamamiento enérgico al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se reúna y debata la violencia en Darfur y asuma su responsabilidad de proteger a los civiles. 
– Señor Presidente, pienso que deberíamos sentirnos todos avergonzados por vivir en lo que denominamos una sociedad y civilización diplomáticas, supuestamente una de las civilizaciones más avanzadas de la historia de la humanidad. 
Sin embargo, miramos impotentes cómo hay víctimas –mujeres, niños, inocentes– que son exterminadas. 
Hablamos de ello, debatimos sobre ello y conseguimos engañarnos pensando que las Naciones Unidas están haciendo algo. 
Las Naciones Unidas no pueden hacer nada. 
Nos damos cuenta de que las Naciones Unidas, cuando se enfrentan a un régimen dispuesto a cualquier cosa, tanto desarrollar armas nucleares en un país como cometer genocidio o casi de inocentes en otro país, no pueden ni siquiera visitar el lugar donde se están cometiendo las atrocidades. 
Por otra parte, somos testigos de cómo los militares de un país llevan a cabo una acción independiente, como ha sido el caso de Iraq. 
Ahora pedimos que los estadounidenses y los europeos salven a las personas inocentes de Darfur y al mismo tiempo condenamos a los estadounidenses por lo que ha ocurrido en Iraq, cuyo régimen no era de los mejores. 
Concluiré diciendo que la situación es tan grave que en mi país, Malta, un tercio de los refugiados –hemos realizado un debate y una votación sobre el tema en este período parcial de sesiones– vienen de Darfur. 
Esto es una muestra de la gravedad de la situación. 
. Señor Presidente, la Comisión está sumamente preocupada por la situación en Darfur, el último conflicto abierto en el continente africano. 
Continúan estallando luchas periódicas entre los contendientes y la población civil. 
Y los primeros en sufrir esta violencia continuada, así como la persistente falta de seguridad, son en particular las mujeres y niños. 
A pesar de que la rápida intervención de la Unión Africana ha contenido el peor de los panoramas posibles, el precario no podrá mantenerse por mucho tiempo. 
Casi tres millones de personas dependen de una ayuda humanitaria vital, pero las condiciones de acceso y seguridad para las organizaciones humanitarias son limitadas y se ven obstaculizadas por una violencia continua, incluso ataques directos contra las operaciones de ayuda. 
En estos momentos, el conflicto se está extendiendo rápidamente a Chad y podría poner en peligro el frágil proceso de conciliación sudanés, iniciado con la firma del acuerdo integral de paz entre Jartum y el SPLM el 9 de enero de 2005. 
Existe consenso internacional en que la única solución es un acuerdo político en Darfur. 
La Comisión, los Estados miembros y la comunidad internacional apoyan plenamente el objetivo de la Unión Africana de alcanzar rápidamente un acuerdo de paz en las negociaciones de Abuja. 
Ello también podría facilitar una transición sin complicaciones de las responsabilidades militares actuales de la Unión Africana en Darfur a las Naciones Unidas. 
Es una iniciativa indispensable, concebido por la misma Unión Africana, pero a la que Sudán todavía se opone. 
La Comisión considera llegado el momento de que las partes, bajo los auspicios de la Unión Africana y con el apoyo de la comunidad internacional, establezcan un plan de paz para Darfur y para la transición de la Unión Africana a las Naciones Unidas con hitos específicos y responsabilidades claramente asignadas. 
Ello permitiría a la comunidad internacional emplear todos los medios de presión diplomática, incluso sanciones, para forzar el avance de todo el proceso. 
Sin embargo, para que la política de conciliación de Darfur sea sostenible, deberá basarse asimismo en las premisas de la justicia y el apoyo internacional a la reconstrucción de la región. 
En este contexto, es importante que Jartum y los rebeldes colaboren y participen en la labor de la Corte Penal Internacional respecto a Darfur, y que la comunidad de donantes esté dispuesta a proporcionar un dividendo de paz inmediato tan pronto como se alcance un resultado positivo en Abuja. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al final de los debates. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas a Iraq: comunidad asiria, situación en las cárceles. (1) 
. – Señor Presidente, la propuesta que tenemos sobre la mesa se centra en dos cuestiones clave de los derechos humanos, en las que dos grupos especialmente vulnerables corren un grave peligro en el Iraq actual. 
La primera cuestión es la de las minorías religiosas; la segunda, la de los prisioneros. 
Respecto a las minorías religiosas, recientemente se han producido agresiones importantes contra los cristianos, así como la consiguiente falta de ayuda para los refugiados que han huido –precisamente cristianos y asirios– a las vecinas Siria y Jordania. 
Permítame puntualizar que la persecución religiosa es contraria al islam. 
El profeta Mahoma, la paz sea con él, declaró que los cristianos serían los mejores amigos de sus seguidores, los musulmanes. 
En el Sagrado Corán se afirma claramente el respeto de las demás confesiones. 
Los que llevan a cabo estas agresiones son anarquistas: hacen un mal uso del nombre del islam en beneficio de su objetivo anárquico de restaurar una dictadura con ellos en el poder. 
¿Qué podemos hacer? 
Podemos instar, tal y como hacemos en nuestra firme y enérgica resolución, al Gobierno actual de Iraq en todos los niveles a que proteja a las minorías religiosas y, como en esta resolución, sobre todo a los cristianos asirios. 
Nosotros, en la Unión Europea, podríamos prestar apoyo e instar a que la comunidad internacional también prestara apoyo en favor de los refugiados que ahora, según tengo entendido, suman cientos de miles en países vecinos como Siria y Jordania. 
Les insto a que apoyen esta resolución. 
Respecto a la segunda cuestión, la de los derechos de los prisioneros, recordemos a todo el mundo que el Estado de Derecho exige el respeto de la ley sobre los derechos de los prisioneros. 
Esto lo sabe toda la comunidad internacional, al igual que el nuevo Gobierno iraquí. 
Por lo tanto, exijamos el pleno respeto a los derechos de los prisioneros políticos y de los presos en general y hagamos que la Unión Europea apoye la implantación del Estado de Derecho de arriba abajo, un sistema judicial que respalde al Gobierno electo iraquí. 
. Señor Presidente, desde la invasión de Iraq, en marzo de 2003, miles de personas han sido detenidas por tropas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido. 
En muchos de estos casos ni siquiera se han establecido cargos concretos y se les ha impedido, incluso, contar con las garantías procesales y judiciales propias de un Estado de Derecho. 
Según varias fuentes, alrededor de 15 000 personas se encuentran todavía en centros de detención norteamericanos en Iraq y un número indefinido de personas se encuentran incomunicadas y en lugares desconocidos, incluso para la Cruz Roja, lo que supone una clara y flagrante vulneración de la legalidad internacional. 
Son lo que a veces llamamos los «prisioneros fantasmas». 
Además, miles de esas personas detenidas, llevan en esta situación más de un año. 
Las denuncias y pruebas de torturas, vejaciones y malos tratos no solamente crecen, sino que cada vez son más frecuentes y alarmantes. 
A este hecho hay que añadir, ciertamente, la persecución que ciertos grupos sufren debido a su adscripción religiosa, como se ha dicho, y tal y como, acertadamente, entiendo que enfatiza esta Resolución. 
Sin embargo, además de los asirios, especialmente mencionados en la Resolución, considero que también deberíamos tener en cuenta a otros grupos minoritarios no musulmanes, como los yazidíes o los turcomanos, por ejemplo. 
En cualquier caso, quisiera hacer en este momento dos propuestas, que, aunque no están recogidas propiamente en la Resolución de compromiso, me parecen fundamentales. 
En primer lugar, quiero hacer un llamamiento a las fuerzas multinacionales y a las autoridades iraquíes para que hagan públicos los nombres de las personas detenidas, les aseguren la asesoría legal necesaria y les permitan recibir las visitas de sus familiares, tal y como recientemente también reclamamos en el caso de Guantánamo. 
En segundo lugar, creo que esta Cámara debería reclamar alto y fuerte que se juzgue a todos aquellos que han estado acusados de actos criminales según la legalidad internacional, tales como tortura, retención y detención ilegal. 
Esto, estimados y estimadas colegas, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos. 
. – Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quisiera decir que todos somos conscientes de la terrible situación de las cárceles iraquíes. 
Todos sabemos lo que ocurrió en Abu Ghraib y otros lugares. 
Apoyamos plenamente la resolución por la que se solicita la aplicación de condiciones de detención que se ajusten a las normas internacionales. 
Votaremos a favor de la enmienda por la que se solicita que se den a conocer los nombres de los encarcelados, así como su derecho a recibir la visita de familiares. 
Asimismo, instamos al Parlamento iraquí a ratificar la Convención contra la tortura. 
Deseo hablar principalmente sobre la cuestión de los asirios. 
Apoyo y recibo el apoyo de la campaña «Salvad a los asirios» , cuyo presidente de honor es Lord Carey, ex arzobispo de Canterbury, así que tengo muy presentes a las personas olvidadas de Iraq. 
Oímos hablar de los suníes, los chiíes y los kurdos, ¿pero quién ha hablado de los cerca de 800 000 asirios que viven en Iraq? 
Representan el 8 % de la población, un porcentaje que sería mayor de no ser por el hecho de que, a causa de la persecución, muchos han huido a Jordania y Siria, donde viven en condiciones terribles. 
Instamos a las autoridades iraquíes a condenar todos los actos de violencia contra asirios, caldeos, siriacos y demás minorías cristianas en Iraq. 
Instamos a las autoridades iraquíes y a la fuerza multinacional a encontrar a los autores de los crímenes contra ellos, facilitar el regreso y el reasentamiento de los asirios en entornos seguros, donde se respeten sus costumbres y su forma de vida, e instamos a la Comisión Constitucional del Consejo de Representantes iraquí a proteger los derechos culturales y religiosos de todas las comunidades iraquíes en sus propuestas de enmiendas constitucionales. 
. – Señor Presidente, según las últimas informaciones hay por lo menos 14 000 presos en Iraq que no han sido formalmente acusados. 
Amnistía Internacional no se anda con rodeos cuando afirma que, al mantenerlos en la cárcel, las fuerzas de ocupación –los Estados Unidos y el Reino Unido– están vulnerando directamente el Derecho internacional y no han aprendido nada de Abu Ghraib. 
No cabe ninguna duda al respecto; estas prisiones en Iraq forman parte de la política de ocupación. 
El verdadero problema político es la ocupación de Iraq y debemos decirlo sin rodeos. 
Toda una serie de Estados miembros están implicados directamente en esta ocupación, entre ellos el Reino Unido y Polonia. 
La propia UE ha aportado su granito de arena a lo que ocurre en Iraq, entre otras cosas por la forma del programa Eurojust-Lex, programa que considero que se debe revisar, ya que si juzgamos el sistema jurídico actual por el gran número de presos, difícilmente puede ser eficaz en ningún sentido real. 
Por tanto, debemos exigir con claridad que se ponga fin a la ocupación de Iraq y las violaciones de los derechos humanos en sus cárceles. Corresponde al Parlamento Europeo formular esta exigencia con un lenguaje absolutamente claro. 
. – Señor Presidente, primero debo expresar que considero un escándalo que el señor Pflüger no tenga nada que decir sobre la situación de los cristianos en Iraq, aunque es quizás comprensible si tenemos en cuenta que su partido aún vive del dinero de otro Estado en el que los cristianos fueron objeto de feroz persecución: la RDA. 
De todas formas, debo decir que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con él. 
En su tiempo critiqué abiertamente, y lo sigo haciendo, la intervención en Iraq y opino que debemos evaluar muy objetivamente el resultado. 
La principal justificación de esta intervención que adujeron los que querían justificarla era la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos bajo el brutal régimen de Sadam Husein. 
Se han producido efectivamente algunas mejoras, pero debemos señalar que, por desgracia, algunas cosas también han empeorado. 
Entre ellas cabe destacar el hecho de que la intervención trastornó el complejo equilibrio étnico en lo que era un Estado artificial creado por las potencias coloniales tras la Primera Guerra Mundial. Y nadie tiene ni idea de cómo crear un Estado como es debido en Iraq. 
Los más perjudicados por todo esto son las poblaciones menos numerosas y especialmente las pequeñas minorías, como los asirios y otros pequeños grupos étnicos. 
Estoy consternado por el hecho de que tantos diputados a esta Cámara tengan tantas dificultades para defender los derechos de los cristianos y hablar en su favor. 
Se trata de una minoría perseguida por su fe cristiana. 
¿Quién va a defender su causa si no es nuestra Europa, en la que el 85 % de los habitantes son cristianos? 
En esta Cámara debemos mostrar nuestra solidaridad con todos los perseguidos, con todos aquellos cuyos derechos humanos son violados. Pero debería existir una especie de vinculación natural entre la Europa principalmente cristiana y las antiguas minorías cristianas en esta región, que tienen una historia muy agitada y sufren de forma particular las condiciones inestables que prevalecen actualmente. 
Se les persigue por ser cristianos y sus perseguidores son elementos extremistas que –como tan acertadamente ha apuntado la señora Nicholson– abusan del islam por motivos políticos a fin de someter y esclavizar a las minorías que no les agradan. 
Es un islam politizado el que persigue a estas minorías. 
Tenemos todo el derecho a criticar la situación en las prisiones. 
Lo que debemos tener claro es que cuando que hemos derrocado una dictadura y nos dedicamos a construir una democracia y el Estado de Derecho –objetivo que apoyo y que necesita todo el respaldo de la UE–, debemos estar dispuestos a ser juzgados con criterios apropiados. 
Las condiciones en que se mantiene a los prisioneros y el sistema judicial son los primeros pasos en el camino a un Estado de Derecho operativo, especialmente en las prisiones gestionadas por otros que no son los propios iraquíes. 
Teniendo en cuenta todo esto, manifiesto que los derechos humanos son indivisibles y que mirar a otro lado no es una forma eficaz de defenderlos. 
. – Señor Presidente, mi partido y yo siempre hemos apoyado, y seguimos haciéndolo, la intervención en Iraq por parte de democracias occidentales en defensa de valores básicos y derechos humanos fundamentales. 
Desde el punto de vista de un defensor de la intervención en Iraq por parte de los Estados Unidos y otras potencias democráticas, debo admitir que me entristecen y preocupan las noticias sobre indicios de violaciones de los derechos humanos por parte de un Gobierno que se supone democrático y que debía haber traído la democracia a Iraq. 
De hecho, nos encontramos en una situación desafortunada si, tras derribar la dictadura de Sadam Husein, seguimos presenciando violaciones de los derechos humanos en Iraq. 
Por este motivo, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los oradores y discrepo del uso del término «invasión» para calificar lo que sucedió en Iraq, en este caso admito que debemos actuar juntos en esta Cámara y exigir con firmeza que las democracias occidentales y el nuevo Gobierno democrático de Iraq respeten los derechos humanos. 
Porque únicamente el respeto de los derechos humanos legitimará las acciones que mi país también apoyó, independientemente de quién gobernara entonces. 
También quiero afirmar con toda claridad que me parece loable que la Cámara haya encontrado la fuerza para hablar en defensa de una minoría cristiana. 
Debemos reconocer también que los cristianos no solo son perseguidos en Iraq, sino en todo el mundo, y que nosotros, como europeos, debemos defender a la comunidad que ha mencionado el orador que me ha precedido. 
Hoy en Europa, y en la Unión Europea en concreto, los derechos de las minorías están garantizados. 
También están garantizados los derechos de las minorías religiosas, los musulmanes y las demás minorías que uno se pueda imaginar y que existen en nuestro continente. 
Es la norma y forma parte del logro que representa la Unión Europea. 
También representa el estado actual de la civilización europea. 
Precisamente por este motivo tenemos derecho a exigir que se respeten los derechos humanos de los cristianos. 
Los sucesos que están ocurriendo en Iraq afectan, y esto es especialmente importante, a un antiguo pueblo de esa región. 
Es un pueblo cuya fe cristiana y cuyas raíces étnicas, inextricablemente vinculadas al suelo iraquí, están profundamente arraigadas en la historia. 
No se trata de inmigrantes, no son invasores. 
Son habitantes autóctonos de esas tierras. 
Como a menudo sucede en esta Cámara, esta resolución representa un compromiso que goza de apoyo multipartidista. 
Espero que en esta resolución seamos tan claros cuando pedimos al nuevo Gobierno democrático iraquí que respete los derechos humanos como cuando reclamamos que se garantice la libertad religiosa de todos los habitantes de Iraq. 
El 29 de enero, por ejemplo, fueron atacadas cuatro iglesias y el edificio de la embajada del Vaticano en Bagdad, además de dos iglesias en Kirkuk. 
Tres personas murieron, incluido un chico de 14 años, y hubo numerosos heridos. 
Esta violencia se ceba en particular en la comunidad asiria, así como en otras minorías cristianas. 
La comunidad asiria desciende de un antiguo pueblo que habitó estas tierras y está amenazada de desplazamientos masivos. 
A resultas de ello, la cultura mundial se enfrenta a la desaparición de la cultura asiria en Iraq. 
El problema más importante relacionado con la reconstrucción de Iraq sigue siendo la garantía del Estado de Derecho. 
La situación política presenta muchos rasgos típicos de una guerra civil y no podemos permitir que degenere en guerra sucia, donde las fuerzas del orden utilicen constantemente la tortura, se tomen rehenes y la ilegalidad presida la lucha contra las fuerzas rebeldes. 
Iraq necesita más jueces, una policía profesional y un sistema penal que cumpla la norma internacional. 
El Ministerio de Derechos Humanos iraquí y la Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho para Iraq, Eurojust Lex, deben desempeñar una función especialmente importante en el control de este problema. 
La Unión Europea debe decidir ahora ampliar el mandato de esta misión con respecto a la formación de las fuerzas del orden iraquíes y la medicina forense. 
. – Señor Presidente, «casi tres años después de que Estados Unidos y las fuerzas aliadas invadieran Iraq y derrocaran al Gobierno de Sadam Husein, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo muy grave». 
Esta es la frase introductoria del informe más reciente de Amnistía Internacional sobre la reclusión y tortura en Iraq. 
Informes bien documentados como este y muchos otros son una lectura muy deprimente, ya que narran ejemplos de detenciones arbitrarias, torturas generalizadas –con palizas brutales, fracturas de huesos, descargas eléctricas, arranque de uñas, personas encadenadas colgadas del techo, quemaduras, violaciones y humillaciones sexuales, ataques de perros–, asesinatos extrajudiciales y muchas cosas más. 
Señorías, estos infames crímenes no ocurren en las siniestras cárceles de Sadam, sino en prisiones controladas y administradas por los Estados Unidos y el Reino Unido. 
Culpamos con toda la razón a Sadam Husein de lo que ocurrió hace más de tres años. 
¿No debemos culpar ahora a Bush y a Blair y responsabilizar de esta flagrante falta de respeto a la vida y la dignidad humanas, que está teniendo lugar a día de hoy en las cárceles de Iraq? 
Al fin y al cabo, nosotros en Occidente debemos ocuparnos de establecer los criterios más estrictos y de no incurrir en malos tratos de seres humanos como nosotros, cuyas vidas están en nuestras manos. 
,. – Señor Presidente, durante mucho tiempo, Iraq estuvo sometida a un régimen terrible, terrible para sus oponentes, presos, minorías e incluso para la gran mayoría. 
Ahora sabemos de primera mano la respuesta a la pregunta de si una intervención externa puede mejorar realmente una situación así. 
Quizás sí para un puñado de grupos, como los kurdos en el norte, que se habían segregado de hecho de Iraq hace mucho tiempo, además de los oponentes políticos que habían huido del país. 
Para la mayoría de las personas, Iraq no es un Estado que comparten, sino más bien un campo de batalla entre intereses externos y los intereses y opiniones de grupo muy divergentes: los chiíes, suníes, kurdos y las minorías cristianas existentes desde antes de la era islámica y que, a diferencia de otros grupos, no cuentan con su propio territorio como un posible Estado federal en una federación. 
Aunque compartimos plenamente las preocupaciones del señor Posselt en torno a este grupo, nadie puede ofrecer una solución real en las circunstancias actuales. 
Los ocupantes extranjeros han dejado deteriorarse todavía más el sistema penitenciario, han permitido el restablecimiento de la pena de muerte y son incapaces de ofrecer un futuro a una gran mayoría de ciudadanos. 
Aunque la resolución propuesta acierta al señalar algunos errores, todavía es demasiado optimista y no contribuye realmente a una solución de los problemas. 
Es importante aprender la lección de que las intervenciones militares no resuelven nada. 
. – Señor Presidente, el debate de hoy se refiere a la comunidad asiria en Iraq y el problema de la tortura en prisiones iraquíes. 
Mientras que soldados individuales que pertenecen a las fuerzas internacionales de ocupación de Iraq han sido condenados por vulnerar los derechos humanos de prisioneros, el aumento de la violencia contra los cristianos tiene su origen en los extremistas islámicos. 
Utilizan el chantaje y la extorsión, atacan las iglesias y realizan otros actos de abuso que amenazan la existencia de la comunidad asiria más antigua en estas tierras, una comunidad que habla el caldeo-arameo. 
Las masacres del pueblo asirio no son nuevas, ya que se han registrado 33 desde el siglo III, aunque se han hecho más frecuentes en tiempos recientes. 
No obstante, la agresión y la violencia no son forma de resolver los complejos problemas en esta región. 
La violencia genera violencia, al igual que la agresión incuba agresión. 
La situación, por tanto, exige diálogo nacional y la aceptación de diferencias religiosas y, como declara la resolución, requiere que los responsables de la violencia sean identificados y llevados ante la justicia. 
Es necesario facilitar el regreso a sus hogares de los refugiados, además de prestar ayuda real a los iraquíes para que reconstruyan su país. 
La violencia no es una solución buena o a largo plazo de los problemas en ninguna parte del mundo. 
Por este motivo, solicitamos el respeto de los derechos humanos y la dignidad. 
– () Señor Presidente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que no se puede detener a nadie ilegalmente y que el encarcelamiento debe ser acorde con la letra de la ley. 
Eso es lo que dice la legislación, pero ¿cuál es la realidad? 
De todos es sabido que las condiciones en las prisiones iraquíes quebrantan todas las normas humanitarias y sanitarias. 
Se utiliza la tortura, además de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
Las autoridades norteamericanas alardean de que investigan todos los informes sobre el trato inadecuado de prisioneros. 
El Pentágono afirma que en los últimos años se han emprendido acciones disciplinarias contra 200 soldados acusados de trato indebido de los prisioneros. 
Si queremos plantar las semillas de la democracia en ese país, está claro que no lo lograremos mientras nuestros representantes cometan delitos en lugar de prestar ayudas. 
– El desastre humanitario en Iraq es fruto de la agresión perpetrada por los Estados Unidos y la «coalición de voluntades». 
En caso de que no sepan a qué países me refiero, son el Reino Unido y Polonia, seguidos de una serie de otros países. 
Entre otras cosas, los representantes de dichos países han entrenado a los policías de Iraq y tengo la certeza de que habrán aprovechado esta oportunidad para instar a los policías a que cumplan las normas internacionales en el trato de los prisioneros. 
Tampoco me cabe duda de que los prisioneros habrán recibido información, de acuerdo con la letra b) del apartado 9 de esta resolución, de cómo pueden recurrir efectivamente ante los tribunales. 
Creo que los demás procedimientos a los que se refiere la propuesta de resolución también habrán sido comentados con ellos. 
Por desgracia, todavía no he visto policías en Iraq que protesten contra la situación de los prisioneros o el abuso de las minorías. 
Por tanto, debemos mostrar firmeza en estas cuestiones y aprobar esta propuesta de resolución en su forma enmendada. 
A su vez sería oportuno, por tanto, que los criterios contenidos en la resolución sirvan de base para las directrices relativas a futuras negociaciones sobre la ayuda para las fuerzas de ocupación actuales y el régimen marioneta. 
Apoyo la resolución. 
. Señor Presidente, cada vez estamos más preocupados por la violencia étnica y religiosa y su posible escalada en Iraq. 
La falta de respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Iraq son causa de honda preocupación para la comunidad internacional. 
Todas las comunidades étnicas y religiosas de Iraq, incluida la asiria, tienen derecho a la protección y el ejercicio de sus derechos étnicos, religiosos, políticos, administrativos y culturales. 
La Unión Europea apoya el desarrollo de un Iraq seguro, estable y democrático, con un Parlamento y un Gobierno elegidos sobre la base de una constitución que garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del conjunto de la población iraquí. 
Este es uno de los objetivos clave de la Unión Europea establecidos en la estrategia a medio plazo de junio de 2004. 
Este objetivo es tan válido hoy como lo era entonces. 
La Comisión insiste en la importancia de la protección efectiva y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y anima al Gobierno iraquí a adoptar las medidas oportunas. 
Ello también debería incluir la abolición de la pena de muerte que, para gran decepción de la Unión Europea, fue reintroducida en 2004 por las autoridades iraquíes. 
Nos unimos a la comunidad internacional en la expresión de nuestra más profunda preocupación por los casos de presunta tortura y maltrato de prisioneros iraquíes. 
Condenamos cualquier acto de abuso de prisioneros en Iraq, tanto por parte de las fuerzas iraquíes como de las fuerzas multinacionales, contrario al Derecho humanitario internacional, y pedimos que se lleve ante la justicia a los responsables. 
Hemos tomado nota de que las autoridades del Reino Unido, los Estados Unidos e Iraq han puesto en marcha investigaciones para informar sobre dichos abusos, y algunos de los responsables de torturas y malos tratos ya han sido condenados. 
Hacemos hincapié en las obligaciones establecidas en las Convenciones de Ginebra, según las cuales recurrir a la tortura o al trato inhumano constituye una grave violación de dichas Convenciones. 
Es crucial que Iraq y la comunidad internacional colaboren con el fin de reafirmar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y las normas humanitarias. 
La Unión Europea se compromete a apoyar activamente la estabilización de Iraq. 
La Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea cooperan para reforzar el Estado de Derecho a través de una operación de la PESD –Política Europea de Seguridad y Defensa– llamada EUJUST LEX. 
Se trata de una Misión integrada «Estado de Derecho» que imparte formación en los Estados miembros de la UE en los ámbitos de la gestión y la investigación criminal para 770 altos funcionarios y personal ejecutivo de la judicatura, la policía y las cárceles iraquíes. 
Un elemento esencial de dicha operación es la formación en derechos humanos. 
Además, apoyamos el fomento de los derechos humanos, haciendo hincapié en el componente relacionado con la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas, y apoyamos los procesos electorales, así como el proceso constitucional, en colaboración con las Naciones Unidas. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al final de los debates. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas al caso Ayman Nour en Egipto. 
. – Señor Presidente, esta enérgica resolución llama la atención del Parlamento sobre el destino de un parlamentario perseguido, Ayman Nour, líder del partido Al Ghad, que está en la oposición, y solicita a las autoridades egipcias el respeto de nuestros puntos de vista. 
Nosotros, en la Unión Europea, estamos con razón orgullosos de nuestra profunda relación con Egipto. 
En efecto, Egipto copreside la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y con este país hemos definido una Política de Vecindad Europea que refuerza el diálogo político y nos une a Egipto –el en la Liga Árabe– en el fomento de la paz y la estabilidad. 
Egipto nos ayuda en el desempeño de esta tarea. 
En consecuencia, lamentamos con amargura que tras las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias en Egipto, en noviembre y diciembre del año pasado, el doctor Nour fuera detenido. 
Cuesta creer que las acusaciones por las que fue condenado a cinco años de prisión puedan ser ciertas. 
Ayman Nour tiene cientos, no, miles de seguidores. 
Es muy difícil comprender por qué habría necesitado o se habría tomado la molestia de falsificar algunas de las 50 firmas necesarias para que su candidatura se convirtiera en legalmente válida. 
Nos sentimos muy conmocionados por el deterioro de su salud, y profundamente preocupados por el hecho de que su recurso de apelación vaya a ser considerado por un juez del que entenderse que incurre en un importante conflicto de intereses. Además, deseamos recordar al Gobierno y a los tribunales egipcios que los derechos humanos constituyen una base fundamental del Acuerdo de Cooperación y Asociación entre la Unión Europea y Egipto que tanto apreciamos. 
Además, queremos destacar que nuestro punto de vista se ajusta plenamente a la misma legislación egipcia, de forma que solicitamos al Gobierno egipcio que reconsidere esta situación y regule el marco legal de modo que los candidatos de la oposición puedan presentarse a las elecciones y tal vez incluso para que se replantee el juicio del doctor Nour. 
. – Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que esta es la tercera resolución relativa a los derechos humanos en Egipto y en particular a la situación del doctor Ayman Nour. 
El doctor Ayman Nour fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de falsificación de los documentos de registro de su partido político. 
Fue el segundo candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales y a día de hoy sigue en prisión, donde su salud continúa deteriorándose. 
Es positivo, por así decirlo, que este caso vaya a ser revisado por el Tribunal de Casación el 18 de mayo de 2006, pero debemos estar muy pendientes de este juicio. 
En el considerando I de la resolución nos comprometemos a constituir una delegación ad hoc que al menos intente visitarlo en caso de que el juicio prolongue su encarcelamiento. 
No obstante, está claro, por lo menos en opinión de mi Grupo, que debería ser liberado inmediatamente porque parece ser que los delitos de los que se le acusa y por los que de hecho ha sido condenado, no se corresponden con la realidad. 
El Gobierno egipcio no debe tener ninguna duda de que estaremos pendientes del caso con interés. 
El doctor Ayman Nour es ejemplo de un problema más amplio que afecta a la situación general de los derechos humanos en Egipto y a este respecto la presente resolución da algunos pasos concretos adelante. 
En los apartados 7 y 8 de la resolución, que solicito sean comentados por el Comisario esta tarde, instamos a la Comisión a crear una subcomisión específica sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto. 
En este país existe un déficit de derechos humanos que debe abordarse. 
La creación de una comisión específica para hacer el seguimiento y proceder a la ejecución del plan de acción será una manera concreta de hacer efectivas las buenas palabras que esta Cámara formula demasiado a menudo. 
Egipto es un socio apreciado de la UE y de esta Cámara en el proceso de paz de Oriente Próximo, un aliado en muchos aspectos y un colaborador para el desarrollo, pero debemos reconocer que no cumple nuestros criterios. 
Si es preciso deberemos utilizar deliberadamente el Acuerdo de Asociación para contribuir al desarrollo y la construcción de la sociedad civil egipcia en beneficio de la población egipcia y de un nivel más constructivo de cooperación entre la UE y Egipto. 
. Señor Presidente, desde mi punto de vista, el punto más importante de esta propuesta de resolución es el penúltimo, cuando se dice que «Pide al Parlamento de la República de Egipto que inicie un proceso de democratización y de respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, para que pueda desempeñar un papel de primer orden en la región como un modelo de democracia parlamentaria en el futuro». 
Egipto es fundamental en Oriente Próximo, es clave en el Mediterráneo y es, y debe seguir siendo, un socio privilegiado de la Unión Europea. 
Pero para todo ello es preciso que Egipto sea una democracia sin vuelta de hoja. 
Lamentablemente, comprobamos, con casos como el del señor Nour, que eso no es así todavía. 
Conocí al señor Nour en la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, tras su creación en marzo de 2005, en El Cairo. 
Nuestra presión consiguió que se le pusiera en libertad. 
Estuve, junto con el señor McMillan-Scott y la señora Flautre, reunido con él. 
Es un demócrata y, desde mi punto de vista, lo único que puede decirse es que debe ser puesto en libertad. 
Eso es lo que esperamos de ese Tribunal de Casación que se reunirá el próximo mes de mayo, como una señal clara de que Egipto va a permitir la libertad de expresión, de reunión y de conciencia y de que cada uno podrá presentar sus ideas libremente en los futuros procesos electorales. 
. – Señor Presidente, la estabilidad de Egipto se ha basado, durante mucho tiempo, en un Estado de partido único. 
En la era posnasseriana, este partido ya no representa una ideología común, sino meramente el interés común que supone estar en el poder. 
En estos días se permite que determinadas personas ajenas participen en las elecciones al margen de este monopolio de poder del Estado, siempre que no constituyan una amenaza para los poderes establecidos. 
Por este motivo, los candidatos de la oposición corren constantemente el riesgo de ser acosados, intimidados o encerrados. 
Sobre todo, no se les da la oportunidad de rodearse de un movimiento permanente y sólidamente estructurado. 
El estado de emergencia proclamado en 1981 es todavía un instrumento importante para sostener esta situación. 
Esta vez la víctima ha sido Ayman Nour, ex diputado y antiguo candidato presidencial. 
Debido a la contribución de Egipto a la estabilidad en Oriente Próximo, particularmente la coexistencia pacífica con el vecino Israel desde 1978, hay notablemente pocas críticas por parte de Europa en lo que respecta a esta situación. 
Más bien al contrario: la Unión Europea desea mantener buenas relaciones con todos los Estados ribereños del Mediterráneo. 
Mi Grupo apoya sin reservas la exigencia de una mayor democratización de Egipto, de que levante el estado de emergencia y no siga poniendo trabas a sus oponentes. 
. – Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. 
El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour». 
Él está libre, pero no así Ayman Nour, a pesar de que los dos hombres se encuentran en una tesitura similar en sus respectivos países. 
El señor Milinkevich ha dicho que cuando iba a un debate electoral tenía que llevarse su propia agua mineral. 
Pues bien, todos los seres humanos tienen la aspiración inherente de beber el agua limpia de la democracia; lo que hace el señor Milinkevich en Belarús lo intenta hacer también Ayman Nour en Egipto. 
Quiere infundir esperanza a aquellos que creen en un mañana libre. 
En muchos aspectos, Egipto desempeña un papel fundamental en Oriente Próximo. 
Si no muestra el camino hacia la democratización al resto de la región, su futuro se verá condenado de antemano. 
Egipto desempeña una función importante respecto a su relación con los Estados Unidos y su acercamiento constructivo a Israel, pero debe profundizar su relación con la UE y avanzar hacia la democracia. 
El pueblo egipcio merece la democracia. 
¿Por qué está Ayman Nour en prisión? 
Está allí debido a acusaciones endebles, está encarcelado por nada; está encarcelado porque se atrevió a enfrentarse al Presidente Mubarak. 
Si queremos que la democracia florezca en Egipto, debemos garantizar la liberación del doctor Ayman Nour. 
Cuando sea liberado, junto con él serán liberadas también las fuerzas democráticas en esa parte del mundo, una cuestión importante para la estabilidad futura en esa parte del mundo. 
. Señor Presidente, acojo con satisfacción el interés de los diputados al Parlamento Europeo por las cuestiones relacionada con los derechos humanos en países vecinos, particularmente en Egipto y en el caso del señor Nour. 
La Comisión ha estado siguiendo de cerca el juicio del señor Nour, líder del partido de la oposición egipcia, Al Ghad, desde su primera detención en febrero de 2005. 
Como ya sabrán, en respuesta a la condena a cinco años de prisión impuesta al señor Nour el diciembre pasado, la Unión Europea destacó que el encarcelamiento transmitía una señal negativa sobre la reforma democrática en Egipto. 
Opinamos que el caso debería inscribirse en el contexto del proceso de democratización en Egipto, además de estar relacionado con la independencia de la judicatura. 
La Comisión espera que el Tribunal de Casación considere el caso de conformidad con las normas procesales judiciales egipcias y con el Derecho internacional. 
La Comisión está dispuesta a comprometerse en un diálogo político y sobre derechos humanos con Egipto en el marco de la Política Europea de Vecindad. 
Las negociaciones para la conclusión de un plan de acción están muy avanzadas. 
Confiamos en lograr nuevos progresos en las próximas semanas y esperamos finalizar las negociaciones en los meses venideros. 
Con el fin de supervisar la aplicación del plan de acción –para responder a la pregunta del señor Smith– se creará una estructura de subcomités en el marco del Acuerdo de Asociación. 
Los subcomités se ocuparán de las reformas políticas y en el ámbito de los derechos humanos en Egipto. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al final de los debates, es decir, dentro de un momento. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
– Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. 
El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour». 
Esta enmienda ha sido aprobada por los principales partidos políticos. 
– Queda cerrado el Turno de votaciones. 
– Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 6 de abril de 2006. 
Les comunico que en su reunión del pasado día 6 de abril la Conferencia de Presidentes accedió a la solicitud de la Delegación para las Relaciones con Irán a efectos de sustituir el nombre de dicha delegación por el de Delegación para las Relaciones con la República Islámica de Irán. 
Si aceptamos esta propuesta, estamos, de hecho, modificando una resolución del Parlamento, la resolución por la cual se da nombre a las delegaciones para las relaciones con terceros países. 
Por lo tanto, haría falta que nadie se opusiera a ello. 
Si nadie se opone, el nombre de dicha delegación quedará sustituido como indico. 
– Señor Presidente, quiero manifestar mi total oposición a este cambio de postura, que equivale a una claudicación patética frente a las exigencias del nuevo Presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad. 
Nada en absoluto justifica esta manera de proceder, que no sintoniza en modo alguno con la tradición del Parlamento. Por consiguiente, protesto y quiero hacer constar mi más firme oposición a su decisión. 
¿Alguna intervención más? 
Aunque, realmente, con una basta... 
– Señor Presidente, hemos de respetar los principios de cada país. 
Independientemente de si es un país más o menos amigo, este país ha decidido darse un nombre. 
No podemos sino respetar el nombre de este país. 
Lo demás –como supongo todo el mundo entiende– no es democrático; se trata de una flagrante intervención en los asuntos internos de un país. 
Hay que respetar el nombre que este país quiera darse. 
No vamos a abrir aquí y ahora el debate, que sería interminable y que ya ha tenido lugar donde tenía que tener lugar; ahora se trata solamente de aceptar o rechazar la propuesta que hace la Conferencia de Presidentes. 
Habiéndose manifestado oposición, vamos a votar al respecto, pero no ahora: hay que avisar para que los diputados sepan que tiene lugar una votación. 
Por lo tanto, el cambio de nombre de esta delegación se someterá a votación del Pleno mañana a las 11 horas, durante el turno de votaciones. 
Aparte de la modificación que se acaba de producir hace un momento ― es decir, que mañana a las 11.00 horas tendremos un tema más que votar― y que obviamente modifica el orden del día, hay otras modificaciones que paso a explicar. 
Se ha distribuido un corrigendum relativo al orden del día de hoy y mañana; en este corrigendum ya se han incluido los cambios que fueron decididos en Estrasburgo el pasado jueves 6 de abril. 
También figuran en él las siguientes modificaciones que propongo al Pleno contando con el apoyo de los Grupos políticos: 
En primer lugar, tras la pregunta oral sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, tendrá lugar la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la suspensión de la ayuda a la Autoridad Palestina. 
Pero, contrariamente a lo que dice el corrigendum al que he hecho referencia, no habrá resolución como conclusión de este debate. 
El corrigendum dice que sí, pero no la habrá: no habrá resolución después de este debate. 
Por lo que respecta al informe de nuestro colega Mavrommatis sobre el fomento del multilingüismo y del aprendizaje de idiomas en la Unión Europea, que estaba previsto como penúltimo punto del orden del día de esta noche, vamos a aplazarlo a mañana por la mañana, como segundo y último debate que tendrá lugar antes de las votaciones. 
Finalmente, debo corregir y decir que, contrariamente a lo que se anunció el pasado 6 de abril en Estrasburgo, la sesión de mañana jueves comenzará a las 9.00 horas y no a las 8.30 horas. 
Constato la consternación que este anuncio produce en los señores diputados, pero espero que superen ustedes el pesar que eso les produce. 
En cuanto a las votaciones de mañana jueves, se aplaza la votación del informe del señor Gauzès sobre notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, con el fin de intentar alcanzar un acuerdo en primera lectura. 
Además, añadimos, sobre la base del artículo 131 de nuestro Reglamento, dos informes: el del señor Böge sobre el uso del Fondo de solidaridad (A6-0138/2006) , y el del señor Pittella sobre el presupuesto rectificativo n° 1/2006, relativo a las inundaciones de Bulgaria, Rumanía y Austria. 
¿Alguna observación? 
– Señor Presidente, confieso que hay algo que no he entendido realmente. 
Con respecto a la resolución sobre Palestina: ¿quién ha decidido qué y cuándo? 
Solo quiero saber quién decide: ¿fue tomada la decisión por los secretarios generales de los Grupos políticos, por la Conferencia de Presidentes, en una reunión de viejos amigos o por Dios sabe quién más? 
Me gustaría simplemente que me dijeran quién decide qué y cuándo. 
Como usted sabe, las decisiones las toma la Conferencia de Presidentes o, en su defecto, la de Secretarios de los Grupos políticos. 
Me informan los servicios de la Presidencia de que esta decisión fue tomada por la reunión de los Secretarios de los Grupos políticos ayer a mediodía. 
– Señor Presidente, ruego me disculpe pero debo de ser un poco simple. 
La Conferencia de Presidentes está formada por representantes electos, los presidentes de los Grupos políticos, quienes pueden tomar decisiones: hasta aquí todo perfecto. 
Que yo sepa, además de la Conferencia de Presidentes, quien puede tomar una decisión es el Pleno. 
Los secretarios generales de los Grupos políticos, por su parte, pueden expresar sus opiniones, pero dado que no son representantes electos y no pueden representar a un Grupo político, no pueden tomar decisiones. 
Así es la manera simple en que veo yo las cosas. 
Por supuesto, pueden formular propuestas, pero no pueden tomar decisiones. 
Señor Cohn-Bendit, su espíritu no es más simple que la media del Parlamento y lo que usted propone o sugiere debe ser tomado en consideración. 
Podríamos hacer ahora un test para medir la representatividad de los Secretarios de los Grupos políticos sometiendo a votación la modificación del orden del día, pero ¿es estrictamente necesario? 
Vamos a ver... 
– Señor Presidente, entiendo la reacción espontánea del señor Cohn-Bendit y, por lo tanto, quiero intentar darle una explicación. 
Fue mi Grupo quien pidió que se incluyera en el orden del día un punto relativo a la suspensión de la ayuda de la Unión Europea a Palestina. 
Presentamos esta propuesta después de que se celebrara la última Conferencia de Presidentes y, debido a ello, ha sido técnicamente imposible que la Conferencia de Presidentes la debatiera. 
Este es el motivo por el que los secretarios generales se consultaron entre ellos, como es habitual. 
Por lo tanto, he entendido la propuesta de nuestro Presidente en los términos siguientes: en estos momentos se trata de presentar al Pleno las conclusiones a las que han llegado los secretarios generales de los Grupos políticos sobre la base de nuestra propuesta y, si alguien se opone, tendremos que votar. 
Dicho esto, he creído que prácticamente había consenso para apoyar nuestra propuesta; la única diferencia es que, por nuestra parte, también estamos a favor de presentar una resolución. 
Sin embargo, no vamos a hacer una de este asunto. 
– Señor Presidente, la decisión en cuestión –sobre la cual el señor Wurtz ha dicho todo lo que había que decir– se tomó porque queríamos un debate, pero también, teniendo en cuenta entre otras cosas la próxima visita del señor Abbás a este Parlamento en Bruselas o Estrasburgo, hemos dicho que no convenía que hoy, aquí y ante un tema como este, que puede tener repercusiones políticas considerables, tomáramos decisiones y las tradujéramos una resolución, y este es el motivo por el que no apoyamos esta propuesta de resolución, aunque esté perfectamente claro que es lícito presentarla a este Pleno, que es la máxima autoridad de esta Cámara. 
En este punto respaldo plenamente la posición adoptada por el señor Cohn-Bendit. 
Sin embargo, quiero transmitir a esta Cámara algo que el señor Cohn-Bendit no ha dicho. 
La Conferencia de Presidentes se compone de diputados ordinarios –esto es cierto, y el señor Cohn-Bendit es uno de ellos– y el propio señor Cohn-Bendit, en la Conferencia de Presidentes, agradece el apoyo de otros presidentes de Grupos políticos siempre que respaldan sus planes, incluso cuando hay cosas que no es probable que obtengan la mayoría si se someten a votación en este Pleno. 
– Señor Presidente, es evidente que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea se encuentra en la posición confortable de tener a dos vicepresidentes, la señora Frassoni y el señor Cohn-Bendit. 
Siempre me complace verlos, aunque lamento no verlos nunca juntos. 
Tal como han dicho el señor Wurtz y el señor Schulz, estamos de acuerdo en que en esta Cámara falta un poco de buena voluntad, en que debatiríamos esta cuestión, pero –tal como están las cosas– no presentaríamos una resolución, y esto es en lo que todo el mundo ha estado de acuerdo. 
Por supuesto, esta Cámara tiene derecho a tomar la decisión final –esto se sobreentiende–, pero la decisión que tomó en este caso la Conferencia de Presidentes, cuyos miembros son simples mortales y, por lo tanto, no todo lo que hacemos es acertado, fue correcta y adecuada, y agradeceré que la Cámara actúe de acuerdo con ella. 
– Sin duda, señor Presidente, hay una cosa que no entiendo. 
El señor Wurtz ha manifestado que la propuesta se presentó después de la Conferencia de Presidentes. 
Si el señor Wurtz tiene razón, entonces la Conferencia de Presidentes, que se celebró con anterioridad, no pudo examinar la propuesta, y esto me parece lógico. 
La persona que presentó la propuesta es el presidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Nos acaba de decir –y tanto usted como yo le hemos oído– que presentó la propuesta después de la Conferencia de Presidentes. 
Dado que la propuesta se presentó después de la Conferencia de Presidentes, dicha Conferencia, que tuvo lugar con anterioridad, no podía debatirla. 
En segundo lugar, seré muy claro: si los dos principales Grupos están en contra de que se presente una resolución, no habrá resolución. 
Sin embargo, quiero que se celebre una votación en esta Cámara para decidir si habrá una resolución o no. 
Tienen ustedes sus argumentos y son legítimos; por mi parte, tengo otros argumentos que son tan legítimos como los suyos. Será la mayoría quien decida. 
Esto es democracia. Gracias. 
– Señor Presidente, parece que se recuerdan cosas muy distintas, pero desde luego lo que yo recuerdo es que en la Conferencia de Presidentes acordamos que no habría resolución. 
No obstante, intervengo para pedirle que ponga fin a esto y que nos permita seguir con nuestro trabajo esta tarde, bien sometiendo a votación en la Cámara si se procede con el orden del día tal como estaba propuesto, bien pasando simplemente al siguiente punto. 
Consultados los servicios de Presidencia, me informan de que se trata de un punto incorporado, o cuya incorporación se ha propuesto, después de la última Conferencia de Presidentes. 
Se ha propuesto después, y la propuesta es incorporarlo sin resolución. 
Es una propuesta que, naturalmente, en la medida en que haya alguien que declare no aceptarla, hay que someter a votación.