En enero, Polonia recibió garantías de la Comisión Europea de que intervendría para acelerar los trámites para que las empresas polacas puedan acceder al mercado ruso. 
Quisiera saber qué medidas ha tomado la Comisión en este sentido, cuál ha sido el resultado de dichas medidas y cuándo cesarán las prácticas discriminatorias de la Federación Rusa. 
– Señor Presidente, con referencia a la Constitución Europea propuesta, el Presidente Bush ha declarado que le fascina ver cómo la soberanía de las naciones puede integrarse en un conjunto superior. 
Él puede permitirse esta fascinación: no son las libertades, la independencia ni la democracia de su país lo que se está desmantelando y aboliendo en este proceso de integración. 
Sin embargo, lo que sí se toma en serio es el artículo 16 de la Constitución, que obliga a los Estados miembros a adoptar una Política Exterior y de Seguridad Común. 
Ha advertido con razón de que esto socava los fundamentos de la OTAN, pues es la OTAN la que ha mantenido la paz en Europa desde 1949, y no la Unión Europea. 
Los ciudadanos británicos tienen que saber que la Política Exterior y de Seguridad Común propuesta impedirá que el Reino Unido vuelva a ser capaz de actuar de modo independiente, en términos militares o políticos, tanto en alianza con los Estados Unidos como sin ellos. 
Este es otro motivo de peso para que los ciudadanos británicos rechacen la Constitución Europea cuando tengan oportunidad de pronunciarse. 
Señor Presidente, Señorías, recientemente el Parlamento Europeo celebró el 50º aniversario de la UEFA, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. 
En la sesión de hoy me gustaría expresar mi apoyo entusiasta al último proyecto de la UEFA, cuyo objetivo es garantizar que los clubes ricos y pobres tanto en la vieja como en la nueva Europa, es decir, en toda Europa, disfruten de las mismas oportunidades. 
El proyecto incluye una introducción progresiva de cuotas para jugadores entrenados por el club, con un mínimo de dos jugadores al año, o quizás cuatro. 
El objetivo es obligar a los clubes a trabajar con jóvenes jugadores, e impedir que los clubes ricos simplemente compren a los jugadores de talento. 
También habrá cuotas para jugadores del país del club, destinadas a promover el fútbol nacional. 
En la práctica, estas cuotas también impedirán el intento de los clubes más ricos de forjar armadas futbolísticas mediante la contratación de «galácticos» o superestrellas. 
Las propuestas de la UEFA se ajustan al principio de solidaridad, sobre cuya base se fundó la Unión Europea. 
Vale la pena sacrificar otro de los principios de la UE que de todos modos se incumple con frecuencia, a saber, es el principio de la libre circulación de trabajadores en aras al mencionado principio de solidaridad. 
– Señor Presidente, señorías, me gustaría incidir brevemente en algo que el señor Presidente ha comentado al principio de esta sesión. 
Como todos ustedes saben, mañana se va a producir una visita histórica del Presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, a la Comisión Europea, en el edificio Berlaymont de Bruselas. 
Tenemos que reconocer y agradecer los esfuerzos y las gestiones que ha hecho el Presidente de la Comisión, el señor Durão Barroso, para que, en esa visita, el señor Bush reciba al Presidente de este Parlamento Europeo, que es usted, señor Borrell. 
Lógicamente, desde mi Grupo, deseamos lo mejor para ese encuentro y esperamos que sirva también para mejorar las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados Unidos de América. 
– Señor Presidente, Señorías, dado que la Comisión Barroso desarrolla sus actividades desde hace meses y ha nombrado a todo su personal, incluidos los portavoces, resulta realmente extraño que no haya conseguido encontrar aún un portavoz italiano ¿Cómo es posible? 
¿Qué intentos ha realizado el Presidente Barroso a raíz de las numerosas preguntas parlamentarias, los apremios del Comisario Frattini y la petición formulada por todo el cuerpo de periodistas italianos acreditados ante la Comisión y las demás instituciones europeas? 
La nuestra no es una batalla religiosa y mucho menos un retorno al nacionalismo estéril. 
Estamos orgullosos de nuestra lengua: nuestro Dante Alighieri es envidiado por todos. 
Precisamente por ello no conseguimos entender que no se haya nombrado un portavoz de lengua italiana. 
– Señor Presidente, la semana pasada participé en la «Berlinale» , la 54ª edición del Festival de Cine de Berlín. 
La mayoría de nuestros Estados miembros estaban representados con nuevas producciones, tanto en la competición como en otras secciones del festival. 
Fue increíble ver cuántos cineastas de talento tenemos en Europa, pero fue incluso más alentador comprobar cuánta gente está interesada en películas que no sean de Hollywood, hechas en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. 
Las películas europeas gozan de más popularidad entre el público que las estadounidenses. 
El acontecimiento me demostró que existe un gran interés por el cine europeo, a pesar del hecho que nuestro fomento de la producción cinematográfica es menor que la del cine estadounidense. 
Existe una gran necesidad de mejorar los medios de comunicación europeos y la política cinematográfica. 
La protección de nuestro patrimonio cinematográfico y la producción de nuevas películas se merecen más apoyo, tanto desde el punto de vista económico como en términos legislativos. 
– La falta de lluvia en los últimos meses en Portugal está provocando una gran crisis tanto en los cultivos de otoño-invierno y en el forraje para el ganado como en relación con las bajas expectativas para los cultivos de primavera-verano. 
Al mismo tiempo, también se han dado casos de la llamada enfermedad de la «lengua azul» en animales, y las necesarias cuarentenas, confiscaciones y prohibiciones de traslado han agravado los problemas de la venta de ganado. Productores y ganaderos se han visto obligados a mantener a los animales durante más tiempo del previsto, y a incurrir en gastos adicionales para alimentarlos, lo que ha dado pie a en una crisis financiera a la que muchos de ellos no pueden hacer frente. 
Así pues, señor Presidente, le pido que informe a la Comisión de la gravedad de la situación de la agricultura en Portugal, y de la necesidad de adelantar el pago de las ayudas a la ganadería y la agricultura. 
La escasez de pastos provocada por la sequía también está causando problemas y es por tanto necesario autorizar el pastoreo en tierras en que, de acuerdo con la normativa comunitaria, esto está prohibido, con el fin de reducir la muerte de los animales. 
Señor Presidente, esta semana se cumple el tercer aniversario del secuestro de Ingrid Betancourt por parte de las guerrillas colombianas de las FARC. 
Ingrid Betancourt, la portavoz de mi partido hermano en Colombia y candidata a la presidencia, fue raptada el 23 de febrero de 2002 mientras buscaba una solución negociada al conflicto entre el Gobierno y las FARC. 
El Gobierno colombiano debe dejar de usar medios militares. 
En lugar de ello, debe firmar un acuerdo humanitario con las FARC, acorde con la Convención de Ginebra, de forma que Ingrid y otros 3 000 prisioneros puedan ser liberados. 
Le estaría muy agradecido si interviniera usted en nombre del Parlamento y transmitiera nuestra inquietud acerca de las vulneraciones de los derechos humanos en Colombia. 
– Señor Presidente, hubiera preferido aprovechar la presencia del Presidente Barroso, que se unirá a nosotros más tarde, para preguntarle por las recientes declaraciones a la prensa de la Comisaria responsable de política regional. 
En efecto, la señora Hübner ha declarado que en su opinión era necesario facilitar las deslocalizaciones dentro de Europa para que las empresas europeas puedan reducir costes. 
Ahora que estamos en pleno debate sobre las prioridades políticas de la Unión para 2005, ¿puede decirnos el señor Barroso si apoya este enfoque? 
Según las últimas cifras de Eurostat, las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea se registran en los nuevos Estados miembros. 
Se entiende bien así la estrategia propuesta por la señora Hübner. 
Sus palabras ilustran la realidad de una ampliación que se ha llevado a cabo sin nuevos medios presupuestarios. 
Lo que nos propone la Comisaria es desvestir a un santo para vestir a otro. 
Por tanto, ¿es partidario el señor Barroso de la institucionalización del dúmping social y fiscal dentro de la Unión? 
En vistas al próximo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, quisiera alertar a esta Cámara ante los recientes intentos de falsificar y manipular la historia con objetivos políticos a corto plazo. 
Prueba de ello son las recientes declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia sobre la infame Conferencia de Yalta. 
Dicha conferencia dividió el continente europeo en dos esferas de influencia, sometiendo de esta forma a muchas naciones de Europa Central y Oriental, cuyos representantes se encuentran hoy en esta Cámara, a casi medio siglo de opresión bajo un sistema totalitario inhumano. 
La causa principal de ello fue el Pacto germano-soviético de agosto de 1939, y la responsabilidad del inicio de la Segunda Guerra Mundial no solo corresponde a Alemania, sino también a Rusia, heredera de la Unión Soviética. 
Sin embargo, mientras Alemania ha demostrado su voluntad de enfrentarse a su trágico pasado, a Rusia todavía le falta valentía para hacerlo. 
Espero que el Parlamento Europeo apoye esta propuesta de resolución que, entre otras cosas, condena el Acuerdo de Yalta. 
Sería un gesto simbólico de reparación ante las naciones que se encontraban detrás del antiguo Telón de Acero. 
– Señor Presidente, España ha contemplado con desdén, con la mayor abstención de nuestra historia, el referéndum sobre la Constitución Europea. 
Y ha sido así, en parte, porque en los medios de comunicación no ha habido un debate lo bastante plural. 
Si queremos pasión, necesitamos controversia. 
Y el futuro no es halagüeño. 
El Gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas, Jesús de Polanco, controle la mitad de toda la radio española; un señor que, además, ya tiene el monopolio de la televisión por satélite y que ahora persigue una ración adicional de la tarta publicitoria analógica. 
Señores de la izquierda, Polanco convierte a Berlusconi en un mendigo. 
O defendemos todos la pluralidad informativa o muy pronto la estrategia de información de la Unión Europea no se debatirá en este Parlamento: la decidirán cuatro señores en un restaurante de lujo, con capacidad para imponernos el pensamiento único a 450 millones de europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera llamar su atención sobre el caso de Aissata Bint-Karamoko y, sobre todo, pedir al Parlamento Europeo que la apoye. 
Hace ahora tres años, la señora Karamoko presentó una solicitud de asilo en Francia. 
Está embarazada de siete meses y enferma: tiene hepatitis y actualmente se encuentra hospitalizada aquí mismo, en Estrasburgo. 
Ahora bien, el Gobierno francés, comportándose de un modo inaceptable, intenta devolver a la señora Karamoko a su país de origen, Mauritania, ignorando el derecho fundamental a recibir atención médica en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del respeto de los derechos humanos y en virtud de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, me gustaría que hiciéramos saber al Gobierno francés que debe respetar los derechos de la persona y los derechos fundamentales, y permitir que la señora Karamoko reciba atención médica aquí, en Francia, y sobre todo, que dé a luz en las mejores condiciones. 
Señor Presidente, espero que esta Cámara se haya recuperado de su encaprichamiento con la «Revolución naranja» de Ucrania, y que haya llegado la hora de enfrentarse a los hechos cara a cara. 
La coalición del señor Yúschenko, «Nuestra Ucrania» , ha presentado un proyecto de ley de examen preliminar, una de cuyas disposiciones estipula que se impedirá el acceso a un cargo público a todo aquel que critique al Ejército Insurgente Ucranio, UPA para abreviar. 
El UPA se ha convertido en un símbolo patriótico; sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo famoso por asesinar a polacos, judíos y rusos. 
Esta disposición de examen preliminar es un ataque contra las minorías nacionales en Ucrania, cuya mayoría son polacos. 
Estos polacos critican al UPA porque consideran que se trata de una organización criminal. 
Sin embargo, la propuesta cuenta con el apoyo del Congreso de los Nacionalistas Ucranios y su ala paramilitar, la UNA, algunos de cuyos miembros lucharon como mercenarios en Chechenia. 
Los Nacionalistas han entrado en contacto con el Partido Nacional Democrático neofascista alemán, invocando su fraternidad militar durante la Segunda Guerra Mundial. 
Las minorías nacionales en Ucrania están en peligro, tienen miedo y piden ayuda. 
– Señor Presidente, cuando este Parlamento se reunió por última vez, condenó como es debido las atrocidades nazis simbolizadas por Auschwitz. 
Es una pena y una vergüenza que la Jefa de Estado de un país miembro de la UE, la Presidenta McAleese, de la República de Irlanda, eligiera este 60º aniversario para lanzar un ataque feroz y vengativo contra la comunidad mayoritaria de Irlanda del Norte al equiparar de forma vergonzosa el odio nazi contra los judíos a la actitud de los protestantes contra los católicos. 
Nada es equiparable al holocausto nazi. 
En nombre de la mayoría pacífica de Irlanda del Norte, aprovecho la oportunidad en este foro internacional para refutar y rechazar este vil ataque contra aquellos a quienes represento. 
Las referencias a la lucha contra el fascismo son especialmente desafortunadas al proceder de una Presidenta cuyos predecesores expresaron sus condolencias cuando murió Hitler. 
– Señor Presidente, me han sorprendido las observaciones de D. Luis Herrero-Tejedor. 
Parece como si viniera de un país extraño, olvidando que, durante ocho años, el Gobierno del Partido Popular ha controlado la totalidad de los medios públicos y privados de comunicación. 
En este momento, el Gobierno Socialista trata de restablecer la democracia, estableciendo la pluralidad en los medios de comunicación que no garantizó el anterior Gobierno del Partido Popular. 
Por último, señor Herrero-Tejedor, ¿implica su afirmación que su correligionario, el señor Berlusconi, está controlando los medios de comunicación en Italia? 
Junto con otros diputados, el señor Cashman comunicó en una carta al señor Barroso, cito textualmente: «… que en Eslovenia los políticos están animando pública y manifiestamente a la discriminación contra las minorías… », fin de la cita, y propuso que la Comisión iniciara una investigación al respecto junto con el Gobierno esloveno. 
En mi condición de diputada liberal por Eslovenia, quisiera llamar además la atención del Parlamento sobre el hecho de que el actual Gobierno esloveno también ha rechazado explícitamente ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional de Eslovenia, por la que deberían devolverse las viviendas confiscadas ilegalmente en Eslovenia en 1992 a 18 305 ciudadanos de la antigua Yugoslavia. 
Por lo tanto, no se trata simplemente de un caso de discriminación de las minorías, sino de una violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho. 
Tiene la palabra el señor Herrero-Tejedor para una cuestión de orden. 
– Por alusiones, señor Presidente. 
He sido mencionado y me gustaría tener aunque sean treinta segundos de derecho de réplica. 
¿Qué artículo del Reglamento invoca? 
– El 27 B. 
¿Ha dicho usted el artículo 27 B? 
– Señor Presidente, entiendo que usted debería conocer el Reglamento mejor que yo. 
Es posible que yo haya tenido un lapsus de memoria... 
Señor Herrero, el artículo 27 B se refiere al trabajo de las delegaciones. 
¿Qué tiene que ver con las alusiones personales? 
–Es evidente que no es ese el artículo, pero, señor Presidente... 
¿Qué artículo invoca usted? 
– El artículo que contemple y proteja el derecho de réplica por alusiones, señor Presidente, sea el artículo que sea. 
Es un derecho que tengo y que espero que el Presidente ampare, señor Presidente. 
Me he limitado a preguntarle qué artículo invoca usted y usted me ha citado un artículo que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. 
Señor Herrero-Tejedor, yo no soy responsable de sus palabras, lo es usted. 
Supongo que se refiere al artículo 145. 
¿Es así, señor Tejedor? 
– Es el 145, señor Borrell Fontell. 
Tiene treinta segundos. 
– Solo quiero decirle al señor Medina que, efectivamente, el señor Berlusconi tiene un control sobre los medios de comunicación en Italia que mi partido y yo, en particular, hemos criticado severamente. 
Y, por ello, pido que se utilice la misma vara de medir para España. 
Y respecto a que el Partido Popular controlaba todos los medios de comunicación privados, ¿eso quiere decir que también controlaba todos los medios del señor Polanco, señor Medina? 
¿Usted quiere tomar el pelo a los diputados? 
¡Por Dios bendito! 
Señor Herrero Tejedor, le he concedido la palabra para evitar discusiones inútiles, pero debo señalarle que el artículo 145 se refiere a las acusaciones dirigidas a un diputado por un hecho personal. 
Ese no era en absoluto su caso, y, a pesar de ello, la Presidencia le ha concedido la palabra, para evitar que usted pudiera considerar sesgada la interpretación del Reglamento. 
– Señor Presidente, no tengo ante mí el Reglamento, pero simplemente quiero añadir una aclaración a la intervención sobre Irlanda del Norte realizada por el señor Allister, quien ha criticado a la Presidenta McAleese de la República de Irlanda por los comentarios que hizo en referencia a la comunidad protestante de Irlanda del Norte. 
Quiero destacar que la Presidenta McAleese se disculpó ampliamente y sin reservas a las pocas horas de haber hecho los comentarios. 
No había querido transmitir lo que se ha interpretado, y yo agradecería que esto constara en el acta de la Cámara. 
Muy bien, señor de Rossa, así se hará. 
Pero para general conocimiento de todos los diputados y diputadas, en el futuro el conocimiento del Reglamento nos debe concienciar a todos de que el artículo en cuestión permite intervenir para contestar a acusaciones personales, no a referencias a un diputado en el marco de un debate sobre cuestiones relativas a terceros. 
Tomen ustedes buena nota de que la Presidencia no concederá la palabra en el futuro, salvo que un diputado haya sido afectado por una cuestión que le afecta personalmente. 
De conformidad con el orden del día, pasamos al debate sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión (2005) , debate que se inició el 26 de enero de 2005 en Bruselas. 
Tiene la palabra el señor Barroso. 
. Señor Presidente, distinguidos diputados al Parlamento Europeo, Señorías, antes de intervenir ante ustedes acerca del programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2005, permítanme que exprese brevemente mi satisfacción por los resultados del referendo celebrado ayer sobre la Constitución Europea en España, e intentaré hacerlo en español. 
El pueblo español ha dicho sí a la Constitución Europea, un sí claro y rotundo. 
Quisiera expresar ante ustedes la satisfacción de la Comisión Europea por este resultado. 
España ha dicho sí a una Europa unida en su diversidad. 
Quisiera agradecer a todos los que han participado con su compromiso en el proceso de referéndum, en particular a todos los miembros de este Parlamento que han contribuido con su voz y opinión a conseguir este importante resultado. 
En este sentido, ayer llamé al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para felicitarle y expresarle mi agradecimiento por el gran compromiso expresado por su Gobierno en el desarrollo de la campaña electoral. 
Este sí, expresado de manera clara y sin matices, abre el camino al resto de los conciudadanos europeos que, en los próximos meses, serán igualmente llamados a pronunciarse sobre la Constitución Europea. 
Este ha sido un paso muy importante en el proceso de ratificación de la Constitución Europea, que la Comisión considera como un instrumento único que nos permitirá a todos los europeos consolidar nuestras ideas de paz, prosperidad, solidaridad y seguridad en Europa. 
Señor Presidente, hace un mes presenté los objetivos estratégicos propuestos por la Comisión, concebidos para guiar la acción europea hasta finales de la década. 
Se trata de un plan de trabajo político basado en tres pilares: prosperidad, solidaridad y seguridad. 
Se trata de aspectos que se refuerzan mutuamente y que abordan las preocupaciones concretas y las exigencias de los ciudadanos europeos. 
También presenté la primera entrega de los objetivos estratégicos: el programa de trabajo legislativo para este año. 
Permítanme recordarles algunos de sus principales elementos. 
En primer lugar, el programa está más enfocado en términos políticos. 
Las iniciativas propuestas se estructuran alrededor de los tres objetivos estratégicos y su dimensión externa, y representan una primera traducción concreta del planteamiento equilibrado que persigue la Comisión. 
Esto se aplica tanto a nuevas iniciativas como a ámbitos en que proponemos reforzar las acciones en curso. 
En segundo lugar, la Comisión está firmemente decidida a cumplir su programa de trabajo. 
A tal fin, la Comisión pretende adoptar una lista de poco más de un centenar de iniciativas prioritarias para finales de año. 
Finalmente, no solo queremos cumplir los plazos, sino que también queremos hacerlo mejor. 
Queremos tomarnos en serio los principios de mejora de la normativa. Esto significa garantizar la calidad de la legislación; el respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y valor añadido; y el uso generalizado de las evaluaciones de impacto. 
Además de este programa de trabajo, he anunciado que la Comisión informará con regularidad al Parlamento sobre su calendario de planificación de propuestas legislativas en preparación. 
Me complace poder decir que este canal de información ya funciona. 
Entretanto, la Comisión ha continuado aplicando sus propuestas. 
El 2 de febrero les presenté nuestras propuestas para una revisión a medio plazo de la Estrategia de Lisboa. 
Centrándose en el crecimiento y el empleo, aspira a crear las condiciones para lograr niveles de vida adecuados, justicia social para todos y sostenibilidad medioambiental. 
El 6 de enero y el 2 de febrero tuvimos un primer intercambio de puntos de vista. 
Me complació oír que, en términos generales, las propuestas de la Comisión respondían a muchas de las expectativas y preocupaciones de los diputados a esta Cámara. 
Acojo con satisfacción las propuestas de resolución detalladas presentadas hoy por los Grupos políticos sobre el programa de trabajo. 
Cuando hablamos de asociación, diálogo y consulta, sabemos que no siempre estaremos de acuerdo en todo. 
Como en cualquier asociación, lo importante es que las posiciones planteadas estén claramente expresadas y que colaboremos para alcanzar objetivos comunes. 
Quisiera comentar brevemente algunos de los asuntos importantes planteados en los comentarios y las propuestas de resolución. 
En primer lugar, las acciones valen más que las palabras. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad de convertir sus aspiraciones en realidad. 
Debe promover la prosperidad, la cohesión y la justicia social, tanto dentro de su territorio como más allá de sus fronteras. 
La Comisión está firmemente decidida a cumplir esta tarea. 
Ya hemos empezado a trabajar con este objetivo aplicando nuestro programa de trabajo para 2005: estamos en camino. 
En segundo lugar, la competitividad y la cohesión social tienen que ir de la mano. 
Todos sabemos que lograr el equilibrio es difícil. 
Quiero que la Comisión sea útil en este sentido. Ello exige escuchar con atención los puntos de vista y las contribuciones de sus Señorías. 
Tomemos por ejemplo la iniciativa REACH. 
Permítanme convencerles de que hemos tomado debida nota de las preocupaciones expresadas. 
Todos estamos de acuerdo en que es necesario proteger debidamente la seguridad de las personas y del medio ambiente. 
Por otra parte, también deberíamos abordar el temor de que algunos elementos de la propuesta supongan serias dificultades para una industria europea clave sin ningún valor añadido real en el terreno de la salud y del medio ambiente. 
A través del proceso legislativo, seguiremos examinando nuevas posibilidades de perfeccionar y mejorar el equilibrio entre normativa y competitividad. 
Con respecto al proyecto de directiva de servicios, en este caso también estamos persiguiendo un objetivo que cuenta con el apoyo general, a saber, la plena realización del mercado interior de servicios para el año 2010. 
De nuevo puedo asegurarles que hemos tomado debida nota de las preocupaciones expresadas. 
Estoy plenamente convencido de que, a través del proceso legislativo, seremos capaces de elaborar un instrumento jurídico capaz de aprovechar el potencial oculto del mercado único sin poner en peligro los objetivos legítimos del interés público. 
Hagámoslo sobre una base informada y deshagamos los mitos. 
Nuestras propuestas no cuestionan la responsabilidad de los Estados miembros a la hora de organizar y financiar servicios públicos clave en función de sus necesidades sociales, ni socavan las normas sobre el desplazamiento de trabajadores establecidas en la Directiva. 
Finalmente, mencionaré el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La Comisión se compromete a ayudar a mejorar el pacto y a asegurar que cumpla estrictamente el Tratado. 
Las mejoras propuestas por la Comisión tienen por objeto incrementar su fundamento económico y mejorar su aplicación. 
Queremos mejores incentivos para promover «buenas políticas» en los «buenos tiempos». 
Queremos mejorar la definición de los objetivos a medio plazo de la política fiscal teniendo en cuenta elementos tales como el nivel de deuda y los costes iniciales de las reformas estructurales. 
Queremos evitar restricciones fiscales no deseadas en condiciones económicas adversas porque, al fin y al cabo, esperamos que nuestros presupuestos permitan aumentar la prosperidad centrando el gasto en sectores orientados al crecimiento e invirtiendo en el futuro. 
No se trata de cuestiones académicas, se trata de la calidad de vida, de las oportunidades de las personas para ganarse el sustento y cosechar los beneficios de sus ahorros y pensiones. 
Se trata de la oportunidad de las generaciones actuales y futuras de llevar una vida tan plena como la que legítimamente puedan esperar. 
En el marco de este planteamiento equilibrado, la Comisión ha hecho progresos con su propuesta recientemente adoptada sobre la agenda social revisada para el periodo que abarca hasta 2010. 
Esto muestra el firme compromiso de la Comisión de modernizar y desarrollar los sistemas sociales europeos, abordar la exclusión social y la pobreza y conseguir más y mejores puestos de trabajo. 
Al liberalizar los mercados, no hay que olvidar a los individuos. 
Por esta razón, la semana pasada aprobamos dos nuevas propuestas para reforzar los derechos de los pasajeros. 
Ello me lleva a una cuestión clave: la Unión Europea debe contar con recursos financieros suficientes para actuar. 
La política de cohesión es y debe seguir siendo una política fundamental para la Unión. 
Sin solidaridad nunca podremos estar unidos. 
Es un complemento esencial de la competitividad y la Estrategia de Lisboa, ya que el aumento del grado de prosperidad de las regiones menos desarrolladas beneficia a la Unión en su conjunto. 
También deberíamos tener en cuenta que ahora los Estados miembros son 25. 
Los nuevos Estados miembros están a la espera de pruebas tangibles de nuestra solidaridad. 
Por eso nuestras propuestas en torno a una nueva generación de políticas de cohesión para las próximas perspectivas financieras son sumamente importantes para la Unión, tanto económica como políticamente. 
No podemos permitirnos diluir nuestras obligaciones en este terreno. 
Además, la Comisión está preparando actualmente su tercer paquete de propuestas para las próximas perspectivas financieras, que se basan en una cuidadosa revisión de su valor añadido europeo para brindar a los ciudadanos oportunidades que complementen los enfoques nacionales o cubran vacíos existentes. 
Este conjunto de instrumentos incluirá propuestas relativas al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo; la protección de los consumidores y de la salud pública; la energía, incluidas las fuentes de energía renovables; la competitividad y la innovación en cuestión de libertad, seguridad y justicia. 
La Comisión está haciendo su trabajo, pero convertir estas propuestas en una realidad dependerá en gran medida de las condiciones del acuerdo acerca de las Perspectivas Financieras previsto para junio. 
Como he dicho antes, no veo qué puede hacer la Comisión por una Europa que aspira a hacer más pero con menos recursos. 
Señorías, el desarrollo sostenible y la cuestión del cambio climático están muy presentes en el plan de trabajo de la Comisión. 
Aunque celebramos la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, no podemos quedarnos ahí. 
El 9 de febrero adoptamos una Comunicación sobre el desarrollo sostenible y otra titulada «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial». 
Estas propuestas completan las relativas a la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa. 
Junto al pilar económico, la estrategia de desarrollo sostenible y la nueva agenda social representan otros dos pilares complementarios de nuestra estrategia para los próximos cinco años. 
Naturalmente, debemos mirar también más allá de nuestras fronteras. 
Este año podremos analizar los progresos realizados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La situación es claramente decepcionante. 
La Unión Europea puede y debe contribuir más a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El próximo mes publicaremos nuestra contribución al ejercicio de revisión en curso. 
Debemos infundir más dinamismo e imaginación para la materialización de nuestros compromisos de Monterrey. 
En este terreno, nuestra mayor prioridad será África, y queremos proponer nuevas iniciativas concretas para África. 
El multilateralismo y la política de vecindad reforzada son también prioritarios para la Comisión. 
Otro objetivo central es una contribución renovada al proceso de paz en Oriente Medio y el relanzamiento de las relaciones transatlánticas. 
Cuando nos reunamos con el Presidente Bush mañana, le comunicaremos nuestro deseo de un multilateralismo efectivo y nuestro compromiso de trabajar por la paz y la ayuda humanitaria allí donde sea necesario. 
Todos compartimos la convicción de que la fuente de legitimidad de nuestra labor cotidiana es la acción a favor de los ciudadanos europeos. 
Reforzar la implicación de los ciudadanos es un deber prioritario de la Comisión y, para hacerlo, propondremos un programa específico en el marco de las perspectivas financieras. 
Facilitando a los ciudadanos una información sencilla y transparente sobre los retos europeos, estarán más capacitados para entenderlos y formarse una opinión. 
Todos los Comisarios se han comprometido a trabajar en este sentido, y sobre todo la Vicepresidenta Wallström, ya que se trata de su ámbito de competencia. 
En conclusión, permítanme recordar el modo en que la Comisión que tengo el honor de presidir se plantea hacer frente a estos desafíos comunes y abordar estas preocupaciones comunes. 
Para nosotros, el método será la cooperación, en particular entre las instituciones europeas. 
Tengo interés en repetir aquí algo que ya he dicho en muchas ocasiones en este Parlamento: pienso desarrollar una relación constructiva entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Celebro haber podido comprobar, en el debate del 26 de enero, que el Presidente Juncker y muchos de ustedes están de acuerdo en que es importante trabajar en común en torno a los objetivos estratégicos propuestos por la Comisión. 
Esto representaría un paso sin precedentes hacia una mayor coherencia de la acción de la Unión. 
Por último, en el espíritu de cooperación propuesto, la Comisión desea colaborar muy estrechamente con el Parlamento en el espíritu de colaboración propuesta. 
La Vicepresidenta Wallström estará presente mañana en la Conferencia de Presidentes de las comisiones en el marco de un diálogo que la Comisión desea que sea permanente y regular sobre las cuestiones prioritarias para nosotros, tanto desde el punto de vista de la programación como por lo que se refiere a la fijación de las prioridades políticas. 
En resumen, señor Presidente, Señorías, deseo que el programa de trabajo para el año 2005 sea el primer logro de la cooperación que les propongo para la renovación europea. 
Me complacerá escuchar ahora sus comentarios y sugerencias sobre su contenido. 
. – Señor Presidente, nos satisface mucho que el Presidente Barroso haya podido unirse a nosotros y podamos examinar juntos este programa para 2005, cuya presentación se ha retrasado, aunque ya sepamos por qué motivo. 
Sabemos, señor Barroso, que hará usted todo lo posible por aumentar la eficacia. 
Su programa es ambicioso y confiamos plenamente en usted; queremos confirmarle nuestra confianza porque ha sabido usted escuchar atentamente, y sobre todo escucharnos a nosotros. 
En efecto, ha tomado usted la iniciativa de revisar la Directiva de servicios para tener en cuenta nuestras inquietudes. 
Lo mismo sucede con REACH, como acaba usted de explicarnos. 
Debemos, por tanto, centrarnos en las cuestiones clave, a saber, el crecimiento y el empleo. 
Legislar menos y mejor será nuestro principal eje de trabajo. 
Sé que compartimos las mismas ideas al respecto. 
Nos ha hablado usted además de las acciones que hay que emprender. 
La productividad en Europa crece a la mitad del ritmo que en los Estados Unidos, donde el crecimiento medio de las inversiones es del 5,4 % anual frente al 1,7 % de las inversiones europeas. 
Nuestros conciudadanos esperan de hecho cambios prácticos que puedan describirse en términos simples: ver cómo aumenta el poder adquisitivo y dejar de temer el desempleo y las deslocalizaciones. 
Esperamos pues con impaciencia su programa marco para la competitividad y la innovación, con objetivos precisos y reuniones programadas. 
Desarrollar el crecimiento y el empleo es apoyarse en la innovación y en la investigación y, ante todo, conciliar política ambiental y política industrial. 
Estas dos políticas no son contradictorias, sino todo lo contrario, son complementarias. 
Las consideraciones medioambientales no representan limitaciones u obstáculos. 
Constituyen puntos fuertes, una oportunidad para nuestra economía. 
Por consiguiente, Europa debe jugar la carta de la innovación ecológica y de las tecnologías de vanguardia para responder a una demanda de productos de alto valor añadido que nuestros competidores no pueden satisfacer. 
Gracias a sus normas medioambientales estrictas, la Unión Europea estimula la innovación e incrementa la capacidad competitiva de su industria. 
Pienso en el desarrollo de energías renovables, entre otras la energía eólica y la energía solar, en los biocarburantes y en los transportes limpios, otros tantos sectores que ofrecen a nuestra industria una verdadera oportunidad en términos de empleo y exportaciones. 
Observamos con interés, señor Presidente de la Comisión, sus propuestas en este terreno, en particular el reglamento sobre las medidas que hay que adoptar para luchar contra formas de contaminación atmosférica. 
El desarrollo económico viable y la recuperación del crecimiento descansan ante todo en la salud de nuestras empresas, pero también en la salud de los hombres y las mujeres, que hacen que funcione nuestra economía. 
Apreciamos la parte de su programa relativa a la salud y la política de protección del consumidor. 
Europa debe anticipar asimismo las posibles amenazas de grandes plagas, luchar contra las nuevas epidemias y la resistencia a los antibióticos. 
Por tanto, esperamos con gran interés la propuesta de directiva encaminada a tomar medidas a escala comunitaria para la lucha contra la gripe aviar. 
Habrá que hacerlo rápido y bien. 
Por lo que respecta a la evolución demográfica en Europa, el Libro Verde debe dar pie rápidamente a medidas prácticas, como por ejemplo el aprendizaje a lo largo de toda la vida, sistemas sanitarios en los que se pueda confiar a largo plazo e investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas. 
Por lo que se refiere a la política de solidaridad, es justo que los nuevos Estados miembros se beneficien de estos programas, pero no olvide que los fondos en cuestión también hacen llegar la imagen de la Unión Europea a todos los Estados miembros. 
Es indispensable, por tanto, que todos los países tengan acceso a estas formas de ayuda estructural. 
Pedimos asimismo una mayor eficacia en el modo en que los Estados miembros dan curso a las resoluciones judiciales, aunque a este respecto esperamos aún los resultados de la codecisión estipulada en la Constitución. 
Sabemos que todo esto debe contribuir a mejorar la movilidad de los europeos. 
Debemos mejorar asimismo la movilidad de la juventud, facilitando los intercambios universitarios y haciendo que las personas se beneficien de esas formidables experiencias que son las carreras profesionales. 
Somos ambiciosos, igual que usted. 
Deseamos desarrollar y mejorar las condiciones de trabajo con vistas a la adopción de medidas concretas y a la mejora del equilibrio entre vida familiar y vida laboral. 
De este modo, podremos cumplir el objetivo que la UE debe perseguir, estimulando de este modo al conjunto de la sociedad europea. 
Al ejercer su capacidad de iniciativa, la Comisión Europea debe ser visionaria. 
En el ámbito de la política exterior, insistimos en las relaciones euromediterráneas. 
La política euromediterránea debe potenciarse y pasar a ser prioritaria. 
Del mismo modo, debemos atender a nuestras fronteras europeas. 
Para terminar quisiera decirle, señor Presidente de la Comisión, que la voluntad política ha de traducirse en perspectivas financieras que deben apreciarse en su justa medida. 
Los Estados miembros no pueden pedir más a Europa dando menos. 
Por tanto, lo que necesitamos ahora es energía política para poner en marcha el motor que impulsa nuestros esfuerzos, que constituyen la base de nuestra labor. 
Usted tiene esa energía. 
Estaremos a su lado con ese espíritu de relación constructiva de que nos ha hablado. 
– Señora Presidenta, Señorías, el discurso que acabamos de oír no ha sido un discurso del Partido Popular Europeo, sino de los gaullistas franceses. 
Señora Grossetête, teniendo en cuenta el contenido de su discurso, la invito cordialmente a unirse a nosotros, y pronto conseguiremos mayorías favorables a políticas socialmente responsables en la Unión Europea. 
He visto un profundo estupor en los ojos del diputado señor Poettering, y ha sido un verdadero placer observar su reacción. 
Presidente Barroso, estoy encantado de que haya conseguido estar con nosotros a pesar del poco tiempo que tiene. 
Todos somos conscientes de los problemas que ha tenido en Londres con su vuelo. 
Su presencia aquí es una buena señal para la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Permítanme hacer hincapié en ello. 
Pero basta ya de cumplidos, ya que también tengo que hacer una o dos observaciones que me parece que no serán tan de su agrado. 
No deseo retomar la cuestión de si su aparición en un anuncio del PSD en Portugal fue correcta o no. 
Eso ya forma parte del pasado. 
Sin embargo, quiero plantear una propuesta seria respecto a las negociaciones sobre el acuerdo marco. 
Hemos de tomar una decisión. 
Existe una disposición en el acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión donde se afirma claramente que no se prohíbe a los Comisarios la participación en actividades políticas en sus países de origen, siempre y cuando discutan de antemano la actividad con el Presidente de la Comisión. Este da su consentimiento a todo lo que sea necesario para llevar a cabo la actividad o expresa sus recelos. 
Sin embargo, no existe norma alguna para el Presidente, aunque, por supuesto, su conducta debería ser ejemplar. 
Personalmente, yo no tengo ningún problema con el hecho de que los Comisarios, o de que usted como Presidente de la Comisión, tengan un conjunto de opiniones políticas y las expresen en público. 
Sé perfectamente cuál es su filiación política. 
Huelga decir que no se le pide que actúe con hipocresía, pretendiendo que su elección a la presidencia de la Comisión le ha convertido en alguien políticamente neutral. 
A mí me parece bien que continúe defendiendo sus opiniones, pero la misma norma debe aplicarse tanto al Presidente como a los Comisarios, tanto si se les autoriza como si se les prohíbe participar en la política nacional. 
Es inaceptable que a algunos se les conceda y a otros no. 
Por eso sugiero que aclaremos esta cuestión en el acuerdo marco. 
Señor Presidente, un segundo comentario: en nuestro último debate acerca de su programa de trabajo, manifesté en nombre de nuestro Grupo que veíamos el vaso medio lleno. 
Dije esto porque habíamos visto signos alentadores de que usted estaba prestando atención a las peticiones que nosotros, los socialistas, habíamos formulado a usted y a la Comisión. 
Después, unos días más tarde, leí una entrevista suya en el, en la que adoptó una orientación totalmente distinta de la que nos había presentado cuando se dirigió a este Parlamento. 
¡No! 
La cohesión social está al mando, por lo menos para nosotros los socialistas, señor Presidente, y no vamos a eximirle de sus obligaciones a este respecto. 
Usted presentó un programa de trabajo con elementos socialistas, pero a continuación concedió una entrevista en el que iba en una dirección diametralmente opuesta. 
Más tarde, el señor Špidla presentó un documento con el que los socialistas estamos plenamente de acuerdo, pero al que siguieron comentarios en la prensa de la señora Hübner y que consideramos totalmente inadmisibles. 
Señor Presidente, ha encontrado usted el camino al edificio Berlaymont, pero tengo la impresión de que, cada vez que llega a la rotonda Schuman, ya no está seguro de qué salida debe tomar. 
Por esta razón, permítame sugerirle que siga nuestras propuestas socialistas, porque el problema de la Unión Europea es el siguiente: si no queda claro para los ciudadanos que esta Unión les ofrece seguridad social y permitimos que sigan pensando que Bruselas existe para destruir sus sistemas de seguridad social, el riesgo que corremos será mayor que las oportunidades que vayamos a crear. 
Hasta que no dejemos de transmitir dicha impresión, los ciudadanos continuarán dando la espalda a Europa. 
Esto tiene que ver con el hecho de que muchos de sus Comisarios, quizás no usted mismo, señor Barroso, y lo que es peor, muchos de sus funcionarios dentro de la Comisión, presentan el enfoque neoliberal como un hecho normal y corriente; la teoría dice que todo irá bien en Europa cuando esta se desregule, sea más flexible y siga una espiral social descendente. 
Mientras esta sea la principal orientación de las políticas de su Comisión, el clima no cambiará nunca a favor de la UE. 
A nosotros, los socialistas, no se nos ha elegido para apoyar la clase de políticas neoliberales que consagra la Directiva Bolkestein, sino para garantizar ambas caras de la moneda en que desde hace tiempo se centran nuestros debates. 
Por un lado, necesitamos competencia y flexibilidad, pero este aumento de la competencia y flexibilidad debe servir para promover la consecución de otro objetivo, a saber, la estabilidad social. 
Por esta razón, le pido que mantenga lo que dijo en sus directrices estratégicas y lo que nos presentó, junto con la señora Wallström y el señor Verheugen, en la Estrategia de Lisboa, y que formula los siguientes principios: mayor flexibilidad y más competencia, sin duda, pero también un compromiso duradero con las estructuras sociales que son el mayor logro de Europa. 
Si usted lee nuestra resolución, verá que estamos dispuestos a entablar una cooperación constructiva con usted, pero únicamente si usted, junto con su Comisión, está dispuesto a construir una Europa social. 
Entonces le daremos con mucho gusto nuestro apoyo. 
. – Señor Presidente, es curioso que los socialistas crean que puede haber progreso social sin crecimiento económico y reformas estructurales. 
También es increíblemente ingenuo por parte del señor Schulz criticar al Presidente de la Comisión por participar en la política de su país: nuestros políticos no son apátridas, no están divorciados de sus raíces políticas. 
Mi única crítica sobre el artículo del es el ataque del Presidente Barroso a los «federalistas ingenuos». 
No tengo ni idea de a qué se refería. 
Mi Grupo acoge con agrado el enfoque más definido del programa de trabajo y el hecho de que se base en una estrategia política clara. 
Sin embargo, me sorprende también la magnitud del programa. 
Evidentemente, hará falta jerarquizar más las prioridades. 
Para mi Grupo, nuestra prioridad es completar el mercado único, especialmente en el ámbito de los servicios financieros. 
Esto exigirá una revisión y, tal vez, un escrutinio más profundo del legado de la Comisión Prodi que el que ha experimentado en la actualidad el programa, sin duda respecto a las patentes de software, pero también al acceso a los servicios portuarios. 
Insistimos mucho no solo en mejorar la calidad de la redacción, sino también en reducir en cierta medida la cantidad. 
Voy a terminar con una petición para centrarnos en un programa que ha empezado pero cuyo final todavía queda lejos, especialmente con respecto a las normas financieras y comerciales que afectan al Chipre del Norte. 
No debemos dejar a los turcochipriotas al margen. 
. – Señora Presidenta, el Presidente Barroso acaba de proponer la complicidad entre la Comisión y el Parlamento en una buena causa. 
En nombre de mi Grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quisiera mencionar dos posibles ámbitos de complicidad en vista de los acontecimientos actuales. 
Usted mismo, señor Barroso, ha aludido al hecho más importante, en concreto las próximas conversaciones en Bruselas con el Presidente de los Estados Unidos. 
Estoy convencida de que, a causa de la ofensiva de simpatía de la señora Condoleezza Rice en Europa, en los próximos días y semanas deberá surgir y surgirá –y el tema de Irán será la prueba de fuego– la cuestión de si únicamente tenemos un objetivo común y continuamos cada uno por nuestro camino, o si conseguimos desarrollar medidas multilaterales y evitar el peligro del unilateralismo del que fuimos testigos durante la guerra preventiva contra Iraq. 
En nombre de mi Grupo, permítanme animarles encarecidamente e instar enérgicamente a la Comisión a que haga todos los esfuerzos en las próximas conversaciones por persuadir al Gobierno de los Estados Unidos de que preste un apoyo activo a la estrategia negociadora de los tres representantes de la UE. 
Permítanme repetir los objetivos comunes tanto de los negociadores estadounidenses como de los europeos y de los Estados miembros de la UE. 
Nuestro propósito es que haya pleno consenso. 
Debemos impedir la mayor proliferación de armas de destrucción masiva en la región de Oriente Próximo. 
Debemos seguir adelante con el desarrollo de una estrategia política para la región de Oriente Próximo sobre la base de la estrategia de seguridad europea. 
Debemos lograr que Irán se comprometa de modo vinculante a abstenerse del uso militar del potencial creado por su programa nuclear, y necesitamos que el Organismo Internacional de la Energía Atómica tenga acceso ilimitado para permitirle inspeccionar todas las instalaciones nucleares de Irán. 
Estos son los requisitos imprescindibles para la creación de un cordón de seguridad alrededor de los países de la región, incluido Israel. 
Estoy convencida de que las negociaciones europeas son la manera correcta de avanzar y cuentan con más probabilidades de tener éxito si podemos persuadir al Presidente Bush de que no se limite a esperar en las gradas, que no profiera amenazas verbales y no se plantee la opción de un ataque preventivo, sino de que ponga sobre el tapete una revisión activa de las actuales sanciones económicas contra Irán y un debate sobre garantías de seguridad para Irán. 
Pienso que deberíamos avanzar en este terreno si también permanecemos fieles a nuestro principio de salvaguardia de los derechos humanos. 
Insto concretamente a la Comisión a no aparcar el diálogo sobre los derechos humanos durante las negociaciones, sino a intensificarlo. 
Lamento enormemente tener que decir lo siguiente, pero he sabido que el Gobierno alemán, el mismísimo Gobierno que apoya activamente nuestras negociaciones por parte de la UE, ha iniciado el procedimiento de deportación de una joven de 26 años que obtuvo el divorcio de su marido iraní y se convirtió al cristianismo. 
La deportación a Irán en estas circunstancias –y nos hemos opuesto a ello en dos resoluciones previas– expone a una mujer al peligro de lapidación, de enjuiciamiento o incluso de muerte. 
Pienso que una política tan bipolar dificulta las cosas, pero debemos conseguir concentrar una mayoría en Europa tras una política coherente de derechos humanos. Ello reforzará nuestra credibilidad en la cuestión de Irán. 
No tengo ningún deseo de ver cómo Irán logra oponer los europeos a los Estados Unidos, porque ambos tenemos los mismos objetivos. 
Debo volver a recalcar esta cuestión. 
Permítanme que también haga referencia en este momento a otra cuestión en la que mi Grupo está de acuerdo con el Presidente de los Estados Unidos, a saber, el mantenimiento del embargo sobre China. 
Si decimos que el criterio del respeto de los derechos humanos es fundamental para nuestra política exterior europea, debemos reconocer que la situación de los derechos humanos en China sigue siendo terrible, y por esta razón la Cámara aprobó una resolución, hace unas pocas semanas, en la que rechazaba la iniciativa lanzada por el Presidente Chirac y el Canciller Schröder. 
Esperamos que se mantenga el embargo y reiteramos que los intereses económicos no deben prevalecer sobre los derechos humanos. 
. – Señora Presidenta, me gustaría darle las buenas tardes al señor Barroso pero ¡vaya por Dios! 
¡Ya estamos de nuevo! 
Este programa legislativo es fruto, en gran parte, de la estrategia política anual, que fue publicada por la última Comisión en febrero de 2004. 
La Comisión Europea es el gobierno no elegido de la UE, pero ¿qué otro gobierno del mundo tendría un programa legislativo establecido por su predecesor? 
El Partido por la Independencia del Reino Unido ya se ha quejado anteriormente de que la Comisión no responde ante nadie, pero esto vuelve a demostrar lo antidemocráticas que son las cosas. 
¡Se nos endilgarán políticas formuladas por personas que ya no están en el cargo! 
El 26 de enero, el señor Barroso se dirigió al Parlamento en Bruselas para hablar de este programa, pero el señor Prodi y su equipo son los que lo elaboraron. 
El objetivo político central de la nueva Comisión es el crecimiento económico. 
Este también era el objetivo central del documento de la antigua Comisión, elaborado el mes de febrero pasado. 
Es más, el señor Prodi lo convirtió en uno de sus objetivos clave cuando tomó posesión del cargo en 1999. 
Pues no ha servido de mucho, porque el crecimiento de la UE es más bajo ahora que entonces. 
Afortunadamente para el señor Prodi, él se encuentra de nuevo tranquilamente en Roma y ya no debe responder de sus fracasos. 
El documento afirma que, a causa del relevo institucional de 2004, se aprobó un procedimiento más ligero que el habitual para que el Parlamento Europeo considerara la estrategia política. 
Ese procedimiento concluyó en el mes de abril pasado, en otras palabras, incluso antes de la elección del actual Parlamento Europeo. 
Todos sabemos que este Parlamento es una farsa, pero esto justamente demuestra cuán absurdo es. 
Los eurófilos se han quejado de que los ciudadanos británicos no serán informados como es debido acerca de la Constitución de la UE. 
Los españoles acaban de votar sobre la Constitución, pero el hecho es que el 90 % de los españoles, que según los eurófilos estaban bien informados acerca de la Constitución, declararon al centro público español de sondeos de opinión que su conocimiento de la misma era escaso o nulo, y menos de la mitad se molestaron en ir a votar. 
De lo que habría que informar a los ciudadanos europeos no es la incomprensible Constitución, sino la montaña de legislación europea que tramitarán las instituciones de la UE este año, una legislación ideada por una Comisión desaparecida y aprobada por un Parlamento extinguido, que ya no han de responder ante los ciudadanos a que afectará este programa. 
Sin embargo, los ciudadanos de Europa, en especial los de Gran Bretaña, se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. 
Pronto no solo habrán caducado y desaparecido la última Comisión y el último Parlamento, sino también todo el proyecto de la UE, ¡y cuanto antes mejor! 
. – Señora Presidenta, el principal desafío al que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad es de tipo económico. 
El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Gobiernos de la UE van a tener que colaborar estrechamente si quieren alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
No será una tarea fácil, no debemos subestimar los retos que tenemos ante nosotros. 
Una de las cuestiones que deben examinarse de forma más cuidadosa se refiere al marco normativo en Europa: necesitamos menos y no más regulación. 
Esto ha quedado muy claramente destacado en un informe aparecido en el de hoy sobre un estudio llevado a cabo por el Centro para el Estudio de la Innovación Financiera, que afirma con claridad que la mayoría de las personas involucradas en servicios bancarios y financieros creen que tenemos un exceso de regulación y que necesitamos abordar esta cuestión, de forma que las empresas puedan ser más competitivas. 
Las grandes prioridades de la Unión Europea en la actualidad incluyen: la plena realización del Plan de Acción de Servicios Financieros para garantizar un mayor nivel de competencia entre las entidades financieras que operan en los 25 Estados miembros de la UE, lo que implica asegurar que los servicios bancarios minoristas estén a disposición de todos los ciudadanos de la UE en los 25 Estados miembros; facilitar la fusión de bancos europeos y la actualización de la legislación relativa a la gestión de activos para garantizar que los gestores de fondos puedan administrar fondos de activos sobre una base transfronteriza; la introducción de una nueva legislación para reducir los costes de compensación y liquidación de transacciones de valores; y la introducción de una mayor competencia en el sector de los seguros. 
La Unión Europea debe promover un mayor grado de diálogo con los Estados Unidos para racionalizar las normas que gobiernan el funcionamiento del sector de la contabilidad. 
La Unión Europea funciona con un sistema conocido como IAS, el sistema de Normas Internacionales de Contabilidad. 
Mientras tanto, la comunidad empresarial estadounidense utiliza una estructura contable llamada GAAP. 
Este año, 8 000 empresas que funcionan con el sistema IAS cotizarán en las bolsas europeas. 
Es un error que los Estados Unidos y Europa funcionen con dos planes contables distintos. 
La Unión Europea debe aplicar la nueva Directiva de servicios. 
Debe garantizar que los beneficios de todas las tecnologías estén a disposición de las comunidades en Europa, tanto urbanas como rurales. 
Señor Barroso, sus recientes declaraciones sobre la Estrategia de Lisboa y el camino de progreso económico para Europa han sido muy positivas, y le deseo mucha suerte. 
– Señor Presidente, este programa alimenta una esperanza real de revitalización y reorientación de la Agenda de Lisboa. 
Sin embargo, a medida que nos acercamos al Consejo de primavera del mes que viene, es fundamental que los Gobiernos nacionales pongan manos a la obra e impulsen las reformas económicas que son cruciales para la futura prosperidad contemplada en el programa. 
En las últimas semanas me han impresionado las declaraciones del Presidente de la Comisión y su objetivo claro de situar el crecimiento y la prosperidad en el centro de su estrategia para el próximo periodo. 
Por el contrario, no me han impresionado nada las peroratas de los socialistas, como las del señor Schulz, sobre el replanteamiento de las prioridades dentro del proceso de Lisboa. 
La izquierda en Europa sigue empeñada en los viejos métodos de los mercados laborales inflexibles, los elevados costes laborales extrasalariales y otras barreras al crecimiento. 
¿Es que no ven que la razón por la que Europa se encuentra en un declive económico relativo es precisamente su modelo social anticuado? 
¿No pueden entender que la elevada tasa de desempleo en tantas partes en Europa viene provocada por las propuestas económicas obsoletas a las que se aferran? 
Nada de lo que el señor Schulz acaba de decir ayudaría a los cinco millones de desempleados que hay en la actualidad en su país. 
Por lo tanto, continuamos urgiendo al Presidente de la Comisión a que mantenga el ritmo de la reforma, y urgimos a los Gobiernos a que tengan en cuenta las razones del fracaso de la Agenda de Lisboa durante los primeros cinco años. 
Queremos ver un compromiso renovado con la plena realización del mercado único. 
El señor Barroso comprende con buen criterio que muchos de los remedios para la falta de dinamismo económico están precisamente en manos de los Estados miembros. 
Sin embargo, además de la iniciativa que ha tomado, le animaría a que dedicara un esfuerzo real a la reducción de la producción legislativa de la propia Comisión. 
La Comisión debe ser tan eficaz como lo exijan nuestras empresas y nuestros ciudadanos. 
Habla con razón de mejorar la normativa, pero la prioridad debe ser reducir esta normativa y, sobre todo, es preciso que la legislación se someta a una plena evaluación de impacto. 
Los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo han estado al frente de la batalla por la reducción de la normativa y por el cumplimiento de dichas evaluaciones de impacto. 
Espero y confío en que pronto observaré progresos en todas estas cuestiones en relación con la Directiva de servicios, cuyo apoyo por parte del señor Barroso me complace. 
– Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, pienso que ustedes en la Comisión y nosotros en el Parlamento –o por lo menos la amplia mayoría de los diputados a esta Cámara– quieren ganarse el apoyo de la ciudadanía al proyecto de integración europea. 
Si eso es lo que queremos, debemos ofrecer a los ciudadanos contenidos reales, y explicarles la importancia de dichos contenidos. 
Desde nuestro punto de vista, la prioridad debería ser una Europa social. 
Sin embargo, con el fin de lograr una Europa social, necesitamos puestos de trabajo. 
Para crearlos necesitamos crecimiento, y para generar crecimiento necesitamos tanto inversiones como, sobre todo, educación, formación y aprendizaje permanente, y –sí, señor Kirkhope– también necesitamos mayor flexibilidad. 
No obstante, todo aquel que pida flexibilidad debe saber que la flexibilidad y la seguridad social no se excluyen mutuamente; tal y como ha demostrado el modelo nórdico, la opinión pública está de hecho dispuesta a aceptar un mayor grado de flexibilidad si existe una red de seguridad social y si también existe, por ejemplo, un amplio abanico de oportunidades para la formación continua que permita enfrentarse a las implicaciones de dicha flexibilidad, incluidas sus implicaciones sociales. 
También necesitamos servicios públicos efectivos. 
Su declaración, señor Presidente, no me ha satisfecho por completo, porque la cuestión de los servicios no puede reducirse a la economía de mercado. 
Nuestros servicios públicos forman parte de nuestra identidad; tanto si se trata de servicios postales como del transporte municipal, forman parte de la identidad europea, que los ciudadanos de Europa desean con razón que sean defendidos. 
Por lo tanto, no se trata de una cuestión puramente económica, sino también de un asunto con gran carga emotiva. 
Una observación final: lo que ha hecho recientemente la Vicepresidenta, la señora Wallström, con respecto a los derechos de los pasajeros aéreos ha sido, en mi opinión, un paso muy positivo. 
El hecho es que debemos salir a la palestra y contar a los ciudadanos lo que hemos logrado en este Parlamento, incluidas nuestras respuestas a las propuestas de la Comisión. 
Debemos decirles que nos encontramos aquí por ellos, y por eso les ruego a ustedes que no contemplen las medidas legislativas desde una perspectiva exclusivamente técnica, como medio para crear mejores normas, sino que piensen en todo momento en las personas para quienes elaboramos estas leyes y a quienes deseamos comunicárselas. 
Si la Comisión y el Parlamento Europeo son capaces de defender juntos en el futuro este planteamiento, ganaremos el favor de muchos ciudadanos para esta nuestra Unión Europea. 
– Señora Presidenta, creo que el Presidente en ejercicio del Consejo ya ha dejado claro que hoy es un buen día. 
Hemos podido ver los resultados de España, que nos colocan a todos en mejor posición, no solo respecto a la campaña del referendo, sino también porque ha quedado claro que una gran nación se ha decidido por gran mayoría a favor de este proyecto político. 
Mañana también tendremos algo de qué alardear, cuando usted se reúna con el Presidente Bush. 
A todos nos ha quedado claro, y esto debe reflejarse en nuestras políticas, que únicamente la acción conjunta nos convierte en un factor significativo, y esta acción da sus frutos, porque no puedo encontrar ninguna otra explicación para el comentario de Condoleezza Rice de que la Constitución Europea debería ser adoptada. 
Se trata en este caso de un tono totalmente nuevo de la política estadounidense. 
Permítame también expresarle mi agradecimiento, Presidente Barroso, por haber contribuido particularmente a que el Presidente de esta Cámara pueda participar en la reunión de mañana. 
Me gustaría aludir a otra cuestión asociada, en concreto nuestra política de vecindad. 
No creo que hayamos hecho suficientes progresos en esta dirección, y el Presidente Yúschenko estará aquí en el Parlamento el miércoles, de modo que podremos buscar una nueva manera de afrontar el formidable desafío de consolidar la democracia en Europa Oriental, de forma que puedan forjarse vínculos más estrechos entre Europa Oriental y la Unión Europea. 
Ello implica una necesidad urgente de algo más que la política de vecindad, porque de lo contrario aumentarán las presiones a favor de centrar prematuramente los debates en la plena integración, cosa que no podemos conceder de inmediato porque sería una sobrecarga para la capacidad integradora de la Unión Europea 
Debemos ofrecer una visión a los ciudadanos de esos países, por lo que sin duda vale la pena considerar si quizás debería existir otra opción que no cierre la puerta de la plena integración, pero que ofrezca esta perspectiva como objetivo a largo plazo. 
Al mismo tiempo, una opción de este tipo podría rendir beneficios inmediatos, como ocurrió en el pasado con el Espacio Económico Europeo, desde el que Austria, Finlandia y Suecia se integraron en la Unión Europea. 
Pido a la Comisión que reflexione seriamente sobre ello, porque me temo que, de lo contrario, nos veamos inmersos muy pronto en una difícil situación. 
Esta tarde ha quedado claro que estamos proporcionando a estos países, víctimas no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino también de las dictaduras que le siguieron, una posibilidad que les permita asentar la democracia mientras nuestra Unión Europea se refuerza sin merma de su capacidad de actuar. 
– Señor Presidente, señor Presidente Barroso, Señorías, permítanme hacer unas pocas observaciones personales sobre el programa de trabajo de la Comisión. 
Es un espléndido inventario del tipo de los que hacía el poeta Jacques Prévert, pero me recuerda a lo que solía decir Wim Kok a propósito del proceso de Lisboa: «Lisboa trata de todo y por tanto de nada». 
Con el programa de trabajo de la Comisión sucede algo parecido: los árboles no dejan ver el bosque. 
Cada Comisario se ha esforzado por adornar su propio árbol de Navidad añadiéndole algunas guirnaldas personales. 
No le critico, señor Presidente. 
Si se hubiera limitado a lo esencial, los diputados habríamos sido los primeros en decir que ha olvidado tal o cual tema que consideramos más importante. 
No obstante, le pido, señor Presidente, que consagre su energía a lo esencial. 
Europa debe defender su modelo social y su modelo medioambiental. 
Todos estamos de acuerdo en que Europa debe introducir reformas y ser más flexible en ciertos ámbitos. 
Pero no se ganará usted la adhesión de los ciudadanos europeos votando lo que la derecha se dispone a votar mañana cuando yo presente mi informe, a saber: menos impuestos para los ricos y más trabajo para los trabajadores. 
Eso no funcionará. 
El Comité de Política Económica dice en su informe anual de 2005 que Europa necesita un marco macroeconómico que propicie la estabilidad y el crecimiento, y que dicho marco es indispensable, pero los Gobiernos solo recogerán plenamente los frutos de las reformas estructurales en términos de crecimiento y empleo en un entorno macroeconómico adecuado. 
Tenemos la estabilidad, señor Barroso, ahora lo que necesitamos es crecimiento. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, como sabemos, el programa legislativo de la Comisión permite traducir las prioridades políticas del Consejo en acciones concretas. 
Nos satisface, pues, comprobar que da prioridad a la aplicación de la legislación europea, pero queremos compromisos firmes para los próximos años. 
En efecto, la mejora de la seguridad en Europa sigue siendo una prioridad, pero en ningún caso debe reforzarse a costa de las libertades civiles. 
Las propuestas a favor de la intensificación del intercambio de información y del refuerzo de la cooperación operativa suponen un paso adelante en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, pero el sentimiento de inseguridad de los europeos, que reconocemos, debe combatirse ante todo con una política activa de protección y promoción de los derechos fundamentales. 
Así es como deben autodefenderse nuestras democracias, y así es como saldrán airosas. 
Queremos que se tomen iniciativas para luchar contra el racismo, la xenofobia y formas de discriminación. 
El refuerzo de la cooperación judicial sigue siendo una de las prioridades para garantizar a los ciudadanos europeos los mismos derechos y el mismo acceso a la justicia en toda Europa. 
Acogemos, pues, favorablemente la ampliación prevista de la cooperación judicial a determinados aspectos del Derecho de familia. 
Hacemos a la Comisión un llamamiento para que respete este compromiso y presente propuestas basadas en el principio del reconocimiento mutuo en los ámbitos de la evaluación y la utilización de las pruebas y de las garantías procesales. 
Deseamos que se adopte un enfoque más justo sobre las cuestiones de asilo e inmigración, que permita ante todo el respeto de los derechos y el reparto de las cargas y responsabilidades. 
Deseamos una apertura de vías legales a la inmigración que respete las necesidades y derechos fundamentales de los inmigrantes. 
Por último, pedimos un avance significativo en la definición de unas normas mínimas para la concesión y la anulación del estatuto de refugiado. 
– Señora Presidenta, Señorías, permítanme empezar con un breve comentario sobre el contenido político de los discursos que hemos escuchado hoy, en particular el del señor Schulz. 
Pienso, y nuestro debate actual sobre la Estrategia de Lisboa lo corrobora, que dicha estrategia consta de varios pilares. 
No cabe ninguna duda de que todos los pilares son, en principio, componentes igualmente importantes de la estrategia. 
Por otro lado, es obvio que sin una economía que funcione no pueden llevarse a cabo políticas sociales y medioambientales adecuadas. 
La economía es, por decirlo así, la clave de la realización de todas nuestras otras buenas intenciones políticas. 
Por lo tanto, las prioridades deben fijarse de acuerdo con ello, aunque no hay que olvidar la estructura de pilares. 
Tal vez debería mencionar de paso que no hay mejor política social que la creación de puestos de trabajo. 
Puede que se trate de otra obviedad, pero también hay que decirlo. 
Otro pequeño recordatorio no estaría de más, ya que se está llamando continuamente la atención del Presidente de la Comisión sobre este asunto. 
Ambos Vicepresidentes competentes de la Comisión Europea –el que firmó el documento en Lisboa y el que ha firmado el programa que estamos debatiendo hoy– son socialistas. 
Ello significaría que el expediente está en las mejores manos dentro de la Comisión, y no logro vislumbrar la razón de sacar a relucir una y otra vez este debate acerca de supuestas diferencias que no existen. 
También tengo una petición particular a este respecto, y es que la Comisión debe dar gran prioridad, en el marco del presente programa legislativo, como en otros ámbitos, a la aplicación de su acuerdo interinstitucional con el Consejo y el Parlamento. 
Es algo sumamente importante. 
Entre las razones por las que las cosas no salieron en el pasado tan bien como tendrían que haber salido se encuentra la falta de evaluación del impacto de las propuestas legislativas y la forma insuficiente en que se llevó a cabo la consulta a los interesados. 
Insto al Presidente y a la Vicepresidenta de la Comisión, en particular en el transcurso de su trabajo durante los próximos meses, a garantizar que el acuerdo interinstitucional se aplique coherentemente en este contexto. 
Esta será la clave, en muchos ámbitos, del éxito al que ellos y todos nosotros aspiramos. 
– Señora Presidenta, permítame decir al señor Barroso que ha dedicado su discurso de hoy a tres objetivos espléndidos: prosperidad, solidaridad y seguridad. 
Naturalmente, ello despierta grandes expectativas entre nosotros los diputados, y debo decir, señor Barroso, que mi reacción ha sido similar a la del señor Swoboda, porque lo que ha dicho usted de la Directiva de servicios en este contexto ha resultado realmente ser bastante insustancial. 
Si realmente quiere que logremos prosperidad, solidaridad y seguridad para nuestros ciudadanos, entonces deberá ocuparse de la Directiva de servicios más a fondo que lo que ha parecido indicar hoy. 
Si se toma en serio su asociación con nosotros, y de hecho con todas las instituciones, todavía le queda mucho por hacer. 
Además, no debemos olvidar algo que es incluso más importante, señor Barroso, a saber, nuestra asociación con los ciudadanos de la Unión Europea, con todos sus 450 millones de habitantes. 
Es para ellos, y para nadie más, para quienes realizamos nuestras políticas. 
– En las últimas semanas, la Comisión ha tomado decisiones sobre dos temas clave: las directrices estratégicas para su mandato y la reforma de la Estrategia de Lisboa. 
Ambas decisiones subrayan el hecho de que las principales prioridades para la UE, en las circunstancias actuales, son relanzar el crecimiento económico y crear empleo. 
Sinceramente, no entiendo la discusión sobre qué es lo primero, si el crecimiento económico o el empleo. 
Para mí es muy sencillo. 
Los puestos de trabajo se crean en las empresas. 
Pues bien, las empresas solo crecen y se desarrollan cuando existe un clima de confianza y de deseo generalizado de crear una atmósfera propicia a las inversiones. 
Este enfoque de la vida, esta cultura, se hará realidad si existe la capacidad de desarrollar las políticas económicas correctas. 
Cuanto mayor sea el compromiso entre los Estados miembros de aplicar las reformas necesarias, tanto antes podrá implantarse una cultura de este tipo. 
Es la única forma de poder mantener, y de hecho desarrollar, el modelo social europeo. 
El dinamismo económico no debe considerarse el enemigo de la protección social; de hecho, es su aliado más incondicional. 
Sin embargo, tengo una preocupación distinta que está relacionada con la definición de las prioridades y la clara asignación de responsabilidades. 
Precisamente la ausencia de estos elementos hizo necesaria la reforma de la Estrategia de Lisboa. 
Ahora corresponde a los Estados miembros hacer alarde del espíritu de reforma propuesto por la Comisión mediante la acción política práctica. 
Existe una necesidad acuciante de llevar a cabo reformas que, en su mayoría, no resultan populares, pero que Europa necesita. 
Estas reformas solo tendrán éxito si se explican, si es preciso de forma exhaustiva. 
Es la única manera de que sean entendidas y aceptadas. 
Concluiré diciendo que, en mi opinión, vale la pena considerar los beneficios de escapar del entorno de la oficina y salir a la calle y, como diputados al Parlamento Europeo, deberíamos ser los primeros en hacerlo. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, deberíamos aplaudir el hecho de que la Comisión Europea pretenda centrar sus esfuerzos en tres aspectos, en concreto el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. 
Sin embargo, solo el tiempo dirá si y, de qué manera, van a ponerse en práctica estos loables planes. 
Cualquier tipo de desequilibrio, en particular uno que favorezca el crecimiento económico a expensas del bienestar social y de la protección medioambiental, representaría una amenaza para Europa y sus ciudadanos, y en particular para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión Europea también es la guardiana de los Tratados, y como tal supervisa la aplicación de la legislación por parte de los Estados miembros. 
Por lo tanto, pediría a la Comisión que supervisara dicha aplicación con regularidad, particularmente con respecto al cumplimiento del principio de no discriminación. 
Este principio, cuya aplicación es obligatoria, ya ha sido motivo de preocupación respecto a las disposiciones del reglamento REACH y de la Directiva de servicios. 
¿No le preocupa a la Comisión Europea que los intentos de excluir los servicios de construcción de esta Directiva sean considerados discriminatorios por los nuevos Estados miembros? 
Existen más ejemplos de prácticas de este tipo, y por lo tanto pido al señor Barroso que garantice una supervisión minuciosa por parte de la Comisión de la aplicación de la legislación por lo que se refiere al principio de no discriminación. 
– Señor Presidente de la Comisión, Señorías, habiendo escuchado este debate, no puedo sino repetir que debemos pensar más como europeos y dejar de enzarzarnos en políticas nacionales y de partido. 
Necesitamos más optimismo y confianza, más intenciones serias, más claridad y escrutinio, y la voluntad política para cumplir los compromisos sobre los que andamos pontificando. 
Necesitamos más liderazgo, más liderazgo de los círculos políticos, más liderazgo de aquellos que gobiernan y más liderazgo de la Comisión. 
También quisiera hacer un llamamiento a todos los que se encuentran aquí para reflexionar un poco. 
Todos estamos aquí para hacer realidad las cuatro libertades, tanto de hecho como de derecho, y todo lo que sirva a este fin se considerará una buena política. 
Debemos reflexionar sobre lo que hemos consagrado en la Constitución. 
La verdad es que no entiendo por qué estamos debatiendo hoy de estas cuestiones. 
En la Constitución proclamamos el principio de una economía social de mercado. 
De esta forma, estamos afirmando claramente que el Mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, que necesitamos un mercado eficiente que cumpla sus responsabilidades sociales y medioambientales. 
Nos hemos autoimpuesto los objetivos del pleno empleo y de la sostenibilidad. 
¿Por qué seguimos transmitiendo la impresión al público en general de que oponemos estos objetivos entre sí? 
No necesitamos un populismo corto de miras, lo que queremos es una mayor responsabilidad para el futuro. 
Permítanme pues hacer la siguiente petición al Presidente de la Comisión: haga una prueba de subsidiariedad antes de presentar propuestas. 
Explique al público qué es lo que se gana al legislar a escala de la UE. 
Defina los beneficios en términos de crecimiento, competencia y empleo. 
Defina el grupo destinatario. 
Defina claramente los motivos, los objetivos y los resultados, y diga quién debe hacer qué y cuándo, de manera que podamos ejercer nuestro derecho de escrutinio parlamentario. 
La Comisión ha elaborado un programa amplio y ambicioso. 
Ha fijado tareas prioritarias con las cuales estoy de acuerdo y que apoyo. 
También me complace la ambición, la energía y, por descontado, el entusiasmo del Presidente de la Comisión. 
Sin embargo, si queremos que Europa sea eficaz, si queremos que Europa esté más cerca de sus ciudadanos y si queremos alcanzar los objetivos, tenemos que actuar de una manera más eficaz de lo que lo hemos hecho hasta ahora. 
Una parte importante de la eficacia de la Unión Europea se debe a sus sistemas administrativos, a su administración pública. 
Usted los menciona en los objetivos estratégicos, en la página cuatro, señor Presidente. 
Esto está muy bien. 
Pero al mismo tiempo recuerdo que la Comisión Prodi empezó la reforma de la administración pública en la Unión Europea. 
El ex Comisario Kinnock fue su responsable. 
Aunque desconozco cómo terminó todo, si es que empezó alguna vez, los ciudadanos de la Unión Europea siguen considerándola un enorme aparato burocrático, alejado de los ciudadanos, aparato que tiene un coste enorme y que precisa un volumen extremadamente grande de trabajo administrativo para cualquier nimiedad, por no mencionar los proyectos importantes. 
Por lo tanto, todos nosotros juntos, no solo aquellos de nosotros que estamos aquí en el Parlamento Europeo, sino también nuestros electores, esperan con razón que la nueva Comisión encuentre, en el marco de las tareas prioritarias que ha establecido, la energía, el tiempo y la voluntad para ocuparse de su propio sistema administrativo, de su propia burocracia. 
En este sentido, espero respuestas muy claras. 
Una última cosa: está bien que exista una buena legislación, pero lo que es más importante es que pongamos efectivamente en práctica una buena legislación. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, mis comentarios se dirigen principalmente al señor Schulz. 
– Señor Schulz, tras nuestra conversación acerca de la resolución sobre Auschwitz, ha cambiado usted completamente sus puntos de vista y, por lo tanto, es usted merecedor de mi más profundo respeto. 
Muchas gracias. 
Ahora, sin embargo, quiero responder a sus comentarios críticos sobre el Papa. 
– Señorías, con respecto al asunto del presupuesto y la asignación de fondos para la reunión de jóvenes con el Papa en Colonia, quiero dejar claro que si alguien más consigue reunir a tantos jóvenes para una buena causa, sin duda voy a votar a favor de que se financie la reunión. 
Voy a hacerlo independientemente de si la persona en cuestión es el señor Schulz o el presidente de un Grupo o partido, y voy a hacerlo tanto si esta persona es socialista, verde, católica o seguidora de cualquier otro movimiento político o religión. 
Si el acontecimiento en cuestión promueve la unidad social y psicológica y la creación de una Europa común, merece un auténtico respeto. 
Creo que el señor Schulz reconocerá que este es el caso y, de hecho, puedo verle cómo asiente con la cabeza. 
Quisiera darle las gracias por ello. 
También quiero recordar a los diputados de los diez nuevos Estados miembros y no solo a aquellos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sino también a aquellos que son socialistas, verdes, comunistas o no inscritos, que gracias al Papa y a sus acciones hoy podemos estar deliberando sobre una Europa común. 
Si no fuera por él, seguiríamos sin poder celebrar una reunión de estas características, y quiero recordar al señor Schulz que esto ha sido debido principalmente al quehacer del Papa, y que el señor Kovács solo desempeñó un pequeño papel como mucho. 
Si sus Señorías no se dan cuenta de esto, o lo han olvidado, quiero recordárselo enérgicamente y animarles a que voten a favor de esta ayuda, que permitirá celebrar la reunión de manera adecuada y asegurar que sea un gran éxito. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, permítame felicitar al señor Barroso, Presidente de la Comisión, por el programa legislativo de la Comisión y el programa que ha presentado. 
Hoy, Europa ha crecido para estar formada por 25 Estados miembros, y soy uno de esos diputados que proceden de uno de los países que se han incorporado más recientemente con la ampliación. 
Europa es lo que tiene que ser exactamente; una Europa con una voz importante en los procesos de toma de decisiones a escala mundial, y tenemos que mantener este papel reforzando continuamente los cimientos que sentaron Schuman, De Gasperi y Monnet, basados en los principios que han hecho posible que la Unión Europea llegue hasta donde ha llegado hoy. 
La labor que lleva a cabo la Unión Europea tiene que reflejar constantemente los principios de subsidiariedad y solidaridad. 
Es sumamente importante que el crecimiento económico se disemine equitativamente en todas las regiones europeas. 
Europa está obligada a ayudar a aquellos que por alguna razón se han rezagado a que se recuperen y expandan sus economías. 
Se puede crear una economía sólida mediante una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, y en este punto quiero felicitar a la Comisión por la aplicación de una nueva estrategia económica cuyo objeto es crear más de seis millones de puestos de trabajo. 
La Estrategia de Lisboa ha de tener prioridad absoluta para todos los que trabajamos en las instituciones europeas. 
Tenemos que ser capaces de traducir esta estrategia en trabajo y prosperidad, meta que solamente se puede alcanzar si logramos eliminar el exceso de burocracia y crear un entorno empresarial fuerte. 
En esta Asamblea hay que estimular iniciativas que creen trabajo en todo nuestro continente. 
Los ciudadanos de Europa esperan de nosotros que mejoremos el nivel de vida de Europa y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos al máximo posible en este sentido. 
El programa de trabajo y legislativo que se ha presentado da una indicación clara de la visión de la Comisión para los próximos años y, si coopera estrechamente con el Parlamento, creo que podemos traducir este nuevo programa en ventajas para todos los ciudadanos europeos. 
. Señor Presidente, intentaré responder a algunas preguntas concretas y, después, quisiera tratar una cuestión política de carácter más general que me parece importante para nuestro trabajo en el futuro. 
Por lo que se refiere a las preguntas concretas, en primer lugar, el señor Duff me ha señalado que no había entendido muy bien o no le había gustado una observación que se me atribuye sobre el federalismo ingenuo. 
Quisiera precisar lo que he dicho, porque quizás no estuviera claro en el contexto. 
De hecho, cuando critico el federalismo ingenuo, no critico el federalismo en sí, sino todo lo contrario. 
Siento un gran respeto por todos los federalistas, por los hombres y mujeres que pusieron en marcha nuestro gran proyecto europeo. 
Y sigo considerando que el método federal es esencial para esta nuestra Europa. 
Por otra parte, el método comunitario, o en todo caso el método que solemos llamar así, es una especie de método federal. 
En realidad, he criticado el federalismo ingenuo por oposición a lo que podría considerar un federalismo más sofisticado, más inteligente, es decir, una idea que no busca construir la Unión Europea, una unión cada vez más estrecha entre todos los europeos, a costa de la legitimidad de los Estados democráticos. 
En efecto, en nuestros países tenemos Estados democráticos, Gobiernos democráticos y Parlamentos democráticos. 
He tenido el honor de trabajar en Ginebra con un gran federalista como es Denis de Rougemont, que acusaba a veces al Estado de todos los males, como si no fuera también una institución democrática. 
Soy favorable a una Unión cada vez más fuerte, pero ese refuerzo no puede socavar la legitimidad de los Estados democráticos. 
Quiero hacer esta aclaración porque ya he escuchado críticas a mi comentario que reflejaban una imagen deformada de mi pensamiento y mi sentimiento sobre Europa. 
La segunda cuestión se refiere a la seguridad y la justicia. 
En efecto, hemos hablado mucho de economía, pero no hay que olvidar que tenemos un programa, por lo demás muy ambicioso, en materia de seguridad y justicia que será aplicado por el Vicepresidente Frattini. 
Este es precisamente el objeto de una de las preguntas que se han formulado. 
La seguridad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales serán una de las prioridades de la Comisión. 
En efecto, hay que dar una respuesta concreta a la demanda de seguridad de los ciudadanos. 
Por ello, en 2005 presentaremos concretamente al Parlamento el plan de acción encaminado a poner en práctica la estrategia adoptada en La Haya, en forma de propuestas relativas a la protección de las víctimas, especialmente las mujeres y los niños, frente al crimen organizado. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que se trata de una nueva dimensión de la acción descrita en nuestro programa: la protección de los niños. 
Pensamos –quiero subrayarlo también– que es un ámbito en el que es posible reforzar la acción a escala europea. 
Así, pueden presentarse propuestas con miras a reforzar el reconocimiento mutuo y la confianza entre las autoridades judiciales y puede elaborarse una propuesta relativa a una estrategia europea en materia de inmigración legal y lucha contra los traficantes de seres humanos. 
Seguridad, justicia y protección de los derechos humanos son realmente una prioridad, y me gustaría que supieran que la Comisión va a hacer todo lo necesario para responder a estas exigencias. 
Algunos de ustedes, entre ellos el señor Karas, el señor Kirkhope, el señor Lehne, y también en cierto modo el señor Goebbels, han mencionado la cuestión de cómo orientar la legislación a sus objetivos, y si procede reforzarla o restringirla. 
Me alegro de que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo sean plenamente conscientes de esta preocupación. 
Cuando hablo de una «legislación mejor» , no siempre quiero decir que haga falta menos legislación. 
En algunos casos, precisamente porque estamos en una Unión, necesitamos cierta armonización, más legislación, a veces incluso para armonizar o simplificar la legislación existente. 
Pero quisiera dejar bien claro que compartimos esta preocupación por la calidad de la legislación y la hemos introducido en nuestro programa. 
Por tanto, en todas las acciones que emprendamos sopesaremos los factores de coste, proporcionalidad y subsidiariedad que utilizaremos a efectos de la evaluación de impacto. 
Por esta razón, y en este punto respondo en parte al señor Goebbels, hemos tenido que elaborar, por supuesto, una lista de nuestros principales objetivos. 
Se trata de un programa de ejecución para este año. 
Sin duda nos criticarían si solo presentase cuatro o cinco prioridades. 
La línea política es una cosa y, a este respecto, hablamos de prioridades muy claras y bien enfocadas, definidas cuando presentamos los objetivos estratégicos. 
Otra cosa es el programa concreto, legislativo y de ejecución, que sus Señorías deben conocer para controlar nuestra actividad, puesto que la Comisión es responsable ante el Parlamento. 
Por lo que se refiere a otra pregunta concreta, a saber, sobre el cambio climático, quiero decir a la señora Beer, que estoy seguro de que planteará esta cuestión mañana al Presidente Bush, que uno de los temas que figuran en nuestro plan de trabajo es la posibilidad de cooperar con los Estados Unidos, parcialmente en un espíritu post-Kyoto. 
Es un tema delicado. 
Conocemos la posición actual del Gobierno estadounidense, pero creo que procede entablar un diálogo sobre esta cuestión con los Estados Unidos de América. 
Probablemente tenga yo ocasión de abordar esta cuestión con el Presidente de los Estados Unidos. 
Por lo que se refiere, ahora, a la cuestión de la Directiva de servicios, quiero decirles, respondiendo más concretamente al señor Swoboda, que estoy de acuerdo con ustedes en su preocupación por los servicios de interés general. 
Lo he dicho ya muchas veces: los servicios de interés general, algunos servicios públicos, forman parte de lo que podemos denominar la tradición o cultura organizativa de algunos Estados. 
Por tanto, tratamos precisamente de tener en cuenta esas preocupaciones, que consideramos legítimas. 
Por ello, mi Comisión ha tomado la iniciativa de revisar algunos aspectos de la Directiva de servicios, y esperaba alguna palabra de felicitación de su parte. 
Ahora bien, es exactamente lo contrario lo que oigo de ustedes, cuando califican a esta Comisión de neoliberal sin haber sido ella la que presentó la Directiva en cuestión. 
En efecto, estamos buscando un equilibrio sin renunciar al objetivo, que es crear un verdadero mercado interior de los servicios, porque es esencial para la creación de empleo en Europa. 
Es un objetivo que no podemos abandonar y que, por lo demás, es objeto de consenso hasta 2010, pero hay que perseguirlo de manera equilibrada. 
Esta es la cuestión política fundamental que me gustaría plantear a nuestros amigos del Partido Socialista Europeo y en particular al señor Schultz, que ha planteado la cuestión. 
Deben ustedes elegir: o bien quieren oponerse a la Comisión, o bien desean colaborar con ella. 
Les he dicho ya que la Comisión quiere trabajar con espíritu de cooperación y de relación constructiva con el Parlamento, en particular con todos los que de verdad quieren hacer avanzar a Europa, lo cual no es una propuesta neoliberal por nuestra parte. 
Las propuestas que he formulado en esta Cámara son fruto de un consenso. 
En la Comisión hay demócrata-cristianos, socialistas y liberales. 
La Agenda de Lisboa fue presentada a la Comisión por mí mismo y por el Vicepresidente Verheugen, que pertenece a su familia política. 
El programa que acabo de presentar hoy ha sido presentado por mí y por la Vicepresidenta Wallström, que también pertenece a su familia política. 
No queremos caer en el dogmatismo; queremos unir a los europeos que desean reformas para Europa, pero no queremos abandonar las reformas. 
Si ha sido posible que la Comisión tomara todas estas decisiones por unanimidad, aunque hayan podido manifestarse algunas diferencias; si demócratas cristianos, socialistas, liberales e independientes han encontrado un consenso, ¿por qué no podríamos conseguirlo aquí, en el Parlamento Europeo, y unirnos en torno a un programa de reformas ambicioso para Europa, en el que estén presentes las preocupaciones sociales y medioambientales? 
No caricaturicen a nuestra Comisión. 
Eso no es justo. 
Si miran la lista de nuestros objetivos, encontrarán una serie de propuestas concretas en el terreno social y medioambiental. 
Sabemos muy bien que hoy es imposible construir el crecimiento sin la dimensión ambiental. 
Al contrario, pensamos que el medio ambiente contribuye al crecimiento y al aumento de la competitividad de Europa. 
En esto estamos de acuerdo, así que no vean obstáculos donde de hecho no hay ninguno. 
Lo que queremos es señalar que el ya no es una opción actualmente o que Europa tiene serios problemas de competitividad con respecto a otras regiones del mundo y que queremos enderezar esta cuestión adaptando y renovando nuestro modelo social. 
He aquí por qué la Comisión tiene un Presidente que desea una reforma, pero también diputados socialistas, liberales, demócrata- cristianos e independientes que también desean esta reforma, hecha con un espíritu de equilibrio y de proporción. 
Por tanto, quisiera pedir al Partido Socialista que no adopte una postura de oposición a la Comisión: al contrario, que colabore con nosotros, que colabore de forma crítica, como todos los grupos. 
La señora Grossetête, que pertenece a la familia política más grande del Parlamento Europeo, nos ha comunicado también ciertas peticiones y exigencias, y le doy las gracias. 
Quisiera llamar ahora su atención, como europeos que son al igual que yo, sobre el hecho de que no vivimos un momento cualquiera de la historia de Europa. 
Ayer conocimos el resultado del referendo en España, y lo celebramos, pero tendremos también un referendo en Francia. 
Tendremos un referendo en el Reino Unido; he hablado de ello hoy con el Primer Ministro Blair en Londres. 
¿Qué creen que esperan los europeos ahora? 
Quieren que las instituciones trabajen juntas; no entienden muy bien los matices del debate o la política de los Grupos políticos. 
Quieren saber si la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo trabajan en el mismo sentido, si están realmente preocupados por sus problemas o no. 
Creo que sería sumamente inoportuno, en este momento en que se celebran referendos muy importantes, que los ciudadanos miraran a Europa y vieran a la Comisión por un lado y, por otro, a algunos Grupos importantes, como su gran familia socialista europea, y que de ello se desprendiera una imagen de división. 
Este es el llamamiento muy sincero que he lanzado ya a algunos de ustedes personalmente y que quiero recordar. 
No abandonemos nuestras ideas, por supuesto, ya que todos tenemos gran empeño en ellas, pero es posible mirar más allá de esas ideas y alcanzar un consenso dinámico a favor de las reformas que Europa necesita. 
Creo que esto es realmente posible. 
La última cuestión se refiere a la crítica que ha expresado usted, señor Schultz, a la declaración que hice acerca de mi país. 
Con respecto a este punto, como por lo demás usted ha reconocido, no he incumplido ninguna obligación, porque del código de conducta de la Comisión se desprende claramente que sus miembros pueden ser miembros activos de partidos políticos y de sindicatos. 
No se ha producido, por tanto, ningún incumplimiento del deber. 
Me he limitado a testimoniar mi solidaridad al partido que he presidido durante varios años. 
Lo que sí habría sido un acontecimiento político en mi país es que yo me hubiera callado. 
Por tanto, les agradecería que no plantearan esta cuestión en forma de ataque personal contra mí por la posición que he adoptado, pues yo estaba perfectamente autorizado a adoptarla. 
Ha mencionado usted la posibilidad de una revisión del código de conducta en el acuerdo interinstitucional. 
Quiero decir que estoy absolutamente en contra de esa idea, ya que nuestro código de conducta precisa que los miembros de la Comisión pueden participar en una campaña electoral si solicitan autorización al Presidente de la Comisión. 
La pregunta que ha planteado usted es por tanto qué sucede en el caso del Presidente de la Comisión. 
He de señalar que si el Presidente de la Comisión tiene la facultad de negar o aceptar la participación de los Comisarios, tiene también esa facultad con respecto a sí mismo. 
Esto está claramente consagrado en el Tratado, cuyo artículo 217 dice lo siguiente: 
Los miembros de la Comisión ejercerán las funciones que les atribuya el Presidente bajo la autoridad de este. 
de un acuerdo interinstitucional, una merma de la autoridad del Presidente sería contrario al Tratado tal como está redactado, y debilitar la autoridad del Presidente de la Comisión equivaldría a debilitar la autoridad de la propia Comisión. 
Necesitamos una Comisión fuerte. Por ello, pienso que su propuesta no es buena. 
Quisiera llamar la atención de todas las familias políticas sobre el hecho de que nosotros, el Parlamento Europeo y la Comisión, debemos reforzarnos mutuamente. 
Somos las instituciones europeas por excelencia, podemos hacer cosas extraordinarias juntos y, por tanto, debemos ayudarnos recíprocamente a mejorar nuestra posición. 
Personalmente, yo trato de ensalzar en todas mis declaraciones públicas el papel del Parlamento Europeo, y no solo en mis declaraciones. 
Espero que ustedes hagan lo mismo, porque tenemos grandes desafíos que superar juntos, y si vamos codo con codo podremos salir airosos. 
Pero eso no se consigue restando importancia a la Comisión y pidiendo a los Comisarios que sean funcionarios. 
En vez de ello, hemos de pedirles que asuman sus responsabilidades políticas, que ejerzan su ciudadanía y expresen sus preferencias, al mismo tiempo que desempeñan sus tareas, por supuesto, en un espíritu europeo. 
Como ciudadano, tengo derecho a expresar mi punto de vista sobre mi país, tengo derecho, como todos los ciudadanos europeos, a votar con arreglo a mis opiniones. 
Como Presidente de la Comisión no haré discriminaciones. 
En efecto, a petición de ustedes, recibí al jefe de la oposición, que será el Primer Ministro de mi país. 
Lo recibí algunos días antes del comienzo de la campaña electoral, porque, como Presidente de la Comisión, no utilizo mi puesto para oponerme a ningún Gobierno en particular y no hago distinciones entre Gobiernos de izquierdas o de derechas. 
En efecto, creo que la Comisión debe representar el interés general europeo. 
Dicho esto, los miembros de la Comisión son hombres y mujeres políticos. 
Quizás a algunos diputados a esta Cámara esto no les guste. 
Sin embargo, como ciudadanos tenemos derechos. Tenemos derecho a expresarnos, y este es un derecho fundamental. 
Por esta razón, no acepto su crítica a este respecto. 
Quiero subrayar que todos necesitamos instituciones europeas fuertes. 
Esta institución, la Comisión, debe ser fuerte y trabajar junto con un Parlamento fuerte, firmemente decidido a introducir cambios y reformas con ese sentido del equilibrio que está en la esencia de nuestra Europa. 
He recibido seis propuestas de resolución para concluir este debate, de conformidad con el artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el Foro económico mundial y el Foro social mundial. 
. Señor Presidente, tal vez yo esté infringiendo esta tarde la Directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Durante los próximos años haremos muchas cosas juntos que podrían ayudar a conformar el mundo en que vivimos. Se trata de una oportunidad única para abordar un fenómeno único. 
Gestionar el efecto de la mundialización, tanto aquí como en el resto del mundo, representa un desafío sin precedentes. 
Si lo hacemos bien, podremos ofrecer a miles de millones de personas la oportunidad de una vida decente, enfrentándonos a la extrema pobreza, combatiendo la enfermedad y el hambre, promoviendo la gobernanza y apoyando el desarrollo y la inclusión, con las estructuras y los recursos financieros adecuados para lograr todo ello. 
Si fracasamos, sembraremos la injusticia, la división y la inestabilidad permanentes. 
Por eso esta Comisión ha propuesto un programa que es tan relevante para Europa como para sus socios en todo el mundo. 
Está concebido para extender la prosperidad, reforzar la solidaridad y ofrecer seguridad. 
Debemos dar una respuesta interna y otra externa. 
Dentro de la Unión debemos fomentar la cohesión y aprovechar todo el potencial de nuestras ampliaciones recientes y futuras. 
A través de nuestra agenda social debemos continuar combatiendo la exclusión y la pobreza, debemos ayudar más a la gente a encontrar trabajo en una economía dinámica y en crecimiento; y debemos cambiar las actitudes y el comportamiento, apoyar nuestro objetivo de desarrollo sostenible emprendiendo acciones ambiciosas. 
Fuera de la Unión debemos perseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio con energía e imaginación renovadas. 
La creación de este nuevo impulso es un objetivo clave de nuestra revisión en curso del desarrollo sostenible, garantizando que nuestras acciones internas y externas estén mejor coordinadas. 
Como europeos, nuestros valores y nuestra experiencia comunes pueden ser una fuerza importante para mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas en todo el planeta. 
Nuestro modelo único de cooperación inspira la cooperación regional, como por ejemplo el desarrollo de la Unión Africana. 
Asegura que se escuche nuestra voz a la hora de reformar las instituciones internacionales. 
La semana pasada entró en vigor el Protocolo de Kyoto, que es un buen ejemplo de nuestra capacidad para aportar una perspectiva europea de cara a ayudar a definir cambios a escala mundial. 
Kyoto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio también subrayan el dilema al que nos enfrentamos. 
Debemos emprender acciones efectivas a escala mundial, y también debemos concitar un amplio apoyo para las acciones que proponemos entre los países y la sociedad civil. 
Esa es la nueva realidad de la gobernanza mundial que se está conformando. 
Se define tanto en nuestras reuniones formales de la OMC, el Banco Mundial y el G8 como en el marco más informal del Foro social mundial o del Foro económico mundial. 
Por eso acojo con satisfacción el debate de hoy. 
Tanto Porto Alegre como Davos son símbolos de un beneficio real de la mundialización: nuestra capacidad para entablar un diálogo permanente a escala internacional con respecto al tipo de sociedad que queremos. 
Esta posibilidad está dando voz a más personas para conformar nuestro futuro. 
Aunque estos encuentros no establecen necesariamente una agenda política, sirven de caja de resonancia para un amplio espectro de la opinión pública. 
Permítanme explicar más en detalle lo acontecido en Davos y Porto Alegre. 
Este año participé en Davos; espero que el año que viene la Comisión pueda unirse a los 150 000 participantes del Foro social mundial. 
Afortunadamente, en Davos tuve la oportunidad de hablar en detalle sobre Porto Alegre con el Presidente Lula de Brasil, un buen amigo mío. 
Siento un gran respeto por su visión y su firme voluntad de hacer funcionar la mundialización y reducir las disparidades mundiales. 
Nuestras discusiones me dieron una idea del ambiente de Porto Alegre. 
Una cosa que me sorprendió por encima de todo lo demás es cómo las agendas de ambas reuniones tienden a converger. 
Davos no fue un hervidero de neoliberalismo, igual que Porto Alegre no fue una simple manifestación contra Davos. 
Entre otras cuestiones, las discusiones se centraron en la lucha contra la pobreza, la situación en África, el papel del comercio y el dinamismo económico en la expansión de la prosperidad y las oportunidades, la necesidad de una vía sostenible para el desarrollo mundial y las amenazas a la seguridad mundial. 
Podría extraer varias lecciones de lo que oí. 
En primer lugar, no deberíamos negar que, aunque las agendas convergen, los dos públicos observan las cuestiones implicadas desde ópticas distintas. 
No obstante, la representación de la sociedad civil aumenta en el Foro económico mundial y la gama de participantes en el Foro social mundial es cada vez más amplia. 
Me llevé dos mensajes clave de Davos. 
El primero, que debemos actuar juntos para resolver los problemas mundiales, que abarcan desde la pobreza y el desarrollo hasta el cambio climático. 
Me sentí orgulloso de ver cómo líderes europeos de la talla de Jacques Chirac, Tony Blair y Gerhard Schröder se mostraron dispuestos a marcar el ritmo. 
Tomaron la iniciativa de proponer algunas ideas importantes. 
En segundo lugar, necesitamos encender la llama del dinamismo económico para potenciar reformas en todo el mundo, no como un fin en sí mismas, sino como el mejor medio para ofrecer a más personas la oportunidad de contar con una vida decente. 
Podemos convertir la mundialización en una ventaja. 
Es necesario un liderazgo europeo para enfrentarse a los desafíos que se derivan de la mundialización. 
Finalmente, Europa puede hacer mucho, pero sin duda podemos lograr mucho más si somos capaces de actuar juntos con otros socios para hacer frente a los desafíos mundiales. 
Este es el mensaje que voy a transmitir mañana al Presidente George Bush. 
Señor Presidente, Señorías, debemos encontrar los medios para que fructifique el compromiso de los participantes en el Foro económico mundial y en el Foro social mundial. 
Europa debe ser un trazo de unión entre las muy distintas percepciones de las posibles consecuencias de la mundialización. 
A este respecto, me gustaría responder de varias maneras. 
En primer lugar, la Unión Europea es, y debe seguir siendo, un actor ambicioso en el escenario mundial. 
Es el mercado integrado más grande. 
Su producto interior bruto es el mayor del mundo y es el gran protagonista mundial en comercio internacional. 
Nosotros, la Unión Europea, somos el principal prestador de ayuda internacional y, como ha demostrado la tragedia del tsunami, estamos dispuestos a ejercer la solidaridad. 
Somos, en particular gracias al euro, un socio clave en las relaciones financieras internacionales. 
Debemos utilizar nuestra red de relaciones bilaterales para hacer avanzar las cosas, alentar los cambios y promover el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 
Es más, si reconocemos que somos un actor en el escenario mundial y que tenemos la ambición de desempeñar un papel decisivo, debemos defender un multilateralismo efectivo. 
Debemos seguir promoviendo el desarrollo de un orden mundial basado en el Derecho, pero este Derecho no debe servir únicamente al interés de los países ricos occidentales. 
Debemos mostrar solidaridad. 
Por este motivo, manifestamos nuestro compromiso con las Naciones Unidas, nuestra firme voluntad de buscar soluciones internacionales creativas para mejorar las perspectivas en África –ya lo he dicho, África será nuestra prioridad– y nuestra voluntad de favorecer la conclusión rápida de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Por último, la Unión Europea debe movilizar una amplia gama de instrumentos políticos destinados a mejorar la suerte de nuestros vecinos en el mundo. 
Debemos sacar el mejor partido posible de las nuevas posibilidades que nos ofrece la Constitución gracias a la creación del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y de un Servicio Europeo de Acción Exterior. 
Pero debemos concentrar también nuestra atención en las prioridades y obtener resultados concretos. 
Esos objetivos se reflejarán en las iniciativas que adoptemos, como la revisión de las orientaciones de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible y la preparación de la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Son objetivos que ya forman parte de la asociación de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo que lancé a principios de este mes. 
La Unión Europea es un actor en el escenario mundial. 
Debemos asumir esta responsabilidad, debemos contribuir activamente a la definición del nuevo orden mundial y reforzar una gobernanza internacional basada en el Estado de Derecho. 
Europa tiene una contribución muy específica que aportar. 
Debemos reforzar la Unión Europea como potencia civil. 
Debemos garantizar la propagación en el mundo de las ideas de paz y democracia y de los principios de la economía de mercado: los principios de sociedades abiertas. 
Contamos con los instrumentos necesarios para marcar realmente la diferencia. 
Por consiguiente, la Unión Europea debe responder a las esperanzas que tanto nuestros ciudadanos como nuestros socios internacionales depositan en nosotros, ya sea en Davos o en Porto Alegre. 
. – Señor Presidente, hace unos instantes hemos escuchado un excelente discurso del Presidente de la Comisión sobre la necesidad de trabajar juntos y cooperar para hacer de Europa la entidad más competitiva y económicamente próspera del planeta. 
Nos enfrentamos a desafíos procedentes de China, la India, Brasil y otros países. 
Hemos escuchado el llamamiento del Presidente, pidiéndonos que nos deshagamos de los viejos modelos y creemos modelos nuevos para poder competir. 
En este contexto quiero decir que estamos de acuerdo en que el Foro económico mundial ha sido un gran éxito, dado que los representantes mundiales de los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil lograron ponerse de acuerdo en torno a un conjunto coherente de principios para la acción: poner el comercio mundial en consonancia con el desarrollo sostenible. 
Muchas de estas acciones, como las medidas concretas para liberalizar el comercio y acelerar la ayuda a los países más pobres, serán muy beneficiosas para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos aquellos que participaron en el Foro económico mundial. 
A estas alturas, sin embargo, y de forma menos diplomática que el Presidente de la Comisión, debo hacer también algunos comentarios acerca del Foro social mundial, que en comparación resultó ser algo decepcionante. 
La reducción de la pobreza es el más importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, como objetivo principal de los participantes del Foro social mundial, habría sido de esperar que se hicieran algunas recomendaciones concretas sobre cómo lograrlo. 
Pero incluso los periodistas que en general se mostraban favorables al Foro social mundial tuvieron que admitir que su objetivo básico no era la elaboración de un documento unificado que sugiriese ideas concretas, por miedo a echar a perder la diversidad de opiniones, y que las propuestas resultantes contienen muchas contradicciones. 
Nosotros, en el Parlamento Europeo, respetamos la diversidad y queremos oír las opiniones de expertos sociales mundiales en relación con nuestro compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Pero lógicamente no podemos hacer ambas cosas a la vez, una cosa y su contrario. 
Por lo tanto, pediría propuestas más unificadas por parte del Foro social mundial con la esperanza de alcanzar esos objetivos de forma más rápida y sin perder más tiempo. 
En este sentido, también me decepcionó el hecho de que, como ha dicho el Presidente de la Comisión, aunque somos la mayor economía, había muy pocos representantes del Parlamento Europeo en el Foro económico mundial. 
¿Consideran los organizadores de estos acontecimientos que los representantes elegidos por los pueblos de Europa también son importantes en el proceso de toma de decisiones del Foro económico mundial? 
. – Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por el hecho de que pueda tener lugar en este Parlamento un debate con la Comisión, representada por usted mismo, señor Presidente de la Comisión, al día siguiente del Foro social mundial y del Foro económico mundial. 
Creo que es una señal de reconocimiento, por parte de nuestra Asamblea, del Foro social mundial, que en el momento de su creación en 2001 era tachado por muchos de reunión de protesta estéril contra la mundialización. 
En realidad, los foros sociales y los movimientos que los animan han alterado por completo el debate sobre la mundialización. 
Han popularizado muchos temas y propuestas positivas que hoy se debaten en todas las instancias internacionales, incluso cada vez más en el seno del Foro económico mundial de Davos. 
Al decir esto, pienso en el acceso a los bienes públicos mundiales, en la creación de impuestos mundiales, en la condonación de la deuda o incluso en la reforma de las instituciones financieras internacionales y su necesaria transparencia. 
Creo que otra de las aportaciones importantes de los foros sociales ha sido basar la protesta contra la mundialización liberal, contra las injusticias económicas y sociales que genera y contra sus efectos a menudo destructivos para el equilibrio ecológico del planeta, no en la vana ilusión de que haya que buscar soluciones nacionales o soberanistas, no en un rechazo de la idea misma de mundialización, sino en la idea de que hay que transformar la mundialización, transformar sus reglas, sus instituciones, para dar pie a otro tipo de mundialización, una mundialización de la solidaridad, de las conquistas democráticas y de los derechos humanos, una mundialización que garantice el derecho de todos los pueblos al desarrollo, a la justicia y a la paz. 
Para la Unión Europea, esta nueva sociedad civil mundial es un punto de apoyo, porque sus aspiraciones se acercan a objetivos que la propia Unión se ha fijado a escala internacional. 
Sin embargo, no basta con alegrarse por su aparición. 
Nuestras políticas y decisiones deberían reflejar sus exigencias y aspiraciones de manera concreta. 
Por tanto, debemos demostrar que Europa marca la diferencia, como usted ha dicho. 
Debemos demostrar –y lo hacemos en determinados terrenos, como por ejemplo con el Protocolo de Kyoto, que usted ha mencionado– que somos realmente capaces de transformar las políticas internacionales. 
En el ámbito social, igual que en otros, como aquellos de los que hemos hablado hace un momento, las declaraciones de amor no bastan, hacen falta pruebas de amor. 
A fecha de hoy, veintiún Estados miembros no han cumplido todavía su promesa de destinar el 0,7 % del producto interior bruto a la ayuda al desarrollo. 
Hoy en día se debate sobre un impuesto mundial. 
Esto me complace y muchos Estados miembros han firmado ya la declaración de Nueva York de septiembre de 2004, pero por desgracia nos escudamos en el rechazo de algunos países para no tomar decisiones. 
Por tanto, quisiera hacerles la propuesta siguiente: que la Unión, a través de la Comisión, ayude a aquellos Estados miembros que quieran comprometerse mediante, si es preciso, una cooperación reforzada, para que no se vean bloqueados por la reticencia de unos pocos a aplicar desde ahora un impuesto dedicado a la financiación internacional del desarrollo. 
Podría servir para la lucha contra el sida, porque un documento reciente del Consejo demuestra que si no se hace nada antes de 2010, en cinco de los países en desarrollo más afectados va a desaparecer una quinta parte de la población activa. 
Tome la iniciativa, señor Presidente de la Comisión. 
Demuestre que Europa puede pasar del dicho al hecho. 
.– Señorías, la reunión del Foro económico mundial de Davos fue un éxito rotundo. 
La elite mundial de las comunidades empresarial, política y académica dejaron claro que es plenamente consciente de su responsabilidad ante los problemas del mundo y que está dispuesta a actuar. 
Bono, el cantante principal del grupo musical irlandés U2, lo resumió de manera muy sucinta: si queréis dinero y queréis ayudar, ha dicho, tenéis que hablar con los que pueden dar dinero y ayudar. 
Lo que hace que la reunión de Davos sea tan importante y tan útil es que reúne justo a estas personas. 
No se puede decir necesariamente lo mismo del Foro social mundial y creo que sus resultados son también mucho más criticables. 
Podría sorprender a los críticos saber que los principales temas de Davos han sido África, los problemas relacionados con el aumento de la pobreza a escala mundial, la manera de conformar el proceso de mundialización para que todos salgan beneficiados de algún modo y la forma de lograr un comercio mundial equitativo. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa estamos convencidos de que el libre comercio es la mejor ayuda para el desarrollo. 
El libre comercio es lo que ayuda a países que quieren desarrollarse y también lo que motiva a los países en vías de desarrollo a ser cada vez más competitivos. 
La UE tiene que tomar la iniciativa en esta cuestión. 
En particular, tiene que incluir el libre comercio en el orden del día, sobre todo en ámbitos en que todavía existen barreras comerciales, concretamente los ámbitos amparados por su política agrícola. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa también se opone enérgicamente a la introducción de impuestos mundiales sobre transacciones financieras. 
Haciendo que seamos más pobres de esta manera no ayudará a que los pobres sean más ricos. 
También es ilusorio creer que la solidaridad se fomenta introduciendo nuevos impuestos, o dicho de otra manera, imponiendo lo que equivale a una sanción financiera a aquellos que se supone que tienen que ayudar. 
No, la verdadera forma de generar solidaridad pasa por un cambio a escala mundial en las percepciones de las personas y, simplemente, por la voluntad de adoptar otras medidas de ayuda. 
Por consiguiente, apoyamos la prioridad dada a la cuestión de la cancelación de la deuda y encontramos que es una línea de acción sumamente sensata, y creemos que aquellos países que avanzan hacia la democratización y que están comprometidos con la introducción de economías libres y sostenibles deberían poder beneficiarse de la cancelación total de la deuda. 
Sin embargo, estas formas de ayuda no tendrán un impacto a largo plazo si solo se trata de un gesto puntual. 
Por este motivo, reitero que el libre comercio es lo que más necesitan los países desarrollados y en vías de desarrollo y lo que nos permitirá progresar. 
Si queremos que el comercio mundial sea más justo, nuestro primer objetivo ha de ser que sea más libre. 
. – Señor Presidente, huelga decir que no comparto casi nada de lo que ha dicho la diputada anterior y, como muchos diputados a esta Asamblea, asistí al Foro social mundial de Porto Alegre. 
No se trata ahora de competir para ver quién es más capaz de luchar contra la pobreza, sino de ver las cosas como son. 
Por una parte, el Foro social mundial ha sido un enorme éxito este año –155 000 participantes de 135 países, cifras que son notables– y ha adoptado un nuevo tono, puesto que en cierto número de cuestiones –en el terreno social, medioambiental, económico o financiero– se ha seguido creando muchas redes, que han llevado a cabo una labor muy seria y concreta para elaborar, en particular, una serie de propuestas que todavía han de desarrollarse más pero que son muy reales. 
Por otra parte, el Foro social mundial no solo está formado por ONG, sino también por parlamentarios –el Foro de los Parlamentarios– y representantes municipales electos, que este año también acudieron en gran número y que debatieron sobre las políticas de las autoridades comarcales y municipales en respuesta a los desafíos a que nos enfrentamos. 
Está también muy representada una juventud muy dinámica, entusiasta y trabajadora, y creo que no podemos apartar de un manotazo tanto dinamismo y tanta vitalidad. 
El Foro social mundial tiene en realidad dos objetivos. 
En primer lugar, explicar que el libre comercio no puede ser la respuesta a desigualdades sociales crecientes. 
No son crecientes por culpa de una plaga caída del cielo, sino porque las políticas que se practican desde hace varios años en materia de ajuste estructural y de reducción del gasto público han provocado un aumento de las desigualdades y de la pobreza y una mayor degradación del medio ambiente y del planeta en su conjunto. 
El segundo objetivo consiste en proponer una alternativa al modelo de desarrollo actual y rechazar que el objetivo del libre comercio mundial se presente como la panacea y la solución milagrosa para todo. 
Está claro que no es así. 
Todos los organismos de las Naciones Unidas señalan que la situación se deteriora actualmente. 
Por último, ya sea en Porto Alegre o en Davos, lo que necesitamos son acciones concretas. 
No podemos contentarnos ya con palabras, imágenes y tomas de postura. 
Necesitamos compromisos muy precisos y concretos, un plan de trabajo. 
Señor Presidente de la Comisión, también esperamos esto de usted, que está, junto con la Comisión –y con todos nosotros–, en condiciones de tomar decisiones: no solo manifestar buenas intenciones u Objetivos del Milenio, sino también propuestas muy concretas. 
. – Quiero empezar diciendo que estoy encantado de que se celebre este debate, ya que creo que lo necesitamos con urgencia. 
Aunque se han pronunciado muchas palabras vacías –en particular, por parte del señor Barroso–, hoy en día está de moda usar frases imponentes mientras se siguen aplicando las mismas políticas que antes. 
Este tipo de conducta es bastante típico del Foro económico mundial de Davos y, en realidad, la frase que utilizaría para describir este Foro la acuñó el conocido académico Elmar Altvater, que lo describió como un gran espectáculo y, por desgracia, muy improductivo. 
No obstante, es interesante observar que se ha producido un cambio en la terminología empleada en el Foro y en las cuestiones que aborda. 
No es exagerado decir que son cada vez más los críticos del Foro económico mundial los que fijan su orden del día; estos críticos se reunieron en el Foro social mundial, donde 150 000 personas celebraron debates y protestaron contra las políticas neoliberales y neoimperialistas. 
El movimiento del Foro social tiene una importancia crucial desde el punto de vista de oposición tanto a la mundialización como a la guerra. 
En el Foro social mundial se celebraron un gran número de debates muy pragmáticos sobre cuestiones que abarcaban desde los derechos humanos para todos –no solo para los ciudadanos de los países occidentales– hasta la protección de la propiedad pública, así como debates celebrados en protesta contra los recortes de los servicios sociales, en protesta contra la guerra, en protesta contra la deuda –con especial referencia a la cuestión de cuándo se cancelarán finalmente las deudas de los países afectados por el maremoto– y en protesta contra la pobreza. 
Las cuestiones medioambientales también figuraban de forma destacada en el orden del día y yo participé en un foro sobre el agua, por ejemplo. 
Quiero dejar bien claro –y este es un punto que hay que subrayar– que los participantes en el Foro social mundial expresaron sus críticas y protestas no solamente contra la política de los Estados Unidos, sino también contra las políticas de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. 
Al seguir el mismo camino que los Estados Unidos –o, en otras palabras, al dar los pasos equivocados–, la Unión Europea está perdiendo credibilidad en estos círculos. 
Los participantes del Foro social mundial no querían jugar al juego que vemos jugar una y otra vez al Consejo Europeo, la Comisión y a un gran número de disputados a esta Asamblea; mirando con recelo a los Estados Unidos mientras inflan el valor de sus propias políticas. 
¿Puede algo en la línea de la Directiva Bolkestein ser una verdadera alternativa a las políticas estadounidenses? 
La respuesta ha de ser «no» , ya que es un programa neoliberal. 
¿Puede ser una auténtica alternativa consagrar, tal como se ha hecho en el Tratado Constitucional de la UE, un compromiso en torno al armamento o a una economía de mercado abierta con libre competencia? 
La respuesta también ha de ser «no». 
Señor Barroso, ha dicho que la UE es un protagonista mundial, pero la cuestión fundamental que hay que formular es qué tipo de protagonista mundial es. 
Tiene que quedar claro que el libre comercio no es un método infalible para responder adecuadamente al tipo de políticas que se llevan a cabo actualmente. 
En vez de ello, hay que facilitar el alivio de la deuda; hay que alejarse de las políticas neoliberales y económicamente liberales, y todo el proceso no debe ir de la mano de la militarización de la Unión Europea. 
Quiero concluir con una cita de una declaración adoptada en el Foro, que pide la retirada inmediata de las tropas de Iraq y expresa su apoyo a todos los esfuerzos por que regresen. 
«Apoyamos los esfuerzos por organizar a los soldados, objetores de conciencia y familias de militares contra la guerra. 
Apoyamos la campaña contra el reclutamiento y pedimos asilo político para los desertores.» 
El mensaje no puede ser más claro. 
– Señor Presidente, en un mundo ideal, la mundialización sería la clave para una mayor competitividad y crecimiento, así como para unas mejores condiciones de vida. 
Sin embargo, no es solo en los últimos tiempos cuando la realidad ha tenido una historia diferente que contar, por lo que todavía es más importante que el Foro económico mundial de Davos y el Foro social mundial de Porto Alegre examinen, regularmente, los métodos empleados por la mundialización y los efectos que se derivan de ella. 
El último Foro social mundial elaboró más de 350 propuestas sobre la mundialización, aunque espero que se reducirán de manera que haya menos recomendaciones, pero que sean más coherentes. 
Si la acción tiene que ser eficaz, los principios tienen que concebirse con claridad meridiana. 
El Foro económico mundial propuso tres prioridades: reducción de los gases de efecto invernadero, más dinero para los países más pobres y eliminación de barreras comerciales a través de la OMC. 
Lo que falta en esta lista es la responsabilidad social empresarial, que las propias empresas tienen que asumir. 
No solo es el peso económico de las empresas lo que importa, sino también el alcance de sus actividades sociales. 
El volumen de negocio de las principales multinacionales es más alto que el total combinado de los presupuestos de los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
Con seguridad se puede decir que si el señor Ackermann, del Deutsche Bank –compañía que sin duda se puede considerar un agente mundial–, hubiera leído esta recomendación, no habría anunciado un rendimiento del capital del 16 % al mismo tiempo que una pérdida de más de 6 000 puestos de trabajos. 
Las personas afectadas por su estrategia de concentrarse en sus competencias básicas y externalizar sus servicios de TI, la denominada «contratación inteligente» , consideran que no es nada más que una combinación de búsqueda compulsiva de beneficios e irresponsabilidad. 
La «contratación inteligente» tiene todas las bazas para convertirse en la nueva expresión más impopular de 2005. 
Una nota más positiva: tanto el Foro social mundial como el Foro económico mundial son plataformas importantes de inspiración de debates. 
Por lo tanto, creo que es necesario que tanto el Presidente del Parlamento Europeo como los representantes de nuestras comisiones de especialistas participen en estos foros en el futuro. 
Más que nunca, las elites mundiales necesitan representantes de los pueblos. 
– Señor Presidente, me he sentido consternado ante la intervención del Presidente Barroso al final del debate sobre el programa de la Presidencia, en particular la defensa de su intervención en la política portuguesa. 
Señor Barroso, usted ya no es un político portugués: usted es un político europeo, seleccionado por este Parlamento y por el Consejo de todos los Estados miembros para representar a Europa. 
No puede intervenir en la política nacional como político portugués, eso no es aceptable. 
Si no lo comprende, debilitará a la Comisión. 
Las críticas a esta postura no debilitarán a la Comisión, pero sus acciones sí lo harán. 
Eso guarda cierta relación con el hecho que actualmente estamos discutiendo en relación con el Foro social mundial. 
Un montón de personas de todo el mundo consideran que Europa es la única institución democrática transnacional que tiene la capacidad para intentar frenar las fuerzas que a sus ojos están destruyendo el mundo. 
Si no pueden ver el papel de la Comisión como el de un órgano capaz de ir más allá de las políticas y los partidos nacionales de forma que dé alas a la esperanza expresada en el Foro social mundial, entonces estamos malgastando aquí nuestro tiempo. 
Le pido que tenga en cuenta que usted representa a Europa y no a Portugal. 
Por tomar el ejemplo de la Directiva de servicios, usted dice que defiende el modelo social europeo. 
Nos creemos sus palabras a pies juntillas, pero no las aceptaremos para siempre. 
Necesitamos un ejemplo concreto de su compromiso. 
La única forma, desde mi punto de vista, en la que usted puede demostrar su compromiso es desechar el principio del «país de origen» , que ataca directamente al modelo social europeo y que ataca directamente al enfoque solidario y del desarrollo de un mercado único europeo. 
Quiero un mercado único para los servicios, pero no aceptaré el principio del «país de origen» , que nos dará un nivel más bajo de servicios sociales y debilitará la fe que millones de personas fuera de Europa depositan en nosotros para liderar la creación de un mundo mejor. 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer al señor Barroso su intervención ante esta Asamblea. 
No voy a entrar en detalles, sino centrarme en una cuestión que creo que es de gran importancia, y puede que incluso de suma importancia, desde el punto de vista político. 
Se han celebrado dos foros, un foro económico en la ciudad rica de Davos, y un foro social en la ciudad pobre de Porto Alegre. 
Lo que es preocupante es que no se preste suficiente atención a las cuestiones sociales en el foro económico, y que el foro «social» se esté convirtiendo en un vehículo para cuestionar, e incluso desafiar, al foro económico. 
Surgen dos enfoques en busca de soluciones a los problemas de los tiempos modernos. 
El primero de ellos tiene que ver con buscar maneras de desarrollar la economía, mientras que el segundo busca maneras de garantizar que se alcancen las metas sociales, a pesar de que las dos cuestiones están íntimamente relacionadas. 
La separación de las deliberaciones sobre cuestiones económicas y sociales es un grave malentendido. 
Por lo tanto, creo que en el futuro, en lugar de dos iniciativas mundiales que compitan entre sí, tiene que existir un único foro mundial económico y social. 
Aquí es donde la Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, pueden desempeñar un papel al impulsar este tipo de foro en el futuro. 
Gracias por su atención. 
Señor Presidente, Presidente Barroso, si tiene que contravenir las Directivas sobre ordenación del tiempo de trabajo, puede consolarse pensando que, en todo caso, es con la mejor de las intenciones, en concreto la de deliberar sobre la justicia mundial y el papel de la sociedad civil. 
En Porto Alegre fui uno de los 155 000 delegados de 135 países. 
Al mismo tiempo, 20 Jefes de Estado o de Gobierno y 70 Ministros se reunieron en Davos. 
Sin embargo, ¿se escuchó algo en Davos? 
Quizá desde una perspectiva europea teórica es posible creer que el libre comercio, el capitalismo y la liberalización constituyen la solución a los problemas de desarrollo. 
La teoría, sin embargo, no es coherente con la vida cotidiana de millones de personas, y es hora de que comencemos a ajustar las teorías a la realidad, y no a la inversa. 
Es hora de que el comercio sea una herramienta para los seres humanos y no lo contrario. 
Tenemos que dejar de exigir la liberalización del agua y otros sectores sensibles a cambio de que se trate bien a los países. 
Presidente Barroso, cuando se reúna con el Presidente Bush y los Jefes de Gobierno de la UE, puede recordarles su promesa de hace 30 años de destinar un 0,7 % a la ayuda. 
Incluso esta ayuda no sería necesaria si un mayor porcentaje de los beneficios de la producción en los países desarrollados permanecieran en estos países. 
Se le invita cordialmente a asistir al próximo Foro social mundial, que se celebrará en algún lugar de África. 
Puedo dejarle algunas ropas de comercio justo fabricadas con materiales respetuosos con el medio ambiente de manera que, un día, pueda tomar parte de incógnito, como delegado ordinario, y experimentar de veras el ambiente que se respira allí, sin la interferencia de guardias de seguridad. 
Son precisamente esta alegría y este espíritu de cooperación, sin estructuras jerárquicas, que existen entre todos en el Foro social mundial, los que ofrecen esperanza para el futuro. 
– Señor Presidente de la Comisión, Señorías, es lamentable que lo que tanto nuestro primer debate de hoy como el que estamos manteniendo ahora tengan en común es que parecen estar dominados por la confrontación en vez de la cooperación. 
Quiero ver fusionarse el Foro económico mundial y el Foro social mundial, lo que nos permitiría hablar unos con otros, en lugar de unos sobre otros. 
Aunque ha dicho, señor Presidente de la Comisión, que la UE es un protagonista mundial, creo que tenemos todavía llegar a ser un protagonista mundial en vez de en un pagador mundial. 
Mañana será un paso importante en este proceso, y le deseo mucha suerte en este sentido. 
La UE es necesaria, y asume responsabilidad. 
Compartimos responsabilidad, aunque, no obstante, dependamos de otros; conformamos acontecimientos y nos vemos afectados por ellos. 
Nuestro entendimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, nuestro rechazo de la pena de muerte, del trabajo infantil y de la discriminación de todo tipo, nuestro concepto de lo que significa ser humano; todas estas cosas no conocen fronteras, tanto si son fronteras de países como de continentes, y es en este sentido en el que también somos responsables de lo que ocurre en el resto del mundo. 
La respuesta a la mundialización no debe proceder solo de Europa; lo que se necesita es un debate sobre un orden mundial ideal. 
Necesitamos un código de ética mundial y principios de acción mundiales, a pesar de que existen diferentes culturas. 
Por lo tanto, creo que tenemos que defender el multilateralismo, que tenemos que apoyar la iniciativa de un Plan Marshall mundial y que la UE tiene que celebrar una conferencia de las Naciones Unidas, y que esta Asamblea tiene que hacer un llamamiento a las iglesias de todo el mundo para convocar una conferencia ecuménica internacional y acordar unos principios comunes de actuación. 
Creo que el modelo europeo de una economía de mercado social respetuosa con el medio ambiente puede convertirse en un distintivo de la UE y que esto nos permitirá contribuir al cambio de normas injustas que rigen actualmente la economía mundial. 
– Señor Presidente, el Foro social mundial se inició originalmente como un contrapunto al Foro económico mundial de Davos, con la intención de incluir cuestiones sociales en la agenda de la mundialización. 
En esta su quinta edición se han dado cita más de 150 000 participantes de 150 países y, entre los cientos de reuniones, los representantes del FMI y del Banco Mundial han escuchado sus críticas por vez primera. 
Se acusa a estas dos instituciones de imponer el fundamentalismo económico neoconservador a los países más pobres del mundo. 
La ayuda trae consigo la píldora venenosa de la condicionalidad, que obliga a abrir los mercados a la privatización de los bienes públicos, y la camisa de fuerza de la política monetarista. 
Este planteamiento hace caso omiso de la realidad. 
Su problema es nombrar un país con una economía débil que se haya abierto y haya logrado desarrollar su economía. 
Las últimas dos historias de éxito más alabadas son las de la India y China, ninguna de las cuales ha seguido sus recetas. 
Ambos países protegieron sus jóvenes industrias en fase de crecimiento hasta que fueron capaces de entrar en el mercado mundial. 
Pero incluso la India tiene sus inconvenientes. 
Su economía está en auge, pero la situación de los pobres da pena. 
En 2003 se registraron 11 000 nuevos millonarios en la India, mientras que 8 millones de personas estaban desempleadas y 50 millones vivían con menos de un dólar diario. 
¿Qué hay que hacer? 
En los próximos diez años, 45 millones de niños morirán de enfermedades relacionadas con la pobreza, en África habrá 12 millones de huérfanos a causa del sida, y 100 millones de niños seguirán siendo totalmente analfabetos. 
El Banco Mundial afirma que simplemente está cumpliendo los deseos de los 147 Estados que lo integran, un truco de magia verbal. 
Los países africanos no se autoimponen la condicionalidad, ni tampoco los países latinoamericanos. 
Son los países industrializados del G8 los que toman decisiones, a menudo guiadas por su propios planes interesados. 
Sin embargo, el hecho de que el FMI y el Banco Mundial estén ahora comenzando a implicarse sugiere que la presión de la sociedad civil puede surtir algún efecto. 
El Banco Mundial incluye los programas de reducción de la pobreza en sus planes y manifiesta su preocupación por países como Tanzania, que gastan más en la devolución de la deuda que en sanidad o educación. 
China y la India pueden hacer que se incluyan estos asuntos en la agenda y el hecho de que la Unión Europea tenga más votos en el FMI que los Estados Unidos indica que el lema del Foro social mundial, «Otro mundo es posible» , es alcanzable: con fuerza de voluntad y compromiso político suficientes. 
Las ONG y la sociedad civil tienen que dar a los políticos europeos las agallas necesarias. 
– Señor Presidente, ya se reúnan tras el telón de fondo de las montañas suizas o la costa brasileña, estoy convencido de que todos los participantes de Davos y Porto Alegre estaban de acuerdo con el único objetivo de abordar la pobreza y el desarrollo económico. 
Por lo tanto, es especialmente agradable ver que en Davos y en Porto Alegre se reconociera la importancia crucial de liberalizar el comercio mundial. 
El crecimiento económico es la piedra angular del desarrollo en los países en vías de desarrollo, ya se trate del cambio climático o de garantizar una buena educación. 
De ello se deriva que no puedo resaltar suficientemente la necesidad de que la próxima ronda de Doha sea un éxito, y el papel crucial que la Comisión debe desempeñar en esta cuestión. 
Quienquiera que sea serio acerca de la ayuda a los países en vías de desarrollo no puede estar ciego ante lo que va mal en casa. 
Las barreras arancelarias en Europa son, a mi entender, un ejemplo de la manera en que no hay que hacer las cosas. 
Junto con puntos positivos, también hay que identificar algunos puntos negativos. 
Las peticiones de una mayor fiscalidad en las transacciones financieras internacionales, la famosa tasa Tobin, me sorprenden por su carácter excéntrico, como la aplicación de nuevos impuestos a las multinacionales. 
No veo nada positivo en estas medidas. 
Han colocado el carro delante de los bueyes. 
Los que se esfuerzan por un comercio mundial libre no deben imponer nuevas normas al mismo tiempo. 
Por último, me sorprenden aquellos que fomentan la cancelación incondicional de la deuda para los países en vías de desarrollo. 
Mi Grupo cree que es simplemente inaceptable que esto se pueda hacer sin que se impongan condiciones. 
Creo que los países que persiguen con energía y con éxito la democracia y la gobernanza tienen que recibir apoyo, pero el alivio de la deuda no debe otorgarse sin un compromiso. 
Las prioridades de los liberales son liberar el comercio mundial e insistir en el desarrollo económico. 
Esta es la manera de combatir la pobreza y, al mismo tiempo, la base para una red de seguridad social eficaz y accesible. 
También, a raíz de ello, nos permite llevar a cabo una política más respetuosa con el medio ambiente. 
La pregunta es: ¿vamos a seguir juntos en una solidaridad apática, o vamos a optar por el dinamismo, la innovación y el progreso? 
Acojo con satisfacción el liderazgo del Presidente de la Comisión para que opte por estos últimos. 
Ese, Presidente Barroso, es un papel político y queremos, en concreto, que actúe usted políticamente. 
Considero que su posición en las elecciones portuguesas está justificada y su ausencia, además, se habría interpretado como una total deslealtad a su patrimonio portugués. 
Creo que su participación es muy válida y solo lamento que no haya beneficiado más a su partido. 
– Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Señorías, he tenido el honor de participar en la reunión del Foro económico mundial en el marco del programa de Jóvenes líderes mundiales. 
Sé que usted, señor Barroso, fue en otros tiempos «Líder mundial de mañana» , y ahora varios diputados al Parlamento Europeo participan en este programa para los jóvenes. 
El Foro económico mundial ha sido una indicación excelente de que el negocio mundial quiere asumir la responsabilidad de los retos mundiales a los que nos enfrentamos. 
El día de la inauguración del Foro se celebró un debate interactivo bajo el rótulo “Ayuntamiento mundial”. 
Se trataba de un seminario en el que 700 autoridades decisorias presentes en Davos fijaron prioridades para los problemas del mundo, utilizando sondeos Gallup, y deliberaron sobre los desafíos que presentaron. 
Cuando consideramos la edad, el sexo, los lugares de residencia y la variedad de profesiones de los participantes, los resultados son bastante sorprendentes. 
Por ejemplo, ¿cuáles son a nuestro juicio los desafíos principales que plantea la mundialización en opinión de los hombres de edades comprendidas entre los 40 a 60 años, principalmente de la UE o de Norteamérica, la mitad de los cuales son ejecutivos empresariales? 
En absoluto. 
Los principales desafíos, tal como ha propuesto este grupo, son la eliminación de la pobreza, el establecimiento de una mundialización equitativa y la gestión del cambio climático. 
La responsabilidad global ha progresado enormemente cuando los principales empresarios dicen que para eliminar la pobreza la gente tiene que ir más allá de su manera normal de pensar, ampliar las ventajas de la mundialización a las regiones más pobres y crear un liderazgo mundial para luchar contra el cambio climático. 
También cabe destacar que existe una auténtica convergencia entre los puntos de vista expresados en Europa y en Norteamérica. 
La mundialización no parece ser a fin de cuentas el tipo de factor decisivo que la izquierda de esta Cámara cree que es. 
Estas cuestiones ocuparán un lugar prioritario en el orden del día si los Amigos de la Tierra organizan una reunión similar. 
El Foro económico mundial también ha propuesto que se adopten medidas concretas y un calendario para responder a estos retos. 
Estoy seguro de que existen también iniciativas conectadas con el Foro social mundial sobre las cuales compartimos los mismos puntos de vista. 
Dado que los objetivos son comunes a los dos, sería más razonable aspirar a ellos juntos en lugar de ir por separado. 
Damos a la Comisión nuestro pleno apoyo en esta cuestión. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, algunos de nosotros estuvimos hace algunos días en Porto Alegre, bien ejerciendo responsabilidades nacionales, bien –creo que en mayor medida– en el marco del Foro Parlamentario Mundial. 
Por tanto, quiero dar las gracias, en primer lugar, a mis colegas presentes en Porto Alegre, y en particular a mi colega Harlem Désir, por la labor que llevan a cabo desde hace años y que ha permitido a Europa estar presente en esta gran reunión cívica. 
El agotamiento de este movimiento era un temor compartido por muchos comentaristas y actores, pero no fue este el caso. 
El movimiento antimundialización ha sabido reorientar su actividad y definir un nuevo método organizativo que ha hecho del Foro social mundial no solo una plataforma reivindicativa, sino también una plataforma de propuestas. 
Por otra parte, el hecho de que el Foro Económico de Davos haya debatido algunos temas formulados en los foros sociales mundiales demuestra que las cuestiones que se plantean en ellos nos interrogan a todos sobre el mundo que queremos. 
Pero ni el Foro social mundial ni el Foro Económico de Davos son agentes políticos capaces de transformar por sí solos las reivindicaciones en decisiones políticas. 
Por esta razón, un órgano como el Parlamento Europeo está obligado a prestar un fuerte apoyo a una serie de iniciativas, como la condonación de la deuda de los países pobres, el aumento y la mejora de la ayuda pública al desarrollo, la creación de un impuesto mundial, la reforma de las normas del comercio internacional, la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales y la defensa de los servicios públicos. 
Una serie de Jefes de Estado y de Gobierno ya han tomado iniciativas, y en la cumbre del G8 deberán presentarse otras propuestas. 
En este año 2005, que será el de la revisión intermedia de la realización de los Objetivos del Milenio lanzados por las Naciones Unidas, todo esto son buenas iniciativas, siempre que no se trate de nuevo de promesas vacías. 
Por esta razón, más de 100 organizaciones, ONG, asociaciones y sindicatos han puesto en marcha este año una campaña de movilización y reflexión a escala mundial y europea. 
Se articulará en torno a los temas del comercio y la pobreza en particular y una de las primeras entre las numerosas iniciativas será una semana de acción mundial por un comercio más justo el próximo mes de abril. 
Al ritmo a que van las cosas ya sabemos que los Objetivos del Milenio no se alcanzarán. 
Nos corresponde, pues, a nosotros hacer que se cumplan las promesas hechas por otros hace ya mucho tiempo, apoyando estas iniciativas y esta campaña mundial contra la pobreza, a fin de subrayar y demostrar nuestro deseo de una mejor distribución de la riqueza en un mundo democrático y en paz. 
Los políticos han decepcionado a muchos en el pasado. 
Es posible que lo hagan también en el futuro, pero en ningún caso deben abandonar la idea de que ellos mismos deben luchar por un mundo más justo, y trasladar esta idea a la acción. 
. Señor Presidente, creo que este ha sido un debate muy interesante sobre cuestiones que son importantes para nuestro futuro común. 
Sus intervenciones, Señorías, han confirmado la riqueza del debate y han demostrado el amplio abanico de puntos de vista sobre el tema de la mundialización. 
Llegados a este punto, quiero destacar un aspecto que creo también se ha planteado en la intervención del señor Désir, concerniente a un grado de convergencia que, a pesar de todo, se está haciendo evidente: me refiero a la mundialización. 
A primera vista pareció que existían dos posiciones extremas: una consistía en ver solo el lado negativo de la mundialización y la otra, expresada en un principio en Porto Alegre, algo como un rechazo total de la mundialización. 
Lo que vemos hoy –lo que es claramente visible– es que, en el Foro de Davos, se ha hecho un cierto esfuerzo en pro de la responsabilidad social de las empresas y que se hace cada vez más hincapié en un programa de gobierno o gobernanza mundial. También existe un interés en tener en cuenta algunas de las preocupaciones expresadas por tantas organizaciones no gubernamentales y por tantos protagonistas del movimiento que, en un principio, se ha visto a sí mismo incluso como un movimiento antiglobalización. 
Muchas de estas personas que en un principio pertenecían al movimiento antiglobalización se dieron cuenta rápidamente de que la mundialización era inevitable. 
La mundialización de hoy no es el resultado de una decisión tomada por un país o un grupo de países, ni tampoco es una conspiración por parte de un grupo de empresas. 
La mundialización de hoy tiene más que ver con las tendencias del comercio internacional y, en particular, con la revolución tecnológica, que ningún Gobierno controla realmente. 
Por consiguiente, en lugar de limitarse a protestar contra la mundialización, muchos de estos agentes y protagonistas han elegido, con acierto a mi entender, buscar una forma alternativa de mundialización e intentar incorporar algunas de sus preocupaciones en la mundialización. 
Esta es nuestra posición. 
La acojo con satisfacción porque creo que podemos aprender tanto de Davos como de Porto Alegre, aunque en ambos lugares se han presentado propuestas que no se pueden tomar muy en serio. 
Hay lecciones que hay que aprender, sin embargo, de ambos procesos. 
Con respecto a Europa y la Comisión ¿qué puedo decirles? 
Creo que tenemos que trabajar en cuestiones prácticas, tanto desde una perspectiva interna como externa. 
Desde una perspectiva interna ¿estamos o no a favor de la cohesión? 
Estoy a favor de la cohesión –económica, social y territorial– y también lo está la Comisión y, por lo tanto, hoy les pido, Señorías, que me ayuden a mí y a la Comisión a garantizar que todos los Gobiernos de la UE estén también a favor de la cohesión y dispuestos a ofrecer su ayuda, por ejemplo, con las perspectivas financieras que hemos estado debatiendo, ya que la pobreza no solo afecta a países del hemisferio sur, sino que también afecta a Europa. 
Ahora Europa tiene mayores disparidades que nunca y esto es especialmente cierto en la Europa posterior a la ampliación. 
En Europa necesitamos programas más avanzados para luchar contra la exclusión social. 
En consecuencia, si queremos dirigir un debate coherente sobre la cuestión de la cohesión, tenemos que comenzar a aplicar la cohesión –económica, social y territorial– aquí en Europa. 
Esto forma parte de un enfoque acelerado que es vital para la Unión. 
Y luego está la perspectiva exterior: ¿qué pueden hacer la Comisión y la UE en el escenario exterior? 
En este contexto, dos ámbitos que creo que no deben considerarse mutuamente incompatibles ni contradictorios son los del comercio internacional y la ayuda al desarrollo. 
Algunas observaciones que he escuchado estaban en contra del comercio internacional basándose en que, en cierta medida, el comercio internacional es la personificación del modelo neoliberal. 
Déjenme que les diga de nuevo que, en mis conversaciones con los dirigentes de los países en desarrollo, la primera petición que casi todos ellos hacen es en el ámbito del comercio –quieren un mayor acceso a los mercados de países más desarrollados– y, por lo tanto, también tenemos que ayudarles con respecto al comercio. 
Por lo tanto, no se puede decir que el comercio y la ayuda sean irreconciliablemente incompatibles. 
Para mí está claro que podemos y debemos hacer más por los países en desarrollo en estos dos ámbitos. 
Y, sin embargo, también podemos exigirles más, ya que cuando la UE y los Estados miembros de la UE dan ingentes cantidades de ayuda, tal como lo hacemos –a escala mundial, la UE es el mayor donante de ayuda para el desarrollo– también tenemos derecho a exigir la gobernanza por parte de estos países y queremos conocer si el dinero que les damos se utiliza adecuada y legítimamente y si, en realidad, se llevan a cabo las reformas cuyo objetivo es una mejor integración de estos países en el comercio internacional. 
Esto también es una responsabilidad compartida. 
Déjenme que les diga que la Comisión quiere ir más allá. Queremos hacer una contribución más ambiciosa para alcanzar los Objetivos del Milenio. 
Tal como están las cosas, está claro que solo estamos limitados por los recursos disponibles. 
Por lo tanto, pretendemos continuar trabajando con los Estados miembros y con el Parlamento para fijar un orden del día más ambicioso en el ámbito de la ayuda al desarrollo, y ante todo situar a África en un lugar destacado de nuestras prioridades, puesto que África tiene problemas estructurales que otras regiones han superado, hasta cierto punto, gracias a su mayor integración en el comercio internacional. 
Quiero asegurarles que la Comisión y yo queremos ver una actitud de mayor decisión y mayor compromiso con los objetivos de un mundo global, un mundo global más justo en el que la UE tiene que desempeñar un papel destacado en el fomento de una gobernanza más responsable de los recursos de nuestro planeta y crear una sociedad más justa a escala global. 
Estos son nuestros valores y estamos dispuestos a luchar por ellos. 
Al término de este debate he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
– (A6-0020/2005) de Antonio di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al intercambio de la información de los registros de antecedentes penales [COM (2004) 0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238 (CNS)] 
– (A6-0036/2005) de António Costa, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de una recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros [2005/2003 (INI) ]. 
. Señor Presidente, Señorías, permítanme formular, en nombre de la Comisión, algunos comentarios sobre ambos informes: el presentado por el señor Costa y el presentado por el señor Di Pietro. 
Hay relaciones importantes entre los dos informes y las dos iniciativas. 
El primero se refiere a la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal; el segundo, presentado por el señor Di Pietro, se refiere a una propuesta relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales. 
Tengo la convicción personal, que también comparte la Comisión en su conjunto, de que la calidad de la justicia es un elemento básico del gran proyecto –ahora consagrado por la Constitución europea– de crear un espacio europeo real de justicia y libertad. 
Es evidente que la calidad de la justicia se basa en el principio de que una Europa en la que desaparecen las fronteras interiores debe garantizar que las decisiones de sus jueces sean ante todo ejecutadas con rapidez y de forma sencilla, porque la respuesta que esperan los ciudadanos se basa en la credibilidad de los ordenamientos jurídicos. 
Este principio presupone por supuesto otro, es decir, el principio que defienden quienes trabajan en torno al «reconocimiento mutuo» : una resolución de un juez de un determinado Estado miembro puede y debe ser reconocida por el ordenamiento jurídico de otro Estado miembro. 
Esta es una premisa esencial para la realización de un espacio europeo de justicia. 
Pero para que el principio de reconocimiento mutuo pueda ponerse en práctica, es necesario un alto nivel de confianza mutua: no puede haber reconocimiento mutuo si falla la confianza mutua entre las magistraturas, los jueces y los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión. 
Por este motivo, en el programa que la Comisión Europea se ha comprometido a llevar a cabo, hay una referencia específica –tal como pidió el Consejo Europeo, por cierto– a la calidad de la justicia, que se ejerce a través de resoluciones que se ejecutan rápidamente y sin contratiempos y que presupone un alto nivel de confianza mutua entre los ordenamientos jurídicos y los poderes judiciales. 
El ponente, el señor Costa, propone la creación de un sistema europeo de evaluación de la calidad de la justicia, basado en una Carta de Calidad de la justicia penal. 
Considero que es una idea interesante, pues sabemos que en otros sectores menos delicados ha funcionado un mecanismo de evaluación paralela y de control de resultados de medidas adoptadas, contribuyendo al afianzamiento del principio de mutua confianza. 
De ahí el interés de la propuesta del ponente. 
Por otra parte, la Comisión está convencida de que, en una materia tan sensible, que entre otras cosas afecta a competencias de los Estados miembros, es necesario poner en marcha una amplia consulta y, sobre todo, escuchar a los interesados. 
La Comisión sigue y seguirá dedicando muchos esfuerzos a ambos aspectos, escuchando en primer lugar a las categorías interesadas, es decir, los jueces, las asociaciones y los organismos que representan al poder judicial en los Estados miembros. 
Tenemos intención de emitir para finales de 2005 una primera comunicación sobre la formación judicial –es decir, sobre la formación de los jueces– y posteriormente, en 2006, una comunicación sobre la evaluación de la calidad de la justicia. 
Pretendemos, pues, seguir el rumbo que propone el informe del señor Costa. 
Mi última reflexión sobre este tema es que ningún mecanismo de evaluación de la calidad de la justicia puede afectar o incidir negativamente, de forma directa o indirecta, en la independencia de la magistratura. 
Sería un resultado desastroso si el principio de evaluación de la calidad de la justicia –que es un servicio al ciudadano– mermara indirectamente la independencia de los jueces, que es un requisito esencial para la prestación de un servicio de calidad a los ciudadanos. 
Un poder judicial que no es independiente sin duda no puede ser de calidad. 
Por esta razón, pues, aspiraremos a alcanzar un alto nivel de calidad de la justicia, pero manteniendo firmemente la premisa que acabo de señalar: el respeto de la independencia de nuestros ordenamientos jurídicos y poderes judiciales. 
Por lo que respecta al informe del señor Di Pietro, la mutua confianza es evidentemente uno de los elementos esenciales, como ya he dicho, para la calidad de la justicia y el buen funcionamiento del reconocimiento mutuo de resoluciones y procedimientos. 
Es evidente, por tanto, que la propuesta de decisión relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales –se trata de una propuesta de la Comisión del pasado mes de octubre– es un buen ejemplo, a mi entender, de la importancia real de aplicar el principio de mutua confianza. 
Todos ustedes recuerdan el asunto Fourniret, el trágico caso de pedofilia que contribuyó a acelerar la reacción europea: ese caso demostró el mal funcionamiento del intercambio de información entre los Estados miembros sobre los antecedentes penales de las personas. 
Debemos tomar medidas contundentes. 
Estoy convencido de que el texto que estamos debatiendo, al que se ha referido y se referirá de nuevo el señor Di Pietro, es tan solo un primer paso. 
Es un primer paso urgente, a corto plazo. 
Evidentemente, el siguiente paso en que piensa la Comisión es un sistema informatizado de intercambio más rápido, dentro del pleno respeto, como es obvio, de las normas de protección de los datos personales; una propuesta más avanzada, sobre la cual este Parlamento tendrá, por supuesto, varias ocasiones de pronunciarse en un próximo futuro. 
En todo caso, es evidente que debemos garantizar hoy el mejor funcionamiento posible del registro de antecedentes penales del Estado miembro de nacionalidad de la persona, de modo que, ante una petición de información, el registro de antecedentes de dicho Estado pueda aportar sin demora las respuestas necesarias sobre la situación. 
Es necesario, por tanto, establecer una mejor relación entre las autoridades nacionales responsables de los registros de antecedentes penales, y es evidente que, a más largo plazo, la Comisión espera conseguir nuevas mejoras. 
Como saben, hemos elaborado un Libro Blanco en el que se formulan propuestas relativas a un mecanismo más eficaz de intercambio de información. 
Escucharemos las respuestas a las preguntas planteadas en el Libro Blanco. 
En conclusión, la Comisión colaborará estrechamente con carácter permanente con este Parlamento, porque en materia de intercambio de información hay que encontrar un equilibrio adecuado entre la necesaria seguridad, la necesidad de proteger el derecho de los ciudadanos a estar seguros, y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
A este respecto, quisiera hacer referencia una vez más a la protección de los datos personales, porque sobre este equilibrio habrá que debatir en profundidad en este Parlamento. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me corresponde exponer mi informe sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa al intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales. 
Se trata de una propuesta –como acertadamente ha afirmado el señor Frattini– que no constituye más que un primer paso, que hay que dar urgentemente. 
Está claro que el objetivo de la propuesta de decisión no contará con el apoyo de todos; lo apoya plenamente el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa –al que tengo el honor de pertenecer–, así como la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que aprobó casi por unanimidad la propuesta del Consejo en cuestión. 
El objetivo es mejorar la calidad de la justicia en Italia, en Europa y en todos los Estados miembros. 
La acción concreta que propone la propuesta de decisión es compartir la información contenida en los registros de antecedentes penales. 
En realidad, este intercambio se preveía ya en el Convenio de 1959. 
Sin embargo, desde el punto de vista técnico resulta difícil hacer operativo y real dicho intercambio de información, pues en la actualidad, al amparo del Convenio de 1959, la puesta en red de la información se realiza una vez al año y las peticiones se presentan sin un plazo prefijado. 
Así, las ventajas derivadas de la propuesta del Consejo consisten en obtener la información más pronto, hasta que la informatización a que ha hecho referencia el señor Comisario permita facilitar la información con todavía mayor rapidez, prácticamente en línea. 
Quisiera despejar un equívoco para aquellos que ven un problema en la relación entre la comprobación de datos y la intimidad. 
Los datos del registro de antecedentes penales son para el condenado como la historia clínica para el enfermo: son datos de hecho. 
El problema es quién utiliza esos datos y cómo los utiliza. 
Pedimos que solo puedan ser utilizados por las autoridades judiciales y con otras autoridades judiciales, y exclusivamente en relación con condenas en firme. 
Por esta razón, ha hecho bien el Consejo en incluir los conceptos de «registro de antecedentes penales» y de «condena en firme» entre los términos que habrá que definir antes de que se aprueben estas decisiones. 
Estoy pues de acuerdo con este trabajo en curso que hay que llevar a cabo mientras esperamos las decisiones que llegarán con el Libro Blanco, al igual que apruebo, señor Comisario, los principios que acaba de enumerar usted. 
Ha dicho que esta decisión, y más en general las recomendaciones que el Parlamento se dispone a formular, deben responder a dos principios, que, a mi entender, todos podemos suscribir y que yo desde luego suscribo, al igual que usted. 
El primero es que las resoluciones de los tribunales deben ejecutarse rápidamente. 
El segundo –como ha dicho usted– es que debe haber un reconocimiento mutuo y una confianza mutua en las decisiones adoptadas por los jueces de cada país. 
En tercer lugar, ha dicho que toda evaluación de la calidad del trabajo de los jueces no puede afectar a la independencia del poder judicial. 
Comparto plenamente su punto de vista, señor Comisario, y le ruego, por tanto, que la Comisión adopte medidas más concretas en relación con estas cuestiones. 
En particular, además de escuchar le ruego que especifique qué piensa hacer cuando un Estado miembro no demuestre confianza en los jueces, hasta el punto de que, por ejemplo con referencia a la orden de detención europea, hay algún Estado miembro que todavía no ha tomado medidas. 
Pedimos pues explícitamente que cuando se discuta de temas semejantes, la Comisión apremie a los Estados miembros que todavía no han tomado medidas, pues de otro modo habría que pensar que esos Estados miembros no tienen confianza en las decisiones de los demás jueces y de los demás Estados miembros y no quieren ejecutar de modo inmediato las resoluciones de los jueces. 
Creemos también que tiene usted razón cuando afirma que hay que respetar la independencia de los jueces, pero queremos saber también qué piensa hacer la Comisión cuando en algún Estado miembro ni siquiera los miembros del Gobierno respeten a la judicatura y lleguen al extremo de burlarse de ella ante los propios tribunales. 
Yo creo que también es tarea de la Comisión emitir directrices e indicaciones para que el esfuerzo que estamos realizando por mejorar la calidad de la justicia en Europa y en los Estados miembros no sea frustrado por un determinado Estado miembro por razones propias muy particulares. 
– Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, uno de los retos más estimulantes a que se enfrenta la UE es la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia, cuyo elemento más importante, tal como propusimos en el Programa de La Haya, es la necesidad de garantizar una justicia de alta calidad en todo el territorio de la Unión, sin perjuicio de la pluralidad de los sistemas judiciales existentes en los 25 Estados miembros. 
De acuerdo con el Programa de La Haya, tal como ya ocurre en el caso de Tampere, la piedra angular de la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia es el reconocimiento mutuo, tal como acaba de recordarnos el señor Frattini. 
Sin embargo, para que exista el reconocimiento mutuo también tiene que existir confianza recíproca y, tal como acaba ahora de destacar el señor Di Pietro, la confianza recíproca no es solo una cuestión de fe. 
La confianza recíproca tiene que desarrollarse y tiene que funcionar de forma eficaz. 
Tenemos que reconocer que entre nuestros 25 Estados miembros –entre las autoridades judiciales de nuestros 25 Estados miembros– esta confianza recíproca no existe en un grado satisfactorio. 
Hay que intensificar la confianza recíproca. 
Por lo tanto, comienzo este informe de iniciativa proponiendo que exista un mecanismo de evaluación mutua entre los diversos Estados miembros. 
Por consiguiente, nuestra evaluación será el resultado de un amplio abanico de puntos de vista sobre la calidad de la justicia penal en cada uno de los Estados miembros. 
En segundo lugar, creo que es crucial que esta evaluación sea una evaluación objetiva, y para que así sea propongo que se cree una Carta de Calidad de la Justicia Penal. 
La Carta tiene que crearse sobre la base de la interpretación del derecho a un juez en la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre la base de Carta de los Derechos Fundamentales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Europeo, y sobre la base de las recomendaciones tanto de las Naciones Unidas como del Consejo de Europa. 
Esta Carta de Calidad tiene que servir de marco de referencia objetivo para que sea posible la evaluación de los diferentes sistemas de justicia penal en los diferentes Estados miembros. De esta manera, podemos diseminar las mejores prácticas, podemos disponer de análisis comparativos y podemos garantizar que todos los ciudadanos europeos, dondequiera que estén en el territorio de la UE, disfruten de altos niveles de calidad. 
Sin embargo, todos sabemos que además del reconocimiento mutuo, también tiene que existir un nivel mínimo de armonización. 
El Consejo ha establecido este criterio para la armonización del Derecho penal sustantivo, y nuestro informe propone que respaldemos la propuesta del Consejo. 
El Consejo ha invitado a la Comisión a que elabore para la armonización la lista de delitos previstos en el Tratado Constitucional lo antes posible, de manera que en el momento en que el Tratado Constitucional entre en vigor los trabajos preparatorios hayan concluido y el Consejo pueda adoptar rápidamente, junto con el Parlamento, los criterios de armonización exigidos en el nuevo Tratado. 
Con respecto al Derecho procesal, creemos que tenemos que ser selectivos y, sin embargo, ambiciosos en cuanto al alcance de nuestra actuación. 
Por lo tanto, proponemos cuatro ámbitos principales: el primero, la armonización de las normas relativas a la recogida y evaluación de pruebas, cuestión sobre la que la Comisión ha dicho que ya está trabajando en ella; en segundo lugar, la armonización para la ejecución de las penas y garantizando que se ejecuten todas las medidas preventivas aplicadas; en tercer lugar, los derechos mínimos de los reclusos en cualquier Estado miembro; y por último, la consideración de reincidencia en el caso de actos que ya han sido objeto de medidas de armonización. 
Con este informe, el Parlamento pide al Consejo y a la Comisión que aceleren su trabajo para que todos nosotros, trabajando juntos, podamos contribuir a un espacio de libertad, seguridad y justicia con una justicia penal de más alta calidad en Europa. 
En la documentación política del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, como por ejemplo los documentos del congreso y otra documentación de nuestro partido en el Parlamento Europeo, destacamos la importancia de la seguridad de las personas y de sus bienes; al fin y al cabo se lo hemos prometido a nuestro electorado. 
Por otra parte, nos enfrentamos a un aumento de actos criminales y terroristas en formas cada vez más graves. 
Está absolutamente claro que ningún Estado miembro individual de la Unión Europea puede ya garantizar por sí solo su propia seguridad. 
Necesitamos cooperación y acción conjuntas, y necesitamos buscar y promover todas estas actividades que mejoran nuestra seguridad. 
En este sentido, mi Grupo apoya la propuesta de Decisión del Consejo sobre el intercambio de datos generados a partir de antecedentes penales, así como el informe del ponente, el señor Di Pietro. 
Sin embargo, nos sorprende de alguna manera que la Comisión solo pretenda establecer un nuevo sistema informático para el intercambio de datos entre 2008 y 2010. 
Tengo la sensación de que el intercambio de datos es más una cuestión política que técnica, ya que si existe una política seria, la Comisión debe acelerar la creación de un sistema adecuado de tecnologías de la información, puesto que todo el mundo tiene claro que estamos en la era de la información y que la creación de un sistema adecuado de tecnologías de la información no puede ser una cuestión tan complicada. 
Es evidente que esto se está obstaculizando por otras cuestiones de más peso, como la confianza o la calidad de determinadas ramas del poder. 
En este sentido, propongo a la Comisión que realmente acelere la creación del sistema de tecnologías de la información. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la principal preocupación de los ciudadanos europeos es que la Unión Europea les garantice un alto nivel de vida y proteja sus derechos. 
Por tanto, debemos asegurarnos de que todos los ciudadanos europeos gocen de los mismos derechos, de una justicia de la misma calidad y de un acceso igual a la justicia, dondequiera que se hallen en Europa. 
En este contexto, la mejora de la cooperación judicial en materia penal y civil es fundamental. 
Por otra parte, con la libre circulación en Europa, las redes criminales pueden aprovechar la apertura de las fronteras interiores de la Unión Europea y explotar la falta de coordinación europea en el ámbito de la justicia para evitar la detención. 
Así pues, debemos adoptar ahora los mecanismos necesarios para responder a los nuevos desafíos a que se enfrenta ahora la cooperación judicial europea. 
El intercambio de información del registro de penados ofrece a los magistrados europeos mecanismos concretos para acelerar los procedimientos y no dejar a los delincuentes impunes. 
Por ejemplo, es posible, como ha dicho usted, concluir más rápidamente asuntos de pedofilia conocidos. 
Es preciso implantar estos mecanismos y medidas concretas para mejorar la confianza mutua de los sistemas judiciales europeos, que constituye una necesidad absoluta. 
En efecto, la actual falta de confianza constituye un serio obstáculo para alcanzar el reconocimiento mutuo de las prácticas vigentes y un nivel adecuado de aproximación de los sistemas judiciales. 
Me sumo por lo demás al señor Costa para pedir a la Comisión que formule propuestas basadas en los principios de reconocimiento mutuo de las decisiones y de armonización mínima. 
Por último, aprovecho la ocasión, señor Comisario, para expresarle mi satisfacción por la propuesta de ampliar la cooperación judicial a determinados aspectos del Derecho de familia, recogida en el programa legislativo para 2005. 
Espero fervientemente que sigamos trabajando en este sentido. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, el señor Costa, por su informe y por las excelentes conclusiones que ha presentado, que por lo demás fueron aprobadas casi por unanimidad por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
A mi juicio, este informe emite una señal contundente del Parlamento a la Comisión y al Consejo. 
Refleja nuestra voluntad de garantizar una mayor calidad de la justicia a todos los ciudadanos europeos, diría incluso a todos aquellos que se encuentran en el territorio de la Unión Europea, y ello gracias en particular a la Carta de calidad de la justicia penal y al sistema de evaluación propuesto. 
El reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas en materia penal en uno u otro Estado miembro supone una confianza recíproca de todos los Estados en su sistema judicial. 
Por ello es preciso definir unas normas básicas comunes que se armonicen mejor y al mismo tiempo se mantenga la diversidad justificada, como ha reiterado el señor Costa. 
Pero hay más que el mero procedimiento. 
Garantizar y comprobar que los jueces estén bien formados, sean de mentalidad abierta, equilibrados, atentos, eficaces, diligentes y capaces de gestionar de forma óptima los medios disponibles no entra en contradicción evidentemente con la indispensable independencia de que deben gozar. 
Hay que mejorar la transparencia de la justicia y conseguir una mejor percepción por parte de los ciudadanos de los métodos de trabajo de los jueces, que a veces sufren una pérdida de crédito y de confianza. 
Por último, me parece indispensable que aseguremos que se dé curso a nuestras recomendaciones. 
Necesitamos acciones y no meras intenciones, señor Comisario. 
Por este motivo, es importante crear un comité de seguimiento integrado por expertos, magistrados, jurisconsultos, usuarios del sistema judicial y representantes de los Parlamentos nacionales con la tarea de apreciar y evaluar el modo en que se aplican nuestras recomendaciones. 
Si conseguimos concretar estas recomendaciones, conseguiremos realmente hacer de la Unión Europea un Estado de Derecho. 
Se trata de cuestiones fundamentales para el funcionamiento de nuestras democracias, el respeto de la ley y el respeto de los derechos de los ciudadanos. 
Por lo que respecta al excelente informe del señor Di Pietro, comparto plenamente el análisis y las propuestas que contiene, pero quiero insistir en que la propuesta es modesta, se limita al marco jurídico actual, que se remonta a 1959, y no responde por tanto a las necesidades de información en materia de registro penal. 
Creo que se ha querido responder a la emoción suscitada por el asunto Fourniret. 
Esperaremos con impaciencia, como ha anunciado el Comisario Frattini, propuestas más generales, indispensables para luchar contra el terrorismo, los crímenes graves y los delitos en general con más eficacia. 
El pequeño paso que hemos dado no nos exime de seguir adelante rápidamente. 
– Señor Presidente, esta noche estamos debatiendo de nuevo la palabra mágica «reconocimiento mutuo» como la piedra angular de la cooperación judicial europea. 
Naturalmente, presupone que los Estados miembros trabajen juntos de manera eficaz, que miren más allá de sus propias fronteras y conozcan cómo se hacen las cosas en cualquier otro lugar, que también hayan llegado a un acuerdo en torno a una serie de normas básicas, como por ejemplo en lo tocante al Derecho procesal y, por encima de todo, se basen en la confianza recíproca y en las razones por las que pueden confiar unos en otros. 
La propuesta del señor Costa es especialmente importante para crear confianza en la eficacia y una buena administración de la justicia, considerando que la idea central del informe del señor Pietro es mejorar la cooperación en materia de información. 
Mi Grupo apoya plenamente los dos informes y quiero agradecerle encarecidamente todo el trabajo que ha realizado en torno a ellos y la agradable cooperación, pero necesitamos mucho más que estos pequeños avances. 
Existe una multitud de nuevas propuestas a este respecto, y todas constituyen un pequeño paso adelante, sobre el papel de todos modos, ya que según mi experiencia a menudo los Estados miembros le aplican el freno. 
A ellos, la idea del reconocimiento mutuo les parece, principalmente, que es la manera de no tener que cambiar nada a escala nacional. 
Todos solemos estar interesados solo en nuestra propia parcela, y los demás tienen que respetar las decisiones que se toman acerca de ella. 
Les puedo decir que mi Grupo no teme mirar más allá, si bien se nos plantean algunas dudas ante esta enorme multitud de nuevas normas, ya que un volumen de este tipo a menudo afecta a la transparencia, las defensas de los ciudadanos que se enfrentan continuamente con cambios, y también la claridad de lo que estamos haciendo aquí. 
Puedo decirle que mi Grupo está a favor de una oficina del Fiscal Europeo; estamos a favor de un Código penal europeo, de derechos de ámbito europeo para los sospechosos y las víctimas, del intercambio de información y, sobre todo, a favor de una inversión importante en la formación en profundidad de todos los funcionarios judiciales y policiales en materia de cooperación europea. 
Lo que ocurre, finalmente, es que es sobre el terreno, en vez de aquí, donde esto deberá ponerse en práctica. 
Espero que todos unamos fuerzas en un gran esfuerzo, incluyendo una inyección financiera, para garantizar que todo el mundo esté bien informado en este sentido. 
– Señor Presidente, los dos informes son expresiones de la bien conocida ambición de extender el poder de las instituciones de la UE a costa tanto de los Estados miembros como, en última instancia y en buena lógica, de la democracia. 
Del informe del señor Di Pietro solo puedo decir que tiene que ver con un asunto que es competencia del Consejo de Europa y no a la UE. 
El informe del señor Costa está lleno de idealismo con bonitas palabras, pero los ideales y las buenas intenciones sufren el defecto desafortunado de que, generalmente, no se basan en la realidad. 
Ante todo quiero señalar que en una serie de Estados miembros, el procedimiento penal y los sistemas penitenciarios contienen numerosas vulneraciones graves de los derechos humanos fundamentales. 
¿Acaso la realidad no debe cultivarse por encima de ideales etéreos? 
La única ambición del informe es cultivar la confianza recíproca en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones jurídicas de los demás Estados miembros. 
Sí, pero ¿qué ocurre si el juez polaco, griego o italiano, el fiscal o la autoridad carcelaria no son merecedores de esta confianza? 
No cabe duda de que lo que importa es lo que ocurre en realidad. 
El segundo objetivo del informe es forzar a los Estados miembros a castigar actos concretos, de conformidad con el artículo 271 de la Constitución. 
Si la realidad hubiera desempeñado un papel y si se hubiera preguntado a los criminalistas, se hubiera recibido una respuesta clara. 
Lo que tenemos aquí, en el peor de los casos, es barbarie y, en el mejor, arbitrariedad. 
– Señor Presidente, Señorías, se ha hablado de calidad de la justicia y hemos examinado el informe, que parece un intento de anticipar las disposiciones del Tratado, en particular el artículo III-271, sobre la definición de las infracciones penales de especial gravedad, como los delitos de terrorismo. 
Es lícito preguntarse, pues, si no estaremos yendo demasiado lejos en esta visión un tanto optimista de la calidad de la justicia y el reconocimiento mutuo de los jueces. 
De hecho, precisamente en relación con el delicado problema del terrorismo, se producen hechos muy graves, como por ejemplo la sentencia nº 2849104 dictada por la juez de instrucción de Milán, la señora Forleo, en un asunto de terrorismo. 
La resolución, relativa a las actividades de algunos individuos acusados de terrorismo (cuyos nombres figuraban en la lista tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea) , hace una curiosa distinción, inventada por la propia juez, entre terroristas y guerrilleros. 
La juez en cuestión escribe textualmente que «las actividades violentas o guerrilleras, aun las desempeñadas por fuerzas armadas distintas de las regulares, no pueden ser perseguidas ni siquiera al amparo del Derecho internacional, siempre que no se viole el Derecho internacional humanitario». 
Nos encontramos con normas comunitarias en materia de terrorismo que han sido vaciadas de contenido. 
Nos encontramos ante la traición del posicionamiento civilizado en contra del terrorismo adoptado por Europa, inclusive en esta Cámara. 
Es un asunto muy grave y siento que tengo el deber de denunciarlo. 
Señor Presidente, Señorías, cuando los debates sobre la adhesión a la Unión Europea se celebraron en los nuevos Estados miembros, inclusive en mi país, Polonia, los argumentos principales que expusimos no solo estaban relacionados con el crecimiento económico y la seguridad nacional, sino también con la seguridad personal. 
Esta cuestión es aún más importante, ya que los delitos están aumentando en toda Europa y, por desgracia, también en los nuevos Estados miembros, y deben tomarse medidas radicales para la contención de este aumento continuo. 
Han aparecido un gran número de nuevos tipos de delitos, como por ejemplo el problema bien conocido de los delitos por Internet, y todos estos acontecimientos significan que precisamos nuevas normativas. 
También implican que es necesaria la armonización, y por esto es por lo que acojo con satisfacción tanto el informe del señor Di Pietro sobre el intercambio de información de los registros de antecedentes penales como el informe del señor Costa sobre la calidad de la justicia penal en la Unión Europea. 
No debo olvidar, sin embargo, que la armonización del Derecho penal, o de cualquier otro Derecho, no solo debe significar que todo el mundo pase a ocupar el mismo lugar, o que las diferencias se erradiquen en detrimento de tradiciones nacionales, usos y costumbres y necesidades. 
Esto último es la base sobre la que se ha establecido la legislación nacional, y si ha de tener lugar la armonización de forma demasiado mecánica, se podrían perjudicar las tradiciones locales. 
Y lo que es más importante, los países no tendrían que adaptar su legislación a la legislación y usos y costumbres de otros países donde se trata con especial esmero a los delincuentes, donde se transforman gradualmente en víctimas mientras se olvida a las víctimas, y donde los delincuentes pueden esperar, en realidad, una mayor protección que estas últimas. 
Esto se refiere en particular a la cuestión de si se tiene que conceder a los detenidos el derecho a que les asista un psiquiatra, que tendría el cometido de evaluar inmediatamente la conducta del detenido o la detenida y, posiblemente, absolverlo o absolverla de culpabilidad. 
Puede que esto pueda ser adecuado que suceda en una etapa posterior del procedimiento judicial, pero no tiene por qué ocurrir al principio. 
No debe comportar que los delincuentes disfruten de mayores derechos que las víctimas, incluso si esto es algo que, por desgracia, cada vez es más común en la legislación moderna y la práctica judicial. 
Es inaceptable para la víctima que se la considere su conversión irrevocable en víctima, mientras, al mismo tiempo, se considera al delincuente una especie de nueva víctima a quien se debe rescatar, ya que esto es simplemente falso. 
El delincuente tiene siempre que seguir siendo un delincuente y la víctima una víctima. 
El intercambio de información del registro de antecedentes penales es otra cuestión que merece la pena considerar. 
No hay que olvidar que los períodos de tiempo por los que las condenas penales se consideran que se han cumplido varían entre los diferentes Estados miembros, y hay que tomar medidas para evitar situaciones en las que se considera que alguien tiene una condena penal en un Estado miembro, aunque esto ya no sea así en otro Estado miembro. 
He terminado, y no hay ninguna necesidad de que use su martillo. 
– Señor Presidente, en la exposición de motivos de su propuesta, la Comisión afirma que nuevos casos trágicos de pedofilia han sacado a la luz disfunciones importantes en el intercambio de información sobre condenas entre los Estados miembros. 
El Comisario Frattini ha mencionado el caso Fourniret hace unos minutos. 
Un pedófilo francés, que había sido condenado en su propio país, pudo proseguir sus actividades sin que le molestasen en Bélgica, ya que las autoridades francesas no habían creído que fuera necesario facilitar información sobre él a las autoridades pertinentes. 
La propuesta que se está deliberando en estos momentos tarda demasiado. 
Al fin y al cabo, es un suplemento al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal, que data de 1959. 
Asimismo, la propuesta es inadecuada y no da ninguna respuesta a un gran número de problemas. 
Los Estados miembros tienen que actualizar sus registros de antecedentes penales y facilitarlos más rápidamente. 
También tienen que proporcionar la información solicitada por otros Estados miembros con más rapidez y utilizar impresos estándar para hacerlo. 
Estas son algunas de las medidas en la buena dirección, aunque, naturalmente, todo ello mientras se espera la introducción de un sistema de intercambio de datos plenamente funcional y automatizado. 
La Comisión tiene que acometer esta tarea lo más pronto posible, sin duda cuando afirma que el sistema no se aplicará hasta dentro de unos años: todo ello un mal augurio. 
Naturalmente, existe un número enorme de implicaciones jurídicas que necesitarán debatirse a fondo. 
Una vez que esta Cámara haya votado la propuesta actual, no cabe duda de que no hay que dar la impresión de que se han resuelto los problemas relacionados con el intercambio de información. 
La Comisión ha utilizado un ejemplo idóneo para ilustrar que no es de esto de lo que se trata. 
No se exige a los Estados miembros que informen sobre el Estado en que viven los reclusos cuando este no es el Estado de su nacionalidad. 
En otras palabras, estas medidas harán que Fourniret, a quien ya he mencionado antes, se escape de la red otra vez. 
Señor Presidente, tanto el Programa de Tampere como, posteriormente, el Programa de La Haya, determinaron el reconocimiento mutuo de sentencias en casos penales como una de las metas de la Unión Europea en el ámbito del Derecho penal. 
Es necesaria la cooperación judicial eficaz basada en la confianza recíproca para alcanzar esta meta, puesto que una ausencia de este tipo de cooperación significa que delincuentes se escondan en otros países para evadir la responsabilidad de sus crímenes. 
Esto a su vez da lugar a un aumento de la sensación de impunidad, lo que deriva en niveles más altos de delincuencia en Europa. 
Este es el motivo por el que mi Grupo político acoge con satisfacción el informe Costa, que contiene recomendaciones a la Comisión Europea relacionadas con el establecimiento de una Carta de Calidad de la Justicia Penal, ya que los derechos fundamentales concedidos a los demandados, a las víctimas y a los abogados por la Carta propuesta puede utilizarse al mismo tiempo como criterios para una evaluación recíproca de la calidad de la justicia. 
Aunque no se proporcionará un fundamento jurídico concreto para este tipo de evaluación hasta que el Tratado Constitucional entre en vigor, creo que ya se puede encontrar un fundamento jurídico general en el Tratado de Maastricht. 
A mi entender, sería por lo tanto una buena idea que la Comisión Europea cumpliera las recomendaciones del informe comenzando por desarrollar los criterios y métodos que deben utilizarse para llevar a cabo estas evaluaciones. 
Este cometido será algo complicado debido a que esta asignación debe efectuarse para los diferentes ordenamientos jurídicos que son de aplicación en los diferentes Estados miembros y que se basan en tradiciones y culturas jurídicas diferentes, así como para los diferentes sistemas judiciales. 
Los métodos para llevar a cabo estas evaluaciones también tienen que garantizar que se lleguen a conclusiones creíbles basadas en análisis fiables. 
Merece la pena destacar que las evaluaciones judiciales mutuas también tienen que ser respaldadas por otras medidas, como las que garantizan que la independencia del poder judicial de toda influencia política no solo se respeta sino que también se mejora. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, es necesario que la justicia penal en Europa sea independiente, pero no más allá de la evaluación y del examen. 
Los ciudadanos europeos necesitan confiar en el sistema judicial penal, necesitan confiar en que sus derechos fundamentales se respetarán, necesitan confiar en que la transparencia y la calidad estarán presentes en cualquier tribunal de la Unión Europea. 
Hace poco hemos tenido una pésima experiencia en Grecia: el descubrimiento de casos de soborno y corrupción en el sistema judicial. 
Es un descubrimiento que ha hecho debilitarse gravemente la confianza de los ciudadanos griegos en su sistema judicial. 
Aunque el sistema judicial griego está ahora poniendo en orden su casa, no es suficiente. 
Tal como saben otros países de Europa que han tenido que enfrentarse a casos de corrupción similares en su sistema judicial, esto es muy, muy difícil. 
Por lo tanto, se nos pide que les prestemos apoyo europeo. 
¿Cómo puede Europa ayudarles? 
Mediante la evaluación de procedimientos especiales y mejores prácticas. 
¿Y dónde radica el problema? 
Todo aquel que ponga en entredicho la importancia de la evaluación actúa en connivencia. 
Incluso si un Estado miembro cree que su sistema judicial penal es tan excepcional que no tiene nada que aprender de los demás, al menos tiene que ayudar a los demás a aprender de él y, dado que los propios jueces están implicados en el mapa de calidad, no existe ningún problema sobre su independencia con esta propuesta. 
En vista del amplio espectro de disposiciones del Tratado Constitucional para Europa relativas a la convergencia de legislaciones nacionales en el ámbito del Derecho penal, material y procesal, podemos concluir que el plan para un espacio único de Derecho penal está perfilándose de forma cada vez más clara. 
Su consagración en el Tratado Constitucional es el resultado del desarrollo legislativo desde 1990, y no su principio, y radica en particular en el principio de la confianza recíproca. 
A la vista de las diferentes resoluciones constitucionales y de las tradiciones en materia de Derecho penal, esta confianza tiene que fundamentarse en criterios específicos, comparables y mínimos. 
Apoyamos esta orientación, pero los diputados al Parlamento Europeo también tienen el deber de supervisar estrechamente los métodos para unificar las legislaciones, en especial en lo que se refiere a la necesidad urgente de reforzar la protección de los derechos humanos fundamentales. 
Si no prestáramos atención al equilibrio entre estos dos elementos, el Derecho penal se unificaría efectivamente, pero no estaría necesariamente legalizado democráticamente. 
El Derecho penal también es un carné de identidad para la calidad de la democracia. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, no tengo problemas con el intercambio razonable de información sobre las condenas penales entre Estados miembros, pero solo un ciego en cuestiones políticas podría no reconocer en las propuestas del informe Costa el proceso de armonización que se está llevando a cabo en el sistema de justicia penal en toda Europa. 
Eso, por supuesto, es un anticipo de la Constitución de la UE, en la que dicha armonización representa un papel clave. 
Yo me opongo desde luego al sistema de justicia penal establecido según el modelo continental, con su agresión intrínseca a los componentes esenciales de nuestro sistema del derecho consuetudinario británico, distintivo e histórico, que incluye entre otras cosas el juicio con jurado, el y la separación de la judicatura del proceso de investigación. 
Este informe Costa, a pesar de su verborrea plausible, forma parte de ese proceso de armonización destinado a crear un único sistema de justicia penal. 
Desde mi punto de vista, eso no favorece a los intereses de la nación británica y, por lo tanto, me opondré al informe. 
– Señor Presidente, Señorías, a veces ocurre que la Comisión, el Consejo o el Parlamento –o dos de estas instituciones, o las tres– van muy por delante de los ciudadanos o de un determinado grupo; en estos casos, actuamos con demasiada premura y demasiada ambición, y nos vemos forzados a llevar a los rezagados a nuestras espaldas. 
Todos somos responsables de la cuestión que estamos debatiendo esta noche, ya que lo que es sumamente importante son los resultados conseguidos, o más bien aquellos que no logramos. 
Señor Comisario, no se trata simplemente de que luchamos por mantenernos al tanto de la verdadera naturaleza de la delincuencia actual, dado que durante muchos años el crimen organizado ya no ha sido el único tipo de delincuencia que cruza fronteras; también estamos luchando por seguir el ritmo de la delincuencia individual. 
En ambos casos también estamos luchando para dar a los ciudadanos lo que quieren. 
Los ciudadanos tienen el derecho, y la voluntad política, de garantizar que no se combata la delincuencia del siglo XXI con métodos del siglo XIX. 
A pesar de los numerosos temores que se han manifestado, esto no implica ninguna reducción del grado de protección de datos; finalmente, la información relacionada con determinados tipos de delincuencia especializada cometida en Kehl es tan importante en Offenburg como en Estrasburgo. 
Nuestra prioridad en el intercambio de información de este tipo es el derecho de los ciudadanos a la protección y no el derecho de los delincuentes a la intimidad. 
Ni tampoco lo que está en juego aquí es la confianza entre los Estados miembros; se trata de una mera cuestión de si los ciudadanos confían en Europa, y en qué medida confían en nosotros para que hagamos un buen trabajo al gestionar esta cuestión. 
Si hay que sacar alguna conclusión de todo esto, es lo que estamos pidiendo realmente –como ha hecho un destacado periódico alemán– si los ciudadanos desean un Código penal único, y la respuesta a esta pregunta es «sí». 
La conclusión que hay que sacar de este informe es que todos expongan claramente si quieren que se hagan o no auténticas mejoras, y que en todo caso los problemas de software no deben utilizarse como cortina de humo. 
– Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, no quisiera añadir nada a los informes de los señores Di Pietro y Costa, con los que estoy plenamente de acuerdo. 
En vez de ello reflexionaré sobre una contradicción que tenemos que encarar esta tarde. 
Como todo el mundo sabe, solo un refuerzo de la cooperación judicial puede contribuir de forma significativa a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y esto implica el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, el intercambio de información y la armonización de las garantías procesales. 
No obstante, sabemos también que muchos Estados miembros se esfuerzan por impedir por todos los medios esta cooperación judicial. 
Por tanto, su mandato también consiste, a nuestro juicio, en enfrentarse al Consejo y asegurar que todas las instituciones europeas se adhieran firmemente a este objetivo. 
Hace falta una mayor voluntad política que nos permita realizar lo que la Constitución europea prevé y prescribe y que no desearíamos que quedase sin aplicar. 
Precisamente en nombre de la consulta y la cooperación judicial, señor Frattini, le urgimos a que intervenga respetuosa pero enérgicamente ante el Parlamento y el Gobierno italianos, en parte por su pasado como Ministro de dicho Gobierno. 
Italia es el único país que no ha aplicado la orden de detención europea. 
Esto, que hasta ayer podía ser simplemente grave, es hoy, como sin duda admitirá usted, una absoluta paradoja. 
Señor Presidente, este debate trata de la confianza. 
En todos los Estados miembros, en todas las cárceles y en todos los centros de detención existen no obstante personas que creen que fueron sometidas a juicios injustos debido a que desconocían la lengua, que las pruebas no se evaluaron correctamente o que recibieron un trato brutal por parte de la policía o mientras se encontraban bajo arresto. 
Esto a pesar de que disponemos de normas establecidas en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y sobre todo, quizá, normas que forman parte del Derecho comunitario en la UE. 
Si las personas tienen que atreverse a utilizar las cuatro libertades, también tenemos que disponer de normas que rijan la seguridad no solo de los bienes y del capital, sino también de las personas. 
Para que los ciudadanos puedan reivindicar sus derechos, las normas actuales exigen que se agoten las vías de recurso nacionales. 
Un tribunal puede solicitar un dictamen consultivo durante un juicio, pero no así un individuo. 
Por lo tanto, tenemos que introducir la oportunidad de que las personas puedan solicitar consultas personales o representantes especiales para darles los mismos derechos que a los tribunales. 
Solo en ese momento podremos hablar de confianza. 
– Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, tenemos que trabajar juntos si hay que mejorar los niveles de calidad y eficacia de la justicia. Tenemos que ser conscientes de que la piedra angular de nuestros temas europeos es la independencia del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto desde un punto de vista sustancial como procesal. 
En caso de que haya alguna duda –me complace decirlo otra vez–, quiero felicitar al señor Costa por su informe excelente, que afirma que los ciudadanos europeos han de tener garantizado el derecho a la justicia, tanto por parte de la Unión, según la cual se les garantiza un trato comparable, independientemente del Estado miembro en que se encuentren, como por los Estados miembros, según sus competencias respectivas, mientras se les garantiza que las diferencias entre los diversos sistemas judiciales no obstaculicen el avance hacia una justicia y una protección de alta calidad en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que es necesario reforzar la confianza recíproca para que pueda existir un reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y, de esta manera, contribuir a un desarrollo gradual de una cultura judicial europea. 
Respaldo la idea de adoptar una Carta de Calidad de la Justicia Penal en Europa, que sería la base para evaluar cómo funcionan los sistemas judiciales en la Unión. También apoyo la idea de establecer un sistema objetivo e imparcial para la evaluación mutua de la calidad de la justicia, basada en datos estadísticos comparables, que debería ponerse en práctica lo más pronto posible y que involucraría tanto al Parlamento Europeo como a los Parlamentos nacionales. 
Quiero también elogiar al señor Di Pietro por su trabajo y por las propuestas que presenta sobre la reducción de los plazos y las condiciones para el acceso a datos personales. 
En otras palabras, el sistema actual de intercambio de información del registro de antecedentes penales no es eficaz. 
Es esencial que se cree un sistema informatizado para que los Estados miembros intercambien información, que ofrezca un acceso rápido a este tipo de información en todo el territorio de la UE, y acojo con satisfacción las nuevas ideas del señor Frattini sobre el tema. 
– Señor Presidente, este es un informe importante porque hace hincapié en dos áreas clave en las que no se ha insistido bastante hasta ahora. 
El señor Costa ha dado un paso adelante importante al señalar que la clave es la calidad de la justicia y no el reconocimiento mutuo. 
Si alguien en esta Cámara duda de esta cuestión, debería consultar los «criterios de Copenhague». 
La calidad de la justicia en muchos de los países candidatos y la necesidad de mejorarla fueron aspectos fundamentales de la adhesión a la Unión Europea. 
Tampoco ninguno de los 15 Estados miembros existentes debería confiar en que tienen todas las respuestas correctas ni la justicia de mejor calidad. 
Fijémonos en cómo tratamos a las minorías y a las personas vulnerables. 
Esta será la piedra de toque de esta cuestión. 
La Carta de Calidad de la Justicia Penal en Europa no debería causar temor en los Estados miembros. 
Deberían acogerla con satisfacción, porque es uno de los ámbitos de cooperación más visibles en la Unión Europea que nuestros ciudadanos reconocen. 
Lo ven en los medios de comunicación, quieren ver soluciones a escala europea, quieren sentirse seguros en una Unión Europea que imparta una justicia rápida y proteja a los inocentes. 
– Señor Presidente, me limitaré a algunas reflexiones sobre el informe del señor Di Pietro, que apoyo plenamente. 
El informe del ponente contiene elementos positivos, ya que, de un lado, determina las fechas y, de otro, destaca la necesidad de acelerar el procedimiento, en el supuesto de causas urgentes, a 48 horas. 
Sin embargo, la atención del Comisario tiene que centrarse en que las cuestiones que se abordan en los informes tanto del señor Di Pietro como del señor Costa pueden ser un paso en la buena dirección pero no se puede considerar un paso audaz. 
Creo, por ejemplo, que la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de las condenas penales tiene que ser una prioridad inmediata. 
Asimismo, es necesario que los términos «condena» y «registro de antecedentes penales» se definan claramente y los términos «delito» y «pena» se armonicen. 
Estoy convencido de que la integración de la Unión Europea no es posible si no procedemos rápidamente a unificar las normas relacionadas con la justicia. 
Sin embargo, la intervención de hoy del Comisario no me ha convencido de que la Comisión vaya a proceder a buen ritmo en esta dirección y es una lástima. 
Señor Presidente, el espacio jurídico común se basa en el reconocimiento mutuo. 
Al reconocer las sentencias de cada uno, tenemos que poder confiar en la calidad de los ordenamientos jurídicos, confiar en la igualdad de trato, confiar en el debido proceso efectivo y confiar en juicios justos con asistencia jurídica y, si es necesario, con servicio de interpretación. 
Compitamos en una trayectoria ascendente en lo que se refiere a la calidad jurídica. 
Gracias, señor Costa, por un informe constructivo. 
Paso ahora al tema del intercambio de información, que es un ámbito mucho más problemático. 
El señor Di Pietro ha mejorado su propuesta, pero quiero hacer hincapié en tres puntos. 
En primer lugar, la protección de datos deberá tener la misma calidad en la esfera de la lucha contra la delincuencia que en el mercado interior antes del intercambio de datos. 
En segundo lugar, el Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene que expresar sus opiniones sobre cuestiones sensibles. 
En tercer lugar, además de informar a los Estados miembros sobre cómo se utiliza la información, la persona debe ser informada sobre qué información se ha entregado. 
Nos han dado un Comisario que, me consta, escucha y entiende estas cuestiones. 
Espero que el Comisario Frattini incluirá estos tres elementos en el futuro cuando se trate de aumentar la protección de datos para garantizar que consigamos la misma calidad de protección de datos en la esfera de la lucha contra la delincuencia que la que ya tenemos en el mercado interior. 
En este sentido, tengo grandes esperanzas en los esfuerzos adicionales del Comisario Frattini. 
Quiero agradecerle los esfuerzos que ya ha realizado en el ámbito del almacenamiento de datos y creo que esto también aportará frutos en el ámbito del intercambio de datos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión de la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal es un tema central en el proyecto de justicia global de la UE. 
La justicia penal es el ámbito de los derechos humanos más calurosamente discutido: su naturaleza recíproca, sus conflictos y el hecho de que se base en un principio de dignidad esencial. 
La cuestión de la justicia penal, por lo tanto, llega al núcleo moral de la cultura política europea. Por lo tanto, es de vital importancia que llevemos a cabo una política activa cuyo objeto sea mejorar la calidad de la justicia penal y armonizar la legislación de los Estados miembros. 
El advenimiento de la Constitución Europea, que incorpora una Carta de los Derechos Fundamentales vinculante y constituye un sistema de valores caracterizado por la unidad y la integración, exige una justicia de mejor calidad y la armonización de la legislación penal. 
En realidad, el Derecho penal es Derecho constitucional material y sintetiza todos los valores constitucionales fundamentales. 
La ausencia de armonización en este ámbito implicará el incumplimiento del principio de igualdad entre los ciudadanos y, por extensión, el incumplimiento de la Constitución. 
Por consiguiente, la armonización del sistema judicial penal no debe efectuarse a regañadientes, ni tampoco tiene que ser simplemente la base para el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales: tiene que ser un fin en sí mismo. 
Una política concertada, en virtud del hecho de que se trata de una política concertada, no pone en peligro las competencias en la toma de decisiones de los Estados miembros en este ámbito. 
El sistema de valores de la Constitución Europea también implica que la armonización de la legislación trascienda a todo el sistema judicial penal. 
No solo ha de considerar las principales líneas del proceso y el cumplimiento de sentencias, sino que debe extenderse para que abarque las normas sustantivas, las políticas de definición de delitos y los criterios para dictar sentencias. 
La seguridad no debe ser la principal preocupación; también tenemos que preocuparnos por humanizar la justicia penal. 
Si Europa no adopta este plan, su sistema judicial de la Constitución será, por citar la metáfora satírica de Kafka, un sistema de puertas abiertas a través de las que nadie pueda entrar. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes y a los diputados que han intervenido, entre otras cosas para pedir a la Comisión que actúe y que actúe con rapidez. 
Intentaré dar, no respuestas exhaustivas –está claro que no tendré tiempo para ello–, sino algunas informaciones que quizás resulten útiles al Parlamento. 
La Comisión presentará, para finales del próximo mes de abril, una comunicación sobre el reconocimiento mutuo y el desarrollo del principio de mutua confianza. 
Esta comunicación englobará y contemplará la mayoría de las cuestiones abordadas en los dos informes que se examinan hoy y se ocupará de la evaluación de la justicia, la formación de los jueces y la armonización de algunas normas procesales. 
A este respecto, quiero añadir también que para finales de este año presentaremos un Libro Verde sobre la presunción de inocencia: muchos diputados a esta Cámara han destacado la exigencia de conciliar el derecho a la seguridad, y por tanto al control del crimen, con las garantías jurídicas de los acusados. 
A comienzos de 2006 publicaremos un segundo Libro Verde relativo a la obtención de pruebas, al que seguirán sin duda iniciativas más completas sobre la ejecución de sentencias alternativas, así como una iniciativa interesante y espero que extremadamente útil: una decisión marco, que pensamos elaborar en el curso de 2005, sobre las medidas de control alternativas a la prisión preventiva. 
Como saben, en el tema de la prisión preventiva, es decir, anterior a la condena, hay que equilibrar el derecho a la libertad de las personas con el derecho del Estado a perseguir los delitos. 
Son solo algunos ejemplos de iniciativas, que sin embargo creo importantes, y que la Comisión presentará en los próximos meses. 
Señorías, sería feliz si los Estados miembros en el Consejo fuesen tan audaces como ustedes han sido hoy a propósito del intercambio de la información de los registros de antecedentes penales. 
La Comisión desearía, sin duda, proceder con más rapidez con el sistema informatizado de intercambio de información. 
El mes pasado iniciamos un debate en el Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo y pretendemos proseguirlo. 
Pero hay problemas técnicos y, como alguien ha observado, también problemas políticos. 
Falta aún ese nivel de confianza mutua que permita proporcionar los datos sobre las condenas a un motor de búsqueda electrónico, que técnicamente se puede llevar a cabo con gran rapidez. 
Como ha dicho con acierto el señor Di Pietro, no se trata de datos nuevos, sino de datos sobre condenas que pueden ser utilizados por los jueces. 
Por tanto, estaremos muy atentos a evitar cualquier uso de esos datos al margen de los motivos que alegue la autoridad judicial, en la que desde luego debemos confiar, cuando solicite esa información. 
En conclusión, creo que esta cuestión exige una Europa más unida. 
Exige una Europa más unida porque hemos de armonizar nuestros sistemas de justicia penal, que por desgracia son muy diferentes, y debemos estar seguros con respecto a las situaciones jurídicas cuando respetamos –y permítanme que lo subraye– la independencia de la judicatura. 
Quizás debamos preocuparnos por armonizar las normas: hay normas demasiado diversas de un país a otro sobre qué es una asociación criminal y cómo y por qué puede ser castigado el promotor de una organización criminal. 
De esto es de lo que debemos preocuparnos: de armonizar un poco más los ordenamientos penales, y se trata de una labor que haremos de buena gana. 
Por último, estaremos atentos a controlar el respeto de estos principios por parte de los Estados miembros. 
Dentro de tres días presentaré al Consejo de Ministros de Justicia la comunicación de la Comisión sobre la orden de detención europea, y en esa ocasión diré con toda claridad que por desgracia –lo digo con gran pesar– Italia es el único país de Europa que todavía no ha adoptado la necesaria normativa nacional, y también que hay algunos Estados que, si bien han adoptado normativas nacionales, como alguno de ustedes ha observado, han intentado reintroducir filtros que no se corresponden con el espíritu europeo. 
La normativa sobre la orden de detención sirve para acelerar la ejecución de determinados procedimientos. Si queremos acelerarla en materia de terrorismo y crimen organizado, todos los Estados miembros deben tener confianza en este sistema, y estaremos atentos para asegurar el pleno respeto de las normas europeas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-24/2005) del señor Jonathan Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia – 2003 (2004/2139 (INI) ). 
– Señor Presidente, podría parecer un poco fuera de lugar que hoy, a principios de 2005, estemos discutiendo el Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia en 2003. 
La razón es que el año pasado hubo elecciones y el debate como tal trata de temas mucho más amplios. 
Es una oportunidad para el Parlamento de hacer constar, como sería deseable, nuestro enorme respeto por el Comisario saliente, el señor Mario Monti, quien fue Comisario de Competencia en la época de este informe. 
Es inevitable que el informe mismo y la respuesta del Parlamento se basen en el importante programa de reorganización de la política de competencia por el cual el señor Monti ha recibido tantos elogios. 
Es un debate que tendría que haber tenido lugar con la industria, y no solamente en relación con la modernización de las normas de defensa de la competencia. 
La industria tenía que reconocer la finalidad de esta reforma. 
El objetivo era abandonar un sistema que era en sí mismo innecesariamente burocrático y reorientar los recursos de la Comisión a la lucha contra los cárteles más tenaces. 
Además, hemos visto la reforma del Reglamento de fusiones, la reorganización del grupo de trabajo de control de fusiones y los primeros pasos en relación con la reforma de las ayudas estatales. 
Sé que nuestra nueva Comisaria también comparte este punto de vista en relación con el legado del señor Monti, porque hace poco pronunció un discurso en la Universidad Bocconi e hizo comentarios muy parecidos acerca de la contribución del señor Monti. 
También es inevitable que prestemos atención no solo a este programa de trabajo y las lecciones que podemos aprender del mismo, sino también a la forma en que el programa de trabajo afecta ahora a los esfuerzos por mejorar la competitividad en Europa. 
No estamos tratando de cambiar las normas de la política de competencia por el amor al arte o por mero afán burocrático. 
El objetivo en este caso es actuar en interés de los consumidores para incrementar la competitividad de Europa y desarrollar el crecimiento y el empleo. 
Esto es lo que se persigue con el funcionamiento de una política de competencia eficaz. 
Quisiera decir algo acerca de la nueva Comisaria, y espero no ponerla en una situación embarazosa. 
Muchas personas me han preguntado qué opino del cambio que vamos a experimentar. 
Hace unas cuatro semanas todos lo estábamos preguntando hasta cierto punto. 
La Comisaria se ha mostrado muy activa en el transcurso del último mes. 
El 3 de febrero se dirigió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento y expuso su plan de trabajo en este cargo. 
Ya he aludido al discurso pronunciado en Milán, en la universidad del señor Monti, y el 17 de febrero la señora Kroes pronunció otro en París. 
Agrupados, estos discursos exponen de forma clara el plan que la Comisión Europea pretende impulsar. 
Aplaudo a la Comisión por estar resuelta a clarificar las normas relativas a la reforma de las ayudas estatales. 
En nuestro informe decimos que en este ámbito se precisan medidas suplementarias por parte de la Comisión. 
Ello no supone que la Comisión permanezca simplemente de brazos cruzados esperando a que alguien presente una reclamación por un comportamiento de competencia desleal en alguna parte de la economía. 
Queremos garantizar que la manera en que funcionan las empresas en Europa favorece la competencia libre y leal y de este modo mejora la competitividad de Europa. 
Finalmente, otro aspecto por el que el señor Monti se merece un elogio especial es su labor en relación con la cooperación internacional. 
Podemos cooperar incluso siendo competitivos. 
Recuerdo perfectamente la respuesta de algunas personas de los Estados Unidos hace unos años, cuando el señor Monti tomó la decisión sobre GE-Honeywell. 
Hoy he tenido el honor de presenciar el discurso del Presidente Bush y, más tarde, de ver cómo estrechaba la mano a Alex Schaub, que era Director General de la Competencia en la época en que se tomó la decisión. 
Esto es un ejemplo de cooperación internacional. 
Alabo al Comisario saliente y quedo a la espera de ver qué hace la Comisaria entrante, la señora Kroes. 
. Señor Presidente, es un gran placer estar aquí con motivo de mi primer debate con ustedes en el Pleno, y el tema elegido no podría haber sido más oportuno. 
No es ninguna coincidencia que el orden del día de hoy empezara con el documento de trabajo de la Comisión. 
El Presidente de la Comisión ha destacado la gran importancia del programa de trabajo para este mandato de la Comisión. 
El señor Frattini ha tomado el testigo explicando la prioridad que tienen para nosotros los asuntos penales y la justicia penal. 
Y ahora me toca a mí, como Comisaria de la Competencia, explicar nuestra posición sobre el contenido del informe del señor Evans. 
Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento Europeo, y reconozco el apoyo que han dado sus Señorías en el pasado a la Comisión Europea, especialmente al señor Monti, como ha subrayado usted con acierto. 
No cabe duda de que he heredado un gran legado del señor Monti. 
El mayor tributo que puedo rendirle es el de continuar su labor y basarme en ella. 
Bajo la dirección del Presidente Barroso, la Comisión Europea ha propuesto recientemente una nueva asociación para el crecimiento y el empleo. 
La política de la competencia, como ha dicho con razón el señor Evans, desempeña una función crucial en este terreno. 
La competencia es la fuerza motriz fundamental de la competitividad y el crecimiento, y necesitamos desesperadamente ese crecimiento. 
Varios oradores lo han afirmado claramente esta tarde, tanto de la derecha como de la izquierda. 
Si queremos alcanzar los objetivos sociales y ambientales fundamentales que forman parte de la esencia de nuestros valores europeos, entonces el crecimiento económico es indispensable. 
La política de competencia puede contribuir a la colaboración de tres formas distintas. 
En primer lugar, en el curso de la primavera lanzaremos un debate sobre la revisión de las normas relativas a las ayudas estatales dentro del objetivo global de «menos y mejor» , lo que significa una ayuda mejor enfocada. 
La ayuda debería centrarse en donde puede aportar más valor añadido: en innovación, investigación y el desarrollo, capital riesgo y desarrollo de las regiones que se han quedado rezagadas. 
En segundo lugar, mantendremos un enfoque justo y riguroso con respecto al cumplimiento y seguiremos siendo intransigentes con los cárteles. 
De esto no cabe ninguna duda. 
Este era también el enfoque del señor Monti. 
Como destaca el informe, no es aceptable permitir que los cárteles y otras prácticas comerciales desleales entre un puñado de empresas debiliten las ventajas globales del mercado único. 
En tercer lugar, buscaremos nuevas formas de promover la competencia en el mercado interior mediante investigaciones sectoriales y estudios sobre la competencia para detectar y abordar las barreras legislativas y privadas a la libre competencia que siguen existiendo, a menudo ocultas. 
Al centrarme en estas prioridades, tendré en cuenta las útiles observaciones que contiene el informe que tenemos ante nosotros. 
Les garantizo mi compromiso de asegurar un diálogo continuo y constructivo en torno a las cuestiones relacionadas con la competencia en esta Cámara. 
. Señor Presidente, ante todo permítame que exprese mi gratitud por los informes del señor Evans y sus conclusiones. 
También quiero expresar mi agradecimiento a la contribución de la señora Kroes y pongo de relieve que estoy entre aquellos que esperan con sumo interés las posibles nuevas contribuciones por su parte. 
Creo que tenemos que darnos cuenta de que, justo ahora, la competencia es la fuerza motriz de la Unión Europea y de la labor del desarrollo y modernización de nuestra sociedad. 
Tenemos la presión de la competencia exterior derivada de la mundialización y la de la competencia interior, reforzada por la ampliación y el mercado interior. 
Esta competencia genera un gran dinamismo y energía en la sociedad europea, y no solo en lo que se refiere al desarrollo, el crecimiento y los nuevos puestos de trabajo. 
También creo que es en la práctica la herramienta más poderosa para la integración europea cuando se trata de propagar ideas, bienes y servicios más allá de las fronteras. 
Esto es lo que ocurre justo ahora, y creo que existe un peligro de que lo subestimemos. 
Por lo tanto, quiero pedir al Comisario que intente también incluir esta dimensión de los efectos de la competencia en los próximos informes sobre competencia. 
No solo se trata de una cuestión de economía, sino también de cooperación europea en su sentido más práctico. 
Creo que tenemos la tarea de ampliar las condiciones básicas de la competencia a nuevos ámbitos. 
Lo que está en juego en este terreno es la sociedad basada en el conocimiento, que implica investigación, educación y asistencia sanitaria. 
Tal como señala el señor Evans en su informe, también se trata de una cuestión de los mercados de la energía y de las telecomunicaciones. 
También quiero llamar la atención del Comisario sobre esta parte del informe que trata de la importancia de crear también condiciones razonables para los fabricantes europeos a fin de que compitan a escala mundial y de la importancia que tiene, al evaluar la competencia, considerar el conjunto del mercado interior y no solo los submercados locales y nacionales. 
Las compañías del futuro necesitarán un mercado nacional más grande. 
Esto es para lo que ha de servir el mercado interior y hay que desarrollar la competencia teniendo en cuenta todas estas cuestiones. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, el proyecto de informe del señor Evans no ha dado lugar a ningún desacuerdo fundamental. 
Quiero empezar agradeciendo al ponente el espíritu de cooperación que ha llevado al consenso en torno a casi todas las enmiendas que he presentado como ponente alternativo y en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Estas enmiendas clarifican una serie de puntos, en particular que la competitividad es un factor esencial en el fomento del crecimiento en Europa, aunque esto es solo uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, tan importante como la cohesión y el medio ambiente. 
Estas son algunas de las propuestas que han sido aceptadas. 
Dos propuestas de enmiendas no alcanzaron el consenso: una se presentará por la señora Barzeli, y la otra concierne la frase en la que el ponente propone que el Parlamento expresa su preocupación por la incapacidad persistente para alcanzar la plena liberalización de los mercados del gas y la electricidad en la UE. 
Creo que la liberalización no es un fin en sí misma. 
Es un medio por el que en este sector, como ocurre con otros suministros esenciales, el consumidor goza de las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad y universalidad, ya que estos consumidores son, ante todo, ciudadanos. 
La liberalización ha de tener lugar en un marco que garantice la categoría del gas y la electricidad como un bien público. 
Este es el idea central de la enmienda que he tenido la oportunidad de presentar. 
Lo que hay que recordar, quizá hoy más que nunca, es que el proyecto de la UE es un proyecto político, aunque con un fundamento económico. 
Si la supremacía del mercado significa que se impedirá –a largo plazo– a los ciudadanos disfrutar de sus derechos fundamentales... 
. – Señor Presidente, el título, que se refiere a la ayuda estatal a los servicios públicos, es un nombre poco apropiado, ya que se trata de ayuda a las empresas. 
Mientras existían monopolios estatales en los servicios públicos, servían principalmente a los intereses de la plutocracia. 
Sin embargo, actualmente, en el marco de las reestructuraciones capitalistas, la mayoría de los servicios públicos han pasado –y otros van a pasar– a manos del capital privado, de manera que su rentabilidad también puede reforzarse de esta forma. 
Por consiguiente, el principal criterio de la Unión Europea para la ayuda estatal no es cubrir las necesidades de las clases populares y resolver los problemas del pueblo, sino aprobarla para que las grandes empresas nunca salgan perdiendo y no haya repercusiones en su rentabilidad. 
Además, la propuesta de la Comisión se presenta en el marco de las reestructuraciones de capital fomentadas por la apertura de los mercados en los que las grandes empresas obtendrán incluso más beneficios, mientras los aspectos de la propuesta sobre exención de la aprobación de la ayuda estatal por parte de la Unión Europea para pequeños servicios de interés general, compañías aéreas y navieras, son insignificantes. 
No satisfacen bajo ningún concepto las necesidades cada vez mayores de las clases populares y debido a ello los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votarán en contra de la propuesta. 
. – Señor Presidente, todos reconocemos que es necesario fomentar la competencia en beneficio de la eficiencia económica y la señora Kroes ha prometido continuar la labor de su predecesor sacando a relucir las ayudas estatales desleales y los cárteles allí donde los encuentre. 
Quiero proponer cómo puede hacer algo mucho mejor que esto. 
Nuestro ponente, el señor Evans, señala que la competitividad de las empresas europeas es uno de los objetivos principales de la Agenda de Lisboa. 
Por desgracia, demasiado a menudo la competitividad en la UE se interpreta como que cada nación y cada empresa tienen que soportar la misma carga administrativa reglamentaria o someterse a las mismas reglas de juego equitativas. 
Esto no es realmente lo mismo que competencia. Abundando en los comentarios del señor Hökmark quisiera sugerir que si la Comisión está realmente interesada en fomentar la competencia, tiene que incluir la competencia reglamentaria. 
Sería una fuente de eficiencia mucho más enriquecedora. 
Demos a las naciones alguna libertad para determinar sus propias políticas agrícolas y decidir por sí mismas cómo quieren garantizar su propia seguridad y salud. 
Permitamos a las naciones establecer sus propias normas sobre todo aquello que no está directamente relacionado con el comercio u otros asuntos de interés común. 
Puede que sea una sugerencia radical, pero permitiría que la competencia por parte de economías menos reguladas impulsara una regulación menos pesada en otros lugares y todos prosperaríamos. 
Para aquellas regiones de la UE que luchan por converger, el alivio de un exceso de regulación sería mucho más positivo que cualquier limosna de la reserva menguante de los Fondos Estructurales y de Cohesión. 
El señor Barroso ha hecho algunas observaciones prudentes sobre el alivio de la regulación, pero mucho me temo que es improbable que esto ocurra. 
Si se pudiera lograr una desregulación significativa, todas las lamentaciones sobre el fracaso de la Agenda de Lisboa podrían convertirse en regocijo mientras las economías de la UE empiezan a salir realmente de la enfermería. 
La base para tomar medidas relacionadas con el mercado de bienes y servicios es una acción coherente en el ámbito de la política de competencia. 
El informe de 2004 muestra que se han realizado buenos progresos en este sentido, pero que siguen existiendo deficiencias. 
Se presentan nuevos desafíos debido a la adhesión a la UE de diez nuevos Estados miembros con normativas diferentes en materia de competencia. 
En una serie de Estados miembros, asociaciones de u organizaciones profesionales controlan los mercados de determinados servicios y crean obstáculos que limitan la competitividad. 
La directiva también tiene que establecer las condiciones según las cuales se puede conceder ayuda financiera para la prestación de servicios públicos o la producción y así garantizar que esta ayuda no se convierta en una subvención a largo plazo, ya que esto perjudicaría a la competencia. 
Por último, tienen que existir disposiciones que permitan que servicios públicos municipales estén exentos de todos los requisitos relacionados con la competitividad, siempre que esto represente una solución mejor para los problemas locales. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, señor Comisaria, Señorías, la política de competencia es una de las tareas principales de la Comisión en el ámbito del mercado interior. 
A juzgar por el debate que se ha producido hace unas horas, parece que la Unión Europea se ha convertido en un verdadero protagonista mundial en este terreno. 
Asimismo, parece que la señora Kroes está actuando como suplente en lo que a esta tarea se refiere, ya que el informe presentado y sometido a debate tiene que ver con el anterior trabajo de la Comisión. 
Le deseo muchísima suerte en este sentido. 
Desde que existen las Comunidades Europeas, la acertada labor desarrollada por la Comisión ha contribuido de manera significativa a garantizar que el mercado europeo se caracterice principalmente por asegurar una competencia justa, la cual ha permitido a todos los ciudadanos disfrutar de ventajas como la calidad y unos precios razonables. 
En este contexto, en el informe del señor Evans se evalúa el trabajo realizado por la Dirección General de Competencia de la Comisión en 2003, a pesar de que las decisiones tomadas durante este período se adoptaron bajo los auspicios de la Comisión anterior. 
Por tanto, el objetivo del debate sobre este informe debería ser el de examinar y evaluar las numerosas enmiendas introducidas en la legislación comunitaria en materia de competencia, así como los cambios principales que se han producido en la Comisión Europea, en función de su efectividad futura. 
No hay duda de que, en principio, es posible que dichos cambios y enmiendas mantengan el alto nivel de la política de competencia europea. 
No obstante, como he comentado en mi pregunta, considero que hay diversos aspectos que convendría mejorar. 
Entre estos se incluye la protección de los testigos principales en los juicios celebrados en materia de competencia en toda Europa, la condición jurídica de las publicaciones de Internet y la protección garantizada frente a la doble incriminación bajo la ley sobre los monopolios. 
Si bien, a pesar de estos comentarios, he de decir que el informe sometido a debate constituye una base excelente para desarrollar trabajos adicionales con el resultado satisfactorio habitual. 
Le deseo mucha suerte para que las decisiones que adopte en los próximos meses no sean desestimadas en los tribunales. 
Asimismo, espero que sea capaz de seguir el ejemplo de la Comisión anterior y tome decisiones que beneficien a los ciudadanos, ya que la confianza y la autoridad son elementos fundamentales en lo que a la política de competencia se refiere. 
Confío en que disfrute de los dos. 
– Señor Presidente, es especialmente positivo que la Comisión, en sus referencias a los avances sectoriales, resalte, entre otras cosas, la necesidad de realizar esfuerzos comunitarios adicionales en el sector de los medios de comunicación, de forma que su liberalización permita salvaguardar el pluralismo y el desarrollo económico. 
Señora Comisaria, señor Evans, les felicito sinceramente por su trabajo y, más concretamente, por su labor en este informe. 
En este punto, he de llamar su atención sobre el hecho de que, debido a la singularidad cultural del sector audiovisual, singularidad tal que este sector no se puede tratar como otro cualquiera, la Comisión debe clarificar el papel que desempeñan los principales accionistas sobre la base de la política de competencia. 
Consideramos que es importante la imposición del pluralismo en los medios por parte de la Comisión, tanto a escala nacional como comunitaria, a través de la protección constante de la libre participación de todos en el sector de los medios audiovisuales. 
Señora Comisaria, dado que la Comisión destaca que las normas de competencia, como declara en su informe, son las normas en que se basará la resolución de los problemas derivados de la creación o el refuerzo de la posición dominante en el mercado con vistas a abordar los acuerdos prioritarios, ¿se aprobará una política en virtud de la cual las restricciones impuestas sobre el accionista básico sirvan para controlar la política de competencia de los medios de comunicación? 
Quisiera que nos diera una respuesta, de forma que nuestro ponente, el señor Evans, pueda quizás aceptar la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a quienes han hecho comentarios positivos. 
Naturalmente, también he escuchado a quienes han sido más críticos. 
El apoyo del señor Evans a la idea y la fe expresada en su informe ha sido un gran comienzo. 
Expuse mi filosofía en mis últimas intervenciones en Bocconi y en la OCDE en París, donde se reunieron las autoridades nacionales de todo el mundo que operan en el ámbito de la competencia. 
Creo que esas intervenciones y este informe demuestran que nos hallamos en la misma línea. 
Todos sabemos que la competencia es el instrumento para poner en forma a nuestra economía, cosa que en Europa necesitamos con urgencia. 
Hay falta de crecimiento económico y falta de productividad. 
Necesitamos urgentemente que crezca la economía porque tenemos unos objetivos medioambientales y de bienestar social que creemos con razón que son esenciales en nuestra cultura. 
Creo que las observaciones realizadas por sus Señorías son muy interesantes y estimulantes. 
Marcan el comienzo de nuestro diálogo. 
Como he dicho antes, estaría encantada que me invitaran a la EMAC para debatir esta cuestión. 
En cuanto a la competencia en la transferencia de tecnología, existe en efecto una manera de desarrollarla dentro de nuestra política de competencia. 
No se trata de una cuestión separada, sino todo está combinado en una misma política. 
Respecto a la pregunta del señor Rutowicz sobre una definición del mercado en casos de fusión, la Comisión acoge con satisfacción y, de hecho, fomenta una mayor integración de los mercados. 
De esto no cabe ninguna duda. 
A medida que los mercados se integren, los principales mercados antimonopolísticos también se ampliarán. 
Sin embargo, de momento numerosos mercados siguen siendo nacionales o regionales y esto debe reflejarse en el análisis de la competencia, incluida la definición del mercado, para que la competencia y los consumidores no sufran. 
La señora Elisa Ferreira ha preguntado acerca de la liberalización del gas y la electricidad. 
Estoy de acuerdo en que es importante mejorar el funcionamiento del mercado energético. 
En estrecha colaboración con nuestros colegas del sector energético, estamos investigando la situación actual del mercado. 
Estamos investigando la conducta de los titulares en determinados mercados y prevemos llevar a cabo investigaciones sectoriales. 
Las investigaciones sectoriales proporcionarán datos importantes sobre la manera en que funcionan los mercados y sobre cómo pueden mejorarse. 
Es importante diferenciar entre preferencias para la liberalización. 
No puedo estar más de acuerdo en mantener una actitud positiva hacia la liberalización. 
Sin embargo, en algunos casos en que ha habido una liberalización siguen existiendo actividades en esos mercados que no aceptamos. 
Cuando esto ocurre, uno no debe decir «estoy en contra de la liberalización». 
Tenemos la obligación de descubrir cuál es la situación real y quién no está actuando como es debido ni cumpliendo nuestras expectativas. 
El señor Rutowicz ha hecho un par de observaciones respecto a la reforma de las ayudas estatales. 
La conclusión de la Comisión Prodi, que más tarde ha reiterado el Consejo Europeo, ha sido que tiene que haber menos ayudas pero mejores. 
Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que con la ampliación tenemos otra razón para contar con menos ayudas pero mejores en los ámbitos que ya han se han beneficiado de estas ayudas. 
Ahora tenemos que darnos cuenta de que en los diez nuevos Estados miembros existe un nuevo territorio que tenemos que mejorar, y en el que las ayudas pueden ser de gran utilidad. 
Con un mejor enfoque y un mejor uso del dinero de los contribuyentes, podemos concentrar la ayuda allí donde se genera realmente el mayor valor; donde contribuye a la cohesión; donde impulsa la innovación, la investigación y el desarrollo, así como el capital riesgo, de manera que las pequeñas y medianas empresas también puedan desempeñar un papel positivo a modo de motor de la innovación para estimular la economía. 
Es necesario que garanticemos que tienen acceso al capital riesgo, ya que necesitan sacar adelante sus ideas. 
Una ayuda pública mejor enfocada significa gobernanza y mejores resultados económicos y, en definitiva, puestos de trabajo mejores y más seguros y un mejor uso del dinero de los contribuyentes. 
A comienzos de la primavera tendremos la oportunidad de presentar el plan de acción sobre la reforma de las ayudas estatales. 
Este plan de acción incluirá medidas para racionalizar el marco de las ayudas estatales. 
Quiero reducir mucho la burocracia y el papeleo y creo que la obligación de notificación previa de las ayudas directas de escaso impacto debería ser uno de los puntos a que podemos renunciar, centrando los recursos en examinar las subvenciones más problemáticas de fuerte impacto. 
La señora Ferreira ha dicho que el título podía inducir a error. 
Creo que el título del informe contempla justo aquello que realmente pretendemos. 
Otra pregunta se refería a los medios audiovisuales. 
El mantenimiento y desarrollo del pluralismo de los medios de comunicación es uno de los objetivos públicos fundamentales de la Unión Europea, junto con la preservación de la diversidad cultural y la libertad de acceso del ciudadano de la Unión a todo tipo de plataformas de medios de comunicación. 
La aplicación de instrumentos de política de competencia en el sector de los medios de comunicación se limita a abordar la estructura del mercado subyacente y el impacto económico del comportamiento de las empresas de medios de comunicación. 
Sin embargo, la política de competencia puede constituir y constituye una contribución esencial al mantenimiento y desarrollo del pluralismo de los medios de comunicación tanto en la televisión tradicional como en otros mercados de radiodifusión y los nuevos medios de comunicación. 
El señor Schwab ha subrayado que la Unión Europea es un protagonista mundial y, por lo tanto, es esencial mirar el precio, la calidad y también las posibilidades de investigación para ponernos a la altura de nuestros competidores mundiales. 
Sería una buena idea centrarse especialmente en aumentar la eficiencia y transparencia y trabajar con miras a crear una «ventanilla única» menos burocrática para las solicitudes de indulgencia. 
Se explicará en el nuevo documento que estoy elaborando y que también respaldará una mayor eficiencia y transparencia. 
He intentado responder a las preguntas que se han formulado. 
De nuevo, gracias por darme esta oportunidad y gracias nuevamente al señor Evans y a todos los que han participado en la elaboración de este informe. 
El debate de hoy es solo el comienzo. 
Es muy importante continuar el debate y ver que están ustedes en la misma onda que nosotros en la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora In't Veld sobre las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público. 
. Señor Presidente, estoy segura de que se alegrará al saber que seré breve y que no le molestaré con mi ronca voz más de lo necesario. 
No en vano, me temo que, como liberal, he de llegar a la conclusión de que, a pesar de que entre el virus de la gripe y yo no hay lo que se dice igualdad de condiciones, simplemente no he sobrevivido a esta competición. 
En el Tratado de la Unión Europea se incluyen dos objetivos que resultan fundamentales para este informe. 
El primero de ellos es que, por un lado, disponemos de normas sobre ayudas estatales destinadas a garantizar el funcionamiento efectivo del mercado interior, y por otro lado, en el Tratado se afirma al mismo tiempo que dichas normas no deben obstaculizar el funcionamiento correcto de los servicios públicos. 
El mercado interior nos ha aportado numerosas ventajas, en el ámbito de los servicios públicos como en todos los demás. 
Asimismo, resulta que todos nos sentimos muy apegados al denominado modelo económico y social europeo y a sus excelentes servicios públicos, modelo que, además, ha favorecido la obtención de un alto nivel de competitividad. 
Las propuestas de la Comisión han tenido muy buena aceptación y me complace saber que las palabras de la señora Kroes no hacen más que subrayar el contenido de nuestro informe, a saber: que nuestro objetivo es reducir las ayudas estatales y acabar con los trámites burocráticos innecesarios, así como centrarnos en aquellos aspectos que distorsionan realmente el mercado interior, los cuales perjudican, después de todo, a nuestra economía y, en consecuencia, también a la base sobre la que descansan los servicios públicos. 
Pasaré a comentar algunos puntos clave. 
En primer lugar, volveré a destacar que la atención debe centrarse en el ciudadano como usuario de los servicios y como contribuyente. 
Aunque esto pueda parecer obvio, en realidad sucede que, con bastante frecuencia, se anteponen los intereses políticos, corporativos y de todo tipo, ante los que suelen tener que ceder los intereses de los ciudadanos. 
El segundo punto al que haré referencia es la definición de lo que denominamos pequeños servicios de interés general. 
La Comisión ha propuesto que se exima a dichos servicios de la obligación de notificación previa para las ayudas estatales y ha sugerido, más o menos, que utilicemos el mismo umbral máximo de 50 millones de euros para el volumen de negocios anual que se aplica a las pequeñas y medianas empresas. 
Aunque la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha seguido esta sugerencia en principio, a propuesta mía, no creo que debamos revisar las consecuencias prácticas que esto tendrá dentro de unos años, puesto que desconocemos el número de empresas, el importe total de las ayudas estatales y el número de solicitudes de ayuda implicadas. 
Me interesa saber, por tanto, el impacto exacto de dicho umbral. 
Otro punto importante, desde mi punto de vista, es el proceso de elaboración de políticas basadas en hechos. 
Durante años, en esta Cámara hemos venido librando la tradicional guerra de trincheras entre la izquierda y la derecha en relación con la liberalización de los servicios públicos. 
Opino que es esencial poner finalmente los hechos sobre el tapete. Por este motivo, en el informe instamos a la Comisión a que presente un informe detallado y actualizado sobre los servicios públicos cada cuatro años, cuando corresponda la renovación de este reglamento. 
Uno de los apartados del informe se incluyó después de que se aprobara una enmienda. 
Dicho apartado parece dar a entender que esta Cámara propone que, en todos los casos, la tarea de prestación de un determinado servicio se asigne a través de un procedimiento de licitación. 
Por supuesto, la intención no es esa. 
Creo que hay mucha gente –no todo el mundo, pero gran parte– que estará de acuerdo conmigo en que este procedimiento es, en sí mismo, un procedimiento fiable que, en numerosas ocasiones, permite obtener resultados positivos. 
Sin embargo, quisiera acabar con la falsa idea de que a partir de hoy esta Cámara decidirá que todos los servicios se asignen mediante un procedimiento de este tipo. 
Es lamentable que no se hayan presentado enmiendas para subsanar este error. 
En cualquier caso, es algo que quiero dejar claro a la Comisión en la sesión plenaria de hoy. 
. – Señor Presidente, muchas gracias por la clara explicación del informe de la señora In ‘t Veld; los problemas que en él se reflejan son de extrema relevancia ya que, ahora que vamos a examinar el mejor modo de alcanzar el resultado más efectivo en función de la revisión de las ayudas estatales, lo que importa son los comentarios realizados aquí, gran parte de los cuales resultan aplicables al caso. 
Tal y como he afirmado antes tras el debate sobre el informe del señor Evans, estoy de acuerdo con que hemos de abarcar todos los ángulos con vistas a proceder de un modo más transparente y efectivo que permita reducir la burocracia y los trámites, los cuales no benefician a nadie y llevan demasiado tiempo. Además, como ha expuesto de forma muy gráfica la señora In ‘t Veld, en última instancia lo que importa es el público, los consumidores y los contribuyentes, quienes desean saber lo que sucede con su dinero y para qué se utiliza. 
Por este motivo, al hablar de definiciones, y en especial sobre cómo definir los pequeños servicios de interés general, resulta apropiado en cualquier caso evitar adelantarse a los acontecimientos y decir que sabemos cuál será su significado para toda la eternidad. 
Se trata de un ámbito en el que aún nos falta experiencia, en el que debemos esperar a ver cómo salen las cosas, cual será el volumen de ventas, en qué situaciones y dónde, y qué nivel de ayudas estatales se aplicará. 
¿Cuál es finalmente la cuantía de ayudas estatales que no solo se recibe, sino que también se debe tener en cuenta? 
Por otro lado, la señora In't Veld ha manifestado con gran claridad que está a favor de la elaboración de políticas basadas en hechos. 
Esto es algo que hemos de poner en práctica de una vez por todas y preguntarnos si no sería buena idea –yo personalmente pienso que sí lo es y por ello me complace apoyarla– presentar un informe cada cuatro años, aproximadamente, que permita demostrar el impacto global y comprobar si se ha obtenido el efecto deseado o si quizás se podrían aplicar otros métodos más apropiados para la consecución de nuestro objetivo. 
Sin duda, al hablar de ayudas estatales, la intención de nuestro debate no es establecer un acuerdo permanente. 
La intención de utilizar este tipo de ayudas para poner en marcha un proceso que, con el tiempo, conduzca a la autosuficiencia. 
Recordando un conocido refrán chino, diré que la intención es que, al final, se acabe pescando con la caña que se ofrece, en lugar de simplemente dar el pescado a aquellos que lo necesitan en un momento dado. 
Estoy de acuerdo en que se trata de un sólido informe basado en la experiencia, en el cual se plantea estudiar la eficacia de las ayudas estatales, su funcionamiento y si constituyen el método más apropiado de ocuparse de este asunto. 
No obstante, hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal en el caso Altmark, que nos lleva a hablar del cuarto criterio. 
Supongo que los tres primeros criterios están claros y, con respecto al cuarto criterio, tenemos que determinar si la licitación es posible en todas las situaciones. 
En aquellos casos en los que la licitación es posible, resulta evidente que es preciso aplicar los cuatro criterios. 
Pero en los demás casos, la gente debe tomar la mejor decisión posible según las circunstancias. 
Hemos de llegar a la conclusión de que necesitamos ganar experiencia en este ámbito para poder formular la metodología más acertada. 
Quisiera por tanto apoyar a la ponente en este sentido y afirmar que no cabe duda de que podemos obtener esa experiencia juntos y reflejarla en un informe. 
Considero que cuatro años es un plazo apropiado para realizar algunas declaraciones válidas a este respecto y, con suerte, llegar a algunas conclusiones en un próximo debate. 
Muchas gracias. 
. – Señor Presidente, mi Grupo es firme partidario de los mercados abiertos con competencia libre y leal, ya que suministrarán los productos y servicios de mejor calidad al mejor precio. 
También producirán óptimamente los beneficios económicos que necesitamos si queremos alcanzar los objetivos de Lisboa y si tenemos que pagar nuestras ambiciones sociales y ambientales. 
Otra consideración importante de nuestro Grupo es la subsidiariedad: hay que tomar la decisión en el nivel más cercano posible al ciudadano, cosa que es compatible con el buen funcionamiento del mercado único. 
No hay ninguna necesidad de que Europa intervenga cuando es mejor que una decisión se tome en el plano local o nacional. 
Por lo tanto, nos complace que el excelente informe de la señora In‘t Veld logre integrar estas dos prioridades. 
La tendencia general es exigir competencia leal en mercados libres. 
Como ella, siempre preferiremos un procedimiento de licitación transparente. 
Sin embargo, si las entidades locales, según su buen criterio, creen que pueden hacerlo mejor para sus ciudadanos, pueden hacerlo sin tener que notificarlo a la Comisión, siempre que se atengan a las normas que aseguran que no se perjudique a los competidores potenciales y, en concreto, que sean de pequeño tamaño y de carácter muy local. 
En comisión se llegó a una decisión clara que da a la Comisión un instrumento de mando sólido. 
Esto nos alegra y mañana apoyaremos esta misma línea. 
Deseamos mucho éxito a la señora In ‘t Veld con su informe. 
Para empezar, permítanme felicitar a la señora In't Veld por su informe, el cual considero que representa otro paso hacia el abandono, por parte de los miembros de esta Unión, de su intento de meter a todo el mundo en una misma talla que, a la larga, no sirve para nadie. 
En su lugar, damos preferencia al principio de subsidiariedad, en virtud del cual se reconocen las necesidades de los países, las regiones y las localidades. 
Considero que cualquiera que crea en el equilibrio es capaz de reconocer que la economía de mercado tiene varias ventajas. Si bien, es preciso admitir, al mismo tiempo, que se siguen registrando deficiencias intolerables y que aquellos a quienes se les confía el poder y el liderazgo no cambian de opinión. 
Sin duda alguna, existen casos de abusos, pero hay otros muchos casos en los que, con la reglamentación apropiada, las ayudas estatales se convertirán en el alma social capaz de llegar allí donde no lo consiguen los fríos cálculos del razonamiento de mercado. 
El éxito final de esta Europa y de sus Estados miembros no se puede medir solo a través de las estadísticas económicas. 
Una economía sana debe ser el medio a través del cual conseguir el verdadero objetivo fundamental, dar a nuestras familias una vida decente y un trabajo digno en un mejor entorno. 
Obviamente, cada tipo de ayuda otorgada se debe proporcionar en un marco acordado en el que se tengan en cuenta las realidades de los diferentes países. 
Todo el mundo debe participar en la planificación de dicho marco, y quiero decir «todo el mundo» : los interlocutores sociales, los sindicatos, los consumidores y el sector privado. Y ya que hablamos de consumidores, convendría recordar las minorías existentes entre los consumidores y los contribuyentes. 
Pasaré a dar un ejemplo: en una enmienda que presenté y que, afortunadamente, he podido comprobar que se ha incluido en este informe, se facilita el suministro de ayuda para las rutas marítimas y aéreas entre islas. 
Les explicaré el motivo. 
En la actualidad, para cruzar a la isla principal de mi país, Malta, la economía de mercado exige a los ciudadanos de la isla de Gozo que paguen por un viaje de 12 minutos en helicóptero mucho más de lo que cuesta un billete de avión entre Londres y Bruselas. 
Traten de imaginar cómo es posible que esta región pueda desarrollarse sin alguna ayuda por parte del Estado. 
Es preciso ir más allá de lo que hemos hecho hasta la fecha. 
No hay más que volver la atención a los astilleros de mi país, los cuales pretende cerrar el Gobierno mientras culpa a las normativas de la Unión Europea por obligarle a actuar así. 
A pesar de la demonización de los trabajadores de los astilleros, estos sectores y empresas tienen una enorme carga de trabajo y granes posibilidades de contribución en términos de una era de mayor capacidad técnica. 
Otros grandes países de la Unión Europea se ocultaron tras el ejército para ofrecer subvenciones a este sector. 
Nosotros no podemos hacer eso. 
Hay quienes afirman que estas subvenciones son contrarias a las leyes de la Unión Europea. 
Yo digo: cambiemos las leyes. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para empezar quiero dar las gracias a la ponente por el excelente trabajo realizado, por haber logrado aportar una gran dosis de experiencia y entusiasmo a un asunto tan complejo, y por presentar un informe tan lúcido. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa considera obvio el hecho de que el sector público debe garantizar la prestación de determinados servicios. 
No obstante, es preciso administrar con más cuidado el dinero de los contribuyentes, y hacer uso del mismo solo cuando permita ofrecer a los consumidores valor añadido real. 
Por este motivo, se necesitan normas más claras. 
En principio, celebramos los intentos de la Comisión por establecer un marco destinado a asegurar un uso transparente, objetivo y comprensible de los fondos. 
Queremos obtener una solución que garantice una competencia efectiva que no se vea distorsionada por la aplicación inapropiada de las normas relativas a los servicios de interés general. 
Hay que evitar que la finalización del mercado interior se ralentice debido a una distribución descontrolada e indiscriminada de las ayudas estatales. 
Lo que pretendemos es justo lo contrario: dar nuestro apoyo a una solución que permita alcanzar diversos objetivos, entre los que se incluye la preparación por parte de los Estados miembros de una definición de los servicios de interés general. 
Incluso si dichas definiciones no son idénticas, serán comparables, lo cual no consideramos que suponga una violación del principio de subsidiariedad. 
Además, las ayudas estatales se deben utilizar de manera centrada y selectiva en aquellos casos en los que contribuyan a salvaguardar el futuro, limitando su uso en mayor medida que hasta ahora. 
Por otro lado, las normas relativas a dichas ayudas no han de obstaculizar los avances en la aplicación del mercado interior. 
Nos oponemos a la prevención de una posible liberalización de los servicios de interés general a través de excepciones a la Directiva sobre servicios, tal y como ha intentado hacer el Ministro Federal de Economía en Alemania. 
Por último, insto a la Comisión a que facilite documentos explicativos adicionales que garanticen una aplicación más sencilla de las normas. 
Debería proporcionar criterios y ejemplos de mejores prácticas a modo de referencias, ya que este enfoque puede servir como fuente de buenas ideas inspiradas en los triunfos de otros Estados miembros. 
. – Señor Presidente, mi Grupo ha presentado una serie de enmiendas y ha solicitado varias votaciones separadas sobre este informe. 
Esto lo hemos hecho para brindar la oportunidad a los diputados de asegurar que el informe favorezca claramente a los proveedores de servicios públicos, en particular en los ámbitos de la sanidad y las viviendas de protección oficial. 
El informe confirma nuestra convicción de la importancia de unos servicios de interés general de gran calidad y accesibles a todos. 
También reconoce el derecho de las entidades locales al autogobierno. 
Hasta ahí, todo en orden. 
Sin embargo, el considerando E sostiene que «el mercado interior, la liberalización y el respeto de las normas de competencia han logrado en conjunto un mejor acceso a los SIG y han generado nuevos servicios con más posibilidades de elección, mejor calidad y menores costes para los consumidores». 
En nuestra opinión esto es por lo menos cuestionable. 
El informe también afirma que no debe hacerse ninguna distinción entre empresas públicas y privadas y que todos los SIG tienen que ser objeto de un procedimiento de licitación. 
La ponente parece sugerir que se ha producido algún malentendido sobre esta cuestión, pero así es como se presenta. 
Esto causará problemas a los servicios internos de los organismos públicos, como las autoridades competentes en materia de vivienda y servicios de salud locales. 
Mi Grupo no puede aceptar ninguna falta de claridad sobre este punto. 
Al contrario, vamos a apoyar un enfoque que exima claramente de la obligación de notificación previa a aquellos servicios locales que no afecten al desarrollo del comercio y no entren en conflicto con los intereses de la Unión Europea. 
Las normas en materia de ayudas estatales han dado lugar a dificultades y a la incertidumbre para las entidades locales y otros proveedores de servicios públicos. 
Tenemos que estar seguros, y esperamos que la Cámara vote mañana a favor. 
– Señor Presidente, en este informe se destaca la cuestión de si resulta aceptable que el sistema centralizado de toma de decisiones de Bruselas influya en las vidas diarias de los ciudadanos. 
Existe un sentimiento generalizado de que se están poniendo en duda aquellas prácticas que solían estar bien consolidadas, en particular en el caso de los servicios de interés general y la posible compensación por la prestación de servicios públicos. Esto hace que mucha gente tema que se les deje sin nada. 
En concreto, estoy de acuerdo con los comentarios realizados por el penúltimo orador, el señor Klinz del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa, en lo que respecta a que la prioridad de Bruselas ha de ser la obtención de un mayor grado de transparencia con vistas a solucionar este problema y que existe el riesgo de que los Estados miembros más pequeños se sigan aprovechando de la subsidiariedad en su propio beneficio, ya sea mediante la imposición de precios artificialmente elevados o la asistencia a sus amigos. 
Asimismo, estoy firmemente convencido de que, a no ser que la Comisión acelere los procedimientos de evaluación de los modelos de mejores prácticas comparables internacionalmente, corremos el riesgo de tener que presentar un informe provisional o final negativo en el plazo de cuatro años. 
Otro punto que quiero mencionar es que no logro entender por qué se han concedido unas excepciones tan amplias a los organismos públicos de radiodifusión. 
Estos se asemejan cada vez más a los organismos privados en lo que a métodos de trabajo y comercialización se refiere, y opino que sus actividades en numerosos ámbitos, por ejemplo, los servicios en línea, significan que lo que vemos equivale a subvenciones adicionales. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, uno de los principales problemas que surgen a la hora de aplicar la legislación comunitaria en materia de ayudas estatales a la prestación de servicios de interés general consiste en la seguridad, o mejor dicho, en la inseguridad jurídica. 
Para los responsables de la toma de decisiones en el nivel del distrito, la municipalidad o la ciudad, no siempre resulta obvio si la compensación por gastos especiales relacionados con estos servicios entra dentro del alcance de las normativas sobre ayudas estatales. 
El dilema al que se enfrentan es si dichos pagos se deben declarar a la Comisión o ser aprobados por esta. 
Las consecuencias jurídicas en caso de no declarar las compensaciones cuando sea obligatorio son graves. 
Por otro lado, si, en caso de duda, se presentan estas declaraciones sin que sea necesario, se produce una pérdida de tiempo considerable con este procedimiento. 
Ahora se van a poner en marcha varias medidas destinadas a reducir esta inseguridad jurídica, una iniciativa que celebro y apoyo sin reservas. 
Como ya se ha mencionado, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso Altmark constituye la base legal a la que se ha acogido la Comisión para presentar su propuesta de decisión de exenciones. 
Esta propuesta responde a la demanda realizada por el Parlamento en su resolución de 14 de enero de 2004 relativa al Libro Verde sobre servicios de interés general, y es señal de que se apoya la aplicación de una política de control centrada en casos que resulten fundamentales para el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado interior. 
En virtud de esta propuesta, aquellas compensaciones cuyo impacto en el mercado interior sea poco significativo quedarán exentas de los procedimientos de control de las ayudas estatales, lo que contribuye a aumentar la seguridad jurídica de los participantes locales. 
La compensación por servicios de interés económico general cuyo impacto en el mercado interior es menos importante se suele conceder de forma local y estrictamente limitada y constituye, por tanto, un buen ejemplo de un caso sobre el que decidir las exenciones. 
Siempre y cuando se cumplan otros criterios, como la presentación de una clara declaración de responsabilidad y la observancia del principio de transparencia, este tipo de compensación también se beneficiará del incremento planeado en la seguridad jurídica. 
La ponente ha presentado un informe extraordinario, en el que ha logrado reflejar la opinión mayoritaria tras haberlo sometido a votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Espero que la totalidad de esta Cámara comparta esta opinión. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, durante mucho tiempo he sido de los que creían que la única burocracia que había era la burocracia de Estado. 
Ahora, sin embargo, como diputado al Parlamento Europeo, he descubierto una burocracia de mercado inextricablemente vinculada a la primera: la ayuda estatal. 
Creo que lo que se nos propone hoy representa un progreso real, a saber –como ha dicho usted en el debate anterior, señora Comisaria–, la exención de notificación de las pequeñas ayudas, que se supone no tienen repercusión en el mercado interior. 
En mi opinión, esto supone un paso adelante considerable. 
Habrá que consolidarlo y estaría bien rebautizarlo de una vez por todas para hablar de compensación de servicio público en vez de ayuda estatal. 
Es una nueva figura jurídica que podría crearse. 
Por lo que se refiere al informe que se nos presenta, soy de los que piensan que hay cosas que estabilizar. 
En particular, creo que no se puede volver a votar como se ha votado en comisión: en efecto, los hospitales y las viviendas sociales deben integrarse claramente en el ámbito de aplicación. 
Esto probablemente no sea suficiente. 
Soy de los que proponen que se incluyan también los servicios de autónomos de las entidades locales, que en otros textos se están reconociendo, en particular en el Reglamento sobre la obligación de servicio público en los transportes. 
Probablemente tengamos que esperar a la comunicación de la Comisión sobre los servicios sociales para poder incluirlos, quizás mañana mismo, en este texto. 
Por último, pienso, señora Comisaria, que habrá que estudiar la cuestión del cuarto criterio de la sentencia Altmark. 
Este criterio es tan complejo que introduciría en el texto –que es un texto de simplificación– nuevas complicaciones para las comunidades locales. 
Como usted sabe, se trata de la comparación con el beneficio razonable de una empresa comparable a escala de la Unión. 
Es absolutamente impracticable. 
Por consiguiente, en un momento dado, quizás pudiera abandonarse este cuarto criterio, incluso si nos arriesgamos a un pequeño exceso de compensación, de forma que finalmente se pueda perseguir y conseguir el objetivo de simplificación. 
– Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a la ponente y decir que acojo con satisfacción esta iniciativa, que clarifica la relación entre, por un lado, las ayudas estatales y, por otro, la compensación por parte de los Estados miembros del coste de los servicios de interés económico general. 
Los servicios de interés económico general son esenciales para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y, a menudo, contribuyen en gran medida a atraer inversiones a zonas menos favorecidas y rurales, impulsando de este modo su competitividad y una mayor cohesión en la EU. 
A escala nacional, en Irlanda, la red del servicio de correos está amenazada, en particular las pequeñas oficinas de correos rurales que no están informatizadas y no pueden, por tanto, ofrecer un nivel de servicio adecuado a los ciudadanos. 
La red de servicios postales necesitará una obligación de servicio público para continuar siendo viable, y esta propuesta de eximir la financiación pública a pequeña escala como esta de la obligación de notificación previa a la Comisión tiene mucho sentido, dado que permite suficiente flexibilidad a escala regional y nacional sin distorsionar el mercado interior. 
De hecho, como han dicho la ponente y el Comisario, también reduce la burocracia. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con quienes afirman que las propuestas de la Comisión representan un primer paso y que el informe de la señora In ‘t Veld también supone un avance inicial dada su solidez. 
En la actualidad, los actores locales deben hacer frente a un nivel de inseguridad jurídica demasiado elevado. 
Por el momento, dejamos en manos del Tribunal de Justicia la decisión sobre qué hacer exactamente en relación con las ayudas estatales. 
Si bien esto constituye un primer paso, consideramos que resulta demasiado insustancial. 
La exención de la compensación concedida a los hospitales y a las viviendas sociales es un primer paso, pero creemos que se deberían añadir otros a la lista. 
Señora Comisaria, sugerimos que también se exima de la notificación a los centros de asistencia y las agencias de empleo. 
En cuanto al cuarto criterio de la sentencia Altmark, este nos resulta del todo inaceptable e inviable en términos prácticos. 
Después de todo, ¿cuál es la definición de la empresa privada media bien gestionada? 
¿Qué ocurre si no existe el equivalente para el sector privado? 
¿Acaso la mención de la empresa privada media no simplifica en exceso la tarea asignada al servicio público? 
Pretender ser una empresa privada bien gestionada también puede tener un impacto en los despidos y provocar trastornos sociales. 
Por lo tanto, ruego que se elimine este criterio. 
– Señor Presidente, señora In ‘t Veld, señora Comisaria, la Comisión no cesa de decirnos que no puede proponer una directiva marco de servicios de interés general porque la cuestión es al parecer demasiado amplia y está afectada por el principio de subsidiariedad. 
Sin embargo, con este «paquete Monti» y con la propuesta de directiva de servicios, la Comisión aborda la cuestión de los servicios públicos. 
Retazo a retazo nos pinta una especie de cuadro impresionista que representa su propia visión de los servicios públicos. 
Por desgracia, el señor Barroso no es Manet o Renoir. 
De acuerdo con este cuadro, toda financiación de servicios públicos es por fuerza una ayuda estatal, y por tanto contraviene por naturaleza el principio de la libre competencia, una aberración que es preciso suprimir. 
La derecha de esta Asamblea va incluso más allá: el informe de la señora In't Veld rechaza la exención de la obligación de notificación en los sectores de la vivienda social y los hospitales que propone la Comisión. 
Del mismo modo, si el Parlamento la confirmase, la exigencia de un concurso de ofertas previo a la asignación de una ayuda compensatoria de servicios públicos debilitaría a todos los pequeños servicios públicos locales directa e indirectamente gestionados por la autoridad pública. 
En conclusión, asistimos, tras el desmantelamiento de los grandes servicios públicos nacionales, al debilitamiento de los servicios públicos locales. 
Este informe, es efecto, es engañoso: pretende hacer mas felices a los consumidores mientras erosiona sus derechos ciudadanos con respecto a los servicios públicos. 
El electorado portugués ha manifestado su descontento al respecto el pasado fin de semana a su antiguo Primer Ministro, el señor Barroso. 
– Señor Presidente, tiene razón al afirmar que hay bastantes mujeres en nuestro grupo esta tarde, algo que sé que será del agrado de la señora Comisaria. 
Tras las duras palabras pronunciadas desde nuestro lado de la Cámara, trataré de felicitar a la señora In't Veld y averiguar, después de todo, cómo podemos alcanzar compromisos en este asunto. 
Me han informado de que la ponente se ha mostrado dispuesta a tomar en consideración algunas de nuestras enmiendas. 
Creo que el primer punto tiene que ver con la prestación de servicios interna, punto sobre el que nos atenemos a la postura que manifestamos en el informe Herzog del año pasado. 
Por lo tanto, el apoyo de la ponente a nuestras enmiendas en este sentido sería de gran ayuda. 
El segundo punto guarda relación con la contratación pública y la licitación transparente, al cual se da cobertura en varias enmiendas presentadas por el señor Purvis y en una enmienda de la señora Wagenknecht, quien declara que este procedimiento de licitación solo se debe producir cuando así lo exija la ley. 
Debe ser una disposición puente para clarificar algo que, como usted ha indicado, no se ha incorporado correctamente. 
Sobre esta base, podemos posteriormente alinear –siempre hay cuatro textos diferentes– entre sí los diferentes textos. 
Por último, está el tema de la exención de los hospitales y las viviendas sociales, cuya selección también consideramos demasiado aleatoria. 
Queremos que esta cuestión se estudie de forma transparente y conocer las consecuencias, al tiempo que hemos de señalar que aún queda mucho por hacer y que es preciso analizar con mayor detenimiento el modo en que se determinan los criterios. 
Esto es algo que debería producirse ahora que la Directiva sobre servicios está sometida a debate, y no en el plazo de cuatro años, para así poder establecer criterios claros basados en una directiva marco sobre servicios de interés general, precisamente en lo que concierne a la combinación de procedimientos de licitación pública y privada. 
Me interesaría seguir debatiendo este tema con la señora Comisaria cuando corresponda. 
. Señor Presidente, quiero pedir disculpas a la señora In ‘t Veld por no haber mencionado al principio que su informe me ha impresionado. 
Sé que ha sido una tarea difícil, pero el resultado ha merecido la pena. 
La aportación que este informe ha hecho al debate es realmente importante, por lo que la felicito. 
Uno de los principales motivos subyacentes a la propuesta de la Comisión es incrementar la seguridad jurídica y la previsibilidad. 
Una de las observaciones que se han hecho esta noche se refiere a la necesidad de previsibilidad para aquellos que tienen que tratar con los servicios públicos y los mecanismos de financiación de los servicios públicos. 
Como ya he mencionado, también queremos reducir la carga administrativa: eliminar mucha burocracia y papeleo, no solo a escala europea, sino también a escala regional y nacional. 
Por esta razón el calendario es tan esencial. 
La cuestión del funcionamiento eficaz de los servicios de interés económico general tiene gran importancia para la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y el consumidor, es decir, el ciudadano de la Unión Europea. 
En contra de lo que a veces se dice, las normas de competencia comunitarias no limitan el funcionamiento adecuado de estos servicios. 
No afectan a las prerrogativas y responsabilidades de las entidades locales, regionales o nacionales para definir, organizar, financiar y supervisar los servicios públicos. 
Estoy muy de acuerdo con la idea de que tenemos que revisar oportunamente lo que estamos haciendo. 
Cuando consideramos el asunto judicial Altmark, no es tan difícil tomar una decisión clara a la luz de tres de los cuatro criterios. 
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el diputado que ha dicho que es difícil definir un verdadero servicio público. 
Tampoco es difícil definir un contrato o identificar los parámetros de compensación. 
Tal como ha dicho la señora Van den Burg, podría haber dificultades cuando la licitación es una posibilidad. 
Cuando surgen dificultades, es necesario calcular los costes sobre la base de una empresa bien gestionada. 
Por consiguiente, en lo que se refiere al cuarto criterio, al haber aplicado esta sentencia judicial durante cuatro años podemos tener en cuenta nuestra experiencia. 
Sabemos que, en realidad, las licitaciones no se utilizan ampliamente para los pequeños servicios de interés económico general. 
De acuerdo con la sentencia Altmark, la compensación pagada es, por lo tanto, ayuda estatal y ha de ser notificada. 
La política establecida de la Comisión no consiste en restringir la financiación de las empresas que asumen obligaciones de servicio público. 
Sin embargo, nos aseguramos de que esta financiación sea realmente necesaria y no dé lugar a distorsiones indebidas de la competencia. 
Las propuestas actuales responden al nuevo entorno derivado del asunto Altmark. 
El proyecto de Decisión de la Comisión pretende reducir la carga administrativa de la notificación para los pequeños servicios de interés económico general. 
El Tratado establece que el funcionamiento eficaz de los servicios de interés general es una responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados miembros. 
Las propuestas que hoy tienen ante ustedes forman parte de los esfuerzos de la Comisión por hacer lo que le corresponde para conseguirlo. 
Acojo con satisfacción que sus Señorías apoyen la reducción de la burocracia innecesaria y lo tendré en cuenta. 
El proyecto de decisión excluye los servicios públicos menores de la carga administrativa de la notificación, ajustándose así a los umbrales establecidos para las pequeñas y medianas empresas. 
Tal como sugiere el informe de la señora In ‘t Veld, la Comisión considera que este es el enfoque más adecuado. 
Los sectores hospitalario y de las viviendas de protección oficial también estarán exentas de la obligación de notificación. 
Esto queda muy claro y se justifica por el elevado volumen de compensación necesario debido a la naturaleza de estos servicios públicos. 
Estoy muy de acuerdo con la idea de que la Comisión tiene que revisar la aplicación de nuevas normas al cabo de cierto período, y después llevar a cabo una evaluación de impacto. 
En consonancia con otros marcos de ayudas estatales, como las directrices de ayudas regionales y las excepciones de bloques, sugerimos que el marco se aplique durante seis años y se renueve, sobre la base de una revisión, por un periodo de cuatro años en este caso. 
Por razones de seguridad jurídica, la validez de la decisión no debe estar limitada en el tiempo, pero estoy muy de acuerdo con la necesidad de efectuar una revisión. 
También se ha sugerido que existe la necesidad de proceder a una consulta amplia sobre la definición de las obligaciones de servicio público, en particular en lo que concierne a los usuarios. 
La Comisión está de acuerdo en principio, pero compete a los Estados miembros y a sus entidades locales y regionales definir los servicios públicos en la práctica. 
La Comisión no puede sino recomendar que los Estados miembros realicen amplias consultas sobre esta cuestión. 
He consultado a mi colega, el señor Barrot, sobre la sugerencia de ampliar el ámbito de la decisión relativa al transporte. 
Existen varias normativas sectoriales en este terreno, que dificulta la ampliación del alcance del paquete actual. 
Sin embargo, entiendo que se esté preparando un paquete separado, y sus comentarios sobre conexiones de transporte terrestre o aéreo constituyen sin duda una aportación interesante a este paquete. 
Será difícil llevar a cabo un análisis comparativo, especialmente la evaluación comparativa de los servicios públicos y los servicios de interés económico general. 
Puede que no sea técnicamente viable, puesto que los servicios públicos están estructurados de manera distinta en diferentes países de la UE. 
Dados los costes –y, quizá, la utilidad limitada– de un estudio de este tipo, no creo que sea una buena idea. 
Soy consciente del problema que implica la compensación actual cuando no se cumplen las condiciones aplicables. 
Entiendo que los Estados miembros necesiten un determinado periodo de tiempo para modificar sus mecanismos existentes. 
Estudiaremos las posibilidades de garantizar la seguridad jurídica durante un periodo de transición. 
Los criterios de la sentencia Altmark necesitan una mayor elaboración y clarificación. 
En su Libro blanco sobre los servicios de interés general, aprobado en mayo de 2004, la Comisión anunció que adoptaría un texto sobre esta cuestión en 2005. 
La señora De Vits ha preguntado acerca de los servicios de atención y asistencia sanitaria, que ya se abordan en el proyecto de decisión. 
A la vista del importe de compensación por servicio público que se concede generalmente a los servicios de atención, la mayoría debería ajustarse a los niveles de compensación definidos en la decisión y, por lo tanto, deberían beneficiarse de la excepción de notificación. 
Sobre los puntos planteados por la señora De Vits, la Comisión apoya la recomendación de que deberían aplicarse los procedimientos de licitación siempre que fuera posible, y en la mayoría de casos en que se han cumplido los criterios Altmark no habrá ayuda estatal. 
Sabemos que en realidad las licitaciones no se utilizan ampliamente, en particular en los pequeños servicios de interés económico general. 
Estoy de acuerdo con la señora Van den Burg en que hemos de tener en cuenta la experiencia. 
A la luz de la experiencia, tendremos una visión mejor y más clara de cómo manejar esto. 
Si no es posible la licitación, habrá que tener en cuenta la base de coste de una compañía bien gestionada; en este caso, una empresa de servicio público. 
Vuelvo a dar las gracias a la señora In ‘t Veld. 
No cabe duda de que retomaremos estos asuntos cuando tengamos más experiencia. 
El debate queda cerrado. 
Doy las gracias a los intérpretes por habernos acompañado durante tanto tiempo y a los diputados que quedan en la Cámara, en su mayoría mujeres; de hecho, hay más mujeres que hombres aquí. 
Señoras y señores diputados, abrimos la sesión con una triste noticia que ustedes sin duda conocen ya, que es la noticia de la muerte de nuestro querido compañero eurodiputado Renzo Imbeni. 
Fue Vicepresidente del Parlamento Europeo durante 10 años, entre 1994 y 2004 y era un Parlamentario de vocación. 
Tuve ocasión de conocerle personalmente en nuestros trabajos en la COSAC. 
Durante todos estos años compartió con los eurodiputados que con él lo fueron sus valores y su ideal europeo. 
Una persona apasionada en su trabajo de todos los días, consiguió el respeto de sus colegas en la conciliación, en el foro del Mediterráneo y en la COSAC donde, como les dije, tuve la oportunidad de conocerle personalmente, así como en los diferentes grupos de trabajo a los que perteneció. 
El Parlamento Europeo se enorgullece de haberlo contado como uno de sus miembros. 
Se enorgullece de su trabajo como Vicepresidente durante todo un decenio y recuerda sus conocimientos, su generosidad y su amable sonrisa. 
Esas son las razones del respeto que le dispensaron amigos y adversarios políticos. 
Alcalde de Bolonia durante muchos años, siempre estuvo a la escucha de los electores y de sus ciudadanos. 
En nombre de todos ustedes, en nombre de nuestra institución, he enviado un telegrama a su familia transmitiéndole nuestro pesar. 
Y ahora, si les parece, les invito a observar un minuto de silencio en su memoria. 
Antes de iniciar los trabajos de la sesión de hoy, básicamente concentrados en las relaciones de la Unión Europea con la región mediterránea, el Presidente debe informarles del desarrollo de la reunión que tuvo lugar ayer en Bruselas. 
Ayer en Bruselas, como ustedes saben, se reunió el Consejo Europeo, aunque no específicamente como tal, y a esa reunión asistimos tanto el Presidente de la Comisión, señor Barroso, como yo mismo. 
En el curso de la misma, tomaron la palabra varios de los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, no todos, que asistían a la misma para analizar con el señor Bush algunos de los aspectos más relevantes de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea y los problemas a los que debemos hacer frente conjuntamente. 
Como ustedes saben, la presencia del Presidente del Parlamento Europeo, en representación de esta institución en este encuentro, marca un punto importante del reconocimiento político que esta institución merece y quiero de nuevo agradecer al señor Juncker y al señor Barroso que así lo hayan entendido y hecho posible. 
Al final de las intervenciones de los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, insisto, no todos ellos tomaron la palabra, el Presidente del Consejo nos invitó al señor Barroso y a mí mismo a tomar brevemente la palabra, cosa que hicimos. 
Yo fui el último en intervenir. Una intervención que tuvo que ser necesariamente corta, puesto que ya habíamos sobrepasado con mucho el tiempo previsto. 
Pero creo que debemos considerar muy positivamente que, sin estar previsto, al final también el Parlamento Europeo pudiese hacer oír su voz. 
Eso marca, en mi opinión, otro precedente que sigue incrementando el papel del Parlamento Europeo. 
En esa breve intervención no pude sino apoyarme en la Resolución que había votado el Parlamento Europeo en el mes de enero pasado, sobre las relaciones transatlánticas, y haciéndome portavoz de lo que aquí habíamos discutido y votado, pedí al Presidente Bush que su visita a Europa, de la que también me congratulé, sirviese para abrir una nueva era en las relaciones transatlánticas fundadas en un multilateralismo que nos permitiese mejorar nuestra cooperación. 
A continuación insistí o hice referencia a dos temas, puesto que no había tiempo para tratarlos todos: escogí la situación en el Medio Oriente y el Protocolo de Kyoto. 
Sobre el primer aspecto insistí, como habían hecho antes otros Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, en que había una ventana de oportunidad que no podíamos perder, que teníamos afortunadamente la misma concepción del problema, es decir, una garantía de seguridad para Israel y la creación de un Estado palestino viable, tanto en términos geográficos como económicos y políticos. 
Que coincidíamos nosotros en el Parlamento Europeo con las palabras que él había pronunciado, y que nuestra cooperación debía hacer posible llevarlas a la práctica. 
En cuanto al Protocolo de Kyoto, le señalé la importancia que el Parlamento Europeo había atribuido siempre a este acuerdo internacional y la necesidad de que los Estados Unidos contribuyesen a los esfuerzos indispensables necesarios para darle toda su dimensión, y que debíamos seguir colaborando o, por lo menos, dialogando para que todos contribuyésemos a la resolución de este problema global; si no era a través del Protocolo, cuya firma ellos no habían decido, a través de todos los instrumentos posibles en el campo del desarrollo tecnológico para hacer frente a los problemas ambientales globales. 
Eso fue lo que tuve la ocasión de transmitir, seleccionando dos problemas en los que creo que el Parlamento Europeo ha concentrado buena parte de sus debates y su atención política. 
Muchas gracias por su atención. 
Antes de seguir con el orden del día quiero dar la bienvenida a nuestra Cámara a Sam Rainsy, líder de uno de los partidos de oposición en el Parlamento de Camboya, que está presente en la tribuna. 
Debo recordar aquí y ahora lo que ya he expresado por escrito al Presidente de la Asamblea Nacional del Reino de Camboya, es decir, que el respeto del pluralismo político es absolutamente imprescindible para que las instituciones democráticas funcionen y que la situación de los derechos humanos en Camboya sigue siendo preocupante. 
Señor Rainsy, quiero expresarles a usted y a sus colegas nuestra solidaridad en estos momentos difíciles y desearles los mayores éxitos en sus esfuerzos por lograr una transición pacífica a la democracia en su país. 
De conformidad con el orden del día, pasamos al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión acerca de las relaciones de la Unión Europea con la región mediterránea. 
Creo que es importante recordar a todos ustedes que, dentro de poco tiempo, a mediados del mes de marzo, el Parlamento Europeo asumirá la Presidencia de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
. Señor Presidente, ya he tenido ocasión de insistir en la importancia que esta Presidencia otorga a la política mediterránea al reunirme con la Comisión de Asuntos Exteriores. 
De hecho, es la continuación de un proceso que se inició cuando el Consejo Europeo decidió ampliar la estrategia común de la Unión Europea para esta región, de la que forman parte también, en cierto modo, algunos Estados miembros. 
Hemos demostrado así el interés sustancial y el firme compromiso de la UE con esta región. 
Dicha ampliación permitirá examinar las relaciones de la Unión Europea con la región mediterránea a la luz de la evaluación de la asociación estratégica para el Mediterráneo y Oriente Próximo que efectúe el Consejo Europeo en junio de 2005, del Proceso de Barcelona en el marco de su décimo aniversario en 2005 y la evolución de la política de vecindad durante ese mismo período. 
Este compromiso fue reiterado recientemente en la reunión ministerial euromediterránea celebrada en La Haya los días 29 y 30 de noviembre de 2004, en la que se confirmó el carácter central del Proceso de Barcelona, reforzado por la política europea de vecindad para el Mediterráneo. 
Es un proceso en el que la Unión Europea y sus socios mediterráneos colaboran en la realización de objetivos de reforma política, económica y social con la participación de las sociedades afectadas. 
Estos mismos objetivos se recogen también en buena medida en la asociación estratégica de la Unión Europea con la región mediterránea y Oriente Próximo. 
Más que nunca, la cooperación euromediterránea constituye un marco regional esencial y privilegiado de diálogo y cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo. 
La reunión de La Haya fue la segunda reunión ministerial después de Nápoles y precede a la que se celebrará en Luxemburgo los días 30 y 31 de mayo de 2005. 
En este contexto, se han iniciado ya los preparativos del décimo aniversario del Proceso de Barcelona, que se celebrará en Barcelona en noviembre de 2005. 
Por otra parte, los Ministros han acordado también efectuar un balance global del Proceso y declarar 2005 el año del Mediterráneo. 
Por lo que se refiere al diálogo político y de seguridad de la Unión Europea con sus socios mediterráneos, la reunión ministerial de La Haya confirmó los progresos realizados en la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, seguridad regional y no proliferación de armas de destrucción masiva, así como en la política europea de seguridad y defensa. 
Medidas de cooperación, como la celebración de un seminario diplomático en Malta, la cooperación en materia de protección civil y gestión de catástrofes o la red de institutos de política exterior de la Comisión de Estudios Euromeditarránea o EuroMeSCo, contribuyen de forma importante a aproximar a los socios euromediterráneos. 
Estos esfuerzos se orientan asimismo a la realización de reformas políticas y la cooperación en materia de derechos humanos y democratización, y se apoyan en la sociedad civil, a través de compromisos contraídos bien en el marco de acuerdos de asociación, bien, en caso necesario, en el marco de la política europea de vecindad. 
A este respecto, los planes de acción acordados con una serie de socios otorgan un papel fundamental a los derechos humanos, la democratización, la buena gobernanza y el refuerzo del Estado de Derecho. 
Del mismo modo, la creación de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas representa una etapa decisiva en la aplicación de la cooperación social, cultural y humana del Proceso de Barcelona. 
Todos los miembros de la asociación deberán aprovechar su inauguración para aumentar la visibilidad del Proceso de Barcelona a un lado y otro del Mediterráneo. 
Señor Presidente, creo que vivimos hoy un momento histórico, en particular por lo que se refiere al conflicto de Oriente Próximo. 
Creo que el Proceso de Barcelona debe acompañar al relanzamiento del proceso de paz, pero también recoger el fruto de dicho relanzamiento, y creo que el futuro de Europa es también el futuro de la región mediterránea, el futuro de su desarrollo, el futuro del intercambio cultural y el futuro de la cooperación con quienes nos son muy cercanos. 
. Señor Presidente, me complace mucho poder participar en este debate sobre las relaciones de la Unión Europea con la región mediterránea. 
El Parlamento Europeo siempre ha apoyado firmemente el Proceso de Barcelona. 
Quiero expresar mi gratitud, sobre todo a muchos diputados concretos de esta Cámara que son entusiastas defensores de las relaciones euromediterráneas, por su papel como impulsores de la implicación activa de la Unión en esta región. 
Por mi parte, he tenido un gran interés personal por esta región desde que me di cuenta de la enorme importancia del proceso de paz para Oriente Próximo. 
Como acaba de decir mi colega, el momento actual ofrece una esperanza real, aunque sabemos que se trata de un proceso frágil. 
Visité la región el día anterior a la cumbre de Sharm el Sheij. 
Tuve la ocasión de reunirme con líderes que han dado pasos muy valientes. 
Les dije que es preciso seguir adelante y que ambos bandos deben consolidar este nuevo camino hacia la paz en Oriente Próximo, sobre todo aprovechando las oportunidades que ofrecen, por una parte, la plataforma –el «Cuarteto» – y, por otra, la «Hoja de Ruta». 
Una retirada efectiva de Gaza es prioritaria para todos nosotros. 
Hace dos días, el Gobierno israelí tomó una decisión muy valiente cuando el Primer Ministro Sharon y su gabinete apostaron por esa salida. 
Sabemos que es un proceso arriesgado, pero debemos hacer todo lo posible por conseguir que ocurra. 
Además de la asociación euromediterránea, cuyo décimo aniversario celebraremos este año, la Política Europea de Vecindad, en el marco de la cual hemos aprobado ya cinco planes de acción para países del sur del Mediterráneo, es también importante. 
La Política Europea de Vecindad nos permite destacar nuestros vínculos geográficos, históricos, comerciales, migratorios y culturales acercando a estos países, como un círculo de amigos, a la Unión Europea. 
La Política de Vecindad no reemplaza al Proceso de Barcelona, sino que debe reforzarlo mediante un proceso bilateral adaptado. 
A continuación, quisiera hablar brevemente del Líbano. 
Todos estamos conmocionados y apenados por el asesinato, hace diez días, del ex Primer Ministro Hariri. 
El señor Hariri fue uno de los principales arquitectos de los acuerdos que pusieron fin a la prolongada guerra civil del Líbano. 
Estaba comprometido con la paz y la reconciliación, con la reconstrucción de su país destruido por la guerra, y también con la promoción de la cooperación y la estabilidad en la región. 
El mejor tributo a sus incansables esfuerzos sería garantizar que en mayo se celebren unas elecciones parlamentarias limpias y libres bajo el control pleno y soberano del Líbano. 
Es preciso, para el futuro del Líbano y de la estabilidad del país, que se aclaren lo antes posible las circunstancias de este acto criminal y la identidad de los responsables del mismo. 
Desde el principio, abogué por una investigación internacional, que creo que ahora van a realizar las Naciones Unidas. 
La Comisión concede también la máxima importancia al cumplimiento pleno e inmediato por todas las partes de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución exige la celebración de elecciones libres y limpias sin interferencias extranjeras, la retirada de todas las tropas extranjeras del Líbano, la disolución y el desarme de todas las milicias y la extensión del control gubernamental a todos los territorios libaneses. 
Como ya se ha dicho, 2005 será de las relaciones entre la Unión Europea y la región mediterránea. 
Dado que parece que es posible romper la espiral de violencia entre ambos bandos, debemos hacer todo lo posible por consolidar el alto el fuego y garantizar la retirada de Gaza, para luego avanzar con la «Hoja de Ruta» hasta una solución basada en la coexistencia de dos Estados. 
En marzo, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea se reunirá por segunda vez en El Cairo. 
Por desgracia, no voy a poder asistir. 
Sin embargo, hace tres semanas me reuní con los miembros de la oficina política de esa Asamblea en Bruselas. 
A finales de mayo, los ministros euromediterráneos asistirán en Luxemburgo a la séptima Conferencia de Barcelona. 
En noviembre celebraremos el décimo aniversario de la asociación, y, con motivo de esa celebración, la Comisión está elaborando ya una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, con propuestas concretas. 
Voy a describir brevemente esas propuestas. 
La primera es incrementar la incidencia de nuestras políticas contribuyendo a la realización de reformas y a la consecución de la paz y la estabilidad en la región. 
La segunda es acercar la asociación a nuestros ciudadanos. 
En gran medida, el Proceso de Barcelona ha sido un proceso intergubernamental. 
Ya es hora de que nos preguntemos qué puede hacer la asociación para responder a las preocupaciones de los pueblos. 
¿Cómo podemos abordar más efectivamente cuestiones como la educación, el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, la democracia, la libre circulación de personas y los derechos de migración? 
Estas son las cuestiones que afectan a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, y nuestra asociación debe abordarlas. 
Quiero hacerles partícipes de algunas ideas sobre las prioridades para los años venideros. 
Debemos reflexionar sobre la mejor forma de utilizar el Proceso de Barcelona para contribuir a este nuevo impulso del proceso de paz de Oriente Próximo, así como para conservar la paz después. 
También debemos tratar la cuestión de las reformas políticas con nuestros socios; los diputados conocerán, sin duda, la iniciativa del G-8. 
Como sabrán, la reunión de El Cairo se va a posponer. 
Quiero ir a esa reunión porque creo que podemos hacer mucho por alcanzar los mismos objetivos de formas complementarias y paralelas. 
Debemos abordar los aspectos prácticos de la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
La Unión Europea ha hecho mucho por el fomento de la democracia, también en los nuevos Estados miembros. 
Creo que debemos aprovechar esta experiencia para construir democracias y apoyar las reformas de esos países: lo que los europeos tenemos que hacer es intentar fomentar las reformas, no imponerlas. 
La educación es uno de los aspectos fundamentales para el futuro de la región. 
Por lo tanto, la Unión Europea y nuestros socios deben incrementar el gasto en educación y yo haré todo lo que esté en mi mano, con mis propios servicios, para fomentar más proyectos educativos, tanto en la educación elemental, como en la formación profesional o la educación superior, universitaria y los intercambios universitarios. 
Es preciso fijar un plazo para la erradicación del analfabetismo y centrarse en el grave problema de la mejora de la calidad y el acceso a la educación, sobre todo de las niñas. 
Juntos podríamos organizar programas de intercambio de estudiantes: considero que se trata de una medida crucial, si tenemos en cuenta que Europa y los Estados Unidos lo han hecho desde la guerra y los resultados han sido muy importantes. 
Debemos promover el estudio de la integración europea. 
En el marco de las relaciones económicas y comerciales, debemos volver a confirmar el objetivo de 2010 para el libre comercio; acordar una «guía» con un calendario para el libre comercio de productos agrícolas y agroindustriales; fijar un calendario para la liberalización de servicios; acelerar el comercio Sur-Sur: el proceso de Agadir fue muy importante; utilizar la política de vecindad para ayudar a nuestros socios a eliminar las trabas a la inversión; y celebrar una reunión de Ministros de Transporte para ampliar los corredores de transporte al Mediterráneo con el apoyo financiero del BEI. 
Por último, en el ámbito de la inmigración y la integración social, debemos promover un enfoque de cooperación para gestionar la circulación de personas. 
También debemos aplicar los planes de acción de la Política Europea de Vecindad y sus compromisos para la integración social de los inmigrantes. 
La iniciativa para el Gran Oriente Próximo y el norte de África es muy interesante. 
La Comisión participará activamente en esa iniciativa, de una forma complementaria pero paralela, y espero que juntos podamos conseguir importantes objetivos, no solo con respecto a la democracia, las reformas y la modernización de esos países, sino también en cuanto a una asociación real. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es altamente simbólico que Viktor Yushchenko, Presidente de Ucrania, el vecino más grande de la UE en su frontera oriental, esté a punto de dirigirse a esta Cámara en un día en que también debatimos las relaciones de la UE con sus vecinos del sur en la región mediterránea.En el norte tenemos a Noruega, y las relaciones con este país son amistosas; al oeste está el Atlántico, lo que significa que debemos centrarnos principalmente en nuestros vecinos del este y del sur. 
Con todos nuestros vecinos queremos seguir una política de diálogo, cooperación y, si es posible, amistad. 
Nuestro Grupo parlamentario –al igual que el conjunto de la Cámara– apoyó activamente la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, y el mejor homenaje que podemos rendir a nuestro finado compañero, Renzo Imbeni, es hacer de esa Asamblea un órgano parlamentario verdaderamente eficaz y progresista. 
Con nuestro apoyo, y junto con nuestro colega Giorgos Dimitrakopoulos, Renzo fue el creador de dicha Asamblea Parlamentaria. 
Rindámosle homenaje haciendo un buen trabajo en ella. 
Queremos trabajar para encontrar soluciones conjuntas con nuestros socios de la región mediterránea, y considero muy loable, señora Comisaria, su compromiso personal para con ese fin. 
Yo mismo habría acogido con satisfacción una decisión de la Comisión de nombrar un Comisario responsable exclusivamente de la región mediterránea, pero no tengo ninguna duda de que su gran implicación nos llevará prácticamente al mismo resultado. 
Nuestra labor, pues, es debatir el futuro de la región mediterránea con nuestros socios y al mundo árabe e islámico le decimos: queremos cooperación y no un choque de civilizaciones, y la relación con el mundo árabe e islámico es una de nuestras principales prioridades políticas. 
Y ello incluye conseguir la paz entre Israel y Palestina. 
Al Presidente Bush, que ha venido de los Estados Unidos a visitar Europa, le decimos: hagamos un esfuerzo conjunto por asegurar que Israel pueda existir dentro de unas fronteras seguras y que Palestina pueda existir dentro de unas fronteras seguras. 
Al fin y al cabo, ambos países –si puedo decir que Palestina es un país– están representados en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, y debemos aprovechar todas las oportunidades para llevar la paz a la región. 
Instamos a Siria –con la que estamos a punto de cerrar un Acuerdo de Asociación– a renunciar a aquellas actividades que fomenten el terrorismo, y que conceda al Líbano una verdadera oportunidad. 
Su ex Primer Ministro, Rafik Hariri, ha sido asesinado junto con sus guardaespaldas, y debemos encontrar al responsable. 
Instamos a Siria ha que haga su contribución a la paz. 
Permítanme un comentario final: queremos cooperación, queremos contactos económicos, queremos contactos políticos, y queremos que se garanticen los derechos humanos en la región mediterránea. 
Esa es también una contribución importante al diálogo, a la cooperación y a la paz en el Mediterráneo. 
– Señor Presidente, Señorías, celebramos que el Consejo haya decidido declarar del año 2005 el Año del Mediterráneo. 
Precisamente por eso esperamos que la Unión desempeñe un papel político más significativo en esta zona. 
El Mediterráneo es hoy nuestra prioridad, porque es donde se juegan los mayores desafíos para la paz, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo, el respeto de los derechos, la protección del medio ambiente y la gestión positiva de la inmigración. 
La política de vecindad debe reforzar el espíritu de Barcelona, inspirado en el método de la cooperación, que hoy podemos orientar hacia el codesarrollo. 
A diez años de la Conferencia Intergubernamental de Barcelona de 1995, si bien los resultados están muy por debajo de las expectativas a que dio lugar este Proceso, debemos constatar, en cualquier caso, los progresos registrados en las relaciones mutuas y en la aplicación del programa MEDA. 
Nos alienta, también, la reanudación del diálogo entre el Gobierno israelí y la Autoridad Palestina a raíz de las elecciones presidenciales en Palestina. 
Al mismo tiempo, somos conscientes de toda la complejidad de la situación en Oriente Próximo y estamos preocupados por la situación en el Líbano a raíz del atentado que costó la vida al antiguo Primer Ministro Hariri. 
Pedimos, además, la retirada siria del Líbano y, simultáneamente, deseamos la retirada de Israel del Golán. 
Todo esto significa que puede haber llegado el momento de resolver todo el conflicto de Oriente Próximo. 
En este marco, apreciamos el papel de Egipto, pero al mismo tiempo nos preocupa la situación interna de este país que, precisamente estos días, ha vivido el arresto y la detención del señor Nour, diputado al Parlamento egipcio. 
Por último, pedimos un papel más incisivo y coherente de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en toda la región. 
La política de vecindad requiere instrumentos e instituciones más adecuados. 
Pedimos, pues, a la Comisión y al Consejo que tengan más en cuenta el papel de la Asamblea Parlamentaria Eurmediterránea, un instrumento democrático fundamental, que hay que apoyar y consolidar, y que se creó gracias al esfuerzo de hombres como Renzo Imbeni. 
Dicha Asamblea está dando sus primeros pasos: es la primera vez que se reúne fuera de Europa, en El Cairo, y desearíamos que pudiera tener lugar bajo su presidencia, señor Presidente Borrell Fontelles, una reunión extraordinaria precisamente con ocasión del décimo aniversario del Proceso de Barcelona. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, si bien estoy plenamente de acuerdo con el texto de la resolución común que dentro de un momento se someterá a votación de este Parlamento, quisiera unirme a usted, señora Comisaria, para destacar dos puntos con respecto a este texto: uno se refiere a la reanudación del diálogo entre las partes en el conflicto israelo-palestino y el otro a la situación creada en el Líbano por el asesinato de Rafik Hariri. 
Por lo que respecta a las nuevas perspectivas abiertas entre Israel y Palestina, quiero repetir algo que he declarado ya en muchas ocasiones en esta Cámara. 
Si, como todos esperamos, se aceptara un acuerdo de paz, la experiencia acumulada desde hace decenios en materia de resolución de conflictos de este orden nos enseña que será difícil, si no imposible, prescindir de los servicios de un cuerpo de tropa de mantenimiento de la paz para evitar que degeneren en una conflagración los incidentes que nunca dejan de producirse en estas condiciones porque los señores de la guerra locales son incapaces de aceptar la paz. 
Para esta misión, creo que ambas partes podrían aceptar una fuerza europea más que a ninguna otra. 
Por tanto, mi pregunta al Consejo, señor Presidente en ejercicio, es esta: ¿no es hora de que nos preparemos para ello? 
En cuanto a la situación en el Líbano, como todos ustedes han reiterado, nosotros y la comunidad internacional hemos reclamado repetidamente la retirada de todas las tropas extranjeras de su territorio. 
¿No ha llegado el momento, señora Comisaria, de reclamar a Siria que cumpla por fin a esta exigencia antes de firmar el acuerdo de asociación cuya negociación acaba de concluir? 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, celebro, junto con mis colegas, que el año 2005 se sitúe bajo el signo de la renovación y el relanzamiento del diálogo euromediterráneo, pues así es como hemos hablado siempre del Proceso de Barcelona, tanto para destacar todas las esperanzas que ha despertado como todas las decepciones que se observan día tras día. 
Mis colegas han recordado el odioso e insoportable asesinato de Rafik Hariri, que vuelve a poner un interrogante en esta región del mundo, justo cuando en Oriente Próximo nace una luz que queremos mantener y aumentar. 
Más allá de nuestras voluntades, que reiteramos desde hace diez años, debemos reflexionar sobre el modo concreto de hacer avanzar cuestiones capitales relativas a la democracia y los derechos humanos en esta región del mundo, pues sin duda debemos trabajar sobre estas cuestiones fundamentales, que están ligadas a la lucha contra el terrorismo y los objetivos de paz y estabilidad y también de desarrollo. 
Como no cesa de repetir la Oficina Árabe en sus distintos informes de las Naciones Unidas sobre el desarrollo, sin duda debemos trabajar en torno a la cuestión fundamental de los cimientos democráticos, de las libertades individuales y colectivas en esta región del mundo. 
La Comisión por su parte tiene algunas pistas, que ha enunciado en una comunicación en forma de diez recomendaciones extremadamente precisas. 
Creo que unos instrumentos ajustados, los planes de acción nacionales y la creación de subcomités de derechos humanos dentro de este Proceso, en el marco por tanto de la nueva política de vecindad, deberían ayudarnos realmente a poner en práctica esas diez recomendaciones, que se fundamentan, como ha dicho usted, señora Comisaria, en una superación de la lógica puramente intergubernamental en esta región del mundo. 
Ahí reside toda la fuerza y el poder potencial de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y también de la plataforma de la sociedad civil Euromed, porque sabemos muy bien que nuestros ambiciosos objetivos de democracia y desarrollo en esta región solo tendrán éxito con un fuerte compromiso de las poblaciones afectadas. 
Más tarde recibiremos al señor Yushchenko. 
Sabemos que todas las políticas y todos los deseos que formulamos deben contar en primer lugar con la energía de las propias sociedades para emanciparse de situaciones complicadas que destruyen la libertad. 
Creo que esto es lo que debemos… 
. – Señor Presidente, quiero señalar tres aspectos en los que las declaraciones de la Comisaria me han parecido vagas o imprecisas. 
El primero es el conflicto entre Israel y Palestina. 
Todos somos conscientes de que el alto el fuego que se ha declarado es muy importante para que Palestina pueda concluir su proceso de elecciones democráticas. 
Pero un alto el fuego no es lo mismo que la paz, e Israel sigue tomando prisioneros mientras libera prisioneros. 
Israel sigue rediseñando el muro de Cisjordania mientras se prepara para abandonar Gaza. 
La verdad es que está intentando convertir a Palestina en un «bantustán». 
Europa solo ganará si deja las cosas claras en este asunto. 
También ha hablado muy genéricamente, señora Comisaria, del segundo aspecto, la inmigración. 
Históricamente, el Mediterráneo ha sido un mar de comunicación, un puente entre personas y una vía de comercio y cultura. 
Pero nosotros, los europeos, lo hemos convertido en un foso moderno, en el que, en los últimos diez años, 4 000 hombres y mujeres han ahogado sus esperanzas. 
Nuestra obligación, señora Comisaria, es no convertir a los países del sur en policías de quienes intentan conseguir mejores condiciones de vida, sino cambiar la política de inmigración actual por otra que intente conseguir un equilibrio de los flujos migratorios en ambas direcciones. 
Solo así tendremos autoridad moral para abordar el tema de los derechos humanos sin hipocresía. 
Solo así podremos condenar, por ejemplo, las horribles condiciones en que viven miles de sudaneses tratados como esclavos en Libia. 
El Proceso de Barcelona podrá ser un pacto euromediterráneo a gran escala, gracias al cual la paz, la democracia y los derechos humanos se intercambien mediante la integración económica y social, o podrá no ser nada más que una carta de intención. 
. Señor Presidente, ¿quién rechazaría la oportunidad de ser dueño en su propia casa? 
La mayoría de los libaneses tampoco, pero la realidad es otra. 
Años de presencia militar siria en su territorio mortifican aún más, y el cobarde asesinato del ex Primer Ministro, el señor Hariri, se está convirtiendo ahora en un foco implacable sobre ese agravio internacional de la falta de soberanía en el Líbano. 
¿Cómo pudo la Unión Europea concluir un acuerdo de asociación con Beirut teniendo en cuenta esa situación? 
¿Y cómo pueden el Consejo y la Comisión presentar ahora al Parlamento un acuerdo similar con el ocupante, Damasco, como si la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige la retirada de Siria, no significara nada para Bruselas? 
Pero me anima un poco el hecho de que la Comisaria haya mencionado el cumplimiento de esa resolución. 
De hecho, la propia Resolución 1559 estipula la disolución de la organización terrorista libanesa chií, Hezbolá, que, armada hasta los dientes y formada por sus patrocinadores, Siria y el Irán, opera desde el sur del país contra Israel. 
Sin embargo, ya es hora de que el Consejo y la Comisión tomen medidas respecto a Damasco y Teherán. 
Esa firmeza política europea también fomenta nuevas oportunidades para la resolución del conflicto entre Israel y Palestina. 
La realidad es que las últimas declaraciones de la actual dirección palestina no dejan ninguna otra opción a la Unión Europea. 
Son declaraciones sin ambigüedades. 
Hezbolá no está interesada en las negociaciones de Palestina con Israel y aporta nada menos que 100 000 dólares para atentados suicidas palestinos. 
Por lo tanto, los círculos palestinos no excluyen el terror de Hezbolá contra sus propios negociadores. 
Insto al Consejo a que se muestre firme y finalmente incluya a Hezbolá en la lista europea de organizaciones terroristas. 
Solo así los Estados miembros tendrán credibilidad en relación con los Estados Unidos y, ciertamente y no menos importante, también con los demás Estados de toda la región mediterránea. 
Gracias. 
. – Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, Señorías, diez años después de la Declaración de Barcelona, todavía queda mucho camino por recorrer hasta que los objetivos fijados en dicha Conferencia se alcancen en el Mediterráneo. 
Es una amarga píldora para tragar, pero hemos de afontar los hechos de forma pragmática y sin hipocresía. 
La cooperación social, económica, cultural y humana entre las dos orillas del Mediterráneo se mueve en un terreno de incertidumbres y contradicciones. 
El Proceso de Barcelona ha avanzado a paso lento, especialmente por lo que respecta a la aplicación del programa MEDA, cuyo ritmo se ha acelerado solamente en los últimos años. 
En el conflicto palestino-israelí, la Unión Europea se ha mostrado incapaz de desempeñar un papel significativo y decisivo. 
La vergonzosa trata de inmigrantes clandestinos entre las dos orillas sigue señalando el fracaso de la deseada política de cooperación entre países de origen y de llegada. 
No obstante, queremos ser optimistas y acogemos con agrado las señales positivas procedentes de la zona. 
El cambio de conducta del Gobierno de Trípoli ante el terrorismo internacional, el reciente giro en las relaciones entre Israel y Palestina, y el lanzamiento de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, son elementos que nos permiten albergar cierta esperanza. 
Es preciso que la Unión Europea asuma, por fin, un papel político más incisivo para generar en esa zona un auténtico clima de cooperación, de crecimiento, de paz. 
De lo contrario, este décimo aniversario de la Conferencia de Barcelona, este año 2005 dedicado al Mediterráneo, porbablemtne no sea más que un año marcado por nuestra debilidad. 
– Señor Presidente, tuve el honor de representar a esta Cámara en el funeral de Yasir Arafat. 
Posteriormente, presidí la delegación de observadores a las elecciones palestinas. 
El año pasado estuve en Egipto, Argelia, Yemen y Siria, siguiendo el camino de la reforma árabe. 
Por desgracia, la amenaza del terrorismo sigue siendo muy real en buena parte de la región. 
Mientras estuve en Palestina, mantuve una reunión, a título meramente personal, con representantes de Hamás en la franja de Gaza, dado que se habían opuesto a las elecciones municipales en Palestina. 
Les pedí, y les vuelvo a pedir hoy, que participen en las elecciones parlamentarias del 17 de julio. 
Sin embargo, antes de hacerlo, Hamás no solo debe renunciar a la violencia, sino también entregar todas sus armas a las fuerzas de seguridad palestinas. 
Otros oradores han rendido tributo justamente al señor Imbeni, mi predecesor como Vicepresidente en representación del Parlamento en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
El señor Trakatellis y yo le ayudaremos, señor Presidente, en esa tarea. 
Creo que los árabes merecen tener democracia. 
El Presidente Bush habla, con razón, de la libertad de los árabes. 
Mi pariente lejano, Lawrence de Arabia, escribió: «Escribí mi voluntad en el cielo estrellado para ganarte la libertad, esa noble casa de los siete pilares». 
La pregunta hoy es: ¿quién dará la libertad a los árabes, las barras y estrellas o las estrellas de la Unión Europea? 
Creo que debemos trabajar juntos, pero quiero dejar claro a los estadounidenses que este es nuestro vecindario. 
Señor Presidente, retomo las últimas palabras del colega McMillan-Scott: la Unión Europea debe contribuir a que la región mediterránea se convierta realmente en una zona de paz y de cooperación. 
Por eso, aunque estoy de acuerdo con las palabras pronunciadas por el ministro Schmit y por la Comisaria Ferrero-Waldner, echo en falta en ellas más ambición, más determinación política. 
Me da la impresión de que estamos en una suerte de carril, de que las cosas van caminando, pero sin una voluntad objetiva de empujar para que vayan a más, a mejor, a lo que se necesita en estos tiempos. 
Si hablamos de alianza de civilizaciones, efectivamente la relación euromediterránea es el ejemplo exacto de esa alianza de civilizaciones, lo que no debe ser el unilateralismo. 
Debemos compartir un modelo de valores y objetivos, de democracia y de respeto absoluto a los derechos humanos, de seguridad, de solución negociada de todos los conflictos en la región, en una y otra parte del Mediterráneo, de lucha contra el terrorismo y, por supuesto, también de desarme, de cooperación para el ecodesarrollo y el respeto del medio ambiente y de gestión progresista de los flujos migratorios. 
Todo eso lo puso ayer de manifiesto el Presidente del Gobierno español en la reunión de Bruselas, al explicar lo que para la Unión representa el proceso euromediterráneo. 
Precisamente, hemos declarado 2005 Año del Mediterráneo, y ello no solo para ponerlo en un calendario, pues calendarios con fotos tenemos ya más que suficientes. 
Además, los acuerdos de asociación están ahí como instrumentos que funcionan. 
Asimismo, tenemos una dimensión parlamentaria en marcha con la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que celebrará su próxima reunión en El Cairo, y tenemos también metas que cumplir, como, por ejemplo, la zona de libre cambio en el 2010, pero con una nueva dimensión social. 
Todo ello en el marco de la política de nueva vecindad, con la existencia de cinco nuevos planes de acción e, incluso, el inicio de una cooperación Sur-Sur. 
A mi juicio, el balance del proceso euromediterráneo es positivo. 
Habrá carencias, pero a veces los europeos somos tan autocríticos que nos "pasamos de la raya". 
Claro que hay carencias, pero partimos de un balance de diez años en cuya cesta tenemos muchas cosas buenas. 
Lo que hace falta es ambición y resaltar más el valor de los logros. 
Por eso, quiero decir que es muy oportuno que en el mes de noviembre se celebren una Cumbre Euromediterránea para conmemorar políticamente y con nuevas medidas el décimo aniversario del proceso de Barcelona y una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea extraordinaria, que conferirá una dimensión parlamentaria a dicha celebración. 
Señor Presidente, el Mediterráneo es, sin duda, un ámbito en el que la acción coherente y comprometida de la Unión Europea puede producir resultados tangibles, auténticamente reales, que ayuden a sus ciudadanos a recuperar la ilusión por su futuro, desde el respeto a su identidad, un futuro que tiene que ser de estabilidad y de progresivo crecimiento económico en el pleno respeto a los derechos humanos. 
Del conjunto de la agenda, permítame destacar dos puntos que me parecen especialmente esenciales en este diálogo mediterráneo. 
En primer lugar, es absolutamente esencial la implicación de la sociedad civil en este proceso para que asuman los ciudadanos, sus organizaciones y asociaciones que son ellos los que tienen en la mano su propio futuro, y no sus élites políticas. 
En segundo lugar, el impulso real y efectivo del comercio, de un auténtico espacio común de libre comercio, de libre cambio Sur-Sur —entre ellos, pues en esa zona existen todavía demasiadas fronteras cerradas— y, evidentemente, Sur-Norte —siendo nosotros en este caso, Sur-Norte—, mediante la creación de un verdadero espacio de libre cambio entre la Unión Europea y la zona mediterránea. 
Estos dos puntos me parecen capitales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, el mundo árabe y los países del sur y el este del Mediterráneo están cambiando, un cambio que debería haber tenido lugar hace mucho tiempo. 
Hace pocos años, esa región se encontraba en general paralizada en lo que se refiere a la implantación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Nos complace que Turquía, por ejemplo, haya expresado su intención de desempeñar un papel destacado en el diálogo con el mundo árabe, sobre todo en la cuestión de los derechos de las mujeres y la democratización. 
Eso demuestra que la política de la Unión Europea de acercar gradualmente Turquía a Europa es correcta. 
Además, a pesar de todos los problemas, la aparición de una generación de líderes más jóvenes –en Marruecos, Jordania, Bahrain e incluso en Siria, por ejemplo– ha creado la oportunidad de una apertura cautelosa hacia la democracia. 
Nos complace en especial la liberación de prisioneros políticos y el mayor poder de la oposición política. 
El tema de los derechos de las mujeres en Marruecos y el debate sobre la introducción de una ley del divorcio en Jordania son dos ejemplos que quería subrayar. 
Permítanme terminar con el conflicto de Oriente Próximo. 
La solución del conflicto entre Israel y Palestina ayudará a asegurar que, en el futuro, no se pueda utilizar la falsa excusa de que este conflicto hace que la democracia sea imposible. 
– Señor Presidente, Señorías, hace diez años, en Barcelona, la Unión Europea y sus vecinos de la zona mediterránea lanzaron un ambicioso programa encaminado a crear en la región una zona de estabilidad, paz y progreso económico a través de un entendimiento más estrecho y recíproco. 
No todo se ha podido hacer y debemos relanzar el Proceso con más eficacia. 
Este año 2005 puede ser la ocasión. 
Ante todo, queremos una zona de paz duradera, y estos diez años han sido, lamentablemente, más difíciles que los anteriores en las relaciones entre palestinos e israelíes, cuyo conflicto ha condicionado de algún modo la estabilidad en la zona euromediterránea. 
Hoy, sin embargo, hay hechos concretos que parecen indicar que es posible superar las incomprensiones y las tensiones para resolver este prolongado conflicto. 
Por otro lado, debemos mencionar un logro positivo: el nacimiento de la Fundación Anna Lindt, con sede en Alejandría, Egipto. 
Esperamos de ella un papel importante en materia de intensificación de los intercambios culturales entre todos los países del área euromediterránea, y en materia de crecimiento de una sociedad civil dinámica y lo más pluralista posible, en aquellos países que todavía están retrasados. 
La Comisión podría y debería pensar en una conexión entre la Fundación y otros centros culturales satélite euromediterráneos menores situados en toda la zona, que saben difundir también los mismos mensajes de amistad, conocimiento mutuo y paz entre los pueblos de la región euromediterránea y que actúan como centros de cultura, investigación y formación también para los muchos inmigrantes de esa zona. 
En resumen, de los claroscuros de estos diez primeros años deseamos obtener el impulso necesario para mirar hacia delante con confianza renovada. 
– A veces las medidas adoptadas por la Unión Europea en relación con el Mediterráneo no han sido suficientes para conseguir que la política euromediterránea fuera una política positiva y concreta. 
Para mí, un ejemplo claro es la tragedia de la inmigración ilegal/irregular que existe de forma alarmante en el Mediterráneo. 
Creo que la Unión Europea podría haber tratado este fenómeno con más energía y urgencia. 
No es una situación que afecte solo a esa región y por lo tanto hay que adoptar el principio de «reparto de cargas» , no el de «traspaso de cargas». 
Es un problema internacional y exige una solución internacional, posiblemente iniciativas conjuntas entre las Naciones Unidas y la Unión Europea. 
Aunque he observado que últimamente ha habido un mayor compromiso por parte del Consejo y la Comisión, espero que se disponga de los fondos necesarios para que esas intenciones se traduzcan en resultados efectivos. 
Sin duda alguna, el proceso de Barcelona fue fundamental para que la política euromediterránea recibiera la atención que merece. 
Sin embargo, puede ocurrir que, como pasó con la agenda de Lisboa, haya llegado el momento de revisar este proceso para que, en primer lugar, valoremos si hemos alcanzado con éxito nuestros objetivos, como en el caso de la creación de un espacio de libre comercio industrial en el Mediterráneo. 
En mi opinión, deberíamos revisar el proceso, si es necesario. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, quiero hacer varios comentarios, después de haber tenido la oportunidad de visitar Oriente Próximo con la Comisaria justo antes de la cumbre de Sharm el Sheij. 
Sobre el programa de Oriente Próximo en su conjunto, sabemos que es muy importante un desarrollo estable, gracias a unas mejores condiciones económicas y sociales y al establecimiento de la democracia. 
Sin embargo, también sabemos que solo funcionará a largo plazo si Oriente Próximo puede resolver sus propios problemas, porque son la causa, o una coartada, para muchos otros. 
Por este motivo la situación actual en Oriente Próximo es inmensamente importante, sobre todo porque creo que, por primera vez, existe una oportunidad real de llegar a un acuerdo. 
Y digo esto basándome en mi visita a la región, donde me reuní con los principales representantes de Palestina y de Israel y cada cual atribuyó intenciones positivas a la otra parte. 
Es una diferencia crucial en comparación con la situación anterior, y es la base principal sobre la que se puede construir un proceso satisfactorio. 
Debemos asegurarnos de que el «Cuarteto» de Oriente Próximo se reúna por fin en la región. 
No debería confiar solo en la «Hoja de Ruta» escrita; tiene que visitar la región como organismo conjunto. 
Debemos asegurar que apoyemos las condiciones marco que facilitarán un acuerdo entre los representantes de las dos partes. 
Y ello incluye ejercer una influencia clara sobre Irán y Siria para que impidan que Hezbolá arruine el proceso de paz desde fuera. 
Debemos ofrecer nuestro apoyo al Presidente Abbás para que el pueblo palestino pueda comprender que la paz beneficiará a todos. 
Por ese motivo, la ayuda debe llegar con gran rapidez. 
Me doy cuenta, señora Comisaria, de que esta Cámara siempre ha asumido una actitud muy crítica en esta cuestión. 
Pero lo que necesitamos ahora es actuar rápidamente. 
Y eso no significa que haya que hacer algo con algún programa u otro en un momento determinado; significa dejar claro, preferiblemente antes de que tengan lugar las elecciones parlamentarias de este verano, que vale la pena ponernos del lado de los moderados. 
De esta forma se puede romper el ciclo de violencia, lo que es esencial si queremos que los líderes israelíes reciban el apoyo necesario de su propio pueblo cuando les digan que el proceso de paz significa el fin del terrorismo. 
Así pues, hay que actuar de inmediato. 
– Señor Presidente, el asesinato de Rafik Hariri en el Líbano relanza la polémica en torno al Acuerdo de Asociación Unión Europea-Siria y a la aplicación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justo cuando los Gobiernos Bush y Chirac se reconcilian en torno a la idea de un Líbano libre y soberano. 
La posición del Parlamento Europeo sobre el derecho soberano de las naciones a la autodeterminación siempre ha estado muy clara. 
Ha expresado constantemente su rechazo de cualquier forma de ocupación explícita o larvada, ya sea en Palestina, en Iraq o en otros países del mundo. 
Pero por razones muy diversas, políticas e históricas la mayoría de las veces, rara vez se ha actuado contra las fuerzas extranjeras. 
Hoy, la muerte del señor Hariri, cuyos asesinos ignotos siguen en libertad, replantea esta cuestión y otras muchas. 
¿Hay que pedir o no a los sirios que se abstengan de toda injerencia en los asuntos libaneses? 
Mi respuesta es sí. 
¿Es preciso que pongan fin al Estado de emergencia en que se halla su país desde hace más de treinta años? 
¿Es preciso que democraticen en profundidad su sociedad y que liberen a los activistas en prisión? 
Mi respuesta es clara, sí. 
¿Es preciso que retiren sus tropas del Líbano? 
Sí, y es lo que han empezado a hacer. 
¿Es preciso, como sugiere el general Morillon, supeditar la firma del Acuerdo de Asociación Siria-Unión Europea al cumplimiento de estas condiciones, y en particular la retirada inmediata de todas las tropas sirias del Líbano? 
Esta es mi pregunta al Consejo. 
La cuestión es crucial. 
La muerte del señor Hariri no tiene nada que ver y a la vez tiene todo que ver con la respuesta. 
Sin duda, es necesario esclarecer totalmente este asesinato y que haya una investigación internacional. 
Dicho esto, pregunto realmente al Consejo por la conveniencia de firmar un acuerdo tanto tiempo esperado, puesto que es el último de los acuerdos MEDA y ha sido aplazado tantas veces. 
En efecto, en el momento de su firma, este acuerdo se encontrará inevitablemente, lo queramos o no, bajo los focos y nos obligará a nosotros, la Unión Europea, a justificar ante la opinión pública nuestra idea de la política exterior europea y de la democracia. 
La pregunta no es vana, es una pregunta que me hago y que nos hacemos todos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señora Comisaria, diez años después, ¿qué perspectivas ha abierto el Proceso de Barcelona? 
Durante este periodo, Europa se ha empleado a fondo en su organización y ampliación. 
No siempre ha prestado a su flanco meridional la atención que merecía. 
Al mismo tiempo, el conflicto entre Israel y Palestina ha bloqueado la dinámica de evolución global, monopolizando toda la atención en esta región. 
Ahora urge volver a poner en marcha el proceso. 
Se han creado instrumentos: acuerdos de asociación, una política de vecindad y, sobre todo, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que constituye un gran avance democrático en este proceso. 
Está también la creación de la Fundación Anna Lindh, destinada a favorecer el diálogo entre las culturas y civilizaciones. 
Está también la idea muy avanzada de crear un banco euromediterráneo de desarrollo para promover el empleo, la salud y la educación en los países del Sur. 
Se están constituyendo otras organizaciones surgidas de la sociedad civil. 
Todos estos proyectos avanzan, pero para que sean efectivos hay dos cosas que son esenciales. 
La primera es hacer que sople el viento de la reforma política, y los pueblos del Sur están dispuestos a apoyarlo. 
La segunda es instaurar una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos. 
Las circunstancias actuales son favorables, pero muy frágiles. 
Es necesario que Europa se comprometa más. 
Todos estos proyectos convergen en más paz, más seguridad y más prosperidad compartida, pero con demasiada lentitud. 
Europa ha comprendido bien que no hay guerra de civilizaciones, pero que es necesaria una alianza de civilizaciones, y que, después de haber destruido un muro en el Este, Europa debe construir hoy un puente con el Sur. 
– Señor Presidente, si en el pasado Braudel, el importante historiador francés, resaltó en su trabajo la importancia política y económica del Mediterráneo para Europa, la evolución internacional y regional de los últimos años está convirtiendo el Mediterráneo en una zona de importancia estratégica para el futuro de la Unión Europea. 
Es cierto que la cooperación euromediterránea, tal como se definió en Barcelona en 1995, se ha visto enredada en el conflicto árabe-israelí y no se han conseguido los resultados esperados. 
Hoy, la Unión Europea, en el marco del «Cuarteto» , además de la aplicación de la «Hoja de Ruta» para Palestina, debería tomar la iniciativa de elaborar una «Hoja de Ruta» para la paz entre Israel y Siria. 
Ahora necesitamos un planteamiento global para la paz, la democracia, la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo. 
Siria, al igual que Israel, debería respetar las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Líbano y retirar sus tropas. 
Al mismo tiempo, debemos reevaluar el Proceso de Barcelona en el nuevo marco de la estrategia europea de vecindad que hemos diseñado, para evitar que se interfieran las políticas e iniciativas. 
Quiero terminar diciendo que la Comisión Europea y el Consejo tienen la responsabilidad de realizar un seguimiento de la iniciativa del ex Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, quien en 2002 creó la iniciativa para el diálogo entre los pueblos y las culturas de la región euromediterránea, y las correspondientes propuestas que en aquel momento realizó el Comité de Sabios. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, creo que es muy importante que hoy estemos celebrando este debate en el Parlamento Europeo. 
Sin duda se pueden decir muchas cosas sobre el pasado, el presente y el futuro de la política euromediterránea. 
Quiero comentar dos o tres puntos. 
El primero se refiere a la política euromediterránea y la situación en Oriente Próximo. 
La realidad es que soplan nuevos vientos en Oriente Próximo y esto es positivo; pero la historia nos enseña que siempre debemos encarar el proceso de paz con cauto optimismo y, en cualquier caso, con la voluntad de contribuir como Unión Europea no solo en el ámbito económico, sino también en el político. 
El segundo punto se refiere a los países vecinos de Israel y Palestina; la nueva situación en el Líbano, después del asesinato de Hariri, las relaciones con Siria, a las que hay que prestar atención, y, sin duda, el papel de Egipto, que siempre ha asumido una función estabilizadora. 
Creo que debemos estudiar con gran detenimiento nuestras relaciones con Siria en el futuro. 
También aquí tenemos numerosas propuestas y soluciones alternativas. 
Mi tercer comentario se refiere a Iraq. 
La realidad es que, en estos momentos, nos encontramos en la vía de la reconstrucción. 
Tenemos los resultados de las elecciones, que ofrecen un mapa completo de lo que ocurre en ese país, y, por supuesto, debemos plantear nuestras relaciones con Iraq paso a paso, y el primer elemento importante de nuestra ayuda es elaborar el perfil de la nueva constitución. 
En cuanto a las relaciones con Irán, y conocemos el debate en curso, yo soy de los que le dirían que tenga cuidado con la energía nuclear, porque estoy en contra de la energía nuclear, en contra de las armas nucleares, pero, a la vez, le diría que hay que abordar el asunto con medios diplomáticos, no con tropas y guerras. 
Las guerras no resuelven problemas, los exacerban. 
Finalmente, después de dar las gracias a la señora Comisaria por los esfuerzos que ha realizado a favor de la política euromediterránea, ¿podríamos estar todos de acuerdo en que la Unión Europea necesita estar presente en el Mediterráneo, sobre todo en Oriente Próximo, tanto en el ámbito político como en el económico? 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, el Proceso de Barcelona va a cumplir diez años y la paz en Oriente Próximo nunca ha parecido tan cercana. 
Ha llegado el momento de recordar objetivos que siguen estando de actualidad: creación de un espacio común de paz, estabilidad y seguridad; zona de prosperidad compartida; acercamiento de las naciones y las culturas. 
Como subrayaba en junio de 2004 el señor Solana, esta cooperación representa para Europa un reto estratégico, pero a condición de que se dote de recursos que estén a la altura de sus ambiciones. 
En primer lugar, el Proceso de Barcelona debe constituir el primer pilar de la política europea de vecindad, en la medida en que esta política se propone ir mucho más allá de la simple cooperación, llegando hasta cierto grado de integración política y económica. 
La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) va a constituir su marco democrático; hay que reforzarla más. 
La Presidencia europea de la APEM debe favorecer la consolidación de una cooperación equilibrada. 
Hablamos de codesarrollo apoyado en valores comunes: democracia, gobernanza, condición de la mujer, desarrollo sostenible y diálogo intercultural. 
Por último, estos objetivos requieren que Europa haga de su política mediterránea una prioridad presupuestaria. 
– Señor Presidente, hace tres años nos preguntábamos qué hacer con Iraq. 
Algunos países se unieron a la coalición, otros no. 
El precio que pagamos todos fue enorme. 
Apoyemos la democracia utilizando los métodos moderados que nos son propios a los europeos. 
Apoyemos la democracia en Palestina convenciendo a Hamás de que participe en unas elecciones libres. 
Logremos que se desarme con métodos blandos. 
No mediante un apoyo presupuestario no transparente. Debemos financiar proyectos ambiciosos y concretos que contrarresten directamente la propaganda demagógica de Hamás. 
Financiemos directamente a 200 médicos en Gaza y equipemos y mantengamos 100 escuelas primarias en la misma zona con nuestro pleno apoyo, actuando claramente bajo la bandera europea. 
Esa sería una forma «blanda» de desarmar a Hamás. 
Entre nuestros vecinos mediterráneos hay otro régimen autoritario de estilo soviético. 
No es necesario que mandemos tropas, ni tenemos que firmar un acuerdo de asociación con ese régimen. 
Atengámonos a lo establecido en la Resolución 1559. 
Exijamos la retirada inmediata de las tropas del Líbano. 
Debemos exigir elecciones libres y limpias en el Líbano que la calle árabe, Beirut, está exigiendo. 
Pero separemos también a Siria de Hezbolá, sus amigos terroristas, sin distinciones artificiales entre vínculos militares y sociales. 
Debemos incluir inmediatamente a Hezbolá en la lista europea de organizaciones terroristas. 
– Este año, 2005, es el Año del Mediterráneo. 
El año ha empezado con signos positivos, tanto en términos de proceso democrático como de conversaciones de paz. 
En Ammán, la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, Sociales y de Educación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea intentó reforzar esos signos y fijar unos objetivos a corto y medio plazo con el fin de proteger a los ciudadanos y al desarrollo. 
Pero la violencia volvió a aparecer, y la muerte de Hariri ha demostrado que es urgente que la UE consolide su papel como socio activo. 
En el Parlamento, como en Ammán, todos consideramos que la paz es un factor deseable y necesario de la prosperidad. 
En Oriente Próximo se invierten cada año 60 000 millones de euros en armas, y reducir este importe a la mitad liberaría unos fondos absolutamente esenciales para el desarrollo de toda la región. 
En consecuencia, en este Año del Mediterráneo, y en los próximos años, la UE debe desempeñar un papel concreto claramente definido. 
Hay que garantizar la integración económica y regional en unos mercados más mundializados, como la UE, y los 720 millones de habitantes de la región euromediterránea representan un mercado más importante que China, circunstancia que deberían tener en cuenta las empresas que desean hacer inversiones. 
La educación y la formación son elementos esenciales para la creación de mano de obra industrial. 
Por lo tanto, la Comisión debería apoyar medidas que abarquen a los países del Programa MEDA y abrir así nuevos horizontes. 
Para crear empleo, la UE debe contribuir a la creación de puestos de trabajo en la industria y apoyar y promover las instituciones de microcrédito. 
Las iniciativas conjuntas y para el desarrollo son absolutamente esenciales en sectores como el agua, la energía, el transporte, las infraestructuras y el turismo, para permitir el progreso social y la integración económica y regional. 
Esas propuestas son esenciales si queremos que esta historia interminable tenga un final feliz y esos pueblos puedan soñar de nuevo con un futuro próspero. Este Año del Mediterráneo constituye un ejemplo perfecto. 
Por lo tanto, esperamos que la UE pueda ser la fuerza motriz detrás de todo este proceso. 
Señor Presidente, la región mediterránea es prioritaria para la Unión Europea. 
Sus países son vecinos de muchos miembros de la Unión, tienen importantes vínculos de todo tipo: históricos, políticos, económicos, culturales, humanos; pensemos simplemente en el importante número de ciudadanos de estos países que residen en muchos de los nuestros. 
Es evidente que los países de la ribera sur no están todos en la misma situación, pero la gran mayoría tiene ante sí grandes desafíos, como son, por ejemplo, avanzar en la democratización, el pluralismo y en el respeto de los derechos humanos; modernización económica y social; reformas de su administración; mejoras en los servicios públicos, en especial en materia de educación para sus numerosos jóvenes —esos países tienen poblaciones numerosas y muy jóvenes—. 
Celebro que la Comisaria Ferrero-Waldner haya subrayado el aspecto de la educación. 
Otro reto es avanzar en la eficacia de la lucha contra el terrorismo, las mafias que trafican con la inmigración ilegal y la corrupción. 
La Unión Europea y los países miembros deben estimular a sus vecinos de la ribera sur a afrontar con éxito estos desafíos, a través del diálogo, la cooperación y, en suma, una auténtica colaboración en sus diversos planos. 
Los progresos en la liberalización política y económica y los avances en materia educativa, por ejemplo, permitirán mayor estabilidad en estos países. 
Además, facilitarán la derrota del extremismo y del fanatismo, pues estos prosperan normalmente en aquel terreno donde crece la pobreza y la ignorancia. 
Hemos de ser conscientes de que la prosperidad y la estabilidad de estos países son también las nuestras. 
Tenemos ante nosotros un futuro común. 
El Proceso de Barcelona, la política europea de vecindad, los planes de acción, son los instrumentos europeos básicos para conseguir estos objetivos. 
Celebro que próximamente se inaugure la Fundación Ana Lindt y que este Parlamento asuma, en breve, la presidencia de la Asamblea Europarlamentaria Mediterránea. 
Ahora, cuando se cumplen diez años de la puesta en marcha del Proceso de Barcelona, debemos seguir estimulando el Proceso para que los ciudadanos de los países de la ribera sur no crean que la Europa ampliada olvida sus problemas. 
Por ello, es necesario apoyar firmemente el Proceso de Barcelona y este año 2005, llamado el Año del Mediterráneo, es una gran ocasión para redinamizar el Proceso, precisamente ahora, cuando se abren perspectivas tan favorables de paz para el proceso de Oriente Medio, como han subrayado tantos oradores. 
Señor Presidente, cuando en otoño de 2003 el señor Mahmud Abbás no tuvo más remedio que dimitir como Primer Ministro porque Yasir Arafat no le dejaba margen de maniobra para trabajar por la paz, pocos podían imaginar que un año y medio más tarde tendríamos esa oportunidad histórica de conseguir una paz sostenible; y sin duda esa oportunidad es histórica. 
Si vemos cómo Mahmud Abbás adopta una postura pragmática y cuál es la primera reacción de Israel, pero también cómo el pueblo del Líbano reclama su derecho a la libertad y la autodeterminación haciendo historia, creo que es sumamente importante que Europa envíe el mensaje correcto. 
¿Cuál es ese mensaje? 
En primer lugar, junto con los Estados Unidos, debemos presionar para insuflar nueva vida a la «Hoja de Ruta» , pero también, como ha dicho el señor Brok hace un momento, apoyar a los palestinos en ese momento particular, de modo que el pueblo se dé cuenta, cuanto antes mejor, de que los pragmáticos y los moderados pueden ofrecer beneficios reales. 
En tercer lugar, también debemos enviar un mensaje claro, más claro que antes, a los malintencionados, y me refiero, en concreto, a Hezbolá, para quienes nuestra actitud en Europa es realmente extraña. 
En lo que se refiere a Hezbolá, nuestra postura sigue siendo hipócrita, porque en su caso decimos que la parte militar está equivocada, pero podemos negociar con ellos en el ámbito político. 
Ya no hay motivos para mantener esta división, porque es una división insostenible. 
Existe un líder, el señor Nasrallah, que es el líder político y militar y que dice que son una organización. 
También el segundo hombre de la organización, el jeque Naim Qassem, dice que son una organización, que, política y militarmente hablando, tienen el mismo objetivo: «La actividad política está integrada en operaciones de resistencia, es una parte inseparable de la actividad política.» 
Eso es lo que dijo el número dos de Hezbolá y, por si quedara alguna duda, quiero citar al representante de Hezbolá en el Parlamento libanés, con quien mantenemos relaciones, que dice: «Hezbolá es una organización en la que todos los combatientes son al mismo tiempo políticos y combatientes. 
La manera en que algunas personas de Occidente buscan traicionar a Hezbolá no nos engaña.» 
No podemos permitirnos seguir siendo ingenuos, sobre todo en los tiempos que corren. 
Debemos enviar el mensaje correcto a los palestinos, israelíes y libaneses que quieren libertad, adoptando una postura firme con los malvados como Hezbolá. 
Sé que durante la última Presidencia del Consejo, el Gobierno neerlandés intentó apartarse de esta doble actitud e incluir a Hezbolá como tal en la lista de organizaciones terroristas. 
Creo que los ciudadanos de Oriente Próximo merecen este mensaje de la UE en su conjunto. 
Me gustaría preguntar a la señora Comisaria, y también al representante del Consejo, si quieren trabajar en este sentido. 
¿Por qué seguimos adoptando una doble postura en nuestras relaciones con Hezbolá y cuándo decidiremos por fin combatir a esa organización a sangre y fuego, como hacemos con Hamás? 
– Señor Presidente, la relación con nuestros socios del Mediterráneo es una relación de interdependencia. 
El Proceso de Barcelona se basa en el principio del beneficio mutuo. 
Por una parte, los Estados miembros están interesados, sobre todo, en abordar cuestiones como la inmigración, el terrorismo y los derechos humanos. 
Por otra, los socios mediterráneos desean incrementar su calidad de vida y beneficiarse de la ayuda económica y del comercio. 
Por supuesto, la solución es estrechar las diferencias que separan a la Unión y a la región mediterránea. 
Si conseguimos reducir la gran diferencia de prosperidad que nos separa, conseguiremos frenar los flujos migratorios. 
Si solucionamos las diferencias existentes entre una y otra región en lo tocante a la democracia, conseguiremos consolidar la estabilidad regional. 
La teoría es más sencilla que la práctica. 
El Proceso de Barcelona ha intentado hacer todo eso, con resultados moderados. 
Nos ha faltado algo en tres ámbitos: visibilidad: convencer a los ciudadanos de que en todas estas cuestiones estamos juntos; establecer prioridades: quien mucho abarca, poco aprieta; y aplicación: aportando financiación. 
Estoy seguro de que si los Estados miembros ven resultados tangibles, estarán más dispuestos a comprometer fondos. 
Nuestros socios mediterráneos están pidiendo más dinero para alcanzar estos resultados. 
Es necesaria cierta imaginación para solucionar este problema de la gallina y el huevo. 
Señor Presidente, Señorías, muchos oradores han dicho esta mañana que este año, 2005, puede ser un año de política de vecindad. 
Pocas veces ha habido unas perspectivas tan buenas. 
Es el décimo aniversario del Proceso de Barcelona, existe una evolución pacífica entre Israel y Palestina en Oriente Próximo –cosa que parecía imposible hace tan solo unos meses– y el Presidente Yushchenko está hoy aquí con nosotros, procedente de un país vecino del este donde la democracia y los derechos humanos se están afianzando cada vez más. 
Por este motivo es importante que en este Parlamento Europeo realicemos una aportación positiva a este proceso de política de vecindad. 
También en cada uno de los países vemos que el ambiente está cambiando. 
Hace tan solo unos días, delegados de Marruecos me dijeron que cuando iniciaron un diálogo sobre derechos humanos con el Consejo, en el marco del Consejo de Asociación UE-Marruecos, todos los demás vecinos les dijeron: «¿Se han vuelto locos? 
¿Cómo pueden hablar de derechos humanos con la UE? 
Todo saldrá mal cuando la UE empiece a interferirse.» 
Sin embargo, el efecto es positivo. 
Se está dialogando y esto significa que tienen una oportunidad de hablar de los derechos humanos de los marroquíes también en la Unión Europea. 
En otras palabras, es un diálogo productivo, y sin duda tendrá un efecto positivo también en todos los demás vecinos. 
Creo que estamos en la vía correcta y ahora debemos ser más ambiciosos. 
Siempre hemos dicho que si se resuelve la corrupción de la Autoridad Palestina, si se pone fin al terrorismo, nosotros, los europeos, debemos ayudar incluso con más dinero si es necesario. 
Esto significa que debemos estar dispuestos a apoyar este proceso por iniciativa propia. 
Sin duda el señor Brok ha expresado la opinión de la mayoría de esta Cámara, señora Comisaria. 
En otras palabras, si toma medidas ahora, tendrá nuestro apoyo. 
Se ha demostrado que la predicción de que después de la muerte de Arafat estallaría el caos era falsa. 
Lo que ha estallado es la paz; ahora se aplican medidas contra la corrupción y nosotros, los europeos, deberíamos apoyar este proceso. 
Permítanme un comentario final sobre Siria, que el señor Eurlings ya ha mencionado. 
Los comentarios del señor Solana son inaceptables en esta forma. 
También debemos exigir más a Siria. 
Todos nuestros vecinos árabes están ansiosos por apoyar el proceso de paz, y ahora Siria debe ser juzgada por si combate a Hamás y Hezbolá en el Líbano y en Siria. 
Si no lo hace, no podrá ser un buen socio para la política de la UE. 
Esto debe quedar claro y, en este sentido, la Comisaria ha sido bastante más directa en sus comentarios que el señor Solana en las últimas semanas. 
. Señor Presidente, creo que este debate ha demostrado en primer lugar que el Parlamento es un interlocutor importante, incluso esencial, para el relanzamiento del Proceso de Barcelona. 
Se han hecho algunas sugerencias e intentaré abordar algunos de los puntos que se han planteado. 
En primer lugar, me gustaría decir que el proyecto democrático, el proyecto de democracia para el Mediterráneo, es una idea europea. 
Con el Proceso de Barcelona, abogamos en efecto por esta idea de defensa de la democracia en la región. 
Y, en este contexto, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea constituye un paso importante, pues todos sabemos que la democracia es también un aprendizaje. 
El aprendizaje del parlamentarismo, de la democracia parlamentaria, se realiza en primer lugar en este contexto de intercambio. 
Todos sabemos que no todos los diputados son propuestos ni elegidos del mismo modo. 
Tienen ustedes una importante misión, que me atrevería a calificar de educación democrática, pero también de educación para la paz, para el diálogo, puesto que en esa Asamblea Parlamentaria se reúnen quienes hoy son enemigos o quizás lo fueron ayer. 
Creo que esta forma de diálogo es un aspecto extremadamente importante. 
Por lo demás, en su reunión de El Cairo, la Presidencia tendrá el honor de asistir a sus deliberaciones. 
Otro punto que se ha mencionado extensamente y que preocupa al Consejo es la situación en el Líbano. 
La situación interna del Líbano se ha vuelto extremadamente frágil tras el asesinato del ex Primer Ministro Hariri. 
He observado que se han formulado algunos comentarios, por no decir exigencias. 
Puedo decirles que, por lo que respecta al Líbano, existe, en primer lugar, un entendimiento que calificaría de perfecto entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y este elemento se desprende claramente de las conversaciones de ayer. 
La Resolución 1.559 de las Naciones Unidas, apoyada inicialmente por un país europeo y los Estados Unidos, ha adquirido una dimensión totalmente nueva en el contexto de la crisis en que puede sumergirse el país tras el asesinato de Hariri. 
Nuestra actitud con respecto a Siria no adolece de debilidad. 
Creo que hemos intentado colaborar con los sirios. 
Hemos esperado, y seguimos esperando, que Siria se suba al tren de la reforma, de la democratización. 
Pero también sabemos y debemos reconocer que las fuerzas favorables a esta evolución siguen siendo probablemente muy minoritarias y están muy debilitadas. 
Por ello, quizás debamos pasar a otra forma de diálogo con este país, y al menos dejar en el aire la cuestión de si el acuerdo se firmará en la fecha prevista. 
Me gustaría decir también unas palabras sobre Hezbolá. 
Creo que no hay ninguna ambigüedad, y todos sabemos que Hezbolá es un grupo que actúa en el terreno político, puesto que algunos de sus miembros son diputados al Parlamento libanés, y que se consagra además a otras actividades. 
Pero el mero hecho de inscribirlo en la lista no va a resolver el problema. 
Por tanto, creo que hay que seguir muy atentamente la cuestión de Hezbolá. 
Hay que observar la actitud de Hezbolá con respecto a la situación actual del Líbano. 
Debo decir que las amenazas expresadas por dirigentes de Hezbolá en relación con la estabilidad del país, la estabilidad del Líbano, no inspiran confianza y probablemente nos lleven a tomar otras medidas al respecto. 
Me gustaría decir simplemente que, por lo que respecta a Siria, hubo al menos un aspecto positivo que nos colmó de esperanza cuando, tras prolongadas negociaciones y dilatadas conversaciones, Siria aceptó la cláusula de no proliferación. 
Fue una luz de esperanza de poder conducir a este país hacia una actitud más responsable, una actitud conforme a los principios defendidos por la Unión Europea y la comunidad internacional. 
Por lo que se refiere al proceso de paz, creo que todos estamos de acuerdo en que constituye un elemento esencial para dar un nuevo impulso al Proceso de Barcelona y al diálogo con la región mediterránea. 
Estoy de acuerdo con el señor Morillon cuando dice que Europa debe hacer planes para preparar el período siguiente a la conclusión de la paz. 
Puedo asegurarle que los órganos encargados de los aspectos relativos a las fuerzas de mantenimiento de la paz no descuidarán esta preparación ni esta planificación. 
Terminaré con un punto en el que tengo especial interés, es decir, el tema de la inmigración, puesto que me encargo también de gestionarlo durante la Presidencia. 
La Unión Europea no tiene ninguna intención de construir un nuevo muro entre una y otra orilla del Mediterráneo. 
Se ha hablado de los miles de personas que intentan atravesar el Mediterráneo y mueren en el intento. 
No son víctimas de un muro entre Europa y la otra orilla del Mediterráneo. 
Son, en primer lugar, víctimas de la pobreza, de la miseria y de la opresión. 
Pero también son víctimas de los pasadores, de bandas criminales que utilizan y explotan económicamente su desesperación. 
Por tanto, creo que, junto con nuestros interlocutores del otro lado del Mediterráneo, debemos trabajar y luchar contra esas prácticas y actividades criminales. 
Estos elementos están contenidos también en el programa de La Haya, que precisamente introduce la problemática de la inmigración en el enfoque de la nueva política de vecindad. 
Creo, por tanto, que el enfoque de la inmigración, en particular con nuestros vecinos mediterráneos, debe inscribirse en el marco de un enfoque mucho más global. 
Esta semana mantendremos un primer debate en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre el Libro Verde propuesto por la Comisión, que ha sido presentado por el Comisario Frattini en este Parlamento. 
Se trata de un Libro Verde sobre la inmigración legal. 
Creo que debemos adoptar un enfoque cooperativo e intentar encontrar soluciones para una inmigración ordenada, controlada, pero una inmigración legal, que permita también, una vez que esas personas lleguen a Europa, integrarlas y hacerlas participar plenamente en la vida de nuestra sociedad. 
. 
Señor Presidente, quisiera decirles que existe una gran ambición por mejorar nuestra colaboración con los países del Mediterráneo, tanto en relación con la plataforma que tenemos en el ámbito euromediterráneo desde hace diez años y con los planes de acción, como, naturalmente, con respecto al proceso de paz en el Mediterráneo. 
Es cierto que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se consolide este pequeño primer paso del proceso de paz, que debe consolidarse en ambos bandos. 
Mahmud Abbás debe desmantelar las estructuras terroristas y destruir las armas ilegales y los túneles. 
La otra parte también debe hacer un esfuerzo. 
He transmitido a ambos líderes ese claro mensaje. 
También los israelíes deben hacer todo lo posible. 
En primer lugar, deben liberar prisioneros, dando a los palestinos confianza para que no vuelvan a usar las armas. 
Los israelíes deben volver también a la mesa de negociación. 
Deben garantizar la libertad de circulación de mercancías y de los palestinos. 
Hasta que la economía no empiece a recuperarse, no habrá ninguna posibilidad de paz real en Oriente Próximo. 
Como han mencionado el señor Brok y el señor Laschet, ahora tenemos que hacer todo lo posible por apoyar el proceso de paz, incluso políticamente, en el seno del «Cuarteto». 
Estoy muy orgullosa de ser un nuevo miembro de este, cuya próxima reunión tendrá lugar en Londres. 
En esa reunión podemos continuar apoyando este proceso, paso a paso. 
Ayer hablamos de él con Condoleezza Rice y el Presidente Bush, que han nombrado un coordinador de seguridad para la zona con el fin de contribuir a solucionar futuros incidentes. 
Es una medida importante para que el proceso continúe. 
La retirada de Gaza va a ser muy complicada. 
Ahora va a ser una retirada coordinada, como ya ha dicho Sharon. 
Ese ha sido uno de los problemas más antiguos. 
Ahora es una promesa. 
Debemos hacer esfuerzos financieros y dar a los palestinos todo. 
También deseo rendir tributo a mi predecesor, porque apoyó a la Autoridad Palestina en circunstancias muy complicadas. 
Sobre todo, quería destacar eso. 
Yo deseo hacer lo mismo, pero, por supuesto, con transparencia. 
Además de lo que ya estamos haciendo, podemos poner en marcha proyectos de inicio rápido en cuanto comience la retirada de Gaza. 
También pondremos en marcha proyectos de inversión, por ejemplo en el caso del puerto de mar, un proyecto que ya he anunciado. 
Como pueden ver, no nos estamos tomando este proceso a la ligera. 
Muy al contrario, nos lo tomamos muy en serio. 
Mi colega del Consejo ya ha comentado ampliamente la situación del Líbano. 
Para nosotros, es muy importante demostrar al Líbano que ahora es preciso consolidar mediante la celebración de elecciones los primeros pasos hacia un proceso democrático. 
En estos momentos estamos estudiando distintas opciones, incluida la observación de las elecciones y el apoyo a las mismas, pero todavía no han concluido las negociaciones con los libaneses a ese respecto. 
Ayer hablamos del «Gran Oriente Próximo» con Condoleezza Rice. 
Esta es una excelente oportunidad para utilizar el impulso que hay en estos momentos para avanzar con el proceso de paz, nuestra política de vecindad, el Proceso de Barcelona y el nuevo compromiso estadounidense de luchar por los mismos objetivos. 
Todo esto debe hacerse en paralelo. 
Queremos aprovechar lo que ya hemos hecho. 
Hemos dado una enorme suma de dinero al amparo del Programa MEDA. 
A finales de 2004 se habían comprometido 1 002 millones de euros en el Mediterráneo y Oriente Próximo, incluidos 160 millones de euros para Iraq. 
En el caso de Iraq, los pagos ascendían a 1 125 millones de euros. 
En 2004 comprometimos unos 700 millones de euros y pagamos 800 millones de euros, así que la proporción entre pagos y compromisos es del 115%. 
La mejora de los resultados va de la mano de la mejora de la calidad de los programas. 
Les pido que nos apoyen en lo relativo a las perspectivas financieras y al instrumento de la Política Europea de Vecindad. 
Ese es el instrumento que realmente nos ayudará a actuar. 
El año pasado donamos 320 millones de euros a Iraq, sobre todo para cubrir necesidades sanitarias, educativas y básicas. 
Acabo de mencionar otros 200 millones de euros que queremos dar para apoyar a la población y el proceso constitucional. 
Estamos dispuestos a designar expertos que puedan trabajar junto con las Naciones Unidas. 
Deseamos contribuir a la misión integrada de formación de la policía, así como en la formación relacionada con la justicia y el Estado de Derecho, con el fin de fomentar la construcción de instituciones. 
También estamos trabajando en la creación de los Ministerios de Comercio y Energía. 
Estoy dispuesta a formar una troika con mis colegas del Consejo y el señor Solana y a desplazarme a la región para apoyar a los iraquíes tan pronto como exista un nuevo gobierno. 
Ayer se anunció una nueva conferencia internacional de coordinación con la participación de los estadounidenses. 
Esa es una excelente idea para crear un Iraq estable y próspero en el futuro. 
Al término de este debate he recibido seis propuestas de resolución de seis Grupos políticos, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los derechos humanos (Ginebra, 14 de marzo a 22 de abril de 2005). 
. Señor Presidente, en la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, la Unión Europea desempeñó un papel activo. 
Como en años anteriores, fue la que lanzó el mayor número de iniciativas: tres iniciativas sobre temas concretos y diez iniciativas sobre la situación de los derechos humanos en distintos países. 
La 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos va a tener lugar en un contexto diferente en varios aspectos. 
En la Unión Europea, el reciente nombramiento de un representante personal del Secretario General y Alto Representante para los Derechos Humanos resalta la importancia que la Unión concede al refuerzo de su política en materia de derechos humanos. 
En el contexto de las Naciones Unidas, la publicación del informe del Grupo de alto nivel titulado «Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad compartida» lanzó un vasto debate sobre la reforma de las Naciones Unidas y, en particular, de la Comisión de Derechos Humanos. 
Si bien las opiniones expresadas sobre las recomendaciones relativas a la Comisión de Derechos Humanos divergen, todos están de acuerdo en destacar la necesidad de intensificar su acción y, de un modo general, reforzar la dimensión de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. 
En este nuevo contexto, el dinamismo suscitado por el debate sobre la Comisión de Derechos Humanos, sumado a las esperanzas despertadas por los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, nos permiten considerar que la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos puede suponer una contribución significativa al progreso de los derechos humanos. 
La Unión Europea considera, en efecto, que la Comisión de Derechos Humanos es el principal foro de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo y tiene la intención de seguir desempeñando un papel activo y cooperar con otros grupos regionales. 
Por importante que sea, la acción de la UE en el marco de la Comisión de Derechos Humanos no es el único medio de que dispone para promover los derechos humanos. 
Las orientaciones comunes sobre los derechos humanos, la cooperación con otras organizaciones, como el Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como los diálogos sobre derechos humanos con China e Irán, son otros tantos instrumentos para la promoción de los derechos humanos. 
Por lo que respecta a las iniciativas que presentará la Unión Europea en el marco de la Comisión de Derechos Humanos este año, los debates todavía están en curso. 
Se han tomado ya algunas decisiones. 
La UE presentará resoluciones temáticas sobre la intolerancia religiosa, la pena de muerte y los derechos del niño. 
Frente a las manifestaciones de intolerancia hacia los creyentes de cualquier religión, la UE quiere afirmar su determinación de combatir todas las intolerancias. 
En cuanto a la pena de muerte, la UE considera que su abolición contribuye a la mejora de la dignidad humana y a la abolición universal de dicha pena. 
Considera que la Comisión de Derechos Humanos es un marco adecuado para promover este objetivo. 
En cuanto a la promoción y la protección de los derechos del niño, representa una vertiente importante de la política de derechos humanos de la Unión Europea. 
La Unión Europea ha decidido presentar resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, la República Popular Democrática de Corea y los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. 
Los debates sobre las demás iniciativas que presentará la Unión continuarán en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, que tendrán lugar antes de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
En su reunión del mes de marzo, el Consejo definirá formalmente las prioridades de la Unión para la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
Aparte de sus propias iniciativas, la Unión quiere cooperar con los terceros países que lancen iniciativas para promover los derechos humanos, en particular en el marco de la lucha contra el terrorismo o en el contexto de las empresas multinacionales. 
Como en el pasado, se ocupará de alentar el espíritu de diálogo indispensable para la búsqueda de soluciones comunes a los problemas comunes. 
La Unión Europea espera contar con el apoyo del Parlamento, cuya resolución es mucho más ambiciosa que nuestro programa para la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
La Unión comparte las preocupaciones expresadas por el Parlamento, y puedo asegurarles que los problemas que plantean se tienen en cuenta en nuestros debates y en nuestras decisiones. 
No obstante, como he indicado antes, disponemos de otras herramientas además de la acción en la Comisión de Derechos Humanos, y nos esforzamos por buscar, para cada situación, la herramienta más adecuada y más eficaz. 
. 
Señor Presidente, Señorías, agradezco la aportación del Parlamento al proceso de deliberaciones de la UE previo a la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra. 
Es importante que la UE prepare bien su estrategia y la resolución del Parlamento y el debate servirán para estimular estos esfuerzos. 
Todos somos conscientes de que la UE se enfrenta a varios obstáculos, como la creciente hostilidad de muchos miembros de la CDHNU hacia el propio concepto de resoluciones sobre países, un hecho que se puso muy de relieve con el rechazo de los proyectos de resolución de la UE sobre Chechenia y Zimbabue en la CDHNU del año pasado. 
En mi opinión, dichas resoluciones son un aspecto vital del trabajo de la CDHNU, ya que sirven para llamar la atención sobre las vulneraciones de los derechos humanos y para nombrar a ponentes especiales encargados de investigar e informar sobre dichas vulneraciones. 
Es de esperar que como mínimo los 53 Estados que son miembros de la CDHNU se consideren en condiciones de emitir invitaciones permanentes a los ponentes cuyos mandatos ellos mismos han ayudado a establecer: en realidad, en 2005 solamente lo han hecho 19 Estados elegidos miembros de la CDHNU, ocho de los cuales son los miembros actuales de la UE. 
E incluso en los Estados que han emitido una invitación permanente, a menudo los ponentes se enfrentan con obstáculos e inconvenientes en el desempeño de sus mandatos. 
Es un problema que merece mayor atención en el marco del diálogo político de la Unión Europea con terceros países y en nuestras relaciones con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y otras organizaciones. 
La Unión Europea está reflexionando sobre las iniciativas temáticas y sobre países que presentará en la 61ª CDHNU y la Comisión Europea tiene un papel decisivo en este proceso. 
Quiero resaltar que la UE es responsable de la mayor parte de las resoluciones sobre países, y no sería realista esperar que ampliara esta lista indefinidamente. 
Debemos concentrar nuestras energías en recuperar el apoyo para nuestras iniciativas entre los países afines y la mayoría de los miembros de la CDHNU en un esfuerzo por evitar nuevas derrotas. 
También estamos pensando qué podemos hacer más allá de las iniciativas sobre países. 
El problema clave en este terreno es el compromiso temático. 
Pienso, por ejemplo, en una campaña contra la pena de muerte o la intolerancia religiosa, o el tema de los derechos del niño. 
Sin embargo, quiero resaltar que, por sí misma, la posibilidad de derrota no constituye un motivo preponderante para que nos abstengamos de presentar una resolución: como atestiguan constantemente defensores de los derechos humanos, el propio acto de presentar un proyecto de resolución envía un mensaje claro al Gobierno y a los ciudadanos del país en cuestión. 
También es importante animar a otros a asumir la responsabilidad de presentar resoluciones sobre temas clave y es un buen ejemplo el liderazgo asumido por Suiza el año pasado en relación con la resolución sobre Nepal. 
La resolución del Parlamento también incide en que el hecho de que la UE se comprometa en el diálogo sobre derechos humanos no debe excluir el apoyo a una resolución de la CDHNU sobre un país concreto: el patrocinio conjunto por parte de todos los 25 Estados miembros de la UE de la resolución de Canadá sobre Irán en el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado demuestra que este principio no se descuida en la práctica. 
Dado que la UE busca el apoyo de terceros países para nuestras iniciativas, también deberíamos mantener una postura firme en el contexto más amplio de nuestras relaciones con muchos de los Estados miembros de la CDHNU. 
Observo, por ejemplo, que la cláusula de derechos humanos que contiene el Acuerdo de Cotonú no se refiere exclusivamente a las políticas nacionales sobre derechos humanos que siguen terceros países, sino que se amplía también a los derechos humanos en el contexto de sus políticas internacionales. 
También debemos enviar un mensaje claro respecto a nuestro compromiso continuado para apoyar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su oficina como parte crucial de la maquinaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 
La financiación es una parte de este plan y me complace comunicar que este año están en ciernes toda una gama de proyectos con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 
Quiero terminar subrayando la intención de la Comisión de ofrecer toda la ayuda necesaria a la Presidencia de Luxemburgo durante lo que será sin duda un año difícil para la UE en la CDHNU. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos son siembre un gran acontecimiento para la promoción de los derechos humanos a escala internacional y universal. Es una causa fundamental para nosotros, pero debemos tener en cuenta la consternación de los ciudadanos ante la presencia en la Comisión de Derechos Humanos de países que tienen fama de ser los principales infractores de dichos derechos y cuyos líderes son los principales dictadores del mundo, como Cuba, Arabia Saudí, Sudán, Zimbabue y China, junto con otros que tienen graves problemas en materia de derechos humanos, como la Federación de Rusia, y todos sabemos que eso no ocurre exclusivamente en Chechenia. 
A la luz de nuestra tradición europea en la promoción de los derechos humanos, debemos establecer una estrategia muy clara si queremos trabajar en este contexto. 
En nuestra opinión, esta estrategia debe basarse en tres líneas claras, y la primera es la lucha contra las dictaduras. 
La cultura de los derechos humanos se basa en la lucha contra el autoritarismo, el totalitarismo y las dictaduras, y no debemos cejar en esta lucha. 
Por desgracia, más de la mitad de la población del mundo aún no tiene la oportunidad de disponer de un Parlamento como este, y no goza de libertad de organización social o política, y esta sigue siendo una prioridad importante, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre dos nuevas amenazas para los derechos humanos en estos tiempos modernos. 
Una es el terrorismo, el terrorismo mundial, que nos complace ver que se está abordando desde esta perspectiva en la resolución del Parlamento. 
A menudo el terrorismo solo se aborda desde el otro lado. 
La lucha contra el terrorismo no debe vulnerar los derechos humanos –estamos de acuerdo–, pero también debemos tener en cuenta que el terrorismo, por definición y dado que es una amenaza muy presente, es una de las principales causas de temor, una de las principales causas de inseguridad y, por sí mismo, un ataque muy violento contra los derechos humanos. 
Finalmente, existe una nueva realidad que constituye una amenaza para los derechos humanos, y es el crimen internacional. 
El lado oscuro de la mundialización –la explotación de niños, la mano de obra infantil, la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la trata de seres humanos– también debe considerarse una nueva amenaza para los derechos humanos. 
Creo que nuestra atención debe centrarse en esos ejes. 
Apoyaremos la resolución adoptada en la Comisión, siempre que se aprueben algunas enmiendas que han dividido el voto democrático. 
Nos reservamos el derecho a una votación final. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, los derechos humanos son un ámbito de especial interés para el Parlamento Europeo. 
La intensidad de los debates y las enmiendas presentadas al informe que votamos esta semana demuestran que los grupos políticos trabajamos para lograr un gran consenso a fin de que la Unión Europea desempeñe un papel destacado en el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Para los socialistas, la política de derechos humanos de la Unión Europea es el gran activo de la actuación exterior de la Unión. 
Desde el multilateralismo, nuestro Grupo entiende que la promoción, el impulso y el estímulo de los derechos humanos es lo que caracteriza la acción exterior de la Unión. 
Europa tiene el deber de erradicar el sufrimiento en el mundo. 
De cara a la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quiero pedir el compromiso firme de la Comisión y del Consejo, aquí presentes, para que asocien plenamente en los trabajos y en las negociaciones que se lleven a cabo en Ginebra a la delegación del Parlamento Europeo. 
El Parlamento tiene legitimidad y se merece credibilidad para que nuestra presencia en Ginebra no sea meramente simbólica. 
Me gustaría que se establecieran los métodos de coordinación a través de los cuales se pueda desarrollar esta colaboración de forma satisfactoria. 
Del mismo modo, pido también el compromiso del Consejo y de la Comisión para que se tengan en cuenta seriamente y de manera precisa las recomendaciones que se realizan en este informe. 
En concreto, me parece destacable el interés del Parlamento por que la Unión Europea realice su tarea en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra con equilibrio, coherencia y rigor, tratando de superar la lógica de la. 
En el informe del Parlamento se superan las recomendaciones exclusivamente dirigidas a los países del Tercer Mundo para centrarse en los propios derechos humanos. 
De esta manera, nuestro informe aboga por denunciar los abusos y violaciones allá donde se producen, ya sea en Uzbekistán o en Guantánamo. 
Para concluir, quiero pedir el apoyo de la Cámara para la introducción en este informe de los derechos de salud reproductiva —y me dirijo más directamente al ala conservadora de esta Cámara. 
Los derechos de salud reproductiva son fundamentales en la lucha contra el sida y también para garantizar otros derechos humanos. 
Abogamos por luchar contra todo tipo de discriminación no solo religiosa, sino también por razones de género y de orientación sexual. 
. – Señor Presidente, la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra es una oportunidad extremadamente importante para que los países del mundo se reúnan y hablen de derechos humanos. 
Muchos Estados y muchas personas de todo el mundo, inclusive disidentes y los oprimidos, siguen este ejercicio con muchísimo interés. 
Este fenómeno reviste gran importancia para el Parlamento Europeo, por lo que acogemos con gran satisfacción esa cooperación entre la Comisión, el Consejo y nosotros. 
Por supuesto, hay que revisar los aspectos formales de la reunión. 
Y quizás podría hacerse conjuntamente con la revisión general de las Naciones Unidas en septiembre. 
Por ejemplo, es totalmente absurdo que un Estado rebelde como Libia haya presidido la sesión sobre derechos humanos. 
Esto no confiere ninguna credibilidad a nuestro trabajo. 
También hay que estructurar mejor las reuniones, exactamente como ha dicho mi colega el señor Ribeiro e Castro. 
A pesar de las buenas intenciones de Ginebra, hay mucho tira y afloja, y los Estados rebeldes realmente grandes, como Irán y China, suelen salir indemnes, porque es más fácil tomar acuerdos sobre Corea del Norte, por ejemplo, que también es un Estado rebelde, por supuesto. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa lo considera lamentable y le gustaría ver también resoluciones sobre esos otros países –Irán y China–, porque son los principales infractores cuando hablamos de vulneración de derechos humanos. 
También estamos preocupados por la situación en Darfur y lamentamos que no se denuncian ante la Corte Penal Internacional los abusos y los genocidios que allí se perpetran. 
Hay un gran número de temas y países que se podrían debatir, y el excelente informe de la señora Flautre, que cuenta con nuestro apoyo, establece las prioridades del Parlamento. 
Quisiera resaltar solamente los casos de Chechenia, Zimbabue y Colombia en nombre del Grupo ALDE. 
También es muy importante que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huamnos, su personal y los diversos organismos reciban recursos suficientes para que puedan trabajar en este tema. 
Los tres temas que la UE va a defender son muy buenos, y tienen nuestro apoyo. 
También nos habría gustado ver uno sobre la libertad de expresión en relación con los periodistas. 
El año pasado fueron asesinados más periodistas que nunca mientras hacían su trabajo, y en todo el mundo hay muchos periodistas encarcelados. 
El coraje de estas personas es esencial para que conozcamos los abusos de los derechos humanos, y es por lo tanto una condición necesaria para la sesión de Ginebra. 
Por este motivo, nuestra obligación es no olvidar la labor que realizan. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, han recordado ustedes con razón las numerosas iniciativas presentadas por la Unión Europea en la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Estoy de acuerdo, pero debo recordar también las declaraciones de Chirine Ebadi a raíz de esta 60ª sesión. 
Haciendo referencia al silencio sobre Irán, sobre la situación de los derechos humanos en Irán, dijo: «el silencio es un insulto a las víctimas». 
Me he quedado con esta frase, y creo que hay que recordar también que, en aquella 60ª sesión, cierto número de países, entre ellos China, Zimbabue y Cuba, adoptaron iniciativas muy enérgicas para vaciar de contenido la Comisión de Derechos Humanos. 
La Unión Europea debe mantenerse especialmente vigilante ante este tipo de estrategias totalmente nefastas que practican algunos países. 
Sé bien, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que tenemos a nuestra disposición varios instrumentos, y pienso en China. 
Pero ¿por qué serían excluyentes unos de otros? 
Para esos países, la credibilidad de la Unión Europea, su eficacia, es demostrar que no tiene dos varas de medir: dispone de varios instrumentos, cierto, pero no se excluyen unos a otros. 
Creo que la resolución del Parlamento contribuirá a reforzar la cohesión y la coherencia de la actividad de la Unión Europea; en todo caso, es lo que desean todos los diputados que han hablado en esta Cámara. 
Hemos hecho hincapié en una serie de derechos que se consideran nuevos, derechos de tercera generación. 
Para la Unión Europea, sería muy honroso y ventajoso poner el acento en esos derechos, que están asociados a la globalización. 
Pienso en los derechos humanos, en los derechos de la persona y en la responsabilidad de las empresas multinacionales. 
Están en curso trabajos sobre estas cuestiones en el seno de mecanismos de las Naciones Unidas; la Unión Europea podría alentarlos y apoyarlos. 
Hemos debatido también extensamente para encontrar las palabras justas con respecto a la lucha contra el terrorismo, que sigue siendo un tema de angustia en muchos aspectos, como ha recordado el señor Ribeiro. 
Nos gustaría que la ONU hiciera recomendaciones a los Estados en materia de lucha contra el terrorismo, porque observamos graves deficiencias en este terreno. 
Terminaré muy rápidamente con la cuestión de los periodistas en zonas de guerra. 
Hablamos de ello a propósito de una situación dramática que nos conmueve a todos. 
A mi modo de ver, los mecanismos internacionales destinados a proteger a los periodistas no son suficientemente coherentes y eficaces, y también debemos reflexionar sobre esta cuestión. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi satisfacción con este informe amplio y preciso. 
No obstante, me parece percibir una especie de reverencia y respeto distante –que he percibido también en las intervenciones de la Comisión y del Consejo– cuando se nombran determinados entes poderosos, cuando son ellos los responsables de no hacer respetar los derechos humanos. 
En especial, cuando nos referimos a Iraq, hay que condenar, con la misma energía, los abusos y los actos violentos vengan de donde vengan, ya se trate de los terroristas o de las fuerzas de ocupación angloamericanas. 
Si fuese verdad que las condiciones de las prisiones son el reflejo del grado de civilización alcanzado por una sociedad, entonces sería bien dramática la posición de Occidente ante situaciones como las de Abu Ghraib y Guantánamo. 
En este caso, no basta con pedir a los Estados Unidos que aclare la situación. 
No hay nada que aclarar, pero sí hay un deber político y moral de expresar una dura condena. 
Del mismo modo, creo que en Afganistán también hay que condenar las violaciones de los derechos humanos cuando sea cometidas por las fuerzas internacionales. 
Hay que pedir, además, a los Estados Unidos que ratifiquen el Estatuto de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional. 
La ley debe ser igual para todos y nadie debe gozar de una especie de inmunidad internacional. 
Votamos recientemente a favor del comienzo de las negociaciones con Turquía, y al hacerlo, contrajimos una deuda: seguir supervisando, día tras día, la evolución de la situación –no solo en el ámbito legislativo, sino también en el de la política cotidiana– en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, en particular de la población kurda, al reconocimiento político y el compromiso para la solución de este conflicto, pero también al reconocimiento de la República Chipriota y la retirada de las tropas de la parte septentrional de la isla. 
Estas cuestiones deben aparecer explícitamente en el informe. 
Los derechos humanos han de interpretarse también en un sentido más amplio: no podemos condenar solo los actos violentos y la pena de muerte aplicados a las personas, olvidando por completo decisiones políticas que condenan a muerte a millones de personas. 
Me refiero a esas políticas económicas y financieras liberales que obligan, por ejemplo, a ochocientos millones de personas a vivir con menos de un dólar al día e impiden el acceso a las terapias contra el sida a decenas de millones de personas. 
En la Amazonia, donde hoy día discurre el 20 % del agua dulce de todo el planeta, decenas de miles de personas en Manaus no tienen acceso al agua potable porque el servicio ha sido privatizado. 
He aquí un ejemplo de cómo nuestro modelo de desarrollo pisotea el derecho humano más importante, que es el derecho a la vida. 
. – Señor Presidente, Señorías, en lo que respecta a los derechos humanos, quiero aprovechar la ocasión para citar a un. 
No se trata de una persona física, sino del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que por desgracia es olvidado, ignorado, pisoteado y violado muy a menudo. 
Demasiadas veces, al hablar de derechos humanos, nos referimos únicamente a los derechos de las personas, cuya libertad, integridad y salud deben ser respetadas como es debido. 
Sin embargo, igual de importantes son los derechos de los pueblos, y uno de los más importantes es el derecho de autodeterminación. 
Por este motivo, al no haber encontrado ni rastro de él en el informe, he presentado una enmienda para colmar esta laguna y espero una acogida favorable de la misma por parte de los diputados de todos los partidos políticos. 
Un informe excelente, que refleja el estado crítico de los derechos humanos en el mundo actual. 
El informe incluye también documentos que garantizan los derechos de los ciudadanos. 
Me sorprende que las prioridades no incluyan la posición vilipendiada de las mujeres que no se garanticen sus derechos. 
Sin embargo, nuestro problema es que a veces vemos los fallos de otras partes del mundo en el respeto de los derechos humanos y no vemos los de nuestro propio entorno. 
Tranquilizamos nuestra conciencia pensando que tenemos instrumentos judiciales mediante los cuales los ciudadanos pueden defender sus derechos. 
Tendemos a olvidar que la doña Justicia a veces es perezosa y tarda mucho en tomar sus decisiones. 
Los derechos humanos básicos incluyen los derechos políticos. 
Nos falta ética política si no reconocemos esos derechos a nuestros rivales políticos. 
Señor Presidente, hablo de la posición vilipendiada de los diputados no inscritos a este Parlamento. 
Podemos trabajar, gracias, pero no se nos incluye en su sistema Hontov. 
Parece que este es exclusivo de la elite, ¿o quizás no es más que uno de esos documentos que siguen el principio de todo para el ganador? 
Señor Presidente, me sentí muy ofendida cuando vi que el Presidente del Parlamento Europeo no iba a estar en las negociaciones con el Presidente Bush. 
Me complació que la situación se corrijiera, porque no era solo una cuestión de posición personal del señor Borrell, era una cuestión de posición del Presidente del Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, les pido que no consideren que mi intervención se refiere a una persona en concreto, sino a nuestros votantes, que tienen derecho a ser respetados. 
– Señor Presidente, un alto nivel de protección de los derechos humanos es una de las razones de ser de la Unión Europea, tanto interna como internacionalmente, en su política exterior y en su política de desarrollo. 
Sin embargo, soy un poco escéptico cuando veo referencias a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre cuyos miembros actuales se incluye Arabia Saudí, que decapita públicamente a personas por delitos relacionados con las drogas y el alcohol; Cuba, que el año pasado ejecutó a tres personas por huir del país en un transbordador secuestrado y que encarcela a sus disidentes políticos; y Zimbabue, una dictadura en la que no existe libertad de prensa y en la que se realizan detenciones arbitrarias y se tortura. 
Irónicamente, los tres países se mencionan en la resolución. 
Esto se refleja en la política de pasividad adoptada con respecto a Zimbabue y China, donde se ejecuta ampliamente la pena de muerte, incluso por delitos como la corrupción, el proxenetismo, tráfico de drogas y evasión de impuestos, y se imponen restricciones a la libertad de expresión, incluso en Internet, y a la libertad religiosa, sin que nadie les exija que rindan cuentas por ello. 
China tiene también la mala costumbre de apoyar a regímenes brutales como los de Sudán, Birmania y Corea del Norte, sin importarle las atrocidades que cometen, con la excusa de la no injerencia en sus asuntos internos. 
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es el único vehículo internacional que tenemos para promover los derechos humanos en todo el mundo, así que debemos conservarla. 
Acojo con satisfacción la mayor parte de esta resolución, sobre todo la defensa de la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo y la necesidad de seguir dialogando sobre derechos humanos con países como Irán, cuyo historial al respecto es terrible, como demuestra la reciente ejecución de una chica de 16 años por una falta de tipo sexual. 
Tampoco me parece bien que se incluya a la India, que es una democracia y un Estado de Derecho, en la misma lista que China y Zimbabue. 
El Estado indio practica actualmente la discriminación positiva a favor de las castas más bajas. 
Es preciso también reconocer de alguna forma el reciente reconocimiento de Uzbekistán y del Presidente Karimov de que se han producido excesos en su país en la lucha contra los terroristas islámicos y su compromiso de permitir ahora la libertad de prensa, establecer órganos judiciales independientes y abolir la pena de muerte. 
Estoy convencido de que debemos fomentar que los países y los líderes que no son totalmente intolerables avancen en la dirección correcta, y que debemos recompensarles por ello. 
Señorías, quisiera llamar su atención sobre la violación de los derechos humanos en Belarús, uno de los países que comparte fronteras con la Unión Europea. 
Según un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en 2004, publicado en Internet por el movimiento cívico bielorruso independiente Carta-97, durante el año pasado en Belarús fueron detenidas o encarceladas por motivos políticos unas 1 500 personas. 
Se cerraron aproximadamente 20 periódicos y tres políticos de la oposición fueron sentenciados a varios años de prisión. 
El régimen político del Presidente Lukashenko controla los medios de comunicación y viola los derechos humanos fundamentales, los derechos civiles y las libertades políticas. 
Al pueblo bielorruso se le niega el derecho a recibir información independiente, así como el derecho a que los partidos políticos gestionen sus asuntos libremente, y el derecho a la libertad de reunión. 
En febrero de este año, Belarús también ha sido escenario de protestas relacionadas con cuestiones económicas. 
Todo indica que la situación en este país devendrá más crítica a resultas de las elecciones presidenciales que deben tener lugar a más tardar en septiembre de 2006. 
Lukashenko se presentará a las elecciones por tercera vez. 
Hay que recordar que el referendo celebrado el año pasado, que no cumplió los principios democráticos, le permitió ostentar este cargo de por vida. 
Por otro lado, la población civil de Belarús está despertando, sobre todo bajo la influencia del gran avance democrático de Ucrania. 
Señorías, digo esto como un representante de Europa Central y como antiguo líder de Solidaridad, el sindicato que inició una revolución pacífica en Polonia hace 25 años, guiado por la idea de los derechos humanos. 
El Parlamento Europeo no debe resignarse a la creación de un nuevo telón en las fronteras de la Unión Europea, que esta vez separaría una Europa democrática en la que los ciudadanos pueden desarrollarse libremente, de una Europa autoritaria en la que los regímenes políticos infringen los derechos humanos fundamentales. 
Debemos recordar que en Belarús la bandera de la Unión Europea se ha convertido en símbolo de libertad y esperanza para un mundo mejor. 
Debemos tener en cuenta a aquellos jóvenes que el día de San Valentín distribuyeron cintas de color azul claro con estrellas doradas en las calles de las ciudades de Belarús. 
El corazón de Europa ahora late en Minsk, y allí es donde se decide el destino democrático del continente Europeo. 
– Señor Presidente, afortunadamente existen otros órganos que se ocupan de este problema además de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Esto me lleva a hacer dos observaciones. 
La primera es que podría ser interesante, en el marco del diálogo interinstitucional entre la Presidencia, la Comisión y el Parlamento Europeo, preguntarnos por la utilidad real de esta Comisión, por las presidencias a veces sorprendentes de que se dota y por la práctica absolución que concede a sus miembros. 
Puede ser que la presencia de la Unión dé lugar, no al chantaje, sino a una reconsideración de la utilidad real de esta Comisión. 
Pienso que podríamos utilizar nuestro puesto en esta Comisión para intentar que avance hacia soluciones más justas. 
Mi segunda observación se refiere a la eficacia. 
He tomado buena nota, señor Presidente, de que nos propone restringir los temas y los países considerados, lo cual me parece muy razonable. 
De hecho, la resolución presentada por la señora Flautre es muy exhaustiva, por lo que podrían buscarse temas en ella. 
He tomado buena nota de los derechos del niño, la intolerancia religiosa y la pena de muerte. 
Permítame que añada dos temas que podríamos incluir: la libertad de expresión, porque es un fermento esencial para el desarrollo de los derechos humanos, y la esclavitud en todas sus formas. 
Por lo que se refiere a los países –Corea, Birmania y Palestina–, me parece esencial añadir la República Democrática del Congo, que da lugar al equivalente a un tsunami cada trimestre con 3,6 millones de muertos desde 1992 en medio de la indiferencia general, y, por último, Darfur, que empieza a ser verdaderamente el «asunto olvidado» en este contexto. 
Podríamos concentrar nuestros esfuerzos en estos cinco temas y estos cinco países. 
Señor Presidente, la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas supone una oportunidad para afrontar algunos de los retos pendientes. 
La Unión Europea debe promover resoluciones específicas sobre algunos temas como, por ejemplo, la situación en Colombia, la responsabilidad de las empresas en la esfera de los derechos humanos, el derecho de la autodeterminación de pueblos olvidados, como el tibetano o el saharaui, o la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en línea con la iniciativa brasileña. 
Asimismo, la Unión Europea debe promover la reforma de dicha Comisión, para que se exija, como requisito previo para ser miembro, que los gobiernos hayan ratificado los principales tratados en materia de derechos humanos, cumplido con sus obligaciones de información, aplicado las recomendaciones adoptadas por los órganos de vigilancia de dichos tratados y expedido invitaciones abiertas a expertos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Éstos son temas que, en el futuro, habrá que afrontar muy seriamente e invito, en definitiva, a la Unión Europea a que los tome en serio. 
Señor Presidente, Señorías, entre el 14 de marzo y el 22 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrará su 61ª reunión anual en Ginebra. 
No podemos más que esperar que la Comisión se guíe solo por criterios estrictamente éticos y objetivos y no se deje influenciar más por consideraciones más afines a la cínica que a la defensa de los derechos humanos. 
Por desgracia, así ha ocurrido a menudo, y todo el mundo tiene claro que las Naciones Unidas en general y la CDHNU en concreto han aplicado un doble rasero. 
Así ocurrió en la Guerra Fría y me temo que hasta cierto punto siga ocurriendo hoy en la CDHNU. 
El año pasado, por ejemplo, durante su 60ª sesión, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó las resoluciones sobre Zimbabue, que la Unión Europea había contribuido a presentar, así como la resolución sobre China. 
En relación con estos países, las Naciones Unidas llegaron incluso a adoptar lo que se denomina una «moción de no acción». 
¿Podría ser que en algunos casos –y pienso sobre todo en China– la preocupación por los derechos humanos entre los burócratas de las Naciones Unidas disminuye proporcionalmente al aumento del interés económico de los países en cuestión? 
Apenas nos atrevemos a imaginarlo, pero sin duda en el caso de China sorprende la insistencia de quienes, una y otra vez, aplican un doble criterio moral. 
China encabeza la lista mundial en número de sentencias de muerte y ejecuciones, pero no parece que ello impida a los diversos Estados miembros de la UE dejar de lado los grandes principios éticos y no hablar de los derechos humanos cuando los líderes chinos vienen a visitar Europa. 
Por supuesto, todavía no se han cerrado importantes tratos –pienso en Airbus– y, por supuesto, se considera más oportuno no decir nada sobre ese molesto Dalai Lama o aquellos desagradables taiwaneses. 
Esa doble moral también se aplica a Turquía, como señalaron oradores de diversos Grupos de esta Cámara en varias ocasiones durante los meses en que se habló de este tema. 
Había que iniciar las negociaciones para la adhesión de Turquía, por las buenas o por las malas, y a pesar de los informes persistentes sobre incontables casos de tortura, sobre la limitación de la libertad de opinión y de reunión, sobre la política de Estado de negar el genocidio armenio, sobre la ocupación permanente del norte de Chipre, todo ello no casaba con la verdad de que Turquía cumple los criterios de Copenhague. 
Son solo dos ejemplos para ilustrar que en este mundo, la todavía es más importante que los principales principios democráticos y éticos sobre los que se habla mucho pero no se hace nada. 
Ni las Naciones Unidas ni nuestra propia Unión Europea son discípulos creíbles o filósofos morales a este respecto. 
– Señor Presidente, si la Unión Europea quiere realmente conseguir algo en el ámbito de los derechos humanos, tiene que empezar a ponerse seria. 
Para millones de personas, la clave para tener un futuro mejor, para el desarrollo económico y para la imprescindible mejora de los derechos humanos es la gobernanza y, sin embargo, la Unión Europea se resiste a enfrentarse a regímenes que cometen graves abusos contra sus propios pueblos. 
En África, un continente al que, aparentemente, la Unión Europea concede una especial importancia, Zimbabue va a ser una prueba de fuego para la seriedad de nuestra resolución. 
Durante años, los habitantes de Zimbabue han sufrido bajo el depravado, intolerante y corrupto régimen de Mugabe. 
Este Parlamento ha solicitado siempre, a través de muchas resoluciones, medidas severas contra Mugabe y los que le mantienen en el poder. 
Lamento decir que la reacción del Consejo ha sido muy poco decidida. 
Al menos, la semana pasada el Consejo renovó sus sanciones con un objetivo preciso, pero esas sanciones no se están aplicando con decisión; no están haciendo daño a los amigos de Mugabe. 
Dado que dentro de tan solo cinco semanas se van a celebrar elecciones en Zimbabue, limitarse a renovar las sanciones comunitarias no envía un claro mensaje al régimen de que debe cambiar para mejor o atenerse a las consecuencias. 
Me pareció decepcionante que la Unión no aprovechara la oportunidad para amenazar con nuevas medidas con objetivos concretos en el caso de que la violencia, la opresión y la intimidación ensombrecieran las elecciones de Zimbabue. 
La situación en Zimbabue es atroz. 
El MDC, en la oposición, no tiene acceso a los medios de comunicación controlados por el Estado, tiene problemas para celebrar reuniones y hay más de 400 casos pendientes contra candidatos del MDC. 
El censo electoral no está actualizado, la oposición no tiene ni idea de dónde se situarán los colegios electorales y, para conseguir comida, la gente se ve obligada a asistir a los mítines de Mugabe. 
No se ha invitado a ninguna misión seria de observadores internacionales y se está deteniendo a los pocos periodistas internacionales que quedan. 
En la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, la Unión Europea debe patrocinar una resolución específica sobre Zimbabue y, en cualquier caso, utilizar todos los medios a su alcance durante las próximas semanas, que son cruciales, para conseguir que en ese país, sumido en la ignorancia, se celebren unas elecciones libres y limpias. 
Señor Presidente, un debate sobre el compromiso de Europa en pro del respeto de los derechos humanos en todo el mundo sería incompleto si no se dijera que una de cada cinco personas, principalmente mujeres, todavía no tienen acceso a alimentos, agua, atención médica o educación básica. 
Yo considero que eso es una vulneración de los derechos humanos a escala mundial. 
Los Objetivos del Milenio son los objetivos concretos a cuya consecución se han comprometido los Jefes de Gobierno de todo el mundo en el marco de las Naciones Unidas, en un intento de mejorar esta situación. 
Cinco años después de este ambicioso plan, debemos llegar a la conclusión de que todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar dichos objetivos. 
Para 2015, todos los niños, y sobre todo las niñas, deberían ir a la escuela. 
En la práctica, esto parece que es un cartucho vacío. 
Se está negando a muchas personas el derecho al desarrollo. 
Finalmente, ahora corresponde a la UE cumplir esos Objetivos del Milenio pasando del dicho al hecho. 
La mayoría de los Estados miembros están muy lejos del 7 % para la cooperación al desarrollo. 
La Unión Europea todavía está muy lejos de cumplir su promesa de invertir un 20 % de su presupuesto de desarrollo en formación básica y atención médica básica. 
Cuando tengamos que fijar las perspectivas financieras para el período 2007-2013 –que abarcan miles de millones–, deberíamos tratar estas cuestiones como verdaderos problemas de derechos humanos. 
Si se cumplen dichos objetivos, 500 nuevas personas podrán escapar de la pobreza extrema, más de trescientos millones de personas podrán vivir sin hambre, treinta millones de niños se habrán salvado de una muerte prematura, dos millones de madres menos morirán durante el parto, cien millones de niñas y mujeres jóvenes más podrán ir a la escuela. 
Eso es el respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, alguien calificó una vez la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra de circo anual de los derechos humanos. 
Al fin y al cabo, en los últimos años ha ocurrido varias veces que el espectáculo lo han dirigido países que todo el mundo sabe que vulneran estos derechos. 
Forjando alianzas estratégicas, se echan una mano unos a otros e incluso consiguen darse palmaditas en la espalda. 
Ya es hora de que se revise a fondo toda la estructura de la CDHNU y sus procedimientos de votación. 
De lo contrario, corre el riesgo de sucumbir ante su propia falta de credibilidad. 
La Unión Europea también asume una gran responsabilidad en este terreno. 
Debe velar por una mayor coherencia de su política de derechos humanos. 
La UE debería desempeñar por fin un papel pionero para que la 61ª sesión no acabe como una ceremonia innecesaria, sino como una consulta digna de crédito y eficaz con unos resultados justos y, sobre todo, concretos. 
Señor Presidente, cuando nos preparamos para la reunión de Ginebra, hay que decir que este ha sido un año difícil para los derechos humanos en todo el mundo. 
Además, al mismo tiempo que centramos nuestra atención en diversos detalles, deberíamos señalar a los dos países que más vulneran los derechos humanos, China y Rusia. 
Este Parlamento no debe permanecer callado ante la cuestión de Chechenia, por ejemplo. 
En cuanto a China, quisiera mencionar un pequeño detalle: dos palabras que causan un inmenso sufrimiento. 
Esas dos palabras de acusación pueden destruir vidas inocentes de ciudadanos amantes de la paz. 
Utilizando de pretexto el concepto de «culto satánico» , las autoridades chinas detienen y encarcelan a numerosas personas. Su único crimen es pertenecer a una comunidad religiosa. 
Esas personas no provocan desórdenes públicos y no son una amenaza para nadie. 
Simplemente reivindican sus derechos humanos fundamentales: en este caso, el derecho a reunirse y profesar una religión. 
El «culto satánico» como concepto es demasiado vago para ser considerado en modo alguno motivo razonable de detención o encarcelamiento. 
Como se dice a menudo, nuestra política respecto a China y Rusia está muy vinculada a factores relacionados con la política comercial y energética. 
A veces no puedo evitar preguntarme qué nos deparará el futuro en este sentido. 
¿Qué comportará esta creciente dependencia y necesidad de energía, que ya es una norma en la UE, para la política de derechos humanos en Europa? 
En estos momentos dependemos en un 50 % de la energía importada de fuera de la UE y, según los cálculos de la Comisión, en el año 2030 esta cifra habrá aumentado a un 70 %. 
Ya se ha dicho aquí que en algunos casos se han expresado preocupaciones por parte del Parlamento y, sobre todo, los Estados miembros frente a la pasividad de los Estados miembros de la Unión y los intereses comerciales que operan entre bastidores. 
Si esta es la situación ahora, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a llegar cuando nuestra dependencia aumente y compitamos más y más con China y la India por los recursos energéticos de Rusia? 
A menos que seamos conscientes de ello e identifiquemos el riesgo inherente de esta situación, el resultado puede ser un debilitamiento inadvertido de nuestra política de derechos humanos. Podría llegar a cerrar bocas que deberían estar abiertas. 
Necesitamos una estrategia preventiva que tenga en cuenta nuestros puntos débiles e inclinaciones en nuestra aspiración a una existencia diplomáticamente confortable. 
Se suspende el debate. 
El debate se reanudará a las 15.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
– Señor Presidente, simplemente quisiera decir que ocupo un puesto en el banco de presidentes de comisión que no me corresponde, pues ya no soy presidente de comisión, mientras que el señor Cavada, que es presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, está sentado en las filas de atrás. 
Desearía que los funcionarios pusieran las cosas en su sitio, de modo que yo pudiera ocupar un lugar más acorde con mi humilde situación y que el señor Cavada pudiera acceder a una posición adecuada a la dignidad de su cargo. 
Los servicios competentes tomarán nota desde luego de su observación. 
No obstante, mientras tanto, al igual que su colega, puede ocupar su escaño actual, y esto no influirá ni siquiera en la utilización de las tarjetas de voto. 
Por supuesto, nos ocuparemos del asunto. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión declara que con el fin de garantizar que las empresas de la Unión Europea no estén en desventaja competitiva con respecto a las empresas de fuera de la Unión, implicará a los representantes empresariales y a las federaciones sectoriales en el proceso legislativo que dará lugar a la aprobación de disposiciones que permitan la modificación del Código Aduanero Comunitario. 
Esto incluirá a aquellas para las que puedan garantizarse disposiciones derivadas de acuerdos internacionales, mediante la publicación de documentos relevantes y proyectos de normas para reuniones del Comité del Código Aduanero en el sitio web Europa, de forma que los empresarios y las federaciones sectoriales puedan hacer llegar sus opiniones a la Comisión y al comité antes de que se tome una decisión. 
En segundo lugar, la Comisión celebrará consultas periódicas sobre aspectos concretos con un grupo de contacto de las empresas que ya se ha creado y que está compuesto por federaciones sectoriales europeas representativas. 
En tercer lugar, expertos sectoriales representativos participarán en procedimientos del comité de conformidad con el artículo 9 de las normas de procedimiento de los comités. 
. – Señor Presidente, dos minutos son demasiados para resumir el fundamento del trabajo que hemos realizado. 
El mérito de la propuesta es conocido de todos y es encomiable que hayamos conseguido llegar a un honroso compromiso entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, que permite al Parlamento votar –espero que por la mayoría más amplia posible– a favor de este informe. 
La señal es clara: Europa se compromete a considerar la formación profesional como una de las bazas para vencer la batalla de la competencia internacional, y en este sentido lanza un mensaje a las empresas y a los países de la Unión. 
Este mensaje tiene un valor propio que, de ser validado por unanimidad por el Parlamento, adquirirá aún más importancia. 
Señor Presidente Yushchenko, señoras y señores diputados, en nombre de todo el Parlamento Europeo le doy mi más calurosa bienvenida y le felicito sinceramente por su elección como Presidente de Ucrania. 
Nos hubiera gustado recibirle aquí el día 27 de enero, pero todos recordarán que ese día la nieve impidió el transporte en gran parte de Europa y a usted llegar hasta Estrasburgo. 
Permítame también, señor Presidente, en nombre de todos los aquí presentes, que le felicite porque, precisamente, hoy es su cumpleaños. 
Cumplir años nos ocurre a todos de cuando en cuando; lo que no nos ocurre a todos es ser protagonista de los acontecimientos históricos que su país ha vivido. 
Quiero también saludar a la numerosa delegación de Ucrania que se encuentra en la tribuna oficial. 
Señor Presidente, las elecciones en su país han confirmado la afirmación democrática de la sociedad de Ucrania, han demostrado la madurez de su pueblo y su voluntad de enfrentarse a un futuro de paz y progreso. 
Todos guardamos, y guardaremos durante mucho tiempo, las imágenes de la movilización ciudadana de finales del año pasado, y hoy estamos impresionados por las ambiciosas reformas democráticas y económicas que quiere usted llevar a cabo. 
Es una tarea que sabemos que no será fácil, pero puede usted estar seguro de que en ella encontrará el apoyo de la Unión Europea. 
Quiero recordarle que el 13 de enero pasado, nuestro Parlamento aprobó una resolución en la que se pedía- y cito textualmente- al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que examinaran, además de las medidas del Plan de acción, recientemente aprobado, otras formas de asociación con Ucrania, estableciendo una clara perspectiva europea para el futuro de su país y respondiendo a las probadas aspiraciones de la gran mayoría de su pueblo, con la posibilidad de que Ucrania acabe en su día adhiriéndose a la Unión Europea. 
Eso es lo que decía el Parlamento Europeo. 
No hago sino repetir, señor Presidente, lo que este Parlamento ha aprobado como punto y final de un proceso en el que hemos participado intensamente, porque creemos que los doce días de la Revolución naranja han servido no solo para demostrar la fuerza de las aspiraciones democráticas de su país, sino también para demostrar la capacidad de acción política de la Unión Europea en su entorno inmediato. 
Son dos razones para sentirnos muy satisfechos. 
De lo que ustedes han hecho y de la participación que nosotros, como sujeto político, hemos tenido en ello. 
Es una razón más para darle la bienvenida, desearle una feliz, aunque breve, estancia en Estrasburgo. 
Tiene usted la palabra, señor Presidente. 
(1) Señor Presidente, Señorías, damas y caballeros, es para mí un gran honor y un gran placer poder dirigirme a esta Cámara. 
El Parlamento Europeo es un símbolo de democracia en la Unión Europea y la democracia es el valor que hoy nos une a todos. 
La democracia es la piedra angular sobre la que se asienta nuestra prosperidad, como ocurre en todos los países que han elegido la vía de la democracia y la libertad, y para todo nuestro continente, que ha podido crear una unión de países libres. 
Por lo tanto, me siento muy orgulloso de poder dirigirme al Parlamento Europeo. 
También me siento muy orgulloso de representar a un país que ha creado un nuevo símbolo dentro del continente europeo. 
El Muro de Berlín fue derribado y nuestra Revolución Naranja también se ha convertido en un nuevo símbolo de esta Europa democrática. 
Todo esto significa que el totalitarismo ya no será posible en nuestro continente. 
Nuestro pueblo ha tenido la oportunidad de elegir la vía de la libertad y la verdad, y ha demostrado que puede luchar y hacer todo lo posible por vivir en una Europa unida y libre. 
Ahora las fronteras de Europa se extienden desde Lisboa hasta más allá de Kiev. 
Hemos elegido la civilización europea. 
No se trata de una simple cuestión de geografía, se trata de nuestros valores espirituales, y también de los valores morales que compartimos. 
Es la segunda vez que en mi país elegimos a un Presidente democráticamente, y esta vez ha ocurrido de forma transparente y democrática. 
Ha ganado la democracia, aunque a los ciudadanos de mi país y a mí mismo nos ha costado un gran esfuerzo. 
La victoria ha sido posible gracias a la aparición de una verdadera sociedad civil en Ucrania. 
Periodistas, políticos, empresarios, jueces, funcionarios públicos, todos se movilizaron gracias a la creación de lo que es casi una nueva nación, es decir, Ucrania. 
Ustedes, el Parlamento Europeo, deberían considerarse padrinos y madrinas de la recién nacida Ucrania democrática. 
Durante los días inolvidables de la Revolución Naranja, su apoyo constituyó un gran aliento, un gran símbolo para nosotros, y nos ayudó a luchar contra el temor que sentimos durante el mes de diciembre, que fue un mes muy difícil de superar. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, escuchamos, comprendimos, que era posible que naciera una nueva sociedad democrática en Ucrania. 
Se estaba escribiendo una nueva página de la historia de Europa. 
Al auténtico modo ucranio quisiera darles las gracias por su ayuda y por su lucha a favor de nuestra libertad. 
Gracias a todos ustedes. 
Queridos amigos, estamos aquí, juntos. 
A Ucrania todavía le queda mucho por hacer para convertirse en miembro de pleno derecho de la familia europea, pero ya hemos conseguido nuestro objetivo principal. 
Tenemos una historia compartida. 
Tenemos unas aspiraciones comunes. 
Todo esto nos unifica, y esta sensación de unidad es mucho más importante que las declaraciones que las personas podamos hacer. 
Mi país se ha embarcado en una vía de nuevas reformas. 
Este proceso me recuerda al proceso de la elaboración del pan: se necesitan buenos ingredientes, hay que trabajar mucho. 
Cuando la masa está lista, depende de la forma que se le dé para que se convierta en un buen pan. 
Para nosotros, Ucrania, nuestro objetivo es que este pan reciba la forma de los nuevos patrones y valores adoptados de acuerdo con los patrones y valores europeos. 
La integración europea es la única vía que Ucrania puede seguir. 
En los últimos días ya hemos avanzado hacia la integración en la Unión Europea. 
Hemos elegido nuestra vía estratégica y política en esa dirección. 
Además de palabras, necesitamos ver hechos. 
Hasta ahora, la democracia, el Estado de Derecho e incluso los medios de comunicación han tenido muchas dificultades en Ucrania. 
Y eso obligó a la gente a salir a las calles y a las plazas para pedir mejores condiciones, para que haya reformas internas y para que podamos avanzar hacia la Unión Europea. 
Ucrania y la Unión Europea no deberían dejar pasar esta oportunidad única. 
Agradecemos su compromiso para aprovechar esa oportunidad histórica. 
En su Resolución del 13 de enero de este año, el Parlamento Europeo demostró tener una gran visión de futuro al recomendar al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyaran a Ucrania en sus aspiraciones europeas. 
Creo que la ampliación del plan de acción de Ucrania es un gesto extremadamente positivo. 
En Ucrania haremos todo lo que esté en nuestras manos por poner en práctica las disposiciones del plan de acción por nuestra parte. 
Quiero resaltar una vez más que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. 
Es una de las tareas más importantes que mi Gobierno tiene ante sí. 
Ucrania hará todo lo posible de modo que ahora podemos llevar a cabo un análisis conjunto, que nos permita demostrar todo lo que hemos progresado. 
Espero que en el año 2007, al final del plan de acción, podamos iniciar las negociaciones para la adhesión, y que de esa forma podamos poner en marcha el proceso de negociaciones para la adhesión. 
Parece que la política de vecindad ya se ha visto desbordada por los acontecimientos. 
El alcance y la dimensión de nuestras relaciones debería basarse en el hecho de que Ucrania ya es parte integral de una Europa unida. 
De nuevo, quiero resaltar que creemos que nuestra cooperación con la Unión Europea se sitúa en el marco del plan de acción, pero va más allá de la política de vecindad, y proponemos que, a partir de ahora, actuemos teniendo siempre en el punto de mira la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Conocemos la postura de nuestros socios que proponen perspectivas diferentes. 
Creemos que es importante que nuestras aspiraciones reciban apoyo. 
Mi objetivo final y el de mi país y de mi Gobierno es que Ucrania se adhiera a la Unión Europea. 
El resultado final de la conclusión del plan de acción, que estamos totalmente dispuestos a poner en práctica en menos tiempo del previsto originalmente, podría permitir la creación de un acuerdo de asociación. 
Ucrania puede presentar una petición oficial basándose en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, y podemos hacer todo lo posible por cumplir los criterios de Copenhague. 
Quiero resaltar una vez más que entendemos que la mayor parte del trabajo necesario para la adhesión a la Unión Europea caerá sobre nuestras espaldas. 
Somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo, y si no podemos realizar reformas rápidas, la Unión Europea no podrá ayudarnos. 
Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. 
Mi Gobierno ya ha redactado un plan de acción para los próximos cinco años, con el objetivo último de nuestra adhesión a la Unión Europea. 
El Viceprimer Ministro, responsable de la cooperación europea, ya está elaborando todos los detalles de dicho plan de acción. 
Haremos todo lo que esté en nuestras manos por garantizar una economía transparente, una economía que funcione, para rebajar los impuestos, luchar contra la corrupción y garantizar la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación. 
Durante mi presidencia no se hablará de violación de los derechos humanos en Ucrania. 
Nuestra ambición de integrarnos a Europa nos exige progresar en las reformas que acabo de mencionar. 
Son objetivos importantes para nosotros, y es evidente que van a exigir mucho trabajo para adaptar nuestra sociedad. 
Tendremos que adaptar nuestras estructuras administrativas a la normativa europea para asegurar que los ciudadanos asuman sus responsabilidades. 
Queremos que los ciudadanos de Ucrania vuelvan a confiar en la administración y que entiendan nuestras políticas. 
Introduciremos reformas sociales, reformas de la educación y la formación, así como de la protección social. 
Una de las grandes prioridades es la reforma del poder judicial. 
Lucharemos contra el tráfico de drogas y la inmigración ilegal y haremos todo lo posible por que el sistema judicial funcione correctamente, basándose en los patrones europeos y defendiendo los derechos humanos y la dignidad de las personas. 
Estoy convencido de que podemos evitar que se tolere cualquier discriminación en nuestra sociedad y en nuestra lucha contra los azotes que tan familiares nos resultan a todos en Europa. 
Ucrania seguirá luchando por el derecho de sus ciudadanos a convertirse en verdaderos ciudadanos europeos y para que sientan que pertenecen a la familia europea. 
Haremos todo lo que podamos por poner estas cosas en práctica de forma meticulosa en todos los niveles, en la economía, en la vida social y en todos los ámbitos de la sociedad. 
Debemos asegurar que todo esto se haga con una visión europea y con un espíritu europeo. 
Mi labor y la de mi Gobierno se basan ampliamente en una filosofía europea. 
Puedo demostrarles que mi Gobierno pasará de las palabras a los hechos, y el apoyo práctico de la Unión Europea a esos esfuerzos solo será eficaz si realmente es así. 
Ahora ya, en realidad, nadie puede negar nuestra opción definitiva por Europa. 
Es la única vía que se abre ante nosotros para llevarnos más cerca de la Unión Europea. 
Ha llegado el momento de dar el paso decisivo también en relación con Ucrania. 
La Alianza Atlántica ayudará aún más a la creación de una sociedad civil, de un Estado de Derecho, y al respeto de los derechos humanos en mi país durante mi presidencia. 
Estamos más interesados que nadie en desarrollar nuestras relaciones también con la Federación Rusa, nuestro gran vecino. 
No consideramos que nuestro paso hacia Europa deba ser un problema para Rusia, porque será útil para que la Federación de Rusia se acerque más a Europa. 
Nadie puede decir que el paso de Ucrania hacia Europa podría impedirnos mantener una cooperación más estrecha con nuestros vecinos rusos. 
No crean a quienes dicen que el paso de Ucrania hacia las estructuras europeas va en contra de los intereses de Rusia. 
Estoy convencido de que no es así, y, de hecho, es todo lo contrario. 
Si Ucrania fuera miembro de la Unión Europea y de la OTAN, no significaría que fuéramos a utilizar esta pertenencia en contra de los intereses de Rusia y del pueblo ruso. 
Una Ucrania estable, tan estable como Rusia, es algo que debe considerarse una garantía de nuestros valores comunes y compartidos. 
En lo que se refiere a nuestra cooperación con la Federación de Rusia, habrá una nueva política regional para desarrollar esta cuestión. 
En lo que se refiere a acciones concretas, ya hemos empezado a llevar a cabo tales prácticas con la Unión Europea de cara a una liquidación pacífica del conflicto de la región de Transdniéster. 
Creemos que de esta forma podremos ayudar a que los valores europeos arraiguen mejor en nuestra región. 
La cooperación transfronteriza, las redes de energía y similares serán una forma de concretar nuestra cooperación, desde Bakú hasta las fronteras occidentales de la Unión Europea. 
Así podremos incorporar los patrones europeos a nuestra región. Ciertamente, esa es una de nuestras prioridades. 
Creemos que es la única forma de ver las cosas que permitirá a mi país satisfacer correctamente esas aspiraciones. 
Tenemos que defender nuestros valores comunes con nuestro esfuerzo cotidiano. 
Juntos tenemos que construir las paredes de la casa en la que viven nuestros pueblos. 
Y si una casa no se asienta sobre unos cimientos sólidos, se derrumba. 
Como dice la Biblia: una casa dividida contra sí misma no se sostiene. 
Es la fuerza de Europa la que debemos encontrar en esta unidad. 
Ustedes mismos han sido testigos del resurgir de este nuevo color en el mapa europeo, el color naranja. 
Ya saben que Ucrania también puede formar parte del futuro de Europa. 
Ha llegado el momento de que pongamos manos a la obra; ha llegado el momento de tomar medidas concretas. 
No será fácil para nosotros, pero sé que, si seguimos juntos por esta vía, en esta dirección, podremos llegar a nuestro destino final. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Presidente, por sus palabras, que no han hecho sino afirmar que la historia ha querido que la construcción de una Ucrania independiente se asociará a la construcción de una Europa política fuerte. 
Hemos estado juntos en un momento crucial y usted nos ha expresado claramente su voluntad de que sigamos juntos en el futuro. 
Puede tener la seguridad de que el Parlamento Europeo apoyará la determinación que usted ha demostrado para construir una Ucrania basada en la libertad política, el progreso económico y la cohesión social, que son las tres características distintivas de la sociedad europea. 
– Señor Presidente, en varias ocasiones se han mantenido largas conversaciones tanto con la Presidencia holandesa como con la luxemburguesa, e incluso un diálogo informal a tres bandas para llegar a un acuerdo informal según el procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado. 
De modo que me sorprende que el Grupo ALDE, que ha participado en esto, haya pedido una votación por partes. 
Si no votamos según el compromiso de votación conjunta estaremos deshaciendo todo lo que se había acordado para llegar al compromiso, la base del acuerdo. 
Por ese motivo insto a sus Señorías a que acepten el compromiso de votación conjunta y apoyen las primeras dos partes en su totalidad. 
. – Señor Presidente, quiero plantear un tema puramente técnico sobre la enmienda 13. 
Todas las versiones en otras lenguas deben realizarse de tal forma que se adapten al original español, de modo que, por ejemplo, en inglés diga: «investigate and develop technical control and inspection solutions». 
– Señor Presidente, reclamaré su atención durante unos segundos, porque el texto de esta enmienda oral no es el que figura en sus listas de votación. 
Al final del apartado 9, después de «pide la retirada de sus tropas del país, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas» , propongo añadir «condición esta que se valorará como un elemento esencial a la hora de firmar el Acuerdo de Asociación». 
Señor Presidente, recogiendo las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios en el debate que ha tenido lugar esta mañana, y en contacto con todos ellos, me gustaría proponer que aprobáramos un nuevo apartado 18 bis, cuyo texto —leo en español— sería el siguiente: "Desea que el Consejo adopte la decisión de organizar una Cumbre Euromediterránea de Jefes de Estado y de Gobierno para conmemorar el décimo aniversario del Proceso de Barcelona; subraya, en este marco, la importancia de la dimensión parlamentaria del Proceso y pide a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea que se reunirá en El Cairo, del 12 al 15 de marzo de 2005, que convoque una reunión extraordinaria de la Asamblea Euromediterránea para asociarse a la celebración del décimo aniversario". 
Señor Presidente, simplemente quería intervenir en relación con la presentación de la enmienda oral realizada por el señor Morillon, que acabamos de votar y con la que estamos de acuerdo. 
El final del apartado 9, en el que se hace referencia al envío de una misión de observación electoral al Líbano, tendría que convertirse, según el acuerdo que al parecer existe entre todos los grupos políticos, en un apartado aparte. 
En la presentación de su enmienda, el señor Morillon ha obviado este aspecto, que me parece importante. 
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Con este nuevo acuerdo, que el ponente apoya, estamos dando un nuevo paso adelante en la vía hacia la plena integración de los nuevos Estados miembros. 
Al igual que los demás acuerdos que ya se han concluido, este es una prueba más de que los socios tradicionales de la UE adoptan una postura positiva respecto a la ampliación, un indicio de que Europa es ahora una entidad política cada vez más relevante. 
Por tanto, he votado a favor. 
Esta recomendación se deriva de la reciente ampliación de la UE y con ella se pretende incorporar a los nuevos Estados miembros al Acuerdo Euromeditarráneo de asociación entre la UE y Egipto, mediante la firma de un protocolo de este acuerdo. 
Es similar a otras recomendaciones anteriores. 
La firma de este protocolo abarcará, entre otras cosas, la importación de productos agrícolas de Egipto a los nuevos Estados miembros que quedarán vinculados por sus disposiciones. 
He votado a favor de estos acuerdos de asociación y cooperación. 
Creo que constituirán un nuevo paso positivo en la colaboración euromediterránea. 
Además de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos, la UE también debería ayudar a que las economías de sus vecinos sean más dinámicas, cosa que, además, coincide con su estrategia de una «Política Europea de Vecindad» (COM (2004) 373 final) , adoptada por el Consejo de Asuntos Generales el 14 de junio de 2004. 
He votado a favor. 
– La Comisión propone que el Consejo autorice a los Estados miembros que participan en la política común de la UE en materia de visados, asilo e inmigración (incluida Suecia) , a ratificar, en interés de la Comunidad, el Convenio sobre Documentos de Identidad para la Gente del Mar de la Organización Internacional para el Trabajo. 
Este Convenio no implica ningún cambio en el Reglamento que rige este ámbito, que prevé expresamente excepciones a los requisitos de visado para las tripulaciones marinas civiles. 
En consecuencia, no es razonable que los Estados miembros necesiten autorización del Consejo; una opinión obviamente compartida por Francia, que ya ha ratificado el Convenio. 
Así pues, la Lista de Junio no ve motivo alguno para impedir que los Estados miembros tomen sus propias decisiones sobre si quieren acogerse al Convenio sin autorización de la UE. 
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Después del trabajo ya realizado en primera lectura, y a la luz del trabajo conjunto efectuado con el Consejo, creo que este informe debería aprobarse, dado que el tema que tenemos sobre la mesa, relacionado principalmente con un sistema armonizado de evaluación de riesgos, refuerza la seguridad de las fronteras exteriores de la Comunidad, un tema de vital importancia para todos nosotros. 
Las nuevas dificultades y amenazas para la estabilidad de la comunidad internacional, y más concretamente la del espacio europeo y su mercado interior, que han salido a la luz con la aparición de una nueva realidad cada vez más volátil e imprevisible, nos exigen que adoptemos nuevas medidas preventivas. 
El objetivo de esta propuesta de reglamento que modifica el Código Aduanero Comunitario es incorporar los principios básicos subyacentes en el nuevo concepto de gestión de la seguridad en las fronteras exteriores, incluida la introducción de un sistema armonizado de evaluación de riesgos. 
En consecuencia, el objetivo es reforzar la seguridad de los productos que cruzan las fronteras internacionales. 
A este fin, la propuesta define de nuevo el papel de los agentes de aduanas e introduce un mecanismo para establecer unos criterios de selección de riesgos a escala comunitaria, junto con un sistema automatizado de apoyo a la gestión de riesgos. Esos elementos cumplen las expectativas de los ciudadanos europeos en relación con la mejora del nivel de seguridad en general. 
Me satisface que se hayan aprobado casi todas las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura. También me complace el voto unánime en la comisión competente. 
Este informe defiende un reglamento encaminado a crear un marco común para la presentación de estadísticas comunitarias sobre formación profesional en las empresas. 
Aunque suene un poco irónico, esta propuesta debe acogerse con satisfacción porque es una base para la política de aprendizaje a lo largo de toda la vida como componente básico de la estrategia europea de empleo (como reconoció el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000). 
El informe exige que los Estados miembros obliguen a las empresas a informar de los niveles de formación, y también pide que el acceso a la formación profesional sea más amplio, de modo que los trabajadores tengan acceso a la formación independientemente del tipo de contrato e incluso aunque se trate de empresas de menos de 10 empleados. 
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Mi opinión sobre este tema no está del todo exenta de dudas. 
Empezando con los elementos clave, me sorprende que exista un posible conflicto en el hecho de que el Consejo intente autorizar a los Estados miembros a hacer lo que, en el caso de Francia, ya han hecho, sobre todo en un ámbito en el que no existe una orientación clara en cuanto a si este poder reside en la Comunidad o forma parte de las excepciones consagradas en el Tratado. 
Además, las carencias que el ponente resalta en relación con el contenido del convenio en cuestión también pueden obligarnos a pensar que debemos considerarlo con mucho cuidado antes de adoptarlo. 
Sobre este telón de fondo se podría votar en contra de este informe por las razones que he mencionado. 
Pero existen dos factores que nos han llevado a no hacerlo. 
Por una parte, dado que es el Consejo el que desea autorizar a los Estados miembros, son los Estados miembros los que solicitan esa autorización. 
Por otra parte, no es responsabilidad del Parlamento analizar la eficiencia de un convenio que los firmantes consideran eficiente. 
Por lo tanto, he votado a favor del informe, con las reservas que he mencionado. 
La letra j) del artículo 3 del Tratado de la CE dice que las actividades de la Unión deben incluir la promoción de la coordinación entre las políticas de empleo de los Estados miembros, de cara a mejorar la eficacia mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo. 
Además, uno de los elementos innovadores de la estrategia de Lisboa es la promoción del aprendizaje permanente, y forma parte de los planes de acción nacionales de todos los Estados miembros. 
Un fundamento jurídico a escala europea para recopilar datos comparables que ofrezcan una imagen real de formación profesional permanente debe considerarse un elemento esencial tanto desde el punto de vista de la coordinación como de lo que se denomina efectividad. 
El reglamento que tenemos ante nosotros establece un marco común para presentar cifras comunitarias sobre la formación profesional en las empresas. 
Será un factor decisivo en la adopción de estrategias procedentes de la promoción de políticas activas para el aprendizaje permanente. 
Portugal ya ha avanzado en esta dirección, con la introducción de medidas en la legislación laboral bajo el titulo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida para trabajadores y empresas. 
He votado a favor. 
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La Estrategia de Lisboa establecía toda una gama de instrumentos destinados a crear más y mejores puestos de trabajo. 
Uno de esos instrumentos es el aprendizaje permanente. 
Pero el aprendizaje permanente queda muy lejos de ser una realidad para los trabajadores europeos. 
No se concede el debido mérito a la mejora de las aptitudes profesionales, aunque los Estados miembros consideren que el tema es vital para reducir el desempleo y promover la productividad. 
En la UE de los 15, solo un 8,5 % de los ciudadanos europeos gozaba de esta ventaja profesional. 
¿Qué cifras veremos ahora en la Europa de los 25? 
Hablamos de algo que apenas tiene contenido concreto. 
Como considero que todo lo que no se puede medir no se puede gestionar, hay que crear unas condiciones que nos permitan recoger de forma regular y sistemática datos comparables que nos ofrezcan una verdadera imagen de la situación sobre la formación profesional continuada. 
También estoy a favor de incluir a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en este tipo de estadísticas. 
A pesar de la burocracia que ello comporta, vale la pena implicar a las PYME en este proceso, aunque con un proceso simplificado, porque constituyen el 90 % de las empresas europeas. 
Promover la formación de nuestros trabajadores e invertir en su empleabilidad durante toda la vida son formas sostenibles de conseguir una mayor competitividad en la economía europea. 
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Los Estados miembros han negociado una nueva versión del Convenio sobre los Documentos de Identidad de la Gente del Mar de la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de simplificar los trámites que implica desembarcar en países de los que no son ciudadanos. 
Al contrario que el ponente, no me sorprende en absoluto esta decisión de introducir datos biométricos en los documentos de identidad de los marinos, porque sin duda alguna hay que reforzar la seguridad de los documentos de viaje y esta nueva tecnología ofrece una serie de ventajas en términos de identificación de personas y para evitar que se falsifiquen los documentos. 
El objetivo global de esta propuesta es, por lo tanto, combinar flexibilidad y seguridad. 
En relación con el tema del «modelo» elegido, que consiste en una huella digital impresa en forma de números en un código de barras, no existe ningún problema de interoperabilidad, ni con los pasaportes ni con los visados, dado que las huellas digitales se incluirán en ambas propuestas, y por tanto son comparables. 
En cuanto a la discrepancia técnica y los diversos equipos necesarios, hay que indicar que esta es la solución menos cara. Además, todavía esperamos que la Comisión presente una propuesta con el modelo elegido para la introducción de datos biométricos en los visados... 
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De conformidad con el principio de que el tema que nos ocupa es solo el de identificar a los marinos cuando desembarcan, estamos de acuerdo con la tendencia general, que es que los documentos de identificación de los marinos deben considerarse suficientes sin necesidad de visados de entrada, por ejemplo cuando los barcos fondean o hacen escalas, y en los casos antes mencionados de tránsito, transferencia o repatriación. 
Además, según el artículo 9 del Anexo 1 del Decreto Ley nº 280/2001 de 23 de octubre, el certificado de registro marítimo portugués «puede constituir un documento de identidad para marinos a efectos del Convenio nº 108 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ». Por lo tanto, queda solamente la cuestión de los «visados» y, en nuestra opinión, no deberían exigirse. 
En consecuencia, en general estamos de acuerdo con las propuestas del informe. 
Pero hay una cuestión que no se ha analizado, y es la propuesta de la Comisión de que el Consejo autorice a los Estados miembros a ratificar un Convenio de la OIT. 
Es un nuevo ejemplo que socava la soberanía nacional, y nos negamos a dar ese paso. Hay que indicar que Francia ya ha ratificado el Convenio en cuestión, ejerciendo efectivamente su soberanía como país independiente y, por supuesto, sin pedir permiso a la UE para hacerlo. 
Dado que solamente los Estados miembros pueden firmar el Convenio nº 185 de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión participó en las conversaciones como observadora, proponiendo que el Consejo autorizara a los Estados miembros vinculados por la normativa de la Comunidad en este ámbito (Reglamento del Consejo (CE) nº 539/2001, de 15 de marzo de 2001) a ratificar el Convenio en beneficio de la Comunidad. 
A pesar de algunas reservas de naturaleza técnica (sobre todo en relación con la capacidad operativa de control mediante datos biométricos) formuladas por el ponente, creo, como él, que esta propuesta de decisión del Consejo, si se adopta, confiere esencialmente un valor simbólico a esta autorización. 
Si todos los Estados miembros tienen derecho a ratificar el Convenio simultáneamente, «mostrará al resto del mundo la importancia que la Comunidad concede al Convenio». 
He votado a favor. 
– Señor Presidente, estamos acostumbrados a la algarabía en las explicaciones de voto. 
Me gustaría simplemente expresar mi satisfacción por la aprobación del informe Wortmann-Kool, que es probablemente uno de los actos legislativos más notables de la Unión Europea en los últimos años. 
Aquí en esta Cámara, en presencia de la Comisaria Loyola de Palacio, después de los paquetes marítimos Erika I y Erika II, yo reclamé la creación de una zona europea de seguridad marítima. 
Si alguna vez se materializa, tendrá un fundamento jurídico y será ambicioso. 
Nunca la Unión Europea ha ido tan lejos para imponer sanciones del tipo más severo, es decir, sanciones penales, a los piratas de los mares que enlutan nuestras costas y que, muy a menudo, devastan economías enteras así como la fauna y la flora de zonas costeras. 
Creo que debemos felicitarnos por este avance notable y esperar que ahora el Consejo le dé curso. 
A partir de ahora, nadie podrá cargar el mochuelo a la Unión Europea, como sucedió con el y el. 
Ahora los Estados miembros han de asumir sus responsabilidades. 
Deseo personalmente que las acepten plenamente, porque Europa no solo se defiende de esta manera de las contaminaciones marítimas, sino que también transmite un mensaje internacional más valiente aún que la legislación Marpol y puede hacer evolucionar, en todo el mundo, la legislación contra la contaminación y contra los piratas de los mares. 
Quisiera terminar formulando un deseo: que se revise con la misma ambición la legislación que hemos adoptado para prevenir los vertidos de residuos de hidrocarburos en el mar. 
En mi opinión, la única solución es equipar nuestros puertos con instalaciones gratuitas de descarga de hidrocarburos, pues, como saben, la dificultad con este vertido es naturalmente coger a los autores, que, por lo general, actúan de noche en medio de la niebla. 
Creo, pues, que hay que implantar un sistema semejante al utilizado para la basura doméstica, con una tasa portuaria y equipos portuarios, y dar a todos los buques la posibilidad de verter los residuos de hidrocarburos en instalaciones destinadas a tal fin en todos los puertos europeos. 
Si logramos este avance complementario, creo que entonces seremos los campeones del mundo en materia de seguridad y de sanciones contra la contaminación. 
– Señor Presidente, en lo que se refiere al informe Wortmann-Kool, quiero comunicar que nosotros, los diputados al Parlamento Europeo por Nueva Democracia, hemos votado a favor de la enmienda presentada por el Vicepresidente señor Varvitsiotis apoyando la compatibilidad de la legislación de la Comunidad con el convenio internacional Marpol en cuestiones de culpabilidad en relación con sanciones por contaminación accidental. 
Creemos que tanto en aguas territoriales como internacionales lo que se aplica en el convenio Marpol debería aplicarse también en la legislación comunitaria, y nos referimos tanto al trato legal dado a los buques como a la gestión eficiente de la contaminación a escala mundial, porque la navegación es una actividad mundial y debe regirse por convenios internacionales. 
Las medidas regionales, dondequiera que se hayan aplicado, han demostrado ser improductivas y confusas. 
De la misma forma, los diputados de Nueva Democracia hemos votado también a favor de la enmienda 37 que, por una parte, nos pide que impongamos un régimen de cooperación entre autoridades nacionales, porque muchos accidentes son consecuencia de la falta de cooperación y un intercambio inadecuado de conocimientos tecnológicos y, por otra parte, establece la necesidad de elaborar un estudio de coste-beneficio sobre las nuevas medidas y las nuevas políticas que la Unión Europea desea aplicar al desarrollo del transporte marítimo en el marco de una gestión eficiente de las aguas y su protección contra la contaminación. 
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Creo que la UE debe actuar claramente en este tema y ofrecer un marco reglamentario responsable para el transporte marítimo de petróleo y otras sustancias líquidas nocivas. 
Por lo tanto, es importante luchar contra las descargas ilegales y avanzar hacia una implementación e interpretación uniformes dentro de la UE respecto a las normas internacionales vigentes. 
La propuesta de directiva incorpora al Derecho comunitario una serie de normas internacionales que rigen las descargas, basadas en acuerdos a escala mundial (Marpol) , y especifica qué contravenciones de las normas de descarga son delitos penales, ofreciendo una orientación en cuanto a la naturaleza de las sanciones a imponer. 
Considerando que las normas de Marpol son relevantes, claras y razonables, deberían incorporarse al Derecho comunitario, dada la naturaleza cada vez más internacional del transporte marítimo. 
Otro punto importante es sin duda la adopción de medidas para proteger a los marinos, y la posibilidad de actuar contra otras personas involucradas en la cadena. 
Es esencial que la imposición de sanciones abarque a todos los responsables de la contaminación del entorno marino. 
El desastre ocasionado por el naufragio del petrolero sigue vivo en la memoria de todos los europeos. 
El recuerdo del desastre ha llevado a la UE a buscar la forma de evitar que vuelva a ocurrir algo parecido. 
Además, al abordar las cuestiones implicadas en la prevención de accidentes marítimos, surge también la necesidad de combatir con eficacia la contaminación marítima, que es el principal problema con que se enfrentan hoy nuestros océanos. 
En este contexto, las descargas de buques en alta mar exigen una atención y una preocupación especial. 
Apoyo la opinión expresada en la declaración de España, Francia, Italia y Portugal al Consejo, es decir, que la UE debería ir más allá en la lucha contra las descargas ilegales en la zona económica exclusiva. En la medida en que lo permitan las reglas internacionales, se reservan el derecho a hacerlo ellos mismos. 
Tengo dudas respecto a la legalidad de establecer unas normas penales basadas en el apartado 2 del artículo 80 del Tratado en cuestiones de transporte, y sobre si la el fundamento aducido por la Comisión y el Parlamento sería legal, dado que las sanciones penales deben cumplir los objetivos de la política europea sobre medio ambiente y transporte. 
– Me he abstenido en la votación final sobre la propuesta de directiva relativa al permiso de conducción porque es todo lo contrario del propósito de «legislar mejor» del que tanto hablamos. 
Esa infinidad de detalles, con otras tantas excepciones, no es un ejemplo de buena legislación. 
Cabe preguntarse incluso si hace falta una directiva europea en este terreno. 
Sin duda, una directiva demasiado detallada es contraria a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. 
¿Por qué no aceptar, en este terreno, el principio del país de origen? 
– En nuestra opinión, es bueno que en la medida de lo posible se armonice la normativa y el formato de los permisos de conducción dentro de la Unión Europea. 
Pero la propuesta de directiva de la Comisión es demasiado detallada, al igual que las enmiendas presentadas en el Parlamento Europeo. 
En nuestra opinión, el principio de subsidiariedad y el principio del país de origen deberían aplicarse a las disposiciones que rigen los permisos de conducir para motocicletas y ciclomotores. 
La validez de los permisos de conducción y la necesidad de revisiones médicas de sus titulares también son cuestiones sobre las que creemos en el principio de reconocimiento mutuo, y confiamos en la capacidad de los Estados miembros para tomar decisiones adecuadas y bien planteadas. 
A menudo se dice que los Estados miembros deben confiar entre ellos cuando se trata de legislación y normas. 
En nuestra opinión, así debe ser también en cuanto a las disposiciones sobre permisos de conducción. 
Votamos en contra de este informe, porque opinamos que las disposiciones sobre permisos de conducción se pueden armonizar sin esta propuesta de directiva tan detallada. 
Además, ya tenemos una directiva sobre permisos de conducción que regula el aspecto y la forma de los permisos de conducción expedidos en la UE. 
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Nuestro ponente ha tratado por todos los medios de tener en cuenta los diversos puntos de vista sobre este tema tan controvertido. 
Apoyo su informe porque su propuesta mejorará realmente la seguridad y la libre circulación de los usuarios de la carretera y ofrecerá más oportunidades de control para reducir las posibilidades de fraude. 
Es un escándalo que en Europa algunas personas hayan conducido con permisos falsos durante diez, veinte, treinta y más años. 
Estoy a favor de la normalización de la normativa y de los exámenes de conducción; también estoy a favor de la armonización de la edad, tanto máxima como mínima, y no tengo ninguna objeción respecto a una disposición que exija que las personas mayores de setenta años renueven su permiso de conducción más a menudo, lo que puede significar más revisiones médicas y oculares. 
Sin embargo, es un asunto que debe decidirse en cada país. 
Yo, personalmente, apoyaría la introducción de un modelo único de permiso de conducción en Europa, es decir, tipo tarjeta de «crédito» de plástico con un microchip insertado, dentro de unos cinco años en vez de veinte. 
Pero, sin duda, ocurre que la seguridad vial en Europa también mejoraría si pudiéramos convencer a aquellos países de la UE donde todavía se conduce por la izquierda –que desde mi punto de vista es el lado erróneo– a abolir este sistema. 
Suecia demostró hace unos años que el cambio es posible. 
Quisiera poder conducir mi coche en Irlanda sin tener la sensación de que soy un peligro para mí mismo y para los demás usuarios de la carretera.» 
Apoyo los objetivos que se establecen en esa directiva tal como están definidos, es decir, reducir el fraude, garantizar una auténtica libre circulación para los conductores de la UE y reforzar la seguridad en las carreteras europeas. 
Creo que las enmiendas del Parlamento Europeo han mejorado la propuesta. 
Sin embargo, quedan dificultades que se pueden resolver, sobre todo en cuanto a las motocicletas, caravanas y autocaravanas. 
. 
He votado a favor del informe del señor Grosch sobre el permiso de conducción. 
La protección contra el fraude, la libre circulación de conductores y la seguridad en la carretera son factores clave en la defensa de la libertad de circulación en la UE. 
Esta idea positiva no debería verse perjudicada por una normativa excesiva que comporte más obligaciones y obstáculos para los conductores afectados. 
Si queremos disfrutar de las ventajas de una mayor libertad de circulación, debemos aceptar la armonización de las normas básicas con las que se pretende fomentar la seguridad en las carreteras, evitar el fraude y castigar a los criminales. 
Cuando se trata de medidas beneficiosas y totalmente justificadas como esta, debemos evitar aumentar las restricciones reglamentarias y burocráticas, creando limitaciones adicionales para quienes aprenden a conducir motocicletas o creando unas condiciones más restrictivas sobre el período de validez o la fecha de renovación de los permisos de conducción. 
Aunque las enmiendas que he apoyado no tienen asegurado un apoyo mayoritario en esta Cámara, creo que en general el texto es positivo, y por lo tanto mi voto ha sido favorable. 
– En una Comunidad donde la libertad de circulación es la norma, la infinidad de modelos y tipos de permisos de conducción que autorizan a un ciudadano de los Estados miembros a conducir un vehículo motorizado, supone unas restricciones preocupantes de la capacidad de las autoridades de los Estados miembros para ejercer el control, inevitablemente a costa de la seguridad jurídica y la seguridad vial. 
La red europea de información sobre permisos de conducción y el reconocimiento mutuo de sanciones pueden ser vías válidas para ayudar a resolver la situación. 
La lucha contra el fraude, la libre circulación de conductores y la seguridad vial son, de hecho, los principales temas implicados, y necesitamos avanzar hacia la armonización de criterios con el fin de conseguir el mismo grado de fiabilidad desde Lisboa hasta Nicosia. 
En mi opinión, esa armonización debe tener en cuenta los principios de subsidiariedad, idoneidad y proporcionalidad, con el fin de evitar la duplicación de trámites y la creación de obstáculos a la libre circulación de personas y mercancías. 
Creo que el planteamiento gradual, o acceso progresivo a determinados tipos de vehículo, sobre todo las motocicletas, puede tener un efecto positivo en la reducción del número de accidentes de carretera entre los jóvenes, y vale la pena examinar la posibilidad de introducirlo. 
Una vez considerado todo, he votado a favor de la propuesta. 
. – He votado a favor del informe Sommer porque creo que la navegación en aguas interiores es un factor clave de la intermodalidad del transporte. 
La Unión Europea dispone de una densa red de canales y ríos naturales que no se están utilizando en su plena capacidad y vale la pena explotarlos con vistas a la seguridad y el respeto por el medio ambiente que este tipo de transporte representa. 
Esta propuesta, que pretende establecer un marco a escala europea para la introducción de servicios de información sobre el transporte en las vías navegables interiores, puede contribuir a que el tráfico y la gestión del transporte sean mejores y más eficaces en las vías navegables interiores. 
Ha llegado el momento de asegurar la interoperabilidad de esos servicios y establecer la base para una gestión moderna de la cadena de suministro. 
La información en tiempo real hará que el sector sea más competitivo. 
Esa propuesta no limita excesivamente la acción por parte de los Estados miembros, y debería comportar también una probabilidad de error subjetivo considerablemente menor y menos accidentes. 
Las nuevas tecnologías a que se refiere pueden suponer un impulso para el sector e influir en la distribución de los modos de transporte en la economía. 
Así, los sistemas de transporte intermodal, que constituyen un modelo básico para el transporte futuro, deberían tener en cuenta el papel positivo que puede y debe tener la navegación en aguas interiores. 
– Esta propuesta de la Comisión representa un importante esfuerzo por reducir la sobrecarga de nuestras carreteras, sobre todo en relación con el transporte pesado de mercancías en Europa. Ya hace mucho tiempo que hablo continuamente de esta necesidad. 
La navegación en vías navegables interiores es un modo de transporte seguro y respetuoso con el medio ambiente, pero por desgracia solo constituye un 7 % del tráfico de mercancías de los 15 antiguos Estados miembros. 
Al igual que la navegación en aguas interiores, la navegación costera también merece más atención y promoción. 
En vez de ser simplemente sectores «que no hay que descuidar» , como los califica la Comisión, son soluciones que vale la pena promover y desarrollar. 
Además, la propuesta pretende crear un marco a escala europea para la creación de servicios de información sobre el transporte por vías navegables interiores, que implique el uso de servicios modernos de información y comunicación pensados para mejorar el tráfico y la gestión del transporte en dichas vías. 
La intermodalidad propuesta en la política de transporte de Europa, y el elevado nivel de protección medioambiental y de calidad que queremos solo se pueden conseguir revitalizando las áreas de actividad que pueden hacer realidad esas ambiciones. 
Por lo tanto, espero que esta propuesta de directiva pueda ser un paso más en la vía hacia una auténtica estrategia para el transporte a larga distancia por mar y por vías navegables interiores con preferencia respecto al transporte por carretera. 
– La Lista de Junio ha decidido votar en contra de la propuesta sobre el reconocimiento de títulos expedidos a la gente del mar. 
La nota informativa 2003/04:FPM113 de la Oficina del Gobierno sueco dice que ha habido un «marcado aumento del fraude relacionado con el procedimiento de concesión de títulos.» 
Asimismo, la Administración Marítima Nacional Sueca ha expresado su preocupación por si se pierde el derecho a crear las condiciones necesarias si se adopta esta directiva. 
La Lista de Junio siente una profunda simpatía por el principio del país de origen, y apoya la idea de eliminar barreras para el funcionamiento del mercado interior. 
Pero, en este caso concreto, muchas cosas indican que la Unión Europea todavía no está preparada para dar este paso. 
. – Nivelar a la baja: esta es la técnica constantemente utilizada por Bruselas para armonizar las legislaciones europeas y no europeas. 
En este caso concreto, se trata de los títulos expedidos a la gente de mar. 
El reconocimiento de los títulos expedidos «fuera de la Unión Europea» es más sencillo que el vigente para la UE, lo que conduce inevitablemente a contratar a más marinos fuera que dentro de Europa. 
Este informe preconiza simplificar nuestros procedimientos de reconocimiento, pero no situar los procedimientos de fuera de la UE en el mismo nivel, lo que habría presentado la ventaja de reducir los numerosos fraudes. 
No malvendamos nuestros títulos y nuestras cualificaciones de los oficios del mar. 
Son oficios difíciles, las exigencias asociadas a los mismos no favorecen ciertamente el interés de los jóvenes por las formaciones: remuneración baja, misiones largas, condiciones de trabajo penosas... 
Este mercado se caracteriza por un déficit creciente de personal cualificado en beneficio de una mano de obra barata y poco cualificada, procedente de los países asiáticos y de otras partes del Este. 
Hay que restaurar la carrera profesional, conceder importancia a los diplomas y a los títulos de cualificación, y no lo contrario. 
Por último, hay que suprimir los pabellones de conveniencia en los buques basura que proliferan por nuestros mares y océanos y los contaminan. 
. – He votado a favor del informe de Robert Evans sobre el reconocimiento de títulos expedidos para la gente del mar porque creo que necesitamos detener la caída del número de la UE con medidas que protejan la libertad de circulación de los trabajadores de este sector. 
Con esta propuesta se pretende simplificar el procedimiento de reconocimiento de los títulos para marinos. 
La propuesta reduciría la carga administrativa, permitiría luchar contra la discriminación y promover la circulación de los trabajadores del sector marítimo. 
Así pues, medidas como las que aquí se proponen tienen mi apoyo. 
– Esta propuesta de la Comisión está pensada para simplificar el procedimiento de reconocimiento de títulos para marinos porque se ha creado una situación en la que el reconocimiento de los títulos procedentes de fuera de la UE es más simple que el de los títulos procedentes de la UE. 
El objetivo consiste principalmente en que las normas europeas se igualen a los acuerdos internacionales, en concreto el Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar (Convenio STCW) de la Organización Marítima Internacional (OMI). En concreto, el Convenio de 1978 establecía unos criterios específicos para el reconocimiento de los títulos para patrones, oficiales y oficiales de radio emitidos por las partes. 
Considero que es una propuesta que llega en el momento adecuado y, por supuesto, quiero resaltar el hecho de que adopta los requisitos de fluidez del idioma para los marinos –dominio del inglés que, obviamente, es la internacional– y ofrece mecanismos para evitar el fraude en el proceso de titulación (artículo 5 de la propuesta de la Comisión). 
La reducción de la carga de la regulación para los trabajadores de este sector en Europa es otro aspecto positivo de esta propuesta. 
– Señor Presidente, seré muy breve. 
Quiero dar una explicación de voto en nombre del Partido Laborista Parlamentario Europeo, exponiendo por qué se ha abstenido en la propuesta modificada y después ha votado a favor de la resolución. 
Nuestra explicación de voto es muy simple. 
Creemos que los planes de despliegue conjunto son importantes para la eficacia de la labor de la agencia. 
Por eso hemos votado a favor de dichas enmiendas. 
Las enmiendas 36 a 43 aclaran la normativa de la agencia al aplicar esos planes de despliegue conjunto y también otorgan un papel adecuado a los consejos consultivos regionales. 
. 
La creación de una institución comunitaria destinada a garantizar una cierta coordinación en el trabajo de los inspectores nacionales de pesca me parece una iniciativa útil. 
Pero lo más importante es el alcance de las competencias de la institución que se va a crear, así como su mandato. 
No puedo votar a favor de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. 
El control de esa actividad es jurisdicción de los Estados miembros, tanto en la práctica como en términos jurídicos, y el Reglamento propuesto altera el equilibrio entre las instituciones. 
Otro aspecto de la Política Pesquera Común es la protección de los recursos acuáticos. 
Según la estrategia de Lisboa, el desarrollo sostenible exige atención tanto a los factores ecológicos como a los factores sociales del desarrollo. 
Protegiendo los recursos acuáticos, protegemos también a las personas que viven de ellos. 
Es preciso que revisemos unos planes de conservación excesivamente ambiciosos que establecen unos períodos excesivamente cortos para la recuperación de las poblaciones de peces, como ocurre con las poblaciones de bacalao en el Báltico Oriental. 
El periodo que se ha acordado provoca unas tensiones sociales inaceptables. 
– Felicito a la señora Attwooll por el importante y oportuno informe que ha elaborado sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la Política Pesquera Común. Le doy todo mi apoyo, sobre todo en la clarificación que se pretende realizar con los cambios propuestos en el papel de la Agencia como facilitadora, particularmente en el ámbito de la elaboración de planes de aplicación conjunta, que implican una fusión, por parte de los Estados miembros, de sus recursos de control y de inspección, así como la naturaleza de las funciones del Centro de Vigilancia de la Pesca. 
La creación de la Agencia merece todo nuestro apoyo, ya que su función será actuar como facilitadora de los planes de pesca que deben elaborar los Estados miembros para la inspección y el control de sus recursos. 
Será un órgano de apoyo para la aplicación de la nueva Política Pesquera Común, que contribuirá a crear procedimientos de inspección y control más uniformes y eficaces. 
Sin embargo, para que funcione con eficacia, es preciso delinear una estructura organizativa funcional capaz de actuar como facilitadora de todo el proceso. 
. – A Bruselas le gustan las agencias. 
Las hay para todo, desde la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague hasta la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de Parma, pasando por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao. 
Ahora va a haber también una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, es decir, un auténtico ministerio europeo de la pesca. 
Este FBI del mar tendrá la misión de coordinar las actividades de control e inspección de los Estados miembros en el ámbito de la pesca. 
Va a ser el brazo armado de un control que hasta ahora ha sido bastante modesto. 
El Parlamento deseaba instaurar este control tanto en aguas comunitarias como en aguas internacionales. 
La Agencia podrá fletar y explotar buques de vigilancia, que pondrá a disposición de los observadores. 
Pero ¿quiénes serán esos agentes? 
Inspectores de otros países, ajenos a la normativa nacional, lo que niega las competencias propias de cada Estado miembro. 
Podrán inspeccionar, pues, sin tener por fuerza que constatar infracciones, sin tener por fuerza que mejorar el control. 
Así, en las aguas territoriales de países soberanos, no solo se pretenderá ya reforzar una soberanía comunitaria, sino también una soberanía extranjera. 
Las normas de la política pesquera común deben aplicarse con eficacia y de manera uniforme. 
Reforzar el control fue una de las principales prioridades de la reforma de la política pesquera común de 2002. 
Por lo tanto, agradezco esta propuesta de crear una agencia para el control de la pesca. 
Creo que esa agencia debería establecerse sin demora. 
He tenido algunos problemas con el texto aprobado por la Comisión de Pesca. 
Desde el principio, este Parlamento ha abogado por la causa de incluir a los pescadores y a sus legítimos representantes en el proceso de toma de decisiones. 
En este contexto, el Parlamento aprobó ampliamente mi informe sobre los consejos consultivos regionales. 
No debería sorprender a nadie que los pescadores sean los más interesados en la creación de esta agencia. 
Sin embargo, se les excluye inexplicablemente de los procedimientos. 
Creo que existe una necesidad vital de transparencia en esta cuestión. 
Por lo tanto, pido que se incluya a los pescadores. 
Creo que lo más importante que hay que tener en cuenta es que la agencia debe operar en estricta conformidad con los intereses de la Comunidad. 
Creo que la cuestión de los derechos de voto en esta nueva agencia no debería utilizarse como subterfugio para permitir que la Comisión domine los procedimientos. 
. – La cuestión de la pesca es muy importante para Europa en general, pero sobre todo para Portugal, porque los intereses de nuestro país en este ámbito no siempre reciben una protección suficiente por parte de las políticas comunitarias. 
Así pues, el Reglamento por el que se crea una Agencia comunitaria de Control de la Pesca merece especial atención. 
Aunque los Estados miembros conservarán el control de las actividades pesqueras, lo cierto es que la Comisión es responsable de la coordinación operativa de las actividades de vigilancia y tiene, por encima de todo, un interés común que proteger. 
Por lo tanto, debemos centrarnos en cómo se va a defender ese interés común, sin olvidar la necesidad de respetar plenamente el principio de subsidiaridad. 
Y para eso han de garantizarse los medios necesarios, sobre todo en el caso de Portugal, atendiendo a su enorme zona económica exclusiva. 
Por último, he de admitir que tengo ciertas reservas ante el riesgo de que la creación de una nueva agencia comunitaria produzca algún solapamiento de funciones y duplicación de costes. 
– Viene siendo una práctica corriente la creación de agencias comunitarias siempre que determinadas materias, por su importancia y sensibilidad, parecen justificar estudios y respuestas más rápidas y eficaces por parte de la Unión Europea. 
Me temo que esa práctica va a continuar y que se extenderá a cuestiones cuyo ámbito efectivo no merezca semejante inversión de recursos humanos y materiales. 
No parece que así sea con la Agencia propuesta en este caso, que puede ser beneficiosa para el sector siempre que se respetan los principios que rigen su creación. 
No obstante, tengo que advertir del riesgo de centralización y la pérdida de poderes de los Estados miembros. Creo que estos deben conservar sus competencias básicas en el ámbito pesquero sin que haya una imposición o regulación excesiva por parte de la Agencia, la cual debe ser especialmente respetuosa con el principio de subsidiaridad. 
A este efecto, creo que sería bueno que en el proyecto de informe se hubieran delimitado de forma inequívoca sus competencias y las funciones de cada una de sus secciones. 
. Los Conservadores del Reino Unido se han abstenido en la votación sobre la creación de la Agencia de Control de la Pesca centralizada en Vigo, España, por los siguientes motivos: En primer lugar, la política de centralizar el control de la pesca forma parte políticamente de la agenda integracionista de la Comisión Europea a la que, como Conservadores, nos oponemos. 
En segundo lugar, aceptamos que aún en el caso de que un gobierno conservador se retirara de la política pesquera común y devolviera la gestión de la pesca al control local y nacional, muchos barcos del Reino Unido seguirían pescando en aguas de la UE fuera del límite de 200 millas del Reino Unido. 
En esas circunstancias, y aceptando el hecho de que la política de la Comisión de crear una Agencia de Control de la Pesca de la UE en Vigo es un hecho consumado, los británicos estarán interesados en mantener una relación de trabajo con este nuevo organismo. 
Por lo tanto, hemos considerado que en vez de oponernos directamente a la propuesta, era mejor abstenernos en esta votación. 
– Señor Presidente, quiero explicar por qué no he apoyado las enmiendas al apartado 20. 
Es importante que consideremos la idea de prohibir fumar en los lugares públicos del Parlamento Europeo. 
Pretendemos que la Comisión Europea haga algo, pero no es correcto en esta fase empezar a hablar de excepciones para determinadas zonas o de pequeñas cabinas de vidrio donde la gente pueda fumar, porque alguien tiene que limpiar esas zonas después. 
Los trabajadores tendrán que limpiarlas, y no estoy segura de que pueda demostrarse que esas zonas impiden realmente que el humo escape. 
No deberíamos prejuzgar el debate en esta fase. 
La principal responsabilidad en este terreno recae en los Estados miembros. 
Los Estados miembros deberían cumplir la legislación, la Comisión debería ayudar a coordinarlo y aportar las mejores prácticas. 
Los Estados miembros no pueden eludir sus responsabilidades pasando a Europa las cosas que no están seguros de querer hacer en casa. 
Estoy muy en contra de la idea de prejuzgar la totalidad del debate decidiendo ahora lo que vamos a hacer. 
– La delegación Moderada en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del informe Ries sobre el Plan de acción europeo de medio ambiente y salud 2004-2010. 
Entendemos, sin embargo, que el Parlamento Europeo no debe solicitar a la Comisión que tome la iniciativa en el ámbito de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida o adopte una serie de medidas contra el tabaquismo. 
Esas decisiones son competencia de los Estados miembros y, además, deben ser tomadas fundamentalmente por las personas, y no por los políticos. 
El Partido Moderado considera que la Unión Europea es una importante herramienta para proteger el medio ambiente, pero que su responsabilidad en ese ámbito es limitada. 
La responsabilidad de la Unión Europea debe limitarse a las cuestiones medioambientales de naturaleza claramente transfronteriza. 
Por tanto, es un error solicitar a la Comisión que trabaje, por una parte, en el etiquetado ecológico de los materiales de construcción y, por otra, en la elaboración de listas de lugares de trabajo peligrosos y en la creación de ambulancias medioambientales. 
. – He votado a favor de este informe, que denuncia un importante retroceso en el enfoque y la ambición entre la Estrategia de Medio Ambiente y Salud de la Comisión y lo que debería ser su aplicación, es decir, el Plan de acción. 
El propio Parlamento considera que el Plan de acción puede considerarse, en el mejor de los casos, un plan de investigación incapaz de resolver por sí mismo, al menos a corto plazo, los problemas de salud causados por los factores medioambientales. 
De los ejemplos mencionados, debo destacar la crítica al hecho de que apenas 4 de las 13 acciones definidas en la estrategia de la Comisión en materia de medio ambiente y salud para 2004-2010 se refieran a medidas específicas y ninguna establezca objetivos, así como que no se haga mención alguna a la incidencia de la contaminación en la salud mental y neurológica. 
Pero sin duda una de las mayores lagunas es la falta de evaluación de las consecuencias de las actuales políticas comunitarias, como la Política Agrícola Común y las políticas de liberalización que promueven la privatización de servicios públicos esenciales, supeditándolos a intereses económicos, como está ocurriendo en el caso del agua. 
Otra laguna se refiere a la salud en el trabajo, sobre todo en lo tocante a los lugares y profesiones de riesgo. 
Apoyo este informe gracias a la enmienda al apartado 6 del original que se ha discutido en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Entiendo la necesidad de utilizar el «principio de cautela» para proteger a los consumidores de los posibles peligros que a largo plazo representan los productos químicos de la familia de los ftalatos, incluido el DEHP, pero represento a una fábrica de Quedgeley, en Gloucestershire, Gambro, que ha recibido el Queen’s Award a la Industria y tiene 120 trabajadores. 
Esa fábrica utiliza DEHP para dispositivos que ayudan a controlar la coagulación de la sangre. 
En estas circunstancias, los trabajadores tienen que preocuparse por sus próximos 25 minutos y no por sus próximos 25 años. 
En esas circunstancias, la excepción que permite el uso de DEHP y otros ftalatos «excepto en aquellos casos en que dicha restricción repercuta negativamente en el tratamiento médico» es totalmente adecuada. 
Por este motivo votaré a favor del informe Ries modificado. 
– Los efectos de la contaminación medioambiental en la salud preocupan mucho a la sociedad, así que es importante que dediquemos nuestros esfuerzos a esta cuestión. 
En consecuencia, hemos decidido votar a favor del informe en su conjunto. 
Ahora bien, reprobamos el escaso hincapié que se hace en el principio de subsidiaridad. 
Un Plan de acción europeo en materia de medio ambiente debe limitarse exclusivamente a las cuestiones medioambientales transfronterizas. 
Pero lamentablemente ese no es el caso del actual Plan de acción. 
No creemos que la Unión Europea deba tomar medidas para luchar contra los problemas de salud causados por el tabaco, el alcohol, una alimentación deficiente o la falta de ejercicio (apartado 17) , ni que la Comisión deba actuar para prohibir que se fume en espacios cerrados (apartado 20). 
Los aspectos que se tratan en esos apartados tienen una incidencia clara en la salud, pero pertenecen a ámbitos que no son competencia de la Unión Europea y que se acogen al principio de subsidiaridad. 
Tampoco creo que se haya aplicado el principio de subsidiaridad en el apartado 28, que insiste en la necesidad de prestar una especial atención a la población residente cerca de fuentes de contaminación. 
Para concluir, quiero decir que es muy importante que la Comisión aclare qué cantidades totales van a consignarse para financiar el Plan de acción, y si cree necesario un nuevo instrumento para su financiación. 
Los costes del Plan de acción deben financiarse con cargo al presupuesto. 
. Como no fumador, estoy a favor de la enmienda 4 presentada –en parte por iniciativa mía– por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Esta enmienda permitiría a los empresarios de la hostelería establecer zonas de fumadores separadas y suficientemente ventiladas. 
A este respecto, quiero pedir a la Comisión que deje cierto margen a las iniciativas del mercado para solucionar el problema de los fumadores (pasivos) en la hostelería. 
Gracias a la moderna tecnología de ventilación, se puede mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados hasta alcanzar un nivel incluso superior al de los espacios abiertos. 
Si se impone por ley la prohibición de fumar, se priva al mercado de este tipo de iniciativas innovadoras y, con ellas, de parte del dinamismo de la economía. 
Asimismo, se restringe la libertad de elección tanto de los empresarios como de los consumidores, hasta tal punto que me resulta imposible conciliar eso con los principios ideológicos que defiendo como liberal. 
Una prohibición europea de fumar tendrá también consecuencias para el empleo en el sector turístico, ya que los fumadores están suficientemente bien informados sobre los peligros del tabaco. 
Si se prohíbe fumar en Europa, ¿cuál será la siguiente prohibición? 
¿El alcohol, la comida rápida que provoca obesidad, la conducción de vehículos ante el gran número de víctimas que mueren en las carreteras, o incluso el sexo, puesto que la mayor parte de la gente muere en la cama? 
– Apoyo la necesidad de poner en marcha un plan de acción para evaluar y promover el medio ambiente y la salud que tenga por centro a los niños. 
La estrategia que preside esta iniciativa, más conocida como SCALE –acrónimo inglés de ciencia, infancia, concienciación, instrumentos jurídicos y evaluación – pretende adoptar un enfoque transversal en este tema. Estamos ante una cuestión que preocupa cada vez más a los ciudadanos europeos, sobre todo debido al aumento gradual de cuatro tipos de enfermedades: enfermedades respiratorias, asma y alergias infantiles; alteraciones del desarrollo neurológico; cáncer infantil; y desórdenes endocrinos. 
En vista de la situación, suscribo la intención de acelerar y mejorar los procesos de intercambio de información y comunicación, de forma que las relaciones causales efectivas entre distintos tipos de contaminación y la salud sean conocidas de forma más rápida y fundada. 
La ponente invoca el principio de cautela para negar la necesidad de una prueba científica absoluta de la peligrosidad de un determinado producto antes de que este sea retirado del mercado. 
Aunque podría estar de acuerdo con la idea, quiero llamar la atención sobre el hecho de que este principio ha recibido una interpretación irregular, y no siempre coherente, por parte de los tribunales comunitarios, lo cual justifica una aclaración del mismo. 
. – Es cierto que el Mediterráneo es una región de gran importancia estratégica para toda Europa, por lo que necesitamos desarrollar una política mediterránea solidaria para hacer frente a los múltiples retos comunes que representan la paz, la estabilidad, el terrorismo, la comprensión mutua, la lucha contra el tráfico de seres humanos y el objetivo de crear una zona de prosperidad compartida. 
Pero eso no puede significar una creciente injerencia en la vida política de cada país, ni justifica medidas represivas y militaristas que pueden tener efectos justamente contrarios a los deseados, como algunas experiencias recientes han demostrado. 
Toda la zona del Mediterráneo es especialmente sensible y exige un cuidado muy especial, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de apoyar la paz en Oriente Próximo, teniendo en cuenta la defensa de los intereses palestinos y el cumplimiento de las respectivas resoluciones de las Naciones Unidas. 
Por eso me distancio de algunos aspectos de esta Resolución aprobada por el Parlamento. 
. – La ejecución de las medidas de control e inspección relativas a la aplicación de la Política Pesquera Común (PCC) en sus respectivas zonas económicas exclusivas es competencia de los Estados miembros. 
Soy escéptico en cuanto al valor añadido que puede ofrecer la creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y creo que la centralización a ese nivel entra en conflicto con las competencias de los Estados miembros. 
De hecho, no puede ser casual que este Reglamento aparezca antes de que se hayan publicado los resultados de un estudio de viabilidad de la Agencia. 
Por todo ello, he votado en contra del informe. 
Mi posición no invalida mi convencimiento de que es importante reforzar la coordinación entre los Estados miembros en el ámbito de las actividades de control para garantizar una aplicación más uniforme de la Política Pesquera Común y para combatir la pesca ilegal. 
También creo que se debe incrementar la aportación del presupuesto comunitario a las inversiones necesarias para asegurar esas actividades de control. 
Sin perjuicio de las cuestiones de principio, tengo que decir que no estoy de acuerdo con la representatividad del Consejo de Administración, con su ni con el excesivo peso que la Comisión tiene en él, sobre todo en el sistema de votación. 
También considero que, de acuerdo con el principio de cogestión, debe garantizarse la participación de los distintos representantes del sector pesquero. 
– Para entender de forma clara cual es su espacio y su radio de acción, Europea no debe ignorar las lecciones de la Historia. 
No solo debe darse cuenta de que el «mar del medio» siempre ha unido más de lo que ha separado, sino que también debe tener el deseo pragmático de hacerlo revivir como arteria principal para los intercambios políticos, comerciales y culturales. 
Afirmando la existencia de fines y objetivos comunes, no ignoro los problemas específicos que afectan a una gran parte de la ribera sur del Mediterráneo. 
Sin embargo, creo que esos problemas no deben ser únicamente motivo de preocupación para sus propios pueblos y gobernantes, sino que, por el contrario, deben ser abordados mediante un programa coordinado y estructurado conjuntamente con la Unión Europea, en el marco de la política de vecindad que esta viene perfilando. 
En mi opinión, se han adoptado algunas medidas muy positivas en esa dirección, como la conversión del Foro Parlamentario Euromediterráneo en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea –afirmación de un componente político parlamentario que permitirá la institucionalización y permanencia del diálogo interregional– y la declaración de 2005 como el «Año del Mediterráneo» por los Ministros de Asuntos Exteriores euromediterráneos. 
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 14 de marzo – 25 de abril de 2005). 
– Señor Presidente, yo también doy las gracias al Consejo y a la Comisión por estar aquí puntualmente para este debate que se ha prolongado más de lo previsto. 
Solo me queda tiempo de intervención suficiente para plantear dos cuestiones. 
La primera es la de Colombia. 
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos han expresado su pesar por la postura que asumió la UE sobre Colombia en la reciente reunión de donantes de Cartagena. 
La UE tiene una responsabilidad especial en la negociación sobre la Declaración de la Presidencia, y espero que el Consejo confirme hoy que aplazará la presentación de un proyecto hasta que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos haya presentado sus recomendaciones para este año. 
Supongo que en la UE apoyaremos esas recomendaciones en su totalidad. 
En segundo lugar, el año pasado se aplazó, para seguir estudiándolo, el proyecto de normativa de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales, pero este año hay que pasar a la acción para asegurar que las empresas cumplan sus obligaciones respecto a los derechos humanos. 
En el curso de este año, el 20 aniversario de la catástrofe de Bhopal, hay que exigir a las empresas unas normas mínimas que reduzcan el número de víctimas de abusos en todo el mundo en los próximos años. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos son universales e indivisibles, y que además son un indicador de la calidad de las relaciones internacionales. 
Por eso la Unión Europea se ha comprometido a garantizar que el respeto de los derechos humanos reciba la necesaria prioridad, ya sea en el contexto de sus relaciones con China, Rusia, Siria, Irán o Corea del Norte, una lista que, por supuesto, no es exhaustiva. 
Uno de los problemas de este debate es que, en ocasiones, las definiciones no están claras y pueden ser manipuladas por razones ideológicas. 
En la Resolución sobre los derechos humanos del Parlamento Europeo no debe ponerse como pretexto la salud reproductora para abogar por una liberalización general del aborto, ya que está en juego la protección de la vida y la dignidad humanas. 
Quiero centrarme solo en un caso que es especialmente importante, ya que afecta a un país con el que se van a iniciar negociaciones de adhesión: Turquía. 
Pero no es esa la razón por la que quiero hablar de ese caso en particular. 
Tampoco lo hago porque afecte a un ciudadano austriaco que fue detenido y cuya liberación puede ser inminente gracias a la intervención de las autoridades austriacas. 
En realidad, podría haber sido un ciudadano de cualquier otro país. 
Lo que me preocupa, en primer lugar, es que en la Turquía actual la mera acusación de pertenencia a una organización terrorista baste para que se dicte una orden de detención, aunque la persona acusada no haya cometido ningún delito. 
En segundo lugar, me preocupa en gran medida que sigan ejecutándose las órdenes de detención dictadas por el Tribunal de Seguridad Estatal, pese a que Turquía afirma que cumple los criterios políticos de Copenhague. 
Todos sabemos que las órdenes de detención dictadas por ese Tribunal violan el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Si este caso es sintomático de la práctica jurídica en Turquía, ni la Comisión ni el Consejo deben seguir adelante con la agenda. 
Señor Presidente, en primer lugar pido disculpas por llegar con algunos minutos de retraso. 
Con respecto a los derechos humanos, creo que el Consejo comparte en gran medida lo que han destacado los distintos oradores aquí en el Parlamento. 
Simplemente quisiera sacar a relucir algunos elementos e intentar comentarlos. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es un lugar perfecto, y que en muchos aspectos es criticable. 
No obstante, debemos admitir que, a fin de cuentas, es el único foro multilateral en el que se puede debatir sobre los derechos humanos a escala realmente mundial, aunque a veces surjan dificultades. 
Está claro, por tanto, que la Unión Europea debe consagrarse a mejorar el funcionamiento de esta Comisión. 
Debemos desempeñar un papel activo en la reforma de su funcionamiento, y pienso que en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas y del sistema multilateral en general, este es un punto extremadamente importante. 
Sabemos también que la gestión de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en los distintos países requiere en ocasiones un largo proceso. 
No se pueden obtener resultados rápidos, y por eso precisamos enfoques diversificados, trabajando sobre diferentes aspectos. 
Mencionaré tres ejemplos que han sido comentados en detalle en el Parlamento. 
Irán, por ejemplo. 
Por supuesto, podemos practicar una política de enfrentamiento con Irán en materia de derechos humanos, con unos resultados sumamente dudosos. 
Pero en el proceso general de negociaciones –y Dios sabe que discutimos sobre asuntos tremendamente delicados e importantes con este país– no se han dejado de lado los derechos humanos. 
Ocupan un lugar importante. 
La semana pasada tuve ocasión de reunirme con el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y hablamos de los derechos humanos de forma muy concreta. 
Le pedimos claramente la reactivación del grupo de debate sobre los derechos humanos en Irán y la reanudación del diálogo sobre los derechos humanos en el marco de las relaciones generales que queremos establecer con este país. 
Tengo cierta esperanza de que Irán esté de acuerdo en reactivar este grupo. 
Este país intentó, por ejemplo, obtener a cambio la no presentación de iniciativas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos. 
Creo que no podemos acceder a esta petición; no hay trato posible. 
Pero lo importante es que mantengamos un diálogo con un país como Irán. 
Se ha mencionado China. 
Creo que el diálogo con China sobre los derechos humanos es un aspecto extremadamente importante de nuestras relaciones. 
Esta misma tarde, sin ir más lejos, ha tenido lugar en Luxemburgo una reunión de diálogo con China sobre los derechos humanos. 
Sabemos que no vamos a modificar, cambiar o trastocar el sistema chino de un día para otro. 
Hay un trabajo paciente que hacer, pero, si observamos un poco la situación en otras partes del mundo, veremos que ese trabajo intenso, progresivo, pero constante, en torno a los derechos humanos puede resultar fructífero y dar resultados, y hay bastantes ejemplos que lo demuestran. 
El último ejemplo que me gustaría citar es Zimbabue. 
Es una historia triste, dramática, y no es la única en África, hay otras. 
Ello no impide que, con respecto a Zimbabue, hayamos adoptado sanciones que yo no calificaría de demasiado blandas, como alguno de ustedes ha hecho. 
Son sanciones reales. 
Hemos llegado incluso a anular una cumbre Europa-África por causa de Zimbabue, porque no deseábamos la participación del Presidente de Zimbabue en esa reunión. 
No se trata, pues, de una actitud blanda y complaciente hacia ese país. 
Hemos sometido a Zimbabue a una observación rigurosa en todo lo concerniente a las elecciones que van a celebrarse en ese país. 
Creo que tenemos pocas esperanzas de que se desarrollen en buenas condiciones democráticas. 
Habrá que decidir, por tanto, cómo queremos proseguir nuestras relaciones con este importante país, y en este contexto convendría citar otros ejemplos en África. 
Se ha mencionado también Berlarús. 
Hemos adoptado sanciones contra Belarús, un país que hasta cierto punto se ha autoaislado. 
Sigue planteada la cuestión de si, en materia de derechos humanos, hay que aislar o hay que intentar mantener un mínimo diálogo a pesar de todo, en particular para ayudar a quienes son las primeras víctimas de las restricciones de las libertades y de los derechos humanos. 
En conclusión, creo que Europa está realizando un progreso efectivo, constante, activo, pero también diversificado en el capítulo de los derechos humanos, y no otorgamos a este capítulo una prioridad secundaria, como algunos han dicho. 
Creo que queremos desempeñar un papel importante y adoptar un enfoque más global en materia de derechos humanos. 
Se han mencionado algunos derechos más específicos, en particular en relación con las empresas transnacionales. Por esta razón creo que hace falta un concepto más innovador, pero multilateralista, de los derechos humanos. 
Creo que Europa debe mostrar el camino, trabajando con otros, por supuesto, pero debe hacerlo para avanzar en esta causa. 
. Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo, en efecto, en que los derechos humanos desempeñan –y deben desempeñar– un papel muy importante no solo en la 61ª sesión, sino en general, naturalmente. 
Por otra parte, Señorías, así sucede en cada cumbre o cada reunión que mantenemos con los distintos países. 
En la reunión con China de diciembre del año pasado abordamos ampliamente la cuestión de los derechos humanos, y esperamos que China ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Creo que es también muy importante que, en nuestras reuniones bilaterales, estas cuestiones estén siempre en el orden del día. 
Como ya ha dicho el señor Schmit, así se está haciendo. 
Lo mismo ocurre con nuestra nueva política de vecindad, con respecto a la cual el Presidente Yushchenko ha manifestado hoy algunas reticencias. 
Debo decirles que no estoy de acuerdo con él, y así se lo dije en Ucrania. 
Aunque la política de vecindad que hemos diseñado es una política gradual, también es una política capaz de aproximar a los países. 
Ucrania está mucho más cerca de la Unión Europea en materia de derechos humanos y en muchos otros ámbitos. 
Agradezco mucho a los diputados al Parlamento Europeo que hayan manifestado tanto interés. 
Estoy encantada también de saber que una delegación de diputados viajará a Ginebra con ocasión de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará el mes próximo, con el fin de facilitar los distintos contactos. 
La posición expresada por la señora Flautre, según la cual nuestro diálogo con un país no es incompatible con una acción en el seno de las Naciones Unidas, es una posición que la Comisión y el Consejo comparten plenamente. 
Por esta razón, siempre hemos dicho claramente que nos opondríamos –y lo hemos hecho– a las mociones encaminadas a impedir la votación sobre una resolución. 
Es el caso de China. 
El forma parte de los procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos, pero, por desgracia, a veces nos impide trabajar juntos. 
Voy acontinuar en inglés. 
He escuchado con gran interés los comentarios sobre la situación de las mujeres, de los periodistas y otros en varios países. 
Es muy importante que la Comisión trabaje activamente en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Permítanme decir que la cuestión de los derechos humanos en las Naciones Unidas también se ha mencionado en el debate de hoy. 
Debemos estudiar las nuevas ideas propuestas por los diversos expertos al panel de las Naciones Unidas. 
Hay algunas ideas muy interesantes. 
Una se refiere a la universalización de la pertenencia a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o, a más largo plazo, incluso la creación de un consejo sobre derechos humanos con todas las de la ley. 
Es una idea muy importante, y creo que debemos mostrar nuestro apoyo al respecto. 
La Comisión contribuye a la reflexión interna sobre todos esos temas. 
Todavía nos encontramos en una fase temprana del proceso, ya que esperamos el informe del Secretario General, el señor Kofi Annan, que se presentará durante el mes de marzo. 
Sin embargo, estoy convencida de que la creación de un nuevo consejo sobre los derechos humanos reforzaría la credibilidad de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
No obstante, debemos asegurarnos de que todo proceso de reforma de las Naciones Unidas promueva el respeto de los derechos humanos, la promoción del derecho humanitario, el Estado de Derecho y la democracia, ya que todo ello constituye el núcleo de nuestra respuesta de promoción de la paz por parte de las Naciones Unidas. 
Si pensamos en Iraq, sabemos que eso es importante. 
Por último, es importante que mejoremos la eficiencia de toda la maquinaria de los derechos humanos. 
El primer orador del debate de hoy, el señor Ribeiro e Castro, ha mencionado el amplio espectro de amenazas a que nos enfrentamos, como el terrorismo, el crimen organizado internacional, el tráfico, etc. Quiero decirle que tiene toda la razón y que debemos abordar estas amenazas. 
Tiene todo nuestro apoyo. 
Para mí esas amenazas y las contramedidas para abordarlas forman parte del concepto de seguridad humana. 
Es un concepto amplio de comprensión de la seguridad individual en el que es importante tener en cuenta que hay amenazas duras y amenazas suaves. 
También es importante la idea de liberarse de la necesidad y liberarse del temor, y hay que eliminarlos a los dos. 
Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución, presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Parlamento Europeo debe decir un rotundo «no» a la exportación de armas a China. 
Me pregunto si, para que algunos fabricantes europeos de armas consigan un mayor volumen de negocio, Europa debe renunciar a sus valores y a su ambición de proteger los derechos humanos con eficacia en todo el mundo. 
Creo que el Consejo de Ministros se tomará en serio la posición del Parlamento y abandonará su enfoque pragmático. 
En caso contrario, Europa perderá su capacidad de influir positivamente en el desarrollo de Asia y África. 
¿Qué herramientas políticas le quedarán a Europa para defender los derechos humanos y vigilar la aplicación de las normas sociales, ecológicas y comerciales? 
Organizaciones independientes han facilitado pruebas del asesinato, la persecución y el secuestro de opositores ideológicos en China. 
Eso no solo afecta a Falun Gong, sino también a cristianos, budistas y otros. 
¿Qué crédito puede recibir una Unión Europea que incumple embargos pese a que siguen siendo válidas las razones por las que se impusieron? 
La Unión no ha investigado todavía por sí misma los cambios en la situación de los derechos humanos en China. 
¿Tampoco está al tanto de las evidentes infracciones de la legislación en materia de comercio internacional y propiedad intelectual? 
En realidad, de lo que estamos hablando es de un riesgo para la seguridad; y puedo decir eso sobre la base de mi propia experiencia en la República Checa hace un par de años. 
La prensa reveló que se estaban exportando armas al Congo, un país sobre el que existía un embargo de la Unión Europea. 
Eso se debió a un fallo de los políticos, que facilitaron la venta de armas a través del poco fiable Zimbabwe, un país dispuesto a aceptar certificados de usuario final falsificados. 
Debemos recordar que los países en los que no funciona el control público... 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a las elecciones en Moldova. 
. Señor Presidente, en nombre de la Presidencia, quiero agradecer al Parlamento la gran atención que presta a las elecciones que se celebrarán próximamente en Moldova. 
La Presidencia sigue constante y atentamente la evolución de la situación política en este país, y en particular la preparación y el desarrollo de las elecciones del 6 de marzo. 
Las elecciones legislativas moldavas serán observadas además por la OSCE. 
El Gobierno moldavo ha invitado a observadores internacionales con mucha antelación, y espero que también participen en esta misión de observación diputados al Parlamento Europeo. 
Como futuro país vecino de la Unión Europea, Moldova es muy importante para nosotros. 
Sus Señorías no ignorarán que el proceso electoral suscita algunas inquietudes, en particular por lo que se refiere a la situación de los medios de comunicación y el trato que recibe la oposición. 
La Unión Europea examinó ya todas estas cuestiones con el Gobierno moldavo el pasado otoño, en una visita de la Troika. 
Reafirmamos claramente que las prácticas democráticas deben respetarse y que las elecciones deben ser libres y limpias. 
Más recientemente, la Unión Europea ha emitido una declaración con respecto a estas elecciones cuyos principales elementos son los siguientes. La Unión Europea ha recordado a Moldova que sus relaciones con la Unión dependen de su compromiso con los valores comunes. 
Esta mañana se ha hablado mucho de valores y democracia en el contexto mediterráneo, y el Presidente Yushchenko nos ha dado en cierto modo una gran lección de democracia y de valores. 
Es importante, pues, que este país se reencuentre con Europa también en este terreno. 
La Unión Europea ha lanzado un llamamiento a las autoridades moldavas para que las elecciones se desarrollen en un clima abierto y equitativo, para que la cobertura mediática de la campaña sea pluralista e imparcial y para que la administración del Estado se mantenga neutral con todos los candidatos y sus simpatizantes. 
La Unión ha pedido también a las autoridades que velen por que los votos de los expatriados se procesen de forma adecuada e imparcial. 
Por último, la Unión ha pedido al Gobierno moldavo que tenga en cuenta las preocupaciones manifestadas por la misión de evaluación de las necesidades de la OSCE y que aplique las recomendaciones conjuntas elaboradas por la OSCE y la Comisión de Venecia en 2004. 
Por último, destacaré que esta cuestión se examinó en la reunión del Consejo de cooperación Unión Europea-Moldova, celebrado el 22 de febrero en Bruselas. 
Reformas democráticas y celebración de unas elecciones libres y conformes a la ley constituyen asimismo componentes importantes del plan de acción UE-Moldova adoptado por el Consejo de cooperación en el marco de la política europea de vecindad. 
Así pues, encontramos también el tema de los derechos humanos en el marco de la política de vecindad, como ha destacado la señora Ferrero-Waldner. 
Puedo asegurarles, señor Presidente, que la Presidencia del Consejo seguirá de cerca el proceso electoral en Moldova, porque es una etapa importante para el futuro europeo de ese país. 
Es una elección que este país debe tomar para demostrar que está dispuesto a unirse algún día a la familia europea. 
. Señor Presidente, ayer tuvo lugar un Consejo de Cooperación de la UE en el que se adoptó la nueva política de vecindad y el plan de acción para Moldova. 
También mantuvimos un excelente diálogo, franco y abierto, en el que participé personalmente. 
Como ha indicado mi colega, dejamos claro que si Moldova quiere realmente acercarse más a la Unión Europea, es muy importante que además demuestre este interés. 
Creo que las elecciones que se van a celebrar muy pronto, el 6 de marzo, serán un momento excelente para demostrar qué ocurre realmente. 
Moldova tiene que promover verdaderamente el respeto de los derechos humanos. 
Tiene que promover y delegar en la sociedad civil, tiene que reforzar la independencia de los medios de comunicación, y tiene que asegurar una mejor aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa. 
Se lo dije a ellos personalmente. 
Todos estamos de acuerdo en que es imprescindible conseguir una democracia plena, el respeto del Estado de Derecho, un poder judicial independiente y unos medios de comunicación libres e independientes si quieren promover la estabilidad y la prosperidad del país. 
Desde la independencia en 1991, Moldova tiene un historial bastante bueno de elecciones libres y justas. 
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la OIDDH, la Oficina para las instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, han confirmado en su informe sobre Moldova que las dos últimas elecciones parlamentarias cumplieron los criterios internacionales. 
En honor de Moldova hay que decir que muy pocas elecciones de los nuevos Estados independientes se han valorado de forma tan positiva. 
Sin embargo, la valoración de la OSCE sobre las elecciones locales desde 2001 dice que, por desgracia, la situación se ha deteriorado. 
La organización observó defectos en el contexto de las elecciones locales celebradas en mayo y junio de 2003, como el abuso de recursos administrativos, la fuerte parcialidad de los medios de comunicación estatales a favor de quienes ocupaban el poder, y la detención de candidatos destacados. 
Los informes sobre las elecciones de octubre de 2002 para el cargo de Gobernador de Gagauzia, una Unidad Territorial Autónoma, presentaban deficiencias similares. 
En el período previo a las elecciones parlamentarias de 2005 nos preocupa el hecho de que no se cumpla del todo una de las recomendaciones conjuntas hechas por la OECE y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para la mejora de la legislación electoral y la administración de las elecciones. 
Otros motivos de preocupación son también la aparente falta de confianza en la comisión electoral central, problemas con la exactitud de los registros de votantes, abusos denunciados de recursos administrativos por parte de las autoridades, control de los medios públicos de comunicación por parte del partido en el poder y el Gobierno, y presiones sobre los medios de comunicación privados. 
Además, es posible que uno de cada cuatro habitantes de Moldova no pueda emitir su voto. 
Eso incluye a ciudadanos de Moldova que viven en el extranjero o en la región de Transdniéster. 
Ayer el Gobierno nos dijo que también ha habido algunas interferencias en el proceso electoral procedentes de fuera del país. 
Así es como ellos lo describieron y creo que debemos hacer todo lo posible por observar esas elecciones con gran atención. 
Por consiguiente, la Comisión ha asignado fondos para enviar a 25 comisarios nombrados especialmente para la observación de esas elecciones, que van a participar en la misión de la OSCE/OIDDH. 
Es importante saber que no será una tarea fácil y no deberíamos bajar la guardia. 
También agradezco la visita a Moldova en enero del Secretario General del Consejo de Europa, el señor Terry Davis, y el lanzamiento de la misión de observación electoral de la OSCE. 
Aprovecharé esta oportunidad para reafirmar nuestro apoyo al excelente trabajo de este equipo de apoyo del Consejo de Europa y de la OSCE. 
Mantenemos un contacto regular con nuestra misión y, como he dicho, aportamos 50 000 euros. 
Eso ya se mencionó ayer. 
Creo que la delegación de Moldova que quiere acercarse a Europa ha mostrado un gran interés al intentar cumplir los criterios, pero también existe cierta preocupación por las influencias que puedan venir de fuera. 
De nuevo, espero que el Parlamento, junto con la Comisión, siga los acontecimientos muy de cerca, porque puede ser esencial. 
. – Señor Presidente, es de agradecer que el Parlamento Europeo vaya a examinar hoy algunas cuestiones relacionadas con Moldova, porque Moldova es un país pequeño que no recibe atención suficiente por parte de Europa. 
Es un país con una Historia muy rica, un país en el que se han producido enfrentamientos entre intereses étnicos y nacionales y en el que existen grandes diferencias culturales, religiosas, económicas y políticas. 
Moldova es un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre la Cristiandad y el Islam, así como un punto en el que se han cruzado a lo largo de toda la Historia los intereses de distintos gobernantes y distintas potencias. 
La situación actual de Moldova sigue siendo complicada. 
Debemos recordar que se trata de un país que, tras la caída de la URSS, sufrió una trágica guerra en la región de Transdniéster. 
Ese conflicto no ha encontrado aún una solución definitiva. 
Moldova se enfrenta en la actualidad a numerosos problemas económicos y sociales. 
Esta complicada región tiene que estabilizarse por el bien de todo nuestro continente. 
La estabilidad solo puede salvaguardarse con una democracia plena, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y civiles. 
Pero la democracia no puede imponerse, solo puede apoyarse, y esa es nuestra actual responsabilidad con Moldova. 
Las elecciones del 6 de marzo de 2005 permitirán saber hasta qué punto ha avanzado el proceso de democratización y hasta qué punto prevalece el interés común sobre los intereses individuales. 
Estas elecciones determinarán si los principales problemas económicos, educativos y sociales de Moldova van a poder resolverse satisfactoriamente. 
Pueden, además, marcar el inicio de una nueva etapa en su desarrollo y, por tanto, permitir la aplicación de la estrategia aprobada el año pasado para su futuro ingreso en la Unión Europea. 
Las elecciones supondrán también nuevos retos para el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
. Señor Presidente, teniendo en cuenta lo dicho por el Consejo y la Comisión, la Comisaria y el Presidente en ejercicio del Consejo, es evidente que todos nosotros –me refiero a las tres instituciones– tenemos que enviar a Moldova, al Gobierno moldavo, una señal conjunta en las fechas previas a las elecciones del 6 de marzo, y ese es también el verdadero objetivo del debate de hoy y de la Resolución que mañana aprobaremos en esta Cámara, sin duda, por amplia mayoría. 
El próximo domingo, el pueblo moldavo podrá expresar su voluntad respecto a la composición de un nuevo parlamento. Será un día importante para el país, puesto que de estas elecciones saldrá también un nuevo Gobierno nacional. 
Personalmente, creo que la delicada situación por la que atraviesa Moldova marcará el tono de la campaña electoral, porque el desarrollo del país durante el pasado año no ha sido muy esperanzador. 
Moldova se ha convertido en el país más pobre de Europa. 
Nosotros creemos que existen en Moldova otros dos problemas de gran importancia. 
En primer lugar, está la cuestión de Transdniéster y la búsqueda de una solución para la inaceptable situación de esa región de Moldova. 
A mi juicio, solo un gobierno con legitimidad democrática tendrá la autoridad necesaria para facilitar y participar en nuevas iniciativas. 
Ahora se nos presenta una buena oportunidad. 
Esta mañana, el Presidente Yushchenko ha hecho una firme declaración sobre el deseo del nuevo Gobierno ucraniano de ayudar a encontrar una solución, y ahí es donde la ayuda ucraniana es absolutamente necesaria. 
No obstante, creo que lo que importa es que de las elecciones salga un Gobierno con la autoridad necesaria para ayudar a encontrar soluciones. 
Además, como ya ha dicho la Comisaria, la futura orientación de ese país es una cuestión de gran importancia y las partes parecen estar de acuerdo en términos generales sobre la necesidad de un acercamiento a Europa y a la Unión Europea. 
Sobra decir que acogeríamos con gran satisfacción que el nuevo gobierno de Chisinau pusiera rumbo a Europa, y el plan de acción acordado con Moldova en el marco de la política de vecindad ofrece un marco concreto para ello. 
Ahora bien, la cooperación y las relaciones políticas con la Unión Europa no pueden mejorar si el mandato del Gobierno moldavo no se basa en una expresión totalmente democrática de la voluntad popular; de lo contrario, será complicado mantener negociaciones con ese país en los años venideros. 
Un Gobierno legitimado en las urnas es el primer punto de contacto de la Unión Europea y, si ese Gobierno decide emprender un rumbo creíble hacia Europa, podrá contar con el apoyo de la UE. 
Pero si las elecciones no cumplen las exigencias democráticas, se ensombrecerá la futura cooperación. 
Un régimen y unos gobernantes democráticos y creíbles son una para la implicación europea. 
Por eso exigimos al actual Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para garantizar la limpieza y transparencia en las elecciones y las campañas, garantizando el acceso equilibrado a los medios de comunicación para todos los partidos. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con lo dicho por la Comisaria a este respecto. Asimismo, agradecemos el compromiso de la Comisión con estas elecciones. 
. 
Señora Comisaria, Presidencia luxemburguesa, Señorías, Moldova es el vecino menos desarrollado de la Unión Europea y, además de un grave subdesarrollo, sufre otra serie de problemas y pesadas cargas. 
Por si fuera poco ser el país menos desarrollado del Viejo Continente, Moldova no controla la totalidad de su territorio. 
Su sistema ferroviario está dividido en dos y hay unidades militares extranjeras desplegadas en su territorio en contra de su voluntad. 
Allí se puede encontrar de todo, incluidas las peores formas de delincuencia internacional y de tráfico de armas, drogas y seres humanos. 
El país tiene graves problemas, pero sus ciudadanos saben cómo vivir y sobrevivir en una situación económica desesperada, puesto que no les queda otro remedio. 
Más de la mitad de la población subsiste con dos dólares al día y la quinta parte vive con un dólar al día. 
Si eso no es un milagro, entonces es que no existen los milagros. 
Para ellos, desde luego, no existen. 
Tenemos que ser y somos solidarios con ellos. 
Todos tenemos la esperanza de que se produzcan cambios democráticos y económicos. 
El 6 de marzo se celebrarán elecciones en Moldova, de cuyos resultados dependerá que podamos estrechar nuestra cooperación y acercar Moldova a la Unión Europea. 
Rumanía va a convertirse en miembro de la Unión, en Ucrania se han producido grandes cambios, y esperamos que también ellos vean cumplidos sus deseos y que las ruedas del desarrollo y la democracia empiecen a girar más deprisa en Moldova. 
Me hubiera gustado que el Presidente de Ucrania aprovechara su discurso de hoy para animar a nuestros amigos de Moldova, porque el ejemplo ucraniano ha demostrado que la injerencia exterior no ayuda ni puede detener el avance de la Historia. 
Les deseamos éxito, así como nuevas y mejores oportunidades para avanzar, y esperamos poder trabajar con ellos después de las elecciones. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la República de Moldova es un país del que a menudo se olvida Europa. 
Es un país que raras veces aparece en las listas de ejemplos o en los grandes discursos, pese a que su destino está estrechamente ligado al de la Unión Europea. 
Moldova no podrá desarrollarse económicamente hasta que resuelva el conflicto de Transdniéster y pueda proteger realmente sus fronteras. 
Sabemos que Moldova es el país más pobre de Europa y que buena parte de sus jóvenes lo están abandonando. 
Por eso nos parece también importante la resolución de este conflicto, y consideramos que las elecciones democráticas son esenciales para ese proceso. 
La democratización y el desarrollo económico de Moldova contribuirán por su parte a la seguridad de la Unión Europea. 
Celebro, pues, que la Comisión, el Consejo y el señor Solana hayan entendido por fin –y recalco las palabras «por fin» – que la resolución del conflicto de Transdniéster es vital para la seguridad de Europa y que debemos hacer todo lo que podamos para conseguir que ese proceso avance. 
No obstante, y vuelvo a recalcar también este punto, el desarrollo democrático de Moldova es responsabilidad de sus partidos, su Gobierno y su Administración. 
Son ellos quienes deben garantizar unas elecciones libres y limpias, sin que se produzca fraude alguno, de forma que el Gobierno que salga elegido de ellas pueda basarse en la confianza y convertirse en un interlocutor válido para la Unión Europea. 
Esa será la señal que marque el inicio del acercamiento de la República de Moldova a la Unión Europea. 
. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo dicho por los anteriores oradores. 
Yo también comparto su preocupación por la necesidad de que se calme la situación en Moldova y porque se estreche la cooperación con este país europeo. 
La Comisaria ha mencionado algunos problemas relacionados con las elecciones. 
Ayer ya debatimos esos problemas al elaborar nuestra resolución y creo que la propuesta que hemos presentado a esta Cámara es un compromiso aceptable. 
En lo que respecta al problema de los medios de comunicación, poseo información de fuentes facilitadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el sentido de que se ha producido un cambio. 
Aproximadamente la mitad del tiempo de emisión en los medios públicos se asigna a la oposición y la otra mitad, a los partidos en el poder, mientras que en los medios privados la proporción es de 1 a 20 a favor de la oposición. 
Parece que se han solucionado los problemas del voto de los estudiantes, y que estos podrán votar en sus localidades de residencia y en las localidades donde cursen sus estudios. 
Se ha producido además un cambio en lo relativo a los documentos de identificación, ya que se han concedido prórrogas tanto para los pasaportes de la era soviética como para los que están a punto de caducar. 
En conclusión, me parece que se han hecho avances y que no existe hoy ningún obstáculo que pueda evitar que las elecciones se celebren de forma democrática y transparente. 
Señor Presidente, Señorías, dentro de un año, nueve meses y ocho días, el país vecino de Moldova, Rumanía, será miembro de la Unión Europea. 
Por lo tanto, en este debate sobre la situación política de Moldova no debemos olvidar que hablamos sobre la democracia o la falta de ella en un país que pronto será vecino de la Unión. 
Si, cuando hablamos sobre Iraq y de Irán, recordamos que serán vecinos de la Unión Europea cuando Turquía ingrese en ella dentro de unos 20 años, debemos mostrar un interés aún mayor por los actuales vecinos de la Unión, como Ucrania y Belarús, o por Moldova, que será vecino nuestro en un futuro próximo. 
Las elecciones que se celebrarán en Moldova dentro de 11 días no serán del todo creíbles si no van precedidas de una campaña electoral limpia. 
Por el momento no hay ninguna campaña, ni indicios de que vaya a haberla. 
Pero las elecciones sin campaña son como un pez fuera del agua, así que debemos juzgar a las autoridades moldavas no solo por su cumplimiento de los procedimientos el día de las elecciones, sino también por las medidas que adopten para que pueda tener lugar una campaña normal. 
Tampoco debemos olvidar que, nos guste o no, las elecciones en ese país se sitúan en un contexto internacional. 
– Señor Presidente, Moldova es un pequeño país rodeado de tierra, el más pobre de Europa, cuya importancia para la UE aumentará cuando nuestras fronteras lleguen a ella en 2007. 
También alberga un conflicto congelado en su territorio separatista de Transdniéster, que se halla bajo protección militar rusa desde 1991, después de un sangriento conflicto secesionista. 
Este territorio es un paraíso de bandidaje, contrabando y blanqueo de dinero, y corrompe a las autoridades locales en toda la provincia de Odessa en Ucrania. 
El Presidente Voronin, con quien me reuní hace un año, a pesar de ser comunista y de origen ruso, se ha comprometido a aproximar su país a la UE y la OTAN después de pelearse con el Presidente Putin, que en 2002 no retiró las tropas rusas de la región de Transdniéster tal como se había acordado. 
No tengo ninguna duda de que las elecciones parlamentarias del 6 de marzo, aunque no lleguen a ser perfectas teniendo en cuenta la parcialidad de los medios de comunicación durante la campaña previa y el monopolio de los recursos administrativos, no experimentarán el tipo de fraude que se vivió con el Primer Ministro Yanukóvich en la vecina Ucrania, que provocó la famosa Revolución Naranja. 
El Parlamento Europeo, las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y la OTAN, así como la presencia de la OSCE/OIDDH en Moldova, con la ayuda de Rumanía y Ucrania, evitarán que eso suceda. 
El nuevo Parlamento debe ayudar a Rumanía, Ucrania, Rusia, los Estados Unidos y la UE a reunirse con el Gobierno de Moldova para resolver el problema de Transdniéster. 
Hay que garantizar fuertes salvaguardias para las minorías eslavas, probablemente en forma de autonomía para el territorio que, al fin y al cabo, nunca ha sido parte de la histórica Besarabia ni ha sido de habla rumana, y Stalin lo anexionó cruelmente para crear Moldova hace 60 años. 
Yo personalmente empezaría defendiendo el refuerzo de las sanciones contra Tiraspol pidiendo al Presidente Yushchenko de Ucrania, que ha estado aquí esta mañana, que demuestre su independencia de Moscú evitando que el señor Smirnov y sus 16 secuaces viajen a Ucrania, tal como ya ha hecho la UE con la prohibición de concederle visado. 
También quiero pedir al Consejo que defina una política para impedir que aterrice en territorio europeo ningún avión que haya despegado del aeropuerto militar de Tiraspol, asegurando así que todos despeguen de Chisinau, donde pueden ser inspeccionados abiertamente para controlar el contrabando, incluido el tráfico de armas. 
– Señorías, desde la «Revolución naranja» , el Parlamento Europeo viene prestando cada vez más atención a sus vecinos del Este. 
La Resolución de hoy confirma que la valiente decisión, tomada el 13 de enero, de ofrecer a Ucrania su ingreso en la Unión Europea no fue precipitada. 
La Resolución sobre Moldova es equilibrada. 
Queremos reiterar nuestro apoyo y dejar claro que comprendemos la complicada situación de la región. 
La integridad territorial de Moldova ha sido violada: contra los deseos de un Gobierno elegido democráticamente, se han desplegado tropas extranjeras en su territorio: el ejército ruso. 
Por cierto, resulta irónico que hoy, 23 de febrero, sea el día en que los Estados vasallos de la Unión Soviética, como Estonia y Moldova, fueron obligados durante décadas a celebrar el Día del Ejército y la Armada Soviéticos. 
La Unión Europea está dispuesta a apoyar a los moldavos, tanto en su proceso de integración europea como en la restauración de su integridad territorial. 
La Unión Europea, en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa –la PESD– debe estar también dispuesta a apoyar el control de fronteras entre la región separatista moldava de Transdniéster y Ucrania. 
El discurso pronunciado hoy en el Parlamento por el Presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, nos da motivos para creer que Ucrania reconoce la gran importancia de resolver el problema de Transdniéster. 
La naturaleza democrática de las elecciones moldavas no depende únicamente de cómo se realice el recuento de los votos. 
Unas elecciones no son democráticas salvo que todos los partidos políticos tengan un acceso limpio y equitativo a los medios de comunicación durante la campaña electoral. 
Me refiero en este caso al tiempo de emisión en Teleradio Moldova. 
Al mismo tiempo, todos los partidos deben tener la oportunidad de realizar propaganda electoral, tanto en las calles como en los medios de comunicación. 
Eso es lo mínimo que tiene que haber para poder decir que las elecciones del 6 de marzo han sido democráticas. 
La Unión Europea debe estar dispuesta a tratar a Moldova en las mismas condiciones que a Ucrania. 
No veo ninguna razón para que el Parlamento Europeo no apoye las perspectivas de adhesión de Moldova a la Unión Europea durante los procesos de reforma democrática y económica. 
El primer criterio de Copenhague –la democracia– es, por supuesto, una condición imprescindible para recibir el apoyo y la cooperación de la Unión, pero los otros dos –una economía libre de mercado y el Estado de Derecho– son igualmente indispensables para Moldova. 
Es necesario que adoptemos una posición clara respecto a esas cuestiones si queremos ser sinceros con nosotros mismos, con Europa y con los moldavos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Schmit, el Presidente de Ucrania lo ha resumido muy bien hoy. 
El principio que su país asocia con la Unión Europea es la democracia –y los demócratas de la República de Moldova tienen su mirada puesta en nosotros. 
Lo que quieren no es solo que nos comprometamos con ellos como europeos, sino también que les enviemos una señal clara más allá de la estrategia de vecindad. 
Por eso creo que –especialmente en vista de los acontecimientos ocurridos en su país vecino, Ucrania– debemos ofrecer a Moldova unas perspectivas más claras. 
Con la estrategia de Salónica, la Unión Europea trazó un curso para los países de los Balcanes Occidentales. 
¿Qué pasa con los países que acaban de empezar a liberarse de su pasado? 
Ucrania ha sentado un precedente. 
Esperemos que la República de Moldova siga sus pasos el 6 de marzo. 
Hasta Belarús no tendrá más remedio que embarcarse en un proceso de democratización en el futuro. 
Lo que necesitamos ahora es una estrategia de Salónica para esos tres países. 
Es un anacronismo que la República de Moldova sea el único país en el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa que carezca de perspectivas de adhesión a la Unión Europea. 
Sería espléndido que esta Cámara pudiera acoger en breve a un Presidente de la República de Moldova elegido en las urnas y sinceramente comprometido con una política democrática. 
De momento no es así, como pude comprobar de primera mano en mi visita a Chisinau hace diez días. 
No obstante, para que exista una República de Moldova europea, las elecciones del 6 de marzo tienen que ser democráticas. 
Pedimos a nuestros amigos europeos de la República de Moldova que acudan a las urnas, que voten por la democracia y que conviertan a la República de Moldova en un país más libre, más democrático y más europeo, para que esta Cámara pueda darle muy pronto la bienvenida. 
– Señor Presidente, la región de habla predominantemente rumana que solía llamarse Besarabia, y que actualmente se conoce como Moldova, ha alternado entre manos rumanas y rusas. 
Nunca habría existido como Estado de no haber sido por el pacto entre Stalin y Hitler que modificó las fronteras occidentales de la Unión Soviética en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. 
Tanto en el sector rumanoparlante situado al oeste del Dniéster como en el sector eslavo situado al este del río, existe una nostalgia compartida por el tipo de sociedad que existía en tiempos de la Unión Soviética. 
Todas esas circunstancias no son los mejores cimientos para la democracia, la tolerancia, la transparencia y el pluralismo. Pueden hacer que los distintos pueblos traten de instaurar un régimen cuyo autoritarismo se dirija contra los que consideran sus oponentes. 
Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que las elecciones sean tan fraudulentas como las del año pasado en Ucrania y Belarús. 
Por eso es importante que expresemos ahora nuestro deseo de que el país más pobre de Europa tenga una democracia parlamentaria normal, con los mismos derechos y oportunidades para todos los partidos que participen en las elecciones del 6 de marzo. 
Como todos sabemos, el próximo 6 de marzo se celebrarán elecciones parlamentarias en Moldova, unas elecciones que espero poder observar como miembro de la delegación de observadores electorales del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, hoy quiero también expresar mi preocupación por la situación preelectoral en Moldova. 
La situación en Moldova es complicada sobre todo porque el problema de Transdniéster sigue sin resolverse. 
Ni la comunidad internacional ni la Unión Europea han conseguido convencer a Rusia de que cumpla sus Compromisos de Estambul de 1999 y retire sus tropas de esa región. 
Transdniéster se ha convertido en una región en la que se blanquean capitales y se fabrican y exportan armas ilegalmente. 
Todo ello favorece, ya sea directa o indirectamente, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional. 
Hoy, la Comisaria Ferrero-Waldner nos ha hecho partícipes de su preocupación por las condiciones en que van a tener lugar las próximas elecciones, por la influencia que se está tratando de ejercer desde el exterior desde hace tiempo. 
Ayer, el Primer Ministro moldavo, señor Tarlev, se refirió a ello en una rueda de prensa en Bruselas y hoy las agencias de noticias de todo el mundo informan de lo mismo. 
En conclusión, quiero expresar la esperanza de que la Unión Europea y la comunidad internacional no se vean impotentes y que la Unión Europea no se limite a observar las elecciones y supervisar la situación, sino que tome medidas concretas para ayudar a las fuerzas democráticas moldavas y no permita que la inestabilidad se adueñe del país. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, Señorías, a diferencia de ciertos diputados, pienso que este Parlamento mira con simpatía y se siente cercano al pueblo moldavo y, en particular, a sus esfuerzos por establecer un sistema democrático completo y alcanzar un mayor progreso civil. 
Estamos unidos por profundos vínculos y también por intereses comunes y queremos continuar la cooperación ya iniciada en el marco del programa de vecindad. 
Estamos atentos a todo lo que sucede, a las contradicciones y a los retrasos, pero también a la acción positiva que desarrollan entidades políticas y sociales, instituciones y asociaciones, en especial asociaciones laicas y católicas, que luchan por defender los derechos inviolables de los niños y por combatir la trata de jóvenes abocadas a la prostitución. 
Hay dos temas que abordar: el de los derechos humanos y el de los derechos políticos. 
Desde este último punto de vista, las elecciones del próximo 6 de marzo representan una ocasión importante, y es justo pedir que se lleven a cabo con la máxima transparencia a fin de garantizar la mayor participación posible. 
Creo que es justo pedir también a los Gobiernos y a los Estados en que viven numerosos ciudadanos moldavos, entre ellos Italia, que pongan los medios concretos para que miles de inmigrantes moldavos puedan ejercer plenamente su derecho de voto. 
– Señor Presidente, los pueblos no necesitan instrucciones ni recomendaciones y, más concretamente, no se les puede vigilar para garantizar que elijan al Gobierno que realmente desean. 
Es inaceptable que la Unión Europea y el Parlamento Europeo intervengan repetidamente en los asuntos internos de otros países. 
En el caso de Moldova, la hipocresía sobre el proceso democrático sobrepasa todos los límites. 
Si hay que denunciar algo, es la abierta injerencia de los Estados Unidos de América, que han financiado con 1,7 millones de dólares a la organización para que apoye a la oposición contra el actual Gobierno. 
Ese es el principal problema de injerencia extranjera en los asuntos internos de Moldova. 
La posición de Estados Unidos, que reconoce precisamente esa injerencia, es una provocación. 
Protestó a través de su embajada acusando al Gobierno de Moldova, y esa protesta fue firmada, cómo no, por las embajadas de los países europeos más grandes. 
Ninguna de las propuestas presentadas tiene la valentía de hacer referencia a ese problema. 
A ustedes no les interesan ni la democracia ni unas elecciones verdaderamente democráticas. 
Lo que quieren es sojuzgar a Moldova. 
Por último, quiero recordar que hoy, 23 de febrero, es el aniversario de la creación del Ejército Rojo y debemos rendir tributo a los miles de soldados y oficiales del Ejército Rojo que murieron en la Segunda Guerra Mundial luchando contra el fascismo. 
. Señor Presidente, pienso que este debate ha demostrado claramente que Moldova no es un país olvidado por Europa. 
Ha demostrado que nos interesamos por este país, que, con todo, lleva cierto retraso en relación con la evolución general de Europa, en otras palabras, la evolución hacia una mayor democracia y también la evolución también hacia reformas económicas y sociales, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la trata de seres humanos, otros tantos temas muy importantes en este contexto. 
Creo que la conclusión que podemos sacar de este debate, y están de acuerdo con ella el Parlamento, el Consejo y la Comisión, es que, como alguien ya ha dicho, debemos enviar una señal contundente a Moldova en el sentido de que no debe desaprovechar una oportunidad histórica después de lo que ha pasado en Ucrania. 
Creo que debemos transmitir este mensaje con claridad, con firmeza, a las autoridades moldavas, no solo en la perspectiva de las elecciones, sino también después. 
La señora Ferrero-Waldner ha hablado de la política europea de vecindad. 
A través de esta política, a través del plan de acción, hay que presionar a las autoridades moldavas, a las autoridades que ejercen el poder en estos momentos, pero también a las de mañana, para que esas reformas se emprendan efectivamente, y velar por que realmente tengan alguna sustancia. 
. Señor Presidente, Transdniéster ha sido uno de los temas del debate de hoy, y es un tema de actualidad. 
Ayer hablamos de ello largo y tendido. 
Como Ministra de Asuntos Exteriores de Austria y presidenta en ejercicio de la OSCE en el año 2000, intenté hacer todo lo posible por encontrar una solución al problema de Transdniéster. 
En aquel momento hubo un acercamiento. 
Rusia había nombrado al Primer Ministro Primakov y existía una posibilidad de llegar a alguna parte. 
Sin embargo, inmediatamente después, por desgracia, el conflicto estalló de nuevo y no se encontró ninguna solución. 
Por lo tanto, me complace la elección del nuevo representante especial del Secretario General, porque es muy importante avanzar. 
Eso se dijo ayer. 
Debemos hacer todo lo que podamos a través de nuestro plan de acción, pero también debemos encontrar una solución a ese problema tan difícil. 
Iré a Moldova dentro de poco, después de las elecciones, tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno. 
Dije esto ayer en nuestra reunión y hoy también puedo anunciar oficialmente que la Comisión abrirá allí una nueva delegación. 
Si queremos una nueva política de vecindad, ese es el momento. 
Es importante y espero que pueda combinar mi visita con la inauguración de dicha delegación. 
Moldova es el país más pobre de la Europa actual. 
Pero no vayamos demasiado lejos. 
Pasemos a la acción. 
La retórica y la visión de futuro son necesarias, pero aún más necesario es estudiar la complejidad de la situación. 
Conozco el país porque he estado allí muchas veces en el ejercicio de mis cargos anteriores. 
Quedan muchas cosas por hacer. 
El plan de acción es adecuado. 
Por favor, examinemos el plan de acción. 
He oído que algunas personas quieren ir más allá del plan de acción, pero todavía no ha llegado el momento. 
Ahora es el momento de que la Política de Vecindad acerque esos países a la Unión Europea. 
Pero es cuestión de que ambas partes hagan concesiones. 
Esos países también tienen que aceptar la mano amiga que les tendemos. 
– Al término del debate he recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento (1). El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado año, el Presidente Lula lanzó una iniciativa a la que se asociaron inmediatamente el Presidente Chirac, el Presidente Lagos y el Presidente Zapatero, y que llevó a la Declaración sobre la Acción contra el Hambre y la Pobreza de 20 de septiembre, firmada por 111 gobiernos, entre ellos, todos los de la Unión Europea. 
Es una iniciativa que actualiza y relanza los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados en el año 2000 por las Naciones Unidas. 
Además, el último apartado del artículo 3 de la Constitución Europea, en curso de ratificación en este momento, proclama la adhesión de la Unión Europea al Derecho internacional y a las Naciones Unidas y su Carta, y se compromete claramente con la Agenda del Milenio, además de proclamar el principio del comercio libre y justo. 
Es el momento oportuno para conocer los criterios de la Comisión y del Consejo, no solamente en relación con cuestiones importantes y de actualidad, como es la situación en África o el cambio climático, sino también para intensificar nuestros esfuerzos financieros con vistas al incremento de la ayuda al desarrollo, para mantenernos dentro de la Agenda del Milenio y, sobre todo, para poder asumir en este tema tan esencial para el futuro de la humanidad un comportamiento de vanguardia y responsable. 
Por último, señor Presidente, en mi opinión, este punto también ha de extenderse al mandato que debe recibir la Comisión de cara a la Cumbre de Hong Kong en el desarrollo de la Ronda de Doha. 
– Señor Presidente, Señorías, la pobreza no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas a escala nacional, regional e internacional, y creo que es hora de declararla ilegal. 
Ilegalizarla. 
El número de personas que viven en estado de extrema pobreza ha aumentado –y no quiero aburrirles con datos o cifras, porque ya los tienen–, pero, como se afirma en la Declaración de Nueva York, el mayor escándalo no reside tanto en la existencia del hambre y la pobreza, como en la persistencia de dicho problema a pesar de disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontarlo. 
Tanto el Presidente Lula como los países del Quinteto están muy a favor de esta Declaración, a la que ha aludido también el señor Barón Crespo, según el cual ha sido suscrita por 108 Gobiernos, mientras que yo creo que la cifra es de 111. 
El Quinteto ha recomendado nuevos instrumentos de financiación del desarrollo que no enumeraré aquí (impuestos y estrategias similares). 
Aunque apoyo los nuevos instrumentos, creo que deben considerarse complementarios y no sustitutivos de los ya existentes y que deben confluir en un fondo mundial gestionado por las Naciones Unidas. 
En realidad, erradicar la pobreza en los países pobres, y ahora también en sectores de los llamados países ricos, significa en realidad respetar el derecho a la vida y constituye también la mejor arma contra el fundamentalismo y los conflictos violentos. 
Los programas de ajuste estructurales y la liberalización desenfrenada sin duda no han mejorado las condiciones de vida en estos países. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que ha hecho referencia el señor Barón Crespo, deben considerarse una etapa intermedia fundamental, pero sin duda no definitiva. 
Considero además que las declaraciones de principio deben ir seguidas de acciones concretas, entre ellas la duplicación de las contribuciones al desarrollo. 
Hago extensivas mis congratulaciones a determinados países europeos –Dinamarca, los Países Bajos, Luxemburgo y Suecia– que ya destinan el 0,7 % y que otros avanzan en la misma dirección, pero lamento realmente que en mi país, Italia, haya una tendencia en sentido inverso. 
Espero que sea posible invertirla. 
Por último, estamos obligados a cancelar la deuda, y creo que la gestión transparente de las ayudas debe ser también un compromiso fundamental y explícito de la UE. 
No estamos y no debemos sentirnos solos. 
Debemos contribuir también al desarrollo y al crecimiento del papel de las Naciones Unidas y sus agencias. 
. Señor Presidente, creo que hay que rendir homenaje a la iniciativa del Presidente Lula a favor de una acción contra el hambre y la pobreza, que es el motivo de la pregunta oral de su Señoría. 
Se ha producido una auténtica toma de conciencia, en primer lugar de que la pobreza y el hambre en el mundo constituyen un verdadero escándalo y además, más allá de esto, que representan una amenaza permanente para la estabilidad y la evolución normal. 
Hemos hablado mucho, esta mañana y esta tarde, de democracia en el mundo en desarrollo. 
Por otra parte, la iniciativa lanzada por Tony Blair, por la presidencia británica del G8, , se inscribe un poco en esta línea de acción, y hace algún tiempo mantuvimos un debate sobre el alivio, incluso la cancelación, de la deuda de los países más pobres. 
Por tanto, es preciso ahora que esta iniciativa del Presidente Lula, apoyada por otros jefes de Estado, dé pie a acciones concretas. 
Es cierto que hasta ahora el Consejo no ha adoptado aún una posición sobre las fuentes de financiación innovadoras para la ayuda a los países en desarrollo. 
No obstante, como han advertido sus Señorías, se han formulado algunas ideas que están en debate y no son ya tabúes. 
Así, un tema como la fiscalidad del keroseno ya no es tabú, forma parte de las pistas que se están estudiando para encontrar nuevas fuentes de financiación que permitan luchar más eficazmente contra la pobreza. 
La búsqueda de esas fuentes de financiación innovadoras es, por lo demás, uno de los ocho compromisos definidos en 2002 en Barcelona por el Consejo Europeo con vistas a poner en práctica el consenso de Monterrey. 
En Barcelona, los Estados miembros de la Unión Europea afirmaron su voluntad de adoptar colectivamente una serie de ocho compromisos, los denominados Compromisos de Barcelona, que deben considerarse otros tantos capítulos de la acción de la Unión Europea para realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el fin de erradicar la pobreza. 
Dios sabe que, por lo que respecta a muchos países, y en particular los subsaharianos, estamos aún muy lejos de esos objetivos, por ejemplo en materia de acceso al agua, acceso a la educación o acceso a una alimentación digna. 
En sus conclusiones de 27 de abril de 2004, el Consejo, tomando buena nota de los trabajos en curso en los Estados miembros sobre las fuentes de financiación innovadoras, alentó a los Estados miembros y a la Comisión a que examinaran las posibilidades de acuerdo sobre las distintas propuestas en debate. 
En este contexto, destacó el importante papel que desempeñan las cooperaciones entre el sector público y el privado. 
En su reunión de junio de 2004, el Consejo Europeo reafirmó que la Unión Europea intensificaría sus esfuerzos encaminados a poner en práctica los compromisos contraídos en Monterrey, en particular mediante la búsqueda de fuentes de financiación innovadoras, de las cuales he hablado ya. 
Además, en su última reunión de diciembre de 2004, el Consejo Europeo confirmó que la Unión Europea estaba firmemente comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la idea de que debemos asegurar que se avance en su realización, en particular explorando nuevos modos de financiación sobre la base de las propuestas presentadas por la Comisión con vistas a la reunión de alto nivel en 2005. 
Ha llegado el momento de la acción, ha llegado el momento de las propuestas, y creo que el Consejo espera ahora que la Comisión le presente propuestas que se alejen un poco de los caminos trillados y aporten verdaderamente algo nuevo. 
. 
Señor Presidente, quisiera decir al señor Barón Crespo y a la señora Morgantini que la iniciativa del Presidente Lula es, en mi opinión, muy importante y pertinente. 
Señorías, mi colega en la Comisión, el señor Michel, que se encarga de esta cuestión, desea transmitirles sus disculpas y, como es lógico, estaré encantada de responder a esta pregunta en su nombre. 
La Comisión comparte el punto de vista fundamental que llevó al Cuarteto a considerar nuevas fuentes de financiación. 
Si deseamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, necesitamos un aumento significativo de los recursos financieros, sobre todo de la ayuda oficial al desarrollo. 
Debemos ir más allá del incremento acordado en Monterrey y el consiguiente compromiso de financiación del desarrollo. 
Sin embargo, tal como se dice en el informe del Banco Mundial a la Comisión de Desarrollo, la forma más sencilla y eficaz de aumentar los recursos disponibles es que una proporción mayor de las ayudas al desarrollo se financie con cargo a los presupuestos nacionales. 
La Unión Europea ha optado ya por esta vía para cumplir los compromisos adquiridos en Barcelona en 2002, y seguirá en ella, posiblemente acelerando el ritmo. 
Nuestra intención es hacer propuestas de carácter práctico que mi colega Louis Michel presentará a la Comisión para su debate antes de remitirlas al Consejo, sobre todo en el contexto de la Comunicación de la Comisión que se está elaborando en estos momentos como resultado de la Conferencia de Monterrey y con relación a un proyecto consolidado para la quinta conferencia de revisión de la Cumbre del Milenio que se celebrará en septiembre de 2005. 
Mi opinión personal es que las actuales propuestas innovadoras, como la Iniciativa para un Plan Marshall Mundial, son muy interesantes y, como es lógico, participaremos en los debates que se celebren en los distintos organismos. 
Pero no deben servir como pretexto para aparcar los compromisos de Monterrey o rebajar sus objetivos. 
Al contrario, tenemos que reiterar esos compromisos y adquirir otros nuevos. 
. Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. 
Señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, voy a hablar en mi lengua materna, el polaco. 
Señorías, tenemos el noble objetivo de ayudar a los países pobres. 
Sin embargo, en ocasiones no es suficiente con darles dinero. 
Como miembro de la Academia de las Ciencias polaca y, por lo tanto, como representante del mundo de la educación, que la Comisaria ha mencionado antes, quiero llamar su atención sobre una cuestión. 
Según la investigación que he realizado hasta la fecha, poco más del 30 % de los estudiantes procedentes de países pobres que se forman en las principales universidades de Europa, Estados Unidos u otros países, vuelven a sus países de origen, ya cursen en Europa un master o un doctorado. 
Estamos ayudando a una o dos personas a título individual, pero es ninguna ayuda para los países pobres. 
Lo que debería ocurrir es que esas personas volvieran a sus países como expertos en agricultura, educación o cualquier otro campo, para convertirse en la elite y la fuerza motriz de la economía. 
Esa es una forma de combatir el hambre y la pobreza. 
En lo que respecta a la cuestión que hoy nos ocupa aquí, en cierta ocasión tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con el Comisario Michel, y creo que estuvimos de acuerdo en que sería útil presentar una propuesta, y si era posible ponerla en práctica, para destinar una parte del presupuesto a ayudar a quienes regresan a países pobres a adaptarse, o más bien readaptarse, a la pobreza, durante un periodo de transición hasta encontrar un trabajo adecuado y en consonancia con sus capacidades. 
Eso sería de gran ayuda, y en cierta forma prolongaría las becas y la ayuda económica que les ofrecemos para venir y estudiar en nuestros países. 
Por decirlo de otra forma, Señorías, nosotros no necesitamos realmente a esos doctores de Mali o del Congo, puesto que tenemos nuestros propios doctores, pero en cambio sí que son muy necesarios en sus respectivos países. 
Así pues, estoy totalmente a favor de esta propuesta. 
Si es necesario, la elaboraré formalmente con datos y la presentaré a la Comisión de Desarrollo como propuesta para la Comisión. 
Quisiera que todos los presentes y la Comisaria prestaran atención a esta cuestión. 
Gracias. 
. Señor Presidente, la iniciativa que se tomó el 20 de septiembre de 2004 en Nueva York, liderada por Lula y Annan, contiene algunas buenas ideas sobre ayuda, deuda comercial, condonación de la deuda y nuevas formas de financiación. 
Sin embargo, ya en el año 2000 los dirigentes de todo el mundo firmaron una declaración en la que se comprometían a cumplir los Objetivos del Milenio antes de 2015. 
En el año 2005, el mundo puede ver que en África no se está avanzando hacia el objetivo de la escolarización de todos los niños y niñas, sino que estamos aún más lejos de ese objetivo. 
De forma similar, el compromiso de dedicar el 0,7 % del presupuesto nacional se ha incumplido con creces. 
Así pues, la declaración de 2004 podría verse más bien como una «gestión mediante declaraciones» , salvo que sumada al informe de Jeffrey Sachs y al gran movimiento de solidaridad y fondos que ha desencadenado la catástrofe del maremoto, reflejara en realidad una nueva voluntad política. 
Esa nueva voluntad, a mi entender, debe demostrarse ya mismo, y no mediante la creación de un nuevo fondo mundial, sino concentrando plenamente todas las fuentes de ayuda existentes –el Fondo Mundial para la Salud, el Fondo Europeo de Desarrollo, las actividades del FMI y el Banco Mundial – tanto del norte como del sur en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Lo que hace falta son acuerdos serios, un control estricto y más coordinación. 
Europa, que es el mayor donante del mundo, puede asumir el liderazgo. 
Al mismo tiempo, todos los Estados miembros de la Unión deben ser capaces de dedicar el 0,5 % de su presupuesto nacional a la cooperación al desarrollo para 2010 y el 0,7 % para 2015. 
La propia Unión Europea debe dedicar el 10% de sus perspectivas financieras plurianuales, canalizándolo a través de un presupuesto de desarrollo único en el que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sean los instrumentos jurídicamente vinculantes. 
La condonación de la deuda de los países pobres formaría también parte de esta iniciativa, permitiendo con ello que esos países invirtieran en agua, educación y servicios básicos; por lo tanto, el FMI tendría a su vez que volver a valorar las reservas de oro. 
Es también necesario garantizar un comercio justo y el fin inmediato de las subvenciones a la exportación, además de buscar otras nuevas fuentes, no con la intención de olvidarnos del 0,7, sino para reflexionar sobre otras fuentes que podrían ser interesantes. 
Una buena idea consiste en gravar con impuestos los aspectos negativos de la mundialización, como el llamado «capital relámpago» o el comercio de armas. 
Es la hora de actuar. 
Creo que la Presidencia se encuentra en buenas manos y está dispuesta a avanzar en esa dirección junto con el señor Michel y los demás Comisarios. 
El valor de todas nuestras declaraciones podrá juzgarse fundamentalmente por las perspectivas financieras plurianuales. 
. Señor Presidente, ni que decir tiene que la lucha contra el hambre y la pobreza sigue siendo uno de los mayores retos de nuestro tiempo. 
Los ciudadanos creen, con toda razón, que existe una relación entre la concesión de ayudas, la condonación de la deuda y el comercio, y que las medidas que se tomen en esos tres ámbitos deben ser complementarias. 
Hoy quiero centrarme fundamentalmente en el aspecto comercial. 
La capacidad de integración en la economía mundial es beneficiosa para todos los países, ya sean ricos o pobres. 
Por poner un ejemplo concreto, podemos comparar a países equiparables, como por ejemplo, a Corea del Norte con Corea del Sur o a los tigres asiáticos con los países del sur de Asia. 
Un sistema de comercio multilateral libre, justo y orientado al desarrollo es, sin duda, un mecanismo eficaz para combatir la pobreza y el hambre. 
La Unión Europea, en particular, tiene que garantizar que se otorgue prioridad a la capacitación y a la asistencia técnica, permitiendo así que el comercio genere tanto desarrollo como sea posible. 
La próxima reunión ministerial de la OMC, que tendrá lugar en diciembre en Hong Kong, será una prueba crucial para ver hasta qué punto los países ricos están dispuestos a dar a los países pobres una oportunidad real de integrarse plenamente en el comercio mundial. 
Doha se ha presentado como la ronda de desarrollo ideal y, después de Cancún, no podemos permitirnos otro fracaso. 
Sea como sea, una mayor liberalización del comercio mundial es una condición básica para generar un mayor crecimiento económico, tanto aquí como en los países en vías de desarrollo. 
Además de las ayudas y la condonación de la deuda, un mercado debidamente liberalizado es un instrumento muy importante, si no más importante, para distribuir la riqueza en el mundo de una forma más eficaz y uniforme, y para acortar distancias entre ricos y pobres. 
. – Señor Presidente, al hablar del hambre, hablamos también, cosa que me parece evidente, de la política agrícola. 
Ahora bien, no podemos, por un lado, intercambiar puntos de vista sobre las posibilidades de aumentar los fondos para la ayuda al desarrollo y, por otro, practicar políticas agrícolas que contribuyen a agravar la situación en un buen número de países. 
Pondré un ejemplo: en este mismo momento se están negociando acuerdos de cooperación económica con los países ACP (África, Caribe y Pacífico) , que suscitan una gran preocupación, incluso protestas, por la orientación que se está siguiendo. 
Esto se debe a que las conversaciones se centran casi exclusivamente en una liberalización indiscriminada del comercio, sin tener en cuenta las condiciones locales, cuando un buen número de exportaciones baratas, a menudo subvencionadas, procedentes de nuestros países contribuyen a desestabilizar gravemente a los campesinos de esos países. 
Por tanto, pienso que en la reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE que tendrá lugar en el mes de abril en Bamako deberán examinarse todas estas cuestiones. 
Deseo, en nombre de mi Grupo, que las orientaciones de la Unión Europea en este terreno evolucionen de forma que ganemos mucho en coherencia entre lo que decimos hoy sobre el hambre y la pobreza y lo que decimos en otras partes, en otros foros, sobre las políticas agrícolas y la liberalización del comercio de productos agrícolas. 
Se trata de una cuestión realmente esencial. 
Si empezamos por adecuar lo que decimos por un lado y lo que hacemos por otro, creo que habremos dado realmente un paso adelante. 
. Creo que la erradicación de la pobreza no es principalmente una cuestión de aumentar los recursos financieros, sino que debe situarse en un contexto totalmente distinto. 
En el decenio de 1960, el economista sueco Gunnar Myrdal publicó un libro titulado en el que hablaba de un clima de pesimismo. 
Al mismo tiempo, en África existía un clima de optimismo, ya que poseía muchos más recursos que los países asiáticos. 
La situación actual es justamente la contraria. 
La doctrina del pesimismo africano no para de extenderse, mientras que algunos países asiáticos han progresado. 
Esto se debe al comportamiento de sus dirigentes y está relacionado con aspectos culturales fundamentales, ya que en África las estructuras tribales que la dominaban han terminado por alzarse con el poder político. 
También está relacionado con la calidad de las instituciones. 
Debo decir que esta comparación entre África y Asia nos indica claramente la dirección que debe seguir la política de la Unión Europea en el ámbito de la ayuda al desarrollo, con el fin de garantizar un buen uso de los recursos disponibles para generar crecimiento económico. 
Señora Comisaria, yo también comparto la opinión de los autores de la pregunta oral. 
Le ruego que me perdone por hacer una serie de comentarios, pero el tema de este debate me mueve a informar al Consejo y a la Comisión de los frecuentes casos de pobreza extrema e indigencia que existen en Polonia, y quizás también en otros países de la Unión. 
En la reciente ampliación, la Unión ha acogido a países pobres. 
En diciembre, uno de los miembros de mi circunscripción, que fue invitado a visitar el Parlamento Europeo en Bruselas, me dijo que en su pueblo había niños que no podían ir al colegio porque no tenían zapatos, por no hablar de material escolar. 
La prestación social mínima en Polonia oscila entre 10 y 100 euros al mes y el sueldo mínimo es de 212 euros. 
¿No sería posible crear también un fondo para los ciudadanos de la Unión del mismo tipo que el fondo que estamos debatiendo, u obligar a los Estados miembros a pagar al menos 250 euros al mes a las personas en situación precaria? 
Gracias. 
Señor Presidente, la política europea de desarrollo se orienta hacia la consecución de los Objetivos del Milenio, siendo el más importante de ellos la lucha contra la pobreza, pero eso será imposible si seguimos trabajando al ritmo actual y con los medios de que disponemos en estos momentos. 
Eso lo sabemos todos, pero también sabemos que si realmente ponemos nuestros cerebros a trabajar, todavía podemos conseguirlo y en ello debemos aplicarnos. 
La lucha contra el hambre es uno de los aspectos más importantes. 
Cada día mueren unas 24 000 personas de hambre y desnutrición. 
Incluso una sola muerte sería ya demasiado. 
Nuestra estrategia solo puede tener éxito si adoptamos una política coherente en los ámbitos de la ayuda al desarrollo, la agricultura y el comercio, y si cumplimos nuestros compromisos. 
Por eso, apoyo plenamente esta Resolución. 
Quiero referirme a un aspecto que no se menciona explícitamente en la Resolución: la situación de la mujer. 
Los estudios han demostrado que el papel de las mujeres es vital para el éxito de la política de cooperación al desarrollo, pero las mujeres tienen una participación insuficiente en la preparación y ejecución de programas en los países en cuestión. 
Me parece impresionante el trabajo que se ha realizado con el proyecto Hunger, respecto al cual se lanzó recientemente una amplísima campaña de concienciación en los Países Bajos. 
Se trata de una organización de ámbito mundial que lucha contra el hambre en muchos países en vías de desarrollo. 
Parece que su fórmula tiene un gran éxito, precisamente porque se dirige sobre todo a las mujeres ofreciéndoles formación, información, microcréditos y otras medidas, con las que se consigue una mejora significativa de las circunstancias sociales y una reducción del hambre. 
Las mujeres ocupan una posición clave en la sociedad en lo que respecta a la agricultura, la educación, la higiene en la familia y aspectos similares, que son esenciales para luchar contra el hambre. 
Espero que consigamos adoptar medidas eficaces mediante una política más decisiva y coherente. 
Siendo el mayor donante del mundo, Europa debe ser pionera en el trabajo para conseguir los Objetivos del Milenio y, a este respecto, no debe olvidarse de implicar a las mujeres de los países en cuestión. 
Señor Presidente, el actual Presidente de Gobierno de España, en la campaña electoral de mi país, en la primavera de 2004, dijo que sacaría a España de la foto del trío bélico de las Azores y la colocaría en el quinteto de la lucha contra el hambre. 
Lo ha cumplido. 
Ese quinteto, encabezado por el Presidente Lula, ha logrado colocar la lucha contra el hambre y la pobreza extrema en la agenda internacional. 
Tengo el honor de haber presentado el primer documento sobre esa cuestión a este Parlamento. 
Ello por tres razones: en primer lugar, porque creo que la Unión Europea debe liderar el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr ese objetivo. 
En segundo lugar, porque el objetivo es posible: técnica, financiera y económicamente el hambre se puede derrotar, se puede erradicar. 
Y, por último, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque creo que la lucha contra el hambre y la pobreza no es un tema exclusivamente de ayuda al desarrollo. 
Debe ser —lo está siendo ya— uno de los ejes, de los pilares de la política exterior de la Unión Europea y de sus Estados miembros. 
De la misma manera que, hace quince o veinte años, los derechos humanos y la ayuda al desarrollo formaron parte del cuerpo de doctrina de la política exterior, hoy, la lucha contra el hambre y la pobreza —no como una campaña, sino como algo permanente— debe formar parte, señora Comisaria, de la política exterior de la Comisión, del Consejo y de la Unión Europea en su conjunto. 
Señorías, todas las iniciativas cuyo fin sea combatir la pobreza y el hambre merecen nuestro apoyo. 
Los países ricos y las organizaciones supranacionales con grandes recursos económicos, como la Unión Europea, tienen una especial responsabilidad en esto. 
Para combatir eficazmente el hambre, es preciso que exista una jerarquía adecuada de gastos en los presupuestos de todos los países. 
Hay que dar prioridad a las medidas que promuevan una política a favor de la familia, entendida en el sentido más amplio del término, con el fin de garantizar que todas las personas tengan unas condiciones de vida y desarrollo adecuadas. 
Es lamentable que se estén malgastando grandes cantidades de dinero, al emplearse en medidas que atacan directa o indirectamente a la familia y a los más débiles y pobres. 
Me parece censurable que se trate a las personas pobres y a las regiones más atrasadas como si fueran objetos, con medidas de fingida ayuda cuya verdadera finalidad es ampliar las esferas de influencia de las actuales superpotencias. 
Es una vergüenza que se esclavice a los países pobres mediante sistemas financieros próximos a la usura. 
Señorías, las enseñanzas del Santo Padre Juan Pablo II deberían inspirarnos y darnos fuerza para luchar contra el hambre y la pobreza en el mundo: «Millones de nuestros hermanos y hermanas padecen hambre y muchos de ellos mueren de hambre, sobre todo niños. 
En una era de desarrollo tecnológico sin precedentes, la tragedia del hambre es un gran desafío y un gran acusación. 
Después de todo, nuestro planeta tiene recursos suficientes para alimentar a toda la Humanidad. 
Entonces, ¿por qué hay millones de personas que mueren de hambre? 
Se precisa un examen de conciencia serio y a escala mundial sobre la justicia social y la solidaridad humana básica. 
Haríamos bien en recordar la verdad fundamental de que la Tierra pertenece a Dios y que todas las riquezas que contiene han sido puestas por Dios a disposición del hombre para que las utilice de una manera justa y al servicio del bien común. 
La propia ley de la naturaleza da testimonio de ello. 
Nuestro clamor colectivo pidiendo pan para quienes padecen hambre no puede quedar sin respuesta. 
En primer lugar, dirigimos ese clamor a Dios, pero también a los políticos y a los economistas que tienen la responsabilidad de realizar una distribución justa de los recursos, tanto a escala nacional como mundial. 
Tenemos que poner fin de una vez por todas a la plaga del hambre. 
Que la solidaridad prevalezca sobre el afán desenfrenado por obtener beneficios. 
Cada uno de nosotros es responsable de una pequeña porción de esa injusticia. 
Cada uno de nosotros ha experimentado de primera mano el hambre y la pobreza de otros. 
Aprendamos a compartir nuestro pan con quienes no tienen nada». 
Señorías, tenemos que revisar nuestras actuales actividades políticas a la luz de esas enseñanzas del Papa, sobre todo porque el problema del hambre afecta a un número cada vez mayor de ciudadanos de la Unión Europea. 
Más de cinco millones de personas viven ya en condiciones de pobreza extrema en Polonia. 
Gracias por su atención. 
Señorías, hoy, mientras debatimos la pobreza en el mundo, quiero llamar su atención sobre el tema central del Día Mundial de la Pobreza, que celebramos el 17 de octubre. 
Allí donde las personas están condenadas a vivir en la pobreza, se vulneran los derechos humanos. 
Nuestra obligación sagrada es unir nuestras fuerzas para asegurar que esos derechos sean respetados. 
Las voces de los más pobres deben ser oídas allí donde haya hombres y mujeres tomando decisiones sobre el futuro de la Humanidad. 
En estos momentos, la pobreza es el mayor obstáculo para la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida. instituciones internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo, nos piden que no olvidemos que la primera etapa en el largo camino hacia la liberación de la mujer es la lucha contra la pobreza. 
En este sentido, la participación de la mujer en el establecimiento de los indicadores de pobreza es un requisito previo fundamental. 
Debemos reflexionar sobre si sabemos cómo desarrollar el talento de los pobres y facilitar su acceso a los derechos fundamentales. 
Para poder medir y cuantificar la pobreza, necesitamos indicadores claramente definidos. 
Los indicadores tradicionales han sido objeto de duras críticas por parte del economista estadounidense Gary Becker en sus trabajos sobre el capital humano y la visión económica de la vida. 
Becker midió, en particular, el efecto de la diferencia de género en los ingresos y el valor económico de la vida familiar en todas sus formas. 
Estas investigaciones económicas han demostrado que un tercio de las actividades económicas que realizan las mujeres no es objeto de ninguna forma de evaluación o seguimiento. 
Simplemente no existen indicadores ni instrumentos para medirlas. 
¿No sería conveniente inspirarse en las palabras de Gary Becker para definir hoy una política destinada a otorgar una posición más elevada en la sociedad a la mujer? 
– Es una vergüenza que la mayor parte de los países europeos no hayan cumplido todavía su compromiso de destinar el 0,7 % de su PIB a la ayuda al desarrollo. 
A pesar de eso, la Unión Europea contribuye hoy con un 55 % del total de la ayuda al desarrollo. 
Reforzar el papel de Europa en la lucha contra la pobreza y en la ayuda al desarrollo servirá para aumentar la credibilidad y la eficacia de la política exterior y de seguridad y defensa europea en todo el mundo. 
Europa puede cambiar las cosas en lo que respecta al hambre y a la pobreza si apoya las iniciativas del Presidente brasileño Lula da Silva y del Presidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero, y también si es capaz de movilizar fondos y liderar proyectos con un impacto estratégico. 
Un ejemplo es la erradicación de la malaria, conforme recomienda el director del Proyecto Milenio de las Naciones Unidas, porque la malaria afecta sobre todo a los países más pobres, causando efectos devastadores y costes económicos incalculables. 
Según la OMS, la malaria es la enfermedad que causa más muertes y discapacidades: más de un millón de personas muere cada año de esta enfermedad, el 90 % en África. 
Según UNICEF, la malaria mata a un niño cada 30 segundos. 
Tres niños han muerto de malaria durante mi intervención. 
Europa puede hacer más y puede hacerlo mejor. 
Por eso, la Comisión debe lanzar y liderar una campaña mundial contra la malaria, aumentar y canalizar fondos para programas de control en los países afectados, apoyar políticas nacionales que den prioridad al control de la malaria y promover la participación del sector privado en la producción de una vacuna y la distribución de fármacos para el tratamiento y mosquiteras impregnadas de insecticidas. 
La pobreza y la miseria alimentan la injusticia y la desesperación y estas, a su vez, alimentan la inseguridad mundial. 
Comprometiéndose con una estrategia contra la malaria, Europa realizará una contribución decisiva a los Objetivos del Milenio, que son compromisos vinculantes, y también a un mundo más justo y más seguro, el mundo que los ciudadanos comunitarios esperan que la Unión Europea ayude a construir. 
– Señor Presidente, durante los dos minutos que durará mi intervención, 40 personas morirán de hambre: una persona cada 3,5 segundos; 24 000 personas al día; 9 millones cada año; 400 millones en los últimos 50 años, el triple del número de personas asesinadas en todas las guerras mundiales del siglo pasado. 
Hablamos, debatimos, nos retorcemos las manos. 
Pero no hacemos nada. 
Casi cada día en este Parlamento hablamos de la Agenda de Lisboa, de competitividad y crecimiento para la prosperidad de Europa. 
Poco a poco empezamos a comprender que esto solo se puede conseguir con personas sanas. 
Pero los países de renta baja en nuestro planeta también necesitan su Agenda de Lisboa, y también necesitan gente sana. 
La desnutrición comporta enfermedad y discapacidad. 
La enfermedad comporta menos mano de obra cada vez menos productiva. 
Eso comporta pobreza; y pobreza es incapacidad para contrarrestar la enfermedad y el hambre. 
Es el círculo vicioso que tenemos que romper. 
Y eso es lo que se proponen los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
Eso es lo que quiere conseguir la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 
Eso es lo que se dice, una vez más, en la Declaración sobre la Acción contra el Hambre y la Pobreza. 
Incluso en mi informe de la ACP lo he dicho de nuevo. 
Llevamos 30 años de resoluciones y 30 años de fracaso. 
La clave no es la ayuda alimentaria, sino la seguridad alimentaria. 
La primera es para las emergencias, la segunda para la supervivencia a largo plazo. 
La clave es eliminar los obstáculos a las importaciones de productos de los países con rentas bajas. 
La clave es asegurar que nuestra legítima preocupación por los países afectados por el tsunami no deje a África sin la ayuda que necesita. 
La clave es convencer al Presidente Bush, mientras esté aquí, en Europa, así como a otros Estados miembros, de que la ayuda no es una oportunidad para reducir los excedentes agrícolas del primer mundo, sino que con el dinero de la ayuda hay que comprar productos locales. 
Y si no se pueden comprar productos locales, hay que comprar productos regionales. 
La clave es reinvertir las devoluciones de la deuda en los países con deudas para cumplir los objetivos del milenio contra el hambre y la enfermedad. 
Solo entonces podremos ofrecer esperanzas reales a los 800 millones de seres humanos que sufren desnutrición. 
Entonces cumpliremos los objetivos de la producción de alimentos, no a escala mundial, sino específicamente en los países altamente endeudados y de baja renta. 
Eso es lo que se pretende conseguir con esta propuesta. 
– Señor Presidente, me alegro de que se celebre un debate sobre la cuestión del hambre y la pobreza. 
Soy uno de tantos que lo dicen, pero no puedo sino complacerme por ello. 
Este debate se inscribe además en la continuidad de la iniciativa lanzada el pasado mes de septiembre por el Quinteto en las Naciones Unidas. 
Desde entonces, muchas voces se han expresado en el mismo sentido. 
No obstante, debo recordar aquí que todavía no se ha cumplido ningún compromiso concreto. 
Solo cuatro Estados miembros de la Unión Europea respetan hoy el compromiso de consagrar el 0,7 % del PIB a la ayuda al desarrollo. 
Al ritmo que van las cosas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán en 2015. 
La erradicación del hambre y la pobreza es un problema tan antiguo como las soluciones propuestas para remediarlo: aumento cualitativo y cuantitativo de la ayuda al desarrollo, cancelación y alivio de la deuda, creación de un impuesto mundial sobre los flujos de capitales y reforma de las reglas del comercio internacional a favor de un comercio más justo. 
Además, todas las iniciativas que hoy se proponen no pueden ser sino medios adicionales para la ayuda al desarrollo, y en ningún caso sustituir a los compromisos contraídos hace mucho. 
Yo, personalmente, seguiré de cerca estos compromisos y esta resolución, porque solo una voluntad política firme permitirá poner fin a esta plaga. 
El hambre y la pobreza no pueden reducirse a un debate efímero sometido a los azares de una promoción oportunista en los medios de comunicación o de la caridad, por muy bienintencionada que sea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero llamar su atención sobre la función que desempeñan los nuevos Estados miembros de la Unión Europea en la cooperación al desarrollo. 
Me satisface que algunos de los nuevos Estados miembros hayan aumentado recientemente y de forma significativa los presupuestos destinados a la política de desarrollo. 
Sin embargo, los ciudadanos de esos países sabe muy poco acerca de la cooperación al desarrollo. 
Muchas personas creen que consiste exclusivamente en ayuda humanitaria. 
Los nobles impulsos del corazón y la generosidad de la gente siempre que se producen catástrofes naturales o humanitarias son dignos de elogio, pero es importante que los ciudadanos entiendan que la erradicación del hambre y de la pobreza extrema constituye un objetivo estratégico. 
Creo que sería conveniente informar a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de que la pobreza existente en algunos países europeos es un tipo de pobreza diferente de la que existe en los países más pobres del mundo. 
Es cierto que en Polonia hay cinco millones de familias que tienen que sobrevivir con el equivalente a 2,5 euros por persona y día; sin embargo, 2,5 euros en Polonia es bastante más que 2,5 euros en los países más pobres del mundo. 
Esto se debe a que la gran mayoría de los hombres y mujeres de Polonia tiene acceso a agua, electricidad, gas, carreteras, enseñanza, servicios sanitarios y cobertura social. 
La diferencia entre la infraestructura técnica y social de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea y la de los países más pobres del mundo es mucho mayor de lo que puede parecer. 
Concienciar de la necesidad de la cooperación al desarrollo en los nuevos Estados miembros es una tarea de suma importancia, que no solo corresponde al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo, sino también a los Gobiernos de los Estados miembros, que deberían comprometerse a hacer todo lo posible al respecto. 
Sé que el Comisario Michel está al tanto de esta cuestión. 
Polonia es un país en el que se han producido cambios tremendamente positivos en el plano económico, político y social como resultado del movimiento Solidaridad y la puesta en práctica de la idea de solidaridad, que comenzó hace 25 años. 
Lech Walesa siempre dijo que había que darle a la gente cańas para pescar, no solo peces. 
Al tiempo que combatimos el hambre y la pobreza extrema en todo el mundo, no debemos olvidar nunca la necesidad de crear oportunidades locales, además de ofrecer ayuda de emergencia. 
Solo así podrán los habitantes de los países más pobres del mundo ayudarse a sí mismos, y nosotros evitaremos el fenómeno descrito por los investigadores como la «modernización de la dependencia». 
. Señor Presidente, la Comisaria Ferrero-Waldner ha dejado claro que para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, necesitamos un importante aumento de la ayuda oficial al desarrollo, que yo prefiero llamar, en realidad, «fondos para la cooperación oficial al desarrollo». 
Creo que también es importante felicitar a los países que están cumpliendo el objetivo de inversión del 0,7 % del PIB en cooperación al desarrollo. 
Creo asimismo que debemos felicitar a países como Bélgica, Finlandia, Francia, España y el Reino Unido, que se han comprometido a alcanzar ese objetivo antes de 2013. 
Yo procedo de un Estado miembro que no se encuentra entre los primeros en este sentido. 
Austria e Italia ocupan los últimos lugares de lista en lo que respecta a la ayuda oficial al desarrollo. 
Ese es el motivo de mi pregunta a la Comisión Europea y al Consejo: ¿qué formas específicas de cooperación y control prevén para que los países que se encuentran al final de la lista y los que ocupan lugares intermedios alcancen a los primeros, garantizando con ello la disponibilidad de fondos públicos suficientes para que Europa contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 
– Señor Presidente, usted ha dicho que ha llegado el momento de actuar, y este Parlamento está de acuerdo. 
Este año tenemos una oportunidad única para actuar porque abordaremos las dos grandes cuestiones de los regímenes del plátano y del azúcar en la agenda comercial, y ahí es donde podemos demostrar que hablamos en serio cuando proponemos ayudar a los países en desarrollo. 
Me complace lo que han dicho los Comisarios Mandelson y Michel. 
Hace poco estuve en el Caribe, reuniéndome con pequeños agricultores propietarios de explotaciones diminutas que no podían sobrevivir sin el acceso a los mercados de la UE. 
No podemos robar a esas personas ligeramente menos pobres para dar a las más pobres del mundo; tenemos que llevar a cabo una reforma justa de los regímenes del plátano y del azúcar. 
Será una verdadera prueba para demostrar lo que valemos. 
La conferencia de la OMC en Hong Kong en diciembre será otra gran prueba para la UE en materia de aranceles. 
Todos sabemos que hemos hablado mucho a lo largo de los años, pero he visto lo que hay detrás de los escenarios en los países en desarrollo: concentrado de tomate de la UE y arroz estadounidense que inundan los mercados de Ghana y algunos de los países más pobres de África. 
Es hora de que pasemos a la acción. 
Nos fiscalizarán el movimiento de las ONG y la opinión pública, que hoy vigila más de cerca que nunca a causa de las grandes campañas como «Hagamos que la pobreza pase a la historia». 
Observarán lo que hacemos y nos juzgarán. 
Y ello tendrá un gran efecto en cómo la opinión pública percibe a la Unión Europea. 
– Señor Presidente, el sesgo que toma el debate me sorprende un poco. En efecto, la discusión se centra mucho en la búsqueda de fuentes de financiación adicionales. 
Aunque tengamos razón, me pregunto si este debate no ocultará la verdadera cuestión, que es si antes de preguntarnos por la cantidad de ayuda concedida, ¿no deberíamos esforzarnos por mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda existente? 
Esta cuestión se plantea tanto más cuanto que los debates sobre el impuesto internacional o la creación de un mecanismo de mecanismos de financiación internacionales reflejan una cierta hipocresía, puesto que los Estados Unidos y la gran mayoría de la comunidad internacional no aceptarán esos mecanismos. 
Del mismo modo, la cantidad de esfuerzos desplegados para buscar nuevos fondos, cuando todavía no hemos alcanzado los objetivos del Consenso de Monterrey, la prioridad otorgada a la mejora de la eficacia de la ayuda existente para alcanzar los Objetivos del Milenio, y la dispersión de los recursos y los objetivos de la política de desarrollo, todo ello diluye su eficacia. 
Guardémonos de esta huida hacia delante; debemos centrarnos en la búsqueda de soluciones concretas que nos permitan cumplir nuestros compromisos actuales. 
Seamos concretos y pragmáticos, que es lo que esperan las poblaciones a las que queremos ayudar. 
– Señor Presidente, el hambre y la injusticia en el mundo son cuestiones de gran importancia. 
¿Qué factores hacen pensar que la Unión Europea deba convertirse en el líder mundial en esta cuestión? 
En realidad, la Unión Europea ha contribuido al problema mundial de la pobreza con su injusta normativa comercial y una política agrícola proteccionista. 
Al tiempo que aporta recursos económicos en forma de ayuda al desarrollo a los países pobres, la Unión Europea impide que estos países crezcan con sus extrañas políticas agrícolas y comerciales. 
Eso es incoherente y debilita su credibilidad. 
Muchos países en vías de desarrollo tienden más a ver a la Unión Europea como la causa de sus problemas que como la solución a los mismos. 
La ONU, por otra parte, es una organización más adecuada para combatir la pobreza y el hambre, ya que cuenta con un mayor apoyo mundial y con un mayor número de países miembros. 
En la Unión Europea, los intereses nacionales siguen siendo demasiado dominantes. 
Luchemos juntos por un mundo más justo. 
La división de responsabilidades entre la Unión Europea y la ONU podría ser la siguiente: la Unión Europea trabajaría en la reforma de su política agrícola e intentaría crear una política comercial más justa, mientras que las Naciones Unidas proporcionarían un medio para que los países del mundo canalizasen la ayuda financiera y de otro tipo hacia los pueblos que padecen hambre y que están sufriendo. 
Evitemos una lucha de poderes institucionales innecesaria en el logro de nuestro objetivo común de erradicar la pobreza. 
. Señor Presidente, creo que no hay muchos Parlamentos que muestren una sensibilidad tan grande por las cuestiones relacionadas con el subdesarrollo, la pobreza, la lucha contra el hambre y las acciones a favor del desarrollo. 
Es algo que honra mucho al Parlamento Europeo, que tiene un importante papel que desempeñar en la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Pienso que hay, en efecto, tiempos en los que debemos indignarnos. 
El señor Bowis ha citado cifras, horribles desde luego, que demuestran que detrás de las estadísticas hay seres humanos que sufren la ley implacable del hambre y mueren cada día, cada minuto. 
Por tanto, un momento de indignación no está fuera de lugar. 
He de decir que, desde este punto de vista, la Unión Europea no tiene de qué avergonzarse; creo que no debe culpabilizarse. 
Es el mayor donante de ayuda al desarrollo. 
Pero admito también que la ayuda que damos no es suficiente. 
Por esta razón nos hemos fijado objetivos más ambiciosos para los países que están muy por debajo del 0,7 %. 
En cambio, los que han alcanzado o incluso superado el 0,7 %, lo que en el contexto presupuestario actual no siempre es fácil, deben mantener el rumbo. 
Por otra parte, conviene destacar que, en la lucha contra el hambre, contra el subdesarrollo y contra la miseria, el enfoque no puede ser sino global. 
Por ello, es importante hablar de los métodos de financiación y de por qué debemos cumplir en primer lugar los compromisos que ya hemos contraído. 
Hay que buscar fuentes de financiación adicionales y alternativas. 
Pero esto solo tiene sentido si este enfoque se inscribe, como ha dicho un orador, en un enfoque global, que tenga en cuenta asimismo los aspectos comerciales. 
A este respecto, quiero decir también que en la Unión Europea no todo está mal. 
Es verdad que algunas políticas plantean problemas, y se ha citado la política agrícola, pero una vez más, la Unión Europea es probablemente la región del mundo que ha abierto más sus mercados a las exportaciones de los países en desarrollo. 
La iniciativa de la Comisión anterior, más concretamente de Pascal Lamy, titulada «Todo menos armas» , está pensada para los países más pobres. 
Creo, por tanto, que debemos avanzar basándonos en los logros que ya hemos alcanzado, que no son nimios. 
Pero sabemos que el reto es enorme y que el tiempo apremia –no tenemos decenios por delante– en un mundo cada vez más globalizado, y pienso que Europa no puede tener la impresión de que está al margen de esos problemas, de que es espectadora. 
Al mismo tiempo somos actores, por la fuerza de las cosas, pero sufrimos también directamente los efectos de esa pobreza. 
Cuando miles de personas desembarcan en nuestros países, en balsas improvisadas, nos encontramos con una de las consecuencias de la pobreza extrema. 
Considero, por tanto, que debemos adoptar un enfoque global; ahora debemos establecer un sistema de supervisión y no tener miedo a decir, en su caso, que los esfuerzos no han sido suficientes. 
Creo que gradualmente iremos implantando en Europa una política aún más eficaz en este terreno, que este Parlamento considera sumamente importante. 
. 
Señor Presidente, quiero reiterar lo que Su Señoría acaba de decir: por supuesto, la lucha contra el hambre es importante y es una obligación moral para todos nosotros. 
Sin embargo, me gustaría citar las cifras de la ayuda al desarrollo concedida en 2003, por ejemplo, por la Unión Europea, el mayor donante del mundo, si tenemos en cuenta a la Comisión y a los Estados miembros juntos. 
Ese año, el total ascendió a 32 000 millones de euros. 
Si se confirman las tendencias actuales, podemos pensar que en 2006 esa cifra se situará en torno a los 46 000 millones de euros. 
Por supuesto, debemos persistir en nuestros esfuerzos por conseguir el objetivo de las Naciones Unidas, es decir, el 0,7 % del PIB, pero analicemos detenidamente estas cifras: solo del presupuesto de la Comisión se destinan cada año al desarrollo 7 000 millones de euros. 
Tiene razón en un aspecto. 
Como ha dicho el señor Yañez-Barnuevo, el comercio y otros mecanismos, así como la condonación de la deuda, son importantes, por supuesto; y la cuestión de la coherencia desempeña también aquí un papel fundamental. 
Todos sabemos que la Ronda de Desarrollo de Doha y la conferencia de la OMC en Hong Kong son extremadamente importantes a este respecto. 
La Comisión está negociando actualmente los Acuerdos de Asociación Económica con los países ACP, y en esas negociaciones se está prestando una especial atención al comercio. 
Nuestro objetivo es seguir liberalizando el acceso de los países en vías de desarrollo a los mercados de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, la Comisión quiere ayudar a los países en vías de desarrollo a impulsar sus propias economías en el futuro, para que puedan beneficiarse de la apertura de los mercados. 
He advertido que esta mañana hemos hablado mucho sobre derechos humanos, Estado de derecho y buena gobernanza. 
Esta tarde, sin embargo, no hemos mencionado esos temas. 
Monterrey trata precisamente esta cuestión: la necesidad de que todas las partes adopten un enfoque apropiado. 
Los países en desarrollo deben defender también estos principios, porque de lo contrario nuestro dinero –que es el dinero de los contribuyentes– simplemente se malgastará. 
En respuesta al señor Kaczmarek, diputado por Polonia, que será informado de mis comentarios a pesar de que lamentablemente ya no se encuentra en la Cámara, quiero decir lo siguiente: por supuesto, es triste que haya pobreza en Polonia, pero esa es la razón por la que la Unión Europea ha creado el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales. Ahora le corresponde al Gobierno polaco hacer un buen uso de ellos. 
En respuesta a la señora Martens, permítanme decir que tiene toda la razón. 
Hasta hace poco, yo era no solo la Ministra Federal de Asuntos Exteriores de Austria, sino también la Secretaria de Estado de Cooperación al Desarrollo, y siempre centré mi trabajo en las mujeres, por tratarse de un factor de desarrollo fundamental tanto en el ámbito de la familia como de la economía en general. 
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas tienen también una importancia extrema para poder trabajar desde las bases. 
Por último, permítanme reiterar que, en nuestra opinión, es sumamente importante que los Objetivos de Desarrollo del Milenio marquen la dirección de la cooperación al desarrollo. 
La Comisión trabajará muy estrechamente con su Cámara en este contexto y esperamos que se pueda aprobar el paquete del milenio el 22 de marzo. 
Dicho paquete contiene cuatro comunicaciones: una general, que describe nuestra contribución a la Cumbre del Milenio de la ONU, y otras tres que hacen referencia, cada una de ellas, a un aspecto diferente de nuestros esfuerzos. 
Sin duda, aquí también tendremos ocasión de debatir más a fondo la cuestión de la financiación. 
Al término del debate he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
– El hambre y la pobreza ya no son solo un tema humanitario. 
Según las recomendaciones del Panel de alto nivel de las Naciones Unidas sobre Amenazas, Retos y Cambio, el hambre y la pobreza, junto con la epidemia del VIH y la degradación medioambiental, constituyen una amenaza para la seguridad mundial, además de las amenazas tradicionales a que se enfrenta la humanidad actualmente, como el terrorismo. 
Esas amenazas están relacionadas entre sí, y una amenaza para uno es una amenaza para todos. 
El Banco Mundial calcula que los ataques del 11 de septiembre hicieron que el número de personas que viven en la pobreza creciera 10 millones. 
La pobreza, expresada en PIB per capita, está muy relacionada con el estallido de guerras civiles: la probabilidad es del 12 % cuando es inferior a 1 000 dólares estadounidenses, y del 2,5 % cuando alcanza los 4 000 dólares. 
El camino correcto es cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las decisiones tomadas en Johanesburgo y Monterrey. 
Reducir las barreras comerciales, aumentar la ayuda al desarrollo y reducir la deuda son obligaciones de los países desarrollados. 
Es cierto que no todos los Estados miembros, sobre todo los recién llegados, como el mío, pueden cumplir la obligación de aportar el 0.7 % de su renta nacional. 
Insto al Consejo a tomar una decisión colectiva sobre este tema para que todos los Estados miembros presenten un programa multianual en el cual se comprometan a llegar al objetivo del 0,7 %, y que mientras tanto lo que falta se aporte con cargo al presupuesto de la UE. 
– Señor Presidente, Señorías, he asistido a la reunión con la representante de las Naciones Unidas. 
Quisiera explicar por qué hemos formulado esta petición. 
Con la entrada en vigor del Acuerdo y la firma del sistema de cuotas, muchos países en desarrollo que han hecho de la producción textil y de la confección uno de sus principales recursos económicos se verán abocados a una catástrofe social y económica, una drástica reestructuración, que afectará también a países económicamente dominantes, como los nuestros. 
Más de 60 países pueden quedar fuera del mercado para hacer sitio al gigante China, cuya competitividad no solo se basa en los bajos salarios –en Vietnam y Camboya son mucho más bajos–, sino también en fábricas más avanzadas y en una red de transporte que mejora constantemente. 
Según algunas estimaciones, China se hará con la mitad del mercado de la confección estadounidense y con el 29 % del europeo, seguida de la India en el segundo puesto. 
Se podría argüir que el abandono de un complejo sistema de cuotas y tratos preferenciales favorecería principalmente a las industrias de los países en desarrollo. 
No obstante, la liberalización del mercado beneficia directamente a los fabricantes más grandes y no a los países en desarrollo. 
Subrayo una vez más que el comercio es un instrumento, pero no resolverá y no puede resolver el problema del desarrollo, como es evidente con la liberalización de los sectores del azúcar y el plátano. 
Recientes informes nacionales sobre las exportaciones de la industria textil muestran una repercusión negativa desde el punto de vista económico y social en perjuicio de los países en desarrollo. 
Es sabido que los países productores se desplazan a zonas en que los costes laborales son muy inferiores, con la consecuencia de una grave explotación de la mano de obra y cuestiones de social en vez de normas mínimas garantizadas. 
Para seguir siendo competitivos, muchos países, como Filipinas o Bangladesh, degradan las condiciones de trabajo suprimiendo los derechos de los trabajadores. 
Las contradicciones emanadas de este trabajo nos plantean la disyuntiva de cómo contribuir a no arruinar estas economías, por una parte, y asegurar al mismo tiempo que las economías de nuestros países puedan ser evaluadas de un modo diferente, por otra. 
Por consiguiente, hemos preguntado también qué instrumentos deben ponerse en marcha para evitar que esas contradicciones sean tan agudas. 
. Señor Presidente, señora Morgantini, señor Barón Crespo, creo que la pregunta que han formulado realmente no es ajena al debate que acabamos de mantener. 
Si hay un sector que está de algún modo a la vanguardia de la mundialización, este es desde luego el sector textil. 
Desde hace decenas de años ya observamos hasta qué punto ha cambiado la división internacional del trabajo, especialmente en el sector textil. 
Plantean ustedes cuestiones importantes que no solo afectan a Europa, sino también a sus socios, en particular a los de la orilla meridional del Mediterráneo, como demuestra el debate de esta mañana sobre la constante evolución de la producción y la deslocalización de la industria textil. 
Creo que es una cuestión muy importante. 
Por otra parte, en los últimos años, el Consejo no ha dejado de seguir la evolución de la industria textil y de la confección europea a raíz de la supresión de los contingentes de importación de productos textiles y de confección procedentes de países miembros de la OMC. 
Dos series de conclusiones del Consejo, adoptadas en respuesta a dos comunicaciones presentadas por la Comisión en 2003 y 2004, reflejan entre otras cosas esta preocupación. 
Por lo que se refiere, de un modo general, al paso progresivo a un entorno sin cuotas, hay que precisar que no se trata de un acontecimiento imprevisto. 
De hecho, el Parlamento lo sabe con certeza, el fin de cuatro decenios de comercio regulado en el sector textil y de la confección no es en absoluto una sorpresa. 
La aplicación y expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido son parte integrante de los resultados de la Ronda de Uruguay, concluida en 1994. 
Desde entonces, estaba claro que a partir del 1 de enero de 2005 el sector del textil y la confección se integraría plenamente en el GATT de 1994, artículo 9. 
En todas partes del mundo, todos los agentes, incluida por supuesto la industria textil y de la confección europea, sabían lo que cabía esperar. 
Por su parte, la Comisión adoptó siete acciones para afrontar este nuevo entorno sin cuotas. 
Como declaró el Comisario responsable de las empresas cuando se aprobó este plan, tanto a escala de la Unión como a escala nacional o regional, debemos crear para el sector unas condiciones adecuadas para mejorar su competitividad y que pueda seguir siendo una industria clave de la Unión, que también usted ha reclamado, señor Barón Crespo. 
En sus conclusiones de los días 25 y 26 de noviembre de 2004, el Consejo declaró que apoyaba la estrategia adoptada por la Comisión con respecto al sector textil y de la confección, que sigue estando esencialmente centrada en factores de competitividad asociados a la investigación y la innovación, a la formación y la mejora de las cualificaciones, a la protección de los derechos de propiedad intelectual, al acceso al mercado de terceros países y al apoyo que hay que prestar a la elaboración de estrategias a favor de la industria textil en la región euromediterránea. 
El Consejo considera que el paquete de medidas de la Comisión es adecuado. 
El Consejo ha pedido también a la Comisión que el Grupo de alto nivel sobre el sector textil y de la confección pueda continuar sus trabajos. 
Además, ha pedido a la Comisión que mantenga informado al Consejo sobre la evolución del sector textil y de la confección de la Unión Europea tras la supresión de los contingentes a la importación el 1 de enero de 2005. 
Ha pedido asimismo a la Comisión que le informe de los resultados de los futuros debates en el Grupo de alto nivel. 
Por lo que se refiere a las recomendaciones del Grupo de alto nivel relativas a la evolución de las importaciones procedentes de China, que es en efecto una preocupación de primer orden, el Consejo ha tomado nota de que la Comisión se declara dispuesta a utilizar los instrumentos de defensa comercial de que dispone si se reúnen las condiciones jurídicas y si en efecto resulta necesario recurrir a ellos. 
Quisiera añadir que nuestras relaciones con China son importantes también en este ámbito. 
Aspiramos a integrar a China en las reglas del comercio internacional, razón por la cual hicimos todo lo posible para que ingresara en la OMC. 
Ahora debemos velar por que respete esas reglas, pero también otras reglas menos formales, relativas, por ejemplo, a la protección social o las normas sociales. 
Es un tema que debemos examinar con ese país. 
Las condiciones jurídicas han sido modificadas muy recientemente para traducir al Derecho comunitario la supresión de las cuotas. 
El Consejo adoptó el 13 de diciembre de 2004 un reglamento a tal fin. 
El Reglamento 2200/2004 del Consejo marca, por consiguiente, el final del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido por lo que respecta a la Unión Europea. Además, prevé la implantación de un sistema de vigilancia a partir del 1 de enero de 2005 para seguir las importaciones de textiles y confección más sensibles. 
Dicho sistema incluirá una vigilancia basada en datos procedentes de las aduanas sobre las importaciones de mercancías liberalizadas de todas las procedencias y, para la importación de determinados productos procedentes de China, comprenderá la obligación de expedir un documento de vigilancia de las importaciones. 
Esta obligación se levantará en 2005, tan pronto el sistema de vigilancia basado en datos procedentes de las aduanas sea plenamente operativo. 
La información recabada se hará pública al menos una vez al mes. 
Por lo que se refiere al recurso a medidas de salvaguardia, el Parlamento estimaba, en su Resolución de enero de 2004 sobre el futuro del sector textil y de la confección en la Unión, que era necesario establecer un procedimiento claro, rápido y transparente para las cláusulas de salvaguardia generales de la OMC y las cláusulas específicas aplicables a China en virtud del Protocolo de adhesión de dicho país a la OMC. 
También el Grupo de alto nivel ha pedido a la Comisión precisiones al respecto. 
De momento, la Comisión parece dispuesta a responder a estas expectativas, pues va a elaborar unas orientaciones que rijan los procedimientos relativos a las medidas de salvaguardia. 
Por último, en cuanto a las consecuencias de la expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido para los países en desarrollo y las medidas que la Unión Europea podría adoptar con arreglo a los artículos 177 y 178 del Tratado, permítanme citar en primer lugar dos de los tres objetivos de nuestra cooperación al desarrollo que enuncia el Tratado: el desarrollo sostenible de los países en desarrollo, y sobre todo de los más desfavorecidos, y la inserción de los países más pobres en la economía mundial. 
Evidentemente, la política comercial de la Unión Europea tiene en cuenta esos objetivos, tal como exige el artículo 178 del Tratado. 
La realización de la Ronda de Doha para el desarrollo y el modo en que se desarrolla el programa de Doha para el desarrollo son una ilustración más de ello. 
Permítanme recordar también, por lo que se refiere concretamente a la expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, que el final de las cuotas y la integración del comercio de los textiles y la confección en el GATT era una de las principales peticiones de los países en desarrollo en la Ronda de Uruguay. 
Es cierto que, desde la adhesión de China a la OMC, su parte en el comercio mundial del textil y de la confección no ha hecho más que aumentar. 
Si el crecimiento de la parte china, ya considerable, prosiguiera, podrían resultar perjudicados una serie de países en desarrollo débiles y vulnerables, como han destacado algunos diputados. 
A este respecto, el Consejo sigue una orientación clara, y cito de nuevo las conclusiones anteriormente mencionadas: el Consejo «apoya un régimen de Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que se dirigirá a los países más necesitados, tales como los países menos desarrollados y los países en desarrollo más vulnerables, con el ánimo de ayudarles a desempeñar un papel más significativo en el comercio internacional». 
En este contexto, la situación resultante para el sector textil de la salida del sistema de cuotas se examinará también en el marco del debate del nuevo régimen SPG. 
Por otra parte, el nuevo régimen SPG, denominado «SPG Plus» , debería estar concluido en principio a finales del mes de marzo, para entrar en vigor de forma anticipada a principios de abril. 
Esta cuestión se aborda constantemente en el marco del diálogo China-UE sobre el comercio de textiles, instaurado el 6 de mayo de 2004. 
En la última reunión celebrada en el marco de este diálogo, en diciembre de 2004, tuvimos por vez primera la impresión de que las autoridades chinas habían empezado a comprender el problema y el mensaje de la Unión Europea, pues anunciaron medidas a favor de una serie de países en desarrollo. 
Queda por ver cuál será el grado de eficacia de dichas medidas. 
El Consejo continuará siguiendo atentamente todos los cambios que se produzcan en este mercado. 
En cuanto a las medidas a favor de la industria textil y de la confección de la Unión Europea, el Consejo ha pedido encarecidamente a la Comisión que se interese especialmente por los sectores estratégicos, a saber, la innovación, incluida la innovación no tecnológica, y el desarrollo de la cooperación industrial con los socios de la región euromediterránea. 
Se trata de hacer hincapié en los productos de alto valor añadido, por una parte, y en la cooperación industrial con interlocutores complementarios en los países en desarrollo, por otra. 
Añadiría también la apertura de los mercados, en particular del mercado chino, para este tipo de productos europeos. 
Para completar estas directrices generales, necesitamos que haya cierto margen de maniobra en el ámbito de las normas de origen, que permitiría mejorar la situación de los países en desarrollo exportadores de productos textiles y de confección. 
A principios de enero de 2004, la Comisión presentó al Consejo un Libro Verde titulado «El futuro de las normas de origen en los regímenes comerciales preferenciales». 
El Consejo no dejará de examinar cualquier propuesta legislativa que la Comisión le presente en este terreno llegado el momento. 
Señor Presidente, creo que podré ser breve, porque mi colega del Consejo ya ha dicho todo lo que se tenía que decir también de la Comisión. 
– No obstante, quiero decir unas palabras. 
El Acuerdo de la OMC es, sin duda, muy importante y venció el 31 de diciembre. 
Ahora tenemos que pensar en la manera de amortiguar los efectos esperados. 
El señor Schmit ya ha respondido al señor Barón Crespo al recordarle las medidas presentadas por la Comisión y aprobadas por el Consejo. 
Permítanme que lo repita: es extremadamente importante que se adopten medidas para reforzar la lucha contra las falsificaciones y la piratería, que se obliguen a respetar los derechos de propiedad intelectual, que se establezca un plan de acción en respuesta a las barreras comerciales existentes en terceros países, que se promueva una industria textil y de la confección de excelente calidad y de alta tecnología, también a través de los programas de investigación y desarrollo de la Unión Europea, y que se garantice el aprendizaje continuo, la formación profesional y el desarrollo. 
Ha mencionado asimismo el procedimiento de control y las importaciones de tejidos y artículos de confección a China. 
Solo quiero decir que el Comisario Mandelson, actualmente responsable de esta cartera, está de camino a China para tratar todas estas cuestiones, además de otras. 
Las medidas de protección apuntadas por el señor Schmit son el último recurso. 
En realidad, solo pueden aplicarse si las condiciones jurídicas cumplen las normas de la OMC. 
Debemos considerar también el efecto que pueden tener las medidas comerciales adoptadas en un sector tan vulnerable como el textil y de la confección. 
Ya se ha dicho que la Comisión y la OMC están siguiendo de cerca el progreso de China en el cumplimiento de los compromisos contraídos con la OMC, y están aprovechando todas las oportunidades que se presentan. 
Con respecto a los países afectados por la liberalización de las cuotas en el sector textil, lo mejor sería que adoptaran medidas para mejorar la gama de productos que ofrecen. 
Nosotros estamos dispuestos a ayudarles a adoptar esas medidas. 
Con relación a los países ACP, por ejemplo, en la actualidad se está realizando un estudio que analiza la estrategia de respuesta de los países más dependientes de las exportaciones de tejidos y artículos de confección. 
El Banco Europeo de Inversiones podría contribuir también con, por ejemplo, algún mecanismo de inversión. 
Se trata de una posibilidad que dejo abierta para su debate. 
Después responderé a preguntas sobre esta cuestión. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Efectivamente, ha hablado usted la cuarta parte del tiempo del Consejo, pero yo no interpreto esto desde la Presidencia como un deseo del Consejo de pisar el tiempo de la Comisión, sino como un deseo del Consejo de ahorrarle trabajo a la Comisión, en el mejor espíritu de cooperación interinstitucional. 
. – Señor Presidente, a partir del 1 de enero de 2005 los miembros de la OMC ya no han podido aplicar cuotas a la importación de productos textiles y de confección, lo que ha causado un gran impacto en el mercado europeo. 
Las primeras cifras de enero de este año, en comparación con las del mismo período del año pasado, demuestran que la multiplicación por cinco de las importaciones de ropa procedentes de China no es flor de un día. 
Naturalmente, esto tiene grandes implicaciones para la industria de fabricación textil europea. 
Por supuesto, ya se sabía que las cuotas expirarían y quizá la industria debería haber estado mejor preparada para ello. 
Como ahora resulta que, de acuerdo con algunos cálculos, cientos de miles de puestos de trabajo, o al menos miles, penden de un hilo, me imagino que se están ideando medidas de protección o se está pensando en reintroducir temporalmente parte del sistema de cuotas a fin de dar al sector un poco más de tiempo para adaptarse. 
El protocolo de adhesión a la OMC de China lo permite. 
La adopción de medidas por parte de la Comisión acarreará nuevos problemas, sobre todo si estas medidas implican cuotas. 
Después de todo, hay importadores europeos de ropa en China que ahora han suscrito importantes compromisos para 2005. 
No deberían sacrificarse en una operación de rescate de la industria de fabricación. 
Por tanto, quiero insistir a la Comisión y al Consejo que, en caso de reintroducir cuotas u otras medidas protectoras, se aseguren de que se ponga en marcha un mecanismo que impida que perjudique a los empresarios que se han anticipado la nueva situación. 
Por último, creo que, como ya se ha dicho, deberíamos hacer todo lo posible por garantizar que China cumple las obligaciones de la OMC con respecto a la apertura de su propio mercado. 
. Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, existe el temor de que la eliminación del sistema de cuotas a la importación desde el pasado 1 de enero tenga como consecuencia la pérdida de decenas de miles de empleos en la industria textil europea. 
Un sector que, como se ha citado ya, ocupa en la actualidad a más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras. 
Los representantes del sector no pretenden incumplir el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de enero de 1995, sino obtener el reconocimiento de que la plena incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 ha supuesto un cambio imprevisto y sustancial de la situación de dicho sector. 
Está, por tanto, plenamente justificado que el sector textil reciba un especial apoyo de las instituciones de la Unión, así como de los Estados y de las autoridades regionales. 
Es necesario que la Comisión y el Consejo apoyen decididamente a la industria textil europea para que pueda acceder a nuevos mercados. 
Hay que exigir a China que respete escrupulosamente todos sus compromisos con la Organización Mundial del Comercio, pero también otros países, como la India, Brasil, los Estados Unidos de América o Canadá, han de eliminar las barreras técnicas y burocráticas de carácter artificial que imponen en la actualidad. 
Por otro lado, la estrategia propuesta por el Grupo de alto nivel sobre el sector textil prevé importantes acciones en una línea muy acertada. 
Los sectores implicados exigen ahora su urgente desarrollo y aplicación. 
El tiempo es muy importante. 
Se solicita la inclusión de un enfoque especialmente orientado a las PYME, que son el 90 % de este tipo de industrias y, además, la creación de un fondo de reserva de flexibilidad dentro de los Fondos Estructurales, para hacer frente a las transformaciones que necesita el sector. 
La industria textil lleva ya años realizando un enorme esfuerzo de reestructuración para asegurar su competitividad, pero ahora afronta unos desafíos enormes ante los que no puede ser abandonada a su suerte. 
. – Señor Presidente, como ya sabe usted, gracias a una agresiva política de dúmping y a la reducción de precios a un improbable 70 %, por debajo del precio de las materias primas, China ya ha obtenido un tercio de las importaciones de textiles libres de cuotas en Europa. 
Si no se hace nada al respecto, el mercado europeo, ahora totalmente abierto, se inundará de ropa barata de China, y también de la India y Pakistán. 
Dudo mucho, señora Comisaria, de que el plan de acción de la Comisión del 13 de octubre de 2004 baste para ayudar al sector textil europeo en su lucha por la supervivencia. 
El plan contempla medidas de apoyo, pero no prevé en absoluto ninguna medida asociada al comercio. 
Se ha planteado la supervisión de las importaciones textiles a Europa a partir del 1 de enero, lo que permitiría a la Comisión adoptar medidas con rapidez, si fuera preciso, pero el Comisario Mandelson reconoció la semana pasada en la Comisión de Comercio Internacional que este sistema de supervisión aún no está listo para funcionar y que aún no se han fijado criterios. 
¿Cuándo se cumplirá esto finalmente? 
¿Cuando sea demasiado tarde para cerrar la puerta del establo y los caballos ya estén totalmente desbocados? 
¿Podría insistir ante la Comisión en que emplee todos los medios posibles de lucha en contra de prácticas comerciales injustas de algunos países? 
La Comisión ya dispone de medios, incluida una cláusula de salvaguardia horizontal, una cláusula de salvaguardia específica de la confección que, de acuerdo con el Acuerdo Multifibra, permite en ciertas circunstancias o en casos extremos que se pueda interponer una queja ante el órgano de resolución de disputas de la OMC. 
En pocas palabras, señora Comisaria, lo que esperamos de la Comisión es un enfoque con más mentalidad comercial y más activo. 
Tenemos que ser suficientemente valientes para plantar cara a los grandes socios comerciales, sobre todo si compiten con nosotros de forma desleal. 
Es inaceptable abandonar a su suerte a 177 000 empresas y 2,7 millones de trabajadores del sector textil europeo. 
. – Es un paso positivo que por fin celebremos este debate aquí, pero es una pena que no se hiciera a finales del año pasado, antes de la liberalización, tal y como yo propuse. 
Lo que está en juego es la industria textil, un sector estratégico con un gran potencial de futuro, que puede contribuir notablemente a la cohesión económica y social. Como sector productivo merece la protección urgente a través de un programa específico. 
De lo contrario, surtirá el efecto opuesto, más desempleo y obstáculos al desarrollo. 
En países con economías más débiles, donde el sector textil y de la confección está muy localizado, como es el caso del norte y centro de Portugal, ya se da un aumento preocupante de licencias de importación para productos chinos, especialmente en las categorías de productos más sensibles para la industria portuguesa, además de todo lo concerniente a productos textiles para el hogar, importados de otros lugares, como la India y Pakistán. 
Por tanto, a fin de proteger los puestos de trabajo de miles o incluso millones de trabajadores y del propio sector, es preciso aplicar con urgencia la cláusula de salvaguardia, ya que solo tendrá un efecto positivo si se utiliza pronto. 
. – Señor Presidente, ahora que se han abolido los controles cuantitativos a la importación en el sector textil y de la confección, existe una gran preocupación por el futuro de esta industria en la Unión Europea. 
Merece la pena darle una perspectiva histórica. 
En 1962, como joven estudiante de economía, escribí un ensayo sobre el notable declive del sector textil y de la confección sueco tras la Segunda Guerra Mundial. 
Por entonces, el motivo del declive era la dura competencia de países con bajos salarios, como Alemania e Italia. 
Me pareció que el cambio estructural del sector había sido satisfactorio. 
La mano de obra había accedido a puestos de empleo mejor pagados en el sector de la maquinaria, y lo que quedaba del sector textil y de la confección se había centrado en productos más avanzados. 
No hubo desempleo y los sindicatos participaron activamente en el cambio estructural. 
Todo el episodio acabó como un cuento con final feliz desde el punto de vista económico y social. 
Este proceso se mantuvo durante las décadas de los sesenta y de los setenta. 
Por entonces, los fabricantes suecos supervivientes de productos textiles y de confección trasladaron gran parte de su producción a países de bajos salarios, como Finlandia y, con el tiempo, a Portugal, pero mantuvieron sus operaciones de diseño y comercialización en Suecia. 
Algunos productos especiales, como los trajes de caballero y la tapicería de los coches, seguían fabricándose en Suecia, y eran rentables. 
Hoy día nos hace reír la idea de que Finlandia – «Nokialand» –, ahora tan avanzada, siguiera considerándose un país de bajos salarios a finales de la década de los sesenta. 
Actualmente queda muy poco de la producción sueca de productos textiles y de confección, pero grandes cadenas de ropa suecas emplean a un gran número de personas en el diseño y la comercialización de ropa en todo el mundo. 
Hemos tenido diez años para adaptarnos. 
Para que la Unión Europea se convierta en una región líder, dinámica y basada en el conocimiento, su sistema socioeconómico debe lograr compensar un declive en el sector textil y de la confección mediante una transición a productos textiles y de confección más sofisticados y un mayor crecimiento en otros sectores. 
Si no lo hace, la Agenda de Lisboa resultará ser una pompa de jabón a punto de reventar. 
. – Señor Presidente, señores representantes de la Comisión y del Consejo, Señorías, hoy vuelven a plantearse todas las preocupaciones ya expresadas en el debate parlamentario de enero de 2004, pero sobre todo se pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas recomendadas por la Comisión Prodi con respecto a la crisis del sector textil y de la confección, que desde hace algunos años ya están hundiendo la industria en este sector, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo. 
Basta recordar la falta de voluntad para afrontar el problema con programas específicos. 
Ahora esperamos otras orientaciones. 
El Grupo de alto nivel y la Comisión han propuesto siete acciones para ayudar a la industria textil a reforzar su competitividad: todas son importantes, pero permítanme destacar especialmente una. 
Tenemos en Europa una legislación laboral que protege especialmente a los trabajadores y que eleva mucho el coste de los productos. 
No podemos consentir la competencia desleal de algunos países de fuera de la UE, basada precisamente en unos costes laborales extremadamente bajos y sobre todo en la explotación del trabajo infantil. 
Junto al llamamiento a reforzar la responsabilidad social de las empresas, habrá que sensibilizar a los ciudadanos europeos mediante campañas específicas sobre la compra ética. 
En este sentido, un etiquetado que permita al consumidor identificar fácilmente los productos fabricados dentro del respeto de los derechos fundamentales del trabajo definidos por la Organización Internacional del Trabajo es esencial para que el comprador asuma también su parte de responsabilidad. 
Junto a las acciones de lucha contra la falsificación, me permito resaltar la sugerencia de intervenir para apoyar al sector textil tradicional mediante programas específicos, entre otras cosas para evitar una ulterior aprobación oficial de los productos textiles, que sin duda es poco útil en el contexto de la exaltación de las identidades regionales. 
– Señor Presidente, nuestra industria del sector textil y de la confección va mal. 
Desde finales del decenio de 1980, las empresas francesas despiden o cierran, y las deslocalizaciones a países con salarios bajos se multiplican. 
Desde el decenio de 1960, el sector textil y de la confección francés ha perdido dos tercios de sus puestos de trabajo, lo que representa unos 20 000 puestos al año y en la actualidad sufrimos 2 000 supresiones de empleo por mes. 
En mi región, Nord-Pas-de-Calais, históricamente orientada hacia el textil, ciudades como Elesmes, Roubaix o Tourcoing han visto cerrar sus empresas. 
La situación social ya es dramática y, sin embargo, en el futuro va a empeorar. 
Hasta ahora, las cuotas permitían limitar las importaciones de textiles procedentes de terceros países, pero desde el 1 de enero de 2005 se ha abierto la puerta a las importaciones masivas procedentes de China. 
Francia y Europa necesitan definir ya una estrategia de defensa de su industria textil. 
Urge exigir a la OMC cláusulas de salvaguardia. 
Es una posibilidad abierta a los Estados miembros cuando observen un aumento repentino de las importaciones que ocasione un perjuicio grave a la industria local. Esto es lo que sucede hoy en Europa y en Francia. 
Desde la desaparición de las cuotas el pasado 1 de enero, las importaciones han echado a volar y la arrasadora ola china destruye sectores enteros de lo que queda de nuestra industria textil. 
El aumento de las importaciones de pantalones fabricados en China entre el 1 de enero de 2005 y el 2 de febrero de 2005 fue del 792 % con respecto al mismo período de 2004. 
En el caso de los jerseys fue del 613 %. 
Antes de que sea demasiado tarde, y al margen de la opinión de Guillaume Sarkozy, presidente de la unión francesa de industrias textiles y ferviente partidario de las deslocalizaciones de empresas, no hay que esperar a comprobar que nuestro mercado interior está hundido para exigir un retorno a las barreras aduaneras y las cláusulas de salvaguardia. Los extremistas del liberalismo que redactaron el artículo 314 del Tratado Constitucional, que anuncia la apertura de nuestras fronteras al comercio mundial y la supresión de las barreras aduaneras, nos prometen una dramática regresión industrial y social generalizada. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, mis colegas han recordado varias veces que la industria textil representa más de dos millones y medio de puestos de trabajo. Yo mismo procedo de una región, Nord-Pas-de-Calais, en Francia, que sabe de qué habla, porque está sufriendo mucho esa pérdida de empleo. 
Las cifras nos demuestran hasta qué punto es útil y necesario adoptar una estrategia para ayudar a la industria textil y de la confección a superar los cambios asociados a la desaparición de las cuotas. 
Actualmente solo disponemos de datos parciales, pero son ya alarmantes. 
En Europa, según las declaraciones de los importadores chinos, desde la desaparición de las cuotas el 1 de enero de 2005, las importaciones de varias categorías de productos textiles se han duplicado o incluso triplicado. 
Es indispensable que la Unión disponga de instrumentos de política comercial que le permitan responder a variaciones drásticas de las importaciones. 
A este respecto, es muy urgente, señora Comisaria, que la Comisión publique las directrices relativas a la cláusula de salvaguardia específica para los productos textiles procedentes de China, anunciadas en octubre de 2004 y sin las cuales las industrias, a través de sus Estados, no podrán reaccionar. 
La UE respeta sus compromisos en el marco de la OMC. 
Ahora es necesario que todos los miembros de esta organización respeten esos compromisos. 
El mercado del textil y de la confección debe seguir siendo un mercado abierto y competitivo. 
Por otra parte, la Unión Europea debe tomar conciencia de que muchos países productores de textiles, denominados vulnerables, pueden resultar gravemente afectados por esta eliminación de las cuotas. 
Pienso en Bangladesh, en Camboya y en nuestros vecinos mediterráneos. 
Hace diez años que la Unión Europea optó por instaurar una cooperación que favoreciera el desarrollo de la zona euromediterránea. 
Por ello, la cuestión del textil nos lleva más que nunca a la necesidad de establecer una verdadera zona de libre comercio tan pronto como sea posible. 
– Aunque en general en los últimos años el sector textil y de la confección ha perdido algo de terreno en toda la Unión Europea, sigue siendo muy importante en algunos países de la Unión y, de hecho, las economías de varias regiones están realmente estructuradas en torno a él. 
Desde enero, como ya se ha mencionado aquí, han desaparecido las cuotas comerciales internacionales para estos productos. 
Si bien el cambio era predecible, ha causado un grave impacto en los mercados, en particular por el dominio de China. Ignorando consideraciones sociales o ambientales, China permite a sus empresas vender a precios excesivamente bajos. 
Esto tiene dos consecuencias básicas: se perjudica a los países exportadores más vulnerables, ya que en algunos casos dependen casi totalmente de este tipo de industria para su supervivencia económica; y existe la posibilidad de que innumerables fábricas de Europa tengan que cerrar. 
A pesar de los compromisos asumidos por las autoridades chinas en los últimos meses de imponer sus propios límites a exportaciones de su país, el hecho es que los indicadores que tenemos nos preocupan mucho. Por tanto, ahora resulta apropiado plantear las siguientes preguntas: primera: ¿cómo tienen en cuenta la Comisión y el Consejo los cambios que se producen en este ámbito y qué medios utilizan para supervisar constantemente la situación? ; y, segunda, ¿en qué condiciones está dispuesta la Comisión a aplicar los mecanismos de salvaguardia específicos, teniendo en cuenta que, como mínimo, se teme que los Estados Unidos puedan hacer lo propio muy pronto? 
– Señor Presidente, otros diputados han recordado que las consecuencias del levantamiento de las cuotas han sido inmediatas, y la amenaza que se cierne sobre la industria textil y de la confección europea es muy real. 
A modo de ejemplo, también yo quiero presentarle el caso de mi región, muy afectada por el declive del textil. 
La cuenca de Castres-Mazamet adquirió su cultura industrial a través de la industria del deslanado y el cuero. Desde hace varios años, las PYME de este sector cierran una tras otra. 
Algunas han sabido reconvertirse gracias a las competencias adquiridas en el comercio internacional, las técnicas industriales y la puesta a punto de nuevos productos. 
Pero ¿tenemos derecho a condenar a quienes desean ejercer su oficio en el sector textil y de la confección? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, ¿no tenemos el deber de proteger la industria europea del textil y de la confección? 
En tanto no se apliquen las propuestas del Grupo de alto nivel sobre las que va a pronunciarse el Parlamento, la Unión Europea ha definido una estrategia para superar los cambios derivados de la desaparición de las cuotas, que se traduce, al parecer, en compromisos concretos: elaboración del proyecto de protocolo sobre las normas de origen, adopción de las directrices relativas a la cláusula de salvaguardia específica para China en materia de textiles, establecimiento del sistema de preferencias comunitarias, fijación probable de un umbral del 10 % para preservar la parte de mercado de los proveedores tradicionales de la UE, negociaciones en la OMC para obtener concesiones sustanciales por parte de países emergentes que mantienen derechos elevados, establecimiento de barreras no aduaneras en el sector del textil y la confección y, por último, adopción de planes estratégicos a escala local con el fin de mejorar la asignación de los fondos públicos, en particular los de la reserva de flexibilidad en el marco de los Fondos Estructurales y del objetivo de «competitividad regional y empleo». 
¿En qué plazo y con arreglo a qué calendario piensan poner en práctica estas medidas concretas? 
– Señor Presidente, los sectores del textil y de la confección son muy importantes en muchas zonas de Europa, especialmente en Cataluña. 
Abarcan más de 2 600 empresas que contratan a más de 72 000 trabajadores. 
Este año hay que suprimir totalmente las cuotas y aranceles para los países de la OMC. 
Por lo tanto, esos países tendrán un acceso ilimitado a los mercados de la UE. 
Ello nos podría llevar a situaciones de dúmping que perjudicarían a nuestra economía. 
Y podría animar a las empresas a trasladarse a otras latitudes. 
Entiendo que se trata de un fenómeno que solo se puede resolver invirtiendo más dinero en los presupuestos de investigación. 
Hay dos objetivos posibles. 
En primer lugar, fabricar productos de mejor calidad con valor añadido que puedan competir con los de otros países, sobre todo China. 
En segundo lugar, crear un mercado comercial europeo unificado, incluido un índice de calidad. 
Además, necesitamos desarrollar una estrategia que favorezca la concentración de empresas como herramienta positiva para que el sector sea más eficiente y competitivo. 
Así contrarrestaríamos la amenaza de deslocalización de empresas. 
Que la UE desempeñe un papel activo es la mejor forma de conseguir cohesión social y el mantenimiento del nivel de vida que todos esperamos en esta parte del mundo. 
– Señor Presidente, la liberalización de los mercados en beneficio de las grandes empresas y en el marco de la OMC incluía, entre otras cosas, la abolición de las cuotas de importación de productos textiles en Europa. 
Por ello, las empresas y negocios artesanos se trasladaron a países con mano de obra más barata o cerraron. 
En ambos casos, los que más perdieron fueron los trabajadores del sector, que emprendieron el camino del paro. 
En Grecia, pequeñas ciudades enteras han muerto literalmente. 
Los analistas de la OMC calculan que, en los próximos años, la cuota de China superará el 50 % a escala internacional, mientras que en la Unión Europa se perderán cerca de 325 000 puestos de trabajo. 
Esto es una oportunidad para la Unión Europea porque, aunque parezca una contradicción, redunda en interés de los monopolios europeos, ya que pueden penetrar en el gran mercado de China en sectores rentables y aprovechar la mano de obra barata. 
Todo lo que se dice de controles, investigación e innovación, de un sector textil europeo más competitivo, no sirve de nada y no afecta a los pequeños profesionales, que quedarán eliminados; interesa a grupos monopolistas, que aumentarán sus beneficios. 
Dejemos a los trabajadores y a los pequeños profesionales que extraigan sus propias conclusiones sobre la política de la Unión Europea, que destruye a la mayoría débil y fortalece a la minoría rica. 
Que unan sus fuerzas con el fuerte movimiento de clase para cambiar esta política. 
– Señor Presidente, Señorías, hace algunos años alguien preguntó al Comisario británico responsable del comercio internacional: «¿Qué cuota de mercado mínima debe garantizarse al sector textil en Europa?» 
La respuesta fue: «Ninguna, si el mercado empuja en esa dirección». 
Pues bien, Señorías, hoy, inmediatamente después de la supresión de las cuotas previstas para las importaciones de productos textiles procedentes de China, la profecía de ese Comisario se ha hecho realidad. 
El riesgo de mercado no existe cuando nos guiamos por el sentido común, sino cuando las ideas son confusas. 
El sector textil está postrado, con todas las consecuencias que de ello se derivan para el desarrollo de la economía y el bienestar de nuestros conciudadanos. 
En estos dos primeros meses de 2005, la respuesta del mercado ha sido inmediata. 
Las solicitudes de licencias de importación de China han aumentado. 
Muchos pequeños productores del sector textil cierran o se hacen importadores. 
Cierran la fábrica y despiden, convirtiéndose así en vendedores de productos que se introducen en el mercado a un precio elevado a pesar de su pésima calidad. 
Es necesario saber, por tanto, si la Comisión y el Consejo quieren aplicar las medidas posibles, reconocidas y permitidas en el marco de los acuerdos de la OMC para mitigar los efectos negativos de la supresión de las cuotas. 
Pero antes hay que comprender la filosofía de la Comisión y de los Estados miembros. 
Consideramos que, entre las medidas posibles, la marca de origen es la más importante 
Hay que defender a los productores y a los consumidores mediante la transparencia, es decir, identificando la calidad y el origen de los productos. 
Por tanto, una marca de calidad europea, que incluya la denominación específica de la nación europea de origen, es para nosotros el primer objetivo a alcanzar si queremos no ya proteger a Europa, sino respetar lo que Europa produce. 
La Comisión y el Consejo son conscientes de que, dada la situación actual del sector textil, toda la industria europea puede desaparecer por completo de los mercados mundiales y de nuestros propios mercados. 
¿Qué piensan hacer en la OMC ante las próximas peticiones de liberalización de tal o cual sector productivo, en el que podrían producirse las mismas consecuencias que hemos visto en el textil? 
Esperamos, señora Comisaria, una respuesta que nos tranquilice; de lo contrario, nos veremos obligados a pensar que, a medida que Europa avanza, algunos sectores industriales en europeos, inclusive italianos –ya que esto me concierne directamente en buena medida–, se verán obligados a cerrar sus puertas y decir adiós a la cohesión social y al modelo europeo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a quienes han tomado la iniciativa de celebrar hoy este debate. 
Nos enfrentamos a un grave problema que ha afectado a muchas fábricas textiles en mi país, Polonia, así como en todo el conjunto de la Unión Europea. 
Esto no ha ocurrido en las últimas semanas o meses; de hecho, desde la década de los noventa afrontamos una invasión asiática de tejidos baratos. 
Si se tratara únicamente de una cuestión de libre mercado, de productos más baratos o de mano de obra más barata, nos resultaría muy difícil protestar, dado que la propia Unión Europea promueve el principio de libre mercado. 
Sin embargo, las potencias no europeas del mercado textil no se rigen por ninguna norma, ni siquiera las que ellas mismas asumieron cuando entraron en la OMC. 
En vista de todo esto, la Unión Europea debe unir fuerzas para defender a las empresas polacas, francesas y alemanas –de hecho, todas las empresas de toda la Unión Europea– de lo que debe llamarse, simple y llanamente, competencia desleal. 
– El sector textil y de la confección en Europa afronta una grave crisis. 
La crisis también se centra en ciertas regiones que ya se encontraban en desventaja y que ahora serán mucho más vulnerables. 
Con la remodelación del sector en los últimos años ha tenido lugar una reubicación masiva de la producción, así como despidos masivos, la gran mayoría de los cuales afectan a mujeres poco cualificadas. 
El resultado es bien conocido y no deja lugar a dudas: una pérdida de entre el 20 y el 25 % de fábricas y puestos de trabajo en diez años. 
La reciente apertura del mercado a China está agravando la situación. 
Ahora que hemos llegado a este punto, propongo que la Comisión adopte tres tipos de medidas. Primero, debería supervisar estrictamente todas las importaciones al mercado único, y no dudar en actuar de acuerdo con las cláusulas de salvaguardia. 
Para ello, es esencial que el sistema de supervisión funcione, y que funcione pronto. 
No pretendo reivindicar ningún tipo de proteccionismo, que se daría de bruces contra la historia. 
Europa ha de acostumbrarse a competir con países que tienen mano de obra barata, pero no puede aceptar la competencia de empresas que no pagan su energía, que emplean a niños esclavos y que no respetan la propiedad intelectual. 
En segundo lugar, es importante examinar la reubicación de empresas textiles, así como casos de fraude y de empresas que han recibido ayuda antes de cerrar. 
En tercer lugar, una recomendación a la Comisión: el sector textil europeo debería invertir en la cadena de valor allí donde Europa tenga una verdadera ventaja competitiva. 
Para ello necesitamos desarrollar una política que tenga en cuenta los siguientes aspectos, entre otros: infraestructura logística, proximidad geográfica a mercados principales, operaciones más rápida ejecución de pedidos, diseño, control de calidad, innovación, utilización de nuevos materiales y nuevas tecnologías, relaciones con grandes redes de distribución, formación profesional permanente y ayuda a las PYME, que todavía son mayoría en el sector. 
Pido a la Comisión que acepte que este es el camino del futuro de la industria textil en Europa. 
– Señor Presidente, la abolición a partir del 1 de enero de 2005 de todos los aranceles y cuotas y de las restricciones a la importación de textiles es una novedad de gran importancia económica, social y política para los países de la Unión Europea y para mi país, Grecia. 
Esta novedad ya ha acarreado la primera consecuencia adversa en Grecia, con importaciones descontroladas de productos chinos, que no solo golpea al sector textil y de confección, sino también a la seguridad del consumidor, porque se trata de productos baratos de mala calidad. 
Es posible que los expertos de la OMC y de la OCDE vean ventajas en la liberalización completa del comercio de textiles y de confección, pero los empresarios y los trabajadores europeos y griegos no. 
La base industrial del sector textil y de la confección está menguando. 
Todos los días hay fábricas y negocios de artesanía que cierran en Grecia, mientras que otros se trasladan a los países balcánicos. 
Al mismo tiempo, el desempleo no deja de aumentar. 
Un ejemplo típico es que, solamente en diciembre de 2004, 12 pequeñas y medianas empresas cerraron en Grecia, dejando a 650 trabajadores en paro. 
A la vista de este dramático desenlace y teniendo en cuenta los datos de la OMC, según los cuales China controlará el 50 % del mercado textil en los próximos dos años, me temo que la Comisión Europea se está limitando a seguir los acontecimientos. 
Si bien los Estados Unidos, Turquía y Argentina han decidido hace poco aplicar medidas de seguridad e imponer cuotas en ciertas categorías de productos chinos, en estos momentos todavía esperamos que la Comisión Europea presente sus orientaciones. 
En ausencia del señor Mandelson, quiero plantear esta cuestión a la Comisaria. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero confrontar a la Comisaria con una declaración de su colega el Comisario Mandelson. 
Hace poco dijo en el periódico francés que «de acuerdo con un estudio encargado por la OCDE, la omisión de las cuotas textiles permitirá ahorrar a cada familia 270 euros anuales». 
Por desgracia, el señor Mandelson ignoró a miles de familias que, a raíz de la abolición de las cuotas y del consiguiente «maremoto» chino, perderán sus puestos de trabajo, si es que ya no lo han hecho. 
Además, el señor Mandelson ha extraído conclusiones bastante precipitadas, porque se le pasa por alto, conscientemente o no, el hecho de que la reducción prevista del precio afectará solamente a una gama muy limitada de productos textiles y de confección, y, por tanto, tendrá un efecto muy limitado en general. 
De paso diré que me ha sorprendido y decepcionado mucho el discurso ultraliberal del señor Mandelson. 
Quiero plantear unas pocas cuestiones y sugerencias concretas. 
En primer lugar, ¿puede usted confirmar que la Comisión reaccionará y adoptará medidas una vez demostrado que los productos chinos entrarán en el mercado europeo a precios deslealmente competitivos? 
A este respecto se puede hacer algo sobre la base del precio de las materias primas en los mercados internacionales. 
La Comisión solo necesita la voluntad para ello. 
En segundo lugar, señora Comisaria, ¿qué medidas de salvaguardia, y esta cuestión ya se ha mencionado expresamente aquí, contemplará usted para impedir que ciertas categorías de productos de Europa desaparezcan del mapa a raíz de la competencia desleal? 
Por último, ¿qué pasos concretos puede dar y, de hecho, está dispuesta a dar, a fin de garantizar que en China también se respeten los umbrales básicos sociales y ecológicos? 
Por ejemplo, podría usted airear ciertas prácticas en el contexto de una campaña de denuncia, por mencionar solo un ejemplo. 
Por último, señora Comisaria, se ha notificado que las importaciones textiles del mes pasado desde China han aumentado notablemente, por no decir espectacularmente. 
Espero que la Comisaria no nos engatuse otra vez con la manida frase de que nuestra industria textil ha tenido diez años para adaptarse, porque eso sería el colmo de la simplificación excesiva. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, naturalmente el sector textil no ha estado aletargado en los últimos años. 
Por supuesto, a menudo se dice que este sector ha tenido diez años para adaptarse a la situación. 
Todo esto es verdad. 
El hecho es que, aunque China domine ahora el 20 % del mercado mundial, en tres o cuatro años esta cuota habrá aumentado hasta el 50 %. 
China tiene los sueldos más bajos y sus costes energéticos también son un tercio más bajos, y ¿qué ocurre con su historial de derechos humanos? 
En los próximos tres o cuatro años, el número de puestos de trabajo del sector textil de Europa, que en la actualidad se sitúa en 2,7 millones, se reducirá a la mitad. 
Esto afectará sobre todo a algunos antiguos países de la Unión Europea, especialmente España, Italia, Portugal y Grecia, pero también a Rumanía y Bulgaria, por no mencionar a Turquía. 
Me gustaría que la Comisaria nos dijera qué medidas adoptará para amortiguar los inminentes y graves problemas del mercado laboral. 
¿Qué medidas pretende desarrollar con objeto de persuadir a China de que coopere más? 
Hago esta pregunta en mi calidad de Vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido y Cuero. 
No podemos simplemente abandonar a su suerte a estos trabajadores. 
– Desde el 1 de enero, el volumen de las importaciones autorizadas de textiles de China en varias categorías textiles ha sido siete veces superior al del período correspondiente a 2004. 
En los dos últimos meses las licencias de importación para algunos artículos ya han superado el total de las importaciones de los mismos artículos de todo el año 2004. 
Los precios de casi todos los productos han descendido drásticamente, a veces por debajo de la mitad de sus niveles anteriores. 
En vista de la posibilidad que tiene la Comisión de utilizar medidas de salvaguardia dispuestas en el protocolo de adhesión de China, quiero pedirle, señora Comisaria, que aclare algunos asuntos: primero, ¿qué consecuencias va a acarrear el hecho de que la Comisión todavía no haya empezado a presentar datos aduaneros sobre las importaciones de textiles? En segundo lugar, ¿qué consecuencias tendrá el hecho de que la Comisión aún no haya redactado las directrices que tendrían que estar elaboradas y disponibles en 2004? 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, quiero plantear dos cuestiones. 
En primer lugar, en abril celebraremos otro debate sobre los textiles, y la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Comercio Internacional también celebrarán una audiencia conjunta sobre este tema. 
En nombre de mis colegas y de las dos comisiones, espero con interés que continúe este debate y que, en estas dos ocasiones, podamos contar con datos más fiables para nuestro trabajo. 
En segundo lugar, ya estamos en 2005, lo que significa que a finales de este año tendremos las negociaciones de la OMC en Hong Kong. 
Me parece que es una buena oportunidad para enviar a China la señal que otros muchos diputados han mencionado, y para ejercer una suave presión por medios diplomáticos. 
Me parece esencial hacerlo. 
Por último, también es importante que, a la hora de preparar los análisis mencionados por el Presidente en ejercicio del Consejo, se tengan realmente en cuenta los diferentes factores implicados. 
Hemos de conocer más lo que ocurre, por ejemplo, en Túnez, Turquía o en nuestros tradicionales Estados miembros de la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de lo que va bien como de lo que va mal. 
Realmente necesitamos una visión más clara y que haya sido investigada detenidamente. 
Si, junto con los Comisarios pertinentes, pudiera usted proporcionarnos esta visión antes del final de su Presidencia, sería sumamente útil. 
– Señor Presidente, Señorías, el informe del Grupo de alto nivel sobre el sector textil contiene indicaciones sobre siete acciones para apoyar la competitividad del sector. 
El Grupo recomienda también la creación de un sistema de control de las importaciones chinas a partir del 1 de enero de 2005. 
Sin embargo, cabe lamentar que dicho Grupo no haya sido capaz de formular una orientación sobre la marca de origen por divergencias de opinión internas. 
Precisamente hoy, en un importante periódico italiano, aparece un artículo del Comisario Mandelson sobre la marca «Made in Italy» , según el cual la Unión tiene el deber de informar a los consumidores para que reconozcan una camisa producida en China de otra fabricada en ItaliaEstoy de acuerdo, y añadiré que unas normas rigurosas en materia de etiquetado responden a esta obligación. 
Por tanto, a propósito del sistema de control de las importaciones chinas, quisiera saber, en primer lugar, dos meses después de la retirada de las restricciones, cuáles son los resultados del seguimiento. 
En segundo lugar, por lo que respecta al etiquetado de origen, pregunto a la Comisión y seguidamente al Consejo si piensan adoptar pronto iniciativas a favor del etiquetado obligatorio de los productos para identificar su origen, y quiero hacer constar que esta acción la reclaman insistentemente los fabricantes textiles italianos y de otras partes. 
– Señor Presidente, la convulsión que registra la industria mundial del sector textil y de la confección se deja sentir con dureza en las regiones europeas con una gran concentración de producción textil. 
Así sucede en la región francesa de Nord-Pas-de-Calais, ya golpeada en los últimos años por reestructuraciones y deslocalizaciones y donde este sector, segundo empleador industrial, emplea aún a unos 30 000 trabajadores. 
En 2004, el Parlamento, en una resolución, y el Grupo de alto nivel sobre el textil y la confección pidieron un programa específico para este sector, en particular para las regiones con dificultades, en las que existen muchas PYME y una elevada tasa de empleo femenino. 
En esas regiones, las ayudas europeas han permitido, en los últimos años, atenuar las consecuencias socioeconómicas de las crisis sectoriales, mantener los puestos de trabajo y amortiguar los efectos de las reestructuraciones económicas mediante, en particular, la innovación, la inserción, la formación y el desarrollo de una industria moderna. 
En este momento en que la Unión Europea elabora sus nuevas perspectivas financieras, estas regiones están preocupadas por el futuro de los Fondos Estructurales, que han contribuido a la recuperación económica. 
Estoy segura de que la Comisión y el Consejo pondrán empeño en tranquilizarles y demostrarles que la cohesión económica y social, a la que contribuyen estos fondos, son una prioridad para la Unión Europea. 
. Señor Presidente, seré muy breve: simplemente mencionaré la propuesta de proporcionar a las comisiones parlamentarias interesadas datos más precisos, pero creo que hay que hacerlo con la Comisión. 
En un espíritu de buena cooperación interinstitucional, dejaré mi tiempo de respuesta a la Comisión, que es la primera interesada. Simplemente, quisiera decir que el Consejo comparte por supuesto todas las preocupaciones que se han expresado con respecto a la situación del sector textil en la Unión y también en una serie de países asociados. 
. Señor Presidente, el sector textil es un factor económico muy importante para todos nosotros en Europa y, por lo tanto, hay que tomar medidas internas y externas. 
Estamos elaborando una estrategia muy completa. 
Permítanme de nuevo que mencione algunos puntos porque este ha sido un debate muy complejo y amplio. 
En su segunda comunicación sobre la industria textil, la Comisión propuso varias acciones para mejorar la competitividad del sector textil europeo. 
Las acciones propuestas incluyen medidas como el refuerzo de la lucha contra las falsificaciones y la piratería; el respeto de los derechos de propiedad intelectual; el establecimiento de un plan de acción para resolver las actuales barreras comerciales en terceros países; el fomento de tecnologías avanzadas y textiles y productos de confección con gran valor añadido al amparo de los Programas de Investigación y Desarrollo de la UE; y asegurar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la formación profesional. 
En segundo lugar, la Comisión ha creado un sistema para efectuar un seguimiento de las importaciones de textiles y productos de confección procedentes de China. 
Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones al respecto. 
El Grupo de alto nivel del sector textil no pudo llegar a una conclusión en su informe de junio de 2004 sobre la marca de origen «Fabricado en la Unión Europea» La Comisión volverá a tratar ese tema y redactará las propuestas más adelante. 
Recurriremos a las salvaguardias tan solo como último recurso. 
Me refiero a la cláusula de salvaguardia específica para textiles que se estableció en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC. 
Es una estrategia importante y sin duda activa. 
Un comercio internacional abierto es también un factor clave en la competitividad de la economía en su conjunto. 
El acceso a los mercados de terceros países permite la creación de puestos de trabajo en Europa, que es también una gran prioridad para la Comisión. 
Por lo tanto, estamos decididos a hacer todo lo que haga falta para conseguir el objetivo de la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado, de modo que las empresas de la UE en esos sectores puedan explotar los conocimientos tecnológicos y la calidad que tanto han costado obtener. 
Así pues, la Comisión redactará un plan de acción para eliminar las barreras de los mercados de terceros países, y la Ronda para el Desarrollo de Doha será una oportunidad para llevar a cabo una revisión global de todos los supuestos obstáculos no arancelarios. 
Finalmente, diré unas palabras más sobre China. 
El Comisario Mandelson no está aquí porque se encuentra en China, pero le hablaré del amplio debate de hoy y quizás en otra ocasión puedan ustedes hablar más a fondo con él, como Comisario responsable del comercio. 
Quiero resaltar una vez más que la Comisión sigue muy de cerca el cumplimiento por parte de China de los compromisos de adhesión a la OMC, sobre todo en el marco del Diálogo sobre Comercio de Textiles UE-China firmado en mayo del año pasado por el Comisario de Comercio y su colega chino. 
Además, en el marco de otros diálogos entre la Comisión y las autoridades chinas, la Comisión ha pedido que se incluya en el orden del día el tema del desarrollo sostenible del sector textil, y en concreto la cuestión de la responsabilidad social de las empresas. 
La Comisión espera que eso contribuya a que se apliquen debidamente las normas chinas, que son bastante estrictas, en materia laboral y ambiental. 
También estamos llevando a cabo un estudio, que terminará en breve, sobre las condiciones de trabajo y demás condiciones de producción en el sector textil y de la confección en China. 
En consonancia con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de 2003, la Unión Europea se ha comprometido a promover el respeto de las normas laborales básicas a través de las relaciones comerciales con terceros países. 
El último comentario que quiero hacer se refiere a las directrices propuestas sobre la cláusula de salvaguardia para el textil en China. 
Todavía se están preparando. 
La Comisión quiere examinar a fondo todos los aspectos del tema antes de tomar una decisión final. 
La Comisión se muestra reacia a hacer algo que en mayor o menor medida facilitaría la introducción de salvaguardias. 
La Comisión no quiere que las directrices sean un vehículo que facilite o inste a la acción de salvaguardia, sino un instrumento que evite recurrir a las salvaguardias. 
La Comisión quiere que esas directrices introduzcan transparencia en la gestión de las solicitudes de salvaguardias que se puedan presentar, pero también quiere que faciliten una mayor previsibilidad en el comercio, por ejemplo, designando algunas zonas seguras, creadas con generosidad y ofreciendo grandes posibilidades de expansión por debajo de las cuales no consideraríamos la acción de salvaguardia. 
Queda cerrado el debate. 
– Calidad y seguridad de los productos, protección del medio ambiente y de los derechos sociales, protección de los consumidores, respeto de las reglas del comercio internacional y desarrollo tecnológico: todos estos son puntos en torno a los cuales la Unión Europea ha tomado postura y en los que basa la mayoría de sus estrategias políticas para los próximos años. 
El desarrollo económico y sostenible, la liberalización del mercado y el bienestar de los ciudadanos, son pues nuestros objetivos, y por tanto no deben ser la causa de la pérdida de competitividad de nuestros propios productos dentro de nuestro territorio, en beneficio de productos que no alcanzan ni de lejos nuestros niveles de calidad y seguridad. 
Por consiguiente, debemos asegurar que, en vez de ser penalizados, nuestros valores y compromisos –y con ellos miles de empresas, sobre todo pequeñas, que sostienen nuestro tejido social– sean apreciados y protegidos tanto internamente como a escala internacional. 
Pedimos, pues, la máxima protección de nuestra marca de origen y la promoción de la marca de calidad, con un seguimiento atento y severas sanciones de toda falsificación o intento de fraude en perjuicio del consumidor. 
Asimismo exigimos una posición más firme en las relaciones bilaterales para frenar o limitar la devaluación del yuan, los tipos bancarios irrisorios y las ingentes inversiones en nueva maquinaria que tanto favorecen al mercado chino. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0009/2005). 
Vamos a dirigir una serie de preguntas al Consejo. 
¿Cuál es el estado actual de los preparativos para las inminentes negociaciones de adhesión con Croacia? 
Señora Presidenta, el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004 observó con satisfacción los progresos realizados por Croacia en la preparación de la apertura de las negociaciones de adhesión y pidió a la Comisión que presentara al Consejo una propuesta relativa a un marco de negociaciones con Croacia, teniendo plenamente en cuenta la experiencia adquirida con la quinta ampliación. 
Pidió además al Consejo que llegara a un acuerdo sobre dicho marco con vistas a la apertura de las negociaciones de adhesión el 17 de marzo de 2005, siempre que Croacia cooperase plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). 
La Comisión transmitió el proyecto marco de negociaciones el 31 de enero. 
Los debates técnicos en el seno del Grupo de Trabajo sobre la Ampliación se iniciaron el 1 de febrero con el fin de adoptar una posición común con vistas a la apertura de las negociaciones de adhesión el 17 de marzo. 
Cabe recordar también, en este contexto, las conclusiones del Consejo Europeo del 17 de diciembre de 2004, que pedían muy explícitamente a Croacia que demostrara su plena cooperación con el TPIY. 
Además, el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, decidió, en diciembre de 2004, permitir el acceso de Croacia a los instrumentos financieros de preadhesión –PHARE, ISPA y SAPARD– a partir de 2005 para ayudarle a prepararse mejor para la adhesión. Se ha asignado un importe a tal fin en el marco de las presentes perspectivas financieras. 
Al mismo tiempo, se ha asegurado la continuidad de las actividades de cooperación con los Balcanes Occidentales, cubiertas por el programa CARDS. 
Si el Consejo adopta la postura de condicionar el inicio de las negociaciones a la detención del general Gotovina, entonces su opinión difiere de la del Parlamento, que nunca ha puesto esta condición. 
Tengo aquí las Conclusiones de la Presidencia de Bruselas y, en el apartado 15, se urge claramente a Croacia a que adopte medidas de cooperación, señalando también que, una vez localizado el acusado, ha de ser trasladado a La Haya tan pronto como sea posible. 
Todos apoyamos esto, pero no puede ser una condición para las negociaciones de adhesión, que esperamos se inicien el 17 de marzo. 
. Señor Posselt, tiene usted toda la razón al destacar que la detención del señor Gotovina no es una condición previa. 
De lo que se habla en las conclusiones es de una cooperación efectiva con el Tribunal. 
Por tanto, se decidirá si las negociaciones pueden abrirse a la luz de dicha cooperación. 
-Señora Presidenta, doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. 
Que yo recuerde, este tipo de situación ha surgido en ocasiones anteriores durante las negociaciones de adhesión, especialmente cuando se entablaron negociaciones con Eslovaquia bajo el Gobierno del señor Meciar. 
Me parece que no deberíamos supeditar la apertura de negociaciones de adhesión a una sola persona; un país como Croacia no merece ese trato. 
Creo que el Consejo tendría que demostrar que en realidad la cooperación en este caso no es posible. 
El Gobierno croata ha ofrecido su apoyo inequívoco. 
Si existe un deseo de condicionar la apertura de las negociaciones a la extradición del general, hay que probar que está localizado en el territorio al que tiene acceso Croacia. 
Me parece una vergüenza penalizar a todo un país por la mala conducta de una persona. 
. 
No tengo gran cosa que añadir. 
Estamos en contacto, en efecto, con el Gobierno croata. 
Este último es plenamente consciente de la necesidad de cooperar con el Tribunal y, como ya he dicho, nunca se ha pretendido que la detención fuera una condición previa, puesto que, si el señor a que ha hecho referencia se esconde, y parece que así es, es imposible dar ningún tipo de garantía. 
No es menos cierto que el Gobierno croata debe hacer todo lo que esté en su mano para cooperar del modo más eficaz con el Tribunal. 
La evaluación se hará sobre la base de esa cooperación. 
– Señora Presidenta, las garantías dadas por el Presidente en ejercicio del Consejo son muy gratificantes y la Cámara las acoge con satisfacción. 
Simplemente quería informar al Comisario Rehn de que, si bien la detención del general no es una condición, la buena cooperación es absolutamente esencial. 
Él ha dado a entender algo muy distinto. 
Quizá alguien pueda decirle que si realmente tiene alguna prueba acerca del paradero del general Gotovina, donde quiera que esté, debería tener la amabilidad de informar a las autoridades pertinentes en lugar de enzarzarse en polémicas públicas. 
. 
Tampoco a este respecto tengo gran cosa que añadir; el Consejo es quien decide. 
Dicho esto, no puedo sino repetir que la cooperación con el Tribunal es un elemento esencial. 
El físico nuclear israelí Mordechai Vanunu fue liberado por las autoridades israelíes el pasado mes de abril tras 18 años de encarcelamiento, de los cuales 11 y medio en régimen de incomunicación. 
Desgraciadamente, desde el día de su puesta en libertad, el Sr. Vanunu se ha convertido en rehén del Gobierno de su país. 
Se le ha retirado la posibilidad de viajar y la libertad de expresión. 
Recientemente, en el mes de noviembre, volvió a ser detenido por la policía con acusaciones totalmente infundadas. 
¿Tiene intención el Consejo de formular alguna recomendación al Gobierno de Israel para que se restablezcan los derechos democráticos de una persona que ya ha sido sobradamente castigada? 
. 
Mordechaï Vanunu fue puesto en libertad condicional en abril del año pasado. 
Se le impusieron unas condiciones contra las cuales presentó un recurso, pero este fue rechazado por el Tribunal Supremo de Israel alegando un riesgo persistente de revelación de información que afecta a la seguridad del Estado de Israel. 
Las restricciones están limitadas en el tiempo y sujetas a revisión. 
El respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos está en la base de las relaciones entre la Unión e Israel. 
Según el artículo 2 del Acuerdo de Asociación celebrado entre la Unión Europea e Israel, que entró en vigor el 1 de junio de 2000, dichas disposiciones constituyen un elemento esencial del Acuerdo e inspiran las políticas internas e internacionales de las dos partes. 
La Unión Europea, en el marco del diálogo político mantenido con las autoridades israelíes y de la aplicación del Plan de Acción de Vecindad, seguirá velando por el respeto de los compromisos suscritos. 
– Señora Presidenta, señor Ministro, gracias por su respuesta que, por desgracia, no me satisface porque no responde a mi pregunta. 
El Consejo está actuando naturalmente en el teatro del absurdo. 
Le he preguntado si el Consejo va a recomendar al Gobierno israelí que restaure los derechos democráticos de Vanunu y me ha dado usted una respuesta surrealista sobre el hecho de que Israel es un país democrático y que, en el marco de la política de vecindad con la Unión Europea, seguirá cumpliendo los compromisos que ha contraído. 
Una vez más ha dado usted un mal ejemplo con esta actitud provocadora. 
Por supuesto, no esperaba que me respondiera que iría y liberaría a Vanunu personalmente, pero al menos esperaba que el Consejo defendiera la libertad de pensamiento. 
En este contexto, quiero preguntarle si aprueba el hecho de que Vanunu siga en prisión… 
. 
Creo haber dicho, en efecto, que el Consejo se mantendrá en contacto con el Gobierno israelí a este respecto. 
Por lo que se refiere al respeto general de los derechos humanos, debo añadir que el señor Vanunu ha sido liberado. 
El único problema es que las condiciones en que ha sido liberado no son las que habríamos deseado. Pero, a este respecto, nos mantenemos en contacto con las autoridades israelíes y no dejaremos de abordar el tema. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, por favor, cuando hable de este tema con los israelíes, recuérdeles que el señor Mordechai Vanunu fue sacado ilegalmente de territorio europeo. 
Efectivamente, fue secuestrado y llevado a Israel para comparecer en juicio. 
Los delitos de que se le acusa tuvieron lugar hace 20 años, y pensar que 20 años después todavía pueda tener secretos que podrían perjudicar a Israel es a todas luces ridículo. 
¿Instará usted al Gobierno israelí a que deje de perseguir a esta persona, para que pueda abandonar Israel y, si así lo desea, vivir en la Unión Europea? 
. 
La Comisaria de Relaciones Exteriores ha anunciado que tiene la intención de proponer al Colegio de Comisarios la creación a escala europea de una unidad permanente de intervención rápida que actuará en casos de catástrofes naturales y crisis humanitarias en todo el mundo. 
Esta unidad permanente estará constituida por 5 000 expertos nacionales que habrán sido preseleccionados por los Estados miembros y, una vez hayan sido formados, se pondrán bajo la dirección de una autoridad central de coordinación. 
Según la Comisaria, una unidad semejante puede entrar en funcionamiento en 2007. 
En las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrada el 7 de enero de 2005, el Consejo pide a la Comisión y a sus servicios competentes que estudien qué posibilidades hay de desarrollar instrumentos comunitarios de intervención rápida y pide a la Comisión que presente propuestas sobre una estrategia de refuerzo de los instrumentos de prevención, alerta temprana y preparación ante las catástrofes, que se ha revelado necesaria con ocasión de los acontecimientos recientes. 
¿No considera el Consejo que la propuesta de la Sra. Comisaria constituye una buena base para la materialización de los objetivos que formulaba en sus conclusiones? 
¿Por qué motivo no se hace en estas ninguna referencia a la propuesta en cuestión de la Sra. Ferrero-Waldner? 
. 
En su sesión de 31 de enero de 2005, el Consejo adoptó un plan de acción que comprende medidas que se encuentran actualmente en curso de elaboración. 
En dicho plan de acción, el Consejo pidió a la Comisión y al Secretario General y Alto Representante que presentaran propuestas pertinentes, cada uno en su ámbito de competencia, sobre la creación de una capacidad de intervención rápida de la Unión Europea para hacer frente a futuras catástrofes. 
El Secretario General se comprometió a presentar sus propuestas al Consejo lo antes posible y a más tardar el 31 de marzo de 2005. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Comisaria de relaciones exteriores que ha formulado esta propuesta específica estaba aquí hace cinco minutos, en frente de usted. 
Mi pregunta es: ¿qué le parece al Consejo la propuesta concreta de la Comisaria: bien o mal? 
¿Cree el Consejo que debería adoptarse una medida concreta o esto también se remitirá a una comisión y se pospondrá eternamente, mientras esperamos a la próxima gran catástrofe humanitaria porque no tenemos dinero? 
. 
Con todo el respeto que tengo por Grecia, no, no es cuestión de aplazar este instrumento a las calendas griegas. 
El Consejo afirmó claramente que las propuestas en esta materia deben ser presentadas a la vez por la Comisión y por el Secretario General, o el Secretario General y Alto Representante. 
Por tanto, nunca se ha dicho que no fuera una medida útil. 
Creo que la catástrofe del tsunami nos ha demostrado que Europa necesita un instrumento de este tipo. 
Ahora hay que ver cómo crear este instrumento, y es cierto que el 31 de marzo de 2005 no está muy lejos. 
Por tanto, tendremos propuestas relativas a este sistema. 
– Señora Presidenta, la protección civil, que se ocupa de prevenir y gestionar las catástrofes naturales o provocados por el ser humano, es un objetivo de la Unión Europea. 
Con la Constitución Europea asciende a la categoría de sector de acción suplementaria o auxiliar. 
¿Pretende el Consejo proceder a conformar la política en cuestión? 
En otras palabras, ¿piensa sentar a partir de ahora las bases de una acción coherente y eficaz de protección civil? 
. 
Por desgracia, la Constitución no ha entrado aún en vigor, pero pienso que es importante, con todo, trabajar en este proyecto, que, repito, es un proyecto muy importante. 
Por lo demás, está previsto en los Tratados actuales, que hablan de la protección civil. 
Ahora bien, sabemos que para tener un dispositivo realmente eficaz, que se apoye en todos los elementos, inclusive elementos que quizás no entren en el ámbito de las competencias comunitarias, debemos adoptar un enfoque más global. 
Por esta razón, es importante asociar, por un lado, a la Comisión y, por otro, al Secretario General y Alto Representante. 
Una vez que obren en nuestro poder las propuestas, el Consejo se compromete a tomar decisiones e implantar un sistema de este tipo, que, por supuesto, es indispensable. 
Una de las principales prioridades de la Presidencia luxemburguesa de la UE es la estrategia de Lisboa. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha en la aplicación de dicha estrategia no están a la altura de las expectativas, ya que los indicadores tanto de productividad como de competitividad de la UE se sitúan por debajo de los indicadores de los EE.UU. y de algunos países asiáticos. 
¿Piensa contribuir el Consejo a convertir un texto de programación general en una estrategia de desarrollo coherente y completa? 
¿Cómo piensa hacer frente al número exageradamente elevado de objetivos y prioridades, a la falta de coherencia interna entre objetivos y medios, a la ausencia de mecanismos de aplicación eficaces y a la vinculación entre desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad del medio ambiente? 
. 
SuSeñoría tiene toda la razón: la Estrategia de Lisboa –como claramente afirmó el Presidente del Consejo Europeo cuando presentó el programa de la Presidencia luxemburguesa– figura en la primera línea de las prioridades de nuestra Presidencia. 
El Consejo, en todas sus formaciones competentes, está y seguirá estando, durante las semanas que nos separan aún del Consejo Europeo de marzo, plenamente consagrado a la preparación de la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa que permitirá al Consejo Europeo tomar las decisiones necesarias en esta reunión. 
La cumbre se centrará en la necesidad de intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos inscritos en dicha Estrategia y obtener resultados sustanciales y concretos. 
Disponemos ahora de la propuesta de la Comisión, que, creo, nos permitirá mejorar la aplicación de la Estrategia de Lisboa, definir más claramente las prioridades de esta Estrategia y –permítanme subrayar esto especialmente– organizar mejor la gobernanza de la Estategia de Lisboa. 
En efecto, como destaca en su pregunta, si ha habido un punto débil en la Estrategia de Lisboa, es que ha fijado un número indudablemente excesivo de objetivos y supuestas prioridades, pero también es que la gobernanza de todo el proceso presenta deficiencias. 
Corresponde pues al Consejo Europeo, sobre la base de lo que la Comisión nos ha presentado y en el espíritu de los tres pilares de Lisboa –el crecimiento económico y la competitividad; el mantenimiento del modelo social y el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente–, proponer una estrategia estructurada de forma más efectiva y claramente discernible, que integre los distintos procesos que ya están en marcha actualmente. 
Me refiero a los procesos de Cardiff, a los procesos relativos al desarrollo sostenible, a las directrices para el empleo, a las grandes orientaciones de política económica y así sucesivamente. 
Hay que intentar, pues, mejorar la coherencia, la visibilidad y la transparencia de todo el proceso. 
Esta es una de las principales misiones de la Presidencia si queremos proponer un proyecto que pueda aceptarse en la cumbre de marzo. 
– Señora Presidenta, formulé mi pregunta antes de la comunicación del Presidente de la Comisión Europea sobre el texto del nuevo empuje de la Estrategia de Lisboa. 
Por supuesto, me encanta que la revisión intermedia de este plan estratégico coincida con la Presidencia de Luxemburgo. 
Mi pregunta complementaria se refiere a un hermanamiento más eficaz de objetivos y políticas europeas y nacionales: ¿cree el Consejo que las nuevas propuestas de la Comisión rectifican la actual debilidad de la aplicación de la estrategia? 
. A mi entender, el enfoque presentado por la Comisión, que insiste en la fijación de objetivos europeos seguida de la elaboración de planes nacionales, crea más lazos entre, por un lado, los grandes objetivos fijados de común acuerdo a escala europea y, por otro, la aplicación a escala nacional. 
Al final, la Estrategia de Lisboa resultó muy débil y poco operativa en este punto. 
Gracias a esta idea de los planes nacionales, se podría, creo, mejorar la gobernanza y, al hablar de planes nacionales, hay que subrayar que esta propuesta recoge la participación de las partes interesadas en el Proceso de Lisboa. 
Pienso que, en este aspecto, creamos mejores condiciones para el éxito de la Estrategia. 
. Creo que se ha dicho con toda claridad –y esto, repito, lo ha dicho el Presidente del Consejo Europeo– que la Estrategia de Lisboa es un todo coherente que comprende un pilar que podríamos denominar de competitividad o pilar económico, un pilar social y un pilar medioambiental. 
El gran desafío es demostrar que los tres pilares no son excluyentes, sino que forman una verdadera unidad. 
La Presidencia velará por que se tenga plenamente en cuenta la coherencia de estos tres pilares cuando se defina la nueva Estrategia. 
Los agricultores griegos se quejan de la imposición de límites máximos a las hectáreas y kilos de algodón, cuya producción es deficitaria en la Unión Europea. 
Cabe preguntarse qué lógica obliga a que el dinero de los contribuyentes europeos no vaya a parar al grupo más afectado de los europeos, a saber, los agricultores, sino que favorezca mercados fuera de las fronteras de los 25 Estados miembros. 
La ficción del "límite máximo" conduce a la desaparición de los agricultores de la periferia, de la misma forma que la política de las grandes multinacionales está privando precisamente a Europa de sus pequeñas y medianas empresas. 
¿Por qué motivo no se suprimen estos límites máximos, de manera que la UE sea autosuficiente para aquellos productos agrícolas cuya producción es deficitaria y, al tiempo, los agricultores europeos obtengan mayores ingresos? 
¿Piensa examinar el Consejo la posibilidad de suprimir estos límites máximos para el algodón y otros productos deficitarios en la UE? 
. Señora Presidenta, para completar la reforma de la Política Agrícola Común decidida en junio de 2003, el Consejo adoptó el 29 de abril de 2004 un reglamento destinado a disociar en parte la ayuda al algodón, al aceite de oliva, al tabaco y al lúpulo, y a integrarla en el régimen de pago único. 
Esta reforma debería entrar en vigor el 1 de enero de 2006. 
Por lo que se refiere en particular al sector del algodón, se ha acordado que, para evitar la desorganización de la producción en las regiones productoras comunitarias, la ayuda permanezca en parte asociada al cultivo de algodón en la forma de un pago vinculado al cultivo y abonado por hectárea susceptible de acogerse a la ayuda. 
Su importe debería garantizar unas condiciones económicas que permitan la continuidad de la actividad en las regiones propicias a este cultivo y eviten la suplantación del cultivo de algodón por otros cultivos. 
En esta perspectiva, la ayuda total disponible por hectárea para cada Estado miembro se ha fijado en un 35 % de la parte nacional de que se hayan beneficiado indirectamente los productores a través de las desgranadoras durante el período de referencia 2000-2002. 
El establecimiento de una superficie de base para cada Estado miembro, con el fin de restringir las superficies plantadas de algodón, responde a las exigencias presupuestarias y a la consideración de las características específicas de este cultivo. 
La fijación de límites máximos para la producción de algodón se inscribe asimismo en el contexto de la Ronda de Doha de las negociaciones comerciales de la OMC, en la que algunos países en desarrollo, en particular países productores de algodón del África Occidental –que han estado muy presentes en los debates de esta tarde– expresaron preocupaciones en relación con el sector algodonero. 
Con esta reforma, la Comunidad quiere enviar una señal importante a la OMC, y muy especialmente a los países en desarrollo. 
. – Señora Presidenta, solo quisiera preguntar, teniendo en cuenta también el debate anterior sobre la invasión de productos procedentes de China y de países que usted denomina «países en desarrollo» , si el Consejo ha calculado cuánto podría costar ese tope máximo impuesto a las regiones europeas productoras algodón y si el Consejo tiene en el futuro la intención de aumentar el importe de las ayudas si observara que la cuantía prevista no es suficiente, para evitar que también el sector del algodón sucumba a la invasión de productos procedentes de otras partes del mundo. 
. No dispongo ahora de las cifras que me pide, pero estoy seguro de que la Comisión podría ayudarnos y proporcionárselas. 
De todos modos, puedo añadir que la reforma irá acompañada de una transferencia de fondos de 22 millones de euros al segundo pilar de la PAC relativo al desarrollo rural, para el sector del algodón, puesto que la reducción de la producción provocará probablemente procesos de reestructuración a escala regional. 
Consciente de la necesidad de ofrecer a los productores de la Comunidad una política estable a medio plazo –el Consejo, que por lo demás no ha recibido de momento ninguna propuesta de la Comisión en este sentido– considera que no existe ninguna razón para modificar el principal paquete de reformas, que constituye un conjunto indivisible. 
Me comprometo, pues, a intentar facilitarles las cifras que me piden, pero, también a este respecto, repito simplemente que, tras el debate mantenido en este Parlamento, debemos reflexionar un poco sobre la coherencia. 
– Señora Presidenta, quisiera preguntar el Consejo si, cuando habla de favorecer la importación de los países menos desarrollados, tiene en cuenta también factores como la protección de los trabajadores de esos países, tanto desde el punto de vista de la seguridad social como sobre todo de la jornada laboral y las condiciones de trabajo, y también si tiene en cuenta la protección del medio ambiente, para evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y efectos negativos para nuestra economía por parte de quien produce sin respetar las rígidas normas a las que nosotros debemos atenernos. 
. Señor Speroni, usted sabe que Europa ha intentado introducir en el debate de la OMC, además de la cuestión de los derechos sociales, la dimensión medioambiental, debo admitir que sin mucho éxito debido a la oposición de cierto número de países en desarrollo. 
Ello no impide que, en la OIT y en nuestras negociaciones con la OMC, este debate deba continuar y continúe. 
No puedo decir, por tanto, que estos elementos sean parte integrante de esta cuestión. 
Sin embargo, seguiremos prestándoles especial atención. 
La UNICEF y las organizaciones no gubernamentales están recibiendo diariamente un gran número de denuncias de casos de malos tratos, explotación y desaparición de niños en las zonas del Sudeste Asiático afectadas por el tsunami. 
Estas denuncias hacen referencia a las acciones incontroladas de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, las adopciones ilegales y el tráfico de órganos. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo, en el marco del suministro de ayuda humanitaria y en colaboración con la ONU, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales, para que se adopten unas medidas de ayuda, asistencia y protección de los niños eficaces en las zonas afectadas y en los campamentos en los que viven las personas que se han quedado sin hogar? 
. Señora Presidenta, conviene recordar que, en su reunión de 7 de enero de 2005, el Consejo declaró que la ayuda debía ir a parar a las regiones más afectadas y a las personas más desfavorecidas, en particular los niños. 
Por ser especialmente vulnerables, necesitan un apoyo específico, en particular a través de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, como el UNICEF. 
Desde entonces, los órganos preparatorios competentes del Consejo elaboraron un plan de acción para prestar ayuda a las víctimas del tsunami en respuesta a las conclusiones del Consejo Europeo. 
Dicho plan de acción fue examinado por el Consejo el lunes 31 de enero de 2005. 
Entre las acciones propuestas figuran medidas encaminadas específicamente a los niños, en particular en el ámbito de la salud y de la educación, con el objetivo reintegrarlos lo antes posible a la escuela. 
El Consejo también está estudiando propuestas centradas en la suerte de los niños huérfanos o que se han visto separados de sus familias a causa de la catástrofe, y a ocuparse en concreto del problema de tráfico del que podrían ser víctimas. 
Para una información más amplia sobre las acciones de socorro emprendidas por la Unión y sus Estados miembros, remito a su Señoría a la Comisión y a los Estados miembros, puesto que muchos programas son también programas nacionales. 
Ni que decir tiene que el Consejo comparte la reprobación general ante la revelación de casos de malos tratos, explotación y desaparición de niños en las regiones del sudeste asiático afectadas por la catástrofe del tsunami. 
El Consejo condena esos actos y apoyará todos los esfuerzos destinados a combatir esta explotación inadmisible de los seres más indefensos y vulnerables. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. 
Sin embargo, quiero pedirle que haga más hincapié en la cuestión de la lucha contra la explotación sexual infantil en esas zonas y quiero que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me garantice que el plan de acción que en estos momentos está tramitando el Consejo y toda la ayuda humanitaria dada a esos países incluirán un verdadero compromiso por parte de las autoridades de esos países de adoptar medidas aún más eficaces para luchar contra este fenómeno que, como usted mismo ha dicho, es escandaloso y que debemos abordar con eficacia y cooperando con otros países. 
Asimismo, quiero saber si en el marco del plan de acción también se están preparando más medidas específicas en este sentido. 
. 
Creo que el plan de acción es bastante general. 
Ahora hay que identificar medidas concretas, como su Señoría acaba de decir. 
Creo, por tanto, que el mensaje ha sido escuchado y que intentaremos trabajar sobre una serie de sugerencias, centrándonos muy especialmente en los problemas a que su Señoría ha hecho referencia. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, es triste que muchos de quienes intentarán aprovecharse de la trágica situación de los países que fueron víctimas del tsunami sean ciudadanos europeos. 
¿Podría el Consejo estudiar la creación de un registro europeo de delincuentes que abusan sexualmente de menores fuera del territorio de la Unión Europea, para garantizar que todos los Estados miembros conozcan las actividades de esas personas y asegurar un enfoque común de la UE del trato que hay que darles cuando regresen a territorio europeo? 
. Creo que sería útil sin duda estudiar en qué marco se pueden reforzar los dispositivos, quizás incluso a escala europea, para luchar contra estos fenómenos en Europa, pero también para mejorar la cooperación con los países afectados a fin de perseguir a los autores de tales actos. 
¿Tiene el Consejo planes para tratar la anomalía de los paraísos fiscales europeos? 
. Puedo informar a su Señoría de que nunca se ha mantenido un debate específico sobre el tema de los paraísos fiscales europeos, aunque ha estado presente en los debates sobre una serie de asuntos en que se ha abordado la cuestión de la armonización fiscal. 
Por otra parte, el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron el 1 de diciembre de 1997 una resolución sobre un código de conducta en el ámbito de la fiscalidad de las empresas. 
Esta resolución contempla las medidas fiscales que tengan o puedan tener una incidencia significativa sobre la localización de las actividades económicas en la Comunidad, examinándose las medidas potencialmente perjudiciales en el marco del Grupo sobre el Código de Conducta para la Fiscalidad de las Empresas. 
De hecho, las medidas que se consideran perjudiciales han sido eliminadas progresivamente. 
Los trabajos del Grupo sobre el Código de Conducta están en curso. 
El último informe del Grupo se presentó al Consejo Ecofin, que tomó nota del mismo en su sesión del 7 de diciembre de 1994. 
El Grupo debe seguir ocupándose del seguimiento de la congelación y la aplicación del desmantelamiento, e informar al Consejo durante esta Presidencia. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me refiero a lugares como la Isla de Man, las Islas del Canal, Andorra, Mónaco, San Marino y otros, lugares que apenas llegan a ser países independientes o, si dicen que lo son, para seguir existiendo dependen totalmente de la buena voluntad de la Unión Europea. 
A pesar de ello, esos lugares no cumplen las normas de la Unión Europea. 
Están al margen de la legislación, incluida la legislación sobre el blanqueo de dinero, y son paraísos fiscales. 
¿No es hora ya de que abordemos esta situación? 
Está claro que un auténtico mercado libre no tiene subterfugios. 
. Comparto plenamente las observaciones complementarias de su Señoría. 
Quisiera recordarle que hemos alcanzado un acuerdo sobre una directiva relativa a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses. 
También se incluyen en esta directiva, en los que de algún modo se pueden denominar disposiciones paralelas y a través de una serie de acuerdos, los territorios y países que ha mencionado. 
Se trata, pues, de un paso que va exactamente en el sentido que propone. 
Los países o territorios autónomos están incluidos en esta directiva, o al menos deben aplicar también las disposiciones de la directiva sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta tiene que ver con la competencia fiscal, que, en mi opinión, ahora es en Europa un dato conocido y un elemento integrante del mercado interior. 
Uno de los principales problemas que afrontamos es que las pequeñas y medianas empresas a menudo pierden de vista qué reglamentos fiscales les afectan. 
En relación con el impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo, tenemos más de 100 reglamentos distintos. 
¿Van a lanzarse ahora iniciativas para que la fiscalización sea más transparente para el ciudadano de a pie? 
. Por lo que se refiere a la fiscalidad indirecta, a la que usted ha hecho referencia, es una materia en que la Unión está facultada para legislar, por lo que en efecto será necesario intentar que estas directivas sean algo más fáciles de diferir y aplicar. 
Cabe recordar que los Gobiernos nacionales son responsables de la legislación nacional en materia fiscal. 
Tratar de establecer una armonización mínima, por ejemplo en cuanto a la base imponible, supondría pisar terreno nuevo. 
Es un debate que está abierto. 
Espero que, en beneficio de lo que denominamos «legislar mejor» , no se pase por alto la fiscalidad indirecta a la que usted se refiere. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, agradezco al señor Evans que haya planteado esta cuestión. 
Me gustaría saber si realmente cree que la existencia de paraísos fiscales dificulta el seguimiento y la congelación de los fondos de organizaciones consideradas terroristas; y también si dificulta, por ejemplo, el acceso de los países más pobres del mundo a un dinero que puede muy bien haber sido sustraído por alguno de los regímenes de peor reputación en beneficio de quienes ostentan el poder. 
. Esta se refiere a una cuestión muy distinta, a saber, la del uso de una serie de canales financieros para financiar, por ejemplo, actividades terroristas. 
Como sabe, en la OCDE existe un organismo denominado Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero, el GAFI, en cuya actividad está incluida la investigación sobre estas cuestiones. 
Creo asimismo que hay listas que indican si los países, y también los territorios, se ajustan a las normas, en particular en materia de blanqueo de dinero. 
En pocas palabras, es una cuestión muy importante y la Unión Europea participa muy activamente en los esfuerzos por asegurar que la lucha contra el blanqueo de dinero se desarrolle efectivamente en todos los Estados miembros, así como en países vecinos o territorios autónomos. 
¿Puede el Consejo garantizar que las acciones justificadas que se están adoptando para ayudar a las víctimas de tsunami no se producen a expensas de la ayuda a África? 
. Señora Presidenta, el Consejo tiene la firme voluntad de velar por que las medidas adoptadas para socorrer a las víctimas del tsunami no repercutan sobre la ayuda concedida para África, tal como indicó claramente en sus conclusiones del pasado 7 de enero. 
En efecto, el apartado 15 de dichas conclusiones estipula que, en este contexto, la solidaridad ante esta catástrofe no debe llevarnos a olvidar la problemática general del desarrollo, de la ayuda humanitaria y de los Objetivos del Milenio, en particular en África, ni a reducir los recursos necesarios a tal fin. 
A este respecto, es importante asegurarse de que los medios liberados con ocasión de los sucesos recientes se sumen a los compromisos ya contraídos en materia de desarrollo. 
El Consejo volverá periódicamente sobre la aplicación de dichos compromisos. 
El Consejo, en su reunión del pasado 31 de enero, adoptó además una nueva serie de medidas en forma de un plan de acción destinado a encuadrar el conjunto de las iniciativas adoptadas o pendientes de adoptar por la Unión y sus Estados miembros tras el seísmo y el tsunami del océano Índico. 
En la introducción a este plan de acción operativo, que será objeto de un seguimiento por los órganos del Consejo, se reitera la importancia de velar por que no se comprometan recursos a raíz del reciente seísmo en detrimento de los compromisos ya contraídos en materia de desarrollo, en particular para África, en el marco de los Objetivos del Milenio. 
Además, incluye un conjunto de medidas operativas concretas encaminadas a garantizar el cumplimiento de este compromiso político mediante el seguimiento de la aplicación de los compromisos financieros contraídos tras la catástrofe, que se suman a los recursos financieros autorizados en virtud de la política de desarrollo de la Unión Europea, en particular para África. 
– Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por esa respuesta tan alentadora. 
Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que sería muy trágico que África –que sufre un tsunami semana sí semana no, aunque menos visible, debido a los estragos del hambre, el clima y enfermedades como el sida– perdiera dinero a resultas de nuestra justificada generosidad hacia las víctimas del tsunami. 
Antes de que termine su mandato de Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría pedirle que solicite a la Comisión que informe y demuestre que África sigue recibiendo este año el mismo dinero que habría recibido si el tsunami no hubiera ocurrido. 
. Pienso que todas las diversas conclusiones adoptadas por el Consejo se refieren al seguimiento y la evaluación. 
La Comisión está obligada a rendir cuentas, pero los fondos reservados en los distintos marcos para África, en particular en el marco del Acuerdo de Cotonú, son fondos reservados. 
No es posible, por tanto, recurrir a ellos para financiar otras actividades, por ejemplo actividades relacionadas con la catástrofe del tsunami. 
Considero que hay suficientes garantías de que no habrá transferencia de fondos. 
Dicho esto, reconozco la necesidad de velar por que no se reduzcan los fondos para el futuro debido al esfuerzo concreto, por lo demás totalmente loable, que la Unión Europea y los Estados miembros han realizado para con los países afectados por la catástrofe; y la necesidad de velar también por que nada de esto se haga a expensas de África, que, como bien ha dicho su Señoría, vive un tsunami prácticamente diario. 
Está en curso de elaboración a escala europea una decisión marco sobre la retención de datos relativos al tráfico. 
No es la primera vez que se plantea esta cuestión y, en cada ocasión, el grupo de trabajo denominado "artículo 29" (compuesto por autoridades de control de la protección de datos, cuya misión es velar por el respeto de las normas sobre protección de datos de carácter personal) ha emitido un dictamen muy crítico. 
El proyecto actual propone que la Unión Europea adopte una reglamentación que permita la retención de datos provenientes de "servicios de comunicación accesibles al público" durante un período de 12 a 36 meses con fines de "prevención, investigación, detección y persecución de delitos e infracciones penales, incluido el terrorismo". 
La propuesta, lejos de limitarse a la telefonía, incluye también los datos relativos al tráfico, es decir, la información relativa a las páginas de Internet consultadas o las direcciones de los correos electrónicos enviados. 
Por otra parte, no se trata solamente de investigar sobre los delitos, sino también de prevenirlos, lo que supone considerar que todo el mundo es sospechoso. 
Naturalmente, el grupo "artículo 29" ha criticado la nueva propuesta. 
En su dictamen, se indica que la propuesta no sólo es contraria a la norma según la cual las informaciones no pueden ser utilizadas con un fin distinto del previsto, sino también que la totalidad de la propuesta es contraria al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que estipula que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 
¿Se propone el Consejo adoptar medidas en relación con la crítica del grupo "artículo 29"? 
. Señora Presidenta, en su declaración de 25 de marzo de 2004 sobre la lucha contra el terrorismo, el Consejo Europeo encargó al Consejo que examinara propuestas para la elaboración de normas relativas a la conservación, por parte de los prestadores de servicios, de los datos relativos al tráfico de comunicaciones. 
La declaración prevé la adopción de un instrumento sobre la conservación de datos para junio de 2005. 
El Reino Unido, Suecia, Irlanda y Francia presentaron en abril de 2004 una propuesta de decisión marco sobre este tema. 
El Consejo pidió al Parlamento Europeo que emitiera un dictamen sobre dicha propuesta, que la Cámara ha empezado a examinar. 
El 2 de diciembre de 2004, el Consejo celebró un debate sobre el tema. 
Se plantearon una serie de elementos que deben examinarse en mayor profundidad para ultimar el texto. 
El Consejo insistió, en particular, en la necesidad de conceder especial atención a la proporcionalidad de las medidas en términos de costes, de protección de la intimidad, en particular por lo que se refiere a la protección de los datos, y de eficacia. 
La reflexión continúa en los órganos preparatorios del Consejo y no hay duda de que las críticas formuladas por el Grupo del artículo 29 serán tenidas en cuenta y constituirán uno de los elementos de la negociación. 
Más recientemente, la Comisión consideró que determinados aspectos del proyecto de decisión marco relativos a la armonización de las categorías de datos y al período de conservación de los mismos eran competencia de la Comunidad, lo que debería traducirse en una directiva basada en el artículo 95 del Tratado CE. 
El Consejo espera una propuesta de la Comisión para examinarla. 
– En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Mi pregunta se centra más en el hecho de que existe un conflicto fundamental entre, por un lado, las convenciones internacionales que firmamos en el Consejo de Europa, que están destinadas a proteger las vidas privadas de los ciudadanos y también el derecho a una correspondencia privada y, por otro lado, la directiva que están ustedes debatiendo, que propone almacenar toda la correspondencia enviada mediante ciertas tecnologías. 
Si bien en esta directiva se imponen ciertos límites, sigue existiendo el conflicto fundamental. 
Uno difícilmente puede afirmar que la correspondencia ha de ser privada y, al mismo tiempo, que debe almacenarse de todas las formas posibles. 
¿Qué opinan de esta contradicción? 
. No sé si existe una contradicción flagrante. 
Es cierto que hay una zona de sombra y es necesario velar por que las consideraciones de seguridad y de lucha contra fenómenos como el terrorismo no mermen la protección de la intimidad. 
Creo que esta preocupación, que ha sido expresada por varios Estados miembros, pero también por la Comisión, debe tenerse en cuenta. 
A mi entender, la protección de los datos, en particular, debe garantizar la protección de la intimidad personal. 
– Por supuesto, este no es un caso aislado. 
En realidad, existen numerosos ámbitos en que se rebasan con creces los límites impuestos por la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece una serie de exigencias en materia de protección de datos. 
Tal y como dice el autor de la pregunta, el delito fundamental, además, consiste por supuesto en utilizar esta información en contra de los intereses de los sospechosos. 
Sin embargo, el mero hecho de almacenar la información incumple los requisitos del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Por tanto, podemos esperar que el Consejo adopte una posición fundamental en torno a estos problemas sin envolverlos en palabrería sobre cuestiones que se tienen en cuenta. 
Es un asunto fundamental. 
. No puedo sino repetir que, a fin de cuentas, esta cuestión se debate precisamente desde el ángulo indicado por su Señoría y que se no se ha tomado ninguna decisión definitiva. 
Creo que el deseo de protección de la intimidad, el deseo de respetar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es muy concreto y sin duda se tendrá muy en cuenta cuando esta disposición de examine de nuevo. 
Las preguntas de la 10 la 40 se contestarán por escrito (1). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0027/2005) de la seóra Bresso, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 0000/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales» ). 
. 
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dando las gracias a la ponente, la señora Bresso, a los ponentes alternativos y a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por su enfoque altamente constructivo en la segunda lectura. 
Gracias a ellos y a las Presidencias danesa y luxemburguesa, hoy tenemos un paquete de enmiendas a la posición común que es aceptable para los colegisladores y para la Comisión. 
Confío en que esta Asamblea apoye las propuestas recogidas en la recomendación de la señora Bresso, que obtuvieron el pleno apoyo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Todas las enmiendas propuestas a la recomendación de la comisión son aceptables. 
Las enmiendas respetan los objetivos de la directiva de salvaguardar la protección permanente del consumidor en toda la Unión Europea, cosa que, por un lado, aumentará la confianza del consumidor y, por otro, simplificará las cosas para las tareas jurídicas. 
De forma similar, su aplicación en la práctica es viable. 
Esta directiva asegura la protección del consumidor y, al mismo tiempo, es buena para el mercado interior y para nuestra competitividad en general. 
Sustituirá a la recopilación actual de reglamentos nacionales por un marco comunitario cohesivo. 
Para los comerciantes significa un conjunto cohesivo de reglamentos dondequiera que comercien en la Unión Europea. 
Para los consumidores comporta nuevos medios de protección en ciertos sectores, por ejemplo las prácticas agresivas, y la certeza de que las reglas cohesivas se aplicarán en toda la Unión Europea. 
Confiamos en que apoyarán ustedes este paquete para tener la oportunidad de poner en práctica esta nueva ley. 
. – Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva sobre las prácticas comerciales desleales fue aprobada por el Parlamento en primera lectura el 20 de abril de 2004. 
La directiva prevé una prohibición general de las prácticas comerciales desleales y una lista indicativa, no exhaustiva, de ejemplos generales y concretos de prácticas comerciales desleales. 
Su principal objetivo es obtener una alta protección de los consumidores, como ha señalado el señor Comisario, y un buen funcionamiento del mercado interior, de tal modo que se favorezcan las transacciones comerciales y, en consecuencia, el crecimiento económico. 
El planteamiento original de la directiva se basaba, por un lado, en una armonización de la protección de los consumidores en un nivel suficientemente alto y, por otro, en la aplicación del principio de país de origen y del reconocimiento mutuo. 
El Parlamento introdujo, en primera lectura, enmiendas encaminadas a favorecer un mayor equilibrio en la propuesta, introduciendo nuevos elementos de protección del consumidor. 
En efecto, en este terreno, el Parlamento propuso ampliar el fundamento jurídico, en parte incluyendo el artículo 153 del Tratado, conservando los Estados miembros la posibilidad de dictar disposiciones nacionales más rigurosas durante cinco años a partir de la entrada en vigor de la directiva. 
Además, el Parlamento preveía la obligación de la Comisión de informar al Parlamento sobre la aplicación de la directiva cada cinco años y proponer, en su caso, la actualización del anexo. 
Las enmiendas más significativas aprobadas por el Parlamento en primera lectura abarcaban además una amplia gama de cuestiones, en particular la inclusión de una definición de consumidores vulnerables y códigos de conducta, la participación de los consumidores en la redacción de los códigos de conducta, así como otras enmiendas. 
La Posición Común que nos ha remitido el Consejo ha sido por supuesto examinada por la comisión parlamentaria, y decidimos en primer lugar basarnos exclusivamente en las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, sobre todo para no reabrir el debate sobre puntos ya zanjados en debates anteriores, que habría alargado los plazos. 
Por lo que respecta en particular al denominado principio del país de origen, que quedó excluido de la propuesta, consideramos que ya no es necesario pedir su inclusión dado el grado de armonización alcanzado de la protección del consumidor. 
Es importante destacar que la Posición Común incorpora gran parte de las enmiendas del Parlamento, en particular la definición de consumidores vulnerables, la participación de las asociaciones de consumidores en la redacción de los códigos de conducta y la inclusión de una definición del condicionamiento indebido entre las prácticas agresivas. 
El Consejo ha aceptado además la propuesta del Parlamento de autorizar una excepción, que se amplía de cinco a seis años, para la aplicación de la legislación. 
Consideramos satisfactorio el compromiso obtenido en la Posición Común, aunque estimamos necesario reintroducir algunas enmiendas presentadas en primera lectura, destinadas a reforzar significativamente la protección de los consumidores. 
En concreto, hemos querido reintroducir disposiciones de protección en los siguientes ámbitos: limitaciones de las garantías postventa, derechos de sustitución, productos similares a los de otro fabricante para inducir a confusión al consumidor y publicidad dirigida a los menores. 
Con respecto a este último punto en concreto, no se prohíbe la publicidad, pero se refuerza la prohibición de prácticas comerciales que podrían ejercer una presión exagerada sobre los niños. 
Tras la presentación de numerosas enmiendas al proyecto de informe se llegó a un texto de compromiso que incorpora las más significativas, manteniendo las prerrogativas del Parlamento pero teniendo en cuenta también la Posición Común del Consejo. 
En particular, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor aprobó por unanimidad enmiendas relativas a las siguientes cuestiones: consideración de factores sociales, culturales y lingüísticos en la definición del consumidor medio a efectos jurídicos; la prohibición de que un comerciante afirme que un producto ha sido aprobado por un organismo público o privado cuando este no sea el caso; la prohibición de promover ventas aparentando que se es un mero consumidor o un vendedor particular; por último, se ha considerado práctica desleal crear la falsa impresión de que el consumidor ha ganado algo cuando el premio no existe o está supeditado al desembolso de dinero por parte del consumidor. 
En conclusión, considero que, con las ligeras modificaciones propuestas, es conveniente proceder a la aprobación de esta directiva, que representará, tanto para los consumidores como para los comerciantes de la Unión Europea, un avance en términos de seguridad jurídica y de protección de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. 
Quisiera hacer una última advertencia sobre una cuestión técnica, por la que ruego me perdonen: dado que han surgido algunos problemas durante la revisión de la traducción, el texto que debe considerarse auténtico es el redactado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). 
Asimismo quiero dar las gracias a la primera ponente, la señora Ghilardotti, a la Comisión, al Consejo y a los demás miembros de la Comisión IMCO por su fructífera colaboración, que hizo posible, como ya se ha señalado, que el texto fuera aprobado por unanimidad. 
. – Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, me complace informarles de que en general estamos satisfechos con el informe aprobado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Señora Bresso, puedo garantizarle que una vez más vamos a respaldar todo el paquete de enmiendas, las diecinueve que contiene. 
Todos hemos dedicado cierto tiempo a examinar las prácticas comerciales desleales y, como se ha conseguido avanzar, empezando con el Libro Verde hasta esta segunda lectura, nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de hacer que el mercado interior no solo sea un espacio donde simplemente circulen los productos y servicios, sino también de convertirlo en un espacio donde se sepa que esa libertad de circulación se ajusta a prácticas justas. 
Por supuesto, no se trata de que hasta la fecha, o mientras no se aplique esta directiva, todo se ha hecho de forma injusta. 
Los Estados miembros asumieron sus responsabilidades en una época en que les convenía, pero hemos visto que, si en cada uno de los Estados miembros se organiza la protección de forma distinta, tendremos un problema en el mercado interior, en concreto que este mercado carece de la confianza de los consumidores poco seguros de sí mismos que no se atreven a mirar al otro lado de la frontera, o de la confianza de las empresas, principalmente de las más pequeñas, que apenas se atreven a dar un paso más allá de la frontera porque tampoco conocen las reglas que rigen al otro lado. 
Me parece que hemos hecho colectivamente un buen trabajo. 
Es un documento muy equilibrado porque ofrece un alto nivel de protección del consumidor, tal y como espera de nosotros el Tratado, pero también proporciona la máxima seguridad jurídica al comerciante, lo que significa que podemos lograr un equilibrio perfecto. 
También estamos dando por primera vez un paso prudente hacia la plena armonización. 
Creo que podemos hacerlo porque el nivel de protección del consumidor es alto. 
Todo esto gracias a la cooperación perfecta con diputados de otros Grupos, el Consejo y la Comisión. 
Quiero agradecer a todos los que han participado, porque gracias a su apertura de espíritu, su transparencia y su actitud constructiva hemos logrado tanto y podemos ultimar el expediente en segunda lectura. 
Señora Bresso, naturalmente quiero darle las gracias a usted en particular por su dedicación. 
Aunque esta propuesta solo se centra en las relaciones de de las empresas con el consumidor, al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos le complace que este documento legislativo mencione explícitamente que cuando un empresario establece que un competidor contraviene esta directiva, pueda utilizarla para incoar una demanda por prácticas comerciales desleales, por distorsión de la competencia, si bien de acuerdo con el Derecho nacional del país en cuestión. 
A nosotros también nos satisface que, a largo plazo, hayamos logrado establecer entre nosotros quién es el consumidor de referencia, que tomemos al consumidor medio como punto de referencia pero sin perder de vista al consumidor débil. 
Creo que también en este terreno hemos alcanzado un buen equilibrio. 
Todo lo que nos queda por hacer es esperar que el Consejo se ponga a trabajar pronto para aprobar oficialmente la iniciativa y que los Estados miembros no duden a la hora de garantizar que todo se transponga a la legislación nacional dentro del calendario preceptivo. 
. – Señor Presidente, yo también, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quiero extender mi agradecimiento especial a la ponente, la señora Bresso, por el buen trabajo que ha hecho y por la tenacidad con que lo ha abordado. 
El hecho es que, junto con todos los demás participantes, ha contribuido a que hoy, o mejor dicho, en la votación de mañana, podamos poner punto final a la legislación en esta materia. 
Creo que estas 19 enmiendas, a favor de todas las cuales votará mi Grupo mañana, nos han permitido lograr un buen compromiso, que podemos aceptar consciente y confiadamente. 
He de decir que este es un compromiso, y a los socialdemócratas nos habría gustado ir más lejos en algunos aspectos, aunque teníamos que hacer sacrificios en aras a las mayorías de esta Cámara, y esto es lo que hicimos, sobre todo en lo que respecta a los consumidores más vulnerables, los niños en particular; si hubiera estado en nuestras manos les habríamos dado una protección aún mayor. 
Nosotros habríamos preferido que no hubiera ninguna posibilidad de practicar el márketing directo hacia a los niños, ilegalizando así desde el principio las prácticas comerciales desleales en este ámbito. 
Sin embargo, por desgracia, esto no ha sido posible; tendremos que vivir con ello. 
Quizá podamos conseguirlo mediante futuras modificaciones de la legislación. 
No obstante, nosotros, los socialdemócratas, podemos estar muy satisfechos con la forma en que, con mayorías evidentemente grandes tanto en el Consejo como en esta Cámara, hemos logrado despachar las disposiciones previstas relacionadas con el principio del país de origen. 
En este ámbito se produce la verdadera armonización; con razón, me parece, porque hemos de garantizar que la legislación se apoye sobre bases firmes. 
Es lo que hemos hecho en este terreno, y la decisión que tomemos mañana seguramente será la correcta, porque señalará hacia el futuro. 
Por tanto, una vez más, gracias a la señora Bresso por un trabajo bien hecho; creo que ahora hemos logrado algo muy bueno para proteger a los consumidores y al público, algo que nos permite salir al mundo de ahí fuera con la cabeza bien alta. 
. – Señor Presidente, mañana nuestro Grupo votará a favor de todas las enmiendas. 
Debo agradecer a la ponente el arduo trabajo que ha realizado para conseguir este consenso, sobre todo al asumir el informe, como ha hecho. 
Ha sido un maravilloso ejemplo de cómo deben trabajar juntas las instituciones en segunda lectura para obtener un buen resultado. 
Me parece que es una propuesta importante e innovadora, que nos aporta un nivel muy alto de protección del consumidor y la armonización de esa protección en toda la UE, de forma comprensible y coherente. 
Es una buena medida. 
También es innovadora en el sentido de que, como directiva marco, se combina con el uso de códigos de conducta. Es un buen paso adelante. 
Espero que todos seamos capaces de llevar adelante esta propuesta a buen ritmo, cosa que parece probable por lo que ya se ha dicho aquí esta noche. 
En nombre de nuestro Grupo, quiero comentar dos puntos más concretos. 
Como otros también han dicho, todavía nos preocupa la definición de consumidores vulnerables. 
Sé, por ejemplo, que en algunos Estados miembros nórdicos y, de hecho, en los Estados del EEE en los que esta legislación será aplicable, ya existe un grado de protección más alto. 
Y están preocupados por cómo este hecho se verá afectado en el futuro. 
Creo que durante el período de transición la Comisión debería tener en cuenta estas preocupaciones. 
Quiero referirme ahora a una de las prácticas comerciales desleales que se tratan en el Anexo y que es objeto de una enmienda que votaremos mañana. 
Es una práctica particular que tiene lugar en mi propio país y que ha adquirido proporciones epidémicas. 
Me refiero al fraude telefónico, cuando alguien recibe una llamada telefónica, una y otra vez, noche tras noche, y le dicen que ha ganado un premio y le invitan a llamar a otro número, y, si llega a hacerlo, recibe después una horrible y astronómica factura telefónica. 
Por fin dispondremos de un instrumento para luchar contra estas prácticas cuando esta legislación entre en vigor en toda la Unión Europea. 
Creo que hay muchas otras cosas buenas en esta propuesta, que merece la aprobación de esta Cámara, y espero que tanto la propuesta como su ponente obtengan mañana el apoyo que merecen. 
– Señor Presidente, quiero sumarme al apoyo al acuerdo en segunda lectura de esta directiva tan importante. 
También quiero dar las gracias a la señora Bresso por dirigir el proceso de negociación, junto con todos los ponentes alternativos, en concreto mi colega la señora Thyssen, que representó a nuestro Grupo. 
Como ya han dicho muchas de sus Señorías, esta propuesta será muy buena para los consumidores. 
También será muy buena para miles de empresas que quieren comerciar lealmente y prestar un buen servicio, porque en muchos casos esas empresas se indignan cuando ven que los defraudadores engañan a consumidores inocentes. 
Quieren que el tema se aborde como lo desean todos. 
Por desgracia, los embaucadores ingeniosos siempre encuentran formas de sacar dinero a consumidores inocentes. 
Es interesante observar que desde que empezamos a trabajar en ello ya hemos añadido varias disposiciones nuevas a este anexo. 
Una de las cosas que debemos tener –y esto lo digo a la Comisión– es un mecanismo para poner fin a esto de forma absoluta. 
También debemos asegurar que vayamos añadiendo a la lista negra a todas aquellas personas que encuentren formas de eludir las normas. 
Queremos que los consumidores tengan la confianza de que pueden ejercer sus derechos en el mercado interior. 
Y eso me lleva a un segundo punto: como seguramente mañana aprobaremos esto por amplia mayoría, es importante que ahora digamos al Comisario que queremos verlo transpuesto de la forma más rápida y efectiva posible. 
Con sus propuestas de «mejor regulación» , la Comisión dispone de nuevos mecanismos para coordinar y hacer que la transposición se realice de la forma más rápida posible. 
Esperamos que la Comisión lo haga y también que presione a aquellos Estados miembros que, quizás, no estén tan vigilantes como deberían estar o no apoyen a los organismos de protección del consumidor con todos los recursos necesarios. 
Una parte de la labor general de esta comisión es apoyar a los consumidores. 
Es una medida complementaria importante para otros temas en los que estamos trabajando. 
Para terminar, debo decir también que es una base esencial para lo que sé que será una directiva muy satisfactoria sobre el mercado interior de servicios, que confío que esta Cámara aprobará muy pronto. 
– Señor Presidente, me complace hablar después del señor Harbour con el mismo espíritu que ha caracterizado la labor de la comisión. 
La ponente marcó el tono desde el principio, y sus energías y su aptitud como nueva diputada a este Parlamento han sido bastante excepcionales, dado que en las últimas semanas ha cruzado los Alpes más veces que Aníbal, porque al mismo tiempo lleva a cabo otras actividades en su país. 
Quiero rendir homenaje a todos aquellos que han hecho que eso sea posible según lo dispuesto en el Tratado sobre la protección del consumidor, que hasta el momento no se había utilizado con mucha frecuencia. 
Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una conclusión como esta y nadie la puede echar por tierra. 
Todos los que han hablado en el debate de hoy lo han hecho posible, tanto reprimiendo el poder negativo de destruir como uniéndose a las demás instituciones; la Presidencia de Luxemburgo y la Comisión, y de hecho el personal de nuestra comisión parlamentaria, la Comisión de Mercado Interior, una comisión nueva, a quien quiero expresar mi agradecimiento por haber conseguido el resultado correcto. 
Amplía el mercado interior; no debemos olvidarlo porque produce más consumidores con garantías. 
Y los produce porque están protegidos; porque esta legislación reconoce el carácter especial de consumidores vulnerables; porque existe una garantía clara de que el alto nivel de protección del consumidor existente no se verá amenazado y de que en los próximos cinco años avanzaremos hacia un nivel más elevado para quienes todavía no lo tienen; y no rebajaremos el nivel de quienes lo tienen; porque la lista negra de los anexos es clara, extensa e inequívoca. 
El consumidor sabe dónde se encuentra. 
Y también lo sabe el empresario honesto y legítimo; y lo sabe el vendedor del chanchullo de la lotería; el artista de la estafa de la multipropiedad; el mercachifle de las ventas simuladas. 
Si navegas con bandera falsa, esta directiva te hundirá. 
No puedo pensar en nada que ofrezca mejor garantía para mejorar la imagen de esta institución como parlamento de los ciudadanos para el bien público que una legislación como esta. 
Abre el camino a nuevos avances, incluido, con el tiempo, un uso más sofisticado de la autorregulación por parte de una industria estable, y para la posición de los niños, una categoría social vulnerable por definición. 
Quiero decir a aquellos de nuestros colegas que creen que, en esos aspectos, no hemos llegado suficientemente lejos, que tenemos una base de seguridad con la que ahora se puede llegar a la armonización al nivel más alto. 
Hemos ayudado a nuestros ciudadanos, señor Presidente. 
Hemos dado una lección objetiva a nuestros colegas. 
No es un mal comienzo para esta nueva comisión parlamentaria y para este Parlamento y Comisión recién estrenados. 
Gracias a todos. 
– Señor Presidente, Señorías, yo también quiero agradecer a la ponente su excelente trabajo. 
No siempre es fácil ser consumidor en la sociedad actual. 
El volumen de publicidad ha aumentado mucho y se ha diversificado notablemente. 
En sus vidas cotidianas los consumidores tienen que tomar constantemente decisiones basándose en la información contradictoria que reciben. 
A veces la publicidad puede ser engañosa para el consumidor y el márketing puede ser agresivo e injusto. 
La legislación que regula todo esto varía de un país a otro. Por este motivo necesitamos instrumentos jurídicos comunes que garanticen altos niveles de protección del consumidor en cualquier lugar de los países de la Unión Europea. 
Me parece un error suponer que los consumidores tienen la oportunidad o tiempo para examinar atentamente el material publicitario. El consumidor medio solo lo mira por encima. 
Deberíamos prestar especial atención a la publicidad dirigida específicamente a los niños, que son los más vulnerables desde el punto de vista del márketing. 
La armonización no debe reducir los niveles de protección del consumidor, que en algunos países de la Unión Europea son muy elevados. 
La política del consumidor debería basarse en la garantía de altos niveles de protección del consumidor. 
Por este motivo, espero que obtengamos, y al parecer así será, el período de transición propuesto para esta directiva. 
Esto es positivo. 
Los Estados miembros necesitan tiempo para reformar sus leyes nacionales a fin de mantener altos niveles de protección del consumidor. 
Señor Presidente, el principio del país de origen no se aplica, y no debería aplicarse, en esta directiva. 
Si a las autoridades del país de origen se les privara de la oportunidad de oponerse, si fuera necesario, a la publicidad injusta, entonces no podrían conseguirse los objetivos fundamentales recogidos en esta propuesta de directiva. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero unirme a las felicitaciones manifestadas a la señora Bresso. 
Para ser sincero, no es asunto fácil abordar este documento en medio de la corriente y, al tiempo que ha dado continuidad a lo iniciado por la señora Ghilardotti, ha puesto usted sus propios acentos, y he de decir que admiro la forma en que ha podido usted defenderse en el diálogo a tres bandas, un lugar donde moran bestias depredadoras. 
No siempre hemos estado de acuerdo, pero quiero hacer hincapié desde el principio en que me complace enormemente que haya conseguido mantener la flexibilidad en esta directiva. 
Naturalmente, la ampliación al Este nos ha aportado una gama mucho más heterogénea de consumidores, así como formas más diversas de hacer negocios, y me complace que esto se haya tenido en cuenta mediante la aceptación de las circunstancias locales en la interpretación de la directiva en casos individuales. 
Sin embargo, esto también significa que es importante que el artículo 4 establezca que los Estados miembros no pueden limitar la libre circulación de servicios y productos aduciendo prácticas comerciales injustas. 
Tal y como yo lo entiendo, también quiere decir que una decisión adoptada en un Estado miembro sobre la legitimidad de una práctica comercial no puede cuestionarse en otro. 
Creo que este comentario es un punto de referencia importante para los tribunales que lo interpretarán en el futuro. 
Me alegra saber, Comisario Kyprianou, que en su programa de trabajo ha dado usted prioridad a la transposición de las normas y los reglamentos europeos. 
En esta directiva será difícil poner en práctica las buenas ideas y reflexiones. 
El mercado interior ha de consistir en una competencia justa entre empresarios rectos y honestos, y mediante esta directiva garantizamos que así será. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, reforzar la confianza de los consumidores es un reto esencial para el desarrollo del mercado interior. 
La creación de un marco legislativo europeo que los proteja jurídicamente de las prácticas comerciales desleales y que se asiente en un nivel adecuado de armonización reforzará su confianza, independientemente de que realicen sus compras en una tienda local o en una página web alojada en otro Estado miembro. 
Soy muy consciente de la necesidad de tener en cuenta a los consumidores vulnerables, que, debido a distintos factores como la edad, la capacidad física o mental, el nivel de alfabetización o de invalidez, requieren una protección mayor. 
No obstante, lamento que no hayamos conseguido alcanzar un acuerdo para una mayor protección de los menores. 
Celebro muy especialmente que el principio del país de origen no se haya reintroducido en el compromiso y felicito por ello a la ponente, la señora Bresso, que ha realizado un trabajo excelente. 
El Grupo socialista siempre ha combatido este principio y seguirá haciéndolo en el marco de la directiva de servicios, pues no hace más que generar inseguridad social y jurídica para los ciudadanos. 
Por consiguiente, la aprobación de esta directiva y del informe de la señora Bresso, mañana, tiene la máxima importancia para el esfuerzo de proteger al consumidor. 
Es una ocasión de dar un rostro humano al mercado interior. 
En este sentido, sería una hermosa victoria. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también empezaré felicitando a la ponente, la señora Bresso, y a la ponente alternativa de nuestro Grupo, la señora Thyssen, por el excelente trabajo que han hecho y la dosis de sensibilidad, sagacidad y sentido de equilibro que han aportado. 
Gracias a su trabajo, el Parlamento ha podido presentar sus posiciones a este respecto, que es tan importante para los consumidores, y al mismo tiempo nos ha ahorrado las demoras e incertidumbres de un procedimiento de conciliación. 
Esto representa un momento importante en el mercado interior y el primer hito en este ámbito durante la presente legislatura. 
El Parlamento puede hacer con ello una contribución muy importante en aspectos esenciales y todos quienes a menudo subestiman nuestra labor legislativa comprobarán que están equivocados. 
Durante la legislatura anterior fue gracias al Parlamento que la posición común tras la primera lectura incluyera los siguientes puntos: las nociones de consumidor vulnerable y compromiso vinculante; un procedimiento más riguroso a la hora de redactar códigos de conducta, incluida la participación de asociaciones de consumidores; una lista más precisa y completa de prácticas agresivas y, como tales, prohibidas; la cláusula de derogación, ahora ampliada a seis años, que permite la aplicación provisional de una legislación nacional más estricta; y la obligación de la Comisión de notificar con regularidad al Parlamento la ejecución de la directiva y de proponer actualizaciones cuando sea necesario. 
Volviendo sobre la sagacidad de la ponente y de quienes han realizado y seguido de cerca los procedimientos interinstitucionales, la segunda lectura nos permitirá ir un poco más allá en materia de garantías y de protección del consumidor, en particular en el ámbito de la protección de la infancia, ilegalizando la explotación injusta de los niños mediante una serie de enmiendas debidamente estudiadas y pulidas, cuya aprobación final por el Consejo ya está asegurada. 
Yo también he hecho una contribución modesta a algunas de estas modificaciones, especialmente la enmienda 17, y quiero agradecer a mis colegas toda su comprensión a la hora de aceptarla y de llevarla adelante, porque soy consciente de que la presenté justo antes de que terminara el plazo establecido por el Reglamento para la segunda lectura. 
Sin embargo, es una garantía más para el consumidor que se ha puesto por escrito, en este caso particular en el ámbito de los seguros, y este es claramente un resultado positivo. 
Un último apunte, señor Presidente, para decir que comparto la opinión de la ponente de que es innecesario y quizá incluso inapropiado insistir aquí en el principio llamado del país de origen o, en este caso, la cláusula de mercado interior. 
Yo también me cuento entre quienes creen que deberíamos avanzar hacia la armonización de la legislación en estos ámbitos, y esto es lo que aquí se ha logrado, lo que constituye una buena señal para el futuro. 
Hemos elegido el buen camino. 
– Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias a mi colega, la señora Bresso, por el duro trabajo realizado. 
No obstante, mis colegas suecos y yo tenemos una serie de dudas. 
En la primera lectura de la propuesta, Dinamarca y Suecia hicieron constar sus reservas, ya que nos preocupa que la directiva afecte negativamente al nivel de protección del consumidor en Estados miembros que tienen una legislación nacional más estricta, como ocurre en Suecia. 
Los miembros suecos del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siguen manteniendo esta opinión. 
Además, el alcance de la propuesta nos parece demasiado reducido, ya que se limita estrictamente a los intereses económicos de los consumidores. 
Sin embargo, nuestra principal objeción a la propuesta es que amenaza con derribar la prohibición sueca de emitir publicidad por televisión para los niños. 
Actualmente esta cuestión se rige por la Directiva de Televisión sin Fronteras que, a su vez, amenaza con armonizarse totalmente debido a esta propuesta de directiva. 
Por desgracia, la propuesta no protege suficientemente a los niños de la publicidad, tal y como hemos debatido esta noche en esta Asamblea. 
La propuesta sueca de prohibir la publicidad en televisión dirigida a los niños de menos de doce años se basa en las mismas teorías del desarrollo que sientan las bases de nuestra exigencia de protección de los menores frente a la violencia y la pornografía. 
No se puede esperar que los niños vean los anuncios con un sentido crítico o resistan al cebo publicitario que se les tiende. 
Por este motivo deberíamos contar con una propuesta más estricta con respecto a la publicidad dirigida a los niños. 
– Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la señora Bresso por lograr en primera lectura, en particular, que esta ley prohíba las prácticas comerciales desleales. 
Muchos de mis electores me han escrito después de haber sufrido el acoso y la agresividad de unos vendedores a domicilio. 
Creo que esta ley anuncia el principio del fin de los timadores y de los vendedores poco fiables que embaucan y engañan a los consumidores. 
Gracias, señora Bresso, por incluir en la lista de prácticas prohibidas los falsos sorteos de premios y las loterías ilegales, una plaga que se vuelca sobre mis electores y les quita grandes sumas de un dinero que les ha costado ganar y de sus pensiones. 
Uno de mis electores pagó 1 300 libras esterlinas a un abogado en concepto de gastos de transferencia e impuestos para que reclamara su premio inexistente de 630 000 euros de la falsa lotería. 
Muchos de mis electores ancianos son víctimas de otro falso sorteo de premios que promete ganancias a cambio de un cheque para los gastos administrativos. 
Desde la picaresca telefónica en horas de tarifa máxima hasta los programas de inversión inmobiliaria, pasando por vendedores a domicilio marrulleros que ofrecen servicios inmobiliarios y las falsas loterías y falsos sorteos de premios, los consumidores de mi país sufren estafas por importe de mil millones de libras esterlinas al año. 
Esto supone una gran pérdida de dinero para la economía. 
Esta ley debe proteger al consumidor vulnerable. 
Ha de prohibir prácticas desleales. 
En nombre de mis electores, acojo esta ley con satisfacción. 
Me parece que es un excelente ejemplo de cómo debemos actuar en nombre de nuestros ciudadanos y consumidores de una forma pertinente y práctica. 
– Señor Presidente, Señorías, también yo deseo felicitar a la ponente, la señora Bresso, por la calidad del texto que se votará mañana y que permitirá proteger a los consumidores europeos, y en especial a los más vulnerables, frente a las tácticas agresivas de operadores faltos de escrúpulos. 
Esta segunda lectura sobre las prácticas comerciales desleales demuestra que, cuando existe voluntad política, es posible elaborar una ley europea que armonice la diversidad de situaciones jurídicas nacionales en lugar de contraponer una a otras. 
En efecto, conviene recordar que, en su proyecto inicial, la Comisión Europea nos proponía aplicar el principio del país de origen y que fue el Consejo el que optó por una estrategia de mayor armonización, método que el Parlamento apoyó claramente en primera lectura. 
Por tanto, no puedo sino instar a la Comisión a que saque las enseñanzas de esta directiva y alentar a mis colegas diputados a seguir la senda de la armonización para los textos que actualmente están en debate y, en particular, para el proyecto de directiva de servicios, así como para el proyecto relativo a la promoción de las ventas, actualmente estancado en el Consejo. 
. Señor Presidente, solo quiero decir una vez más y muy brevemente que este es un instrumento legislativo muy importante, no solo para la protección del consumidor –yo diría que más que nada para esto–, sino también para la plena realización del mercado interior y para ayudar y proteger a los comerciantes honestos. 
Es un compromiso realista; como todos los compromisos, estoy seguro de que a muchos de nosotros nos gustaría que ciertos aspectos fueran más allá. 
Sin embargo, es un compromiso realista y viable. 
Estoy de acuerdo con la señora Wallis en que es un buen ejemplo de cómo la cooperación entre las tres instituciones puede dar resultados positivos para los ciudadanos europeos. 
La mayoría de las preocupaciones expresadas hoy están contempladas en la legislación. 
Les recuerdo que con respecto a los niños y a otros consumidores vulnerables sigue existiendo la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas más estrictas basadas en la salud, la seguridad, el gusto y la decencia. 
Esto ofrece a los Estados miembros un margen de maniobra. 
El periodo de derogación de seis años para la mayor protección y las normas más estrictas será muy útil. 
Mientras tanto, la Comisión volverá con un informe sobre la aplicación y la transposición de la Directiva, y también revisaremos todos los aspectos y estudiaremos cómo podemos profundizar en esta dirección. 
A este respecto veremos cómo proceder con la actualización y el aumento, si es preciso, de la lista de prácticas recogida en el anexo I. Quiero recordarles que la lista solo puede modificarse si se revisa la Directiva. 
El señor Harbour tenía razón: mi compromiso con el Parlamento es dar prioridad al cumplimiento y a la aplicación. 
De lo contrario, podemos aprobar las mejores leyes pero, a menos que los Estados miembros las transpongan y apliquen, no tendrán ningún valor para los ciudadanos europeos. 
Esta será la primera prioridad de la Comisión, que quedará reflejada en el informe, donde les presentaremos los eventuales problemas de aplicación. 
Deseo cooperar con ustedes para que los Estados miembros apliquen y hagan cumplir esta normativa. 
Por último, quiero dar una vez más las gracias a la ponente, la señora Bresso, por su excelente labor. 
Asimismo, también quiero dar las gracias a los Grupos, a los ponentes alternativos y al presidente de la comisión parlamentaria, quienes han prestado una gran ayuda a este respecto. 
Estoy muy orgulloso de que este importante instrumento legislativo sea de mi competencia. 
Estoy muy orgulloso y me complace que mi deber sea garantizar que los Estados miembros lo transpongan debidamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0029/2005) del señor Maštálka, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo. 
. Permítanme, en primer lugar, agradecer a todos quienes han colaborado de forma tan constructiva conmigo para elaborar este informe sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Asimismo, quiero dar las gracias a todos los demás miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la atención que han dedicado a este problema y a los materiales suministrados. 
Esta atención es una prueba de que el problema de la protección de la salud en el lugar de trabajo es un componente importante de la política europea. 
Todos sabemos que esta cuestión tiene un impacto directo y profundo en toda la población activa. 
Para ilustrarlo mencionaré datos estadísticos alarmantes, también incluidos en el informe. 
Cada año se producen en la Unión Europea un total de cinco millones de accidentes laborales. 
Alrededor de dos tercios de estos accidentes causan la baja del trabajador durante más de tres días y casi el 14 % de los trabajadores sufren más de una lesión laboral al año. 
Cada año se pierden cerca de 150 millones de jornadas de trabajo y a casi 300 000 trabajadores se les diagnostica cierto grado de invalidez a raíz de lesiones o enfermedades laborales. 
Se calcula que en el conjunto de la Unión se pierde hasta el 3,8 % del PIB a causa de enfermedades y accidentes laborales. 
En mi opinión, estos datos demuestran que la falta de una política social apropiada supone un coste económico elevado. 
Quiero hacer hincapié en que este informe solo se ocupa de los 15 Estados miembros originales. 
Hay que reconocer que existen demasiadas pocas herramientas de alcance europeo que puedan utilizarse para abordar efectivamente este problema. 
Sin embargo, estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en que al menos estas herramientas que tenemos han de utilizarse con la máxima eficacia posible para mejorar las condiciones de trabajo. 
Sobre esta base celebro el hecho de que este proyecto de informe haya sido objeto de debates muy minuciosos, no solo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sino también con representantes de la Comisión y de instituciones no parlamentarias. 
Hemos podido aclarar ciertos malentendidos con respecto a una serie de cuestiones; por ejemplo, que por supuesto depende de los Estados miembros adoptar una legislación nacional apropiada, supervisar la aplicación de esta legislación y presentar oportunamente informes nacionales sobre su ejecución. 
Cuando el texto se sometió a debate por primera vez se hicieron comentarios sobre las declaraciones relativas a la Comisión. 
A este respecto, me complace que en una reunión con representantes de la Comisión pudiéramos explicar nuestros enfoques y alcanzar un amplio acuerdo al examinar uno por uno las enmiendas propuestas. 
Tras esta reunión yo también modifiqué el texto de la exposición de motivos, y apoyé la propuesta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
Como ponente he intentado cooperar en igualdad de condiciones con todos los Grupos políticos de la comisión y nuestra colaboración ha dado lugar a muchos compromisos equilibrados. 
Todos los Grupos políticos apoyaron estos compromisos y el informe, por tanto, se aceptó unánimemente en la votación final en comisión. 
Originalmente, la votación sobre el informe se tendría que haber realizado de acuerdo con la el artículo 131 del Reglamento. 
A petición del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo se fijó una fecha límite para las propuestas de enmienda y este es el motivo por el que ahora tenemos la oportunidad de debatir el informe. 
Los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos han presentado de nuevo cuatro prpuestas de enmienda, que ya se han debatido una vez y se han sometido a voto en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Permítanme hacer unos pocos comentarios con respecto a su contenido. 
La enmienda al apartado 6 pretende eliminar un pasaje muy importante, que hace hincapié en el papel positivo de los sindicatos y de las organizaciones de trabajadores en relación con la salud y la seguridad en el trabajo. 
Hay que hacer hincapié en que el apartado 6, tal y como se recoge en el informe, es fruto de un compromiso entre todos los Grupos políticos representados en la comisión, incluido el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Todos los Grupos políticos han votado a favor de este proyecto en comisión. 
Las enmiendas 2, 3 y 4 se presentan con las mismas palabras que cuando se debatieron y fueron finalmente rechazadas en la votación en comisión. 
La enmienda 4 establece que un alto nivel de protección del trabajador mermaría la competitividad de los Estados miembros originales si los nuevos Estados miembros no aplicaran del todo las normas sobre salud y seguridad en el trabajo. 
Esto es hipotético y hemos de asumir que todos los 25 Estados miembros están obligados a cumplir las directivas, ya que forman parte del acervo comunitario. 
Sobre esta base, por tanto, estoy en contra de estas enmiendas y recomiendo que se rechacen. 
Para concluir, permítanme decir unas pocas palabras sobre los aspectos más importantes contenidos en el texto que vamos a votar mañana. 
En primer lugar, urgimos a la Comisión y a los Estados miembros a hacer todos los esfuerzos posibles por supervisar y mejorar efectivamente la aplicación práctica de directivas sobre salud y seguridad en el trabajo mediante estrategias específicas. 
Hay que propiciar la prevención, un enfoque multidisciplinar, una mayor cooperación entre los interlocutores sociales y un mayor cumplimiento y mayor conocimiento de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo. 
Gracias por su apoyo y su atención. 
. En primer lugar quiero agradecer al ponente, el señor Maštálka, la dedicación y el esfuerzo que ha dedicado en la elaboración de este informe. 
Abarca un ámbito complejo que suscita mucho debate, ya que se refiere a nuestro activo más importante, a saber, la salud y la seguridad de los trabajadores. Acojo con gran satisfacción este informe. 
Se redactó después de que la Comisión aprobara su Comunicación sobre la aplicación de la Directiva marco 89/391/CEE y de las cinco primeras directivas individuales. 
Por tanto, responde al deseo de la Comisión de que la Comunicación suscite un verdadero y amplio debate público sobre la mejor forma de promover la salud y la seguridad en el trabajo y cómo fortalecer el marco europeo para proporcionar un entorno que garantice la igualdad de oportunidades para todas las empresas en la Europa ampliada. 
Desde 1989, Europa ha aprobado una serie de instrumentos legislativos importantes que establecen las responsabilidades y obligaciones de empresarios y trabajadores. 
Quizá solo haya un pequeño número de tales instrumentos legislativos, pero no pueden llamarse minimalistas en modo alguno. 
Han introducido una política de prevención integrada en todos los niveles de la empresa, y abarcan todos los sectores de actividad económica, público y privado. 
En este marco, la información, la educación y la consulta y participación de los trabajadores constituyen los tres pilares principales del sistema. 
Esta legislación, Señorías, ha tenido un efecto positivo. 
Tal y como puede comprobarse en las estadísticas, los accidentes laborales fatales han disminuido un 30 %. 
Miles de vidas se han salvado. 
El número de accidentados que quedan laboralmente incapacitados también ha disminuido un 15 %. 
Esta evolución forma parte de una tendencia a largo plazo, si bien es cierto que el número de lesiones laborales sigue siendo demasiado alto y, por tanto, inaceptable. 
No obstante, ni siquiera la mejor legislación no tiene sentido si no se aplica eficazmente en el lugar de trabajo. 
Hay que insistir en que la actitud de los trabajadores y los empresarios, que son los protagonistas de las medidas preventivas, tiene una importancia fundamental. 
La Comisión y el Parlamento están de acuerdo en que es necesario aumentar y apoyar la sensibilización, la educación y la participación activa de trabajadores y empresarios en la definición de políticas para la prevención en el ámbito de la empresa, y aplicar los principios establecidos en este ámbito en el marco de la legislación europea. 
La Comisión también coincide con el Parlamento en que es necesario desarrollar instrumentos legislativos adicionales para facilitar la aplicación, así como inspecciones de trabajo equipadas con estructuras, recursos y capacidad de disuasión a fin de contribuir a adoptar actitudes de cambio, ya que es necesario un cambio para aplicar debida y equitativamente la legislación en la Unión. 
La evaluación que ha realizado la Comisión sobre la aplicación de la directiva marco y de las cinco primeras directivas individuales, basada en un examen minucioso sobre el terreno y a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas por los servicios de la Comisión, señala ámbitos en los que las directivas no se aplican correctamente, así como los principales problemas que requieren atención. 
La Comisión se complace de que el Parlamento esté de acuerdo con el análisis realizado por la Comisión y que su informe contenga propuestas encaminadas a mejorar la aplicación práctica de la legislación. 
Las recomendaciones contenidas en el informe merecen todo el apoyo y, junto con los resultados de la evaluación de la estrategia comunitaria del período de 2002 a 2006 y las reacciones de los Estados miembros y los interlocutores sociales, sentarán las bases para la próxima estrategia comunitaria, que abarca el período de 2007 a 2012. 
También quiero agradecer al Parlamento, y especialmente a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sus esfuerzos constantes y su apoyo continuado a favor de una política eficaz de salud y seguridad en el trabajo. 
La aprobación hoy de este informe, que incluye recomendaciones específicas para los diferentes implicados, constituye un paso importante en la vía que conduce a un mayor interés y a una mayor sensibilización entre los implicados. 
La Comisión agradece al Parlamento y desea asegurarle que esta recomendación se tendrá en cuenta tan pronto como las deliberaciones empiecen con respecto a la próxima estrategia en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Señorías, se ha mencionado el importe asombroso del gasto financiero nacional, y es cierto que el gasto nacional aparece en las cuentas. 
Sin embargo, aunque el dolor no aparece en ellas, no es menos importante. 
Señorías, muchas gracias a todos por sus esfuerzos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de nuestro debate esta noche es muy importante para la prosperidad de los ciudadanos y se sitúa en el corazón del modelo social europeo que todos queremos proteger y mejorar. 
Por este motivo, doy las gracias al ponente, el señor Maštálka, por su iniciativa de elaborar este informe y también quiero, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, expresar nuestro agradecimiento y satisfacción por el hecho de que las propuestas principales de la comisión se hayan incluido en la propuesta. 
Así, se hace hincapié en que, de acuerdo con las últimas estadísticas, han aumentado los accidentes en sectores donde trabajan mujeres. 
Por ello pedimos a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que presten especial atención a esta cuestión y que incluyan los riesgos laborales de las mujeres entre los indicadores utilizados para supervisar la salud y la seguridad en el trabajo, es decir, la investigación y los estudios relevantes realizados, las estadísticas y los informes sobre accidentes. 
Además, debemos luchar contra la discriminación que sufren las mujeres en el lugar de trabajo, la discriminación relacionada con la maternidad y el acoso sexual, que causan problemas psicológicos a las mujeres trabajadoras. 
Para concluir, quiero señalar, por un lado, que las directivas de la Comunidad sobre salud y seguridad en el trabajo no abarcan el trabajo doméstico o el trabajo sin declarar de auxiliares en empresas y explotaciones agrícolas, que principalmente son mujeres y, por otro lado, quiero repetir una petición de nuestra comisión: que la Comisión Europea adopte iniciativas a este respecto. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero empezar dando las gracias al señor Maštálka por este informe. 
La salud y la seguridad en el trabajo son objetivos básicos de la política europea y, por tanto, celebro la comunicación de la Comisión y el informe de iniciativa propia del Parlamento, que reflejan el principio de que la aplicación práctica de normas de seguridad en el trabajo esté sometida a controles y que se notifiquen las deficiencias en la aplicación nacional. 
Casi todos los Estados miembros se han visto afectados por procedimientos de incumplimiento incoados en su contra porque han fallado a la hora de transponer debidamente las reglas y los reglamentos de la Unión Europea sobre salud y seguridad en el trabajo. 
Por este motivo, nuestro objetivo principal e inicial debe ser el cumplimiento y la supervisión de las normativas vigentes incluso antes de que la Unión Europea apruebe nuevos reglamentos y directivas e imponga requisitos. 
A este respecto, la adhesión al principio de subsidiariedad es prioritaria. 
Tal y como ha mencionado el Comisario, la responsabilidad de la aplicación de las normativas sobre salud y seguridad en el trabajo reside principalmente en los Estados miembros, los órganos reguladores y los interlocutores sociales locales. 
Es preciso reforzarlos, tal y como reclama, en efecto, el apartado 12 de la propuesta de resolución del informe. 
Si hay que crear condiciones de competencia uniformes, la ayuda a los nuevos Estados miembros es especialmente importante, porque tienen un gran potencial de desarrollo. 
Tampoco es admisible que las pequeñas y medianas empresas deban ser las más afectadas por esta legislación. 
Crean la mayoría de nuevos puestos de trabajo y son nuestro motor en el viaje a Lisboa. 
En mi enmienda 3 solicito la racionalización de las normativas de salud y seguridad en el trabajo, que así serán más eficaces, sin reducir el nivel de protección de los trabajadores. 
Además, necesitamos estrategias preventivas que puedan comunicarse a los ciudadanos. 
Por tanto, mi enmienda 2 solicita que se dé prioridad a la información a los trabajadores sobre medidas preventivas. 
Lo más importante para mí es que los artículos 27 y 29, que articulan consideraciones generalizadas sobre las directivas propuestas de horario laboral y servicios, deberían eliminarse. 
Son demasiado burdas y no tienen nada que ver con el título del informe. 
No nos corresponde a nosotros comentar otros procesos de elaboración de leyes o intentar utilizar un informe que no sea legislativo para introducir leyes por la puerta de atrás. 
En calidad de ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Democráta-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, he presentado una serie de enmiendas que mejoran el informe, modificándolo de forma que consigue su objetivo real, que es la aplicación y supervisión uniformes de las disposiciones vigentes en todos los Estados miembros, a la vez que evita la creación de una nueva burocracia. 
Por tanto, les pido su apoyo. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Maštálka, por su labor en la redacción de este informe sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Todos los años, 4,8 millones de personas son víctimas de accidentes laborales, 5 200 pierden la vida en el lugar de trabajo y por lo menos se pierden 158 millones de jornadas de trabajo. 
Es un gasto enorme, tanto de recursos humanos como económicos. 
Tan grande es el coste de los numerosos accidentes laborales que equivale a un valor entre el 2,65 % y el 3,8 % del producto interior bruto de la Unión Europea. 
Este dinero, podría haberse utilizado en promover el empleo y crear más y mejores puestos de trabajo: un objetivo claro de la Estrategia de Lisboa, cuya meta es hacer de la Unión Europea la región más competitiva del mundo. 
Las empresas suelen quejarse de que es demasiado caro introducir estas medidas de salud y seguridad, pero resulta que si los trabajadores se mueren o enferman crónicamente a raíz de accidentes laborales, el coste también es muy grande. 
La Unión Europea ya ha presentado una serie de directivas sobre salud y seguridad en el trabajo, y esta legislación funciona. 
De acuerdo con un cálculo, la legislación de la Unión Europea ha impedido la pérdida de 25 millones de jornadas de trabajo al año, y ya se han salvado muchas vidas, tal y como ha mencionado también el Comisario. 
Sin embargo, la directiva marco de la Unión Europea no basta. 
Es preciso introducir leyes nacionales o convenios colectivos claros entre los interlocutores sociales, del mismo modo que podría mejorarse notablemente la labor práctica de garantizar un mejor entorno de trabajo. 
La adhesión de diez nuevos Estados miembros a la Unión Europea nos plantea un gran reto con respecto a la creación de un entorno de trabajo bueno y seguro en estos nuevos Estados miembros. 
En muchos países los trabajadores no están tan bien organizados, y la seguridad en el lugar de trabajo no ha sido objeto de debate. 
Necesitamos centrarnos más en la prevención y la aplicación, cosa que también se ha propuesto en el informe, y, a este respecto, necesitamos también un estudio detallado de la situación concreta de los nuevos Estados miembros. 
Sería útil que la Comisión elaborara un informe al respecto. 
También sería una buena idea que en el futuro los informes de evaluación se centraran más en evaluar el grado de cumplimiento práctico de la legislación por parte de los Estados miembros. 
De lo contrario, la labor que hacemos es inútil. 
Debemos prestar atención especial a la situación de las pequeñas y medianas empresas. 
En estas empresas hay más accidentes laborales que en las grandes empresas, y también más trabajadores poco informados. 
Por tanto, es muy importante que la Comisión dé los pasos necesarios para estructurar la labor en pro de la seguridad en las empresas y para estimular el diálogo social sobre el entorno en el lugar de trabajo. 
. – Señor Presidente, agradezco al ponente su cooperación y también a los diputados de otros Grupos políticos. 
Hemos logrado varios compromisos excelentes. 
Mi Grupo apoyará el informe. 
Quiero decir, a título personal, que no está bien incluir referencias a las Directivas relativas al horario de trabajo y a los servicios en los apartados 27 y 29, porque todavía han de someterse al trámite parlamentario. 
Si bien me complace que se haya eliminado la referencia a las mujeres y al trabajo doméstico en el apartado 16 para no caer en estereotipos de género, en los que ya sé que el ponente no quería caer, mi Grupo ha pedido una votación separada puesto que el apartado 16 ya no tiene sentido, pues se refiere tanto a hombres como a mujeres. 
Mi Grupo celebra la referencia a la integración de la perspectiva de género en la salud y seguridad en el lugar de trabajo en el apartado 14. 
Me complace que haya habido un apoyo unánime a la inclusión en el apartado 21 de una referencia a las lesiones que sufren los trabajadores sanitarios a causa de las agujas y otros dispositivos médicos punzantes. 
Quiero dar las gracias a todos por su apoyo a este respecto. 
Esta cuestión afecta a un millón de trabajadores sanitarios de toda la Unión Europea. 
Espero que la Comisión lo tenga en cuenta. 
Quiero dar las gracias de todo corazón al Comisario Špidla por la constructiva reunión que hemos celebrado esta tarde sobre esta cuestión. 
También me satisface que se haya hablado de la aplicación de las directivas. 
No tiene sentido presentar medidas legislativas completamente nuevas en materia de salud y seguridad si la legislación vigente no se aplica uniformemente en todos los Estados miembros. 
Si se proponen nuevos textos legislativos, estos han de someterse a una amplia evaluación de impacto basada en el estado actual de los conocimientos científicos y médicos. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos ante un informe con un destacado catálogo de exigencias, que se ha negociado firme y sinceramente y por el que el señor Maštálka se merece nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. 
Me sorprendió el gran escepticismo que desde el principio uno de los funcionarios de la Comisión mostró hacia este informe. Me complacen las palabras de hoy del señor Comisario Špidla, afirmando que apoya plenamente las líneas generales de esta propuesta. 
Me siento perplejo por la forma tan curiosa en que la señora Weisgerber presentó cuatro enmiendas retrospectivas y no puedo comprender sus motivos. 
Si, por ejemplo, desea usted excluir a los sindicatos de la responsabilidad común sobre la seguridad en el trabajo, esto pone de manifiesto que no hay deseo de mejorar en este terreno. 
El mercado libre no debe primar sobre el derecho fundamental de los trabajadores a la salud, a la seguridad en el trabajo y a unas condiciones laborales tolerables. 
A menudo, en esta Cámara tengo la impresión de que el crecimiento, la productividad y la competitividad se valoran más que todo y no se pueden cuestionar bajo ninguna circunstancia. 
Los seres humanos, ya sean ciudadanos de la UE, trabajadores inmigrantes o temporales, no deben verse reducidos a meros factores económicos. 
Resulta alarmante y de hecho es chocante que un informe de investigación afirme que aún no se han establecido medidas preventivas para cerca de la mitad de los trabajadores de la UE. 
Las mujeres son las que se encuentran particularmente desfavorecidas. 
Aunque globalmente se registran menos accidentes, hay que lamentar el hecho de que se produzcan más en sectores en los que la mayoría de los trabajadores son mujeres. 
Ni siquiera se reconoce al hogar como un lugar de trabajo ni se tienen en cuenta a los trabajadores de las empresas familiares, que con frecuencia son mujeres. 
Debo recordarles a aquellos que piensan en términos puramente económicos que la prevención es más humana y más barata. 
Les pido que pongan más cuidado cuando hagan la cuenta de los costes finales que supone para la economía la aplicación de la filosofía de maximización de los beneficios empresariales y la negligencia en materia de seguridad en el trabajo. 
Más accidentes, con todas sus consecuencias, cuestan mucho más de lo que jamás costaría gran número de medidas preventivas. 
Sin duda el sufrimiento humano de las víctimas de accidentes y sus familiares no es un buen argumento ante los que solo piensan en sus bolsillos. 
Si fueran los propios empresarios quienes tuvieran que pagar los costes generados, no cabe duda de que este debate sobre la seguridad laboral avanzaría de forma bien distinta; pero como los costes derivados de los accidentes mortales, de las incapacidades, enfermedades y jubilaciones anticipadas los paga el erario público, la mayoría de los empresarios carecen de interés por aceptar precauciones y controles. 
Quiero elogiar a mi colega, el señor Maštálka, por su informe sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Es un informe excelente y exhaustivo, y merece ser apoyado. 
La salud y la seguridad de los trabajadores es primordial. 
El refuerzo de los derechos de los trabajadores solo puede conducir a una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. 
Como ya sabemos, todos los años hay en la Unión Europea 4,8 millones de accidentes de trabajo y esto es inaceptable, dado que muchas de las lesiones podrían evitarse a base de directrices y procedimientos correctos en materia de salud y seguridad. 
Como la Unión Europea sigue aspirando a ser una economía mundial próspera, a alcanzar un crecimiento económico sostenido y a aplicar los planes de privatización, muchos creen que los derechos de los trabajadores deben relegarse a un segundo plano. 
La Comisión y los Estados miembros han de garantizar la plena aplicación de medidas de protección y, francamente, no es de recibo que se nos diga que la aplicación es insuficiente. 
El informe señala que una varios grupos de la sociedad corren un riesgo especial con respecto a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
Muchas mujeres sufren acoso sexual y laboral, perciben salarios más bajos que los de sus compañeros masculinos y están discriminadas en relación con sus derechos de maternidad. 
Muchos trabajadores emigrantes y temporales tienen jornadas inadmisiblemente largas y perciben salarios irrisorios de parte de empresarios sin escrúpulos, y estas son las personas que precisan mayor protección. 
Para mejorar las condiciones es preciso el reconocimiento universal de los sindicatos como representantes de los trabajadores. 
Los sindicatos son un elemento esencial para la consecución de lugares y prácticas de trabajo sanos y seguros. 
Una cuestión que, como ya se ha dicho, requiere atención urgente son las lesiones accidentales con agujas, que los profesionales sanitarios afrontan todos los días. 
Debido a la naturaleza de su trabajo corren el riesgo de contraer virus transmitidos por vía consanguínea, como el VIH y la hepatitis. 
De nuevo, estas lesiones pueden evitarse a base de una formación mejor y de prácticas de trabajo más seguras. 
Necesitamos restablecer el equilibrio entre los derechos de las empresas y los derechos de los trabajadores porque, a fin de cuentas, los trabajadores son la columna vertebral de cualquier economía. 
No podemos permitirnos el lujo de no tener lugares de trabajo sanos y seguros. 
Aparte de las medidas generales de salud y seguridad, las personas con discapacidad tienen sus propias necesidades individuales. 
Calibrar y satisfacer las necesidades de un empleado con discapacidad debería ser lo normal y no un problema que un empresario se ve tentado de evitar no contratando a personas con discapacidad. 
En mi país ha aumentado drásticamente el número de adolescentes que trabajan. 
Los adolescentes suelen ser trabajadores temporales, de jornada parcial, carentes de formación y desinformados. 
A estos factores de riesgo se añade que los adolescentes suelen sentirse indestructibles; piensan muy poco en su salud o seguridad. 
Lo sé de buena tinta: tengo hijos adolescentes. 
Uno de mis hijos ha trabajado para un empresario muy preocupado por la salud: evitaba los trabajos con productos tóxicos y se los encargaba a los trabajadores más jóvenes. 
Tuve que decirle a mi hijo que dejara el trabajo. 
Si los empresarios quieren aprovechar la energía, el entusiasmo y la fuerza de trabajo barata y obediente de los jóvenes, lo menos que podemos hacer es exigir a los empresarios que garanticen la seguridad de los trabajadores adolescentes. 
Una escuela de educación especial de 47 niños celebró una jornada de recaudación de fondos a la que asistí en mi condición de madre de un alumno. 
Se dijo que no había problemas para imprimir las entradas, ya que ocho de los niños tenían padres que trabajaban en imprentas. 
No me sorprendió leer más tarde un informe científico según el cual existe una relación probable entre el síndrome de Down y otras deficiencias del desarrollo y la exposición a las tintas, colas, pinturas y otros productos químicos asociados al lugar de trabajo, como los utilizados en la impresión. 
Las mujeres, especialmente las madres, tienen problemas particulares de salud y seguridad que, si no se tratan, constituyen una importante causa de estrés. 
En el caso de las madres que amamantan, la falta de medidas apropiadas hace que las madres dejen de amamantar o que ni siquiera lo intenten. 
En Irlanda no existen las ayudas a la lactancia materna y contamos con el índice más bajo de amamantamiento de la Unión Europea. 
Esto contrasta con países como Noruega, donde existe una buena protección y buenas ayudas, y cuya tasa de lactancia materna es del 98 % de las madres. 
Las investigaciones demuestran que la escasez de enfermeras, las largas jornadas de trabajo y las horas extraordinarias aumentan el riesgo de errores peligrosos como las lesiones con agujas. 
Actualmente no existe una legislación que regule unos niveles mínimos de dotación de personal o cualquier otra cuestión relacionada con el estrés. 
La Directiva 89/391/CEE no es suficientemente específica para proteger a los trabajadores sanitarios. 
En los Estados Unidos se reconoció la necesidad de una legislación más específica y la nueva ley de prevención de lesiones por pinchazos de agujas exige ahora que se adopten medidas apropiadas, sobre todo con respecto a los equipos utilizados por los trabajadores sanitarios. 
Me parece fundamental que en todo debate sobre los trabajadores y los lugares de trabajo, especialmente en materia de salud y seguridad, se hable de los trabajadores a quienes se niega el reconocimiento de la categoría de empleados con sus prestaciones y la protección correspondientes. 
Se trata de los trabajadores domiciliarios, tanto hombres como mujeres. 
Me centraré en dos tipos: uno es el que es miembro de la familia. 
Según mi experiencia suele tratarse de un cónyuge que trabaja en la explotación agrícola familiar o en el negocio familiar sin percibir un salario. 
Desde el punto de vista de la salud y la seguridad, pueden beneficiarse de las medidas que afecten al otro cónyuge, pero no son medidas apropiadas que hayan sido adoptadas para sus propias necesidades. 
Estoy pensando en el trabajo agrícola no reconocido de muchos de mis amigos y amigas, de mi propia hermana. 
Todavía la recuerdo a ella y a mis sobrinos adolescentes intentando controlar a un toro mientras su marido estaba en el mercado: carecían de toda protección. 
Aunque su trabajo es económicamente productivo, para las directivas de la Unión Europea no cuentan. 
El otro grupo de trabajadores, los cuidadores y cuidadoras domésticas, probablemente constituyan la mayor fuerza de trabajo diferenciada de la Unión Europea. 
Trabajan en condiciones arduas y ahorran una fortuna a la sociedad. 
No perciben ninguna ganancia por cuidar a las personas mayores, enfermas y discapacitadas. 
Este trabajo suele costarles dinero; a menudo este esfuerzo conlleva un empobrecimiento. 
Su situación desde el punto de vista de la salud y la seguridad es crítica. 
Los cuidadores domésticos levantan pesos a menudo, duermen poco, se empobrecen debido al coste de los cuidados y deben afrontar comportamientos difíciles y a veces imprevisibles. 
Lo sé porque he sido uno de ellos durante 30 años. 
Les pido que incluyan a los trabajadores domiciliarios y a los cuidadores domésticos en el circuito del empleo con todo lo que ello implica, especialmente en materia de protección de la salud y la seguridad. 
Quiero mencionar a los trabajadores del Parlamento Europeo, que nos facilitan tanto el trabajo que hacemos aquí. 
Los empleados que se hallan en la entrada de las visitas en el Edificio LOW tiritan de frío. 
Hay una potente calefacción sobre la puerta para calentar la entrada de las visitas y del personal, pero lleva todo este invierno estropeada. 
He estado algún tiempo esperando allí y me he congelado. 
No me parece que sea muy saludable para los empleados que deben estar ahí todo el día sentados. 
He solicitado un par de veces que se arregle la calefacción y quiero pedirles que, por favor, intenten arreglar la calefacción por la salud y la seguridad de los empleados de este edificio. 
Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que es esencial conocer la opinión de los propios trabajadores sobre la normativa en materia de salud y seguridad. 
No puedo decirlo de forma más sencilla: pregunten a los interesados qué necesitan; ellos se lo dirán, y así el dinero gastado en salud y seguridad será un dinero bien gastado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, 4 800 000 de accidentes al año, que causan un total de 5 200 muertes y 13 000 víctimas que sufren incapacidad permanente. 
No se trata de una nueva epidemia surgida fuera de nuestras fronteras, señor Presidente, sino de algo que en realidad está sucediendo dentro de la Unión Europea. 
Los accidentes en el lugar de trabajo son una tragedia real y provocan costes incalculables, tanto humanos como económicos. 
Debo admitir que, según los datos más recientes, el número de accidentes está disminuyendo, a mi juicio precisamente gracias a las medidas tomadas para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Sin embargo, las cifras continúan siendo alarmantemente elevadas y, aunque parezca increíble, más del 50 % de los trabajadores europeos carecen todavía de mecanismos para la prevención de accidentes. 
Entre los más vulnerables, los trabajadores temporales inmigrantes merecen especial atención, al igual que los sectores de la construcción, la pesca y la agricultura. 
La lista no es exhaustiva y destaco los riesgos a que están expuestos los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. 
Aunque suponen la principal fuerza motriz de la economía de Europa, las PYME adolecen de falta de información y de recursos para administrar sus problemas de seguridad y salud. 
Sin el necesario apoyo financiero para estimular las actividades de concienciación y formación del trabajador en lo que respecta al riesgo de accidentes laborales, no se podría siquiera aplicar gran cantidad de las iniciativas que se ha planteado. 
Por último, una referencia explícita al concepto clave en este asunto: prevención. 
Resulta esencial aumentar la cantidad, la calidad y las competencias de los servicios de inspección del lugar de trabajo, además de aumentar las multas por incumplimiento de la legislación. 
En un momento en que acaban de revisarse los objetivos de Lisboa en el sentido de que un entorno laboral sano y seguro representa un factor decisivo para el crecimiento –y el crecimiento continuado– de la economía europea, señalo que el texto de los apartados 27 y 29 del informe que estamos debatiendo carece de sentido. 
– Señor Presidente, felicito al señor Maštálka por su excelente informe. 
El ponente expone, en términos muy claros, la forma insuficiente e inaceptable en que la Comisión ha abordado la cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo en los últimos años. 
Pone sobre la mesa propuestas concretas y lógicas sobre cómo solucionar la situación. 
Está clara la importancia de contar en este ámbito con una legislación apropiada, así como su aplicación efectiva y rápida. 
La situación actual es totalmente insatisfactoria y el coste humano implicado es enorme. 
Todos los años, en los 25 Estados miembros unos 400 000 trabajadores quedan para siempre discapacitados debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral. 
Se calcula que cerca de 8 000 personas mueren a causa de accidentes o enfermedades laborales. 
El coste económico es igualmente enorme. 
Se calcula que será del tres al cuatro por ciento del PIB. 
Por tanto, ¿por qué la Comisión se ha mostrado tan autocomplaciente a la hora de abordar esta importante cuestión? 
¿Se debe simplemente a la ineptitud y a la ingenuidad? 
¿O se debe a una presión excesiva de los empresarios, muchos de los cuales aún no han logrado comprender el simple hecho de que contar con altos niveles de salud y seguridad en el trabajo es bueno para la economía? 
Esperamos, y debemos insistir en ello, obtener respuestas claras de la Comisión a este respecto. 
También esperamos que el nuevo Comisario haga lo posible por corregir las deficiencias del pasado. 
Quiero plantear dos propuestas para que se estudien. 
En primer lugar, es necesario prestar más atención no solo a la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, sino también a la de sus familias. 
Muchas de las sustancias tóxicas a las que se ven expuestos los trabajadores en el lugar de trabajo pueden ser transportadas hasta su casa, por ejemplo a través de su ropa. 
En segundo lugar, convendría establecer públicamente una lista negra de empresas con deficiencias demostradas en el terreno de la higiene y la seguridad. 
Habría que elogiar públicamente y premiar adecuadamente a las empresas que registren los mejores niveles de salud y seguridad. 
De esta forma, los consumidores podrán saber quién merece su apoyo y quién no. 
– Señor Presidente, todas las partes de esta Asamblea están de acuerdo en que la salud y la seguridad en general, y la salud y la seguridad en el trabajo en particular, es una cuestión importante. 
Está muy bien que así sea. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el último orador, quien sostiene que la Comisión ha sido autocomplaciente en este terreno. 
Ni mucho menos: yo quiero felicitar a la Comisión por haber elaborado un informe que aborda estas cuestiones importantes con un enfoque firme pero suave. 
Sin embargo, el ponente ha optado por emplear un tono algo más duro. 
El informe de la Comisión menciona una evaluación comparativa simplificada y mejorada y la importancia de que la legislación vigente se aplique uniformemente en todos los Estados miembros. 
Señala que Bélgica, Francia e Irlanda todavía no han facilitado información. 
Asimismo, menciona la importancia de desarrollar instrumentos no legislativos para la protección de los trabajadores. 
El ponente ha aprovechado la oportunidad para solicitar más legislación y destacar la importancia de ampliar los poderes de los sindicatos. 
No estoy de acuerdo con esto y, por tanto, apoyaré las enmiendas de mi colega, la señora Weisberger. 
Con cierta malicia, el ponente también ha aprovechado la oportunidad de este informe sobre salud y seguridad para promover, sobre la base aparente de esta materia, la Directiva sobre trabajadores atípicos relativa a la actividad de las empresas de trabajo temporal. 
Además, he percibido intentos de socavar la propuesta de Directiva de servicios por los mismos motivos falaces. 
No puedo apoyar ninguno de estos intentos. 
Comprendo la voluntad de la izquierda de aprovechar todas las ocasiones para hacer descarrilar la Agenda de Lisboa promoviendo la primera directiva y mutilando la segunda, pero estoy seguro de que la Comisión en su conjunto no se dejará engañar en ningún momento. 
Sin embargo, ha sido un buen intento. 
Sé que el ponente ha dedicado mucho tiempo y reflexión a este informe. 
Estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, pero espero que me perdone si digo, con todos mis respetos, que prefiero el documento original de la Comisión. 
() ¡Buenas noches a todos! 
Sin lugar a dudas, trabajar por la noche no hace ningún favor a nuestra salud. 
Nuestra eficacia y nuestro éxito en el trabajo dependen también de nuestro ánimo y del cuidado que damos a nuestra salud. 
A este respecto, es importante que los legisladores aporten leyes y reglamentos, que los empresarios planteen medidas de seguridad y que los propios trabajadores sean conscientes de sus propias responsabilidades y garanticen que se cumplan las medidas. 
Quisiera llamar la atención en especial sobre una mayor protección laboral para las mujeres embarazadas, puesto que, en esos casos, corren peligro dos vidas. 
Es también necesario prestar más atención a la formación en seguridad y salud durante la primera fase educativa, así como en escuelas de formación profesional y universidades. 
Los reglamentos no pueden ser efectivos si los desconocemos o si no estamos dispuestos a cumplirlos. 
El informe menciona a menudo a los nuevos Estados miembros, como si estos tuvieran bajos niveles de seguridad y salud en el trabajo. 
En Eslovenia existen reglamentos muy estrictos para salvaguardar la salud en el lugar de trabajo, además de controlar la formación obligatoria. 
Los empresarios conscientes de la utilidad de los reglamentos los respetan estrictamente. 
Sin embargo, es lamentable que todo ello se limite a menudo al cumplimiento formal de la normativa y la obtención rápida de beneficios para quienes imparten los programas de formación. 
También en ese aspecto es necesario supervisar la aplicación de reglamentos en beneficio de los trabajadores y empresarios, puesto que intentar ahorrar a costa de la salud de los trabajadores supone a menudo más gasto que invertir en seguridad, educación y sensibilización. 
. Señorías, permítanme resumir este debate, que ha confirmado lo que ya se dijo en la introducción: el informe del señor Maštálka se ha elaborado con sumo cuidado sobre la base de un debate que ha implicado a todas las partes interesadas. 
Admito que había algunos aspectos clave que me agradaron. 
El primero de ellos ya se ha mencionado en el debate: nadie duda de la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo y, se puede decir, representa uno de los temas más importantes que hay que tratar. 
Asimismo, acojo con agrado el hecho de que nadie dude de que las normativas sensatas son eficaces, y en efecto el informe respalda esto. 
Aunque afirmé que se había producido una disminución del 30 % en los accidentes laborales mortales, aún suponen una cruel pérdida de unas 2 500 vidas humanas al año. 
Además, es un hecho desafortunado que, por cada muerte, unas dos personas queden lisiadas o, lo que es lo mismo, minusválidas para siempre. 
Esto supone 5 000 tragedias humanas adicionales. 
Opino que había también razón al afirmar que no es totalmente correcto utilizar el concepto de nuevos y viejos Estados miembros, ya que, desde el 1 de mayo, los Estados miembros o los problemas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo no se han visto limitados por fronteras geográficas, y existen muchos factores implicados. 
Los temas relacionados con problemas concretos de la asistencia sanitaria también fueron de gran interés. Ha quedado bastante claro que la asistencia sanitaria es un ámbito rodeado de muchas dificultades y riesgos considerables. 
Agradezco además la preocupación por quienes son menos capaces, por el motivo que sea, y la inquietud por los aspectos de género de algunos riesgos. 
Señorías, considero que la labor realizada constituye una buena base para elaborar la próxima estrategia. 
En esta estrategia tendremos que reaccionar de forma sofisticada y tener en cuenta nuevos riesgos o nuevas percepciones de riesgos. 
Tengo la certeza de que podremos cooperar con esta Cámara para encontrar la mejor forma de seguir adelante, con lo que será posible registrar mejoras en esta situación en el próximo informe. 
De todas partes se ha oído decir que esta situación no se encuentra en absoluto en un nivel con el que podamos sentirnos satisfechos. 
Gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el sector siderúrgico. 
. Señor Presidente, Señorías, en el orden del día del Parlamento aparecen con regularidad los problemas relacionados con el sector siderúrgico, por mucho que haya concluido el complejo periodo de reestructuración a gran escala de este sector, al menos en Europa Occidental, e incluso aunque el sector siderúrgico europeo sea, por lo general, competitivo. 
De todas formas, es cierto que las empresas de este sector se están adaptando todavía a la competencia económica y a las condiciones del mercado mundial, lo que explica que la reestructuración del mismo se haya llevado a cabo con tanta regularidad. 
Antes que nada, haré hincapié en el hecho de que el actual estado generalmente satisfactorio del sector metalúrgico europeo, sin duda alguna, se base en las aptitudes de las empresas y sus trabajadores, así como en una habilidad general para adaptarse a la evolución de las condiciones. 
Estas aptitudes se han demostrado en el pasado y estoy seguro de que se demostrarán de nuevo en el futuro. 
Resulta esencial que este sector, en común con todos sectores industriales y los servicios, se adapte constantemente y que dichas adaptaciones formen la base de la prosperidad futura. 
Sin embargo, ello no significa que podamos olvidar nuestra responsabilidad colectiva de garantizar que el proceso de cambio tenga en cuenta a los hombres y mujeres que trabajan en el sector. 
El motivo del debate de hoy en esta Cámara es de nuevo la planta de ThyssenKrupp en Terni. 
El Parlamento abordó el futuro de esta planta hace un año y parecía que las negociaciones concluirían felizmente, ya que la empresa abandonó los planes que había anunciado unas semanas antes de cerrar la planta. En cualquier caso, pospuso dichos planes. 
No obstante, ahora parece que, por desgracia, ThyssenKrupp tiene intenciones de poner en práctica esa idea original. 
No corresponde a la Comisión juzgar si una decisión de este tipo tiene justificación económica ni implicarse directamente en este proceso de ningún modo, a menos que se incumplieran normas comunitarias. 
Nada apunta a que este sea el caso. 
La Comisión no cuenta con ninguna información que pudiera llevar a creer que la empresa contraviene las normas aplicadas en tales casos, ya se trate de normas que rigen las relaciones laborales o de normas aplicables a otros campos. 
Por lo que a nosotros se refiere, no se han presentado quejas ni realizado declaraciones a este respecto. 
De ser así, obviamente la Comisión tomaría las medidas apropiadas en ejercicio de los poderes que el Tratado le confiere. 
Desde el punto de vista económico, podemos lamentar la decisión sobre el destino de esta fábrica y sus instalaciones; también debemos tener en cuenta el impacto negativo que, de confirmarse, tendrá en cientos de personas y en la prosperidad de la región. 
Quizás lamentemos que el esfuerzo de los funcionarios de la administración regional durante más un año, que creo que debemos reconocer, no haya sido suficiente para evitar el cese de algunas actividades en la planta de Terni. 
No obstante, la empresa es libre de tomar tales decisiones, por lo que debemos respetarla. 
Hay que respetar la libertad de la empresa, aunque también tiene responsabilidades, en concreto en lo que respecta a la participación completa y efectiva de los trabajadores y sus representantes en el proceso de toma de decisiones. 
A este punto se hace referencia en varias directivas comunitarias y en la legislación nacional. Solo podemos reiterar que deben cumplirse, incluso en circunstancias tan difíciles como esta. 
La empresa es también responsable de todas las consecuencias sociales que un cese parcial de la producción pueda acarrear. 
Aunque es probable que los trabajadores afectados sean redistribuidos a otras actividades dentro de la planta, en cualquier caso es preciso encontrar soluciones distintas del despido, de acuerdo con procedimientos bien establecidos. 
Si el despido es inevitable, habrá que tomar medidas que ayuden a los trabajadores afectados a adaptarse a esa nueva circunstancia. 
Los propios interlocutores sociales europeos establecieron los principios de gestión de las reestructuraciones hace tres años, a petición de la Comisión. 
Por tanto, puedo abordar ahora cuestiones más amplias que traspasan los límites de los asuntos que estamos debatiendo hoy. 
Recientemente, la Comisión ha propuesto que se renueve la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. 
Para lograr este objetivo tan ambicioso en el contexto de los cambios económicos y sociales significativos que vivimos en la actualidad, debemos superar con éxito los problemas de reestructuración. 
La agenda social adoptada por la Comisión hace 15 días incluye también medidas que ayudarán a nuestras empresas, nuestros trabajadores y todas las partes implicadas en el proceso de cambio a aprovechar las ventajas de la mejor manera posible, además de contribuir a resolver los problemas. 
En unas semanas tengo la intención de proponer que la Comisión adopte una Comunicación sobre la estrategia general de la Unión Europea para la gestión de reestructuraciones, así como un ambicioso programa de mejora del potencial de renovación económica y prever los problemas asociados. 
La frase clave de esta estrategia será: prepararnos para el futuro en todos los niveles. 
La Unión ha desarrollado políticas, programas e instrumentos para facilitar a las empresas y a los trabajadores su adaptación a los cambios constantes. 
Entre ellos se incluyen políticas de empleo e industriales, diálogo social, legislación comunitaria e instrumentos de ayuda financiera. 
Ahora es el momento de coordinar estos distintos aspectos con mayor eficacia para desarrollar nuevos enfoques orientados al futuro, ofreciendo la posibilidad de anticipar futuros cambios y permitiendo que agentes individuales se preparen para el futuro. 
Quisiera subrayar que prepararse para el cambio en todos los niveles, y en concreto, en el nivel empresarial, sectorial y local, depende principalmente de la asociación y el diálogo social. 
Propongo que la Comisión utilice esta Comunicación para confiar a los interlocutores sociales europeos la tarea de aplicar la segunda fase de consulta sobre dos temas principales: la función de los comités de empresa europeos como mediadores del cambio y la aplicación de los principios generales establecidos por los interlocutores sociales para la gestión de reestructuraciones. 
Existe además la necesidad de fortalecer el diálogo social en el plano sectorial, que debe complementar la política industrial comunitaria. 
Hay que desarrollar distintas formas de diálogo social, siendo la principal de ellas la negociación colectiva acerca de la preparación y la gestión del cambio y la reestructuración. 
La agenda social depende de la creación de un marco comunitario opcional no vinculante, el cual facilitaría la conclusión de acuerdos colectivos supranacionales y representaría un instrumento especialmente adaptado para la reestructuración en el plano europeo e incluso mundial. 
Son estos algunos de los elementos de la estrategia que nos gustaría abordar en asociación con los demás organismos comunitarios, los interlocutores sociales, las autoridades públicas en todos los niveles y todos aquellos a quienes afecte la estrategia. 
Soy consciente de que este tipo de iniciativa política no da una respuesta directa e inmediata a los afectados por la reestructuración de la planta en Terni. 
Las políticas e instrumentos comunitarios existentes, que deseamos que sean más efectivos en el futuro, se pueden utilizar ahora para abordar las consecuencias sociales de la decisión, que espero que a pesar de todo se pueda modificar aún de alguna forma tras el diálogo con todas las partes implicadas. 
Señorías, muchas gracias por su atención. 
. – Señor Presidente, Señorías, la Europa de hoy, construida sobre la base de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, corre el riesgo de ver rechazados sus orígenes en el corazón de la producción siderúrgica de uno de los países fundadores. 
La decisión de la empresa ThyssenKrupp de cerrar, primero, la línea de producción del acero magnético y, después, de despedir y dejar en la calle a cientos de trabajadores de la fábrica de Terni, representa no solo una violación de todos los acuerdos suscritos en el momento de la privatización, sino también una decisión que económicamente carece de sentido. 
En efecto, la empresa ha recibido un trato de favor por parte de todas las instituciones, nacionales y europeas, que ninguna otra empresa italiana del sector ha recibido. 
Basta recordar las inversiones públicas de que se ha beneficiado, empezando por los Fondos Estructurales del objetivo nº 2 –y a este respecto preveo la posible intervención de la Comisión–, por no hablar del reciente compromiso del Gobierno italiano de garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en condiciones económicamente ventajosas hasta la realización de la nueva central eléctrica necesaria. 
También todos los problemas relacionados con la ejecución de las infraestructuras necesarias para la mejora de la fábrica han sido resueltos por el Gobierno italiano, por no hablar del mercado del acero magnético: Italia es su mercado más grande, junto con Alemania. 
Resulta por tanto difícil de entender las razones que han llevado a la empresa ThyssenKrupp a no concluir las conversaciones para la firma del protocolo de acuerdo destinado a zanjar el conflicto, pues en estos momentos se hallan en su fase final. 
Cunde así la sospecha de que los resultados negativos declarados por la empresa pueden estar relacionados con decisiones encaminadas exclusivamente a la realización de transferencias intergrupo a precios de cesión ventajosos para sus empresas asociadas. 
La resolución común sobre la que votaremos mañana no solo es un gesto de solidaridad, sino que quiere reflejar también el compromiso del Parlamento Europeo de movilizar a la Comisión y a los Estados miembros para que intervengan con iniciativas destinadas a conjurar la merma de la industria siderúrgica. 
Pedimos al Gobierno alemán que intervenga ante la alta dirección de ThyssenKrupp para que reanude las negociaciones con los interlocutores sociales. 
La deslocalización, sobre todo a China, no puede realizarse sin respetar los derechos humanos y sindicales, empezando por los de los propios trabajadores chinos. 
El caso Terni no afecta solamente, señor Presidente, a Italia. 
Es un caso europeo que no debe infravalorarse, pues es representativo de todo el sector siderúrgico. 
Por esta razón, todas las instituciones y todas las fuerzas políticas están llamadas a formular propuestas concretas para proteger la industria siderúrgica, el empleo y también la investigación, porque en la fábrica de Terni se lleva a cabo investigación. 
No condenar por nuestra parte la negativa a escuchar propuestas constructivas sería un gravísimo error, un error que deberían censurar enérgicamente todos los Grupos políticos. 
Por este motivo, hacemos una vez más un llamamiento al Gobierno alemán para que intervenga de inmediato ante la alta dirección de ThyssenKrupp para que comprenda la importancia de la fábrica de Terni y el error que acaban de cometer. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no sé cómo considerar la decisión de ThyssenKrupp de dejar sin empleo mañana por la mañana a 630 trabajadores, además de los que ya han sido despedidos en el sector del acero magnético. 
No sé si considerarla una falta de respeto hacia este Parlamento, que está debatiendo el caso, o simplemente una abierta confesión por parte de la empresa de las contradicciones que suscita la política industrial. 
Hace solo unos días, la empresa envió una carta a los diputados al Parlamento Europeo –no sé con qué grado de difusión– en la que afirmaba su voluntad de defender su posición en el sector del acero magnético y su voluntad de invertir en acero inoxidable. 
Las decisiones de las últimas horas se contradicen con todo esto. 
La verdad es que la decisión de cerrar la división magnética está provocando serios problemas de empleo y tiene repercusiones negativas en toda la fábrica y en la zona de Terni. 
Traducida en términos de empleo, esta decisión puede provocar la pérdida de más de 1 500 puestos de trabajado entre acerías e industrias asociadas. 
Por si ello no bastara, ThyssenKrupp parece no mostrar ya ningún interés por las ventajas que se le ofrecen en términos de infraestructuras y costes de la energía, tras haberlas solicitado reiteradamente. 
Sin duda, esto significa que quiere tener las manos libres: las manos libres para desmantelar también progresivamente la producción de acero inoxidable, que según la empresa debería constituir realmente la actividad básica de la fábrica. 
Parece como si todo esto ya lo hubiéramos visto antes. 
Después de haber conquistado el mercado italiano, se reducen progresivamente los volúmenes de producción en Terni, con el abandono de la producción de acero magnético, para invertir en otros lugares. 
Al final, la acería de Terni, degradada a rango regional, con bajos volúmenes de producción –hablo de 800 000 toneladas al año frente a una capacidad de 2 millones de toneladas al año– y con altos costes energéticos, se vería abocada esencialmente a ser desmantelada. 
¿Acaso pensamos mal de la empresa? 
¿Por qué, entonces, desde hace tres años fabrica acero inoxidable en una planta de hace decenios cuando prácticamente no utiliza una planta nueva de hace solo tres años? 
Creo que todo el mundo sabe que no se encuentra un kilo de acero de ningún tipo, porque el mercado muestra claros signos de grave escasez de materiales, precios al alza y capacidades productivas a escala mundial completamente saturadas por mucho tiempo. 
Está claro que el abandono de Terni provocaría un nuevo aumento de los precios y serias dificultades a la industria electromecánica italiana, que absorbe el 40 por ciento del consumo europeo. 
La empresa no ha querido siquiera tomar en consideración soluciones alternativas, como por ejemplo la promoción de un consorcio de usuarios italianos, similar al existente en el Reino Unido; el suministro de rollos en caliente desde Alemania, como ya se hace en algunas plantas de producción (por ejemplo, en Genselkirchen e incluso con fábricas de la competencia, como Newport) ; o la reactivación de un horno eléctrico ya instalado en Terni, que requiere solo una modesta inversión por razones medioambientales. 
A resultas de ello, hoy nos encontramos en esta difícil tesitura, que para nosotros es inaceptable por los costes productivos y sociales implicados. 
¿Cómo salir de esta situación? 
Ante todo, habría que pedir a la empresa que asuma sus responsabilidades, que respete los compromisos contraídos y los acuerdos suscritos. 
En segundo lugar, habría que reanudar la negociación con los interlocutores sociales y las entidades locales, que actualmente no existe. 
Pensamos que el diálogo social es esencial para encontrar soluciones a los problemas actuales. 
En tercer lugar –y me dirijo en particular al señor Comisario–, hay que dar coherencia a la estrategia de Lisboa, que pasa por la defensa y la ampliación de la base productiva para alcanzar la competitividad, y no por el cierre de las fábricas, que es justamente el enfoque contrario. 
Por último, creo que es absolutamente esencial no solo dar respuestas sobre la situación de los procesos de reestructuración a escala europea, sino también reflexionar con toda seriedad y profundidad sobre qué política industrial es necesaria en Europa para afrontar los problemas de competitividad. 
Cuanto antes lo hagamos, mejor. 
El Parlamento Europeo, al debatir sobre temas tan importantes, puede aportar una formidable contribución a la solución positiva del caso de las acerías de Terni y unas perspectivas reales a la industria europea. 
. – Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo debe ocuparse hoy de un tema muy importante para la economía de la Unión: las perspectivas de futuro del sector siderúrgico. 
Lo hace esta noche, tras un largo debate mantenido por los Grupos políticos en las últimas semanas, que ha permitido llegar a un compromiso general en torno al texto de la resolución sobre la que votaremos mañana. 
Es un texto equilibrado y que bien puede contar con un amplio respaldo. 
El tema en cuestión debería encuadrarse en el contexto de la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y de una mayor cohesión económica y social, dado que el sector emplea a gran número de trabajadores en el territorio europeo, incluye zonas de excelencia y fabrica productos de alto nivel tecnológico. Estos son auténticos modelos de referencia para todo el mundo. 
Hasta hoy, ThyssenKrupp, en parte a través de Acciai Speciali Terni, se ha situado indudablemente entre los principales fabricantes mundiales de planchas de acero inoxidable y magnético y en la vanguardia de la investigación. 
En su plan de inversiones, la empresa se comprometió a hacer de Terni el polo europeo de excelencia del acero magnético, gracias entre otras cosas a las ventajas en términos de infraestructuras y costes de la energía otorgadas por el Gobierno italiano en junio de 2004. 
Hay que considerar también que se han utilizado otras inversiones, con cargo al Fondo Social Europeo, para desarrollar sistemas locales, infraestructuras y formación profesional. 
Los compromisos mencionados no se cumplirían si se procediese a un cambio de estrategia empresarial, y la consecuencia –como se nos informa ahora– sería una progresiva reducción de los niveles de empleo mediante la aplicación de procedimientos todavía no especificados. 
Lo que estos significa es que en bastante poco tiempo se perderían miles de puestos de trabajo, lo que constituiría un precedente peligrosísimo. 
Llamamos a la Comisión a que se atenga a sus propias decisiones y asegure que quien recibe financiación comunitaria deba cumplir los compromisos contraídos, incluida la elección de su ubicación. 
. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo esencial de lo que han manifestado los anteriores oradores y comentaré algunos puntos que son fundamentalmente críticos con el mundo empresarial. 
¿Dónde se mostrará el valor real de la compasión social, constantemente nombrada en toda la UE y que tan solo hace un par de semanas quedó ceremoniosamente consagrada por escrito, no solo en el marco del proceso de Lisboa, sino también en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa? 
Será el trato que se dé a los trabajadores de ThyssenKrupp en Terni, en Umbria, que es una región deprimida. 
Este compromiso con el objetivo del pleno empleo, con la cohesión social, con las responsabilidades sociales vinculadas a la propiedad, con el diálogo social, ¿qué vale para nosotros? 
¿No es más que papel mojado? 
¿Se puede sencillamente ignorar todo cuando uno está invadido del afán de lucro? 
Después de todo, nadie será penalizado. 
Eso es a lo que debemos resistirnos: la burla de las prestaciones sociales europeas, que son esenciales para la vida civilizada y el trabajo en este continente nuestro, además de ser fundamentales en lo que respecta a nuestra propia competitividad y capacidad de innovación. 
Si Europa desea extender su influencia en el resto del mundo, no debe permitir que su conciencia social se duerma. 
Lo que está sucediendo en ThyssenKrupp es también, a nuestro juicio, una oportunidad para someter a prueba estas cuestiones de forma práctica. 
Se han abonado grandes sumas de dinero del Fondo Social Europeo y los Fondos Estructurales; ¿hasta qué punto quieren y pueden los Estados miembros y la Comisión insistir en sus condiciones para las ayudas a las empresas que actualmente se mantienen? 
Se trata de algo que no solo pueden esperar los trabajadores afectados y sus familiares, sino también los contribuyentes de toda Europa, en interés, entre otras cosas, de la futura viabilidad de un sector industrial vital. 
Después de todo, uno de ellos fue el padrino de la primera comunidad europea: el carbón y el acero. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea va a votar a favor de la resolución. 
. – Señor Presidente, Señorías, somos pocos los que estamos en este momento en la Cámara, pero son muchísimos los que nos escuchan con ansiedad y angustia. 
Ayer, una pequeña delegación de esta comunidad obrera se desplazó por sus propios medios a Estrasburgo. 
De hecho, aunque estamos debatiendo sobre una pequeña ciudad italiana, Terni, debatimos en realidad sobre el futuro de toda Europa. 
Terni, para quien no la conozca, es una ciudad situada en la verde campiña de Umbría que es diferente de las demás. 
Sita en la región del lago Trasimeno, con sus pequeñas ciudadelas medievales y el misticismo de San Francisco y los pintores renacentistas, Terni es desde hace 120 años la ciudad del acero y de los metalúrgicos. 
La sangre que le da vida es la siderurgia y, gracias a la innovación, ha sido capaz de proteger y mejorar su producción a lo largo de más de un siglo, incluso durante la guerra. 
No hay razones económicas válidas para que la producción de las chapas magnéticas se concentre en Francia y Alemania: en la fábrica de Terni, ThyssenKrupp realizó en 2004 muchos millones de euros de beneficio neto. 
Hace solo unos meses, en junio, la empresa suscribió un acuerdo con los interlocutores sociales, con el Gobierno italiano por testigo, con vistas a revitalizar la producción en la planta de Terni, y el Parlamento Europeo votó a favor de apoyar dicho acuerdo. 
Ahora, los propietarios de la empresa quieren incumplir esos acuerdos, anunciando hoy nada menos que el despido mañana mismo de 600 trabajadores, después de haberse desprendido de 370 trabajadores en el sector del acero magnético. 
La carta que dicha empresa nos envió a los diputados al Parlamento Europeo se ve por tanto desmentida por los hechos, así como por las propias contradicciones del texto, y me ha convencido aún más de la necesidad de votar a favor de la resolución unificada que hemos presentado, tanto por razones de fondo como por el bien de la democracia. 
La situación es aún más trágica e inaceptable si pensamos en la dignidad de aquellos ciudadanos europeos y sus familias que protestan desde hace más de un año, y en las normas del diálogo social europeo, tan defendido por todas las instituciones comunitarias, especialmente por la Comisión Europea. 
Esperamos que la Comisión dé algunas respuestas concretas a esta Cámara, que hasta ahora no se han planteado. 
El incumplimiento de acuerdos firmados y el desmentido a bombo y platillo de un plan de inversiones ya presentado sería grave para toda Europa, porque se daría pie a una Unión Europea dominada por las deslocalizaciones incontroladas, los despidos industriales y la mentalidad especulativa, lo que la llevaría inevitablemente al declive y a la crisis. 
Por tanto, intervenir en Terni significa intervenir por el futuro de todos nosotros y cumplir una tarea de defensa de los intereses genuinos de una Europa de trabajo y desarrollo. 
Añadiré que si se bloquean constantemente todos los demás enfoques, sería conveniente una intervención pública para garantizar el futuro que de lo contrario nos sería denegado. 
. – Señor Presidente, Señorías, queremos resaltar una vez más que el caso Acciai Speciali de Terni no puede considerarse un mero asunto local, y mucho menos nacional, pues afecta a toda la siderurgia europea, un sector vital para la industria comunitaria. 
Italia hace todo lo que puede en todos los niveles para resolver el caso ThyssenKrupp. 
Es hora de que también Alemania emita alguna señal positiva y que la Unión Europea asuma sus responsabilidades. 
Todos sabemos que el caso Terni no es el primero ni el único. 
Hay una larga lista de empresas que, tras haber realizado importantes beneficios, entre otras cosas gracias al sacrificio, el empeño y la profesionalidad de sus trabajadores, prefieren deslocalizar la producción, quizás a un país de fuerta de la UE, descargando sin escrúpulos la consiguiente crisis de empleo y social sobre las espaldas de los Estados miembros. 
Como ya han declarado una serie de diputados, mientras ThyssenKrupp nos tranquilizaba por una parte con una carta, por otra anunciaba el despido, esta mañana, de 630 trabajadores. 
¿Cómo no calificar de arrogante este modo de proceder? 
Demuestra que ThyssenKrupp no tiene ninguna intención de tener en cuenta lo que el Parlamento se dispone a votar mañana. 
Por esta razón tenemos el deber, ante todo hacia los trabajadores y sus familias, de proponer hoy medidas concretas, y por tanto pedimos a la Comisión que asuma algunos compromisos concretos. 
En primer lugar, necesitamos una legislación sobre la responsabilidad social de las empresas, que conjugue la competitividad con el respeto de los derechos de los trabajadores y las regiones. 
Pero, ante todo, pedimos a la Comisión que no eluda por más tiempo el desafío principal para la economía europea, en el que se juega el futuro del sistema económico europeo, es decir, la crisis de la «deslocalización». 
En este terreno, la Unión Europea está prácticamente en la prehistoria, cuando es indispensable en cambio intervenir con una estrategia capaz de limitar y regular las deslocalizaciones, tanto dentro como fuera de la UE, para garantizar, entre otras cosas, el crecimiento y el empleo, la competitividad y la innovación: en pocas palabras, para realizar los principales objetivos de la Agenda de Lisboa. 
Este Parlamento tiene el deber concreto de representar los derechos y las expectativas de los ciudadanos europeos, debe tener la valentía de remitir a la Comisión un documento enérgico unificado que no omita la cuestión crucial de las deslocalizaciones, en la que se juega el futuro de la economía europea. 
Por ello, les pedimos que voten a favor de nuestra enmienda. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano, el nuevo PSI. 
El apresurado correo electrónico que ha enviado ThyssenKrupp, cargado de promesas, a los diputados al Parlamento Europeo a primera hora de la tarde de hoy en previsión de este debate, no nos convence en absoluto. 
Ha llegado el momento de actuar y sobran las palabras. 
Detrás del despido anunciado de cientos de trabajadores se desarrolla el drama de cientos de familias que ven un futuro incierto y más difícil. 
Hace unos días mantuve una reunión política del nuevo PSI en la acería de Terni y pude comprobar inequívocamente que Terni y Umbría en su conjunto están unidas y decididas a llevar adelante una lucha valiente y dura, no solo en defensa de su entorno productivo y económico, sino sobre todo para proteger la dignidad de la comunidad local. 
En general, las instituciones comunitarias no pueden callar en este momento, porque las desinversiones masivas y las deslocalizaciones de valiosas producciones a países de fuera de la UE están desarticulando la capacidad productiva global europea. 
Además, en este caso concreto, ThyssenKrupp recibió fondos y ventajas fiscales de la Unión cuando decidió comprar la fábrica de Terni, a cambio de la garantía de mantener en Italia las actividades y salvaguardar los puestos de trabajo. 
Todos esos compromisos han sido ignorados a favor de plantas de Extremo Oriente. 
Tendremos que preguntarnos de qué plantas se trata y hasta qué punto se respetarán los derechos y las garantías sindicales. 
En 1950, Robert Schuman lanzó la Alta Autoridad del Carbón y del Acero, sentando de hecho las bases y las premisas para un viaje ambicioso y global hacia la unificación, no solamente en la esfera económica. 
Hoy, cuando ese complejo proyecto político ha avanzado enormemente, no debemos permitir que precisamente este sector estratégico sea desmantelado permaneciendo en silencio. 
Es preciso que los agentes institucionales, ante todo el Gobierno, la Región de Umbría, la Provincia y el Ayuntamiento de Terni, acuerden una estrategia común con los interlocutores sociales, que deben participar más en los procesos de toma de decisiones. 
Acto seguido, esta estrategia deberá plantearse con firmeza y de forma franca y resuelta a ThyssenKrupp. 
La empresa debe asumir sus responsabilidades y abandonar sus tácticas defensivas confusas y un tanto sinuosas. 
También debería quedar claro que la concesión de cualquier posible concesión de dinero público adicional deberá supeditarse a acuerdos –esta vez concretos y aceptados por ambas partes– sobre el empleo y el desarrollo local y las inversiones destinadas a modernizar la producción. 
Señor Comisario, alzar la voz para buscar y pretender soluciones inmediatas y concretas en este sentido es un deber político para preservar y defender una parte de nuestra red económica. 
Pero es también un deber moral para con esos centenares de trabajadores, padres y madres de familia, que, con los ojos llenos de esperanza, nunca resignados, han estado protestando durante meses ante las puertas de su acería. 
Enviémosles desde este Parlamento un mensaje claro: «Manteneros firmes en la reivindicación del derecho a un futuro para vosotros y vuestros hijos. 
Señor Presidente, aunque entiendo perfectamente la preocupación de los diputados italianos, las decisiones empresariales en un lugar concreto del mercado interior europeo solo se pueden cambiar mediante acuerdos y no por los Gobiernos que no son responsables de ellas. 
La petición de intervención por parte del Gobierno alemán no tiene mucho peso. 
Me parece interesante lo que ha dicho el señor Comisario Špidla de que no hay indicios de que se hayan infringido los acuerdos. 
Los documentos que he recibido de ThyssenKrupp indican que esta empresa ha invertido 700 millones de euros en los últimos años y que ha recibido un total de17 millones de euros en ayudas. 
Con un mercado siderúrgico mundial que produce un total de 1 000 millones de toneladas, la producción nacional de 1, 2 millones de toneladas supone poco más de una milésima parte de la producción mundial, junto con las 70 000 toneladas de bandas de circuito magnético, que nos preocupa, ya que es ahí en donde se han producido pérdidas; el motivo de ello se puede encontrar no solo en Italia, sino también en las leyes adoptadas por la Unión Europea, en el alto coste de la energía y en la legislación medioambiental. 
Pienso en los requisitos que hemos impuesto al comercio de derechos de emisión, requisitos exigidos por la industria siderúrgica en particular, con el fin de que el mínimo nivel técnico que ya tiene se aplique en toda Europa –ya que el carbón es indispensable para producir acero– y existen límites técnicos en este terreno; recuerdo que se está planteando en toda la industria invertir de tal forma que las empresas se reubiquen en sitios donde no se aplique el Protocolo de Kyoto; pienso en cómo las fundiciones de arrabio, concretamente en los principales países productores de materia prima, han anunciado un aumento inminente del 90 % del precio de esta, y en la tremenda demanda que existe en China. 
Aparte de lo que está sucediendo en Terni, este es el motivo por el que exigimos, en el apartado 8 de la resolución, una comunicación, un inventario y el establecimiento de un Grupo de alto nivel, puesto que debemos, a largo plazo, salvaguardar el acero como materia prima en la Unión Europea y, por tanto, su base productiva y sus ubicaciones, aunque también independientemente de estas últimas. 
Se trata de un objetivo que todos compartimos, por lo que apoyamos a nuestros colegas italianos en su iniciativa. 
– Señor Presidente, hace justo un año esta Asamblea aprobó una resolución sobre esta misma cuestión. 
La indignación expresada el año pasado desde todos los rincones llevó a ThyssenKrupp a reconsiderar su decisión de cerrar su planta de Terni. 
Fue más lejos: en junio de 2004 firmó un nuevo acuerdo con un nuevo plan de inversión. 
Este plan, como ya se ha dicho, prometía convertir Terni en un centro de excelencia en la producción de acero laminado magnético, cosa rara a la luz de lo que el señor Langen acaba de decir. 
A cambio obtendría reducciones de costes de infraestructura y energía al amparo de un acuerdo con el Gobierno italiano. Todo esto además de las sustanciosas prestaciones que la empresa recibió directa o indirectamente con cargo a los Fondos Estructurales europeos. 
Siete meses más tarde, ThyssenKrupp ha roto este acuerdo, y esta es la cuestión que analizamos esta tarde. 
Ha seguido adelante con el cierre, pasando por alto a los interlocutores sociales, al Gobierno italiano y a otras partes del acuerdo. 
La empresa es la última de una larga fila que se ríe de las leyes de la Unión Europea sobre información y consultas a los trabajadores. 
Señor Comisario, ha mencionado usted la Agenda Social aprobada hace dos semanas. 
Permítanme que cite un epígrafe: «Hacia el pleno empleo: hacer del trabajo una opción real para todos, aumentar la calidad y la productividad del trabajo y anticipar y gestionar el cambio». 
Estoy seguro de que estas palabras sonarán a falsas en los oídos de los trabajadores afectados por esta decisión. 
No critico al Comisario; aplaudo muchas de las ideas que el señor Špidla ha incluido en la nueva Agenda Social. 
Permítanme recordarles algunas. 
La Agenda subraya la necesidad de abordar activamente la gestión positiva del cambio industrial. 
Habla de la necesidad de reforzar el diálogo social, actualizar la legislación sobre despidos colectivos y actualizar y consolidar las leyes vigentes sobre información y consultas. 
Lanza la idea de la negociación colectiva internacional. 
Por último, en el contexto de este debate, subraya la necesidad de mejorar la responsabilidad social de las empresas. 
El escandaloso comportamiento de ThyssenKrupp en Italia destaca la necesidad de hacer todas estas cosas y otras más con carácter urgente. 
¿Qué quiero decir con «otras más»? 
Permítanme decir dos cosas para acabar. 
La primera es que aunque la nueva Agenda Social prevé la creación de una serie de grupos de alto nivel, no incorpora una serie de buenas ideas de anteriores grupos de alto nivel. 
¿Qué hay de las recomendaciones del Grupo Gyllenhammar sobre Cambio Industrial de 1998 de que las empresas deberían elaborar informes sobre los cambios de gestión y de que habría que prohibir el acceso a los fondos públicos para las empresas que despidan a trabajadores sin asegurar su empleabilidad? 
Solo cuando el CSR incluya estas disposiciones, las empresas como ThyssenKrupp las tendrán en cuenta. 
Por último, Comisario, usted dice que la Comisión no puede hacer nada. 
Cuando se anunció el cierre a principios del año pasado, la Comisión y su Presidente se unieron al Parlamento en una condena rotunda de la decisión. 
Comisario, espero que esta tarde pueda usted asegurarnos que va a hacer lo mismo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su comunicación, por haber ampliado el debate sobre la situación de la empresa Thyssen al sector siderúrgico en general. 
En efecto, tras las reestructuraciones y fusiones de empresas de este sector, estmos muy preocupados, por varios motivos, ante la pérdida de sectores enteros de la producción en Europa. 
Está la pérdida crónica de puestos de trabajo en este sector, el riesgo de perder conocimientos tecnológicos y los efectos en otras actividades económicas, como la fabricación de vehículos, la aeronáutica, la producción de energía y la construcción. 
También por las consecuencias para la investigación: ¿cómo se pondrán a punto los nuevos materiales indispensables para las tecnologías del futuro si desaparece nuestra siderurgia? 
Por consiguiente, la Unión Europea ha de tener el deber y el derecho de intervenir en las actividades de la siderurgia, apoyando si es necesario con fondos públicos la investigación y el desarrollo de las empresas del sector, controlando que las inversiones públicas contribuyan al mantenimiento o el desarrollo del empleo y a la modernización del equipamiento y los procesos industriales, adoptando una estrategia más decidida en materia de reestructuraciones industriales y sus consecuencias sociales, apoyando las acciones de reestructuración del sector siderúrgico o de reconversión a productos de gran valor añadido, y creando condiciones favorables, en particular, para los sectores de vanguardia y de alta tecnología, mediante la asignación de los fondos de la Unión Europea con cargo al séptimo Programa Marco de I+D. 
Por tanto, debemos seguir forjando para mantener a nuestros herreros y metalúrgicos, y debemos seguir forjando para adquirir más conocimientos técnicos e inventar los aceros de mañana. 
– Señor Presidente, Señorías, vuelven a repetirse en esta Cámara ideas relativas a una situación que por desgracia es emblemática –un ejemplo práctico– de otras tantas situaciones industriales típicas de este continente. 
Europa puede y debe dar una respuesta diferente. 
Si basáramos nuestro juicio tan solo en la lógica inmisericorde y amarga, que sin duda existe –la lógica de los números, que pueden parecer sólidos pero que de hecho son inmateriales–, no comprenderíamos el problema ni conseguiríamos analizarlo, ya que los conceptos invocados son deslocalización, globalización y compatibilidad. 
Todo forma parte del paradigma, no solo de esta particular empresa multinacional, sino también de tantas otras empresas multinacionales que, a lo largo de su historia, han obtenido a menudo considerables ayudas de los Gobiernos nacionales y notables incentivos de la Comunidad Europea, y que después, con su tradicional propensión a socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, emprenden ese mismo rumbo, insensibles a las garantías o derechos. 
La Europa que queremos y debemos construir debe ser distinta. 
Ha de ser una Europa en la que el trabajo como concepto abstracto sea por supuesto importante, pero en la que los seres humanos también lo sean; una Europa en la que cuenten los intereses de las empresas, pero también los de los trabajadores. 
La dirección en que apunta este caso realmente emblemático nos deja un regusto profundamente amargo, porque no es este el tipo de Europa que queremos construir. 
Nos gustaría poder estar de acuerdo con el Comisario Špidla con respecto a la necesidad de emprender el diálogo social. 
Pero justo cuando el Parlamento Europeo se dispone, afortunadamente con cierto grado de unanimidad, a aprobar una resolución que obligue a ThyssenKrupp a asumir sus responsabilidades, hemos visto a la empresa en cuestión, precisamente esta mañana –por tanto, poco antes de someterse a juicio por parte de diputados al Parlamento Europeo libremente elegidos–, despedir a más de 600 empleados. 
¿Es esto diálogo social? 
¿Es esta la Europa que queremos? 
Francamente, creo que hay que dar más peso a la oposición de este Parlamento y hacer que la voluntad de los representantes del pueblo cuente realmente. 
Señor Presidente, puesto que soy herrero y deseo manifestar mi preocupación por el sector siderúrgico, me gustaría mucho dar las gracias al señor Tajani. 
Aunque actualmente sabemos que únicamente se puede hacer negocio si los clientes desean comprar, las empresas quiebran o se trasladan si no existen políticas que creen las condiciones adecuadas para ellas. 
Mi pregunta concreta al señor Comisario Špidla es la siguiente: ¿Qué hará usted con el fin de limitar en la medida de lo posible los efectos adversos del comercio de derechos de emisión en la industria siderúrgica? 
Nos vemos ante la perspectiva de un aumento del 15 % del coste de la producción siderúrgica, más otro 15 % por los costes energéticos. 
Ello representa una amenaza para el conjunto de la industria siderúrgica en Europa. 
¿Qué se va a hacer para evitar que REACH tenga efectos perjudiciales en la industria siderúrgica, que se encuentra amenazada y en grave peligro? 
Y ¿va usted a abrazar en el Séptimo Programa Marco de Investigación la causa de la industria siderúrgica? 
Al fin y al cabo, se trata de cómo protegemos la industria siderúrgica contra la amenaza de los fondos de cobertura internacionales, con su especulación con el acero, el coque y el carbón, lo que significa que una gestión responsable ya no es posible. 
Es aquí donde el proceso de Lisboa nos impone la responsabilidad de centrarnos en la legislación europea y de defender nuestras empresas industriales, a fin de salvaguardar los empleos que generan. 
En vista de que se han perdido cinco millones de puestos de trabajo en Alemania y que hay otros cinco millones de desempleados, debemos reflexionar sobre cómo lograr que las políticas industriales en Europa generen nuevos puestos de trabajo en lugar de hacer desaparecer lo que ya existen. 
Es en este punto donde nuestro Comisario tiene una responsabilidad concreta, la de velar por nuestros puestos de trabajo. Le agradezco por adelantado que lo haga. 
Señor Presidente, debemos actuar para evitar la repetición de casos como este. 
Tenemos la obligación de hacerlo. 
La industria siderúrgica es un sector importante para nosotros: supone una quinta parte de toda la fabricación mundial. 
La necesitamos, es una de las principales fuentes de empleo. 
La competencia nos está llevando a una situación difícil, que inevitablemente afectará al número de puestos de trabajo, a menos que intervengamos. 
No podemos, sin embargo, empezar a competir con China en el terreno salarial. 
Debemos mantener alto el listón con respecto a los productos, las condiciones laborales y los salarios. 
Además de la competencia internacional, el sector siderúrgico europeo debe cumplir normas medioambientales más estrictas con la llegada del comercio de los derechos de emisión en la Unión y la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
La industria siderúrgica es la que más energía consume de todos los sectores industriales y una de las principales causantes de las emisiones de dióxido de carbono. 
Por tanto, debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la inversión en nuevas tecnologías o la adquisición de derechos de emisión. 
Deseo mencionar que, en mi país, la industria siderúrgica invirtió mucho en tecnología medioambiental hace años. 
Hemos podido reducir las emisiones de dióxido de carbono en la medida de lo posible con los conocimientos actuales. La industria siderúrgica de mi país es, sin lugar a dudas, una de las más limpias del planeta. 
Debido al Protocolo de Kyoto, sin embargo, una industria siderúrgica que invirtió hace años para convertirse en una de las más limpias debe comprar derechos de emisión a industrias más sucias, como Rusia. 
A resultas de ello, los que no se preocuparon por el medio ambiente en el pasado venden derechos de emisión a aquellos que han limpiado su industria. 
Las industrias más limpias deben, por tanto, pagar por las más sucias. 
La inversión a tiempo en el medio ambiente reduce la competitividad de la industria más moderna y limpia. 
La que trabaja mejor es peor en competitividad. 
Señor Comisario Spidla, ¿cómo piensa actuar para evitar que las industrias más limpias tengan que recompensar a las más sucias en el contexto del comercio de derechos de emisión? 
Europa necesita su propio sector siderúrgico: está en el núcleo de nuestra producción básica y debemos seguir siendo autosuficientes. 
Señor Comisario, ¿podría la Comisión considerar la posibilidad de aliviar de algún modo la situación de este sector industrial sin incumplir las normas de la OMC? 
La Comisión también debe establecer una estrategia fundamental para aquellos sectores vitales de la industria en los que nuestra autosuficiencia es importante. 
¿Podríamos impulsar la investigación y el desarrollo de productos para mejorar la competitividad de este sector? 
Al mismo tiempo, es por supuesto fundamental que nuestros socios comerciales, empezando por los Estados Unidos de América, se unan al Protocolo de Kyoto. 
– Señor Presidente, Señorías, esta mañana se anunció que la empresa ThyssenKrupp ha despedido a más de 600 trabajadores. 
La alarma social es cada vez mayor, pues la situación afecta a la economía de una ciudad, de una región y de miles de familias. 
El problema de Terni, señor Comisario, es el problema de la industria italiana y europea en su conjunto. 
La resolución que hemos firmado no constituye tan solo una señal de solidaridad con los trabajadores y las instituciones, que están presentes esta noche, sino también el compromiso del Parlamento Europeo de reconsiderar las grandes estrategias de política industrial. 
Europa debe repensar, en el marco de la Estrategia de Lisboa y del Pacto de estabilidad, una política para atajar los efectos perversos de la mundialización, que a su vez también es necesario reconsiderar. 
En nombre de la mundialización y de la competencia desenfrenada no podemos tirar por la borda la protección social, los derechos de los trabajadores y las salvaguardias medioambientales. 
La intervención pública debe ser la fuerza motriz de la innovación, la investigación y la renovación industrial basada en una nueva competitividad, que no conlleve sin embargo la destrucción del tejido industrial tanto de Italia como de Europa. 
En el marco del debate en curso sobre las perspectivas financieras debemos preguntarnos cuántos recursos hemos de destinar a las inversiones para el relanzamiento de un desarrollo económico capaz de generar nuevos puestos de trabajo. 
Debemos preguntarnos también, señor Comisario, qué mecanismos de control y de evaluación hemos de introducir para comprobar y garantizar que los proyectos industriales que incluyen una financiación pública tengan la posibilidad y la obligación de proteger el empleo. 
Señorías, este asunto plantea muchas cuestiones. 
El caso Terni es, en muchos aspectos, la punta del iceberg. 
No podemos pasar por alto este problema, que representa el verdadero desafío a que se enfrenta la industria italiana y la europea. 
– Señor Presidente, Señorías, los oradores que me han precedido han explicado muy bien la situación y lo que hay que hacer para resolver este embrollo. 
Me morderé la lengua y no volveré sobre algunas exigencias relativas al reglamento REACH, que entrará en vigor dentro de once años y que amenaza a la competitividad de la industria italiana y europea, que ahora parece enfrentarse a retos competitivos muy distintos y más cercanos. 
Tengo una larga experiencia sindical, al igual que usted, en la que quiero basarme para hacer dos observaciones. 
En primer lugar, hace exactamente un año, el 10 de febrero de 2004, debatíamos en esta Asamblea sobre el caso Terni, sobre la siderurgia y sobre la crisis de la siderurgia europea en general. 
Precisamente ese día nos llegaba la noticia de que la disputa había sido resuelta en el plano ministerial y se iniciaban negociaciones que finalmente conducirían al acuerdo de junio, acuerdo que ThyssenKrupp ha roto hoy de nuevo. 
¿Por qué fue posible entonces aquel acuerdo? 
Creo que esencialmente por una razón: porque ThyssenKrupp había quedado aislada en el plano nacional y europeo. 
La extraordinaria movilización de los trabajadores y los ciudadanos de Terni y de Umbría, como se ha recordado antes, fue la protagonista de este proceso político. 
La planta de Terni no es tan solo una fábrica, sino que forma parte de la ciudad. 
Hoy se repite la misma situación. 
Hoy como entonces no solo se ataca a un cuerpo profesional, una capacidad productiva, una tradición, sino la dignidad de toda la población de una ciudad. 
Este debe ser el punto de partida para la renovación de una potente unidad que permita aislar de nuevo a ThyssenKrupp. 
Una segunda observación que también se inspira en mi experiencia sindical: ¿por qué ha elegido ThyssenKrupp justo el día de hoy para tomar dos iniciativas aparentemente contradictorias? 
Nos ha enviado una carta con una descripción detallada de los problemas y, al mismo tiempo, ha despedido, o amenazado con despedir, a otros 600 trabajadores, por razones más o menos plausibles. 
A mi entender, la empresa teme quedar nuevamente aislada por este Parlamento. 
Esto explica la importancia de la agenda sobre la que votaremos mañana. 
Señor Comisario, me ha complacido mucho su intervención y los mensajes que ha emitido, a pesar de las limitadas competencias de la Comisión, de las que somos perfectamente conscientes. 
No obstante, la Comisión quizás pueda hacer algo en el plano político, quizá en el máximo nivel, como hizo el año pasado, contribuyendo notablemente al aislamiento de ThyssenKrupp. 
– Señor Presidente, Señorías, el caso ThyssenKrupp en Terni es una señal muy peligrosa para toda la industria siderúrgica europea y las industrias que dependen de ella. 
El acuerdo unánime en torno a la resolución demuestra que la alarma no es aislada ni retórica, sino un reconocimiento general e internacional de la gravedad de la situación. 
La carta tranquilizadora que recibimos ayer todos los diputados, como ya se ha dicho, reitera que no se producirán alteraciones del empleo. 
Esto, naturalmente, no nos convence; al contrario, nos preocupa aún más a la luz de la noticia del despido de 600 trabajadores. 
La carta parece –no sé si se puede traducir la expresión latina– una (una excusa no solicitada es una acusación manifiesta). 
Las medidas decididas del Gobierno italiano en apoyo de la acería de Terni y la atención de todas las instituciones han valido de poco. 
La sospecha de que ThyssenKrupp cede a la competencia asiática, en particular de China, se torna certeza. 
El problema no reside solo en los despidos que se producirán en Terni, que ya son de por sí una causa suficiente para la alarma. 
El problema es aún más grave porque representa una auténtica estrategia de deslocalización o, hablando en plata, de retirada, después de haber disfrutado durante años de apoyos que han producido pingües beneficios. 
Señor Comisario, yo esperaba algo más de su discurso. 
Me ha parecido más una narración de hechos que una afirmación enérgica de la política industrial de Europa. 
Pedimos, pues, que la Comisión Europea afronte este tema en términos estratégicos, pues tiene la fuerza y el peso político para hacerlo, y que acepte las consecuencias de un posible silencio que daría lugar a una quiebra catastrófica de la economía europea. 
Pido a sus Señorías que me permitan apartarme brevemente de mi función formal para expresar mi pleno e incondicional acuerdo, tanto a título personal como político, con los argumentos, el contenido y los objetivos de la resolución común sobre la que el Parlamento votará mañana. 
. He escuchado con interés este debate, que trata de un asunto muy sensible. 
Ha quedado bastante claro que la industria siderúrgica europea es un componente importante de nuestra economía y, a su manera, de nuestra identidad europea. 
Ha quedado también muy claro que la estrategia de Lisboa tiene en cuenta la política industrial. 
Una de las decisiones estratégicas incluidas en este documento consiste en apoyar a la industria europea y facilitar su estabilización y desarrollo, ya que la industria es una parte crucial de nuestra civilización europea. 
Señorías, la industria siderúrgica europea ha sufrido una reestructuración significativa y es competitiva. 
Salta a Está claro que se producirán reestructuraciones parciales adicionales, que deben acompañarse de medidas sociales adecuadas. 
En cuanto al papel de la Comisión, debo decir que sus competencias se encuentran limitadas en este caso; para ser más preciso, la Comisión no tiene poderes para emprender acciones contra la gerencia de ThyssenKrupp y persuadirla o forzarla a cambiar su decisión. 
En lo que respecta a la reubicación de la fábrica, o parte de la producción de la misma, a la República Federal de Alemania, se suele decir que somos libres de elegir dónde ubicar la producción de bienes y dónde prestar servicios dentro de la Unión Europea. 
Esto deriva de la idea del mercado interior y los Tratados que hemos aprobado lo consagran. 
Es evidente que una reestructuración de este tipo siempre viene acompañada de problemas y dificultades sociales, por lo que necesitamos una política pública que permita que estos sectores, regiones y trabajadores realicen los ajustes necesarios y que garantice un nivel de protección adecuado. 
Es este uno de los objetivos de la Comunicación de la Comisión que tengo intención de presentar, tan pronto me sea posible, acerca de la reestructuración y el empleo. 
Deseo reafirmar la importancia del diálogo social durante la preparación y la gestión de reestructuraciones. 
La Comunicación que he mencionado representará, por tanto, una segunda fase de la consulta con los interlocutores sociales europeos sobre temas relacionados con la reestructuración de empresas y los comités de empresa europeos. 
Tengo la convicción de que los interlocutores sociales asumirán este reto y emprenderán negociaciones con vistas a introducir mecanismos para la aplicación y supervisión de directrices de reestructuración, y que también aprovecharán las aptitudes de los comités de empresa europeos como mediadores del cambio dentro de las empresas. 
Con respecto a la cuestión de si se concedió a Thyssen financiación comunitaria en Italia, la Comisión se ha puesto en contacto con los organismos italianos competentes para obtener una respuesta, que actualmente estamos esperando. 
No obstante, si se confirma que se concedió financiación y que no se han cumplido las condiciones por las que se otorgó, la Comisión insistirá ante dichos organismos italianos en que tomen las medidas necesarias. 
Destacaré que, de acuerdo a la normativa vigente, no se puede seguir concediendo ayuda con cargo a los Fondos Estructurales si la empresa en cuestión experimenta cambios fundamentales como, por ejemplo, si se reubica antes de transcurridos cinco años tras la decisión de asignarle fondos. 
También destacaré que la Comisión ha propuesto ampliar este plazo a siete años para el periodo 2007-2013, además de estipular que, si esta norma se incumple de algún modo, hay que devolver el importe concedido, y que la empresa que no cumpla esta condición una vez no pueda obtener más financiación en el futuro. 
Señorías, se han formulado muchas preguntas, como la relacionada con el programa marco. 
Queda bastante claro que lo que la industria siderúrgica necesita es emprender medidas innovadoras y que esta industria es una fuente de innovaciones excelentes, ya que los procesos metalúrgicos implican siempre el uso de tecnología punta. 
Por tanto, no cabe duda de que la industria siderúrgica ocupará el lugar que le corresponde en el programa marco. 
Se están produciendo muchos debates sobre la Directiva REACH y, aunque no creo que nadie dude de que haya que reflexionar sobre ella, es obvio que ha de ser equilibrada y debe centrarse en sus objetivos. 
La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto puede, en cualquier caso, considerarse un éxito para la Unión Europa y no puede caber duda de que se trata de un importante éxito mundial para la estabilidad de todo nuestro planeta. 
Comenzamos a examinar el problema del comercio de emisiones hace unos días. Huelga decir que será muy importante evaluar todos los hallazgos y formular una posición sobre procesos que, en ocasiones, pueden resultar paradójicos por naturaleza y tener efectos secundarios no intencionados. 
Señorías, la industria siderúrgica merece nuestra atención y la reestructuración, que forma parte de la vida moderna, exige una política europea de amplio alcance, la participación de los interlocutores sociales y la voluntad de responder a estos retos. 
Señorías, deseo reiterar mi gratitud por los esfuerzos realizados por las autoridades italianas. 
Considero que aún es posible influir hasta cierto punto en los acontecimientos y estos recibirán la debida respuesta por nuestra parte. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B6-0012/2005) a la Comisión formulada por el señor Ransdorf, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, acerca de la duplicación de los recursos presupuestarios de la UE destinados a la investigación. 
– Seńor Presidente, abro el debate en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
Doy la bienvenida hoy aquí al seńor Potočnik. 
Existe una gran dosis de buena voluntad con respecto al Comisario y al conjunto de la Comisión en relación con el Séptimo Programa Marco, como ha demostrado la rapidez con que la comisión parlamentaria ha realizado su labor en torno al informe Locatelli. 
Espero que la Comisión se apoye en esta buena voluntad y no la eche a perder. 
La comunidad científica y la comunidad más amplia esperan mucho del Séptimo Programa Marco, puesto que lo consideran una parte crucial de la Estrategia de Lisboa para fortalecer la economía europea. 
Investigación y desarrollo son elementos clave en este proceso. 
Por tanto, es muy importante para nosotros que esto salga bien. 
Señor Comisario, el objetivo subyacente a esta pregunta oral de hoy es brindarle la oportunidad de compartir algunas ideas con nosotros antes de que formule usted su propuesta al Consejo y al Parlamento sobre cómo financiar la investigación. 
Nos parece que la verdadera cuestión se refiere a la duplicación del gasto del programa de investigación en el presupuesto global de la Unión Europea. 
¿Cómo lograr que se haga realidad? 
Esperamos vivamente que usted, señor Comisario, nos diga cómo cree que va a lograrlo. 
Teniendo en cuenta la existencia del «club del uno por ciento» de Estados miembros que desean mantener el gasto europeo por debajo de un tope general del uno por ciento del PIB, quiero sugerir algunas posibles vías para aumentar el gasto en investigación a escala europea sin traspasar necesariamente este tope del uno por ciento, y dado que no parece faltar buena voluntad por parte de los Estados miembros en gastar más en investigación. 
La primera sugerencia es que las propuestas para el programa de gastos para la investigación en materia de seguridad lo financien los Estados miembros a escala europea, pero al margen del Séptimo Programa Marco. 
Por tanto, no estaría incluido en la partida presupuestaria correspondiente. 
En segundo lugar, creo que hay muchas posibilidades de utilizar parte del Fondo de Cohesión para canalizar el gasto en investigación a los nuevos Estados miembros, y espero que simpatice con esta propuesta, señor Comisario. 
Y ahora planteo la tercera propuesta. 
El señor Mayor Oreja preside un grupo de trabajo especial en el Consejo de Investigación Europeo que ha propuesto que un organismo independiente de científicos se haga cargo del programa de investigación, y ello sobre la base de la excelencia y el mérito científico. 
Para ello se ha propuesto un presupuesto sustancial, que asciende a 2 000 millones de euros al año una vez concluida la fase preparatoria. 
Esto se llevará una parte importante del presupuesto marco existente. 
Por tanto, quiero proponer que los Estados miembros también estudien la posibilidad de financiarlo al margen del Séptimo Programa Marco. 
Una de las preocupaciones más frecuentes en torno a nuestras actividades de investigación a escala europea es la complejidad y la carga que encierran los procedimientos y reglamentos administrativos relacionados con los fondos, lo que dificulta enormemente el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de las pequeñas entidades de investigación a los fondos y su participación en los programas. 
Al menos en apariencia todos prestamos atención a esta cuestión. Incluso cuando debatíamos el Cuarto Programa Marco existía una gran preocupación a este respecto. 
Hablamos de ellos; esperemos que esta vez, señor Comisario, pueda usted hacer algo al respecto. 
El objetivo de conseguir la excelencia por encima de todo lo demás es crucial para conseguir una investigación satisfactoria a escala europea. 
Señor Comisario, tengo mucho interés en escuchar sus comentarios sobre cómo financiar todo esto. 
. Señor Presidente, quiero darles las gracias, y en particular a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, por esta oportunidad de debatir en sesión plenaria la cuestión de la duplicación del presupuesto de investigación. 
Para empezar, quiero expresar lo mucho que me complace que el informe de la señora Locatelli sobre el futuro de la investigación europea recibiera el lunes el apoyo unánime de la comisión ITRE. 
Este informe, que creo se votará en el período parcial de sesiones de marzo, nos proporciona una base excelente para preparar la propuesta formal de la Comisión sobre el nuevo programa marco. 
En particular, quiero dar las gracias a dos miembros de la comisión, el señor Chichester y la señora Locatelli. 
Primero permítanme subrayar que el debate de hoy no solo es importante para la investigación. 
Es un debate sobre nada menos que nuestra credibilidad para alcanzar los objetivos de Lisboa, y es un debate crucial para nuestras dos instituciones solo unas semanas antes de que Europa, así lo esperamos, acuerde los recursos financieros para la próxima década. 
El debate sobre las nuevas perspectivas financieras es el momento de la verdad, y la cuestión de la financiación suficiente de la investigación europea forma parte esencial del mismo. Esto se debe a que la investigación consta de conocimientos, y los conocimientos son realmente una fuerza europea en una competición mundial. 
Me explico: 
Algunos de nuestros socios comerciales compiten con recursos primarios, que nosotros no tenemos. 
Algunos compiten con mano de obra barata, que no queremos. 
Otros compiten a expensas del medio ambiente, que tampoco podemos aceptar. 
La única forma de que la empresa europea construya un liderazgo sostenible es explotar plenamente el triángulo del conocimiento: la creación, la transmisión y el uso de conocimientos a través de la investigación, la educación, la formación y, por supuesto, la innovación. 
Tengo el firme convencimiento de que las empresas europeas solo lograrán competitividad y liderazgo en el mercado mundial si Europa se erige rápidamente en ejemplo de economía y de sociedad del conocimiento. 
Somos fuertes en conocimientos, pero aún podemos serlo más si concertamos nuestros esfuerzos de forma inteligente; si hacemos hincapié en la excelencia; y si utilizamos todo el potencial de la investigación en toda la Unión Europea: la antigua, la nueva y la futura. 
Esto es lo que quiero que represente el próximo programa de investigación. 
Conocimiento no solo significa empresas más competitivas. También supone un progreso continuo para la sociedad: progreso en ámbitos como la salud, la conservación del medio ambiente y el suministro de energía sostenible. 
Todos ellos se basan en gran medida en el progreso del conocimiento. 
En vista de todo ello, las preguntas que ha planteado usted son, de hecho, las correctas. 
En primer lugar, ¿luchará la Comisión por doblar el presupuesto de investigación? 
La respuesta es sí. 
En febrero de 2004, cuando se inició el debate sobre desafíos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada, la Comisión hizo hincapié en la función que la investigación desempeñará en la construcción de nuestro futuro común y, consecuentemente, propuso doblar el presupuesto. 
Esto se confirmó el pasado julio en la comunicación de la Comisión sobre las perspectivas financieras, y el Presidente Barroso confirmó el enfoque a esta Asamblea el pasado mes de diciembre, cuando aprobó la perspectiva financiera propuesta por la Comisión Prodi. 
La última confirmación llegó con la propuesta de revisión intermedia de Lisboa. Expresa claramente la importancia que tiene la inversión en investigación y desarrollo. 
En nombre de la Comisión Europea, por tanto, puedo confirmar no solo nuestro firme compromiso con la investigación, sino también que haremos todo lo posible por conseguir que se doble el presupuesto de investigación. 
En segundo lugar, ¿tiene esta duplicación en cuenta la duración del programa, la inflación, la ampliación y la necesidad de apoyar nuevas actividades? 
Agradezco mucho estas preguntas. Es bueno que aclaremos todas estas cuestiones plenamente justificadas. 
El Séptimo Programa Marco será la principal herramienta financiera para cumplir el ambicioso objetivo de impulsar el aumento de la productividad y de garantizar la competitividad a través del conocimiento. 
Cuando hablo de duplicar los fondos estoy hablando de duplicar el presupuesto del Séptimo Programa Marco. 
Esta cifra no incluye otros programas de la Comunidad asociados, como el programa del señor Günther Verheugen para la competitividad y la innovación. 
Nuestra propuesta no será simplemente una duplicación del presupuesto inicial del Sexto Programa Marco. 
Partirá de la cantidad anual que va a gastarse en investigación durante el período 2007-2013 en comparación con el importe anual calculado para el Sector Programa Marco y revisado tras la adhesión. Esto significa una duplicación sobre una base anual, independientemente de la duración del Séptimo Programa Marco. 
Además, en las perspectivas financieras estas cantidades se ajustarán teniendo en cuenta la inflación de acuerdo con nuestros métodos de cálculo generales. 
La ampliación es una cuestión particular. 
En el ámbito de la investigación, la ampliación fue una realidad mucho antes de que se firmara el Tratado de Adhesión. 
Los países candidatos actuales también participan en el Programa Marco. 
Por tanto, podría responder a esta pregunta diciendo que es cierto que se ha tenido en cuenta la ampliación, pero he de añadir inmediatamente que no solo ha de tenerse en cuenta en las cifras presupuestarias. 
Quiero que este programa se base en la excelencia, porque sé que también es un lado fuerte de los nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, además, quiero que este programa permita utilizar todo el potencial de investigación de los nuevos Estados miembros y que cree un vínculo activo y efectivo con los Fondos Estructurales. 
Se incluyen nuevas áreas de investigación adicionales que justifican en parte la necesidad de duplicar los fondos. 
En tercer lugar, ¿abarcará la propuesta del Séptimo Programa Marco la investigación básica, la investigación espacial y la investigación en materia de seguridad? 
Para abreviar, nuestra propuesta de Séptimo Programa Marco incluirá todo esto, es decir, no habrá mecanismos al margen del programa marco. 
Permítanme añadir aquí algo importante. 
El Parlamento ha subrayado que los objetivos complementarios del refuerzo continuado de la ayuda existente a la investigación de la Unión Europea, por un lado, y de la ayuda a nuevas áreas de investigación de interés para la Unión Europea, por otro, precisan una financiación adecuada. 
En otras palabras, no sería posible fortalecer las actividades existentes de modo eficaz y, al mismo tiempo, introducir nuevas actividades ampliamente respaldadas, como por ejemplo las iniciativas del Consejo Europeo de Investigación y en materia tecnológica, si no se duplicara el presupuesto de investigación. 
La duplicación nos permitirá dar un paso adelante decisivo en nuestra política general de investigación y para seguir apoyando el Espacio Europeo de la Investigación. 
El acuerdo sobre el fondo de las futuras actividades de investigación exige el acuerdo en torno a una financiación suficiente de estas actividades. 
En cuarto lugar, ¿cómo intentará la Comisión influir en el debate sobre las perspectivas financieras a fin de lograr que se dupliquen los fondos de investigación? 
Con objeto de apuntalar el debate sobre las perspectivas financieras, la Comisión presentará su propuesta del Séptimo Programa Marco el 6 de abril. 
Esto permitirá al Parlamento manifestar sus primeras reacciones al Consejo, reacciones que su ponente, el señor Borg, tiene previsto presentar durante el período parcial de sesiones de mayo. 
Asimismo, permitirá a los Ministros de Investigación y Ciencia celebrar un primer debate en el Consejo de Competitividad el 18 de abril. 
La propuesta de la Comisión supondrá una justificación contundente de la necesidad de duplicar el presupuesto del Séptimo Programa Marco, basada en una evaluación detallada y profunda del impacto de los instrumentos de investigación y desarrollo en la inversión en crecimiento y empleo. 
Explicaré los dos principales motivos para duplicar la financiación. 
El primero, y para mí el más importante, es la necesidad de que la Unión Europea se muestre capaz de cumplir la renovada Agenda de Lisboa sobre crecimiento y empleo. Para ello es necesario avanzar hacia el objetivo del 3 % del PIB para investigación y desarrollo que se acordó mutuamente en Barcelona. 
Duplicar la financiación es uno de los pasos cruciales hacia un presupuesto de la Unión Europea más orientado al crecimiento. 
La segunda razón es más específica del gasto en investigación y desarrollo. 
En primer lugar, necesitamos un elevado gasto público en investigación y desarrollo porque es una fuente importante de inversión en I+D y por su fuerte efecto palanca sobre las inversiones privadas en investigación y desarrollo en el futuro. 
En segundo lugar, precisamos una mayor financiación de la I+D en el ámbito de la Unión Europea debido al alto valor añadido de la financiación de la investigación europea a través de la masa crítica de recursos, del intercambio de conocimientos y el uso compartido de equipamientos, del refuerzo de la excelencia a través de una estrecha cooperación, de la competencia a escala europea, de la coordinación de actividades nacionales y del apoyo a las políticas de la Unión Europea. 
Permítanme añadir a esto el hecho de que actualmente rechazamos un número inaceptable de propuestas excelentes solamente por falta de recursos financieros. 
Además, existe la necesidad y la voluntad de financiar nuevas categorías y actividades propuestas que demuestran el efecto del alto valor añadido a escala de la Unión Europea, pero sin poner en peligro las existentes. 
Por último, no debemos olvidar el simple hecho de que los costes de la investigación propiamente dicha también aumentan. 
Su quinta pregunta es si la duración del Séptimo Programa Marco ha de estar sincronizada con las perspectivas financieras para garantizar una mejor coordinación de las actividades de planificación. 
Para alcanzar los objetivos que he descrito se precisan una visión y un compromiso a largo plazo. 
Por este motivo, la Comisión propondrá que la duración del Séptimo Programa Marco sea la misma en general que las próximas perspectivas financieras de 2007-2013. 
Hemos de hacer balance a mitad de camino del programa para garantizar que el Séptimo Programa Marco siga respondiendo a las necesidades que afrontan la economía y los ciudadanos europeos. 
Con ello introduciremos una mayor estabilidad por un lado y una mayor flexibilidad por otro. Ambos factores son necesarios. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar los porcentajes de ejecución ejemplares del presupuesto de investigación. 
El grado de ejecución actual se aproxima al 100 %. 
En el pasado hemos demostrado que podemos gestionar eficazmente unos presupuestos del Programa Marco cada vez mayores. 
Somos conscientes de que la gestión de la duplicación de los fondos es una tarea difícil, pero estamos decididos a responder como es debido. 
Los procedimientos de simplificación y racionalización son muy necesarios. 
La administración y una gestión moderna, incluida la externalización, nos ayudarán a asumir el reto. 
Las propuestas en el ámbito de la investigación constituyen el núcleo del cumplimiento de la nueva Agenda de Lisboa. 
Esta es la única forma de lograrlo. 
Ha llegado la hora de cumplir. 
Crear una sociedad del conocimiento probablemente sea la mejor, y quizá la única, forma de mantener un modelo social europeo sin tener que hacer equilibrios entre el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. 
Por tanto, la primera y principal prioridad política de la Unión es apoyar firmemente los tres lados del triángulo del conocimiento: investigación, educación e innovación, y garantizar que el triángulo opere en las condiciones más favorables. 
Por tanto, es crucial cambiar la estructura del presupuesto europeo a favor de un mayor crecimiento y de gastos orientados a la competitividad en el sentido que propone la Comisión. 
Este cambio estructural del presupuesto europeo debería ser emulado por los Estados miembros en sus presupuestos. 
La duplicación de los fondos en el presupuesto europeo no ha de considerarse una compensación de la reducción de los esfuerzos de los Estados miembros. 
Al contrario, ha de ser el ejemplo a seguir por parte de los Estados miembros. Su esfuerzo es necesario. 
Si ahora no hacemos este esfuerzo, tendremos que hacerlo más tarde; pero entonces será más difícil y quizá incluso demasiado tarde. 
Quiero hacer todo lo posible para que la visión que he descrito se haga realidad porque creo que es la correcta. 
Podemos conseguirlo trabajando juntos. Por esto les pido su ayuda. 
Confío en recibirla, en bien del modelo de vida europeo y en bien del futuro de Europa. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ayer esta Cámara debatió sobre el permiso de conducción europeo y opino que parte de la política actual consiste en pisar a fondo el acelerador del vehículo en el que viajamos, y en este sentido me gustaría felicitar al señor Comisario Potočnik. 
También él está avanzando para garantizar que se aplique la Agenda de Lisboa y promete cosas fantásticas, como nuevos puestos de trabajo y más ingresos para nuestros ciudadanos. 
Por otro lado, hay Comisarios que están a favor de REACH y del comercio de derechos de emisión, que comportarían el traslado de gran parte de nuestra industria al exterior de Europa. 
Por tanto, felicito al señor Comisario por dar prioridad a una Unión Europea basada en el conocimiento y por no seguir simplemente los pasos del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, sino intentar emprender un camino totalmente nuevo con el Séptimo Programa Marco. 
El objetivo del mismo no es únicamente aplicar los criterios de Lisboa sino, sobre todo, orientar las perspectivas financieras a la creación de puestos de trabajo mejores y más seguros y garantizar que Europa pueda prevalecer en la competencia internacional, mientras que una de las prioridades principales sigue siendo la de salvaguardar los puestos de trabajo existentes. 
Lograr esto antes de 2010 no será una tarea nada fácil. 
Tanto si se produce sobre la base de un cierto porcentaje del PIB o no, e independientemente de cómo se calcule, consideramos la duplicación como una forma de enviar una señal de que. por un lado, estamos debatiendo utilizar el 1 % del PIB para la Unión Europea aunque, por otro, hablamos de gastar un 3 % en investigación. 
De ello se desprende el gran vacío existente cuando se intentan abordar efectivamente los asuntos relacionados con nuestro futuro. 
Opino que es preciso conseguir este objetivo –formación basada en el conocimiento y más formación y aprendizaje continuo con resultados de investigación en la universidad, con una clara orientación a la creación de puestos de trabajo–. Por este motivo, debemos exigir también del Consejo de Investigación que sus representantes de las empresas y de los departamentos de investigación participen en la definición de los objetivos, que los objetivos políticos que financiamos con la Agenda de Lisboa se apliquen como es debido y que controlemos la burocracia. 
Pasamos de una acusación de fraude a otra y, Eruopa es objeto actualmente de muchas críticas. 
Aún así, debemos destacar los aspectos positivos y las oportunidades que creamos en Europa para nuestros ciudadanos. 
Por tanto, insto al seńor Potočnik a que se presente inmediatamente en el Parlamento una vez que se haya adoptado el programa en la Comisión Europea el 6 de abril. 
Se celebrará aquí una Conferencia de Presidentes ampliada y el Presidente de la Comisión debería presentar junto con usted el Séptimo Programa Marco al público. 
Debemos aprovechar esta oportunidad para causar una buena impresión al público y para demostrarle que tomamos en serio y queremos lograr los objetivos de Lisboa. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Industria, Investigación y Energía ha sido prácticamente unánime a este respecto, ya que tenemos la certeza de que, para salir adelante, solo nos puede ayudar el compromiso a largo plazo de aumentar los recursos destinados a la investigación a través del Séptimo Programa Marco de la UE. 
Añadimos todo esto a los objetivos de Lisboa, como he notado que el Señor Comisario también lo hace. 
Por tanto, todos estamos de acuerdo con el seńor Comisario Potočnik. 
El problema son los Estados miembros. 
Debemos dirigirnos a los Ministros de Finanzas de los Estados miembros y al Ecofin y leerles la cartilla. 
Solo dos Estados miembros han logrado el objetivo del 3 % destinado a la investigación, y uno de ellos es mi país. 
Por tanto, nos queda mucho trabajo por hacer. 
Necesitamos que la Comisión realice una labor excepcionalmente decidida y, como ha mencionado, nos encontramos ante la primera prueba o, más bien, una prueba para usted y nosotros. 
Se va a duplicar la financiación, pero ¿a dónde se va a dirigir? 
Esta pregunta debe tenerse presente en todo momento, porque no sirve de nada tener financiación a menos que se sepa qué se va a hacer con ella. 
Deseo saber exactamente a qué ámbitos se va a destinar. 
¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la falta de preparación para el uso de la tecnología digital? 
Además, en este ámbito la semana laboral se alarga. 
En muchos casos, estas tres horas salvarían nuestra economía. 
A la vez, por supuesto, debemos tener en cuenta la ampliación. 
Me encuentro entre los que opinan que el 1 % del presupuesto no es suficiente para hacer frente a la ampliación, al proceso de Lisboa y a muchos otros asuntos. 
Teníamos la certeza de que la ampliación costaría dinero y, por tanto, el presupuesto no se puede reducir: debe quedarse en el mismo nivel que hasta ahora. 
Por último, necesitamos más formación, conocimientos e investigación. 
Es la única forma de salir de este círculo vicioso de la competitividad. 
. – Señor Presidente, señor Potočnik, Señorías, pedimos que se dupliquen los fondos para investigación con respecto al sexto Programa Marco sin preguntarnos si este último representa una vara de medir adecuada. 
De hecho, en el momento de su creación, no era aún tan acusada la necesidad de dar un nuevo impulso a la competitividad en la Unión Europea, no se había producido una ampliación tan grande e importante, todavía no se había manifestado tan intensamente la competencia internacional ni se había formulado aún una estrategia basada en el conocimiento como la de Lisboa. 
Todo esto se ha producido ahora y, además, es muy poco lo que se ha hecho en relación con los objetivos de Lisboa. 
Hay que recuperar el tiempo perdido, puesto que ha transcurrido ya la mitad del plazo establecido. 
Hay que realizar todos los esfuerzos necesarios, empezando justamente por la investigación, que sostiene todo el progreso que hacemos. 
En este sentido, la Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobó el pasado lunes las tres principales línea de acción del próximo Programa Marco: el Consejo Europeo de Investigación, las nuevas propuestas de investigación y las plataformas tecnológicas. 
El Consejo Europeo de Investigación nace del reconocimiento de que la investigación fundamental tiene ahora una dimensión que trasciende a los Estados miembros y debe encontrar respuesta a escala de la Unión y de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. 
Es un primer núcleo en torno al cual debe crecer una política de desarrollo y competitividad, que se explicitará después en las plataformas tecnológicas. 
Estas últimas contarán sobre todo con recursos de las empresas, pero también de instituciones públicas, Estados miembros, regiones y entidades locales para organizar investigaciones de interés general y ayudar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, a satisfacer la necesidad de investigación para que sean competitivas. 
Son innovaciones importantes y decisivas para dar un nuevo impulso a nuestras empresas. 
Debemos estar presentes en los nuevos sectores, tomar medidas innovadoras y dotar a las empresas industriales convencionales de una nueva capacidad competitiva, si no queremos asistir de brazos cruzados a la completa desindustrialización de Europa. 
Seamos coherentes e invirtamos en investigación que, aunque no esté estrictamente orientada a un objetivo, tiene un altísimo rendimiento potencial. 
Quizás no baste con una duplicación de los fondos; en cualquier caso, no podemos escatimar recursos en este ámbito. 
Quiero dejar claro que la Comisión puede contar con el apoyo del Parlamento para hacer frente a este desafío. 
. Señor Potočnik, los Verdes nos felicitamos por el nuevo ímpetu que quiere dar a la investigación y apoyamos este impulso sustancial a la investigación europea. 
Sin embargo, no solo nos preocupa el presupuesto, sino también los fines sociales y ambientales, porque todos queremos una tarta más grande, pero lo que importa, en primer lugar, son los ingredientes de la tarta y cómo se cocina y, por último, pero de gran importancia, cómo se reparte esta tarta de la investigación europea. 
Nosotros queremos una ciencia abierta, con una transferencia de conocimiento fluida y abierta a todos los sectores de la sociedad y, en este contexto, nos preocupa que algunas patentes puedan suponer un obstáculo a la innovación en el caso de las pequeñas y/o jóvenes empresas. 
Al mismo tiempo, queremos una investigación en la que lo pequeño sea hermoso, en la que las PYME, los pequeños laboratorios y las pequeñas universidades ocupen un lugar prioritario en los programas europeos. 
En este contexto, queremos crear unos, unos grupos de pequeñas empresas a nivel europeo para que no se concentre toda la investigación en unos pocos proyectos. 
En el ámbito de la investigación, hay que fomentar una vuelta a lo básico, a lo fundamental, para que la investigación científica básica pueda ser apoyada abiertamente y con más fondos. 
Hay que ofrecer más respaldo público a la investigación básica, con objetivos sociales y ambientales a medio y largo plazo, sin limitarse a la obtención de un rendimiento tecnológico a corto plazo. 
En este sentido, también ha de invertirse más en la salud preventiva y no solo en la investigación farmacéutica, como ha sucedido en el pasado. 
Asimismo, debemos invertir en la protección del clima y no destinar toda o gran parte de la inversión en energía a programas nucleares. 
En estos momentos, la energía renovable necesita un apoyo equivalente, al menos, al de los programas ITER o Euratom. 
Nos congratulamos de los proyectos del señor Potočnik de apoyo a las ciencias sociales, imprescindibles para el avance de la investigación en nuestra sociedad. 
Por último, quisiera pedir la creación de un Consejo Europeo de Investigación, independiente, con la participación de todos los agentes sociales, para que haya un debate, un diálogo, realmente fructífero, entre la sociedad y el mundo científico. 
. Voltaire afirmó una vez que el secreto de resultar aburrido consiste en decirlo todo, por lo que me limitaré a hacer solo algunas observaciones. 
La primera guarda relación con el volumen total de financiación para la ciencia y la investigación. 
Creo que se están descuidando algunos instrumentos que podríamos usar, como el mercado de valores europeo. 
En los Estados Unidos, algunos proyectos clave son financiados por bonos del Estado, lo cual podría servir también de base financiera para proyectos clave europeos. 
Otra forma de estimular la financiación sería la explotación de los recursos disponibles en los nuevos Estados miembros. 
El potencial de investigación de estos países es muy sólido, aunque actualmente carece de recursos. 
El coste de la consecución de los objetivos de investigación se vería reducido de manera realista si estos países participasen. 
Mi tercer punto guarda relación con la forma en que se va a estructurar el 3 %. 
La Comisión confía en que dos tercios de ese dinero vendrán del sector privado. 
No obstante, esto será muy difícil de lograr, ya que solo el 3 % de las pequeñas y medianas empresas, que pagan el 85 % de todos los impuestos empresariales y que generan el 75 % de los puestos de trabajo, invierten actualmente en investigación, mientras que un 40 % participan en trabajos de innovación. 
No avanzaremos en este campo sin una nueva política de amortización, una generosa financiación de la inversión, una legislación flexible, una nueva política crediticia y exenciones fiscales. 
Considero que es además esencial que exista un alto nivel de trabajadores de investigación en proporción con los técnicos. 
Actualmente, la Unión Europea lleva un retraso del 50 % con respecto a los Estados Unidos en lo que respecta al número de investigadores por cada 1 000 trabajadores; en otras palabras, los Estados Unidos tienen un 50 % más de investigadores por cada 1 000 trabajadores. 
Los principales adelantos tecnológicos y los descubrimientos clave han de basarse en una cadena constante de innovaciones menores, lo que ahora mismo no está sucediendo. 
Por último, destaco que la investigación sigue determinadas leyes. 
En el pasado esto se analizaba a la luz de las ondas de Kondratiev, considerándose que los grandes adelantos se concentran en grupos claramente definidos. 
Debemos ofrecer una financiación generosa a fin de asegurar que surjan de nuevo grupos de este tipo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, les agradezco su presencia en este importante debate de hoy. 
Si desean duplicar la financiación –y muchos millones de europeos estarían a favor si supieran algo al respecto y por supuesto yo estoy a favor, aunque conozco solo un poco–, en realidad ¿qué inversiones desean estimular con ello? 
La experiencia ha demostrado que el 80 % de la financiación del Quinto y del Sexto Programa Marco se ha destinado a las grandes empresas y tan solo el 20 % a las que se podrían llamar PYME o que son incluso más pequeñas. 
Opino que la principal razón de ello es que los grupos de presión –en particular, los que actúan en nombre de las grandes empresas– ejercen una influencia superior a la media. 
Hace mucho que han observado y preguntado dónde pueden obtener más dinero si se duplica la financiación. 
Son personas que hacen bien su trabajo. 
La segunda razón más importante, sin embargo, radica en la propia Comisión. 
Gran número de las medidas que toma –y habiendo pertenecido a la Comisión de Industria, Investigación y Energía durante muchos años, puedo decir que siempre ha sido el caso– demuestran que aún sigue el mismo lema que el Banco Mundial: «cuanto más grande, mejor». 
Es un hecho lamentable que la Comisión esté cometiendo el mismo error que cometió el Banco Mundial al financiar constantemente proyectos demasiado grandes por todo el mundo. 
La nueva Comisión ampliada tiene una oportunidad real de evitar este error y alejarse de la proporción 80:20 que favorece a las grandes empresas. 
Supondría una manera infalible de crear puestos de trabajo y significaría que el progreso se ha alcanzado todo lo que se asocia al sueño europeo. 
La segunda cuestión, por supuesto, es qué áreas recibirán la inversión. 
Les desaconsejo que pretendan decir a los europeos que el armamento militar en la investigación puede dar pie a un avance positivo, les recomiendo que no cometan los mismos errores de los que la historia está llena. 
Asistimos an un rearme camuflado en la UE, con lo que solo me queda desaconsejarlo con toda firmeza. 
Igualmente importante, aunque menos dramática, es la cuestión nuclear. 
Es fundamental, señor Comisario, que si desea duplicar la financiación, deje claro adónde se destina realmente determinada cantidad. 
Necesitamos transparencia, de modo que las personas sepan exactamente el destino de la financiación y para que no se tomen decisiones a puerta cerrada. 
Cuando se trata de informar al público sobre el uso de los fondos, la Unión Europea deberá decidir si desea acercarse a la propaganda –que Josef Goebbels, que actualmente es objeto de muchos debates, convirtió en lo que es– o acercarse a la información, cuyo pionero es Jean-Jacques Rousseau. 
Por el bien de Europa, pido que se decanten por informar a los ciudadanos acerca de la financiación. 
Por último, opino que el 1 % del PIB de los Estados miembros será más que suficiente para arregláselas. 
Hay infinidad de posibilidades para ahorrar dinero en la UE. 
Tan solo esta Cámara tiene 50 millones de euros pasra gastar este año y no sabe qué hacer con todo ese dinero. 
En este terreno, menos supondría más, por lo que la duplicación no es en absoluto incompatible con un máximo del 1 %, que es lo que muchos países desean. 
Señorías, señor Comisario, tras media hora de análisis de la Estrategia de Lisboa, no hay necesidad de hacer hincapié en que es esencial fortalecer la investigación y la innovación en la Unión Europea. 
Los indicadores principales del desarrollo en este sector muestran claramente no solo que vamos por detrás de los líderes mundiales, sino principalmente que somos incapaces de utilizar nuestro propio potencial de investigación e innovación. 
Hay una necesidad indudable de aumentar significativamente el volumen de recursos asignados a esta importante área, aunque se debe hacer de acuerdo con nuestras perspectivas financieras. 
No obstante, no está claro cómo se va a aplicar. 
Se ha demostrado que los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico, los cuales han supuesto la principal herramienta de la estrategia de aplicación en la Unión Europea, que por varios motivos y a lo largo de su existencia no han bastado para estimular el potencial de investigación e innovación de la pequeña y mediana empresa principalmente. 
Casi siempre esto se ha debido especialmente a la complejidad de toda la estructura y los procedimientos para acceder a los recursos financieros, lo cual ha disuadido fundamentalmente a los pequeños centros de investigación e innovación o a las pequeñas empresas. 
A la luz de la experiencia en distintas regiones se puede apuntar a otros motivos: carecemos de una infraestructura regional adecuada, instituciones relevantes, como centros de desarrollo universitario, incubadoras de tecnología, centros de tecnología punta, etc. Pero también carecemos de fondos de capital riesgo, que, por un lado, estimularían el potencial regional de innovación e investigación en su sentido más amplio y, por otro, crearían un entorno competitivo más fuerte. 
El presupuesto de la Unión Europea debe tener en cuenta tanto un aumento de la financiación de sus programas marco como un aumento del presupuesto para los Fondos Estructurales, a fin de crear una infraestructura de investigación regional, además de programas más potentes para que las entidades financieras europeas estimulen el desarrollo de fondos regionales de capital riesgo. 
– Señor Presidente, Señorías, en la Comunicación de la Comisión sobre las directrices para el séptimo Programa Marco y en sus propuestas relativas a las perspectivas financieras, se habla en términos generales de duplicar los fondos. 
Esta afirmación debe concretarse, cosa que usted, señor Potočnik, ha hecho ya en parte. 
Además de las cuestiones de la ampliación y de las nuevas rúbricas de actividad, es decir, el espacio y la investigación, quisiera señalar que el Tratado Constitucional atribuye nuevas competencias a la Unión en materia de investigación. 
Quisiera recordar asimismo que se instituirá un Consejo Europeo de Investigación, un nuevo instrumento que suponemos absorberá entre el 10 % y el 15 % de los recursos globales del séptimo Programa Marco. 
Señor Potočnik, ya conoce usted el resultado de la votación en la Comisión de Industria, Investigación y Nenergía sobre las directrices del séptimo Programa Marco. 
El documento pide una financiación adicional dentro del séptimo Programa Marco para el Consejo Europeo de Investigación. 
Declara también que la duplicación es el mínimo indispensable si queremos realmente materializar el espacio europeo de investigación y perseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Le pregunto: ¿está de acuerdo en financiar el Consejo Europeo de Investigación con recursos adicionales? 
Y con respecto a la duplicación, ¿qué significa duplicar? 
Es necesario encontrar un criterio, y yo propongo, como criterio, la proporción, es decir, el porcentaje de recursos del Programa Marco sobre el producto interior bruto de la Unión. 
Este es el porcentaje que hay que duplicar. 
Además, sabemos que en esta fase de elaboración de las perspectivas financieras los Estados miembros están inmersos en un gran debate, porque algunos quieren reducir la contribución al presupuesto de la Unión Europea al 1 %. 
Esta reducción puede acarrear consecuencias negativas sobre la partida de «créditos para la investigación». 
¿Está de acuerdo en combatir enérgicamente la posición de los Estados miembros menos generosos? 
Y, si tuviésemos que llegar a esta reducción, ¿está de acuerdo en pedir a pesar de todo la duplicación de los fondos? 
El séptimo Programa Marco no debe ser un mero nuevo programa marco, sino marcar un giro coherente con las nuevas competencias de la Unión, si de verdad queremos crear un nuevo espacio europeo de la investigación. 
Señor Presidente, me complace que la idea básica subyacente a la forma en que vamos a conseguir un mayor desarrollo en Europa sea ahora la economía basada en el conocimiento. 
Considero que es esta la respuesta a un gran número de problemas. 
También opino que es positivo concentrarse en la educación, la investigación y la innovación, abordando cada una de estas áreas por separado, aunque también en el contexto de las otras dos. 
Asimismo, creo que las plataformas tecnológicas estarán al servicio de un propósito muy útil. 
Me parece positivo que las ciencias sociales estén incluidas en este contexto. 
En donde debemos centrarnos es, por supuesto, en la infraestructura que rodea la investigación, sobre la cual aún no hemos debatido mucho. 
En este contexto, deseo abordar dos asuntos que me preocupan. 
El primero guarda relación con la forma en que los investigadores europeos experimentan las condiciones profesionales y sociales en el plano personal. 
Somos testigos de cómo, en la situación actual, numerosas personas dejan la investigación a favor de otros trabajos, puesto que se ven incapaces de labrarse un futuro profesional y crear una buena base para la vida familiar, dadas las normas y condiciones que establecemos para ellos. 
Obviamente, esto es todavía más lamentable ahora que sabemos que, con esta nueva política de investigación, necesitaremos el doble de investigadores. 
Quiero saber qué medidas pretende tomar la Comisión a este respecto. 
El segundo asunto que me preocupa es, sin lugar a dudas, la parte que la industria va a recibir del total de recursos asignados a la investigación. 
La tendencia general en todos los Estados miembros consiste en reducir esa cantidad en lugar de aumentarla. 
Quiero saber qué está haciendo la Comisión para estimular a la industria a que invierta más en investigación y desarrollo. 
Ahora que vislumbramos el marco para una nueva política de investigación europea, por fin debemos, a la vez, considerar también cómo convertir estos resultados de investigación en oportunidades de empleo. 
Por tanto, asimismo deseo ver un primer programa marco fundamental para la innovación. 
– Señor Presidente, Señorías, soy partidario, por supuesto, de la duplicación de los recursos presupuestarios de la Unión Europea asignados a la investigación. 
Cuando se cae en la cuenta de que el gasto público y privado en investigación y desarrollo en la UE únicamente representa el 1,95 % del PIB frente al 2,64 % de los Estados Unidos y el 2,98 % de Japón, se comprende la dimensión del fracaso de la famosa Estrategia de Lisboa y del fracaso de la Comisión. 
Por ello, a mi entender, para que la Unión Europea llegue a tener una política de investigación efectiva, no solo hace falta duplicar los créditos a la investigación, sino también revisar y cuestionar radicalmente los métodos y los objetivos del séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo aplicado por la Comisión Europea y el Consejo. 
En efecto, contrariamente a la filosofía del séptimo Programa Marco, un sistema de investigación y desarrollo eficiente solo puede asentarse en la cooperación y el intercambio entre investigadores y entre laboratorios públicos y privados, y no en la competencia a ultranza y la escasez de dinero. 
Mi mayor temor es que los recursos se concentren en un número limitado de ámbitos de investigación prioritarios que presenten un alto potencial de rentabilidad inmediata para los grandes grupos industriales, en detrimento de la física fundamental y de las ciencias humanas y sociales, porque en ese caso la contratación y las carreras de los investigadores podrían desarrollarse no ya en función de una evaluación científica, sino en función de prioridades directamente dictadas por los intereses de las multinacionales participantes en las actividades del Programa Marco. 
Por mi parte, considero, por supuesto, que hay que excluir los gastos en investigación del cálculo del Pacto de Estabilidad, pero eso no basta. 
Aún es más importante que el control de las cuestiones de investigación en Europa no esté ya únicamente en manos de la Comisión, sino en manos de representantes elegidos de la comunidad científica. 
Propongo, pues, la creación de una asamblea representativa del conjunto de los investigadores en el Parlamento Europeo. 
Dicha asamblea tendría misiones importantes, como la evaluación ética, la elaboración de recomendaciones, el estímulo de acciones de cooperación, la supervisión y la continuidad del esfuerzo realizado y la garantía de que no se fuerce a las regiones a competir entre ellas. 
Esta es la única manera de que la Unión Europea pueda contemplar el futuro con más optimismo. 
– Señor Presidente, cuento con dos minutos para tratar dos puntos por separado y luego juntarlos. 
Como usted sabe mejor que nosotros, señor Comisario, los programas de investigación tendrán un efecto todavía mayor si los utiliza para construir un puente entre los programas de investigación y desarrollo amparados en la política de cohesión por un lado y, por otro, el Séptimo Programa Marco. 
Si se equiparan ambos instrumentos, el alcance de sus efectos será mucho mayor. 
Permítanme darles un ejemplo de mi propia región, delimitada por las fronteras entre los Países Bajos, Alemania y Bélgica. 
Señor Comisario, las universidades de Eindhoven, Lovaina y Aquisgrán, así como las de Hasselt y Maastricht, cooperan ahora estrechamente en investigación, formación y desarrollo, así como en el campo de proyectos de cohesión. 
Pienso que este tipo de proyectos de colaboración transfronterizos merecen que se les dé continuidad y se estimulen, ya que fortalecen principalmente la dimensión regional en el marco del proceso de Lisboa. 
Indudablemente, nadie puede objetar que las ciudades, universidades y regiones en los que se mueven y funcionan desempeñen tal papel, ¿verdad? 
Por todo ello, nos complace en particular que la Comisión acepte, de todas formas, una enmienda a este efecto propuesta por el señor Van Nistelrooij al informe Locatelli, que el Parlamento aprobó al principio de esta semana. 
En ella, esta Cámara solicita expresamente la cooperación con las regiones y la combinación de los programas nacionales amparados en los Fondos Estructurales por un lado y, por otro, los programas amparados en el Séptimo Programa Marco. 
Para concluir, señor Comisario, como ya sabe, las empresas están dispuestas a invertir y anticiparse a las oportunidades que se les presenten. 
Si los que abordamos los asuntos financieros en la UE permitimos ahora que queden al margen, si nuestras buenas palabras sobre la política de innovación no vienen seguidas de acción, es evidente que nuestra credibilidad quedará destrozada, diría que tanto la suya como la nuestra. 
Estaremos dando a los Gobiernos nacionales la excusa perfecta para no plantear la financiación nacional tan necesaria. 
Por el momento, existe una oportunidad, ya que muchos miembros gubernamentales en todos los niveles –regional, nacional y, por supuesto, europeo– están convencidos de que debemos mejorar drásticamente nuestra inversión en innovación. 
Si simplemente dejamos que pase esa ocasión, en mi opinión tendremos que buscar entre nosotros mismos para encontrar una explicación. 
– Señor Presidente, yo también deseo agradecer al señor Comisario que haya hecho hincapié en que, en línea con los objetivos de Lisboa, Europa debe competir en conocimientos y no bajos salarios o destrucción del medio ambiente. 
Es evidente que el conocimiento se entiende hoy en día en el sentido amplio de la palabra. Si observamos las propuestas del Séptimo Programa Marco en el contexto del Sexto –incluso si miramos atrás hasta el Quinto Programa Marco–, podemos ver que la investigación socioeconómica desempeñó un papel importante en aquel momento y contribuyó al análisis y el entendimiento de la interacción entre las tecnologías avanzadas y el desarrollo social. 
No obstante, al separar la investigación científica y sociológica durante la elaboración del Séptimo Programa Marco, en realidad se ha situado a la investigación sociológica en competencia presupuestaria con la investigación tecnológica en relación con el programa IST. 
Ello tiende a marginar la importancia de la investigación socioeconómica, por lo que en el futuro la investigación tecnológica debe desarrollarse junto con el avance de las necesidades, valores y expectativas de la sociedad. 
La investigación socioeconómica en la sociedad de la información es una condición necesaria para lograr este objetivo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, con el impulso justificado que se ha desarrollado actualmente a favor de la investigación, personalmente opino que duplicar la financiación es una de las condiciones, como dirían nuestros ancestros. 
De todas formas, aprovecho la oportunidad del debate de hoy para enfocar al asunto desde un ángulo distinto. 
Por tanto, pregunto: 
Primero, ¿es o no es nuestra opción estratégica que la economía europea se convierta en la más competitiva del mundo para el año 2010? 
Segundo, si la respuesta es afirmativa, deseo conocer el grado en que, para conseguir este objetivo –en el que creo fervientemente–, debe convertirse la economía de la Unión Europea y si es suficiente que se convierta en una economía basada en el conocimiento. 
Tercero, si la respuesta es de nuevo afirmativa, lógicamente, ¿no se debe estar preguntando la comunidad científica europea, las empresas y la industria por los medios necesarios para llevar a cabo esta misión? 
En otras palabras, ¿no se debería utilizar el enfoque de abajo arriba en nuestro caso, es decir, consultar a las personas que producen conocimiento e innovación en Europa, con el objetivo de ponernos de acuerdo en dónde y exactamente cómo debemos invertir a fin de lograr nuestro objetivo? 
Señor Comisario, lo que necesitamos conseguir a la larga no es duplicar los recursos, sino nuestro objetivo estratégico, con lo cual se plantea la cuestión de si duplicar es suficiente para lograr nuestro objetivo. 
Señor Presidente, señor Potočnik, yo también quiero agradecerle su exhaustiva respuesta. 
Sin duda, poder cumplir con los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa para el año 2010, pasa por el compromiso de mejorar sustancialmente los recursos dedicados a I+D, ya que este es el eje central de una economía basada en el conocimiento y, en consecuencia, la herramienta principal para promover el crecimiento, el empleo y la competitividad. 
Compartimos, pues, el acierto de situar la política científica de la Unión en el centro de la estrategia para los próximos años, así como la idea de fijar el gasto global en I+D en el 3 % del PIB de la Unión, y, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han dicho la mayoría de los oradores que me han precedido. 
Me gustaría añadir algo más. 
Ciertamente, es muy importante reducir el tecnológico de la Unión con países como los Estados Unidos, pero no es menos cierto que en el seno de la Unión existe otra importante brecha tecnológica entre los distintos países, que también hay que intentar reducir. 
En este sentido, nuestro objetivo debe ser mejorar la competitividad de la Unión en su conjunto, para acortar distancias con los países tecnológicamente más avanzados, pero hacerlo de tal manera que ello no suponga incrementar las diferencias de capacidad tecnológica entre nuestros distintos países. 
Es muy importante, pues, señor Comisario, tomar medidas concretas para mejorar la capacidad de los países que hasta ahora han participado menos en el programa marco. 
Señor Comisario, le pedimos su compromiso para reducir la brecha tecnológica interna que, sin duda, existe también en nuestra Unión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si queremos abordar la estrategia de Lisboa, debemos invertir en investigación, desarrollo e innovación. 
Para ello necesitamos dinero, por lo que debemos aumentar la financiación. 
Señor Comisario, tiene todo mi apoyo para obtener el acuerdo del Consejo con la ayuda de esta Cámara. 
En segundo lugar, si pedimos más dinero, debemos asegurarnos de que dichos fondos se empleen de la mejor forma posible. 
Debemos extraer también las lecciones del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico y hacer que los procedimientos sean más simples, menos burocráticos y más racionales. 
Lo considero una tarea absolutamente crucial que debemos esforzarnos por llevar a cabo y para ello necesitamos tanto a la Comisión como al Parlamento. 
Los miembros de la Comisión de Presupuestos están examinando actualmente el Reglamento Financiero, otro ámbito en el que hay que trabajar y avanzar. 
Señor Comisario, esta es otra tarea para la que usted y su Colegio son necesarios. 
Lo que se necesita es una gestión de proyectos profesional, por lo que espero con impaciencia sus propuestas al respecto el 6 de abril. 
Por último, deseo volver sobre las lecciones que debemos extraer del Sexto Programa Marco. 
La participación de la industria disminuyó bajo el Sexto Programa Marco y necesitamos ideas para contrarrestar esta tendencia. 
Si nos tomamos en serio los objetivos de Lisboa, tan solo necesitamos más inversión en investigación y desarrollo. 
Tal inversión debe provenir también del sector privado y me interesaría oír las ideas del Señor Comisario en respuesta a la siguiente pregunta; ¿cómo pretende que la industria, en la pequeña y mediana empresa, participe más en el Séptimo Programa Marco? 
He prestado mucha atención a los comentarios del señor Ransdorf, quien ha mencionado que necesitamos, entre otras cosas, una política de amortización mejor y una legislación más flexible. 
Aunque son consideraciones muy útiles, me interesa oír también las propuestas del señor Comisario a este respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, la investigación e innovación son las herramientas básicas para aplicar la estrategia de Lisboa. 
El Séptimo Programa Marco nos ha brindado una oportunidad única para acercarnos a este objetivo a través de la mejora del modo en que explotamos el potencial intelectual de los 450 millones de habitantes de la Unión Europea, incluidos los casi 80 millones de ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
El Séptimo Programa Marco debe acelerar la integración europea y debe proporcionar no solo un aumento significativo y muy necesario de la financiación, sino también medidas para utilizar esta financiación efectivamente. 
Todo esto solo será posible si se conciben métodos totalmente nuevos e innovadores para aplicar la política científica europea. 
La principal prioridad debe consistir en cambiar los criterios según los cuales se distribuyen los fondos, ya que esto posibilitará el establecimiento de centros de especialización en las instituciones en donde se encuentren los investigadores. 
Los estudiantes de Europa Central y del Este no desean que se les trate como un recurso de última hora o algunas veces como las excepciones en estos programas de «centros de excelencia» , como ocurre en virtud del actual Sexto Programa Marco. 
Se me ocurren dos preguntas a este respecto. 
La primera si el concepto de «excelencia» no se está empleando erróneamente en este caso como un extraño tipo de calamidad, a la que se puede echar mano para justificar una distribución desigual de los fondos. 
No debemos esforzarnos por lograr la excelencia solo en lo que respecta a obtener y gastar fondos. 
La segunda pregunta que se plantea guarda relación con el tipo de criterios objetivos para la distribución de los fondos facilitados de acuerdo con el Séptimo Programa Marco. Muchas gracias. 
. Señor Presidente, agradezco mucho el firme apoyo de esta Asamblea. 
Es muy alentador para mi futuro trabajo. Se han formulado muchas preguntas, algunas de las cuales no puedo contestar con precisión, pero las agruparé e intentaré dar toda la información que pueda. 
El cálculo que subyace a la duplicación se hace en términos reales con carácter anual y teniendo en cuenta los mismos supuestos que con los otros aspectos del debate sobre las nuevas perspectivas financieras. 
A fin de cuentas es fundamental que doblemos los fondos expresados en porcentaje del PIB. Es una forma creíble de enfocarlo. 
Nuestra propuesta está basada en esta idea y creo que esta propuesta es suficientemente ambiciosa para lograr nuestros objetivos. 
Temo más ir hacia atrás que preguntar si va suficientemente lejos, aunque incluso esta cuestión también es creíble, y podría abordarse con carácter oficial. 
La financiación pública no es la única financiación. 
Como ustedes saben, se calcula que la financiación pública abarca alrededor de un tercio, y los dos tercios proviene de manos privadas. 
Por tanto, es crucial que aumentemos la financiación pública, por la fuente y por el efecto palanca que ejerce sobre la inversión privada. 
Sin embargo, tal y como algunos de ustedes han subrayado, es aún más crucial crear las condiciones en que las empresas permanecerán e invertirán en Europa. 
Las últimas cifras no son prometedoras: en 2002, la inversión de las 500 mayores empresas de la Unión Europea cayó un 2 %, mientras que la inversión de las 500 mayores empresas que no son de la Unión Europea subió un 3,9 %. 
En Europa, cerca del 24 % de la inversión se centra en la industria del automóvil y de piezas de recambio. 
En el resto del mundo, la tecnología de la información es el sector más importante desde el punto de vista de la inversión. 
Estos son los hechos que tenemos sobre el tapete. Por esto es crucial crear un entorno mejor para la investigación y el desarrollo. 
Para ello existen varios métodos, entre ellos la ayuda estatal, los incentivos fiscales, los derechos de propiedad intelectual, los fondos estructurales y de cohesión y el capital riesgo, que sin duda es uno de los problemas. 
Hace dos días me reuní con el Presidente del Banco Europeo de Inversiones y ya hemos empezado a preparar acciones en un intento de abordar este problema. 
El entorno es básico. 
Si queremos conseguir nuestro objetivo tenemos que crear un entorno en que las empresas puedan operar, competir y desempeñar sus actividades de investigación y desarrollo en Europa. 
El programa marco que ahora es objeto de debate en la Comisión debe tener en cuenta la Agenda de Lisboa. 
Me gustaría que fuera sencillo, flexible, comprensible, fácil de aplicar y basado en la continuidad. 
Queremos establecer cuatro ámbitos de apoyo principales. 
En primer lugar, la colaboración. Hoy lo llamamos «enfoque de colaboración» , aunque en algunos países el término «colaboración» no es particularmente aceptable. 
Este ámbito debería estar más orientado a la industria que en el pasado. 
Por este motivo, las plataformas tecnológicas tendrían que desempeñar una función importante a la hora de decidir a dónde va a parar el dinero y cómo se toman las decisiones. 
Tendrá una mayor orientación temática y será menos instrumental que en el pasado. 
Creo que así es como debe hacerse. 
El segundo ámbito son las ideas. Es decir, el Consejo Europeo de Investigación. 
Este ámbito está orientado a los investigadores, por lo que la división entre investigación básica y aplicable es prácticamente obsoleta. 
Intentaremos dejar claro qué significa orientación a la industria, orientación política y orientación a la investigación. Esto será más transparente. 
Daremos a todos la oportunidad de manifestar sus opiniones al respecto. 
El tercer ámbito deberían ser las personas. 
El problema principal es que han estado insuficientemente financiadas. 
El cuarto ámbito son las capacidades, que abarca la infraestructura, las PYME, las regiones y el potencial de investigación. 
En este terreno queremos abordar la cuestión de los nuevos Estados miembros, pero sin socavar la excelencia del programa. 
Habría que apoyar a los investigadores de estos países para que progresen y se hagan oír más. 
Debemos establecer acciones que nos permitan acceder a los fondos estructurales y de cohesión. 
Lo peor para los nuevos Estados miembros y sus investigadores sería crear condiciones en las que no pudieran competir. 
Lo mejor para ellos es desarrollarse rápidamente para ser competitivos desde el principio. 
Ya están en ello. 
Sé muy bien que las condiciones de algunos países les impiden competir. 
Debemos ayudarles, pero la cuestión es cómo. 
Nuestro programa busca conseguir la excelencia y la competitividad en la Unión Europea, cosa que es crucial. 
Tenemos fondos estructurales y de cohesión para la solidaridad. 
Si utilizamos estos fondos para infraestructuras viales, ferroviarias y medioambientales, podríamos y deberíamos utilizarlos también para el desarrollo de infraestructuras de investigación. 
Es crucial que creemos las condiciones en que los investigadores de los nuevos Estados miembros permanezcan en sus países y compitan y cooperen con otros en la Unión Europea. 
Es cuestión de simplificar y racionalizar, pues de lo contrario tendremos grandes problemas. 
Soy consciente de todos los desafíos a que me enfrento y cuento con su apoyo. 
La Comisión no es el único organismo implicado: en mi Dirección General he creado un grupo de trabajo. Ahora también tenemos un grupo de trabajo interdepartamental. 
En estos momentos estamos organizando una caja de resonancia entre PYME y grupos más pequeños, para darles la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las propuestas. 
Los programas marco, las estructuras de investigación y desarrollo, los programas de cohesión y los programas de competitividad e innovación son cruciales. Deberían perseguir los mismos objetivos. 
Este es uno de los aspectos que quiero destacar especialmente. 
Para los pequeños usuarios estamos intentando definir mejor los instrumentos, que a menudo no son muy fáciles de utilizar, sobre todo los proyectos integrados. 
Por otro lado, la simplificación y la racionalización son grandes problemas para los pequeños usuarios. Para ellos los costes son proporcionalmente mucho más elevados y las cargas son más grandes que para los usuarios mayores. 
Creo que estas dos cosas serán cruciales. 
Deberíamos introducir a más PYME en el propio proceso. 
Para concluir, me parece que las conversaciones sobre las próximas perspectivas financieras serán una especie de gran momento de la verdad. 
Espero que seamos suficientemente firmes para llegar a conclusiones que concuerden con la propuesta de la Comisión. 
Me temo que si se introducen ciertos cambios en la estructura del presupuesto será peor de lo que es ahora. 
Gracias por su apoyo. 
– Señor Presidente, agradezco al señor Comisario las magníficas respuestas que ha dado y me disculpo por el hecho de que un colega diputado haya hecho preguntas tan agresivas, considerando después que no vale la pena esperar una respuesta a ellas. 
Le agradezco que haya tomado esta iniciativa, con la cual se solicita a esta Cámara que continúe cooperando con este asunto. 
Le agradezco este exquisito ejemplo de educación y corrección austriacas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe de acuerdo con el artículo 134 del Reglamento sobre acción específica para el traspaso de buques a los países damnificados por el tsunami de 2004 (COM (2005) 0036 – C6-0036/2005 –2005/0005 (CNS) ). 
. Señor Presidente, intervengo en nombre de mi colega el Comisario Borg, que por desgracia no ha podido volar a Estrasburgo debido al temporal de nieve. 
Respecto de este tema, quiero dar las gracias a los diputados al Parlamento por haber aceptado el procedimiento de urgencia, y a los miembros de la Comisión de Pesca por su apoyo y eficacia en la tramitación de este asunto. 
La catástrofe del tsunami ha devastado las zonas costeras de numerosos países asiáticos y, aparte del turismo, el sector pesquero y la acuicultura de estos países han sido los sectores más afectados. 
El Parlamento y el Consejo ya han acogido con satisfacción y fomentado las iniciativas que ha tomado la Comisión, en particular las medidas destinadas a reconstruir el sector en las zonas afectadas. 
Esta propuesta solo representa una parte concreta de todo un paquete de medidas de rehabilitación y reestructuración. 
Está encaminada a crear el marco jurídico para que los buques comunitarios que reciben ayuda pública por retirada permanente puedan transferirse a los países damnificados por el tsunami, en lugar de desguazarlos o reutilizarlos con fines no lucrativos diferentes de la pesca. 
La intención es facilitarles capacidad pesquera para que puedan reanudar con rapidez las actividades de las que depende completamente el sustento de innumerables comunidades costeras. 
Nos hemos asegurado de que se evalúen cuidadosamente las necesidades locales. 
A este respecto, el papel de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es decisivo para la aplicación de los esfuerzos de reconstrucción en la zona. 
Esta cuestión se ha incluido en el orden del día de la próxima reunión de los Ministros de Pesca de la FAO, que se celebrará el 12 de marzo en Roma. 
Dos grandes principios rectores han determinado nuestro enfoque en esta propuesta. 
En primer lugar, un fuerte compromiso que garantice la coherencia con los objetivos generales de la política pesquera común y fomente la sostenibilidad de las actividades pesqueras a largo plazo. 
Para alcanzar esos objetivos, hemos propuesto asistencia técnica que lleve a cabo una evaluación de impacto inmediata y determine las necesidades de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. 
A este respecto, se establecerá un sistema de control que evite posibles efectos adversos en la economía local y garantice que los buques transferidos cumplan las necesidades identificadas por la FAO. 
Además, también hemos hecho hincapié en que las transferencias sean coherentes con las peticiones del país tercero y respeten las tradiciones pesqueras locales. 
En segundo lugar, la Comunidad Europea tiene que ofrecer un mecanismo de actuación rápido, al tiempo que establece un sistema de control y vigilancia eficaz sin imponer cargas administrativas innecesarias. 
La propuesta actual respeta estas limitaciones. 
En efecto, no será necesaria una reprogramación en los Estados miembros conforme a la normativa estructural actual del sector pesquero. 
La ventaja adicional es que no tiene consecuencias financieras para el presupuesto comunitario. 
Quiero destacar la importancia política de esta propuesta. 
Sin duda solo tendrá un impacto limitado, porque nos enfrentamos a la inmensa destrucción de miles de buques. 
La disponibilidad de buques adecuados, teniendo en cuenta los principios de adaptabilidad y sostenibilidad, nos permitirá satisfacer tan solo una parte de las necesidades con esta medida a corto plazo. 
Sin duda, a esta medida concreta y localizada le seguirán otras en el ámbito humanitario que aborden las inmensas necesidades del sector pesquero en los países afectados. 
Puedo decirles que el Consejo ya ha debatido esta propuesta desde el punto de vista técnico, y las reacciones de los Estados miembros son en general muy alentadoras. 
Asimismo, acojo con satisfacción las enmiendas presentadas por el Parlamento, que sin duda concede mucha importancia a esta cuestión. 
La Comisión acepta una serie de enmiendas. 
Respecto de las demás, observo que en muchos casos son notables en el sentido de que van mucho más allá de lo que puede estipular esta normativa; por esta razón y, lamentándolo mucho, no pueden incluirse en esta normativa. 
Sin embargo, es innegable que su espíritu proviene de un compromiso claro con la mitigación del sufrimiento que ha causado el tsunami. 
Espero que el Parlamento Europeo emita un dictamen positivo sobre esta propuesta para que yo pueda promover esta normativa en el Consejo del próximo lunes 28 de febrero. 
Esto permitirá que los Estados miembros hagan los cambios necesarios en su normativa interna, de forma que si la FAO establece las necesidades podremos actuar con rapidez y de forma eficaz. 
Permítanme comentar las enmiendas. La Comisión puede aceptar la enmienda 1. 
Sobre la enmienda 2: la Comisión está de acuerdo con el espíritu de esta enmienda, pero la referencia a la educación y la formación está fuera de lugar y es inadecuada, porque este aspecto no entra en el ámbito con respecto a terceros países. 
Sin embargo, estoy dispuesta a hacer una declaración antes de que el Parlamento la apruebe, en la que la Comisión declare que hay que impulsar medidas educativas y de formación adecuadas para los pescadores en los países afectados por el tsunami, así como su intención de evaluar las necesidades, a petición de los terceros países, mediante expertos disponibles para la rehabilitación a largo plazo del sector pesquero en los países afectados. 
Sobre las enmiendas 3, 18 y 19: también estamos de acuerdo con el espíritu de estas propuestas, pero la responsabilidad de las medidas propuestas recae en el mecanismo de seguimiento contemplado en la normativa. 
Sin embargo, unas enmiendas tan detalladas y específicas en el texto de la normativa podrían hacer que esta resultara demadiado engorrosa y difícil de aplicar. 
Por lo tanto, creemos que no necesitamos estas enmiendas específicas. 
Podemos aceptar las enmiendas 4 y 5. 
Sobre la enmienda 6: no tenemos ningún problema con el contenido y estamos dispuestos a examinar este cambio con la Presidencia y el Consejo, y esperamos poder superar las dificultades técnicas y jurídicas que puedan surgir con la introducción de cambios en un título en una fase tardía. 
Sobre la enmienda 7: también estamos de acuerdo con el espíritu, pero tenemos dificultades para aceptar la enmienda porque va más allá del ámbito de aplicación de esta normativa. 
Sobre las enmiendas 8, 9, 11 y 21: estamos de acuerdo con el espíritu, pero creemos que este no es el lugar adecuado para abordar cuestiones tan amplias relativas a los programas de ayuda humanitaria. 
Esta normativa nos permite tomar medidas muy concretas y específicas dentro del sector pesquero y, más concretamente, en el marco del Reglamento IFOP. 
Seguirán otras iniciativas, no solo para satisfacer las necesidades humanitarias generales, sino también para el sector pesquero, pero por desgracia no pueden abordarse en esta normativa. 
Sobre las enmiendas 10 y 12: la entrada en vigor de estas enmiendas al Reglamento 2792/99 no puede depender de las peticiones específicas realizadas por los países afectados. 
Quiero señalar que esta normativa garantiza la participación de los países terceros y remito a sus Señorías al artículo 1 del Reglamento vigente, por el que se modifica el artículo 7 del Reglamento básico, y que afirma que nuestras acciones tienen que ser coherentes con la petición de los países terceros. 
Sobre las enmiendas 13, 14 y 15: estamos de acuerdo con el espíritu de estas enmiendas y las examinaremos con la Presidencia y el Consejo para estudiar la mejor forma de reflejarlas en la normativa. 
Sobre la enmienda 16: la normativa ya garantiza en una serie de casos que la actividad pesquera se lleve a cabo de forma sostenible. 
Por lo tanto, creemos que la normativa ya contempla esta enmienda. 
Podemos aceptar la enmienda 17, pero queremos limitar su ámbito de aplicación a buques pesqueros artesanales, según se definen en el artículo 3 del Reglamento del Consejo 2371/2002 (el Reglamento de reforma de la PPC). 
Sobre la enmienda 20: creemos que este punto ya está suficientemente cubierto en las disposiciones según las cuales las comunidades pesqueras damnificadas son las beneficiarias de los buques que hay que transferir, por lo que esta enmienda no es necesaria. 
. – Señor Presidente, sé que la propuesta de la Comisión está basada en la mejor de las intenciones, y apoyamos las buenas intenciones tras la horrible catástrofe del tsunami. 
El problema es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. 
El tsunami ha destruido 20 000 buques de menos de 12 metros en los países afectados. 
La propuesta de la Comisión es enviar entre 150 y 200 buques viejos del Mediterráneo para ayudar a sustituir a los 20 000 destruidos. 
Como ha señalado la Comisión, no es más que un gesto simbólico. 
Sin embargo, es un gesto simbólico muy caro. 
El coste estimado asciende a unos 9 millones de euros, y 400 000 euros adicionales para pagar el transporte de estos buques a la zona afectada del Océano Índico. 
Por lo tanto, estamos hablando de unos 47 000 euros por buque y los costes serán sufragados en su totalidad por los Estados miembros. 
Los expertos sobre el terreno en el Océano Índico me han asegurado que se pueden construir buques sustitutos del mismo tamaño por 2 000 euros cada uno. 
Por la misma cantidad de dinero que proponemos gastar a los Estados miembros podríamos construir 3 500 buques pesqueros. 
Esto tendría mucho más sentido. 
La respuesta de la Comisión a las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos esta mañana indica que esta normativa va a centrarse exclusivamente en la transferencia de buques. 
Sugiero que la Comisión reoriente su enfoque y analice con detenimiento el tipo de cosas que podemos enviar de inmediato, como expertos, pescadores, carpinteros, ingenieros, herreros, constructores de barcos, así como el dinero para enviarlos hasta la zona lo antes posible, para que empiecen a reconstruir el tipo de buques que sustituyan a los que se han destruido, en lugar de esta tontería de enviar buques viejos y decrépitos del Mediterráneo como gesto simbólico. 
. – Señor Presidente, la destrucción de una enorme cantidad de barcos implica que todo un sector de la economía se ha visto perjudicado. 
La ayuda puede llegar de muchas formas distintas; una de las maneras en que se podría proporcionar ayuda sería el traspaso de barcos pesqueros que, en cualquier caso, serían desguazados en la Unión Europea. 
Entonces las víctimas del tsunami en el sudeste asiático podrían reutilizarlos si así lo desearan y lo solicitaran; indudablemente, servirían para satisfacer sus requisitos. 
No obstante, a fin de prestar ayuda de emergencia de esta forma hay que aplicar enmiendas al marco legal actualmente en vigor. 
La mayoría de los miembros del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo acogemos con agrado esta oportunidad, que solo estará a nuestra disposición durante un breve periodo de tiempo, aunque evidentemente somos conscientes de los grandes problemas que acarrea. 
En nuestra opinión, ayudar a las personas a que se autoayuden supone siempre la mejor opción a largo plazo, lo cual debería quedar claro a raíz de nuestras enmiendas. 
Aún así, vemos que esta propuesta es una señal política de solidaridad y la apoyaremos en consecuencia. 
. – Señor Presidente, hablo en nombre de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el impulso de solidaridad suscitado por la catástrofe del tsunami acaecida al día siguiente de Navidad quizás fue aún más acusado entre la comunidad de la gente de mar, más consciente que otros de sus consecuencias para unas poblaciones que en su mayoría vivían de los recursos del mar. 
Así, haciéndose eco de esta inquietud, el Parlamento pidió, en su resolución del 13 de enero, que se estudiaran las posibilidades de enviar a las comunidades afectadas medios de todo tipo que pudieran servirles de ayuda, incluso barcos. 
A tal fin, el Comisario Borg y sus servicios, tras visitar el terreno, nos proponen hoy adoptar un reglamento destinado a autorizar esos traspasos. 
Como acaba de señalar el señor Stevenson, este anuncio ha provocado la inquietud de algunos de mis colegas, alarmados por la idea de que Europa iba a tranquilizar su conciencia contentándose con enviar barcos viejos a poblaciones que no podrían servirse de ellos y que se verían así privadas de los medios indispensables para el relanzamiento de su economía. 
Evidentemente, esto no es lo que pretende la Comisión, puesto que ha enviado a los expertos necesarios para analizar de qué manera reconstruir a medio y largo plazo los países devastados. 
De lo que se trata ahora, a corto plazo, es decir, en los próximos meses, es de autorizar el traspaso de algunas decenas de buques adaptados a las necesidades de las poblaciones locales y, por tanto, solicitados por sus autoridades. 
Esos buques serán de tamaño inferior a 12 metros de eslora, como saben, y deberán tener menos de veinte años de edad. 
Antes de aprobar, como espero, el proyecto presentado por la Comisión, el Parlamento ha querido precisar por medio de una serie de enmiendas las condiciones de dicho traspaso, que, en particular, solo podrá efectuarse hasta que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura haya terminado el estudio del que ha hablado usted, señora Comisaria. 
La FAO dispone de los conocimientos técnicos requeridos y de la autoridad necesaria y es responsable de la coordinación de la ayuda procedente de todo el mundo. 
Las enmiendas tienen también por objeto introducir nuevos considerandos para dejar claro que por supuesto esto es complementario a los fondos concedidos para la reconstrucción de las industrias e infraestructuras del sector. 
. – Señor Presidente, constatemos en primer lugar que todos estamos de acuerdo en que queremos prestar ayuda lo más rápidamente posible y de la mejor manera posible. 
Es una bonita idea la de exportar viejos barcos pesqueros, pero no funcionaría. 
Aquí sucede como en el cuento del traje nuevo del emperador: todo el mundo ve que la idea no funcionaría, pero nadie se atreve a decirlo públicamente para que se descarte la propuesta. 
La FAO no ha recibido ninguna petición de barcos. 
Al contrario, Indonesia y Sri Lanka han rechazado tales ofertas. 
Además, la semana pasada se celebró en Sumatra un congreso de organizaciones pesqueras regionales, con representantes de todos los países afectados. 
Se oponen a la exportación de buques viejos. 
Prefieren recibir ayuda para construir los astilleros locales y flotas pesqueras. 
Es con esto con lo que debemos ayudarles. 
En cualquier caso, nuestras enmiendas están destinadas a reducir el riesgo de que esta exportación de buques destruya los lechos marinos y la economía local, dañando las reservas de peces con el tipo equivocado de equipamiento. 
Espero que la Comisión proceda con buenas intenciones, pero sus recomendaciones de voto podrían haber sido más generosas. 
¿Hay alguien del Consejo –sí, del Consejo– en esta Cámara? 
¿No ven que el emperador está desnudo y que deben descartar esta propuesta? 
Olviden el prestigio y adopten una postura que parta de la perspectiva europea, sino del punto de vista de los afectados. 
. – Señor Presidente, a primera vista, esta propuesta para enviar el excedente de buques de la UE a las zonas damnificadas, donde tantos barcos han quedado destruidos, parece una idea magnífica. 
Sin embargo, al estudiarla más a fondo, aparecen todas las dificultades e, investigando aún más, surge la duda de si la propuesta causaría más problemas que los que resolvería y, por último, si los costes no serían mayores que los beneficios. 
En primer lugar: ¿qué se obtendría a cambio del dinero? 
Si un importe parecido al coste total se empleara en fabricar buques sobre el terreno, el beneficio para la pesca local sería muchas veces mayor. 
Asimismo, tendría el efecto de apoyar a la economía y a la industria de construcción naval de la región, que necesitan apoyo en esta emergencia. 
En segundo lugar, los aspectos prácticos. 
¿Es verdaderamente tan práctico reunir estos buques y transportarlos hasta esa región? 
¿Cómo organizaríamos la distribución y la asignación? 
En tercer lugar, está el problema ecológico. 
Se utilizan tipos de pesca completamente distintos, clases de equipamiento diferentes y el objeto de la pesca también es diferente. 
Enviar un tipo de buque totalmente diferente del que se utilizaba tradicionalmente en la zona amenazaría con convertir la pesca en una actividad menos sostenible y menos respetuosa con el medio ambiente. 
En cuarto lugar, ¿de verdad quieren los países destinatarios estos buques? 
La respuesta a esta pregunta es, por supuesto, la que hemos recibido del organismo de la ONU, la FAO, que coordina tales asuntos: no. 
No se han recibido peticiones de buques; al contrario, los países afectados quieren ser capaces de construir sus propios barcos, utilizando sus tradiciones y técnicas locales. 
Habiendo considerado y reconsiderado dos veces esta propuesta, es evidente que era una buena idea, pero que, tras cuidadosa deliberación, hay que descartarla. 
Indudablemente se podría mejorar adoptando las enmiendas, especialmente las presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
De este modo, sería una propuesta mejor. 
De todas formas, lo más sensato sería que la Comisión comprendiera la situación, retirara la propuesta y en su lugar intentara persuadir a los Estados miembros de que proporcionen al menos importes equivalentes para aumentar el número de barcos locales en los países golpeados por la catástrofe. 
Todo ello beneficiaría más a las personas a que todos queremos ayudar, es decir, las víctimas del terrible tsunami. 
. – Señor Presidente, el 26 de diciembre ocurrió una de las peores catástrofes naturales de los tiempos modernos. 
Cientos de miles de personas perdieron la vida, millones perdieron a familiares o sus medios de subsistencia. 
La muestra de solidaridad y generosidad sin precedentes históricos con la que respondió el resto del mundo constituyó un rayo de esperanza en mitad de la tragedia. 
El tsunami golpeó con especial rudeza a la industria pesquera. 
En muchos casos, los supervivientes perdieron sus barcos, las herramientas de la que dependen para su sustento. 
Por todo ello, la propuesta de ayudar a los países damnificados ofreciéndoles buques de la UE es moralmente encomiable, pero la medida supondría una gota en el océano, lo que hace que sea una propuesta casi absurda. 
Una alternativa mucho mejor sería comprar barcos, apropiados para fines y necesidades locales, en los países afectados y en otros países vecinos. 
Esto también serviría para dar a las economías locales un impulso que necesitan urgentemente. 
Tampoco queda claro cuál es el papel de la UE como actor internacional en estas situaciones. 
Algunas fuerzas dentro de la UE tienden a utilizar las catástrofes para avanzar posiciones. 
Se proponen nuevas autoridades, programas y medidas comunitarias y a quien cuestione este avance se le tacha de desleal en ese momento concreto de la historia. 
Pero a menudo la verdad es que, en tales situaciones, los Estados miembros de la UE deben coordinar recursos materiales y financieros a través de otros organismos internacionales, principalmente en el marco de la cooperación con la ONU. 
Un ejemplo de ello sería el desarrollo urgente de un sistema de alerta preventiva, del tipo que ya existe en el Pacífico, para los desastres de tsunami en el Océano Índico. 
Me opongo a que se utilicen las tragedias internacionales con el fin de otorgar a la UE nuevos poderes. 
Las competencias de la UE deben ser discutidas en condiciones normales y en el contexto del principio de subsidiariedad, y no estar determinadas por decisiones rápidas en situaciones de emergencia. 
No se debe abusar del apoyo de los ciudadanos europeos a la solidaridad mundial, con vistas a socavar el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las grandes posibilidades de ayuda europea a los países afectados deben movilizarse cuanto antes y, como usted ha reconocido, este Parlamento ha cumplido, aprobando la urgencia. 
No obstante, también creemos que es importante hacer las cosas deprisa, pero hacerlas bien. 
En este sentido, no podemos sino aplaudir que se destine ayuda humanitaria al sector pesquero afectado, pero pensamos que lo más adecuado no es escoger exclusivamente el método de transferencia de buques. 
La señora Comisaria dice que está de acuerdo con el espíritu de muchas de las enmiendas; a nosotros nos habría gustado que la Comisión hubiese presentado un paquete completo de medidas para paliar los problemas de este sector y creemos que el método que se ha presentado no es adecuado, ya que ha sido rechazado por las ONG que trabajan en la zona, que han acogido esta propuesta con mucha reserva, la propia FAO ha declarado que nuestras buenas intenciones pueden agravar el problema más que solucionarlo y, que yo sepa, dos países ya han dicho que no quieren el envío de barcos, incluso hay algunos que tienen limitaciones extremas, como, por ejemplo, la prohibición de que faenen barcos de más de 10 caballos de potencia. 
Por tanto, no basta con asegurarse de que no enviamos barcos grandes, como recoge la propuesta, sino que debemos enviar buques adecuados a la zona, diseñados para fondear en playas de escasa profundidad y con materiales resistentes a, entre otros elementos, las altas temperaturas tropicales y la humedad. 
Asimismo, hay otro problema, la financiación, cuya solución se nos había garantizado. 
Y aquí, como muy bien ha dicho la Comisaria, no hay financiación extra, con lo cual esta carga va a repercutir en países a cargo de un IFOP que ya tienen comprometido, y yo dudo mucho de que esta propuesta, incluso, pueda ser medianamente eficaz. 
Por todo lo anterior, nosotros pedimos que las enmiendas que han sido presentadas por la mayoría de estos grupos, que todos hemos firmado y vamos a apoyar, y que son enmiendas que proponen otras alternativas y que proponen, además, concretar la propuesta de la Comisión Europea, sean entendidas como un mensaje político que este Parlamento manda a la Comisión Europea y al Consejo, y que espero que sea efectivo en las próximas semanas. 
– Señor Presidente, han pasado dos meses desde la tragedia del tsunami. 
Estos dos meses han debido de suponer la más terrible eternidad para los muchos miles de seres humanos que han perdido no solo a familiares, el hogar y comunidades, sino que también se han visto privados –y, por desgracia, siguen así– de su único medio de subsistencia, especialmente aquellos para los que el sustento provenía de la pesca. 
La propuesta presentada por la Comisión es, por este motivo, bienvenida y el Parlamento la debe adoptar una vez que se hayan incorporado las propuestas de mejora, presentadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y otros Grupos parlamentarios. Sin embargo, es preciso evaluar esta propuesta con realismo y en su propia escala. 
En otras palabras, hay que considerarla una solución limitada y a corto plazo que es poco más que simbólica, teniendo en cuenta que resultaron destruidos miles de barcos y es poco probable que esta acción ayude a reemplazar más que unas docenas de buques. Además, existe la duda de la idoneidad de los buques para esta finalidad, y la logística de la propuesta se ha convertido en algo complejo y costoso, especialmente en lo que se refiere al transporte de los buques. 
De todas formas, la iniciativa tiene el mérito de demostrar que la UE no ha dado la espalda a este aspecto de la tragedia. 
Sin embargo, la solidaridad solo será eficaz si vamos más allá, es decir, si se otorga suficiente financiación para construir y reconstruir buques sobre el terreno, especialmente barcos pequeños y artes tradicionales apropiadas para los métodos de pesca locales. La financiación se puede garantizar eliminando parte del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) de los créditos asignados a cada Estado miembro. 
Resumiendo, la propuesta de la Comisión no debe estar sujeta a críticas demagógicas simplemente porque represente una pequeña parte de lo que realmente se necesita. 
Nuestro principal objetivo es hacer todo lo que podamos para que se ponga en marcha. 
– Señor Presidente, se trata de una cuestión muy compleja. 
Nadie ayuda de mala gana a las personas afectadas por el tsunami. 
El Parlamento, en su resolución sobre la tragedia, ha hecho mención especial de los pescadores, instando a la Comisión a examinar maneras de enviar ayuda tangible en forma de buques, equipamiento, expertos técnicos y materias primas a las comunidades afectadas. 
Pero en el pasado ha habido demasiados ejemplos de ayuda bienintencionada que se ha estropeado porque no era adecuada para las condiciones locales, o porque no existían los medios o la competencia para aprovecharla. 
Si se exportan buques desguazados, tiene que hacerse en condiciones estrictas de idoneidad, tramitados conforme a una evaluación completa de las necesidades, exclusivamente a petición del país afectado y acompañados de la asistencia adecuada. 
Dada la preocupación respecto de la alteración de las economías locales y el agotamiento de las poblaciones de peces, también necesitamos más garantías. 
En primer lugar, garantías respecto de quién tendrá la propiedad de los buques y, en segundo lugar, garantías de que se trata únicamente de una medida de urgencia y que no abrirá la puerta trasera a un plan de exportación más amplio. 
Si se nos garantizan estas cuestiones, y entendiendo que tanto la Comisión como el Consejo tomarán nuestras reservas en serio, podemos apoyar la propuesta. 
La Comisaria se ha comprometido a este respecto, pero me decepciona la reticencia a incorporar muchas enmiendas en la propia normativa. 
Insto a la Comisión y al Consejo a hacer un planteamiento mucho más amplio respecto de la reconstrucción de las comunidades pesqueras. 
El compromiso rápido de apoyo a proyectos como el que ofrece el Instituto de Rescate Marítimo de Stonehaven, Escocia, solo es un ejemplo, y está mucho más en consonancia con el anterior llamamiento del Parlamento. 
– Señor Presidente, a veces resulta difícil explicar a los contribuyentes europeos, nuestros electores, la razón por la que tiene sentido usar su dinero para destruir buques que podrían ser navegables o tener alguna utilidad, aunque no fuera pesquera. 
Sin embargo, esto no significa que estos buques puedan usarse en cualquier zona. 
Cuanto más examino la situación actual en los países golpeados por el tsunami, más escéptico me vuelvo sobre el valor de esta propuesta particular. 
Es posible que se trate de un gesto simbólico, o que un pequeño número de buques puedan usarse o convertirse, pero no creo que esto ayude demasiado a las zonas devastadas. 
Apoyo las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos. Lamento profundamente que la Comisión no las haya apoyado. 
Si el Consejo aprueba esta propuesta de alguna forma, creo que las enmiendas conllevarán mejoras considerables, no solo en un sentido práctico, sino también en su intención y espíritu. 
Deberíamos considerarla una medida de capacitación; no para permitir que los Estados miembros endosen los barcos que no quieren a estos países, sino para permitir que estos países afectados pidan la transferencia de ciertos buques a sus zonas si son adecuados para su uso o conversión. 
Señor Presidente, cada cierto tiempo, el mundo se ve azotado por una catástrofe natural de cierta magnitud. 
Nos vemos incapaces de predecir o evitar tales catástrofes, que sirven de recordatorio de nuestra insignificancia ante la naturaleza. 
Además nos recuerdan que los animales son a veces mejores que nosotros a la hora de sentir el peligro y estar preparados. 
Esto debería servirnos para que no nos creamos demasiado inteligentes, demasiado confiados y demasiado seguros de nuestra propia omnipotencia. 
Existe una fuerza más poderosa que nosotros y cada cierto tiempo nos da una lección de humildad y nos recuerda nuestra insignificancia. 
El resto del mundo respondió al desastre del tsunami con donaciones muy generosas, a escala individual, gubernamental o institucional. 
La pregunta que debemos hacernos es, sin embargo, si lograremos que esas donaciones se utilicen debidamente y si llegarán adonde son más necesarias. 
Inmediatamente después de la catástrofe se produjo una falta absoluta de todo, incluso agua, alimentos, tiendas y mantas. 
El mundo ya tiene cierta experiencia en el suministro rápido de tales bienes y la ayuda llegó con celeridad a las víctimas. 
Pero el suministro de ayuda a largo plazo es otra historia y otra oportunidad para que se nos recuerde nuestra estrechez de miras. 
Los chacales suelen aparecer siempre que hay algo que tiene que ver con el dinero, con el único fin de hacerse con una parte para ellos mismos. 
De este modo se producen algunos problemas, como la forma en que se debe compartir el dinero, qué se debe reconstruir en primer lugar, qué instituciones o partidos se deben utilizar para transferir el dinero y en quién se puede confiar. 
El tsunami destruyó la economía costera y marítima. 
La industria turística fue la más golpeada, incluido el turismo sexual por el cual eran conocidas muchas de las regiones devastadas, pero también se vio golpeada la industria pesquera. 
La cuestión es si, y hasta qué punto, el dinero que las personas han donado con tanta generosidad debe utilizarse para reconstruir el sector del turismo sexual, con sus servicios de compañía, salas de masajes y prostíbulos. 
Asimismo, debemos preguntarnos si lograremos tranquilizar a los donantes de que el dinero no se va a utilizar para tales fines. 
Hoy estamos debatiendo una propuesta de transferir buques de pesca a pescadores cuyo sustento quedó destruido por el tsunami. 
Es la mejor forma de ayuda posible que se podría proporcionar. 
En la Unión Europea pagamos a los pescadores para que desguacen sus barcos. 
Indudablemente, si los buques todavía son utilizables, deberíamos ofrecérselos a los pescadores en las zonas afectadas por la catástrofe, que han perdido sus propios barcos, ¿no creen? 
Siempre que los costes de las instalaciones de transferencia para estos buques y otros costes relacionados no sean demasiado elevados, hay que destinar la ayuda a tales medidas. 
Debemos confiar en que los donantes quedarán contentos con esta disposición. 
La propuesta merece nuestro apoyo, aunque sea una gota en un océano de necesidades. 
Debemos hacer más, permitiendo que la ayuda se emplee para construir barcos pesqueros que reúnan las condiciones específicas de las víctimas del tsunami. 
Entonces nos encontraremos ante el conocido problema de quién debe beneficiarse de estas decisiones y del pago por construir los buques. 
Los países afectados por el tsunami deben ser los beneficiarios en la medida de lo posible, con los países donantes en segunda posición. 
Asimismo, los que construyan barcos deben renunciar a los beneficios y obtener una ganacia mínima. 
También debemos reconstruir otras ramas de la industria costera destruida por el tsunami, como el cultivo de marisco, pero debemos poner especial cuidado en asegurarnos de que no se otorguen ayudas a la industria turística, en concreto esa parte que se aprovecha de la debilidad humana. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el deseo de la Comisión Europea, ciertamente loable, de traspasar buques comunitarios destinados al desguace a los países asiáticos damnificados por el tsunami le honra mucho. 
La Unión Europea debe mostrar su solidaridad cuando ocurren importantes catástrofes naturales. 
No obstante, al igual que mis colegas, quisiera expresar mi preocupación ante este tipo de operación. 
Existe un riesgo real de que los barcos enviados a los países asiáticos no se ajusten a las tradiciones pesqueras ni al medio ambiente de esos países. 
Peor aún, podrían ser una fuente de contaminación. 
No añadamos al drama del maremoto la contaminación de las costas de esos países por el abandono de barcos inservibles. 
Mi otra preocupación se refiere al coste del transporte. 
La Comisión Europea cifra en unos 50 000 euros por unidad el coste del traspaso de barcos pesqueros de la Unión Europea a los países afectados por el tsunami. 
En tal caso, ¿no sería mejor dar directamente esas sumas a los países afectados, que podrían construir muchos más barcos acordes con sus tradiciones, habida cuenta de que las ONG que están en contacto con los pescadores nos han indicado que un barco construido por ellos cuesta en torno a 1 200 euros? 
Por esta razón, la acción de Europa debe cumplir, a mi juicio, dos condiciones indispensables. 
La solicitud de traspaso de barcos de pesca debe proceder de los países asiáticos; parece ser, en efecto, que Indonesia y Sri Lanka ya han dicho que no desean recibir ninguno. 
Además, la FAO no ha recibido ninguna petición en este sentido. 
Por otra parte, insisto en el hecho de que el traspaso de barcos solo debe constituir una parte de nuestros esfuerzos. 
En efecto, los fondos comunitarios destinados a la ayuda humanitaria deben movilizarse también para la reconstrucción del sector pesquero. 
La ayuda podría concretarse, por ejemplo, en el envío de expertos y pescadores para ayudar a la reconstrucción de las infraestructuras locales de pesca. 
El informe de la FAO que esperamos para comienzos de marzo es fundamental para definir la estrategia que debe seguir la Comunidad. 
– Señor Presidente, a todos nos ha conmocionado la devastación física y emocional provocada por el tsunami en todo el sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004. 
Pasará algún tiempo antes de que conozcamos todo el alcance de la pérdida y el sufrimiento que ha sufrido la industria pesquera. 
Pero los países damnificados por la catástrofe del tsunami, en particular Sri Lanka, Tailandia, Indonesia y la India, han informado de graves pérdidas o daños en todo tipo de buques pesqueros. 
Por ejemplo, según un reciente informe de la FAO, Sri Lanka ha perdido casi el 70 % de su flota pesquera. 
Miles de pequeños barcos de unos 4,8 metros de longitud realizan la mayoría de la actividad pesquera en la zona. 
Además de la pérdida de las vidas de los pescadores, los barcos y las artes de pesca, también han sufrido graves daños los puertos, las plantas de producción y las plantas de congelación. 
La actividad pesquera normal no puede reanudarse sin la intervención y la inversión. 
Lógicamente, queremos ayudar. 
La urgencia que se nos presenta hoy se refiere a la transferencia de buques de los Estados miembros de la UE a los países afectados por el tsunami. 
Como hemos podido escuchar esta mañana, la propuesta ha sido duramente criticada por ser inadecuada, ya que el clima y las prácticas pesqueras son distintos en los países del sudeste asiático que en los países de la UE. 
Entiendo la preocupación expresada acerca de la idoneidad de los barcos de la UE para la pesca en el sudeste asiático. 
Sin embargo, acojo con satisfacción la propuesta que se nos presenta hoy sobre la base de que permite transferir barcos que cumplen los criterios restrictivos y que pueden resultar útiles. 
Asimismo, acojo con satisfacción las enmiendas presentadas por el señor Kindermann, en nombre del Grupo del PSE, como tal Grupo o junto con otros, en particular las enmiendas que intentan evitar los efectos adversos para los recursos pesqueros y la economía local, que la transferencia vaya acompañada de la formación adecuada, que los barcos sean adecuados, que la transferencia responda a las necesidades evaluadas por la FAO y que el país tercero la haya pedido. 
Sobre esta base, me satisface apoyar la urgencia e insto a los colegas a que hagan lo mismo. 
– Señor Presidente, algunas veces las iniciativas bienintencionadas tienen consecuencias negativas. 
Esta semana, la FAO ha enviado un escrito a esta Cámara para indicar que, primero, en la propuesta de la Comisión se la menciona siete veces, aunque no ha sido consultada ninguna vez al respecto. 
Segundo, nos informa de que ningún Gobierno ha pedido buques europeos; y tercero, que los buques y el sector pesquero industrial en la costa atlántica son, en todos los aspectos, diferentes de las canoas y catamaranes de Sri Lanka y la India. 
Un cuarto punto es que los astilleros locales deben efectuar las labores de reparación, que es para lo que sirven y lo que les dará dinero, trabajo y los medios para ganarse la vida. 
Nuestro dinero permitiría comprar unos 2 500 buques en lugar de los 200 aquí mencionados. 
En quinto lugar, debemos evitar que nuestros buques interfieran más en las zonas y comunidades pesqueras locales ya gravemente devastadas. 
La única conclusión que se desprende es la siguiente: ayuden a los pescadores locales en los astilleros, pero no envíen barcos. A pesar de las buenas intenciones, estaremos infligiendo otro tsunami en las costas asiáticas. 
Me decepciona que la Comisión desee aceptar solo 3 de las 22 enmiendas de esta Cámara, las cuales, añadiré, me complacía apoyar. 
Por todo ello, junto con la carta de la FAO y los informes de las ONG sobre este tema, voto en contra del informe. 
– Señor Presidente, quiero plantear solamente dos puntos. 
En primer lugar, a pesar de que la Comisión está intentando encontrar soluciones innovadoras para una catástrofe sin precedentes, le insto a que siga siendo pragmática en relación con el efecto de este gesto. 
Esta propuesta es bienintencionada. 
Soy consciente de que todos queremos hacer lo que podamos para ayudar a las decenas de miles de personas que han perdido sus hogares y su sustento a causa del tsunami, pero es importante que esta ayuda sea adicional y no sustitutoria o en especie y que no se incluya en los 350 millones de euros que la UE ya ha destinado. 
En segundo lugar, quiero pedir a la Comisión que estudie la mejor manera de usar los barcos desguazados más grandes. 
Las comunidades pesqueras de la India y Tailandia también han resultado devastadas y creo que el sector pesquero más desarrollado en estos países está mejor preparado para usar los buques más grandes, por lo que deberíamos estudiar esta idea. 
Por supuesto, estos barcos no tendrán utilidad para los individuos o los pescadores locales, pero sí podrían usarlos las cooperativas o las PYME. 
Es importante que todos los países reciban el mismo trato y que estudiemos la mejor solución para ellos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en enero de 2005 la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se unieron a la muestra internacional de solidaridad al tomar la decisión instantánea de otorgar enormes cantidades de ayuda económica y de otro tipo a las víctimas del tsunami. 
Una de las formas en que la ayuda no económica se suministrará es la transferencia de buques de segunda mano a pescadores afectados por el tsunami y que perdieron no solo a sus familias y amigos cercanos, sino también el hogar y los medios de ganarse la vida. 
Cuando la Cámara celebró votaciones sobre esta resolución el martes por la mañana, nadie dudaba de votar a favor. 
Fue una manifestación natural de emoción y solidaridad. 
No obstante, hay algunas preguntas que debemos hacer. 
¿Compensará la Comisión a todos aquellos a quienes se ha garantizado? 
¿Hasta qué punto significará esto más cargas para el presupuesto de la Unión Europea y por qué desea la Comisión transferir algunos de los costes a los Estados miembros? 
¿Recibirán los pescadores europeos que hayan decidido dejar su trabajo la compensación prometida por la UE? 
¿Habrá alguna posibilidad de compensación para las empresas y acerías que ya habían recibido contratos para desguazar buques y habían incurrido en gastos administrativos? ¿Se salvaguardarán los puestos de trabajo creados en virtud de programas anteriores? 
¿Debería la Comisión plantearse facilitar ayuda para construir nuevos puertos y astilleros en países afectados por el tsunami, en lugar de limitarse al traspaso de viejos buques pesqueros? 
Muchas gracias. 
. Señor Presidente, como siempre, la respuesta no es fácil. 
Intentaré responder a todas las preguntas planteadas, pero me gustaría empezar mi respuesta con una frase que ha utilizado el señor Kindermann: «una señal política de solidaridad». 
Nuestro objetivo es enviar precisamente una señal mediante este proyecto, el cual es simplemente una diminuta parte de una medida de ayuda mucho mayor y una forma en la que podemos facilitar ayuda rápidamente y a aquellos que la necesitan. 
Con su permiso responderé ahora de forma más concreta a algunas preguntas en particular. 
En primer lugar, la cuestión del cálculo. 
He oído cifras de 47 000 y 50 000 euros por barco. 
Como ya se explicó en la Comisión de Pesca, esas cifras no son exactas. 
Los propietarios de los barcos reciben de todos modos una prima por desguace. 
Lo único que cambia es que los barcos no son desguazados sino traspasados, y el coste del transporte no supera los 4 000 euros por barco. 
Este es, pues, el coste que hay que considerar y no las cifras fantasiosas que se han citado. 
Por otra parte, no se trata de barcos pequeños. 
Los barcos pequeños, como los botes, pueden reconstruirse por supuesto sobre el terreno. 
En este caso, se trata de embarcaciones de tamaño medio, con un máximo de 12 metros, y la capacidad necesaria para la construcción de barcos de este tipo no existe sobre el terreno. 
Otra cuestión se refería a la edad de los barcos. 
La edad media de los buques europeos en activo es de 25 años; la de los buques destinados a la exportación a los países damnificados por el tsunami se situará entre 5 y 20 años. 
Por consiguiente, no se trata de barcos muy viejos. 
En cuanto a la cuestión de los expertos, me gustaría decir que ya hemos enviado y enviaremos a más expertos sobre el terreno. 
Además, a petición nuestra, la FAO está procediendo a una evaluación de las necesidades, y este punto estará en el orden del día de la reunión ministerial de 12 de marzo, en la que el señor Borg representará a la Comisión. 
Todos estamos a favor de una buena cooperación con la FAO; velaremos por que nuestros expertos puedan aportar su parte. 
Por lo que se refiere a la implantación del sistema de alerta, la Comisión, junto con expertos de órganos internacionales, está estableciendo sistemas de alerta mediante la transferencia de nuestras tecnologías a los países afectados. 
Señor Presidente, quisiera decir muy claramente que el estado de los barcos y su adecuación a las necesidades serán examinados por expertos. 
Las necesidades serán evaluadas por la FAO. 
Queremos estar preparados por si llegan peticiones. 
Hemos recibido ya una petición de buques de Tailandia. 
¿Podemos seguir desguazando buques aquí cuando en la otra punta del mundo pueden servir a los pescadores? 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará en el turno de votaciones, que tendrá lugar dentro de poco. 
Quisiera anunciar ahora al Parlamento y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a la galería de visitantes distinguidos, a la delegación de la Gran Asamblea Nacional Turca dirigida por el vicepresidente, el profesor Dumanoglu. 
La delegación asistió ayer y hoy a la 5ª reunión de Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento. 
Al comienzo de este debate, la Comisión nos ha informado de que no aceptaría la mayoría de las enmiendas acordadas entre los diferentes partidos políticos en esta Cámara. 
Esto significa que en lugar de enviar ayuda útil a las comunidades pesqueras devastadas a través de expertos, pescadores, ingenieros, constructores de barcos y dinero, vamos a enviar uno o dos barcos viejos a un coste ingente a modo de gesto puramente político. 
Esto no es útil. 
La FAO ha escrito al presidente de la Comisión de Pesca para explicarle que Sri Lanka e Indonesia rechazan esta ayuda. 
No quieren estos barcos. 
En vista de estas circunstancias, tenemos que volver a reflexionar, antes de que votemos sobre la resolución final. 
Sugiero que no hagamos gestos políticos, sino que proporcionemos ayuda real y útil a las comunidades pesqueras que han perdido su sustento y sus vidas. 
Ayuda útil no significa enviar uno o dos barcos viejos del Mediterráneo. 
Por lo tanto, espero que rechacemos la propuesta de la Comisión. 
. Señor Presidente, no le sorprenderá que le diga que la Comisión no está de acuerdo en absoluto con lo que se acaba de decir. 
Probablemente había demasiado ruido hace un momento en esta Cámara para que pudiera oírse lo que la Comisión ha dicho al final del debate. 
Por lo que se refiere al coste, quiero repetir lo que he dicho para que todo el mundo pueda oírlo. 
No hay un coste por buque de 47 000, 50 000 o 100 000 euros. 
Se trata de barcos cuyos propietarios reciben de todos modos una prima por desguace. 
Ahora bien, el destino final de esos barcos –y ahí es donde hay cambios– no es el desguace, sino el traspaso. 
El traspaso de un buque cuesta 4 000 euros como máximo, y son buques demasiado grandes para poder construirlos sobre el terreno. 
Por último, solo entregaremos esos barcos cuando se soliciten. 
De momento, tenemos una solicitud de Tailandia. 
Señor Presidente, quería proponer una enmienda oral en relación con la enmienda número 7 propuesta por el Grupo Socialista, que vamos a votar a continuación. 
Ésta, señor Presidente, es una enmienda de gran importancia y va a condicionar, con otras, la valoración final que va a hacer nuestro Grupo político de este importante informe sobre la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
Al ser una enmienda presentada por el Grupo Socialista, he hablado, en lugar de con la autora —que no está en este momento en el Hemiciclo—, con el señor Howitt, y le he propuesto que, para facilitar un posicionamiento favorable de nuestro Grupo, nos centráramos en la segunda parte de esta enmienda y suprimiéramos la primera. 
Señor Presidente, me limito a plantear una opción en nombre de mi Grupo y creo que esta opción es compartida por los autores de la enmienda. 
Evidentemente, hay grupos políticos que tienen derecho a oponerse, pero nosotros también tenemos derecho a votar en contra del informe. 
Y, por lo tanto, brindo, señor Presidente, esta apertura para intentar que la Asamblea pueda unirse respecto a este informe. Creo que se salva lo esencial del contenido de la enmienda, aunque nuestro Grupo está en contra, y que puede suponer una solución razonable para que nuestro Grupo pueda votar al final en favor de la resolución. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, según tengo entendido el señor Salafranca Sánchez-Neyra propone eliminar la palabra «deplora» como parte de un trato que mantiene el apoyo de la iniciativa brasileña en este apartado. 
El Grupo Socialista acepta esta propuesta. 
Acabo de hablar con el Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos e insto a los demás Grupos a que lo apoyen porque permitirá aprobar este informe en su totalidad. 
– Para que las cosas queden bien claras, quiero preguntar al señor Salafranca Sánchez-Neyra si lo que nos propone es recordar a la Presidencia su petición de que prosiga sus esfuerzos a favor de la iniciativa brasileña relativa a la discriminación basada en la orientación y la identidad sexual, obteniendo el apoyo de otros países para la resolución sobre este problema. 
¿Es esto? 
¿Quiere repetir la formulación? 
En efecto, si se suprime la primera parte, hay que enunciar en la segunda de qué se trata. 
Señor Presidente, se trata específicamente de esto. Yo entiendo que va a haber una mayoría a favor de esta propuesta. 
Nosotros, evidentemente, nos oponemos. 
Pero en estos términos, creo que, al final, si el balance del resto de la votación de las enmiendas es positivo, nuestro Grupo podría considerar un posicionamiento favorable. 
– Señor Presidente, quiero señalar, en nombre del Grupo Socialista y de mi colega, la señora Valenciano Martínez-Orozco, que creemos que puede haber un error en la lista de votación relativa a la enmienda 15, presentada por el Grupo del PPE-DE. 
Esta enmienda menciona la reciente declaración de la Conferencia de Donantes para Colombia celebrada en Cartagena. 
También están implicadas las enmiendas 4, 19 y 23, presentadas por los Grupos Socialista y ALDE. 
Se refieren al apoyo a las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. 
Sin duda no son mutuamente excluyentes. 
Sería un error que las enmiendas 4, 19 y 23 no se aprobaran si se aprueba la enmienda 15, como sugiere la lista de votación. 
Los servicios me han aconsejado que este problema puede resolverse votando las enmiendas del PSE y del ALDE como considerando Ia (nuevo) , y no como enmiendas al considerando I. Señor Presidente, le pido que apoye esto. 
En conclusión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está establecida en Bogotá mediante un acuerdo con el Gobierno colombiano. En realidad está financiada por la Unión Europea. 
Espero que toda la Cámara reafirme su apoyo al trabajo de la Oficina apoyando las enmiendas del PPE-DE y las enmiendas del PSE/ALDE. 
El señor Salafranca Sánchez-Neyra está de acuerdo en que hay que votar separadamente si bien aconseja a su Grupo que vote en contra. 
Lo lamento, pero le agradezco su apoyo en las cuestiones técnicas relativas a estas enmiendas. 
Señorías, quiero disculparme por presentar una enmienda en el último momento. 
Sin embargo, creo que es una enmienda importante, pues podría ayudarnos a asegurar la aprobación de un texto legislativo que beneficiaría a millones de ciudadanos de la UE. 
El apartado 7 se divide en dos partes y propongo que se añada el siguiente texto al final de la primera parte: «de conformidad con las decisiones adoptadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 2 de febrero de 2005 y por su Conferencia de Presidentes el 17 de febrero de 2005.» 
Con esta enmienda, la primera parte del apartado 7 quedaría así: «pide a la Comisión que revise su propuesta sobre patentes de invenciones implementadas en ordenador, de conformidad con las decisiones adoptadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 2 de febrero de 2005 y por su Conferencia de Presidentes el 17 de febrero de 2005.» 
La segunda parte del apartado quedaría como está. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, por lo que se refiere a la enmienda 15, desearía que se considerase como un añadido. 
Siendo así, votaremos a favor, en caso contrario, en contra. 
– Señor Presidente, quiero pedir al Grupo Verts/ALE que acepte esta enmienda como añadido al apartado y no en sustitución del mismo. 
– Sí, señor Presidente, con respecto a la enmienda 21, desearíamos que fuera un añadido. 
En tal caso, podríamos votar a favor, de lo contrario votaremos en contra. 
– Señor Presidente, simplemente quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los diputados, especialmente los de la derecha, que han votado a favor de nuestras enmiendas. 
Por desgracia, estos diputados no han sido suficientes y no se han tenido suficientemente en cuenta las preocupaciones sociales que tienen una importancia tan crucial para nosotros y para los ciudadanos. 
Esto significa que no podemos votar a favor de esta resolución, y que seguiremos luchando por los derechos sociales de los ciudadanos. 
– Los conflictos y los acontecimientos en general en Costa de Marfil constituyen una cuestión política importante. 
Las Naciones Unidas tienen un compromiso con respecto a este conflicto y, con la resolución 1572 (2004) , han decidido aplicar medidas restrictivas contra Costa de Marfil. 
Esta resolución fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Las Naciones Unidas intervienen y han de seguir interviniendo en cuestiones internacionales. 
La Lista de Junio no cree que los Estados miembros de la UE deban coordinar sus compromisos respectivos como miembros de las Naciones Unidas en el marco de la cooperación de la UE. 
La UE tiende en general a tratar de promover sus posiciones de política exterior. 
Nos oponemos a este proceso y recomendamos que haya políticas exteriores nacionales, junto con una cooperación internacional en el seno de las Naciones Unidas. 
Nuestro punto de vista fundamental es que la UE no debería verse implicada ni intervenir en cuestiones de política exterior. 
. 
La cuestión más importante de este informe es la eficacia con la cual la UE hace frente a sus obligaciones internacionales, especialmente aquellas que se derivan del hecho de que todos sus Estados miembros son miembros de las Naciones Unidas. 
En este contexto, y teniendo en cuenta la estructura jurídica de la Unión, esta propuesta de reglamento del Consejo tiene sentido. 
No obstante, la intención de esta propuesta es aplicar sanciones –y esperemos que se apliquen con el rigor necesario– con miras a desbaratar los planes de quienes puedan representar una amenaza para el proceso de paz y reconciliación nacional en Costa de Marfil. 
Dada la frágil naturaleza de este proceso de paz y reconciliación nacional, necesita toda la protección internacional que se le pueda garantizar. 
Además, las sanciones establecidas en esta propuesta no tienen que ver –ni lo pretenden– con la población en general, sino que apuntan únicamente a determinadas personas. Por ello es evidente que son útiles y justas. 
Por estas razones, he votado a favor del informe. 
. – El objetivo de la propuesta de directiva sobre prácticas comerciales desleales es incrementar la armonización de las normas en materia de prácticas comerciales desleales que atentan contra los intereses de los consumidores. 
La directiva pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior y reforzar la protección de los consumidores. 
La propuesta prohíbe las prácticas comerciales desleales. 
Apoyamos plenamente la realización del mercado interior y la protección efectiva de los consumidores. 
La razón por la cual no podemos apoyar la propuesta de directiva en su forma actual es que amenaza con impedir que a la larga Suecia pueda seguir prohibiendo los anuncios televisivos destinados a los niños. 
No queremos contribuir a debilitar las normas vigentes sobre publicidad destinada a los niños y por ello hemos optado por abstenernos en la votación final sobre el informe Bresso en su conjunto. 
Acojo con satisfacción esta propuesta que prohíbe que los operadores sin escrúpulos lleven a cabo prácticas deshonestas. 
Muchos de mis electores han sufrido a causa de este tipo de comportamiento, al que esperamos poner fin. 
Por ejemplo, una de las prácticas que persigue la legislación es la estafa de los sorteos de premios, en las que se insta a los consumidores –con frecuencia a través de un mensaje de texto al teléfono móvil– a que llamen a una línea de teléfono 906 y reclamen un premio que no existe. 
Esta nueva legislación revisará las normativas nacionales dispares en los 25 países de la UE y permitirá que los consumidores emprendan acciones legales contra métodos de venta agresivos o engañosos. 
Asimismo, introducirá una «obligación general» de comercio justo. 
. 
Uno de los requisitos esenciales para el buen funcionamiento del modelo económico capitalista es la verdadera libertad de elección de los consumidores, y la verdadera libertad de elección solo existe si, entre otras cosas, se informa debidamente a los consumidores acerca de los productos y servicios que compran. 
Sin embargo, también es cierto que la excesiva reglamentación de la actividad de las empresas constituye una barrera para la normalización y la armonización, y acaba haciendo que la competencia no funcione. 
Si las cuestiones se ven desde esta perspectiva, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las prácticas comerciales desleales en el mercado interior logra claramente, como se indica en el informe, «una armonización bastante elevada del reconocimiento mutuo de las disposiciones nacionales» de lo cual resulta una propuesta de directiva que, según se dice acertadamente en el informe, representa «un equilibrio razonable». 
Por ello he votado a favor. 
– Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea comparte la preocupación universal de que es preciso garantizar la viabilidad de las comunidades pesqueras en las regiones afectadas por el tsunami, pero hay que decir, Señorías, que el presente reglamento es una mala idea y una mala propuesta. 
Hemos oído los consejos del WWF y de ONG que actúan sobre el terreno, y también he pedido la opinión de la FAO. 
Es evidente que los buques que queremos enviar son totalmente inadecuados, pues tienen una estructura diferente, las técnicas de pesca utilizadas son diferentes y, si no se efectúan adaptaciones, pueden tener efectos contraproducentes. 
El mantenimiento operativo de los buques que estamos dispuestos a donar también conllevará problemas. 
Permítanme añadir a esto el hecho de que la FAO me confirmó que la mayoría de las zonas pesqueras en esa región han sido sobreexplotadas y que hemos de tener en cuenta las capacidades biológicas limitadas que existen allí. 
Es absolutamente necesario que las técnicas de pesca se adapten debidamente. 
Por si esto no fuera suficiente, Señorías, la FAO también recalca que los países afectados no quieren importar buques, ya sean viejos o nuevos. 
Los propios Gobiernos de Indonesia y Sri Lanka han comunicado a la FAO que no se acogerán a esta iniciativa. 
Las autoridades y la comunidad de pescadores preferirían recibir apoyo para construir sus propios barcos, adaptados a las tradiciones y a los métodos de pesca locales. 
La FAO ha confirmado que existe una amplia capacidad técnica en la zona para construir los barcos allí. 
En resumidas cuentas, se trata de un tipo de apoyo no deseado y no adecuado. 
La Comisión incluso ha declarado que aceptará solo 3 de las 21 enmiendas que se han aprobado, y por consiguiente, señor Presidente, Señorías, una gran mayoría de mi Grupo ha votado en contra de esta propuesta de reglamento. 
– Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta, pero tengo que admitir que ha sido difícil. 
Al final, he votado a favor porque creo que permite que la Comisión investigue la transferencia de buques a la región afectada por el tsunami; esto no significa, incluso con esta votación, que tengan que hacerlo. 
Insisto en que la Comisión tenga en cuenta el consejo de la FAO antes de actuar; que solo responda a las peticiones de los países afectados por el tsunami y que no imponga la transferencia de buques a ningún país; y que lleve a cabo un análisis exhaustivo de coste-beneficio del envío de barcos a la región del tsunami, frente a la construcción de barcos en esa región. 
Hoy hemos dado luz verde a la Comisión para cambiar la normativa. 
Lo que no hemos dicho es que, incluso si cambian la normativa, tengan que enviar necesariamente los buques. 
– Señor Presidente, al igual que mi colega, el señor David Martin, creo que ha sido una votación difícil. 
He votado en contra de esta resolución con pesar, pero lo he hecho por razones prácticas y lógicas. 
La explicación mediocre de la Comisaria, así como sus motivos para rechazar las enmiendas del Parlamento, me han decepcionado mucho. 
Eran enmiendas que hubieran llevado la votación por el buen camino. 
Sin embargo, creo que la propuesta de la UE ha sido un gesto erróneo y no la clase de ayuda que tenemos que enviar. 
He visitado el norte y el este de Sri Lanka recientemente. 
Viví de primera mano la devastación. 
Vi barcos asolados y vidas devastadas, pero no vi nada que me hiciera creer que necesitan buques europeos viejos y desmantelados. 
Tampoco puedo creer que esta transferencia sea rentable: unos cientos de barcos para sustituir a miles de barcos perdidos. 
El pueblo de Sri Lanka y otras partes del sureste asiático necesitan ayuda real. 
Ocho semanas y media después del 26 de diciembre, estamos ofreciendo unos pocos barcos viejos. 
Creo en la ayuda real: en ayudar a las personas a que ellas mismas reconstruyan sus vidas. 
Démosles las herramientas para construir sus propios barcos, buques adecuados. 
Por supuesto, prestémosles la mano de obra. 
Ayudémosles a construir redes para seguir pescando y todo lo que necesiten. 
En este momento, esa ayuda no está llegando de la manera que debiera. 
No podemos limitarnos a hacer gestos, por muy bienintencionados que sean. 
– Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de hacer una breve declaración sobre mi voto respecto de la transferencia de buques a los países afectados por el tsunami. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Evans. 
Creo que la región necesita ayuda real, no un gesto simbólico de la Unión Europea. 
Las respuestas que hemos recibido de la Comisión respecto de nuestra crítica y enmiendas me han decepcionado mucho. 
Hasta el último minuto no había tomado una decisión sobre mi voto, pero al final he votado en contra. 
Esta declaración explica mi decisión. 
– La catástrofe del tsunami es una gran tragedia internacional que exige la solidaridad y la generosidad mundial. 
Hemos optado por votar a favor de la propuesta. 
Sin embargo, en nuestra opinión, las Naciones Unidas son el organismo internacional más idóneo para prestar ayuda humanitaria en relación con catástrofes internacionales. 
Las Naciones Unidas cuentan con un apoyo internacional más amplio y tienen más experiencia que la UE en la gestión de situaciones de crisis. 
No estamos de acuerdo con que la UE aproveche cualquier oportunidad para promover y reforzar su posición y su influencia. 
Además, hay buenas razones para preguntarse si enviar buques de los Estados miembros de la UE a los países afectados por el tsunami es el mejor modo de ayudar. 
Una contribución alternativa sería comprar los buques allí mismo. 
Ello simplificaría el esfuerzo de ayuda y contribuiría al desarrollo de las economías locales de los países afectados por el tsunami. 
. 
La catástrofe del tsunami ha tenido un enorme impacto en el sector pesquero de la India, Indonesia, Myanmar, las Maldivas, Somalia, Sri Lanka y Tailandia. 
Las cifras indican que miles de pescadores murieron, 110 000 barcos fueron destruidos, y los costes en el sector ascendieron a unos 400 millones de euros, más de 450 millones de euros si se incluye la reparación de las instalaciones portuarias dañadas. 
La magnitud de la catástrofe implica que sea necesario un gran esfuerzo por parte de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción de este sector clave. 
Por desgracia, la propuesta de traspasar a estos países buques que estaban destinados al desguace en los diversos Estados miembros ilustra la hipocresía de la ayuda de palabra y difícilmente viable que no responde a las necesidades sobre el terreno. 
Hemos llegado a la inaudita situación de que no ha habido peticiones por parte de los países afectados. 
Según las cifras, con el dinero gastado en el envío de estos buques podrían construirse 9 600 buques nuevos que se ajustan a los métodos de pesca utilizados en estos países. 
Por ello apoyamos las enmiendas que tienen por objeto convertir la propuesta de la Comisión en ayuda humanitaria y ayuda financiera y técnica para desarrollar el sector pesquero en los países afectados. 
Hemos de garantizar la conformidad con el concepto de traspasar buques si así se solicita y con los criterios establecidos por la FAO. 
Hemos votado a favor para corregir un error. 
. He votado a favor de la propuesta modificada y sustancialmente mejorada por el Parlamento Europeo. 
En particular, mis enmiendas, que han sido apoyadas por una gran mayoría, dejan claro que esto solo forma parte de una amplia gama de medidas para ayudar a las comunidades pesqueras en la zona del Océano Índico. 
El reto planteado por el Parlamento Europeo es que la Comisión Europea cambie de opinión y acepte nuestra propuesta modificada, y que el Consejo de Ministros siga el rumbo que hemos marcado en esta cuestión. 
. A pesar de la profunda compasión que siento por las víctimas de esta inimaginable tragedia, he votado en contra del reglamento del Consejo por las razones que paso a explicar. 
No se han hecho estimaciones de los costes que generará esta medida, aunque los análisis preliminares indican que podrían ser enormes. 
Los barcos de pesca enviados serán embarcaciones viejas que en realidad estaban destinadas al desguace. 
Es decir, ya no cumplen los requisitos básicos de seguridad. 
En esencia es lo mismo que sucedió en Polonia durante las inundaciones de 1997, cuando en ocasiones las víctimas recibieron ropa totalmente gastada e imposible de llevar. 
Estos barcos de pesca europeos fueron construidos para funcionar en condiciones totalmente diferentes de las que prevalecen en los países afectados por el tsunami. 
A raíz de lo que hemos oído ha quedado muy claro que países como Sri Lanka y las Filipinas no quieren en absoluto que se les ayude de esta manera. 
Por esta y otras razones me inclino a creer que el envío de cerca de 150 buques de pesca tiene por objetivo calmar las conciencias europeas y ser un gesto simbólico. 
Sin embargo, lo que se necesita es la ayuda de verdad, no símbolos. 
Desde este punto de vista, por desgracia hay que sacar la conclusión de que el reglamento del Consejo no tiene sentido. 
. – El Parlamento Europeo ha votado hoy sobre una propuesta por la cual pequeños buques de pesca, que ya no se utilizan en la UE, se enviarían a las comunidades pesqueras afectadas por el tsunami. 
Estoy plenamente de acuerdo en que es importante que se recuperen los sectores pesqueros de los países afectados. 
Por otra parte, no creo que traspasando buques de pesca, como se plantea en la propuesta de reglamento, sea el modo de proceder adecuado. 
Traspasar una serie de buques de pesca no responderá a las necesidades existentes. 
Además, el apoyo a las industrias pesqueras de los países afectados debería adaptarse a las necesidades locales y a la demanda local. 
. – He votado en contra de esta resolución porque considero que es contraria a los principios de la economía de mercado. 
La experiencia en Suecia demuestra que las soluciones propuestas en la resolución no tendrán efecto alguno en los problemas que se pretende resolver. 
– La Lista de Junio no cree que el Parlamento Europeo deba participar en la decisión de dónde han de ubicar su producción las empresas. 
Cada Estado miembro debería ser libre de aplicar su propia política industrial en el marco de la legislación en materia de competencia. 
La supervivencia del sector siderúrgico europeo depende de su competitividad en el mercado internacional y no de la protección ni de los subsidios. 
. 
He votado a favor de la resolución sobre las perspectivas de futuro del sector siderúrgico. 
El sector siderúrgico es uno de los ámbitos en que el desarrollo tecnológico es crucial y en que nos encontramos con diversos ejemplos de unidades de producción consideradas modélicas desde el punto de vista de la tecnología que emplean. 
Estas actividades industriales emplean a una gran proporción de la población de la Europa ampliada y en los últimos años ha habido una importante inversión pública en innovación y desarrollo en industrias europeas. 
Me gustaría señalar que gran parte de esa inversión provenía de fondos comunitarios y que se necesitan normas claras y prácticas para saber cómo se utilizan estos fondos. 
No hemos de permitir que las empresas financiadas con estos fondos esquiven las condiciones acordadas sobre cuya base reciben estas subvenciones, obligaciones el mantenimiento de la producción a largo plazo en el territorio y de los puestos de trabajo. 
La situación es tanto más grave cuanto que, como se menciona en la resolución, la empresa implicada registra resultados netos positivos y un crecimiento económico, pero toma la inexplicable decisión de trasladar o cerrar la planta en cuestión. 
.– Expresamos nuestra solidaridad y apoyo unánimes a los trabajadores de la empresa Thyssen Krupp en Terni, Italia, que están luchando por el derecho a trabajar y para que se proteja la producción industrial de acero y en contra de la política antiobrera de la UE y de la empresa, que se expresa en términos de coerción y amenazas de nuevos despidos. 
No obstante, nos abstenemos de votar sobre la propuesta de resolución común del Parlamento Europeo porque: 
– emplaza el interés de los trabajadores dentro de la Estrategia de Lisboa, que es un asalto a los derechos de empleo y que promueve los despidos masivos y el desempleo; 
– equipara los intereses de los trabajadores que están siendo despedidos con la competitividad de los monopolios europeos y de este grupo industrial concreto y aboga por la cohesión social, que significa la abolición de la lucha de clases para dar marcha atrás a los despidos masivos. 
– pide una mayor «responsabilidad social de las empresas» albergando la peligrosa ilusión de que los monopolios pueden estar a favor de los obreros y de las clases populares. 
El estado del sector siderúrgico es el resultado de reestructuraciones capitalistas, de la liberalización del mercado y de la concentración de capital. 
La propia Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros han reforzado a las grandes empresas en las prácticas de reestructuración, traslado y cierre de unidades y actividades, indiferentes a las consecuencias sociales. 
El derecho al trabajo y la satisfacción de las necesidades actuales de las clases populares se conseguirα a través de la lucha de la clase obrera y de las clases populares contra la UE y su política antiobrera. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos quiero dar la siguiente explicación de voto en relación con la votación del informe sobre derechos humanos. 
Hemos votado a favor del informe en su conjunto, aunque contiene algunos apartados clave que no hemos podido apoyar, sobre todo uno relacionado con la salud reproductiva y la iniciativa brasileña. 
Quiero recalcar que nuestro Grupo ha votado en contra de estos puntos porque no queremos que el informe sobre derechos humanos sirva de pretexto para liberalizar el aborto de modo encubierto. 
– Señor Presidente, en esta resolución sobre los derechos humanos hemos examinado la situación en un gran número de países del mundo que se mencionan en el informe de las Naciones Unidas. 
Es más, en un considerando de la resolución aprobada se expresa la preocupación por no haber mencionado suficientes. 
En esa inquitetante lista de países no se incluye ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Es realmente un problema, Señorías, porque pienso que deberíamos barrer primero delante de nuestra propia casa, barrer, por ejemplo, delante de la casa del Reino de Bélgica, que ha dado recientemente el triste espectáculo de una increíble acción judicial promovida por una oficina directamente dependiente del Primer Ministro Verhofstadt y financiada por él mismo. 
Se trata del centro llamado «Centro para la igualdad de oportunidades» , cuyo director es un dominico de nombre Johan Leman, una nueva especie de Torquemada, que, tras un procedimiento escandaloso, ha conseguido la prohibición de hecho del Vlaams Blok, partido perfectamente legal y pacífico, por simples delitos de opinión. 
Es un auténtico escándalo, pero nunca ha sido mencionado en este recinto por otros diputados que no fueran los miembros de la formación política en cuestión. 
Para concluir, ¿qué decir de la situación imperante en muchos países de Europa, incluida Francia? 
Francia, donde el «delito de pensamiento» es objeto de persecución en muchos ámbitos; donde toda referencia a los crímenes del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial está prohibida so pretexto del revisionismo; donde, so pretexto de la lucha contra el racismo, se prohíbe criticar la política de inmigración; donde, so pretexto de la lucha contra la xenofobia, se prohíbe reclamar la legítima preferencia nacional; donde, hace muy poco, por la infame iniciativa del señor Perben, so pretexto de la lucha contra la homofobia se prohíbe recordar la preferencia por la familia natural sobre las asociaciones de pederastas y lesbianas; este es el escándalo del que debería ocuparse nuestro Parlamento. 
Estoy totalmente a favor del trabajo del ACNUR en Ginebra, pero creo que a veces deberíamos actuar con más cuidado, y participar en una política real en lugar de una política de buenos propósitos. 
La Unión Europea ha entablado un diálogo sobre derechos humanos con Corea del Norte, basado en nuestro diálogo sobre derechos humanos con China. Este se suspendió en 2003 cuando la UE patrocinó en Ginebra una resolución muy crítica con Corea del Norte, sin ni siquiera informar de antemano a nuestros interlocutores. 
En una reunión reciente en Ginebra sobre la cuestión de los derechos humanos en Corea del Norte y en presencia del ponente especial de Corea del Norte, se nos dijo que hemos de presentar una nueva resolución el mes que viene porque no había diálogo, cosa que perdimos con la resolución inicial. 
Quizá mereciera la pena considerar si un diálogo real y constante mejoraría los derechos humanos en lugar de limitarnos a aprobar resoluciones. 
En nombre del Partido Laborista Parlamentario Europeo, quiero subrayar que apoyamos firmemente los derechos humanos y la convocatoria de elecciones libres en Zimbabue. 
Por esta razón, apoyamos específicamente, en la resolución de hoy, la condena del fracaso de la resolución de la UE sobre Zimbabue en el ACNUR el año pasado, que de nuevo instaba a la UE a copatrocinar una resolución que condenara en Ginebra este año los abusos en materia de derechos humanos cometidos en Zimbabue. 
Hoy hemos votado en contra de la enmienda 12 del PPE por la razón técnica de que sencillamente repite estas posiciones políticas, que ya figuran en el texto del Parlamento. 
. – La resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores expresa en su conjunto la política exterior reaccionaria, agresiva y contraria a las clases populares de la UE y su carácter imperialista. 
Utiliza como pretexto los derechos humanos y su protección selectiva, legitimando la intervención e incluso la guerra contra países. 
No es ninguna coincidencia que la larga lista de países sobre los que se ha pedido a las Naciones Unidas que adopten resoluciones condenatorias también incluya a países que se hallan en el punto de mira del imperialismo (Cuba, la República Democrática Popular de Corea, Irán, Belarús, Zimbabue, etc.). 
Hace referencia a violaciones en docenas de países, pero no dice nada sobre el tema de los derechos humanos de los cientos de miles de iraquíes, afganos, palestinos, etc. asesinados durante las guerras e intervenciones imperialistas. 
Por el contrario, condena colectivamente a la resistencia iraquí y de las clases populares en general, calificándola de terrorismo. 
Recalca hipócritamente la protección de las libertades fundamentales que masacra con las llamadas leyes antiterroristas que criminalizan las luchas sociales. 
Las referencias a la pobreza, el hambre, la contaminación ambiental, la salud, la educación, etc. son un insulto a las clases populares y millones de personas del tercer mundo que están privadas de los derechos fundamentales debido al dominio imperialista y capitalista (temporal). 
Por ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia votarán en contra de la resolución. 
. 
La UE y sus 25 Estados miembros han de procurar considerar la próxima 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una oportunidad para poner en práctica los valores declarados y repetidamente reafirmados de la UE y de cada uno de los 25 Estados miembros. 
La UE ha sido sin duda un factor en la expansión de la defensa de los derechos humanos, tanto en sus relaciones con terceros países –aunque siguen existiendo algunas graves anomalías– como, en particular, a través de su proceso de ampliación, en el que la expectativa de adhesión o algún tipo de asociación privilegiada con la Unión ha conducido a algunas reformas aplaudidas en diferentes países. 
Lo que hemos de hacer –aparte de decir que el contenido es correcto, pero que la práctica falla– es ser coherentes con los valores que proclamamos como Unión y como países. 
Esta es la idea que deben tener presente los participantes en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se reúnan. 
El mundo solo será un lugar mejor si alguien muestra el camino a seguir, y nosotros deberíamos ser ese alguien. 
Este es el significado que tiene mi voto a favor. 
Acojo con satisfacción esta resolución y el apoyo que presta a los países del G8 en sus planes de reducir hasta el 100 % de la deuda de los países más pobres del mundo. 
Es importante que el dinero de la condonación de la deuda provenga de nuevos fondos y del desvío de los recursos existentes para el desarrollo. 
A este fin, la reducción de la deuda debe tratarse e informarse separadamente de la ayuda al desarrollo. 
Tenemos que alentar a los países en desarrollo a que empleen los fondos ahorrados provenientes de reembolsos de la deuda para financiar servicios básicos como la sanidad y la educación, sin los cuales será prácticamente imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En este contexto es importante que los países más pobres no estén sujetos a una presión excesiva, de forma que puedan liberalizar su sector de servicios a cambio de la liberalización del comercio de la UE. 
. 
He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre las acciones contra el hambre y la pobreza porque creo que hemos de estar atentos a todas las medidas propuestas y emprendidas para combatir este azote que afecta a millones de personas en todo el mundo. 
Quiero reiterar mi profunda preocupación por el incumplimiento de los plazos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y señalar que el alivio de la deuda y el comercio son factores clave que hay que tener en cuenta cuando se establecen medidas para financiar el desarrollo. 
El principal reto al que nos enfrentamos es la dificultad de encontrar los medios adecuados para garantizar que los países más pobres reciban una ayuda transparente y efectiva. 
Los Estados miembros y la Comisión han de seguir trabajando en este terreno de forma continuada y han de seguir estando atentos a nuevas iniciativas, tanto privadas como públicas, que puedan contribuir a aumentar el nivel y la efectividad de la ayuda, al alivio de la deuda de los países más pobres del mundo y al comercio internacional, que desempeña un papel crucial a la hora de erradicar las causas fundamentales de la pobreza y del hambre. 
– Señor Presidente, quiero dar una explicación de voto sobre el programa de trabajo legislativo de la Comisión. 
No he votado a favor de este informe porque, si bien la mayor parte del contenido del programa de trabajo es aceptable, me preocupa lo que no se contempla. 
Me preocupa que la UE continúe sobrerregulando; continúa elaborando una legislación demasiado detallada, impone demasiados trámites burocráticos a las empresas y está deteriorando de forma significativa la prosperidad de Europa y de sus Estados miembros, incluido, por supuesto, el Reino Unido. 
Asimismo, me preocupa que este programa de trabajo no ponga en práctica medidas suficientemente serias que lleven a cabo un control financiero serio del presupuesto de la UE. 
Es inaceptable que, durante casi una década, la UE no haya conseguido elaborar un presupuesto que sus propios auditores puedan firmar, y que más de un 80 % del presupuesto de la UE no esté debidamente justificado. 
Se trata del dinero de los contribuyentes, y me hubiera gustado que la Comisión presentara un programa de trabajo que se tomara mucho más en serio esta situación escandalosa y propusiera medidas para hacerle frente. 
Asimismo, me hubiera gustado mucho que el programa de trabajo de la Comisión estudiara maneras de devolver poderes a los Estados miembros, de descentralizar el poder en la Unión Europea, en lugar de impulsar más integración con el euro y la Constitución Europea, a las que me opongo firmemente. 
Una cosa que me satisface es que se haya rechazado la enmienda 61, la enmienda sobre Chipre, propuesta por el Grupo Liberal. 
Intentaba aumentar los vínculos económicos con el régimen no reconocido de Chipre del Norte. 
Es importante que prestemos apoyo financiero a Chipre del Norte, pero tiene que ser a través del Gobierno de la República de Chipre reconocido democráticamente. 
No es aceptable tener vínculos directos con un régimen no reconocido. 
La razón del embargo es la invasión inicial de Turquía ocurrida hace muchos años. 
No se trata de un boicot internacional: se trata sencillamente de que ese régimen no es capaz de emitir certificados de exportación. 
Por lo tanto, el embargo es un reflejo de la naturaleza ilegal de la invasión turca. 
Por esta razón, no puedo votar a favor del levantamiento del embargo, pero apoyo la ayuda financiera legítima a Chipre del Norte, si bien con el consentimiento y cooperación del Gobierno de Chipre reconocido, democrático y legítimo. 
Mis colegas del Partido Laborista del Parlamento Europeo y yo nos abstenemos en la votación final porque no queremos votar en contra de toda la resolución. 
Creemos que el Programa de Trabajo de la Comisión avanza en la Estrategia de Lisboa y detalla algunas medidas medioambientales necesarias. 
. – Votaré en contra del programa legislativo de la Comisión, presentado por el señor Barroso, por las razones siguientes. 
No se dice nada de la retirada de la directiva de servicios ni del principio del país de origen. 
No hay ningún compromiso preciso a favor de una directiva marco de los servicios públicos. 
No se contempla ninguna armonización fiscal y social al alza y se mantienen las orientaciones antisociales del proyecto de «directiva sobre el tiempo de trabajo». 
Se hace un llamamiento a la flexibilidad y a las reformas estructurales para tener en cuenta el envejecimiento, lo que va a poner en tela de juicio los regímenes de pensiones y la legislación laboral. 
La política industrial es floja, y no prevé ni planes sectoriales en sectores como el textil, ni una estrategia contra las deslocalizaciones. 
Denota ausencia de ambición en materia de ayuda al desarrollo, en particular mediante la creación de un impuesto sobre las transferencias de capitales. 
Está claro que este programa no permite la creación de una auténtica Europa social y, más bien, va a amenazar el modelo social europeo actual. 
Confirma las orientaciones ultraliberales de la Comisión Barroso. 
Acojo con satisfacción la intención de la Comisión de fomentar las políticas encaminadas a hacer avanzar la economía europea. 
Sin embargo, no estoy convencido de que el programa presentado al Parlamento consiga un equilibrio adecuado entre el espíritu empresarial y la promoción de la inclusión social y el desarrollo sostenible. 
La política económica, social y medioambiental no se aborda de forma integrada. 
Por ejemplo, me preocupa que no se incluyan en el programa de trabajo propuestas que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o que reduzcan las diferencias económicas entre regiones. 
Asimismo, creo que es inadmisible que la Comisión no prevea ninguna medida legislativa en el ámbito prioritario del cambio climático. 
.– La terrible realidad experimentada por los trabajadores y los pueblos es el resultado de la política de guerra imperialista, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la explotación por parte de las multinacionales y los acuerdos depredadores de libre comercio. 
La UE y los monopolios europeos son responsables conjuntamente de la situaciσn. 
Ninguna de las dos resoluciones cuestiona el injusto orden económico internacional ni sus causas. 
Pasan sin decir nada sobre el ataque a los derechos de los trabajadores y la oleada general de privatizaciones, incluso en la sanidad y la educación, al amparo dee políticas aplicadas por Gobiernos conservadores y socialdemócratas. 
Han borrado cualquier referencia a las guerras injustas e imperialistas contra Iraq, Afganistán, etc. 
Los problemas universales se resaltan deliberadamente para ocultar el carácter de clase de las políticas aplicadas en beneficio de las grandes empresas. 
Ambas resoluciones cultivan la teoría del consentimiento social y de la cooperación social en una apuesta por subordinar y subyugar a los trabajadores y otros movimientos a la barbarie capitalista. 
La propuesta del Partido Popular Europeo y los Liberales contempla la solución mágica del libre mercado, los acuerdos de la OMC y los acuerdos del G7, mientras que la otra solución propone una forma más democrática de gobernanza mundial, que nunca se logrará bajo el dominio de la clase imperialista. 
Para concluir, se está haciendo un esfuerzo por legalizar las reaccionarias orientaciones de Davos so pretexto del Foro Social Mundial, enviando el mensaje de que un mundo diferente del mundo capitalista no es viable. 
El Partido Comunista de Grecia votará en contra de ambas resoluciones. 
. 
He votado a favor de la resolución sobre el Foro Social Mundial y el Foro Económico Mundial. 
Creo que la globalización ofrece auténticas oportunidades para el crecimiento y la mejora del nivel de vida en todo el mundo. 
Quisiera resaltar el trabajo de estos dos foros, cada uno con su propia perspectiva, a la hora de abordar cuestiones globales como la lucha contra la pobreza, la sanidad, la educación, el comercio, la agricultura y los derechos humanos. 
Quiero reiterar mi convicción de que la mundialización ha de venir acompañada de grandes esfuerzos por reducir la pobreza; tenemos que reconocer el valor de cancelar la deuda para luchar contra la pobreza en países donde se avanza hacia la democratización, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y una economía sostenible. 
Quiero reiterar mi convicción de que la globalización es un elemento clave a la hora de promover la competitividad y el crecimiento en la UE y en los países en desarrollo. Por ello creo que es esencial establecer un sistema mundial de comercio libre y justo. 
Asimismo quiero señalar que esta labor está siendo realizada principalmente por la Organización Mundial del Comercio, el principal foro para la gestión de la mundialización a través de la apertura comercial, el refuerzo de las normas multilaterales y la búsqueda del desarrollo sostenible 
. 
He votado a favor de la resolución común sobre las elecciones parlamentarias en Moldova. 
En el ámbito de la Política Europea de Vecindad, Moldova continúa con las reformas al amparo del Plan de Acción que se elaboró para promover y consolidar la democracia, el respecto de los valores del Estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos y civiles. 
Las reformas políticas e institucionales ofrecerán al país la integración gradual en las políticas y programas de la UE. 
De este modo quiero reiterar mi convicción de que las próximas elecciones serán un criterio importante para evaluar el compromiso de las autoridades moldavas con las normas democráticas. 
Asimismo observo con preocupación que aún no se ha resuelto la situación en relación con el acceso a la información en Moldova. Por ello el Parlamento espera que las elecciones den una clara señal de que el Gobierno moldavo asegurará que las elecciones parlamentarias sean libres y limpias, tanto en la propia jornada electoral como durante toda la campaña. 
Estoy convencido de que mi país, en el que vive una amplia comunidad moldava, cooperará con las autoridades diplomáticas moldavas para encontrar maneras de ayudar al mayor número de inmigrantes moldavos a acceder a las urnas. 
. 
Hemos votado a favor de este importante informe sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, elaborado por un diputado de nuestro Grupo, que contiene diversas propuestas muy positivas. 
Las cifras citadas en la Comunicación son alarmantes: 5 200 trabajadores pierden la vida cada año en accidentes laborales. 
En toda la UE hay cerca de 4,8 millones de accidentes laborales al año. 
Cerca des tercios de estos accidentes provocan una ausencia del trabajo de más de tres días y casi el 14 % de los trabajadores sufren uno o más accidentes al año. 
Esto implica que cada año se pierden unas 158 millones de jornadas laborales y que cerca de 300 000 trabajadores sufrirán minusvalías permanentes de distinto grado a raíz de un accidente o una enfermedad laboral. 
Se calcula que el coste total para la economía va del 2,6 al 3,8 % del PIB. 
Estos datos demuestran el elevado coste económico que conlleva no contar con una política social apropiada, lo que representa un obstáculo importante para alcanzar el objetivo estratégico del pleno empleo. 
La directiva marco podría ir más allá y podría ser más concreta... 
– La Lista de Junio ha optado por votar en contra del informe de propia iniciativa sobre la salud y la seguridad en el trabajo. 
Este informe trata cuestiones importantes, y la Lista de Junio apoya muchas de las ideas básicas propuestas. 
Un buen entorno laboral es importante para todos los trabajadores. 
Sin embargo, la Lista de Junio cree que se ha de permitir que cada Estado miembro decida por sí mismo cómo quiere lograr un buen entorno de trabajo. 
En lo que respecta a Suecia, por ejemplo, es una cuestión que deben negociar los interlocutores sociales y no una cuestión que deba regular la legislación de la UE. 
. Felicito al señor Maštálka por su importante informe sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, que cuenta con mi apoyo, en particular en lo que respecta a la necesidad de reforzar el sistema de prevención como medio clave para aumentar la seguridad en el trabajo y reducir el número de accidentes laborales. 
Ahora es fundamental que la Comisión examine más detenidamente el estado de los sistemas de prevención de los Estados miembros y haga propuestas, en cooperación con las autoridades nacionales competentes, para formular unas políticas de prevención nacionales coherentes, basadas en una estrategia global de la UE. 
A este fin es fundamental mejorar las estadísticas de accidentes laborales, ya que la ausencia de estadísticas fiables y compatibles dificulta la elaboración de políticas comunitarias así como su promoción efectiva. 
La salud y la seguridad en el lugar de trabajo es una de las políticas más importantes de la UE y las entidades seguras y sanas tienen un efecto muy positivo sobre la economía y la competitividad de una sociedad. 
. 
El informe que tenemos ante nosotros plantea una cuestión que, como tal, ha influido en mi voto. 
Siempre que hablamos de la salud y la seguridad en el trabajo pensamos enseguida en lo mucho que hemos logrado desde el principio del proceso de industrialización. 
Este inevitable proceso mental ilustra que, en lo que respecta a esta cuestión, lo que es aceptable hoy, mañana será insuficiente. 
Es decir, exigimos cada vez más y, en relación con esta cuestión, esta es una señal de progreso significativo. 
Esta es la primera consideración. 
Aunque no estoy del todo de acuerdo con algunos de los puntos señalados en el informe, y aunque quisiera cambiar el orden de prioridades en algunos casos, en lo esencial aplaudo su contenido, porque sus líneas orientadoras son semejantes a las mías en esta cuestión. 
De hecho, teniendo presente lo expuesto antes, creo que la defensa de la salud y la seguridad en el trabajo es un requisito indispensable del tipo de civilización que hemos de promover y, además, representa una obligación por parte de los empresarios, porque las empresas también tienen obligaciones sociales. 
Asimismo, cuanto mejor sean las condiciones de trabajo, mayor será la productividad, mejor la calidad del trabajo y menores las pérdidas, tanto individual como colectivamente. 
Por ello he votado a favor. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero pedir disculpas a los servicios, que llevan a cabo una gran labor por la que en gran parte nadie les da las gracias y que no es reconocida. 
Sé que trabajan hasta altas horas de la noche. 
Estuve hablando ayer con ellos en relación con una decisión sobre el apartado 89 de las propuestas legislativas de la Comisión. 
Tengo que pedir disculpas porque creía que otro colega plantearía esta cuestión en ese momento, y yo esperaba que usted tomara una decisión sobre la admisibilidad de este apartado. 
Por lo tanto, quiero preguntar si se ha tomado dicha decisión. 
Y en tal caso, ¿se ha tomado junto con el apartado 88? 
En todo caso, lo que hemos votado hoy ¿es legalmente admisible? 
– Señor Cashman, tengo que decirle que, en efecto, se ha examinado la cuestión y que el apartado 89 ha sido considerado admisible. 
– Señor Presidente, lamento volver a plantear esta cuestión, pero pensaba, como está indicado en la lista de votación, que la cuestión había sido remitida a las autoridades para que tomaran una decisión. 
Esperábamos –quizás erróneamente– que la decisión se tomaría antes de la votación. 
Señor Presidente, ¿está diciéndome que la decisión era que el apartado 89, tal como está escrito, es del todo inadmisible? 
–En efecto, el apartado, tal como estaba redactado, era admisible. 
Esto es lo que me han dicho. 
Hemos recibido la decisión justo antes de la votación. 
Señorías, se reanuda la sesión. 
– Señor Presidente, Señorías, esta mañana, Juan Pablo II ha sido ingresado en un hospital de Roma. 
Antes de iniciar el debate sobre la defensa de los derechos humanos, me parece oportuno, si está de acuerdo, enviar un mensaje de solidaridad y cercanía de este Parlamento a un gran defensor de los derechos humanos, a un hombre de paz y un gran europeo, querido por todos los ciudadanos europeos, creyentes y no creyentes por igual. 
Sí, sin duda señor Tajani, vamos a transmitir de inmediato al gabinete del Presidente su sugerencia que me parece muy acertada y le diremos al Presidente que la Cámara desea que se transmita este mensaje de apoyo y de solidaridad con el Santo Padre en estos momentos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Togo (1). 
– Señor Presidente, la sucesión de un Jefe de Estado por su hijo no se limita a las monarquías, sino que es un fenómeno que, por desgracia, también se conoce en las repúblicas. 
Ya sucedió en Sri Lanka, Azerbaiyán, Siria y en la República Democrática del Congo, y más recientemente en Togo, y también puede suceder pronto en Egipto. 
A veces ocurre que se anuncian elecciones para decidir la sucesión, pero se sabe de antemano quién saldrá victorioso. 
En Togo se saltaron este paso; hace tiempo, la familia Gnassingbé arrebató violentamente el poder a la familia Olympio, y quiere mantenerlo. 
Una modificación de la Constitución, realizada en un abrir y cerrar de ojos tras la muerte del Jefe de Estado, impidió que el Presidente del Parlamento del país le sucediera temporalmente y convocara nuevas elecciones presidenciales, permitiendo en lugar de ello que su hijo le relevara al frente del Estado como si se tratara de su propiedad privada. 
El hecho es que el hijo se encuentra en una posición tan ilegítima como la de su padre; lo que está sucediendo es la continuación de un viejo golpe de Estado. 
Esa situación ha despojado a Togo de toda esperanza de que, después de haber sido una colonia alemana y luego francesa, y durante un largo tiempo una dictadura de cosecha propia, pueda convertirse en una democracia. Hasta ahora, el pueblo ha tenido que resignarse al hecho de que el poder haya estado casi siempre en manos de aprovechados apoyados por el poder militar y no preocupados en servir al interés nacional; su preocupación era más bien ocupar sus cargos privilegiados. 
Es preciso poner fin a esta situación, no solo en Togo, no solo en África, sino en todo el mundo. 
En lugar de ser selectivos indignándonos por lo que sucede en Togo, ayudemos a poner coto a la protección militar y económica de regímenes de este tipo. 
Esto es lo que importa en este momento. 
El lamentable hecho de que esto sea la regla más que la excepción significa que hemos de garantizar que estos sucesos no se repitan y que sería bueno que se celebraran elecciones libres en Togo en un plazo de tiempo corto 
– Señor Presidente, creo que para llegar a una conclusión clara acerca de los acontecimientos en Togo es preciso adoptar un enfoque diferenciado de los mismos. 
Togo es similar a muchos otros países de África Occidental en el sentido de que es un Estado artificial, creado para servir a los intereses coloniales y de hecho basta echar un vistazo a un mapa para verlo, pues Togo, al igual que la mayoría de los demás países africanos, tiene forma de estrecho pañuelo. 
Togo fue gobernado primero por sus dueños coloniales alemanes y luego franceses, pero sus fronteras fueron impuestas artificialmente y en un principio había muy pocas posibilidades de que perdurara en esta forma. 
En vista del hecho de que las fronteras de Togo se trazaron sobre una mesa de dibujo, por lo cual pueblos y familias enteras se vieron separadas durante el proceso mientras que se unían artificialmente a otros grupos étnicos que no tenían nada en común, hay que decir que a pesar de ello, durante unos años, el país parecía desarrollarse notablemente bien. 
Parecía ser una isla de estabilidad en África Occidental, aunque todos seamos conscientes de que en esa región apenas ha habido democracias reales en el sentido que damos a esta palabra. 
Ahora bien, el poder de Eyadéma, como ha señalado el señor Meijer, se ha convertido en una violenta dictadura y ahora se intenta darle un carácter hereditario. 
Sin querer negar el hecho de que las familias y las tribus tienen un significado diferente en África que en nuestras sociedades, hay que decir que no podemos aceptar esta dictadura hereditaria. 
Por ello nuestras exigencias son bastante claras: dimisión del Presidente que accedió al poder de forma ilegítima, rehabilitación del Presidente legítimo del Parlamento, elecciones libres que deberán celebrarse sin demora y respecto generalizado del Estado de Derecho y de los derechos humanos. 
Sobre todo, una cosa ha de quedar clara: esta vez tanto la propia Unión Africana –cosa que acojo con sumo agrado–como la Comunidad Económica del África Occidental, que se forma siguiendo el ejemplo de la UE, han dejado muy claro que no aceptan este poder ilegítimo. 
Quiero dar las gracias a estas dos comunidades y considero un signo alentador que África empiece –aunque sea titubeando– a tomar el destino en sus propias manos en estas cuestiones, y por ello merece todo nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, tras casi 38 años de dictadura del Presidente Eyadéma y tras la toma del poder por su hijo Faure Gnassingbé, despreciando todas las normas constitucionales y el compromiso contraído en Bruselas el 14 de abril de 2004 de un retorno al diálogo político entre todas las fuerzas, Togo se hunde cada día un poco más en la crisis y el riesgo de guerra civil. 
El pueblo togolés y los nacionales de Togo que viven en países europeos esperan una posición firme y exigente de este Parlamento Europeo y de la Unión Europea. 
Esperan nuestra solidaridad y nuevas perspectivas para su futuro y el de sus hijos, lo que pasa, en primer lugar, por un verdadero retorno a la soberanía popular. 
Hay dos condiciones para ello. 
La primera es que Faure Gnassingbé se retire de inmediato y sin discusión, para poner fin a esta dictadura hereditaria que ha querido instaurar con un golpe de Estado militar en detrimento de los principios democráticos y las leyes de su país, y violando el Derecho internacional. 
La segunda es el restablecimiento de la legalidad constitucional y la reanudación de un diálogo pluralista que integre a todos los partidos, incluidos por supuesto los partidos de la oposición. 
A este respecto, solo el señor Natchaba, Presidente de la Asamblea Nacional, estaría en condiciones de ocupar el poder provisionalmente para preparar unas elecciones presidenciales conformes a la Constitución. 
Pero el señor Natchaba solamente podrá regresar a Togo si se puede garantizar su seguridad. 
A este respecto, señor Presidente, quisiera insistir en la preocupación expresada con razón ayer mismo en este Parlamento por una delegación representativa de asociaciones de movimientos democráticos y asociaciones de derechos humanos, por los riesgos reales que amenazan hoy a militantes políticos, militantes de los derechos humanos y periodistas. 
Mi colega, la señora Carlotti, y yo les recibimos y escuchamos con la mayor atención, porque algunas de esas personas, o miembros de su familia, sufrieron malos tratos y abusos durante la dictadura de Eyadéma. 
Nos lanzaron un vibrante llamamiento, así como a todas las instituciones internacionales, a favor de una acción concreta y concertada para restablecer definitivamente la democracia en Togo. 
Aún sabiendo que su país, ya sancionado, ha sufrido durante los últimos años, manifestaron que esperan una actitud firme y severa hacia Togo si no se toman medidas para garantizar la celebración de unas elecciones libres. 
Nuestra resolución responde a esta expectativa mediante la indicación de sanciones, algunas ya impuestas por la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, y otras están previstas por otras instituciones internacionales. 
Por mi parte, quiero insistir en la necesidad de adoptar rápidamente medidas centradas en el abastecimiento de armas y las transferencias de dinero fuera de Togo. 
Corresponde también a las instituciones internacionales actuar para garantizar a la población la seguridad necesaria para la preparación de las futuras elecciones en un clima de calma. 
Es indispensable que los partidos políticos puedan llevar a cabo una verdadera campaña electoral; es igualmente indispensable que todos los medios de comunicación cumplan su deber de información. 
. – Señor Presidente, es increíble que en 2005 aún haya dictadores de pacotilla que se apoderan del control de países basándose solo en el hecho de que son hijos de sus padres, pero por desgracia esta es la realidad en Togo. 
La buena noticia, como ha subrayado la señora Trautmann, es que la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental ha respondido con mucha rapidez y de manera positiva. 
Han insistido en la retirada de todos los embajadores, han aplicado sanciones comerciales, han prohibido la venta de armas y detenido la emisión de visados tanto para los ciudadanos que visitan Togo como para los ciudadanos de Togo que visitan otros países. 
Necesitamos que el resto de la comunidad internacional siga este ejemplo. 
La Comunidad Europea tiene que apoyar a las fuerzas democráticas que, por fortuna, existen dentro de Togo. 
Tenemos que alentarles e instar al ejército a que se quede en sus cuarteles. 
Como ha afirmado la señora Trautmann, tenemos que intentar trabajar con el señor Natchaba para que pueda regresar a su país y organizar elecciones libres y justas. 
La idea de que este golpe de Estado es popular no tiene fundamento, porque al tomar el poder, el Presidente ha tenido que prohibir toda manifestación pública durante dos meses. 
Ha cerrado ocho canales de televisión y emisoras de radio y se ha asegurado de que sean acalladas las voces de la oposición. 
Se trata de un golpe en todo el sentido de la palabra, y no debemos mostrar la menor simpatía por él. 
. Señor Presidente, como sus Señorías saben, la Comisión sigue muy de cerca la situación en Togo. 
Por cierto, es un país al que se suspendió la ayuda de la Unión Europea en 1992, y la toma del poder anticonstitucional, calificada de dictadura hereditaria, ha puesto en peligro las esperanzas de normalización de las relaciones con este país que podíamos albergar a finales del año pasado. 
La Unión Europea ha reaccionado con firmeza, condenando lo que sin duda debe calificarse de golpe de Estado y pidiendo el retorno al orden constitucional y el respeto de los principios del Estado de Derecho. 
El señor Michel ha expresado, en nombre de la Comisión, una posición muy enérgica. 
Todo lo que hacemos y decimos va en apoyo de la acción de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y de la Unión Africana, que han mostrado un comportamiento ejemplar en el tratamiento de la crisis togolesa. 
Las acciones de la comunidad internacional han tenido un primer efecto: el señor Gnassingbé aceptó, el 18 de febrero, la organización de elecciones presidenciales en los plazos previstos por la Constitución. 
Pero hay que denunciar también las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los días que siguieron a la toma del poder. 
Las manifestaciones fueron prohibidas y muchas emisoras de radio y televisión fueron cerradas. 
La primera manifestación fue violentamente reprimida, se ejercieron presiones sobre los periodistas y se informó de detenciones arbitrarias. 
Bajo la presión internacional, el poder togolés empezó a dar marcha atrás. 
El derecho a manifestarse se restableció el 18 de febrero y algunas emisoras de radio pudieron emitir de nuevo a partir del 21 de febrero. 
Por lo que se refiere a la cooperación, Señor Presidente, y especialmente al noveno FED, la Comisión se atiene a las conclusiones de la consulta contenida en la decisión del Consejo de 15 de noviembre de 2004. 
No podrán ponerse en marcha nuevas cooperaciones hasta que hayan tenido lugar unas elecciones legislativas libres y transparentes, y está claro que a ello se añaden ahora unas elecciones presidenciales que forman parte del proceso de retorno al Estado de Derecho. 
No habrá pues reanudación de la ayuda de la Unión Europea fuera de este marco. 
La decisión del Consejo del pasado 15 de noviembre preveía también una reanudación parcial de la cooperación. 
Todos los proyectos afectados están suspendidos de hecho hasta que se aclare la situación. 
Por lo que se refiere a los saldos de los FED anteriores, que financiaban proyectos, la Comisión tiene intención de organizar el apoyo a las elecciones presidenciales y legislativas, si el Gobierno manifiesta la voluntad de organizarlas de forma sana y transparente y si el plazo disponible lo permite. 
En cuanto a la propuesta de sanciones selectivas, la Unión Europea indicó, en su declaración de 20 de febrero, que se reserva el derecho a tomar medidas para apoyar la acción de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. 
En general, la Comisión apoya el proyecto de resolución del Parlamento, que va en el sentido de la propuesta y la posición adoptada por la Unión Europea y defendida por la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación de los debates. 
– La situación que se registra actualmente en Togo reclama la más enérgica condena por parte de este Parlamento del golpe de Estado que llevó a Fauré Gnassingbé al poder en este país. 
Por ello, celebro las declaraciones del Consejo y la respuesta del Parlamento Europeo hoy a través de esta resolución. 
Al igual que nos mostramos solidarios con los protagonistas de la revolución «naranja» de Ucrania hace algunas semanas, debemos prestar nuestro apoyo hoy a los manifestantes togoleses que rechazan este golpe de Estado y que por ello son duramente reprimidos. 
Hay ya varios muertos que lamentar en las manifestaciones desarrolladas en Lomé. 
Es absolutamente insoportable e intolerable. 
Europa debe ejercer toda su fuerza para rechazar esta dictadura hereditaria, apoyada por ciertas redes financieras mafiosas, exigiendo, en primer lugar, la dimisión de Fauré Gnassingbé y después la redacción de una nueva Constitución. 
Solo estas condiciones pueden garantizar la celebración de unas elecciones libres y transparentes para asegurar el retorno a la democracia de un país exangüe y empobrecido por la dictadura del general Eyadéma y para permitir a la Unión Europea reanudar su cooperación con Togo, suspendida desde 1993, y que el pueblo togolés tanto necesita. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Nepal (1). 
– Señor Presidente, en enero de 1990, Nepal celebró el Año del Turismo. 
Un magnífico desfile con decenas de miles de participantes y varios cientos de miles de espectadores demostró la enorme riqueza cultural del país, con sus sherpas, monjes, bailarines de templos, sadhus, mahuts, artistas del mandala y montañeros. 
Yo participé en este desfile con la organización Amigos de Nepal. 
Desfilamos por Katmandú y pasamos delante del rey Birendra, que gozaba del máximo respeto del 95-98 % de la población nepalí, como persona y como defensor de la monarquía constitucional. 
Ello hace que el contraste con el rey Gyanendra, siete años más tarde, sea aún más fuerte. 
Ha vuelto a destituir a otro Primer Ministro, y docenas de políticos, activistas de derechos humanos y periodistas han sido puestos bajo custodia o bajo arresto domiciliario. 
Ahora quiere gobernar como un autócrata durante tres años. 
La pregunta que hay que formular es por qué en los últimos años ningún Primer Ministro ha conseguido celebrar elecciones libres, y la respuesta es que nunca se ha llegado a un acuerdo entre los diferentes partidos, por no mencionar los maoístas. 
Sin embargo, la principal razón es la falta de seguridad en el país. 
Las personas viven atemorizadas, y no solo en Nepal Occidental. 
Dos tercios del país se hallan ahora bajo el control de los rebeldes maoístas y los agentes de policía mal adiestrados caen víctimas una y otra vez de ataques mortales. 
La guerra civil se ha cobrado 10 000 vidas hasta ahora y no hay signos de que vaya a acabarse, mientras que el turismo, la principal fuente de ingresos del país, está casi paralizado. 
Me temo que los maoístas consigan más partidarios después del golpe del 1 de febrero. 
El estado de emergencia se utilizará para limitar aún más los derechos humanos y por esta razón es causa de gran preocupación para el Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Por ejemplo, se han cerrado lugares de refugio cruciales para los tibetanos que se vieron obligados a abandonar su patria, incluida la Oficina de Asistencia Social a los Refugiados Tibetanos. 
Durante los últimos 15 años, esta Oficina ha apoyado el trabajo del centro de refugiados del ACNUR en Katmandú, que conozco muy bien y donde actualmente viven cerca de 1 000 solicitantes de asilo. 
Además, se ha cerrado la Oficina del Representante del Dalai Lama, creada en 1959. 
La situación es cada vez más desesperada. 
Señora Comisaria, acojo con agrado las iniciativas tomadas por la Unión Europea, así como las adoptadas por la India y los Estados Unidos; un ejemplo de estas iniciativas es que se ha pedido al rey que ponga fin al estado de emergencia en un plazo de 100 días. 
El representante de la Comisión Europea que ha estado presente en la reunión de nuestra delegación para la SAARC esta mañana ha dicho que se suspenderían diversos programas de financiación para reforzar la democracia mediante la presión económica. 
Sin embargo, afortunadamente se seguirá concediendo ayuda al desarrollo, que estará destinada a las capas más pobres de la población y a las organizaciones locales de derechos humanos y ONG. 
Me encantaría que la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en Nepal figurara en el orden del día de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Ginebra. 
La democracia nepalí solo tiene 15 años; sigue siendo frágil y hay que protegerla en lugar de destruirla. 
Señorías, el Parlamento se enfrenta a un dilema. 
Por un lado, no podemos permitirnos perder tiempo tomando una postura sobre esta cuestión. 
Precisamente por ello pretendemos adoptar una posición hoy. 
Sin embargo, por otra parte no conocemos en detalle las razones exactas que subyacen al golpe de Estado perpetrado por el rey de Nepal, aunque estos datos nos serían sumamente útiles. 
Sin embargo, si nos retrasamos por este motivo es probable que nuestra intervención llegue demasiado tarde y una intervención rápida es clave. 
El rey ha anunciado que quiere organizar una lucha más eficaz contra el movimiento guerrillero maoísta, pero al mismo tiempo ha cerrado la Oficina de Asistencia Social a los Refugiados Tibetanos, como ha mencionado hace poco el señor Mann. 
Además de este cierre, Nepal ha interrumpido su ayuda al Tíbet, que tenía por objeto reforzar la resistencia del país contra la agresión china. 
Sobre este trasfondo, las razones dadas por el rey parecen poco convincentes. 
El Parlamento Europeo ha de adoptar rápidamente una postura sobre esta cuestión, pues si lo dejamos para cuando sea demasiado tarde no podremos alcanzar nuestro objetivo que es evitar más actos criminales. 
Creo que deberíamos estar seguros de que las medidas diplomáticas más activas emprendidas por otros países, como los Estados Unidos y la India, son apropiadas. 
La India es un vecino de Nepal y por consiguiente tiene sus propias razones para emprender acciones diplomáticas. 
Pueden ser razones a las que no nos sumaríamos por completo si las conociéramos. 
Sin embargo, las medidas tomadas por otros países, como los Estados Unidos, deberían convencernos de que deberíamos imitar su modo de proceder. 
El rey ha suspendido todos los derechos y aunque todavía no hemos olvidado la tragedia que golpeó a la familia real hace varios años, desde entonces ni la comunidad internacional ni las organizaciones internacionales se ha cuestionado la legitimidad del reinado. 
Por ello es preciso tener en cuenta diversas consideraciones. 
Como he dicho antes, las razones subyacentes a estos sucesos no son claras, pero son motivo de cierta preocupación. 
Además, y repitiendo los comentarios del señor Mann, no podemos consentir que se interrumpa la ayuda al Tíbet, como tampoco aceptamos la suspensión de los derechos civiles, las detenciones, el cierre de puntos de venta de prensa o las restricciones importantes de la libertad de expresión. 
Todo ello justifica plenamente que emprendamos la acción y deberíamos aprobar la resolución. 
Esperemos que una rápida respuesta de esta Cámara junto con las medidas de otros países permitan avanzar hacia la normalización de la situación en el Tíbet. 
– Señor Presidente, en la década de los sesenta y los setena, Nepal, al igual que Afganistán, era un destino de vacaciones para jóvenes alternativos de Europa Occidental, que iban allí en busca de un modo de vida menos materialista, otras formas de vestirse y el uso de drogas, que en aquel entonces eran menos conocidas que ahora. 
Desde entonces, estos dos destinos de vacaciones alternativas se han convertido en lugares malditos a los que ya nadie va como turista ni en búsqueda de un mundo mejor. 
En ambos países, en las últimas décadas se han hecho varios intentos de imponer desde arriba un monolito autoritario carente de cualquier apoyo real por parte de una mayoría de la población. 
El mundo exterior también tiene interés en colocar nuevos gobiernos o imponer un nuevo régimen u otro. 
En estas circunstancias, las personas que comprenden que no pueden cambiar la situación por medios pacíficos, cogen las armas. 
En Nepal, un rey tras otro ha destituido a Gobiernos elegidos democráticamente en la creencia de que es capaz de hacerlo mejor por sí mismo. 
Al hacerlo no solo han provocado la hostilidad de una gran variedad de partidos políticos, sino también levantamientos populares. 
Los insurgentes controlan ahora gran parte del país, particularmente las zonas occidentales. 
Las facciones violentas de ambos bandos no se detendrán ante nada. 
Mientras tanto, en la política oficial se discute acerca del mejor modo de vencer a los insurgentes, bien a través de la autocracia de un rey, bien por medio de la democracia parlamentaria. 
Los proveedores de armas belgas protegen al rey contra los insurgentes. 
No parece haber ninguna perspectiva para nadie de que esta miseria termine, pero es preciso ponerle coto. 
Quizás las tradiciones que ensalza el señor Mann no se recuperen tan pronto, pero el pueblo de Nepal tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y a optar por la democracia y los derechos humanos. 
No pongamos límites a la capacidad del pueblo nepalí para elegir por sí mismo. 
Efectivamente, el estado de excepción decretado por el rey Gyanendra el pasado 1 de febrero, supone una clara amenaza para los derechos humanos en Nepal, ya que ha reforzado el poder de las fuerzas de seguridad y ha reducido las perspectivas de un proceso político de paz. 
Pero también hay que recordar que, aunque el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas prohíbe explícitamente las ventas a países en conflicto armado, algunos gobiernos europeos, como el del Reino Unido, han vendido armamento al Gobierno nepalí durante los últimos tres años. 
Estimados y estimadas colegas, la resolución que hoy votamos es de vital importancia para clarificar la postura de la Unión Europea con relación al proceso de paz y a los derechos humanos en Nepal. 
Dada la gravedad de la situación, debe celebrarse, en primer lugar, la decisión de Londres, así como la del Gobierno indio, de suspender toda ayuda militar al actual Gobierno nepalí. 
Por otro lado, la Unión Europea debe exigir firmemente al rey Gyanendra que levante de inmediato el estado de excepción y que abra un proceso político para resolver el conflicto, basado en la justicia y el respeto a los derechos humanos. 
Asimismo, la Unión Europea debe instar a la guerrilla maoísta a que se comprometa a respetar el Derecho internacional humanitario y a que firme con las fuerzas de seguridad gubernamentales un acuerdo humanitario y de respeto de los derechos humanos. 
En cuarto lugar, de acuerdo con la resolución que hemos adoptado esta mañana relativa a la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debemos instar también a dicha Comisión a que adopte una resolución específica sobre Nepal y a que se nombre un Relator Especial que supervise la situación de los derechos humanos en este país. 
Por último, haciéndome eco de la invitación del señor Mann —con la que estoy absolutamente de acuerdo—, no hay que olvidar que la situación en Nepal tiene una dimensión regional, particularmente con relación al vecino Tíbet. 
En ese sentido, debemos exigir al Gobierno nepalí que reabra la oficina para el bienestar de los refugiados tibetanos, así como la representación del Dalai Lama en Katmandú. 
– Señor Presidente, como todos hemos escuchado, el Rey declaró el estado de emergencia el 1 de febrero. 
Destituyó al Gobierno y asumió el poder directo. 
Esto se deriva de una década de conflicto, que ha costado 11 000 vidas. 
Los nepaleses han sufrido un legado de violaciones de los derechos humanos, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los rebeldes maoístas. Han sufrido tortura, detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. 
Los enlaces de comunicación con el mundo exterior están cortados y, según Amnistía Internacional, el riesgo de una escalada de abusos está aumentando. 
Se han cerrado las emisoras de radio y los canales de noticias extranjeros, y los medios de comunicación locales tienen prohibida la publicación de noticias o comentarios sin consentimiento previo. 
En el período inmediatamente posterior se cortaron las líneas telefónicas, y algunos servicios de telefonía móvil no han reanudado sus actividades. 
Cerca de 3 000 personas se encuentran bajo arresto domiciliario según fuentes gubernamentales nepalesas. Son altos cargos del Gobierno derrocado, defensores de los derechos humanos o líderes estudiantiles y sindicalistas. 
El acceso a estas personas está restringido. Deberían ser acusados o juzgados de conformidad con el debido procedimiento legal, o liberados de inmediato. 
La UE y los Estados miembros aportan más de 100 millones de euros anuales en concepto de ayuda. 
Tenemos que detener toda ayuda militar. 
Hay que hacer hincapié en una democracia multipartidista, en la atenuación del conflicto y en el alivio de la pobreza y el sufrimiento. 
La respuesta no es una solución militar. 
– Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a la Cámara al señor Desmond de Silva QC, asistente del Secretario General de las Naciones Unidas y Fiscal Especial Adjunto del Tribunal Especial en Sierra Leona para crímenes de guerra. Está aquí para escuchar nuestro debate sobre Sierra Leona. 
– Señor Presidente, lamentamos profundamente los recientes acontecimientos en Nepal. 
No podemos pasar por alto que las acciones del Rey Gyanendra el 1 de febrero fueron un día triste para la democracia en Nepal. 
Tampoco podemos ignorar las acciones de los terroristas. 
El Parlamento Europeo no puede limitarse a mirar. 
Nepal, como sabemos, es una nación muy pobre con una historia desafortunada de conflictos y que recientemente ha sufrido atentados terroristas por parte de los rebeldes maoístas. 
Este país del Himalaya se enfrenta a varios problemas, incluida la cuestión de los refugiados de Bután. 
La disolución del Parlamento no ayuda a la situación del pueblo nepalés. 
Al contrario, los nepaleses necesitan estabilidad y democracia para prosperar económica y políticamente. 
Las medidas más inmediatas que exigimos de las autoridades nepalesas son: el levantamiento del estado de emergencia; la liberación de todos los prisioneros políticos bajo arresto domiciliario o encarcelados; y el levantamiento del embargo de los medios de comunicación, para que haya libertad de prensa, nacional e internacional. 
A medio y largo plazo, también tenemos que examinar las maneras en que la UE y otros órganos internacionales puedan ayudar. 
Pido a la Comisión y al Consejo que apoyen las tres sugerencias siguientes. 
Primero, que la UE examine con mucho cuidado nuestros programas de resolución de conflictos y busque otras soluciones innovadoras que ayuden a reducir la pobreza. Esto ayudará a reducir la vulnerabilidad de los nepaleses frente a los rebeldes maoístas. 
Segundo, pido que los Estados miembros impongan sanciones en sus programas bilaterales. 
Esto enviará un mensaje claro de que los Estados miembros desaprueban lo ocurrido. 
Sin embargo, hemos de tener cuidado de no penalizar al pueblo nepalés, porque esto nos impediría ayudarles. 
Tercero, tenemos que considerar los esfuerzos diplomáticos que podemos hacer. Esto incluye el arbitraje entre la monarquía y otros partidos políticos, para alentarlos a que entablen negociaciones en las que se puedan dar pasos hacia una democracia multipartidista. 
Además, tenemos que explorar la posibilidad de enviar a un tercero neutral, como Javier Solana, Alto Representante de la UE, o las Naciones Unidas, para formular una hoja de ruta hacia la paz y la democracia en Nepal. 
Incluso puede resultar útil enviar una delegación del Parlamento. 
En conclusión, quiero subrayar la importancia de la restauración de las libertades fundamentales en Nepal, y el papel que podemos desempeñar para alentar y apoyar un futuro democrático. 
Sin embargo, la UE tiene que actuar con precaución: corremos el peligro de agravar una frágil situación en este momento de inestabilidad. 
Recordemos la precaria situación geográfica de Nepal, entre India, Pakistán y China. Este pequeño país es muy importante para la seguridad regional. 
. – Señor Presidente, quiero felicitar a la señora Gill por su excelente intervención. 
Hemos escuchado que el Rey ha declarado el estado de emergencia, ha destituido al Gobierno, ha asumido el poder directo y ha suspendido los derechos civiles de manera indefinida. 
Desde entonces, el Rey ha continuado eliminando la oposición potencial y de los medios de comunicación, ha detenido a miles de personas, incluidos políticos, líderes estudiantiles, activistas de los derechos humanos, periodistas, profesores y otras figuras públicas importantes. 
Desde entonces algunas personas han sido liberadas. 
Nepal es un país relativamente nuevo en el concepto de democracia multipartidista, que estableció en 1990 en el marco de una monarquía constitucional. 
Respeto a las monarquías constitucionales. 
En aquel momento, Nepal reinstauró los partidos políticos previamente prohibidos y aumentó las libertades civiles del pueblo nepalés. 
Por desgracia, este intento ha estado plagado de dificultades. 
Durante los últimos 15 años, la credibilidad de los políticos nepaleses se ha visto repetidamente socavada con acusaciones de corrupción e interés egoísta. 
Se niegan a poner los intereses de los nepaleses en primer lugar; han estado dando prioridad a los suyos propios. 
Los políticos han demostrado su incapacidad para deshacerse de un grupo llamado «insurgentes maoístas» , que comenzó a operar en 1996 para derrocar a la monarquía y al régimen. 
El alto al fuego para negociar con los insurgentes fracasó en agosto de 2003. 
Las recientes acciones del Rey son un ejemplo de alguien que, por una parte, desea liberar a Nepal del terrorismo y, por otra, desea traer estabilidad a un país cuyos responsables democráticos han fracasado en el empeño. Ha decidido tomar cartas en el asunto. 
Sin embargo, para conseguirlo, ha hecho el juego a las fuerzas rebeldes y ha infringido los mismos derechos que supuestamente quería proteger. 
Nepal no puede regresar a un sistema en el que el Rey sea el soberano indiscutible y los derechos y vidas de los ciudadanos estén en manos de un solo hombre. 
La reciente cadena de acontecimientos resulta muy preocupante y recuerda al Nepal de los oligarcas Rana, un Nepal cuyo historial en materia de derechos humanos esperábamos haber enterrado para siempre. 
En la comunidad internacional tenemos que alentar al Rey para que anule sus recientes decisiones. 
Si es necesario, esto implicará la suspensión de la ayuda militar a Nepal hasta que el Rey finalmente se dé cuenta de que la lucha contra el terror es una lucha internacional que tiene que abordarse en una sociedad abierta y democrática, en contraposición a un Estado opresivo, cerrado y autoritario como el que, por desgracia, está intentando recrear. 
– Señor Presidente, Nepal, uno de los países más pobres de Asia, ha tenido una historia reciente muy problemática, sobre todo debido a la rebelión de las poderosas fuerzas maoístas, que llevan en activo nueve años. 
En este período han muerto más de 11 000 personas. 
El Rey de Nepal fue asesinado en junio de 2001 junto con otros miembros de la familia real. 
Su hermano, Gyanendra, ascendió al trono. 
Las credenciales democráticas de Gyanendra nunca han estado demasiado claras, más bien al contrario. 
Ha seguido una línea de agravamiento de la confrontación con los rebeldes, y ha esquivado a las fuerzas políticas del país. 
En 2001-2002 se declaró un estado de emergencia que provocó graves violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos extrajudiciales y torturas. 
A pesar de ello, el Rey continuó disfrutando del apoyo de las naciones occidentales, y lamento decir que de los Estados miembros de la UE. 
El 1 de febrero de este año, el Rey, apoyado por el Ejército Real Nepalés, destituyó al Gobierno, asumió el poder directo y volvió a declarar el estado de emergencia. 
Como era de esperar, se sucedieron violaciones generalizadas de los derechos humanos. 
Esta propuesta de resolución común insta al Rey a levantar el estado de emergencia, restaurar todas las libertades democráticas fundamentales, incluida la libertad de prensa, y reestablecer los poderes parlamentarios. 
Asimismo, insta al Consejo y a la Comisión a tomar medidas prácticas como la imposición de un embargo de ayuda militar que obligue al Rey a renunciar a su dictadura. 
. Muchas gracias. 
Los acontecimientos de las últimas semanas no han dejado al Parlamento Europeo más opción que celebrar un debate sobre las violaciones de los derechos humanos en Nepal, un problema que ha ido escalando durante muchos años. 
El Reino de Nepal, que está situado entre la India y China, depende cada vez más de China, puesto que este país es su principal socio comercial y la principal fuente de inspiración de la guerrilla maoísta. 
Esta última está implicada en un combate por derrocar a la monarquía constitucional, y su objetivo es crear un Estado comunista. 
La guerra civil en Nepal ya ha causado más de 12 000 víctimas y la situación política es terriblemente compleja, aunque debido a la censura de la información no conocemos todos los detalles. 
Después de que el Primer Ministro fuera destituido, el rey y el ejército nepalí tomaron el poder y suspendieron derechos constitucionales básicos como el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la información, la intimidad y la propiedad y la prohibición de detenciones ilegales. 
El rey ha prohibido las críticas a los servicios de seguridad en la radio, la televisión y en Internet. 
La censura y la persecución forman parte de la vida cotidiana. 
El Gobierno nepalí también descuida los derechos de los refugiados, puesto que cerró la Oficina de Asistencia Social a los Refugiados Tibetanos, que ofrecía ayuda a los tibetanos perseguidos por su fe. 
Cada año, 2 500 personas huyen del Tíbet ocupado por China porque quieren practicar libremente su religión y estudiar su lengua nativa. 
Cada vez más tibetanos optan por abandonar el país porque se sienten cada vez más amenazados. 
Si embargo, el Gobierno nepalí vulnera el Derecho nacional e internacional cuando entrega tibetanos a China. 
Estos tibetanos son encarcelados y sometidos a malos tratos increíblemente crueles después de ser deportados a China. 
Tanto el Gobierno como los rebeldes maoístas han sido acusados por organizaciones humanitarias internacionales de cometer atrocidades contra la población civil. 
El debate que se celebra hoy en esta Cámara permitirá descubrir las raíces del conflicto. 
Estas se encuentran en una malsana ideología totalitariam, comunista y atea que niega la existencia de Dios y trata a los seres humanos como objetos, al tiempo que pisotea su dignidad y viola sus derechos. 
Nepal tiene una población de 23 millones de personas, y una de cada dos personas es analfabeta, mientras que la sociedad se rige aún por un sistema de castas. 
Lo que se necesita son mejores condiciones de vida y educación, no una guerra civil cuyo objetivo sea establecer un sistema comunista destructivo. 
Las únicas opciones de que disponemos son aumentar la notoriedad del conflicto y utilizar los canales diplomáticos, como esta resolución del Parlamento Europeo, para insistir en que el Gobierno nepalí ponga fin a los arrestos ilegales y otras prácticas corruptas. 
Asimismo hemos de exigir que el Gobierno nepalí proteja a los activistas de los derechos humanos, periodistas y líderes políticos contra tales prácticas. 
En otra ocasión anterior, la presión pública ya provocó un alivio de la represión. 
Habría que reflexionar sobre la pregunta de si la ayuda europea se utiliza en realidad para fomentar el desarrollo y para fines humanitarios, y también es necesario actuar. 
Por último, quiero citar al Santo Padre Juan XXIII, quien escribió que la amenaza para la familia es una amenaza para el Estado y que, de forma similar, una amenaza para el orden social en un Estado es una amenaza para el orden internacional. 
Muchas gracias. 
Señorías, los anteriores oradores han hablado con mucho conocimiento de causa acerca de la situación interna de Nepal, la falta de democracia en el país y su historia. 
Me gustaría recalcar otro punto, concretamente la falta de libertad de prensa, que es especialmente aguda desde el 1 de febrero de 2005. 
Sabemos con seguridad que se está aplicando la censura y que se despide o detiene a periodistas, a menudo sin informar a sus familias. 
El Gobierno también ha prohibido emitir a emisoras de radio privadas y por ello 800 periodistas han perdido sus empleos. 
Dado que muchos ciudadanos nepalíes no saben leer, el cierre de estas emisoras de radio significa que no tendrán acceso a las noticias o a emisoras de radio salvo la BBC. 
Por si esto no fuera suficiente, se han registrado oficinas de editoriales y se han censurado documentos Es una breve instantánea de la actual situación en Nepal, y no hemos de permanecer impasibles ante ella. 
– Señor Presidente, Señorías, apruebo y apoyo las resoluciones sobre la inadmisible política interior, la supresión de las libertades civiles y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos practicadas por el rey nepalí Gyanendra. 
Dicho esto, pido que se ponga el mismo empeño en la adopción de resoluciones y, sobre todo, enérgicas acciones de presión política y económica sobre China, que hace decenios que oprime al pueblo tibetano. 
El objetivo del Parlamento y de las demás Instituciones debe ser promover la defensa del Tíbet y su cultura, y ello no solo denunciando el sistemático genocidio del pueblo tibetano desde hace decenios. 
Debemos inspirarnos en principios como la no violencia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, el respeto y la justicia en su conjunto, sin elegir, como sucede a menudo, batallas más cómodas o más convenientes en materia de defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación. 
Este principio no conoce límites geográficos, ni debe supeditarse nunca a los imperativos de la economía, o lo que es peor, de las finanzas sobre la política. 
Estas iniciativas son el mejor instrumento de propaganda para los principios de libertad y autodeterminación, principios que defendidos en distintos partidos e instituciones. 
. Señor Presidente, la Comisión Europea está muy preocupada por el rápido deterioro de la situación política en Nepal desde el 1 de febrero. 
No tengo que recordar a los diputados a este Parlamento la importancia del respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en nuestras relaciones con terceros países. 
La declaración de la Presidencia del 2 de febrero es muy clara al respecto: la Unión Europea considera que la actuación del Rey es un grave revés en el intento de alcanzar una solución negociada y democrática al conflicto actual. 
La troika europea, que visitó Nepal hace solo dos meses, expresó en aquel momento su gran preocupación por el rápido deterioro de los derechos humanos. 
Desde el 1 de febrero, Nepal ha estado experimentando una profunda crisis de derechos humanos, como han señalado varios parlamentarios. 
Las Naciones Unidas han registrado más de 340 detenciones de líderes políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil. 
La Unión Europea continuará presionando para que se libere a todos los que permanecen detenidos de manera arbitraria, y usaremos la oportunidad de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para recordar a ambas partes del conflicto sus obligaciones en el marco del Derecho internacional. 
Como los diputados sabrán, la Unión Europea aún no ha adoptado una posición respecto de la continuidad de la ayuda exterior a Nepal, porque la situación es muy compleja. 
El enfoque global de la Comisión respecto de la prevención del conflicto exige que garanticemos que los instrumentos y los programas de la Comunidad se dirijan hacia la consecución de la estabilidad política y social y la democracia. 
Como hemos afirmado a menudo, la política de desarrollo y los demás programas de cooperación constituyen los instrumentos más valiosos con que cuenta la Comunidad para atacar las raíces de los conflictos. 
Hemos aprendido que los países conflictivos en ocasiones requieren más ayuda, y no menos, y que la aplicación de condiciones políticas contundentes corre el riesgo de penalizar a los más débiles en la sociedad. 
Por esta razón, creemos que los objetivos básicos de la cooperación europea siguen siendo alcanzables. 
En efecto, las prioridades de apoyo a la reducción de la pobreza, los derechos humanos y la atenuación del conflicto son más urgentes en el nuevo entorno. 
Por ejemplo, ahora no es el momento de suprimir nuestro apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal, siempre y cuando esta institución continúe funcionando como un órgano técnico autónomo e independiente encaminado a promover el Estado de derecho. 
Sin embargo, esto no significa «normalidad» en términos de apoyo de los donantes a Nepal, sobre todo debido a las nuevas dificultades para garantizar que todas las partes respeten las directrices operativas básicas de los donantes en el estado de emergencia a medida que se agrava el conflicto. 
Por lo tanto, la Comisión ha adoptado la posición siguiente. 
La delegación de la Comisión Europea en Katmandú no aceptará ninguna invitación del Rey ni de sus Ministros a menos que reciba instrucciones en sentido contrario de la Comisión. 
Todas las actividades de cooperación de la CE en curso se revisan con detenimiento y la situación sobre el terreno se supervisa constantemente. 
Por el momento, las actividades continúan, pero no se emprenderán nuevas valoraciones o misiones de identificación para la preparación del canal de cooperación de 2005 hasta nuevo aviso. 
La Comisión mantiene extensos contactos sobre esta cuestión con los Estados miembros y con otros donantes sobre el terreno, y participará en una reunión de donantes que defienden opiniones similares durante la semana del 7 de marzo en Europa para continuar buscando una línea coordinada. 
Como siempre en estas situaciones, el coste del conflicto recae con más fuerza sobre los nepaleses más débiles. 
Me refiero a los niños que no pueden asistir a la escuela o a los que se recluta por la fuerza, a los pobres que se ven privados de asistencia sanitaria básica y vivienda y a las víctimas de la violencia brutal. 
Si bien la responsabilidad de la resolución del conflicto en Nepal recae en los agentes locales, ahora no podemos abandonarles. 
La Comisión se compromete a realizar todos los esfuerzos diplomáticos, políticos y de desarrollo que puedan facilitar el proceso de paz y una vuelta a la democracia en Nepal a través de la colaboración estrecha con los Estados miembros de la UE y, en especial, con las sucesivas presidencias del Consejo de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre el Tribunal Especial para Sierra Leona encargado del asunto Charles Taylor (1) 
– Señor Presidente, Liberia y Sierra Leona han pasado de ser países cuyas élites sociales seguían a pies juntillas las tradiciones norteamericanas o europeas, a ser países que han puesto otra vez de actualidad los aspectos más primitivos de la historia africana. 
Hemos de comprender que el caos y la regresión a las viejas costumbres han sido el fruto de la larga discriminación que ha sufrido la población del interior, que es pobre, no ha recibido una buena educación y es la menos urbanizada. 
Se rebelan contra los habitantes de habla inglesa de la zona costera, a quienes consideran colonizadores. 
Esto es lo que sucede en Liberia, creada en el siglo XIX como una colonia donde los esclavos liberados en los Estados Unidos podían regresar a sus raíces africanas. 
Un grupo gestionaba la tierra, mientras otros se consideraban los amos coloniales a ejemplo de los europeos en otros países africanos. 
Es importante subrayar que en todos los países africanos las fronteras actuales fueron trazadas por las potencias coloniales. 
Grupos que estaban unidos por una lengua y una cultura comunes quedaron separados unos de otros. Grupos que tenían muy poco en común tuvieron que juntarse en un mismo Estado federado. 
El señor Posselt también ha llamado la atención sobre este tema durante el debate sobre Togo. 
Los aventureros y aprovechados, que emplean a niños drogadictos como asesinos y que se decoran con las cabezas de las víctimas que matan, aterrorizan a quienes no pueden controlar. 
Podría añadir que los estadounidenses hicieron un buen trabajo al entrenar a Charles Taylor como Presidente e instalarlo en el cargo, después de lo cual costó mucho librarse nuevamente de él. 
Lo que es más importante es que, después de echar a una persona, se dé la oportunidad a los grupos del interior que han regresado a la vida primitiva de desarrollarse plenamente como personas del siglo XXI. 
Quiero advertir contra la tentación de depositar todas nuestras esperanzas en la influencia de Nigeria. 
Puede que Nigeria sea una gran potencia en la región, pero también tiene una tradición de conflicto interno, golpes de Estado y dictaduras, aunque tiene la suerte de que las cosas hayan mejorado últimamente. 
Los problemas de Liberia y Sierra Leona no se resolverán a largo plazo sin la implicación de todos los grupos de habitantes en pie de igualdad. 
– Señor Presidente, Sierra Leona, Nigeria y Liberia son miembros de la ACP y signatarios del Acuerdo de Cotonú. Este acuerdo garantiza la gobernanza. 
Sin embargo, Sierra Leona está considerada el país menos desarrollado del mundo. 
Por desgracia, los criterios que el Acuerdo de Cotonú considera esenciales para el desarrollo a largo plazo también podrían servir de enumeración de las carencias de Sierra Leona. 
En enero de 2002, Sierra Leona asistió al final de una década de guerra civil salvaje. 
El conflicto en Sierra Leona costó decenas de miles de vidas y el desplazamiento de millones de personas. 
Charles Ghankay Taylor, ex Presidente de Liberia, ha sido condenado recientemente por el Tribunal Especial de Sierra Leona por su apoyo activo al Frente Revolucionario Unido, responsable de las atrocidades cometidas en Sierra Leona. 
Según Amnistía Internacional, los crímenes de Taylor incluyen el asesinato sistemático de civiles, la amputación, la violación, otras formas de violencia sexual, el uso de niños soldados, los secuestros y los trabajos forzados. 
El Tribunal Especial de Sierra Leona, creado por la comunidad internacional y que la UE apoyó con 800 000 euros el año pasado, ha acusado a Taylor de 17 crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional. 
Sin embargo, Nigeria ha dado asilo a Taylor. 
Ahora el Derecho internacional exige que los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad se investiguen y se lleven ante la justicia. 
Según establece la Convención de Ginebra de 1949, las autoridades nigerianas están obligadas a detener a Taylor y entregarlo al Tribunal Especial de Sierra Leona. 
No existe ningún fundamento jurídico para que el Presidente nigeriano Obasanjo proteja a Taylor. 
Sin embargo, si Taylor permanece en Nigeria, dudo que este hombre acusado de terribles crímenes vaya nunca a juicio. 
Además, si busca asilo en otro país de la ACP, deberíamos aplicar plenamente el Acuerdo de Cotonú a ese país. 
– La apasionada intervención del orador anterior y la propuesta de resolución que tenemos sobre la mesa, junto con sus motivaciones, que cuenta con el apoyo de todos los Grupos políticos de esta Cámara, demuestran que urge actuar. 
Aquellos de nosotros que viven en países prósperos no tienen ni idea de lo que sucede en muchos Estados africanos. 
Justo después de lograr la llamada libertad después de siglos de explotación bajo el colonialismo, muchos países sufrieron otra tiranía de la peor calaña, por ejemplo en el caso de Liberia bajo Charles Taylor. 
No podemos permanecer indiferentes ante la lista de crímenes de los que el Tribunal Especial de Sierra Leona consideró culpable a Charles Taylor en 2003, y hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurar la entrega al tribunal de este criminal que, mientras está en el exilio, persiste en sus intentos de desestabilizar Liberia y sus países vecinos. 
Apoyo todas las iniciativas que ha reclamado esta Cámara, aunque señalo con preocupación que ni las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad ni ninguno de nosotros posee en forma alguna la autoridad necesaria para que haya paz en el mundo. 
El Derecho internacional y los derechos humanos exigen que todas las personas de buena voluntad superen su indiferencia y que se utilicen todos los medios posibles para encontrar soluciones más justas y más pacíficas. 
Quiero das las gracias a todos los que en esta Cámara han participado en la elaboración en esta propuesta de resolución. 
– Señor Presidente, Charles Taylor, siendo Presidente de Liberia, cometió graves crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
Apoyó activamente a grupos armados de la oposición en Sierra Leona para cometer atrocidades como asesinatos, mutilaciones, violaciones y el reclutamiento de niños soldados. 
Bajo su férula, Liberia soportó lo más recio de la violencia y el abuso de poder, que provocaron un gran sufrimiento humano que no puede quedar impune. 
Es preciso inducir a Nigeria a que entregue a Charles Taylor al tribunal en Sierra Leona, para así hacer justicia a las innumerables víctimas y supervivientes en Liberia y en otros lugares, y llevar la paz a África Occidental. 
La Unión Europea está trabajando a favor de la paz, la seguridad, la estabilidad, el respecto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
No podemos hacer la vista gorda ante el hecho de que Charles Taylor permanezca en libertad en Nigeria, desde donde sigue manipulando el proceso de paz en la región. 
Nigeria no tiene tan solo la obligación moral de entregar a Charles Taylor al tribunal, sino que también tiene una obligación en virtud del Derecho internacional. Entre otras cosas, el orden jurídico internacional, en forma de las convenciones de Ginebra, estipula que los crímenes de guerra han de castigarse siempre. 
Esta norma del Derecho internacional garantiza que los Estados se abstengan de dar cobijo a esta clase de malhechores. 
Nigeria tendrá que extraditar a Charles Taylor al tribunal de Sierra Leona para que pueda ser juzgado por él. 
. – Señor Presidente, África se ha desgarrado durante demasiado tiempo a causa de las luchas internas, el hambre, la mala gestión económica y la corrupción flagrante. 
Ahora, por fin, está comenzando a poner orden en su propia casa con instituciones supranacionales que abarcan todo el continente y bloques regionales comprometidos con el cumplimiento del Derecho internacional en materia de derechos humanos, como la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS) y la Unión Africana. 
El antiguo señor de la guerra Charles Taylor gobernó brutalmente Liberia entre 1997 y 2003 como un dictador sangriento, autorizando las violaciones y las ejecuciones sumarias al final de los 14 años de guerra civil de ese país, pero se vio obligado a exiliarse al amparo del acuerdo de paz en el que Nigeria actuó de mediadora. 
Durante el reinado de Taylor, la ECOWAS impuso sanciones a Liberia a causa de los abusos perpetrados por Taylor. 
Mientras estuvo en el poder, apoyó al Frente Revolucionario Unido en la vecina Sierra Leona que, en alianza con soldados renegados, derrocó al Presidente Kabbah en 1997, y causó graves estragos en el país desde 1991, asesinando brutalmente a decenas de miles de civiles y usando niños soldados. 
El Tribunal de Crímenes de Guerra de Freetown, Sierra Leona, es una mezcla híbrida de justicia nacional e internacional, aceptada por todas las partes y con el respaldo de las Naciones Unidas, y su objetivo es servir de modelo a otros tribunales de guerra no mandatados por resoluciones de las Naciones Unidas conforme al capítulo 7. 
Este tribunal procesó a Taylor por crímenes de guerra en 2003, pero Nigeria rechaza su extradición, alegando que tiene inmunidad soberana y ventajas derivadas del acuerdo de asilo que concluyeron. 
Un grupo defensor de los derechos de los niños llamado FOCUS exige ahora su entrega al tribunal en Sierra Leona, y culpa directamente a Taylor de la amputación de los miembros de miles de mujeres y niños en Sierra Leona, así como de las sangrientas redadas transfronterizas hasta la vecina Guinea. 
Ahora sabemos que la inmunidad soberana ya no es aplicable a los crímenes de guerra, pero el grupo también ha señalado que Taylor ha incumplido los términos de su asilo al interferir en la política de Liberia antes de las elecciones programadas para octubre, y al financiar partidos simpatizantes con dinero obtenido de forma corrupta mediante el comercio de diamantes cuando era Presidente. 
Probablemente espera que, con un cambio de Gobierno, se le permita regresar. 
El Presidente Obasanjo de Nigeria es el actual Presidente de la Unión Africana, y su país tiene que servir de ejemplo a la comunidad internacional, acabando con la impunidad de los tiranos sangrientos y entregando a Taylor. 
. – Señor Presidente, Charles Taylor, antiguo señor de la guerra y Presidente de Liberia, es el presunto responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos miles de asesinatos, tortura generalizada, desplazamientos masivos y el colapso de las estructuras sociales y económicas durante un período de diez años de mandato en Liberia. 
En julio de 2003, Taylor huyó del país y aceptó la oferta de asilo del Gobierno de Nigeria. 
En marzo de 2003, el fiscal del Tribunal Especial de Sierra Leona imputó a Charles Taylor en 17 causas por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluido el asesinato, mutilación, violación, explotación sexual y reclutamiento de niños soldados. 
Es un insulto al Derecho internacional y una afrenta a la dignidad humana que este presunto genocida continúe refugiado en Nigeria. 
El Gobierno nigeriano no solo tiene un deber frente a la humanidad, sino también la obligación en el marco de la Convención de Ginebra, que ha ratificado, de entregar de inmediato al infame Charles Taylor a la jurisdicción del Tribunal Especial de Sierra Leona para que sea juzgado y, si es declarado culpable, castigado como corresponda. 
Si no lo hace, tendrá que afrontar graves consecuencias tanto de la UE como de la comunidad internacional en general. 
Tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué tardamos 14 años de gobierno de Taylor en Liberia antes de tomar alguna medidas enérgica? 
– Señor Presidente, me satisface disponer de esta breve oportunidad para apoyar con firmeza esta resolución. 
Quizás el factor que más contribuye a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra en la actualidad y en el futuro es que, en el pasado, se ha permitido que los poderosos actuaran con impunidad, sin temor a la acción judicial al amparo del Derecho internacional. 
Este es el caso en el continente africano. 
Esta resolución pone de manifiesto un caso de máxima importancia en la necesaria lucha de la comunidad internacional por acabar con la plaga de personas que cometen violaciones de los derechos humanos con impunidad, en cualquier parte del mundo. 
El 7 de marzo de 2003, Charles Taylor fue imputado por el Fiscal del Tribunal Especial de Sierra Leona en 17 causas por crímenes contra la humanidad. 
Estos crímenes incluían la mutilación, violación, explotación sexual y reclutamiento de niños soldados; todos ellos constituyen violaciones importantes de los derechos humanos que este Parlamento y la UE están intentado combatir de forma positiva. 
Charles Taylor está protegido y disfruta de asilo en Nigeria, a pesar de que Nigeria ha ratificado la Convención de Ginebra, que afirma que los que han cometido crímenes de guerra no pueden tener el estatuto de refugiado. 
Insto al Consejo, a la Comisión y por supuesto a las Naciones Unidas a que actúen y se tomen esta resolución en serio. 
. Señor Presidente, la resolución que tenemos ante nosotros resume muy bien los antecedentes de esta cuestión. 
Charles Taylor está procesado por crímenes horrendos, incluido el exterminio, el asesinato, la violación, la esclavitud, los actos inhumanos y los crímenes contra la humanidad. 
La resolución también reconoce la importancia del proceso de pacificación en la región, un proceso concebido y aplicado por los países y organizaciones africanas. 
Se ha dicho en varias ocasiones en esta Cámara que es muy importante que las propias naciones africanas se hagan cargo de la limpieza del continente. 
Los crímenes de los que se acusa a Charles Taylor son terribles y han llevado a la Interpol a añadir su nombre a la lista de los criminales más buscados del mundo. 
El desafío de Taylor a la acusación del Tribunal Especial aduciendo inmunidad presidencial ha sido un insulto para todos los que han sufrido las atrocidades. 
La presunta interferencia de Taylor en la vida política y económica de Liberia, y su deseo expreso de regresar al país, representan una amenaza para la continuación de la construcción de la paz en Liberia y para el proceso electoral de este año. 
La no ejecución de la orden de detención emitida por el Tribunal Especial socava su legitimidad. 
El Tribunal Especial de Sierra Leona, a diferencia de los tribunales internacionales de Yugoslavia y Ruanda, no ha obtenido un mandato con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que exige que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas cumplan las órdenes del tribunal. 
Por lo tanto, el éxito del Tribunal Especial depende de la voluntad de cooperación de todos los países que acogen a criminales. 
La Comisión apoya formalmente los esfuerzos de la Unión Europea por garantizar la entrega de Taylor al Tribunal. 
La última iniciativa de las Naciones Unidas tuvo lugar durante la reunión de alto nivel de la troika con Nigeria en diciembre. 
La posición de Nigeria es la siguiente, y cito: «No puede haber impunidad para Taylor. 
Sin embargo, en la actualidad es un invitado del Gobierno Nigeriano y será entregado al primer Gobierno liberiano elegido democráticamente que pida su extradición.» 
La Comisión cree que las ofertas de la UE tienen que continuar y tenemos que dejar claro que en algún momento –y esperamos que este momento no sea demasiado lejano– Charles Taylor tenga que enfrentarse a la justicia. 
Asimismo, es esencial que se tomen iniciativas eficaces en Nigeria y en otros países para impedir que Taylor continúe interfiriendo en los asuntos liberianos y desestabilizando a otros países en la región. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
– Señor Presidente, solo quería dejar totalmente clara la forma en que se estableció el Tribunal Especial. 
Por lo tanto, propongo que modifiquemos la primera cita de la resolución conjunta para que quede así: «Visto el Tribunal Especial de Sierra Leona, creado en virtud de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona de conformidad con la Resolución 1315 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 14 de agosto de 2000 con el fin de llevar ante los tribunales a las personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y de violaciones del Derecho internacional cometidos en Sierra Leona». 
Se trata de un ejercicio de ordenación. 
Además, dada la importancia de esta cuestión para la comunidad internacional, la Comisión y los Estados miembros, quiero pedir una votación nominal en la votación final. 
– Señor Presidente, me sumo a la petición de mi colega de que se proceda a una votación nominal. 
Entonces consideraremos esta petición como realizada por un Grupo político y pasamos a votar esta propuesta de resolución común por votación nominal, con la enmienda oral del señor Deva incorporada. 
– Señor Presidente, evidentemente no tengo nada que objetar a esta decisión. 
Sin embargo, me gustaría declarar que esta mañana acordamos con el Comisario Potočnik solicitar que se celebre una Conferencia de Presidentes abierta a todos los diputados el 6 de abril a las 14.30 hors– y quisiera pedir que esto conste en acta– para presentar el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Asimismo queremos pedir que el señor Barroso, Presidente de la Comisión, la Comisaria Reding y el Comisario Potočnik estén presentes en esa ocasión para exponer el Séptimo Programa Marco ante la Cámara, y yo quiero pedir que la Conferencia de Presidentes tome una decisión sobre esta cuestión. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el pasado jueves día 24 de febrero de 2005. 
Señoras y señores diputados, al inicio de esta sesión quisiera hacerles una declaración sobre temas que son de actualidad o que han sido planteados por algunos diputados de este Parlamento. 
Señorías, el jueves pasado, la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos adoptó por unanimidad una declaración sobre la situación de los periodistas en Iraq que debía leerles hoy. 
Esta declaración era el fruto de unos encuentros que tuve con responsables de los medios de comunicación franceses e italianos de los periodistas europeos retenidos como rehenes en Iraq así como de representantes de la organización "Reporteros sin fronteras". 
La Conferencia de Presidentes emitió esta declaración, que fue recogida de forma muy notable en los medios de comunicación europeos. 
Poco después, el viernes por la tarde, recibimos con gran alegría la noticia de la liberación de Giuliana Sgrena. 
Esta alegría se vio pronto ensombrecida por la muerte de Nicola Calipari, muerto trágicamente al proteger a Giuliana con su propio cuerpo. 
Reconozcamos hoy el valor y el sentido del deber que indujo a Nicola Calipari a llevar a cabo su misión hasta sus últimas consecuencias. 
En su homenaje quiero hoy unir mi voz a la de las autoridades italianas, en particular las de los Presidentes Ciampi y Berlusconi, que han pedido a las autoridades estadounidenses que hagan toda la luz sobre las circunstancias dramáticas en las que perdió la vida Nicola Calipari. 
Como en otras circunstancias similares, hace falta saber cómo y por qué se han producido estos trágicos acontecimientos. 
Esta mañana toda Italia han rendido un póstumo homenaje nacional. 
Quisiera que nuestra Asamblea se asociase al recogimiento de todo el pueblo italiano y, en nombre de todos ustedes, trasladar a su familia nuestra solidaridad y cercanía en este doloroso momento. 
Hoy, Giuliana vuelve a estar entre nosotros y disfrutar de la libertad, pero tiene que continuar la movilización para obtener la liberación de Florence Aubenas y de su guía-intérprete Hussein Hanun Al-Saadi. 
Ellos siguen en cautividad, retenidos por los que rechazan el derecho a la información y, por lo tanto, a la democracia. 
Sus retratos estarán a partir de hoy en la entrada de nuestro hemiciclo. 
Son el testimonio gráfico de nuestra solidaridad. 
El Parlamento Europeo desea que vuelvan a encontrar lo antes posible a sus familias y a sus compañeros. 
En estas circunstancias, el Parlamento Europeo debe afirmar, una vez más, que no existe democracia sin libertad de información y que la seguridad de los periodistas debe ser protegida en todas las partes del mundo. 
Es necesario tomar todas las medidas para que los medios de comunicación puedan llevar a cabo su misión, en particular en las zonas de conflictos armados, incluido Iraq. 
Y después de esta declaración sobre estos hechos de actualidad, a la vez dolorosos y felices, debo hacer otra declaración sobre lo que podemos llamar conmemoraciones históricas. 
Como ustedes saben, siglos de guerras fratricidas entre nuestros países han marcado nuestra memoria. 
Como Presidente del Parlamento Europeo recibo con frecuencia peticiones de minutos de silencio para conmemorar hechos que nos recuerdan la parte más triste de nuestro pasado. 
Justamente, hace pocos días, nuestros colegas polacos me han solicitado recordar, a través de un minuto de silencio, la matanza ocurrida en Katyn, Miednoye y Járkov, donde 14 000 oficiales polacos fueron ejecutados a sangre fría por el régimen de Stalin el 5 de marzo de 1940. 
Esta petición es, sin duda, legítima y nuestro deber es no olvidar esos hechos ni a sus víctimas. 
Pero cada día, la historia de nuestro continente- una historia trágica y atormentada- nos va a llevar, al azar del calendario, el recuerdo de acontecimientos tristes para cada uno de nuestros países. 
Es así porque Europa ha estado dividida por guerras en las que murieron millones de nuestros conciudadanos. 
Pero, aunque debamos recordar el pasado- y lo hacemos -, la Conferencia de Presidentes la semana pasada acordó no celebrar un minuto de silencio o hacer declaraciones sistemáticamente en cada sesión plenaria cada vez que la memoria nos traiga el recuerdo de un acontecimiento doloroso. 
Nuestra historia actual, nuestra reunificación debe ayudar a superar estos hechos del pasado y a tener presente que la consolidación de la paz y de la democracia, valores de la Unión Europea, deben servir para prevenir que vuelvan a ocurrir. 
Finalmente, esperando que todos los compañeros diputados entiendan la resolución que hemos adoptado al respecto, tampoco puedo dejar de hacer referencia a la represión policial de la que han sido víctimas las mujeres que celebraban de forma anticipada en Estambul el Día Internacional de la Mujer. 
He emitido, antes de entrar en esta sesión plenaria, una nota de prensa en la que condeno firmemente estos actos y pido al Gobierno turco sanciones ejemplares sobre acontecimientos que ciertamente no son la mejor tarjeta de presentación para su hipotética entrada en la Unión Europea. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente período de sesiones, orden del día aprobado por la Conferencia de Presidentes el jueves 3 de marzo, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
He recibido dos solicitudes dirigidas a que la Comisión realice declaraciones. 
Por una parte, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado una solicitud para que la Comisión realice una Declaración sobre su postura acerca de los servicios en el mercado interior. 
La Comisión está dispuesta a realizar tal Declaración y podríamos discutir este punto mañana martes, de las 18.00 a las 18.30 horas, con una comunicación del Comisario McCreevy, seguida de preguntas y respuestas por el famoso y conocido procedimiento del. 
Por otra parte, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha solicitado que el Comisario McCreevy realice mañana martes, a la misma hora, una declaración sobre la Directiva de patentes de seguida de, al menos, un turno de palabra de los grupos políticos. 
También el Grupo Verde ha solicitado que se sustituya el miércoles la Declaración del Consejo y de la Comisión sobre los profesionales de la sanidad detenidos en Libia, por una Declaración del Consejo y de la Comisión sobre patentes de. 
No las podemos aprobar todas. 
A la misma hora no podemos discutir dos cosas diferentes, por lo tanto, tendré que someter a votación, por el orden en el que las he recibido, las peticiones de modificación de orden del día. 
Si alguna de ellas fuera aprobada, no tendría lugar que votásemos las siguientes, por entrar en manifiesta contradicción con la decisión que hubiésemos adoptado. 
En consecuencia, voy a someter a votación, a brazo levantado, por supuesto, la solicitud del Grupo Verde para la que la Comisión realice una Declaración sobre su postura acerca de los servicios en el mercado interior. 
– Señor Presidente, ¿existe algún motivo por el que la Comisión no puede abordar tanto la Directiva de servicios como la de patentes de a las 18.00 horas de mañana? 
Esto nos permitiría mantener en el orden del día del miércoles la grave cuestión candente de los profesionales de la sanidad detenidos en Libia. 
– Señor Presidente, podríamos estar de acuerdo con esa sugerencia. 
Si el Comisario McCreevy realizara una breve exposición sobre ambas cuestiones, entonces cada Grupo podría decidir cuáles son sus prioridades. 
Yo apoyaría esto como compromiso alternativo. 
– Señor Presidente, también nosotros estamos perfectamente de acuerdo con esta propuesta, a condición de que el debate no se dé por terminado en 30 minutos. 
– Señor Presidente, no he entendido muy bien lo que nos proponía usted al principio. 
Nuestro deseo es que las dos cuestiones, las patentes de programas informáticos y la Directiva de servicios, puedan abordarse en este período parcial de sesiones. 
Por ejemplo, una podría tratarse el martes y la otra el miércoles, o en cualquier otro momento, pero la inclusión en el orden del día de una de ellas no debería suponer la eliminación de la otra. 
– Señor Presidente, no estamos de acuerdo con esta propuesta. 
Queremos, en efecto, que haya un debate y una aclaración de la postura de la Comisión sobre la Directiva relativa a la liberalización de los servicios. 
Esto es muy importante. 
Por lo que respecta a la patentabilidad del, consideramos que la labor parlamentaria debe realizarse por la vía normal: necesariamente habrá un debate en este Parlamento, pero será en el marco del procedimiento de segunda lectura, puesto que acabamos de adoptar una posición común. 
No queremos, por tanto, que haya confusión alguna entre los dos debates, por lo que preferimos conceder todo el tiempo necesario al debate subsiguiente a la declaración de la Comisión sobre la Directiva relativa a la liberalización de los servicios. 
– Señor Presidente, sólo quiero dejar claro que nuestra petición con respecto al debate sobre las patentes de incluía una declaración no solo de la Comisión, sino también del Consejo. 
– Señor Presidente, independientemente del resultado de la votación, le pido que garantice que el tiempo asignado al turno de preguntas de mañana a la Comisión se mantenga tal como está, ya que se trata de un derecho parlamentario fundamental, garantizado además en los Tratados. 
De acuerdo, señor diputado, tenga la seguridad de que así lo vamos a hacer. 
Creo que lo que procede es someter a votación una modificación del orden del día por la cual mañana, de las 18.00 a las 18.45 horas, la Comisión realice una declaración sobre los dos puntos planteados, es decir, sobre los servicios en el mercado interior y sobre la Directiva de patentes de software, que, en este momento, tienen un número de peticiones más importante a favor. 
– Señor Presidente, le pido permiso para hacer un comentario sobre el procedimiento. 
En primer lugar, le pido que votemos la Directiva de servicios, para la cual puede que haya o no mayoría. 
A continuación, siguiendo con la votación por partes, podríamos pasar al tema del. 
Si votamos las dos cuestiones a la vez, puede que al final salga un resultado no deseado por esta Cámara, de forma que solicito que votemos punto por punto. 
El tema está complicado. 
Vamos a hacer lo siguiente, es una decisión del Presidente que voy a pasar a ejecutar a continuación. 
Vamos a pasar a la votación de la petición de que mañana la Comisión realice una declaración sobre los servicios en el mercado interior y, a continuación, cualquiera que sea el resultado de esta votación, voy a someter a votación la propuesta de que la Comisión realice mañana una declaración sobre las patentes de. 
Si se aprueban las dos, las celebraremos conjuntamente de las 18.00 a las 18.45 horas. 
Someto a votación la propuesta destinada a que la Comisión haga una declaración sobre los servicios en el mercado interior: 
– Señor Presidente, lo lamento sinceramente, pero no entiendo lo que estamos votando en este momento. 
¿Estamos votando la sustitución del debate sobre la Directiva de servicios por el debate sobre la Directiva de las patentes de? 
Señora Frassoni, hemos votado una propuesta para que mañana tenga lugar una comunicación de la Comisión. 
Ahora vamos a votar otra propuesta para que mañana tenga lugar una comunicación de la Comisión sobre patentes de. 
Se abre la votación. 
Por lo tanto, mañana, de las 18.00 a las 18.45 horas, se procederá a una declaración de la Comisión sobre los dos temas que hemos tratado. 
– Señor Presidente, esto se refiere a la última decisión que usted tomó. 
Quiero señalar dos puntos: como coordinador de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la cuestión del mercado interior de servicios, espero que ante todo tengamos la primera oportunidad... 
¿Qué artículo del Reglamento invoca? 
– Señor Presidente, esto es nuevo. 
No es una cuestión de observancia del Reglamento, es un nuevo procedimiento. 
Ahora hemos acordado combinar dos declaraciones y quisiera preguntar... 
No tiene usted la palabra. 
El Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista han presentado una solicitud dirigida a que se dedique toda la mañana del miércoles a la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa y que se pueda prolongar el debate hasta las 12.30 horas. 
El orden del día podría presentarse de la siguiente manera: de 9.00 a 12.30 horas, revisión intermedia de la estrategia de Lisboa. 
A las 12.30 horas, votaciones. 
De las 15.00 a las 17.30 horas, Declaraciones del Consejo y de la Comisión, primero sobre la preparación del Consejo Europeo de Bruselas, segundo, sobre profesionales de la sanidad detenidos en Libia. 
– Señor Presidente, estoy absolutamente en contra de eliminar del orden del día un debate sobre los profesionales de la sanidad detenidos en Libia. 
De hecho, entiendo que ya no hay ninguna petición de que se elimine este punto del orden del día. 
– Señor Presidente, ¿podría explicarlo de nuevo? 
Usted mantiene la declaración sobre la Estrategia de Lisboa entre las 9.00 y las 12.30 horas. 
A las 12.30 horas tendrán lugar las votaciones, pero ¿en qué momento se desarrollará el debate sobre los profesionales de la sanidad detenidos en Libia? 
Entre las 15.00 y las 17.30 horas, debatiríamos dos declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Consejo Europeo de Bruselas y sobre los profesionales de la sanidad detenidos en Libia. 
Afortunadamente no tenemos ninguna propuesta de modificación para la sesión del jueves. 
De conformidad con el artículo 144 del Reglamento, se abre el turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
– Señor Presidente, ha honrado usted el nombre y la historia de Nicola Calipari, un alto funcionario del Estado italiano y del SISMI, que se encontraba por cuarta vez en Bagdad con el cometido de rescatar a un rehén de las manos de grupos armados terroristas que asesinan a los iraquíes. 
Yo se lo agradezco, pero quiero decir también que quizá sea hora de que el Parlamento no peque involuntariamente de racismo. 
Lo cierto es que consideramos la muerte de un occidental como un acontecimiento de importancia mundial, pero permanecemos en silencio mientras continúan asesinando a hombres y mujeres iraquíes en nombre de ideologías como la de Sadam Husein y otras ideas similares, de la misma forma que permanecemos en silencio desde hace cincuenta años ante las fosas comunes de Katyn. 
¡Es una vergüenza! 
– Señor Presidente, quiero exponer la cuestión que iba a plantear antes. 
Puedo decirle ante todo que como coordinador de un Grupo político para la comisión más afectada por el nuevo procedimiento de mañana, tendría usted que haberme dejado hablar antes. 
Espero que primero se realice el debate sobre el mercado interior de servicios y que tengamos tiempo suficiente. 
El jueves pasado, cuando mantuvimos una reunión especial con el ponente, todos los miembros de la comisión firmaron una pregunta oral. 
Estaba fuera de plazo pero queremos esa declaración completa. 
La segunda cuestión es crucial y creo que yo tenía perfectamente derecho a hacerlo cuando todos estaban aquí. 
Tal como han señalado una serie de diputados, la declaración relativa a la Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador también debe implicar al Consejo. 
La cuestión que está en juego es que el Consejo llegue hoy a un acuerdo. 
Ha omitido usted esto, señor Presidente. 
No ha indicado si el Consejo estaría disponible. Esta es la cuestión que quería plantearle. 
Los coordinadores y diputados responsables implicados en los debates tienen conocimientos detallados, y si va usted a impedirles que intervengan sobre los cambios de procedimiento, no hace justicia a los diputados a esta Cámara cuando deliberan sobre los cambios del orden del día. 
Muchas gracias, señor diputado. 
Comprenderá usted que los cambios del orden del día son siempre conflictivos y polémicos; tengo que atender las peticiones que hacen los grupos políticos a través de sus portavoces. 
– Señor Presidente, esta Cámara puede estar muy orgullosa de haber apoyado firmemente el proceso de paz en Irlanda del Norte y tanto al Gobierno de Irlanda como al del Reino Unido en su intento de resolver duraderamente las dificultades existentes. 
Tanto el Gobierno de Irlanda como el del Reino Unido opinan que el último obstáculo que queda para la paz es la delincuencia y la actividad paramilitar del IRA, afirmación que se recibió con cierta sorpresa en las esferas del IRA. 
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses –el asalto al Northern Bank, el asesinato de Robert McCartney, la intimidación de testigos, las pruebas sobre blanqueo de dinero– indican que existe una delincuencia extendida que ahora forma parte del escenario de Irlanda del Norte. 
Espero que este Parlamento envíe un mensaje de apoyo a los dos Gobiernos y que diga a todas las partes que la delincuencia no tiene absolutamente ningún lugar en la acción política. 
La delincuencia encarcela a las personas, no las libera. 
– Para llegar a convertirse en un miembro asociado, Croacia ha tenido que impulsar reformas de largo alcance en los últimos años para satisfacer los requisitos políticos, económicos y jurídicos de la Unión Europea, los llamados criterios de Copenhague. 
El Consejo ha reconocido estos esfuerzos, gracias a los cuales, en diciembre del año pasado, Croacia se hizo con el estatuto de miembro asociado, y se fijó una fecha para iniciar las negociaciones de adhesión. 
Sin embargo, la polémica alrededor de la entrega del General Gotovina ha creado incertidumbre sobre si Croacia realmente puede iniciar las negociaciones. 
Durante las conversaciones de la semana pasada en Zagreb, nuestra comisión tendría que haberse sentido satisfecha porque el Gobierno croata está respondiendo a la Decisión del Consejo de 17 de diciembre, y está cooperando de forma incondicional con el Tribunal Internacional. 
Por encima de todo, pido a los miembros del Consejo que acepten como cooperación sin reservas el hecho de que se han satisfecho 625 de las 626 demandas del fiscal de La Haya. 
No es digno de la historia de la ampliación de la Unión Europea que el destino de una nación europea milenaria dependa de un solo hombre. 
– Como usted ha mencionado, señor Presidente, ayer 6 de marzo la policía sofocó brutalmente en Estambul una manifestación para celebrar el Día Internacional de la Mujer y docenas de personas fueron detenidas. 
Desafortunadamente, este acto de violencia no es un incidente aislado. 
El 26 de febrero fue asesinado a tiros un activista del EMEP, el partido laborista turco. 
Quiero solidarizarme con sus palabras, señor Presidente, y solicitarle que condene tales actos ante las autoridades turcas, así como que se pidan cuentas a los autores. 
– Señor Presidente, nos hemos enterado de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba va a visitar la UE y de que usted va a recibirlo. 
No sé si es cierto, pero nos gustaría obtener su confirmación. 
Si resultara cierto, nunca se nos pasaría por la mente expulsarlo, a diferencia del Gobierno cubano, que es lo que hizo con los diputados españoles y neerlandeses a esta Cámara hace unos meses. 
Al contrario, creemos que debería ser recibido y deseamos recibirlo. 
Hay tres cosas que quisiéramos pedirle, una vez se haya confirmado la visita, señor Presidente. 
La primera petición es que remita al Ministro cubano de Asuntos Exteriores la resolución aprobada por el Parlamento el 17 de noviembre del año pasado, que representa la posición del Parlamento ante la situación cubana. 
En segundo lugar, si el Ministro se presenta aquí, lo hará sin invitación. 
No tenemos nada en contra, pero hemos invitado repetidas veces a Oswaldo Payá Sardiñas, el ganador del premio Sájarov de 2002, a venir al Parlamento, y es el Gobierno de este Ministro –el Gobierno cubano– quien no se lo permite. 
Por lo tanto, le pedimos que insista en que queremos que Oswaldo Payá pueda venir al Parlamento a discutir la situación cubana con nosotros. 
Por último, les pediría que liberaran a los prisioneros políticos en Cuba de una vez, y que anunciaran una amnistía general, en particular para todos los afectados por la oleada represiva de marzo de 2003. 
Muchas gracias, señor diputado. 
En efecto, mañana a las 19.30 horas recibiré al Ministro cubano de Asuntos Exteriores. 
Tenga la seguridad de que tomo muy buena nota de la petición que usted me hace para trasladársela al señor Ministro. 
Señor Presidente, quiero hacerme eco de un manifiesto presentado por 157 profesores de la enseñanza pública del País Vasco afectados por un decreto del Gobierno vasco que supone la pérdida del puesto laboral que han venido desarrollando durante más de 15 años, por no haber superado un cierto nivel de la lengua vasca, lengua cooficial con el castellano y en la que se imparte la materia que enseñan. 
Son objeto de una discriminación lingüística que antepone las consideraciones de carácter político a la cualificación profesional. 
Sufren un agravio comparativo frente a otros colectivos de enseñantes y otros departamentos de la administración pública. 
Hay que lamentar que el Gobierno vasco, en su intransigencia, imponga a estos docentes su salida del sistema público vasco, sin reconocer el trabajo profesional que han realizado, ni ofrecer una solución paliativa. 
– Señor Presidente, gracias por darme la palabra. 
Deseo respaldar lo que se ha dicho sobre la situación en Turquía. 
Más allá del rechazo del Parlamento, expresado por el Presidente, quisiera preguntar si existen otras iniciativas que el Presidente haya considerado tomar en este sentido. 
La razón es que, en su mayoría, este Parlamento se ha mostrado favorable a la adhesión de Turquía –y nosotros, por nuestra parte, somos muy optimistas respecto a su adhesión a la UE, que consideramos que presenta grandes posibilidades– y es sumamente importante que el Parlamento también sea el primero en manifestarse y protestar siempre que Turquía tome claramente el rumbo equivocado. 
Sería muy útil que el Presidente presentara una oferta con iniciativas adicionales. 
– Señor Presidente, hace unos días varios médicos de la Organización Mundial de la Salud advirtieron de que el mundo se enfrenta a la posibilidad muy seria de que el llamado virus de la gripe aviar desencadene una pandemia de gripe humana. 
Actualmente la tasa de mortalidad debida al virus es de alrededor del 72 %. 
Si el virus se propagara entre los humanos, esta gripe podría matar literalmente a millones de personas. 
La Organización Mundial de la Salud alerta de que el acopio de vacunas no es más que una de las medidas que los Gobiernos pueden poner en marcha para combatir la propagación del virus. 
Se conoce que Italia y Francia planean almacenar dos millones de dosis de vacunas cada una, mientras que el Reino Unido ha decidido no hacerlo debido a la dificultad de diseñar de antemano un fármaco antiviral eficaz contra un virus mutante. 
Klaus Stöhr, responsable del Programa Mundial contra la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expresó su preocupación en noviembre del año pasado. 
Ha llegado la hora de preguntar si la Unión Europea hace lo necesario para prepararse ante una pandemia potencial, y de no ser así, por qué no lo hace. 
– Señor Presidente, millones de personas en todo el mundo están celebrando en estos momentos el Día Internacional de la Mujer, incluida Turquía, donde, como hemos oído, su manifestación ha sido brutalmente reprimida. 
Le doy las gracias por haber respondido tan rápidamente y haber transmitido el mensaje correcto. 
Las mujeres deben poder gozar de sus derechos democráticos, pues de lo contrario la adhesión del país se convertirá en papel mojado. 
Algo que también me gustaría mencionar es que esta Cámara discutirá mañana los resultados de la conferencia de la ONU Beijing + 10. 
El debate empezará mañana por la mañana con una pregunta oral, y la votación se celebrará a mediodía. 
El Presidente Barroso ha mandado invitaciones para un intercambio de información con diez miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que se celebrará al mismo tiempo. 
Lo considero una afrenta, y ninguno de nuestros diputados debería participar en tal reunión, que se celebrará en esta Cámara pero al margen de la votación. 
Pido que se aclare al señor Barroso que nuestro primer deber se encuentra aquí, en la sesión plenaria, donde vamos a debatir los derechos de las mujeres. 
– Señor Presidente, la cuestión del Líbano está incluida en el orden del día de esta semana. 
Debatiremos la retirada del Líbano de las fuerzas de ocupación sirias, una resolución del Consejo de Seguridad. 
Nosotros, en la Europa civilizada, lo acogemos con satisfacción, aplaudimos la medida y no hay nadie entre nosotros que no desee el abandono del Líbano por parte del ejército de ocupación. 
Sin embargo, también existe una resolución idéntica del Consejo de Seguridad sobre el ejército de ocupación turco en Chipre. 
¿Es que no hay sensibilidad respecto a esta cuestión? 
No podemos mantener que se aplique un doble rasero. 
Nosotros aquí, en el Parlamento Europeo, debemos decir que lo que es válido para el ejército sirio, la retirada del Líbano, también debería serlo para el ejército turco, que debe abandonar Chipre. 
Se trata de una resolución idéntica adoptada por un consejo idéntico, el Consejo de Seguridad. 
Si, por lo tanto, realmente queremos democracia e igualdad ante la ley, deberíamos pedir al ejército turco que abandone Chipre, de la misma forma que se ha pedido a Siria que salga del Líbano. 
Señor Presidente, quiero, al igual que la señora Dührkop Dührkop, denunciar en esta sede parlamentaria que 157 profesores en el País Vasco, 157 trabajadores con más de 15 años de experiencia laboral y educativa, pueden perder su puesto de trabajo por cuestiones lingüísticas, por no hablar un idioma. 
El Gobierno vasco, presidido por el señor Ibarretxe, quiere discriminar, arrinconar y expulsar de la administración a estos profesores vascos. 
Esto constituye un caso escandaloso de lingüístico y educativo, contrario a la Constitución Española, al Estatuto de Gernika, al propio Tratado Constitucional Europeo y a la propia Carta de Derechos Humanos, ya que el derecho a trabajar es un derecho de las personas y se va a privar de él a estos profesores, por decreto nacionalista, a pesar de su experiencia laboral y educativa. 
Lo que hace el Gobierno vasco, Señorías, no obedece a criterios pedagógicos o académicos, sino a criterios ideológicos y políticos, xenófobos y excluyentes, recogidos en el Plan Ibarretxe. 
Por eso, la Europa de las libertades, de la solidaridad y de la igualdad debe velar para que casos lamentables como éste no se repitan en ningún territorio de nuestra Unión Europea. 
–– Señor Presidente, quisiera elogiarle por haber adoptado tan rápidamente una posición respecto a los tristes acontecimientos en Turquía que vimos ayer por televisión, donde se reprimió una manifestación, convocada para celebrar el Día Internacional de la Mujer, de una forma absolutamente brutal e incompatible con los compromisos adquiridos por Turquía a raíz de su solicitud de adhesión a la UE y de la decisión tomada por el Parlamento y por las instituciones europeas de iniciar las negociaciones. 
Señor Presidente, usted ha pedido sanciones ejemplares, y estas sanciones no solo requieren que rindan cuentas los autores de esta brutalidad, sino también los que dieron las órdenes. 
En Turquía reina la impunidad, y combatirla es un factor esencial para la promoción de los derechos humanos. 
Un ejemplo reciente de ello fue la muerte del niño kurdo Ugur Kaymaz, enmascarada por la policía turca. 
La Comisión y el Consejo también deben mandar un mensaje claro a Turquía de que esto es incompatible con sus compromisos relativos a las negociaciones de adhesión a la UE, y que el respeto de los derechos humanos no solo implica un cambio en la legislación, sino también la puesta en práctica de dichas leyes. 
Muchas gracias, señora Gomes. 
Habrá usted observado que en la declaración inicial de la Presidencia he hecho referencia a este asunto y al comunicado de prensa que he emitido en nombre de todos ustedes. 
– Señor Presidente, en su primera intervención ha recordado la muerte de Nicola Calipari, pero yo hablaría más bien del asesinato de Nicola Calipari. 
Hace unos minutos se ha dado a conocer una declaración del Presidente Barroso en la que describe lo sucedido como un desafortunado incidente. 
No sé si la Comisión dispone de información que no es todavía de dominio público y que permite al señor Barroso decir que fue un desafortunado incidente y no algo más grave. 
Hace casi una hora, la CNN ha dado a conocer, remitiéndose a fuentes del Pentágono, la conclusión alcanzada por la comisión de investigación de los Estados Unidos, y es que simplemente hubo un malentendido entre las autoridades italianas y las autoridades estadounidenses sobre la comunicación del paso de los vehículos. 
Quiero apoyar la demanda de Periodistas Sin Fronteras de que se instituya una comisión de investigación de las Naciones Unidas, y pido a la Comisión y al Consejo que apoyen su petición. 
Además, pido que esta cuestión se incluya en el debate en la Unión Europea sobre las relaciones transatlánticas, puesto que nosotros, como Unión Europea, tenemos una responsabilidad muy específica. 
– Señor Presidente, como ya se ha dicho, esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero también espero que durante esta semana el Parlamento se tome tiempo para contribuir a sensibilizar a la opinión pública ante una enfermedad que afecta a 14 millones de mujeres en toda Europa: la endometriosis. 
Esta semana también es la Semana Internacional de la Endometriosis. 
Sé que estamos hartos de tantas semanas para esto y para aquello, pero se habla demasiado poco de esta terrible enfermedad, que se deja de lado demasiado a menudo. 
El tiempo medio para su diagnóstico aumenta: actualmente es de nueve años. 
Afecta a 14 millones de mujeres en toda Europa. 
No existe todavía una causa conocida ni un remedio para esta enfermedad. 
Destroza vidas y familias. 
Si nada más nos hace pensar, puede que el hecho de que nuestra economía pierda todos los años más de 30 000 millones de euros nos haga recapacitar. 
Esta misma semana se propondrá una declaración escrita sobre este tema. 
Espero que sus Señorías aprovechen esta oportunidad para firmarla y respaldar la creciente sensibilización ante esta terrible enfermedad. 
– Señor Presidente, además de apoyar esta última cuestión, también quiero insistir en lo que ha comentado el señor Mitchell. 
La Organización Mundial de la Salud ha emitido una de sus advertencias más serias sobre una inminente pandemia de gripe, que probablemente tendrá una envergadura nunca vista desde 1917 y, sin embargo, el Parlamento sigue sin decir nada. 
Pedimos que este asunto se introdujera en el orden del día de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor; no figura en el orden del día de esta semana. 
Pedimos que se incluyera en el orden del día del Pleno; no figura en el orden del día de esta semana. 
Los Estados Unidos tomaron medidas hace seis meses. 
Algunos Estados miembros empiezan a tomar ahora medidas que pueden considerarse insuficientes. 
Señor Presidente, ¿escribirá usted a la Comisión y pedirá un informe sobre las medidas tomadas por la Comisión y los Estados miembros, y adjuntará la respuesta al acta de esta sesión? 
¿Puede asegurar que, mediante sus buenos oficios y los míos, se presione a la Comisión para que emita una declaración la próxima vez que se reúna el Pleno del Parlamento? 
Gracias, señor diputado. 
Tomo buena nota de su petición. 
Le daremos curso. 
– Señor Presidente, gracias; en Turquía ha sucedido otro incidente sobre el cual me gustaría llamar la atención. 
Según informaciones aparecidas en la prensa, el Ministro turco de Asuntos Exteriores, el señor Gül, ha criticado al representante de la Comisión Europea, el señor Kretschmer, y ha tratado con desprecio las críticas formuladas por este último hace unos días. 
Habiendo votado a favor del inicio de las negociaciones con Turquía y estando todavía comprometido con ellas, creo que es incorrecto por parte del señor Gül despreciar a alguien como el señor Kretschmer, que es muy tranquilo y sensato. 
La Comisión también debe saber que apoyamos plenamente las críticas justificadas del señor Kretschmer a Turquía. 
Por mucho que apoyemos el inicio de las negociaciones con Turquía, la reciente forma de proceder del señor Gül es inaceptable. 
– Señor Presidente, para continuar con lo dicho anteriormente por el señor Harbour, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar claro que, en mi opinión, la decisión de esta Cámara de discutir a la vez la Directiva de patentes de y la Directiva de servicios mañana por la tarde ha sido una decisión muy sabia. 
También quiero dejar claro que, en mi calidad de ponente de la Directiva de servicios, pienso que es inaceptable que se use esta Directiva para excluir otro instrumento legislativo de igual importancia del Parlamento Europeo. 
Como se trata de algo que no puedo ni estoy dispuesta a aceptar, nuestro Grupo se ha abstenido. 
– Señor Presidente, nos hemos acostumbrado a recibir noticias malas y alarmantes de Rusia. 
Tengo otro incidente que añadir a la larga lista de malas noticias. 
Actualmente, la población mari del grupo ugro-finés sufre una grave discriminación. 
Los maris viven en una república autónoma de la Federación Rusa. 
Hace poco se ha informado de ataques, palizas y asesinatos. 
Las víctimas son periodistas y líderes de la oposición como Yelena Rogacheva y Vladimir Kozlov. 
Lo más vergonzoso es que el Gobierno regional, encabezado por un político de origen moscovita, no actúa y se muestra completamente indiferente a estas graves violaciones de los derechos humanos. 
Pido al Parlamento Europeo que proteste contra estas violaciones y que pida al Gobierno regional de la Federación que ponga fin a los abusos de los derechos humanos. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre la familia McCartney de Belfast y rendir homenaje a su fortaleza en su respuesta al reciente asesinato de su hermano e hijo Robert McCartney. 
La fortaleza de esta familia ha conmovido a muchos de nosotros. 
Este asesinato tiene que ser condenado por todas las personas de bien. 
No basta con que el Sinn Fein y el IRA digan que van a pedir disculpas o que van a entregar a una o cinco personas. 
Todos los culpables de este ataque deben ser entregados a las fuerzas del orden en Belfast. 
No hay ninguna otra manera de hacerlo. 
No se puede aplicar la mitad de una ley; no se puede pedir disculpas por la ley. 
La ley es la ley. 
Esto es lo que tenemos que reconocer como Parlamento y como personas. 
Le pido que ejerza toda la presión posible para demostrar que este Parlamento se opone totalmente a estos ataques y asesinatos continuos. 
He tenido que sufrir demasiado por ello en mi circunscripción. 
Por suerte, las cosas van mucho mejor ahora. 
– Señor Presidente, el punto culminante de la apertura del llamado Parlamento de la China comunista fue el anuncio de la votación sobre una ley antiseparatista que, de hecho, viene a ser lo mismo que una amenaza contra Taiwán, que –como todos sabemos– ha sido un país democrático que es independiente de hecho desde 1941. 
Al mismo tiempo, el régimen comunista anunció un incremento del 12,6 % del gasto militar. 
Es difícil considerar los dos hechos de forma completamente aislada uno del otro. 
En un momento como este, el Consejo Europeo está realizando preparativos para levantar el embargo de armas contra China, una decisión completamente inaceptable si Europa quiere retener su credibilidad en el mundo en términos de derechos humanos. 
Por lo tanto, es deseable que esta Cámara envíe un mensaje firme a favor del mantenimiento del embargo de armas y en contra de la amenaza de agresión de la llamada República Popular China contra la democrática Taiwán. 
– En Leeuwarden, Frisonia, treinta trabajadores de la empresa Atoglas están en huelga para protestar contra el plan de la empresa matriz francesa, Total Fina Elf, de proceder al cierre. 
Atoglas es una empresa próspera e innovadora, a la que expertos independientes han pronosticado un futuro lucrativo. 
El comité de empresa comparte esta afirmación por completo y quiere evitar el cierre, pero la dirección francesa desea cerrar la empresa sea como sea. 
No puedo entender que Total Fina Elf haga oídos sordos a los argumentos del comité de empresa. 
Total Fina se presenta como una empresa socialmente responsable. 
Lo mínimo que podría hacer es escuchar lo que el comité de empresa tiene que decir. 
Asimismo me resulta incomprensible que Total Fina no se dé cuenta de la innovación que se está llevando a cabo en Frisonia y, como la Constitución Europea declara específicamente que la cohesión y la solidaridad regionales entre los Estados miembros son un objetivo común, también es de esperar que las empresas francesas tengan en cuenta el desarrollo regional en los Países Bajos. 
Los huelguistas en Frisonia apelan a este objetivo europeo y a que Total Fina no cierre Atoglas. 
Insto a todos los diputados a apoyar a los huelguistas de Frisonia. 
– Señor Presidente, Señorías, estoy encantada de que usted y muchos otros no solo hayan llamado ya la atención sobre la forma en que se disolvió ayer la marcha de las mujeres en Estambul, sino también sobre otras graves irregularidades en Turquía. Las protestas de esta Cámara nunca serán suficientes. 
Las mujeres de ayer experimentaron en persona y de primera mano el enfoque un tanto superficial del Gobierno turco respecto a los derechos humanos. 
Ahora, sin embargo, cuando el comisario Rehn, responsable de la ampliación, emprende hoy su primera visita oficial a Turquía para preparar el inicio de las negociaciones de adhesión, debería darse cuenta de que esta acción violenta realmente importa. 
Esta situación ilustra el hecho de que todavía hay pocos indicios en la vida real de las muchas reformas que existen sobre el papel, que muchas reformas en términos de derechos de las minorías –los de los kurdos, por ejemplo– tienen vía libre para quedar en punto muerto, y que nosotros en esta Cámara debemos seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos durante los próximos meses. 
– Señor Presidente, por lo que se refiere a las perspectivas financieras, la situación es angustiosa en muchos aspectos, sobre todo en materia de desarrollo rural y protección del medio ambiente. 
Está claro que no se puede hacer más Europa con menos dinero. 
Los recursos financieros para 2007-2013 son manifiestamente insuficientes, pero las restricciones presupuestarias afectan de un modo diferente a los Quince y a los diez nuevos Estados miembros. 
En nuestro caso, los Fondos de Desarrollo Rural permitirían compensar un poco las medidas altamente discriminatorias adoptadas en la Cumbre de Copenhague, en virtud de las cuales los campesinos de los diez nuevos Estados miembros solo recibirán el 25 % de las ayudas directas. 
Para nosotros había una sola esperanza de compensación, que era el famoso desarrollo rural, que fue declarado prioridad de la Unión Europea para el mundo agrícola. 
Sin embargo, está claro que los recursos son restringidos o limitados. 
Pido a la Comisión que vele por que no se reduzcan los recursos destinados a las regiones menos avanzadas. 
– Señor Presidente, Voltaire, el filósofo de la Ilustración, afirmó una vez que aunque pudiera estar en desacuerdo con lo que otro piensa, lucharía con uñas y dientes por defender su derecho a expresarlo. 
Desafortunadamente, nosotros, que creemos ser los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, a veces pasamos por alto el hecho de que deberíamos poner orden en nuestra propia Cámara. 
Dios sabe que yo, con mis ideas políticas, no coincido con el Alcalde de Londres ni con el cómico francés Dieudonné, pero nunca les impediría decir lo que han dicho en el pasado reciente. 
Sin embargo, independientemente de dónde nos situemos en el espectro político, deberíamos unir fuerzas para expresar nuestra indignación por la forma en que los Torquemadas de la Universidad de Lyon han sacrificado a un diputado a esta Cámara, el señor Gollnisch, en el altar de la corrección política, simplemente teniendo en cuenta una indiscreción de opinión. 
Aunque la opinión de ustedes sea diametralmente opuesta a la de él, nunca ha abusado de su cátedra o de su categoría de experto sobre Japón para sacar partido político y, fuera de la universidad, tiene derecho a decir lo que quiera. 
Lo que ha ocurrido hoy en Lyon es una vergüenza. 
Tenemos que acabar este turno. 
Muchos diputados y yo mismo nos sentimos insatisfechos por el procedimiento de. 
Comprendo a todos los que piden la palabra, pero no se la puedo dar. 
Habrá que buscar algún procedimiento mediante el cual esto que estamos haciendo cree algo más de satisfacción. 
Comprendo a todo el mundo, pero tengo media hora y trato de ser equilibrado en la concesión de la palabra; sé que después de cada sesión hay más diputados enfadados con el Presidente. 
Hay que buscar un procedimiento para que este turno se pueda desarrollar con un criterio más aceptable para todos. 
– Aunque he planteado el tema de los prisioneros europeos en Tailandia varias veces, la difícil situación de los prisioneros neerlandeses me obliga a plantear la cuestión de nuevo. 
No solo es importante recordar que Rien Parlevliet está gravemente enfermo, y Li Yang y Eddy Tang, ambos de Rotterdam, se encuentran en malas condiciones, sino que también quisiera volver a destacar en particular el caso de Machiel Kuijt. 
En abril de 1997, fue detenido, absuelto, de repente condenado a cadena perpetua en un recurso posterior, seis años y medio más tarde, y ahora está esperando el veredicto del Tribunal de Casación. 
En enero de 2004, con motivo de la visita real neerlandesa a Tailandia, se prometió que el veredicto se dictaría antes del verano, pero desde entonces no hemos oído nada del Tribunal Supremo. 
Las autoridades legales tailandesas nos están embaucando, y esta humillación debería terminar de inmediato. 
Aunque los asuntos consulares son competencia de los Estados miembros, me pregunto muy honestamente si la UE puede permitir que los derechos fundamentales de los ciudadanos se vulneren hasta este punto. 
Es positivo que la Comisión atienda a estas cuestiones, pero el Consejo y el Alto Representante también deberían tomar cartas en este asunto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A6-0032/2005) de Alain Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe de actividades 2003 del Banco Europeo de Inversiones [2004/2187 (INI) ]. 
. – Señor Presidente, hace exactamente cinco años que el Parlamento Europeo inició el diálogo con el Banco Europeo de Inversiones mediante un informe de propia iniciativa. 
Yo ya fui su ponente hace cinco años y por ello puedo dar testimonio del extraordinario avance que ha experimentado en estos cinco años la calidad del diálogo entre el Banco Europeo de Inversiones y el Parlamento Europeo, la calidad de este diálogo con la sociedad civil y la adecuación de la política del Banco Europeo de Inversiones a las misiones que se le confiaron desde que se formó la Unión Europea. 
Por consiguiente, antes que nada, quisiera manifestar nuestro agradecimiento en nombre de todos los que ya estábamos en la anterior legislatura y, espero, en nombre de todos los que se van a interesar hoy por los trabajos y la contribución del Banco Europeo de Inversiones a la aplicación de la política europea. 
Enhorabuena de todo corazón y muchas gracias, también, a los directores del BEI con los que hemos mantenido ese diálogo. 
Ha sido un diálogo exigente, un diálogo rico, con verdadera interacción por ambas partes. 
Hemos modificado nuestra percepción del BEI, y el BEI ha modificado su propia percepción de sus responsabilidades. 
Quisiera pues aprovechar los pocos minutos que se me han concedido para resumirles el informe unánime de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y subrayar los cinco puntos más destacados de nuestro informe, claro que en términos interrogativos. 
En primer lugar, no podemos contentarnos ya con hablar de Lisboa y Gotemburgo, ahora tenemos que avanzar en la aclaración de los objetivos. 
El BEI reconoce que está ahí para contribuir a la política de la Unión Europea; necesita adoptar criterios, indicadores cuantitativos, en diálogo con el Parlamento. 
En segundo lugar, nosotros, el Parlamento Europeo, figuramos entre los que pidieron más enérgicamente que el Banco Europeo de Inversiones concediera préstamos a las pequeñas y medianas empresas. 
Ahora bien, esto solo es posible a través de préstamos globales, que se hacen a los bancos, y los bancos distribuyen esos créditos. 
En este caso, nos arriesgamos a perder la capacidad de comprobar si estos préstamos son coherentes con los objetivos de la Unión Europea y tenemos que encontrar la manera de comprobar adónde han ido a parar esos préstamos, evidentemente. 
En tercer lugar, la política de microcréditos debe poder ampliarse a un ámbito muy importante para una sociedad que es, al mismo tiempo, una economía del conocimiento pero también una economía que envejece. 
Hablo de las empresas del tercer sector que prestan ayuda a personas y familias. 
El cuarto problema es que en la audiencia que organizamos surgió un conflicto potencial. 
El Banco Europeo de Inversiones se esfuerza mucho por ofrecer créditos a largo plazo y de bajo coste a las autoridades locales y regionales. 
Estos créditos, por muy atractivos que sean, chocan evidentemente con las limitaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La tendencia a eludir esta dificultad mediante créditos a empresas privadas garantizados por el Estado introduce sin duda un riesgo de contabilizarlos «fuera de balance». 
Sugerimos que el Banco Europeo de Inversiones emule al Banco Central Europeo adoptando unas normas éticas. 
Por último, en la primera versión de mi informe señalamos las críticas proferidas en ciertos sectores de la prensa, por casualidad principalmente de fuera de la Unión Europea, sobre posibles conflictos de intereses de los miembros de la dirección del BEI debido a sus actividades anteriores al frente de grandes empresas privadas que podrían beneficiarse de créditos del BEI. 
Posteriormente, el BEI nos ha hecho llegar toda una serie de nuevos códigos internos concebidos para evitar dichos conflictos de intereses y, en todo caso, a tenerlos en cuentaabordándolos antes de que surjan. 
He presentado por tanto una enmienda que, me parece, han hecho suya todos los coordinadores de los Grupos o ponentes alternativos, para dar las gracias al Banco Europeo de Inversiones y tomar nota de los detalles que nos ha facilitado después de nuestra votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
,. Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe del Parlamento Europeo sobre el informe anual de 2003 del BEI y anima al Grupo BEI y al Parlamento a continuar el diálogo en curso que se ha desarrollado en torno a sucesivos informes anuales. 
La Comisión coopera cada vez más estrechamente con el Grupo BEI sobre un amplio abanico de cuestiones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Como banco «orientado políticamente» , el BEI necesita tomar el pulso de la política europea y reaccionar cuando sea necesario. 
Dentro de la Unión, el BEI tiene un papel muy importante que desempeñar para hacer avanzar la Agenda de Lisboa y la Acción europea para el crecimiento. 
En particular quiero destacar, tal como hace el informe del Parlamento, la iniciativa «Innovación 2010» , que apoya la innovación y la investigación y desarrollo, y el Programa a favor de las Infraestructuras RTE, que financia proyectos de la red transeuropea de transportes. 
La larga experiencia del banco en proyectos de infraestructura y, por lo tanto, su capacidad para ofrecer asesoramiento experto, puede y tiene que añadir valor por encima y más allá de las ventajas financieras que confieren sus préstamos. 
Quiero resaltar especialmente las actividades medioambientales del BEI, en particular la ampliación de los préstamos para proyectos de energías renovables. 
Fuera de la Unión, el Banco Europeo de Inversiones ha expandido sus operaciones con socios ya existentes y también ha incluido a nuevos socios. 
Me gustaría destacar, en particular, la labor del banco en los países mediterráneos asociados, cuyas actividades bajo los auspicios del FEMIP han crecido año tras año. 
Tal como ha observado el Parlamento, es necesario que garanticemos que las futuras actividades exteriores del banco estén firmemente enmarcadas en el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la Comunidad. 
Lo tendremos en cuenta al desarrollar la próxima serie de mandatos de concesión de préstamos exteriores, que deberán estar definidos a partir de 2007. 
El informe del Parlamento sugiere que se establezcan normas prudenciales para asegurar que los préstamos del BEI no comprometan la sostenibilidad de la deuda pública de los Estados miembros. 
Quiero señalar que el marco existente al amparo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ofrece un mecanismo detallado y potente para asegurar que el endeudamiento de los Estados miembros se produzca de forma sostenible. 
Naturalmente, sus Señorías se darán cuenta de que pretendemos mejorar el pacto todavía más. 
Entre los elementos de revisión del pacto que se han debatido está la necesidad de prestar más atención a los aspectos a largo plazo de las finanzas públicas y tener cada vez más en cuenta los riesgos gubernamentales que pueden dar lugar a un aumento de la deuda en el futuro. 
Concretamente en las asociaciones público-privadas, la Comisión ha establecido una orientación estadística más detallada para su registro en las cuentas públicas y ha subrayado la importancia de demostrar su rentabilidad. 
La Comisión reconoce la buena labor realizada por el BEI en los últimos años para mejorar su transparencia y gobernanza empresarial. 
La nueva declaración de gobernanza corporativa del BEI ofrece un resumen útil de sus políticas en una serie de aspectos de gobernanza empresarial. 
La Comisión anima al BEI a escuchar atentamente los comentarios que le lleguen durante la próxima consulta pública sobre sus políticas de información pública. 
A modo de conclusión, la Comisión acoge con satisfacción el informe del Parlamento y espera que continúe el diálogo político fructífero entre el Banco Europeo de Inversiones y el Parlamento. 
. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Lipietz por su informe, porque es equilibrado y al mismo tiempo positivo acerca de los resultados del BEI. 
Esto se justifica plenamente porque, en comparación con años anteriores, el BEI ha logrado algunos avances positivos, especialmente en materia de transparencia. 
También quisiera, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, felicitar al BEI y en particular a su Presidente, el señor Maystadt, aunque admitimos que deben realizarse algunos cambios por lo que se refiere a la supervisión. 
Así pues, la cuestión del control prudencial del BEI es, y con razón, uno de los temas clave del informe anual; sin embargo, se trata de una cuestión para la que, lamentablemente, todavía no se ha encontrado una solución adecuada. 
La cuestión es cuál es la mejor manera de garantizar el control prudencial en el futuro. 
Quisiera pedir al BEI y a la Comisión que presenten una opinión sobre el control prudencial en el próximo informe anual. 
¿Es posible? 
Ahora quisiera referirme a los objetivos. 
Habría que hacer hincapié en el papel que el BEI puede desempeñar en la Estrategia de Lisboa para el fortalecimiento de la innovación, así como de la investigación y el desarrollo. 
Una mayor sinergia entre los programas del BEI y de la Comisión podría ser de gran ayuda, al igual que la cofinanciación de los programas de la Comisión para proyectos, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa Innovación 2010, y también a la inversa. 
Si la Comisión aprueba proyectos que requieren cofinanciación, sería bueno que el BEI fuera capaz de contribuir financieramente. 
Por lo tanto, me gustaría pedir al BEI que desarrolle un instrumento adecuado para ello, de forma que, por ejemplo, las empresas sean capaces de participar más rápidamente en programas como CRAFT e Investigación Colectiva. 
Las PYME deben tener una participación más destacada por lo que al uso de préstamos se refiere, porque las diferencias entre los Estados miembros son importantes. 
Por lo tanto, insto al BEI a que incluya, durante la fase de promoción, directamente a las PYME, y que promueva créditos no solo a través de los bancos en los Estados miembros, porque parece que hay muchas diferencias entre estos, en especial entre los nuevos Estados. 
Quiero felicitarle otra vez y decir que apoyaremos el informe del señor Lipietz en la votación de mañana. 
. – Señor Presidente, aunque pienso que existe un consenso relativo acerca de este informe, ello no impide que repasemos algunas cuestiones clave que van más allá del informe y de las actividades del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
En este debate se ha mencionado el alto grado de cooperación entre el Parlamento y el BEI durante los últimos cinco años. 
Como sabemos –y el informe hace alusión a ello–, hace ya mucho tiempo que el BEI existe, en concreto desde la fundación de las Comunidades. Sin embargo, solo colabora con el Parlamento desde hace cinco años y esta cooperación, tal y como ha mencionado el ponente, ha sido muy fructífera y ha dado pie a algunos desarrollos sumamente importantes. 
Así pues, diría que esta historia de relativo éxito merece ser elogiada, ya que el BEI es una de las instituciones financieras de mayor relevancia, creada por los Estados miembros con el objetivo de financiar las inversiones y las políticas necesarias para poner en práctica los objetivos principales establecidos en los Tratados, bien directamente, bien potenciando recursos privados. 
El informe que tenemos ante nosotros lógicamente lo destaca, y presenta las actividades del Banco desde un punto de vista totalmente positivo; sin embargo, reconoce que cuanto más dialogue con el Parlamento, mayor será la eficacia y la transparencia de sus actividades. 
Por lo tanto, hay que reconocer que las actividades del Banco se han adaptado gradualmente a la realidad del clima económico europeo, y que el Banco ha logrado esta adaptación a la vez que cumplía la totalidad de su mandato original. 
Así pues, es fácil identificar ciertos principios, normas o, si se prefiere, sugerencias que el Banco debería seguir para mejorar sus actividades, y que ayudarán a comprenderlas mejor, así como, sin duda, a mejorar su labor en el futuro. 
La primera de estas ideas es que el Banco puede y debe desempeñar un papel cada vez más destacado en el desarrollo de la economía europea, en particular durante las épocas de recesión, centrándose en sus recursos y en las políticas de crecimiento y cohesión económicas. 
El segundo principio es que el BEI debe desempeñar un importante papel de multiplicador en la movilización de la financiación privada o casi pública, animar a la participación de todos los agentes económicos con niveles aceptables de riesgo, ya sea a través de operaciones de capital de riesgo, ya sea mediante la concesión de garantías. 
La tercera idea es que el Banco debe evaluar la contribución real de su política a la Estrategia de Lisboa, lo que significa que el Banco debe cuantificar los resultados de sus acciones y dar a conocer inmediatamente esos resultados a la opinión pública. 
El cuarto principio es que las actividades del Banco deben tener un efecto visible y cuantificable sobre la creación de empleo y un impacto positivo sobre el clima económico, que dificulta el desarrollo pleno de las pequeñas y medianas empresas. 
La quinta idea es que, como el Banco debe apoyar la economía europea en su conjunto, ha de hacer hincapié especialmente en la investigación científica y las industrias de alta tecnología. 
El sexto principio es que todo esto es perfectamente compatible con el compromiso firme del BEI en sus actividades respecto a la transparencia y la responsabilidad, reclamadas por la opinión pública y que se han consolidado gracias al diálogo con el Parlamento. 
Señor Presidente, el señor Lipietz ha presentado una propuesta inicial muy sensata, que prepara el trabajo de base para un informe final de gran calidad y para un amplio consenso y que, desde mi punto de vista, se merece el apoyo de esta Cámara. 
. – Señor Presidente, es evidente que existe un amplio consenso respecto a este tema, de forma que, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente por un informe excelente que cuenta con el apoyo de todos. 
Respaldamos el rumbo positivo que el Banco Europeo de Inversiones ha emprendido desde hace algunos años. 
Varios diputados ya han comentado que el BEI tiene una orientación política y que contribuye a lograr los objetivos de la UE consagrados en Lisboa y Gotemburgo, así como en otros lugares. Es algo que deberíamos apoyar sin reservas. 
Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que es preciso mantener la independencia del BEI, que debe centrarse en ámbitos donde aporte valor añadido. 
Por encima de todo, debe ayudar a estimular el desarrollo. 
También me gustaría llamar su atención sobre algunas cuestiones menores. 
Huelga decir que las actividades del BEI deben ser coherentes y no debilitarse mutuamente. 
En consecuencia, por una parte hay que aplaudir que se estén reservando más que nunca recursos para proyectos medioambientales, que incluyen por ejemplo fuentes de energías renovables, cosa que es excelente; pero, por otra parte, deberíamos asegurarnos de que al mismo tiempo no se financien otros proyectos que tengan un efecto perjudicial para el medio ambiente, ya que una acción anularía la otra. 
Diversos diputados ya han destacado la importancia de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo en Europa. 
No podría estar más de acuerdo y, en este sentido, quiero instar al BEI a concentrar su atención en la innovación. 
Un detalle menor, del que me siento personalmente satisfecha, es la mención del Año del microcrédito; además, en el Día mundial de la mujer, también valdría la pena añadir que las inversiones en las pequeñas empresas dirigidas por mujeres han demostrado ser especialmente rentables en otras partes del mundo. 
Esto conviene mencionarlo. 
Finalmente, como algunos diputados ya han destacado, se han hecho progresos satisfactorios en materia de transparencia y gobernanza. 
Sin embargo, todavía existen algunos aspectos criticables, incluida la crítica expresada por Bank Watch y por el mismo ponente. 
Mi consejo al BEI es que se tome esta crítica en serio y que continúe por el camino positivo. 
Si así lo hace, sin duda tendremos incluso más motivos para elogiar al BEI el año que viene. 
,. – Señor Presidente, soy ponente sobre los préstamos y las garantías del Banco Europeo de Inversiones en la Comisión de Presupuestos y, por lo tanto, me gustaría presentar el punto de vista de nuestra comisión respecto a este tema. 
Los créditos del BEI son una forma fácil de ayudar al desarrollo financiero de países de fuera de la Unión Europea. 
Teniendo esto en cuenta, cada año efectuamos una transferencia de fondos del presupuesto de la Unión a un Fondo de Garantía especial, que sirve de garantía para el BEI en caso de impago de los préstamos. 
Los impagos han sido mínimos. 
Estando así las cosas, habría motivos para rebajar la proporción de créditos del BEI garantizados por la Unión a través del Fondo de Garantía. 
El Banco Europeo de Inversiones tampoco pide una garantía del 100 % para todos los créditos que concede. 
Además, habría motivos para rebajar la proporción en que se basa la transferencia de fondos del presupuesto de la UE al Fondo de Garantía. 
Si impusiéramos estos cambios, podríamos aumentar la proporción de préstamos del BEI destinados a las ayudas al desarrollo en países de fuera de la Unión. 
Esperamos que la Comisión proponga una enmienda relativa a las condiciones de uso del Fondo de Garantía, y pido al Presidente del Banco Europeo de Inversiones, el señor Maystadt, que confirme, en nombre del Banco, que estos cambios estarían justificados y que el Banco no tendría nada en contra de los mismos. 
Cuando, a raíz de la ampliación de la UE, se modificó por última vez la autorización global para la concesión de préstamos, las regiones septentrionales y orientales vecinas de la Unión no recibieron un trato equitativo. 
En lugar de ello, el Banco prefirió inclinarse por la región del Mediterráneo, bajo la influencia de algunos países del sur. 
No podemos aceptar una situación en la que los Estados miembros no consideran a todas las regiones vecinas de la Unión con imparcialidad y, en cambio, tratan de favorecer a sus propios vecinos. 
El Banco Europeo de Inversiones también debería dar a todas las regiones vecinas de la Unión la posibilidad de recibir créditos en este sentido. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Lipietz por su informe sobre las actividades del Banco Europeo de Inversiones. 
El año pasado, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con el proyecto de informe de la señora Ridruejo comprobamos que no es fácil redactar un informe sobre las actividades del BEI. 
Pensar sobre las instituciones europeas hasta tales extremos es improductivo y no se corresponde con la situación en la que ha de funcionar la institución. 
Sin embargo, el conciso informe que hoy estamos discutiendo es equilibrado, pero tengo unas cuantas observaciones al respecto. 
Lo que me parece lamentable del informe del señor Lipietz es la falta de atención dada a las repercusiones que la concesión de créditos tiene en el medio ambiente. 
El informe medioambiental del BEI es, desde mi punto de vista, demasiado restringido. 
La concesión de créditos a las empresas también debe evaluarse desde el punto de vista de sus efectos medioambientales, razón por la que estoy a favor de incluir un informe sobre el impacto ambiental en la evaluación de créditos. 
El ponente tiene razón al concluir, en el apartado 20, que debería prestarse mayor atención a la mejora del control contable al cual el BEI está sujeto. 
Además de la evaluación de los créditos y de las condiciones en las que se conceden, también debería evaluarse la organización del BEI. 
Cabría preguntarse acerca de la eficacia de la organización, y de la forma en que rinde cuentas de los recursos gastados. 
El BEI es una institución financiera de la UE establecida por un tratado y, por lo tanto, también debe estar sujeta al escrutinio del Tribunal de Cuentas Europeo. 
Una buena relación con el Tribunal de Cuentas y la OLAF puede contribuir a un aumento de la confianza. 
En tercer lugar, me gustaría llamar su atención sobre los aspectos éticos de la concesión de créditos. 
¿Concuerdan los créditos concedidos por el BEI con las normas éticas que defendemos en esta Cámara? 
Algunos ejemplos que se me ocurren son la financiación de la investigación científica y las inversiones en desarrollo tecnológico. 
¿Se conceden créditos destinados a investigación y desarrollo, para los cuales no existe apoyo político o moral en el Parlamento? 
Espero obtener una respuesta a estas preguntas durante este debate. 
Finalmente, aplaudimos en especial la referencia a los microcréditos en el apartado 6. 
Cuando se apoyan iniciativas a pequeña escala, es posible ofrecer un servicio hecho a medida, y es gratificante ver que este instrumento recibe el reconocimiento que se merece. 
En este sentido, pediría que se hiciera hincapié en la calidad de los proyectos en sí mismos y de los créditos concedidos. 
El repentino crecimiento de este tipo de crédito incluye el riesgo de que la calidad de los proyectos y de los créditos no se cuestione lo suficiente. 
Dado que conviene pensar con sumo cuidado qué tipo de proyectos reúnen los requisitos necesarios, exigiría un planteamiento firme, que incluyera la cooperación con las instituciones que tienen experiencia en el sector de los microcréditos. 
Para evitar que el instrumento se convierta en una víctima de su propio éxito, el BEI debe comprometerse activamente a ofrecer de forma permanente microcréditos de alta calidad. 
– Señor Presidente, dado que el Presidente de esta Cámara me acaba de impedir por tercera vez consecutiva expresar mi opinión en una intervención de un minuto, me gustaría considerar brevemente una cuestión que he querido tratar desde hace tiempo. 
En este mismo instante está reunida la Mesa de la Cámara, y el punto 8 del orden del día de su reunión es muy problemático. 
Están planeando un ataque a la libertad de prensa. 
En una Cámara que pregona al mundo exterior su defensa de la transparencia, esta Mesa, sin negociar con los diputados ni hacerlo público de ninguna forma, pretende aprobar normas que son una burla de la libertad de expresión, y solo tienen como objetivo la cobertura servil y la falta de sentido crítico. 
Solo quería señalarlo ante la opinión pública, y anteriormente le he pedido al Presidente que evitara que esto sucediera. 
Lo mismo cabe decir del punto 7 del orden del día de la reunión. 
Existe una relación directa entre todo esto y el tema que ahora estamos debatiendo: el informe anual de una institución de la UE, en este caso el Banco Europeo de Inversiones. 
En los años anteriores hemos visto que su falta de transparencia hacía posible la práctica de un gran número de cosas que deben suprimirse. 
Acojo con gran satisfacción el apartado 21 de este informe, que expresa la preocupación por los posibles conflictos de intereses en la dirección del BEI, sobre los cuales han aparecido en la prensa referencias recurrentes. 
He tomado nota con interés de que ya se ha presentado una enmienda para eliminarlo. 
Todavía tengo un recuerdo muy claro de los informes sobre este tema del verano pasado, por ejemplo en la edición del 19 de agosto del. 
No he encontrado pruebas de que estos conflictos de intereses hayan desaparecido, ni de que haya transparencia sobre ellos, y no pienso que, en esta fase tan temprana, podamos elogiar de forma tan generosa el Banco Europeo de Inversiones. 
Por muy importante que yo considere al banco en general, puede comprobarse que la ausencia de transparencia excluye la posibilidad de confianza y democracia, tanto en esta Cámara como en el BEI. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, resulta sorprendente oír hablar a diputados en este debate –como el orador que me ha precedido, quien no ha comprendido el asunto– que no han estado presentes en la votación sobre el informe en la comisión de la que son miembros. 
Permítanme dejar claro que la razón por la que esta Cámara está debatiendo hoy el informe sobre el BEI es porque vive la democracia, la transparencia y la supervisión parlamentaria, y nuestra cooperación con el BEI muestra cómo el diálogo con nosotros no solo ha comportado mejoras y cambios en el diálogo mismo, sino también modificaciones de las tareas que se llevan a cabo. 
Están haciendo un buen trabajo, y por eso me gustaría darle las gracias no solo a usted, sino también al Vicepresidente saliente del Comité de Dirección, el profesor Ewald Nowotny, que también es Vicerrector de la Universidad de Ciencias Económicas y Dirección de Empresas de Viena, por el extraordinario trabajo realizado. 
¿Qué es el BEI? 
Es un banco público, creado por el Tratado de las Comunidades Europeas para ser la institución financiera más importante que lleve a cabo la realización de los objetivos de la Unión Europea a través de sus propias inversiones, así como de las que promueve. 
Por lo tanto, es de esperar que no sea un accidente del destino que en esta semana nos encontremos debatiendo, junto con el BEI, la revisión a medio plazo de la Estrategia de Lisboa y los preparativos de la Cumbre de Primavera. 
Para mí son ustedes un canal de comunicación para la Estrategia de Lisboa, con la tarea de apoyar estos mismos objetivos de crecimiento, empleo, competitividad, cohesión social y sostenibilidad, de forma que también les pido que, en el futuro, presenten sus informes en consonancia con la nueva Estrategia de Lisboa de la Comisión y los planes de acción de los Estados miembros, teniendo en cuenta sobre todo los apartados 5, 8 y 10, relativos a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo de la economía europea y desempeñan un papel central en la creación de empleo. 
– Señor Presidente, yo también quiero distanciarme de los comentarios hechos por el señor Martin. 
El apartado 21 de esta resolución no indica de modo alguno insatisfacción por nuestra parte con la transparencia del BEI. 
Es más, los hechos a los que el señor Martin se refiere –los disturbios y las protestas que la gente intentó crear el año pasado en respuesta a un informe sobre el Banco de Inversiones– parece que fueron maquinados. 
En esta intervención, mi objetivo primordial es hacer hincapié en la relación entre las actividades del BEI y la Estrategia de Lisboa. 
Creo que como variante del título del informe Kok II «Empleo, empleo, empleo» , el lema «Inversiones, inversiones, inversiones» debería ser una de las frases clave para la Estrategia de Lisboa. El BEI desempeña un papel decisivo en este terreno. 
Por ejemplo, hay que mencionar los 7 100 millones de euros que se invirtieron en 2004 en el contexto de la iniciativa Innovación. 
Estas inversiones son exactamente lo que necesitamos, en concreto inversiones en investigación y desarrollo, en educación y formación, y en desarrollos de TIC. 
En el memorando presentado al Consejo ECOFIN el 2 de febrero, me di cuenta de que también se había adoptado un planteamiento innovador con respecto a los instrumentos financieros. 
Este memorando contiene una lista de ideas que se han aplicado parcialmente, pero que en parte todavía están desarrollándose. 
Dichas ideas pretenden garantizar que se puede hacer uso de varias opciones a disposición del BEI, y que pueden usarse tan eficazmente como sea posible en el caso de los microcréditos, de las pequeñas y medianas empresas, y precisamente para las inversiones innovadoras que son necesarias. 
En particular quiero mencionar la tecnología electrónica, los centros de evaluación y la cooperación entre distintas actividades bajo el programa marco de investigación. 
También espero que los Ministros del Ecofin establezcan una conexión entre la inversión y la forma en que hacen frente al gasto y a las inversiones en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
– Señor Presidente, este informe expresa la importancia de la función desempeñada por el Banco Europeo de Inversiones en las políticas de desarrollo de la UE. 
Pienso que debe representar un papel incluso más activo en la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en particular, y dar pruebas de un mayor compromiso con los mismos. 
Aunque estoy pensando sobre todo en el combate contra la pobreza, añadiría que, entre los temas tratados por el informe, se ha hablado demasiado poco de las inversiones dentro de la UE. 
También hay algo que decir acerca de la capacidad actual de ofrecer ayuda para la reconstrucción de las regiones devastadas por el tsunami y las catastróficas inundaciones. 
Aunque para el señor Barroso, el Presidente de la Comisión, fue eficaz en términos mediáticos anunciar que a través del BEI se pondrían a disposición hasta 1 000 millones de euros destinados a ayudas, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer entender que el dinero no podrá transferirse si las condiciones actuales siguen siendo las mismas. 
El BEI mismo ha señalado en varias ocasiones que no posee el mandato necesario para dirigir estos fondos a la región en cuestión, y el coste del préstamo sería demasiado alto si no existiera cofinanciación por parte de la Comisión. 
Así pues, pido a la Cámara que no haga oídos sordos a las solicitudes para dicha cofinanciación. 
Señor Presidente, Señorías, el Banco Europeo de Inversiones debe y debería cooperar estrechamente con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, pero al mismo tiempo sus prioridades deben estar claras. 
Si queremos que en la UE tenga lugar una integración genuina, y no solo una integración política, sino también una integración práctica y logística, entonces es preciso conceder financiación a las Redes Transeuropeas. 
Si queremos que la economía europea se desarrolle, entonces el Banco Europeo de Inversiones debe aumentar su apoyo al sector de las PYME, al sector de la economía social y a los llamados servicios locales, ya que se trata de algo especialmente importante desde el punto de vista demográfico. 
Es absolutamente decisivo que exista igualdad de condiciones cuando hablamos de concesión de créditos. 
Algunos Estados miembros reciben un volumen relativamente pequeño de préstamos, y su sector de PYME debería recibir más. 
A este fin, el Banco Europeo de Inversiones debe mejorar sus procedimientos administrativos, y ampliar el acceso a socios de financiación locales y a las PYME. 
Es fundamental que todas las instituciones relacionadas con la UE, en particular las instituciones financieras, sean transparentes. 
Sin embargo, desafortunadamente, nos hemos dado cuenta de que existen conflictos de intereses entre aquellos que llevan las riendas del BEI. 
Les remito por ejemplo al apartado 21 de la propuesta de resolución. 
No debe permitirse que continúen los conflictos de este tipo, ya que transmiten una imagen negativa del BEI. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, considero que, como una de las instituciones financieras básicas de la Unión Europea, la importancia de las funciones desempeñadas por el Banco Europeo de Inversiones en la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa es evidente. 
En este marco, elogio los esfuerzos del Banco Europeo de Inversiones por orientar las inversiones de la Unión Europea sobre la base de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
En segundo lugar, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de mantener un equilibrio por lo que respecta a la financiación de los diversos sectores de la economía europea, un equilibrio que también refleja Lisboa: desarrollo, empleo, cohesión y medio ambiente. 
Por eso acojo con satisfacción el aumento de los préstamos para las pequeñas empresas. 
Pienso que es importante facilitar créditos a la economía social y al sector de los servicios locales, así como reducir los altos costes administrativos. 
Apoyo los esfuerzos del banco hasta la fecha por ayudar a financiar inversiones tangibles e intangibles en las nuevas tecnologías. 
Pienso que debería aumentar la financiación de inversiones en infraestructuras, especialmente la financiación de las redes transeuropeas. 
Quisiera terminar haciendo hincapié en la necesidad de coordinar las actividades del Banco Europeo de Inversiones con todas las políticas de la Unión Europea a escala nacional y europea. 
Por último, también me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Lipietz, por su excelente informe. 
. Señor Presidente, permítanme agradecerles en primer lugar que mantengan la tradición instaurada en la legislatura anterior. 
Como ha recordado el señor Lipietz hace un momento, hace tan solo cinco años que el Banco Europeo de Inversiones está invitado a dialogar con el Parlamento Europeo. 
Por mi parte, esto me complace mucho. 
Es cierto que el Banco Europeo de Inversiones no es formalmente una institución de la Unión Europea. 
Sus accionistas son los Estados miembros y nosotros debemos rendir cuentas a nuestros accionistas, es decir, a los Gobiernos y a los Parlamentos nacionales; por otra parte, el Banco Europeo de Inversiones fue creado por el Tratado y, como hemos mencionado, su misión es apoyar financieramente los objetivos políticos de la Unión Europea. 
Me parece normal, por tanto, que se invite al Banco a explicarse ante los representantes elegidos de los ciudadanos europeos, y puedo confirmar, como ha dicho al comienzo el señor Lipietz, que este diálogo es productivo. 
Indudablemente, el Parlamento puede tener ahora una visión más positiva del BEI en una serie de aspectos, pues se han puesto en práctica varias recomendaciones elaboradas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y aprobadas por esta Cámara y ello ha permitido realizar progresos, especialmente en materia de gobernanza, transparencia y calidad de la supervisión. 
La semana pasada participé en la reunión anual de los presidentes de los bancos de desarrollo multilaterales y tuve el placer de observar que hoy el BEI sirve de modelo, en varios aspectos, a otras entidades financieras internacionales. 
Este diálogo es productivo. 
No me extenderé más sobre las cuestiones de gobernanza y transparencia que acabo de mencionar. 
Simplemente, diré a la señora Wortmann-Kool que nos mantenemos abiertos en la cuestión de la supervisión prudencial. 
Ninguna entidad financiera internacional se ha sometido a este tipo de control por una razón muy simple: el objetivo principal de la supervisión prudencial es la protección de los depositantes, y las entidades financieras internacionales no tienen depositantes. 
No obstante, seguimos estando abiertos. 
El Parlamento sugirió que el Banco Central Europeo pudiera supervisar al BEI. 
Los Estados miembros no han querido otorgar al BCE semejantes poderes. 
En todo caso, puedo decirles que hemos decidido aplicar las nuevas normas de Basilea II de forma voluntaria. Por consiguiente, si un día se nos somete a una supervisión, estaremos en condiciones de demostrar a la autoridad competente que hemos aplicado la normativa vigente. 
Unas palabras sobre nuestras actividades en la Unión Europea. 
He tomado nota de la especial insistencia de varios diputados a esta Cámara en nuestra contribución a la Estrategia de Lisboa. 
En efecto, en Lisboa el Consejo Europeo pidió al BEI que contribuyera a la financiación en una serie de ámbitos considerados absolutamente prioritarios para dicha estrategia. 
Y ustedes saben hasta qué punto el incremento de la inversión en investigación y formación es un elemento capital de la Estrategia de Lisboa. 
Por tanto, después de Lisboa lanzamos un programa que denominamos «i2i» : la Iniciativa 2010 para la Innovación. 
Ya hemos concedido préstamos por importe de 24 000 millones de euros para este programa. 
Para ser más precisos: 7 000 millones para formación, 10 000 millones para investigación y desarrollo y 7 000 millones para difusión de las nuevas tecnologías. 
Tenemos la intención, por supuesto, de continuar por esta vía y, como ha dicho el señor Lipietz, hacer una contribución que vaya más allá de los discursos y las declaraciones de principio, que llegue incluso a la financiación de proyectos muy concretos, intentando al mismo tiempo, como ha destacado la señora Van den Burg, aplicar nuevos instrumentos de financiación. 
En el marco del programa i2ihemos adoptado ya nuevos tipos de préstamos con riesgos compartidos. 
Actualmente trabajamos, en colaboración con la Comisión, en fórmulas que nos permitirían avanzar aún más en esta dirección, asumir más riesgos, puesto que se trata de ámbitos que, por naturaleza, requieren que quien financie acepte asumir parte del riesgo. 
He observado también la insistencia de varios de ustedes en las pequeñas y medianas empresas. 
Veo que mi tiempo se agota, por lo que responderé muy brevemente. 
Por lo que se refiere a los préstamos globales –tema que ha sido objeto ya de debates en comisión–, les confirmo que proseguimos la renegociación de los contratos con los bancos intermediarios para garantizar que repercutan efectivamente en el beneficiario final la ventaja financiera que ofrecemos. 
Observo también la insistencia en el microcrédito. 
Tomo nota de las preocupaciones en materia medioambiental y puedo asegurarles que, en el informe que presentamos al Consejo de Administración sobre todos los proyectos para los que se nos solicita financiación, hay una sección –a veces muy detallada, si el proyecto lo exige– sobre el impacto medioambiental del proyecto. 
Para concluir, unas palabras sobre nuestras actividades fuera de la Unión Europea. 
Debemos situarlas en el contexto del nuevo enfoque de la Unión Europea en materia de política exterior. 
Como ha mencionado brevemente la señora Zimmer, se trata de combinar mejor los recursos de la Comisión, de los Estados miembros y del Banco Europeo de Inversiones para mejorar la eficacia de nuestra ayuda al desarrollo e implicarnos más directamente en el esfuerzo por alcanzar los Objetivos del Milenio. 
Al señor Seppänen le diré simplemente que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha sugerido con respecto al Fondo de Garantía. 
En cuanto al restablecimiento del equilibrio y al gráfico, no nos corresponde a nosotros decidir, sino al Consejo, que nos otorga mandatos relativos a las distintas regiones. 
Señor Presidente, rogándole me disculpe por haberme excedido un poco en mi tiempo de uso de la palabra, quisiera concluir simplemente reafirmando nuestro deseo de proseguir este diálogo con el Parlamento. 
Lo hacemos con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y acabamos de entablarlo con la Comisión de Desarrollo. 
Estamos a disposición de las distintas comisiones del Parlamento para ahondar el examen de estas cuestiones. 
Le doy las gracias a usted, señor Maystadt, y a su institución por el trabajo que realizan. 
– Señor Presidente, me remito al artículo 145 del Reglamento vigente. 
Una diputada se ha dirigido a mí directamente, y no sé si a mí o a ella se nos ha malinterpretado. 
En cualquier caso, quería reiterar, para dejarlo claro, que lo dicho por mí se refería explícitamente al apartado 21 de este informe, que describe con precisión estas preocupaciones. 
Si, a continuación, los representantes de los dos partidos mayoritarios de esta Cámara, formando una especie de Gran Coalición, nos cuentan que todo está en orden, debe estar permitido, en consecuencia, que alguien que no pertenezca a la Gran Coalición diga que las cosas no están en orden, lo cual me lleva a una segunda cuestión. 
Su Señoría ha hecho referencia a mi ausencia durante la votación de este informe. 
Esto tiene que ver con el hecho de que soy miembro de tres comisiones, cuyas reuniones se solapan con lamentable frecuencia, y es prácticamente imposible estar en tres sitios al mismo tiempo. 
Como apunte informativo, y en aras de la llamada objetividad, permítanme señalar que Ewald Nowotny –a quien se ha referido su Señoría– ha sido una de las principales fuentes de información para este informe crítico, de forma que desafortunadamente tendremos que continuar lidiando con todos estos problemas si queremos lograr la claridad y la transparencia de la que todavía no disponemos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0012/2005) de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (Ponente: Esko Seppänen). 
. – (FI) Señor Presidente, señor Comisario, hemos presentado esta propuesta de Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural para la segunda lectura en el Parlamento. 
Entre las dos lecturas ha transcurrido aproximadamente un año y, en este sentido, podríamos decir que el Parlamento ha trabajado tan rápido como ha sido posible, dada la normativa vigente. 
Hemos alcanzado un resultado final satisfactorio, gracias a los excelentes niveles de cooperación mostrados por los distintos Grupos políticos. 
Como ponente, me habría gustado que el Reglamento hubiera incluido dos cuestiones importantes que ahora no están incluidas. 
Cuando en el Foro de Madrid los distintos grupos de interés discutan sobre el acceso a las redes de gas natural, mi deseo es que la Comisión siga escuchando en el futuro a todas las partes involucradas, cuando se enmiende o se añada una propuesta para un Reglamento. La inclusión de un artículo como este en el texto no prosperó por razones jurídicas. 
Los servicios jurídicos de las tres instituciones, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, opinaban que la elaboración de la legislación debería desarrollarse por medio del procedimiento de comitología, y que no es posible redactar ningún texto legal a través de las audiencias de agencias exteriores. 
Una Comisión sabia, que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa sobre el Consejo y el Parlamento, seguro que permitirá que el Foro de Madrid siga siendo una entidad unida, y escuchará atentamente a todas las partes interesadas. 
Así pues, espero que el representante de la Comisión nos lo garantice en este debate. 
El otro asunto respecto al cual me habría gustado añadir un artículo propio al Reglamento es el del almacenamiento de gas. 
La conservación de los monopolios de almacenamiento impedirá el uso a gran escala de las redes en beneficio de todas las partes interesadas, y debilitará la competencia en el mercado. 
Como las redes de transporte son necesarias para transportar el gas de un país al otro, el mercado del gas solo puede operar de forma eficaz si los mismos gasoductos pueden transportar el gas vendido por un gran número de productores y adquirido por un gran número de consumidores. 
Por consiguiente, el uso compartido de las redes, es decir, el acceso a ellas, es importante. 
Como el precio del gas ha subido este invierno en algunos Estados miembros de una forma desproporcionada y tiende a hacerlo en otros países, la Comisión debería explicar qué es lo que está en juego. 
En el Parlamento estamos satisfechos de que en la fase final de la segunda lectura hayamos sido capaces de presentar algunas propuestas para la mejora de la Posición Común del Consejo, que esperamos que este adopte. 
Nuestro objetivo en el Parlamento ha sido que este Reglamento entrara en vigor tan pronto como fuera posible. 
Esperemos que ayude a convencer a algunos Estados miembros de que cumplan los compromisos que, por una parte, han contraído para proteger el acceso a las redes de gas, pero que, por otra parte, no han puesto en práctica. 
Pensamos que es importante que este Reglamento entre en vigor lo antes posible. 
,. Señor Presidente, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas es un buen ejemplo de cooperación fructífera entre las instituciones y, por lo tanto, todo un éxito. 
Gracias al enfoque constructivo del ponente, el señor Seppänen, y sus colegas de todos los Grupos políticos del Parlamento, hemos llegado a un texto que aportará los resultados deseados. 
Me gustaría dar a todos las gracias por ello. 
Su interés por esta propuesta legislativa ha asegurado no solo la calidad del texto, sino también un tratamiento rápido y eficaz. 
El Reglamento, una vez entre en vigor, asegurará la igualdad de condiciones para el acceso a las redes de transporte de gas en todo el mercado europeo y realizando por tanto un elemento crucial de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. 
Si queremos que se desarrolle la competencia es fundamental que haya condiciones transparentes y no discriminatorias de acceso a la red. 
El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel crucial en todo el proceso. 
La mayoría de las enmiendas aprobadas en primera lectura han sido aceptadas tanto por el Consejo como por la Comisión. 
Por consiguiente, puede decirse con certeza que el Parlamento Europeo ya ha dejado su impronta en el texto. 
Ahora estamos cerca de concluir el proceso legislativo, nuevamente con una recomendación que modifica el texto de la posición común. 
La Comisión acepta plenamente el resultado del compromiso entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Finalmente, sus resultados allanan el camino para la adopción del reglamento por parte del Consejo y añade un instrumento legislativo importante al marco jurídico que establece el mercado interior del gas. 
Sé que a algunos de ustedes les hubiera gustado ir más allá, incluyendo el acceso al almacenamiento en el ámbito del Reglamento. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión otorga gran importancia a esta cuestión. 
Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que este reglamento no sería el lugar adecuado para abordar un tema tan importante. 
Las conversaciones en torno a un acuerdo voluntario sobre directrices para establecer condiciones no discriminatorias para el acceso a instalaciones de almacenamiento están a punto de concluir con éxito. 
Este acuerdo será la manera más eficiente de aportar mejoras rápidas al mercado a partir del 1 de abril de 2005, a condición de que la industria se ajuste a las cláusulas del acuerdo. 
Huelga decir que tanto los legisladores como la Comisión supervisarán de cerca la aplicación de estas directrices. 
En su momento se tomarán nuevas medidas si es necesario. 
Les animo a que aprueben la recomendación presentada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, ya que representa la mejor manera de promover nuestros objetivos comunes: un mercado interior del gas que funcione bien en beneficio de los consumidores y de la competitividad de Europa. 
He de añadir que la Comisión continuará consultando a todas las partes interesadas y que la experiencia del Foro de Madrid ha sido sumamente satisfactoria. 
. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar dando calurosamente las gracias al ponente, que ha trabajado de maravilla con nosotros, de tal forma que hemos conseguido, en un breve plazo, llevar a buen puerto un proyecto pendiente desde hace mucho tiempo. 
La finalidad del mismo es dar a los europeos la oportunidad de ejercer la libertad de elección en cuanto al acceso a las empresas suministradoras de gas, con una amplia oferta de servicios, y liberalizar el mercado. 
Hemos tratado de definir las condiciones básicas necesarias para conseguirlo: que el cálculo de las tarifas se haga público, que el cálculo de los costes sea transparente y amplias obligaciones de información por parte de los operadores de las redes. 
Todos esos factores tienen un papel bastante importante. 
Por otra parte, es evidente que debe haber un equilibrio, que es precisamente lo que hemos tratado de conseguir. 
Quienes operan las redes deben estar seguros de que sus intereses están protegidos. 
No tiene sentido imponer condiciones tan estrictas que todos los operadores de las redes pierdan el interés por el negocio. 
Realmente creo que hemos hecho gala de cierta habilidad, al conseguir un equilibrio: por un lado, la liberalización del mercado y poner a disposición de los consumidores nuevas oportunidades y, por otro, el mantenimiento de la explotación de las redes de gas dentro de parámetros interesantes desde el punto de vista económico. 
¿Quién más debe hacerlo? 
Basamos nuestras deliberaciones en los acuerdos voluntarios y las directrices de buenas prácticas acordados en Madrid en 2003. 
Creo que fue inteligente por nuestra parte conseguir un consenso de este tipo, así que estoy de acuerdo con el señor Seppänen en que será útil tener esto en cuenta cuando se vote sobre posteriores evoluciones. 
Al igual que la totalidad del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, considero que esto significa que fue un acierto que este Reglamento no haga referencia al almacenamiento de gas, sobre el que todavía no existe un consenso, y no estoy seguro tampoco de que haya razones de peso para que este aspecto se regule legalmente. 
Los acuerdos voluntarios son preferibles cuando existen. 
No es preciso aprobar legalmente todo, y creo que debemos esperar a ver cómo evoluciona ese proceso a partir de ahora. 
Quisiera añadir que es preciso dar cierto tiempo al mercado del gas para que se desarrolle. Eso presupone que los Gobiernos nacionales transpondrán lo que estipulamos en su legislación. 
Solo cuando haya transcurrido cierto tiempo podremos evaluar la eficacia del Reglamento, así que les pido que, una vez que lo hayamos aprobado hoy, permitamos que eso ocurra y luego analicemos la forma en que evoluciona la situación. 
. 
Señor Presidente, Señor Comisario, permítanme empezar mi alocución expresando mi sincero agradecimiento al ponente, cosa que no suelo hacer, ya que creo que la función de un ponente es hacer un buen trabajo y que no es necesario dar las gracias cuando las cosas se hacen como corresponde. 
Sin embargo, este ha sido un tema realmente completo, que el señor Seppänen ha gestionado excepcionalmente bien. 
Por supuesto, el debate no comienza ahora; nosotros y algunos otros diputados ya nos conocemos del anterior Parlamento y estábamos presentes en la primera lectura, que ya fue bastante complicada. 
El Consejo se ha unido ahora al Parlamento en la aprobación de muchas de las cuestiones que debatimos en la fase de la primera lectura –inicialmente, con cierta acritud– y luego aceptamos, y con las que actualmente podemos estar satisfechos. 
Sin embargo, los nuevos parlamentos traen consigo personas nuevas, con nuevas ideas y propuestas. 
Nuestros nuevos diputados tenían, como es lógico, nuevas ideas, que resultaba muy complicado aceptar dado que ya se había llegado a un amplio compromiso con el Consejo. 
Sé que el señor Seppänen era partidario de aprobar la propuesta de la Comisión y la propuesta del Consejo sin grandes modificaciones, así que ha hecho un buen trabajo trasmitiendo los deseos del Parlamento y consiguiendo que el Consejo los acepte. 
Voy a ir al grano: ni en el mercado de la energía ni en ningún otro queremos competencia porque sí, sino que somos plenamente conscientes de que la competencia es, de hecho, un medio sostenible para maximizar el aumento de la eficacia de un mercado común. 
Este mercado común y el aprovechamiento de esas mejoras de la eficacia exigen que liberalicemos los segmentos nacionales del mercado y que los convirtamos en un mercado único interior de la energía y, por lo tanto, exigen un acceso transparente y sin discriminaciones a las redes. 
Creemos que este Reglamento permite la aprobación de directrices más concretas, detalladas y vinculantes, complementando así la directiva de 2003 de mercado interior sobre la completa apertura de los mercados de gas. 
Entre otras cosas, el objetivo de este Reglamento es especificar requisitos más explícitos de transparencia, exigiendo también a los operadores de las redes que ofrezcan a terceros servicios de acceso a la red y, en concreto, estructuras de tarifas menos ambiguas. 
Precisamente, la estructura de tarifas es esencial para que los competidores disfruten de un acceso transparente y sin discriminaciones cuando usen las redes, puesto que esas redes son monopolísticas por naturaleza y la única forma de tenerlas bajo control y conseguir que sean transparentes y no discriminatorias es regulando el acceso a las mismas. 
Por eso era importante, y quiero llamar su atención sobre ello, que volviéramos a endurecer la posición común sobre la estructura de tarifas, después de conseguir que se aceptaran muchos otros puntos. 
La realidad es que no basta con garantizar que las tarifas establecidas incluyan incentivos de eficacia relativamente abstractos. 
Las tarifas deben compararse con la referencia de los costes de un operador de red eficiente con una estructura comparable; eso es lo que estableció esta Cámara y lo que se aceptó para el comercio transfronterizo de electricidad y también es adecuado para las redes de gas. 
Por lo tanto, debería contar con el apoyo general de la Cámara. 
.Señor Presidente, Señorías, yo también le estoy muy agradecido al señor Seppänen por el trabajo pormenorizado que nos ha permitido realizar. 
Le agradezco también al señor Piebalgs su presencia aquí. 
Quiero subrayar la importancia de la Directiva relativa a la realización del mercado interior del gas. 
La directiva, aprobada el año pasado, establece unas normas equitativas y detalladas para el acceso a las redes de transmisión de gas de los Estados miembros, teniendo en cuenta la naturaleza individual de los mercados nacionales y regionales. 
Como ya se ha mencionado antes, la directiva es análoga a la que regula el acceso a las redes para el intercambio transfronterizo de electricidad. 
Es importante recordar que la propuesta está construida sobre la base de acuerdos voluntarios alcanzados en el ámbito del Foro Europeo de Regulación del Gas, que se hará vinculante a través de este Reglamento. 
Los principales cambios introducidos por el Consejo afectan a las directrices mencionadas en el artículo 9, cuyo alcance se ha reducido, y la supresión de la facultad de la Comisión para adoptar nuevas directrices a través del procedimiento del comité y su facultad para modificar las directrices establecidas en los anexos. 
Las directrices se refieren a los servicios de acceso a terceros, los principios de los mecanismos de asignación de capacidad, los procedimientos de gestión de la congestión y los requisitos de transparencia. 
El Consejo ha introducido también un nuevo apartado en el artículo 9 que aclara las diferencias entre las redes de gas nacionales y que deben reflejarse en las directrices, en su aplicación y en su futura modificación. 
Quiero también recordar que el Consejo ha retrasado la fecha de entrada en vigor del Reglamento del 1 de julio de 2005 al 1 de julio de 2006, con la excepción del apartado 2 del artículo 9, que entrará en vigor seis meses después. 
En nombre de mi Grupo, quiero expresar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Consejo, aunque personalmente hubiera preferido que el Reglamento del Consejo y de la Comisión contemplara asimismo la necesidad de regular el acceso a las instalaciones de almacenamiento. 
En este período de grandes fríos, en Italia se ha consumido el diez por ciento de las reservas, por lo que me parece oportuno recordar también este aspecto, así como el efecto de amortiguación que el almacenamiento tiene en los precios. 
En cualquier caso, confío en que la Comisión decida regular también este ámbito en breve. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, en principio, la liberalización es positiva. 
Sin embargo, en lo tocante al gas, prácticamente no va a tener efectos. 
¿Por qué? 
Hay dos razones principales. 
Para empezar, analicemos la situación de los proveedores que, en la actualidad, son exclusivamente Rusia, Noruega y Argelia, un oligopolio que determina lo que ocurre en el mercado del gas, y una fuerza de mercado que, por ejemplo, hace que el 90 % del precio del gas en Europa esté vinculado al del petróleo. 
Económicamente no hay razón para que esto sea así; se trata simplemente de una fuerza de mercado o, por decirlo con absoluta franqueza, no es más que un vulgar robo. 
No hay indicios de competencia entre los productores; ¿de qué sirve regular lo que ocurre en el mercado minorista si en el mercado mayorista lo que hay es un oligopolio de los Tres Grandes? 
La situación es similar a la de un mercado semanal en el que, si hay más fresas, el precio baja y, por lo tanto, utilizando este ejemplo, los rusos deberían introducir más gas en el mercado mundial y empezar a competir con los noruegos, haciendo así que bajen los precios, pero no lo van a hacer por voluntad propia. 
¡Ahí es donde deben actuar el Consejo y la Comisión! 
El segundo obstáculo lo constituyen los principales distribuidores nacionales e internacionales, pero nuestras medidas actuales solo afectan a los pequeños distribuidores. 
Por ejemplo, ¿quién suministra gas a la red de energía de las localidades de mediano tamaño de Alemania? 
Los rusos se morirían de risa si una ciudad alemana quisiera comprar energía directamente a Gazprom y pidiera que se le enviara directamente. 
Por eso preocupa que los principales proveedores de electricidad de Europa sean ahora también los principales suministradores de gas. 
Si queremos competición y liberalización, la industria no puede estar estructurada verticalmente, con todo, desde la extracción hasta el último distribuidor, en las mismas manos. 
Tenemos que tomar medidas activas para evitar, por ejemplo, que los Cuatro Grandes en Alemania se constituyan en una estructura vertical y aún más amplia y compren todos los distribuidores pequeños y medianos. 
Tanto en Italia, con ENEL y ENI, como en Francia, con GDF y EDF, ocurre exactamente lo mismo. 
En un negocio definido por las tuberías de las redes, debe haber distribuidores que sean independientes de los principales productores. 
Es lo único que tiene sentido en un campo como este, en el que los vínculos existentes en el capital perjudican a la competencia. 
Aunque hagamos todo lo posible, nuestros esfuerzos no tendrán, por desgracia, muchos efectos si no afrontamos esos retos. 
Señor Presidente, Señorías, las directrices acordadas anteriormente para los mercados de gas se están cumpliendo de forma insuficiente, y eso está dando lugar a cierta incertidumbre. 
También hay grandes diferencias en las condiciones de acceso de los distintos operadores del sistema de transmisión. 
La existencia de unas condiciones de acceso injustas a la red de gas es un obstáculo para el funcionamiento del mercado en este sector. 
El mercado interior no funcionará sin unas normas mínimas sobre el acceso de terceros a la red. 
Debemos establecer unas condiciones no discriminatorias de competencia y garantizar que todas las partes implicadas cumplan las nuevas directrices. 
Quisiera felicitar a mi colega, el señor Seppänen, que ha trabajado mucho para conseguir que este Reglamento se aprobara lo antes posible, que era precisamente nuestro objetivo. 
Este Reglamento servirá de prueba para verificar si los Estados miembros están realmente dispuestos a dar prioridad a los objetivos de Lisboa. 
No sorprende a nadie que el ponente tuviera que mantener un debate prolongado y arduo con el Consejo. 
Ahora está en juego un aspecto de la apertura a la competencia de los mercados de la energía que beneficiaría a los consumidores en muchos Estados miembros, por lo menos por ahora. 
Además, algunos de los grandes Estados miembros llevan demasiado tiempo ignorando las normas del mercado interior. 
Como consecuencia, sus gigantes de la energía, protegidos de la competencia, han podido cobrar a los consumidores precios más altos y usar los beneficios extraordinarios, por ejemplo, para comprar competidores de menor tamaño que se encuentran en una situación más complicada debido a la competencia a la que los gigantes escapan. 
La Unión debe mostrar determinación y abrir todas las áreas del sector energético a la libre competencia, y eso incluye las redes de transmisión de gas natural. 
,. Señor Presidente, por el debate en el Parlamento observo que existe un amplio consenso sobre el alcance y el espíritu de este reglamento. 
Se trata de un texto legislativo muy importante que espero que se apruebe. 
Este texto legislativo crucial sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural es necesario para que el mercado interior funcione. 
En cuanto al acceso a las instalaciones de almacenamiento, quiero llamar nuevamente su atención sobre el hecho de que pronto dispondremos de un acuerdo voluntario en torno a directrices para establecer unas condiciones de acceso no discriminatorias a las instalaciones de almacenamiento, y si es necesario se tomarán más medidas. 
El señor Caspary ha mencionado algunas cuestiones importantes. 
Este reglamento representa una de las medidas necesarias para crear las condiciones adecuadas en el mercado interior de la energía. 
La Comisión está haciendo muchas cosas a este respecto. 
Intentamos diversificar las fuentes y esto comportará definitivamente cambios con respecto a las políticas de precios. 
A finales de este año, la Comisión elaborará un informe que analiza la situación del mercado de la energía, que se preparará conjuntamente con las autoridades en materia de competencia. 
Esto nos permitirá abordar las cuestiones que ha planteado su Señoría. 
Quiero destacar que el principal progreso realizado respecto a este reglamento se puede atribuir a la manera en que se ha elaborado. 
El Foro de Madrid ha resultado ser sumamente satisfactorio, por cuyo motivo el acceso al almacenamiento se puede gestionar de la misma manera. 
Quiero agradecer al Parlamento y al ponente la buena labor realizada en la elaboración de este texto legislativo sobre el mercado de la energía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B6-0018/2005) formulada por Mechtild Rothe, Reino Paasilinna y Hannes Swoboda, en nombre del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, y por Dimitrios Papadimoulis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre formas alternativas de energía; de la pregunta oral (B6-0157/2005) formulada por Rebecca Harms y Claude Turmes, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a la Comisión, sobre formas alternativas de energía, y de la pregunta oral (B6-0158/2005) formulada por Lena Ek, en nombre del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europea, a la Comisión, sobre formas alternativas de energía. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si tenemos que creer lo que dicen los medios de comunicación –y, en este caso, podríamos hacerlo– en 2004 los cinco mayores grupos petrolíferos consiguieron unos beneficios netos de 65 000 millones de euros, 37 000 millones de los cuales corresponden a los tres grupos «europeos» , es decir, Shell, BP y Total. 
Si analizamos la situación actual y realizamos un seguimiento de la evolución de la demanda, cabe suponer que este resultado mejorará, sin duda, en 2005. 
No estamos ante una mera fluctuación a corto plazo del crecimiento, puesto que la necesidad de energía de muchos grandes países, como China y la India, significa que estos beneficios se incrementarán aún más. 
Algunos de esos incrementos de beneficios ascienden, solo en 2004, a un 20, 30, 40 o 50 % con respecto a los de 2003. 
¿Qué hacen las empresas con esos enormes beneficios? 
Resulta interesante echar un vistazo en Internet a sus balances; la mayor parte de esos beneficios se reparten a los accionistas y una parte sustancial de los mismos se utiliza para recomprar acciones; 
Shell, por ejemplo, gastó, solo en el cuarto trimestre de 2004, 1 600 millones de euros en esas recompras de acciones y prevé gastar entre 2 300 y 3 900 millones de euros en 2005. 
BP hizo lo mismo y está reservando una cantidad aún mayor para el año que viene –6 000 millones de euros para la retirada de acciones, para conseguir estabilizarse y evitar la influencia excesiva de sus accionistas. 
Sin embargo, estamos ante una situación –sobre la que usted, señor Comisario, ha dicho muchas cosas positivas– en la que la Unión Europea se esfuerza por desarrollar sistemas energéticos sostenibles y gastar dinero en investigación. 
Si no estoy equivocado, se han asignado 900 millones de euros para la investigación comunitaria en estos distintos ámbitos entre 2003 y 2006. 
Se trata de una pequeña parte de lo que han ganado las grandes compañías petroleras –no estoy hablando de las medianas o pequeñas– que operan en Europa y en el resto del mundo. 
Es una pequeña parte de lo que las grandes compañías petroleras utilizan para comprar sus propias acciones y reducir su vulnerabilidad ante la influencia de sus propios accionistas. 
Estamos ante una gran discrepancia. 
No pretendo regatear a nadie sus beneficios, pero sabemos perfectamente que lo que las compañías petroleras están recibiendo son principalmente beneficios imprevistos, que no se derivan de sus propias inversiones o esfuerzos, sino del estado del mercado, es decir, de los incrementos de la oferta y la demanda. 
Por lo tanto, considero que es hora de que esos beneficios también hagan algo por el desarrollo y la aplicación de energías renovables alternativas, es decir, por sistemas energéticos sostenibles en general. 
Normalmente, conseguimos eso por medio de impuestos, pero eso no es posible. 
La propia industria ha expresado siempre un gran interés por celebrar acuerdos voluntarios y quisiera demostrar públicamente su sentido de la responsabilidad. 
Sin embargo, sería mejor que las compañías petroleras internacionales demostraran su responsabilidad estando dispuestas a hacer lo que desea la Comisión –que espero que consiga– y debatiendo esta cuestión con ella, con el fin de que todos juntos podamos llegar a un acuerdo voluntario para utilizar al menos una parte de esos beneficios imprevistos para la investigación y el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles. 
Teniendo esto en cuenta, quisiera pedir a la Comisión –y a usted, señor Comisario– que estudien seriamente esta propuesta y que se dirijan a los grandes grupos con la esperanza de conseguir algo para este fin. Eso nos permitiría aplicar fondos a otras importantes tareas de investigación. 
A las compañías petroleras les convendría demostrar su responsabilidad social y desarrollar sistemas alternativos de energía. 
– Señor Presidente, dadas las importantes ventajas de las formas alternativas de energía para el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos, la pregunta que no han contestado ni la Comisión ni el Parlamento Europeo es la siguiente: ¿cómo podemos promover la profundización en el desarrollo de formas alternativas de energía, de forma que los ciudadanos puedan disfrutar de sus ventajas? 
Tenemos ante nosotros el reciente informe de la Comisión, que resalta la existencia de un grave retraso con respecto a los objetivos fijados en la Directiva 2001/77. 
Por lo tanto, tenemos que hacer más. 
Yo personalmente creo que este esfuerzo debe apoyarse mediante tres líneas de actuación. 
La primera es la creación de un entorno político más favorable para la promoción de formas alternativas de energía. 
A este respecto, es vital el papel de los gobiernos, dado que las grandes multinacionales del sector de la energía siguen invirtiendo fundamentalmente en petróleo y no será fácil que abandonen ese enfoque unilateral. 
Por lo tanto, lo que necesitamos es un paquete de iniciativas gubernamentales para fomentar las inversiones en formas alternativas de energía y crear mercados rentables para ellas. 
La segunda línea de actuación es la creación de un marco jurídico adecuado que apoye las formas alternativas de energía. 
En otras palabras, tenemos que liberar a estos mercados de las cadenas de un sistema energético creado –junto con sus bases jurídicas– en una época en que prácticamente no se conocían las formas alternativas de energía. 
La tercera línea de actuación, que es la más importante y en la que se centra la pregunta que mis colegas y yo hemos formulado a la Comisión Europea, es el rápido desarrollo de la inversión pública y privada en investigación, con el fin de desarrollar tecnologías mejores y más baratas en relación con las formas alternativas de energía. 
El desarrollo de formas alternativas de energía depende, ante todo, de la investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Esta es nuestra oportunidad, ahora que las grandes empresas petroleras están amasando una fortuna con los beneficios excesivos obtenidos aprovechando las ventajas de las subidas de los precios del mercado de valores, ahora que, como todos hemos visto, el programa marco de investigación y desarrollo es insuficiente con los recursos de que dispone; esta es nuestra oportunidad para promover la idea de la imposición de un impuesto de energía limpia a la industria petrolera, que pueda usarse para financiar el desarrollo de formas alternativas de energía. 
Podría ser, por ejemplo, tan solo el 1% de los beneficios netos de las empresas, de forma que no perdieran competitividad. 
Espero con interés la respuesta de la Comisión y –lo que es más importante– sus próximas medidas. 
– Señor Presidente, en Iraq mueren personas en la guerra por el petróleo. 
La economía europea se desacelera debido a los precios altos y volátiles del petróleo. 
Países del tercer mundo se desmoronan bajo el peso de las deudas generadas por las importaciones de petróleo. 
¿Sale perdiendo todo el mundo? 
No, hay algunos que salen ganando: seis de las «Siete Hermanas» –incluidas Exxon, Total, Shell, BP y otras– han ganado sumas escandalosas de dinero durante los últimos dos o tres años. 
Hoy, en la UE, no tienen obligación alguna en lo que se refiere a la investigación o incluso la combinación de algunas energías renovables con lo que venden a los automovilistas. 
¿Cuándo va a cambiar esto, señor Comisario? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar realizando un breve análisis del mundo que nos rodea para mostrarles cómo están las cosas en la Europa de la que somos responsables. 
Los mayores productores de petróleo están en Oriente Próximo, una zona marcada por la inestabilidad y en la que los recursos de petróleo son limitados. 
Por otra parte, tenemos un país muy grande, Rusia, en el que Putin se ha dado cuenta de que la energía es poder y en el que está acumulando cada vez más de ese poder, mediante la concentración de las diversas compañías energéticas rusas en sus manos, es decir, literalmente en el Kremlin. 
Tenemos diez nuevos Estados miembros que dependen mucho de las importaciones de energía de Rusia. 
Además, tenemos antiguos Estados miembros, como Alemania, cuyas importaciones de gas proceden en un 50 % de Rusia. 
Si analizamos la situación desde el punto de vista de la política de seguridad, todo esto significa que estamos ante una situación muy desequilibrada e inestable. 
Además, tenemos enormes problemas con el medio ambiente, que todos estamos de acuerdo en que deben resolverse, junto con objetivos medioambientales muy ambiciosos. 
Al mismo tiempo, los precios de la energía están subiendo. 
El consumo aumenta. 
La industria europea necesita constantemente más energía, al igual que los hogares y el transporte. 
Como ya he dicho, determinados países dependen mucho de las importaciones. 
Tenemos graves problemas con las redes de energía. 
En Suecia se produjo una tormenta que dejó sin electricidad durante más de dos meses a 50 000 hogares, junto con la industria y las pequeñas empresas de las zonas afectadas, lo que es completamente inaceptable. 
También recordamos que toda Italia quedó sumida en la oscuridad durante varias horas. 
Por lo tanto, tenemos una inestabilidad de las redes energéticas que no es aceptable. 
La Unión Europea ha calificado los denominados proyectos de RTE de proyectos increíblemente importantes, pero estamos viendo cómo, en un ámbito después de otro, todo se paraliza y no avanza al ritmo previsto en las decisiones originales. 
En conjunto, nos hallamos en una situación muy preocupante. 
En lo que respecta a la política energética en Europa, debemos estabilizar el acceso a la energía. 
Tenemos que garantizar que las redes de transmisión funcionen y sean estables y que las empresas inviertan en nueva tecnología que evite que una simple tormenta o un acontecimiento similar provoque cortes de energía prolongados. 
Debemos conseguir que los proyectos de RTE funcionen. 
Por lo tanto, mi primera pregunta es: ¿qué va a hacer la Comisión para garantizar que se estabilice el suministro de energía? 
Además, debemos transformar el suministro energético en Europa, es decir, debemos obtener la energía respetuosa con el medio ambiente que todos reconocemos que es necesaria. 
Eso significa que la Comisión tiene una enorme responsabilidad. 
No es frecuente que exista colaboración entre áreas políticas, pero tenemos una reforma agraria que establece que se puede producir biomasa en los terrenos agrícolas europeos que no se están utilizando. 
Tenemos una industria que necesita energía. 
También tenemos objetivos medioambientales y de empleo que debemos cumplir. 
Por lo tanto, en segundo lugar, deseo conocer de qué forma cooperan las distintas partes de la Comisión para conseguir resolver estos problemas. 
En tercer lugar, necesitamos dar un nuevo impulso al suministro de energía, es decir, producir más energía. 
Mi pregunta se refiere a lo que se está haciendo para garantizar que la industria básica europea produzca también más energía a través de la calefacción por distritos, la cogeneración, etc. Señor Presidente, la energía es poder. 
Lo que hay que conseguir es que ese poder se use correctamente. 
,. Señor Presidente, estoy de acuerdo con el sentimiento que subyace a estas preguntas: cómo encontrar soluciones a los desafíos respondiendo a nuestras obligaciones de Kyoto y a los altos precios del petróleo y del gas, y cómo abordar la cada vez mayor dependencia de Europa de las importaciones de hidrocarburos. 
Son cuestiones clave para la nueva Comisión, como ya he indicado al Parlamento. 
Una política energética coherente consiste en desarrollar un paquete de políticas que se refuercen mutuamente y logren alcanzar juntas los tres objetivos fundamentales: competitividad, desarrollo sostenible y seguridad de suministro. 
Ante todo voy a abordar la cuestión de nuestra dependencia del exterior con respecto al petróleo. 
Las últimas subidas del precio del petróleo nos recuerdan de modo contundente que el mercado del petróleo sigue siendo volátil. 
Está claro que la competencia actual y futura en torno a los recursos de hidrocarburos continúa y continuará afectando a la seguridad de suministro mundial y al crecimiento económico. 
Mi preocupación aumenta al examinar las previsiones energéticas. 
Si no hacemos nada, las importaciones de energía en 2030 podrían ascender a un 70 % de las necesidades totales. 
Por supuesto, tenemos que continuar nuestra política de diversificación y nuestro diálogo con los países productores. 
Sin embargo, debido al grado de dependencia, la Unión Europea tiene poco margen de maniobra para influir en la oferta de energía. 
Además, nuestras propias fuentes de energía son escasas o, en determinados casos, menos competitivas. 
Por consiguiente, la UE puede y debe intervenir esencialmente en el lado de la demanda. 
Por eso creo que la Unión ha de concentrarse en guiar y gobernar la demanda. 
Sobre este telón de fondo, la Comisión Europea ya se ha comprometido a tomar medidas encaminadas a diversificar las diferentes fuentes de energía, para fomentar la eficiencia energética y fomentar las energías renovables. 
Todas estas medidas apuntan a la reducción del consumo de hidrocarburos en nuestra sociedad y a la disminución de su importancia relativa entre las fuentes de energía. 
Tal como ya he anunciado, continuaré y reforzaré las medidas de la UE en estos ámbitos. 
Me esforzaré especialmente en materia de eficiencia energética. 
Una acción más contundente en torno a la eficiencia energética no solo beneficiará a nuestra seguridad de suministro, sino también otros a objetivos principales, incluidos los asociados a la Agenda de Lisboa. 
Esta primavera presentaré un libro verde sobre la eficiencia energética para exponer mis ideas. 
Aunque entiendo la intención de sus Señorías de obtener subvenciones cruzadas para las energías renovables, me temo que será difícil juzgar qué son ganancias «imprevistas» o qué es la «implicación excesiva en la política empresarial». 
También será difícil decir a las empresas cómo deben gastar sus beneficios. 
Al mismo tiempo sigo el consejo de sus Señorías. 
También tengo que señalar que las principales compañías petroleras, como BP, Shell, Repsol y Total, ya han emprendido importantes actividades de investigación, desarrollo y despliegue en materia de energías renovables y de captación y almacenamiento de CO2. 
En mis conversaciones con ellas siempre he destacado la importancia de que desempeñen un papel cada vez más activo en este terreno. 
Por consiguiente, en mis futuros contactos con las compañías petroleras que operan en el territorio de la Unión Europea voy a fomentar enérgicamente su dedicación a la investigación y desarrollo en materia de energías renovables y la captación y almacenamiento de CO2. 
Dicho esto, tengo que recalcar que en los últimos años la Unión Europea ha establecido un marco para el fomento de energías renovables que es único en el mundo, con directivas sobre el fomento de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y los biocarburantes. 
Un efecto de estas directivas ha sido el desarrollo de sistemas de ayuda en la mayoría de los Estados miembros y la continuidad del liderazgo de la UE en el terreno de la tecnología medioambiental. 
Asimismo, la Comisión ha apoyado activamente la investigación y la demostración y el uso de formas alternativas de energía. 
Se prevé que esto continúe en los próximos años. 
En este sentido, tengo que mencionar en particular la cofinanciación de las actividades de investigación y desarrollo, sobre todo la ayuda financiera para las fases de investigación y desarrollo tecnológico y para la demostración de instalaciones a gran escala, así como la introducción de estas nuevas tecnologías en el mercado. 
Actualmente, este tipo de ayuda financiera está disponible dentro del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
En este contexto, la propuesta de la Comisión relativa al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que está previsto que se adopte en abril de 2005, estará abierto al debate interinstitucional sobre las principales prioridades de la Unión Europea en materia de investigación y desarrollo tecnológico en los próximos años. 
Ahora quiero abordar la cuestión de los objetivos medioambientales y la competitividad. 
Los compromisos europeos, en particular los relacionados con el cambio climático, se han traducido en una serie de objetivos operativos de política energética que, al mismo tiempo, fomentan la competitividad de nuestra industria. 
Por consiguiente, los objetivos medioambientales están plenamente integrados en los objetivos e instrumentos de política energética. 
Un buen ejemplo de ello es la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que ha generado un esfuerzo adicional con respecto a la producción e instalación de molinos de viento. 
Se ha creado un número considerable de puestos de trabajo en esta nueva industria, que crece rápuidamente y en la que algunos países europeos son hoy en día líderes del mercado mundial. 
Otro ejemplo es la Directiva sobre biocarburantes. 
La producción de estos carburantes no solo contribuye a cumplir nuestros objetivos de Kyoto, sino que también tiene un efecto positivo en el desarrollo rural y, por lo tanto, en nuestra economía en general. 
Sin embargo, creo que el efecto directo más importante para nuestra economía procederá de una acción política enérgica para incrementar la eficiencia energética en toda nuestra sociedad. 
Se calcula que sería posible ahorrar un 20 % de nuestro consumo total de energía a bajo coste. 
La eficiencia energética no solo ahorraría dinero, sino que también crearía puestos de trabajo en Europa y sería beneficiosa para el medio ambiente. 
Por este motivo, una de las prioridades políticas definidas por la Comisión en la Agenda de Lisboa son las tecnologías medioambientales. 
Estoy convencido de que los objetivos medioambientales, la seguridad de suministro y la competitividad encajan muy bien. 
La Comisión ha demostrado en el pasado que está dispuesta a tomar medidas en este terreno. 
No cabe duda de que tengo la intención de realizar un verdadero esfuerzo por fortalecer estas políticas. 
,. – Señor Presidente, en este debate me complace mucho declarar que poseo acciones en varias compañías petroleras y de gas. 
Los beneficios son buenos, como medida del éxito de las empresas y como medio para invertir en el futuro en investigación y desarrollo y en capacidad de sustitución. 
Unos precios del petróleo más altos generan más dinero para los Gobiernos, no para las compañías petroleras, puesto que el impuesto es el principal componente del precio del carburante de automóvil que paga el consumidor. 
Por lo tanto, quizá habría que plantear esta cuestión a los Estados miembros. 
Debemos cuidarnos mucho de determinar las inversiones e inmiscuirnos en las decisiones de las compañías en materia de inversión. 
Los Gobiernos y los organismos públicos no aciertan mucho al seleccionar a los ganadores. 
Me pregunto si quienes pretenden decir a las compañías lo que tienen que hacer con sus beneficios se prestarían a compartir pérdidas en el futuro. 
Esto es llamar a una puerta abierta, puesto que las compañías ya están invirtiendo sumas muy considerables en tecnologías alternativas y de sustitutición y en la investigación sobre todo un abanico de tecnologías diferentes. 
Lo hacen por razones evidentes de suministro y comerciales. 
Cuando se agoten el petróleo y el gas, estas compañías querrán suministrar carburantes alternativos y de sustitución. 
Shell y BP están invirtiendo ingentes sumas de dinero en sistemas fotovoltaicos y eólicos y todo un espectro de tecnologías de combustibles sintéticos. 
Quizá sirvan de consuelo a sus Señorías las palabras del Ministro laborista que dice que no se contemplan impuestos extraordinarios. 
No es una forma sensata de proceder. 
Dejemos que los mecanismos del mercado estimulen las fuentes de energía renovables y alternativas. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, preguntamos a la Comisión si estaría dispuesta a negociar un acuerdo voluntario con las compañías petroleras con sede en la Unión Europea, por el que parte de los beneficios inesperadamente elevados que se han derivado de las subidas de los precios del petróleo se invertiría en la investigación y el desarrollo de formas alternativas de energía. 
No he recibido una respuesta clara a esa pregunta. 
Sin embargo, es preciso estudiar incluso si eso sería sensato. 
Se ha dicho que las empresas ya están haciendo eso, aunque a pequeña escala si la comparamos con la enorme importancia de las cuestiones de las que estamos hablando. 
Las compañías petroleras nacionales siempre han sido rentables, no por accidente y no únicamente el año pasado, sino durante décadas. 
Los más de 60 000 millones de euros de beneficios obtenidos el año pasado son tan increíbles que incluso superan los presupuestos de muchos países. 
En el caso de mi país, lo doblan. 
Por lo tanto, se trata más de países que de simples empresas. 
Como sabemos, los enormes beneficios se deben al crecimiento de China y, sobre todo, a la situación en Oriente Próximo, es decir, a la guerra que se desarrolla en la región. 
Todo el mundo sabe que las compañías petroleras han contribuido en ocasiones al estallido de guerras o insurrecciones, provocando así subidas de los precios del petróleo. 
Sabemos que la industria tiene también cárteles y que no es un negocio muy caballeresco. 
El petróleo ha sido causa de frecuentes guerras en Oriente Próximo. 
En otras palabras, la gente se ha ensuciado las manos con esta sustancia que es tan importante para todos nosotros. 
Obviamente, los elevados precios del petróleo son muy perjudiciales para la economía y lo que hay que plantearse es si esos beneficios se van a usar para un propósito sensato, y cómo de sensato. 
Estamos insistiendo en que deben usarse para investigar sobre energías alternativas, lo que, como ha dicho el señor Chichester, en último término beneficia a las propias empresas. 
De esta forma, estaríamos también cumpliendo nuestra parte de nuestros objetivos medioambientales. 
El Comisario ha dicho que es difícil interferir en los negocios de las empresas. 
Es difícil porque son mayores que Estados, pero yo quisiera pedirle que sea valiente, porque tenemos una responsabilidad con los ciudadanos de Europa y también con el futuro de toda la humanidad. 
Por lo tanto, no estamos hablando de cosas insignificantes. 
Hay dos alternativas: incrementar la investigación o subir los impuestos. 
Debemos optar por una de ellas, o quizá por las dos. 
. – Señor Presidente, agradezco al señor Comisario sus claras palabras sobre la eficiencia energética; reducir la demanda tanto en los sectores de la energía como del transporte será una de las respuestas importantes. 
Este fin de semana estuve en Wels, Austria, asistiendo a una de las más grandes ferias de energías renovables. 
Lo que se ha hecho en Alta Austria se puede hacer en otras regiones de Europa, ya que hoy en día en Alta Austria solo un 7 % de todas las viviendas nuevas tienen calefacción a base de petróleo. 
El 20 % del petróleo que se consume en Europa se usa para la calefacción de las viviendas. 
En Alta Austria han pasado más o menos completamente a utilizar aglomerados de madera y otras fuentes de energía renovables. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario fomentar el uso de energías renovables para fines de calefacción y refrigeración, o dicho de otra manera, los usos de energía a baja temperatura. 
Comisario, espero que su colega, el señor Barrot, le secunde en sus esfuerzos por mejorar la eficiencia en el sector del transporte. 
No somos suficientemente eficientes en lo que se refiere a las normas para los automóviles. 
Necesitamos mejorar la transferencia intermodal en el transporte. 
Otra cuestión me lleva a lo que realmente podrían hacer las compañías petroleras. 
Tenemos una directiva sobre biocarburantes. 
Hay que financiar la aplicación de estas directivas con cargo a nuestros limitados presupuestos públicos. 
¿Qué ocurre si obligamos a las compañías petroleras que venden carburante en Europa a incrementar gradualmente las cantidades mínimas de combustibles verdes disponibles en los surtidores? 
De esa manera el dinero ya no tendría que venir de los escasos recursos públicos, sino de los enormes beneficios de las compañías petroleras. 
Esto sería una señal muy clara para las compañías petroleras de que tienen que invertir en energías alternativas y hacer mucho más para fomentarlas. 
Señor Presidente, es bueno que este Parlamento recién elegido hable de energías renovables, cosa que no hemos hecho desde las elecciones. 
Es cierto que la Comisión de Industria, Investigación y Energía va a redactar un informe, pero estoy seguro de que todavía va a tardar unos meses. 
Por eso creo que es positivo que ese tema esté en el orden del día de hoy. 
No obstante, la razón por la que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no ha firmado la pregunta es que tenemos algunas dudas sobre la forma en que se está articulando. 
Comparto las dudas que ha puesto de manifiesto el Comisario Piebalgs. 
Otra cuestión es que hay una serie de empresas que ya están haciendo mucho en el ámbito de las energías renovables y otras que todavía no lo están haciendo, y que se las está tratando de la misma forma, sin matices. 
Los políticos como nosotros, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, tenemos que crear las condiciones marco apropiadas para que los que inviertan grandes sumas en energías renovables tengan un incentivo adicional para hacerlo mediante el disfrute de las condiciones adecuadas. 
Agradezco al Comisario Piebalgs que haya dejado tan claros los principios fundamentales. 
Estoy de acuerdo en que las energías renovables tienen un importante papel que desempeñar en una estrategia encaminada a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y para ayudarnos a cumplir el objetivo de Kyoto. 
La eficiencia energética es otro aspecto prioritario, y creemos que la energía nuclear también debe hacer una aportación. 
No obstante, quisiera proponer al Comisario y a la Cámara una última idea. 
Creo que, en el campo de las energías renovables, debemos establecer nuevas prioridades. 
Se ha trabajado mucho en los campos de la energía eólica y la electricidad fotovoltaica, pero sabemos que esas dos formas de energía conllevan problemas. 
La energía fotovoltaica requiere todavía un gasto considerable de dinero para ahorrar una tonelada de CO2. 
La biomasa tiene un potencial mucho mayor, como también lo tiene el uso del calor, es decir, de la energía solar, para la calefacción. 
La Comisión irá en la dirección correcta si aborda esta cuestión y mejora las condiciones marco en Europa para el uso de energía solar con fines de calefacción y para el uso de biomasa en general. 
En este terreno, creo que todos los Grupos de esta Cámara le apoyan. 
– Señor Presidente, Señorías, he escuchado las palabras del señor Comisario y me han parecido muy claras. 
Sin embargo, su contestación no me ha parecido una respuesta suficiente a la pregunta que se le había formulado. 
La petición formulada tenía fuerza, validez y coherencia por sí misma. 
En Europa nos enfrentamos a algunos problemas graves, como ustedes saben bien. 
El primero se debe al hecho de que la Unión Europea consume cada vez más energía e importa cada vez más productos energéticos; el segundo se debe a la relación entre desarrollo energético y medio ambiente, sobre todo desde la aplicación del Protocolo de Kyoto, y el tercero guarda relación con la calidad de vida en nuestras ciudades desde la perspectiva de la contaminación energética. 
Estos aspectos llevan cada vez más a la conclusión de que debemos pensar en las energías del futuro, sobre todo en las energías renovables, y en la constante investigación en torno a energías alternativas. 
Creo que, promoviendo las energías renovables, podremos contribuir al logro de los objetivos de nuestra política energética general, a la seguridad del suministro y a la competitividad, además de mejorar y reforzar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Existe una preocupación general y la convicción de que para conseguir todo eso necesitamos no solo decisiones políticas coherentes, sino también ingentes recursos públicos y privados. 
En este caso en particular, encuentro perfectamente natural que se pida a empresas como las compañías petroleras –que han podido disfrutar de condiciones especiales de mercado y obtener cuantiosos beneficios– que contribuyan con financiación adecuada a planes y proyectos relacionados con energías alternativas y renovables. 
Adoptando este enfoque, lo que estaríamos realmente fomentando no es un recorte del derecho de las empresas a obtener beneficios, que debe mantenerse intacto, sino lo que comúnmente se llama la «responsabilidad social de las empresas». 
De las posibles acciones que se han planteado en el debate, considero extremadamente importante la acción en nuestras metrópolis y grandes ciudades con la inversión de recursos para mejorarlas desde el punto de vista energético y medioambiental. 
Tenemos que enviar una señal clara de que hemos llegado a un punto de inflexión y que es absolutamente necesaria la contribución de todos, incluidas las compañías petroleras. 
Esa sería una respuesta útil que la Comisión podría dar a todos los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, he escuchado al Comisario con la creciente esperanza de que este debate diera lugar a algo más que las bonitas palabras y las frases huecas que hemos escuchado sobre este tema hasta ahora. 
Viniendo como vengo de Escocia, este tema me interesa mucho. 
Somos poco más de 5 millones de personas y, sin embargo, con todos nuestros recursos naturales, la Universidad de Escocia ha calculado que podríamos satisfacer el 1 % de las necesidades de energía renovable del mundo. 
Esto ascendería a unos 14 000 millones de libras esterlinas o 20 000 millones de euros anuales. 
La energía verde no es un artículo de reclamo. 
Para conseguirla necesitamos liderazgo, que por desgracia el Gobierno escocés no ejerce. 
En Escocia y en Europa necesitamos un plan energético coherente. 
La Comisión Europea se encuentra en una posición ideal para ejercer el liderazgo y crear la estructura que precisan estas tecnologías emergentes. 
La semana pasada supimos que las organizaciones europeas de energías renovables piden que se les asigne 250 millones de euros en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Emplazo a la Comisión a que lo cumpla y lo supere. 
Señor Presidente, agradezco mucho al Comisario sus respuestas objetivas a las preguntas de los comunistas y los socialistas. 
La realidad es que la carga ideológica… 
Sí, señor Swoboda, ahora escúcheme. 
La carga ideológica que han puesto en su pregunta es indescriptible. 
El Comisario ha respondido con datos; ha aprovechado la oportunidad para fijar una serie de puntos de partida con respecto a sus perspectivas de una política energética adecuada. 
Creo que es un error utilizar los beneficios imprevistos de las compañías energéticas y petroleras como excusa para olvidar la responsabilidad propia en el ámbito de las energías renovables, y los responsables de ese error son los socialistas y los comunistas de esta Cámara. 
Hemos oído las cifras: ¡60 000 millones de euros de beneficios! 
Permítame recordarle, señor Turmes, que los precios del petróleo suben no solo debido a las acciones de los países productores o de las compañías petroleras, sino también y principalmente debido a las acciones de los Estados, es decir, a los impuestos. 
Solo en Alemania, el Estado miembro del que procedo, los cálculos aproximados indican que el público debe pagar más de 30 000 millones de euros en impuestos adicionales cada año. 
Se trata de un problema del que no deben distraernos preguntas de este tipo, y agradezco a los verdes y los liberales que hayan ampliado la cuestión y nos hayan permitido celebrar hoy un debate adecuado y de amplio alcance. 
A mi juicio, está claro lo que podemos hacer. 
Todos recordamos el debate que celebramos sobre biocarburantes; no fue esta Cámara, sino la falta de voluntad de los Estados miembros, lo que impidió la inclusión de la mezcla obligatoria, y ahora el señor Swoboda quiere imponer a la Comisión una obligación que nunca podrá cumplir. 
Tenemos que mantener los pies en el suelo y ceñirnos a los ámbitos en los que podemos hacer algo: la seguridad del suministro energético, el desarrollo de formas alternativas de energía, el fomento de la investigación, el marco global. 
Ahí es donde debemos ejercer nuestra responsabilidad, pero no tomando como punto de partida los beneficios excesivos de las compañías petroleras. 
En 1973 se calculó que quedaban reservas de petróleo para otros 30 años. 
La razón por la que van a durar más es que esos beneficios se utilizaron para buscar nuevas reservas de crudo. 
Confiamos en que sea en ese ámbito en el que se cumpla la responsabilidad sobre la seguridad de nuestro suministro energético. 
Señor Presidente, hace unos tres meses, el 10 y el 11 de diciembre, participé, en representación de esta Cámara, en la conferencia trilateral sobre energía del Consejo Nórdico, la Asamblea Báltica y el Consejo Consultivo Interparlamentario del Benelux. 
Las delegaciones parlamentarias en la conferencia volvieron a determinar que no hemos cumplido las tareas fijadas en Gotemburgo y Lisboa. 
No somos capaces de incrementar el porcentaje de energías renovables del 6 % al 12 %. 
Dado que las fuentes de energía de origen fósil son finitas, debemos trabajar para intensificar los programas de investigación. Eso es lo que vamos a hacer en esta Cámara el próximo miércoles cuando debatamos el informe Locatelli. 
La combinación de medios privados y públicos es la fórmula perfecta para cumplir la agenda de Lisboa. 
También es preciso debatir la necesidad de nuevas variantes y nuevas formas de inversión: asociaciones del sector público y privado, por decirlo claramente. 
Respetando las prioridades de este Parlamento y con carácter voluntario –con la excepción de los «impuestos ocultos» , que son inaceptables–, pero sin salirse de esas condiciones previas, el Comisario Piebalgs puede dialogar todo lo que quiera. 
Es necesario que Europa invierta en tecnología del hidrógeno, por ejemplo, como argumenta el Grupo de Alto Nivel. 
Sabemos que las compañías petroleras tienen mucha libertad en estos momentos. 
Son importantes socios y ya están haciendo mucho, pero es imposible conseguir que crucen esa línea de forma voluntaria. 
Quisiera que el Comisario nos explicara cómo aborda las conversaciones que ha mencionado en la práctica. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, quisiera exponer la cuestión de las formas alternativas de energía en el contexto de la Estrategia de Lisboa y el enfoque sobre el cambio climático adoptado en el Protocolo de Kyoto. 
La aplicación del protocolo presenta dos ventajas y dos inconvenientes. 
Las ventajas son a) la protección del medio ambiente y la salud humana y b) la presión para que se realicen innovaciones tecnológicas. 
Los inconvenientes son que, hasta que las innovaciones puedan comercializarse, la industria sigue sufriendo efectos adversos, como la reducción de las exportaciones entre un 3,8 y un 5,1 %. 
Sin duda alguna, las fuentes de energía renovables pueden contribuir a un suministro seguro de energía en Europa; sin embargo, también pueden hacer una aportación a la Estrategia de Lisboa a través del desarrollo tecnológico, de las exportaciones de tecnología, de la creación de puestos de trabajo y de la protección del medio ambiente. 
Sin embargo, parece que existe una gran distancia entre la demostración del funcionamiento de tecnologías innovadoras y su penetración real en el mercado, y creo que es una condición imprescindible que esta distancia se reduzca lo antes posible. 
Señor Comisario, ¿qué medidas pretende tomar para conseguirlo, aparte de la promoción –o la posibilidad– de celebrar acuerdos voluntarios con la industria de la energía? 
Hoy no hay duda de que, para frenar el cambio climático y conseguir la seguridad del suministro de energía, debemos avanzar en el uso de recursos energéticos renovables. 
Aunque se invirtiera parte de los beneficios de las compañías petroleras, no estoy seguro de que fuera suficiente. 
Para conseguirlo, tenemos, como mínimo, que avanzar en otros dos frentes: los compromisos de los Estados miembros y la investigación y el desarrollo centralizados. 
Analicemos el primero: los compromisos y los enfoques de los Estados miembros. 
Según el informe de la Comisión que tiene ante sí el Parlamento Europeo, «varios países no han tomado todavía medidas prácticas para alcanzar los objetivos fijados» y, a escala comunitaria, el objetivo del 22,1 % (de energía procedente de fuentes renovables) para 2010 está en peligro, y parece más realista una cifra de tan solo del 18 al 19 %. 
Existen enormes diferencias entre los logros de los distintos Estados miembros. Por ejemplo, mi país, Hungría, ocupa el último lugar, ya que solo se ha comprometido a alcanzar el 3,6 % para 2010, a pesar de que alberga el mayor recurso de energía geotérmica de Europa, que, sin embargo, hasta la fecha no ha generado ni un solo vatio de electricidad. 
Por eso apoyo la creación de una conferencia sobre fuentes de energía renovables, que abordaría las distintas situaciones de los Estados miembros y tendría el objetivo de llegar a acuerdos. 
Además, es esencial que los Estados miembros se encarguen de garantizar que la electricidad respetuosa con el medio ambiente pueda obtener una cuota del mercado, teniendo en cuenta las trabas administrativas, jurídicas, técnicas y de acceso a la red. 
Se precisa una mayor ayuda y financiación común, no solo procedente de la Unión, sino también de los Estados miembros. 
La Comisión debe hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que los Estados miembros tengan un mayor acceso financiero al desarrollo y que los costes externos se reflejen en el precio de la energía utilizada. 
Es muy preocupante que, durante los últimos 20 años, el gasto en investigación y desarrollo en el ámbito de las energías renovables se haya reducido, en general, tanto a escala nacional como comunitaria. 
Sugiero que en el séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, que comenzará en 2007, se incluyan los programas de investigación y desarrollo sobre energías renovables como una partida independiente. 
,. Quiero empezar dando las gracias a los diputados al Parlamento Europeo por este debate. 
La política energética no ha sido debatida suficientemente ni en esta Cámara ni en la Unión Europea. 
No quiero que los ciudadanos contemplen la política energética tan solo desde la perspectiva del cambio climático. 
La política energética es tan importante que hay que debatirla como es debido. 
El debate de hoy demuestra que podemos estimular los mercados creando las condiciones adecuadas. 
La Unión Europea ha logrado un éxito notable. 
El mero hecho de que nos estemos preguntando cómo alcanzar el objetivo de un 22 % de electricidad verde, cuando la previsión actual es de un escaso 19 %, ya es en sí mismo un éxito. 
Debemos seguir fijando requisitos específicos para estimular a los mercados a que respondan. 
La Comisión presentará nuevas propuestas concretas relativas a las energías renovables, la biomasa y los vehículos limpios, porpuestas que ya está elaborando. 
De esta manera podemos estimular al mercado a que responda a las necesidades de la sociedad. 
Al mismo tiempo, el principal desafío es favorecer los esfuerzos concertados por crear nuevas tecnologías. 
La captación y almacenamiento de CO2 y otras nuevas tecnologías medioambientales están ahora en el orden del día. 
Es uno de los ámbitos en que hay que reforzar las acciones de la Comisión con medidas de los Estados miembros y del sector. 
Espero cooperar con el Parlamento Europeo con vistas a cumplir estas prioridades de la política energética. 
– Señor Presidente, quienes permanecimos en silencio mientras el señor Swoboda hacía su intervención en el debate le habrían estado agradecidos si se hubiera guardado sus observaciones para sus adentros, o quizá si las hubiera manifestado posteriormente. 
Es una descortesía hacia los diputados a esta Cámara interrumpir el tiempo de uso de la palabra de los demás. 
Señor Presidente, creo que es permisible defenderse cuando un diputado a esta Cámara insiste en unir, por razones demagógicas, a los socialdemócratas con los comunistas. 
Creo que usted también se defendería si se le mencionara sin hacer distinciones en la misma frase que el Partido por la Independencia del Reino Unido u otros partidos situados aún más a la derecha. 
Los diputados a esta Cámara tienen todo el derecho a defenderse de calumnias de ese tipo. 
– El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0038/2005) , del señor Schmitt, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo [COM (2004) 0473 C6-0076/2004 2004/0146 (COD) ]. 
. Señor Presidente, Señorías, en el procedimiento de conciliación sobre el paquete «cielo único europeo» , el Parlamento insistió en la necesidad de equilibrar los distintos elementos del paquete a fin de abordar los aspectos institucionales, económicos y técnicos, desarrollando al mismo tiempo una auténtica vertiente social. 
La Comisión aceptó presentar rápidamente una propuesta de licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. 
Hoy debaten ustedes dicha licencia comunitaria. 
Con esta propuesta de directiva, la Comisión persigue tres objetivos. 
En primer lugar, la Comisión, al igual que el Parlamento, concede una gran importancia al desarrollo equilibrado de los distintos elementos del paquete del «cielo único». 
La presente propuesta representa un elemento clave del pilar social. 
Por esta razón, los interlocutores sociales han participado intensamente en la elaboración de la directiva. 
El segundo objetivo, el motivo por el que propusimos introducir una licencia comunitaria de controlador, tiene que ver con la seguridad. 
La licencia común ofrece la posibilidad de reforzar la seguridad en la gestión del tránsito aéreo al elevar los niveles de formación de los controladores. 
Además, la propuesta permite identificar, y en su caso adoptar, los requisitos reglamentarios de seguridad de Eurocontrol relativos a la formación de los controladores, a fin de transponerlos al Derecho comunitario. 
El tercer objetivo es que la legislación sobre el «cielo único» establezca bloques funcionales de espacios transfronterizos para reducir la fragmentación del espacio aéreo. 
La licencia facilitará la organización de esos servicios a un lado y otro de las fronteras y contribuirá a la movilidad de la mano de obra en el ámbito del control del tránsito aéreo. 
Pasemos ahora a los medios empleados para responder a esos tres objetivos. 
Para poner fin a la diversidad actual de normas nacionales, la propuesta de directiva introduce normas comunitarias rigurosas para todo el abanico de competencias que son esenciales en términos de seguridad. 
Se trata, en particular, de las condiciones de acceso a la profesión, la estructura de las cualificaciones, las anotaciones, el contenido de la formación inicial de los controladores y los conocimientos lingüísticos, tanto de inglés como de la lengua materna. 
El problema del régimen lingüístico ha sido, sin duda, uno de los puntos más delicados en los debates del Consejo. 
La Comisión se ha basado en normas internacionales aceptadas. 
Por tanto, el valor añadido de la propuesta no reside tanto en la elaboración de dichas normas como en su introducción en un marco comunitario, lo que permitirá una verdadera aplicación armonizada. 
Espero mucho, en particular, de la certificación de los proveedores de formación, que ofrece una garantía sólida para la expedición de una licencia de alto nivel. 
Como estoy seguro que saben ustedes, los trabajos del Consejo han avanzado mucho, y en el Consejo de Transportes del pasado 9 de diciembre se adoptó un enfoque general. 
Dicho enfoque respeta la lógica de nuestra propuesta y diría que la aclara en varios puntos o que la refuerza, sobre todo por lo que se refiere a las modalidades prácticas de gestión, por ejemplo en materia de reconocimiento mutuo o de aplicación de la directiva a los titulares actuales de licencias. 
Por cierto, señor Schmitt, observo que la mayoría de sus enmiendas se refieren a los mismos temas que plantea el Consejo. 
La aprobación de este informe constituye, Señorías, un paso hacia la convergencia entre las posiciones del Parlamento y del Consejo. 
Tengo la impresión de que el Consejo está dispuesto a examinar con ustedes las conciliaciones necesarias para facilitar una aprobación rápida del texto. 
Les confirmo que, en lo concerniente al punto más delicado, que es el régimen lingüístico, el informe está absolutamente en la misma longitud de onda. 
Las propuestas del informe del señor Schmitt concilian de forma equilibrada, por una parte, las preocupaciones legítimas de seguridad y, por otra, la movilidad y la libre circulación de los controladores. 
Por esa razón, señor Presidente, la Comisión espera con confianza la posición que adopte el Parlamento sobre este expediente. 
Quisiera dar las gracias de nuevo al ponente y manifestar hasta qué punto la licencia de controlador de tránsito aéreo nos permitirá avanzar hacia un cielo único más seguro para todos los europeos. 
Por ello, albergo grandes esperanzas de que el Parlamento nos ayude a llevar a buen término esta medida constructiva. 
. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, normalmente, nuestro Grupo, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, encarga al señor Ingo Schmitt cuestiones relativas al transporte aéreo y la seguridad aérea, ya que la experiencia nos ha demostrado que normalmente podemos respaldar sus propuestas. 
Por lo tanto, no resulta en absoluto sorprendente que podamos identificarnos sinceramente con el trabajo que ha realizado como ponente en el tema que debatimos hoy. 
Le estamos muy agradecidos por su crucial contribución a la elaboración de lo que esperamos que sea un texto mejorado a partir de un texto de la Comisión que ya era bueno. 
Por lo que he oído, hay buenos indicios de que el Consejo lo aprobará, así que las tres instituciones estaremos unidas en esta cuestión. 
En la comisión, como ya se ha mencionado, hubo una gran mayoría favorable a un alto nivel de concienciación en materia de responsabilidad y competencia, y a favor de establecer de forma más concreta lo que los requisitos generales significarían en una serie de aplicaciones concretas. 
Ya se ha mencionado un aspecto importante a este respecto: la cuestión de la competencia lingüística, sobre todo en inglés. 
En el pasado se han producido demasiados casos trágicos en los que unas comunicaciones deficientes han causado graves accidentes. 
Tanto el ponente como –indirectamente– la Comisión han señalado ya que lo aprobado en comisión recibió un apoyo casi unánime. 
Esto no se debió a que consideráramos que este informe no era importante, sino a que realmente conseguimos llegar a un consenso bastante amplio, un consenso que deseamos recalcar mediante un voto tan unánime como sea posible en el Pleno, lo que nos permitirá dar un paso significativo hacia el cielo único europeo del que tanto se habla. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, doy las gracias al ponente. 
La Directiva relativa a la licencia de los controladores del tránsito aéreo es un importante paso hacia la realización de nuestro objetivo de un cielo único europeo. 
Para empezar, la creación de bloques funcionales del espacio aéreo con carácter transfronterizo depende de esa licencia. 
En segundo lugar, ahora se presupone la existencia de un sistema armonizado de licencias y de formación de gran calidad en este terreno, lo que también permite que los controladores del tránsito aéreo tengan más movilidad, cosa que es urgentemente necesaria en vista de que en Europa faltan unos 1 500 profesionales. 
En tercer lugar, la existencia de normas y reglamentos uniformes de alto nivel contribuye a mejorar mucho la seguridad. 
Permítanme explicar en este punto cuánto me alegra que el ponente haya aceptado mi idea de establecer una formación armonizada en técnicas de gestión de crisis. 
Eso nos preparará mejor para situaciones extremas y peligrosas como el secuestro de aviones. 
Lo que nos parece importante en lo que respecta a la mayor movilidad es que podamos reducir los requisitos excesivamente estrictos en lo tocante a los idiomas locales –y no estoy hablando del inglés– en casos individuales justificables. 
Esa es la única forma de evitar el cierre del mercado por la puerta de atrás. 
Los socialdemócratas también nos tomamos muy en serio las preocupaciones de los sindicatos y por eso queremos mencionar explícitamente el diálogo social en la directiva. 
En vista, sobre todo, del acalorado debate sobre la Directiva de servicios, creemos que también es importante que se aplique el principio del país de acogida a los controladores del tránsito aéreo; en primer lugar, para evitar el dúmping social y, en segundo lugar, para permitir a los controladores trabajar juntos como equipo sin problemas. 
Ahora más que nunca, la de controlador del tránsito aéreo es una profesión muy atractiva, que puede llevarte por toda Europa, y espero que una profesión por la que se decidan aún más jóvenes que en el pasado. 
. 
Señor Presidente, quisiera agradecer calurosamente su trabajo al ponente, que ha conseguido –al menos en la comisión– llegar a una conclusión sobre este tema con un alto grado de consenso, en un ambiente muy agradable y con una gran concentración en el asunto en cuestión. 
Hay algunas cuestiones más –que a mí me parecen de gran importancia en este contexto– que quiero mencionar. 
La primera es cómo vamos a evitar el dúmping social; ha quedado claro que todos estamos de acuerdo en que se trata de un fenómeno que no podemos permitirnos en un ámbito en la que los requisitos de seguridad son tan estrictos. 
En segundo lugar, todos concedemos gran importancia a la formación y la seguridad, y en este ámbito es necesaria más formación para afrontar situaciones extraordinarias, como secuestros, en una profesión en la que las personas están bajo una enorme presión. 
La tercera cuestión que quiero mencionar es que yo también consideraba importante que el desarrollo de esta directiva abarcara, paso a paso, todo el personal de la cadena de seguridad que participe de alguna forma en el proceso de toma de decisiones, puesto que es ahí donde debe haber una armonización en todos los países y donde debe garantizarse la movilidad. 
Sobre todo, quisiera decir algo más sobre las lenguas, una de las cuestiones más interesantes y debatidas, en la que en ocasiones se dio la impresión de que lo que estaba sobre el tapete no era tanto el dominio de la lengua del país de acogida, como de la creación de trabas por la puerta de atrás. 
Ante eso, quisiera decir que el establecimiento de trabas de ese tipo en este ámbito sería un mal ejemplo. 
Tenemos que garantizar la excelencia en el uso del inglés, y eso es lo que garantiza esta directiva. 
Agradezco a todos los diputados de la Cámara su colaboración. 
. – Señor Presidente, Señorías, mi Grupo votó a favor del informe del señor Schmitt en la Comisión de Transportes y Turismo, a pesar de que, como es lógico, lamentemos mucho que la enmienda que presentamos sobre el trato de los controladores aéreos como un servicio público no fuera aceptada. 
No obstante, en conjunto, debemos ser sinceros y decir que la armonización, el enfoque elegido por el señor Schmitt, se corresponde perfectamente con nuestra idea, puesto que, en realidad, la armonización debe ser un objetivo general de la Unión Europea en cualquier materia. 
Si la armonización tiene éxito en determinados ámbitos políticos, si conseguimos instaurar las mismas condiciones, eso, sin duda, mejorará las condiciones sociales y la seguridad en todos los casos y, por lo tanto, generará una competencia más justa entre nosotros. 
El ponente ha ido por ese camino, aunque, por supuesto, ha incorporado algunos otros aspectos, dos de los cuales quisiera destacar. 
El primero –que ya se ha mencionado en la anterior intervención– tiene que ver con los controladores aéreos, un ámbito en el que dijimos «no» y afirmamos que debe aplicarse el derecho del país en el que prestan sus servicios los controladores aéreos. 
Conozco ya demasiado bien a la señora Lichtenberger como para sorprenderme por lo que ha dicho sobre que el dúmping social no debe permitirse bajo ninguna circunstancia en este ámbito. 
¡El dúmping social no puede permitirse en ningún ámbito! 
Si basamos esta directiva en ese principio, también tenemos la oportunidad de realizar cambios generales en la Directiva de servicios y de acabar con el principio del país de origen, que en la práctica conduce al dúmping social y a la erosión del derecho. 
Una segunda cuestión que, por supuesto, me parece igualmente interesante como ponente del control del transporte por carretera es la propuesta del señor Schmitt de una lista obligatoria y normalizada o armonizada de sanciones. 
Espero que consigamos que el Consejo la apruebe, porque es exactamente lo que necesitamos en las carreteras. 
No es aceptable que los distintos Estados miembros califiquen, hasta cierto punto, las distintas infracciones de más o menos graves. 
Precisamente es en este ámbito donde creo que la armonización dentro de la Unión Europea es más urgente, y espero que consigan que se apruebe. 
Luego me tocará a mí con la segunda lectura de mi informe y, como es lógico, que esa lista se apruebe hace que aumenten las posibilidades de que yo también lo consiga con mi informe. 
Por lo tanto, vuelvo a dar las gracias al ponente. 
. – Señor Presidente, en este período parcial de sesiones se incluye el debate sobre una directiva en la que se estipula que los controladores aéreos deberán hablar y comprender el inglés de manera satisfactoria en todos los Estados miembros. 
El inglés ya es la lengua del control del tránsito aéreo. 
Uno de los requisitos para hacer prácticas en Eurocontrol es poseer un buen dominio del inglés, la lengua internacional de la aviación. 
Sin embargo, estas propuestas suavizan la exigencia de hablar inglés en el sector del control del tránsito aéreo. 
La enmienda 17 dice: «… los Estados miembros exigir el nivel 5 de la prueba de competencia lingüística de la OACI en inglés o en la lengua local». 
«O» significa «o» en todas las lenguas. 
Esto es un riesgo para la seguridad. 
El informe contiene frases como la siguiente: «El derecho de los Estados miembros a establecer anotaciones nacionales solo se prevé para casos excepcionales». 
Esto no es inglés, sino jerigonza comunitaria. 
Las líneas aéreas mundiales temen el costoso deseo de la Unión Europea de sustituir, en el control del tránsito aéreo, el radar por Galileo, si bien la agenda comunitaria en esta materia no contempla realmente las rutas aéreas, sino el control por la UE y el control como un fin en sí mismo. 
. Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, las cuestiones que trata la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo revisten una gran importancia para la seguridad de la aviación civil. 
No podemos permitirnos una actitud indiferente o negligente en los procedimientos y medidas adoptados en este terreno, ya que cualquier problema podría constituir una amenaza para la vida y la salud humanas. 
Por ello creo que esta directiva es necesaria y, de hecho, indispensable. 
Se requieren normas legales precisas y claras para tratar nuestro cielo como un cielo único europeo. 
Estas normativas deben abarcar igualmente las licencias de controlador aéreo, ya que la labor de los controladores aéreos debe satisfacer los más altos niveles de responsabilidad y profesionalidad. 
Aparte de la formación especializada para trabajar en condiciones normales, que esperamos que siempre se impongan, es de suma importancia que se imparta formación para las situaciones o crisis excepcionales que puedan surgir. 
Por ello, los controladores aéreos deben ser personas con muchos conocimientos teóricos y amplias habiliades prácticas. 
Deben gozar de una excelente salud física y mental, lo que implica la necesidad de practicar exámenes periódicos, y deben ser personas que guarden la calma y el control incluso en situaciones excepcionales, como en caso de colisión o de atentado terrorista, como han señalado los oradores precedentes. 
En cuanto al conocimiento de lenguas, es obvio que los controladores aéreos deben tener un excelente conocimiento de la lengua inglesa, la lengua común del sector, pero también deben desenvolverse con soltura en la lengua local, ya que esto resulta especialmente importante en caso de crisis. 
Considero que esta normativa debe contemplar algún tipo de examen o seguimiento sistemático de los efectos de la legislación, así como la adopción de las enmiendas que resulten necesarias, sobre todo por lo que se refiere a la evolución de las tecnologías electrónicas y digitales. 
Por último, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento al ponente, el señor Schmitt, por el esfuerzo que ha realizado en este asunto. 
Lo digo por haber ayudado a la formación de pilotos civiles polacos, pues ese era hasta hace poco mi trabajo en la Universidad Tecnológica de Rzeszow. 
Asimismo creo que sería conveniente que la legislación comunitaria en una materia tan importante fuese adoptada y respetada fuera de la Unión Europea. 
En el cielo no existen fronteras artificiales y las leyes de la aeromecánica se aplican en todas partes. 
Por ese motivo, los principios de la seguridad aérea deben aplicarse en todo el mundo, y la Unión Europea podría contribuir a ello. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, todos nosotros –al menos quienes asistimos a los debates parlamentarios sobre esta cuestión que tuvieron lugar durante la última legislatura– recordamos el énfasis que se puso en las iniciativas destinadas a mejorar la organización, puntualidad y seguridad de los servicios de navegación y control del tránsito aéreo y, ya en un plano más práctico, para crear un cielo único europeo y adoptar las normativas correspondientes. 
Habida cuenta de que la gestión de un complejo sistema de transporte aéreo y de control del tránsito aéreo debe considerarse desde una perspectiva mundial, que abarque no solo los sistemas de gestión del tránsito aéreo, sino también las compañías aéreas y los aeropuertos, observamos que esta directiva vendrá a cumplimentar un aspecto importante del cielo único europeo, a saber, la armonización de las normas relativas a la expedición de licencias de formación para controladores aéreos en el espacio europeo. De este modo se mejorará su movilidad y se facilitará la labor de los servicios de control del espacio aéreo transfronterizo. 
Asimismo es importante dejar clara la situación legal en lo referente a las licencias expedidas por los Estados miembros en virtud de su legislación nacional antes de la entrada en vigor de la nueva directiva, ya que es preciso ofrecer la seguridad jurídica necesaria y la directiva no debe aplicarse de forma retroactiva. 
De ahí la importancia de que la comisión parlamentaria haya aprobado una enmienda que contempla este aspecto y que esperamos sea aprobada por el Pleno al aprobar este informe. 
También nos complace que el ponente, a quien felicito aprovechando esta ocasión, haga referencia a que, tras la consulta de los grupos interesados, pudo llegar a la conclusión de que tanto los trabajadores como el sector –el Comisario ya lo ha mencionado– no solo están de acuerdo con la introducción de una licencia comunitaria armonizada de controlador aéreo, sino que la acogen favorablemente. 
Esto viene a confirmar igualmente que la Comisión y el Parlamento no han pasado por alto los aspectos económicos ni, lo que es más importante, los aspectos sociales del cielo único europeo, entre ellos la formación profesional. 
Señor Presidente, ahora espero que cuando los Estados miembros la pongan en práctica, esta iniciativa alcance todos los objetivos para los que fue adoptada y que sea una oportunidad para mejorar la eficacia de los servicios de gestión del tránsito aéreo y de la seguridad del transporte aéreo en beneficio de todos sus usuarios que, en última instancia, somos todos nosotros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera felicitar a nuestro colega el señor Schmitt por el carácter extremadamente completo y equilibrado de su trabajo. 
Tenemos aquí un texto de una enorme calidad y la labor de enmienda realizado en comisión constituye una contribución parlamentaria importante. 
Este texto se deriva de forma natural del trabajo que realizamos en la legislatura anterior para el establecimiento del cielo único europeo. La dimensión social era absolutamente esencial, porque estamos hablando de un servicio público de seguridad que es, ante todo, un servicio de mano de obra. 
Son las personas y su cualificación las que dan calidad al control aéreo y a la navegación aérea, y su calidad es naturalmente su alto nivel de seguridad. 
Creo que el texto está impregnado de todas estas exigencias. 
N sé cómo será mañana después de la votación, pero me parece que representa un poco el enfoque anti-Bolkestein. 
Es un ejercicio de reglamentación comunitaria, un ejercicio de reglamentación armonizada, un ejercicio de reconocimiento mutuo, con un trabajo extremadamente preciso sobre las certificaciones, las anotaciones y el reconocimiento mutuo. 
Desde este punto de vista, estoy muy satisfecho. 
En este sentido, la enmienda 20, que precisa que los controladores aéreos dependerán de las jurisdicciones sociales del país en que trabajan, es totalmente decisiva. 
Será la confirmación explícita de lo que todos deseamos, es decir, un trabajo de armonización y no un trabajo de dúmping social. 
En segundo lugar, presentamos de nuevo la enmienda 22 sobre el diálogo social sectorial. 
Sé que algunos de nuestros colegas opinan que se da por descontado. 
Pero pensamos que todavía se da más por descontado diciéndolo, habida cuenta de que el Comité del Cielo Único no ha aceptado integrar a los representantes de los trabajadores y que, en este ámbito, es algo absolutamente decisivo para la calidad del servicio. 
. Señor Presidente, la Comisión espera con confianza la postura que adoptará el Parlamento sobre este expediente y yo quisiera dar las gracias a los oradores, todos los cuales han destacado el excelente trabajo realizado por el Parlamento y han rendido homenaje al ponente, señor Schmitt. 
Creo, en efecto, que es un informe muy alentador y, una vez más, me sumo a los elogios y agradecimientos que se han dirigido al ponente de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Tengo que pronunciarme ahora sobre las enmiendas. 
No pasaré revista una por una, señor Presidente. 
Con su permiso, prefiero agruparlas. 
La mayoría de las enmiendas tienen por objeto aclarar el texto de la propuesta de directiva, hacer hincapié en la seguridad, porque la seguridad es la prioridad absoluta de este texto, o introducir la formación continua en el ámbito de la seguridad. 
Este es el caso de las enmiendas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15. 
La Comisión puede aceptar todas estas enmiendas. 
Lo mismo sucede con la enmienda 16, que da un carácter más estricto a las condiciones para el establecimiento de las anotaciones nacionales, y con la enmienda 18, que tiene por objeto simplificar las cargas administrativas. 
La Comisión puede apoyar su postura sobre el régimen lingüístico, que concilia de forma equilibrada las legítimas preocupaciones de seguridad y los derechos a la libre circulación de los controladores; sus enmiendas 10 y 17 constituyen una auténtica convergencia entre las posiciones del Parlamento y del Consejo. 
Otras enmiendas son aceptables en principio, siempre que la redacción se modifique ligeramente. 
La Comisión apoya plenamente el principio de la enmienda 6 relativa a la supervisión por los interlocutores sociales, su participación y su consulta. 
Por lo demás, ya he insistido en este punto en mi primera intervención. 
Por lo que respecta a la enmienda 14, la Comisión acepta la idea de mejorar la formación en materia de seguridad, pero considera que esto es mejor tratarlo en el Anexo I, que especifica el contenido de la formación. 
Está después la enmienda que introduce la referencia al Derecho del lugar de trabajo en caso de movilidad. 
Comprendo perfectamente la lógica subyacente a la enmienda 20. 
Sin embargo, el fundamento jurídico de una propuesta como esta es la seguridad, un objetivo que se persigue mediante el establecimiento de normas para las condiciones indispensables en esta materia. 
Como ha señalado el señor Savary, ya existe un Derecho comunitario al respecto. 
En efecto, la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores prevé que se apliquen las condiciones del lugar de trabajo en caso de desplazamiento. 
Por esta razón, la Comisión estaría dispuesta a aceptar, en vez de un artículo ajeno al propósito del texto, un considerando que hiciera referencia explícita, como usted desea, al Derecho comunitario pertinente. 
Como acabo de decir, para confirmar la importancia de la participación de los interlocutores sociales en la aplicación y el seguimiento de esta directiva y apoyando en particular la enmienda 6, propongo recoger una referencia al Derecho social aplicable en un considerando. 
En otras palabras, este texto, que se centra esencialmente en la seguridad, se sitúa en el contexto de un Derecho social comunitario que conviene recordar en los considerandos. 
Quedan tres enmiendas que la Comisión no puede apoyar, sobre todo por razones formales. 
En primer lugar, la Comisión entiende que no es necesario mantener la exigencia de una contabilidad conforme a las normas internacionales, como se pide en la enmienda 19. 
Los proveedores de formación continua, es decir, los prestadores de servicios de control aéreo, están ya contemplados en otras normativas comunitarias y esta exigencia nos parece excesiva para los pequeños proveedores de formación. 
La Comisión puede aceptar, pues, la supresión íntegra del apartado en cuestión, pues su preocupación por una buena gestión ya está contemplada en otras fuentes de Derecho comunitario. 
Con respecto a la enmienda 21, relativa a la estructura de las sanciones, la Comisión prefiere mantener la fórmula estándar, tal como se recoge también en el enfoque general adoptado por el Consejo. 
Está también la enmienda 4, que toca un aspecto muy importante de la introducción de una licencia: ¿qué hacer con los titulares de una licencia nacional? 
No nos parece que la solución sea aplazar la introducción de las nuevas normas armonizadas y hacer coexistir dos normas de competencia paralelas. 
Francamente, no sería bueno para la seguridad. 
Por esta razón, la Comisión no puede apoyar esta enmienda. 
Dicho esto, está abierta a cualquier otra solución favorable a una introducción rápida de las normas de competencia, respetando al mismo tiempo, por supuesto, las exigencias que impone la seguridad jurídica para los titulares actuales de una licencia. 
La enmienda 22 se presentó justo antes de la sesión plenaria. 
Como he dicho anteriormente, la Comisión respalda la consulta y la participación de los interlocutores sociales, que son indispensables. 
Sin embargo, y concretamente, no considera que deba figurar en este texto la imposición de una obligación en este sentido. 
En resumen, Señorías, la Comisión está de acuerdo en general con su trabajo. 
La Comisión puede apoyar plenamente el informe del señor Schmitt y añadiré que las posiciones de la Comisión y del Parlamento están realmente muy próximas. 
Hay que destacar el carácter constructivo del informe del señor Schmitt y, como creo que acaba de decir el señor Rack, si la propuesta inicial era buena, el texto es aún mejor. 
Sí, es cierto, el texto es aún mejor, lo que demuestra una vez más la importancia de la labor de colegislador del Parlamento. 
Por tanto, si ustedes validan, en la votación de mañana, este enfoque, creo que habremos avanzado en la vía de la realización de los objetivos que nos hemos fijado: es decir, la búsqueda de una seguridad aún mayor en el ámbito del control del tránsito aéreo. 
Esto es lo que los ciudadanos europeos esperan de nosotros y es tanto más necesario si queremos que el tráfico aéreo se desarrolle en el sentido de una muy buena calidad de los servicios, en particular con un nivel de seguridad que debería hacer del cielo europeo el cielo probablemente más seguro del mundo. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Recomendación para la segunda lectura (A6-0003/2005) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 [(12062/3/2004 C6-0189/2004 2003/0184 (COD) ] (ponente: Proinsias De Rossa). 
Señor Presidente, me gustaría comenzar manifestando mi pesar por la ausencia del ponente, el señor De Rossa. 
Él es el diputado al Parlamento Europeo que se ha dedicado a esta cuestión y el que mejor la conoce, pero desgraciadamente se encuentra enfermo en Irlanda y no puede participar en este debate. 
Por esta razón le sustituyo, cosa que no presenta mayores problemas, ya que mi Grupo político y yo tenemos los mismos puntos de vista que el señor De Rossa en lo relativo a la adopción de una posición para la segunda lectura del Parlamento. 
Creemos que tenemos que aprobarla. 
Permítame empezar diciendo algo sobre la importancia del Reglamento nº 1408/71. 
Es fundamental para la libre circulación en la UE, para facilitar que los ciudadanos se trasladen de un Estado miembro a otro y, al mismo tiempo, puedan percibir las distintas prestaciones sociales. 
Desde que este Reglamento entró en vigor en los años setenta ha sido revisado en profundidad. 
Además, durante todo este tiempo, se han introducido mejoras. 
Mejoras que se han realizado también en esta ocasión, y ese es el motivo por el que el ponente adoptó esta posición. 
Cuando debatimos esta cuestión en la comisión parlamentaria, una amplia mayoría se pronunció a favor de aprobar la posición común del Consejo. 
El resultado de la votación fue de 30 votos a favor y uno en contra. 
Si recuerdo bien, este voto «negativo» fue de alquien para quien, en general, la libre circulación y la cooperación dentro de la UE no merecen mayor consideración. 
En esa ocasión se observó una notable unanimidad en el debate en la comisión parlamentaria y a la hora de aprobar la posición del ponente. 
Desde entonces se han producido algunos cambios respecto a la posición original, a saber, en relación con el apartado 2, lo que se debe a que desde el debate en comisión sabíamos que existía un desacuerdo entre la Comisión y el Consejo sobre determinadas prestaciones. 
Desde el debate en comisión hemos observado que el lenguaje que utilizamos con anterioridad da lugar a una inseguridad jurídica. 
Por ello, el Servicio Jurídico del Parlamento nos ha recomendado modificar el apartado 2. 
De este modo, el señor De Rossa presentó, con el apoyo de su propio Grupo político y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y del Grupo Confederado de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, una enmienda que elimina dicha inseguridad jurídica. 
Por lo demás, la posición del ponente sigue siendo la misma. 
Asimismo se ha presentado una enmienda que porpone que rechacemos la posición común. 
Sin embargo, me gustaría presentar los siguientes argumentos a favor de la aprobación de la recomendación del ponente. 
En primer lugar, no debemos seguir retrasando este proceso. 
Sabemos que al mismo tiempo se ha llevado a cabo una revisión a fondo del propio Reglamento. 
Ahora toca revisar el Reglamento de ejecución. 
Si el Parlamento rechaza la posición común, el proceso no saldría beneficiado. 
En segundo lugar, si consideramos la cuestión en su conjunto y lo que dijimos en la primera lectura, el Consejo ha tomado en cuenta, incluso en cuenta, las opiniones expresadas por el Parlamento. 
Los dos puntos de vista que ahora expongo, a saber, en primer lugar, que no debemos retrasar este proceso y, en segundo lugar, que gran parte de nuestras opiniones han sido tenidas en cuenta, implican que debemos aprobar la posición común, pero con la enmienda presentada a fin de evitar la inseguridad jurídica. 
Por lo que se refiere a las prestaciones sobre las que existen divergencias entre la Comisión y el Consejo, estas cuestiones deberían solventarlas los órganos legales con el consentimiento de la Comisión. 
Por ello no debemos prejuzgar la decisión que puedan tomar dichos órganos. 
En mi opinión, retrasar este proceso o rechazar la posición común no sirve a los intereses de nadie. 
Ni a los de la Comisión ni a los del Consejo, y sin duda no sirve a los intereses de la población. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Andersson por sustituir de este modo al señor De Rossa, a quien deseo una pronta recuperación. 
Me complacen mucho los considerables progresos realizados, tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, en torno a esta propuesta, que hacen que ahora pueda aprobarse finalmente. 
La propuesta de la Comisión que se presenta hoy tiene por objeto actualizar los reglamentos comunitarios relativos a la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros para tener en cuenta los cambios introducidos en las legislaciones nacionales, aclarar la situación jurídica en relación con determinados artículos de dichos reglamentos y tener en cuenta la evolución reciente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sobre todo por lo que respecta al Anexo II bis del Reglamento n° 1408/71. 
Me gustaría insistir especialmente en el Anexo II bis, que contiene una lista de las prestaciones especiales de carácter no contributivo que son objeto de una coordinación específica en el marco del reglamento que acabo de citar. 
Dicha coordinación, que ha sido validada por el Tribunal de Justicia, se basa en el principio de residencia. Prevé, por una parte, que las prestaciones consideradas no son exportables, pero, por otra, que el nuevo Estado de residencia está obligado a conceder, en su territorio, las prestaciones previstas en su legislación nacional. 
A raíz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, ha parecido necesario revisar la lista de prestaciones que figuran en el Anexo II bis y comprobar que solo figuren en él las que cumplan los siguientes criterios: por un lado, han de ser prestaciones no contributivas, es decir, financiadas con cargo a los impuestos, y, por otro, deben ser especiales. 
Una prestación es especial cuando está a medio camino entre la seguridad social y la asistencia social. 
Es especial cuando su objetivo principal es garantizar una renta mínima de subsistencia o cuando se destina a la protección específica de las personas con discapacidad. 
Quiero destacar el importante avance realizado en el Consejo, pues, gracias al espíritu de compromiso de los Estados miembros, el examen del Anexo II bis condujo a la retirada del mismo de gran número de prestaciones a la sazón incluidas en él. 
Se trata principalmente de las prestaciones que, a pesar de estar destinadas a las personas con discapacidad, están destinadas principalmente a paliar la dependencia de dichas personas mejorando su estado de salud y su vida. 
Esto hace que sean especiales y ya no puedan figurar en el Anexo II bis. 
Quiero felicitar al ponente, el señor De Rossa, por su excelente informe, así como a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su labor. 
El ponente y dicha comisión destacan, con razón, las importantes mejoras que este reglamento puede aportar al ciudadano y, por consiguiente, la necesidad de aceptar la posición común del Consejo para no poner en peligro los progresos obtenidos. 
Es cierto, como saben, que tres Estados miembros han considerado que algunas de sus prestaciones presentan características especiales que las distinguen de las demás y que dichas prestaciones, cinco en total, reúnen las condiciones para seguir figurando en el Anexo II bis. 
Con ánimo de no impedir la aprobación del reglamento, que por lo demás aporta mejoras considerables, el Consejo aceptó mantener esas cinco prestaciones en el Anexo II bis, en espera de que el Tribunal de Justicia aclare su jurisprudencia. 
No obstante, la Comisión se ha reservado el derecho de consultar al Tribunal de Justicia para que aporte las aclaraciones necesarias sobre estas cinco prestaciones, en relación con los criterios fijados en el reglamento. 
Sobre la base de esas aclaraciones y de las conclusiones del Tribunal, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta con vistas a revisar la lista contenida en el Anexo II bis. 
Señorías, nos encontramos ante un verdadero progreso social. 
Cabe lamentar sin duda que no esté del todo concluido, pero representa un progreso tal que, creo, el Parlamento tiene muchas razones para aceptarlo y dar así a nuestros conciudadanos europeos una oportunidad más de vivir la movilidad deseable en la Unión sin perder el derecho a las prestaciones que necesitan para afrontar los riesgos de la vida. 
Doy por tanto las gracias al Parlamento por su trabajo, señor Presidente, y, espero, por aprobar este texto. 
. Señor Presidente, en los Países Bajos tenemos un dicho que, traducido libremente, dice que no hay que cascar nueces con un mazo. 
La enmienda que he presentado puede entenderse en este sentido y, además, cuando veo los esfuerzos que hacen algunos Estados miembros por convencer a los ciudadanos de las deficiencias de lo que propone el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, me parece que la analogía de las nueces y el mazo se ha hecho realidad. 
¿De qué trata este debate? 
Eso es lo que me gustaría ver con más claridad. 
Hoy estamos debatiendo la modificación anual del Reglamento nº 1408/71 para tener en cuenta los cambios introducidos en la legislación social y en los regímenes de la seguridad social de los Estados miembros. Esto implica la incorporación de la jurispruedencia del Tribunal de Justicia Europeo y comprobar si los elementos que acompañan a dichas modificaciones satisfacen los criterios generales de movilidad y libertad de circulación, pero también los contemplados en el Reglamento nº 1408/71, por lo que las propuestas de los Estados miembros se han verificado de antemano. 
También deliberamos acerca del Anexo IIa, lo que implica la verificación de determinados aspectos concretos. 
Se examina si las propuestas recogen elementos que permitirían o no la exportación de determinadas prestaciones. 
Mencionaré, a modo de ejemplo, la seguridad social neerlandesa, que no necesita ser exportada. 
En España existen ayudas o remuneraciones, así como prestaciones por movilidad, que no necesitan ser exportadas. 
Todos lo hemos visto y estamos de acuerdo a este respecto. 
Todos los Estados miembros han hecho una u otra contribución a dichas listas. 
Sin embargo, lo que no llego a entender es que, a pesar de que hayamos establecido principios en el nuevo Reglamento de coordinación, permitamos que algunos Estados miembros se salgan con la suya en algunas de las cosas que he dicho anteriormente y que se puedan exportar. 
En circunstancias normales, habría dejado que la Comisión resolviera este problema. 
Y esa es tambián la razón de que nuestro Grupo haya aceptado este cambio. 
Sin embargo, luego entró en escena el Servicio Jurídico y nos dijo que esta Cámara no puede aprobar algo que el Tribunal de Justicia no ha aceptado. 
No podemos aprobar un texto legislativo que contenga elementos ilegales. 
Y ahí comenzó el problema. 
Lo que no puedo entender es por qué permitimos que los finlandeses no exporten su prestación por cuidado de menores, que los suecos no exporten su prestación por cuidado de menores discapacitados o que los británicos no exporten su subvención de atención y cuidados sanitarios –respecto a la cual, todo sea dicho, se ha aprobado una petición–, mientras que, al mismo tiempo, pedimos a los otros 22 Estados miembros que se han visto forzados a dar marcha atrás –entre ellos Luxemburgo, Grecia y España–, que exporten dichas prestaciones. 
Cuando el Servicio Jurídico dijo que no debíamos aceptarlo, yo pregunté por qué lo había aceptado el Consejo. 
Es debido al principio de unanimidad que varios Estados miembros no cumplen estas normas. 
¿Debemos aprobar dicha conducta en esta Cámara? 
Me pregunto si esta no debería ser la última vez, y me parece que simplemente deberíamos enviar un mensaje claro y directo, que debería incorporarse igualmente en el Reglamento de ejecución que estamos esperando. 
. – Señor Presidente, ya es bastante tarde, así que ha llegado la hora, pos supuesto, de hablar acerca del Reglamento 1408: siempre reservamos los mejores momentos para nuestros debates. 
Agradezco al ponente la labor que ha realizado sobre este tema. 
Mi Grupo ha suscrito esta enmienda con cierta reticencia porque comprendemos perfectamente la frustración que acaba de expresar la señora Oomen-Ruijten. 
Creemos que, una vez más, hay varios Estados miembros que obedecen a lo que consideran la letra de la ley en lugar del espíritu de la ley. 
Sin embargo, mi Grupo no quiere retrasar la aplicación de otros cambios que son importantes y positivos para los ciudadanos a la espera de que se presenten casos apropiados y se pronuncie el TJCE, puesto que puede que esto no suceda muy pronto. 
Nos preocupan las numerosas exclusiones, incluidas las del Reino Unido, ya que afectan particularmente a las vidas de las personas mayores y con discapacidades. 
En el sitio web del Departamento de Trabajo y Pensiones, las prestaciones de invalidez y de asistencia se consideran las dos prestaciones más importantes de la seguridad social. 
La redacción es importante. 
Seguro que muchos diputados reciben cartas acerca de la relevancia de estos pagos para los estudiantes que cursan estudios en el extranjero. 
Si bien es cierto que pueden solicitar el acceso a determinadas prestaciones en otros Estados miembros, esto no resulta muy útil cuando, por ejemplo, en el Reino Unido se les exige que hayan residido en el país durante 26 semanas en el período de 52 semanas previo al reconocimiento de su derecho a percibir la prestación de invalidez. 
Esto no sirve de mucho si durante el período que va de octubre a junio han sido estudiantes. 
No hay más que hacer las cuentas. 
Asimismo, nos llegan cartas de personas que desean jubilarse en otros países. En estos casos, las cantidades percibidas determinan si pueden trasladarse o no a una zona con un clima más benéfico para su salud y su calidad de vida. 
Por lo tanto, lamento profundamente la decisión del Gobierno del Reino Unido de no incluir estas prestaciones de la seguridad social. 
Opino que las consecuencias de sus decisiones son discriminatorias y suponen una barrera a la igualdad de oportunidades, al tiempo que no se corresponden con el concepto de inclusión social al cruzar las fronteras. 
Espero que la Comisión adopte medidas rápidas, aunque no hayamos podido expresar esto por escrito. 
. – Señor Presidente, en su artículo publicado en el último número de la revista del Parlamento, el señor De Rossa afirma que su resolución fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Sin embargo, consta en acta que uno de los diputados votó en contra. 
Ese diputado fui yo, y pretendo volver a hacer lo mismo esta semana con mis colegas del Partido por la Independencia del Reino Unido. 
Permítanme que me explique. 
El informe del señor De Rossa refleja en esencia un enfrentamiento entre la Comisión y el Consejo acerca de la posibilidad de exportar cinco prestaciones, tres de ellas del Reino Unido. 
El señor De Rossa sugiere que convendría aprobar el informe sin demora, de forma que se pueda actualizar el Reglamento 1408/71. 
Luego propone que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resuelva la disputa en torno a las cinco prestaciones. 
Consideramos que la decisión sobre las prestaciones del Reino Unido incumbe al Gobierno de Su Majestad, que no desea que sean exportables. 
Además, la posición común previamente manifestada por el Consejo confirma la del Gobierno de Su Majestad. 
Por lo tanto, deploramos el cambio de opinión de la Comisión. 
Desde nuestro punto de vista, corresponde a cada Estado miembro definir qué prestaciones se pagarán y a quiénes. 
Nos oponemos absolutamente a la idea de que sea el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien deba resolver este embrollo. 
Las prestaciones forman parte de los regímenes fiscales. 
Son sistemas duales: se cobra y se paga. 
Si se interviene en cualquiera de las dos vertientes, se interfiere en todo el régimen fiscal. 
Puesto que a la Unión Europea le gusta fingir que no tiene competencia en materia fiscal, no debería intervenir en los sistemas de prestaciones. 
Por último, para volver al artículo del señor De Rossa, hay que decir que Finlandia y Suecia también rechazan la inclusión de dos prestaciones. 
Respetamos su postura. 
El artículo demuestra que la Comisión ha excluido el subsidio irlandés de custodia de persona inválida, conforme al deseo del Gobierno de Irlanda. 
Es un error y es injusto que no haya quedado exento el subsidio de custodia de persona inválida del Reino Unido. 
En lo que respecta a las tres prestaciones de este país, he de decir claramente que el Gobierno elegido de Su Majestad merece el mismo trato que su homólogo irlandés a este respecto y que con esto queda zanjada la cuestión. 
La seguridad social es un valor que defendemos en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Esta cuestión reviste aún mayor importancia para las personas incapacitadas a causa de discapacidades, enfermedades o la edad. 
El aumento de la movilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea ha venido acompañado de un incremento de los problemas, los cuales deben resolverse, en la medida de lo posible, sin discriminaciones. 
Por ello es necesario armonizar los regímenes de la seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea a fin de que todos los casos reciban el mismo trato. 
Apoyo la propuesta del ponente De Rossa y votaré a favor del informe. 
En la situación actual resulta más conveniente apoyar la modificación del Reglamento 1408 y, en este marco, de su Anexo II bis, que continuar con negociaciones inútiles, ya que el Consejo ha precisado largas negociaciones para adoptar una posición común. 
El tiempo nos dirá qué casos no pueden incluirse en la lista de complementos, por lo que propongo que dichos casos se resuelvan uno por uno, de forma imparcial y en beneficio de la población. 
Me complace que el Consejo haya adoptado la propuesta del Parlamento sobre el complemento por movilidad, que incluye los gastos de viajes para personas discapacitadas, y que tiene la única finalidad de brindar una protección especial a dichas personas. 
También acojo con stasifacción las enmiendas orales aprobadas por el Parlamento, según las cuales los Estados miembros deberán adoptar medidas que contribuyan a atenuar las consecuencias negativas sobre las personas más afectadas por el Reglamento. 
. Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el apoyo expresado a favor de la posición común. 
Quisiera destacar una vez más que esta posición común tiene por objeto mejorar en varios aspectos los derechos de los ciudadanos europeos que se desplazan dentro de la Unión Europea. 
Permítanme decir que los ciudadanos europeos tienen realmente la suerte de poder desplazarse dentro de la Unión con la seguridad, en cierto número de casos, de poder contar con la solidaridad que necesitan. 
Se trata de un verdadero paso adelante. 
En estas condiciones, por supuesto –la señora Oomen-Ruijten no se molestará por ello–, la Comisión no apoya su enmienda por la que rechaza la posición común, porque esa enmienda pondría en peligro todos los progresos realizados hasta ahora por el legislador comunitario en materia de prestaciones especiales no contributivas. 
La propuesta en cuestión hará que decenas de prestaciones que hasta ahora no eran exportables, puedan exportarse. 
No obstante, quedan cinco prestaciones cuya exportación no ha sido aceptada. 
La enmienda 2 tendrá por efecto que estas prestaciones se mantengan en el Anexo II bis y por tanto que sigan siendo no exportables. 
Creo honestamente que, aun cuando la suerte de esas cinco prestaciones sea incierta, el acuerdo alcanzado en el Consejo y el apoyo, que he creído entender bastante amplio, del Parlamento deberían permitirnos realizar a favor de todos los ciudadanos europeos un progreso considerable en el plano social. 
Por este motivo, la Comisión desea fervientemente que este texto se apruebe. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 horas. 
Declaro cerrado el período de sesiones 2004-2005 del Parlamento Europeo. 
Declaro abierto el período de sesiones 2005-2006 del Parlamento Europeo. 
Se abre la sesión. 
Quiero dar la bienvenida al señor Solomon Passy, Ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, que visita hoy el Parlamento y se encuentra en la tribuna oficial. 
Esta visita, señor ministro, señoras y señores diputados, es un paso importante en el proceso de adhesión y en el fortalecimiento de los lazos entre Bulgaria y el Parlamento Europeo. 
Todos sabemos que el próximo día 13 de abril nos pronunciaremos aquí, en Estrasburgo, sobre la adhesión de Bulgaria. 
Si el Parlamento emite su dictamen conforme, y se firma el Tratado de adhesión el 25 de abril en Luxemburgo, como está previsto, tendremos un gran placer en recibir entre nosotros, primero a los observadores búlgaros y después a los diputados para que formen parte de esta Asamblea. 
Señor ministro, le deseo una feliz estancia en el Parlamento Europeo. 
Hoy, señoras y señores diputados, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. 
Lo hacemos desde hace más de 90 años, pero, a pesar de esta conmemoración, cada día millones de mujeres de todo el mundo siguen siendo objeto de discriminación por razón de género y de toda clase de abusos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. 
Siguen siendo víctimas de violencia física, psíquica, sexual y económica, una violencia que, a veces, proviene de su entorno afectivo más próximo. 
Hace solo unos días hemos visto las tremendas imágenes de la policía antidisturbios turca contra una manifestación de mujeres que celebraban anticipadamente el día de hoy. 
Ya tuve ocasión de expresar ayer en el Pleno la condena que estos actos nos merece. 
He pedido al Gobierno turco que sancione a los autores de estos incalificables actos y quiero recordar que esta no es, desde luego, la mejor carta de presentación de Turquía ante su hipotética adhesión. 
Señoras y señores diputados, en este momento y hasta el día 11 de marzo, las Naciones Unidas están acogiendo la Conferencia Mundial sobre igualdad de género para revisar los progresos realizados desde la Conferencia de Beijing de 1995, hace ya diez años. 
Como saben, en esta Conferencia está participando muy activamente una Delegación de nuestro Parlamento, como también lo hizo en 1995. 
Desde entonces, no cabe duda de que se ha avanzado. 
Kofi Annan lo ha reconocido en su discurso de apertura de la Conferencia de Beijing + 10, pero siguen existiendo todavía enormes problemas, retos de gran magnitud, que no deben considerarse sin solución, de igual forma que no debemos considerar la celebración de hoy como un día simbólico con el que lavar nuestra mala conciencia. 
Esta tarde celebraremos un debate sobre "Violencia cultural y doméstica" con personalidades y prensa especializada. 
Quiero invitarles a todos a este seminario/debate, y cuando digo "todos" lo digo en masculino, porque normalmente, en los actos que tratan de los problemas de la mujer, los hombres solemos estar aparatosamente ausentes. 
Hemos de ser conscientes de que el problema de la igualdad de géneros no es un problema de la mujer, es un problema para las mujeres y para la sociedad en su conjunto, y los hombres tenemos que implicarnos más en su solución. 
Hoy, en Europa, una de cada cinco mujeres afirma haber sido objeto de malos tratos, una de cada cinco. 
Y esta proporción, desgraciadamente, va en aumento en muchos países. 
En la Unión Europea, rica, democrática, desarrollada y cohesionada, la pobreza se feminiza cada vez más. 
Hay signos preocupantes de una feminización de la pobreza. 
Las mujeres perciben todavía hoy, como media, un 16 % menos de salario que sus colegas varones por el mismo trabajo. 
Este punto también debe ser tratado en la llamada Estrategia de Lisboa, que tampoco, a este respecto, ofrece cifras demasiado positivas. 
Por este motivo, en esta legislatura, hemos introducido en cada comisión parlamentaria un miembro responsable del seguimiento de las cuestiones de género, que no pueden tratarse de forma aislada, en una especie de gueto conceptual, sino que deben afectar horizontalmente a todas las políticas. 
Esta legislatura estará también marcada por la ratificación de la Constitución, que incluye, con gran acierto, la igualdad de género como uno de los objetivos y valores de la Unión. 
Pero, por encima de los textos y declaraciones, seamos conscientes de que la igualdad no será efectiva mientras las mentalidades masculinas no evolucionen radicalmente, superando herencias antropológicas que, a veces, se hunden profundamente en las costumbres y en las consciencias, mientras los patronos no propongan salarios iguales, mientras no se ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar a las mujeres el ejercicio de una actividad profesional o a prevenir o compensar las desventajas que en sus carreras profesionales acarrea el cumplimiento de una función que solo ellas pueden hacer, la reproducción humana. 
No resolveremos los problemas de la demografía en Europa si no resolvemos los problemas de igualdad con la mujer, para la mujer. 
El día en el que todos los Estados miembros apliquen la Declaración relativa al artículo III-116 de la Constitución y adopten las medidas necesarias para castigar los actos delictivos, porque estamos ante actos delictivos de la violencia de género, habremos dado un gran paso hacia adelante. 
Me gustaría que este Parlamento contara con una paridad absoluta de género. 
Pero me gustaría que fuera así no porque una norma lo impusiera, sino porque la igual distribución de capacidades entre hombres y mujeres se reflejara en nuestras prácticas sociales y políticas. 
Tampoco pensemos que el mejor índice para medir la igualdad entre hombres y mujeres sea el porcentaje de mujeres diputadas en las Asambleas de los distintos países. 
La desigualdad se manifiesta de la forma más cruel y dura en los estratos más bajos de la sociedad, allí donde la acumulación de unas condiciones de trabajo penosas con las cargas familiares resultan más duras para las mujeres. 
Por eso, les reitero mi invitación a seguir los actos que van a celebrarse hoy en el Parlamento Europeo, que se suma con el mayor entusiasmo a la conmemoración de este día. 
De conformidad con el orden del día, vamos a proceder al debate sobre las preguntas orales al Consejo (B6-0015/2005) y a la Comisión (B6-0016/2005) acerca del seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de Acción (Beijing + 10). 
– Señor Presidente, hoy, Día Internacional de la Mujer, es una buena ocasión para recordar que las mujeres no tienen una participación suficiente en los procesos decisorios en todo el mundo. 
Me alegra que la Comisión participe en nuestro debate, ya que las cuestiones planteadas se centrarán en cómo la evaluación de la plataforma de acción adoptada en Beijing hace diez años se ha convertido en nuestro fundamento más importante para adoptar medidas relacionadas con los derechos de la mujer en todo el mundo. 
En estos momentos, la Asamblea de Naciones Unidas celebra una sesión en Nueva York para evaluar el resultado de la Plataforma de acción, y en este aspecto la Unión Europea tiene un papel muy importante que desempeñar. 
En mi calidad de ponente en Beijing, seguí muy de cerca lo hecho por la Unión Europea y sus acciones, lo hice una vez más cinco años más tarde en la Conferencia «Beijing +5» celebrada en Nueva York, y ahora lo vuelvo a hacer en la Conferencia «Beijing +10» con una delegación de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
Consideramos que utilizar una negociación en buena y debida forma como medio de defender los derechos de la mujer en dicha conferencia constituye un paso muy importante, por el que felicito a la Presidencia Luxemburguesa. 
Los Estados Unidos de América han presionado fuertemente para que se renegocie la plataforma de acción con el fin de desencadenar nuevas controversias y recuperar influencia, sobre todo en cuestiones que afectan doce ámbitos críticos, siendo el principal de ellos los derechos reproductivos y sexuales, lo que en la práctica significa aborto. 
La habilidad negociadora de la Presidencia luxemburguesa, entre otras cosas, permitió evitarlo, pero me parece lamentable que la Comisión no tuviera una actuación destacada en Nueva York, pues estuvo representada únicamente por un Comisario y, en una ocasión, por el señor Barroso. 
Las preguntas que hoy formulamos a la Comisión y al Consejo sobre esos doce ámbitos deben servir para evaluar los avances logrados y, desde luego, para poner de relieve las deficiencias que aún deben subsanarse en dichos ámbitos. 
Aquí en la UE, cada Estado miembro ha presentado un informe, y la Presidencia luxemburguesa celebró una conferencia para compaginarlos y realizar una evaluación. 
No cabe duda de que se han hecho avances. 
Por lo que se refiere a la participación política, las campañas de sensibilización han dado sus frutos. 
En algunos países se han hecho grandes adelantos; en su país, señor Presidente, es decir, en España, el Gobierno establece paridad entre hombres y mujeres. 
En las últimas elecciones al Parlamento Europeo no se produjo la invasión que nos temíamos y esperábamos tras observar que tan solo un 14 % de los observadores enviados por los diez nuevos Estados miembros eran mujeres. 
Así pues, en este aspecto hemos avanzado realmente. 
Los países europeos han logrado muy buenos resultados en la valoración que hizo la Unión Interparlamentaria sobre la participación femenina en los gobiernos, si bien dicha participación solo es del 10 % en Francia e Italia. 
Por esta razón, las mujeres y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género siguen pidiendo la adopción de cuotas, que son necesarias para que las mujeres tengan una parte en los procesos decisorios de carácter político. 
Nuestra política europea contra la discriminación ha dado mucho ímpetu a esta cuestión, aunque su aplicación en los Estados miembros todavía deja mucho que desear. 
Nuestras diversas acciones en contra de la violencia, como los programas Daphne y STOP, han puesto de manifiesto la necesidad de poner coto a la violencia. 
Hemos concedido una amplia consideración a la trata de mujeres, dejando claro que no podemos aceptar una situación en la que 500 000 mujeres son introducidas ilegalmente en la Unión Europea para su explotación sexual. 
Nos parece totalmente inaceptable que, en Europa, prácticamente una de cada cinco mujeres sea víctima, al menos una vez en su vida, de alguna forma de violencia. 
Lo que queremos es un Instituto de Género que sostenga nuestra labor y nos proporcione datos estadísticos para luchar contra las diversas formas de discriminación de maneras más prácticas y tangibles. 
Junto a la integración de la mujer en el mercado laboral y la promoción de la mujer que tan buenos resultados ha dado, queremos un programa de igualdad de oportunidades aparte de la integración de las cuestiones de género en el conjunto de las políticas. 
Algo que sin duda queremos, y por lo cual ni la Comisión ni el Consejo se han movido, es un Año Europeo de la Lucha contra la Violencia, que debería anunciarse en 2006. 
Hasta ahora no ha pasado nada, ni siquiera se han presentado propuestas prácticas sobre la forma que podría adoptar el Instituto de Género, y es aquí donde la Comisión y el Consejo tienen mucho por hacer en materia de aplicación. 
Con la buena voluntad no basta, lo que necesitamos es acción. 
El simbolismo esta bien para un día, para el Día Internacional de la Mujer; ahora tenemos 365 días para trabajar plenamente. 
. Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, quiero dar las gracias a los diputados y diputadas que acaban de iniciar este debate sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y su revisión diez años después. 
Como saben, esta cuestión está siendo examinada ahora en la 49ª sesión de la Comisión de la condición de la mujer de las Naciones Unidas. 
La Presidencia ha emitido ya un mensaje, que espero sea enérgico, que transmite la firme voluntad de la Unión de que se aplique íntegra y efectivamente de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. 
No obstante, dado que la sesión todavía no ha concluido, no puedo informar aún de sus resultados. 
Hoy, la Unión Europea considera que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio fundamental, y estima que los derechos de las mujeres y las niñas representan una parte inalienable, íntegra e indivisible de los derechos universales de la persona. 
La revisión «Beijing + 10» llega en un momento importante, pues no solo permitirá a la Unión potenciar su programa y su compromiso con los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, sino que brinda también la ocasión de examinar en qué ámbitos se han registrado progresos y en cuáles es preciso intensificar la acción concertada. 
El informe recientemente publicado sobre los progresos realizados en la Unión Europea en el marco de «Beijing + 10» , elaborado por la Presidencia luxemburguesa, expone claramente los importantes resultados obtenidos por lo que se refiere a las instituciones de la Unión Europea, así como los progresos alcanzados en términos de mecanismos institucionales en los Estados miembros. 
No obstante, la Presidencia enumera también en su informe los desafíos que quedan por superar; la señora Gröner acaba de citar algunos de ellos en relación con los doce ámbitos sensibles definidos por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. 
Como reclaman sus Señorías, es importante determinar por qué todavía se interponen obstáculos en el camino de la realización de la igualdad de género y cómo superarlos. 
Permítanme que les remita asimismo al informe anual de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptado el pasado 14 de febrero. 
Antes de abordar directamente las cuestiones planteadas por sus Señorías, me gustaría exponer brevemente algunas de las iniciativas positivas adoptadas a escala de la Unión Europea a favor de la igualdad de género. 
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres ha conocido tres etapas señaladas en este decenio: en primer lugar, la adopción del Tratado de Ámsterdam, que creó nuevas competencias en relación con el principio de la igualdad de género. 
Después, la adopción de una Estrategia Europea de Empleo, que hizo de la igualdad de oportunidades una prioridad esencial. 
Por último, la integración de las cuestiones de igualdad de género en los distintos ámbitos políticos, en particular el proceso de inserción social y los Fondos Estructurales, a través de mecanismos como los programas de trabajo anuales o los planes de acción nacionales, que incluyen acciones selectivas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
El marco legislativo de la Unión Europea en materia de igualdad de trato se ha ampliado sin cesar con el paso de los años. 
El último hito ha sido la adopción, en diciembre del año pasado, de una directiva del Consejo que por vez primera amplía el principio de igualdad de trato más allá del ámbito del empleo y la formación profesional y que se refiere a los bienes y servicios públicos. 
No obstante, a pesar de los progresos realizados en materia de igualdad de género, sigue existiendo un desfase entre la igualdad de derecho y la igualdad en la vida real y se registran importantes disparidades entre mujeres y hombres en numerosos sectores, como demuestra también el informe de la Presidencia. 
Examinemos ahora la cuestión de los ámbitos sensibles definidos en la Plataforma de Acción de Beijing a los que hacen referencia en su pregunta. 
Me gustaría comenzar por el empleo. 
La buena noticia es que en los últimos diez años las tasas de empleo de las mujeres han aumentado en mayor proporción que las de los hombres, pero la mala es que la diferencia en este terreno sigue siendo muy alta, del 17,2 %, y que la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres sigue siendo prácticamente la misma. 
Esto es preocupante, no solo para las mujeres, sino para la economía europea en su conjunto. 
Si la Unión Europea quiere realizar los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa, deberá alcanzar de aquí a 2010 el objetivo de una tasa de empleo del 60 %. 
De acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo, los Estados miembros han implantado mecanismos con vistas a alcanzar este objetivo en el marco de sus planes de acción nacionales. 
El Consejo Europeo de Barcelona fijó un objetivo para la prestación de servicios de guardería que tiene por objeto facilitar el acceso o el retorno de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. 
Se inscribe también en la estrategia tendente a conciliar la vida familiar y profesional. 
En muchos Estados miembros se han realizado progresos considerables al respecto, pero persiste la división clásica del cuidado de los hijos y del trabajo remunerado entre mujeres y hombres, y ello a pesar de los esfuerzos desplegados por algunos Estados miembros por aplicar políticas que estimulen a los padres a tomarse una licencia parental. 
El proyecto de informe conjunto sobre el empleo de este año, que será remitido al Consejo Europeo de primavera, pone claramente de manifiesto la necesidad de reforzar la acción concertada con vistas a aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y en particular para abordar las diferencias de remuneración entre mujeres y hombres. 
Para responder a estas preocupaciones, los Ministros responsables de la política de igualdad de género de los veinticinco Estados miembros se comprometieron, mediante una declaración adoptada el 4 de febrero de 2005, a desarrollar estrategias encaminadas a aumentar el número de mujeres activas y el número de puestos de trabajo de calidad para estas últimas, a garantizar y proteger los derechos de las mujeres activas y a suprimir las barreras estructurales, jurídicas y psicológicas que afectan a la igualdad de género en el trabajo. 
El objetivo es también promover políticas que permitan a mujeres y hombres equilibrar su vida profesional y privada, así como sus responsabilidades familiares. 
Los indicadores comunes definidos por la Unión Europea en el ámbito «Mujeres y economía» , que es el sexto ámbito crítico recogido en la Plataforma de Acción de Beijing, permitirán seguir la evolución de los progresos. 
También los indicadores estructurales definidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo serán más útiles en este proceso. 
Violencia contra las mujeres: a pesar de los muchos progresos realizados en este campo desde el lanzamiento del primer programa Dafne en 1997, lamentablemente urge adoptar más medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y los niños y luchar contra este fenómeno. 
Esperamos que el programa Dafne en curso, que estará en vigor hasta finales de 2008, siga siendo un instrumento de programación esencial para combatir la violencia. 
Los proyectos ejecutados en virtud de este programa en el curso de los años han permitido crear muchas redes eficaces y desarrollar buenas metodologías. 
Varias Presidencias se han consagrado a este problema: la iniciativa más reciente ha sido la adopción de indicadores en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo por parte de la Presidencia neerlandesa. 
En la declaración citada, los Ministros de la Unión Europea responsables de la igualdad de género acordaron desarrollar métodos preventivos para luchar contra la violencia de género y la trata de seres humanos y para supervisar su aplicación. 
Decidieron asimismo intensificar las acciones encaminadas a prevenir y luchar contra todas las formas de trata de seres humanos que afectan a las mujeres y a las niñas mediante una estrategia coherente, multidisciplinar y coordinada de lucha contra la trata de seres humanos. 
Esta estrategia incluirá medidas que permitan atajar todos los factores que favorecen la trata, mediante el refuerzo de la legislación vigente para proteger mejor los derechos de las mujeres y las niñas, y perseguir y castigar a los autores con medidas tanto penales como civiles. 
Por lo que se refiere a su petición de declarar 2006 el Año europeo contra la violencia hacia las mujeres, no niego que una iniciativa como esta contribuiría a sensibilizar al público, pero, según la información de que dispongo, la Comisión tiene intención de proclamar 2006 «Año europeo de la movilidad de los trabajadores». 
Ha anunciado asimismo que, en el marco de la diversidad y la no discriminación, 2007 será el «Año europeo de la igualdad de oportunidades» y parece ser que 2010 debería proclamarse «Año europeo de la lucha contra la exclusión y la pobreza». 
Quizás les interese saber que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado al Comité de Ministros que proclame 2006 «Año europeo contra la violencia doméstica» en el marco de una campaña paneuropea organizada en cooperación con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como con asociaciones nacionales y ONG. 
Mujeres y pobreza: en la declaración ministerial de 4 de febrero, los Estados miembros se pusieron de acuerdo en reforzar la lucha contra la exclusión social y eliminar los obstáculos que frenan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, dado que un buen empleo es uno de los mejores medios de escapar a la pobreza. 
Aunque todavía no existe en la Unión Europea ningún indicador específico de género sobre la feminización de la pobreza, cada año se presentan al Consejo Europeo de primavera algunos indicadores estructurales desglosados por género y elaborados en el marco de los procesos de inserción y de cohesión social. 
No es menos cierto que queda mucho por hacer y que, en la mayoría de los planes de acción de los Estados miembros apenas se mencionan las cuestiones de igualdad de género fuera del mundo laboral. 
La cuestión de los indicadores específicos de género podría tratarse en el futuro. 
Mujeres y medio ambiente: por lo que respecta a las medidas actualmente adoptadas para integrar la dimensión de género en la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, me gustaría recordarles que el pasado mes de abril el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un reglamento relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas, las estrategias y las intervenciones de la Comunidad en materia de cooperación al desarrollo. 
Para la aplicación de este reglamento se ha fijado un marco financiero de 9 millones de euros para el período 2004 a 2006. 
Este reglamento es continuación del reglamento de 1998, que reconocía que las acciones a favor del desarrollo rara vez han abordado correctamente las diferencias entre las situaciones, los papeles, las oportunidades y las prioridades de hombres y mujeres, y que la corrección de las desigualdades de género y el refuerzo del papel de las mujeres son vitales para la justicia social y la eficacia de la labor en pro del desarrollo. 
Permítanme destacar también que el reglamento se adoptó en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos por las Naciones Unidas, del Convenio de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Plataforma de Acción de Beijing y del documento final de la sesión extraordinaria de la Asamblea General titulada «Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI». 
En la 49ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas encargada de la condición de la mujer, la Presidencia reconoció, en nombre de la Unión Europea, que la igualdad de género y la emancipación de las mujeres son esenciales para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
Las niñas: he abordado ya la cuestión de la trata, pero me gustaría añadir que, en una declaración reciente, los Ministros de la Unión Europea responsables de la igualdad de género se comprometieron a integrar una perspectiva de género en las políticas, los reglamentos y las prácticas nacionales en materia de inmigración y asilo, en su caso con el fin de promover y proteger los derechos de todas las mujeres y todas las niñas, incluso estudiando medidas encaminadas a reconocer casos de persecución y violencia de género a la hora de evaluar los motivos para conceder el estatuto de refugiado y el asilo. 
Me gustaría subrayar también que el Consejo adoptó, en abril de 2004, una directiva destinada a conceder permisos de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos. 
Los derechos de la mujer son derechos humanos: ante la Comisión de Derechos de la Mujer, la Presidencia reafirmó en nombre de los Estados miembros su punto de vista, según el cual el pleno respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales es esencial para la emancipación de las mujeres y las niñas, así como para el establecimiento de una auténtica democracia. 
Este punto de vista debería seguir prevaleciendo en las negociaciones que tendrán lugar en el Consejo sobre la propuesta que la Comisión presentará próximamente en relación con una Agencia de Derechos Fundamentales. 
Tengo que añadir además que en la declaración de la Unión Europea en Nueva York se mencionó asimismo la necesidad de erradicar las prácticas consuetudinarias o tradicionales perjudiciales, incluidas las mutilaciones genitales femeninas, el matrimonio precoz o forzado y los delitos de honor, que se consideran otros tantos obstáculos para que las mujeres y las niñas puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Mujeres y conflictos armados: el Consejo ha tomado nota de la resolución del Parlamento Europeo que recomienda que las mujeres constituyan por lo menos el 40 % del personal destinado a tareas de reconciliación, mantenimiento de la paz y prevención de conflictos. 
En efecto, en la Unión Europea han tenido lugar debates sobre la importancia de la presencia de mujeres en las fuerzas y ejércitos encargados del mantenimiento de la paz, así como sobre la necesidad de contemplar una formación para todos en los problemas específicos que afectan a las mujeres civiles en las zonas en conflicto. 
No obstante, en la medida en que no existe ningún indicador autorizado ni datos estadísticos pertinentes sobre las mujeres y los conflictos armados, siento no poder indicarles si esa cuota del 40 % se ha respetado o no. 
En su declaración del 4 de febrero, los Ministros de la Unión Europea acordaron aplicar y alentar las iniciativas, políticas y programas acordes con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que no fija cuotas pero preconiza una mayor participación de las mujeres. 
Decidieron asimismo actuar de acuerdo con la declaración, el plan de acción y la resolución del Consejo de Europa sobre la democratización, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. 
Durante la primera semana de trabajos de la Comisión de Derechos de la Mujer, la Unión Europea presentó, a grandes rasgos, su firme voluntad de fomentar el papel de las mujeres en la prevención y la resolución de conflictos, en la consolidación de la paz y en los procesos democráticos después de un conflicto, así como tras las catástrofes naturales y en las fases de reconstrucción. 
La Unión Europea destacó asimismo que es importante velar por que se comprendan bien y se aborden en los programas las necesidades de las mujeres en el contexto de las ayudas de emergencia aportadas tras las catástrofes o en las fases de reconstrucción, y que es importante también garantizar el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, a la información en materia de prevención de catástrofes mediante la educación formal e informal, incluidos los sistemas de alerta precoz sensibles a las cuestiones de género. 
Me gustaría terminar agradeciéndoles que me hayan permitido exponer, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la firme voluntad de la Unión Europea de hacer realidad la igualdad de género y su compromiso de alcanzar los objetivos fijados en la Plataforma de Acción de Beijing y en los documentos de seguimiento de la 55ª sesión de la Asamblea General del año 2000, que mantienen plenamente su actualidad. 
Estoy convencida de que el Parlamento Europeo y la Comisión seguirán trabajando a favor de estos mismos objetivos y de que, implicando también a la sociedad civil y a las ONG, seremos capaces de tomar otras medidas en pro de la igualdad. 
Por último, no quisiera concluir sin decirles la satisfacción que me produce que la Comisión presente hoy su propuesta relativa al Instituto Europeo de la Igualdad de Género, tal como le había pedido el Consejo Europeo de junio de 2004. 
Este Instituto aportará un instrumento y una estructura muy necesarios para dar respuesta a escala europea a cuestiones como la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres y la mejora del acceso de las mujeres al mercado de trabajo, su participación en la toma de decisiones y el equilibrio entre trabajo y vida familiar. 
,. Señora Presidenta, señor Presidente, Señorías: para mí es un placer tener esta oportunidad de debatir con sus Señorías en este día en que celebramos el Dia Internacional de la Mujer, la Plataforma de Beijing y los resultados alcanzados. 
La celebración de este décimo aniversario también es una ocasión importante para que la Unión Europea prosiga con las tareas pendientes. 
En primer lugar me gustaría dar las gracias a la señora Gröner y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por esta amplia y compleja pregunta. 
Gracias al apoyo de su comisión parlamentaria hemos hecho y seguimos haciendo avances notables en las obligaciones que recoge la Plataforma de Beijing. 
Me complace que Naciones Unidas haya llegado a un acuerdo sobre una declaración política sobre esta cuestión y no es una coincidencia que la Unión Europea haya hecho una importante contribución para que se adoptase dicha decisión. 
Quiero dar las gracias a la Presidencia luxemburguesa, pues este tema no ha sido sencillo y ha sido necesario hacer grandes esfuerzos y se ha necesitado la fuerza de una Europa unida. 
La Comisión Europea desempeñó un activo papel en la coordinación de las posiciones para la preparación y la continuación de la Plataforma de acción de Beijing dentro de Naciones Unidas. 
La Conferencia organizada por la Presidencia luxemburguesa los días 2 y 3 de febrero sobre el tema «Beijing +10» presentó un informe sobre la aplicación en la Unión Europea de los doce ámbitos de la Plataforma de acción de Beijing, y puso igualmente de relieve las deficiencias y las tareas que todavía deben llevarse a cabo. 
Este informe se basa en los indicadores acordados por los Estados miembros. 
Su primera pregunta se refiere a dos grandes problemas. 
El primero es la participación de la mujer en el mercado de trabajo, y me gustaría hacer hincapié en los esfuerzos para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres que son y seguirán siendo un requisito fundamental para alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Es verdad que las diferencias salariales entre hombres y mujeres son muy grandes y siguen siendo excesivas. 
La Comisión se esforzará por que se apliquen las normativas europeas en el ámbito de la igualdad de remuneraciones. 
Asimismo hará recomendaciones a los Estados miembros en los que dichas diferencias sean relativamente amplias, en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. 
También es necesario recalcar que el papel de los interlocutores sociales en este ámbito es importante y, en algunos aspectos, crucial. 
Una de las tareas de la Unión Europea que todavía debe llevarse a cabo es la ardua conciliación de la vida familiar con la vida laboral. 
Por ello, en su nueva agenda social la Comisión propuso una comunicación sobre la evolución de las políticas futuras en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
En este aspecto, dicha conciliación es el tema principal. 
Me gustaría mencionar igualmente que, a este respecto, la revisión de la Directiva sobre tiempo de trabajo revestirá una gran importancia. 
En el programa para la igualdad entre hombres y mujeres se han financiado una serie de proyectos y conferencias en el marco de la Presidencia, y ahora estamos analizando sus resultados. 
Es importante seguir presentando iniciativas de sensibilización en este ámbito. 
También debemos tener a nuestro alcance la información necesaria. 
Por ello, la Comisión ha creado una base de datos sobre las mujeres y hombres que participan en los procesos decisorios de índole socioeconómica y política, a la que puede accederse en el sitio web de la Dirección General de Empleo. 
Diez años después de la Conferencia de Beijing, las mujeres siguen siendo víctimas, desgraciadamente, del trágico fenómeno de la trata de seres humanos. 
En estos momentos, la Comisión está elaborando una comunicación sobre la trata de seres humanos a fin de presentar posibilidades para mejorar las políticas comunitarias contra este delito. 
La Comisión prevé publicar esta comunicación a finales del primer semestre del año en curso. 
Conozco bien su propuesta para celebrar un Año europeo contra la violencia ejercida contra las mujeres. 
La Comisión considera que la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres es una cuestión de enorme importancia y ha estudiado la solicitud del Parlamento Europeo para que el año 2006 sea declarado Año europeo contra la violencia ejercida contra las mujeres. 
No obstante, la Comisión desea señalar que Amnistía Internacional llevó a cabo una campaña mundial sobre este tema en 2004 y, por consiguiente, aunque no cabe duda sobre la importancia de la iniciativa propuesta por el Parlamento, la Comisión tiene reservas respecto a la oportunidad de proponer este evento a nivel europeo en 2006, cuando ya se celebró a escala mundial en 2004. 
Asimismo es importante integrar las cuestiones de género en las políticas en el ámbito de la sanidad. 
Esta integración se lleva a cabo a nivel europeo a través del programa de salud pública, el cual financia proyectos para el desarrollo de estrategias y la designación de mejores prácticas (por ejemplo, en el ámbito del control de la natalidad entre las adolescentes, la planificación familiar y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual). 
Se presta especial atención a la prevención del VIH entre madres e hijos. 
Los esfuerzos conseguidos en el ámbito de la educación deberían seguir evitando una situación en la que la segregación comience en la escuela y se traslade después al mundo del trabajo. 
El Consejo Europeo y la Comisión han destacado en numerosas ocasiones la menor participación de las alumnas en materias relacionadas con las ciencias naturales y los temas técnicos. 
Por ello es importante que el Consejo de Educación se fije el objetivo de aumentar el número de graduados en materias matemáticas, científicas y técnicas en un 15% de aquí a 2010, y de reducir el desequilibrio existente entre hombres y mujeres. 
El puntal de la política de la Unión Europea en materia de medios audiovisuales es la Directiva 97/36/CE sobre televisión sin fronteras. 
En el marco de la revisión de esta Directiva que tendrá lugar en 2005, la Comisión presentará una propuesta que tiene en cuenta las normas relativas a la dignidad humana, en particular normas en contra de la discriminación. 
Otro instrumento destacado en el ámbito de los medios de comunicación es la reciente propuesta de recomendación relativa a la protección de los menores y la dignidad humana, y al derecho de réplica, por lo que se refiere a la competitividad en la esfera audiovisual y el sector europeo de los servicios de información. 
Los operadores de los medios de comunicación deben asumir una mayor responsabilidad para eliminar la discriminación del contenido de las obras que producen. 
En nuestras condiciones de asistencia al desarrollo proponemos una estrategia para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres como una meta en sí misma, y reconocemos el importante papel que desempeña la igualdad en las políticas de desarrollo destinadas a reducir la pobreza y mejorar el gobierno y en el respeto de los derechos humanos. 
La sociedad moderna, que se basa en la creatividad, en la capacidad de aprovechar el potencial humano de todos sus miembros, no será capaz de avanzar si no hace pleno uso de las posibilidades que ofrecen las mujeres. 
Creo que esta es una de las principales razones de la pobreza en algunas partes del mundo. 
En el informe resumido sobre los avances realizados por la Unión y sus Estados miembros para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio se toman en consideración la plataforma y los objetivos del milenio. 
Me gustaría subrayar que los derechos de la mujer forman parte de los derechos humanos fundamentales; la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea trasciende el marco del respeto de un derecho fundamental. 
Se trata de una política comunitaria especial, de una prioridad, de una política bien establecida y consagrada en los tratados y acuerdos, que se fundamenta en una sólida base de normas jurídicas. 
Como sus Señorías saben, la Comisión está elaborando una propuesta para ampliar las responsabilidades del observatorio de Viena a fin de incluir la protección de los derechos fundamentales, y aunque es demasiado pronto para avanzar una opinión sobre las actividades de esta futura agencia, esta se ocupará sin duda de la protección de los derechos fundamentales tanto de los hombres como de las mujeres. 
Señorías, en la intervención precedente se mencionó que hoy la Comisión expondrá la propuesta para crear un instituto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un instituto de género, y me complace poder anunciar que hemos avanzado en esta cuestión. 
Creo que será un paso que vendrá a reforzar las políticas en materia de igualdad de oportunidades, que tendrá por resultado algo a lo que concedo gran importancia: un fundamento sólido, y creo que nos dará un mayor margen de maniobra para adoptar medidas con pleno conocimiento de causa y sin prejuicios. 
Gracias, Señorías. 
. – Señor Presidente, señora Jacobs, señor Comisario, Señorías, la jornada del 8 de marzo coincide este año con la celebración del décimo aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, pero ¿perciben hoy del mismo modo todas las mujeres del mundo los progresos anunciados en Beijing? 
Beijing + 10 representa un nuevo punto de partida y estoy especialmente agradecida a quienes han contribuido a formular esta pregunta oral. 
En esta jornada, pienso en todas las mujeres que consagraron su vida a defender la dignidad de la mujer mediante la conquista de derechos sociales, económicos y políticos fundamentales. 
A veces, su dedicación se consideraba un acto de transgresión, un signo de falta de feminidad, incluso una manifestación de exhibicionismo. 
La verdadera igualdad de derechos de la persona, la igualdad salarial por un trabajo igual, la protección de las madres trabajadoras, una promoción profesional justa y la igualdad de los cónyuges en la vida familiar son cuestiones urgentes. 
La presencia social de la mujer pone en tela de juicio a una sociedad basada únicamente en la eficiencia y la productividad. 
Es urgente condenar y denunciar enérgicamente los abusos contra las mujeres y defender a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia que las convierten en objetos o mercancías. 
En estas condiciones, antes de ser responsabilidad de las mujeres, la opción del aborto es responsabilidad del hombre, con la complicidad del entorno en que viven. 
Ser mujer y madre no debería acarrear ninguna discriminación o penalización, pues la supervivencia de la humanidad depende de ello. 
La mujer que puede expresar su genio creativo es realmente revolucionaria, porque sabe cómo resolver conflictos, establecer y restaurar la paz. 
Y la paz no es solo la ausencia de guerra, es un estado de justicia, una cuestión urgente que hoy nos afecta a todos, hombres y mujeres. 
Así que deseémonos todas las mujeres un feliz aniversario. 
– Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, yo también tuve la suerte de poder participar en la delegación del Parlamento que acudió a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Plataforma de Beijing, y quiero felicitar a la Presidencia luxemburguesa por la firme y correcta posición que adoptó en ella. 
El Secretario General de Naciones Unidas advirtió que 201 millones de mujeres todavía no tienen acceso a la contracepción y señaló que una tercera parte de las muertes durante el embarazo y el parto se deben a la falta de servicios de salud reproductiva y sexual. 
Asimismo han aparecido nuevas formas de discriminación. 
Cuando una mujer tiene que elegir entre amamantar a su hijo y conservar su puesto de ejecutiva; cuando una mujer tiene que elegir entre cuidar a su hijo enfermo y correr el riesgo de ser despedida; cuando una mujer observa que las personas que trabajan con ella se muestran más comprensivas si pide permiso para recoger su coche del taller que para recoger a su hijo del parvulario; todo esto nos habla de la mentalidad de aquellos que detentan el poder económico y del poco valor que se concede a los trabajos que se asignan tradicionalmente a las mujeres. 
Me felicito de las buenas intenciones manifestadas aquí, tanto por el Consejo como por la Comisión, pero me gustaría que esas palabras se tradujeran en hechos, y me gustaría saber qué medidas prácticas piensan adoptar la Comisión y el Consejo para poner remedio a este estado de cosas, y no me refiero a la situación de las mujeres en países pobres, de las mujeres musulmanas, de las mujeres de un país pobre de África o Asia que están a la merced de un déspota corrupto o de terroristas fanáticas, donde la gente no vive, sino que muere lentamente, como hemos visto –y ya se ha dicho en este debate– en la situación de las mujeres en Turquía, a las que deseo expresar mi solidaridad. 
Esas son las cuestiones que están en juego. 
. – Señor Presidente, la declaración de las Naciones Unidas aprobada en Nueva York hace dos días es una importante victoria para todas las mujeres. 
En ella se reafirma la Plataforma de Acción de Beijing y los derechos reproductivos de las mujeres. 
Es un hecho que celebro con verdadera satisfacción. No obstante, no es el único asunto importante de hoy. 
Un gran número de mujeres sufren la violencia infligida por los hombres con los que mantienen o han mantenido una relación. 
Se dice que se ha avanzado notablemente, pero de hecho no se ha registrado ningún progreso porque todavía no somos conscientes del verdadero alcance del problema. 
En cifras estamos hablando como mínimo de la quinta parte de todas las mujeres de la Unión Europea. Algunos estudios actuales sitúan la cifra real en un tercio. 
Se trata de una epidemia en nuestra sociedad. 
Como ponente en este asunto, estoy ultimando un informe en el que insto a los Estados miembros a que lleven a cabo estudios detallados sobre la prevalencia. 
Necesitamos disponer de cifras exactas a escala europea. 
Asimismo, propongo que se elabore una lista de los países, regiones y ciudades que abordan esta cuestión de forma correcta. 
Por ejemplo, es evidente que España es un país en el que se están haciendo grandes esfuerzos por acabar con esta triste situación, por lo que aprovecho esta oportunidad para decir «¡Viva España! ». 
Por último, quiero llamar la atención sobre la forma más extrema de violencia contra las mujeres. 
En nuestro continente se comercia con mujeres y niñas como si se tratara de ganado. 
Todos conocemos este problema. 
Es la crisis más devastadora de los derechos humanos, que nada más en Europa afecta en la actualidad a cientos de miles de mujeres y ocurre mientras nosotros conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. 
Donde hay demanda, habrá oferta. 
En consecuencia, a partir de ahora terminaré todas mis intervenciones en esta Cámara con una frase que tomo prestada de un famoso político romano: («Sostengo por tanto que hay que prohibir la prostitución» ). 
. 
Señor Presidente, la Plataforma de acción de Beijing constituyó un hito, y las políticas que la Comisión ha adoptado en el pasado a menudo han sido un modelo por lo que se refiere a las cuestiones que atañen a la mujer. 
Espero que siga siendo así y que la política de igualdad de oportunidades para las mujeres no acabe en un punto muerto. 
Hoy, señor Comisario Špidla, sus palabras me han decepcionado mucho, pues ha dicho mucho acerca de lo sucedido en el pasado, pero le he escuchado decir muy poco acerca de lo que piensa hacer en el futuro. 
Hemos esperado tanto tiempo este Instituto de Género, y sin embargo, usted no ha dicho ni una palabra sobre el tema del presupuesto para cuestiones de género. 
No le he escuchado decir nada acerca de cómo eliminaremos las diferencias salariales, que es lo que realmente nos interesa, por no mencionar el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
La Presidenta en funciones del Consejo señaló que sería el año próximo, y usted ha dicho que Aministía Internacional ya lo ha celebrado. 
Y si es así, ¿qué problema hay con eso? 
No oímos nada de esa campaña. 
Espero que una política en favor de la igualad de oportunidades no sea algo solo para hoy, sino para los 365 días del año. 
Me habría gustado escuchar por una vez algo más sobre perspectivas; ¿qué piensa hacer la Comisión ahora? 
Lo que escuché no eran en realidad más que frases vacías. 
Como acaba de decir la señora Carlshamre, también en la UE se llevan a cabo mutilaciones genitales, asesinatos en aras del honor y matrimonios pactados. 
Pido a sus Estados miembros y a la Comisión que trabajen realmente para coordinar las medidas contra estos fenómenos, porque creo que lo que tenemos que hacer hoy es enviar un mensaje. 
Señor Presidente, en los últimos años, la subordinación de las mujeres, que sabemos que existe en todos los ámbitos de la sociedad, ha sido recalcada y debatida en este día especial. 
Cada año hemos depositado grandes esperanzas en que todas las palabras se traducirían en hechos prácticos. 
Y sin duda se han logrado avances, pero el sistema fundamental del poder patriarcal sigue en pie. 
No cabe duda que habría sido más fácil hacer el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer si el Presidente de la Comisión hubiese nombrado una Comisaria para la Igualdad entre los Géneros. 
La importancia y el ámbito de las cuestiones relacionadas con la igualdad en todos los ámbitos exigía el nombramiento de un Comisario para la Igualdad que se concentrase exclusivamente en estos temas. 
A pesar de que, desgraciadamente, actualmente no existe un Comisario responsable de las cuestiones relativas a la igualdad, quiero pedir a la Comisión que en el futuro conceda a los trabajos destinados a conseguir la igualdad entre géneros la misma prioridad que a los trabajos en materia de mercado interior, mercancías, servicios, industria, etc. 
Una de las pruebas de la subordinación de las mujeres es la violencia masculina contra ellas. 
El Banco Mundial estima que la violencia contra las mujeres causa tantas muertes como el cáncer. 
Es la causa de más casos de enfermedad que la malaria y los accidentes de circulación juntos. 
La mayoría de nosotros condenamos esa violencia, pero también tenemos que hacer frente a aquellos valores que facilitan la violencia. 
Tenemos que enfrentarnos a la cultura que afirma que las mujeres deben estar a disposición del hombre y que estos tienen derecho a controlar la vida y el cuerpo de las mujeres, la cultura que identifica los cuerpos de las mujeres con mercancías que pueden comprarse y venderse. 
Estos razonamientos se encuentran actualmente en la raíz de las experiencias cotidianas de muchas mujeres y niñas en Europa. 
El nombre de esas experiencias es trata de blancas y prostitución, pero también podría llamársele esclavitud sexual. 
Y si es capaz de sobrevivir, ello se debe a la nefasta alianza entre el beneficio financiero y una mentalidad sexista y racista. 
Asimismo lamento, en nombre de las mujeres de los Estados miembros, las políticas económicas neoliberales, con su desregulación y sus privatizaciones, que hacen que la situación de las mujeres resulte aún más difícil en lo referente a las oportunidades de empleo y el acceso a la atención infantil y a la asistencia a la tercera edad. 
Ha llegado el momento de que la Plataforma de acción de Beijing se aplique en la práctica. 
Esperamos que el día en que hayamos conseguido estos objetivos, vivamos en una sociedad que no necesite días consagrados a la mujer. 
Ese día pertenecerá a las mujeres, los hombres y los niños por igual. 
. – Señor Presidente, resulta difícil saber qué decir acerca de los temas que atañen a la mujer con una intervención de tan solo un minuto en este debate. 
En mi calidad de mujer y médico, sin embargo, me gustaría protestar con toda firmeza en esta Cámara contra la tendencia de tratar a la mujer como objeto, de someter a las mujeres a una agresiva masculinización y de utilizar la frase «salud reproductiva» para hacer referencia a la maternidad. 
Esta es una frase que debería utilizarse en relación con los animales, no con las personas. 
La dignidad y el misterio de la mujer se revelan a través de su papel de madre, que no requiere ser comprendido en un sentido estrictamente físico. 
Las mujeres sanas emocionalmente que no se han corrompido están llenas de calor. 
Son por naturaleza emocionalmente sensibles, se interesan por los demás y están dispuestas a hacer sacrificios. 
Su vocación es el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos y el trabajo, pero no la lucha con los hombres por el poder. 
Quiero pedir especialmente a los organizaciones feministas que respeten la dignidad y feminidad de la mujer, que es una expresión de su riqueza espiritual. 
. Señor Presidente, Señorías, lo que deberíamos hacer este día es rendir tributo a las mujeres y expresarles nuestro respeto, pues es esto es lo que se merecen por los esfuerzos que realizan como madres, esposas, miembros activos de la sociedad y mujeres políticas en activo. 
Sin embargo, este no es el momento para utilizar el término «salud reproductiva» , que equivale ni más ni menos a un apoyo apenas velado al aborto. 
Todos conocemos hoy en día las consecuencias del aborto. 
Aparte de sus consecuencias para la salud física, entre las que encontramos la infertilidad, el aborto tiene consecuencias psicológicas, que los doctores han denominado síndrome postaborto. 
No es cierto que la Conferencia de Beijing haya introducido disposiciones favorables al aborto en el Derecho internacional. 
Es totalmente falso. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones votará en contra de esta resolución debido a que utiliza la frase «salud reproductiva» , y hará todo lo que esté a su alcance para que se suprima dicho término, ya que no es adecuado y es un insulto para la dignidad de las mujeres. 
Señor Presidente, el 8 de marzo es un día festivo reconocido a nivel internacional, el Día Internacional de la Mujer. 
Sin embargo, consideramos que este día es una ocasión para apreciar la labor que realizan las mujeres en favor de la sociedad. 
Felicitamos a las mujeres en tanto que madres de familia el Día de la Madre. 
A veces me parece que simplemente servimos de recordatorio de ciertos actos horrendos, como por ejemplo, la actual violencia contra las mujeres en Turquía, cuando no se tomaron en serio las violaciones de los derechos de la mujer ni siquiera en nuestra vecindad inmediata. 
La violencia física en el seno de la familia es consecuencia de la incapacidad de las instituciones para hacer respetar los derechos legales de las mujeres. 
Veamos, así pues, cómo hacemos respetar los derechos políticos y sociales. 
Numerosos gobiernos no tienen mujeres en sus filas, incluso gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y, desgraciadamente, tengo que decir, también el gobierno de mi país. 
Así pues, ¿cómo debemos considerar el papel de la mujer en las instituciones públicas desde una perspectiva europea? 
Muchas gracias. 
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, quiero enviar un caluroso saludo a todas las mujeres presentes y, al mismo tiempo, destacar ante sus Señorías otro día, no tan conocido aún, que tendrá lugar el 8 de abril de cada año, y que este año coincide exactamente con el día de hoy del mes próximo, el Día Internacional del Pueblo Romaní. 
La Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995 puso de relieve por vez primera la discriminación por raza y género. 
En contra de lo acordado en Beijing, la discriminación no fue objeto de un examen más profundo o detenido a nivel internacional o nacional. 
Debido a ello se ha hablado muy poco acerca de la discriminación racial que no afecta de forma igual a mujeres y hombres. 
La mujer romaní sufre un grave daño cuando sufre discriminación no solo por motivos étnicos, sino también de género. 
La mujer romaní se enfrenta a un sinfín de obstáculos sociales en el contexto europeo. 
Y al mismo tiempo, dentro de las comunidades más estrechas, los obstáculos de la discriminación sexual la retienen. 
La mujer romaní, en tanto que miembro de la comunidad romaní, generalmente es marginada de la sociedad, donde sufre inseguridad económica, exclusión social, discriminación negativa, el ambiente contra los gitanos que la rodea a ella y su familia, y en algunos casos incluso peligros físicos cada día. 
Varias normativas europeas prohíben la discriminación sanitaria por motivos étnicos. 
Y a pesar de ello, las mujeres romaníes sufren numerosos incidentes que contradicen estos principios. 
Salas separadas para gitanos, esterilización forzosa, insultos y un bajo nivel de servicios son problemas comunes. 
Las mujeres romaníes viven en la encrucijada de los prejuicios sexuales y raciales, pero no podemos reducir sus problemas a una dimensión puramente cultural o étnica. 
Se enfrentan a los mismos problemas que el resto de las mujeres que a menudo sufren la misma exclusión y empobrecimiento, y tienen peores oportunidades de empleo que los hombres, reciben una paga inferior y experimentan constantemente deficiencias en los servicios de atención infantil, como la atención sanitaria, la enseñanza preescolar o la escolarización. 
En mi opinión, uno de los elementos más importantes de nuestra lucha por la igualdad de oportunidades para la mujer es que reconozcamos, aceptemos, nos concienciemos y pongamos fin a las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres pertenecientes a minorías, como las mujeres romaníes. 
Señor Presidente, Señorías, han transcurrido ya diez años desde la Conferencia de Beijing, cuya plataforma estableció los derechos de la mujer. 
En Beijing se dijo que los derechos de la mujer son derechos humanos. 
No puede haber, desde luego, un retroceso en esa posición, pese a que los países más conservadores del mundo llevan intentándolo desde hace algunos años. 
Así ocurrió, en particular, con los Estados Unidos la semana pasada durante el trabajo de la Comisión de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas. 
La tentativa pudo frenarse sobre todo gracias a la delegación europea, y en particular gracias al trabajo inteligente y valioso del Ministro luxemburgués, señor Jacob, que encabezaba nuestra delegación y a quien quiero expresar mi más sincero agradecimiento. 
No puede haber, desde luego, vuelta atrás de lo alcanzado en Beijing, pero no basta con afirmarlo. Tenemos que acelerar el proceso de actuación de la plataforma. 
Uno de los temas tratados es el poder político, que sigue estando en su mayor parte en manos masculinas. 
La mujer sigue representando apenas el 15 % de los Parlamentos del mundo, y solo quince países de casi 200 han conseguido la cuota definida como «masa crítica del 30 %». 
Cuando la presencia de la mujer en las instituciones alcanza la masa crítica, resulta más fácil que se consideren los puntos de vista y las experiencias de la mujer, que se otorgue prioridad a las cuestiones que preocupan a la mujer y que se haga posible la acción en este ámbito. 
De los 15 países a los que me he referido antes, ocho están en Europa, lo que significa menos de un tercio de los 25 Estados que componen la Unión Europea. 
Necesitamos determinación, compromiso y acción para que estos ocho países se conviertan en 25, y eso es lo que estamos solicitando a la Comisión y al Consejo. 
Sobre todo, necesitamos convencer a las personas de que una mayor representación femenina en los parlamentos beneficiaría tanto al hombre como a la mujer. 
España, con un Gobierno compuesto por igual número de hombres que de mujeres, es un ejemplo que debemos seguir. 
España, con su Presidente socialista Zapatero, ha demostrado que la democracia paritaria es posible. 
– Señor Presidente, Señorías, en la última Conferencia, celebrada en Beijing en 1995, se identificaron claramente los distintos factores de la pobreza femenina y se reconoció la dimensión específica de género en el tratamiento de la pobreza por parte de los Gobiernos. 
La sucesión de acontecimientos que conducen a la pobreza siempre es la misma: el paro, la enfermedad, las humillaciones y después la exclusión social. 
Es un círculo vicioso en el que las mujeres siempre son más vulnerables que los hombres. 
En efecto, sufren una situación constante de desigualdad con respecto a los hombres, y ello en todas las esferas de la sociedad. 
Desde el decenio de 1970, el número de mujeres que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado un 50 %, mientras que el de hombre se ha incrementado un 30 %. 
¿Qué hay detrás de lo que los sociólogos denominan la feminización de la pobreza? 
Nadie puede negar que la miseria es un terreno abonado para la prostitución. 
Además, el virus del sida se propaga con más rapidez en los medios en que las mujeres son presas de la esclavitud sexual. 
Europa no puede ser indiferente a todo esto. 
Debe seguir desempeñando un papel lúcido e intransigente, para que se traten todas las causas subyacentes a la pobreza y se ponga fin a la más envilecedora de sus consecuencias, el tráfico de mujeres en beneficio de un mercado paralelo, que las reduce a una simple mercancía. 
Señor Presidente, la condición de la mujer en la sociedad no depende únicamente de si dicha sociedad es justa y agradable. 
Mejorar la condición de la mujer es una de las formas más eficaces de desarrollar una sociedad en su conjunto y de darle una mayor estabilidad. 
Además, la posición que ocupan las mujeres en los países en vías de desarrollo está relacionada con nuestra seguridad. 
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos realizó un estudio de los países que han sufrido genocidios y violencia, y descubrió que una alta tasa de mortalidad infantil es el indicador más claro de que la sociedad se encuentra atrapada en un espiral de violencia interna. 
Y desde luego, una alta tasa de mortalidad infantil está relacionada con la condición de las mujeres. 
Asimismo se ha observado que los grupos terroristas, que tanto tememos, reclutan a sus miembros en zonas donde abunda el desempleo entre los jóvenes y no existen buenas perspectivas de futuro. 
Estos grupos de jóvenes desempleados se forman en países con altas tasas de natalidad. 
La tasa de natalidad, por otra parte, desciende cuando mejora la posición social de las mujeres, cuando estas reciben educación e información sobre control de la natalidad y cuando tienen sus propios medios de subsistencia. 
Por eso es necesario comprender, en relación con la política de desarrollo, que mejorar la condición de la mujer es una de las mejores maneras de promover el desarrollo en general, y no solo eso, sino que puede contribuir a la estabilidad y a evitar la aparición de nuevos semilleros de conflictos. 
– Señor Presidente, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la discriminación, el desempleo, la violencia, la pobreza y la exclusión social, y se les impide ocupar puestos importantes en los organismos decisorios y en las autoridades políticas. 
En vista de ello, el hecho de que celebremos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, un día en que luchamos por los derechos humanos de la mujer, que son parte integrante, inajenable e indivisible de los derechos humanos universales, sigue irritando a numerosos políticos y gobiernos. Eso es lo que sucede en Turquía, donde la policía reprimió violentamente una manifestación de mujeres, lo que resulta aún más terrible si tenemos en cuenta que este país pretende la adhesión a la UE. 
Resulta inaceptable que el desempleo siga aumentando en los Estados miembros debido a la creciente aplicación de políticas neoliberales, que el empleo precario se extienda en nombre del trabajo flexible y la competitividad, que siga existiendo discriminación salarial, que persistan la trata de seres humanos y la prostitución y que la violencia sea una realidad cotidiana para millones de mujeres en la UE, y que no se adopten las medidas necesarias para poner remedio a este estado de cosas. 
Tampoco resulta aceptable que el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos que garantiza la Plataforma de acción de Beijing sigan siendo violados en países como Portugal, donde las mujeres acusadas de practicar abortos ilegales han sido humilladas en los tribunales y amenazadas con hasta tres años de prisión debido a la persistencia de una legislación injusta e inicua que equivale a un ataque a la dignidad de la mujer. 
Espero que este debate contribuya a realizar nuevos avances en la lucha por los derechos de la mujer, lucha que llevamos a cabo en un espíritu de solidaridad. 
Es cierto que, desde una perspectiva histórica, no ha pasado mucho tiempo desde que en la legislación de un país se incorporó el derecho de la mujer al voto, hecho que tuvo lugar, según los libros de historia, en Nueva Zelanda en 1893 y, dentro de Europa, en Finlandia en 1906. 
Desde una óptica histórica tampoco hace mucho que las mujeres pueden estudiar en la universidad. 
Por otra parte, si examinamos imparcialmente el pasaje que se pretende introducir en el texto de la resolución, veremos que, a pesar de que se han consumido montañas de papel y los organismos más serios han dedicado semanas y meses a la redacción de documentos, en la práctica poco se ha avanzado. 
El texto propuesto hoy podría ser un grito de desesperación, ya que los tiempos han sufrido cambios tremendos y, desgraciadamente, existe una actitud cínica que afirma que no necesitamos cambiar el mundo por que ya está bien como está para al menos la mitad de la sociedad. 
El principio de salario igual a trabajo igual, que en 1975 pasó a formar parte de la legislación europea, constituye un buen ejemplo de cómo una normativa puede haber estado en vigor durante 30 años al margen de los cambios en la vida, y hoy podemos constatar una vez más que las diferencias entre el salario de los hombres y el de las mujeres no han disminuido. 
De hecho, en algunos países dicha diferencia tiende a aumentar, a lo que los expertos jurídicos denominan diferencia entre la situación y la situación. 
Sin embargo, existe una forma mucho más inquietante de tolerar esta situación, me refiero a la violencia en contra de las mujeres. 
Es cierto que en Europa los suceden con muy poca frecuencia, pero suceden. 
En los países de Europa central y oriental, cada semana muere una mujer víctima de la violencia dentro de la familia. 
No siempre podemos responder de forma eficaz a estas prácticas y costumbres, que no tienen sitio entre la dignidad humana ni en la ley. 
Los acontecimientos que tuvieron lugar recientemente en Estambul demuestran que la violencia institucional contra la mujer es parte de la vida actual, justo en el umbral de la Unión Europea. 
De esta resolución se desprende que debemos resolver lo que puede ser resuelto y hablar sobre lo que todavía no podemos resolver. 
– Señor Presidente, el viernes pasado aprobamos en Nueva York una declaración relativa a la revisión decenal de la Plataforma de Acción acordada en Beijing hace diez años. 
La delegación de la Unión Europea –tanto los Gobiernos como la sociedad civil– se comprometió firmemente a seguir progresando. 
Gracias a la excelente colaboración con la señora Jacobs, la Ministra, durante este período ha habido cierto progreso. 
Sin embargo, la pobreza sigue teniendo cara de mujer y la violencia contra las mujeres es omnipresente: una de cada cuatro mujeres del mundo es víctima de la violencia, y una parte significativa de ellas la sufre en su propia casa. 
Aprovecho esta oportunidad para condenar los horribles sucesos acontecidos ayer en Turquía. 
Condeno la violencia ejercida por la policía contra las mujeres que participaban en una manifestación pacífica. 
Asimismo, me siento decepcionada por las negociaciones de la semana pasada en Nueva York. 
A raíz de una intensa presión internacional, el Gobierno estadounidense solamente aceptó a regañadientes la declaración respaldada internacionalmente porque contenía la palabra «aborto». 
En Europa mantenemos un debate honesto y sustancioso sobre estos temas. 
Las mujeres socialistas europeas están dispuestas a luchar con todas sus fuerzas contra esta involución conservadora en los Estados Unidos. 
Es el momento de pasar a la acción. 
Aprovechemos el encuentro de Nueva York para infundir energías renovadas y voluntad de compromiso a escala de la UE y nacional: legislación, evaluación y responsabilidad. 
En su declaración, el Gobierno luxemburgués aboga por el refuerzo de sus mecanismos institucionales y la integración de la perspectiva de género en todas sus acciones y políticas. 
Hoy, las mujeres socialistas europeas han presentado un documento en el que se incluyen cinco prioridades, siendo la más importante la de más y mejores puestos de trabajo para las mujeres. 
Es imposible alcanzar los objetivos económicos y sociales establecidos en Lisboa sin una mayor presencia de las mujeres en el mundo laboral. 
No se trata de una lucha de las mujeres a favor de las mujeres, sino de una batalla común por conseguir una Unión Europea mejor para las mujeres. 
Señor Presidente, en mi intervención me centraré únicamente en la igualdad y la igualdad salarial en los Estados miembros de la UE. 
Desgraciadamente, la Unión Europea ha avanzado muy poco por lo que se refiere a la igualdad salarial. 
No puedo recordar ningún caso en los últimos años en el que la promoción de la igualdad entre los géneros en materia de igualdad salarial haya sido un auténtico éxito. 
El representante del Consejo acaba de decir que los Ministros responsable de la igualdad de los Estados miembros de la UE se han comprometido a desarrollar estrategias para promover el empleo y las cualificaciones de las mujeres. 
Como si las mujeres carecieran de cualificaciones. 
Quizá no tenemos las cualificaciones para ponernos al mismo nivel en cuestión de paga, y es ahí donde deberían desarrollarse nuestras cualificaciones. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, ha llegado la hora de actuar para evitar que perdamos totalmente nuestra credibilidad y para que cumplamos las promesas que hemos hecho a las mujeres, niños y hombres. 
La UE podría fijarse como objetivo lograr la igualdad salarial entre mujeres y hombres de una vez por todas en un plazo de diez años. 
Por último, me gustaría decir que la igualdad no es algo sobre lo que debamos reflexionar tan solo un día al año. 
El Día Internacional de la Mujer no debería ser un día en que se humille a las mujeres con tantos panegíricos. 
– Señor Presidente, Señorías, los temas que estamos debatiendo este día no son nuevos, ni es la primera vez que se exponen. 
El Parlamento Europeo ha celebrado numerosos debates y adoptado muchas resoluciones que hacen referencia a la participación de las mujeres en la vida económica y pública, y en particular a los problemas y a la discriminación a las que deben hacer frente en su vida. 
Sin embargo, resulta especialmente importante que volvamos a debatir al respecto hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, porque de esta manera todos –tanto hombres como mujeres– nos daremos cuenta mejor de que estos problemas existen desde hace siglos, que han existido en todas las épocas, y que siguen sin resolver y revisten actualidad. 
Asimismo tienen un carácter mundial ya que se refieren a todas las sociedades de todos los países. 
Este año, el 8 de marzo coincide igualmente con el décimo aniversario de la Conferencia de Beijing y con la adopción de la plataforma estratégica para luchar contra estos problemas. 
Por ello es una buena ocasión para revisar y evaluar los trabajos hechos hasta ahora y sus resultados. 
Como hombres y mujeres europeos conocemos bien esta labor a nivel mundial, porque nuestra experiencia histórica nos dice que para lograr el crecimiento, la calidad de la democracia y la paz es necesario luchar contra los problemas de la mujer y lograr una auténtica igualdad. 
En esta ocasión me gustaría hacer hincapié en que necesitamos seguir siendo fieles al carácter universal de esta plataforma, y me refiero al seguimiento de los doce ámbitos cruciales que interactúan entre sí: los esfuerzos realizados en materia de empleo, educación, sanidad, lucha contra la violencia y participación en la vida política están directamente conectados entre sí. 
Sin embargo, al mismo tiempo debemos observar la evolución que tiene lugar alrededor de nosotros y adaptar nuestras políticas a las nuevas circunstancias de la realidad social, demográfica y tecnológica– porque solo así podremos expresar las verdaderas aspiraciones de las mujeres y hacer que nuestras políticas resulten eficaces. 
Señor Presidente, sin duda, desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, se han producido avances en relación con los derechos de la mujer, se han cambiado leyes, se han formulado políticas de igualdad y el discurso feminista está siendo cada vez mejor asimilado por la sociedad. 
Pero también es cierto, desgraciadamente, que la realidad en muchos ámbitos sigue estando lejos de lo que estipulan nuestras leyes y de lo que proclaman nuestras declaraciones. 
Más aún, Señorías, tal como hemos podido constatar estos días en Nueva York, de no haber estado atentas, el camino que tanto nos ha costado recorrer podría haber sido deshecho fácilmente por la influencia negativa de las fuerzas ultraconservadoras y del fundamentalismo religioso, particularmente en lo que se refiere a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
Afortunadamente, la declaración final de Beijing + 10 reafirma en su totalidad la Plataforma de Acción de Beijing. 
Sin duda, este logro también ha sido un éxito de quienes han negociado por parte de la Unión Europea y quiero reconocer desde aquí el buen trabajo de la Presidencia luxemburguesa. 
Pero es muy poco lograr simplemente que no se retroceda. 
Es urgente avanzar con mucha más rapidez en la dirección que nos hemos trazado, tenemos herramientas; hacerlo es solo una cuestión de voluntad política y la Unión Europea debe liderar este avance. 
Señor Comisario, señora Ministra, nuestra estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres y el programa adjunto termina este año. 
Quiero denunciar, una vez más, que sin una nueva estrategia marco nos va a resultar mucho más difícil avanzar. 
También tenemos que instar a nuestros Estados miembros a adoptar nuevas medidas en aquellos ámbitos que son de su competencia. 
En este sentido, quiero hacer hoy una mención muy especial a las 53 medidas aprobadas el viernes pasado por el Gobierno socialista de mi país- España- para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, diez años después de la Conferencia de Beijing, la realidad sigue siendo implacable para millones de mujeres en la Unión Europea. 
El desempleo femenino es superior en tres puntos al masculino, un 33 % de las mujeres trabajan a tiempo parcial no deseado frente a un 6 % de los hombres. 
Para un mismo trabajo, las diferencias salariales oscilan entre el 6 % y el 30 %. 
Una mujer de cada cinco en la UE es víctima de la violencia doméstica, que representa una grave violación de los derechos humanos y que debe convertirse a partir de ahora en un asunto público. 
En veinte años, el número de prostitutas censadas se ha multiplicado por diez y el 90 % de ellas sufren actos violentos por parte de sus chulos y sus clientes. 
Señor Comisario, parece urgentemente necesario impulsar políticas activas de información sobre los derechos y de aplicación de la legislación vigente en los Estados miembros, así como aplicar una política eficaz de controles y sanciones, pues no basta con fijar unos objetivos ambiciosos para hacer dentro de diez, veinte o treinta años la misma constatación. 
No basta –y esto se refiere a nosotros aquí– tranquilizar la conciencia un día al año y despreciar a las mujeres el resto del tiempo. 
La Europa ampliada, reunificada, tierra de libertad, tierra de los derechos humanos, tiene el deber de cumplir su futura Constitución. 
Señor Presidente, celebramos este día, 8 de marzo, con la continuidad del seguimiento de la Plataforma de Beijing, este año, tras la reunión de Nueva York. 
Pero somos positivos y también ambiciosos y, por eso, desde el Partido Popular, queremos acciones que aborden el problema de la desigualdad de oportunidades de la mujer, por ejemplo, en el empleo. 
Queremos una Unión Europea que apoye a la mujer efectivamente, que promueva que en los Estados miembros se flexibilicen los horarios o se valoren las retribuciones por objetivos, que los permisos parentales se puedan disfrutar según la elección de la pareja, que medidas como la actual ayuda que concede España por hijos se generalicen y amplíen, que se facilite la construcción de guarderías, desgravando a las empresas, o que se establezcan mayores beneficios a las empresas familiarmente responsables. 
Nos angustia y nos indigna la violencia contra las mujeres, la prostitución, la trata de mujeres y el tráfico de seres humanos en general. 
Eso nos parece moralmente inaceptable y socialmente vergonzoso. 
Los derechos de la mujer son los derechos humanos. 
Somos favorables al desarrollo de los Estados y reconocemos los avances que se van realizando. 
Episodios tan lamentables como el de Estambul de estos días nos parecen reprobables. 
La mujer es la base de la familia y cualquier afrenta a la mujer es una afrenta directa a la familia, la base de nuestra sociedad. 
Señor Presidente, quiero felicitar en este día a todas las mujeres con ocasión del Día Internacional de la Mujer, enviándoles los saludos del Partido Socialdemócrata sueco, que en 2001 se convirtió en un partido feminista. 
Espero que durante el tiempo que forme parte del Parlamento Europeo, el Parlamento haga suya la causa feminista, tras lo cual la mitad de los miembros de esta Cámara deberán ser mujeres, para que se de mayor prioridad a la violencia contra las mujeres y para que los hombres ya no puedan comprar mujeres con dinero por medio de la prostitución; en otras palabras, que existirá una ley que prohíba la compra de sexo en los Estados miembros de la UE, como la que existe en Suecia. 
Para ello será necesario el pleno empleo y la cooperación a nivel nacional, junto con la creación de guarderías y atención para las personas mayores. 
Los permisos parentales pagados son necesarios para que las mujeres puedan trabajar y los padres de niños pequeños puedan compartir las responsabilidades familiares y hogareñas. 
La igualdad entre los géneros exige unidad en los objetivos por parte de mujeres y hombres. 
– Señor Presidente, han pasado diez años desde que estuve en Beijing representando al Gobierno irlandés en calidad de Ministra de Estado. Hoy me complace estar aquí para reafirmar la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. 
Sí, la igualdad de género es uno de los principales valores que defiende la Unión Europea y sería muy útil, al promover el nuevo Tratado Constitucional, que resaltáramos que en el mismo sale todavía más reforzado. 
Existen grandes diferencias entre la teoría, o la retórica, y la práctica sobre el terreno en lo que respecta a la igualdad de las mujeres, las situaciones de hecho y de derecho. 
No obstante, debemos asegurar la participación de los hombres, especialmente de los jóvenes, en este debate. 
Sus modelos de conducta puede que hayan dominado a las mujeres y no hayan entendido el concepto de igualdad. Por tanto, puede que no constituyan el referente que deseamos para nuestros hijos en la actualidad. 
Aquí hablamos de igualdad y no de dominio. 
Puede que hayan sido educados en el fundamentalismo religioso y en otras culturas, en las que la mujer padecía una grave opresión y sufría actos de violencia física y sexual. 
Se trata de elegir. 
Dado que podemos controlar nuestra fertilidad, las mujeres pueden decidir ahora entre tener un hijo, diez o ninguno. 
Se trata principalmente de garantizar la libertad de elección de las mujeres. 
El debate debe girar en torno a esta cuestión. 
Si bien, hemos de estructurar la sociedad de forma que si las mujeres desean ser madres, puedan hacerlo sin problemas y criar a sus hijos sin presiones económicas que las obliguen a salir de casa cuando el bebé no tiene más que seis semanas. 
Debemos estructurar la sociedad y la vida familiar actual de modo que permita a las mujeres tener un segundo hijo. 
Las presiones a las que se ven sometidas las jóvenes de mi país en aras de su éxito económico son tales que no se pueden permitir dar a luz a un segundo hijo. 
No se pueden permitir dejar de trabajar porque necesitan dos salarios para pagar la hipoteca. 
Tampoco pueden costear el cuidado de los niños o de los padres ancianos. 
Las funciones tradicionales de las mujeres en el cuidado de los hijos y de las personas mayores forman parte de este amplio debate y no es posible abordar este asunto del modo que se merece en solo dos minutos. 
Las madres no pueden ser padres y los padres no pueden ser madres. 
Lo ideal sería que los niños contaran con la presencia de ambos. 
Esto no siempre será posible, pero tratemos de mantener un debate más amplio y equilibrado y devolvamos a las mujeres su capacidad de elección. 
Entonces podrán liberarse como es debido. 
Señor Presidente, de lo que hablamos hoy es de la aplicación de la plataforma Beijing +10 en la Unión Europea, de la que Turquía todavía no es miembro. 
En mi calidad de ponente sobre los derechos de la mujer en Turquía puedo decir que, sobre el papel, la situación de los derechos de la mujer es comparable a la existente en los Estados miembros de la Unión, aunque la práctica deja mucho que desear. 
La violencia cometida contra las mujeres, y la relativa falta de participación de estas en el mercado de trabajo, en la educación y en la política siguen siendo ámbitos de preocupación, en los que el cambio solo será posible si las mujeres adquieren el derecho de expresarse y manifestarse. 
El 6 de marzo en Estambul, fecha en que una manifestación para celebrar el Día de la Mujer fue brutalmente dispersada, viene a ilustrar lo importante que sigue siendo el Día Internacional de la Mujer. 
Si Turquía aspira a ser una democracia moderna y a la adhesión a la UE, debe demostrar que puede aceptar las protestas como una democracia adulta. 
La Unión Europea tiene un importante papel que desempeñar en este aspecto, pues debe demostrar que concederá a la situación de los derechos de la mujer un lugar destacado en las negociaciones, seguirá de cerca los avances y adoptará medidas de inmediato en caso de que se violen dichos derechos. 
– eñor Presidente, excepcionalmente no me dirijo a usted, sino a las mujeres que nos escuchan. 
Cuando la política europea se aleja cada vez más del ciudadano, no ocurre lo mismo con los derechos de las mujeres. 
Las mujeres están aquí y depositan en nosotros esperanzas que no podemos defraudar. 
Hoy estoy orgullosa de la Unión Europea y orgullosa de su oposición a la enmienda de los Estados Unidos, que, la semana pasada en la ONU, trataron de limitar el derecho al aborto. 
Pienso muy especialmente en Simone Veil, que fue Presidenta de este Parlamento y dotó a Francia de una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. 
Gracias, señora, por su coraje, porque tuvo usted que afrontar torrentes de lodo. 
Hoy, algunas marchan por la calle gritando a propósito de su ley: «Treinta años bastan». 
Por todas las mujeres que han vivido la angustia de un embarazo no deseado, yo digo: ¡treinta años es demasiado poco, porque el aborto vuelve a ser tabú! 
Gracias, señora. 
Todas juntas, de todos los partidos políticos y todas las convicciones, la relevaremos en su lucha contra el fundamentalismo. 
Y diré al señor Libicki, que se preocupaba por la depresión postaborto, que piense en la depresión posparto. 
¡Es un consejo de mujer y de psicóloga! 
– Aunque como Presidente considero sus comentarios totalmente pertinentes, daré la palabra a la señora Batzeli, que es la última oradora inscrita. 
– Señor Presidente, la Unión Europea, que vive en la constelación de la Estrategia de Lisboa, se ha establecido ambiciosos objetivos para incrementar la tasa de empleo entre las mujeres y para mejorar su posición en la sociedad, política que debe aplicar de forma directa. 
Sin embargo, otra de las prioridades de la Unión Europea es ayudar a los terceros países –a los países en vías de desarrollo– a alcanzar un nivel que permita que las mujeres sean tratadas con dignidad. 
La ayuda y la cooperación al desarrollo deben evaluarse y basarse en cuestiones como las siguientes: 
En primer lugar, la protección de los derechos de la mujer en tanto que núcleo de los derechos humanos de un país. 
En segundo lugar, la oferta de incentivos económicos y sociales especiales para la integración en el mercado laboral, medidas disuasivas eficaces para evitar la degradación de la vida de las mujeres, la eliminación de la violencia, como la que observamos en Turquía hace pocos días, y la participación de las mujeres mediante cuotas en los partidos políticos y en los gobiernos centrales y locales. 
La intención de ofrecer justicia, una educación amplia, cultura e igualdad deben ser actos cotidianos y no solo el tema del Día Internacional de la Mujer. 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos quienes han hecho uso de la palabra esta mañana y también a la presidenta y a los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presentes en Nueva York, por sus esfuerzos y su apoyo a la Presidencia. 
Del mismo modo, quisiera agradecer a la Comisión su respaldo. 
Como ya superé mi tiempo de palabra hace un rato, seré muy breve. 
Por lo que se refiere a la igualdad salarial, necesitamos más buenos ejemplos que podamos intercambiar. 
Necesitamos también indicadores para poder medir tanto los progresos como el terreno perdido. 
Pobreza e inclusión social deben seguir siendo uno de los pilares de la Estrategia de Lisboa, del mismo modo que la igualdad entre hombres y mujeres. 
Estoy totalmente de acuerdo con la lucha encarnizada del Parlamento Europeo contra la violencia hacia las mujeres y los niños y, desde luego, con la lucha contra la trata de seres humanos. 
Creo que estamos obligados a informar y educar mejor tanto a los hombres como a los niños si queremos que se respeten las diferencias entre hombres y mujeres. 
A mi entender, solo podremos respetar realmente los derechos humanos si aceptamos mirar y respetar a unos y a otros tal como somos. 
,. 
Gracias por este debate que me parece muy profundo. 
El hecho fundamental sigue siendo que la Unión Europea considera que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principales valores políticos que defiende. 
Hemos realizado avances considerables en este ámbito, pero no podemos permitirnos el lujo de detenernos. 
La base legislativa es relativamente sólida. 
Esto no significa que no pueda desarrollarse aún más, pero el problema clave reside en realidad en la falta de aplicación. 
Esta es una cuestión en la que debemos centrarnos. 
Es evidente que en uno de los extremos de la escala de los diferenciales entre el salario de los hombres y de los mujeres se encuentran países en que dicha diferencia es del 6 %, mientras que en el otro extremo de esta escala hallamos países en los que esta diferencia es del 27 %. 
Estas diferencias resultan totalmente inaceptables, y nos toca a nosotros realizar el esfuerzo necesario para luchar contra esta situación. 
No cabe la menor duda de que la violencia contra las mujeres y la trata de seres humanos consituyen problemas especiales. 
El Grupo de Comisarios para los derechos humanos considera que esta es una de sus tareas más importantes, y espero que podamos avanzar en este aspecto. 
Se trata de una cuestión palpable, de un desafío para nosotros, y no hay tiempo que perder. 
Durante el debate se ha mencionado en varias ocasiones la brutal intervención policial contra las manifestantes de Estambul en Turquía. 
La Comisión Europea reaccionó de inmediato y rechazó el uso de una coacción desmedida, y con cierta satisfacción observé (aunque debemos mostrarnos cautos en este momento acerca del resultado) que la parte turca decidió iniciar una investigación de esta actuación. 
Creo que esto ilustra la influencia de la Unión Europea, y que este es un buen ejemplo de un caso en el que nuestra intervención ha mejorado la situación de las mujeres en un contexto más amplio que las fronteras de Europa. 
No cabe duda de que la cuestión principal es la integración de estos temas en el conjunto de las políticas, y que dicha integración debe ser plena; asimismo debemos continuar con una política que desarrolle la creación de presupuestos para las cuestiones de género, la cual, a pesar de encontrarse en sus inicios, ya ha arrojado resultados satisfactorios en algunos países. 
Señorías, el papel de la mujer es indispensable para el éxito del proyecto europeo en general y para el éxito de la Estrategia de Lisboa en particular. 
Ya he mencionado que una sociedad que no aprovecha plenamente el potencial de todos sus miembros no es capaz de avanzar ante la competencia mundial, así que permítanme volver a las primeras palabras de mi intervención, a saber, la cuestión de la igualdad es profunda y debemos esforzarnos por alcanzar dicha igualdad incluso si de ella no obtenemos ninguna ventaja secundaria, por ejemplo, de índole económica. 
La creación de una nueva institución garantizará la transparencia y ofrecerá igualmente respuestas profesionales a toda una serie de preguntas que ya han sido planteadas, pero que todavía no han sido resueltas satisfactoriamente. 
Asimismo evaluará y valorará las técnicas y procedimientos que hemos elegido y que a menudo han dado lugar a algunos avances, pero que no han generado un clímax completo. 
Hemos debatido sobre la situación del mercado de trabajo y la mujer. 
No cabe duda de que el porcentaje de mujeres que participa activamente en el mercado laboral ha aumentado durante el seguimiento de la Estrategia de Lisboa. 
Por otra parte resulta obvio que el porcentaje total no es suficiente para que alcancemos los objetivos de Lisboa. 
Señorías, la igualdad entre el hombre y la mujer es un concepto, es un concepto político, un concepto de valores. 
Se trata de un concepto que ha sido observado por décadas, pues el Día Internacional de la Mujer no comenzó hace diez años ni comenzó hoy, sino que forma parte de los esfuerzos realizados por la gente para alcanzar un determinado valor que consideramos profundo y obvio. 
Estos esfuerzos no deben detenerse, ya que nunca podemos darnos por satisfechos con los avances realizados, porque a medida que el mundo cambie los problemas cambiarán y nos encontraremos ante nuevos retos. 
Uno de ellos es el envejecimiento de la sociedad, otro es el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, y otro más, que ha sido mencionado por varios oradores, es comprender mejor a nuestros hombres en el marco de las costumbres sociales ordinarias. 
Tenemos mucho camino por recorrer. 
Asimismo se ha debatido acerca del Día europeo contra la violencia ejercida contra las mujeres. 
Y una vez más quiero recalcar que la violencia contra cualquier ser humano es algo repugnante y que es obligación del proyecto europeo y de la Unión Europea buscar formas eficaces para prevenir dicha violencia. 
La violencia contra las mujeres es una violencia que existe a una escala realmente enorme en nuestra sociedad, y no podemos permanecer indiferentes, sino que debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance. 
Una de las cuestiones debatidas era si sería más conveniente celebrar en 2006 un Año europeo contra la violencia ejercida contra las mujeres, en vista de que en 2004 hubo un año mundial contra la violencia, o bien si no sería preferible celebrarlo en una fecha aún por decidir que garantice que tenga un mayor peso y resulte más contundente. 
Esa es la cuestión; la cuestión no es la violencia en tanto que tal, porque, como he dicho, esta es una de las prioridades clave que la Comisión actual ha adoptado y considera importante, y que espero podamos realizar a medida que nos esforcemos por avanzar. 
Señorías, me gustaría volver una vez más al 8 de marzo. 
Este día pone de relieve decenios de esfuerzos que, ante las dificultades, han dado por resultados avances al menos en algunas zonas del mundo, yo diría que en todas las zonas del mundo, pero a través de medios diferentes. 
Es un símbolo de los esfuerzos que realizamos actualmente y que consentiremos en el futuro, porque es un símbolo de los esfuerzos para alcanzar un ideal, y un ideal siempre resulta muy difícil de alcanzar. 
Sin embargo, podemos hacer todo lo posible para acercarnos a ese ideal, y esta Comisión tiene cinco años para adoptar medidas que deben poder cuantificarse. 
Gracias, Señorías. 
– Gracias, señor Comisario. 
Al término de este debate he recibido seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Figueiredo (A6-0035/2005) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación social en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, ha llegado el momento de prestar más atención a los efectos sociales de la reducción del crecimiento económico en más del 50 % durante los últimos tres años y de la ampliación de la Unión. 
La situación social, como sabemos, se está deteriorando, y están apareciendo indicios preocupantes, en particular el hecho de que 20 millones de personas no tengan empleo y unos 70 millones de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza, y estos problemas afectan en particular a las mujeres, las personas mayores y los niños. 
El desempleo, con una media del 9 % aunque esta cifra se eleva al 10 % entre las mujeres y a más del 18 % entre los jóvenes está sumamente extendido en Polonia, país en el que la tasa de desempleo llega al 19 %, y Eslovaquia, Lituania y España no se encuentran muy lejos. 
No obstante, en otros países como Portugal, la tasa de desempleo es muy elevada en algunas regiones debido a la creciente desindustrialización, a la deslocalización de las multinacionales y a la privatización del sector y los servicios públicos. 
Al mismo tiempo, el empleo existente resulta cada vez más precario y las mujeres son las principales víctimas de dicha precariedad. 
En la UE en su conjunto, tan solo uno de cada tres puestos de trabajo a tiempo completo es ocupado por una mujer, y son las mujeres las que siguen sufriendo una discriminación salarial directa e indirecta, que se refleja en diferencias salariales del 16 % al 30 % de media, e incluso más en algunos países. 
Estas cifras ponen de manifiesto que las estrategias para crear un mayor número de empleos de calidad en los que los trabajadores gocen de derechos no han dado los resultados esperados, porque hacen hincapié, en aras de la competitividad, en la doctrina neoliberal, en el Banco Central Europeo, en la aplicación irracional de los criterios de convergencia nominal del Pacto de estabilidad y crecimiento, en la aceleración de las liberalizaciones y privatizaciones, y en la flexibilidad y la desregulación del trabajo. 
Por ello es indispensable que abolamos el Pacto de estabilidad y lo reemplacemos por un auténtico pacto de desarrollo y empleo que conceda prioridad a la creación de un mayor número de empleos provistos de derechos laborales, un pacto que nos comprometa a una revisión a fondo de la Estrategia de Lisboa, eliminando así la liberalización y la desregulación del trabajo, y nos permita poner todo el énfasis en la creación de puestos de trabajo provistos de derechos y en la inclusión social. 
A fin de alcanzar la tasa de empleo del 70 % que contempla la Estrategia de Lisboa será necesario crear 22 millones de nuevos puestos de trabajo. 
De lo contrario, en lugar de avanzar hacia la cohesión económica, social y territorial, se ahondarán las desigualdades ya sea entre países o entre los distintos sectores de la población. 
En estos momentos, la renta media per capita en algunos Estados miembros se encuentra por debajo del 51 % de la media comunitaria, mientras que en 10 países esta cifra supera la media europea. 
Asimismo, la renta del 20 % de la población más favorecida supera en cinco veces la renta del 20 % de la población menos favorecida, aunque este indicador varió del 3 % en Dinamarca al 6,5 % en Portugal, y la situación ha seguido deteriorándose en los últimos años. 
No podemos permitir que estas desigualdades continúen, en un momento en que el 15 % de la población de la UE corre riesgo de caer en la pobreza, cifra que en algunos países llega al 20 % o más, como en Portugal, Grecia e Irlanda. 
Los subsidios y prestaciones de la seguridad social son necesarios para reducir el riesgo de caer en la pobreza. 
Sin las transferencias sociales, como las pensiones y otras formas de ayuda, el riesgo de caer en la pobreza afectaría a una media del 30 % de la población en Finlandia, al 37 % en Portugal, al 40 % en Francia y el Reino Unido y al 42 % en Italia. 
El aumento del desempleo de los últimos años y los recortes sociales en algunos Estados miembros han hecho que la pobreza y la exclusión social ahora sean probablemente una realidad más extendida de lo que indican las estadísticas. Esto indica que es necesario hacer énfasis en la inclusión social dentro de las diversas políticas comunitarias, en particular en la política monetaria y en la política del mercado interior, a fin de defender unos servicios públicos de alta calidad. 
Por ello, la Comisión debe retirar su propuesta de directiva sobre la realización del mercado interior en el sector de los servicios y no debe imponer nuevas normas a la organización del tiempo de trabajo. 
Deben adoptarse medidas destinadas a limitar las fusiones de empresas y la relocalizaciones de las multinacionales, a ayudar a los sectores productivos y a las pequeñas, medianas y microempresas, a luchar contra la discriminación, a promover la igualdad y la democracia participativa y a reducir el horario de trabajo sin pérdida de ingresos, con el fin de facilitar la creación de más puestos de trabajo, de reconciliar la vida laboral con la vida familiar y de ofrecer una formación y educación permanentes. 
La nueva agenda en materia de política social no debe ser una simple colección de palabras y una declaración sin contenido práctico. 
Por ello espero que en esta Cámara se celebre un debate sobre estos temas. 
Quiero dar las gracias a las personas que me ayudaron a redactar este informe, que espero sea adoptado sin las enmiendas que recogen algunas de las propuestas presentadas por los miembros del El Grupo del Partido Popular Europeo (Democratacristianos) y de los Demócratas Europeos y por los liberales. Porque lo que necesitamos son más puestos de trabajo y una mayor inclusión social, de forma que, cuando la UE hable de cohesión económica y social, no solo exprese meras palabras, sino que adopte medidas reales a favor del bienestar de todos. 
,. Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a la ponente, la señora Figueiredo, y a los miembors del Comité de Empleo y Asuntos Sociales, por este informe sobre la situación social en la Unión Europea. 
Durante los debates con las diputadas y diputados del Parlamento Europeo sobre la elaboración de la nueva agenda social, que la Comisión adoptó el 9 de febrero, puse de manifiesto la importancia que revestía dicho informe. 
Quiero aprovechar mi intervención de este día para recordar que la elaboración de esta posición, en la que hay que incluir el debate celebrado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales con representantes de los interlocutores sociales y la sociedad civil, ha contribuido a crear una nueva agenda social. 
La posición del Parlamento presenta un resumen coherente de los problemas existentes en este ámbito, que son numerosos: desempleo, inseguridad, pobreza, desigualdad, discriminación. 
Se trata de problemas auténticos y concretos que inflingen grandes sufrimientos a nuestros ciudadanos. 
Estos tienen la legitima esperanza de que la Unión Europea se enfrentará a estos problemas y ayudará a encontrar soluciones satisfactorias. 
Aparte de ello tenemos problemas como los efectos de la globalización, de la reestructuración económica, de los trastornos demográficos y del incremento de la diversidad dentro de la Unión Europea que es resultado de la última ampliación. 
El Parlamento Europeo pide que la Comisión elabore y publique estudios e indicadores sobre todas estas tareas y sus efectos recíprocos. 
Quisiera señalar que la Comisión publica periódicamente análisis y estadísticas en sus documentos políticos, y en particular en sus informes periódicos sobre temas tales como la situación social en Europa, el empleo en Europa y las relaciones laborales en Europa. 
Estos documentos siempre despiertan un gran interés entre los periodistas y entidades dedicadas a las cuestiones sociales. 
Puedo confirmar que tengo la intención de continuar plenamente con este planteamiento. 
Estos informes ofrecen un resumen muy positivo y coherente de los problemas sociales, brindan un resumen de las estadísticas y presentan análisis pormenorizados que se concentran en temas concretos, como la protección de la salud, la calidad del trabajo, la reestructuración, la discriminación y la igualdad. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y de los Demócratas Europeos tiene una opinión enormemente negativa del informe que estamos debatiendo hoy. 
Creemos que desde el inicio, este informe ha adoptado en exceso un enfoque ideológico a los problemas sociales en la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, deja de lado una serie de aspectos prácticos esenciales relativos a la situación social real en la Unión Europea y los problemas reales con que nos enfrentamos. 
Tal vez lo mejor sea que me centre solo en dos asuntos sobre los que desearía llamar la atención de la Cámara. 
En primer lugar, yo procedo de un país postcomunista que durante más de 50 años disfrutó de «bendiciones» como la economía planificada, la abolición de los derechos sobre la propiedad privada y las restricciones sobre la competencia. 
Por eso puedo afirmar bastante categóricamente que la ponente no ha tenido a bien reflejar en sus valoraciones la notable influencia de los regímenes comunistas sobre la situación social en los nuevos Estados miembros. 
Nuestra experiencia pretérita nos lleva a creer que la Unión Europea no debería imponer excesivas restricciones sobre la libertad para emprender actividades económicas. 
Las valoraciones críticas en el informe se utilizan como base para presentar propuestas encaminadas a aumentar la carga administrativa sobre los empresarios, así como para ampliar la base impositiva y crear nuevos pactos para el empleo, aunque no son pactos nuevos y soluciones jurídicas nuevas lo que necesitamos. 
Cualquier debate que celebremos sobre el paro debería centrarse asimismo sobre los empresarios, ya que la única forma eficaz de crear nuevos puestos de trabajo consiste en permitirles que continúen con su actividad. 
Eso solucionaría el problema del desempleo de una forma tremendamente práctica. 
No seremos capaces de crear nuevos puestos de trabajo imponiendo más cargas administrativas a los empresarios, elevando los impuestos y estableciendo restricciones a la competencia. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado en consecuencia un número considerable de enmiendas. 
Queremos señalar que para que el grupo vote a favor del informe, lo mínimo que sería necesario es que fueran aprobadas todas las enmiendas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el largo debate que acabamos de mantener, en este Día de la Mujer, sobre la situación de las mujeres no estaría fuera de lugar en este debate sobre la situación social en Europa, pues son cuestiones muy interrelacionadas y las mujeres son las primeras víctimas de una situación mucho más general. 
El balance social de la Unión Europea en 2004, que examinamos hoy y que es objeto del informe que tenemos sobre la mesa, es alarmante. 
El desempleo masivo, la desigualdad social, la inestabilidad y la inseguridad han aumentado en los últimos veinte años. 
Aunque el desarrollo social y la lucha contra la pobreza son objetivos comunes de los Estados miembros, por fuerza hemos de constatar que las leyes del mercado operan hoy en contra de los intereses de las personas y que más de 70 millones de ciudadanos europeos se encuentran actualmente gravemente amenazados por la pobreza y la precariedad. 
La pregunta a la que tenemos que responder es simple: ¿vamos a promover la igualdad social y la igualdad de desarrollo, o dejaremos que la libre competencia deteriore todavía más la situación social europea? 
Esta es la pregunta a la que debemos responder con la adopción de una agenda social que incluya medidas concretas para hacer frente al problema. 
No tengo tiempo para entrar en detalles, pero quisiera indicar al menos dos prioridades: debemos progresar hacia una armonización al alza de las situaciones sociales y no utilizar las directivas para practicar el dúmping social; necesitamos compartir la riqueza de manera que permita la solidaridad, y no la competencia entre regiones pobres y regiones ricas. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo ALDE da las gracias a la señora Figueiredo por todo el esfuerzo que ha invertido en la elaboración un informe tan completo y, en particular, por su voluntad de compromiso en la comisión. 
Podemos respaldar gran parte del contenido de la resolución, sobre todo lo relativo a la formación permanente, las PYME, la responsabilidad social de las empresas, las regiones desfavorecidas y la lucha contra la discriminación. 
Sin embargo, hay varias cuestiones que nos preocupan en gran medida, concretamente con respecto al apartado 1, al inciso 5 del apartado 5 y al considerando E. Nuestra decisión en la votación final dependerá de cómo se responda a estas preocupaciones. 
El apartado 1 nos plantea dos problemas. 
En primer lugar, entendemos la necesidad de ajustar con el tiempo las políticas económicas y financieras, pero el uso de la palabra «revisión» implica un cambio fundamental de dichas políticas, tal y como reconoce efectivamente la señora Figueiredo en su discurso. 
En segundo lugar, este apartado es demasiado impreciso. 
Preferimos el énfasis que pone nuestra enmienda en el modo en que la Estrategia de Lisboa debería abordar las deficiencias de la actual situación social. 
En los otros dos casos, lo que nos preocupa no es el contenido del inciso o del considerando, sino las frases desafortunadas que figuran en ellos. 
De esto ya se ocupan las correspondientes enmiendas o solicitudes de votación por partes. 
Esto mismo se aplica a otras mejoras que nos gustaría que se introdujeran en el texto. 
Por último, con respecto al considerando M, he de decir que ha habido algunos problemas de traducción. 
Quisiéramos aclarar que esto debe entenderse en el sentido de que se pide únicamente a los Estados miembros que se planteen introducir una renta mínima como base de protección social cuando no dispongan de un sistema de este tipo en estos momentos. 
No se trata de un intento de implantar una especie de salario mínimo a escala europea. 
. 
Mi Grupo apoya incondicionalmente este informe. 
Actualmente, en la Unión Europea hay 68 millones de personas que viven en la pobreza y marginados por la sociedad, una situación en la que corren especial riesgo de caer los parados, las madres solteras y los inmigrantes. 
Por tanto, no resulta sorprendente que los hijos de tales hogares corran especial riesgo de caer también en la pobreza. 
Solo en Alemania, que está considerada un país rico según los patrones de la UE, el número de hijos que viven en la pobreza alcanza ya según la Unicef 
Existen tres factores esenciales que determinan el porcentaje de niños pobres en los países ricos: la política social, las tendencias sociales y la forma en que evoluciona el mercado laboral. 
Así ocurre que los menores salarios para el 10 % inferior de la escala de rentas ha reducido los ingresos familiares en Alemania en un 23 %. 
Permítanme que de nuevo haga un llamamiento para que sea aprobado este informe, y para que la reunión del Consejo en marzo dedique toda su energía a la situación social en Europa. 
. – Señor Presidente, la situación social depende del empleo. 
Hay cierta diferencia de puntos de vista entre el informe de la señora Figueiredo y la Comisión Barroso. 
El informe, en caso de ser aprobado, propiciará nuevas iniciativas y ejercerá presión para seguir adelante con la Agenda de Lisboa. 
La Comisión parece seguir la dirección opuesta, abogando por una estructura más libre. Hace poco propuso que el 80 % de los recursos se administraran de forma descentralizada. 
Si realmente se devolvieran las competencias al Estado nacional, puede que el Partido por la Independencia del Reino Unido se decidiera a apoyar a la Comisión. 
Esto se debe a que el Reino Unido se vio incitado a entrar en lo que entonces era la CE por la promesa de que esta no se convertiría en un Estado federal, sino que se limitaba simplemente al ámbito comercial. 
Ojalá fuera así. 
Una cosa es cierta: la tasa de desempleo en el Reino Unido equivale a la mitad de la tasa media registrada en el conjunto de la Unión Europea. 
Nuestros niveles de desempleo se sitúan entre los más bajos, junto con los de Suecia y Dinamarca. 
Los Gobiernos no producen estos resultados, simplemente establecen las condiciones idóneas para que florezca el empleo. 
El factor más importante es la moneda común. 
Suecia, Dinamarca y el Reino Unido no han adoptado la moneda única, de modo que no tienen que cargar con un tipo de interés único. 
En el propio Reino Unido existen economías diferentes que impiden al Banco de Inglaterra fijar un tipo de interés conveniente para todo el país. 
¿Cómo va a poder entonces el Banco Central Europeo establecer un tipo de interés común apropiado para una Europa con economías muy dispares derivadas de una enorme diversidad geográfica y unos estilos de vida tan diferentes? 
Junto con mis colegas, votaré en contra de este informe. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que tenemos delante sobre la situación social en Europa constituye una clamorosa distorsión de la realidad. 
Por tanto, pienso que se trata de un informe desequilibrado. 
El texto se centra en todos los aspectos negativos, que reconocemos que todavía existen, tales como la exclusión social, el desempleo y la existencia de bolsas de pobreza, pero opta por ignorar todos los aspectos presentados por la Comisión. 
En aquellos ámbitos en los que la Comisión refiere aspectos positivos, se ha conseguido un progreso en cuanto a la situación social en Europa. 
Voy a citar cinco omisiones que considero muy graves; en primer lugar, el informe omite el hecho de que durante la década pasada se han logrado avances en lo referente a empleo, aumento del producto y cohesión en la mayoría de los 25 Estados miembros; en segundo, ignora de manera deliberada el hecho de que, según la Comisión, los problemas sociales en ocho de los diez nuevos Estados miembros se deben principalmente a los regímenes totalitarios que estaban antes en el poder; en tercero, no hay ni una sola palabra acerca de las oportunidades disponibles para los nuevos Estados miembros a raíz de su adhesión a la UE; en cuarto, el informe ignora toda la complejidad que nace del fenómeno de la globalización; y en quinto, el informe hace énfasis en la planteamiento –erróneo a nuestro criterio– de que el dinamismo económico es el enemigo del desarrollo social. 
Nosotros tenemos el parecer opuesto, a saber, que el dinamismo económico, la estabilidad de los precios y la reducción de los costes no son enemigos, sino aliados, del desarrollo del modelo social europeo. 
Resumiendo, el presente informe ofrece una visión tremendamente simplista de la realidad social europea, con pinceladas de una cierta demagogia. 
Además, es sintomático de la influencia ideológica que impregna el informe el hecho de que en ninguna parte menciona la superioridad constatada de la economía social de mercado sobre los modelos de economías planificadas. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera aprovechar la oportunidad para destacar la importancia del modelo social europeo, amenazado por la Directiva sobre el tiempo de trabajo o la Directiva de servicios, cuando los problemas de pobreza, exclusión social y calidad de vida son aún más agudos hoy en día en una Europa de 25. 
Una Unión Europea de 25 Estados miembros presenta evidentemente mayores disparidades económicas y sociales que cuando era de tan solo 15. 
Por esta razón, debemos promover más hoy que ayer una cohesión social real en nuestro continente. 
Defender un modelo social europeo que refleje una Europa de la excelencia no es defender el Al contrario, debemos aprovechar la ampliación para reafirmar políticas sociales y de empleo que distingan a la Unión Europea y sirvan también de ejemplo a otras regiones del mundo. 
¿Qué significaría una mayor competitividad sin una política social justa? 
¿Qué significaría un mayor crecimiento si no beneficiase al mayor número de personas? 
Por lo demás, no es necesario demostrarlo: todo el mundo sabe que unas políticas que favorezcan la cohesión social son factores determinantes del dinamismo económico. 
Los próximos días 22 y 23 de marzo, los Jefes de Gobierno tomarán una decisión crucial para el futuro de Europa cuando adopten una estrategia que fijará el plan de desarrollo económico por cinco años. 
No pueden ignorar que una perspectiva económica triunfante debe incluir niveles sociales elevados, porque estos también son esenciales para una Europa de las naciones. 
Señor Presidente, el informe Figueiredo se refiere a una cuestión de suma importancia, a saber, la situación social en la Unión Europea. 
Quiero subrayar cuatro temas. 
En primer lugar, el apartado 18 se refiere a la solidaridad con los nuevos Estados miembros. 
Creo que el concepto de solidaridad debería aparecer en las primeras líneas del informe, ya que es una de las ideas fundamentales sobre las que se basa la Unión Europea. 
En segundo, el apartado 22 se refiere al modelo social europeo, y pienso que también se le debería haber dado mayor peso. 
No basta con conservar y consolidar este modelo. 
Debería adaptarse igualmente a las necesidades actuales y a las exigencias previstas del mañana. 
En tercero, el informe apunta, de manera acertada, que se ha prestado una atención insuficiente a los aspectos sociales en la Estrategia de Lisboa. 
Por último, el apartado 4 afirma que las políticas sociales y de integración son fundamentales para los derechos de los ciudadanos y también para el desarrollo económico, lo cual es totalmente acertado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, podremos decir que la cohesión social se ha alcanzado satisfactoriamente cuando no exista un segmento de la sociedad que haya quedado suprimida. 
Esto es aplicable en concreto a los trabajadores de más edad, y especialmente a las mujeres. 
No se puede seguir tolerando que, como ha ocurrido en Alemania, el director del organismo estatal de empleo pueda pedir sin más que las agencias de colocación dejen de prestar sus servicios a los trabajadores de más edad en Alemania Oriental. 
Tampoco podemos tolerar que miles de parados de más de 55 años sean expulsados oficialmente de la sociedad y su experiencia vital y laboral, arrojada al cubo de basura. 
Cualquier economía satisfactoria tiene que fundamentarse en el conocimiento, y sobre todo la experiencia, de los mayores, y de hecho depende de ellos si no se quiere caer en la trampa demográfica. 
Ocurre que, si bien fue la línea respaldada por la Comisión en su comunicación a principios de este año, ahora, a fecha de la revisión intermedia de Lisboa, ya no se habla para nada del apoyo real a los trabajadores de más edad. 
Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que, en un sinfín de ámbitos, el informe contiene posiciones agradables, y no existe ninguna duda de que es increíblemente bien intencionado. 
Sin embargo, el problema por supuesto es que elude totalmente los problemas reales en la economía europea, y me deja perplejo que no se plantee ninguna pregunta en absoluto acerca de por qué las cosas van tan mal. 
¿Por que tienen los Estados Unidos un producto nacional bruto 40,5 % superior, de media, por habitante que nosotros, incluso en la parte más rica de la UE de 15 países? 
La respuesta es muy clara. 
La economía europea avanza demasiado lentamente porque invertimos insuficientemente en investigación y desarrollo. 
Nosotros no trabajamos demasiados años de nuestras vidas. 
Solo el 63 % de la totalidad de la población en edad laboral se halla dentro del mercado laboral. 
Nosotros no trabajamos muchas horas a la semana y lo hacemos utilizando tecnologías anticuadas. 
No sirve para nada distribuir la pobreza, como propone este informe que hagamos. 
El asunto consiste en incrementar el crecimiento para que haya cantidad suficiente a distribuir entre todo el mundo. 
Echen un vistazo a las cifras de mi país de origen, Dinamarca, y descubrirán que ha logrado implantar una política con sensibilidad social y crear crecimiento. 
Señor Presidente, Señorías, apoyo el informe de la señora Figueiredo, pero me parece necesario llamar la atención sobre una contradicción. 
En el considerando L, después de referirse a la preocupante situación del desempleo en la Unión, se sostiene que es necesaria la inmigración para afrontar las implicaciones directas para el actual mercado de trabajo. 
Lo que necesitamos, en mi opinión, es más estabilidad y menos medidas provisionales, más certeza y continuidad en el empleo, y menos ayudas públicas para las grandes empresas, especialmente las multinacionales, que se benefician de los incentivos y las exenciones fiscales concedidas por la Unión Europea y sus Estados miembros, correspondiendo en muchos casos con deslocalizaciones y fraudes que perjudican a los pequeños ahorradores. 
En el punto cinco del considerando M, se hace una referencia muy oportuna a la democracia participativa. 
En este contexto, debemos seguir persiguiendo el objetivo de la participación directa en la vida de las empresas, como se establece ya en el nunca aplicado artículo 46 de la Constitución italiana – tomado, además, de la Carta del Trabajo de la República Social Italiana – que reconoce el derecho de los trabajadores a colaborar en la gestión de las empresas, de la forma y dentro de los límites establecidos por la ley. 
Se trata de un ejemplo de instrumento normativo que, de haberse incorporado a la Constitución europea y aplicado después, habría hecho más aceptable un documento que es un instrumento que interfiere y coacciona el destino de la población europea; o cuanto menos podría haber aumentado su valor social. 
Señorías, un tema muy recurrente en los nuevos Estados miembros es la reforma del sistema de pensiones. 
En la mayoría de estos países, el pilar principal continúa siendo un único esquema de paga en el momento de la jubilación. 
Creo que este sistema, una vez introducidas las necesarias modificaciones, ampliada la edad de jubilación e incrementadas las contribuciones, es el único sistema capaz de garantizar una pensión decente para los futuros pensionistas. 
Al mismo tiempo, esto permitiría respetar las pertinentes disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo que la mayoría de los nuevos países han ratificado. 
Los partidos conservadores en la mayoría de estos países están planteando una reducción de las pensiones garantizadas por el Estado hasta un nivel por debajo del límite garantizado por los convenios, y la creación de otro pilar basado sobre el seguro obligatorio. 
A mi juicio, esta solución es arriesgada y no ofrece garantía ninguna en cuanto a unos ingresos adecuados en la vejez, ya que la legislación necesaria para hacer funcionar este pilar es muy desigual. 
Es más, los costes administrativos de las instituciones privadas son varias veces superiores a los costes soportados por instituciones bajo control estatal. 
Si los empleados han de soportar contribuciones obligatorias para un seguro privado, además de las contribuciones para la pensión estatal, entonces pienso que sería mejor elevar la contribución para garantizar el primer pilar. 
Señor Presidente, Señorías, no existe ninguna duda de que la lucha contra el desempleo, que es causa de exclusión social y de pobreza, constituye una de las tareas más importantes de la política social de la Unión Europea. 
Pero si se miran las cifras del desempleo, no solo en Alemania, sino también en mi país de origen, Austria, se aprecia que estos esfuerzos ya han resultado infructuosos, puesto que hay que reseñar que, al tiempo que los puestos de trabajo han emigrado a países con salarios más bajos, la inmigración ilegal ha creado una subclase en casa. 
Cuando, por ejemplo, según pone de manifiesto el escándalo de los visados en Alemania, cientos de miles, si no millones, de ucranianos entran en la UE camuflados de turistas para ofrecer una mano de obra barata, eso significa en términos reales que se están suprimiendo puestos de trabajo en los Estados miembros de la UE. 
La guerra contra el desempleo tiene que ser, por consiguiente, una lucha contra la inmigración ilegal y la mano de obra inmigrante ilegal. 
Es evidente que hay que evitar que organizaciones y empresas sospechosas introduzcan mano de obra barata en la UE bajo el pretexto de la libertad para prestar servicios. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención señalando la valoración negativa que, en términos globales, me merece el informe presentado por la señora Figueiredo, dado que su contenido es contrario a la política económica y social que defiende el Partido Popular. 
Si bien es cierto que el texto ha sido mejorado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, también es verdad que sigue manteniendo un tono que apuesta claramente por el intervencionismo, relegando, olvidando y pasando a segundo plano todo lo que significa el desarrollo económico y social de la Unión, como la iniciativa privada, el mercado o la política de la competencia. 
Es, en definitiva, un informe que apuesta por políticas y recetas que tradicionalmente ha venido defendiendo la izquierda europea. 
Nuestra primera enmienda, por tanto, pretende destacar el importante papel de la iniciativa privada en el desarrollo de la Unión. 
Con respecto al apartado 1, que han comentado otros ponentes, su redacción es, en mi opinión, particularmente desacertada, pues de su lectura parece concluirse que los problemas de desempleo de la Unión Europea se deben al Pacto de Estabilidad, a la Estrategia de Lisboa, al mercado interior o a la política de la competencia. 
En mi opinión, son precisamente estos factores los que tienen que fortalecerse si queremos conseguir que la Unión crezca, cree empleo y tenga una mayor cohesión social. 
Y esto es así, como se ha demostrado, por ejemplo, en mi país, en España, donde, en los últimos años, una política económica basada en el equilibrio de las cuentas públicas, en la reducción de impuestos y en el desarrollo de reformas liberalizadoras en sectores clave de la economía ha permitido crear cinco millones de empleos. 
El problema radica, tal como ha reconocido el Grupo de Alto Nivel, presidido por Wim Kok, en la falta de compromiso de algunos de los Estados miembros con las reformas necesarias para desarrollar estrategias y no la estrategia en sí misma. 
Por último, con el resto de las enmiendas lo único que pretendemos es que este Parlamento refleje la preocupación por los jóvenes ante la constatación de su dificultad para acceder al mercado de trabajo, así como la necesidad de eliminar barreras administrativas y fiscales para los emprendedores europeos. 
– Señor Presidente, los objetivos de la Unión Europea, según la Constitución Europea, son alcanzar el pleno empleo y el progreso social, combatir la exclusión social y la discriminación, así como promocionar la justicia y la protección social. 
Lo alejados que nos encontramos de estos objetivos queda ilustrado por la información expuesta en el informe de la Comisión: veinte millones de ciudadanos europeos se hallan desempleados y setenta millones se encuentran al borde de la pobreza. 
La violencia contra las mujeres y la desigualdad entre hombres y mujeres no han desaparecido. 
Por lo demás, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. 
¿Qué estamos haciendo realmente para eliminar la violencia contra las mujeres y la familia, cuando los resultados de la investigación correspondiente al programa Daphne I todavía están por aplicar? 
Existiendo tales carencias sociales, no podemos hablar efectivamente sobre la protección y la justicia social. 
Por desgracia, la Estrategia de Lisboa ha resultado hasta ahora inadecuada para atajar de forma drástica las carencias en el sector social en la Unión. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea coloca al hombre en el punto central de su actuación. 
El Consejo y la Comisión hablan de progreso y de promedios crecientes en los distintos sectores sociales. 
Sin embargo, los niveles mínimos de derechos civiles y sociales de cada ciudadano definidos en la Carta no son evaluados en virtud de promedios, sino de criterios personales. 
El desarrollo sostenible y la justicia social tienen sentido no solo cuando sube el indicador general de la economía y la prosperidad humana, sino también cuando avanza la cohesión social. 
En consecuencia, el objetivo principal de la Unión no debería consistir solamente en cómo mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos, sino básicamente en cómo convertir, cuando menos, la vida deficiente de cualquier minoría en una vida agradable. 
Ha llegado el momento de decisiones radicales y de acción eficaz. 
La responsabilidad recae en la Comisión y en cada Estado miembro de la Unión Europea. 
Debería ajustarse la hoja de ruta de la Estrategia de Lisboa a las nuevas circunstancias. 
El objetivo consiste en una vida digna para todos los ciudadanos europeos, para todos los ciudadanos europeos sin excepción. 
,. Quisiera realizar una breve intervención en este debate. 
Los problemas que han sido planteados son evidentemente problemas que se analizan en textos y documentos presentados por la Comisión Europea. 
Se trata de textos en los que buscamos soluciones a los problemas que existen realmente en Europa. 
Estoy convencido de que la Agenda de Lisboa redefinida, junto con la agenda social, contiene soluciones capaces de hacernos avanzar. 
Está suficientemente claro que Europa necesita crecer, lo mismo que resulta obvio que Europa precisa una responsabilidad social, y es bastante evidente que existen vínculos indivisibles entre estos dos elementos y, por tanto, ninguno de ellos debería analizarse fuera de contexto. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a mediodía. 
– del señor Sánchez Presedo (A6-0045/2005) , en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. Doy la palabra al señor Mandelson, quien interviene en nombre de la Comisión. 
. Señor Presidente, gracias por invitarme a intervenir ante el Parlamento para abordar el tema del sistema de preferencias generalizadas (SPG) y su reforma. 
El SPG es un instrumento clave que permite poner el comercio al servicio del desarrollo, estimulando las exportaciones de los países en desarrollo a la Unión Europea. 
En el sistema actual se introducirán cuatro mejoras principales. 
Primero, se simplificará el SPG. 
Segundo, se ampliará la cobertura de productos. 
Tercero, las ventajas se centrarán en los países en desarrollo más necesitados. 
Cuarto, las ventajas adicionales del SPG (SPG+) estarán disponibles por primera vez para aquellos países que fomenten el desarrollo sostenible. 
El nuevo marco del SPG es más fácil de comprender. 
Se reduce solo a tres elementos: el acuerdo general; la iniciativa «Todo menos armas» para los países menos desarrollados, que permanece sin cambios; y un nuevo régimen especial para el estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza. 
El proceso de graduación será más claro, sencillo y justo. 
La graduación –la exclusión de los productos competitivos de los beneficios del SPG–dejará de aplicarse anualmente para hacerlo durante el período de tres años y medio del Reglamento. 
De este modo se conseguirá una mayor estabilidad y una mayor previsibilidad. 
El nuevo mecanismo del SPG constituye un claro ejemplo de un enfoque integrado de la política comercial y del desarrollo sostenible, motivo por el cual estoy seguro de que será bien acogido por sus Señorías. 
El nuevo incentivo al desarrollo sostenible y la gobernanza supondrá un apoyo a nuestro compromiso a favor de los derechos humanos y laborales básicos y de la protección del medio ambiente en el marco de nuestra política comercial actual. 
El SPG reformado será un instrumento más efectivo para impulsar la diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico de los países más necesitados: por ejemplo, países vulnerables como Honduras; economías escasamente diversificadas como la de Georgia; islas pequeñas como Sri Lanka y países sin salida al mar como Mongolia. 
Mi objetivo es lograr que este mecanismo más simple y mejorado entre en vigor lo antes posible. 
Después del tsunami, la Comisión ha querido actuar con rapidez para ayudar a los países afectados del Océano Índico. 
El nuevo SPG facilitará el acceso a algunos de los países más perjudicados por el tsunami, motivo por el que deseamos que su entrada en vigor se produzca el 1 de abril. 
Las regiones más castigadas por esta catástrofe serán las que más se beneficien del nuevo sistema. 
Casi todos los productos exportados por Sri Lanka podrán acceder a la Unión Europea sin pagar aranceles, incluso exportaciones tan esenciales como las del sector textil y de la confección. 
La India, Indonesia y Tailandia se beneficiarán de reducciones arancelarias y de una cobertura de productos más amplia, en especial en lo que se refiere a las exportaciones cruciales de mariscos. 
Paralelamente, la Comisión ha decidido simplificar y, en su caso, relajar las normas de origen con el fin de que el SPG favorezca en mayor medida a los más pobres. 
La Comisión ultimará la revisión de las normas de origen del SPG lo antes posible. 
Veamos ahora las enmiendas propuestas por el Parlamento (1). 
Ante todo, doy las gracias al ponente, el señor Sánchez Presedo, y a la Comisión de Comercio Internacional por la excelente labor realizada en un plazo tan apretado. 
Me complace que las conclusiones del informe aprobado por esta comisión el 22 de febrero respalden ampliamente la propuesta de la Comisión. 
En concreto, la comisión parlamentaria ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una evaluación del funcionamiento y del impacto del mecanismo actual del SPG. 
La Comisión se halla en estos momentos elaborando una evaluación del impacto del SPG en los países beneficiarios durante el quinquenio comprendido entre 1999 y 2003, y presentará un informe final al Parlamento para finales de verano. 
Asimismo, estoy dispuesto a informar anualmente al Parlamento Europeo acerca de la evaluación del impacto del nuevo SPG. 
Pasaré a comentar algunas cuestiones de detalle. 
La Comisión está dispuesta a aceptar la enmienda 47, presentada por la Comisión de Comercio Internacional, en virtud de la cual «La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, llevará a cabo un seguimiento de las importaciones de los productos [algunos productos sensibles derivados del atún] ». 
Sin embargo, no me convence la propuesta de la comisión parlamentaria de reducir el umbral de graduación para los productos del sector textil y de la confección, ya que, de ese modo, quedarían excluidos del SPG este tipo de productos procedentes de la India. 
La India es uno de los países más castigados por la catástrofe del tsunami en el Océano Índico y donde viven 300 millones de personas con un dólar o menos al día. 
El tiempo y las circunstancias no son apropiados para introducir este cambio, puesto que la India resultaría perjudicada. 
Por lo tanto, en este contexto, una decisión como no parece estar justificada. 
La postura de los Estados miembros con respecto a esta cuestión está dividida: algunos desean reducir este umbral, mientras que otros están a favor de elevarlo. 
La propuesta de la Comisión de fijar un porcentaje del 12,5 % constituye un compromiso equilibrado entre estas dos posturas. 
Por otro lado, algunas de las propuestas afectan a la posibilidad de determinados países para acogerse al sistema. 
La comisión parlamentaria propone una cláusula específica para El Salvador, la cual implicaría la concesión del régimen SPG+ a un país que no ha ratificado como máximo dos convenios de la OIT debido a impedimentos constitucionales, pero que se compromete a ratificarlos y aplicarlos a la mayor brevedad posible. 
Creo que estarán de acuerdo en que cualquier cláusula que degrade dos convenios de la OIT es contradictoria con la política comunitaria de promover la observancia de normas laborales básicas. 
El 4 de marzo de este año, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre la dimensión social de la globalización, que «recuerdan su compromiso de promover normas laborales básicas y señalan la importancia de revisar el sistema de preferencias generalizadas (SPG) en este contexto». 
Además, hasta ahora, El Salvador no ha demostrado ningún avance en lo que respecta a la ratificación y aplicación de los dos convenios pendientes de la OIT, relativos a la libertad de asociación y al derecho a la negociación colectiva. 
Asimismo, la comisión parlamentaria recomienda revisar la definición del criterio de vulnerabilidad del SPG+, que haría que Pakistán pudiera acogerse. 
Permítanme recordar a los diputados a esta Cámara algunos antecedentes de este asunto. 
Tras los sucesos del 11 de septiembre, decidimos otorgar los beneficios del régimen especial del SPG de lucha contra las drogas a Pakistán. 
Debido al panel de la OMC incoado por la India contra el régimen contra las drogas del SPG, las preferencias arancelarias adicionales solo se pueden conceder a los países con necesidades de desarrollo, financieras o comerciales específicas. 
En consecuencia, la selección de los beneficiarios del SPG+ debe basarse en criterios claros, transparentes y no discriminatorios. 
La inclusión de una cláusula específica para Pakistán constituiría una discriminación, lo cual nos expondría a la presentación de más denuncias. No quiero correr el riesgo de que se inicie otro procedimiento en la OMC en contra del nuevo sistema SPG, ya que esto podría acabar afectando no solo a Pakistán, sino a cualquier otro país beneficiario del SPG+. 
Además, debemos recordar que Pakistán es uno de los principales beneficiarios del SPG, mientras que el régimen SPG+ se centra en los países más vulnerables, en particular los más pequeños que representan menos del 1 % de los flujos comerciales cubiertos por el SPG. 
Pero quiero dejar claro que Pakistán no se verá desfavorecido, sino que disfrutará de un trato favorable en el nuevo sistema, ya que se beneficiará de reducciones arancelarias para todas las exportaciones realizadas al mercado de la UE. 
En conclusión, creo que el nuevo marco del SPG ofrece excelentes oportunidades de acceso al mercado a los países en desarrollo. 
Es más sencillo, más previsible y cubre una gama más amplia de productos. 
Si aseguramos su compatibilidad con las normas de la OMC, proporcionará seguridad jurídica a nuestros socios comerciales y por ello recomiendo a esta Cámara que lo apruebe. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea ha sido pionera en el establecimiento del sistema de preferencias generalizadas. 
Desde 1971, siguiendo la Recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, ha venido concediendo un trato de preferencias no recíprocas a los países en vías de desarrollo que beneficia actualmente a 177 países, 50 de los cuales se encuentran entre los menos desarrollados. 
La Unión Europea importa más productos cubiertos por el SPG que el resto de los países desarrollados juntos y tres veces más que el segundo. 
La primera regulación del SPG en el siglo XXI debe reafirmar el liderazgo de la Unión Europea en el fomento del comercio y el desarrollo sostenible en el mundo. 
La Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Doha en 2001, reconoció que el comercio internacional podría desempeñar un papel más importante en la promoción del desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 
La nueva regulación es la primera adoptada por la Unión Europea de los 25. Da acceso a un mercado superior a los 450 millones de personas que la componen, que pueden ser aún más con la incorporación de dos nuevos Estados miembros. 
Su oportunidad deriva de la necesidad de revisar el régimen especial de drogas, asumiendo las prescripciones del laudo de abril de 2004 de la Organización Mundial del Comercio, que deben hacerse efectivas el 1 de julio del presente año. 
El ponente valora favorablemente la consulta por parte del Consejo al Parlamento en un procedimiento en el que todavía no se aplica la codecisión. 
Considera que la nueva iniciativa debería haber sido precedida de un estudio que evaluara el impacto del sistema en los países beneficiarios y de más tiempo disponible para realizar audiencias de expertos, organizaciones especializadas, países beneficiarios y representantes de la sociedad civil. 
Ello habría permitido unir al informe de la Comisión de Desarrollo los de otras comisiones parlamentarias. 
El informe prevé que la revisión del sistema en el futuro sea más pautada y participativa y refuerza el papel del Parlamento, sin alterar el equilibrio de poderes, aunque mejora la buena gobernanza europea. 
Respaldamos la iniciativa del Comisario Mandelson de presentar una propuesta revisada para adelantar la aplicación del Reglamento al 1 de abril, a fin de que los países afectados por el tsunami puedan recibir cuanto antes sus beneficios. 
Aun cuando parece apropiado su método de elaboración de una lista provisional para aplicar el SPG +, lo cierto es que solo incluye seis países y deja fuera a la mayoría de los que venían disfrutando sus preferencias, sin que su exclusión pueda paliarse por el incremento de más de 200 productos en el SPG general. 
Parece conveniente, por principios de seguridad jurídica, buena administración y confianza legítima, garantizar que los países no incluidos en la lista puedan seguir disfrutando temporalmente de las ventajas que se les reconocían, hasta el fin del presente año. 
Quisiera destacar que el cumplimiento de los requisitos para acceder al nuevo incentivo especial debe ajustarse a las exigencias del Estado de Derecho y el caso de El Salvador lo va a poner a prueba. 
El fin de la violencia y la pacificación de El Salvador han sido alentados y respaldados por la concesión de un sistema preferencial por la Unión. 
Si la actual Constitución salvadoreña, que ha propiciado un delicado equilibrio de concordia, no permite responder literal e inmediatamente a los nuevos requisitos, aunque sí cumplir sus objetivos esenciales, no debería impedir la búsqueda de fórmulas como la que contempla el informe de cumplimiento por equivalencia. 
Debe también evitarse una definición excesivamente restrictiva del requisito de vulnerabilidad para tener acceso al sistema especial de incentivo. 
El informe contempla la prestación de asistencia técnica, para construir la capacidad institucional y regulatoria que permita a los Estados beneficiarios incrementar la tasa de utilización del sistema, actualmente baja. 
Desde el punto de vista sectorial, quisiera destacar la aceptación de la enmienda de compromiso, presentada con el ponente de desarrollo, para vincular los plazos de liberalización del azúcar con los que se establezcan en la reforma de la organización común de mercados, así como las enmiendas en materia de textiles y de productos pesqueros. 
Las normas de origen, aun cuando no forman parte de la nueva regulación, constituyen un aspecto clave y el ponente defiende que se revise cuanto antes su forma, sustancia y procedimientos. 
El informe se ha ocupado de otros aspectos de futuro, como la conservación de la base de cálculo, la ampliación de productos sensibles y la atención a los intereses de los países ACP que no sean capaces de construir un EPA. 
Concluyo señalando que el nuevo SPG +, al situar el desarrollo humano como núcleo central de cualquier estrategia de desarrollo, debe convertirse en la columna vertebral del SPG futuro y agradeciendo su atención, así como la colaboración de todos los que han participado en el resultado de mi informe. 
– Señorías, el servicio de sesiones me comunica que llevamos un gran retraso y me sugiere que prolongue este debate diez minutos, hasta que hayan intervenido todos los oradores que hablan en nombre de sus Grupos. 
Por tanto, les pido diez minutos de paciencia y que escuchen atentamente. 
Gracias por adelantado por su respeto a quienes van a intervenir. 
. Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo, antes de nada quiero dar las gracias al Comisario Mandelson por las palabras que acaba de pronunciar. 
Me puedo identificar sobradamente, y de hecho estar de acuerdo, con los distintos elementos enumerados aquí. 
El comercio y la cooperación para el desarrollo están íntimamente entrelazados. 
El sistema de preferencias arancelarias generalizadas –el tema de nuestra debate de hoy– constituye un ejemplo palmario de ello. 
El importe que gastamos a través del sistema de beneficios comerciales es mayor que todo el presupuesto europeo para la cooperación para el desarrollo. 
Resultaba crítica la revisión del sistema, ya que estaba siendo infrautilizado y la estructura excesivamente compleja no se ajustaba a las disposiciones de la OMC. 
Parece lógico que una simplificación, una mejora, puede arrojar beneficios adicionales, y esto resulta muy significativo, desde luego si los países en cuestión se adhieren a las normas internacionales en cuanto a buena gobernanza y condiciones de trabajo. 
Sin embargo, para que el sistema sea eficaz, la Comisión tiene que revisar de inmediato las normas de origen, pues eso sentará si realmente podemos hacerla más eficaz para los países. 
Resulta muy importante que los beneficios sean generosos y que no intentemos volver a introducir el proteccionismo por la puerta falsa excluyendo todo tipo de productos, tal como ha mencionado el Señor Comisario hace unos momentos. 
Apoyamos la propuesta del nuevo sistema para su implantación inmediata el 1 de abril en los países afectados por el tsunami, pero también defendemos un periodo transitorio para los países que aún no están preparados. 
Es además una cuestión de confianza. 
Por último, quiero hacer referencia a la relación entre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y los acuerdos de asociación económica, que actualmente están siendo negociados por la Comisión Europea con los países ACP. 
Como sabe el Señor Comisario, los acuerdos comerciales no están exentos de controversia; parece ser que implican una liberalización comercial que resulta demasiado rápida y rigurosa. 
Por tanto, resulta de la máxima importancia que los países ACP y, sobre todo, aquellos que no se encuentran entre los países menos desarrollados, dispongan de alternativas si no quieren adherirse a los acuerdos de asociación económica. 
La revisión en 2008 del SPG+ podría constituir una alternativa válida para esto. Aconsejaría al Señor Comisario que de verdad pusiera manos a la obra a este respecto. 
. Señor Presidente, estamos debatiendo la reforma del sistema generalizado de preferencias –el SGP– para los países en desarrollo. 
Como ya se ha dicho, este sistema constituye uno de los instrumentos más importantes para generar el desarrollo económico en los países en desarrollo y, con ello, una distribución más equitativa en el mundo. 
Ofrece beneficios comerciales a los países que más los necesitan. 
Además, a los países que cumplen en términos de derechos humanos, buena gobernanza, legislación laboral y desarrollo sostenible se les conceden mayores beneficios a través de lo que se denomina el programa SGP+, pensado como un incentivo adicional para que los gobiernos lleven a cabo una labor seria y continuada para seguir estabilizando y desarrollando sus países. 
Se está revisando el sistema SPG existente, lo que debía haberse efectuado hace tiempo. 
A la fecha, apenas se han aprovechado las oportunidades que ofrece este sistema, y esa es la razón por la que se ha intentado simplificarla y convertirla en más transparente y objetiva. 
Eso no constituye ninguna garantía de que este sistema, o las nuevas oportunidades, se vayan a utilizar con mayor frecuencia. 
Por consiguiente, propugnamos la reforma de las normas de origen y, sobre todo, la ayuda técnica apropiada para ayudar a los países a analizar la forma de cumplir los requisitos. 
SPG+ debería conceder a los gobiernos unos incentivos adicionales para practicar la buena gobernanza, respetar los derechos humanos, etc., pero la Comisión solo quiere conceder el sistema a los países que ya lo cumplen. 
De esa forma, elimina el incentivo para los países que podrían llegar a cumplirlo en los próximos diez años, siendo ese el periodo de vigencia del sistema. 
Es una oportunidad perdida. 
El informe sostiene, por tanto, que los países que satisfagan las condiciones del SPG+ en los próximos años serán capaces de aprovechar los beneficios adicionales tan pronto como cumplan los criterios. 
Nuestro Grupo respalda el informe, en su versión actual modificada. 
El asunto en cuestión es complejo, y me complace haber podido lograr un compromiso con los demás grupos y las distintas disciplinas. 
Espero que el informe sea aprobado en esta versión y que el Consejo y la Comisión puedan aceptar las recomendaciones. 
La Comisión quería haber debatido antes este informe en beneficio de los países que se vieron afectados por la catástrofe del tsunami. 
Espero que dichos países también se beneficien realmente de este sistema. 
La buena noticia es que la valoración que estábamos esperando ha quedado finalmente completada. 
. – Quiero comenzar saludando al señor Mandelson. 
El sistema de preferencias arancelarias generalizadas ha sido una herramienta importante de subvención a los países en desarrollo, alentándoles a participar en el comercio mundial. 
Esta apertura surge de la responsabilidad de la UE en calidad de mayor bloque comercial en el mundo, y está en sintonía con las posiciones adoptadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Proceso de Doha. 
Dentro del ámbito de la OMC, las importaciones, principalmente desde China, han penetrado desde enero el espacio europeo sin impedimento alguno y, tal vez, con un exceso de agresividad. 
Digo «tal vez» porque tengo que aprovechar esta oportunidad para expresar mi decepción por la ausencia tanto de directrices como de sistemas eficaces para calibrar los niveles de importación, a pesar de constituir un compromiso por parte de la Comisión desde 2004. 
Al mismo tiempo, aplaudo la ágil respuesta de la UE al trágico impacto del tsunami. 
La enmienda presente a las normas de origen abrirá aún más el mercado europeo a las exportaciones de textiles procedentes de los países en desarrollo. 
Existe una posibilidad firme de que someter a los países más pobres del mundo al efecto conjunto simultáneo de la liberalización de las exportaciones de textiles procedentes de China y el trato no suficientemente selectivo de las grandes potencias textiles, como India, dentro del contexto del trato preferencial, destruya en última instancia dichas economías y regiones. 
Lamento constatar que el señor Mandelson no sea sensible a este problema. 
Tenemos que analizar el perverso fenómeno en virtud del cual, los países más fuertes aplastan a los más pobres bajo el propio instrumento concebido para fomentar su desarrollo. 
Es vital que también en Europa la apertura del mercado textil a las importaciones procedentes de países de bajo coste se vea correspondida por los países beneficiados y vaya acompañada de la adopción gradual de unas normas comerciales más justas en términos sociales y medioambientales y en lo referente a la propiedad intelectual, tal como propone el Grupo de Alto Nivel de productos textiles. 
Hablemos claro: si es cierto que las normas europeas sobre textiles tienen que ser modificadas urgentemente, es vital que evitemos que dicha adaptación se traduzca en un colapso brusco de la estructura económica y social en las regiones textiles europeas, con consecuencias funestas, sobre todo en términos de pérdida de puestos de trabajo. 
. Señor Presidente, Señorías, el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, en virtud del cual se conceden aranceles de importación rebajados a los países en desarrollo para la exportación de sus productos a Europa, constituye la aplicación más concreta del principio de «desarrollo a través del comercio». 
El año pasado, este sistema supuso un valor de más de 500 000 millones de euros en exportaciones procedentes de países en desarrollo hacia Europa. 
Este informe sienta los principios básicos para los próximos diez años. 
Pero sigo teniendo el convencimiento de que esta propuesta de Reglamento es demasiado cerrada en su interpretación de los objetivos formulados por la Comisión en el pasado. 
Al final, se ha previsto un sistema más eficaz que da mejor cabida a las necesidades de los países beneficiarios y, sobre todo, a los países más pobres, que necesitan verdaderamente este sistema para su comercio y desarrollo. 
Se ha adquirido el compromiso de ofrecer mayor claridad, mayor flexibilidad y, ante todo, mayor transparencia, incluido un procedimiento para revisiones más ágiles, en caso necesario. 
No creo que esos objetivos se hayan alcanzado totalmente. 
Se está dando un paso en la dirección correcta, pero la reforma todavía carece claramente de alcance suficiente. 
Por eso, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa se abstuvo durante la votación final en la Comisión de Comercio Internacional y ha presentado hoy otras cinco enmiendas. 
Estas enmiendas se han reducido a propósito al mínimo. 
Son razonables y, sobre todo, están encaminadas a establecer mayores garantías que las que los objetivos prioritarios pueden alcanzar realmente. 
A nuestro Grupo le gustaría, por una parte, que el sistema beneficiara a los países que verdaderamente lo necesitan y, por otra, proteger nuestra propia industria contra la competencia injusta y desleal. 
Lo que esperamos conseguir con nuestras enmiendas es, sencillamente, combatir la utilización impropia o errónea del sistema, y por consiguiente espero de corazón que el ponente y los diputados de esta Cámara sean capaces de entender nuestros planteamientos, lo que nos permitiría votar a favor de este informe. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea acoge con satisfacción el acuerdo SPG, pero alberga todavía recelos importantes. 
Permítame exponer los dos más importantes. 
Lamentablemente, la mayoría ha rechazado una serie de enmiendas sobre las ONG –que apoyamos los Verdes– con vistas a ampliar el número de países con derecho a las ayudas. 
El acuerdo significa, por desgracia, que Indonesia e India quedan excluidas, aun cuando poseen unas rentas medias notablemente inferiores a las de muchos países beneficiados por el acuerdo. 
Esto supone que ahora se grava a Indonesia, país afectado por el tsunami, con unos impuestos de la UE por importe de más de 200 millones de euros al año. 
En realidad, parece como si el loable espíritu de autosacrificio en los países de la UE se hubiera convertido en un proteccionismo comunitario a la antigua usanza. 
Queremos que este acuerdo se amplíe a todos los países que cumplan los criterios de desarrollo sostenible, con independencia de su tamaño. 
Además, resulta decepcionante que tengamos que esperar continuamente a la Comisión, cuando se trata de una reforma tan necesaria de las normas de origen. 
¿Nos puede decir la Comisión cuándo vamos a disponer de la propuesta? 
Sin ella, las nuevas normas del SPG no actuarán en beneficio de aquellos para las que están pensadas. 
Por ejemplo, otro país castigado por el tsunami, a saber Sri Lanka, se ve afectado debido a que su producción de ropa solo constituye un eslabón en la cadena de fabricación. 
Es de suponer que la intención no es que la ayuda que proporcionamos en realidad venga a dañar a aquellos que verdaderamente más necesitan la mayor asistencia. 
. – Señor Presidente, estos debates sobre el comercio son siempre demasiado complejos y las preferencias arancelarias generalizadas no son una excepción a esta regla. 
Así que quizás sea una suerte que el Comisario de Comercio sea el señor Mandelson, ya que después de todo es bastante más competente que el resto de la tropa de la Comisión Europea. 
Si nos remontamos a los principios primigenios, el Reino Unido es la cuarta mayor economía del mundo, la tercera mayor nación en volumen de comercio y la cabeza visible una Commonwealth que engloba al 30 % de la población mundial. 
Londres es el principal centro financiero del mundo y el inglés es la lengua común de los negocios en todo el mundo. 
¿Por qué motivo, en vista de todo esto, desde 1973 hemos estado representados por la CEE, la CE, la UE y sin duda, si se aprueba la Constitución, por los Estados Unidos de Europa? 
Sin duda sería mejor para el Reino Unido participar en la OMC por derecho propio. 
No solo tenemos mejores relaciones con nuestras antiguas colonias que la mayoría de los demás países europeos, sino que no estamos dominados por el mismo imperativo proteccionista que la Unión Europea. 
Por este motivo, Oxfam ha concedido a la Unión Europea su Premio a la Hipocresía por su manifiesto doble rasero. 
Queremos una voz británica. 
Queremos una verdadera influencia británica y quizás entonces podamos brindar al Tercer Mundo una verdadera oportunidad. 
– El debate sobre el informe del señor Sánchez Presedo se reanudará a las 21.00 horas esta noche, puesto que a las 15.00 horas continuaremos con nuestros trabajos con sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Tratado de no proliferación y las armas nucleares en Corea del Norte e Irán. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 4, 7, 34, 43, 45 y 47; y las enmiendas 3, 4, 16 y 21 de la Comisión de Desarrollo. 
La Comisión tendría dificultades para aceptar las enmiendas 3, 15 y 18. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51 y 52; tampoco puede aceptar las enmiendas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 de la Comisión de Desarrollo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Tal como se anunció ayer, he recibido por parte del Consejo un corrigendum a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican las directivas que establecen una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros. 
En su carta fechada hoy, la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha anunciado que la comisión votó a favor de aprobar el corrigendum. 
. – Señor Presidente, simplemente quisiera llamar la atención de la Asamblea, ahora que vamos a aprobar este procedimiento, sobre la importancia de este documento. 
Se trata de un acuerdo en primera lectura en un ámbito de codecisión. 
Sin duda es una tendencia que probablemente continuará y debemos velar por que se preserven los derechos del Parlamento en este tipo de situaciones. 
En este caso concreto, hemos servido en cierto modo de cobayas. 
La versión del documento de la Comisión sobre la que ha votado el Parlamento no era la misma que la adoptada por el Consejo, al parecer debido a que los juristas-lingüistas intervinieron después de la votación del Parlamento. 
Aprovechando lo que se ha calificado de intervención técnica se adoptaron por supuesto orientaciones políticas contrarias a lo que votó el Parlamento. 
En la anterior legislatura, nuestro colega Richard Corbett recibió el encargo de elaborar un informe de iniciativa para establecer el modo correcto de proceder en semejantes ocasiones. 
Espero que el Parlamento sea capaz de adoptar muy pronto un informe en este sentido, pues necesitamos armas adicionales para hacer frente al Consejo y a la Comisión en estos casos de acuerdo en primera lectura. 
,. – Señor Presidente, quiero decir que existen algunos problemas de traducción en algunos idiomas. En consecuencia, pido a la Mesa que utilice la versión francesa para el punto 5, y la portuguesa para el punto 8 y el considerando M. 
Al igual que la autora de esta enmienda, quiero proponer una corrección menor, a saber que la palabra «grandes» sea borrada de la expresión «inversiones concertadas en las grandes infraestructuras». 
La enmienda quedaría entonces «inversiones concertadas en las infraestructuras». 
Tal vez no sea necesario que explique las razones de este cambio. 
La finalidad consiste en evitar limitarnos a nosotros mismos únicamente a medidas relativas a grandes infraestructuras, e incluir en cambio todas las principales inversiones en infraestructuras. 
Muchas gracias. 
La votación queda cerrada. 
A continuación se efectuarán las explicaciones de voto. 
. La Lista de Junio apoya la creación de un mercado interior, que funcione correctamente, para el gas natural que facilite el acceso al mercado para nuevos participantes. 
Mientras los incentivos para invertir en infraestructuras y la asunción de riesgos comerciales se mantengan a través de garantizar unos niveles razonables de compensación para quienes acceden al mercado, es positivo que se establezcan principios básicos y disposiciones, que regulen las condiciones de acceso a las redes de gas natural, un acceso que conducirá a una mayor competencia en la UE y, a la larga, a unos precios más bajos del gas. 
. 
Una economía abierta exige una reglamentación claramente definida que permita su cumplimiento y esté concebida de forma apropiada, de manera que su cumplimiento pueda ser verificado e impuesto. 
Por lo que respecta al asunto presente –condiciones para el acceso a redes de transporte de gas natural– es importante garantizar la ausencia de discriminación, a fin de asegurar que el mercado interior pueda funcionar debidamente. 
Dado que el presente informe cumple estas condiciones, he votado a favor. 
. 
El mercado interior de gas natural solo puede funcionar de manera eficaz si las condiciones en cuanto al acceso a la red a través del mercado único cumplen determinadas normas mínimas en cuanto a los aspectos fundamentales del acceso de terceras partes. 
Estas normas resultan esenciales para garantizar unas condiciones justas y equilibradas y ofrecer la oportunidad de entrar en el mercado a nuevos participantes, sobre todo pequeñas empresas. 
Las condiciones de acceso a la red no deben hacer diferencias entre los usuarios de la red de distintos tamaños, por cuanto esto podría provocar competencia desleal y, en cualquier caso, impediría que los consumidores de gas obtuvieran un beneficio equitativo del mercado interior de gas natural. 
Con las medidas que han sido aprobadas, los usuarios que soliciten acceso a la red disponen de suficiente transparencia como para poder efectuar sus negocios, dado que, de lo contrario, no se podrían explotar, a corto o a largo plazo, las oportunidades de negocio derivadas del desarrollo del mercado interior. 
Las enmiendas a la legislación promueven aún más la ausencia de discriminación y la competencia y clarifican los principios básicos. En consecuencia, he votado a favor de las enmiendas de compromiso (bloque 1) y estoy encantado que el Reglamento ahora pueda ser aprobado. 
Señor Presidente, en este tumulto resulta difícil explicar en pocas palabras que la propuesta que he presentado en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y de los Demócratas Europeos para rechazar el informe De Rossa, reconoce no obstante que la propuesta de la Comisión contiene una serie de elementos positivos, que nunca he tenido la intención de suprimir. 
La petición debería entenderse más bien como un mensaje al Consejo de Ministros, en el que 22 países se atienen a las reglas consagradas en el reglamento 1408/71, y luego existen tres Estados miembros, a saber el Reino Unido, Finlandia y Suecia, que no han logrado respaldarlas. 
Este mensaje tenía que enviarse en algún momento, y espero que se le conceda la consideración debida para garantizar el máximo nivel de movilidad a los trabajadores en Europa; de lo contrario, más vale que nos olvidemos de los objetivos de Lisboa. 
Creo que este mensaje ha llegado a su destino, puesto que más de 200 personas han aprobado una propuesta tan rígida como la que he presentado. 
. La libre circulación de las personas en el mercado interior constituye uno de los mayores éxitos y ventajas de la UE y eso presupone, naturalmente, un funcionamiento adecuado del mercado común de trabajo. 
Pero al mismo tiempo hay que respetar el derecho de los Estados miembros a elegir sus propios modelos de bienestar. 
Algunos Estados miembros optan por una combinación de impuestos elevados, servicios públicos amplios y subsidios generosos, mientras que otros se decantan por impuestos bajos y modelos de bienestar más rudimentarios. 
Así pues, no es posible permitir a los europeos que elijan unos impuestos bajos en un país y, al mismo tiempo, exijan el derecho a un subsidio magnánimo y apoyo de un país diferente. 
Si se permite eso, los Estados miembros se verán obligados a implantar el mismo modelo de bienestar. 
La capacidad de las personas europeas para determinar su propio futuro se verá perjudicada en otro aspecto. 
La Lista de Junio desea una revisión exhaustiva de la creciente influencia de los reglamentos de la UE en el marco de la política social y del mercado laboral. 
Por consiguiente, hemos optado por votar en contra del informe, que aboga por una mayor limitación del espacio de maniobra de los Estados miembros en algunos de los ámbitos más esenciales de la política económica democrática. 
. 
La UE no solo tiene que ser un espacio de libre circulación de capitales, productos y servicios. 
Europa tiene que ofrecer asimismo la oportunidad a sus ciudadanos de vivir, trabajar y circular libremente, sin menoscabo para sus derechos. 
El reglamento 1408/71 juega un papel importante en la consecución de este objetivo. 
Por tanto he votado a favor de esta recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición Común del Consejo. 
El Reglamento 1408/71, que entró en vigor hace más de treinta años, define la base sobre la que se han de proporcionar prestaciones a los ciudadanos que se desplazan de un Estado miembro a otro. 
La revisión del actual Reglamento contiene varias disposiciones nuevas encaminadas a ampliar los derechos a la seguridad social y permite determinar si el ciudadano continúa teniendo derecho a prestaciones concretas proporcionadas por su Estado miembro de origen, y que por tanto son exportables, o si existe una prestación equivalente en el nuevo Estado miembro de residencia del ciudadano. 
Sin embargo, lamento que el Consejo no haya aceptado la incorporación de cinco prestaciones para personas con incapacidades y sus familias, que deberían tenerse en cuenta en la siguiente revisión del Reglamento. 
. 
Aunque se trata de una segunda lectura y, como total, no existe una votación final, sigo pensando que puede ser provechoso explicar por qué he votado en contra de la propuesta para rechazar la posición común. 
Tal como viene defendiendo Portugal, y teniendo presente la posición del Tribunal Europeo, resulta vital suprimir el Anexo II bis del Reglamento 1408/71, a fin de garantizar la posibilidad de exportación de determinadas prestaciones. Este punto tiene especial relevancia para los portugueses que viven en el extranjero, ya que si estuvieran incluidas esas prestaciones no contributivas especiales, no podrían ser exportadas, y eso acarrearía graves consecuencias para dichos ciudadanos. 
. 
La libre circulación de trabajadores en el espacio de la UE se ve ciertamente dificultada por el hecho de que los Estados miembros poseen diferentes planteamientos para sus regímenes de seguridad social, lo cual es natural en una Comunidad que se considera a si misma plural y no centralizada. 
No obstante, admito la necesidad de establecer unas bases por las cuales los ciudadanos de un Estado miembro pueden desplazarse a otro sin perder todas las ventajas y prestaciones sociales a que tenían derecho anteriormente. 
Por desgracia, la posibilidad de exportación de cinco prestaciones no contributivas –a saber, asignación para menores, asignación de invalidez y subsidios de custodia para menores inválidos, subsidio de subsistencia para minusválidos, subsidio de ayuda y subsidio de custodia de persona inválida– continúa siendo controvertida. El planteamiento, lamentablemente, ha sido rechazado por algunos países, esto es, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, que se oponen al principio de abonar prestaciones fuera de sus territorios (artículo 42 del Tratado de la Unión) para perjuicio de los trabajadores que vuelven a sus países de origen. 
El Tribunal de Justicia tiene que dictar, por tanto, una disposición a este respecto, de acuerdo con la declaración de la Comisión. 
En sintonía con la posición del Gobierno portugués, he votado en contra de la enmienda 2, que conduciría al rechazo de la posición común, y a favor de la enmienda 1, que recoge la declaración de la Comisión acerca del posible recurso para el Tribunal de Justicia. 
. 
A la luz de las propuestas de modificación del Parlamento a la propuesta de la Comisión, y como consecuencia de las opiniones vertidas por quienes trabajan en el sector, resulta importante reseñar, entre otras cosas, lo siguiente: 
-Crítica a la intención de conceder responsabilidades adicionales a los controladores de tránsito aéreo, en relación con «situaciones inesperadas de crisis (por ejemplo, secuestros de aviones, amenazas de bombas) » que exceden de sus obligaciones normales. 
-Crítica a la posibilidad que ha surgido ahora de que los controladores que «ejercen su actividad bajo la responsabilidad de proveedores de servicios de navegación aérea» no sean empleados por ellos. 
¿Van a ser empleados con inseguridad laboral? 
¿Van a ser trabajadores de una compañía que trabaja para otra? 
¿En qué condiciones van a trabajar? 
¿Puede trabajar un controlador sin estar empleado por un proveedor de servicios de navegación aérea? 
Por último, aunque solo se menciona de pasada, la apertura a proyectos anteriores y actuales referentes al «cielo único europeo» –en otras palabras, la liberalización y subsiguiente privatización de la gestión del tránsito aéreo– se encuentra ciertamente implícita en algunas de las propuestas del Parlamento. 
, Acojo con agrado esta propuesta como medida para complementar el «cielo único europeo». 
Sin duda hemos de aprovechar esta oportunidad para mantener la capacidad de revisar y reforzar los aspectos de seguridad de la gestión del tránsito aéreo, facilitar la creación de bloques funcionales transfronterizos del espacio aéreo y garantizar la igualdad de condiciones de los servicios de formación en toda la Unión Europea. 
Además de esto, respaldo el requisito lingüístico de que los Estados miembros deben garantizar que los controladores del tránsito aéreo puedan demostrar su capacidad para hablar y entender el inglés en un nivel satisfactorio para atender a los fines señalados. 
También celebro el reconocimiento mutuo de las licencias de controlador del tránsito aéreo que contiene esta propuesta, confirmando los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
. 
El informe en cuestión, a favor del cual he votado, incorpora la propuesta de enmienda que he presentado, cuya finalidad consiste en garantizar los derechos adquiridos por los actuales controladores de tráfico aéreo –derechos que han sido adquiridos en virtud de la legislación válida y exigente y con resultados claramente positivos– sin poner en peligro en forma alguna el objetivo último de garantizar la seguridad del transporte aéreo. 
Toda vez que estos requisitos previos se han cumplido y su compatibilidad ha quedado confirmada, y a la vista de la aprobación de la enmienda mencionada, he votado a favor. 
. 
Como continuación al paquete legislativo acerca del cielo único europeo, la finalidad de esta propuesta de Directiva consiste en armonizar las disposiciones jurídicas de los Estados miembros en relación con la formación y actividades profesionales de los controladores de tráfico aéreo, una cuestión de apremiante importancia en estos tiempos. 
Una vez aprobadas, sobre la base de criterios internacionales, las normas comunes en cuanto a conocimientos y formación, estos profesionales podrán desplazarse por el mercado europeo, se ampliará el colectivo de reclutamiento disponible para los empresarios y podrán alcanzarse idénticos niveles de seguridad en todo el espacio de la UE. 
El hecho de que el presente informe haya sido objeto de una votación claramente favorable en la comisión parlamentaria demuestra tanto el elevado carácter técnico de la propuesta y la aprobación de la mayoría de sus disposiciones. 
He votado a favor. 
.– La Directiva relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo completa el rompecabezas de las reestructuraciones capitalistas en el transporte aéreo a fin de aplicar el «cielo único europeo» , dentro del contexto de la política más general y contraria a las clases más bajas de la Unión Europea, atacando los derechos salariales y sociales de los trabajadores y garantizando ingentes beneficios para el capital y dolorosas repercusiones para la seguridad de vuelo y los derechos soberanos de los países. 
Esta Directiva propugna la separación de «proveedores de servicios de seguridad aérea» de las «autoridades nacionales de control» y transfiere el control del espacio europeo único a los monopolios de unificación europea que mandan en el sector del transporte aéreo. 
Las investigaciones de accidentes, los controles de navegabilidad aérea de aviones y compañías y la expedición de diplomas y permisos de control de tránsito aéreo ya han sido transferidos a los grupos monopolísticos. 
El grupo parlamentario del Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de la Directiva relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. 
Al mismo tiempo, respaldamos la lucha de los trabajadores en favor de un único transporte aéreo nacionalizado, con vuelos mejores y más baratos para atender a las necesidades de las clases más bajas, el empleo estable y la satisfacción de las necesidades actuales de los trabajadores. 
. 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es, y tiene que ser, uno de los instrumentos de la política de desarrollo de la UE. 
La labor que realiza, el crédito que concede y los términos en que lo hace, el soporte técnico que proporciona, todos estos elementos contribuyen a que el trabajo del Banco esté enfocado hacia el desarrollo, que es algo que respaldamos. 
Es igualmente cierto que la naturaleza marcadamente política de las actividades del Banco y la forma en que aborda los objetivos planificados justifican su presentación ante el Parlamento. 
Por estas dos razones, y dado que votar en este sentido no va a comprometer ni una sola de las actividades del BEI, he votado a favor del informe. 
. 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un instrumento privilegiado de la UE y de su economía. 
Tanto las inversiones que ha realizado y las inversiones en las que ha actuado como catalizador refrendan su papel clave a la hora de convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
El dinamismo que el Banco imprime a sus actividades, sobre todo en lo concerniente al sector privado, ha permitido la creación de nuevas fuentes de financiación, por ejemplo por medio de instrumentos de capital riesgo y de la concesión de garantías. 
Este planteamiento nos confiere la garantía necesaria de que, dentro de la estructura institucional de la UE, el BEI continuará desempeñando un papel esencial en la financiación de pequeñas y medianas empresas (PYME) , contribuyendo así a una economía que es sólida, que crea más y mejores puestos de trabajo y que constituye un catalizador del crecimiento sostenible. 
Consecuentemente, el BEI debería hacer énfasis en aumentar la concesión de créditos a las pequeñas empresas, en definir unas reglas precisas en cuanto a la valoración de sus proyectos, en mejorar el acceso de las PYME al capital riesgo y en alentar el acceso a sus actividades por parte de los agentes financieros locales y regionales. 
He votado a favor. 
Apoyamos el informe sobre la situación social en la Unión Europea. 
Sin embargo, hemos votado en contra de la petición de que la Comisión retire su propuesta en favor de una directiva sobre los servicios en el mercado interior, en parte porque la petición no es realista, y en parte porque creemos que podemos influir en el contenido de la directiva en el Parlamento Europeo. 
A la hora de armonizar la situación del trabajo remunerado, que implica los correspondientes derechos y garantías –especialmente en lo concerniente a la protección social y la formación permanente– asumimos que dicha armonización se halla próxima a los niveles mínimos. 
A la hora de implantar medidas tales como el «salario mínimo» , lo interpretamos como que se refiere a lo que en Suecia denominamos prestaciones sociales, y no a la introducción de un sistema de salario mínimo. 
. Quiero felicitar a la señora Figueiredo por su informe sobre la situación social en Europa. 
El informe efectúa un diagnóstico crítico, respaldado por cifras que demuestran ampliamente las desigualdades sociales que aún existen en Europa, que se han visto agudizadas por la reciente ampliación. 
Apoyo la necesidad, denunciada en el informe, de: 
- «dar prioridad a la solución de los problemas de desempleo, de pobreza y de exclusión social» y «crear empleo estable y de calidad y con derechos»; 
-tener presente esta situación cuando se planteen las grandes directrices de las políticas económicas, es decir la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la revisión de la Estrategia de Lisboa y las decisiones sobre las Perspectivas Financieras y los Fondos Estructurales para 2007–2013; y 
-apoyar el desarrollo estructural de las regiones menos favorecidas, en concreto las regiones ultraperiféricas. 
De las medidas presentadas, quiero resaltar la relevancia concreta de las destinadas a fomentar la igualdad y a combatir la discriminación en el ámbito de los derechos de la mujer, ya que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer; y aquellas como la «renta mínima vital» en la lucha contra la pobreza, a la luz del experimento pionero y claramente satisfactorio de Portugal con el «salario mínimo garantizado» bajo el anterior gobierno socialista. 
. 
Lamentamos que este proyecto haya sido rechazado por la mayoría de derechas en el Parlamento, que se siente incómoda debatiendo problemas sociales, que no acepta que se pongan de manifiesto las causas de dichos problemas y que rechaza cualquier intento de modificar las políticas neoliberales. 
Desde el inicio, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y de los Demócratas Europeos, junto con los liberales en distintos momentos, ha intentado diluir algunos de los elementos clave del informe. 
Como no consiguió tal fin en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, lo hizo en el Pleno. Los elementos en cuestión eran los siguientes: 
-Suprimir las críticas a la contribución de la Estrategia de Lisboa en la aceleración de las liberalizaciones/privatizaciones, la flexibilidad de la mano de obra y la precariedad del empleo; 
-Hacer hincapié en que, a pesar de los problemas actuales de desempleo y exclusión social, la Estrategia de Lisboa, sin revisión alguna, es importante para el futuro; 
-Eliminar las referencias a la necesidad de revisar las actuales políticas económicas y financieras, en concreto las del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Estrategia de Lisboa, el mercado interior y la política de competencia, y poner énfasis en la consecución de una elevada tasa de empleo y puesto de trabajo estables y de calidad respaldados por los derechos de los trabajadores; 
-Rechazar, junto con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, nuestra petición a la Comisión de suprimir la propuesta de Directiva sobre la creación del mercado interior de servicios... 
. – Deslocalizaciones, paro, declive social. 
El panorama que traza la señora Figueiredo de la situación social en Europa es justo, pero no denuncia las causas del mal y, por tanto, no ofrece ninguna solución. 
Este desastre es el balance de la Europa de Bruselas y de Maastricht, que, si recuerdan ustedes las promesas de 1992, debía traer prosperidad, crecimiento y empleo. 
Pero lo peor está por llegar con la Constitución europea, que institucionaliza los principios del libre comercio mundial. 
La Directiva Bolkestein, que obliga a las empresas de servicios a deslocalizarse o a echar el cerrojo, prefigura lo que será esta Europa: una Europa antisocial por ser antinacional. 
¿Qué hacer? 
Construir otra Europa, basada en principios de sentido común: la preferencia comunitaria y el restablecimiento de nuestras protecciones aduaneras, una respuesta al problema de la inmigración, el respeto de la soberanía nacional y, por tanto, en el caso de Francia, el mantenimiento de su sistema de protección social y de sus servicios públicos, y la negativa a aceptar a países no europeos como Turquía. 
Pero antes de esto, los franceses deberán emitir un voto de autodefensa social el 29 de mayo y decir no en el referendo de Chirac. 
, Celebro esta medida, ya que muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas en entornos de trabajo, por lo que deben hacerse lo más seguros y agradables posible. 
Pese a que en la actualidad parece que la economía de los Estados Unidos está mejor que la de Europa continental, sería demasiado simplistas atribuir este hecho a las normas laborales más elevadas de la Unión Europea; sigo creyendo que un mayor bienestar social generará una mayor productividad a largo plazo. 
. 
Aunque la ponente es de Portugal y el informe se ocupa del tema de la situación social en Europa, sigo sin ser capaz de votar a favor del mismo. 
Más que énfasis nacional o social, el informe en cuestión muestra un marcado sesgo ideológico, algo que, con el debido respeto, he considerado durante muchos años un profundo error. 
Hay quienes creen más en que el Estado es el factor más eficaz para la creación de la igualdad social, pero sin embargo hay quienes piensan que el modelo correcto a seguir es el de la libertad regulada por un Estado menos intervencionista, pero más riguroso en el cumplimiento de la ley. 
El quid de la cuestión es la economía. 
Creo que una economía productiva genera más riqueza, más empleo, más oportunidades y alienta una mejor distribución. 
La idea de que un país lleno de subvenciones y empleo público es sostenible constituye un espejismo y una garantía segura de mayor injusticia social. 
. 
En el intento por convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica, no tenemos que dar la espalda a las cuestiones sociales, y el crecimiento tiene que estar respaldado por políticas que promuevan una mayor cohesión social. 
Por ello, respaldo la aprobación de medidas destinadas a apoyar a la familia, reduciendo las desigualdades entre los países, resolviendo el problema de la tasa de natalidad, analizando el impacto de la Directiva de servicios sobre el mercado laboral, alentando la formación profesional y creando pequeñas y medianas empresas. 
A diferencia de la ponente, no creo que los problemas sociales en Europa puedan resolverse sin tomar en consideración la estabilidad de los precios, la reducción de los costes y la reducción del déficit presupuestario. 
Tampoco estoy de acuerdo con que la lucha contra la pobreza y la exclusión social pueda librarse exclusivamente en la economía social. Más bien pienso que el fomento de la iniciativa privada debería ser la fuerza motriz tras la economía y tras las soluciones a los problemas sociales de un país. 
Por último, creo que el problema demográfico de Europa se soluciona mejor aumentando la tasa de natalidad, que mediante la emigración. 
Por desgracia, las posiciones maximalistas de la ponente, y las de su Grupo, han conducido al rechazo de este informe. 
Es una lástima porque el asunto es serio y merecedor de unas recomendaciones más atinadas, en otras palabras, unas recomendaciones más realistas, objetivas y equilibradas. 
.– La declaración explicativa sobre la situación social en la UE registra, con pruebas justificativas, los resultados de la política de la UE contraria a la clases bajas y de la libre competencia, con un incremento de la pobreza, el desempleo y la inestabilidad y la búsqueda de la máxima rentabilidad de las grandes empresas. 
Las medidas propuestas en cuanto a «renta mínima vital» , «formación permanente» , ampliando el empleo a tiempo parcial en una época de reestructuraciones capitalistas, fomentando la competencia y la comercialización de los servicios de salud y bienestar, dentro del marco de la Estrategia de Lisboa, pretenden controlar manifestaciones extremas del empobrecimiento de los trabajadores y están destinadas a ser usadas para elevar el grado de explotación de las clases obreras y socialmente más bajas. 
El refuerzo de este informe con enmiendas contrarias a la mano de obra y reaccionarias por parte de la mayoría de las fuerzas conservadoras en el Pleno del Parlamento Europeo demuestra la correlación negativa de poder existente en la Comunidad Europea cuando se trata de los derechos y demandas más básicos. 
El Grupo parlamentario del Partido Comunista de Grecia, en vista de estos sucesos, está contribuyendo a redoblar la lucha de los trabajadores para abolir la política contraria a las clases bajas de la UE y sus instituciones, de forma que se puedan satisfacer las necesidades actuales de las familias obreras y socialmente más bajas. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la revisión del Tratado de no proliferación y armas nucleares en Corea del Norte y en Irán. 
. Señor Presidente, el Tratado de no proliferación sigue siendo de hecho la piedra angular del régimen mundial de no proliferación. 
Por tanto, es importante para la Unión Europea preservar la integridad del Tratado en todos sus aspectos y hacer que la Conferencia de revisión del mismo, prevista para 2005, se vea coronada por el éxito. 
La Conferencia de revisión del TNP tendrá que encontrar el equilibrio entre los tres pilares: la no proliferación, el desarme nuclear y el empleo de la energía nuclear con fines pacíficos. 
Al mismo tiempo, deberá considerar debidamente las principales cuestiones en materia de no proliferación nuclear, en particular la República Popular Democrática de Corea, Irán y la denominada red Jan. 
El Consejo está elaborando actualmente una posición común que aportará una contribución positiva a la conferencia de revisión. 
Por lo que respecta a la República Popular Democrática de Corea, la Presidencia de la Unión Europea manifestó su profunda preocupación ante la declaración de esta, el 10 de febrero de 2005, de que poseía armas nucleares. 
Tomó nota con pesar del anuncio de la RPDC de que suspendía por tiempo indefinido su participación en las conversaciones multilaterales sobre su programa nuclear. 
Debemos ejercer por tanto una fuerte presión sobre la República Popular Democrática de Corea para convencerla de que reconsidere lo antes posible su decisión de retirarse de las conversaciones a seis bandas, de modo que puedan reanudarse las negociaciones para encontrar una solución negociada y pacífica a la crisis que vive la península coreana. 
Reafirmamos que la Unión Europea es decididamente favorable al proceso de conversaciones a seis bandas para resolver esta crisis. 
Es importante insistir a la República Popular Democrática de Corea de que se atenga al Tratado de no proliferación de armas nucleares. 
El respeto de las obligaciones internacionales, tanto en materia nuclear como en el ámbito de los derechos humanos, es una condición indispensable para que la Unión Europea mantenga relaciones bilaterales con este país. 
Alentamos vivamente a las autoridades de la República Popular Democrática de Corea a que intensifiquen el diálogo y los contactos con la República de Corea. 
Por lo que respecta a Irán, el Acuerdo de París se aplica ahora rigurosamente con la suspensión plena de todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y de todas las actividades de reprocesamiento sin excepción; esto lo ha comprobado el Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
Las negociaciones sobre acuerdos a largo plazo se iniciaron en diciembre en los tres grupos de trabajo que se ocupan de las cuestiones políticas y de seguridad, de las cuestiones nucleares y de las cuestiones relativas a la cooperación económica y tecnológica, así como en el comité director. 
La primera serie importante de reuniones de los grupos de trabajo tuvo lugar en enero de 2005. 
Evidentemente, la obtención de garantías objetivas sobre el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní seguirá teniendo una importancia capital. 
Se están elaborando informes con vistas a la reunión del comité director en marzo, que brindará una ocasión importante para analizar la cuestión. 
Quisiera añadir que, paralelamente, en enero de 2005 se reanudaron las negociaciones sobre el acuerdo de comercio y cooperación y sobre un acuerdo político. 
Ambas partes negocian seriamente y mientras los iraníes sigan participando en las negociaciones, existirá la posibilidad de que lleguen a buen término. 
Sin embargo, es importante tener siempre presente la necesidad de que Irán mantenga, bajo la supervisión del OIEA, una suspensión total de sus actividades, sin excepciones, durante el tiempo que duren las negociaciones sobre los acuerdos a largo plazo, siendo la suspensión total la condición para la continuación y la conclusión de las mismas. 
Hemos comunicado estas consideraciones al Presidente de los Estados Unidos, el señor Bush, y a la señora Rice cuando nos reunimos con ellos hace algunos días en Bruselas. 
. Señor Presidente, intervengo por supuesto en nombre de mi colega Comisaria, la señora Ferrero-Waldner, que lamentablemente se encuentra de misión. 
La Comisión conviene con el Consejo en que el Tratado de no proliferación debe preservarse por todos los medios, incluso reforzarse en la medida de lo posible. 
Este punto se recuerda en la estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por el Consejo en diciembre de 2003 y a cuya aplicación contribuye la Comisión en estrecha colaboración con el Consejo. 
Dicha estrategia reconoce, en particular, la necesidad de garantizar recursos financieros suficientes con cargo al presupuesto y las competencias de la Comunidad. 
Para apoyar su aplicación, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo, en octubre de 2004, sus propuestas relativas a los próximos instrumentos financieros. 
En cuanto al instrumento de estabilidad en las relaciones exteriores, se ha hecho referencia específica al desarme y a la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
La Autoridad Presupuestaria examina actualmente la propuesta de la Comisión. 
Esperamos que el resultado sea que haya más recursos para promover las acciones de la Unión Europea en el ámbito del desarme y de la no proliferación de las armas de destrucción masiva durante el período 2007-2013. 
Por lo que se refiere más concretamente al TNP, dichos recursos financieros deberían apoyar las acciones encaminadas a reforzar los tres pilares del Tratado: no proliferación, desarme y cooperación en materia de utilización segura y con fines pacíficos de la energía nuclear. 
En el marco de la cooperación mundial, la Comisión considera especialmente importante el compromiso contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y otros materiales relacionados, adoptado en julio de 2002 en la cumbre del G8 en Kananaskis. 
Se trata de llevar a cabo proyectos que permitan ayudar realmente a terceros países a recoger, neutralizar o eliminar materiales nucleares o radiactivos; controlar eficazmente las exportaciones y luchar contra el tráfico ilegal de materiales y equipos que puedan utilizarse para fabricar artefactos nucleares; velar por la reconversión de expertos y científicos adscritos a actividades relacionadas con el armamento y, por último, contribuir al desarrollo sin riesgos de las aplicaciones nucleares. 
Todas estas iniciativas permitirían alcanzar el objetivo último del Tratado de no proliferación 
Durante este año la Comisión se ha ocupado de un proyecto piloto decidido por el Parlamento a finales de 2003. 
Dicho proyecto piloto financia actualmente un estudio exploratorio dirigido por el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (Unidor) y el Instituto Internacional de Investigación par la Paz de Estocolmo (SIPRI) ; dicho estudio ayudará a la Comisión, en colaboración con el Parlamento y el Consejo, a avanzar en la programación de los nuevos instrumentos de financiación. 
La Comisión tiene previsto presentar los resultados del estudio en noviembre, en una conferencia de parlamentarios y delegaciones de los Estados miembros integradas por representantes de los Parlamentos y los Gobiernos nacionales, que tendrá lugar en el Parlamento Europeo. 
Por lo que respecta a Irán, como saben la Unión Europea acaba de reanudar el diálogo con este país sobre la base y en el marco del seguimiento del Acuerdo de París, celebrado entre Irán, Francia, Alemania y el Reino Unido, con el apoyo del Alto Representante de la Unión Europea. 
Este Acuerdo y el control posterior de la aplicación de la decisión voluntaria de Irán de suspender todas las actividades asociadas al enriquecimiento y el reprocesamiento han llevado a la Unión Europea a relanzar su política de compromiso diferenciado y progresivo con Irán. 
Hemos reanudado, pues, las negociaciones con vistas a un acuerdo que englobe, por una parte, cuestiones políticas sensibles, como el fomento de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, el proceso de paz en Oriente Medio y las armas de destrucción masiva y, por otra, el comercio y la cooperación. 
Teniendo plenamente en cuenta el contexto global de las conversaciones nucleares y los progresos realizados en este ámbito, la Comisión negocia de buena fe los aspectos relacionados con el comercio y la cooperación. 
Pensamos que ello debería contribuir de forma decisiva a nuestro esfuerzo colectivo, abriendo la vía a unas relaciones duraderas y a unos vínculos de cooperación a largo plazo entre la Unión Europea e Irán. 
En efecto, estamos convencidos de que este acuerdo, así como la perspectiva de adhesión a la Organización Mundial del Comercio, podrían impulsar las reformas económicas y sociales necesarias en Irán, facilitando así su plena reintegración a la comunidad internacional. 
Paso ahora a Corea del Norte. 
El anuncio efectuado por este país el 10 de febrero de que se retiraba de las negociaciones a seis bandas y de que había desarrollado armas nucleares no fue obviamente muy sensato, a pesar de las conciliadoras declaraciones de Kim Yong II algunos días después, cuando propuso reanudar las conversaciones si cambiaban las condiciones. 
Así, un proceso que ya era difícil se complicó aún más. 
El reciente viaje de un enviado chino a Pyongyang nos infunde esperanzas de que puedan reanudarse las conversaciones; los esfuerzos diplomáticos de China merecen todo nuestro apoyo. 
La evolución de los acontecimientos internos en Corea del Norte, en particular las medidas provisionales adoptadas a favor de la reforma y las tensiones sociales resultantes, dieron lugar recientemente a una intensificación del control por parte de las autoridades, lo que repercute en la política exterior de Corea del Norte. 
Hemos visto situaciones parecidas en los antiguos países socialistas europeos. 
La posición adoptada por la Unión Europea es no reaccionar de forma desmesurada a las virulentas declaraciones procedentes de Pyongyang. 
Seguiremos indicando claramente a la República Popular Democrática de Corea que el programa nuclear debe concluir y que las conversaciones a seis bandas constituyen el mejor medio de abordar la cuestión. 
Seguiremos insistiendo ante la RPDC en que respete plenamente todos sus compromisos internacionales de no proliferación, en particular el Tratado de no proliferación y el Acuerdo de garantía del OIEA, y en que abandone por completo cualquier programa de armamento nuclear. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea considera importante multiplicar los contactos entre Corea del Norte y el mundo exterior y apoyar la reforma económica y los cambios en este país. 
. 
Señor Presidente, Señorías, el Tratado de no proliferación de armas nucleares entraña una importancia fundamental para la seguridad y la política de defensa de la Unión Europea. 
En mayo se va a celebrar una conferencia para examinar el cumplimiento del Tratado, y consideramos necesario y oportuno que participe en ella una delegación oficial de esta Cámara. 
En esta conferencia, será sumamente importante que los Estados miembros de la Unión Europea realmente elaboren conjuntamente una posición común sobre esta cuestión y se mantengan unidos a la hora de defenderla. 
Pero la conferencia también va a representar una oportunidad para que reflexionemos acerca de dónde nos encontramos en cuanto al cumplimiento del Tratado de no proliferación de armas nucleares, y aquí es donde una serie de acontecimientos constituyen motivo de preocupación. 
Para empezar está Corea del Norte, que como hemos escuchado, ha abandonado el Tratado de no proliferación de armas nucleares y ha anunciado que dispone de armamento nuclear. 
Aunque en la Unión Europea no disponemos de poderes o medios por los que, en forma alguna, podamos forzar a revocar esta decisión, esperamos que Corea del Norte reanude el diálogo con sus asociados, China concretamente, que puede hacer posible, a medio o largo plazo, una solución pacífica a este conflicto. 
Al mismo tiempo, estamos seriamente preocupados por lo que está ocurriendo en Irán donde, siendo un acontecimiento positivo la suspensión temporal del programa de enriquecimiento que se ha producido, esperamos que adquiera carácter permanente. 
Las conversaciones a tres bandas entre Ministros de Asuntos Exteriores –una forma de resolución diplomática de conflictos en la que esperamos que nuestros socios, entre ellos los Estados Unidos, desempeñen un papel activo– deben ayudarnos a alcanzar una solución común para el problema de Irán, una solución que haga justicia a sus intereses y a los de la Comunidad Europea. 
. Señor Presidente, el Tratado de no proliferación ha merecido la pena. 
Los Estados han desechado la adquisición de armas nucleares a cambio de la posibilidad de utilizar la tecnología nuclear para fines pacíficos y la promesa de los Estados con armamento nuclear de iniciar un desarme gradual. 
Hay que decir que el Tratado fue un éxito enorme en el contexto de la Guerra Fría, al contribuir a controlar la carrera de armamentos; ahora, ofrece un marco dentro del cual, aquellos que entonces eran enemigos, han reducido considerablemente sus arsenales. 
Los recientes acontecimientos ya han hecho alusión a esto y han ilustrado la necesidad continuada de un tratado internacional para combatir la difusión de la tecnología del armamento nuclear. 
Continúa siendo prioritario invertir en el Tratado de no proliferación. 
Por desgracia, no podemos dejar de constatar que el Tratado se halla bajo presión. 
Un informe reciente de la ONU alertaba acerca de la posibilidad de la erosión irreversible del Tratado, produciendo una proliferación en cascada. 
En consecuencia, la Conferencia para la revisión programada para esta primavera debería entenderse principalmente como una oportunidad para reafirmar el papel esencial del Tratado de no proliferación, incluido el objetivo de un definitivo desarme nuclear general. 
Como abanderada del orden legal internacional, la Unión Europea tiene la responsabilidad especial de garantizar que se cumpla el Tratado, lo que significa que se ha de adoptar una línea más dura con aquellos Estados que lo eluden. 
Naturalmente, los acontecimientos en Irán y en Corea del Norte son esenciales a este respecto. 
Esto significa asimismo que la UE tiene que comprometerse a tapar las fisuras existentes en el Tratado. 
La prohibición de los ensayos, la prohibición de los ensayos nucleares, todavía no ha sido suscrita por todas las partes; los Estados Unidos, en concreto, no lo han hecho, y además continúan desarrollando armas nucleares para utilización en el campo de batalla. 
Huelga decir que todos estos son asuntos que socavan la credibilidad de este importante Tratado. 
Los acontecimientos desde la anterior Conferencia para la revisión han puesto de relieve además que el Tratado ha de hacer frente a nuevos desafíos. 
Existe un riesgo importante de que se desarrollen carreras de armamentos regionales en países que intentan conseguir la tecnología para el armamento nuclear. 
Por tanto, no podemos contemplar el Tratado de no proliferación independientemente de la mejora de las estructuras regionales de seguridad en el Oriente Próximo y en el Sudeste Asiático. 
Por último, existe el riesgo –y esa es una nueva amenaza– de que la tecnología nuclear, o incluso el material nuclear, acabe en manos de lo que denominamos agentes no estatales, en otras palabras, organizaciones terroristas, que podrían causar un daño inmenso, por ejemplo, mediante una bomba «sucia». 
Tenemos que concluir que los acuerdos existentes para prevenir que el material nuclear se extravíe o se haga mal uso de él, no ofrecen suficientes garantías. 
Por eso estamos pidiendo a la Unión Europea, en la resolución que vamos a aprobar mañana, que preste especial atención a este asunto. 
No podemos dejar esta cuestión en manos de los Estados Unidos solamente. 
. Señor Presidente, señor Comisario, señor Schmit, Señorías, la celebración de la Conferencia para la revisión del Tratado de no proliferación dentro de unas semanas es muy oportuna, ya que la atención ha estado centrada en los últimos meses en armas reales, y a veces supuestas, de destrucción masiva, hasta tal punto que la atención en la proliferación nuclear habría disminuido si no hubiera sido por los acontecimientos en Corea del Norte y en Irán, que han llegado en forma de despertador. 
Existe un riesgo real de que el esquema de no proliferación quede desgastado hasta el punto de perder todo el sentido, con todos los riesgos que conlleva en cuanto a una carrera de armamento renovada y desenfrenada, en un mundo que el terrorismo internacional ha convertido en mucho más caótico y más peligroso. 
Como he dicho, este debate y la resolución común que tenemos delante resultan muy oportunos. 
Mi grupo ha solicitado, tanto a las instituciones de la UE, como a los Estados miembros, que formen un frente unido durante la Conferencia para la revisión, y que argumenten enérgicamente a favor de nuevas iniciativas en cuanto a desarme, en general, y a desarme nuclear, en particular. 
Toda vez que los Estados miembros cuentan con potencias tanto nucleares como no nucleares, esto puede no resultar tan evidente. 
Precisamente por esa razón, me complace la comunicación del Consejo en el sentido de que se está trabajando afanosamente en una posición común con vistas a dicha conferencia. 
Asimismo queremos instar a todos los terceros Estados miembros y a todos los Estados miembros de la Unión Europea que no lo hayan hecho, a que ratifiquen con carácter de urgencia los protocolos adicionales al Organismo Internacional de Energía Atómica. 
En el mismo sentido, es de la mayor importancia que el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares entre en vigor lo más rápidamente posible. 
Para que eso ocurra, tienen que ratificarlo aún una serie de Estados, entre ellos no menos que los Estados Unidos. 
En cuanto a los Estados Unidos, no acabamos de comprender que alerten continuamente –y en verdad con motivo– acerca de los peligros de las armas de destrucción masiva, al tiempo que siguen trabajando en una nueva generación de las denominadas armas nucleares «ligeras». 
Desde luego, está fuera de toda duda que dicho desarrollo suscitará una vez más una carrera de armamentos, una carrera que esta vez implicará un tipo de armas que podría acabar aún más fácilmente en manos erróneas. 
Por consiguiente, pedimos a los Estados Unidos que abandonen esos planes y se adhieran a nosotros para invertir todas las energías en reavivar los esfuerzos en favor de la no proliferación y el desarme. 
. 
Señor Presidente, Señorías, 2005 va a ser una año decisivo en términos de si se va a lograr el desarme nuclear como una política en favor de la paz; esto tiene que ver en primera instancia con Irán y Corea del Norte, pero también con Pakistán, India, Israel, Europa y los Estados Unidos. 
También va a ser decisivo en cuanto a la filosofía que sustenta la estrategia de seguridad de Europa. 
Establezcamos la seguridad a través de un multilateralismo eficaz, es decir, a través de convenios internacionales tales como el Tratado de no proliferación y el fortalecimiento de organismos internacionales como el OIEA o la ONU. 
La conferencia de mayo para la revisión del Tratado de no proliferación tendrá que enfrentarse a asuntos muy apremiantes de seguridad global, como los Estados en zonas de crisis que pretenden adquirir armas atómicas, el mercado negro de materiales nucleares y los grupos terroristas que intentan hacerse con ellos. 
Pero también debemos tener claro que los compromisos de desarme fijados en este tratado tienen que ser puestos en práctica, de una vez por todas, por los Estados que poseen armas nucleares, porque de no hacerlo, no podrán proclamar con ninguna credibilidad que verdaderamente desean poner fin a la proliferación. 
Hago un llamamiento a la Unión Europea para que asuma un papel activo como parte interesada, no solo en los preparativos de la conferencia, sino también en sus negociaciones. 
Este es un año en que o triunfamos o estamos perdidos. 
Hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión, con carácter de urgencia, para que adopten una línea progresista. 
Deberíamos intentar llevar a la práctica el plan de siete puntos de El Baradei. 
En temas como el enriquecimiento de uranio es necesario realizar una renovación. 
La ratificación del protocolo adicional debería convertirse en norma. 
En segundo lugar, las violaciones del Tratado de no proliferación deben contemplarse como un peligro para la paz mundial y las sanciones impuestas así deberían reflejarlo. 
Quiero pronunciarme sobre Irán y la forma en que está evolucionando la situación en el Oriente Próximo. 
Europa no puede aceptar la posibilidad de que Irán se halle, un buen día, en posesión de armas nucleares; lo que esperamos de este país es transparencia absoluta y cooperación con la UE y con el OIEA como garantía de su renuncia al armamento nuclear. 
La Administración Bush tiene que apoyar activamente esta idea, ya que solo los norteamericanos pueden formular promesas o realizar comprobaciones en cuanto a levantar las sanciones económicas. 
También tendríamos que poder debatir temas de seguridad teniendo en mente los intereses de Irán, y pido al Consejo y a la Comisión que lo hagan. 
Por lo que respecta a Irán, también insto a que llevemos cuidado para no deshonrar o renegar de nuestros valores durante estas negociaciones; los derechos humanos jamás pueden ser negociables. 
En cuanto a Corea del Norte, en estos momentos me limitaría a hacer un llamamiento para que vuelvan a la mesa de negociaciones, y la Comisión debería analizar si Europa ha de adoptar un papel activo en este sentido. 
Precisamente porque está en juego nuestra credibilidad, necesitamos asegurarnos si realmente es cierto que los norteamericanos tienen más armas nucleares estacionadas en Europa de lo que han declarado. 
Si las tienen, entonces constituye una violación del Tratado de no proliferación y exigimos su retirada. 
Por último, y muy brevemente, permítame decir algo acerca de las «mininucleares». 
En términos históricos, son algo muy distinto; representan el abandono de la disuasión al estilo de la Guerra Fría, en favor de la práctica activa de la guerra, un desastre a la espera de producirse. 
. 
Señor Presidente, Señorías, el Tratado de no proliferación de armas nucleares, aun teniendo una importancia vital, también se encuentra en peligro. 
Esta amenazado, por una parte, por las superpotencias nucleares, y por la otra, por una serie de países en el umbral de adquirir la capacidad nuclear, así como por Estados miembros de la UE y por la propia Unión Europea. 
¿La UE? , tal vez se pregunte alguno sorprendido. 
Ciertamente, pues en el, confeccionado por el Instituto Europeo de Estudios Estratégicos, leemos que Lothar Rühl, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Defensa alemán y coautor del documento, ha resumido el asunto en los siguientes términos: «No hemos eludido la presentación de escenarios en los que las fuerzas nucleares de los Estados miembros europeos pueden influir en la planificación.» 
Esto convierte en un escándalo, liso y llano, el hecho de que el Grupo Socialista en esta Cámara se haya negado a incorporar en la resolución que vamos a someter a votación, un llamamiento en favor de una Europa libre de armamento nuclear. 
Realmente es un poco fuerte exigir a los demás que se deshagan de sus armas nucleares, al tiempo que se permanece callado acerca de los propios planes de despliegue y de la modernización del propio arsenal nuclear. 
El senador Roche de la Red Parlamentaria para el Desarme Nuclear, recalcó el punto en Bruselas la semana pasada al afirmar, y cito: «No podemos estar pidiendo constantemente a los demás que se abstengan de adquirir más armas nucleares, cuando no estamos dispuestos a desarmarnos y eliminar el potencial altamente peligroso de destrucción masiva de los Estados miembros de la UE». 
¡Limpiemos Europa de armas nucleares! 
. – Señor Presidente, las tres resoluciones absolutamente idénticas de tres grupos ideológicos totalmente diferentes constituyen la prueba de la inquietud común en torno al problema de las armas nucleares y, al mismo tiempo, ocultan un curioso pensamiento subliminal hipócrita. 
¿Hay que convencer a Irán y a Corea del Norte por la fuerza para que detengan las investigaciones para la producción de armas nucleares? 
Pero ¿es válido que no nos preocupemos de las armas nucleares en Israel, Pakistán, India o incluso en miembros permanentes del Consejo de Seguridad? 
En otras palabras, ¿existen armas nucleares buenas y malas? 
¿Resulta democrático y equitativo que aceptemos que países de primera categoría puedan poseer armas nucleares, pero que controlemos a los países de segunda categoría que desean hacerse con ellas? 
¿Es, me pregunto, una coincidencia que los países que mayor interés ponen en las armas nucleares, empezando por los Estados Unidos, sean los mismos que no participan en el Tribunal Criminal de La Haya, los mismos países que están «ignorando» los acuerdos de Kyoto sobre el medio ambiente? 
Son los países que piensan que son los jefes de todos los demás e intentan imponer sus intereses a la fuerza, y no por la razón. 
¿Es válido que 25 países con una resolución común, un banco central común y una política agrícola común no tengan el mismo derecho al armamento nuclear y que solo dos de los 25 tengan derecho a dichas armas? 
Las armas nucleares constituyen un problema tanto en Irán como en Corea del Norte, pero esta nueva Guerra Fría que se está librando entre Rusia y los Estados Unidos y en la que estamos participando, constituyen un problema mayor. 
¿Osamos enviar inspectores a los arsenales de Israel y China? 
No nos atrevemos porque no podemos imponerlo. 
En consecuencia, nos cargamos nuestra acreditación como organismo de independencia y justicia. 
Tal vez nos pueda decir alguien dónde están las armas nucleares de Iraq. 
No pudieron ser halladas y nunca existieron. 
Pero supuso la coartada para una brutal invasión... 
Señor Presidente, los preocupantes acontecimientos en Irán y Corea del Norte nos obligan a hablar con una sola voz en la Unión Europea. 
Asimismo, nos compelen a colaborar estrechamente con los Estados Unidos y los demás países que respaldan el Tratado de no proliferación. 
Por supuesto, si bien resulta importante que se lleven a cabo negociaciones con Corea del Norte e Irán y que aún haya cabida para el diálogo, se debería recurrir a medios diferentes en caso de que el diálogo no acabe dando resultados concretos o satisfactorios, ya que Estados como estos, en posesión de armas nucleares, suponen una amenaza para la paz mundial. 
En el caso de Irán, hemos de preguntarnos además cuáles son los motivos, aunque sea pacíficos, por los que este país necesita la energía nuclear. 
Desde un punto de vista político, resulta inquietante que, en la práctica, se pueda incumplir el Tratado de no proliferación con el fin de exigir de manera inapropiada toda clase de condiciones favorables. 
El Tratado tiene que interpretarse de nuevo de forma que se asegure que los Estados de alto riesgo no puedan seguir enriqueciéndose a costa del procesamiento nuclear. 
Señor Presidente, efectivamente la proliferación de armas nucleares en Iraq y Corea del Norte constituye una amenaza no solo para las regiones en las que están ubicados estos Estados, sino para el conjunto del planeta, máxime cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo que podrían dedicar sus recursos a otras finalidades. 
Además, de seguir en esta línea, se podrían ver emulados por otros países de la región, por países vecinos, lo que quebraría, por tanto, la tendencia de no proliferación que han adoptado en los últimos años una veintena de países. 
Señor Presidente, hay un dato inquietante y es que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha detectado más de una docena de casos de desaparición de material nuclear, lo que supone, en la actualidad, un peligro potencial de utilización de estas armas. 
Como ha señalado el señor Wiersma en su intervención, si organizaciones terroristas, como Al Qaeda, pudiesen dotarse de armas nucleares o Estados totalitarios, como los mencionados, pudiesen tener acceso a tales armas, sería muy difícil controlar su utilización. 
La vía, indicada por el señor Schmit, de proseguir el diálogo es interesante, y, a mi juicio, tenemos que transitarla, pero no debemos olvidar que, en el caso de Irán, el pasado 1 de marzo, se denegó a los inspectores de la OIEA el acceso al complejo militar de Parchin y que, a su vez, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado que Irán está construyendo túneles subterráneos para el almacenamiento de material y equipos atómicos, ni que, por su parte, Corea del Norte tiene entre 20 y 30 kilos de plutonio en el reactor nuclear de Yongbyon, aparte de uno de los arsenales nucleares más importantes del mundo. 
Por lo tanto, en mi opinión, hemos de aceptar la recomendación de la Presidencia en ejercicio del Consejo de que estemos atentos, vigilantes, y, al mismo tiempo, debemos tratar de transitar, como decía el señor Presidente, la vía del diálogo para poner coto a esta proliferación de armas nucleares que constituye, desde luego, una amenaza, como dije al principio, no solo para la región, sino para el conjunto del planeta. 
– Las armas nucleares son ilegales e inmorales. 
Hace cinco años, el mundo se encontraba celebrando el consenso histórico alcanzado con la firma del Tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP) , un importante hito para la paz mundial, tal y como lo describió Kofi Annan. 
Cinco años después, antes de la Conferencia para la revisión del Tratado, el panorama es totalmente diferente. 
Los Estados Unidos se han alejado de los compromisos asumidos e, incluso, la administración actual ha anunciado que desarrollará nuevas tecnologías en el ámbito de las armas nucleares, lo que elevará el gasto a unas cifras astronómicas. 
Hasta ahora, los Estados Unidos y otros Estados con armas nucleares firmantes del Tratado han venido incumpliendo sus promesas de desarme y no han dado señal alguna de que pretendan reducir sus arsenales nucleares. 
En este momento, los Estados Unidos disponen de 480 armas nucleares instaladas en Europa y siguen sin ratificar el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. 
El resultado de esto es que otros Estados firmantes del Tratado consideran que el cumplimiento del TNP no constituye ningún compromiso vinculante tras la invasión de Iraq con la excusa falsa de la existencia de armas de destrucción masiva. 
La posesión o la intención de poseer armas nucleares ha llegado a adquirir cierto reconocimiento y a ser considerada como un elemento disuasorio o un medio de autodefensa. 
Países como Israel, la India y Pakistán, poseedores también de armas nucleares, siguen sin respaldar el Tratado y sin que se les anime o se les presione de algún modo para que lo firmen. 
Lo que resulta aún más preocupante es que Corea del Norte está intentando abandonar el Tratado y haciendo chantaje a la comunidad internacional. 
Hemos llegado a un punto en el que los aspirantes a formar parte del Consejo de Seguridad permanente mencionan esta condición para apoyar su candidatura. 
El Grupo de alto nivel de Naciones Unidas sobre peligros, amenazas y desafíos afirma que nos encontramos en una situación en la que el proceso de debilitación del régimen de no proliferación podría no dar marcha atrás y comenzar a producirse una proliferación vertiginosa. 
Por otro lado, sabemos que existe un alto riesgo de que los materiales nucleares acaben en manos de terroristas, escapando por lo general al control estatal. 
El único modo de evitar una proliferación vertiginosa es que la comunidad internacional dirija todos sus esfuerzos hacia la identificación de soluciones multilaterales efectivas. 
La próxima revisión del TPN es una oportunidad que no podemos desaprovechar. 
La Unión Europea ha de jugar un papel clave para conseguir que el Tratado funcione como una agencia permanente, lo que implicaría la coordinación con los Estados miembros con armas nucleares con vistas a que se produzca una verdadera acción coordinada en el marco de la política exterior y de seguridad y la política de seguridad y defensa. 
Dado el carácter de urgencia de la situación, conviene que el Parlamento envíe una misión a la conferencia para que supervise la intervención europea, para que controle la actuación de los Estados miembros y fomente la adopción de medidas en relación con el Tratado, en consonancia… 
El objetivo a largo plazo del Tratado de no proliferación de armas nucleares consiste en decomisar por completo las armas atómicas. 
En la actualidad nos encontramos más alejados de este objetivo que cuando se firmó el Tratado. 
Es poco probable que la conferencia de revisión vaya a mejorar la situación. 
No obstante, podría resultar útil si lográramos introducir avances al menos en tres ámbitos. 
En primer lugar, es preciso elevar los protocolos adicionales a la categoría de normas. 
En segundo lugar, la elaboración y el uso de combustibles nucleares han de ser supervisados en el nivel internacional. 
En tercer lugar, conviene imponer sanciones a las violaciones del Tratado de no proliferación de armas nucleares, sanciones que deberá determinar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Además, en relación con este tema, tenemos que afirmar lo siguiente de forma categórica: Irán debe demostrar que tiene intenciones sinceras y honestas de negociar. 
Hoy ha engañado claramente a la opinión mundial con la emisión de declaraciones contradictorias. 
Negociar con este país solo merecerá la pena si muestra una actitud honesta durante las conversaciones. De lo contrario, todo el proceso será puro teatro. 
– Señor Presidente, he escuchado atentamente a la Comisión y al Consejo y me parece increíble que ninguno de los dos haya mencionado el hecho de que dos Estados miembros de la UE tienen arsenales nucleares y que esto socava la autoridad moral de la UE en el debate sobre el desarme nuclear. 
La apabullante hipocresía del Gobierno de mi país, el Reino Unido, así como de los Estados Unidos, al exigir a otros que se desarmen al tiempo que refuerzan su propia capacidad nuclear, es totalmente inaceptable. 
El Tratado de no proliferación de armas nucleares es un acuerdo por el que los Estados no nucleares acceden a no adquirir armas atómicas y los Estados que cuentan con estas armas acceden a su vez a iniciar un proceso de desarme. 
Puesto que no hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, no debemos sorprendernos si otros países hacen caso omiso de nuestras peticiones de desarme. 
Al mismo tiempo, corremos un enorme riesgo de que los materiales nucleares caigan en manos de agentes no estatales. 
Lamentablemente, la posición del Gobierno británico es imprudente e irresponsable, además de ilegal. 
Recientemente hemos oído hablar mucho de Derecho internacional, por lo que me gustaría recordar al Reino Unido y a Francia que, conforme al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, las armas nucleares no solo son inmorales, sino también ilegales. 
El Reino Unido y Francia deberían dar ejemplo y desmantelar unilateralmente sus cabezas nucleares ilegales, y la UE y sus Estados miembros deberían presentar un plan de acción y un calendario para conseguir una Europa libre de armas nucleares. 
Señor Presidente, Señorías, la proliferación nuclear en Corea del Norte es extremadamente preocupante. 
Estamos ante un país que ha escondido a la comunidad internacional la fabricación de armas nucleares. 
Es, por tanto, necesario desmantelar esos arsenales y Corea del Norte tiene que firmar de inmediato el Tratado de no proliferación nuclear y permitir a los inspectores del OIEA desplazados de Viena que efectúen las inspecciones oportunas. 
Sin embargo, nosotros creemos que la vía diplomática es la única posible en esa región. 
Corea del Norte tiene que volver a la mesa de negociaciones para entablar un diálogo a seis bandas con Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Rusia y China. 
En esta situación, las declaraciones belicistas de Washington no ayudan nada. 
En lugar de hacer alarde de su poder militar, como ha hecho recientemente el Gobierno Bush, creo que debe ofrecerse a Corea del Norte un acuerdo político y diplomático a cambio del control de su arsenal nuclear. 
Además, creo que cuando hablamos de armas nucleares, no podemos dejar de preguntarnos quién puede lanzar la primera piedra. 
Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar el reciente descubrimiento en Italia de que, en algunas bases de la OTAN en territorio italiano se están almacenando armas nucleares pertenecientes a los Estados Unidos, sin el conocimiento de los residentes de la zona. 
En mi opinión, por tanto, la cuestión del desarme nuclear compete a todos y no solo a los dos países de quienes estamos discutiendo ahora. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
El próximo mes de mayo en Nueva York, con ocasión de la conferencia sobre el Tratado de no proliferación, no podemos ni debemos aceptar más concesiones o compromisos. 
Sobre todo, tenemos que evitar la posibilidad de que regímenes reaccionarios y, en muchos aspectos, oscurantistas, como los de Irán y Corea del Norte, puedan entrar en posesión de armas nucleares. 
La preocupación aumenta si consideramos el riesgo de que los grupos terroristas, lamentablemente cada vez más activos, roben plutonio. 
En 1945, dos ciudades japonesas fueron arrasadas por la bomba atómica, cuyos efectos todavía hoy condicionan la vida de millones de ciudadanos y del ambiente circundante. 
En 2005, los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades destruidas hace 60 años, han lanzado una campaña internacional para el desarme nuclear a través de su programa, que pide la eliminación de todas las armas nucleares de aquí a quince años. 
Europa, que tiene todo el interés en promover la seguridad internacional y la estabilidad estratégica, debe hacerse escuchar por la comunidad internacional e indicar con claridad el camino que debemos seguir para una gradual reducción de la operatividad de las municiones nucleares y el progresivo desarme posterior. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, el anterior Secretario General de la OTAN, Manfred Wörner –a quien perdimos demasiado pronto– afirmó en una ocasión que, una vez que la experiencia y los conocimientos técnicos en asuntos como la fabricación de bombas atómicas hacían su aparición en el mundo, no había posibilidad de librarse de ellos. 
Aunque puede que este análisis resulte bastante pesimista, parece acertado. Conforme se acerca la conferencia de revisión de este año, da la sensación de que las cosas están a punto de estallar. 
Echando un vistazo rápido al mapa, se observa que, en una sola región, y conectados entre sí por tierra, Pakistán, la India y China poseen armas nucleares, países a los que pronto se unirán Corea e Irán. 
Existe conexiones terrestres entre todos estos países y sus intereses están en conflicto, lo cual aumenta las posibilidades de que se produzcan bloqueos y situaciones peligrosas. 
En una región así, ¿es posible que países como Indonesia o Filipinas no acaben actuando del mismo modo a largo plazo? 
Si Corea e Irán se salen con la suya, está bastante claro que no habrá modo de pararlos, lo cual me lleva a concluir que debemos compartir la postura que se ha manifestado aquí en relación con Irán. 
Tenemos que dar una oportunidad a los tres Ministros de Asuntos Exteriores y a la Unión Europea. 
Me complace que los Estados Unidos hayan aceptado esta estrategia consistente en conseguir los objetivos a través de negociaciones. 
En este caso, debido al modo en que se están desarrollando los acontecimientos y a que es evidente que existen instalaciones subterráneas que no se pueden eliminar de esta forma, es probable que los ataques preventivos empeoren la situación en lugar de mejorarla. 
Puede que otros sepan más al respecto que yo, pero considero que tenemos que ser conscientes de las consecuencias derivadas de la geografía y la estructura de estos países. 
Irán no puede chantajearnos –creo que esto es importante– pero, por otro lado, tal y como ha señalado el Presidente en ejercicio del Consejo, deberíamos hacer todo lo posible para que aplace cualquier avance hasta que las negociaciones ofrezcan otras alternativas. 
Ha de quedar claro –a esta Cámara y a todo el mundo– que las relaciones con Irán solo mejorarán si se encuentran soluciones al problema nuclear y al de los derechos humanos. 
Así, por ejemplo, esta Cámara podría negarse a ratificar acuerdo de cooperación alguno con Irán –partiendo de la base de que se llevaran a cabo negociaciones al respecto, las cuales, lógicamente, no se están produciendo durante la presente Presidencia luxemburguesa– a menos que este país adoptara una posición más razonable. 
He de añadir que es obvio que en estas soluciones se deben tener en cuenta el Tratado de no proliferación de armas nucleares y la participación del Organismo Internacional de la Energía Atómica y las Naciones Unidas. 
Lo mismo se aplica, y con las mismas condiciones, a Corea del Norte. Creo que es necesario dejar claro que pretendemos ayudar a este país, cuyos ciudadanos sufren enormes barbaridades, y que deseamos mejorar su situación, si bien esto puede costarnos más de lo estábamos dispuestos a gastar inicialmente. 
Asimismo, hemos de plantearnos –y espero que el señor Ford retome esta cuestión más adelante– si la Unión Europea no debería participar en las conversaciones actuales a seis bandas, dado nuestro grado de implicación en la financiación. 
Opino que convendría pensar acerca de la orientación que debería tomar nuestra participación política. 
En cualquier caso, creo que resulta vital contrarrestar las capacidades nucleares de estos países en el marco general y en el marco de la lucha contra el terrorismo, ya que esto nos permitirá acabar con las minibombas nucleares y las bombas sucias, entre otras cosas. 
Tenemos que distinguir la conexión en este sentido, ya que es de estas capacidades de las que nos estamos ocupando aquí, y no solo de la capacidad de ataque nuclear tradicional. 
Por este motivo, no podemos tomarnos demasiado en serio esta tarea. 
Señor Presidente, este debate demuestra que el Tratado de no proliferación de armas nucleares es como un perro ladrador, pero poco mordedor. 
Podemos utilizar este Tratado para amenazar a la gente con nuestros ladridos, pero esta claro que luego somos incapaces de morder a aquel que lo incumple. 
Los avances importantes registrados hasta ahora se han desarrollado fuera del marco del Tratado, e incluso cabría decir que a pesar de él. 
La India y Pakistán han adquirido armas nucleares y, a pesar de que los diseños secretos de dichas armas han sido robados de Pakistán, siguen sin imponerse sanciones a ninguno de estos dos países. 
Libia ha abandonado su programa nuclear, si bien el Tratado no ha tenido nada que ver en esta decisión. 
Por otro lado, además de fabricar bombas atómicas, Irán y Corea del Norte se encuentran actualmente desarrollando distintos medios para su transporte, y parece que no hay posibilidad de paralizar estos programas de forma efectiva. 
Países como estos entran en negociaciones con falsas excusas con la intención de ganar tiempo para desarrollar sus programas nucleares. 
¿Qué medidas se deben tomar? 
A no ser que se pongan en marcha nuevos mecanismos de control más estrictos, no tiene ningún sentido seguir hablando en términos del siglo XX, como si los países con capacidad para fabricar armas nucleares aún fueran partes del Tratado. 
No cabe esperar que se respete el Tratado si no existen controles efectivos. Además, es preciso que el requisito de abandonar las armas nucleares se incorpore a la política general adoptada con respecto a un país determinado. 
Por sí solo, el Tratado no nos llevará a ninguna parte. 
Mi último comentario guarda relación con una cuestión que se debe plantear con total claridad. 
A menos que cooperemos con los Estados Unidos e iniciemos un serio debate con nuestros socios norteamericanos, la adopción de una política de coacción resultará igual de inútil, ya sea en el caso de Corea o de Irán. 
El motivo es que estos países son expertos en el juego del «policía bueno, policía malo» , mediante el cual mantienen conversaciones con una parte y tienen miedo de la otra. 
Es poco probable que la parte con la que negocian, a la cual no temen, sea capaz de convencerles para que lleven a cabo verdaderos cambios. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, Señorías, después del fin de la guerra fría el problema de la proliferación nuclear parecía haber remitido, pero hoy está volviendo a ocupar el centro del escenario. 
Las declaraciones del Gobierno de Corea del Norte en el sentido de que posee armas nucleares han causado lógicamente una gran preocupación por una región que tiene la mayor concentración de armas nucleares del mundo. 
Al mismo tiempo, un Irán nuclear desestabilizaría Oriente Próximo, creando enormes problemas de seguridad a las mismas puertas de Europa. 
La estrategia europea de seguridad hace bien en considerar la proliferación de armas de destrucción masiva como el segundo problema global más grave después del terrorismo internacional. 
Además, todos sabemos que cuando entran en juego Estados sin escrúpulos o en quiebra, o cuando la vigilancia es inadecuada, los dos problemas están estrechamente relacionados entre sí. 
No podemos enfrentarnos a este reto solos. 
Es necesaria la coordinación internacional para combatir la proliferación de armas nucleares y para aumentar el control policial y los métodos legales de vigilancia, basándose en los siete puntos del señor El Baradei, entre los que quiero recordar la moratoria de cinco años sobre las nuevas instalaciones, el compromiso inequívoco de desarme de los cinco Estados que oficialmente reconocen la posesión de armas nucleares y el objetivo de una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo. 
La relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es crucial para combatir eficazmente la proliferación nuclear. 
Europa y Estados Unidos son complementarios. 
En un futuro inmediato, el objetivo transatlántico común tiene que ser poner fin a la actividad iraní y asegurar el éxito de la conferencia anual para la revisión del TNP. 
– Señor Presidente, el domingo Irán admitió que domina todas las operaciones destinadas a enriquecer uranio. 
Varios destacados negociadores nucleares iraníes habían admitido con anterioridad que en octubre de 2003, cuando se firmó un acuerdo nuclear con los tres grandes de Europa, el régimen clerical no había llegado todavía a este punto. 
El acuerdo, que está lleno de lagunas, ha dejado mucho margen a Teherán, proporcionándole efectivamente la cobertura diplomática perfecta para que los mulás consiguiesen lo que más necesitaban para hacer avanzar su programa armamentístico: tiempo. 
Cuando se trata con regímenes de base ideológica, la amarga realidad es que el apaciguamiento resulta inútil. 
Deberíamos agradecer al Consejo Nacional de Resistencia de Irán que pusiera al descubierto el programa nuclear clandestino iraní. 
Si no fuera por ellos, Irán ya tendría ahora la bomba atómica. 
En esta situación hay que considerar seriamente la noción de que la única manera de detener la amenaza nuclear iraní y su patrocinio del terror radica en el derrocamiento de ese régimen por los iraníes y grupos de la oposición democrática como el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. 
Señor Presidente, la no proliferación de armas nucleares y, en relación con esta cuestión, la prevención de que estas caigan en manos de grupos terroristas, se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los principales asuntos de interés de la comunidad internacional de Estados. 
Por este motivo, conviene prestar especial atención a lo que sucede en Corea del Norte e Irán, y celebro la posición adoptada por esta Cámara y mi propio grupo con respecto a la necesidad de dejar claro a Irán que las negociaciones sobre un acuerdo de comercio y cooperación no se podrán completar hasta que haya pruebas concluyentes que demuestren el carácter pacífico de su programa nuclear. 
Precisamente en este sentido, las conversaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena no arrojaron ningún resultado satisfactorio. 
Asimismo, es obvio que tenemos que expresar nuestra preocupación ante el hecho de que Rusia suministre barras de combustible nuclear a Irán. 
En calidad de presidenta de la delegación conjunta enviada a ambas Coreas, he llegado a darme cuenta de que la situación en Corea del Norte es igual de inquietante y supone un peligro para toda la región. 
Por lo tanto, insto a la Unión Europea, representada en este caso por la Comisión y el Consejo, a que hagan todo lo posible por facilitar la reanudación de las conversaciones a seis bandas, un proceso que sigue abierto a pesar de la última declaración de Corea del Norte. 
Instamos a este país a que vuelva a la mesa de negociaciones. 
Es preciso hacer uso de todos los canales diplomáticos con este propósito. 
Aunque la Unión Europea no participa en las conversaciones a seis bandas –lo cual puede llegar a cambiar– nos conviene que se desacelere la crisis y que no se extiendan las armas nucleares. 
Como prueba de ello cabe mencionar nuestro programa de ayuda humanitaria y agrícola para Corea del Norte. 
La Organización Mundial de la Alimentación ha llamado la atención sobre la situación desesperada a la que debe hacer frente la gente para intentar conseguir comida. 
También en términos humanitarios, a Corea del Norte le convendría concentrar sus recursos en mejorar el suministro de alimentos a sus ciudadanos, en lugar de interesarse por un rearme desmesurado o por transformarse en una amenaza nuclear. 
Señor Presidente, no hay duda de que la política de no proliferación se encuentra en crisis y que apenas queda nada por decir acerca de la política de desarme. 
La conferencia de revisión de mayo ofrece una oportunidad para lograr algún avance, para exigir un enfoque constructivo por parte de todos, incluidos los «cinco permanentes» y, por tanto, China, país que se presenta cada vez más como la potencia hegemónica en su región. 
China está renaciendo, y solo un país –Corea del Norte– hace caso omiso de ella y de su objetivo de lograr una península coreana libre de armas nucleares. 
Corea del Norte centra sus esfuerzos en la fabricación de cabezas nucleares y de misiles para transportarlas, obstaculiza las conversaciones a seis bandas y provoca la desestabilización de toda la región. 
El motivo es que este país es una dictadura que trata de aferrarse al poder desesperadamente. 
Esta situación supone una amenaza para nuestros amigos democráticos de la región, para Corea del Sur y Taiwán, y también, en particular, para Japón y los Estados Unidos, los cuales garantizan la seguridad de estos países de forma conjunta. 
Se merecen que llevemos a cabo diversos esfuerzos centrados en tres objetivos: debemos reforzar el Tratado de no proliferación; la Unión Europea ha de participar en las conversaciones a seis bandas; es preciso mantener el embargo de armas en China; y tenemos que promover la democracia por todo el mundo. 
Comparto la opinión de que este debate debería celebrarse en Bruselas en lugar de Estrasburgo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las palabras del anterior orador, excepto con su última frase. 
Si, tras los debates oportunos, se decide que las sesiones plenarias se celebren en Estrasburgo, este es pues el lugar donde se deben celebrar; me encanta esta ciudad, es maravillosa. 
Quizás un día lleguemos a un acuerdo con el Gobierno francés que nos permita desarrollar todas las sesiones plenarias en Bruselas. Pero mientras el Tratado no se modifique, no procede levantar polémicas en torno a la situación actual. 
Convendría explicar en detalle a los norcoreanos que sus actividades representan una amenaza para todo el entramado de seguridad de Extremo Oriente. 
Corea del Sur se siente en peligro, al igual que Japón y Taiwán, y creo que es en este aspecto de seguridad regional global en el que debemos centrarnos. 
Tenemos que intentar convencer a nuestros amigos chinos para que recurran a su influencia. 
Aunque ellos sostengan que carecen de influencia alguna, considero que no se trata más que de un ardid diplomático. 
Aparte de cualquier conversación acerca de la paralización de programas de fabricación, la realidad es que el único país capaz de conseguir que el Gobierno norcoreano regrese a las conversaciones a seis bandas es la República Popular China, con el Partido Comunista Chino al frente. 
Hay que dejar claro a China que le conviene que la seguridad en Extremo Oriente no se vea alterada, al tiempo que debemos hacerle entender que solo aceptaremos su papel en Asia si cumple con sus obligaciones de forma constructiva. 
Vamos a intentar que nuestros amigos chinos intercedan ante Corea del Norte. 
Señor Presidente, Señorías, el terrorismo internacional, el crimen organizado y el comportamiento impredecible de algunos Estados indican que el riesgo de que se produzca un conflicto nuclear sigue siendo elevado. 
Por lo tanto, convendría reforzar con carácter de urgencia la capacidad de control del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
La Unión Europea debe tener el valor suficiente para tomar medidas políticas y económicas contra aquellos países que desobedecen las normas e intentan burlar las inspecciones. 
En particular, durante la próxima conferencia de revisión, tendría que reunir todas sus fuerzas para dedicarlas a asegurar la completa aplicación del Tratado. 
Confío en que, a través del diálogo y la consulta, la Unión Europea pueda influir positivamente para que Corea del Norte regrese a la mesa de negociaciones. 
Los Estados Unidos, Rusia y Francia han empezado a desarrollar una nueva generación de armas nucleares. 
No obstante, un compromiso auténtico con la no proliferación y el desarme significa que todos los países, y no solo los denominados Estados rebeldes, deben restringir la investigación y el desarrollo en materia de armas de destrucción masiva. 
De lo contrario, todas las declaraciones realizadas en este sentido seguirán siendo falsa retórica. 
Mientras nos encontramos debatiendo acerca de problemas relacionados con la no proliferación de armas nucleares y el Tratado de no proliferación, creo que no estaría de más avisar a esta Cámara de la existencia de nuevas tecnologías militares que vienen a aumentar aún más la complejidad de la situación. 
Ya es posible fabricar lo que se conocen como bombas maleta. 
Estas son ligeras y fáciles de transportar, de modo que podrían caer sin problemas en las manos equivocadas, por ejemplo en las de grupos terroristas. 
Otro ejemplo de nueva tecnología militar lo constituyen las bombas de intensidad muy reducida, cuya existencia enturbia la clara distinción anterior entre armas tradicionales y armas nucleares. 
A raíz de la aparición de este tipo de armas, cuyo propósito parece ser el permitir lanzar ataques sobre emplazamientos fortificados y con una fuerte defensa, puede que países no firmantes del Tratado de no proliferación de armas nucleares acaben utilizándolas. 
Esto provocaría, o mejor dicho, debería provocar, reacciones en la comunidad internacional, ya que todos los países que han ratificado el Tratado tienen la garantía de otros países de que no se utilizarán armas nucleares en su territorio. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, en relación con Corea del Norte, solo diré que creo que China es el único país que tiene alguna oportunidad de convencerle para que cambie de dirección, ya que China ha relegado al pasado su propia forma de comunismo, al menos en el ámbito económico, al ser capaz de crear prosperidad. 
El comunismo primitivo al que aún se encuentra sometida Corea del Norte desde un punto de vista político y económico solo podrá ser superado mediante la persuasión o la presión china. 
En cuanto a Irán, cuestión sobre la que ejercí como ponente en el anterior período legislativo, ha de quedar claro que existe una combinación de intereses que se puede reducir a un denominador común. 
Mientras que Irán aspira a completar un acuerdo de asociación y cooperación con la Unión Europea, nosotros, que somos la Unión Europea, queremos que Irán actúe dentro de los parámetros establecidos por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y que cumpla con sus requisitos. 
Personalmente, considero que el uso pacífico de la energía atómica puede resultar positivo. Por tanto, no me opongo de forma radical a que un país haga uso de ella, siempre y cuando se garantice la vigencia de las normas de seguridad más estrictas y se asegure el control internacional del ciclo de enriquecimiento del uranio y de la fabricación de armas, condiciones que, en el caso de Irán, parecen no aplicarse. 
Si conseguimos que Irán comprenda que hay un paquete formado por un acuerdo de asociación y cooperación, por un lado, y el cumplimiento de los requisitos de la comunidad internacional en lo que concierne al uso pacífico de la energía nuclear, por otro, y que este paquete es indivisible, entonces lograremos algún resultado. 
Hay otro aspecto que considero importante: a la hora de equilibrar nuestros respectivos intereses, no debemos olvidar el problema de los derechos humanos. 
No podemos sacrificar los derechos humanos a cambio de un acuerdo, aunque el de Irán sea conforme a los requisitos nucleares. 
– Señor Presidente, quisiera hablar sobre uno o dos aspectos relacionados con Corea del Norte. 
Es un país que durante los últimos 12 a 18 meses ha dado grandes pasos irreversibles en el camino de la reforma económica, concretamente en la industria y la agricultura. 
Sin embargo, la crisis nuclear sigue pendiendo sobre nuestras cabezas. 
Durante los últimos cinco años, la Unión Europea ha destinado 500 000 millones de euros a Corea del Norte en ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo, pero no se nos ha incluido en las últimas conversaciones a seis bandas. 
Hace varias semanas, el embajador de este país en Berlín habló ante la nueva delegación del Parlamento para las relaciones con la Península de Corea e indicó que Corea del Norte acogería con agrado nuestra participación, al igual que China y Corea del Sur. 
En nuestra resolución común pedimos a la Comisión y al Consejo que investigue la posibilidad de que la Unión Europea participe en ese programa. 
Esto puede ayudar a salir del atolladero en que nos encontramos allí. 
Al Parlamento Europeo no le gustaría una situación en la que no tiene voz en las negociaciones en curso, pero en la que, como sucedió en la última ronda con el acuerdo marco, debe pagar la factura. 
Mi segundo comentario no tiene que ver con el programa de plutonio –Corea del Norte ha declarado que ahora cuenta con armas nucleares–, sino con una de las causas de la crisis, que fue la afirmación por parte de los Estados Unidos de que Corea del Norte contaba con un programa de uranio altamente enriquecido. 
Parece que Corea del Norte obtuvo los planos de Pakistán, pero los Estados Unidos no han aportado pruebas de que esté desarrollando un programa. 
Tampoco tiene los materiales necesarios para producir las centrifugadoras de gases, ni la calidad o la cantidad de electricidad –que ha de ser suficiente para abastecer a una ciudad europea de tamaño medio– para emprender tal programa. 
La última cuestión que quiero tratar se refiere a la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana. 
El Consejo ha optado por no pagar los 4 millones de euros a Corea del Sur en concepto de coste de suspensión de dicho programa, por lo cual su futuro está amenazado. 
Sé que a algunos diputados a esta Asamblea no les gustaría que se convirtiera en un programa nuclear, pero bien podría servir de canal muy útil para energías convencionales no nucleares o renovables. 
Solicitaremos al Consejo que analice de nuevo si no conviene hacer esta pequeña contribución, que alcanza justo para adquirir un par de apartamentos en Londres, para que podamos conseguir este efecto político. 
. Señor Presidente, no hay duda de que un mundo sin armas nucleares es una visión ideal que algunos han reclamado pero con la que todos simpatizamos. 
Por desgracia, las cosas parecen evolucionar en sentido contrario. 
Como han dicho el señor Wiersma o el señor Brok, existe el peligro de que entremos en una nueva era de proliferación de armas nucleares, una nueva carrera de armamento nuclear en regiones extremadamente sensibles, donde la última consecuencia de la proliferación puede ser su utilización efectiva. 
Es, pues, sumamente importante que ahora la Unión Europea y todos sus socios ejerza las presiones necesarias sobre quienes piensan que el armamento nuclear les otorga más poder. 
Debemos transmitir una señal clara, tanto a Corea del Norte como a Irán, de que el desarrollo de armas nucleares no compensa, que la comunidad internacional no tolerará una evolución semejante. 
Estoy de acuerdo con quienes dicen, por lo que respecta a Irán, que debemos proseguir con energía las negociaciones en curso para convencer a los iraníes de que hay una alternativa al desarrollo de armas nucleares, que la perspectiva de una cooperación con Europa, que la perspectiva de un acuerdo de cooperación económica, vale mucho más que el desarrollo de armas nucleares, tanto para la seguridad del país como para su desarrollo económico. 
Estoy de acuerdo en que no deben descuidarse los derechos humanos en dichas negociaciones, y que su respeto es esencial. 
Corea del Norte es sin duda un caso mucho más complejo, puesto que de algún modo ya ha sido condenada al ostracismo por la comunidad internacional. 
Imponer sanciones a este país, en el que la población ya sufre enormes privaciones, no aportaría gran cosa. 
Pero no se trata de que la Unión Europea se limite a prestar ayuda humanitaria, debemos desempeñar un papel político más importante. 
Estoy totalmente de acuerdo con quienes han declarado, como acaba de hacer el señor Ford, que también sería un error que la Unión Europea sea un mero proveedor de fondos sin ningún papel político. 
Las relaciones con China, que son importantes, como ha señalado el señor Jarzembowski, pueden ayudarnos sin duda a presionar a Corea del Norte. 
China es quizás el único país que tiene alguna influencia real sobre el régimen norcoreano. 
En todo caso, es crucial que las discusiones en torno al Tratado de no proliferación no desemboquen fundamentalmente en un fracaso, en una especie de. 
El Tratado de no proliferación tiene hoy una importancia aún mayor que en el pasado. 
En efecto, ahora hay otros riesgos, aún más terribles, como son la proliferación a todo tipo de entidades no estatales y a los terroristas. 
Creo que este es otro aspecto en el que la Unión Europea debe estar muy atenta. 
Por tanto, la Unión Europea debe hablar alto y claro en esta Conferencia sobre el TNP, y actuar, tanto en sus negociaciones con Irán como en las conversaciones con Corea, en las que debemos participar, para hacer oír nuestra voz. 
Si el mundo sin armas nucleares no está al alcance de nuestra mano, debemos al menos poner freno a esta peligrosa proliferación. 
Señor Presidente, todas las intervenciones que hemos escuchado van sin duda en el mismo sentido, sin excepción, y respaldan, por supuesto, la posición y las convicciones de la Comisión. 
Reflejan además la importancia del Tratado de no proliferación y, sobre todo, la necesidad de preservarlo e incluso reforzarlo. 
La Comisión apoya y seguirá apoyando en el futuro los esfuerzos a favor tanto del desarme, en particular en Rusia, como la no proliferación. 
Trabajamos actualmente en cooperación con el Consejo a fin de garantizar los recursos financieros necesarios para aplicar las políticas de la Unión en el ámbito de la no proliferación y el desarme. 
Para ilustrar el compromiso de la Comisión a este respecto, quisiera referirme a un acuerdo celebrado muy recientemente, con ocasión de la revisión del Acuerdo de Cotonú, que contiene ahora como elemento esencial una cláusula de no proliferación destinada a reforzar los acuerdos multilaterales y el control de las exportaciones. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la situación en el Líbano. 
Señor Presidente, el Consejo sigue de cerca, y con preocupación, la grave crisis política que atraviesa el Líbano. 
Esta crisis, desencadenada por la ampliación por tres años del mandato del Presidente Lahoud, impuesto por Siria, culminó con el asesinato del ex Primer Ministro Rafik Hariri y otros diez civiles inocentes. 
La Unión ha condenado firmemente este acto bárbaro y esta Cámara debatió extensamente sobre el mismo hace pocos días. 
El Primer Ministro Rafik Hariri era un hombre de paz que creía en el diálogo y era amigo de Europa. 
El desafío a que se enfrenta el Líbano debe superarse con unidad y calma y con el respeto de dos principios por los que el señor Hariri luchó durante toda su vida: la independencia y la soberanía del Líbano. 
La dimisión del Gobierno Karamé ante la presión popular crea una nueva situación que debemos aprovechar. 
En esta ocasión, la Presidencia quiere rendir homenaje al pueblo libanés por su valentía y su firme voluntad de recuperar su plena soberanía y vivir libremente en un país democrático. 
Los órganos del Consejo mantuvieron un primer intercambio de puntos de vista sobre la crisis libanesa el pasado 4 de marzo y volvieron a abordar la cuestión esta mañana en presencia del señor Roed-Larsen, enviado especial de las Naciones Unidas, responsable de la aplicación de la Resolución 1559. 
Por su parte, el Alto Representante, Javier Solana, se reunirá mañana con una delegación de representantes de la oposición libanesa. 
Las líneas maestras de la acción de la Unión Europea podrían ser las siguientes. 
En primer lugar, hay que apoyar la formación de un nuevo Gobierno de transición, que sea aceptable para las principales fuerzas políticas libanesas y respete el marco constitucional del país. 
Después, para que continúe la normalización de la vida política libanesa, es esencial dilucidad las circunstancias y las responsabilidades del asesinato de Rafik Hariri. 
La Unión apoya pues la comisión de investigación de las Naciones Unidas y piensa seguir presionando a las autoridades libanesas para que lleven a cabo una investigación rigurosa. 
Por otra parte, es importante apoyar la celebración de elecciones libres y equitativas. 
La Unión Europea estará dispuesta a prestar asistencia en este terreno, en particular mediante el envío de una misión de observación electoral si el nuevo Gobierno libanés lo desea. 
Por su parte, la Comisión está a punto de efectuar una misión sobre el terreno para evaluar las necesidades y las posibilidades de asistencia electoral. 
La Comisión podrá facilitar más detalles al respecto en su presentación. 
Por último, hay que mantener la presión sobre todos los afectados con vistas a una aplicación plena e inmediata de la Resolución 1559, que prevé la retirada inmediata e íntegra de las tropas sirias del Líbano. 
El Consejo asegura al Parlamento Europeo que no escatimará esfuerzos en pro de una solución política de la cuestión libanesa, conforme a los deseos de la gran mayoría de los libaneses. 
. Señor Presidente, Señorías, voy a hablarles de la situación en el Líbano en nombre de mi colega, la señora Ferrero-Waldner, Comisaria responsable de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad Europea. 
Nos ha conmocionado y entristecido el atroz ataque terrorista perpetrado en Beirut el pasado 14 de febrero, que costó la vida al ex Primer Ministro libanés, Rafik Hariri, y a otras muchas personas, e hirió gravemente a más de un centenar. 
Se trata del ataque más devastador sufrido por el Líbano desde la guerra civil de 1975-1990. 
El señor Hariri fue uno de los principales arquitectos de los acuerdos de Taif de 1989, que pusieron fin a la guerra civil en el Líbano. 
Fue responsable de promover la reconstrucción de su país desgarrado por la guerra y su nombre se convirtió en sinónimo de paz y reconciliación basadas de un frágil equilibrio entre las 18 comunidades religiosas que conforman el país. 
Nosotros colaboramos estrechamente con el señor Hariri y su Gobierno. 
Durante su mandato se concluyeron las negociaciones sobre un acuerdo de asociación y, en marzo de 2003, entró en vigor un acuerdo provisional sobre comercio. 
El señor Hariri apoyó plenamente el diálogo sobre la Política de Vecindad Europea, que englobaba también al Líbano. 
Durante las últimas semanas, desde la muerte del señor Hariri, miles de manifestantes han protestado contra la presencia militar de Siria en su país, desafiando la prohibición del Gobierno. 
Ante la presión incesante que siguió al asesinato del señor Hariri, el 28 de febrero dimitieron el Primer Ministro libanés Omar Karami y su Gobierno tras un debate parlamentario extraordinario cuyo tema era la situación política tras la muerte del señor Hariri. 
Evidentemente, las próximas semanas van a ser decisivas para el país y es importante que las elecciones parlamentarias en el Líbano tengan lugar en mayo, como estaba previsto. 
La Comisión espera que durante este período prevalezca la calma y se mantengan abiertas las vías de diálogo entre los distintos grupos políticos. 
Las elecciones han de celebrarse conforme a un proceso electoral libre y limpio, sin interferencia ni influencia exterior alguna y bajo el control soberano de las autoridades libanesas. 
Estas elecciones podrían representar un giro decisivo para el retorno del Líbano a su plena independencia y su plena soberanía. 
Junto con los demás socios, la Unión Europea deberá permanecer atenta a las condiciones en que se celebren y deberíamos dar a conocer nuestra posición a los libaneses. 
La Comisión estudia de qué modo puede contribuir a que estas elecciones se desarrollen en buenas condiciones. 
Estamos examinando la posibilidad de enviar una misión de observación electoral. 
Si procede, contemplaremos también otras modalidades de apoyo a fin de garantizar un proceso electoral abierto y libre. 
Pensamos, en particular, en la formación de observadores locales. 
En este momento estamos llevando a cabo los preparativos para el envío de una misión técnica exploratoria al Líbano. 
Queremos evaluar qué podemos hacer para que las elecciones se celebren en las mejores condiciones y no excluimos la posibilidad de enviar observadores de la Unión Europea si el Gobierno del Líbano nos lo pide. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea concede la mayor importancia a la plena aplicación, por todas las partes implicadas, de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos objetivos apoyamos firmemente: elecciones libres y limpias sin interferencias extranjeras, retirada de todas las fuerzas extranjeras del Líbano, desmantelamiento y desarme de todas las milicias y control gubernamental sobre todo el territorio libanés. 
Muchas de estas demandas han sido comunicadas por la Unión Europea al Líbano en una serie de mensajes importantes a lo largo de los años. 
La Unión Europea apoya plenamente la labor del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Esperamos con interés su informe sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos de la Resolución 1559 a principios del mes de abril. 
Al mismo tiempo, la Comisión está forjando relaciones cada vez más estrechas con el Líbano en el marco de la Política de Vecindad Europea. 
El 2 de marzo, la Comisión presentó un informe sobre el Líbano que ofrece una amplia panorámica global de la situación política, económica e institucional, pero también del estado de las relaciones del Líbano con la Unión Europea. 
Este informe servirá de base para los trabajos sobre el plan de acción para la asociación con los países vecinos, que incluirá prioridades importantes como un diálogo político más intenso y una mayor cooperación en toda una serie de ámbitos. 
Para el Líbano, así como para otros países socios, los progresos realizados en el marco de la Política de Vecindad Europea serán el reflejo de sus propios esfuerzos y sus propios éxitos, por supuesto con el apoyo activo de la Unión. 
Para tener en cuenta la reciente evolución política del Líbano, la Comisión ha recomendado que el calendario de la próxima etapa de nuestros trabajos y consultas con las autoridades libanesas sobre el plan de acción se adapte a la evolución de la situación del país. 
Está claro que debemos saber cómo evoluciona la situación antes de seguir adelante. 
Al mismo tiempo continuamos nuestras conversaciones con el Parlamento y el Consejo sobre el Instrumento de Vecindad y Asociación Europea, lo que nos permitirá, a partir de 2007, adecuar las ambiciones de nuestra política a los recursos financieros necesarios. 
Esperamos obtener resultados antes de finales de este año, lo que nos permitiría comenzar la programación en 2007. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión seguirá apoyando los esfuerzos de reforma y democracia en el Líbano a través del acuerdo y en el marco de la Política de Vecindad Europea. 
Espero que el Parlamento Europeo sea nuestro más firme aliado en el apoyo a esos esfuerzos. 
. Señor Presidente, creo que el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario Louis Michel han expuesto suficientemente cuáles han sido los efectos fulminantes que ha producido el asesinato del ex Primer Ministro Hariri. 
Es evidente que una de las conclusiones más claras tiene que ser la retirada de las fuerzas sirias del Líbano, que debe ser inmediata y debe extenderse también a los servicios secretos. 
No hay ninguna excusa para no cumplir los términos de la Resolución 1559 de las Naciones Unidas y Siria debe abstenerse de inmiscuirse en los asuntos internos del Líbano. 
Es evidente, como ha dicho el señor Michel, que unas elecciones libres en el Líbano tienen que celebrarse sin ningún tipo de presión, y desde nuestro Grupo político nos congratulamos de las manifestaciones hechas por el Comisario de que se va a enviar una misión técnica al Líbano con objeto de preparar una misión de observación electoral de la Unión Europea. 
Entendemos también que es absolutamente imprescindible que haya una comisión que investigue de forma independiente las circunstancias del asesinato del ex Primer Ministro. 
Señor Presidente, esta mañana todos los grupos políticos han negociado una resolución de compromiso sobre este asunto importantísimo del Líbano y hay que encontrar una solución satisfactoria para la inclusión de Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, puesto que entendemos que se ha podido probar de forma indubitable la acción de esta organización y, señor Presidente, los términos de la resolución de compromiso tendrán que ajustarse para dar cabida a una decisión que pueda estar en consonancia con las preocupaciones que se han expresado en nuestro Grupo político. 
Quisiera terminar diciendo que la Unión Europea- lo han expresado el Presidente en ejercicio del Consejo y el representante de la Comisión- tiene que defender la existencia de un Líbano democrático, independiente y soberano, y los instrumentos que tenemos a través de la política de vecindad y el acuerdo de asociación nos dan realmente la medida de lo que puede ser esta relación. 
Insisto: un Líbano independiente, democrático y soberano. 
, – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sus Señorías, mi Grupo apoya codo con codo y sin reservas a los manifestantes de la Plaza de los Mártires de Beirut, que piden pacíficamente un futuro de libertad y democracia para su país y que ya han logrado la dimisión del gobierno pro sirio. 
Ya no se puede tolerar la ocupación militar de Siria y ha llegado la hora para que las declaraciones positivas pero ambiguas del Presidente de la República Árabe Siria de los últimos días den paso a una acción firme con un calendario claro e inmediato. 
Reiteramos nuestra condena absoluta del ataque que causó la muerte del ex Presidente Hariri y la pérdida de tantas vidas, y apoyamos la determinación del Secretario General de las Naciones Unidas para que se haga una investigación a fondo de este episodio. 
El futuro del Líbano solo puede ser el resultado de un proceso democrático, basado en el respeto de los derechos humanos, en el que un primer paso sea una decisión para seguir adelante con las elecciones parlamentarias en mayo. 
Estas elecciones tienen que ser libres, democráticas y transparentes, y es por este motivo por el que pedimos que estén preparadas y supervisadas por un equipo de observadores europeos en el que, como en el caso de Palestina, este Parlamento tiene que desempeñar un papel destacado. 
Todas las partes de la compleja sociedad del Líbano tienen que sentir que participan en este proceso y en la protección de la unidad e integridad territorial de su país. 
En cuanto a Siria, es un país vital en el Oriente Próximo en su conjunto, un país que puede y tiene que optar sin reservas por la democracia, por la lucha contra el terrorismo y por un papel constructivo en la solución del conflicto entre Israel y Palestina. 
Durante mucho tiempo, la política de Europa ha sido de amistad con Damasco, y espero que las decisiones que tome hoy su dirigente contribuirán a consolidar esta relación y hacer que sea irreversible. 
Los países del Oriente Próximo en su conjunto tienen la responsabilidad de apoyar los esfuerzos del Presidente de la Autoridad Palestina por alcanzar una paz justa con Israel y colaborar en el desarrollo de un Estado palestino. 
Con este propósito, tiene que ponerse fin a todo apoyo al terrorismo y a las organizaciones terroristas, tanto dentro de sus Estados respectivos como en los territorios palestinos. 
Por último, no hay que olvidar la dimensión israelí-siria de este conflicto. 
En este asunto, esperamos un restablecimiento de las relaciones, que lleven a un acuerdo de paz y a la retirada del ejército israelí de los Altos del Golán. 
Durante demasiado tiempo, la violencia del terrorismo y de las fuerzas de ocupación han prevalecido en el Oriente Próximo, y es hora de volver al Estado de Derecho. 
Solo el respeto del Derecho en las relaciones internacionales y de la democracia en asuntos de interior puede garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en todo el Oriente Próximo en su conjunto. 
En este contexto, la Unión Europea tiene que redoblar sus esfuerzos, mejorar la efectividad de su papel político e incrementar y replantearse los recursos económicos desplegados para alcanzar estos objetivos. 
. – Señor Presidente, desde nuestro debate de hace dos semanas, la situación en el Líbano no ha dejado de evolucionar bajo la presión –como sabe y ha comentado todo el mundo–de un pueblo casi enteramente unido, al margen de su origen o religión, y que sigue reclamando su libertad de vivir y su libertad de pensamiento. 
Tras la dimisión del Gobierno Karami y las declaraciones comunes de los Presidentes Asad y Lahoud sobre la retirada de las tropas sirias, todavía decenas de miles de personas se concentraban ayer en la plaza de los Mártires, rebautizada plaza de la Libertad, para afirmar su voluntad y mantener la presión necesaria sobre los políticos para la puesta en marcha de un verdadero proceso democrático. 
He dicho que este pueblo estaba casi enteramente unido, porque hay una nota discordante, expresada en el discurso del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que llama a sus fieles a manifestarse hoy, en este mismo momento, en contra de la resolución de las Naciones Unidas, a protestar desvergonzadamente contra la ingerencia extranjera y, cito, a «continuar la resistencia contra Israel». 
Esta última parte del discurso es la que más me preocupa, porque manifiesta una voluntad, que espero minoritaria, de oponerse a la frágil reanudación de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. 
Varios de los que estamos aquí nos desplazaremos el viernes a El Cairo para participar en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Somos conscientes de la absoluta necesidad de respaldar allí la posición del líder palestino Mahmud Abás en su valiente deseo de luchar contra la continuación de la violencia y, en un primer paso, establecer junto con Israel un alto el fuego duradero. 
Si resultara que Hezbolá está decidida a oponerse a este proceso, le correspondería a usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tomar las medidas oportunas hasta el punto, por qué no, de incluir a este movimiento en la lista de organizaciones terroristas. 
Espero que el Consejo no se vea obligado a llegar a tal extremo, pues quiero seguir creyendo que este inmenso deseo de paz saldrá vencedor. 
. – Mi Grupo firmará y votará con sumo gusto la resolución elaborada esta mañana, que establece una serie de posiciones extremadamente importantes para el Parlamento Europeo. 
También ustedes han expuesto y apoyado estos puntos de vista, señor Presidente en ejercicio del Consejo y señor Comisario Michel. 
Acogemos con agrado y alentamos las manifestaciones populares que tienen lugar hoy en Beirut y que recientemente se produjeron en Kiev, y creemos que se puede aprender de ellas. Creemos que suponen la garantía más sólida del proceso de democratización, en la medida en que las poblaciones sienten y saben que pueden contar con el apoyo internacional. 
Es una lección que debemos recordar y de la que debemos sacar conclusiones para el futuro. 
También nosotros, como aquellos manifestantes y como el pueblo libanés unido, esperamos respuestas claras de las investigaciones que se están llevando a cabo –tanto la misión de investigación enviada por Kofi Annan como las pesquisas iniciadas por las autoridades libanesas– para conocer exactamente a los responsables de este odioso acto. 
Hemos oído asimismo las declaraciones de los Presidentes libanés y sirio, y esperamos con interés nuevas declaraciones. 
En efecto, dado que esto está previsto en los acuerdos de Taif, ¿por qué excluir a los servicios de seguridad del plan de retirada? 
Los servicios sirios de seguridad en el Líbano también deberían se abandonados. 
Hay que decir ahora que la continuación del proceso de democratización es la mejor garantía de la estabilización y ya se ha dicho hasta qué punto es crucial la estabilidad de la región. 
Esperamos mucho de este proceso de democratización y la Comisión no puede pasar por alto, en el informe que prepara sobre todos los aspectos de la situación en el Líbano y las relaciones entre la Unión Europea y este país, cierto número de cuestiones fundamentales para el futuro de la democracia. Estas cuestiones incluyen el restablecimiento de la pena de muerte; las decenas de miles de desapariciones habidas en el Líbano; la adhesión del Líbano al Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional; la adhesión a la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados; la resolución del caso de los refugiados palestinos; y también algunos casos individuales extremadamente preocupantes para nuestro Parlamento, como el del abogado señor Mughrabi, que se encuentra en prisión por unas declaraciones efectuadas en esta Cámara a los diputados al Parlamento Europeo. 
Por tanto, a lomos de esta situación cabalgan muchas esperanzas, esperanzas que estoy segura que esta resolución alentará. 
. – La posición del Parlamento y la Unión Europea en relación con los acontecimientos del Líbano debería lograr un equilibrio entre claridad y responsabilidad. 
Claridad a la hora de expresar la necesidad imperiosa de llevar a cabo una investigación internacional independiente sobre las circunstancias que rodean al asesinato del anterior Primer Ministro, sus causas y efectos; a la hora de expresar la solidaridad que hay que mostrar hacia el movimiento democrático, pacífico y pancomunitario que reclama elecciones democráticas y la soberanía plena para el Líbano; y a la hora de exigir la retirada de los servicios de inteligencia y las tropas sirias, en virtud de los acuerdos de Taif y la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Por tanto, la claridad es fundamental, si bien ha de ir acompañada de responsabilidad, dada la naturaleza extraordinariamente frágil del mosaico que representa la sociedad libanesa. 
Esta responsabilidad es la que ha llevado a mi grupo a solicitar una votación por separado para los apartados 6 y 7 de la resolución de compromiso. 
En primer lugar, está la cuestión de Siria. 
La retirada al Valle de la Bekaa, como se estipula en los acuerdos de Taif, constituye, de forma objetiva, un paso loable y la exigencia de que se ponga fin a cualquier interferencia exterior no se puede dirigir a un solo país. 
Israel sigue ocupando territorio libanés y Francia y los Estados Unidos no están solo de paso. Esto se aplica sobre todo a los Estados Unidos, país que dio su aprobación tácita a la presencia siria en el Líbano durante años, y ahora, con la presencia militar más fuerte en la región, se dirige a Siria con toda la delicadeza de un toro en una tienda de porcelana. 
Esto supone otro fracaso en la búsqueda de paz y estabilidad. 
En segundo lugar, está el problema de Hezbolá. 
No hay organización hacia la que pueda sentir más rechazo, pero demonizar el denominado «Partido de Dios» y clasificarlo como totalmente dependiente de Siria no resulta prudente ni acertado. 
Hezbolá no se puede combatir mediante su inclusión en las listas de terroristas, sino a través de la implicación de su brazo político en el proceso democrático, la solución de las atroces desigualdades en el Líbano y el establecimiento de una resolución justa de los conflictos originados por la ocupación territorial de Israel. 
Dejemos que Europa ofrezca en la región una alternativa a las políticas basadas en la obcecación y la fuerza. 
. Señor Presidente, a raíz del discurso parlamentario del Presidente Asad del pasado sábado y de sus acuerdos de ayer con su homólogo libanés, el señor Lahoud, resulta evidente que Siria se está dedicando a jugar en el Líbano con la comunidad internacional. 
La Resolución 1559 del Consejo de Seguridad todavía no se aplica a Damasco. 
Reclama claramente la total e inmediata retirada de las tropas sirias del territorio libanés. 
Resulta inquietante que, a finales de la semana pasada, el Jefe de Estado sirio no dijera una palabra acerca de la presencia influyente, en el territorio libanés, de sus servicios secretos, los cuales parecen no formar parte de los movimientos de tropas sirias en la zona. 
Esto está en conexión con el reciente comentario israelí de que Siria no piensa actualmente en otra cosa que en reforzar la presencia de sus servicios secretos en la tierra del cedro, algo sobre lo que el Ministro de Asuntos Exteriores israelí informó ayer de manera oficial al Secretario General de Naciones Unidas. 
No obstante, Damasco desobedece descaradamente la Resolución 1559 en un sentido diferente. 
Esta resolución estipula la disolución de todas las milicias en el Líbano, lo cual implica el desmantelamiento del movimiento terrorista chií Hezbolá, un títere en manos de Siria e Irán en contra del Estado judío, así como la marcha forzada de docenas de funcionarios de la guardia revolucionaria iraní, la cual se dedica a entrenar a los grupos terroristas palestinos y a Hezbolá dentro de las fronteras del Líbano. 
Dada la gravedad de la situación en el Líbano, confío en que el Consejo y la Comisión bloqueen a propósito aquellas fuerzas en Siria, el Líbano e Irán que no desean ver una soberanía estatal libanesa de pleno derecho ni cualquier arreglo político entre Israel y sus vecinos árabes más cercanos. 
Convendría que Damasco, Teherán y sus satélites libaneses pusieran fin a su siniestro juego de una vez por todas. 
Corresponde al Consejo y a la Comisión adoptar las medidas prácticas para que esto suceda. 
Para empezar, por ejemplo, podrían incluir a Hezbolá en la lista europea de organizaciones terroristas. 
. – Señor Presidente, una vez más la atención del mundo se centra en Oriente Próximo. 
Se han celebrado elecciones en Iraq, pero continúa el desorden y se producen numerosas matanzas. 
Los líderes israelíes y palestinos se han reunido y esto puede considerase un primer paso en el largo camino hacia la paz y la reconciliación entre los dos pueblos. 
Ahora la atención se centra en el Líbano y Siria. 
Sin duda el catalizador de esta incertidumbre política ha sido el asesinato del Primer Ministro libanés Rafik Hariri. 
Mientras tanto ha dimitido el Gobierno libanés. 
Todos conocemos la trágica guerra civil que envolvió a este país entre 1975 y 1990, y sabemos que el Acuerdo de Taif, concebido para llevar la paz a esta región, sigue vigente. 
Sin embargo, el fondo de la cuestión es que todavía hay 15 000 militares sirios en el Líbano. 
Pese a que reconozco que son muchos menos que los 40 000 que había hasta finales de los años noventa, el pueblo libanés desea claramente que las tropas sirias salgan de su país. 
Por ese motivo celebro las recientes declaraciones del Presidente sirio Bachar el Asad, quien ha señalado que las tropas de su país se retirarían del Líbano. 
Cuanto antes se produzca esta salida, mejor. 
El Presidente Bachar el Asad reconoció específicamente que Siria no permanecería en el Líbano si el pueblo libanés no los quisiese en su país. 
Todos conocemos la respuesta, por lo que las tropas sirias deben retirarse sin dilación. 
Estoy de acuerdo con los comentarios del orador que me ha precedido sobre grupos que ya están comenzando a trabajar dentro del Líbano para volver a desestabilizar el país. 
En el terreno político más amplio, la Unión Europea y Siria todavía están negociando un nuevo acuerdo de asociación económica entre ambas. 
Creo que asegurar el acuerdo en torno a esta nueva relación contribuiría a mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el pueblo sirio. 
Hace ya tiempo que es necesario un tratado de este tipo. 
Insto a la Presidencia del Consejo a que trabaje para concluir este acuerdo a la mayor brevedad posible. 
Señor Presidente, Señorías, la situación en el Líbano se ha desestabilizado por culpa de la presencia de tropas sirias en el país durante 29 años. 
Allí se encuentran destacados 14 000 soldados sirios, lo que supone 14 000 soldados de más. 
La decisión tomada ayer por los Presidentes sirio y libanés de retirar algunas tropas sirias del Líbano representa un paso en la dirección correcta, si bien es un paso pequeño, ya que en el país no solo se encuentran emplazadas unidades militares regulares, sino también los servicios especiales sirios. 
Hablando con total claridad, estos servicios influyen en la situación interna del país. 
El hecho de que organizaciones paramilitares, o mejor dicho, terroristas, operen en el Líbano constituye un problema adicional al que debe hacer frente el país. 
Me asombra que la resolución del Parlamento deje de hacer referencia a la organización Hezbolá que opera en el Líbano como una organización terrorista, tal y como la describía en su versión original. 
Me resulta del todo incomprensible. 
Hay que llamar a las cosas por su nombre y, por tanto, aludir a los terroristas como terroristas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar mi más profunda indignación y condena ante el horrendo atentado que ha costado la vida a Rafik Hariri, así como a catorce civiles inocentes. 
Quiero expresar mi más sentido pésame a la familia del señor Hariri y a las de las demás víctimas de este horroroso atentado. 
Asimismo deseo, conforme a la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del pasado 15 de febrero, que se haga la luz sobre las causas y las circunstancias de este atentado, a fin de llevar rápidamente a los autores ante la justicia. 
Este atentado iba dirigido contra todos los libaneses, de todas las confesiones y posiciones políticas, con el fin de instaurar un clima de terror entre la población. 
No debemos hacer el juego a quienes buscan desestabilizar al Líbano. 
Este suceso nos brinda la ocasión de recordar hasta qué punto es necesaria la aplicación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la integridad territorial, la soberanía y la independencia del Líbano, lo que exige la retirada total e inmediata del Líbano de todas las fuerzas sirias. 
La comunidad internacional debe mantenerse movilizada y atenta, para que las próximas elecciones legislativas, previstas para la primavera, se desarrollen en condiciones democráticas y transparentes. 
Estas elecciones reflejarán la voluntad –o la falta de voluntad– de las partes afectadas de responder a las exigencias de la comunidad internacional. 
Quizás el Consejo debería tomar la iniciativa de organizar una conferencia de paz sobre el Líbano para sacar partido del clima que reina actualmente en Oriente Próximo, que favorece la resolución de antiguos conflictos ya demasiado prolongados. 
La Unión Europea debe participar en el proceso de paz en la región, y hacer progresar la causa de la democracia «sin complacencia ni arrogancia» , como dice Michel Barnier, Ministro francés de Asuntos Exteriores. 
No debemos decepcionar las esperanzas de millones de mujeres y hombres. 
– Señor Presidente, me pregunto si el Líbano se sumará a la «revolución naranja» caracterizada por el nuevo despertar del pueblo a la democracia. 
Así lo esperamos, sin duda, pero el Líbano no tiene mucho en común con Ucrania o Georgia. 
No será fácil ni quizá tampoco del todo deseable que rompa los lazos con Siria, consagrados en los acuerdos de Taif, pero es preciso aclarar y estabilizar esos lazos, y para lograrlo será necesaria la presión tanto popular como internacional. 
Lo que está claro hoy es que los asesinos de Rafik Hariri y de los catorce ciudadanos libaneses que perecieron en el atentado siguen en libertad. 
Siria debe poder retirarse del Líbano sin perder la cara, pero el redespliegue de sus tropas no puede limitarse a la llanura de la Bekaa si todavía no se ha fijado el calendario de la retirada permanente. 
La organización de las próximas elecciones legislativas se ha convertido ahora en una prueba de la voluntad de cambio del Líbano. 
Hezbolá es también un factor importante en la política siria y socava las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, como ha señalado el señor Morillon. 
Pero así sucederá mientras Israel no retire sus tropas de los Altos de Golán, como han reclamado las Naciones Unidas en varias resoluciones. 
Por último, la oposición, al unificarse y proceder paso a paso, ha hecho gala de una sorprendente madurez y ha demostrado que controla bien la situación prerrevolucionaria que se ha creado. 
Aunque podemos apoyar este movimiento, no podemos precipitarlo. 
Por tanto, el Parlamento Europeo debe prestar especial atención a la necesidad de mantener la presión sobre Siria para que cumpla sus compromisos internacionales. 
Cada una de las partes implicadas –el Líbano, la Unión Europea y Siria– es conciente de lo reñida que está esta partida. 
La sombra de la guerra sigue planeando sobre Beirut, pero, al mismo tiempo, la oposición libanesa nunca ha parecido tan unida. 
No conocemos suficientemente bien a esta oposición, señor Presidente, y yo sugeriría que aprovecháramos las próximas semanas para reforzar nuestras relaciones con ella. 
No quisiera terminar sin expresar mis condolencias y mis sentimientos de solidaridad y amistad a la señora Hariri, que sin duda será una de las protagonistas en el futuro del Líbano. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sus Señorías, creo que en estos momentos estamos prácticamente todos de acuerdo. 
En cuando a la votación, ya veremos. 
Algunos miembros recomiendan un poco más de educación para los delincuentes de Hezbolá, pero de hecho estamos a punto de votar una resolución que coincide con la petición de los 140 intelectuales sirios hecha al Presidente Asad, y con la que hicieron otros 33 intelectuales el 25 de febrero a sus homólogos libaneses. 
En esto, prácticamente todos coincidimos. 
Sin embargo, a diferencia de muchos de ustedes, veo esta unanimidad como una fuente de preocupación, ya que en este tipo de situaciones graves es normal que para que se alcance algún acuerdo este se base en información demasiado genérica o en un nivel mínimo de información, lo que es insuficiente. 
Para concluir, observo que la Unión Europea sigue recomendando estratégicamente la independencia nacional como la meta que hay que alcanzar en el Oriente Próximo para sus pueblos, para la paz y para los intereses de Europa. 
Piensen en lo que hubiera ocurrido si esto mismo hubiera ocurrido en Europa después de las guerras mundiales. 
A mí me parece que, desde este punto de vista, nos mantenemos realmente al margen y aconsejamos mal. 
Señor Presidente, Señorías, admito que todavía es un poco pronto para decir que una ola de democracia está cruzando Oriente Próximo. Pero lo cierto es que se han celebrado con éxito elecciones en Iraq y en las regiones palestinas, elecciones locales en Arabia Saudí, elecciones presidenciales menos organizadas en Egipto y, como ejemplo principal, citar el hecho de que un Gobierno libanés se ha visto obligado a dimitir a petición de sus ciudadanos. 
La población está usando abiertamente los mismos medios con los que contaron los ciudadanos ucranianos en Kiev para manifestar su descontento. 
La revolución del cedro también ha sido naranja. 
Por primera vez, llegan noticias alentadoras de esta región ya que, sin duda, la retirada de las tropas sirias del Líbano constituye un gran avance. 
Sería aún mejor, eso sí, si esta retirada se pudiera llevar a cabo con mayor rapidez y si el movimiento Hezbolá decidiera abandonar su protesta armada contra el Estado de Israel para dedicar sus energías a la consolidación de la democracia libanesa a través de medios pacíficos. 
Lo que puede hacer Europa, aparte de expresar su agrado por el valor mostrado por el pueblo libanés, es abstenerse de completar un acuerdo de asociación con Siria hasta que este país se retire totalmente y deje de respaldar a Hezbolá. 
– Señor Presidente, al escuchar a la mayoría de los oradores, me ha dado la impresión de que estaba oyendo hablar a Condoleeza Rice, del mismo modo que tras leer la mayor parte de las resoluciones, me ha parecido que se trataba de comunicaciones de la Casa Blanca. 
Lo cierto es que el Líbano, tras la guerra y la ocupación de Iraq por los estadounidenses, se está convirtiendo en el terreno de aplicación del gran plan para Oriente Próximo anunciado por los Estados Unidos y aprobado por la OTAN y la Unión Europea. 
Este plan refuerza el papel de Israel, fija sus miras en la lucha de los palestinos por un Estado libre e independiente y ejerce presión sobre Siria e Irán. 
Realmente no quieren que consigan su independencia. 
Solo admiten que sean independientes bajo su control y, en este sentido, se ha vuelto a invocar la Resolución 1559. 
Me pregunto a qué viene aludir ahora a esta resolución y qué es lo que esperan conseguir con ello. 
¿Acaso no saben que fue el resultado de un acuerdo destinado a acabar con la guerra civil en el Líbano? 
Y ahora los esfuerzos se centran en crear las condiciones previas necesarias para que se pueda producir una nueva intervención militar en la zona y un ataque global sobre su gente. 
El asesinato del anterior Primer Ministro del Líbano constituye una enorme provocación con varios objetivos. 
Consideramos que los ciudadanos y las fuerzas políticas de la zona deben solucionar sus propios problemas sin necesidad de protectores. 
Por último, queremos preguntar lo siguiente: ¿cuánta hipocresía encierra este asunto? 
¿Qué ocurre con las 40 000 tropas de ocupación emplazadas en Chipre? 
¿Por qué no se ejerce presión aquí y se les pide que se retiren de la isla ya, de inmediato, mañana? 
¿Por qué se aplica un doble rasero? 
Por este motivo, sostenemos que la Unión Europea y los Estados Unidos tienen objetivos diferentes. 
– Señor Presidente, Señorías, Europa ha ignorado durante mucho tiempo, casi hasta el punto de olvidarlas, las características históricas y políticas del Líbano, un bastión periférico de la Cristiandad –aunque no el único– en esa región desestabilizada. 
La resolución 1559 de las Naciones Unidas, presentada por Francia y los Estados Unidos de América, pidiendo la retirada de los 14 000 soldados sirios del territorio libanés y la restauración de la soberanía del Líbano después de más de 30 años de ocupación, ha sido totalmente ignorada desde el otoño de 2004. 
Ha tenido que ocurrir el asesinato brutal del ex Primer Ministro Hariri para dar nuevo ímpetu al anhelo y deseo de libertad por parte de la oposición y de muchos de los ciudadanos libaneses, y ante todo, para despertar la conciencia adormecida de la Unión Europea que ha dejado durante años al pueblo libanés a merced del dominio sirio. 
La nueva posición del régimen saudí ha dejado a Siria aislada dentro de la Liga Árabe. 
Por lo tanto, sería adecuado que la Unión Europea adoptara una posición digna y resolviera firmar el acuerdo de asociación con Siria a condición de su retirada total del Líbano. 
No abandonemos a los libaneses, patriotas que están orgullosos de ser cristianos y formar parte de la civilización occidental. 
No les abandonemos, como Europa, en el pasado, ha abandonado a tantas naciones que se enfrentan a la barbarie. 
– Señor Presidente, Señorías, nos encanta que la comunidad internacional exija la retirada del ejército sirio del Líbano. 
¡Ya era hora! 
Siria ocupa el Líbano desde 1976 y el acuerdo de Taif reclamaba la retirada de sus tropas hace quince años. 
Es lamentable que los promotores de esta iniciativa sean, no los países de Europea, sino los Estados Unidos. 
Los Gobiernos franceses, tanto de derecha como de izquierda, son especialmente culpables en este sentido. 
Al apoyar hasta el año pasado a la dictadura siria, traicionaron la amistad que une a nuestra nación con el Líbano desde los tiempos de Luis IX, lesionando de este modo los intereses de Francia en esta región. 
No nos hagamos ilusiones: la dimisión del Gobierno títere de Karami y el anuncio de un redespliegue de las tropas sirias no son más que una etapa en el proceso. 
La retirada completa de Siria, es decir, de su ejército, de sus servicios de información y de sus 500 000 inmigrantes, el desarme de la milicia islamista Hezbolá, la celebración de unas elecciones auténticamente libres, el regreso a su país de los proscritos, como el General Aun, la liberación de todos los presos políticos y, en particular, del líder cristiano Samir Geagea, estas son las exigencias del pueblo libanés y las condiciones que nuestros Gobiernos deben exigir a los dirigentes sirios para restablecer el Líbano como Estado libre y soberano. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, ante todo he de decir que el asesinato del anterior Primer Ministro Hariri es un acto que merece una denuncia constante. 
Por otro lado, quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mis condolencias a su familia. Confío en que la investigación que se está llevando a cabo con el apoyo internacional para encontrar a los responsables tenga éxito. 
El segundo punto al que haré referencia tiene que ver con la celebración inminente de elecciones tras la dimisión del Gobierno libanés. Me ha encantado oír al Comisario Michel explicar las medidas que adoptará la Comisión Europea para que dichas elecciones se desarrollen con normalidad. 
Insistiré –al igual que otros diputados– sobre el asunto de la misión de observadores del Parlamento Europeo. 
Mi tercer comentario está relacionado con determinadas condiciones previas para la paz y la democracia en el Líbano. 
La primera de ellas es la defensa y la protección de los derechos de las minorías y de los procedimientos para asegurar su coexistencia pacífica. 
La segunda es la clara y eficiente lucha contra las actividades de Hezbolá, las cuales no solo se concentran en el Líbano, sino que superan sus fronteras para extenderse a todo Oriente Próximo, haciendo peligrar la paz. 
En cuanto a la tercera, la retirada de las tropas sirias, la apruebo siempre y cuando Siria comunique unos plazos de manera oficial, sobre todo a raíz de las declaraciones realizadas recientemente por el Presidente Asad. 
Estoy de acuerdo con el concepto de un calendario, y digo esto como ciudadano griego muy sensibilizado ante la cuestión de la retirada de tropas, ya que nosotros también hemos presentado una demanda similar para que se retiren las tropas turcas del norte de Chipre. Creo que la comunidad internacional, la cual trata hoy de convencer a Siria para que retire sus tropas del Líbano, debería actuar del mismo modo con Turquía y con el resto de países que tienen fuerzas de ocupación en otros territorios. 
Por último, dado el carácter positivo de los vientos que soplan en Oriente Próximo, deseo resaltar que es preciso que la Unión Europea esté presente en la zona, no solo desde un punto de vista económico, sino también político. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, todavía estamos todos conmocionados por el bárbaro asesinato que costó la vida al antiguo Presidente del Consejo de Ministros libanés, Rafik Hariri, y que también se llevó dieciocho vidas y ocasionó cientos de heridos. 
Sin duda somos unánimes al reclamar una respuesta unida, basada en una combinación de principios y acción. 
El Presidente Bachar el Asad anunció el sábado pasado que sus tropas se retirarían del Líbano en dos etapas. Esto lo hizo en respuesta a las exigencias, en particular, de Francia y de los Estados Unidos, pero refleja asimismo la presión de la opinión pública internacional y la del pueblo libanés. 
Esto supone un primer paso hacia la retirada militar, que tendría que haberse producido hace años. 
También representa un primer paso de Siria hacia la aplicación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Debemos tener en cuenta este primer paso, pero también debemos mantenernos muy firmes e inflexibles en nuestras exigencias de cara al futuro. 
Nuestra hoja de ruta en este asunto es la Resolución 1559 en su conjunto y ante todo debemos velar por su aplicación rápida y completa. 
Esto significa que Siria debe retirarse totalmente del Líbano, para que este país recupere su soberanía y pueda organizar muy pronto elecciones libres y democráticas en respuesta a las aspiraciones unánimes de la población libanesa, cuya acción concertada y deseos de libertad son impresionantes. 
La Unión Europea debe mantenerse también muy atenta a la evolución de la situación política en el Líbano. 
Muchos han hablado aquí de Hezbolá, pero ahora también hace falta un gobierno. 
Por otra parte, incluso si la fecha de las elecciones legislativas no se ha fijado aún, sería bueno que se desarrollasen en presencia de observadores internacionales, particularmente observadores europeos. 
Es más, necesitamos mantener la presión sobre las autoridades libanesas para que sigan cooperando plenamente con la comisión de investigación de las Naciones Unidas, para que se diluciden las circunstancias del atentado del 15 de febrero. Los motivos del asesinato y sus autores todavía no han sido identificados. 
Fue un ataque dirigido contra el conjunto de la población libanesa, independientemente de su confesión o convicción política. El Líbano no puede seguir asociado a las imágenes de división, ocupación y violencia que llevamos viendo desde hace ahora tres decenios. 
La Unión Europea debe prestar todo su apoyo al pueblo libanés para que recupere su libertad. Este es el mensaje que esta Cámara debe transmitir enérgica y unánimemente. 
– Señor Presidente, un minuto es poco para un asunto tan complejo y que en gran medida desconocemos. 
Me limitaré a formular una pregunta, ¿por qué solamente está Siria en el banquillo de los acusados? 
Por supuesto, puede que Siria sea culpable, pero esto no es más que una hipótesis, y me sorprende y decepciona que exista una visión universal de que únicamente Siria puede ser considerada culpable, cuando la implicación de Siria es por sí misma una cuestión compleja. Esto se aplica tanto a los medios de comunicación como, por desgracia, a las clases políticas de Europa, que parecen haber hecho suyo el estribillo, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. 
Existen otras posibilidades. 
Está Irán –que sin duda tiene interés en desviar la atención sobre Siria– y están los Estados Unidos, que sin duda tienen interés en dividir Oriente Próximo en numerosas comunidades religiosas y étnicas. 
Hay otras más. 
¿Por qué no contemplarlas también? 
¿Quién tiene interés en la reanudación del conflicto en el Líbano? 
No necesariamente Siria, y sin duda no Europa y, con todos mis respetos por el señor Moscovici y la señora Le Pen, tampoco Francia, que en todo caso necesita al Líbano, un país cristiano y multiconfesional que en cierto modo es un ejemplo para toda la región. 
Señor Presidente, este es un momento histórico de esperanza para Oriente Próximo. 
Un gran número de personas avanzan con valor hacia tiempos mejores: palestinos que se enfrentan a aquellos que atacan a ciudadanos israelíes, israelíes que devuelven vastas regiones a los palestinos como un primer paso para la formación de dos Estados, pero sobre todo, libaneses que luchan en las calles para conseguir mejorar su situación sin la intromisión siria. 
Esta gente valerosa, junto a todos los habitantes pacifistas de Oriente Próximo, merece nuestro apoyo. 
Hoy día, la mayor amenaza para el proceso de paz es Hezbolá, organización sobre la cual adoptamos en Europa una actitud ingenua e inverosímil al distinguir entre el Hezbolá militar y el Hezbolá político. 
Esta distinción no es realista, ya que ambos brazos están gestionados por un solo líder, el señor Nasrala. 
Él mismo reconoce que no hay diferencia alguna y su número dos declaró hace poco en televisión lo siguiente, cito literalmente: «Creemos que la actividad política se integra en las operaciones militares, ya que estas se encuentran inextricablemente conectadas a la actividad política». 
Luego, están los miembros del Parlamento libanés, con los que querrían negociar algunos diputados a esta Cámara, y su líder, Husein Hay Hassan, quien afirma lo siguiente: «Hezbolá es una organización en la que todos los luchadores son políticos y militares al mismo tiempo. 
La opinión que tienen algunos en el mundo occidental sobre nuestra organización es incorrecta». 
Estos comentarios proceden de los propios integrantes de Hezbolá. 
Ya es hora de que nos atrevamos a enviar un mensaje claro a una organización que mantiene conexiones con Siria e Irán, que ataca a personas inocentes y que se manifiesta sin ambages en contra del proceso de paz y de la retirada siria del Líbano. 
Hace dos semanas, el representante del Consejo declaró lo siguiente: «Estamos vigilando a Hezbolá. 
Si adoptan una actitud incorrecta, nos plantearemos la aplicación de medidas especiales». 
Al observar la situación actual, a saber, las protestas y el lenguaje amenazante en Beirut en contra del proceso, empiezo a pensar que es hora de pasar a la acción. 
Aquí se pronuncian muchas palabras de apoyo a los manifestantes, pero lo que esta valiente gente necesita ahora no son palabras, sino medidas claras y decisiones inequívocas. 
Es el momento de decir cómo están realmente las cosas. 
Hezbolá es una organización terrorista y por ello se debe incluir en la lista europea de organizaciones terroristas. 
Estos valientes ciudadanos de Oriente Próximo merecen que nos atrevamos de una vez por todas a hablar sin rodeos. 
Señor Presidente, la muerte –el asesinato– de Rafik Hariri supuso una tragedia no solo para su familia, sino también para el Líbano. 
Yo tuve oportunidad de reunirme con él en varias ocasiones, lo que me permitió apreciar la grandeza de su visión. 
Hay que admitir que una cosa está clara: Siria fue la que contribuyó en un principio a instaurar la paz y a estabilizar el país. Si bien, como suele suceder en esta vida, cuando no se consiguen distinguir las señales de los tiempos que corren puede ocurrir que, en lugar de la estabilidad, se desencadenen nuevos conflictos y se ponga freno al proceso de paz. 
Por este motivo, Siria debe abandonar el país, retirando de allí sus fuerzas armadas y sus servicios secretos. 
Asimismo, debería leer las señales que proceden del interior: la vieja guardia siria sigue en el camino hacia el desarrollo en su propio país. 
En segundo lugar, pasaré a exponer algunas verdades sobre Hezbolá. 
Esta organización también contribuyó a expulsar las fuerzas israelíes, a restaurar la autonomía del país y a proporcionarle una paz estable. 
No obstante, lo siguiente que voy a decir es igualmente cierto: si Hezbolá no es capaz de entender que los vientos están cambiando en la región y se niega a ayudar a establecer la paz y la estabilidad, entonces no habrá nada que hacer, ya que nadie en esta Cámara estará dispuesto a mostrarle su apoyo. 
Permítanme repetir que si Hezbolá está dispuesta, como fuerza política, a instaurar la paz y la estabilidad en la región, merecerá cierto respeto. 
De lo contrario, nunca se lo ganará. 
Mi último comentario en este debate es que Siria también tiene derecho a disfrutar de paz, estabilidad e integridad territorial, siempre y cuando se muestre dispuesta a completar un proceso real de paz con Israel, a reconocer no solo su propio derecho a la seguridad, sino también el de Israel, y a ayudar a este país a vivir en paz y seguridad en la región. 
Esta es una demanda clara e inequívoca que debemos plantear a Siria y, en caso de cumplirla, podremos darle nuestro apoyo en este sentido. 
– Señor Presidente, el Líbano conoció hace no mucho una guerra civil y tiene un complejo equilibrio étnico y religioso. 
Su independencia nunca ha sido plenamente reconocida por la vecina Siria, que ni siquiera se ha dignado abrir una embajada en ese país, so pretexto de que Beirut está demasiado cerca de Damasco. 
En su lugar, a través de su doctrina baasista panárabe, este país ha promovido el concepto de la «gran Siria». 
Cada vez es mayor la presión sobre Siria por parte de Arabia Saudí, Rusia, los Estados Unidos e Israel para que retire sus tropas del Líbano. 
Sin embargo, el Presidente Al Asad solamente ha aceptado aplicar los términos del Acuerdo de Taif de 1989, que obliga a Siria a trasladar su ejército de 14 000 soldados al Valle de la Bekaa, en el este del país, ya que trata de ganar tiempo y hasta el momento ha hecho caso omiso de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es más amplia. 
Pero ahora la situación se ha agudizado tras el asesinato del ex Primer Ministro Rafik Hariri, con los llamados revolucionarios del cedro en las calles de Beirut. 
Estos cristianos, principalmente drusos y maronitas, achacan los problemas de su país a la dictadura de partido único de Siria. 
Si los manifestantes libaneses se imponen en las elecciones de mayo, su victoria en las urnas podría marcar el fin de 30 años de codependencia económica y política, pero también dejaría a Al Asad en una posición bastante más delicada. 
Hezbolá, el brazo ejecutor terrorista internacional de Irán y Siria, que tiene su base en el Líbano pero está aumentando sus esfuerzos por socavar a la Autoridad Palestina y la paz con Israel, se ve amenazado por la retirada de su protector sirio. 
Hezbolá cuenta con 12 diputados al Parlamento libanés y por lo tanto el Consejo de Ministros de la UE es reacio a ilegalizarla, argumentando que existe una diferencia entre sus actividades políticas civiles y su brazo armado. 
La propia Hezbolá no hace esa distinción. 
Francia, amiga tradicional del mundo árabe, encabeza esta resistencia en el Consejo, con el respaldo de Bélgica, Suecia, Irlanda y España. 
Esta última está siendo bastante hipócrita, dado que al Gobierno español le complació bastante ilegalizar a Herri Batasuna y expulsar a sus diputados del Parlamento español. 
¿Por qué entonces la UE no ilegaliza a Hezbolá hasta que renuncie a los atentados suicidas contra civiles inocentes y reconozca el derecho a existir del Estado de Israel? 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señor Presidente, el Líbano está escribiendo una nueva página de su historia y, a este respecto, no solo debemos mostrarnos vigilantes, sino desempeñar un papel político activo. 
Personalmente condeno de nuevo con toda firmeza el empleo de la violencia como arma política. 
El atentado asesinato del señor Hariri supuso una escalada intolerable de la violencia. 
La investigación internacional, que es crucial, deberá hacer todo lo posible por arrojar luz sobre las responsabilidades de quienes intentan desestabilizar el Líbano e instaurar un clima de terror. 
Quisiera felicitar a los ciudadanos libaneses por el carácter masivo y el fervor de su movilización popular, al margen de sus confesiones religiosas, a favor de la plena soberanía de su país. 
Esperan que la Unión Europea les apoye en su lucha y no debemos dejarles en la estacada. 
A este respecto, la aplicación íntegra y rápida de la Resolución 1559 es por supuesto una prioridad esencial. 
Sí, hemos de hacer todo lo posible por restaurar un Estado libanés fuerte, democrático y soberano y desarmar a todas las milicias armadas. 
Sí, hemos de aspirar a la retirada de todas las tropas extranjeras, pero al mismo tiempo no podemos olvidar la cuestión de los Altos del Golán y de las granjas de Shebaa. 
La situación en el Líbano no debe desvincularse de la situación general en Oriente Próximo. 
La resolución global y justa del conflicto israelo-palestino es esencial, y debemos prestar nuestro apoyo al nuevo dirigente palestino. 
Sí, la cuestión del futuro de los refugiados palestinos en el Líbano y otros lugares es crucial: la cuestión de su retorno deberá formar parte de una solución global. 
Asimismo, la experiencia positiva de las elecciones en Palestina ilustra la conveniencia de que haya presentes observadores europeos, y espero que el Gobierno libanés acepte esta oferta. 
Por consiguiente, apoyo la iniciativa exploratoria de la Comisión. 
Por último, insisto en la necesidad de buscar una salida positiva y una perspectiva de paz en el conjunto de la región. 
Siria y el Líbano tienen todo lo que necesitan para desarrollarse paralelamente, una junto a otro, en el marco de una asociación con la Unión Europea, de nuestros acuerdos de asociación y de nuestra Política de Vecindad Europea. 
Llegado el momento tendremos que tomar iniciativas adecuadas en este contexto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, tras haber pasado las últimas semanas y meses celebrando debates muy intensos y teóricos acerca de la Política Europea de Vecindad, podemos ver ahora que el espíritu de democracia y derechos humanos infundido a esta política se ha apoderado de nuestros vecinos. 
Primero los georgianos, luego los ucranianos y ahora, tentativamente, los libaneses, se lanzan a defender los valores consagrados en nuestra Política de Vecindad. 
En segundo lugar, entre nuestros vecinos del Mediterráneo, la Autoridad Palestina ha sido la primera en organizar elecciones libres, más libres que ninguna de las celebradas hasta la fecha en el mundo árabe. 
Muchos diputados a este Parlamento tuvieron la oportunidad, a primeros de enero, de apreciar el orgullo con el que el pueblo palestino organizó estas elecciones democráticas. 
Por tanto, ahora es preciso fijar miras más altas. 
Si Jordania apoya este proceso de paz y Egipto también, entonces aquellos que pretenden obstaculizarlo no se pueden convertir en nuestros socios en la Política de Vecindad, y no debemos andarnos con rodeos en este sentido. 
Hablando en plata, esto significa que las oficinas de Hezbolá en Damasco y sus actividades en el Líbano requieren que, desde la Unión Europea, digamos alto y claro que resulta intolerable que se siga debilitando el proceso de paz del Presidente Abbas. 
Hoy día, las actividades de Hezbolá no se dirigen tanto contra Israel; en su lugar, se producen respuestas específicas a las medidas individuales llevadas a cabo por el Presidente Abbas en búsqueda de la paz. 
Esta organización sabe que si puede planear y cometer uno o dos actos terroristas, como ha ocurrido en Tel Aviv, el proceso volverá a estar en peligro. 
Por tanto, en favor del pueblo palestino y del Presidente Abbas, tenemos que dejar claro que si Hezbolá no cambia de táctica, se incluirá en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, del mismo modo que ya aparece en la de los Estados Unidos. 
Me resulta lamentable que esta idea no se haya reflejado en nuestro compromiso, aunque hay una enmienda que persigue su inclusión. 
Creo que cualquier otra política europea de vecindad debe dejar clara constancia de esto, por el bien de los palestinos y los árabes de la región acosados por los conflictos, así como en beneficio de la propia Europa. 
– Señor Presidente, los acontecimientos del Líbano se deben analizar dentro del marco de una estabilidad y un equilibrio regional más amplio. 
La aplicación de la Resolución 1559 sobre la retirada de las fuerzas sirias del territorio libanés es el primer elemento dinámico, pero no el único, en este enfoque global. 
Al mismo tiempo, es preciso poner en marcha alguna iniciativa internacional para reiniciar el proceso de paz entre Israel y Siria. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad estratégica de adoptar una iniciativa específica, dentro del marco del «Cuarteto» , ya sea mediante la preparación de una «Hoja de Ruta» paralela, o a través de la ampliación de la «Hoja de Ruta» actual, de forma que se incluya el aspecto israelí-sirio del proceso de paz. 
Convendría que el Consejo de Ministros y la Comisión aceleraran los procedimientos para completar el plan de acción para el Líbano dentro del marco de la estrategia de vecindad europea. Asimismo, deberían oponerse a la conexión que se intenta establecer entre la firma del acuerdo de asociación con Siria y la previa retirada total del ejército sirio. 
Nos conviene mantener abiertas nuestras opciones con Siria si pretendemos ayudar a democratizar el país y a conseguir la estabilidad en la zona. 
La retirada de las fuerzas sirias, según lo acordado, representa un primer paso positivo. 
Nuestro objetivo es lograr el respeto hacia la legalidad internacional y la aplicación de la Resolución 1559. 
Si embargo, debemos evitar que se convierta en un objetivo selectivo y asegurarnos de que vincula a todos los países de la región, incluido Israel. 
Para ser efectivos, necesitamos primero dar una imagen creíble de la Unión Europea. 
Señor Presidente, resulta gratificante el hecho de que las fuerzas democráticas en el Líbano parezcan contar con un apoyo popular tan intenso. 
Durante muchos años, el Líbano se ha visto envuelto en un contexto de conflictos étnicos e intereses exteriores. 
La ocupación del país por parte de Siria se ha prolongado durante 30 años y supone un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática auténtica. 
A pesar de que los acontecimientos de los últimos días apuntan a que el régimen sirio está dispuesto a renunciar a su presencia militar en el Líbano, hay razones para mantener una postura crítica en lo que a este asunto se refiere. 
Cualquiera que esté al tanto de este problema, sabrá que los que ocupan el poder en Siria participan activamente en la economía libanesa, la cual tratan de controlar. 
Aunque las fuerzas militares se retiren de las zonas fronterizas, el largo brazo del régimen sirio seguirá siendo capaz de sabotear el desarrollo democrático. 
El Presidente Asad tiene fama de utilizar sin miramientos sus diferentes servicios de inteligencia y su policía secreta para acabar con cualquier resistencia al régimen. 
Un número considerable de sangrientos ataques en la historia reciente de Siria y el Líbano son testigos de este hecho. 
Asimismo, hay que tener en cuenta la influencia que ejerce sobre el Líbano la teocracia de Teherán, incluida la organización Hezbolá. 
Todavía estoy esperando a que Teherán reaccione demostrando de manera inequívoca su apoyo al desarrollo democrático en el Líbano. 
A la retirada de Siria de este país ha de seguir una afirmación que confirme que la presencia militar iraní tampoco resulta aceptable en la zona. 
La Unión Europea y los Estados Unidos deben mantener la misma postura en relación con esta cuestión. 
Hay que aprovechar esta situación para demostrar que la cooperación transatlántica puede arrojar resultados satisfactorios. 
Con el apoyo razonable a las fuerzas democráticas y un frente común contra los enemigos de la democracia, la Unión Europea y los Estados Unidos podrán favorecer juntos el fomento de la democracia, no solo en el Líbano, sino en toda la región. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, esta noche podemos celebrar un pequeño milagro, ya que en el Líbano, en tiempos pasados, tras el asesinato de un ex Primer Ministro, hubiéramos visto un nuevo estallido de guerra civil, mientras que, en esta ocasión, la sociedad libanesa ha respondido con indignación pacífica. 
Por primera vez hemos visto a drusos, sunitas, chiítas y cristianos manifestándose juntos. 
Ahora, lo que se ha llamado «la primavera del Líbano» necesita apoyo, presión y ayuda políticos. 
No es suficiente remitirse a resoluciones dignas o diligentes de las Naciones Unidas, sino que en vez de ello necesitamos un compromiso de estas instituciones, ante todo para que el Presidente Asad de Siria se dé cuenta de que tiene que encontrar el valor para ir más allá que quedarse a medio camino. 
Resituar a unos miles de soldados en el valle de Bekaa, a 30 kilómetros de Beirut, no es una retirada y simplemente parece una farsa. 
Comisario, sabemos que no habrá paz entre Palestina e Israel, o en el Oriente Próximo, mientras la ocupación siria del Líbano –un atentado contra el principio de soberanía legítima– persista. 
Puesto que estamos convencidos de que la paz, si tiene que ser legítima, ha de fundamentarse en el pluralismo, creemos que tiene que existir una mayor pasión y compromiso político en apoyar el proceso de paz y en la restauración de la plena soberanía del Líbano. 
. Señor Presidente, la mayoría de los oradores han expresado los fuertes sentimientos de amistad con el pueblo libanés que alberga este Parlamento, así como el apoyo a las aspiraciones del pueblo libanés por más democracia y la plena soberanía. 
Este mensaje invita a la Unión Europea a no ahorrar ningún esfuerzo para que este país, herido por decenios de violencia, que tanto ha sufrido los conflictos de la región, pueda recuperar su plena soberanía, recuperar su estabilidad, construir una auténtica sociedad democrática a través de unas elecciones libres. 
Por esta razón, no podemos aceptar que el Líbano sea utilizado por quienes desean hacer descarrilar el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Los que socavan el desarrollo de la democracia en el Líbano, los que se dejan instrumentalizar para impedir que el Líbano recupere su plena soberanía, no pueden contar con la más mínima simpatía hacia su postura por parte de la Unión Europea. 
Creo que también en esto el mensaje de sus Señorías ha sido muy claro. 
Y evidentemente vale también para Hezbolá, que debe optar entre participar en la vida democrática de un nuevo Líbano democrático o estar al servicio de fuerzas extranjeras que no quieren la paz, ni en el Líbano, ni en la región. 
Me sumo a lo que ha dicho el señor Moscovici: la Unión Europea tiene una única hoja de ruta, que es la aplicación inmediata e íntegra de la Resolución 1559. 
Para ello debemos trabajar estrechamente con las Naciones Unidas, con el enviado del Secretario General para que esta resolución se aplique de inmediato. 
Debemos apoyar a todas las fuerzas democráticas del Líbano, que quieren el cambio y quieren la soberanía de su país. 
Por eso son tan importantes unas elecciones libres en el Líbano. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.15 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre los servicios en el mercado interior y la patentabilidad de programas informáticos. 
. Señor Presidente, me complace estar aquí para exponer las intenciones de la Comisión respecto a la propuesta sobre los servicios. 
He tomado nota de las informaciones que hablan de una posible retirada de la propuesta por parte de la Comisión. 
Puedo confirmarles que esta no tiene intención de retirar la propuesta que está actualmente sobre el tapete. 
A la luz de mis consultas y después de haber escuchado atentamente a todas las partes del debate, he observado que hay una serie de aspectos en los que considero que sería necesario introducir cambios para obtener el amplio consenso que me gustaría ver. 
Muchos de ustedes me han instado a que aclare la postura de la Comisión sobre estos puntos para facilitar las propias deliberaciones del Parlamento. 
Sus Señorías recordarán que durante mi anterior comparecencia ante el Parlamento Europeo prometí consultar y escuchar atentamente antes de pronunciarme sobre el proyecto de directiva, presentado por la anterior Comisión. 
Desde entonces he celebrado numerosas reuniones con diputados al Parlamento Europeo, interlocutores sociales y Ministros. 
Me animó constatar el grado de apoyo que existe en todo el espectro político a favor de la apertura del mercado de servicios. 
Si deseamos alcanzar los niveles de crecimiento necesarios para el desarrollo sostenible, un requisito imprescindible es contar un sector de servicios pletórico. 
Sin embargo, el mercado único de servicios sigue siendo una ambición lejana, más que una realidad. 
Si queremos que nuestras economías se desarrollen y crezcan, debemos prestar mucha atención al mercado de servicios. 
La Directiva de servicios constituye un elemento clave en nuestros esfuerzos por relanzar la Agenda de Lisboa. 
Si sacamos todo el provecho que pueden proporcionar los servicios a la economía de la UE, impulsaremos el crecimiento y el empleo. 
Si nos tomamos en serio la Agenda de Lisboa, también debemos tomarnos en serio el mercado de servicios. 
Tras mi ronda inicial de contactos, fui a ver al Presidente Barroso y le dije que creía que la propuesta actual nunca sería aprobada si no estábamos dispuestos a aceptar cambios. 
Por ello, al presentarles los puntos de vista de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa hace unas semanas, el Presidente Barroso indicó que la Comisión consideraba que serían necesarios determinados cambios para asegurar el éxito. 
Abrir el mercado de servicios constituye un proyecto ambicioso. 
La propuesta para conseguirlo es innovadora. 
Para alcanzar el éxito necesitaremos un amplio consenso. 
Hay aspectos del actual proyecto que dan lugar a serias preocupaciones. El debate se había polarizado demasiado. 
Muchos de ustedes han expresado estas preocupaciones y está claro que hay que abordar las deficiencias. 
Tuve la oportunidad de esbozar mis puntos de vista ante la Conferencia de Presidentes la pasada semana y me complace seguir debatiendo este tema hoy con ustedes. 
Permítanme reiterar los aspectos que he observado. 
La directiva deberá dejar claro que las condiciones y normas para los trabajadores no se verán afectadas en modo alguno. 
El texto deberá ser terminante a este respecto. 
En este sentido, no habrá cambios con respecto a la situación actual. 
No quiero volver a oír hablar del llamado «dúmping social». 
Esta propuesta no tiene que ver con ese tema y deberíamos poner fin a esta confusión. 
Otro aspecto que he observado es la exclusión del ámbito de aplicación de la directiva de sectores como la salud y los servicios de interés general financiados con fondos públicos: por motivos obvios, se considera que estos sectores son especialmente sensibles. 
Deberíamos abordar las preocupaciones en torno a la aplicación del principio del país de origen. 
Necesitamos mantenerlo si queremos promover el suministro transfronterizo de servicios. 
Para ello necesitaremos abordar cuestiones clave como la necesidad de infundir mayor confianza y seguridad a las empresas y consumidores con respecto a qué ley se aplicará a las transacciones transfronterizas. 
También necesitamos consolidar la confianza entre Estados miembros, necesaria para que funcione de forma efectiva. 
Estas cuestiones reflejan los principales aspectos que he observado a raíz de mis consultas. 
Por supuesto, el Parlamento ha de tomar sus propias decisiones. 
Está claro que la responsabilidad de sus Señorías consiste en decidir sobre las enmiendas que desean plantear. 
En nombre de la Comisión, me limito a señalar nuestra disposición a trabajar de forma abierta y constructiva con ustedes. 
Ayer, en el Consejo de Ministros de Competitividad, hubo un intercambio de impresiones sobre la propuesta relativa a los servicios. 
La Presidencia acogió con agrado la declaración inequívoca por parte de la Comisión de que no presentaría ninguna propuesta nueva. 
Apoyó la propuesta de que la salud y los servicios sociales de interés general quedarían excluidos de la propuesta. 
Se estuvo de acuerdo en que el texto actual ha de ser modificado para poder ser aprobado. 
Espero que ahora podamos trasladar el debate en el Parlamento Europeo y el Consejo a los elementos positivos que puede comportar esta propuesta. 
Muchos aspectos de la propuesta han obtenido un gran apoyo y deberíamos basarnos en ellos. 
Eliminar la burocracia que actualmente ahoga los esfuerzos por establecer o suministrar servicios sobre una base transfronteriza contribuirá realmente a impulsar el espíritu empresarial, el crecimiento y la creación de empleo. 
Asegurar que las empresas tengan fácilmente acceso a la información sobre los requisitos que deben cumplir será de gran ayuda en este sentido, al igual que la simplificación de los procedimientos de autorización. 
Los proveedores de servicios y sus clientes y consumidores no deben ver frustrado su deseo de beneficiarse del mercado único por estar sujeto a requisitos discriminatorios y desproporcionados. 
Los destinatarios de los servicios también deberán poder acceder con facilidad a la información sobre los proveedores de servicios y sus servicios. 
Debería ser más fácil elegir a un proveedor de servicios de otro Estado miembro. 
La calidad de los servicios debería estar garantizada y es necesario que exista un mecanismo fácilmente accesible para la resolución de disputas. 
Necesitamos desarrollar la cooperación, la confianza y la ayuda entre las administraciones de los Estados miembros. 
En esto consiste el mercado único de servicios. 
Aumentará la competencia, estimulará el espíritu empresarial y proporcionará nuevas oportunidades a los proveedores de servicios, que darán un impulso muy necesario a la economía de la UE. 
Asegurando un resultado positivo de todo esto daremos el impulso que necesita la economía de servicios. 
Cumpliremos el compromiso contraído en la Agenda de Lisboa. 
Estoy dispuesto a ser constructivo y positivo. 
En las reuniones que he mantenido con muchos de ustedes he aprendido mucho y me han llegado sugerencias muy útiles y constructivas. 
Sigo estando abierto y a disposición de todos ustedes para debatir ideas, inquietudes o propuestas concretas que puedan ustedes tener. 
Creo que con esto he esbozado la postura de la Comisión y nuestro deseo de trabajar lealmente dentro del proceso de codecisión. 
Comisario, según tengo entendido, usted se va a hacer cargo de la exposición de ambos asuntos, dado que los diputados a este Parlamento van a hacerle preguntas tanto sobre la Directiva sobre servicios, a la que ha hecho referencia, como sobre la cuestión de la patentabilidad de los programas informáticos. 
Por lo tanto, le ruego que finalice su comunicación de modo que se pueda abrir el debate a todos los diputados a esta Cámara. 
,. 
Señor Presidente, la Comisión agradece esta oportunidad para hacer una declaración sobre la propuesta relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. 
Ya tuve la oportunidad de debatir la propuesta con la Comisión de Asuntos Jurídicos el 2 de febrero y con la Conferencia de Presidentes el 3 de marzo. 
En ambas ocasiones tomé buena nota de los puntos de vista del Parlamento. 
He observado que el Parlamento considera, en general, que no se tuvieron en cuenta suficientemente sus puntos de vista en primera lectura. 
Tras el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos, he observado que existen distintos puntos de vista sobre el fondo de la propuesta, concretamente su contenido y su propósito. 
La Comisión ha examinado detenidamente la solicitud del Parlamento del 24 de febrero, presentada conforme al artículo 55 del Reglamento del Parlamento. 
Pero la conclusión de la Comisión fue que, lamentablemente, en esa fase no podía presentar una nueva propuesta, tal como solicitaba el Parlamento. 
No se trataba de que la Comisión quisiese insistir tercamente con la propuesta, sino que el Consejo se encontraba a punto de adoptar una posición común. 
Como expliqué ante la Conferencia de Presidentes, el Consejo alcanzó un acuerdo político en mayo de 2004 en primera lectura. 
El Consejo ha estado a punto de confirmar el acuerdo político en forma de posición común desde diciembre de 2004. 
La Comisión había respaldado el acuerdo político de mayo de 2004. 
Por lo tanto, no podía echarse atrás cuando el Consejo estaba a punto de confirmar su posición común. 
Ahora el Consejo se ha decidido y ha adoptado su posición común. 
Lo hizo ayer, en el Consejo de Competitividad. 
El señor Krecké, Presidente del Consejo de Competitividad, ya ha explicado a la Comisión de Asuntos Jurídicos los motivos que subyacen a la postura del Consejo. 
Este ha confirmado su posición común, principalmente por motivos institucionales. 
El Consejo quería evitar sentar un precedente si los Estados miembros se echaban atrás con respecto a un acuerdo que habían firmado en mayo de 2004. 
El Consejo ha confirmado su posición para demostrar que un trato es un trato y que no quería provocar un atasco en un ámbito clave para la innovación. 
Ayer, cuando el Consejo tomó su decisión, el señor Krecké señaló que algunos Estados miembros estaban preocupados por la sustancia del texto y que esto se abordaría en segunda lectura. 
Ahora está claro que la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo. 
Depende de ustedes decidir qué van a hacer. 
No tengo que recordarles los derechos del Parlamento: esto lo hemos tratado en la Conferencia de Presidentes. 
Por supuesto, pueden rechazar la propuesta o modificarla sustancialmente. 
Si el Parlamento decide rechazarla, la Comisión respetará sus deseos. 
No propondré una nueva directiva. 
En caso de que decidan presentar enmiendas, la Comisión las examinará debidamente. 
No hay duda de que el texto es mejorable. 
Por supuesto, entenderán que no puedo hablar en nombre del Consejo y quisiera instar al Parlamento a que en el futuro trabaje constructivamente con el Consejo en torno a esta cuestión. 
Estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. 
Antes de concluir, quisiera decir unas palabras sobre el fondo de la propuesta, ya que ahora el Parlamento tendrá que centrar su atención en él. 
La Comisión propuso aclarar las normas legales sobre la patentabilidad de las invenciones relacionadas con el software. 
Esto no incluye programas informáticos ni otro software como tal. 
Se refiere a invenciones que suponen una contribución técnica y que son verdaderamente novedosas. 
Dichas invenciones están presentes en varios bienes de consumo cotidiano, como los automóviles, los teléfonos móviles y los electrodomésticos. 
La intención de la Comisión al hacer esta propuesta era evitar que se patente software puro y establecer una clara distinción entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Nada que no sea patentable ahora pasará a ser patentable con la directiva. 
Las disposiciones vigentes del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas otorgan a los examinadores de patentes un amplio margen discrecional. 
Pueden existir distintas interpretaciones a la hora de determinar si una invención es patentable. 
Esto provoca incertidumbre en las empresas. 
Concretamente, las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas negativamente por la falta de claridad de la normativa vigente. 
Quisiera recordar a sus Señorías que, aunque falte una directiva, seguirán concediéndose patentes. 
Si las oficinas de patentes deciden conceder patentes de software puro, la única opción para aquellos que quieran objetar serán los costosos procesos ante los tribunales. 
Aquellos de ustedes que han participado directamente en la elaboración de esta propuesta saben tan bien como yo que se trata de un terreno muy complejo. 
Toda modificación deberá examinarse con lupa. 
La directiva no puede ponerse patas arriba. 
Necesitamos mantener un equilibrio adecuado entre el estímulo de la innovación y la defensa de la competencia. 
Espero no haberme extendido demasiado. 
Ahora la situación esta clara y corresponde a ustedes dar el paso siguiente. 
Estoy seguro de que ejercerán sus derechos y aplicarán su criterio con sabiduría. 
Decidan lo que decidan, quisiera asegurarles que la Comisión les escucha. 
Sé que soplan vientos nuevos. 
Esto se refleja en las posiciones expresadas en el Consejo y el Parlamento, y la Comisión lo tendrá en cuenta y lo respetará. 
Comisario, sus comunicaciones han despertado un gran interés entre los diputados a esta Cámara. 
Agradecería la colaboración de todos para que pueda participar el mayor número de diputados posible. 
Señor Presidente, Comisario, hemos escuchado con atención sus palabras y podemos decir que nos complacen bastante, ya que pretende permitir que el Parlamento desempeñe su función legislativa. Puede confiar en que nos ajustaremos a este cometido. 
En aras de la claridad, quisiera volver a preguntarle si podremos contar con usted cuando enmendemos la directiva hasta tal punto que se modifique parte de la estructura del principio del país de origen, cuando especifiquemos con claridad la exclusión de los servicios de interés general y de los servicios sociales y de salud pública. 
En particular, me interesaría saber si tendremos su apoyo en caso de que propongamos trabajar con una lista positiva en lo que respecta al principio del país de origen, puede que también en términos del ámbito de aplicación. 
En tercer lugar, ¿qué va a pasar con los servicios sanitarios? 
¿Piensa la Comisión elaborar una nueva propuesta o planificará algo diferente a más largo plazo? 
Señor Presidente, Comisario, estamos de acuerdo en que queremos disponer de una directiva sobre servicios y que es preciso introducir cambios importantes en la actual. 
Ha mencionado propuestas destinadas a crear excepciones para los servicios sanitarios o sociales. Se trata sin duda de una posible dirección a seguir, si bien convendría realizar varias enmiendas que acabaran con el principio del país de origen como la base de esta directiva. 
Estoy segura de que esta idea queda bastante clara. 
Por desgracia, Comisario, sus comentarios sobre este asunto no me han parecido muy satisfactorios; tiene la lamentable habilidad de sostener que está aclarando las cosas, mientras que lo único que hace es complicarlas aún más. 
Ha afirmado que desea elaborar propuestas; le ruego que entienda, Comisario, que no es posible presentar nuevas propuestas sin renunciar al mismo tiempo a la directiva. 
¿Qué es lo que va a hacer? 
¿Va a retirar la directiva y a elaborar nuevas propuestas, o piensa esperar a que el Parlamento acabe su trabajo? 
Señor Presidente, me complace afirmar que estoy de acuerdo con los comentarios de la anterior oradora en relación con la Directiva sobre servicios. No obstante, Comisario, en lo que respecta a la Directiva sobre la patentabilidad de los programas informáticos, todo resulta incomprensible. 
¿Cómo puede defenderla del modo que lo ha hecho en un momento en el que se vuelve a dar un nuevo impulso a la Estrategia de Lisboa? 
¿Acaso no se da cuenta de que, al adoptar esta postura en relación con las patentes de programas informáticos, lo que hace es poner freno al proyecto comunitario a favor del cual acaba de intervenir? 
¿Cómo puede proponer que a través de estas patentes se protegerá a las pequeñas y medianas empresas, cuya situación ha descrito como de seria preocupación? 
Estas empresas no se pueden permitir recurrir a abogados. 
Todo esto no es más que una trampa. 
Durante años, miles de personas con ideas innovadoras y mentes inteligentes, personas que podrían contribuir al desarrollo de Europa, vienen protestando en contra de esta Directiva sobre la patentabilidad de los productos informáticos, y con razón. 
Mientras tanto, ustedes se comportan como si la directiva se hubiese diseñado incluso por el bien de ellos, al tiempo que evitan mencionar a quienes les han orientado realmente en su elaboración, a saber, las grandes empresas, en un intento por negar a las pequeñas empresas la libertad que nos diferencia del mercado estadounidense y por allanar el terreno para que solo unos pocos puedan obtener enormes beneficios. 
Esta no es la Europa que queremos. 
Señor Presidente, es agradable oír por una vez a alguien de la Comisión defender la Directiva sobre servicios. 
Sin duda, esto resulta del todo importante y fundamental para que, finalmente, sea posible hacer realidad la Agenda de Lisboa sobre la que tanto habla la Comisión. 
Está claro que toda la economía futura de Europa depende del sector de los servicios. 
¿Acaso no convendría que la Comisión preparara una estrategia para hablar acerca de la Directiva sobre servicios? 
Lo que hemos podido ver hasta ahora es que cada Comisario parece tener su propia agenda sobre este tema, algo sumamente lamentable. 
¿Qué va a pasar con la idea de la libre circulación de servicios en caso de que haya que reformar el principio del país de origen? 
– Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre servicios es una propuesta con mala fama, la cual ha originado numerosas reacciones y preocupaciones en el Parlamento Europeo, en diferentes Estados miembros y, sobre todo, entre los ciudadanos, ya que promueve un dumping social atroz. 
Si no quiere que hablemos sobre dumping social, Comisario, retire su propuesta, puesto que es la que lo provoca. 
Retire el peligroso principio del país de origen y establezca excepciones completas para los sectores delicados, como los servicios públicos y de salud. 
Señor McCreevy, renuncie a la propuesta Bolkestein y preséntenos una propuesta propia, una propuesta McCreevy; no limite su función a la introducción de pequeñas correcciones en la propuesta Bolkestein. 
En su declaración a la Conferencia de Presidentes el 3 de marzo, se mostró más atrevido y directo. 
Sin embargo, tras hablar con el señor Barroso, podríamos decir que su vino se ha aguado bastante. 
Espero que ofrezca su propia propuesta, y no un derivado de la propuesta Bolkestein. 
– Señor Presidente, puedo decirle, señor Comisario, que todo el mundo habla de su directiva en Francia. 
No se habla de otra cosa en los debates actuales en torno al referendo sobre el Tratado Constitucional. 
Quizás diga usted que esto es una buena señal: la gente se interesa por lo que hacemos. 
Pero sabe muy bien que no es así en absoluto. 
Podemos decir que toda Francia se opone a esta directiva y, en particular, al principio del país de origen. 
Como acaba usted de anunciarnos, al mantener este principio usted es muy consciente de que empuja a Europa hacia abajo y que, a fin de cuentas, alimenta la desconfianza entre nuestros conciudadanos, que tenían confianza en nosotros, después de las elecciones europeas, para construir una Europa con conciencia social. 
Está usted aumentando la desconfianza y, lo que es peor, va a asumir la responsabilidad de decantar a Francia por el voto en contra, lo que sería aún más grave. 
Le pido por tanto, señor Comisario, que retire su propuesta. 
– Señor Presidente, señor Comisario, como todos los aquí presentes le he escuchado con atención. 
Esta directiva es una gran primicia en la historia de la civilización, es la primera vez desde que el Derecho existe –los fuertes se bastan con la fuerza, el Derecho está hecho para los más débiles– que se quebranta brutalmente el principio de territorialidad del Derecho. 
Al entrar en un país, al pisar el suelo de ese país, se adopta su Derecho. 
Es cierto que en Francia todo el mundo habla de esta directiva causa furor, por retomar la expresión de nuestra colega. 
Le he escuchado muy atentamente. 
Ha declarado usted que «la directiva no será retirada». 
Ahora bien, en Francia hemos oído a su colega el Comisario Barrot declarar solemnemente que la directiva ha sido retirada y hemos oído al Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, tratando de tranquilizar a nuestros conciudadanos, explicando que la directiva estaba siendo revisada. 
Aunque hoy, en Francia, cuando hablamos… 
– Señor Presidente, señor Comisario, hay que realizar el mercado interior de los servicios, pero hay que cambiar profundamente la directiva que usted propone, u le felicitamos por haberlo entendido. 
Ahora, lo que queremos es, en primer lugar, que se reduzca el ámbito de aplicación y, en concreto, que se excluya de él todo lo concerniente a la diversidad cultural y los derechos sociales. 
Queremos que se aplique el método comunitario, es decir, la armonización antes que cualquier otro principio. 
Y queremos, por último, que las leyes comunitarias vigentes prevalezcan sobre la nueva directiva, en particular el Derecho internacional privado relativo a las obligaciones contractuales y extracontractuales y todo lo referente a los derechos de los trabajadores. 
Estas son, señor Comisario, las bases sobre las cuales podría recuperar usted la confianza del Parlamento Europeo. 
¡Colabore con nosotros! 
Usted mismo ha dicho que vamos a modificar su propuesta. 
Vamos a cambiarla sustancialmente. 
Le reto a que acepte lo que vamos a proponer. 
Esa es su misión, si en efecto quiere un mercado interior de los servicios. 
– Señor Presidente, señor Comisario, en un minuto no me dará tiempo para exponer el malestar que agita el mundo de los usuarios de Internet por el procedimiento de adopción de la directiva sobre la patentabilidad de los programas informáticos. 
La Presidencia luxemburguesa no tenía derecho a rechazar el paso de un punto A a un punto B; la adopción en el punto A –aunque después de un debate, y con un voto en contra y tres abstenciones– casi no tiene precedentes. 
Esta imagen es desastrosa. 
Hay usuarios de Internet que dicen que esto les servirá de motivo para votar en contra de la Constitución. 
Esto es estúpido y peligroso. 
Pero está también y sobre todo la cuestión del fondo. 
Le hemos escuchado y, una vez más, estamos de acuerdo con el vocabulario y el texto escrito. 
¡No hay que patentar cualquier cosa! 
Dicho esto, seguimos sin encontrar en el proyecto de directiva una delimitación clara entre lo patentable y lo que no lo es. 
Formularé pues la siguiente pregunta a la Comisión: ¿consideran que una delimitación clara entre lo patentable y lo que no lo es resulta indispensable para este texto o no? 
Y, en caso afirmativo, ¿consideran que la única distinción posible –pues no conocemos otras– es si se usan o no energías o materiales, ya que la referencia a la contribución técnica es tautológica y permite que se patente cualquier cosa? 
– Señor Presidente, como ponente alternativo de este lado de la Cámara, me complace que el señor Comisario haya salido en defensa de la Directiva de servicios de forma bastante clara. 
Nosotros la defenderemos porque queremos los puestos de trabajo y la creación de nuevas empresas. 
Queremos que las empresas de que ha hablado el señor Kamiński se aprovechen de esto. 
Nos complace que finalmente la Comisión destierre el espectro del dúmping social y las demás caricaturas de esta directiva que han dibujado sus oponentes sin que la Comisión saliera en defensa de su lado positivo. 
Como ha dicho el señor Comisario, esta es una parte fundamental de la Agenda de Lisboa, que nosotros respaldamos. 
Trabajaremos con la Comisión para presentar una directiva efectiva y viable que sea beneficiosa para los consumidores y ciudadanos de toda la Unión Europea. 
El principio del país de origen forma parte de ella. 
Lo apoyaremos y conseguiremos los votos a favor. 
Colaboremos, avancemos y disipemos para siempre la idea de que la Comisión va a retirar esta propuesta. 
Queremos una propuesta viable y efectiva para todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, quisiera realizar una pregunta acerca del asunto de los programas informáticos. 
En la prensa danesa circulan diversos artículos relacionados con el hecho de que, a pesar de las intensas protestas por parte del Gobiernos danés, entre otros, se haya decidido mantener como punto prioritario esta cuestión. Comisario, ¿está en condiciones de confirmar que no se trataba solo de establecer y aceptar la referencia al procedimiento, sino que se llevaron a cabo enérgicas protestas? 
Esta es la primera cuestión. 
En segundo lugar, ¿puede confirmar que, por ejemplo, el Gobierno danés se puso en contacto con usted para que apoyara su deseo de considerar como punto B la patentabilidad de los programas informáticos? 
¿Ha recibido peticiones del Gobierno danés con vistas a conseguir su apoyo a esta postura? 
Quisiera que se aclarara esta cuestión. 
– Señor Presidente, limitaré mis comentarios a la Directiva de servicios, y hablaré en calidad de miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Señor Comisario, no es ninguna sorpresa para usted que la izquierda se oponga firmemente a esta directiva particular y que prefiera que usted la retire o que al menos la neutralice. 
Sin embargo, le ruego que no suponga que ese es el deseo de esta Asamblea. 
Hace unas horas votamos sobre el informe Figueiredo. 
Ese informe sobre la situación social en Europa criticaba mordazmente la Directiva de servicios y la Asamblea lo ha rechazado. 
Sugiero que el mensaje en este punto es claro, y puede que le sorprenda la fortaleza del sentimiento de apoyo a lo que usted pretende hacer, así como de la conciencia de que esta directiva podría ser buena para los consumidores, buena para los contribuyentes, buena para el crecimiento y, sobre todo, buena para el empleo. 
Por ello le insto, señor Comisario, a que sea valiente con sus propuestas y que siga adelante. 
Señor Presidente, Comisario, como coponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, he leído con gran atención e interés los puntos de la directiva que no considera acertados. 
Me atreveré a decir que está claro que todos nosotros estamos a favor de crear un mercado interior, pero en esta directiva se incluyen varios puntos delicados. 
Por lo tanto, Comisario, me complace que haya comprendido las críticas procedentes no solo de mi grupo, sino de todo el espectro de esta Cámara. 
No obstante, quisiera que se aclararan algunas cuestiones, ya que –tal y como ya han señalado mis colegas diputados– no siempre queda claro hasta qué punto está dispuesto a cooperar con nosotros. 
Quisiera hacer dos comentarios, Comisario. 
En primer lugar, afirma que el alcance de esta directiva sea quizás demasiado amplio y, en sus notas de intervención para la Conferencia de Presidentes, hizo mención a los servicios de interés general de financiación pública. 
Hace un momento, solo ha hecho referencia a los servicios sociales. 
¿Podría explicar con exactitud qué es lo que pretende? 
Después de todo, los servicios de interés general son bastante más amplios que los servicios sociales. 
En segundo lugar, no está del todo clara su postura en relación con el principio del país de origen. 
¿Comparte la opinión de que dicho principio solo puede funcionar si existe un nivel suficiente de armonización y reconocimiento mutuo, es decir, solo si existe una base auténtica para la confianza? 
Permítame decir, Comisario, que considero que la cooperación constructiva solo puede ser una alternativa real si, por el bien de todos nosotros, aclara sin rodeos sus intenciones. 
– Señor Presidente, quisiera decir al señor McCreevy que todavía no he entendido muy bien a dónde quiere llevarnos exactamente, en particular por lo que se refiere al problema de la patentabilidad del software. 
Señor McCreevy, en un minuto no puedo decir más que esto. 
El software es un lenguaje. 
Patentar los programas informáticos es exactamente como dar a algunos la posibilidad de convertirse en propietarios exclusivos de las palabras o las reglas gramaticales de una lengua e impedir así a los demás utilizarla. 
Por ejemplo, esto permitiría a una empresa hacerse propietaria exclusiva del procedimiento tan difundido de cerrar un fichero haciendo clic en la esquina superior derecha de su imagen en la pantalla del ordenador. 
Es absurdo, el software debe protegerse, como todos los lenguajes, mediante los derechos de autor. 
El derecho de autor constituye la protección legítima de los programas informáticos, la que permitirá salvaguardar la libertad de los pequeños creadores. 
Señor Presidente, Comisario, estoy de acuerdo con las explicaciones ofrecidas en relación con las medidas relativas a la patentabilidad de los productos informáticos. 
Mi pregunta tiene que ver con la Directiva sobre servicios. 
Se supone que la Comisión sigue conservando su papel de guardiana de los Tratados. 
No obstante, hoy precisamente –8 de marzo, Día Internacional de la Mujer– la Comisión retira de la Directiva sobre servicios todo el ámbito de la sanidad, un sector dominado por las mujeres. 
Sabemos que, si hay posibilidad de elegir entre varias empresas, también aumentan las probabilidades de obtener un salario más elevado. 
A pesar de ello, usted tratará de limitar las posibilidades de las mujeres de conseguir mejores sueldos al reducir su capacidad de elección a una o pocas empresas. 
Debemos considerar como objetivos importantes la posibilidad de obtener salarios más elevados y de optar a diferentes empresas. 
¿Qué piensa hacer la Comisión al respecto? 
¿Va a presentar una nueva propuesta en el ámbito de sanidad? 
No en vano, la función de la Comisión es la de otorgar las libertades que el Tratado garantiza a los ciudadanos europeos, mujeres y hombres por igual. 
– Señor Presidente, en primer lugar, realizaré un comentario sobre el proceso. 
He de decir que me molesta mucho el hecho de que, sin que lo sepa el Parlamento, se estén llevando a cabo negociaciones con determinados Estados miembros o que, en el caso de los productos informáticos, se ignore sin más la opinión de esta institución. 
Mi segundo comentario tiene que ver con el contenido. 
Se ha hablado mucho acerca de la estrategia de Lisboa y de la necesidad de innovar y promover el mercado de servicios europeo. 
Soy una de las defensoras de la Directiva sobre servicios, aunque no hace falta decir que es preciso aclarar y mejorar una serie de puntos, siempre y cuando nos basemos en los hechos y no en los informes de los medios de comunicación, plagados de informaciones falsas o de conversaciones con Chirac, Schröder y otros. 
En lo que respecta a los programas informáticos, hay que evitar que la calidad de la legislación quede subordinada a la lucha de poderes entre las instituciones. 
El carácter innovador que precisamos no debe ser reprimido por una legislación equivocada. 
En resumen, señor McCreevy, estoy a favor de que se preste verdadera atención a la estrategia de Lisboa y se muestre respeto hacia el proceso democrático y los representantes electos de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, son numerosos los presentes en esta Cámara que se han manifestado hoy en contra de la Directiva sobre servicios. 
Por lo tanto, considero que es fundamental señalar que se trata de la reforma individual más importante con la que contamos de cara a la integración europea y con vistas a proporcionar un nuevo impulso al proceso de Lisboa. 
Lo que necesitamos no es solo una Directiva sobre servicios, sino una directiva que contribuya a aumentar el comercio de servicios entre las fronteras europeas. 
El sector de los servicios equivale a un 70 % de la economía europea. 
Jamás lograremos convertirnos en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo si no abrimos este sector. 
Con este trasfondo, existen razones para sentirse preocupado por las palabras del Comisario, ya que numerosos ámbitos del sector de los servicios quedan exentos. 
Resulta esencial analizar este problema: ¿en qué quedará el sector de los servicios como resultado de las excepciones que ahora se otorgan? 
Durante 50 años, media Europa ha disfrutado la ventaja de vivir en paz y libertad, y ha tenido la oportunidad de desarrollar un sector de servicios con un alto grado de conocimiento. 
Disponemos de esta ventaja competitiva. 
La otra mitad cuenta con otras ventajas competitivas diferentes. 
¿Qué hará el Comisario para garantizar que todos los países europeos poseen ventajas competitivas a través del principio del país de origen y de un comercio libre y abierto de servicios? 
Se trata de cuestiones claves para nuestro éxito. 
Comisario, tengo varias preguntas relacionadas con la Directiva sobre patentabilidad de los programas informáticos, de forma más específica, relacionadas con la posición adoptada ayer por el Consejo. 
Si se trata del árido texto del 18 de mayo, entonces ni siquiera en el Consejo contará con el respaldo de una mayoría, ya que, al final, ocho Estados han realizado críticas declaraciones acerca de los puntos centrales de la directiva, y cuatro Parlamentos nacionales se han manifestado en contra de su contenido. 
¿De qué modo piensa hacerse eco de las objeciones planteadas por estos Estados? 
No hay duda de que esta cuestión se podría abordar en esta Cámara pero, después de todo, el Consejo es responsable de obtener el respaldo de una mayoría, mayoría que no logrará el texto posterior al 18 de mayo con su forma actual. 
Hasta ahora no se ha llevado a cabo esfuerzo alguno por considerar las declaraciones en contra de los Estados miembros. 
No quiero que se produzca una lucha de poderes entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión; lo que quiero es que se tomen en debida cuenta las objeciones a esta directiva, responsabilidad que espero que asuman ustedes. 
– Señor Presidente, sus Señorías, espero que, tras este debate, el Comisario no piense que ha concedido una audiencia a todos y puede proceder en la misma línea que antes, como parece haber estado diciendo durante el debate en los últimos meses. 
Me refiero a ambas cuestiones: servicios y. 
Con especial atención al, la decisión que se ha tomado ayer es una afrenta grave a los deseos democráticos de los ciudadanos europeos. 
En vez de remitir el texto al Parlamento, el órgano que usted representa ha optado por presentar la Directiva para su aprobación por el Consejo, ignorando completamente la opinión del Parlamento Europeo, cuya intención era la de que el proceso legislativo se volviera a empezar desde cero. 
Creo que la Directiva carece de un marco legal claro y corre el riesgo de permitir que las grandes multinacionales de TI patenten no solo el utilizado en aplicaciones industriales sino también otros tipos de programas informáticos y, de este modo, limiten gravemente el uso de las innovaciones tecnológicas en este ámbito. 
Hay que entender claramente que este método de cooperación interinstitucional, que ignora los puntos de vista del Parlamento Europeo, la única institución elegida democráticamente por sufragio universal, no es democrático y no representa los deseos expresados por millones de ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, creo que la posición de la Comisión acerca de la Directiva sobre servicios sigue una línea acertada. 
Se ha prestado atención a las críticas realizadas. 
No obstante, hay algunos aspectos que no están del todo claros, por ejemplo en lo que respecta al mercado laboral. 
¿Está de acuerdo conmigo en que no basta con conceder excepciones a través de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores? 
En su lugar, todo el mercado laboral debería quedar exento, en cuyo caso se aplicaría el principio del país de origen, ¿verdad? 
Si ahora se exime al mercado laboral y se aplica dicho principio a las normas medioambientales, a la legislación en materia de consumo y demás, entonces me pregunto, en segundo lugar, cómo es posible pensar, durante la elaboración de una directiva, que se deba establecer como principio básico el principio del país de origen. 
Quizás correspondería aplicar este principio a los ámbitos más importantes. 
Mi tercera pregunta tiene que ver con los servicios de interés general. 
Considero positivo que queden exentos los servicios sociales, junto con los de salud y asistencia. 
¿Podría aclarar a qué ámbitos se refiere al hablar del alcance de la directiva? 
Señor Presidente, Comisario, me sorprende la falta de autoconciencia y de amor propio que afecta a numerosos diputados a la Cámara, y todo por una simple razón. 
¿Quién elabora las leyes? 
¿La Comisión o nosotros? 
La Directiva sobre servicios se encuentra en la fase de primera lectura, mientras que la Directiva sobre la patentabilidad de productos informáticos, debido a la problemática forma en que la ha abordado el Consejo, se encuentra lamentablemente en segunda lectura. 
Somos nosotros los responsables de elaborar las leyes; es preciso modificar ambas directivas. 
La posición común acerca de la Directiva sobre patentabilidad de los productos informáticos resulta inaceptable, por lo que modificaremos las dos directivas con el fin de reflejar los intereses públicos y los objetivos de la Unión Europea. 
Queremos que se tengan en cuenta estos dos requisitos. 
Por este motivo, acojo con agrado la declaración de la Comisión en el sentido de que logra aportar claridad. 
Volvamos a retomar la labor práctica que corresponde a los Parlamentos; abandonemos el histerismo y las informaciones erróneas, e instemos a la Confederación Europea de Sindicatos a que apoye el proceso de elaboración de leyes en lugar de llevar a cabo manifestaciones la semana que viene. 
Esperamos que la Comisión haga lo mismo. 
– Señor Presidente, Comisario, es evidente que esta Directiva sobre servicios resulta esencial para el mercado de servicios en Europa. Si bien, por este motivo, es preciso despojarla de todos aquellos aspectos fundamentales que deben ser modificados, que son numerosos. 
En primer lugar, hay que aclarar a qué servicios se aplica. 
Acaba de decir que los servicios sanitarios deberían quedar fuera de su ámbito de aplicación, y considero que algunos de estos servicios tendrían que estar sujetos a las fuerzas de mercado y que los proveedores de servicios de cualquiera de los Estados miembros deberían competir por estos servicios. 
Por otro lado, creo que, en caso de que se excluya a los servicios de interés general, convendría definir en qué consisten dichos servicios. 
¿Está la Comisión dispuesta a presentar una ley marco, con el tiempo, que se pueda tomar en consideración a la hora de analizar la directiva? 
Otro aspecto que cabe mencionar es el del país de origen, aspecto que, sin duda alguna, hay que cambiar. 
Se puede aplicar a las constituciones empresariales y al inicio de actividades, pero es preciso modificarlo como principio básico. 
Puesto que hay que introducir cambios fundamentales, quisiera preguntarle, Comisario, si no sería mejor retirar esta directiva con su forma actual, y que la Comisión, como autora de estas iniciativas, presentara una propuesta más apropiada capaz de servir a los intereses de la Unión con mayor eficiencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, lamento que no haya tenido el gesto de presentar una nueva propuesta. 
Lamento que no haya precisado al Parlamento su intención de reconsiderar en profundidad el principio del país de origen. 
Si lo hubiera hecho, habría demostrado que la Comisión es capaz de estar a la escucha de las expectativas, los temores y los interrogantes de nuestros conciudadanos. 
Lo lamento y creo que la Comisión ha perdido una oportunidad. 
Quiero que el Parlamento sea capaz de dirigir el debate detallado en el futuro. 
Intentaremos estar a la altura de nuestras responsabilidades como elegidos y no decepcionar las expectativas de nuestros conciudadanos, las expectativas de una Europa que no solo debe ser un mercado, sino también, y sobre todo, una Unión de hombres y mujeres. 
La Mesa ya ha dejado que el debate se prolongara más allá del tiempo previsto. 
Ya debería haber comenzado el turno de preguntas. 
El debate se ha prolongado porque estaba pendiente la intervención de varios diputados, pero ya no es posible alargarlo más. 
Debemos retomar el orden del día del debate. 
– Señor Presidente, en relación con los oradores a quien usted ha concedido la palabra durante este debate, protesto por la falta de equilibrio entre los diferentes Estados miembros. 
He señalado muy al principio que deseaba intervenir; sin embargo, con todos mis respetos por mis colegas franceses, usted ha permitido una docena de intervenciones francesas y ninguna de diputados de otros países. 
Creo que debería ser más ecuánime y respetar el orden de petición de la palabra. 
Sé que he manifestado mi deseo de hablar antes que otros colegas que han intervenido; mejor para ellos. 
Pero usted deber estar atento y ser justo, señor Presidente. 
Lo único que pedimos es juego limpio. 
Nuestra opinión a este respecto difiere. 
Los servicios distribuirán más adelante una lista detallada de oradores por nacionalidad. De este modo, podremos comprobar si la palabra se ha concedido de un modo equilibrado o no. 
,. 
Señor Presidente, dada la gran diversidad de temas suscitados no tengo tiempo para tratarlos todos, pero en cuanto a las patentes de software he manifestado claramente que la pelota se encuentra en el tejado del Parlamento Europeo. 
Si el Parlamento desea rechazarla, la Comisión respetará tal decisión. 
He escuchado lo que dicen los diputados sobre ese asunto. 
Lo dije en la reunión de la comisión a la que asistí. 
Lo repetí en la Presidencia del Consejo la semana pasada y lo repito aquí hoy en mi intervención. 
Corresponde al Parlamento Europeo hacer su trabajo en este asunto concreto y nosotros tendremos en cuenta sus preocupaciones. 
Se han formulado diversas preguntas acerca del asunto en el Consejo de Ministros de ayer. 
El Consejo de Ministros emitió una declaración y ahora el asunto está en manos del Consejo de Ministros. 
Hablaré ahora de la Directiva de servicios. 
Algo que he aprendido a lo largo de mi carrera política es que siempre resulta más fácil aducir razones para no hacer una cosa que para hacerla. 
En segundo lugar, creo que nunca es el momento justo para tomar una iniciativa nueva o valiente. 
Siempre existen buenas razones para no hacer algo. 
También me atrevo a decir que resulta más sencillo para los Ministros o los Comisarios quedarse sentados en sus despachos y proclamar que no van a hacer nada en absoluto, ya que la única forma de evitar las malas decisiones es no tomarlas. 
Pero en Europa no podemos permanecer de brazos cruzados y rezar y esperar que ocurra algo, como en la novela de Beckett. 
Tenemos que hacer algo para galvanizar la economía europea. 
Respeto las opiniones de la izquierda y de la derecha. 
Respeto la filosofía política de quienes han visto las cosas de manera diferente que yo a lo largo de los años. 
Respeto las distintas filosofías económicas que pueden defenderse legítimamente. 
Tengo mis ideas particulares a ese respecto. 
Pero con independencia de la postura que se mantenga en relación con este problema concreto que afecta a la economía europea, habrá que concluir que permanecer parados no es posible. 
Y si el 70 % de la economía de la Unión Europea consiste en servicios, no hace falta ser licenciado en Económicas para entender que hay que hacer algo con respecto de los servicios en Europa a fin de galvanizar la economía europea. 
Durante una serie de años, la economía europea ha estado creciendo a una tasa inferior a su pleno potencial. 
Eso no nos permitirá mantener el modelo social que hemos creado, ni alcanzar el desarrollo sostenible, a menos que hagamos algo drástico para galvanizar la actividad económica en la Unión. 
Con independencia del enfoque que se adopte, si continuamos avanzando en la dirección actual no seremos capaces de hacer las cosas que hemos dado por supuestas durante muchas décadas. 
Ni podremos hacer en el futuro cosas como mantener a nuestras poblaciones envejecidas, a menos que hagamos algo con la economía. 
La Directiva de servicios, tal como la propuso la Comisión anterior, constituía un intento noble y muy innovador de hacer algo drástico en este terreno crucial. 
Yo podría adoptar un enfoque prístino y puro del tema –tal como quizá deseen algunos funcionarios de la Comisión– y plantarme en mi despacho en la novena planta del Berlaymont, abrir la ventana, coger una trompeta y proclamar: «¡Qué maravilla! 
Voy a permanecer en las barricadas hasta el final y voy a defender esta propuesta de la última Comisión. 
Es absolutamente brillante y la voy a defender hasta la muerte, aunque tenga que ir al Valle de la Muerte». 
No obstante, soy consciente de que la Directiva de servicios, tal como está planteada, no tiene la más mínima posibilidad de salir adelante ni en el Consejo de Ministros ni en el Parlamento Europeo. 
Podría ser prístino y puro y afirmar que pronunciaré grandes discursos sobre ella, no conseguir nada, no plantear ninguna Directiva de servicios y no hacer nada para abordar los problemas a que nos enfrentamos en toda Europa. 
Sin embargo, he preferido ser pragmático. 
He escuchado lo que los parlamentarios tienen que decir. 
Me he reunido con muchas personas tanto a título individual como colectivamente y en comisiones, y me han aportado ideas muy buenas acerca de lo que deberíamos hacer. 
Algunas personas creen firmemente que debemos continuar tal como comenzamos, pero eso tampoco dará resultado. 
Por consiguiente, he tenido en cuenta las opiniones de todo el mundo y he declarado que la Comisión está dispuesta a escuchar y aceptar modificaciones para garantizar que acabemos teniendo una Directiva de servicios que contribuya positivamente a la economía europea. 
Esa es la razón por la que me encuentro hoy aquí, y eso es lo que he expuesto aquí esta tarde y la semana pasada. 
Un punto muy importante que he de resaltar es que los miembros de cualquier organización –ya sea un partido político local, un club deportivo local, un sindicato local o una organización empresarial local– prefieren todos la certidumbre y no son amigos del cambio. 
Siempre queremos el cambio para los demás, pero no para nosotros mismos. 
A los políticos les pasa igual. 
Preferiríamos no tener que enfrentarnos a más elecciones, sino simplemente salir elegidos una y otra vez. 
Eso sería estupendo para el político, pero fatal para la democracia. 
Por tanto, no queremos dar la impresión de que vamos a denegar a los nuevos Estados miembros, que se han adherido recientemente a la Unión, las mismas oportunidades que tuvieron los 15 antiguos durante mucho tiempo, incluido el país que mejor conozco. 
Respeto las opiniones de las personas que ven este problema desde una perspectiva diferente. 
Sin embargo, no podemos estar aquí solo como portavoces de los de «dentro» y olvidarnos de los de «fuera». 
Eso no es lo que se supone que debe ser la socialdemocracia, tal como yo la conozco. 
Tenemos que estar prevenidos contra quienes se conforman con defender los intereses del. 
Políticamente es lo más fácil de hacer, ya que son las personas de quienes se puede estar seguro y que probablemente han votado a favor de uno anteriormente. 
No obstante, recuérdese que son millones de personas las que afluyen al mercado laboral y esperan la oportunidad de gozar de un nivel de vida y una integración social decentes. 
Hay que ofrecerles las mismas oportunidades que hemos recibido los demás. 
Es importante que propongamos una Directiva de servicios que tenga un efecto económico positivo y tome en consideración las verdaderas inquietudes. 
Estoy dispuesto a tomarlas en consideración y a trabajar con el Parlamento Europeo para sacar adelante una Directiva de servicios. 
Ahora corresponde al Parlamento Europeo dilucidar el tema. 
Seré todo lo constructivo que pueda. 
Espero ser capaz de aportar la mejor solución posible, basada en el consenso más amplio, porque eso es lo que nosotros y Europa necesitamos. 
– Señor Presidente, no es la primera vez que le pido que transmita al Presidente del Parlamento una petición para que aclare las reglas y procedimientos de estas sesiones de «solicitud incidental de intervención». 
Al igual que la oradora anterior, sé que mi nombre ha sido inscrito muy al principio y sin embargo no se me ha concedido la palabra. 
Entiendo que usted no puede ceder la palabra a todo el mundo, pero tengo un punto de vista muy particular de Escocia que no ha sido expuesto. 
Voy a escribir al señor McCreevy al respecto e invitarle a que responda con prontitud, pero por favor, señor Presidente, revise y aclare este procedimiento. 
Sin duda, haré llegar a la Mesa su recomendación de que se aclare todo este asunto. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0019/2005). 
Se plantearán a continuación las preguntas a la Comisión. 
Con el fin de contribuir a alertar al público de los crecientes éxitos de las bandas de delincuencia organizada que atraviesan las fronteras interiores de la Unión con impunidad, en acciones de tráfico ilícito o contrabando, mientras que nuestras fuerzas de policía encargadas del cumplimiento de la ley son nacionales y no pueden cruzar las mismas fronteras para realizar detenciones, y con objeto de reforzar el mensaje dirigido a la opinión pública de que la Unión necesita trabajar con cohesión, ¿estaría dispuesta la Comisión a fomentar la publicación periódica, quizás a cargo de Europol, de una lista con los diez delincuentes más buscados en la Unión? 
. Señor Presidente, antes de responder a la pregunta, quiero felicitar a usted y a aquellas personas de la Comisión por su nombramiento como Ministro de Interior de su país, que le permitirá tener tratos incluso más fructíferos y regulares conmigo en el futuro. 
Por lo que sabe la Comisión, la publicación de una lista de los diez delincuentes más buscados de la Unión todavía no ha sido debatida en el conjunto de la UE. 
Actualmente, el Sistema de Información de Schengen –SIS– permite a las fuerzas del orden competentes de 13 Estados miembros, más Noruega e Islandia, acceder a los avisos de búsqueda de personas por medio de un procedimiento de búsqueda automatizada. 
Estos avisos y la información suplementaria que se les adjunta se utilizan para transmitir órdenes de detención europeas entre Estados miembros. 
A este fin, el Sistema de Información de Aduanas también estará pronto disponible para las autoridades policiales competentes del Reino Unido e Irlanda y, una vez entre en funcionamiento la segunda generación del SIA, para los diez Estados miembros que se incorporaron a Europa en 2004. 
El SIS-SIA puede ser consultado por agentes de policía de todos los países que participan en la implementación del acervo de Schengen. 
La publicación en el SIS de un aviso de búsqueda de una persona es responsabilidad de los países participantes cuyas autoridades hayan emitido la orden de detención. 
Corresponde a los países emisores decidir si consideran que la difusión más amplia de la información acerca de una persona buscada, por ejemplo mediante su publicación en el sitio web de Interpol, tiene alguna utilidad. 
Con respecto a la posible participación de Europol, es preciso señalar que el mandato y la función de Europol, basados en el marco jurídico exclusivo de la Convención de Europol, son totalmente diferentes. 
Europol es la autoridad policial central de la Unión Europea y se basa en el principio de compartir y analizar información y datos de inteligencia, especialmente en la fase de investigación o inteligencia previa a medidas tales como la publicación de una orden de detención de un delincuente o un registro domiciliario merced a una orden de las autoridades judiciales en un momento posterior. 
En Europol, los Estados miembros recopilan informaciones y datos de inteligencia para investigar a los delincuentes, grupos y organizaciones más significados y coordinar la subsiguiente acción conjunta para el control y la persecución de los criminales sospechosos por parte de las autoridades policiales. 
Por tanto, una orden de detención publicada por las autoridades judiciales constituye generalmente uno de los elementos finales del proceso de investigación que las fuerzas de orden público llevan a cabo previamente. 
La Comisión estaría dispuesta a discutir con los nuevos Estados miembros si existe la necesidad de mejorar los instrumentos a escala de la UE para la búsqueda de personas perseguidas por delitos graves con una dimensión transfronteriza. 
Por el momento, el público en general no tiene acceso a los avisos de búsqueda de personas en el Sistema de Información de Schengen, ya que el SIS solo es accesible para las autoridades policiales competentes de los países firmantes del acuerdo de Schengen, debido al carácter sensible de los datos implicados y las normas sobre protección de datos. 
A mi juicio, el foro más indicado para debatir esta cuestión con los nuevos Estados miembros y Europol es probablemente el grupo de trabajo de Jefes de Policía europeos, que se reúne aproximadamente cada tres meses. 
La primera reunión de 2005 se celebró en febrero, por lo que la Comisión estaría en condiciones de proporcionar una respuesta definitiva en la segunda mitad de 2005. 
– Muchas gracias por esta respuesta tan elaborada e interesante, que precisa de una lectura detenida. 
El asunto, indudablemente, es que el crimen organizado está desangrando a la economía europea; estos delincuentes nos están robando miles de millones por vías muy diversas. 
Tiene que ser beneficioso implicar al público en esa batalla, sin necesidad de hacerlo entre bastidores en la forma tan compleja que usted describe. 
¿Por qué no implicar también al público en general? 
¿Podría plantear la cuestión, conseguir una lista de los principales delincuentes de Europa y ayudar al público a encontrarlos? 
Señor Presidente, Comisario, está previsto que las negociaciones de adhesión con Croacia comiencen el 17 de marzo. 
¿Cree que la Comisión podrá –a través de las oficinas de Interpol o Europol– dar con el paradero del General Gotovina? 
¿Hay indicios de que siga en Croacia o alguna información acerca del modo en que debe ser entregado a los tribunales? 
– Continuando con la pregunta del señor Newton Dunn, me parece evidente que el público es ahora muy consciente de que la actividad delictiva tiene un carácter internacional y que los criminales se mueven libremente a través de las fronteras de la UE. 
De lo que no son tan conscientes es de la coordinación que existe para intentar contrarrestarla. 
Por tanto, insto a la Comisión a que estudie el modo de reunir las distintas informaciones de forma regular, ya sea a través de Europol, de Schengen, o de los jefes de policía, y estudie la posibilidad de hacer público lo que pueda hacerse público de manera segura, a fin de demostrar que estamos actuando como una Comunidad para atajar la delincuencia internacional. 
. Señor Presidente, voy a responder a la primera y tercera preguntas a la vez. 
No me opongo al principio de facilitar a los ciudadanos información absolutamente clara sobre la existencia de personas extremadamente peligrosas a quienes se les puede buscar por delitos muy graves. 
Al contrario, creo que la cooperación entre las fuerzas policiales y las autoridades de investigación en los Estados miembros necesitan, en ciertos casos, el apoyo de la opinión pública. 
Es evidente que necesitamos salvaguardar la confidencialidad de los datos que pueden ser útiles en las investigaciones y que claramente no tienen que ser divulgados, para evitar comprometer investigaciones y para proteger el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la confidencialidad de los datos personales. 
Por lo tanto, voy a formular la pregunta al grupo de trabajo de los jefes de policía de los Estados miembros con vistas a obtener una respuesta satisfactoria, que comunicaré a este Parlamento. 
La segunda pregunta se refiere al caso del General Gotovina, un criminal culpable de delitos extremadamente graves. 
En mi última reunión con el Presidente de la República y el Primer Ministro de Croacia, señalé que la Comisión esperaba un resultado –esto es, que se arrestara a Gotovina y se le entregara al Tribunal Internacional de La Haya. 
Contamos evidentemente con el compromiso de Croacia, y con una cooperación internacional mucho más amplia, de modo que no solo Gotovina sino todos los criminales de la antigua Yugoslavia que siguen andando sueltos puedan ser arrestados rápidamente y juzgados por el Tribunal de La Haya. 
Desde el 11 de septiembre de 2001, el equipaje de mano es objeto de verificaciones meticulosas en los puntos de control de los aeropuertos, algo necesario e importante. 
No obstante, algunos incidentes suscitan incomprensión en los viajeros como ocurre cuando se procede a romper la lima de cuatro centímetros de longitud de un cortaúñas o a excluir del equipaje de mano tijeras de manicura de venta normal en comercios. 
Teniendo en cuenta sobre todo que, en el avión, los cuchillos y tenedores que se distribuyen con la comida representan un riesgo considerablemente superior, se plantea la pregunta ¿cuándo supone un objeto un peligro para la seguridad a bordo de los aviones y puede ser excluido del equipaje de mano? 
. Señor Presidente, quisiera señalar a su Señoría que el Derecho comunitario no exige la confiscación de las tijeras de uñas y los cortauñas de los pasajeros aéreos. 
El Reglamento n° 622/2003, en su versión modificada por el Reglamento n° 68/2004, no prohíbe los cuchillos ni las tijeras, salvo cuando sus hojas excedan de 6 cm de longitud. 
Algunos Estados miembros han adoptado exigencias más estrictas, prohibiendo cualquier objeto punzante independientemente de su tamaño. 
El artículo 6 del Reglamento n° 2320/2002 relativo a la instauración de normas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas más rigurosas que las previstas por el reglamento. 
Por consiguiente, Señoría, debería plantear usted el problema a las autoridades nacionales de que se trate. 
En efecto, corresponde a las autoridades nacionales justificar la existencia de disposiciones más estrictas. 
¿Sería posible que la Comisión estableciera un mostrador de reclamaciones que se haga cargo de las numerosas quejas procedentes del público en relación con la que consideran una incorrecta e inaceptable forma de llevar a cabo las verificaciones? ¿Acaso no convendría realizar recomendaciones a los Estados miembros en este sentido? 
. Señor Rübig, la Comisión comprende perfectamente los inconvenientes que acarrea para los pasajeros el hecho de que en un Estado miembro de la Unión se les prohíba llevar ciertos objetos cuando en otro pueden introducir a bordo esos mismos objetos. 
Por esta razón, la Comisión adoptó una lista común de artículos prohibidos en el Reglamento n° 68/2004. 
Es cierto que la Comisión ha rehusado fijar normas más estrictas. 
No obstante, como ha destacado usted –y no dejaré de indicárselo a los Ministros de Transportes en el próximo Consejo–, sería necesario que en este ámbito hubiera, en la medida de lo posible, si no una armonización, al menos una serie de principios que tradujeran la intención de la Comisión: en efecto, un Estado miembro solo puede imponer una norma más estricta si existe un motivo justificado. 
En este sentido, tiene usted toda la razón, será necesario que los Ministros examinen atentamente, en el Consejo de Transportes, las disposiciones que no parezcan indispensables y que compliquen mucho la vida a los pasajeros europeos. 
Le agradezco que haya resaltado este problema, que es importante, de modo que en Europa los pasajeros aéreos puedan beneficiarse de toda la seguridad necesaria pero que estén protegidos también de molestias inútiles. 
Como sabe la Comisión por carta de 10 de febrero de 2005, un deslizamiento en la RN-134 en la Vallée d ' Aspe, Eje E-07 europeo, está impidiendo, desde el 9 de febrero de 2005, la circulación de vehículos de más de 3,5 toneladas entre España y Francia por el túnel de Somport, único paso para el transporte público de viajeros y mercancías en más de 200 km de Pirineo. 
Según las autoridades francesas, el tráfico no será restablecido antes de tres meses, con grave impedimento del principio de libre circulación de personas y mercancías y fuertes costes que dificultan la competencia en igualdad de condiciones. 
El impacto negativo en la ya frágil economía de las regiones a ambos lados de la frontera es en este momento incalculable (largos rodeos para camiones y autobuses, estaciones de esquí y centros de vacaciones vacíos, en particular en la vertiente francesa). 
¿Qué pasos está dando la Comisión para que las autoridades francesas, vistas las experiencias del pasado, aceleren al máximo los trabajos y se eviten así males mayores en las economías de estas comarcas y se garantice la libre circulación? 
¿No cree la Comisión que ante imponderables como éste, es urgente la puesta en marcha del Proyecto 16 de las TEN, en su tramo de la "Travesía central de los Pirineos" (paso por Vignemale)? 
. Señor Presidente, Señoría, la Comisión ha tenido conocimiento del cierre de la carretera de Somport muy recientemente. 
Ha pedido a las autoridades francesas que le faciliten información. 
A la luz de la respuesta francesa, la Comisión examinará si está justificado su cierre para todos los vehículos de más de 3,5 toneladas de peso. 
Después decidirá si es necesario abrir un procedimiento de infracción contra Francia. 
La nueva travesía de los Pirineos se encuentra aún en la fase de los primeros estudios de viabilidad, cuyo objeto es identificar las opciones de trazado de este corredor transfronterizo. 
Los Gobiernos español y francés no han tomado aún ninguna decisión sobre la fecha para la puesta en servicio de esta nueva travesía pirenaica. 
La Comisión, por su parte, vela por que las autoridades nacionales emprendan actuaciones concretas para estudiar y preparar este proyecto prioritario. 
Añadiré a título personal, Señoría, que presto una gran atención a estas travesías de los Pirineos, que son necesarias para una mejor movilidad no solo entre España y Francia, sino entre toda Europa y toda la Península Ibérica. 
Creo que, a raíz del incidente que usted ha señalado, debemos proseguir las discusiones y el diálogo para avanzar en la vía que usted desea que sigamos. 
Quería simplemente preguntarle al Comisario si podría concretar en qué condiciones la Comisión podría o debería iniciar el procedimiento de infracción contra Francia y si considera que las normas comunitarias son adecuadas y suficientes en esta materia. 
En cuanto al proyecto de redes transeuropeas que incluye la travesía ferroviaria central de los Pirineos, el paso por el Vignemale, ¿tiene el Comisario, precisamente por ese interés que manifiesta y que yo le agradezco especialmente, intención de encontrarse con las autoridades regionales fronterizas directamente afectadas, para conocer sus puntos de vista y para que le puedan explicar la sensibilidad especial que tienen hacia este proyecto? 
En los Pirineos existe también un paso muy importante, el de Biriatou, que supongo que usted conocerá bien y que es el que tiene mayor densidad de tráfico en la frontera franco-española. 
Cada vez que llegan unas vacaciones —y estamos muy próximos a las de Semana Santa— se originan grandísimos atascos, porque en 25 km en la parte francesa y 25 km en la parte española hay seis paradas obligadas para peaje de autopistas. 
Señor Comisario, ¿no cree que deberíamos tomar alguna medida al respecto, para evitar que los conductores se tengan que parar seis veces y que se originen colas kilométricas en este paso de Biriatou? 
. Señor Presidente, en primer lugar me gustaría responder a la señora Ayala Sender diciendo que es cierto que en la actualidad no existe ninguna normativa comunitaria en materia de restricciones a la circulación aplicables a los vehículos pesados que efectúan transportes internacionales. 
Una medida como la tomada por Francia debe examinarse a la luz del objetivo de libre circulación de las mercancías y de los principios generales del Derecho comunitario, en particular los criterios de no discriminación y de proporcionalidad. 
Si se demostrara que Francia no respeta esos principios del Derecho comunitario y erige un obstáculo a la libre circulación, evidentemente la Comisión podría contemplar la apertura de un procedimiento de infracción. 
De momento puedo asegurarle que trasladaré su preocupación a las autoridades francesas para pedirles que se den prisa, dada la importancia que tiene esta travesía para muchos vehículos pesados. 
Con respecto a la otra cuestión que ha planteado, puede estar segura también de que estamos muy atentos a lanzar todos los estudios necesarios para determinar cómo mejorar el cruce de los Pirineos. 
Esto me permite responder también al diputado que ha recordado los problemas existentes en el eje occidental, el eje atlántico, entre Burdeos y Dax, y evidentemente la travesía del País Vasco. 
Quisiera decirle que también nos preocupa mucho avanzar en la mejora de estos enlaces y que espero que podamos establecer el proyecto prioritario n° 3. 
Así, con el ramal oriental y el ramal occidental, conseguiremos algunas mejoras en el cruce de los Pirineos, lo que evidentemente no impide continuar la reflexión sobre una travesía central. 
Esto es lo que quería decir. 
En todo caso, estamos muy atentos y espero de verdad que, en el próximo Consejo, se avance en la nueva Directiva «Euroviñeta» , lo que me permitiría, Señorías, adelantar estos expedientes, que son esenciales. 
Tiene usted toda la razón: si no tenemos cuidado con esto, estará en peligro toda la movilidad de los europeos. 
Por esta razón sigo de cerca estos proyectos y estoy, por supuesto, a su disposición en todo momento para mantenerla al corriente de su marcha. 
La Comisión nos ha comunicado que, ante la imposibilidad de asistir del señor Mandelson y el señor Kallas, serán los señores Kovács y Piebalgs, a quienes doy las gracias por venir, quienes respondan a las siguientes preguntas. 
¿Qué medidas va a tomar la Comisión para reducir el flujo de productos falsificados procedentes de Rusia y China? 
. 
Gracias por la pregunta. 
Las falsificaciones y la piratería son problemas muy graves y adquieren unas dimensiones enormes y crecientes. 
El volumen total de artículos falsificados representa entre el 5 y el 10 % del comercio mundial y su valor asciende a cerca de 500 000 millones de euros al año. 
Las falsificaciones y la piratería destruyen puestos de trabajo y originan una pérdida considerable de ingresos. 
Pero dado que en el mercado aparecen cada vez más falsos alimentos, productos farmacéuticos, automóviles y piezas de recambio para la aviación, la falsificación representa una amenaza creciente para la salud y la seguridad del consumidor. 
Las aduanas desempeñan un papel primordial en la lucha contra las falsificaciones. 
Las aduanas de la UE, gracias a una nueva legislación moderna y a acciones operativas, han aumentado un 900 % las incautaciones de productos falsos en cuatro años. 
No obstante, uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra las falsificaciones es erradicarlas en origen. 
Teniendo en cuenta que el 70 % de los productos falsificados requisados en las fronteras de la UE son de origen chino, la Comisión ha centrado su atención en China en la lucha contra las falsificaciones. 
Un logro prometedor fue el acuerdo de cooperación en materia de aduanas recientemente firmado entre la Unión Europea y China, que contempla una acción conjunta contra las falsificaciones. 
La importancia de la cooperación la pone de relieve un solo dato estadístico: a diario llegan 5 000 contenedores procedentes de China a los principales puertos de la Unión Europea. 
Mi colega el Comisario Mandelson, que es responsable de la política comercial, ha visitado China recientemente y ha tenido la ocasión de discutir el asunto con funcionarios chinos de alto nivel, incluido el Viceprimer Ministro, que expresaron su firme voluntad de luchar contra las falsificaciones. 
La Comisión también mantiene diálogos regulares con China entre expertos. 
El diálogo entre la UE y China en materia de derechos de propiedad intelectual celebró su primera reunión el pasado mes de octubre en Beijing. 
La siguiente reunión del grupo de trabajo económico y comercial tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo. 
Abordará asimismo el tema de la propiedad intelectual dentro de un subgrupo dedicado por entero a dicho asunto. 
En calidad de Comisario responsable de los impuestos y las aduanas, confío mucho en la cooperación con las autoridades aduaneras chinas, así como en la moderna legislación aduanera china. 
Espero que un elevado porcentaje de los artículos falsificados sea detectado y requisado antes de ser exportado desde China. 
En cuanto a Rusia, son muy pocos los artículos falsificados incautados por las aduanas de la UE que provienen de Rusia. 
La legislación rusa en materia de propiedad intelectual se ajusta ahora en gran medida al acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. 
No obstante, la aplicación sigue siendo precaria. 
La Comisión se propone continuar sus esfuerzos en las cuestiones de propiedad intelectual con Rusia a través de un diálogo estructurado en esta materia, análogo al existente con China. 
– Señor Comisario, su respuesta ha sido muy alentadora. 
Las autoridades chinas parecen inclinadas a atajar la falsificación de productos. 
¿No valdría la pena que la UE ofreciera destinar a funcionarios de aduanas y agentes de investigación a China para ayudar a los chinos a abordar este problema? 
Sospecho que China dirá que «no» , porque sigo sin creerme que vayan en serio. 
No obstante, es un ofrecimiento que deberíamos hacer para comprobar si China está dispuesta a responder a nuestras iniciativas. 
– Señor Presidente, Comisario, tras haber identificado estos problemas en lo que respecta a la cooperación aduanera con China y dadas las importaciones masivas de productos falsificados, ¿por qué no adopta la Comisión y, por extensión, la Unión Europea, medidas destinadas a suspender la abolición de cuotas en los productos textiles? 
¿Y por qué no se invoca la cláusula de seguridad contemplada en el protocolo de adhesión a la OMC correspondiente a China? 
. En lo que se refiere al envío de expertos, la Comisión Europea y la Dirección Fiscal y Aduanera ya han adoptado las medidas oportunas, sin realizar excepción alguna para China. 
He de señalar que la Comisión ha aplicado medidas similares a los países que se encuentran en la etapa de adhesión, por ejemplo, mediante la prestación de asistencia técnica y el envío de expertos a Bulgaria y Rumania. 
En relación con la segunda pregunta complementaria, no tiene que ver tanto con la falsificación de productos como con el gran porcentaje que representan los artículos textiles en las importaciones chinas. 
En este sentido, yo mismo tengo intención de presentar una iniciativa ante la Comisión, en colaboración con mi colega el señor Mandelson. Esta cuestión se encuadra fundamentalmente en el ámbito de política comercial, no solo en el aduanero, y está originando graves problemas en una gran número de Estados miembros de la Unión, incluido el país que mejor conozco, Hungría. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Comisario en que es preciso que la Unión Europea mantenga una actitud activa en este terreno. Quisiera preguntar si puede confirmar a la Cámara si la Unión Europea realizará una nueva oferta a China, por ejemplo, proporcionándole agentes de aduanas y corriendo con los gastos correspondientes. 
Estos agentes podrían ayudar a las autoridades chinas, en su propio país, a evitar que se exporten a nuestro mercado aquellas mercancías que no respeten las normas del mercado mundial. 
El viernes tuve la oportunidad de visitar una empresa de mi distrito electoral, en donde se me informó que en China se están fabricando copias de máquinas grúa –equipo de alta tecnología, en otras palabras– imposibles de distinguir de las que se fabrican aquí. 
Considero que es preciso tomar medidas a este respecto en aras de la competitividad de nuestras empresas, una de las cuales podría ser una oferta de personal de este tipo. 
. Señoría, mi respuesta a su pregunta es una afirmación rotunda. 
Puede asegurarle a usted y al Parlamento que, en mi opinión, la Comisión Europea y la Dirección pertinente presentarán una propuesta de este tipo a China. Y estamos dispuestos a asumir los gastos, ya que el acuerdo de cooperación aduanera al que he hecho referencia –en virtud del cual se garantiza protección frente a la falsificación de productos– es acorde a la adopción de medidas orientadas a la prestación de asistencia técnica. 
¿Qué medidas prevé el Comisario competente en materia de Comercio para evaluar la eficacia del paquete positivo de concesiones comerciales anunciado con vistas a ayudar a los países en desarrollo, incluidos los países de Asia afectados por el desastre del tsunami? 
¿Cómo evalúa el Sistema de Preferencias Generalizadas en relación con los países en desarrollo que mantienen relaciones comerciales con la UE? 
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A raíz de los desastres del tsunami, la Comisión propuso acelerar la entrada en vigor del futuro Sistema de Preferencias Generalizadas para todos los países afectados por el tsunami, concretamente Sri Lanka en cuanto a productos textiles y Tailandia, Indonesia y la India. 
Todos estos países se han beneficiado de la nueva propuesta de SPG presentada en octubre de 2004. 
La Comisión continuará evaluando el SPG. 
Ya lo hizo en 2002, cuando presentó en detalle los datos del comercio y las principales tendencias del SPG. 
Sin embargo, para que tenga credibilidad, este plan de seguimiento tiene que abarcar varios años. 
La evaluación del Sistema de Preferencias Generalizadas para los países en desarrollo es positiva. 
Entre 2002 y 2003, las importaciones del SPG en la UE aumentaron de 47 200 millones a 52 000 millones, aun cuando durante este período los productos y materias como el café ya no estaban incluidos en un SPG, puesto que se les había concedido el acceso exento de aranceles en virtud de otros acuerdos internacionales. 
Por lo que respecta al SPG, la UE es de lejos el principal donante del mundo. 
El SPG de la UE es más amplio que ningún otro. 
El segundo más vasto es el sistema de los Estados Unidos, que en 2003 solamente ascendía a 17 000 millones de USD. 
De todas formas, el SPG no debe evaluarse de manera aislada. 
La UE también participa en otros varios acuerdos comerciales preferenciales que benefician a los países en desarrollo, como por ejemplo la iniciativa «Todo menos armas» y el Acuerdo de Cotonú. 
Merced a los diferentes sistemas, el 79 % de los flujos comerciales procedentes de países en desarrollo entran en la UE al amparo de un régimen arancelario preferencial. 
El 97 % de los flujos comerciales procedentes de países ACP y el 60 % de los flujos comerciales procedentes de los países menos desarrollados no pertenecientes a ACP entran en la UE sin pagar aranceles. 
– Muchas gracias, señor Comisario, por su detallada respuesta que, junto con la información facilitada por el Comisario Mandelson en el debate de antes, me deja totalmente satisfecho. 
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Dado que los Estados Unidos aplican la banda arancelaria para herramientas de mano que negociaron en la Ronda Uruguay, cumplen plenamente sus obligaciones actuales en la Organización Mundial del Comercio. 
Aunque quizá en estas negociaciones los Estados Unidos hayan logrado un buen acuerdo en el sector de las herramientas de mano, la UE indudablemente obtuvo un resultado favorable en otros sectores industriales, en los que los exportadores de la UE han salido mejor parados que sus homólogos estadounidenses. 
Si se mira toda la gama de aranceles industriales, su Señoría observará que tanto los Estados Unidos como la UE mantienen derechos de importación elevados en algunos sectores, aunque no necesariamente en los mismos. 
Me gustaría añadir que los negociadores de la Comisión en el Grupo de Negociación de la Agenda de Doha para el Desarrollo sobre Acceso al Mercado No Agrícola son muy conscientes del problema planteado por su Señoría. 
En la actual Ronda de la OMC, la UE ha demostrado su clara voluntad de seguir reduciendo los aranceles industriales, especialmente con respecto a un mercado de exportación de la UE como son los Estados Unidos. 
La Comisión confía en que lo logrará. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Piebalgs. 
Espero que tenga éxito en la nueva Ronda de Doha, para que se puedan equilibrar estas diferencias, porque los fabricantes de herramientas de mano para uso profesional son pequeñas empresas que dan trabajo a trabajadores y a familias que viven y dependen de que se consiga ese éxito en la próxima Ronda de Doha. 
Quisiera pedirle que también trasladara al Comisario, señor Mandelson, la pregunta relacionada con la situación de similares características que se produce en el intercambio comercial con Rusia, donde estos utillajes de fabricación europea se penalizan con unas tasas del 15 %. 
No creo que ni los Estados Unidos ni Rusia merezcan estar dentro del sistema de preferencias generalizado y con aranceles de ayuda. 
Espero que el señor Mandelson me responda por escrito a esta pregunta. 
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Transmitiré desde luego el mensaje al Comisario Mandelson. 
Sin embargo, quiero decir que tratándose de Rusia, la situación es distinta. 
Rusia todavía no es miembro de la OMC, por lo que solo podemos intentar resolver este asunto por medio de negociaciones bilaterales con Rusia. 
¿Es cierto que los Estados Unidos tienen la intención de aumentar los derechos de aduana aplicados a las exportaciones europeas de melocotones transformados y, de ser así, en qué porcentaje? 
¿Han informado los Estados Unidos a la OMC a este respecto? 
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Como bien ha apuntado su Señoría, los Estados Unidos han amenazado con suspender a partir el 1 de marzo de 2005 las concesiones arancelarias relativas a una serie de productos de la UE, incluidos los melocotones transformados, en represalia por la decisión de la UE de modificar su calendario en la OMC con respecto al arroz descascarillado y molido. 
Los Estados Unidos tendrían derecho a ello si la modificación de la UE no mantuviera un nivel general de ventajas y concesiones recíprocas y mutuamente aceptables, que no fueran menos favorables que las anteriores a la modificación relativa al artículo 28 del Acuerdo GATT de 1994. 
Sin embargo, gracias a las intensas negociaciones entre ambas partes, se ha alcanzado un acuerdo con el resultado de que los Estados Unidos no han aplicado su lista de represalias. 
Así pues, el asunto ha quedado zanjado. 
– Señor Presidente, agradezco al Comisario su respuesta. 
Soy consciente de ello pero, cuando presenté mi pregunta, existía la amenaza de que los Estados Unidos impusieran esas medidas contra este sector industrial concreto y, en consecuencia, contra los productores de melocotón de los Estados miembros. 
La política agrícola de la UE constituye un obstáculo para el comercio mundial. 
A causa de las subvenciones agrícolas de la UE, los países pobres del mundo quedan excluidos de la posibilidad de competir en el mercado mundial y en el mercado de la UE. 
¿Comparte la Comisión esta opinión sobre las repercusiones de la política agrícola de la UE? 
En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar al respecto? 
. 
Estoy de acuerdo en que la política agrícola de las Comunidades Europeas fue durante mucho tiempo un obstáculo para el comercio mundial, pero a partir de 1992 la reforma efectiva de la Política Agrícola Común ha cambiado notablemente la situación. 
Los paquetes de reforma agrícola más recientes, aprobados por los Ministros de Agricultura en 2003 y 2004, han eliminado en gran medida el carácter distorsionador del comercio de la Política Agrícola Común y han contribuido a un comercio agrícola más orientado al mercado. 
Las estadísticas comerciales de la UE muestran que las importaciones agrícolas de la UE procedentes de los países en desarrollo ascendieron a más de 37 000 millones de euros en 2003. 
Eso es más o menos igual al conjunto de importaciones de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 
La Unión Europea por sí sola absorbe el 85 % del total de exportaciones agrícolas de África y el 45 % del total de exportaciones agrícolas de América Latina. 
En las negociaciones de Doha, la UE se comprometió a reducir notablemente las subvenciones que distorsionan el comercio, eliminando las restituciones a la exportación y facilitando el acceso al mercado. 
En beneficio de los países más pobres o menos desarrollados, la Comunidad Europea, al igual que otros importantes productores agrícolas, deberá introducir reformas análogas. 
La UE se esfuerza por convencer a otros países de que ofrezcan un acceso al mercado exento de cuotas y de aranceles para los productos agrícolas de los países menos desarrollados. 
Comparto la opinión de que ha habido mejoras en la política agrícola. 
Pero no creo que baste con esas mejoras. 
También ha habido quejas de la zona más pobre del mundo respecto a las políticas agrícolas de la UE y de los Estados Unidos porque no permitimos el acceso a los mercados y estamos reventando los precios del mercado mundial. 
Quisiera ver nuevas mejoras porque creo que probablemente un comercio mundial justo es tan importante como la política de ayudas. 
¿Comparte usted mi opinión de que se necesitan más cambios para ayudar a las regiones más pobres del mundo? 
Si es así, ¿qué va a hacer para lograr que se produzcan esos cambios? 
. Señoría, comparto su punto de vista y sus preocupaciones. 
Más que eso, dado que entre los 25 Estados miembros de la Unión Europea existen ciertas diferencias que no encajan con el sistema de competencia abierta. 
Todos sabemos que los diez países que acaban de acceder a la Unión reciben considerablemente menos ayuda de la política agrícola común que los quince antiguos Estados miembros, y que eso frena el avance de los agricultores de los diez nuevos Estados miembros, y sus productos, ante la competencia. 
Por supuesto, sé que los países en desarrollo se enfrentan con problemas bastante más graves, sobre todo en los países más pobres. 
Pero al comprender la gravedad de los problemas de los diez nuevos países de la UE, puedo hacerme muy bien a la idea de los problemas de los países más pobres. 
Se necesitan nuevas medidas para que el mercado de la Unión Europea sea accesible para los países más pobres. 
Las preguntas nº 24 y nº 25 recibirán respuesta por escrito. 
Según sondeos de opinión, los ciudadanos consideran a las instituciones europeas como grandes centros burocráticos dotados de gran poder cuyo funcionamiento requiere una parte muy importante del dinero de los contribuyentes. 
La Comisión Prodi abordó este problema encargando al Comisario Kinnock la reforma administrativa de las instituciones europeas. 
¿Puede indicar la Comisión si se ha comenzado a aplicar la "reforma Kinnock"? 
¿Está actualmente en curso o, tal vez, ha finalizado ya? 
En caso de que haya finalizado, ¿qué repercusiones ha tenido? 
¿Cuántos obstáculos administrativos innecesarios contiene la legislación de la UE? 
¿Tiene previsto la Comisión elaborar un programa de medidas para luchar contra la burocracia? 
. 
La Unión Europea necesita una Administración Pública que funcione como es debido, capaz de hacer frente al creciente número de exigencias y expectativas. 
De hecho, la Comisión ha recorrido un largo proceso de cambio durante los últimos cinco años. 
Tras la toma de posesión, la Comisión Prodi se embarcó en un programa exhaustivo de reformas administrativas al aprobar el Libro Blanco el 1 de marzo de 2000 y la ejecución de un calendario y un plan de acción. 
La reforma administrativa es tanto una reforma de estructuras como de mentalidades. 
La Administración Pública de Europa tiene que estar bien organizada y proyectada hacia el exterior. 
En primer lugar, la Comisión ha procedido a mejorar sus propios métodos de trabajo, en concreto armonizando la coordinación entre sus servicios. 
La Comisión modificó igualmente su política de personal al aprobar el nuevo Estatuto de los funcionarios el 1 de mayo de 2004. 
Este incluye un nuevo sistema de progresión de carrera y la promoción basada en los méritos. 
En segundo lugar, la reforma tenía por objeto crear una cultura basada en el servicio. 
Esto supuso elaborar un código de buena conducta administrativa y desembocó en la reglamentación sobre el acceso a documentos. 
En tercer lugar, en el ámbito del control financiero, la Comisión ha refundido totalmente las normas y procedimientos que regulan la gestión de los fondos de la UE. 
Este proceso obtuvo el apoyo unánime del Consejo y el respaldo del Parlamento Europeo. 
La reforma está en marcha, pero aún no está finalizada. 
Se han creado nuevas estructuras, pero su funcionamiento puede requerir un ulterior ajuste fino. 
En el proceso de puesta en práctica, la Comisión va a atender sobre todo a la simplificación de los procedimientos a fin de eliminar los obstáculos innecesarios y luchar contra la burocracia. 
Estoy de acuerdo con su Señoría en que la credibilidad del proyecto europeo depende en gran medida de la capacidad de sus instituciones para adaptar sus estructuras y reglamentos a las necesidades del público en general. 
Por consiguiente, la reforma es un proceso continuo que merece desde luego la atención del Parlamento Europeo. 
(Gracias, Comisario. 
Gracias por su respuesta. 
Lamento decir que no ha quedado del todo claro si la reforma Kinnock consiguió al menos parcialmente sus propósitos. 
Mi impresión es que en realidad sabemos muy poco al respecto. 
Probablemente en las instituciones europeas todavía quedan un gran número de procedimientos que deberían simplificarse substancialmente. 
Lo cierto es que no podemos esperar que los Estados miembros obtengan una financiación eficaz, cumplan sus obligaciones y satisfagan sus derechos si no se simplifican los procedimientos. 
Estoy de acuerdo con el orador anterior sobre la importancia de que la UE sea más eficiente. 
Pero, de cara a modernizar las instituciones de la UE y aplicar las prácticas administrativas sólidas que explicaba el Comisario Kallas, también debemos exigir más de los ingresos fiscales que invertimos. 
Esa mayor eficacia sería posible si, verdaderamente, todas las decisiones de la UE también se convirtieran en realidad. 
Veo que una gran proporción de las decisiones que tomamos en esta Cámara no se convierten en realidad. 
Por ejemplo, me refiero a las importantes medidas para combatir los daños medioambientales, o a la legislación para una mayor igualdad y justicia en Europa. 
Mi pregunta se refiere a cómo tiene intención de trabajar la Comisión para que las decisiones tomadas por las instituciones de la UE se pongan en práctica y se conviertan en realidad, y mejoren realmente la vida cotidiana de sus ciudadanos. 
,. 
Comparto su objetivo de que la Comisión y todas las instituciones y servicios de la UE sean eficaces. 
Esa es la razón por la que se llevaron a cabo las reformas Kinnock, que han dado resultados positivos. 
Las instituciones de la UE están funcionando con más eficacia que nunca. 
Los funcionarios que trabajan en las instituciones europeas están dedicados a sus tareas. 
Por consiguiente, no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que la reforma no ha dado ningún resultado. 
Con respecto a la simplificación de los procedimientos, hemos de tener presente que las instituciones de la UE se financian con dinero público, y eso significa que se han de seguir unos procedimientos claros. 
Visto desde este ángulo, jamás podremos aplicar los mismos tipos de procedimientos que los que tienen las empresas privadas. 
Las instituciones de la UE continuarán reformándose ya que, si bien las reformas Kinnock han dado sin lugar a dudas buenos resultados, nunca se puede reformar lo suficiente. 
El papel del Tribunal de Cuentas como "conciencia financiera" de Europa, ¿no debería implicar para la OLAF una voluntad de investigación y un rigor ejemplares cuando sea informada de casos de mala gestión, fraude o cualquier otra ilegalidad en el seno de esta institución? 
¿Comparte la Comisión la opinión de que el carácter especial del Tribunal de Cuentas, censor de las faltas de los demás, podría incitar a los funcionarios, no sólo del Tribunal, sino de otras instituciones, a disimular los casos de mala gestión, fraude o cualquier otra ilegalidad que se les comuniquen, con el fin de mantener la imagen de irreprochabilidad del Tribunal de Cuentas? 
Es un hecho establecido que un antiguo miembro del Tribunal de Cuentas incluido por la OLAF en la investigación desarrollada en el Tribunal de Cuentas entabló una acción judicial ante los tribunales griegos contra un antiguo funcionario de esta institución que había prestado testimonio en este asunto. 
Las instituciones han adoptado medidas para proteger a todos los funcionarios contra tratos injustos o discriminatorios a raíz de la revelación de actos ilegales y de hechos graves cometidos en su seno. 
¿No considera la Comisión que, de manera más general, sería su deber velar también por la protección de los antiguos funcionarios que se encuentren en estas circunstancias? 
¿Cuáles son las medidas que piensa tomar la Comisión en este ámbito? 
,. 
Su Señoría tiene razón al suponer que el Tribunal de Cuentas, que es la conciencia financiera de Europa, tiene que alcanzar los máximos niveles de transparencia y responsabilidad. 
En ese sentido, el Tribunal también está sujeto a la fiscalización de la OLAF, que realiza investigaciones sistemáticas cuando es informada de serios indicios de irregularidad, fraude u otras actividades ilegales dentro de las instituciones de la Unión Europea. 
La Comisión puede confirmar que las disposiciones del Estatuto de los funcionarios, a las que se refiere su Señoría, se aplican al personal de todas las instituciones, incluido el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión tiene conocimiento efectivamente de que la ex miembro del Tribunal de Cuentas que estuvo implicada en una investigación realizada por la OLAF, entabló acciones judiciales en Grecia contra un antiguo funcionario del Tribunal de Cuentas que testificó en contra de ella durante la investigación de la OLAF. 
De hecho, el funcionario informó personalmente a la OLAF acerca de su acción judicial, que actualmente se encuentra en fase de instrucción. 
La Comisión quiere señalar que constituye una obligación de las instituciones proteger a los funcionarios o antiguos funcionarios que son víctimas de un trato discriminatorio. 
Las disposiciones del vigente Estatuto de los funcionarios relativas a estos informadores también son aplicables al Tribunal de Cuentas. 
Respetando plenamente las normas de procedimiento aplicados en Grecia, la OLAF ha dado los pasos necesarios para facilitar al antiguo funcionario cuanta información ha solicitado y que la OLAF es capaz de suministrar a fin de asistirle en su defensa. 
El Comisario de lucha contra el fraude me ha señalado que con mucho gusto está dispuesto a debatir este asunto más en detalle con su Señoría cuando lo considere conveniente. 
,. 
Puedo confirmar la invitación del Vicepresidente Kallas a una reunión con el señor Van Buitenen a fin de discutir más en detalle esta cuestión y las acciones a emprender. 
¿En qué medida depende la UE ampliada del suministro de gas y petróleo de Rusia? ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para reducir esta dependencia unilateral? 
,. 
Las necesidades energéticas de la UE dependen en un 50 % de las importaciones, y lo hacen cada vez más de fuentes de energía exteriores. 
En el año 2030, esta dependencia podría pasar a ser de casi un 70 %, procediendo el 90 % del petróleo y el 80 % del gas consumido de fuera de la UE. 
Las importaciones de gas de Rusia ascienden en la actualidad al 26 % del consumo total de gas en la UE, y la cifra correspondiente al petróleo es del 25 %. 
En este sentido, es importante saber que Rusia siempre ha sido un proveedor de energía completamente fiable para la UE. 
El diálogo energético entre la UE y Rusia ha creado una buena relación en este campo, y la Comisión cree que Rusia será el proveedor de energía más importante y fiable para la UE en el futuro previsible. 
Sin embargo, a pesar de ello, la Comunidad tiene que garantizar la diversidad del suministro y aprovechar al máximo sus recursos energéticos propios y autóctonos. 
Una política de este tipo tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad del suministro, el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Por estas razones, las prioridades en materia energética de la nueva Comisión serán las siguientes: en primer lugar, la eficiencia energética. 
Una simple comparación de la forma en que los distintos Estados miembros de la UE han abordado la eficiencia energética mostrará las posibilidades de ahorro energético, que contribuirán considerablemente a la consecución de los objetivos de Kyoto de la UE. 
También mejorará nuestra competitividad. 
Esta primavera presentaré un Libro Verde sobre la eficiencia energética, donde se esbozan las medidas concretas a tomar a escala comunitaria, nacional, regional y local que permitirán alcanzar dicho ahorro. 
En segundo lugar, el apoyo a las energías renovables: hacia finales de este año, la Comisión publicará una comunicación sobre energías renovables, donde en particular se evaluarán la eficiencia y la efectividad de los mecanismos de apoyo existentes en los Estados miembros. 
Realizaré un seguimiento detallado de la situación, de forma que para 2010 se haya dado un paso claro hacia la consecución del objetivo siguiente: que el 12 % del consumo energético global de la Unión proceda de fuentes de energía renovables. 
En tercer lugar, el apoyo al carbón limpio: aproximadamente un tercio de la electricidad de la UE se genera a base de carbón. 
Si queremos mantener esta situación, habrá que realizar mayores esfuerzos para incrementar la eficiencia de la generación con carbón y para desarrollar efectivamente sistemas de captura y almacenamiento de CO2. 
Europa debería desempeñar un papel de liderazgo en la investigación en este terreno, y la Comisión examinará la posibilidad de un proyecto conjunto europeo. 
Para terminar, quisiera mencionar el establecimiento y la mejora de diálogos energéticos con una amplia gama de productores de energía, consumidores y países de tránsito. 
Recientemente, en la reunión ministerial regular se acordó intensificar el diálogo entre la UE y la OPEC. 
Se buscará el diálogo con los países ribereños del Mar Caspio, y se continuará celebrando la reunión anual de alto nivel con Noruega. 
Además de todo esto, y para asegurar que dichas políticas respondan plenamente a este desafío, está claro que debería celebrarse un amplio debate público sobre el incremento de la dependencia energética de la UE con respecto al exterior. 
Por esta razón, la Comisión pretende aprobar a finales de este año un nuevo Libro Verde sobre la seguridad del suministro energético de la UE, con el objetivo de promover un gran debate público. 
La aportación del Parlamento Europeo durante la preparación y el seguimiento de este Libro Verde será crucial. 
El Comisario ha hecho referencia a la credibilidad de Rusia. 
Hoy, el Presidente Maskhadov de Chechenia, que había sido elegido democráticamente, ha sido asesinado a tiros, y el Señor Putin ya ha otorgado la máxima condecoración rusa a los asesinos. 
Quisiera saber si considera que la dependencia respecto a un régimen así es deseable a largo plazo. 
Más concretamente, quisiera preguntar si es cierto que, durante la revolución de Ucrania, las redes de tuberías ucranianas fueron compradas por un consorcio ruso, y si este paso es irreversible. 
,. 
Respecto al suministro energético de Rusia, he de decir que procedo de un país que no mantiene las mejores relaciones con Rusia. 
Sin embargo, al evaluar todos los recursos energéticos suministrados por Rusia, descubrí un flujo continuo de recursos energéticos. 
Así que, desde el punto de vista de los flujos de energía, Rusia ha sido un socio muy fiable. 
No obstante, tendríamos que diversificar nuestras fuentes. 
Por lo que respecta a la compra por parte de Rusia de sectores energéticos en otros países, se trata de algo totalmente lícito si las leyes lo permiten. 
En el mercado del gas natural, por ejemplo en Letonia, una parte del gas pertenece a la empresa Gazprom. 
Pero esto es un proyecto comercial y yo no tengo inconvenientes. 
Estoy muy agradecido al Comisario por sus explicaciones. 
Ayer adoptamos el informe Seppänen, donde se hacía referencia a la corriente de liberalización en destino, mientras que en origen todavía quedan los tres grandes – Argelia, Rusia y Noruega – de quienes obtenemos nuestro gas y una gran cantidad de energía. 
Estoy de acuerdo con mi colega el señor Posselt en este sentido, de modo que mi pregunta es, Comisario, qué esfuerzos está haciendo para influir también en Rusia, en concreto para que no tengamos un único proveedor en Rusia que es, , responsable de la concesión. 
¿Qué está haciendo en origen, en ese país, para conseguir la diversificación y así garantizar el suministro y ayudar a rebajar aún más los precios del gas para los clientes de aquí? 
,. Estamos intentando mantener un diálogo energético entre la UE y Rusia, y por otra parte ya mantenemos un diálogo general entre ambas partes. 
Sin duda el diálogo podría dar mejores resultados, pero creo que Rusia debería adoptar una legislación que permita una competencia real en el mercado y ofrezca posibilidades de inversión. 
Rusia debe tomar sus propias decisiones; nuestro papel es el de alentar a Rusia, y es lo que la UE está haciendo. 
Por lo tanto, espero que el sector energético ruso se desarrolle saludablemente. 
En el futuro inmediato, Rusia seguirá siendo nuestro socio en la compra de recursos energéticos. 
Pese a la evolución de la situación política, y concretamente a la adhesión de los países bálticos a la Unión Europea, las redes de energía de estos países siguen conectadas a la red rusa. 
El proyecto transeuropeo para interconectar las redes de electricidad lituanas y polacas permitiría poner fin a esta inaceptable situación. 
Sin embargo, faltan las iniciativas para realizar el proyecto. 
¿Significa el hecho de que el proyecto figure en la lista de proyectos prioritarios de la Unión Europea que la Comisión desea llevar a cabo las distintas fases según un calendario concreto? 
Si es así, ¿se podría someter el asunto a la opinión de los países interesados: Polonia y los países bálticos? 
¿Puede la Comisión tomar medidas contra los responsables de que el proyecto se encuentre en el estado de inercia actual? 
¿Considera la Comisión importante en general la interconexión de las redes de energía del antiguo Bloque del Este con las de Europa occidental? 
,. Su Señoría tiene razón. 
La falta de interconexión entre los Estados bálticos y el resto de la Unión Europea es motivo de preocupación. Es un requisito importante para el funcionamiento apropiado del mercado interior de la electricidad y para la seguridad del suministro en la región. 
Así pues, una tarea urgente consiste en integrar la red eléctrica en el resto de Europa. 
La Comisión apoya nuevas inversiones a través de su programa de la red transeuropea de energía. 
En el Báltico, el proyecto que se está llevando adelante es el proyecto Estlink. 
Este cable submarino conectará los Estados bálticos con la red eléctrica escandinava, y se espera que esté listo en 2006. 
Ayudará a diversificar el suministro de energía en la región, e incrementará la seguridad del mismo. 
El otro proyecto clave de interconexión eléctrica en la región es la conexión de Polonia con Lituania. 
Con el fin de facilitar el progreso, la Comisión sufragará la mitad del coste del estudio sobre la conexión. 
Se están examinando varias opciones para el puente energético entre Polonia y Lituania. 
Se trata de una cuestión bastante compleja y exige una buena cooperación entre todas las partes implicadas. 
Actualmente se están discutiendo en el Parlamento Europeo las orientaciones energéticas sobre la red transeuropea, aunque principalmente en relación con la cofinanciación de los estudios de viabilidad. 
La construcción efectiva de la interconexión depende de los países y de las empresas involucradas. 
La conexión de Polonia con Lituania se califica de proyecto de interés europeo, y la Comisión facilita los progresos en esta cuestión. 
Por ejemplo, el 18 de marzo se celebrará una reunión entre los representantes polacos y lituanos en Bruselas para discutir el actual plan de desarrollo de las transmisiones entre Polonia y Lituania, incluido el puente energético entre ambos países. 
He mantenido contactos personales con los representantes de los dos países y confío en que se creará el puente energético entre Polonia y Lituania. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su amplia respuesta, al estilo empresarial. 
Quisiera preguntarle si comparte la opinión expresada recientemente por el Primer Ministro de Lituania, Algirdas Brazauskas, de que Polonia todavía se muestra reacia a la creación de ese puente energético entre Lituania y Polonia. 
También me gustaría saber qué piensa sobre el hecho de que en Lituania aumenta el número de quienes opinan que se ha llegado a una situación en la que la dependencia de Lituania sigue siendo desfavorable en términos de energía, y cada vez se habla más de que quizás sería posible prorrogar el funcionamiento del segundo bloque de la central nuclear de Ignalina. 
Teniendo en cuenta la información científica más reciente sobre la seguridad de los reactores RBMK y las perspectivas técnicas de que el segundo bloque funcione aproximadamente unos 12 años más, ¿qué opina la Comisión sobre esa ampliación? 
Muchas gracias. 
Para empezar con Ignalina, el segundo reactor de esta central tendría que cerrarse a finales de 2009. No es una decisión de la Comisión, sino que forma parte del Tratado de Adhesión. 
Por lo tanto, la situación es bastante clara. 
Hace poco me reuní con el Ministro lituano de Asuntos Exteriores, quien me confirmó que no existen preocupaciones por lo que respecta al impacto que tendrá el cierre de Ignalina en la producción de energía en Lituania. 
Aunque este cierre sin duda alterará el equilibrio en la zona del Báltico, no creará ningún tipo de dificultades en particular para Lituania u otros países bálticos. 
Por lo tanto, no veo relación alguna entre el cierre de Ignalina y la seguridad del suministro en la región báltica. 
Me resulta difícil hacer comentarios sobre la posición de Polonia, pero mis contactos con el Gobierno y las autoridades polacas han demostrado que están abiertos a desarrollar este proyecto. 
No tengo ninguna duda de que ello redundará no solo en beneficio de Lituania, sino también de Polonia. 
Quiero realizar solamente una pregunta más. 
En primer lugar, ¿se ha planteado el Comisario que esos proyectos de interconexión eléctrica se podrían ampliar también hacia Occidente? 
En segundo lugar, ¿cree que deberíamos conservar las viejas centrales nucleares que no cumplen la normativa moderna – en Polonia y Lituania, por ejemplo – mientras cerramos otras, como en Alemania, que cumplen la mayor parte de esa normativa? 
¿La Comisión no considera que eso es un problema? 
,. Que yo sepa, no existen en Polonia centrales nucleares que vayan a cerrarse. 
La situación en Lituania también es clara: el Tratado de Adhesión exige el cierre de los reactores de Ignalina. No porque sean viejos, sino porque durante las negociaciones de adhesión quedó claro que no era posible mejorar dichos generadores con el fin de satisfacer nuestras normas de seguridad. 
Lituania ha mantenido su promesa y ha cerrado el primer reactor en la fecha prevista. 
No me cabe duda de que el segundo también se cerrará, tal y como se prometió en el Tratado de Adhesión. 
No hay ninguna duda al respecto. 
Los Estados bálticos han formado parte de la conexión eléctrica de la CEI. Por eso es sumamente importante facilitar otras conexiones en aras a la seguridad del suministro. 
Ya he hablado de Estlink. 
Esta conexión une los Estados bálticos con los sistemas de energía de la UE. 
Tendremos con otra interconexión entre Lituania y Polonia. 
¿Es suficiente? 
La verdad es que no, ya que necesitaremos mayor capacidad de interconexión para el desarrollo de nuestro mercado interior de la electricidad. 
Pero al menos facilitará la interconexión entre la red energética del Báltico y la red energética centroeuropea. 
La legislación sobre energía en los Estados miembros de la UE es dispar en la práctica. 
Este hecho complica la implantación de un mercado europeo único de la energía y por ende la libre circulación de servicios en ese terreno, tanto a escala europea como internacional. 
¿Qué piensa hacer la Comisión en un futuro inmediato para corregir esta situación? 
,. Se han hecho grandes progresos en el desarrollo de un mercado único europeo competitivo de la energía, caracterizado por la igualdad de condiciones. 
Sin embargo, tal y como esta cuestión pone de relieve, queda mucho por hacer. 
En primer lugar, todos los Estados miembros deben aplicar de inmediato las segundas Directivas sobre la electricidad y el gas, que establecen enfoques básicos comunes para su liberalización. 
Estas directivas tendrían que haberse transpuesto para julio de 2004, pero la transposición todavía está pendiente en algunos países. 
Propondré que la Comisión mande un dictamen motivado a estos países la semana que viene y que intente abordar estos casos de incumplimiento rápidamente, con el objetivo de iniciar la fase final del procedimiento: la remisión al Tribunal de Justicia en verano si no ocurre nada. 
Además, he ordenado a mis servicios que examinen las leyes de aplicación que se han adoptado, para garantizar la plena conformidad con las exigencias de las directivas. 
En segundo lugar, es necesario asegurar la igualdad de condiciones con respecto a las normas detalladas que regulan aspectos tales como las estructuras tarifarias y las normas de acceso de terceros. 
Se ha intentado alcanzar este objetivo mediante la búsqueda del consenso en los Foros de Florencia y Madrid, que dieron pie al Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad, que entró en vigor el año pasado, además del Reglamento análogo para el gas, cuya pronta aprobación estamos esperando. 
Estas nuevas leyes contribuirán enormemente a la rápida convergencia de las normas comerciales detalladas sobre la electricidad en cada país. 
En este sentido, el papel de los órganos reguladores nacionales de la energía es fundamental. 
La existencia de un órgano de control de este tipo era un requisito clave de las Directivas, y su acción conjunta será vital para garantizar que, desde el punto de vista del consumidor, exista una única red europea de electricidad y gas, y no 25. 
Por eso la Comisión estableció un grupo de reguladores europeos que está empezando a dar importantes resultados en este sentido. 
En tercer lugar, debemos examinar si las actuales disposiciones legislativas sirven para alcanzar nuestro objetivo de un mercado a escala europea verdaderamente competitivo con un alto nivel de protección del consumidor y del medio ambiente y de seguridad del suministro. 
En este sentido, la Comisión elaborará un informe detallado para el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de este año sobre el mercado interior y factores de competencia. 
Ello debería incluir en particular un examen pormenorizado de la suficiencia de las medidas ya existentes. 
El informe tendría que constituir la base para un minucioso y amplio debate que permita sacar conclusiones en 2006. 
Finalmente, conviene destacar que la entrada en vigor de la nueva Constitución, con un capítulo específico dedicado a la energía, sería útil para el desarrollo de una política energética coherente en la Comunidad, reforzando el fundamento jurídico vigente para la acción. 
Muchas gracias, Comisario, por su respuesta, que es sumamente significativa, y por el amplio conocimiento del sector energético polaco que ha demostrado tener en sus respuestas a las preguntas del Señor Paleckis y del Señor Posselt, quien seguramente conoce mejor los codillos de cerdo bávaros que las centrales nucleares polacas. 
También quiero darle las gracias por sus comentarios respecto a que la Comisión Europea insistirá en que los Estados miembros deben cumplir sus compromisos en el sector de la energía. 
Espero que la Comisión Europea se guíe en sus acciones principalmente por los intereses de los consumidores europeos, ya sean polacos, lituanos, estonios o británicos, y me gustaría decir, en nombre de los consumidores polacos, que doy por sentado que así será. 
Gracias por sus respuestas bien informadas, señor Comisario. 
,. No tengo nada que decir. 
Las preguntas nº 31 a nº 55 recibirán respuesta por escrito. 
Se cierra el turno de preguntas a la Comisión. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A6-0045/2005) , del Sr. Sánchez Presedo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas [COM (2004) 0699 – COM (2005) 0043 – C6 0001/2005 – 2004/0242 (CNS) ]. 
Señor Presidente, Señorías, me resulta muy difícil tomar una decisión respecto al conjunto del sistema de preferencias arancelarias como tal. 
Obviamente, el hecho de que eliminemos algunos de los obstáculos con que se enfrentan los países pobres para acceder al mercado es bueno. 
El comercio contribuye a la libertad, al desarrollo y, sobre todo, a la prosperidad que los países pobres tanto necesitan. 
Pero lo que resulta deprimente es que no hay ninguna necesidad en absoluto de crear un sistema especial de preferencias para los países pobres, y que las consecuencias de la política comercial general de Europa son tales que, para dormir bien por la noche, tenemos que hacer siempre excepciones a la misma en honor de los pobres. 
Además, la experiencia demuestra que, como política, el sistema de preferencias hasta el momento, en muchísimos aspectos, ha sido solo simbólico. 
Pocos países pobres han utilizado el sistema, sobre todo porque ha sido demasiado complicado. 
Por supuesto, nuestro objetivo debe ser liberalizar la política comercial hasta abandonar en su totalidad el sistema de preferencias. 
La Unión Europea, que, a pesar de todo, se basa en una amplia valoración de los efectos beneficiosos del libre comercio, debería atreverse a llegar al final. 
Si no lo hacemos, ¿cómo podrá el comercio, y el mundo, ser más libre? 
No obstante, durante el debate sobre este tema he dudado de si algunos diputados recordaban que la cooperación europea se basa en el libre comercio. 
También en esta Cámara ha habido más de un intento de proteger la producción europea de azúcar y la industria textil que ahora está funcionando ya con unas elevadas barreras arancelarias – y todo ello a expensas de los productores de los países pobres. 
Por supuesto yo, por mi parte, he votado en contra de esos intentos, pero todavía se murmura que aún nos queda un largo camino por delante. 
Yo, personalmente, quisiera ver cómo el nuevo sistema de preferencias arancelarias va más allá, con la abolición de los derechos aduaneros, que ya son muy bajos, una mejora de las oportunidades de progreso de las regiones, y una mayor simplificación del sistema. 
Para terminar, quiero reiterar mi esperanza de que, en un futuro no demasiado lejano, llegaremos a un punto en el que la política comercial europea será tan libre, abierta y sin ataduras que no necesitaremos un sistema de preferencias, porque la política comercial europea debe estar impregnada de la misma idea básica de donde procede la UE, es decir, el libre comercio. 
De lo contrario, no tendremos nunca la Europa que, en realidad, se supone que debemos tener. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente, el señor Sánchez Presedo, por su excelente trabajo, que tiene por objeto dar una mayor transparencia, claridad y sobre todo eficiencia al sistema de preferencias generalizadas. 
Quiero resaltar asimismo los notables avances que presenta este nuevo reglamento, no solo en términos de simplificación, con la reducción del número de regímenes y la concentración de los beneficios del SPG en los países que más lo necesitan, o en términos de incitación al respeto de prácticas conformes con el desarrollo sostenible y la gobernanza, sino también en términos de adopción rápida del nuevo reglamento para aportar lo antes posible un apoyo comercial adicional a los países afectados por el tsunami. 
Con respecto a este último punto, sigo preocupado por la capacidad de los países beneficiarios y en especial de los afectados por el maremoto, para llevar a cabo rápidamente los trámites administrativos necesarios para beneficiarse del nuevo sistema. 
¿Tendrá la Comisión suficiente tiempo para evaluar correctamente las solicitudes de los países afectados? 
La propuesta del ponente, que prevé un período de transición hasta enero de 2006, me parece la más razonable, sobre todo teniendo en cuenta que estos procedimientos largos y complejos siempre han limitado la utilización del sistema por los países pobres. 
Por otra parte, por lo que se refiere a las normas de origen, aunque celebro que el texto prevea una mayor flexibilidad, la prioridad de la Unión Europea debe ser la armonización de dichas normas a escala internacional, en particular en la OMC. 
En efecto, los países en desarrollo tienen que adecuarse a las normas de origen específicas de cada país que les concede un sistema de preferencia, lo que complica y encarece mucho los trámites, hasta el punto de que en ocasiones el sistema pierde cualquier interés comercial. 
Quisiera insistir asimismo en el hecho de que el Parlamento pide a la Comisión que siga muy de cerca la aplicación del nuevo sistema, para determinar si se alcanzan los objetivos fijados, y ello país por país. 
La Comisión tiene el deber de evaluar periódicamente el sistema, de controlar su aplicación y de mantener informado al Parlamento, cosa que no se ha hecho en el pasado. 
Terminaré recordando que el SPG no es uno de los instrumentos destinados a favorecer el desarrollo de los países más pobres y su plena integración en el comercio internacional. 
Si queremos ayudar realmente a los países pobres a sacar provecho de la globalización, tenemos que repensar en su conjunto las normas del comercio mundial de forma que resulten más equitativas, asociando el comercio al desarrollo sostenible. 
En mi intervención sobre el programa de preferencias arancelarias generalizadas, me gustaría abordar el tema de las normas de origen y la acumulación interregional en relación con el sector textil. 
Es necesario aplicar el principio de origen que ha estado vigente hasta ahora e impedir la acumulación interregional. 
La acumulación interregional simplificaría la aplicación de las normas de origen, pero serían los países más competitivos, como China, los que obtendrían un beneficio real, y no los países desarrollados. 
La abolición de las normas de origen abriría el mercado de la UE a otros 30 países en desarrollo, incluyendo la competitiva India, mientras que los países afectados por el tsunami, por ejemplo Sri Lanka, no tendrían posibilidades reales de competir. 
Aquellos Estados miembros de la UE que han transferido su producción textil a Estados asiáticos se beneficiarían, mientras que la industria textil del sur de la UE y de los nuevos Estados miembros lo pasaría mal, el desempleo aumentaría con la caída del sector textil y nada de eso sería de gran utilidad para aplicar los objetivos de Lisboa. 
Cuando hablamos de acumulación mundial, el concepto de mercado común de la UE se convierte, en conjunto, en algo incomprensible. 
Quiero resaltar que la Comisión de Comercio Internacional ha rechazado la propuesta sobre acumulación interregional y acumulación mundial. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, queridos colegas, quiero empezar felicitando a nuestro ponente por su trabajo, máxime cuando se trata de su primer informe en este Parlamento en una materia sensible y compleja, con respecto a la que el Parlamento ha tenido que actuar con precipitación. 
Quiero resaltar que nuestra Institución no ha dispuesto del tiempo necesario para reflexionar y debatir en profundidad sobre esta compleja materia. 
Aun así, el informe de la Comisión de Comercio Internacional mejora la propuesta de la Comisión, la democratiza, al dar mayor relevancia al papel del Parlamento, y equilibra muchos aspectos de la misma. 
Tal vez, tras la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias generalizadas (SPG) , se precise una pronta evaluación para conocer el alcance de las modificaciones introducidas, y el papel del control del Parlamento va a ser de gran relevancia en asuntos complejos, como es la aplicación práctica de las reglas de origen. 
Quiero destacar muy positivamente la referencia del informe a algunos problemas prácticos que pueden presentarse a terceros países en el cumplimiento inmediato de ciertos convenios internacionales anexos, como es el caso de El Salvador. 
Asimismo, me congratulo por la incorporación de nuestras enmiendas, que llaman la atención sobre la sensibilidad de los productos pesqueros, en general, y del atún, en particular, sometidos a grandes exigencias normativas en la Unión Europea y cuyas importaciones conviene controlar adecuadamente, para no crear más problemas a una industria muy sensible localizada además en regiones europeas del Objetivo nº 1, muy dependientes económica y socialmente de esta actividad. 
Me alegro de que hayamos conseguido que la Comisión las acepte, como reconoció esta mañana el propio Comisario Mandelson. 
– Señor Presidente, Señorías, también yo deseo felicitar al ponente por su excelente trabajo, que, como decía nuestro colega el señor Arif, preconiza una simplificación y una mayor eficacia del sistema de preferencias generalizadas. 
Sobre todo quiero agradecer al señor Sánchez Presedo que haya tomado en consideración, en su trabajo, la repercusión de la iniciativa «Todo menos armas» en el sector del azúcar, en particular, habida cuenta de la próxima reforma de la organización común de mercado. 
En efecto, el ejemplo reciente de los Balcanes ha demostrado que un acceso limitado al mercado europeo presenta a veces el inconveniente de contribuir al desarrollo de un comercio triangular ilegal, lo que en el caso de los cincuenta países menos avanzados generaría probablemente un aflujo masivo de azúcar al mercado europeo. 
Por consiguiente, dado que la reforma de la OCM del azúcar prevé que los países europeos registren en adelante fluctuaciones y estén sujetos a las incertidumbres del mercado, un aumento importante de la oferta de azúcar provocaría un descenso brutal de los precios en la Unión, lo que al mismo tiempo reduciría a la nada el interés económico de la iniciativa «Todo menos armas» para los países menos avanzados. 
Por ello, en respuesta a los deseos reiterados de los países menos avanzados y conforme a las recomendaciones de la Comisión de Agricultura, el presente informe sobre el sistema de preferencias generalizadas ofrece la posibilidad de adaptar la iniciativa «Todo menos armas» , autorizando, si es necesario, la prolongación del período transitorio precedente a la apertura total del mercado. 
De este notable avance debido a la clarividencia del ponente depende la supervivencia económica de los países menos avanzados. 
Les dará tiempo, de acuerdo con la reforma de la OCM del azúcar, a modernizar sus estructuras de producción y adaptarse a la nueva situación europea. 
Es imperativo, pues, que el Parlamento Europeo apruebe este texto para tener en cuenta el carácter específico de determinados sectores y para que el sistema de preferencias generalizadas responda verdaderamente a su objetivo primordial, que es el desarrollo de los países que más lo necesitan. 
– Señor Presidente, una integración armoniosa de los países en desarrollo en un sistema de comercio multilateral es, con razón, el objetivo declarado del programa de desarrollo de Doha. 
Nadie puede discutir el papel del comercio internacional como factor necesario para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, sobre todo cuando el desarrollo está vinculado a otros componentes importantes, como la protección medioambiental, la responsabilidad social y una gobernanza adecuada. 
El sistema de preferencias arancelarias generalizadas es un instrumento muy útil para ayudar a los países en desarrollo. 
Es un instrumento muy generoso; pero su largo período de aplicación a través de renovaciones nos lleva a la conclusión natural de que necesita centrarse en países que realmente lo necesiten y en productos que sean fundamentalmente competitivos. 
En lo que se refiere a productos delicados para la Unión Europea, como el azúcar, la abolición de los derechos y las cuotas de acuerdo con el calendario propuesto por la Comisión comporta dos riesgos. 
El primer riesgo es el de las importaciones masivas de azúcar hacia el mercado europeo a partir de 2009. Este hecho perjudicaría a los productores de remolacha azucarera y las industrias azucareras poco competitivas de Europa. 
El segundo riesgo es inherente al hecho de que no se espera que la liberalización de las importaciones en aplicación de la iniciativa «todo salvo las armas» , junto con la estricta propuesta de revisar el COM del azúcar, beneficie a los países desarrollados, que necesitan un período de transición más largo, ni a los países ACP, sino a los intereses de las oligarquías en la exportación. 
En consecuencia, es necesario que la disposición de suspender los derechos esté sujeta a unos plazos más largos y a unas cuotas más pequeñas que, espero, se determinarán cuando se reforme el COM del azúcar. 
– Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente por este excelente informe. 
El Comisario Mandelson ha dejado claro esta mañana que el objetivo de la Comisión al presentar esta revisión del SPG era garantizar una mejor identificación de las preferencias comerciales para beneficiar a los países menos desarrollados y más vulnerables, simplificar el SPG y hacerlo más transparente, mejorar el acceso al SPG por medio de la mejora de las normas de origen y alentar la gobernanza en los países que se beneficien del sistema. 
Todas las enmiendas del ponente desarrollan las propuestas de la Comisión en esa dirección, y espero que el Comisario examine de cerca cada una de las enmiendas propuestas por el ponente. 
También hemos contado con una buena cooperación entre la Comisión y el Parlamento al presentar la fecha de aplicación de esta medida. En principio debía entrar en vigor a finales de año. 
Ahora se planea que lo haga a partir de abril, en respuesta a la crisis del maremoto. 
Aunque el volumen de ayuda donada a los países afectados ha sido acogido con gratitud, esta medida les beneficiará más a largo plazo. 
Al ofrecerles una oportunidad para comerciar más fácilmente con la Unión Europea, no les estamos dando limosna, sino echándoles una mano. 
Finalmente, el ponente ha indicado que está dispuesto a aceptar una enmienda presentada por el señor Karim y por mí. Esto permitiría técnicamente a Pakistán acogerse a la ayuda del SPG. 
Quisiera poner de relieve que, aunque ello les permitiría acogerse con arreglo a las estadísticas, todavía tendrían que satisfacer las cláusulas de gobernanza mediante la ratificación de los acuerdos internacionales pertinentes, de forma que esto sería un incentivo para que Pakistán ratificara importantes convenciones sociales internacionales. 
En primer lugar, quiero felicitar al señor Sánchez Presedo por su informe. 
Desde que se creó en 1971, el sistema de preferencias generalizadas se ha convertido en un instrumento especial de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo es importante resaltar que la Unión Europea fue la primera en aplicar este sistema, desde su nacimiento hasta hoy, y hoy la UE sigue siendo el principal donante del sistema, por delante de los Estados Unidos, que son los segundos bastante por detrás de la Unión. 
Me satisface que este Parlamento tenga la oportunidad de expresar su opinión, y espero en gran manera que recibirá la atención de la Comisión y el Consejo. 
Asimismo, es excelente ver que el sistema se simplifica, así como el cambio de cinco pilares a tres, que seguramente, debido a la simplificación, permitirá alcanzar mejor los objetivos en los países en desarrollo. 
También quiero resaltar las normas de origen, que la Comisión aborda en su declaración. 
En cuanto a la complejidad de la forma, el contenido y los procedimientos de la reglamentación sobre el origen, y su complejidad en general, el resultado es que es muy difícil de utilizar, sobre todo para los países menos desarrollados. 
Aunque el proyecto de reglamento no aporte muchos cambios al régimen actual, el Parlamento Europeo, en su opinión del 14 de octubre del año pasado, aprobada por amplia mayoría, declaraba que es absolutamente necesario ampliarlo para abarcar a las regiones y convertirlo en algo completamente mundial. 
Finalmente, no me cansaré de resaltar la necesidad de ampliar el período provisional hasta el 1 de enero de 2006; mi colega el señor van den Berg ya ha hablado de ello esta mañana. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo, yo también, felicitar al ponente por su excelente informe, en el que, dentro de un sistema de comercio internacional transparente y justo, defiende el desarrollo como principio básico de nuestra política comercial. 
El sistema de preferencias generalizadas ha desempeñado un papel fundamental en la reducción de la pobreza y la mejora de la economía de los países en desarrollo. 
Ahora bien, como ponente del informe sobre las negociaciones en la OMC, en el marco del Programa para el Desarrollo de Doha, deseo resaltar la incidencia recíproca que pueden tener ambos sistemas. 
Considero necesario que este nuevo SPG sea plenamente compatible con el acuerdo alcanzado en Ginebra el pasado verano y con las negociaciones que se están llevando a cabo en la OMC. 
Comparto la preocupación del ponente respecto de la erosión de preferencias que podrían generar las reducciones arancelarias que se acuerden en la OMC. 
Creo, por consiguiente, que es sumamente oportuno que la Comisión, una vez concluida la Ronda, elabore un informe sobre el impacto que dichos acuerdos puedan tener sobre el SPG y proponga las medidas adecuadas para garantizar la plena efectividad del sistema. 
Se contribuiría así a reducir las reticencias de algunos países en desarrollo respecto de la liberalización comercial propugnada en el marco de las negociaciones de Doha, puesto que la Unión tomaría las medidas necesarias para mantener el trato preferencial actual. 
Señor Presidente, Comisario, quiero empezar dando las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado y a la Comisión, por supuesto, por los cambios positivos realizados en el programa, y me refiero especialmente a la simplificación y a la introducción del SPG plus, que estimulará a los países más necesitados a adoptar y aplicar un número de convenciones importantes. 
Ciertamente también es bueno que se incluyan en el sistema varios productos nuevos. 
Además, el reciente cambio realizado en la propuesta como reacción al desastre del tsunami merece nuestro apoyo. 
Como resultado, los países en cuestión podrán disfrutar con más rapidez de los beneficios del nuevo sistema. 
Pero, al igual que varios colegas, quiero hacer un breve comentario sobre la fecha de introducción. 
Los países deben presentar una solicitud a la Comisión antes del 31 de mayo. 
Es un plazo increíblemente breve, y por lo tanto es aconsejable incorporar la flexibilidad necesaria y ofrecer un período de transición suficientemente largo. 
En concreto, los países que pueden entrar en el SPG plus deberían poder unirse al sistema después de mayo de 2005. 
Además, la Comisión debería prestar especial atención a la creación de capacidad de esos países y, también, en la medida de lo posible, proporcionarles asistencia técnica en la transposición de los convenios internacionales, por ejemplo, permitiéndoles así aprovechar al máximo las ventajas de SPG plus. 
Mientras, continúan las negociaciones sobre los acuerdos con los socios económicos. 
Debemos asegurar que los países que al final no deseen firmar un acuerdo en este sentido, sigan teniendo la posibilidad de beneficiarse de SPG plus. 
Finalmente, me gustaría hablar a favor de la realización de valoraciones regulares del impacto del sistema, tanto en la UE como en los países en desarrollo, dado que las circunstancias cambian casi constantemente – y prueba suficiente de ello es, por ejemplo, lo que ocurre actualmente en el sector textil y del azúcar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0040/2005) del Sr. Wieland, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2003-2004 [2004/2090 (INI) ]. 
. – Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el informe que se presenta en esta Cámara cada año no es un informe final; es un informe sobre el trabajo en curso y una expresión de unas normas autoimpuestas para el control de calidad del trabajo que llevamos a cabo en la Comisión de Peticiones. 
En resumen, me gustaría decir –sin ninguna de las florituras habituales en esta Cámara– que en realidad somos gratamente eficientes, si comparamos nuestro trabajo con el de muchas comisiones de peticiones a escala nacional. 
Cuando los ministros de asuntos exteriores dicen que Europa necesita un número de teléfono para el mundo, podemos asegurar que el Parlamento Europeo ya tiene un buzón para sus ciudadanos. 
Hemos realizado un trabajo excelente desde varios puntos de vista. 
En primer lugar, tenemos una cierta visión general de diversas estructuras nacionales. 
En segundo lugar, entra totalmente en nuestra competencia intervenir en procesos aplicados con diversos grados de éxito – Lisboa y Tampere, para nombrar un par de ellos – que todavía no se han establecido del todo y siguen fluctuando constantemente. 
Podemos actuar en varios tipos de abusos, con la ayuda de la Comisión, y por lo tanto también reflejar la realidad de la Unión Europea más allá de los canales gubernamentales. 
Otro motivo por el que no lo hacemos del todo mal es que, en comparación con los parlamentos nacionales, tenemos muy poca obligación de seguir las opiniones mayoritarias o minoritarias, muy poca obligación de tener en cuenta la protección y el apoyo del correspondiente partido del gobierno. 
No obstante, deberíamos esforzarnos por mejorar unos criterios de calidad muy generales para nuestro trabajo en relación con terceras partes. 
En primer lugar, y esa es una de las demandas del informe, debería reducirse considerablemente el plazo de acción por parte de la Comisión en respuesta a nuestras peticiones. 
En segundo lugar, también debería reducirse el plazo de respuesta del Consejo o un Estado miembro determinado a la Comisión, 
También nos gustaría mucho que un representante de la correspondiente Presidencia participara en el trabajo de la Comisión de Peticiones. 
Además, nos gustaría que se nombrara a un representante de la Presidencia o coordinador responsable de las peticiones; lo ideal sería seis meses antes de asumir la Presidencia, para que se pudiera realizar un seguimiento de las peticiones importantes. 
Finalmente, debemos tomar medidas respecto al tema de la distinción entre el Defensor del Pueblo Europeo – sobre el que ahora tenemos derechos de personal – como institución, y la Comisión de Peticiones como instrumento. 
Creo que todavía existe un malentendido generalizado en este sentido. 
Si podemos ser identificados con mayor claridad, sin duda estaremos en mejor situación de cumplir con nuestras respectivas obligaciones. 
Sin embargo, debemos considerar los criterios de calidad no solo con vistas a tener una postura abierta sino también de cara a nosotros mismos. 
Por su naturaleza, la Comisión de Peticiones es una comisión única en términos del alcance y la variedad del trabajo que llega a sus manos. 
Sé que algunos diputados tienen ciertos reflejos instintivos en relación con esa comisión única y creen que esperamos un tratamiento especial, pero, en mi opinión, si podemos resolver todas las peticiones presentadas de la forma más eficiente posible repercutirá en beneficio del Parlamento Europeo y de cada uno de sus miembros. 
Aunque he dicho que el trabajo de la Comisión de Peticiones es bueno en general, también debo decir que a veces algunos de sus miembros consideran que el trabajo es positivamente no satisfactorio. 
Hay deficiencias y se han identificado unas medidas iniciales en tres áreas. 
La primera se refiere al personal. 
En nuestra opinión, la comisión no tiene suficiente personal para dar continuidad a su trabajo en términos de contenido y de procedimientos. 
Coloquialmente, diría que la administración de la Cámara a veces da la impresión de que considera que los servicios de la Comisión de Peticiones son un batallón de castigo. 
Eso debería cambiar. 
También necesitamos mejorar el sistema de que tenemos. 
En segundo lugar, los diputados del Parlamento Europeo tienen un intenso deseo de especializarse más en su trabajo y, en tercer lugar, los ciudadanos están interesados en ver un planteamiento más riguroso en relación con los plazos de tiempo antes mencionados, así como una mayor transparencia. 
Tienen derecho a ver una mejora en sus posibilidades de realizar un seguimiento del progreso de sus peticiones. 
Hay varias iniciativas en marcha para hacer justicia al alcance, la variedad y la especialización de nuestro trabajo. 
El alcance y la variedad de las políticas de la Unión van en aumento, y la especialización a veces implica detalles difíciles. 
Debido a las circunstancias del proceso, necesitamos poder tomar decisiones en el momento adecuado. 
Por lo tanto, como resultado de nuestras deliberaciones, hemos propuesto que se cree una comisión para elaborar más detalles para el próximo informe anual. 
Comisaria, le invitamos cordialmente a participar en este grupo de trabajo y a realizar un seguimiento de su labor. 
. Señor Presidente, quisiera empezar dándole las gracias al señor Wieland por su análisis en este útil informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2003-2004. 
La Comisión acoge este informe con satisfacción. 
Este debate representa una buena oportunidad para poner de relieve por qué el derecho de petición al Parlamento es un instrumento tan importante para que los europeos ejerzan sus derechos democráticos. 
De entrada hay que decir que el ejercicio por los ciudadanos de su derecho de petición no afecta únicamente al Parlamento Europeo. 
Las peticiones también representan una valiosa oportunidad para la Comisión de acercarse a los ciudadanos y a sus preocupaciones. 
Aunque en el periodo 2003-2004 se presentaron nada más y nada menos que 1 313 peticiones, está claro que muchos ciudadanos siguen ignorando su derecho de petición. 
Por lo tanto, acojo con gran satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo esté considerando en la actualidad la forma de remediarlo, y puedo asegurar a la Comisión de Peticiones y al ponente que disponen del apoyo total de la Comisión en esta tarea. 
En este sentido, la Comisión desea felicitar a la Comisión de Peticiones por su excelente trabajo. 
También es muy satisfactorio destacar la evaluación del ponente de que la cooperación entre la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones es buena en general. 
Por supuesto, siempre existen posibilidades de mejora, y estoy de acuerdo con el ponente en la necesidad de seguir reforzando la cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Sé que esto es especialmente importante porque, debido a la escasez de recursos, la Comisión de Peticiones ha de confiar a menudo en los recursos de la Comisión y el Consejo para examinar las peticiones en profundidad desde el punto de vista jurídico. 
Puedo garantizar al Parlamento que la Comisión prosigue sus esfuerzos por racionalizar y acelerar los procedimientos internos, en respuesta a las peticiones de información. 
Como se subraya en el informe, el proyecto de Tratado Constitucional confirma el derecho de petición. 
En ese contexto, el informe se remite a la necesidad de establecer normas de conducta comunes para todas las instituciones comunitarias y los Estados miembros. 
También sugiere que esto podría haberse llevado a cabo de conformidad con el Código de Buena Conducta Administrativa elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo. 
La Comisión puede aprobar este planteamiento en términos generales, aunque llama la atención sobre el desarrollo anticipado del marco legal. 
En particular, el texto de la futura Constitución introduce un fundamento jurídico que posibilitará las solicitudes a la Comisión de Peticiones sobre la base del procedimiento de codecisión. 
El informe también insta al Consejo y a la Comisión a que revisen el acuerdo interinstitucional de 1989 suscrito con el Parlamento Europeo mediante un intercambio de cartas. 
La revisión tendría por objeto definir un marco más fuerte para la cooperación entre las tres instituciones. 
La Comisión está abierta a dicha petición. 
Para concluir, reitero mi compromiso para mejorar la manera en que la Unión Europea en general y la Comisión en particular se comunican con los ciudadanos europeos. 
El derecho de los ciudadanos de la UE a una buena administración y al acceso a los documentos, así como su derecho a presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo y presentar peticiones al Parlamento Europeo, benefician la comunicación y, en última instancia, la democracia. 
Estoy a su disposición para dirigirme al Parlamento Europeo en cualquier momento, por invitación del Parlamento o de cualquiera de sus comisiones. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, como miembro femenino de la Comisión, me complace verla aquí en el Día Internacional de la Mujer. 
En primer lugar, sin embargo, quiero agradecer al ponente, el señor Wieland, su excelente informe. 
No solo refleja el trabajo de la Comisión de Peticiones, sino que es también muy informativo y, sobre todo, agradable para los ciudadanos y fácil de leer – que es algo que no puede decirse de todos los documentos de esta Cámara. 
No obstante, mi principal preocupación sigue siendo cómo podemos comunicar a los ciudadanos la naturaleza de la Comunidad como algo basado en el Estado de Derecho. 
Uno de los motivos de la actitud excesivamente crítica hacia la Comunidad por parte de la población de bastantes Estados miembros es que realiza grandes promesas de derechos y libertades para los ciudadanos de la UE, pero después no las cumple en su totalidad, correctamente y con prontitud. 
Todavía hay bastantes discrepancias entre las bendiciones que la UE anuncia a sus ciudadanos con gran fanfarria y la forma cómo se aplica el derecho en la vida cotidiana. 
¿Qué opciones tienen los ciudadanos que quieren luchar contra esos abusos? 
Una es su derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo. 
Basado en los Tratados y la nueva Constitución, ese es uno de los principales derechos civiles de la Unión, que adquiere más importancia dado que la Comunidad aún no es comparable a un Estado basado en el Estado de Derecho, con todas las posibilidades de aplicación que comporta. 
Por este motivo, debemos trabajar en la creación de una Comunidad que se base de forma real y duradera, en el Estado de Derecho de cada uno de los ciudadanos y empresas, y también, como paso inicial, para permitir que los derechos civiles de la UE se apliquen a través de la Comisión de Peticiones. 
La primera condición previa para ello es que los procedimientos sean rápidos, con resultados tangibles, lo que significa también acciones públicas por infracción, con compensaciones para los individuos. 
La segunda es que el derecho de petición sea más fácil de usar para los ciudadanos, y la tercera es que todas las instituciones de la Comunidad lo apoyen. 
Considero que eso también significa que debe haber una mayor implicación del Consejo, que esté presente en las sesiones, y también la inclusión de los Estados miembros cuando se trate de su transposición del Derecho comunitario. 
Solo así podremos estar seguros de que construimos una Europa para los ciudadanos y con ellos, en vez de sin ellos. 
(PSE) , – Señor Presidente, quisiera darle las gracias a la Comisaria y felicitar al señor Wieland por su excelente informe. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones, permítanme decir que se trata de un ejemplo realmente bueno de un enfoque suprapartidista y de consenso de la resolución de problemas. 
Sin embargo, las respuestas de los Estados miembros son a menudo insuficientes. A veces simplemente no se producen. 
El Consejo asiste rara vez a las comisiones. 
Sin embargo, hay que reconocer la labor de los funcionarios de la Comisión que informan con regularidad a nuestra comisión en relación con los asuntos que tratamos. 
La comisión es un valioso vehículo de contacto entre los ciudadanos y las instituciones, y plantea soluciones a los problemas tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. 
Se destaca igualmente la intransigencia de estos últimos. 
Deseo aprovechar esta ocasión también para rendir homenaje a nuestro presidente actual, el señor Libicki, quien ha continuado el buen trabajo iniciado por nuestro anterior presidente. 
Solo hay un elemento en el informe del señor Wieland que me puede resultar criticable, y es su referencia en el apartado 17 a un grupo de trabajo permanente o subcomisión. 
Al fin y al cabo, este es un informe sobre las deliberaciones del año pasado, y no deberíamos socavar el papel o el trabajo de la Mesa ni de sus coordinadores. 
Pero espero ver cómo podemos hacer frente a la cuestión del creciente número de peticiones de las que debemos ocuparnos. 
No me habrá oído decir esto nunca antes, señora Comisaria, pero en ese sentido necesitaremos recursos adicionales. 
Sin los recursos no podemos servir a nuestros ciudadanos. 
La secretaría anda muy escasa de personal, aunque debo rendir tributo a sus empleados. 
Trabajan mucho y nos proporcionan todo lo que necesitamos; sin embargo, su trabajo se vería enormemente facilitado si la secretaría estuviera dotada de personal suficiente. 
Nosotros también necesitamos recursos adicionales para promover el derecho de petición, especialmente en los nuevos Estados miembros, y para asegurar que, donde sea necesario, la Comisión esté plenamente dispuesta y sea capaz de incoar el procedimiento de infracción. 
Finalmente, no debemos olvidar nunca que el derecho de petición consagrado en los Tratados es un ejemplo importante del ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos y de su capacidad para responsabilizar a las instituciones y a sus Estados miembros. 
. – Señor Presidente, sustituyo a mi colega, el señor Hammerstein Mintz, que está enfermo. 
Quiero empezar felicitando al señor Wieland por su buen trabajo como ponente del informe anual sobre la Comisión de Peticiones. 
Este informe es el primero que se presenta al Parlamento actual y contiene información adicional sobre la comisión en atención a los nuevos diputados. 
Esta comisión es el vínculo más directo entre los votantes y el Parlamento. 
Es como un diálogo continuo mediante el cual los ciudadanos deben sentir que se les toma en serio y pueden confiar en la UE. 
De hecho, las peticiones son un arma poderosa para la democracia. 
El informe del señor Wieland refleja la seria necesidad de desarrollar la competencia y la capacidad de la comisión para tratar situaciones en las que la cooperación con la Comisión no funciona o en las que la Comisión no toma las medidas adecuadas. 
Cabe destacar que al desarrollar la competencia de la Comisión de Peticiones para enfrentarse a estas situaciones, necesitará el apoyo del conjunto del Parlamento. 
En esta situación, el señor Hammerstein Mintz presentó unas cuantas enmiendas al informe del señor Wieland que él, como ponente, y el conjunto de la comisión apoyaron unánimemente. 
El asunto es muy importante. 
En primer lugar, señalan que, de conformidad con el Tratado de Niza, el Parlamento tiene derecho a emprender acciones contra la Comisión, por ejemplo por falta de competencia, incumplimiento de requisitos procedimentales esenciales, incumplimiento del Tratado CE y de cualquier disposición legal relativa a su aplicación, así como por abuso de poder, independientemente de si se han visto afectadas o no las prerrogativas del Parlamento. 
Así pues, la comisión también va a someter a la aprobación del Parlamento una declaración por la que se considera legítimo que este ejerza sus poderes de acuerdo con el artículo 230 del Tratado CE en caso de que sea necesario para poner fin a un grave incumplimiento del Derecho comunitario que ha sido revisado al examinar una petición, y si persiste una diferencia de interpretación significativa, a pesar de los esfuerzos por resolverla, entre el Parlamento por un lado y la Comisión por otro con respecto a las acciones exigidas por el Derecho comunitario para la protección de los derechos de los ciudadanos en el caso en cuestión. 
. Señor Presidente, Comisaria, Señorías, es una gran pena que el debate de hoy sobre este informe se celebre a tan altas horas de la noche. 
Es muy posible que no todos los miembros de esta Cámara necesiten escuchar lo que tenemos que decir, pero creo que es importante que los ciudadanos tengan la oportunidad de hacerlo, aunque por desgracia no hay absolutamente nadie en la galería del público. 
El motivo es que nuestra comisión es distinta de todas las demás. 
Se creó con el objetivo expreso de crear un contacto con los ciudadanos y con la sociedad. 
El hecho de que la gente hoy se sienta desconcertada y más apartada que nunca de las instituciones europeas hace que sea aún más importante que esta comisión les permita sentirse parte del trabajo de la Unión Europea y de su legislación, y les ofrezca una oportunidad de resolver sus problemas. 
Por lo tanto, quiero repetir que creo que es una gran pena que celebremos este debate tan tarde, en una Cámara totalmente vacía, y que haya tan pocas personas presentes para escuchar el debate sobre el excelente informe del señor Wieland. 
También quiero darle las gracias por su informe. 
Señorías, uno de los puntos que me gustaría resaltar es que la cantidad de peticiones ha aumentado por primera vez en los diez años de historia de la comisión, o, en otras palabras, desde 1995. 
Después de permanecer más o menos en el mismo nivel durante esos diez años, últimamente ha habido un gran aumento de la cantidad de peticiones presentadas. 
Pero a pesar de todo nuestra comisión está realizando un buen trabajo. 
Y es evidente si comparamos la cantidad de tiempo que antes se invertía en las peticiones y el que se invierte hoy. 
Hay varios organismos cuyo trabajo ayuda a que la comisión pueda salir tan bien parada. 
Uno de ellos es la Mesa, que tiene un presidente, cargo que tengo el honor de ocupar, y los vicepresidentes. 
Quiero resaltar el papel del Señor Cashman como primer vicepresidente de la comisión, y la positiva aportación que representa para nuestro trabajo. 
Otros organismos implicados en el trabajo de la comisión son los coordinadores, cuyo papel está establecido por la ley, y que realizan su labor de forma muy competente. 
La comisión también tiene una secretaría, que funciona de forma excelente. 
Creo que esta disposición, es decir una Mesa con un presidente y vicepresidentes, junto con los coordinadores y una secretaría, permite a la comisión delegar de forma adecuada sus obligaciones. 
Prueba de ello es la cantidad de tiempo cada vez menor que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo, así como el hecho de que se reduce constantemente el tiempo que los ciudadanos tienen que esperar. 
El único punto que me queda por tratar es que nos complace en gran manera la excelente cooperación que existe entre la comisión y la Comisión Europea. 
Pero quiero informar a la Comisaria de que, si es posible, en algunos casos agradeceríamos que las respuestas fueran más rápidas. 
A veces hay que esperar un tiempo relativamente largo para recibir una respuesta a temas que son bastante sencillos. 
Además, a veces los funcionarios de la Comisión dan una respuesta oral y nos dicen que la confirmarán por escrito más adelante, pero no podemos dar a los ciudadanos una respuesta plena y vinculante basándonos solo en una respuesta oral. 
Muchas gracias, señor Presidente, y gracias también a todos los que contribuyen al trabajo de nuestra comisión. 
Quiero dar las gracias al Señor Wieland, que es un miembro importante y activo de la comisión, y también agradecer a la Señora Wallström que haya estado presente. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, Comisaria, Señorías, la institución del defensor del pueblo, que está directamente vinculada a la Comisión de Peticiones para garantizar que pueda responder a las circunstancias, así como a las obligaciones, del Parlamento Europeo hacia los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos a pedir protección a la familia ampliada de la Unión Europea, nos llena de responsabilidades. 
Depende de nosotros asegurar que los ciudadanos no pierdan su confianza en las instituciones que apoyamos e intentar dirigirnos a la mayoría de ellos. 
La Comisión de Peticiones –y el ponente ofrece una excelente presentación de su trabajo y sus problemas– resalta la necesidad de mayor atención, respeto y refuerzo de los servicios en el marco de sus operaciones, tanto durante el trabajo preliminar como durante la tramitación de las peticiones, pero, no obstante, es importante. 
A menudo los ciudadanos se quejan de los retrasos. 
Es evidente que existe una gran carga burocrática en los diversos Estados miembros, que se niegan a responder o no pueden responder a las peticiones de la Comisión de acelerar el proceso de enviar la información que la Comisión necesita para sacar sus conclusiones y juzgar en consecuencia. 
Estamos decepcionando a los ciudadanos. 
De este modo, hacemos que sientan desprecio hacia las instituciones y las funciones del Parlamento. 
Les mantenemos apartados del conocimiento. 
Pierden su confianza y, a medida que pasa el tiempo, nos vuelven la espalda. 
Nuestro papel no es este. 
El ponente propone, denuncia y claramente expresa las experiencias de un año. 
Yo, por mi parte, entiendo que la Comisión de Peticiones y su colaboración con el defensor del pueblo y sus servicios necesitan un impulso para tomar más medidas, dado que, según los datos iniciales, ha habido un aumento de las peticiones del orden del 40% en comparación con el año anterior. 
Tiene que haber un aumento cualitativo de la información de los ciudadanos, y lo conseguiremos mediante la cooperación entre las instituciones europeas competentes, y me refiero al Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, el defensor del pueblo y sus colegas de los Estados miembros. 
La autoridad de la Comisión de Peticiones depende del respeto que mostremos hacia los cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos que acuden a nosotros sabiendo que los procedimientos y las valoraciones, las decisiones y las sentencias tienen prioridad ante los intereses y la conducta personal. 
Siempre hablamos muy bien de usted, señora Comisaria, y quiero hacerle una pregunta. 
¿Cómo cree que salvaguardan los Estados miembros la petición de defensa de los ciudadanos después de la decisión de la Comisión? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0044/2005) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2004 (2004/2141 (INI) ). 
. – Señor Presidente, para empezar deseo expresar mi agradecimiento y rendir tributo a los parlamentarios de esta Cámara que asisten con regularidad a las reuniones ACP e intervienen mucho en ellas. 
Tributo que hago extensivo a los parlamentarios de los países ACP, sin los cuales esta asociación y este diálogo habrían sido imposibles. 
De paso también quisiera rendir homenaje a las secretarías conjuntas de nuestro Parlamento y de la Asamblea, a los intérpretes y al personal que nos acompañan, así como a los Comisarios, funcionarios y miembros de la Presidencia que asisten. 
Se trata de un esfuerzo en equipo, un esfuerzo que debemos apoyar y alentar. 
Sin embargo, esta tarde quisiera rendir un homenaje especial a la Copresidenta de la ACP, la señora Kinnock, quien ha estado ausente de nuestra Cámara durante un tiempo. 
Es una buena noticia volver a verla esta tarde, espero que con buena salud y dispuesta a enfrentarse a la refriega de la próxima Asamblea Parlamentaria. 
Su contribución es fundamental para lo que nos proponemos. 
El Parlamento Europeo es un parlamento nuevo. 
Sin prisas, pero sin pausas, hemos ido asumiendo poderes y ganado, eso espero, eficacia. 
Y lo mismo cabe decir de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Esta Asamblea también ha ido ganando eficacia y, aunque no ha asumido poderes, por lo menos sí que ha ganado influencia. 
La Asamblea comenzó con cierto carácter de tentativa. 
Al principio, el Parlamento Europeo resultaba tal vez dominante, pero se apoyaba demasiado a menudo de las votaciones separadas por Cámaras; por el contrario, la ACP estaba un poco más a la defensiva, a menudo representada por embajadores o únicamente delegaciones gubernamentales. 
Ahora vemos que hay cambios. 
Vemos pocas, por no decir ninguna votación separada por Cámaras. 
Vemos que la ACP está ganando confianza en sí misma y, además, en nuestra reciente reunión de la Mesa ya planteaba cuestiones acerca de los derechos humanos en Europa, y además con razón. 
La ACP, por ejemplo, planteó las cuestiones relativas al Gobierno británico, su actitud ante la Bahía de Guantánamo y sus propuestas para la detención de sospechosos, o incluso de personas con problemas de salud mental. 
Ahora miremos hacia el futuro. 
Miremos a la presupuestación. 
Ello nos permitirá una fiscalización y un control adecuados del presupuesto. 
Sin embargo, cuando lo hagamos, tendremos que equilibrar esta fiscalización en nombre de nuestros propios contribuyentes con el reconocimiento del derecho de los países ACP a opinar sobre cómo se gasta el dinero; debemos escuchar al mismo tiempo que fiscalizamos. 
Debemos garantizar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los documentos estratégicos nacionales sean adecuados en sí mismos, y que también se cumplan de forma adecuada. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ha desarrollado ahora un sistema eficaz de comisiones permanentes que trabajan a toda máquina y hacen que los diputados trabajen juntos. 
A pesar del hecho de que durante 2004 celebramos las elecciones europeas, de forma que las cosas se presentaron más complicadas, gracias a las comunicaciones electrónicas nos organizamos para presentar algunos informes efectivos. 
El informe presentado por mí y el señor Sanga, de las Islas Salomón, sobre la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria, es un ejemplo de ello. 
Quiero rendir homenaje al Gobierno neerlandés por la forma en que auspició la Asamblea en La Haya. 
Pienso que aprendió mucho de nuestra experiencia en Roma con sus seminarios y visitas. 
También quiero dar las gracias al Gobierno etíope por su hospitalidad y su administración eficaz en Addis Abeba. 
Opinamos que, en Europa, deberíamos seguir contando con una de las dos Presidencias anuales del Consejo para organizar la Asamblea, y tal vez trasladarla del invierno a la primavera para ofrecer a los miembros ACP una acogida más cálida, tanto desde el punto de vista meteorológico como político. 
De todas formas, ya se ha logrado mucho. 
En nuestros debates se observa un mayor equilibrio de oradores de los escaños y menos discursos prolongados de la tribuna, y pensamos que tendríamos que hacer algo más para apoyar al nuevo Parlamento Panafricano, quizás con un intercambio de personal. 
Pero ahora nos trasladamos a Malí en abril, donde abordaremos importantes cuestiones de derechos humanos, ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo tras el tsunami, la cooperación para combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad, así como la creación de oportunidades para el éxito y el florecimiento de los países ricos que forman parte de los ACP de África, el Caribe y el Pacífico. 
Para terminar, mencionaré la cita de Yehudi Menuhin que he reproducido en mi informe: «La palabra paz puede sonar simple –una palabra bonita–; sin embargo, requiere todo lo que tenemos, toda cualidad, toda fuerza, todo sueño, todo ideal superior.» 
Por eso intentamos que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP sea eficaz. 
Creo que lo estamos consiguiendo, y apoyo de todo corazón el trabajo realizado por todos nuestros colegas. 
. Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por su excelente informe sobre la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2004. 
Durante los últimos años, la influencia de la Asamblea ha aumentado. 
Su papel en el diálogo político se ha reforzado y se mencionará explícitamente en la nueva versión del Acuerdo de Cotonú. 
La Asamblea se ha convertido en un verdadero foro parlamentario, en el que tienen lugar animados debates. 
En 2003, la Asamblea dio un importante paso adelante con la creación de comisiones permanentes, que han permitido intensificar la cooperación entre los diputados al Parlamento Europeo y los diputados a los Parlamentos de los países ACP y han hecho posible la consecución de un amplio consenso dentro de la Asamblea. 
Las comisiones refuerzan el papel de la Asamblea en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Cotonú, que establece que las reuniones entre los diputados al Parlamento Europeo y los diputados ACP deben organizarse a escala regional o subregional. 
De esta forma se refuerza la integración regional y se fomenta la cooperación entre Parlamentos nacionales. 
La resolución pide a la Asamblea que organice esas reuniones. 
La Comisión está dispuesta a hacer su aportación al éxito del nuevo sistema. 
Para concluir, quisiera destacar que la Comisión comparte su opinión sobre el papel de la Asamblea Parlamentaria Paritaria como modelo de cooperación. 
. Señor Presidente, durante el año pasado, la séptima y octava reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se celebraron en Addis Abeba y La Haya, respectivamente. 
Las dos fueron buenas reuniones, pero, por supuesto, a mí, que soy neerlandés, me satisfizo en especial que la reunión de La Haya fuera tan bien. 
Felicito a todas las personas implicadas. 
Me gustaría llamar su atención especialmente hacia algunos temas. 
En primer lugar, las relaciones con Zimbabwe. 
En La Haya conseguimos una vez más evitar que asistieran a la reunión los representantes de Zimbabwe que están en la lista negra. 
En Zimbabwe los derechos humanos se infringen flagrantemente y cada vez más se frena la libertad de expresión, de asociación y de reunión, como refleja el informe. 
En Europa, tenemos una lista de personas responsables de esos abusos, y hemos acordado que esas personas no puedan asistir a las reuniones que se celebren en la UE: De todas formas, más de una vez Zimbabwe ha enviado a representantes que figuran en esa lista. 
Es bueno que una vez más hayamos conseguido apartarlos de la APP. 
Debemos perseverar en nuestra postura para aumentar la presión sobre Zimbabwe. 
También quiero dar las gracias a la delegación ACP por su apoyo en este asunto. 
Y ahora, tenemos la resolución sobre Darfur. 
La situación en el Sudán es espantosa. 
Es el conflicto más antiguo de África, y, si la información es correcta, ya se ha matado a dos millones de personas, y 4 millones de personas huyen de su hogar. 
En los últimos días, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha publicado un informe para llamar nuestra atención una vez más hacia el tema de la violación y la violencia contra las mujeres. 
Eso ocurre, y ya es bastante malo, en todas las zonas en guerra, pero en ninguna parte con la gravedad con que está ocurriendo en Sudán. 
En la resolución se condenaban enfáticamente este y otros abusos. 
Y es sobre todo gracias a la señora Hybášková como hemos conseguido adoptar la resolución sin votos en contra, y es toda una hazaña, teniendo en cuenta la gran cantidad de países africanos implicados en ello. 
Quiero felicitarla por eso. 
La ACP es una delegación especial del Parlamento Europeo, porque es una asamblea mixta que pretende reforzar la democracia, promover la gobernanza y proteger los derechos humanos. 
Además, en los últimos años ha aumentado su capacidad para abordar temas difíciles y entrar en el diálogo político de la forma correcta. 
Una vez más se confirma el valor que eso tiene. 
Felicidades al señor Bowis por el informe. 
,. – Señor Presidente, usted debe de conocer bien el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, ya que desarrolló una eficaz e intensa labor como Vicepresidente de la misma. 
Quiero empezar dando las gracias al señor Bowis por su informe, que refleja su propio compromiso personal profundo, no solo con esa Asamblea, sino también con el desarrollo en general. 
Su interés, sus conocimientos y su experiencia particulares en cuestiones de salud han sido de gran importancia para nuestro trabajo en la Asamblea. 
Su informe muestra que la Asamblea ha madurado durante los últimos años. 
Su labor debe florecer y ha de reforzarse tal y como se indica en el informe, porque la Asamblea constituye los cimientos democráticos de la asociación ACP-UE. 
El Acuerdo de Asociación de Cotonú destaca muy claramente la importancia de la Asamblea, pero no concede suficiente importancia, si es que le concede alguna, al papel de los Parlamentos nacionales en nuestra cooperación. 
Es muy importante que las formas de cooperación de que disponemos no se limiten a reuniones con nuestros colegas parlamentarios, de forma que podamos apoyar sus esfuerzos, como representantes electos, para dialogar con sus Gobiernos, fiscalizar la legislación y las acciones de sus Gobiernos y exigir que estos últimos rindan cuentas. 
Por desgracia, a menudo la relación entre los Parlamentos y los Gobiernos de los países en vías de desarrollo se caracteriza precisamente por la imposibilidad de hacer eso. 
Como sugiere el ponente, en referencia al Parlamento Panafricano, con frecuencia hay una falta de capacidad institucional. 
Los Parlamentos carecen de personal y equipamientos y a menudo no tienen los conocimientos técnicos básicos necesarios para mejorar la eficacia de su trabajo. 
Ese es un importante problema, que trataremos en Malí. 
De hecho, el otro día un diputado al Parlamento de Malí con el que estoy en contacto me dijo que a los parlamentarios de ese país les resulta difícil ejercer el poder legislativo, porque el ejecutivo simplemente no les facilita información. 
Estoy de acuerdo con el señor Bowis en que una importante parte de nuestro trabajo es construir esa cultura democrática crítica en los Parlamentos de los ACP con los que trabajamos. 
Para ello, son fundamentales los vínculos con esos Parlamentos que pasan por el FED y la financiación. 
Como Comisaria de Presupuestos, la señora Grybauskaitė tendrá un especial interés en garantizar que los parlamentarios sepan cómo se gasta este dinero en sus países y también en los Acuerdos de Asociación Económica. 
El señor Bowis hablaba de la consolidación de las comisiones. 
Eso está ocurriendo y el hecho de que la gente esté ligeramente insatisfecha con el tiempo del que disponen es precisamente un síntoma del gran éxito del proceso. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria sigue creciendo y floreciendo gracias a nuestra determinación de incrementar nuestra eficacia y garantizar que se escuche tanto nuestra voz política como la de los parlamentarios de los países ACP. 
La Asamblea tiene un papel de control y supervisión que es único. 
En las relaciones norte-sur entre parlamentarios no existe nada parecido. 
Por lo tanto, debemos seguir trabajando para cambiar las cosas en los 77 países en desarrollo afectados. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Bowis por su informe. 
Se pueden decir muchas cosas positivas de la cooperación con la ACP y la labor del señor Bowis a favor de la consolidación de la Asamblea ACP-UE. 
Dado lo preocupados que están nuestros colegas de los países ACP por la importancia del presupuesto, creo que es importante que se refuerce en esos países el papel de la Asamblea ACP-UE. 
Si me lo permiten, Señorías, me gustaría proponer un ligero cambio en el apartado 11, para reforzar el texto. 
La inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE «debe ir acompañada de un refuerzo» del papel político de la APP, en vez de «debe permitir el refuerzo... » , ya que el primero es más claro. 
De esta forma, expresaremos un claro deseo de asegurar que nuestros amigos del sur también tengan influencia. 
La falta de asistencia en las reuniones de Bruselas es un problema importante. 
La última vez, hubo muy pocos asistentes de la UE, lo que decepcionó a nuestros invitados. 
Un representante de África resumió la reacción: en África, se considera de mala educación invitar a alguien a entrar por una puerta mientras se sale por la otra puerta. 
Esta situación perjudica nuestras relaciones con otros países, porque, tal como están las cosas, nos vemos obligados a elegir entre votaciones sobre legislación y cooperación con otros países. 
Por lo tanto, quiero pedir a la Conferencia de Presidentes que revise su decisión y nos permita celebrar reuniones ACP en algún momento durante las semanas en que se reúnen los grupos políticos, dado que entonces no se celebran votaciones sobre legislación y cada grupo, internamente, puede decidir cuál es su orden del día. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al señor Bowis por su constructivo trabajo. 
También está claro que el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ha sido satisfactorio en los últimos tiempos. 
Hemos obtenido unos debates mucho más centrados, lo que en general tiene que ver con el hecho de que tenemos un sistema de trabajo por comisiones y preparamos los temas. 
También es un cambio a mejor que celebremos las reuniones en diferentes países de la UE. 
Sin embargo, hay algunos problemas que debemos resolver con rapidez. 
Como acaba de decir el señor Schlyter, nuestra implicación en el trabajo de la comisión es desastrosamente baja. 
Estoy totalmente de acuerdo con la demanda de celebrar esas reuniones durante las semanas en que se reúnen los grupos políticos, para que haya más presencia por nuestra parte. 
Algunos países ACP todavía envían diplomáticos en vez de parlamentarios, lo que no es precisamente bueno. 
Además, necesitamos realizar un mejor seguimiento de varias de las decisiones que tomamos. 
Una gran parte del trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE trata sobre los derechos humanos e intenta resolver e impedir conflictos armados. 
Por lo tanto resulta sorprendente que no se mencione ni una sola vez en el informe la Corte Penal Internacional (CPI) , a pesar de que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos en este sentido. 
Es cierto que hemos trabajado con la CPI en varias ocasiones, pero podríamos mejorar considerablemente este trabajo. 
Es uno de los instrumentos más importantes y más eficaces que tenemos para imputar responsabilidades a quienes cometen genocidios y crímenes de guerra. 
Dado que ellos crearon este tribunal y ahora lo gestionan, la UE y varios países de la ACP tienen un interés común. 
Los primeros dos casos asumidos por el Tribunal afectan a Uganda y el Congo, que son países de la ACP. 
El principal obstáculo que actualmente impide desarrollar la Corte Penal Internacional es la fuerte resistencia de los Estados Unidos. 
Podemos ver cómo los Estados Unidos castigan activamente a los países ACP del Caribe, África y el Pacífico que se atreven a firmar el acuerdo sobre la Corte Penal Internacional. 
En nuestra Asamblea deberíamos hacer más para defender a dichos países tanto política como económicamente cuando los Estados Unidos les retiren su ayuda como castigo. 
– Señor Presidente, sus Señorías, creo que casi todo lo que necesitaba decirse sobre la labor de Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP–UE durante 2004 ya se ha dicho por los oradores anteriores, tras el excelente informe presentado por el señor Bowis. 
En lo que a mí respecta, dado mi reciente ingreso en la Asamblea Parlamentaria Paritaria, propongo puntualizar solo tres puntos muy breves. 
El primero se refiere a la respuesta muy limitada por parte de la sociedad civil a la labor de la Asamblea. 
No creo que esto sea algo que tengamos que considerar inevitable o normal. 
Los ciudadanos europeos casi no le han prestado atención, lo que a mí me parece equivocado, en vista de que este tipo de experimento es original –en realidad, único– en el mundo. 
Quizá tendríamos que reflexionar sobre ello y planear conseguir un auténtico cambio en el futuro. 
El segundo punto está relacionado con el primero y se refiere a la necesidad de ampliar el diálogo político, introduciéndolo cada vez más en el dominio público. 
Teniendo en cuenta la actual situación mundial, existe una necesidad poderosa de restablecer un diálogo franco y abierto entre los países del Norte y los del Sur. 
La experiencia de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha sido positiva desde este punto de vista, aunque no sin sus problemas. 
Es necesario hacer progresos de manera decisiva y pacientemente en el ámbito de los derechos humanos y hacia el fortalecimiento del Tribunal Penal Internacional, para obtener un mayor entendimiento mutuo. 
El tercer y último punto se refiere a la necesidad de entender que una mayor confianza política entre la Unión Europea y los países ACP también se puede conseguir mediante la creación paralela de una base firme de relaciones económicas, que pueda proporcionar contenido al acuerdo de asociación de Cotonú. 
También hay que ver este objetivo en el contexto de la reforma del régimen del azúcar, obteniendo un equilibrio justo entre los intereses de los países ACP y los europeos. 
– Señor Presidente, quiero añadir mi voz, la última pero no por ello menos importante, al coro de felicitaciones para el ponente, el señor Bowis, por su excelente informe. 
En su informe, se refiere varias veces a la Asamblea Parlamentaria Paritaria como un foro para el diálogo político, y también anima a dicha Asamblea a consolidar el diálogo político y su propio papel político. 
Demuestra que en los últimos años y en las últimas sesiones hemos mejorado y, en el apartado 6, agradece que hayamos conseguido unas enmiendas de compromiso y unas resoluciones de compromiso con nuestros socios de los Estados ACP. 
Pero quisiera añadir que no siempre han sido los Estados ACP quienes han insistido en el voto por separado. Algunas veces fueron nuestros grupos, cuando no había voto mayoritario en la sesión plenaria de esta Asamblea ACP. 
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, la creación de las Comisiones Permanentes es una buena base para mejorar el papel político de la Asamblea Paritaria, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Schlyter: que debemos pensar en la forma de mejorar sus métodos de trabajo. 
Nos ofrecen una oportunidad para discutir nuestras exigencias con mayor detalle, y también para el seguimiento de nuestras exigencias políticas en la forma adecuada. 
Realizar un seguimiento de las exigencias –en qué se han convertido, qué se ha transpuesto– es al menos tan importante como establecerlas. 
Creo que debemos considerar la forma de establecer las fechas de las sesiones de esas comisiones, porque, como se ha dicho antes, es una pena que seamos tan pocos los que participamos en ellas. 
Por supuesto, no es que no queramos participar; en realidad, cuando las comisiones del Parlamento Europeo se reúnen al mismo tiempo, nos vemos obligados a asistir, a veces para poder tomar parte en votaciones importantes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
. Señor Presidente, Señorías, las orientaciones presupuestarias para las demás instituciones de la Unión Europea para 2006 han establecido las siguientes prioridades. 
La primera es la terminación satisfactoria de la ronda de ampliación de 2004 con la plena integración de representantes de los nuevos Estados miembros de la UE en las instituciones de la UE, así como los preparativos para la próxima ronda de ampliación, en la que se adherirán Bulgaria y Rumanía. 
Ha transcurrido casi un año desde la ampliación de la UE, pero todavía quedan vacantes muchos cargos permanentes que se habían reservado para los nuevos Estados miembros, y esta situación es totalmente inaceptable. 
Uno de los problemas que hay que destacar en este sentido es el exceso de burocracia y la lentitud de los procedimientos para contratar personal. 
La segunda prioridad es un uso eficaz y muy dirigido de los recursos presupuestarios de la Unión Europea. 
También tienen prioridad temas como: centrar el gasto institucional de la UE en tareas fundamentales; apoyar las peticiones de nuevos cargos permanentes a partir del presupuesto solo después de haber valorado la posibilidad de distribuir recursos y personal en el marco del presupuesto existente; apoyar las nuevas iniciativas solo después de haber valorado su impacto en el presupuesto y la cooperación interinstitucional de cara a un uso económico y eficaz de los recursos presupuestarios. 
Por ejemplo, para asegurar un uso más adecuado de los recursos presupuestarios de la UE en relación con la necesidad de más espacio de trabajo de las diversas instituciones de la UE, principalmente debido a la ampliación de la UE, invitamos a todas las instituciones a trabajar juntas y a permitir el uso de sus instalaciones para satisfacer necesidades de otras instituciones. De esta forma tendremos el espacio de trabajo necesario para las diversas reuniones y otros eventos sin gastos adicionales innecesarios en la construcción o el alquiler de nuevas instalaciones. 
La capacidad adicional en este ámbito es inmensa. Como ejemplo, podríamos mencionar las salas de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo, que están vacías la mayor parte del tiempo. 
La tercera es mejorar la terminología presupuestaria de la UE, para que sea más completa y transparente y poder mostrar a los contribuyentes con mayor claridad cómo se utilizan sus recursos. 
En cuanto al presupuesto del Parlamento Europeo, en primer lugar quiero resaltar que se establecerá un limite máximo de gasto total de acuerdo con una detallada valoración de las necesidades justificadas. 
Conseguir un límite máximo del 20% del gasto administrativo total no es un fin por sí mismo. 
Quiero dejar claro que un aspecto importante del trabajo del Parlamento Europeo para 2006 es poder explicar mejor a los ciudadanos el trabajo del Parlamento en este sentido, con especial énfasis en el papel del Parlamento como representante de los Estados miembros de la UE. 
Un segundo aspecto importante son los preparativos del Parlamento Europeo para tener un papel más amplio en el ámbito legislativo, como se establece en el Tratado Constitucional de la UE. 
Finalmente, quiero decir algunas palabras sobre el presupuesto global de la UE para 2006. 
Quiero resaltar que 2006 es el último año de las Perspectivas Financieras actuales. 
Por lo tanto, es importante que el importe total del compromiso presupuestario y los créditos de pago para 2006 hagan honor a los compromisos que la UE adquirió, incluyendo los relacionados con la ampliación de la Unión Europea. 
Por ese motivo es inaceptable una actitud como la que adoptó el Consejo en el presupuesto de la Unión Europea para el año 2000, cuando bloqueó artificialmente el importe de los créditos de pago. 
Si queremos que la Unión Europea sea un socio fiable, es importante que cumpla sus compromisos, incluyendo aquellos compromisos adquiridos en relación con la ampliación de la UE. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, 2005 va a ser un año importante para todas las instituciones comunitarias y, cómo no, para la Comisión Europea. 
Creo que es importante desear un buen comienzo a la Comisión Europea en sus relaciones con el Parlamento y la Comisión de Presupuestos ha encontrado la mejor manera de hacerlo, al aceptar ayer el presupuesto recitificativo nº 1/2005 con muy poca discusión interna. 
Hemos decidido hacerlo sin enmiendas, en una sola lectura, y con la urgencia que deseaba la Comisión Europea. 
Aceptamos los cambios de actividades de un área política a otra, porque entendemos que la nueva Comisión y los nuevos comisarios requieren, en el organigrama de servicios de la Comisión, determinados cambios, porque cada comisario llevará la cartera de una manera distinta a la de su predecesor y porque es necesario hacer estos pequeños ajustes dentro del organigrama. 
Que el efecto presupuestario sea neutro ayuda a que el Parlamento pueda adoptar este presupuesto rectificativo sin ningún problema. 
Esperamos que, a cambio, el organigrama de servicios de la Comisión funcione perfectamente y que este pequeño cambio que introducimos pueda originar una mejor ejecución del presupuesto por parte de las diferentes Direcciones Generales. 
Nos consta que otros presupuestos rectificativos que vendrán a lo largo del año presentarán alguna dificultad más. 
Quizá no sea posible aprobarlos en una sola lectura. 
Por eso, creo que esta es una buena ocasión, señora Comisaria, para realizar una cooperación interinstitucional perfecta y para que las tres instituciones aprueben este presupuesto rectificativo con la urgencia que ustedes pedían. 
Señor Presidente, presentaré también un presupuesto rectificativo, que implica una respuesta. 
Es el presupuesto rectificativo del ejercicio 2005 del Parlamento, que debe reflejar el hecho de que los salarios y las pensiones del personal para 2004 se ajustaron a un tipo inferior al que se esperaba en un principio. 
El ajuste de salarios y pensiones, adoptado por el Consejo a finales del año pasado, solo fue del 0,7 % y, cuando preparamos el presupuesto para este año, preveíamos un aumento de los salarios del 2,6 %. 
Por lo tanto, como las demás instituciones de la UE, ahora el Parlamento puede recortar los créditos para personal en el presupuesto para 2005. 
Es algo a lo que, por supuesto, nos comprometimos en la conciliación presupuestaria. 
Cuando todo está dicho y hecho, pues, hablamos aquí de una reducción de 7,98 millones de euros del gasto del Parlamento Europeo en salarios, por ejemplo, y debemos acogerlo con satisfacción. 
Al mismo tiempo, estamos dando instrucciones a la Secretaría General del Parlamento Europeo para que examine el presupuesto del Parlamento en julio, para valorar la situación y ver si necesitamos otro presupuesto rectificativo. 
La causa es que este año prevemos la posibilidad real de un superávit presupuestario para el Parlamento, lo que significa que los créditos se interrumpirán a final de año. 
Y es así porque, durante varios años, gracias a la compra de edificios, el Parlamento nos ha permitido futuros ahorros en alquileres – una política muy sensata, que significa que podemos ahorrar algún dinero. 
En 2004, las transferencias de remanentes de 190 millones de euros hicieron posible liberar una parte de los créditos que tenemos del presupuesto de 2005 para edificios. 
Sé perfectamente que los servicios del Parlamento están negociando nuevas compras de edificios que en estos momentos tenemos alquilados, pero se encuentran en una primera fase, de modo que no sabemos en qué situación estaremos al final. 
Sin embargo, la realidad es que los créditos que tenemos en 2005 después de la reducción de salarios permitirán financiar áreas importantes que en estos momentos no están en el presupuesto, principalmente los preparativos para la adhesión de Bulgaria y Rumanía, y quizás nos permitirán comprar nuevos edificios para albergar las oficinas de información del Parlamento en los Estados miembros. 
Volveremos a tratar este tema en julio. 
También quiero realizar varias observaciones respecto al informe del señor Dombrovskis sobre el presupuesto de 2006 ahora que hay tiempo para ello. 
Naturalmente, ese presupuesto también se caracterizará por los preparativos para la adhesión de Bulgaria y Rumanía, que, como ha dicho el señor Dombrovskis, se prevé que tendrá lugar en 2007. 
También se caracterizará por la ampliación ya completada de los diez nuevos países y por la necesidad continua de contratar personal de los nuevos Estados miembros. 
Por supuesto, ya se ha realizado un gran esfuerzo para contratar los más de 1 200 nuevos empleados que hemos obtenido en el Parlamento, un esfuerzo que en muchos aspectos ha sido un gran éxito. 
Pero creo que nuestro ponente, el señor Dombrovskis, tiene razón al pedir que investiguemos si la situación resultante en cuanto a personal es satisfactoria en todos los aspectos. 
Debemos asegurarnos de que la contratación no tarde más tiempo del necesario y que no sea demasiado burocrática. 
Debemos asegurarnos de que tenemos los traductores y los intérpretes que necesitamos. 
Debemos procurar que, como miembros del Parlamento, tengamos acceso a los conocimientos necesarios para poder realizar un trabajo legislativo serio. 
Evidentemente, la cantidad de legislación ha aumentado bastante en los últimos años debido a los nuevos tratados, y la demanda de una legislación mejor, con la que, por supuesto, todos estamos de acuerdo, significa que debemos tener una orientación jurídica adecuada. 
Además, tiene que haber recursos para las correspondientes valoraciones de impacto en relación con la legislación, incluyendo valoraciones de las consecuencias financieras para el sector público, el presupuesto de la UE, las tesorerías nacionales y el sector empresarial. 
Por lo tanto, necesitamos más ayuda. 
Finalmente, y no por ello menos importante, me complace que en el proyecto de presupuesto del Parlamento para 2006 propongamos una considerable consolidación de la política de información del Parlamento. 
Ello implica una evaluación radical de la política de información para que podamos asegurar que conseguimos los objetivos del esfuerzo destinado a informar. 
Debería ser más fácil y simple para los periodistas y la gente en general seguir el proceso legislativo. 
Debería ser más fácil para los ciudadanos saber cómo pueden asegurar sus libertades civiles con la ayuda del Parlamento. 
Debemos asegurarnos de que nuestras peroratas sobre la transparencia den algún fruto real. 
De modo que mi grupo y yo estamos a favor de aportar más medios financieros a la política de información, aunque siempre digamos que tenemos que ahorrar. 
También es importante que incrementemos nuestro esfuerzo a favor de la descentralización mediante oficinas de información en los Estados miembros, donde se puede obtener un mayor conocimiento de las necesidades prácticas de información. 
Doy las gracias al señor Dombrovskis por sus esfuerzos. 
Podemos apoyar su informe. 
. – Señor Presidente, Comisaria, Señorías, estamos celebrando un debate sobre tres informes, y me gustaría centrarme en dos de ellos, porque estoy totalmente de acuerdo con el contenido del informe de mi colega el señor Garriga Polledo y, además, seguramente es el que necesita menos discusión. 
Quiero dar las gracias al señor Dombrovskis, en concreto, por tomarse el trabajo de abordar el tema de los presupuestos de las demás instituciones para 2006, porque creo que 2006 será un ejercicio muy importante a medida que avancen las negociaciones financieras con el Consejo. 
Quiero decir con claridad – y aquí el ponente tiene mi apoyo – que si queremos tener credibilidad en nuestras continuas discusiones con la Comisión sobre la mejor manera de utilizar los escasos recursos de Europa, también debemos estudiar cómo podemos, nosotros y las demás instituciones, conseguir el máximo efecto posible con los mínimos recursos. 
Al mismo tiempo, me preocupa un poco que el Parlamento no otorgue gran importancia a los dividendos, tan difíciles de obtener, resultantes de la velocidad con que hemos conseguido financiar los edificios de Estrasburgo y Bruselas y, después, de Luxemburgo. 
En mi opinión, no está bien. 
Al contrario, también el Parlamento debería demostrarse a sí mismo que puede arreglárselas con los recursos de que dispone. 
Apoyo el planteamiento de nuestro ponente cuando pone sobre la mesa con claridad el tema de las condiciones de trabajo en este sentido. 
Ahora hay 25 Estados miembros con 21 idiomas, si no recuerdo mal. 
Es más difícil trabajar juntos a escala de Grupo y en los grupos de trabajo –incluso en pequeños círculos– sin los recursos adecuados para las necesidades de traducción. 
Es un punto muy importante si queremos garantizar la eficacia y la capacidad de trabajo del Parlamento. 
Pero no creo que fuera útil en este sentido equipar la Cámara con ordenadores para poder leer las enmiendas. 
Esto sería incompatible con nuestro sistema de votaciones. 
Tampoco creo que tuviera sentido cablear todo el Parlamento e instalar una red local inalámbrica en todos los edificios; esa no es nuestra competencia en ese sentido. 
Pido a la Presidencia del Parlamento que proceda con mucho cuidado en estos temas. 
Y eso me lleva directamente al informe de la señora Jensen sobre el presupuesto suplementario nº 1/2005. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ya ha presentado una moción para los recortes adecuados en la reserva de edificios, en el marco del procedimiento presupuestario. 
Considero que es de lamentar que, ayer por la noche, en el marco del presupuesto suplementario, la Presidencia no pudiera liberar los recursos que probablemente superarán las necesidades; en otras palabras, reducir el presupuesto en consecuencia. 
Es de lamentar que no se hiciera. 
Sin duda, muy pronto pagaremos caro ese error. 
Y queremos dejarlo muy claro aquí: si en 2004 se hizo una transferencia de remanentes de 142 millones de euros –que es casi un 10% del presupuesto del Parlamento– empiezo a preguntarme si tiene algún sentido seguir redactando un presupuesto para esta Cámara si al final la realidad no tiene nada que ver con el mismo y si al final siempre acabamos ignorando lo que presentó la autoridad presupuestaria – que es lo que somos en el caso del presupuesto del Parlamento, en virtud del acuerdo entre caballeros. 
Debemos considerar muy en serio ese aspecto. 
Yo no quiero seguir participando en la función. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como acaba de decir el señor Ferber, el informe del señor Garriga Polledo no plantea realmente problemas, pues ya sabíamos que dadas las modificaciones efectuadas por la Comisión con toda probabilidad sería necesario un presupuesto rectificativo y suplementario. 
Comenzaré por hacer algunas observaciones sobre el informe de la señora Jensen relativo al presupuesto rectificativo y suplementario para el Parlamento Europeo. 
Es irrefutable en lo que respecta a las previsiones de los gastos de funcionamiento del Parlamento. 
No puede sino preocuparnos que hayan podido distorsionarse dichas previsiones para partidas tan importantes como los créditos relativos a los salarios de los funcionarios y los créditos inmobiliarios. 
Las recomendaciones de la ponente en el sentido de una mayor vigilancia por parte de nuestra administración son de sentido común. 
Con este informe respetamos también nuestro compromiso de diálogo presupuestario, pues mantiene disponible el gasto contemplado en el presupuesto 2005 e incluso permite la financiación de la adhesión de Bulgaria y de Rumania a la Unión con créditos no asignados. 
No hay por tanto ninguna razón para oponernos a esta iniciativa administrativa. 
Por lo que se refiere al informe sobre las orientaciones para los créditos para las demás instituciones que nos ha presentado hoy el señor Dombrovskis, quiero ante todo darle las gracias por su excelente trabajo y por la rapidez con que nos ha permitido debatir y votar en este período parcial de sesiones de marzo sobre estas orientaciones. 
Retomando la tradición de nuestras orientaciones presupuestarias en la materia, es esencial que todas las instituciones prosigan sus esfuerzos por concluir la ampliación con Bulgaria y Rumania, que el presupuesto de 2006 debe permitir. 
Compartimos las preocupaciones de nuestro ponente. 
Solo una controversia de última hora sobre las disposiciones que deben aplicarse en el Tribunal de Justicia llevará a mi Grupo a comprobar mejor ciertas soluciones propuestas en el informe del señor Deprez. 
El informe del señor Dombrovskis, respaldado por el informe anterior de la señora Jensen, señala que el presupuesto del Parlamento le debe permitir dotarse de recursos adicionales a fin de responder mejor a la magnitud de nuestra tarea y a las expectativas de los ciudadanos. 
A nuestro juicio no puede contemplarse una reducción del presupuesto del Parlamento por debajo del 20 % acordado antes de que concluya la política de adquisición de lugares de presencia y de trabajo del Parlamento. 
Pero sobre todo este presupuesto es indispensable para que el Parlamento mejore los medios de interpretación y traducción puestos a disposición de las distintas comisiones. 
Por otra parte, quiero llamar su atención sobre la ayuda profesional a los diputados al Parlamento Europeo, que debe incrementarse. 
En efecto, las sumas asignadas a cada diputado para personal son del todo insuficientes, habida cuenta de la complejidad de las nuevas competencias del Parlamento. 
Además, la falta de estatuto de nuestros asistentes es una situación totalmente indigna de una institución política que sitúa en el centro de sus proyectos una sociedad de la innovación y de respeto de los derechos humanos. 
Tener un estatuto profesional es un derecho de nuestros asistentes, pero darles un estatuto es un deber de los legisladores que somos. 
Del mismo modo, pienso que debemos reflexionar sobre el problema del Estatuto de los diputados. 
Así, cuando escucho a algunos diputados decir que les resulta difícil acceder a un régimen de pensiones dado el coste de algunos de estos regímenes, me parece algo totalmente indigno de la institución democrática que somos. 
Al igual que la señora Jensen, quiero llamar su atención también sobre los problemas con la política de comunicación del Parlamento. 
Esta política debe reforzarse y, mientras es fundamental contar con nuevos recursos, para nosotros nuevas técnicas y un nuevo enfoque de la comunicación son ahora una prioridad. 
En un momento en que se vota sobre el proyecto de Tratado Constitucional en referendo o por votación parlamentaria, sabemos hasta qué punto es esencial la información a los ciudadanos. 
Pero tenemos que adoptar una información sencilla, diaria y eficaz que permita transmitir y descentralizar el interés de los ciudadanos por el trabajo que hacemos aquí. 
Para nosotros es una prioridad que debe traducirse no solo en cifras en el presupuesto, sino en una acertada labor profesional de los servicios del Parlamento. 
Por tanto, nos parece inaceptable la idea de reducir el presupuesto del Parlamento por debajo del 20 %, habida cuenta de nuestros compromisos y, sobre todo, de la ampliación de nuestras competencias. 
Mientras no estemos dotados de recursos eficaces para desarrollar plenamente nuestra tarea, no podremos volver al principio que es esencial para nuestra función y, por tanto, para la democracia europea. 
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Señor Presidente, el informe del señor Dombrovskis que estamos debatiendo sobre las orientaciones presupuestarias para 2006, que afecta más a las Secciones que a la Comisión, constituye una base para el próximo presupuesto para esas instituciones. 
Y ya en esta fase, quiero dar las gracias al ponente, el señor Dombrovskis, por su excelente trabajo. 
De la misma forma quiero dar las gracias a la señora Jensen y al señor Garriga Polledo, que hoy nos proponen muchas enmiendas técnicas al presupuesto de este año, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 
La Unión Europea sigue pasando por un período de ajuste hasta el año 2006. 
La integración de los nuevos Estados miembros debe completarse, como ha dicho el ponente en su primer discurso. En concreto, esto significa actualizar la situación en relación con los recursos humanos. 
Además, hay que satisfacer las demandas de multilingüismo. 
Los servicios de interpretación tienen que actualizarse en todos los sentidos, y el servicio de traducción tiene que funcionar correctamente. 
El multilingüismo es un valor importante de Europa, y debemos fomentarlo. 
Al mismo tiempo, es una indicación clara de que la Unión Europea, y el Parlamento Europeo en particular, protegen los valores democráticos básicos. 
Solo con un multilingüismo completo garantizaremos que todos los ciudadanos de la UE puedan ser candidatos por, y además ser elegidos para, el Parlamento Europeo, independientemente de su nacionalidad o de sus antecedentes culturales y educativos. 
Hace poco ha vuelto a salir el tema de los puestos del Parlamento. 
El sistema actual es muy rígido, aun teniendo en cuenta la naturaleza multinacional de la UE. 
Hay muy pocas conexiones de transporte hacia y desde Estrasburgo, porque no es un línea aérea internacional. 
En el futuro debería haber una solución natural para ese problema, y las diversas partes afectadas deberían trabajar en estrecha colaboración. 
Quizás se podría llegar a un buen compromiso con Francia, el país afectado. 
Los resultados de la política del Parlamento en cuanto a propiedades han sido tales que en la actualidad puede funcionar casi en su totalidad en los edificios que posee. 
En parte ha sido gracias a una política de ahorro en relación con el gasto de funcionamiento. 
Debemos seguir garantizando que en el futuro el ahorro siga siendo el objetivo central de la política presupuestaria y la administración financiera. 
Y eso es también lo que pretende el informe que tenemos ante nosotros, resaltando como hace la necesidad de eficiencia, reasignación de créditos y cooperación interinstitucional. 
Por ese motivo el informe en cuestión constituye una buena base para el debate del propio presupuesto. 
Señor Presidente, quiero limitar mis comentarios al apartado 28 del informe del señor Dombrovskis, es decir el apartado sobre lo que cuesta que el Parlamento se vea obligado a trabajar una semana al mes en Estrasburgo, en vez de concentrar sus actividades exclusivamente en Bruselas. 
El coste directo de esta circunstancia se estima en unos 200 millones de euros al año. 
Y no incluyen la pérdida de eficiencia o el coste adicional que supone para los miembros del Parlamento Europeo. 
Probablemente el coste total se acerca más a los 300 millones de euros al año. 
Dado que el objetivo de la UE en el Proceso de Lisboa es llegar a ser la región más competitiva del mundo, la falta de voluntad y la incapacidad del Parlamento Europeo para terminar con las actividades en Estrasburgo parece completamente absurda. 
Los votantes no pueden sentir respeto por un liderato político que ni tan solo es capaz de gestionar satisfactoriamente un cambio tan obvio, un cambio que la industria en general está gestionando continuamente. 
No creo que sea sensato que las perspectivas financieras a largo plazo de la UE se vean envueltas en un coste acumulado de 2.000 millones de euros por mantener dos lugares de trabajo. 
En cambio, esos recursos podrían invertirse en investigación técnica o en algo que promueva el crecimiento. 
No es aceptable argumentar a favor de un presupuesto más grande mientras no eliminemos ese anacronismo. 
El presupuesto a largo plazo debería incluir, pues, ese coste, y hay que tomar una decisión para trasladar las operaciones a Bruselas como máximo antes de 2013. 
En nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quiero también dar las gracias al señor Dombrovskis por su informe culto y lúcido sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario de 2006 en relación con las Secciones de las instituciones de la UE. 
El informe resalta correctamente el hecho de que la ronda de ampliación de 2004 debe concluir eficientemente durante el próximo ejercicio. 
En concreto, hay que cubrir los cargos vacantes para los funcionarios de los diez Estados miembros, la mayoría de los cuales son para traductores e intérpretes. 
Resulta que los diputados de los nuevos Estados miembros han experimentado en estos ámbitos carencias importantes que dificultan el desempeño de nuestro trabajo. 
El ponente también tiene razón al resaltar la importancia de los preparativos para la adhesión de Bulgaria y Rumanía, que deberá tener lugar en 2007. 
Nos complace ver que las orientaciones del señor Dombrovskis incluyen una llamada a aumentar la eficiencia de las medidas tomadas por la institución de la UE mediante una mayor cooperación interinstitucional. 
Y como acotación al margen, valdría la pena añadir a la lista algo que han mencionado los anteriores oradores, es decir una mejor comunicación de y hacia Estrasburgo y una mayor eficiencia de las medidas tomadas por los diversos servicios de las instituciones de la UE. 
Y eso podría incluir, por ejemplo, la adhesión al principio según el cual las reuniones de comisión no se celebren en Estrasburgo, con lo que podríamos evitar las sesiones a altas horas de la noche que no mejoran en nada nuestra actitud o la eficiencia de nuestras acciones. 
Creo que debería prestarse mayor atención a nuestro compromiso de ofrecer información fiable y neutra, y es particularmente importante que los fondos destinados a la política de información se inviertan en consecuencia. 
A pesar de que la mayoría de los diputados de esta Cámara subscriben este principio, no siempre ocurre así en la práctica. 
En el informe sobre la campaña de información respecto al Tratado Constitucional, por ejemplo, se dice claramente que hay que explicar las ventajas que los ciudadanos obtendrán con la Constitución. 
¿Dónde está la imparcialidad? 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el proyecto del proceso presupuestario para el año 2006 y el presupuesto rectificativo para el ejercicio 2005 son, sin duda, una reacción a la situación actual y a las circunstancias en el ámbito de las relaciones presupuestarias, y pretenden mejorar con eficacia el funcionamiento de la Unión Europea. 
En este sentido, agradezco el buen trabajo de los ponentes. 
En este breve espacio quiero expresar en especial mi apoyo al señor Ferber y, añadiendo mi voz a la suya, resaltar la necesidad de resolver el tema no resuelto del volumen de traducciones e interpretaciones que crean un cuello de botella en el funcionamiento del Parlamento Europeo. 
Además de la financiación adecuada, ello implica aumentar la cantidad de empleados cualificados en este ámbito, medidas específicas en el marco de la formación especializada en traducción e interpretación, y quisiera resaltar eso, también de cara a mejorar la gestión y la logística de esas operaciones, un tema que no está directamente relacionado con el procedimiento presupuestario. 
Todo ello es importante para que el Parlamento Europeo pueda cumplir su mandato como institución multinacional multilingüe que adopta unas normas europeas esenciales, en vez de transmitir la impresión de una agencia para la enseñanza del inglés. 
Gracias por su atención y agradezco a los traductores el buen trabajo que realizan. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves, excepto para el informe del señor Dombrovskis, que se someterá a votación el miércoles a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el comercio de células de ovario. 
,. Señor Presidente, los tejidos y las células de origen humano se han convertido en una parte importante de la asistencia sanitaria. 
Su uso terapéutico continúa aumentando, no solo desde el punto de vista de la frecuencia del uso de tejidos y células, sino también de las formas en que pueden usarse. 
A menudo, los tejidos y las células se adquieren mediante intercambios transfronterizos. 
Durante la última década ha aumentado el intercambio de estas sustancias humanas, tanto dentro de la Unión Europea como entre Europa y terceros países. 
El hecho de que la utilización de estos tejidos y células pueda causar la transmisión de enfermedades ha centrado la atención en la necesidad de aumentar las medidas de seguridad. 
Las instituciones europeas reaccionaron ante esa preocupación aprobando, en marzo de 2004, una Directiva por la que se establecían requisitos de calidad y seguridad para los tejidos y las células de origen humano. 
Esta directiva asegura que el creciente número de pacientes tratados con tejidos y células de origen humano en Europa puedan confiar en la seguridad y en la calidad de tales sustancias. 
Eso constituye un paso más de cara al cumplimiento del mandato del artículo 152 del Tratado, que es establecer elevados requisitos de calidad y seguridad para las sustancias de origen humano. 
La directiva debe transponerse en todos los Estados miembros a más tardar el 7 de abril de 2006. 
Por lo tanto, para esa fecha debe haber sido aplicada en todos los Estados miembros, incluido el Reino Unido, y también formará parte del acervo comunitario que deberá aplicarse en Rumanía en el marco del proceso de ampliación. 
El artículo 152, en el que se basa la directiva, tiene el objetivo de regular aspectos de salud pública. 
Como quedó claro durante el debate en el Parlamento previo a la aprobación de la directiva, aunque es posible formular y apoyar principios éticos fundamentales, no es posible tener reglamentos comunitarios vinculantes. 
La cuestión de las donaciones voluntarias y no remuneradas de tejidos y células se debatió exhaustivamente durante el proceso de codecisión en torno a la Directiva sobre tejidos y células. 
Sé que fue una cuestión importante para el Parlamento Europeo y creo que se llegó a una buena solución de compromiso. 
El artículo 12 de la directiva establece que los Estados miembros deberán hacer todo lo que esté en su mano para obtener donaciones voluntarias y no remuneradas de tejidos y células. 
Los donantes pueden recibir una compensación, pero únicamente para sufragar los gastos y las molestias de la donación. 
En ese caso, los Estados miembros definirán las condiciones en las que se concederá esa compensación. 
Tanto el Consejo como el Parlamento aceptaron esta solución. 
Se sitúa en el límite de lo que la Comisión considera legalmente aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 152 del Tratado. 
Sin embargo, eso no significa que la directiva sea poco clara sobre las condiciones para el intercambio de tejidos y células. 
Al contrario, el artículo 12 manda un mensaje muy claro en cuanto al carácter voluntario y no remunerado que deben tener esos intercambios. 
Por supuesto, esas características se basan en unos valores que van más allá de las cuestiones de seguridad. 
Por lo tanto, la Comisión considera que el pago de cantidades sustanciales para obtener óvulos humanos sería contrario a la filosofía de la Directiva sobre tejidos y células. 
Podría abrir la puerta a un comercio en el que las personas necesitadas podrían verse empujadas a realizar donaciones que deberían responder más bien a principios altruistas. 
Tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como el Convenio Internacional de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa prohíben la obtención de beneficios económicos del cuerpo humano y sus partes. 
La Comisión vigilará atentamente la aplicación de la Directiva sobre tejidos y células en los Estados miembros actuales y futuros. 
Lo mismo haremos en lo que respecta a sus disposiciones restrictivas y también en lo que respecta al espíritu general de la directiva, como el principio de la donación voluntaria no remunerada, claramente expresado en el artículo 12. 
Con el fin de garantizar una correcta interpretación de la directiva en los países candidatos, la Comisión organizó una revisión por homólogos en Rumanía y Bulgaria en 2004. 
Esta revisión analizó la situación en los dos países e identificó medidas futuras que deben tomarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos comunitarios en este ámbito. 
De este proceso surgieron una serie de recomendaciones. 
Las autoridades competentes de los dos países están dispuestas a incorporar los principios de la directiva a su legislación nacional. 
Este año se realizará un seguimiento de ese proceso. 
La Comisión es consciente de la importancia de fomentar la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células de alta calidad y un alto grado de seguridad. 
Esa es, a mi juicio, la mejor forma de evitar un comercio ilegal. 
A este respecto, la Comisión también considera muy importante fomentar que los Estados miembros incorporen el principio de donación voluntaria y no remunerada a sus legislaciones nacionales. 
Los programas de donación de tejidos y células deben basarse en ese principio. 
. Señor Presidente, medios acreditados como la BBC y ARD han presentado historias sobre mujeres rumanas que reciben grandes sumas de dinero a cambio de donar sus óvulos, que se destinan sobre todo a las clínicas de fertilidad del Reino Unido. 
Se habla de sumas que superan el salario de seis meses de las mujeres rumanas. 
Si eso es cierto, es una contravención de la Directiva europea que establece los requisitos de calidad y seguridad de células y tejidos humanos, como ha dicho antes el Comisario. 
Al fin y al cabo, la directiva solo prevé el pago de los costes y la compensación por los inconvenientes, y los importes citados son considerablemente superiores. 
El pasado jueves hice público un comunicado de prensa sobre este tema, y el lunes recibí en mi oficina de aquí un mensaje de correo electrónico de la embajada rumana y un informe del Gobierno británico. 
Rumanía informa, y cito: «La Clínica Global Art, que estaba realizando prácticas ilegales» –repito, ilegales– «de fertilización y recogida de óvulos fue cerrada por el Gobierno Actualmente se investiga la situación por parte del Fiscal». 
El Gobierno británico informa de que la organización responsable de este tema, la HFEA (Autoridad de Embriología y Fertilización Humana) , inició una investigación y no pudo probar que allí estuviera ocurriendo nada indigno. 
La prohibición que se aplicó durante la investigación se ha retirado y mientras tanto la organización ha informado de un aumento de las solicitudes de importación de óvulos. 
La donación de óvulos no está exenta de riesgos, y las mujeres tienen que firmar una declaración de que son conscientes de los mismos. 
¿Por qué iban las mujeres a realizar una donación con tanto riesgo si no recibieran una remuneración? 
Al visitar el sitio de, se pasa de una sorpresa a otra. 
Es una empresa de compra de niños por correo. 
Se puede enviar esperma con el que se fertiliza un óvulo de una mujer rumana. 
Se puede seleccionar por edad, educación, altura, color del pelo, etc. Después el embrión se envía por mensajero a los futuros padres para la implantación. 
Quiero hacer las siguientes preguntas a la Comisión. 
En primer lugar, los informes de Rumanía y Reino Unido son contradictorios. 
¿Conoce la Comisión lo que está ocurriendo allí, a qué escala, el tipo de remuneración que se paga y si lo que ocurre contraviene la legislación europea? 
En segundo lugar, de acuerdo con el sitio de, su principal mercado son los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. 
¿Puede averiguar la Comisión si hay también clientes de otros Estados miembros o países candidatos a la UE y si esas prácticas existen en otros países candidatos previo pago? 
En tercer lugar, la directiva sobre el uso de células y tejidos humanos debe transpornerse a la legislación nacional antes de abril de 2006 como máximo. 
¿Qué hace la Comisión para asegurar que las remuneraciones no sobrepasen la compensación por los gastos incurridos y los inconvenientes sufridos? 
Y por último, ¿podría la Comisión ofrecer una visión general de la reglamentación aplicable, incluyendo cantidades, en los diversos Estados miembros y países candidatos? 
. – Señor Presidente, ahora sabemos que el origen de nuestra resolución estaba manifiestamente infundado, pero aprovecharemos la oportunidad para volver sobre la decisión marco relativa a la prevención del tráfico de órganos y tejidos humanos y a la lucha contra este fenómeno. 
Recordemos que el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe que el cuerpo humano y partes del mismo como tales se conviertan en objeto de lucro. 
La extracción de óvulos no es anodina y requiere tratamientos importantes y causa bastante dolor. 
Por otra parte, cuando una mujer se ve obligada, en especial por la pobreza, a vender sus óvulos, se convierte en presa fácil para las redes criminales organizadas. 
La donación de óvulos, del mismo modo que la donación de órganos en su conjunto, debe estar estrechamente controlada y vigilada para proteger a las personas que se hallan en situación frágil y evitar que seres humanos sean explotados por sus óvulos. 
Lamento que el Consejo todavía no haya adoptado la decisión marco de iniciativa griega sobre la prevención y el control del tráfico de órganos y tejidos humanos. 
Esta decisión marco prohíbe las transacciones comerciales de órganos y tejidos de origen humano, y define claramente las infracciones para poder castigar el tráfico de órganos humanos. 
Las divergencias entre las legislaciones nacionales generan un entorno favorable para las redes criminales que aprovechan esas diferencias. 
Preguntamos, pues, a la Comisión cuáles son las medidas existentes y qué medidas se prevén para prevenir una nueva forma de explotación del cuerpo femenino. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, antes de entrar en el meollo de la cuestión, quisiera decir que es casi un milagro que todos los Grupos de esta Cámara hayan conseguido presentar hoy un texto de compromiso sobre este tema que nos preocupa. 
Estoy encantada con esto en este Día Internacional de la Mujer. 
¿De qué hablamos exactamente? 
Los oradores y oradoras que me han precedido lo han dicho ya. 
Hablamos de la existencia de una clínica en Bucarest, Rumanía, especializada en la donación de ovocitos a ciudadanos de la Unión Europea, en particular de nacionalidad inglesa, mediante una compensación financiera: 150 libras esterlinas en promedio. 
Y ahí reside el meollo del problema, porque esta tarde, señor Comisario, oirá hablar, con referencia a esta cuantía, o bien de pago o bien de justa compensación. 
En realidad, se trata más de un conflicto filosófico que de un matiz sobre esta cuestión tan sensible, la de la donación y la gratuidad de dicha donación. 
Esto vale tanto para los órganos como para las dos directivas anteriormente adoptadas por la Unión relativas respectivamente a la calidad y la seguridad de la sangre y a los tejidos y las células. 
Así pues, ¿hay o no hay, en el caso de la clínica rumana, pago y por tanto comercio de óvulos? 
La autoridad nacional británica, la, tras una exhaustiva investigación sobre el terreno, ha concluido que no existe ninguna prueba de pago. 
Pedimos pues en esta Cámara que la Comisión acalre esta cuestión. 
Señor Kyprianou, ¿posee la Comisión nuevos datos de Rumania o de otros Estados miembros de la Unión Europea? 
Hablando de esto me parece importante que antes incluso de la entrada en vigor de esta directiva relativa a los tejidos y las células la Comisión nos presente un informe sobre las legislaciones nacionales, sobre las donaciones de gametos y los sistemas de indemnización previstos por los Estados miembros. 
En estos asuntos de investigación y ética el Grupo ALDE tiene las cosas claras: Europa no tiene la misión de armonizar la ética; debe primar la subsidiariedad, y los países con una posición conservadora en la materia no pueden impedir a Europa llevar a cabo una investigación sobre células madre para responder a la esperanza de millones de pacientes en la terapia génica y celular. 
Por ello, tras nuestro debate interno de esta tarde, votaremos en contra del apartado 11. 
Además, hay que dar prioridad al interés común de los donantes y los pacientes, en términos de acceso a estos tratamientos específicos, pero también, por supuesto, de calidad y seguridad en los dos extremos de la cadena. 
Por último, la manera de garantizar la seguridad y la calidad en materia de donación de gametos en concreto, como en el caso de la donación de sangre, no solo pasa por la gratuidad, sino también por la garantía de la disponibilidad. 
Acaba usted de mencionar, señor Comisario, la necesidad de que los Estados miembros incluyan en su legislación la cuestión de la donación voluntaria y gratuita. 
Quizás se evitaría este tipo de turismo médico si los Estados miembros de la Unión Europea aceptaran también ocuparse con absoluta transparencia de la cuestión del principio y el importe de dichas indemnizaciones. 
Me refiero, al igual que usted, al compromiso alcanzado al cabo de debates interminables y que figura en el artículo 12 de la directiva: se trata del apartado 5, un punto crucial de nuestra resolución. 
Muchos Estados miembros son perfectamente conscientes de esto y han abierto ya el debate sobre esta cuestión, como el Reino Unido. 
En pocas palabras, señor Comisario, el propósito de este texto es luchar sin cuartel por la solidaridad y la calidad, en contra de la penuria, del tráfico y de todo tráfico de que pueden ser víctimas las mujeres en particular. 
Paso, para concluir, al último punto de nuestra resolución y a los textos fundamentales de la Unión Europea. 
El cuerpo humano es inalienable y no puede ser fuente de beneficio. 
. – Señor Presidente, el debate de hoy es también una prueba de fuego para la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Creo que va a quedar claro si la Comisión se toma en serio los valores establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales, como la dignidad humana, o si cierra los ojos ante las infracciones. 
¿La Comisión simplemente se cruza de brazos y se esconde detrás de los Estados miembros, o realmente expone las contradicciones? 
¿Cómo es posible que la Comisión no pueda explicarnos hoy, por qué, por una parte, el Gobierno británico mantiene que no ha habido comercio, que no se han realizado pagos que superaran la simple compensación, y por qué, por otra parte, el Gobierno rumano ha cerrado la clínica? 
No nos ha dado ninguna explicación. 
¿Debemos deducir de ello que no se toma el caso en serio, que se ha dejado mecer en la complacencia de las afirmaciones tranquilizadoras, o que está dispuesta a investigar las pruebas? 
Hay muchísimas – en Internet, de los periodistas, de otros documentos – y demuestran que se están efectuando pagos. 
Señor Kyprianou, el sentido común debería obligarle a preguntarse qué motivos puede haber para que esas mujeres rumanas ofrezcan óvulos a clínicas británicas, precisamente, sin cargo alguno: es algo que, al fin y al cabo, comporta un grave riesgo para su propia salud. 
Quisiera que la Comisión se tomara ese debate más en serio, y que no se escondiera detrás de las afirmaciones o de la resolución. 
Conocemos los proyectos de directivas. 
Como guardián de los Tratados, es su obligación asegurar que no haya bombas éticas de este tipo en la Unión Europea. 
Tiene que asegurar que reciben tarjeta roja. 
Y no me refiero solo por parte del Parlamento, como tenemos previsto hacer con nuestra resolución; es también su obligación, como Comisión Europea, enviar un indicio claro de que el comercio de este tipo está prohibido, y que la Comisión hará todo lo posible – absolutamente todo – para poner fin a esa violación de la dignidad humana. 
La Comisión también debe demostrar con claridad que valora seriamente el tema, que está llevando a cabo sus propias investigaciones y quizás incluso utilizando su sentido común y poniéndose en contacto con el Gobierno de Rumanía: que al fin y al cabo es un país candidato. 
También debe dejar claro ante los ciudadanos europeos que el tráfico de seres humanos y el comercio con partes del cuerpo humano está prohibido en la Unión Europea. 
Señor Presidente, por supuesto, yo también espero que la Comisión se tome en serio toda la información procedente de Rumanía. 
No nos escondamos detrás de una falsa sensación de seguridad, porque de cada gobierno llega un mensaje distinto. 
Ya hemos comprobado la riqueza de la inventiva que sale a la luz cuando se trata de explotar el cuerpo de las mujeres. 
Hace ya muchas horas, en el día de hoy se celebraba el debate de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
Muchos diputados de este Parlamento, el Comisario responsable y los representantes del Consejo han condenado el tráfico de mujeres que se estaba debatiendo. 
Ahora, muchas horas más tarde, el debate se refiere de nuevo a formas de explotación del cuerpo de las mujeres mediante el comercio de óvulos. 
Una propuesta tan cínica como esta sobre la compraventa de óvulos no debería ser posible en una sociedad humana civilizada. 
Si se permitiera, Dios sabría cuál sería el futuro de ese mercado de compraventa. 
¿Qué otros órganos se podrían comprar y vender en un mercado? 
Por supuesto, no estoy hablando de la donación voluntaria, sin compensación, de células y tejidos humanos. 
Es algo muy distinto de este mercado de compradores y vendedores. 
Espero que la Comisión se lo tomará en serio y que un Parlamento unánime estará de acuerdo en pedir a la Comisión que tome todas las medidas posibles para evitar lo que considero que es una infracción de la ley. 
El comercio de óvulos a cambio de dinero no debe ser posible. 
Y tenemos que dejarlo claro. 
Señor Presidente, el debate de hoy sobre el problema del comercio de óvulos humanos no tendría lugar si las personas fueran conscientes de la dignidad y la unicidad de los seres humanos, que fueron creados por el propio Dios. 
Por supuesto, las ganancias financieras son una causa más de por qué se venden los óvulos y se manipulan los embriones. 
Es una violación no solo de los principios morales, sino incluso de las disposiciones de la Convención Europea de 1996 sobre Derechos Humanos, que establece que ni el cuerpo humano ni partes del mismo se pueden utilizar como fuente de beneficios. 
Todo comercio de células u órganos humanos convierte al ser humano en un objeto, y los úteros de las mujeres en incubadoras. 
Es una afrenta a la dignidad de las personas, mujeres y madres. 
Los gametos no deben compararse, y no pueden compararse, con otros tejidos o con la sangre. 
En términos puramente médicos, hay que administrar grandes dosis de hormonas para obtener óvulos. 
Lo que puede comportar una disociación neurohormonal, trastornos genéticos en los núcleos de los óvulos, cambios patológicos y complicaciones en la función y la estructura de los ovarios, sobre todo si el procedimiento se repite varias veces. 
Esas complicaciones a menudo comportan cambios cancerígenos que suponen una amenaza no solo para la salud de la mujer sino también para su vida. 
La manipulación de los gametos o embriones es también inaceptable por motivos éticos. 
Y es por el importante problema de la herencia genética. 
Se viola el orden natural, y en consecuencia actúa como fuente de caos, desgracia y sufrimiento para muchas personas, incluyendo las que en futuras generaciones se concebirán en tubos de ensayo. 
Una motivación más para quienes dirigen esta tragedia tan moderna en la que los seres humanos se convierten en objetos es destruir el sentido del matrimonio y la familia, y separar la paternidad/maternidad biológica, de la genética y la jurídica. 
Hay que tomar medidas para detenerlo. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, todo comercio con partes del cuerpo humano o tejidos humanos tiene una connotación muy repugnante. 
Por lo tanto, el comercio con óvulos humanos que se es posible que se esté produciendo entre Rumanía y el Reino Unido es totalmente censurable y debe ser condenado. 
Confío en que la Comisión explique más claramente si cree o no que se está produciendo ese comercio. 
La obtención de óvulos conlleva graves riesgos para la salud de las mujeres afectadas, debido a la sobreestimulación de los ovarios. 
Por lo tanto, es ofensivo y claramente incorrecto que se ofrezcan incentivos a las mujeres con problemas económicos de los países pobres para convertirse en donantes remuneradas. 
Estoy dispuesto a apoyar cualquier medida para suprimir ese vergonzoso comercio. 
El comprensible deseo de tener hijos por parte de las parejas que no los pueden tener no debe prevalecer sobre la dignidad humana ni sobre la salud de las donantes explotadas. 
Como ha dicho hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar su declaración contra la clonación de seres humanos, es preciso tomar medidas para evitar la explotación de mujeres en la aplicación de las ciencias de la vida. 
Precisamente estamos ante un caso de estos. 
– Señor Presidente, la extracción de óvulos de mujeres jóvenes rumanas de 18 a 30 años para crear embriones humanos es uno de los aspectos más odiosos de la explotación moderna de las mujeres. 
Constituye asimismo la máxima perversión del principio de libre circulación de bienes y servicios en nuestros países europeos supuestamente desarrollados. 
El único crimen de las nuevas esclavas de la biotecnología es haber nacido en un país europeo económicamente pobre. 
Sus estadísticas figuran ahora en Internet y basta con hacer clic para seleccionarlas en función de la raza, el color de los ojos y el nivel de educación. 
Esto nos recuerda otros tristes momentos de selección humana en Europa. 
En aquel entonces ocupaba más espacio y era más visible. 
También en Europa, la felicidad de tener un hijo se compra ahora en Internet, ya buen precio, destruyendo en secreto y permanentemente la integridad corporal de estas jóvenes mujeres y, sobre todo, destruyendo para siempre su profundo deseo de poder dar a luz algún día. 
No nos creamos demasiado pronto que el anuncio de una solución aceptable permitirá poner fin a esta triste historia. 
Una rama de la ciencia también necesita embriones humanos y las mujeres pobres son presa fácil, sobre todo en Europa y sobre todo cuando son jóvenes. 
¿Tendremos nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, aún buenas razones para combatir este mercado y, sobre todo, la valentía de hacerlo todo por renunciar a él? 
–) Señor Presidente, me complace poder estar hoy aquí para corregir algunos de los malentendidos con respecto a esta cuestión. 
La política del Reino Unido no permite ningún incentivo económico para la donación de óvulos. 
Las clínicas pueden dar a las donantes una compensación de 15 libras esterlinas –unos 20 euros– más los gastos. 
Estas normas se aplican tanto a las donantes en el Reino Unido como a las donantes que faciliten sus óvulos a cualquier persona física o jurídica del Reino Unido. 
Esa es la primera aclaración que quería hacer. 
En segundo lugar, quisiera aclarar la cuestión planteada en la pregunta original sobre el pago de 1 000 libras esterlinas. 
En la actualidad, en el Reino Unido hay un debate sobre la escasez de donaciones de óvulos y esperma, sobre todo ahora que estamos debatiendo una nueva ley que daría a los niños nacidos gracias a esas donaciones el derecho a conocer a sus padres. 
Creemos que habrá escasez de óvulos y esperma, así que se está debatiendo la forma de corregir esa escasez y hay quien ha hablado de una compensación de 1 000 libras, pero esa remuneración no se ha aprobado y no forma parte de la política del Reino Unido. 
Es cierto que hay una clínica en Rumanía que abastece al mercado del Reino Unido. 
Se presentaron denuncias ante la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido, que es un organismo independiente. 
Este investigó dichas denuncias, estuvo en Rumanía, habló con las mujeres y examinó los problemas. 
Detectó ciertos problemas con los formularios de consentimiento, que ya se han modificado. 
No encontró ninguna prueba de que se realizaran pagos no autorizados. 
No obstante, sigue supervisando lo que ocurre en Rumanía. 
En un momento dado llegó a suspender la entrada de óvulos en el Reino Unido y sigue vigilando la situación en todo momento. 
Hay que mencionar algunas cuestiones a este respecto. 
No creo que queramos un mercado de óvulos y otros tejidos humanos. 
Apoyo la referencia de la directiva comunitaria a las donaciones voluntarias y altruistas. 
Sin embargo, tenemos que estudiar cómo vamos a tratar la cuestión de las personas que donan a otros países. 
Tenemos la capacidad de regular esas donaciones en nuestros países de la UE. 
Sin embargo, otros países no tienen esa capacidad normativa. 
Espero que el Comisario trabaje con la OMS sobre estos temas y los vuelva a analizar para que podamos encontrar las respuestas a las preocupaciones de sus Señorías. 
– Señor Presidente, cada año, cientos de miles de parejas se ven condenadas a una vida sin hijos porque la mujer no puede ovular. 
Esa situación puede subsanarse ahora gracias a la donación de óvulos. 
A este respecto se plantean dos cuestiones éticas principales. 
En primer lugar, ¿es justificable que la donante de óvulos se someta al tratamiento médico preparatorio necesario, que no está totalmente exento de riesgos? 
En segundo lugar, ¿es justificable que la mujer que lo haga reciba una compensación por ello? 
Un sistema debidamente controlado y regulado, que permita que mujeres voluntarias sanas, plenamente asesoradas y seleccionadas, donen sus óvulos, es tan ético como deseable. 
Ese sistema podría funcionar con un nivel mínimo absoluto de riesgo aceptable para todas las afectadas. 
Podría prestar un servicio médico de alto nivel y proporcionar mucha felicidad a un buen número de parejas, garantizando al mismo tiempo la necesaria ayuda económica a mujeres jóvenes, muchas de las cuales la utilizarán para poder cuidar mejor de sus familias. 
La principal preocupación es el riesgo de explotación. 
Desde luego, la forma más segura de conseguir que efectivamente haya explotación es hacer que la donación de óvulos se realice clandestinamente. 
Reconozcamos la realidad de las necesidades del ser humano moderno. 
No anulemos las oportunidades que ofrecen los avances médicos a nuestros ciudadanos. 
No destruyamos los sueños de miles de parejas enamoradas de fundar una familia ni les neguemos la alegría de gestar un hijo. 
Dediquemos nuestros esfuerzos a controlar y orientar, en lugar de suprimir, castigar, atemorizar… 
Señor Presidente, sin duda se presionará mucho a las mujeres para que donen óvulos. 
Habrá una gran escasez de óvulos. 
Es algo de lo que no podemos hablar claramente. 
Me preocupa el hecho de que hablemos indiscriminadamente sobre óvulos, semen y embriones. 
Yo no era plenamente consciente de que los embriones podían producirse del mismo modo que el semen. 
Eso es lo que dicen los británicos en su respuesta. 
Mencionan ambas cosas al mismo tiempo. 
Me parece muy preocupante que la Comisión crea que tan solo con reglas ha solucionado los numerosos problemas consecuencia del tráfico de seres humanos. 
Necesitamos controles muy severos, y hay que localizar a los que violan las reglas. 
Asimismo quiero plantear la cuestión mencionada hace un momento en relación con lo que haremos con el tráfico transfronterizo. 
Por supuesto también habría que controlarlo. 
Por supuesto no es suficiente con decir que está permitido en el otro país. 
Aunque el tráfico de mujeres esté permitido en el otro país, nosotros queremos que se prohíba. 
Espero con impaciencia la explicación de la Comisión sobre cómo garantizará que se cumpla este deseo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, tenía muchas cosas que decir, pero me limitaré a unas cuantas porque no quiero hablar del trasfondo que ya conocen ustedes. 
Sin embargo, sabemos que lo que está sucediendo es un comercio, de eso no cabe la menor duda. 
Fue amable por parte de la señora McAvan intentar persuadirnos de que estas cosas no suceden, pero como médico sé lo que está sucediendo y es preciso prohibirlo porque así lo quiere el Parlamento Europeo. 
Además, hoy he recibido un correo electrónico que la señora Záborská ha enviado a todos los diputados acerca de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas –resolución 59516– sobre este tema en concreto, pero que la señora Záborská no mencionó en su discurso. 
Si este es el caso, también tendremos que permitir el comercio en otros órganos, a cambio de una remuneración, como cuando se obtienen riñones. 
Conocemos el cruel regateo que hay sobre los transplantes de riñones, especialmente en el Lejano Oriente y en Oriente Próximo. 
Conocemos muchos sucesos de este tipo. 
Sin embargo, también quiero hablar de los efectos secundarios para las mujeres sanas que utilizan este método, no para su propios fines –para la fertilización– sino para convertirse en donantes. 
Otros diputados han hablado de los efectos secundarios, que son significativos. 
Asimismo se han denunciado muertes, sin que hayan sido corroboradas científicamente, pero creo que es una razón de peso para que las mujeres se lo piensen dos veces antes de tomar una decisión como esta. 
Es una lástima que hoy, que celebramos el Día de la Mujer, debamos debatir sobre un tema como la explotación de las mujeres pobres en Rumania. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo sobre este tema, en parte porque la Unión Europea pone a disposición fondos para la investigación sobre las células madre embrionarias. 
En una anterior ocasión expresé mi sorpresa ante esta Cámara porque esta investigación está prohibida en algunos Estados miembros y es incompatible con la resolución contra todas las formas de clonación humana que ha adoptado hoy la Asamblea General. 
Además, hay que tener en cuenta la explotación comercial de las mujeres que, atraídas por el pago de sumas considerables, donan óvulos sin saber exactamente los riesgos médicos a los que se exponen. 
Es evidente que el comercio en óvulos y embriones humanos debe frenarse cuanto antes. 
Sin embargo, la Comisión habría bien en examinar si es o no en parte responsable de ello, porque utiliza fondos europeos para promover la investigación que es punible en algunos Estados miembros. 
A mi entender, se hace caso omiso del principio de subsidiariedad, porque no es un problema que no pueda solucionarse a nivel de Estado miembro. 
Señor Comisario, ¿puede decirnos cuál es su opinión sobre este comercio y puede usted confirmar que la investigación solo se financia si está permitida en todos los Estados miembros de la Unión? 
¿Está usted preparado para adherirse a la resolución aprobada hoy en la Asamblea General de la ONU en la que se hace un llamamiento para tomar medidas a fin de evitar la explotación de las mujeres? 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por haber aclarado una vez más el principio de que la Unión Europea considera inaceptable el comercio con células y tejidos humanos, pero que apoya las donaciones gratuitas. 
Quiero dar las gracias por esta aclaración fundamental. 
Dicho esto, estoy de acuerdo con los que han dicho que la Comisión debería investigar más detenidamente el caso. 
Las declaraciones hechas por Gran Bretaña y Rumania se contradicen, y, en lo que respecta a la votación, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos formulará una propuesta en la que se pide a la Comisión que aclare por escrito esta contradicción. 
Personalmente creo que la explicación dada por las autoridades británicas –que nos ha leído la señora McAvan– sencillamente no es creíble. 
Todos hemos visto la nota de la Embajada británica que contiene exactamente lo mismo lo que acaba de leernos. 
La señora McAvan tiene el derecho –quizás incluso el deber– de defender al Gobierno británico en la carrera a las elecciones, pero creíble no es una palabra que pueda utilizarse para describir los términos en que lo hizo. 
Tenemos cobertura de los medios de comunicación de Rumania y, en los próximos días, en los canales europeos se emitirán entrevistas con mujeres que lo hicieron por dinero. 
Me gustaría ver cómo sigue defendiendo la versión del Gobierno británico entonces. 
En el Reino Unido puede que haya algunas personas que consideren aceptable 1 000 libras. 
Estas 1 000 libras aparecen en un documento de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido sin más comentario, y hemos de protegernos contra ello. 
Lo que vemos aquí es tan solo la punta del iceberg, y hay un enorme problema. 
Si podemos identificar la punta del iceberg, no deberíamos seguir ocultando la cuestión ni impedir al menos que se pidan cuentas a los que podemos coger. 
Me gustaría dirigirme a la señora Ries, a quien tengo en alta estima como diputada. 
Coincidimos en muchas cuestiones, pero no comprendo por qué el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa tiene previsto votar en contra del apartado 11. 
Estoy seguro de que este Parlamento es unánime en su oposición a la explotación de las mujeres, especialmente en el Día Internacional de la Mujer. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que es muy importante que el Parlamento Europeo emita un rechazo firme y una condena de todo tipo de negocio y tráfico de tejidos y células humanas, al ser contrarios al principio básico de la naturaleza inalienable del cuerpo humano, y que tiene que prohibir la compra y venta de partes del cuerpo humano. 
En esta cuestión, creo que es importante subrayar la diferencia entre comercio y donación. 
Sin embargo, incluso en el caso de la donación, es preciso que destaquemos, de manera sincera y franca, la necesidad de un alto grado de vigilancia. 
La donación voluntaria a menudo oculta la motivación de obtener un beneficio de un cierto tipo y, por lo tanto, de explotar la situación. 
No es por casualidad por lo que se ha hecho referencia hace poco a una escasez de ovarios y de esperma en países donde el anonimato de los donantes ya no está garantizado. 
Por lo tanto, podemos ver que la donación no es a menudo el resultado del altruismo sino que es una pantalla para determinados tipos de especulación. 
Por consiguiente, creo que es necesario ser extremadamente prudentes, atentos y claros. 
Por último, voy a destacar que cuando deliberamos sobre células, es importante que se entienda la diferencia entre las células en general y las células de ovario. 
En este tema, es importante asegurar que los Estados miembros tienen la libertad de legislar, puesto que la donación de ovarios no está autorizada en todos los países y esta es una cuestión sobre la cual los Estados miembros tienen competencia. 
– Señor Presidente, la legislación europea dice que los tejidos humanos no pueden ser comercializados, comprados ni vendidos. 
Cualquier otra postura sobre esta cuestión abriría las compuertas a las prácticas corruptas. 
En diversas partes del mundo se sigue comerciando con órganos y tejidos, pero sus víctimas son siempre los más pobres de los pobres, forzados por la pobreza a vender lo que tienen de valioso. 
Aunque Europa siempre se ha opuesto a este tipo de comercio, siempre ha apoyado y sigue apoyando las donaciones voluntarias e ilimitadas, por ejemplo de sangre. 
Asimismo acepta la donación de óvulos si la donación es sincera, es decir, si es un acto voluntario, desinteresado y gratuito. 
La legislación europea defiende a los más pobres, e impide que se comercie con seres humanos. 
Trabaja de acuerdo con el principio de que no todo puede comprarse o venderse, aunque el vendedor acepte un intercambio de dinero. 
¿Cómo puede explicarse que las clínicas rumanas ofrezcan gratuitamente una amplia gama de óvulos? 
¿Acaso las mujeres rumanas son fundamentalmente diferentes de las mujeres en otros países? 
¿Están más inclinadas a hacer sacrificios en beneficio de beneficiarios anónimos? 
¿O es posible que la explicación deba buscarse en su situación económica, o en otras palabras en el hecho de que se les paga ilegalmente? 
Es preciso investigar si previamente se dan tratamientos hormonales a estas mujeres, y si son conscientes de que estos tratamientos tienen efectos sobre su salud. 
¿Acaso la iniciativa de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología de pagar 1 000 libras a las mujeres a modo de compensación no es un intento de trastornar los principios de la legislación europea? 
En caso afirmativo, ¿no expone a una mayor explotación y humillación a mujeres que ya están en desventaja debido a situaciones económicas difíciles y a la pobreza? 
¿No corren el riesgo de ser tratadas como fábricas llenas de órganos que pueden comerciarse, o como cuerpos sujetos a las leyes del mercado que producen tejidos que otros pueden encargar por un determinado precio? 
La Comisión Europea y el Comisario deberían examinar todas estas cuestiones para poder dar respuestas a las muchas preguntas formuladas. 
,. El debate me ha parecido muy interesante, pero es posible que no me haya expresado con claridad en mi intervención inicial, y quisiera aclarar mi posición. 
Les puedo asegurar que me tomo muy en serio este tema y que me preocupa mucho toda la situación. 
No recuerdo haber dicho nada que pudiera interpretarse de otra forma. 
Desde luego, a la Comisión le preocupa la situación, pero hay que tener en cuenta las posibilidades, competencias y derechos que tiene con arreglo al Tratado. 
Los que siguieron mi comparecencia saben que no estoy muy satisfecho con las competencias que el Tratado nos concede en relación con la salud. 
Sin embargo, esa es la ley y la realidad y debemos atenernos a ella. 
De conformidad con el Tratado, solo podemos abordar cuestiones de seguridad y de calidad. 
Por eso la directiva no entra a tratar la cuestión del pago y se limita a expresar el espíritu y la filosofía de las donaciones no remuneradas que deben poner en práctica y seguir los Estados miembros. 
Sin embargo, esa no es una norma vinculante. 
La Comisión está limitada en lo que puede hacer a este respecto. 
Por ejemplo, no puede iniciar procedimientos de infracción contra un Estado miembro, ya que se aplica el principio de subsidiaridad y esto es competencia de los Estados miembros. 
Repito que eso no significa que, ante esa carencia de competencia jurídica, no podamos adoptar posiciones o tomar iniciativas políticas. 
Tenemos la intención de hacerlo, fundamentalmente mediante el informe que elaboraremos sobre la aplicación de esta directiva, que incluirá las medidas tomadas por los Estados miembros para promover las donaciones voluntarias y no remuneradas. 
A este respecto, haremos todo lo que esté en nuestra mano para promover este aspecto de la filosofía de la directiva, relativo a las donaciones no remuneradas y voluntarias, y al mismo tiempo detectar y señalar dónde no se está siguiendo y se están realizando pagos. 
Aunque entiendo el punto de vista expresado por algunas de sus Señorías, debo dejar claro que tenemos que cumplir lo estipulado en la directiva y su filosofía de donaciones no remuneradas y voluntarias, que es en la que se basa la ley que la Comisión debe cumplir. 
En lo que respecta a este caso concreto, vuelvo a recordarles que no tenemos competencia jurídica y que la Comisión no puede llevar a cabo una investigación directa. 
Recibimos un informe de la autoridad del Reino Unido y su organismo independiente y no tenemos ninguna razón para dudar de los resultados de esa investigación. 
De hecho, hace tiempo se suspendió la actividad comercial y no se encontraron pruebas de que se produjeran pagos. 
Sin embargo, realizaremos un seguimiento de esta cuestión con las autoridades rumanas para comprobar qué pruebas tienen, aunque la investigación del Reino Unido se realizó también en Rumanía y tampoco allí se hallaron pruebas del pago de dinero. 
Aunque la directiva establece que «Los Estados miembros se esforzarán por garantizar las donaciones voluntarias y no remuneradas» , eso no significa que los Estados miembros no puedan ir más lejos y legislar, como he sugerido en mi intervención, sobre esas donaciones voluntarias no remuneradas en el contexto nacional, incluso llegando a prohibir los pagos, siempre que eso esté justificado por razones éticas de moralidad pública. 
Dadas las realidades del Tratado, a este respecto los Estados miembros tienen una responsabilidad mayor que la Comunidad Europea. 
No creo que el problema se haya solucionado, porque es cierto que, puesto que existe demanda, siempre habrá un potencial de comercio y pagos. 
Es posible que en este caso se produjeran efectivamente pagos, aunque no se ha podido probar, y siempre existirá esa posibilidad. 
Por eso, debemos encontrar la forma de promover las donaciones voluntarias y no remuneradas, de tal forma que se cubra la demanda y no haya espacio para el comercio ilegal o los pagos, con todos los riesgos que eso conlleva. 
Puedo asegurarles que, en del ámbito de nuestras competencias, seguiremos muy de cerca esta cuestión. 
Si comprobamos que se ha producido cualquier infracción de la letra o del espíritu de la directiva, la daremos a conocer. 
Antes de dar este debate por concluido, quiero comunicar que he recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento (1). 
Señor Presidente, el Comisario no ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado. 
Señor Comisario, ha hecho usted muchas referencias a la Directiva sobre tejidos y células, pero también se le ha preguntado si ello viola la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No creo que la Carta de los Derechos Fundamentales pueda describirse como una cuestión de subsidiariedad. 
Tampoco deseo que el debate de esta noche envíe este tipo de mensaje a la opinión pública europea: que, por así decirlo, estamos describiendo las violaciones de la dignidad humana como una cuestión de subsidiaridad. 
Le pido que responda de nuevo a esta pregunta. 
Asimismo siento interés por oír su respuesta a la pregunta del señor Blokland: es otra cuestión ética que no debería dejarse sin respuesta, pues preocupa tanto al Parlamento como a la opinión pública. 
,. Para responder a todas las preguntas sobre cuestiones relacionadas y no relacionadas, necesitaría unos 45 minutos, cosa que no es posible. 
No obstante, responderé por escrito a la pregunta sobre las consecuencias jurídicas de la vulneración de derechos fundamentales y la posición que podemos adoptar a ese respecto. 
No pertenezco al servicio jurídico y no puedo emitir una opinión jurídica en este momento. 
Por lo tanto, responderé por escrito más adelante. 
Aparte de eso, creo que la mayor parte de las cuestiones mencionadas ya han sido contestadas. 
Antes de dar este debate por concluido, quiero comunicar que he recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento (2). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se va a proceder al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión, acerca de la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
Para ello contamos con la presencia del señor Schmit, en nombre del Consejo, y del señor Verheugen, en nombre de la Comisión. 
Por parte del Parlamento contamos con una serie de diputados que van incorporándose a sus asientos. 
Tiene la palabra, en nombre del Consejo, el señor Schmit. 
. Señor Presidente, cinco años después de la adopción de la Estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo está llamado a debatir su relanzamiento con ocasión de la revisión intermedia de la misma. 
Como ha propuesto la Comisión, hay que dar un nuevo impulso a dicha estrategia, centrando nuestra atención en el logro de un crecimiento más fuerte y sostenible y en la creación de más puestos de trabajo de mejor calidad. 
Por consiguiente, el Consejo Europeo podrá confirmar la pertinencia de la Estrategia aclarando su finalidad y lo que está en juego. 
Los objetivos de crecimiento y empleo deben perseguirse a través de un proceso sinérgico que hay que desarrollar entre las tres dimensiones de la estrategia, a saber, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. 
En este contexto, el Consejo Europeo fijará también las prioridades que deben orientar la acción de la Unión en la esfera social. 
En efecto, un nuevo examen de la agenda social debe completar y apoyar la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, en particular en lo que se refiere al fomento de la dimensión social del crecimiento económico. 
Por lo que respecta al medio ambiente, el Consejo Europeo debería destacar la contribución de la política medioambiental al crecimiento y al empleo y confirmar la necesidad de integrar criterios medioambientales en el Proceso de Lisboa. 
Por otra parte, el Consejo Europeo será consultado sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de desarrollo sostenible; pero volveré sobre esto más adelante, puesto que se trata de un punto separado en el orden del día del Consejo. 
El Consejo Europeo examinará también cómo mejorar la gobernanza de la estrategia, tanto a escala de la Unión como también en los Estados miembros. 
La cuestión de la gobernanza ocupa realmente un lugar muy importante de la revisión intermedia. 
Será decisiva para el éxito de la estrategia. 
Para la Presidencia, esta compleja cuestión puede resumirse en unos cuantos puntos fundamentales. 
En primer lugar, la adopción de una serie de directrices integradas que permitan la sincronización y la racionalización de los distintos procesos que se desarrollan actualmente. 
El hecho de que haya tantos procesos e informes contribuye realmente en gran medida a la falta de transparencia de la Estrategia tal como la percibe el público e impide que se aplique efectivamente. 
A la luz de las orientaciones emitidas por el Consejo Europeo, la Comisión debería presentar propuestas de directrices que engloben las grandes orientaciones de política económica y las directrices para el empleo, integrándolas en un texto único y coherente. 
Esas directrices integradas serían endosadas después por el Consejo Europeo, y cuando el Tratado lo requiera, formalmente adoptadas por el Consejo. 
Se da por descontado que, en este proceso, las opiniones del Parlamento se tendrán plenamente en cuenta. 
En segundo lugar, la introducción de los programas de acción nacionales trienales. 
Se trata de dar a cada Estado miembro una mayor flexibilidad a la hora de elegir las prioridades y los métodos de acción para la aplicación de la estrategia, dentro del marco definido por las directrices integradas de las que acabo de hablar. 
Sobre la base de dichas directrices integradas, se propone que los Estados miembros elaboren programas de acción nacionales basados en la consulta más amplia posible entre todos los implicados. 
A fin de facilitar la consulta y la coordinación, así como la aplicación de lo decidido, cada Estado miembro podría nombrar a una figura pública que fuera responsable de la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
En tercer lugar, un proceso de seguimiento basado en una evaluación periódica de la aplicación en reuniones intermedias. 
La idea es que los Estados miembros presenten cada otoño, a partir de 2006, un informe único sobre la aplicación de su programa de acción nacional. 
Sobre esta base, la Comisión presentará cada año en el mes de enero un informe de evaluación, en su caso acompañado de propuestas de ajuste, que no podrán significar no obstante una remodelación total de las directrices integradas, cuyo período de validez será de tres años. 
El Consejo Europeo se pronunciará después sobre dichos ajustes. 
El Consejo, en sus distintas formaciones, sigue trabajando en torno a las cuestiones relacionadas con la revisión de la Estrategia de Lisboa y el Consejo de Asuntos Generales volverá sobre ellas justo antes del Consejo Europeo del 16 de marzo. Estos son, pues, los grandes proyectos que actualmente se debaten y elaboran con vistas a la reunión del Consejo Europeo del 22 de marzo. 
. 
Señor Presidente, Señorías, la gran iniciativa de crecimiento y empleo que estamos debatiendo hoy en esta Cámara es el principal proyecto de la Comisión para los próximos cinco años, por cuyo éxito sabemos que seremos juzgados, y no solo nosotros. 
Todas las instituciones europeas serán juzgadas a la luz del éxito de esta iniciativa de crecimiento y empleo, pues los ciudadanos de Europa esperan que invirtamos una tendencia y que mantengamos Europa a la altura de las circunstancias en una competencia mundial cada vez más aguda y de alto nivel, y recalco «de alto nivel». 
Las recetas que oímos a veces para enfrentarse a los peligros de una sociedad que envejece, a los peligros de una creciente mundialización, a las maneras cada vez más complicadas en que se divide el trabajo en el mundo, las recetas que a veces oímos, según las cuales la competitividad ha de conseguirse reduciendo los salarios y rebajando las normas sociales y ambientales, esas recetas son erróneas. 
En lugar de permitirnos una competencia a la baja, tendremos que recordar el hecho de que la capacidad de Europa para competir depende de la calidad de sus bienes y servicios y del liderazgo que ejerza, y no deberíamos avergonzarnos de decir en voz alta y clara que algo fabricado y vendido en Europa no solo puede afirmar ser el «número uno» en tecnología y calidad, sino que además representa ciertos valores europeos, como la idea de que nuestros productos y servicios no pueden surgir a fuerza de explotar despiadadamente el medio ambiente o de pisotear los derechos humanos. 
Estoy plenamente convencido de que, a la larga, una filosofía europea de política económica como esta nos aportará una ventaja competitiva, pues las otras regiones dinámicas del mundo no pueden eludir el hecho de que las personas desean unas normas ambientales y sociales más ambiciosas. 
Quiero recalcar expresamente que la iniciativa de crecimiento y empleo, la nueva agenda de Lisboa, es un proyecto que solo puede funcionar si se basa en una asociación. 
Es posible que la gente piense «vale, dejemos que esos de Estrasburgo y Bruselas se ocupen de ello, y ya veremos cómo vuelven a fracasar» , pero solo puede funcionar si las instituciones europeas y los Estados miembros asumen este proyecto como una responsabilidad compartida. 
El Presidente acaba de decir algo acerca de las dudas expresadas por algunos Estados miembros sobre el modo en que pretendemos aplicar esta estrategia, y es a ellos a quienes me dirijo cuando digo que no tenemos intención de establecer un mecanismo pesado de informes, recomendaciones y sanciones; lo que queremos es un modelo que nos permita presentar y analizar juntos los resultados de la política. 
Sin embargo, tenemos que resumirlos en un informe de progreso, y este ha de basarse en los informes de progreso de los Estados miembros. 
Estos no son algo que haya que temer, pues, incluso ahora, los Estados miembros han de presentar informes detallados; de hecho, lo que estamos proponiendo reduce la carga que han de soportar. 
Nadie ha de tener miedo a que la Comisión pretenda establecer categorías ni avergonzar a nadie, pero hemos de poder ver claramente lo que hemos logrado en un año y lo que nos queda por alcanzar. 
En segundo lugar, la Comisión está presionando mucho para que los Gobiernos de los Estados miembros designen a miembros –Ministros– responsables de coordinar la Estrategia de Lisboa en sus países. 
Esta estrategia debe estar asociada con caras. 
La solución más natural sería que esta función fuera asumida por los Ministros que participan en el Consejo de Competitividad, cuyo cometido incluye de todas formas la Estrategia de Lisboa. 
Ello permitiría asimismo a este Consejo, que actualmente está buscando un nuevo papel, encontrar uno y ser mucho más eficiente en su desempeño. 
La Comisión recomienda encarecidamente esta opción. 
El último punto que quiero señalar es que, en el transcurso de este año, presentaré una serie de iniciativas importantes para concretar la dimensión europea del proyecto. 
Todo lo que presente la Comisión estará sujeto a aprobación previa, juzgado en función de qué contribución hace un determinado proyecto o iniciativa al crecimiento y al empleo en Europa. 
Esta es la pregunta que hay que responder en todos los casos, y lo haremos. 
Muy pronto les presentaremos importantes iniciativas políticas en mi propio ámbito de responsabilidad, y el orden en que las enumeraré ahora es fruto de elección deliberada. 
En primer lugar, la legislación. 
El proyecto «legislar mejor» lleva bastante tiempo arrastrándose con dificultad, por decirlo suavemente. 
Necesita una clara dirección política. 
Ha de quedar claro que legislar mejor es algo que tendrá un efecto inmediato y directo en la productividad y la calidad de la economía europea. 
Es otra cosa que solo podemos conseguir juntos. 
El Parlamento tiene un papel importante que desempeñar en este terreno, así como el Consejo, los Estados miembros y la Comisión. 
No se trata únicamente de la futura legislación y de cómo garantizar que mejore la competitividad; se trata también del acervo tal como es actualmente y de examinar si seguimos necesitando todas las cosas que hemos aprobado en las últimas décadas o si es posible realizar una importante simplificación en este ámbito. 
En segundo lugar, Europa posee un potencial amplio y prácticamente virgen en cuando al rendimiento económico; está aquí, delante de nosotros, a menudo hablamos de ello y sin embargo se hace poco al respecto. 
Me refiero a los cerca de 25 millones de pequeñas y medianas empresas en Europa, que proveen dos tercios de nuestra mano de obra total. 
No hemos de contentarnos con decirles a estos 25 millones que son la espina dorsal de la economía europea, y luego no hacer nada más. 
En lugar de ello necesitamos una política que aproveche el enorme potencial del sector en materia de innovación, capacidad de inversión y creatividad, y lo convierta en empleos. 
Dentro de poco les presentaré propuestas para una amplia modernización y revalorización –y recalco «revalorización» – de la política europea en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. 
En tercer lugar, la política industrial; esta palabra inspira miedo en algunos Estados miembros. 
Necesitamos una definición moderna de la política industrial para el siglo XXI. 
No podemos dejar que todo siga como en el pasado, cuando se colocaban vallas protectoras alrededor de ciertas industrias; en este terreno también, lo único que hay que hacer es mantener la competitividad y mejorarla, pero hemos de ser conscientes de que Europa necesita una base industrial sólida y a largo plazo, y de este modo será preciso considerar la industria europea sector por sector, y discutir con todos los interesados –empresas, sindicatos, asambleas legislativas y Gobiernos– qué condiciones marco son las mejores para el sector en cuestión, permitiendo que aproveche al máximo su potencial de crecimiento. 
El último tema que quiero mencionar es el de la innovación. 
También en este caso, la Comisión quiere presentar propuestas nuevas y de gran alcance. 
La innovación es el eslabón de la cadena entre la investigación, el desarrollo y la producción, y es donde Europa no es suficientemente fuerte. 
Hemos de mejorar nuestra capacidad para convertir en innovación lo que produce la investigación, y hacerlo en todas partes. 
Los estadounidenses, entre otros, son mucho mejores en este ámbito. 
La actual Comisión está firmemente convencida de que Europa es suficientemente fuerte para enfrentarse a los retos de la competencia mundial. 
En casi todos los sectores de la economía hay al menos una empresa o país europeo que es líder mundial. 
Es decir, podemos hacerlo. 
Podemos aprender unos de otros. 
Podemos apoyarnos unos a otros aprovechando el potencial que existe en nuestras sociedades, pero tendremos que dotar a las instituciones europeas de la capacidad para aplicar una política conforme a ello, y así, antes de finalizar mi intervención, he de observar que la política de crecimiento y empleo es un instrumento poderoso para lograr nuestros objetivos políticos a largo plazo, pero las cifras de las próximas perspectivas financieras han de reflejarlo. 
Creo que lo único que puedo decir a este respecto es que sería muy perjudicial para el éxito de nuestra política de crecimiento y empleo si persistiera durante un tiempo la incertidumbre sobre las próximas perspectivas financieras. 
Hago un llamamiento, con carácter de urgencia, a los Estados miembros para que se tomen en serio el hecho de que los grandes proyectos necesitan tiempo para su preparación. 
El tiempo no está a nuestro favor. 
También es una cuestión de credibilidad de Europa ante la opinión pública; hemos de estar preparados para demostrar que lo que decimos se verá respaldado por lo que hacemos. 
También es un hecho que la acción cuesta dinero, no hay nada que pueda hacer yo al respecto. 
Sin un presupuesto que produzca los bienes, sin unas claras perspectivas financieras, será difícil, si no imposible, conseguir lo que queremos. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quisiera empezar este debate sumamente importante expresando mi más sincero agadecimiento a ambos ponentes, el señor Lehne y el señor Désir, por el trabajo que han realizado. 
Al tiempo que doy las gracias al presidente de la comisión competente, el señor Daul, y a la coordinadora de nuestro Grupo, la señora Thyssen, cuyo trabajo ha sido excelente, también quiero dar las gracias a quienes –no los puedo mencionar a todos– han desempeñado un papel a la hora de permitirnos –esperemos– conseguir una amplia mayoría para una buena causa cuando votemos esta tarde. 
La Comisión –a cuyo Presidente y Vicepresidente damos hoy la bienvenida– ha fijado las prioridades correctas para su mandato de cinco años: crecimiento y empleo. 
Nuestro Grupo les apoya claramente en este sentido y asimismo nos satisface ver que la Comisión está representada aquí no solo por miembros tan importantes, sino también en este número. 
Lo que está en juego es la capacidad de competir de la Unión Europea. 
Examinemos algunas cifras y comparémonos con nuestros principales rivales, nuestros socios y amigos estadounidenses. 
Si definimos el nivel en los quince Estados miembros de la UE como índice 100, la ampliación a 25 Estados miembros ha reducido nuestra productividad por trabajador a 93, mientras que la productividad laboral en los Estados Unidos se encuentra en 121. 
Esto demuestra la ventaja competitiva que tienen los Estados Unidos. 
En sí, el hecho de que nuestros ciudadanos viven más es motivo para alegrarse, pero es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, en el sentido de que surge la pregunta de cómo utilizamos la experiencia de las personas mayores. 
En la Europa de los 25, la tasa de empleo se sitúa en el 40 %, mientras que en los Estados Unidos es del 59,9 %. 
¿No deberíamos considerar cómo podemos mejorar el potencial y la experiencia de los mayores, y mejorar sus oportunidades de trabajar? 
Si miramos la investigación y el desarrollo, vemos que los 25 Estados miembros de la Unión Europea gastan el 1,9 % del PIB en esto, mientras que en los Estados Unidos es el 2,8 %. 
Es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo masivo. 
Nuestro Grupo aplaude la esencia de dos enmiendas que hablan de la necesidad de que reforcemos el espíritu empresarial. 
El Vicepresidente Verheugen tiene razón al recalcar el papel de las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de que creemos una cultura del riesgo empresarial, la necesidad de que estimulemos la iniciativa privada y la responsabilidad personal y sobre todo una legislación económica que no sea burocrática y que sea comprensible para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, con un sistema tributario sencillo y justo, y la previsibilidad que necesitamos en la política económica. 
Esto significa que hemos de hacer posible que los que trabajan en la economía tengan confianza en los responsables políticos. 
Es crucial que desarrollemos un entorno macroeconómico orientado al crecimiento, que tengamos una moneda estable y un desarrollo dinámico en nuestra economía y mercado laboral, y que reduzcamos la deuda estatal. 
Por ello, no puedo más que estimular a todos los agentes a reformar el Pacto de Estabilidad de forma que –suponiendo que lo consigan– el Pacto acabe estando en el centro de nuestros esfuerzos compartidos. 
Lo que necesitamos es reforma, flexibilidad, la aceptación de la responsabilidad, menos burocracia, y si conseguimos todas estas cosas se facilitará también la solidaridad –en forma de una política social muy racional y previsora– con aquellas personas de nuestra comunidad, de nuestros Estados miembros, que lo necesiten. 
Lo que pedimos a los Estados miembros es que contribuyan a crear una Europa que sea capaz de desarrollarse y que fomente el crecimiento, una Europa con una economía creciente. 
Sin embargo, esto no es en sí una meta; el objetivo es más bien la creación de puestos de trabajo, que permitan a las personas implicarse y utilizar sus opciones en Europa. 
Esta es ahora nuestra tarea común. 
. 
Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con el Comisario Verheugen en que la realización de la Estrategia de Lisboa, en los próximos cinco años será el más importante de los proyectos de la Comisión. 
Asimismo comparto el punto de vista –no solo de la Comisión, sino también de todas las instituciones europeas y de todos los Estados miembros de la Unión Europea– de que se trata de un proyecto integral y que, para que tenga éxito, es preciso que todos desempeñen su papel en él. 
Yo también quiero agradecer a los miembros de la Comisión ad hoc –mis colegas el señor Désir y el señor Goebbels, así como el señor Lehne– y de mi Grupo, pues todos ellos han realizado un trabajo muy intenso y han hecho una contribución muy constructiva al texto amplio y consensuado que tenemos ante nosotros. 
Pasamos mucho tiempo debatiendo lo que deberíamos recalcar cuando hablamos del logro de los objetivos de Lisboa. 
Lo que oigo decir hoy es una repetición positiva de los mensajes que enviamos desde nuestro debate. 
Estoy de acuerdo en que Lisboa fracasará si las personas creen que tiene por objeto rehacer el modelo social europeo, y si es posible rebajarlo, pero si, como proyecto, realza la prosperidad de Europa convirtiéndola en un continente más competitivo, al tiempo que mantiene las condiciones del marco social que permiten a cada persona de esta Unión vivir decentemente, creando puestos de trabajo y seguridad social para jóvenes y mayores, si esto es lo que les hace sentir Lisboa, entonces será un proyecto aceptado por las personas. 
De ello depende su éxito: de si un proyecto consigue el apoyo popular o no. 
Durante cuatro o cinco años, la Unión Europea se ha concentrado en mantener la paz en Europa, logrando un equilibrio entre pobres y ricos, unificando un continente dividido y superando la división. 
Todas estas cosas se han logrado. 
Mientras fue un éxito, la gente consideró Europa como su proyecto, pero ese periodo de la historia ha pasado y la gente se está preguntado cada vez más qué sentido tiene Europa. 
Para más y más personas, se trata de una pregunta muy personal. 
Las personas quieren saber no solo acerca de los valores europeos, sino también acerca de los beneficios económicos de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene un beneficio económico en que, al ser una Europa integrada y un mercado interior con la capacidad para desatar su propio poder económico y social, es la respuesta organizada de este continente al reto de la mundialización; darle un sentido social y económico es exactamente lo que pretende la Estrategia de Lisboa y por ello fue un buen comienzo y una buena decisión. 
El hecho de que hayamos iniciado este proceso desde hace ya algunos años y no estemos satisfechos, no ha de inducirnos a abandonar, sino que hemos de mostrar nuestro valor y seguir adelante. 
Creo que el texto que aprobaremos hoy muestra que una amplia mayoría de esta Cámara se unirá a las demás instituciones –la Comisión y, espero, el Consejo, así como los Estados miembros individuales– en sus esfuerzos, pues lo que han dicho hoy el Comisario Verheugen y el Presidente de la Comisión es crucial: no solo nosotros, ni las instituciones de la UE solamente, sino, sobre todo, los Estados miembros han de esforzarse. 
Estoy muy de acuerdo con el punto de vista del Comisario Verheugen y quisiera dejarlo claro en nombre de mi Grupo. 
Asimismo me ha complacido ver sonreír con placer al Presidente de la Comisión cuando el Comisario Verheugen señaló la conexión entre las perspectivas financieras y el proceso de Lisboa. 
Si queremos que este proyecto tenga éxito, no lo hará sobre la base de cada vez más tareas con menos recursos financieros: eso no funcionará. 
Quienes quieren que este proyecto tenga éxito sin cambiar los recursos, deben quedar sin respuesta cuando propongan reasignarlos en beneficio de los objetivos de Lisboa. 
Los ciudadanos pueden decir que estamos poniendo límites; vale, pero si se impone un límite superior cuando no hay más dinero disponible, habrá que tomar una decisión cualitativa sobre qué inversiones habrá que parar con la Estrategia de Lisboa, y en detrimento de qué otras tareas. 
Hasta ahora, el Consejo y los Estados miembros han mantenido un silencio digno sobre cuáles podrían ser, pero en un determinado momento tendrán que pasar la prueba. 
Espero de la Comisión el tipo de compromiso que hemos oído hoy del Comisario Verheugen y del Presidente de la Comisión. 
Expliquen a los jefes de Estado o de Gobierno que el objetivo de las perspectivas financieras ha de ser ni más ni menos que ayudar a conseguir los objetivos de Lisboa, si se toman en serio. 
A nuestro entender, esta conexión es importante, así como sus tres puntos: legislar mejor, reforzar las pequeñas y medianas empresasy aplicar una política industrial activa para asegurar puestos de trabajo en la industria y las normas ambientales y la calidad de nuestros productos, permitiéndonos competir mejor en los mercados de exportación. 
Sí, nosotros, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, estamos a favor de esto, pues todo esto, antes que nada, crea una cosa: trabajo, que a su vez crea seguridad social. 
Este es para nosotros el punto de partida. 
Estoy agradecido a todos aquellos que en la comisión ad hoc ayudaron a lograr una amplia mayoría en esta Cámara sobre esta cuestión crucial. 
Tal como lo vemos, una cosa está clara: si esta Cámara adopta resoluciones que llevan el sello de la derecha, la izquierda no participará en ellas. 
Si esta Cámara adopta resoluciones que refleja lo que pensamos los socialdemócratas, podrán contar con nuestro apoyo. 
. –Señor Presidente, para que el Presidente de la Comisión tenga éxito en su Agenda de Lisboa, necesita que los Estados miembros la tomen en serio. 
La petición de la Presidencia del Consejo esta mañana de que alguien asuma la responsabilidad en cada país está bien encaminada. 
Asimismo, señor Presidente Barroso, va a necesitar usted voluntad política en el Consejo y apoyo en esta Cámara para sus reformas y de momento no está claro que cuente con ninguna de las dos cosas. 
Los partidos de derechas de Europa todavía no han aceptado un hecho fundamental de la mundialización: que el Estado nacional y el mercado libre ya no son compatibles. 
La libre circulación de mercancías y capitales sin una circulación igualmente libre de servicios y mano de obra es un disparate desde el punto de vista económico. 
Por su parte, la izquierda sigue dividida sobre el papel del Estado en la gestión de la economía. 
Señor Presidente Barroso, los liberales y demócratas europeos seguiremos apoyando de forma incondicional y unitaria sus planes, siempre que usted reconozca que las fuerzas que activan el crecimiento y crean nuevos puestos de trabajo son el espíritu empresarial y la voluntad de fabricar un gran producto o prestar un gran servicio nuevo. 
La competencia real en la economía mundial es la competencia para atraer el capital inversor para que respalde nuevas ideas y cree nuevos puestos de trabajo. 
Si no conseguimos que el mercado único funcione correctamente, perderemos esa batalla. 
Los liberales y demócratas no negamos que el Gobierno tiene una función en la gestión económica. 
Cuando una población mejor educada, más rica y más exigente ha desarrollado consideraciones éticas y una mayor sensibilidad ante el riesgo, y cuando las empresas valoran activos intangibles como la reputación empresarial, es necesario un Gobierno activo y responsable. 
Por eso acogemos con agrado sus propuestas REACH, por ejemplo, o un compromiso para incluir las emisiones de los aviones en el sistema de comercio de emisiones. 
El Gobierno también tiene que desempeñar una función a la hora de proteger a los ciudadanos del fraude o de las deficiencias del mercado y de garantizar la igualdad de condiciones, no solo entre empresas, sino también entre las empresas y los ciudadanos. 
Por eso, mi Grupo apoyó la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la última legislatura y apoyará en este Parlamento las propuestas que garanticen una mayor seguridad jurídica en las transacciones transfronterizas. 
Nos parece fundamental conseguir el equilibrio del derecho a la política económica. 
Por lo tanto, tenemos importantes reservas sobre, por ejemplo, una directiva de patentes de software mal elaborada, que parece beneficiar más a las multinacionales que a los pequeños inventores. 
Para que la propuesta del señor McCreevy consiga una mayoría en segunda lectura, es preciso aplicar un mayor rigor intelectual. 
Las patentes deben proteger la innovación, no ahogar la competencia. 
Sin un régimen de propiedad intelectual coherente en toda la Unión Europea, crearemos muy pocas nuevas empresas europeas. 
Por último, la Agenda de Lisboa debe basarse en un mercado único de servicios para conseguir crecimiento y puestos de trabajo. 
Sin embargo, los Liberales y Demócratas reconocemos que hay una gran diferencia entre el funcionamiento de un mercado y la prestación de un servicio público, y la Directiva de servicios precisará algunos cambios para reflejar esa diferencia. 
Señor Presidente Barroso, usted ha reconocido que si las tasas de crecimiento europeas siguen siendo bajas, no proporcionaremos a nuestros ciudadanos el mismo grado de seguridad, prosperidad y oportunidad que tienen otros. 
Apoyaremos sus esfuerzos por reactivar la economía europea, pero no podemos negar que medir el progreso económico únicamente en términos cuantitativos es insuficiente. 
Por ejemplo, si los coches son más seguros, consumen menos combustible y son más fáciles de desguazar después de su uso, se reduce el crecimiento económico en términos clásicos, pero se crea otro tipo de bienes. 
Esperamos que su Comisión se muestre receptiva a este tipo de ideas 
Para mejorar de forma simultánea la vitalidad económica y la salud social y medioambiental de nuestro continente, la Agenda de Lisboa debe combinar flexibilidad, justicia y amplitud de miras. 
Si lo consigue, los ciudadanos de Lisboa estarán orgullosos de haber dado su nombre al éxito de Europa. 
De la misma forma que Enrique el Navegador guió a los pioneros europeos en el descubrimiento de nuevas tierras y grandes riquezas, usted puede guiarnos en el descubrimiento de un éxito económico similar. 
. – Señor Presidente, Señorías, si comparamos las intervenciones de esta mañana y la resolución sobre la revisión de la Estrategia de Lisboa, que estamos a punto de someter a votación, con la intervención del señor Barroso de hace unas semanas, no podemos por más que sentirnos complacidos con que exista ahora un amplio acuerdo, al menos en principio, sobre el hecho de que la reanudación de la Estrategia de Lisboa y Gotemburgo dependa de que se encuentre un nuevo equilibrio esencial entre las tres dimensiones de la estrategia, es decir, sus dimensiones medioambiental, económica y social. 
Sin embargo, no creemos que esto sea suficiente, al menos en su forma actual, para que tomemos parte en el compromiso político que está adquiriendo forma. 
Evidentemente, nos alegramos de que algunas de nuestras propuestas hayan sido incluidas en la resolución común, pero creemos que todavía existen lagunas en el texto. 
Falta una opción clara con respecto a los instrumentos que hemos de tener a nuestra disposición para alcanzar nuestras metas, y faltan garantías de que la Comisión –así como el Parlamento– estuvieran dispuestos y fueran capaces de resistir a aquellos que no creen en la necesidad de un control europeo de la economía y están presionando a favor de una renacionalización de las políticas de cohesión, de una reforma retrógrada del mercado laboral y de un mayor recorte del presupuesto de la Unión. 
Debido a la preocupación por alcanzar un compromiso, en la resolución se han incluido elementos contradictorios, dejando un mensaje confuso en vez de más convincente. 
Hemos destacado una serie de incongruencias en el texto. 
Es una realidad que a nadie le gusta pagar impuestos, pero no compartimos el objetivo de reducir indiscriminadamente los impuestos a un mínimo, ya que esto solo daría lugar a mayores desigualdades sociales. 
Europa necesita una reforma fiscal que reduzca los costes laborales y que imponga impuestos a otros sectores. 
Jacques Delors dijo lo mismo hace muchos años, pero no se ha hecho nada desde entonces y, en vez de ello, se ha dejado de incluir el tema en el debate europeo. 
En segundo lugar, la resolución mantiene una postura sorprendentemente moderada e incluso ambigua sobre tres temas extremadamente importantes, que serán objeto de duras discusiones legislativas durante los próximos meses; son la Directiva de servicios, el Reglamento REACH y la Directiva de patentes de. 
El resultado de las discusiones demostrará si la Estrategia de Lisboa es solo un regreso a las viejas fórmulas thatcherianas o el comienzo de un auténtica nueva política económica para Europa. 
Señor Presidente, señor McCreevy, creo que hay que retirar la Directiva Bolkestein para que podamos empezar de nuevo con buen pie, o dicho de otra manera, con una Directiva de servicios de interés público. 
Señor Verheugen, creemos que el Reglamento REACH en su forma actual ya es por sí solo un compromiso entre los sin duda importantes argumentos de la industria y las prioridades de la salud y el medio ambiente. 
Es un compromiso que la Comisión y el Parlamento también se defiendan con dientes y uñas contra la presión agresiva de la industria química, que no entiende que la organización de un sistema de control eficiente y creíble es la mejor manera de garantizar su competitividad. 
Por último, creo que salir explícitamente en contra de la patentabilidad de significa afirmar que la innovación «hecha en Europa» se fomenta a través de la libertad y la divulgación de conocimientos y no protegiendo a las grandes multinacionales y sus monopolios. 
Señor Presidente, en este texto flota una ambigüedad elemental en relación con el auténtico valor añadido de la Unión si se compara con las medidas tomadas por los Gobiernos nacionales. 
A nuestro entender, este valor añadido se deriva de la capacidad de invertir en instrumentos para el crecimiento, que no se puede reducir solo a porcentajes del PIB, y en sectores que no son estrictamente concretos, como la educación y la cultura. 
Esto se lleva a cabo haciendo uso de recursos renovables y soluciones sostenibles, y abandonando gradualmente sectores que agotan y derrochan recursos, como las obras de infraestructura importantes y la agricultura intensiva, y aquellos que crean un mayor número de riesgos para la salud y el medio ambiente, como la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados y los productos químicos nocivos. 
Señor Presidente, estaremos de su lado al tomar estas decisiones cuando sea posible, pero estaremos en contra suya y de parte de los ciudadanos de Europa cuando no sea así. 
. – Señor Presidente, en marzo de 2000 los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión y la Comisión quisieron demostrar que era posible la acción social con medios liberales. 
Su objetivo decisivo de avanzar hacia el pleno empleo en 2010 suscitó, aquí y allá, esperanzas reales. 
Cinco años más tarde, la situación es un cruel desengaño. 
El desempleo sigue situándose, en promedio, en torno al 9 % en Europa, donde la precariedad laboral crece de modo galopante. 
En la primera economía de la Unión, Alemania, que ostenta sin embargo del récord absoluto de exportaciones, el desempleo ha superado la cifra de cinco millones. 
Para respetar el objetivo de Lisboa, es decir, una tasa de empleo del 70 % para 2010, habría que crear 22 millones de puestos de trabajo más que al ritmo actual en los próximos cinco años. 
Esto resulta difícil de imaginar cuando el Banco Central Europeo acaba de revisar la previsión de crecimiento de la zona euro reduciéndola al 1,6 % este año, y cuando países como Italia y los Países bajos se encuentran al borde de la recesión. 
Sin embargo, las cosas no van mal para todo el mundo. reconoce que ha habido una explosión de los beneficios de las grandes empresas. 
Su parte en el PIB europeo y en el de Asia, como señala el diario británico, ha alcanzado un nivel sin precedentes desde hace 25 años. 
Los trabajadores, explica, son los grandes perdedores. 
Pero ¿quién habla aquí de los trabajadores? 
Por su parte, la asociación ATD Cuarto Mundo lamenta que la Comisión no mencione en ningún lugar de su Comunicación del 2 de febrero el objetivo eliminar la pobreza, que afecta actualmente a 68 millones de personas en la Unión. 
¿No piensa que un divorcio tan radical entre los objetivos declarados ayer y los resultados obtenidos hoy merecería que nos preguntáramos seriamente por la pertinencia de los dogmas liberales que han fundamentado desde el comienzo el Proceso de Lisboa?. 
Ahora bien, ¿qué mensajes llegan día tras día de Bruselas a nuestros conciudadanos? 
La señora Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional, quiere facilitar las deslocalizaciones en Europa. 
Para el señor Spidla, Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, nuestro objetivo es ante todo la flexibilidad. 
El Vicepresidente encargado de la industria, el señor Verheugen, pone los puntos sobre las íes en la presa francesa cuando dice que con la Estrategia de Lisboa había tantas prioridades que no había ninguna. Esta vez queremos un plan de acción que sea concreto y se centre en la competitividad. 
Por su parte, la señora Kroes, Comisaria de la Competencia, ha declarado que quiere acabar con las ayudas estatales de carácter regional en los quince antiguos Estados miembros de la Unión. 
Y el señor Mandelson, Comisario de Comercio, ha recordado a los Estados miembros su deber de seguir reformando su mercado de trabajo y su sistema de bienestar. 
El señor McCreevy, Comisario responsable del Mercado Interior, merece una mención especial. 
Ha puesto fin al interminable folletín sobre la retirada, la revisión o el mantenimiento de la Directiva Bolkestein, indicando que no cabe pensar en retirar este texto, pese a que ha sido rechazado en todas partes. 
Inmediatamente después añadió su negativa, en colaboración con el Consejo, a examinar de nuevo la directiva sobre las patentes de software, pese a que así lo han reclamado unánimemente los Grupos parlamentarios. 
Por último, en el Foro Político Europeo de Londres, reveló lo que piensa de verdad, con franqueza anglosajona, y cito al señor McCreevy, 
Todo esto es lo que el señor Barroso denomina «centrar la atención en el crecimiento y el empleo». 
¿No notan ustedes, por tanto, que la gente siente que se acerca irresistiblemente al umbral de sobredosis de liberalismo y que el rechazo de este modelo volverá pronto o tarde como un bumerán rebotando contra los órganos de Gobierno de la Unión de un modo u otro? 
Mi Grupo lucha precisamente para ayudar a que se exprese esta opinión, no contra Europa –y existe el peligro de que esto suceda–sino a favor de su profunda transformación. 
Por esta razón, evidentemente no podemos apoyar la resolución de compromiso que se ha presentado hoy y por consiguiente hemos presentado una versión alternativa. 
– Señor Presidente, el informe Kok, como es sabido, afirma que hay efectos sinergéticos y que cada euro gastado por la UE en proyectos de desarrollo puede valer bastante más que el mismo importe gastado por los Estados miembros individuales. 
Entonces, los proyectos de la UE pueden reducir la necesidad de créditos estatales a los Estados miembros individuales. 
Por consiguiente, una mayor financiación de la UE no tiene que resultar en una mayor carga fiscal. 
En el caso de grandes proyectos, como las iniciativas espaciales y los que implican la potencia nuclear, pueden conseguirse economías de escala llevando a cabo proyectos a escala europea. 
De lo contrario, creo que el Proceso de Lisboa debería ser financiado principalmente por los propios Estados miembros. 
No ha de permitirse que el Proceso de Lisboa se convierta en el lugar remoto en que descargar un gran número de proyectos nuevos a escala de la UE que exigen financiación por parte de los Estados miembros. 
En general creo que la cuestión de si las iniciativas nacionales pueden ser reemplazadas por proyectos de la UE es importante. 
Me pregunto si existen pruebas empíricas de la existencia de efectos sinérgicos. 
Mi experiencia me sugiere lo contrario: cuanto más invierta la UE para expandir su burocracia y cuanta más legislación y directivas apruebe, más crecerá el sector público en los Estados miembros. 
Por cada nuevo funcionario en Bruselas, el número total de funcionarios en los Estados miembros aumenta cinco, diez o veinticinco veces. 
De acuerdo con lo que se conoce como teoría de la opción pública, cabe esperar que las burocracias nacionales intenten maximizar su influencia y su papel. 
Cuanto más poder asuma la UE de las burocracias en los Estados miembros, más se expandirán estas burocracias. 
Esto tiene muchas razones de ser. 
Es preciso aplicar las nuevas directivas y reforzar la vigilancia. 
Además, los políticos que han perdido su derecho de iniciativa buscan nuevos ámbitos en los que actuar y nos dicen que necesitan más recursos para reforzar su posición negociadora en Bruselas. 
Como ejemplo de ello, baste con mirar lo que sucedió durante el lanzamiento del euro. 
Cuando los bancos centrales nacionales perdieron su función real –la de dirigir la política monetaria– el número de personal a su servicio aumentó sustancialmente. 
Este mismo fenómeno puede observarse en diferentes ámbitos. 
A mi entender, la Comisión debería tomar la iniciativa y permitir que investigadores independientes, economistas y científicos políticos estudien cómo opera el multiplicador burocrático dentro de la UE. 
Es importante detener este proceso, y una de las maneras de hacerlo es teniendo menos directrices legislativas y más acuerdos voluntarios. 
Si no lo hacemos, es probable que el mayor sector de crecimiento sea la burocracia pública. 
Debido a nuestras ambiciones de armonizar, legislar e intervenir en todas las cuestiones habidas y por haber, corremos el riesgo de frenar el crecimiento. 
Por ello, la UE debería utilizar más la competencia institucional que reside en la diversidad. 
– Señor Presidente, Señorías, será imposible alcanzar los objetivos establecidos por la Estrategia de Lisboa a menos que la Unión Europea cambie radicalmente la manera de abordar los problemas sociales y económicos que caracterizan a la sociedad contemporánea en Europa y en el resto del mundo. 
Vivimos en una economía de mercado mundializada, que solo parece respaldar la libre competencia. 
De hecho, un requisito imprescindible de la libre competencia es partir de las mismas condiciones, o al menos de condiciones similares, basada en compensaciones negociadas. 
Este requisito imprescindible no existe en la práctica, igual que tampoco hay ninguna política de movilidad en los diversos sectores que pueda ayudar a revitalizar la competitividad y, por consiguiente, el empleo. 
0La política, las finanzas y la economía tienen que encontrar nuevas normas para dirigir el sistema impuesto por el mercado mundial, para sustituir las normas que regían el mercado antes de la mundialización. 
Las instituciones europeas deben de ser cortas de mira e incapaces de comprender las consecuencias de la información mundializada en Internet si todavía creen que unirse y anunciar una serie de intenciones basta para que se materialicen. 
0No basta con hacer planes a largo plazo impuestos desde las alturas. 
La historia demuestra que durante el siglo pasado una economía de una gran potencia se derrumbó bajo el peso de la realidad debido a planes centralizados que solo eran espléndidos en teoría. 
La realidad no depende de los planes; al contrario, los planes han de tener en cuenta la realidad. 
Llegados a este punto, en nuestra sociedad no puede bastar con tener una economía que se basa aún exclusivamente en el consumismo desenfrenado. 
En el Consejo Europeo de Lisboa, cuando la sociedad basada en el conocimiento se definió por primera vez, se pasaron por alto algunas cuestiones, como la elaborarción de normas para garantizar que el conocimiento es legítimo y no se manipula ni se utiliza con fines ilícitos. 
Asimismo, la Estrategia de Lisboa no podrá despegar si los objetivos de la Unión no incluyen la identificación y aplicación de medidas para prestar ayuda eficaz a los países en vías de desarrollo, que los lleve hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y de los niños. 
Es esencial pensar en términos de economía social simultáneamente con la economía de desarrollo. 
Para lograr este objetivo, es preciso que Europa cambie sus relaciones con esos países en que los trabajadores no gozan de seguridad social ni de protección jurídica y donde los niños no pueden jugar sino que están forzados a trabajar. 
La protección del medio ambiente y la creación de un modelo social europeo son metas a las que hay que aspirar. 
Señorías, el objetivo de la Estrategia de Lisboa es salvaguardar la prosperidad y la cohesión de la sociedad europea, y asegurar que siga desarrollándose. 
Es esencial establecer fuentes de financiación que permitan alcanzar estos objetivos, aunque al mismo tiempo es crucial que el coste de la vida sea lo más bajo posible. 
Unos servicios y productos baratos son especialmente importantes para los grupos más pobres de la sociedad. 
Los avances de la investigación que permitan un más amplio acceso a las tecnologías modernas y los métodos de producción que nos permitan competir con otros países de fuera de la UE, son ejemplos de cómo será posible alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Asimismo habría que dar prioridad a la aplicación eficaz de modernos métodos de producción gracias a los cuales se puedan crear puestos de trabajo no solo modernos, sino también seguros. 
La producción moderna, barata y de alta calidad permite competir en mercados exteriores, lo cual en la práctica crea puestos de trabajo en el sector de la producción y de los servicios. 
La aplicación de la Estrategia de Lisboa implica el análisis de diversos ámbitos de actividad en los que están involucrados la Unión Europea y los Estados miembros. 
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en lo que respecta a la Estrategia de Lisboa tiene que ver con la garantía de la idoneidad de los objetivos fijados para la investigación y para programas de aplicación. 
El actual sistema para fijar directrices en materia de investigación y para canalizar fondos hacia proyectos de investigación individuales es muy explotado por los Estados miembros más grandes en términos económicos. 
En las últimas décadas se han creado centros líderes de investigación y desarrollo en Europa, por ejemplo en Finlandia o Sajonia. 
En los próximos cinco años deberían crearse muchos centros de este tipo para salvar el abismo entre la UE y los líderes mundiales en este terreno. 
Hemos de incrementar el gasto en investigación hasta por lo menos el 3 % del PIB, así como emplear como mínimo a un millón más de personas en la ciencia y la investigación y establecer procedimientos para garantizar que los fondos se gasten efectivamente. 
Es preciso introducir importantes cambios en la organización actual a fin de garantizar la cohesión de las medidas. 
Por ejemplo, habría que establecer diversos centros de investigación de acuerdo con desarrollos planificados en tecnología y producción, con el objetivo de agrupar las unidades de investigación locales. 
Estas últimas deberían crearse para explotar el potencial intelectual de países que no puedan permitirse el lujo de construir instalaciones de investigación modernas, y por consiguiente realizar investigaciones propias. 
Además de la investigación, tanto las unidades locales como los centros de investigación deberían impartir enseñanza y contratar a jóvenes estudiantes universitarios, creando así un nuevo marco de investigadores. 
Un plan de acción de este tipo ayudaría a salvar el vacío dejado por los investigadores que fueron contratados por países fuera de la UE. 
El principal objetivo de la ciencia y la tecnología en su conjunto debería ser el de promover a las pequeñas y medianas empresas. 
El desarrollo de las PYME debería eliminar el desempleo, pero estas no pueden permitirse el lujo de realizar investigación o aplicar métodos de producción progresivos y modernos. 
Deberían establecerse tres programas en relación con la investigación, el empleo de investigadores y la cohesión de tales medidas en los Estados miembros de la UE. 
Estos deberían comprender un programa que estableciera directrices para el desarrollo regional y la especialización de la producción en los países europeos, un programa dirigido a la creación de un sistema europeo para la investigación y la formación de investigadores, más un programa diseñado para proporcionar información, facilitar la introducción de nuevas tecnologías y productos, y garantizar que se aplican en la producción. 
El objetivo de estos programas debería ser reducir al mínimo cualquier impacto económico negativo causado por la introducción planificada del programa REACH. 
El sistema según el cual se llevan a cabo medidas de investigación debería ser sencillo, fácil de comprender y basado en el principio de competitividad, lo cual garantizará su eficacia y estimulará la inversión por parte del sector privado. 
Para conseguir apoyo público y político, el sistema debe promover la cohesión... 
Señor Presidente, nosotros en Europa nos enfrentamos a un reto histórico, un reto que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos está dispuesto a asumir, porque queremos que las futuras generaciones prosperen y puedan gozar de nuestro modelo social, conseguir puestos de trabajo y después tener derecho a una jubilación razonable. 
Esto es imposible sin crecimiento económico o puestos de trabajo. 
Hemos de lograrlo con una población que envejece y sobre el trasfondo de la mundialización agresiva de la economía. 
Para tener éxito, necesitamos comprensión y visión, pero también hemos de tomar las decisiones adecuadas que, sobre todo, hemos de llevar a cabo. 
Un acicate europeo para los Estados nacionales en forma de un nuevo tipo de gobernanza sería sin duda útil. 
Apreciamos el hecho de que la Comisión Barroso haya tomado la valiente decisión de revivir e infundir nueva vida a la Estrategia de Lisboa y, por recomendación del grupo de trabajo Kok, haya optado por dar prioridad al crecimiento y a los puestos de trabajo en un contexto social y ecológico equilibrado. 
Ello da fe de su honestidad y asimismo es conforme con nuestro enfoque de una Europa de los ciudadanos basada en los valores. 
Otorgamos nuestro pleno apoyo a la recomendación dla comisión competente y a la que hizo la Conferencia de Presidentes y de hecho, aunque la formulación sea general, les toca a los Estados miembros realizar elecciones específicas. 
Indicaremos el modo y ya hemos dejado bastante clara nuestra posición. 
Hemos de optar por la competitividad, un clima empresarial positivo –que incluya claramente a las PYME– y un crecimiento económico y puestos de trabajo. 
Las tres iniciativas anunciadas por la Comisión sin duda tendrán un lugar en ello. 
Hemos de ofrecer los medios para alcanzar estos objetivos. 
Los Estados miembros han de planificar y producir. 
Alentaremos a los Parlamentos nacionales para que impulsen a sus Gobiernos a actuar. 
Es preciso realizar reformas ahora para poder tener un desarrollo sostenible en todos los sentidos. 
Por último, todos nosotros, incluidas todas las instituciones y todos los socios a nivel europeo, local y nacional, han de esforzarse al máximo. 
Por ello me complace descubrir que el Grupo Socialista de esta Cámara acoge positivamente la resolución. 
Esto significa que volvemos a encontrarnos en un ambiente de diálogo constructivo, que redundará en beneficio del trabajo y de las responsabilidades del Parlamento. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Vicepresidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a mi coponente, el señor Lehne, por el trabajo que realizamos en común para elaborar la propuesta de resolución que se someterá a la votación del Parlamento hoy. 
Me complace asimismo haber oído ya, en las palabras del Presidente y del Vicepresidente de la Comisión, un eco de lo que expresa nuestra resolución. 
En los últimos años, la Unión Europea se ha dotado de una moneda, se ha ampliado, ha adoptado un proyecto de Constitución; en resumen, ha creado un marco. 
Ahora bien, en la actualidad, el contenido de sus políticas no está a la altura de las expectativas de los ciudadanos. 
Por ello, debe concentrarse en el crecimiento, en el empleo, en la cohesión social y territorial, no solo porque estos son los objetivos propiamente dichos del proceso de construcción europea –ahora que la paz está garantizada–, sino también porque es la condición para contar con el apoyo de los ciudadanos, como ha dicho el señor Schulz, a los planes políticos de construcción de Europa. 
Por esta razón, pensamos que es importante decir que la Estrategia de Lisboa debe ser la prioridad de la Unión en los próximos cinco años. 
Pensamos que la Estrategia es correcta, a condición de que se tome en serio, es decir, que se aplique efectivamente en los Estados miembros en las tres dimensiones definidas en la cumbre de 2000 bajo la Presidencia portuguesa. 
Nuestro objetivo debe ser apostar por la competitividad y el crecimiento europeos basándolos en los elementos del modelo europeo y no –como a veces nos parece que hace usted, señor Presidente, cuando habla de sus tres hilos– oponiendo uno de esos tres hilos a los otros dos. 
Pensamos que solo serviremos bien a la competitividad económica ocupándonos también de los aspectos sociales y medioambientales. 
No creemos que Europa tenga futuro como competidor de bajo coste. 
Me alegro de haberle oído mencionar la necesidad de apostar por la excelencia, por la calidad de la formación de la mano de obra, por el capital humano, por la investigación, por la calidad de las infraestructuras y de los servicios públicos. 
Estas bazas son las que harán que los inversores apuesten por la Unión Europea. 
Gracias al hecho de que los productos de la Unión Europea integrarán más tecnología, conocimientos técnicos e innovación ecológica, encontrarán su lugar en los mercados mundiales. 
Gracias a que relanzamos el crecimiento sobre esta base, tendremos los medios para financiar un alto nivel de formación, de redistribución y de cohesión social en la Unión y, en particular, en la Unión ampliada. 
Hay, pues, una batalla que pelear, y es preciso aclarar varias cosas. 
En efecto –y celebro que en este Parlamento hayamos conseguido evitar estos escollos gracias en lo esencial a nuestro proyecto de resolución–, algunas personas desearían que la Estrategia de Lisboa se redujera a una especie de receta mágica, a un programa de liberalización general: liberalización del mercado de servicios, liberalización del mercado de trabajo, liberalización de los regímenes de pensiones. Como si esto bastase por sí solo para garantizar el relanzamiento del crecimiento y de la competitividad en Europa. 
Desde mi punto de vista, esto no solo es bastante limitado, sino que también yerra completamente el tiro. 
Europa necesita reformas, en esto estamos todos de acuerdo. 
Necesita adaptarse y contar con una economía más dinámica, pero también necesita inversiones, necesita relanzar la demanda interior, necesita coordinar sus esfuerzos en lo que puede representar mañana su riqueza y su oportunidad en la competencia internacional. 
Por ello, nuestra resolución insiste en unas perspectivas financieras coherentes con la Estrategia de Lisboa, es decir, una duplicación del presupuesto europeo de investigación y un esfuerzo constante en materia de grandes redes transeuropeas, de cohesión social y de política regional. 
Por esa razón, nuestra resolución insiste en una agenda social ambiciosa, integrada en dicha estrategia global, y en la necesidad de que el plan de trabajo que nos ha presentado –el plan de acción legislativo y presupuestario– se relacione con las tres dimensiones de la Estrategia de Lisboa. 
En estos momentos tenemos la impresión de que sigue habiendo una falta de equilibrio, que lo esencial de las propuestas concretas se refieren a la competitividad, a la economía y a las reformas estructurales, y que faltan incentivos, información e iniciativas legislativas en materia de cohesión social y en el ámbito medioambiental. 
Por ejemplo, queremos ver ahora un auténtico proyecto de directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Quisiéramos ver una reforma de los comités de empresa europeos, que indique que la calidad de las relaciones sociales en Europa forma parte de nuestra estrategia de desarrollo. 
Quisiéramos ver más iniciativas concretas en el ámbito de las innovaciones ecológicas, pero nos complace constatar que, al fin, se ha inscrito en el programa de la Comisión una política industrial vinculada a la innovación y a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. 
Este es el sentido del mensaje que emitirá el Parlamento Europeo. 
Me alegro mucho de que hayamos llegado a un acuerdo muy amplio, una vez más gracias al trabajo del señor Daul, del señor Lehne y de la señora Thyssen. 
Lamento que otros Grupos de izquierda no se unan a nosotros sobre la base del contenido de esta resolución. 
Puedo comprender que haya diferencias, pero creo, con toda honestidad, que hemos logrado presentarnos con un mensaje claro y enérgico que está en consonancia con una Estrategia de Lisboa que contribuye al modelo social europeo. 
– Señor Presidente, cinco años después de la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa, es evidente que tenemos que darle un nuevo impulso. 
Pero ese nuevo comienzo no debería seguir el rumbo que propone la Comisión. 
No critico el contenido de la propuesta, sino más bien lo que no contiene. 
Disociar el crecimiento económico del desarrollo social y medioambiental tiene que ser un error, dado que esos tres aspectos están vinculados entre sí. 
Cuando el Presidente Barroso presentó la revisión intermedia en este Parlamento hace más de un mes, utilizó la metáfora de quien tiene tres hijos y ha de prestar más atención al hijo enfermo. 
Los otros dos, en este caso el desarrollo social y medioambiental, tendrán que esperar su turno para que el Presidente Barroso los atienda. 
Mi conclusión va en sentido contrario. 
Para curar la economía de la UE necesitamos que toda la familia esté sana. 
La inversión en tecnología medioambiental comporta más puestos de trabajo, fomenta la innovación y crea un crecimiento sostenible. 
Cuando la industria forestal y de pasta de papel de los países nórdicos introdujo un cambio importante y adoptó una tecnología verde más limpia, las empresas afectadas ganaron competitividad en el mercado internacional. 
Las nuevas tecnologías para ahorrar energía son otro ejemplo de que los intereses de las empresas están en sintonía con la preocupación por el medio ambiente. 
Se dice que la competencia saca a relucir lo mejor de los productos y lo peor de las personas. 
Esto es del todo cierto en los negocios, y es importante crear un mercado interior en que impere la igualdad de condiciones. 
Debemos crear una economía competitiva y sostenible en Europa; y esto significa también invertir en investigación y desarrollo. 
Los Jefes de Estado deben tomarse en serio la situación. 
Podemos imponernos unos objetivos ambiciosos, pero si carecemos del liderazgo político necesario nunca los alcanzaremos. 
En Europa observamos la situación de los Estados Unidos y nos preguntamos por qué crecen el doble que nosotros. 
Y en los Estados Unidos se preguntan por qué China crece el doble que ellos. 
La UE tiene un gran potencial para ser la principal economía del mundo basada en el conocimiento. 
Las propuestas de la Comisión son buenas, pero reducir la Estrategia de Lisboa exclusivamente a una cuestión de crecimiento económico sería avanzar en la dirección equivocada mientras se nos agota el tiempo. 
Los principales Grupos han negociado esta resolución y el mensaje claro es que el crecimiento económico, la cohesión social y el desarrollo medioambiental deben contemplarse en su conjunto. 
Pedimos al Consejo y a la Comisión que hagan lo mismo. 
Quiero dar las gracias a mis colegas negociadores porque es un gran logro presentar esta resolución – ¡he estado a punto de decir revolución! – y obtener una amplia mayoría en esta Cámara. 
Señor Presidente, los Verdes no queremos firmar cheques en blanco, tanto si son para la Comisión del señor Barroso como para este Parlamento, pues el hecho es que tememos que cuando se haya levantado la niebla de Lisboa, nos enfrentemos en el ámbito social y medioambiental a realidades que no reflejen la integración de los tres pilares. 
Como hemos dejado claro en nuestras enmiendas, no hemos de ser un cheque en blanco para el señor Bolkestein. 
Mientras la Comisión –y también hago un llamamiento a los diputados a esta Cámara– no retire la propuesta, puede vetar una votación progresista en la primera lectura, y nos estamos debilitando además de ridiculizar en cierta medida a esta Cámara si no insistimos de inmediato en que la Comisión retire esta propuesta y permita saber a esta Cámara sobre qué base estamos manteniendo nuestros debates. 
Es lo que hemos señalado en nuestra segunda enmienda. 
Quiero dar la bienvenida a este Parlamento al señor Hrusovsky, Presidente del Consejo Nacional de la República Eslovaca, que está hoy presente en la tribuna de visitantes ilustres. 
Su visita refleja la importancia que tiene para el Parlamento el diálogo con los Parlamentos nacionales. 
Deseo al señor Hrusovsky y a su delegación una estancia agradable y fructífera. 
– De conformidad con el orden del día se procede a debatir la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
– Señor Presidente, este debate está teniendo lugar en un momento especialmente difícil para la situación social de la Unión Europea. 
Estamos muy alejados del crecimiento económico y del empleo de finales de la década de los noventa, a consecuencia de políticas económicas y financieras restrictivas, el Pacto de Estabilidad y las rápidas liberalizaciones y privatizaciones exigidas por la Estrategia de Lisboa. 
Hoy, con crecientes desigualdades sociales y regionales, el desempleo que afecta a casi 20 millones de trabajadores, la creciente inseguridad laboral y casi 70 millones de personas que viven en la pobreza, la inclusión social y la cohesión han de ser prioritarias, una preocupación central en la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. Esto significa no solo crear puestos de trabajo seguros, sino también compartir de forma más justa la riqueza creada, por medio de políticas sociales diseñadas para garantizar los derechos humanos, mejores pensiones y disposiciones de jubilación, servicios públicos de calidad en la sanidad, la educación, la investigación y la formación vocacional, la protección y la seguridad social, la vivienda y el apoyo a la familia, prestando especial atención a la promoción de la igualdad de derechos para las mujeres y teniendo en cuenta las políticas ambientales adecuadas. 
En lugar de ello, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha venido aquí para declarar que la Estrategia de Lisboa está en el centro de nuestras políticas económicas, de acuerdo con las conclusiones del informe Kok, quien hace especial hincapié en la competitividad. 
Sin embargo, lo que se necesita, como se menciona en la resolución de nuestro Grupo, es detener esta carrera neoliberal, reforzar la inversión pública a escala europea y nacional, parar la privatización del sector público y de los servicios, retirar la propuesta de directiva para crear el mercado interior de servicios, revocar el Pacto de Estabilidad, establecer una clara distinción entre el actual gasto y la inversión, y promover un pacto de desarrollo y empleo, dando prioridad al crecimiento de puestos de trabajo con derechos, inclusión social y cohesión económica, social y territorial, el único modo de ayudar a crear los 22 millones de trabajos seguros que se necesitan para cumplir el objetivo del 70 % para 2010 establecido en la Estrategia de Lisboa. 
Si esto no sucede, habrá un aumento de las tensiones sociales entre las personas en nuestros países en protesta contra las políticas que estamos poniendo en práctica. 
Los ciudadanos quieren una mayor protección social y una mejor política social y ese, señor Presidente, es el reto. 
– Hace tan solo cinco años la UE se propuso convertirse en rival de los Estados Unidos de América en un plazo de diez años. 
Ahora oímos el silbato de la media parte, pero sospecho que el señor Barroso no es un hombre que escuche a quienes silban. 
El índice de desempleo es alto y sigue subiendo, y tenemos mil y un reglamentos y directivas que desangran a los creadores de riqueza. 
Crecer es peor. 
La señora Figueiredo decía ayer en su informe que en los próximos cinco años hay que crear 22 millones de puestos de trabajo en la UE. 
No hace falta ser Hayek para saber que eso es imposible. 
Resulta interesante ver cómo el pánico invade por fin a los federalistas; las grietas ya son muy visibles. 
El señor Barroso es un defensor desbocado del libre mercado, según los de aquel lado, mientras que, según el señor Mandelson, de la derecha, sus ideas son antediluvianas. 
En el Reino Unido, por lo menos, la gente está despertando. 
Cito el de esta mañana: «Reclaman a Bruselas que devuelva el dinero del presupuesto de la UE.» 
Hemos pagado 180 000 millones de libras y nos han devuelto 105 000 millones. 
¿Dónde están los 75 000 millones que faltan? 
Señor Barroso, usted trata de seguir desangrando al contribuyente británico a este ritmo, porque peor es mejor y sobre esta base esta institución corrupta lo hace muy bien, en efecto. 
En primer lugar quiero felicitar a la Comisión por su punto de vista realista de la situación y su determinación. 
Nos hemos dado cuenta de que «Lisboa 2000» es un objetivo inalcanzable y una clara demostración de una falta de voluntad política. 
A pesar de que si miramos la situación de forma realista, en conjunto puede decirse que no es dramática, no obstante los recursos para aplicar la estrategia exigen una reconsideración radical. 
Desde mi punto de vista, esto es lo que la Comisión está proponiendo. 
Los objetivos siguen siendo los mismos, lo cual es comprensible dado que no hay alternativa real. 
La principal tarea también sigue siendo la misma: convencer a los interlocutores sociales de los Estados miembros y a todos los ciudadanos europeos que acepten el cambio. 
El riesgo es –ocurre que al mismo tiempo en que volvemos a lanzar la aplicación de la Estrategia de Lisboa también discutimos la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento– que tengamos una reforma que no promueva la convergencia entre los Estados de la zona del euro y que suponga un mayor riesgo económico y financiero para los Estados miembros. 
Los Estados miembros necesitarán líderes políticos y la voluntad de poner en práctica las reformas. 
La Directiva de Servicios, que la Comisión presentó como una herramienta esencial para la aplicación de los objetivos de Lisboa, también se ha topado con una fuerte oposición. 
Por desgracia, la Comisión está dispuesta a hacer concesiones. 
Por otro lado, al aplicar la Estrategia de Lisboa existe el riesgo de caer en la trampa de una excesiva regulación a nivel de la Unión Europea y por consiguiente hemos de garantizar que se observe el principio de subsidiariedad. 
Uno de los graves riesgos que también quiero mencionar es el debate ideológico que volvemos a oír hoy acerca de la importancia de los pilares de la agenda de Lisboa. 
Este debate tiende a volver a la anterior agenda ya sobrecargada. 
Una de las ventajas de este periodo es que la ampliación de la Unión Europea con diez nuevos Estados miembros es un momento propicio. 
Los temores de que los puestos de trabajo se trasladen a los nuevos Estados miembros, la mano de obra barata y la competencia tributaria dentro de la Unión Europea están forzando a los políticos a considerar reformas y están haciendo que la sociedad esté más abierta al cambio. 
Con la ampliación de la Unión Europea, ha llegado la hora de una competencia y un cambio activos. 
Es el momento adecuado para volver a lanzar la Estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente de la Comisión, su revisión de la Estrategia de Lisboa contiene afirmaciones muy engañosas, no solo para esta Cámara, sino también para los líderes de los 25 Estados miembros. 
Quiero rogarle que evite utilizar datos económicos falsos, y quiero pedirle sobre todo que no ceda ante las presiones de los socialistas que no quieren admitir que la máxima libertad para los empresarios y la mínima intervención del Estado son el único modo de conseguir prosperidad. 
Le pediría que se enfrente usted a la verdad y emprenda acciones. 
Es el único modo en que puede cumplir lo que dijo cuando asumió el cargo en verano, concretamente que Europa ha de ganar primero su derecho a un Estado de bienestar. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, Señorías, creo que podemos describir justificadamente el texto de la resolución que tenemos ante nosotros como un texto equilibrado que contiene todas las cosas relevantes para la Estrategia de Lisboa. Asimismo da un impulso real al renacer de la estrategia. 
Sus tres elementos –crecimiento y mercado de trabajo, política de bienestar y medio ambiente– se han abordado en un contexto adecuado, y mi Grupo ha querido recalcar la importancia de establecer una clara conexión entre estos dos pilares. 
Una política medioambiental y social adecuada solo es posible si existe un crecimiento económico y un mercado laboral que funcione; hay una conexión estrecha y práctica entre ambos, pues el éxito de uno de ellos como política depende del otro, y tiene una importancia crucial que esta resolución lo deje claro. 
El escaso tiempo del que dispongo no me permite debatir estos tres puntos, pero hay un aspecto al que me gustaría prestar especial atención, y lo considero fundamental. 
Me refiero a la aplicación del acuerdo interinstitucional de diciembre de 2003 sobre una mejor legislación que –como he observado durante un año– no funciona adecuadamente. 
Es especialmente insatisfactorio en lo que respecta al control del impacto de las leyes y a la implicación a las partes interesadas en la producción de proyectos dentro de la Comisión. 
Una razón por la que hemos tenido nuestros debates, por ejemplo sobre la Directiva de servicios y REACH, es que el impacto de la legislación se ha evaluado de forma inadecuada o no se ha evaluado en absoluto, y que las partes interesadas no se han visto suficientemente implicadas en el proceso. 
Creo que es una de las prioridades que aborda esta resolución, y es algo que ha de cambiar. 
Permítame finalizar con algunas observaciones sobre el papel desempeñado por los demás Grupos de esta Cámara. 
Estoy especialmente agradecido al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo por seguir a los liberales al decidir apoyar este proyecto. 
No estaban del todo dispuestos a hacerlo en el Grupo Director, pero me complace que hayan decidido hacerlo, pues necesita una amplia mayoría. 
Es sumamente importante que el proceso de Lisboa sea apoyado por todos. 
Tengo un problema con la actitud de los Verdes, que se reunieron por separado en Luxemburgo y decidieron oponerse sin ni siquiera esperar el resultado de las deliberaciones del Grupo Director. 
Sin duda es bastante peculiar; quizás los Verdes deberían releer el texto y pensar si después de todo no sería mejor votar a favor, pues de lo contrario puede resultarles difícil explicar su oposición. 
– Señor Presidente, Señorías, la iniciativa del Presidente Borrell de invitar a los representantes de los Parlamentos nacionales a un debate conjunto sobre el futuro económico, social y medioambiental de Europa ya está dando sus frutos. 
En la mayoría de los Parlamentos nacionales, la Estrategia de Lisboa se ha convertido al fin en un tema político. 
A su vez, el Parlamento Europeo se ha esforzado por hacer propuestas menos ideológicas, más equilibradas, más cercanas a la realidad cotidiana de nuestros 455 millones de conciudadanos. 
Por supuesto, nuestro proyecto de resolución es mejorable. 
Hay silencios asombrosos, como la ausencia de cualquier referencia a la necesidad de ajustar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Por suerte, los Gobiernos, independientemente de su color político, tienen un enfoque más realista que algunos colegas conservadores o liberales. 
Así, el Consejo Ecofin, a pesar de algunos difíciles debates, se muestra propenso a un ajuste del Pacto. 
Estoy dispuesto a apostar que la Cumbre de primavera conseguirá transformar un instrumento de vigilancia presupuestaria bastante ineficaz en un instrumento de política económica al servicio del crecimiento. 
Con una inflación limitada, tipos de interés bajos en comparación con el pasado, un superávit de ahorro y empresas más que rentables, Europa –y sobre todo la zona del euro– no carecen actualmente de estabilidad, sino de crecimiento. 
Habría que estimular prioritariamente la demanda interior, en particular en los grandes países de la zona del euro, Alemania, Francia e Italia. 
La Unión solo podrá potenciar su crecimiento y crear empleo si relanza la inversión pública y privada y el consumo. 
La revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa debería conducir a una concentración de los medios en los objetivos prioritarios, es decir, en la inversión en educación, formación, investigación e infraestructuras. 
Para crear esa Europa de la excelencia que tanto queremos los socialistas son necesarios menos informes y más acciones concretas. 
Defender una Europa de la excelencia no es defender el Unas normas sociales y medioambientales elevadas pueden y deben inscribirse en el marco de una opción económica ganadora. 
En un mundo en el que el capital es cada vez más móvil, la baza competitiva más valiosa de Europa sigue siendo su mano de obra bien educada y formada, que dispone de la autonomía necesaria para reaccionar ante los cambios continuos. 
No es casualidad que los países escandinavos, que mostraron la máxima resolución al adoptar la Estrategia de Lisboa en materia de excelencia social y medioambiental, figuren entre los países europeos más eficientes en términos económicos. 
Se han esforzado por proporcionar el tipo de verdadera seguridad del empleo que descansa en la capacidad para mantener una constante puesta al día profesional. 
Un marco competitivo moderno requiere un reexamen del concepto de flexibilidad. 
En una economía mundial en rápida evolución, las empresas más prósperas serán las más flexibles. 
Las que apuesten por reservas rotativas de trabajadores temporales perderán terreno frente a las empresas cuyos trabajadores estén atados a ellas por una motivación basada en la seguridad del empleo y en unas condiciones de trabajo dignas. 
Las políticas de mercado laboral y los sistemas de relaciones industriales deben reorientarse hacia la anticipación y la gestión del cambio, a fin de crear una economía europea dinámica y convencer a la mano de obra europea de que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad. 
Necesitamos una organización del trabajo moderna y políticas activas de mercado laboral. 
La misma lógica se aplica a las políticas de protección social, que desempeñan un papel crucial y que requieren el refuerzo de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Terminaré, señor Presidente, diciendo que la Europa de la excelencia es posible. 
Por otra parte, la Unión Europea es mucho mejor que su reputación. 
Vista desde el exterior, la Unión es la entidad política que tiene el nivel de vida más alto del mundo, no solo en términos económicos, sino también en sociales y medioambientales. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, también a mí me gustaría dar las gracias al señor Lehne y al señor Goebbels en particular, así como a los demás diputados, por su constructiva cooperación. 
Mi más sincero agradecimiento a todos ellos. 
Cinco años después del comienzo de la Estrategia de Lisboa, hemos llegado a una encrucijada y quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar algo fundamental acerca de la situación en Europa. 
La última vez que Europa sufrió este tipo de desempleo estructural masivo fue en la década de los treinta. 
En Alemania, de donde procedo, el número de desempleados es el más alto de la historia de la República Federal, habiendo alcanzado el límite del millón en Renania del Norte-Westfalia, de donde procedemos tanto el Comisario Verheugen como yo. 
Al mismo tiempo, muchos Estados miembros se están endeudando cada vez más, y la ciencia y la investigación se van a otra parte a medida que se propagan las consecuencias intelectuales, morales y políticas del desempleo masivo: menor participación en las elecciones, insatisfacción general con la política, crecimiento del racismo y extremismo tanto de la derecha como de la izquierda. 
Nos enfrentamos a todas estas cosas. 
Hemos malgastado cinco años en los que lo queríamos todo y no conseguimos nada, y ahora Europa ha de tomar una decisión. 
¿Tenemos el valor y la fuerza de luchar por fin contra el desempleo? 
¿Tenemos el valor y la fuerza de dar la vuelta a las cosas, y de buscar más puestos de trabajo y más crecimiento? 
¿Tenemos el valor y la fuerza para dejar de concentrarnos en aquellos que aún tienen trabajo y mirar por fin a los que quieren trabajar pero no pueden? 
En respuesta a esto digo que debemos, claramente, reunir el valor y la fuerza para hacer estas cosas y no es menos claro que exigen un esfuerzo combinado por parte de todos nosotros y una absoluta concentración en una mayor competitividad. 
Comprendamos por fin lo que es esto: el requisito indispensable para más crecimiento y nuevos puestos de trabajo, sin los que no conseguiremos los ambiciosos objetivos sociales y ambientales de los que todos somos partidarios, como dice la resolución. 
En este contexto, la realización del mercado interior como motor del desarrollo será crucial. 
Ninguno de nosotros puede seguir ignorando el hecho de que el mercado interior europeo ha creado dos millones de puestos de trabajo desde 1993. 
En vista de ello, ¿podemos permitirnos tener un mercado europeo para servicios que solo exista en el papel? 
Por ello, ¿no deberíamos concentrarnos en el sector que representa el 70 % del producto interior bruto de la Unión Europea? 
Existe un enorme potencial de crecimiento en la reducción de obstáculos para la prestación de servicios transfronterizos. 
Si queremos que Europa crezca y combata el desempleo, es allí donde hemos de empezar. 
En este debate, permítanme añadir que los agitadores que no saben nada excepto cómo avivar los miedos de las personas han tenido libertad de acción durante demasiado tiempo, y actualmente me refiero sobre todo a la alianza impía que se ha forjado en Westfalia, al otro lado del Rin. 
El Presidente Chirac y el Canciller Schröder están haciendo una campaña de medias verdades y falsedades que juega con los miedos de las personas, y permítanme decir con claridad que es especialmente bueno que la Comisión por fin haya luchado contra este tipo de polémicas. 
Me gustaría felicitar al Comisario McCreevy por su apasionado llamamiento de ayer. 
Hagamos acopio de valor para luchar contra el desempleo masivo. 
También creo que deberíamos celebrar este debate en Bruselas, no en Estrasburgo. 
Señor Presidente, Señorías, permítame explicarle, señor Lehne, dado que se ha referido usted explícitamente a ello, que en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no nos pareció que este texto fuera fácil de tratar. 
Sin duda recordará que, en el marco de nuestra coordinación sobre Lisboa, introdujimos muchas enmiendas en el debate, pero en los puntos en que pensamos que era preciso concretar el texto, no dudamos en enumerar lo que considerábamos posibles puntos de ruptura. 
Permítame recordarle que, cuando empezamos a debatir este texto en la comisión competente, acordamos que no nos beneficiaría en absoluto tener solo un acuerdo general, sino que esta Cámara tendría que convertir el Proceso de Lisboa en algo más concreto. 
Esta sigue siendo la posición de los Verdes. 
Por ejemplo, creemos que un acuerdo sobre la libertad de prestación de servicios en la Unión Europea es realmente necesario. 
Francamente, tengo la impresión de que la Directiva Bolkestein se refiere básicamente a las realidades en la antigua Unión Europea y que no consigue abordar los grandes retos en materia de convergencia social, incluido el de prevenir el dumping social, que nos esperan a raíz de la creación de la Unión Europea ampliada que tenemos ahora. 
Por esta razón, me tomo en serio las afirmaciones del Canciller Schröder y del Presidente Chirac. 
Creo que hay que retirar esta directiva, y que los socialistas de esta Cámara van a apoyar nuestra enmienda. 
Si, por ejemplo, no quieren que los polacos, los checos y los eslovacos vean decepcionada su esperanza de que esta Europa les aporte realmente el progreso social, o si no quieren que en Occidente se asocie Europa solo con el declive, entonces no pueden votar a favor de la Directiva Bolkestein tal como está ahora. 
Para nosotros, este es el punto de ruptura en este texto. 
Habíamos esperado que esta Cámara llegara a un acuerdo al respecto. 
Dada mi preocupación por la política ambiental y energética, me ha complacido ver que se han incorporado muchos elementos del texto sobre sostenibilidad en el proyecto que votaremos mañana. 
Sin embargo, me niego a aceptar que estos elementos del texto se incluyan como meros lugares comunes sobre Lisboa y que se olviden de nuevo cuando, por ejemplo, votemos en la Comisión de Agricultura sobre cosas como REACH, el Programa Marco de Investigación y los organismos genéticamente modificados. 
Por ello creo que el rechazo de los Verdes está bien fundamentado y en los próximos meses seguiremos debatiendo con ustedes sobre el futuro de la justicia social, un enfoque adecuado del medio ambiente e innovaciones en referencia a los proyectos implicados. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en lo que respecta a la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa y las conclusiones que se pueden sacar de ella, la diferencia entre la mayoría de esta Cámara y el Grupo al que pertenezco es que la primera, en principio, quiere seguir por el camino que ya hemos emprendido, el de una política económica orientada a la oferta con una mayor competencia, mientras que nosotros decimos que ese camino es el equivocado. 
Nosotros, en esta Cámara, estamos de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Lisboa, pero tenemos puntos de vista diferentes sobre las maneras de alcanzarlos. 
La principal tarea es crear puestos de trabajo, y eso es algo que solo podemos hacer si aumenta la demanda de productos y las empresas se ven obligadas a invertir en su expansión y para satisfacer la mayor demanda. 
Los hechos deberían llevar incluso a aquellas personas cuyo pensamiento económico es neoliberal a aceptar que, en ausencia de demanda, reducir los impuestos no contribuirá en nada a crear puestos de trabajo, sino que, por el contrario, o bien los destruirá a causa de la consiguiente racionalización, o bien el aumento de ingresos no se reinvertirá, o bien, alternativamente, repecutirá en el presupuesto del Estado a través de los impuestos. 
La Estrategia de Lisboa no debería aspirar a competir por obtener los ingresos más elevados, sino más bien a competir por puestos de trabajo altamente cualificados, por la excelencia en la educación y formación, por la calidad de productos, por elevadas normas ambientales y un mayor nivel de protección del consumidor. 
Esto significa asimismo que los grupos con menores ingresos –que, en contra de lo que se asegura a menudo, no ahorran más de lo que solían– han de conseguir un aumento del salario o una rebaja de los impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que hay suficiente margen de maniobra político, dado que la productividad ha aumentado mucho más rápido que los sueldos en los últimos años. 
Quiero añadir que esto también se ha reflejado en la balanza comercial exterior favorable que han tenido la mayoría de los Estados miembros de la Unión, que, a pesar de las altas transferencias sociales, fueron capaces de ofrecer productos aceptables en los mercados mundiales. 
Los trabajos a jornada parcial, mal pagados, no ayudan a eliminar el azote del desempleo. 
Si queremos convertirnos en la región económica más fuerte del mundo en 2010, tendremos que prestar atención principalmente al bienestar y al medio ambiente en la Unión Europea, pues esta es la mejor manera de promover nuestra economía. 
Señor Presidente, la próxima cumbre de primavera se ve ensombrecida por lo que pueden suponer los referendos sobre la Constitución Europea en los próximos meses. 
Ello va en detrimento de una buena toma de decisiones sobre las reformas económicas. 
Al mismo tiempo, la toma de decisiones en la próxima cumbre también se ve alimentada por el temor a que pueda verse afectado el Estado de bienestar. 
Esto ha quedado claro desde la cumbre de otoño, cuando debatimos el informe del señor Kok. 
Sin embargo, me gustaría pedirles que miren de otra manera las reformas económicas. 
¿Es socialmente aceptable sacar del mercado laboral a personas de 58 años? 
¿Es socialmente aceptable endosar a los jóvenes la carga de nuestro sistema que se ha vuelto impagable, mientras que ellos nunca podrán beneficiarse de él? 
Por ello pido a la Comisión que realice, junto con los Estados miembros, las reformas estructurales necesarias. 
Necesitamos crecimiento para mantener el modelo social europeo, que al mismo tiempo necesita ser reformado. 
Quien hoy en día afirme que las reformas estructurales no son necesarias es un demagogo peligroso. 
Señor Presidente, Señorías, apoyamos la iniciativa del señor Barroso, y nos complace que la Comisión tome medidas para conseguir todos los objetivos de Lisboa. 
Consideramos incomprensible que el señor Barroso haya sido criticado sobre la Estrategia de Lisboa, pues después de todo no es culpa de la Comisión Europea que la Estrategia de Lisboa no se haya aplicado aún. 
Son los Estados miembros los culpables del hecho de que la Estrategia de Lisboa no se haya convertido en una característica de la vida económica real de Europa, pues son ellos los que no han tenido el valor de reformar las economías de la Unión Europea. 
Provengo de un país en el que durante más de 45 años se intentó dominar verbalmente a la economía. 
Es una tarea imposible, pues lo que la economía necesita es una acción concreta. 
Es precisamente porque la Comisión Europea está a favor de esta acción por lo que la apoyaremos. 
Llegados a este punto, quiero dejar bien claro que hay pocas posibilidades de que se cumplan nuestros compromisos en el marco de la Estrategia de Lisboa, o de que se logre un crecimiento real en Europa, si los Estados miembros no tienen el valor suficiente. 
Es el mismo valor del que carecen en relación con la directiva de servicios que se debate en estos momentos. 
Los requisitos para el crecimiento en Europa son unos impuestos bajos, menos reglamentación y mayor libertad económica. 
La realidad está llamando a nuestra puerta y Europa no está sola en el mundo. 
Todos somos conscientes de que Asia está experimentando un crecimiento muy rápido, y que los Estados Unidos también experimentan un crecimiento. 
Tarde o temprano, esta realidad económica vendrá a llamar a nuestra puerta. 
Por ello queremos desearle valor y éxito, señor Presidente, a la hora de alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Señor Verheugen, es importante hoy, cuando queremos evaluar el progreso de la Estrategia de Lisboa que no busquemos fórmulas fáciles, sino que sobre todo identifiquemos los posibles fallos. 
En primer lugar ha fallado la cooperación entre instituciones. 
El Consejo Europeo determinó los objetivos cuya realización solo debía coordinar y facilitar, porque en la mayoría de los casos estos objetivos están sujetos a los Estados nacionales dentro del marco de la subsidiariedad. 
Por ello hago un llamamiento a los Estados nacionales y a los ciudadanos de estos Estados directamente, para que asuman una mayor responsabilidad a la hora de adoptar las ideas de la Estrategia de Lisboa. 
La Unión Europea debería proporcionar un seguimiento continuo y asegurar de forma más consecuente el papel de un centro flexible y eficaz, como tiene, por ejemplo, en la verificación y la realización de los criterios de Maastricht. 
Los Estados miembros individuales no han efectuado las reformas sociales exigidas para resolver la cuestión de la inclusión social. 
La cuestión de asegurar unas mayores oportunidades de trabajo: la realización de este objetivo exige una mayor movilidad de la mano de obra. 
Pero aquí estamos rezagados en el reconocimiento de las cualificaciones y las habilidades, y en especial en la racionalización de este procedimiento. 
El movimiento de la mano de obra parece ir de este a oeste, sobre todo la mano de obra altamente cualificada, lo cual intensifica aún más las diferencias en las regiones menos desarrolladas. 
El envejecimiento de la población: los Estados nacionales no han logrado prestar atención a este fenómeno y, a través de sus reformas sociales, no han logrado asegurar la inclusión social de estos ciudadanos, es decir, de toda una generación. 
El principal problema aquí es la sustitución cualitativa de esta pérdida económicamente grave. 
– Señor Presidente, como sabe, para tener éxito hay que aprender primero de los fracasos anteriores. 
La Estrategia de Lisboa, lanzada en 2000, no ha permitido realizar los progresos esperados. 
Observamos que el crecimiento está estancado y que el número de puestos de trabajo creados es insuficiente. 
La primera razón parece evidente: esta estrategia, demasiado confusa y fragmentaria, parecía un plan de batalla sin ejército. 
Por lo demás, hasta el día de hoy la mayoría de nuestros conciudadanos ignoran de qué se trata. 
Europa debe apostar pues por su capacidad para crear valor añadido preservando al mismo tiempo su modelo social; esto pasa por la realización de planes de acción prioritarios con calendarios precisos. 
Sabemos que nuestras empresas no pueden luchar ya en términos de competitividad clásica con países como China o la India. 
Nuestras bazas son la innovación, la calidad de nuestra formación y de nuestro medio ambiente y el aprovechamiento al máximo de nuestros conocimientos tecnológicos. 
Nuestro triunfo es la innovación ecológica y las tecnologías punta, para responder a una demanda de productos de muy alto valor añadido que nuestros competidores no pueden satisfacer. 
La Unión debe evitar también dispararse a su propio pie asfixiando continuamente su economía, que se enfrenta a los desafíos del envejecimiento de la población. 
Por esta razón hemos pedido que cada propuesta legislativa sea objeto de un análisis de impacto económico y social, así como medioambiental. 
Esto es «legislar mejor». 
Relanzar la economía y desarrollar el empleo es reforzar las iniciativas empresariales, ayudando a nuestras grandes empresas a convertirse en campeonas del mundo y garantizando a las PYME los medios para su expansión, desarrollando una sociedad dinámica para nuestros conciudadanos. 
Hemos de movilizarnos para hacer de Europa un polo de excelencia, como ha dicho usted, señor Barroso. 
Para ello, queremos un sistema fiscal sencillo, equitativo y que ponga tan pocas trabas como sea posible, asociaciones entre el sector público y el privado, un mercado interior sin dúmping social, un compromiso fuerte a favor de la juventud, por el reconocimiento de los títulos y la intensificación de los intercambios, el nombramiento de un responsable de la Estrategia de Lisboa en cada capital y el compromiso de los Estados miembros con las perspectivas financieras. 
Hay un nuevo reparto de cartas en el mundo. 
Cada continente tiene en la mano un buen juego. 
Lisboa debería ser el número ganador de Europa, pero tengamos siempre presente esta cita de Churchill, que debería ser nuestra máxima: «Por muy bonita que sea la estrategia, de vez en cuando deberían ustedes mirar los resultados». 
Señor Presidente, señor Presidente Barroso, Comisario Verheugen, me gustaría decir lo mucho que me ha complacido la acogida positiva que ha tenido hoy nuestro proyecto de resolución sobre el Proceso de Lisboa. 
De hecho, lo considero una mano tendida en señal de cooperación y lo veo como una manifestación del hecho de que las personas han estado escuchando. 
Aunque entretanto hemos tenido intensos debates, después de cada debate intenso hay que sacar una conclusión y la conclusión sacada hoy es que ahora ha llegado el momento de la acción. 
Quiero decir que me ha complacido oír los recientes comentarios del señor Juncker, quien ha dicho que ahora deberíamos poner fin al debate sobre lo que viene primero y establecer que en Europa las cosas suceden al mismo tiempo: que mejoramos nuestra competitividad, realizamos reformas sociales –incluso en el mercado laboral– y aplicamos las reformas ambientales, todo al mismo tiempo. 
Quiero decir que en Escandinavia hemos demostrado que puede hacerse y, de hecho, esto es lo que entendemos en parte por dimensión europea. 
Sin embargo, no aspiramos tan solo a algún tipo de combinación. 
Necesitamos reformas y necesitamos inversiones. 
Señor Presidente de la Comisión, hoy siento que la mayor inversión de todas las que necesitamos es la inversión en seres humanos en los próximos cinco años. 
La Comisión y el señor Špidla han hablado de flexibilidad; en el Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo no tenemos nada contra la flexibilidad. 
Depende del tipo de flexibilidad de que hablemos. 
Personalmente creo que podemos crear una reforma que diga que los jóvenes han de poder moverse de un trabajo viejo a uno nuevo manteniendo la seguridad social y con la garantía constante de que adquirirán una mayor especialización, mejor cualificación y más interés en la educación. 
Si lo hacemos, tendremos una oportunidad de realizar un nuevo acuerdo en el que digamos a los ciudadanos: «protegeremos vuestra seguridad en el siglo XXI en un nuevo mercado laboral con nuevos puestos de trabajo.» 
Nos comprometeremos a crear 1 500 nuevos puestos de trabajo en Europa cada vez que perdamos 1 000 que van a Asia, la India o el mundo en desarrollo. 
Es decir, diremos que estamos aquí para crear nuevos puestos de trabajo que puedan ocupar el lugar de los antiguos y nos aseguraremos de que las personas puedan ocupar estos nuevos puestos de trabajo. 
Quiero finalizar diciendo con urgencia a la Presidencia luxemburguesa y a la Comisión que necesitamos una mayor demanda en Europa y que necesitamos una coordinación macroeconómica de inversiones, pues puedo asegurarles que sin un importante crecimiento económico no habrá comprensión popular por las reformas y sin reformas no podemos tener un crecimiento económico sostenible. 
Si podemos estar de acuerdo sobre esto en la propuesta de la Presidencia luxemburguesa al Consejo Europeo, habremos avanzado muchísimo. 
Les deseo mucha suerte con su trabajo durante la Presidencia luxemburguesa. 
Creo que se están haciendo grandes esfuerzos para asegurar el equilibrio, y queremos estar allí todo el tiempo, que ha dicho hoy el señor Schulz, para asegurar ese equilibrio que es la identidad europea. 
– Señora Presidenta, Señorías, el texto que se nos presenta está construido sobre el equilibrio necesario entre los tres capítulos de la Estrategia de Lisboa: económico, por supuesto, pero también social y medioambiental. 
De este modo, demostraremos a nuestros conciudadanos nuestra voluntad de crear una Europa competitiva, desde luego, pero también una Europa basada en la cohesión social y en el restablecimiento y la conservación de un medio ambiente sano. 
Por otra parte, este texto transmite una serie de mensajes claros en los que quisiera insistir. 
En primer lugar, a la juventud, dado que el texto alienta la iniciativa conjunta de cuatro países miembros a favor de la juventud, iniciativa que figura en la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera. 
El segundo mensaje afirma el papel de las PYME creadoras de empleo y fuente de innovación en una política industrial activa y equilibrada, centrada en los grandes campeones, pero también –y quizás sobre todo– en esas pequeñas empresas que, una vez más, son la clave de la creación de empleo en Europa. 
El tercer mensaje insiste en la necesidad evidente de dar un importante impulso a la investigación en toda la Unión. 
Por último, se afirma un punto fundamental al que usted, señor Verheugen, ha hecho alusión hace un momento, a saber, que las ambiciones de la Estrategia de Lisboa solo tienen sentido si se facilitan recursos suficientes, lo que significa, en concreto, como sin duda comprenderá, un presupuesto europeo acorde con los objetivos. 
A partir de hoy, mientras que el futuro de la Estrategia de Lisboa se halla efectivamente en manos de las autoridades políticas europeas, también se encuentra, y quizás en mayor medida, en manos de las autoridades políticas nacionales, así como en las de todos los que desempeñan un papel en la vida económica de los veinticinco Estados miembros. 
El éxito de la Estrategia de Lisboa depende de la capacidad de los Estados miembros para orientar sus políticas en el sentido deseado y para implicar lo más ampliamente posible a la población de Europa. 
Solo será posible involucrar a los ciudadanos de esta manera si la opinión pública está bien dispuesta con respecto a la labor de la Unión y sus instituciones. 
Es preciso que la Comisión lo comprenda y responda a esta expectativa. 
Si tenemos presentes algunas declaraciones recientes sobre las deslocalizaciones, o las palabras que el señor McCreevy pronunció ayer aquí sobre la Directiva de servicios, me temo, señor Presidente de la Comisión, que tendrá que continuar trabajando en el marco del Tratado de Niza. 
¡Tenga cuidado! 
– Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el valor añadido de la Unión Europea implica que consigamos paz, seguridad, crecimiento, empleo y competitividad, y que garanticemos la seguridad social y la sostenibilidad medioambiental. 
Estamos trabajando para conseguirlo. 
Tenemos un nuevo proyecto; ya no se trata de la unión económica y monetaria, sino de la competitividad, el crecimiento y el empleo. 
¿Qué tenemos que hacer? 
En primer lugar, tenemos que insuflar nueva vida al modelo social europeo de una economía de mercado responsable con el medio ambiente, haciéndolo tangible y aplicándolo, porque creemos que el mercado no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para alcanzar un fin. 
Sin un mercado interior de servicios, la nueva Estrategia de Lisboa seguirá siendo irrealizable. 
En tercer lugar, tenemos que hacer realidad las cuatro libertades para todos los ciudadanos europeos, para las empresas y para la investigación. 
En cuarto lugar, tenemos que revitalizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
¿Qué significa esto? 
Significa querer alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto de forma consistente; significa permitir que la Comisión ejerza las prerrogativas que tiene encomendadas; significa no convertir en jueces a los criminales, significa hacer nuestro trabajo en casa en lugar de echar la culpa a Bruselas. 
El mismo modelo social también se aplica a la Estrategia de Lisboa. 
No podemos repetir los mismos errores que hemos cometido con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En quinto lugar, necesitamos más liderazgo por parte de la Comisión. 
Por lo tanto, necesitamos un plan de acción europeo, un calendario europeo, un catálogo de medidas europeo; la Comisión tiene que entablar un diálogo con los Estados miembros cuando elabore planes de acción y también tiene que controlarlos. 
Señor Presidente de la Comisión, usted es el entrenador y el capitán del equipo europeo. 
Los Gobiernos de los Estados miembros son los jugadores de su equipo. 
Por esta razón, todos los Jefes de Estado y de Gobierno –y no solo los ministros de mercado interior– tienen que volver a hacer suya la Estrategia de Lisboa para el crecimiento, la competitividad y el empleo. 
Al escuchar el debate de hoy, me pregunto en contra de qué se quiere manifestar la CES en el período previo a la cumbre de Bruselas. 
¿En contra de lo que usted ha presentado hoy? 
¿En contra de la competitividad, del crecimiento y del empleo? 
Insto a la CES a que suspenda la manifestación en contra del crecimiento, la competitividad y el empleo, y haga lo mismo que el Grupo Socialista ha hecho para ganarse nuestra gratitud: volver al barco del crecimiento, el empleo y la competitividad. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, en el año 2000 el Consejo se fijó el ambicioso objetivo de convertir a Europa en la sociedad basada en el conocimiento más fuerte, en términos económicos, para el año 2010. 
Sería positivo que consiguiéramos convertirnos, si no en la sociedad basada en el conocimiento más fuerte en términos económicos, al menos en una sociedad fuerte con una orientación social. 
Por desgracia, los resultados de la revisión intermedia son poco favorables; tenemos que aplicar de inmediato y de forma consistente las estrategias que ya se han elaborado. 
La educación sustenta todos los demás ámbitos y es el fundamento de la Estrategia de Lisboa, junto con la cohesión social, el crecimiento y el empleo. 
Necesitamos una mayor inversión en educación, ciencia e investigación, si bien tienen que ir de la mano de reformas que respondan a los cambios en materia de tecnología y sociedad. 
En la práctica, esto significa que necesitamos, entre otras cosas, un aprendizaje que acompañe a la vida en lugar de un aprendizaje permanente –este tiene traza de castigo– junto con la promoción de la movilidad en el empleo, la ciencia y la investigación, las oportunidades educacionales transfronterizas, el reconocimiento de títulos, porque muchos aún no se aceptan en todos los países y el acceso a la educación para todos. 
Dicho de otro modo, no puede haber recortes en educación, ni gastos de matrícula, ni se puede privar de recursos a las universidades o reducir las horas de enseñanza, en particular en ciencias naturales, porque esta asignatura fomenta la creatividad y, por tanto, es necesaria para el desarrollo personal y profesional del individuo. 
Cualquier sociedad fuerte y socialmente responsable también tiene que tener en cuenta la dimensión de género, y en su Cumbre de Primavera, el Consejo tiene que centrar su atención en cuestiones como la igualdad salarial, que ayer se debatió ampliamente en el Día Internacional de la Mujer, y la igualdad de oportunidades. 
– Señora Presidenta, puesto que ya se ha hablado mucho de la Estrategia de Lisboa en este debate, quiero limitarme a tres puntos. 
Primero, la Estrategia de Lisboa tiene que ser el próximo gran éxito de la UE, tras el euro, la ampliación y la Constitución. 
No tenemos elección. 
Sin embargo, esto implica dar al ciudadano la confianza y la libertad necesarias para que desarrolle nuevas iniciativas y afronte nuevos retos. 
Mi vecino en Rijswijk es perfectamente capaz de tomar decisiones acertadas sobre su futuro, y no necesita que el Gobierno neerlandés le diga lo que tiene que hacer, y mucho menos la Unión Europea. 
Esto me lleva al segundo punto. 
Tenemos que ser más críticos con el papel del Gobierno en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
La pregunta es si el Gobierno tiene que resolver el problema o si el problema es el propio Gobierno. 
Huelga decir que el Gobierno tiene que mantenerse alerta y prescribir ciertas condiciones, pero demasiado a menudo observamos que obstruye en lugar de estimular nuevas iniciativas. 
En mi opinión, la liberalización, la reducción de la carga administrativa y de la burocracia tienen que ser un punto clave en la Estrategia de Lisboa si realmente queremos conseguir esta necesaria consolidación de la competitividad europea. 
En tercer lugar, por supuesto estoy completamente de acuerdo con los diputados que creen que Europa debe enorgullecerse de su modelo único, pero también hemos de darnos cuenta de que este modelo social solo podrá aplicarse cuando generemos más crecimiento económico. 
Demasiado a menudo, los colegas diputados a mi izquierda han preservado el mito de que la política social y el crecimiento económico se excluyen mutuamente, ya se trate de la Estrategia de Lisboa o de la directiva de servicios. 
Una y otra vez, han indicado una falsa contradicción entre una economía basada en el conocimiento dinámica, libre e innovadora y la política social. 
Por lo tanto, no entiendo porqué el Grupo Socialista en esta Cámara se abstuvo en la votación de la semana pasada en el grupo de coordinación, en particular porque otros Grupos han hecho todo lo que han podido por alcanzar un compromiso ampliamente aceptable. 
Por lo tanto, me satisface que los portavoces de este Grupo ahora digan que el texto merece un amplio apoyo. 
Hace que la abstención de la semana pasada resulte aún más misteriosa, pero atribuyámoslo a una intuición progresiva. 
Ninguna política es más social que aquella que crea más y mejores puestos de trabajo, así como un espacio para el espíritu empresarial. 
Queda por ver si realmente hay una mayoría que apoye esta política. 
Está claro que el Parlamento está de acuerdo con la Comisión en que la renovación de la Estrategia de Lisboa se centra en la creación de empleo, en la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, el crecimiento y la investigación. 
Las causas del fracaso de la estrategia hasta el momento han sido la inacción y la mentalidad corta de miras de los Estados miembros. 
En consecuencia, el Parlamento y la Comisión tienen que presionar a los Estados miembros, en beneficio de los objetivos que ahora se han redefinido con claridad. 
Tienen que presionar por que el plan financiero de siete años de la Unión garantiza los fondos necesarios para llevar a cabo los objetivos de creación de empleo, y de ayuda a las pequeñas y medianas empresas de investigación y desarrollo. 
Al mismo tiempo, esto no reducirá los nuevos fondos de cohesión para los nuevos miembros y para ayudar a que las regiones más desfavorecidas se pongan al día. 
Esto es esencial para mantener la unidad de la Unión. 
Tenemos que garantizar que la realización de los objetivos de Lisboa sea igualmente accesible para todos. 
Es importante que el estímulo alcance a todos los afectados, y tenemos que presionar a los Gobiernos de los Estados miembros para que anulen los objetivos políticos y presupuestarios a corto plazo. 
En algunos Estados miembros nuevos aún existen grandes obstáculos burocráticos y presupuestarios que impiden que las pequeñas y medianas empresas y los agricultores compitan con éxito con las grandes empresas, o que simplemente puedan tener lo que les corresponde por ley. 
En consecuencia, los agricultores están manifestándose en este momento en las calles de Budapest en contra del Gobierno húngaro. 
Asimismo, es esencial apoyar a los centros de conocimiento en los nuevos Estados miembros con culturas de investigación y ciencia más desarrolladas. 
En la actualidad, y a causa de la falta de fondos, los nuevos Estados miembros no pueden conservar a sus mejores investigadores. 
La fuga de cerebros mejora la competitividad americana, no la europea. 
Trabajo, trabajo, trabajo: esto hace que Europa sea competitiva, y los ciudadanos europeos más ricos. 
¡Señor Presidente! Los diputados al Parlamento del Grupo del PPE-DE y de los nuevos Estados miembros son sus aliados en esta lucha. 
Las palabras tienen que traducirse en hechos. 
– Señora Presidenta, Señorías, si se me preguntara cuáles son las dos razones principales por las que considero que la convergencia en las posiciones de la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Parlamento que podemos ver hoy es importante, respondería que mi primera razón es que los aspectos sociales y medioambientales se reconocen sinceramente no como limitaciones y obstáculos, sino como factores de nuestra competitividad. 
Mi segunda razón es que todos estamos de acuerdo en que para relanzar la Estrategia de Lisboa es esencial la creación de un sentido de responsabilidad sobre la estrategia que se filtre hasta los niveles locales, para que la responsabilidad radique ante todo en los Gobiernos y Parlamentos nacionales así como en los ciudadanos. 
Estoy profundamente de acuerdo con este punto, que espero se traduzca en medidas concretas en el Consejo Europeo. 
Sin embargo, en esta ocasión estoy en desacuerdo con lo que la señora Frassoni ha dicho en su intervención. 
Entre sus razones para rechazar la propuesta de resolución –que yo, de otro lado, apoyo– ha mencionado que uno de los apartados de la resolución cuestionaba el Reglamento REACH. 
Señora Presidenta, usted sabe muy bien cuanto valoro este Reglamento y nunca correría el riesgo de hacerlo peligrar dando apoyo a la propuesta de resolución. 
Sin embargo, quiero pedir a mis colegas diputados que ya no consideren el Reglamento un símbolo del bien y del mal, ya que una polarización de este tipo implica que al final habrá ganadores y vencidos. 
En vez de ello, creo que si se llega a un acuerdo sobre este Reglamento será una victoria para todos nosotros. 
– Señora Presidenta, señor Barroso, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a los dos coponentes, el señor Lehne y el señor Désir, pero sobre todo al grupo de los 33, incluidos los colegas que probablemente no participarán en la votación. 
Lo lamento un tanto, pero puedo decirles que el ambiente de trabajo fue excelente, que trabajamos en unas condiciones extraordinariamente buenas y que como presidente me he sentido muy satisfecho. 
Es importante que la revitalización de la Estrategia de Lisboa sea una prioridad indiscutible y, para conseguirlo, hay que movilizar a todas las partes afectadas. 
El Parlamento ha creado por tanto un grupo de trabajo de coordinación con el único fin de contribuir a mejorar la aplicación de la Estrategia haciendo del Parlamento un interlocutor más claro e influyente en el proceso que en el pasado. 
Entre sus misiones figura la elaboración de una recomendación para la Conferencia de Presidentes antes de la cumbre de primavera. 
Espero, señor Barroso, que usted y todos los Comisarios tengan en cuenta todo lo que se ha dicho. 
Falta aún un pequeño párrafo que no he oído, señor Barroso, sobre la coordinación de los tres presidentes. 
Creo que será muy importante en adelante. 
Con respecto a este proyecto de resolución, espero que obtengamos una mayoría muy amplia hoy en la votación. 
Para ello, debemos identificar también medidas clave como la importancia del sector de los servicios, el apoyo especial a las empresas privadas y también la necesidad de un nuevo reglamento sobre las sustancias químicas y la modernización del mercado de trabajo. 
Hay otra etapa importante que comenzará la próxima semana con la celebración en la sede del Parlamento en Bruselas, bajo la presidencia del señor Borrell, del primer encuentro parlamentario sobre la Estrategia de Lisboa con los Parlamentos nacionales. 
Es muy importante estudiar y trabajar mucho más con los Parlamentos nacionales. 
Este encuentro marcará la apertura de un diálogo parlamentario sobre la Estrategia de Lisboa. 
El objetivo es coordinar las iniciativas a escala parlamentaria para poder transmitir un mensaje fuerte y coherente a los Jefes de Estado y de Gobierno en vísperas de cada Consejo Europeo. 
Continuaremos asimismo nuestros trabajos sobre los demás elementos del mandato, es decir, trabajar a escala interinstitucional por mejorar la programación legislativa y por mejorar la transposición y la aplicación a escala nacional de las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
En efecto, como propone el informe Kok, queremos que el Parlamento desempeñe un papel activo en la supervisión de los resultados obtenidos en el marco de dicha estrategia. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario Verheugen, desde un punto de vista objetivo, la ampliación de la Unión Europea nos trae el comienzo de una nueva era. 
Otras regiones del mundo nos miran y se preguntan si, en la Unión Europea, somos realmente capaces de competir en el ámbito internacional en una nueva era al tiempo que mantenemos y desarrollamos unos niveles sociales altos. 
¿Somos capaces de dar pasos económicos y técnicos hacia la nueva era mientras entramos en una nueva generación de producción con unas normas medioambientales más estrictas que nunca? 
El Presidente de la Comisión y el Comisario Verheugen nos han presentado visiones muy valientes. 
El Comisario Verheugen ha hablado de valores: valores en la forma de dirigir las empresas, valores en las normas sociales, valores de la participación social tanto en la empresa como en la vida social, y los ha descrito como vehículos para avanzar en el proceso de modernización. 
Si bien los valores son importantes, creo que la realidad de la vida de muchas personas es algo diferente. 
Temen la inseguridad; temen que estos objetivos no se lleven a cabo en sus vidas cotidianas. 
Si queremos reducir esta diferencia, primero tenemos que reformar nuestros instrumentos y después reducir la diferencia en las líneas generales de la política económica y en otros ámbitos; no quiero oír nada más sobre ideologías anticuadas, sino sobre la forma en que las personas viven realmente en la sociedad. 
Si queremos que lo que estamos trabajando juntos en esta Cámara se haga realidad, primero tenemos que reformar nuestros instrumentos. 
– Señora Presidenta, la pomposamente denominada Estrategia de Lisboa está convirtiéndose en una farsa. 
En primer lugar, el objetivo de crecimiento y prosperidad a todas luces no se ha alcanzado. 
A mitad de camino, el crecimiento es anémico hasta el punto de que la OCDE califica la zona del euro de agujero negro de la reactivación mundial, pues se ha estancado con un 1,7 % de crecimiento, en muchos países incluso menos, cuando el crecimiento mundial es del 5 % y, colmo de la ironía, Europa en su conjunto registra una tasa de crecimiento del 2,9 % gracias a los resultados relativos de los países que, justamente, escapan al corsé estúpido del euro. 
En cuanto a la prosperidad, por el momento es, para nuestros conciudadanos, más bien sinónimo de inseguridad, de pérdida del poder adquisitivo y de desempleo, cuyo símbolo son los ocho millones de parados del núcleo franco-alemán. 
En cuanto a las perspectivas, son cada vez más sombrías, en particular en la zona del euro. 
El euro no ha cumplido sus promesas. 
Evidentemente no es una moneda de comercio, no es un factor de disciplina presupuestaria, sino todo lo contrario, de laxitud. 
Y para nuestros contemporáneos es más bien un factor de inflación. 
En cuanto al Pacto de Estabilidad, evidentemente está a punto de romperse. 
Por otra parte, no comprendo cómo se puede ser partidario del euro sin apoyar el Pacto de Estabilidad. 
Hay una contradicción en los términos al menos en este punto, y quiero llamar la atención de la Comisión sobre ello. 
Por otra parte, la lección para la Comisión es simple. 
Hay que aplazar la ampliación de Eurolandia de forma que solo 12 de los 25 –que pronto serán 30– formen parte de la zona del euro. 
Esto está muy lejos de los objetivos declarados, por supuesto. 
Todos estos son sin duda argumentos que serán utilizados por los partidarios de votar «no» , y esto nos complacería si no fuera por el triste hecho de que lo que está en juego es la noción misma de Europa, una idea que lamentablemente se ha visto comprometida en el espíritu de nuestros conciudadanos, quizás por mucho tiempo. 
– Señor Presidente, una de mis primeras intervenciones cuando fui nombrado diputado a este Parlamento hace cinco años versó sobre la primera Estrategia de Lisboa en abril del 2000. 
Me consternaba que la plena realización del mercado interior tuviera tan poca prioridad en aquel documento original, y que solo hubiera una página dedicada a ello en un documento tan voluminoso. 
Doy las gracias al Presidente Barroso y a su equipo por situar el mercado interior entre las máximas prioridades, como debe ser. 
Si no completamos el mercado interior, nunca tendremos una base para crear puestos de trabajo, crecimiento y las políticas sociales y medioambientales que todos queremos. 
Está absolutamente claro que la próxima fase del mercado interior tiene que abarcar los servicios; todos los sabemos. 
La semana pasada le dije públicamente, señor Presidente Barroso, que pensaba que le veía vacilar ante esta propuesta. 
Usted no estuvo aquí anoche para escuchar la arrolladora intervención del señor McCreevy. 
Demostró lo importante que es esta directiva, y le doy las gracias por ello. 
Puedo asegurarle que este lado de la Cámara trabajará con usted para que la medida siga adelante, porque es la medida más importante para el mercado interior desde el programa de 1992, y es esencial para los puestos de trabajo y el empleo. 
Las pequeñas y medianas empresas ya se están beneficiando de ello. 
Me complació en gran manera escuchar que el Comisario Verheugen va a presentar un programa general para modernizar y mejorar las condiciones de las pequeñas empresas. 
Este era un punto débil de la propuesta. 
Me complace oír que se va a remediar, porque si cada pequeña o mediana empresa de toda Europa crean un solo puesto de trabajo más en los próximos cinco años, habremos alcanzado ese objetivo de creación de puestos de trabajo. 
Y eso solo lo conseguiremos cuando tengamos políticas favorables a las empresas y un entorno en que la gente quiera salir y emprender un negocio, ya sea en el sector de los servicios o en la producción y la innovación técnica. 
Esa es la clave para que esta Agenda de Lisboa dé sus frutos. 
Estamos listos, Presidente Barroso, para trabajar con usted y conseguir esos objetivos. 
Señora Presidenta, el punto esencial de la resolución del Parlamento es la definición de la competitividad europea. 
Incluimos la sostenibilidad social y medioambiental en la competitividad. 
La Comisión se ciñe excesivamente a la competencia y el empleo. 
Los socialdemócratas pedimos sostenibilidad social y medioambiental. 
Además, así es como debería ser. 
A largo plazo, la competitividad no será sostenible si no está basada en un marco social y en el medio ambiente. 
¿Es esto posible? 
Sí. 
Por ejemplo, mi país es tan competitivo como los Estados Unidos de América, con el que a menudo se nos compara. 
Al mismo tiempo hemos sido capaces de mantener la sostenibilidad social y medioambiental, a diferencia de los Estados Unidos. 
En consecuencia, nuestra sociedad es más igualitaria, más segura y sostenible desde el punto de vista medioambiental. 
No podemos permitir que la competencia se convierta en una ventaja para unos pocos, porque al final del camino nos espera una sociedad controlada, la dictadura del control digitalizado. 
Como miembro de la Comisión de Lisboa, me decepciona que el informe no insista en que se publiquen repetidamente los nombres de los Estados miembros que no han aplicado la legislación de Lisboa. 
Hay unas 1 500 leyes de mercado interior que no se han aplicado y, por lo tanto, el proceso se ha detenido gracias a cierto tipo de movimiento insolidario. 
Insto a los medios de comunicación a que publiquen una y otra vez los nombres de los Estados miembros que evitan a propósito la aplicación de estas leyes. 
De esta forma, tras recibir la información, las personas podrán facilitar su aplicación. 
Este sería un método de desarrollo sostenible. 
Lisboa es un reto y el proyecto más importante de los próximos años, cuyo éxito depende de la voluntad de todos nosotros –Gobiernos, Parlamentos, interlocutores sociales en el ámbito europeo, nacional y regional– para unir fuerzas. 
Si queremos lograr esta cooperación y esta implicación, entonces ya hemos superado el obstáculo más importante para conseguir el éxito. 
Presidente Barroso, le confío el difícil pero importante papel de protagonista de este proceso. 
Si examinamos el objetivo de Lisboa, en mi opinión se crea una contradicción absurda. 
Es imposible separar la competitividad, la política social y la ecología de la UE, porque sin crecimiento no podemos cumplir con las obligaciones medioambientales. 
El crecimiento genera más empleo, ingresos y prosperidad. 
El empleo es la mejor garantía de asequibilidad de la seguridad social y amortigua el coste creciente de la asistencia, así como la reforma de las pensiones asequibles y permanentes. 
Por lo tanto, la economía, la ecología y la política social están inextricablemente unidas. 
El Comisario Verheugen ha hecho referencia a las nuevas iniciativas: una legislación mejor y más sencilla, una política industrial nueva y más apoyo a la innovación. 
No obstante, en mi opinión, estas iniciativas necesitan reciclaje profesional y formación adicional. 
Si los trabajadores potenciales no tienen acceso a una educación permanente, no podremos dar empleo a los desempleados, ya sean mujeres, minorías o discapacitados. 
Así pues, si queremos conseguir esta Europa de excelencia, tenemos que volver a predicar con el ejemplo. 
– Quiero comenzar con una pregunta de hace veinte años: ¿cuál era el escudo de armas de COMECON? 
(COMECON era la organización de coordinación económica de los países de Europa Oriental.) 
La respuesta es: un prado verde con diez vacas delgadas ordeñándose entre ellas. 
Estoy convencida que si la Unión Europea no toma algunas decisiones cruciales en el plazo de uno o dos años –decisiones que deban aplicar los Estados miembros– dentro de veinte años, este también podría ser el escudo de armas de la UE, aunque habrá más vacas y estarán aún más delgadas. 
Si no queremos que esto ocurra, necesitamos un cambio de enfoque radical y una serie de medidas valientes. Esto es independiente de la orientación política de cada uno, y de si es religioso o ateo, hombre o mujer. 
En consecuencia, creo que nuestra única oportunidad reside en usar las oportunidades de un mercado interior unificado, que rompa con rapidez las barreras de la libre circulación de mercancías, servicios, mano de obra y capital. 
El aumento de la competitividad europea es una cuestión que decidirá nuestro futuro. 
Si no cambiamos de dirección, no solo nos quedaremos rezagados, sino también perderemos nuestras propias oportunidades y sueños. 
Tenemos que forjar una alianza que nos empuje a nosotros y a nuestros Gobiernos nacionales a luchar para que la opinión pública acepte estos cambios, y para que los Gobiernos nacionales subordinen su maquinaria de propaganda electoral de cuatro años y sus intereses individuales a Europa y a los millones de personas que viven en ella. 
Tenemos que ser capaces de hacerlo: está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos. 
Estamos decidiendo si van a tener trabajo dentro de veinte años. 
Mi hija pequeña tiene nueve años. No quiero que me diga: mamá, perdiste una oportunidad. 
La cuestión no es quién dice qué, sino quién hace qué. 
Señora Presidenta, el crecimiento no es un juego en el que la suma total es cero. 
No necesitamos disolver nuestras sociedades y destruir el medio ambiente para conseguir un crecimiento elevado. 
En marzo de 2000, en Lisboa decidimos maximizar la competitividad de Europa, sujeta a las limitaciones impuestas por el mantenimiento de la cohesión y la protección medioambiental. 
Sin embargo, lo que en aquel momento denominamos la Estrategia de Lisboa describía todo lo que queríamos conseguir, pero no la forma en que queríamos conseguirlo. 
Hoy hemos establecido nuestras prioridades. 
La competitividad ya no es la suma total de meras ilusiones. 
Es una estrategia de prioridades jerárquicas. 
Así, la revisión intermedia resume la Estrategia de Lisboa en una ecuación sencilla: 
Insistencia en programas de investigación y tecnología + apoyo a las pequeñas y medianas empresas + construcción de infraestructuras cruciales + mejora de los recursos humanos + promoción de cambios estructurales= crecimiento sostenido a largo plazo y desarrollo sostenible. 
Tenemos que diferenciar estos objetivos en el presupuesto y no podemos negarles financiación. 
Asimismo, tenemos que recordar que no podemos conseguir más crecimiento con menos dinero, al igual que no podemos conseguir estabilidad financiera con menos crecimiento. 
Señora Presidenta, solo hoy podemos celebrar el significado de este debate, el compromiso firme entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo con el que queremos relanzar y, sobre todo, concretar los esfuerzos necesarios para hacer por fin realidad una Europa más competitiva e innovadora, sin renunciar a seguir reforzando lo que sigue siendo su mejor y más preciado valor añadido: el modelo social europeo, la calidad de vida y los derechos sociales de los ciudadanos europeos. 
Me congratulo especialmente de la insistencia del Comisario Verheugen al hablarnos de innovación y financiación, porque los esfuerzos para preparar mejor a los jóvenes europeos, para mejorar la formación y capacidades de los trabajadores y empresarios, para conseguir mejorar la participación de las mujeres con derechos iguales en la vida profesional sin perder la ilusión por la vida familiar, todos estos esfuerzos que hoy propugnamos con nuestra voluntad política, no serán suficientes si no somos capaces de promover las inversiones públicas y privadas necesarias que doten al espacio y al territorio europeos de las infraestructuras que son condición básica para el desarrollo de la economía, para hacer realidad el mandato de libre circulación de mercancías, servicios y personas a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
Ello se concreta, de momento, en los treinta proyectos de redes transeuropeas, que, como la Estrategia de Lisboa, hasta ahora han sido víctimas de una cierta desidia y de problemas de financiación por parte de los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo urge y anima a la Comisión a redoblar los esfuerzos para convencer a los Estados miembros- en ello también le ofrecemos nuestra ayuda y nuestro apoyo- y le insta a utilizar todos los medios disponibles para ser más creativa y a proponer las sinergias que pueden crearse entre los tres tipos de redes- transporte, energía y telecomunicaciones- para reducir los costes y conseguir recursos suficientes. 
También apoyamos la enmienda relacionada con un modelo de desarrollo sostenible para el transporte, que nos parece fundamental, incluida la renovación y la innovación tecnológica para el transporte. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Jacques Delors es uno de los Presidentes de la Comisión que más éxito ha tenido, porque tuvo la visión de crear y completar el mercado interior. 
La Estrategia de Lisboa podría ser la visión de la Comisión. 
No obstante, una diferencia es que Jacques Delors trataba con Jefes de Gobierno como el Canciller Kohl y el Presidente Mitterrand, que tenían sus propias visiones y objetivos para Europa. 
Con algunos de los Jefes de Gobierno que tenemos ahora podríamos preguntarnos, de manera crítica, qué lugar ocupa Europa en su lista de prioridades. 
Señor Presidente de la Comisión, esta es una de sus prioridades fundamentales: superar ese obstáculo y permitir que Lisboa se convierta en una realidad, para que no acabe diciendo «tuve un sueño» , pero no lo pudimos hacer realidad. 
Esto es lo importante, y la Comisión puede contribuir de varias maneras. 
El Comisario McCreevy puede contribuir mucho en su propio ámbito hacia esa meta. 
Espero que se salga con la suya, a pesar de los Estados miembros, porque Europa tiene que avanzar. 
Hay que decir a los ciudadanos de los Estados miembros lo que se supone que esos Estados están haciendo. 
La transparencia y la comparabilidad están en juego. 
En este momento, no está aplicándose la legislación en el caso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y esto me lleva a sospechar que los informes de progreso no bastarán. 
Hagamos comparaciones muy claras, con una evaluación comparativa, para establecer quien tiene la mejor política de mercado laboral en Europa. 
Cuando nos ocupemos de la Estrategia de Lisboa en el futuro, tendremos que cuidar que la economía, la ecología y los objetivos sociales no actúen unos en contra de otros, sino que todos estén subordinados a los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Cuando los Estados nacionales la apliquen, es aún más importante garantizar la mejora de la legislación. 
Hay Estados miembros –yo provengo de uno de ellos– que consiguen una y otra vez eliminar el vacío existente. 
Lo más importante es alentar a los ciudadanos europeos a que el objetivo de la Estrategia de Lisboa se haga realidad. 
Nuestro problema principal es que hay elementos en Europa que no creen que podamos enfrentarnos a los americanos. 
Si lo conseguimos, habremos conseguido mucho en Europa. 
– Señora Presidenta, el núcleo de la Estrategia de Lisboa tienen que ser los puestos de trabajo. 
Para ello, necesitamos políticas activas del mercado de trabajo que garanticen que el trabajo sea recompensado, que los desempleados reciban ayuda para obtener trabajo y que la formación y el reciclaje sean un aspecto fundamental de todo lo que hagamos. 
Las tres instituciones deben elaborar leyes que sean fáciles de comprender y de aplicar y conseguir los objetivos establecidos sin que haya efectos secundarios perjudiciales. 
La Comisión tiene que cumplir en los ámbitos de los que es responsable, sobre todo en la plena realización del mercado interior. 
Acojo con satisfacción el compromiso del señor Barroso con la Directiva de servicios. 
La necesitamos, pero debe generar beneficios tangibles y no pérdidas. 
El punto de partida de la Directiva de servicios es revisar las leyes de los Estados miembros que dificultan el establecimiento de servicios. 
No necesitamos una directiva para eso. 
Los Estados miembros podrían hacerlo ahora; si realmente quisieran comprometerse, lo conseguirían. 
Esa es la clave del debate sobre la Estrategia de Lisboa: ¿Están dispuestos los Estados miembros a cumplir sus promesas? 
En sus relaciones con los Estados miembros, ¿va a comportarse como un valiente o como un cobarde? 
La respuesta a esa pregunta determinará el éxito de su Comisión y de la Estrategia de Lisboa. 
– Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, el texto de la recomendación reitera principios generales que ya se han aceptado, precisamente cuando sería deseable una línea general estructurada de medidas específicas. 
Podríamos decir que todos están de acuerdo en los objetivos, pero pocos saben qué hacer para conseguirlos. 
El texto afirma que una economía basada en el conocimiento requiere un nivel de educación alto, pero no menciona el hecho de que un nivel de educación alto tiene que basarse en una escolarización de calidad desde los primeros años. 
Puesto que conocemos las deficiencias en la educación primaria y secundaria en la mayoría de países, es una pena que la recomendación no inste a los Estados miembros a examinar este aspecto y a buscarle una solución urgente. 
Este documento apunta al futuro, y el futuro pasa por una solución. 
Por otra parte, el texto hace hincapié en la necesidad de movilizar a la opinión pública europea para convencerla de las ventajas de la Estrategia de Lisboa y para que la acepte, pero no se dice una sola palabra sobre las políticas culturales en el ámbito europeo o nacional. 
Se habla de una cultura de diálogo, pero ni siquiera se menciona un diálogo de culturas. 
Para el ciudadano europeo, la aceptación de la necesidad y las ventajas de la Estrategia de Lisboa será, sobre todo, un proceso cultural. 
La cultura no solo es un aspecto esencial de la democracia; también es el criterio con el que podemos medir la diferencia entre el fracaso y el éxito en una estrategia como Lisboa, en particular si queremos preservar el modelo social europeo. 
Una economía basada en el conocimiento implica una visión del mundo que solo la cultura puede proporcionar. 
Por esta razón, instamos al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos a que hagan un compromiso especial y serio en el ámbito financiero –repito, también en el ámbito financiero– que fomente las políticas culturales de Europa. 
Sin ellas, la Estrategia de Lisboa continuará siendo poco más que una lista de buenas intenciones. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Barroso, creo que la Estrategia de Lisboa es realmente algo que puede encarnar el valor añadido de la Unión Europea, es decir, una visión para un largo período de tiempo, un objetivo. 
Pero tenemos también lo que provoca a veces todas las deficiencias de la Unión Europea: grandes ambiciones pero sin los recursos necesarios para a la altura de los objetivos que nos fijamos. 
Es lo que acabamos de experimentar en los últimos cinco años. 
Por tanto, tenemos que tratar de cambiar las cosas en los próximos cinco años. 
Por eso, señor Barroso, señor Verheugen, me ha alegrado oír esta mañana de su boca que nos encontramos al comienzo y no al final del proceso de revisión de la estrategia y que no esperemos los resultados del Consejo Europeo como un fin en sí mismos. 
Después de esta reunión de hoy nos esperan, creo, por lo menos dos reuniones fundamentales. 
En primer lugar, la reunión para aprobar las perspectivas financieras, y lo que acaba de decirnos me parece que va en el sentido correcto. 
Está después la reforma del Pacto de Estabilidad, del que pocos han hablado esta mañana y que sin embargo choca con lo que ha dicho el señor Poettering esta mañana al pedir estabilidad y flexibilidad. 
Pero, ¿dónde se ha visto que se pueda crear liderazgo, dónde se ha visto que se pueda recrear confianza diciendo a los ciudadanos que nada debe cambiar salvo su capacidad para flexibilizar más su empleo? 
De este modo no alcanzaremos los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Si queremos de verdad aplicar esta estrategia, necesitaremos también una profunda reforma del Pacto de Estabilidad. 
Señora Presidenta, Señorías, a la pregunta de si es posible conseguir en Europa seis millones de nuevos empleos de aquí a 2010, la respuesta es "sí". 
A la pregunta de si es un objetivo excesivamente ambicioso, la respuesta es "no". 
Y a la pregunta de si seremos capaces de conseguirlo, la respuesta es "depende de lo que hagamos y de lo que no hagamos". 
¿Qué es lo que no hay que hacer? 
No hay que seguir el ejemplo de aquellos países que han renunciado a las reformas estructurales y han incrementado el gasto público. 
Lo que hay que hacer es exactamente todo lo contrario. Ha de obtenerse un mayor crecimiento. 
Y, permítanme en este punto, poniendo como ejemplo la política que aplicó en España el Gobierno Aznar —poco sospechosa de ineficiente—, sugerir cuatro medidas concretas. 
Primera: flexibilicemos el mercado de trabajo, para aumentar la participación de la mano de obra. 
Segunda: consigamos que la dotación presupuestaria destinada a la cohesión en el período 2007-2013 esté a la altura de las circunstancias. 
Tercera: alentemos la iniciativa empresarial, reduciendo las cargas impositivas y administrativas. 
Y cuarta: apoyemos las medidas destinadas a la mejora de la educación y del aprendizaje permanente. 
En segundo lugar, debe completarse el mercado único, dándole prioridad a la liberalización de los mercados de las comunicaciones, la energía y los servicios financieros. 
Y, en tercer lugar, ha de abrirse la economía europea al exterior, prestándole especial atención a los países emergentes. 
Pero nada de esto será posible, Señorías, a menos que contemos con un presupuesto adecuado —está bien el límite fijado por la Comisión del 1,24 % de la renta bruta comunitaria— y a menos que impliquemos directamente en el proceso a los Estados miembros, que son los principales actores de la Estrategia de Lisboa. 
Si alguno de esos Estados utiliza la Estrategia de Lisboa para proponer recortes de políticas comunitarias que han sido eficaces en materia de crecimiento o para relajar el Pacto de Estabilidad, me apuesto con ustedes, Señorías, un pincho de tortilla española y una a que iremos directos al fracaso. 
Señora Presidenta, me satisface que haya una gran mayoría en el Parlamento Europeo a favor de esta resolución. 
Una amplia mayoría es la única manera de que el Parlamento tenga influencia política. 
Creo que nuestra influencia consiste en conseguir mantener en nuestra resolución lo que es fundamental para el Proceso de Lisboa, es decir, el equilibrio entre los tres pilares del crecimiento, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental. 
Creo que el documento original de la Comisión no había conseguido este equilibrio. 
Afirmaba que el crecimiento era necesario para alcanzar prosperidad y sostenibilidad medioambiental. 
Esto es cierto, pero también podemos afirmar lo contrario; dicho de otro modo, necesitamos cohesión social y tenemos que hacer inversiones sostenibles a largo plazo si queremos conseguir crecimiento a largo plazo. 
Es importante que ambas coexistan. 
Si en el Parlamento podemos hacer que el Consejo acepte este punto de vista y si se convierte en política en el futuro, habremos tenido éxito. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, en un momento en que la Unión Europea acaba de ampliarse y nos enfrentamos cada día con grandes diferencias en el desarrollo de países y regiones, es imposible entender las tareas de la Comunidad aisladamente de las medidas y esfuerzos que los Estados miembros individuales llevan a cabo. 
El sentido de la integración y las oportunidades que ofrece la Estrategia de Lisboa es actuar con solidaridad para apoyar a las regiones más desfavorecidas y ayudarles a ponerse al día. 
La premisa original de la Estrategia de Lisboa era dar respuesta a los retos internos y externos a los que nos enfrentamos en la actualidad. 
Sin embargo, durante el pasado año no hemos visto ninguna prueba de nuevas ideas o debates sobre la forma de revitalizar el proceso de Lisboa. 
Creo que la razón fundamental por la que la Estrategia de Lisboa aún no ha sido un éxito es que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros, que firmaron la estrategia en el año 2000, no han mostrado la capacidad política de realizar cambios. 
Estos constituyen un requisito previo para la aplicación de la estrategia, e incluyen la liberalización profunda del mercado de trabajo, un nivel más bajo de protección del bienestar, una revisión exhaustiva de las barreras reguladoras y grandes recortes en la cantidad de dinero público que se redistribuye. 
La Estrategia de Lisboa se ha malogrado por culpa de la burocracia, y esta se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de la innovación. 
Para lograr los objetivos que se ha propuesto, Europa tiene que fraguar nuevas visiones y desarrollar acciones comunes que unan a todos sus Estados miembros. 
Hay que dar prioridad a la unión de los principios de la Estrategia de Lisboa con los instrumentos de la política de cohesión, así como a la financiación destinada a estos instrumentos. 
Esta financiación no puede parecerse a la limosna que los ricos dan a los pobres. 
Debe ser un instrumento que impulse la competitividad de las economías regionales y el desarrollo del capital humano, y que fomente la innovación y la transferencia de tecnología desde la ciencia a la industria de la UE. 
Los nuevos Estados miembros han aportado a la UE de los 25 la vitalidad de un mercado liberalizado, un fuerte espíritu empresarial, un enfoque crítico a la regulación excesiva, un elevado cumplimiento de la legislación comunitaria y un rápido incremento de la productividad, así como la sinergia y las similitudes que existen entre los objetivos de Lisboa y los cambios estructurales que hemos experimentado en los últimos años. 
Por último, quiero decir que el principio básico de la política de desarrollo económico tiene que ser que los objetivos de crecimiento económico y creación de empleo no se consigan de manera simultánea. 
Resulta difícil conseguir lo segundo sin haber antes conseguido lo primero. 
Señora Presidenta, apoyaré la resolución que estamos a punto de votar porque estoy de acuerdo con lo que el Presidente Barroso ha dicho en el sentido de que está dándose el mismo trato a los tres niños. 
Uno no es continuación del otro, pero tienen que reforzarse mutuamente. 
Apoyo plenamente la política presentada por el Comisario Verheugen para que la economía compita en términos de calidad y no en términos de costes, porque esto conduciría a un callejón sin salida. 
Quiero pedir un debate sobre el método para alcanzar los objetivos, porque creo que, si este método deja de tener una orientación comunitaria no podremos alcanzar los objetivos. 
Por ultimo, quiero pedirles que consideren la pregunta del Parlamento sobre la creación de un marco jurídico para los servicios de interés general, junto con una directiva de servicios revisada. 
Esto simplificará en gran medida lo que hacemos en esta Cámara. 
– Señora Presidenta, quiero decirle al Presidente Barroso que es cierto que los primeros cinco años de Lisboa han dado muy poco de sí y la mayoría de los Estados miembros, que tienen la responsabilidad última en la aplicación de la Agenda de Lisboa, han sido muy a la hora de asumirla. 
También es cierto que centrarse en la agenda económica no significa que vayamos a devaluar las demás agendas, ya sea la de medio ambiente o la agenda social. 
Yo le diría a la Comisaria Kroes que la competencia es el objetivo, no el problema. 
No podemos hacer una carrera por los últimos puestos de la cola porque los Estados miembros se escabullen para no atraer inversiones extranjeras por miedo a un rapapolvo de Bruselas. 
Dos ejemplos destacados de Irlanda –Intel y Ryanair– han demostrado de modo muy instructivo que una política de competencia aplicada de modo poco razonable puede perjudicar a la competencia. 
Insto al Comisario Kovács, en relación con la fiscalidad, a que «si no se ha roto, no lo arregle» , y sobre todo que «¡no lo rompa!» 
Los Estados miembros deben contar con la flexibilidad que necesitan para poner en práctica las soluciones que necesitan para conseguir sus objetivos de Lisboa, ojalá que fomentando el empleo mediante una reducción de la fiscalidad directa, sobre todo mediante una reducción de los impuestos sobre el trabajo. 
Quiero resaltar ante el Comisario Potočnik que es absolutamente imperativo que la financiación de la investigación por parte de la Comunidad aumente considerablemente con el Séptimo Programa Marco. 
La investigación fundamental es esencial, pero también debemos facilitar la aplicación de la investigación y el desarrollo en las empresas europeas y fomentar la innovación. 
Yo le diría al Comisario McCreevy que facilitar la libre circulación de servicios es la clave que nos falta para desbloquear el potencial de la mano de obra europea y galvanizar la economía europea. 
Como dijo usted ayer, señor Comisario, siempre es más fácil encontrar razones para no hacer algo. 
Los servicios representan un 70 % del PIB europeo, y le insto a seguir adelante con la Directiva de servicios. 
Es especialmente importante para nuestros nuevos Estados miembros, a quienes durante tanto tiempo se ha negado las ventajas de la libre circulación de personas, productos y servicios. 
Por favor, dé prioridad a los servicios sanitarios, tenga en cuenta la referencia comparativa de una buena reglamentación y aborde este ámbito específico de forma más adecuada. 
Finalmente, una palabra para el Colegio de Comisarios en general. ¿Podríamos tener menos reglamentación; una reglamentación mejor; una reglamentación más simple; una reglamentación bien estudiada; una reglamentación en la que se hayan valorado los riesgos? 
Necesitamos someter REACH a la piedra de toque de Lisboa, la Directiva de servicios y el Reglamento sobre reclamaciones en materia de nutrición y salud. 
Siempre hay un plan de acción que nos separa de la acción. 
¡Señor Comisario Barroso y colegas, por favor, vayan a por ello! 
Señora Presidenta, en vista de las deficiencias que han caracterizado al Proceso de Lisboa, hay que señalar que las cuestiones más importantes no son lo que queremos conseguir, sino la manera en que podemos conseguirlo. 
La cuestión no es que los demás sean mejores que nosotros en varios ámbitos, sino la razón por la que son mejores. 
Quizá nos sintamos especialmente orgullosos del modelo social, pero aún tenemos desempleo, exclusión, estancamiento y conflicto. 
Asimismo, tenemos que preguntarnos por qué y qué decisiones tenemos que tomar para cambiar esta situación. 
Lo que la señora Doyle ha afirmado es cierto. 
En cada ámbito en el que nuestras medidas dificultan la competencia, el resultado es un deterioro de la competitividad. 
Los que actualmente están luchando a favor de la Directiva de Servicios con su mercado abierto y libre de servicios están oponiéndose a los nuevos puestos de trabajo y al crecimiento europeo en el futuro. 
No hay conflicto entre el mercado interior y la seguridad social de los ciudadanos, porque nada es tan importante para la seguridad social como un empleo y un salario. 
No hay nada tan importante para la cohesión social como las oportunidades para las nuevas empresas y los nuevos puestos de trabajo. 
El proceso de integración más importante en la Unión Europea está ocurriendo justo ahora mientras estamos aquí sentados. 
Implica a una cantidad de personas, mercancías y servicios que están llevando el conocimiento y las ideas a través de las fronteras. 
Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si queremos que los Estados miembros puedan explotar sus ventajas competitivas particulares en este proceso. 
Los viejos Estados miembros han tenido la ventaja de desarrollar sus economías sociales y su competitividad en paz y libertad durante más de cincuenta años. 
Durante este tiempo, los nuevos Estados miembros sufrían opresión y pobreza. 
La característica del mercado interior tiene que ser la capacidad de cada uno de explotar su competitividad. 
La Comisión tiene el deber de hacer hincapié en nuestra preocupación por la solidaridad, la integración y las oportunidades para todos de crear prosperidad. 
Por esta razón, la Directiva de Servicios es importante, y por eso es importante recordar que se trata de una integración europea que resulta esencial para la competitividad. 
Es algo que debemos aplicar. 
Señora Presidenta, miembros de la Comisión. 
La Estrategia de Lisboa nos ha asignado una tarea difícil: crear puestos de trabajo nuevos y de mayor calidad y, al mismo tiempo, proporcionar a los ciudadanos de la Unión Europea un nivel similar o más alto de seguridad social. 
La mayoría de países asignan recursos considerables para pagar a un ejército de desempleados. 
Muchos jóvenes pasan demasiado tiempo buscando en vano su primer empleo, para poder ganar la experiencia necesaria. 
Al mismo tiempo, Europa tiene una población que está envejeciendo porque las mujeres ya no están dispuestas a cargar con toda la responsabilidad de la reproducción de la población como hicieron en el pasado. 
La igualdad en el ámbito de la educación ha dado a las mujeres más oportunidades de empleo y ascenso vocacional si, por supuesto, no tienen hijos o posponen la maternidad. 
En los tiempos que corren ya no podemos pedir a las mujeres que tengan más hijos por el bien de la sociedad y se dediquen a la maternidad, ni tampoco podemos esperar que carguen con todas las consecuencias financieras. 
Asimismo, no podemos esperar que los empresarios den ventajas adicionales a las madres de forma voluntaria. 
Por esta razón, los países de la Unión Europea tienen que formular de forma sistemática el tipo de política de empleo, incluidos los incentivos y las ventajas financieras que animen a los empresarios a crear puestos de trabajo adecuados para las madres, sin que ninguno de los dos tenga que sufrir ninguna consecuencia negativa. 
De esta manera, las madres no tendrán que elegir entre una carrera y la maternidad, sino que podrán combinar ambas en interés de la sociedad y de su propio desarrollo. 
Intentar ahorrar en detrimento de la maternidad es una pobre inversión para el futuro de la sociedad. 
– Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quiero hacer una observación práctica para ayudar a resolver lo que creo que es uno de los aspectos esenciales de nuestro problema, que es ir más allá de las declaraciones de principio y, de alguna manera, ponernos a realizar evaluaciones más concretas de nuestra estrategia. 
Sigo mi ejemplo del tema del capital humano, que todo el mundo considera un factor estratégico para recuperar nuestra competitividad. 
Durante la última legislatura parlamentaria, cuando se encontró que el 94,5 % de las escuelas de Europa disponían de conexiones a Internet pero solo el 25 % de los profesores conocían cómo usar las nuevas tecnologías para fines educativos, empleamos mucho tiempo esperando que la iniciativa eLearning se materializara. 
El Parlamento esperó que se actuara desde los Gobiernos nacionales, que se suponía hacían un buen uso de los recursos –que ascendía a 30 000 millones de euros, o al menos así pensábamos– a través de un sistema de prioridades que les permitiera resolver el problema del capital humano. 
Cuando estuvo claro que los Gobiernos no actuarían, se decidió que la Comisión introdujera un programa. 
Pero esta vez los miles de millones se habían reducido a solo millones, 44 millones para ser exactos, un importe irrisorio para resolver el problema y, así pues, la propuesta quedó solo como una declaración de principio y la prioridad se quedó en pura teoría sin convertirse nunca en una prioridad presupuestaria. 
En vista de ello, pido que la Comisión pueda asignar responsabilidad a los que están en el poder y promueva acciones en el ámbito del capital humano. 
Puesto que el presupuesto de la Unión nos obliga, con acierto, a prever para la agricultura en torno al 50 %, esta medida impedirá que Europa se quede solo como una guardiana del capital animal en lugar de promover el capital humano. 
Señor Presidente, Señorías, a principios de febrero la Comisión presentó una versión revisada de la Estrategia de Lisboa, que los Estados miembros aprobaron un mes más tarde. 
Sin embargo, a pesar de todo el lenguaje florido, el hecho es que no se conseguirán los objetivos de Lisboa. 
La versión revisada de la Estrategia de Lisboa establece menos objetivos e intenta clasificarlos, y da prioridad al crecimiento económico y a una mayor competitividad. 
Esto es positivo, pero por desgracia no da respuesta a la contradicción inherente al proyecto, es decir, que los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea se deben al exceso de regulación en todos los sectores de la actividad económica. 
El impacto de esta regulación excesiva es sencillamente devastador, y conduce a un crecimiento del PIB bajo, o incluso cero en algunos Estados miembros, y a un nivel de desempleo elevado. 
El problema principal de Europa es la enorme carga fiscal y el número excesivo de reglamentos a los que se enfrentan los inversores y el sector privado. 
La liberalización en el sentido de las cuatro libertades siempre ha sido el cimiento de la Comunidad y, por lo tanto, hemos de garantizar que cualquier legislación que se apruebe sirva para fomentar la liberalización eficaz y la libertad en lugar de la regulación excesiva. 
La Estrategia de Lisboa tampoco menciona una serie de problemas obvios que han surgido a causa de la ampliación de la UE y de la inclusión de diez nuevos Estados miembros. 
Dichos problemas se refieren sobre todo a la discriminación en contra de los trabajadores de los nuevos Estados miembros en los mercados de trabajo de 12 Estados miembros viejos. 
Dicha discriminación infringe los principios europeos y el concepto de las cuatro libertades, y supone una gran amenaza para la productividad económica de la Unión Europea en general. 
Asimismo, la Estrategia de Lisboa no menciona la política agrícola común, a pesar de que este programa acapara la mayor parte de la financiación de la UE. 
Este es otro ejemplo de la aplicación del doble criterio en la Unión Europea; se aplica una norma a los viejos Estados miembros, cuyos agricultores reciben pleno apoyo y otra diferente a los nuevos Estados miembros, cuyos agricultores no recibirán pleno apoyo hasta el año 2013. 
En términos generales, Europa necesita menos reglamentos, menos subvenciones y más libertad de movimiento de trabajadores, servicios, empresas, inversiones y capital. 
Gracias por su atención. 
. 
Señor Presidente, creo que el debate ha demostrado suficientemente que Lisboa es crucial y, al mismo tiempo, que debemos entender que nos encontramos de algún modo ante una paradoja. 
Europa es la primera potencia comercial del mundo, algunos Estados miembros son campeones de la exportación, como ha dicho el Vicepresidente Verheugen, muchas empresas europeas son líderes mundiales en su sector, y sin embargo, da un poco la impresión de que caemos en una especie de pesimismo perpetuo. 
En aeronáutica y en tecnologías espaciales, con Galileo por ejemplo, la industria europea ha demostrado su capacidad para recuperar el terreno perdido. 
Hay que destacar también que estamos viviendo el éxito de la ampliación. 
Los nuevos Estados miembros demuestran un dinamismo y un impulso europeo ejemplar. 
La diferencia entre los nuevos y los antiguos Estados miembros de la Unión Europea se está reduciendo: un 5 % de crecimiento en los nuevos, en torno al 2 % en los antiguos. 
Esto demuestra que Europa tiene una formidable capacidad creadora. 
Demuestra también que el declive de Europa no es real ni inevitable. 
En un tiempo en que nos quejamos, en que tenemos la impresión de vivir un período de declive, el mundo se preocupa por los déficit de los Estados Unidos, el déficit comercial y el déficit presupuestario. 
Pero los Estados Unidos producen crecimiento, producen investigación, producen empleo. 
Y estos son, a fin de cuentas, los puntos débiles de Europa en su conjunto. 
Aunque hay que abordar la cuestión con cierta prudencia, puesto que, al hablar de Europa, la situación varía de un país a otro. 
Hay diferencias entre los Estados miembros; hay Estados en los que el empleo es un problema menos acuciante, en los que hay crecimiento. 
No obstante, globalmente nos cuesta alcanzar un ritmo de crecimiento suficiente y lo bastante duradero para generar el empleo que Europa necesita para reducir de forma significativa y duradera un nivel de desempleo que sigue siendo demasiado alto. 
Pero como ya he dicho, no conviene caer en el pesimismo, siempre que el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa no se limite a un conjunto de bonitas palabras, sino que genere en efecto un nuevo impulso, un nuevo impulso que necesitamos, que los ciudadanos europeos necesitan y que esperan realmente. 
El relanzamiento del crecimiento económico no es sinónimo de desmantelamiento del modelo social europeo. 
Pensar que se puede generar crecimiento desmantelando el sistema de protección social no me parece creíble. 
Tampoco es sinónimo de una explotación ilimitada e irrespetuosa de los recursos naturales, porque sería de algún modo lo contrario de un auténtico crecimiento de calidad. 
Por lo demás, tampoco es la vía elegida para relanzar la estrategia de reforma, la Estrategia de Lisboa. 
La exclusión social no produce ni más crecimiento ni más empleo. 
Pero debemos saber también que una economía cada vez menos competitiva, que no produce suficiente empleo, conduce fatalmente a la exclusión social y mina las bases mismas del modelo social europeo. 
Por ello, la Presidencia preconiza un crecimiento al servicio de la cohesión social, puesto que cohesión social y crecimiento económico van estrechamente unidos y de algún modo se enriquecen mutuamente. 
En este sentido, pienso que la resolución del Parlamento Europeo contribuye de forma importante al gran proyecto de reforma que constituye el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa. 
Sus mensajes han sido oídos: más investigación, una mejor traducción de la investigación y de la innovación en nuevos productos y nuevos servicios, un mejor acceso y una difusión más amplia de las nuevas tecnologías y de la innovación a fin de anclar mejor los nuevos conocimientos en la economía y en la sociedad –un proyecto de economía del conocimiento situado en las antípodas de una sociedad que margina a amplios sectores de la población–, y un desarrollo acelerado de tecnologías medioambientales para que Europa pueda afirmar su liderazgo en sus actividades futuras. 
Por último, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Vicepresidente Verheugen sobre el eminente papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la reserva de empleo que Europa necesita. 
Pero para que esta red se desarrolle, hay que reflexionar sobre nuevos modos de financiación. 
Por desgracia, a menudo resulta demasiado difícil encontrar los recursos financieros para crear una empresa. 
En ocasiones, las barreras burocráticas y administrativas son demasiado disuasorias para que los jóvenes se lancen a la aventura de crear nuevas empresas. 
Debemos centrarnos, pues, en legislar mejor, en reducir las barreras burocráticas allí donde puedan reducirse fácilmente, y también en contar con leyes europeas más accesibles y fáciles de entender. 
Creo que es una pista que hay que seguir con más energía en el futuro. 
Pero la innovación social, las inversiones en capital humano y una formación a lo largo de toda la vida son también vías para asegurar que la flexibilidad, término que es objeto de un amplio consenso, no excluya el nivel necesario de seguridad. 
La inseguridad no es una fuente de confianza en el futuro, sino todo lo contrario. 
Por tanto, el objetivo de la nueva Estrategia de Lisboa es de algún modo una Europa dinámica, que no sea víctima sino protagonista de la mundialización, una verdadera protagonista que contribuya a modelar esta mundialización. 
No queremos una sociedad a varias velocidades, queremos que todo el mundo participe en el crecimiento, en el desarrollo económico y en el desarrollo del conocimiento. 
Sabiendo que vivimos un momento crucial para la economía de la UE y para su desarrollo económico, nos engañaríamos a nosotros mismos si pensáramos que podríamos relanzar efectivamente la Estrategia de Lisboa sin ser capaces de ponernos de acuerdo en torno a una reforma seria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Sería una pérdida de tiempo. 
No podemos comparecer ante los medios de comunicación diciendo: «cierto, hemos conseguido relanzar la Estrategia de Lisboa, pero no hemos llegado a un acuerdo con respecto al Pacto de Estabilidad». 
Eso no es una solución. 
Europa necesita reformas estructurales, como necesita un marco macroeconómico que establezca un buen equilibrio entre la estabilidad, por un lado, y el crecimiento y el empleo, por otro. 
En este sentido, unos déficit incontrolados no son ciertamente la solución. 
Pero, al mismo tiempo, las inversiones futuras no pueden emplearse para pagar el precio de un enfoque puramente contable que no tiene nada que ver con una buena política económica. 
Finalmente, me sumo también a lo dicho por el señor Verheugen sobre la existencia de un vínculo directo entre el éxito de las perspectivas financieras y el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa. 
¿Qué credibilidad tendría una Unión Europea que decidiera, en marzo, relanzar la investigación, intensificar las acciones a favor de la competitividad, desarrollar unas políticas más compatibles con el equilibrio ecológico y, después, a penas tres meses después, por culpa de un 0,0 X % de su PNB no pudiera llegar a un acuerdo sobre la financiación comunitaria de sus políticas? 
Han de admitir ustedes que esto es una broma. 
No es realista. 
Durante las próximas dos semanas, la Unión será observada atentamente. 
Puede crear una nueva dinámica. 
Puede también fracasar, poniendo en peligro su desarrollo futuro, la confianza que tienen los ciudadanos en su economía y –lo que quizá sea aún más grave y como han señalado algunos oradores– poniendo en peligro el firme apoyo que necesitará de los ciudadanos para tener éxito. 
La Presidencia, en estrecha colaboración con la Comisión y a la escucha del Parlamento, quiere llevar a buen puerto este gran proyecto de cooperación que estamos creando. 
Cuenta con el apoyo del Parlamento, que organizará la semana que viene una gran reunión sobre la Estrategia de Lisboa con los Parlamentos nacionales. 
La Estrategia de Lisboa es también una cuestión de democracia, una cuestión de respaldo y apoyo de nuestras sociedades. 
Si no tenemos ese apoyo, no encontraremos el éxito al final del camino. 
Creo que hoy tenemos capacidad para liberar energías, para liberar la creatividad, para liberar el espíritu de innovación y de iniciativa de que rebosa Europa, pero hemos de poner manos a la obra, abrir nuevas perspectivas para los ciudadanos de Europa, y esto me hace confiar en el futuro. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero darles sinceramente las gracias por este debate comprometido y, sobre todo, muy rico, en el que han participado muchos de ustedes. 
Concluyo que el Parlamento presta un amplio apoyo a la nueva Estrategia de Lisboa. Lo celebro. 
Nuestro intercambio de puntos de vista, que es sumamente positivo, demuestra que la Comisión puede tener en el Parlamento Europeo un auténtico socio para la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
Han respondido ustedes positivamente a la petición que les hice esta mañana al comienzo del debate. 
En su intervención, la señora Ek casi comete un: al hablar de la resolución del Parlamento, casi dice revolución. 
Yo no diría tanto, no es una revolución, pero lo que estamos haciendo es una verdadera reforma. 
Es también una revolución en el sentido de nuestra cooperación: vamos a trabajar juntos, y todos –Parlamento, Comisión y Consejo– somos capaces de establecer un consenso dinámico, no el consenso de la inacción ni de la parálisis, sino un consenso dinámico para los cambios necesarios en Europa. 
Son cambios necesarios en la óptica de una reforma activa, pero con sentido de moderación y equilibrio. 
Por ello, quisiera responder a una pregunta concreta que me ha formulado el señor Turmes, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Me ha preguntado, señor Turmes, dónde estaba yo en 1992 cuando se adoptó en Río la estrategia global de desarrollo sostenible. 
Pues bien, yo estaba en Río, pero no en la playa de Ipanema o de Copacabana. 
Era el representante de la Presidencia de la Unión Europea, porque en aquel momento la Presidencia era portuguesa. 
Trabajaba entonces con la Comisión y los Estados miembros, y fue Europa la que dirigió el debate sobre el desarrollo sostenible en esa conferencia. 
Si les digo esto es para demostrarles mi compromiso personal y el de la Comisión con los objetivos de desarrollo sostenible. 
No hay contradicciones entre cohesión social, desarrollo sostenible y crecimiento y competitividad. 
Creo que es una conclusión evidente de nuestro debate. 
Como siempre hemos dicho, no son objetivos contradictorios, sino objetivos que pueden reforzarse mutuamente. 
Dicho esto, todos somos conscientes ahora de que es urgente para Europa aumentar su nivel de crecimiento. 
El crecimiento y la creación de empleo son objetivos especialmente urgentes. 
Por ello, creemos que tenemos razón al concentrar nuestros objetivos a corto plazo en este ámbito. 
Por supuesto, estoy muy contento con el debate porque ha demostrado que el consenso es posible. 
No obstante, ese consenso debe ir más allá de las instituciones europeas y extenderse a escala nacional, a escala de los Parlamentos nacionales y de los Gobiernos. 
La respuesta positiva que han dado ustedes incrementa nuestras responsabilidades comunes. 
La Comisión, por su parte, hará todo lo que esté en su mano para que la nueva Estrategia de Lisboa tenga éxito. 
La Comisión sabe ahora que puede contar con el Parlamento Europeo para alcanzar este objetivo. 
Pero es preciso que el Parlamento sea un interlocutor activo, que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión. 
La Comisión y las instituciones europeas no deben olvidar que ha llegado el momento de actuar. 
A este respecto, quiero resaltar el apoyo que he encontrado en este Parlamento con respecto a la prioridad que hemos concedido al desarrollo del mercado interior. 
Sin un mercado interior que funcione verdaderamente no tendremos crecimiento en Europa. 
Los servicios representan el 70 % de nuestra economía. 
Tenemos un mercado interior de productos, pero todavía tenemos veinticinco mercados diferentes de servicios. 
Hay, pues, que integrar los mercados de servicios, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta por supuesto las legítimas preocupaciones expuestas en el debate sobre la Directiva de servicios. 
Por ello, la Comisión está a la escucha. 
Quiere colaborar con ustedes. 
Y quiero subrayar nuestro apoyo a todo lo que dijo ayer el Comisario McCreevy en relación con la Directiva de servicios. 
Vamos a colaborar con ustedes en ese espíritu. 
Pensamos que hay que crear un mercado interior de servicios y que es posible resolver al mismo tiempo los problemas que pudiera generar la aplicación de esta directiva. 
También estamos muy atentos a lo que se ha dicho sobre el capital humano y la prioridad del capital humano. 
Muchos de ustedes, en particular el señor Rasmussen, han destacado la importancia del capital humano, de la educación, de la investigación, de la innovación y añadiría también –como ha dicho el señor Graça Moura– de la cultura. 
En efecto, nuestro concepto de capital humano no es una visión tecnocrática. 
La cultura forma parte también de nuestros objetivos en materia de economía del conocimiento. 
Por ello, tenemos propuestas concretas: el Instituto Europeo de Tecnología y el nuevo programa de investigación. 
Tenemos programas concretos para favorecer, a escala europea, una economía del crecimiento, pero también una economía basada en el conocimiento. 
En este contexto, responderé a una pregunta concreta que me ha formulado el señor Daul, a quien quiero felicitar, como presidente de la Comisión de 33, así como a todos los ponentes que han hecho posible un amplio consenso en torno a su resolución. 
Por nuestra parte, estamos de acuerdo en organizar una cumbre tripartita sobre la Estrategia de Lisboa entre los presidentes de las tres instituciones. 
Personalmente estoy dispuesto a participar en ella y espero que el Presidente del Parlamento y el Presidente del Consejo apoyen la idea. 
Como bien saben, nuestro objetivo a medio plazo es que las tres instituciones trabajen juntas. 
Dicho esto, la Estrategia de Lisboa ganaría mucho si cundiera la sensación de que las instituciones que representamos la apoyan plenamente. 
Ahora nos volvemos hacia el Consejo Europeo a la espera y, me atrevo a decir, en la certidumbre de que sabrá dar el impulso político necesario para el relanzamiento de Lisboa y la elaboración de una estrategia europea para el crecimiento y el empleo. 
Muchos de ustedes –el señor Karas, el señor Radwan, el señor Watson, el señor Titley, el señor Harbour– han destacado que es importante ahora que los Estados miembros se comprometan. 
Por supuesto, la Comisión se siente reforzada con el apoyo que el Parlamento Europeo aporta a la nueva Estrategia de Lisboa. 
Ahora hace falta que las propuestas que hemos hecho y las del Parlamento Europeo no resulten debilitadas cuando se proceda a aplicarlas, que los Estados miembros se comprometan también y que las opiniones públicas nacionales comprendan que la nueva Estrategia de Lisboa no es un elemento decorativo, sino que ocupa realmente un lugar central en los programas de reforma económica, de cohesión social y de desarrollo sostenible en Europa. 
Para terminar, quiero decirles que, para mí, la gran conclusión de este debate es la voluntad de trabajar juntos, la posibilidad de establecer un consenso dinámico y también el amplio apoyo prestado a la nueva Estrategia de Lisboa y, más allá de ese apoyo, el hecho de que en los próximos cinco años se situará en el centro del trabajo de nuestras instituciones y en el centro de las reformas que deben emprender nuestros Estados miembros. 
– El debate queda cerrado. 
Al término de este debate he recibido tres propuestas de resolución (1) de conformidad con el artículo 103 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
– Señor Presidente, tengo una enmienda oral. 
Quisiera que la segunda mitad del apartado 11 dijera lo siguiente: «subraya que la integración del FED en el presupuesto de la Unión Europea (UE) debe ir acompañada del refuerzo del papel político de la APP en el seguimiento de los fondos comprometidos en el marco de la asociación ACP-UE». 
– Señor Presidente, no tengo nada en contra y lo acepto con mucho gusto. 
. Señor Presidente, en esta enmienda y en las dos siguientes, porque son exactamente iguales, que tratan de eliminar tres palabras, propondría mantener la palabra "sistemática". 
– Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo retira la enmienda 32 a favor de la enmienda 27 del señor Méndez De Vigo y del señor Lehne, pues recoge los mismos objetivos. 
Pedimos, por tanto, a sus Señorías que voten a favor de la enmienda 27. 
– Se retira pues la enmienda 32 a favor de la enmienda 27, sobre la cual nos pronunciaremos ahora mismo. 
– Señor Presidente, es usted muy amable al indicar el nombre del Grupo cuando designa las enmiendas. 
Le pido que tenga en cuenta que en este Parlamento ya no hay un Grupo Liberal, sino un Grupo que se denomina Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
– Lo tendré presente con sumo gusto, máxime cuando el servicio de sesiones me aconseja que evite utilizar el nombre abreviado de los Grupos, como he estado haciendo. 
– Señor Presidente, con respecto a la enmienda 29, quisiera señalar un error en determinadas versiones lingüísticas. 
La que da fe es la versión original, es decir la inglesa, que dice: 
… y no como aparece en la versión francesa, «presentar una iniciativa sobre la liberalización» , porque precisamente la enmienda, presentada de común acuerdo, tenía por objeto suprimir, entre otras, esas palabras. 
– Señor Désir, estoy totalmente de acuerdo con usted, puesto que los términos «sobre la liberalización» han sido incluidos por error en la versión francesa. 
Quería aclararlo y señalar también que la enmienda 29 decae. 
Aunque en todo caso se verificarán los textos más tarde, la enmienda decae porque ha sido aprobada una de las dos partes de la enmienda 5. 
– A este respecto, me parece que la aprobación de la primera parte de la enmienda 5 de los Verdes/Alianza Libre Europea no implica que decaiga la enmienda 29. 
– Las enmiendas se refieren a las mismas palabras, señor Désir, «nueva iniciativa» e «iniciativa». 
La enmienda 29 decae, pero su rectificación era pertinente y se informará de todo este asunto a la Cámara. 
Señor Presidente, Señorías, con el acuerdo de mi co-ponente, señor Désir, quiero presentar una enmienda oral que trata mejor el tema. 
Quizá sea mejor que la lea en voz alta, en inglés: tras «situación demográfica» dice lo siguiente: 
«pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen las medidas generales necesarias para apoyar los planes de las pensiones, como un medio de complementar los regímenes nacionales de pensiones ya existentes». 
El uso del término «financiación complementaria» es nuevo. Pido a la Cámara que acepte esta enmienda oral, que ambos ponentes han acordado. 
– Quisiera dar las gracias al coponente, el señor Lehne, por haber presentado esta enmienda oral y sumarme a él para pedir al Parlamento que la apoye. 
– Señor Presidente, se ha solicitado votar por separado sobre la segunda parte de la enmienda 30, que tiene por objeto suprimir dos palabras. 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo desea retirar esta parte y espero que esto nos permita a todos votar a favor de una política de transportes más sostenible. 
– Someto pues a votación la enmienda 30, que solo consta de una parte. 
. 
La relación que se ha desarrollado entre la Unión Europea, y los países de África, el Caribe y el Pacífico merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. 
Estos países tienen una relevancia y un significado especial para la gran mayoría de Estados miembros en particular y para la Unión Europea en general, tanto por razones históricas como sencillamente por un sentido de responsabilidad internacional. 
Dado que se trata de una relación importante y útil, tal como reflejan las actividades de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, tiene que ser honesta y consistente con los principios que la Unión Europea defiende y reclama regularmente. 
Las buenas relaciones entre ambas partes no solo son deseables sino esenciales, pero solo serán posibles –y útiles– si se basan en una filosofía de defensa de los valores en los que creemos y, por lo tanto, si la Unión Europea no duda en criticar y actuar en consecuencia en los casos en que los países en cuestión no cumplan con sus obligaciones con la comunidad internacional o con sus propios ciudadanos. 
En general, así han sido las relaciones, a pesar del desacuerdo que hemos expresado en casos como Cuba o Angola. 
Aún así, he votado a favor del informe. 
. 
La aprobación unánime que este informe ha recibido en comisión ilustra la importancia creciente que todos los Grupos en el Parlamento, tanto de la derecha como de la izquierda, atribuyen a las relaciones con los Parlamentos de África, el Caribe y del Pacífico (ACP) y con sus diputados. Estas relaciones son fundamentales en una Europa que quiere abrirse al mundo y está comprometida con el fortalecimiento del diálogo con sus socios estratégicos, en la línea de sus lazos históricos. 
Me complace el progreso significativo que se hizo el año pasado en la organización interna, la acción externa y la influencia institucional de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, y espero que continúe y se fortalezca aún más. 
Acojo con satisfacción el reconocimiento de que el tema de las situaciones pos-conflicto se aborde en su conjunto, y agradezco la confianza depositada en mi como co-ponente en este tema. 
A pesar de los motivos de satisfacción mencionados, no puedo dejar de criticar una vez más que el uso del portugués y la disponibilidad de intérpretes en este idioma –que, tengo que recordar, es la tercera lengua europea de comunicación universal– en la Asamblea Parlamentaria Paritaria se haya omitido repetidamente en favor de otras lenguas (lenguas minoritarias en el contexto ACP) , negando así a los parlamentarios que hablan portugués unas condiciones equitativas frente al resto de miembros de la Asamblea. 
He votado a favor del informe. 
Hemos votado a favor del informe en su totalidad porque, en muchos ámbitos, contiene mejoras importantes respecto de la propuesta original de la Comisión (por ejemplo, la eliminación del requisito de un proceso de transformación doble, etc.). 
Sin embargo, tenemos objeciones respecto de la enmienda 31 (apartado 1 del artículo 13) , porque creemos que el esquema de preferencias arancelarias generalizadas es un instrumento para reducir la pobreza mundial y no debe usarse para proteger nuestra industria textil europea. 
. – El sistema de preferencias arancelarias generalizadas para los países en desarrollo es uno más de una serie de regímenes que promueven las preferencias generalizadas para el comercio exterior, y un ejemplo más del modo en que se desmantelan los aranceles aduaneros de la Unión Europea. 
Pretenden que este sistema es bueno para los países beneficiarios, pero reconocen que la reforma que se propone no se fundamenta en ninguna evaluación del funcionamiento o la eficacia del sistema anterior. 
En cambio, sus consecuencias negativas para la industria y la agricultura de la Unión Europea son previsibles: 
-Se concederán derechos de aduana nulos o preferentes a un mayor número de productos, lo que comportará la agudización de competencia mundial en muchos sectores, incluida la agricultura y la pesca. 
-La cuota de mercado que podrán alcanzar los países antes de perder el derecho a beneficiarse de las preferencias aduaneras es tan alta que anuncia la ruina de sectores enteros de nuestra industria. 
El textil, en particular, resultará especialmente afectado, pues tiene que aguantar lo más recio del fin del sistema de cuotas. 
-Las medidas de salvaguardia siguen siendo insuficientes y excesivamente burocráticas, y nunca se aplican... 
Sin embargo, como de costumbre, para la Comisión lo que cuenta es la ideología que sitúa el comercio por encima de todo. 
Empobreciendo a Europa y haciendo que cada vez más europeos pierdan su puesto de trabajo no impulsaremos el desarrollo de los países del mundo en desarrollo. 
Por esta razón votaremos en contra de este informe. 
. 
El actual esquema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) está basado en una lógica contradictoria: la idea de que el desarrollo puede promoverse a través de la liberalización del comercio internacional –un modelo que fomenta las exportaciones y está regulado a escala mundial, con un «centro» y una «periferia». 
Esta lógica se opone a las relaciones internacionales justas y a la ayuda al desarrollo de los factores endógenos en los países menos desarrollados. Sin estos factores, entre el robo de la deuda externa y la imposición de los intereses de las grandes multinacionales norteamericanas, europeas y japonesas, estos países continuarán teniendo un estatuto periférico y subordinado. 
El comercio es un componente del desarrollo, pero no es ni mucho menos el más importante. 
El SPG garantiza un acceso preferente a los productos procedentes de unos 178 países. 
La propuesta actual adelanta la fecha de entrada en vigor del esquema y abre el SPG a los productos de particular sensibilidad para Portugal (conservas de atún, concentrado de tomate, textiles y confección). 
El sector textil y de la confección está particularmente afectado, en especial porque hay un límite de graduación elevado para el sector. 
Hay que cambiar este y otros aspectos negativos; de lo contrario, la industria de fabricación nacional sufrirá graves consecuencias sociales y económicas. 
. – La Comisión ha acelerado la reforma del sistema de preferencias generalizadas invocando la urgencia de apoyar las economías de los países afectados por el tsunami del pasado 26 de diciembre. 
El nuevo sistema debe entrar en vigor el 1 de abril. 
Tras la catástrofe del tsunami, los ciudadanos y los Estados de Europa demostraron que se podía contar con su generosidad. 
La Comisión, en cambio, pretende que el precio de su prodigalidad lo paguen sectores en dificultad de la industria europea, especialmente el textil. 
La industria textil ha sufrido un duro golpe por la competencia desleal de China, y esta competencia no hará sino agravarse. 
Este sector todavía representa el medio de vida de 2,5 millones de trabajadores en Europa y alcanza un volumen de negocio de 230 000 millones de euros. 
La Comisión pretende fijar un umbral del 12,5 % de las importaciones de la Comunidad para que un país pierda el derecho a acogerse al SPG, lo que favorecerá la competencia del sector textil de la India, pues este se beneficiará de aranceles reducidos. 
Este sector es considerado competitivo en el actual SPG, que fija un umbral del 10 % antes de aplicar aranceles aduaneros o que, en otras palabras, permite una competencia equilibrada a pesar de las diferentes condiciones salariales y de bienestar. 
Hacer pagar el precio de la ayuda estatal a un sector de la economía es contrario al pensamiento liberal. Esta medida, que destruiría cientos de miles de puestos de trabajo en Europa, también sería antisocial. 
. – El sistema de preferencias generalizadas sobre los derechos de aduana cuenta más de 30 años. 
La idea en que se basa es todavía más antigua, pues se remonta a la CNUCED de 1963, que introdujo la noción de diferencias compensatorias o lo que hoy denominaríamos «discriminación positiva en materia de derechos de aduana». 
Aparentemente los países pobres, como Perú o Colombia, han saludo ganado al poder enviarnos sus espárragos o sus gambas sin tener que pagar derechos de aduana, aunque haya habido algunos desvíos comerciales propiciados por la falta de claridad de las normas de origen. 
Si se examina más de cerca, el SPG tiene algo en común con todo el sistema del GATT y de la OMC; debe su existencia a una tautología, a saber, que hay que reducir los derechos de aduana hasta llegar finalmente a su supresión. 
Una idea más innovadora sería introducir un sistema de descuento de los derechos de aduana. 
El exportador obtendría un crédito aduanero en el país de importación equivalente a los derechos de aduana que se habrían impuesto y que sería deducible de las compras que efectúe en el país importador. 
La financiación de estos créditos aduaneros podría obtenerse en un mercado de valores a plazo. 
Así se resolvería el problema de la desigualdad económica y social y se alcanzaría un equilibrio en el comercio mundial. 
. 
El esquema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) tiene que entenderse como un instrumento de política comercial y como un instrumento de apoyo al desarrollo, porque el comercio internacional es sin duda uno de los motores más poderosos de desarrollo y crecimiento de cualquier economía. 
En este contexto, y como el ponente ha mencionado de manera explícita en la exposición de motivos, «el SPG tiene que ser coherente con los objetivos de la política de desarrollo y compatible con el Programa de Doha». 
En efecto, la Ronda de negociaciones de Doha es un paso importante hacia una economía mundial más abierta y justa y, como propone el ponente, esta afirmación tiene que estar presente en el SPG. 
Por ultimo, creo que tenemos que aplaudir la velocidad con que se ha modificado el SPG para responder a las consecuencias del tsunami. 
. 
El mecanismo de graduación que se ha introducido permite que se deje de aplicar el esquema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) a los países que son competitivos en el mercado comunitario y que ya no necesitan el esquema de preferencias para promover sus exportaciones. 
Además, el mecanismo también desempeña un papel esencial en la regulación del flujo comercial de los productos de la industria textil y de la confección, lo que se revela de extrema importancia para la defensa de la industria textil europea con vistas a la abolición de las cuotas el 31 de diciembre de 2004. 
Asimismo, entiendo que uno de los ámbitos de promoción del desarrollo sostenible es la mejora de la situación económica de los países en desarrollo, en especial aquellos países que están menos integrados en el sistema de comercio internacional. 
En consecuencia, los países en desarrollo más vulnerables que asumen responsabilidades debido a la ratificación y aplicación de las convenciones básicas sobre derechos humanos de los trabajadores se beneficiarán de preferencias tarifarias adicionales en el marco del SPG, lo cual me complace. 
Por ultimo, quiero subrayar la simplificación alcanzada tras reducir el número de disposiciones de cinco a tres, de forma que ahora hay una disposición general, una disposición especial para el desarrollo sostenible y la gobernanza, y una disposición especial para los países menos desarrollados («Todo menos Armas» – TMA). 
He votado a favor del informe. 
. «Yo y mis colegas conservadores británicos hemos expresado nuestro apoyo al informe del señor Dombrovskis sobre las Orientaciones Presupuestarias para 2006 porque creemos que es un paso en la dirección correcta. 
Aprobamos el uso de créditos de forma más eficiente, que se exija más claridad en el desglose de cada propuesta presupuestaria que se presente, y que se diga que cuesta más de 200 millones de euros anuales que la sede del Parlamento Europeo esté en Bruselas y en Estrasburgo. 
¡Esto es un flagrante despilfarro del dinero de los contribuyentes! 
Sin embargo, es esencial reformar el presupuesto de la UE. 
El fraude y la mala administración solo se pueden resolver si se ponen en práctica unas estructuras correctas y hasta el momento esto se ha hecho de forma lenta e insuficiente. 
Tiene que haber más responsabilidad y transparencia en el gasto de créditos por parte de todas las instituciones de la UE y un compromiso de los Estados miembros de rendir cuentas de todos los gastos relacionados con los programas de la UE.» 
Creo que es imperativo prever un gasto suficiente en los ámbitos en que las decisiones políticas requieren un mayor compromiso financiero, para que ya no sean necesarios los presupuestos rectificativos ni las transferencias. 
Por ejemplo, el presupuesto para la dimensión parlamentaria de la OMC debería abarcar todo el gasto de las delegaciones del Parlamento Europeo a las conferencias ministeriales de la OMC así como el gasto relacionado con la organización de la Conferencia Parlamentaria de la OMC. 
. 
He votado a favor del informe del señor DombrovskisA6-0043/2005) sobre las orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto del estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario de 2006, porque estoy de acuerdo con lo esencial de las evaluaciones y las propuestas y, en particular, con la consolidación y preparación de la próxima ampliación y el uso eficaz y racional de las dotaciones. 
0Asimismo, quiero señalar que estoy de acuerdo con los puntos específicos relativos a la formación vocacional, en especial respecto de la traducción e interpretación. 
En mi opinión, es esencial que los diputados a esta Cámara participen de forma activa en su lengua materna, asegurando así una igualdad de trato para todos los diputados. 
Por último, quiero señalar la creciente responsabilidad del Parlamento en el proceso de toma de decisiones legislativas, que obviamente exigirá una mejor gestión de los recursos existentes y la distribución de más fondos que apoyen nuestro trabajo. 
. 
En el presente informe se destacan los ámbitos en los que es importante garantizar que las dotaciones disponibles se aumenten y usen de forma adecuada. 
El reto de la ampliación exige un esfuerzo continuo y determinado, y como tal, tenemos que acomodar al nuevo personal dentro de la estructura de las instituciones lo más rápido posible –la misma rapidez que le estamos pidiendo al Secretario General– y asignar financiación para aumentar el número de intérpretes y mejorar las condiciones generales de trabajo en las comisiones aumentando el número de salas y de ordenadores disponibles. 
El plan para clarificar las nomenclaturas de los presupuestos de las otras instituciones ha de acogerse con satisfacción. 
Como he dicho en otras ocasiones, la transparencia e inteligibilidad de la información son requisitos esenciales de responsabilidad y eficacia de las cuestiones presupuestarias. 
Acojo la propuesta de adopción de criterios de eficacia ecológica en gestión administrativa, así como el llamamiento para aprobar políticas de información y comunicación mucho más ambiciosas. 
Esta es una de las cuestiones por las que a menudo lucho en cada presupuesto, porque pienso que es esencial que acerquemos Europa –sus proyectos, sus diseños y sus acciones– cada vez más a sus ciudadanos. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara sobre dos asuntos que la Comisión de Peticiones está estudiando en la actualidad. 
La primera afecta a Mike y Ann Radford, dos electores míos de Chipping Barnet, que compraron una propiedad en Chipre en los años ochenta y, durante catorce años, han intentado obtener una compensación del constructor a causa de un muro de contención defectuoso. 
Es un tema que la Comisión de Peticiones está estudiando. 
Quiero instar a la comisión a hacer todo lo que pueda para resolver el problema del señor y la señora Radford, sus vecinos y la gente que se encuentra en situaciones similares en muchas partes de Europa. 
Los conflictos de este tipo son muy problemáticos y dolorosos para la gente implicada, y espero que la Comisión de Peticiones pueda ayudar. 
En segundo lugar, sobre Equitable Life, mi elector, Arthur White, ha presentado una petición que subraya los fallos de reglamentación que ha habido en relación con Equitable Life. 
También en este caso insto a la Comisión de Peticiones a acelerar su tramitación de este importante asunto y hacer todo lo que pueda para que los solicitantes obtengan justicia y compensación. 
. 
La buena democracia se asienta en el respeto absoluto de los derechos de los ciudadanos, y ese respeto históricamente incluye el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones a los Parlamentos. 
Esta práctica, cuya utilidad a veces puede parecer mínima, es sobre todo una señal de humildad democrática y disposición para escuchar a los ciudadanos, que son características de gran importancia en una sociedad democrática. 
Por lo tanto, la existencia de la Comisión de Peticiones en el Parlamento y el trabajo que lleva a cabo merece nuestro reconocimiento público. 
. 
La crítica más común al actual estado del proceso de integración europea es el divorcio entre los responsables de la toma de decisiones y los ciudadanos, el llamado déficit democrático. 
Dado que, en términos parlamentarios, la Comisión de Peticiones constituye una manera fructífera de intensificar el contacto con las poblaciones, su trabajo tiene que reforzarse, porque esto fomentará la participación popular en los asuntos europeos. 
Por una parte, esto ofrece la gran ventaja de dar a conocer las preocupaciones reales de las personas y, por otra, permite a los políticos enseñar a los interesados el trabajo que han desempeñado y demostrarles que están dispuestos a trabajar para abordar las necesidades reales de sus ciudadanos. 
En este contexto, lamento que no se haya tenido en cuenta la petición de inclusión de una referencia al legado del Cristianismo en el preámbulo del Tratado Constitucional, y que los deseos de más de un millón de personas en toda Europa que firmaron la petición se hayan ignorado completamente. 
Por último, creo que la Comisión de Peticiones se beneficiará de mayores recursos y de un apoyo eficaz y equilibrado tanto de la Comisión como del Consejo. 
. 
Junto con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y la gran mayoría en esta Cámara, he votado a favor de este informe, porque presenta directrices y medidas que nos permitirán revitalizar la Estrategia de Lisboa, mejorar su aplicación y cumplir con los objetivos establecidos en el año 2000. 
Como siempre he defendido: 
-Supone una mayor implicación en el proceso de toma de decisiones y en la aplicación por parte del Parlamento («tiene que desarrollarse una verdadera cultura de diálogo con el Parlamento» ), junto con la Comisión (con la que tiene que establecerse una «estrecha colaboración» ) y el Consejo (propone la organización de una reunión tripartita entre las tres instituciones) , y los Parlamentos nacionales (con el que el Parlamento también tiene que establecer una «estrecha colaboración» ), así como «una mayor participación de las autoridades regionales y locales» ; e 
-Insta a que los recursos presupuestarios en el ámbito nacional y comunitario sean proporcionales a los objetivos establecidos en la Agenda de Lisboa; esto tiene que reflejarse en las perspectivas financieras para 2007-2013 y en los Fondos Estructurales, tal como se reformularon en el marco de la política de cohesión. 
Además, la revisión de la Estrategia de Lisboa constituirá el instrumento de aplicación del cambio deseado en el modelo de desarrollo económico y social que se ha seguido hasta ahora en la región de Madeira. 
. – El objetivo de la Estrategia de Lisboa era hacer de Europa la «economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo» de aquí a 2010. 
No lo ha conseguido ni por asomo; en lugar de ello, los burócratas de Bruselas ha conseguido hacer de la Unión Europea la economía menos dinámica del mundo. Merece una mención especial la zona del euro, que obtiene unos resultados todavía peores que el resto de la UE. 
Bruselas nunca admitirá su culpa, pues la UE nunca pone en entredicho sus propias acciones. 
Sus propuestas para resolver estos problemas comportan aún más europeización: una mayor liberalización de los mercados, más exigencias reglamentarias para las empresas, menos servicios públicos, más competencia europea y mundial, menos financiación pública y menos protección del bienestar. 
Los objetivos sociales y medioambientales de la primera versión de la Estrategia de Lisboa han desaparecido, ocupando su lugar la competencia y la productividad omnipresentes. 
Los ciudadanos se han convertido en mercancías y la idea es que el mercado los redistribuirá y se encargará del desempleo. 
Las propuestas de la Comisión Barroso son realmente una pesadilla. 
Admito que adoptan un enfoque «suave» , ya que no consisten en más que un programa y unos objetivos, algunos de los cuales incluso tienen sentido. 
Pero conocemos ya demasiado bien las directivas reales que transponen programas de este tipo e intentan alcanzar sus objetivos; la Directiva Bolkestein es un ejemplo excelente. 
. Este proyecto de resolución es un texto confuso en el que todo lo que cualquier persona civilizada quisiera ver aplicado se considerará sin tener en cuenta para nada los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Nadie reparará en esfuerzos para frenar y eliminar la pobreza y el desempleo en cuanto sea posible. 
Nadie objetará a que tengamos impuestos más sencillos y justos en lugar de complicados e injustos. 
Sin embargo, el principio de subsidiariedad –que es el principio rector de la cooperación europea– significa que los Estados miembros deben tener el derecho a evaluar de otra manera los objetivos contrapuestos a los que se tiene que enfrentar el Gobierno democrático. 
El propósito subyacente de este proyecto es transferir aún más decisiones políticas de los Estados miembros a las instituciones de la UE. 
La Lista de Junio ha sido autorizada por su electorado para oponerse a la centralización de poder en Europa y, por lo tanto, rechaza el proyecto en su totalidad. 
Además, nos hemos opuesto a varias enmiendas que en principio apoyaríamos en el Parlamento sueco, pero a las que nos oponemos en el ámbito europeo porque nos preocupa la democracia en los Estados miembros. 
Este es el caso de la enmienda 32, por ejemplo. 
Me adhiero plenamente a los objetivos de Lisboa de reforzar el empleo, reformar la economía, mejorar la competitividad, completar el mercado de interior, impulsar la cohesión social y proteger el medio ambiente como motores de una economía sostenible orientada al crecimiento. 
Para construir una amplia coalición para el cambio, la Estrategia de Lisboa debe entenderse universalmente como una estrategia cuyos beneficios serán ampliamente compartidos y desarrollados con la colaboración de todos los agentes socioeconómicos implicados, una estrategia que cuide los mercados laborales, que promueva el dinamismo y la seguridad, que intente modernizar, pero no debilitar, la seguridad social, y que considere que unos niveles sociales y medioambientales elevados forman parte del modelo competitivo de Europa. 
Creo que revitalizar la Estrategia de Lisboa es esencial para encarar el incumplimiento de los objetivos de marzo de 2000. 
Aprovecho esta oportunidad para apoyar la idea de los planes de acción nacionales como forma de aplicar la Estrategia de Lisboa, y que todos los Gobiernos nombren a un Ministro para coordinar la acción. 
. 
Entre la ilusión de que basta establecer un objetivo para alcanzarlo, y la realidad que demuestra que la economía europea no ha sido capaz de afrontar la crisis económica actual, encontramos una Unión Europea con diferentes realidades económicas y sociales, una Unión que afirma repetidamente sus buenas intenciones y, sin embargo, ha tenido poco éxito en la resolución de sus problemas. 
Dicho esto, no puede negarse que Europa es el continente donde mejor se vive. 
Por lo tanto, si Europa quiere ser la economía más competitiva, tenemos que cambiar el camino que hemos tomado. Tenemos que hacerlo sin perder lo que tenemos de mejor y más esencial, y respetando la diversidad histórica y cultural y los diferentes niveles de desarrollo en los países de Europa. 
Por tanto, creo que la resolución que nos ocupa articula una visión que comparto: el crecimiento sostenible y el empleo tienen que ser los objetivos más urgentes de la UE, y la consecución de esos objetivos fomentará el progreso medioambiental y social. 
No puede haber un modelo social europeo sin una economía europea, y tampoco tiene sentido una economía competitiva que no sirva a los intereses de los ciudadanos. 
. 
La revisión intermedia se caracteriza por las conclusiones del último Consejo Europeo de Primavera en Bruselas, es decir, que los resultados han sido modestos en términos de los objetivos que se establecieron. 
Sin duda, el estancamiento que afecta a la economía europea desde el año 2000 no ha ayudado. 
Por lo demás, aparte de pedir a la Comisión una mayor determinación, el texto propuesto se limita a reiterar los principios establecidos en la estrategia original. 
Nuestras orientaciones son, y siempre han sido, el desarrollo sostenible, la cohesión social, la mejora de las condiciones de trabajo, más empleo, formación continua o dinámica y competitividad económica. 
Por desgracia, la alienación de muchos Estados y ciudadanos continúa refrenando estas orientaciones. 
Por lo tanto, lamento que en la última reunión del Ecofin se haya desaprovechado otra oportunidad de combinar la disciplina financiera y la austeridad presupuestaria por una parte, con la importancia concedida a la naturaleza y calidad del gasto público por otra. 
También tenemos que mejorar el reglamento y el ambiente legislativo, simplificándolos. 
0Por último, creo que necesitamos una visión bastante más realista, que no se limite a condenar los fracasos ni acuse siempre a los Estados miembros de falta de motivación e incumplimiento. 
Necesitamos creatividad, liderazgo y determinación, que es la idea clave de esta resolución y que me lleva a votar a favor. 
. – Debemos pronunciarnos hoy sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
En un momento en que en la Unión Europea todavía viven en estado de pobreza 68 millones de ciudadanos, no tenemos más remedio que apoyar la Estrategia de Lisboa adoptada en 2000 y reafirmar el objetivo de erradicación de la pobreza. 
Se han hecho progresos, como los planes nacionales para la inserción, como la inscripción del objetivo de lucha contra la pobreza en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. 
Pero no podemos pararnos ahí, tenemos que mantener el rumbo porque se lo debemos a nuestros conciudadanos. 
Estos esperan que cumplamos nuestras promesas y yo quisiera instar a que en la Cumbre de primavera se adopten todas las medidas necesarias. 
. 
Me satisface que la Estrategia de Lisboa también incluya el uso de todas las formas de energía alternativa, que tienen que fomentarse. 
Si bien todos somos conscientes de que su uso protege el medio ambiente y ayuda a cumplir el Protocolo de Kyoto, los efectos positivos de su uso incluyen, entre otros, un aumento de la competitividad, valor regional añadido y la creación de empleos en zonas rurales. 
Por lo tanto, me complace que el Parlamento Europeo crea, como ha declarado en su proyecto de resolución, que una economía europea competitiva y sostenible está supeditada al uso de las fuentes de energía sostenible. 
. 
Como resultado del escenario realista que ha presentado el señor Kok en la revisión intermedia, la Comisión ha decidido hacer balance y presentar una reforma de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Las prioridades establecidas en el año 2000 se han redefinido con base en las preocupaciones actuales de los ciudadanos europeos: el crecimiento y el empleo. 
En esta nueva realidad, se identifican los responsables de cada medida, se fijan plazos concretos y se evalúa el progreso. 
El próximo paso es un programa nacional único y el nombramiento de un «Señor de Lisboa» en cada Estado miembro, responsable de controlar las acciones de la Estrategia de Lisboa y de simplificar los métodos de evaluación. 
Dado que se trata de una cuestión intergubernamental, la «Estrategia de Lisboa» depende casi exclusivamente de la capacidad y el compromiso de los Estados miembros por llevar a cabo reformas estructurales profundas. 
Tras la revisión de la Estrategia, los Estados miembros tienen que fijar prioridades más claras y trabajar de acuerdo con un calendario estricto si queremos que la Estrategia de Lisboa sea un éxito. 
En este momento, la mayoría de ciudadanos europeos ven la Estrategia de Lisboa como algo utópico. 
La historia de la UE está plagada de ejemplos parecidos. 
En los años 80, nadie creía en el éxito del mercado único y la moneda única. 
Deseo que la «Estrategia de Lisboa» tenga el mismo éxito. 
. El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución de la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa con el voto del PPE-DE, los socialdemócratas, los liberales y otras fuerzas políticas conservadoras, que han dejado de lado las pequeñas diferencias y se han unido en el objetivo estratégico del tratado de Lisboa. 
En nombre de la competitividad de la economía de una Europa unida (dicho de otro modo de sus monopolios) , se ha desatado un ataque sin precedentes sobre el empleo y los derechos sociales de las clases populares. 
Me refiero a la redistribución del salario de los trabajadores en beneficio de las grandes empresas, con reducciones en los salarios de trabajadores y los jubilados, la abolición de la asistencia social y las reducciones de las ventajas, las privatizaciones y demás. 
El objetivo es usar las llamadas formas de empleo activas para ampliar las formas de trabajo flexible y retrasar la edad de la jubilación; dicho de otro modo, crear recursos humanos baratos y flexibles que sean presa fácil de la explotación de los monopolios con impunidad. 
El Grupo parlamentario del Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de la resolución, que acepta el ataque frontal a las clases trabajadoras y populares y demuestra la orientación de clase de la UE. 
No puede haber autoengaño respecto de la importancia de la Estrategia de Lisboa. 
La resistencia organizada, la desobediencia y la lucha de la mayoría de las clases populares en la UE en contra de la Estrategia de Lisboa contraria a los intereses de los trabajadores es la única salida. 
La resolución relativa a la Estrategia de Lisboa contiene muchos elementos encomiables. 
Sin embargo, me hubiera gustado que se hiciese más hincapié en la importancia de la integración política; es decir, que se tomen iniciativas de crecimiento que tengan en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales. 
Estas tres dimensiones de desarrollo tienen que apoyarse mutuamente. 
La idea de «crecimiento primero; podemos abordar el resto después» es equivocada y representa una vuelta desafortunada al debate que tuvo lugar antes de la aprobación de la estrategia de sostenibilidad de la UE en Gotemburgo en el año 2001. 
La UE se enfrenta a una serie de retos difíciles en materia de medio ambiente. 
El riesgo de un cambio climático irreversible es particularmente grave. 
Para abordar este problema tenemos que redefinir nuestros sistemas de energía y transporte, y esto tiene que producirse sobre todo mediante una inversión sustancial en innovación y el desarrollo de nueva tecnología. 
Dicha inversión estimulará el crecimiento y creará nuevas oportunidades de empleo. 
Al mismo tiempo, los países europeos desarrollarán conocimientos técnicos de alto nivel en un ámbito en el que todo el mundo está pidiendo nuevas soluciones. 
Ni la propuesta de la Comisión ni la resolución del Parlamento hacen suficiente hincapié en estos aspectos. 
Espero que el Consejo Europeo preste más atención a estas cuestiones en su sesión del 22 de marzo. 
Con esto concluye el turno de votaciones. 
Se suspende la sesión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con la preparación del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005. 
. Señor Presidente, se ha acordado que el Consejo Europeo del 22 de marzo se centre en la Estrategia de Lisboa, que ha sido objeto de nuestro debate de esta mañana, y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque todavía hay esperanzas de poder resolver esta cuestión antes de que se reúna el Consejo Europeo. 
Se abordará asimismo la estrategia de desarrollo sostenible y el Protocolo de Kyoto. 
Dado que la Estrategia de Lisboa se ha debatido en la sesión de esta mañana, no volveré sobre ella ahora. En su lugar me centraré en los otros dos o tres temas. 
En primer lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El Consejo lleva debatiendo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde hace ya mucho tiempo, y de hecho hay quienes probablemente piensen que ha estado debatiéndolo durante demasiado tiempo. 
Bajo la Presidencia neerlandesa se debatió sobre él en varias ocasiones, y en todas las reuniones del Consejo Ecofin bajo la Presidencia luxemburguesa se abordó este tema como punto principal. 
A la vista del debate a fondo y los cambios solicitados por los Ministros de Hacienda, la Presidencia decidió presentar al Consejo Ecofin del 8 de marzo un documento destinado a encontrar una solución equilibrada que respondiera a las necesidades de todos los Estados miembros. 
Lo hace proponiendo un compromiso basado en el sentido común económico –una cuestión que también ha sido debatida esta mañana por la Cámara– y que da una respuesta a la necesidad real de una mayor flexibilidad en tiempos de dificultad, al tiempo que reclama una disciplina presupuestaria más estricta en tiempos de crecimiento y prosperidad. 
Dado que el Consejo Ecofin fue incapaz de llegar a un acuerdo en torno un informe al Consejo Europeo en su reunión del 8 de marzo, la Presidencia continuará las consultas a fin de encontrar una solución que sea aceptable para todos y que pueda presentarse a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Se ha convocado una nueva reunión del Consejo Ecofin para el 20 de marzo, es decir, dos días antes de que se reúna el Consejo Europeo. 
Esta mañana he señalado que la falta de acuerdo conlleva riesgos reales e importantes. Es un hecho desafortunado que el Pacto actual no se aplicaría simplemente como si no hubiera ocurrido nada y que la falta de acuerdo no reforzaría la credibilidad del Pacto actual. 
Al mismo tiempo, un compromiso a cualquier precio –un compromiso a la baja, podríamos decir– sería una solución igual de mala. 
Además, este es un terreno en que Europa está siendo observada atentamente, sobre todo por los ciudadanos, que esperan que sus responsables políticos sean capaces de practicar políticas económicas y presupuestarias que no sacrifiquen ni el crecimiento en aras a la estabilidad, ni la estabilidad en aras a un crecimiento que como mucho es efímero. 
Pero no debemos resignarnos al fracaso, pues todavía hay muchas posibilidades de encontrar una solución equilibrada y creíble. 
Si logramos esta solución, cosa que esperamos, la Comisión recibirá un mandato claro sobre las mejoras que los Estados miembros acuerden introducir en el Pacto. 
A partir de ese momento podrán iniciarse los procedimientos necesarios para la revisión formal de las disposiciones del Pacto. 
Si se trata de revisar alguno de los dos reglamentos, se hará mediante una propuesta de la Comisión y la participación del Parlamento conforme a las modalidades previstas en el Tratado, que son diferentes para cada uno de esos actos. 
Pasaré ahora a las cuestiones del desarrollo sostenible y el Protocolo de Kyoto, que guardan una relación evidente con la Estrategia de Lisboa, pues esta mañana hemos convenido en que debía mantenerse la dimensión medioambiental en el Estrategia de Lisboa, e incluso reforzarse. 
Por tanto, es normal que el Consejo Europeo se ocupe también de las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y el Protocolo de Kyoto. 
La Presidencia considera que el desarrollo sostenible debe ser un concepto superpuesto y uno de los objetivos del Consejo Europeo deberá consistir en aclarar cómo habrá que tratar en el futuro los cambios de la estrategia de desarrollo sostenible. 
Por ejemplo, los principios rectores del desarrollo sostenible podrían consagrarse en una carta, uno de cuyos componentes principales sería una serie de indicadores pertinentes que se aplicarían a las distintas políticas en el futuro. 
La Comisión podría presentar una propuesta al respecto en el Consejo Europeo de junio. 
De todos modos, el tiempo apremia y nos parece útil que la nueva estrategia de desarrollo sostenible se ultime y se presente en el curso de este año. 
Todos estamos de acuerdo en que los cambios climáticos constituyen uno de los grandes desafíos a que se enfrenta la humanidad, con graves repercusiones desde los puntos de vista medioambiental, económico y social. 
Por esta razón, hemos acogido con satisfacción la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y nos complace que la Federación Rusa lo haya ratificado. 
Tenemos la firme voluntad de dar un nuevo impulso a las negociaciones internacionales. 
A este fin, habrá que estudiar primero las opciones para un régimen posterior a 2012 encabezado por las Naciones Unidas, que garantice el máximo nivel posible de cooperación de todos los países. 
El Consejo de Medio Ambiente de esta semana se centrará en esta cuestión y deberá sacar alguna conclusión. 
Entonces será necesario elaborar una estrategia de la Unión Europea a largo plazo con el propósito de frenar las emisiones para no superar los famosos 2 ºC de aumento de la temperatura y de reducir las emisiones totales del 30 % al 15 % de aquí a 2020 con respecto a los niveles de 1990. 
Por último habrá que elaborar un estudio que permita obtener para todas las medidas previstas una buena relación coste-eficacia. 
Como ven, el orden del día del Consejo Europeo es abultado; se tratarán cuestiones de capital importancia para el futuro de la Unión Europea, pero contribuirá también a dar a los europeos la sensación de que Europa se preocupa de sus problemas presentes y futuros. 
. Señor Presidente, Señorías, esta mañana hemos debatido en detalle la nueva estrategia de crecimiento y empleo y hemos conseguido llegar a una convergencia perfecta entre el Parlamento y la Comisión. 
Creo que, también en este ámbito, el próximo Consejo Europeo tiene un papel esencial para llevar a cabo esta ambiciosa estrategia y no podemos perder esta oportunidad. 
Este Consejo Europeo llega en un momento muy importante, en primer lugar porque se celebra justo cuando un nuevo Parlamento y una nueva Comisión están comenzando a encontrar su sitio y a definir sus métodos de trabajo para los próximos años, y también porque va a celebrarse un amplio debate sobre la ratificación de la Constitución, debate que se centrará en el tipo de Europa que queremos y en el tipo de Europa que somos capaces de construir para nuestros ciudadanos. 
Por tanto, tenemos que demostrar en el próximo Consejo Europeo que la UE está verdaderamente trabajando y que es capaz de lanzar con éxito nuevas iniciativas que se traduzcan en resultados tangibles para las vidas de los ciudadanos europeos. 
Permítanme señalar los dos principales objetivos de este Consejo Europeo. 
En primer lugar, existe la necesidad de relanzar la Estrategia de Lisboa y volver a centrarla en el crecimiento y el empleo para poner a nuestro alcance nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales más amplios. 
Para ello hace falta algo más que palabras. 
Los ciudadanos han de ver un compromiso real de los Estados miembros. 
De ahí que nuestro nuevo planteamiento de trabajar para ayudar a los Estados miembros a conseguir los objetivos de Lisboa sea esencial. 
En segundo lugar, debemos asegurar que de la cumbre surja un Pacto de Estabilidad y Crecimiento más fuerte, con su credibilidad reforzada. 
Ambos objetivos están a nuestro alcance, y quiero hacer algunos comentarios sobre cada uno por separado. 
En relación con Lisboa, simplemente quiero resaltar la importancia de dar un nuevo impulso al proceso de reforma. 
Por este motivo, el Consejo Europeo debería comprometerse claramente con los nuevos mecanismos de gobernanza, las nuevas orientaciones integradas y los programas de Lisboa nacionales y de la UE, con un sistema simple de presentación de informes y una mejor coordinación de las reformas a escala nacional. 
El lanzamiento y seguimiento del enfoque de Lisboa renovado debe prepararse mediante una estrecha colaboración entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Ahora hablaré del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que el funcionamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha experimentado recientemente una serie de problemas. 
Diferentes interpretaciones del Tratado y del Pacto de Estabilidad han acarreado incertidumbres en cuanto a las modalidades de vigilancia presupuestaria. 
Necesitamos una interpretación que garantice su eficacia y su credibilidad sin que haya que reescribir el propio Pacto. 
Los debates en el Consejo Ecofin de ayer no han llevado a ninguna conclusión. 
La Presidencia ha decidido mantener una nueva reunión de los Ministros antes del Consejo Europeo. 
Con todo, tengo la esperanza de que la Cumbre de primavera pueda desvelar un pacto renovado y más creíble, basado en una solución completa, coherente y equilibrada. 
La Comisión seguirá peleando por los principios que ha presentado, en particular para la reforma del pacto. 
Los valores de referencia previstos en el Tratado para el déficit y la deuda deben seguir respetándose como piedra angular del sistema. 
El lado preventivo del Pacto puede mejorarse, en particular mediante la definición de objetivos presupuestarios a medio plazo que sean específicos de cada país. 
En tiempos de bonanza económica, la política presupuestaria debe mantenerse rigurosa. 
Los déficit excesivos deben identificarse sin ambigüedades y corregirse rápidamente. 
No obstante, el calendario de esta corrección podría tener en cuenta factores económicos. 
La Comisión, por su parte, seguirá esforzándose al máximo con la Presidencia y los Estados miembros para llegar a un acuerdo, pero no a cualquier precio. 
Las conclusiones del Consejo abordarán asimismo otras cuestiones importantes. 
Sobre algunas de ellas, como el desarrollo sostenible y el cambio climático, es indispensable también llegar a un acuerdo si queremos utilizar las reformas de Lisboa para apuntalar un crecimiento sostenible. 
Espero con interés el impulso político del Consejo Europeo con vistas a una carta europea del desarrollo sostenible, a la que la Comisión dará curso y apoyará. 
Por último, pasaremos revista sin duda a los últimos acontecimientos habidos en Oriente Próximo e Iraq, y examinaremos los progresos realizados en la preparación del próximo ciclo de ampliación y de las posibles negociaciones futuras. 
Señor Presidente, Señorías, concluiré diciendo que esta Cumbre es una ocasión que no debemos desaprovechar. 
Debe dar el tono de las reformas futuras, relanzando Lisboa y reforzando la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Se trata de nuestra credibilidad, del modo en que mostramos a los ciudadanos europeos que nos preocupamos seriamente por el futuro de Europa y que queremos trabajar en este sentido. 
Los ciudadanos, los electores, simplemente no comprenderían que no consiguiésemos dar un paso decisivo o que esta Cumbre se saldase, no con un éxito, sino con vencedores y vencidos. 
Los matices que podríamos querer introducir sobre cuestiones como la de saber qué institución hace qué, o si la nueva Estrategia de Lisboa es más bien de izquierda, de derecha o de centro, serán irrelevantes para la mayoría de los ciudadanos. 
Para ellos, se trata de Europa, y no de una determinada institución o un determinado aspecto. 
Es muy importante, pues, enviar un mensaje coherente y demostrar que, realmente, trabajamos juntos en el interés de Europa. 
La proyección de una imagen de disonancia entre las instituciones o la transmisión de un mensaje dudoso o pesimista sobre el futuro de Europa no dejaría de influir negativamente en la opinión pública, lo que sería especialmente peligroso en el momento en que se somete a ratificación un Tratado Institucional. 
Tenemos una Presidencia competente y decidida. 
Tenemos una Comisión que da lo mejor de sí misma. 
Obtenemos hoy aquí una victoria importante mostrando nuestra decisión conjunta a favor de una nueva Estrategia de Lisboa. 
Hemos demostrado hoy que es realmente posible llegar a consensos más fuertes y dinámicos. 
Es fundamental, pues, mostrar al Consejo Europeo que podemos ayudar a Europa a pasar a una velocidad superior. 
Podemos lanzar el proceso de reforma, podemos comenzar a movilizar los ánimos en torno a la idea de una renovación europea. 
Este es el reto del Consejo Europeo de primavera: hacer que nuestra visión se traduzca en acción. 
. 
Señor Presidente, Señorías, aunque la reunión del Ecofin a principios de semana aún no ha resuelto la cuestión de la forma en que se evaluarán los criterios de estabilidad en el futuro, espero que los ministros de economía alcancen un acuerdo antes del Consejo Europeo. 
Por mi parte, estoy convencido de que las bases del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no deben alterarse. 
Los umbrales actuales –del 3 % para la deuda nueva y del 60 % para la deuda pendiente, medidas en términos de producto nacional bruto– están tan ligados al tipo de cambio del euro que debemos mantenerlos si queremos que la moneda única siga siendo estable y sólida. 
Asimismo, es fundamental para el Pacto que el presupuesto de un Estado se considere en su conjunto cuando se evalúa el cumplimiento de los criterios; no solo lo prescribe la legislación presupuestaria general, sino también nos lo impone la razón. 
Un presupuesto único e integral no puede evaluarse con y sin categorías enteras de gasto. 
Por esta razón, no podemos permitir que las categorías de gasto que algunos Estados miembros consideran cargas especiales se excluyan de la valoración del grado de adhesión de los criterios de estabilidad. 
Después de todo, el Pacto –que también contiene un componente de crecimiento sustancial– contempla la posible valoración matizada de un presupuesto nacional a la luz de la posición actual del país en el ciclo económico. 
Por esta razón, tienen que mantenerse los procedimientos actuales y, al mismo tiempo, hacer que su ciclo detallado y sus consecuencias dependan de la realidad de la política presupuestaria, porque el Pacto –como afirmé en esta Cámara hace unas semanas– se llama «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» y la estabilidad excesiva limita el crecimiento en lugar de estimularlo. 
El Consejo Ecofin ha enumerado los enfoques posibles a una evaluación más afinada de los esfuerzos de los Estados nacionales por alcanzar la estabilidad. 
Espero que algunos de estos sean la clave que nos permita alcanzar un acuerdo final antes de la cumbre del 22 y 23 de marzo. 
Permítanme decir algo más sobre la Estrategia de Lisboa. 
Los resultados decepcionantes al final de la primera mitad pueden atribuirse a una gama de objetivos demasiado dispersa. 
Por esta razón, si queremos acabar con éxitos tangibles dentro de cinco años, tenemos que concentrarnos en una serie de objetivos esenciales; así pues, estoy a favor de un enfoque que confíe más en que los Estados nacionales apliquen los requisitos de Lisboa. 
Esto permite cierto grado de competencia en torno a las llamadas «buenas prácticas» , que solo pueden ser positivas para el éxito general de la estrategia. 
En el futuro, tenemos que limitar los anuncios realmente importantes si no estamos totalmente seguros de que vayan a aplicarse. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, quiero hacer un breve comentario sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si lo examino en calidad de economista –esta es mi formación–, hay muchos países que tienen éxito sin normas de estabilidad; a menudo se cita a los Estados Unidos como ejemplo. 
Hay países que cumplen estrictamente las normas de estabilidad y tienen poco éxito, y también ocurre lo contrario. 
Desde un punto de vista económico, disponemos de una amplia variedad de enfoques, pero existen buenas razones para que, tras habernos establecido como comunidad y estando deseosos de crear un mercado único, nos dotemos de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento de este tipo. 
A pesar de las muchas profecías de catástrofe procedentes de esta Cámara, hemos acabado con un euro fuerte, incluso podría calificarse de demasiado fuerte, y por eso ahora ha llegado el momento de replantear las cuestiones; sin embargo, no hemos de abandonar el Pacto de Estabilidad, sino tener en cuenta las condiciones económicas en los países individuales. 
No necesitamos disposiciones especiales para Alemania, sino el reconocimiento de que cualquier Estado miembro puede tener condiciones económicas especiales. 
En cuanto se haga este cambio, todos los países –ya sea Alemania o cualquier otro– tendrán que cumplir con las normas. 
También hay que tener en cuenta que Alemania aún es el principal pagador de la Unión Europea. 
Teniendo esto en cuenta, creo que las propuestas de la Presidencia de Luxemburgo son muy útiles, y espero que sean una solución acertada. 
Espero que la Comisión y su Presidente nos ayuden a encontrar una solución real. 
Después de esta solución y del fortalecimiento del proceso de Lisboa, necesitamos dos cosas: una coordinación más estrecha de crecimiento general y política económica entre los países individuales, y una solución a las perspectivas financieras, si es posible antes de que Luxemburgo deje vacante la presidencia. 
Sé que carga con una gran responsabilidad a sus espaldas– que no son anchas en términos de su país– pero espero que sea capaz de solucionar este problema. 
De cualquier modo –y hablo en nombre de mi Grupo al decir esto– deseamos que la Presidencia de Luxemburgo tenga mucho éxito. 
Tiene todo lo necesario para resolver esta cuestión, sobre todo una nueva reforma racional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
. – Señor Presidente, con la Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la próxima reunión de primavera del Consejo Europeo estará centrada principalmente en cuestiones de política económica. 
Con un desempleo que asciende al 9 % en Europa y una previsión de crecimiento de solo el 1,6 % en la zona del euro, está claro que no podemos contentarnos con discursos y que debemos tomar medidas fundamentales para relanzar el crecimiento y el empleo. 
Necesitamos una disciplina presupuestaria común. 
Debemos reafirmarlo claramente para que no quede ninguna duda. 
Es responsabilidad de cada Estado miembro controlar el gasto público, luchar contra el déficit y estabilizar, incluso reducir, el peso de la deuda. 
De no ser así, el precio lo pagarán las generaciones futuras y, cuanto más intenten los Estados miembros eludir las normas que ellos mismos han fijado, más desestabilizarán todo el sistema. 
Si tenemos normas, evidentemente hemos de asegurar que se respeten. 
Sin esto no sirven de nada. 
Solo cuando nos pongamos de acuerdo en torno a estos principios básicos y de sentido común se podrá iniciar el debate sobre posibles cambios del pacto. 
Además, estos cambios deben tener en cuenta la naturaleza de los ciclos económicos y la necesaria distinción entre déficit de funcionamiento y déficit de inversión. 
Se nos plantea otra cuestión aún más importante: ¿podemos vivir a largo plazo con una disciplina presupuestaria común al tiempo que practicamos políticas económicas diferentes? 
En mi opinión, la respuesta es no. 
Pienso que debemos decidir urgentemente coordinar nuestras políticas económicas, a falta de lo cual nunca seremos capaces de generar nuestro propio crecimiento. 
Tenemos la suerte de contar con un Presidente del Consejo Europeo que es al mismo tiempo Presidente del Eurogrupo. 
Ha llegado la hora –ahora o nunca– de establecer la gobernanza económica, que tanta falta hace en Europa, y de tomar iniciativas para que por fin las cosas se pongan en marcha. 
Proponemos que las principales inversiones de cara al futuro se efectúen desde ahora a escala europea. Pienso, por ejemplo, en defensa, en investigación o en grandes infraestructuras. 
Nuestro retraso en este terreno es inmenso y creo que es hora de cambiar las cosas, o al menos de intentarlo. 
Esto es, Señorías. 
Por supuesto, hará falta ambición, voluntad y coraje, pero tengo una certeza: sé que de forma aislada, cada uno en su rincón, no lo conseguiremos. 
Si queremos generar crecimiento y empleo, si queremos seguir implantando un modelo social innovador, la única solución es hacer más cosas a escala europea. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señora Vicepresidenta, con respecto al Pacto de Estabilidad nuestro Grupo apoya inequívocamente los esfuerzos de la Presidencia luxemburguesa y, en particular, la idea de elaborar una lista de factores relevantes, como ha indicado el señor Juncker. 
Pienso que hay que avanzar hacia una diferenciación mayor de las economías nacionales, particularmente en función de su nivel de endeudamiento y de las exigencias que se espera de ellas que cumplan. 
Por tanto, estamos de acuerdo con una lista explícita de factores que permita una evaluación política y más inteligente –por retomar la expresión del señor Prodi– del Pacto de Estabilidad. 
Dicho esto, la reforma del pacto no constituye todavía una coordinación europea de las políticas presupuestarias; la señora De Sarnez acaba de hacer alusión a ello. 
A este respecto, diría al Consejo que la declaración que he leído tras el Consejo Ecofin, concretamente sobre la posibilidad de que un acuerdo alcanzado en la zona del euro por los 12 Estados miembros no sería necesariamente ratificado por todos los miembros del Consejo, es decir, por todos los 25 Estados miembros, constituye a mi juicio una señal muy inquietante desde el punto de vista político. 
En este sentido, el triángulo al que hizo alusión el señor Juncker al comienzo de la Presidencia luxemburguesa, al hablar de la Estrategia de Lisboa, al hablar del Pacto de Estabilidad, pero también al hablar de las perspectivas financieras, adquiere todo su sentido. 
Creo que la interpretación del Pacto de Estabilidad debería hacerse eco de la disposición de los Estados miembros a realizar esfuerzos presupuestarios adicionales para conseguir unas perspectivas financieras y un presupuesto de la Unión Europea que esté a la altura de los fines y permita alcanzar los objetivos que quisiéramos que alcance. 
Desde este punto de vista, el calendario político no es muy bueno, pues se pide al Consejo Europeo de primavera un acuerdo sobre Lisboa y sobre el Pacto de Estabilidad, mientras que quizá se postergue a junio el debate sobre las perspectivas financieras. 
Creo que el riesgo de división entre los nuevos países miembros, en particular, y los antiguos países miembros es un riesgo político que no debemos subestimar en todo este debate. 
Por último, por lo que respecta al desarrollo sostenible, me sorprende bastante lo que podríamos llamar la superficialidad de la propuesta. 
La Comisión Europea ha remitido un informe sobre la estrategia comunitaria de desarrollo sostenible que hace referencia, por tanto, a las políticas sectoriales de la Unión. 
Este informe es muy crítico. Tiene la honestidad de ser muy crítico. 
Por consiguiente, si el importante impulso político que el señor Barroso espera y que nosotros también esperamos del Consejo consiste en decir: «tenemos previsto hacer una carta europea de indicadores» , nosotros diremos: ¿eso es todo? 
Basta leer los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente y tendrán ustedes sus indicadores. 
Esperamos mucho más, esperamos que, en materia de política de transportes, de política energética, de los compromisos de Kyoto, se fijen objetivos mucho más restrictivos. 
No podemos limitarnos a volver simplemente sobre la cuestión de los indicadores y decir por la mañana: «queremos menos indicadores» y por la tarde: «queremos más». 
Queremos políticas acertadas y queremos que la Comisión y el Consejo se ajusten en serio a los compromisos de Gotemburgo. 
. – Señor Presidente, Señorías, creo francamente que el debate en esta Cámara es más bien paradójico, puesto que estamos adoptando un planteamiento fragmentado en cuestiones como la Estrategia de Lisboa, las perspectivas financieras, el próximo Consejo Europeo y las posibles maneras de reformar el pacto de estabilidad y crecimiento. 
La última, por cierto, es una cuestión sobre la que todos, excepto el Parlamento, están tomando medidas. 
En vez de ello, creo que estos aspectos deberían abordarse conjuntamente. 
En realidad, la cohesión social y el crecimiento en el número y la calidad de los puestos de trabajo no cabe duda que no se han propiciado por políticas librecambistas que se centran en la competitividad, ni por políticas monetarias. 
Estos se han consagrado en el nuevo Tratado Constitucional, el único caso en la historia donde una constitución incluye un tratado monetario. 
0Nos enfrentamos a la paradoja de una Europa con una moneda muy fuerte pero con una economía débil en una crisis que va en aumento y una sociedad en grandes dificultades. 
Hay un número creciente de factores que posiblemente harán que la situación empeore, como los que se hayan implícitos en la Directiva Bolkestein, en los recortes presupuestarios europeos y en la falsa flexibilidad del pacto de estabilidad, que algunos quisieran ver que solo se utilizan para rebajar las pensiones. 
Todo esto ha llevado a una Europa de fragmentación social, deslocalizaciones y al declive inevitable de su modelo cultural y social. 
Tenemos que iniciar un nuevo camino, que rompa la economía y el monetarismo del librecambismo, que se base en una armonización de los derechos y niveles de salarios y que dé un nuevo impulso al desarrollo de la calidad. 
Para lograrlo, es necesario que la izquierda rompa las ataduras del Pacto de Estabilidad con el fin de invertir dentro de cada país –pero también directamente como Unión Europea– en investigación, innovación y todo cuanto sea necesario para promover el desarrollo. 
Por lo tanto, lo que necesitamos es una Europa diferente, una Europa social, la clase de Europa que exigiríamos en la manifestación europea de Bruselas el 19 de marzo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión por su total transparencia respecto de los 3 000 grupos de trabajo. 
Por primera vez podemos ver la lista de los grupos. 
Puede encontrarse en la página web de la Comisión o, más fácilmente, puede descargarse de mi página web en bonde.com. 
Ayer la señora Wallström, Vicepresidenta de la Comisión, convino también en que tengamos los nombres de los participantes. 
Muchas gracias. 
Pronto sabremos si los que aconsejan a la Comisión en materia de tabaco pertenecen a la industria tabacalera o a los grupos que trabajan para combatir el cáncer. 
Asimismo, quiero dar las gracias a la Comisión por consentir que en el futuro podamos conocer todas las contribuciones de la Comisión al Consejo de Ministros y a sus grupos de trabajo. 
Por fin se ha completado el ochenta y cinco por ciento de toda la legislación en 300 grupos de trabajo y en el Coreper. 
Hasta ahora, se nos ha excluido de la mayor parte de esta legislación. 
Ahora, se nos ha prometido la mayor reforma en materia de transparencia hasta la fecha. 
Estoy tan contento como un niño en Navidad, porque he trabajo a favor de dicha transparencia durante muchos años. 
Muchas gracias. 
Es casi demasiado bueno para ser cierto. 
Ahora le toca el turno al Consejo. 
Mi querido Consejo de Ministros, ¿puede pedir la Presidencia de Luxemburgo que se den a conocer al Parlamento los 300 grupos de trabajo que se ocupan de la legislación? 
Resulta humillante que los representantes electos siempre tengan que mendigar los documentos en un pasillo o a un grupo de presión, a un estudiante en una de las representaciones permanentes, al embajador o al Ministro. 
Cuando asistimos a comisiones y abordamos el proyecto de legislación, oficialmente solo disponemos del borrador original de la Comisión, mientras que el grupo de trabajo del Consejo dispone de la edición 17– que legalmente no podemos obtener. 
Los funcionarios y los aprendices se sientan detrás de nosotros en las reuniones de comisión con la última edición del proyecto de legislación, pero ¿qué pasa con los miembros de la comisión? 
Tenemos el voto del electorado, pero nos falta la confianza del Consejo de Ministros. 
Ahora obtendremos los nuevos borradores de la Comisión mientras la legislación está debatiéndose. 
¿Cuándo tendremos la oportunidad de darles las gracias en el Consejo por algo que debería ser natural? 
En las democracias, los que ejercen el poder son responsables de los representantes electos; en las democracias, no hay nadie por encima o igual al electorado y a sus representantes directamente elegidos. 
Gracias, señor Presidente, especialmente si el Consejo nos da una razón para estarle un poco más agradecidos. 
. – Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión, el señor Barroso, por sus presentaciones. 
A menudo este Parlamento ha adoptado un punto de vista muy estrecho en relación con el futuro desarrollo de la economía europea y del modelo social europeo, mientras que la experiencia debería habernos enseñado que cada medida que tomamos tiene un efecto inmediato en otros ámbitos. 
Por lo tanto, ya no podemos hablar de tener exclusivamente un modelo social que funciona según la vieja ideología de alta presión fiscal y alta protección social. 
Asimismo, no puede haber una simple zona de libre mercado, donde todo el mundo pueda hacer lo que quiera sin restricción alguna. 
Necesitamos normas y reglamentos para asegurar que Europa funcione de forma adecuada no solo para el consumidor o las empresas, sino también, y sobre todo, para los ciudadanos a los que gobernamos. 
Por este motivo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es bueno, a pesar de los defectos y errores de funcionamiento que se han señalado recientemente. 
Es bueno que lo conservemos, como también lo es que pueda modificarse y cambiarse para adaptarlo a las nuevas circunstancias. 
Sin embargo, quiero advertir contra los grandes cambios o el recorte de los poderes que contiene el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
No olvidemos que el Pacto de Crecimiento por sí mismo no puede verse como algo aislado: debe considerarse también en coordinación con las orientaciones generales de política económica que se han establecido. 
En el pasado tomamos medidas contra un Gobierno –el Gobierno irlandés– por su supuesto incumplimiento de determinados criterios establecidos en las orientaciones generales de política económica. 
El fallo no fue que el Pacto estuviera ahí, sino que no se hiciera cumplir a otros países que siguen incumpliendo esas orientaciones y no aplican las políticas generales de buena gestión y buen funcionamiento de las economías y las políticas fiscales. 
Finalmente, la Estrategia de Lisboa, sobre la que hemos votado hoy, es una estrategia para la gobernanza, el crecimiento económico y, sobre todo, la creación de empleo, que es la mejor herramienta para abordar la pobreza, la discriminación social y el aislamiento. 
Así aseguraremos que en Europa podamos conseguir el nivel más elevado de puestos de trabajo, formación y, sobre todo, protección social para todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención del Consejo sobre el hecho de que las medidas brutales que hace unos días tomó la policía turca en contra de los manifestantes ha resultado en protestas bastante justificadas en toda Europa e incluso –o quizá debería decir por fin– se le ha preguntado más abiertamente si un país como Turquía debería ser un Estado miembro o un país candidato a la Unión Europea. 
Por supuesto, esto resulta raro, porque hace ya hace tiempo que sabemos que Turquía adopta un enfoque bastante relajado en materia de derechos humanos, y que durante muchos años ha aplicado una política de genocidio en contra de las minorías étnicas y las comunidades no islámicas. 
Creo que los incidentes de hace unos días exigen que volvamos a estudiar toda la cuestión de Turquía. 
Hay razones suficientes para ello. 
Señor Vanhecke, le pido que se limite al tema de nuestro debate. 
Señor Presidente, creo que tengo derecho, como diputado a esta Cámara, a llamar la atención del Consejo sobre cualquier tema que desee, y no corresponde al Presidente preocuparse del contenido de las intervenciones de los diputados. 
0Realmente creo que existen razones suficientes para incluir esta cuestión en el orden del día. 
Quiero repetir que Turquía no es un país europeo desde un punto de vista político, cultural, económico o histórico, y ni siquiera he mencionado el problema del islam, si bien nadie negará que la posible adhesión de un país de 70 a 100 millones de islamistas amenaza con cambiar de manera fundamental la naturaleza de nuestra sociedad. 
Insto al Consejo a que vuelva a examinar la cuestión de Turquía de inmediato, y también por razones internas y democráticas. 
Creo que la forma en que en los últimos meses se ha impedido el debate sobre la adhesión de Turquía y la forma en que se ha evitado el veredicto de los votantes y los ciudadanos en todos los países europeos es totalitaria y antidemocrática. 
Nuestros ciudadanos son suficientemente inteligentes para decidir por sí mismos sobre la adhesión de Turquía en un referéndum. 
Todo aquel que les niegue y nos niegue el derecho, y por supuesto, todo aquel que nos niegue en esta Cámara el derecho a dirigirnos al Consejo en cualquier momento para abordar este problema fundamental, causa un perjuicio a la Unión Europea y nos acerca un poco más a un régimen europeo totalitario, algo que no podemos tolerar bajo ningún concepto. 
El Consejo tiene el deber de debatir esta cuestión como un asunto de alta prioridad. 
Señor Vanhecke, lamento decir que, a pesar de mi petición, lo que usted ha dicho no guarda relación con el tema de nuestro debate. 
Sin embargo, le doy las gracias por su intervención. 
Señor Presidente, coincido con el diagnóstico que ha hecho el Presidente de la Comisión. 
Creo que Europa está, en este momento, en una encrucijada. 
Europa puede entrar en crisis si no se ratifica el Tratado Constitucional, ahora mismo o dentro de unos años, si somos incapaces de definir un poder europeo que afirme nuestra identidad política y económica en el exterior. 
Eso es lo que tenemos que hacer ahora y va a coincidir con el mandato de esta Comisión y con el mandato de este Parlamento. 
Y para hacerlo, desde un punto de vista económico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, hay una condición necesaria, la estabilidad macroeconómica, y una condición suficiente, acelerar el proceso de reformas de Lisboa, para crear más empleo, ser más productivos, en definitiva, más competitivos, y así acortar las distancias que nos separan de los Estados Unidos y hacer frente a la competencia de los países emergentes. 
De las reformas de Lisboa hemos hablado esta mañana, así que voy a retomar la condición necesaria, el Pacto de la Estabilidad. 
A mi juicio, en esta cuestión, tenemos que ser muy sinceros los unos con los otros. 
Vamos a reformar el Pacto de Estabilidad, no porque este haya perdido su lógica interna, los fundamentos que lo sustentaron, sino, simplemente, porque ha habido demasiados incumplimientos, en su mayoría, por parte de los países grandes. 
Y, si son los países grandes los que nos obligan a reformar el Pacto, habrá que saber qué es lo que están dispuestos a hacer, y lo acabamos de saber. 
Están dispuestos a aceptar que se reforme el aspecto preventivo del Pacto, a hacer esfuerzos en época de bonanza, simplemente porque saben que no habrá poder en el mundo que los obligue a cumplir esas reglas. 
Y, en materia preventiva, quieren, dulcificar, romper las reglas, hasta tal punto que —como ha dicho alguna fuente de la socialdemocracia alemana— no haya reglas en absoluto. 
A este respecto, no hay más que dos soluciones —y solo dos—: o vamos hacia una gobernanza económica, una coordinación económica, un árbitro imparcial incapaz de imponer las acciones, o mantenemos el automatismo. 
No hemos querido avanzar en materia de coordinación económica. 
La Conferencia Intergubernamental deshizo los tímidos pasos que había dado la Convención en materia de coordinación, por lo que estamos como antes. 
Y tampoco queremos mantener el automatismo. 
Todo lo que vamos a hacer en este y en los siguientes Consejos es retroceder. 
El problema es saber hasta qué punto y a qué velocidad. 
Las exenciones otorgadas respecto del cumplimiento de las reglas que nosotros nos hemos dado suponen un debilitamiento, una concesión, del Pacto de Estabilidad. 
De hasta dónde cedan ustedes dependerán nuestra credibilidad futura, nuestra fortaleza económica y, en definitiva, evitar que, en los próximos años, se produzca una crisis económica, como yo he vaticinado. 
Señor Presidente, la próxima cumbre es doblemente interesante desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 
El orden del día incluye la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa y la auditoría anual del programa de desarrollo sostenible. 
Van juntos. 
El crecimiento sostenible y la competitividad no podrán alcanzarse sin los más altos niveles de protección medioambiental y social. 
La revisión intermedia del programa de desarrollo sostenible que se ha llevado a cabo este año tiene que ser testigo de la creación de una estrategia ambiciosa que tenga consecuencias en el futuro. 
Ha de estar directamente unida a la Estrategia de Lisboa y debe servir para guiar los diferentes ámbitos políticos en el seno de la Unión Europea. 
Tenemos que resucitar el espíritu de Cardiff y examinar más de cerca la sostenibilidad de las diferentes políticas de la Unión Europea, confrontando todos aquellos factores que están conduciendo a un desarrollo no sostenible. 
Hay que prestar especial atención a la producción de energía, el transporte, el uso de la tierra y la agricultura. 
Tenemos que tomar medidas nuevas y más ambiciosas para prevenir el cambio climático. 
Hemos de mirar hacia el futuro tras el Protocolo de Kyoto y conseguir objetivos para el año 2020 que podamos mantener y controlar. 
Asimismo, tenemos que poner un precio al desarrollo sostenible. 
Tenemos que calcular el coste de no hacer absolutamente nada. 
Ahora toda la atención está puesta en el coste de las medidas de protección medioambiental. 
La Unión Europea tiene que continuar siendo la organización que lidere la política medioambiental en todo el mundo. 
Una legislación ambiciosa unida al medio adecuado de control financiero también constituye una buena combinación de creación de demanda para la nueva tecnología medioambiental. 
– Señor Presidente, en el referendo sobre la Constitución Europea que ha tenido lugar en el Estado español, los vascos y los catalanes confirmaron claramente que deseamos participar plenamente en Europa. 
En el mapa hispánico, el porcentaje de votos negativos emitidos en Euskadi y Catalunya fue tres veces superior al que hubo en España. 
Europa debe tener en cuenta esta realidad política, sobre todo si el objetivo es construir una Europa más cercana y más fuerte que importe a todos los ciudadanos de Europa. 
Sería muy antidemocrático no contar con las distintas realidades que existen en las naciones sin Estado de Europa. 
No podemos ser tan hipócritas como para exigir pluralidad en Europa y negarla internamente. 
En unos momentos en que varios diputados españoles se han quejado de una supuesta discriminación contra la lengua castellana, al mismo tiempo, Manuel Marín, Presidente del Parlamento español, prohibía a un diputado catalán decir unas palabras en catalán en sus comentarios introductorios. 
No se pueden aplicar criterios distintos en situaciones equivalentes. 
Uno no puede exigir derechos, justicia o diferentes criterios de moralidad cuando está en Europa y, por otra parte, insistir en un planteamiento pragmático basado en la viabilidad financiera cuando está en España o en Italia. 
Si estamos verdaderamente a favor del multilingüismo, si queremos que el castellano se utilice en todas las reuniones de comisión, en las conferencias de prensa, etc., primero debemos ser honestos y salvaguardar los derechos lingüísticos de todos, incluidos los de los catalanes y los vascos, igual que, por ejemplo, los de los galeses y los irlandeses. 
– Señor Presidente, como el Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho hace un momento, el Consejo Europeo de primavera se centrará principalmente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la Estrategia de Lisboa, una estrategia que se considera fracasada y que necesita revisión. 
Necesita que se revise porque hoy el número de desempleados en Europa ha alcanzado los 20 millones, 70 millones de personas están en peligro de pobreza, los salarios pagados a las mujeres son, por término medio, un 16 % más bajos que los salarios pagados a los hombres, y por tanto, no se ha conseguido una convergencia real. 
Desgraciadamente, Lisboa relega las políticas sociales a un segundo plano. 
Con los cambios propuestos en el Pacto de Estabilidad y en la propia Estrategia de Lisboa, esta no puede convertirse en una estrategia a favor de las clases trabajadoras. 
Es una paradoja y es absurdo que por una parte hablemos de crear la economía más productiva del planeta y que, por otra, queramos reducciones en los presupuestos, y por consiguiente, una cohesión menor. 
Únicamente mediante una serie de medidas radicales que incluyan también un aumento de los recursos para el crecimiento social, la Estrategia de Lisboa podrá convertirse en una estrategia más a favor de las clases trabajadoras. 
– Señor Presidente, antes de pasar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, quiero hacer uno o dos comentarios sobre la situación financiera en general. 
Me decepciona un poco ver que el señor Barroso, Presidente de la Comisión, parece haber desaparecido, porque va a escuchar un comentario de un representante del Reino Unido, que es el segundo mayor contribuyente a los fondos de la Unión Europea. 
A cambio hemos recibido unos 105 000 millones de libras en forma de subvenciones de un tipo u otro. 
Bien, creemos que muy pronto habrá elecciones generales en el Reino Unido, y creo que los votantes van a querer saber qué ha ocurrido con los 75 000 millones de libras que faltan de nuestras contribuciones. 
¿Va a haber una respuesta de nuestro actual Primer Ministro o del Ministro de Hacienda? 
¿Habrá una respuesta de esta Cámara? 
Cuando les recordemos que el Tribunal de Cuentas Europeo se ha negado, por décimo año consecutivo, a firmar los libros porque faltan miles de millones de libras, podrían muy buen sumar dos y dos y suponer qué ha ocurrido con nuestros 75 000 millones. 
¿Tenemos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento o no? 
El Primer Ministro de Luxemburgo, el señor Juncker, dijo hace poco a unos periodistas de Bruselas: «Empiezo a pensar seriamente en la opción de no cambiar nada del Pacto». 
Y añadió: «No excluimos la opción de dejar el Pacto como está; esto es ahora una posibilidad definida. 
No tengo la intención de reemplazar un Pacto que funciona mal por otro que dé la impresión de marchar bien pero que después fallará.» 
Antes había dicho que el Pacto estaba muerto. 
¿Qué ocurre, pues, con este Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
¿No es ridículo que países que arrastran un déficit de más del 3 % sean multados con enormes sumas de dinero, agravando así su situación? 
Por supuesto que el Pacto de Estabilidad es un error. 
¡Es inútil! 
¡Tirémoslo a la basura! 
– Señor Presidente, Señorías, el próximo Consejo Europeo va a abordar reformas cruciales para el futuro de la Unión Europea, incluida la reforma del Pacto de Estabilidad. 
De hecho, pasamos de noticias generales sobre unos posibles diecinueve puntos para que el pacto sea más flexible a la posibilidad de dejar el pacto sin cambios. 
En este sentido, todo lo que queda es lamentar la oportunidad que el Parlamento ha dejado perder al no querer que esta Cámara entre directamente en el debate sobre cómo reformar el pacto. 
El Presidente del Parlamento, así como los principales Grupos políticos, tienen la culpa de ello. 
Parece que estamos alcanzado un posible compromiso, como de costumbre, caracterizado por las maniobras políticas y los actos de equilibrio políticos. 
Esto no es lo que Europa necesita justo ahora. 
En vez de ello, necesita enfoques más audaces y pragmáticos para los principales objetivos para la revitalización de la economía, es decir para la inversión en investigación, la innovación, la competitividad, las infraestructuras y las reformas estructurales. 
Es por este motivo por el que hago hincapié en que estoy perplejo por el rechazo de la Comisión y de la Presidencia luxemburguesa a considerar la aplicación de la denominada regla de oro, que hubiera podido hacer mucho para impulsar el crecimiento de nuestra economía. 
Ante todo, debemos a la generación más joven contraer un compromiso más práctico para el futuro de nuestra economía. 
En este sentido, necesitamos un Pacto legítimo para los jóvenes. 
Los jóvenes necesitan poder mirar hacia un futuro de estabilidad, seguridad y cohesión social, gracias a medidas que les ayuden a incorporarse en la población activa y tener acceso a los créditos, así como a medidas dirigidas al derecho de un hogar y una familia. 
Para concluir, creo que es necesario que la Unión Europea contraiga un fuerte compromiso para garantizar oportunidades eficientes para las generaciones más jóvenes de Europa. 
Esto es lo que pedimos y esto es lo que los jóvenes ante todo están esperando. 
Señor Presidente, en este momento no resulta difícil solidarizarse con la Comisión y el Consejo mientras intentan encontrar una solución sensata al problema del Pacto de Estabilidad. 
Se han convertido en víctimas del propio castigo de la UE y del cautiverio autoimpuesto. 
Este Pacto de Estabilidad se hizo realidad por razones muy transparentes, especialmente en el caso de Alemania, que posteriormente resultó ser el país que mayores problemas tuvo con él. 
Pienso que una de las lecciones que deberíamos aprender para el futuro es que no hay que precipitarse con estas cosas, porque ahora el daño es mayor que el anterior beneficio a corto plazo. 
En conjunto, es un desastre total que ha precipitado otra crisis de confianza en Europa. 
Por el bien de los jóvenes y de todos aquellos que todavía creen en Europa con cierta euforia, espero de corazón que puedan deshacer este particular nudo gordiano. 
Será muy difícil, porque se ha perdido mucha confianza, y era esa confianza la que el Pacto de Estabilidad pretendía crear en un principio. 
Así que, muy seriamente, les deseo todo el éxito posible en el próximo Consejo y que puedan conseguir en él quitar este escollo del camino de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, en el Consejo de Primavera predominará sin duda la revisión intermedia de la Agenda de Lisboa. 
Es un tema del que he hablado en varias ocasiones estas últimas semanas, y un tema que debería ocupar un lugar central en la agenda europea para los próximos años. 
Solamente quiero insistir en el apoyo de los Demócratas Europeos a una acción enérgica para revitalizar esa Agenda. 
Queremos ver un compromiso más fuerte por parte de los Gobiernos nacionales con una reforma económica real y duradera. 
El Presidente de la Comisión tiene todo nuestro apoyo para una Europa emprendedora, comprometida con el crecimiento y la prosperidad. 
Pero también quiero dejar claro que nos preocupan algunos acontecimientos recientes y resaltar la necesidad de que el Presidente Barroso no rebaje su defensa de la liberalización del mercado de la UE socavando la Directiva de servicios, que es parte fundamental de la Agenda de Lisboa que él mismo ha redefinido hace muy poco tiempo. 
También tenemos la Directiva sobre el tiempo de trabajo: me parece extraordinario que todavía haya políticos y Gobiernos que consideren que la igualdad de condiciones es que todos los Estados miembros de la UE sean igual de poco competitivos. 
Para nuestra visión de Europa es fundamental que, en la medida de lo posible, empresarios y trabajadores decidan sobre sus propias condiciones y jornadas de trabajo, y no que los Gobiernos o la UE decidan por ellos. 
Va en contra del espíritu de liberalización económica y flexibilidad en el que tantos de nosotros creemos. 
El Consejo considerará también otros asuntos, como la situación internacional. 
Quiero comentar un aspecto de esta cuestión: la revitalización de la alianza transatlántica. 
La visita del Presidente de los Estados Unidos a Europa el mes pasado anunció un nuevo capítulo en la historia de la asociación geopolítica más importante del mundo. 
Ahora existen perspectivas reales de relanzar esta relación, que es esencial para la seguridad mundial. 
Algunos comentarios recientes, como los del Canciller alemán, revisten gran importancia y deben tomarse muy en serio. 
Su implicación de que la OTAN ya no era un medio preeminente para la defensa militar es un tema que creo que debe examinarse más a fondo y que me preocupa. 
Si Europa quiere ser un socio serio junto con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y la expansión de las armas de destrucción masiva, tiene que trabajar muy de cerca con nuestros amigos estadounidenses. 
Señor Presidente, yo también quiero hacer un comentario sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque es lamentable que el Consejo Ecofin no pudiera alcanzar un acuerdo en torno a dicho pacto a principios de esta semana. 
Espero y confío en que el señor Juncker, que asistirá a esta reunión extraordinaria de Ecofin y a la cumbre, pueda seguir realizando su trabajo. 
De hecho, me apena que la reforma del Pacto se esté convirtiendo en un Me temo que se reducirá al habitual toma y daca entre los Estados miembros, especialmente los grandes, algo que hemos experimentado con demasiada frecuencia en el pasado. 
Es hora de que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno muestren una visión y un liderazgo verdaderos. 
Mi Grupo se ha manifestado muchas veces a favor de una reforma del pacto, que ocasionaría crecimiento sin arriesgar la estabilidad del euro, por lo que pienso que sería útil realizar una evaluación de calidad del gasto presupuestario de los Estados miembros. 
Dicha cuestión se ha planteado esta mañana en el debate de la Estrategia de Lisboa. 
En Europa se invierte demasiado poco en la educación y la investigación que permitirán convertirla en la economía competitiva basada en el conocimiento a la que aspiramos desesperadamente. 
El pacto no debe obstaculizar esas iniciativas. 
En el sector industrial, las empresas quedarían fuera de la carrera si dejaran de invertir en el futuro. 
No obstante, debo añadir que en la industria las inversiones no se amortizan en un año. 
Entonces, ¿por qué hacemos esto en el pacto? 
¿Qué nos impide solicitar también un período de amortización más largo para las inversiones de Lisboa? 
Eso implicaría un cambio en su contenido que crearía espacio sin poner en peligro la disciplina. 
Otro cambio necesario es que empecemos a pensar más en términos europeos. 
Es totalmente aceptable que la influencia gubernamental afecte a la economía, siempre que se haga en el ámbito europeo en lugar del nacional. 
Parece que los dirigentes reunidos en la cumbre quieren sobre todo crear un catálogo de excusas que les ayuden a eludir la disciplina y que puedan utilizar para todas las políticas posibles. 
Mi Grupo está a favor de reforzar el papel de la Comisión y considera que las reglas del juego y las evaluaciones deben establecerse conjuntamente desde una perspectiva europea. 
– Señor Presidente, quisiera preguntar al Consejo qué ha ocurrido con Gotemburgo y qué queda de Gotemburgo, porque en mi opinión la respuesta es que queda muy poca cosa. 
Si el Consejo cumpliera sus compromisos, no buscaría, como ha hecho esta mañana y también esta tarde, un nuevo impulso para disipar el europesimismo, porque Gotemburgo abrió la vía y devolvió la esperanza al proponer que cada año, en primavera, se celebrara una cumbre especial para medir los progresos del desarrollo sostenible; la señora Wallström sabe a qué me refiero. 
¿Qué han hecho del entusiasmo surgido de Gotemburgo para hacer frente a las nuevas amenazas, a los desafíos que inquietan a nuestros conciudadanos? 
¿Cuáles son sus proyectos innovadores, preceptivos y concretos para luchar contra el cambio climático, para frenar la degradación de la biodiversidad? 
En cuatro años, ¿qué progresos se han realizado y dónde está la armonización social? 
¿Dónde están los servicios públicos europeos? 
A fin de cuentas, me parece que han distorsionado ustedes la finalidad de las cumbres de primavera, que debían responder a todas estas cuestiones y reorientar paulatinamente las políticas. 
¡Y ahora piden una carta sobre los nuevos criterios! 
Pero, señor Presidente, ya existen esos criterios y usted los ha barrido de un manotazo, quizás por ser demasiado restrictivos, demasiado molestos. 
El criterio de la biodiversidad, por ejemplo, ¿está durmiendo en el fondo de un cajón de la Comisión? 
No hay ninguna necesidad, señor Presidente, de reinventar la rueda cada día. 
Vuelva al espíritu de Gotemburgo, sitúe de nuevo en el centro de las cumbres de primavera ese proyecto innovador que nuestros conciudadanos esperan desde hace tiempo y que sacará a Europa de su estado de estancamiento. 
– Señor Presidente, la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa no establece objetivos nuevos; los reposiciona para poder ser más competitiva frente a los Estados Unidos. 
Solicita una cooperación más estrecha, la coordinación entre Gobiernos y su vigilancia para evitar los retrasos ocasionados por su oposición. 
Por consiguiente, en el Consejo de primavera se avecinan nuevas tormentas contra los ingresos y otros logros de las clases trabajadoras. 
Esto lo garantiza el resultado final de la aplicación de la Estrategia de Lisboa en los primeros cinco años, con un aumento de la pobreza, del desempleo, de las desigualdades, de la inseguridad para los trabajadores y de la riqueza de la oligarquía. 
Los dirigentes políticos de los Estados miembros decidirán actuar con mayor determinación y rapidez para flexibilizar más las relaciones industriales y recortar los ingresos y derechos de los trabajadores, con un nuevo sistema de seguros, con la plena liberalización del mercado y con privatizaciones en todos los sectores. 
Al mismo tiempo, tomarán decisiones que agilizarán la presencia política y militar de la Unión Europea en más países y sellarán el frente común de los Estados Unidos y la Unión Europea en la guerra contra los pueblos. 
Estas son medidas que recortan los derechos sociales y laborales para aumentar la rentabilidad del capital europeo. 
Así son las condiciones de trabajo medievales que están preparando; así es la política de la Unión Europea y de sus partidos. 
Les están pidiendo a los trabajadores que hagan sacrificios que empeorarán sus vidas. 
No obstante, también existen sacrificios con perspectivas de una vida mejor, y con ello me refiero a la lucha organizada en contra de la barbarie y la explotación de la Unión Europea y de sus Gobiernos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, tal como ya se ha dicho, el próximo Consejo Europeo de primavera tiene dos temas principales: la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la revisión de la Estrategia de Lisboa. 
Si se mira más allá de los compromisos actuales, las hipocresías inevitables y las maniobras tácticas tediosas entre aquellos que quieren rigor y aquellos que quieren flexibilidad, entre saltamontes y hormigas, la esencia del debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sigue siendo la regla de oro, o cómo introducir flexibilidad dignamente en las normas presupuestarias, sin tener que recurrir a medios oportunistas o ingeniosos. 
El compromiso que está emergiendo parece ser útil, pero no va a resolver nada. 
Una regla dorada aplicada hará poca cosa para el desarrollo, mientras que puede hacernos perder la credibilidad y la reputación. 
Una clara estrategia del gasto basado en el déficit sobre objetivos a escala europea sería más útil, pero todavía no estamos lo suficientemente desarrollados para este tipo de elección. 
Lo mismo se puede decir de la revisión de la Estrategia de Lisboa. 
La redefinición de los objetivos será de escasa utilidad si el juego de herramientas todavía consiste en subsidiariedad, coordinación abierta, presión ejercida por el grupo paritario y persuasión moral, en particular durante un periodo de depresión. 
Lo que se necesita son instrumentos de acción directa, como pueden ser los planes de acción europeos, pero tampoco estamos aún lo bastante maduros para ellos. 
Creo, por lo tanto, que necesitamos madurez para tener más Europa, es decir para poder decidir de una vez por todas qué tipo de constitución económica queremos para nuestra Europa, por encima de nuestros intereses nacionales egoístas. 
Los desafíos de la mundialización ya no nos dejan realmente mucho tiempo. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el punto muerto que se ha creado en los últimos días acerca de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento demuestra que tenemos que aprender cómo gestionar la flexibilidad. 
La larga lista de excepciones importantes elaborada por la Presidencia luxemburguesa, que permitiría que la cifra de referencia del déficit se sobrepasara temporalmente, es obvio que ha abierto la caja de Pandora de peticiones nacionales. 
0Si continuamos de esta manera, nada se conseguirá y nos resignaremos a mantener el pacto tal como está, como algo más o menos que no tiene ningún sentido. 
En vez de ello, necesitamos seguir el camino evidente de tener una única excepción importante, permitiendo la posibilidad de derogación solo para iniciativas europeas precisas y limitadas a los ámbitos de formación, investigación y las principales redes de infraestructuras físicas e inmateriales. 
Por lo tanto, necesitamos relacionar toda flexibilidad del pacto con el valor añadido europeo real mediante la inversión. 
0La experiencia de los últimos días también nos enseña que es necesario coordinar adecuadamente las políticas económicas de la Unión. 
Sin embargo, tengo la impresión de que los Gobiernos de los Estados miembros están adoptando una estrategia de debilitar lenta y amablemente el papel de la Comisión. 
Es probable que también podamos ver esto durante el debate sobre las perspectivas financieras de junio, cuando no es difícil prever un nuevo ataque a la credibilidad del aspecto comunitario de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, deseo mucho éxito al Consejo de Europa en su revisión de la Estrategia de Lisboa. 
Es preciso un esfuerzo decisivo para fomentar la competitividad no solo a través de buenos programas, sino también con verdaderas actividades económicas, porque solo con más crecimiento obtendremos un desarrollo sostenible y más puestos de trabajo. 
También necesitamos mejorar la credibilidad de esta Unión para los empresarios, así como para los ciudadanos en general. 
No solo los Gobiernos, sino también esos ciudadanos deben estar motivados para contribuir activamente en la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Una solución es abrir el mercado de servicios de la UE. 
Si realmente queremos mejorar la eficiencia y la motivación, debemos abrirlo sin más demora. 
Esta podría ser una de las reformas más importantes y productivas de esta organización. 
En cambio, diluir la Directiva de Servicios podría representar un duro golpe para los principios de igualdad y solidaridad. 
Hoy se ha dicho en esta Cámara que no tiene sentido que exista la libre circulación de mercancías y capitales sin una libre circulación de servicios. 
En este contexto, el principio de país de origen debe considerarse una parte inseparable de la directiva. 
Realmente espero que la nueva Comisión no rebaje su postura sobre la liberalización del mercado europeo. 
En vez de librar batallas para conservar el status quo actual de desigualdad, deberíamos concentrarnos en los beneficios que la libre competencia aportaría para todos, tanto para los viejos Estados miembros como para los nuevos, ¡y es evidente que habría beneficios! 
Espero que el Consejo Europeo demuestre también suficiente voluntad política para hacer que nuestros ciudadanos crean que los Estados miembros se toman en serio la creación de condiciones favorables para un crecimiento dinámico. 
Será también una prueba de la solidaridad en la UE. 
– Quiero contribuir a este debate como diputada que representa a un país recién adherido y para el cual la cuestión de una Europa social reviste una importancia especial. 
Todos sabemos la gran diferencia que existe en el nivel de vida de los Estados miembros antiguos y los recién adheridos. 
También sabemos que esa diferencia es inaceptable y que debemos esforzarnos en eliminarla. 
Entre otras cosas, la Estrategia de Lisboa fue para nosotros uno de los documentos con directrices más importantes en el momento de la adhesión.0 0Nos parecía enormemente atractiva la pertenencia a una Europa capaz de ponerse como objetivos el aumento de la competencia económica, la creación de empleo y, al mismo tiempo, la propagación de los valores de una Europa social en toda Europa.0 
Las opiniones que otorgan prioridad a una mayor competencia económica, pero restan importancia a las dimensiones sociales, no son aceptables para los Estados miembros de reciente adhesión, donde más de un tercio de la población vive en la pobreza. 
Es verdad que el mejor modo de luchar contra la pobreza es promover la competencia económica y la creación de empleo, pero eso debe ir estrechamente vinculado a la cohesión social, a la educación, a la investigación y al desarrollo y a la protección del medio ambiente. 
Las cuestiones sociales se encuentran entre las responsabilidades de los Estados miembros, pero es fundamental que exista una coordinación adecuada entre las instituciones a escala de la Unión. 
No podemos aceptar que vivimos en unas economías de mercado brutales; debemos esforzarnos por crear una Europa con sensibilidad social. 
Es verdad que el Consejo Europeo se centrará en la Estrategia de Lisboa y en el Pacto de Estabilidad. 
Pero admitamos que en el contexto de este debate también está también la cuestión de las perspectivas financieras vinculada a Lisboa y al Pacto de Estabilidad, porque al fin y al cabo son los recursos financieros con los que contará la Unión Europea en los próximos años los que determinarán si podemos, y hasta qué punto, poner en práctica la visión de Europa a la que se ha referido el señor Barroso. 
Aquí es cuando tenemos que recordar que los nuevos Estados miembros tienen todavía un nivel de vida bajo si los comparamos con la media europea, a pesar de lo cual se espera de ellos que apliquen las reformas exigidas por la Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad. 
Debemos tener también en cuenta que los nuevos países están experimentando cierto grado de cansancio, cierta fatiga como resultado del continuo proceso de reforma. 
Basta decir que llevan varios años de reformas, primero para preparar su adhesión a la Unión Europea, y ahora que se han adherido, vuelven a enfrentarse a más reformas, esta vez de naturaleza más presupuestaria y fiscal, para preparar la introducción del euro. 
Por si esto no fuera suficiente, ahora tenemos las reformas exigidas por la estrategia de reforma, que equivale a un proceso de reforma interminable. 
0Esto no quiere decir que el proceso de reforma tenga que detenerse. 
Nada más lejos de la realidad. 
No obstante, es necesario que los nuevos países sientan que no se les está dejando solos en este camino; al contrario, deben sentir que hay alguien que les ayuda. 
Eso es justamente lo que la política de cohesión de la Unión Europea podría hacer, y por eso los recursos financieros que tendrá la Unión Europa en los próximos años determinarán si realmente queremos que los nuevos Estados miembros se integren; si realmente queremos que adopten el euro, que aumenten su desarrollo económico y la creación de empleo, tal como la Estrategia de Lisboa nos dice que hagamos. 
Como el propio señor Barroso ha dicho, «no se puede tener más Europa con menos dinero». 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a cualquier alemán en esta Cámara le resultará especialmente difícil hablar del próximo Consejo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque saben lo duro que fue para los alemanes abandonar el marco alemán. 
El único modo de convencer a los ciudadanos alemanes para abandonar el marco alemán fue con la promesa explícita de que habría un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se basaría en la tradición del marco alemán y mantendría la estabilidad de la divisa a largo plazo. 
Sin duda, resulta especialmente problemático cuando, de todos los Estados miembros, son los más grandes, como Alemania y Francia, los que, habiendo obligado a los países más pequeños – incluidos los del sur de Europa – a aceptar este Pacto, lo violan, incumpliendo sus normas e incluso modificándolo cuando tienen dificultades. 
Por ese motivo, no puedo más que animar a la Presidencia de Luxemburgo a que se mantenga en sus trece en la cumbre, e insto a los demás miembros del Consejo a que hagan lo mismo. 
La modificación del Pacto es una posibilidad que, desde luego, debemos considerar; en esta Cámara hemos escuchado argumentos importantes sobre cómo puede aplicarse de distintas maneras en distintos momentos. 
No obstante, la peor opción es modificar el pacto precisamente cuando uno mismo ha incumplido las normas y ha salido impune, por lo que la lista de 16 puntos que el señor Juncker ha presentado es el modo correcto de proceder en cuanto a la reforma del mismo. 
Nuestra posición respecto a esta cuestión es que debe reforzarse el papel de la Comisión, y que esta debe seguir interviniendo. 
Por lo que respecta al Pacto de Estabilidad, no pueden ser los Estados miembros los que decidan cuándo y dónde se aplican normas especiales. 
Lo que el Consejo Europeo debe tener en cuenta cuando llegue a sus conclusiones el 22 y 23 de marzo, es la necesidad de reforzar la posición de la Comisión y la posibilidad de debatir una serie de cambios. 
Puesto que este Consejo se va a reunir en una situación internacional especial, permítanme añadir el comentario final de que, en Oriente Próximo, entre nuestros vecinos mediterráneos, están cambiando muchas cosas. 
Allí también es importante que nos alineemos con los demócratas y defendamos los derechos humanos. 
Por ese motivo, me gustaría que este Consejo –en contraste con lo que en esta Cámara le hemos oído decir hasta ahora– enviara con sus votos un claro mensaje sobre las actividades de los terroristas, de Hezbolá y de todo lo relativo a ellos. 
. Señor Presidente, creo que el debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha demostrado que existe una verdadera necesidad de actuar. 
Me han impresionado en especial los comentarios del último orador, que nos ha transmitido un mensaje alentador. 
Sería muy grave que la Unión Europea, en un tema como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se dividiera, por ejemplo, entre antiguos y nuevos miembros. 
Creo que sería muy peligroso. 
Debemos abordar la reforma del Pacto de Estabilidad con un espíritu que sea también un espíritu de solidaridad. 
Pienso que cualquier división sería enormemente perniciosa y peligrosa. 
Por otra parte, me gustaría retomar una idea que ha mencionado en particular el último orador, y que es la importancia del aspecto institucional. 
No hay que debilitar a la Comisión o el papel de la Comisión en la gestión del Pacto de Estabilidad y la Presidencia descarta toda posibilidad de retirar de algún modo a la Comisión de su función en el terreno de la vigilancia presupuestaria. 
Por tanto, este aspecto parece muy importante. 
Las propuestas de la Presidencia, sobre las cuales todavía no se ha llegado a un acuerdo, tienden evidentemente a introducir más flexibilidad, porque en alguna parte hace falta más flexibilidad. 
Pero, al mismo tiempo, quieren crear un marco más preciso para permitir justamente evaluar el déficit. 
Ahora bien, no todos los déficit son iguales. 
Creo que estamos suficientemente al corriente de las reglas y leyes económicas para saber que dos déficit no son forzosamente de la misma naturaleza. 
Un déficit provocado por los gastos de consumo no debe ponerse exactamente en el mismo plano que un déficit derivado de inversiones productivas, de inversiones de futuro. 
Por tanto, creo que este es el marco que la Presidencia quiere crear para permitir una evaluación más precisa, evitando todo riesgo de arbitrariedad. 
Después, creo el Pacto debe estar más estrechamente relacionado con los ciclos coyunturales y que aun así habría que poder modificar un instrumento de política económica a la luz de la experiencia. 
Es preciso que las normas adoptadas superen la prueba de la realidad. 
Y cuando se sometan a la prueba de la realidad, habrá que constatar, en su caso, que quizá las normas no sean las más adecuadas. 
La adaptación del Pacto no significa que vamos a permitir que aumenten los déficit en el futuro. 
Se equivocan quienes piensan que podríamos dejar que los déficit corrieran desbocados sin acarrear consecuencias, puesto que unos déficit en crecimiento descontrolado serían castigados muy rápidamente en forma de aumento de los tipos de interés, lo que repercutiría en las inversiones que Europa necesita con urgencia. 
También hemos debatido a fondo esta mañana la Estrategia de Lisboa, que es precisamente una estrategia centrada, entre otras cosas, en las inversiones. 
Está claro, por tanto, que no se puede preconizar, por una parte, una estrategia centrada en las inversiones y, por otra, favorecer todo lo que conduzca a un aumento de los tipos de interés, que desincentiva esas mismas inversiones. 
Creo que lo que queremos son unas normas que todos cumplan, que puedan ser respetadas por todos, y para que todos las cumplan hay que tener en cuenta ciertas realidades económicas y políticas. 
Sin querer referirme a un país en concreto, aunque ya se ha citado a uno, hay que reconocer que algunos países han conocido acontecimientos bastante excepcionales y no sería aceptable que esos acontecimientos excepcionales no se tuvieran en cuenta hasta cierto punto. 
Por lo que se refiere al desarrollo sostenible, puedo decir a la señora Isler-Béguin que hemos insistido mucho en mantener la dimensión medioambiental en la Estrategia de Lisboa, y no solo en mantenerla, sino en integrarla verdaderamente en todas las políticas habidas y por haber. 
El desarrollo sostenible no es un simple apéndice adosado. Es algo que debe inspirar efectivamente toda la gama de políticas, que deberán evaluarse aplicando el criterio del desarrollo sostenible. 
Creo, por tanto, que la Presidencia no quiere dejar Gotemburgo de lado ni condenarlo al olvido. 
Seguimos considerando la estrategia de desarrollo sostenible plenamente válida. 
Recomendamos un enfoque horizontal de toda política medioambiental, como ya prevé el Tratado y el proyecto de Constitución. 
A este respecto, pensamos que una carta puede ser útil porque nos daría una serie de principios rectores que deberán respetarse al poner en práctica de las distintas políticas. 
Por último, por lo que respecta a Kyoto, la Presidencia tiene un gran interés en desarrollar la continuación de Kyoto y, si existe una dimensión del desarrollo sostenible, creo que se basa en particular en este aspecto, a saber, preparar la continuación de Kyoto. 
A este respecto, la Presidencia desea que la Unión Europea tome la delantera y se sitúe a la cabeza del progreso, desempeñando un papel clave en la defensa del planeta. 
. Señor Presidente, deseo agradecer a todos los diputados al Parlamento Europeo sus valiosas contribuciones a este debate y también sus ideas concretas. 
Este debate ha demostrado que necesitamos un enfoque coherente. 
Debemos garantizar que las políticas sobre el Pacto de Estabilidad, la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de Desarrollo Sostenible vayan de la mano. 
En el debate de esta mañana sobre la Estrategia de Lisboa, sus Señorías también han apuntado que las propuestas concretas que hemos debatido durante cierto tiempo deben mantener este equilibrio. 
Haremos todo esto al estilo europeo, que consiste en garantizar que el crecimiento y la creación de empleo no se produzcan a expensas de sobreexplotar los recursos naturales o de la política social. 
Tenemos que garantizar que nuestras políticas incluyan estos tres elementos y que estos se refuercen mutuamente. 
El cambio climático es un ejemplo, ya que no es solo una cuestión ambiental, sino que también tiene enormes consecuencias económicas y sociales, por lo que nuestras políticas han de concebirse en consecuencia. 
Esto es precisamente lo que significa la incorporación de la dimensión del desarrollo sostenible. 
Además, afecta también al futuro y al resto del mundo. 
Quiero agradecer a todos quienes han planteado cuestiones relativas a la Estrategia de Lisboa y garantizarles que la Comisión tomará debida nota de todas estas cuestiones. 
El señor Bonde ha sido la única persona que ha dicho sentirse muy feliz. 
Me alegro de que se sienta feliz, porque sus comentarios han versado sobre la apertura y la transparencia, conceptos que para mí también significan mucho. 
Quiero recordarle que hemos aumentado la transparencia con respecto a los grupos de expertos en el contexto de las negociaciones sobre el acuerdo marco. 
Existe un nuevo artículo sobre grupos de expertos y se facilitará una lista de los mismos, su composición, actividades, planes y documentos. 
Esto es importante. 
Por desgracia, mientras algunos miembros de ese Grupo formulan preguntas difíciles, no se han quedado el tiempo suficiente para escuchar las respuestas con respecto, por ejemplo, al Pacto de Estabilidad, que es otra cuestión importante. 
A veces parece que perdemos de vista lo que se ha logrado a través del Pacto de Estabilidad. 
Hace unos pocos años la situación económica de Europa era totalmente diferente. 
El Pacto nos ha ayudado a restablecer la estabilidad financiera en Europa y nos ha permitido cooperar en lugar de lanzar nuestras monedas una contra otra. 
Esto es importante que no hay que olvidarlo. 
Al mismo tiempo, si estamos dispuestos a aumentar la flexibilidad de nuestras normas, también tenemos que adoptar medidas para mejorar la calidad de nuestra cooperación a escala de la Unión Europea. 
El euro ha acercado más nuestras economías, y las políticas económicas nacionales se han convertido en una preocupación común. 
Si queremos mantener un sistema de vigilancia fiscal coherente, entonces tenemos que fortalecer nuestras estructuras institucionales e incentivar más la cooperación y aplicar buenas políticas fiscales en Europa. 
La Comisión seguirá colaborando de forma constructiva con la Presidencia luxemburguesa a fin de garantizar que se puedan efectuar los cambios necesarios, modernizar y aprovechar los avances conseguidos para reforzar nuestras demás políticas. 
Gracias por las contribuciones al debate sobre el Pacto de Estabilidad, que según la Comisión no es preciso volver a escribir, sino interpretarlo de forma que se garantice su eficacia y credibilidad. 
La Comisión examinará los detalles de la elaboración de una carta para el desarrollo sostenible, que debe incluir políticas y acciones muy concretas. 
De hecho, nada de lo que se ha dicho sobre el Pacto de Estabilidad, la Estrategia de Lisboa o el desarrollo sostenible conducirá a ninguna parte a menos que empecemos a adoptar medidas. 
El desafío en general para nosotros es un desafío de aplicación: mantener el consenso, garantizar el mejor uso de la gobernanza y garantizar la ayuda a los ciudadanos europeos a lo que estamos haciendo. 
Estas tres cuestiones deben guiarnos a la hora de garantizar una cumbre fructífera y, esperemos, una aplicación efectiva de lo que se ha debatido hoy. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a los profesionales de la sanidad detenidos en Libia. 
. Señor Presidente, por lo que respecta a los profesionales de la sanidad detenidos en Libia, el Consejo está muy preocupado por la seguridad de las cinco enfermeras búlgaras y del médico palestino condenados a muerte el 6 de mayo de 2004. 
En los últimos años, el Consejo ha seguido atentamente su juicio y ha intervenido en varias ocasiones ante las autoridades libias, en el más alto nivel, para reclamar, en particular, un juicio justo y equitativo, especialmente a la vista del hecho de que los profesores Montanier y Collezzi, en su informe final sobre la infección por el virus VIH en el hospital de Bengasi, concluyeron que las cinco enfermeras y el médico eran inocentes. 
En todas sus acciones, el Consejo ha actuado siempre en estrecha coordinación con las autoridades búlgaras y ha contado con el apoyo de otros socios internacionales. 
Bulgaria ha expresado su gratitud a la Unión Europea por lo que ha hecho. 
Ayer me reuní con el Ministro búlgaro de Asuntos Exteriores para abordar una vez más esta cuestión. 
Bulgaria puede contar también en el futuro con la ayuda del Consejo para buscar un desenlace positivo de este asunto. 
A este fin, la Comisión se ha unido al Consejo para que la Unión Europea pueda actuar en perfecta coordinación. 
Al margen de la cuestión de la responsabilidad por la contaminación en el hospital de Bengasi, debemos constatar que esta cuestión ha provocado una gran conmoción, muy especialmente entre las familias de las víctimas, pero también en la población en general. 
Por ello, el Consejo ha expresado su profunda simpatía por las personas infectadas por el virus en el hospital de Bengasi. 
Se ha declarado dispuesto a testimoniar su solidaridad con un acto humanitario a su favor. 
Así, en estos momentos se está llevando a cabo un plan de acción elaborado por la Comisión. 
El Consejo espera ahora un gesto por parte de Libia. 
En su reunión del 11 de octubre de 2004, el Consejo pidió a Libia que diera una respuesta favorable a la política de compromiso propuesta por la Unión Europea. 
En este contexto, insistió en que Libia respondiera a las preocupaciones de la Unión Europea, en particular en el asunto del personal sanitario búlgaro y palestino. 
El Consejo considera que una revisión de las pruebas llevará a Libia a concluir que una rápida liberación de las cinco enfermeras búlgaras y del médico palestino serviría a la causa de la justicia. 
La Presidencia garantiza al Parlamento Europeo que el Consejo seguirá dando alta prioridad a este asunto y que hará todo lo posible, en estrecha coordinación con las autoridades búlgaras, pero respetando los derechos de las autoridades afectadas, para llegar al único desenlace positivo posible de este asunto, a saber, la liberación de las personas condenadas. 
Señor Presidente, gracias por esta oportunidad de debatir la difícil cuestión de los profesionales de la sanidad detenidos en Libia, que de hecho ensombrece las relaciones internacionales con ese país. 
A fin de abordar plenamente esta cuestión, es necesario ampliar el alcance del debate para abordar también la cuestión de las familias de Bengasi afectadas por la infección masiva por el VIH. 
La Comisión considera que son dos dramas separados, pero que han quedado vinculados por el veredicto pronunciado en mayo de 2004 en contra del personal médico búlgaro y palestino detenido en Libia. 
0En primer lugar abordaré la cuestión de las familias de Bengasi. 
Sufren esta infección que, directa o indirectamente, ha afectado a muchas personas. 
Hace poco, la muerte de algunos niños y adultos afectados nos han recordado otra vez esta tragedia. 
La Unión Europea conoce muy bien las graves consecuencias del tipo de infección masiva que ha afectado a Bengasi. 
Debido a que hemos tenido tragedias similares en países europeos, hemos desarrollado programas para aliviar los efectos de dichas tragedias y un sistema para impedir que se repitan epidemias similares. 
Podemos utilizar esta amplia experiencia para ayudar a las autoridades libias a hacer frente a esta situación y contribuir a aliviar los apuros de las familias afectadas en Bengasi. 
En numerosas ocasiones, la Comisión y la Unión Europea han expresado su máxima compasión y solidaridad con respecto a la situación de Bengasi. 
Sobre la base de una evaluación técnica realizada por la Comisión en agosto de 2004 y aprobada por el Consejo, la Unión Europea aplica ahora un plan de acción encaminado a abordar algunas de las cuestiones que afectan a las familias de Bengasi y también a mejorar las capacidades del sector sanitario en Libia. 
La aplicación de este plan de acción es un acto de solidaridad que pretende expresar la compasión de la Unión Europea abordando necesidades específicas identificadas en Libia. 
A todos nosotros corresponde asegurar que el plan de acción se aplique rápida, completa y eficazmente. 
En noviembre de 2004, la Comisión organizó una reunión internacional para lanzar el plan de acción y ahora colabora intensamente con la Fundación Gaddafi para aplicarlo. 
El éxito dependerá de las contribuciones de varios donantes públicos y privados de la comunidad internacional. 
Ahora me centraré en la cuestión de los cinco profesionales de la sanidad búlgaros y palestinos detenidos en Libia desde 1999. 
La Unión Europea ha expresado repetidamente sus reservas sobre los fundamentos del juicio, el trato dado a los acusados y las demoras en el proceso. 
Por tanto, fue una gran decepción y motivo de preocupación cuando el pasado mayo fueron condenados a muerte por razones que, en opinión de la Comisión, siguen siendo oscuras y poco convincentes. 
Inmediatamente después de que se pronunciara el veredicto, la Unión Europea y la Comisión destacaron la importancia que tiene para nosotros un resultado satisfactorio y justo del juicio, y solicitaron que se reconsiderara el asunto. 
El Tribunal Supremo de Libia examinará pronto un recurso. 
La Comisión ha seguido colaborando con las autoridades libias para llegar a un resultado satisfactorio en este asunto. 
El 12 y el 27 de junio de 2004, la Unión Europea llevó a cabo dos gestiones formales ante el Primer Ministro. 
El 3 de octubre de 2004, un funcionario de la Comisión visitó al personal médico búlgaro y palestino para expresar su apoyo a los detenidos y para transmitir sus preocupaciones a las autoridades libias. 
El 11 de octubre de 2004, el Consejo expresó de nuevo su grave preocupación por la difícil situación de los profesionales de la sanidad y pidió a Libia que estudiara la posibilidad de liberar al personal médico sobre la base del nuevo examen de las pruebas existentes. 
La Comisión seguirá dando gran prioridad a esta dramática cuestión y no deja de buscar vías para contribuir a un resultado positivo. 
Seguirá en contacto con las autoridades libias, la Fundación Gaddafi y las autoridades búlgaras. 
Estoy convencido de que a todos los afectados les gustaría pasar página lo antes posible en esta tragedia. 
A la luz de las pruebas existentes, esto es lo que habría que hacer. 
Al mismo tiempo, seguiremos centrándonos en formas de aliviar el sufrimiento de las familias de Bengasi y de ayudar a las autoridades libias a crear sistemas que impidan una repetición de esta contaminación. 
La Unión Europea ha decidido embarcarse en una política de cooperación con Libia y ya ha reconocido los importantes pasos dados por Libia para asegurar su reintegración en la comunidad internacional. 
Se ha invitado a Libia a buscar el establecimiento de relaciones formales con la Unión Europea como socio mediterráneo y vecino cercano. 
En este contexto, la cuestión de los profesionales sanitarios sigue siendo un problema grave y, como muy bien comprende Libia, ha de concluir de forma aceptable. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario Frattini por sus declaraciones sumamente útiles. 
En estos momentos se desarrolla en Libia una doble tragedia. 
Por un lado está la espantosa situación de cientos de niños de Bengasi infectados por el virus VIH. Sentimos una enorme solidaridad con ellos. 
Me ha complacido mucho la decisión que adoptó el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea el 11 de octubre de 2004 para prestar ayuda a los servicios sanitarios libios. 
Esa ayuda incluye aparatos médicos y ayuda para crear un banco de sangre fiable y seguro. 
0Por otro lado, una tragedia que no tiene que ver con esta es que desde 1999, hace ya más de cinco años, las autoridades libias mantienen encarcelados a trabajadoras sanitarias búlgaras acusadas de hechos supuestamente relacionados con la infección por el VIH. 
Esta situación se agravó dramáticamente el 6 de mayo del año pasado, cuando un tribunal de Libia condenó a las enfermeras búlgaras a morir fusiladas. 
Los expertos internacionales más reputados han testificado que el problema de la infección por el VIH se debió a una infección hospitalaria, que empezó más o menos un año antes de que el hospital de Bengasi contratara a las trabajadoras búlgaras. 
No existen motivos de peso para encarcelar a las enfermeras búlgaras. 
Deberían ponerlas en libertad inmediatamente. 
Es lo que se pide en la declaración de este Parlamento, que ya han firmado más de 100 diputados. 
Pedimos a las máximas autoridades libias que intervengan en este asunto, sobre todo por motivos de justicia natural y humanidad. 
Además, hay un motivo muy práctico que subyace a esta petición. 
El año pasado se dieron pasos importantes en la mejora de la relación entre la Unión Europea y Libia. 
Estos pasos han consistido en una serie de decisiones muy delicadas, adoptadas por las autoridades libias para desmantelar el programa libio de armas de destrucción masiva y para compensar a las víctimas de los ataques terroristas en los que Libia había estado implicada. 
El objetivo global del compromiso de la Unión Europea es la plena integración de Libia en el proceso de Barcelona y en posteriores avances hacia un acuerdo de asociación. 
Esto no ocurrirá sin que por parte de Libia se adopten más medidas para responder a nuestras preocupaciones. 
La más inmediata de estas preocupaciones es la difícil situación de los profesionales de la sanidad búlgaros y palestinos. 
Pedimos al Presidente Gaddafi que los ponga en libertad de inmediato. 
,. – Señor Presidente, al igual que otros oradores, mi corazón está junto a los 400 niños que han resultado infectados por el VIH y junto a los padres de los 40 niños que han muerto trágicamente. 
Acojo con gran satisfacción el programa de acción que ha esbozado hoy el señor Comisario. 
Deberíamos hacer todo lo posible por ayudar al pueblo libio. 
Sin embargo, el trato que las autoridades libias han dado a las cinco enfermeras búlgaras y al trabajador médico palestino impide tomar en serio el deseo expresado por Libia de reinsertarse en la comunidad internacional. 
Es preciso recordar que estas personas estaban en Libia para ayudar a los libios, para mejorar la asistencia sanitaria prestada a los libios. Se han convertido en chivos expiatorios de las insuficiencias de la sanidad libia. 
Es evidente que la infección, tal y como ha indicado el señor Van Orden, ya existía en el hospital. 
Su propagación se debió a las malas condiciones higiénicas y a la reutilización de agujas. 
Una serie de expertos han testificado que por su naturaleza es casi inconcebible que esta contaminación se haya propagado deliberadamente. 
En lugar de limitarse a afrontar los hechos, los libios han convertido la tragedia en otra tragedia y en una farsa. 
En primer lugar, han intentado culpar a la CIA y a los servicios de inteligencia israelíes, alegando que ha sido una conspiración para desestabilizar a Libia. 
Ahora culpan a las enfermeras búlgaras inocentes, algunas de las cuales sufrieron torturas antes del juicio, que fue claramente injusto y no se llevó a cabo como es debido. 
Quiero expresar mi pleno apoyo a lo dicho por el Consejo y quiero pedirle que siga presionando al Gobierno de Libia para que vuelva a sus cabales, libere a esas personas y se integre con normalidad en la comunidad internacional. 
– Señor Presidente, me complace que estemos celebrando este debate, que ha sido promovido por la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
La situación de las enfermeras búlgaras y del médico palestino es una verdadera pesadilla. 
Estas personas –que han dedicado sus vidas a salvar vidas y a cuidar de otros seres humanos– llevan seis largos años consumiéndose en una cárcel de Libia en condiciones repugnantes. 
La situación es kafkiana. 
Los cargos que se les imputan son infundados, como han demostrado los investigadores. 
El 29 de marzo, por fin un tribunal se pronunciará sobre las sentencias de muerte contra estas seis personas, razón por la cual esa fecha es extremadamente importante. 
La UE debe hacer todo lo que esté en su mano para conseguir la liberación inmediata de los afectados. 
Dentro de unos años, Bulgaria será miembro de la UE. 
Por ello tenemos una responsabilidad hacia esos ciudadanos. 
En nuestro trabajo para un acercamiento gradual de la UE y Libia en el marco del Proceso de Barcelona, este caso es una prueba crítica de la dirección que pueden tomar las relaciones entre nosotros. 
Si se ejecutan las sentencias de muerte, creo que cualquier cooperación futura será imposible. 
Al mismo tiempo, se trata sin duda de una terrible tragedia para los niños que han resultado infectados de sida y para sus familias. 
La UE puede hacer más. 
Me complace que el Comisario apoye el plan de acción y considere que existen oportunidades para que la UE apoye a Libia de este modo de manera que en el futuro los infectados por el VIH puedan recibir una mejor asistencia. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión extremadamente importante. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión le den prioridad y sigan muy de cerca los acontecimientos de aquí al 29 de marzo, cuando los tribunales se pronuncien de nuevo sobre el caso. 
Apoyamos los acuerdos de la Unión Europea con Libia en cuanto a la epidemia de VIH, y solicitamos urgentemente la inmediata puesta en marcha de los planes de acción que reflejan nuestra solidaridad con los que sufren la epidemia en el hospital de Benghazi (y agradezco a la Comisión este paquete de planes de intervención). 
Antes de nada quiero expresar nuestra preocupación por la situación de los profesionales de la sanidad búlgaros y palestinos. 
Hace seis años se les consideró sospechosos, se les detuvo y se les condenó a muerte. 
No hemos sido los primeros en implicarnos en este asunto, puesto que las sucesivas presidencias de la Comisión y del Consejo han tratado el tema en sus sesiones. 
Pero de nuevo debemos reiterar que la pena de muerte no encaja dentro de los valores y principios fundamentales de la Unión Europea, y la ejecución de esas sentencias de muerte impediría la normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Libia. 
Esperamos que Libia reaccione positivamente ante los esfuerzos y el trabajo de la UE para avanzar hacia una cooperación estrecha y duradera. 
Así pues, esperamos que se produzca un rápido progreso en este asunto y nada más que la vista del recurso. 
Retrasar la justicia no es sino repudiarla. 
Por este motivo, solicitamos a Libia que responda a nuestras peticiones lo antes posible, y pedimos al Consejo que examine de nuevo el asunto. 
– Señor Presidente, las normas de la práctica y la asistencia médica en Libia dejan mucho que desear. 
Existe una falta de personal médico local, de pericia y formación médicas, así como de instalaciones y equipos médicos apropiados. 
El problema es más grave en los grandes hospitales urbanos abarrotados que sirven sobre todo a zonas urbanas pobres y subdesarrolladas, como el Hospital Al Fatah de Bengasi. 
En ese hospital fue donde en 1998 se detectó un brote de infección del VIH, que afectó a unos 400 niños. 
El brote no sorprendió a los expertos occidentales, ya que sabían que las condiciones higiénicas eran pésimas y que solo era cuestión de tiempo que se produjera una gran infección catastrófica como esta. 
El Gobierno libio necesitaba un chivo expiatorio, que encontró en cinco enfermeras de Bulgaria y un médico de Palestina. 
En países como Libia no es difícil obtener confesiones firmadas bajo tortura y el montaje de juicios farsa. 
Mientras la comunidad internacional se retrajo y se mantuvo vigilante, estos seis profesionales de la sanidad, que fueron a Libia para ofrecer sus servicios en beneficio del pueblo libio, fueron condenados a muerte en 2004. Se les acusó ridículamente de haber infectado a propósito a los niños del hospital de Bengasi con el VIH. 
El propio coronel Gaddafi argumentó que formaban parte de un complot de la CIA y del Mossad para desestabilizar al país. 
¿Cómo se puede resolver ahora la situación? 
En primer lugar, la Unión Europea debe adoptar medidas concretas. 
Propongo los tres pasos siguientes. 
En primer lugar, el Presidente del Parlamento Europeo debería pedir a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria que envíe inmediatamente una pequeña delegación para visitar a los profesionales de la sanidad encarcelados en Libia y para entrevistarse con al coronel Gaddafi y transmitirle el firme deseo del Parlamento de que estos trabajadores sean indultados y liberados inmediatamente. 
En segundo lugar, la Unión Europea, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, debería enviar inmediatamente a un grupo de expertos médicos a Libia para evaluar la situación en relación con la epidemia del VIH en el país y ofrecer asesoramiento experto y ayudar a abordar el problema. 
En tercer lugar, la Unión Europea tendría que tomar iniciativas más enérgicas a fin de sacar rápidamente a Libia del aislamiento impuesto por el mundo occidental entre 1992 y 2003. 
Estas acciones, si son eficaces, redundarían en beneficio tanto de la Unión Europea, en virtud de la intensificación del comercio, como del pueblo de Libia, por la mejora de su nivel de vida. 
. Señor Presidente, creo que no hay gran cosa que añadir a lo que he dicho antes y a las diversas cuestiones planteadas por sus Señorías. 
Comparto plenamente lo que ha dicho el señor Muscat. 
En efecto, nos encontramos ante una verdadera tragedia. 
El problema de la infección de niños por el virus del sida, sobre todo en un país como Libia, donde el sida es aún mucho más tabú que en la mayoría de nuestros países, afecta tanto a cada una de las familias como a toda la población. 
Creo que también debemos hacer un esfuerzo en este terreno. 
Debemos ofrecer a Libia nuestra ayuda –esto se está preparando y aplicando en estos momentos– para luchar contra el sida en este país y para mejorar su sistema sanitario, de manera que al menos pueda hacer frente a esta tragedia que sufren las personas afectadas. 
Aparte de esto, hay que enviar una señal muy enérgica y clara a Libia y ejercer cierta presión sobre este país para que se haga justicia y sean puestos en libertad los profesionales de la sanidad condenados. 
Libia desea desarrollar y reforzar sus relaciones con la Unión Europea. 
No podrá hacerlo mientras persista en su determinación de no hacer nada por estas cinco o seis personas injustamente condenadas a muerte. 
. Señor Presidente, Señorías, solo quiero hacer dos breves observaciones finales. 
La Unión Europea se ha resistido muy claramente a la perspectiva de una asociación mediterránea con Libia. 
Hemos formulado una serie de objetivos, algunos de los cuales ya se han conseguido, como el final del embargo, mientras otros aún tienen que alcanzarse, como la plena adopción del acervo. 
Bulgaria está a punto de firmar el tratado de adhesión con la UE, y Libia sabe muy bien que el caso de las seis enfermeras búlgaras y del médico palestino es una cuestión de gran sensibilidad política en Europa. 
Las autoridades libias también saben que la decisión sobre si puede unirse al proceso de Barcelona se tomará por unanimidad en el próximo Consejo Europeo, en el que Bulgaria y Rumania tienen derecho a participar e intervenir, incluso si no pueden votar. 
Europa continuará manteniendo contactos directos con Libia, inclusive visitas a las familias de Bengasi. 
Comparto el punto de vista de algunos diputados de que tenemos que mostrar nuestra solidaridad con la población civil de Libia que se ha visto afectada por el sida. 
Naturalmente, continuaremos nuestras visitas a los trabajadores sanitarios detenidos y, en este sentido, espero que el Gobierno libio siga autorizando las visitas a las prisiones sin condiciones. 
0Por último, puedo asegurarles que el plan de acción de la Comisión continuará. 
Seguiremos nuestros esfuerzos positivos con respecto a Libia, que consideramos un socio esencial en el Mediterráneo, y trabajaremos para mejorar la situación de los servicios públicos para los ciudadanos –de los que la salud solo es un ejemplo– como demostración práctica de cómo las relaciones con Europa pueden representar un valor añadido real para Libia. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0019/2005). 
Formularemos una serie de preguntas al Consejo. 
¿Cómo evalúa la Presidencia del Consejo el estado de los preparativos para la clarificación del estatuto de Kosovo y qué medidas cabe esperar que se adopten durante la Presidencia luxemburguesa del Consejo? 
Señora Presidenta, el Consejo está de acuerdo con su Señoría en que la evolución de la situación de Kosovo, bajo los auspicios de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será particularmente importante en 2005. 
La Presidencia luxemburguesa apoyará totalmente los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas, así como la acción del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Jensen Petersen, con vistas a estabilizar Kosovo. 
En su reunión del 21 de febrero, el Consejo tuvo ocasión de examinar la situación en el país junto con el señor Jensen Petersen. 
La revisión a mediados de 2005 será la primera ocasión de proceder a una evaluación completa de los progresos realizados en el cumplimiento efectivo de los criterios de las Naciones Unidas. 
Del resultado positivo de esta evaluación dependerá el avance en el proceso de definición del futuro estatuto de Kosovo, de acuerdo con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. 
La Unión Europea ha estado muy implicada en este proceso, con absoluto respeto por el papel que corresponde a las Naciones Unidas en la determinación del futuro estatuto de Kosovo. 
La Cumbre de Salónica afirmó claramente que los Balcanes Occidentales, incluido Kosovo, sin prejuzgar su futuro estatuto, están destinados a convertirse en futuros miembros de la Unión Europea. 
De ello se deriva que la Unión tendrá un importante papel que desempeñar a la hora de examinar el estatuto de Kosovo, para garantizar que sea plenamente compatible con el proceso de integración europea. 
En sus conclusiones de 21 de febrero, el Consejo subrayó que Kosovo no debe volver a la situación anterior a 1999. 
Su futuro solo puede concebirse como un Kosovo multiétnico y democrático, que garantice una protección efectiva de las minorías, que preserve el patrimonio cultural y religioso de todas las comunidades y que respete el derecho al retorno de los refugiados y las personas desplazadas, contribuyendo así a la estabilidad de la región y adhiriéndose a los valores y principios de la Unión Europea. 
El Consejo ha pedido al Secretario General y Alto Representante y a la Comisión que, en estrecha cooperación con la Presidencia, y en conjunción con las Naciones Unidas y otros organismos competentes cuál puede ser la contribución futura de la Unión Europea a los esfuerzos de la comunidad internacional en Kosovo con vistas a la aplicación de la Resolución 1244 y cuál podría ser su aportación a la evaluación global de la aplicación de las normas y a las etapas posteriores del proceso, y que después le informen. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Resolución 1244 de las Naciones Unidas no tiene nada que decir sobre el estatuto futuro de Kosovo. 
Esta Resolución tiene ya cinco años de antigüedad. 
Ahora que los estadounidenses han anunciado su intención de resolver la cuestión del estatuto este año, se plantea la cuestión de si la UE quiere adoptar una iniciativa independiente sobre esto o aguardar pasivamente a lo que otros propongan. 
El desempleo en Kosovo afecta al 70 % de la población y nadie querrá invertir allí hasta que su futuro a largo plazo esté más claro. 
Por lo tanto, quisiera saber si el Consejo está planificando algún tipo de preparación activa para esta decisión, que evidentemente debe tomarse este año. 
. El enfoque adoptado se ha denominado «o «normas para Kosovo» , y ese enfoque sigue estando de actualidad. 
La Unión Europea está en contacto con todos los interlocutores interesados en que la situación de Kosovo evolucione hacia una solución política. 
Por tanto, la Unión Europea no espera que otros tomen las decisiones. 
Seguimos en contacto con nuestros socios, pero creo que una solución aventurada y demasiado rápida, que no tuviera suficientemente en cuenta una serie de problemas todavía pendientes en el país, podría poner en peligro la estabilidad aún muy frágil en Kosovo. 
– ¿Está de acuerdo conmigo el Presidente en ejercicio del Consejo en que la decisión adoptada por el ahora ex Primer Ministro de Kosovo, el señor Ramush Haradinaj, de renunciar y cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia es una buena señal de una mayor madurez política del país? 
La respuesta de los albaneses étnicos ahora es absolutamente crucial. 
Se ha informado del despliegue de 1 000 soldados más de la KFOR en Kosovo por miedo a que aumente la tensión. 
Si Kosovo puede superar este problema en uno o dos días, creo que será un buen augurio para una solución política definitiva a la crisis kosovar y que permitirá la retirada de la administración de las Naciones Unidas. 
¿Está de acuerdo con esto? 
Creo que la decisión que ha tomado el Primer Ministro de ir a La Haya es sabia y refleja una significativa madurez política. 
Se trata también de transmitir a los habitantes albaneses de Kosovo el mensaje correcto, a saber, que el proceso es normal y que ahora hay que apaciguar los ánimos. 
Creo que si se hace así, si se mantiene la calma, se abrirá una nueva perspectiva para Kosovo. 
– Señora Presidenta, quiero preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo lo que el Consejo pretende hacer para proteger a las minorías, dado que los serbios y los romaníes que fueron expulsados violentamente no han regresado todavía a sus hogares. 
Quiero también preguntar cómo cree el Consejo que se protegerán la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Serbia y Montenegro en las inminentes negociaciones, como se establece expresamente en la Resolución 1244 de las Naciones Unidas, que, como ha dicho usted, sigue contando con el apoyo del Consejo. 
. En primer lugar, por lo que se refiere a la protección de las minorías, este aspecto forma parte –como he dicho claramente– del enfoque de la Unión Europea con respecto a una solución política en Kosovo. 
No habrá solución política en Kosovo sin la protección de las minorías y sin el derecho de todos los refugiados a regresar a su hogar. 
Eso está claro. 
Por lo que respecta a la cuestión de la soberanía, creo que precisamente en este nivel es donde hay que encontrar una solución política, aunque sin predecir cuál será esa solución. 
Somos conscientes de que la cuestión es extremadamente compleja y difícil; debe ser objeto de negociaciones, que se abrirán llegado el momento. 
Por tanto, no puedo darles una respuesta clara, pero lo que nos guía hoy es la Resolución 1544. 
La pregunta nº 2 se suprime. 
La pregunta nº 3 se ha retirado. 
El reciente asesinato del ex Primer Ministro libanés Rafik Hariri ha provocado inquietud a escala internacional por una posible desestabilización del Líbano y de toda la zona en general. 
Según declaraciones de la Sra. Rice, los EE.UU. son de la opinión de que Siria es responsable del asesinato. 
Por su parte, Siria, país incluido por el Presidente de los EE.UU. en el "eje del mal", ha condenado el atentado y ha declarado que no tiene relación alguna con el asesinato del Sr. Hariri. 
¿Qué iniciativas se propone emprender el Consejo con miras a evitar posibles acciones unilaterales de los EE.UU. contra Siria? 
Considerando que el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea prevé que los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se concierten entre sí, ¿qué se proponen hacer en este sentido los Estados miembros en cuestión? 
. Las perspectivas de paz en Oriente Próximo, que han mejorado claramente, siguen siendo frágiles y exigen tomar las máximas precauciones para que no se evaporen. 
El enfoque común de los Estados Unidos y la Unión Europea a este respecto, reafirmada en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno con el Presidente de los Estados Unidos el pasado 22 de febrero en Bruselas, constituye un motivo de satisfacción. 
En efecto, la Unión Europea y los Estados Unidos comparten las mismas posiciones con relación con el proceso de paz en Oriente Medio y la necesidad de una aplicación plena de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por lo demás, esta resolución fue promovida por un Estado miembro de la Unión Europea junto con los Estados Unidos. 
En ella se pide la retirada de todas las fuerzas extranjeras del Líbano, el desarme y la disolución de todas las milicias y la celebración de las próximas elecciones legislativas mediante un proceso libre y regular al margen de cualquier interferencia exterior. 
El Consejo ha condenado firmemente el atentado que costó la vida al ex Presidente del Consejo de Ministros libanés, Rafik Hariri. 
Creo que hemos hablado mucho de ello últimamente, ayer y en el anterior período parcial de sesiones. 
La responsabilidad por este atentado todavía no se ha establecido. 
La comunidad internacional y el Consejo han pedido una investigación internacional para dilucidar las circunstancias y atribuir las responsabilidades. 
El Consejo ha pedido a las autoridades libanesas que cooperen plenamente con los equipos de investigación, en particular con los representantes de las Naciones Unidas. 
El Consejo ha llamado también a todos los países de la región a que se atengan a sus obligaciones internacionales, en particular en materia de lucha contra el terrorismo. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha anunciado que en las próximas semanas presentará un informe sobre la aplicación de la resolución, sobre cuya base el Consejo de Seguridad decidirá los pasos futuros. 
Esto se hará en estrecha coordinación entre los distintos miembros del Consejo de Seguridad y entre los Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad y los demás Estados miembros. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero insistir, después de agradecerle su respuesta, en una cuestión: tras los debates que la Unión Europea celebró recientemente con los dirigentes políticos de los Estados Unidos, ¿se encuentra el Consejo en situación de asegurarme que no habrá acciones unilaterales de naturaleza negativa por parte de los Estados Unidos en la zona, dada la sensibilidad existente en toda la zona? 
. Como sabe, por desgracia –o por suerte, no estoy seguro–, no soy el portavoz de la Casa Blanca y por tanto no puedo darle una respuesta clara al respecto. 
Como acabo de explicarle, el enfoque compartido por la Unión Europea y los Estados Unidos favorece a las Naciones Unidas y una resolución de las Naciones Unidas. 
Por otra parte, están llegando algunas señales positivas del país al que se ha aludido claramente. 
Durante el Consejo de Ministros JAI del pasado 29 de enero, los representantes de Alemania y los Países Bajos pidieron explicaciones a España por el proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales que tenía previsto iniciar, y ello por considerar que una acción de estas características tiene irremediablemente consecuencias para el resto de los miembros de la UE. 
Este proceso, que comenzó efectivamente el pasado 7 de febrero y que se prevé pueda afectar a cerca de un millón de personas, ha provocado ya situaciones de despido de inmigrantes por miedo a denuncias, así como un "efecto llamada" ya advertido por algunos sindicatos policiales españoles. 
Teniendo en cuenta que el principio de la elaboración de una política común de inmigración fue ya enunciado en los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica, que el Libro Verde sobre la gestión de la inmigración económica –presentado recientemente por la Comisión– reconoce que "las decisiones sobre la admisión de nacionales de terceros países en un Estado miembro afectan a los demás Estados miembros", y que el art. III-267 del Tratado de la Constitución Europea prevé que la Unión desarrolle una política común de inmigración: 
¿Cómo valora el Consejo la petición de explicaciones y las críticas formuladas respecto al proceso de regularización extraordinaria que está llevando a cabo el Gobierno español? 
. El Consejo recuerda a su Señoría que la determinación de los volúmenes de admisión de trabajadores migrantes es competencia de cada Estado miembro de la Unión, y añadiría que seguirá siendo competencia de cada Estado miembro de la Unión incluso cuando la Constitución haya entrado en vigor. 
Por lo que se refiere al proceso de regularización aplicado por el Gobierno español y contemplado en la pregunta, el Consejo no lo ha debatido formalmente y, por tanto, no está en condiciones de responder. 
Desde un punto de vista más general, el Consejo remite a su Señoría a las novedades contenidas en el programa plurianual de La Haya adoptado por el Consejo Europeo en su reunión de los días 4 y 5 de noviembre de 2004. 
Cuando adoptó este programa, el Consejo Europeo basó sus conclusiones sobre el tema que aquí nos ocupa en la idea de que la economía informal y el empleo clandestino pueden constituir un factor de atracción de la inmigración clandestina y conducir a la explotación. 
Por lo que se refiere al problema específico de la gestión de las migraciones económicas, el Consejo, en su reunión del pasado 24 de febrero, mantuvo un primer intercambio de puntos de vista sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a un enfoque comunitario. 
En esta fase, se trata de un documento de reflexión que abarca una amplia gama de cuestiones y contempla una serie de pistas posibles. 
El proceso de examen que se ha iniciado debería servir de base para la elaboración por la Comisión, a finales de 2005, de un programa relativo a la inmigración legal. 
Con independencia de la formalidad o informalidad, lo cierto es que el señor Otto Schily y la señora Rita Verdonk hicieron esa protesta. 
Tengo la respuesta de ayer de la Comisión, en los mismos términos, y lamento decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que ha sido mucho más clara esa respuesta que la suya, porque usted ha dicho que no se reducen las dimensiones del mercado laboral no regularizado, de lo que se desprende —y también lo dijo la Comisión ayer— que de alguna manera se fomentan las migraciones ilegales. 
Y digo yo, con cierta experiencia, que además de fomentar las migraciones ilegales, se fomenta el "efecto llamada", facilitando la acción de las mafias que trafican con seres humanos, se fomenta el mercado de falsificaciones documentales y, además, se vulnera el espacio Schengen. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estamos en presencia de una medida cuyo remedio es más grave que la enfermedad. 
. El Programa de La Haya, al que me he referido, contempla la lucha contra la inmigración ilegal, contra la inmigración clandestina, pero también contra el trabajo clandestino. 
Hemos de admitir que el problema es complejo, porque los inmigrantes ilegales que están aquí, están aquí. 
Por tanto, ¿qué hacemos con ellos? 
Están aquí y trabajan clandestinamente. 
¿Vamos a aceptar que sigan trabajando clandestinamente? 
Esa es la cuestión. 
Creo que la mejor solución es que haya menos inmigración ilegal y menos trabajo clandestino. 
Hay que tener en cuenta, como un hecho incontrovertible, los gravísimos errores del anterior Gobierno español por los que hubo un millón de inmigrantes irregulares en España. 
Me sumo a la Comisión y, ahora, al Presidente en ejercicio del Consejo para preguntar, ampliando la pregunta anterior, si lo que supone el Reglamento español no es precisamente una apuesta por la inmigración legal y ordenada, un refuerzo de los controles de las fronteras y una lucha contra la economía sumergida, como muy bien ha dicho el Presidente. 
. Pienso que lo que se ha decidido en un Estado miembro era competencia de ese Estado miembro. 
La Unión Europea tiene un interés evidente en que se realicen más esfuerzos por controlar mejor las fronteras. 
Por lo demás, es uno de los objetivos de la Agencia que estamos instituyendo. 
Hay que luchar contra la inmigración ilegal, pero también contra las posibilidades de emplear a trabajadores de forma ilegal y clandestina. 
Se produce ahí un efecto llamada. 
Si no hay posibilidad de trabajo ilegal, los inmigrantes ilegales probablemente se sentirán menos atraídos por Europa. 
– ¿Sabe la Presidencia que el Gobierno maltés no permite a los periodistas, ni locales ni internacionales, visitar los centros de detención donde están retenidos los inmigrantes? 
¿Saben ustedes que el Consejo de Europa ha elaborado informes condenatorios sobre el estado de esos centros de inmigración? 
Estoy de acuerdo con la política de detención, pero el estado de estos lugares es indescriptible. 
¿Consideran ustedes justo que no se permita a los periodistas informar, no solo sin restricciones, sino ni siquiera solicitando permiso para acceder a esos lugares? 
. Creo que esta pregunta no guarda relación realmente con la pregunta anterior. 
No puedo sino decir que todos los países que tienen fronteras especialmente expuestas deben esforzarse por controlar esas fronteras para limitar la inmigración ilegal y luchar eficazmente contra este fenómeno. 
Dejo al Consejo de Europa la responsabilidad que le corresponde y a la que su Señoría se referido. 
¿Ha previsto el Consejo crear un espacio aéreo operativo que incluya a Kosovo, como parte del Cielo Único Europeo? 
. Señora Presidenta, informo a su Señoría de que, en virtud del artículo 5 del Reglamento n° 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el Cielo Único Europeo, el Consejo no tiene autoridad alguna con respecto a la creación de un espacio aéreo operativo como el que menciona su Señoría en su pregunta. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, simplemente quiero formular una pregunta adicional. ¿No es esto sino otro ejemplo de algo que ya hemos debatido, esto es, que los complejos problemas a los que Kosovo se enfrenta no pueden resolverse con la antigua política de “anteponer normas al estatuto” y que la cuestión del estatuto debe resolverse de una vez por todas? 
Las normas no se cumplirán si nadie sabe lo que en última instancia va a suponer el estatuto. 
Quiero también plantear una cuestión de observancia del Reglamento. 
Hace un momento he indicado que quería realizar una pregunta adicional, y aunque lo he hecho con mucha antelación, parece ser que nadie se ha dado cuenta. 
Nos hemos dado cuenta, señor Posselt, pero otros dos diputados han sido aún más rápidos que usted, y puesto que solo puedo permitir dos preguntas, les he dado la palabra a ellos. 
. 
Estoy de acuerdo con usted en que el enfoque de las «normas antes que el estatuto» tiene sus limitaciones y que está llegando –o llegará– el momento en que habrá que debatir claramente la cuestión del estatuto. 
¿Qué acciones va a emprender el Consejo a la vista del informe de Justicia y Asuntos de Interior sobre el vandalismo en el fútbol y los centros de información futbolística destinado al Consejo (13 de enero de 2005)? 
. Señora Presidenta, el informe que expone la situación en los Estados miembros en lo concerniente al vandalismo en el fútbol durante el período comprendido entre julio de 2002 y julio de 2003 se examinará en la reunión de expertos de los Estados miembros, que está prevista para finales de abril de 2005. 
Se prestará especial atención a la evolución prevista en este ámbito: la continuación de la internacionalización del fútbol; el desarrollo, por parte de los promotores de disturbios, de estrategias para contrarrestar las medidas adoptadas para luchar contra el vandalismo; las soluciones encaminadas a la disminución, incluso la desaparición, de los controles en las fronteras interiores, en conexión con el crecimiento de la UE; la aparición de formas de extremismo en los actos violentos asociados a las manifestaciones deportivas; la comercialización progresiva y continua del fútbol; y la agrupación de los vándalos en grupos que actúan como tales y no ya individualmente. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, he leído este informe y me complace mucho que su Presidencia siguiera presionando a la UEFA en particular y, si fuera necesario, a la FIFA, para llegar a una situación en la que el fútbol sea verdaderamente un deporte familiar. 
En estos momentos está marcado no solo por el vandalismo, sino también, como ha dicho usted, por el racismo. 
¿Cree usted que la UEFA aplica penalizaciones suficientemente duras, en particular en el fútbol internacional? 
¿Se está haciendo algo con respecto al fútbol nacional? 
Habría que ejercer cierta presión sobre países como, por ejemplo, Italia, los Países Bajos, Alemania y el mío propio, para garantizar que el fútbol sea verdaderamente un deporte familiar. 
¿Hay algo que pueda hacer usted durante su Presidencia para que esto se haga realidad? 
. En efecto, la Presidencia concede una gran importancia a estos fenómenos que se manifiestan en los estadios y que se encuadran en el vandalismo, pero también en el racismo. 
En colaboración con la UEFA y con las federaciones nacionales de fútbol, debemos luchar con toda firmeza contra estos fenómenos, que deterioran la imagen de un deporte que, por lo demás, es muy útil y popular. 
– Al hilo de lo anterior, ¿le importaría al Consejo comentar la actitud disciplente de las autoridades del fútbol con respecto a lo que ocurrió en el partido Inglaterra contra España, donde se escucharon muchos gritos racistas? 
Me parece que el racismo y el vandalismo en el fútbol van de la mano. 
Son personas del mismo tipo de grupo, que no son hinchas del fútbol, las responsables de esto. 
Al parecer, el Consejo tiene muy poco que decir al respecto. 
Me pregunto si podría extenderse un poco más. 
. No puede haber tolerancia con las expresiones y las manifestaciones racistas, ya sea durante las manifestaciones deportivas o en otro tipo de manifestaciones. 
Creo que es necesaria una reflexión y una acción al respecto. 
Los que se dedican a hacer tales manifestaciones racistas deben saber que serán castigados, pero también que ponen en peligro la continuación de las manifestaciones deportivas. 
Creo que lo que se ha hecho en parte con el vandalismo, hay que hacerlo también con todas las expresiones de racismo, que tienden a ser más frecuentes en torno a los encuentros deportivos, particularmente en los partidos de fútbol. 
Han fracasado los esfuerzos por resolver el conflicto de Uganda, que dura ya 18 años, y la violencia ha vuelto a desatarse. 
El conflicto ha causado inmensos sufrimientos humanos, el desplazamiento masivo de las poblaciones, el colapso de las estructuras sociales y económicas y ha dado lugar a flagrantes violaciones de los derechos humanos. 
Los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor siguen aplicando una violencia extrema contra la población civil del norte de Uganda y raptando a niños para utilizarlos como soldados o como esclavos sexuales. 
Teniendo en cuenta las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre las violaciones de los derechos humanos en Uganda, ¿qué medidas ha adoptado el Consejo, o tiene intención de adoptar, para garantizar la seguridad de la población de Uganda, en particular de los niños, y para poner fin a las atrocidades? 
. El Consejo sigue estando sumamente preocupado por el conflicto en el norte de Uganda. 
Ha condenado en varias ocasiones las graves violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas contra la población civil, en especial por el Ejército de Resistencia del Señor. 
El conflicto en el norte de Uganda es uno de los temas principales del diálogo político de la Unión Europea con el Gobierno ugandés. 
En este marco, los representantes de los Estados miembros y de la Comisión han expresado periódicamente su preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el norte del país, y han destacado la necesidad de poner fin al sufrimiento de la población civil mediante una solución pacífica y negociada del conflicto. 
Representantes de la Unión Europea y otros socios internacionales han reiterado esta posición al Gobierno ugandés. 
La Unión como tal ha declarado asimismo su voluntad de apoyar el proceso de paz y contribuir a la reconstrucción económica de la zona. 
Una parte significativa de la asistencia humanitaria de la Unión a Uganda se destina a ayudar a los grupos de población más vulnerables en esta parte del país. 
A pesar de la reanudación de los combates tras la expiración reciente del alto el fuego decretado por el Gobierno, el Consejo tiene la esperanza de que puedan continuar las negociaciones con el Ejército de Resistencia. 
Está dispuesto también a estudiar cómo reforzar la presión sobre las dos partes, a fin de llegar a una solución duradera de este conflicto en Uganda. 
Agradezco al Presidente esta respuesta y quiero, al mismo tiempo, expresar cierto grado de asombro por el hecho de que se hable de una guerra entre dos facciones. 
Por lo que puedo juzgar, se trata de las actividades terroristas del Ejército de Resistencia del Señor, apoyado por el Gobierno sudanés y a expensas de la población de Uganda del norte. 
Me pregunto si no sería oportuno incluir en el diálogo político con Sudán, y no solo en el diálogo político con Uganda, la cuestión del Ejército de Resistencia del Señor y la escala masiva a la que se están violando los derechos humanos. 
En segundo lugar, ¿qué iniciativas pretende adoptar el Consejo para poner contrarrestar la impunidad en este conflicto, especialmente respecto a la denuncia que se ha formulado ante la Corte Penal Internacional de La Haya? 
. En efecto, quizás la formulación que pone en el mismo plano al Gobierno y al denominado Ejército de Resistencia no convenga en absoluto. 
No obstante, creo que la única solución para lograr una solución del conflicto es impulsar al Gobierno ugandés y a este Ejército a entrar en una fase de diálogo. 
Pienso que, sin diálogo, no hay posibilidad de solución pacífica. 
Por lo que se refiere a las responsabilidades, creo que hay que estudiar en efecto en qué medida pueden fijarse y determinarse esas responsabilidades, y no cabe excluir ninguna opción, incluida la de la Corte Penal Internacional. 
El pasado 22 de febrero, el Presidente estadounidense George Bush efectuó una visita oficial a Bruselas durante la que participó en una cumbre de los 25. 
¿Cómo valora el Consejo la evolución y el futuro de las relaciones transatlánticas? 
¿Se plantearon en la cumbre cuestiones de importancia vital para la UE como el proceso de paz en Oriente Próximo, las relaciones con Iraq, Irán, Siria y el Líbano así como la política en el Mediterráneo en general? 
¿Opina el Consejo que se observa un acercamiento en lo que se refiere a la configuración de la política exterior de los EE.UU. y la UE en Oriente Próximo? 
En cuanto al Protocolo de Kyoto, ¿hubo una respuesta positiva por parte estadounidense? En caso afirmativo, ¿de qué forma? 
. La visita a Bruselas del Presidente Bush, en una fase tan temprana de su segundo mandato, constituye una señal política importante. 
El Presidente norteamericano ha transmitido un doble mensaje; en primer lugar, que ha llegado la hora de la diplomacia y, en segundo lugar, que se considera a Europa y particularmente a la Unión Europea un socio importante. 
El cambio de la Administración puede parecer fulgurante, pero en realidad el tono comenzó a cambiar hace ya varios meses. 
Fue muy perceptible en la última cumbre, sumamente fructífera, de Irlanda. 
Pero la oferta de una nueva cooperación con Europa, y más concretamente con la Unión Europea, no se formuló explícitamente hasta después de las elecciones de noviembre. 
Evidentemente, un nuevo comienzo como este interesa a Europa, sobre todo si se realiza con un espíritu de verdadera cooperación y mayor igualdad. 
Ninguna de las principales cuestiones geoestratégicas de nuestro tiempo es objeto de un desacuerdo real. 
Solo las cuestiones sociales y la importancia relativa del multilateralismo con respecto a la soberanía nacional han dado lugar a enfoques disonantes. 
Con respecto a las cuestiones cruciales que ocupan actualmente la escena internacional, se observa una gran convergencia de puntos de vista entre los Estados Unidos y la UE. 
Esto vale evidentemente para el proceso de paz en Oriente Próximo, y vale ahora para la estabilización de Iraq. 
Por lo que respecta a Irán, hay acuerdo en torno a los dos principales objetivos. 
Irán no debe desarrollar armas nucleares y ha de contribuir activamente a la lucha contra el terrorismo. 
Los Estados Unidos están en estrecho contacto con la Unión Europea para encontrar una salida pacífica a estos problemas. 
En cuanto al Líbano y a Siria, ya he hablado de ellos hace un momento. 
En materia de medio ambiente, es cierto que los las aristas no se han limado del todo, pero el Presidente Bush ha reconocido la existencia del grave problema del cambio climático y ha expresado su deseo de trabajar con la Unión Europea para aportar soluciones, en particular en el ámbito de la investigación y la tecnología, y para desarrollar tecnologías limpias integrando a las potencias emergentes como la India y China. 
Así, sin querer pintar un panorama idílico de nuestras relaciones –estamos lejos de ello–, y sin ignorar los temas sobre los que la Unión tiene el deber de volver a la carga, aparentemente se puede considerar que esta cumbre ha permitido resaltar los importantes puntos de convergencia que estructuran el diálogo transatlántico. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. 
Quiero preguntarle, a modo de pregunta adicional, si se ha decidido algún programa de contactos y cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos para garantizar que se adopten medidas específicas que aprovechen este clima favorable y para sentar las bases de la cooperación que, como dice usted, se ha cultivado en la reciente visita a Bruselas del Presidente Bush. 
. Las relaciones transatlánticas no se limitan a las reuniones en la cumbre. 
Hay contactos permanentes sobre todos los temas y en todos los niveles, no solo entre Ministros de Asuntos Exteriores, sino también entre Ministros de Justicia, centrados en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. 
Este es el programa. 
Además, vamos a celebrar una nueva cumbre, que ya estamos preparando, con un orden del día más amplio y que englobará también temas de cooperación económica. 
Esta cumbre tendrá lugar en junio y creo que demostrará que el diálogo transatlántico se ha relanzado con fuerza y con objetivos muy claros. 
– Si es cierto que se han relanzado las relaciones transatlánticas, entonces es una buena noticia para el proceso de paz de Oriente Próximo, porque no puede haber paz en Oriente Próximo sin la implicación de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
¿Aprovechará el Consejo este nuevo clima para acelerar el ritmo de las reuniones del «Cuarteto» y la «Hoja de Ruta» hacia la paz en Oriente Próximo, a fin de dar más ímpetu a este proceso? 
. Es absolutamente correcto que la cooperación trasatlántica es esencial para el proceso de paz en Oriente Próximo. 
No habrá solución pacífica al conflicto israelo-palestino sin la participación de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
Por tanto, la cooperación en el marco del «Cuarteto» es extremadamente importante para la aplicación de la «Hoja de Ruta» y el relanzamiento de los trabajos del «Cuarteto» para la aplicación de la «Hoja de Ruta» parece absolutamente esencial. 
¿No opina el Consejo que, habida cuenta de que el Parlamento Europeo constituye una de las ramas de la Autoridad Presupuestaria, debe iniciarse una ronda de consultas entre el Consejo y el Parlamento Europeo antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el reparto y el destino que se dará a los 1 200 millones de dólares estadounidenses recaudados en virtud del acuerdo entre la Comisión Europea y Philip Morris en relación con la lucha contra el contrabando de cigarrillos? 
. El Consejo informa a su Señoría de que el reparto del importe mencionado todavía está siendo examinado por la Comisión y los Estados miembros afectados. 
El Consejo como tal no ha sido consultado sobre este asunto. 
Sugiero a su Señoría que formule directamente esta pregunta a la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tengo que decir que su respuesta es muy diplomática. 
Todos sabemos que este acuerdo existe; sabemos que ya hay fondos en una cuenta en Luxemburgo y sabemos que esos fondos tienen que repartirse. 
Sabemos que la autoridad presupuestaria está formada por dos instituciones, el Consejo y el Parlamento. 
Por ello, ¿no sería deseable para el Consejo y el Parlamento, como autoridad presupuestaria conjunta, llegar a un acuerdo con la Comisión sobre el modo de distribuir esos fondos? 
No creo que me pueda decir sencillamente que debo dirigir esta pregunta a la Comisión. 
Hay mucho dinero en juego. 
Se ha informado que ahora el 10 % se canalizará a la Comisión y el 90 % a los Estados miembros, mientras que el procedimiento habitual en la práctica, cuando se reclaman fondos, es que el 25 % se canalice al Estado miembro y el 75 % a la Comisión. 
Por tanto, se trata de una cuestión grave que no puede dejarse de lado simplemente con una respuesta diplomática. 
. Tomo buena nota de la observación de su Señoría, también en lo concerniente a la respuesta diplomática. 
No obstante, creo que todavía hay conversaciones bilaterales entre la Comisión y los Estados miembros. 
Me comprometo a que el Consejo se pondrá en contacto con la Comisión para ver en qué contexto se puede encontrar una solución que, por supuesto, respete también los poderes presupuestarios del Parlamento. 
¿Alguno de los 25 Estados miembros informa alguna vez al Consejo de las actividades que realizan sus servicios secretos, tales como el MI6 en el Reino Unido, en la lucha contra la delincuencia internacional organizada? 
En caso afirmativo, ¿qué Estados y con qué frecuencia? 
. El Consejo no ha sido informado de las posibles actividades llevadas a cabo por servicios secretos de los Estados miembros en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. 
En efecto, ninguna disposición del Título VI del Tratado de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a comunicar esos datos al Consejo. 
– Espero que el Consejo esté escandalizado con su propia respuesta. 
El crimen organizado cruza las fronteras europeas con mucha facilidad, y nosotros, como Estados miembros e instituciones europeas, tenemos que luchar juntos contra él. 
Así que lo que usted me está diciendo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es que no existe coordinación alguna entre las actividades de los servicios secretos de los Estados miembros. 
¿No debería existir cierta coordinación? 
. No he dicho, creo, que no hubiera coordinación entre los servicios secretos. 
Saben muy bien que hay coordinación entre esos servicios, entre otras cosas para luchar contra el terrorismo y también contra la delincuencia organizada, contra la que se ha procedido además a unir las redes. 
Lo que he dicho es que esta cuestión no es de incumbencia formal del Consejo, puesto que no es competencia de la Unión. 
El Consejo se reúne y delibera sobre casi todas sus decisiones a puerta cerrada. 
No obstante, suele suceder que los miembros del Consejo dan a conocer públicamente detalles de esas reuniones. 
¿Qué sanciones están previstas para los miembros del Consejo en esos casos? 
¿Qué medidas adopta el Consejo para crear la máxima transparencia, y cuál es el motivo por el que no están abiertas al público muchas más reuniones, al menos las que tratan de propuestas legislativas? 
¿Qué responde el Consejo al reproche de que, en muchas de sus actividades, el Consejo actúa como una institución no democrática que decide y se reúne en secreto? 
. El Consejo recuerda a su Señoría que corresponde a cada miembro del Consejo exponer su posición en las conferencias de prensa que siguen a las sesiones del Consejo y explicar los elementos del debate que considere que debe presentar en público para situar el contexto de dicha posición. 
El Consejo no tiene por costumbre comentar las declaraciones efectuadas en público por sus miembros. 
Por lo que respecta a la transparencia de los trabajos del Consejo, el Consejo destaca que de conformidad con el apartado 6 del artículo 11 del Anexo II de su Reglamento, el Secretario General del Consejo, tras la adopción de decisiones en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado o tras la adopción definitiva del acto de que se trate, pondrá a disposición del público todos los documentos legislativos relativos a dicho acto, es decir, los elaborados antes de la toma de decisión y que no estén amparados por ninguna de las excepciones contempladas en los apartados 1 y 2 y en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001. 
A petición del Estado miembro de que se trate, los documentos amparados por lo que precede y que reflejen la posición de la delegación de dicho Estado miembro, no se pondrán a disposición del público. 
En cambio, mientras estén en curso las negociaciones sobre un proyecto, el Consejo se reserva el derecho a no divulgar la identidad de las delegaciones si se reúnen las condiciones del apartado 3 del artículo 4 de dicho Reglamento. 
Así, el Consejo se ajusta a la letra y el espíritu de los textos oficiales, garantizando al mismo tiempo la máxima transparencia. 
Espero que mi exposición también haya sido suficientemente transparente. 
Por lo que se refiere a la publicidad de las votaciones, el Consejo recuerda a su Señoría que, en el ámbito legislativo, se publican automáticamente y le remito al respecto a las respuestas dadas por el Consejo en 2003 y 2004 a una serie de preguntas escritas sobre el mismo tema. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, encuentro extremadamente frustrante que no haya respondido en modo alguno a ninguna de mis preguntas. 
No le estoy preguntando por documentos, sino que estoy preguntando específicamente qué sanciones pueden imponerse a los miembros del Consejo por revelar detalles de lo que se dice en las reuniones del Consejo. 
¿Qué medidas se toman contra ellos? 
Mis otras dos preguntas no se refieren a la situación jurídica, que conozco muy bien, sino a las medidas que pretenden tomar en respuesta a las acusaciones de que ustedes son una sociedad secreta. 
No es la situación jurídica lo que me interesa, sino las medidas específicas que piensan tomar. 
En interés de los ciudadanos – y son muchos los ciudadanos realmente interesados en saberlo –, le pido de nuevo que responda de forma adecuada a la pregunta de qué medidas se toman contra un Ministro o miembro del Consejo que revela detalles sobre quién dijo qué durante las conversaciones confidenciales que se mantienen en sesiones a puerta cerrada. 
. Jurídicamente hablando no hay sanciones. 
Está muy claro. Y no está previsto introducirlas. 
No se puede pedir más transparencia y a la vez sancionar, a fin de cuentas, la libertad de expresión de los miembros del Consejo, aunque a veces hagan un mal uso de dicha libertad de expresión. 
No veo cómo se podrían introducir sanciones a este respecto. 
¿Tiene conocimiento el Consejo de que el organismo especial para los programas de la UE, que controla los gastos de la UE en Irlanda del Norte y la República de Irlanda en el marco del Programa Peace II, no está sometido a las disposiciones de la Ley de libertad de información de 2000 (RU) ni a las Leyes de información 1997 y 2003 (Irlanda) y que, en consecuencia, si bien se trata de un organismo público, está por encima de la ley que prevalece en ambas jurisdicciones sobre la libertad de información? 
¿Considera satisfactoria el Consejo esta situación, en particular teniendo en cuenta que nunca se ha materializado el prometido Código de Conducta sobre el acceso a la información para los organismos de ejecución que actúan en el marco del SEUPB (Organismo especial para los programas de la UE). 
En vista de las asignaciones de fondos de la UE implicados, ¿qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para rectificar esta situación altamente insatisfactoria? 
. El Consejo recuerda a su Señoría que el régimen relativo a la libertad de información aplicado al organismo especial para los programas de la Unión Europea, que gestiona los programas Peace I y Peace II en el Reino Unido e Irlanda, así como otras iniciativas comunitarias, es competencia de dichos Estados miembros. 
El Consejo llama además la atención de su Señoría sobre el hecho de que corresponde a la Comisión velar por la buena aplicación del Reglamento n° 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, modificado por el Consejo el 24 de enero de 2005, en lo que se refiere a la prolongación del Programa Peace, teniendo en cuenta que la responsabilidad sobre la gestión de estos fondos está dividida entre la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros, sobre la base de una estrecha colaboración. 
– Seguramente al Consejo le preocupa que dos Estados miembros se unan para excluir a un órgano supervisor de la Unión Europea de su legislación autóctona en materia de libertad de información y, por tanto, le eximen de las disposiciones relativas al suministro al público de información accesible desde todos los órganos gubernamentales internos de dichos países. 
En particular, ¿no debería preocupar al Consejo que estos dos países se hayan permitido el lujo incumplir la normativa durante cinco años por no haber elaborado un código de práctica voluntario para los órganos de ejecución al amparo del SEUPB? 
. No tengo ninguna razón para suponer que se haya vulnerado el Derecho comunitario; parto de la hipótesis de que se respetan plenamente las normas en materia de suministro de información y supervisión. 
En la Unión Europea funciona ya desde 2001 un mecanismo concebido para las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil entre los 25 Estados miembros y Bulgaria, Rumanía, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
En el marco de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) propuse establecer una cooperación semejante así como la posibilidad de crear un sistema de alerta rápida en el Mediterráneo, dentro del Proceso de Barcelona, y se decidió plantear la cuestión de las catástrofes naturales y un mecanismo de protección civil en el Pleno de la APEM que tendrá lugar en El Cairo los días 12 a 15 de marzo de 2005. 
¿Está de acuerdo el Consejo con mi propuesta? ¿Qué se propone hacer para que prosiga la acción dirigida a enfrentar los peligros que acechan en la región mediterránea y, con miras a tranquilizar a los ciudadanos, evaluar los mecanismos existentes relacionados con la prevención, la preparación en situaciones de emergencia, la información de la opinión pública y la participación, de modo que puedan aplicarse en el marco de la asociación euromediterránea? 
¿Cómo se valora el programa piloto de protección civil que ha sido financiado por el programa MEDA? 
. Señora Presidenta, el Consejo remite a su Señoría a la declaración efectuada sobre este mismo tema en el último período parcial de sesiones de febrero en Estrasburgo. 
En esta línea, recuerda a su Señoría que aprecia y comparte su deseo de que se instaure una cooperación en materia de protección civil en el Mediterráneo, en particular mediante la posible creación de un sistema de alerta rápida en el Mediterráneo en el marco del Proceso de Barcelona. 
Además, el Consejo acoge con agrado que esta cuestión vaya a abordarse en la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea de los días 12 a 15 de marzo de 2005 en El Cairo. 
Por lo que respeta a la propuesta presentada por el autor de la pregunta con el fin de poner remedio a los peligros que amenazan al espacio mediterráneo, el Consejo señala que un grupo sobre las medidas de cooperación, mandatado por los altos funcionarios responsables del capítulo relativo a la política y la seguridad del Proceso de Barcelona, se ocupó de estas cuestiones el 9 de febrero de 2005. 
En concreto, abordó la seguridad marítima en la región y la protección civil, en particular mediante la preparación de un mandato para la elaboración de planes de ayuda en caso de maremoto en el marco del programa intermedio euromediterráneo existente. 
A este respecto, un seminario previsto para junio de 2005 en Marsella tendrá por objeto juntar los distintos instrumentos y debería debatir la prevención en el Mediterráneo y en el Atlántico, la organización operativa en conexión con otros foros como el 5+5 o el Foro Euromediterráneo, un plan específico de asistencia para el Mediterráneo y un centro de alerta. 
También se examinará la posibilidad de organizar en octubre de 2005 ejercicios prácticos voluntarios compartidos entre todos los Estados miembros. 
La Presidencia luxemburguesa concede una gran importancia a esta iniciativa, que ha lanzado y en la que ha participado. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta, que es satisfactoria. 
No obstante, quiero recordarle que el sistema de alerta temprana es sin duda muy importante porque hoy 70 millones de personas viven en las costas del Mediterráneo, sin contar a los turistas. 
Dicho de otro modo, no queremos que se repita la catástrofe del Sudeste Asiático. 
Además, tenemos numerosos incendios, numerosos terremotos y otras catástrofes naturales. 
Por consiguiente, lo que quiero oír de usted, además de lo que ya ha dicho, que es muy satisfactorio, es si realmente estamos dispuestos a proporcionar los fondos necesarios, porque esos fondos serán mucho mayores que los que ya tenemos para el programa puente o los casi 12 millones de euros presupuestados para el sistema de alerta temprana. 
Estamos hablando de varios millones de euros más, y quiero saber si la Unión Europea ha decidido proporcionar esos fondos. 
. Creo que el Consejo por sí solo no puede dar una respuesta. 
Hay que formular la pregunta a todas las ramas de la Autoridad Presupuestaria. 
Una vez hayamos elaborado un sistema operativo, habrá que ocuparse de su financiación. 
Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria deberán entenderse para que su financiación proceda, al menos en parte, de fuentes comunitarias. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, siempre que ocurre una catástrofe, nos enfrentamos al mismo problema: aunque se realicen preparativos con antelación para programas de ayuda, no se realizan estudios de mercado ni encuestas de opinión entre los afectados por las catástrofes, a pesar de ser ese un requisito previo fundamental. 
¿Se prevé en el Plan de Acción que se pregunte a las futuras víctimas cuáles son sus verdaderas necesidades cuando ocurre una catástrofe, para asegurar su participación en cualquier plan que se elabore? 
. Describe usted la situación ideal y, en efecto, sería el mejor modo de ahorrar mucho dinero y de intervenir con los medios que son absolutamente necesarios. 
Por desgracia, las catástrofes nos sorprenden siempre y las necesidades previstas no siempre son las que hay que satisfacer realmente. 
Habrá que velar, en efecto, por prestar mucha atención al aspecto que ha indicado. 
¿Cuál es la postura del Consejo respecto a la posible adhesión, en el próximo decenio o más adelante, de países de la Europa centromeridional como, por ejemplo, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, y Albania? 
¿Cabe la posibilidad de que la ampliación de la UE a estos países se produzca antes de la adhesión de Turquía, lo que parecería lógico? 
. Señora Presidenta, en junio de 2000 el Consejo Europeo afirmó que todos los países de los Balcanes Occidentales son candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea. 
Después, en junio de 2003, el Consejo Europeo confirmó que estaba resuelto a apoyar plena y efectivamente la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales, que formarán parte de la Unión Europea tan pronto cumplan los criterios establecidos. 
Por tanto, corresponde esencialmente a los países afectados determinar el ritmo de su acercamiento a la Unión alineándose con el acervo comunitario y cumpliendo los criterios fijados por el Consejo Europeo de Copenhague, así como las condiciones del proceso de estabilización y asociación. 
A día de hoy, solo Croacia y la ARYM (Antigua República Yugoslava de Macedonia) han presentado oficialmente su candidatura. 
Por lo que respecta a Croacia, en respuesta a su solicitud de adhesión, el Consejo Europeo decidió iniciar las negociaciones de adhesión en marzo de 2005, siempre que Croacia coopere plenamente con el TPIY (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia). 
En cuanto a la ARYM, la Comisión todavía está elaborando su dictamen sobre la solicitud de adhesión de este país. 
El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 16 y 17 de diciembre de 2004, reiteró su compromiso a favor de la aplicación íntegra de la Agenda de Salónica, que destaca que el futuro de los países de los Balcanes está en la Unión Europea. 
Las recientes reuniones ministeriales del foro UE-Balcanes Occidentales han permitido evaluar los progresos realizados e identificar los desafíos por superar. 
El Consejo Europeo recordó, en particular, que, en este proceso, la cooperación regional seguirá siendo un elemento esencial de la política de la Unión. 
En cuanto a los aspectos financieros de la adhesión de un Estado candidato, recordó asimismo que dichos aspectos deben tenerse en cuenta en la dotación financiera aplicable. 
Por consiguiente, las negociaciones de adhesión que todavía no se han iniciado con candidatos cuya adhesión pueda tener consecuencias financieras importantes, solo podrán concluir tras la adopción de la dotación financiera para el período que comienza en 2014 y de las consiguientes reformas financieras posibles. 
Tengo una buena noticia y otra mala para usted. 
La buena es que soy la última persona que le formulará hoy una pregunta. 
La mala es que tengo una pregunta adicional que quiero hacerle. 
Mi primera observación es que usted ha mencionado a dos países que no aparecían en mi pregunta, Macedonia y Croacia. 
Mi pregunta se refería a otros tres países. 
A pesar de que mi partido y yo votamos a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, creemos que sería absurdo que Turquía entrara en la UE antes que otros países que son claramente europeos. 
Los ciudadanos europeos no lo podrían entender, y lo mejor sería evitar una situación así. 
Por eso creo también que la cooperación con los países en cuestión debe incluir la elaboración de un calendario más preciso para su integración en las estructuras europeas, que abarque los próximos doce años aproximadamente. 
Mi impresión es que eso no se hará, lo cual me decepciona. 
. Diré a su Señoría que, por supuesto, nosotros conocemos la fecha de apertura de las negociaciones con Turquía, al igual que su Señoría, pero no conocemos la fecha de su adhesión. 
Por el momento, no hay otras candidaturas. 
Ha hecho referencia a otros países. 
Tienen la vía abierta si aceptan y cumplen los criterios. 
Entonces, la vía estará políticamente abierta, es decir, pasarán a ser efectivamente candidatos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted mismo ha dicho que Croacia debe tratar de colaborar con el Tribunal Penal Internacional. 
Me interesaría saber si se dispone de pruebas, por ejemplo de Europol o Interpol, que sugieran que el general en cuestión se encuentra todavía en Croacia. 
. En efecto, no tengo información, ni de Europol –por lo demás, Europol no es una central de investigación, como usted sabe– ni de Interpol, pero los informes del fiscal del Tribunal de la Haya demuestran que la persona en cuestión, el general Ante Gotovina, ha pasado por Croacia. 
¿Sigue todavía allí? A esta pregunta no puedo responder. 
Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha ocurrido algo poco habitual; no solo hemos atendido todas las preguntas, sino que hemos concluido el turno de preguntas media hora antes de lo previsto, cosa que sucede muy rara vez. 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0046/2005) de la señora Locatelli, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre ciencia y tecnología – Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión Europea (2004/2150 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 marca un momento decisivo para la política europea en general y para la investigación y la sociedad basada en el conocimiento en particular. 
El proyecto de la Comisión Prodi –en particular, desarrollado por el Comisario Busquin, pero incluso antes de esto por el Comisario italiano profesor Ruberti– para crear el Espacio Europeo de la Investigación mediante una serie de medidas, se confirmó en Lisboa. 
Este es un paso importante si Europa tiene que convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
Todos conocemos el desfase que existe entre Europa y sus principales competidores en este ámbito, a saber, los Estados Unidos y Japón. 
El porcentaje de PIB destinado al gasto en investigación es del 3,12 % en Japón, del 2,76 % en los Estados Unidos, del 1,99 % en la UE de los 15 y del 1,93 % en la UE de los 25. 
Hemos reducido este desfase, y el Espacio Europeo de la Investigación es un paso en la buena dirección. 
Este proyecto está al alcance de la mano, pero necesita determinación para que se materialice, la misma determinación que se mostró cuando se creó el mercado único y la moneda única. 
La importancia del Espacio Europeo de la Investigación viene subrayada por las nuevas competencias que el Tratado Constitucional atribuye a la Unión en este ámbito, y por lo tanto pedimos a la Comisión que actúe en consonancia con el nuevo marco jurídico. 
Considerando lo que se ha hecho y esbozando futuras perspectivas, tengo que subrayar la importancia de que exista una continuidad entre el sexto y el séptimo Programa Marco. 
El sexto Programa Marco cortó por lo sano con los programas anteriores, al establecer objetivos más ambiciosos e introdujo instrumentos innovadores que animó a un mayor número de partes interesadas a participar y coordinar sus acciones. 
El séptimo Programa Marco presenta todavía otra novedad, que es la de crear el Consejo Europeo de Investigación. 
También hablo sobre este tema en nombre de nuestra diputada y colega, la señora Mann, que no ha podido asistir a este debate. 
El Consejo Europeo de Investigación responde a la demanda cada vez más vehemente de la comunidad científica europea para que se cree un nuevo órgano para estimular la investigación básica. 
La investigación básica es de importancia crucial para una innovación de éxito y creará valor añadido europeo. 
Hasta la fecha, el valor añadido europeo se ha definido a través de la colaboración entre equipos de investigación en diferentes países. 
Sin embargo, tal como el informe Mayor demuestra, es hora de dar una nueva definición del valor añadido, que permita a los investigadores y equipos individuales de cualquier Estado miembro competir con todos los demás investigadores sobre la base de la excelencia. 
Esta es la auténtica misión del Consejo Europeo de Investigación, que tiene que ser independiente en sus evaluaciones científicas, independiente en su funcionamiento y debidamente financiado. 
En este sentido, pido a la Comisión que presente una propuesta clara y precisa relativa a la estructura y composición de los órganos rectores del Consejo Europeo de Investigación lo más pronto posible. 
El informe presta una atención especial al tema de los recursos humanos, que son la verdadera fortaleza de la UE. 
A este respecto, tenemos que crear las condiciones adecuadas en las que los investigadores europeos puedan expresarse mejor. 
Es esencial que se fomente la movilidad entre los investigadores y que esto sea una práctica generalizada en todas las etapas de las trayectorias profesionales. 
Una movilidad en dos direcciones entre las compañías, universidades y centros de investigación, la armonización de las condiciones laborales y las estructuras profesionales, así como la creación de una infraestructura a escala europea son condiciones esenciales para crear un entorno de investigación fértil. 
Para lograr estos objetivos, pido que se refuercen las medidas Marie Curie, ya que han demostrado su eficacia y que se estimule la movilidad en el mundo científico. 
Continuando con el tema de los recursos humanos, quiero señalar la necesidad de promover el acceso de las mujeres al sector de la investigación, así como sus trayectorias profesionales. 
Queremos una mayor presencia de las mujeres en todos los niveles, incluyendo el más alto, y también queremos investigación de género. 
El futuro de la investigación y de Europa también depende de nuestra capacidad de hacer que la ciencia sea más atractiva para los jóvenes. 
Un vínculo más estrecho entre los cursos educativos y las carreras profesionales científicas es para nosotros un requisito esencial para disponer del número de investigadores necesarios para el éxito de la Estrategia de Lisboa. 
Otro capítulo del informe se refiere a la transferencia de tecnología. 
El séptimo Programa marco tiene que dedicar una atención especial a la transferencia de tecnología, y por lo tanto, coordinar la política de investigación de Europa con su política industrial. 
Plataformas tecnológicas e iniciativas conjuntas de tecnología son mecanismos vitales para lograr este objetivo. 
Al mismo tiempo, incrementar la financiación de necesidades para instrumentos destinados específicamente a las pequeñas y medianas empresas, que también necesitan la integración de criterios de selección de proyectos y de la burocracia en general, que a menudo ha representado un obstáculo que ha impedido que las PYME tomen parte en programas de investigación. 
Sobre este último punto, creo que deberían adoptarse las recomendaciones incluidas en los informes Marimon y Ormala, y no solo en relación con las PYME. 
Para concluir, quiero hablar brevemente sobre prioridades temáticas, sin entrar en los méritos de argumentos individuales. 
Creo que hay que poner énfasis en que estas prioridades temáticas reflejan las prioridades estratégicas de la agenda de Lisboa. 
En este contexto, quiero dejar claro que para aplicar la agenda de Lisboa necesitamos adoptar un enfoque diferente del gasto comparado con el pasado. 
Tenemos que pasar de un modelo de prestación de ayuda poco precisa –lo que en Italia se llama «» – a un modelo que dé prioridad al gasto en inversiones que tienen un efecto multiplicador, o sea, un efecto de crecimiento reforzado. 
Por último, quiero destacar que el Parlamento no ha de hacer concesiones sobre los fondos para la investigación, y espero que la Comisión esté del lado del Parlamento en esta batalla. 
. Señor Presidente, apenas podría haber un día mejor que hoy, en que esta Asamblea ha expresado su posición en torno a la revisión intermedia de Lisboa, para sacar a colación la cuestión del futuro de la política científica europea. 
Permítanme agradecer en particular a la señora Locatelli, la ponente, y a todos los miembros de la comisión la fructífera e intensa cooperación demostrada durante este primer mes de nuestra colaboración. 
También quisiera agradecer a todos los presentes en esta hora avanzada su verdadero interés y compromiso con respecto al futuro de la política europea de investigación. 
La Comisión concede mucha importancia a la aprobación del informe Locatelli. 
Constituye la posición formal del Parlamento Europeo en torno a nuestra comunicación de junio y, aún más, allanará el camino a la elaboración de propuesta de la Comisión sobre el nuevo programa marco que se aprobará el 6 de abril de 2005. 
Antes de destacar lo que considero elementos cruciales del informe Locatelli, quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el contexto en general de la investigación europea y nuestros planes para el séptimo programa marco. 
A pesar de que algunos de ustedes hayan oído todo esto hace dos semanas, con ocasión del debate en el pleno sobre la cuestión de la financiación del PM7, el contexto está claro. 
Queremos y necesitamos relanzar la Estrategia de Lisboa. 
El intenso debate de esta mañana sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa nos ha permitido calibrar el desafío a que nos enfrentamos. 
Europa no puede competir sobre la base de una mano de obra barata o de bajos niveles sociales. 
No podemos competir dando la espalda a nuestro medio ambiente. 
No contamos con los recursos naturales para sostener nuestra prosperidad; solo tenemos nuestros cerebros, inteligencia y creatividad. 
El conocimiento, en el sentido más amplio, es nuestro principal factor de competitividad en un mercado mundial ferozmente competitivo. 
En Europa tenemos que ser mucho mejores en la obtención de conocimientos a través de la investigación, en la difusión de conocimientos a través de la educación y en el uso y la aplicación de conocimientos a través de la innovación. 
Esto significa que el triángulo del conocimiento formado por investigación, educación e innovación ha de funcionar en un entorno favorable que premie el conocimiento que se aplica. 
La Comisión ya hace todo lo posible por desarrollar este entorno favorable para el conocimiento y la innovación. 
Por ejemplo, este mismo año presentaremos una revisión del régimen de ayuda estatal, un examen de los incentivos fiscales para investigación y desarrollo e innovación, orientaciones para la cooperación entre industria y universidades, reevaluación de la profesión de los científicos europeos, entre otras acciones. 
Solamente el crecimiento basado en el conocimiento puede movilizar los recursos que precisamos para mantener el coste de la sociedad integradora, con los altos niveles de atención y protección a que aspiran los europeos. 
Crear una sociedad del conocimiento probablemente sea la mejor, y quizá la única, manera de mantener un modelo social europeo, sin tener que hacer componendas entre el crecimiento económico, la cohesión social y la protección medioambiental. 
En este mismo contexto de Lisboa les presentaré nuestras propuestas para el séptimo programa marco. 
Tal y como algunos de ustedes ya declararon con razón durante nuestro debate de hace dos semanas en Estrasburgo sobre la pregunta oral relativa al presupuesto de investigación, el PM7 ha de ser el programa marco de la Estrategia de Lisboa. 
Yo no podría estar más de acuerdo. 
Quiero que sea el programa del crecimiento y de la estrategia de empleo. 
La duración del programa será de siete años, como las próximas perspectivas financieras. 
Pero dado que contemplamos una revisión intermedia, con ella gozaremos de mayor estabilidad y también de más flexibilidad. 
Necesitamos ambas. 
En cuanto a la estructura, se hará más hincapié en los temas y menos en los instrumentos. 
Los proyectos de cooperación, la antes llamada investigación cooperativa, se centrarán más en las necesidades industriales y, por tanto, favorecerán más el crecimiento. 
Espero que todos ustedes aprecien este nuevo enfoque. 
Se insistirá muchos en las ideas y se emprenderán acciones relativas a la investigación fronteriza en el marco del Consejo Europeo de Investigación. 
La parte «personal» del PM7 potenciará las acciones de movilidad existentes y muy bien acogidas del programa Marie Curie. 
La parte de las «capacidades» se ocupará de las infraestructuras, las PYME, las regiones, el potencial de investigación de todos los Estados miembros, así como de la ciencia, la sociedad y la cooperación internacional. 
Con respecto a la gestión de los fondos, que se duplicarán, soy plenamente consciente de los desafíos a que nos enfrentamos. 
Pero simplificándolos y racionalizándolos, por un lado, y con una gestión modernizada, así como la externalización de algunas de las actividades –como el Consejo Europeo de Investigación, las PYME y las acciones de movilidad– por otro, estamos preparados para afrontarlos. 
Volviendo sobre el propio informe Locatelli, que contribuirá notablemente al éxito del próximo programa marco, permítanme, en primer lugar, expresar mi más sincera gratitud por todo el apoyo que han prestado hasta ahora a la duplicación propuesta de los fondos para el PM7. 
Este apoyo es totalmente coherente con la propuesta de la Comisión para las próximas perspectivas financieras y defiende firmemente la propuesta de fijar el presupuesto de la Unión Europea por encima del 1 % del PIB. 
Permítanme un comentario personal sobre este punto. 
De verdad que agradezco este apoyo. Es crucial. 
Juntos tenemos una verdadera oportunidad de empezar a cambiar la estructura del presupuesto europeo a favor de acciones más orientadas al crecimiento y a la competitividad. 
Por tanto, el debate sobre las perspectivas financieras será el momento de la verdad para la Unión Europea. 
Será entonces, y no más tarde, cuando debamos demostrar que ya estamos listos para abordar plenamente los desafíos que tenemos por delante. 
No debemos desaprovechar esta oportunidad de demostrar que estamos preparados para invertir en el futuro en lugar de mirar al pasado. 
En segundo lugar, solicitan ustedes con razón que se establezcan procedimientos administrativos más sencillos y claros para mejorar la eficiencia y reducir los costes de los participantes, en particular las PYME y los agentes menores. 
En varias ocasiones he subrayado la importancia de simplificar, empezando por la comparecencia del pasado otoño, y no he olvidado el mensaje que me hicieron llegar hace dos semanas en este Pleno. 
Desde el PM4 nos han dicho que habría simplificación. 
Ya es hora de hacer algo. 
La Comisión hará todo lo que pueda por lograrlo, y confío en que el Parlamento le apoye. 
En tercer lugar, permítanme agradecer su apoyo a la rápida creación del Consejo Europeo de Investigación: estoy utilizando sus mismas palabras. 
Permítanme subrayar dos principios fundamentales por los que voy a luchar enérgicamente: autonomía y excelencia científica. 
Quiero asegurarles que estoy decidido a garantizar esta autonomía. 
Además, la autonomía será el mejor garante del máximo nivel de excelencia científica, que debería ser el único criterio de selección de los proyectos propuestos. 
Es más, el CEI ha de apoyar a escala europea la investigación en todos los ámbitos, desde la investigación específica impulsada por la industria hasta las ciencias sociales y humanas. 
La Unión Europea precisa científicos de alto nivel en todos los campos de la investigación a fin de crecer y competir con los Estados Unidos, Japón y otras potencias importantes. 
Desde el punto de vista de la estructura del CEI, actualmente opinamos que una agencia ejecutiva sería la que mejor podría apoyar a este consejo. 
Permítanme asegurarles que estamos estudiando todas las opciones posibles, incluso las que se basan en un enfoque más a medio plazo, y que oportunamente les comunicaremos nuestra decisión. 
En cuarto lugar, el informe coincide totalmente con la intención de la Comisión de recomendar un aumento sustancial de la financiación de las acciones de Marie Curie y acoge con agrado la propuesta de la Comisión de crear plataformas tecnológicas europeas e iniciativas tecnológicas conjuntas. 
Como ya saben ustedes, este será un elemento importante de la próxima propuesta para el programa marco. 
En Europa no abundan las asociaciones entre el sector público y el privado, y esto hay que remediarlo. 
Es fundamental centrar los esfuerzos de todos los interesados en unas pocas tecnologías clave bien definidas, y esto es lo que pretendemos hacer. 
Por último, el informe hace mucho hincapié en la dimensión regional, subrayando la necesidad de que las regiones participen para aumentar la inversión en investigación e innovación. 
Permítanme añadir que los Fondos Estructurales y la política europea de investigación comparten objetivos comunes. 
El vínculo entre la dimensión regional y el PM7 es importante en el sentido de que deberían reforzarse mutuamente. 
El Parlamento llama la atención sobre esta necesidad con toda la razón del mundo. 
Para concluir, permítanme decir que el informe Locatelli me parece un gran estímulo para mis trabajos en curso en torno a la propuesta del PM7. 
Me complace advertir de que en todas las cuestiones cruciales seguimos básicamente la misma línea. Esta es una señal alentadora para el proceso legislativo que nos aguarda. 
Confío en que sus Señorías emitirán una señal contundente en la votación de mañana sobre el informe Locatelli. 
La necesitamos. Se escucharía, como es deseable, muy ampliamente. 
Reflejaría del apoyo expresado unánimemente por ustedes durante el debate de hoy a los esfuerzos renovados por Lisboa, así como nuestra mutua disposición y firme voluntad de ponerlos realmente en práctica. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero agradecer a la ponente, la señora Locatelli, su trabajo y, ante todo, felicitarla por haber logrado tener éxito en que se hiciera un esfuerzo colectivo con el mejor espíritu posible de colaboración, creando unos cimientos sólidos para que continuemos trabajando juntos sobre la política europea de investigación mientras esperamos la llegada, ahora inminente, del séptimo Programa marco. 
La investigación, que el Presidente Barroso ha señalado que es una de las prioridades de la reformada Estrategia de Lisboa, es la herramienta en que se fundamenta la sociedad basada en el conocimiento, No se trata solo de una medida estratégica sino que también es una medida esencial para reducir el desfase competitivo en cuanto a la innovación y, por lo tanto, el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo sostenible. 
Para recuperar el terreno perdido rápidamente, tenemos que invertir mayores recursos, hasta el punto de duplicar los fondos disponibles frente al Programa marco anterior. 
Incluso así, esto no basta. 
En el contexto del objetivo más ambicioso, que es el de proporcionar a la comunidad científica, la industria y la sociedad europea en general las herramientas necesarias para reforzar y mejorar nuestra capacidad de investigación, ante todo necesitamos hacer un mejor uso de los fondos, con el fin de crear auténticos centros de excelencia que puedan atraer a nuestros investigadores, quienes con demasiada frecuencia se ven forzados a emigrar al extranjero. 
Es importante consolidar el Espacio Europeo de la Investigación no solo para nuestros investigadores y para su movilidad, sino también para captar la inversión, tanto pública como privada, europea y no europea. 
Este es el objetivo que se puede cumplir principalmente dirigiendo los recursos hacia sectores estratégicos tradicionales para la Unión Europea. 
Con este informe, el Parlamento espera la continuidad temática del sexto Programa marco y un espíritu mejorado de colaboración transnacional. 
El Espacio Europeo de la Investigación tiene que ser el catalizador para la inversión privada. 
Asimismo, se ha puesto un gran énfasis en las pequeñas y medianas empresas, precisamente debido a la particular estructura industrial de nuestra economía, que se caracteriza predominantemente por un tejido industrial integrado por ámbitos productivos que no son capaces de desarrollar proyectos de investigación independientes. 
Por lo tanto, es esencial reforzar el diálogo que las PYME o las asociaciones de PYME mantienen con nuestras universidades y con muchos centros europeos de excelencia. 
Este diálogo debería dar lugar a una transferencia de tecnología más efectiva y fructífera. 
Hay que considerar en este contexto la propuesta para crear un Consejo Europeo de la Investigación. 
Apoyo sus objetivos, que incluyen la orientación de investigación básica y la garantía no solo de su idoneidad sino también de su calidad. 
Sin embargo, he expresado mis dudas tanto sobre el posible solapamiento con las competencias de otros órganos de coordinación e instituciones europeos y sobre los fondos que deben destinarse para crear y dirigir el propio Consejo. 
Señor Presidente, terminaré lanzando el reto común de que la investigación tiene que convertirse en una auténtica guía de la competitividad europea, un auténtico plan de acción. 
Si Europa no toma esta decisión, corre el riesgo de ser considerada un coloso cansado y torpe, un continente que queda empantanado en palabras y, con demasiada frecuencia, cede sus estrategias a los intereses individuales de sus Estados miembros. 
Espero que esta será la década de la investigación, como la anterior fue la década del mercado único. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, agradezco a la ponente, la señora Locatelli, su excelente trabajo. 
Cuesta creer que acabe de llegar aquí al Parlamento. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya firmemente el informe y aprecia el trabajo que se ha realizado tan satisfactoriamente. 
La investigación es la clave para implantar los objetivos de Lisboa. 
Aquí en Europa no tenemos recursos naturales: nuestros recursos naturales están en nuestras cabezas. 
De ahí la importancia de este ámbito. 
Existe un problema con las plataformas tecnológicas y de investigación básica, con las colaboraciones y, especialmente, con la financiación. 
Es sensato financiar la investigación europea cuando produce un valor añadido europeo genuino. 
Por eso mismo, difícilmente puede justificarse la financiación de proyectos individuales muy pequeños en el campo de la investigación básica. 
Por el contrario, el apoyo debe dirigirse a proyectos demasiado amplios, complejos o arriesgados como para que un solo Estado miembro los financie. 
En el contexto de las plataformas tecnológicas, el concepto de cooperación con respecto a la nueva investigación industrial, el supuesto de que el sector privado correrá con dos tercios de los costes, no es realista en todos los casos. 
Las agencias y centros privados difícilmente estarán dispuestos a proporcionar una parte tan grande de los fondos para financiar organizaciones que tienen sus miras puestas en un futuro lejano y en la revolución tecnológica. 
Algunos ejemplos podrían ser la hidrotecnología y la nanotecnología. 
En los países que son competidores importantes de la Unión, como los Estados Unidos de América y Japón, el porcentaje de la financiación pública en estos sectores alcanza el 80%. 
No podemos permitirnos conceder ventajas competitivas a los de fuera de este modo. 
Por ello tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a utilizar fondos públicos para subvencionar proyectos que posiblemente solo sean rentables a largo plazo. 
En consecuencia, las normas que regulan la ayuda estatal deben reformarse. 
En segundo lugar, la investigación y el desarrollo deben orientarse en beneficio del sector de las PYME. 
Las pequeñas y medianas empresas no disponen de fondos para realizar investigaciones sofisticadas. 
No obstante, son flexibles y pueden utilizar los resultados del trabajo de investigación y desarrollo de otros, y esa podría ser la clave para resolver nuestros problemas de desempleo. 
Hay 19 millones de PYME y tenemos 16 millones de desempleados. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero muy especialmente agradecer al Comisario Potočnik sus palabras, que creo son extremadamente importantes. 
Naturalmente, como ponente alternativo del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, también quiero dar las gracias a mi colega, la señora Locatelli, por su dura labor y colaboración. 
Este documento destaca tres elementos centrales del próximo Programa marco para la investigación, que son el Consejo Europeo de la Investigación, los nuevos ámbitos temáticos prioritarios para la investigación y las plataformas tecnológicas. 
Por lo tanto, el Parlamento reconoce que la investigación básica reviste una importancia que trasciende a los Estados miembros y necesita una respuesta a escala de la Unión Europea, dentro de la filosofía de la Estrategia de Lisboa. 
Por lo tanto, es necesario promover una auténtica política de desarrollo mediante instrumentos de investigación concretos, como las plataformas de tecnología, financiados ante todo por la empresa privada pero también por instituciones públicas, los Estados miembros, las regiones y los órganos locales. 
0Por lo tanto, la investigación se convierte en un instrumento, un núcleo en torno al cual se puede desarrollar plenamente una propuesta de política general para el desarrollo social y económico, junto con una política monetaria que ya se aplica. 
Las empresas privadas, en especial las pequeñas y medianas empresas, podrán entonces satisfacer sus necesidades para ser más competitivas. 
Son nuevos factores sólidos y decisivos que darán un nuevo impulso a las compañías europeas, apoyando nuevos sectores y la innovación mientras que también garantizan que las actividades productivas convencionales tengan una ventaja competitiva. 
Al establecer estas orientaciones, el Parlamento manifiesta que no quiere permanecer de brazos cruzados y mirar cómo se desindustrializa Europa, y alienta a la Comisión y al Consejo para que se comprometan más concretamente a desarrollar la investigación europea. 
Este programa es el núcleo de una política de desarrollo. 
No sirve de nada pensar en cambiar el pacto de estabilidad, que solo sería una medida paliativa, mientras que el verdadero remedio es una política de desarrollo social y económico a escala de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al señor Potočnik, por su actitud dialogante y abierta, y a la señora Locatelli y a todos los miembros de la Comisión ITRE, que han trabajado en este asunto con un ánimo constructivo y positivo. 
Creo que el barril de petróleo ha alcanzado hoy los 55 dólares. 
Según los analistas financieros, no es previsible que baje el precio del petróleo y esto supone una amenaza para la economía. 
Necesitamos respuestas energéticas que den resultados en pocos años. 
Los Verdes consideramos que el Séptimo programa marco ha de contener esas respuestas a través de sus inversiones en eficiencia energética y en energías renovables, que sí dan respuestas rápidas a esta situación. 
Nos preocupa la prioridad que se da a las energías peligrosas del pasado, que son susceptibles de ser utilizadas por el terrorismo internacional, como la energía nuclear. 
Nos preocupa también el enfoque masivo de inversión en proyectos energéticos como Fusión ITER, que no dará ni un solo kilowatio de energía de aquí a 40 o 50 años, según los propios científicos. 
Queremos que el resultado del Séptimo programa marco sea favorable para la calidad de vida y la sociedad, la salud pública, la salud preventiva, para un transporte sostenible en nuestras ciudades y para una ciencia social necesaria para tener una visión reflexiva sobre lo que estamos investigando y sobre la sociedad que estamos haciendo. 
En este sentido, señor Potočnik, nos congratulamos de que usted conceda importancia a la ciencia social. 
Creo que en el futuro —y aquí termino— la investigación será muy importante, si hay una ciencia abierta que puedan compartir la sociedad y todo el mundo científico. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha elaborado un informe por iniciativa de la comisión sobre la política de investigación europea. 
El informe es como una lista de la compra. 
El Parlamento Europeo está dispuesto a comprar los resultados de la investigación científica en estos ámbitos. 
Mi principal mensaje es este: nuestro Grupo está a favor de garantizar recursos adicionales para el trabajo de investigación científica. 
La propuesta de la Comisión de destinar fondos adicionales en el contexto del Séptimo Programa Marco está justificada. 
Existen algunos ámbitos que deberían financiarse con fondos comunes. 
No son solo las empresas las que pueden beneficiarse. 
Existen muchas razones socio-políticas y éticas para apoyar la investigación básica en centros de investigación universitarios, que no están supeditados a los intereses de las grandes empresas y la industria bélica. 
Los proyectos de investigación conjuntos se promueven mejor cuando producen resultados a los que en inglés se aplicaría el término «». Se refiere a cuando encuentras algo por causalidad sin saber siquiera que lo buscabas. 
Han de crearse las condiciones adecuadas para el «», y esas condiciones son más fáciles de crear en el marco de la colaboración internacional. 
El mejor ejemplo de un beneficio conseguido conjuntamente por un proyecto financiado conjuntamente es la investigación de la energía de la fusión en el marco del proyecto ITER. 
Ese es un ámbito en el que los Verdes confunden fisión con fusión. 
Ningún país de la UE está capacitado para investigar por sí solo la fusión. 
Cuando hay colaboración, se pueden poner en marcha proyectos de otro modo imposibles de acometer. 
Todos los participantes pueden cosechar los beneficios resultantes. 
En el caso de ITER, se benefician también países que no pertenecen a la UE. 
Tenemos que utilizar el programa marco de investigación para crear las condiciones adecuadas para el «». 
– Señor Presidente, cuando adoptamos una postura sobre diversas cuestiones en esta Cámara, debemos siempre justificar si estas cuestiones competen realmente a la UE. 
El principio de subsidiariedad no es algo a lo que se pueda hacer referencia únicamente en contextos formales, sino que en realidad debe regir todas nuestras actividades. 
Todos sabemos que eso no sucede en Bruselas ni en Estrasburgo. 
Continuamente se transfieren competencias políticas de los Estados miembros a las instituciones de la UE. 
Hay dos fuerzas que impulsan esta tendencia: el deseo de un superestado y la carencia de principios políticos. 
La mayoría de los representantes electos de la UE y de sus funcionarios quiere crear un nuevo superestado. 
Para ellos, el principio de subsidiariedad no es un principio rector, sino un obstáculo en su camino. 
La carencia de principios políticos significa que los diputados de esta Cámara están casi siempre dispuestos a cooperar con decisiones que son de su agrado, aunque sea obvio que se trata de asuntos estrictamente nacionales. 
Se permite que el fin justifique los medios. 
También el informe de la señora Locatelli ignora totalmente el principio de subsidiariedad. 
No plantea la cuestión de lo que la UE debe hacer cuando los Estados miembros son incapaces de acometer una tarea por sí solos. 
La pregunta que plantea es cómo la UE puede impulsar la investigación que una institución quiere tener. 
¿Qué vamos a hacer con la necesidad de investigación de las pequeñas y medianas empresas? 
¿Cómo vamos a despertar el interés de los jóvenes y de las mujeres por la ciencia? 
¿Cómo vamos a reforzar los vínculos entre investigación e industria? 
¿Cómo vamos a incrementar los fondos totales para investigación hasta el 3% del PIB? 
Etcétera. 
Todas estas son cuestiones de las que se pueden ocupar mejor los propios Estados miembros. 
Finlandia y Suecia ya destinan el 3% del PIB a la investigación. 
Si otros países destinar ese mismo porcentaje, solo tienen que hacerlo. 
Los fondos para investigación no aumentarán a resultas de que los Estados miembros los canalicen a través de las autoridades de la UE. 
Por el contrario, eso no hará más que aumentar la burocracia y los costes. 
La competencia entre países para encontrar buenas soluciones a este tipo de problema normalmente consigue un progreso más rápido que la gestión centralizada en instancias más elevadas. 
En el mundo de la investigación, eso se conoce como competencia institucional. 
La competencia es importante no solo entre empresas, sino también entre instituciones. 
La competencia entre países en diversos ámbitos es una de las explicaciones más importantes del enorme progreso realizado en el mundo occidental en los últimos siglos. 
Por tanto, la señora Locatelli debería haber formulado la siguiente pregunta: ¿qué pueden hacer las instituciones de la UE por la investigación en Europa que los respectivos países no puedan hacer? 
Hay muchas preguntas de ese tipo. 
Entran dentro de cinco categorías, que son la investigación básica, la libre circulación de investigadores dentro de la UE, la investigación a gran escala en ámbitos como la energía nuclear y la tecnología espacial, la infraestructura para las redes de investigación y las cuestiones de seguridad común para la UE. 
La política de investigación de la UE debe limitarse a ámbitos como estos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad que tanto se invoca en discursos de banquetes y proyectos de constituciones. 
La política de investigación de la UE va por mal camino. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ni la inversión en ciencia e investigación ni la Estrategia de Lisboa en su conjunto son objetivos en sí mismos. 
Eso significa que debería tenerse mucho cuidado a la hora de redactar resoluciones sobre ciencia y tecnología. 
Quiero darle las gracias a la señora Locatelli y expresar mi admiración por el esfuerzo que ha realizado para elaborar este informe. 
0Está claro que, por sí solo, el anuncio de la creación de un Espacio Europeo de Investigación cambiará pocas cosas. 
El anuncio tendrá que ir acompañado de una financiación adecuada para la ciencia y la investigación, lo cual significa que no debe recortarse el presupuesto de la UE. 
Por otra parte, los fondos tienen que utilizarse de una manera racional, y ese es un punto en el que quiero insistir especialmente. 
Hay otra serie de cuestiones que quiero mencionar muy brevemente. 
En primer lugar, tienen que crearse métodos efectivos para identificar a jóvenes talentos y sistemas adecuados para proporcionar becas. 
En segundo lugar, tienen que aplicarse unas normas de acreditación para los centros de Enseñanza Superior de acuerdo con las directrices aprobadas en Berlín en 2003. 
En tercer lugar, debe introducirse un sistema más sencillo para conceder la promoción académica, a la vez que se garantiza que la transparencia en la concesión de notas y calificaciones. 
En cuarto lugar, debe hacerse un uso más extenso de la financiación del sector privado, tanto para la investigación científica aplicada y básica como para la investigación en el ámbito de las humanidades, como ha mencionado el señor Comisario. 
La señora Locatelli ha dicho que así se haría la vida más fácil para las pequeñas y medianas empresas. 
Puede que así sea, pero ¿cómo pueden conciliarse las medidas dirigidas a la introducción de patentes de software con tal afirmación? 
Alguien dijo una vez que el conocimiento es poder, pero si consideramos la situación mundial actual, tendríamos lamentablemente que añadir que la ignorancia no significa falta de poder. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del Nuevo Partido Socialista Italiano. 
Ante todo, debo felicitar a la señora Locatelli por su excelente trabajo. 
Los problemas de la competitividad de la Unión Europea en relación con los nuevos gigantes asiáticos, la fuga de nuestros mejores cerebros a horizontes más ricos en oportunidades, la dificultad de cumplir los objetivos de Lisboa en cuanto al empleo, el desarrollo y la innovación, y las cuestiones del suministro de energía y la salud –estos son temas que llenan nuestro tiempo en el Parlamento y de los que depende el futuro de nuestra economía y de nuestro sistema social. 
Estos temas están estrechamente vinculados unos con los otros, y su denominador común es el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. 
En realidad, investigación significa conocimiento, empleo y desarrollo económico, así como una mejor calidad de vida. 
Por lo tanto, es esencial obtener un incremento sustancial en la financiación para que sea nuestro punto fuerte. 
No obstante, la investigación no es solo una cuestión de fondos, instrumentos e infraestructura. 
La investigación se lleva a cabo por personas. 
Todo esfuerzo económico hecho por parte de la Unión Europea y los Estados miembros será en vano sin capital humano adecuado. 
No me refiero a la calidad, puesto que nuestras universidades y nuestros titulados universitarios ya son los mejores del mundo, sino que me refiero a los puestos de trabajo: oportunidades para investigar y para ganar dinero. 
Paradójicamente, mientras la ciencia y la tecnología desempeñan un papel cada vez más decisivo en la economía mundial actual, los jóvenes evitan los temas científicos debido a las oportunidades limitadas de un puesto de trabajo. 
Como consecuencia, muchos titulados universitarios se ven forzados a abandonar Europa o a pasar años viviendo con becas que son totalmente insuficientes para el coste de la vida actual, mientras esperan un golpe de suerte. 
En los últimos años, ha disminuido el número de jóvenes europeos que eligieron continuar estudiando temas científicos. 
Las universidades europeas no disponen de personal suficiente en sus departamentos de ciencia para sustituir a los profesores universitarios que llegan al final de sus carreras, y cada vez menos titulados universitarios en tecnología encuentran trabajo como investigadores si se compara con sus principales competidores en Europa. 
Tenemos que invertir a toda costa esta tendencia, poner en contacto a nuestros jóvenes con la ciencia desde una edad temprana, estimular su curiosidad y, por encima de todo, posibilitar no solo a unos pocos afortunados sino a todos aquellos que lo merecen utilizar sus conocimientos para servir a Europa, ofreciéndoles a cambio trabajo, carreras y salarios decentes. 
Si queremos un futuro basado en el conocimiento, tenemos que invertir en nuestros jóvenes para formarlos y, ante todo, para no perderlos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi amor por la investigación es el único motivo por el que estoy presente en esta tardía sesión de esta noche, puesto que debo admitir que preferiría haber visto jugar al Bayern de Munich contra el Arsenal en la Liga de Campeones. 
Yo también quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento a la ponente. 
La señora Locatelli no solo ha presentado un informe excelente, sino que también ha demostrado su voluntad de compromiso. 
Mañana, el voto unánime de esta Cámara a favor de su informe enviará una señal y proporcionará a nuestro Comisario de Investigación el respaldo que necesita. 
Esta mañana hemos pasado mucho tiempo debatiendo la Estrategia de Lisboa. 
El único modo de que Europa se haga competitiva es invertir cantidades enormes en la investigación y el desarrollo en el futuro. 
El Comisario se ha referido con frecuencia a «la hora de la verdad» , y creo que tiene razón. 
Tenemos que asegurarnos de que el presupuesto de investigación sea lo suficientemente grande como para que podamos alcanzar los objetivos de Lisboa de una vez por todas. 
En cualquier caso, eso solo no será suficiente. 
La financiación pública es una buena cosa, pero debemos también animar a la industria privada y al sector privado para que inviertan generosamente en investigación y desarrollo, y para que destinen fondos a ese fin. 
Me ha complacido enormemente oírle decir antes que está pensando en publicar una serie de directrices especialmente dirigidas a promover la cooperación entre investigación e industria a este respecto. 
Quiero mencionar una cuestión más, que ya he planteado en esta Cámara en otras ocasiones, y a la que usted también se ha referido. 
No tiene sentido aumentar la financiación a menos que ese dinero se gaste en investigación de una manera realmente eficiente. 
Es también esencial que aprendamos las lecciones correctas del Sexto Programa Marco de Investigación, del informe Marimon y de las críticas que se han dirigido contra el Programa Marco. 
Los programas deben hacerse más sencillos, más racionalizados y menos burocráticos, e insto a la Comisión y al Parlamento a que hagan sus deberes en esta cuestión. 
Debemos garantizar que las pequeñas y medianas empresas se impliquen también con éxito en la investigación europea. 
Seguiré con interés el resto del debate. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, yo también quiero felicitar a la señora Locatelli por su magnífico trabajo. 
Creo que el debate que hemos mantenido estos meses en relación con cuál debe ser la estrategia europea en investigación y con los objetivos del Séptimo Programa Marco ha sido enriquecedor y, sin duda, va a repercutir en favor de la ciencia europea. 
Se han clarificado objetivos esenciales para alcanzar metas que, a más largo plazo, tiene fijadas la Unión Europea, se han analizado también los instrumentos de que disponemos para conseguirlos y se han sugerido algunos nuevos. 
En este sentido, si queremos dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia de Lisboa y de la Cumbre de Barcelona y tener en cuenta las recomendaciones del Informe Kok, el Séptimo Programa Marco debe, sin lugar a dudas, incrementar sus recursos de manera suficiente dentro del marco de las nuevas perspectivas financieras. 
Para conseguir estos objetivos y para crear el Espacio Europeo de Investigación, se precisa también de una buena coordinación tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión Europea, de modo que los recursos y las acciones sean complementarios y provoquen un efecto multiplicador. 
También el apoyo a la investigación básica de excelencia como motor del desarrollo tecnológico, del crecimiento y de la competitividad es fundamental para cumplir la Estrategia de Lisboa. 
Todo ello requiere hacer una Europa más atractiva para los mejores investigadores, tanto para los jóvenes y las mujeres como para la recuperación de científicos de alta cualificación, y promover la participación de las PYME en todas y cada una de las prioridades temáticas, en los ejes de colaboración transnacional y en las iniciativas tecnológicas a través de la financiación de proyectos de tamaño adecuado y del uso de instrumentos específicos según sus necesidades. 
En todo esto hemos conseguido un importante acuerdo- y vuelvo a felicitar a la ponente por ello. 
Otras cuestiones, algo más polémicas, van a requerir posteriores debates. 
Tal es el caso de las prioridades de investigación, que creemos deberían ampliarse a otras nuevas de gran importancia económica potencial para la Unión Europea como es el caso, por ejemplo, de la investigación en ciencia... 
– Señor Presidente, esto nos demuestra que la ciencia y la investigación perduran a largo plazo. 
Continuaré hablando en sueco. 
Señor Presidente, la Resolución que hemos aprobado añade una dimensión europea tanto a la política de investigación como al desarrollo económico. 
La totalidad de la Resolución sobre la Estrategia de Lisboa que ha sido aprobada hoy en el Parlamento por amplia mayoría – en la que hemos trabajado mucho los diputados de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa – se basa en el principio de que el desarrollo sostenible no solo depende del crecimiento económico, sino también de la cohesión social y de consideraciones medioambientales. 
La política de investigación y el informe que estamos debatiendo hoy ayudarán a promover un crecimiento económico sostenible con la inversión en centros de excelencia y plataformas tecnológicas, y ayudará a crear la cohesión social que deseamos – por ejemplo, entre hombres y mujeres, desde la perspectiva del género, así como entre distintas regiones. 
Ayudarán además a generar los fondos que necesita nuestro sistema de seguridad y garantizarán que podamos seguir trabajando en un desarrollo tecnológico supeditado al medio ambiente. 
Celebro que este trabajo sea tan equilibrado como la Resolución de Lisboa que se ha aprobado, y espero con interés el programa marco. 
– Señor Presidente, difícilmente se puede exagerar la importancia de este debate en la actual angustia en torno a la Agenda de Lisboa. 
La realidad es que si no invertimos en investigación y, sobre todo, si no implicamos a la comunidad empresarial en este proceso de investigación, no conseguiremos hacer crecer nuestras economías. 
La coordinación de toda la Unión supone un claro valor añadido. 
Por ello es aún más lamentable que las propuestas de la Comisión –que apoyo en líneas generales– se vean amenazadas por mi Gobierno del Reino Unido, que insiste en recortar el presupuesto de la UE sin especificar dónde aplicar la tijera. 
Apoyo el tenor general de este informe y quisiera expresar mi felicitación al ponente, en consonancia con el resto de la Cámara. 
Tengo algunas reservas en cuestiones de detalle y espero que nuestras enmiendas refuercen el informe mañana. 
Al apoyar a la Comisión quisiera hacer hincapié en la importancia de simplificar los procedimientos en el séptimo programa marco, porque el mensaje claro y audible que me ha llegado de Escocia es que la administración y la burocracia han sido importantes factores disuasorios en anteriores programas marco. 
Por lo que ha dicho esta noche el Comisario, creo que el mensaje ha sido escuchado con claridad, aunque espero con interés sus propuestas efectivas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace exactamente 27 años hoy –y también coincidiendo con un turno de noche–, cuando me disponía a regresar de una órbita alrededor de la Tierra, tras una misión de investigación a la estación espacial Salyut 6 que duró más de una semana, ni por asomo imaginaba que al cabo de tantos años podría hablar sobre el desarrollo futuro de la ciencia y la investigación en Europa ante una Cámara como esta, o incluso que podría desempeñar un papel activo en ese desarrollo. 
Por eso quiero agradecer su esfuerzo a todos los que han participado, y sobre todo a la señora Locatelli, que ha realizado un excelente trabajo en la elaboración de su informe, razón por la cual pienso votar a su favor mañana. 
Otra razón por la que voy a votar a su favor es que el proyecto de informe deja muy clara la importancia de la exploración espacial y la función que desempeñará la investigación espacial para la Europa futura, o, más concretamente, para sus ciudadanos. 
Soy de la opinión de que deben apoyarse también proyectos como Galileo o el Programa GMS, ya que sé por experiencia propia que este tipo de proyectos ofrecen oportunidades en otra serie de ámbitos relacionados y pueden crear cientos, cuando no miles, de puestos de trabajo. 
También el programa ITER debe proporcionar apoyo a la industria de la energía, como ha mencionado mi colega. 
Para terminar, quiero hacer una comparación. 
Puede que estemos a punto de tomar decisiones similares a las que una vez tomaron los reyes españoles cuando tuvieron que decidir si apoyaban o no el proyecto de Cristóbal Colón. 
En términos modernos, su viaje fue un experimento científico para confirmar que la Tierra era redonda, y no solo cambió el mapa del mundo, sino que influyó en todo lo que ha sucedido en el mundo desde entonces. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, aunque sé que la investigación científica es tan beneficiosa como necesaria, todavía está por ver si el enfoque adoptado por el informe Locatelli es el modo más eficaz de conseguir una Europa más innovadora. 
En primer lugar, ¿qué eficacia pueden tener las medidas a escala europea si son los Estados miembros los que tienen las competencias y responsabilidades en esos ámbitos? 
En el informe se propone que las actividades desarrolladas en los Estados miembros se cofinancien con recursos de la UE. 
Esta propuesta proporcionaría fondos de la UE a estudiantes y a institutos y centros de investigación, así como para concienciar a los ciudadanos de la importancia de la ciencia. 
Esos son ámbitos que los Estados miembros promueven con frecuencia y de forma mucho más eficaz, de manera que hay formas más eficaces de gastar los fondos europeos en este terreno; consideren cuánta burocracia y cuántos trámites administrativos podrían ahorrarse en la cooperación internacional y en la movilidad de los investigadores. 
En segundo lugar, la Comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para la política de investigación carece, en mi opinión, de una declaración estratégica sobre las investigaciones punibles en los Estados miembros. 
¿No es claramente inaceptable que los fondos comunitarios se utilicen para apoyar esas investigaciones? 
Estoy pensando en las investigaciones que implican la destrucción de embriones humanos. 
Si los fondos comunitarios se utilizan para esas polémicas investigaciones, eso significa que los Estados miembros no se beneficiarán igualmente de las iniciativas europeas de investigación. 
¿Puede el señor Comisario pronunciarse sobre esta cuestión? 
Por último, la ambición de las instituciones europeas de distinguirse en el ámbito de la investigación no tiene necesariamente que llevar a una investigación mayor y mejor en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, este informe merece obviamente nuestros elogios, puesto que ya era hora de que se plantearan esas cuestiones cruciales. 
También debemos alegrarnos de que estas cuestiones se estén debatiendo en relación con la Estrategia de Lisboa. 
Aun así, me temo que el presente informe compartirá el destino de la Estrategia de Lisboa, que no supo distinguir entre objetivos económicos y sociales. 
El resultado de ello es que no se consiguen ni los unos ni los otros, a pesar de que todos ellos son cruciales. 
Todos sabemos que la economía está flaqueando y que el desempleo está aumentando. 
Aún así, los objetivos científicos se confunden, lamentablemente, con los objetivos ideológicos en este informe. 
Me parece totalmente incomprensible que el informe diga en tres ocasiones que existe una necesidad especial de promover el papel de la mujer en la ciencia. 
Es evidente que las cátedras deben concederse a los que posean la cualificación necesaria para ocupar esos puestos. 
Podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que las mujeres adquieran esa cualificación, pero no tiene sentido promoverla por la fuerza si ellas no lo hacen. 
Además, debo decir que me ha sorprendido comprobar que la investigación en animales es el único campo de investigación científica que se menciona con detalle. 
Soy un gran amante de los animales, pero este informe no es el lugar adecuado para tratar esta cuestión excluyendo a todas las demás. 
Considero también inaceptable que se vayan a imponer límites en el gasto de los países más pobres. 
Los países más pobres se han beneficiado tradicionalmente de los logros de los países más ricos, y así debe seguir siendo. 
Señor Presidente, Señorías, hay un proverbio francés que dice «quien mucho abarca, poco aprieta». 
Si establecemos demasiados objetivos, lograremos muy pocos, y esta es una cuestión que debemos examinar con claridad y detalle. 
Señor Presidente, Señorías, el rápido crecimiento experimentado por los países asiáticos y los Estados Unidos ha planteado un reto económico importante a Europa. 
Eso significa que en la Unión Europea se necesita un crecimiento económico más rápido basado en la ciencia y en las nuevas tecnologías, para lo cual debe formularse una política de investigación coherente que proporcione el apoyo necesario. 
El informe indica los ámbitos de investigación que son clave para la UE en su conjunto. 
A la vista de las enormes diferencias de potencial investigador de los distintos Estados miembros y las regiones, debe prestarse especial atención a los países y a las regiones pobres que carecen de los recursos necesarios, pero que tienen un potencial humano enorme, para garantizar la cohesión entre Estados miembros y el desarrollo armonizado. 
Algunos Grupos han opinado que no tiene sentido invertir en ciencia si se carece de los recursos necesarios, y nosotros debemos demostrar que esa opinión está equivocada. 
Por eso debe prestarse especial atención a la política de investigación en esos países y regiones, para evitar que las diferencias en la capacidad intelectual y las oportunidades de desarrollo se amplíen en lugar de reducirse. 
Las orientaciones para la política de investigación de la UE contenidas en la propuesta de resolución del informe destacan los ámbitos clave para el desarrollo de la investigación. 
Eso es totalmente correcto, pero no debe descuidarse el desarrollo de la ciencia y la tecnología en toda la UE. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señora Locatelli, quiero darle las gracias por su excelente trabajo, y también quiero darle las gracias al ponente alternativo, el señor Brunetta. 
Todos somos conscientes de que nos enfrentamos al enorme reto que plantea el logro de los objetivos de Lisboa. 
Nuestro objetivo es dedicar el 3% del PIB a investigación, aportando el sector privado dos tercios de esa cantidad. 
Sencillamente, si exigimos esto a la industria, debemos ser conscientes de que el 50% del producto interior bruto lo generan las pequeñas y medianas empresas. 
Un dato todavía más importante es que dos tercios de la totalidad de la población activa trabaja en pequeñas y medianas empresas, o, dicho de otro modo, en empresas con menos de 250 empleados. 
El Sexto Programa Marco estableció un objetivo del 15%, una cifra que al final no se consiguió con los grandes proyectos horizontales, pese a que los programas de energía recibieron sobrada financiación. 
Por ello, quiero pedirle al Comisario Potočnik que considere la manera de dar prioridad a las actividades de investigación de las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que también es necesario determinar de una vez por todas quién es responsable de la eficiencia y la evaluación en el ámbito de la investigación académica. 
La investigación genera conocimientos y valores, y este proceso debe medirse y evaluarse. 
Se necesita una mayor transparencia, y pido expresamente que se establezca un Programa de Investigación Electrónica. 
Debemos preguntarnos cómo pueden proporcionarse a través de Internet los métodos más sencillos de presentar solicitudes para programas de investigación y de financiar esos programas, y cómo podemos garantizar que la Comisión cumpla también la Directiva sobre los retrasos en los pagos que se aplica en todos los demás ámbitos, pero que hasta ahora la Comisión ha rechazado. 
Necesitamos procesos automatizados de gran calidad y mejores instrumentos para que los resultados de las investigaciones puedan divulgarse más ampliamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias a nuestra ponente, la señora Locatelli, por la calidad y el interés de su informe. 
La Investigación en el Séptimo Programa Marco es importante para nosotros, sin duda en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
Una buena relación de trabajo entre los centros de investigación y la industria es esencial. 
Quiero realizar tres observaciones. 
En primer lugar, ni que decir tiene que la ciencia debe ser autónoma, pero eso no significa que no sea comprometida. 
Las prioridades científicas no son un pasatiempo para los científicos; dependen de los problemas planteados. 
Comparto plenamente la opinión del señor Hammerstein Mintz de que el programa de trabajo de la investigación pública debe supeditarse a los problemas sociales. 
Mi segunda observación se refiere a la burocracia innecesaria, que ya se ha mencionado antes. 
Con demasiada frecuencia ha ocurrido que las posibilidades de éxito en el Sexto Programa Marco han sido mínimas, si se compara con los esfuerzos realizados. 
Sin duda, para las pequeñas empresas y las pequeñas instituciones es tarea imposible presentar toda la documentación que se exige y responder a todas las preguntas. 
Por eso pedimos un procedimiento en dos fases que consista en una breve descripción del proyecto de investigación, seguida de un proceso de selección, para que los participantes de la segunda ronda tengan una seguridad razonable de que su propuesta terminará siendo aceptada. 
En tercer lugar, les pido que aunemos fuerzas. 
Los fondos de investigación europeos siguen siendo únicamente una fracción de los presupuestos nacionales. 
El artículo 169 nos ofrece la oportunidad de aunar fuerzas. 
Ya hemos adquirido experiencia en el ámbito de los ensayos clínicos relacionados con enfermedades del desarrollo. Podemos utilizar esa experiencia para realizar investigaciones conjuntas sobre cuestiones como la introducción de una economía con bajos niveles de CO2, las células de hidrógeno o la mejora de la eficiencia energética. 
Los ciudadanos también quieren que aunemos fuerzas, y hacia ese objetivo tenemos que trabajar. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias a la ponente por su excelente informe; ahora le toca a usted, Comisario Potočnik, y a los otros Comisarios garantizar la aplicación de las prioridades de investigación. 
Quiero centrarme únicamente en una de esas prioridades, que con toda seguridad estará ausente en el informe de mañana, y es la investigación militar. 
Tras consultar con el resto de mi Grupo, he retirado una enmienda sobre esta cuestión en vista de la confusión que podría haber causado, , en relación con el Consejo. 
¿Por qué he decidido hablar a favor de la investigación militar? 
Nuestra futura Constitución contempla la formulación de una política exterior y de seguridad común, lo cual significa que tendremos que realizar investigaciones en este ámbito, algunas de las cuales serán secretas. 
Por ello, debemos ser capaces de copiar a los estadounidenses y adoptar un enfoque de «caja negra» con algunos proyectos. 
Aun así, debemos reforzar la cooperación trasatlántica en la investigación desarrollada en otros ámbitos que pueda redundar en beneficio de toda la Humanidad. 
Así podremos mantener un diálogo entre iguales sobre la investigación que sería apropiado en el caso de una serie de otros países, así como los Estados Unidos. 
Quisiera felicitar a la seńora Locatelli por haber redactado un informe excelente, y agradecer al Comisario Potočnik que nos haya acompańado. 
En mi opinión, la mayoría de los presentes en la Cámara son antiguos investigadores, y por ese motivo compartimos las mismas opiniones. 
No obstante, tengo entendido que el Comisario Potočnik nunca ha trabajado en el campo de la investigación, y por eso puede adoptar un enfoque más distanciado y algo menos pasional de nuestras propuestas. 
Quiero decir que el actual Sexto Programa Marco es el primero en la historia de la Unión Europea que se ha redactado e implantado en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
No obstante, hay otra característica nueva del Séptimo Programa Marco, y es que se ha redactado y se implantará después de la ampliación, con la participación de los diez nuevos Estados miembros. 
¿Cómo podemos utilizar esta ampliación para garantizar la eficacia de nuestra política científica y para implantar la Estrategia de Lisboa, y qué pueden ofrecer los diez nuevos Estados miembros a la UE en su conjunto? 
Pueden ofrecer tres cosas: una población con un alto nivel educativo cuyos conocimientos están a menudo desperdiciados, unos costes de investigación más bajos y un gran afán de prosperidad tras medio siglo de aislamiento de la civilización occidental y de las oportunidades de desarrollo. 
¿Cómo podemos aprovechar al máximo estas oportunidades y cómo podemos aprovechar mejor el potencial investigador de los nuevos Estados miembros? 
Tengo cinco propuestas. 
La excelencia no debe ser el único criterio aplicado para establecer las prioridades de financiación; deben considerarse también otros criterios para que puedan integrarse los centros de investigación de los nuevos Estados miembros. 
Esos centros han tenido pocas oportunidades de implantar programas de investigación europeos en el pasado. 
En segundo lugar, contamos con que se aprueben proyectos más pequeños, puesto que nuestros centros de investigación son también más pequeños. 
En tercer lugar, los procedimientos tienen que simplificarse. 
Los nuevos Estados miembros carecen de experiencia con procedimientos complicados y los consideran una carga importante. 
Esperamos que se establezcan unas normas claras y transparentes que regulen las inversiones en infraestructuras de investigación en los nuevos Estados miembros. 
En quinto y último lugar, la integración significa también un mercado común y la plena libertad de circulación de personas y servicios. 
Hasta que eso no se logre, no podremos promover la investigación ni tener éxito con la Estrategia de Lisboa. 
Muchas gracias. 
– Señor Presidente, ¿quién no podría estar de acuerdo en que la herramienta para promover el crecimiento y la competitividad en Europa es una política sostenible de investigación y desarrollo? 
No se trata de una opción, sino que se ha convertido en una necesidad. 
Europa ya ha perdido su posición de cabeza a favor de Japón y los Estados Unidos. 
El objetivo que promovemos, a saber, destinar el 3 % del PIB en un plazo de cinco años, es ambicioso. 
Asimismo afirmamos que dos terceras partes de esa financiación ha de proceder del sector privado; esperemos que así sea. 
Pero como ocurre con todo en la vida, esto depende del dinero. 
Aquí es donde entra en liza el debate general sobre el presupuesto. 
Sin embargo, hemos de darnos cuenta de que si no invertimos, los ricos serán menos ricos y los pobres más pobres. 
La política de inversión en investigación y desarrollo no es una cuestión optativa. 
Como he dicho, se ha convertido en una necesidad. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero empezar agradeciendo a la señora Locatelli tanto su excelente trabajo como su cooperación ejemplar con todas las partes. 
En mi intervención quiero destacar y limitarme a una enmienda. 
En particular, todos sabemos que vivimos en una época de inseguridad y de mayores riesgos masivos, especialmente riesgos medioambientales. 
La reciente catástrofe del tsunami en el Sudeste Asiático debería haber convencido incluso a los más incrédulos de entre nosotros de que existe una necesidad inmediata y urgente de fortificar nuestro continente contra esa clase de catástrofes naturales. 
Los científicos que estudian estos fenómenos provienen de muchos y variados sectores: sismólogos, geólogos, oceanógrafos, ingenieros forestales y otros. 
Creo que es muy importante para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos europeos que se dé un fuerte impulso a estos campos de investigación, especialmente dado que parecen converger continuamente y cada vez más en un modelo de gestión de riesgos y crisis. 
Por eso creo que debemos hacer una referencia especial a los peligros naturales. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado una enmienda en esa dirección; me refiero a la enmienda 8. 
Otra razón, no menos importante, es su vínculo con la Estrategia de Lisboa. 
De hecho, tanto la Comunicación de la Comisión sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa como la Resolución que hemos aprobado hoy destacan la importancia de la eco-innovación para el desarrollo sostenible en Europa. 
Esto significa que, en la Estrategia de Lisboa revisada, las tecnologías medioambientales y las estrictas normas medioambientales ocuparán un lugar importante. 
Señorías, la enmienda que proponemos no establece simplemente otra prioridad temática; pretende hacer referencia expresa a un sector de la investigación que encaja con la filosofía de la Estrategia de Lisboa revisada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la investigación y la innovación son la clave para resolver muchos de los problemas a los que se enfrenta Europa. 
Esto es algo que se ha subrayado en varias ocasiones y que demuestra el hecho de que nos planteemos aumentar la financiación. 
Simplemente quiero destacar que el camino que nos espera no es fácil. 
Aunque me complace enormemente que el Parlamento y la Comisión estén de acuerdo en la necesidad de aumentar la financiación, me preocupan mucho las señales que provienen de los Estados miembros. 
A modo de ejemplo, considero intolerable que el actual Gobierno de Alemania, mi propio país, haya presentado una propuesta oficial a los Ministros de Economía para reducir los fondos que la UE destina cada año a investigación en la Unión Europea. 
Esto es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. 
Aunque estamos de acuerdo en la necesidad de aumentar la financiación, creo, no obstante, que debemos tener en cuenta que buena parte de los fondos provienen todavía de los presupuestos de investigación nacionales, y que los Estados miembros deben incrementarlos. 
Actualmente, el 5% de la financiación proviene de la Comisión, y el 95% de los presupuestos nacionales de investigación. 
A pesar de que puede que algún día la Comisión aporte el 10% de los fondos y los Estados miembros el 90%, es poco probable que esta proporción cambie sustancialmente. 
De ahí se deduce que el valor añadido europeo debe ser el principal criterio que apliquemos a la hora de establecer nuestras prioridades, y por ello les pido que voten a favor de la enmienda 7 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
No obstante, quiero dejar claro que no comparto la opinión del señor Lundgren, que lamentablemente ya no está presente, sobre el escaso valor añadido europeo de las medidas adoptadas hasta la fecha. 
A Europa le queda mucho por hacer; como yo estudié medicina, sé que la cooperación europea es muy necesaria en este ámbito, sobre todo en la lucha contra enfermedades raras y enfermedades infantiles, si queremos cosechar algún éxito. 
Por tanto, tenemos que prestar un mayor apoyo a esa cooperación. 
El siglo XXI será el siglo de la ciencia, de la investigación y del desarrollo tecnológico. 
El documento que hoy nos ocupa empieza por reconocer esto, y considera con acierto que la UE necesita hacer el máximo esfuerzo en este ámbito para que plantar cara a una competencia más feroz que nunca. 
Por eso considero que este informe merece nuestro apoyo. 
No obstante, permítanme, en el poco tiempo del que dispongo, llamar su atención sobre algo que me preocupa. 
Podría venir al caso una cita de Albert Einstein que quiero recordarles: «el conocimiento es limitado, pero la imaginación es infinita.» 
Hoy que la Estrategia de Lisboa está en el orden del día, quizás sea oportuno formular la siguiente pregunta: ¿qué garantías existen de que los ambiciosos objetivos formulados en este documento no formen parte del imperio de la imaginación en lugar de servir de base al conocimiento verdadero? 
Desde la perspectiva húngara, por ejemplo, el porcentaje del 3% del PIB, aunque atractivo, nos parece hoy inalcanzable, y seguro que lo mismo les pasa a la mayoría de los países adheridos recientemente. 
En mi opinión, solo hay un modo de disipar esta preocupación. 
Tenemos que promover y apoyar la investigación y el desarrollo en los nuevos y en los antiguos Estados miembros, dependiendo de sus respectivas y diferentes situaciones. 
Y es que no debería darse una situación en la que sigamos financiando la I+D como algo que debe decidirse según el nivel de desarrollo económico de cada país. 
Así se mantendrían las diferencias actuales y se debilitaría la cohesión. 
También es verdad que la fuerza de la Unión depende de la fuerza y el esfuerzo de sus Estados miembros. 
Si conseguimos que en este ámbito no haya estados o regiones que se queden rezagados, podremos decir que Europa se ha enfrentado con éxito a uno de los mayores retos del nuevo siglo. 
Y si eso es verdad, entonces habrá merecido la pena preparar este informe. 
. Señor Presidente, hay cuatro ámbitos principales que abordar. 
El más importante de ellos es la cooperación: la continuidad en este ámbito, un enfoque temático pero basado mucho más en las necesidades industriales que en el pasado. 
En segundo lugar están las ideas: en la Unión Europea queremos crear campeones de ideas y pensamientos que abran nuevas fronteras, pues realmente los necesitamos. 
En tercer lugar, las personas: no hay investigación sin personas y el grado de excelencia que alcancemos a la hora de cumplir los objetivos y crear realmente depende en gran medida de lo bien que lo hagamos en materia de investigación. 
En cuarto lugar están las capacidades. 
Es preciso abordar todos estos ámbitos de una manera correcta para conseguir lo mejor para la Unión Europea. 
0Todo ha de hacerse con instrumentos más flexibles que los que hemos tenido hasta ahora. 
Han de ser transparentes, comprensibles, sencillos y, espero, eficaces y basados en un tipo de continuidad mejorada que parta del sexto programa marco. 
Algunas de sus Señorías han mencionado cuestiones éticas. 
Es cierto que no son fáciles. 
Son importantes en la ciencia, porque la percepción que tengan las personas de la ciencia es sin duda crucial para el éxito de la cuestión que estamos debatiendo. 
Sin lugar a dudas no son preguntas fáciles que puedan abordarse en un espacio de tiempo limitado, pero estoy de acuerdo en que hemos de abordarlas de una forma abierta y tolerante. 
Asimismo, creo que habría que otorgar un papel especial al comité de ética existente, que debate y examina todos los aspectos de estas preguntas importantes y a veces difíciles. 
Se ha mencionado a las pequeñas y medianas empresas. 
Estas son sumamente importantes, porque la Unión Europea tiene una estructura diferente de algunos de nuestros competidores. 
En Europa tenemos relativamente más pequeñas y medianas empresas y por ello estas deberían participar más en la investigación que lo que hacen hoy. 
En lo que respecta a la ampliación y las capacidades quiero hacer dos comentarios. 
Uno es que la ampliación tuvo lugar primero en los ámbitos de la ciencia y la investigación, ya que los científicos de los nuevos Estados miembros pudieron participar antes en estos ámbitos que en cualquier otro. 
Por otro lado, es más difícil conseguir una integración completa en estos ámbitos que, por ejemplo, en el ámbito político, donde las personas pueden sentarse alrededor de una mesa y debatir sobre cuestiones espinosas. 
Así pues, tenemos que hacer todo lo posible por abordar esta cuestión, pero también hemos de tener claro que se necesitan fondos adecuados si queremos abordarla como es debido. 
Creo que los fondos para la ciencia y la investigación deberían abordar ante todo la cuestión de la excelencia. 
Necesitamos una Unión Europea altamente competitiva. 
Solo si la Unión en su conjunto es competitiva podremos estar seguros de que se abordarán debidamente todos los asuntos relacionados con cuestiones de solidaridad. 
He escuchado atentamente todos sus comentarios. 
Tienen ustedes mi promesa de que haré todo lo que esté en mis manos. 
Agradezco su apoyo, aunque no por ello mi tarea será más fácil. 
Todos tenemos muchas expectativas y con razón, porque el futuro de la Unión Europea también depende en gran medida del futuro desarrollo del ámbito científico y de la investigación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales sobre la transferencia de datos personales de pasajeros: 
– pregunta oral (B6-0014/2005) formulada por la Baronesa Ludford y otros; 
– pregunta oral (B6-0154/2005) formulada por la señora Buitenweg; 
– pregunta oral (B6-0156/2005) formulada por la señora Klamt, la señora Cederschiöld y el señor Coelho; 
pregunta oral (B6-0160/2005) formulada por el señor Catania y la señora Kaufmann; 
y sobre la retención y protección de datos: 
– pregunta oral (B6-0017/2005) formulada por el señor Alvaro, la señora Roure y el señor Kreissl-Dörfler; 
– pregunta oral (B6-0020/2005) formulada por la señora Buitenweg; 
– pregunta oral (B6-0155/2005) formulada por la señora Klamt y otros; 
– pregunta oral (B6-0159/2005) formulada por el señor Catania y la señora Kaufmann. 
– Señor Presidente, es bastante extraño que este debate tenga que ver con Internet y la retención de datos en Internet, y no se difunda como de costumbre en la página web del Parlamento. 
Quiero presentar una queja a este respecto. 
Señora Mastenbroek, las sesiones nocturnas nunca se han difundido por Internet en el pasado, dado que los recursos son limitados a este respecto. 
Todavía no se ha difundido ni una sola sesión nocturna, así que, hoy por hoy, esta es la norma y no una excepción. 
Por lo tanto, si de algo hay que debatir, será si esta norma debería cambiarse de forma permanente. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Frattini por asistir al debate de esta noche, que es el primero que se celebra sobre la protección de datos en esta legislatura por iniciativa de mi Grupo, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
No es la primera vez que el Parlamento examina la cuestión del PNR, ya que hace casi exactamente dos años que el Parlamento planteó por primera vez esta cuestión. 
Por consiguiente, el debate de esta noche tiene por objeto hacer un balance de lo que ha sucedido desde entonces. 
He sido nombrado ponente por iniciativa de cuatro Estados miembros en relación con la retención de datos. 
De ahí que hace algunos meses presentáramos dos preguntas orales sobre la cuestión del PNR y la cuestión de la retención de datos, con miras a tener un debate público sobre dos cuestiones que han provocado graves preocupaciones desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales, y para obtener más información de la Comisión sobre estas cuestiones. 
Señor Comisario Frattini, durante las comparecencias de los candidatos a Comisario en el Parlamento Europeo nos complació oír que concede usted mucha importancia a la defensa de los derechos fundamentales, y sé que está usted personalmente comprometido con la defensa de la intimidad de los ciudadanos. 
Apreciamos esta postura, pero también queremos que la Comisión presente propuestas sobre la protección de datos bajo el tercer pilar, como se nos ha prometido desde hace tanto tiempo. 
El Parlamento Europeo se encuentra en una situación muy conflictiva con respecto a otras instituciones de la UE. 
Hemos estado en profundo desacuerdo con la Comisión y el Consejo sobre la cuestión del PNR, recurriendo contra sus decisiones ante el Tribunal de Justicia, pero por desgracia tendremos que esperar mucho tiempo antes de que el Tribunal emita su decisión. 
En la cuestión de la retención de datos no me convence la iniciativa de los Estados miembros tanto en lo que respecta al contenido como al fundamento jurídico. 
Sé que la Comisión comparte estas dudas. 
En términos generales, el Parlamento Europeo está sumamente preocupado acerca de la conformidad de estas disposiciones con las normas internacionales y europeas en materia de derechos humanos, como la Convención Europea de Derechos Humanos, y la jurisprudencia asociada, así como con la legislación de la UE. 
Precisamente por ello estamos aquí esta noche. 
Sobre la cuestión de la retención de datos, sabemos que la Comisión ha levantado la reserva de comprobación de la idoneidad del fundamento jurídico de la propuesta de los cuatro Estados miembros. 
La Comisión cree que un fundamento del tercer pilar no es correcto, y que lo adecuado sería un fundamento del primer pilar. 
Nos gustaría conocer la respuesta jurídica de la Comisión, dado que tengo las mismas dudas y he solicitado al servicio jurídico del Parlamento que realice la misma comprobación jurídica. 
Sin embargo, también tenemos dudas acerca de la necesidad y la proporcionalidad de las disposiciones europeas sobre retención de datos. 
Por ello querríamos preguntar a la Comisión si apoya la iniciativa de los cuatro Estados miembros, no solo desde el punto de vista del fundamento jurídico, sino también del contenido. 
En segundo lugar, quisiera saber si la Comisión pedirá a los cuatro Estados miembros que retiren su iniciativa, un paso que la Comisión aún no ha dado. 
Asimismo quisiéramos saber si la Comisión propondrá un instrumento del primer pilar y cuándo piensa hacerlo. 
El programa de trabajo de 2005 de la Comisión prevé para este mes la adopción por parte de la Comisión de una directiva sobre la retención de datos con fines policiales. 
¿Se respetará esta fecha límite y cuál será el contenido de la propuesta? 
En tercer lugar, quisiéramos que se nos pusiera al día sobre el instrumento de protección de datos del tercer pilar, que ya lleva mucho retraso y que el Comisario Frattini prometió personalmente que sería presentado. 
Permítame recalcar que el Grupo de Trabajo del artículo 29 ya ha elaborado una propuesta relativa a los principios armonizados de protección de datos para el tercer pilar. 
Nos sentiríamos honrados de oír sus observaciones sobre esta cuestión. 
En cuanto a la cuestión del PNR, el Parlamento tiene interés y tiene el derecho a que se le ponga al día sobre la causa pendiente ante el Tribunal de Justicia, con la objeción el Parlamento a la firma del acuerdo internacional el 28 de mayo de 2004 que hace posible la transferencia de datos de pasajeros aéreos a los Estados Unidos. 
En primer lugar, el Parlamento ha solicitado repetidas veces el desarrollo de un sistema, por última vez en la enmienda aprobada al presupuesto de 2005. 
¿Podría la Comisión informar al Parlamento de si se ha producido alguna novedad? 
Con miras a la protección de la intimidad de los pasajeros aéreos europeos, ¿podría informar la Comisión al Parlamento sobre el volumen de datos de pasajeros a los que las autoridades tienen acceso y si hay un filtrado efectivo de datos delicados? 
Asimismo, ¿están excluidos los vuelos intraeuropeos? 
La Comisión ha publicado una comunicación relativa a un enfoque global de la UE sobre el PNR. 
Sin embargo, es evidente que la Comisión no sigue un enfoque coherente, dado que por un lado no ha concluido el acuerdo internacional con Australia, mientras que por otro está dispuesta a negociar con Canadá sobre normas que son totalmente diferentes de las que se aplican a los Estados Unidos. 
¿Dará curso la Comisión a la comunicación y se adherirá de una vez a un enfoque europeo realmente global? 
Por último, ¿por qué no se ha informado nunca al Parlamento acerca de las negociaciones sobre el PNR en el seno de la OACI? 
La práctica actual no es democrática, transparente ni justificable. 
Gracias y espero con interés sus respuestas. 
– Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, no repetiré las preguntas que les enviamos. 
Por otro lado, vale la pena recordar que el año pasado, en abril de 2004, el Parlamento Europeo rechazó el acuerdo negociado por el Consejo, la Comisión y los Estados Unidos y consultó al Tribunal de Justicia. 
Recordaré también que el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE recoge una lista exhaustiva de las circunstancias en que está permitido procesar datos personales. 
Estas autorizaciones deben entenderse impuestas por el Derecho comunitario o por el Derecho nacional de un Estado miembro, y no por el Derecho de un país tercero. 
¿No considera que a falta del dictamen del Tribunal de Justicia y tras el dictamen negativo del Parlamento Europeo, la transmisión automática de los datos de los pasajeros a las autoridades de los Estados Unidos constituye una violación de los derechos de los ciudadanos europeos a la protección de su vida privada? 
Le recuerdo que las autoridades de los Estados Unidos no pueden garantizar el nivel de protección de los datos que exigimos en Europa y que pedimos a otros países terceros, como Australia o Canadá. 
En particular, no tenemos ningún medio de saber quién tiene acceso a esos datos. 
Esta cuestión debería resolverse respetando los derechos fundamentales y siguiendo los principios definidos por el Parlamento Europeo. 
Deberíamos definir, por tanto, qué datos pueden transmitirse de forma automática y cuáles pueden transmitirse caso por caso. 
Queremos que se adopte la lista de delitos graves para los cuales pueda presentarse una solicitud adicional, la lista de las autoridades y agencias que pueden tener acceso a los datos y las condiciones de protección de los datos que deben cumplirse. 
Queremos conocer el período de conservación para los dos tipos de datos, teniendo en cuenta que los datos relativos a la prevención de los delitos graves deben intercambiarse conforme al Acuerdo Unión Europea-Estados Unidos sobre la cooperación judicial y la extradición. 
Queremos asegurarnos de que los pasajeros tengan garantizada la posibilidad de corregir los datos que les conciernen. 
¿Considera, señor Comisario, que la transmisión de los datos respeta los principios de finalidad y proporcionalidad preconizados por el Grupo de Trabajo del artículo 29? 
Por otra parte, queremos disponer de evaluaciones y cifras y saber cuáles son los resultados de estas prácticas. 
Por último, ¿no cree que es tanto más urgente tratar el problema de la protección de datos en el tercer pilar, con una decisión marco? 
Francia, el Reino Unido, Irlanda y Suecia han propuesto una iniciativa sobre un proyecto de decisión marco relativa a la conservación de los datos, y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior está trabajando actualmente sobre dicha iniciativa. 
¿Cáles son de hecho sus proyectos en lo que concierne a la protección de datos? 
¿Desea presentar usted su propia propuesta? 
Por último, en la Comisión de Libertades necesitamos saber sobre qué fundamento legislativo debemos trabajar, y le agradeceríamos, señor Comisario, que tuviera a bien responder de forma concreta a todas estas preguntas. 
Señor Presidente, quiero dedicar algo de tiempo esta noche a recordar historias de la anterior Comisión y las cosas que prometió hacer. 
Seguro que recuerdan la carta del señor Bolkestein al Ministro estadounidense, Tom Ridge, acerca de la transferencia de datos personales de pasajeros, en la que incluso citaba a Benjamín Franklin, con la conocida frase: «Quienes renunciarían a una libertad esencial a cambio de una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad». 
Hoy nos gustaría saber qué ocurre exactamente con los datos de nuestros ciudadanos. 
En debates anteriores, la transferencia de datos sensibles, tales como la religión o el estado de salud de una persona, resultó sumamente controvertida. 
El señor Bokestein prometió que tan pronto las líneas aéreas instalaran filtros, los Estados Unidos deberían filtrar estos datos para destruirlos después completamente, lo que indica que los Estados Unidos tienen acceso a los datos, aunque no están autorizados a leerlos. 
¿Ha comprobado entretanto la Comisión si los Estados Unidos realmente cumplen esta norma o se limita a confiar en la palabra del Presidente Bush al respecto? 
¿Cuáles son las últimas noticias acerca del desarrollo de esos sistemas de filtro para las compañías aéreas? 
El año pasado, la Comisión consideró que el proceso judicial incoado por el Parlamento era, en general, innecesario, porque tendrían instalado el sistema de filtros informáticos en el plazo de unos meses, seis como máximo. 
¿Qué hay de esto ahora? 
El interés de los Estados Unidos por los datos personales de los ciudadanos europeos no debe contemplarse al margen de sus esfuerzos por crear un sistema mundial de vigilancia informática. 
Quieren crear un perfil del mayor número posible de ciudadanos de todo el mundo, basándose en sus hábitos de viaje y en las compras con tarjeta de crédito. 
El 11 de marzo de 2004, la respuesta de la Comisión indicaba su voluntad, en determinadas condiciones, de ayudar a desarrollar este sistema CAPPS II y afirmó que en esos momentos las autoridades estadounidenses todavía no estaban realizando comprobaciones con los datos de nuestros pasajeros. 
Me gustaría preguntar a la Comisión, un año después, si esta situación ha cambiado y si ahora están comprobando los datos de nuestros pasajeros. 
¿Han verificado ustedes esta cuestión? 
¿Cuáles son las últimas noticias acerca del sistema CAPPS II o quizás su sucesor? 
¿Participa la Comisión ahora en el desarrollo de este sistema junto con los Estados Unidos? 
Me gustaría obtener respuestas precisas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estoy convencida de que el señor Frattini ha leído nuestras preguntas y sin duda contestará a ellas esta noche. 
También estoy convencida de que sabe que el Parlamento apoya un punto de vista equilibrado, en el que la lucha contra el crimen tenga en cuenta el tema de la intimidad, como en este caso que implica el almacenamiento de datos. 
Durante todo el día hemos hablado del Proceso de Lisboa y cómo ser más competitivos. 
Por lo tanto, este no puede ser el momento oportuno para imponer a las empresas, autoridades y ciudadanos enormes costes con respecto a los que ni siquiera contamos con una evaluación de impacto; es decir, costes que carecen de fundamento. 
Me parece totalmente insensato e ilógico tomar decisiones antes de que se haya realizado esta evaluación y, al mismo tiempo, hablar de competitividad y de Lisboa. 
Sería un disparate hacer que las personas paguen para que las vigilen. 
Creo que siempre debe pagar quien solicita la información. 
De lo contrario, esta situación favorecería el advenimiento de una sociedad totalmente controlada por el Estado. 
Asimismo, no se ha demostrado que este planteamiento sea necesario, cosa que es esencial antes de que se pueda tomar cualquier decisión. 
Si la Comisión presenta una propuesta, es lógico que los Estados miembros retiren las suyas. 
Creo y espero que el señor Frattini se percate de que es una buena idea –incluso una necesidad– garantizar que la protección de la intimidad de las personas basada en el tercer pilar sea al menos tan efectiva como la misma protección basada en el primer pilar. 
Comparto la opinión de mis colegas diputados de que sería interesante escuchar cómo pretende usted tratar esta cuestión. 
– Señor Presidente, con respecto a la cuestión de la transferencia de datos personales de los pasajeros, me gustaría sumarme a las preguntas formuladas y a las críticas realizadas por mis colegas del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Por mi parte, centraré mis comentarios en la cuestión del almacenamiento de datos personales. 
La propuesta que se ha presentado al Consejo encierra un conflicto muy claro entre integridad personal y respeto de la intimidad, por una parte, y la necesidad que tiene la sociedad de una vigilancia, por otra. 
En mi opinión, este proyecto va demasiado lejos vulnerando la intimidad, dado que se basa, en la práctica, en el concepto de vigilancia incluso cuando no hay indicios de delito y se basa efectivamente en una especie de sospecha subyacente de todas las personas. 
Esto es a todas luces contrario al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, particularmente al artículo 8, relativo al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia. 
Los Estados miembros han suscrito este Convenio del Consejo de Europa suponiendo que la UE como institución haría lo mismo. 
¿Somos serios a este respecto si al mismo tiempo podemos aprobar una legislación que vulnera claramente convenios internacionales? 
Esta es una cuestión clave que afecta a nuestra credibilidad, que la Comisión debe abordar. 
Otro punto importante son las fuertes críticas a esta propuesta que ha formulado el llamado Grupo del Artículo 29. 
Este Grupo se compone de algunos de los mejores expertos en materia de protección de datos que tenemos en la Unión. 
También sería interesante escuchar el comentario de la Comisión sobre las críticas del Grupo del Artículo 29 en este ámbito. 
Es en tiempos de crisis cuando se pone a prueba el Estado de Derecho y es en tiempos de crisis cuando más se necesita el Estado de Derecho, para proteger a las personas, en parte de una vigilancia injustificada por parte de la propia sociedad. 
Tras los atentados terroristas en los Estados Unidos hace unos años, comprobamos que si se ha cruzado la línea una vez, resulta mucho más fácil cruzarla de nuevo. 
Por este motivo es importante defender los valores fundamentales del Estado de Derecho. 
Así pues, la Comisión y el Consejo también deben estar dispuestos a debatir oportunamente esta legislación. 
Ya hemos debatido estas cuestiones demasiado a menudo –en muchas ocasiones sin obtener respuestas– para acabar descubriendo que entonces es demasiado tarde. 
Señor Presidente, señor Comisario, estoy seguro de que nadie en esta Cámara dudaría en aceptar que la protección de datos es una tarea fundamental. 
Sin embargo, no cabe duda de que dar prioridad a la lucha contra el crimen también es importante, particularmente en los tiempos que corren. 
Es extremadamente difícil evaluar la importancia de la protección de datos frente a las oportunidades de luchar contra el crimen y realmente estoy abierto y dispuesto a debatir esta cuestión. 
Sin embargo, con respecto a este proyecto de informe, debo decir que todavía no se ha dado una respuesta definitiva a una pregunta que se formuló con bastante claridad hace unos meses, en concreto si la realización de este informe es realmente necesaria. 
Por lo tanto, entiendo perfectamente por qué todos los Grupos en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior consideran –de hecho, yo también lo pienso– que el programa que se está siguiendo es absurdo. 
Necesitamos una respuesta clara de la Comisión. 
Si estas medidas son necesarias, entonces podemos debatirlas. 
Sin embargo, si son innecesarias, como yo creo en estos momentos, entonces debemos hacer todo cuanto esté en nuestras manos para cerrarles el paso. 
Lo que me preocupa es que este proceso siga avanzando y que mañana, o pasado mañana, o en algún otro momento en el futuro, se nos presente una propuesta que debatiremos y que ya no haya forma de escapar del proceso, aún cuando todos los diputados a esta Cámara lo consideren equivocado. 
Así pues, me interesaría muchísimo escuchar la opinión de la Comisión al respecto. 
Hemos estado debatiendo acerca de Lisboa y de nuestro deseo de regular menos, pero vamos camino de regular algo que es absurdo y que nadie quiere, salvo los cuatro Estados miembros que respaldaron la iniciativa. 
Asimismo, dado que todos los Grupos de la Cámara están de acuerdo y han expresado sus preocupaciones acerca de esta cuestión, espero que la Comisión explique a la Cámara si –y, en este caso, cuándo– tiene previsto presentar una propuesta y cuál será el contenido de la misma. 
No quiero tener que esperar demasiado hasta que se nos diga qué acordaremos y quiénes sufragarán los costes. 
La señora Cederschiöld ha preguntado hace un momento quién pagaría la factura. ¿Será el público, la industria o quienes han solicitado estas medidas, a saber, los Estados miembros que respaldan la iniciativa? 
Las preguntas adicionales podrán tratarse en una fecha posterior. 
. 
Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación general que los Estados miembros aspiran a abordar con la decisión marco prevista sobre la retención de datos, que es garantizar la capacidad de las autoridades policiales de tener acceso a ciertos datos relacionados con la comunicación electrónica para apuntalar sus esfuerzos para luchar contra el crimen, incluido el terrorismo y el crimen organizado. 
Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa de Francia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido sobre la retención de datos, que debatimos actualmente, fue presentada al amparo del Título 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Sin embargo, la Comisión considera que las disposiciones del proyecto de instrumento que tienen que ver con la armonización de las obligaciones de los proveedores de comunicaciones electrónicas de retener datos relacionados con la prestación de servicios de comunicación electrónica se rigen por el Tratado de la Comunidad Europea, sobre todo en vista de las disposiciones vigentes de la legislación comunitaria en esta materia. 
Por consiguiente, la Comisión presentará una propuesta alternativa sobre la retención de datos sobre la base del artículo 95 del Tratado de la Comunidad Europea a principios de la primavera de 2005. 
Personalmente espero que los cuatro Estados miembros en cuestión retiren su propuesta. 
La Comisión es plenamente consciente de las implicaciones económicas que pueden tener las obligaciones de retención de datos para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. 
Se llevará a cabo una evaluación de impacto para determinar en qué medida el establecimiento de obligaciones de retener datos tendrá implicaciones económicas. 
En lo que respecta al instrumento genera de protección de datos del tercer pilar, la Comisión tiene previsto emitir la primera propuesta global en la segunda mitad de 2005; en octubre o noviembre. 
A este fin, la Comisión ha iniciado las consultas con expertos que representan a los Ministerios relevantes y las autoridades de control de la protección de datos de los Estados miembros y los Estados de Schengen. 
En lo que respecta a la transferencia de datos de pasajeros a la revisión conjunta con los Estados Unidos, diversas cuestiones relativas a la transferencia de datos de pasajeros –la cuestión del PNR– tiene que ver con la aplicación de compromisos por parte del Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos. 
Estos compromisos prevén que las autoridades norteamericanas y la Comisión realicen una revisión conjunta de su aplicación, en la que la Comisión será asistida por representantes de las autoridades policiales europeas y de los supervisores de protección de datos. 
Esta revisión conjunta tendrá lugar en la primera mitad de este año, es decir, durante el primer año de funcionamiento del acuerdo y los compromisos asociados, que entraron en vigor el 28 de mayo de 2004. 
La revisión tiene por objeto ofrecer una clara imagen del modo en que funcionan los compromisos. 
Tengo intención de informar a este Parlamento sobre el resultado de esta revisión conjunta y cualquier novedad importante en este expediente. 
Como ya he dicho, las autoridades nacionales de protección de datos formarán parte del equipo encabezado por la Comisión que realice la revisión conjunta. 
Ello permitirá al Grupo de Trabajo del artículo 29 participar para evaluar plenamente la aplicación de los compromisos. 
Me complace decirles que, a pesar de las diferencias de opinión sobre el paquete del PNR estadounidense, hay una excelente cooperación en torno a la aplicación de este paquete entre el Grupo de Trabajo del artículo 29 y la Comisión. 
En lo que respecta a la información sobre los pasajeros, como ejemplo de esta excelente cooperación entre el Grupo de Trabajo del artículo 29 y la Comisión, el Grupo de Trabajo ha emitido una nota informativa que las líneas aéreas y las agencias de viaje utilizan para informar a los pasajeros aéreos del hecho de que los datos personales son transferidos al Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos con objeto de prevenir y combatir el terrorismo y otros delitos graves. 
En lo que concierne a las transferencias de datos a terceros países, según la información que hemos recibido de los Estados Unidos, de momento no se han transmitido datos de pasajeros a terceros países. 
No cabe duda de que esta cuestión se examinará durante el ejercicio de revisión conjunta que tendrá lugar dentro de muy poco. 
En lo que respecta a «Secure Flight» y CAPPS II, sabrán ustedes que la Administración responsable de la seguridad de los transportes ha abandonado su controvertido sistema informatizado de preselección de pasajeros –también llamado CAPSS II– a favor de un nuevo programa llamado «Secure Flight». 
Dicho programa utilizará datos de pasajeros para controlar a pasajeros en vuelos nacionales estadounidenses a partir de una lista de terroristas, con objeto de ayudar a identificar a posibles terroristas. 
A diferencia de CAPPS II, de momento «Secure Flight» se limita a los vuelos nacionales estadounidenses, por lo cual es mucho menos problemático que CAPPS II desde el punto de vista de la protección de datos nuevos. 
«Secure Flight» solo se encuentra en fase de pruebas. 
Es por ello que, de momento, no se han planeado negociaciones. 
Se trata de una cuestión que habrá que vigilar con sumo cuidado. 
En lo que respecta al plan global de la UE para la política de PNR, la Comisión emitió una Comunicación en diciembre de 2003 sobre el planteamiento global de la UE relativo a los datos de pasajeros, en la que defendía un enfoque amplio y equilibrado. 
La Comisión indicaba en la Comunicación que seguirá cumpliendo su tarea con otros países terceros que soliciten datos de pasajeros. 
La Comisión ha iniciado conversaciones con Canadá y Australia. 
En cuanto a Canadá, pronto pediremos la opinión del Parlamento sobre un proyecto de documento de la Comisión y un acuerdo internacional adjunto. 
Las conversaciones con Australia también están muy avanzadas. 
En ambos casos, el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha emitido un dictamen positivo. 
Como pueden ver ustedes, se está poniendo en práctica la estrategia de la Comisión esbozada en la Comunicación de diciembre de 2003. 
Por último, en lo que respecta a la Organización de la Aviación Civil Internacional, en junio de 2004 esta organización creó un grupo de estudio sobre el acceso a registros de nombres de pasajeros, a raíz de una iniciativa de varios Estados dentro de esta organización. 
Estos pedían que se desarrollara una serie armonizada de principios bajo los auspicios de la OACI. 
Actualmente se están elaborando directrices. 
La Comisión Europea y varios Estados miembros participan activamente en la labor del grupo de estudio. 
Les mantendré informados acerca de futuros avances en este programa. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Frattini, acojo con satisfacción su respuesta acerca de la protección de datos y del anuncio de la iniciativa de la Comisión. Al igual que usted, espero que los cuatro Estados miembros retiren sus iniciativas. 
0Con respecto a la transferencia de datos personales de los pasajeros (PNR) , se trata de una cuestión que preocupa al Parlamento desde hace dos años. 
Como sabe, señor Frattini, la necesidad de cooperación a escala comunitaria y a escala transatlántica no es lo que estamos debatiendo. 
Lo que estamos planteando es la necesidad de mantener un equilibrio entre la seguridad, la libertad y los derechos de los ciudadanos, y queremos hacer hincapié en nuestra opinión de que la transferencia de datos puede realizarse únicamente si el país tercero en cuestión es capaz de garantizar un grado de protección suficiente. 
También es absolutamente fundamental que se establezca un marco jurídico y seguro para la transferencia de PNR. Nosotros defendemos un sistema «push» acompañado de los filtros apropiados y nos gustaría ver las garantías necesarias con respecto a la exactitud, seguridad y supervisión de los datos. 
Asimismo, todo intercambio de información con las autoridades estadounidenses o las de cualquier otro país tercero debe basarse siempre en el principio de reciprocidad. 
Acogemos con satisfacción los comentarios que ha hecho usted acerca de la implicación del artículo 29 y de su disposición a seguir facilitando al Parlamento toda la información relativa a esta cuestión. Sinceramente esperamos que las actuales negociaciones con Canadá y Australia fijen el listón para otros países, en particular los Estados Unidos de América. 
En la información –la respuesta– que usted nos ha dado no se menciona la cuestión del chip en los pasaportes. 
Entendemos que los Estados Unidos están planeando insertar un chip no encriptado que permite la lectura a distancia y esta es otra preocupación que debería debatirse en estas negociaciones globales en torno a la transferencia de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
. 
Señor Presidente, Señorías, agradezco al Comisario Frattini que ya haya anunciado que la Comisión propondrá su propia iniciativa. 
Tengo una serie de preguntas relativas a la retención de datos en redes de telecomunicaciones, para las que espero que su propuesta pueda ofrecer respuestas. 
Mi primera pregunta se refiere a los costes, dado que la retención de datos a largo plazo es una importante carga económica, en particular para las empresas de telecomunicaciones pequeñas. 
La propuesta presentada por el Consejo y los cuatro Estados miembros no prevé una compensación. 
¿Quién se supone que pagará los costes de estas medidas y cuál es su relación entre coste y beneficio? 
Parece bastante claro que unos períodos de retención más prolongados no supondrán más seguridad para los ciudadanos. 
Los expertos en protección de datos e incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Policía Criminal Federal alemana, han expresado sus dudas acerca de si las medidas señaladas en la decisión del Consejo son necesarias. 
Incluso el Parlamento de la República Federal de Alemania ha expresado su oposición al período mínimo de retención de datos de pasajeros y está pidiendo al Gobierno Federal que retire su apoyo a la propuesta. 
¿Cómo podemos esperar conseguir una mayor seguridad si los terroristas y los implicados en el crimen organizado siguen disponiendo de alternativas que no se contemplan en absoluto en esta propuesta? 
¿Qué medidas se tomarán con respecto a los cibercafés, las líneas de tarifa plana, las cabinas telefónicas públicas y las llamadas a través de proveedores de servicios telefónicos radicados en el extranjero, y que estarán en condiciones de controlar y retener todos estos datos? 
La protección de datos es otra cuestión extremadamente importante en lo que respecta a la transferencia de datos a terceros. 
También está claro que lo que necesitamos es una seguridad efectiva y más amplia. 
Nadie se opone a la lucha contra el terrorismo internacional o el crimen organizado, pero no tenemos ninguna necesidad en absoluto de un control innecesario. 
Espero que responda a todas estas preguntas en su propuesta. 
Está muy claro, y creemos firmemente que es cierto, que aunque es bueno que se realicen comprobaciones, es todavía mejor que la gente confíe en ellas. 
Con su redacción actual, la propuesta de los cuatro Estados miembros no favorecerá la confianza entre el público. 
. Señor Presidente, Comisario Frattini, me satisface escuchar que esta nueva Comisión rectificará una serie de errores cometidos por su predecesora. 
Esto es importante, porque en mi país, los Países Bajos, se celebrará un referendo sobre la Constitución dentro de pocos meses. 
Me gustaría poder mirar directamente a los ojos a los ciudadanos neerlandeses que son bastante escépticos al respecto y decirles que esta Constitución, estos derechos constitucionales y la protección de los datos personales son realmente cosas serias y no simplemente promesas de boquilla. 
Permítame centrarme primero en la protección de datos personales, que es una cuestión de interés general. 
Usted ha dicho que personalmente se opone a la propuesta presentada por los cuatro países. 
Me gustaría saber qué significa esto en términos institucionales. 
En el ámbito de la transferencia de datos de pasajeros, la cuestión PNR, con respecto a la que hubo un informe al que mi predecesora, la señora Boogerd-Quaak, dedicó mucho esfuerzo, ¿indicará la revisión conjunta, que usted ha mencionado hace un momento, cuántos atentados se han evitado y cuántos criminales han sido arrestados? 
En última instancia, todo se reduce a eso. 
En segundo lugar, usted ha afirmado que ya se facilita información a los pasajeros, pero ¿qué pasa con la obligación de pedir permiso explícitamente antes de que puedan ser transferidos sus datos? 
Por último, me gustaría saber qué pasos ha dado la Comisión hasta ahora para introducir el sistema «push». 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, su respuesta deja muchas preguntas sin responder y plantea otras nuevas. 
Puedo decirle que el público europeo no está ni mucho menos contento con este reglamento y que hay muchas personas que dicen que ya no quieren volar a los Estados Unidos, porque no quieren que se les trate como a criminales. 
Estas opiniones están ya muy extendidas entre el público y, por lo tanto, no se pueden ignorar. 
Me gustaría hacer una serie de preguntas con respecto a las respuestas que usted ha dado. 
Usted ha dicho que ahora se va a hacer una revisión, un año después, y que el Parlamento será informado de su resultado. 
¿Debo entender que no puede decirnos qué ocurrirá mientras tanto con los datos que se están reteniendo este año? 
¿Debo entender que no puede facilitarnos ninguna información acerca de la manera en la que se están reteniendo, utilizando y filtrando estos datos actualmente o que no quiere hacerlo? 
Me gustaría informar al señor Comisario de que esto supone un importante problema para nosotros en términos de comunicación con el público. 
Esto me lleva a preguntar qué planteamiento se va a adoptar con respecto a la cuestión de la protección de datos, dado que es algo a lo que el público europeo concede gran importancia. 
Lo que la gente quiere es información, señor Comisario, y, por lo tanto, usted debería tener un trato más abierto con esta Cámara. 
Señor Presidente, señor Comisario Frattini, siempre es bueno verle. 
En primer lugar, me gustaría decir algo acerca del procedimiento y después pasar al contenido. 
El procedimiento es extremadamente impreciso. 
En esta Cámara se nos ha pedido que evaluemos una propuesta que técnicamente todavía no existe. 
En efecto, el Consejo ha presentado una propuesta sobre la retención de datos de tránsito, pero dicha propuesta todavía se está redactando y no está claro qué estipulará finalmente. 
En el primer pilar ya se ha aprobado anteriormente una prohibición de la retención de datos y está suficientemente claro que algunos Gobiernos han presentado esta propuesta solamente porque no pueden conseguir que la aprueben sus propios Parlamentos. 
Así es cómo el Consejo aprovecha el vacío democrático en la Unión Europea, porque como saben, esta Cámara desempeña únicamente una función consultiva a este respecto. 
He escuchado hace un momento que está usted de acuerdo con nosotros o, al menos, eso es lo que he deducido de sus palabras. 
No obstante, me gustaría señalar una vez más que la Unión Europea no está ahí para rehabilitar propuestas nacionales fracasadas. 
Con respecto al contenido, corresponde a esta Cámara decidir si la propuesta final es proporcionada o no. 
Debemos valorar en qué medida es proporcionada esta limitación de la confidencialidad de las comunicaciones, teniendo en cuenta hasta qué punto es necesaria. 
¿Cómo podemos evaluar si una propuesta es proporcionada cuando su contenido todavía es incierto y nunca se han aportado pruebas de que sea necesaria? 
0Hace un momento ha dicho usted que si la Comisión fuese a presentar una propuesta al respecto, usted tendría en cuenta las consecuencias económicas de la misma. 
Sinceramente, eso es un poco precipitado para mi gusto. 
En primer lugar, me gustaría ver las pruebas que justifican esa propuesta. 
En otras palabras, ¿por qué es necesaria? 
Nunca se ha demostrado que lo sea. 
Las investigaciones neerlandesas han demostrado lo contrario, si es que han demostrado algo. 
El Gobierno neerlandés ha mantenido en secreto estas investigaciones, pero nuestra Ley de (Acceso Público a la) Información del Gobierno finalmente le obligó a revelarlas. 
Ahora me gustaría hacer un comentario general sobre el terrorismo. 
Estando aquí hablando no me siento demasiado cómoda, porque tengo la sensación de que estoy renunciando a la lucha contra el terrorismo. 
Creo que se trata de una lucha importante y también considero que es lamentable que el Consejo Europeo ponga a esta Cámara en una situación en que tengamos que cerrar el paso a propuestas destinadas a combatir el terrorismo. 
Hacer esto es sacar provecho de nuestra posición. 
Me gustaría debatir acerca de lo que deberíamos coordinar a escala europea y también me gustaría hacerlo de manera democrática. 
. – Señor Presidente, Señorías, estoy agradecido a todos los diputados que han intervenido. 
La primera reflexión es que la Comisión está intentando reconciliar dos grandes valores europeos, que son el derecho a la seguridad de los ciudadanos y su derecho a que se garanticen sus libertades y derechos fundamentales. 
No creo que estos dos derechos fundamentales sean contradictorios. 
En la Comisión trabajaremos para demostrar que estas propuestas son posibles y que dan una mayor seguridad y una mayor libertad, o sea unas mayores garantías para el derecho fundamental a la protección de datos personales. 
He mencionado una iniciativa de protección de datos amparada en el tercer pilar. 
Naturalmente, la Comisión la basará en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
Puedo dar brevemente al Parlamento un anticipo de determinados principios: el principio por el cual los datos procesados deben utilizarse de forma transparente y solo con fines específicos, el principio por el cual es necesario el consentimiento de la parte interesada, el principio por el cual se tiene que establecer primero el fundamento jurídico por ley y, por lo tanto, no puede quedar ambiguo y, por último, el principio por el cual es necesaria la supervisión por una entidad independiente. 
Estas son las orientaciones que permitirán a la Comisión, a finales de este año, presentar una propuesta amparada en el tercer pilar que determinará una nueva generación de garantías. 
Son necesarias más garantías que tomen en cuenta los tiempos y los cambios tecnológicos. 
En cuanto a la iniciativa por parte de los cuatro Estados miembros en relación con el primer pilar, he expuesto mi intención de formular una propuesta alternativa, ya que estoy convencido de que el fundamento jurídico sobre el que estos Estados miembros han procedido es incorrecto. 
Por lo tanto, también he dicho que intentaré persuadirlos para que retiren su propuesta. 
Respecto a la pregunta acerca de la información biométrica sobre documentos de viaje, en particular los pasaportes, estoy seguro que hacen falta normas para la codificación de los datos más sensibles, como las huellas digitales. 
Este principio está contenido en las acciones e iniciativas que la Comisión está desarrollando. 
Por último, sobre el tema de una revisión conjunta, no me encuentro en posición de anticipar los resultados, por el simple hecho de que la revisión conjunta todavía no ha concluido. 
Yo tampoco he recibido ningún informe sobre los resultados de la encuesta, pero confirmo que informaré sobre ello al Parlamento lo más pronto posible –dentro de unas semanas, espero, y no más tarde de un mes y medio a partir de ahora. 
El último tema es el sistema de transmisión. 
Estamos trabajando para convencer a tantos países no comunitarios como sea posible para que adopten este sistema, que estoy seguro es el mejor. 
Seguramente sabrán que, durante nuestras conversaciones, Canadá acordó comenzar el sistema de transmisión, y abrigo cierta esperanza de que los Estados Unidos también, si se les insiste un poco, llegarán a convencerse de que es el mejor sistema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en abril. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0049/2005) de la señora Auken, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, relativo a la financiación de Natura 2000. 
– Señor Presidente, en primer lugar y sobre todo quiero dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por su constructiva cooperación. 
Inmediatamente después de la votación del lunes pensé que quizás el informe acabó pareciéndose al árbol de Navidad de una pareja de recién casados que combinan sus respectivas tradiciones navideñas por primera vez. 
Sin embargo, después de un examen más detallado, veo claramente que el árbol no solo está decorado, sino que también sostiene un tema coherente. 
En primer lugar, ya ha quedado establecido que hay que financiar Natura 2000. 
El importe no está sujeto a negociación. 
Tenemos compromisos internacionales y la naturaleza necesitará ayuda en un futuro previsible. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague ha alertado en repetidas ocasiones acerca de la alarmante situación y necesitamos invertir la tendencia. 
Por consiguiente, incluir el importe mínimo de la propia Comisión de 21 350 millones de euros para 2007-2013 en el informe es una mera declaración fáctica, porque este importe no está sujeto a negociación. 
Solo sabemos que si no nos movemos rápidamente, las cosas sencillamente serán más caras cada día. 
En Polonia he comprobado cómo enormes granjas de ganado porcino danesas y norteamericanas se están expandiendo sobre un paisaje hermoso y vulnerable, sin ninguna consideración por la biodiversidad. 
En Dinamarca, muchos agricultores consiguen permisos de contaminación en zonas incluidas en Natura 2000. 
De este modo podrán ganar bastante dinero cuando el Gobierno quiera recomprarlos. 
Hay que cerrar el paso a este tipo de comportamiento. 
Lo que realmente está sujeto a negociación es cómo se va a obtener el dinero. 
A este respecto, me complace que toda la comisión parlamentaria esté de acuerdo en que Natura 2000 debería incorporarse no solo a la política de desarrollo rural, sino también en un marco más amplio. 
Como ha afirmado la Comisión, Natura 2000 debe incorporarse en todas las políticas de la UE. 
Sin embargo, la comisión parlamentaria a la que pertenezco ha sido incluso más realista que la Comisión. 
Mencionamos ayudas medioambientales en general y no solamente Natura 2000 y sabemos que el objetivo no se puede conseguir a menos que se emplee dinero de estos fondos y que se fijen condiciones. 
Hasta la fecha hemos visto pocos indicios de consideraciones medioambientales, a pesar del hecho de que ya es posible incorporarlas a los fondos. 
Por el contrario, los fondos son a menudo desfavorables para las zonas rurales. 
Sin embargo, si la consideración de las zonas rurales forma parte del modo en que se utilizan los fondos, entonces los agricultores se interesarán por el medio ambiente y por una agricultura ecológica y una producción distinta en las zonas en cuestión, ganando el doble en este proceso. 
Estoy convencida de que esto aumentará su percepción de la riqueza que representa la biodiversidad, incluso en términos económicos, como la Comisión, además, ha subrayado con razón. 
Hay pequeñas zonas que no pueden recibir ayuda a través de los fondos. 
Para ellas debemos emplear el fondo LIFE+, que también está concebido para garantizar que se lleve a cabo la gestión y otras tareas organizativas. 
En varias ocasiones hemos subrayado la necesidad de que el Fondo de Desarrollo Rural en particular –es decir, el segundo pilar de la Política Agrícola Común– se incremente notablemente, si queremos alcanzar el objetivo de manera justificable y en armonía con quienes van a aplicarlo. 
Naturalmente podemos pedir que se destine más dinero del presupuesto para este fin, pero es más pertinente y realista obtener una parte considerable del dinero del primer pilar de la política agrícola común, de donde se obtienen las sumas realmente importantes de la financiación de la Unión Europea. 
Sin embargo, no debemos olvidar que una parte importante del dinero debe proceder de los Estados miembros. 
Es su compromiso y, en mi opinión, es importante que hagamos hincapié en que los propios Estados miembros tienen una obligación y que no es algo que deba financiar solamente la Unión Europea. 
Después de todo, sería terrible que extendiésemos la idea de la existencia eterna de los subsidios, como sabemos que ha ocurrido con la política agrícola, ya que los Estados miembros opinan ahora que la Comunidad debería pagar prácticamente todo. 
No, esto deben pagarlo ellos mismos. 
La cofinanciación por parte de la Unión Europea es sobre todo una ayuda importante y esperamos que, en cualquier caso, la mitad se cubra con cargo a los presupuestos de la Unión y, de este modo, principalmente a través de los fondos. 
El Parlamento debe confiar ahora en que tanto la Comisión como los Estados miembros cumplirán sus obligaciones, escucharán al Parlamento e incorporarán Natura 2000 en todas las políticas pertinentes. 
Los Jefes de Gobierno se comprometieron a hacerlo en Gotemburgo y posteriormente en varias ocasiones, y eso es algo que deben tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a nuestros descendientes. 
Señor Presidente, antes de comenzar este debate quisiera preguntar brevemente, aunque sin intención de menospreciar las cualidades del Comisario Frattini, si saben por qué el Comisario responsable del medio ambiente no está aquí para participar en este importantísimo debate acerca de Natura 2000. 
No puedo más que lamentarlo y me parece inaceptable. 
Dado que es usted el siguiente en la lista de oradores, señor Comisario, puede, si lo desea, responder ahora a la pregunta de la señora Brepoels. 
. – Señor Presidente, Señorías, pido disculpas al diputado, pero solo puedo decir que el Comisario responsable, el señor Dimas, me informó de que no podría asistir a la Cámara hoy debido a compromisos personales. 
Naturalmente, desconozco la naturaleza exacta de sus compromisos, pero he aceptado de buena gana sustituirle. 
En todo caso, creo que la intervención que voy a dar en esta Cámara, se elaboró por su oficina y su Dirección General, y el propio Comisario Dimas está plenamente de acuerdo con la misma. 
El compromiso contraído por los jefes de Estado y de Gobierno en Gotemburgo para detener la pérdida de biodiversidad en 2010 se reconoce como un elemento clave de la estrategia de desarrollo sostenible de la UE. 
La naturaleza y la biodiversidad se incluyen entre las principales prioridades para la acción. 
El establecimiento efectivo de la red Natura 2000 será la piedra angular del esfuerzo de la UE. 
Por ello, una de nuestras principales prioridades es garantizar que Natura 2000 reciba financiación suficiente. 
En este contexto, el 15 de julio de 2004, la Comisión adoptó su Comunicación sobre la financiación de Natura 2000. 
La Comunicación examinaba todas las opciones posibles, incluida la creación de un fondo independiente, y llegó a la conclusión de que el enfoque más eficaz sería integrar la financiación de Natura 2000 en los instrumentos financieros existentes de la Comunidad. 
Las nuevas normativas relativas a los Fondos Estructurales, que ahora se están debatiendo en el Consejo, prevén la financiación de Natura 2000 y también incluyen mecanismos para la orientación y el control por parte de la Comisión de los programas que presenten los Estados miembros. 
La Comisión es consciente de que hay preocupación en el Parlamento sobre la prioridad que darán los Estados miembros a Natura 2000 cuando se enfrenten a exigencias diferentes con presupuestos limitados. 
Se ha afirmado que es necesario que haya garantías más firmes y se blinden los fondos. 
La Comisión no puede apoyar un enfoque tan rígido. 
En esta fase no es posible dar una indicación exacta de los importes que puedan gastarse cada año en la cofinanciación de los espacios de Natura a partir de 2007. 
Las necesidades de los Estados miembros serán probablemente muy diferentes. 
Por ello, sobre la base del principio de subsidiariedad, cada Estado miembro deberá decidir sobre las necesidades de su red Natura 2000 a la hora de elaborar programas nacionales para las diferentes normativas de financiación. 
No obstante, la Comisión ha propuesto un elemento de blindaje que ayudará al segundo eje de Natura 2000 en la normativa relativa a la gestión del territorio o el desarrollo rural. 
Esto exige que los Estados miembros asignen un mínimo del 25 % del total de este fondo a este eje, lo cual significa que por lo menos 22 750 millones estarán disponibles para la gestión del territorio durante el periodo 2007-2013. 
El apoyo del Parlamento Europeo a la hora de salvaguardar este importe será crucial. 
Al elaborar sus programas para los Fondos Estructurales y de desarrollo rural, los Estados miembros tendrán que tomar nota de las prioridades que habrá que especificar en las orientaciones estratégicas, que la Comisión emitirá después de la aprobación de la normativa de financiación. 
Dado que Natura 2000 se ha identificado claramente en una propuesta de Fondo Estructural y de desarrollo rural, Natura 2000 aparecerá como una prioridad de la Comunidad en una orientación estratégica para el fondo en cuestión. 
. – Señor Presidente, creo que el informe de la señora Auken envía un mensaje contundente a la Comisión en el sentido de que una financiación adecuada de la red Natura 2000 es una prioridad muy alta, también para este Parlamento. 
Me complace que en el informe se hayan aceptado los principales elementos de la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. 
Los fondos estructurales han de formar parte del mecanismo de financiación de Natura 2000, pero también tiene que haber un compromiso claro de que el dinero se gastará en objetivos concretos y autorizados; es decir, el dinero se reserva y su desembolso se condiciona a la existencia de planes nacionales de financiación de Natura 2000 en los Estados miembros. 
Integrar las consideraciones medioambientales en todas las políticas de la UE es la forma de avanzar. 
Aplaudo el enfoque integrado de la Comisión. 
Una de las características más importantes de Natura 2000 es que refleja este enfoque integrado; sitúa a las personas en el centro del proceso y, en especial, a las personas que viven y trabajan en nuestras zonas rurales. 
Al tiempo que aspira a detener el descenso de la biodiversidad en Europa, Natura 2000 crea y mantiene puestos de trabajo, apoya a la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural y brinda oportunidades turísticas y educativas. 
Pero la verdad es que el apoyo de los Fondos Estructurales o del presupuesto de desarrollo rural no será suficiente por sí solo para financiar Natura 2000. 
Por ello ha de ir acompañado de Life+ y de un fondo específico. 
Nuestra principal preocupación es que tengamos opciones de financiación efectivas para garantizar que este programa ambicioso de protección y apoyo al patrimonio natural de Europa logre realmente su objetivo. 
. – Natura 2000 es una red ecológica de protección de hábitats naturales designados, animales y especies de plantas de importancia regional. 
El Parlamento Europeo tiene la obligación, ante los ciudadanos de la Unión, de detener la pérdida de biodiversidad en Europa. 
Sin embargo, para alcanzar este objetivo –como sucede con otras empresas a gran escala– se necesita dinero. 
Todos los Estados miembros, el Consejo y la Comisión estuvieron de acuerdo cuando crearon la Directiva relativa a la protección de los hábitats y las aves. 
Igualmente unánime fue nuestra decisión de crear una red europea de protección de la naturaleza. 
Por lo tanto, ahora debemos comprometernos a poner en práctica nuestra decisión y también, con nuestros recursos conjuntos, a crear las condiciones materiales para ello. 
En el Partido Popular y la Comisión de Protección del Medio Ambiente hemos acogido con gran satisfacción la Recomendación de la Comisión relativa al apoyo financiero a la red Natura 2000. 
El enfoque integrado en este caso se financiaría con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los Fondos Estructurales y también al fondo LIFE+ complementado, siempre que sea factible. 
Esto podría ser factible, en la medida en que [1] los fondos mencionados diesen una prioridad efectiva a los objetivos de protección de la naturaleza, [2] se integrasen las garantías apropiadas en las disposiciones de los diversos instrumentos financieros, [3] debido al aumento del número de tareas, estos fondos recibiesen más dinero. 
Por lo tanto, damos por hecho que los Estados miembros individuales participarán oportunamente en esta financiación y que el peligro de que sean anulados por otros proyectos, más competitivos económicamente, no supondrá una amenaza para los programas destinados a salvaguardar la biodiversidad. 
Sin embargo, las respuestas de la Comisión a nuestras preguntas han reforzado nuestras dudas en torno a la efectividad del enfoque integrado. 
Por este motivo, en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos creemos que debemos revisar esta solución financiera y plantearnos un instrumento financiero creado específicamente a tal efecto. 
Quiero agradecer a la señora Auken su trabajo, redactando un informe detallado y con conocimiento de causa, y por ofrecernos toda su cooperación. 
Las enmiendas de transacción que recomendamos ponen de manifiesto que con intereses comunes todos los Grupos políticos y comisiones especializadas avanzan en la misma dirección. 
. – Señor Presidente, hace poco la Asamblea Nacional Húngara ha presentado una escultura llamada «Europa redescubierta» , un regalo para el Parlamento Europeo. 
Esta escultura nos recuerda una vez más que Europa no es solo un continente, o una unidad política y económica, sino también una persona imaginaria. 
Europa no solo necesita competencia, desarrollo e infraestructura, sino, al igual que cualquier mujer, también necesita cuidados para conservar su belleza y sus dotes naturales. 
Muchos bienes naturales, como lagos, ríos, bosques y campos, ya han sido destruidos por la industria, la planificación urbana y la agricultura intensiva. 
Ahora tenemos realmente nuestra última oportunidad para conservar los espacios naturales en nuestros Estados miembros. 
Por ello, el Grupo Socialista aplaude sin titubeos la iniciativa Natura 2000 de la Comisión. 
Asimismo aplaudimos todo nuevo paso adelante para reforzar el programa. 
Hemos consultado a muchas ONG en Bruselas y en nuestros países y hemos integrado sus sugerencias en nuestras enmiendas. 
Natura 2000 solo puede funcionar con el apoyo activo de las comunidades locales, las ONG y la gente común, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que gozan con las bellezas de la naturaleza sin ninguna declaración política. 
El Grupo Socialista tiene la firme voluntad de proporcionar un entorno natural limpio a todos los ciudadanos europeos. 
La comunicación original de la Comisión contemplaba destinar 6 100 millones de euros al año al proyecto. 
Lo consideramos un paso valiente y alentador. 
Más tarde oímos que, debido a la cofinanciación, los Estados miembros deberían aportar la mitad de este importe. 
Para los nuevos Estados miembros como mí país, Hungría, no es fácil conseguir dinero, pero estamos decididos a hacer lo posible por salvar nuestros espacios naturales únicos y vírgenes. 
Sin embargo, por lo menos la mitad del importe debería ser aportada por la UE y por ello he presentado una enmienda para asegurar que la Comisión garantice al menos el importe mínimo de 3 050 millones de euros al año, o 25 350 millones de euros entre 2006 y 2013. 
El lunes por la tarde la enmienda fue aprobada unánimemente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Es muy triste ver que el Grupo del PPE-DE haya cambiado de opinión una vez más y quiera borrar la referencia a un importe concreto en el informe. 
Me decepciona mucho este enfoque. 
Sin dinero podemos contar cuentos durante mil y una noches, pero no podremos salvar de la destrucción ni un solo árbol o ni un metro cuadrado de un lago. 
El Grupo Socialista se mantiene firme y no cambiamos de punto de vista de la noche a la mañana. 
Apoyamos el informe tal como ya ha sido aceptado por la Comisión de Medio Ambiente y pedimos a los demás Grupos que también digan «no» a quienes intentan empezar recortando el presupuesto para la naturaleza y el futuro de los bienes medioambientales de Europa. 
La lista de votación de mañana hablará por sí sola. 
. Señor Presidente, señor Comisario, también yo lamento la ausencia del Comisario Dimas, pero quisiera dar las gracias al Comisario Frattini, que ha aceptado estar presente en relación con un expediente que realmente no es de su competencia. 
También yo, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, quiero felicitar calurosamente a nuestra ponente, la señora Auken, por la calidad de su informe y también por su tenacidad en la defensa de nuestros objetivos comunes. 
La votación de mañana, como creo que todos hemos comprendido bien, es crucial. 
Natura 2000 es la principal herramienta de conservación de la biodiversidad y de las especies en peligro de la Unión. 
A pesar de la lentitud de algunos Estados miembros, las administraciones y los agentes locales se han puesto a trabajar. 
Natura 2000 representa hoy más de 18 000 lugares, 64 millones de hectáreas y cerca del 15 % de la superficie terrestre de Europa. 
Por lo que se refiere a la financiación, sí, hay que garantizar la viabilidad de la financiación, de la cofinanciación, de Natura 2000 recurriendo, como propone la Comisión, a los instrumentos de financiación sectorial existentes: el fondo de desarrollo rural de la PAC y los Fondos Estructurales. 
El enfoque integrado es sin duda la vía más lógica, pero habría que llegar hasta el final de esa lógica y asegurarse de que sea obligatoria la inclusión de la red Natura 2000 en los fondos en cuestión. 
Por lo demás, señor Comisario, es la principal crítica que le hacen los agentes sobre el terreno y que apoyan no menos de quince Estados miembros y el Parlamento Europeo: dado que Natura 2000 es por definición un ejemplo concreto de gobernanza local, es evidente que si no se obliga a los elegidos o a los gestores locales a promover claramente la conservación de hábitats y especies presentes en zonas especiales, el dinero servirá para cualquier otra cosa, por ejemplo para la construcción de carreteras o la realización de proyectos de desarrollo económico o social. 
Eso es lo que se dice en el importante punto 8 de la resolución y que nuestro Grupo apoya firmemente. 
Por último, estamos a favor asimismo del punto 5, que pide a la Comisión que se comprometa a modificar el futuro instrumento financiero LIFE + a fin de incluir en él un punto específico sobre «conservación de la naturaleza» y también a garantizar un importe mínimo para Natura 2000 en las próximas perspectivas financieras, un importe que, como para otras políticas europeas, debe estar a la altura de nuestras ambiciones. 
Estas ambiciones son claras: esforzarnos todos por proteger el medio ambiente. 
Señor Presidente, una cuestión de orden relativa a la traducción francesa, que es importante para la votación de mañana en el Pleno. 
Si no me equivoco, y no creo equivocarme, la traducción francesa no está completa; me refiero al punto 5, que es un punto crucial como acabo de decir, pues se refiere a la financiación y a la magnitud de dicha financiación. 
Pienso que la traducción inglesa, que es el otro texto que tengo aquí, debe hacer referencia a ello, pues contiene siete líneas más que la traducción francesa y esas siete líneas mencionan justamente lo que acabo de precisar, en particular el importe mínimo propuesto de 21 350 millones de euros. 
Pienso, pues, que habrá que indicar mañana que faltan siete líneas al final del texto francés. 
También tendrán que decirnos qué versión lingüística es auténtica. 
Muchas gracias por señalar esto, señora Ries. 
Hemos tomado nota de su comentario y nos aseguraremos de que la versión francesa también esté completa. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar también yo quisiera felicitar a nuestra colega por su excelente informe, que plantea las verdaderas cuestiones de Natura 2000. 
En cambio, estoy bastante estupefacta –pero no tengo nada en contra suya, señor Comisario– con el texto que nos ha leído para expresar la posición de la Comisión. 
En efecto, tengo la impresión de que el señor Dimas le ha dejado la peor parte y se lava las manos, porque, a fin de cuentas, no nos enteramos de nada que no nos hubiera desvelado ya el Comisario hace dos semanas. 
La cuestión que se plantea –y es el objeto del informe de la señora Auken– es la financiación de Natura 2000. 
Ahora bien, en su explicación, una vez más, la Comisión no nos dice que vaya a garantizar la financiación de Natura 2000 durante siete años. 
Nuestra colega pregunta con razón sobre la cifra. 
No son cifras imaginarias, presentadas por ONG que puedan haberse tomado ciertas libertades. 
No, la cifra viene de la Comisión, que ha cifrado el coste de gestión de Natura 2000 en 6 100 millones de euros anuales como mínimo. 
No entiendo realmente que no pueda asegurar al Parlamento Europeo que la Comisión garantizará totalmente los 3 000 millones de euros anuales de financiación de la UE. 
La propuesta que usted hace no los garantiza. 
Por tanto, hoy no hemos avanzado más allá de donde estábamos hace dos semanas y nos gustaría tener una respuesta de la Comisión. 
. – Señor Presidente, antes de pasar a la cuestión de Natura 2000, me gustaría formular una protesta por el modo en que la Comisión de Desarrollo Regional se vio forzada a celebrar una reunión de urgencia sobre esta cuestión el lunes por la noche. 
Había muy poco tiempo para reflexionar. 
Allí se nos dijo que habría un enorme desembolso de 6 000 millones de euros y ahora el Comisario dice que habrá disponible una cantidad mínima de 22 750 millones de euros para el periodo 2006-2013. 
Para empeorar las cosas, solo disponíamos de una traducción, al inglés. 
Me decepcionó ver que la Comisión de Desarrollo Regional votara a favor, aunque no lo hizo unánimemente, como ha dicho el señor Hegyi, pues yo y algunos otros votamos en contra. 
Este episodio ilustra perfectamente la arrogancia con la que este Parlamento trata con demasiada frecuencia sus asuntos, y no se trata de una cuestión ridícula, dado el profundo efecto que la UE tiene en la vida cotidiana de las personas. 
0Un caso de estos es el de Natura 2000. 
Aunque todos nos damos cuenta de que el medio ambiente es muy importante, la vida de los seres humanos ha de ser la prioridad. 
Natura 2000 ha tenido un efecto negativo en este sentido. 
Permítame dar un ejemplo de la República Checa, donde se ha designado una zona para crear hábitats para la alimentación de perdices y codornices y para reducir la erosión del suelo y los nutrientes. 
Mis colegas checos me dicen que ha sido muy beneficioso para las codornices, ¡pero desastroso para los seres humanos que viven y trabajan allí! 
También en el Reino Unido se han destruido colinas de tiza, pantanos secos y setos vivos en nombre de la normalización europea. 
La Directiva Hábitats, de la que se deriva Natura 2000, intenta establecer un marco común para la protección de la naturaleza, como si la vida salvaje estuviera sujeta a una teoría académica. 
La naturaleza, por definición, no puede normalizarse, como tampoco las vidas humanas reales, y por ello el Partido por la Independencia del Reino Unido se opone a la mano muerta de la UE dondequiera que extienda su garra. 
– Señor Presidente, en mi intervención he mencionado a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la cual soy miembro. Dicha comisión votó unánimemente a favor del informe. 
No me he referido a la Comisión de Desarrollo Regional, por lo cual no me he equivocado. 
Señorías, no puede haber duda de que el programa Natura 2000 es una piedra angular de los esfuerzos de la Unión Europea por proteger la biodiversidad. 
Por lo tanto, el debate iniciado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en esta Cámara acerca del impacto del programa y cómo debería financiarse es extremadamente importante. 
Los beneficios derivados de este programa para el público son indiscutibles. 
El más importante se refiere al ámbito de la salud pública, aunque no deberíamos olvidar que también se ha impulsado el turismo y se han creado oportunidades de empleo. 
Se calcula que se han creado 125 000 puestos de trabajo solamente en los 15 antiguos Estados miembros. 
Sin embargo, durante algunos años se ha puesto de manifiesto que los avances de la red Natura 2000 en Europa no han sido respaldados con una financiación apropiada para la creación y el mantenimiento de esta red. 
Es cierto que la Comisión Europea ha anunciado que adoptará un planteamiento estratégico para financiar el programa. 
Sin embargo, lo que me preocupa es que la propuesta de financiar conjuntamente la red Natura 2000 con diversas fuentes, por ejemplo el Fondo de Desarrollo Rural, los Fondos Estructurales y LIFE+, el instrumento financiero para el medio ambiente, impedirá que la red se establezca de forma amplia, coherente y oportuna. 
Indudablemente el hecho de que los beneficiarios potenciales tengan que solicitar dinero a varios fondos dificultará la obtención de financiación para medidas de protección específicas. 
También resultará más difícil controlar la aplicación de la red a escala nacional. 
De acuerdo con los criterios empleados actualmente, ciertas áreas no cumplen los requisitos para obtener financiación en virtud de los diversos instrumentos estructurales. 
Estos últimos tienen una serie de objetivos diferentes, que suelen referirse a diversos tipos de uso del terreno y, en ocasiones, incluso a regiones específicas. 
Por lo tanto, la financiación individual es necesaria para garantizar que la red Natura 2000 se pueda establecer. 
Si no se reserva este dinero, pueden existir carencias en la financiación de la red durante las próximas perspectivas financieras, que abarcan el período de 2007 a 2013, y esto podría suponer la no aplicación de un gran número de medidas de protección. 
Por ejemplo, en mi país, Polonia, la mayor parte del terreno incluido en el programa Natura 2000 no cumple los requisitos para acogerse a los mencionados fondos, bien porque el terreno forma parte de los bosques nacionales, bien porque no se destina a usos agrícolas. 
Por este motivo, espero que se asignen los fondos apropiados para respaldar el establecimiento de la red Natura 2000 cuando se elaboren las próximas perspectivas financieras. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, siento mucho que, a pesar del esfuerzo de la señora Auken por mejorar el documento, estemos trabajando mal, porque no he visto nunca que una iniciativa como Natura 2000, que une tanto a todos los parlamentarios y Grupos políticos, haya desencadenado tal confusión y, muchas veces, posturas encontradas. 
¿Por qué? 
Porque el documento es malo en sí. 
Es un documento que parte de una buena voluntad, pero que, técnicamente, es incompleto y confuso. 
En primer lugar, porque no distingue entre las distintas familias existentes en Natura 2000, como, por ejemplo, entre los bosques, los terrenos dedicados a la agricultura- que representan la mayor parte -, donde se cultiva la tierra o donde hay un medio natural protegido, y, por ejemplo, los ríos, el mar y el fondo subacuático. 
Sería una locura pensar en aplicar el desarrollo rural al fondo subacuático. 
Lo mismo ocurre con los ríos o los humedales. 
No están clarificadas las distintas familias, y tampoco lo está el tema de la financiación. 
Vemos, por ejemplo, que habría que cambiar el Reglamento de los Fondos Estructurales para poder financiar Natura 2000. Los Fondos Estructurales se basan en principios estadísticos y no precisamente en conceptos cualitativos, como Natura. 
Por otro lado, para financiar el desarrollo rural, debería haberse efectuado una actividad pedagógica previa, porque, de hecho, medio ambiente y agricultura son relativamente incompatibles y porque la propia política de Natura 2000 ha supuesto la expropiación y limitación de la actividad para muchos propietarios. 
Además, no se ha hecho el trabajo necesario para ver hasta qué punto, dentro del desarrollo rural, existe una parte de medio natural que podría servir incluso para ilusionar a los agricultores con un futuro proyecto de conservación del paisaje y del medio ambiente. 
Por tanto, siento mucho decir que este documento no se ha devuelto a la Comisión, dada la ilusión que tienen los parlamentarios por este tema y la buena fe que están demostrando en estos días con sus actuaciones. 
En mi opinión, el Parlamento y la biodiversidad merecían un documento de mejor calidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, para asegurar la financiación de Natura 2000 hemos de ser prácticos. 
Llevamos mucho tiempo trabajando sobre ello en este Parlamento y, como todos hemos coincidido, es profunda la preocupación que tenemos por el futuro de la Red Natura 2000. 
Hace ya tres meses tuve ocasión de reunirme con la Directora General de Medio Ambiente, señora Day, que ya dejó bien claro que no tenía la intención de crear un fondo propio para Natura 2000, por más legítimo que sea que se lo pidamos en esta Cámara. 
Por ello, los socialistas apoyamos el compromiso que la Comisión de Medio Ambiente ha consensuado hasta ahora. 
Es un compromiso que no niega la cofinanciación ni la creación de un fondo propio, pero deja abierta una puerta muy interesante dentro del nuevo LIFE +, para que se puedan cubrir todas aquellas acciones donde va a ser imposible que llegue el desarrollo rural por sí solo. 
En este sentido, quiero hacer un llamamiento para la votación de mañana. 
En mi Grupo no entendemos las enmiendas presentadas a última hora por el Partido Popular. 
No las entendemos, porque creo que no merece la pena dividirnos a última hora y romper el gran esfuerzo común al que se ha llegado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Por otro lado, nos congratulamos también de que, dentro de ese texto que se vota mañana, se recoja el principio de proporcionalidad en el reparto de fondos, es decir, dado que la red beneficia a toda la Unión, no puede suponer mayores costes para aquellos Estados miembros, como el mío, que albergan mayor diversidad biológica y mayor superficie protegida. 
Es algo que le recordamos a la Comisión, pero que ya se recoge en la Directiva Hábitat. 
La Red Natura 2000 es una de las mejores apuestas que se han hecho desde que la Unión comenzó a andar. 
Por ello es preciso que sigamos apoyándola desde el ámbito comunitario, codo a codo con los Estados miembros. 
No estamos en contra de la cofinanciación pero sí estamos profundamente preocupados por su futuro y porque ahora mismo hay muchas partes de la Red que quedan desprotegidas. 
Apelo al consenso de la Cámara- al esfuerzo realizado en la Comisión de Medio Ambiente, sobre todo en el apartado cinco. 
–Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de toda la simpatía que tengo por usted, me veo obligada a decirle que lamentamos mucho que el Comisario Dimas no esté aquí, porque en el último período parcial de sesiones de Estrasburgo no nos dio respuestas satisfactorias y habríamos querido expresarle de nuevo nuestro disgusto. 
Natura 2000 es una política preceptiva en el marco de la preservación de la biodiversidad y tenemos el deber de aplicarla. 
La Comisión Europea ha propuesto para su financiación integrar Natura 2000 en el FEDER y en el Fondo de Desarrollo Rural. 
Para mí, esto constituye un doble error. En efecto, aunque el concepto de transversalidad es una buena cosa, resulta totalmente irrealista. 
La prioridad de la Unión Europea es con razón el crecimiento y el empleo y cabe preguntarse cuál será la importancia de los asuntos relacionados con la biodiversidad frente a los proyectos de desarrollo económico. 
Por tanto, no es realista integrar esta financiación en los Fondos Estructurales o en el Fondo de Desarrollo Rural. 
¿Cómo garantizar las sumas necesarias para Natura 2000? 
Los miembros de la Comisión de Agricultura, al igual que los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional, consideran que existe el riesgo de que afecten negativamente a las garantías de financiación de dichos fondos. 
Por tanto, todos llegamos a la misma posición: consideramos que, en estas condiciones, Natura 2000 no se financiará correctamente. 
Por otra parte, algunas zonas Natura 2000 no son ni agrícolas ni forestales y no estarán englobadas ni en los Fondos Estructurales ni en los Fondos de Desarrollo Rural. 
En este caso, esas zonas clasificadas no obtendrían financiación comunitaria. 
¿Cómo explicar a los propietarios de esas tierras, a los que se ha impuesto la clasificación Natura 2000, que no se beneficiarán de los instrumentos financieros? 
En nuestra opinión, solo la creación de un fondo específico garantizaría que todas las tierras clasificadas conforme a Natura 2000 puedan obtener una cofinanciación comunitaria. 
Pedimos que ese fondo se aplique en el marco del nuevo instrumento LIFE+, ya que no se puede hablar de biodiversidad a largo plazo en el marco del desarrollo sostenible y comprometer peligrosamente los pocos instrumentos financieros que nos permiten actuar a favor de la biodiversidad. 
Señor Presidente, quisiera también felicitar a la señora Auken por su magnífico trabajo, especialmente porque ha recogido la mayoría de las sugerencias propuestas por la Comisión de Desarrollo Regional. 
En efecto, señor Comisario, nos preocupa la financiación de Natura 2000. 
Estamos de acuerdo con el enfoque estratégico, pero también queremos garantizar una financiación adecuada para Natura 2000, y mucho nos tememos que si tienen que competir proyectos de interés medioambiental con otros considerados de mayor interés socioeconómico, los primeros resulten perjudicados, sobre todo cuando —como usted muy bien decía— el presupuesto es limitado. 
Sin ninguna duda, estamos a favor del punto 5, porque abre la puerta a una financiación adecuada de Natura 2000 con un instrumento específico dentro de LIFE+ o, desde luego, incrementando también los Fondos Estructurales y de desarrollo rural con una partida específica. 
Por eso, pedimos a la Comisión que tenga en consideración este informe que recoge todos los criterios que dan firmeza y avalan de forma real una financiación adecuada para Natura 2000. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nadie discute el hecho de que Natura 2000 es un programa extremadamente ambicioso con objetivos exigentes. Contribuye en gran medida a proteger la naturaleza y el medio ambiente y también goza de gran prestigio público. 
La tierra que tanto valoramos fue explotada y cultivada y actualmente es mantenida por agricultores, trabajadores forestales y propietarios europeos, y la protección de esta tierra es también un objetivo fundamental de Natura 2000. 
Hay que garantizar una financiación apropiada si queremos conseguir esos ambiciosos objetivos. 
A pesar de que Natura 2000 existe desde hace algunos años y aunque los propietarios han tenido que tolerar ciertas restricciones durante muchísimos años, esta es la primera vez que se analiza la cuestión de una financiación apropiada a escala europea. 
La Comisión propone que la red Natura 2000 sea financiada conjuntamente por el Fondo de Desarrollo Rural y los Fondos Estructurales. 
Como ponente para el desarrollo rural, debo señalar la necesidad de una garantía de que Natura 2000 se financie realmente con cargo a ambos fondos, lo que significará que necesitaremos un mayor presupuesto para el desarrollo rural. 
Los títulos de propiedad de nuestros agricultores y propietarios no deben ser usurpados sin una garantía de plena compensación económica. 
A menos que salvaguardemos la financiación a largo plazo, los niveles de incertidumbre continuarán aumentando. 
Señor Comisario, en virtud de las decisiones tomadas en Bruselas, que incluían un límite con respecto al presupuesto agrícola hasta 2013, y tras la reforma de la PAC, que pasó la financiación de la modulación del primer al segundo pilar –en otras palabras, a una financiación conjunta para el desarrollo rural–, la prioridad debe ser garantizar que los propietarios y agricultores en particular obtengan una compensación por sus esfuerzos. 
Los agricultores hemos expresado nuestro apoyo a la agricultura sostenible. 
No se puede conseguir más Europa con menos dinero, especialmente ahora que hay 25 Estados miembros. 
Es evidente que la financiación de la red Natura 2000 sigue siendo muy precaria. 
Como ya han escuchado, no tenemos ningún problema en sí con el enfoque integrado, siempre que la Comisión ofrezca garantías o directrices firmes, inexistentes en la actualidad y, si no he entendido mal al señor Comisario, que seguirán faltando durante algún tiempo. 
Sin embargo, la financiación es una cuestión muy importante; esta Cámara ha hecho todo lo posible por convencer a la Comisión de que hacer como Poncio Pilatos es una opción demasiado fácil. 
Sin embargo, poner las cosas en práctica es totalmente distinto. 
Cuando regresemos a casa el viernes y un ayuntamiento, un agricultor, una asociación ecologista o incluso nuestro vecino nos pregunte qué hemos acordado, qué significará para ellos en concreto y cómo progresarán las cosas a partir de ahora, no podremos darles una respuesta. 
Sin embargo, es importante crear una base de apoyo social sólida para el establecimiento de la red Natura 2000. 
Dado que el procedimiento para la aplicación de las Directivas relativas a las aves y los hábitats se llevó a cabo sin ninguna contribución del público, seguimos –al menos en mi país– esperando su publicación, porque se trata de una cuestión muy delicada en términos políticos. 
Si queremos dar a Natura 2000 una verdadera oportunidad y no dar la impresión a la gente, una vez más, de que la cuestión se está decidiendo desde arriba, es importante informarles tan pronto y de forma tan precisa como sea posible acerca de las implicaciones de esta decisión. 
Para el público realmente no importa si los fondos proceden de un fondo especial, un fondo estructural o un fondo de desarrollo rural. 
Lo que quieren saber es si serán compensados y por quién, si ciertas cosas dejan de estar permitidas o si el valor de su terreno se ha reducido. 
Sin duda, surgirán preguntas como «¿puedo construir una casa? » y, en el caso del terreno agrícola, «¿qué ocurre con el problema del fertilizante? ». 
Por lo tanto, la Comisión debe informar en términos claros lo antes posible. 
Existe demasiada incertidumbre, que verdaderamente no beneficia al medio ambiente. 
. – Señor Presidente, Señorías, es posible que no consiga dar todas las respuestas que los diputados están esperando, pero intentaré al menos clarificar algo. 
Es evidente que la necesidad de una financiación suficiente para el programa Natura 2000 es algo que la Comisión acepta. 
También es obvio que, tal como ha dicho el ponente, Natura 2000 entra en el ámbito de aplicación de la cofinanciación de la Unión Europea. 
Ante todo, tenemos que ver cómo garantizar esta financiación. 
En nombre de la Comisión, puedo asegurarles que la financiación de Natura 2000 con los fondos existentes será incluso más eficaz. 
Esto será posible ya que la prioridad de financiar Natura 2000 se incluirá en las orientaciones estratégicas relacionadas con los diversos fondos concebidos para financiar las iniciativas que pronto se presentarán por la Comisión y que ayudarán a los Estados miembros en la presentación de sus programas. 
Creemos que, al incluir esta prioridad directamente entre las orientaciones estratégicas, podremos garantizar suficientemente su financiación. 
En segundo lugar, tenemos que ver cómo puede contribuir la Comisión al uso adecuado de los fondos disponibles. 
Puedo decirles que a finales de este año, la Comisión publicará un manual de guía concebido para explicar los procedimientos de financiación para Natura 2000, mientras que en 2006 se organizarán talleres en todos los Estados miembros para explicar las oportunidades de financiación. 
La Comisión se compromete a lanzar estas iniciativas, cuya finalidad es estimular la presentación de programas que puedan ser eficaces y que, por lo tanto, cumplan los requisitos necesarios para obtener la financiación. 
Algunos oradores destacaron la posibilidad de utilizar el programa Life+. 
Este programa no excluye la financiación de iniciativas concretas incluidas en la red Natura 2000. 
En este sentido, solo puedo mencionar unos pocos ejemplos. 
Existen ciertas acciones que la Comisión considera que pueden ser financiadas a través de Life+, como por ejemplo, las iniciativas en el ámbito de la comunicación, el apoyo para crear asociaciones locales para la promoción específica de zonas y espacios que forman parte de la red de Natura 2000, el desarrollo de iniciativas relacionadas con el entorno marino, que es un aspecto que reviste extremada importancia, y planes innovadores para la protección de animales o especies vegetales. 
Estos son solo unos ejemplos que demuestran cómo, desde el punto de vista de la Comisión, incluso se puede utilizar Life+ para financiar a Natura 2000. 
Por último, recordaré la posibilidad de prestar ayuda financiera a los espacios marinos. 
Saben muy bien que la propuesta de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Pesca no menciona específicamente los espacios de Natura 2000. 
No obstante, la Comisión entiende que esta propuesta da la posibilidad de dar ayuda a iniciativas concebidas para desarrollar el medio marino. 
Por lo tanto, con este espíritu, se considerará la posibilidad de financiar actividades que promuevan el medio marino. 
Creo que los puntos que he mencionado son al menos un poco más tranquilizadores de que la Comisión sin duda no pretende cuestionar la prioridad de la financiación de Natura 2000. 
– Señor Presidente, solo me gustaría decir que ahora está totalmente claro lo lamentable que es que no esté hoy aquí el señor Dimas. 
Tan solo hemos escuchado a alguien enumerar las opciones que hay entre de las fuentes de financiación existentes, cosa que ya conocemos al dedillo. 
Eso ya estaba claro desde el principio. 
Lo que queríamos destacar es el hecho de que si no se introducen compromisos, las cosas no funcionarán. 
Toda nuestra experiencia anterior nos demuestra que estas oportunidades no se utilizan. 
Es muy decepcionante que la Comisión comparezca aquí para darnos una explicación acerca de las opciones que existen actualmente, en lugar de responder a las preguntas planteadas en el transcurso del debate. 
Sé perfectamente que el señor Frattini no está en condiciones de hacerlo, pero enviar a un Comisario que no es el responsable de esta área y que, por lo tanto, solamente puede hacer comentarios generales, no es la forma correcta de tratar al Parlamento. 
El Comisario Frattini también me ha convencido de sus conocimientos técnicos relativos a Natura 2000. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión formulada por Joseph Daul y Jean-Claude Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la próxima reforma de la organización común del mercado del azúcar (B6-0013/2005). 
– Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y como productor y cultivador de azúcar, no participaré en la votación final de hoy. 
Esto no se aplica necesariamente a las propuestas de la Comisión cuando se presenten. 
Pero hoy no participaré en la votación final. 
Tomo nota de lo que acaba de decir. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Fruteau, seré muy breve porque quiero dejar a mi amigo, el señor Fruteau, quien ha escrito el informe, el tiempo de uso de la palabra que necesita. 
Simplemente quisiera mencionar tres puntos, señora Comisaria. 
En primer lugar, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el Parlamento, con su voto de este mediodía, le piden una gestión del mercado mediante un régimen de cuotas y una red de seguridad a fin de evitar una caída brutal de los precios. 
En segundo lugar, esperamos que esta reforma permita establecer una organización del mercado que prefigure un nuevo modo de abordar nuestras relaciones con países terceros, y más concretamente los países ACP, a los que estamos vinculados por el protocolo del azúcar. 
Estoy en contra de la liberalización de los productos agrícolas a cualquier precio: es esa especie de dogmatismo que solo puede conducir al desastre. 
Me gustaría que hubiera instrumentos normativos que permitieran estabilizar los precios en la Unión Europea y en la economía internacional. 
Por esta razón, señora Comisaria, pienso, junto con mis colegas diputados al Parlamento Europeo, que hacen falta instrumentos que prohíban el comercio triangular entre países competitivos como Brasil, los países pobres y la Unión Europea. 
Hay que vigilar este comercio que se está implantando, tanto en el contexto del SPG como en el de la nueva organización del mercado del azúcar. 
En tercer lugar, quisiera llamar su atención sobre las dificultades que experimenta en estos momentos el mercado comunitario del azúcar. 
Según la información de que dispongo, el excedente de azúcar en la Unión Europea es de 850 000 toneladas con respecto al año pasado. 
Parece que esto se debe a apreciaciones incorrectas de las existencias disponibles y del consumo en determinados Estados miembros. 
Esto ha dado lugar a flujos comerciales inusuales. 
En estas condiciones, señora Comisaria, habría que realizar un estudio en profundidad sobre esta solución ilógica que impera actualmente el mercado comunitario del azúcar, a fin de determinar su causa y saber cómo gestionar este problema. 
Esto es lo que tenía que decir sobre los tres puntos que nos preocupan. 
Dejo ahora mi tiempo de uso de la palabra al señor Fruteau, que ha dedicado mucho esfuerzo a este expediente. 
Señorías, les pido por supuesto que, tras esta intervención, aprueben la resolución, que ya ha sido aprobada prácticamente por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el pasado 21 de febrero la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, por 31 votos a favor de un total de 35, una posición común sobre la del azúcar. 
Esta amplia mayoría demuestra el punto de equilibrio que hemos alcanzado y que tiene en cuenta las opiniones de la mayoría de los Grupos políticos y de las nacionalidades representadas en este Parlamento. 
El tema es complejo. 
Por una parte, habida cuenta del contexto económico internacional, la reforma de la organización común del mercado del azúcar es hoy necesaria e indispensable. 
Por otra, no se debe pasar por alto la situación y el futuro de las mujeres y los hombres que dependen del sector en Europa y en los países con los que mantenemos relaciones comerciales. 
En esta óptica, el proyecto de resolución establece unos principios rectores claros: la adecuación de la OCM del azúcar a las normas del comercio mundial, el aumento de la competitividad del sector azucarero, la garantía de un nivel de vida digno a los implicados en el sector –un objetivo social–, bien permitiéndoles conservar sus puestos de trabajo, bien, si es necesario, su reciclaje, y al mismo tiempo respetando el principio de solidaridad comunitaria, que tiene en cuenta a las regiones y Estados más vulnerables de la Unión y de nuestros socios históricos, los países ACP y los países menos avanzados. 
Para responder a estas exigencias, cabe distinguir cuatro temas principales que guiarán la futura reforma de este sector. 
En primer lugar, por lo que se refiere al calendario, la reforma en ciernes deberá ser efectiva hasta finales del año 2012, de modo que los interesados en el sector dispongan de la perspectiva a largo plazo que necesitan para que sus inversiones den resultado. 
En segundo lugar, la reducción de los precios y de las cuotas deberá limitarse a lo estrictamente necesario a fin de tener en cuenta los intereses de los agricultores europeos. 
Además, deberá ir acompañado de un nivel de compensación que responda realmente a las necesidades. 
En tercer lugar, en sustitución del mecanismo de transferencia de cuotas, injusto y destructivo para los países más vulnerables, la resolución propone la creación de un fondo específico, gestionado por Europa, neutro desde el punto de vista presupuestario y que permita organizar la reestructuración del sector. 
En cuarto lugar, los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se han pronunciado enérgicamente a favor de una regulación del mercado que aproveche en particular una adaptación de la iniciativa «Todo menos armas» al sector azucarero. 
Este importante tema tiene por objeto mantener la coherencia y la viabilidad de la OCM pidiendo que la Unión Europea conserve el control de la oferta de azúcar en su mercado. Pero responde también a las reiteradas peticiones de los propios países menos avanzados, que han entendido que el comercio triangular ilegal, que puede verse favorecido por un acceso ilimitado al mercado europeo, no beneficiará en nada al desarrollo de las estructuras económicas y sociales de los países menos avanzados. 
Por último, junto con estos cuatro grandes temas, el proyecto de resolución insiste en la necesidad de tomar en consideración la situación particular de las regiones ultraperiféricas de la Unión, conscientes de sus condicionamientos geográficos y estructurales así como de sus necesidades específicas de desarrollo económico y productivo. 
Al resaltar el papel capital e irreemplazable que desempeña el cultivo de caña de azúcar en algunas de estas regiones, el texto se pronuncia contundentemente a favor de una compensación total de las posibles pérdidas de ingresos que puedan sufrir los agricultores de ultramar, y pide con la misma firmeza que se mantenga el mecanismo esencial de ayuda a la comercialización. 
Señorías, habida cuenta de los bloqueos que actualmente suscitan las medidas radicales propuestas por la Comisión en el Consejo de Ministros, solo el Parlamento Europeo está hoy en condiciones de ser la fuerza motriz de cara a la definición de las normas detalladas para la implementación de la OCM del azúcar. 
Es la ambición de nuestro informe, que adopta una posición que considero equilibrada, coherente y activa y que aspira a una reforma eficaz pero también basada en la solidaridad. 
. Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al señor Daul, al señor Fruteau y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el trabajo que han realizado. 
El proyecto de resolución y la audiencia del 30 de noviembre del año pasado han contribuido de forma notable a nuestros rigurosos preparativos para esta importante reforma de la organización común del mercado del azúcar. 
Permítanme realizar algunas observaciones preliminares antes de responder a sus preguntas. 
La necesidad de reforma del sector del azúcar es inevitable. 
Basándome en las consultas que he realizado con las partes interesadas en los últimos meses, tengo la clara impresión de que muchos comparten esta opinión. 
La pregunta es «hasta dónde» y «a qué velocidad» tenemos que actuar. 
Sinceramente, creo que necesitamos una reforma ambiciosa. 
Paso a comentar las cuestiones principales que plantean sus Señorías en su resolución. 
Respecto de la reducción de precios y cuotas, estoy convencida de que existe un futuro para la producción de azúcar en el seno de la Unión Europea, pero tiene que estar basada en la competitividad. 
Así pues, hemos de aceptar que la producción de azúcar tiene que centrarse en las zonas que ofrecen una perspectiva sostenible a largo plazo. 
La reducción de precios propuesta en la Comunicación nos mantendrá por debajo de los precios actuales del mercado mundial. 
Por lo tanto, estoy convencida de que la propuesta de reducción de precios del 33 % y de reducción de cuotas de 2,8 millones constituye el mínimo necesario para llevar a cabo una reforma efectiva, equilibrar el mercado y respetar nuestras obligaciones internacionales. 
Cuanto menos rigurosos seamos ahora, tanto más probable será que en un futuro cercano tengamos que emprender una nueva reforma, con la consiguiente incertidumbre para el sector. 
Está claro que la reforma obligará a los agricultores y productores a tomar decisiones importantes y, en ocasiones, difíciles sobre su futuro en el sector. Tenemos que ofrecerles una perspectiva clara. 
Así pues, considero que la previsibilidad es una cuestión clave. 
He tomado buena nota de que el Parlamento comparte esta preocupación. 
Por tanto, no pretendo incluir en la propuesta legislativa la idea de una revisión intermedia dentro de dos o tres años. 
En lugar de ello se planteará una perspectiva a largo plazo. 
Los agricultores recibirán una indemnización equivalente al 60 % de la reducción del precio institucional, a través del régimen de pago único. 
Esto compensará las pérdidas de ingresos. 
La experiencia pasada demuestra que la pérdida de ingresos por parte de las explotaciones agrícolas no equivale al recorte de precios. 
Esto es especialmente cierto en el sector del azúcar, en el que los agricultores dejarán de sufragar el coste de los impuestos sobre la producción. 
En cualquier caso, la reforma tiene que ser neutra desde el punto de vista presupuestario, lo que limita el grado de indemnización. 
Si vamos más allá del 60 %, otros sectores tendrán que pagar mediante una reducción de su pago directo. 
Respecto de la transferencia de cuotas entre Estados miembros, la Comunicación la presenta como uno de los elementos clave para llevar a cabo la reestructuración necesaria en la industria del azúcar. 
La transferencia de cuotas puede ayudar al traslado de la producción a regiones en las que las condiciones de producción sean mejores y, al mismo tiempo, dar a las regiones poco competitivas la oportunidad de renunciar a sus cuotas e invertir las recaudaciones en actividades alternativas económicamente viables. 
Sus preocupaciones sobre la transferencia de cuotas no han pasado desapercibidas. 
Tenemos que considerar seriamente la posibilidad de alcanzar nuestros objetivos mediante instrumentos alternativos. 
Me parecen particularmente interesantes las ideas presentadas en la resolución sobre la necesidad de que los Estados miembros y los agricultores ejerzan cierto control sobre la transferencia, y que se establezca un fondo especial. 
Estoy estudiando estas ideas. 
La creación de un fondo específico es un elemento particularmente importante en mis reflexiones. 
Quiero expresarme con total claridad respecto de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) , que constituye uno de los pilares de nuestras relaciones comerciales con los países menos avanzados, los PMA. 
Ha sido el resultado de una concesión unilateral sin precedentes de la Unión Europea, y un paso lógico en nuestro compromiso con el desarrollo de estos países. 
Estaríamos enviando un mensaje equivocado si retirásemos nuestras concesiones a los PMA, en particular en un año en el que estamos intentando convencer al resto del mundo desarrollado de que siga nuestro ejemplo y aumente el acceso al mercado de los países en desarrollo. 
Por lo tanto, estoy en contra de una renegociación de la iniciativa TMA. 
Además, un sistema de importaciones reguladas a precios remunerativos conllevaría una reducción de los precios demasiado pequeña y por tanto inútil. 
No podemos incentivar inversiones insostenibles en el seno de la UE o en países del Tercer Mundo. 
Reconocemos que la reforma del azúcar implicará ciertos ajustes en el sector azucarero de los países ACP afectados, pero también hemos señalado claramente que estamos dispuestos a acompañar este proceso. 
Sobre la base de un plan de acción que la Comisión presentó el 24 de enero, actualmente se lleva a cabo un diálogo con los países ACP. 
La Comisión tiene la intención de presentar el plan de acción definitivo sobre las medidas auxiliares en forma de Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo a mediados de 2005. 
La última cuestión que quiero plantear es la OMC. 
La resolución final del Órgano de Apelación de la OMC está fijada para el 28 de abril de 2005. 
Nuestra propuesta de reforma tendrá en cuenta su resultado y, de este modo, habremos ajustado la organización común del mercado a nuestras actuales obligaciones con la OMC. 
Permítanme concluir con el calendario. 
Por razones internas y externas, considero absolutamente necesario alcanzar un acuerdo sobre la reforma del azúcar de aquí al mes de noviembre a más tardar. 
De hecho, el régimen actual del azúcar expira el 1 de julio de 2006. 
El sector tiene que saber de antemano cómo será el nuevo régimen para tomar sus decisiones de cara a la campaña del 2006-2007. 
Además, tenemos un claro interés en indicar a nuestros socios ministeriales de la OMC los elementos básicos de la reforma del azúcar antes de la conferencia de diciembre de este año. 
De lo contrario, corremos el riesgo de que la cuestión del azúcar malogre la reunión de Hong Kong, como ocurrió con el algodón en la reunión de Cancún. 
La Presidencia del Reino Unido ha programado debates en el Consejo para alcanzar un acuerdo político definitivo en el Consejo de noviembre. 
Para cumplir este calendario presentaré la propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo no más tarde del verano. 
Sé que puedo contar con su cooperación para hacer posible este calendario. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero dar las gracias particularmente al ponente, el señor Fruteau, y al presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul, por su excelente cooperación en torno a la propuesta de resolución relativa a la reforma de la organización común del mercado del azúcar. 
Pero también quiero dar las gracias a todos los demás diputados al Parlamento que han realizado aportaciones constructivas para hacer de esta propuesta de resolución lo que es. 
En mis viajes por mi circunscripción de Baviera, los agricultores que cultivan remolacha azucarera me preguntan por qué es necesario modificar, consolidar y ramificar la organización del mercado del azúcar, que ha sobrevivido al paso de las décadas. 
Los agricultores y trabajadores afectados están muy decepcionados con las propuestas de la Comisión del 14 de julio de 2004. 
Entonces les explico que la organización del mercado debe ser reformada para que en el futuro se pueda continuar cultivando remolacha azucarera en Europa. 
Lo que queremos conseguir con nuestra propuesta de resolución, señora Comisaria, es que en el futuro pueda seguir cultivándose remolacha azucarera en la Unión Europea y caña de azúcar en sus zonas fronterizas, y que las fábricas de azúcar continúen fabricando este producto. 
Esto afecta a 350 000 familias de agricultores en Europa y a 230 fábricas de azúcar, con un número desconocido de empleados. 
Las propuestas de la Comisión van demasiado lejos; en muchas regiones europeas, el cultivo sostenible de la remolacha azucarera sería cosa del pasado y la caña de azúcar ya no podría cultivarse en las zonas fronterizas. 
Los únicos que se beneficiarían de la reforma serían unos cuantos países que son grandes productores de azúcar, como Brasil, que, a diferencia de los Estados miembros de la Unión Europea, produce invariablemente sus cultivos con criterios sociales y medioambientales muy permisivos. 
Nuestras organizaciones ecologistas pondrían el grito en el cielo si en Europa –como sucede en países como Brasil– se secasen ríos enteros para regar las tierras y se quemasen cientos y miles de hectáreas de terreno sin que los animales que habitan allí tuviesen ninguna oportunidad de escapar de las llamas. 
Esa forma de producir azúcar no puede ser la referencia con la que deba compararse la producción de azúcar europea. 
El argumento de que los consumidores europeos se beneficiarían de una reducción de los precios del azúcar no me convence, porque a pesar de que los cereales cuestan ahora menos de un tercio de lo que costaban hace 40 años, el precio del pan se ha multiplicado en el mismo período. 
El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en su reunión del 18 de noviembre de 1997, describió las tareas multifuncionales de la agricultura europea en los siguientes términos: «El Consejo considera que como sector económico, la agricultura debe ser multifuncional, sostenible, competitiva y repartida sobre todo el territorio. 
Debe ser capaz de mantener el paisaje y el espacio natural, aportar vitalidad al mundo rural y responder a las preocupaciones y exigencias de los consumidores en materia de calidad y seguridad de los alimentos, protección del medio ambiente y bienestar de los animales.» 
Si quieren ese tipo de agricultura multifuncional en Europa, entonces tendrán que proporcionarle la protección adecuada. 
Por lo tanto, solicitamos que el azúcar importado se produzca de acuerdo con los mismos criterios sociales y medioambientales que el azúcar que se produce en la Unión Europea. 
Rogamos a la Comisión que atienda a las demandas de los Estados ACP y que analice cómo puede la Unión Europea, utilizando un reglamento con este fin en el marco de la iniciativa «Todo menos armas» , continuar gestionando en el futuro la cantidad de azúcar suministrada. 
También esperamos que la propuesta legislativa de la Comisión contenga propuestas explícitas relativas a la manera de prevenir el denominado «comercio triangular» , que se practica en los países menos avanzados. 
Permítanme terminar añadiendo que no me gustaría ver un mercado mundial en el que la producción careciese de la dimensión medioambiental. 
No quiero un mercado mundial que explote a las personas y a regiones enteras. 
Les ruego que aprueben esta propuesta de resolución por amplia mayoría, para conseguir que la Comisión incorpore nuestras exigencias en su propuesta legislativa. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, nadie en este Parlamento cuestiona la necesidad de una reforma en el sector del azúcar. 
Usted ha descrito muy bien en su intervención las razones que la hacen necesaria. 
Lo que cuestionamos es la propuesta presentada por la Comisión y, en mi caso, por dos razones fundamentales: la primera, porque establece un reparto desequilibrado del esfuerzo de reducción dentro de la Unión Europea, cargándolo sobre las zonas más desfavorecidas; y, la segunda, porque no garantiza el mantenimiento de las rentas de los productores de remolacha. 
De hecho, en mi país- España- su aplicación supondría, en la práctica, la desaparición de buena parte de las 118 000 hectáreas de cultivo en Castilla y León, en Andalucía y en Castilla-La Mancha, y afectaría a 23 000 productores. 
Y es que, una vez más, señora Comisaria, la Comisión lanza propuestas sin que, en el estudio de impacto, se recojan ni la repercusión de las reducciones de precio y cuota en los ingresos de las explotaciones familiares, ni la pérdida de empleos en la industria y su incidencia en el medio rural de los Estados afectados. 
Señora Comisaria, a nuestro juicio, la reducción de precios debería ser menor y más espaciada en el tiempo, manteniéndose acoplada una parte importante de la ayuda para no desarticular el tejido económico y social de las zonas productoras que están situadas, en mi país, en las regiones menos prósperas. 
Además, la reducción de cuotas debería comenzar por las cantidades excedentarias y por las destinadas a la exportación, que son las más nocivas para el mercado internacional de este producto. 
Estamos totalmente en contra- y se lo tengo que decir así- de la transferencia de cuotas entre Estados miembros. 
Creemos que esta modalidad produciría o podría producir una deslocalización de empleo y de actividad económica dentro de la Unión Europea, lo que generaría mayores desequilibrios cuanto menos competitivos sean los Estados, y crearía un peligroso precedente dentro de la PAC. 
Por lo que se refiere al ámbito externo de la propuesta, la iniciativa "Todo menos armas" (EBA) debería incluir instrumentos de control cuantitativos de las importaciones similares a los ya existentes para los ACP. 
Esto es lo que piden los representantes de los ACP y de los PMA, y está así ampliamente recogido en nuestra resolución. 
Para concluir, señora Comisaria, le pido que tenga en cuenta algo que ya le han dicho tanto el señor Daul como el señor Fruteau, mis dos colegas ponentes de esta propuesta: esta resolución ha sido aprobada con un amplio consenso en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural; presente pues unas propuestas legislativas adecuadas que reflejen las observaciones en ella recogidas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría que realizásemos la reforma de la organización común del mercado del sector azucarero de la Unión lo antes posible y que allanásemos el camino a una liberalización del conjunto del mercado del azúcar. 
Las reformas llevan preparándose desde hace mucho tiempo. 
Esto da lugar a una incertidumbre con respecto a cuánto durarán las estructuras actuales y, especialmente, a cuándo se cambiarán. 
Los productores europeos de azúcar están inquietos por esta incertidumbre. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción una solución definitiva sobre la organización del mercado del sector azucarero. 
La OMC ha emitido su resolución acerca de la organización del mercado del azúcar, en la que reclama que hagamos algo al respecto. 
Por supuesto, también estoy de acuerdo en que debemos esperar el recurso durante los dos próximos meses, pero tenemos que aceptar las consecuencias de este recurso una vez que se comunique su resultado. 
La producción de azúcar europea es eficiente y competitiva. 
Sin duda, se producirán algunos cambios, especialmente con respecto a los lugares donde tendrá lugar la producción en el futuro. 
Sin embargo, es muy importante que consigamos que la producción y, por lo tanto, también las cuotas puedan desplazarse a donde la producción es mejor y también más barata. 
Esto es lo mejor que podemos hacer por los productores de azúcar europeos, aunque por supuesto tenemos la obligación de equipar a los productores para que hagan frente a la competencia existente en el mercado mundial. 
No debemos ignorar las preocupaciones expresadas en el acuerdo TMA o por los países más pobres del mundo. 
Estos últimos han adaptado su producción de acuerdo con un precio artificial del mercado europeo y naturalmente necesitan ayuda en el período de transición que habrá en el camino hacia una competencia más libre en el mercado mundial. 
Sin embargo, no sirve de nada cumplir los acuerdos actuales para que puedan vender lo que producen a precios artificialmente elevados en el mercado interior de la Unión Europea. 
De hecho, lo cierto es más bien todo lo contrario. 
Finalmente, es esencial que garanticemos que todos los países del mundo retiren sus subsidios a la producción de azúcar, para que pueda haber competencia en un mercado libre y equitativo. 
Por supuesto, debemos exigir que el azúcar importado se produzca de conformidad con los mismos criterios sociales y medioambientales en la producción de azúcar que los que acostumbramos a aplicar en Europa. 
. 
Señor Presidente, la señora Comisaria ha hablado de la necesidad de la reforma y yo estoy de acuerdo con ella; la organización común del mercado del azúcar ha sido corrompida por el propio sector azucarero, que ha estado orientado al consumo y al acceso privilegiado al azúcar de los países ACP. 
A continuación se desarrolló una situación en la que el azúcar C también inundó el mercado mundial y en la que la cantidad de azúcar que llegaba de los países ACP era reexportada, con un coste para el presupuesto de otros 1 500 millones de euros. 
No obstante, usted dice que le gustaría reducir la cantidad en 1,8 millones de toneladas. 
Si incluimos el azúcar C, la reducción deberá situarse entre 4 y 5 millones de toneladas, que irán a parar al mercado mundial. 
Por lo tanto, hay que reducir la cantidad y no el precio. 
Podemos aceptar una reducción del precio, pero si se va a proponer el 33 % sin asignar una cuota a los países menos avanzados –cosa que no va en contra de las normas que tenemos, sino que simplemente impide que se conviertan en países de tránsito–, este 33 % no es suficiente, dado que, incluso en estas condiciones, las multinacionales utilizarán a estos países como rutas de tránsito a través de las que traer de nuevo su azúcar a la Unión Europea. 
Por lo tanto, habrá que reducir el precio de nuevo para que resulte menos atractivo, así que sería mejor que calificara usted esto de liberalización sin andarse por las ramas. 
Si quiere mantener una organización del mercado, tiene que enfrentarse a estas cuestiones: las cantidades y no los precios. 
Me opongo enérgicamente a que se paguen bonificaciones por la reducción de la cantidad, cosa que considero una perversión y de la que es responsable el propio sector azucarero. 
No tiene sentido y no beneficia a los agricultores que esos 1 300 o 1 500 millones se paguen en concepto de bonificaciones, ya que son engullidos y no benefician a las explotaciones agrícolas. 
En su lugar, lo que importa es que el negocio azucarero se organice de tal modo que el cultivo de azúcar produzca dinero. 
Eso no sucede con el azúcar C y, por este motivo, este azúcar no debe poder acceder más al mercado mundial. 
Los agricultores pueden hacer con él lo que quieran, salvo volcarlo en el mercado mundial. 
Esto lo debemos establecer, y lo que tenemos que hacer con los 1 300 millones de euros que no se van a utilizar en bonificaciones es asignarlos a un fondo para el desarrollo de la economía rural y para la diversificación en los países menos avanzados y en los países ACP, para permitir que sus economías se desarrollen. 
Tampoco tiene ningún sentido compensar a esos países, porque si son compensados porque ya no ganan dinero con el azúcar, ¿con qué se supone que financiarán su desarrollo económico? 
Nosotros aportamos dinero a esos países y tenemos que asegurarnos de que se aproveche, no pagándolo como una compensación, sino iniciando un desarrollo económico, haciendo que dependan de cosas distintas del azúcar, permitiéndoles ganar dinero suministrando azúcar a la Unión Europea con las preferencias y cuotas que tienen y, al mismo tiempo, permitiéndoles que consigan y promuevan un desarrollo rural en la esfera técnica y artesana. 
Utilizar la organización del mercado del azúcar para impulsar una estrategia de desarrollo y examinar los aspectos fundamentales de la forma que debería adoptar el comercio mundial sería una estrategia de futuro. 
Las tendencias a favor de la liberalización están presentes en todos nuestros Grupos políticos; eso se refleja en las enmiendas, incluidas las de mi propio Grupo, y usted, Comisaria Fischer Boel, está –quizás incluso sin quererlo– haciendo concesiones a estas tendencias al tener que dar el siguiente paso en un plazo de cinco años, cuando acabará, en lo esencial, con la organización del mercado del azúcar. 
. – Señor Presidente, la propuesta de la Comisión relativa al nuevo reglamento sobre el azúcar y las declaraciones realizadas hoy por la señora Comisaria se sitúan básicamente en el marco de la reforma de la PAC –aunque ella no llegue a admitirlo– y, por supuesto, del recorte de los gastos en la agricultura. 
Las reducciones del 33 % propuestas en cuotas y precios y la abolición de la intervención y de los precios de intervención provocarán pérdidas de puestos de trabajo en las pequeñas y medianas explotaciones y en las fábricas de azúcar. 
La drástica reducción de los precios y la reducción de las cuotas mermarán los ingresos de los productores de remolacha azucarera y les obligarán a abandonar la agricultura, sin otro medio de supervivencia alternativo que el desempleo. 
Al mismo tiempo, las fábricas de azúcar que no son viables –y son bastante numerosas– tendrán que cerrar y zonas enteras quedarán abandonadas, tanto en el norte de Grecia como en Calais, en Francia, y en otros países. 
En Grecia, los cierres de fábricas se traducen en ciudades muertas y, sobre todo, ciudades muertas en zonas remotas. 
Sin embargo, las importaciones aumentarán. 
No obstante, el azúcar importado será más barato para las industrias que lo utilizan como materia prima, pero no para los consumidores, que nunca pagan menos por ningún producto, aunque caigan sus precios. 
Los productores de remolacha azucarera de los países con los que la Unión Europea mantiene acuerdos preferentes también perderán, porque importará azúcar a precios más bajos. 
Por lo tanto, es hipócrita decir que los países pobres se beneficiarán. 
El verdadero motivo de estos cambios es la drástica reducción del presupuesto agrícola, para que pueda utilizarse en otras políticas represivas y reaccionarias, y para favorecer las exportaciones de productos de los monopolios industriales europeos a Brasil, la India y otros lugares, sacrificando así y condenando a los productores de remolacha azucarera y a los trabajadores del sector, que pasarán a engrosar las listas de parados. 
Las pequeñas mejoras y los pequeños cambios, con unos subsidios limitados y escasos, la compensación y los fondos no cambian el espíritu ni el objetivo del reglamento propuesto. 
No son una solución. 
La única solución es la lucha coordinada de agricultores y trabajadores, para cambiar esta política antiagrícola y antipopular. 
. – Señor Presidente, la sobreproducción de azúcar constituye otra manifestación obscena de la Política Agrícola Común que protege a ciertos productores por razones políticas y penaliza a los consumidores por esas mismas razones políticas. 
Los franceses producen el 160 % de sus necesidades internas de azúcar, y se deshacen del resto en el Tercer Mundo. 
Los británicos producen el 50 % de sus necesidades e importan el resto de países de África, el Caribe y el Pacífico. 
Los productores de azúcar británicos actúan de manera responsable y no son la causa del problema. 
Sufrirán por culpa de las llamadas reformas mal planteadas. 
La verdadera reforma en Gran Bretaña solo se logrará cuando nos retiremos de la Política Agrícola Común y de la propia Unión Europea. 
Esta resolución ha dejado un mal sabor de boca a los productores de azúcar británicos, muchos de los cuales me han escrito a mí y a mis colegas británicos. 
El Partido por la Independencia del Reino Unido votará en contra de la resolución y de sus enmiendas, que serán perjudiciales para los intereses de los productores de azúcar británicos. 
.– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no cabe duda de que es necesaria una reforma del régimen que rige el azúcar de tipo C, en parte a la vista de los últimos acontecimientos en la OMC, pero creemos que ha de incluirse entre los elementos principales de la reforma general de la PAC. 
Esto implica efectuar los cambios necesarios, pero sin perder de vista el objetivo esencial de mantener el sector competitivo a escala internacional a medio y largo plazo. 
En vez de ello, tenemos la impresión de que la Comisión Europea, al cumplir el imperativo de los recortes de la producción impuestos por los tratados internacionales y acuerdos de libre comercio, pretende sacrificar determinadas zonas productoras, que a menudo son las más débiles. 
Esto vendrá facilitado por el mecanismo previsto por la Comisión para la adquisición de cuotas por parte de un Estado miembro a otro. 
A escala europea, el cierre y abandono de numerosas fábricas de azúcar y de la producción de remolacha azucarera por muchas empresas agrícolas confirma que la presión competitiva aumenta constantemente debido a la reducción, en términos reales, del precio garantizado por volumen producido. 
A modo de conclusión, las medidas propuestas por la Comisión Europea han de considerarse, sin duda, inaceptables, puesto que la reducción excesiva del precio de intervención de referencia, la fuerte caída de los precios de la remolacha azucarera, la compensación parcial del 60 % y la introducción del almacenamiento privado han puesto en grave peligro la supervivencia del sector de la remolacha azucarera. 
En nuestra opinión, la futura legislación propuesta debería basarse en vez de ello en cuotas y precios garantizados, vinculados a las cuotas reales de producción nacional. 
También debe proteger el mercado único europeo, introduciendo restricciones a la importación; tiene que establecer normas aduaneras más eficientes para verificar los orígenes de los productos, reducir las cuotas a un nivel que sea suficiente para el consumo interno e introducir o mantener medidas para reducir las disparidades estructurales, como por ejemplo la autorización de ayudas estatales para proteger los intereses de los agricultores que viven en zonas desfavorecidas de la Unión, garantizando la continuidad de una agricultura multifuncional en toda la región europea. 
Señora Comisaria, estoy de acuerdo con usted en que los análisis confirman que nuestra única perspectiva reside también en la disciplina del mercado en el sector azucarero. 
Sin embargo, como se ha indicado, lo más importante es controlar el vasto espectro de intereses creados, tras los que se encuentran muchos que se están beneficiando del mercado tal como está regulado en estos momentos. 
Considero que una cuestión clave para el Parlamento Europeo es si sucumbiremos en mayor o menor medida a esos intereses creados o si, como principal agencia política de la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidirá en principio si en la reforma del azúcar deberían prevalecer los valores fundamentales del mercado o si seguirán dominando los principios burocráticos. 
Hoy, señora Comisaria, me encuentro entre los que ven en el proyecto de resolución una voluntad de dar prioridad a una influencia más extensiva del mercado en la reforma del azúcar, que es la razón por la que también lo apoyo. 
Personalmente no considero que sea necesario debatir la elaboración exacta de los procedimientos asociados, dado que se trata de un problema técnico y no político. 
En conclusión, me gustaría confirmar que apoyamos el punto de vista de que solamente una competencia más genuina en el mercado europeo, incluido el mercado del azúcar, nos permitirá seguir siendo competitivos en el dinámico y creciente mercado mundial. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos sabemos que la sociedad, en los últimos años, ha comenzado a plantear exigencias bastante diferentes a la agricultura y lo digo pensando no solo en la reforma de la PAC, sino también en las actuales negociaciones en la OMC. 
Si queremos satisfacer esas exigencias en todos los ámbitos, es comprensible que haya que reformar la organización común del mercado del azúcar. 
Dicho esto, señora Comisaria, debo añadir que el papel de la política debe consistir en crear condiciones equitativas de acuerdo con las cuales nuestros agricultores puedan continuar procediendo azúcar en la Unión Europea, y que puedan hacerlo de una manera sostenible, económica y socialmente aceptable. 
Sin embargo, la Comunicación presentada por la Comisión en julio de 2004, relativa a la reforma del sector azucarero, implica, por su mismo planteamiento, profundos efectos y cambios en la actual organización del mercado del azúcar. 
A pesar de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de esta Cámara no se opone a esta reforma, nuestra propuesta de resolución defiende un planteamiento moderado. 
Rechazamos las transferencias de cuotas que la Comisión preveía originalmente, porque consideramos que las cuotas deberían seguir perteneciendo a los productores, es decir, a los agricultores. 
También opinamos que los recortes de precios y cuotas previstos acarrearán importantes pérdidas de ingresos y que no podemos ignorar los usos alternativos, que encierran un gran potencial, particularmente en el ámbito de los biocarburantes. 
Nuestros agricultores pueden sufrir pérdidas de ingresos, por lo que deben ser adecuadamente compensados. 
Confío, señora Comisaria, en que esta Cámara, en su votación de hoy, ratificará el compromiso que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por encima de todas las divisiones entre partidos, ha forjado gracias a un buen trabajo, y espero sinceramente que la Comisión escuche sus mensajes cuando llegue el momento de presentar sus propuestas legislativas. 
Decimos «sí» a la reforma del sector azucarero, señora Comisaria, pero hay que llevarla a cabo con sensibilidad. 
– Señor Presidente, Comisaria, señora Fischer Boel, el mercado del azúcar puede considerarse algo así como el último mohicano por lo que respecta a los productos cuyo régimen no ha sido reformado en los últimos años y que han escapado hasta ahora a la filosofía que sustenta la nueva Política Agrícola Común. 
¿Qué rumbo deberían tomar las propuestas legislativas de la Comisión? 
En primer lugar, deberían garantizar que todas las regiones productoras de azúcar reciban el mismo trato. 
En segundo lugar, deberían aplicar la filosofía que sustenta la PAC reformada a las nuevas medidas. 
En tercer lugar, deberían expresar la solidaridad internacional de la Unión Europea con los países en desarrollo. 
En vista de lo anterior, considero que los siguientes puntos de la Comunicación de la Comisión son particularmente negativos: 
En primer lugar, la falta de compensación de los ingresos de los productores de remolacha azucarera tras la reducción de las ayudas a los productos; cuando se reformó la PAC para los cereales y la ternera, la compensación cubrió el 90 % de las reducciones de los subsidios directos, mientras que en el caso del azúcar solo cubren el 60 %. 
En segundo lugar, el sistema de transferencia de cuotas entre Estados miembros, propuesto por la Comisión Europea, provocará la concentración de la producción en determinadas regiones. 
En tercer lugar, los aspectos exteriores del régimen exigen tratar esta cuestión de forma especialmente prudente. 
En particular, los compromisos en el sector azucarero no deberían superar los límites absolutamente necesarios en el marco de la OMC. 
Igualmente las repercusiones económicas y sociales en los países menos avanzados deberían manejarse con tacto y de forma eficiente, sobre la base de lo que elijan los propios países en desarrollo. 
Para terminar, creo que habría que aclarar y mantener que las cuotas pertenecen a los productores de remolacha azucarera y que la compensación a los productores de terceros países no se puede financiar con cargo al Fondo Social Agrario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la reforma del sector azucarero que se está debatiendo es una ampliación de la reforma de la política agrícola. 
Su principal componente son las reducciones de precios, que alcanzan casi el 40 %, y de las cuotas. 
Esto implicaría un recorte de precios cercano a los 2 500 millones de euros. 
Dado que es la industria la que utiliza la mayor parte del azúcar, aproximadamente el 75 % de los recortes de los precios apenas se reflejaría en los precios al consumo de los productos manufacturados, sino que principalmente supondría un beneficio para el sector azucarero. 
Hay cierto aspecto de la reforma del sector azucarero que ha estado ausente en las reformas agrícolas anteriores. 
Se basaría en la idea de que las cuotas de producción de azúcar pudieran transferirse de un país a otro. 
De este modo, estaría claro para todos que la producción de azúcar se trasladaría a las regiones más idóneas para su cultivo y desaparecería de los países cuyas condiciones naturales sean desfavorables. 
Eso no beneficiaría en nada al presupuesto de la Unión Europea. Esta solución sentaría un precedente peligroso. 
Le ruego encarecidamente, señora Comisaria, que haga todo lo posible para que no se produzca esta falta de solidaridad entre Estados miembros. 
Me ha complacido escuchar en su discurso inicial que estaba usted dispuesta a volver a examinar este punto. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Comisaria por defender una reforma de los mercados del azúcar, por modesta que pueda ser. 
Sin embargo, la resolución de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es espantosa, al menos si la solidaridad mundial desempeña algún papel, aunque sea menor, en la vida política. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural cree que la producción de azúcar en la Unión Europea y, preferiblemente, en todo el mundo debería regularse mediante cuotas. 
Se trata de un punto de vista muy extraño. 
En su lugar, la producción de azúcar debería ser libre. 
La comisión hace algunos guiños amables a los países en desarrollo, pero está totalmente claro que su principal preocupación es la producción de azúcar en la Unión Europea. 
No ayudamos a los trabajadores agrícolas pobres, por ejemplo, de Brasil, empeorando las condiciones de exportación de este país. 
Es posible que si se abriese el mercado, una gran parte de los beneficios fuese a parar a manos de los terratenientes, pero es imposible argumentar que esta apertura perjudicaría directamente a los trabajadores agrícolas en términos económicos. 
En la Unión Europea, la mitad de la ayuda se destina, además, a la industria azucarera. 
Si existe un deseo genuino de hacer algo constructivo que beneficie a los países pobres productores de azúcar; habría que reforzar a la OIT y, en Brasil, al Presidente Lula también. 
En Brasil podrían proponerse negociaciones con el Gobierno para garantizar que las plantaciones cumplan las exigencias de la OIT. 
Imponer cuotas y los criterios sociales y medioambientales de la Unión a todos los demás países supondría ignorar el acuerdo «Todo menos armas» que dice que, para 2009, los países menos avanzados deberían poder vender azúcar libremente a la Unión Europea. 
Las preocupaciones expresadas acerca de los países en desarrollo son palabras huecas. 
Esto también se refleja en el hecho de que lo que la Unión Europea ahorra en ayudas a la exportación del azúcar va a utilizarse ahora para garantizar los ingresos y no para los países en desarrollo. 
La propuesta de utilizar el azúcar como carburante está fuera de lugar. 
Apoyo todas las enmiendas del Grupo socialista y creo que otros también deberían hacerlo, por el bien de los países en desarrollo, de la agricultura y de la Unión Europea. 
–Señor Presidente, en aras de un vago compromiso con la OMC, nos disponemos a echar a la calle a decenas de miles de trabajadores, a cerrar decenas de empresas, a asestar un terrible golpe a la agricultura europea y a poner en tela de juicio el desarrollo de muchos países. 
Pero ¿a quién beneficiará esta reforma? 
¿A los agricultores? 
¿Quién iba a creer semejante estupidez cuando la pérdida de renta bruta anunciada es del 50 %? 
¿A los consumidores? 
Es más que dudoso, porque la caída de los precios a la producción pagados a los agricultores no ha tenido jamás efecto alguno sobre el poder adquisitivo de los hogares. 
¿Y qué decir de los pequeños productores del hemisferio sur? 
Nuestra experiencia con el mercado del café y la producción azucarera de Brasil apenas podrá convencernos. 
Por otro lado, las multinacionales del sector agroalimentario pueden estar contentas. 
Gracias a la Comisión y a la OMC, podrán obligar a trabajar a más niños pequeños en los campos de caña de azúcar. 
Podrán explotar un poco más a los desdichados hombres y mujeres que perciben a menudo menos de 100 dólares al mes. 
Pondrán ver cómo sus beneficios adquieren enormes proporciones sobre la base de una catástrofe social. 
Esta reforma despierta asimismo, en todas las regiones más remotas, una tremenda inquietud. 
Nuestro Grupo ha visitado recientemente La Reunión, por invitación del señor Verges, y hemos podido ver con nuestros propios ojos hasta qué punto la reforma ha sido una catástrofe para esta isla. 
Además de la necesidad de una compensación total, se plantea también un problema de coherencia. 
A pesar de que la mayor parte de las inversiones agrícolas de la Unión Europea se han consagrado durante más de 40 años al desarrollo del sector de la caña de azúcar y de que este sector representa una tercera parte de la producción agrícola final, un 25 % de la producción eléctrica y tres cuartas partes de las exportaciones, se propone hoy poner en tela de juicio la existencia misma de esta acción estratégica para el desarrollo sin que sea posible una alternativa que pudiera hacer frente a las consecuencias. 
Debemos comprender el pleno alcance de las consecuencias de esta reforma. 
A petición del señor Verges, nuestro Grupo desea que la Comisión se comprometa a transmitir al Parlamento un estudio de impacto, particularmente de impacto social, sobre la situación real de las regiones periféricas. 
Quisiéramos también que se realizara el mismo tipo de estudio a escala europea. 
Señor Presidente, permítame terminar diciendo que estamos convencidos de que existen soluciones en una verdadera política de regulación del mercado del azúcar, de la que Europa debería ser la promotora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la reforma propuesta de la organización común del mercado del azúcar va en contra de los objetivos de la Política Agrícola Común, concretamente el de garantizar un nivel de vida digno a los agricultores y el desarrollo sostenible de la agricultura, y también es contraria a la Estrategia de Lisboa. 
La propuesta de reducir las cuotas A y B es inaceptable. 
Su impacto será mayor sobre los nuevos Estados miembros, particularmente en Polonia, donde el sector ya ha sido recortado drásticamente en los últimos años y solo quedan 43 de las 78 plantas de procesado de azúcar que existían originalmente. 
No se ha invertido en modernización. 
En vez de esto, los trabajadores se ven condenados al paro y los consumidores pagan más por su azúcar, no menos. 
Existe una amenaza real de que la producción de azúcar se concentre en unas cuantas plantas, debido a la transferencia de cuotas entre Estados miembros. 
A resultas de ello, el azúcar se produciría en las regiones en que la agricultura es más cara. 
También es incorrecto afirmar que la importación de más azúcar de los países más pobres a la Unión mejorará la situación económica de estos países. 
Al contrario, solo se beneficiarán los especuladores y las empresas comerciales. 
Los contribuyentes y agricultores de la Unión Europea, incluidos los de Polonia, serán los que paguen por ello. 
Polonia se convertirá en un país importador de azúcar, cuando anteriormente era uno de los principales productores. 
La propuesta de la Comisión para la reforma del mercado del azúcar se traducirá en un monopolio de las grandes empresas, que ya están absorbiendo a sus competidores. 
Todo esto se promoverá mediante recortes de las cuotas y la denominada reducción transitoria de los precios, rebajados hasta alcanzar niveles de dúmping. 
Parece que la Política Agrícola Común solamente es común para unos cuantos elegidos y esto es peligroso. 
Gracias. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, como saben, he aprovechado todas las oportunidades en este Parlamento para plantear la cuestión del sector azucarero. 
El cultivo de remolacha azucarera y la producción de azúcar tienen una larga tradición en mi país y datan de hace casi 80 años. 
La evaluación de impacto aprobada por la Comisión demuestra que Irlanda es uno de los países especialmente vulnerables a las reducciones del precio del azúcar y de la remolacha azucarera. 
Las implicaciones de la propuesta de reducción de precios y cuotas, incluso teniendo en cuenta las indemnizaciones, haría inviable el cultivo de remolacha azucarera en Irlanda. 
Las propuestas en su forma actual resultarían devastadoras para la industria irlandesa, tanto en el ámbito del cultivo como de la transformación, y supondría una amenaza directa para los 3 800 agricultores que actualmente cultivan remolacha azucarera. 
En la vertiente industrial, en el pasado el sector ha sido una fuente de empleo muy importante en las fábricas de azúcar, además de apoyar el empleo en los sectores asociados. 
Algunos de estos puestos de trabajo ya se han perdido. 
La fábrica de Carlow, en mi circunscripción, ha anunciado su cierre, con todos los problemas socioeconómicos asociados. 
En mi opinión, el futuro incierto del sector azucarero ha sido un importante factor de este cierre. 
Las ideas iniciales de reforma de la Comisión Europea ya están causando víctimas inaceptables. 
Los Ministros de Agricultura de diez Estados miembros, entre los que se incluye Irlanda, también han expresado esta opinión en una propuesta conjunta a la Comisaria de Agricultura. 
Todos aceptamos que la reforma del régimen actual es necesaria. 
Sin embargo, la reforma tiene que tratar de mantener la actual distribución de la producción de remolacha azucarera y de azúcar en todo el territorio de la Unión Europea. 
La reforma tiene que basarse en los principios siguientes. 
Primero, hay que establecer un sistema de importación de países terceros que garantice una importación predecible y regular. 
Segundo, la reducción de precios tiene que ser significativamente menor que la propuesta en la actualidad y hay que aplicarla de forma más gradual. 
Tercero, la reducción de cuotas tiene que surtir efecto principalmente en aquellos Estados miembros que son exportadores netos de azúcar. 
La transferencia de cuotas entre Estados miembros no debe permitirse. 
Acojo con especial agrado que, en los últimos días, la Comisión haya aprobado la exención de impuestos para un proyecto piloto con bioetanol que utiliza aceite de colza en Irlanda. 
Hace algunos años, el sector de transformación del azúcar encargó un estudio de viabilidad en Irlanda con vistas a producir bioetanol usando el excedente de remolacha azucarera. 
El excedente de remolacha tiene un valor limitado para los agricultores, y una fábrica de etanol supondría una salida alternativa para una cantidad significativa de remolacha. 
Aparte de la ventaja obvia del bioetanol como fuente de energía alternativa y su contribución potencial a un medio ambiente más limpio, algunos de los subproductos también serían valiosos para el sector de los fertilizantes y los piensos. 
Señora Comisaria, ya sé que usted acepta esto, como ha dicho en una respuesta anterior. 
Dado el actual proceso de reforma del sector azucarero, ha llegado el momento de que todos los Gobiernos implicados, todas las Direcciones relevantes de la Comisión y el sector comercial actúen y vuelvan a examinar seriamente la posibilidad de desarrollar una industria de bioetanol basada en el azúcar. 
En Brasil están destruyendo la selva tropical para cultivar azúcar que nadie quiere, de modo que en su lugar producen bioetanol basado en azúcar. 
Eso es posible, pues disponemos de la tecnología necesaria. 
Señora Comisaria, le ruego que examine de nuevo sus propuestas, regrese luego a este Parlamento y piense en las personas a quienes representa. 
Señor Presidente, Señorías, el sistema de límites nacionales crea divisiones injustas en el mercado europeo del azúcar. 
Beneficia a las multinacionales y a quienes mantienen un monopolio del azúcar. 
Estas empresas obtienen enormes beneficios a costa de los productores y consumidores individuales. 
Sin embargo, la cuestión de la reforma de la organización común del mercado del azúcar debería tratarse con sumo cuidado. 
La propuesta de resolución del señor Daul y del señor Fruteau es muy equilibrada y tiene en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. 
Con razón llama la atención sobre las dificultades experimentadas por los nuevos Estados miembros a resultas de las reducciones de las cuotas de producción. 
Cualquier futura reforma del mercado del azúcar debería mantener la producción y compensar plenamente a los agricultores y a los trabajadores de las fábricas de azúcar por las pérdidas sufridas, garantizándoles un nivel de vida digno. 
– Señor Presidente, el comienzo de 2005 marca la introducción de las nuevas reformas de la PAC de la UE. 
Las reformas de la PAC exigen que los agricultores europeos sean más competitivos y eficientes, al tiempo que mantienen prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
El pago único requiere que los agricultores cultiven los productos que demanda el mercado. 
Por lo tanto, el régimen del azúcar necesita una reforma para ajustarse a nuestra nueva política agrícola. 
Acojo con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea, encaminada a eliminar las subvenciones que distorsionan el comercio del régimen del azúcar de la UE. 
Sin embargo, hay varios ámbitos que aún tienen que mejorar. 
En la actualidad, los precios del azúcar europeo son tres veces superiores al precio mundial, y estos precios artificiales tienen que reducirse. 
Al mismo tiempo, la plena liberalización del mercado del azúcar tendría un efecto negativo, no solo para el sector azucarero europeo, sino también para los países de África, el Caribe y el Pacífico y para los países menos avanzados. 
Una amplia reducción de los precios situaría a los países ACP y PMA en desventaja competitiva frente a los países que producen azúcar a un precio muy bajo, en especial Brasil. 
Oxfam ha declarado que la liberalización a ultranza dañará a los más vulnerables. 
La expansión brasileña también costaría miles de acres de selva tropical y sabana, que contienen una valiosa biodiversidad y fauna salvaje. 
Es necesario adecuar el régimen del azúcar a las reformas de la PAC, y tenemos que abandonar la cuota C, que creo que la OMC ilegalizará. 
Asimismo, la reducción de cuotas tiene que aplicarse primero a la cuota B, porque es esta cuota la que se exporta a los mercados mundiales y distorsiona el comercio. 
Tenemos que seguir los principios de la PAC que hemos establecido. 
Con objeto de conseguir una producción competitiva del azúcar en la UE tiene que haber transferencias transfronterizas de cuotas que permitan a zonas más eficientes de la UE... 
Estoy en desacuerdo con la esencia de la resolución y, en principio, apoyo las propuestas de la Comisión, empezando por lo que dice acerca del azúcar C y de la práctica del dúmping con el azúcar C. En efecto, el dúmping nos cuesta 800 millones de euros al año y es totalmente contrario a lo que se supone que hay que hacer conforme a los acuerdos comerciales mundiales. 
Nos veremos obligados a abandonar esta práctica de inmediato y no pensemos que podríamos escatimarla durante unos años. 
La propuesta de la Comisión mantiene además un precio mundial o precio de mercado en Europa que equivale al doble –o actualmente al triple– del precio mundial. 
Los que defienden la liberalización del mercado mayorista y afirman que todo debería liberalizarse, en mi opinión no han leído bien la propuesta de la Comisión. 
Creo que la propuesta es razonable, aunque se puede mejorar en varios puntos. 
Me refiero en particular al plan de acción para los países pobres. 
Por supuesto, es cierto que algunos de esos países deben invertir en industrias para ser más competitivos. 
No me parece realista que el dinero para esto proceda del Fondo Europeo de Desarrollo. 
A esto podrían destinarse los fondos que ahorramos en este sector de la agricultura, no solo para el sector agrícola europeo, sino también para los países ACP. 
Me gustaría decir unas palabras acerca de las cuotas. 
Por supuesto, el comercio es la mejor manera de ayudar a los países. 
Actualmente, los países menos avanzados pueden aumentar sus niveles de 120 000 a 209 000 toneladas. 
¿Qué nos impide doblar este 1 % del mercado europeo? 
Esa sería una excelente compensación para los países implicados, para el período que concluye en 2009, y podría realmente suponer que obtuviesen ingresos. 
Señora Comisaria, tiene usted razón al decir que deberíamos dejar a un lado el acuerdo «Todo menos armas». 
Ojalá este Parlamento no tenga la desfachatez de convertirlo pronto en «Todo menos armas y azúcar». 
Eso retiraría la piedra angular de una política justa en materia de comercio mundial y significaría que muy pronto fracasaríamos en Doha. Esto no debe ocurrir. 
Apoyo de todo corazón las propuestas y espero que estén ustedes dispuestos a mejorarlas y reforzarlas. 
Señor Presidente, cuando el Comisario Fischler presentó sus tres propuestas hace aproximadamente un año, era evidente que solo una de ellas era razonable. 
Debemos cambiar el mercado del azúcar; no hay forma de evitarlo. 
Hemos de reconocer que esto tendrá importantes implicaciones en muchas partes de Europa. 
Lo esencial para el conjunto de la política relativa al azúcar es la cuestión de cuál será el precio futuro del azúcar en Europa. 
La Comisión cree que puede controlar ese precio introduciendo un precio de referencia. 
Quizás la Comisión podría explicar esto de nuevo, dado que hasta ahora siempre hemos tenido un precio de intervención para los productos más importantes. 
¿Cómo puede el precio de referencia garantizar realmente un precio en los mercados europeos? 
Con respecto a los países menos avanzados y a la iniciativa «Todo menos armas» , la Comisión insiste –y esto está también relacionado con el precio futuro– en que un sistema de cuotas para esos países no sería realista. 
¿Hasta qué punto confía la Comisión, en vista de sus experiencias en los Balcanes, donde, inicialmente, las importaciones de azúcar tampoco estaban restringidas? 
Más tarde la Comisión se vio obligada a rectificar y a introducir un sistema de cuotas. 
¿Por qué no se podría aplicar esto a los países menos avanzados? 
Comparto la opinión de muchos de que la Comisión debería prestar más atención a las regiones periféricas. 
Es una pésima idea que la compensación destinada a los países menos avanzados se pague con cargo al presupuesto agrícola. 
La ayuda al desarrollo no se limita a los agricultores, sino que está destinada a todos los sectores de la sociedad. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al diputado que ha tenido la honradez de declarar sus intereses. 
Hoy la Comisión es mi aliada, a pesar del hecho de que la reforma no va suficientemente lejos. 
La política del mercado del azúcar está dominada por grandes empresas y por el egocentrismo de los grandes agricultores. 
Los pequeños agricultores, los consumidores y los países pobres son los que acusan el golpe. 
La actual política azucarera en la Unión Europea tiene varios miles de ganadores y 450 millones de perdedores. 
Si tenemos en cuenta sus efectos para millones y millones de personas de todo el mundo, la política actual es escandalosa. 
Es positivo que mis colegas diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural vayan a Malí en abril, donde tendrán que defender el informe de hoy ante la Asamblea ACP-UE. 
La Comisión de Desarrollo y la Comisión de Agricultura deberían compartir la responsabilidad. 
Una reforma debilitada se traducirá literalmente en hambre y miseria. 
Es hipócrita utilizar la propuesta de hoy para defender una producción de azúcar dependiente de los subsidios en todos los rincones de la Unión Europea y, al mismo tiempo, exigir una reforma radical en todos los países pobres. 
Todos deben aportar su granito de arena. 
Por último, la crítica de la iniciativa «Todo menos armas» no está justificada. 
El problema no es que exista la iniciativa «Todo menos armas» , sino que no se complemente con consideraciones sociales y medioambientales ni con garantías para los pequeños agricultores. 
Señor Presidente, es lamentable que la actual postura de la Comisión sea exactamente la misma que el año pasado. 
Asistiríamos a un traslado de la producción de remolacha azucarera de las zonas actuales a otras más competitivas, acompañada de una drástica reducción de precios, lo que afectaría gravemente al desarrollo de las numerosas regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, incluido Portugal. Esto perjudicaría a la producción de remolacha azucarera, al sector del azúcar en general y a la única fábrica que tenemos en Europa; la cuota que se le ha asignado es tan pequeña que no podría reducirse sin que su funcionamiento resultase insostenible. 
Sin embargo, es igualmente preocupante el efecto de esta reforma en la producción en la región autónoma de las Azores, dada la necesidad de mantener esta actividad en esa región ultraperiférica. 
También existe la necesidad de mantener la estabilidad, salvaguardar los suministros a las refinerías y preservar el equilibrio entre el refino y el procesado de remolacha azucarera, si queremos evitar el desastre que supondría esta reforma sobre la base de la propuesta que tenemos ante nosotros. 
Señor Presidente, el sector remolachero productor industrial europeo ha dicho al unísono "no" a la propuesta de la Comisión Europea y se ha pronunciado en contra de una bajada de los precios institucionales, de un recorte de las cuotas de producción y de la posibilidad de transferencia de cuotas, medida que beneficiaría claramente a los países más competitivos en detrimento de otros, como España. 
Solo los remolacheros españoles sufrirán unas pérdidas que podrían elevarse a 60 millones de euros anuales. 
La posibilidad de transferir las cuotas de un país a otro daría lugar a la concentración de la producción europea en unas pocas regiones y al empobrecimiento del mundo rural de muchas zonas en las que la producción de remolacha azucarera desempeña un papel social y económico muy importante. 
La propia Comisión Europea reconoce en su Comunicación que esta reforma provocará, además, el cierre de unidades de producción de azúcar, es decir, da por hecho que su reforma traerá consigo consecuencias nefastas. 
La Comisión no tiene en cuenta la situación de países como España, cuyo cupo de producción de azúcar siempre ha sido deficitario. 
El proyecto de resolución de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo debe ser considerado, en mi opinión, como un documento de mínimos, que debería servir de base para la negociación que mantendrá el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
La Comisión no debería hacer, una vez más, oídos sordos a las preocupaciones del sector y debería tomar cuidadosamente nota del rechazo que, espero, este Parlamento manifieste a su propuesta en la votación que tendrá lugar hoy mismo. 
Espero también que esta Eurocámara eche abajo el paquete de medidas presentadas por algún diputado socialista, cuya línea se contradice con las negociaciones que ya ha habido entre distintos grupos políticos. 
–Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera felicitar a los dos autores, el señor Fruteau y el señor Daul, que han tenido que llevar a cabo una tarea extremadamente difícil y complicada. 
Su misión consistía en moderar el radicalismo exagerado de la Comisión Europea y encontrar una solución de compromiso satisfactoria. 
No hay duda alguna de que es necesaria una verdadera reforma del sector azucarero, pero hay que evitar cualquier tipo de terapia de choque. 
Hemos de evitar que miles de productores se vean obligados a dejar de producir azúcar en Europa. 
La reforma debería garantizar a los productores una compensación adecuada por la reducción de los precios y las cuotas. 
Desde el punto de vista de los nuevos países miembros, entre ellos Hungría, la posibilidad de transferir las cuotas tendrá consecuencias catastróficas. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la enmienda 38, que pretende congelar las cuotas de isoglucosa, tendría consecuencias muy graves para Polonia y Hungría. 
En este terreno apoyamos la posición de la Comisión. 
Pido la solidaridad de sus Señorías en este sentido y ruego a la Comisión Europea que tenga muy en cuenta las propuestas recogidas en la resolución del Parlamento. 
Señor Presidente, el actual régimen europeo del azúcar es insostenible a escala mundial; es insostenible y distorsiona el mercado. 
Europa sola sigue gastando más de 3 000 millones de euros al año en subsidios a la exportación de productos agrícolas, incluido el azúcar. 
En las actuales negociaciones de Doha de la OMC, los países ricos prometieron reducir estos subsidios drásticamente. 
El éxito de esta importante ronda comercial vendrá dictado en parte por la voluntad de cumplir esta promesa. 
Por supuesto, en las reformas del mercado del azúcar no podemos ignorar nuestros compromisos con los países ACP. 
El protocolo del azúcar del Acuerdo de Cotonú les concede trato preferente con respecto a sus exportaciones a Europa, que pueden vender, al mismo tiempo, a un precio subvencionado como los productores europeos. 
Si esta ayuda se reduce, esto también será a costa de los numerosos agricultores del sur que cultivan azúcar y para quienes el azúcar suele ser la única fuente de ingresos. 
La compensación temporal y las medidas de transición como las previstas para los productores de azúcar europeos no están disponibles para ellos. 
Sin duda la intención no puede ser nunca que decenas de miles de agricultores del sur se suman en una pobreza aún mayor a resultas de nuestra reforma del sector azucarero. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Comisaria por haber abordado las cuestiones planteadas por este debate. 
Uno puede tener una opinión diferente acerca del rumbo y la manera en que se realizan las reformas, pero esto es algo que aprecio mucho. 
También quisiera felicitar al señor Fruteau y al señor Daul, que han hecho un excelente trabajo y han presentado una magnífica resolución. 
¿Por qué es tan buena esta resolución? 
En cualquier caso, refleja comprensión de la necesidad de reformas, así como del hecho de que esto afecta a muchos aspectos sociales. 
Asimismo, la resolución ilustra que, en ocasiones, una liberalización pura de la política agrícola tiene el efecto opuesto y que es mejor alcanzar buenos acuerdos en todo el mundo. 
Por lo tanto, me sorprende que todavía haya muchos en este debate que consideran que la liberalización del comercio alimentario mundial es la solución perfecta para resolver todos los males de la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza. 
En ocasiones, uno se pregunta en qué se basa esta creencia inconmovible. 
En la última década, el comercio mundial de alimentos ha seguido liberalizándose y Europa absorbe ahora el 85 % de las exportaciones de África al mundo desarrollado. 
¿Cuál es el resultado de esto? 
El hambre y la pobreza han aumentado, el 40 % de los niños de todo el mundo pasan hambre y el consumidor europeo no disfruta ni mucho menos de precios más bajos. 
Nadie se sorprenderá de que, a este respecto, también me oponga resueltamente a las enmiendas, incluidas las presentadas por mi colega diputado neerlandés, el señor Van den Berg. 
En ocasiones me pregunto –y creo que es positivo subrayarlo en el debate– cómo es posible que quiera primero plena libertad y que después crea que la solución se materializará en medio del caos en el mercado mundial de alimentos. 
No comparto esta creencia. 
Yo creo en los acuerdos, a escala mundial y en Europa, para conseguir una reforma responsable. 
En mi opinión, su idea de que el presupuesto agrícola debería financiar las ayudas al desarrollo viene a ser como irse de compras con la cartera de otro. 
Nadie puede estar un día sin comer y espero que ese sea el para seguir debatiendo acerca de la reforma del sector azucarero en el transcurso de este año. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias a los ponentes por su informe. 
Creo que han hecho un excelente trabajo, teniendo en cuenta la perspectiva desde la que lo han enfocado y su defensa de los intereses de los agricultores. 
Es bastante desafortunado que esta resolución no tenga en cuenta los puntos de vista de las Comisiones de Comercio Internacional o Desarrollo y espero que podamos hacerlo cuando la Cámara debata y examine el reglamento. 
Sin duda deberíamos asegurar que cumplamos nuestras obligaciones con respecto a la OMC y la decisión de su Órgano de Apelación, y apoyo firmemente la propuesta de la Comisión. 
A pesar de que, como han indicado muchos diputados, es necesario introducir algunos cambios, por lo general apunta en la dirección correcta. 
Yo he presentado la enmienda 37, que espero que sea aprobada. 
Esta enmienda reitera explícitamente nuestro apoyo a la iniciativa «Todo menos armas» y, en ese contexto, a las reformas a las que se ha hecho referencia. 
También me gustaría responder brevemente al interesante comentario del señor Sturdy en el sentido de que piensa abstenerse o no votar, debido a que, además de miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, también es productor para el mercado del azúcar. 
A pesar de que considero esto un motivo de regocijo, me parece curioso, dado que también es el coordinador de la Comisión de Comercio Internacional. 
Quizás debería reconsiderar su postura y, en ese puesto, reflejar más la postura de la Comisión de Comercio que la de la Comisión de Agricultura. 
Puede que esto ayudara a la Cámara en su conjunto a evaluar lo que tiene ante sí en estos momentos. 
Permítanme, para terminar, preguntar de nuevo a la señora Comisaria cuándo y cómo tiene previsto presentar su propuesta real sobre el comercio de cuotas en los Estados miembros. 
Por lo que ha dicho, me da la impresión de que tiene ciertas dudas y yo tampoco estaba completamente segura acerca de la postura que usted adoptó con respecto a la sugerencia contenida en la resolución de que esto debería abandonarse y sustituirse por un fondo. 
Quizás podría usted decirnos algo más sobre el tema. 
– Muchas gracias, señor Presidente. Señora Comisaria, por mi parte quisiera adoptar un enfoque ligeramente distinto. 
El régimen actual del azúcar ha permanecido en vigor desde hace cuarenta años sin ninguna modificación. 
Mientras tanto, la Unión Europea ya no es la misma que hace cuarenta años. 
Las principales insuficiencias del régimen actual del azúcar son la escasa competencia, las distorsiones del mercado y los altos precios. 
La reducción del precio del azúcar es un asunto de fundamental importancia para los nuevos Estados miembros, incluida Estonia. 
Puesto que Estonia no es productora de azúcar ni cultiva remolacha azucarera, los consumidores soportan todo el peso del aumento del precio del azúcar. 
A la vez, en Estonia no existen productores a quienes pueda beneficiar el precio más alto. 
Estonia es en la actualidad uno de los Estados miembros con la renta más baja y el precio del azúcar repercutirá especialmente sobre la calidad de vida de la población con rentas más bajas. 
El azúcar es un componente significativo de la cesta de la compra del consumidor medio. 
El precio del azúcar en los países de la Unión Europea es hasta tres veces superior al del mercado mundial. 
Conocedores de este hecho, ciudadanos de nuestro país se apresuraron a comprar azúcar justo antes de la adhesión y ahora nos encontramos con que tenemos unas reservas superiores a las autorizadas en la Unión. 
Se nos amenaza con imponernos una multa azucarera. 
Según los datos de los organismos estatales competentes, dos terceras partes de esas reservas se hallan en manos de la población en general y no se adquirieron con fines especulativos. 
Le pedimos que tome en consideración su propia Directiva nº 6… 
– Señor Presidente, hoy estamos debatiendo la diferencia entre la reforma y la destrucción, entre la ayuda a los países en desarrollo y el enriquecimiento de fuerzas poderosas en el mercado mundial del azúcar. 
Esta Cámara y la Comisión tienen la gran responsabilidad de conseguir el equilibrio adecuado. 
La reforma del mercado del azúcar es necesaria, pero la destrucción del mercado del azúcar en detrimento de los trabajadores y agricultores de la Unión Europea es inaceptable. 
Sin embargo, este es el resultado inevitable de las reformas propuestas. 
Estas reformas son demasiado drásticas en términos de reducción de precios y cuotas. 
La consecuencia inevitable es el cierre de la industria azucarera en algunos Estados miembros. 
La propuesta de comerciar cuotas a través de las fronteras constituye un nuevo rumbo que contribuirá a suprimir la industria azucarera, en particular en regiones periféricas. 
También tiene implicaciones en las cuotas lecheras. 
Junto con esta amenaza, no tenemos claro quién es propietario de las cuotas de azúcar; creo que es esencial que las cuotas se concedan a los cultivadores de remolacha. 
Pero miremos más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Los países ACP, que ya disfrutan de un acceso preferente al mercado de la UE, han expresado su preocupación de que las reformas perjudiquen y no ayuden a sus economías. 
En otros lugares, Brasil está esperando entre bastidores para aumentar de forma masiva su producción de azúcar. 
Algunos están relamiéndose de antemano, sobre todo la docena de magnates de la remolacha azucarera de ese país. 
No obstante, los pobres, los sin tierra, los trabajadores de las fábricas de azúcar no se prometen nada, porque no obtendrán ningún beneficio. 
En realidad, sus vidas serán aún más miserables, porque los magnates acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente en busca de beneficios. 
Para nosotros el azúcar es dulce, pero para los pobres sin tierra de Brasil el azúcar sabe a sangre. 
Tenemos que ser conscientes de las consecuencias de lo que se propone. 
Tenemos la oportunidad de corregir el problema para el mundo en desarrollo y la industria azucarera de la UE, pero las propuestas que se han presentado no son la solución a este dilema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no es de extrañar que la propuesta de reforma del mercado del azúcar suscite reacciones tan intensas. 
En primer lugar, afecta a sectores cruciales para el ulterior desarrollo de la industria alimentaria, una de cuyas principales materias primas es el azúcar. 
La triplicación de su precio de mercado dificulta que dicha industria pueda desarrollarse y competir en el mercado mundial. 
Un segundo aspecto importante de la reforma es la necesidad de reglamentar una de las iniciativas más valoradas de la Unión Europea, concretamente la ayuda a los países más pobres, una de cuyas principales exportaciones y fuentes de ingresos es el azúcar. 
El programa «Todo menos armas» es un ejemplo pertinente. 
El tercer aspecto de la propuesta de reforma y el más importante es su repercusión sobre la agricultura en el interior de la Unión. Esto es particularmente cierto en el caso de mi país, Polonia, que es el tercer mayor productor de azúcar. 
Es probable que la aplicación de la reforma y una transferencia de cuotas sin restricciones conduzca a una concentración de la producción en las plantas de los países que se beneficiaron del apoyo de la Unión en el pasado. 
Lo cual podría suponer muy bien el fin de la producción azucarera en Polonia y la pérdida de varios centenares de miles de puestos de trabajo. 
También obligaría a importar dos toneladas anuales de azúcar. 
La propuesta de resolución de los señores Daul y Fruteau contiene muchas buenas ideas. 
También indica a la Comisión la necesidad de alcanzar un compromiso entre los tres factores citados. Sin embargo, la Comisión, al presentar el documento bajo su forma actual, parece buscar un impacto sobre la estructura social de nuestro electorado, incluidos los agricultores, consumidores y productores. 
Inevitablemente surgirán disputas, justo en un momento en el que toda Europa está inmersa en el debate sobre la Constitución Europea y su votación. 
La Comisión debe elaborar un nuevo documento que ayude tanto a los agricultores brasileños como a los de los nuevos Estados miembros. 
Estos últimos tienen buenos motivos para sentirse engañados, puesto que se están desplazando las porterías durante el desarrollo del partido, como sucedió en el caso del presupuesto. 
Se requieren soluciones alternativas, como la producción de biocarburantes o cereales, para los probables perdedores. 
Ha llegado el momento de que todas las partes interesadas, incluidos los políticos, se sienten a negociar juntas. 
En particular, los políticos tienen que explicar a sus electores por qué se proponen privarles de algo después de dedicar tantos años a habituarles a ello. 
Los diputados de los nuevos Estados miembros tenemos por primera vez la oportunidad de participar en un debate sobre la reforma de la política agrícola común. 
La reforma del mercado del azúcar es especialmente importante para nosotros, los húngaros. 
El cultivo y transformación de la remolacha azucarera se remonta a más de un siglo atrás en Hungría. 
Pero los agricultores y transformadores húngaros dicen ahora que la recomendación de la Comisión Europea supone para nosotros el riesgo de que el sector de la remolacha azucarera quede totalmente aniquilado. 
Esto nos parece inaceptable, no solo desde el punto de vista social y económico, sino también porque los agricultores húngaros cultivan remolacha azucarera en las tierras de mayor calidad y si deja de cultivarse, se sustituirá por trigo, con lo cual se incrementarán todavía más los excedentes de este cereal. 
La propuesta aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo beneficiaría a los productores europeos y también a los húngaros. 
Dicha propuesta suprime la transferencia de cuotas entre Estados miembros y condiciona menos el futuro del sector, toda vez que las nuevas normas imponen unos plazos más largos. 
Evita que se abuse de los descuentos comerciales fijados por la Unión, como está ocurriendo en el caso de los países de los Balcanes occidentales, por ejemplo, ya que este comercio ilegal no beneficia a los productores de otros países para los cuales se pensó originariamente el régimen de preferencias, sino a los exportadores de terceros países, como los brasileños. 
Un punto decisivo es la recomendación de que las cuotas sean propiedad de los productores para impedir, así, que los transformadores de remolacha azucarera trasladen la producción de azúcar de la Unión Europea a terceros países. 
Aunque carecemos de competencia legislativa sobre esta materia y solo puedo expresar nuestra opinión, confío, no obstante, en que la Comisión y el Consejo la tengan en cuenta. 
– Señor Presidente, si bien admiro la forma en que mis colegas han luchado por los intereses de los agricultores y comparten su ansiedad por el futuro de la agricultura, no puedo estar de acuerdo con el enfoque de la resolución. 
Prefiero el enfoque esbozado por la Comisaria esta mañana. 
Una reducción del 33 % del precio del azúcar, una reducción de las cuotas y el fin de las subvenciones a la exportación enviarán una potente señal a la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Si se cumplen los plazos de la Comisaria y aprobamos nuestra propuesta definitiva en noviembre, habremos creado un ambiente excelente para la reunión de diciembre en Hong Kong. 
Cualquier acuerdo que se alcance en esa reunión beneficiará tanto al mundo en desarrollo como al mundo desarrollado. 
Sería una buena noticia. 
Mis colegas también se equivocan respecto de los agricultores, porque su propuesta no les dará seguridad, sino falsas expectativas del apoyo que pueden esperar en el futuro. 
Finalmente, el régimen de compensación del 60 % equivale a una indemnización íntegra y la Comisaria no debería dejar de repetirlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea afronta la necesidad y el reto de reformar su política con respecto al azúcar y toda su política agrícola, en realidad. 
Los elevados precios actuales del azúcar están afectando negativamente tanto a los consumidores europeos como a los países en desarrollo más pobres. 
La anterior propuesta de reforma y distribución de cuotas constituyó, no obstante, un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. 
La propuesta discriminaba a los nuevos Estados miembros, que ya tuvieron que adaptarse a las cuotas que se les impusieron durante el proceso de adhesión. 
Puedo ilustrarlo con el ejemplo de la República Checa, que durante la década de los noventa redujo la producción anual de más de un millón de toneladas de azúcar a 435 000 toneladas. 
Esta reducción vino acompañada de una racionalización de la capacidad de fabricación, de manera que la producción es actualmente eficiente y competitiva. 
Sin embargo, en los antiguos Estados miembros no ha tenido lugar un proceso parecido, un hecho que no se debería olvidar cuando se elabore la nueva propuesta de reforma. 
Si se tienen que reducir las cuotas, ahora corresponde a los antiguos Estados miembros cargar con el grueso de dichas reducciones. 
No se debe llegar a una situación en la cual la cuota propuesta para la República Checa, por ejemplo, sea tan baja que el país ni siquiera pueda producir azúcar suficiente para el consumo nacional. 
El motivo no sería nuestra incapacidad para producirlo de manera eficiente, sino que de ese modo otros productores europeos podrían exportarnos su azúcar y resolver así el problema de las restricciones de la OMC a nuestras expensas. 
Semejante solución no solo es antieconómica, sino que también atenta contra los principios básicos de la integración europea. 
Confío en que quienes elaboren la propuesta de reforma lo comprenderán y propondrán una solución que no discrimine a nadie. 
Muchas gracias por su atención. 
Señora Comisaria, Señorías, sin duda ha de ser posible tener en cuenta las diversas declaraciones realizadas hoy y elaborar a partir de algunas de ellas una propuesta legislativa que permita una producción azucarera sostenible tanto aquí como en el llamado mundo en desarrollo. 
Sin embargo, a quienes piensan que se debe imponer un precio de mercado de carácter mundial, quisiera decirles que nadie podría producir a esos precios en ningún lugar del mundo de un modo que no perjudique al medio ambiente y que sea socialmente justo y también racional. 
Es absolutamente imposible. 
Puesto que Brasil está en boca de todos, permítanme que les diga que hasta hace pocos años a la inmensa mayoría no le preocupaba la suerte de los trabajadores de las plantaciones y los campesinos sin tierra de ese país. 
No derramen lágrimas de cocodrilo, como ha hecho el señor Deß y también muchos otros, en menor medida. 
Nos encontramos ante una buena medida proteccionista. 
El Gobierno brasileño está intentando introducir normas sociales y ecológicas en ese ámbito y deberíamos apoyarle en su intento. 
Si lo consigue, la respuesta será una subida de precios, pero permítanme que les recuerde que aun así solo llegarán a la mitad del nivel que tienen en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, hoy la Comisaria ha escuchado muchas intervenciones, así como mis observaciones al comienzo del debate esta mañana. 
Señora Comisaria, cuando asistamos a la Ronda de Hong Kong, creo que se equivoca si piensa que la reforma del sector azucarero nos proporcionará una posición firme en Europa. 
Estuve en Cancún y, si mi memoria no me traiciona, el señor Fischler había hecho un excelente trabajo reformando la Política Agrícola Común. 
Pero quedó bastante claro que, en realidad, nadie sabía qué se había hecho. 
En particular, los estadounidenses parecieron trazar la línea y decir que «no vamos a hacer nada excepto proteger nuestra agricultura y a nuestras empresas». 
Está claro que el sector azucarero necesita una reforma: hemos estado inundando el mercado mundial de azúcar y destruyéndolo. 
Pero, ¿realmente hemos destruido el mercado mundial, o ha sido Brasil, como acaba de decir el señor Kreissl-Dörfler? 
El señor Graefe zu Baringdorf ha mencionado a los países ACP y PMA. 
Que quede muy claro que los países ACP y PMA quieren acceder a nuestro mercado, a precios de mercado; esto significa mantener los precios razonablemente altos en la Unión Europea, para que puedan acceder a los precios que consideren justos para ellos. 
Quiero decirle al señor Martin que me sorprende que el Grupo del PSE haya presentado tantas enmiendas, en particular a la resolución. 
No me había dado cuenta de que sus miembros se habían erigido en portavoces de los países ACP y PMA, que tienen una opinión ligeramente diferente de lo que proponen en sus enmiendas. 
Está claro que la reforma del sector azucarero solo beneficiará a las empresas multinacionales, no a los países ACP y PMA. 
. Señor Presidente, no es muy fácil responder a todas estas importantes preguntas en dos minutos y medio, pero haré cuanto pueda. 
Interrúmpame cuando crea que he hablado el tiempo suficiente. 
He estado escuchando con gran interés todas las diversas declaraciones. 
Creo que necesitamos una reforma ambiciosa, que ajuste el régimen del azúcar a la reforma de la PAC de 2003 y permita que los agricultores tomen decisiones basadas en el mercado y no en factores políticos. 
Asimismo, tiene que ser una reforma que permita la necesaria reestructuración del sector azucarero y asegure su viabilidad a largo plazo en la Unión Europea. 
Respecto de los precios, permítanme expresarme con claridad. 
El mantenimiento de unos precios tres veces superiores a los del mercado mundial resulta cada vez más difícil de justificar y, sin duda, no dará pie a un sector azucarero europeo sostenible. 
También necesitamos una reforma acorde con nuestros compromisos internacionales. 
Respecto del empleo, el régimen actual no garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
En la última década se han perdido 17 000 puestos de trabajo a causa de continuos aumentos de la productividad. 
Si el régimen actual no cambia, se calcula que el empleo descenderá unos 15 000 puestos de trabajo para 2012, una pérdida de más del 75 %. 
Por lo tanto, el objetivo es conseguir un sector azucarero competitivo en la Comunidad, de forma que los puestos de trabajo que quedan sean sostenibles a largo plazo. 
Se han formulado bastantes preguntas respecto de la evaluación de impacto. 
La Comisión ha llevado a cabo un análisis de impacto que responde claramente a las preguntas principales relativas a la propuesta de reforma, incluidos sus efectos regionales. 
Estoy convencida de que a base de más estudios no aprenderemos nada que no sepamos ya. 
Con más análisis no conseguiremos más que nuevos aplazamientos de las decisiones que realmente hemos de tomar. 
Sobre la cuestión planteada respecto de la propiedad de las cuotas, en el sistema actual las cuotas de cada Estado miembro vienen fijadas por un Reglamento del Consejo. 
El Estado miembro fija las cantidades que cada productor de azúcar puede producir en función de la cuota nacional, y los mismos productores pueden distribuir el azúcar directamente al agricultor sobre la base de derechos de suministro. 
En el sistema de transferencia de cuotas, tal como establece la Comunicación de la Comisión del pasado mes de julio, las cuotas pueden transferirse entre empresas productoras de azúcar a título oneroso a través de las fronteras nacionales. 
Esto significa que las empresas tienen acceso a derechos de cuota que valen dinero, que pueden transferirse y después pagarse. 
La manera normal de hacerlo sería asignando cuotas a las empresas. 
Sin embargo, en el caso de la transferencia de una cuota, la empresa implicada no solo tendría que usar el dinero pagado por la cuota para su propia reestructuración, sino también para compensar a los productores de remolacha azucarera por la devaluación de sus derechos de suministro. 
Como he mencionado en mis comentarios preliminares, preveo un sistema de fondos de reestructuración. 
Este sistema incluso podría dejar intacta la cuestión de la propiedad de las cuotas. 
Los pagos del fondo podrían adoptar la forma de pagos compensatorios a los agricultores que hayan resultado perjudicados por el abandono de la producción de azúcar en una zona determinada. 
Muchos diputados han criticado la transferencia de cuotas. 
Estoy dispuesta a seguir explorando la sugerencia de un fondo de reestructuración europeo, que facilite una salida rápida del sector a los operadores que estén interesados en abandonar el negocio. 
Se trata de una idea con tremendas implicaciones jurídicas, presupuestarias y políticas. 
Sin embargo, a condición de que pueda aplicarse de forma segura y equitativa, un fondo de reestructuración podría ser otro instrumento de gran importancia para nuestros objetivos de reestructuración del sector azucarero. 
Está claro que la reforma obligará a los agricultores y productores a tomar decisiones importantes y, en ocasiones, difíciles sobre su futuro en el sector. 
Tenemos que ofrecerles una perspectiva clara y, por lo tanto, considero que la previsibilidad es una cuestión clave. 
He tomado buena nota de que el Parlamento comparte esta preocupación. 
Por tanto, no pretendo incluir la idea de una revisión intermedia de las propuestas legislativas dentro de dos o tres años. 
En lugar de ello se ofrecerá una perspectiva a largo plazo. 
Finalmente, permítanme resumir las intenciones principales de esta reforma. 
Es importante que nos atengamos a los principios y objetivos establecidos en la Comunicación de julio. 
Asimismo, es importante disponer de una perspectiva a largo plazo que sitúe los precios y la producción europea en un nivel sostenible y reabra las negociaciones TMA. 
Entonces, con ayuda del Parlamento Europeo tenemos que alcanzar un acuerdo político definitivo antes de este verano. 
He recibido una propuesta de resolución (1) presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.15 horas. 
Apoyo la propuesta de resolución, pero en la fase actual rechazo las enmiendas que son contrarias a su espíritu, en particular las presentadas por el señor Van den Berg, la señora Kinnock, la señora Segelström, el señor Andersson, la señora Westlund, la señora Hedh y la señora Hedkvist Petersen, porque con el pretexto de ayudar, por una parte, a los consumidores europeos y, por la otra, a los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y a los países menos avanzados, constituyen una amenaza para los productores de remolacha azucarera y de caña de azúcar de la Unión Europea y, en particular, para los productores de las regiones ultraperiféricas de la Unión, ya que no tienen debidamente en cuenta las circunstancias específicas de dichas regiones. 
–El sector de la caña de azúcar es de vital importancia para los Departamentos de Ultramar (DOM) franceses en términos de equilibrio social, económico y medioambiental. 
Este sector no dispone ya de margen de maniobra para la reestructuración industrial y no es realista prever una reconversión global, dado el estado actual de la competencia internacional en el mercado de productos agrícolas tropicales. 
La Comisión debe indicar qué medidas tiene previsto aplicar para evitar que las regiones más remotas resulten doblemente penalizadas por la reforma en cuestión. 
En efecto, esas regiones pueden sufrir las consecuencias de un trato proporcionalmente más favorable dispensado a los países ACP con los cuales están directamente en competencia y de la limitación de sus capacidades de desarrollo, mientras que al mismo tiempo no participan en la producción excedentaria de azúcar de la Comunidad. 
Es absolutamente esencia que sus próximas propuestas de reforma de la OCM del azúcar, la Comisión traduzca el «trato especial» prometido a las regiones extremadamente remotas en medidas técnicas concretas y dotadas de medios financieros que correspondan a las necesidades reales del sector y a los objetivos de desarrollo de estas regiones. 
Cuento con su apoyo, señora Comisaria, para que las propuestas legislativas de reforma que presentará próximamente la Comisión reflejen una mayor comprensión de la situación de nuestras regiones más remotas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A6-0039/2005 de la señora Aubert, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas [2004/2202 (INI) ]. 
. –Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, cuando hablamos de agricultura ecológica se produce realmente una paradoja. 
Todo el mundo –también usted, señora Comisaria, y la Comisión Europea en su conjunto– reconoce los innegables beneficios de la agricultura ecológica para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud, pero también para el empleo y el desarrollo rural. 
No obstante, a pesar de una demanda creciente de productos de la agricultura ecológica por parte de los consumidores, las superficies cultivadas ecológicamente y la producción ecológica se estancan y todavía representan una parte muy marginal de la producción total de productos agrícolas. 
Hemos tenido conocimiento con gran asombro del plan de acción de la Comisión a favor de la agricultura ecológica, que esperábamos que fuera especialmente ambicioso y dotado de medios suficientes. 
No es el caso, aunque observamos con evidente satisfacción algunas buenas propuestas, como las campañas de información y sensibilización o la atención que se presta a los comedores públicos y, en particular, a las comidas escolares. 
Por otra parte, hablando de productos ecológicos podríamos empezar por los servicios de restauración en el propio Parlamento Europeo. 
No especifican ustedes ningún recurso específico, es decir, recursos adicionales, y tampoco hay medidas activas –y menos aún preceptivas– con respecto a los Estados miembros, cuando la necesidad de armonizar las distintas políticas de los Estados miembros en materia de agricultura ecológica parece evidente para todo el mundo si de verdad queremos contribuir al desarrollo de la agricultura ecológica y reducir las disparidades existentes. 
Tampoco observamos avances en la cuestión, que sin embargo es crucial, de los organismos genéticamente modificados, de la coexistencia de cultivos convencionales y cultivos ecológicos, o de la responsabilidad en caso de contaminación. 
Esperamos sus propuestas en este terreno, sin las cuales al final estas cuestiones, que son esenciales para la agricultura ecológica, quedarán totalmente en manos de los Estados miembros. 
Por esta razón, los diputados al Parlamento Europeo quieren un compromiso mucho más firme a favor de la agricultura ecológica, mucho más firme que las campañas de información, sin duda útiles, pero que nos parecen insuficientes para responder a las cuestiones que están en juego. 
Pensamos que hay que realizar grandes inversiones, en particular para dar más coherencia y precisión a las especificaciones de los distintos productos en diferentes Estados miembros y para utilizar mejor los fondos de desarrollo rural, definiendo de forma mucho más clara la parte que está asignada a la agricultura ecológica. 
Esperamos que el programa FEADER, consagrado al desarrollo rural, permita responder a estas cuestiones. 
También es preciso reforzar estos fondos de desarrollo rural. 
Pesan sobre ellos graves amenazas y no podemos aceptar los proyectos de reducción del presupuesto global de la Unión Europea, que podrían perjudicarlos mucho. 
Queremos también que la agricultura ecológica sea objeto de investigación prioritario en el marco de los programas de investigación europeos. 
Queremos que se conceda una ayuda mayor a la estructuración económica del sector ecológico, de la producción y la transformación a la redistribución y la comercialización. 
Sin reforzar este sector no conseguiremos progresar realmente. 
Es importante también resolver la cuestión de los organismos genéticamente modificados, mejorar de forma significativa los controles y la lucha contra el fraude en este terreno. 
Todo esto debe hacerse en colaboración con los implicados en el sector, con las asociaciones de productores, con los consumidores, con las cooperativas y con todos aquellos que se han comprometido desde hace muchos años a favor de la agricultura ecológica, por desgracia sin demasiado apoyo. 
El Parlamento Europeo debe participar plenamente en estas políticas, y llamo su atención sobre el hecho de que cualquier modificación del Reglamento sobre la agricultura ecológica debería ser objeto de consulta con los diputados al Parlamento Europeo. 
En conclusión, debemos abandonar la noción de «nicho» en lo que se refiere a la agricultura ecológica. 
No es un pequeño sector aparte, destinado a una clientela proclive, especialmente motivada por las cuestiones medioambientales, que disfruta de una renta disponible elevada y que puede permitirse acceder a este tipo de alimentación. 
Pensamos, por el contrario, que la agricultura ecológica puede ser la punta de lanza de un sector agrícola realmente sostenible. 
En el marco de las futuras reformas de la Política Agrícola Común, que son, como todos sabemos, inevitables, pensamos que la agricultura ecológica puede servir de modelo, evidentemente no reproducible al 100 % en todas partes, pero creemos que esta agricultura, cuyos méritos y beneficios reconoce todo el mundo, debe ser apoyada y alentada enérgicamente, a fin de alcanzar porcentajes de la producción agrícola global mucho mayores. 
Contamos, pues, con la acción de los diputados al Parlamento Europeo y esperamos que la Comisión prestará oído a este deseo de afirmar el apoyo a la agricultura ecológica en términos mucho más enérgicos. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a sus Señorías por sus comentarios. 
El plan de acción me ha dado una oportunidad para escuchar con atención a las partes interesadas y aprovechar su experiencia práctica para potenciar el desarrollo del sector agrícola. 
Permítanme mencionar los puntos principales que hemos de tener en cuenta. 
En primer lugar, se trata de un primer intento de construir una política integral de agricultura ecológica en la Unión Europea. 
En segundo lugar, la agricultura ecológica desempeña un papel esencial en la reforma de la PAC. 
En tercer lugar, cuesta imaginar un futuro creíble para la agricultura ecológica sin una demanda suficiente en el mercado. 
Espero volver para ofrecerles mis comentarios finales y para escuchar los de los diputados al Parlamento Europeo. 
Muchas gracias; sobre todo, le agradezco su concisión. 
Espero que la Comisaria tendrá oportunidad de comentar las diversas intervenciones al final. 
Puesto que se ha acabado el tiempo, se interrumpe la sesión. 
El debate se reanudará sobre las 12.15, una vez concluida la parte solemne de la sesión, y a continuación se procederá a las conclusiones. 
Gracias. 
Señoras y señores diputados, señoras y señores embajadores, hace un año, a iniciativa del Parlamento Europeo, nuestra Unión decidió que el 11 de marzo fuera el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. 
Y lo hicimos así, porque mañana hará un año que Madrid se despertaba en el estruendo de las bombas que segaron la vida de 192 ciudadanos de distintos países. 
España ha sido, desgraciadamente, un país habituado a la amenaza terrorista. 
Durante muchos años la soportamos. 
Muchos muertos quedaron atrás. 
Pero, incluso en los tiempos más duros de la lucha contra la banda terrorista ETA, la sociedad española nunca renunció a su libertad. 
Sin embargo, ese 11 de marzo, ese nuevo y todavía más terrible atentado, se inscribía en la dinámica creada por otro atentado, el del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, que despertó al mundo occidental de su tranquila confianza y cambió el rumbo de la geopolítica mundial. 
Ese 11 de septiembre dijimos que todos éramos americanos. 
Después, en marzo, en Madrid, dijimos que todos íbamos en los trenes de Atocha. 
Hoy, en la Plaza de Atocha, ya no están las velas que la convirtieron en un santuario del recuerdo, pero el recuerdo sigue ahí, el recuerdo de unas víctimas que, como muestra de nuestro respeto, deben ser símbolo de nuestra unidad y no banderas de nuestra confrontación política. 
El primer homenaje a las víctimas consiste en hacerlas símbolo de la unidad de los demócratas, símbolo de la unidad de los que creemos en el Estado de Derecho y en los derechos humanos. 
Ese 11 de marzo confrontó a los europeos con una perspectiva mundial del problema del terrorismo. 
Hasta entonces cada país había tenido sus terroristas, pero tras el 11 de septiembre, primero, y el 11 de marzo, después, el terrorismo alcanzó una dimensión global que requería una respuesta global. 
Los europeos comprendimos entonces que nuestros valores, y no solo nuestras vidas, estaban amenazados y, por ello, reaccionamos juntos sin olvidar que el combate por la democracia estaba y estará en el corazón de nuestro proyecto político. 
Recordemos ahora que la democracia no ha sucumbido nunca ante el terrorismo, pero que, para su implantación, se necesita algo más que instrumentos militares. 
En primer lugar, debemos echar la vista atrás y valorar la respuesta que hemos sido capaces de dar a esos acontecimientos. 
La primera conclusión que cabe extraer es que, quizás, las muertes de Madrid no fueron en vano porque, poco después, Europa llegó a un acuerdo para desbloquear su Constitución, ahora sometida a ratificación. 
Quizás aquello fue un aldabonazo que nos permitió superar muchas de nuestras diferencias. 
En segundo lugar, tenemos que saber si de verdad hemos aplicado los compromisos que entonces asumimos, si hemos cumplido los pactos que hicimos con nosotros mismos y si hemos aplicado realmente las medidas que nos comprometimos a aplicar. 
A este respecto, quizás, tendríamos que reconocer que no hemos aplicado todo lo que la emoción del momento nos impulsó a acordar. 
Todavía no se ha aplicado completamente buena parte de las medidas previstas por el plan de acción que adoptó el Consejo después del 11 de marzo, lo que debe recordarnos que para luchar contra el terrorismo también hace falta más Europa, porque ahora somos conscientes de que las formas tradicionales de cooperación judicial y policial no sirven. 
El Parlamento Europeo ha sido siempre punta de lanza en la lucha contra el terrorismo, a pesar del limitado papel que los Tratados nos conceden en la materia. 
No es, evidentemente, el momento de hacer un largo recuento de todo lo que el Parlamento ha hecho, pero sí de expresar nuestra profunda convicción de que la eficacia policial será mayor cuanto mayor sea la capacidad de los Estados miembros para intercambiar información policial y de seguridad y por eso debemos preguntarnos ahora, ahora que recordamos a las víctimas: ¿cuáles son todavía los problemas de fondo que impiden la plena operatividad de Europol? 
¿Cuándo tendremos una Fiscalía europea? 
¿Cuándo tendremos una legislación europea que impida el blanqueo de capitales... 
... pieza básica en la lucha contra el crimen organizado y sus conexiones con el terrorismo? 
En estos terrenos hay avances positivos, pero alguna de las decisiones que se adoptaron —no estoy hablando de otra cosa que de aquello que se decidió hacer después del 11 de septiembre— todavía no ha visto la luz. 
No comprendo las expresiones de indignación, porque de eso mismo están hablando hoy en Madrid muchos responsables políticos del mundo entero. 
De eso se está hablando en Madrid hoy en la Conferencia Internacional, a la que asisten muchos dignatarios y expertos de todo el mundo, a la que yo mismo asistiré cuando acabe este acto solemne, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kofi Anan, y el Presidente de la Comisión, señor Barroso, que presentará un plan de acción elaborado por la Comisión para luchar contra el terrorismo, donde se hace referencia a algunas de las medidas que acabo de citar. 
Sí, allí en Madrid, como antes de ayer aquí, en Bruselas y en Estrasburgo, se habla de la necesidad de luchar contra el terrorismo desde una perspectiva global, completa, que empiece por el respeto pleno al Estado de Derecho y que no olvide examinar cuáles son las causas del terrorismo y los instrumentos que le permiten crecer y extenderse por el mundo. 
No olvidemos que, para garantizar nuestra seguridad, es imprescindible favorecer el diálogo y la integración entre culturas y religiones, sin olvidar la cooperación al desarrollo. 
No es un debate cómodo ni fácil, pero no podemos obviarlo. 
Los terroristas no tienen explicación ni justificación, pero existen causas que los producen y a ellas también debemos prestar atención en nuestro análisis. 
Un análisis que tenga en cuenta la necesidad no solo de respetar los valores y los derechos fundamentales que son la base de nuestra comunidad, sino de aplicar medidas preventivas que no solo impidan tener que lamentar siempre, sino también evitar tener que hacerlo. 
Evidentemente, no estoy hablando solamente de la prevención bélica. 
Estoy hablando de la prevención en el más amplio sentido de la palabra. 
Una prevención interna y externa, internamente en nuestras sociedades, para asegurar la integración de los migrantes, la tolerancia, el pluralismo religioso y cultural, la lucha contra las discriminaciones, la cooperación entre servicios de inteligencia y los sistemas judiciales... 
... y una acción externa que se desarrolle también sobre muchos frentes: la guerra, la pobreza, la proliferación de armas nucleares, biológicas o químicas; un marco mundial para luchar contra el terrorismo, sin olvidar, señoras y señores diputados que representan aquí a los ciudadanos de Europa, que la forma más eficaz, la base de todas las formas de luchar contra el terrorismo, es el respeto a los valores fundacionales de nuestra Unión. 
Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
Y ahora, señoras y señores diputados, señoras y señores embajadores, en memoria de esas víctimas, que deben ser —como les decía— el símbolo de nuestra Unión democrática, les invito a guardar un minuto de silencio. 
– Señorías, vamos a reanudar el debate sobre el informe Aubert durante un cuarto de hora aproximadamente a fin de concluirlo y votar sobre el mismo en el turno de votaciones de esta mañana. 
. 
Señor Presidente, estamos tratando un asunto importante y los consumidores van a estar cada vez más sensibilizados al respecto en el futuro. 
Nuestro Grupo ha examinado el tema de la agricultura ecológica con gran detenimiento y lo considera muy importante. 
Aunque la agricultura tradicional es indispensable, también tenemos que considerar a su homóloga ecológica y no solo como un pequeño nicho sectorial con objetivos limitados, sino como un elemento que en un futuro será una verdadera fuente de abastecimiento complementaria. 
Por esto agradezco mucho –también en nombre de mi Grupo– el particular interés de la Comisaria por esta cuestión, que ha vuelto a dejar patente una vez más en su breve declaración de hoy. 
Es necesario estimular la demanda y solo podremos hacerlo si somos capaces de limar o resolver los problemas en los ámbitos de la producción, la transformación y la gestión. 
Aunque ahora mismo no quisiera entrar en detalles, para lo cual no dispongo de tiempo y tampoco de suficiente atención, pienso que se ha invertido un esfuerzo considerable y una buena dosis de imaginación en las 21 acciones y tres ámbitos prioritarios; sin embargo, nos falta un poco más de valor, también en el momento de dedicar los medios financieros necesarios a la adquisición de recursos humanos. 
Es evidente que esto debe incluir un calendario y los controles necesarios. 
. Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en primer lugar, quisiera felicitar a la señora Aubert por su informe, aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y manifestar la satisfacción del Grupo Socialista por el resultado final del mismo. 
En el trámite de comisión se han recogido todas nuestras enmiendas, lo cual ha permitido mejorar sustancialmente la propuesta inicial presentada por la Comisión, que arrancaba con 21 medidas poco concretas, nada ambiciosas y sin ninguna obligatoriedad. 
Uno de los objetivos de la reforma de la PAC es combinar la obtención de productos de calidad con el respeto al medio ambiente, y es precisamente este tipo de agricultura el pilar fundamental para conseguir ese doble objetivo. 
En algunas regiones europeas, como Andalucía, en la última década hemos pasado de 2 000 a 300 000 hectáreas de superficie dedicada a estos cultivos gracias a que el Gobierno regional es el primero de Europa que tiene un plan de acción para cultivos ecológicos serio y presupuestado. 
En cifras generales, el sector aumenta una media anual del 30 %. 
Por tanto, coincidiremos todos en que, si la PAC reconoce la importancia de la agricultura ecológica que, como se demuestra, va en aumento, no se puede ni se debe dejar solos a los agricultores y a los Estados miembros a la hora de la verdad. 
Ni tampoco es la mejor solución dejar a la voluntad de los Estados la posibilidad de fomentar o no el desarrollo de esta producción. 
En el fondo, en mi Grupo creemos que la Comisión tiene un doble discurso. 
Se alaban las bondades y virtudes de este sector tan importante, pero, a la vez, no se apoya de forma clara y decidida. 
No solo hacen falta gestos, sino también realidades y presupuestos. 
La agricultura ecológica debe convertirse en una parte integrante de un sistema de producción que apuesta por el medio ambiente. 
Partimos de una realidad y, además, unánime: los agricultores, consumidores y todas las instancias políticas han demostrado un renovado interés por el fenómeno de la agricultura ecológica. 
Por ello, nos corresponde, desde el Parlamento Europeo, instar y animar a un apoyo claro y decidido a este tipo de agricultura. 
Entendemos que este plan de acción que hoy votamos es un primer paso y una oportunidad para el debate, pero es un paso débil y poco ambicioso. 
No vamos a ocultar que nos hubiese gustado ir más allá, por ejemplo, que la Comisión hubiera estimado conveniente establecer ayudas específicas al sector. 
Es necesario apoyar más la comercialización, la certificación, el control, etc. 
Pero, dicho esto, entendemos que es bueno que la Comisión saque adelante este plan. 
Lo que cabe es pedirle, especialmente aprovechando la presencia de la Comisaria, que sea verdaderamente un plan de acción y no un plan de sugerencias y que se demuestre claramente un apoyo decidido del Parlamento a este sector tan importante y a este plan de acción, pionero, que hacía mucha falta al sector. 
, Señorías, la autorización de los organismos genéticamente modificados en la agricultura, la ganadería y el mercado de la Unión supone una importante amenaza para la agricultura ecológica y, sobre todo, para la salud de los consumidores. 
No tiene sentido recurrir a los organismos genéticamente modificados en circunstancias de exceso de producción de los cultivos naturales. 
La introducción de organismos genéticamente modificados tendrá como resultado la destrucción del medio natural. 
Es muy posible que tenga consecuencias inesperadas para las generaciones futuras, por ejemplo graves alergias y también un aumento de la resistencia de las plagas y malas hierbas, una mayor resistencia de las bacterias a los antibióticos y la desaparición de insectos beneficiosos. 
La autorización de los organismos genéticamente modificados provocará conflictos entre los agricultores. 
Quienes se decidan a emplearlos en su producción deberán soportar costes derivados de las grandes reclamaciones por daños. 
Dependerán de las empresas biotecnológicas. 
La eficacia de los controles potenciales de los organismos genéticamente modificados no está garantizada. 
Estudios neerlandeses confirman que es casi imposible producir carne libre de organismos genéticamente modificados. 
Datos como este minan la confianza de los consumidores en la agricultura ecológica. 
Las leyes de la biología hacen imposible la coexistencia de la agricultura tradicional y la agricultura que emplea organismos genéticamente modificados. 
La Unión demuestra su esquizofrenia jurídica al autorizar la comercialización de organismos genéticamente modificados mientras prohíbe su uso en la agricultura y la ganadería ecológicas. 
Vistos los importantes riesgos que implican los organismos genéticamente modificados, los cuales todavía no se conocen plenamente, el Parlamento Europeo y la Comisión asumen una enorme responsabilidad moral al legislar en un sentido contrario a la naturaleza y al bien de la humanidad. 
El futuro de la agricultura europea está en la agricultura y la ganadería ecológicas basadas en métodos tradicionales y naturales. 
Gracias. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción este debate porque, tras la reforma de la PAC, los agricultores tienen que buscar métodos alternativos para aumentar las rentas agrarias. 
La agricultura ecológica podría ser la solución para algunos agricultores. 
En Irlanda del Norte tenemos un sector ecológico pequeño pero decidido. 
La oferta local y las marcas locales son factores clave del éxito. 
No tiene sentido que los agricultores del Reino Unido diversifiquen su oferta a la producción ecológica si van a verse perjudicados por los productos que llegan de Sudáfrica a menor coste. 
Es posible que los productos provenientes de fuera del Reino Unido sean ecológicos, pero en realidad casi no se sabe nada de si la producción de algunos de ellos daña al medio ambiente. 
El número de kilómetros de vuelo invertidos en el transporte de los productos también preocupa al consumidor. 
Estas cuestiones tienen que incluirse en las negociaciones de la OMC. 
Asimismo, me preocupa que los productos de los países de Europa oriental estén perjudicando a los agricultores ecológicos del Reino Unido. 
De nuevo, necesitamos trayectos cortos de transporte de alimentos y marcas locales. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la producción de productos ecológicos no se puede considerar una política económica y social utópica. 
Al contrario, es una política estratégica que garantiza un nuevo nivel cualitativo de consumo, un nuevo nivel de protección del medio ambiente y una nueva dimensión del desarrollo rural. 
Es un marco que garantiza la protección de la salud pública y una nueva forma de salvaguardar la competitividad de la agricultura. 
Quisiera destacar dos temas importantes para el ulterior desarrollo y fomento de los productos ecológicos como un sector dinámico en los años venideros. 
En primer lugar, al planificar la aplicación de la política agrícola común reformada a escala nacional, los Estados miembros deben animar a los jóvenes agricultores a participar activamente en la producción de productos ecológicos y conceder derechos basados en sus reservas nacionales destinadas al fomento de la agricultura ecológica en zonas reservadas. 
El segundo aspecto, relacionado con el anterior, es el problema de la coexistencia de cultivos ecológicos y productos genéticamente modificados. 
Esto destruirá la agricultura ecológica y la producción agrícola con una gestión integral, que quedarán contaminadas por la producción de cultivos modificados que, además, también contaminarán la salud pública, o sea, nuestra salud. 
La Comisión y algunos Estados miembros deben comprenderlo y renunciar a los productos modificados, pues las repercusiones para nuestra salud son más graves que las de la enfermedad de las vacas locas. 
La Unión Europea no puede ser hipócrita y fomentar, por un lado, cultivos que respeten la salud pública y el medio ambiente, mientras por el otro lado autoriza productos como los modificados. 
Ha llegado el momento de que adoptemos una decisión honrada a favor de los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, la agricultura ecológica significa que la naturaleza gobierna la alimentación, pero la UE quiere una ley de la naturaleza escrita en Bruselas. 
La UE desea armonizar los productos ecológicos y la producción, con más normas y más fisgones europeos. 
¡Vuelve la época de los «plátanos rectos»! 
Los productos ecológicos llegan con todas las formas y tamaños, pero la UE no puede aceptarlo. 
La UE cree que nada debe escapar a su control maníaco. 
La gente vende alimentos en libras y onzas. Cuando se les atrapa se les trata como si fueran criminales. 
¿Por qué? 
Porque la UE se dedica a controlar por el amor al arte. 
El informe ensalza la Política Agrícola Común, que ha sido uno de los peores errores jamás cometidos por la UE. 
La PAC destruyó sectores enteros de la agricultura británica, y ahora la UE quiere destruir la agricultura ecológica británica. 
El Partido por la Independencia del Reino Unido desea que la agricultura ecológica florezca, no que se la entierre bajo toneladas de estiércol de la UE. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, un día la gente utilizó nitratos, pesticidas y herbicidas y fue expulsada del paraíso agrícola. 
Desde entonces, ni siquiera puede comer ya manzanas Golden. 
Antes, gracias al buen cerdo de cría ecológica podíamos acabar teniendo la solitaria y otros parásitos; con las deliciosas mermeladas caseras de las abuelas podíamos morir de botulismo. 
Ahora, gracias a la agricultura industrial, vivimos 25 años más. 
Por tanto, hay que cambiar todo esto y volver a la edad del hombre de Cro-Magnon, a un paisaje de biodiversidad donde pueden retozar los 130 000 agricultores ecológicos y donde las 230 000 vacas, los 400 000 corderos y los 230 000 cerdos de cría ecológica pueden vivir felices. 
Es solo un 1 % de la agricultura, pero un 1 % que lo cambia todo. 
Es como el Mar Rojo al abrirse, Mahoma en su yegua, Jesús regresando por Pascua. 
La agricultura ecológica es esto, no tiene ninguna utilidad terrenal, pero hace la vida llevadera. 
– Señor Presidente, quiero hacer hincapié en una recomendación de este informe: la necesaria claridad respecto de los OGM. 
Quiero que se aclare que nunca permitiremos que los OGM contaminen una explotación de agricultura ecológica. 
Este tipo de claridad no puede basarse en la coexistencia y en promesas de indemnización tras la contaminación: entonces es demasiado tarde, no le sirve de nada a un agricultor ecológico o a la gente que aprecia su producto. 
Los cultivos genéticamente modificados constituyen un experimento, se mire por donde se mire. 
Un buen experimento científico necesita un control. 
No apoyo el experimento, pero si va a llevarse a cabo recomiendo Irlanda como control perfecto. 
Es una isla en la que predominan los vientos del oeste y, por lo tanto, está bastante bien protegida de la contaminación por OGM de los países vecinos. 
Con el control podremos evaluar de forma adecuada los cultivos genéticamente modificados durante 5, 10 o 50 años; si fracasan, habrá un lugar donde conseguir alimentos seguros y reservas de semillas. 
Hoy el Consejo Europeo decide si deja a la opinión pública al margen del proceso de los OGM. 
¿Declarará hoy el Consejo, con el apoyo de mi país, Irlanda, exentos los OGM de la Convención de Aarhus? 
Esto no debe ocurrir. 
Se trata de una cuestión de vital importancia para los agricultores ecológicos y sus clientes y para todas las partes interesadas. 
Tenemos que insistir en el derecho a participar en todas las decisiones que se tomen sobre nuestro medio ambiente. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe sobre alimentos y cultivos ecológicos. 
Hay que aplaudir el crecimiento de este sector en algunos Estados miembros, pero tenemos que reconocer que algunos Estados miembros han prestado menos ayuda financiera que otros. 
Entre ellos se incluye el Reino Unido, que solo ha contribuido de boquilla al desarrollo de la agricultura ecológica. 
Soy consciente de que no se puede obligar a las personas a cultivar ni a comer alimentos ecológicos. 
Sin embargo, creo firmemente que hemos de fomentar ambas cosas, y que si existe voluntad también existirá el deseo. 
Ahora disponemos de una oportunidad para fomentar la diversificación. 
Tras la revisión intermedia, los agricultores están buscando formas alternativas de continuar con su actividad. 
Por desgracia, creo que sería un desastre total dejar esta cuestión en manos de los Estados miembros. 
Muchos no harán nada por alentar la demanda ni por mejorar la comercialización de la agricultura ecológica, que se enfrenta a los mismos retos que otras ramas del sector, porque el poder creciente de las multinacionales reduce los márgenes de beneficios y dicta las normas. 
La producción ecológica ya no es un nicho de mercado. 
Es el futuro a largo plazo de la agricultura. 
El apoyo a la agricultura ecológica tiene que servir para ofrecer nuevas oportunidades al sector y para crear una alternativa a la llamada agricultura convencional. 
Ambos tienen que ser complementarios. 
Está claro que no existe igualdad de condiciones en la producción agrícola, ya sea ecológica o convencional, y creo firmemente que solo podremos conseguirlo desde el centro y con un estímulo positivo. 
. Señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios sobre el informe. 
En primer lugar, en cuanto al apoyo público a la agricultura sostenible, el plan de acción reconoce el papel de la agricultura ecológica en la sociedad. 
En el suministro de bienes públicos, los agricultores ecológicos incurren en elevados costes de producción. 
Deberían tener derecho a recibir compensaciones por los ingresos del pasado y los costes en que han incurrido cuando suministran estos bienes públicos. 
Eso es precisamente lo que recomendamos que hagan los Estados miembros en el marco de sus propios programas de desarrollo. 
Por otra parte, como se afirma en el informe, el desarrollo efectivo de la agricultura ecológica depende principalmente de que los clientes estén dispuestos a pagar un precio superior por los alimentos ecológicos. 
Eso me lleva al siguiente punto: la promoción y comercialización. 
Los consumidores deben recibir información correcta a fin de estimular la demanda. 
La Comisión ya ha contribuido a la información sobre alimentos ecológicos y a las campañas de promoción. 
Soy plenamente consciente de que necesitamos hacer uso de los mejores conocimientos técnicos disponibles cuando demos los siguientes pasos previstos en el plan. 
Estoy muy de acuerdo con su llamamiento a promover los alimentos ecológicos entre los niños y en los comedores escolares, pero quiero contar con el consejo de especialistas en este tema. 
Necesitamos estar seguros de llegar a los grupos destinatarios, y por ello debemos utilizar los canales adecuados en nuestras campañas de comercialización. 
En cuanto al mercado interior, comparto su preocupación por las trabas que podrían obstaculizar el comercio. 
Los alimentos ecológicos que se han producido de acuerdo con todos los requisitos de la legislación de la UE deberían tener acceso a todos los mercados ecológicos de la UE. 
El logotipo europeo puede desempeñar un papel importante a este fin. 
Al mismo tiempo, no veo ninguna contradicción en que los productores ecológicos destaquen la región de origen de sus productos si así lo desean. 
La innovación en la agricultura ecológica y en el procesado de alimentos se basa, en gran medida, en la investigación. 
Ya hemos visto un aumento de la investigación en materia ecológica, y todavía habrá más. 
Sin embargo, no corresponde a la Comisión prescribir en detalle los distintos temas de investigación. 
Respecto a la coexistencia, el plan de acción no es el contexto adecuado para abordar esta cuestión, puesto que la agricultura ecológica no es el único ámbito afectado. 
La Comisión emitirá un informe a finales de año sobre las medidas de coexistencia nacionales, que reflejará las nuevas medidas que habrán de adoptarse. 
El plan de acción recomienda que los Estados miembros aprovechen plenamente las posibilidades que brinda la política de desarrollo rural; no solo medidas agroambientales, sino también inversiones, servicios de extensión, programas de calidad y todos los demás elementos de desarrollo rural que puedan utilizarse para ayudar a los agricultores ecológicos a ampliar su producción. 
Agradezco los comentarios que han realizado y espero colaborar con sus Señorías sobre esta importante cuestión en el futuro. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar durante el Turno de votaciones que va a iniciarse ahora. 
– Señor Presidente, hace unos minutos se nos ha pedido en este Parlamento que guardáramos un minuto de silencio en memoria de aquellos que murieron en los actos de terrorismo en España y que recordáramos a todos nuestros electores que han muerto víctimas del terrorismo. 
Ha sido un momento solemne; ha sido un momento especial; ha sido un momento emocionante. 
Todos los diputados a esta Cámara han guardado silencio, todos nuestros visitantes de la tribuna han guardado silencio, pero ese silencio se ha visto interrumpido por el ruido de una cámara que disparaba de modo persistente. 
Señor Presidente, pido que cuando guardemos un minuto de silencio solemne signifique silencio para los cámaras y para todos los presentes en esta Cámara, y no solo para aquellos que se encuentran en el patio de butacas. 
–Señor Bowis, transmitiré su comentario. 
Por otra parte, quisiera que sus Señorías guardasen silencio durante los debates en la Cámara, en especial cuando habla el Comisario, porque les aseguro que no siempre es así. 
– Señor Presidente, no quiero entretener más a esta Cámara, pero quisiera hacer un comentario enérgico. 
Se nos ha convocado aquí para votar, inicialmente a las 12:00 horas, después a las 12:15 y ahora estamos votando casi a las 12:40. 
Sabrán que hoy hay una huelga y que viajar resulta excesivamente difícil. 
Varios diputados van a tener que salir a horas intempestivas porque tienen que hacer varias gestiones para sus viajes, y por ello no podrán participar en todas las votaciones. 
Es una vergüenza continua que se corte y cambie el orden de los trabajos de esta Cámara sin consultar a aquellos que realmente cuentan: los diputados que están sentados aquí. 
– Muy bien, transmitiré su comentario al servicio de sesiones, pero recuerdo a sus Señorías que también tendremos votaciones al término de los debates de esta tarde. 
No obstante, haré lo que pueda por recuperar el retraso, sin ir demasiado deprisa. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
Señor Presidente, el apartado 7 plantea un problema lingüístico en la versión inglesa. 
Por consiguiente, solicito que la palabra «» se sustituya por «» y que se añada la palabra «», con lo cual la segunda parte del apartado 7 quedaría como sigue: «» Esto en realidad afecta solo a la versión inglesa y a la citada dificultad lingüística 
–Tengo una enmienda oral a la enmienda 5, que consiste en añadir después de «empresas e industria» , «incluyendo, por ejemplo, las plataformas tecnológicas». 
– ¿Hay objeciones a este añadido? 
Señor Presidente, quisiera preguntar una cosa al señor Rübig. 
Perdone mi intervención, pero anoche acordamos, de manera formal e informal, que en relación con la última parte, el Partido Popular Europeo y los liberales no votarían a favor de la supresión de todo el apartado y, como contrapartida, nosotros votaríamos a favor de la enmienda de los conservadores y los liberales. 
Tal vez el señor Rübig podría decirnos algo al respecto. 
– Señora Mann, no molesta usted en absoluto al Presidente. 
Al contrario, esperaba que esto ocurriera porque me habían llegado rumores en este sentido. 
En efecto, esperaba que se levantara alguien de los bancos del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos para pedir el abandono de la parte final de la enmienda que propone suprimir la última parte del apartado 21. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con la señora Erika Mann y su Grupo. 
– Para resumir, la enmienda 5 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos incluye ahora las palabras «además de los representantes del mundo de los negocios y de la industria» , no pide ya la supresión del final del apartado 21 y se completa con la enmienda oral del señor Prodi. 
He votado a favor del informe de la señora Jensen sobre el estado de previsiones del Parlamento Europeo con vistas a un presupuesto rectificativo de la Unión Europea para el ejercicio 2005 (adaptación de los sueldos) , pues considero importante contemplar una reducción de los costes de personal en el presupuesto para 2005. 
En el presupuesto del Parlamento para 2005 se reservaron créditos para el desarrollo de la política de adquisición de instalaciones. 
Considero que dichos créditos se deberían dedicar a financiar prioridades para las que actualmente no existe una dotación financiera en el presupuesto, como los preparativos para la adhesión de Bulgaria y de Rumanía. 
Finalmente, quisiera destacar que, puesto que ya se han destinado los recursos necesarios al desarrollo de las actividades de las instituciones comunitarias, debemos ser escrupulosos en lo que respecta a la gestión prudente y razonable del dinero público, que procede del bolsillo de los contribuyentes. 
La propuesta de resolución tiene su origen en la constatación de la existencia de un excedente en el presupuesto para 2005 debido a que la adaptación de los salarios de 2004, aprobada por el Consejo al final del ejercicio 2004, fue de solo un 0,7 % en lugar del 2,6 % que se había previsto cuando se elaboraron los presupuestos de las instituciones. 
Este excedente permite liberar algunos de los créditos consignados en el presupuesto en el contexto de la política inmobiliaria, lo cual posibilita la adquisición por parte del Parlamento de edificios que actualmente se alquilan y, como señala acertadamente la ponente, la financiación de prioridades que actualmente carecen de dotación presupuestaria, como los preparativos para la adhesión de Bulgaria y de Rumanía. 
He votado a favor, como es lógico. 
He votado a favor del informe del señor Garriga Polledo (A6-0047/2005) sobre el presupuesto rectificativo nº 1/2005 de la Unión Europea para el ejercicio 2005 porque acepto las modificaciones introducidas en la estructura organizativa de los servicios de la Comisión tras la designación de la nueva Comisión y la distribución de carteras entre los nuevos Comisarios, que hacía imprescindibles algunos cambios. 
Siendo así, dichos cambios se deben incluir en el presupuesto rectificativo de la manera más transparente y eficaz posible. 
Me congratulo de que su incidencia en el presupuesto sea neutra. 
Este primer presupuesto rectificativo tiene como finalidad introducir en el presupuesto para 2005 las modificaciones técnicas presupuestariamente neutras requeridas como resultado de la revisión de la estructura organizativa de los servicios en el contexto de la designación de la nueva Comisión y de la distribución de carteras entre los Comisarios. 
Es importante recordar que, aun siendo un órgano administrativo, la nueva Comisión se comprometió a que este fuese el presupuesto de «la competitividad y la cohesión». 
Además, la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa que votamos ayer requiere una mayor determinación y creatividad en la persecución de sus objetivos. 
El Parlamento ha brindado a la Comisión la debida cooperación. 
He votado a favor de la propuesta de resolución con el convencimiento de que la Comisión hará un buen uso de este instrumento y dedicará sus recursos a la consecución de dichos objetivos, justificando así el firme apoyo recibido en la comisión competente. 
En un momento en el cual los daños causados tanto al medio ambiente como a la salud pública por los métodos convencionales de producción de alimentos indican que es vital buscar alternativas, así como la necesidad de garantizar el acceso a alimentos seguros y producidos de manera sostenible, es importante que el Parlamento Europeo adopte una posición al respecto. 
Dicho apoyo puede ser en forma de incentivos para los productores o de medidas encaminadas a proteger los cultivos ecológicos frente a los riesgos que implica el uso de organismos genéticamente modificados. Aún no se conocen los riesgos para el medio ambiente que generan los organismos genéticamente modificados y no se dispone de ningún medio para garantizar su contención, con lo cual existe el riesgo de que contaminen a las especies junto a las cuales se cultivan. 
He votado a favor del informe de la señora Aubert sobre el Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas porque considero que plantea algunas cuestiones fundamentales con respecto al futuro mismo de la agricultura ecológica. 
Es necesario tener presente que este tipo de agricultura representa en la actualidad una parte importante del mercado alimentario y de la producción agrícola en la Unión Europea. 
El Plan de actuación se propone abordar tres prioridades fundamentales: desarrollo del mercado de productos alimenticios ecológicos mediante una información más amplia de la población y una mayor sensibilización de los consumidores; mayor eficacia del apoyo público a la agricultura ecológica; y mejora y consolidación de las normas comunitarias aplicables a la agricultura ecológica y de los requisitos relativos a la importación y la inspección. 
Estas prioridades deberían estar orientadas, por lo tanto, sobre todo a superar de manera efectiva las dificultades específicas inherentes al carácter particular de la agricultura ecológica en el conjunto del sector, desde la producción hasta la distribución. 
Un Plan de actuación europeo a favor de la agricultura ecológica debe ser ambicioso, puesto que esta no se limita solo a la producción de alimentos, sino que también cumple un papel medioambiental y social muchísimo más amplio. 
Las cuestiones ecológicas son de suma importancia en el mundo actual. 
Desde 1985, hemos asistido a un aumento significativo del número de explotaciones agrícolas y de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. 
No obstante, este crecimiento se ha visto frenado considerablemente en los últimos años por problemas relacionados con la producción, transformación y distribución de dichos productos. 
El presente informe propone la introducción de medidas adicionales reforzadas dirigidas a eliminar dichos obstáculos. 
El objetivo principal es promover la sensibilización general –y no solo la de una minoría urbana– con respecto a las ventajas medioambientales de los productos ecológicos. 
Mejorar las normas comunitarias, incluida la política agrícola común, y aumentar las ayudas públicas es esencial si queremos hacer de la agricultura ecológica un aspecto más dinámico de una agricultura sostenible. 
Este tema debería ocupar un lugar de primer orden en la agenda en un momento en el cual el medio ambiente debe ser una prioridad. 
Puesto que estoy seguro de que el elevado precio de los productos ecológicos es el principal obstáculo para su consumo, tengo el convencimiento de que una ampliación del apoyo a la agricultura ecológica se traducirá en una reducción de los precios de los productos ecológicos y, por consiguiente, en un aumento de su consumo entre el conjunto de la población. 
He votado a favor del informe. 
.– He votado a favor del informe de la señora Aubert, que propugna el desarrollo de la alimentación y la agricultura ecológicas. 
Estas prácticas han estado desarrollándose constantemente en Europa desde hace algunos años y responden a una demanda de los consumidores europeos de una alimentación sana y variada. 
Para tranquilizar tanto a los agricultores como a los ciudadanos es igualmente primordial instaurar controles rigurosos para prevenir el riesgo de contaminación en caso de coexistencia de cultivos ecológicos con cultivos transgénicos. 
La posición de Bélgica va también en este sentido: la evaluación de los controles y de los riesgos asociados a los OGM debe basarse en informes científicos independientes. 
Por otra parte, es urgente aportar soluciones a las dificultades concretas que experimentan los agricultores ecológicos. En Bélgica, la demanda de los consumidores de productos ecológicos no es nada constante y a menudo evoluciona en función de las crisis alimentarias. 
Los agricultores padecen estas fluctuaciones, cuando sus esfuerzos e inversiones deberían ser recompensados. 
Hay que evitar absolutamente que los agricultores se vean obligados a vender con pérdidas. 
Porque defender la agricultura ecológica es luchar por la calidad, la seguridad y, no lo olvidemos, la libre elección de los consumidores. 
Señor Presidente, si se me hubiese concedido la oportunidad de intervenir en el debate sobre el Día Internacional de la Mujer y Beijing +10, habría dicho que es francamente una vergüenza que la violencia contra las mujeres siga siendo un tema de debate en esta Asamblea al cabo de tanto tiempo, aunque por suerte está menos extendida que otros problemas importantes que afectan a muchísimas más mujeres, a incontables millones, de hecho, que llevan años esperando soluciones, las cuales puedo añadir que se han reclamado con el apoyo de grandes mayorías desde esta Asamblea. 
Permítanme que cite, a título de ejemplo, el reparto de los derechos de pensión adquiridos durante el matrimonio, de manera que una mujer que haya renunciado total o parcialmente al trabajo para dedicarse a sus tareas familiares no se encuentre sin cobertura de la seguridad social al divorciarse. 
Para ello necesitamos una directiva marco que acabe con el turismo de divorcio en la Unión Europea. 
También quiero recordar nuestro informe de 1996 sobre el estatuto de los cónyuges que colaboran en pequeñas empresas y en la agricultura. 
Hace diez años, pedimos que se remozara la Directiva 86 sobre igualdad de trato de los trabajadores autónomos y de los cónyuges que les ayudan. 
Volviendo al tema de las mujeres maltratadas, quisiera añadir que también hay hombres que sufren malos tratos. 
Luxemburgo cuenta desde 2003 con una ley que ya ha sido de gran ayuda; la ley sobre la violencia doméstica prohíbe el acceso de los hombres violentos al hogar, de manera que si un hombre actúa con violencia es él quien debe abandonar el hogar común, en lugar de que sea la mujer quien deba huir con sus hijos a un refugio para mujeres maltratadas o a casa de su familia. 
Sería conveniente que la Comisión recomendase la adopción de una ley de este tipo a todos los Estados miembros que aún no la hayan aprobado. 
¡Si así se hiciese no sería necesaria una conferencia Beijing + 10! 
. Aunque hemos votado en contra de la resolución relativa a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Unión Cristiana/SGP no está de ningún modo en contra de que las mujeres reciban un trato normal en esta sociedad. 
Apoyamos sin reservas la lucha contra los malos tratos contra las mujeres, su mutilación genital, el tráfico de mujeres, la costumbre de los matrimonios forzosos y los asesinatos por cuestiones de honor. 
Además, la igualdad de acceso a una buena educación y una buena atención sanitaria es importante para todas las personas. 
Sin embargo, no podemos apoyar algunas ideas. 
No somos contrarios a la participación de las mujeres en el proceso laboral, pero una distribución de género obligatoria de carácter numérico no se ajusta a la realidad. 
Sus capacidades y aptitudes son los criterios conforme a los cuales se debe realizar la selección de los aspirantes a un empleo; que sean hombres o mujeres es menos significativo en este contexto. 
Tanto las personas individuales como las organizaciones deberían disfrutar de la libertad de elección. 
Corresponde a los individuos y organizaciones adoptar las decisiones relativas a su vida personal privada o a su estructura interna y representación externa, siempre que en el procedimiento no se empleen medios o métodos indebidos. 
Finalmente, las situaciones en el ámbito médico-ético se deben abordar con sumo cuidado. 
El hombre no es el último eslabón de un proceso evolutivo, sino un ser que recibió la vida de su Creador. Y debería tratar con la debida responsabilidad su propia vida y la de los demás, tanto la ya existente como la no nacida. 
La delegación del Partido Moderado ha votado a favor de la resolución pero desea destacar algunos problemas que apreciamos en su redacción. 
La resolución contempla a las mujeres del mundo como un grupo homogéneo, lo cual nos parece desafortunado, pues la posición de las mujeres varía de manera francamente dramática entre un país y otro. 
Se confunde la situación de las mujeres en los países en desarrollo con la situación de las mujeres en Europa, como si se tratase de problemas comparables. 
Problemas como los de las violaciones de guerra, los asesinatos por cuestiones de honor y la mutilación genital no se pueden comparar, como se hace en la resolución, con los problemas relativos al aprendizaje a lo largo de toda la vida, el establecimiento de cuotas y el número de meses del permiso de paternidad. 
La resolución confunde cuestiones que corresponden al ámbito de la Unión Europea con otras de carácter claramente nacional o que, sencillamente, deben ser decididas en el plano individual. 
Habríamos preferido que la atención se centrase en las mujeres de los países en desarrollo, donde estas se encuentran en una situación muy vulnerable. 
El redactado relativo a los países en desarrollo trata, en gran medida, de cuestiones a las que la Unión Europea debería prestar atención en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la política de ayuda al desarrollo. 
Habríamos deseado que la resolución se hubiese manifestado a favor de la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres y de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. 
El 10 de marzo de 2005, voté en contra de la resolución sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing +10). 
El motivo fue que se trataba de una resolución particularmente corta de miras y poco meditada. 
Contenía muchas propuestas adecuadas pero también muchas bastante inapropiadas, algunas de ellas sencillamente absurdas. 
Un ejemplo de estas últimas es el apartado 12, la medida que prevé la inclusión de la igualdad de género en los Fondos Estructurales. 
También se pide que las mujeres constituyan el 40% del personal de las misiones de mantenimiento de la paz o de prevención de conflictos. 
Quiero hacer constar una protesta particular contra el apartado 13, que contiene una referencia a la salud reproductiva de las mujeres. 
En última instancia, fue a causa de este redactado por lo que no me fue posible votar a favor de la resolución. 
Mis colegas conservadores británicos y yo nos hemos abstenido en la resolución relativa a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer porque no creemos que aborde las cuestiones más vitales de forma adecuada o de forma verdaderamente práctica. 
Las referencias demasiado manidas a la «integración de la perspectiva de género en las demás políticas» , la «integración de la perspectiva de género en el presupuesto» y el llamamiento a la aplicación estricta de los sistemas de cuotas son ejemplos de esto. 
El Partido Conservador es pionero en la defensa del respeto y los derechos de las mujeres. 
La trata de seres humanos, la prostitución y la mutilación genital son solo algunos de los horrores a los que se enfrentan las niñas y mujeres en los países en desarrollo. 
Pero no pueden abordarse únicamente mediante la ayuda financiera, aunque la ayuda es, sin duda, necesaria; tampoco pueden abordarse a base de legislación, aunque sin duda la legislación puede ayudar en los casos apropiados. 
La libertad de las mujeres solo estará garantizada si existe un programa educativo adecuado que abarque a ambos sexos y se aplique con energía. 
En este Día Mundial de la Mujer de 2005, quisiera concentrar la atención en todas las mujeres que continúan desarrollando sus tareas con total normalidad. 
Quisiera plantear sus principales preocupaciones –el cuidado de las familias, de los niños y también de las personas mayores– como asuntos de interés político. 
Hablamos mucho de la incorporación de las consideraciones de género en todas las políticas; yo pediría que también dediquemos alguna atención a la consideración de la familia cuando se adoptan decisiones políticas que afectan a la sociedad. 
En el futuro, cuando adoptemos decisiones políticas debemos examinar qué repercusiones van a tener para las familias; en particular, los programas estatales de fomento de la reincorporación de las mujeres al trabajo deben guiarse en un futuro por el principio de incorporación de la consideración de las familias en todas las políticas. 
El trabajo y la sociedad deben acomodarse a la familia y no a la inversa. 
Por ejemplo, las estadísticas agrícolas todavía no toman suficientemente en consideración el trabajo que realizan las esposas de los agricultores. 
En las explotaciones agrícolas comerciales, las mujeres trabajan unas 63 horas a la semana. 
Las estadísticas agrícolas deducen un 50% de este tiempo en concepto de atención a la familia. 
Las esposas de los agricultores realizan trabajo no remunerado en casa, en la explotación agrícola y para la familia, igual que todas las mujeres realizan un trabajo adicional aparte del tiempo que dedican a un empleo, pero las estadísticas no tienen en cuenta lo que hacen; la sociedad todavía no se lo toma en serio y no se reconoce como un factor económico. 
En un plano general, es preciso que los servicios que realizan las mujeres se contemplen plenamente en el cálculo del producto nacional bruto. 
. Por fin, el Parlamento Europeo incluye entre sus objetivos prioritarios en la defensa de la dignidad de las mujeres, la grave cuestión de la mutilación genital femenina. 
Con demasiada frecuencia, Europa ha anunciado sus buenas intenciones de defender la dignidad de las personas, las mujeres o los niños, sin poder traducir esto en una acción eficaz, legítima y concreta. 
Esperamos que la iniciativa de hoy sea un momento decisivo para abordar seriamente el fenómeno de la mutilación genital femenina, un fenómeno que no tiene nada que ver con el respeto de las tradiciones y las culturas de otras naciones, puesto que la barbarie no es cultura. 
Por lo tanto, proponemos que se establezca una directiva que prohíba la práctica de la mutilación genital femenina, que se tomen medidas para dar educación adecuada sobre el problema y, en particular, que se dé apoyo a los inmigrantes procedentes de países en que estas costumbres están toleradas e incluso las consideran legítimas. 
Asimismo, creemos que es necesario que se promueva una campaña de concienciación pública sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres, que se ponga a disposición información apropiada sobre el respeto de la seguridad física y la salud de las mujeres y que el Derecho penal de los Estados miembros de la Unión Europea trate la práctica de la mutilación sexual de las mujeres como un factor agravante en el delito de la violencia y la agresión ilegítima. 
Aprovechando que el Pleno se reúne en el Día Internacional de la Mujer, el Parlamento ha decidido destacar, mediante la presente propuesta de resolución, algunos aspectos bien conocidos de la situación de las mujeres, que son deplorables y que deberíamos combatir. 
Cualquiera que esté en contra de una guerra de géneros o de una política de cuotas o de que se confunda lo que significa ser una minoría con el significado de ser mujer está más obligado aún si cabe a luchar por que se respete plenamente el papel singular de las mujeres en la sociedad, en la familia y como personas y se apliquen disposiciones jurídicas que les otorguen una verdadera igualdad, sin dejar de respetar las diferencias naturales que existen entre todos nosotros y, en particular, sin dejar de respetar plenamente algo que es fundamental con independencia del género: la libertad individual y el derecho inalienable de cada persona a la felicidad individual. 
Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y esto nos brinda una oportunidad de hacer balance de los progresos realizados a escala mundial en lo que respecta a la igualdad, libertad, desarrollo, reconocimiento y participación cívica de las mujeres. 
Creo que es muy importante impulsar una sensibilización colectiva sobre lo mucho que todavía queda por hacer y la Unión Europea debería permanecer en la vanguardia de una batalla justa que, si bien favorece a las mujeres, no es exclusivamente femenina, sino del conjunto de la humanidad. 
Las innumerables aflicciones y riesgos con que se enfrentan muchos millones de mujeres en todo el mundo son sumamente graves y merecen una respuesta rápida, global y sin reservas. 
Al mismo tiempo, me siento obligado a manifestar que lamento que, con el pretexto de estos principios y planteamientos bien sonantes pero imprecisos, se intente tratar como derechos ciertas prácticas que atentan contra dichos derechos, como por ejemplo el aborto, que se presenta convenientemente encubierto y atenuado bajo la etiqueta engañosa de la «salud sexual y reproductiva». 
. –La violencia contra la mujer adquiere múltiples formas: violencia física o psicológica, violación, esclavitud doméstica, tráfico sexual y prostitución, etc. Están en todas partes y no cesan de aumentar. 
En nuestros países llamados «civilizados» , que se precian de respetar los derechos humanos y los derechos ciudadanos, ¿saben que en Francia mueren cada mes seis mujeres en la debido a la violencia doméstica sin que apenas haya reacción pública alguna? 
¿Saben que en 2002 hubo una amnistía para estos actos de violencia, pero no para el maltrato de animales? 
Sin duda no se considera a las mujeres menos dignas de protección. 
Hace tan solo unos días, la policía aporreó violentamente a mujeres que se manifestaban pacíficamente en Estambul. 
Esto tiene que parar. 
Hay que atacar los factores que contribuyen directa o indirectamente a convertirlas en objeto de sumisión, como sucede con las mujeres en el islam. 
Es intolerable que en nuestros países y en todo el mundo se acepten prácticas arcaicas e inhumanas como la mutilación genital, los delitos de honor, la lapidación o la decapitación. 
Este día dedicado a la mujer no debe ser un acontecimiento simbólico, ha de ser la ocasión para una verdadera toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres en Francia y en todo el mundo. 
Me complace que, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Parlamento Europeo haya decidido celebrar un debate de conmemoración del décimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y centrar, en particular, la atención en la violencia doméstica. 
Dado el alcance preocupante de esta lacra social, apoyo la idea de la designación de 2006 como Año Europeo contra la Violencia contra las Mujeres. 
Sin embargo, además de los gestos simbólicos, considero que la Unión Europea también debería desempeñar un papel precursor en la adopción de medidas prácticas para implantar la igualdad de género. 
Creo firmemente que debemos pasar del mero reconocimiento político a la aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. 
En el ámbito que sigo más atentamente, el de la política social, es necesario reforzar todas las medidas que contribuyen a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo en todos los aspectos, ya sea en los niveles salariales, ya sea en la promoción profesional o en el acceso al mercado laboral. 
Los países nórdicos tienen niveles muy bajos de paro y uno de los motivos es que han fomentado una mayor capacidad de inserción profesional de las mujeres 
Por la misma razón, puesto que el mercado laboral se está mostrando cada vez más exigente, es importante que las condiciones de flexibilidad laboral tomen en consideración valores fundamentales como la conciliación entre la vida familiar y profesional… 
–Señor Presidente, estoy en contra, por supuesto, tanto del comercio de órganos como del de óvulos. 
Es una práctica abyecta. 
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el texto de la resolución porque sitúa la donación de óvulos en el mismo plano que la donación de órganos o células. 
Si esta última donación tiene por objeto salvar vidas, la donación de gametos, y por tanto también de óvulos, debe considerarse en el marco de un proyecto parental. 
El niño que ha de nacer de esa donación no puede considerarse un objeto, sino una persona que, llegado el caso, tiene derecho a conocer a sus padres biológicos. 
En la resolución se habría debido hacer referencia a esta diferencia fundamental. Lamento que el texto no haya sido modificado. 
Los diputados del Partido Moderado consideramos que el tema del tráfico de óvulos humanos no se debería tratar como se hace en la presente resolución. 
La resolución que se somete a votación hoy no se ha preparado con cuidado. 
Tampoco sopesa los aspectos éticos positivos y negativos de un modo que ilumine el conjunto de esta compleja cuestión. 
No tiene sentido reclamar de manera categórica una prohibición del comercio de óvulos y embriones. 
Las mujeres que no pueden tener hijos propios siempre podrán llegar a un acuerdo con otras mujeres que estén dispuestas a donar sus óvulos. 
No tener hijos resulta muy doloroso y traumático para muchas. 
Sería un error criminalizar esos acuerdos. 
En el tema de las donaciones de óvulos intervienen muchas consideraciones éticas complejas. 
Se requiere una clarificación más amplia que la que aporta la presente resolución acerca de qué tipo de intervenciones en la reproducción que deberían estar autorizadas, así como con respecto a sus consecuencias, tanto para las donantes de óvulos como para las mujeres sin hijos que buscan ayuda. 
El motivo por el cual aun así hemos optado por votar afirmativamente la resolución está asociado a la situación que la ha originado, o sea, la explotación de las mujeres pobres en Rumanía, un hecho que nos parece serio, aun sin conocer todas las circunstancias de manera pormenorizada. 
. –He votado en contra de le resolución común sobre el proyecto de comercio de óvulos porque no es más que una ilusión. 
A partir de un rumor difundido por la prensa sensacionalista, desmentido por un informe oficial de la autoridad competente del Reino Unido, el Parlamento se pone las galas de los grandes principios de la dignidad humana, pero rechazando abordar la cuestión de fondo: ¿hay que fomentar, sí o no, la investigación científica bien supervisada sobre las células madre embrionarias? 
Pienso que esta investigación es esencial para luchar contra las enfermedades genéticas y contra plagas modernas como las enfermedades de Alzheimer o de Parkinson. 
La medicina regenerativa en Europa está empezando a rezagarse con respecto a los Estados Unidos y Asia. 
El Parlamento se pone a sí mismo en ridículo al abordar el tema de las donaciones de óvulos únicamente desde la perspectiva de la necesaria protección de las mujeres contra una explotación involuntaria. 
Tenemos que responder a las noticias que nos han llegado sobre el comercio de óvulos humanos con una condena firme, una preocupación sincera y una reacción eficaz de los organismos internacionales, que se sume a la de las autoridades rumanas y británicas. 
La mera posibilidad de que se pueda obligar a unas mujeres a hacer uso de su cuerpo como parte de un nuevo comercio obsceno debería ser motivo suficiente para que todos nos comprometamos a actuar sin demora para combatir esta práctica. 
Circunstancias como estas, mucho más que las fechas conmemorativas, marcan el momento en que podemos y, de hecho, debemos demostrar nuestra voluntad de vivir conforme a los valores que propugnamos. 
Las noticias que nos han llegado sobre la importación al Reino Unido de células somáticas humanas procedentes de Rumanía son indicativas, de ser ciertas, de una conducta que menosprecia los derechos humanos más básicos. 
Si clínicas británicas ofrecen efectivamente altas sumas de dinero a las mujeres rumanas por sus óvulos, no solo están animando a esas personas a utilizar el cuerpo humano con fines de lucro, una práctica prohibida y condenada por el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que también se aprovechan de manera sórdida de la fragilidad y pobreza de las donantes. 
A la vista de dicha información, el Parlamento Europeo debe procurar adoptar medidas urgentes encaminadas a proteger la dignidad de los seres humanos, entre las cuales quisiera destacar un control estricto de la donación de óvulos, tejidos y órganos en general, que ofrezca una protección contra esta explotación incivilizada de un ser humano por otro. 
Finalmente, considero que las prácticas denunciadas deben ser objeto de una protesta vehemente de esta Asamblea y merecen ser acogidas con la máxima repugnancia. 
También me congratulo porque en el marco de la resolución se adoptan principios sumamente importantes en contra de la clonación y a favor de la protección de los embriones humanos. 
Europa debe unirse en defensa de la dignidad de toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte. 
Por mi parte, he votado a favor. 
. –En nombre de las mujeres liberales del Grupo ALDE, denuncio la votación de este mediodía sobre la resolución común sobre el «comercio de óvulos». Una votación que, so pretexto de luchar contra la explotación de las mujeres y a favor del carácter inalienable del cuerpo humano, persigue un objetivo muy distinto: prohibir directa o indirectamente la investigación sobre células madre embrionarias, la clonación terapéutica… 
Un voto moralista, retrógrada y obscurantista que rechaza y pone en tela de juicio el «sí» pronunciado por este mismo Parlamento Europeo el 19 de noviembre de 2003 a la financiación de la investigación sobre células madre embrionarias, en el marco del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Es una señal desastrosa que envían 307 diputados a las parejas que esperan una donación de vida, pero también a los cientos de miles de pacientes que en Europa depositan todas sus esperanzas de curación en la investigación: diabéticos, enfermos de Parkinson, de Alzheimer y de otras muchas patologías. 
En este Parlamento, 199 diputados mantenemos nuestra ambición intacta: responder a esas esperanzas no solo con nuestro voto de progreso y solidaridad, sino también y sobre todo apoyando una investigación médica moderna y humanista al servicio de los pacientes en espera de tratamiento. 
. –Una mujer joven, en la pubertad, posee un número limitado de óvulos, en torno a 500, que serán liberados uno a uno con cada ciclo femenino. 
Con la menopausia, la reserva de óvulos se agota y la mujer no puede ya concebir hijos. 
Hiperestimular los ovarios de una mujer joven y hacerle correr un riesgo importante de sufrir cáncer de ovarios no es una cuestión trivial de salud pública. 
En un país cuyo sistema sanitario adolece de una limitada capacidad económica, ¿qué garantías se ofrecerán a esas jóvenes? 
¿Por qué razón, si no es la presión económica, una mujer joven querría correr semejante riesgo? 
Extraer y dañar en una mujer joven de 18 de años decenas e incluso centenares de óvulos es provocarle una menopausia precoz. Es quitarle toda posibilidad de ser madre, definitivamente. 
¿Quién puede afirmar que una joven de 18 años desea tomar ya esa opción? 
¿Cómo se puede estar seguros de que no es resultado de presiones económicas y financieras? 
En estar circunstancias, está claro que esta cuestión va mucho más allá de la Directiva 2004/23/CE; es imposible afirmar que hay que satisfacer la demanda y al mismo tiempo declarar que la donación de óvulos debería ser voluntaria y gratuita. 
Se trata de una grave vulneración de los derechos más fundamentales de la mujer. 
El armamento nuclear constituye una seria amenaza para nuestra seguridad a escala mundial, y no solo en países como Corea del Norte e Irán. 
Los diputados de la Lista de Junio apoyamos el llamamiento a favor de la limitación de la proliferación de las armas nucleares, que a largo plazo debería conducir al desmantelamiento de todo el armamento nuclear. 
Las Naciones Unidas, con su experiencia, conocimientos y alcance planetario son la organización más idónea para garantizar el éxito del Tratado de No Proliferación de 2005. 
Por lo tanto, se debe conceder un lugar prioritario a las Naciones Unidas en la labor a favor del desarme mundial. 
La resolución contiene, sin embargo, propuestas encaminadas a fortalecer progresivamente el papel de la política exterior y de defensa de la Unión Europea, lo cual podría debilitar la posición de las Naciones Unidas. 
Este verano se cumplirán sesenta años de la devastación de Hiroshima por una bomba atómica. 
Incluidos los efectos del envenenamiento por radiación, el total de muertos durante cinco años fue más de 200 000, casi dos tercios de la población de la ciudad. 
En mayo, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) será objeto de otra revisión quinquenal por parte de los países que forman parte del mismo. 
El régimen del tratado es más débil de lo que ha sido desde su entrada en vigor en 1970. 
Si queremos que este instrumento vital para la seguridad siga siendo efectivo, es muy importante que se reavive la negociación central por parte de los Estados firmantes del TNP que disponen de armas nucleares, con Washington a la cabeza, en la conferencia de revisión. 
En el año 1962 hubo predicciones de que a finales de la década de 1970 habría de 25 a 30 Estados con armas nucleares en sus arsenales. 
Esto podría haber comportado que hoy hubiera más de cuarenta naciones en esta categoría, con el riesgo de que las armas nucleares cayeran en manos de terroristas. 
Pero no ha sido así. 
Hoy solo hay dos Estados más con programas de armamento nuclear que en 1970… 
– La propuesta de resolución sobre las armas nucleares describe la situación, pero se centra exclusivamente en el problema de la no proliferación, en vez de ocuparse del problema de la existencia y el uso de armamento nuclear. 
Solo los Estados Unidos han utilizado armas nucleares, con las cuales cometieron un crimen contra la humanidad en Hiroshima y Nagasaki. 
Las fuerzas de la OTAN también utilizaron uranio empobrecido en las guerras contra Iraq, Yugoslavia y Afganistán, con consecuencias devastadoras. 
Estos aspectos no se mencionan en ningún momento. 
El interés por la no proliferación de las armas nucleares es hipócrita si no va unido a una demanda de acciones concretas inmediatas para su destrucción, empezando por las potencias nucleares europeas (Francia, Reino Unido) , y si no se solicita claramente la retirada de Europa del armamento nuclear estadounidense. 
Desde este punto de vista, dada la situación actual y teniendo en cuenta que los Estados Unidos se han desdicho de su compromiso de no utilizar armas nucleares en un primer ataque, la referencia a la no proliferación del armamento nuclear desvía la atención de la población de los riesgos reales que originan las potencias nucleares imperialistas. 
Por nuestra parte, apoyamos el desarme nuclear general y por esto nos abstendremos en la votación. 
Siendo realistas, en el contexto del ya antiguo objetivo, de mucho más amplio alcance, de garantizar el pleno cumplimiento del Tratado de No Proliferación, ciertas preocupaciones son más urgentes y más graves que otras. No se puede comparar el peligro que representa la adquisición de armamento nuclear por Estados parias que no se han comprometido a respetar el Derecho internacional y por grupos terroristas, con la adquisición de dicho armamento por Estados inscritos en el tejido de las relaciones internacionales modernas, y no sería razonable actuar como si unos y otros fuesen comparables. 
En este contexto, la situación tanto en Corea del Norte como en Irán es motivo de preocupación. 
En el caso de Irán, las esperanzas que hemos depositado en la labor que se está desarrollando como parte de las negociaciones que está llevando a cabo la Unión Europea no deben hacernos perder de vista el hecho de que los indicios de un verdadero compromiso por parte de Irán con respecto a las propuestas son muy tenues. 
En el caso de Corea del Norte, en cambio, hay algo más que indicios y existen declaraciones claras y ejemplos de un comportamiento por parte de los dirigentes de dicho país que debería hacer reflexionar a la comunidad internacional sobre qué tipo de acciones puede verse en la necesidad de emprender llegado el momento. 
La seguridad mundial requiere una atenta reflexión, respeto a la legalidad y valor cuando llegue la hora de tomar una decisión. 
, Con el desarrollo de sus programas de armamento nuclear, Corea del Norte e Irán han adoptado un enfoque que demuestra un menosprecio del Derecho internacional y de los acuerdos que han suscrito, con consecuencias claramente negativas para la paz mundial y la estabilidad política. 
Semejante comportamiento, que roza la beligerancia en algunos casos, exige una respuesta firme y unida por parte de la Unión Europea. 
Lo cual no significa limitarse a condenar la actitud de quienes incumplen los acuerdos, sino también desarrollar, con urgencia, todos los esfuerzos para conseguir que los gobiernos de Corea del Norte e Irán regresen a la mesa de negociación, con la advertencia de que en caso contrario serán objeto de sanciones económicas y políticas. 
La Unión Europea también debería realizar un análisis previo de las consecuencias para Europa –desde el punto de vista político y económico, en particular– de la posibilidad de que Irán y Corea del Norte posean armamento nuclear. 
Finalmente, pienso que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían hacer frente común en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de 2005 y exhortar a la comunidad internacional a que refuerce los programas destinados a evitar la propagación de los materiales nucleares y de la tecnología y la pericia en este campo y a que adopte medidas para evitar que los terroristas o quienes les ofrecen refugio tengan acceso a armas de destrucción masiva y a sus componentes. 
Por mi parte, he votado a favor. 
Aunque apoyamos un Tratado de No Proliferación sólido y medidas para reducir los programas nucleares de Corea del Norte e Irán, nos hemos abstenido en esta resolución porque no estamos de acuerdo con los siguientes apartados en particular: 
apartados 10 y 19- creemos que las fuerzas convencionales por sí solas no pueden asegurar una disuasión creíble, que las armas nucleares contribuyen como ninguna otra a hacer que el riesgo que acarrearía una agresión contra el Reino Unido y sus aliados sea incalculable e inaceptable y, por consiguiente, siguen siendo esenciales para preservar la paz; 
apartado 15- no estamos de acuerdo en que la UE desempeñe un papel en la coordinación de la inteligencia; 
apartado 17- creemos que la presencia de las fuerzas nucleares y convencionales de los Estados Unidos en Europa siguen siendo vitales para la seguridad del continente y por consiguiente sería un error pedir a «los Estados Unidos que precisen la cantidad y los objetivos estratégicos de su arsenal de armas nucleares tácticas estacionadas en bases europeas»; 
apartado 18- Israel no ha declarado que posea armas nucleares, y por ello no procede incluir a Israel en este contexto; 
apartado 31- los Estados Unidos no han declarado que «no tiene intención de emprender ninguna acción militar preventiva contra Irán» y sería un error descartar cualquier opción en este momento. 
Acogemos con satisfacción la evolución de un Líbano pacífico y democrático como una parte importante de un Oriente Próximo democrático y en paz. Nos complace observar que países europeos individuales están asumiendo su responsabilidad y contribuyendo al proceso de paz, pero nos oponemos a las constantes tentativas de ampliar el papel de la política exterior y de defensa de la Unión Europea. 
Esta evolución implicaría que la Unión Europea absorbería unos recursos que las Naciones Unidas podrían administrar mejor y a la larga debilitaría a la comunidad mundial. 
Es necesario examinar la reciente evolución de los acontecimientos en el Líbano en el contexto del deterioro de la situación en Oriente Próximo, donde ha habido una escalada en la interferencia y la intervención y ocupación militar por parte de los Estados Unidos y sus aliados, en un intento de asegurarse el dominio sobre la región y sus recursos esenciales, mediante la aplicación de su «Iniciativa para el Gran Oriente Medio». 
Además, en este contexto de crecientes presiones y amenazas de los Estados Unidos contra algunos países de dicha región, como Siria e Irán –para lo cual han intentado contar con el apoyo de Francia y Alemania en las recientes cumbres de la Unión Europea y de la OTAN–, se están intentando justificar aventuras peligrosas y una escalada de desestabilización de la región y del Líbano en particular, y socavar la unidad nacional de dicho país y la aplicación del Acuerdo de Taif. Lo cual podría tener graves consecuencias. 
La resolución escamotea el problema fundamental, la «causa primera» , a saber, la contribución de los Estados Unidos y de Israel –que está ocupando militarmente territorios palestinos, sirios e incluso libaneses– al agravamiento de la situación en Oriente Próximo. 
Por consiguiente, no estamos de acuerdo con el enfoque global de la resolución. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo apoya la resolución sobre la situación en el Líbano, especialmente su insistencia en la importancia de unas elecciones parlamentarias libres, democráticas y transparentes, en la necesidad de una retirada completa y urgente de las fuerzas y de la inteligencia sirias y en las esperanzas de reforma y su expansión por todo Oriente Próximo en sentido amplio. 
No obstante, es importante aclarar que el ala militar de Hezbolá ya se encuentra clasificada como organización terrorista por parte de Reino Unido, mientras que el ala política es objeto de revisión constante. 
Hezbolá representa un apoyo público significativo en el Líbano, y nuestra esperanza debería ser que Hezbolá rechazara el terrorismo y se integrara en el proceso político. 
. –Nuestra Asamblea acaba de aprobar una resolución que reclama la retirada de las tropas sirias del Líbano. 
Es un paso positivo, pero no va suficientemente lejos. 
El restablecimiento de la independencia libanesa pasa también por el retorno al país de los libaneses expulsados de sus tierras y por la liberación de todos los presos políticos, entre los cuales destaca Samir Geagea. 
Por otra parte, la mayoría de los diputados que han votado a favor de este texto que defiende la soberanía del Líbano son los mismos que pretenden desmantelar la soberanía de nuestras naciones en la Europa de Bruselas. Una Europa sin fronteras, abierta a la inmigración del mundo entero. 
Ahora bien, el Líbano perdió su soberanía a resultas de una inmigración masiva. 
La llegada a comienzos del decenio de 1970 de cientos de miles de palestinos rompió el equilibrio demográfico entre musulmanes y cristianos en detrimento de los últimos, que se convirtieron en una minoría en su propio país. 
La guerra civil que siguió sirvió de pretexto a Siria para ocupar el Líbano y poner fin a su soberanía. 
La presencia hoy de 500 000 inmigrantes sirios hipoteca gravemente el retorno a la independencia del país. 
El desastre del Líbano nos lo demuestra: desgraciado el país que pierde su identidad y su soberanía. 
. –Hemos votado categóricamente en contra de la segunda parte del apartado 6. 
Nos negamos a hacer una distinción entre el ala política y el ala militar de un movimiento terrorista, a saber, Hezbolá. 
Y lamentamos amargamente que se haya retirado la enmienda que pedía a la Unión que incluyera dicho movimiento en la lista de organizaciones terroristas. 
Este Partido de Dios, cuya carta fundamental preconiza la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de una República islámica en el Líbano; este Hezbolá, cuyo emblema es una ametralladora y cuya divisa la victoria única de la congregación de Alá. 
¿Puede este movimiento, responsable de atrocidades, de secuestros de aviones y de personas, de torturas y de asesinatos demasiado numerosos para detallarlos, no es una organización terrorista? 
Por supuesto que sí, y todos lo sabemos. 
La verdadera cuestión, que divide al Consejo, es saber si conviene decirlo. 
Nos parece que el texto previsto era suficientemente claro para no cortar los lazos. 
El Parlamento Europeo no es la cámara de resonancia del Consejo. 
Acaba de privarse de una ocasión para enviar una señal política clara a todos aquellos que en el mundo combaten contra nuestros valores de democracia y libertad. 
Los acontecimientos más recientes en Oriente Próximo y el modo en que ha ido evolucionando la situación en esa parte del mundo –en parte, hay que decirlo, debido a la intervención militar en Iraq– nos ofrecen motivos de esperanza, aunque sean moderados. 
Junto con sucesos trágicos como el asesinato del antiguo Primer Ministro libanés o los reiterados ataques en Iraq, existen, de hecho, señales de que comienzan a perfilarse nuevas soluciones para los problemas del Oriente Próximo, que indican la posibilidad de una futura estabilidad, paz y democratización en la región. 
En este contexto y con el telón de fondo de la marejada de protestas contra dicho asesinato, ha llegado el momento de exigir a Siria que acate los deseos de la comunidad internacional y se retire por completo del Líbano, a fin de permitir la celebración de elecciones normales en dicho país. 
Además, también es hora de que la Unión Europea reconozca lo que es evidente desde hace mucho tiempo e incluya a Hezbolá en la lista de grupos terroristas. 
, El Líbano ha sido durante largo tiempo escenario de un enfrentamiento entre las principales potencias en Oriente Próximo y todo su tejido social se ha visto afectado a causa de su localización geográfica. 
El más reciente de una larga lista de actos de violencia que se remonta a la antigüedad ha sido el deplorable asesinato del antiguo Primer Ministro Hariri, el cual demuestra cuánto camino queda por recorrer antes de que el Líbano pueda alcanzar la estabilidad y también el grado de incertidumbre que pende sobre las presentes elecciones. 
Para acabar con este estado de cosas, considero esencial que la comunidad internacional no se ande con rodeos frente a quienes financian, fomentan e incitan al terrorismo. 
Limitarse a tolerar el terrorismo no es una buena política. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción la retirada de las tropas sirias, pero me siento obligado a condenar la relación que ha mantenido dicho país con Hezbolá y el modo en que ha interferido, directa o subrepticiamente en los asuntos internos del Líbano, un Estado soberano. 
Mientras no dispongamos de pruebas irrefutables de que dicha interferencia ha cesado y de que se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales, creo que la Unión Europea poco va a ganar estrechando las relaciones con Siria. 
También considero que se debería incluir a Hezbolá en la lista europea de organizaciones terroristas, con todo lo que ello implica. 
Me he abstenido en la votación sobre Hezbolá porque todas «las medidas necesarias» contra las actividades terroristas supondrían la inclusión de Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas. 
El Partido Verde sueco se opone a dicha lista porque no está basada en criterios objetivos, no es posible apelar contra las decisiones y no se reconoce ningún derecho a aquellos cuyos nombres se añaden a la lista. 
Hezbolá cuenta con muchos parlamentarios y activistas civiles y una lucha generalizada contra todas las partes de dicha organización no resolverá la compleja situación relativa a su estatuto en el Líbano. 
Nos hemos abstenido en la votación de la petición de que la Comisión defienda la propuesta de que el presupuesto de la Unión Europea se fije significativamente por encima del 1 % del PIB. 
Queremos conceder prioridad a la Estrategia de Lisboa, dentro de la cual la investigación constituye una parte importante. 
Sin embargo, en las circunstancias actuales, es demasiado pronto para comprometernos a que el presupuesto de la Unión se fije en un nivel determinado. 
El informe se ocupa de un tema muy importante para el futuro de la investigación, el conocimiento y la innovación en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, que se puede resumir centrando la atención en tres aspectos: 
-Para mejorar el nivel de la investigación es necesario aumentar la financiación. El presupuesto del Sexto Programa Marco representa solo el 5,4 % del gasto público total en investigación en Europa, lo cual hace inviable la creación de un Espacio Europeo de la Investigación. 
La financiación del futuro programa es esencial, pero todavía no se conoce el montante definitivo de las perspectivas financieras de la Unión. 
La ponente pide que se duplique el presupuesto, lo cual parece lógico. 
-Es necesario modificar en diversos aspectos el contenido del próximo Programa marco con respecto al actual, pero no exactamente como propone el informe. 
La investigación debe apoyar la innovación, pero no se debe reorientar exclusivamente hacia la mejora de la competitividad, como se hace en las directrices de la Comisión, siguiendo al informe de Wim Kok. 
-Es necesario prestar mayor atención a las condiciones de trabajo de todas las personas que se dedican a la investigación. 
La ponente afirma que la Unión Europea necesita contar con 700 000 nuevos investigadores antes de 2010 para poder cumplir el objetivo de invertir el 3% del PIB en investigación. 
Esto requiere una inversión adecuada en recursos humanos con objeto de poder producir más investigadores. 
La investigación es un ámbito esencial para el éxito a largo plazo de la Unión Europea desde el punto de vista de la innovación y la competitividad. 
Por consiguiente he votado a favor del informe sobre las orientaciones para la futura política de apoyo a la investigación de la Unión Europea. 
Solo será posible crear el Espacio Europeo de Investigación si se incrementa el apoyo financiero de la Unión a la misma, en el contexto de una mejor coordinación entre las políticas de investigación europea, nacional y regional. 
Por esto apruebo sin reservas la propuesta de que se duplique el presupuesto para el Séptimo Programa Marco. 
La Unión Europea necesita contar con 700 000 nuevos investigadores con la competencia adecuada antes de 2010 para poder cumplir el objetivo de invertir el 3% del PIB en investigación y desarrollo tecnológico. 
Para alcanzar este objetivo es esencial mejorar el atractivo de Europa para los investigadores y científicos, suscitar un nuevo entusiasmo por la ciencia entre los jóvenes, fomentar la participación de las mujeres y promover las carreras científicas y la movilidad de los investigadores. 
Finalmente, quisiera destacar que los Estados miembros elegibles para el apoyo de los Fondos estructurales deberían dedicar una parte significativa de dichos recursos a la superación de sus desventajas en el campo de la investigación. 
Acojo con satisfacción la insistencia que se hace en este informe en alcanzar los objetivos de Lisboa por varios medios. 
Es esencial mejorar las condiciones marco para la investigación científica privada, puesto que se estima que la UE necesita 700 000 nuevos investigadores debidamente cualificados para 2010 si deseamos alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D). 
Además, para alcanzar este objetivo, dos tercios de la inversión en investigación deberían proceder del sector empresarial. 
El informe Kok sobre la Estrategia de Lisboa también especifica que el «aumento del atractivo de Europa para los investigadores y científicos» y «el otorgamiento de la máxima prioridad del I+D» deben incluirse entre los ámbitos políticos que requieren medidas urgentes. 
Estoy de acuerdo con el informe en que hacer que Europa sea más competitiva requiere recursos financieros adecuados. 
Debería haber una colaboración suficiente a escala europea y nacional para asegurar una calidad uniforme de los proyectos financiados. 
También acojo con satisfacción el llamamiento a incrementar el apoyo al I+D y la innovación en energías renovables tras la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables (Bonn, junio de 2004). 
He votado a favor del informe de la señora Locatelli (A6-0046/2005) sobre la ciencia y la tecnología –Orientaciones para la futura política de apoyo a la investigación de la Unión Europea– porque soy partidario de unas políticas de investigación sólidas y eficaces para Europa. 
Soy muy consciente de la dificultad de alcanzar los objetivos marcados en la estrategia de Lisboa y, en consecuencia, continúo apoyando una política de investigación y desarrollo de la Unión Europea como uno de los instrumentos principales para promover el crecimiento y la competitividad de Europa. 
La creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI) es fundamental en este contexto, como también lo es lograr una continuidad en la planificación de los programas de investigación. 
El objetivo de mejorar la competitividad de Europa requiere fondos para la investigación. 
Por consiguiente, es necesario desarrollar en el futuro las nuevas estrategias encaminadas a crear empresas dispuestas a cooperar con las instituciones regionales y también con las universidades. 
Es importante que las universidades asuman un papel emprendedor y faciliten, así, la interacción entre la investigación y la industria. 
Finalmente, acojo con satisfacción las propuestas de que se destinen recursos de los Fondos Estructurales a apoyar acciones de I+D a escala regional y de una «etiqueta de excelencia europea». 
Como manifesté ayer, igual que existe un consenso sobre los objetivos de Lisboa, también existe el reconocimiento general de que es urgentemente necesario que adoptemos una actitud distinta, firme y valiente. 
Y permítanme que añada otro calificativo: creativa. 
El Informe Kok sobre la Estrategia de Lisboa afirmaba que es necesario mejorar el atractivo de Europa para los investigadores y científicos. 
Muchísimas fuentes de información y estadísticas indican, en efecto, que Europa ha venido sufriendo una enorme sangría de sus mejores científicos e investigadores. 
Es importante frenar dicha sangría. 
También es importante intentar alcanzar el objetivo del Espacio Europeo de Investigación mediante acciones prácticas, como puede ser un aumento de las transferencias de tecnología, especialmente a las pequeñas y medianas empresas; un uso cabal y eficiente de los Fondos estructurales para apoyar la investigación y el desarrollo a escala regional; prestar especial atención a la interdisciplinariedad en el ámbito de la formación; consolidar el papel y la responsabilidad de las universidades en la Europa del conocimiento; promover la movilidad de los investigadores fomentando y facilitando la reagrupación familiar; alcanzar el objetivo del 3 % del PIB para I+D; financiación y diseminación de polos de innovación, como el Instituto Europeo de Investigación propuesto; dotación de la enseñanza primaria y secundaria de instrumentos tecnológicos que fomenten la investigación; e impulsar campañas de información sobre «historias de éxito». 
En pocas palabras, «dejar las lamentaciones». 
Por mi parte, he votado a favor. 
. –El apoyo de la Unión Europea a la investigación debe estar a la altura de los objetivos definidos en la Estrategia de Lisboa. 
Por esta razón, he apoyado de todo corazón este ambicioso informe. 
Un país como Bélgica debe seguir el ejemplo de algunos de sus vecinos europeos que se han atrevido a apostar por la investigación científica. 
En este sentido, Finlandia es un modelo a seguir. 
Con un 3,5 % del PIB dedicado a la investigación, supera ya el objetivo del 3 % fijado por la UE para 2010. 
Los resultados de Finlandia son elocuentes. 
El número de doctorandos formados cada año se ha duplicado en diez años y el país ha pasado a tener 26 000 investigadores más en el mismo lapso de tiempo (+50 %). 
También debemos hacer que cambien las mentalidades. 
En promedio, un joven investigador europeo que trabaja en los Estados Unidos disfruta de una subvención a la de investigación 2,5 veces más alta que en Europa. 
Para contener la fuga de cerebros es preciso que Europa sea más atractiva para los mejores investigadores y promover carreras científicas para nuestros jóvenes. 
Quedan por hacer progresos considerables en ámbitos como la sanidad pública, el medio ambiente o las altas tecnologías. 
En relación con el apartado 44, el mayor problema medioambiental del mundo es el recalentamiento del planeta. 
La Unión Europea ha firmado el Protocolo de Kyoto, que tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
La expansión de la energía nuclear constituye uno de los medios más importantes para reducirlas. 
Por consiguiente, quisiera apoyar la investigación de la Unión en el ámbito de la energía nuclear en todos sus aspectos. 
Sin embargo, no apoyo la investigación de la Unión en materia de defensa. 
Es un ámbito en el que los países deben decidir por su cuenta o establecer acuerdos entre ellos. 
Mis colegas conservadores británicos y yo vamos a votar a favor de este informe, pero con una salvedad importante. 
Ninguno de nuestros votos debería interpretarse como un apoyo al aumento de los presupuestos generales de la UE. 
Respaldamos la creación de una línea presupuestaria suficiente para apoyar la financiación de LIFE para la protección de la naturaleza y la biodiversidad, que consideramos que no estará suficientemente protegida o financiada al amparo de los planes actuales de la Comisión. 
Es esencial que, ahora que hemos creado la red Natura 2000, estemos dispuestos a encontrar el dinero para continuar financiándola cuando sea necesario. 
. –He votado en contra del informe Auken porque considero que no podemos comprometer las futuras perspectivas financieras fijando de antemano los gastos para un único ámbito de la política medioambiental. 
La protección de nuestro medio natural solo se puede conseguir mediante una auténtica cooperación entre los organismos encargados de la protección de la naturaleza y los agricultores y, por consiguiente, la propuesta de la Comisión no debe poner en peligro dicha cooperación. 
Son los agricultores quienes, a lo largo y a lo ancho de toda Europa, se encargan de garantizar que la naturaleza esté al alcance de todos y también de producir alimentos saludables. 
Nuestros agricultores tienen muy claro qué se espera de ellos y cultivan conforme a las mejores prácticas. 
Por esto debe existir la seguridad de que la Unión Europea también va a financiar los requisitos adicionales exigidos para los hábitats naturales de fauna y flora; «quien hace el encargo, también debe pagar la factura». 
No es aceptable que Natura 2000 se financie en detrimento de otras medidas a favor de la agricultura y del medio ambiente o de otros programas de desarrollo rural. 
Todavía quedan muchos aspectos por resolver. 
Las acciones concretas que se van a desarrollar en las zonas designadas se deben decidir a escala regional en primer término. 
Es importante que se disponga de recursos para financiarlas. 
Los recursos destinados exclusivamente a la gestión y organización de las zonas de la red Natura 2000 deben ser mínimos. 
Tenemos que procurar que no se genere una burocracia adicional. 
En vez de invertir dinero en gestión, burocracia y administración, se deben financiar proyectos eficientes, favorables para el medio ambiente y que consigan resultados tangibles. 
El deseo de la Unión Europea de garantizar el mantenimiento de la diversidad está justificado y también resulta beneficioso en una sociedad cada vez más urbanizada, donde las zonas rurales están quedando abandonadas y la industrialización y la construcción están ocupando espacios considerados tradicionalmente como «naturales». 
Una sociedad que abandona sus campos, sus bosques y sus zonas rurales no solo está reduciendo la diversidad, sino también su capacidad de sacar el debido partido de los recursos naturales, mientras fomenta, en cambio, la concentración urbana y el predominio de las grandes ciudades, a la vez que disminuye la calidad general de vida. 
Nuestro objetivo fundamental no debería ser la defensa de la biodiversidad como un fin en sí misma, sino la protección de un modelo de desarrollo que permita gozar a la población de la mayor calidad de vida posible, lo cual solo será posible si se protege y se mantiene el espacio ««natural». 
, El medio ambiente merece una atención prioritaria a escala mundial, especialmente a la vista del crecimiento registrado en los últimos decenios y de su impacto negativo para el mundo, combinado con la necesidad de un desarrollo sostenible. 
Más concretamente, el tema que hoy nos ocupa es el de la biodiversidad en todo el mundo, que se ha ido reduciendo de manera progresiva durante los últimos decenios. 
La red Natura 2000, que tiene como objetivo proteger la naturaleza y la vida animal y sus hábitats, en particular, nos brinda una oportunidad única para combatir la citada pérdida de biodiversidad en Europa. 
Somos directamente responsables de ello. 
Por mi parte, concedo una gran importancia a la disponibilidad de niveles adecuados de financiación, junto con un incremento del apoyo y una consideración especial, con el fin de que se pueda alcanzar el objetivo fundamental. 
La Unión Europea ya se ha comprometido, evidentemente, a cumplir el principio del Proceso de Cardiff relativo a la integración de las consideraciones medioambientales en todos los ámbitos políticos clave y en su propia Estrategia de Desarrollo Sostenible. 
El informe que hoy se debate propugna la responsabilidad compartida entre la Comunidad y los Estados miembros. 
La financiación europea debe cubrir, por consiguiente, tanto las zonas designadas como sus actividades de gestión. 
Sobre todo, esta estrategia contribuirá, gracias a las actividades asociadas a ella, a dar un impulso a la economía rural y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Por mi parte, he votado a favor. 
– Los diputados laboristas han votado en contra de esta resolución por una serie de razones. 
En primer lugar, pensamos que es perjudicial para las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio porque merma la seriedad de nuestro compromiso con una reforma genuina del sistema mundial. 
Hemos votado en contra de esta resolución porque pensamos que es perjudicial para los agricultores: los agricultores necesitan seguridad por encima de todo, y esta resolución no la aportaría. 
Hemos votado en contra de esta resolución porque pensamos que es perjudicial para la industria alimentaria europea: medio millón de puestos europeos dependen de industrias que utilizan azúcar, y tendrán que soportar precios de azúcar más elevados que el resto de sus competidores en todo el mundo. 
Y hemos votado en contra de esta resolución porque pensamos que es perjudicial para el mundo en desarrollo. 
Seguiremos vedando mercados a los países en desarrollo que estos necesitan mucho. 
Esperamos que el Parlamento reconsidere su postura, y que cuando la Comisión presente su proyecto de resolución legislativa podamos celebrar un debate diferente y tener un enfoque distinto de esta cuestión, porque la resolución que vamos a aprobar hoy simplemente no resuelve los problemas del mercado europeo del azúcar. 
. El Pleno vota hoy sobre la organización común de mercados en el sector del azúcar, las subvenciones a las exportaciones de azúcar y el acceso de los países menos avanzados al mercado. 
En el debate entre agricultura y cooperación al desarrollo no se prestó suficiente atención a dos aspectos. 
El primero es el del azúcar y la salud pública. 
La diabetes se ha convertido en la primera enfermedad pública. 
Es una enfermedad con síntomas y efectos debilitadores y también con un alto coste social y económico. 
Además, el consumo de azúcar es un factor importante en la obesidad, que también constituye un problema de salud pública cada vez mayor. 
La Unión Europea anunció acertadamente su intención de luchar contra la obesidad y la diabetes, en cooperación con la OMS. 
Es necesario reducir el consumo de azúcar e invertir la tendencia al descenso del consumo de frutas y verduras; por lo tanto, resulta inconcebible que esta Asamblea se declare a favor de un bajo precio del azúcar y no se dedique ni siquiera un céntimo a subvencionar las frutas y las verduras. 
Si en efecto queremos otorgar subvenciones agrícolas y mantener bajos los precios, deberíamos hacerlo a favor de productos saludables. 
El segundo aspecto es la Estrategia de Lisboa. 
La Unión Europea aspira a convertirse en la economía más dinámica e innovadora en un plazo de cinco años. 
Todo debería estar orientado hacia ese fin y también se deberían liberar recursos suficientes para dicho objetivo. 
La Asamblea ha pronunciado bellas palabras al respecto esta misma semana. 
Resulta difícil apreciar de qué modo pueden contribuir las subvenciones a las exportaciones de azúcar a la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Europa debe conceder pleno acceso al mercado a los agricultores de los países en desarrollo. 
Apoyo plenamente las enmiendas en este sentido. 
Huelga decir que es preciso establecer un plan razonable para los agricultores y trabajadores europeos del sector azucarero, pero mantener a largo plazo el apoyo a un producto insano y a un sector que se resiste bastante a la innovación no es coherente con lo anterior. 
Tenemos que acabar con este absurdo lo más pronto posible. 
Esto solo ya es motivo suficiente para votar en contra de la propuesta de resolución. 
Sabemos que se ha alegado que las actuales disposiciones relativas al sector del azúcar distorsionan el mercado, generan un aumento de los precios de consumo y tienen una repercusión negativa en el mercado mundial, sobre todo para los países en desarrollo. 
Estas acusaciones impulsaron a la Comisión a presentar, en julio de 2004, una propuesta de reforma de la organización común de mercados para el sector del azúcar, basada en una reducción de precios en dos etapas escalonadas a lo largo de tres años, del 37 % en el precio garantizado y del 33% en el precio institucional; en la supresión del precio de intervención, que en estos momentos es tres veces superior al del mercado mundial; y en la supresión de la intervención pública, que se substituirá por un sistema de reservas privadas. El precio de intervención se va a reemplazar por un precio de referencia. 
El único apoyo previsto es la introducción de una compensación de ingresos en forma de un pago disociado a los productores de remolacha azucarera que compense parcialmente –por un montante del 60% del total– la pérdida de ingresos derivada de la reducción de precios, junto con la introducción de posibles transferencias de cuotas entre operadores de diferentes Estados miembros. 
No podemos aceptar estas propuestas y por esto presentamos varias enmiendas. Lamentablemente, no todas fueron aprobadas. 
Apoyamos una reforma radical del mercado del azúcar de la Unión Europea con el objetivo de que este se liberalice lo más pronto posible y se ofrezca a los terceros países productores de azúcar la posibilidad de competir bajo condiciones equitativas. 
Puesto que todas las enmiendas a la propuesta de resolución del Parlamento presentadas con este objeto por el señor Van den Berg y otros fueron rechazadas, la resolución no va a abordar el problema del mercado comunitario del azúcar siguiendo esta orientación. 
Por esto hemos votado en contra. 
Considero sumamente importante una reforma de la política agraria de la Unión, incluida la organización de mercados en el sector del azúcar. 
El sistema actual cuesta mucho dinero. 
Además, las elevadas subvenciones agrícolas hacen que los productos de la Unión se vuelquen sobre el mercado mundial, a veces con graves consecuencias para los países en desarrollo. 
El Parlamento Europeo ha votado hoy una resolución presentada tras una pregunta oral formulada por los señores Daul y Fruteau. 
He optado por votar en contra de la resolución en su totalidad porque está encaminada principalmente a mantener la situación actual. 
Los productores de azúcar de determinados países en desarrollo también se verán afectados por la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar. 
El sistema actual no es del todo desfavorable para ellos. 
Sin embargo, su situación no se remediará con una reforma menos profunda del mercado del azúcar. 
En vez de ello, se debería ayudar a dichos países a través de otras medidas, como un aumento de la cooperación al desarrollo y del apoyo técnico al comercio. 
Los conservadores británicos apoyan la pregunta oral y la resolución sobre la organización común del mercado del azúcar. 
Es necesario reformar el mercado del azúcar a fin de ajustarlo a la reforma de la PAC. 
No obstante, hay que dar tiempo a la producción de azúcar en la UE, los países ACP y los PMA para adaptarse a una situación de mercado abierto. 
Nos decepciona que el informe no apoye la transferencia transfronteriza de cuotas dentro de la UE, que permitiría a los productores de azúcar de Europa ser más eficientes y competitivos. 
La presente propuesta de resolución sobre la organización común de mercados en el sector del azúcar fue, en último término, el resultado de un compromiso que garantiza los intereses nacionales esenciales y tiene en cuenta, en particular, la reducción del mercado de la remolacha azucarera actualmente en curso en Portugal. Lo más grave del caso es que, en caso contrario, los perjuicios recaerían sobre una región ultraperiférica como las Azores, cuyo desarrollo económico ya sufre diversas restricciones. 
, Mi reserva principal con respecto a la reforma del sector del azúcar se refiere sobre todo a la profunda reducción de las cuotas de producción de remolacha azucarera que prevé la propuesta de la Comisión. 
Igual que las organizaciones de productores y algunos países europeos, considero que una medida como esta conducirá a una concentración de la producción de remolacha azucarera en solo un pequeño número de Estados miembros. 
Pienso que la producción debería continuar estando repartida por toda la Comunidad, no solo por razones medioambientales y económicas, sino también porque de lo contrario existe el riesgo de que se pierdan millares de puestos de trabajo, que será difícil reemplazar, con los consiguientes costes sociales inevitables. 
A mi modo de ver, es esencial que la reforma prevista de la organización común de mercados en el sector del azúcar garantice unos niveles de precios que aseguren una remuneración adecuada tanto para los productores comunitarios como para los proveedores de los países en desarrollo, sin caer en la tentación de alterar el equilibrio existente en el sector del azúcar. 
En caso contrario, considero que se causará un grave daño no solo a los productores comunitarios, que sufrirán una reducción drástica de sus ingresos, sino también a los consumidores que, como ocurrió con anteriores reformas, ni siquiera se beneficiarán de una reducción del precio del azúcar, la cual se disipará por completo a través de los mecanismos del mercado. 
Por mi parte, he votado a favor. 
El Parlamento Europeo ha votado hoy una resolución presentada tras una pregunta oral formulada por los señores Daul y Fruteau. 
He optado por votar en contra de la resolución en su totalidad porque está encaminada principalmente a mantener el statu quo. 
Considero sumamente importante una reforma de la política agraria de la Unión, incluida la organización de mercados en el sector del azúcar. 
El motivo es, en parte, que el sistema actual les cuesta mucho dinero a los contribuyentes de la Unión y, en parte, que las elevadas subvenciones agrícolas actuales hacen que los productos comunitarios invadan el mercado mundial con graves consecuencias para las posibilidades de producción y de exportación de los países en desarrollo. 
La reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar no solo va a afectar a los productores de azúcar europeos, sino también a los de ciertos países en desarrollo, para los cuales el sistema actual no resulta del todo desventajoso. 
Sin embargo, su situación no se remediará con una reforma menos profunda del mercado del azúcar. 
En vez de ello, se debería ayudar a dichos países a través de un aumento de la cooperación al desarrollo y del apoyo técnico al comercio, basado quizá en los recursos liberados en el contexto de la reforma del mercado del azúcar. 
Por último, es importante que se conceda a dichos países un período de transición adecuado que les permita adaptarse a la nueva situación. 
En nombre del Partido Laborista del Parlamento Europeo (EPLP) quisiera señalar por qué no vamos a votar a favor de la resolución Fruteau/Daul. 
Esta resolución es consecuencia de una pregunta oral de la Comisión de Agricultura, y su propósito es expresar una postura de hecho del Parlamento Europeo sobre el azúcar anticipándose a las propuestas legislativas de la Comisión. 
Las Comisiones de Desarrollo, Comercio, Presupuestos, Consumidores y Medio Ambiente están todas ellas afectadas por esta compleja cuestión. 
Necesitamos una reforma del sector del azúcar, no solo debido a las presiones de la OMC, sino también porque necesitamos un sector alimentario competitivo en la UE para mantener el empleo y una industria viable. 
Necesitamos un mercado único del azúcar como es debido, que esta resolución no aborda. 
Necesitamos ayudar a los países menos avanzados permitiéndoles el acceso a los mercados de la UE, pero esto debe debatirse a fondo, no definirse mediante una resolución oral. 
Necesitamos apoyar a la Comisión en sus esfuerzos por ajustar este complejo sector a otras reformas de la PAC, no discutir para mantener la situación actual. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Declaración de la Comisión sobre la situación en el Tíbet. 
. Señor Presidente, la situación en el Tíbet continúa ocupando un lugar de primer orden en la agenda de las relaciones de la Unión Europea con China relativa a los derechos políticos y humanos. 
La conservación de la identidad cultural, religiosa y lingüística del pueblo tibetano y, en particular, las condiciones restrictivas impuestas por las autoridades centrales al ejercicio de la libertad religiosa en la región autónoma del Tíbet preocupan a la Unión Europea. 
Algunos monjes tibetanos fueron sentenciados hace poco, bajo la acusación de poseer retratos del Dalai Lama. 
Hemos tenido noticias de que algunos fueron detenidos y maltratados. 
Pese a nuestras continuas peticiones, todavía estamos esperando recibir información sobre el paradero de Gedhun Choekyi Nyima, designado por el Dalai Lama como undécimo Panchen Lama. 
Hemos aprovechado todas las oportunidades para plantear de manera periódica estas preocupaciones a nuestros interlocutores chinos. 
Lo hemos hecho al máximo nivel político, por ejemplo en la séptima Cumbre bilateral celebrada en La Haya el 8 de diciembre de 2004 y con frecuencia también en el marco del diálogo bilateral en curso relativo a los derechos humanos. 
En la última sesión de dicho diálogo, celebrada en Luxemburgo el 24 y 25 de febrero de 2005, se volvió a tratar ampliamente este tema. 
También hemos planteado ante las autoridades chinas la situación individual de algunos tibetanos, así como la de personas de toda China, condenados por haber expresado libremente sus opiniones o creencias. 
El caso de Tenzin Deleg Rinpoche ha llegado a ser emblemático. 
Compartimos plenamente la opinión del Parlamento Europeo, expresada en el mes de enero en una resolución sobre el Tíbet y vamos a continuar instando a las autoridades chinas a que liberen cuanto antes al citado monje. 
Esperamos que pronto se pueda alcanzar una solución compatible con la soberanía china y con el respeto hacia la población tibetana. 
A nuestro parecer, para lograr este objetivo último no existe más alternativa que un proceso pacífico basado en el diálogo. 
Llevamos años instando a dicho diálogo y seguiremos haciéndolo. 
Por consiguiente, apoyamos plenamente las consultas que han tenido lugar durante los últimos años entre Pekín y los representantes del Dalai Lama. 
Acogemos con satisfacción la autorización del viaje a China de dos enviados especiales del Dalai Lama en septiembre pasado, el tercero desde que se reanudaron los contactos en septiembre de 2002. 
A su regreso de China, nos reunimos –como hemos hecho a menudo en el pasado– con uno de los dos enviados especiales del Dalai Lama y su valoración positiva de la visita nos animó. 
Consideramos que se han realizado progresos en la reducción de la brecha entre las respectivas posiciones actuales. 
Confiamos en que esta evolución favorezca el inicio de un diálogo significativo y directo entre Pekín y el Dalai Lama, que conduzca al reconocimiento de una verdadera autonomía para la región tibetana. 
Estamos firmemente convencidos de que solo este diálogo directo puede conducir a una solución duradera del problema tibetano. 
A nuestro parecer, el inicio de un diálogo directo no debería estar sujeto a ninguna condición previa. 
Por otro lado, las partes correspondientes deberían abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer la instauración de un clima de confianza, que parece indispensable para poder alcanzar una solución. 
Por nuestra parte, condenaríamos bajo cualquier circunstancia el recurso desde cualquier sector a la violencia como solución al problema del Tíbet. 
La Comisión estaría dispuesta, desde luego, a participar de manera más intensa en la búsqueda de una solución si así lo deseasen las partes más afectadas. 
Sin lugar a dudas, continuaremos prestando la máxima atención a la situación en el Tíbet y presionado para que se establezcan unas condiciones que permitan el pleno ejercicio de sus derechos políticos, religiosos y culturales fundamentales por parte de los tibetanos y la conservación de la identidad cultural del Tíbet. 
. Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero expresar nuestro agradecimiento a todos –incluido usted, señor Comisario Kallas– los que han apoyado nuestra petición de celebrar un debate sobre un país cuyos ciudadanos nos necesitan a su lado más que nunca. 
Hace hoy cuarenta y seis años, en Lasa, las tropas chinas aplastaron las pacíficas protestas de los tibetanos contra la ocupación armada de su país, asesinando a 87 000 personas y deteniendo a otras miles. 
A día de hoy, más de un millón de tibetanos han muerto a causa del hambre, las torturas y las ejecuciones, y más de dos tercios de sus lugares sagrados, sus templos y sus monasterios, han sido sistemáticamente destruidos. 
Aunque el 10 de marzo es un día de duelo, es también un día de resistencia al silencio impuesto, a la vulneración de los derechos humanos y a la represión de su identidad cultural, religiosa y humana. 
Hoy, como todos los años, se están izando banderas tibetanas en todo el mundo, en 2 000 ciudades y municipios de la Unión Europea, entre ellas más de 650 solo en Alemania, mi país. 
Pasado mañana, en Berlín, nos uniremos a miles de defensores de los derechos humanos, entre los cuales hay cada vez más jóvenes y responsables políticos, para recordar a las víctimas ante la Puerta de Brandemburgo. 
Esta Cámara ha aprobado algunas resoluciones importantes que han infundido ánimos a los tibetanos, entre las que destaca el Informe Romeva sobre la exportación de armas, que instaba al Consejo a mantener el embargo sobre la venta de armas a China, un llamamiento respaldado por nuestra Resolución común sobre la Convención de los Derechos Humanos de Ginebra. 
Pasado mañana se reunirán en Pekín los 3 000 delegados del Congreso Nacional Popular de China. 
Van a aprobar una ley antisecesión con la que pretenden respaldar un posible ataque militar contra Taiwán. 
Respaldar esa confrontación, aunque solo sea indirectamente, es un error fatal e irreparable, como nosotros, señor Comisario, hemos repetido una y otra vez, pidiendo al mismo tiempo que se reanude el diálogo entre los representantes del Dalai Lama y las autoridades chinas. 
No basta con anunciar, justo antes de realizar importantes visitas de Estado, que se están manteniendo conversaciones, solo para demostrar, una y otra vez, que son infructuosas. 
En su mensaje con ocasión del aniversario del levantamiento popular, su Santidad el Dalai Lama ha manifestado su deseo de encontrar una solución que tenga en cuenta los intereses chinos, pero que también permita al pueblo tibetano vivir en paz, libertad y dignidad. 
El Intergrupo Parlamentario del Tíbet, compuesto por representantes de todas las familias políticas, seguirá trabajando para que los defensores de los derechos humanos, las ONG y los miembros de otros Parlamentos nacionales sean escuchados una y otra vez en esta Cámara. 
Para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo tibetano y con sus justas reivindicaciones, no hay día más apropiado que hoy, 10 de marzo. 
Así pues, quiero desear a todos los que nos vamos a sumar a la iniciativa de ondear su bandera en nuestras ciudades, localidades y parlamentos. «Tashi delek» – buena suerte. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, la política europea hacia China se basa en el diálogo político y en una verdadera comunicación en ambas direcciones. 
Solo gracias a esta comunicación podremos ayudar a nuestros amigos chinos en su transición hacia una sociedad abierta más respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
Esta comunicación bidireccional debe ser asimismo la piedra angular de nuestros debates sobre el Tíbet. 
El reciente caso de Tenzin Delek Rinpoche nos permitió hacer un llamamiento al Gobierno chino para que mejore las condiciones de los presos. 
Si China quiere desempeñar un papel más importante en el mundo, debe cumplir las normas internacionales en materia de detención, inclusive en el Tíbet. 
En particular, toda persona tiene derecho a un juicio justo y equitativo, internacionalmente reconocido como tal. 
Por ello, nos alegramos cada vez que se libera a presos de conciencia en el Tíbet. 
Les pedimos de nuevo la abolición de la pena de muerte. 
La Unión Europea ha conseguido erradicar la pena capital de su territorio. 
Esto representó una gran victoria para la humanidad y esperamos que China siga el mismo camino. 
Quisiéramos que hubiera una mejora continua de la situación de los derechos humanos en el Tíbet. 
Pedimos a China que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 
En efecto, todo el mundo debe poder expresar sus opiniones políticas libremente, sin amenaza de cárcel. 
La delegación interparlamentaria Unión Europea/China visitó el Tíbet hace dos años. 
Ese viaje fue muy aleccionador. 
Visitamos programas europeos y nos dimos cuenta de la importancia de nuestras relaciones con China y con la provincia autónoma del Tíbet. 
El Tíbet necesita electricidad, agua corriente y hospitales. 
Por otra parte, deseo que la Unión Europea pueda compartir su experiencia en materia de derechos de las minorías. 
Podríamos proceder a un intercambio de buenas prácticas sobre los derechos de las minorías a conservar su patrimonio y sus tradiciones, cosa muy necesaria cuando vemos el estado desfigurado de Lasa. 
Por último, alentamos a China a que prosiga el diálogo con los representantes del Dalai Lama. 
Este diálogo debe mantenerse a fin de encontrar en el plazo más breve posible una solución mutuamente aceptable sobre la cuestión del Tíbet. 
. Señor Presidente, está claro que China ha mostrado una conducta expansionista en las últimas décadas. 
Además, ha intentado fortalecer su posición a expensas de otros países y pueblos. 
Puedo presentar numerosas pruebas de ello. 
Permítanme que recuerde la anexión de parte de Cachemira a China, la guerra en el Himalaya entre China y la India y el ataque de China contra Vietnam en 1979. 
La intervención más atroz y vergonzosa de este tipo tuvo lugar antes y ya se ha mencionado en esta Cámara. 
Me refiero al sometimiento del Tíbet. 
En los últimos 50 años han tenido lugar muy pocos hechos como ese, y sus responsables nunca han salido indemnes. 
No se ha permitido que continuaran ese tipo de conquistas. 
Puedo recordar a la Cámara el caso de Timor Oriental o los casos de Kuwait e Iraq que tan bien conocemos. 
Las cosas salieron de manera distinta con China y el Tíbet. 
Se trata de un caso que va más allá de la mera conquista, puesto que China se ha entrometido a la fuerza en todos los aspectos de la vida de los tibetanos. 
Se han creado numerosos asentamientos chinos en el Tíbet, controlados desde luego por el Gobierno central. 
Los tibetanos no pueden encontrar trabajo en su propio país, porque todos los puestos de trabajo nuevos están reservados a los chinos. 
Se está destruyendo la identidad nacional del Tíbet y se está mermando su enorme patrimonio histórico. 
Evidentemente, los chinos pusieron en primera línea de fuego a la importante religión del Tíbet. Eso se evidencia por el tratamiento que recibió el Dalai Lama, y también por la desaparición del segundo representante religioso más importante, el Panchen Lama, que sigue en paradero desconocido. 
Además, se ha producido el adoctrinamiento sistemático de los monjes y monjas budistas. 
El proceso de lavado de cerebros concluye siempre de la misma forma. 
Las personas se ven obligadas a elegir entre firmar una declaración de ruptura con el Dalai Lama, o no volver a sus comunidades religiosas. 
El resultado ha sido que más de 12 000 monjes y monjas budistas se han visto expulsados de sus comunidades. 
Como bien sabe esta Cámara, hasta la simple posesión de una imagen del Dalai Lama es un delito punible. 
La intención de China es borrarle de la memoria colectiva del pueblo tibetano. 
Eso es una reminiscencia alarmante de las medidas adoptadas en Rusia cuando Bujarin, Trotsky y otros fueron borrados de las fotografías. 
En cuanto a la posición de que se trata de un asunto interno de China en el que nosotros no debemos inmiscuirnos, me vienen a la mente los argumentos aducidos por una persona juzgada por haber asesinado a sus padres y que rogó al tribunal una sentencia benévola habida cuenta de su orfandad. 
. Señor Presidente, gracias por la oportunidad que me ha dado hoy para volver a llamar la atención de esta Cámara sobre el problema del Tíbet, un problema que, para que pueda encontrar una solución definitiva, tiene que recordarse una y otra vez, sobre todo en un momento en el que la situación de los derechos humanos allí y en China se encubre y se deja de lado cada vez más ante el deseo de mejorar las relaciones económicas. 
Ha dicho usted, señor Comisario, que la Comisión se implicará siempre y cuando las dos partes se lo pidan. 
Pero para que eso ocurra, me temo que tendremos que esperar mucho tiempo, porque a China no le interesa demasiado que el Tíbet y su represión cultural sean objeto de debate y exposición públicos. 
A nosotros nos corresponde como Parlamento Europeo –y también a todas las delegaciones europeas que viajan a China– dejar claro que del Tíbet puede y debe depender que se estreche la cooperación entre Europa y China, tanto en términos de unas mejores relaciones comerciales como en términos del levantamiento de los embargos. 
Hagamos saber al Gobierno chino que los últimos ataques contra la religión tibetana son contraproducentes en lo que a esto se refiere. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al Comisario su respuesta a la pregunta. 
Como se ha dicho bien, los tibetanos se están viendo privados de sus derechos políticos y democráticos más básicos. 
Además, como vemos y llevamos viendo desde hace mucho tiempo, se está produciendo una destrucción sistemática de su patrimonio cultural y de su libertad de culto. 
El ejemplo que nos ha puesto el señor Comisario de los monjes encarcelados por poseer retratos del Dalai Lama, es solo un ejemplo más de lo absurda que es esa opresión. 
Como se sabe, la UE ha manifestado su opinión sobre esta cuestión en distintas ocasiones. 
La pregunta es: ¿basta con eso? 
Sería interesante que explicara con más detalles sus planes de futuro. 
¿Cómo va a aumentar la presión sobre China en lo que respecta a la cuestión del Tíbet? 
China se ha convertido en una gran potencia económica y política que está adquiriendo cada vez más importancia en la escena internacional. 
Pero no podemos andarnos con rodeos en lo que a China respecta. 
La evolución económica positiva no se ha acompañado para nada de una evolución democrática positiva. 
No se ve nada de eso en la actualidad. 
Por el contrario, la realidad es que el progreso económico de China se basa en parte en la negación sistemática de los derechos más básicos a sus propios trabajadores. 
Por tanto, nuestra política frente a China pone a prueba la credibilidad de la UE en materia de derechos humanos. 
Los intereses económicos rivalizan con la defensa de los derechos políticos y democráticos de los tibetanos y otros ciudadanos chinos. 
Pero la UE tiene que pasar con éxito esta prueba. 
Por tanto, sería bastante absurdo hacer lo que ahora se propone; es decir, levantar el embargo de armas sobre China. 
Esa medida enviaría dos señales diferentes al mismo tiempo. 
Habría una crítica verbal, pero al mismo tiempo sería una demostración práctica del deseo de mantener otro tipo de relación con China, restando importancia a la opresión ejercida por ese país. 
La UE tiene que adoptar una actitud más coherente. 
. Señor Presidente, Señorías, celebro que la Cámara haya planteado ahora la cuestión del Tíbet por tercera vez consecutiva en un corto espacio de tiempo, porque es una cuestión de suma importancia. 
Celebro también que la Comisión Europea se ocupe de esta cuestión, y quiero agradecer al señor Comisario su declaración. 
Pero quiero también dejar claro que no puedo aceptar una parte del contenido de esa declaración. 
Si he entendido bien las palabras del señor Onyszkiewicz, él tampoco la acepta. 
El Comisario parece haber dicho que este era un asunto interno de China. 
Lamento diferir. 
Este no es un asunto interno de China, y además todos sabemos que China vulnera los derechos humanos dentro de su propio territorio. 
Como ha dicho el señor Onyszkiewicz, se trata de un país conquistado por China, y estoy totalmente de acuerdo con él. 
Señor Comisario, se ha aventurado usted a sugerir que debe buscarse una solución compatible con la soberanía china y con el respeto de los derechos del pueblo tibetano. 
Eso no es fácil, puesto que los dirigentes chinos son insaciables en sus aspiraciones. 
No podemos ir más allá de asentir con lo que el Dalai Lama está dispuesto a consentir; es decir, que China pueda representar al Tíbet ante la comunidad internacional. 
El Tíbet tiene que gobernar sus propios asuntos internos. 
No se puede cuestionar su autonomía. 
Por tanto, me parece poco oportuno pedir un clima de confianza mutua. 
Lo que se necesita es un cambio en la actitud de China. 
El pueblo tibetano ha demostrado muy claramente que está actuando correctamente y contribuyendo a crear un clima de confianza. 
El hecho de que haya aceptado que China le represente en el extranjero es una prueba irrefutable de la confianza que depositan en ella. 
Hay que decir, no obstante, que el término confianza no es muy afortunado cuando se aplica a una nación conquistada y humillada. 
Señorías, tenemos que entender que en la conquista del Tíbet, China identificó la religión con los aspectos culturales y nacionales. 
El pueblo tibetano está siendo perseguido por esos tres motivos, y hay que poner fin a esa persecución. 
Tenía la intención de intervenir en nombre de los diputados no inscritos, pero difiero de mis colegas en mi deseo de agradecer mucho al Comisario Kallas su declaración. 
En mi opinión, la Comisión Europea tiene que encontrar su propia forma de abordar la cuestión del Tíbet. 
Probablemente la forma de la Comisión sea eficaz pero menos drástica que la nuestra. 
Creo que la Comisión ha presentado esa política hoy y ha demostrado su voluntad política de ponerla en práctica, y eso es algo que quiero agradecer al señor Comisario. 
A mi modo de ver, las últimas declaraciones del Dalai Lama refiriéndose a la integridad territorial de China son muy importantes. 
Otro hecho importante es de naturaleza política. Me refiero al compromiso de los dirigentes chinos de reanudar el diálogo mencionado por el Comisario. 
Creo que incluso la llamada política «de pasos graduales» es eficaz. 
Estoy convencido de que con el apoyo de esta Cámara y actuando también en su nombre, la Comisión podrá conseguir que se resuelvan todos los problemas que los anteriores oradores han hecho bien en recordar. 
Esencialmente, los diputados que han intervenido antes que yo han presentado una instantánea de la realidad. 
Espero sinceramente que en el futuro esa instantánea sea totalmente diferente. 
Mi más profundo deseo es que los problemas mencionados hoy hayan caído en el olvido dentro de un par de años. 
Quiero expresar mi gratitud a la Comisión por su declaración. 
En muchas otras ocasiones soy crítico con la Comisión Europea, pero en esta ocasión creo que ha dado un paso en la dirección correcta. 
Por último, quiero agradecer al Presidente una vez más que me haya dejado intervenir como habíamos acordado anteriormente. 
Gracias. 
– Señor Presidente, hoy es el 46º aniversario del alzamiento nacional tibetano de 1959, y este año el Gobierno chino celebra el 40º aniversario del establecimiento de la Región Autónoma del Tíbet. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya el enfoque intermedio de una mayor autonomía tibetana o de su autogobierno dentro de una China unida que respete la diversidad cultural, religiosa y lingüística. 
Esto es precisamente lo que el Dalai Lama ha reiterado hoy que es su planteamiento y el del pueblo tibetano. 
Cito sus palabras de hoy: «Una vez más, quiero tranquilizar a las autoridades chinas diciendo que mientras yo sea responsable de los asuntos del Tíbet, mantendremos nuestro pleno compromiso con el enfoque intermedio, sin buscar la independencia para el Tíbet, y estaremos dispuestos a permanecer dentro de la República Popular China.» 
Reconozco que Su Excelencia el señor Guan Chengyua, el Embajador chino ante la UE, ha afirmado esta mañana en la reunión de la Delegación para las Relaciones con China, en respuesta a una pregunta, que el Dalai Lama tiene la puerta abierta, especialmente si abandona cualquier actividad secesionista y reconoce que China es una e indivisible. 
Me parece que el Dalai Lama, y de hecho Su Excelencia el Embajador chino, están en la misma onda en este asunto y les instaría a que avanzaran. 
El Dalai Lama acepta el enfoque intermedio como único camino. 
Lo ha dejado muy claro y lo ha reiterado hoy. 
También es la opinión de mi Grupo, que apoya con pasión esa vía. 
China ha realizado un progreso económico enorme en las últimas décadas, y ahora es un actor importante en la escena mundial, lo cual nos satisface a todos. 
Vemos el potencial y la enorme contribución que China y el pueblo chino pueden hacer a escala mundial. 
Todavía existe, como ha dicho anteriormente el Comisario Kallas, un problema en ciertos aspectos de los derechos humanos. 
Deberíamos ser capaces de sentarnos y avanzar en estos aspectos. 
En China, con una población de 1 500 millones de personas, la escala del problema es diferente, pero China ha realizado un progreso enorme en el plano económico. 
Creo que con la buena voluntad y el apoyo de todos los afectados, China puede realizar el mismo progreso en cuestiones de derechos humanos, y queremos animarle a que lo haga. 
No obstante, el Tíbet es un tesoro internacional, y los tesoros internacionales no son el coto de un solo pueblo. 
Queremos ayudar a los chinos a preservar el Tíbet, que tiene un patrimonio cultural, religioso y lingüístico único. 
Digo a las autoridades chinas: por favor, presérvenlo optando por el camino de en medio, apoyando a la región autónoma del Tíbet, para que todos podamos seguir disfrutando del patrimonio de esta joya absoluta a escala mundial. 
Señor Presidente, una vez más quiero felicitar a esta Cámara y a la Comisión por poner sobre la mesa la cuestión del Tíbet. 
Creo que tenemos una buena oportunidad para recordar que quien tiene que hacer ahora un movimiento en favor del diálogo sino-tibetano y de una solución duradera y justa para la población del Tíbet no son ya el Gobierno tibetano y el Dalai Lama —que ya lo han hecho— sino, particularmente, el Gobierno chino. 
En este marco de relaciones crecientes con la Unión Europea, creo que es importante mandar un mensaje claro a China de que tiene que dar una respuesta favorable al avance de este diálogo y, en este sentido, es muy preocupante que se mencione incluso la posibilidad de levantar el embargo de armas a China. 
En mi opinión, sería un grave error y supondría mandar no solamente el mensaje equivocado sobre el doble rasero que tiene la Unión Europea para valorar los derechos humanos en el mundo, sino también una incoherencia institucional, pues cabe recordar que el Parlamento Europeo aprobó una resolución hace poco en sentido claramente contrario. 
Insisto, por tanto, en que levantar hoy el embargo de armas a China, cuando la situación del Tíbet no está resuelta, es mandar un mensaje claramente equivocado. 
Señor Presidente, señor Comisario, me complace que estemos celebrando este debate, porque hace 23 años que esta Cámara, aquí en Estrasburgo, aprobó el informe Habsburg sobre la descolonización de los Estados bálticos y pidió al Subcomité de Descolonizaciones de las Naciones Unidas que apoyara su causa. 
Al haber formado parte en aquella ocasión del equipo del ponente, recuerdo todavía los argumentos que se nos oponían en el sentido de que la independencia de los Estados bálticos nunca sería posible, que era una fantasía utópica, que los bálticos no tenían derecho a la autodeterminación, etc., etc. 
El hecho de tener hoy entre nosotros a diputados y Comisarios de los Estados bálticos debería animarnos a no desviarnos de nuestro curso en lo concerniente al Tíbet. 
El Tíbet es –como se ha dicho hoy en muchas ocasiones– no solo un problema de derechos humanos, sino mucho más que eso. 
Hay quienes dicen que se trata de un problema de minorías, pero decir eso es interpretar mal los hechos. 
El Tíbet no es un problema de minorías; es el problema de un país que ha sido invadido por colonizadores. 
China es una potencia colonialista; ni más, ni menos. 
Si los chinos quieren seguir conviviendo con los tibetanos –una posibilidad a la que se ha referido el Dalai Lama–, son ellos los que tienen que dar el primer y principal paso y ganarse la confianza del pueblo tibetano, cosa que solo pueden hacer reconociendo y defendiendo su derecho a la autodeterminación, su identidad cultural y religiosa y sus derechos como seres humanos. 
La integración solo se consigue por medio de la asociación. 
La represión no integra a nadie; lo único que produce es desintegración. 
Por eso tiene mucha repercusión que tantos antiguos defensores de los derechos humanos –como Milan Horáček, que está sentado hoy aquí, su antiguo compañero y activista Václav Havel y muchos de nuestros diputados polacos– apoyen con determinación la causa del Tíbet, porque es un signo claro de que la libertad de Europa y la del Tíbet son, a la larga, inseparables una de otra, y que la libertad es indivisible. 
Así pues, quiero dar las gracias al señor Mann y a todos los demás miembros de nuestro Grupo que se ocupan principalmente del Tíbet, por haberse unido a los diputados de otros Grupos para conseguir que se celebrara este debate sobre una cuestión importante antes de pasar a los asuntos de urgencia. 
Lo único que tengo que decir a los gobernantes chinos es que nosotros, en el Parlamento Europeo, no cejaremos hasta que este símbolo de un Tíbet libre que hemos izado aquí pueda ondear como símbolo de la libertad, y hasta que los tibetanos puedan seguir el camino que elijan democráticamente. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias especialmente al señor Posselt por haber mencionado un tema que, por razones obvias, es importante. 
Lo que ha dicho sobre la historia de mi país es cierto. 
Como el resto de los estonios, conozco muy bien la historia del Tíbet y, sobre todo, los hechos ocurridos en 1959. 
Nosotros, en Europa, tenemos que estar preocupados por la situación en el Tíbet, y me complace decir que la Comisión sigue dando gran prioridad a esta cuestión en su programa de trabajo. 
¿Que se puede hacer al respecto? 
La Comisión está a favor de una verdadera autonomía del Tíbet y de la conservación de su identidad cultural, religiosa y nacional. 
Hemos recibido algunas señales positivas de que el proceso está avanzando en la dirección correcta. 
Hemos realizado consultas con representantes del Dalai Lama y sabemos que ha habido consultas entre sus representantes y las autoridades chinas. 
A lo largo de la historia, la presión a gran escala, persistente, unánime y pacífica del mundo libre ha conseguido excelentes resultados. 
Estoy convencido de que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea demostrarán de nuevo que son poderosos motores para ejercer esa presión. 
– Señor Presidente, le ruego que me permita plantear una cuestión relativa a los derechos humanos. 
He enviado cartas sobre el tema. 
Los problemas relativos a los derechos humanos en el Tíbet, Belarús, etc., son difíciles de entender. 
No obstante, eso no significa que no tengamos problemas en nuestros propios países. 
La semana pasada, a una familia con cinco niños con necesidades especiales le quitaron los niños. 
El caso de esa familia había aparecido en los medios de comunicación nacionales, denunciando la falta de servicios para sus niños y para los niños en general. 
En Irlanda, los servicios son muy precarios y en algunos lugares muy escasos, y a algunas familias se les ha dicho que si necesitan ayuda, el Estado podría quitarles sus niños. 
Por lo menos seis familias han acudido a mí con este problema. 
Se suponía que los cinco niños implicados serían devueltos a sus padres el lunes, pero todavía no ha sido así. 
Son autistas y no hay modo de explicarles lo que está pasando o que no pueden ir a casa. 
Se les está causando un daño para toda la vida. 
Pido a la Cámara que hable con el Gobierno irlandés sobre el trato que da a las personas con discapacidades y sus familias. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Belarús (1). 
Señor Presidente, tenemos ante nosotros una Resolución muy dura contra Belarús, pero lamentablemente refleja también la amarga realidad. 
Las luces se están apagando en Belarús y las perspectivas de cambio son más oscuras que nunca. 
Creo que hay un punto que podría haberse recalcado más en esta Resolución, y es la represión del movimiento sindicalista libre en Belarús, que constituye una parte importante de la oposición democrática del país. 
Algunas facciones de ese movimiento están ahora a punto de ser aplastadas por el régimen de Lukashenko. 
Belarús es ahora un país cada vez más aislado de Europa. 
Evidentemente, eso se aplica también a sus contactos con la UE, un curso que ha elegido, claro está, el Presidente de Belarús y que, por tanto, afecta también al pueblo bielorruso. 
Por eso es tan importante que demostremos que esa política de aislamiento de Belarús está dirigida contra los gobernantes del país y no contra el pueblo bielorruso. 
Lo que ahora necesitamos es estrechar el contacto con las organizaciones civiles en Belarús, con la oposición democrática, los medios de comunicación independientes y los sindicatos libres que siguen luchando contra el gobierno autoritario encabezado por el Presidente Lukashenko. 
Al mismo tiempo, posiblemente tendríamos que adoptar una política de sanciones aún más estricta contra los que ahora gobiernan la sociedad bielorrusa. 
No hay alternativa. 
En otros países de esa región, por ejemplo en Ucrania, se está produciendo un proceso de democratización. 
Algún día llegará en que Belarús también se democratice y pueda establecer una cooperación más estrecha con Europa. 
Señorías, el año pasado el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov de derechos humanos a la Asociación Bielorrusa de Periodistas. 
Hoy tenemos una responsabilidad con la sociedad europea y con el pueblo bielorruso de demostrar que podemos mantener el listón tan alto como lo dejaron el doctor Sájarov y el Parlamento Europeo, puesto que el premio de derechos humanos concedido en nombre de la Academia Andrei Sájarov es un símbolo del triunfo de la dignidad humana, la libertad intelectual y la razón. 
Hoy tenemos que continuar lo que hemos comenzado. 
Respondemos a la lucha librada por el demócrata bielorruso Mihail Maynich en defensa de los derechos humanos con la aprobación de una Resolución que exige su liberación inmediata e incondicional, así como la de otros presos políticos; esa es nuestra responsabilidad. 
Respondemos a la lucha de los periodistas bielorrusos por defender la verdad con una rotunda condena en nuestra declaración de los ataques del régimen de Lukashenko contra los medios de comunicación, los periodistas y cualquier persona que exprese libremente sus opiniones; esa es nuestra responsabilidad. 
Respondemos a la lucha del pueblo bielorruso por defender su derecho a pertenecer al nuevo mundo democrático con una condena del régimen dictatorial de Lukashenko; esa es nuestra responsabilidad. 
Europa tiene que favorecer el proceso de conformación de la sociedad civil en Belarús, donde la sociedad no es tan inerte como a veces se cree que es en Europa. 
Los ciudadanos quieren manifestar sus opiniones y están dispuestos a ello, y yo estoy convencido de que la batalla que está librando el pueblo bielorruso y sus líderes democráticos cuenta con el pleno apoyo de la UE, tanto en el plano moral como económico, puesto que el régimen criminal de Lukashenko les está combatiendo de manera implacable. 
Nuestra obligación es llamar a las cosas por su verdadero nombre. 
Hoy en Belarús existe una forma de ejercer el poder político, económico e ideológico, un régimen conocido como dictadura. 
En Minsk, el verdadero poder supremo, el poder legislativo, el poder ejecutivo e incluso el poder judicial recae en la misma persona, en un dictador que ha usurpado unos poderes ilimitados, absolutos e incontrolables y que ejerce su dominio sobre la sociedad y los ciudadanos. 
Pido al Parlamento Europeo y al Consejo que reconozcan que el actual régimen bielorruso es una dictadura y que el Presidente Lukanshenko es un dictador, y que los condene. 
En nombre de la democracia bielorrusa, pido la unificación de visión y poder económico, la experiencia parlamentaria de Europa y la capacidad administrativa de la Comisión. 
Para proteger la democracia bielorrusa necesitamos un escudo decente, no una sombrilla. 
¡Pido que iniciemos hoy mismo esta empresa común! 
Belarús es una mancha en el mapa de Europa, una mancha que lamentablemente se está haciendo cada vez más oscura. 
En otras partes, la democracia se está abriendo paso, incluso en los países árabes, aunque el ritmo del progreso sea lento y no estemos satisfechos con él. 
Por el contrario, en Belarús la situación está empeorando. 
El señor Lukashenko, el de Belarús, está haciendo todo lo que puede por aislar todavía más al país. 
Recientemente ha declarado que Belarús no debe enviar a sus jóvenes a formarse y a estudiar en Occidente, porque todo lo que aprendan allí no tendrá utilidad alguna cuando regresen a su país de origen, sobre todo en vista de la situación política de Belarús. 
A nadie sorprende que en Belarús se considere inútil el conocimiento occidental, puesto que ese país es el único país de Europa, y posiblemente quizá también de fuera de ella, en donde existe una ideología estatal oficial. 
Hay funcionarios por todas partes vigilando que se respete y aplique esa ideología estatal. 
Están presentes en todos los lugares de trabajo. 
Por consiguiente, es fundamental que nosotros enviemos una señal clara respecto a esta cuestión. 
Permítanme que diga claramente que lo que está sucediendo en Belarús no es solo un problema de ese país, sino un asunto importante para el conjunto de Europa. 
Gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, el mundo se encuentra en una era marcada por la imposición de valores democráticos en todo el planeta. 
Por supuesto, ninguno de nosotros podemos permanecer indiferentes ante los hechos que están sucediendo en Oriente Próximo, entre ellos los grandes cambios en el Líbano, donde los ciudadanos reclaman también el derecho a la libertad y a la democracia. 
Tuvimos la oportunidad, muy recientemente, de ver aquí, en el Parlamento Europeo, al recién elegido Presidente de Ucrania llamar la atención sobre la nueva realidad y la profunda transformación que ha ocurrido en ese país. 
Así pues, es totalmente inaceptable que nuestro continente siga viéndose salpicado por lo que se ha descrito ya, y muy bien, como una mancha negra que se hace más negra con cada día que pasa. 
Las noticias que nos llegan de Belarús son, efectivamente, muy inquietantes. 
No hay ni la más mínima señal de que el régimen quiera abrirse a la sociedad civil. Todo lo contrario, se están reforzando cada vez más sus medidas represivas. 
Pienso que, desde el punto de vista político, Belarús se ha convertido en uno de los mayores problemas para nuestro continente europeo, y en vista de la gravedad de la situación, creo que debemos reforzar cada vez más y de todas las formas posibles nuestro apoyo a la sociedad civil de ese país, de la misma manera que tenemos que reforzar también, tanto como sea posible, las sanciones existentes. 
En este contexto adquiere una gran importancia el diálogo entre la Unión Europea y Rusia. 
Como sabemos, una de las cuestiones más importantes que deben abordarse en el marco de ese diálogo es la relativa a las condiciones existentes en los países vecinos entre la Unión Europea y Rusia y, como se dice muy claramente en la Resolución, es lamentable que este punto –incluido en el apartado 21 de la misma– no haya sido abordado por la Comisión Europea. 
Señor Comisario, espero que pueda usted hacernos algunas aclaraciones que considero indispensables. 
Vamos, por tanto, a apoyar esta Resolución y esperar que, antes de que finalice el año, tengamos buenas noticias de Belarús. 
Así lo espero sinceramente. 
Señor Presidente, Señorías, los países afortunados e independientes tienen una cierta tendencia a olvidarse del destino de los que no tienen la misma dicha. 
El Tíbet ha sido objeto de debate hoy en esta Cámara. 
Por suerte, ni el Tíbet ni el Dalai Lama dejan que se les olvide. 
Constantemente nos recuerdan su existencia. 
Tengo que decir que la historia de mi país es igual de amarga. 
En el siglo XIX, Europa trató a menudo de olvidarse de la existencia del pueblo polaco y de su derecho a la independencia. 
Únicamente los numerosos levantamientos polacos mantuvieron vivo el llamado espíritu polaco y consiguieron que Polonia no cayera en el olvido. 
En la historia más reciente, el mundo se olvidó en gran medida de toda la zona de Europa que se vio sometida al yugo comunista después de la Conferencia de Yalta de 1945. 
Luego llegó el año 1989, el derrocamiento del régimen comunista en Polonia y, poco después, la caída del Muro de Berlín. 
Debo recordar a la Cámara que el derrocamiento del comunismo en Polonia fue anterior a la caída del Muro de Berlín. 
Después vinieron tiempos felices para Polonia. 
Ahora tenemos que darnos cuenta de que lo que queda al otro lado de la frontera oriental de la Unión Europea actual no es otro planeta, sino las mismas puertas de Europa. 
Cuando los ciudadanos de Ucrania reivindicaron su independencia, la Unión Europa les hizo llegar su apoyo. 
Lo mismo debe suceder ahora. 
Nuestra es la responsabilidad de defender a la nación bielorrusa y su derecho a una verdadera independencia, en lugar de la farsa de independencia que ahora controlan el señor Lukashenko y sus secuaces. 
Es importante darnos cuenta que al combatir contra sus ciudadanos, el señor Lukashenko está combatiendo también contra su cultura y su religión, sobre todo la religión católica. 
Son muchos los católicos en Belarús, y allí el catolicismo tiende a identificarse con tendencias independentistas y prooccidentales. 
La expulsión de sacerdotes católicos se ha convertido en una práctica habitual en Belarús. 
Por eso tenemos que ofrecer todo nuestro apoyo a los ciudadanos de Belarús que desean su libertad. 
Señor Presidente, no puede haber democracia cuando se persigue y encarcela a los ciudadanos por pensar de modo diferente, porque entonces se dará rienda suelta a la arbitrariedad, al miedo y a los dobles raseros. 
Son muchos en esta Cámara los que saben cómo era vivir en esas condiciones que se daban en nuestros propios Estados. 
En este caso no debemos eludir el uso de la palabra «dictadura» , porque eso es precisamente lo que está ganando terreno en Belarús. 
Esa es precisamente la situación en que algunos presos políticos como Mijail Marinich, Valeri Levonevski y Alexander Vassiliev, así como Yauhien Afnagel y el profesor Yuri Bandashevsky, por citar dos ejemplos conocidos, ven recortadas sus libertades personales. 
Es una situación sobre la que tenemos que llamar la atención de los ciudadanos y, aquí y ahora, pido al Consejo –aunque esté ausente– y a la Comisión que convoquen a los embajadores bielorrusos y les hagan entrega de un mensaje político exigiendo la liberación inmediata de esos presos políticos y dejando claro que no toleraremos más detenciones por la libre expresión de opiniones. 
Al mismo tiempo, permítanme que reitere mi llamamiento a la Comisión y al Consejo para que hagan algo respecto a las personas desaparecidas y sigan adelante con el trabajo que ha iniciado el Consejo de Europa. 
Hay que poner en marcha una investigación internacional que dé por fin a los ciudadanos bielorrusos esperanza en que la comunidad internacional no permanecerá más en silencio ante las masivas violaciones de los derechos humanos que se cometen en Belarús. 
. – Señor Presidente, cuando digo «Belarús» , puede que usted reaccione con la fórmula demasiado familiar de la «última dictadura de Europa». 
De hecho, los abusos de los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana en el nuevo país vecino de la UE. 
No obstante, permítame que no hable directamente de los abusos de los derechos humanos en Belarús, sino que plantee la cuestión de la ayuda de la Unión Europea a la sociedad civil de ese país. 
Mediante el programa TACIS, la UE ha concedido 10 millones de euros a proyectos en Belarús en apoyo a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes para el período 2005-2006. 
Puesto que esa ayuda fluye a través del Gobierno de Belarús, no es suficientemente eficaz y flexible para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de las cuales ya han sido eliminadas del registro por razones políticas. 
A pesar de la resolución del Consejo de Ministros de noviembre de 2004 y el detallado plan de acción de la UE para promover la democracia en Belarús, la Comisión Europea insiste en utilizar el mecanismo existente para apoyar a la sociedad civil en Belarús. 
Por otra parte, algunos Estados miembros y la comunidad bielorrusa desahuciada quieren que se establezca un fondo especial, con estructuras más flexibles, para apoyar a las ONG no registradas, que son las más activas e importantes en Belarús, pero que no reciben apoyo al amparo de los actuales mecanismos de la UE. 
Debemos reconocer el progreso realizado por la Comisión Europea respecto a Belarús. 
No obstante, la Comisión debe reconocer por fin la necesidad de un mayor apoyo a las organizaciones genuinas de la sociedad civil, como la Asociación Belarusa de Periodistas, laureada con el Premio Sajarov. 
Por ello, solicito al Parlamento Europeo que alce su voz en esta cuestión, que ejerza su influencia y la presión adecuada no solo sobre la Comisión, sino también sobre Belarús. 
Señor Presidente, Señorías, no es habitual que una propuesta de resolución reciba el apoyo unánime del Parlamento Europeo, pero estoy convencido de que así será hoy en la votación sobre Belarús. 
Creo sinceramente que eso puede suceder. 
Rara vez se plantean situaciones en blanco y negro en la escena internacional o, de hecho, en la política interior. 
La situación en Belarús es como una película en blanco y negro. 
La verdad y la libertad están en un lado, y el régimen en el otro. 
Agradezco a los ponentes su propuesta de resolución. 
No estoy seguro de que sea demasiado severa. 
Me parece apropiada dada la situación actual de Belarús que, al fin y al cabo, es un país europeo. 
Esta propuesta de resolución es un llamamiento a defender una Belarús libre, democrática y europea. 
El país se merece un futuro mejor. 
El Parlamento Europeo ha recordado a los presos políticos y a los desaparecidos en Belarús, así como a los periódicos y centros académicos que se han cerrado, insistiendo en que la libertad es indivisible y no requiere un visado del señor Lukashenko. 
Creo que debemos agradecer eso a los ponentes. 
Para terminar, quiero decir que cuando la Cámara defiende hoy la causa de Belarús, está defendiendo también la solidaridad y el honor de Europa. 
Gracias. 
Señor Presidente, en la Edad Media los lituanos, los polacos y los rusos blancos constituyeron una triple federación, un reino en la Europa Central. 
Hoy día, los polacos y los lituanos están aquí con nosotros, y la gente habla como si Belarús estuviera en la luna. 
Hace poco he recibido un correo electrónico de un ciudadano que protestaba enérgicamente por la escasa atención que prestamos a ese país. 
Eso no es así; aquí en el Parlamento Europeo apoyamos plenamente la defensa de los derechos humanos en Belarús, concediendo el Premio Sájarov a sus ciudadanos, celebrando debates cada cierto tiempo y metiéndonos de lleno en la cuestión. 
Pero esa es, no obstante, la impresión que recibe la ciudadanía debido a la absoluta pasividad del Consejo y, en particular, a las políticas adoptadas por nuestros Estados nacionales, cuyo interés en esta cuestión, salvo algunas honrosas excepciones, es insuficiente. 
Por todo ello, es importante que dejemos claro que los puntos 3 y 4 de esta Resolución tienen que abordarse de inmediato; me refiero a la investigación de los casos de personas desaparecidas y la liberación de los presos políticos. 
Pido a los demás grupos que apoyen nuestra enmienda, con la que posiblemente podamos hacer algo por los jóvenes de Belarús, un país en el que todos creemos que tiene que avanzar la democracia y el Estado de Derecho, y los Estados nacionales tienen que despertar por fin de su sopor. 
Señor Presidente, permítanme que empiece diciendo que comparto muchos de los sentimientos expresados en su propuesta de resolución sobre Belarús, un país respecto al cual compartimos muchas de las mismas inquietudes. 
El objetivo de la UE es mantener estrechas relaciones con todos nuestros vecinos, entre ellos Belarús. 
Queremos ver cómo Belarús se convierte en un país democrático, estable y próspero, que pueda beneficiarse plenamente de nuestra Política de Vecindad. 
Lamentablemente, las políticas de su Gobierno impiden que ocupe el lugar que le corresponde en la familia de las naciones europeas. 
Las graves irregularidades cometidas en las elecciones parlamentarias y el referendo de octubre de 2004 demuestran lo retrasada que se ha quedado Belarús en términos de desarrollo democrático. 
Nos preocupa profundamente a todos que la democratización, el respeto de las libertades fundamentales y el respeto del Estado de Derecho se estén deteriorando en lugar de mejorar, mientras el régimen sigue ejerciendo un firme control sobre las fuerzas democráticas, los medios de comunicación independientes y las fuerzas de la oposición. 
En noviembre de 2004, después de las elecciones en Belarús, los Ministros de Exteriores de la UE adoptaron conclusiones que establecían una clara política de la UE. 
Confirmamos que se habían reducido los contactos a nivel ministerial con las autoridades bielorrusas, pero al mismo tiempo enviamos un claro mensaje a la población de que no la olvidamos y que estamos tratando de apoyar a la sociedad civil y a las fuerzas democráticas en Belarús. 
Estamos vigilando de cerca la situación de los derechos humanos en ese país y, como resultado, la UE impuso el año pasado la prohibición de conceder visados a algunos altos funcionarios bielorrusos, sobre la base de las conclusiones del informe Pourgourides del Consejo de Europa relativo a las desapariciones por motivos políticos. 
Posteriormente ampliamos esa prohibición de visados a los funcionarios considerados responsables de amañar las elecciones y el referendo, así como a los responsables de la represión de las manifestaciones pacíficas que siguieron. 
Los casos del señor Marinich y otros oponentes políticos encarcelados nos preocupan mucho. 
Creemos que su procesamiento tuvo motivaciones políticas y hemos realizado una declaración pidiendo que se reconsidere su desproporcionada sentencia. 
Tenemos serias dudas en general sobre la independencia del poder judicial en Belarús y seguimos vigilando de cerca estos casos. 
La UE hizo pública la declaración sobre el caso del señor Marinich en enero. 
En cuanto a su petición a la Comisión de intensificar nuestra ayuda a Belarús, celebro informar que ya lo hemos hecho en respuesta a las conclusiones de los Ministros de Exteriores de la UE el pasado mes de noviembre. 
La Comisión está encabezando la labor de coordinación y entrega de la ayuda de la UE en apoyo a la sociedad civil y a la democratización en Belarús. 
En situaciones difíciles como la de Belarús, donde un país se ve aislado del mundo, resulta especialmente complicado, pero estamos trabajando para una división adecuada del trabajo entre los Estados miembros de la Comunidad y otros donantes. 
Acogemos con gran satisfacción el papel que el Parlamento Europeo puede desempeñar para promover cambios democráticos y apoyar a las fuerzas democráticas en Belarús. 
Actualmente estamos examinando con detenimiento el plan de acción que su Delegación para las Relaciones con Belarús ha elaborado, para ver cómo puede encajar con nuestras propias iniciativas en ese ámbito. 
Queda mucho por hacer y estamos deseando trabajar con el Parlamento y con las fuerzas democráticas dentro de Belarús. 
Han planteado ustedes algunas preguntas en sus intervenciones que me gustaría responder. 
La primera es si la cuestión de Belarús se debatió en las reuniones de alto nivel celebradas entre la UE y Rusia. 
La respuesta es sí; esta cuestión se plantea siempre en esas reuniones. 
Asimismo, se planteó la cuestión de cómo canalizar los fondos y cómo ayudar económicamente a la sociedad civil en Belarús. 
La cuestión principal es la capacidad de las organizaciones pertinentes para absorber los fondos. 
La Comisión está dispuesta a examinar todas las formas posibles de ayudar económicamente a la sociedad civil bielorrusa, de manera que puedan hacer un uso eficiente de los fondos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Camboya (1). 
Señor Presidente, la política camboyana está envenenada desde hace más de 35 años. 
Cuando los franceses renunciaron a la ocupación de la colonia mucho mayor que antes se denominaba Indochina, sobre todo a raíz de la guerra de la independencia en lo que ahora es Vietnam, los estadounidenses, los rusos y los chinos trataron de atraer a sus respectivas esferas de influencia a los nuevos Estados más pequeños de Camboya y Laos. 
Cada una de esas superpotencias trató de armar a sus respectivos movimientos satélite en esos Estados y alzarles al poder con apoyo militar para luego eliminar definitivamente a todas las demás fuerzas. 
En una rápida reacción frente a una irresponsable intervención estadounidense, el poder cayó en manos de los jemeres rojos, un movimiento basado en la idea falaz de que la destrucción de las ciudades y de los intelectuales comportaría un importante progreso para la población agrícola empobrecida. 
Les recuerdo que la ONU reconoció a este cruel régimen del terror, pero no a los insurgentes respaldados por Vietnam que querían acabar con él. 
Los entonces libertadores siguen teniendo muchos adeptos, aunque se sienten rechazados por el mundo exterior. 
Teniendo en cuenta ese pasado envenenado, en Camboya sigue siendo casi imposible que existan gobiernos de coalición normales y una democracia parlamentaria que funcione con normalidad. 
Los partidos políticos se niegan mutuamente el derecho a existir y lo que en el fondo les gustaría es aniquilar al oponente. 
Eso explica por qué los miembros de la oposición parlamentaria pueden ser tratados como enemigos públicos y encarcelados. 
Puesto que las ricas naciones occidentales hicieron en el pasado una contribución considerable a este clima envenenado, ahora tenemos la obligación moral de ayudar a los camboyanos a liberarse de él. 
Las críticas y las condenas son muy necesarias, pero también la lección de que las cosas podrían haberse hecho mejor de lo que el mundo exterior demostró a los camboyanos en el pasado. 
Señor presidente, señor Comisario, nosotros como parlamentarios podemos comprender fácilmente el horror y la violencia descrita en relación con la propuesta de resolución que hoy nos ocupa. 
Tres de nuestros colegas, Sam Rainsy, Cheam Channy y Chea Poch, fueron objeto de un levantamiento de la inmunidad de una forma verdaderamente brutal, por medio de una votación a mano alzada, en una sesión de un Parlamento, si así se puede llamar, a puerta cerrada, oculta a los ojos de la ciudadanía y sin actas disponibles. Además, uno de esos colegas nuestros fue apresado poco después. 
Esos hechos son una agresión contra el corazón de la propia democracia, contra la misma naturaleza de un parlamento. 
Una de las víctimas de esa medida, el señor Sam Rainsy, el líder de hecho de su partido, había escrito dos días antes un artículo en el que describía claramente la gravedad de la situación en su país. Quiero llamar su atención sobre esa situación, Señorías. 
Tenemos que actuar con firmeza en este caso. 
No es la primera vez que tenemos que insistir en la gravedad de la situación en Camboya, y debemos exigir a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que sean particularmente claros en la próxima reunión que se celebrará los días 10 y 11 de marzo. 
Pero esta cuestión va a ser también objeto de tratamiento en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Ginebra a finales de este mes y principios de abril. Una delegación del Parlamento estará presente en esa reunión. 
Nosotros tenemos que seguir esos debates con toda atención, porque el informe del enviado especial en las Naciones Unidas, señor Leuprecht, es también muy claro en su denuncia de la gravísima situación que se vive en ese país. 
Si me permiten citar la expresión inglesa que utilizó, calificó la situación de Camboya de (una gruesa fachada de democracia). 
Tal es el grado de deterioro que estamos viendo. 
Camboya, en lugar de ofrecernos signos de esperanza y de confianza en el futuro, está haciendo justo lo contrario. La actitud del régimen se está endureciendo y las vulneraciones de los derechos humanos aumentan. 
Por eso sugiero, Señorías, que volvamos a tratar este asunto antes del descanso del verano, después de las conclusiones de la reunión de Ginebra, si no hay progresos significativos en ese país. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero disculparme ante los Comisarios y mis colegas diputados, porque debido a la hora de salida de mi vuelo, no podré quedarme hasta el final de este debate. 
Les pido amablemente que me disculpen. 
El señor Sam Rainsy –como saben, Sam es su apellido y Rainsy su nombre de pila– y su esposa son muy buenos amigos míos, por lo que tengo información de primera mano sobre la difícil batalla que se está librando. 
Por ponerles un ejemplo, el partido del señor Sam Rainsy se denomina «Sam Rainsy» por ser el único nombre que el partido de Hun Sen no rechazó. 
Todos los demás nombres que intentó antes fueron rechazados. 
Esto es para que se hagan una idea de los mecanismos de poder en ese país. 
Lo que me parece especialmente desafortunado, incluso más desafortunado que el destino de nuestros tres colegas del Parlamento camboyano, es que Camboya siga siendo uno de los países más pobres del Sudeste Asiático, con una sociedad caracterizada por unos niveles de delincuencia inusualmente elevados en la vida cotidiana, violencia que tiene una inspiración política, una inspiración criminal y respecto a la cual se está haciendo muy poco. 
Lo que tampoco debemos olvidar es que a pesar de todas las buenas promesas, el Gobierno camboyano –con el señor Hun Sen otra vez como Primer Ministro, como saben– no ha hecho en realidad ningún intento serio de llevar ante la justicia a los máximos responsables de la destrucción masiva, del genocidio cometido por los jemeres rojos, ni tampoco parece que lo vaya a hacer a corto plazo. 
Por consiguiente, estamos lógicamente preocupados por el destino de nuestros colegas, que podrían compartir otros miembros de la oposición. 
Ahora bien, les pido que no pierdan de vista que la Unión Europea es el mayor donante de Camboya y ese hecho por sí mismo significa que definitivamente tenemos armas a nuestra disposición para convencer a ese terrible régimen de hacer cambios positivos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la situación en Camboya es preocupante, en efecto. 
Apoyando esta Resolución común de seis Grupos del Parlamento sobre Camboya, quisiera insistir en dos puntos, a riesgo de repetir quizás lo que han dicho algunos colegas que acaban de intervenir. 
El primer punto en el que quiero insistir hoy es la suspensión de la inmunidad parlamentaria de tres miembros del partido de Sam Rainsy. 
Se trata, en primer lugar, de Cheam Chani, que además ha sido encarcelado y a quien se quiere juzgar ante un tribunal militar, pese a que un civil camboyano no puede ser llevado ante la justicia militar. 
Están después Chea Po y el propio Sam Rainsy, que han huido de Camboya para poder hablar más eficazmente de la situación de su país. 
Es esencial que recuperen su inmunidad para que puedan desempeñar de nuevo su función de representantes elegidos, una función que les ha sido confiada por los electores camboyanos. 
Señalemos que hace quince días, en el pleno del mes de febrero, recibimos a Sam Rainsy aquí mismo, con ocasión de la visita de la Delegación de la ASEAN. 
Entonces expresó el deseo de un gesto de nuestra parte. 
Para nosotros era un deber plantear hoy ese gesto. 
En segundo lugar, quisiera que hubiera una supervisión más efectiva de las distintas ayudas concedidas a Camboya, como se acaba de mencionar. 
Es inconcebible constatar que, según los programas de las Naciones Unidas para el desarrollo, en este país se ha registrado en los últimos diez años una agravación de tres criterios importantes del desarrollo: el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, la tasa de analfabetismo de los adultos y la tasa de mortalidad infantil. 
Es de temer que las ayudas no lleguen a sus destinatarios inicialmente previstos y no respondan a las necesidades reales de la población. 
En este país es necesario un seguimiento y un control eficaces de las ayudas a fin de parar esta nefasta tendencia. 
Sería deseable que el Gobierno camboyano comunicase sus buenas intenciones en términos de efectividad de las medidas adoptadas y aplicadas por su país y ofreciera explicaciones sobre el destino de la ayuda europea en particular. 
–Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al retirar la inmunidad parlamentaria a tres diputados de la oposición –entre ellos nuestro amigo Sam Rainsy, que se ha reunido con algunos de nosotros– que habían llamado la atención sobre lo que pasa actualmente en Camboya y denunciado la gangrena de la corrupción en su país, Camboya ha demostrado una vez más ser una democracia insuficiente, en efecto, donde la autocracia impone un control arbitrario sobre la vida política, económica y social. 
Hay que recordar, como acaba de hacer nuestro colega –y es importante que se sea conciente de esto–, que, a pesar de los 5 000 millones de dólares de ayuda internacional recibidos en los últimos diez años, Camboya es el único país del mundo en el que el analfabetismo, la mortalidad infantil y el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza siguen aumentando. 
Como han destacado la ONU y el Banco Mundial, los dirigentes en el poder se apropian de la ayuda internacional y de los recursos del país, dejando que el pueblo camboyano se suma en un estado de abyecta pobreza. 
Los países donantes –incluidos nosotros– comparten la culpa de esta situación porque no existe ningún control sobre los verdaderos destinatarios de la ayuda ni han pedido cuentas a un régimen conocido por su corrupción y sus excesos autoritarios. 
Por último, ¿qué podemos decir de los campesinos expropiados en beneficio de una empresa china que, como otras compañías, tala sin escrúpulos hectáreas enteras de bosque? 
Desde 1993, el 50 % del bosque camboyano ha sido destruido con la complicidad del poder corrupto. 
Ya es hora de que la Unión Europea apoye a los que luchan verdaderamente contra la corrupción y por el establecimiento de un Estado de Derecho respetuoso de las normas democráticas, condicionando por ejemplo la asignación de nuestras ayudas al respeto de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. 
Por último, obliguemos al Gobierno camboyano a cumplir el deber de todo gobierno democráticamente elegido, a saber, respetar y apoyar a los demócratas. 
. Señor Presidente, durante el difícil período en el que Camboya emprendió una nueva andadura después de la dictadura y los desmanes de los jemeres rojos, fue Son San, Presidente de su Parlamento, el que se convirtió en adalid de la libertad y la democracia. 
Nos visitó con frecuencia aquí en Estrasburgo y fue un excelente aliado de esta Cámara. 
Es terrible, por tanto, que ahora se esté tratando de acallar al Parlamento camboyano y a su larga tradición democrática por medio de la intimidación y el terror utilizados por el Primer Ministro. 
Permítanme que diga que la visita de Sam Rainsy hace quince días estuvo totalmente en la línea tradicional de las visitas que hacía el defensor de la libertad Son San, y que Sam Rainsy se merece nuestro apoyo incondicional, porque sin un parlamento que funcione bien, todos los esfuerzos que Naciones Unidas y la comunidad internacional realicen en Camboya serán en vano. 
Pese a la gran cantidad de fondos y esfuerzos que ha invertido la comunidad internacional en Camboya, nos enfrentamos a la perspectiva de un desastre general si no conseguimos frenar las tendencias autoritarias de su Gobierno y fortalecer las fuerzas democráticas y la vida parlamentaria. 
. Señor Presidente, la Unión Europea ha venido apoyando el proceso de democratización de Camboya desde 1992. 
Siempre hemos asumido que Camboya avanzaría de manera gradual por la vía democrática, pero se nos está empezando a agotar la paciencia. 
El año pasado, la situación en Camboya ha dado un importante giro negativo, siendo el último incidente deplorable la caza de brujas contra tres miembros de la oposición, entre ellos el valiente Sam Rainsy, que estuvo aquí hace dos semanas. 
Aunque fue estupendo tenerle aquí, habría sido mejor que no hubiera tenido que venir y que simplemente hubiera podido desempeñar su función de oposición en Phnom Penh. 
No hace falta que acepten ahora mis palabras, porque dentro de unos días, el enviado de Naciones Unidas a Camboya, el señor Leuprecht, presentará sus conclusiones ante las Naciones Unidas. 
Sus conclusiones son simplemente deprimentes. 
En sus cuatro años como enviado, apenas se ha realizado ningún progreso. 
La Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros se han gastado ya un total de mil millones de euros en la oficina de Phom Penh, en las misiones de observación durante las elecciones, en ayuda económica para las operaciones de limpieza de minas y cosas así. 
¿No debemos concluir simplemente que la política de la UE ha fracasado? 
Así debemos reconocerlo. 
En mi opinión, el tiempo de los compromisos ha terminado. 
Si el Gobierno camboyano no respeta de inmediato los principios básicos del Estado de Derecho democrático, como la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos que suspender nuestras ayudas. 
Lo que se necesita, en cualquier caso, es una reorientación drástica de nuestro apoyo. 
. Gracias. 
Han pasado varios años desde que finalizó el conflicto en Camboya, pero la situación en ese país sigue siendo preocupante. 
La Cámara celebró recientemente un debate sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Camboya y el trato inaceptable que reciben las mujeres y los niños, que constituyen una afrenta a su dignidad humana. 
El grupo en el poder fue elegido en unas elecciones supuestamente libres. 
No tiene sentido de Estado, ni tampoco es capaz de entablar un diálogo con la oposición, o no quiere hacerlo. 
Veinte personas murieron durante las primeras elecciones locales, y los que están en el poder no permitieron a la oposición el acceso a los medios de comunicación. 
Muchos activistas están actualmente detenidos. 
Los que fueron detenidos en el pasado siguen en prisión, sin que hayan sido objeto de sentencia alguna. 
La obtención de declaraciones por la fuerza o por medio de sobornos es un hecho que sucede todos los días. 
La corrupción está generalizada. 
Así es la vida política en Camboya y así es cómo funciona allí el sistema judicial. 
La actitud del Ministerio del Culto y la Religión camboyano es significativa. 
Hace poco publicó un edicto prohibiendo las actividades misioneras de las iglesias cristianas, que dio pie a protestas anticristianas. 
La discriminación religiosa, las restricciones del derecho de reunión y de la libertad de expresión, las amenazas y la intimidación por parte de los dirigentes políticos, son todas ellas graves infracciones del derecho a la libertad de la nación y del individuo. 
Por todo ello, exigimos que se respeten los derechos humanos, que se ponga fin a las persecuciones y que se deje de intimidar a los defensores de los derechos humanos. 
Nosotros también apoyamos la Resolución del Parlamento Europeo. 
Gracias. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el pueblo de Camboya ha sufrido ampliamente durante muchas décadas los efectos catastróficos de un Gobierno totalitario y de la corrupción de los altos cargos de la Administración. 
Actualmente, aquellos en el país que han luchado incansablemente por la justicia y la reforma se encuentran, de nuevo, brutalmente perseguidos por el Gobierno. 
Entre ellos se encuentran los tres líderes de la oposición, Sam Rainsy, Chea Poch y Cheam Channy, cuya inmunidad parlamentaria ha sido levantada recientemente por motivos políticos obvios y a base de procedimientos dudosos y carentes de fundamento. 
Al aprobar esta resolución, nosotros, los representantes del pueblo europeo, queremos transmitir un mensaje firme y claro a los dirigentes autocráticos de Phnom Penh y a aquellos que los apoyan de que los amigos de Camboya no harán la vista gorda ante los continuos intentos de eliminar la oposición democrática en ese país. 
Seguirán apoyando firmemente a las fuerzas políticas pluralistas que luchan por la reforma, la democracia, la libertad de expresión y la justicia social. 
La Comisión ha venido siguiendo con preocupación los hechos relacionados con el levantamiento, el 3 de febrero, de la inmunidad parlamentaria del señor Sam Rainsy, líder del Partido Sam Rainsy de la oposición camboyana, y de otros dos miembros de la Asamblea Nacional. 
La Comisión cree que estos sucesos podrían debilitar aún más a la oposición y poner en peligro el proceso de democratización del país. 
Los representantes de la Comisión en Bruselas se reunieron hace poco con el señor Rainsy, quien les informó de los últimos acontecimientos. 
La Comisión ha respaldado firmemente la declaración de la UE sobre esta cuestión y puedo informarles de que el representante local de la presidencia de la UE llamó la atención personal del Primer Ministro sobre la declaración de la UE. 
La Comisión está planteando su preocupación por todas estas cuestiones en el diálogo político que mantiene con las autoridades camboyanas; por ejemplo, en la reunión de la Comisión Conjunta UE-Camboya que se celebrará este mismo año. 
Puedo también asegurarles que, en todas sus actividades de cooperación en Camboya, la Comisión otorga la máxima importancia a la democracia, la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. 
Aprovecho esta oportunidad para pedir a los líderes políticos de Camboya que trabajen constructivamente juntos para encontrar una solución adecuada a este problema, de manera que Camboya pueda continuar avanzando por la senda de su plena democratización. 
Al mismo tiempo, quiero afirmar ante esta Cámara que la Comisión seguirá de cerca los acontecimientos a través de su delegación en Phnom Penh y con las misiones de los Estados miembros de la UE en Camboya. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Arabia Saudí (1). 
Señor Presidente, celebro que debatamos hoy una Resolución común centrada en la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. 
En la península arábiga, como en algunos cantones suizos, se niega a las mujeres el ejercicio de derechos fundamentales. 
Hasta el decenio de 1970, Arabia Saudí no celebró sus primeras elecciones locales, sin que las mujeres pudieran votar en ellas y, como pude ver por mí mismo cuando nuestra Delegación para las Relaciones con los Estados del Golfo acudió a las elecciones locales en Riad a principios de febrero, se les sigue negando ese derecho. 
Pero ¿qué doble rasero están aplicando los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros? 
Por una parte critican la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, aunque muy de vez en cuando y con la boca pequeña. 
Por otra, prosperan sus negocios, sobre todo los relacionados con armamentos. 
Y lamentablemente es Alemania de nuevo la que lidera las cosas en este terreno. 
Las declaraciones efectuadas por el Canciller Federal alemán Gerhard Schröder en su visita a Arabia Saudí, lo dicen todo. 
Describió a Arabia Saudí como un país con un enorme potencial e ingentes recursos económicos. 
Por eso no puede sorprendernos que en su visita se realizaran todo tipo de operaciones de venta de armas que, desde luego, no ayudan para nada a pacificar la región ni a mejorar la situación de los derechos humanos allí. 
Soy partidario de imponer a los Estados miembros de la Unión Europea una prohibición general de exportación de armamento no solo a China, sino también a Arabia Saudí. 
Abandonemos los dobles raseros y dejemos de exportar armamento. 
Otra cosa que quiero mencionar es la situación de los trabajadores que no tienen nacionalidad saudí. 
En círculos diplomáticos de la UE se dice que el término «esclavitud» describe bien la situación de esos trabajadores en Arabia Saudí. 
La situación de los trabajadores no saudíes en Arabia Saudí es una cuestión fundamental que esta Cámara tendrá que debatir en algún momento. 
– Señor Presidente, el primer proceso electoral nacional en la historia de Arabia Saudí está en marcha, con las elecciones municipales celebradas en Riad el mes pasado y que continuarán en el resto del país hasta abril. 
En Riad hubo una participación del 82 % de hombres únicamente, aunque la legislación electoral de Arabia Saudí afirma que los ciudadanos tienen derecho a voto. 
Las autoridades han declarado que las mujeres podrán votar en el futuro. 
Reconozco que el pasado octubre ratificaron la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. 
Estas elecciones fueron observadas por una delegación del Parlamento Europeo, y quiero agradecer a las autoridades la amabilidad y hospitalidad mostrada a todos sus miembros. 
Estoy a favor de un refuerzo sustancial de las relaciones UE-Arabia Saudí, e insto a las instituciones de la UE a que aumenten nuestra presencia en la región. 
Acojo con satisfacción la promulgación de nuevos códigos de procedimiento judicial y procedimiento penal y el establecimiento de un comité permanente para que investigue denuncias de tortura y un programa nacional para eliminar la pobreza. 
Espero que estos pasos positivos se pongan en práctica sobre el terreno muy pronto. 
Sé que la UE y Arabia Saudí están separadas por siglos de práctica cultural y religiosa. 
No obstante, debo instar a las autoridades saudíes a que levanten las restricciones a la libertad de las mujeres, incluida la prohibición de conducir, de trabajar, de ocupar cargos públicos, restricciones de su propia personalidad jurídica. 
A la vez que combatir el terrorismo y el fundamentalismo es esencial, también debemos garantizar las libertades humanas y civiles fundamentales. También haría un llamamiento a una mayor tolerancia en relación con la libertad religiosa. 
Espero que se mantengan las fructíferas relaciones entre la UE y Arabia Saudí. 
Me preocupa especialmente como mujer y como representante pública de un pequeño país en que hace 30 años había restricciones a los derechos humanos de las mujeres en muchos ámbitos; a las mujeres ni siquiera se les permitía trabajar una vez que se casaban. 
Hemos recorrido un largo camino. 
No siempre nos salen bien las cosas en nuestra parte del mundo, pero examinemos la cuestión de las mujeres en Arabia Saudí y avancemos en esa cuestión juntos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, un país que en el siglo XXI no permite que las mujeres ejerzan su derecho al voto, sin duda no puede incluirse en la lista de las democracias del mundo. 
Un país que en el siglo XXI trata a las mujeres social y políticamente del modo en el que lo hace Arabia Saudí, sin duda no puede considerarse una nación civilizada. 
Un país así debería haber sido objeto de la presión internacional más firme y de un aislamiento total hasta que hubiera llevado a cabo urgentemente reformas drásticas. 
Pero los europeos, que nos jactamos de ser guardianes de los derechos humanos y defensores de la igualdad de género, no hacemos más que aprobar resoluciones semiamables, moderadamente críticas que sabemos con seguridad que no tendrán el menor efecto. 
Al mismo tiempo, mediante un comercio lucrativo y contratos de defensa –algunos Estados miembros más que otros– seguimos apoyando plenamente el régimen dictatorial que está en el poder en Arabia Saudí. 
Es una vergüenza. 
– Señor Presidente, Señorías, la visita a Riad y Yeda de la Delegación para las relaciones con los Estados del Golfo ha sido sumamente útil, tanto en lo que se refiere a una mayor colaboración entre el Parlamento Europeo y países como Arabia Saudí, que son vitales para la estabilidad del Oriente Próximo, como con respecto a un mejor entendimiento entre las diferentes culturas y religiones. 
Nos hemos reunido con un gran número de representantes del mundo político y económico, de los medios de comunicación y de lo que se denomina «sociedad civil» , aunque esta no exista actualmente como tal en Arabia Saudí, debido a la prohibición de asociarse y de crear partidos políticos. 
Estuvimos en la capital saudí durante la semana de las primeras elecciones, que solo se celebraron a nivel municipal pero que representaban un primer pequeño paso hacia las necesarias reformas políticas y sociales. 
Sin embargo, la exclusión de las mujeres de la votación ensombreció la credibilidad de todo el proceso. 
Recordamos a todos nuestros contactos que era inaceptable negar a las mujeres el derecho de voto. 
Repetimos el mismo mensaje al propio Príncipe Regente, Abdalá, quien pareció estar de acuerdo pero respondió que esto llevaría tiempo. 
Entretanto, hace unos días, se publicó la declaración del Ministro saudí de Asuntos Exteriores, anunciando que las mujeres participarían en las próximas elecciones. 
Por lo tanto, confiamos en que las palabras vayan seguidas de acciones. 
Hoy las mujeres representan una fuerza impulsora vital en el desarrollo de las muy esperadas instituciones democráticas. 
Muchas de ellas son cultas e instruidas y desempeñan funciones de responsabilidad en varios sectores de la sociedad. 
Personas con las que nos reunimos, que participan activamente en la promoción de los intereses de las mujeres, están intentando con energía y tenacidad que las mujeres conozcan mejor sus derechos. 
Es evidente que todavía queda mucho por hacer en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres y de los derechos civiles y, ante todo, los derechos humanos en general, incluidos los de los numerosos trabajadores extranjeros que operan en el país. 
Hoy, el país se enfrenta a reivindicaciones conflictivas por parte de los que pretenden una mayor apertura para la sociedad saudí y aquellos que prefieren mantener el. 
Sin embargo, la impresión es que será difícil dar macha atrás. 
Todas las personas con las que nos reunimos hicieron hincapié en el compromiso saudí de luchar contra el terrorismo y el fundamentalismo religioso, que, como sabemos, ha encontrado un caldo de cultivo inquietantemente fértil en el país. 
Destacaremos que un tema constante y que, creo, merece nuestro apoyo, ha sido la solicitud de unas relaciones más estrechas entre Europa y Arabia Saudí, con el objetivo de alcanzar las metas que compartimos de paz, estabilidad, reforma política y cooperación económica. 
En particular, es necesario que demos apoyo conjunto a los esfuerzos por eliminar las causas del terrorismo y poner fin al conflicto israelo-palestino. 
Asimismo, Arabia Saudí pide con insistencia que las instituciones europeas aumenten su presencia en el país y refuercen los lazos económicos y comerciales. 
Creo que es vital intensificar los contactos en todos los frentes, en particular en esta fase de transición sensible. 
Un punto final que hay que tener en cuenta es que incluso el más reformista de los saudíes nos pide, a nosotros los occidentales, que no impongamos nuestro modelo de sociedad y democracia y les demos el tiempo necesario para emprender acciones, incluso si esto no siempre coincide con nuestras expectativas. 
Señor Presidente, señor Comisario, la celebración de elecciones municipales en Arabia Saudí es, en efecto, un hecho significativo e importante en favor de las reformas políticas que este país está emprendiendo; así hay que reconocerlo y así lo reconoce también la resolución que hoy presentamos. 
Sin embargo, el hecho de que persista todavía el estado de segregación, en estos términos, contra las mujeres, que no han podido votar ni presentarse a cargos, supone un claro anacronismo. 
Las mujeres sufren incomprensibles e inaceptables restricciones en materia de libertad de movimiento —se les prohíbe incluso conducir—, oportunidades de empleo, personalidad legal y representación jurídica en procesos judiciales. 
Asimismo, cabe lamentar las condiciones de precariedad en las que vive el conjunto de la población inmigrante, especialmente, también en este caso, las mujeres. 
Si Arabia Saudí quiere ser reconocido internacionalmente como un Estado moderno y respetuoso con los derechos humanos, debe cumplir, como mínimo, con los derechos que se establecen en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual —recuerdo— Arabia Saudí es Estado Parte. 
En concreto, el artículo 7 de dicha Convención establece que los Estados Partes deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación de las mujeres en la vida política y pública de su país y deben garantizar especialmente el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones y a ser elegidas, así como a tomar parte en la elaboración de la política de Estado y en su ejecución. 
Es evidente que, en las recientes elecciones municipales, este artículo no se ha cumplido. 
Asimismo, cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, al menos 31 personas fueron ejecutadas en aplicación de la pena de muerte durante 2004. 
Es preciso reiterar, por tanto, el llamamiento a la abolición de la pena de muerte, tal como viene haciendo la Unión Europea desde hace tiempo. 
Mantener buenas relaciones con Arabia Saudí es importante y ello supone una oportunidad para contribuir, por ambas partes, a un mejor entendimiento entre pueblos y culturas. 
No obstante, precisamente en aras de esas buenas relaciones, Arabia Saudí no debería ser otro de los ejemplos que muestran el doble rasero con que, desde la Unión Europea, se mide, a veces, la democratización y el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
La credibilidad de la Unión Europea está nuevamente en juego aquí. 
. –Señor Presidente, es imposible evitar un sentimiento mixto de aliento y pesar tras las elecciones municipales organizadas por vez primera en Arabia Saudí. 
Aliento porque este escrutinio constituye una primera y significativa etapa hacia la democratización política del país. 
Debemos apoyar claramente este proceso, porque elegir entre distintas papeletas de voto y depositarlas en una urna refleja una evolución social indudablemente positiva para los saudíes. 
Pero no todo el mundo ha tenido derecho a realizar ese acto, y lo lamento profundamente. 
Aunque estas elecciones se han basado en el sufragio universal, las mujeres en cambio se han visto privadas de este derecho en Arabia Saudí, del mismo modo que están privadas de otros derechos, como el de conducir. 
Nuestro Parlamento envió una delegación a estas elecciones y nuestros colegas diputados sobre el terreno no dejaron de resaltar hasta qué punto esta situación es para nosotros surrealista y no puede perdurar. 
Felizmente, no somos los únicos, puesto que –me alegro de ello– altos responsables saudíes han expresado públicamente su voluntad de que esta situación cambie. 
Si la globalización es portadora de amenazas y riesgos, también es un extraordinario instrumento de apertura hacia los demás. 
En la era de Internet y de los satélites, ninguna sociedad puede mantenerse cerrada y ajena al respeto de la dignidad de hombres y mujeres. 
Espero que este mensaje sea oído también en Riyad. 
Sin querer dar lecciones de democracia, habría mucho que decir aún sobre la situación de Arabia Saudí en materia de respeto de la libertad religiosa o sobre los inmensos desafíos que supone la lucha contra el terrorismo en la región. 
No obstante, concluiré con una nota de aliento: nuestro diálogo político con las autoridades de Arabia Saudí debe seguir siendo sereno y cordial, pero debe ser también franco. 
¡Tengamos la valentía de abordar los verdaderos problemas y de encontrar soluciones para los mismos! 
Señor Presidente, la Comisión Europea agradece al Parlamento esta propuesta de Resolución sobre Arabia Saudí. 
Es una Resolución correctamente redactada y equilibrada, que tiene el mérito de recoger tanto los aspectos positivos como los menos positivos de las elecciones saudíes y el proceso de reforma que está teniendo lugar. 
La Comisión celebra también la visita a Arabia Saudí de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo, y la anima a seguir trabajando en esa línea. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento sobre la necesidad de promover un importante estrechamiento de las relaciones entre la UE y Arabia Saudí. 
En junio de 2004, el Consejo europeo aprobó una Alianza Estratégica de la UE para el Mediterráneo y Oriente Próximo. 
En dicho documento quedó reflejada la voluntad política de la UE de intensificar los esfuerzos por resolver conflictos, relajar tensiones, crear un clima de confianza, mejorar la gobernanza y mejorar las vidas de las personas que habitan en las orillas del Mediterráneo y en Oriente Próximo, además de abordar la situación de la mujer en algunos de esos países. 
El actual Acuerdo entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo y el futuro Acuerdo de la Zona de Libre Comercio –que recogerá los derechos humanos como un elemento esencial– seguirán siendo el marco de nuestra cooperación. 
Sin embargo, seguiremos mejorando nuestras relaciones con todos y cada uno de los países del Golfo en función de sus necesidades particulares, sus capacidades y su voluntad de progreso. 
La determinación de la Unión Europea a favorecer tanto la estabilidad como el cambio en toda la región ocupa un lugar central en este proceso. 
De hecho, tenemos que conseguir la estabilidad por medio del cambio y la reforma: se necesitan reformas políticas y económicas para contribuir al desarrollo de la región y al bienestar de sus ciudadanos. 
La Comisión, como saben ustedes, desea que las iniciativas de reforma partan de la propia región. 
Para ello es necesario que la región se pronuncie en voz alta y clara a favor de la reforma política, económica y social. 
Aunque las reformas no pueden imponerse desde fuera, sí pueden alentarse. 
Por ejemplo, la UE debe insistir al Gobierno saudí para que acelere el ritmo de las reformas que puedan contribuir a una mayor capacitación de la mujer. 
La UE seguirá planteando todas estas cuestiones en sus contactos oficiales con los saudíes y, sobre todo, en la próxima reunión ministerial de la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo que se celebrará en Bahrein el 5 de abril. 
Por otra parte, Arabia Saudí ha pasado a formar parte de los países en los que puede centrarse la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Eso significa que evaluaremos iniciativas de ONG dispuestas a apoyar las actividades llevadas a cabo en la región. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
– Pasamos a las votaciones. 
Señor Presidente, ¿me permite decir simplemente que las versiones en algunas lenguas no citan al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos entre los que han firmado la Resolución? 
Quiero dejar claro que sí que la hemos firmamos y que cuenta con todo nuestro apoyo. 
Sí, está claro, señor Posselt, que es de seis grupos políticos y, entre ellos, está el Grupo PPE-DE. 
– Señor Presidente, con el consentimiento del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quisiera modificar el texto del nuevo apartado 2a para que rece así: '... «... pide al Gobierno de Arabia Saudí que suprima las restricciones a la libre circulación de las mujeres (incluida la de que conduzcan) –aquí se ha cambiado una palabra–, a las oportunidades de empleo para las mismas, a su personalidad jurídica y a su representación en procedimientos judiciales». 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el pasado jueves día 10 de marzo de 2005. 
Lo primero que quiero hacer es saludar, en nombre del Parlamento Europeo, la presencia en la Tribuna diplomática de Monseñor Rallo, enviado especial de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. 
Señoras y señores diputados, la semana pasada todos conocimos la triste noticia de la muerte del Papa Juan Pablo II. Como ustedes saben, esa misma noche envié un mensaje al Vaticano cuyo texto les ha sido distribuido. 
Y el viernes por la mañana, en nombre del Parlamento Europeo estuve presente en su funeral, en Roma, acompañado del Vicepresidente señor Saryusz-Wolski, dentro de la representación conjunta de la Unión Europea, junto con el señor Barroso. 
Creo que hoy todos debemos rendir tributo a la memoria del Papa Juan Pablo II, que deja tras de sí un gran legado a la humanidad con su permanente mensaje de paz, amor y libertad. 
Dio a todos un gran ejemplo de fe y de coraje y sobrellevó el sufrimiento de sus últimos años con gran dignidad. 
Pero, aquí, desde el Parlamento Europeo debemos, sobre todo, reconocer la gratitud que Europa le debe por su reunificación; sus mensajes de paz y libertad tuvieron, sin duda, una enorme influencia en la caída del sistema comunista: primero en su patria, en Polonia, y luego en todos los demás países del Este de Europa. 
Su contribución fue, sin duda, decisiva en la caída del muro, que nos trajo, después, el reencuentro entre los europeos del cual este Parlamento es, sin duda, su más alta expresión. 
Dignas de memoria fueron sus palabras, aquí, en este Parlamento, al afirmar que Europa necesitaba respirar con sus dos pulmones. 
Aquellas visionarias palabras son hoy realidad y la Unión Europea avanza en la unidad que todos necesitamos y que él quiso. 
Juan Pablo II deja tras de sí un legado de diálogo, de entendimiento y de reconciliación entre las religiones, así como entre los creyentes y los no creyentes. 
Ha sido un gran hombre y, sin duda, un gran europeo, que permanecerá en la memoria colectiva de este Parlamento. 
Por eso y por otras muchas razones quiero pedirles ahora que se recojan todos juntos en un minuto que recuerde su memoria. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente período parcial de sesiones, tal como fue establecido en la Conferencia de Presidentes el pasado jueves día 7 de abril, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado una solicitud dirigida a que la Comisión realice una Declaración sobre las importaciones ilegales de maíz BT 10 en la Unión Europea. 
Tiene la palabra el autor de la propuesta, señor Graefe zu Baringdorf. 
– Señor Presidente, el hecho es que Syngenta ha venido importando a Europa durante años maíz modificado genéticamente, sin que sea posible determinar si por error o de forma intencionada. 
Las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de ello antes de que nos lo notificaran; han permitido que la situación continuara y hasta ahora no ha sido informada la Comisión. 
Me gustaría de verdad que la Comisión nos dijera hasta qué punto podemos esperar que estas prácticas estén debidamente controladas en el futuro. 
¿Alguien desea intervenir a favor de la propuesta? 
Nadie. 
– Señor Presidente, es una iniciativa que vale la pena, pero en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos estimamos que sería preferible tener un debate con la Comisión Europea en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para seguir los procedimientos habituales y otorgar a dicha comisión la responsabilidad sobre este asunto. 
Por así decirlo, ello contaría con el pleno acuerdo del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el señor Florenz. 
Sometemos a votación la propuesta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, de incluir una declaración de la Comisión sobre las importaciones ilegales del maíz BT 10 en la Unión Europea. 
Señor Presidente, lo apretado del resultado y la declaración de la señora Grossetête me hacen suponer que, una vez que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya tratado este tema, volverá a la Cámara. 
Por supuesto. 
Una cuestión de orden. 
No le voy a pedir el artículo que invoca porque tampoco se lo he pedido al señor Swoboda, pero dígame en qué consiste. 
Señor Presidente, quiero manifestar que he votado en contra de la propuesta, pero lamentablemente no he utilizado la tarjeta electrónica para hacerlo. 
Deseo que quede registrado. 
Usted sabe que el voto electrónico requiere la introducción de la tarjeta. 
Sin tarjeta no se puede votar en el voto electrónico por definición, y yo no puedo saber quién tiene tarjeta y quién no. 
No alcanzo a ver si usted tiene tarjeta o no. 
Es el ordenador el que cuenta los votos. 
El suyo obviamente no ha podido ser contabilizado si no tenía usted tarjeta. 
Lo siento mucho. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
Hemos recibido dos solicitudes en relación con los puntos incluidos en los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
Por una parte, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha solicitado que se sustituya el punto Bangladesh por el tema Birmania. 
Y por otra parte, el Grupo del Partido Popular Europeo ha solicitado que se sustituya el punto Lampedusa por el tema Birmania. 
Votaremos primero la solicitud del Grupo Socialista. 
En el caso de que se aceptase, la solicitud del Grupo del Partido Popular decaería. 
¿Alguien desea explicar la solicitud del Grupo Socialista? 
– Señor Presidente, Señorías, nuestra petición es muy clara: pedimos que se cambie el punto sobre Bangladesh por el punto sobre Myanmar, porque consideramos que la situación en este último país es más urgente. 
No creo que la propia Delegación para las Relaciones con los Países de Asia Meridional espere una resolución sobre Bangladesh en este momento, mientras que sería conveniente que el Parlamento se pronunciara sobre Myanmar. 
¿Alguien desea expresarse a favor? 
Señor Salafranca. 
Señor Presidente, simplemente quiero decir que la petición que hace la presidenta de la delegación competente, señora Gill, es una propuesta muy razonable, porque permitiría retrasar este debate de urgencia a una sesión ulterior, dando tiempo a que la delegación competente se reúna, y que mi Grupo estaría dispuesto a apoyarla siempre que el Grupo Socialista apoyase otra propuesta razonable que nosotros hemos hecho: la de que la resolución de urgencia sobre Lampedusa se trate en un momento ulterior, dando tiempo a que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pueda realizar una misión, como en principio ha decidido, sobre el terreno. 
Señor Presidente, me gustaría que el Grupo Socialista se pronunciase al respecto. 
Usted está a favor bajo condiciones, pero no voy a preguntar ahora al Grupo Socialista si acepta sus condiciones, porque entonces estaríamos escenificando una negociación en el Pleno y no creo que sea oportuno. 
– Señor Presidente, Señorías, desearía destacar que llevamos ya varias semanas intentando llamar la atención de esta Cámara y de la opinión pública europea en general sobre la cuestión de Bangladesh, un país en que las tensiones internas son cada vez mayores. 
También me gustaría señalar que a pesar de la oposición de la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de Asia Meridional, esto no significa que la situación en este país no necesite debatirse urgentemente. 
Los motivos se me antojan bastante engañosos, de modo que estamos a favor de mantener este punto en el orden del día. 
Vamos a someter a votación la propuesta del Grupo Socialista que consiste en sustituir el punto Bangladesh por el tema Birmania. 
Vamos a someter a votación la solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo de sustituir el punto Lampedusa por el tema Birmania. 
Se mantiene el tema Lampedusa en el orden del día. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación para las sesiones de los días 27 y 28 de abril. 
El primer punto que vamos a abordar son las solicitudes de intervención de un minuto por parte de los diputados. 
Voy a atender primero a aquellos que se han tomado la molestia de dirigirse previamente a la Presidencia indicando su intención de intervenir y el tema sobre el que querían intervenir. 
En primer lugar, tiene la palabra el señor de Grandes Pascual. 
Señor Presidente, cuando en esta misma sesión plenaria el Parlamento Europeo exigirá inexcusablemente a Bulgaria y a Rumanía garantías de nítida separación de poderes en sus ordenamientos jurídicos, con inequívoca independencia del poder judicial, para su plena incorporación a la Unión Europea; cuando la Unión Europea ratifica sucesivamente en estos días un Tratado constitucional para Europa, que consagra la división de poderes como pieza esencial de su arquitectura constitucional, en este contexto, resulta para mí una triste obligación tener que denunciar la actitud regresiva del Gobierno socialista de España y su ataque frontal a la independencia del poder judicial. 
Pueden ustedes abandonar el hemiciclo si lo desean. 
Por favor, los que deseen abandonar el hemiciclo que lo hagan, pero no me conviertan los pasillos en un lugar de tertulias, impidiendo el normal desarrollo de la sesión. 
Dejen el hemiciclo si quieren, pero, por favor, no organicen tertulias en los pasillos. 
Adelante, señor De Grandes. 
Los hechos son contundentes: el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha consumado una reforma de la ley orgánica del poder judicial por la que se rompe el preexistente pacto para la justicia, se cambian las reglas de juego a mitad del mandato del Consejo General del Poder Judicial, se ocupa a la justicia impidiendo que ningún nombramiento prospere sin el visto bueno político de una minoría de bloqueo a las órdenes del Gobierno. 
Ya no tendrán relevancia ni el mérito ni la capacidad como condiciones de idoneidad para acceder a un cargo judicial, sino tan solo la afinidad a una minoría política. 
La situación es de bloqueo, se ha paralizado el Consejo en su misión de provisión de vacantes de jueces y magistrados. 
El escándalo es de tal magnitud, que algún distinguido aspirante ha renunciado a sus legítimas pretensiones, avergonzado del mercadeo en el que se han convertido las negociaciones sobre los nombramientos. 
Los socialistas, al llegar al poder en los años 80, proclamaron enfáticamente "Montesquieu ha muerto". 
– Señor Presidente, deseo informar a la Cámara de que se ha aprobado y se está ejecutando en Salónica un proyecto, subvencionado por la Unión Europea, destinado a la construcción y equipamiento de un centro deportivo y cultural con accesos mejorados para personas con discapacidades, por parte de la compañía no mercantil y sin ánimo de lucro Centro de Desarrollo Cultural 2000 para Actividades Físicas Adaptadas, con la participación del Ministerio de Cultura griego y del ayuntamiento de Termaico. 
Sin embargo, el Estado griego y el correspondiente organismo constructor, la junta municipal, han paralizado de repente la finalización del centro sin razón aparente alguna y se han negado a abonar el dinero presupuestado para el mismo. 
Aun cuando los organismos implicados habían cumplido todos los trámites legales estipulados, el Estado griego, al ser uno de los organismos titulares, está poniendo en peligro el progreso global del proyecto y está privando a los atletas con discapacidades y al resto de la ciudad del acceso, la participación y la contribución al producto cultural y deportivo en fase de producción. 
Quiero resaltar que ninguna burocracia está autorizada a... 
Cuando el Parlamento votó el Presupuesto, votó en contra de la propuesta de reservar 1,5 millones de euros para el Encuentro Mundial de la Juventud. 
Según todos los indicios, la Comisión se propone ahora conceder efectivamente dicha cantidad. 
Si bien ya me he dirigido a usted por escrito a este respecto, me gustaría que preguntara a la Comisión si esto es así, qué criterios está aplicando la Comisión y por qué la Comisión se resiste a aceptar la decisión del Parlamento. 
– Quiero expresar mi preocupación en relación con las directrices para la aplicación de la cláusula de salvaguardia al sector textil y de la confección, anunciada por la Comisión el 6 de abril. Dejando a un lado el retraso en su elaboración, estas directrices contienen limitaciones y trámites que pueden complicar y frenar la activación de la cláusula, impidiéndonos así dar la respuesta necesaria e inmediata a una situación tan grave como para poner en peligro a miles de empresas y puestos de trabajo. 
La Comisión parece haber confirmado que desea que estas directrices bloqueen, no que faciliten, la aplicación de dichas medidas de salvaguardia, tal como ha expuesto la Comisaria Ferrero Waldner durante el debate en esta Cámara. 
Nos preguntamos cuáles serán las consecuencias de todo esto. 
A la luz de las informaciones sobre el notable incremento de las solicitudes de exportación a la UE, hace tiempo que deberían haberse adoptado medidas para defender el presente y el futuro de este importante sector, tales como la puesta en práctica, cuanto antes, de las cláusulas de salvaguardia previstas en los acuerdos comerciales. 
Señor Presidente, quiero rendir homenaje ante esta Cámara al Santo Padre Juan Pablo II. En su viaje postrero estuvo acompañado por los millones de creyentes y no creyentes que le presentaron sus respetos en Roma, así como por las innumerables personas de todo el mundo que siguieron los acontecimientos a través de los medios de comunicación. 
Por medio de su unión íntima con Dios, y haciendo honor a su lema, , las acciones del Papa Juan Pablo II nos mostraron la voluntad de Dios para dar forma a la civilización, la vida y el amor. 
En sus funciones como sacerdote, obispo, cardenal y papa defendió la vida desde su concepción hasta la muerte natural, así como la dignidad y los derechos de todo individuo y de las naciones, al tiempo que nos recordó que la democracia sin valores rápidamente puede convertirse en un totalitarismo abierto o disfrazado. 
El Santo Padre Juan Pablo II nos recordó que solo una Europa capaz de descubrir de nuevo sus raíces cristianas, y no de suprimirlas, estará en condiciones de hacer frente a los grandes desafíos del tercer milenio. 
Estos desafíos incluyen la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la salvaguardia de la Creación. 
Elevemos nuestras preces al Señor por el Santo Padre, así como por una Europa unida de patrias enraizadas en los valores cristianos. 
– Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre el Global Security Fund, fundado a principios de la década de 1990 bajo los auspicios de Jacob Rothschild. 
Se trata de un fondo radicado en Bruselas y no es un fondo cualquiera: no negocia, no cotiza y su objeto es totalmente diferente. 
Se utiliza para fines de ingeniería geopolítica, al parecer bajo la dirección de los servicios de inteligencia. 
Anteriormente ya he formulado una pregunta acerca de la presunta implicación de los propios recursos de inteligencia de la Unión Europea en la gestión de fondos para sobornos en cuentas del extranjero, y todavía estoy esperando una respuesta. 
A esa pregunta añado ahora otra: ¿cuáles son las conexiones de la Unión Europea con el Global Security Fund y qué relación mantiene este con las instituciones de la Unión Europea? 
– Señor Presidente, en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tuvo lugar en Estambul una manifestación violenta en la que la policía hizo uso de la fuerza para dispersar a las mujeres. 
En ese mismo momento se encontraba en Turquía una delegación europea. 
Creo que debería haber hecho las maletas de inmediato. 
A veces, los gestos son más elocuentes que las palabras. 
Yo he votado a favor de la admisión de Turquía. 
Espero que la Comisión sea tan firme como es debido para que asegurar que Turquía se ajuste a las normas que quisiéramos imponer. 
– Señor Presidente, la Asamblea Nacional turca aprobó en junio de 1995 una moción que autorizaba al Gobierno turco a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter militar, contra Grecia en el caso de que esta, ejerciendo su derecho soberano, ampliara sus aguas jurisdiccionales a 12 millas marinas, tal como prevé la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. 
Algunos días antes, el Presidente de la Asamblea Nacional turca había propuesto la supresión del. 
Sin embargo, unas horas más tarde, el Primer Ministro turco y el Ministro de Asuntos Exteriores lo volvieron a declarar. 
Creo que, en calidad de Presidente del Parlamento Europeo y con la sensibilidad que le caracteriza, debería adoptar una iniciativa inmediata y enviar una misión a este respecto al Presidente de la Asamblea Nacional turca y a los partidos políticos, a fin de que se suprima este anacronismo histórico en un país que pretende acceder a la Unión Europea y sobre el que el Parlamento Europeo aprobó una resolución positiva en diciembre de 2004. 
Estamos sumamente interesados en fortalecer la credibilidad, la visibilidad y la eficacia del Parlamento Europeo. 
Tomaré en cuenta su consideración señor Beglitis. 
Los servicios de la Cámara lo estudiarán y, en su caso, le daremos curso. 
Señor De Rossa. 
– Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por el hecho de que el Gobierno irlandés no respeta plenamente las mínimas normas legales y humanitarias establecidas por la Unión Europea en materia de recepción y trato dado a inmigrantes y solicitantes de asilo. 
El 14 de marzo de este año, la policía detuvo a 35 nigerianos, hombres, mujeres y niños. 
La policía registró las escuelas para detener a niños y deportarlos; deportó a padres sin hijos que no pudieron ser hallados; y deportó a un joven que estaba a punto de realizar, en el plazo de unas semanas, el Leaving Certificate, un examen muy importante en Irlanda, ya que garantiza la admisión a las universidades irlandesas. 
Lo extraordinario es que el Gobierno irlandés ha tenido que revocar ahora su decisión de deportar a ese joven y, después de declarar que lamenta haber cometido un error, le ha facilitado un visado para seis meses. 
Creo firmemente que el Gobierno irlandés está violando las normas de la Unión Europea en materia de transparencia a la hora de cumplir el derecho humanitario, así como las normas mínimas que hemos establecido. 
Así pues, le ruego, señor Presidente, que pida a la Comisión que realice una investigación sobre este asunto e informe a esta Cámara. 
– Señor Presidente, una joven turca de veinte años, enferma de leucemia, va a morir pronto a menos que se someta a un transplante de médula ósea de un donante compatible. 
Chipre cuenta con uno de los mayores bancos de transplantes de médula ósea en Europa. 
Se han encontrado dos donantes grecochipriotas que están dispuestos a donar médula ósea a la paciente turca. 
Lamentablemente, las autoridades turcas están poniendo diversas trabas de naturaleza política al traslado de la médula ósea donada de Chipre a Turquía. 
Señor Presidente, ¿podría usted, dada la urgencia, hacer uso de sus buenos oficios para ponerse en contacto con el Gobierno turco a fin de instarle a que colabore en esta cuestión humanitaria y demuestre que la lucha contra el cáncer no tiene fronteras en Europa? 
Tendré en cuenta su solicitud. 
Los servicios de la Cámara me informarán y, si procede, le daremos curso. 
Tiene la palabra el señor Tannock. 
– Señor Presidente, quiero protestar por la decisión del señor Berretta, director general de Eutelsat, de rescindir el contrato a New Tang Dynasty Television, un canal mundial radicado en los Estados Unidos que es la única emisora libre y no censurada en lengua china que llega a la China continental, para disgusto del Gobierno comunista. 
Esta rescisión se debe por lo visto a las amenazas comerciales esgrimidas por la República Popular China de revocar los contratos de retransmisión por televisión de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 
La UE, aunque lógicamente deseosa de comerciar con China, no debe transigir en su compromiso con los derechos humanos fundamentales, que incluyen la libertad de expresión y de conciencia, así como el acceso a medios de comunicación libres. 
El asunto se encuentra actualmente en los tribunales franceses, pero estoy convencido de que esta Cámara respaldará mi petición al Presidente de este Parlamento de que escriba a Eutelsat exigiendo una explicación exhaustiva de los motivos por los que incumple su propia misión, comprometida a salvaguardar la libertad de los medios de comunicación. 
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo sabe que el partido ZANU-PF del Presidente Mugabe ha ganado las elecciones parlamentarias en Zimbabue por mayoría aplastante, pero nadie se llama a engaño, ya que es de dominio público que tales elecciones distaron mucho de ser libres y limpias. 
Han sido objeto de actos de intimidación y terror por parte de los seguidores de Mugabe, así como de fraude electoral masivo. 
Sin embargo, los observadores de la Comunidad de Desarrollo del África Austral mantienen que las elecciones han sido libres y que el resultado refleja fielmente la voluntad del pueblo de Zimbabue. 
Mientras tanto, ese país se halla cada vez más próximo al abismo. 
Va siendo hora de que contemos con una política nueva, que recuerde sus responsabilidades a los países africanos. 
La «diplomacia silenciosa» del Presidente de Sudáfrica equivale a la complicidad con el régimen de Mugabe. 
El periódico británico acierta al afirmar que, mientras los dirigentes africanos y Mbeki se nieguen a emprender acciones contra Zimbabue, sus promesas de democracia y gobernanza como contrapartida a las subvenciones europeas carecen totalmente de valor. 
Si dichos países continúan protegiendo a Mugabe, la UE debería dejar de darles dinero. 
Señorías, según reza el dicho, no hay nada más anticuado que las noticias del día anterior. 
Sin embargo, en la práctica esta Cámara podría pasar con un solo periódico durante todo un año. 
Es el período de tiempo que ha transcurrido desde las elecciones al nuevo Parlamento, y sin embargo continuamos contando a nuestros visitantes –200 000 personas han visitado los edificios del Parlamento aquí en Estrasburgo y en Bruselas en el transcurso de un año– que el señor Cox es el Presidente del Parlamento. 
Los folletos que recogen esta información, junto con la antigua composición de los órganos dirigentes del Parlamento y el número de escaños ocupados anteriormente por los distintos grupos parlamentarios, no han sido actualizados desde hace mucho tiempo. 
Así pues, quiero preguntar cuánto tiempo vamos a seguir funcionando a rastras de esta manera, toda vez que no solo deseamos que el público europeo respete nuestras decisiones, sino que también las cumpla. 
Creo que todos deberíamos sentirnos avergonzados de difundir este material anticuado a decenas de miles de personas. 
Señor Presidente, deseo llamar su atención sobre el hecho de que el 19 de enero un tribunal en Atenas condenó al caricaturista y artista austriaco Gerhard Haderer a seis meses de cárcel, acusado de blasfemia por la Iglesia Ortodoxa griega en relación con su libro «La vida de Jesús». 
La sentencia todavía no es firme, ya que el señor Haderer la ha recurrido. 
Dicho recurso se verá el 13 de abril, o lo que es lo mismo, pasado mañana. 
Lo considero un asalto contra la libertad de expresión y un ataque al arte, y pido a las autoridades griegas que consideren el asunto y examinen si sus leyes se hallan en conflicto con los derechos fundamentales europeos en lo referente a la libertad de expresión y la libertad de creación artística. 
Dado que las autoridades austriacas ya han archivado las actuaciones contra el señor Haderer, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que nadie puede ser juzgado en un Estado miembro por una acción con respecto a la cual hayan sido archivadas las actuaciones en otro, la orden de detención europea no debe aplicarse en este caso, y las autoridades austriacas deben informar de inmediato a la justicia griega acerca de lo que han puesto de manifiesto sus investigaciones. 
Señor Presidente, Señorías, hace un rato el Presidente nos ha pedido guardar un minuto de silencio en memoria del Papa Juan Pablo II. Aprovechando esta memorable ocasión, deseo hacer un llamamiento al Parlamento Europeo para que colabore con la Sede Apostólica en la organización de una conferencia sobre empleo, a celebrar antes de finales de año. 
El tema del empleo, que constituye un grave problema para Europa, la Unión Europea y el mundo en general, era muy querido para el papa polaco, que albergaba la convicción de que siempre había que proporcionar ayuda a la gente sin empleo. 
Creo que este tema es uno de los que podría unir a los creyentes y a los que no los son, y por creyentes me refiero tanto a los católicos como a los de otras religiones. 
Por esta razón hago un llamamiento al Parlamento Europeo a que celebre una conferencia de este tipo durante el presente año en colaboración con la Sede Apostólica. 
Creo que constituiría además un homenaje apropiado para una figura tan grande. 
– Señor Presidente, hace dos años un joven londinense, de nombre Jeremiah Duggan, murió atropellado en una autopista cerca de Wiesbaden, en Alemania. 
Las autoridades alemanas decidieron rápidamente que se trataba de un caso de suicidio y ni siquiera tomaron declaración a los testigos o a quienes le vieron por última vez. 
A pesar de las abundantes pruebas reunidas por la señora Erica Duggan, su madre, en el sentido de que Jeremiah había muerto en circunstancias muy inquietantes y sospechosas, la fiscal del Estado de Hesse decidió la semana pasada no investigar el caso. 
Las pruebas presentadas por la mujer se refieren a la organización en que estaba metido Jeremiah inmediatamente antes de su muerte y que parece ser una siniestra secta antisemita. 
Tal vez estuviera siendo perseguido por ella y se sintiera atormentado. Se denomina la red Lyndon LaRouche o Instituto Schiller. 
Recluta jóvenes en Europa para un culto peligroso. 
Algunas de sus ideas son pura basura, pero también cultiva muchas teorías conspiratorias destructivas y antisemitas. 
En estas circunstancias resulta inexplicable la posición de la fiscal en el sentido de que su trabajo no consiste en proteger al público de peligros conocidos. 
Voy a plantear este caso a otros diputados al Parlamento Europeo y quizá le pida que intervenga en el momento oportuno. 
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales exige proteger la vida, lo cual debe implicar la investigación de muertes sospechosas. 
Señor Presidente, Señorías, la Política Exterior y de Seguridad Común que la Unión Europea está empeñada en desarrollar incluye necesariamente la reglamentación conjunta de las exportaciones de armas, por lo que quisiera llamar su atención sobre el hecho de que Venezuela está inmersa actualmente en un proceso de rearme y que eso, a la vista de los conflictos en sus fronteras, es muy probable que desemboque en una situación de crisis. 
Por citar un ejemplo, Venezuela ha comprado 100 000 fusiles kalashnikov a Rusia, y dado que su ejército sólo cuenta con 35 000 soldados, no queda sino preguntarse a quién están destinados. 
Venezuela ha firmado asimismo un contrato con un Estado miembro de la Unión Europea para la compra de cuatro corbetas, cuatro patrulleras, diez aviones de transporte y dos aviones de reconocimiento marítimo. 
Le ruego, señor Presidente, que estudie si estas acciones constituyen una violación del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara sobre la situación actual relativa al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
Este Tratado, que fue firmado en octubre de 2004, se halla actualmente a la espera de su ratificación antes de entrar en vigor. 
Por tanto, la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué obligaciones recaen sobre un Estado que ha firmado el Tratado, pero aún no lo ha ratificado? 
La respuesta a esta pregunta puede hallarse en el Derecho internacional, concretamente en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 
El artículo 18 de esta Convención afirma que un Estado en esta situación está obligado a impedir cualquier acto que dificulte o imposibilite la entrada en vigor del acuerdo en cuestión, o que frustre el objetivo y finalidad del mismo. 
Lo que esto significa es que los Gobiernos están obligados por el Derecho internacional a dar todos los pasos necesarios para garantizar la ratificación de la Constitución europea. 
Por tanto, se concluye que ni los Estados ni los Gobiernos deberían apoyar o tolerar en forma alguna las campañas contrarias a la Constitución. 
Como reza el dicho latino, , esto es, «los pactos deben cumplirse». 
– Señor Presidente, la gran fortaleza del euro está creando enormes problemas en los países económicamente menos desarrollados de Europa. 
Tenemos problemas con la competitividad. 
Los artículos que no son de marca no se están vendiendo. 
Los Mercedes se venden, por supuesto, por la marca; los perfumes franceses se venden por la marca, pero los artículos sencillos procedentes de fábricas de Grecia y otros países no se venden porque son muy caros. 
Existe un problema enorme por culpa de un euro muy fuerte. 
Resulta imposible para mi país cubrir de golpe este déficit cuando se están cerrando fábricas, cuando se están trasladando fábricas fuera de Grecia porque no pueden hacer frente a los costes derivados de un euro muy fuerte. 
No podemos vender nuestros productos. 
No tenemos turistas. 
Nadie va de vacaciones a un país mediterráneo con una moneda tan fuerte. 
Se van a la costa de enfrente. 
Por tanto, Europa necesita estabilizar el euro frente al dólar, porque de lo contrario pronto tendremos que enfrentarnos a un problema grave. 
Tenemos que pensar y mirar al futuro, de forma que los pueblos de Europa gocen de un nivel de vida aceptable, en vez del nivel miserable al que les relegará un euro muy fuerte. 
– Señor Presidente, hoy voy a iniciar un proceso de denuncia de aquellos Estados miembros que no ponen en práctica las directivas europeas. 
Actualmente hay 83 directivas de Lisboa que hemos aprobado en el Parlamento Europeo. 
De las 63 que deberían haberse aplicado hasta ahora, solo diez lo están plenamente. 
Hoy quiero mencionar la Directiva sobre electricidad, que debería estar implantada desde el 1 de junio de 2004. 
Los países que no han transpuesto la Directiva sobre electricidad son Bélgica, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia y Portugal. 
Suecia está aún pendiente de notificar a la Comisión la legislación por la que transpone la Directiva sobre electricidad. 
Creo que peligra la Agenda de Lisboa. 
Es hora de que presionemos a los Estados miembros. 
Me gustaría, señor Presidente, que escribiera a los Gobiernos citados preguntándoles cuándo piensan transponer la directiva. 
Tomo nota de su petición. 
Los servicios de la Cámara me ayudarán a analizarla y, si procede, le daremos curso. 
Tiene la palabra el señor Pęk. 
Señor Presidente, Señorías, la figura más grande de nuestro tiempo, Juan Pablo II, ha fallecido. Todo el mundo se ha visto afectado por las noticias y ha quedado sumido en el dolor, y millones de personas le han rendido tributo. 
En un momento en que la Unión Europea está inmersa en una crisis de valores, esta Cámara necesita escuchar la verdad real acerca del origen de la fortaleza moral y espiritual de Juan Pablo II y la fuente del poder espiritual que irradiaba este hombre maravilloso. 
Provenían de algo que ustedes rechazan, Señorías, a saber, la propia esencia de las enseñanzas de Jesucristo, que están llenas de amor y verdad. 
Solo existe una verdad, y si el embrión de Estado europeo que se halla actualmente en construcción rechaza esta verdad, yendo con ello en contra de las creencias de millones de personas en todo el mundo, cometerá un grave error y el edifico completo se vendrá abajo. 
–Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo se hiciera eco de los miles, de hecho millones, de trabajadores del sector textil que ven su empleo amenazado por la supresión de las cuotas en el marco de la OMC. 
Los Estados Unidos no se han complicado tanto la vida como la Comisión Europea a la hora de establecer el procedimiento para salvaguardarse de los productos textiles chinos. 
La Comisión Europea nos pide que esperemos. 
Según la organización Euratex, perderemos 1 350 puestos de trabajo diarios en la industria textil si no se toma la decisión de salvaguardarla. 
¿Cuántos desempleados habrá de tener la Comisión en su conciencia para que se digne por fin a responder? 
Quedan solo dos peticiones de palabra registradas. 
Tiene la palabra el señor Medina Ortega. 
Señor Presidente, lamento la intervención del señor de Grandes, que se ha equivocado de Parlamento. 
Ha planteado un tema que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de las instituciones españolas. 
En este momento, el Gobierno socialista está tratando de restablecer el equilibrio, gravemente perturbado como consecuencia de las presiones del anterior Gobierno del Partido Popular sobre el poder judicial. 
Esperamos que el Partido Popular, dentro del sistema constitucional español, esté dispuesto a adoptar una postura más flexible, para que sea posible reconducir el sistema judicial español a las pautas de un Estado de Derecho. 
Señor Presidente, nunca hablamos de los derechos de los niños, casi como si no existieran, pero sí existen. 
Niños que sufren abusos sexuales, niños que son objeto de otros tipos de abusos, ya sean niños soldados o niños hambrientos, y niños que no van a la escuela. 
El Comisario Frattini conoce bien todos estos problemas y me parece que usted podría organizar con la Comisión que esta cuestión, la cuestión de los derechos infantiles, sea debatida en una sesión plenaria. 
Señor de Grandes, ¿está usted solicitando la palabra por una cuestión de orden? 
Señor Presidente, intervengo basándome en el artículo 145 del Reglamento, por alusiones personales. 
El artículo 145 ya fue invocado en su día por otro diputado y le hice observar que este artículo remite a cuestiones de carácter personal. 
Yo, francamente, no creo que su persona haya sido puesta en cuestión. 
Señor Presidente, mi persona ha sido citada expresamente, refiriendose a una utilización fraudulenta del Parlamento. 
Ha sido usted citado, pero no creo que.... 
Señor Presidente, he sido aludido, con juicio de valor. 
Mire, señor de Grandes, no quisiera que las circunstancias que concurren en mi caso dieran lugar a una interpretación sesgada del uso que hago del Reglamento, porque sería lamentable, pero no sería el caso, señor de Grandes. 
Le voy a dar a usted la palabra. 
Es la segunda vez que esto ocurre; tendré que dirigir una circular a todos los diputados, señalándoles claramente cuál es el alcance del artículo 145. 
Tiene usted la palabra para contestar, le voy a leer el artículo, "a un hecho personal"; y dice el artículo 145 que el orador, en este caso, usted, "no puede expresarse sobre el fondo del debate. Puede únicamente rechazar las circunstancias que le conciernen personalmente". 
Esto es lo que dice el artículo 145. 
Usted lo invoca y yo le pido que se atenga a él. 
Señor Presidente, se me ha aludido expresamente diciendo que me he equivocado de Parlamento. 
Señor Presidente, yo no me he equivocado de Parlamento. 
Este es el foro en el que hay que defender la Carta de Derechos Fundamentales, y la división de poderes, que es el título sobre el que he preguntado, está siendo hostigada en mi país, desgraciadamente, y yo he querido denunciarlo en el ámbito de la Unión. 
Porque cuando exigimos a otros países ese respeto, tenemos que empezar por cumplirlo nosotros mismos. 
Esa es la desgracia de este instante y es la que he denunciado con rigor en este Parlamento. 
Muchas gracias. 
Es dudoso si su exposición ha sido sobre el fondo del asunto o no; tendremos que clarificar cuál es el alcance de este artículo. 
Señor Medina, le ruego que no insista usted en el tema porque entraremos en una cadena sin fin. 
Le ruego que sea usted razonable y no insista, porque no podemos entender que usted ha sido ahora aludido personalmente. 
Se lo agradezco, señor Medina. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Se trata de varias preguntas orales. 
Tiene la palabra el señor Cavada. 
. –Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, las preguntas orales que le formula la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior se centran en tres requisitos sobre los cuales vuelve el Parlamento regularmente desde que el Tratado de Ámsterdam nos fijó el objetivo de transformar la Unión en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En efecto, desde 1999 estamos convencidos de que este objetivo solamente se alcanzará si se cumplen tres condiciones: más legitimidad, más eficacia y más credibilidad en nuestra acción política. 
En primer lugar, más legitimidad. 
Lo que esto significa para el Parlamento es más respeto por el principio democrático según el cual es absolutamente necesario que el Parlamento Europeo participe más seriamente en la elaboración de la legislación europea y en la negociación de los acuerdos internacionales. 
En La Haya, el Consejo Europeo decidió realizar el traspaso a la codecisión en lo que respecta a la inmigración ilegal, pero –cosa que es bastante rara– rechazó la codecisión en lo que respecta a la inmigración legal, que es la modalidad de inmigración que más interesa a los europeos. 
El Parlamento también sigue siendo meramente consultado en asuntos penales, que es el ámbito más sensible de la relación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. 
El Consejo no comprendido aún que si esta relación no se basa en unas normas muy estrictas y en una política valiente de promoción de los derechos fundamentales, toda iniciativa lanzada por la Unión puede ser impugnada por los mismos Estados miembros que frenan el desarrollo de la UE. 
Este desfase entre las declaraciones públicas y las decisiones concretas nos ha llevado ya ante el Tribunal de Justicia con respecto a las normativas en materia de agrupación familiar, de protección de datos y quizás, mañana, de procedimiento de asilo. 
A continuación viene la necesidad de más eficacia, porque la mayoría de las respuestas que dan las instituciones a las peticiones en materia de libre circulación de las personas o de lucha contra la delincuencia organizada o contra el terrorismo siguen siendo muy vagas, cuando no declaraciones meramente teóricas. 
Una nueva prueba de ello es que seguimos avanzando a tientas en materia de control de fronteras y de desarrollo de la cooperación Schengen, pero también en materia de prevención de conflictos o de promoción de la integración. 
La falta de objetivos y prioridades claros nos lleva a dispersar las energías, del mismo modo que la ausencia de una vinculación evidente con otras políticas comunitarias, que sin embargo son complementarias de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Otro elemento esencial que hay que definir es la relación entre las instituciones europeas y las instituciones nacionales. 
Difícilmente podremos conseguir más confianza mutua si no logramos definir las tareas de cada nivel de toma de decisiones, las respuestas esperadas y las medidas que hay que tomar en caso de inacción. 
No debemos olvidar que, cuando hablamos de libertades o de seguridad de los ciudadanos, la cadena es solamente tan fuerte como su eslabón más débil. 
Por último, necesitamos más credibilidad. 
El año pasado, el Consejo Europeo tuvo que enfrentarse a un número impresionante de ejemplos en que el plan de acción contra el terrorismo no se puso en práctica. 
Todo lo que fue capaz de hacer fue nombrar a un representante del Secretario General, añadiendo así, si falta hacía, una nueva pieza a una especie de mecano institucional que no brilla por su transparencia y seguramente tampoco por su eficacia. 
A fecha de hoy, agencias como Europol o CEPOL todavía tienen que demostrar su utilidad y tienen dificultades para integrarse en los sistemas nacionales de seguridad. 
El Parlamento Europeo ha pedido en muchas ocasiones al Consejo que cree organismos creíbles, mejor integrados en el marco institucional de la Unión, pero nunca ha recibido respuestas realmente creíbles. 
En algunos casos, como el desarrollo de los organismos de información, las respuestas han sido incluso tan vagas que empezamos a preguntarnos si su concepción está realmente a la altura de las cuestiones que se plantean. 
En todo caso, escucharé con gran atención, o más bien –puesto que compromisos de la campaña electoral en Francia me obligan a abandonar la Cámara dentro de unos minutos– leeré atentamente mañana por la mañana las respuestas que se nos den en el curso de este debate. 
Puedo comprometerme desde ahora a presentar a la comisión parlamentaria competente propuestas para relanzar, entre nuestras instituciones, un diálogo que esté a la altura de nuestras expectativas, las de nuestros ciudadanos y también las generadas por las tareas que los Tratados nos han confiado y que requieren una perspectiva política clara, y no respuestas tecnocráticas dilatorias. 
. Señor Presidente, Señorías, el señor Cavada ha estado muy acertado al suscitar justo ahora el tema de la implicación del Parlamento, y creo que deberíamos dedicar más atención a nuestro planteamiento en un ámbito tan sensible como este. 
Concretamente, ya que estamos debatiendo el espacio de libertad, seguridad y justicia, me gustaría centrarme en la propuesta prevista sobre la retención de datos. 
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior –y yo, en calidad de ponente– tiene dudas acerca del fundamento jurídico de esta propuesta, y en este punto, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión Europea y los Servicios Jurídicos del Consejo estaban de acuerdo con nosotros. 
Ahora solo me gustaría saber si podemos asumir que el Consejo obrará en el mismo sentido e implicar al Parlamento en la decisión sobre este asunto, o si debemos dar por descontado que los Estados miembros mantendrán su propuesta a sabiendas de que se están enfrentando a tres instituciones. 
Tengo gran interés en obtener una respuesta de forma muy urgente. 
. Señor Presidente, mi Grupo tiene una honda preocupación acerca del plan para realizar un seguimiento, en el futuro, de cuándo y con quién se comunican los ciudadanos por teléfono, fax y correo electrónico y, de hecho, qué sitios web visitan, con el propósito de crear un registro de sus intereses. 
Eso resulta sin duda intolerable y constituye un ejemplo típico de legislación que contribuye, sobre todo, a que los políticos se sientan mejor consigo mismos y para demostrar que, en ocasiones, pueden realizar acciones drásticas, aunque resta por ver si eso es eficaz o no. 
¿No sería preferible canalizar el montón de millones necesarios hacia investigaciones específicas? 
Antes de ni siquiera pensar en conceder mi aprobación, me gustaría que el Consejo me aportara razones sólidas por las que este enorme incremento resulta necesario, proporcionado y eficaz. 
Desafío al Consejo a que me presente los hechos desnudos y prescinda de la retórica hueca. 
Mi Grupo también está –como ha expuesto hace un momento el señor Alvaro– profundamente preocupado por el procedimiento. 
El Consejo sabe que el Parlamento está muy a favor de los derechos civiles y las medidas eficaces para combatir la delincuencia, bastante más que los Gobiernos. 
Por eso los Gobiernos están firmemente dispuestos a legislar sin la intervención de ningún Parlamento. 
La Comisión y los servicios jurídicos nos dicen que este asunto cae dentro del ámbito del primer pilar, donde el Parlamento tiene algo que decir. 
La Comisión ya ha manifestado que va a presentar una propuesta propia, pero el Consejo, como si llevara un piloto automático, continúa celebrando reuniones sobre la propuesta de esos cuatro Estados miembros. 
También me gustaría saber cómo se puede conciliar con la posición de los Gobiernos sobre la Constitución, que al fin y al cabo estipula que el Parlamento se convertirá en colegislador también en el tercer pilar. 
Los Gobiernos afirman que desean de verdad este control democrático, pero se exponen a perder toda credibilidad si ahora intentan eludirlo sacando apresuradamente algo adelante que tendrá implicaciones enormes para el público y para cientos de empresas de Internet y de telecomunicaciones. 
¿Va a decidir el Consejo simplemente esperar la propuesta de la Comisión, o debería acudir de nuevo esta Cámara al Tribunal de Justicia para imponer la democracia a los Estados miembros por medio de una sentencia jurídica? 
– Señor Presidente, Señorías, se nos acaba de proporcionar un ejemplo tangible de cuál es el tema de este debate. 
El ejemplo –el de la Directiva marco sobre retención de datos– es importante porque fija dos temas bastante diferentes, siendo el primero el de la forma en que están relacionadas entre sí las instituciones. 
No tiene sentido plantear unos principios magníficos relativos a la justicia, la libertad y la salvaguardia de los derechos, pero no hacer nada al respecto en una situación de la vida real que implica las relaciones entre las instituciones. 
La cuestión que ha planteado el señor Alvaro aún no ha sido respondida y se suponía que el Consejo debía hacerlo hoy. 
Si esta Cámara y la Comisión tienen recelos justificados acerca de si debería estar involucrado el Parlamento y, en el caso de que debiera, hasta qué punto, entonces –si queremos llegar a alguna conclusión– el Consejo nos debe comunicar hoy su decisión final sobre el asunto. 
Durante meses hemos tenido la sensación de que se trata de un tema en el que al Parlamento se le han estado dando largas. 
Podemos discutir todo lo que queramos, pero no es posible llegar a ningún tipo de decisión concreta y definitiva. 
El Parlamento no está siendo involucrado y no se está adoptando ninguna decisión final. 
El segundo tema es el de que aún no se ha dado respuesta a la pregunta que ha planteado hace un momento la señora Buitenweg acerca de si realmente es necesario hacer este tipo de cosas con los datos, de si es productivo, si es útil, si verdaderamente contribuirá a mantener la seguridad de la gente en la Unión Europea, o de si no se trata más que de un tiro a bocajarro en un momento en el que la Unión Europea se hallaba también en una situación de crisis grave. 
En primer lugar, ¿qué papel va a desempeñar el Parlamento, y en segundo, en qué fase del proceso cabe esperar que intervengamos? 
Esperamos respuestas concretas para ambos interrogantes. 
La tercera pregunta que precisa una contestación tiene que ver con el objeto real de esta medida. 
. –Señor Presidente, en 2004 se produjeron avances significativos en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, primero con la adopción del Programa de La Haya, que establece las nuevas prioridades para los próximos años, y en segundo lugar con una decisión del Consejo de 22 de diciembre, que permite pasar a la codecisión en materia de control de fronteras, asilo, inmigración, cooperación judicial en asuntos penales y cooperación policial. 
No podemos sino congratularnos de que el Consejo haya escuchado nuestras peticiones, y deseamos continuar en este espíritu de diálogo entre interlocutores iguales para garantizar la continuidad de los progresos que quedan por realizar. 
Lamentablemente, la política europea de inmigración se ha desarrollado sobre todo a base de medidas represivas y de lucha contra la inmigración ilegal. 
Por ello me encanta que la Comisión haya presentado un Libro Verde sobre la inmigración económica. 
Pero quisiera que ese Libro Verde permitiera debatir más ampliamente la apertura de vías para la inmigración legal y no se limitara a las necesidades del mercado de trabajo europeo. 
En efecto, aunque un debate sobre la inmigración económica es absolutamente necesario para la política europea de inmigración, no estamos dispuestos a ir de compras por países terceros. 
Debemos esforzarnos por encontrar soluciones duraderas para los migrantes, soluciones que respeten sus derechos fundamentales. 
Llamo pues a los Estados miembros a que permitan pasar a la codecisión en relación con la inmigración legal. 
En el año 2004 tuvo lugar asimismo la presentación de la propuesta de directiva sobre los procedimientos relativos a la concesión y la retirada del estatuto de refugiado. 
Quiero de veras llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre nuestra viva gran preocupación por esta propuesta. 
Al autorizar un número excesivo de excepciones, en efecto, la propuesta se limita a una nivelación a la baja de la política de asilo. 
En el peor de los casos, puede poner en peligro las políticas de asilo más protectoras de algunos Estados miembros. 
Lamento que el Consejo no haya permitido el paso a la codecisión en esta materia y le pido que tome en consideración las inquietudes del Parlamento Europeo. 
Queremos preguntar al Consejo dónde está su propuesta sobre la retención de los datos, puesto que el Comisario Frattini nos anunció que la Comisión deseaba presentar su propia propuesta. 
¿Van a permitir un instrumento de protección de los datos personales en el tercer pilar? 
La pregunta se ha planteado y esperamos una respuesta. 
Por último, quisiera pedir que el Consejo decida, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de esta semana, consultar de nuevo al Parlamento Europeo sobre la directiva marco relativa al racismo y la xenofobia. 
Espero con interés sus respuestas. 
. Señor Presidente, permítame en primer lugar que les agradezca esta ocasión que brindan al Consejo de hacer balance del progreso realizado en 2004 en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Quisiera dar las gracias en particular al señor Cavada, al señor Alvaro, a la señora Buitenweg, al señor Reul y a la señora Roure por las preguntas que han formulado, que tienen que ver con el futuro y el funcionamiento de este espacio de libertad, seguridad y justicia, que –como acaban de resaltar– registró en 2004 progresos considerables. 
El año 2004 fue el año del Tratado Constitucional, con progresos significativos en la construcción de una Europa más segura y, por tanto, más libre. 
Fue el año de adopción del Programa de La Haya sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, un catálogo concreto de medidas que deben aplicarse. 
Fue también el año de adopción de más de un centenar de textos en relación con el espacio de libertad. 
¡Qué gran progreso para uno de los grandes proyectos de profundización de Europa después de su ampliación, que también tuvo lugar en 2004! 
Sí, 2004 fue el año del Tratado Constitucional, que abre nuevos horizontes para los ciudadanos y para el Parlamento Europeo, como demuestran las preguntas que ha formulado el señor Cavada. 
Con la intensificación de la cooperación judicial y policial, con la ampliación de la codecisión y de la votación por mayoría cualificada –una necesidad absoluta en una Europa democrática de veinticinco Estados miembros– y al sentar las bases para una política verdaderamente común en materia de asilo y de inmigración, Europa aportará un auténtico valor añadido a nuestros conciudadanos en materia de seguridad, justicia y libertad. 
Ningún Estado miembro puede afrontar por sí solo los desafíos de la inmigración, de la delincuencia organizada y del terrorismo internacional. 
Necesitamos más Europa. 
Un sí a la Constitución europea será un sí a una Europa más segura y, por tanto, más libre. 
Un no a la Constitución europea significa que mantendremos las barreras nacionales para nuestros policías y nuestros magistrados, mientras los delincuentes sacan partido de la ausencia de fronteras. 
Es un estado de cosas que no podemos aceptar. 
El señor Cavada tiene razón al resaltar buen número de nuevas perspectivas que abre el Tratado Constitucional para la cooperación y la codecisión entre nuestras instituciones. 
Si entiendo bien, muchas de las preguntas formuladas tienen por objeto anticipar la aplicación de las disposiciones del Tratado Constitucional. 
En una comunidad de Derecho como la Unión Europea, el Consejo llevará a cabo sus trabajos respetando las normas establecidas por los Tratados actualmente en vigor. 
El Consejo no anticipará el Tratado Constitucional por respeto a las importantes decisiones que deben tomar los Parlamentos nacionales y los ciudadanos en los próximos meses. 
Ello no impide, evidentemente, una estrecha cooperación ni un excelente entendimiento entre el Parlamento y el Consejo. 
Tampoco impide, en los casos en que los Tratados lo permitan, que nuestras dos instituciones se escuchen mutuamente y hagan más que intercambiar información. 
Ya en 2004, las actividades del Consejo en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior estuvieron marcadas por grandes progresos, gracias en particular a la excelente labor de las Presidencias neerlandesa e irlandesa. 
Prueba de ello es que el Consejo adoptó un acto importante en materia institucional –han hecho ustedes referencia a ello–, al hacer aplicable el procedimiento de codecisión a ámbitos relativos a los controles de las fronteras exteriores y a la lucha contra la inmigración ilegal. 
Es un primer paso y es un paso importante. 
Prueba de ello es también la continuación de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia ampliado a 25 Estados miembros. 
El Consejo ha adoptado, en particular, nueve reglamentos, siete directivas y más de treinta decisiones o decisiones marco. 
¡Es mucho! 
Por último, el Consejo Europeo ha adoptado el Programa de La Haya para reforzar los tres pilares –libertad, seguridad y justicia–, que es un programa excelente y especialmente pragmático. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que presente en 2005 un plan de acción que concrete los objetivos y prioridades del Programa de La Haya, objetivos que con razón reclaman. 
Volveremos a hablar de ello esta semana en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, así como en el Consejo de junio. 
En el terreno del asilo, el Consejo ha adoptado una directiva por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos que deben cumplir los nacionales de terceros países o los apátridas para aspirar al estatuto de refugiado o de persona que necesita protección internacional. 
A fin de garantizar una mayor solidaridad entre los Estados miembros, hemos creado un Fondo Europeo para los Refugiados, que permite apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros. 
Todavía deben adoptarse otras medidas en este terreno, en particular la propuesta de directiva relativa al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado. 
El Consejo ha prestado asimismo especial atención a los aspectos relacionados con la inmigración, definiendo medidas en los ámbitos de la admisión, en particular de la buena integración de los inmigrantes, que es un aspecto importante de la gestión de la inmigración legal, y de la lucha contra la inmigración ilegal. 
Por lo que se refiere a la admisión, quisiera destacar en especial que el Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos. 
Además, el Consejo ha creado la Agencia europea para la gestión de fronteras. 
Dicha Agencia entrará en funcionamiento a partir del 1 de mayo de 2005. 
La Presidencia luxemburguesa se esfuerza por encontrarle una sede definitiva, pero debo decirles que, con cinco candidaturas en liza, no cabe pensar que haya un apoyo unánime a una solución, sobre todo si ninguno de los cinco países renuncia a su candidatura, como sucede actualmente. 
En materia de expulsión, se han adoptado varias medidas, que ya conocen, como la organización conjunta de vuelos para la expulsión de nacionales de terceros países. 
Ahora han entrado en vigor dos acuerdos de readmisión con Hong Kong y Macao. 
Los acuerdos con Albania y Sri Lanka están concluidos. 
En opinión de la Presidencia del Consejo, habrá que acelerar las negociaciones para conseguir una amplia red de acuerdos de readmisión europeos. 
Por lo que se refiere a la política de visados, el Consejo ha decidido inscribir en el presupuesto de la Unión Europea los créditos necesarios para el desarrollo del VIS, el sistema de intercambio de datos sobre los visados entre los Estados miembros, que permitirá a las autoridades nacionales recabar y actualizar datos relativos a los visados, así como consultar dichos datos por vía electrónica. 
Hemos adoptado también un reglamento sobre normas que rigen datos de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros. 
De este modo, hemos creado una base para la armonización que prevé que los pasaportes y documentos de viaje deben contener una fotografía facial digitalizada, así como huellas dactilares registradas. 
Conforme a esta decisión, los Estados miembros disponen hasta agosto de 2006 para introducir en los pasaportes los datos biométricos. 
Este plazo, como sabemos, es posterior al que nuestros socios norteamericanos se han fijado para la entrada sin visado en su territorio. 
Llamo a todas las instituciones de la Unión a que transmitan un mensaje de comprensión al Gobierno y sobre todo al Congreso norteamericano para que no se produzca en octubre de 2005 una situación que tengamos que lamentar a las dos orillas del Atlántico. 
La Presidencia del Consejo trabaja en ello todos los días, al igual que la Comisión. 
En el ámbito de la cooperación policial, como saben, desde los terribles atentados de Nueva York y Madrid, la lucha contra el terrorismo internacional se ha convertido en una prioridad. 
La Unión Europea está resuelta a actuar conjuntamente para combatir el terrorismo y garantizar a sus ciudadanos la mejor protección posible. 
La estrategia de la Unión Europea tiene carácter global y prevé toda una serie de medidas. 
El señor Gijs de Vries fue nombrado coordinador de la lucha contra el terrorismo en marzo del año pasado. 
Sus tareas principales consisten, en primer lugar, en coordinar los trabajos del Consejo en materia de lucha contra el terrorismo; en segundo lugar, en procurarse una visión de conjunto de todos los instrumentos de que dispone la Unión; y, en tercer lugar, en seguir atentamente la aplicación del plan de acción en materia de terrorismo. 
Esta función de coordinación en el Consejo –lo subrayo en respuesta a la pregunta formulada– es importante para que sus distintas formaciones tengan un enfoque coherente en un ámbito que tiene que ver con el desarrollo, la policía, la justicia, la defensa, la política exterior y otros campos. 
Además, quiero recordarles que el Consejo evalúa la aplicación del plan de acción cada seis meses. 
Dicha revisión tuvo lugar en diciembre de 2004 y se efectuará de nuevo en junio de este año. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, concedo especial importancia al mantenimiento de este esfuerzo común por luchar contra el terrorismo y garantizar –esto es importante– que las decisiones tomadas sean debidamente aplicadas por los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo ha formulado también la pregunta de si el Consejo tiene previsto transformar en medidas legislativas los valores compartidos y normas profesionales de la policía. 
Por el momento no hay ninguna decisión del Consejo en este sentido y cabe preguntarse qué cambiaría básicamente si se tomara este rumbo. 
Por lo que respecta a la integración de Europol en el Derecho de la Unión Europea, quisiera recordarles que el Programa de La Haya precisa que el Consejo debe adoptar la legislación europea sobre Europol en el plazo más breve posible tras la entrada en vigor del Tratado Constitucional y, a más tardar, en enero de 2008, teniendo en cuenta todas las tareas confiadas a Europol. 
En el intervalo, Europol seguirá esforzándose por mejorar su funcionamiento sacando el mayor partido posible del acuerdo de cooperación celebrado con Eurojust. 
Por otra parte, Europol y Eurojust deberían presentar cada año al Consejo un informe sobre sus experiencias comunes y los resultados concretos obtenidos. 
Además, Europol y Eurojust deberían alentar el recurso a los equipos de investigación comunes de los Estados miembros y favorecer su propia participación en los mismos. 
El Consejo ha adoptado asimismo medidas complementarias encaminadas a permitir un desarrollo progresivo del Colegio Europeo de Policía. 
Le hemos conferido, en particular, personalidad jurídica y hemos fijado su sede. 
Por otra parte, el Consejo ha adoptado varias medidas destinadas a reforzar la cooperación policial en determinados ámbitos específicos. 
El Consejo ha adoptado la Decisión relativa a la lucha contra la delincuencia relacionada con vehículos. 
El número de vehículos robados se cifra actualmente en 1,2 millones cada año en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es un coste enorme, que asciende por lo menos a 15 000 millones de euros anuales. 
Esta decisión instaura una cooperación mejor para prevenir este tipo de delincuencia transfronteriza. 
El Consejo ha adoptado varias decisiones encaminadas a luchar contra la violencia, en particular asociada al fútbol, contra los disturbios de orden público que ocasiona y contra sus consecuencias para los ciudadanos respetuosos con la ley. 
En este contexto, hemos tomado varias medidas de cooperación que permiten establecer medidas de seguridad, por ejemplo para el campeonato europeo de fútbol que tuvo lugar en Portugal el año pasado. 
En materia de lucha contra la droga, el Consejo expresó en diciembre de 2004 su acuerdo en torno a una estrategia contra la droga para el período de 2005 a 2012. 
En materia de cooperación judicial penal y teniendo en cuenta también la pregunta que acaba de formular el señor Cavada sobre la calidad de la justicia, les informo de que el Consejo ha tomado nota con interés de la recomendación del Parlamento Europeo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros. 
Me permito recordarles a este respecto que el Consejo Europeo de Tampere ya definió los parámetros iniciales para la acción en este campo y que el Programa de La Haya de 2004 define las acciones que convendría aplicar en el futuro. 
Un elemento decisivo en este contexto es la confianza mutua en el sistema jurídico y judicial de los Estados miembros. 
La confianza mutua no se decreta. 
Requiere un conjunto de medidas, entre ellas un mínimo de normas comunes, un intercambio de información y una formación más europea de los policías y los magistrados. 
En 2004, el Consejo prosiguió la aplicación del programa de reconocimiento mutuo de las sentencias, que ha de basarse en la confianza mutua que acabo de mencionar. 
En el ámbito del reconocimiento mutuo, hemos llegado a un acuerdo de principio sobre el proyecto de decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, así como sobre el proyecto de decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de las órdenes de confiscación. 
El Consejo examinó asimismo la propuesta destinada a implantar un sistema de intercambio de información de los registros de antecedentes penales para hacer posible un mejor conocimiento de las condenas. 
Espero que en el Consejo de esta semana, como en los que seguirán, podamos hacer progresos sobre este asunto, que es importante para la vida de los ciudadanos de los Estados miembros. 
Hemos hecho progresos también en lo referente al Derecho penal positivo, en particular con la adopción de las decisiones marco en el ámbito del tráfico de drogas y de varios informes sobre la aplicación de las decisiones marco relativas al blanqueo de dinero o a la lucha contra el terrorismo. 
Hemos iniciado el examen de la propuesta de decisión marco relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, que son elementos esenciales para crear la confianza de que acabo de hablar. 
Escucharé con interés el informe al respecto que dentro de un momento se presentará en esta Cámara. 
Por lo que se refiere a la conservación de los datos de telecomunicaciones, que también ha sido objeto de las preguntas formuladas esta tarde, subrayo que el Consejo concede una gran importancia a este texto en la lucha contra la delincuencia. 
No se trata de escuchas telefónicas, sino del almacenamiento de datos, por ejemplo números de teléfono, durante un cierto tiempo. 
Sí, estamos convencidos de la utilidad de este texto dada nuestra experiencia como Ministros de Justicia o de Asuntos Exteriores. 
Como jurista, sé bien que el fundamento jurídico es importante. 
Pero, por favor, no perdamos demasiado tiempo en el fundamento jurídico ni en el Consejo ni en nuestras instituciones, si compartimos –espero– el objetivo de ser eficaces en la lucha contra la delincuencia velando al mismo tiempo –y es también el deseo del Consejo– por la protección de la vida privada y teniendo presente asimismo el coste económico de estas nuevas medidas. 
Examinaremos con actitud positiva las propuestas que la Comisión ha remitido al Consejo hace tan solo unos días, en particular la opinión del servicio jurídico al respecto. 
Si he entendido bien, la Comisión presentará una nueva propuesta en las próximas semanas, que será analizada a la luz de la opinión del servicio jurídico. 
Pero lo subrayo una vez más: para el Consejo, lo esencial es el contenido. 
Evidentemente, podremos discutir todos los demás aspectos que se han mencionado esta noche en esta Cámara. 
El Consejo ha hecho también progresos efectivos en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles, que por lo demás constituye un capítulo importante de la vida del ciudadano europeo. 
Hablamos quizás demasiado a menudo, en el espacio de seguridad y justicia, de la dimensión penal. 
El Consejo ha fijado normas en el ámbito del reconocimiento mutuo de las decisiones relativas al Derecho de la familia, al Derecho mercantil o a otros ámbitos del Derecho civil. 
Hemos adoptado, por ejemplo, el Reglamento por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. 
Hemos adoptado una Directiva sobre indemnización a las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas. 
Hemos continuado los trabajos relativos a la propuesta de reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales, a saber, Roma II. Se trata de una propuesta especialmente importante, porque pretende definir una ley aplicable, entre otras cosas, en situaciones de responsabilidad a causa de productos defectuosos. 
Hemos iniciado el examen de la propuesta de reglamento por el que se instituye un procedimiento europeo de requerimiento de pago. 
Espero que, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, podamos avanzar con rapidez en las cuestiones relativas al fundamento jurídico. 
Por lo demás, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior mantendremos un debate de orientación al respecto en espera de la opinión del Parlamento, para avanzar con ustedes en este importante texto. 
Hemos comenzado también el examen de la propuesta de directiva sobre ciertos aspectos de la mediación, para que las decisiones dictadas conforme a la directiva sean reconocidas y ejecutadas en todos los Estados miembros. 
La lista es larga y podría seguir, pero ya conocen ustedes muchos de esos textos. 
Como ven, en 2004 se hicieron muchísimos progresos para construir una Europa más segura, más justa y, por tanto, más libre. 
Mi único pesar es que todavía queda mucho por hacer y los progresos a veces son lentos, dada la necesidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo y dadas las distintas tradiciones jurídicas. 
En este espacio judicial europeo, el Consejo y el Parlamento Europeo comparten, creo, las mismas ambiciones. 
El Tratado Constitucional nos abre nuevas perspectivas. 
Puedo decirles, en nombre del Consejo, que me comprometo a mantener una buena cooperación con el Parlamento y a trabajar sin descanso para que nuestros conciudadanos puedan vivir en seguridad y libertad. 
. – Señora Presidenta, Señorías, la Comisión tiene por supuesto la firme voluntad de impulsar un auténtico y efectivo espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Tenemos la intención de cumplir este compromiso en estrecha y leal colaboración con este Parlamento y con el Consejo. 
Existen unas cuantas directrices estratégicas para nuestras acciones, que expondré sucintamente ante esta Cámara. 
El primer principio es la búsqueda de un equilibrio –no de un equilibrio jurídico, sino básicamente de un equilibrio político e institucional– entre las dos principales exigencias planteadas por los ciudadanos europeos: por un lado, más seguridad y, por otro, más libertad. 
No puedo imaginar un espacio europeo en el que los ciudadanos tengan garantizada una mayor cota de seguridad, pero a expensas de su libertad, y en el que se vean amputados su espacio de libertad y sus garantías. 
Tal como ha señalado acertadamente el Ministro Frieden, el valor añadido que Europa puede proporcionar radica en este equilibrio. 
La segunda directriz importante es la solidaridad, que vemos cómo un principio que de nuevo nos permitirá desarrollar un espacio europeo en el vasto terreno de la política de inmigración. 
Debemos buscar un equilibrio adecuado entre una posición firme contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal por un lado, y un verdadero espacio europeo que permita abordar la cuestión de la inmigración legal, por otro, que en mi opinión representa una oportunidad y no un peligro, siempre y cuando venga acompañada de medidas de integración adecuadas, por ejemplo. 
Todas estas son líneas de acción en las que la Comisión empezará a trabajar a partir de este año, 2005, en adelante, de nuevo con la idea de que Europa pueda marcar la diferencia, en comparación con las acciones de cada Estado miembro. 
Veamos por ejemplo la cooperación con países que no forman parte de la UE –países de origen y países de tránsito– que necesitan que respaldemos sus políticas para poder abordar de manera conjunta la cuestión de la inmigración y no considerarla meramente como si a nosotros no nos afectara directamente, en el futuro o quizás incluso en estos momentos. 
Existe una tercera directriz estratégica: el fortalecimiento del espacio europeo de justicia, tanto de justicia civil como de justicia penal. 
En mi opinión el compromiso de Europa en este terreno debe radicar en el fomento, y no solo en la protección, de los derechos fundamentales, empezando con la creación de una Agencia de Derechos Fundamentales, que precisamente tendrá el objetivo de fomentar el pleno respeto de estos derechos y no solo su aplicación. 
Para ello, será necesario trabajar en colaboración con el Parlamento y el Consejo, creando las sinergias que serán esenciales para llevar a cabo todas estas actividades que entran dentro de nuestro ámbito de competencias. 
En primer lugar, el plan de acción –mencionado por el Ministro Frieden y el señor Cavada, entre otros– será presentado oportunamente para su aprobación durante la Presidencia luxemburguesa en junio; por supuesto, será presentado antes, pero tendrá en cuenta el debate que, hasta hoy mismo sigue planteando algunos puntos importantes. 
Tal como he prometido y ha solicitado el Consejo, el plan de acción recogerá medidas detalladas, un calendario para la adopción de las disposiciones y una referencia a las medidas específicas que los Estados miembros deben adoptar, por orden de prioridad. 
Asimismo, la Comisión está considerando, desde luego, una serie de cuestiones que todavía no han sido abordadas directamente porque el Tratado Constitucional no ha entrado en vigor; pero hay varios aspectos que, en opinión de la Comisión, merecen cierta preparación previa aunque no vayan a ponerse en marcha de forma inmediata. 
La Comisión se plantea iniciar estos preparativos a principios de 2006, incluso antes de la entrada en vigor del Tratado Constitucional, un acontecimiento que deseamos fervientemente –muy fervientemente– que tenga lugar. 
Daré solo un ejemplo: el control democrático de Europol y Eurojust representa uno de los aspectos realmente importantes que marcan un paso adelante en la creación del espacio europeo. 
Obviamente, depende de la entrada en vigor de la Constitución Europea, pero nada impide a la Comisión adelantarse con un estudio y un informe a fin de estar preparados para cuando el Tratado Constitucional entre en vigor. 
El plan de acción incluirá un mecanismo defendido no solo por el señor Cavada en su pregunta, sino también, según creo, por muchos Estados miembros: un mecanismo para la evaluación y el control de la aplicación de las medidas del plan de acción. 
Tal como ha señalado el Presidente en ejercicio del Consejo, creo que dicho control debería ser constante: se realizará cada seis meses con arreglo a un sistema que ha sido un éxito en un ámbito completamente diferente, aunque lo que cuenta es el principio: el cuadro de indicadores del mercado interior. 
La Comisión está pensando en un modelo que proporcione indicadores cada seis meses, no con la intención de amenazar o denunciar, sino con la intención de ayudar a los Estados miembros a cumplir el calendario previsto para la adopción de las iniciativas necesarias. 
Por otro lado, Señorías, si fijamos un calendario que luego solo se queda sobre el papel, el trabajo de la Comisión no sirve de nada. 
En su lugar, consideramos que deberíamos apoyar, animar y alentar a los Estados miembros a realizar un esfuerzo conjunto con la Comisión y el Consejo, que en este sentido es esencial. 
No me detendré en explicar cuáles son las principales prioridades, que ya se han mencionado: el terrorismo requiere una estrategia de prevención y reacción de gran alcance al margen de las situaciones de emergencia, que respete por supuesto los derechos fundamentales de las personas; muy pronto se presentarán formalmente iniciativas sobre la protección de datos personales, y en el segundo semestre del año estará lista una iniciativa exhaustiva sobre protección de datos en el marco del tercer pilar, tal como he prometido a este Parlamento. 
La delincuencia organizada es, sin lugar a dudas, prioritaria, prestando especial atención a las víctimas de la delincuencia y el tráfico, en particular de seres humanos y especialmente de menores, un grupo que, en mi opinión, reviste una gran importancia: son las víctimas más vulnerables y, desde mi punto de vista, merecen la máxima protección. 
A continuación, los derechos fundamentales. 
Ya he mencionado la evaluación de impacto que la Comisión va a llevar a cabo: antes de su adopción, todas las iniciativas de la Comisión serán evaluadas conforme al sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución; cualquier iniciativa que no sea conforme con dicho sistema no podrá ser adoptada mediante una decisión de la Comisión y no podrá presentarse al mundo exterior; se trata de una especie de procedimiento de consentimiento previo y de evaluación del impacto para la legislación tramitada por iniciativa de la UE. 
Por último, un par de comentarios sobre las acciones exteriores de Europa en el ámbito de seguridad, libertad y justicia. 
A principios de julio, la Comisión presentará una comunicación exhaustiva sobre la dimensión internacional de la seguridad y la justicia –del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia– por la que se reafirma el papel que Europa puede y debe desempeñar en el mundo como defensor y promotor de los derechos fundamentales y de los grandes principios y valores. 
Se ha hablado mucho del tema de la justicia: la fiabilidad y la confianza mutuas y la armonización son los dos conceptos fundamentales. 
En cuanto a la inmigración, ya he mencionado la necesidad de combatir con firmeza el tráfico de seres humanos, pero también debemos contar con una política de integración saneada y equilibrada para los que entran legalmente. 
Por tanto, la Comisión espera con gran interés los resultados en las cuestiones pendientes de resolución que el Libro Verde sobre inmigración ha puesto en conocimiento de esta Cámara, sin establecer soluciones, como todos ustedes saben, pero poniendo de manifiesto todas estas cuestiones. 
Este es, por tanto, el espíritu con el que deseamos trabajar con el Parlamento. 
Cooperaremos con los Parlamentos nacionales para reforzar el principio, consagrado en la Constitución, de controlar la subsidiariedad y, por supuesto, colaboraremos con este Parlamento, una labor que, como ya viene siendo el caso, constituirá para nosotros un punto de referencia esencial de cara al desarrollo de estas iniciativas. 
– En el momento de proceder a la evaluación anual de la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, nos encontramos en una situación política delicada. 
No podemos atribuir a la nueva Comisión los progresos realizados, ni hacerla responsable de los retrasos sufridos. 
De hecho, 2004 fue el año en que la Comisión Prodi concluyó su mandato y la Comisión Barroso tomó posesión; en otras palabras, Frattini tomó el relevo de Vitorino. No obstante, fue un año histórico por tres razones principales. 
En primer lugar, se produjo la ampliación de la UE y ahora cuenta con una población superior a 450 millones de habitantes, que le proporciona un mayor peso político, geográfico y económico. En segundo lugar, además de la economía y el mercado interior, asumimos la responsabilidad compartida para hacer frente a las amenazas a la estabilidad y la seguridad, que no están limitadas por fronteras, como en el caso del terrorismo; no debemos olvidar los trágicos sucesos del 11 de marzo en Madrid. 
En tercero, como han expuesto el señor Cavada y la señora Roure, se han producido cambios importantes en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, habiendo entrado en vigor un nuevo marco institucional relativo a los visados, el asilo y la inmigración, en virtud del cual ahora se aplicará la codecisión con el Parlamento y la votación por mayoría cualificada en el Consejo. 
En este escenario, los interrogantes que planteamos aquí, tanto a la Comisión como al Consejo, son una muestra de las preocupaciones para las que pedimos respuesta. 
Queremos saber las iniciativas que se están adoptando y el Parlamento desea controlar tales iniciativas. 
No queremos limitarnos a desempeñar un papel decorativo; queremos que nuestra opinión sea tenida en cuenta, para que todos los ciudadanos de la UE puedan vivir libremente en un mundo seguro, en el que se combatan todas las formas de calamidades y estén garantizadas nuestras libertades. 
Desde este punto de vista, Comisario Frattini, felicidades por las garantías que nos ha ofrecido en cuanto a que una mayor seguridad no debe ir en detrimento de la libertad, y por su iniciativa en el Consejo por lo que respecta al Día Europeo contra la Pena de Muerte. 
Por último, tres aspectos que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos considera fundamentales: en primer lugar, la entrada en vigor del Tratado Constitucional, con la subsiguiente supresión de la estructura de pilares; en segundo, que el proceso de codecisión se amplíe a entornos como la inmigración legal y la integración, a fin de poder garantizar plena responsabilidad democrática de las decisiones adoptadas en estos ámbitos; y tercero y último, que el control judicial se mejore ampliando las competencias del Tribunal de Justicia. 
– Señora Presidenta, la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia representa una tarea histórica, y el período sometido ahora a revisión es un período histórico, ya que en 2004 la UE se convirtió en una unión de 25 Estados miembros, y en este nuevo entorno político, la seguridad y la justicia tienen que ser capaces de emprender el camino del desarrollo ulterior. 
En esta UE de 25 Estados miembros, los términos «fuera» y «dentro» tienen un significado diferente, y este nuevo mundo no solo precisa nuevas reglamentaciones; también necesita nuevas instituciones, que no solo funcionen en los aspectos formales, sino que conozcan realmente a los 25 Estados miembros, incluidos los problemas domésticos y las líneas divisorias de los diez Estados nuevos. 
Por eso tratamos de garantizar que las nuevas instituciones, la Agencia Europea de Control de Fronteras y la Agencia Europea de Derechos Humanos, estén realmente en condiciones de trabajar de una manera positiva y eficaz. 
De hecho, la UE se encuentra atrapada en medio de intereses y expectativas conflictivos de los ciudadanos: como ha señalado acertadamente el Comisario Frattini, los ciudadanos de Europa quieren más seguridad y más libertad. 
Sin embargo, todos sabemos que también necesitamos más solidaridad, aún cuando la UE a veces se muestra más remisa a realizar gestos de solidaridad que a mantener un control firme sobre la seguridad. 
Entendemos que a partir del 11 de septiembre y de Madrid debemos contar con vernos obligados a actuar contra el terrorismo. 
También comprendemos que a veces nos asalte la tentación de ignorar los valores de libertad o solidaridad, pero no debemos permitirnos hacerlo. 
Por el bien de quienes ven en la UE su nueva patria, no debemos permitir que eso suceda. 
Aprobamos la mayor diferenciación en la política de inmigración y nos complacen las cuestiones planteadas en el Libro Verde. 
Pero por favor, a la hora de responder a las preguntas, revisemos la situación del mercado laboral en la UE con una visión crítica, incluida la oferta de mercado laboral existente en los nuevos Estados miembros. 
. – Señora Presidenta, agradezco la intervención tan exhaustiva del Ministro Frieden, exponiendo los logros del Consejo en 2004. 
Sin embargo, apenas ha mencionado el notorio malestar de este Parlamento respecto a la calidad y a las formas en que se han desarrollado los acontecimientos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior de la UE. 
El Consejo necesita cambiar totalmente de cultura de modo que este Parlamento reciba el trato de auténtico socio. 
El hecho de que el Ministro haya dicho que no deberíamos perder el tiempo preocupándonos por el fundamento jurídico de la propuesta de retención de datos, constituye un síntoma clarísimo de que el Consejo no se entera. 
Potencialmente existe una gran diferencia, tanto con respecto al grado de violación de la intimidad como en relación con el grado de transparencia y democracia en el proceso decisorio, si dicha propuesta se fundamenta en el derecho de la UE o es simplemente intergubernamental. 
La arrogancia con que el Consejo trata las preocupaciones en torno a la intimidad es muy inquietante. 
Cada vez más propuestas vulneran las normas de protección de datos. 
Es una pendiente resbaladiza. 
El objetivo final será –o ya lo es– interconectar toda la serie de bases de datos comunitarias y nacionales sobre hábitos personales, información biométrica y probablemente, llegado el caso, el ADN. 
Este asunto exige un debate público en serio, arbitrado por este Parlamento, sobre la base de exhaustivas evaluaciones de impacto sobre la intimidad relativas a cada propuesta. 
Sin embargo, lo que vemos es un proceso de recorte gradual en que cada nueva propuesta suprime un poco más de protección contra la violación de la intimidad. 
Este método taimado y oscuro no constituye una estrategia inteligente, ya que si el público europeo descubre un buen día que no está de acuerdo con el sistema de vigilancia construido, va a reaccionar enérgicamente. 
Pido al Ministro que convenza a los Ministros y Ministerios de Interior de que cambien los hábitos inveterados y sean francos, sinceros y responsables en sus tratos. 
. Señora Presidenta, me he sentido bastante molesto por dos observaciones formuladas por el Presidente en ejercicio del Consejo. 
La primera ha sido que el Consejo no iba a realizar ningún esfuerzo por adelantarse a las disposiciones de la futura Constitución. 
La segunda ha sido que, si estamos haciendo algo en favor de la seguridad, no deberíamos discutir acerca de su fundamento jurídico. 
La primera refleja una tendencia que ha quedado puesta de manifiesto en los debates a lo largo de los últimos meses, ya fuera sobre la lucha contra el terrorismo o la recogida de datos; uno no puede evitar pensar que el Consejo lleva bordeando desde hace algún tiempo los límites extremos de los Tratados existentes y que –cada vez con mayor notoriedad y creciente frecuencia– ha estado actuando en contra de las garantías de los derechos fundamentales. 
Estoy pensando ahora en los datos de los pasajeros aéreos y en el debate sobre la recogida de datos relativos a las telecomunicaciones. 
Evidentemente va siendo hora de dejar clara una cosa, a saber, que las mejoras de la Constitución en términos de lo que se puede hacer en favor de la seguridad interna, y los instrumentos perfeccionados que contiene, son indisociables de los derechos fundamentales garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales y de la participación global del Parlamento. 
No cabe separarlos. 
Por tal razón, en lo referente a la observancia de los derechos fundamentales y de los fundamentos de nuestras leyes, nos tendremos que ver las caras. 
. – Señora Presidenta, la denominación equívoca de espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como aparece asimismo en el Tratado Constitucional, es una expresión de la promoción y el fomento de la represión so pretexto de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, la institucionalización y expansión de medidas antidemocráticas y de otro tipo, la ampliación de los mecanismos de supresión y la construcción de la Fortaleza Europa, con una inmigración rígidamente controlada, que incluso llega a crear campos de concentración de criba en terceros países que nos recuerdan a la concentración de los esclavos en siglos pretéritos. 
La mención de la libertad y la justicia constituye un insulto a las personas, cuando so pretexto del combate contra el terrorismo se pretende aterrorizar a la población a fin de encubrir la brutal política contra los trabajadores y las medidas restrictivas que se están adoptando y que se intentará aplicar contra quienes se opongan, cuando el Programa de Tampere ya se ha traducido en el crecimiento de una industria, una auténtica fábrica que produce leyes y mecanismos retrógrados que vulneran los derechos y las libertades democráticas, y cuando se está creando un sistema increíble para registrar el comportamiento social y los datos personales en cada país, mediante redes de cámaras y demás equipos de control. 
Todo el mundo está controlando todo: teléfonos, líneas aéreas, cámaras en las carreteras, cámaras en lugares públicos, dirigibles en el cielo. 
Se está criminalizando la lucha social, mientras se califica al movimiento radical de peligro número uno y se le incluye, de forma indirecta pero patente, dentro de las amenazas terroristas. 
Por tanto, cabe decir que 2004 fue el año en que se aceleró el desplazamiento a la derecha en la Unión Europea, constituyendo la población el objetivo y enemigo principal. 
La respuesta del movimiento obrero y de las clases más bajas tiene que ser reforzar la lucha en favor del incumplimiento y la desobediencia respecto de las leyes reaccionarias y la propia Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señor Comisario y Consejo, este ámbito jurídico se halla todavía enormemente subdesarrollado, aun cuando, para ser sinceros, también hay que decir que de todas formas es mucho lo que se ha logrado en los últimos diez años. 
Recordando, por ejemplo, el ánimo y el espíritu reinantes cuando aprobamos el plan de acción para combatir la delincuencia organizada, se puede apreciar que, en cualquier caso, existe una actitud diferente hoy que la que había en los distintos Estados en aquellos momentos. 
Los Estados miembros están descuidando los derechos humanos fundamentales. 
El espíritu del nuevo Tratado, que habla de nuevas formas de democracia y de respeto de los derechos fundamentales, realmente no debe despreciarse bajo ningún concepto. 
No se pueden ignorar las opiniones del Parlamento Europeo, poniéndonos a trabajar en la aplicación del Tratado simplemente en la forma en que se encuentra. 
Se trata de hacer sitio para el diálogo en esta materia. 
Antes de discutir el asunto de la retención de datos, procede debatir si tales medidas siquiera tienen algún sentido. 
El señor Frattini tiene una responsabilidad de enorme importancia, y yo respaldo lo que ha expuesto en su intervención. 
Aún cuando la Presidencia luxemburguesa tenga las mejores intenciones, muchos en este Parlamento se preguntan a dónde apuntan realmente los objetivos y prioridades del Consejo en su conjunto. 
La retención y el control de los datos constituyen una intromisión grave en la libertad de las personas. 
En este Parlamento no podemos estar en absoluto de acuerdo con la aprobación de estos asuntos sin que exista una cooperación con el Parlamento al respecto. 
Esperamos con confianza las próximas actuaciones del señor Frattini. 
– Señor Presidente, hoy estamos asistiendo a algo pasmoso. 
Creo que todos los partidos políticos en esta Cámara –o la mayoría de ellos– han hecho sonar la alarma acerca del tema de los datos personales, de la forma de cotejarlos y de protegerlos y, sin embargo, a pesar de todo esto, parece ser que, por encima y más allá de las palabras, que a veces suenan estupendamente, el Consejo y la Comisión no han entendido lo que está sucediendo. 
A la hora de combatir el terrorismo, es evidente que es útil cotejar los datos; la pregunta es cómo se hace, con qué finalidad y si resulta eficaz y, en última instancia, qué es lo que se intenta reprimir, por lo que se refiere a los derechos personales de nuestros ciudadanos, a fin de lograr el éxito, ya que –si se me permite el ejemplo extremo– las cámaras de tortura también constituyen una medio muy eficaz para capturar a los terroristas. 
Como europeos, hemos decidido considerarlas ilegales. 
No podemos afirmar que todo lo que sea útil para las fuerzas del orden es necesariamente bueno. 
Nuestra política en estos temas tiene que ser un poco más inteligente, un poco más moderada y, en cualquier caso, tiene que estar mejor explicada. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado la señora Ludford acerca de las lonchas de salami; constituye un problema al que hay que poner fin. 
Celebremos un debate serio, pongamos todos las cartas sobre la mesa. 
Un ejemplo, no solo de esto, sino también de la incapacidad paralela de los Estados miembros para cooperar en lo que dicen querer resolver juntos lo proporciona una parte importante de la protección civil y de la protección de las infraestructuras en nuestros países frente a las amenazas terroristas. 
El Consejo facilita fondos para eso –lo cual es bueno–, pero de ninguna de las maneras ha conseguido dar instrucciones a la Comisión para que elabore un programa claro. 
Los Estados miembros van a recibir un dinero sin cooperar. 
Eso no funciona en la práctica; suena bien a los oídos de los ciudadanos, pero no resuelve los problemas. 
Así que, por favor: menos palabras y más seriedad. 
– Señor Presidente, se ha hablado mucho acerca del equilibrio apropiado entre seguridad y libertades civiles, pero veamos cómo funciona en la práctica. 
El año pasado se aprobó un acuerdo, contra la voluntad del Parlamento Europeo, que daba a los Estados Unidos acceso a las listas de nombres de los pasajeros. 
Precisamente el sábado pasado se denegó el acceso al espacio aéreo estadounidense a un vuelo de KLM de Ámsterdam a México que debía sobrevolar los Estados Unidos, que tuvo que retornar a los Países Bajos. 
¿Por qué? 
Porque los Estados Unidos habían descubierto que llevaba a bordo a dos pasajeros que figuraban en una lista estadounidense de potenciales terroristas. 
¿Cómo habían conseguido los Estados Unidos esos datos? 
¿Cómo habían obtenido esos nombres? 
El acuerdo sobre las listas de nombres de pasajeros solo se aplica a los vuelos con origen o destino en los Estados Unidos, no a los que cruzan el espacio aéreo estadounidense. 
Por consiguiente, los Estados Unidos han vulnerado claramente las leyes y yo quisiera saber qué va a hacer la Comisión. 
En segundo lugar, me complacen mucho las palabras del señor Frattini, que ha afirmado que deberíamos promover, no solo proteger, los derechos fundamentales, y quisiera añadir que deberíamos fomentar los valores y no contentarnos con hacer leyes. 
Me gustaría que el señor Frattini nos dijera qué hay de la creación del grupo de trabajo sobre derechos fundamentales que nos prometió el señor Barroso. 
No he oído nada al respecto. 
Espero que este grupo de trabajo estudie sobre todo propuestas encaminadas a poner fin a la discriminación contra las personas gay o lesbianas. 
Por ejemplo, ¿qué ocurre con el reconocimiento de las parejas casadas del mismo sexo? 
¿Qué tal si se ataja la homofobia, que va en aumento? 
¿Qué tal si se apremia a aquellos Estados miembros que hasta ahora no han reconocido o indemnizado a las víctimas homosexuales del régimen nazi? 
Espero que la Comisión responda a estas preguntas. 
– Señor Presidente, tengo que manifestar mi extrañeza al ver que en sus intervenciones ni el Comisario ni el Presidente en ejercicio del Consejo han desarrollado la cuestión de la dimensión exterior de la política de asilo e inmigración. 
No ignoran ustedes que el Parlamento Europeo ha decidido debatir la cuestión de la situación de Lampedusa y los campos de Libia en el marco de sus resoluciones de urgencia del jueves, que la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe (incluida Libia) , que visitará Libia la próxima semana, ha decidido visitar un centro de acogida de extranjeros, y que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se plantea realizar una misión de investigación. 
En estas circunstancias, pienso que el interés del Parlamento Europeo, que ha reiterado en varias ocasiones su oposición a la externalización del asilo y a la creación de campos en las fronteras de la Unión, habría merecido una declaración más completa por su parte. 
Los derechos fundamentales que se han vulnerado en Lampedusa y en Libia están consagrados no solo en la Carta de los Derechos Fundamentales, sino también en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. 
A la luz de estos hechos, ¿tiene el Consejo intención de llamar la atención del Estado que vulnera esos derechos sobre la vulneración reiterada y sistemática de los mismos, porque creo que es la tercera vez que ha surgido la cuestión de Lampedusa? 
– Señor Presidente, las principales medidas que toman sobre la base de los principios de La Haya no salvaguardan todo lo que se ha proclamado. 
¿Cómo se puede conciliar el objetivo fundamental de la aplicación de las políticas destinadas a la defensa de los derechos humanos con la inclusión de los datos biométricos en los pasaportes de los ciudadanos? 
¿Cómo puede considerarse válido adoptar decisiones que violan las libertades fundamentales? 
El programa de La Haya resultante de las conclusiones del Consejo Europeo de noviembre afirma que la seguridad tiene carácter urgente y es un objetivo prioritario, especialmente a la luz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y del 11 de marzo en Madrid. 
El camino elegido por la Unión consiste en sacrificar las libertades humanas. 
Se está utilizando el Programa de La Haya para justificar la política de segregar a sus ciudadanos de los de terceros países, que son tachados constantemente de fuente de males mayores. 
La propia Unión está promoviendo la xenofobia en nombre de la libertad y la justicia, y está erigiendo muros, clasificando a los ciudadanos de los países en desarrollo dentro de una categoría distinta de personas. 
Por consiguiente, sobre estos supuestos juzgamos que el Programa de La Haya se halla enfermo, no solo en lo tocante a su aplicación, sino –lo que es más importante– en general. 
Señor Presidente, Señorías, la última ampliación ha provocado cambios en la Unión Europea, tanto geográficos como demográficos, debido a la adhesión de diez nuevos Estados miembros y una población que alcanza ahora los 450 millones. 
Son factores novedosos y altamente significativos por lo que respecta al fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En su momento, fueron muchos los que expresaron el temor de que esta apertura de la UE pudiera traducirse en la amenaza de que se «exportara» la delincuencia organizada o la inmigración descontrolada. 
Hoy, sin embargo, resulta evidente que la ampliación no ha supuesto ningún impacto negativo sobre la seguridad interna de la Unión Europea. 
De hecho es cierto lo contrario, ya que la adhesión de un nuevo grupo de Estados miembros se ha traducido en que podemos colaborar de manera más eficaz en Europa. 
La confianza mutua resulta esencial para establecer una cooperación eficaz, y lo mismo cabe decir de todas las facetas del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Esto incluye la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que tiene una enorme significación para la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
Quiero señalar que en algunas ocasiones ha traslucido una cierta falta de confianza en los nuevos Estados miembros, por ejemplo con motivo de la imposición, carente de antecedentes, de períodos transitorios especiales que se aplican antes de que dichos Estados miembros se conviertan en miembros de pleno derecho del espacio de Schengen. 
Ya estamos detectando que los logros alcanzados hasta ahora por los nuevos Estados miembros han quedado reconocidos, por ejemplo, en el Programa de La Haya aprobado en noviembre de 2004. 
Según este Programa, las evaluaciones de Schengen están previstas que comiencen en el primer semestre de 2006, y el plazo para la entrada en el espacio Schengen finaliza en 2007. 
No obstante, el éxito de este proceso depende del cumplimiento de todos los requisitos necesarios. 
Esto afecta sobre todo a la Comisión Europea, que es responsable de crear y coordinar el nuevo Sistema de Información de Schengen de segunda generación. 
Este último debe entregarse en marzo de 2007 y creo que es esencial que realicemos el máximo esfuerzo para garantizar el cumplimiento de esa fecha. 
Por añadidura, resultará imposible establecer la cooperación en materia de seguridad interior, vista desde el punto más amplio de la ampliación, si se continúa tomando decisiones en estructuras intergubernamentales reducidas y opacas, como el grupo G5, que comprende al Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania. 
Esto resultará especialmente cierto si la razón aducida para no permitir que los nuevos Estados miembros entren en estos grupos es que en esos países siguen prevaleciendo unas denominadas culturas operativas diferentes, y que por consiguiente no pueden participar en tales organismos. 
Un planteamiento así no contribuye en nada a fomentar la confianza y la buena cooperación. 
El último punto relativo a la ampliación que quiero exponer es importante, a saber, que se han de establecer planes de acción y estrategias en torno a las relaciones de la UE con terceros países situados en la creciente frontera oriental, ya que se trata de un nuevo territorio desde el punto de vista de la justicia y los asuntos de interior. 
– Señor Presidente, Robert Schuman concluye su libro con las palabras «Europa está en busca de sí misma». 
Esta reflexión resulta tan acertada para la Comunidad Europea hoy como entonces. 
De todos los retos a que se enfrenta la Europa de hoy, los dos entornos más importantes son el Programa de Lisboa y el programa destinado a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Estoy convencida de que estos dos campos están estrechamente relacionados entre si y que se refuerzan mutuamente y, al mismo tiempo de que su éxito es interdependiente. 
En el contexto de este mismo tema, a nadie se le oculta la importancia de actuar contra la inmigración ilegal. 
Mucha gente cree que una de las formas más importantes de hacerlo –además de reforzar la cooperación entre las autoridades fronterizas y las de asuntos interiores– consiste en conducir la inmigración ilegal hacia la inmigración legal. 
Eso supondría un alivio para los problemas demográficos europeos, pero al mismo tiempo también podría contribuir a estimular el crecimiento económico al proporcionar una oferta de mano de obra muy necesaria. 
La migración afecta desde luego a los derechos y valores humanos, así como a las cuestiones de discriminación y los prejuicios. 
En este punto quiero llamar la atención brevemente sobre el hecho de que el 8 de abril ha sido declarado Día Romaní Internacional, y que la minoría más grande de Europa sufre continuamente discriminación y muestras de enorme intolerancia. 
La posición de los Estados miembros respecto de este tema varía, pero eso no debe ser óbice para que el Parlamento introduzca un cambio real junto con la Comisión y el Consejo. 
La creación simultánea de seguridad y libertad en Europa conformará un futuro mejor para todos sus ciudadanos. 
– Señor Presidente, Señorías, en relación con la necesidad de dotar de transparencia al trabajo de la policía en la Unión Europea, me gustaría llamar la atención sobre un aspecto concreto. 
Quiero destacar la importancia que tiene para este Parlamento el llamamiento al Consejo de la Unión Europea de declarar vinculante el Código Europeo de Ética de la Policía. 
Este código fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de septiembre de 2001 y debería ser considerado el punto de partida para el desarrollo de normas profesionales para la policía en la Unión Europea. 
Convertir este código en ley en los países de Europa sería una gran contribución a la creación de un corpus jurídico europeo más acorde con los derechos humanos a escala internacional y con las legislaciones nacionales más avanzadas en cuestiones policiales. 
En cuanto a la política interior de la Unión, la conversión del código en un acto jurídico vinculante tendría, en virtud de las disposiciones que recoge sobre la formación en principios éticos de los oficiales de policía, una función importante de prevención y salvaguardia con vistas a que –el señor Frattini sabe de qué estoy hablando– no vuelvan a repetirse graves violaciones de los derechos humanos como las cometidas por la policía italiana en Génova durante la cumbre del G8 en 2001. 
En cuanto a las relaciones exteriores, la adopción del código otorgaría a la Unión Europea una mayor credibilidad internacional. 
El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho en terceros países constituye un factor esencial para el desarrollo de las relaciones exteriores de la UE y la conclusión de tratados internacionales. 
– El pasado fin de semana, y en dos ocasiones diferentes, el mar arrojó dos cadáveres en Malta. 
En un caso, el mar arrastró hasta la playa el cuerpo de una persona. 
En el segundo, que se produjo ayer, se ha encontrado otro cadáver unas millas mar adentro, alejado de la costa maltesa y fue llevado a tierra por el ejército. 
No cabe duda de que los dos cadáveres pertenecían a personas víctimas de los traficantes de personas, ese delito gravísimo y despiadado que está agravando aún más la tragedia de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. 
Así que resulta especialmente oportuno que celebremos un debate como este de hoy, a fin de discutir lo que estamos haciendo en Europa de forma concreta para resolver este problema. 
El Programa de La Haya, que debe alcanzar hasta 2010, es un programa ambicioso que nos conduce realmente a un política común en materia de asilo político e inmigración. 
Por ello, deseo felicitar a la Comisión Europea por su propuesta, que está relacionada de manera concreta con el problema que se suele denominar «compartir cargas». 
La propuesta de la Comisión, sobre todo en lo tocante al establecimiento de un fondo especial, representa un paso concreto en la dirección correcta de manera que quede institucionalizada la obligación de que el peso del problema de la inmigración sea compartido por todos y no solo por quienes se ven directamente expuestos a este fenómeno. 
Es una lástima que la Agencia Europea de Control de Fronteras no haya comenzado todavía a funcionar cuando existe una demanda tan urgente de que empiece a verse un esfuerzo colectivo en este sector. 
También estoy de acuerdo con la Comisión en la importancia que da a esta política en términos de asignaciones presupuestarias, sobre todo a la vista de las nuevas perspectivas financieras. 
Por otro lado, tengo ciertas reservas acerca de hasta cuándo debemos seguir discutiendo la ampliación de las competencias, incluso respecto de decisiones adoptadas por codecisión en el ámbito de la inmigración legal, cuando queda todavía tanto por hacer en el campo de la inmigración ilegal, concretamente en los países confrontados de forma directa con los problemas y las cargas de la inmigración ilegal. 
Tenemos que demostrar que Europa es capaz de hacer frente de un modo eficaz a este reto que se abate sobre ella. 
Muchas gracias. 
– En Europa, el Estado de Derecho se fundamenta en un sistema de valores universales que está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales y en la Constitución venidera. 
En consecuencia, el sistema de poderes de la UE –de los Estados miembros y de las instituciones europeas– no es neutro desde un punto de vista moral. 
El desafío a la política pública planteado por cuestiones de dignidad humana fundamental puede apreciarse con mayor nitidez en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Los temas del asilo, la inmigración, el sistema de justicia penal y el equilibrio entre libertad y seguridad exigen un consenso en materia de justicia y, la mayoría de las veces, de armonización de la jurisdicción. 
En este contexto, existen ciertos asuntos apremiantes sobre los que quiero llamar la atención del Consejo y la Comisión. 
¿Cómo abordar la cuestión de la inmigración ilegal, por ejemplo? 
¿Acepta esta Cámara la urgente necesidad de una política común, o dejamos en manos de cada uno de los Estados miembros que cuente con su propia política, incluida la de la justicia penal? 
¿Qué proponen el Consejo y la Comisión para atacar el tema de la reforma de las cárceles? 
¿Creen que este es también un asunto propio de cada Estado miembro, o bien exige este entorno con carácter urgente una política común que comprenda todo el sistema penal, o en otras palabras, que abarque la fase de cumplimiento de las penas de cárcel y, de hecho, la modulación de las penas? 
La verdad es que Europa está incompleta si se queda simplemente en un espacio obsesivo de seguridad. 
Europa solo estará completa si, en paralelo con las preocupaciones en torno al espacio de seguridad, se convierte efectivamente en un espacio de justicia. 
. Señor Presidente, no comparto en absoluto los puntos de vista de algunas de sus Señorías, que han tratado de otorgar al Parlamento el heroico papel de defensor de la libertad y a los miembros del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior el de paladines de la seguridad. 
Puedo asegurarles que en todas las decisiones que tomamos intentamos mantener el equilibrio entre los tres objetivos de esta política: libertad, seguridad y justicia. 
Hemos dicho en muchas ocasiones que queremos un desarrollo paralelo de estos tres componentes. 
Esto es particularmente importante para nosotros y, por tanto, rechazo el argumento de que el Parlamento debería frenar nuestra ambición de crear más seguridad porque esto se haría a expensas de la libertad. 
Esto simplemente es falso, y les daré algunos ejemplos para ilustrarlo. 
El día en que un asesino o un violador pueda ser enjuiciado porque las huellas genéticas almacenadas en las bases de datos de ADN nos permitirán asegurar su condena, los ciudadanos estarán encantados, y ustedes también. 
Hoy, el culpable puede viajar a otro Estado miembro de la Unión Europea para evitar el castigo, porque no hay interconexión entre las bases de datos de ADN, y cuando esto suceda el Parlamento preguntará al Consejo por qué no hemos hecho nada para cambiar esta situación. 
Lo mismo sucede con la interconexión de los registros de antecedentes penales. 
Cuando una persona que ha abusado sexualmente de niños se traslada a otro Estado miembro, cuyas autoridades no están al corriente de los antecedentes de esa persona, la gente se preguntará, con razón, que por qué seguimos permitiendo que esto ocurra. 
Actualmente estamos examinando cómo interconectar mejor los datos de que disponemos en los distintos registros de antecedentes penales. 
Después del 11 de septiembre de 2001 se nos preguntó también, y con razón, por qué no habíamos avanzado en relación con la orden de detención europea, cuanto el texto estaba sobre la mesa del Consejo desde hacía tiempo. 
Entonces pusimos manos a la obra, pero cuando no se producen sucesos dramáticos tenemos cierta tendencia a olvidar –como ustedes también, según parece a veces– que la prevención activa de la delincuencia y el terrorismo implica tomar una serie de medidas, manteniendo por supuesto el equilibrio entre libertad, seguridad y justicia. 
Es una preocupación que tenemos en común, entonces, por favor, olvidemos esa falacia de que el Parlamento alberga a los defensores de la libertad mientras que el Consejo desea cercenar nuestras libertades fundamentales. 
Mi segunda observación se refiere a la conservación de los datos. 
Lo que acabo de decir sobre los principios subyacentes vale también para la conservación de los datos. 
De todos modos, estoy extremadamente sorprendido, incluso molesto, por algunas afirmaciones que se han hecho aquí, en las que se ha puesto en el mismo plano la conservación de los datos y el uso de cámaras de tortura. 
¿Es que ha olvidado el Parlamento Europeo que, hace ya tres años, creo, adoptamos una directiva sobre el tratamiento de los datos que permite a los Estados miembros, en el marco de su legislación nacional, conservar los datos de telecomunicaciones para determinados objetivos concretos y durante un determinado plazo? 
Esa directiva fue adoptada por la vía de la codecisión. 
En otras palabras, hoy lo que intentamos hacer no es conservar los resultados de las escuchas, el contenido de las conversaciones telefónicas. 
Simplemente intentamos combatir la delincuencia con más eficacia estableciendo en un instrumento jurídico, que estamos debatiendo actualmente y que podrá ser enmendado, es el principio de que lo que se puede hacer a escala nacional también se puede hacer a escala europea, siempre en las mismas condiciones. 
Mi petición es que tengamos una mentalidad «más europea» a la hora de luchar contra la delincuencia. 
Ni que decir tiene que habrá que fijar condiciones y objetivos claros en relación con los datos que pueden conservar, el tiempo de conservación y la consulta de esos datos. 
Esto no es ni más ni menos que lo que ya reclamamos en muchos Estados miembros. 
Muchos delitos relacionados con la droga y muchos crímenes terroristas se han podido elucidar en nuestros Estados miembros gracias a la conservación de los datos. 
Seamos, pues, realistas sobre las posibilidades que la conservación de los datos nos brinda. 
Por supuesto, si el fundamento jurídico –y vamos a examinarlo, como he dicho antes– es tal que nos encontremos en parte en el primer pilar, el Consejo no tendrá ningún problema en discutirlo con el Parlamento y con mucho gusto compareceré de nuevo ante la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior para debatirlo en detalle. 
Creo que es un instrumento útil en la lucha contra la delincuencia, estoy convencido de ello, y espero que encontremos el mecanismo adecuado. 
Por esta razón, como he dicho, debemos discutir sobre el fundamento jurídico, no tengo ningún problema al respecto. 
Los que han afirmado lo contrario hace un momento se equivocan. 
Sí, quiero discutir sobre el fundamento jurídico, pero también he dicho que no debemos perder el tiempo con discusiones interminables, pues a los delincuentes nada les importa menos que el fundamento jurídico y simplemente se aprovechan de la falta de interconexiones entre sistemas nacionales y de cierto número de mecanismos claramente reglamentados. 
El Consejo analizará pues el dictamen jurídico de la Comisión y la nueva propuesta de la Comisión, si la hay. 
De hecho, lo que quieren los cuatro Estados miembros que han presentado la propuesta que debatimos actualmente en el Consejo no es sino que tomemos sus textos nacionales y elaboremos una solución europea, cosa que a la Presidencia del Consejo le parece perfectamente normal. 
Mi tercera observación se refiere a la dimensión exterior. 
Es cierto que no he mencionado la dimensión exterior de la inmigración, pero pensaba que ya había dicho más que suficiente sobre el tema; más concretamente, mi objetivo era informarles de los progresos realizados el año pasado hacia el espacio de justicia. 
Habría podido hablarles largo y tendido de nuestra concepción y nuestros trabajos durante el año en curso. 
Creo que la dimensión exterior de la política común de justicia y asuntos de interior es extremadamente importante tanto en el marco del componente de la inmigración como en el de la lucha contra la delincuencia. 
Me parece esencial que, en la situación mediterránea, en la situación en los Balcanes, tengamos en cuenta las dimensiones exteriores de la política de justicia y asuntos de interior, porque dicha política tiene un efecto inmediato en la política interior de los Estados miembros; por consiguiente, abogo una vez más por una política realmente común en materia de asilo y de inmigración. 
Como les he dicho antes, con pesar, en relación con los progresos realizados en 2004: no son más que normas mínimas, pero es bueno que existan realmente. 
Necesitamos un Tratado Constitucional para desarrollar una verdadera política común en materia de asilo e inmigración y, por supuesto, habrá que dar un lugar preponderante a la dimensión exterior. 
He dicho a menudo que entre seguridad exterior y seguridad interior no hay fronteras, todos los elementos interactúan, es lo que sucede con la delincuencia y lo que sucede con la inmigración. 
Son dos ámbitos políticos diferentes que se abordan en la misma configuración del Consejo. 
Por último, en materia de transparencia y de consulta al Parlamento, me sorprende que algunos de ustedes aboguen por una entrada en vigor anticipada del Tratado. 
Creo que el Consejo escucha al Parlamento sobre los temas en que el Tratado prevé que debe escuchar al Parlamento; decide con el Parlamento sobre los puntos que el Tratado prevé actualmente. 
Si mañana entra en vigor un nuevo Tratado, aplicaremos sus normas. 
Deseo de todo corazón esas nuevas normas, creo que lo he dejado claro. 
En la actualidad, el Parlamento está plenamente informado de los trabajos del Consejo. 
Contrariamente a lo que creen algunos de ustedes, no aplicamos una táctica de fragmentación con el Parlamento. 
Le informamos de todas las decisiones que tomamos y del estado actual de los expedientes. 
Así se hizo, por lo demás, con nuestras conclusiones sobre los datos biométricos en los visados y los permisos de residencia y con el sistema de información de visados (VIS) , y vamos a seguir haciéndolo. 
Tampoco hay táctica de fragmentación con respecto a nuestros objetivos, porque están claramente establecidos. 
Estarán aún más claramente fijados cuando dispongamos de un plan de acción que permita transponer el Programa de La Haya. 
Por esta razón queremos ese programa. 
Hemos pedido a la Comisión que trabaje con rapidez, porque quisiera adoptar el plan de acción resultante del Programa de La Haya durante la Presidencia luxemburguesa en junio. 
Entonces sabremos exactamente hacia dónde nos orientamos, sin perjuicio de que tengamos que readaptar en su momento el plan de acción cuando el Tratado constitucional esté en vigor. 
Mi última observación se refiere a un aspecto que he olvidado mencionar antes, a saber, el racismo. 
Creo que ha sido la señora Roure quien ha planteado la cuestión. 
La Presidencia luxemburguesa otorga gran importancia a esta directiva. 
He hecho todo lo posible para sacarla adelante y reintroducirla en el orden del día del Consejo, pero, como ocurre con los primeros temas de que hablaba, hay que encontrar un equilibrio entre intereses que a veces son contradictorios. 
Cuando digo que debemos tener valores comunes en Europa y que el racismo merece una condena absoluta, algunos me replican que restringimos demasiado la libertad de expresión. 
No nos encontramos aquí en los mismos ámbitos que he abordado hace un momento, pero también hay que encontrar un equilibrio. 
No he incluido este proyecto en el orden del día del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de esta semana porque una serie de Estados miembros, y en particular los nuevos Estados miembros, expresaron su deseo de poder analizar en detalle el texto que los antiguos Estados miembros habían examinado ya antes de la ampliación. 
No obstante, puedo informar al Parlamento de que tengo la firme intención de presentar este texto al Consejo de junio, porque deseo –siempre se pueden tener deseos, esperanzas– que se adopte bajo la Presidencia luxemburguesa. 
Evidentemente, tendrían que ponerse de acuerdo sobre su redacción 25 Estados miembros, y si se introducen modificaciones sustanciales, está claro que el Parlamento Europeo será consultado de nuevo, pero espero que avancemos en relación con este instrumento, que tiene una importancia particular para mí. 
. – Señor Presidente, tengo poco que añadir: solo tres consideraciones. 
La primera es que muchos diputados han planteado una cuestión fundamental, que ya he abordado en mi anterior intervención. 
No hay duda de que los tres elementos esenciales que conforman la acción de Europa en los tres grandes espacios de libertad –que implica la promoción y no solo la protección de la libertad–, justicia y seguridad, deben desarrollarse conjuntamente. 
Para ser todavía más explícito, a fin de contar con una seguridad adecuada, no solo necesitamos salvaguardias para los derechos fundamentales de las personas, sino también un desarrollo efectivo del espacio europeo de justicia. 
Resulta evidente que, por un lado, hay llamamientos a armonizar o a tratar de unificar hasta cierto punto determinados principios básicos –dentro de unos minutos abordaremos la cuestión de los derechos procesales en los procedimientos penales–, y yo estoy plenamente a favor de este intento de armonización, pero también hay, por supuesto, otros que dicen que es preciso tener en cuenta la gran diferencia de tradiciones, historia y cultura existente entre nuestros ordenamientos jurídicos. 
Queda claro, por tanto, que la Comisión debe tener todo esto en cuenta. 
Siempre nos esforzaremos por conseguir que estos tres grandes espacios se desarrollen en paralelo y de forma equilibrada. 
En cuanto a los derechos fundamentales, en particular, se ha preguntado qué hace el grupo de Comisarios que el Presidente Barroso anunció al Parlamento. 
El grupo de trabajo, desde luego, fue creado el pasado mes de diciembre y se ha reunido en varias ocasiones; el Presidente Barroso preside en persona este grupo y yo ocupo la vicepresidencia, coordinando las iniciativas necesarias con otros colegas. 
Hemos elaborado un plan de trabajo consistente en una serie de acciones y principios que debemos abordar; ya estamos tratando algunas de ellas. 
Antes mencioné la cuestión de la protección de menores; es uno de lo puntos en los que nos hemos centrado en las primeras semanas y seguirá siendo objeto de atención en el futuro. 
Hay muchos otros temas y, por supuesto, cuando el Parlamento desee escucharme directamente en la Comisión sobre los progresos que el grupo de Comisarios ha realizado en su trabajo, estaré dispuesto a ello. 
Hemos mencionado el racismo y el antisemitismo como cuestiones que deben permanecer en el programa de trabajo de Europa. 
Mis esperanzas vienen a sumarse a las del Presidente en ejercicio del Consejo al afirmar que Europa no debe dar la impresión de ser tan débil como para no ser capaz de alcanzar un acuerdo, aunque no sea tarea fácil, a finales de junio, sobre una cuestión que lleva sobre la mesa del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior desde hace tres años largos. 
Con esta esperanza también hago, por supuesto, un llamamiento a alcanzar finalmente un acuerdo sobre este texto y para la creación de un marco conjunto que respete la subsidiariedad. 
No deseo que los ciudadanos europeos tengan que escuchar que al cabo de tres años de debate no hemos logrado afirmar debidamente el principio fundamental de que el racismo no tiene cabida en Europa. 
Este es otro punto sobre el que ha estado trabajando el grupo de Comisarios y sobre el que seguirá trabajando. 
Se ha hablado mucho de la protección de datos personales. 
Nadie piensa crear un «gran hermano» europeo que todo lo intercepta y todo lo archiva; la Comisión, por supuesto, no tiene la más mínima intención de hacer nada por el estilo. 
Estamos pensando en una iniciativa equilibrada, que en primer lugar tendrá en cuenta todos los requisitos específicos necesarios para la investigación de determinados delitos transfronterizos –el terrorismo, sin lugar a dudas, pero también el tráfico de seres humanos y la pedofilia– y que se pondrá a disposición de determinadas autoridades debidamente identificadas durante un tiempo prudencial. 
Por tanto, no habrá nada parecido a una base de datos permanente, que ninguno de nosotros considera compatible con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. 
La Comisión presentará su propia propuesta, ya que tiene dudas con respecto al fundamento jurídico propuesto por el Consejo. 
Lo he puesto de manifiesto en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir: dentro de pocas semanas nuestra propuesta estará lista para su examen por el Consejo. 
La Comisión tendrá en cuenta las valoraciones del Parlamento a este respecto, al igual que ha tomado en consideración –no debemos olvidarlo nunca– las valoraciones de las autoridades responsables de la protección de datos personales. 
Estas autoridades han constituido un cuerpo de sólidos conocimientos especializados, incluso sobre cuestiones técnicas, y han emitido juicios que a menudo son críticos con las propuestas de la Comisión. 
Sin lugar a dudar, tenemos en cuenta sus apreciaciones y seguiremos haciéndolo, pero si, por ejemplo, su valoración de la propuesta es favorable, contaremos con un sólido argumento a nuestro favor, en el sentido de que la propuesta respeta el derecho fundamental a la protección de datos. 
Por último, algunas palabras sobre el asilo y la política europea en esta materia. 
También en este punto nuestro enfoque debería ser y seguirá siendo equilibrado: los derechos procesales mínimos son esenciales y constituyen un primer paso. 
Nuestra ambición es crear en el futuro –espero que pronto– un sistema europeo de reconocimiento o revocación del estatuto de refugiado sin diferencias de trato, caracterizado por un alto nivel de calidad y no por la nivelación a la baja a un mínimo común denominador, como algunos han sugerido. 
No creemos que la política europea pueda retroceder a un estado desequilibrado, en el sentido de que solo aborde el rechazo de solicitantes de asilo y no su admisión e integración. 
Ambos aspectos son relevantes: no puede existir una política adecuada de prevención o rechazo si no estamos dispuestos a integrar a los que han llegado a Europa de forma legal. 
No cabe duda de que estaremos haciendo un flaco favor a los que desean trabajar honestamente si no nos oponemos de forma clara, firme y rigurosa a los que trafican con seres humanos. 
Estos enfoques son dos caras de la misma moneda y constituirán la base de la política europea en lo que atañe a la Comisión. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar durante el periodo parcial de sesiones de mayo. 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la señora Buitenweg sobre los derechos procesales en el marco de los procesos penales en la Unión Europea. 
Tiene nuevamente la palabra el señor Frattini. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer el apoyo del Parlamento a esta importante propuesta. 
Nuestra propuesta consta de dos elementos principales. 
El primero pretende fijar normas comunes mínimas en lo concerniente a determinados derechos procesales en el marco de los procesos penales en toda la Unión Europea. 
La intención es promover el cumplimiento como norma coherente, más que duplicar el CEDH. 
Los ámbitos para los que se proponen unas normas comunes mínimas en esta primera fase son: en primer lugar, el acceso a la asistencia letrada tanto antes del juicio como durante el mismo; en segundo lugar, el acceso a servicios de interpretación y traducción gratuitos; en tercer lugar, asegurar que se preste atención debidamente a las personas que no son capaces de comprender o seguir los procedimientos; y en quinto lugar, el derecho de los sospechosos extranjeros a establecer comunicación con las autoridades consulares, así como una carta por la que se notifican por escrito a la persona imputada los derechos que tiene. 
Se ha adoptado la decisión de elaborar inicialmente propuestas en relación con estos cinco derechos, ya que tienen especial importancia en el contexto del reconocimiento mutuo. 
No se pretende insinuar que estos cinco derechos sean más importantes que otros, solo que tienen una relevancia más inmediata para el reconocimiento mutuo. 
Con el fin de promover con carácter general el derecho a un juicio justo, esta decisión marco tendrá el efecto de garantizar un nivel razonable de protección a los sospechosos y los acusados extranjeros. 
Por último, el reconocimiento mutuo solo puede funcionar eficazmente dentro de un espíritu de confianza. 
Esta propuesta de decisión marco reforzará la confianza mutua que los Estados miembros tienen en los sistemas de justicia penal de los demás países. 
No solo es importante tener confianza en la honradez de las reglas de los socios de uno, también lo es confiar en que dichas reglas se apliquen de manera correcta. 
Esa es la razón por la cual se propone un mecanismo de control. 
. Señor Presidente, el hecho de que estemos hoy, por fin, debatiendo este informe sobre criterios mínimos en las normas procesales penales que han de regir en toda la Unión Europea es algo que me llena de orgullo. 
Mi Grupo votó en contra de la orden de detención europea allá en 2001, siendo una de las razones que no se había previsto nada en la vertiente de los derechos de los sospechosos que, en virtud de ese nuevo Reglamento, podían ser entregados a otro Estado miembro de la UE con mucha mayor facilidad. 
Ahora estamos en condiciones de poner fin a la batalla política que se entabló entonces, ya que en cualquier caso estamos unidos en nuestro parecer de que los derechos procesales de los sospechosos son un complemento necesario de la orden de detención europea. 
Muchos diputados han estudiado con gran detenimiento este asunto y quiero dar las gracias al señor Costa por sus propuestas desde la distancia. 
Asimismo, quiero dar las gracias de todo corazón a los demás diputados por la excelente cooperación. 
Por lo demás, mi labor se ha visto facilitada por haber realizado la Comisión un trabajo excelente. Ha recopilado multitud de ideas, ha consultado con determinadas personas y ha presentado los resultados en un Libro Verde, sobre el que el anterior presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el señor Mollar, elaboró un informe favorable. 
Sus observaciones me han servido de base para mi informe. 
Dado que los criminales no se atienen a las fronteras nacionales, su persecución debe ir también más allá de las mismas. 
Pero en el bien entendido de que se respeta el Estado de Derecho en Europa. 
Este informe no solo trata de los derechos de los sospechosos, sino que también se refiere a la lucha eficaz contra la delincuencia. 
Al fin y al cabo, si los Estados miembros no se fían unos de otros, se mostrarán poco propensos a entregarse mutuamente sus propios presos a ojos cerrados. 
Esto queda ilustrado por los avistadores de aviones británicos y neerlandeses que, como ustedes recordarán, fueron detenidos en Grecia hace algunos años. 
A pesar de la avalancha de protestas que desencadenó entre los políticos y ciudadanos británicos y neerlandeses, la orden de detención europea fue aprobada por esos mismos políticos durante ese mismo mes de diciembre, en virtud de la cual, a partir de entonces, todos los avistadores tendrían que ser extraditados a Grecia. 
La cuestión, sin embargo, es si realmente se hará cuando existe una protesta tan notable en contra. 
Por esta razón pienso que, a fin de combatir la delincuencia de manera eficaz, es necesaria una confianza real entre los Estados miembros, y la confianza exige unos acuerdos claros en cuanto a los derechos de los sospechosos. 
Huelga decir, como ha expuesto el señor Comisario, que muchos derechos ya están regulados por el CEDH, pero están concebidos como principios de justicia y tienen que ser desarrollados por los distintos Estados miembros. 
La propuesta de la Comisión es mucho más específica. 
Además, los derechos van a quedar mucho más patentes y van a resultar más fáciles de poner en práctica. 
El hecho de que la carga de trabajo del CEDH se vea reducida constituye por tanto un beneficio adicional muy saludable. 
La propuesta de la Comisión confiere, tal como ha expuesto el señor Comisario, derechos adicionales; un sospechoso tiene derecho a asistencia letrada durante todo el proceso penal, a un intérprete y a un traductor. 
Las autoridades están obligadas a informar a los sospechosos acerca de sus derechos. 
Estoy de acuerdo con la tendencia general de la propuesta de la Comisión, pero es evidente que se trata de un primer paso y que son necesarias otras decisiones marco, por ejemplo en materia de admisibilidad de las pruebas, de fianzas y de métodos de investigación. 
Espero que el señor Comisario acelere los trámites a este respecto. 
Me alegra igualmente que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya expresado que es necesario formular con mayor precisión una serie de puntos en la propuesta de la Comisión. 
En consecuencia, se ha establecido que nadie debe permanecer sin un abogado durante más de 24 horas, que no debe celebrarse una vista si el sospechoso no ha recibido asistencia letrada y que existe un órgano independiente al que los clientes pueden presentar sus quejas acerca de sus abogados. 
Por lo demás, es importante que no solo se exija a los Gobiernos, sino también a los abogados y organizaciones implicadas, la evaluación del cumplimiento y que sus apreciaciones sean publicadas a continuación, ya que solo la transparencia será la que promueva verdaderamente la confianza. 
Una última palabra acerca del considerando 8, ya que sé que constituye un pasaje crucial para muchas Señorías. 
Existen algunos Estados miembros que están interesados en conservar la opción de no aplicar estos derechos fundamentales de los sospechosos a los ciudadanos que presuntamente han cometido alguna modalidad grave y compleja de delito, en concreto de terrorismo. 
Constituye un motivo de preocupación para mí, en cualquier caso en mi condición de diputada del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Como ponente, me gustaría que se alcanzara un compromiso, pero a título personal opino que los Estados miembros se mostrarán bastante menos proclives a extraditar a personas a otro Estado miembro si temen que no se van a respetar unos derechos mínimos, unas normas mínimas. 
Quiero agregar que es igualmente una cuestión de principios que las normas mínimas se apliquen a todo el mundo por definición. 
Cuando el señor Mollar, un destacado demócrata-cristiano, fue ponente sobre este tema, jamás y en ninguna circunstancia defendió que se establecieran excepciones a estas normas mínimas. 
Lo que actualmente está en juego es si el informe siquiera debe ser aprobado, en caso de que esta excepción no sea suficientemente amplia. 
Espero que al menos nos encontremos a mitad de camino durante la votación de mañana, ya que estoy convencida de que los derechos de los ciudadanos merecen el apoyo de toda esta Cámara. 
Señor Presidente, la propuesta a favor de una decisión marco es resultado directo del Libro Verde, presentado en 2003, sobre salvaguardias procesales para sospechosos en casos penales en toda la UE. 
Según ha dicho el Señor Comisario hace un momento, con esta propuesta la Comisión pretende eliminar cualquier posible discrepancia entre las salvaguardias procesales que afectan a los sospechosos en los Estados miembros. 
No cabe duda de que esta propuesta encierra muchas ventajas, algunas de las cuales quiero exponer brevemente. 
Como ya ha mencionado la ponente, la señora Buitenweg, no se puede negar que esta decisión marco, gracias a la codificación de unas normas mínimas, puede hacer, y de hecho hará, una contribución provechosa al grado de protección judicial dentro de la Unión Europea. 
En segundo lugar, es innegable que esta decisión marco puede suponer una aportación positiva a la confianza mutua en los sistemas penales de los demás, cosa que tiene la máxima importancia a la vista de la Unión Europea ampliada. 
Por último, la decisión es menos trascendental, y por tanto más realista, que el Libro Verde, y es positivo que la decisión exprese la función protectora del Derecho penal. 
No obstante, también quedan algunos interrogantes en cuanto a la subsidiariedad, acerca de la que existe cierta duda. 
El Tratado de la UE no contiene ningún fundamento jurídico explícito para los procedimientos penales, aunque sí para la armonización del propio Derecho penal. 
Además, esta propuesta contiene normas básicas que ya están consagradas en el CEDH. 
Desde este punto de vista, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se muestra favorable, aunque no de forma ingenua –por tanto, favorable y crítico–, a esta propuesta. 
Hemos de decir que esta propuesta, a pesar de sus evidentes ventajas, va a acarrear mucha burocracia adicional. 
Según cálculos realizados en mi país, los Países Bajos, la propuesta de la Comisión va a costar al menos unos 40 millones de euros al año para cubrir el coste de la traducción, el almacenamiento del material visual y la evaluación del nuevo sistema. 
La Comisión ha votado a favor de añadir muchos aspectos adicionales y por ello, en el caso de mi pequeño país, lo mismo que otros Estados miembros, esa cantidad va a aumentar todavía más. 
De todas maneras, quiero decir en nombre de mi Grupo que los beneficios superan a costes adicionales, ya que los sospechosos tienen que estar protegidos de manera eficaz allá donde se encuentren. 
No obstante, la Comisión ha dejado muy claro que esta propuesta de largo alcance no debería afectar a la legislación nacional de los distintos Estados miembros concebida para combatir el terrorismo. 
Esa es el razón por la que no podíamos aceptar la enmienda de la señora Buitenweg para eliminar este punto. 
Ella ha presentado posteriormente un compromiso, un primer compromiso, en la enmienda 4: «Siempre que no alteren la esencia de las disposiciones que se establecen en la presente decisión marco y respeten el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados miembros podrán adaptar estas disposiciones... ». 
Aún así, varios Estados miembros, incluidas España, Francia y el Reino Unido, tendrán conflictos con sus sistemas actuales de lucha contra el terrorismo. 
Esa es la razón por la que voy a concluir con el compromiso firme al que he llegado con la ponente según la enmienda 51, en la que se hace referencia a los derechos del CEDH, y me doy por satisfecho. 
Insto a todo el mundo en esta Cámara a apoyar dicha enmienda, en lugar de la enmienda 4, en aras de un apoyo amplio al informe, ya que no solo estoy teniendo en cuenta la necesidad de que el informe sea apoyado mayoritariamente, sino que lo sea también por los socialistas, el Gobierno socialista de España y del Reino Unido. 
No metan en líos a su propio Estado miembro. 
Si la enmienda 51 supera la votación y la enmienda 4 no lo hace, entonces la mayoría en el Grupo del PPE-DE apoyará el informe Buitenweg. 
En caso contrario, lamentándolo mucho pensamos que este informe está siendo utilizado para poner en peligro la lucha nacional contra el terrorismo en estos momentos, en cuyo caso tendremos que abstenernos de dar nuestra aprobación al informe. 
–Señor Presidente, antes que nada quiero dar las gracias a la ponente por su excelente informe, al que quiero expresar todo mi apoyo. 
Deberíamos haber procedido, en efecto, a una armonización mínima de los derechos procesales paralelamente al establecimiento de la orden de detención europea. 
Con la aprobación de este informe afirmamos que el espacio de libertad, seguridad y justicia comporta no solo medidas de lucha contra la delincuencia, sino también el establecimiento de derechos. 
A pesar de una importante convergencia de los procedimientos en Europa, sigue habiendo diferencias. 
Es primordial, por tanto, establecer normas comunes que garanticen a todos la asistencia letrada y el derecho a servicios de interpretación, así como a la protección, en particular de los más vulnerables. 
La creación de un verdadero espacio europeo de seguridad y justicia pasa ante todo por la protección y la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. 
Demostramos nuestra voluntad de defender esta visión política del espacio de libertad, seguridad y justicia reforzando la propuesta de la Comisión, que establece esas garantías mínimas para los derechos individuales en los procesos penales. 
Deseamos garantizar también el derecho a la asistencia letrada en 24 horas y la plena información a los sospechosos de los cargos que se les imputan, así como de sus derechos, facilitada mediante una notificación escrita en una lengua que comprendan. 
Por último, debemos certificar la competencia de los servicios de interpretación y por ello proponemos su inscripción en un registro nacional de intérpretes. 
Si los crímenes terroristas –crímenes bárbaros– merecen especial atención, la guerra contra el terrorismo es indisociable, sin embargo, de la protección de los derechos fundamentales en nuestras democracias. 
Aunque puede ser necesario instituir disposiciones particulares para los sospechosos en relación con investigaciones terroristas, deben respetarse los derechos de cada individuo. 
La creación de un verdadero espacio europeo de justicia es una prioridad. 
La mejora de la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo dependen de la armonización de los derechos y los procedimientos. 
– Señor Presidente, como ya se han dicho muchas cosas positivas, no es necesario que haga referencia a todos los aspectos. 
El Grupo ALDE acoge con satisfacción el informe de la señora Buitenweg sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la cooperación judicial en asuntos penales. 
Las garantías procesales constituyen un suplemento indispensable en un terreno en que la cooperación entre los organismos judiciales y las autoridades policiales de los Estados miembros es cada vez más estrecha. 
Creemos que si bien el reconocimiento mutuo de las decisiones precisa que haya confianza entre los Estados miembros, resulta igualmente importante que las personas sospechosas afectadas gocen de derechos equivalentes. 
He de admitir que, como diputada nueva a este Parlamento, fue bastante aterrador escuchar que en la Unión Europea este no era el caso en el pasado. 
Pero ahora está satisfactoriamente reglamentado que los sospechosos gocen de los mismos derechos en toda Europa; por eso me complace mucho que esta decisión marco esté ahora sobre el tapete. 
El Grupo ALDE tenía algunas ideas en relación con esta propuesta. 
Ante todo propusimos crear un registro de intérpretes cualificados especializados y un centro de interpretación telefónica. 
Queríamos garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la asistencia psicológica. 
Queríamos que la carta de derechos estuviera a disposición de los discapacitados, que se incluyeran los derechos de las víctimas y que se creara un organismo independiente de abogados expertos, independientes y debidamente retribuidos. 
Estamos muy contentos de que la ponente haya incorporado la mayoría de estas ideas. 
Se trata de un resultado muy bueno y esa es la razón por la que apoyamos el planteamiento original de la ponente. 
Aspiramos a conceder los mismos derechos a los sospechosos, con independencia de la sospecha bajo la que se hallen. 
Aspiramos a que haya la misma protección y a la armonización. 
Por último, me satisface plenamente que la mayoría de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya apoyado nuestras enmiendas, que pretendían conceder idénticos derechos a los discapacitados y aclaraban las obligaciones concernientes a abogados e intérpretes. 
Señora Buitenweg, el Grupo ALDE apoyará a usted y a su informe. 
. Señor Presidente, Señorías, ¿qué le ocurre a una persona que es acusada de un delito criminal no en su propio país, sino en otro Estado miembro? 
Se enfrenta inevitablemente a numerosos problemas y está abocada a chocar con multitud de obstáculos: el sistema judicial es diferente del de su país. 
Además, quienes son acusados y no hablan el idioma del país en cuestión, simplemente están perdidos. 
Yo misma tuve una experiencia de este tipo especialmente intensa hace algunos años; ocurrió en Génova, en la época de las grandes manifestaciones contra la Cumbre del G8. 
Fueron innumerables los jóvenes que primero fueron apaleados por la policía de una manera brutal, para acabar poco después en las cárceles italianas, indefensos y –en muchos casos– despojados de sus derechos durante días interminables. 
El derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 6 del CEDH, no surtió ningún efecto en esta ocasión. 
La actuación a este respecto por parte de la UE llega con retraso. 
Lo que sucedió entonces no debe volver a pasar en ningún sitio. 
La obligación de extraditar contenida en la orden de detención europea tiene que estar contrapesada, de una vez por todas, por unos derechos claramente definidos para el acusado; en la UE hay que fijar unas normas mínimas comunes en relación con los derechos en los procesos penales. 
Yo también me adhiero al agradecimiento a la ponente y puedo afirmar, en nombre de nuestro Grupo, que respaldamos su informe, que contiene múltiples enmiendas importantes que son de vital importancia para garantizar los derechos de los acusados. 
Huelga decir que la gente acusada de delitos penales tiene que ser informada de sus derechos en un idioma que le resulte conocido; es igualmente evidente que esto tiene que realizarse por escrito. 
Tiene que estar garantizado el derecho a la representación jurídica, lo mismo que el derecho a utilizar los servicios de un intérprete. 
Son igualmente importantes las peticiones del informe en favor de la traducción obligatoria de la totalidad de los documentos y de que la pareja de la persona acusada sea informada de inmediato. 
Espero que la mayoría de esta Cámara apoye mañana el informe. 
– Señor Presidente, a primera vista este informe tiene, al igual que muchas propuestas de armonización de la UE, cierto atractivo plausible. 
Sin embargo, solo los ingenuos dejarían de ver en él una pieza de un rompecabezas de un sistema europeo integrado de justicia penal, encaminado en última instancia a la subordinación de nuestros sistemas nacionales, entre otros en el terreno esencial de la forma en que deberíamos tener las manos libres para hacer frente al terrorismo. 
Según ha comentado la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta debería considerarse un punto de partida más que de llegada. 
Si lo que preocupa es garantizar unos derechos humanos mínimos, entonces el aparato ya existe, en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en su Tribunal en esta ciudad. 
Sin embargo, está claro que la UE pretende apropiarse de ese papel. 
Como ciudadano británico y, efectivamente, como abogado he de decir que la brutal experiencia de varios ciudadanos británicos en el extranjero refuerza mi opinión de que tenemos muy poco que ganar y mucho que perder con la integración extensiva de la justicia penal. 
El trato escandaloso dado a Dinesh Sakaria en Suecia, el espectáculo montado a raíz de los observadores de aviones en Grecia y la terrible condena de Kevin Sweeney en los Países Bajos demuestran a los ciudadanos del Reino Unido que manteniendo los procedimientos y defensas de su sistema basado en el derecho consuetudinario, sin dejarse tentar jamás a cambiarlo por un modelo continental deficiente, es como mejor están servidos. 
Si estas cosas pueden suceder –y han sucedido– con estos países que en teoría se adhieren al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entonces trasladar la coordinación del Consejo de Europa a la Comisión Europea no va a contribuir en nada a la garantía efectiva de los derechos individuales en términos reales. 
– Señor Presidente, unas cuantas normas mínimas resultan, desde luego, deseables. 
Eso no lo discuto. 
Estoy convencido de que todos creemos en la justicia: justicia para los delincuentes sospechosos y justicia para las personas que representamos; y derechos humanos para delincuentes sospechosos, pero también derechos humanos para todos nuestros electores. 
Pero no seamos ingenuos: las propuestas, y la forma en que están siendo promovidas por algunos en esta Cámara, conceden a todos los delincuentes sospechosos las mismas garantías procesales. 
Pero un terrorista, por ejemplo, no es lo mismo que un ladrón y debe recibir un trato diferente. 
Estamos viviendo una crisis internacional y no podemos permitir que nada debilite nuestra lucha contra el terrorismo y contra quienes lo perpetran. 
Somos responsables en primer lugar –como debe ser– con respecto a la inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños inocentes en nuestros diferentes países y a sus derechos: sus derechos a disfrutar de sus vidas sin temor a la violencia o a la muerte súbita ocasionada por esos abominables terroristas. 
Esta propuesta apenas aporta nada a nuestra labor, ni de hecho contribuye a ayudar a esas personas inocentes, sobre todo en un momento en el que nuestro esfuerzo debería estar encaminado, en primer lugar, a ayudar a los servicios policiales de nuestros diversos países, más que a atarles las manos a la espalda. 
La izquierda de esta Cámara apenas ofrece ayuda a quienes la precisan, en particular a quienes necesitan nuestra protección y nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo ha acogido favorablemente la propuesta de la Comisión y considera que las enmiendas presentadas por la ponente han sido elaboradas escrupulosamente. 
De hecho, se basan en un principio fundamental que se refiere a las garantías procesales que deben armonizarse y ofrecerse a todos los imputados en procedimientos penales en todo el territorio de la Unión: si los procedimientos penales se organizan a escala europea, también los derechos de los ciudadanos deberían garantizarse en el mismo nivel. 
Se trata de un principio importante porque aumenta la confianza mutua entre los distintos ordenamientos jurídicos, sin la cual no habría cooperación. 
Como ha recordado el Comisario Frattini, se trata de derechos procesales mínimos, pero absolutamente esenciales: la presencia de un abogado en todas las fases del procedimiento, la traducción de todos los documentos, la asistencia de un intérprete, entre otros. 
Si estos derechos no se garantizaran, correríamos el riesgo de asistir a juicios injustos o arbitrarios. 
Y ahí es donde surge el problema: la cuestión de las excepciones, o la posibilidad –por la que abogan algunos diputados– de que los Estados miembros no apliquen estas garantías a formas particularmente graves de delitos como el terrorismo. 
Nuestro Grupo rechaza esta solución. 
Así lo reconoce el compromiso alcanzado en la enmienda 4 al considerando 8, es decir, la necesidad de un umbral jurídico y ético que los Estados miembros nunca pueden cruzar, ni siquiera en la lucha contra el terrorismo: se trata de una cuestión de derechos humanos, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Por tanto, considero innoble la argumentación esgrimida por un diputado con referencia a los elevados costes que originaría esta reforma. 
Es una preocupación excesiva, en parte porque resulta muy difícil dar un valor económico a la tutela de los derechos humanos. 
Debemos hacer más en la lucha contra el terrorismo, pero sin suprimir los derechos de los que están siendo investigados y de los imputados. 
No podemos aceptar un sistema de doble vía, como el que lamentablemente existe en los Estados Unidos en el caso, por ejemplo, de Guantánamo y de los cambios del sistema judicial estadounidense, porque la cultura jurídica europea y la memoria de todo lo que Cesare Beccaria ha representado para dicha cultura jurídica significan, a mi juicio, que no se puede anunciar el fin del. 
Señor Presidente, el terrorismo es sobre todo una manifiesta vulneración de los derechos humanos; por tanto, sería paradójico desear combatirlo vulnerando nosotros mismos los derechos civiles de los imputados y de los sometidos a investigación en estos procedimientos. 
Señor Presidente, el derecho a un juicio justo es uno de los derechos humanos indudablemente más importantes, pero este derecho fundamental se vulnera en todos nuestros Estados miembros. 
He seguido en persona los casos tanto de un ciudadano británico en Suecia como de un ciudadano sueco en Grecia, y los derechos de ambos a que los procesos fueran interpretados a sus idiomas maternos no fueron respetados. 
En el caso del sueco, Calle Jonsson, su familia se vio obligada a vender su casa y pedir prestados 50 000 euros para hacer frente a los costes de la traducción. 
Evidentemente, eso no es de recibo de ninguna de las maneras. 
Al mismo tiempo, está todo el gran Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Existe jurisdicción pormenorizada del Tribunal de Estrasburgo. 
La dimensión que nosotros, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, hemos de aportar al asunto es la concerniente al cumplimiento de las leyes resultantes, un entorno al que pueden contribuir este Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Cuando escuchaba anteriormente al representante de Luxemburgo, quedé muy preocupada porque considero importante que el representante del Consejo abogue, en todo momento, por el pleno disfrute de los derechos humanos y el derecho a un juicio justo. 
Creo que la ponente ha realizado una labor realmente excelente. 
Queda mucho por hacer por lo que respecta al acceso a los abogados defensores, a la traducción legal y a las normas mínimas en general, así como a la protección de los sospechosos en los juicios. 
A nadie le cabe duda de que no todos los sospechosos pasan a ser imputados. 
Los procesos judiciales deberían separar a los inocentes de los culpables, lo que significa la garantía de un apoyo adecuado en este sentido. 
El debate de hoy y las decisiones que adoptemos en el Parlamento no serán suficientes. 
Por el contrario, se precisan medidas adicionales. 
Señor Presidente, Señorías, la decisión marco sobre ciertos derechos procesales en procesos penales dentro de la Unión Europea, que estamos debatiendo hoy, debe quedar –según el Consejo– limitada a los casos en los que resulta aplicable la orden de detención europea. 
Ese era –y continúa siendo– el parecer defendido por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Dado que la ponente, hasta el momento de la votación en la comisión competente, continuó defendiendo la opinión de que la decisión marco –a diferencia de lo que proponía el Consejo– debería aplicarse también a las personas acusadas de delitos de terrorismo, mi Grupo votó en contra del informe en comisión. 
La señora Buitenweg ha trabajo con denuedo durante las últimas semanas para elaborar una propuesta de compromiso capaz de ser respaldada por todos los Grupos. 
Me alegra mucho que lo haya hecho y quiero darle las gracias por su esfuerzo. 
Hablando como hago en nombre del Grupo del PPE-DE, puedo afirmar que este apoyará el informe de la señora Buitenweg, siempre que el Pleno vote en favor de rechazar la anterior enmienda al considerando 8 y, en su lugar, vote por mayoría a favor de la nueva propuesta del Grupo de los Verdes. 
Lo que esto significa es que las disposiciones propuestas no buscan dificultar aquellas medidas especiales incluidas en la legislación nacional, y actualmente en vigor, destinadas a combatir ciertas modalidades graves y complejas de delincuencia, en concreto el terrorismo. 
A esto se añade la exigencia de que las medidas a las que me estoy refiriendo tienen que ajustarse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Puedo decir a los diputados del Grupo socialista que la conclusión es que estas fronteras no están siendo transgredidas, y que la propuesta de compromiso contiene todo lo que ellos han solicitado. 
–Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Buitenweg por su excelente informe. 
Creo que ha demostrado perfectamente por qué las cuestiones de libertad y justicia son indisociables de las relativas a la seguridad. 
Hoy es la ocasión –gracias a este informe, por cierto– de reequilibrar las cosas, ya que, durante varios años, la cara represiva de la política de justicia y asuntos de interior ha sido la faceta más desarrollada, incluso, en algunos aspectos, la única faceta desarrollada. 
Es absolutamente indispensable ir más lejos y hacer que el sistema de extradición se aplique, sin pérdida del respeto por los derechos de la persona, a todos los sospechosos, incluidos los sospechosos de crímenes relacionados con el terrorismo. 
Por otra parte, necesitamos un mecanismo corrector para los casos en que un sistema judicial nacional no satisfaga las normas mínimas. 
Este tipo de medidas permitirá dar más cuerpo al principio del derecho a un juicio justo, un principio consagrado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Como se ha dicho hace poco, este mecanismo sería un complemento esencial y que hacía falta desde hace tiempo de la orden de detención europea. 
Recordemos –especialmente a la vista de una serie de observaciones un tanto chocantes que hemos escuchado– que no se trata de ser indulgentes con los delincuentes, sino de aumentar la confianza en todos nuestros sistemas jurídicos para incitar a los Estados miembros a colaborar. 
Es un paso absolutamente indispensable hacia una mayor confianza recíproca entre los Estados miembros y hacia el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Es una condición indispensable para la construcción del espacio judicial europeo que, estoy segura, todos nosotros deseamos firmemente. 
– Con esta última intervención concluye el debate de este informe. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del señor Demetriou sobre la Escuela Europea de Policía. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el señor Frattini. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que el Parlamento Europeo apoya esta propuesta. 
Doy las gracias especialmente al ponente, el señor Demetriou. 
La Comisión es favorable en principio a algunas de las enmiendas presentadas, y las apoyará en las negociaciones con el Consejo. 
Así sucede con el concepto de las unidades nacionales, que es rechazado por la mayoría de la delegación, pero en cuyo caso podríamos aceptar un cambio de redacción, tal como propone el ponente. 
Podríamos aceptar el término «punto de contacto» sugerido en el compromiso de la Presidencia y que parece basado en la misma lógica. 
Lo mismo cabe decir de la enmienda que permite al Consejo, a instancias del Consejo de Gobierno, dar por concluido el mandato del director por conducta indebida. 
Suscribimos también las enmiendas de índole presupuestaria. 
En cambio, por lo que se refiere a la posibilidad de que el Parlamento esté representado por un observador en el Consejo de Gobierno, no podemos sino remitirnos a la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2004 sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas y al proyecto de acuerdo interinstitucional para el encuadramiento de las agencias, proyecto adoptado, como ya saben, por la Comisión el 25 de febrero de 2005. 
Esta resolución señala que conviene evitar la participación del Parlamento en el Consejo de Gobierno. 
De hecho, fue el propio Parlamento, como parte de la Autoridad Presupuestaria, el que se dio cuenta de que la representación no era éticamente correcta, dado que el Parlamento es responsable de aprobar la gestión con respecto al presupuesto de las agencia. 
. – Señor Presidente, Señorías, el debate de los dos puntos anteriores, sobre todo las declaraciones del Ministro Frieden y del Comisario Frattini, ha confirmado y refrendado la posición de que la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia constituye una política fundamental y un objetivo primordial de la Unión Europea. 
Una policía adecuada y eficaz forma la base de esta política. 
En consecuencia, la constante modernización y actualización de la formación de las fuerzas de policía, en cada uno de los Estados miembros de la Unión, representa la principal condición necesaria para promover la libertad, la seguridad y la justicia políticas. 
La contribución de la Escuela Europea de Policía durante sus fructíferos tres primeros años de funcionamiento a los esfuerzos de la Unión por desarrollar el espacio de libertad, seguridad y justicia está fuera de toda duda. 
Todo el mundo reconoce que la aplicación por parte de la Escuela de los programas comunes de formación de policías, basados en la experiencia de todas las academias nacionales de los Estados miembros de la Unión, ha desembocado en la adopción a escala global europea de las normas y métodos comunes de formación. 
En consecuencia, la Comisión ha decidido acertadamente subir de categoría a la Escuela. 
El hecho de que se haya concedido a la Escuela una sede permanente en Bramshill, en el Reino Unido, su incorporación al entramado operativo de la Unión, convirtiéndola en la decimoséptima agencia, el hecho, sobre todo, de habérsele conferido la condición de entidad legal y la dotación de un presupuesto para la Escuela son todas ellas medidas que hemos apoyado decididamente desde un principio. 
Las enmiendas a la propuesta de la Comisión recomendadas por nosotros y aprobadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pretenden conseguir que la Escuela funcione de una forma más colectiva, más productiva y más eficaz. 
Estas enmiendas pretenden lo siguiente: la responsabilidad central del funcionamiento de la Escuela continúa recayendo en el Consejo de Gobierno transnacional; el personal se contrata de acuerdo con la normativa de la Unión; se alcanza un equilibrio en las relaciones entre la Escuela y las academias nacionales de policía, en vez de crear por parte de la Escuela unidades nacionales en cada Estado miembro, lo cual causaría confusión y el malentendido, tal vez, de estar interfiriendo en los Estados miembros; cada Estado miembro creará una unidad de enlace responsable de aplicar los programas comunes de formación de policías en los centros nacionales de formación policial. 
El Parlamento tendrá el derecho de enviar a un observador, a su discreción, al Consejo de Gobierno de la Escuela y, en cualquier caso, tendrá el derecho, según la propuesta, de examinar la memoria anual de la Escuela a través del presupuesto de la Unión. 
No acabamos de comulgar con este parecer; el Comisario Frattini ha expuesto este planteamiento, que respetamos, pero estoy seguro de que podemos encontrar una solución intermedia. 
Nuestras recomendaciones han sido formuladas tras consultas sucesivas con la Comisión y el Consejo. 
Ambas instituciones están de acuerdo básicamente con las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y dan su visto bueno a la propuesta tal como ha quedado modificada y unánimemente aprobada por nuestra comisión, con la excepción del punto mencionado por el Comisario Frattini en relación con la participación del Parlamento Europeo en calidad de observador, si así lo desea, en el Consejo de Gobierno de la Escuela. 
Creo que las enmiendas propuestas por la Comisión de Libertades Civiles mejoran la propuesta. 
Por tanto, confío en que todas sus Señorías y todos los Grupos políticos voten el miércoles a favor de mi informe en su redacción actual. 
. Señor Presidente, Señorías, la finalidad de crear la Escuela Europea de Policía como institución de la Unión Europea es un objetivo compartido por todos nosotros. 
Si pretendemos plantear en serio la lucha contra la delincuencia en Europa, y si vamos a declarar la guerra a la delincuencia transfronteriza organizada en concreto, nuestros servicios policiales y autoridades de orden público van a necesitar un establecimiento donde puedan recibir formación. 
Para que la Escuela de Policía sea una institución europea, tiene que funcionar de acuerdo a la reglamentación administrativa y presupuestaria de la Unión Europea, y sobre estas últimas se ha concentrado la Comisión de Presupuestos para emitir su opinión para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
Para empezar, los 4,5 millones de euros que va a tener asignados a partir de 2007 dependen del nuevo marco financiero, que todavía debe ser aprobado. 
En segundo lugar, mantenemos el parecer de que el Estado miembro donde está ubicada la Escuela tiene que contribuir financieramente a la misma. 
En tercer lugar, su Consejo de Gobierno solo puede aprobar un plan de creación provisional y un borrador de presupuesto, en cualquier caso hasta que el Parlamento apruebe en diciembre el Presupuesto general para el año que viene. 
En cuarto lugar, si se produce alguna excepción justificada con respecto a los principios generales del Reglamento presupuestario, deberán ser informadas las autoridades presupuestarias, a saber, esta Cámara y el Consejo. 
Haciendo gala de su habitual cooperación positiva, la comisión parlamentaria –encabezada por el ponente– incorporó nuestras enmiendas en su informe, por lo que quiero expresarle mi más sincera gratitud. 
–Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, desearía felicitar al ponente por su excelente informe y también por la fructífera cooperación que nos ha permitido elaborar juntos cierto número de compromisos para llegar a este proyecto, que esta Cámara, espero, aprobará el miércoles. 
Permítanme insistir en que nuestro objetivo es subsanar las insuficiencias derivadas de una inadecuación de la estructura actual de la CEPOL para cumplir las tareas que se le han confiado, a saber, en primer lugar, la mejora del conocimiento de los sistemas y estructuras policiales nacionales de otros Estados miembros; en segundo lugar, la tarea de armonizar los métodos de trabajo de la policía y, por último, la definición de prácticas de acción policial más efectivas. 
Conozco las divergencias que existen sobre este asunto en el Consejo, que por desgracia son muchas y que se suman a la extrema sensibilidad de los Estados miembros cada vez que una iniciativa europea afecta a una ínfima parte de sus poderes soberanos, a pesar del objetivo común de una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. 
Sé, pues, que será muy difícil conseguirlo. 
Por tanto, no me hago muchas ilusiones sobre la suerte que le espera a esta opinión del Parlamento Europeo en manos del Consejo, ya que el Parlamento, por desgracia, sigue teniendo un papel meramente consultivo. 
Tendremos que esperar algún tiempo aún antes de poder avanzar en este terreno. 
La Constitución Europea, que espero sinceramente que sea ratificada, debería ayudarnos en este sentido. 
No obstante, mientras esperamos, pido al Consejo que realice todos los esfuerzos posibles por hacer que la formación de las fuerzas de policía sea una auténtica responsabilidad comunitaria, porque solo de este modo podremos garantizar una seguridad óptima de los ciudadanos europeos, que se enfrentan diariamente a actos violentos y otros delitos cuya dimensión es cada vez más supranacional. 
. – Señor Presidente, el Grupo ALDE apoya al ponente y le felicita efusivamente por su trabajo. 
Vamos a votar a favor. 
Este solo es un pequeño avance en el tremendo desafío que afrontamos al combatir el crimen organizado transfronterizo, dadas las fronteras abiertas que tenemos en Europa y que los delincuentes utilizan y cruzan con tanta facilidad. 
Queda mucho por hacer. 
Quiero hacerle una sugerencia para el paso siguiente. 
Posiblemente, la mayor ventaja de la Escuela Europea de Policía sea que, por primera vez, los agentes se van a conocer entre sí y van a trabajar conjuntamente. 
Esto es hoy muy importante porque esa es la forma en que combatimos el crimen organizado. 
En la actualidad, cuando alguien oye de un crimen en otro país, los policías descuelgan el teléfono y dicen: «Bueno, tengo un conocido en ese país. 
Creo que puedo colaborar con él». 
La idea teórica de los Equipos de Investigación Conjunta no funciona. 
Existen interferencias políticas, los asuntos van despacio, simplemente no están funcionando y, de momento, el crimen organizado internacional lo combaten los policías mediante contactos personales. 
Si nos los tienen, las cosas no funcionan. 
Señor Comisario, los policías no cuentan con ningún mecanismo en Europa para hallar contactos a menos que ya los conozcan. 
No existe un punto central en la UE a donde puedan recurrir los policías para encontrar un contacto, por ejemplo, en Lituania, Portugal, el Reino Unido o Italia. 
No tienen posibilidad de encontrar sus contactos a menos que los conozcan personalmente. 
Señor Comisario, ¿podría proponer usted por tanto una directiva, un presupuesto o lo que sea necesario para crear un punto de información central donde se puedan recabar rápidamente los nombres y los números de teléfono de las personas responsables en los 25 países antes de que escapen los delincuentes? 
. Señor Presidente, bajo el lema de «la policía es tu mejor amigo» , la policía neerlandesa intentó en una ocasión mejorar su imagen y restablecer la autoridad policial en beneficio del orden público y la seguridad ciudadana. 
Puesto que el orden público y la seguridad ciudadana vuelven a estar en peligro, parece necesario aunar esfuerzos más allá de las fronteras. 
Las fuerzas policiales nacionales ya han entablado amplios contactos entre sus Jefes de Policía. 
El hecho de que estos contactos se amplíen ahora para dar paso a la formación de mandos ejecutivos de rango más elevado constituye una ampliación saludable. 
Estoy con ciertas reservas a favor de la propuesta de la Comisión de convertir la Escuela Europea de Policía en un organismo de la UE. 
Queda perfectamente claro que esta propuesta pretende conseguir una escuela para oficiales de policía que funcione con mayor efectividad y eficacia. 
Me opongo a que se amplíe el círculo de destinatarios. 
Esta ampliación para dar entrada a todos los servicios del orden resulta excesiva respecto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. 
La evaluación de diciembre de 2003 mostró que no existe necesidad de ampliar el círculo de destinatarios a los suboficiales de policía y otros servicios de mantenimiento del orden. Eso representaría una limitación excesiva de la autonomía nacional, y habría que hacer también concesiones en cuanto al contenido. 
Si, tal como apunta el ponente con razón, la utilización eficaz de los medios constituye uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión, me sorprende que no se haya elegido Bruselas para su sede. 
Durante mis visitas de trabajo a las agencias europeas ha quedado claro una y otra vez que los costes del personal destinado fuera de Bruselas son notablemente más elevados que los del personal en Bruselas. 
El coste de los viajes de los funcionarios de la Comisión entre la sede y Bruselas representa una partida particularmente importante. 
Por último, apoyo el informe del señor Demetriou y espero que en su proceso de consultas, la Comisión conceda a las enmiendas del Parlamento el peso necesario en la Directiva. 
De esa manera se podrá restaurar la autoridad policial de manera más eficaz. 
– No hay respuesta de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura sobre el transporte por carretera del señor Markov: «legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera» y «armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera». 
Tiene la palabra el ponente, el señor Markov. 
. Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias –de corazón y no solo como mera formalidad de cortesía– a mis compañeros de armas, sobre todo al señor Damis, al señor Haug y también a los ponentes alternativos que me han acompañado durante bastante tiempo, desde el momento en que redactamos la posición del Parlamento en primera lectura, y que, conmigo, están sacando adelante el expediente tras la Posición Común del Consejo en segunda lectura. 
Quiero dar las gracias asimismo a la Comisión, aun cuando, en algunos puntos, hemos defendido a veces posiciones ciertamente distanciadas entre sí, así como al Consejo, a pesar de que el resultado final con que contamos hasta ahora –con sus diferentes fases– no me produzca especial satisfacción. 
Más adelante me referiré a esto con mayor detenimiento. 
De todas formas hay que decir que la Presidencia del Consejo siempre ha realizado un gran esfuerzo. 
¿Qué debemos imaginarnos? 
He aquí lo que daré en llamar, en aras de la sencillez –ya que la nomenclatura oficial es muy confusa– el reglamento sobre los períodos de descanso y de conducción y la Directiva de control. 
¿Qué sentido tienen? 
¿Para qué los necesitamos? 
En la actualidad –uno puede juzgarlo o no lamentable, pero en cualquier caso es un hecho– las mercancías se transportan mayoritariamente por carretera. 
En la actualidad, la normativa social se halla efectivamente en continuo declive, y parte de dicho declive ha quedado reflejado, negro sobre blanco, por la propia Comisión. 
Nos hemos trazado un objetivo, el de reducir a la mitad el número de muertes por accidente para el año 2010, y eso se traduce en que queremos que la seguridad vial tenga una posición más preeminente como tema importante. Eso significa que estas dos directivas han de contribuir a equilibrar la seguridad vial, las previsiones sociales y la competencia recíproca en pie de igualdad, cuestión sobre la que nuestros distintos Grupos mantienen opiniones abiertamente divergentes, uno defendiendo una cosa y otro haciendo hincapié en otra distinta. 
Sin embargo, la forma en que ha votado la comisión revela sin lugar a dudas que existe a pesar de todo un amplio consenso entre los políticos de transporte de esta Cámara en cuanto al Reglamento relativo a los períodos de descanso y de conducción, que ha sido aprobado por dos tercios de los votos, mientras que la Directiva de control ha recibido casi cuatro quintos. 
Durante el desarrollo de todos los debates parlamentarios que hemos celebrado, hemos tenido por supuesto el acicate de lo que denominamos los debates extraparlamentarios, por muy agotadores y exhaustivos que hayan sido algunos de ellos, y se puede concluir fácilmente que el Congreso Europeo de Sindicatos y la Asociación de Transportistas por Carretera mantienen, obligatoriamente, pareceres diferentes sobre el tema. 
Sin embargo, creo que sus demandas y aspiraciones pueden aunarse, en un análisis final, en torno a un objetivo común, pero las diferencias de énfasis acerca de qué era excesivo se tradujo en la diferencia de opiniones. 
Permítanme comenzar por el Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción. 
¿Qué resultados positivos se han logrado hasta ahora? 
Se propuso, y se rechazó, la semana flexible. 
Hemos recuperado la semana natural; sobre esto hay acuerdo. 
Por supuesto, también hemos llegado a un acuerdo acerca de que este Reglamento debe quedar incorporado al Acuerdo AETR. 
Sin embargo, han existido discrepancias acerca de la forma de hacerlo, de la presión que hemos de ejercer, ya que el Parlamento ha declarado de manera bastante inequívoca –y esto lo considero también absolutamente necesario– que este Reglamento tiene que ser básico, y que todos los que viajen por las carreteras de la Unión Europea, con independencia del país del que procedan, deben cumplirlo, y sin demora ninguna. 
Esto contribuirá a la seguridad y, sobre todo, a la competencia leal. 
Ya en primera lectura, y de nuevo ahora, hemos conseguido estar de acuerdo entre nosotros, y desde luego espero que la votación del miércoles deje constancia de ello. 
El período de conducción que hemos establecido –90 horas a lo largo de dos semanas, pero sin sobrepasar las 56 horas en una semana– sigue siendo notable. 
Con ello hemos garantizado la flexibilidad que necesita el transporte por carretera. Pero al mismo tiempo hemos garantizado que, analizado a lo largo del período de dos semanas, pueda considerarse un espacio aceptable desde el punto de vista de la seguridad. 
Respondiendo a la propuesta de la Comisión y también al Consejo, en esta Cámara hemos incorporado definiciones que el Consejo y la Comisión no habían introducido. 
Si queremos contar con un Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción, por lo menos tenemos que definir qué es realmente el tiempo de conducción, así que esta Cámara ha realizado un esfuerzo notable por subsanar aquellas cosas que podría haber realizado el legislador. 
Puedo entender que existan puntos de vista diferentes con respecto a las definiciones. 
No cabe ninguna duda de que el Parlamento ha llegado a un acuerdo al respecto. 
Quienes no aceptan ni comulgan con las definiciones propuestas tienen la ocasión de proponer otras. 
Ese es un proceder más adecuado para un Parlamento que rechazar sin más la propuesta y negarse a aceptar otra. 
En lo concerniente a los períodos de descanso, la mayoría de esta Cámara defiende una opinión; queremos 12 horas. 
Pero verdaderamente queremos cierto grado de flexibilidad en cuanto a la forma de cumplir, de hacer los relevos y de estructurar estos períodos de descanso; quiero añadir que esto lo dicen los propios conductores, y si se pregunta a su sindicato, no hacen sino confirmarlo. 
Además es factible. 
El Consejo presentó una propuesta sobre tiempos de descanso que consideré válida; aunque sufrió alguna modificación en comisión, pienso que el resultado es una modalidad viable. 
Pone de relieve que efectivamente se pueden tener pareceres distintos sobre aspectos diferentes y, sin embargo, llegar a un resultado adecuado sobre el que todo el mundo esté de acuerdo, pero a la postre seguimos teniendo una serie de problemas que no van a resultar fáciles de solucionar y que voy a enumerar para mayor claridad. 
Constituye un motivo de gratitud el hecho de que esta Cámara haya respaldado justamente, y por una mayoría notable, la inclusión de los vehículos menores de 3,5 toneladas dentro del ámbito de esta Directiva; justamente, a nuestro parecer, porque esta Directiva no está limitada a las categorías de vehículos según su peso, algo que, de alguna forma, el Consejo y la Comisión querían que dijéramos. 
Por el contrario, tiene una finalidad, que han de respetar todos los vehículos que operan en este campo. 
Hemos planteado una propuesta de compromiso que afirma que permitiremos una exención dentro de un radio de 60 kilómetros, lo que significa que estos vehículos pueden funcionar dentro de este radio sin llevar instalado un tacógrafo digital. 
Suponiendo que no he entendido mal lo que se dijo en nuestros debates con el Consejo, la jornada de trabajo parece constituir un problema importante. 
Ocurre a menudo en el sector del transporte que los conductores profesionales no solo conducen el vehículo por la carretera, sino que también realizan la carga y la descarga, y que, al llegar a su destino, tienen que ayudar a estibar. 
En consecuencia, si se quiere dar prioridad a la seguridad vial y a la protección social, no queda más remedio que controlar también estos aspectos. 
Dado que no había conseguido finalizar a tiempo su Reglamento sobre tacógrafos digitales, el Consejo había incorporado en principio estos restos –como me gusta llamarlos– al Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción. 
A veces las cosas toman un rumbo afortunado, ya que pienso que el Consejo está interesado en acabarlo de forma satisfactoria, así que el Parlamento dispone de una buena oportunidad y se encuentra en una posición sólida. 
Por lo que respecta a la Directiva de control, es una lástima que el Consejo, en primera lectura, haya rechazado casi la totalidad de lo que habíamos propuesto. 
Sencillamente carece de todo sentido. 
De nada nos sirve una Directiva sobre períodos de conducción y de descanso si optamos por no disponer de medios que permitan controlarlos. 
Hay que establecer una diferenciación entre controles a pie de carretera y en instalación, ya que las distintas etapas se comprueban de manera distinta. 
Cuando se realiza un control en instalación, también se pueden verificar los tiempos de trabajo; existe la posibilidad de repasar los registros de enfermedad y las hojas de permiso, con lo que se aprecia qué otras cosas han hecho los conductores durante el período en cuestión. 
Todo eso carece de sentido si no existe una definición común de lo que son los delitos graves. 
Tal definición resulta indispensable si queremos poder analizar posteriormente las multas a fin de igualarlas y armonizarlas, llegado el caso, en toda la Unión Europea, ya que es inaceptable que una cosa esté permitida en un Estado miembro y prohibida en otro. 
Por tanto, quiero hacer un llamamiento al Consejo –que no se halla presente, pero tal vez lea esto más adelante– para que se ponga en movimiento; queremos este Reglamento y queremos esta Directiva, pero no a cualquier precio. 
Nuestro mensaje nítido e inequívoco al Consejo tiene que ser que el Parlamento no lo va a permitir. 
Si existe voluntad política, llegaremos a un acuerdo. 
Si no existe voluntad política, no será por parte del Parlamento –al contrario, ya existe–, sino del Consejo. 
. Señor Presidente, señor Markov, Señorías, tratamos ahora dos asuntos estrechamente relacionados. 
El primero se refiere a las normas relativas al tiempo máximo de conducción y a los períodos de pausa y descanso mínimos de los conductores profesionales. 
El segundo establece las normas de aplicación de la legislación social a las actividades de transporte por carretera. 
Quisiera recordarles que el objetivo de estas dos propuestas es promover la libre competencia entre las empresas transportistas de toda la Unión Europea y mejorar la seguridad vial y las condiciones de trabajo de los conductores profesionales. 
La armonización de la legislación social europea en el terreno del transporte por carretera está en marcha. 
Nuestro debate de hoy está relacionado por supuesto con la legislación europea sobre el tiempo de trabajo en el transporte por carretera, que entró en vigor el pasado 23 de marzo. 
Esta nueva legislación garantiza que los conductores que operen en un país distinto del suyo deberán respetar unas normas mínimas europeas. 
Ahora es necesario completar esa legislación. 
La aplicación de normas sociales armonizadas es indispensable tanto para el mercado interior y la seguridad vial como para garantizar un mínimo de derechos sociales a los trabajadores del sector. 
A pesar de los esfuerzos comunes, todavía no se ha alcanzado, en esta fase, un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Puedo asegurarles que la Comisión está y seguirá estando dispuesta a desempeñar su papel de facilitador y mediador entre las dos instituciones. 
Para volver sobre el asunto propiamente dicho, permítanme hacer hincapié en que las normas vigentes se establecieron hace veinte años. 
Durante este período, desde luego, hemos visto cómo se ha producido una total apertura a la competencia del sector del transporte por carretera en la Comunidad, no solo en las operaciones internacionales, sino también para el transporte nacional. 
Por otra parte, la Unión Europea ha vivido varias ampliaciones, la más reciente de las cuales data de hace un año y, en dentro de la Unión, el transporte por carretera se ha convertido en el modo de transporte dominante. 
La competencia entre los transportistas por carretera es feroz, lo que tienta a los operadores a ignorar las normas sociales mínimas para mantener sus márgenes de beneficio. 
En un contexto en que a veces se critica a Europa por su falta de acción en el ámbito social, debemos hacer todo lo posible por resolver una cuestión que preocupa tan profundamente a los trabajadores del sector del transporte por carretera. 
En este contexto, quisiera recordarles los tres principales objetivos de la Comisión cuando formuló su propuesta relativa a los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales. 
A la luz de lo que precede, indicaré la posición de la Comisión sobre los principales elementos de su informe, señor Markov, que quiero ensalzar por la claridad de su análisis y su pertinencia. 
El primer objetivo es simplificar las normas. 
Si reintroducimos disposiciones especiales o una multitud de excepciones y exenciones, haremos las normas muy complejas, pero, además, serán inaplicables. 
Por esta razón, no podremos –no podría yo personalmente, a fin de cuentas– aceptar ninguna enmienda que haga este texto demasiado complejo y por tanto difícil de aplicar. 
Hay que dar a los ciudadanos una imagen clara, sencilla y accesible de Europa. 
Un ejemplo de ello es la enmienda que introduce la posibilidad de fraccionar el descanso diario en cuatro partes distintas. 
Con independencia de las dudosas ventajas que pueda suponer este mecanismo para la seguridad vial, ello incitaría a los inspectores a centrarse únicamente el elemento principal del descanso diario e ignorar los demás. 
Por esta razón queremos simplificar. 
Paso al segundo objetivo, a saber, hacer las normas más claras para los operadores, los conductores y los inspectores. 
Pongo como ejemplo la propuesta de incluir todos los vehículos utilitarios de menos de 3,5 toneladas, que plantea dos preguntas: ¿entrarán todos los vehículos utilizados con fines comerciales en el ámbito de aplicación de la legislación? 
¿Significará que habrá que equipar preceptivamente con tacógrafos las motocicletas utilizadas para entregar pizzas y las camionetas? 
¿Es eso técnicamente posible? 
Soy consciente de la preocupación del Parlamento de evitar los abusos consistentes en eludir el umbral de 3,5 toneladas, y entiendo esta preocupación. 
Pero hemos de procurar que las normas sean relativamente claras, y nunca hemos de perder de vista el objetivo de la aplicación efectiva. 
Por último, hay que actualizar las normas a la luz del desarrollo del sector del transporte por carretera. 
Pondré dos ejemplos: la velocidad máxima de las máquinas agrícolas y forestales se ha armonizado ahora a escala europea. 
El Parlamento ha tenido en cuenta esta armonización y la Comisión va a apoyar esa enmienda. 
Por otra parte, debemos reconocer que servicios públicos como los servicios postales o los servicios de distribución de gas y electricidad han evolucionado considerablemente. 
Ya no veo razón para excluirlos. 
Estos son, pues, los tres objetivos. 
Esto me lleva a hablar de las fechas de introducción del tacógrafo digital. 
En opinión de la Comisión, las fechas actuales de 5 de mayo de 2005 para la expedición de la tarjeta por parte de los Estados miembros y de 5 de agosto de 2005 para la obligación de equipar los nuevos vehículos con un tacógrafo digital deberían mantenerse. 
Ninguna razón objetiva justifica un plazo adicional. 
Los fabricantes de tacógrafos y los constructores de automóviles han invertido mucho. 
Todos los Estados miembros se han comprometido en la posición común del Consejo con las fechas previstas y están organizando ya cursos de formación para los inspectores. 
Si retrasamos aún más las fechas límite, crearíamos tanto en los Estados miembros como en la industria la incertidumbre más completa. 
Por tanto, en este momento, debo abogar por el mantenimiento de las fechas previstas en aras a una mayor seguridad jurídica. 
Permítanme hablar ahora de la aplicación de la normativa. 
El objetivo de la Comisión es aumentar la calidad e intensidad de los esfuerzos de comprobación por parte de los Estados miembros. 
Ha intentado desarrollar un sistema de verificación completo de toda la legislación social comunitaria para el sector del transporte por carretera, incluido el control del tiempo de trabajo. 
Ha alentado la coordinación entre los de inspección, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos. Ha querido desarrollar un enfoque armonizado de las sanciones y una definición común de las infracciones graves. 
A la luz de estos objetivos indicaré la posición de la Comisión sobre las propuestas de enmienda del Parlamento Europeo que me parece responden en conjunto a las preocupaciones de la Comisión. 
Primero, el control de la aplicación de las normas relativas al tiempo de trabajo. 
La Comisión no puede sino apoyar la reintroducción de este elemento en el texto. 
El hecho de que hayan optado por un enfoque basado en el control en las empresas me parece lógico y eficaz. 
Segundo, la definición común de varias infracciones graves. 
Sí, la Comisión celebra la reintroducción por el Parlamento de esta disposición en el texto, pues considera que un enfoque armonizado del control requiere una definición común de lo que constituye una infracción grave. 
Tercero, hay que designar una autoridad supervisora nacional que sería responsable de coordinar de los controles realizados por los Estados miembros, tanto a escala nacional como internacional. 
La Comisión apoya plenamente esta disposición tal como la propone el Parlamento. 
Esta autoridad no dictaría normas a los distintos servicios de inspección nacionales, sino que conciliaría sus puntos de vista. 
Esto supondría una mejora de la posición común del Consejo, que prevé una estrategia nacional de control del cumplimiento de la normativa y un punto de contacto nacional con los demás Estados miembros. 
Llegamos ahora a los plazos previstos para el incremento de la frecuencia de los controles del 1 % al 3 % de las jornadas laborales. 
Si bien apreciamos el objetivo perseguido por el Parlamento y admite que el enfoque del Consejo carece de ambición, la Comisión llama al realismo y prefiere asegurarse de que todos los Estados miembros se encuentren en condiciones de respetar el número de controles exigido por la directiva y que los controles cumplan los requisitos de calidad preceptivos. 
Como ven, desde que he asumido el cargo he tenido una preocupación constante por la correcta aplicación de lo que decidimos, y esta es la razón por la que, mientras reconocemos las ventajas de una restricción progresiva, preferimos tener la certeza de que al final alcanzaremos nuestro objetivo. 
Por último, los controles en carretera. 
La Comisión advierte del carácter demasiado exhaustivo de las estadísticas que deben recoger los inspectores de los conductores. 
Esta exigencia podría ser contraproducente por resultar difícil en la práctica de los controles al borde de la carretera. 
Esto es, señor Presidente, lo que quería añadir tras la exposición del ponente. 
Por supuesto, mis servicios comunicarán la posición detallada de la Comisión sobre cada enmienda propuesta (1). 
Ahora escucharé el debate con atención y quedo a disposición del Parlamento para las eventuales preguntas que puedan plantearse. 
Este expediente es importante y doy las gracias a todos los diputados que están aquí por aportar su contribución a este importante proyecto. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, también yo quisiera dar las gracias al señor Markov por su colaboración y su disposición a escuchar, demostradas en los debates, no siempre francos, y a la hora de afrontar un exceso de enmiendas. 
Los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo se unieron para conseguir disposiciones que mejorasen la seguridad vial y la calidad de vida de los conductores, disposiciones que no solo fueran correctas, sino también prácticas y controlables. 
Pueden haber surgido diferencias respecto a uno u otro detalle. 
La Comisión también planteó la cuestión fundamental de si verdaderamente se necesita una nueva directiva. 
En cualquier caso, queda claro que no es aceptable que los transportistas que no cumplen las normas mínimas cada vez obtengan una mayor cuota de mercado. 
En esto estuvimos de acuerdo todos los Grupos de esta Asamblea. 
Tal vez hay quien duda que este objetivo pueda alcanzarse a través de una legislación más completa, pero lo cierto –y esto me remite a un aspecto en el que todos estuvimos de acuerdo– es que el control ha sido y sigue siendo el aspecto más importante. 
La directiva puede ser tan buena como quieran sobre el papel, pero por sí sola no conseguirá gran cosa; lo que se necesita –y en este caso apelo directamente al Consejo– son comprobaciones regulares y penalizaciones armonizadas. 
Pueden imaginarse qué sucederá si uno puede elegir entre varios países aquel cuyas disposiciones penales convengan más desde su punto de vista. 
Con esto estamos muy familiarizados, especialmente en la región fronteriza de la que provengo. 
Tuvimos que afrontar 240 enmiendas, de las que quedan unas 60, además de 16 adicionales. 
La Comisión de Transportes y Turismo ha hecho un buen trabajo. 
Por supuesto, no pretendo debatir ahora mismo cada una de las enmiendas, pero me gustaría destacar que la fecha que proponemos para el tacógrafo digital pretende garantizar la seguridad jurídica con lo que consideramos una mayor estabilidad que la que se conseguiría si quizás en septiembre, octubre o noviembre adoptásemos una directiva que debería haberse aplicado en agosto del mismo año. 
Por lo tanto, me parece que la fecha propuesta para 2006/2007 hace que el fundamento jurídico sea bastante más seguro, por lo que debemos debatir esta fecha y transmitir un mensaje claro al mundo en general. 
La cuestión de las «tres toneladas y media» fue un aspecto principal. 
Consideramos que se trata de una cuestión de seguridad, pero tampoco queremos que los popularmente denominados «velocistas» interfieran con la movilidad en las zonas urbanas. 
Esto nos ha hecho pensar que un límite de tres toneladas y media es algo con lo que podríamos trabajar en cualquier caso. 
Otra consideración es que esto no distorsione la competencia. 
Entre otras cosas, nuestro objetivo era la flexibilidad, y lo que se ha propuesto hoy respecto a los períodos de descanso diarios y los modos de regularlos es, en mi opinión, más fácilmente controlable que lo propuesto por el Consejo. 
Las cifras son de lo más sencillo: 4,5 horas en la carretera y tres pausas de un cuarto de hora cada una, que se harán a las horas que elija el conductor. 
Esto es un ejemplo de lo que tratamos de conseguir. 
También hemos tratado de ser flexibles y esperamos que cuando el Consejo y la Comisión analicen estas enmiendas serán capaces de seguir el pensamiento del Parlamento. 
. Señor Presidente, quisiera expresar mi más sentido agradecimiento al ponente, el señor Markov, que ya nos ha conducido de forma muy constructiva en las negociaciones. 
Señor Comisario, de hecho todo es muy sencillo: los conductores que han dormido bien contribuyen a la seguridad en la carretera, mientras que los conductores cansados constituyen un riesgo para la seguridad. O dicho de otro modo, el exceso de cansancio es mortal. 
Es por ello, por el bien de los conductores, de la seguridad vial y de la competitividad, por lo que necesitamos tiempos de conducción y períodos de descanso adecuados que puedan controlarse. De lo contrario, nada tendrá sentido. 
Entonces estamos de acuerdo en que necesitamos que los períodos de descanso sumen 12 horas al día, de las que 9 deben ser seguidas. 
En las verificaciones en carretera debe ser posible comprobar los registros correspondientes a los últimos 28 días. 
Los conductores no deben estar más de 56 horas al volante a la semana y en una quincena deben parar después de las 90. 
También necesitamos una fecha realista para los tacógrafos digitales. 
El Reglamento debe incluir asimismo una categoría nueva que abarque los vehículos comerciales ligeros de menos de 3,5 toneladas. 
Señor Comisario, permítame añadir que en este caso no estamos hablando del reparto de pizzas, ya que si se transporta una pizza a una distancia de 60 kilómetros –como ha sugerido la Comisión de Transportes y Turismo–, esta llegaría fría y sería incomestible. 
Así que en este caso no hablamos de los repartidores de pizzas, sino de vehículos comerciales ligeros, que en la actualidad pueden hacer todo lo que quieren, incluso desplazarse a velocidades extremadamente elevadas, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, sin prohibición alguna para conducir los domingos o de noche, y sin que sean objeto de ninguna comprobación, lo cual da pie a un número creciente de accidentes. 
Las únicas cifras que puedo mencionar son las alemanas: entre 1991 y 2001, los accidentes en los que se vieron implicadas pequeñas furgonetas y que ocasionaron lesiones personales aumentaron un 103 %. 
Los accidentes provocados en 2001 en Alemania por los conductores de pequeñas furgonetas ocasionaron la muerte de 206 personas (un aumento del 44 % con respecto a 1991) , lesiones graves a 2 548 personas (un aumento del 66 %) y lesiones menores a 13 939 personas. 
Las cifras facilitadas por la policía de tráfico parecen indicar que el exceso de cansancio es una de las causas más frecuentes de este tipo de accidentes, ya que un número relativamente grande de accidentes en los que se ven implicados vehículos comerciales ligeros se producen a últimas horas de la tarde o durante la noche. 
El Consejo debe dejar de alegar que ignora el problema, poner los pies en la tierra y afrontar la realidad. 
Permítanme recordarles que esto no tiene que ver con el radio de 60 kilómetros ni con los sectores de servicios o correos. 
Se necesitan normas y reglamentos adecuados para afrontar este problema. 
Si se acepta, en un principio, que el exceso de cansancio mata y produce lesiones, entonces se necesitarán normas responsables. 
Esto es lo que quería la comisión parlamentaria, y espero que antes o después la Comisión Europea pueda hacer suya esta misma forma de pensar. 
Señor Presidente, en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa damos gran importancia a la garantía de un control y una aplicación más efectivos de las normas sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso. 
Sin embargo, no creemos que tenga sentido cambiar las disposiciones como tales si con esto no se obtienen mejores normas, sino simplemente normas que son complejas de un modo distinto, ya que la regulación de los tiempos de conducción y los períodos de descanso es complicada, y quizás lógicamente deba ser así. 
Es complicada porque debemos alcanzar un equilibrio adecuado entre la posibilidad de controlar de forma eficaz el cumplimiento de las normas en aras de la seguridad vial, por una parte, y las necesidades del sector del transporte y de que los conductores sean capaces de organizar su trabajo de forma razonablemente flexible, por otra. 
Por mi parte, debo manifestar mi más caluroso agradecimiento al ponente, el señor Markov, por la espléndida y completa visión general que ha aportado de una materia tan complicada como esta. 
Sin embargo, hay algunos puntos en los que mi Grupo no está de acuerdo con determinadas conclusiones incluidas en el informe resultante de la votación en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Estos incluyen la aplicación de las normas sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso a los vehículos de menos de 3,5 toneladas. 
Desde nuestro punto de vista, esto encarecería innecesariamente el transporte sin contribuir a la seguridad vial en un grado que justifique los importantes costes que implica esta propuesta. 
También sería bastante difícil para la policía saber inmediatamente si una furgoneta corriente estaba siendo conducida para una empresa que tenía que llevar instalado un tacógrafo en la misma. 
La propuesta de incluir a los vehículos de menos de 3,5 toneladas dificultaría mucho el control. 
Se propone excluir de la directiva vehículos empleados para una larga lista de servicios de suministro público, como alcantarillado, electricidad, agua, gas, etc. Que esta propuesta tenga sentido o no es dudoso, pero si quiere hacerse valer, hay que decir que la excepción debería aplicarse igualmente en el caso de una empresa privada a la que el sector público ha encargado una tarea, por ejemplo mediante licencia o concurso. 
Con respecto a los conductores de larga distancia, también consideramos que es importante y adecuado que el período de descanso semanal se organice de un modo más flexible que el propuesto por el Consejo. 
Esto se aplica a la disposición de períodos de descanso semanales reducidos y los períodos de descanso compensatorios. 
Por ello hemos presentado una enmienda sobre este tema. 
Los resultados de las votaciones en comisión fueron muy similares en varios ámbitos, y por lo tanto es muy estimulante ver a la comisión aquí en la Asamblea en la que necesitamos conseguir movilizar una mayoría cualificada. 
Posteriormente, la cuestión será si podemos alcanzar una conciliación con el Consejo. 
En el Grupo ALDE queremos llegar a una situación en la que se obtenga un período interrumpido de descanso de 11 horas, pero nosotros no creemos que el Consejo esté en lo cierto al pensar que el período interrumpido de descanso solamente deba ser de 3 más 9 horas. 
Esto es demasiado inflexible y demuestra que se ha dado demasiada importancia al criterio de la facilidad de supervisión. 
Por supuesto, el Consejo está de acuerdo con el punto de vista de que los tacógrafos deben instalarse a partir de este año, pero dada la situación con respecto a la adopción de la directiva y la capacidad para instalar los tacógrafos en la actualidad, parece demasiado insistir en esta fecha, y desde el Grupo ALDE estamos dispuestos a respaldar que se posponga. 
Realmente espero que en el procedimiento de conciliación encontremos una solución relativa a esta directiva que cubra las necesidades de un control más efectivo y, al mismo tiempo, garantice que los conductores tienen la suficiente flexibilidad. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las directivas que estamos debatiendo hoy son fundamentales en tres aspectos, en relación con las normativas vigentes en toda Europa que regulan la protección social de los trabajadores, con la seguridad vial y con la competencia. 
Espero que la decisión que adopte el Parlamento durante la votación del miércoles sea la adecuada y que los diputados voten a favor de unas condiciones de trabajo humanas, la seguridad vial y la competencia justa, no solo entre las empresas individuales que hacen uso de las carreteras, sino también entre los diversos medios de transporte. 
En los últimos años, la situación en este sector ha ido de mal en peor; somos testigos de un dúmping social de proporciones épicas, sobre todo en el caso de los conductores de camiones de larga distancia, sin mencionar a los conductores de autocares. 
Nos enfrentamos al hecho, demostrado a través de los controles, de que están trabajando 38 horas seguidas sin descanso. 
Nadie puede conducir tanto tiempo sin recurrir a la cafeína o a otras sustancias, algunas de las cuales pueden ser ilegales. 
Es obvio que esto representa un riesgo para la seguridad vial y el Consejo no puede pasar por alto que este riesgo lo plantean no solo los camiones de 40 toneladas, sino también los pequeños camiones llamados «velocistas» que recorren largas distancias. 
Lamentablemente, las últimas averiguaciones indican que el riesgo de dichos vehículos para la seguridad vial ha aumentado exponencialmente y es obvio que estas cifras no solo se aplican a Alemania. 
Los conductores de estos vehículos se encuentran bajo una especial presión, ya que muchos de ellos entregan pedidos cursados a través de Internet según el llamado sistema «justo a tiempo». 
Esto implica que se encuentran sometidos a una enorme presión y es preciso tomar medidas a escala comunitaria para protegerlos, como hay que proteger de los conductores agotados a los demás usuarios. 
Estoy segura de que ninguno de los presentes habrá olvidado la tragedia del túnel, cuya causa se ha atribuido a la fatiga del conductor. 
Sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg, ya que, lamentablemente, una y otra vez tenemos noticias de accidentes ocasionados por el cansancio al volante. 
Es lamentable que el Consejo esté claramente en el lado equivocado respecto a esta cuestión. 
Lamento tener que ser tan directa, pero en ocasiones a uno puede perdonársele que piense que el Consejo fue embajador de la oveja negra de las empresas usuarias de las carreteras de Europa. 
Considero que sería verdaderamente una vergüenza que esto fuese así. 
Quisiera pedirles que respalden nuestra postura, en interés de la seguridad vial, aumentando la credibilidad social de Europa y haciendo posible que se realicen comprobaciones más frecuentes en las zonas de alto riesgo, en las que las exigencias de seguridad vial que planteamos son todavía mayores. 
Debemos hacer que todo el mundo sepa que el Parlamento Europeo es la conciencia social de la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, esta directiva está sembrando la alarma entre los transportistas en el Reino Unido. 
La industria mantiene que va a costar 1 000 millones de libras esterlinas al año y va a originar un déficit de 65 000 conductores, disparando los precios y golpeando al comercio del Reino Unido. 
El Gobierno británico nos dice que no manifiesta la opinión del Reino Unido porque lo considera «inadecuado» , dado que va a ocupar la Presidencia del Consejo. 
¿Es esto lo que esperamos del moderno Partido Laborista, que se deja hacer cosquillas en temas vitales para el Reino Unido solamente porque quiere dar coba a la UE y ofrecer una imagen presidencial? 
¡Que el cielo proteja a nuestros camioneros! 
¿Siguen estando representados por los laboristas? 
¿Es «inadecuado» manifestar la opinión del Reino Unido? 
Díganselo a los camioneros y a las empresas británicas, porque serán ellos los que pagarán el coste. 
Este informe emana de la perspectiva alemana en el centro de Europa, que se halla en una situación ideal cualquiera que sea la dirección en que vayan. 
Sin embargo, un camión de Birmingham tiene que recorrer un trayecto mucho más largo para llegar a su destino. 
Estas propuestas mutilan las posibilidades británicas para competir en Europa. 
Los partidarios de la UE mantienen que se trata de la seguridad vial, pero la UE realmente solo entiende de dinero, poder y control. 
Estas propuestas van a colocar en la cabina de cada camionero un lucrativo espía apuntando hacia Galileo. 
Posiblemente a continuación les llegará el turno a los vehículos particulares. 
Estad alertas, camioneros, porque el Gran Barrot os vigila. 
Gritadle y decid: «¡Esto va a sacar mi camión de la carretera! » o, en pocas palabras, «¡Váyase usted!» 
Señor Presidente, señor Comisario, para empezar quisiera dar las gracias al señor Markov por el trabajo realizado y los compromisos alcanzados en varios aspectos problemáticos. 
Asimismo quisiera darle las gracias, señor Comisario, por su detallado comentario. 
Los derechos sociales de los trabajadores, el transporte seguro por carretera y los intereses empresariales son los tres principales aspectos sobre los que versa esta propuesta. 
Sin embargo, no considero que la versión de la Comisión de Transportes y Turismo esté equilibrada ahora en estos tres aspectos. 
Sabemos que los nuevos Estados miembros de la Unión Europea son también, tristemente, Estados periféricos, por lo que ya son menos competitivos en términos objetivos en el sector del transporte por carretera, dado que se encuentran lejos de las zonas más concentradas del mercado. 
Lamentablemente, el borrador contiene propuestas que afectarán todavía más negativamente a las oportunidades para estos transportistas por carretera, como la ampliación del período de descanso diario obligatorio o incluso la acumulación de dichos períodos; también se elimina la oportunidad de que los conductores se tomen períodos de descanso semanales reducidos fuera del garaje y hay una propuesta que prohíbe el pago de una bonificación a los transportistas por la distancia recorrida incluso si esto no plantea una amenaza para la seguridad del tráfico. 
En mi opinión todas estas medidas no han sido concebidas para combatir el «dúmping salarial» , tal como se indica en la justificación, y tampoco el «dúmping social» , como se sabe actualmente, practicado por los empresarios de los nuevos Estados miembros, sino de hecho para conservar la división de mercado existente. 
Estas preocupaciones relativas a los salarios de los conductores y la protección social pueden provocar que los conductores de los nuevos Estados miembros eviten el dúmping salarial en general, ya que si se quedan sin empleo no recibirán ningún tipo de pago. 
El artículo 11 de la directiva actualmente establece también una garantía para los participantes en un convenio colectivo entre los interlocutores sociales que ya está en vigor. 
Los constructores de Letonia y algún otro nuevo Estado miembro, y quizás ahora también los transportistas, saben lo «fácil» que es operar en una situación así, si no tratamos de equilibrar nuestros intereses cuando votemos esta legislación. 
Tampoco estoy seguro de que ampliar el ámbito de aplicación de esta legislación a los vehículos con un peso inferior a las 3,5 toneladas si operan dentro de un radio superior a los 60 kilómetros contribuirá a conseguir los objetivos sociales y de seguridad vial. 
Esto impone una carga financiera y técnica adicional a estos vehículos que, conforme a las estadísticas, no son precisamente los más peligrosos. 
Por otra parte, también creará un motivo para que las empresas de entrega urgente celebren acuerdos con conductores autónomos, lo cual a su vez empeorará la protección social de estas personas y de hecho también tendrá consecuencias adversas para la seguridad en las carreteras. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, en primer lugar quisiera retomar un comentario que usted ha hecho hacia el final de su intervención. 
Es necesario que haya un número razonable de controles, ya que toda legislación es inútil e ineficaz si no se controla su aplicación. 
Por lo tanto, debemos unir fuerzas para convencer al Consejo de que acepte las propuestas de los informes Markov y garantice que se realiza un número suficiente de controles. 
Hablando claramente, nuestra labor consiste en proteger a los conductores de camiones de sus propios jefes, ya que parece que algunos se ven obligados, directa o indirectamente, a conducir durante períodos de tiempo excesivamente prolongados. 
Esto implica que plantean un peligro para ellos mismos y para todos los demás. 
Sin embargo, al mismo tiempo las normas deben ser realistas y estar basadas en el sentido común. 
Creo que el rechazo desmesurado del señor Comisario a algunas de las propuestas del informe Markov ha sido ligeramente precipitado. 
Nuestras propuestas son mucho más sensatas y fáciles de aplicar, sobre todo las relativas a las normas sobre las pausas y los períodos diarios de descanso. 
Por lo tanto, estas propuestas merecen ser apoyadas. 
Sin embargo, sí comparto sus puntos de vista respecto a los camiones de peso inferior a las 3,5 toneladas. 
Estoy de acuerdo con el señor Piecyk en que también constituyen un riesgo, pero no debemos olvidar la burocracia y los costes que implicaría aplicar las normas relativas a los tacógrafos y similares a estos tipos de vehículos comerciales. 
Deberíamos replantear esta cuestión desde el principio y afrontar los hechos, señor Comisario; la flota lechera local, la caravana de circo o el tractor realmente no necesitan un tacógrafo. 
Usted ha dicho que deberíamos evitar que haya demasiadas excepciones, pero las que hemos propuesto no se basan más que en el deseo de ser realistas y aplicar el sentido común. 
El procedimiento de conciliación para la legislación sobre los tacógrafos llegará a su fin en este otoño y no tiene mucho sentido contar con un reglamento que no puede aplicarse. 
Basándome en mis estrechos contactos con el sector, creo personalmente que es poco realista esperar que todos los transportistas puedan instalar tacógrafos para agosto de este año, incluso si algunos fabricantes afirman que pueden suministrarlos. 
Por lo tanto, le pido que se ajuste a nuestras propuestas y establezca un plazo sensato. 
– Señor Presidente, quiero comenzar explicando a la Cámara que, en sus comentarios iniciales, mi paisano el señor Nattrass ha confundido la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte con esta directiva. 
En cuanto a sus demás exabruptos, para mí han resultado tan incomprensibles como para todo el mundo, y observo que no se ha molestado en esperar a que terminara el debate. 
Acojo con agrado esta directiva porque, como ha dicho el señor Comisario, las propuestas en cuestión datan de hace 20 años. 
Es mucho lo que ha cambiado en ese tiempo: la supresión de las fronteras, el documento aduanero único y mejores carreteras, lo que significa que ahora se puede conducir durante períodos prolongados sin ninguna interrupción natural. 
Tenemos una UE de 25 Estados miembros, con un territorio de un millón y medio de millas cuadradas. 
Por tanto, resulta esencial para la seguridad vial contar con un conjunto coherente de reglas en toda la Unión Europea. 
Actualmente es posible conducir durante 8 horas y 59 minutos con un solo descanso de 15 minutos. 
Eso es inaceptable: el cansancio mata, y no modernizar estas propuestas sería irresponsable. 
No obstante, es importante que la legislación sea práctica y aplicable, no solo de manera simple, sino también de modo coherente en toda la UE. 
Por consiguiente, acojo con agrado las propuestas del Parlamento en el sentido de que los nuevos vehículos se equipen con tacógrafos digitales cuando menos a partir de 2006. 
La Comisión se equivoca cuando persiste en su posición, puesto que solo dos de los tres posibles proveedores de tacógrafos están en condiciones, por el momento, de probar sus modelos de preproducción y no pueden iniciar la producción en serie. 
Es importante que los periodos de descanso sean simples y fáciles de comprender y que su aplicación no exija un título de matemáticas. 
También es importante que haya excepciones para servicios esenciales prestados en interés del público, cualquiera que sea la naturaleza del organismo que preste dichos servicios. 
Aplaudo las propuestas de la comisión en materia de servicios de autobuses y autocares, siempre que podamos diferenciar entre el sector del ocio y el del transporte autocares de línea. 
No obstante, sigo teniendo el convencimiento de que determinadas propuestas pueden ser aplicadas y comprendidas. 
Reconozco los problemas con el sector del transporte urgente, pero no veo claro cómo se pueden aplicar dichas propuestas. 
No pienso que sea posible instalar posteriormente los tacógrafos digitales a un coste asequible para la mayoría de las personas. 
También me pregunto si sería posible fiscalizar la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo en esta directiva, dado que la mayoría de los registros quedarían depositados en la base y no en el camión en cuestión. 
Señor Presidente, el transporte por carretera se ha convertido en un sector desastroso que realmente necesita una reorganización. 
En la actualidad es la ley de la jungla la que prevalece. 
Se ha debatido sobre las crudas condiciones de trabajo de los conductores, dado que tienen consecuencias para la seguridad vial. 
Los conductores agotados al volante de grandes camiones son un peligro. 
Sin embargo, aparte de esto, las condiciones de competencia son totalmente lamentables. 
El transporte por tren o por mar, mucho mejor para el medio ambiente y la seguridad, no tiene ninguna oportunidad ante el transporte por carretera, que es mucho más barato. 
Estamos a favor de la competencia justa y los transportistas por carretera deberían pagar el precio real del transporte adecuado y no simplemente descargar todas las consecuencias de sus actividades sobre las espaldas de la sociedad. 
Aquellos que se oponen a una normativa mejor y a controles más estrictos se han convertido en portavoces ruidosos de la parte más brutal del sector del transporte. 
Con unos precios justos conseguidos a través de una normativa sensata y controles estrictos, también existen mejores oportunidades de que puedan desarrollarse otras formas de transporte seguras y respetuosas con el medio ambiente. 
Este es el tipo de competencia que deseamos ver en Europa. 
Debe poder prevalecer la mejor forma de transporte, no la más descarada ni la más inflexible. 
– Señor Presidente, como ya dije cuando se presentó esta normativa por primera vez en esta Cámara, el planteamiento de esta propuesta es, a mi juicio, poco práctico, insostenible e inaplicable. 
Por esta razón, y con ayuda de algunos diputados de todo el espectro político, he presentado una enmienda para que esta propuesta sea rechazada en su totalidad. 
Quiero centrar mi intervención en este debate en la esencia misma de lo que significa la propuesta para los habitantes de mi circunscripción, que estoy seguro se repite por toda la Unión Europea. 
En la actualidad, los servicios de autobuses en las zonas rurales, donde muchas personas son mayores y dependen del transporte público, corren a cargo de empresas pequeñas y medianas, que según proclama la UE son la columna vertebral de la economía. 
Pero una legislación como esta les hará la vida imposible. 
Las propuestas relativas a las horas de descanso se traducirán en un mayor coste tanto para el consumidor como para el sector, una reducción del servicio y, en algunos casos, la ausencia total del mismo. 
En el sector comercial se verán amenazados los sistemas de entregas exactamente programadas, la espina dorsal del suministro moderno para la industria. 
Eso generará asimismo un coste mayor, tanto para el consumidor como para el sector. 
Solo en el Reino Unido se estima que el coste de esta normativa y de la Directiva sobre el tiempo de trabajo sobrepasará los 1 000 millones de libras esterlinas, y no es una cifra mía, sino del sector. 
El argumento de la seguridad vial utilizado por muchas personas no altera mi punto de vista. 
Tenemos que dejar de alegar que una regulación excesiva trae más seguridad a las carreteras. 
El Reino Unido, con menos regulación, tiene probablemente las carreteras más seguras de Europa. 
Esta propuesta poco tiene que ver con la seguridad vial, y bastante con un arraigado plan de la Comisión Europea contra la carretera. 
Por su propia naturaleza, los conservadores británicos se oponen a una legislación tan restrictiva para las empresas y consumidores, y no somos los únicos. 
Esta propuesta no tiene en cuenta la necesidad de ser flexible en ámbitos esenciales del sector del transporte, apenas presta atención al consumidor y no tiene en cuenta la necesidad de que la industria europea siga siendo competitiva. 
Por tanto, no dudo en solicitar a esta Cámara que apoye nuestra enmienda crucial para rechazar la propuesta en su totalidad. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, también yo quisiera hacer uso del poco tiempo de que dispongo para dar las gracias al ponente por su labor profesional y competente. 
Estoy de acuerdo con el señor Comisario en que se trata de un informe extremadamente importante. 
Si se aplican las propuestas que contiene, podemos estar seguros de que comportarán una serie de mejoras, no solo con respecto a la situación en las carreteras europeas desde el punto de vista de la política social y el derecho laboral, sino también, sin duda, con respecto a la seguridad vial. 
Sin embargo, para que se consigan estos dos objetivos deben cumplirse los siguientes cuatro principios esenciales. 
La semana laboral no debe superar las 56 horas propuestas, las normas deben incluir también a los servicios de entrega urgente y mensajería, los dispositivos de grabación digital deben introducirse sin demora y debe declararse ilegal el dúmping salarial, muchas veces responsable de las peligrosas situaciones de las que hemos sido testigos. 
El miércoles, esta Asamblea optará entre aumentar la seguridad y establecer unas normas sociales más elevadas, y la obtención de mayores beneficios por parte de unos pocos. 
Desde mi punto de vista está suficientemente claro qué debemos votar. 
Señor Presidente, en el marco de la Agenda de Lisboa, esta Asamblea pretende eliminar las normas innecesarias, incorporar una mayor flexibilidad y reducir la burocracia. 
Sin embargo, esto no significa que no esté satisfecha con la postura adoptada por la Comisión de Transportes y Turismo con respecto al Reglamento sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso. 
La seguridad vial requiere que se apliquen más eficazmente los tiempos de conducción y los períodos de descanso, pero varios de los cambios propuestos van mucho más allá y no pueden aplicarse. 
Algunos diputados ya han mencionado la instalación obligatoria del tacógrafo digital en vehículos de menos de 3,5 toneladas. 
Por supuesto, esto es inviable en la práctica. Del mismo modo, no es viable instalar tacógrafos digitales en los vehículos existentes, ya que en ocasiones es técnicamente imposible y por lo tanto no es aconsejable. 
En tercer lugar, las cosas deben ser más prácticas y es preciso reducir la carga administrativa. 
Once horas de sueño por la noche, en lugar de doce, es más que suficiente. 
Eso es también lo que opina el Consejo, y espero que el Parlamento adopte el mismo punto de vista al rechazar la primera parte de la enmienda 62. 
Las comprobaciones en carretera de hasta 28 días no benefician a la seguridad vial y también generan una burocracia innecesaria. 
La propuesta del Consejo es asimismo mejor en este aspecto, y por lo tanto espero que el señor Markov sea un poco más complaciente con el Consejo en estos aspectos. 
Por último, si deseamos tener un transporte más seguro, debemos fomentar, en lugar de desalentar, la duplicación del personal en el transporte de larga distancia. 
Cuando ya falta poco para la votación en el Pleno, quisiera instarles a que rechacen la propuesta sobre los puntos mencionados, ya que estas medidas elevan innecesariamente los costes para lo que en muchos casos son pequeñas empresas. 
Si el resultado de la votación en el Pleno no es mucho mejor que en la Comisión de Transportes y Turismo, sería sensato echar mano de la legislación vigente. 
Señor Presidente, si queremos provocar un verdadero cambio en la situación actual de las carreteras europeas, necesitamos crear la igualdad de condiciones para los diversos modos de transporte de la que tanto hemos hablado, que hasta la fecha no ha sido más que un latiguillo. 
Los dos proyectos de informe de hoy, sobre la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y sobre el control de su aplicación, desempeñarán un papel clave en este sentido. 
Si lográramos emplear la legislación europea con el fin de garantizar que las prácticas relativas a los períodos de conducción y descanso, que a menudo son nada menos que escandalosos, se realicen de forma más ordenada, esto implicaría inevitablemente que el coste de la contratación de personas para trabajar en la carretera y en el ferrocarril fuese más similar, y esto ya sería algo. 
Sin embargo, nuestro objetivo ni es ni debe ser conformarnos con leyes que solamente existen sobre el papel. 
Es preciso controlar el cumplimiento de esta legislación y dicho control debe ser posible. 
La segunda de estas dos preocupaciones puede afrontarse mediante los tacógrafos digitales, menos vulnerables a la manipulación, pero lo que se necesitará entonces será que las fuerzas de la policía nacional controlen estos dispositivos mediante comprobaciones sistemáticas en carretera. 
También será necesario garantizar el cumplimiento de los períodos de conducción y descanso. 
Además de la importancia que tiene garantizar que se coordinen las normativas marco relativas a los tiempos de conducción en carretera y el transporte ferroviario, los dos informes Markov persiguen un objetivo adicional, la seguridad vial. 
Son demasiados los accidentes ocasionados por conductores cansados, y es preciso tomar medidas para poner coto a este problema. 
Un camión de 40 toneladas fuera de control es un arma peligrosa, y no debe tolerarse la circulación de bombas de este tipo. 
Los Estados miembros deben establecer controles efectivos para remediar esta peligrosa situación. 
En este contexto, me preocupa especialmente ver que la Presidencia, o al menos sus Ministros, no está hoy presente en el debate, aunque represente de los Estados miembros. 
Puede que Luxemburgo haya impuesto períodos de descanso obligatorios a los Ministros, aunque me inclino a pensar que el problema es otro. 
Los debates en esta Asamblea sobre textos legislativos cada vez se realizan más tarde y deberíamos cambiar esta costumbre. 
Quizás entonces el Consejo estaría presente en debates como el que estamos celebrando hoy. 
Muchas gracias, señor Rack. 
La Presidencia comparte sus reservas respecto a las sesiones nocturnas plenamente. 
Tiene la palabra ahora el señor de Grandes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. La nueva realidad europea incide de forma muy especial en territorios como el de España y otros, que han devenido en periféricos en relación con la situación de los principales mercados europeos. 
Para dichos países periféricos, la probabilidad de tener que realizar recorridos más largos es muy superior a la de los países centrales, que gozan de una mayor cercanía entre los centros de producción y consumo. 
Para intentar paliar estas circunstancias, entendemos que es de equidad el establecimiento de fórmulas de flexibilidad, para evitar que la geografía adversa pueda mermar de manera progresiva la competitividad de los transportes de la Unión. 
En este estado de cosas, el afán legislativo incurre en excesos, y la rigidez en las normas puede producir, más que armonización, un desequilibrio en las condiciones que tendrán que afrontar los transportistas de los Estados periféricos. 
La obligación de tomarse un nuevo período de descanso transcurridos seis períodos consecutivos de conducción implica que en muchas ocasiones los conductores de larga distancia no puedan retornar a sus lugares de origen y que, por lo tanto, tengan que realizar los descansos semanales a lo largo del trayecto. 
Esta eventualidad supone una auténtica condena puesto que en muchas ocasiones las circunstancias de descanso distan mucho de ser las necesarias para el mantenimiento de unos niveles razonables de calidad de vida: permanecer confinado y aislado en el área de descanso de una autopista, sin alojamiento ni condiciones higiénicas adecuadas, en un país lejano y, además, sin posibilidad de alejamiento de los vehículos por miedo a sufrir robos. 
Tanto más sangrante es la situación cuanto, en teoría, se trata de medidas que se dicen encaminadas a garantizarles unas condiciones de reposo adecuadas. 
El reconocimiento del concepto de larga distancia ha sido recogido en otros sectores, como en la pesca de altura. 
También en el ámbito de los transportes la legislación francesa distingue entre conductor de corta y larga distancia. 
Resulta imprescindible distinguir entre unos y otros supuestos para no penalizar a los conductores de larga distancia ni a los intereses legítimos de los países periféricos. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, nos ha asegurado en varias ocasiones, en intervenciones ante esta Asamblea y en otros lugares, que pretende reducir el número de instrumentos legislativos comunitarios en un 25 %, ya que existen demasiados y muchos de ellos son innecesarios. 
Los diputados a esta Cámara siempre han aplaudido estas declaraciones, ya que muchos de nosotros somos conscientes de que nos enfrentamos a una legislación comunitaria que está desarrollando tendencias imperialistas y tratando de regular todo lo que existe bajo el sol. 
Sin embargo, la ironía reside en que siempre que se presenta un proyecto en las correspondientes comisiones competentes, por ejemplo la Comisión de Transportes y Turismo, los mismos diputados indefectiblemente retoman la rutina reguladora al votar por el aumento del número de disposiciones para las que no existe una justificación racional. 
La normativa que estamos debatiendo sobre la armonización de la legislación social constituye un claro ejemplo de esta forma de pensar y actuar, y quisiera hacer varios comentarios al respecto. 
En primer lugar, creo que no existe una justificación para el hecho de que no se haya trazado ningún tipo de diferenciación entre los aspectos de la regulación del tráfico por carretera y la regulación del empleo. 
En otros ámbitos de la vida pública no se mezclan distintos tipos de normativas de este modo, pero en este caso no se ha hecho una distinción entre la legislación del empleo y otras legislaciones. 
En segundo lugar, se ha violado de forma escandalosa el principio de subsidiariedad. 
En tercer lugar, un punto crucial, los proyectos disponen un sistema completo de controles que no es más que maquinaria abotargada y que será prácticamente imposible aplicar. 
Los diputados a esta Cámara han dejado bastante claro que sería muy difícil poner en práctica este sistema. 
En cuarto lugar, el nivel de detalle de las disposiciones, especialmente con respecto a los períodos de trabajo y descanso y a cómo se dividen y separan, constituye una terrible visión burocrática que prácticamente no deja ningún margen de maniobra. 
Dados todos estos factores, creo que este es exactamente el tipo de normativa sin la cual la Unión Europea podría arreglárselas perfectamente bien. 
Constituye un ejemplo perfecto del 25 % de los instrumentos legislativos a los que se refería el señor Barroso. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decirles que he escuchado con atención sus distintas intervenciones. 
No tengo necesidad de insistir, señor Markov, y algunos de ustedes lo han destacado, en que no queremos legislar por legislar. 
Se trata de la seguridad vial. 
Todavía tenemos en toda Europa muchos muertos en las carreteras y debemos ser muy conscientes de ello. 
Necesitamos también una competencia leal entre transportistas y debemos pensar en esos transportistas y en su vida laboral. 
Soy de los que piensan que, cuando un oficio se ejerce con arreglo a ciertas de normas, eso permite también al trabajador dar lo mejor de sí mismo y a menudo ser más eficaz. 
En primer lugar, me gustaría volver sobre una idea general que me parece comparten muchos de ustedes; y es que no basta con definir derechos, también hay que crear las condiciones para el ejercicio de esos derechos. 
Dicho de otro modo, hay que prestar gran atención a la aplicabilidad de las normas. 
Es preciso que las normas sean aplicables, porque deben ser aplicadas. 
Esto es muy importante. 
Nuestro debate se ha centrado, en particular, en dos temas: los vehículos de peso inferior a 3,5 toneladas. 
La Comisión está dispuesta a estudiar la cuestión en profundidad. 
Si lo desean, sugeriría que incluyéramos una cláusula de revisión diferida para ver cómo responder, en su caso, a las necesidades que parezcan necesarias. 
Creo que, en este ámbito, hay que actuar con inteligencia y pragmatismo. 
Si hay que ir más lejos, señor Markov, no digo que no, pero habrá que estudiar el ámbito de aplicación de estas normas. 
Algunos de ustedes, y en particular los autores de enmiendas, como el señor Grosch y el señor Jarzembowski, han hablado del problema de los tacógrafos. 
Es un problema que puede prestarse a debate, lo reconozco, pero quisiera ofrecerles elementos concretos que quizás les permitan entender mejor por qué la Comisión sigue deseando absolutamente que este sistema se aplique pronto. 
Les recuerdo que el artículo 2 del Reglamento no 2135/98, que introduce el tacógrafo digital, dispone que los vehículos que se pongan en circulación por vez primera dos años después de la fecha de publicación de las especificaciones técnicas deberán estar equipados con un tacógrafo digital. 
Las especificaciones técnicas se publicaron el 5 de agosto de 2002 y la fecha reglamentaria se fijó, como es normal, en el 5 de agosto de 2004. 
Ahora bien, como los fabricantes de tacógrafos digitales no fueron capaces de suministrarlos a tiempo, mi predecesora, la señora De Palacio, adoptó con razón una moratoria que prevé medidas transitorias para los Estados miembros y que aplaza al 5 de agosto de 2005 la introducción obligatoria del tacógrafo digital en los camiones nuevos. 
El Consejo insistió en confirmar esta fecha en el texto jurídico sobre el tiempo de conducción y de descanso. 
Para la Comisión, la fecha de 5 de agosto de 2005 constituye ya un aplazamiento de un año con respecto al plazo previsto. 
Me parece necesario, y lo digo con toda sinceridad, enviar una señal clara a la industria y a los Estados miembros. 
Por ello queremos llegar, en la medida de lo posible, a un acuerdo rápido sobre el proyecto de directiva y de reglamento que tienen hoy sobre la mesa. 
Desde el punto de vista técnico –porque también hay que asegurarse de que todo este listo en este campo– quisiera darles de nuevo algunos datos. 
Los certificados de homologación para los tacógrafos digitales se concedieron a ACTIA en junio de 2004, a VDO Siemens en octubre de 2004, así como a varios fabricantes de tarjetas. 
El Centro Común de Investigación de la Comisión ha establecido un sistema de seguridad de las tarjetas. 
TACHOnet, un sistema que permite garantizar que cada conductor disponga solamente de una tarjeta de conductor, es operativo desde agosto de 2004. 
Todos los principales constructores de automóviles han comenzado a experimentar el tacógrafo digital en sus vehículos y pueden estar listos antes de la fecha límite de introducción de agosto de 2005. 
Un fabricante de tacógrafos al que yo mismo entrevisté me indicó que estaba en condiciones de proporcionar el número de tacógrafos necesarios a los constructores de automóviles de aquí a mayo de 2005. 
Se están elaborando los programas de formación para los conductores y los operadores de transporte y los Estados miembros cooperan para impartir cursos similares al personal encargado de supervisar la aplicación. 
Añadiré, Señorías, e insisto un poco en este punto, que si aceptamos un aplazamiento de la fecha de introducción del tacógrafo digital, nos exponemos a una acción ante la justicia por parte de los profesionales que están preparados. 
En cuanto a los convertidores catalíticos, es cierto que todavía no había una decisión jurídica definitiva, pero de todos modos se implantaron desde el momento en que la industria los suministraba. 
Creo que hay momentos en que la Unión debe tomar la delantera. 
Me preocupa mucho ser realista y respetar a nuestras industrias, pero creo con toda sinceridad que un nuevo aplazamiento no sería bueno ni para unos ni para otros. 
Por esta razón he escuchado con gran atención sus observaciones sobre este punto. 
Es lo que quería indicar, señor Presidente. 
Doy las gracias al Parlamento, y afirmo una vez más lo interesante que es mantener este diálogo entre Consejo y Parlamento. 
Es el verdadero medio, me parece, de llegar a una legislación equilibrada y aplicable. 
Anexo – Posición de la Comisión 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 37 y 40. 
La Comisión puede aceptar, con cambios de la redacción, las enmiendas 2 y 35. 
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 27 y 31. 
La Comisión puede aceptar, en parte, las enmiendas 15, 17 y 19. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 7, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 41 y 43. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 14, 33 y 76. 
La Comisión puede aceptar, con cambios de la redacción, las enmiendas 1, 7 y 26. 
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 3, 5, 9, 10, 15, 22, 27, 38 y 43. 
La Comisión puede aceptar, en parte, la enmienda 45. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Finalizamos así el debate de este punto, cuya votación tendrá lugar el miércoles. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate del informe del señor Navarro (A6-0055/2005) sobre el transporte marítimo de corta distancia. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar al señor Navarro por su excelente informe. 
Pienso, y el informe de la Comisión de Transportes y Turismo lo demuestra, que el transporte marítimo de corta distancia es un tema que concita un amplio acuerdo entre el Parlamento, los Estados miembros y la Comisión. 
Todos sabemos que el transporte marítimo de corta distancia es un excelente método que sin embargo podría desarrollarse más. 
Es el único modo de transporte capaz, además del ferroviario, de hacer frente al desarrollo del transporte por carretera. 
Por tanto, hay que dar más créditos al transporte marítimo de corta distancia. 
Quisiera llamar la atención sobre algunos elementos clave de su informe, señor Navarro. 
Ciertamente necesitamos un enfoque integrado para hacer del transporte marítimo de corta distancia una verdadera solución de puerta a puerta. 
La nueva definición presentada en los considerandos del informe puede inspirar esa integración y contribuir a ella. 
La dimensión intermodal de esta nueva definición puede completar la definición modal adoptada en 1999 y comúnmente aceptada en toda Europa. 
Por otra parte, se ha realizado un trabajo considerable para superar los obstáculos que impiden el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. 
Permítanme mencionar la Directiva sobre las formalidades de la norma OMI-FAL para los buques que lleguen a los puertos y salgan de estos, basada en el Convenio de la Organización Marítima Internacional sobre la facilitación del tráfico marítimo internacional. 
Con esta directiva, el número de formularios diferentes en vigor en Europa ha pasado de más de cincuenta a solo cinco. 
Además, la Comisión ha abordado las cuestiones relativas a las aduanas en varias ocasiones. 
La evolución en curso hacia una ventanilla única para las formalidades administrativas y la comunicación electrónica facilitarán el transporte marítimo de corta distancia. 
Evidentemente, la eficacia de los puertos es crucial para el transporte marítimo de corta distancia y la adopción de una nueva propuesta de directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios debe ayudarnos, aunque he observado perfectamente la intención del Parlamento de prestar gran atención a cómo concluyamos este texto. 
Una forma eficaz de promover la imagen intermodal del transporte marítimo de corta distancia reside en el trabajo orientado hacia el mundo de los negocios y realizado por los centros de promoción del transporte marítimo de corta distancia. 
Esos centros nacionales llevan a cabo una acción de promoción de este modo de transporte que evidentemente es neutra desde el punto de vista comercial. 
En la actualidad, operan en Europa diecisiete centros de este tipo para difundir nuestras políticas y el señor Navarro tiene razón al poner de manifiesto todos estos esfuerzos. 
Las autopistas del mar son una forma especial –las calificaría de marca– de transporte marítimo de corta distancia. 
Combinan una mayor calidad con un incremento de la cantidad. 
Al conectar puertos de las redes transeuropeas de transporte, permitirán evitar los cuellos de botella terrestres y mejorar la cohesión. 
Quiero prestar una atención muy especial a esta iniciativa, para que el texto legal se haga realidad y sea aplicado. 
El programa Marco Polo, y en particular el futuro programa Marco Polo II, desempeñará un papel crucial en la aplicación de las autopistas del mar y aportará recursos financieros adicionales a los proyectos que puedan acogerse al programa. 
Actualmente se están realizando muchos esfuerzos para que el transporte marítimo de corta distancia sea un éxito. 
No obstante, debemos redoblar nuestros esfuerzos para obtener mejores resultados en el futuro. 
Por ello, doy las gracias al Parlamento y al ponente por la labor que han llevado a cabo. 
Estoy convencido de que juntos seguiremos haciendo que el transporte marítimo de corta distancia pueda crecer. 
Aportará mucho, estoy seguro, a toda la política de transporte de mercancías, que sigue siendo esencial para el gran mercado único europeo. 
Le doy las gracias, por tanto, señor Navarro, y ahora escucharé con mucho gusto, señor Presidente, las observaciones que sigan al informe. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, soy un diputado recién elegido a este Parlamento y este informe de iniciativa es, por tanto, mi primer informe como diputado al Parlamento Europeo. 
Antes de presentarles los puntos principales, quisiera agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo, así como a mi Grupo político, el PSE, que me hayan confiado la tarea de trabajar sobre un tema tan importante como es el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. 
Quiero dar las gracias muy especialmente a los administradores del Parlamento Europeo, el señor Darmis y el señor Préat, y a mis asistentes parlamentarios, el señor Caballé y el señor Polack. 
Ellos me han apoyado a lo largo de todo el trabajo de consulta, análisis y redacción cuyo resultado es este informe. 
Quiero expresar mi agradecimiento a los servicios de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión, así como a los principales profesionales de los sectores afectados, en particular los armadores, los expertos logísticos y los puertos, que han participado activamente en nuestras consultas. 
Quisiera aprovechar la ocasión para comunicarles mi extrañeza por la falta de medios humanos y financieros de que disponen los diputados al Parlamento Europeo para la investigación. 
El Parlamento Europeo, con el incremento continuo de sus poderes presupuestarios y legislativos, se ha convertido en la voz de los ciudadanos en la Unión Europea. 
Sin embargo, he observado con sorpresa que un diputado al Parlamento Europeo, como ponente, no puede organizar misiones de observación financiadas por el Parlamento Europeo aparte de las misiones oficiales de las comisiones parlamentarias, que tienen lugar una o dos veces al año. 
Como saben, el diablo está en los plazos y si el Parlamento Europeo quiere efectuar eficazmente su trabajo de control, debería disponer en el futuro de mayores niveles de conocimiento experto propio, en particular para garantizar la independencia y la imparcialidad de sus diputados. 
Déjenme recordarles en primer lugar el contexto en que se sitúa la cuestión del desarrollo del transporte marítimo en Europa. 
En su Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara a 2010, que publicó en 2001, la Comisión Europea recordaba el importante papel desempeñado por el transporte marítimo de corta distancia para la reducción de los gases de efecto invernadero e insistía en la necesidad de simplificar su marco reglamentario. 
Introducía el concepto de autopistas del mar, recordando la necesidad de promover líneas de transporte marítimo masivo rápido que permitieran, en particular, evitar los cuellos de botella de los Alpes y los Pirineos, por ejemplo. 
El Parlamento Europeo apoyó estas propuestas sobre el transporte marítimo de corta distancia en su informe sobre el Libro Blanco aprobado el 2 de enero de 2003. 
El ponente era entonces el señor Izquierdo Collado. 
La última Comunicación de la Comisión, publicada en 2004, y que hemos debatido es ante todo un documento intermedio; su propósito es hacer balance de la situación del transporte marítimo de corta distancia, de los obstáculos con que choca y de las acciones emprendidas para resolverlos. 
En mi informe, deseo en primer lugar presentarles un balance del transporte marítimo de corta distancia en Europa. 
Quiero llamar su atención sobre dos datos principales. 
En primer lugar, la parte del transporte marítimo de corta distancia en el conjunto del transporte intraeuropeo aumentó un 25 % entre 1995 y 2002, representando el 40 % del total de mercancías transportadas dentro de Europa frente al 45 % del transporte por carretera. 
En segundo lugar, los datos recientes sobre el impacto medioambiental del transporte marítimo de corta distancia demuestran que este último tiene un impacto negativo mucho menor que el transporte por carretera. 
La conclusión de este balance es evidente. 
Nuestro deber es hacer progresar el transporte marítimo de corta distancia para conciliar la protección del medio ambiente, la calidad de vida y el crecimiento económico. 
Ahora bien, hay muchos obstáculos a la progresión del transporte marítimo de corta distancia. 
No quiero enumerar aquí todos los obstáculos que destaco en mi informe, pero sí alertarles sobre dos cuestiones principales. 
En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una auténtica política intervencionista con miras a atraer y orientar a los principales organizadores y operadores del transporte de carretera hacia el transporte marítimo de corta distancia. 
En segundo lugar, nuestras reuniones con los responsables del sector nos han convencido de la urgente necesidad de adoptar modalidades de financiación eficaces, claras y suficientes para las acciones que hay que emprender. 
Las distintas fuentes de financiación existentes han de permitir una complementariedad óptima, que haga posible la puesta en marcha de nuevas líneas duraderas. 
Frente a estos obstáculos, mi informe insiste en particular en la necesidad de resolver la cuestión de la normalización de las unidades de carga intermodales y de facilitar la integración del transporte marítimo de corta distancia en la cadena de suministro. 
Proponemos asimismo reactivar la reflexión comunitaria sobre la unificación del régimen jurídico de la cadena multimodal. 
Este informe ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Nuestro trabajo de consulta nos ha permitido llegar a posiciones de compromiso sobre puntos cruciales. 
El informe insiste, en efecto, en el potencial de desarrollo del transporte marítimo de corta distancia para el transporte de pasajeros, en las posibilidades de creación de miles de puestos de trabajo, en la importancia de los enlaces entre el transporte marítimo de corta distancia y las vías de navegación interiores, en el papel del transporte marítimo de corta distancia para las islas, en el respeto de las normas comunitarias de competencia y, por último, en la mejora de los resultados medioambientales del transporte marítimo de corta distancia. 
A modo de corrección y en aras de la coherencia, desearía presentar una enmienda oral puramente técnica. 
Tiene por objeto hacer concordar la definición de transporte marítimo de corta distancia del considerando A, en el que integramos el transporte de pasajeros y las vías navegables interiores, con la del considerando C, en el que hemos omitido hacerlo. 
Mi enmienda añade pues las palabras «y de pasajeros» y «o vía navegable interior» en el considerando C, para que la definición del transporte marítimo de corta distancia sea idéntica en todo el informe. 
Para concluir deseo recordarles cuáles son, en mi opinión, las tres razones principales por las que les pido que apoyen mi informe sobre el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. 
En primer lugar, el empleo generalizado del transporte marítimo de corta distancia en todos los sectores de la economía europea tendría una repercusión extremadamente positiva sobre el desarrollo de todas las regiones de la Unión Europea y sería un medio fantástico de crear cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro continente. 
Después, el transporte marítimo de corta distancia es una de las soluciones adecuadas para conciliar la salvaguardia de nuestro patrimonio natural y el desarrollo económico y social de las regiones. 
Por último, el transporte marítimo de corta distancia tiene un papel esencial que desempeñar en la ordenación del territorio y el refuerzo de la cohesión territorial en la Unión Europea. 
En este sentido, considero que el concepto de autopistas del mar debería inscribirse con fuerza en la problemática de refuerzo de la solidaridad en la UE. 
Por esta razón, el informe propone, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, que se inicie una reflexión sobre la posibilidad de reconocer que los proyectos prioritarios en el ámbito del transporte marítimo de corta distancia, que desempeña un papel importante en la mejora de la cohesión territorial en la Unión, son servicios de interés económico general. 
Espero poder contar con el apoyo más amplio posible del Parlamento sobre un tema tan crucial como es el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia y del transporte intermodal. 
Así, la política de protección del medio ambiente, de desarrollo regional y de cohesión territorial de la Unión Europea se verá reforzada para el bienestar de nuestros conciudadanos y de las generaciones venideras. 
Espero, pues, contar con su amplio apoyo. 
Señor Navarro, este era su primer informe, pero le aseguro que es el último en el que habla usted tanto rato. 
Pasamos al turno de oradores en nombre de los Grupos. 
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Jarzembowski. 
. Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, desde mi punto de vista, el ponente ha presentado un excelente informe. 
Es breve y conciso, y sería estupendo poder decir lo mismo de las intervenciones que nos disponemos a oír. 
Haré lo posible por poner un ejemplo de esto. 
El Vicepresidente ha manifestado que la Comisión ya había adoptado una serie de medidas para promover el transporte marítimo de corta distancia y quisiera pedirle que considere el informe del ponente como una invitación adicional para celebrar un diálogo con el objetivo de aplicar nuevas medidas para la promoción de este tipo de transporte. 
El Vicepresidente también ha mencionado otras cuestiones, como la simplificación de las aduanas y los procedimientos administrativos, además del desarrollo de los puertos. 
Me gustaría centrarme en dos puntos. 
En primer lugar, me interesaría saber si se ha avanzado finalmente con la idea de las autopistas marítimas. 
El año pasado se celebró un buen debate sobre este tema en esta Asamblea por iniciativa de la Comisión, pero tengo mis dudas respecto a si los Estados miembros están contribuyendo al proponer proyectos. 
En cuanto a lo que a las autopistas marítimas se refiere, solamente deseamos respaldar proyectos útiles y viables, y nuestro principal objetivo debe ser garantizar que la nueva financiación no tiene un efecto adverso en las actuales conexiones de ferry. 
Si hace tiempo que existe un servicio perfectamente adecuado, no tiene sentido proporcionar financiación adicional para construir nada nuevo en su lugar. 
Por lo tanto me gustaría saber cómo se encuentran actualmente las cosas y si ya se ha propuesto algún proyecto sensato para las autopistas marítimas que ustedes estén dispuestos a respaldar. 
Mi segundo comentario tiene que ver con que no importa en general lo lejos que tengamos que ir para promover las autopistas marítimas y el transporte marítimo de corta distancia, todo nuestro buen trabajo se verá anulado si los transportistas explotan una y otra vez las lagunas legales. 
He tenido conocimiento de informes de la región del Báltico que afirman que es mucho más barato transportar mercancías en camión alrededor del Báltico que utilizar los servicios de ferry o los afluentes para cruzarlo. 
Esto se debe al hecho de que determinados Estados miembros de la UE no controlan los períodos de conducción y descanso y al bajo precio del diesel ruso. 
Debemos tener cuidado de no crear algo que en la práctica se vea anulado porque los Estados miembros no puedan aplicarlo. 
Quisiera pedirles que tomen medidas e incorporen las ideas del informe. 
. – Señor Presidente, Señorías, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo comparte plenamente el enfoque que ha adoptado el señor Navarro en su informe de propia iniciativa. 
Utilizaré el poco tiempo de que dispongo para señalar –sobre todo en beneficio del Comisario Barrot– que, aunque podemos estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión, esta no contiene datos estadísticos actualizados sobre el crecimiento de los distintos modos de transporte: sus cifras se refieren a 2002. 
La recopilación de datos estadísticos es importantísima, pero no se tiene suficientemente en cuenta, ni siquiera por parte de Eurostat, especialmente en lo que se refiere a los datos sobre el origen y el destino de las mercancías transportadas por carretera. 
Estos datos permitirían realmente preparar el cambio a favor del transporte marítimo. 
Además de la encuesta general, sería de utilidad ampliar el marco para incluir las conexiones con países terceros: las costas meridionales del Mediterráneo, los Balcanes, el Mar Negro, el Mar del Norte y, tal vez, Rusia, que podrían formar parte de proyectos como el programa Marco Polo, pero con los que resulta difícil mantener servicios regulares. 
Por último, cierta confusión en la terminología relativa a la definición de las autopistas del mar no facilita las cosas. 
Sería necesario aclararla para fomentar la sustitución del uso de la carretera por un transporte combinado, que no debe confundirse con el cabotaje obligatorio, cuyo objetivo es más bien mejorar el servicio. 
El sector que necesita incentivos es el de las conexiones continentales, especialmente las empresas que transportan semirremolques no acompañados, y dichos incentivos no deberían considerarse ayudas estatales. 
. –Señor Presidente, es cierto que hay que desarrollar el transporte marítimo de corta distancia en la Unión Europea, del mismo modo que el transporte ferrocarril-carretera. 
Hemos de ser capaces de transportar todos los productos necesarios para el funcionamiento de nuestras economías en toda Europa, buscando al mismo tiempo la máxima seguridad para nuestros conciudadanos y velando permanentemente por la preservación del medio ambiente. 
¿Por qué? 
Porque por fuerza hemos de constatar que los camiones siguen acumulándose en los embotellamientos, ocasionando numerosas molestias que permiten observar la explotación humana en todo su esplendor. 
Muchos buques destinados al cabotaje son a menudo barcos basura que peinan nuestras costas y que, dado su estado, poco les falta muchas veces para provocar auténticas catástrofes ecológicas. 
Por ello, solo una acción pública a escala europea, incluida la intervención industrial y económica directa, puede desbloquear la situación. 
El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia no puede concebirse como una elección estratégica de ordenación del territorio. 
El auge del transporte marítimo de corta distancia debe pensarse, no en competencia con las necesarias inversiones en el transporte ferroviario de mercancías y el transporte ferrocarril-carretera, sino en sinergia con ellos. 
Insisto en que, en asuntos marítimos, la seguridad y el respeto del medio ambiente deben ser primordiales, la competencia secundaria. 
Los trámites administrativos relativos al cabotaje pueden y deben mejorarse, pero no hasta el punto de echarlo todo por la borda simplemente con el pretexto de ganar tiempo. 
Hay que mantener todos los medios de vigilancia para evitar los tráficos de todo tipo. 
Para concluir, señor Presidente, diré que el transporte marítimo de corta distancia tiene un gran futuro por delante en Europa si lo llevan a cabo los hombres del mar y los Estados, y no los grandes grupos cuya única motivación es el puro beneficio, cualquiera que sea su coste económico, social y humano. 
– Señor Presidente, el continente europeo y Grecia, mi país, tienen algo en común. 
Ambos son penínsulas: rodeados de mar por todos sus lados excepto por uno. 
Tienen miles de kilómetros de costa y miles de pequeños y grandes puertos. 
Los griegos hemos estado muy familiarizados con este medio de transporte durante 3 000 años: el primer transporte de mercancías registrado en la historia marítima fue el vellocino de oro que transportaron los argonautas hace 5 500 años. 
El transporte marítimo es el más respetuoso con el medio ambiente. 
No es necesario perforar montañas ni cortar árboles, y un barco puede transportar una gran cantidad de mercancía, además de a muchos pasajeros. 
Tenemos un gran volumen de trabajo: aproximadamente el 40 % del tráfico de Europa, de acuerdo con el informe. 
En otras palabras, son muchos los beneficios que pueden obtener tanto los armadores como los operadores. 
Sin embargo, también tenemos una tasa de desempleo especialmente alta, con profesionales marítimos parados en Polonia, Portugal y Grecia. 
Así que contamos con un abundante transporte marítimo, pero también con profesionales marítimos desempleados. 
En Pireo, que en el pasado fuera el mayor puerto de Europa, uno de cada dos viandantes es un profesional marítimo en paro. 
Así que debemos encontrar un modo de introducir medidas de forma que cada barco que haga escala en un puerto Europeo emplee a cierto número de profesionales europeos. 
No queremos que los barcos trabajen en Europa con profesionales no europeos mientras nuestros profesionales no tienen trabajo. 
Otra cuestión sobre la que debemos centrar nuestra atención es la seguridad. 
La Comisión elaboró una directiva hace unos años. 
Un funcionario, que obviamente servía a determinados intereses, no la comunicó. 
Se produjo un naufragio en el Egeo y 82 personas se ahogaron, precisamente porque la tripulación no había sido formada conforme a la directiva que nunca llegó. 
¿Qué necesitamos entonces? 
Necesitamos una mejor seguridad a bordo, ser estrictos con respecto a la vida humana y, sobre todo, necesitamos un trabajo seguro para los profesionales marítimos europeos, por motivos de igualdad y democracia; trabajo que pierden, reitero, aunque los beneficios para los armadores provengan de los ciudadanos europeos. 
Esto es lo que significa la justicia y quisiera que el señor Comisario encuentre un modo de asegurar el trabajo de los profesionales marítimos y hacer que no desaparezca. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Navarro por su excelente informe y su excelente colaboración. 
El informe sobre el transporte marítimo de corta distancia es importante, dado que constituye un nuevo paso en nuestra búsqueda de maneras para retirar las mercancías de las carreteras y promover medios de transporte respetuosos con el medio ambiente. 
De hecho, si no hacemos nada, nuestras carreteras se saturarán. 
El transporte marítimo de corta distancia puede desempeñar un papel positivo e importante en un sistema de transporte intermodal si se adoptan medidas complementarias en distintos niveles. 
Por ejemplo, en mi opinión no deberíamos desarrollar el transporte marítimo de corta distancia al azar, sino que deberíamos analizar detenidamente las rutas que es necesario desarrollar, sobre todo las autopistas marítimas, con el fin de obtener el mayor impacto positivo posible. 
El desarrollo, no solo de nuevos puertos, sino también de nuevos movimientos de transporte en el interior, requiere un informe de impacto medioambiental estratégico sobre las rutas programadas. 
Por lo tanto, debemos evitar que se creen nuevos cuellos de botella. 
Por último, al mismo tiempo debemos avanzar sobre la cuestión de las emisiones. 
Los barcos contaminan en cierto grado. 
El transporte por carretera se ha visto sometido a estrictas normas con respecto a la contaminación, pero los combustibles marítimos se han quedado rezagados en cierto modo, y por ello me complace que, casualmente, el informe Hassi, que pretende reducir considerablemente el contenido de azufre de los combustibles marinos, sobre todo en las zonas más sensibles, también vaya a someterse a votación esta semana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión Europea ha destacado la importancia del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, que culminó en 2001 con el Libro Blanco sobre política europea de transportes, mientras que el Parlamento Europeo, por su parte, siempre ha sido un defensor apasionado de todas estas iniciativas. 
La aprobación unánime del presente informe por parte de la Comisión de Transportes y Turismo demuestra precisamente el enorme interés que tenemos todos nosotros en el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. 
Quisiera dar las gracias al ponente, el señor Navarro, por el especial interés que ha demostrado por las zonas insulares. 
Las islas constituyen un sector muy sensible, con problemas estructurales agudos que se complican especialmente durante los meses de invierno debido a la dificultad para acceder a las mismas. 
Como diputado electo por una región insular de Grecia, he experimentado la enorme necesidad de los habitantes insulares de un transporte y una comunicación marítima diaria de corta distancia mejor y más frecuente. 
Dado su aislamiento, es necesario adoptar medidas especiales para mejorar las conexiones con las zonas insulares. 
Miles de pequeñas islas habitadas corren el riesgo de ser abandonadas, ya que no existe un interés económico y no se genera competencia. 
Sería lamentable que islas que han estado habitadas durante 3 000 años fuesen finalmente abandonadas. 
. Señor Presidente, obviamente quiero responder de forma muy positiva a esta nueva oferta de diálogo lanzada a través del informe del señor Navarro, a quien quisiera dar las gracias de nuevo. 
El concepto de autopistas del mar empieza a hacerse realidad. 
El fin de semana, la inauguración de una nueva autopista entre Toulon y Civitavecchia, cerca de Roma, ha mostrado la vía. 
El concepto de autopistas del mar está integrado ahora en las redes transeuropeas. Espero, señor Presidente, que las perspectivas financieras nos permitan conceder a las autopistas del mar el lugar que les corresponde. 
Reconozco que la recogida de estadísticas debe mejorarse y actualizarse. 
La definición del Parlamento Europeo –y pienso en lo que usted mismo, señor ponente, ha subrayado, así como el señor Jarzembowski y algunos otros– ofrece una orientación útil con vistas a integrar el transporte marítimo en la cadena intermodal, incluyendo en ella el transporte fluvial. 
Hay que incitar pues a los Estados, a las regiones y a las ciudades a que cooperen en la medida de lo necesario. 
Tenemos ahora cierto grado de intermodalidad y hemos de seguir avanzando. 
No hay competencia con el transporte ferroviario, sino al contrario, complementariedad. 
Del mismo modo, el transporte fluvial y el transporte marítimo también pueden complementarse muy bien. 
Por esta razón, pienso personalmente que el transporte marítimo de corta distancia tiene un verdadero potencial –uno de ustedes ha dicho un gran futuro– y puede descongestionar nuestras carreteras y ofrecer a Europa medios de movilidad adicionales. 
Quiero por tanto dar las gracias al Parlamento, que, a través de este informe, nos ha aportado una serie de elementos que espero vivamente que se apliquen para crear una política aún más ambiciosa con respecto al transporte marítimo de corta distancia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda finalizado este punto, que se votará mañana, a las 12.00 horas de la mañana. 
Se levanta la sesión. 
Hasta mañana, Señorías. 
. – Señor Presidente, creo que este informe, sobre el que votaremos más tarde, es uno de los más importantes que someterá a votación el Parlamento en este periodo de sesiones. 
No lo digo porque lleve mi nombre, sino por su contenido y por el gran de esfuerzo que se ha invertido en él. 
Quisiera dar las gracias a las personas del Tribunal, a la Comisión y a los Estados Miembros con los que he tenido que tratar, y también a la secretaría de la Comisión de Control Presupuestario. 
Sin su ayuda este informe no sería lo que es y por ello quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento. 
Si las instituciones aplican sus recomendaciones, entonces estaremos cerca del Santo Grial de una declaración positiva sobre la fiabilidad, la DAS. 
Sin embargo, para conseguirlo necesitaremos un verdadero compromiso y colaboración por parte de la Comisión, el Tribunal de Cuentas y los Estados miembros. 
A partir del apartado 25, el informe destaca la falta de perfección en la metodología de la DAS. 
Señala que el dinero de nuestras cuentas puede ser totalmente legal y regular pero que, al mismo tiempo, puede malgastarse por completo. 
Este es uno de los principales defectos de la DAS y el motivo por el que las recomendaciones del informe animan al Tribunal a mejorar los cambios que ya ha introducido. 
Desde el punto de vista de la Comisión, sean cuales sean las mejoras de la metodología de la DAS, la Comisión y los Estados miembros todavía han de introducir cambios. 
El Comisario debe hacer varias cosas. 
Como sucede con cada informe sobre el que vota este Parlamento, siempre pedimos a la Comisión que haga cosas suplementarias. 
Y además de cosas como la aplicación de un marco comunitario de control interno, pedimos eso. 
Sin embargo, en este punto, un asunto polémico en ciertas esferas, y sin duda dentro de la propia Comisión, es una cuestión que se plantea en el apartado 8 y la enmienda 4. 
Solicito encarecidamente a los diputados que respalden esta enmienda, que solicita al contable que apruebe las cuentas de la Comisión. 
Hay que decir que mientras esto no se acepte, siempre se atacará a la Comisión, lo cual queda bastante claro en la enmienda 4. 
Siento un gran respeto y consideración por el Comisario Kallas y su actitud positiva me anima. 
Quisiera pedirle que no permita que la batalla de jerarquías dentro de las direcciones generales impida que esto se lleve a cabo. 
Esta es una parte fundamental de estas recomendaciones. 
Sin embargo, pidamos lo que pidamos al Tribunal y a la Comisión, la DAS positiva no podrá conseguirse si los Estados miembros no aceptan sus responsabilidades, que incluyen su responsabilidad política sobre el control y la gestión de los fondos de la Unión Europea. 
El apartado 16 describe los problemas con gran claridad. 
El certificado de conformidad, descrito en el apartado 19, muestra cómo pueden resolverse los problemas. 
Este informe pretende establecer las responsabilidades de los Estados miembros no solo en el plano administrativo, sino también en el político. 
Después de todo, se trata de un proceso de gestión compartida. 
Es hora de que la otra mitad de esta gestión compartida comience a tomarse más en serio sus responsabilidades. 
En este contexto, el informe afirma –cerca del final de mi parte– que el progreso no es posible sin la participación activa de los Estados miembros. 
Por este motivo, señor Presidente, la comisión parlamentaria y el informe, si se aprueba, propone invitarle a que en su próxima intervención ante el Consejo Europeo plantee la necesidad de mejorar la gestión financiera de los fondos provenientes de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. 
Espero que así lo haga. 
Para mi este informe ha sido un ejercicio fascinante. 
Constituye la culminación de diez años de esfuerzo por conseguir una declaración positiva sobre la fiabilidad. 
Hace diez años afirmé que nunca habría una DAS positiva con los sistemas existentes, incluida entre ellos la metodología de la DAS. 
Hoy puedo decir que si se aprueba este informe confío en que una DAS positiva, ese Santo Grial que he mencionado antes, esté al alcance de la mano. 
. – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera darles las gracias por permitirme expresar una opinión en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre un tema muy importante para todos nosotros. 
Hoy, con nuestra votación sobre la aprobación del presupuesto del Parlamento Europeo para 2003, mostraremos nuestra postura. Una postura relativa a si nuestra institución, el Parlamento Europeo, está empleando los fondos, el dinero de todos los ciudadanos de Europa, nuestros electores, de forma correcta y transparente. 
También quisiera dar las gracias a mis colegas que han contribuido de forma activa a la preparación de este informe con su asesoramiento y sus esfuerzos. Estos presentaron sus propuestas y enmiendas y participaron en los debates. 
Se celebraron debates en la Comisión de Control Presupuestario y también hubo un debate animado dentro de mi Grupo político, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Los demócratas y liberales siempre han defendido y seguirán defendiendo el derecho de las personas a la información verdadera, la apertura y la transparencia, ya que esto constituye la base de la democracia. 
Sabemos que la apertura y la transparencia no constituyen por sí mismas un fin. 
Son medios para garantizar la eficiencia de la institución y, lo que es más importante, su responsabilidad ante el pueblo, ante aquellas personas para las que trabaja esta institución. 
Los ciudadanos de Europa son cada vez más intolerantes con la ignorancia y la falta de información, y demandan más a aquellos a los que han confiado sus votos, las personas elegidas a esta Asamblea. 
Quieren que el dinero que pagan les proporcione un valor añadido, que se utilice de forma eficaz y con determinación. 
Permítanme presentar brevemente mi informe, que ha sido aprobado por la Comisión de Control Presupuestario. 
Este difiere de los informes anteriores en que en 2003 se introdujo un nuevo sistema de gestión de las finanzas y se estableció un sistema de auditoría interna en el Parlamento Europeo. Esto constituye un enorme paso adelante hacia una utilización y planificación del presupuesto más sólida y transparente. 
Por ello quiero felicitarle, señor Presidente, así como a los servicios de la Mesa. 
Otro cambio consiste en que a partir de este año la labor de aprobar la ejecución del presupuesto recaerá en el Presidente del Parlamento Europeo y no en la Secretaría de la Mesa, como sucedía antes. 
El informe centra la atención principalmente en cuatro temas. 
En primer lugar, la gestión, cómo informan las principales personas encargadas de la toma de decisiones, es decir, la Mesa y los Cuestores. 
En este caso se propone el principio de rotación. 
El segundo tema es la utilización del dinero asignado a los Grupos políticos. 
Debe señalarse que se han hecho ciertos avances en este sentido, es decir, la transparencia en el uso de los fondos, mediante la publicación de la información en Internet. 
Sin embargo, también se señalan áreas de mejora: en el informe se propone que los Grupos políticos elaboren cuentas anuales estándar y declaren la utilización de los fondos de forma pública. 
En tercer lugar, los pagos a los diputados al PE. 
Este es un debate que se produce desde hace mucho tiempo. 
Posteriormente están las discusiones entre las instituciones y, lo que es más importante, las diversas interpretaciones y sospechas con respecto a la falta de transparencia del sistema. 
El saber que después de la adhesión de los nuevos países los salarios de algunos diputados son 12 veces mayores que los de otros es un hecho desagradable. 
Considero que esto es injusto: todos trabajamos en la misma institución europea y deberíamos recibir la misma remuneración a cambio del mismo trabajo. 
Creo que es erróneo no rendir cuentas por los fondos que se destinan a gastos generales. 
Estos fondos también deben calcularse. 
Otro tema sensible es nuestro lugar de trabajo en Bruselas y Estrasburgo. 
Esto y el modo en que votarán dependerán de ustedes. 
Creo que la Constitución está en lo cierto al establecer que el Parlamento Europeo tiene dos lugares de trabajo. 
Ya en 1952, Jean Monnet afirmó que queremos unir a las personas, no a los Estados. 
El Parlamento Europeo es la Asamblea en la que trabajamos y a través de la que pueden unirse los ciudadanos de Europa. Estos solamente se unirán si nos abrimos unos a otros, si trabajamos de forma transparente y garantizamos la correcta utilización y planificación del presupuesto europeo. 
. – Señor Presidente, al igual que el señor Wynn, para empezar quisiera manifestar mi agradecimiento a las secretarías de la Comisión de Control Presupuestario, al Grupo del PPE-DE y a mis colegas por ayudar a sacar adelante este informe. 
La primera es que el objetivo de todos estos informes que sacamos adelante en la Comisión de Control Presupuestario consiste en mejorar el entorno de control. 
Habiendo trabajado yo mismo en una administración nacional, puedo decir con franqueza que no creo que el entorno de control de ninguna administración nacional sea tan estricto y exigente como el que tenemos en el Parlamento Europeo o en la Unión Europea en general. 
Por ejemplo, yo podría averiguar con facilidad qué clase de vino bebió el Comisario Kallas en el almuerzo del 12 de diciembre: podemos saber hasta este tipo de detalles. 
Por eso me parece un poco triste que algunos diputados a esta Asamblea traten de utilizar este informe con fines populistas y traten de sacar a relucir los trapos sucios. 
Nosotros tratamos de sacar a relucir todos los trapos sucios posibles y afortunadamente no encontramos gran cosa. 
La segunda cuestión que quiero plantear es que el informe que he sacado adelante tenía que ver con otras seis «instituciones» : el Consejo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo. 
Todos ellos superaron la prueba con gran éxito. 
Sin embargo, quisiera hacer dos observaciones, la primera sobre el Consejo. 
Por primera vez hemos mantenido un diálogo estructurado con el Consejo en un marco informal y ha funcionado bastante bien. 
Hemos obtenido la información que necesitábamos y podemos estar agradecidos por ello. 
Sin embargo, quisiera hacer una pequeña advertencia para el futuro: estamos entrando en una fase de la integración europea en la que las relaciones exteriores, sobre todo la Política Exterior y de Seguridad Común, son cada vez más importantes. 
Esto significa que, en el futuro, el presupuesto del Consejo para la PESC no solo será administrativo, sino también ejecutivo. 
Será especialmente importante que analicemos esto muy detenidamente cuando comencemos a crear el servicio de relaciones exteriores, para ver cómo podemos controlarlo un poco mejor. 
Mi otra observación sobre las instituciones tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. 
En este caso se trató una cuestión específica relacionada con el personal. 
Mi planteamiento, y creo que el de los principales Grupos de esta Asamblea, era que no había que humillar a la persona en cuestión y por lo tanto queríamos que pasase prácticamente desapercibida. 
Hemos mantenido un excelente diálogo con la institución involucrada y afortunadamente el compromiso que hemos puesto sobre la mesa satisface a todas las partes implicadas. 
La tercera cuestión es que hemos mantenido un excelente diálogo con todas las instituciones. 
Hemos obtenido la información que necesitábamos y esto ha funcionado de muchas formas, pero hay un aspecto concreto que me gustaría mejorar, que es la programación del informe. 
El Tribunal de Cuentas llegó con el informe cinco minutos antes de la reunión de nuestra comisión en la que se suponía que debíamos debatirlo. 
Pero esto no funciona. 
El Presidente del Tribunal de Cuentas se presenta y presenta una declaración escrita de 45 minutos, lo cual no es necesariamente el mejor modo de iniciar un diálogo, así que quizás podríamos mejorar esto un poco. 
Paso ahora a las dos últimas cuestiones; la primera tiene que ver con que el debate que hemos tenido en la comisión ha sido muy constructivo y que el informe como tal se ha aprobado con un amplio apoyo. 
No hay muchas enmiendas al informe concreto que he presentado, solo tres. 
Como ponente, quisiera rechazarlas, ya que no considero que reflejen el debate que celebramos en el Grupo. 
Por último, debería haber un acuerdo bastante bueno entre los principales Grupos del Parlamento sobre la aprobación de este informe. 
Una vez más, quisiera dar las gracias a todas las personas que han contribuido a sacarlo adelante. 
. Señor Presidente, coincido con mi compañero Terry Wynn en que este ejercicio ha sido verdaderamente apasionante. 
Hemos tenido una comunicación enorme, tanto con la Comisión como, y sobre todo, con los directores de las agencias, que se han prestado y nos han prestado toda la información necesaria a lo largo de todo el procedimiento, y también con el Tribunal de Cuentas. 
La creación de las agencias, que ahora mismo tienen una serie de acciones importantes, como la regulación o la ejecución de determinadas acciones o la promoción, hace que nos preguntemos si son demasiadas o si son demasiado diferentes los modelos y si son todas necesarias, aunque el Parlamento en muchas de ellas ha intervenido, especialmente en la demanda. 
Esta descentralización de las acciones de la Comunidad a través de sus agencias tiene un aspecto enormemente positivo, es decir, hay una proximidad, accesibilidad y visibilidad de la Unión Europea en los Estados miembros, un mejor conocimiento también, por lo tanto, de los ciudadanos y, en este sentido, nosotros proponemos que se fortalezca una estrategia de comunicación global de estas agencias, y hay también una mayor capacidad y agilidad de maniobra. 
Pero también hay que reconocer que hay fuertes riesgos, en el sentido de que la descentralización puede llevar a una reducción en el control de la ejecución presupuestaria o a un solapamiento de actividades con las de la Comisión o a momentos de descoordinación o, incluso, de un mayor condicionamiento nacional frente al interés comunitario. 
De ahí que en nuestro informe hayamos solicitado unos informes específicos y profundos de la Comisión y una serie de propuestas y orientaciones comunes para evitar estos riesgos. 
Y desearíamos que estas orientaciones comunes se vieran reflejadas en el Acuerdo interinstitucional y que se refirieran no solamente a los mecanismos de refuerzo del control y de la responsabilidad presupuestaria de la ejecución de los presupuestos, sino también a todo lo que afecta a la armonización de su personal y a la aplicación de todas las normas comunitarias con relación a su personal. 
También desearíamos que la Comisión desarrollara un examen y evaluación sobre la estructura sobre todo antes, puesto que se están produciendo ya renovaciones de los reglamentos, en especial teniendo en cuenta el valor añadido europeo de estas agencias, es decir, en el fondo, su necesidad para la acción europea. 
También hemos planteado, con relación al Tribunal de Cuentas, la necesidad de una mayor cooperación que incremente la transparencia en el procedimiento contradictorio previo a su informe, porque nos hemos encontrado que en la aplicación del calendario había habido en algunos momentos problemas que impedían al Parlamento conocer exactamente si se habían mejorado- y en ese caso, en qué momento- o no los problemas que se habían advertido y si, en la relación entre el Tribunal y las agencias o la Comisión, se había llegado a una conclusión positiva. 
Todo ello, desde luego, está en función de una declaración de fiabilidad positiva. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas implicadas por el trabajo con el que nos han ayudado y el deseo de cooperación que ha existido entre los órganos implicados. 
La aprobación de la gestión no solo consiste en el uso correcto del dinero, sino también en el modo en que se consiguen los objetivos de los programas y la forma en que se consigue la eficiencia en general. 
Por lo tanto quisiera destacar el aspecto de la igualdad de género. 
Tenemos la obligación de alcanzar las metas establecidas desde el punto de vista de la igualdad. 
Debo decir que es escandaloso que solamente la mitad de las agencias cuenten con planes relativos a la igualdad. 
Esto lo deben corregir antes del año que viene, de lo contrario no les concederé la aprobación de la gestión. 
Las reformas progresarán de forma más rápida si introducimos una minuciosa igualdad de género. 
Se romperá con los antiguos métodos de trabajo y sistemas de toma de decisiones jerárquicos y patriarcales. 
En el caso de la mayoría de las organizaciones, cuatro quintas partes de las personas que se encuentran al mando en la actualidad son hombres y cuatro quintas partes de los puestos de menor grado son mujeres. 
Debo decir que en el Parlamento Europeo la situación no es mejor. 
Es más, actualmente tenemos una situación en muchos países en la que más mujeres que hombres acceden a estudios universitarios. 
Es necesario que exista una sólida base de contratación destinada a modificar la situación del empleo. 
Otra cuestión que quisiera tratar es la de la Agencia Europea para la Reconstrucción. 
Como es sabido, uno de los funcionarios de esta agencia estuvo bajo sospecha de ayudar a una empresa a adquirir infraestructuras energéticas. 
Este es un ejemplo de cómo debe hacerse frente al escándalo en la práctica. 
El director suspendió inmediatamente al funcionario y no perdió tiempo en transmitir el correspondiente documento a la OLAF, que inició inmediatamente su investigación y la completó en un plazo de diez meses. 
Las autoridades legales recibieron la información y fue posible iniciar la toma de medidas rápidamente. 
Actualmente también estamos a la espera de que la Comisión complete el procedimiento disciplinario. 
Si pudiésemos tratar los escándalos de este modo y dejar de mantener las cosas en secreto o intentar ocultarlas, nuestras instituciones funcionarían mejor. 
Esto demuestra la importancia del escrutinio público. 
Por muy eficaz que pueda ser el Tribunal de Cuentas, nunca podrá descubrir todo. 
Sin embargo, si tuviésemos un principio de transparencia, 450 millones de habitantes podrían controlar lo que hace cada quien. 
Este es el mejor método para impedir el fraude y la corrupción. 
. – Señor Presidente, para empezar también yo quisiera aprovechar la ocasión para dar las gracias a nuestro ponente general, Terry Wynn, a todos mis honorables amigos de la Comisión de Control Presupuestario y a la secretaría de la comisión por su cooperación y su apoyo en la preparación de este informe. 
La política de desarrollo constituye un componente clave de la acción exterior de la Unión Europea. 
Se trata de una política que todos esperamos que persiga eficientemente la erradicación de la pobreza y el refuerzo de las infraestructuras sociales, la educación, la salud y el desarrollo local de los países a los que queremos respaldar en sus esfuerzos por alcanzar el progreso y la prosperidad social. 
El Fondo Europeo de Desarrollo constituye una importante herramienta para desarrollar esta política en los Estados ACP. 
Sin embargo, es necesario hacerlo más efectivo mediante una mayor concentración en las medidas dirigidas a la erradicación de la pobreza y mediante una aplicación mejor y más rápida. 
Conforme a la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas, las cuentas reflejan de un modo fiable los ingresos y los gastos relativos a los Fondos Europeos de Desarrollo sexto, séptimo, octavo y noveno, que es lo que estamos examinando hoy. 
El Tribunal de Cuentas señala determinados problemas, sobre todo con relación al uso de los fondos Stabex, los fondos transferidos al Banco Europeo de Inversión y no utilizados, y las sumas pagaderas a los Fondos Europeos de Desarrollo y no incluidas en el balance a 31 de diciembre de 2003. 
La Comisión Europea debería intensificar sus medidas para afrontar los puntos débiles identificados en los controles y sistemas supervisores. 
Un aspecto que nos llamó especialmente la atención fue las responsabilidades de los Comisarios, y sobre todo la confusión entre las responsabilidades del Comisario de ayuda humanitaria y al desarrollo, responsable de la política del Fondo Europeo de Desarrollo, y el Comisario de relaciones exteriores, responsable del funcionamiento de EuropeAid. 
Durante los debates con el Comisario Michel, que también nos escribió, lo cual le agradecemos, nos aseguró que en la Comisión habría una cooperación coordinada sobre esta cuestión. 
Le agradecemos sus esfuerzos pero, al igual que la Comisión de Control Presupuestario y el Parlamento Europeo, seguiremos controlando este tema de forma que no se produzcan problemas en el futuro. 
Otro aspecto sobre el que debemos centrar nuestra atención son los RAL. 
Es necesario un estudio detallado por parte de la Comisión Europea sobre el origen de este gran volumen de recursos no utilizados, además de un método para acelerar la utilización de los mismos, lo que también implicará la aplicación general del Fondo Europeo de Desarrollo. 
La descentralización de recursos ante las protestas formales de la Comisión, un plan ambicioso que se encuentra a punto de completarse, está avanzando en una dirección positiva y somos optimistas. 
Sin embargo, queremos garantías de que este procedimiento en curso se vea también acompañado por controles adecuados. 
Esta es otra cuestión que seguiremos controlando con gran interés en el futuro próximo. 
Por último, en cuanto a lo que se refiere a la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto comunitario, el Parlamento Europeo también ha tratado este aspecto en el pasado. 
El punto de vista del Parlamento consiste en que los presupuestos eliminarán las complicaciones que encontramos actualmente en la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo y contribuirá a una mejor gestión financiera y a una mayor transparencia. 
Sin embargo, dado que el tema de los presupuestos del FED constituye una cuestión más amplia que afecta al debate sobre las nuevas perspectivas financieras, reservamos el derecho del Parlamento a adoptar una postura definitiva sobre este aspecto cuando adoptemos una postura sobre las nuevas perspectivas financieras. 
Con estos comentarios generales y teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, quisiera recomendarles que aprueben la gestión de la Comisión con respecto a la aplicación de los Fondos Europeos de Desarrollo sexto, séptimo, octavo y noveno correspondientes al ejercicio financiero 2003. 
. Señor Presidente, la calidad del diálogo de cara a este procedimiento de aprobación de la gestión ha sido excelente. 
A mis colegas Comisarios y a mí nos ha complacido participar y quisiéramos dar sinceramente las gracias al presidente de la Comisión de Control Presupuestario, el señor Fazakas, por el modo amable y eficiente en que ha dirigido el proceso. 
Celebro la resolución aprobada en la Comisión de Control Presupuestario, su amplio respaldo a los esfuerzos y logros de la Comisión y su planteamiento sumamente constructivo. 
Trata la cuestión política fundamental de la declaración de fiabilidad, la DAS. 
Señor Wynn, en nombre de la Comisión quisiera felicitarle una vez más por haber contribuido tan bien a hacer progresar tanto en tan poco tiempo la cuestión de la declaración de fiabilidad. 
Usted, y el Tribunal de Cuentas con su dictamen sobre la «auditoría única» , han realizado un excelente primer saque. 
Ahora la pelota se halla en nuestro terreno y, junto con el Consejo, trataremos de devolverla con rapidez y precisión. 
Afortunadamente, al contrario que en el tenis, en este juego todo el mundo gana. 
De hecho, todos ganaremos si las cuatro instituciones implicadas –la Comisión, el Consejo, el Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo– son capaces de llegar a un acuerdo sobre un plan de trabajo para una DAS positiva en un futuro próximo. 
El elemento clave del plan de trabajo, al igual que el de la resolución que hoy aprobarán ustedes, será cómo pueden los Estados miembros dar garantías razonables a la Comisión de que existen sistemas adecuados de supervisión y control. 
La Comisión presentará una propuesta de plan de trabajo para una DAS positiva antes de julio de 2005. 
Espero y deseo que la Presidencia del Reino Unido recoja las propuestas y conduzca las negociaciones a tres bandas hacia un acuerdo interinstitucional en otoño. 
El tiempo apremia, ya que hará falta que se produzcan cambios legales, tanto en el paquete legislativo de las nuevas perspectivas financieras como en el Reglamento Financiero. 
Movilizar y motivar a los Estados miembros no será fácil y la Comisión sigue necesitando el apoyo de este Parlamento. 
Podemos demostrar que estamos haciendo lo que nos corresponde y estamos dispuestos a hacerlo mejor. 
Por ejemplo, el sistema contable de la Comisión se ha reconvertido a la perfección y ahora funciona plenamente. 
Además de esto, la anterior Comisión consiguió muchas cosas con su reforma administrativa y la resolución de la Comisión de Control Presupuestario es un reconocimiento de este hecho que acogemos con agrado. 
Sin embargo, nuestro plan de trabajo anunciará medidas adicionales que adoptará la Comisión para reforzar el marco de control de la Comunidad. 
Me complace informarles de que nuestro plan de trabajo tiene fuertes vínculos con otra iniciativa, la iniciativa de «transparencia» , cuyo objetivo es facilitar más datos sobre las finanzas de la UE a un sector más amplio de la población de la Unión. 
No comentaré los capítulos sectoriales de la resolución de la Comisión de Control Presupuestario, aunque estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta concreta que ustedes deseen plantear. 
Sin embargo, quisiera añadir unas palabras sobre las cuatro enmiendas a la resolución de la Comisión de Control Presupuestario sobre las que ustedes votarán. 
En primer lugar, quisiera celebrar su respaldo a las enmiendas propuestas por el señor Casaca a los apartados 1, 2 y 3. 
De hecho, la declaración del Tribunal de Cuentas de que los compromisos pendientes de los Fondos Estructurales representaban el «valor de cinco años» de gasto es engañosa, ya que el Tribunal incluyó compromisos que habrán de contraerse hasta 2006, dentro de la programación septenal de los Fondos Estructurales. 
De hecho, los compromisos pendientes de liquidación equivalían a menos de dos años y medio de gasto. 
Esto es normal, ya que se pretende que el gasto continúe hasta finales de 2008 y el pago final vence en 2010. 
Por lo tanto, es incorrecto decir que el programa no se ha gestionado bien o que quedarán fondos sin utilizar. 
Espero que puedan ustedes corregir hoy este importante aspecto. 
En segundo lugar, quisiera comentar brevemente la enmienda relativa al papel del contable. 
¿Cuál es mi respuesta ahora? 
En primer lugar, que nos lo tomaremos muy en serio. 
He mantenido numerosas reuniones en distintos niveles y con diversos críticos notorios del sistema contable de la Comisión. 
Consideramos que este aspecto es muy importante y que constituye uno de los elementos clave de nuestro plan de trabajo. 
Estamos estudiando la implicación de la propuesta de que el contable apruebe las cuentas. 
Celebramos el hecho de que el Parlamento haya planteado esta cuestión y plantearemos propuestas concretas. 
Están en lo cierto: existen partidarios y detractores de los puntos de vista planteados en la enmienda del Parlamento. 
Desde mi punto de vista, existen numerosas cuestiones de este tipo respecto a las que podemos decir que la cuestión reside en los detalles o más allá de los detalles. 
La cuestión principal, a mi juicio, consiste en cómo garantizar el equilibrio adecuado entre la política y la gestión financiera o fiscal. 
En este caso surgen contradicciones entre el punto de vista de que las unidades y direcciones generales son responsables de la política y la preocupación por equilibrar este enfoque de forma que la gestión financiera respalde esta política y no interfiera en ella. 
Por lo tanto, para mí está claro que este será uno de los aspectos más importantes y prometo que no infravaloraré esta cuestión, sino que la tomaré muy en serio. 
Ahora quisiera añadir unas palabras acerca de las aprobaciones de la gestión específicas relacionadas con el Fondo Europeo de Desarrollo –FED– y las Agencias. 
En lo que respecta al FED, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, la señora Xenogiannakopoulou, por su excelente informe y su actitud abierta y constructiva durante el procedimiento de aprobación. 
Por supuesto, esto complació al Tribunal, que pudo emitir una DAS positiva para el FED. 
El informe contiene recomendaciones sobre numerosas cuestiones importantes. 
La Comisión seguirá estas recomendaciones en los próximos meses, pero ya puedo adelantar que estamos de acuerdo con los principales aspectos. 
Por supuesto, mantendremos informado al Parlamento sobre los avances relativos al nuevo sistema contable, al apoyo presupuestario y la transferencia de competencias. 
Por último, permítanme dar las gracias una vez más al Parlamento por su apoyo a la propuesta de la Comisión para presupuestar el FED. 
Creemos que se trata de una oportunidad única de conseguir una aplicación mejor, más sencilla y más eficiente del FED, que beneficiará enormemente a los países ACP. 
Con respecto a las Agencias, también quisiera felicitar a laseñora Ayala Sender y al señor Schlyter. 
Las Agencias son órganos autónomos y el Parlamento Europeo aprueba la gestión de los directores de las mismas, y no de la Comisión. 
Sin embargo, dado que las 14 Agencias implicadas en la aprobación de la gestión de 2003 reciben subvenciones con cargo al presupuesto general, la Comisión observa con satisfacción que el Parlamento propone aprobar la gestión de los directores de las 14 Agencias para el ejercicio financiero 2003. 
La Comisión seguirá haciendo todo lo posible por prestar la ayuda necesaria a las Agencias en el futuro, concretamente en lo que respecta a cuestiones presupuestarias, financieras y contables. 
Por otra parte, dentro de su área de responsabilidad, la Comisión dará curso a las peticiones que le ha formulado el Parlamento en las resoluciones de aprobación de la gestión de las Agencias. 
Para terminar quisiera animar al Parlamento a que respalde las propuestas de la Comisión de Control Presupuestario. 
Puedo asegurarles que la Comisión promoverá las recomendaciones sobre las que ustedes decidan. 
Por último, se trata de una oportunidad única para que todas las instituciones avancen en el fomento de una mayor confianza en las instituciones europeas. 
Debemos desprendernos de la sombra de la sospecha, la sombra de la caída de cierta Comisión hace unos años, y tranquilizar a los ciudadanos haciéndoles saber que hemos tratado todas las cuestiones, incluidas las infracciones, de un modo adecuado, de forma que podamos generar una reputación de fiabilidad de las instituciones europeas. 
. – Señor Presidente, Señorías. Al evaluar la utilización del presupuesto general para 2003, puede decirse que se ha hecho un gran esfuerzo con respecto a la aplicación de la política de desarrollo, sobre todo se ha luchado por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Comisión Europea ha mejorado su sistema contable y ha establecido diez indicadores básicos para evaluar la ampliación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Sin embargo, creemos que la Comisión no está prestando suficiente atención ni respaldo a los países candidatos a la incorporación, que se convirtieron en miembros mal preparados para aplicar la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Hay que poner fin a este déficit prestando atención y dedicando recursos a la educación sobre el desarrollo en los nuevos Estados miembros y animando a los viejos y los nuevos Estados miembros a intercambiar experiencias. 
Dado que se acerca la próxima etapa de ampliación, en la que Bulgaria, Rumanía y Croacia se preparan para convertirse en miembros de la UE, es necesario dedicar la debida atención a las obligaciones de la política de desarrollo. 
Cuando se evalúe la ejecución del presupuesto del sexto, séptimo, octavo y noveno Fondo Europeo de Desarrollo en 2003, debe destacarse que la Comisión no ha hecho lo posible por introducir procedimientos adecuados para la evaluación de la ayuda comunitaria. 
La descentralización de los representantes de la Comisión en los países occidentales no se ve respaldada con medios de organización, sigue siendo necesario mejorar la gestión y el control de la eficiencia de la toma de decisiones. 
El modo en que se presta la ayuda presupuestaria facilita el trabajo de la Comisión pero, en ausencia de un mecanismo de control adecuado, no anima de forma realista a los Gobiernos de los países receptores de ayuda a rendir cuentas a sus ciudadanos, lo cual provoca que se aplique una política de desarrollo descoordinada. 
Ejemplo de ello es el agotamiento de los recursos naturales a través de la deforestación provocada por la demanda de los consumidores. 
Con la nueva perspectiva financiera, el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo solamente facilitaría la gestión de la ayuda, sin embargo, al igual que la ayuda presupuestaria, esto por sí solo no garantizaría la eficiencia de la ayuda. 
Por ello es necesario que se haga un esfuerzo por mejorar aún más los instrumentos de control y gestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria no está contenta, pero en gran medida satisfecha, con la ejecución del presupuesto de 2003 para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria. 
Aunque somos conscientes de la intención de la Comisión de mejorar el ciclo de aplicación de los programas multianuales, realmente queremos que establezca objetivos más claros en sus concursos y que proporcione a los solicitantes un apoyo más intenso. 
Sin embargo, la Comisión debe dejar de justificar la aplicación dilatoria mediante referencia a las nuevas disposiciones administrativas y financieras. 
Es una defensa que no aceptaremos en el futuro. 
Creemos que la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Agencia para la Evaluación de Medicamentos y la Autoridad de Seguridad Alimentaria han trabajado bien y de forma inteligente, y esperamos más de lo mismo en el futuro. 
. –Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quiero expresar en primer lugar mi satisfacción por los progresos realizados en 2003 en la ejecución del presupuesto en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, aunque el nivel de ejecución de los pagos haya seguido siendo demasiado bajo. 
No obstante, quisiera destacar las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas con respecto a la utilización de los créditos del Fondo Europeo para los Refugiados. 
De un modo más general, quisiera resaltar también que el desarrollo de la gestión compartida en materia presupuestaria entre la Comisión y los Estados miembros va a exigir por parte de estos serios esfuerzos adicionales. 
Comparto a este respecto la opinión del ponente, el señor Wynn, cuando escribe en el apartado 104 de su informe que es de lamentar la incapacidad de determinados Estados miembros para controlar y gestionar el dinero de los contribuyentes del que son responsables y destaca la hipocresía de algunos Estados miembros que acusan a la Comisión de no vigilar los gastos de los que ellos mismos son responsables. 
En mi intervención hablaré sobre el informe general y para comenzar quisiera felicitar al Comisario Kallas por el correcto modo en que ha hecho su trabajo, tanto por su responsabilidad como por el modo en que colabora con el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, de entrada quisiera informar al señor Comisario que quizás este año estamos siendo demasiado blandos con él también porque se trata de su primer año en el cargo y es difícil culparle por algo que hicieron sus predecesores. 
Esto no significa que estemos satisfechos con todo, sino al contrario. 
Creemos que todavía queda mucho por hacer para que existan controles más estrictos en el presupuesto de la Unión Europea. 
Después de todo, no estamos hablando de dinero que ha caído del cielo, sino de fondos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. 
En el informe general de este año afirmamos que debe reformarse el sistema DAS, de forma que no siga siendo un objetivo frustrante que no puede alcanzarse. 
Pero también prestamos especial atención a los controles que se realizan no tanto en el ámbito europeo, sino en el nacional. 
Es necesario que las autoridades nacionales rindan cuentas más detalladas de cómo se gastan los fondos de la Unión Europea, cuando estos se destinan a distintos países o distintas regiones. 
Me temo que cuando se hace uso de los fondos de la Unión Europea, los Gobiernos no se toman suficientemente en serio los controles que realizan. 
No es aceptable que las autoridades nacionales tengan un gran cuidado a la hora de gastar los recursos financieros nacionales y que no tengan el mismo cuidado para gastar el dinero que les entrega la Unión Europea. 
Por lo tanto las autoridades nacionales deben darse cuenta de que si no introducen los controles necesarios se arriesgarán a perder los fondos. 
Por nuestra parte, en nuestro informe hacemos una serie de recomendaciones claras y detalladas para garantizar que el dinero que se gasta en el ámbito nacional se gasta de forma seria y con todos los controles necesarios. 
También recordamos a la Comisión que aunque los fondos europeos los gastan las autoridades nacionales, esta no puede ignorar toda responsabilidad. 
En cualquier caso, la Comisión sigue siendo responsable en general del presupuesto. 
Gracias. 
. – Señor Presidente, quisiera hacer uso del breve tiempo que me ha asignado el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo en calidad de presidente de la Comisión de Control Presupuestario para dar las gracias a la ponente y a todos los miembros de la comisión y de su secretaría por su incansable trabajo duro, cuyo resultado podemos debatir ahora. 
Este procedimiento de aprobación se diferencia de los anteriores en dos aspectos. 
Por una parte se trata de la primera ocasión en que los representantes de los nuevos Estados miembros han podido participar activamente en el trabajo y por lo tanto pudieron tener una experiencia de primera mano en una de las actividades más importantes del Parlamento Europeo. 
Digo esto no solo desde el punto de vista contable, sino también respecto a la política que afecta al funcionamiento actual y futuro de Europa. 
El otro cambio, todavía más importante, consiste en que este año, además de la experiencia y el reconocimiento del ponente, el srñor Wynn, hemos reformado el procedimiento para eliminar el anterior formato de preguntas y respuestas escritas y generar un diálogo directo con la Comisión, las correspondientes instituciones y el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nos ha complacido observar que esta reforma ha sido positivamente acogida por todas las partes implicadas. 
Todos llegamos a la conclusión de que mediante esta reforma el procedimiento de aprobación dejaría de considerarse una especie de pesadilla y se convertiría en una labor conjunta del Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Cuentas con el objetivo de garantizar que la UE funcione mejor, más eficazmente y con una mayor transparencia a los ojos del público. 
Quisiera dar especialmente las gracias al Comisario Kallas, que se encuentra hoy presente, y al señor Weber, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. Espero volver a trabajar con ellos en este importante terreno. 
.– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes, concretamente al señor Wynn y a la señora Jukneviciene, pertenecientes a nuestro Grupo. 
Creo que debe haber sido un auténtico placer para el señor Wynn ser ponente de la aprobación de la gestión después de haber estado en la Comisión de Presupuestos durante tantos ańos. 
Aunque tenemos una nueva Comisión y no podemos hacerla responsable de los acontecimientos que se produjeron en 2003, es necesario que aprendamos de todo lo que ha sucedido durante dicho año. 
Dado que lo más sorprendente es que una vez más no hay una declaración de fiabilidad (DAS) positiva, celebro la declaración de esta mañana del señor Comisario que pretende presentarnos, de aquí al mes de julio de este año, una propuesta para algún tipo de plan de trabajo destinado a conseguir dicha DAS positiva, la cual es esencial. 
También es fundamental tener debates en profundidad con el Tribunal de Cuentas para establecer de qué forma podemos conseguirla, ya que es inaceptable que este cambie constantemente las reglas del juego durante el periodo. 
Tenemos que saber cómo obtener una DAS positiva. 
La opinión pública demanda que nos unamos a esta nueva Comisión y al nuevo Comisario para conseguir finalmente una DAS positiva. 
La responsabilidad recae en los Estados miembros. 
Uno de los puntos de la resolución estipula que, en los Estados miembros, la persona con la mayor responsabilidad política debe asegurarse de que el dinero europeo se gasta de forma sensata, lo cual constituye un importante nuevo punto de partida para el debate completo con los Estados miembros. 
Dado que, en cualquier caso, el Consejo de Ministros de Finanzas otorga un gran valor a la política económica y las cuestiones relacionadas con esta, espero que la aprueben. 
Quisiera decir unas últimas palabras dirigidas a mi colega la señora Jukneviciene. 
Es muy admirable que alguien de un nuevo Estado miembro haya preparado un informe tan detallado. 
Espero que se aprueben las enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera limitar mi intervención a la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo, ya que otros colegas hablarán sobre los restantes informes. 
También deberíamos poder decir aquí que el presupuesto del Parlamento está en buena forma. 
Nuestra Administración, bajo la dirección del Secretario General Priestley, está haciendo grandes esfuerzos por gestionar el presupuesto del Parlamento correctamente, por lo que merece nuestro reconocimiento. 
Sin embargo quisiera mencionar dos cuellos de botella, el hecho de que estamos operando desde tres ubicaciones y el fondo de pensiones voluntario. 
El que trabajemos desde tres ubicaciones –Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo– de hecho nos lo exige el Tratado de la UE. Esto ya nos está costando, como contribuyentes, más de 200 millones de euros al año. 
Aparte del aspecto monetario, también está el factor tiempo, que ya no podemos seguir justificando a nuestro electorado. 
Durante anteriores periodos de procedimiento de aprobación, pedimos a la Convención que eliminase este artículo del Tratado de la Constitución, aunque no lo conseguimos. 
Por lo tanto, como nuevo Parlamento debemos dejar muy claro que no aprobamos esta situación y que no podemos seguir aceptándola. 
También quisiera llamar su atención sobre los puntos del informe relativos a la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo con relación al fondo de pensiones voluntario. 
Obviamente existe cierta ambigüedad con respecto a la responsabilidad de esta Asamblea y los participantes en este fondo de pensiones voluntario. 
Hace ya diez años, el Parlamento compensó un déficit de 9 millones de euros. 
Aunque entonces se decidió que debería hacerse una diferencia clara entre este fondo de pensiones voluntario y los órganos oficiales del Parlamento Europeo, sigue existiendo un área en penumbra. 
Este fondo de pensiones va de mal en peor. 
Ya existe una escasez que ronda los 42 millones de euros. 
Por lo tanto deberíamos recalcar que el presupuesto europeo, el presupuesto de este Parlamento, en ningún caso debería destinarse a tapar este agujero. 
Sería poco ético e irresponsable. 
El dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para cubrir un déficit de 42 millones de euros en un fondo de pensiones voluntario. 
Quisiera agradecerles su atención y sobre todo espero que, cuando votemos, podamos garantizar que se establecen estas disposiciones. 
. Señor Presidente, el señor Wynn ha hecho un excelente trabajo, al igual que, por ejemplo, su coponente el señor Schlyter. 
No obstante, nuestro sistema de control parlamentario es inadecuado. 
La UE tiene muy poco prestigio y legitimidad a los ojos de los europeos, lo cual es comprensible. 
Las principales palabras que me vienen a la cabeza al ponerme en la piel de un europeo de a pie son control desde arriba, mentalidad oficialista, derroche y corrupción. 
¿Por qué son así las cosas? 
Evidentemente, el control institucional a través del Tribunal de Cuentas, la OLAF y la Comisión de Control Presupuestario no es suficiente. 
No está funcionando. 
Nuestro sistema sigue estando plagado de irregularidades y de corrupción. 
Evidentemente, tampoco funcionan la libertad de expresión, el debate democrático, el periodismo de investigación y otros controles externos similares. 
No son suficientes. 
¿Qué hace falta? 
Lo que también hace falta son personas que denuncien las prácticas ilegales. 
Dentro de toda la maquinaria de la UE, en todos los órganos y a todos los niveles, hacen falta funcionarios que sean leales no a sus superiores, sino a los ciudadanos y contribuyentes europeos. 
Ha habido numerosas personas que han denunciado estas prácticas, de las cuales se ha hablado en todo el mundo: Van Buitenen, Mart Andreasen, Hans-Peter Martin, etc. La lista es larguísima. 
¿Qué ha sucedido a las personas que han descubierto un fraude en el sistema y lo han denunciado? 
Por lo general han perdido su empleo. 
Ahora tenemos otro ejemplo de un caso similar en el Comité de las Regiones. 
Por lo tanto, quisiera solicitar al Parlamento que respalde nuestra enmienda 2 al título VII, punto 12, presentada por el señor Titford, el señor Bonde y por mí. 
Hay que poner fin a todo esto. 
– Señor Presidente, tenemos aquí varios informes muy detallados y perspicaces por los que quisiera dar las gracias a los ponentes, a pesar del hecho de que, en varios casos solamente puedo preguntarme por qué, después de una crítica tan llamativa y precisa de situaciones totalmente inaceptables, finalmente recomiendan la aprobación de la gestión –en otras palabras, liberan de toda responsabilidad a la administración. 
Por supuesto debo destacar que no es culpa del señor Kallas. 
Estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, antes de que llegase esta Comisión. 
El hecho de que culpemos a otros del pasado realmente nos distancia en cierto modo del problema. 
El señor Wynn afirma que considera decepcionante que el Tribunal de Cuentas «no cuente con una garantía razonable de que los controles y sistemas supervisores o áreas importantes del presupuesto se aplican de forma efectiva como para gestionar los riesgos relativos a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes». 
En otras palabras, una vez más no contamos con una declaración de fiabilidad positiva. 
Durante años hemos tratado este problema una y otra vez. 
Todos sabemos de sobra que hay muchos países distintos con culturas administrativas distintas, pero, cuando se trata de esta cuestión, los problemas se deben a que la legislación redactada no es adecuada y con frecuencia ni siquiera consigue los objetivos especificados. 
Al contrario, el procedimiento se basa en un método que fomenta el fraude y la evasión, y el incumplimiento del presupuesto es en muchas áreas una expresión del hecho de que no se está aplicando la política prevista. 
Por otra parte, todavía no contamos con un sistema contable moderno y aceptable en varias áreas –por señalar esto fue por lo que se despidió a la señora Andreasen hace algún tiempo– y siguen sin darse las condiciones para ello. 
Cuando leí el informe, no pude evitar pensar en el libreto de la ópera Evita de Andrew Lloyd Webber, que trata de Evita Perón, esposa del fallecido presidente argentino, el General Perón. 
Al hablar sobre una fundación benéfica que había creado, la letra dice: «algún dinero se ha extraviado». 
Esto es igual que en la UE. 
La letra de la ópera también incluye las palabras: «Cuando el dinero sigue estirándose no se mantienen las cuentas». 
Esta era la Argentina de los años cincuenta, pero ahora se trata de la UE de 2005. 
Nunca será aceptable en los Estados nacionales, y tampoco debería serlo aquí. 
Por ello votaré en contra de la aprobación de la gestión en determinados casos, pero a favor de varias de las enmiendas muy acertadas. 
Señor Presidente, en este debate permítame concentrarme en los temas relativos a esta Asamblea y comenzar señalando una vez más lo nefastas que son las consecuencias del acuerdo de caballeros entre el Consejo y el Parlamento de no realizar comprobaciones el uno al otro, en lo que en esta Asamblea consideramos una constante lucha por obtener «más». 
Esto resulta evidente cuando volvemos la vista a 2003, pero sobre todo cuando miramos hacia el futuro. 
Considero muy lamentable que el informe de la señora Jukneviciene se viese aún más diluido en la comisión; tenemos un menor control de los gastos de viaje que el que tendríamos de otro modo, y se nos presentan novedades respecto a la provisión de pensiones y a las doradas pensiones suplementarias para los diputados al PE. 
Actualmente se está haciendo un intento por frenar esto con las importantes enmiendas del Grupo liberal, pero estas solamente tienen que ver con los formalismos que implica el pago de estas pensiones y no con el escándalo que representa el sistema. 
En lugar de aprender algo de la situación en la que nos encontramos, ayer una vez más tuvimos la espeluznante experiencia de que la Comisión de Presupuestos debatiese qué vamos a hacer con 90 millones de euros a los que tendrá acceso esta Asamblea en 2006, sin que nadie sepa realmente a qué se destinará el dinero. 
Aunque alguien retomó la idea de establecer un canal televisivo para retransmitir los debates de esta Asamblea, el mejor modo de invertir estos 90 millones de euros en una campaña de información, sería devolviéndolos en su totalidad a los contribuyentes. 
Así garantizaríamos una cobertura favorable y no habría necesidad de malgastar ninguno de estos recursos. 
Señor Presidente, quiero saludar y felicitar a Terry Wynn por el excelente trabajo que ha hecho en su informe. 
Se nota su experiencia y la ha utilizado para que nuestra Comisión esta vez haya trabajado mucho mejor que otros años. 
Coincido con él en que ya es escandaloso volver a oír del Tribunal de Cuentas que las cuentas de nuestra institución, de la Unión Europea, no son fiables. 
Es un problema procedimental y todos estamos aquí de acuerdo en que hay que cambiar el sistema para que, por fin, podamos ver el que es una aprobación positiva de nuestras cuentas. 
Hay un problema de fondo: la enorme cantidad de controles que hacen ineficiente el gasto. 
Como decía Alexander Stubb, que ha tenido responsabilidades de control en Finlandia, como yo las tuve en España, los controles en la Unión Europea son mayores que los que hay en los Estados miembros y en otras instituciones. 
Y, necesariamente, que haya más y más control solo hace que se gaste peor, que se pierdan oportunidades, que los funcionarios no quieran asumir ninguna responsabilidad y que se pierda eficacia. 
Habrá que ver cuánto control queremos. 
No porque los coches vayan a 20 km por hora para evitar los accidentes, se beneficia el interés público. 
Por tanto, vamos a ver cómo hacemos para primar la iniciativa y pensar más en la eficacia que en los controles. 
Respecto al informe sobre las cuentas del Parlamento Europeo, agradezco al ponente su trabajo y quiero decir que, efectivamente, nosotros, los diputados europeos, no tenemos ni voz ni voto prácticamente sobre nuestro Estatuto. 
No podemos decidir dónde nos queremos reunir ni dónde no nos queremos reunir. 
Somos prisioneros de la decisión que tome el Consejo, que ya va siendo hora de que lo haga. 
Pero, ¿qué duda cabe de que, mientras no la tome, es mejor no tocar las cosas y dejarlas como están? 
Tenemos que tener un Estatuto con un mismo tratamiento fiscal para todos, argumento que, no podemos olvidar, es parte sustancial de nuestro Estatuto y es la forma de seguir adelante. 
Muchas gracias por los dos segundos de propina que me ha dado, señor Presidente. 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente, la señora Juknevičienė, por su excelente trabajo sobre la aprobación de la gestión del Parlamento, cuestión que es muy importante. 
La ponente ha señalado que el informe ha sido objeto de un animado debate en el Grupo ALDE. 
Lo mismo cabe decir de mi Grupo. 
Lo que demuestran estos debates es la necesidad de un único Estatuto de los diputados, que resolvería muchos de los problemas tratados en esta aprobación de la gestión. 
Por consiguiente, instamos al Consejo a que llegue a un compromiso. 
El Parlamento ya lo ha hecho. 
Me gustaría centrarme especialmente en dos cuestiones separadas. 
En primer lugar, las enmiendas relativas al fondo de pensiones voluntario y concretamente al déficit calculado han dado lugar a importantes discusiones entre mis colegas. 
La mayoría de los miembros de mi Grupo han optado por no respaldar las enmiendas adicionales presentadas, sino apoyar el texto crítico que ya se incluye en el informe. 
Sin embargo, yo, al igual que el resto de mi delegación, apoyo estas enmiendas, y solicito de nuevo a mis colegas que hagan lo mismo. 
La segunda cuestión es la necesidad de un único lugar de trabajo para esta Asamblea. 
Desde mi punto de vista, esta cuestión afecta a la esencia de la credibilidad del Parlamento. 
El volumen de dinero público que se gasta cada año en esta dispersión entre múltiples lugares de trabajo es inmensa y el público en general no comprende ni respalda esta forma de trabajar ineficiente. 
Creo que necesitamos una única sede. También opino que Bruselas sería la opción más lógica, dado que las demás instituciones también tienen su sede allí. 
Sin embargo, reconozco el valor histórico de Estrasburgo y comprendo la importancia de este Parlamento para la ciudad. 
Por lo tanto, pido al Consejo y a la Comisión que ofrezcan a la ciudad una buena alternativa para el futuro, para la cual tengo algunas ideas. 
El Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha formulado ideas sobre la necesidad de un instituto europeo de tecnología en el marco de la Agenda de Lisboa. 
Apoyo la idea y este edificio sería perfecto para una universidad de alto nivel y un centro de investigación tecnológica en que los mejores y más brillantes de Europa podrían agruparse para impulsar el ambicioso futuro de esta Unión, en lugar de su turbulento pasado. 
Por consiguiente, insto a esta Asamblea a que respalde las enmiendas. 
Solicito al Consejo que las tome en serio y resuelva este problema de una vez por todas. 
– Señor Presidente, el Parlamento adquiere más autoridad, pero permite que se manche su reputación y la de sus diputados con su incapacidad para crear mecanismos para el pago de gastos y dietas del tipo que cabría esperar en cualquier empresa privada. 
Reconozco que algunos de los problemas con que choca la reforma se derivan de las disposiciones injustas sobre el pago de los sueldos de los diputados, pero esto no justifica que en la actualidad no existen disposiciones para auditar la dieta para gastos generales de los diputados. 
Tal como están las cosas, los que pertenecen a los fondos de pensiones voluntarios pueden permitir que sus cotizaciones privadas se paguen con fondos públicos, sin reembolsarlas. 
Esta práctica, si se produce, sería inexcusable y constituiría una malversación de fondos públicos. 
La reputación de todos nosotros se ve empañada por la insinuación –y quizás la realidad– de dichas prácticas. 
Deberíamos aprovechar la oportunidad de votar hoy a favor de la reforma y la transparencia. 
Deberíamos tomar la iniciativa y asegurar que esta Asamblea establezca normas estrictas para toda Europa. 
No deberíamos esperar a que los cambios se vean forzados por la presión del escándalo público. 
Señor Presidente, el Auditor Interno de la Comisión no sabe si las cuentas están completas ni si son correctas. 
El sistema contable no incluye automáticamente todos los datos y cifras. 
El departamento del Auditor Interno afirma literalmente que las partes interesadas no saben si las cifras de la Comisión reflejan la realidad. 
El señor Muis abandonó la Comisión el 1 de abril de 2004 y se hizo oídos sordos a sus recomendaciones. 
Incluso el advirtió al señor Muis al decirle: «sabemos cómo destrozar a gente como tú». 
El informe definitivo del Servicio de Auditoría Interna sobre Eurostat se facilitó solamente a tres diputados de esta Asamblea para que pudiesen inspeccionarlo; dado que solamente uno de ellos fue reelegido, solamente un diputado tiene acceso actualmente al mismo. 
La Comisión de Control Presupuestario no acepta esta cuenta de ingresos y gastos, ya que las cifras no están firmadas por la persona responsable de su elaboración. 
En cualquier otra actividad, esto significaría que esta cuenta de ingresos y gastos no podría utilizarse como base para la aprobación de la gestión. 
El señor Wynn estaba en lo cierto al identificar este inconveniente, y nosotros, como representantes del pueblo, tenemos ahora la obligación de posponer la aprobación de la gestión hasta que la persona responsable haya reunido el valor para plasmar su firma. 
La persona encargada de esta labor en 2002, la señora Andreasen, acaba de presentar una petición al Parlamento sobre este tema concreto. 
Aunque su petición es admisible, hasta el momento el Parlamento se ha negado a escucharla. 
El Tribunal de Cuentas duda también sobre el efecto de los controles dentro del sistema contable de la Comisión, así como de la legitimidad del gasto para cada Estado miembro. 
Mi aprobación del informe del señor Stubb dependerá de si se aprueban las enmiendas del Grupo Independencia/Democracia con respecto al Comité de las Regiones. 
El anterior Auditor Interno, Robert McCoy, que lamentablemente ahora se ha visto obligado a denunciar las prácticas irregulares, cumplió con su deber como auditor, pero lo destrozaron. 
No se arrodilló ante el Parlamento, que constituía una condición para la aprobación de la gestión. 
Por otra parte, en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Independencia/Democracia, se afirma acertadamente que la OLAF no envió su informe de investigación a los tribunales belgas. 
Una vez más se impidió al denunciante de prácticas irregulares dar su versión de la historia en la Comisión de Control Presupuestario. 
Dado el trato que han recibido la señora Andreasen, el señor Muis, el señor McCoy y las demás personas que he mencionado, ¿podemos aprobar la gestión en nombre de los ciudadanos por seguir adelante? 
– Señor Presidente, esta Comisión de Control Presupuestario no solo ha tratado de barrer bajo la alfombra las graves acusaciones de discrepancias financieras en el Comité de las Regiones, sino que también se ha lavado las manos, como Poncio Pilato, cuando una persona que se atrevió a denunciar las prácticas ilegales se enfrentó a un trato injusto y espantoso por haber tenido el valor de decir la verdad. 
Esto resta crédito a la idea de que el señor Stubb podría haber elaborado cualquier informe, máxime uno de naturaleza tan sensible, sin asegurarse de haber entrevistado a los principales personajes. 
Sin embargo, parece que no pudo o no quiso ver al antiguo auditor interno del Comité de las Regiones. 
Dada esta escandalosa indiferencia, no es sorprendente que el informe del señor Stubb contenga tantas barbaridades. 
El borrador original afirmaba que el entonces auditor interno no había sido objeto de una investigación interna, cuando el Secretario General del Comité de las Regiones había admitido por escrito lo contrario. 
El señor Stubb afirma que: «... ninguno de los funcionarios que fue objeto de la investigación administrativa ha sido ascendido desde que se concluyó el informe». 
Sin embargo, omite mencionar que varios de ellos han sido propuestos supuestamente para un ascenso. 
Lo que ya es el colmo de la repugnancia, el informe afirma que se aseguró al antiguo auditor interno que contaba con el «pleno apoyo y la colaboración de los miembros y del personal del Comité de las Regiones». 
Desde entonces, este hombre no ha podido acceder a su despacho y ha sido acosado hasta renunciar a su puesto, todo por decir la verdad. 
El informe del señor Stubb está corrompido hasta la médula, al igual que las instituciones de la UE a las que representa. 
– Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario a la que pertenezco no presupuesta de forma razonable y ejerce un escaso control. 
Simplemente quisiera recordar a esta Asamblea alguno de los aspectos fundamentales. 
Los ingresos de la Unión Europea entran a modo de chorro incesante: porcentajes del IVA, derechos de aduana y PIB de los Estados miembros. 
No existe forma de detener este flujo de efectivo ni forma de devolverlo. 
Si esto fuese un Gobierno elegido en lugar de una burocracia, el simple uso de esta enorme suma de dinero, por no hablar de su distribución, se analizaría de forma mucho más crítica, y una democracia responsable exige que los excedentes se restituyan mediante la rebaja de impuestos. 
Según el Tribunal de Cuentas, la UE ha perdido unos 600 000 millones de euros desde que se incorporó el Reino Unido, lo que equivale a más de cuatro veces la aportación total neta que ha hecho mi país a este lugar. 
Nada permitirá abordar como es debido estos problemas hasta que los propios Estados miembros establezcan por su propia cuenta un procedimiento de auditoría completo y realmente separado de la gestión de todos los fondos de la UE. 
Los Estados miembros son los que pagan. 
– Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a los ponentes, porque han hecho un trabajo cuidadoso y sistemático, teniendo en cuenta las posturas y los comentarios de los miembros de nuestra comisión, lo que ha producido un texto ampliamente aceptable. 
Por lo tanto la comisión parlamentaria competente propone la aprobación de la gestión para todas las agencias. 
Sin embargo, los comentarios que ha formulado requieren un examen, ya que serán útiles para la política de la Comisión Europea con respecto a estas agencias y para las propias agencias en su gestión diaria. 
Todos estamos de acuerdo en que las agencias deben contar con recursos financieros adecuados, de forma que puedan funcionar, y su objetivo debe ser la transparencia, la eficiencia y el valor añadido al trabajo de las instituciones centrales de la Unión Europea. 
Por este motivo la Comisión de Control Presupuestario, además de comentarios específicos sobre determinadas agencias, expresó sus puntos de vista sobre un marco de normas de gestión basado en directrices comunes y armonizadas, que se elaborarán tras un sustancial diálogo con la Comisión Europea. 
Creemos que sería especialmente útil que se hiciese un estudio más detenido de las sinergias entre las acciones de determinadas agencias y la acción de determinadas secciones o direcciones de la Comisión Europea. 
Opinamos que debería existir una mejor comunicación y cooperación, de forma que en lugar de solaparse los objetivos y el trabajo, contásemos con un valor añadido europeo complementario y mejorado. 
Estamos de acuerdo con la opinión de los ponentes de que, en determinadas agencias, es necesario un mejor uso de los recursos humanos, además de una información sistemática sobre la necesidad de aplicar igualdad en las mismas. 
Deben establecer un ejemplo para nuestras medidas y políticas sobre igualdad de género. 
Por último, dado que están descentralizadas, las agencias tienen una oportunidad excelente de acercarse a los ciudadanos y sus acciones también deben ser visibles en los Estados miembros en los que están establecidas. 
– Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a todos los ponentes, y destacar especialmente la labor desempeñada por los del Grupo Socialista, especialmente nuestro colega el señor Wynn, cuyo fantástico trabajo sin duda definirá el proceso de aprobación de la gestión desde ahora hasta que termine este mandato. 
También quisiera mencionar a nuestras colegas la señora Ayala Sender y la señora Xenogiannakopoulou que, conjuntamente con nuestro presidente, el señor Fazakas, han formado un equipo en que los socialistas han saltado a primera plana y pueden enorgullecerse de su trabajo. 
Asimismo quisiera felicitarle, señor Comisario, por su excelente discurso, y por la claridad con la que ha tratado las cuestiones que han surgido de la aprobación de la gestión. 
Sin embargo, debo decir que no me interesa especialmente saber qué vino bebió usted el 12 de diciembre, con relación a una nota presentada por el señor Stubb, pero sí me interesa mucho saber qué empresas recibieron financiación del presupuesto comunitario mediante ayudas a la exportación y a las reposterías para deshacerse de 30 000 toneladas de mantequilla adulterada. 
El problema consiste en que, seis años después, la Comisión sigue diciéndome que no puede revelar estos datos confidenciales, y que los diputados al PE y el público europeo no tienen acceso a esta información. 
Considero que este es el mayor problema al que nos enfrentamos. 
Señor Presidente, la mayoría de los idiomas tienen proverbios para decir que la gente debería poner orden en su casa antes de ordenar la de los demás. 
Por lo tanto, es importante que pongamos en orden nuestras prestaciones. 
Los gastos de viaje no se han incluido de forma categórica con el fin de ajustar los ingresos. 
En su lugar, se encuentran los gastos de viaje justos que deben de pagarse en función de los costes reales. 
Si deseamos ajustar los salarios, necesitamos un elemento extrapresupuestario por el que se responda públicamente. 
Mi colega, el señor Staes, explicó los problemas relativos al fondo de pensiones o a la pensión suplementaria. 
Esto debería autofinanciarse y los déficit deberían cubrirlos las personas incluidas en este programa. 
Es injusto que los contribuyentes carguen con la pérdida cuando la especulación con acciones sale mal y que las personas incluidas en el programa obtengan los beneficios en caso de una especulación favorable. 
Nuestros gastos de viaje habituales son generosos. 
Las personas que desean reclamar la suma completa deberían rendir cuentas de cómo la han empleado. 
Los que no puedan hacerlo deberán recibir una asignación menor. 
Es cierto que justificar los gastos lleva tiempo, pero es tiempo bien invertido si mejora la credibilidad del Parlamento. 
En la campaña electoral descubrí que el sitio Web público ya no incluía información sobre las normas que rigen nuestras prestaciones. 
Dado que no es secreta, esta información debería publicarse en él inmediatamente. 
Esta es un área que suscita las preguntas más frecuentes de los votantes. 
Espero que se respalde la enmienda 6 del ponente, así como las restantes enmiendas que refuerzan la redacción. 
Señor Presidente, hay muchos aspectos que me gustaría destacar en relación con la cuestión a la que nos referimos, es decir, la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 2003. 
Entre ellos cabe mencionar las deficiencias del sistema contable, la negativa de los Estados miembros a rembolsar los fondos pagados por error, el Fondo Europeo de Desarrollo y las excesivas indemnización de viaje pagadas a las diputadas y diputados del Parlamento Europeo. 
En vista de que mi tiempo de intervención está limitado, deseo, no obstante, centrarme en una parte más pequeña, pero en principio muy importante del presupuesto de la UE, una parte que resulta casi incomprensible para el ciudadano: las subvenciones al cultivo del tabaco. 
Cada año, los contribuyentes europeos se ven obligados a pagar subvenciones por casi 10 000 millones de coronas suecas para el cultivo de tabaco. 
Se trata de un terrible derroche y de una forma despreciable de utilizar el dinero de los contribuyentes. 
Par colmo, el tabaco que subvenciona la UE es de tan baja calidad que ningún fabricante europeo desea utilizarlo. 
En cambio, este tabaco se utiliza para arruinar a los fabricantes de tabaco de los países pobres. 
Las subvenciones al cultivo del tabaco no resultan menos extrañas en vista de que la Comisión acaba de lanzar una campaña antitabaco con un coste estimado de 700 millones de coronas suecas. 
Permítanme decir que este es el colmo de la hipocresía. 
Durante el debate relativo a la aprobación de la gestión de la Comisión, el Parlamento puede dejar claro que es necesario acabar con las subvenciones al tabaco. 
Desgraciadamente, al emitir su voto en el Comité de Control Presupuestario, el señor Lundgren de la Lista de Junio logró que ahora nos encontremos en una situación en la que el Parlamento Europeo debe defender la más vergonzosa de las subvenciones agrícolas. 
Agradezco que el señor Lundgren haya declarado ayer que había cometido un error. 
El problema es que el daño ya está hecho. 
Lo cierto es que, a pesar de que antes de las elecciones al Parlamento Europeo la Lista de Junio prometió luchar para eliminar gradualmente las subvenciones al tabaco, el resultado más duradero hasta ahora de la elección de esa misma Lista de Junio al Parlamento Europeo es que esta ha contribuido a la supervivencia de las subvenciones al tabaco. 
Espero y estoy convencido de que, en el Pleno, hará todo lo posible para paliar el error del señor Lundgren y votará a favor de una opinión en la que el Parlamento declare que desea la abolición de las subvenciones al tabaco. 
Señor Presidente, el señor Wynn, el ponente general, ha abordado un tema que es fundamental por lo que se refiere a la parte de responsabilidad que toca a los Estados miembros. 
Sabemos que, de los fondos que forman parte del presupuesto de la Unión, aproximadamente un 80 % se paga a través de los Estados Miembros. 
Otro aspecto que deseo abordar en esta ocasión es un aspecto que apareció en un informe que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas. 
Entre 1971 y septiembre de 2004, las irregularidades en el sector agrícola se elevaron a 3 100 millones de euros; en los últimos 30 años, se ha recuperado un 20,2 % de los beneficiarios de estos fondos, mientras que el FEOGA ha tenido que soportar un 5 %, y los Estados miembros 144 millones de euros. 
Quedan pendientes 2 200 millones de euros, es decir un 70 %, que no se recuperarán. De ello se desprende que los Estados miembros prestan muy poca atención al presupuesto de la Unión y al dinero que regresa a ellos a través de Europa. 
No estoy seguro de que una declaración de los Ministros de Hacienda sea la manera más adecuada de tratar esta cuestión. 
El Comité de Control Presupuestario y esta Cámara lograron introducir en los Fondos estructurales lo que se denomina la norma n+2. 
La adopción de una norma similar para la recuperación de estos fondos resultará al final inevitable. 
Señor Presidente, señor Comisiario, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a los ponentes por los informes sobre la aprobación de la gestión qye han presentado, los cuales muestran que esta Cámara se toma muy en serio si se han utilizado correctamente estos abundantes fondos –un 95 % de los cuales se desembolsa en forma de subvenciones– lo cual muestra a su vez cuál es el problema del presupuesto de la UE. 
Quiero dar las gracias especialmente al señor Wynn, que ha presentado una serie de propuestas viables, y no puedo sino instarle, señor Comisiario, a aplicarlas. 
Su predecesora solía hacer grandes anuncios, pero cuando comparo lo que prometió realizar en 2000 con lo que usted ha logrado llevar a cabo, señor Comisario Kallas, resulta evidente que aún queda margen para mejorar en este aspecto. 
Si me permite, presentaré un ejemplo sumamente práctico, algo que tenía que hacerse acerca del sistema de contabilidad, incluso antes del mandato de la Comisaria Schreyer, y que ahora es a usted a quien corresponde el honor de hacerlo. 
Espero que no pierda tiempo para hacerlo. 
El informe presenta algunos buenos consejos al respecto. 
Sin embargo, la finalidad del informe sobre la aprobación de la gestión no es hacer declaraciones sobre todo tipo de problemas. 
También me dirijo a mis compañeros de Grupo cuando digo que, por lo que se refiere al Reglamento sobre el tabaco, nuestra labor no consiste en examinar la legalidad o ilegalidad del pago de subvenciones, sino comprobar si todas ellas se han pagado de forma legal. 
Esas son las normas básicas, nos guste o no. 
En cuanto a la aprobación de la gestión por parte del Parlamento, no sé si fumar en los despachos es el mayor problema del mundo. 
Dicho problema no afecta al presupuesto y, por ende, debe resolverse en otro ámbito; así que concentrémonos en lo que está realmente relacionado con el presupuesto y con el dinero y su desaparición, sobre los que el señor Bösch tenía algo que decir y queda mucho por hacer. 
El Presidente está a punto de quitarme la palabra, así que acabaré diciendo «gracias» a los ponentes. 
– Señor Presidente, deseo hacer tres breves comentarios. 
En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con la Declaración de fiabilidad anual presentada por los Estados miembros, ya que dicha declaración incorpora plenamente el principio de gestión compartida, que ya ha sido debidamente definida. 
Mi segundo comentario se refiere a los recursos propios. Estoy de acuerdo igualmente con la observación que hace el señor Wynn en su informe sobre esta cuestión, a saber, que la Comisión debe preocuparse de los criterios de referencia y los cálculos de las cuentas nacionales de cada uno de los Estados miembros. 
Mi tercera y última observación se refiere a la manera de hacer públicas las irregularidades técnicas, que puede fomentar la idea de que se cometen irregularidades y fraudes en la utilización de los recursos comunitarios. 
Para finalizar me gustaría hacer un último comentario. Apruebo la ejecución del presupuesto por parte de las Agencias, aunque lamento que no se haga mención de la Agencia de Seguridad Marítima y, más concretamente, del proceso de creación de dicha Agencia. 
– Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a nuestros ponentes, especialmente al señor Wynn, por sus informes sobre la aprobación de la gestión presupuestaria. 
Recuerdo que el primero que elaboró el señor Wynn en 1994, y el que yo elaboré en 1996, produjeron un tipo de debate sobre la aprobación de la gestión distinto del que se está celebrando hoy. 
Sin duda, como nos ha indicado el señor Wynn, en caso de que se acepten y se apliquen las recomendaciones de este informe, seremos testigos de un importante progreso hacia la obtención de la declaración de fiabilidad –la DAS– que la mayoría de nosotros en esta Cámara deseamos. 
Esto otorgaría una mayor credibilidad a la gestión de fondos por parte de las instituciones europeas, y significaría que todas las partes implicadas deberían asumir mayores responsabilidades, incluida la responsabilidad del contable jefe de aprobar las cuentas. 
El señor Comisario ha demostrado que este es el sentido en el que desea avanzar, pero insisto en que se apruebe la enmienda 4. 
Necesitamos que los Comisarios asuman la responsabilidad individual de garantizar que las direcciones generales gestionen eficazmente los fondos de los que son responsables. 
También necesitamos garantizar que aquellos que se atreven a denunciar irregularidades estén debidamente protegidos si desean ofrecer información sobre el funcionamiento de las políticas comunitarias. 
Sobre todo, necesitamos pasar a la acción con respecto a la cuestión de la gestión compartida mencionada por la señora Andreasen. 
La gestión compartida no es tal si no existe una estructura de control interna que garantice que se responda debidamente de las sumas de dinero en los Estados miembros. 
Por eso nosotros, los conservadores, respaldamos firmemente el avance hacia una mayor implicación de los Estados miembros en el modo en que deberían hacerse las cosas. 
En conclusión, acogemos con gran satisfacción la idea de que se presenten propuestas hasta finales de julio con vistas a establecer un acuerdo interinstitucional a finales de este año. 
Sin embargo, esto todavía no son más de intenciones y, por lo tanto, los conservadores votaremos en contra de la aprobación de la gestión porque, por décimo año consecutivo, observamos que no existe una declaración de fiabilidad positiva. 
–Señor Presidente, Señorías, me parece necesario recordar qué es una aprobación de la gestión. 
Una aprobación de la gestión debe permitirnos decir que el presupuesto europeo ha sido ejecutado como es debido y garantizar la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las transacciones. 
La aprobación de la gestión ha de permitir asimismo evaluar los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en la aprobación de la gestión anterior. 
Por tanto, permítanme que exprese mi sorpresa sobre el fondo y la forma de este informe, en particular de la sección dedicada al Parlamento Europeo. 
No entiendo el tono tan desagradable empleado por la ponente y por los autores de algunas enmiendas con respecto al conjunto de los diputados a esta institución. 
En efecto, el catálogo de reproches implica una especie de deshonestidad que no avalaré en absoluto. 
No creo que se pueda arrojar el oprobio de este modo sobre los diputados al Parlamento Europeo. 
Añadiré que mientras no tengamos un estatuto único de los diputados al Parlamento Europeo, no es concebible modificar las normas vigentes sobre las dietas. 
Por otra parte, ¿es esta aprobación de la gestión el lugar adecuado para tratar la cuestión del uso del tabaco y los cigarrillos en nuestras dependencias? 
Esto está totalmente fuera de lugar, aunque admito que es un problema real. 
¿Y qué puedo decir, por último yen particular, de la reconsideración, una vez más, de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo? 
Recordaré en primer lugar que el Parlamento no es competente en la materia, contrariamente a lo que dice el informe que se presenta hoy. 
Además, el Consejo Europeo de Edimburgo de 1991 decidió, por unanimidad de los Jefes de Estado y de Gobierno, fijar la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo por razones políticas y esa decisión también se incluyó, para que quedara consagrada en los Tratados, en el Protocolo nº 12 anexo al Tratado de Ámsterdam. 
Hace un año se formuló una propuesta similar tendente a suprimir la sede del Parlamento en Estrasburgo y trasladarla por completo a Bruselas, y los diputados al Parlamento Europeo, con gran sabiduría, rechazaron esa propuesta en sesión plenaria, como por lo demás recordaron los miembros de la Convención en su debate sobre el Tratado Constitucional. 
La aprobación de la gestión para 2003 no debe ser la ocasión para que los adversarios de Estrasburgo intenten una vez más cambiar la sede del Parlamento. 
Esta cuestión está fuera de lugar y fuera de nuestras competencias jurídicas. 
– Señor Presidente, soy la autora de la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre esta aprobación de la gestión. 
El Tribunal de Cuentas ha dado el aprobado prácticamente sin reservas a la administración de la organización interna de los Fondos Estructurales, pero no así en el caso de los Estados miembros. 
Uno de los problemas fundamentales que tenemos con el sistema en su conjunto es el de la responsabilidad compartida. 
Cuando fallan los Estados miembros se acusa a la Comisión. 
Hasta que no resolvamos este asunto no llegaremos muy lejos. 
Por lo tanto, he propuesto que no accedamos a firmar el acuerdo interinstitucional hasta que los Estados miembros accedan a firmar declaraciones de fiabilidad anuales. 
Lamento que algunas de las demás partes no estuviesen de acuerdo en adelantarse a esta situación en este informe. 
Espero que muestren más carácter cuando se aborde el acuerdo interinstitucional. 
También es importante que se tomen más medidas preventivas para detener el fraude y la mala administración. 
Es esencial que la Comisión recurra más al Tribunal de Cuentas para que dictamine sobre el desarrollo de la política. 
¿Se comprometerá el señor Comisario a garantizar que, en el futuro, se siga una política sistemática de pedir la opinión del Tribunal de Cuentas durante el desarrollo de la política? 
Ahora tenemos una oportunidad real, en particular con los nuevos programas septenales en ciernes. 
. Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos por estas aportaciones y por la excelente y constructiva actitud con la que están debatiendo cuestiones que no resultan demasiado atractivas. 
Estos temas son aún menos agradecidos cuando hay algún problema, así que, si podemos abordar esta tarea de forma positiva, tendremos un ambiente tranquilo y calmado. 
Quisiera decir que llevamos una dinámica sin precedentes. 
Hemos mantenido conversaciones provechosas con el Consejo, que ha dejado clara su disposición a debatir estas cuestiones de responsabilidad compartida, aunque es demasiado pronto para entrar en detalles. 
También hemos hablado de esta cuestión con el Tribunal de Cuentas. 
Esta institución también está dispuesta a debatir todos los aspectos metodológicos y el tema de la fiabilidad de las «pruebas de auditoría». 
Que propongamos algunas ideas antes del final del verano no quiere decir que vayamos a obtener necesariamente una declaración de fiabilidad positiva este año, pero sí que la conseguiremos en un breve espacio de tiempo. 
Así que la dinámica es única y espero que podamos proponer detalles y soluciones adecuadas para responder a estas expectativas. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Elles. 
Es un enfoque muy bueno ahora, una actitud positiva, pero habrá que desarrollar también los detalles de forma adecuada. 
Asimismo, debemos encontrar respuestas a determinadas exigencias de simplificación, porque, al estar sumamente preocupados por el control financiero estricto y los mecanismos de vigilancia, hemos introducido montones de normas, documentos y aplicaciones. 
Como ha sido una de sus Señorías, estos montones de reglas no significan todavía que podamos cumplir los requisitos de todos los documentos de una forma absolutamente legal y correcta. 
Seguimos malgastando dinero y no tenemos un control de verdad. 
Debemos cumplir los programas. 
Es preciso que apliquemos las decisiones y que no se produzcan largas demoras debido a la enorme cantidad de documentos y de la necesidad de cumplir los trámites burocráticos. 
Por lo tanto, paralelamente a la evidente necesidad –sobre todo en los que respecta a la aprobación de la gestión– de reforzar y clarificar los sistemas de control y vigilancia, también debemos abordar seriamente la cuestión del dinamismo en la toma de decisiones, con el fin de evitar tener un sistema en el que el control sea imposible. 
Espero que nos reunamos pronto a fin de debatir posibles propuestas para conseguir un sistema de control y aprobación de la gestión más fiable y transparente para el presupuesto comunitario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Glenys Kinnock, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la función de la Unión Europea en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [2004/2252 (INI) ] (A6-0075/2005). 
, – Señor Presidente, la Declaración del Milenio aprobada por los líderes mundiales en 2000 constituye una declaración de solidaridad sin precedentes. 
Demuestra que existe una voluntad real de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que sacarían a 500 millones de personas de la pobreza extrema y salvarían a 30 millones de niños que, de lo contrario, habrían muerto antes de cumplir los cinco años y a más de dos millones de madres que no habrían sobrevivido al embarazo y al parto. 
Cientos de millones de mujeres y de niñas recibirían educación y millones obtendrían acceso a agua potable limpia y a equipamientos sanitarios. 
El mundo posee las tecnologías, las políticas y los recursos financieros necesarios para cumplir la promesa y la visión de los ODM. 
En el campo de la ayuda exterior, el octavo ODM subraya la necesidad de incrementar sustancialmente la ayuda oficial al desarrollo. 
Solo cuatro Estados miembros han alcanzado ya el objetivo del 0,7 %. 
Otros han fijado plazos. 
Austria, Alemania, Grecia, Italia y Portugal, por su parte, están muy lejos del objetivo. 
Al ritmo actual, Alemania no alcanzará su objetivo hasta 2087. 
Italia, uno de los países más ricos del mundo y miembro del G-8, dedica a la ayuda al desarrollo un mísero 0,17 % de su renta nacional bruta. 
Es preciso que los Ministros de Economía y de Asuntos Exteriores de la UE supervisen atentamente el cumplimiento de los objetivos intermedios anuales. 
Quisiera pedir al Comisario que responda a esa parte de nuestra resolución. 
Las perspectivas financieras indican que seguir reduciendo el gasto dedicado al desarrollo para ampliar otras categorías, así como su reducción dentro de la categoría de las relaciones exteriores, pone en peligro las aportaciones que debemos hacer para cumplir los ODM. 
La Comisión debe seguir trabajando para mejorar la calidad y la eficacia de nuestra ayuda, utilizando los ODM de guía para nuestras políticas. 
Los Estados miembros deben colaborar y coordinarse mejor con la Comisión, con el fin de encontrar la mejor forma de utilizar esa ayuda para cumplir esos objetivos. 
En lo que respecta a la deuda insostenible, la mayor parte de los Estados miembros de la Unión han contraído el compromiso de cancelar las deudas bilaterales de los países más pobres del mundo. 
También en este caso me temo que haya que señalar con el dedo a Italia como un país que avanza a velocidad de tortuga en este terreno. 
En la vertiente comercial, estoy totalmente de acuerdo con la opinión expuesta por la Comisión de Comercio Internacional, que aborda varias de nuestras preocupaciones en lo tocante a la función de la Unión Europea como mayor bloque comercial del mundo: nuestra función en el ámbito del acceso a los mercados, el desarrollo de capacidades y otros aspectos del comercio y la liberalización comercial. 
La Unión Europea negocia de una forma que en ocasiones nos hace dudar de que se comprendan con suficiente claridad los Objetivos de Desarrollo de los que tanto se habla. 
Eso es cierto tanto en el caso de las negociaciones de la OMC como en el caso de las negociaciones de los acuerdos de asociación económica, en las que puedo confirmar que, en lo que respecta a los países ACP, existe la sensación de que es necesario que se perciba que ha habido consultas más intensas y que la DG Comercio muestre una mayor comprensión de los aspectos del desarrollo que tienen tanta prioridad para ellos. 
En el ámbito de la Política Agrícola Común, los Estados miembros deben abordar con urgencia las prácticas que hacer caer los precios mundiales, distorsionan los mercados de los países pobres y socavan las oportunidades de ingreso de sus agricultores. 
Creo que las enmiendas relativas a las políticas comerciales y agrícolas, sobre las que vamos a votar más tarde, son inapropiadas en todos los casos y, en una serie de ellos, proponen opciones carentes de todo realismo. 
Asimismo, el Parlamento debería rechazar las enmiendas 10 a 16, que reflejan puntos de vista inaceptablemente conservadores sobre aspectos esenciales de los ODM. 
El suministro de preservativos para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el acceso al aborto seguro y legal deben seguir siendo prioridades claras si se quiere alcanzar el objetivo general de erradicación de la pobreza. 
El año pasado murieron 530 000 mujeres durante el embarazo o el parto. 
Tres millones de niños nacieron muertos. 
Cuatro millones de niños no superaron su primer año de vida. 
Debemos apoyar realmente que las mujeres tengan acceso a procedimientos postaborto que respondan a sus necesidades. 
También es preciso facilitar el acceso a servicios seguros y de alta calidad en la medida en que sea legal en los países afectados. 
Tal y como informó ayer mismo la OMS, cada año se producen 78 000 muertes debido a abortos realizados en condiciones inseguras. 
Millones de mujeres desesperadas tienen que recurrir a abortos provocados inseguros. 
Quisiera contradecir a quienes creen que las mujeres toman a la ligera la decisión de interrumpir el embarazo y decirles que eso no es así ni nunca lo ha sido. 
Las mujeres tienen derecho a optar por un aborto y cuidados postaborto acordes con sus necesidades y de buena calidad en condiciones legales. 
Las mujeres tienen derecho a elegir. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge por supuesto con gran satisfacción el informe de la señora Kinnock sobre la función de la Unión Europea en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Quiero felicitar a la señora Kinnock y a la Comisión de Desarrollo por este informe, que debería estimular los debates y las negociaciones en torno a las medidas necesarias para alcanzar los ODM. 
Señora Kinnock, su informe insiste con razón en la importancia de que los Gobiernos adopten estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
También resalta que las políticas de desarrollo de la Unión Europea, cuyo principal objetivo debe ser la reducción de la pobreza, han de basarse en la Declaración del Milenio y en los ODM. 
El informe de síntesis de la Unión Europea sobre los ODM recoge los progresos realizados al respecto. 
La Unión Europea ha destacado en varias ocasiones que la revisión de los Objetivos del Milenio en la cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2005 será crucial para acelerar el avance hacia la realización de los ODM. 
En noviembre de 2004, el Consejo pidió a la Comisión, con vistas a la contribución de la Unión Europea a la cumbre, que elaborara ambiciosas propuestas específicas sobre las medidas que deben tomarse, en particular para la financiación del desarrollo, la coherencia de las políticas de desarrollo y la prioridad que hay que dar a África. 
La Comisión adoptará hoy una serie de comunicaciones que constituyen su respuesta a la petición del Consejo. 
Este paquete político global resume la contribución de la Unión al desarrollo y especifica las medidas que es preciso tomar para acelerar el logro de los ODM. 
Su informe y nuestras comunicaciones comparten en muchos aspectos las mismas preocupaciones y las mismas recomendaciones. 
Me gustaría mencionar algunas de las conclusiones de su informe que a nuestro juicio tienen gran importancia y que son puntos esenciales del paquete de comunicaciones que presentamos. 
En primer lugar, es esencial, como usted destaca, seguir incrementando la ayuda al desarrollo. 
La Comisión propone a este respecto nuevos objetivos intermedios para 2010; además de los presupuestos de ayuda pública, hay que prever nuevas fuentes de financiación a título complementario. 
Por otra parte, acojo favorablemente la atención que ha prestado usted a la coherencia de las políticas de desarrollo; en efecto, es esencial examinar cómo políticas distintas de la ayuda pueden contribuir a realizar los Objetivos del Milenio. 
La comunicación sobre la coherencia de las políticas de desarrollo identifica no menos de once ámbitos prioritarios en los que se considera especialmente pertinente el desafío de realizar sinergias con los objetivos de las políticas de desarrollo, por ejemplo en el ámbito del comercio –resulta evidente–, de la investigación, del medio ambiente, de la agricultura, de la pesca, por mencionar solo a algunos. 
Es posible obtener importantes sinergias con estas distintas competencias. 
Muchas recomendaciones de su informe se recogen en el informe consolidado de la Unión Europea sobre los Objetivos del Milenio, por ejemplo –y usted ha hablado de ello con razón– la especial atención que debe prestarse a la educación de las niñas y la necesidad de responder a las necesidades de los grupos más vulnerables, especialmente los niños, los huérfanos, las mujeres jóvenes y los ancianos. 
En respuesta a los desafíos que debe afrontar África, es esencial que los socios del desarrollo concedan prioridad a este continente. 
La Unión Europea debe y quiere hacer más para que África pueda alcanzar los Objetivos del Milenio. 
África ha de estar en el centro de nuestra atención y es vital incrementar los recursos de la ayuda para el África subsahariana. 
La Unión Europea debe asegurarse de que una proporción importante de la ayuda pública al desarrollo adicional se dirija a África. 
Además, nuestras propuestas en materia de coherencia deberán aplicarse de forma prioritaria al continente africano. 
Por último, aparte de los programas existentes, en particular en el marco del Acuerdo de Cotonú, la Comisión propone nuevos compromisos en ámbitos que tienen un efecto multiplicador evidente. 
Pienso en la gobernanza, en la interconexión y en la equidad. 
Los preparativos de la cumbre de Nueva York se aceleran. 
Les agradezco su contribución y pienso seguir trabajando con ustedes para que la posición europea responda al desafío de realizar los Objetivos del Milenio. 
Ahora, señora Kinnock, algunas palabras sobre las comunicaciones que dentro de poco someteré al Colegio de Comisarios. 
El proceso preparatorio de la cumbre de septiembre ha mostrado los avances realizados en muchos países pobres y la importancia de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional, y en particular por la Unión Europea, para alcanzar los Objetivos del Milenio. 
Todos los informes, el del Secretario General y el del Proyecto del Milenio, elaborado bajo la dirección del profesor Sachs, demuestran también que todavía es posible alcanzar los objetivos que se fijaron para 2015 si hay voluntad. 
Pero esto exige –como usted ha dicho– una mayor inversión tanto por parte de los países en desarrollo como, evidentemente, que por parte de los países donantes. 
La Unión Europea, primer donante internacional y primer socio comercial de los países pobres, tiene pues una responsabilidad especial para con sus propios ciudadanos, que esperan que demos ejemplo a escala internacional, pues es un imperativo de solidaridad humana, pero va también en nuestro propio interés. 
Si queremos un mundo más estable y más seguro, debemos invertir de forma masiva en el desarrollo. 
La Unión tiene también una responsabilidad con los socios que a menudo ven a Europa como un modelo: pongamos por ejemplo la Unión Africana, para la que la Unión Europea es una referencia comparativa. 
Creo que las propuestas que presentaré esta tarde están a la altura de este desafío. 
Dichas propuestas se articulan en torno a tres capítulos fundamentales: en primer lugar, la financiación del desarrollo y la eficacia de la ayuda; en segundo lugar, la coherencia de las políticas y, en tercer lugar, la prioridad para el África subsahariana. 
Con respecto a la financiación, la Unión Europea –y respondo así a su pregunta– ha respetado sus compromisos y, en 2006, su esfuerzo de ayuda superará con toda probabilidad el objetivo colectivo, que se había fijado en el 0,39 % de la renta nacional bruta de los Estados miembros. 
Es evidente que este esfuerzo debe mantenerse y propongo a los Estados miembros que se fijen un nuevo objetivo intermedio de un mínimo del 0,51 % en 2010, correspondiente a un esfuerzo colectivo del 0,56 %. 
De este modo, se podría alcanzar en 2015 la tasa del 0,7 %, fijada desde hace mucho por las Naciones Unidas y considerada necesaria por los expertos del Proyecto del Milenio para alcanzar los ODM. 
En términos de importe anual de la ayuda, esto representaría un aumento de no menos de 20 000 millones de euros por año en 2010, pasando la ayuda de la Unión Europea de 46 000 millones en 2006 a 66 000 millones en 2010. 
De forma complementaria, deben alentarse también nuevas fuentes de financiación. 
He olvidado decir que voy a proponer a los nuevos Estados miembros que alcancen el 0,17 % en 2010; la diferencia se debe a que tienen un camino más largo que recorrer; esto debería permitirnos alcanzar el 0,7 % en 2015. 
De forma complementaria, pues, hay que alentar nuevas fuentes de financiación, pero esto no debe servir en ningún caso de pretexto para rechazar o reducir los compromisos de la Unión Europea para 2010. 
El segundo elemento es la mejora de la eficacia de la ayuda, que constituye otra tarea importante. 
En los últimos años se han realizado progresos considerables en la gestión de la ayuda comunitaria. 
A escala de la Unión Europea, el principal desafío hoy es poner en práctica los compromisos contraídos por la Unión Europea para una mejor coordinación de las políticas, la complementariedad sobre el terreno y la armonización de los procedimientos. 
Europa debe ser mucho más que la mera suma de los presupuestos individuales de sus Estados. 
El segundo elemento es el empleo de la ayuda presupuestaria –a la que quiero dar prioridad–, aunque la eficacia de la ayuda ganaría mucho con ello. 
Pero no se trata de una simple cuestión de dinero. 
El verdadero desafío es el encuadramiento de la globalización mediante el ejercicio de una solidaridad que siente las bases para un contrato social mundial, lo que implica no solo un aumento de la ayuda pública al desarrollo, sino también unas políticas públicas globales que permitan repartir las ganancias de la globalización de un modo más equitativo. 
Del mismo modo, me complace mucho decir que la Comisión ha aceptado por primera vez hablar de coherencia e identificar, en competencias distintas de la ayuda al desarrollo, no menos de once ámbitos vinculados al desarrollo y que pueden aportarle valor añadido. 
Creo que es importante. 
Es la primera vez que el Colegio supera este desafío y pienso que es bastante útil recordarlo. 
El tercer componente de nuestras propuestas es la prioridad que debe concederse a África. 
La razón es triple. 
El África subsahariana es la región con mayor retraso. 
Europa es un socio importante, y África es un socio geopolítico que adquirirá cada vez más importancia. 
Los Estados Unidos y China lo han comprendido ya, lo que explica el aumento de su interés por esta parte del mundo. 
Propongo reforzar nuestra atención en ámbitos que tienen un efecto multiplicador evidente. 
A este respecto, hay tres líneas: en primer lugar, la gobernanza; debemos apoyar la aplicación de las reformas surgidas del mecanismo africano de revisión por homólogos. 
Debemos garantizar también la refinanciación del fondo para la paz, con objeto de apoyar la acción de la Unión Africana y de las organizaciones subregionales en materia de prevención de conflictos. 
Yo calificaría esta primera línea de línea política en el sentido general del término. 
La segunda es la línea económica. 
Las infraestructuras y la interconexión de las redes deben apoyarse en las estrategias de la Unión Africana y de la NEPAD a fin de facilitar el comercio sur-sur. 
De hecho, pienso en un despegue real de las grandes redes transafricanas, como hemos tenido que hacer en Europa con las grandes redes transeuropeas. 
La construcción y la ejecución de las grandes redes transafricanas deben ser un claro objetivo prioritario. 
Esta es la línea económica. 
Pienso en todas las infraestructuras, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la transferencia tecnológica, etcétera. 
La tercera línea es la social. 
Se trata evidentemente de la política de equidad. 
La Unión Europea debe desarrollar incentivos y apoyar a los países africanos en sus esfuerzos por promover la cohesión social, el empleo y la protección del medio ambiente. 
Pienso concretamente en la educación, la salud y la cultura. 
En mi comparecencia anuncié que la cultura es un vector de desarrollo mucho más importante de lo que se piensa y quisiera utilizarlo a fondo. 
Este conjunto de comunicaciones pretende unir a los Estados miembros en torno a una visión europea que dé a la Unión la capacidad de influencia, la credibilidad y la visibilidad necesarias para contribuir eficazmente a la cumbre de alto nivel de septiembre de 2005. 
De momento estoy recorriendo las capitales para movilizar a los Parlamentos nacionales y a los Estados miembros sobre este tema. 
Estas tres comunicaciones deberían conducir en septiembre a una completa redefinición de la política de desarrollo, como he anunciado, en forma de una nueva declaración de política de desarrollo, que me propongo traducir en una estrategia europea común de desarrollo. 
No veo por qué razón no podríamos hacer por el desarrollo lo que hemos conseguido hacer por la estrategia común de seguridad. 
Presentaré asimismo un verdadero plan de campaña para África, articulado en torno a las tres líneas que acabo de comentar. 
Esto es, señor Presidente, señora Kinnock, Señorías, la respuesta que quería darles. 
Espero no haberme dejado nada en el tintero. 
Si hay más preguntas, si por descuido hubiera omitido abordar alguna cuestión, no duden en preguntarme. 
Estoy por supuesto a su disposición para responderles. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que ocupan el centro y son el principio de orientación y la meta de la política de desarrollo de la UE. 
El elemento fundamental de estos objetivos es la erradicación de la pobreza. 
La ponente tiene razón cuando destaca tres ámbitos en los que la Unión Europea debería mejorar: el cumplimiento de las promesas, una coordinación más estrecha de las políticas y un empleo más eficiente de los recursos. 
Me complace que el Comisario haya mencionado ampliamente esta cuestión en su intervención. 
De hecho, solo cinco Estados miembros cumplen actualmente la promesa de dedicar un 0,7 % del PIB a la ayuda al desarrollo. 
Tanto la coordinación de las políticas como la asistencia que prestamos a los países en vías de desarrollo para desarrollar sus economías locales y regionales carecen de credibilidad, si al mismo tiempo saboteamos este desarrollo con nuestras políticas agrícolas y comerciales. 
Me complace que esta cuestión sea tan importante para el Comisario. 
En tercer lugar, por lo que se refiere al empleo de recursos, podemos lograr mucho más si trabajamos con más eficiencia y aprovechamos mejor los «beneficios rápidos» , como la distribución de redes mosquiteras en el marco de la lucha contra la malaria. 
También me gustaría recalcar algunos puntos importantes, que figuran igualmente en el informe. 
Por lo que se refiere a la importancia de la educación de las niñas, hay que recalcar una y otra vez que el hambre y otros problemas, entre los cuales se encuentra sin duda la falta de acceso a la educación, a menudo afectan de forma desproporcionada a las niñas y las mujeres. 
Además, los estudios muestran que la educación de las niñas tiene un efecto positivo sobre el conjunto de la sociedad, incluso sobre la lucha contra la pobreza. 
En segundo lugar, es de suma importancia diversificar el cultivo de productos y lograr que las pequeñas y medianas empresas se asienten firmemente a fin de crear una economía estable. 
En tercer lugar, los países pobres deben ser objeto de lo que se denomina un trato especial y diferenciado, aspecto que reviste igualmente una gran importancia para la OMC. 
En cuarto lugar, la existencia de servicios básicos de atención sanitaria y el acceso a estos, en los que se basa cualquier política sanitaria. 
Por último, es necesario reforzar las capacidades en todos los frentes. 
En resumen, queda mucho por hacer y, afortunadamente, Europa hace mucho. 
En su calidad de principal donante de ayuda, Europa se enfrenta a un gran desafío, como ya ha mencionado el señor Comisario, si desea ser el actor con más visión, más coherencia y más decisivo. 
Señor Presidente, los líderes mundiales tienen la enorme responsabilidad de dar un sentido real a los acuerdos alcanzados en 2000, a saber, la reducción de la pobreza a la mitad, la escolarización y la erradicación de la enfermedad. 
Si aplicamos estos compromisos a África, tenemos que llegar a la conclusión de que la situación es trágica en todos estos aspectos, porque en lugar de aproximarnos a estos objetivos a medida que se acerca 2005, nos alejamos de ellos. 
A este paso, no los alcanzaremos ni en 100 años. Esto muestra la incompetencia de los líderes mundiales, sobre todo por lo que respecta a África. 
El informe de Geoffrey Sachs deja claro que esto no debe ser necesariamente así. 
Con una financiación suficiente y prioridades razonables, y centrando la atención en las campañas, la malaria podría erradicarse, los niños –sobre todo las niñas– podrían asistir a la escuela y la pobreza podría reducirse a la mitad. 
Como ya ha dicho el señor Comisario, la cumbre de las Naciones Unidas que tendrá lugar en septiembre ofrecerá una oportunidad para examinar el estado de los Objetivos del Milenio. 
Es por ello por lo que resulta tan importante que la Comisión y el Consejo traduzcan los acuerdos alcanzados en la cumbre en objetivos europeos para la UE. 
Como ha dicho el Comisario, podemos hacerlo financiando en los Estados miembros, pero también si esta Cámara y el Consejo otorgan la prioridad adecuada a la financiación plurianual, y si esto se refleja en el porcentaje destinado a los gastos sociales de los objetivos del milenio, incluyendo, especialmente, este 20 % para enseñanza y atención sanitaria básicas. 
Las cifras actuales –un 2 % para educación, un 6 % para atención sanitario, incluso en las cifras del Fondo de Europeo de Desarrollo– resultan alarmantes. 
Por eso insto no solo a la Comisión y al Consejo, sino también al Parlamento, a que tengan en cuenta estos requisitos, a fin de que podamos evitar una confrontación y respaldar plenamente esta iniciativa. 
Estamos dispuestos a dar a la Comisión un amplio margen de maniobra en materia de ejecución, siempre que los acuerdos no sean intransigentes; sobre todo deben ser transparentes y eficaces, porque los actuales porcentajes del 2 % y del 6 % resultan realmente inaceptables. 
Tendríamos que esperar otros cien años y nos negamos a ello. 
–Señor Presidente, agradezco al Comisario Michel que haya acogido favorablemente del informe de la señora Kinnock. 
Creo que es importante coordinar los puntos de vista de la Comisión y el Parlamento y presentar una visión unificada. 
Como ha dicho, la Unión Europea es el principal donante, con un 55 % de la ayuda pública mundial. 
Tenemos por tanto un primer puesto que mantener, y cumplir las promesas está bien visto en política. 
He tomado buena nota de los aumentos graduales que propone, y los objetivos –la señora Kinnock lo ha señalado, así que no los repetiré– son loables y alcanzables. 
Un 0,7 global es alcanzable y, en las etapas que ha destacado pasaremos al 0,51 en 2010 para llegar al 0,7 en 2015. 
Recordaré simplemente que el aumento que usted ha mencionado de 20 000 millones de euros al año equivale prácticamente a un Fondo Europeo de Desarrollo y medio por año, cuando el Fondo Europeo de Desarrollo es un programa para cinco años. 
Por tanto, se podría pagar una buena cantidad de dinero si queremos hacer el esfuerzo. 
Por ello, quisiera llamar su atención muy rápidamente sobre cuatro aspectos menores. En primer lugar, la absoluta necesidad de coordinar las políticas, que ha ilustrado usted con sus once ámbitos, se aplica también a las subvenciones a la agricultura si no queremos destruir con una mano lo que damos con la otra; lo mismo es cierto entre países europeos, para evitar la sana emulación que a veces se encuentra sobre el terreno. 
En segundo lugar, nuestros socios han de asumir alguna responsabilidad; esto incluye por supuesto una exigencia de gobernanza y de comprobación de la ayuda presupuestaria, que parece constituir otro buen método, y por último –como usted ha subrayado, señor Michel– el acompañamiento de grandes proyectos regionales, en particular de las grandes redes transafricanas. 
Tenemos ya la posibilidad de utilizar el resto del FED para financiar una parte de esas grandes redes. 
El tercer punto es el control del dinero público. 
Es indispensable que el dinero de los contribuyentes europeos se utilice de forma totalmente visible. 
Si queremos pedir aún más, es preciso que tengamos objetivos identificables y demostrables para nuestros amigos de los países de Europa que conceden dinero público a este fin. 
Por último, el lugar del sector privado. 
No haremos nada sin seguridad política, sin seguridad jurídica, sin infraestructuras y sin un mercado. 
La ayuda pública no puede sustituir a un desarrollo en el que participe el sector privado. 
Por tanto, seamos donantes ejemplares, pero seamos socios lúcidos. 
. – Señor Presidente, muchas cosas deben cambiar en la Unión Europea para alcanzar el objetivo de erradicar el hambre en el mundo. 
La Política Agrícola Común, que no es muy precisa en la asignación de fondos, ha complicado las cosas en Europa y en muchos países en vías de desarrollo, sobre todo en los países ACP. 
Por una parte, Europa debe garantizar que la Política Agrícola Común no se utilice para incrementar los beneficios de los grandes productores, mientras los pequeños se encuentran en una situación muy complicada. 
Por otra parte, es preciso garantizar que las subvenciones de productos que concede la Unión Europea no sean un obstáculo para los países en vías de desarrollo y los países ACP. 
En teoría, la Unión podría contribuir a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo si cambiara su política agrícola. 
Unas mejores condiciones en los países en vías de desarrollo deberían beneficiar también a Europa y al mundo entero. 
Sin embargo, antes de eso, tenemos también que erradicar la evidente discriminación que existe en la Unión Europea, en la que se favorece a los grandes productores mientras que los pequeños productores y miles de agricultores se ven obligados a abandonar ese sector de actividad cada año. 
Señor Presidente, Señorías, el riguroso informe de la señora Kinnock, con el que estamos de acuerdo, afirma que la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio requerirá un cambio de sistema, un cambio que implique a los Gobiernos de los países de ambos hemisferios norte y sur y a las instituciones financieras internacionales. 
Es necesario alterar las reglas del comercio internacional, rechazando la imposición de acuerdos comerciales y la liberalización indiscriminada y apoyando, en cambio, el comercio justo y una cultura basada en derechos: el derecho de acceso a la educación, al agua, a los alimentos y a la sanidad. 
Hoy comienza la Semana de Acción Mundial por el cumplimiento de estos derechos y el control del comercio internacional, y en este Parlamento hay hoy personas que afirman esta necesidad. 
No es la primera vez que las Naciones Unidas y la comunidad internacional intentan lanzar un programa para erradicar la pobreza. 
Sin embargo, llevamos 15 años de promesas incumplidas, mientras que el objetivo de destinar el 0,7 % del PIB de los países más desarrollados a las naciones pobres sigue estando muy lejos. 
La señora Kinnock tiene razón al afirmar que la política de Italia, mi país, es vergonzosa; comparto su punto de vista, aunque creo que la participación del Reino Unido en la guerra de Iraq también fue una vergüenza. 
La UE y los Estados miembros no pueden incumplir sus responsabilidades y obligaciones morales. 
Hay que debatir sobre fuentes alternativas de financiación. 
Es necesario evitar artificios contables, impedir que los gastos de seguridad se imputen a los gastos para el desarrollo y prohibir que se inflen las cifras presupuestarias con medidas de cancelación de la deuda. 
Hay que cancelar la deuda. 
Es posible lograr una verdadera cooperación al desarrollo dotando a esos países de infraestructuras e instrumentos necesarios para organizar su propio desarrollo económico y social. 
Los derechos humanos, las cuestiones de género, el medio ambiente, los derechos de los niños: los temas están todos identificados. 
, Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy debatimos una cuestión que pone de manifiesto la verdadera naturaleza del mundo que nos rodea. 
Se intentan cerrar las enormes diferencias que actualmente existen entre las condiciones de vida de los habitantes de este planeta. 
Podemos considerarlo una prueba de lo que entendemos por «vecino» , tanto por lo que respecta a las personas como a los países. 
Al dirigirme a esta Cámara en este momento me siento obligado a mencionar a Su Santidad Juan Pablo II, cuya memoria honró está Cámara el día de ayer, pues esta cuestión le preocupaba mucho, e invocaba las conciencias de todo el mundo. 
La historia de la Humanidad nos muestra que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como sabemos fueron adoptados en el Año del Jubileo de 2000, son dignos de su nombre, pues no debemos olvidar que la lucha contra la pobreza en la Tierra tiene milenios de historia. 
Los objetivos del Milenio deben aplicarse con la mayor eficacia y rapidez posibles. 
Por ello quiero dar las gracias a la señora Kinnock por los esfuerzos que ha realizado para elaborar un informe en el que se recoge el papel que debe desempeñar la Unión Europea para alcanzar dichos objetivos. 
Al mismo tiempo, sin embargo, no puedo aprobar que se llame progreso a las medidas a favor del aborto, encubiertas bajo el nombre de derechos a la salud reproductiva, como sucede en el apartado 15. 
Mi breve tiempo de intervención me impide exponer en su totalidad esta cuestión, a pesar de su enorme importancia. 
No obstante, me gustaría compartir algunas ideas con sus Señorías sobre este tema. 
En ocasiones se dice que la gente es pobre porque es estúpida, y también se dice que es estúpida porque es pobre. 
Es necesario romper este círculo vicioso de impotencia, y prestar ayuda a los países y regiones pobres por medio de una inversión a gran escala en educación. 
Es cierto que la enseñanza primaria figura en el segundo de los objetivos del Milenio, pero, en mi opinión, dicho objetivo se queda muy corto. 
En estos países y regiones se deben construir buenas escuelas secundarias y universidades. 
Me gustaría en especial recalcar que es necesario construir escuelas y universidades en estos países y regiones a fin de que estas naciones produzcan personas formadas que estén dispuestas a ayudar a sus conciudadanos. 
Por ello debemos prestar especial atención a las necesidades de las comunidades locales, en lugar de intentar ofrecer felicidad de acuerdo con las ideas de otras personas, por nobles que estas sean. 
De lo contrario construiremos casas sobre la arena, y nuestros actos equivaldrán a regalar pescado en lugar de enseñar a la gente a pescar. 
Me gustaría abordar otra cuestión, a saber, que se necesita una financiación adecuada para resolver correctamente estos problemas. 
Para ello será necesario mucho dinero, pero no más de lo que los países más ricos, entre ellos la Unión Europea, se pueden permitir. 
La financiación actual no es suficiente en modo alguno. 
Me gustaría igualmente advertir a esta Cámara que se podrían conseguir fondos considerables para esta causa universal mediante la introducción de un impuesto sobre las transacciones de cambio de divisas, es decir, de un impuesto Tobin. 
Señor Presidente, huelga decir que nadie en su sano juicio se opondría a hacer algo a fin de reducir las estructuras de la pobreza y el hambre de aquí a 2015. 
A fin de lograrlo, debemos ir más allá de las medidas unilaterales del presente informe y, sobre todo, admitir que la masiva ayuda al desarrollo de los últimos tres años ha tenido muy pocos resultados, teniendo en cuenta todos los factores. 
Por ejemplo, lo que destruyó la posición favorable en términos de infraestructura y comercio del África negra en los años sesenta fue la corrupción generalizada, los conflictos étnicos y las devastadoras sutilezas ideológicas de las élites gobernantes. 
¿Como es posible, por ejemplo, que un país como Zimbabwe se transforme, en tan solo unas décadas, de ser un granero y un almacén para toda el África Austral en un país arrasado por una terrible hambruna? 
Por ello deberíamos tener el valor de denunciar los dos principales obstáculos que se oponen al desarrollo duradero en los países pobres: la corrupción y el mal gobierno, y nadie puede culparnos de ellos. 
–Señor Presidente, Señorías, los Objetivos del Milenio nos preocupan a todos. 
Es cierto que el desarrollo es un concepto global para la promoción general del bienestar y la dignidad de los seres humanos, pero los medios para conseguirlo pueden resumirse en una palabra: solidaridad. 
Por tanto, es notable que la Unión Europea aporte más del 50 % de la ayuda mundial al desarrollo. 
Sin embargo, la Unión Europea no promueve en sus relaciones exteriores el respeto de la diversidad cultural y de las tradiciones, aunque sean la clave de la integración europea. 
La ayuda económica oculta objetivos de poder geopolítico y de influencia cultural, y la Unión Europea, a veces, compra los votos de los Estados en desarrollo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, para tomar decisiones comunes hay que escuchar y respetar a los demás, máxime cuando se quieren definir posiciones que afectan a valores morales o culturales fundamentales. 
Los pueblos de las Naciones Unidas mencionados en el preámbulo de la Carta tienen derecho al respeto de su dignidad y de sus tradiciones cualquiera que sea su nivel económico. 
Por lo que se refiere a los derechos humanos, es esencial reafirmarlos dotándolos de una sólida base ética, pues, de otro modo, seguirán siendo frágiles y sin cimientos. 
A este respecto, hay que reafirmar que los derechos humanos no son creados ni concedidos por nadie, sino que son inherentes a la naturaleza humana. 
La resolución sobre la que se nos pide que votemos demuestra la distancia que existe entre el modo de entender la riqueza que representa la familia en los países en desarrollo y en la Unión Europea. 
¿Acaso no nos expondríamos a fuertes críticas si utilizáramos cuestiones tan importantes como la realización de los Objetivos del Milenio para nuestros propios fines? 
Mientras los donantes no respeten plenamente el contexto cultural de los países en desarrollo no podrá haber paz verdadera. 
Señor Presidente, estoy convencida de que el informe de la señora Kinnock es una importante contribución al examen de los logros de la Unión Europea en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o de sus avances hacia dichos objetivos. 
Por lo que se refiere a nuestras oportunidades de alcanzar dichos objetivos, nos encontramos en una situación muy lamentable, y el informe de la señora Kinnock pone de manifiesto que es necesario introducir cambios en las políticas si deseamos alcanzarlos. 
Me gustaría decir algo sobre la política de condonación de la deuda, así como sobre el informe que votaremos mañana. 
Quizás algunas diputadas y diputados a esta Cámara han pasado por alto que, al debatir la política de condonación de la deuda, hay que señalar que dos terceras partes de los países en vías de desarrollo dedican más recursos al servicio de su deuda que a servicios sociales. 
Huelga decir que este fenómeno influye sobre la consecución –o no consecución– de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Esto implica que es necesario introducir cambios en numerosos ámbitos políticos, pero también que debemos duplicar la ayuda que concedemos en la actualidad, y que la cantidad resultante se mantenga durante al menos 10 años, de ahí el elogio a aquellos Estados miembros que ya han alcanzado el 0,7 %. 
El informe de la señora Kinnock hace hincapié en la necesidad de alcanzar el 0,7 % para la cooperación bilateral al desarrollo. 
Lamento que esta no sea la ocasión de citar países, pero la exposición de motivos del informe de la señora Kinnock enumera los Estados que están aún muy lejos de alcanzar el 0,7 %: Austria, Alemania, Grecia, Italia y Portugal. 
Pido a la Comisión que elabore un calendario para todos los Estados miembros o que los presione para que logren este objetivo. 
– Señor Presidente, Señorías, en relación con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se propone duplicar la ayuda concedida a los países en vías de desarrollo durante al menos un decenio, que se condonen todas las deudas de aquí a 2015 y que se busquen nuevos recursos adicionales mediante la introducción de nuevos impuestos en los Estados miembros de la UE. 
Sin embargo, se habla muy poco de la eficiencia de la ayuda. 
Si no se imponen condiciones como la eficiencia en la utilización de los préstamos concedidos, tendencias positivas para el desarrollo social y económico, y obligaciones en materia de democracia y derechos humanos, los países en vías de desarrollo no se harán responsables del desarrollo social y económico de sus territorios y no se sentirán responsables ante sus ciudadanos. 
Cuando hablamos de ayuda para los países en desarrollo, tenemos que redefinir la política de ayuda de la Unión Europea y ofrecer medidas que no se limiten únicamente a los objetivos del Milenio, sino que busquen formas de estimular el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, en particular la inversión y, sobre todo, en pequeñas y medianas empresas, dando así a estos países la oportunidad de avanzar hacia un nivel más desarrollado y al nivel de Estado desarrollado. 
Gracias. 
– Señor Presidente, es necesario alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el informe de la señora Kinnock los describe muy bien, cosa que le agradezco. 
Sin embargo, tenemos que aceptar que, por el momento, no es posible elevar el presupuesto total al 0,7 % del PIB de todos los Estados miembros. 
Es por ello por lo que tenemos que buscar otras fuentes de financiación. 
Una de las propuestas que realmente presenta posibilidades es la introducción de un gravamen sobre el queroseno de aviación. 
El queroseno de aviación es una de las principales causas del efecto invernadero. 
Dicho gravamen suministraría dinero para los pobres –suponiendo que se utilizara para ese fin, por supuesto– y, al mismo tiempo, concordaría con los objetivos del Protocolo de Kyoto. 
Muy pocos Gobiernos han vacilado –por decilo así– en adoptar esta propuesta, y entre ellos se encuentra el Gobierno de mi país, Dinamarca. 
Espero, no obstante, que el Parlamento Europeo promueva esta idea. 
Permítanme simplemente mencionar otra fuente que ha sido propuesta, a saber las ingentes cantidades que se dedican a las subvenciones agrícolas que resultan destructivas para los países en vías de desarrollo. 
Por lo menos, las nocivas subvenciones a la exportación deberían, en todo caso, suprimirse lo antes posible. 
Señor Presidente, si bien doy mi apoyo al informe de la señora Kinnock, me gustaría referirme igualmente a la declaración de Geoffrey Sachs en el sentido de que la consecución de los Objetivos del Milenio exige que combinemos los puntos fuertes de la UE. 
Por ello es necesario que intentemos llegar en serio y sin demora al 0,7 % del PIB para la ayuda al desarrollo, y condonar la totalidad de la deuda de los países más pobres. 
Por ello pido al Consejo que aproveche la oportunidad que se le presenta esta semana para utilizar a este fin las reservas de oro depositadas en el FMI. 
En segundo lugar, me gustaría señalar que la Comisión para África ha indicado que es necesario dedicar otros 25 000 millones de dólares anuales para resolver los problemas vitales de África, a los que tanto el FMI como el Banco Mundial deben, de una vez por todas, prestar atención –y pido a sus Señorías que tengan en cuenta este hecho–, sobre todo en vista de que Paul Wolfowitz será el Presidente de este último. 
Señor Presidente, debido al retraso de mi vuelo no pude escuchar la mayor parte del debate, pero conozco muy bien estos argumentos y quiero comenzar por agradecer a la señora Kinnock su excelente informe. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son antes que nada una cuestión moral. 
Las enormes diferencias entre los niveles de vida que existen en el mundo de nuestros días cada vez resultan más absurdas. 
Tenemos los conocimientos y los recursos para erradicar la pobreza ahora, y no hay excusa para no redoblar nuestros esfuerzos. 
Me felicito de este informe que recoge una serie de propuestas constructivas que –espero– influirán sobre los trabajos de la Comisión en los próximos meses. 
No cabe duda de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no serán fáciles de alcanzar. 
Será necesario incrementar esfuerzos no solo en los países industrializados, sino también por parte de los beneficiarios. 
Tenemos que implantar un sistema de intercambios comerciales más justo. 
La corrupción es un gran problema y es necesario luchar vigorosamente contra ella. 
Necesitamos más dinero, pero también necesitamos una ayuda más eficaz. 
La falta de coordinación entre las contribuciones de los donantes constituye un problema de envergadura. 
De modo similar, la falta de diálogo dentro de la UE sobre lo que hace cada Estado miembro y la Comisión es un gran problema. 
Y desde luego, el contenido también es crucial. 
Permítanme mencionar tan solo un ámbito que muy a menudo se descuida en el marco de la cooperación al desarrollo. 
Me refiero a la gestión de los recursos naturales. 
La mayoría pobre de la población de las zonas rurales depende por completo de lo que se produce en el campo. 
Por ello, un desarrollo en el que los bosques, los pastos, el suelo agrícola y los recursos de agua potable son diezmados y su calidad reducida, resulta sumamente grave. 
La semana pasada se presentó un importante análisis de este desarrollo, conocido como evaluación del Milenio, cuya lectura resulta deprimente. 
La destrucción de los recursos naturales básicos avanza en todo el mundo y constituye un importante obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Supongo que los futuros trabajos de la Comisión prestarán mucha más atención a este aspecto de la cooperación al desarrollo. 
Quiero dar las gracias una vez más a la señora Kinnock. 
– Señor Presidente, acojo con agrado el informe de la señora Kinnock. 
Hace gala de un enfoque global, práctico y también pragmático a la hora de abordar una situación muy grave y terrible. 
También me complace la intención del Comisario de desarrollar una estrategia común de desarrollo y quisiera pedirle que trabajara junto con los Parlamentos nacionales y con otras instancias de los Estados miembros. 
Estoy seguro de que encontrará un amplio apoyo a su enfoque de este asunto. 
Las estadísticas de pobreza y mortalidad son terribles. 
Con cada movimiento del reloj electrónico de ahí enfrente muere un niño innecesariamente. 
Cada minuto que pasa en ese reloj mueren innecesariamente tres mujeres embarazadas o parturientas. 
Sin embargo, sigue habiendo aquí quienes querrían que este Parlamento votara en contra de permitir a esas mujeres tomar sus propias decisiones sobre su salud, el tipo de anticonceptivo que pueden usar y si deben o no optar por el aborto. 
Ruego a este Parlamento que rechace las enmiendas que apuntan en este sentido. 
Este Parlamento no puede dictar a las mujeres del mundo en vías de desarrollo cómo deben abordar sus necesidades de salud. 
Señor Presidente, en esta breve intervención me limitaré a un aspecto relacionado con este tema; se trata de un aspecto que me parece importante, a saber, el papel del comercio internacional, del comercio justo, para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
No creo que nadie pueda beneficiarse más del fomento del comercio mundial que los países en vías de desarrollo. 
Si el África subsahariana aumentará su cuota en el comercio mundial en un 1 %, los ingresos que obtendría gracias a sus exportaciones aumentarían en 60 000 millones. 
De acuerdo con la campaña «Todo menos armas» , la Unión Europea, que es el bloque comercial más grande del mundo, debería dejar claro que está decidida a fijar una fecha para la supresión de todas las subvenciones a la exportación para los productos agrícolas. 
Sin duda resulta inaceptable conceder una subvención de 2 dólares diarios a cada vaca, mientras que la mitad de la población mundial tiene que sobrevivir con menos de esa cantidad. 
Si suprimimos estas subvenciones agrícolas injustas, aumentará la credibilidad de la UE en este ámbito. 
– Señor Presidente, quisiera felicitar a la señora Kinnock por su excelente informe. 
Me complace mucho presentar la opinión de la Comisión de Comercio Internacional, que fue aprobada por unanimidad y en bloque por la Comisión de Desarrollo. 
Esto demuestra el creciente consenso que existe sobre el hecho de que, aunque el comercio desempeña claramente una función en la erradicación de la pobreza, las actuales tendencias e instituciones de política comercial deben reformarse urgentemente si de verdad queremos que coadyuven a la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
En nuestra opinión se menciona el reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otros que demuestran que la liberalización general e ilimitada del comercio no se traduce necesariamente en avances significativos en la erradicación de la pobreza, sobre todo en el África subsahariana. 
Cito el informe UNCTAD 2004 sobre los países menos desarrollados, que dice: «Las tendencias postliberales emergentes no se traducen en una reducción sustancial y sostenida de la pobreza. 
En general, parece que la reducción futura de la pobreza ha empeorado». 
Por lo tanto, lo primero que hacemos en esta opinión es pedir a la Comisión y al Consejo que tomen nota de ese análisis y que modifiquen la política comercial de una forma acorde con el mismo. 
El primer ámbito en el que podrían aplicar la política comercial reformada es en las propuestas comunitarias para acuerdos de asociación económica, porque también en este caso hay cada vez más pruebas de que, para que esos acuerdos puedan convertirse en verdaderos instrumentos de desarrollo, es preciso que ofrezcan un acceso no recíproco al mercado mientras los países en vías de desarrollo lo necesiten. 
Me complacen las recientes declaraciones de mi propio Gobierno, el británico, que aparentemente conceden a los países más pobres todo el tiempo que necesiten para adquirir esa reciprocidad. 
Pido al Consejo que haga lo mismo, pero le advierto de que su actitud no será creíble salvo que se revise el artículo 24 del GATT. 
Por último, solicitamos al Consejo y a la Comisión que aborden el casi siempre olvidado asunto de los precios de las materias primas, cuya ausencia de la agenda de la OMC resulta bastante extraña. 
Según Oxfam, los países en vías de desarrollo habrían ganado 243 000 millones de dólares estadounidenses más en 2002 si los precios reales de diez materias primas hubieran permanecido en sus niveles de la década de 1980. 
Esa cantidad es cinco veces superior al presupuesto anual de ayuda al desarrollo de todo el mundo. 
Necesitamos medidas urgentes en este ámbito si queremos tener alguna oportunidad de cumplir los ODM. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los que han hablado, o mejor dicho a la mayoría de ellos, por sus comentarios. 
Pienso que la mayor parte de lo que se ha dicho quedará reflejado en las comunicaciones que voy a pedir a la Comisión que adopte, muy probablemente dentro de unos minutos, y que les he esbozado hace unos minutos. 
La mayor parte de las demás observaciones que se han hecho serán debatidas y zanjadas, espero, en la declaración de política de desarrollo que he anunciado, que hoy se somete a discusión, consulta y debate sobre una base muy amplia y que por tanto debería estar lista cuando volvamos a reunirnos en septiembre. 
Destacaré un tema fundamental: la liberalización de los mercados; la última oradora habló de esta cuestión y creo que a este respecto les sorprenderé como liberal. 
También yo creo que la liberalización de los mercados solo puede tener efectos positivos si existe un Estado capaz de hacer respetar las reglas. 
A mi entender, en el decenio de 1990 se pensó equivocadamente que una liberalización absoluta de los mercados, incluso donde no hubiera Estado, proporcionaría espontáneamente riqueza para distribuir. 
Estoy bastante de acuerdo con los límites que ustedes ponen a la liberalización de los mercados. 
En las semanas y los meses que vienen habrá más debates de este tipo. 
No obstante, quisiera aprovechar la ocasión de esta respuesta para preguntarles si no ha llegado ya la hora de actuar. 
En efecto, se realizan muchos estudios, consultas y constataciones. 
Evidentemente, podemos seguir reflexionando, debatiendo conceptos, categorías y principios: todo esto es muy importante. 
Pero yo quisiera que mi política fuera, ante todo, una política de aplicación y de realizaciones concretas. 
Por tanto, les hago un llamamiento, y los oradores han formulado hoy una serie de propuestas concretas: si tienen ideas definidas sobre el modo de aplicar eficazmente nuestra política de desarrollo, por supuesto estoy interesado en escucharlas. 
Sin discutir en absoluto la legitimidad de algunas de las normas que rigen el desarrollo, debo decirles que si damos a algunas de ellas una aplicación estrictamente tecnocrática, ello imposibilitará prácticamente el logro de algunos objetivos. 
Es esta una cuestión que me gustaría poder debatir de vez en cuando con ustedes. 
En todo caso, les prometo presentarles una serie de propuestas en las próximas semanas para intentar ser más eficaces. 
En efecto, garantizar la coherencia entre las distintas políticas es un modo de ser más eficaces. 
Una ayuda presupuestaria bien encuadrada, por ejemplo orientada sectorialmente, puede hacernos evidentemente más eficaces; una mejor coordinación, una mayor armonización entre las normas nacionales, es obviamente también un medio de ser más eficaces. 
Estos son solo algunos ejemplos. 
Señor Presidente, Señorías, les agradezco todas estas observaciones y consideraciones. 
Les prometo hacer el mejor uso de ellas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la lucha contra la malaria. 
. Señor Presidente, Señorías, la malaria sigue siendo una enfermedad estrechamente asociada a la pobreza. 
Cada año, más de un millón de personas mueren después de contraerla y la mayoría de ellas son niños menores de cinco años: así, la malaria sigue siendo la principal causa de muerte infantil en África. 
Esta enfermedad afecta principalmente a África, aunque también están afectados otros continentes. 
La lucha contra la malaria está subfinanciada, aunque el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, cuyo principal proveedor de fondos es la Unión Europea, haya puesto más recursos a disposición de los países afectados en los últimos años. 
A pesar de los esfuerzos realizados a escala mundial y a pesar de los esfuerzos desplegados por los países del Sur, en 2007 la falta de recursos a escala mundial ascenderá probablemente a 2 600 millones de dólares estadounidenses. 
Dado que los países más gravemente afectados por esta enfermedad son también los que figuran entre los más pobres, la mayoría de los recursos necesarios deberán proceder de socios externos si se desea capacitar a los países afectados para luchar contra la malaria y alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio. 
La Unión Europea debe incrementar por tanto su contribución a través de programas bilaterales y del Fondo Mundial. 
Sin embargo, disponemos de instrumentos eficaces para combatir la malaria. 
En 2001, la Comisión formuló una política y un programa de acción para luchar contra las tres principales enfermedades de la pobreza, es decir el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis. 
En 2004, la Comisión presentó un balance de sus trabajos que muestra, entre otras cosas, que ha multiplicado por cuatro su contribución financiera a la lucha contra esas enfermedades. 
Dicha contribución comprende en particular una mayor dotación para fines de investigación. 
La contribución anual de la Comisión al Fondo Mundial es de 259 millones de euros para el período 2003-2006, con la que podrá apoyar programas propuestos por los países afectados para la producción de mosquiteras impregnadas de insecticida de efecto prolongado y de medicamentos. 
La Comisión ha adoptado asimismo un nuevo marco político para continuar la lucha contra estas enfermedades a partir de 2007. 
Esta política será aplicada en cooperación con los Estados miembros de la Unión Europea, con socios multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y el programa «, y con los países del Sur, incluida la Unión Africana, la sociedad civil y el sector privado. 
Las principales actividades siguen siendo esencialmente las mismas. 
Un fuerte acento en las medidas de prevención, en particular mosquiteras impregnadas de insecticida de efecto prolongado y la introducción de nuevos medicamentos contra la malaria, como las terapias combinadas a base de artemisinina en los países en que hay resistencia a los medicamentos existentes. 
La Comisión va a seguir invirtiendo asimismo en investigación y desarrollo de vacunas preventivas, de herramientas de diagnóstico y en nuevos medicamentos curativos. 
Para que los esfuerzos de desarrollo de las nuevas herramientas y medicamentos permitan a los que los necesitan acceder a ellos de forma equitativa, es necesario desde luego reforzar los sectores sociales, en particular la sanidad, incrementando la inversión y los recursos humanos en los servicios sanitarios. 
Señor Presidente, celebro esta Declaración de la Comisión sobre la malaria, porque hace tres años, al aprobar nuestra contribución al presupuesto del Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el Sida, la Comisión aceptó la petición del Parlamento por la que se comprometía a informarnos regularmente, y la anterior Comisión no siempre lo hizo. 
También, porque en la lucha contra las enfermedades contagiosas ligadas a la pobreza, con frecuencia el sida ocupa el foco de atención cuando la tuberculosis y la malaria causan más víctimas cada año y las posibilidades de éxito en su erradicación son superiores. 
Hace apenas unos años, la malaria parecía próxima a su erradicación en muchos países; hoy es la causa de muerte más frecuente en el África subsahariana, afectando a más personas y a regiones donde ya había sido erradicada. 
Cifras recientes estiman en más de tres millones anuales las víctimas directas e indirectas de la malaria. 
Está bien que la Comisión fomente el debate sobre los protocolos nacionales de tratamiento de la malaria, pero no es esto lo más importante si el objetivo es incluir nuevas combinaciones terapéuticas, como la artemisinina y algún otro quimioterápico. 
Los mosquiteros tratados con insecticidas y los tratamientos preventivos intermitentes reducen significativamente la morbimortalidad, pero a día de hoy solo Vietnam y algún país en América Latina ofrecen resultados alentadores. 
En África, menos del 10 % de los niños expuestos duermen protegidos por mosquiteros y la utilización sistemática de estos solo protege al 1 % de la población de riesgo. 
La Comisión, como miembro del Consejo rector del Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra estas enfermedades, debería incrementar la atención sobre la malaria y, a la vista de la experiencia, lo mismo debería hacer con el sexto y el séptimo programas marco para la investigación y el desarrollo tecnológico, al que aportamos 400 millones de euros para la investigación sobre estas enfermedades, y así aliviar a un mayor número de personas con un menor coste económico, aunque ello origine menores beneficios a la industria farmacéutica. 
En vista de que cada año mueren dos millones de personas, de que 3 000 niños mueren cada día y de que África es un caldo de cultivo para la malaria, resulta evidente que es necesario luchar contra la malaria. 
Desde luego es una auténtica vergüenza ver que tenemos los conocimientos y los medios, y aun así, persiste esta situación. 
Los medicamentos existen y la enfermedad puede curarse. 
Un simple mosquitero para la cama es la forma más eficaz y económica de prevenir la infección, pero la realidad nos dice que tan solo un 2 % de los niños africanos duermen bajo dicho mosquitero. 
Eso se debe sobre todo a la mala organización y los cuellos de botella que sufre su distribución. 
Geoffrey Sachs nos lleva a enfrentarnos a los hechos. 
Los medios existen, lo único que falta es la voluntad política. 
Menciona los beneficios rápidos, pero yo solo puedo ver beneficios estructurales si estos van acompañados de auténticas campañas y si establecemos prioridades claras. 
Ya hemos demostrado al mundo que estamos en condiciones de hacerlo, pues ya hemos logrado, por ejemplo, erradicar casi un 90 % de la incidencia de la poliomielitis. 
De lo que se trata ahora es de que las diversas enfermedades relacionadas con la pobreza no compitan entre sí, sino de hacer frente juntos al problema fundamental: los servicios sanitarios básicos en África. 
Por supuesto, como ha dicho el Comisario, es necesario dar prioridad a las zonas más vulnerables que carecen de servicios básicos o de estructuras regionales, y en las que existen deficiencias de higiene. 
Además, no debemos olvidar que la mitad de la población africana vive en zonas urbanas, por lo que este problema no es tan solo rural; está muy presente también en las ciudades, que necesitan otra forma de organización. 
Son siempre las organizaciones locales, los servicios sanitarios básicos y los cuellos de botella de los sistemas los que provocan los problemas, y espero que, con esta estrategia, la Comisión pueda introducir cambios en algunas zonas. 
La gente sobre el terreno estará dispuesta a echar una mano, pues ellos son evidentemente los padres de los que tienen hijos que morirán de malaria. 
Conocen la gravedad de la situación y sin duda cooperarán plenamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, a medida que empieza a menguar la ola de ayuda sin precedentes que provocó el tsunami en Asia –que vino a demostrar que el mundo globalizado puede dedicar importantes recursos a una causa común y lograr resultados positivos–, tenemos que reconocer, no obstante, que cada mes ocurren «tsunamis» de menores dimensiones, y que la ayuda que se ofrece para hacerles frente resulta claramente insuficiente. 
Señor Comisario, la malaria mata a tres millones de personas cada año, y cada mes, esta enfermedad provoca la muerte de 150 000 niños inocentes, la mayoría de los cuales nunca celebrarán su quinto cumpleaños. 
Es un hecho que el 40 % de la población mundial, que vive en zonas de extrema pobreza, está amenazada por la malaria. 
Un 90 % de las muertes por malaria tienen lugar en la región subsahariana, en particular entre los niños. 
En estas zonas, la malaria mata un niño cada 30 segundos, y cada minuto de pasividad de nuestra parte provoca la muerte de dos niños. 
Hoy día, la malaria se ha convertido en una consigna negativa, y Jeffrey Sacks, Director del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas, declaró hace poco que si asignamos entre 2 000 y 3 000 millones de dólares, podemos salvar a los tres millones de víctimas de la malaria. 
Este dinero se necesita para comprar o subvencionar mosquiteras e insecticidas, y para resolver los problemas de la vacunación. 
Al mismo tiempo, Jeffrey Sacks señala que ha llegado el momento de que Europa tome la iniciativa a nivel mundial, ya que la Unión Europea es el principal donante del Fondo Mundial, y ha asumido compromisos hasta 2020 en virtud del Acuerdo de Cotonú. 
En vista de todo ello, yo quería formular una pregunta oral a la Comisión que –por motivos que no alcanzo a entender– no recibió respuesta. 
Habida cuenta de que en los últimos años se han hecho avances significativos en el tratamiento de la malaria, la Comisión podría desvelar las iniciativas concretas que podría adoptar la Unión Europea para acabar con esta pandemia, concentrándose en especial en la prevención de la malaria. 
En segundo lugar, ¿no valdría la pena considerar de qué forma podríamos atraer mayores inversiones del sector privado, además de las ya existentes del sector público, para desarrollar vacunas contra la malaria? 
Gracias. 
, – Señor Presidente, más de un millón de personas mueren cada año a causa de la malaria, y al menos 500 millones de personas contraen esta enfermedad, la mayoría de ellas en África. 
Los niños y las mujeres embarazadas son los más afectados por esta enfermedad. 
La lucha contra la malaria está relacionada con la lucha contra la pobreza, pero tenemos que recordar que se prevé que el cambio climático provocará un incremento de la malaria. 
El temor es que, a causa del calentamiento del planeta, el mosquito anófeles se propague, por ejemplo, a zonas meridionales de Europa y los Estados Unidos. 
Por ello, la prevención del cambio climático constituye igualmente una forma de luchar contra la malaria. 
Hace poco se debatió el papel del DDT en la lucha contra esta enfermedad. 
El empleo de DDT en la lucha contra la malaria está permitido, pero no debemos ignorar los nocivos efectos que tiene esta sustancia. 
El DDT daña el aparato reproductor humano, obstaculiza el desarrollo del cerebro en los niños, provoca trastornos del sistema nervioso y debilita nuestro sistema inmunitario. 
Por esa razón, tenemos que hacer todo lo posible para utilizar métodos menos nocivos en la lucha contra la malaria, como sus enemigos naturales y las mosquiteras de cama que contienen DDT e insecticidas. 
Señor Presidente, apoyando lo que ha dicho en su declaración el señor Comisario, creo que este es un debate sobre un colosal escándalo que se da en el mundo y en nuestras sociedades. 
Las cifras que han aportado mis colegas son suficientemente claras: 3 000 niños se mueren cada día, particularmente en países subsaharianos, a causa de una enfermedad perfectamente estudiada, cuyas prevención y terapias están absolutamente al alcance de nuestras posibilidades. 
Vencer el reto que supone para nuestros países este mal es una cuestión en la que la Unión Europea y el Norte desarrollado en general se están jugando su coherencia, su credibilidad y, desde luego, su dignidad. 
Por lo tanto, creo que si no somos capaces de enfrentar este problema con eficacia, no tendremos ninguna autoridad moral para ir a hablar de valores ni de derechos humanos; concretamente, para hablar de derechos humanos en Ginebra a un país como Cuba, que ha sabido erradicar el mal en su territorio y que tiene más médicos en el África Subsahariana combatiendo este mal que los 25 Estados de la Unión Europea juntos. 
Me felicito de la declaración del señor Michel en el sentido de que se aumentará la financiación para luchar contra la malaria, una enfermedad vinculada intrínsecamente con la pobreza, y un reciente brote de la cual ha provocado la muerte de niños. 
Sin embargo, queremos más. 
Queremos que la UE haga suya la propuesta avanzada por el profesor Jeffrey Sachs, y que desempeñe un papel protagonista en un programa mundial contra la malaria, en vista de que, debido a la falta de voluntad política y de una financiación pública adecuada, todavía no existe una vacuna y ni siquiera se ha llevado a cabo una amplia distribución de mosquiteras de cama impregnadas con insecticidas. 
La UE puede marcar la diferencia en la lucha contra la pobreza si logra recaudar fondos y tomar la iniciativa en proyectos positivos y de amplio alcance, como en el proyecto de prevención de malaria que estamos debatiendo. 
De este modo, la UE hará una contribución decisiva para conseguir los objetivos del Milenio, que son, de hecho, algo más que objetivos, pues son compromisos que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir. 
Señor Presidente, Señorías, el Foro Mundial de la Ciencia ha demostrado que solo el 10 % de la investigación mundial se destina al 90 % de las enfermedades, que, tratándose de las enfermedades de los pobres, no tienen mercado y, por tanto, son ignoradas por la ciencia. 
Es vital, sobre todo, invertir las prioridades de la investigación científica a favor de las enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población mundial. 
Comisario Michel, si Europa y el resto del mundo no contribuyen a este esfuerzo, la malaria seguirá matando y no se alcanzarán los Objetivos del Milenio. 
–Señor Presidente, retomando una idea de otro diputado de mi Grupo, quisiera decir simplemente que el tema de la malaria nos brinda una ocasión única de difundir lo que he expresado hace un momento respecto de los Objetivos del Milenio: la necesidad absoluta de que la Unión Europea desarrolle una actividad visible, de tal modo que nuestros compatriotas, que son los contribuyentes que pagan la ayuda pública, tengan algo de lo que puedan sentirse orgullosos. 
Tenemos una oportunidad única de abordar el problema de la malaria y decir que la Unión Europea asume la responsabilidad al respecto. 
Tenemos los medios científicos para ello, tenemos los medios logísticos, tenemos los recursos financieros y nos brindará la ocasión de demostrar nuestro compromiso con la ayuda al desarrollo y el aumento de la felicidad en el mundo. 
Pido pues al señor Comisario que tenga a bien reflexionar sobre la posibilidad, no de que seamos uno de los protagonistas, que creo que seremos ya, sino de que seamos, si es preciso, el único protagonista. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la mayoría de los oradores su apoyo a las perspectivas de la Unión Europea, que he desarrollado hace unos momentos. 
Está claro que la lucha contra la malaria merece más que nunca el apoyo de Europa. 
La Comisión quiere hacer que esta enfermedad sea una prioridad política a escala mundial y en nuestro diálogo con los países afectados. 
Como he dicho en mis observaciones iniciales, la lucha contra la malaria requiere esfuerzos y recursos en distintos ámbitos políticos, como la investigación, el comercio y evidentemente la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. 
La Comisión va a presentar un programa de acción para seguir luchando contra la malaria, la tuberculosis y el VIH/sida a través de la acción exterior. 
Vamos a trabajar en estrecha colaboración con el Consejo, con los Estados miembros, con ustedes y con nuestro socio estratégico, la Organización Mundial de la Salud. 
Europa debe seguir ayudando a los países afectados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el relativo a la malaria. 
Créanme que la Unión Europea hará de esta lucha una de sus prioridades políticas. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
De conformidad con el orden del día se procede a la elección de un nuevo Vicepresidente en virtud de los artículos 12, 14 y 17 del Reglamento, tras el nombramiento del señor Costa como miembro del Gobierno portugués. 
El único candidato del que tengo conocimiento es el señor António dos Santos. 
El Reglamento establece que si solo está vacante un cargo y solo se ha presentado un candidato o candidata, este o esta puede ser elegido por aclamación. 
¿Alguna objeción? 
Al parecer no. 
Por lo tanto, el señor Manuel António dos Santos es elegido nuestro nuevo Vicepresidente. 
Espero colaborar estrecha y constructivamente con usted, señor dos Santos; ocupará la presidencia en la sesión de mañana por la tarde. 
Aunque el señor Navarro ha presentado una enmienda oral, no lo veo en la Cámara. 
Señor Presidente, permítame hacerme cargo de la enmienda, que fue debatida ayer en la noche de las 22 a las 22.30 horas, y creo que existía un consenso general favorable a la misma. 
Por lo tanto, no tengo inconveniente en asumir la enmienda oral. 
¿Podría su Señoría leer la enmienda? 
De acuerdo, entonces la leeré yo. 
Dice así: «Considerando que el transporte marítimo, que representa más del 40 % del tráfico intracomunitario, constituye una parte integrante del sistema europeo de transporte, ya que el transporte marítimo de corta distancia implica el movimiento de mercancías por mar entre puertos europeos o entre dichos puertos y puertos situados en países extraeuropeos, cuya línea costera forma parte de los mares que rodean Europa». 
. – Señor Presidente, la enmienda 51 no es una enmienda típica del Grupo Verts/ALE, sino una enmienda de transacción. 
Quisiera pedirle que sometiera esa enmienda a votación en primer lugar. 
También quisiera proponer un cambio, tal como se indica en la lista de votación: que la palabra «deberían» se sustituya por la palabra «deberán» El texto quedará así: «Las medidas propuestas no tienen por objeto afectar a medidas específicas vigentes en las legislaciones nacionales en el marco de la lucha contra determinadas formas graves y complejas de delincuencia, en particular, el terrorismo». 
A continuación se añade lo siguiente: «Todas las medidas deberán ser conformes al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». 
El señor Staes propone que la enmienda se considere de adición. 
¿Alguna objeción? 
Señor Presidente, me gustaría decir algo acerca del orden del día en su conjunto. 
El orden del día de hoy es un ejemplo típico de la manera en que esta Cámara divide nuestro trabajo. 
Todos los expedientes legislativos votados hoy fueron debatidos la noche anterior y sin presencia del público, mientras que durante el día, en la hora de mayor audiencia y de cara al público debatimos únicamente proyectos de resoluciones y otras cosas por el estilo. 
Me parece que no es correcto. 
He comprendido su mensaje, señor Rack. Tengo que decir, sin embargo, que es la Conferencia de Presidentes la que decide estas cuestiones, y algunas cosas deben hacerse en las sesiones nocturnas. 
Sin embargo, considero que su comentario es importante y lo mencionaré la próxima vez que se delibere sobre estas cuestiones. 
. 
La UE ha ido adaptando paulatinamente sus estructuras a las nuevas realidades que conlleva la ampliación. 
Aunque estas transformaciones pueden parecer insignificantes, puesto que muchas de ellas son simples formalidades o adaptaciones administrativas, todas ellas indican el profundo cambio que ha redefinido el concepto de la Unión. 
Por ello votaré a favor de este informe. 
. 
La finalidad de este informe es la modificación del Reglamento (CE) n° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) , como resultado de la reciente ampliación con el fin de establecer un medio único y uniforme de subdividir las unidades territoriales a la hora de elaborar las estadísticas regionales de la Unión. 
La oportunidad que ofrece la ampliación de la UE ha facilitado la introducción de las modificaciones necesarias para que este sistema resulte más eficiente, entre las cuales me gustaría destacar la redefinición del marco de las unidades administrativas ya existentes y la disposición relativa a una categoría de unidades administrativas de orden inferior. 
Esta disposición nos permitirá poner remedio a la falta de uniformidad que caracterizaba la clasificación NUTS, de modo que el mismo nivel se aplicará, por decir un ejemplo, a la totalidad de Suecia y a la región de Bruselas. 
Coincido con el ponente en que podría hacerse más hincapié en determinados elementos. Como señala este, por ejemplo, actualmente no sería oportuno modificar la base jurídica de la propuesta por la que se modifica el Reglamento, y pide a la Comisión que publique una comunicación sobre esta cuestión. 
. 
Se ha observado un alarmante aumento de la cantidad de billetes de euros falsificados. El euro es uno de los principales blancos de la delincuencia organizada, que cuenta con un elevado nivel de sofisticación y aprovecha que la UE ya no tiene fronteras interiores y que algunos Estados miembros carecen de recursos técnicos y operativos. 
Lo que necesitamos es dar una respuesta conjunta, armonizada y eficaz, en la que Europol debe participar estrechamente. 
La propuesta presentada por seis Estados miembros, sin embargo, para permitir que Europol sea designada la Oficina Central de la lucha contra la falsificación de euros en la UE no resulta realista, debido a las limitadas capacidades de esta institución para llevar a cabo sus funciones. 
A pesar de sus buenas intenciones, la propuesta no resuelve los problemas subyacentes de la estructura de Europol. 
Europol debe adoptar el método comunitario, siempre que se le conceda financiación comunitaria y reciba una base jurídica que pueda modificarse con mayor facilidad. Asimismo, las decisiones deben tomarse por mayoría cualificada y el proceso de codecisión, y Europol debe estar sometida al control democrático del parlamento y del Tribunal de Justicia. 
Apruebo este informe porque, en vista de la situación, solo se podrá proteger el euro si las oficinas centrales nacionales que existen hoy en día mantienen sus competencias en esta materia. De este modo se debería crear un mecanismo que permita una estrecha cooperación y el intercambio de información entre dichas oficinas y Europol. 
. Me complace la designación de Europol como Oficina Central para la lucha contra la falsificación del euro, un problema que, sin duda, solo puede abordarse con eficacia de forma colectiva y no en cada Estado miembro por separado. 
Para mantener la actual tendencia a la baja de los casos de falsificación, como los respectivos descensos del 5 % y del 38 % de los billetes falsos de 50 y 100 euros, debemos seguir tomando medidas para crear un marco jurídico colectivo apropiado, en el que la falsificación del euro pueda ser claramente penalizada y se centralice la información para conseguir que las medidas contra el fraude sean más efectivas. 
. 
Habida cuenta de su valor, del territorio que abarca y de la importancia que le conceden las economías extracomunitarias en tanto que unidad monetaria de referencia, el euro es actualmente una de las divisas más buscadas por los falsificadores, que utilizan técnicas y métodos cada vez más sofisticados que las autoridades de los Estados miembros a menudo no puede combatir. 
Por ello siempre debemos buscar las mejores maneras de proteger el euro y de establecer una lucha eficaz en toda Europa contra la falsificación del euro. 
Creo que Europol puede desempeñar un papel importante a este respecto, mediante la centralización y difusión de información a fin de contribuir a la eficacia de las oficinas nacionales encargadas de luchar contra este tipo de delito. 
Sin embargo, si queremos que Europol asuma este papel es necesario aumentar sus capacidades operativas y de interacción. 
Si no se realizan estos cambios, y en vista de las limitaciones presupuestarias y jurídicas, como señala con toda razón el ponente, cabe dudar que pueda llevar a cabo dicha tarea. 
He votado a favor. 
Señor Presidente, me felicito del informe Demetriou sobre la Escuela Europea de Policía y he votado a su favor, a pesar de que, en mi opinión, se queda corto. 
No fui yo, desde luego, quien tuvo el honor de proponer la idea de crear una Escuela Europea de Policía en 1998, tras lo cual esa idea fue asumida por el Consejo Europeo de Tampere. 
En un principio estaba formada por una red de escuelas nacionales, y el presente informe representa la fase final de su transformación en una institución. 
Ahora bien, tengo que decir que debemos seguir este camino si queremos que la escuela se convierta en una auténtica institución al servicio –como era la intención del Parlamento desde un principio– de la formación de las unidades nacionales y europeas de policía, y de la formación de agentes policiales de todos los países de acuerdo con normas europeas. 
. 
La cooperación policial es un factor clave para brindar a los ciudadanos europeos un elevado nivel de seguridad dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por consiguiente, los servicios de policía deben ser objeto de un desarrollo constante y es necesario adoptar en toda Europa una amplia serie de normas comunes de calidad en materia de métodos policiales. 
El balance de los primeros tres años de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) es francamente positivo, pues se han llevado a cabo avances considerables. Y ello a pesar de las dificultades que se derivan de la ausencia de un estatuto legal y de una sede, y de que su presupuesto se financie con contribuciones de los Estados miembros. 
En 2004 se adoptaron decisiones en relación con la sede y la personalidad jurídica de la institución. 
La finalidad de la propuesta que tenemos ante nosotros es convertir la CEPOL en un organismo de la Unión con personalidad y estatuto jurídicos, concederle nuevas competencias y financiación comunitaria, dotarla de su propia sede, dependencias y personal, que estarán sometidos a la legislación comunitaria, sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada en las votaciones, y establecer el uso de todas las lenguas oficiales y el acceso a los documentos. 
Apoyo el informe Demetriou y las enmiendas que ha presentado el ponente para reducir al mínimo los riesgos que comporta la centralización del sistema. Debo destacar igualmente que la formación que imparte la CEPOL debe complementarse a nivel nacional y que las instituciones nacionales deben seguir colaborando en red. 
. Me complace esta medida de crear una Escuela Europea de Policía como órgano de la Unión Europea. 
Me alegra especialmente que el Reino Unido haya sido el Estado miembro que ha tenido el honor de ser seleccionado para albergar la Escuela Europea de Policía. 
. – El objetivo de crear e institucionalizar la Escuela Europea de Policía es acelerar la adaptación de las autoridades policiales de cada país a la lucha contra los movimientos de base que amenazan las políticas de la UE. 
Forma parte de un esfuerzo general para adaptar los mecanismos de represión de cada uno de los Estados miembros de la UE a la denominada lucha contra el terrorismo. 
Aspira a impartir una «educación» uniforme a las fuerzas policiales de los Estados miembros, a fin de que sean más eficaces a la hora de proteger los intereses de las grandes empresas y de prevenir y suprimir las luchas y manifestaciones de base. 
De este modo se ceden derechos de soberanía nacional para servir el interés común de la plutocracia de cada país mediante un nuevo mecanismo de presión que requiere la ampliación de la jurisdicción, una personalidad jurídica y la capacidad para interferir en los asuntos internos de todos los países. 
Al mismo tiempo, el objetivo consiste en formar las fuerzas policiales en la «gestión de crisis no militares» , es decir, en la lucha contra las manifestaciones de base en países extracomunitarios. 
Votaremos en contra del informe sobre la creación de la Escuela Europea de Policía, por considerar que su objetivo no es luchar contra la delincuencia, sino reprimir los movimientos de base. 
. 
La propuesta de la Comisión reviste una gran importancia en la época en que vivimos. 
La delincuencia aumenta en general en toda Europa, y una Escuela Europea de Policía (CEPOL) más eficaz contribuirá a que el público se sienta más seguro. 
Las enmiendas que presentó la Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Presupuestos, que fueron adoptadas por unanimidad en cada una de ellas, vienen a mejorar considerablemente la propuesta inicial. 
La CEPOL obtuvo personalidad jurídica en 2004 y ahora necesita seguir evolucionando. 
Estas medidas, destinadas a crear una secretaría con el personal necesario, a financiarla exclusivamente con fondos del presupuesto comunitario y a contratar personal policial, pretenden cumplir este cometido. 
El informe del señor Demetriou ofrece soluciones viables a problemas que me parecen de la mayor importancia. 
He votado a favor. 
Los miembros de la Lista de Junio han decidido abstenerse en la votación de este informe. 
Este informe es de iniciativa propia y se basa sobre todo en la declaración de la Comisión sobre el transporte marítimo de corta distancia. 
El Parlamento Europeo nunca debió haber elaborado este documento. 
Somos conscientes de que la Comisión debe evaluar el transporte marítimo a fin de examinar la forma de desarrollar mejor el mercado interior. 
Sin embargo, no consideramos necesario en esta situación que el Parlamento Europeo redacte un informe sobre este tema. 
. 
En mi calidad de ciudadano portugués y de Vicepresidente de la Comisión de Transporte y Turismo, me preocupa mucho, lógicamente, el futuro del transporte marítimo. 
Como ya he dicho, creo en las virtudes de utilizar más el transporte marítimo y fluvial para pasajeros y mercancías. 
También creo, al igual que la comunicación de la Comisión y el informe que tenemos ante nosotros, que solo será posible si colaboramos a varios niveles, por ejemplo, eliminando los trámites burocráticos, racionalizando la administración e intentando mejorar las infraestructuras. 
Por eso he votado a favor. 
. 
Junto con el transporte por vías interiores de navegación, que constituye un medio de transporte seguro y compatible con el medio ambiente que representa aproximadamente el 7 % del transporte de mercancías de los antiguos 15 Estados miembros, el transporte de cabotaje también merece una mayor atención y fomento. 
Me felicito de la propuesta presentada, que da un importante paso hacia las «autopista del mar» , cuya creación deseamos. 
Me gustaría destacar la introducción de medidas coordinadas en el ámbito del transporte marítimo, los puertos y la política de transporte intermodal a fin de mejorar la función que cumplen los puertos en tanto que centros de la red de transporte, así como las medidas destinadas a reducir las formalidades administrativas y aduaneras. 
Considero que este recurso valioso y sostenible a medio y largo plazo sigue sin recibir la financiación debida. 
Como indica el informe, las grandes inversiones necesarias para ofrecer servicios regulares, frecuentes y variados solo resultarán rentables si se concentra un número suficiente de toneladas para su transporte. 
Para ello es necesario mejorar las instalaciones portuarias y aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. 
De acuerdo con los objetivos que figuran en el Libro Blanco de 2001, las «autopistas del mar» deben formar parte de la red transeuropea de transporte, al igual que las autopistas y las vías férreas. 
. 
La finalidad de esta propuesta e introducir nuevas medidas en el ámbito de la investigación europea para contribuir a alcanzar el objetivo fijado en Lisboa consistente en que la UE se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo en 2010. 
La adopción de este instrumento legal reviste gran importancia, ya que para alcanzar este objetivo, Europa necesitará 700 000 investigadores más en 2010. 
Por consiguiente es indispensable facilitar, mediante un procedimiento simplificado, la admisión y movilidad de nacionales de terceros países para dedicarse a la investigación científica, a fin de hacer que el mercado laboral de la Unión sea más atractivo para los investigadores de todo el mundo. 
Sin embargo, si bien el objetivo es fomentar la admisión y movilidad de investigadores, también es indispensable la adopción de medidas de seguimiento para evitar que esto no provoque una fuga de cerebros en los países menos desarrollados. 
Asimismo debemos adoptar las precauciones necesarias en materia de inmigración. Los canales de inmigración legal deben abrirse de forma controlada, dentro de determinados parámetros, como pueden ser las categorías de inmigrantes y las necesidades de cada Estado miembro. 
. Acojo con agrado este informe como un paso más hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
El informe Kok sitúa el aumento del atractivo de Europa para investigadores y científicos y el otorgamiento de la máxima prioridad a la I+D entre los temas políticos que exigen medidas urgentes. 
Estas propuestas de la Comisión fomentan el establecimiento de un espacio europeo de la investigación, destinado a derribar las barreras entre sistemas nacionales de investigación y a incrementar la movilidad de los investigadores, promoviendo así la transferencia de conocimientos especializados y la formación de redes de científicos. 
Es esencial que se acepte a investigadores no comunitarios para poder cumplir el objetivo de Barcelona de invertir el 3 % del PIB de los Estados miembros en investigación y desarrollo tecnológico. 
Para lograrlo, la Unión Europea tendrá que contratar a 700 000 investigadores para 2010 y no podrá producir por sí misma ese gran número de investigadores. 
Por lo tanto, es esencial que eliminemos los obstáculos que impiden entrar en la Unión a investigadores de otros países. 
Sin embargo, creo que es preciso conseguir un equilibrio entre la necesidad de dar un impulso a la investigación europea y las preocupaciones relativas a la inmigración y a la seguridad. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la idea de clasificar a los investigadores en la categoría de inmigrantes altamente cualificados... 
. 
Si Europa realmente pretende convertirse en la economía más competitiva, debe asumir un amplio compromiso –tanto en el orden material como en el humano– a la investigación. 
Por consiguiente, debemos acoger favorablemente y aplaudir las medidas destinadas a facilitarla, a hacerla menos burocrática y más atractiva para que los investigadores de terceros países se trasladen a los Estados miembros de la UE. 
Asimismo es necesario tener en cuenta, no obstante, que la extracción de capital humano de los países en vías de desarrollo difícilmente puede considerarse una manera de ayudar a estos o cooperar con ellos. Por ello, las políticas de este tipo deben ser bien ponderadas y equilibradas. 
No obstante, en vista de que el ordenamiento jurídico portugués bloqueaba la concesión de permisos de residencia en las condiciones contempladas en la Directiva, lo que llevó a la concesión de una excepción con una duración de dos años, pido a mi Gobierno que lleve a cabo sin demora las enmiendas necesarias, pues de lo contrario, Portugal no solo no se beneficiará de esta política de captación de investigadores, sino que, de hecho, sufrirá una pérdida. 
. 
El ámbito de la investigación europea se ha convertido en un factor clave dentro del nuevo objetivo estratégico de la UE para el próximo decenio, que consiste en convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
Para que Europa consiga esta meta necesitará 700 000 investigadores más en 2010. De este modo cumplirá el objetivo de dedicar un 3 % del PIB de los Estados miembros a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
Para atraer a los investigadores que necesitamos debemos, en un principio, adoptar medidas integradas, como mejorar el atractivo de la ciencia para los jóvenes, mejorar las perspectivas profesionales de los investigadores en la UE y aumentar las oportunidades de formación y movilidad. 
En vista de que la UE probablemente no encontrará tantos investigadores en su propio territorio, deben adoptarse medidas para atraer investigadores de terceros países. 
Por último, me complace que la propuesta conceda tanta importancia a la reunificación familiar. 
Las dificultades que tienen los investigadores para traer a su familia a Europa constituyen uno de los principales obstáculos a su traslado y puede llevarles a elegir una carrera distinta. 
He votado a favor. 
. 
Acojo favorablemente esta propuesta de resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre un proyecto de medidas de ejecución, como la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en el equipo eléctrico y electrónico, que «sobrepasarían las competencias de ejecución contempladas en los instrumentos de base». 
Todo indica que, en este ámbito, la Comisión no ha actuado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2002/95/CE. Por ello tenemos que pedir a la Comisión que vuelva a examinar esta propuesta de decisión a fin de restaurar la legalidad comunitaria. 
He votado a favor. 
–Ya se trate de la asistencia letrada, de la traducción y la interpretación, de la información sobre el Derecho, de la protección de los sospechosos o de la asistencia consular, estos cinco derechos procesales relativos al derecho a la defensa que figuran en el Libro Verde de la Comisión constituyen de hecho las normas legales fundamentales en los procesos penales. 
Nadie puede negar que la situación actual no es satisfactoria. 
Un solo ejemplo: en la actualidad, aquí, en Alsacia, un hombre está en la cárcel desde hace cinco meses, cuando se supone que una persona es inocente hasta que sea declarada culpable, según el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. 
El señor Lezeau, acusado de realizar pintadas racistas en el cementerio de Herrlisheim, debe probar ahora su inocencia, desde su celda, con la muy grave desventaja de ser considerado culpable desde el principio por el fiscal de Colmar, el señor Schultz, quien se basa en pruebas totalmente irrisorias. 
Si este informe permitiese resolver situaciones tan escandalosas e inicuas como esta, entonces sí, podríamos apoyar este texto. Pero me temo que no hay nada de eso. 
Creo que este informe no es más que una parte de un plan para endosarnos un espacio judicial único y no contiene nada que indique que vaya a suponer una mejor garantía de nuestras libertades. 
El hecho de que la UE vaya a definir las normas comunes mínimas que rigen los derechos procesales fundamentales de los sospechosos y acusados en los procesos penales puede parecer loable. 
Sin embargo, la propuesta forma parte del establecimiento de un sistema común de justicia penal. 
En el Convenio europeo sobre derechos humanos y libertades fundamentales, que han firmado todos los Estados miembros, ya se recogen garantías de estos derechos mínimos. 
Resulta dudoso que se haya respetado el principio de subsidiariedad y que exista una base jurídica en el Tratado para armonizar los sistemas penales de los Estados miembros. 
Además el hecho de determinar qué tribunal tiene el derecho preferencial de interpretación –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas– dará lugar a inseguridad jurídica. 
Por ese motivo, la Lista de Junio votará contra la propuesta. 
. 
La lucha contra el terrorismo ha agudizado la necesidad de luchar con eficacia contra la delincuencia. Lo que ha hecho que se realicen esfuerzos constantes, con el amplio apoyo de la mayoría, para establecer un equilibro entre el objetivo de luchar con eficacia contra la delincuencia y la obligación de respetar los derechos, libertades y garantías de las personas acusadas de dichos delitos. 
Además, la necesidad de confianza, reconocimiento mutuo y, lo que es más importante, la cooperación entre los Estados miembros no debe socavar el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados miembros, sobre todo en un ámbito tan específico como el Derecho penal. 
Gracias a las soluciones destinadas a satisfacer estas demandas, a saber, la introducción de la enmienda oral que la ponente presentó para la enmienda 51, he podido votar a favor. 
. 
El Parlamento ya ha adoptado una recomendación sobre el Libro Verde sobre las garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea, que describe los principales aspectos de esta cuestión. 
Mediante sus propuestas, la señora Buitenweg pide a la Comisión que incluya las demás medidas contempladas en el Libro Verde. 
En mi opinión, este informe destaca por dos motivos: en primer lugar debido a que defiende el espíritu que guía la Carta de derechos fundamentales, en particular sus artículos 47 y 48; en segundo lugar debido a que pretende aumentar la armonización de las normas que rigen los procedimientos penales. 
También me felicito de la propuesta de crear una sección en la que se recojan las definiciones de los conceptos usados con mayor frecuencia, así como la de crear una «Carta de derechos» por escrito para los acusados. 
En vista de que coincido con las propuestas de la ponente y que creo que la Comisión ha presentado una lista mucho más corta de garantías mínimas de obligado cumplimiento, he votado a favor. 
– Señor Presidente, este es el décimo año en que el Tribunal de Cuentas no ha emitido una declaración de fiabilidad positiva sobre las cuentas de la Comisión. 
Recientemente hemos visto cómo se acosaba a personas que habían denunciado irregularidades hasta que han dejado su puesto de trabajo y el estatuto creado por el señor Kinnock para los denunciantes no funciona. 
No tenemos referencias comparativas adecuadas del Tribunal de Cuentas, así que la Comisión de Control Presupuestario no está en condiciones de juzgar si las cosas mejoran en las cuentas de la Comisión. 
Y no parece que la responsabilidad acabe en la Comisión, a pesar de que los Tratados dicen que es así: la Comisión señala siempre a los Estados miembros, diciendo que es allí donde se pierde el dinero y que no es su problema. 
Por último, el Parlamento Europeo hace gala de una gran estrechez de miras. 
No quiere causar problemas a la Comisión, pero los ciudadanos de mi circunscripción –de Leicester, Lincoln, Louth, Rushcliffe, Nottingham– me escriben constantemente para preguntarme qué estamos haciendo para resolver los problemas contables de la Comisión. 
El Parlamento ha optado por no hacer nada. 
Por eso he votado en contra de las aprobaciones de la gestión. 
. Tanto yo como mis colegas conservadores británicos hemos votado en contra de los informes del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria porque, por décimo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir una declaración de fiabilidad positiva con respecto a las cuentas comunitarias. 
Los conservadores creemos que la Comisión debe abordar urgentemente este problema, persiguiendo estrictamente todos los casos de mala administración y fraude, centrándose en tres ámbitos principales: 
1. 
Es preciso mejorar los sistemas de contabilidad. 
El nuevo sistema debe ser objeto de estrecha vigilancia con el fin de garantizar que produzca las cuentas de calidad que se nos han prometido. 
2. 
Para conseguirlo es preciso dar a los denunciantes un trato que no solo sea justo, sino que además lo parezca. 
3. 
El ámbito que preocupaba más a los auditores es el 80 % del presupuesto que se gasta en los Estados miembros. 
La Comisión es responsable del gasto de todos los fondos comunitarios, pero en realidad esa potestad se delega en las agencias de pago en los Estados miembros. 
El objetivo debe ser hacer responsables de ese gasto a los Estados miembros. 
. 
Me felicito del apoyo dado a la aprobación de la gestión en la comisión parlamentaria. 
Corresponde ahora a la Comisión hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto general. 
La conclusión que podemos sacar del excelente informe del señor Wynn es que la ejecución en general fue positiva. 
No obstante, el ponente señala que esto contrasta con la preocupante diferencia entre los importes desembolsados y la ejecución. 
Creo que esta advertencia resulta muy apropiada. De este modo podremos establecer un mejor equilibrio, en las nuevas perspectivas financieras para el período 2007-2013, entre la elaboración de las políticas y el proceso de su correcta ejecución. 
Por ello resulta aún más importante que volvamos a examinar el sistema de administración de la Comisión y la distribución de procesos administrativos. 
Sin perjuicio de la responsabilidad que tiene cada Estado miembro en la ejecución de cada presupuesto, que deseo destacar (y que apoyo) , es necesario poner remedio a los problemas de organización y burocracia que la obstaculizan (siendo ejemplos evidentes de ello la investigación y la protección de los consumidores) y que han provocado niveles de ejecución tan bajos (68 %) en ámbitos tan importantes como la libertad, la seguridad y la justicia. 
Apoyo en especial la propuesta del Tribunal de Justicia de establecer un marco interno de control comunitario y un único modelo de auditoría, y me felicito del énfasis que este informe concede al sector del desarrollo. 
Ahora tenemos una nueva Comisión, que no puede ser considerada responsable por lo que hizo la anterior. 
Sin embargo, el seguimiento y la reclamación de fondos pagados por error sigue siendo un problema para la nueva Comisión y es necesario adoptar nuevas medidas en este aspecto. 
El motivo más importante para no aprobar la gestión es que no todos los miembros de la comisión parlamentaria recibieron todos los documentos que habían solicitado para examinar a la Comisión. 
–) Señor Presidente, lamento profundamente que el Parlamento haya votado a favor de la aprobación de la gestión a pesar de que hay una demanda pendiente contra uno de sus anteriores diputados por solicitar dietas indebidamente. 
No voy a comentar en esta intervención si el ex diputado al Parlamento Europeo por el Partido Conservador británico, el señor Bashir Khanbhai, era responsable o no de la solicitud indebida de dietas. 
Sin embargo, es preciso destacar que, ya en julio de 2004, los Cuestores llegaron a la conclusión de que sí era culpable de ello, y aquí estamos, casi diez meses después, en abril de 2005, y ese dinero no se ha devuelto. 
La lentitud de este proceso está provocando el descrédito de este Parlamento. 
Espero que el año que viene, cuando volvamos a tratar la cuestión de la aprobación de la gestión presupuestaria del Parlamento, ese tema esté cerrado desde mucho antes. 
En nombre de la delegación del Partido Popular Austriaco, a mi también me gustaría decir algo sobre el informe Juknevičienė. 
Como expresión de nuestro deseo de que se adopte un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, no hemos votado en contra de la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, y hemos seguido en general la línea que adoptó el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, por creer que estas adiciones no resultan relevantes para el informe de aprobación de la gestión. 
Somos conscientes de que el Estatuto de los diputados actualmente se está negociando con el Consejo, y queremos que se negocie como un paquete y que estas negociaciones den por resultado una solución adecuada, que no deseamos prejuzgar. 
El dinero de los contribuyentes siempre debe administrarse con el mayor de los respetos. 
Los representantes electos deben cumplir, lógicamente, con las normativas establecidas. 
Los representantes electos deberían poder decidir de qué forma utilizar los créditos destinados al cumplimiento de sus funciones. 
Ni otros políticos deben poder decidir qué conversaciones telefónicas son justificadas ni pedir que los políticos revelen a quién consultan o con quién hablan. 
Deben poder proteger sus fuentes y contactos entre los electores. 
En vista de ello, hemos votado contra la exigencia de realizar auditorias anuales de los gastos oficiales de los diputados y diputadas del Parlamento Europeo. 
En un punto nos hemos visto obligados, por razones técnicas, a votar a favor de una auditoría anual, porque estamos de acuerdo con que el déficit del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se financie con fondos públicos. 
Nunca debe concederse a la mayoría de los diputados y diputadas al Parlamento Europeo la posibilidad de influir sobre la capacidad de otros representantes electos para representar a sus partidos o sus países. 
Los diputados y diputadas de Suecia al Parlamento Europeo son responsables de sus actos ante los electores suecos y no ante sus oponentes políticos de otros países. 
Por ello hemos votado en contra de que el Parlamento pueda suspender a sus diputadas o diputados. 
. 
Entre los muchos aspectos que aborda esta resolución sobre la remuneración de las diputadas y diputados al Parlamento Europeo, una mayoría del Parlamento vuelve a insistir una vez más en fijar un sueldo único para estos, argumentando que no debe existir diferencia entre los sueldos que perciben. 
Lo que no se dice es que si se establece un sueldo único –de aproximadamente 8 500 euros (alrededor de 1,7 millones de escudos) para todos los diputados, independientemente del país al que representen– se crearía una situación moral insostenible si se compara este salario con el de los trabajadores (y de otros políticos y personas que ocupan cargos públicos) en la mayoría de los países y, sin duda, en Portugal. 
El sueldo de las diputadas y diputados al Parlamento Europeo deben equipararse a los sueldos de los diputados del Parlamento nacional del país en que han sido elegidos. 
Las diputadas y diputados al Parlamento Europeo se eligen en cada país y están –y deberían seguir estando– sometidos a las normas de ámbito nacional. 
Debemos seguir aplicando medidas destinadas a reforzar la responsabilidad y un seguimiento estricto de los medios financieros asignados a las diputadas y diputados europeos para el ejercicio de sus funciones. 
Por ello he votado en contra. 
. Tanto yo como mis colegas diputados al Parlamento Europeo por el Partido Conservador hemos apoyado siempre los esfuerzos por conseguir que el Parlamento Europeo tenga una única sede, que debe estar en Bruselas. 
El coste para el contribuyente de la sede de Estrasburgo se cifra en unos 150 millones de libras al año. 
Es un gran despilfarro de fondos públicos. 
Los contribuyentes británicos merecen un uso eficiente de su dinero. 
Los costes del apoyo a las actividades parlamentarias tanto en Estrasburgo como en Bruselas resultan ahora idefendibles, y seguiremos batallando por que el Parlamento se reúna en el futuro únicamente en Bruselas. 
. 
No puedo votar a favor del informe elaborado por la Comisión de Control Presupuestario, por estar lleno de afirmaciones excesivas, distorsiones y supuestos erróneos por lo que se refiere a la remuneración de los diputados, el reembolso de sus gastos generales y de viaje, y las normas sobre sus pensiones voluntarias. 
La forma en que algunas diputados y diputadas intentan labrarse una reputación mediante desinformación y difamación en algunos medios de comunicación resulta realmente repugnante, y todo ello acaba por hacer daño al buen nombre de este Parlamento y de la UE en su conjunto. 
No podemos seguir tolerando la irresponsable tentativa de varios autodesignados agentes de limpieza consistente en acusar de tramposos a la generalidad de las diputadas y diputados que cumplen las normas y no son culpables de una sola infracción de las mismas. 
Mi abstención en la votación de este informe –a pesar de que voté a favor de las considerables mejoras introducidas en él– pretende tan solo dejar constancia. 
Otra de las razones por las que no puedo votar a favor de este informe es que sus declaraciones en relación con la sede del Parlamento en Estrasburgo y sus lugares de trabajo en Luxemburgo y Bruselas simplemente van en contra del Tratado vigente y de las decisiones adoptadas sobre el lugar en el que deben celebrar las sesiones del Parlamento. 
Los gastos adicionales que denuncia como consecuencia de que trabajemos en tres lugares distintos son en gran parte resultado de un cálculo sumamente impreciso que no toma en consideración las ventajas de esta descentralización, y detrás del cual –añadiría yo– se encuentra el injustificado egoísmo del de Bruselas. 
He votado a favor de la enmienda 11, que se refiere al reembolso de los gastos de viaje acreditados. 
Es esencial que los gastos de los diputados al Parlamento Europeo sean transparentes. 
También quisiera declarar que soy parte interesada, ya que soy miembro del fondo de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo. 
No obstante, creo que es imposible defender que los contribuyentes europeos deban subvencionar cualquier déficit del fondo de pensiones, así que he votado a favor de las enmiendas 5 y 12. 
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Cuando votamos la aprobación de la gestión no existe una distinción clara entre lo que concuerda con las decisiones políticas que rigen la gestión financiera y la validez de las cuentas presentadas; si tengo objeciones contra las primeras, no necesariamente las debo tener contra las segundas. 
Por otra parte, el informe contiene ciertos elementos y recomendaciones que justifican completamente mi voto a favor. 
En este contexto deseo manifestar mi apoyo al estatuto único para los diputados europeos, con lo que se pondría fin a la inaceptable desigualdad entre personas elegidas por ciudadanos iguales. 
También estoy de acuerdo en que Bruselas se convierta en la única sede permanente del Parlamento a fin de aprovechar al máximo los recursos humanos y financieros, pues después de todo, el hecho de que el Parlamento tenga dos sedes conlleva una duplicación de los gastos que resulta onerosa y absurda. 
Por último, estoy de acuerdo en que es necesario aumentar la financiación destinada a los servicios de interpretación. 
El conocimiento de lenguas extranjeras no debe ser un requisito para que las diputadas y diputados europeos cumplan sus obligaciones. 
. 
Me congratulo de los buenos resultados conseguidos en 2003, que es el primer ejercicio sobre el que los Directores Generales han elaborado informes anuales de actividades. Posteriormente, el Secretario General los transmitió al Presidente y a la Comisión de Control Presupuestario, junto con una declaración en la que garantizaba dentro de lo razonable que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado de conformidad con los principios de una buena gestión financiera, y en la que aseguraba la legalidad y regularidad de las correspondientes transacciones. 
Asimismo se logró un alto nivel de ejecución presupuestaria. 
Lamento que se haya aprovechado este informe para atacar una vez más a Estrasburgo como sede del Parlamento Es cierto que tener dos sedes genera gastos elevados e innecesarios, así como grandes inconvenientes. 
Sin embargo, la opción por Bruselas no es el único camino y sería una medida divisoria y de poca visión de futuro. 
También podríamos celebrar todas las sesiones en Estrasburgo, cosa que fortalecería la independencia cotidiana, práctica y funcional del Parlamento respecto al Consejo, la Comisión y sus funcionarios. 
Para mí, esta es la respuesta correcta a esta situación. 
Solamente si tomamos esta decisión – una sede permanente en Estrasburgo y el final de los traslados– las autoridades francesas y las autoridades locales de Estrasburgo efectuarán las inversiones necesarias para modificar de forma duradera el sistema de transporte. 
. 
El amplio apoyo para cada uno de los 14 procesos de aprobación de la gestión de las agencias descentralizadas nos lleva a la conclusión automática que sus actividades deben tener un producto final. Si es así, este constituirá a su vez una mejora general de la eficacia de las actividades de la UE. 
Desde la creación de la primera agencia, en los años setenta, hasta la más reciente –la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, creada en marzo de 2004– la ejecución de las tareas de carácter técnico, científico o de gestión ha adquirido mayor visibilidad, que era uno de los principales objetivos de su creación. 
Hemos sacado lecciones de las experiencias obtenidas a fin de encontrar nuevos métodos e introducir mejoras, tanto en lo que se refiere a la integración y la transparencia de sus actividades, como en lo relativo a incrementar su complementariedad, de modo que los recursos necesarios están mejor organizados y son administrados con más eficiencia para lograr resultados, y se ha concebido una estrategia de comunicación para difundir dichos resultados. 
Estos son algunos de los métodos que recomienda el informe, a los que yo añadiría que debemos examinar el funcionamiento cotidiano de los proyectos y la pertinencia, eficacia y eficiencia reales de la aplicación del modelo de cada agencia y de su contribución a las políticas de la Comunidad. 
. 
Como ya he manifestado en innumerables ocasiones, considero que la dimensión exterior de la UE y, en particular, la ayuda al desarrollo, constituye uno de los aspectos más importantes del proyecto europeo. 
Por ello me felicito de la opinión emitida por el Comité de Desarrollo en el sentido de que el objetivo más importante debería ser erradicar la pobreza mediante el fortalecimiento de las infraestructuras sociales, educativas y sanitarias, el aumento de las capacidades de producción de los sectores más pobres de la sociedad y la asistencia a aquellos países que la requieren con más urgencia a fin de permitirles aumentar su crecimiento y sus posibilidades. 
En vista de ello, como ya dije en la otra sede parlamentaria, considero que es indispensable que un 20 % de los gastos de la UE destinados a la cooperación al desarrollo se canalicen hacia la enseñanza básica y la sanidad en los países en vías de desarrollo. 
El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) es un instrumento clave para llevar a cabo dichas políticas en los países de África, el Caribe y el Pacífico. Por consiguiente, la Comisión debe acelerar, como propone este informe, el desembolso de las ayudas con cargo al FED a fin de evitar que no se utilicen estos recursos, como pone de relieve la alarmante tendencia de reciente aparición. 
Esta ejecución más expeditiva que deseamos debe ir acompañada de una mayor transparencia, de una mayor responsabilidad y de una mayor observancia de los principios de la buena gestión financiera. 
He votado a favor de la propuesta de resolución. 
– Señor Presidente, me gustaría hacer unos cuantos comentarios sobre el apartado 47 del informe de la señora Kinnock. En él se presenta una actitud superficial e inhumana hacia la cuestión del aborto. 
En ese texto, el aborto se considera un procedimiento técnico en el que lo único que importa es la seguridad física de la mujer; en él no se dice nada acerca de los factores psicológicos y solamente se habla de la mujer, no de la persona que podría nacer. 
Asimismo aprueba en principio cualquier norma legal al declarar que debe existir algún tipo de reglamentación legal. 
En algunos países, sobre todo no pertenecientes a la Unión Europea, esta actitud puede resultar totalmente inaceptable. 
De este modo, con dicha actitud hacia el aborto, no solo sus iniciadores, sino también el propio Parlamento Europeo contribuye a que la crueldad se arraigue en nuestra sociedad. 
Estoy convencido de ello y me apena que haya sucedido. 
La lucha mundial contra la pobreza es una cuestión sumamente importante que exige un compromiso internacional de envergadura. 
Sin embargo, la Lista de Junio considera que esta cuestión no debe tratarse dentro del marco de la cooperación de la UE. 
Los Estados miembros de la UE deben decidir por sí mismos el nivel de la ayuda y la posible condonación de la deuda. 
La cooperación internacional para luchar contra la pobreza debe tener lugar dentro de la cooperación en el marco de Naciones Unidas. 
Naciones Unidas tiene una amplia experiencia en la lucha contra la pobreza y es la organización internacional mejor preparada para gestionar la cooperación internacional en este ámbito. 
La mejor manera de luchar contra el VIH/sida es en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La Lista de Junio pretende limitar la cooperación de la UE. 
Nos oponemos a que la UE intente obtener influencia y competencias en cuestiones de las que ya se ocupan las organizaciones internacionales existentes. 
. 
El informe que tenemos ante nosotros presenta una evaluación de la situación que condena, por ejemplo, que el número de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza sigue creciendo y que la lucha contra la pobreza exige un cambio radical de política a fin de luchar contra las causas estructurales de la pobreza, tales como el pago de una deuda inasequible por parte de los países en vías de desarrollo y el injusto reparto de la riqueza. Sin embargo, también pone de manifiesto sus «limitaciones» , pues no propone media alguna para luchar eficazmente contra las causas que destaca, acepta la liberalización del comercio mundial y no pide la condonación incondicional de la deuda de todos los países en vías de desarrollo, como se propone en la enmienda que presentamos y fue rechazada. 
Contiene, no obstante, algunos elementos positivos, como la necesidad de que los servicios relacionados con el agua sigan en manos del Estado por principio, es decir, que adopta la enmienda que presentamos, en la que se reafirma que el agua es un recurso común de la humanidad y que el acceso a ella es un derecho humano fundamental que se debe promover y proteger. 
. El Sinn Fein ha apoyado siempre los ODM y el objetivo de reducir a la mitad la pobreza en el mundo para 2015. 
El informe de la señora Kinnock describe los muchos pasos que tienen que dar la Unión Europea y sus Estados miembros para cumplir esos importantes objetivos. 
Por eso apoyamos su resolución. 
Los considerandos 47 y 63 contienen elementos que no casan con la política del partido Sinn Fein y nuestro apoyo a los elementos básicos de la resolución no debe interpretarse como un apoyo pleno a los detalles de esos dos considerandos. 
. 
La UE tiene enormes obligaciones –y ventajas, no lo olvidemos– por lo que se refiere a la contribución al desarrollo. 
La interminable retórica destinada a defender una serie de valores, un modelo de crecimiento y una manera de comportarse en las relaciones internacionales debe traducirse en acciones prácticas. 
Esta política, que debe ser prioritaria y servir para ampliar el espacio de desarrollo económico y democrático, y de respeto de los derechos humanos, no debe confundirse, sin embargo, con la política que llevan a cabo determinados grupos, movimientos o partidos, y que consiste en exportar progresivamente sus programas políticos. 
El mundo occidental desarrollado tiene un legado en el que nosotros participamos que está suficientemente extendido e integrado, y este legado debe formar parte de nuestros esfuerzos para promover el desarrollo. 
Esta debe ser la columna vertebral de nuestras políticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
. 
La lucha contra todas las formas de pobreza exige un compromiso mundial en el que participe la comunidad internacional y son los países más desarrollados los que tienen más responsabilidad al respecto. 
La reducción a la mitad del número de personas que viven en la pobreza extrema, que incluye la propagación del VIH/sida y el acceso universal a la educación primaria en todo el mundo son objetivos que merece la pena respaldar en general y son cuestiones a las que la UE no puede cerrar los ojos. 
Por consiguiente, he votado a favor de la propuesta de resolución ya que creo que las Metas de Desarrollo del Milenio constituyen objetivos que la UE, como defensora y promotora de los derechos humanos, tiene que apoyar y fomentar. 
Si se consiguen, representarán un progreso mundial considerable y una señal de humanismo auténtico, práctico y eficaz. 
Sin embargo, me siento obligado a señalar y a expresar mi decepción por los intentos que se han hecho para manipular conceptos utilizando un lenguaje parlamentario concebido para enmarañar las cosas de cara a estos objetivos, cuyo ejemplo más destacado es el uso de expresiones eufemísticas destinadas, pura y simplemente, a la difusión y fomento del aborto. 
En esta sección, he votado en contra. 
Uno puede difícilmente decir que este tipo de prácticas representan una victoria sobre la pobreza; más bien son derrotas para la raza humana. 
Con esto concluye la votación. 
. – Señor Presidente, durante los últimos cinco años, en Bulgaria se han intensificado, bajo distintos Gobiernos, las reformas políticas, económicas y sociales en el marco de sus negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. 
He tenido el honor y el placer de ser el ponente del Parlamento para Bulgaria durante ese periodo. 
Bulgaria está ahora a punto de convertirse en miembro de la Unión. 
La función más importante que debe desempeñar ahora el Parlamento es dar su consentimiento a la solicitud de Bulgaria de convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que el Parlamento aprobará mañana plenamente la recomendación para la adhesión. 
El proceso de modernización no finaliza con la firma del Tratado de Adhesión, que esperamos que se produzca el 25 de abril. 
Tengo que destacar que el Tratado de Adhesión de Bulgaria, y también el de Rumanía, difiere de los tratados de la anterior ampliación en dos aspectos importantes. 
En primer lugar, hay ciertas «cláusulas de salvaguardia» , que permitirían retrasar la adhesión hasta un año en determinadas circunstancias. 
A mi juicio, Bulgaria ha tenido la mala suerte de verse afectada por unos temores que son más acusados en relación con otro país. 
Siempre he insistido en que Bulgaria debe ser juzgada por sus propios méritos, puesto que, de ser así, la invocación de las cláusulas de salvaguardia se consideraría una posibilidad remota. 
No obstante, esas cláusulas nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer en términos de modernización y aplicación práctica de la legislación. 
Por supuesto, este Parlamento debe participar plenamente en cualquier debate sobre la posibilidad de aplicar las cláusulas de salvaguardia. 
Por lo tanto, la Comisión debe tener en cuenta las opiniones del Parlamento. Creo que el Comisario Rehn nos puede tranquilizar sobre ese punto. 
La segunda diferencia es que la ratificación de la Constitución Europea va a coincidir con la ratificación del Tratado de Adhesión. 
Personalmente, quisiera destacar que mis reservas sobre esa cuestión quedan mitigadas por mis esperanzas de que la Constitución no sea aprobada, evitándonos una situación embarazosa. 
Todos los partidos políticos están a favor de la adhesión a la Unión Europea y comprenden perfectamente que todavía queda mucho por hacer. 
El próximo Gobierno tendrá que movilizar recursos y demostrar su voluntad política real de llevar a cabo las reformas necesarias, sobre todo en el poder judicial y en los servicios de policía. 
El público debe poder confiar en la eficacia y la imparcialidad de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico. 
La fase anterior al juicio y la función de la fiscalía son dos aspectos preocupantes que deben abordarse. 
Hay muchos más problemas. 
La integración de la comunidad romaní sigue siendo una prioridad. 
Esta cuestión depende de los recursos y de la voluntad política del Gobierno, así como de la motivación de la comunidad romaní para adaptarse a las normas de la sociedad en general. 
No me convence una enmienda a mi informe que solicita la creación de un nuevo organismo regulador con toda su inevitable burocracia. 
En lo que respecta a Kozloduy, las autoridades búlgaras, ayudadas por la comunidad internacional, han tomado medidas de seguridad excepcionales y han respondido positivamente a la exigencia del cierre de determinadas unidades. 
Ahora es preciso mostrar cierta flexibilidad a cambio de su colaboración, teniendo en cuenta la importante aportación que hace Bulgaria para cubrir las necesidades energéticas regionales. 
Me complace la decisión del Gobierno búlgaro de reanudar la construcción de la segunda central nuclear de Belene. 
El 30 de marzo, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores votaron por una amplia mayoría a favor del texto de mi informe tal y como está ahora y, por lo tanto, no recomiendo que se aprueben nuevas enmiendas. 
Por último, quisiera hacer mención a un tema distinto pero importante: acojo con agrado la invitación que Libia ha hecho llegar al Presidente de Bulgaria para que realice una visita a ese país. 
Espero que eso permita la rápida liberación de los trabajadores sanitarios búlgaros y el médico palestino detenidos en 1999 y ahora condenados a muerte. 
Al mismo tiempo, apoyamos plenamente la ayuda práctica que la Unión Europea está dando para contribuir a aliviar el sufrimiento de los niños afectados por el VIH 
Estamos ante un momento emocionante para Bulgaria. 
Estamos en vísperas de la votación de la aprobación a la adhesión de Bulgaria. Ruego a la Cámara que vote a favor. 
. –Señor Presidente, Señorías, como les he dicho en varias ocasiones anteriores, tras la negociación de las conclusiones de la adhesión con Bulgaria y Rumanía en el Consejo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004, la Comisión emitió un dictamen favorable a su adhesión el 22 de febrero de 2005. 
Corresponde ahora al Parlamento emitir un dictamen conforme sobre la solicitud de esos dos países. 
En este contexto, me parece importante –creo que el señor Van Orden compartirá este punto de vista– evitar disociar las votaciones sobre Bulgaria y Rumanía. 
Por consiguiente, hemos de mostrarnos igualmente favorables en ambos casos, y ello de forma clamorosa. 
La Comisión de Asuntos Exteriores también ha votado a favor de la adhesión de Rumanía por una mayoría sustancial, y hoy les pido que otorguen su consentimiento a la adhesión de Rumanía. 
¿Por qué? 
Porque sigo defendiendo una actitud positiva, clara y rigurosa. 
Positiva porque la adhesión de Rumanía responde a una voluntad política de la Unión Europea y a una voluntad de los rumanos. 
Positiva porque se han realizado muchos esfuerzos, muchos progresos en la vía de la adhesión, y creo que han actuado como un catalizador para la sociedad rumana: el anterior Gobierno comenzó a trabajar, el actual continúa la tarea y estamos en el buen camino. 
Al mismo tiempo, sugiero que seamos claros y rigurosos porque no podemos negar que sigue habiendo problemas, que conocemos bien. 
Quedan muchas cosas por hacer en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el control de fronteras, el reconocimiento y la protección de las minorías, entre otras las minorías romaní y húngara, en el ámbito de la competencia y en materia de medio ambiente. 
El Gobierno rumano, seguiremos diciéndolo, debe concentrarse en la aplicación efectiva de la reforma administrativa y judicial, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, en la libertad de información, que por supuesto es decisiva para nosotros, y en la mejora de la gobernanza local y regional. 
Añadiré, por último, que existen salvaguardias o instrumentos que nos permiten seguir actuando. 
Pienso, por ejemplo, en el recurso posible a cláusulas de salvaguardia, que no deben concebirse como una sanción, sino más bien como una palanca para la acción, como una manera de ejercer una presión positiva para asegurar que las cosas evolucionen en la buena dirección, en particular en los ámbitos que acabo de mencionar. 
Sobre esta base, el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores se centró en un punto absolutamente decisivo, la función de nuestro Parlamento. 
En efecto, en este procedimiento de dictamen conforme, hay una cuestión que nos preocupa: ¿qué pasará tras la firma del Tratado de Adhesión, dado que el Consejo pide al Parlamento Europeo que otorgue su dictamen conforme a una adhesión que no tendrá lugar hasta dentro de veinte meses? 
El procedimiento es inhabitual, pues de costumbre damos el dictamen conforme en una fase más tardía del proceso. 
A muchos diputados les inquieta esta situación. 
Temen firmar de algún modo un cheque en blanco, privarse de cualquier capacidad de acción en el intervalo de tiempo que nos separa de la adhesión efectiva, cuando hay problemas, que incluso pueden agravarse, y cuando existe la posibilidad de que se recurra a una cláusula de salvaguardia. 
Es importante, pues, que la Comisión y el Consejo asocien plenamente al Parlamento Europeo al seguimiento de la situación para asegurar que Rumanía respete sus compromisos. 
En una reunión de la comisión competente, el Comisario Rehn contrajo el compromiso político de asociar al Parlamento a la preparación de la adhesión de estos dos países y, en particular, de consultar al Parlamento en caso de que se recurra a las cláusulas de salvaguardia. 
Varios diputados han trabajado sobre este tema, se han presentado enmiendas sobre las citaciones y recomendaciones de los informes sobre Bulgaria y Rumanía, porque en el fondo el Parlamento ha de desempeñar un papel de socio en ambas situaciones. 
Por lo demás, el Presidente Borrell, que se ha mostrado muy activo en este asunto, ha escrito una carta al respecto al Presidente Barroso, pidiéndole que confirmara la posición adoptada por el Comisario Rehn el 30 de marzo, cosa que ha hecho, pero imagino que él mismo lo mencionará. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, señor Jean-Claude Juncker, también ha mantenido un intercambio de cartas al respecto con el Presidente Borrell. 
Por tanto, ¿qué podemos esperar hoy si no una confirmación de este compromiso no solo por parte de la Comisión, sino también por parte de la Presidencia del Consejo, hoy o mañana? 
Espero, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio, que puedan tranquilizarnos a este respecto, para que podamos votar todos a favor de este dictamen conforme. 
Corresponderá después al Parlamento Europeo, cuando la Comisión publique su próximo informe en noviembre, juzgar si este compromiso se ha respetado y sacar las conclusiones pertinentes. 
En todo caso, lo que deseamos es que el Parlamento pueda aprobar este informe con la mayoría más amplia posible, que lo haga siendo consciente de que abre una nueva fase en la ampliación de la Unión Europea y en la realización de un proyecto común, pero que lo haga también con el sentimiento que he percibido hablando con muchos diputados, el sentimiento de que Europa necesita ser protegida, de que debería ser posible votar con seguridad y de que este Parlamento debe ser también uno de los garantes de esa protección y esa seguridad 
. Señor Presidente, el informe del Parlamento Europeo aprobado unánimemente ayer por la noche tiene dos orígenes fundamentales. 
En primer lugar, la constatación del Consejo en marzo de 2004 de que el paquete financiero propuesto por la Comisión para Bulgaria y Rumanía es justo y equilibrado, excluyendo por completo la otra rama de la autoridad presupuestaria. 
En segundo lugar, el Consejo pretende incluir en el anexo del Tratado de adhesión montantes fijos, para los años 2007 a 2009, de gastos no obligatorios que pasan a ser obligatorios, vulnerando así las competencias institucionales y presupuestarias del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo lamenta profundamente que el Consejo se haya negado sistemáticamente a llegar a un acuerdo para la elaboración de una declaración conjunta con el Parlamento sobre las implicaciones financieras de la adhesión de estos dos países. 
Para el Parlamento, la falta de voluntad por parte del Consejo significa una falta de leal cooperación en el espíritu del acuerdo interinstitucional. 
El Parlamento rechaza contundemente esta vulneración de sus competencias presupuestarias. 
En este anexo, en el que las cifras serán fijas, pasan a ser obligatorias partes que son competencia absoluta del Parlamento Europeo. 
Por ello, el Parlamento hace un llamamiento al Consejo para que se avenga a esta declaración conjunta. 
Dejamos esta puerta abierta antes de la firma de la adhesión: que el Consejo lleve a buen puerto esa declaración conjunta. 
Asimismo, ha de subrayarse que el Consejo debería tener muy claro que con su negativa está mandando una señal pésima para las negociaciones futuras sobre las perspectivas financieras. 
. – Señor Presidente, Señorías, la señora Dührkop Dührkop y yo hubiéramos preferido presentarles hoy una declaración conjunta negociada que garantizara los derechos del Parlamento en asuntos de política presupuestaria y presentar un paquete financiero creíble con respecto a Rumanía y Bulgaria. 
También esperaba que el Consejo hubiera aprendido algo de las numerosas y variadas dificultades que tuvimos en la última ronda de ampliación, pero, por desgracia, los esfuerzos de esta delegación de la Cámara para las negociaciones y también de la Presidencia luxemburguesa no se han visto coronadas con el éxito en este sentido. 
Si puedo aludir a lo que la señora Dührkop Dührkop ha dicho, los derechos del Parlamento, bien en relación con el Presupuesto o con cualquier otra cosa, no son una miseria; no se pueden infringir a la menor oportunidad. 
Para hacerlo se da una imagen mala y desfavorable de los próximos paquetes, sobre los que tenemos que negociar juntos, en interés no solo de la capacidad de actuar de la Unión Europea. 
Por este motivo, quiero reiterar, para que conste en acta, que, sobre la base de las cifras y estimaciones que la Comisión nos ha puesto a disposición, así como de nuestras propias investigaciones, damos por sentado que la suma total de dinero reservado para Bulgaria y Rumanía de 2007 a 2013 ascenderá probablemente a unos 44 300 millones de euros, incluyendo 16 000 millones de euros en el período anterior a 2009 –se han acordado alrededor de 12 500 millones de euros en el Tratado de Adhesión– y 28 000 millones de euros para el período comprendido entre 2010 a 2013. 
Esto por un lado. 
El problema de todo esto, sin embargo, es que si no hay perspectivas financieras, estos acuerdos infringen la prerrogativa presupuestaria del Parlamento Europeo, al hacer que los gastos no obligatorios sean compromisos y, por lo tanto, interfieran en cierta medida en el espacio de maniobra del Parlamento y para estructurar alternativas en caso de fracaso de las perspectivas financieras, en particular en los campos de la política interior y exterior, en la planificación financiera posterior. 
Con unos resultados tan mediocres de las negociaciones, esto es algo que todos los diputados y todos los Grupos políticos deberían considerar detenidamente. 
. Señor Presidente, Señorías, los padres fundadores de la Comunidad manifestaron claramente en 1957, en el Tratado de Roma, que estaban «resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos». 
En el Preámbulo de dicho Tratado, los Estados miembros invitan a los demás pueblos de Europa –incluidos los países que estaban separados de ella en la época– que comparten los mismos ideales de paz y libertad a que se asocien a su proyecto de construcción de una Europa unida. 
Mañana, con la aprobación de los dictámenes conformes relativos a la conclusión de la quinta ampliación de la Unión, que comprende a Bulgaria y Rumanía, el Parlamento Europeo permitirá a la Unión dar un paso decisivo en el proceso de unificación de nuestro continente. 
Es una nueva etapa en el proceso de convergencia: las naciones búlgara y rumana recuperarán así el lugar que les corresponde en esta Europa con la que comparten historia, patrimonio y cultura. 
Estos dos países encontrarán así su lugar en un continente abierto a la cultura, al saber y al progreso social, como subraya el Preámbulo de la Constitución. 
Con su dictamen conforme, sus Señorías realizan una contribución crucial a una Europa sin líneas de demarcación, una Europa de la democracia, de la libertad, de la paz y del progreso, que comparte los mismos valores que se consagran en la Constitución para Europa. 
Por otra parte, la adhesión de estos dos países a la Unión es, en primer lugar, una adhesión a esos valores, a ese modelo europeo al que se adhieren los ciudadanos europeos, todos los ciudadanos europeos. 
Nuestra más noble ambición, que comparten los ciudadanos de estos dos países, que han reencontrado la libertad tras casi cinco decenios de opresión en ocasiones terrible, es precisamente vincular a esos países a esos valores. 
Formularé una pregunta sencilla, que también está dirigida a su Señoría: ¿qué europeo convencido que desee hacer avanzar a Europa en la vía de la democracia y de los derechos humanos, pero también de los derechos sociales, puede correr razonablemente el riesgo de rechazar la Carta de los Derechos Fundamentales, parte integrante de la Constitución y que marca una etapa fundamental en la construcción de nuestra Europa, de una Europa basada en valores comunes? 
Por otra parte, estos dos países han participado plenamente en la elaboración de esta Constitución, que dará a Europa unos cimientos más sólidos. 
El éxito de esta ampliación depende no solo de los esfuerzos concretos de Bulgaria y Rumanía en el proceso de reforma de sus sociedades. También se necesita el apoyo de nuestros conciudadanos, que deben comprender el sentido de esta ampliación para la estabilidad de nuestro continente. 
El Parlamento Europeo tiene un papel vital que desempeñar otorgando su legitimidad política y su credibilidad a este proceso. 
Este quinto proceso de ampliación, lanzado en 1997 por el Consejo Europeo de Luxemburgo, ha sido un proceso integral, inclusivo y evolutivo. 
Los doce Estados implicados lo han hecho en las mismas condiciones y fueron invitados a adherirse a la Unión Europea sobre la base de los mismos criterios. 
Este proceso se ha desarrollado por etapas, con ritmos propios para cada Estado candidato en función de su grado de preparación. 
Así, pudimos asegurarnos de que cada Estado estaba en condiciones de adherirse a la Unión Europea con las mismas oportunidades pero también con las mismas obligaciones. 
Con ocasión del Consejo Europeo de diciembre de 2002, que decidió la adhesión de los diez nuevos Estados miembros, la declaración sobre una sola Europa destacó el carácter continuo, inclusivo e irreversible del proceso de ampliación, anunciando claramente nuestro objetivo de acoger a Bulgaria y Rumanía como nuevos Estados miembros en 2007. 
Las negociaciones de adhesión no siempre han sido fáciles –como la Comisión sin duda puede confirmar–, pero pienso que los resultados recogidos en el Tratado de adhesión son justos y equitativos y en buena medida equiparables a los resultados de las negociaciones con los diez nuevos Estados miembros. 
Ahora, Bulgaria y Rumanía tienen en torno a veinte meses para completar su preparación para la adhesión. 
En sus últimos informes periódicos, la Comisión estima que, habida cuenta de los progresos realizados por estos dos países, de los resultados obtenidos en la puesta en práctica de sus compromisos y de los trabajos preparatorios en curso, estos dos países deberían estar preparados para adherirse a la Unión el 1 de enero de 2007. 
La Comisión confirmó esta conclusión en su dictamen favorable del pasado 22 de febrero relativo a la adhesión. 
El Consejo Europeo estima que Bulgaria y Rumanía estarán en condiciones de asumir todas las obligaciones derivadas de la adhesión siempre que prosigan sus esfuerzos en los plazos previstos, que lleven a buen término el conjunto de reformas necesarias y que cumplan todos los compromisos contraídos en cada uno de los ámbitos del acervo. 
No ignoran ustedes los justificados interrogantes que plantea la aplicación correcta y puntual del acervo, en particular en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, por lo que se refiere a Rumanía, y también en materia de política de competencia y medioambiental. 
No hay «atajos» en el camino de la adhesión. 
La credibilidad del proceso radica en que cada país solo puede adherirse sobre la base de los mismos criterios políticos y económicos, así como de su capacidad para cumplir todas las obligaciones derivadas de la adhesión. 
Esto implica la existencia de las capacidades administrativas y judiciales necesarias para desempeñar esta tarea. 
Bulgaria y Rumanía son totalmente conscientes de lo que se espera de ellas como futuros Estados miembros. 
Desde la apertura de las negociaciones de adhesión, la Unión ha subrayado lo que implica la adhesión a la Unión Europea: la aceptación íntegra de todos los derechos y obligaciones actuales y potenciales del sistema de la Unión y de su marco institucional, inclusive de la Constitución –por la que me siento más optimista–, así como la aplicación efectiva y real del acervo. 
Considerando los informes de los señores Moscovici y Van Orden, relativos a las solicitudes de adhesión de Bulgaria y Rumanía, estoy convencido de que compartimos el mismo análisis, según el cual estos dos países deberían estar en condiciones de adherirse a la Unión en enero de 2007 y de garantizar plenamente las obligaciones derivadas de su adhesión. 
Entre tanto, la Unión seguirá apoyando por todos los medios disponibles a Bulgaria y Rumanía en sus preparativos. 
Hasta el día de la adhesión se mantendrán en vigor los Acuerdos Europeos celebrados en 1994. 
Han funcionado correctamente y han sido un elemento clave para preparar a Bulgaria y Rumanía para la adhesión. 
Pero está claro que corresponde a Bulgaria y Rumanía hacer todo lo necesario por estar preparadas. 
No podemos subestimar lo que esto representa desde los puntos de vista económico, social y político, y el trabajo realizado hasta ahora merece sin duda todo nuestro respeto. 
La Unión Europea continuará supervisando atentamente los preparativos de estos dos países y los resultados obtenidos, incluida la aplicación efectiva de los compromisos. 
Puedo asegurarles que la Presidencia luxemburguesa se toma esta labor de seguimiento muy en serio. 
En efecto, es vital para los propios intereses de estos dos países estar realmente preparados. 
De lo contrario correrían el riesgo de no poder beneficiarse plenamente del hecho de ser miembros, por ejemplo si resultase necesario recurrir a las cláusulas de salvaguardia en determinados sectores. 
Conocemos las funciones respectivas de las instituciones en este contexto. 
Para que quede todo claro al respecto: considerando los dictámenes conformes del Parlamento Europeo sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía, si la Comisión presenta una recomendación al Consejo al objeto de aplicar una de las cláusulas de salvaguardia del Tratado de Adhesión, la decisión del Consejo tendrá debidamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo. 
El Consejo da hoy esta garantía al Parlamento, que tiene razón al querer seguir de cerca la evolución en estos dos países. 
Como ya hemos oído, el Presidente del Consejo Europeo ha enviado al Presidente del Parlamento Europeo una carta al respecto. 
Repito que la ampliación solo puede tener éxito si goza de un amplio apoyo por parte de los pueblos de la Unión. 
Ustedes representan a esos pueblos. 
Ustedes representan a los ciudadanos europeos. 
Su voz debe ser escuchada, su juicio merece ser tenido plenamente en cuenta en caso de que haya que tomar cualquier decisión sobre la aplicación de las cláusulas de salvaguardia. 
A este respecto, permítanme recordar que el trabajo del Parlamento Europeo no termina con su dictamen conforme. 
Su contribución política al proceso de ampliación seguirá siendo importante. 
Estamos agradecidos por el apoyo político que han prestado sus Señorías al proceso a lo largo de todo su desarrollo, en particular a través del diálogo abierto y constructivo con sus interlocutores, los diputados elegidos a los Parlamentos búlgaro y rumano. 
En conclusión, permítanme recordar que el proyecto histórico que debaten hoy es la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Todos están de acuerdo en que la adhesión de estos dos países constituirá un paso decisivo para superar la injusticia y la división artificial de Europa. 
Quisiera decir ahora unas palabras sobre las consecuencias financieras. 
Por lo que se refiere a la financiación de esta ampliación a 27 con Bulgaria y Rumanía, me gustaría recordar que las negociaciones con estos dos países se han conducido sobre la misma base y con arreglo a los mismos principios que se aplicaron a los diez nuevos Estados miembros. 
Sobre la base de una propuesta de la Comisión, los Estados miembros aprobaron una dotación financiera que define los únicos gastos identificables a favor de estos dos países y que abarca un período de tres años, como sucedió con los diez. 
Después se aplicará el acervo, incluidas las próximas perspectivas financieras. 
Es una cuestión de justicia, de trato equitativo, pero también de previsibilidad para los dos países. 
No se puede negociar sin poner las cartas sobre la mesa, sobre todo por lo que se refiere a los aspectos financieros en sus difíciles primeros pasos como Estados miembros. 
Está claro que, dada la fecha prevista para la adhesión de estos dos países, nos encontramos en un contexto distinto del que conocieron los diez nuevos Estados miembros. 
Por esa razón, establecimos ya en el Consejo Europeo de Salónica un principio esencial: las discusiones sobre las futuras reformas políticas o las nuevas perspectivas financieras no deben obstaculizar la continuación y la conclusión de las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumanía. 
Del mismo modo, los resultados de estas negociaciones no deben prejuzgar los debates o el acuerdo sobre las reformas políticas o las nuevas perspectivas financieras. 
Lamento como ustedes que no haya sido posible alcanzar un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. 
Estábamos bastante cerca de ello. 
¿Acaso el nerviosismo que se manifestó –sobre todo, creo, en el Consejo, para ser justos– ante las difíciles negociaciones sobre las perspectivas financieras no nos ha permitido cerrar este acuerdo? 
Repito claramente que ha podido haber malentendidos. 
Tal vez algunas consideraciones técnicas han prevalecido sobre un enfoque político positivo. 
Puedo asegurarles, en nombre de la Presidencia, que para nosotros las propuestas presentadas no ponen en entredicho en absoluto los poderes y las competencias presupuestarias e institucionales del Parlamento Europeo y que el acuerdo interinstitucional permanece plenamente vigente. 
No puedo comprometerme, como ha pedido el señor Böge, a buscar el consenso en torno a una declaración antes de la firma del acuerdo, pero vamos a hacer un último esfuerzo, y ¿quién sabe? 
. Señor Presidente, tras las resoluciones positivas del Parlamento en diciembre, la Comisión adoptó en febrero un dictamen favorable a la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. 
De hecho, si estos países cumplen efectivamente sus compromisos, estarán representados en esta Cámara en menos de dos años. 
Y acudirán en calidad de observadores tras la firma del Tratado de adhesión. 
Quiero destacar, al igual que hice ante la Comisión de Asuntos Exteriores el 29 de marzo, que el Presidente Barroso y yo hemos subrayado en numerosas ocasiones que si bien el final de las negociaciones y la firma del Tratado de adhesión implican que se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de adhesión de Bulgaria y Rumanía, esto no significa que hayan concluido los preparativos para la adhesión. 
En los 21 meses que quedan, Bulgaria y Rumanía tendrán que llevar a cabo importantes reformas y cumplir plenamente los compromisos que han asumido durante las negociaciones. 
El reloj está en marcha. 
A partir de ahora, cada día, cada semana, cada mes cuentan. 
Ambos países son objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento, que proseguirá hasta la víspera de la adhesión. 
Quiero asegurar a sus Señorías que si la Comisión considera, sobre la base de este seguimiento, que Bulgaria o Rumanía no están listas para la adhesión, no vacilará en recomendar el uso de instrumentos correctivos. 
Entre estos se incluye la cláusula que nos permite posponer la adhesión durante un año, es decir, hasta 2008. 
Estoy convencido de que sus Señorías estarán de acuerdo con este planteamiento. 
Por ello espero entablar un diálogo periódico con ustedes sobre el cumplimiento de los compromisos de Bulgaria y Rumanía. 
Como confirmó el Presidente Barroso en una carta que remitió al Presidente Borrell la semana pasada, la Comisión examinará seriamente los puntos de vista del Parlamento antes de emitir cualquier recomendación sobre esta cuestión, en particular tras la publicación en el mes de noviembre de nuestro informe global de seguimiento sobre los avances hacia la adhesión realizados por Rumanía y Bulgaria. 
Deseo dar las gracias a la Comisión de Asuntos Exteriores, a su presidente, ponentes y coordinadores por su cooperación y por haber propuesto una solución muy buena. 
En mi opinión, esta forma de proceder se ajusta al Tratado y, al mismo tiempo, permite al Parlamento Europeo intervenir en este proceso, en el espíritu de la auténtica democracia europea. 
A mediados de marzo estuve en Sofía, y en Bucarest a principios del mismo mes. 
Permítanme esbozar brevemente cómo valora la Comisión los avances realizados por estos dos países. 
El informe del señor Van Orden sobre Bulgaria acoge con agrado la conclusión de las negociaciones para la adhesión. 
Este país ha hecho sin duda un avance constante en los últimos años. 
Sin embargo, Bulgaria tiene que mantener la dinámica de sus preparativos para la adhesión. 
Observamos muy de cerca esta evolución a través de nuestro mecanismo de seguimiento intensificado. 
Bulgaria tiene que llevar a cabo un gran esfuerzo por reformar su sistema judicial y luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. 
La reforma del sistema judicial, en particular de la fase de instrucción, es la prioridad máxima hasta la adhesión. 
Esta es la mayor de todas las prioridades de Bulgaria. 
Permítanme referirme ahora a Rumanía. 
En su dictamen sobre Rumanía, la Comisión pide a este país que continué con decisión las reformas aún pendientes. 
En particular, la aplicación de las reformas de la administración pública y del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la competencia y las ayudas públicas, así como del medio ambiente. 
En su informe, el señor Moscovici añade a estas prioridades la lucha contra la delincuencia organizada y el control de las fronteras exteriores. 
Y comparto plenamente sus puntos de vista. 
Estas cuestiones deben formar parte de las condiciones críticas a la hora de evaluar los avances de Rumanía hacia la adhesión. 
Rumanía ha comenzado a abordar seriamente los requisitos de la adhesión, sobre todo en el ámbito de la reforma de la justicia y de la lucha contra la corrupción. 
Me complace poder decir que el Gobierno rumano ha transmitido hace poco a la Comisión, dentro del plazo previsto, todos los documentos estratégicos clave requeridos a raíz de las negociaciones. 
Estos documentos se refieren a la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema judicial y la seguridad de las fronteras. 
La Comisión está evaluando dicha documentación. 
En otro ámbito clave que observaremos muy detenidamente, a saber, el ámbito de la competencia y las ayudas públicas, Rumanía ha cumplido, entre otras cosas, su obligación de presentar un plan nacional para la reestructuración de la siderurgia, y lo ha hecho dentro del plazo establecido. 
Asimismo se han hecho progresos en el ámbito de la cooperación policial, en el que se han adoptado nuevas leyes sobre la Gendarmería y la Policía Nacional. 
Rumanía está discutiendo actualmente sobre la forma en que financiará en el futuro sus compromisos en materia de gestión de fronteras. 
Ahora, la voluntad política debe traducirse en medidas concretas. 
Estoy convencido, gracias a mis frecuentes reuniones con la parte rumana, tanto en Bucarest como en Bruselas, de que el nuevo Gobierno ha comprendido el alcance e importancia de este ejercicio de seguimiento, así como la urgencia de alcanzar resultados concretos durante el primer semestre de 2005. 
En mi opinión, tenemos motivos para mostrarnos cautamente optimistas respecto al grado de preparación de Rumanía para la adhesión. 
Atengámonos a las normas. 
El jurado sigue deliberando y ahora debemos conceder a Rumanía el beneficio de la duda por lo que se refiere a sus preparativos para la adhesión y para convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Permítanme mencionar brevemente, antes de terminar, las consecuencias financieras que tendrá la adhesión de Bulgaria y Rumanía, a las que ha hecho referencia el señor Smith en su intervención. 
La Comisaria Grybauskaitė ha colaborado estrechamente con los dos ponentes, el señor Böge y la señora Dührkop Dührkop, mis antiguos colegas de la Comisión de Control Presupuestario. 
La posición de la Comisión en esta cuestión es la siguiente. Los importes acordados en el marco de las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumanía para el período 2007-2009 se recogen en el Tratado de adhesión. 
Las perspectivas financieras para 2007-2013 se dividirán en grandes categorías de gastos para la UE de 27 Estados miembros, y no en asignaciones entre determinados grupos de Estados miembros, algunas de las cuales solo pueden tener en todo caso un carácter sumamente indicativo. 
La Comisión considera que hacer una distinción entre los importes indicativos para determinados grupos de Estados miembros no se ajusta al espíritu ni a la letra del acuerdo interinstitucional. 
Para terminar diré que tanto la Comisión Europea como nuestros programas de asistencia financiera continuarán apoyando los esfuerzos que hacen estos dos países por intensificar sus preparativos necesarios. 
La firma del Tratado de adhesión dentro del plazo previsto es importante para mantener el ritmo y garantizar el éxito de los preparativos para la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Cuento con el apoyo de sus Señorías a este respecto. 
– Señor Presidente, me ha llegado al alma lo que ha dicho el señor Schmit, en nombre del Consejo, sobre los valores sociales de la UE. 
Deberíamos considerar esta ampliación a la vista de estos valores de la UE. 
No cabe duda de que Rumanía y Bulgaria, en su momento, tienen que formar parte de la Unión Europea, pero desde el punto de vista de la agricultura y de la Comisión de Agricultura, tengo que concluir que no existe ningún indicio de que se haya resuelto la financiación. 
Es un completo misterio cómo vamos a financiar la adhesión de estos dos países. 
Les recordaré los derechos sociales que ha mencionado y los valores que ha defendido. 
Doy por supuesto que el Consejo no pretende que las zonas rurales de los 25 Estados miembros actuales financien esta adhesión. 
Esto no es coherente con los elevados valores de la UE y, por lo tanto, doy por sentado que el Consejo pagará en el acto. 
El segundo punto se refiere al funcionamiento de estos países en una nueva Unión Europea. 
La Comisión actuó correctamente al plantear cuestiones sobre el control de fronteras. 
Observaré que nuestra excelente política de seguridad alimentaria ha hecho posible que la Unión Europea alcance un elevado nivel, y esto es un ámbito en el que Rumanía deja mucho que desear. 
Tienen que darse cuenta que, si se nos pidiera que tomáramos una decisión ahora, grandes partes de Rumanía no podrían adherirse al mercado común europeo cuando llegase el momento, mientras que vendemos productos en su mercado; el que entre un 30 % a un 40 % de la población siga viviendo en el campo y tenga que ganarse la vida de ello significa que Rumanía no está lo suficientemente avanzada en este ámbito. 
Puede que sea decirlo sin rodeos, pero me obliga honestamente a hacerlo así si estudio la estructura social del campo. 
Quiero felicitar a Bulgaria por su programa de reforma y sobre lo que ha hecho sobre los derechos de propiedad. 
También ha conseguido hacer una buena tarea en la aplicación de su programa de desarrollo rural, a diferencia de Rumanía, a quien debo criticar por no haber empleado suficientes fondos SAPARD para poner en marcha el desarrollo rural. 
Por lo tanto, sería útil si el Parlamento tuviera más tiempo para tomar una decisión, ya que el nuevo Gobierno ha tenido un buen inicio, pero los resultados son, por el momento, más bien escasos sobre el terreno. 
Aquellos que la comparan con adhesiones anteriores tienen que ser realistas. 
Bulgaria está avanzando en la dirección de los diez países que se han adherido últimamente, pero Rumanía se queda rezagada con respecto al desarrollo rural, la política agrícola, el riesgo de enfermedades animales y la legislación en materia de seguridad alimentaria. 
Esto contribuye a determinar nuestros valores europeos que apreciamos, defendemos y que, según nuestro punto de vista, benefician a la sociedad, siempre que podamos aplicarlos. 
Por desgracia, por el momento, he de concluir que hay muchos puntos de crítica sobre Rumanía en cuanto a su agricultura. 
Señor Presidente, mañana será un día muy importante para este Parlamento, para Rumanía, para Bulgaria y para todos los ciudadanos de la UE. 
En efecto, se trata de aprobar la próxima firma del Tratado de adhesión de ambos países; de esta forma, culminará el proceso de la quinta ampliación, el Sureste de Europa ganará en estabilidad y progreso y también se materializará el sueño de la reunificación de Europa. 
El dictamen sobre Rumanía que mañana votaremos es coherente con el primer informe Moscovici, aprobado por este Parlamento el pasado diciembre. 
En él decíamos sí al calendario fijado para la adhesión de Rumanía y pedíamos la profundización de una serie de reformas en materias bien conocidas. 
Este dictamen es también coherente con el deseo del Parlamento de continuar asociado estrechamente al proceso hasta la adhesión efectiva en enero de 2007. 
Me refiero al seguimiento de las reformas y también al deseo de esta Asamblea de seguir implicada en el caso de la activación de las llamadas cláusulas de salvaguardia. 
En este sentido, celebro el compromiso que hoy nos reitera el Comisario, señor Rehn, de asociar plenamente al Parlamento en el proceso que resta hasta enero de 2007 y también tomo nota del compromiso al respecto expresado por la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Vivimos, desde luego, momentos trascendentales en la historia de Rumanía. 
Quiero resaltar el amplísimo respaldo del pueblo rumano a la integración de su país en la Unión. 
Es un objetivo histórico que suscita enorme apoyo entre los ciudadanos rumanos y que también respaldan las fuerzas políticas de ese país. 
Confío en que las autoridades rumanas, estimuladas por este amplio apoyo, seguirán cumpliendo con total determinación y rigor los compromisos asumidos en el Tratado de adhesión, como nos acaba de explicar el señor Rehn. 
Ésta es la hora europea de Rumanía. 
Esta es la tarea prioritaria y espero que mañana el Parlamento exprese su confianza en que el Gobierno rumano satisfaga estas expectativas y emita, pues, su dictamen conforme. 
El Parlamento seguirá con máxima atención los progresos que efectúe Rumanía hasta su integración. 
Merece estar en la Unión no solo por su historia, por su geografía y por su cultura, sino también por su voluntad y conciencia europeas. 
. – Señor Presidente, mañana, esta Cámara pronunciará su veredicto sobre la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea. 
Sin embargo, todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión actualmente programada y bastantes de las pocas cuestiones sobre las que hemos estado deliberando a fondo en esta Cámara siguen sin respuesta. 
Nuestra principal preocupación es la situación de Rumanía. 
Hay que llevar a cabo una serie de reformas necesarias en la administración pública y en la administración de la justicia como asunto prioritario. 
La lucha contra la corrupción merece una acción más contundente, y son necesarias mejores garantías para la libertad e independencia de la prensa. 
Se han mencionado estos aspectos, junto con muchos otros, tanto en informes de la Comisión como en los de nuestros propios ponentes. 
Al igual que el Consejo y la Comisión, queremos mantener la presión sobre Bulgaria y, en particular, sobre Rumanía, para que las reformas necesarias puedan realmente tener lugar dentro de los plazos acordados. 
Las deficiencias de Rumanía son tan graves que nuestro «sí» en estos momentos viene a ser lo mismo que un consentimiento condicional. 
Sigue existiendo la opción de activar las cláusulas de seguridad para proteger a la Unión Europea contra los efectos adversos de posibles deficiencias. 
Si las deficiencias de uno de los países fueran demasiado graves, se podría incluso posponer su adhesión. 
Como esta Cámara no tiene simplemente que mantenerse al margen durante la supervisión y durante el proceso de decisión sobre si hay que utilizar salvaguardias o posponer la adhesión, hemos pedido al Consejo y a la Comisión que se impliquen activamente en la supervisión y en el proceso de toma de decisiones hasta el día de la adhesión, y las intervenciones que hemos oído esta tarde indican que están dispuestos a hacerlo así. 
Esto sitúa a la Unión Europea en una mejor posición y, ante todo, beneficia el control democrático del proceso de ampliación, y también lo considero como un acuerdo político. 
Si una gran mayoría de esta Cámara tiene motivos para poner en duda los progresos realizados por Rumanía o Bulgaria o el estado de preparación en una etapa posterior del proceso, el Consejo y la Comisión podrían difícilmente ignorarlo si quieren evitar confrontaciones políticas de importancia. 
Nuestro consentimiento de mañana, por lo tanto, será condicional. 
También se trata de un acuerdo político de algún tipo con los candidatos de adhesión. 
Les envía un mensaje de que en los próximos 18 meses, ocuparán un lugar prominente en nuestra lista de prioridades y que, en todo caso, es su propio compromiso el que será decisivo. 
. – Señor Presidente, Señorías, mañana el Parlamento votará si acoge o no a Bulgaria en la Unión Europea, y quiero felicitar al señor Van Orden, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, por su informe sobre el tema, que es meticuloso y realiza una buena labor al conseguir el equilibrio entre, por un lado, los enormes progresos realizados por Bulgaria y, de otro lado, los problemas que siguen –como sabemos– sin resolverse. 
Lo que no cabe duda es que el país se encuentra en la buena senda hacia la consecución de su ingreso en la Unión Europea en 2007. 
Por lo tanto, nuestro Grupo, el de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, votará a favor de la adhesión de Bulgaria, y garantizará al país su apoyo crítico pero constructivo mientras continúa su camino. 
El Gobierno búlgaro ha demostrado ser capaz de cumplir los criterios de adhesión y de credibilidad cumpliendo las exigencias para ello. 
Este impulso positivo tiene que seguir manteniéndose en el futuro y, con las elecciones que tienen que celebrarse en junio, no hay que permitir que se ralenticen los esfuerzos para la reforma, en particular en los asuntos a los que ya se ha hecho referencia, como la privatización de Bulgartabak y la reforma del Derecho penal. 
Cabe decir que este es un día importante para la Unión Europea, por lo que quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre la característica fundamental de la próxima ronda para la ampliación de la Unión Europea en su conjunto; me refiero al cumplimiento real de los criterios de desempeño establecidos en el informe. 
La credibilidad de la Unión Europea –de la que depende el apoyo necesario de los ciudadanos, no solo para el proceso de adhesión sino también para el trabajo de la Unión Europea en su conjunto– tiene que mantenerse, y solo será así con la evaluación coherente de los candidatos para la adhesión, basada en su propio desempeño y sus propios méritos. 
Es solo por esta razón –y esto lo digo pensando en el señor Moscovici– y no por poner en duda las perspectivas de la Unión Europea de los dos candidatos, por lo que mi Grupo considera la evaluación de los candidatos tan fundamental. 
En este sentido, hay que acoger con satisfacción la línea coherente que la Comisión ha tomado. 
El Comisario Rehn ha dejado claro que no dudará en recomendar la aplicación de la cláusula de salvaguardia si lo considera adecuado. 
Velaremos para que lo que ha anunciado lo lleve a cabo realmente si se pone de manifiesto que es necesario hacerlo. 
Mi Grupo se alegra de que esta Cámara participe de lleno en este proceso. 
También creo –en especial, al ver el comportamiento deshonroso de muchos Diputados del Grupo del Partido Popular Europeo este mediodía– que deberíamos mantener este debate en Bruselas en vez de Estrasburgo. 
– Señor Presidente, en diciembre del año pasado, mi Grupo votó contra el informe del señor Moscovici ya que creíamos que presentaba un punto de vista demasiado positivo sobre Rumanía y que no había habido ningún indicio que sugiriera que se abordarían los problemas fundamentales, como la lucha contra la corrupción y la garantía de unos medios de comunicación independientes y la libertad de prensa. 
Seré muy franco: si el partido del señor Nastase hubiera ganado las elecciones en diciembre del año pasado, habría sido bastante sencillo para mi Grupo. Mañana votaríamos «no» a la adhesión de Rumanía. 
El antiguo Gobierno de Rumanía era parte del problema y no la solución, pero, afortunadamente, ahora hay un nuevo Gobierno cuyas prioridades están en consonancia con las preocupaciones de este Parlamento. 
Desde que este nuevo Gobierno asumió su mandato, ha dejado claro que se toma en serio abordar los problemas que he mencionado hace unos minutos. 
Desde ese momento, ex ministros y ex diputados del Parlamento han perdido su inmunidad procesal. 
Se ha despedido a veinticinco oficiales de policía de alto rango sospechosos de corrupción y se prevé que se iniciarán procesos penales contra ex ministros por corrupción. 
En resumen, este Gobierno, y en particular la Ministra de Justicia, merece nuestro apoyo. 
Quiero decir que todos aquellos que tienen la intención de votar «no» al Gobierno actual van a penalizarlo por los errores del antiguo Gobierno. 
Desestabilizará a este Gobierno y si hay algo que no queremos es que el antiguo Gobierno retome el poder. 
Por todo ello, les pido encarecidamente que digan «sí» , pero un «sí» condicional. 
Es crucial que esta Cámara siga teniendo control en la ampliación con Rumanía y es por esta razón por la que he tomado la iniciativa de pedir que la Comisión y el Consejo se comprometan a que esta Cámara continúe participando decisivamente en la ampliación, incluso después de mañana. 
Me alegra la cooperación del ponente, y también me alegra que la cooperación con los Diputados de esta Cámara haya sido un éxito. 
Me complace especialmente el compromiso que el señor Rehn ha contraído hoy, que también estaba incluido en una carta del señor Barroso al señor Borrell. 
Si en el futuro, en los próximos 18 meses, se demostrara que es necesario referirse a las cláusulas de aplazamiento, el Parlamento se implicaría plenamente en este proceso. 
Si esta Cámara opina que se están llevando a cabo muy pocas reformas en 2005 o 2006 y que, por lo tanto, es necesario iniciar el procedimiento de aplazamiento en ámbitos muy específicos, inclusive la lucha contra la corrupción, esto será posible y se creará un hecho político que necesitará una reacción de la Comisión y el Consejo a escala nacional y europea. 
Después de todo, no debemos pasar por alto que el Tratado con Rumanía y Bulgaria estará sujeto a ratificación y que, en el futuro, sus Parlamentos tendrán en cuenta lo que se dice en esta Cámara. 
Mi mensaje, o más bien el nuestro, al nuevo Gobierno es: sí, les vamos a dar el beneficio de la duda. 
Por todos los medios, sigan llevando a cabo reformas, pero tengan en cuenta que esta Cámara seguirá controlándoles con un ojo muy crítico y, como el Comisario ya ha dicho, no dudaremos en valernos de los procedimientos de aplazamiento en caso necesario. 
. – Señor Presidente, no se admitió inmediatamente a Bulgaria y Rumanía durante la gran ronda de ampliación de 2004 debido a que las negociaciones con estos países se estaban rezagando. 
Lo que quiero decir sobre Bulgaria es que este país se permite construir grandes carreteras y aeropuertos sin tener consideración alguna por la salud pública, la naturaleza, el medio ambiente o las normas actuales de la UE. 
Asimismo, la gran población romaní, a pesar de proyectos subvencionados por la Unión Europea, está lejos de ser tratada en igualdad de condiciones. 
La pobreza y el desempleo son galopantes. 
El Gobierno actual se encuentra en el poder gracias a la popularidad temporal de una persona: el hombre que quería ser rey pero no tiene ningún respaldo organizado ni coherente digno de mención. 
Esta extraña situación llegará probablemente a su fin después de las elecciones del 25 de junio. 
Puesto que Bulgaria no está peor que algunos Estados que fueron admitidos en 2004, esta crítica no puede ser una razón lo bastante buena para esperar más allá de 2007. 
La adhesión de Rumanía es mucho más controvertida. 
En los últimos años, no ha habido garantías para la independencia de la prensa, la justicia y las organizaciones no gubernamentales. 
Aunque Rumanía ha firmado como miembro candidato de la Unión Europea, tengo la impresión de que tiene en mayor estima a los Estados Unidos y a Turquía. 
Rumanía se encuentra en una situación tan lamentable que el entusiasmo inicial de Moldova para regresar a ella se ha evaporado por completo. 
Se han descuidado las tareas del Gobierno, pero se ha creado para una economía occidental salvaje. 
En una tentativa por extraer minerales de forma barata, el país contrata filibusteros extranjeros que utilizan productos químicos peligrosos que pueden contaminar gravemente el suelo y las aguas subterráneas y fluviales. 
En la vecina Hungría, que se ha visto azotada por el agua fluvial tóxica procedente de Rumanía, la gente ve con temor el proyecto de extracción de oro en Rosia Montana en la provincia rumana de Alba, que implicará el uso de cianuro. 
Por otra parte, Rumanía ha celebrado un acuerdo con los Estados Unidos para sabotear la Corte Penal Internacional de La Haya. 
Rumanía es el escaparate del Ministro de Defensa estadounidense Rumsfeld de la «nueva Europa». 
El desempeño de Rumanía es peor que el de cualquiera de los países que han sido admitidos hasta la fecha. 
Esto podría ser, en sí mismo, una razón para rechazar la adhesión de Rumanía por el momento. 
Sin embargo, mi Grupo defiende el derecho de los países europeos con un bajo nivel de vida a adherirse rápidamente a la Unión Europea, siempre que no pierdan tiempo en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente. 
La admisión incondicional de Rumanía hará todavía más difícil presionar más a Turquía para que se convierta en un país democrático decente antes de ser admitido en la Unión Europea. 
Asimismo, anula todo argumento serio para posponer aún más las negociaciones con las antiguas repúblicas yugoslavas de Croacia y Macedonia, que esperaban poder adherirse al mismo tiempo que Rumanía. 
No sabemos cuál será el desarrollo a corto plazo de Rumanía con un nuevo Gobierno; tampoco sabemos si se vislumbra alguna solución para los problemas existentes. 
Es por este motivo por el que es adecuado que la opción del aplazamiento continúe existiendo como palanca. 
No solo el Consejo sino también esta Cámara ha de tener esta prerrogativa. 
. – Gracias, señor Presidente, el informe del señor Moscovici sobre la solicitud de Rumanía de adhesión a la Unión Europea se distingue por su claridad y franqueza. 
Abarca tanto los resultados como las deficiencias en esta fase crucial de la senda larga y ardua de Bucarest hacia Bruselas. 
En el apartado 6, el ponente subraya las obligaciones europeas que el Gobierno de Rumanía todavía no ha cumplido. 
No por nada las reformas judiciales y administrativas, así como la lucha contra la corrupción ocupan un lugar tan preponderante en esta lista. 
Según un portavoz bien informado, no deberíamos en ningún caso poner en duda la integridad y compromiso de la nueva Ministra de Justicia rumana, la señora Monica Macovei, si bien tiene que enfrentarse a una gran resistencia incluso dentro de su propio ministerio. 
Acogeré con gran satisfacción la expresión abierta de apoyo hacia ella por parte de la Comisión. 
Un mensaje positivo como este puede incluso tener un doble efecto al ser recibido tanto en Rumanía como en otro lugar. 
Por lo tanto, respaldo lo que el señor Lagendijk ha tenido que decir sobre el tema. 
Además, la Comisión puede inducir al Gobierno de Rumanía para que ponga en marcha una nueva campaña contra la corrupción a imitación de la campaña «Ningún soborno para nadie» , ya que, en el análisis final, este mal afecta a toda la sociedad. 
Espero sinceramente que el informe del señor Moscovici contribuya a que Rumanía, si Dios quiere, se una a la Unión Europea como miembro responsable el 1 de enero de 2007. 
De hecho, expresaré el mismo deseo respecto al excelente informe del señor Van Orden sobre Bulgaria. 
– Señor Presidente, Señorías, es importante para Bulgaria y Rumanía poder asumir obligaciones que deriven de la adhesión a la Unión Europea. 
Del mismo modo es importante para la Unión Europea, de manera que la ampliación no plantee riesgos para la propia Unión. 
En vistas de la situación en Transdniéster y en los Balcanes, en particular respecto a cuestiones como el contrabando y el tráfico de personas, es importante que las fronteras exteriores cumplan plenamente los criterios de la Unión Europea. 
Es por este motivo por el que también he propuesto que la resolución del Parlamento Europeo invite a los Gobiernos de Bulgaria y Rumanía a que presten una especial atención a la seguridad de las nuevas fronteras exteriores. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha apoyado mi propuesta. 
Como representante de Letonia, me doy cuenta claramente del enorme volumen de trabajo que los Estados deben ejecutar y las importantes decisiones que deben tomar, en particular en los años finales antes de adherirse a la Unión Europea. 
Rumanía y Bulgaria han realizado reformas considerables en la senda hacia la adhesión a la Unión Europea. 
En mi opinión, ahora es importante no reducir la velocidad que se ha tomado y continuar las reformas que se han iniciado, prestando una atención particular a los asuntos nacionales y la mejora del ordenamiento jurídico, la observancia de los derechos humanos y, en particular, y quiero dar a este aspecto un énfasis particular, la lucha contra la corrupción, así como la garantía de fronteras exteriores seguras para la Unión Europea. 
Las reformas en Rumanía y Bulgaria tendrán una influencia positiva no solo para el bienestar de los ciudadanos de estos países sino también en el desarrollo de los Balcanes occidentales. 
Quiero llamar la atención en especial a la situación en el Estado vecino de Moldova, donde, como consecuencia de que Bulgaria y Rumanía pasen a ser Estados miembros de la Unión Europea, los valores de paz, estabilidad y prosperidad podrían ser realidad en un futuro cercano. 
En relación con Bulgaria y Rumanía creo que deberíamos mirar el futuro constructivamente. 
Si existen cuestiones que todavía no se han resuelto, hay que dar el apoyo necesario para que puedan cumplir los requisitos legales desde los primeros días de su adhesión. 
El apoyo político del Parlamento Europeo para Rumanía y Bulgaria no harán más que fortalecer la determinación de estos países y servirá de capital político para la continuación activa de reformas. 
Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y también como miembro de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumanía. 
Es necesario reiterar lo que este Parlamento ha solicitado con anterioridad y exigir de forma decidida que el Gobierno de Bucarest aborde el problema no resuelto de los casos suspendidos de adopción internacional de niños rumanos, que han tenido que esperar mucho tiempo, demasiado tiempo, para reunirse con sus nuevas familias. 
Hasta la fecha, a pesar de las promesas y de las muestras de buena voluntad, no se han dado pasos concretos y el tiempo pasa sin que las autoridades competentes adopten medidas formales. 
Los niños en cuestión han sufrido a menudo experiencias horribles y se encuentran alojados en instituciones públicas, que tuve la oportunidad de visitar, viejas, destartaladas y carentes de cualquier afecto o calor humano. 
No debemos permitir que estos niños reciban otra bofetada en la cara. 
El encuentro con sus nuevas familias ha dado a estos niños la esperanza de una vida distinta y de un futuro mejor. 
Hagamos todo lo que esté en nuestras manos por evitar que esta esperanza se convierta en decepción y que esos niños se vean privados del derecho a una infancia pacífica y feliz. 
Señor Presidente, tras felicitar a los ponentes señor Moscovici y Van Orden, quisiera decir que el debate que estamos manteniendo aquí esta tarde trasciende la importancia, que es mucha, de la adhesión de Rumanía y Bulgaria. 
La declaración que han hecho hoy la Comisión y el Consejo refuerza sustancialmente los poderes que competen a este Parlamento y proyectan su validez más allá de los estrictos límites que comporta el procedimiento de dictamen conforme. 
Esta declaración constituye un precedente muy significativo que no podemos ni debemos desconocer para el futuro. 
Es evidente que las prerrogativas políticas y presupuestarias de este Parlamento deben ser preservadas y creo, señor Presidente, que a este Parlamento no le tiene que temblar el pulso para exigir el cumplimiento de los compromisos que se han expresado aquí esta mañana —en caso de un eventual incumplimiento—, pero entiendo que en este momento no hay razones que nos induzcan a tener alguna duda o sospecha en este sentido. 
Así como afirmo que las prerrogativas del Parlamento deben ser preservadas, señor Presidente, digo, también, que Rumanía y Bulgaria no pueden convertirse en rehenes de las querellas presupuestarias o políticas entre las distintas instituciones que en este momento conforman la Unión Europea. 
Por eso, señor Presidente, en mi opinión, este Parlamento tiene que aprobar mañana con las cautelas establecidas, que a mí me parecen más que suficientes, los dictámenes conformes que nos proponen los ponentes, siguiendo la pauta de los términos en los que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores, para que el Tratado de adhesión pueda ser firmado, como previsto, el día 26 de abril. 
Dicho esto, señor Presidente, al Parlamento Europeo, en virtud de estas declaraciones que se han hecho hoy aquí, le quedan sus facultades intactas para, si fuera necesario, poder desempeñar el papel que le corresponde y mientras tanto, insisto, debemos mañana aprobar con todas las cautelas que, en mi opinión, son suficientes, los dictámenes conformes que se han expuesto hoy. 
– Señor Presidente, hemos llegado casi a la conclusión de un proceso que, para Bulgaria, ha sido muy largo. 
Bulgaria ha considerado una prioridad el camino que conduce a ser miembro de pleno derecho de la familia ampliada de la UE, prioridad que ha abarcado a varios Gobiernos, apoyados por el mandato popular. 
La decisión que ahora se encuentra en nuestras manos continúa la reunificación de Europa que el Parlamento Europeo inició hace dos años en este mismo edificio en el caso de los diez nuevos Estados miembros. 
Esta ampliación nos permite extender el ámbito de la estabilidad, la paz y la prosperidad a Rumanía y a Bulgaria. 
Nos permite extender los valores de Europa, que se basan en la democracia, el pluralismo y el Estado de Derecho. 
Tal como ha mencionado el señor Van Orden en su informe equilibrado, Bulgaria todavía tiene que trabajar para cumplir sus obligaciones. 
Asimismo, tal como han mencionado el Comisario Rehn, el señor Wiersma y otras de sus Señorías, me alegra mucho que el Parlamento desempeñe también su parte en la supervisión del proceso de preparación en el futuro. 
Por este motivo quiero pedir a nuestros amigos búlgaros que continúen su excelente labor que empezaron hace muchos años y que les permitirá concluir este período el 1 de enero de 2007. 
En nombre del Grupo del PSE, quiero decir que estamos dispuestos a acoger con satisfacción al pueblo de Bulgaria en la asociación a la que siempre han pertenecido, puesto que comparten nuestra historia, cultura y valores. 
Al hacerlo así, marcamos el final de una ruptura creada artificialmente, como en el caso de Rumanía. 
También estoy encantado de poder aprovechar esta oportunidad para decir unas pocas palabras sobre Rumanía como Diputado al Parlamento húngaro, ya que creo que esta ampliación aportará una solución para los 2 millones de húngaros que viven en Rumanía, y que de 2007 en adelante podremos vivir en una Europa común sin fronteras. 
– Señor Presidente, señor Comisario, sus Señorías, quiero comenzar elogiando no solo a los ponentes, el señor Van Orden y el señor Moscovici, sino también a todos los diputados que han guiado tanto los esfuerzos de Bulgaria como de Rumanía durante los últimos años. 
Quiero mencionar a la Baronesa Nicholson, en particular, que lo ha hecho para Rumanía con afán inagotable. 
Como una gran mayoría de mi Grupo accederá al Tratado de Adhesión con Rumanía, es sobre este tema sobre el que quiero dedicar mi intervención. 
Aunque existen muchas cuestiones en torno a su estado de preparación en los ámbitos de la justicia, la lucha contra la corrupción y el control de fronteras exteriores, apreciamos y apoyamos sin reservas los esfuerzos importantes que está realizando el actual Gobierno para ponerse al día. 
También quiero expresar nuestro aprecio por la garantía que la Comisión y el Consejo han dado de que el Parlamento seguirá participando en el progreso posterior que todavía queda por hacer. 
En el pasado, la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en las personas ya sea de sus ponentes alternativos o de sus coordinadores, ha sido ejemplar y ha eliminado, por lo tanto, nuestras mayores dudas. 
Como saben, estas dudas se referían principalmente al largo período de 20 meses que separaba la firma del próximo 25 de abril y la adhesión real el 1 de enero de 2007. 
Dado que ahora se nos ha garantizado que, como institución, participaremos en la posible activación de la cláusula de salvaguardia, reiteramos nuestro pleno apoyo a Rumanía, un país que actualmente tiene lo que conlleva garantizar que no es necesario recurrir a esta cláusula. 
Para mí esta aspiración es, sin duda, muy querida. 
En todo caso, puede contar con nuestro apoyo y solidaridad. 
– Señor Presidente, Comisario, aunque estoy a favor de la adhesión de Bulgaria a la UE, ya que su ingreso como miembro de pleno derecho tendrá una importancia política considerable, no ha de existir ninguna interrupción en los esfuerzos hacia la reforma. 
Sin embargo, no votaremos para respaldar el informe del señor Van Orden en su forma actual, ya que hay algunos aspectos que se encuentran ausentes y otros que se tratan con poca claridad, como los derechos humanos. 
Las autoridades búlgaras tienen que elaborar un plan de acción claro para luchar contra el tráfico humano y ponerlo en práctica. 
Hay que mejorar las condiciones de los pacientes en los psiquiátricos. 
Es necesario un mayor desarrollo en la integración de las minorías, en particular, los romaníes. 
Hay que garantizar los derechos democráticos y la libertad de opinión, así como los principios del Convenio de Aarhus y el acceso a la información, ya que nos han indignado las amenazas hechas a los representantes de las ONG medioambientales y a las iniciativas de los ciudadanos. 
Mi colega, la señora Harms tiene algo que decir sobre los problemas medioambientales en relación con las centrales nucleares en Kosloduj y Belene. 
Hay que luchar con vigor contra la corrupción, en sus numerosas y variadas formas, y hay que hacer lo imposible para echar luz a la suerte de los 14 marinos búlgaros que siguen desaparecidos desde que el se hundió en el Mar Negro en febrero de 2004. 
– Como ciudadano de un nuevo Estado miembro al que ya se ha dado la oportunidad de ingresar en la Comunidad, quiero expresar mi apoyo a la futura adhesión de Bulgaria y Rumanía, según se expone en las recomendaciones de hoy de nuestros ponentes. 
Creo que hay que dar tanto a Bulgaria como a Rumanía las mismas oportunidades que se nos dieron, siempre que sus ciudadanos decidan aprovecharse de ellas. 
Tienen que cumplirse los requisitos necesarios, naturalmente, pero hay que dar la oportunidad a estos países de demostrar que tienen algo con lo que pueden contribuir en la UE, en particular, desde que hace poco ha habido indicios de que hay países que ingresarán en la UE en el futuro que se sitúan más lejos de Europa que ellos. 
Esperar en las puertas de la UE es una motivación poderosa y prueba de ello se puede hallar en los crecientes niveles de actividad en Bulgaria y Rumanía. 
Todavía más, no hay que olvidar que Bulgaria y Rumanía pertenecen a los Balcanes. 
Creo que existe una mayor posibilidad de paz en esta región si las dos regiones pertenecen a la UE que si no lo hacen. 
Señor Presidente, sus Señorías, en su última reunión en Bruselas, la Comisión de Asuntos Exteriores votó, con una clara mayoría, apoyar las solicitudes de Bulgaria y Rumanía de ingresar en la Unión Europea. 
Los miembros del Grupo Independencia y Democracia dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores se hallaban entre aquellos que votaron para que se apoyaran las solicitudes, ya que no pretendemos frustrar las ambiciones de estos dos países a que se integren con el resto de Europa. 
Nos damos perfectamente cuenta de que Bulgaria y Rumanía han realizado inmensos progresos en lo referente a reformas políticas y económicas, y sin embargo, al mismo tiempo creemos que es nuestro deber avisar a los ciudadanos de estos dos países para que no sean demasiado optimistas. 
Aunque la documentación oficial de la Comisión afirma que una de las metas de la Unión Europea es mejorar la solidaridad entre sus pueblos al tiempo que se respeta su historia, cultura y tradiciones, esto está lejos de ser verdad. 
La solidaridad ya no es una prioridad para la Unión Europea, y lo que realmente cuenta es una marca peculiar de competitividad que ha sido consagrada en la última versión de la Estrategia de Lisboa. 
Los nuevos Estados miembros de la UE no han recibido suficiente financiación, lo que significa que las políticas actuales derivarán en diferencias aún mayores entre las regiones y los países. 
Existe un riesgo sustancial de que en lugar de recibir una ayuda al desarrollo real, Bulgaria y Rumanía paguen simplemente por el mantenimiento de la estructura burocrática de la Unión Europea a través de sus aportaciones al presupuesto de la UE. 
Señor Presidente, sus Señorías, lamento tener que decir que en el debate de hoy han predominado los contables y los burócratas. 
Es por esta razón por la que me encantó oír al señor Schmit, el representante del Consejo, llamar nuestra atención sobre algo que en realidad debería ser obvio, en concreto que este es un auténtico momento histórico, en particular para Bulgaria y Rumanía. 
La adhesión de estos dos países significará que las divisiones que se crearon con el acuerdo de Yalta, y que iba en contra de la cultura, la tradición y la justicia europeas, finalmente quedarán totalmente borradas del mapa. 
Al mismo tiempo, los dos países a quienes damos la bienvenida a la Unión Europea han pertenecido tradicionalmente a la cultura europea. 
Cuando obtuvieron la independencia hace más de 100 años, realizaron grandes esfuerzos para establecerse como Estados modernos para formar parte de la cultura europea occidental. 
Hoy no puede haber nadie aquí que no esté familiarizado con los nombres de Brancusi, Eliade y Carmen Sylva, seudónimo utilizado por la reina rumana hace 90 años para publicar sus famosos escritos. 
De modo similar, Bulgaria se liberó de la dominación otomana cuando obtuvo su independencia al invitar a la dinastía europea occidental de Sajonia-Coburgo-Gotha a ocupar su trono. 
En estos momentos, un representante de esta dinastía, el actual Primer Ministro búlgaro, está conduciendo con éxito a Bulgaria hacia la Unión Europea. 
Deberíamos acoger con satisfacción a estos países y alegrarnos de que entren en nuestra familia de naciones europeas. 
– Señor Presidente, durante la campaña de las elecciones europeas celebrada en Austria hace menos de un año, miembros del público, preocupados por la ampliación de los 10 países que se hallaba en curso en ese momento, preguntaron a los principales candidatos de los partidos más importantes, el señor Swoboda y la señora Stenzel, cuál era la situación en cuanto a los futuros candidatos para la ampliación. 
Su respuesta fue: «Este no es un tema de actualidad en este preciso momento.» 
Hasta qué punto esta declaración decepcionó al electorado –tal como se pretendía– se pone de manifiesto en estos informes, si es que ya no lo estaba. 
Ocultar la cabeza en la arena se ha convertido en un asunto de política coherente, ya que cada vez hay más argumentos a favor de interrumpir estas adhesiones adicionales prematuras: corrupción, administración, el que aún no haya terminado la historia de la Constitución de la UE. 
Incluso nosotros mismos no estamos en situación de dar este paso. 
Lo que en esta Cámara se supone que vamos a adoptar mañana es, con respecto a que Europa funcione y sea realmente democrática, irresponsable y acabará siendo perjudicial para los países que ahora están presionando para ser admitidos en la UE. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo –me alegra verle a usted aquí, incluso si no está escuchando–, Comisario, Señorías, en nuestra calidad de Diputados al Parlamento Europeo hay dos cosas que tenemos que examinar y la primera de ellas es si el proceso de ampliación garantiza nuestros derechos como tales. 
Como orador de mi Grupo en la Comisión de Presupuestos, que ayer por unanimidad aprobó el informe Dührkop Dührkop, les puedo decir que, tal como yo lo veo, no se han tomado en cuenta los derechos presupuestarios del Parlamento Europeo en relación con esta ampliación. 
Comisario, su afirmación, «voy a considerar una petición del Parlamento Europeo» no es para mí una declaración vinculante con la que podamos hacer nada desde el punto de vista jurídico. 
Nada está garantizado. 
Para mí está claro, al analizar de lo que aquí se trata, que no se presta debida atención a los derechos de esta Cámara. 
En segundo lugar, tenemos que examinar si Bulgaria y Rumanía cumplen o no los criterios de adhesión. 
¿Cuándo, si no es en la votación prescrita como obligatoria por el Tratado, que se celebrará mañana, se supone que vamos a hacer una declaración sobre ello? 
¿Se supone que debo recordar lo que esta Cámara ha dicho, año tras año, en los informes de progreso, en particular con respecto a la situación de Rumanía? 
No puedo encontrar ninguna prueba de que se hayan realizado progresos. 
Si intento avanzar a finales de 2006, no puedo imaginar que se alcance la meta. 
He propuesto que en este Pleno votemos las solicitudes de adhesión de Bulgaria y Rumanía solo después de que se nos presente el próximo informe de progreso, pero esto, lamentablemente, no ha sido posible. 
Por lo tanto, permítanme que deje muy claro –y puedo decir esto en nombre de una serie de diputados de mi propio país– que no podemos, en este momento, dar nuestra aprobación, en particular, con respecto a Rumanía. 
– Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, quiero empezar agradeciendo encarecidamente a los ponentes la labor tan meticulosa y exhaustiva que han realizado. 
Estos informes son muy sinceros, una de cuyas consecuencias es que parecen ser más críticos de lo que tienen que ser, pero es justo que se mencionen estas cosas. 
También quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario, ya que tanto el Señor Schmit como el Comisario Rehn han realizado un esfuerzo considerable para acceder a los deseos del Parlamento y hacer suyas sus ideas. 
Sé que han tenido que superar muchos obstáculos legales. 
Aunque respaldo en principio lo que ha dicho el señor Ferber sobre los derechos del Parlamento, de lo que han dicho hoy el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario está claro que a ellos no les parece posible que el Consejo y la Comisión no tengan simplemente en cuenta cualquier posición explícitamente negativa que, en otoño, exponga el Parlamento, que es el representante de los pueblos de Europa. 
En realidad, era sobre esta única base sobre la que numerosos diputados creyeron posible votar a favor. 
Todavía queda mucho por hacer. 
Al contrario de lo que el señor Lagendijk ha dicho –por quien, déjenme añadir, siento una gran estima– no se trata de que anteriormente todo fuera blanco o negro o en todo caso malo, mientras que ahora todo está bien. 
El anterior Gobierno, también, hizo una cierta labor –admito que demasiado poca– y, por lo tanto, tenemos grandes esperanzas de que su sucesor intensifique sus esfuerzos. 
Hace una semana, el pasado viernes, me encontraba yo en Rumanía y pude ver cuán en serio se tomaban el Gobierno y los diversos diputados del Parlamento la aplicación de las reformas. 
Con referencia a la lucha contra el crimen transfronterizo, he de añadir que los esfuerzos de Rumanía están fortaleciéndose por lo que está ahora ocurriendo en Ucrania, de la cual estamos por primera vez obteniendo una respuesta positiva. 
Quiero pedir al Consejo y a la Comisión que presten especial cuidado a que Ucrania ayude a Rumanía a ganar esta batalla contra el crimen internacional y si Rumanía gana la lucha contra la corrupción, es muy probable que la batalla se gane de hecho. 
Sin embargo, voy a pedirles a los dos que se tomen esto, y nuestros puntos de vista, muy en serio tal como tomamos sus promesas. 
– Señor Presidente, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa también quiere quejarse en los términos más duros sobre la falta de respeto al Parlamento y la violación de las competencias presupuestarias del Parlamento Europeo que estamos observando aquí en relación con las negociaciones relativas a la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE. 
Por desgracia, no es la primera vez que esto ocurre. 
Naturalmente, vemos lo mismo en relación con la ampliación del año pasado para incluir a los diez nuevos países. 
Aquí, también, el Consejo ha actuado totalmente de forma unilateral al incluir los costes estimados de la ampliación en el anexo a los Tratados de Adhesión. 
Uno pensaría que lo que ha ocurrido después y las negociaciones posteriores entre el Parlamento y el Consejo se habrían quedado en la memoria del Consejo. 
Sin embargo, los indicios apuntan a que el Consejo tiene una memoria muy corta. 
Todo lo que pedíamos era que el Consejo –tal como acordamos con la Presidencia de Luxemburgo– hiciera una declaración conjunta en la que se pusiera énfasis en que las tres instituciones tenían que alcanzar un acuerdo sobre las consecuencias financieras de la adhesión por parte de Bulgaria y Rumanía, tal como tienen que hacerlo. 
Pero no: no quiere firmar una declaración de este tipo. 
Esto ilustra claramente la falta de voluntad de cooperar y llega con tan poco tiempo antes de que podamos tomar una medida en cuanto a un acuerdo sobre perspectivas financieras para los presupuestos plurianuales para los años después de 2006. 
La ausencia de un enfoque conjunto podría tener especiales consecuencias en este asunto; es decir, si no se alcanza un acuerdo sobre las perspectivas financieras antes de que las perspectivas actuales expiren. 
Quiero agradecer al Comisario el detalle de la situación de las perspectivas financieras y su apoyo para la presentación del dictamen del Parlamento. 
También quiero agradecer al señor Schmidt su promesa de que volverá a intentar obtener una declaración conjunta firmada por el Consejo. 
Le deseo mucha suerte en esta tarea. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero decir algo más sobre Kosloduj. 
Las expectativas de mi Grupo son que se desmantele esta central nuclear según lo dispuesto en el protocolo acordado sobre este asunto. 
Tenemos la impresión de que, sobre este punto, el informe Van Orden podría clarificarse, ya que el señor Van Orden lo dejó muy abierto. 
Me alegra mucho el apoyo de la señora Stenzel y el señor Swoboda, que confío contarán con el amplio apoyo a esta enmienda por parte de sus Grupos. 
Ayer supe que el Gobierno búlgaro ha alcanzado una decisión final para construir una nueva central nuclear en Belene, y sobre esto también, hemos presentado una enmienda. 
Bulgaria es un exportador importante de electricidad. No puedo ver que exista ninguna necesidad de continuar los trabajos de construcción en Belene, para así introducir riesgos en el país y enviar electricidad fuera de él. 
A mi entender, esto no tiene sentido, ni tampoco la inversión de dinero europeo en este proyecto. 
Mi colega, el señor Horácek se ha referido a las grandes dificultades con las que se enfrentan los activistas en pro de los derechos de los ciudadanos en Belene en particular. 
No es una buena señal que Greenpeace Internacional informe de que los que se oponen a la energía nuclear en Belene se enfrentan a ataques tan extremos que necesitan protección personal. 
– Señor Presidente, ¿es la pregunta que se plantea siempre que nuevos países se adhieren, simplemente numérica y financiera? 
Dicho de otro modo, ¿se trata solo de una cuestión de coste, déficit, crecimiento y producción o se trata también de una cuestión cultural? 
¿Se trata también de una cuestión social? 
Rumanía y Bulgaria no tienen claramente el índice de crecimiento o justicia social europeos. 
Han perdido cuarenta y cinco años, que cedimos cuando los entregamos a la Unión Soviética. 
Tanto Roosevelt como Churchill estamparon sus firmas junto a la de Stalin. 
Por lo tanto, les debemos un atraso de cuarenta y cinco años en desarrollo social y crecimiento económico. 
Por lo tanto, ahora tenemos que devolverles lo que les debemos sin refunfuñar; hemos de tenderles la mano y atraerles hacia la sociedad europea. 
Se lo debemos a la civilización, a la cultura de Europa. 
No pensemos solo en números a secas. 
Los números a secas son para los tecnócratas. 
Los números no crean repúblicas, crean instituciones bancarias, pero aquí estamos creando la república europea, la idea europea. 
Por lo tanto, votemos a favor, ya que es necesario para la amplitud de Europa, es necesario para estas nuevas ideas con las que es necesario dotar a Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones y de la delegación italiana de. 
Mañana votaremos a favor de la resolución y aplaudimos la firma del Tratado y la consiguiente adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. 
Desde 1989, los sucesivos Gobiernos rumanos se han planteado como objetivo único y prioritario la adhesión de su país a la Unión Europea. 
El camino ha sido tortuoso y difícil, pero sin lugar a dudas se ha realizado un avance significativo. 
Especialmente en los últimos años el Gobierno de Bucarest ha dado pasos de gigante. 
La Comisión tiene constancia de esto y, en su informe de 1997 sobre el cumplimiento de los criterios políticos, reconoció los ingentes esfuerzos de reforma realizados por este país: la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de las minorías, así como las reformas en el ámbito de la administración pública. 
Sin lugar a dudas, sigue habiendo problemas, pero debemos tener confianza. 
Señor Presidente, Rumanía y Bulgaria son países europeos. 
El período que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue muy desafortunado, y la adhesión de estos países a la Unión Europea no solo será una forma de reparación por el catastrófico Acuerdo de Yalta, sino que también dará satisfacción a los deseos de una gran mayoría de personas, inclusive el Papa Juan Pablo II. Es irrelevante si estos países ingresan en la UE el 1 de enero de 2007 o en una fecha posterior, ya que incluso si esperásemos 40 años seguirían aún sin estar preparados desde el punto de vista económico y social. 
Sin embargo, el auténtico deseo de construir una Europa común y justa basada en el patrimonio cristiano es nuestro criterio principal y, por lo tanto, quiero sugerir que Rumanía y Bulgaria se adhieran a la UE el 1 de enero de 2007 y no más tarde. 
No tenemos que sofocar este afán a favor de la UE, en realidad tenemos que hacer justo lo contrario. 
Tenemos que hacer un buen uso de ello para garantizar que se llevan a cabo las últimas reformas necesarias antes de la adhesión. 
– Señor Presidente, Señorías, la delegación de este Parlamento en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumanía visitó Bucarest la semana pasada y celebró reuniones con nuestros colegas parlamentarios, con el nuevo Jefe del Estado, el Primer Ministro y otros Ministros. 
Nuestras impresiones generales fueron favorables. 
Ni siquiera por la parte rumana hubo intentos de ocultar los problemas que siguen existiendo, lo que creo que es altamente positivo, ya que nos permite valorar los esfuerzos realizados hasta la fecha. 
Hace poco, un diputado a este Parlamento manifestó que estos países no han realizado ningún avance. 
Esto simplemente no es verdad. 
Rumanía y Bulgaria han realizado progresos enormes. 
Con particular referencia a Rumanía, especialmente en los últimos meses a raíz del cambio de Gobierno tras las elecciones de noviembre, este progreso ha respondido a las recientes exigencias del Parlamento Europeo; por ejemplo, cuando esta Cámara aprobó el informe del Comisario Verheugen el pasado mes de noviembre. 
Creo que la Unión Europea debe ser coherente: resultaría verdaderamente extraño tener que explicar a la opinión pública rumana y búlgara que sus países pueden convertirse en rehenes de la incapacidad del Consejo y del Parlamento para alcanzar un consenso sobre cuestiones relativas al presupuesto y a las perspectivas financieras. 
Creo sinceramente que debemos tomar nota del gran compromiso suscrito por estos países. 
No habrá atajos; el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adhesión depende exclusivamente de sus propios esfuerzos. 
Sin embargo, no podemos poner en peligro el objetivo que estos países se esfuerzan por conseguir. 
– Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, al estar a favor de que Bulgaria y Rumanía ingresen en la Unión Europea desde el primer momento, sigo dando apoyo a su adhesión y seguiré haciéndolo. 
Estoy encantado de los progresos que ambos países han realizado durante los últimos años. 
Sin embargo, hoy se pide al Parlamento que vote a favor de los Tratados de Adhesión cuando las negociaciones sobre estos tratados aún no han llegado a una conclusión adecuada. 
Se trata de aspectos clave de los criterios de Copenhague que no se han cumplido y, al amenazar con utilizar las cláusulas de salvaguardia y aplazamiento, la Comisión y el Consejo han puesto de manifiesto la bancarrota política de las negociaciones. 
A efectos prácticos, se nos pide que aceptemos una adhesión apuntalada artificialmente. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el Consejo presiona para que los tratados se firmen a toda prisa, y desdeñando al Parlamento al anular sus derechos presupuestarios. 
No obstante, no debemos castigar a Rumanía y a Bulgaria por ello, y el intercambio de cartas entre el señor Barroso, el Presidente de la Comisión y el señor Borrell, el Presidente del Parlamento, ha hecho al menos posible que podamos votar a favor, incluso si estamos lejos de alegrarnos por hacerlo así. 
El Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario tendrían, sin embargo, que darse cuenta de que estamos perdiendo rápidamente nuestra fe en la buena disposición y capacidad del Consejo y de la Comisión para dirigir las próximas negociaciones sobre la ampliación de la manera necesaria, o dicho de otra forma abierta y responsablemente, y en interés de todo el mundo. 
Les aconsejaría que no confiaran en la paciencia constante de esta Cámara y, sobre todo, les pediría que le confirmaran en noviembre, cuando presenten su informe, que los países están preparados para su ingreso, en vez de presentar otra evaluación provisional. 
Esta Cámara siempre ha considerado favorablemente la ampliación en el pasado, pero no se puede decir que esto no cambie en el futuro. 
Señor Presidente, en 1999 el Consejo, la Comisión y el Parlamento señalaron a Rumanía en Helsinki tres temas clave que tenía que abordar. 
Hoy puedo informar muy positivamente sobre uno de esos temas: los avances realizados en materia de derechos del niño. 
Desde esa fecha, la Comisión ha dedicado 60 millones de euros a la promoción de los derechos del niño. 
La Comisión, en colaboración con el Gobierno rumano, ha creado centros de acogida de tipo familiar para los niños necesitados mediante la apertura de guarderías, hogares familiares, centros de ayuda para la primera etapa de la maternidad y centros para niños con necesidades especiales. 
Cada año, la Comisión ha desarrollado una campaña pública de sensibilización en colaboración con el Gobierno y ha llevado a cabo amplios programas de formación de profesionales sobre la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, y sobre la nueva legislación rumana que contempla competencias excepcionales en esta materia. 
A resultas de todo ello, el número de menores que viven en centros residenciales ha pasado de 85 000 a 35 000. 
Las condiciones reinantes en estas instituciones han cambiado drásticamente y ahora 15 000 se encuentran en hogares de acogida. 
Unos 30 000 menores se han reincorporado a sus propias familias. 
Tan solo durante el año pasado, 1 800 niños fueron adoptados dentro del país, y hace dos o tres años 25 000 niños con necesidades especiales se incorporaron a la escolarización normal por primera vez. 
La Comisión ha colaborado activamente en la redacción de la nueva legislación para 6,5 millones de niños rumanos. 
Esta nueva legislación está mucho más avanzada que el resto de las legislaciones de la región e incluso de algunos Estados miembros de la Unión Europea. 
Se trata de una legislación muy moderna, que apoya a la familia, se opone a la violencia contra los niños y prohíbe el ingreso de niños menores de dos años en residencias. 
En algunos Estados miembros de la Unión Europea, muchos miles de niños, incluso menores de dos años, viven en residencias. 
La nueva ley es sumamente clara y moderna por lo que se refiere al contacto entre padres e hijos. 
La Comisión ha creado un grupo especial formado por expertos de los Estados miembros, presidido por un magistrado belga, para prestar ayuda en la redacción de esta nueva legislación. 
A modo de conclusión podemos decir que ahora Rumanía cuenta con una legislación más avanzada y ha llevado a cabo una reforma en materia de derechos del niño que supera a muchos Estados miembros, como señalaron algunos Estados miembros en una reunión celebrada el viernes 8 de abril en Grecia. 
Quiero felicitar a Rumanía, pues este es solo uno de sus logros y ha habido muchos otros. 
Rumanía se ha ganado a pulso su lugar en la Unión Europea y con mucho gusto votaré a favor de su adhesión. 
– Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mis mejores deseos a Rumanía, un país donde operan miles de empresas del valle del Po, aunque siguen pendientes algunas cuestiones delicadas: inmigración ilegal, tráfico de seres humanos y la cuestión ya mencionada de la adopción de niños. 
En lo que respecta a Bulgaria, debemos tomar nota de un hecho nuevo: las declaraciones realizadas ayer en un importante periódico por el ex director de los servicios secretos de Alemania del Este, quien ha revelado finalmente la verdad sobre el atentado contra el Papa, que fue organizado, dirigido y ejecutado por los servicios secretos búlgaros. 
Señor Presidente, señor Comisario, debemos aprovechar esta oportunidad y reclamar a las autoridades búlgaras que revelen la verdad. 
Les pedimos que abran los archivos y que expliquen finalmente a Europa lo que realmente ocurrió y quién entregó el arma a Ali Agca, un hombre entrenado en Bulgaria. 
Preguntamos qué ocurrió porque sigue habiendo gente con las manos manchadas con la sangre de ese atentando, que supone una grave responsabilidad para los líderes de ese periodo de la historia, que afortunadamente hemos dejado atrás desde la caída del Muro de Berlín. 
Recordemos esta gran responsabilidad; descubramos la verdad y no pasemos página sin haber establecido de forma clara y fidedigna lo que realmente ocurrió. 
– Señor Presidente, según los defensores de la ampliación, los Balcanes serán más estables si Rumanía y Bulgaria ingresan en la Unión Europea en un plazo inferior a dos años. 
No cabe duda de su estatuto como miembros de la comunidad europea de naciones, y Austria en particular acoge con satisfacción la perspectiva de ampliación de la UE para incluir amplias franjas de un país que formaba parte integrante de la familia de naciones austriacas antes de la Primera Guerra Mundial. 
Sin embargo, al mismo tiempo, esto no altera que ambos países siguen enfrentándose a graves problemas que todavía no se han resuelto a pesar de todos los esfuerzos hacia la reforma, y que no se limitan a las esferas económicas y sociales. 
Rumanía y Bulgaria también están experimentando problemas de gran importancia en la exportación de la delincuencia, que es una causa nada desdeñable de la corrupción existente en estos países. 
Es más: dado que el 30 % de los rumanos todavía viven en los umbrales de la pobreza, existe el riesgo de que el mercado laboral de la UE se vea sometido a una enorme presión. 
En nuestra opinión, los problemas anteriormente expuestos prueban que es demasiado pronto para que Rumanía y Bulgaria se adhieran a la UE. 
Rumanía y Bulgaria –es decir, las autoridades de Sofía y Bucarest– deberán conseguir controlar la lucha contra el crimen antes de que se les conceda entrar en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, cuando mañana exprese mi conformidad con la adhesión de una Rumanía que puede cumplir y aplicar las normas y las prácticas europeas, lo haré mientras llamo la atención sobre la importancia de poder mantener el seguimiento de cómo se cumplen los compromisos. 
Rumanía ha llevado a cabo una gran transformación en los últimos quince años. 
En un corto período de tiempo ha pasado de ser un país retrasado literalmente envuelto en la oscuridad y una dictadura brutal, a un miembro de la OTAN y un candidato al ingreso en la UE. 
Gracias a su nuevo Gobierno, es de esperar que también se sentarán los cimientos de un sistema legítimamente basado en el Estado de Derecho en los próximos meses. 
Junto con los éxitos, sin embargo, la transición también está obstaculizada por algunas cuestiones sin resolver. 
Como Diputado húngaro al Parlamento Europeo tengo que señalar en particular las numerosas excepciones de transición solicitadas por Rumanía en el ámbito de la protección medioambiental, algunas de las cuales tienen un impacto directo en el estado del medio ambiente natural de Hungría. 
Los asuntos conflictivos y sin resolver incluyen la corrupción, la independencia del Poder Judicial, la restitución de los bienes comunitarios y de la Iglesia, la cuestión de la Universidad estatal de Hungría, los derechos culturales del pueblo Csango, las iniciativas de la comunidad húngara y la región Székely para conseguir la autonomía, y disposiciones en la legislación electoral –también criticadas por organizaciones internacionales– que discriminan a organizaciones minoritarias. 
Albergamos esperanzas de que se realicen también progresos en estos ámbitos en los próximos meses. 
Este es un momento histórico para los ciudadanos de Rumanía y para la comunidad húngara de Transilvania, que es de especial importancia para mí. 
Creo que la adhesión fortalecerá la capacidad de la minoría indígena de un millón y medio de húngaros para forjar su futuro y dar una oportunidad de conseguir el autogobierno, la autonomía y la independencia. 
Al aprobar la firma del Tratado de Adhesión, brindamos a Rumanía una oportunidad. 
Es por este motivo por el que quiero poner un énfasis especial en la supervisión estricta durante el período entre la firma del Tratado de Adhesión y la fecha de adhesión real. 
El Parlamento Europeo tiene que desempeñar un papel en este proceso para que los recelos de todos puedan diluirse cuando llegue el momento de la fecha de adhesión. 
Trabajar en el Parlamento Europeo me ha dejado claro que la futura configuración de Rumanía, inclusive la de la comunidad húngara, depende de nosotros en muchos aspectos. 
Seamos decisivos en tener en cuenta a Rumanía, incluso si la delegación del Gobierno en el poder en un momento dado se inclina hacia otro lado, ya que ocultar los problemas tendría un efecto desmoralizador en la población de los Estados miembros. 
Esto es especialmente importante para los ciudadanos de Rumanía, cuya única preocupación ha de ser la de salir como los ganadores de la adhesión. 
Esto es a lo que mi voto del «sí» se refiere. 
Que sea una oportunidad para este pueblo. 
– Habrá transcurrido pronto un año desde la ampliación histórica, cuando diez nuevos Estados miembros se unieron a la UE. 
Es evidente que los resultados de esta ampliación han sido positivos en su conjunto, y que esto es verdad no solo para los Estados miembros que entraron a formar parte de la Unión Europea hace un año, sino también para los antiguos Estados miembros. 
Estoy seguro que la ronda de ampliación que implica a Rumanía y Bulgaria tendrá un éxito similar. 
La mera perspectiva de la adhesión ha demostrado ser una motivación poderosa tanto para Rumanía como para Bulgaria para reformar sus sistemas políticos y poner en marcha una serie de reformas relacionadas con los derechos humanos y las libertades civiles, el sistema político y la creación de una economía más fuerte. 
Queda mucho por hacer, naturalmente, y nuestros ponentes han dado una descripción clara, sin ambigüedades y extremadamente objetiva de ello en sus informes. 
Creo que tanto Rumanía como Bulgaria continuarán teniendo tanto éxito durante los próximos meses tal como lo han hecho hasta la fecha, y podrán ingresar en la Unión Europea en 2007. 
Me doy cuenta que ha habido cierta controversia sobre la división de competencias entre las diversas instituciones europeas, pero no debemos perder de vista nuestra meta principal, que es una mayor ampliación de un espacio de democracia, libertad, estabilidad y prosperidad. 
Este espacio debe ampliarse para incluir a la Europa del Sur y del Este, de modo que no solo Hungría y la República Checa, sino en el futuro también Rumanía y Bulgaria, puedan ser un ejemplo sólido y positivo para países como Serbia, Montenegro o la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
– Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a los dos ponentes por sus informes detallados. 
El pasado diciembre, el Consejo Europeo anunció la finalización de negociaciones con los dos países con la conformidad de la Comisión de Asuntos Exteriores, que fue absolutamente clara. 
Hoy también hemos tenido declaraciones tanto del Consejo como del Comisario, el señor Rehn. 
Los dos han señalado que estos dos países han realizado progresos admirables en el marco de sus esfuerzos por armonizar con el acervo comunitario. 
Sin embargo, es necesario que estos dos países sigan trabajando más, en particular en los capítulos de la corrupción, la justicia y la lucha contra el crimen organizado. 
Estas deficiencias, en mi opinión, pueden superarse en el período de más de dieciocho meses que quedan. 
Asimismo, los progresos realizados se supervisarán muy estrechamente por la Comisión, tal como ha declarado el Comisario Rehn. 
También quiero destacar que la enmienda sobre cuya base el Parlamento Europeo tomará parte plenamente en el procedimiento de adhesión de estos dos países y en el proceso de toma de decisiones, en el caso de que sea necesario utilizar las cláusulas de salvaguardia, también es muy importante ya que, para decirlo así, también garantiza el control por parte del Parlamento. 
Los diputados griegos al Parlamento Europeo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos respaldamos enérgicamente las perspectivas de integración de Rumanía y Bulgaria, sabiendo muy bien que esto reforzará la estabilidad y la seguridad en los Balcanes. 
También creemos que un resultado negativo enviará un mensaje político equivocado y desalentará a estos países para que se esfuercen en lo necesario a un ritmo rápido. 
– Señor Presidente, para Hungría, la adhesión de Rumanía es una cuestión de interés nacional dado que, históricamente, las relaciones húngaro-rumanas han sido muy conflictivas. 
La UE puede ofrecer un marco para resolver estos conflictos definitivamente, pero esto no sucederá automáticamente. 
La comunidad de un millón y medio de etnia húngara de Rumanía tiene un gran interés en pasar a ser un miembro de la UE lo más pronto posible; el apoyo para la UE dentro de este grupo es de más del 90 %. 
En un espíritu de buena vecindad política, Hungría quiere ofrecer su ayuda al Gobierno rumano para que el país pueda cumplir plenamente los requisitos establecidos con detalle en el presente informe, de manera que se evite el aplazamiento de la adhesión de Rumanía y se asegure que no es necesario invocar la cláusula de salvaguardia. 
La labor que todavía queda por hacer incluye ámbitos importantes como la creación de una auténtica autogobernanza local y la aplicación de una verdadera descentralización. 
Es importante que el Parlamento Europeo recuerde al Gobierno rumano que continúe mejorando la situación de la minoría húngara, que aplique medidas especiales y que ponga énfasis en la necesidad de la subsidiariedad y la autogobernanza local. 
La autogobernanza es sinónimo de autonomía, y una minoría de un millón y medio de personas tiene gran necesidad de ella. 
Me refiero tanto a la necesidad de autonomía individual y personal para los húngaros diseminados por todo el país como la necesidad de autonomía territorial para zonas densamente pobladas por húngaros. 
En este sentido, las regiones de Rumanía deberían constituirse basándose en tradiciones lingüísticas históricas. 
Gracias, señor Moscovici, por su informe. 
Aporta un gran estímulo y una ayuda considerable a las minorías rumanas. 
Con las condiciones antes citadas, apoyo de todo corazón la adhesión rápida de Rumanía. 
– Señor Presidente, yo también participé en la visita de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumanía a Bucarest de la semana pasada, y quiero agradecer al Presidente del Parlamento y también a nuestro vicepresidente, el señor Podestà, por permitir que tenga lugar la votación esta semana en condiciones extraordinarias. 
El principal punto que quiero mencionar ante el Parlamento es la gran franqueza de los miembros del Gobierno rumano –desde el Presidente y el Primer Ministro hasta los Ministros– a la hora de reconocer las dificultades que han heredado. 
No ha habido ningún intento de ocultarlas. 
No obstante, en muy poco tiempo han elaborado programas detallados para hacer frente a estos problemas, cuyo coste también han cifrado. 
De este modo, no se trataba de una lista de buenos deseos, sino de un planteamiento muy práctico para resolver estos problemas. 
Todos conocemos estos problemas: la lucha contra la corrupción, la independencia del poder judicial, la protección del medio ambiente. 
Es evidente que la Unión Europea tendrá que prestar asistencia a Rumanía mediante inversiones en este país y la cooperación con vistas a restablecer la sociedad civil. 
Si echamos un vistazo a los libros de historia y a las imágenes de Bucarest a principios del siglo pasado, veremos lo próspera y cultivada que era Rumanía en ese momento entre todos los países europeos. 
Estoy convencido de que Rumanía se reintegrará en Europa y que se lo merece. 
Existen algunos motivos de preocupación, en particular en relación con la minoría húngara que vive en Transilvania, que no recibió un buen trato en el pasado, pero creo que hemos recibido importantes garantías a ese respecto. 
Por ello votaré a favor. 
Es sumamente importante enviar el mensaje correcto, no solo a las autoridades rumanas, sino también al pueblo rumano. 
La historia, desde luego, no acaba aquí, pues después de la adhesión tendremos que seguir trabajando. 
Pero me gustaría dar las gracias a nuestros anfitriones rumanos que nos dieron la bienvenida en Bucarest, y señalar igualmente que las embajadas de la UE –es decir, los representantes de los Estados miembros– colaboran estrechamente con la Comisión para asegurar la realización efectiva de esta tarea tan difícil. 
– Señor Presidente, esta Cámara siempre ha estado a favor de que Rumanía y Bulgaria ingresaran en la UE. 
Habiendo manifestado repetidamente que esta adhesión tendría lugar el 1 de enero de 2007, mañana acogeremos con suma satisfacción una decisión a este efecto. 
Como miembro de la comisión parlamentaria mixta UE-Rumanía, he observado por mí mismo los progresos realizados por este país, a pesar de todos los problemas legados por el régimen Ceausescu. 
Sin embargo, no puede negarse que Rumanía aún tiene una enorme labor que realizar antes de su adhesión, incluyendo la lucha contra la corrupción y asegurar la independencia del Poder Judicial, a las que se ha hecho referencia en muchas ocasiones. 
Estoy encantado de ver que el nuevo Gobierno está trabajando para alcanzar estas metas, y que se han elaborado los planes de acción nacionales para el período hasta 2007. 
La corrupción no consiste en nada más que en el robo de la economía nacional y de los ciudadanos; es un mal que hay que erradicar de la sociedad. 
Rumanía tiene que ser un Estado que funcione al amparo del Estado de Derecho. 
No importa qué problemas tiene que afrontar con respecto a cubrir puestos de trabajo de responsabilidad en órganos constitucionales, hay que cumplir la Constitución y también destaco que Rumanía es un miembro de la familia europea y no se ha salido de la fila en ningún caso. 
La idea de un eje Washington-Londres-Bucarest es quizá algo presuntuoso, pero, si queremos que este país se adhiera a la UE, creo que cooperará con eficacia y en buenos términos con nosotros. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que me complacen los progresos que ha hecho Rumanía en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. 
En un breve lapso de tiempo se han logrado muchas cosas y quiero felicitar a las autoridades rumanas por ello. 
Esta tarde hemos oído hablar de los ámbitos en los que es necesario seguir avanzando y de nuestra sincera preocupación por cómo se financiará todo esto. 
A pesar del informe tan positivo de la baronesa Nicholson of Winterbourne sobre la mejora de la atención infantil en Rumanía, la atención que reciben los niños y los jóvenes en las instituciones estatales constituye un problema. 
Me refiero en particular a aquellos niños y jóvenes que sufren discapacidades. 
Hace menos de un año, Amnistía Internacional publicó un inquietante informe sobre la trágica muerte de varios pacientes en un hospital psiquiátrico de Rumanía. 
El informe señalaba que estas muertes se debieron sobre todo a la desnutrición y a la hipotermia, y que, desgraciadamente, no eran una excepción dentro del sistema de atención mental de Rumanía. 
Sé que la Unión Europea, en colaboración con las autoridades rumanas, ha participado en algunos trabajos muy importantes con miras a reducir el número de niños y jóvenes internados en residencias. 
Sin embargo, Amnistía Internacional señalaba que no se tiene suficientemente en cuenta a los numerosos jóvenes que han sido transferidos indebidamente de las instituciones estatales que han sido clausuradas para terminar en hospitales psiquiátricos, donde pueden languidecer por el resto de su vida. 
Acepto que la situación ha mejorado mucho en Rumanía. 
La Comisión me ha informado hace poco de todos los trabajos que ha realizado a este respecto, pero aún queda mucho por hacer en este terreno. 
Simplemente no es aceptable que los niños y jóvenes rumanos reciban una atención inadecuada. 
De hecho, no es aceptable que algo así suceda en un Estado miembro de la UE. 
Apoyo la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, pero insto a las autoridades rumanas, a la Comisión, a este Parlamento y a todos los órganos competentes a que no se olviden de esta gente, muy real, de la que estoy hablando, de aquellos que no tienen voz. 
Su situación requiere un seguimiento pormenorizado y mejoras de aquí hasta el momento a la adhesión y después de esta. 
Señor Presidente, desde la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se resalta la importancia política y económica de la adhesión tanto de Rumanía como de Bulgaria a la Unión Europea. 
No podemos encarar los Tratados de adhesión ignorando las perspectivas financieras y menos aún en lo que respecta a la política agraria común. 
Es preciso tener en cuenta el coste financiero que entraña la aplicación de la PAC en estos dos países candidatos. 
No nos vale, en el caso de la agricultura, la excusa de que la financiación de estos dos países se realiza dentro de los montantes pactados por el Consejo. 
Este acuerdo se refería únicamente a los gastos para la Unión a 25 y solo comprendía a los 10 nuevos países, exceptuando Rumanía y Bulgaria. 
Queremos, desde el Parlamento, que se respeten los acuerdos de la Cumbre de Bruselas de octubre de 2002, en la que se aseguraba que la introducción progresiva de nuevos países se realizaría en un marco de estabilidad financiera. 
Para incluir a los dos nuevos países, con lo que estamos de acuerdo, la cifra calculada para la inclusión tiene que incrementarse para poder dar cabida dentro de la política agraria común tanto a Rumanía como a Bulgaria. 
Ese es el deseo del Parlamento, que esperemos sea cumplido tanto por el Consejo como por la Comisión. 
– Señor Presidente, Rumanía y Bulgaria tienen que pasar a ser miembros de la Unión Europea, pero ¿cómo y cuándo va a ocurrir esto? 
Ante todo, hubiera agradecido una mayor buena voluntad para cooperar por parte del Consejo con respecto a las cuestiones financieras. 
Hoy, en esta Asamblea hemos escuchado que todavía existen un gran número de incertidumbres, y que debido a ello sería preferible si reconsideráramos lo que podría ser el punto de vista común sobre estas cuestiones. 
En particular, tenemos problemas con respecto a Rumanía y las cuestiones de si cumple todos los criterios. 
Si no es un requisito para Rumanía cumplir todos los criterios, que todos los Estados miembros han tenido que cumplir hasta hoy, se sentará un mal ejemplo para los futuros nuevos Estados miembros, como Turquía. 
Me complació escuchar la sugerencia del Comisario Rehn de que tenían que aplicarse las cláusulas de salvaguardia, si no se cumplen adecuadamente las condiciones y si Rumanía no realiza suficientes progresos. 
Apoyo firmemente este punto de vista. 
Ahora, sería mucho más razonable esperar el próximo informe de progreso y votar únicamente sobre estas cuestiones en ese momento y no mañana. 
Ante todo, se trata de la confianza de los ciudadanos en cómo las instituciones siguen las normas y los acuerdos. 
Hace poco, el pacto de estabilidad y de crecimiento se suavizó, al considerarse importante desde el punto de vista político. 
Si ahora tienen que atenuarse los criterios para la adhesión, al considerarse importantes políticamente, es difícil imaginar cómo pueden los ciudadanos confiar en estas instituciones. 
Señor Presidente, desde la Comisión de Industria, Investigación y Energía, dando apoyo a los informes que debatimos, queremos poner de relieve que en los sectores de la investigación, la energía, la política industrial y las telecomunicaciones, ambos países necesitan efectuar un esfuerzo suplementario. 
Necesitan reformular su política industrial; necesitan eliminar los obstáculos estructurales en la inversión y la burocracia excesiva y necesitan, también, dotarse de un entorno legislativo estable que asegure una estrategia eficiente para las pequeñas y medianas empresas, verdaderas creadoras de empleo y fuente de innovación tecnológica. 
También deben seguir trabajando en una política de seguridad energética. 
Bulgaria ya ha adoptado medidas para conseguir un alto nivel de seguridad en la central nuclear de Kozludy, y nos felicitamos por ello. 
Pero se prevé una reducción considerable de las capacidades de generación energética, por lo que es urgente crear nuevas capacidades y garantizar la seguridad del suministro. 
Pedimos a la Comisión que realice un estrecho seguimiento de esta cuestión y preste la asistencia necesaria al respecto. 
Y para Rumanía, el abandono de las centrales térmicas poco eficientes y la gestión de minas de carbón no viables son desafíos clave que exigen la adopción inmediata de medidas en política social para hacer frente a las graves dificultades que se generan en el empleo. 
Para todo ello, señor Presidente, deben contar con nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, Rumanía ha tenido dificultades liberándose del yugo del imperio soviético. 
Rumanía era uno de los países que experimentaron la transición más violenta de la dictadura a la democracia. 
Por lo tanto, la travesía hacia la adhesión del país ha sido más difícil. 
Por consiguiente, los progresos realizados por la sociedad rumana son dignos de admiración, aunque la tarea esté lejos de haberse completado. 
Rumanía sigue teniendo problemas con la violación de la libertad de prensa, la escasa salvaguardia de los derechos de los niños y la represión de la población romaní, y siguen existiendo problemas referentes a la corrupción. 
Por lo tanto, estoy satisfecho con el plan de acción sobre la corrupción publicado hace poco por el Gobierno rumano. 
Aunque Rumanía sigue sufriendo graves problemas, es importante que mañana aprobemos la adhesión de Rumanía ya que queremos animar los esfuerzos de los rumanos para que cumplan las condiciones de adhesión el 1 de enero de 2007. 
Su debate ha puesto de manifiesto cierto número de elementos muy útiles e interesantes. 
He creído detectar, a través de todas sus intervenciones, que el Parlamento puede prestar un amplio apoyo a la adhesión de estos dos países, Bulgaria y Rumanía. 
Hagan un alto y reflexionen un momento. 
Si estos dos países no hubieran tenido la perspectiva de la adhesión, ¿dónde estarían hoy? 
¿Habría hecho la democracia los progresos que ha hecho en estos dos países? 
La perspectiva de la adhesión, la perspectiva de convertirse en miembro de pleno derecho de la familia europea, ha sido un poderoso estímulo para la reforma de estos dos países. 
Hoy es necesario, en efecto –como se ha dicho–, no desmoralizar o desalentar a estos dos países. 
Por ello, la vía de la adhesión debe hacerse tangible ahora. 
Es cierto también que existen aspectos que hay que mejorar y sobre los que hay que actuar. 
Algunos han mencionado la cuestión muy seria de la corrupción. 
Hay que comprometer a los Gobiernos de estos dos países –sobre todo a uno de los dos– a luchar todavía con más eficacia contra la corrupción. 
Hay que alentar, incluso obligar, a estos Gobiernos a establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces. 
Estoy seguro de que la Comisión será más que un observador: tomará medidas efectivas; seguirá la evolución de los acontecimientos en estos países; no tomará el camino fácil, como bien ha dicho el señor Comisario. 
Hoy, no obstante, debemos enviar una señal política importante a Bulgaria y Rumanía. 
Debemos tener cierta confianza en estos dos países, mostrándoles que el camino está claro. 
Es preciso que se respeten los compromisos. 
Por esta razón, las medidas de salvaguardia previstas para estos dos países son un poco diferentes de las previstas en la ampliación precedente, y no son retóricas. 
Son medidas concretas que pueden aplicarse. 
Y se aplicarán tanto más efectivamente cuanto más siga el Parlamento la evolución de los acontecimientos en estos dos países, como estoy seguro que hará. 
Me gustaría decir unas palabras sobre las dudas expresadas, en particular por el señor Hänsch, con respecto a la voluntad del Consejo de escuchar al Parlamento. 
Creo que han suscitado ustedes una cuestión importante. 
El Parlamento siempre ha sido un buen aliado en el proceso de ampliación y el Consejo quiere conservar a este aliado con vistas a las ampliaciones futuras. 
Todo el mundo es absolutamente consciente de ello y no es una figura retórica que el Consejo diga claramente que la posición del Parlamento se tendrá plenamente en cuenta si se expresa con vistas a una posible aplicación de las medidas de salvaguardia. 
Creo por tanto que pueden estar ustedes más tranquilos de lo que parecen estar. 
He hablado ya de la financiación. 
Creo que la Presidencia tiene una cosa que lamentar: el hecho de no haber resuelto de un modo más satisfactorio la cuestión de la declaración conjunta. 
Pero reitero también lo que he dicho antes: pueden estar ustedes seguros de que los derechos del Parlamento permanecerán intactos, pues se derivan del Tratado, y los derechos del Parlamento permanecerán intactos también en el contexto del Acuerdo Interinstitucional. 
. Muchas gracias por este debate tan serio y esencial. 
Sus Señorías han manifestado que les preocupa la capacidad de estos dos países para luchar contra la corrupción y para cumplir en general los compromisos que asumieron en el terreno del medio ambiente, de la reforma del sistema judicial o de los derechos de las minorías. 
Yo comparto esas preocupaciones. 
De ahí que sea tan importante mantener un ritmo positivo y alentar a estos países a que mantengan plenamente sus programas de reforma. 
La Comisión seguirá muy de cerca los avances logrados y mantendrá debidamente informado al Parlamento Europeo. 
Si la Comisión estima necesario recomendar la invocación de la cláusula de salvaguardia, tendremos muy en cuenta, como ya he dicho en mi primera intervención, los puntos de vista del Parlamento antes de hacer dicha recomendación, de conformidad con el intercambio de cartas entre los Presidentes Barroso y Borrell. 
Me gustaría hacer algunos comentarios sobre los derechos de las minorías. 
En el caso de Rumanía se ha mencionado la situación de la minoría húngara. 
Podemos observar una evolución positiva en esta materia, tanto en la Administración como entre los ciudadanos. 
Los húngaros pasaron a formar parte de la coalición gobernante en 2004, y el Primer Ministro Tariceanu eligió Budapest para su primera visita de Estado al extranjero. 
Además, desde 2000 los húngaros han obtenido importantes derechos en el ámbito de la administración, la educación y la justicia. 
En particular, la ley establece que tienen derecho a expresarse en su lengua materna en los tribunales. 
Asimismo, los letreros son bilingües en las zonas en que la población húngara supera el 20%, es decir, en más de 1 000 municipios. 
La minoría húngara goza igualmente de instituciones educativas: la universidad privada húngara Sapientia cuenta con más de 1 400 estudiantes. 
Acogemos con agrado de esta evolución positiva y seguiremos observando las mejoras en este ámbito en nuestro informe global de seguimiento del próximo otoño. 
En cuanto a la situación de la población romaní, otra cuestión relacionada con los derechos de las minorías, tanto Bulgaria como Rumanía han comenzado a aplicar la estrategia nacional de mejora de la situación de esta población, tal como se contempla en el Programa PHARE de la Unión. 
Aunque los resultados aún son muy limitados, se han realizado avances importantes. 
Entre ellos cabe mencionar, en particular, un mayor acceso a la educación y los proyectos locales de desarrollo comunitario. 
Hace poco se puso en marcha en Sofía la Década de la Inclusión de los Romaníes, en la que participan varios Estados miembros actuales y futuros, y algunos posibles países candidatos. 
La Comisión apoya plenamente esta importante iniciativa. 
Asimismo seguimos muy de cerca la situación de la minoría csango en Rumanía. 
En relación con la central nuclear de Kozloduy, quiero recordar a sus Señorías que la garantía de un alto nivel de seguridad nuclear constituye una de las prioridades de la Unión en su conjunto y de sus Estados miembros. 
En este contexto se puso de relieve la necesidad de cerrar algunas instalaciones nucleares de tres países: Lituania, la República Eslovaca y Bulgaria. 
El marco negociado con Bulgaria es claro y contempla el respeto firme e inequívoco de los compromisos de cierre en las fechas acordadas. 
Esta cuestión está resuelta, el caso está cerrado y las fechas de cierre no volverán a debatirse. 
En conclusión, me parece que existe un apoyo general a la firma del Tratado de adhesión con ambos países, de conformidad con el acuerdo que el Presidente Barroso esbozaba en su carta al Presidente Borrell. 
En otras palabras, el Parlamento Europeo participa plenamente y la Comisión se compromete a tener muy en cuenta los puntos de vista del Parlamento Europeo. 
Permítanme decir solamente cómo veo el papel del Parlamento Europeo en relación con la cláusula de aplazamiento. 
Yo lo llamaría una votación de «aprobación extendida» , que no es jurídicamente vinculante porque el Tratado no lo permite, pero que constituye una declaración política de peso si la hace el Parlamento Europeo. 
Existen razones cuantitativas y cualitativas para ello. 
En primer lugar, el Parlamento tiene que votar al menos 20 meses antes de que se produzca la adhesión, cosa que resulta excepcional. 
En el caso de la UE de los Diez, este período fue de unos doce meses, y en el caso de la ampliación de 1995 fue de apenas 6 o 7 meses, que no es lo mismo que 20 meses. 
En segundo lugar, el propio Tratado de adhesión recoge muchos criterios, en concreto en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, así como de competencia, ayudas públicas y medio ambiente. 
Por ello es muy importante seguir muy de cerca este proceso y asegurarse de que se realice de forma democrática. 
De este modo se cumple el espíritu del Tratado y de la democracia europea, y es sumamente importante que el Parlamento Europeo participe plenamente en esta decisión. 
Estamos en vísperas de una decisión histórica. 
Me alegro de que hayamos mantenido una cooperación tan sólida y fructífera con el Parlamento Europeo. 
Espero que este sea un buen augurio para nuestra cooperación en el futuro. 
Ahora el resultado final está en manos de rumanos y búlgaros. 
Espero que tendrán éxito y les ayudaremos a que estén listos para convertirse en Estados miembros de pleno derecho en enero de 2007. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– La adhesión de Bulgaria es muy importante para nosotros, pero es más importante para las mujeres que viven en ese país. 
Bulgaria ha hecho hace poco algunos avances en este terreno. 
La mayor parte del acervo comunitario en materia de igualdad de oportunidades ya ha sido transpuesto, y los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades ya cuentan con una base jurídica e institucional. 
Pero persisten algunos problemas. 
En primer lugar, aunque se han adoptado estas normas, su aplicación y ejecución deja que desear. 
Queda mucho por hacer a este respecto. 
Bulgaria es un país de origen y tránsito para la trata de seres humanos, sobre todo de mujeres y niños destinados a la explotación sexual. 
No podemos continuar tolerándolo. 
La representación de las mujeres en la vida política y pública es decepcionante. 
Representan tan solo un 25 % del Gobierno, un 28 % del Parlamento nacional y un 7 % de los gobernadores regionales. 
Por ello pido a la Comisión Europea que dé prioridad a estas cuestiones inmediatamente después de este debate, y lleve a cabo un severo control de este país. 
Estoy realmente convencida de que la adhesión de este país a la UE conllevará avances en estos temas. 
Por eso votaré a favor, y pido a sus Señorías que hagan otro tanto. 
De conformidad con el orden del día se procede a la Comunicación de la Comisión sobre el paquete integrado de las grandes orientaciones de las políticas económicas y de las orientaciones sobre el empleo. 
Doy la bienvenida a los Comisarios y cedo la palabra al Comisario Verheugen. 
. Señor Presidente, Señorías, es lamentable que, aunque han transcurrido cinco años desde la Cumbre Europea celebrada en Lisboa en 2000, todavía estemos lejos de alcanzar las metas establecidas para la economía de la UE en ese momento. 
Los índices de crecimiento registrados están muy lejos de las previsiones y el número de puestos de trabajo nuevos creados no han sido suficientes para alcanzar los índices de empleo deseados. 
El crecimiento y el empleo son, por lo tanto, prioridades para la Comisión Barroso. 
Hace dos meses, presentamos nuestra propuesta para una revisión de la Estrategia de Lisboa, a favor de la cual el Parlamento votó por inmensa mayoría. 
Las principales características de esta Estrategia revisada incluyen una clara definición de prioridades y el establecimiento de una asociación entre la Comunidad y los Estados miembros orientada a la aplicación de las medidas planificadas. 
El Consejo Europeo aprobó las propuestas de la Comisión hace tres semanas, lo que quiere decir que ahora se ha establecido el escenario para que pongamos en marcha nuestras metas. 
El paquete que hoy presentamos a la Cámara es la primera fase de nuestra estrategia de aplicación. 
La propuesta para unas directrices integradas es un medio práctico para hacer que la Estrategia de Lisboa sea más sencilla, más transparente y más razonable desde el punto de vista político. 
Las directrices para la política económica y de empleo, que se han resumido ahora en un solo documento, son tanto una guía para un mayor crecimiento y empleo y una base para los programas nacionales de Lisboa de los Estados miembros. 
Este es el punto crucial; lo que estamos estableciendo es un marco comunitario dentro del cual los Estados miembros podrán concebir soluciones nacionales a la medida para los problemas que hemos identificado juntos. 
Un primer conjunto de directrices insta a los Estados miembros a que prosigan políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad. 
Dada la experiencia de casi todos los Estados miembros en los problemas relacionados con el envejecimiento de la población, la disciplina presupuestaria es la única manera de conseguir la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 
Tenemos que asegurarnos que el gasto público está dirigido especialmente a actividades que contribuyen al crecimiento a largo plazo, en particular en los ámbitos de la educación, la ciencia y la investigación. 
El segundo conjunto de directrices tiene que ver con las reformas estructurales, cuyo objetivo es facilitar la transición hacia una economía más basada en el conocimiento y hacer que Europa sea un lugar más atractivo para trabajar e invertir. 
La primera de ellas es el mercado interior. 
Necesitamos un mercado interior que funcione bien y esto requiere la eliminación de las barreras que quedan para el acceso al mercado y una aplicación más rigurosa de la política de competencia. 
En segundo lugar, necesitamos una mejor regulación, y tiene que existir una evaluación sistemática del impacto económico, social y medioambiental de las propuestas legislativas tanto a escala nacional como de la UE. 
La legislación genera costes para las empresas y estos costes pueden pesar fuertemente en las pequeñas empresas. 
Por esta razón una mejor regulación es uno de los elementos esenciales de un entorno favorable para las empresas y una cultura empresarial más sólida. 
El tercer punto que quiero abordar es la innovación. 
El futuro de Europa reside en los sectores de la innovación y basados en el conocimiento de la economía y tanto el sector público como la propia economía tienen, por consiguiente, que intensificar la inversión en la investigación. 
Las directrices invitan a los Estados miembros para que faciliten la innovación promoviendo la transferencia de tecnología y constituyendo grupos de innovación, así como estimulando el interés por las nuevas tecnologías como la tecnología de la información. 
Las innovaciones en el ámbito de las tecnologías medioambientales son un factor no solo para impulsar el crecimiento y el empleo, sino también, y en particular, para conseguir un desarrollo sostenible. 
A las directrices para la política estructural le siguen un conjunto final de directrices para la política del empleo, que el señor Špidla tratará dentro de poco. 
Su objetivo es la creación de puestos de trabajo, el impulso de la inversión en educación y capacitación, hacer que la mano de obra y las empresas sean más flexibles y modernizar los sistemas de seguridad social. 
Hay que prestar una especial atención a la mejora de la situación de los jóvenes, puesto que el desempleo entre este grupo es dos veces más alto que el de la población general. 
Solo se entenderá el pleno potencial de estas reformas si se aplican como un paquete, cuyos componentes individuales se complementan. 
La aplicación de todas estas medidas dará un impulso considerable al crecimiento y al empleo y, por lo tanto, necesitamos una asociación fuerte y sólida basada en la confianza para sacar adelante estas reformas tan necesarias. 
Este no tiene que ser ni será un proceso tecnocrático; en vez de ello, hay que considerarlo como un proceso altamente político, que dará resultados solo si se respalda por la sociedad europea en su conjunto. 
Esta Cámara va a desempeñar un papel protagonista en este proceso, y es crucial que mantengamos el impulso político generado por la revisión de la Estrategia de Lisboa y por las decisiones que usted tome y que se tomen en la Cumbre de Primavera de Bruselas. 
Ha llegado la hora de capitalizar este impulso tomando las primeras medidas para su ejecución. 
La Comisión agradecerá encarecidamente que el Parlamento considere especial y oportunamente las directrices que se han presentado hoy. 
. 
Señor Presidente, continuando con la intervención que acaba de hacer el Vicepresidente de la Comisión, señor Verheugen, quiero referirme en particular al contenido de las grandes orientaciones de política económica integradas en este documento aprobado hoy por la Comisión. 
Por supuesto, las grandes orientaciones de política económica, un instrumento con base en el Tratado, en coherencia con la revisión de la Estrategia de Lisboa, tienen como prioridad el crecimiento y el empleo: crecer más y crear más empleos en Europa. 
La semana pasada presenté las previsiones económicas de primavera, que elaboran los servicios de la Comisión y, como saben sus Señorías, pensamos que, a lo largo del año 2005, se va a producir una recuperación, una revitalización del crecimiento económico, que se va a prolongar durante 2006, y se va a crear empleo, pero no suficiente. 
El crecimiento debe ser más intenso para crear el empleo necesario que nos permita reducir la tasa de paro hasta alcanzar una situación de pleno empleo. 
En ese sentido, el capítulo macroeconómico de estas grandes orientaciones de política económica, que están integradas en el paquete aprobado hoy por la Comisión, reitera la necesidad de establecer unas condiciones económicas de estabilidad capaces de generar confianza. 
Porque la confianza de los consumidores y de los agentes económicos es el elemento necesario para incrementar la demanda de consumo, para incrementar las inversiones y para incrementar la demanda interna, y esa es la base que nos debe conducir, en una recuperación sostenida, a más crecimiento, más oportunidades de empleo y, a través de ellas, a mayores garantías para preservar y profundizar la cohesión social y la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento y de sociedad. 
Por supuesto, las grandes orientaciones de política económica para el período 2005-2008 tienen en cuenta, como no podía ser de otra manera, la revisión del Pacto de estabilidad y crecimiento, basándose en el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo de primavera, y, en ese sentido, recomiendan evitar políticas presupuestarias procíclicas y el mantenimiento de los objetivos a medio plazo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, así como tener en cuenta los diferentes niveles de endeudamiento y el diferente potencial de crecimiento de cada uno de los países a la hora de definir en concreto esos objetivos a medio plazo. 
Para la zona euro, se subraya la necesidad específica de los países que comparten la moneda única de alcanzar esos objetivos presupuestarios de equilibrio a medio plazo, de forma que se pide a esos países que dediquen especial atención a la disciplina fiscal y a su situación presupuestaria. 
Como acaba de recordar el Vicepresidente Verheugen, en el capítulo microeconómico se hace especial referencia, en las orientaciones, a la necesidad de crear el marco adecuado para atraer más inversiones al mercado interior, para potenciar la innovación y para, a través de la mayor inversión, de la potenciación de la innovación, la investigación y el desarrollo y del mejor funcionamiento de los mercados, aumentar el potencial de crecimiento de nuestras economías. 
Por último, como no podía ser de otra manera, esta estrategia macroeconómica y microeconómica, englobada en las grandes orientaciones de política económica, está en coherencia con las orientaciones en materia de empleo que a continuación les va a exponer mi compañero el Comisario Spidla. 
. Este nuevo conjunto de directrices para la política de empleo representa un nuevo comienzo para la Estrategia Europea del Empleo en el marco de la agenda revisada de Lisboa. 
Las directrices integradas se basan en la premisa de que si la Unión Europea quiere crear más y mejores puestos de trabajo, necesita un abanico de medidas interrelacionadas que harán que Europa sea más atractiva y favorable a la innovación. 
Estas medidas tienen que aplicarse no solo al mercado laboral sino también al mercado de los bienes y servicios y al mercado financiero, y las reformas estructurales deben fundamentarse en una política macroeconómica orientada al crecimiento. 
No se ha realizado ningún progreso en el ámbito del empleo en los últimos años, algo que ha sido debido principalmente al lento crecimiento económico relacionado con una demanda débil y desequilibrios mundiales. 
Tras un período a finales de los noventa cuando el empleo subió acentuadamente, el número de nuevos puestos de trabajo se ha estabilizado durante los últimos tres años y la única razón por la que no ha sufrido una caída al nivel de hace diez años es porque el mercado laboral es ahora más flexible. 
Al mismo tiempo, se ha reducido el crecimiento en la productividad laboral, se han realizado pocos progresos en la mejora de la calidad del trabajo y la desaceleración económica ha exacerbado los problemas relacionados con la inserción social, en particular entre los jóvenes. 
Los índices de desempleo a largo plazo han comenzado a aumentar otra vez tras varios años de declive. 
De un lado, Europa tiene que aceptar el reto de la reestructuración económica acelerada basándose en una mayor integración económica, tanto dentro de la UE ampliada como a escala mundial. 
Si Europa quiere tener éxito, conviene que mejore su capacidad de anticiparse, lograr y asumir el cambio económico. 
De otro lado, es necesario que Europa trate de resolver los problemas del envejecimiento de la población. 
Cambios democráticos significan que hay que modernizar nuestros sistemas de bienestar social, y que nuestro mercado laboral ha de cambiar y tendrá que adaptarse al envejecimiento de la población activa y menguante. 
Europa solo seguirá siendo próspera si consigue un crecimiento más rápido tanto en el empleo como en la productividad. 
Para ello, es necesario un nuevo enfoque para el trabajo permanente y esfuerzos renovados para desarrollar el capital humano en Europa. 
El nuevo conjunto de directrices para la política de empleo responde a estos desafíos y actúa de guía para las políticas de empleo de los Estados miembros, así como reitera los objetivos de la UE del pleno empleo, una calidad y productividad del trabajo mejoradas y una mayor cohesión social y territorial. 
Hay que poner énfasis en una serie de medidas principales, que se centran en tres prioridades. 
La primera de ellas es garantizar que más personas se incorporen y permanezcan en el empleo, la segunda es hacer que los trabajadores y las empresas sean más flexibles y la tercera es impulsar la inversión en capital humano. 
Al mismo tiempo que se aplican las directrices, los Estados miembros también tienen que poner en práctica las recomendaciones sobre la política de empleo y comprometerse a cumplir todo el alcance de las ambiciones y metas de la Unión Europea. 
También es esencial que se continúe dando pleno uso al método abierto de coordinación en el ámbito de la inserción social y el bienestar social, tal como se estipula en la Agenda Social, y que las partes pertinentes de esta estrategia se incorporen a los programas nacionales de Lisboa. 
El Fondo Social Europeo tiene que utilizarse directamente mediante medidas de apoyo a escala regional y de los Estados miembros. 
Los preparativos que se están llevando a cabo en la fase previa a la presentación de los programas nacionales en otoño de 2005 han de utilizarse como una oportunidad para ganarse a todas las partes implicadas en la causa de desarrollar y aplicar la política de empleo. 
Las experiencias adquiridas con la Estrategia Europea del Empleo en este sentido han sido extremadamente positivas, ya que la participación de todas las partes implicadas contribuye a que los Estados miembros sean más transparentes y se formulen políticas, así como a que se garantice que las medidas políticas son tanto legítimas como efectivas. 
Esta es la característica principal del nuevo marco para el crecimiento y el empleo presentado en la forma de la Estrategia de Lisboa reanudada. 
El Parlamento Europeo desempeñará, y en realidad ya lo hace, un papel protagonista en este proceso, en particular, estableciendo su posición sobre las directrices para la política de empleo que la Comisión propone. 
Creo que estas nuevas directrices para la política de empleo, que forman parte del paquete integrado que estamos presentando en nombre de la Comisión, cumplen los principios básicos y los nuevos objetivos de la Estrategia de Lisboa, en concreto, el crecimiento y el empleo. 
– Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con lo que describen los Comisarios. 
El paquete integrado es positivo. 
No hemos tenido un éxito completo en los últimos años. Esto es cierto en relación no solo con los jóvenes sino también con la mano de obra de más edad, personas discapacitadas y personas de otras culturas. 
Quiero abordar una cuestión vinculada a la segunda y tercera partes, en concreto los cambios estructurales. 
En estos momentos, a menudo vemos los cambios estructurales como una amenaza, pero creo que hay que considerarlos como un desafío. 
En primer lugar, de lo que se trata es de si utilizamos plenamente nuestro capital humano, o sea si formamos a la mano de obra. 
En segundo lugar, es una cuestión de si tenemos que tener seguridad en el mercado laboral, puesto que las personas que se sienten seguras también pueden participar en la labor concebida para producir el cambio. 
En tercer lugar, se trata de implicar a los empleados no solo cuando algo ocurre sino a lo largo de todo el proceso del cambio. 
Es entonces cuando puede hablarse de influencia en el lugar de trabajo. 
Me pregunto si tiene algún comentario sobre este tema. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme preguntar a la Comisión por qué no fomenta el empleo y por qué no se permite a muchos jóvenes encontrar un trabajo consintiendo a los trabajadores de más edad, que desean jubilarse cuanto antes, dejar vacantes sus puestos de trabajo. 
Aunque muchos trabajadores aceptarían jubilarse con una pensión más baja dejando el trabajo a los jóvenes, las actuales orientaciones sobre el empleo obligan a los trabajadores de más edad a seguir trabajando incluso durante más tiempo, privando de este modo a los jóvenes de la posibilidad de tener un trabajo. 
¿Podría explicarme cuál es el motivo de esto? 
Quiero dar las gracias al Comisario por esta comunicación. 
Espero que la integración de las directrices dará lugar a una mayor cohesión. 
Sin embargo, tengo que decir que Lisboa abordaba tres aspectos diferentes; también había cohesión social, y en la medida en que tengo conocimiento, la cohesión social abarca mucho más que el empleo. 
También trataba sobre la reducción sustancial de la pobreza y sobre garantizar pensiones adecuadas. 
¿Cómo vamos a poder impedir, en ausencia de toda la «legislación social» que todo futuro debate sobre las pensiones vuelva a ser un debate sobre las posibilidades de financiación? 
Esta es mi primera pregunta. 
Mi segunda pregunta se refiere al procedimiento. 
He observado que los Consejos de Asuntos Económicos y Financieros solo tratarán la dimensión económica y el Consejo de Asuntos Sociales las directrices sobre el empleo. 
A mi entender, no es un buen ejemplo de integración. 
¿Por qué los dos Consejos no comentan todo el paquete? 
Por último, también quiero conocer exactamente cómo ven ustedes, Comisarios, el papel del Parlamento. 
¿Significa que ahora se nos conceden también competencias consultivas oficiales con respecto a las directrices económicas? 
– Señor Presidente, la Comisión nos prometió que las nuevas directrices integradas tendrían en cuenta las recientes decisiones sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Señor Comisario, usted se comprometió a no apoyar una reforma procíclica en los Estados miembros, el nivel de deuda pública que se adoptará, etc. 
¿Cómo se asegurará de que los Estados miembros no interpreten las modificaciones introducidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de modo muy amplio o que introduzcan reformas que amplíen el concepto de lo que puede calcularse como déficit excesivo y los cálculos del déficit? 
Existe un grave riesgo de que muchos Estados miembros intenten evitar las reformas necesarias e interpreten erróneamente las decisiones acerca del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Me gustaría que la Comisión se mostrara inflexible a este respecto. 
– Señor Presidente, continuando con la intervención de la señora Van Lancker, un examen más detenido pone claramente de manifiesto que aquí se trata de un documento conjunto de ficción o, por decirlo de otra forma, que se está cayendo en pedazos. 
No está nada claro si los esfuerzos son conjuntos, es decir, si se harán intentos para mejorar la política social en todos los ámbitos. 
Tampoco está claro si los objetivos de empleo fijados siguen siendo vigentes en la actualidad, puesto que las cifras de 2000 ya no son válidas. 
La integración de la perspectiva de género es un concepto clave que debería fundamentar todas las políticas; sin embargo, no se ha hecho mención alguna al respecto. 
Aunque constituyó un pilar en las orientaciones sobre el empleo de 1997, ha desaparecido de su documento. 
En mi opinión, se trata de un aspecto del paquete que es esencial revisar, puesto que sabemos bien que nos enfrentamos a problemas mucho mayores en relación con el empleo femenino que con el masculino, y que las mujeres están en una situación considerablemente peor por lo que a remuneración y seguridad social se refiere. 
Tendré que limitarme a unos pocos aspectos. 
Puesto que soy el ponente de la parte económica de estas directrices integradas, tendré otra oportunidad para exponerles todos los lados buenos que veo en el nuevo procedimiento. 
No obstante, la lectura de las propuestas de la Comisión me ha dejado más bien insatisfecho. 
Algunas de las propuestas son de una generalidad rayana casi en la trivialidad. 
Sé muy bien que la tarea de la Comisión es difícil, porque vivimos en una Europa de 25 Estados que tienen situaciones económicas y sociales a veces muy diferentes. 
A este respecto, me gustaría saber si la Comisión tiene intención de hacer lo que ha anunciado el Vicepresidente Verheugen, a saber, completar este programa muy general, este programa de «talla única» con algunos programas hechos a medida. 
A este respecto, he leído que la Comisión se reservaba el derecho de presentar una comunicación en la que señalaría los desafíos más relevantes para cada Estado miembro. 
Creo que este es el enfoque correcto y me gustaría conocer algunos detalles más sobre este objetivo de la Comisión. 
Doy las gracias a todo el mundo por su cooperación. 
Pido disculpas personalmente a los demás diputados que han solicitado intervenir pero que no han podido hacerlo por falta de tiempo. 
. Señor Presidente, nos hemos repartido el trabajo. 
Responderé las preguntas de la señora Andersson y del señor Goebbels, el señor Špidla responderá a las preguntas n° 2, 3 y 5, y el señor Almunia responderá a la cuestión sobre el Pacto de Estabilidad. 
Quiero empezar con algunos comentarios en respuesta a la pregunta de la señora Andersson sobre el cambio estructural. 
Huelga decir que también estamos de acuerdo en que lo importante es lograr que se produzcan los cambios estructurales necesarios en Europa, una tarea que es inútil intentar impedir. 
Al fin y al cabo, el objetivo del conjunto de la estrategia es mejorar la competitividad a largo plazo de la economía europea, de forma que pueda competir satisfactoriamente en el mercado mundial. 
Solo alcanzaremos este objetivo si llevamos a cabo una política que coloque a Europa a la vanguardia del progreso medioambiental, económico y tecnológico en todos los ámbitos, y esta es la idea básica que sustenta nuestra estrategia. 
Europa no ha de participar en la carrera por unos estándares menores, sueldos más bajos y peor calidad; debe competir para ofrecer los mejores productos en el mercado. 
Es obvio que esto no ocurrirá sin un cambio estructural. 
En cuanto a la pregunta del señor Goebbels, estoy seguro de que alguien como él, tan familiarizado con la Estrategia de Lisboa revisada, será consciente de que nos encontramos al inicio de un nuevo ciclo. 
En resumidas cuentas, el primer paquete integrado de orientaciones tiene una finalidad única, a saber, proporcionar un marco comunitario para la elaboración de planes de acción nacionales. 
Será el año que viene cuando el verdadero carácter y alcance del paquete se pongan de manifiesto, cuando tengamos ante nosotros y evaluemos los planes de acción nacional. 
. Me esforzaré al máximo por responder la pregunta relativa a la jubilación anticipada. 
Dado que el envejecimiento de la población tendrá como resultado el abandono de millones de personas del censo de la población activa, me parece bastante claro que deberá incrementarse la provisión de trabajadores, y que una mayor proporción de la población deberá participar en el mercado laboral. 
Lo que también está bastante claro, y que es un problema con el que se han topado todas las políticas de empleo, es que la jubilación anticipada no ha demostrado ser un arma eficaz para combatir el desempleo. 
En lugar de ello, la jubilación anticipada ha desempeñado un papel muy importante en el colapso de los sistemas del bienestar, en particular en el sistema de pensiones. 
Esto haría sumamente difícil que pudiéramos garantizar condiciones de vida estables durante la jubilación para las generaciones futuras, a pesar de que no cabe ninguna duda de que todo el mundo tiene derecho a tales condiciones tras una vida dedicada al trabajo. 
Quisiera citar algunas cifras que dan fe de la gravedad de la situación. 
Un ciudadano medio empieza a trabajar aproximadamente a los 22 años, y no puede trabajar durante unos 5 años de su vida laboral. 
Luego pasa entre 20 y 22 años de su vida jubilado. 
El resultado es que pasamos 50 años de nuestras vidas sin trabajar, lo cual es insostenible a largo plazo. 
Esta es una razón suplementaria por la que debe incrementarse la provisión de trabajadores, y por la que debe facilitarse que las personas mayores permanezcan en el censo de la población activa, con el fin de garantizar la estabilidad general de nuestros sistemas del bienestar. 
También se ha preguntado por qué el paquete integrado no trata la política social de forma más explícita. 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en la estructura global de nuestro ordenamiento jurídico, ya que la Comisión no dispone de la competencia para presentar un documento del tipo que desean los diputados. 
El Tratado establece las únicas alternativas abiertas a nosotros con respecto a las orientaciones que cubren la política económica y, en una sección aparte, la política de empleo; este es el marco jurídico dentro del que debemos operar, ya que no existe ningún otro medio alternativo por el cual pueda presentarse un documento sobre política social. 
La integración de la perspectiva de género se usa para abordar la cuestión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y todas las recomendaciones sobre la política de empleo, incluyendo aquellas que buscan dar la posibilidad de trabajar a un mayor número de mujeres, aquellas que introducen el concepto de un nuevo equilibrio entre las obligaciones laborales y familiares, y aquellas que intentan reducir por todos los medios la disparidad salarial entre hombres y mujeres. 
En mi opinión, está bastante claro que el principio de la integración de la perspectiva de género se aplica rigurosamente en estas directivas y orientaciones, es decir, que existe igualdad de oportunidades en todas las políticas de la UE. 
No cabe duda de que esto es válido sobre todo, aunque no de forma exclusiva, para la política de empleo. 
. 
Señor Presidente, respondiendo a la pregunta de la señora diputada sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento después de la reforma, el documento aprobado hoy, las grandes orientaciones de política económica, refleja lo que es ciertamente la reforma, no alguna caricatura que se ha hecho de ella. 
La reforma alcanzada en el Consejo Europeo de marzo consiste básicamente en poner más énfasis en las políticas anticíclicas en los buenos momentos del ciclo, en poner más énfasis en la vigilancia multilateral de las políticas económicas que se llevan a cabo en los buenos momentos económicos, en poner más atención en la vigilancia presupuestaria sobre los problemas y los desafíos de la sostenibilidad a medio y largo plazo y, como un intercambio, como un, con esa mayor atención a las políticas anticíclicas y a las políticas dirigidas a mejorar la sostenibilidad, una mayor flexibilidad en la aplicación de los instrumentos del Tratado, que siguen estando en el mismo para la vigilancia presupuestaria reforzada en los procedimientos de déficit excesivo. 
Pero los valores de referencia del Tratado, los límites presupuestarios, la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria, el papel que esta debe jugar para crear las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, para la estabilidad de precios y para crear las condiciones del crecimiento económico, siguen estando ahí. 
Es más, le puedo decir, señora diputada, que va a ser aplicado con rigor, pero con más eficacia, porque el nuevo Pacto de estabilidad y crecimiento va a permitir una mejor coordinación y una mayor compatibilidad entre las políticas de vigilancia presupuestaria y las políticas de crecimiento, así como la introducción de reformas estructurales, como las que figuran en la estrategia de Lisboa, para mejorar el potencial de crecimiento y la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento y, por lo tanto, su capacidad para generar empleo y para aumentar la cohesión social. 
Ese es el auténtico sentido y el auténtico contenido de la reforma del Pacto de estabilidad. 
Las caricaturas pertenecen a quien las hace. 
Ni a la Comisión ni al Consejo Europeo pertenecen algunas caricaturas que se han hecho del Pacto de estabilidad. 
Y un último comentario a la señora Van Lancker sobre el papel relativo de los Consejos. 
Corresponde al Consejo organizar su discusión. 
Pero esta misma mañana he participado en la reunión del Consejo Ecofin en Luxemburgo, he podido informar del documento que estaba siendo discutido simultáneamente en la reunión del Colegio de Comisarios, y he podido comprobar que los ministros de economía y finanzas pretenden debatir acerca del conjunto de las grandes orientaciones de política económica, en sus vertientes macroeconómica y microeconómica, así como también- con la facilidad que supone el paquete integrado que ha aprobado la Comisión- sobre la relación entre las políticas económicas, la situación del mercado de trabajo y las políticas de empleo. 
Por lo tanto, ahora, con esta propuesta de la Comisión, se facilita una discusión del Consejo Ecofin, del Consejo de Asuntos Sociales o del Consejo de competitividad, de sus temas específicos, pero con una visión global coherente. 
Ese es uno de los valores más importantes de la propuesta de la Comisión aprobada hoy. 
– El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0163/2005) , durante el que formularemos una serie de preguntas al Consejo. 
El 8 de abril de 2003, como consecuencia de los ataques por las fuerzas estadounidenses, fallecieron mientras ejercían su labor informativa, José Couso, ciudadano español y europeo, cámara de la cadena Tele 5, Taras Protsyuk (agencia Reuters) y Tareq Ayoub (cadena Al Yazira). 
Hasta ahora, las autoridades de los EE.UU. no han realizado investigación ni proceso judicial alguno. 
Sin embargo, las mismas autoridades han aceptado abrir una investigación con participación italiana, en relación con el ataque injustificado realizado por las mismas fuerzas con motivo de la liberación el viernes 4 de marzo de la ciudadana italiana y europea Giuliana Sgrena. 
¿Qué medidas se deben adoptar para lograr que haya una investigación con las suficientes garantías, que pueda depurar las responsabilidades penales e indemnizatorias en relación con el asesinato del ciudadano europeo, José Couso, además de sus compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber de información? 
El pasado 8 de abril de 2003, en el ejercicio de su labor informativa, fallecían como consecuencia de un ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra el hotel Palestina en Bagdad, José Couso, ciudadano español (cámara de la cadena española Tele 5) , Taras Prosyuk (Agencia Reuters) y Tarek Ayoub (cadena de televisión Al Yazira). 
Hasta el día de hoy, las autoridades de los EE.UU. han mantenido el más absoluto silencio en torno a este dramático asesinato, sin haber realizado ninguna investigación ni proceso judicial. 
Sin embargo, las mismas autoridades han decidido iniciar una investigación conjuntamente con el Gobierno italiano, sobre el ataque injustificado realizado por las mismas fuerzas armadas estadounidenses el 4 de marzo de 2005 con motivo de la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, causando la muerte de Nicola Calipari. 
¿Qué medidas puede adoptar la UE para lograr que se abra una investigación, con las suficientes garantías de imparcialidad, con el objeto de depurar todas las responsabilidades derivadas del asesinato del que han sido víctimas José Couso y sus compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber de información? 
El 8 de abril de 2003, como consecuencia de los ataques por las fuerzas estadounidenses, fallecieron mientras ejercían su labor informativa José Couso, ciudadano español y europeo, cámara de la cadena Tele 5, Taras Protsyuk (agencia Reuters) y Tareq Ayoub (cadena Al Yazira). 
A este respecto, aún no se ha realizado investigación o proceso judicial alguno por parte de las autoridades estadounidenses. 
Sin embargo, con motivo del injustificado ataque a cargo de las mismas fuerzas el pasado 4 de marzo durante la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, y que acabó con la vida de Nicola Calipari (jefe del Sismi) , EEUU sí ha decidido abrir una investigación, que contará con participación italiana. 
Por todo ello, ¿cuáles deben ser las medidas a adoptar con objeto de asegurar una investigación que permita establecer adecuadamente tanto responsabilidades penales como indemnizatorias con relación al asesinato del periodista José Couso y sus compañeros cuando ejercían su labor informativa? 
El 4 de marzo de 2005, con motivo de la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, el ejército de los Estados Unidos mató al ciudadano italiano Nicola Calipari. 
Ante la presión de la ciudadanía italiana, el Gobierno italiano y los Estados Unidos han decidido investigar conjuntamente para tratar de aclarar este triste suceso. 
Por contra, el caso de José Couso, cámara español de Tele 5; de Taras Prosyuk, cámara ucraniano de la Agencia Reuters, y de Tarek Ayub, cámara de la cadena de televisión Al Yazira, que fallecieron como consecuencia de un ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra el Hotel Palestina en Bagdad, no ha sido objeto de ninguna investigación ni proceso judicial del que tengamos conocimiento hasta el momento. 
Dado que José Couso era un ciudadano europeo, ¿qué medidas pueden adoptarse por parte de la Unión Europea de cara a una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses, a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades? 
El 8 de abril de 2003, dos cámaras, el español José Couso, de la cadena de televisión Telecinco, y el ucraniano Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, murieron en Bagdad a causa de los disparos del ejército estadounidense contra el hotel Palestine, en el que se alojaban varios centenares de periodistas no incorporados. 
Ese mismo 8 de abril de 2003, el periodista jordano Tarek Ayoub, de la cadena Al-Jazira, murió también durante un bombardeo aéreo del ejército estadounidense. 
La organización Reporteros sin Fronteras considera insuficiente el informe presentado por las autoridades estadounidenses sobre las circunstancias en que se produjeron estos dramas. 
El informe no identifica a los responsables y oculta la falta de comunicación entre los militares que dispararon contra el hotel Palestine y sus superiores jerárquicos en cuanto a la presencia de periodistas en el interior del hotel. 
¿Qué medidas podría adoptar la Unión Europea para que se lleve a cabo una investigación independiente de las circunstancias de la muerte de José Couso que permita identificar y juzgar a los culpables e indemnizar a la familia de la víctima? 
. La Comisión agradece las preguntas formuladas por sus Señorías. 
La Comisión desea recalcar en esta ocasión que concede la máxima importancia a la libertad de información y a la labor que llevan a cabo los periodistas, a veces en condiciones muy difíciles en situaciones de conflicto. 
Creemos que en todos los conflictos armados, como el de Iraq, todas las fuerzas participantes deben aplicar plenamente el Derecho internacional y el principio de responsabilidad. 
En relación con la muerte del periodista José Couso, así como las recientes lesiones sufridas por una periodista italiana y la muerte de un agente de seguridad de esa misma nacionalidad, lamentamos dichos incidentes y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los afectados. 
Por supuesto creemos que las autoridades competentes deben investigar a fondo todos estos casos. 
Es indispensable clarificar plenamente las circunstancias y responsabilidades y las medidas de respuesta necesarias deben adoptarse con rapidez y transparencia. 
Sin embargo, las gestiones para lograr que las autoridades competentes investiguen correctamente la muerte de un nacional de la UE en un país tercero son responsabilidad del Estado miembro interesado. 
Señora Comisaria, creo que es importante que conste la defensa del papel que cumplen los periodistas como un elemento fundamental de la democracia. 
Ahora bien, además de lamentar lo ocurrido, señora Comisaria, de acuerdo con los Tratados actuales, no hablo de la Constitución, la Comisión y el Consejo, no solo los Estados miembros, tienen la obligación de defender los derechos de los ciudadanos europeos en terceros países, incluso en situación de conflicto. 
Y eso forma parte de la pregunta, porque aquí hay dos problemas: uno de ellos es la defensa de la libertad de información y el otro, la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos y de sus familiares en terceros países. 
Y hasta ahora, por parte de las autoridades de los Estados Unidos, no ha habido ninguna investigación que tenga consecuencias penales ni indemnizatorias para los familiares del señor Couso y de los demás asesinados en iguales circunstancias. 
. Como ya he dicho, es responsabilidad de los Estados miembros. 
El anterior Gobierno español no había emprendido iniciativas ni presentado protestas formales. 
De conformidad con la legislación vigente en España, los ciudadanos pueden presentar casos para su investigación por los jueces instructores, independientemente de las fuerzas policiales y otros organismos del Estado. 
Por ello, el juez Guillermo Ruiz Polanco de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación preliminar de este caso. A tal fin aceptó la denuncia presentada el 27 de mayo por la madre y los hermanos del señor Couso contra tres miembros de la Tercera División de Infantería. 
No puedo prever el desenlace de esta denuncia, pero ha sido presentada. 
Por lo que respecta al Gobierno italiano, este ha presentado su protesta formal ante Washington, y ha solicitado firmemente una investigación de las causas de este fatal accidente. 
El ejército estadounidense y los magistrados italianos están llevando a cabo investigaciones simultáneas, por lo que me gustaría repetir que es responsabilidad de los Estados miembros velar por sus ciudadanos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, además de ciudadanos de los propios Estados, de acuerdo con los Tratados son también ciudadanos europeos. 
¿La Comisión apoya las gestiones que están haciendo los jueces competentes en relación con las autoridades de los Estados Unidos? 
. 
Señora Presidenta, Señoría, en primer lugar, puedo decirle que, hasta ahora, ninguno de los Gobiernos de los Estados miembros ha solicitado la intervención de la Comisión, porque ellos mismos han tomado medidas. 
Pero como la Comisión siempre trata de hacer todo lo posible para conseguir el bien común de toda Europa, por supuesto estamos apoyando lo que hacen los Estados miembros a favor de sus ciudadanos. 
¿Es consciente la Comisión de que muchos ciudadanos británicos, que al jubilarse decidieron irse a vivir a otros Estados miembros de la UE, actualmente no pueden votar en los referendos nacionales sobre la propuesta de Constitución Europea? 
De conformidad con la legislación británica actual, si salieron del Reino Unido hace más de 15 años ya no tienen derecho a votar allí, aunque tampoco se les otorga automáticamente el derecho a votar en sus nuevos países de residencia. 
Puesto que la concesión de dicho derecho es competencia exclusiva de cada Estado miembro, ¿no debería haber alguna coordinación entre los Estados miembros para que esta gente se haga escuchar? 
¿No es totalmente cierto que no se le debería negar a ningún ciudadano europeo el derecho a votar sobre un asunto tan importante? 
¿Sabe la Comisión cuántos ciudadanos se encuentran en dicha situación y podría proponer algunos medios para que los Estados miembros trabajen juntos para solucionar dicho problema? 
. La legislación comunitaria vigente garantiza que los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del que no sean nacionales tengan derecho a votar y a presentarse candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en las mismas condiciones que los ciudadanos de dicho Estado. 
La definición de las condiciones de reconocimiento del derecho a votar en las elecciones y referendos nacionales es competencia de los Estados miembros. 
Por ello, corresponde a cada uno de ellos establecer las normas en materia de derecho de voto. 
La Comisión ha recibido denuncias de ciudadanos de la Unión –no solo de su Señoría– que por haber ejercido su derecho a residir en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen no tienen derecho a participar en las elecciones o referendos nacionales o regionales, ni en su Estado miembro de residencia ni en su Estado miembro de origen. 
Esta cuestión se menciona igualmente en el Cuarto informe sobre la ciudadanía de la Unión que la Comisión acaba de adoptar. 
El Comisión, sobre la base del Cuarto informe, está a la espera de recibir las respuestas del Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros y continuará examinando esta importante y delicada cuestión. 
No obstante, habida cuenta de que la participación en elecciones o referendos nacionales está regulada totalmente por la legislación nacional, en ausencia de competencias comunitarias en la materia, para resolver este problema sería necesario modificar los ordenamientos jurídicos o constitucionales de los Estados miembros. 
En relación con las elecciones nacionales celebradas antes del 1 de mayo de 2004, esta cuestión afectaba a unos 5 millones de ciudadanos de la Unión en edad de votar que residían en otro Estado miembro. 
Sin embargo, la Comisión carece de información exhaustiva y actualizada sobre el número de ciudadanos de la Unión que se verán afectados con respecto a los referendos nacionales sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
– Señor Comisario, comprendo y respeto plenamente que esta cuestión corresponda a los Estados miembros y no pretendo en absoluto que esto cambie. 
Sin embargo, es posible que algunos Estados miembros hayan encontrado mejores soluciones a este problema que otros. 
No lo sé. Me pregunto si podría decirme algo al respecto. 
Aunque me parece bien que la Comisión espere a conocer los comentarios para dar su respuesta, lo que usted ha hecho ha sido describir el problema y no presentar alguna solución. 
No se trata de una crítica, sino de una constatación. 
Soy consciente de que se trata de una cuestión compleja, pero ¿no le parece que no puede ser bueno que tantas personas no puedan votar? 
. Naturalmente, intentar explicar la situación siempre es el punto de partida para determinar si existe una solución. 
Esta es mi primera observación. 
Compete a los Estados miembros asegurar una coordinación adecuada, bien mediante un conjunto de enmiendas unilaterales a la legislación nacional en materia de referendos, bien mediante una serie de acuerdos bilaterales o un acuerdo multilateral, lo que responde en parte a su pregunta. 
¿Se podría hacer algo? 
Sí, se podría mejorar la cooperación. 
Ahora no hay tiempo para resolver el problema en relación con el referendo sobre el Tratado Constitucional. 
Como saben ustedes, en este momento solo ocho Estados miembros han optado por un referendo sobre el Tratado Constitucional, y toda solución debería abordar la cuestión de si el derecho de voto debería circunscribirse a los ciudadanos de aquellos Estados miembros que van a celebrar un referendo. 
Por lo tanto, también habría que responder a esta pregunta, que complicaría aún más toda la cuestión. 
– Señora Comisaria, ¿estaría usted de acuerdo de que si los ciudadanos no pueden ejercer su derecho cívico a votar, se trata de un grave impedimento para la libre circulación? 
A pesar de que esté esperando respuestas del Parlamento y de los Estados miembros a su documento de consulta, ¿aceptaría usted que el objetivo de cualquier reforma tiene que ser el de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente del lugar de la Unión Europa donde residan, tengan derecho a votar en las elecciones nacionales en al menos uno de los Estados miembros? 
. Es cierto que podría afectar a un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho fundamental a la libre circulación, puesto que quizá no tendría derecho a participar en referendos ni en su Estado miembro de residencia ni en su Estado miembro de origen. 
Sin embargo, conviene no interpretar el Derecho comunitario vigente en el sentido de concluir que esta cuestión podría ser un obstáculo a la libre circulación, o que podría disuadir a los ciudadanos de la Unión de ejercer su derecho a la misma. 
De este modo se violaría el Derecho comunitario a la libre circulación. 
A la vista del aumento constante de los precios del petróleo y tendiendo en cuenta en particular la actual reforma del sector del azúcar, ¿no cree la Comisión que ha llegado el momento de que todas las partes interesadas, sobre todo los gobiernos, todas las Direcciones Generales competentes de la Comisión, los expertos pertinentes y el sector comercial, examinen seriamente la posibilidad de desarrollar en la UE una industria del bioetanol obtenido a partir del azúcar? 
. La Comunicación de julio sobre la reforma del azúcar reconoce la importancia de diversas industrias y, en particular, la industria fabricante de bioetanol como usuarios del azúcar. 
Por lo tanto, propone la producción de azúcar por encima de la cuota a un precio más cercano al del mercado mundial, para el procesado de productos concretos como el bioetanol. 
Como bien saben, la remolacha azucarera para la producción de biocarburantes ya se puede cultivar al margen de los límites de la cuota. 
La próxima propuesta legislativa tendrá que garantizar que haya disponible azúcar suficiente a precios competitivos para estas industrias, inclusive para su uso creciente en la fabricación de biocarburantes. 
Al amparo de la Directiva sobre biocarburantes, se exige a los Estados miembros que promuevan y establezcan objetivos para el uso de biocarburantes. 
El bioetanol obtenido a partir del azúcar y del grano es una buena forma de cumplir este objetivo. 
La Comisión está tomando medidas para garantizar que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones de conformidad con la directiva La Comisión examinará la aplicación de la directiva en 2006 y, en caso necesario, propondrá medidas para reforzarla. 
La Comisión está al corriente de que algunas empresas de la industria fabricante de bioetanol se han mostrado reticentes a invertir en plantas de procesado en la UE, ya que les preocupa que se produzcan reducciones arancelarias que abrieran las puertas a importaciones a gran escala de etanol fabricado a partir de caña de azúcar de productores de bajo coste de fuera de la UE. 
La Comisión cree que se puede encontrar una solución en la que todos salgan beneficiados y que se traduzca en un rápido aumento de la producción y del consumo de bioetanol en la UE, combinado de manera proporcionada con mayores importaciones. 
La directiva sobre la calidad de los carburantes pone un límite al contenido de etanol de petróleo. 
La Comisión está revisando determinados aspectos de la directiva y tendrá en cuenta la necesidad de fomentar el uso de carburantes alternativos, incluidos los biocarburantes, así como la necesidad de cambiar otros parámetros en las especificaciones de los carburantes. 
La Comisión sigue apoyando la investigación selectiva destinada a desarrollar tecnologías basadas en carburantes alternativos de coste competitivo, incluida la producción de etanol a partir de sorgo azucarero, cereales, residuos agrarios y otras materias primas lignocelulósicas. 
Actualmente, la Comisión contribuye a la creación de una industria europea de biocarburantes financiando y facilitando iniciativas encaminadas a crear una plataforma tecnológica de biocarburantes. 
Entre las partes interesadas de esta plataforma figuran el sector agrario y forestal, los fabricantes de bioetanol y a la industria azucarera. 
– Señora Comisaria, gracias por su detallada respuesta. 
Aunque he manifestado repetidamente mi oposición a las propuestas de la Comisión, acojo con satisfacción la amplitud de su respuesta. 
Usted ya sabe, señora Comisaria, que cada vez habrá disponible más tierra para usos alternativos a raíz de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. 
Teniendo esto en cuenta, ¿podría asegurarme que no se dejará ninguna piedra por remover por parte de su Dirección General y las demás Direcciones implicadas, incluidas las de investigación, energía, transporte, etc., para garantizar que se lleve a cabo la investigación y evaluación necesarias para establecer la viabilidad del bioetanol producido a partir de la remolacha azucarera? 
Asimismo, ¿está de acuerdo conmigo en que, a la vista de la evolución alarmante que se está produciendo con el cambio climático mundial y el aumento constante de los precios de los carburantes, esta investigación tiene que hacerse lo más pronto posible? 
Por último, señora Comisaria, ¿acaso no sería gratificante para usted y para todos nosotros pensar que nuestros agricultores podrían contribuir y contribuirán en gran manera a controlar el cambio climático mediante el uso alternativo de tierras de cultivo y el uso de recursos energéticos alternativos y renovables? 
. Puedo dejar esto muy claro: se llevarán a cabo análisis económicos para hallar la fuente de biocarburantes más eficiente, teniendo en cuenta que la Comisión reconoce realmente su importancia. 
Ya se están analizando varias opciones para el azúcar excedentario. 
Sin embargo, solo se responderá a esta pregunta cuando la Comisión presente la propuesta legislativa de reforma de la organización común del mercado del azúcar. 
La propuesta de reforma deberá tener en cuenta el resultado del grupo especial de la OMC sobre el azúcar, que se espera para finales de abril. 
Por lo tanto, la Comisión no puede presentar la propuesta legislativa antes de junio o julio de 2005. 
La Comisión establecerá un plan de acción sobre biomasa para el segundo semestre de 2005. 
Este plan incluirá una tabla y dejará bien claro cómo alcanzar los objetivos de la UE para las energías renovables. 
Esta es mi respuesta a la última pregunta. 
El 22 de septiembre de 2004, la Comisión anunció que aprobaba la intervención del Gobierno del Reino Unido para la reestructuración de la empresa British Energy, que significaba una aportación de 6 000 millones de euros. 
El 1 de diciembre de 2004, la Comisión anunció que efectuaría una investigación para determinar si la creación de la "Nuclear Decommissioning Authority" (NDA) era compatible con el Tratado. 
La NDA debía asumir la responsabilidad de gestionar la planta de combustible de óxido mixto de Sellafield y las instalaciones de reprocesado de combustibles nucleares Magnox, liberando a la sociedad BNFL de las obligaciones derivadas del principio de que "quien contamina paga", lo que podría considerarse una forma de ayuda estatal. 
¿Puede indicar la Comisión la cuantía del importe de que puede tratarse en el segundo de estos casos? ¿Comparte la Comisión el parecer de que en realidad se debería internalizar la ayuda estatal al precio de coste de la energía nuclear en vez de descargarla sobre las espaldas de contribuyente? 
. La carta en la que la Comisión informaba al Reino Unido sobre los motivos por los que ha iniciado el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la creación de la Agencia de Desmantelamiento de Centrales Nucleares (Nuclear Decommissioning Agency o NDA) se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de diciembre de 2004. 
Este documento incluye una estimación detallada del volumen de ayuda estatal potencialmente implicada para cada una de las actividades que asumirá la Agencia. 
Según el modo de cómputo y la hipótesis de mercado, la suma total de fondos públicos implicados podrá variar de 0 a 8 000 millones de libras esterlinas. 
La Comisión comparte el punto de vista de su Señoría de que todos los costes de generación de energía eléctrica deberían, en principio, internalizarse. 
Sin embargo, podría justificarse que hubiera excepciones a este principio cuando se pueda demostrar que contribuyen considerablemente al bien común de otras maneras. 
Este es el caso, por ejemplo, de las energías renovables. 
La investigación de la Comisión en el caso de la NDA pretende precisamente determinar si existen características concretas del caso que pueden justificar una excepción parcial al principio de internalización de los costes. 
– Señora Kroes, he tomado nota de su respuesta. 
Si no la he entendido mal, usted sin duda comparte la opinión de que la ayuda estatal a las centrales nucleares debería integrarse en el precio total de la energía, de la electricidad, algo que, por lo que yo sé, no ocurre. 
Quisiera preguntarle qué medidas tomará usted en los próximos años de su mandato para garantizar que conocemos el grado de ayuda estatal que reciben las centrales nucleares, y hasta qué punto dicha ayuda estatal está asimismo integrada en el precio de coste, proporcionando de esta forma al consumidor una idea clara de cuánto cuesta en realidad la energía nuclear. 
. Puedo asegurarle que la Comisión pretende aplicar también el principio de «quien contamina paga» al sector de la industria nuclear. 
Tanto la decisión final de la Comisión sobre la reestructuración de British Energy como su decisión de abrir un expediente contra la autoridad encargada del desmantelamiento de las centrales nucleares dejan claro que al amparo del principio de quien contamina paga, los operadores de centrales nucleares son los principales responsables del pago de la gestión de sus residuos y otras responsabilidades nucleares, incluido el desmantelamiento programado. 
Sin embargo, uno ha de tener en cuenta que, al igual que con los principios del Derecho comunitario, el principio de quien contamina paga tiene que conciliarse con otros principios y objetivos comunitarios que, en determinadas circunstancias, pueden entrar en conflicto con este. 
En el caso de British Energy, por ejemplo, el principio de quien contamina paga no encaja con la necesidad de preservar la seguridad nuclear, que, como saben, también es un importante objetivo comunitario consagrado en el Tratado Euratom. 
En estos casos, la Comisión pretende encontrar el mejor equilibrio posible entre los principios divergentes en beneficio de la Comunidad. 
Además de los artículos fundamentales del Tratado sobre la normativa relativa a las concentraciones de empresas, este asunto se rige por el Reglamento (CE) 139/2004 (1) , el cual estipula que, en general, el examen de las cuestiones relativas a las concentraciones de empresas compete exclusivamente a la Comisión y que, por lo tanto, los Estados miembros sólo podrán promulgar medidas nacionales en materia de competencia (principio de exclusividad) en los casos concretos en que la propia Comisión juzgue oportuna la intervención nacional. 
¿Cuál será la actitud de la Comisión con respecto a las actividades de los grupos y las concentraciones de empresas en el ámbito de los medios de comunicación y a la definición de posición dominante en el mercado de dichos medios, con vistas a fomentar el pluralismo y la objetividad de la información? 
. De acuerdo con el Reglamento comunitario sobre concentraciones de empresas, la Comisión no puede tomar el pluralismo de los medios de comunicación como un criterio jurídico cuando decide si una fusión de empresas con una dimensión comunitaria es compatible con el mercado común. 
Al llevar a cabo su evaluación, únicamente está facultada para considerar los criterios económicos o relacionados con la competencia a la hora de determinar si la transacción en cuestión impide de forma considerable la competencia en el mercado común. 
Sin embargo, a pesar de la competencia exclusiva de la Comisión para examinar las concentraciones de empresas con una dimensión comunitaria, el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento establece que los Estados miembros podrán adoptar medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos distintos de los considerados en el Reglamento, siempre que sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario. 
Los intereses legítimos reconocidos concretamente por el Reglamento comunitario sobre concentraciones incluye la pluralidad de los medios de comunicación: «El derecho de los Estados miembros a defender la pluralidad de los medios de comunicación reconoce la preocupación legítima por mantener fuentes de información diversificadas en aras a la pluralidad de opiniones y la multiplicidad del uso». 
Esto parece incluir la información objetiva a la que se refiere la pregunta de su Señoría. 
Está claro por lo que antecede que los Estados miembros deberían tomar con carácter prioritario las medidas oportunas al amparo de su Derecho nacional para garantizar la pluralidad de los medios de comunicación si este interés legítimo estuviera amenazado por una concentración de empresas con una dimensión comunitaria. 
Por último, la Comisión señala que en la práctica el objetivo del Reglamento comunitario sobre concentraciones, a saber, el de preservar y desarrollar estructuras de mercado competitivas, pueden ir de la mano, al menos hasta cierto punto, con la salvaguardia de la pluralidad de medios de comunicación. 
Cuando la Comisión examina si una fusión de empresas con una dimensión comunitaria obstaculiza la competencia en un mercado de medios de comunicación, examina necesariamente el grado de concentración y, por tanto, indirectamente el grado de pluralismo de ese mercado. 
El Gobierno irlandés ha abandonado recientemente su intento de obtener unas ayudas de Estado por un valor de 170 millones de euros para una nueva fábrica de microplaquetas en Irlanda. 
Según la Comisión, el proyecto no abarcaba suficientes elementos de innovación ni puestos de trabajo para justificar la asistencia financiera. 
Se afirma que la interpretación de la Comisión sobre las directrices referentes a las ayudas de Estado es restrictiva y que esta decisión puede dificultar los intentos de los Estados miembros encaminados a competir en el mercado mundial de las inversiones en la industria de la alta tecnología. 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión a esa acusación? 
. La Comisión puso en duda la compatibilidad del proyecto de inversión con las normas sobre control de las ayudas estatales de la Comunidad Europea por dos razones principales. 
En primer lugar, existía un riesgo real de distorsión de las condiciones de competencia, puesto que Intel tenía un poder muy considerable en el mercado de la producción de microchips, y la ayuda permitiría a la empresa reforzar su dominio. 
En segundo lugar, sobre la base de la información presentada, el proyecto de inversión parecía estar destinado a la fabricación de microchips a gran escala. 
No había ninguna indicación de que la actividad de investigación y desarrollo se transferiría a Europa, ni de que se crearían nuevos puestos de trabajo en la planta de Leixlip. 
Como saben, Leixlip está situada en una región próspera que podría no cumplir los requisitos necesarios para recibir ayuda regional después de 2006. 
Por lo tanto, es necesario que toda ayuda a la inversión regional se refiera a un proyecto programado para empezar antes de finales de 2006, lo que no ocurría con los módulos II y III del proyecto de inversión. 
Por estas razones, la Comisión se planteó iniciar una investigación a fondo conforme a las normas sobre ayudas estatales, para analizar el saldo de los aspectos positivos y negativos de la ayuda. 
Sin embargo, las autoridades irlandesas decidieron retirar la notificación antes de que la Comisión tomara una decisión. 
– Gracias, señora Comisaria, por su respuesta detallada, que estudiaré con atención. 
Quizá tenía que ver con la manera en que se presentó la solicitud, pero ¿estaría de acuerdo la Comisaria en que la Comisión corre el peligro de enviar señales contradictorias? 
Por otro lado, la Comisión dice que quiere que la Unión Europea se convierta en una de las economías más competitivas basada en las tecnologías de la información y, de otro lado, rechaza una solicitud de ayuda para algo que ahora no se asignará a ninguna otra parte de dentro de la Unión Europea. 
¿Está de acuerdo la Comisaria en que este es un comentario justo? 
. Entiendo el motivo que tiene para formular esta pregunta. 
Merece la pena por sí mismo y, por lo tanto, me complace mucho que se haya planteado el asunto, ya que me brinda la oportunidad de dar una explicación. 
No debemos subestimar la importancia de las instalaciones de Leixlip para la economía local. 
Se trata de una ayuda para un proyecto de fabricación de teléfonos móviles, que mantendrá un gran número de puestos de trabajo en la región durante siete años, pero que no va a crear nuevos puestos de trabajo. 
Para ser sincera, Irlanda es un ejemplo que demuestra lo importante que es la Unión Europea y nuestra política de estimular la economía. 
Sin embargo, en este caso no se crearían nuevos puestos de trabajo. 
Nada indica que el proyecto dará lugar al traslado de una parte considerable de la base de investigación y desarrollo de la empresa de los Estados Unidos a Europa, por ejemplo, o que desarrollará otras sinergias o efectos indirectos que a su vez contribuirían a la innovación en Europa e irían más allá de las operaciones de fabricación concretas en cuestión. 
Se trata de un proyecto puramente industrial para la producción masiva de microchips que ayudará a Intel a mantener su liderazgo en ese mercado. 
Ha sido exactamente la combinación de estos aspectos y argumentos la que nos indujo a pensar lo que estábamos pensando hasta que el Gobierno irlandés ha retirado la notificación. 
– He escuchado con interés la respuesta de la Comisaria a mi colega el señor Mitchell sobre esta cuestión, en particular considerada junto con la pregunta nº 45, que trata de los 6 000 millones de euros de ayuda estatal del Gobierno británico para la reestructuración de British Energy. 
¿Se van a crear nuevos puestos de trabajo? 
Quiero reiterar la observación que acaba de hacer el señor Mitchell. 
La pérdida de este dinero en las arcas de Intel, o la retirada de la ayuda estatal por parte del Gobierno irlandés, no va a beneficiar para nada a ningún otro Estado miembro de la UE. 
No se trata de que la inversión se vaya a otra parte de Europa y por lo tanto no comprendemos la razón de los diversos puntos que ha expuesto usted. 
Espero ansioso su respuesta. 
. Estamos hablando de diferentes tipos de ayuda que no se pueden comparar. 
No me parece lógico decir que si no se puede trasladar una actividad a otra parte de la Unión Europea entonces debería permitirse la ayuda. 
Tenemos que ser consecuentes con nuestras normas. 
Solo con una política coherente sobre las ayudas estatales, en que los ciudadanos puedan confiar y estar seguros de que no existen dobles raseros, podemos enfrentarnos no solo a usted como diputado al Parlamento, sino también el mundo exterior y a las personas implicadas en el caso. 
Un ciudadano de mi circunscripción se ha puesto en contacto conmigo en relación con el ridículo sistema de venta de entradas para la fase final de la Copa Mundial de 2006 de Alemania. 
Al parecer, los únicos métodos aceptados para la compra de entradas son utilizar una tarjeta de crédito Master Card, el cargo directo a una cuenta bancaria alemana o la transferencia bancaria internacional, sujeta a un recargo enorme de 25 libras esterlinas o más para el pago de una entrada de 35 euros, lo que incrementa el precio a más del doble. 
¿Piensa la Comisión tomar medidas contra las empresas que no faciliten información sencilla sobre el modo de efectuar transferencias entre Estados miembros con el mismo coste de las transferencias hechas en el interior de los Estados miembros, como establece el Reglamento (CE) 2560/2001? 
Asimismo, ¿está de acuerdo la Comisión en que la limitación a una sola compañía de tarjetas de crédito supone la inobservancia flagrante de la legislación de la UE en materia de competencia? 
¿Considerará la Comisión la posibilidad de tomar medidas también contra los responsables de este desastre? 
. La Comisión está examinando el sistema de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2006 a la luz de la normativa de la UE en materia de competencia tras la reciente queja presentada por la organización de consumidores del Reino Unido «Which? » contra la FIFA, la Federación Alemana de Fútbol y MasterCard, pero estoy segura de que esta información también ha llegado a manos de su Señoría. 
Durante los primeros cuatro períodos de venta, los consumidores que no dispongan de una cuenta bancaria alemana pueden pagar las entradas utilizando productos MasterCard o mediante una transferencia bancaria internacional. 
La cuestión de la exclusiva de MasterCard y de las comisiones para la realización de transferencias bancarias internacionales planteada por su Señoría también están incluidas en la queja que la Comisión está actualmente examinando con la debida diligencia. 
Ante todo es necesario establecer los hechos respectivos y examinarlos conforme a las disposiciones pertinentes sobre competencia de la UE antes de que la Comisión tome una posición. 
Si al final del examen la Comisión concluye que se cometió una infracción, la Comisión podrá tomar las medidas oportunas, como por ejemplo ordenar que se suspenda el sistema de venta de entradas y sancionar a la o las empresas que hayan incumplido el Derecho comunitario de competencia. 
En cuanto al Reglamento (CE) nº 2560/2001 sobre pagos transfronterizos en euros, el mismo establece que las transferencias transfronterizas en euros hasta un importe de 12 500 euros hasta el 31 de diciembre de 2005 tienen que efectuarse al mismo precio que las transferencias nacionales en euros. 
Para los países de fuera de la zona del euro, este precio puede ser muy alto: actualmente, una transferencia en euros en el Reino Unido cuesta más de veinte euros. 
La Comisión lamenta que el 14 de marzo de 2005 la FIFA haya publicado un comunicado de prensa que da una interpretación incorrecta de este Reglamento. 
– Señora Comisaria, muchas gracias por su respuesta. 
Le agradecería que me indicara exactamente qué medidas ha previsto usted tomar y con qué celeridad, ya que está claro que el tiempo no está de nuestro lado. 
Tal vez recuerde usted que tuvimos problemas similares con las ventas de entradas por parte de la Federación Francesa de Fútbol durante la Copa del Mundo celebrada en Francia. 
Una serie de diputados al Parlamento Europeo, yo incluido, llevaron el asunto ante el Tribunal de Justicia Europeo, con el resultado de que la Comisión intervino y se les impuso una multa de 500 euros sobre la base que se habían infringido el Reglamento de la Unión Europea. 
Me pregunto si puede usted garantizarnos que, dado que la Federación Alemana de Fútbol tenía conocimiento de lo que ocurrió con su homóloga francesa, cualquier multa en este caso tendrá un importe varias veces superior. 
Incluso podrían llegar a decirles que repitan todo el procedimiento. 
Es absolutamente ridículo que una organización pueda fijar de antemano quién puede comprar entradas y a qué precio. 
. En primer lugar tenemos que considerar todos los hechos de interés. 
Es necesario saber qué ha pasado para concluir si el sistema en cuestión constituye un incumplimiento del Derecho comunitario en materia de competencia. 
Es necesario examinar todo el sistema en su contexto económico y de los hechos. 
Por cierto, en mi opinión, las multas no deberían ser dinero de bolsillo. 
En Grecia hay muy poca información sobre la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, incluidos los de origen hospitalario, pese al riesgo que suponen para la salud pública y el medio ambiente. 
Teniendo en cuenta que ello constituye una violación del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689/CEE (2) y que ya existe una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia europeo de 13 de junio de 2002 (asuntos C-33/01) , ¿ha elaborado Grecia cuadros o criterios de admisibilidad de los residuos para cada tipo de vertedero y, en caso afirmativo, se han transmitido estos datos a la Comisión, y cuándo? 
¿Conoce la Comisión cuántos residuos tóxicos y peligrosos se producen cada año en Grecia, dónde van a parar, si se almacenan temporalmente, si se entierran, si se conducen a vertederos o si se exportan para su eliminación definitiva en otros países y, en este caso, en cuáles? 
¿Se ha conformado Grecia a la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia europeo? De no ser así, ¿piensa la Comisión llevar de nuevo a Grecia ante el Tribunal de Justicia europeo en virtud del apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE e imponerle al mismo tiempo una sanción económica? 
. 
Su Señoría ha mencionado varias cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación comunitaria sobre residuos peligrosos en Grecia. 
Responderé a estas cuestiones una por una. 
Por lo que respecta a los criterios sobre cuya base se admiten los residuos en cada clase de vertedero, los procedimientos y las medidas de admisión de residuos en vertederos sanitarios, como se llaman eufemísticamente en Grecia, se han establecido fundamentalmente en el decreto ministerial conjunto 29407/3508 de 2002 por el que se transpone la Directiva relativa al vertido de residuos en la legislación griega. 
Todos los decretos griegos sobre gestión de residuos peligrosos se notifican a la Comisión tan pronto como se emiten. 
La Decisión 2003/33 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos entró en vigor en junio de 2004. 
La fecha límite en que los Estados miembros deberán aplicar los criterios, establecidos en la segunda parte del anexo de dicha Decisión, es el 16 de julio de 2005. 
Grecia todavía no ha notificado ninguna medida adicional para llevar a cabo el cumplimiento de la Decisión. 
La segunda pregunta se refiere a la información sobre los residuos peligrosos que se producen anualmente en Grecia. 
Dentro del marco de la presentación de informes sobre la aplicación de la Directiva de residuos peligrosos, las autoridades griegas suministran información sobre las cantidades de residuos que se producen anualmente y los métodos usados para eliminarlos o reciclarlos. 
Según la información disponible para el período comprendido entre 1998 y 2003, se produjo al año una media de 363 400 toneladas de residuos peligrosos. 
La mayoría de ellos, aproximadamente dos tercios de los residuos peligrosos producidos, se almacenan de forma temporal antes de su eliminación definitiva o de su reciclado. 
Si su Señoría tiene interés, existe más información disponible. 
Finalmente, por lo que respecta al incumplimiento de la sentencia de 13 de junio de 2002, el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689 prevé una obligación específica de presentación de informes. 
Para ser exactos, los Estados miembros están obligados a mandar a la Comisión información sobre cada centro, empresa o establecimiento que lleve a cabo la eliminación y el reciclado de residuos peligrosos. 
En su sentencia de 13 de junio de 2002, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que la República Helénica no había cumplido sus obligaciones con arreglo a las disposiciones anteriores. 
En cuanto la Comisión recibió información insatisfactoria sobre las medidas que Grecia había tomado para ejecutar la sentencia del Tribunal, la Comisión puso en marcha el procedimiento de conformidad con el artículo 228 del Tratado de las Comunidades Europeas. 
En respuesta a la carta de notificación oficial de la Comisión, las autoridades griegas enviaron la información disponible, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8. 
Esta información está siendo examinada con el fin de establecer hasta qué punto Grecia ha ejecutado la sentencia del Tribunal anteriormente mencionada. 
Si se descubre que la información transmitida es insatisfactoria, la Comisión se verá obligada a emitir una opinión razonada de conformidad con el apartado 2 del artículo 228 del Tratado de las Comunidades Europeas. 
– Señora Presidenta, Comisario, gracias por su respuesta, pero debo seguir insistiendo. 
Exactamente hace un año, la Comisión habló en su respuesta al Parlamento Europeo de 230 000 toneladas de residuos peligrosos e incontrolados en Grecia. 
Dado que el departamento competente de inspectores medioambientales habla en su informe de una ausencia de supervisión adecuada, le pregunto a usted explícitamente: 
en primer lugar, ¿ha tenido la Comisión constancia de que las autoridades griegas hayan tomado medidas específicas durante el año pasado? 
En segundo lugar, ¿qué acciones legales pretenden emprender para obligar a las autoridades de nuestra patria común a cumplir por fin la legislación comunitaria? 
. 
Creo haber dicho que hemos puesto en marcha el procedimiento estipulado en el artículo 228 y hemos recibido la respuesta del Gobierno griego, que estamos examinando. 
Por lo que respecta a la cantidad, he indicado cifras incluso más altas. 
En 1998, la cantidad fue de 379 000 toneladas de residuos, en 1999 fue de 376 000, en 2000 de 391 000, y se mantuvo más o menos en esos niveles hasta 2003. 
Tenemos información hasta ese año. No tenemos datos posteriores a 2003. 
De esta cantidad, aproximadamente el 60 %, aunque este porcentaje llegó a ser de un 80 % en 2003, todavía se encuentra almacenado de forma temporal. 
Está claro que, en virtud de la Directiva comunitaria, si los residuos se almacenan de forma temporal durante más de un año, entonces el emplazamiento debe clasificarse como vertedero y debe cumplir las condiciones previas pertinentes. 
A pesar de haber estado vigente durante 10 años, ha sido difícil lograr la aplicación de la Directiva 91/676/CEE (3) sobre los nitratos por los Estados miembros. 
¿Podría indicar la Comisión el modo de aplicación de dicha Directiva por parte de los Estados miembros, el nivel de cumplimiento alcanzado y los problemas relativos a su aplicación? 
Más concretamente, ¿podría pronunciarse la Comisión acerca del reciente plan de acción de Irlanda para cumplir con sus obligaciones en relación con dicha Directiva? 
. La Comisión adoptó el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre nitratos en 2002. 
Señalaba que para entonces los Estados miembros habían realizado importantes progresos en este terreno. 
En los últimos años se han mantenido estos progresos. 
En este momento todos los Estados miembros han creado redes de supervisión del agua. 
Todos han designado zonas vulnerables a los nitratos y han creado programas de acción para estas zonas, o han hecho uso de la posibilidad que les brinda la Directiva de establecer un programa de acción para todo el territorio. 
Irlanda se encuentra entre un grupo de Estados miembros que tomaron esta opción. 
Las zonas vulnerables a los nitratos, incluidos territorios completos, representaban cerca del 38 % de toda la Unión Europea de los 15 en 2002. 
Desde entonces, el porcentaje ha aumentado debido a la designación de nuevas zonas vulnerables en Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Grecia, España e Italia y debido al enfoque territorial adoptado por Irlanda. 
Los Estados miembros también mejoran y desarrollan cada vez más sus programas de acción al darse cuenta de que, para mejorar la calidad del agua, son necesarios programas de acción sólidos y plenamente aplicables. 
En los nuevos Estados miembros se han realizado progresos similares. 
Han cumplido el compromiso establecido en el Tratado de Adhesión y en la fecha de la adhesión han designado zonas vulnerables a los nitratos, han creado programas de acción y han adoptado códigos de buenas prácticas agrarias. 
Actualmente, la Comisión está examinando la calidad de estas designaciones y programas de acción. 
A pesar de este avance, pasarán años antes de poder observar una mejora considerable de la calidad del agua. 
Tiene que pasar cierto tiempo entre la acción y los resultados. 
Sin embargo, la tendencia parece ser positiva, pues ya están apareciendo señales alentadoras en algunos países. 
La Comisión está plenamente decidida a asegurar que la Directiva sobre nitratos se aplique correctamente en los Estados miembros utilizando para ello todas las herramientas que tienen a su disposición. 
Esto incluye sin duda la puesta en marcha de procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen correctamente las diferentes medidas previstas en la directiva. 
Actualmente está abierto un procedimiento de infracción contra Irlanda. 
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de marzo de 2003, las autoridades irlandesas presentaron oficialmente a la Comisión el programa de acción establecido con arreglo al artículo 5 de la directiva. 
La Comisión considera que el programa de acción irlandés no cumple plenamente la Directiva en lo que se refiere a varias cuestiones, que se han indicado con detalle en la carta de notificación formal remitida a Irlanda a finales de 2004. 
Se está todavía a la espera de una respuesta. 
– Quiero pedirle, señor Comisario, que me aclare algunas cuestiones. 
Con respecto a la cuestión de las tendencias positivas de la calidad del agua, usted ha dicho que llevará algunos años observar una mejora notable. 
Existe cierta inquietud de que si usted no ve una mejora notable, como usted dice, se aplicarán normas más estrictas en relación con la agricultura. 
¿Podría comentar este punto? 
¿Podría también describir a grandes líneas qué significa el procedimiento de infracción en lo que se refiere a las multas reales o a qué sanciones se enfrentan los agricultores debido a que Irlanda no dispone de un plan de acción adecuado? 
Asimismo, ¿podría esbozar cuáles son las cuestiones concretas que preocupan a la Comisión en relación con Irlanda? 
. Debería usted saber que la Comisión considera que la cuestión de los nitratos es muy importante para ciertos países. 
Alrededor del 20 % de las aguas freáticas de Europa presentan una concentración excesiva de nitratos y el mismo problema afecta al menos a un 30 a 40 % de los ríos y lagos. 
En muchos países tenemos una afluencia de nitrógeno a las aguas costeras que, en determinadas zonas, podría ser muy importante para las aguas costeras y los mares. 
La agricultura es responsable de alrededor un 50 % a 80 % del influjo de nitrógeno en el agua en la Unión Europea. 
Irlanda no había cumplido sus obligaciones ni con respecto a la presentación del plan de acción ni a la designación de las zonas vulnerables, y no especificó cuáles eran las aguas contaminadas. 
Cumplió en lo que respecta a la designación de todo el territorio como zona vulnerable, pero el plan de acción que presentó no era satisfactorio y debido a ello hemos emprendido acciones judiciales contra Irlanda. 
Irlanda envió una respuesta el 22 de diciembre, a la que respondimos en la misma fecha, dando a las autoridades irlandesas tres meses para responder. 
Irlanda pidió una prórroga de un mes, y el plazo vence el 22 de abril. 
Por lo tanto, estamos a la espera de ver sus respuestas a determinadas cuestiones que hemos planteado. 
En cuanto a los agricultores, hay un gran problema y muchos se preguntan si se pedirá una excepción para determinadas zonas. 
Para declarar una excepción tiene que haber un plan de acción que sea aceptable para la Comisión. 
– Los agricultores de Irlanda del Norte también tienen grandes dificultades para cumplir las exigencias de esta directiva. 
Tengo dos preguntas. 
Aunque se trata de una región pequeña, ¿existe alguna razón por la cual no debe tener diferentes periodos de suspensión según el suelo y las condiciones climáticas en zonas diferentes, del mismo modo que la propuesta de la República de Irlanda plantea tres diferentes períodos de suspensión para tres zonas diferentes? 
En segundo lugar, la Oficina de Irlanda del Norte dice que ha solicitado la aprobación de la Comisión de una subvención del 60 % en equipamientos necesarios para las explotaciones agrícolas. 
¿Podría indicarme si podemos esperar que se apruebe esta solicitud y para cuándo? 
. Los períodos de suspensión serán los mismos en zonas con las mismas condiciones climáticas. 
Está en discusión si el esparcimiento de estiércol debe tener lugar en enero o incluso febrero. 
La Asociación de Agricultores ha solicitado que tenga lugar de marzo en adelante. 
Sin embargo, todo depende de la zona de Irlanda y de las condiciones climáticas de cada una de estas zonas. 
– ¿Puedo preguntar al señor Comisario, en vista de que esta directiva tiene ahora 14 años, si el nivel de nitratos encontrados en el agua potable de Irlanda ha aumentado o disminuido durante este periodo? 
¿Durante cuánto tiempo más la Comisión va a quedarse de brazos cruzados y permitir infracciones flagrantes de esta directiva, no solo en Irlanda sino también en otros países? 
. La Comisión no prevé proponer enmiendas a la Directiva sobre nitratos, ya que está convencida de que su plena aplicación es crucial para reducir el impacto de los nutrientes de fuentes agrarias en las aguas europeas. 
Estamos firmemente decididos a asegurar que la Directiva sobre nitratos se aplique correctamente en los Estados miembros con un conjunto de acciones que incluyan, tal como he mencionado antes, una presión jurídica mediante procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no pongan en marcha las diferentes medidas de la directiva. 
La Comisión ha tomado medidas importantes para apoyar un mejor conocimiento de las presiones en la situación medioambiental de las aguas europeas mediante la supervisión regular; mecanismos de notificación; el intercambio de información técnica y mejores prácticas con respecto a la agricultura y su impacto en las pérdidas de nutrientes; y herramientas de medición, modelado y previsión de su impacto en la calidad del agua. 
También se ha hecho una contribución considerable en la aplicación de la Directiva sobre nitratos al incluir esta directiva en los códigos de prácticas que apuntalan el desarrollo rural desde 2000 y, de 2005 en adelante, bajo la ecocondicionalidad con los pagos directos a los productores de acuerdo con la nueva política agrícola. 
Se dará respuesta por escrito a las preguntas nº 51 a 58. 
¿Qué medidas preparatorias ha tomado la Comisión para contribuir a resolver la cuestión del estatuto de Kosovo? 
¿Opina que es concebible y deseable una administración civil europea (EUMIG)? 
. Hasta la resolución de su estatuto definitivo, la Comisión se está esforzando en lo posible por mantener a Kosovo anclado firmemente en el proceso de estabilización y asociación bajo los auspicios de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Comisión cree que es importante que Kosovo participe plenamente en este proceso en virtud de sus propios méritos. 
En realidad, sería contraproducente para la seguridad de Europa si Kosovo se convierte en un agujero negro en una región que de otro modo está avanzando hacia la preadhesión y posterior adhesión a la Unión Europea. 
La Comisión apoya las instituciones provisionales de autogobierno en sus progresos en la aplicación de las normas prioritarias relacionadas con el Estado de Derecho y la multietnicidad antes de la fecha de revisión a mediados de 2005. 
La Comisión ha incluido las normas como prioridades principales en la Asociación Europea para Kosovo. 
Aportaremos más de 125 millones de euros en programas de asistencia CARDS. 
Seguimos apoyando a Kosovo mediante el mecanismo de seguimiento SAP, prestando asesoramiento y asistencia política para compensar la percepción de que una vez se inicien las conversaciones sobre el estatuto, ya no serán necesarias las normas. 
Serán aún más importantes una vez comiencen las conversaciones sobre el estatuto. 
La Comisión está decidida a promover la perspectiva de la UE de Kosovo, puesto que, independientemente de su futuro estatuto, Kosovo está y seguirá estando en Europa. 
En este contexto, hemos creado una oficina de enlace en Pristina que trabaja junto con el representante del Alto Representante, así como con la Agencia Europea para la Reconstrucción y los Estados miembros de la UE. 
Asimismo, la Comisión está preparando una comunicación para el Consejo sobre la mejora de la perspectiva europea de Kosovo. 
Esta comunicación será una contribución al trabajo conjunto de la Comisión, el Alto Representante y la Presidencia, tal como le invitó a hacerlo el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en febrero, para centrarse en la futura contribución de la UE a los esfuerzos de la comunidad internacional en Kosovo. 
La Comisión trabajará estrechamente con el señor Javier Solana y la Presidencia luxemburguesa de la UE sobre el alcance del futuro papel de la UE en Kosovo después de la UNMIK. 
Personalmente no preveo que la UE gobierne Kosovo como el sucesor de la UNMIK, ya que esto entraría en contradicción con nuestra política de creación de capacidad y de sostenibilidad en países asociados con los que esperamos negociar algún día. 
El alcance de la contribución de la UE a las futuras necesidades deberá examinarse minuciosamente debido a sus importantes implicaciones políticas y financieras. 
– Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Comisario por su amable y detallada respuesta. 
Hay dos aspectos específicos que me gustaría abordar, siendo el primero que la tarea de alcanzar estándares se dificulta de forma obvia cuando el desempleo es del 70 %. 
Puede que sea necesario determinar un estatuto –por lo menos a medio plazo– antes de que puedan satisfacerse los estándares, y debe darse como mínimo alguna señal de dicho estatuto antes de finales de año. 
El segundo aspecto es que la gente de Kosovo está sin duda a favor de una administración europea, ya que desean una administración que aplique criterios europeos. 
Es contraproducente que la provincia haya desarrollado un desempleo que, según algunas estadísticas, es del 50 %, pero según otras es incluso mayor. 
Por lo tanto, es indispensable que continuemos respaldando a Kosovo con nuestra ayuda financiera. 
También es vital que se respalde a las instituciones provisionales de autonomía en Kosovo al amparo del Pilar 4 de la UNMIK, que la UE financia, para avanzar con respecto a la reforma económica, incluida la privatización. 
En general, se necesita una solución lo antes posible, ya que la presión demográfica en Kosovo hace que su recuperación económica sea una tarea muy difícil a falta de un marco claramente definido desde el punto de vista legal y reconocido internacionalmente. 
En cuanto al futuro papel de la Unión, la idea de que la Unión Europea sustituyera a las Naciones Unidas en una función ejecutiva destacada sería problemática. 
Apoyamos la idea de una misión ajustada de las Naciones Unidas que traspase tanta responsabilidad como sea posible para conferir poderes a las autoridades locales que, en la medida de lo posible, tienen que ser nuestros interlocutores directos en el futuro. 
¿Está la Comisión satisfecha con las reformas del sistema judicial que se están llevando a cabo en Bulgaria? ¿Cree que están progresando lo suficiente como para permitir la adhesión de Bulgaria en 2007? 
. Las negociaciones para la adhesión en torno al Capítulo 24 se concluyeron sobre la base de un número considerable de compromisos contraídos por el Gobierno búlgaro. 
La continuación de la reforma del sistema judicial es la principal prioridad de Bulgaria en sus preparativos para la adhesión. 
En las negociaciones para la adhesión se acordaron medidas claras para la reforma de la judicatura. 
Y los compromisos contraídos deben respetarse plenamente. 
Existen muchos retos importantes por delante, en particular por lo que respecta a la aprobación del nuevo código de procedimiento penal, que simplifica toda la fase de instrucción previa al juicio y la adecua a las mejores prácticas de la UE. 
Ello exige un claro consenso de todas las partes involucradas, incluidos los partidos políticos. 
Finalmente, será necesario abordar las condiciones de trabajo globales, la necesidad de mejorar la especialización de jueces y fiscales, los procedimientos de nombramiento, el acceso a la asistencia jurídica en la práctica, y otros compromisos resultantes de las negociaciones de adhesión. 
Además de la voluntad política, se necesitarán también recursos presupuestarios suficientes para cumplir estos criterios. 
En este contexto, las autoridades búlgaras deberían hacer ahora todos los esfuerzos posibles por garantizar que la reforma se lleve a buen término, sobre todo por lo que respecta a la fase previa al juicio. 
Esto es indispensable para asegurar que Bulgaria disponga de los medios y recursos jurídicos necesarios para aplicar plenamente el Estado de Derecho y los requisitos para la adhesión. 
Sin embargo, parece que los preparativos para esta reforma están llevando más tiempo que el que se esperaba inicialmente. 
No obstante, las autoridades búlgaras han reiterado su compromiso con un nuevo proyecto de código de procedimiento penal, que será aprobado el 15 de mayo por el Consejo de Ministros. 
Estoy prácticamente convencido de que respetarán este compromiso, ya que es imprescindible que Bulgaria cumpla los compromisos contraídos en las negociaciones. 
La Comisión vigilará de cerca esta cuestión mediante un intenso seguimiento con el fin de obtener garantías suficientes de que el progreso continúe tras la conclusión de las negociaciones, y de que el país este realmente listo para la adhesión en 2007. 
– Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta tan clara y útil. 
Ha tocado usted todos los problemas. 
Está claro que el Gobierno actual reconoce la necesidad de la reforma judicial. 
Pero la cuestión sigue siendo esta: ¿está más ampliamente compartida dentro de Bulgaria la voluntad política de llevar a cabo la reforma? 
Me complace oír que la Comisión hará un seguimiento pormenorizado. 
En una cuestión relacionada con esta, usted ha mencionado el tema de la financiación. 
¿Apoyará la Comisión la recapacitación de la judicatura para ayudar a Bulgaria a prepararse para la adhesión en 2007? 
. Estoy de acuerdo con el señor Martin en que es sumamente importante que la voluntad política se apoye en un consenso y, a raíz de mi reciente visita a Sofía, tomé debida nota del consenso entre los distintos partidos en torno al apoyo a este objetivo. 
Todos los partidos confirmaron también que, independientemente del resultado de las próximas elecciones, están dispuestos a trabajar antes y después de las mismas para lograr este objetivo, incluso si ello significa la cancelación de parte de las vacaciones de verano o de otoño. 
Se trata claramente de una prioridad de tal magnitud para Bulgaria que existe una gran voluntad política. 
Por lo que respecta a la financiación de la recapacitación de los jueces, ya estamos apoyando a Bulgaria en el marco del programa de establecimiento de instituciones, y estamos dispuestos a considerar esta opción si nuestros compromisos anteriores resultaran insuficientes. 
Pero sin duda el cumplimiento de estos criterios está principalmente en manos del Gobierno búlgaro. 
– Señora Presidenta, continuando con la pregunta de mi distinguido amigo, quiero preguntarle al Comisario lo siguiente: 
Sabemos que, hasta ahora, se han sucedido varios programas financiados por la Comisión Europea dentro del marco de lo que llamamos programas de hermanamiento con países candidatos. 
¿La Comisión Europea continuará financiando los Estados miembros incluidos en el marco de estos programas y, en el caso específico de Bulgaria y Rumanía, lo hará hasta que estos países se adhieran a la Unión Europea? 
. Como ha dicho usted correctamente, en la actualidad estamos financiando programas de hermanamiento con Bulgaria y Rumanía. 
Desde mi punto de vista, se trata de una de las herramientas más eficaces para la transferencia de tecnología en la creación de instituciones y el refuerzo de la capacidad administrativa. 
Nuestra intención es la de dar continuidad a estos programas con Bulgaria y Rumanía, así como cuando iniciemos las negociaciones con Turquía, y una vez que realicemos nuevos progresos con los países de los Balcanes Occidentales. 
En mi opinión, el hermanamiento proporciona las mejores herramientas para facilitar tecnología y conocimientos institucionales a los países candidatos y a los países candidatos potenciales. 
Teniendo en cuenta que Turquía tiene luz verde para futuras negociaciones sobre la adhesión a la UE, las últimas estadísticas sobre el nivel de empleo de las mujeres en ese país son inquietantes. 
Solamente el 10 % de las mujeres turcas tiene un empleo remunerado. 
Desde hace mucho tiempo, los socialdemócratas hemos considerado que la cuestión del derecho de las mujeres a trabajar es extremadamente importante para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Las mujeres que tienen un empleo remunerado tienen una mejor base para vivir una vida independiente y no depender económicamente de su familia. 
Esta cuestión ha sido subrayada en la estrategia de Lisboa, que se ha fijado el objetivo de lograr un nivel de empleo de las mujeres en la UE del 60 % en el año 2010. 
Teniendo en cuenta los criterios de Copenhague que exigen a los países candidatos el cumplimiento de los objetivos políticos, económicos y monetarios de la Unión, ¿puede indicar la Comisión si la cuestión del nivel de empleo de las mujeres se considerará un asunto prioritario en las futuras negociaciones de adhesión con Turquía? 
. En sus informes y contactos bilaterales habituales con las autoridades turcas, la Comisión ha hecho sistemáticamente hincapié en que el bajo índice de participación de las mujeres en el mercado laboral oficial es un grave problema, ya que impide la emancipación económica de las mujeres y constriñe el potencial económico de Turquía. 
Además, la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular el trato igual en la contratación sin discriminación por motivos de sexo forma parte del acervo comunitario en el terreno del empleo y la política social. 
Por lo tanto, la Comisión sigue de cerca la adecuación de Turquía a las exigencias de la legislación de la UE y su aplicación práctica. 
Sin embargo, a pesar de la determinación mostrada por el Gobierno y de varias medidas positivas, los avances han sido limitados con respecto a la adopción de una legislación encaminada a prohibir efectivamente la discriminación en el empleo. 
Durante las negociaciones en torno a los capítulos relevantes del acervo comunitario, esta cuestión será objeto de un seguimiento muy pormenorizado y se considerará un asunto prioritario. 
– Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Comisario por su respuesta sumamente interesante y rigurosa. 
La situación de las mujeres en Turquía tiene importancia, y me gustaría abordar otra cuestión relacionada con las negociaciones de adhesión. 
En los días previos al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tuvo lugar una gran manifestación, por supuesto de mujeres, en Turquía. 
Fue reprimida brutalmente por la policía. 
Se suspendió inmediatamente a los policías involucrados, y el embajador de Turquía en Bruselas se presentó ante el Parlamento Europeo para hablar sobre la cuestión y explicar qué es lo que Turquía está haciendo. 
Como una brutalidad policial tal es incompatible con nuestras exigencias a un país que va a mantener negociaciones de adhesión con la UE, me pregunto si el Comisario Rehn sabe si Turquía ha tomado medidas judiciales adicionales tras el incidente en cuestión. 
. Esta fue una de las cuestiones clave en la reunión de la troika ministerial entre la UE y Turquía celebrada en Ankara el 7 de marzo. 
Por casualidad, la reunión de la troika se celebró el día después de la manifestación a la que usted ha hecho referencia. 
Una vez vimos lo que había ocurrido y obtuvimos información, emitimos una clara declaración en nombre de la Unión Europea, junto con la Presidencia luxemburguesa y la próxima Presidencia británica, en la que condenamos toda violencia en las manifestaciones. 
También condenamos el uso desproporcionado de la fuerza, que sin duda se utilizó en el trato dado a las manifestantes, mayoritariamente mujeres jóvenes, en Estambul. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Gul, manifestó en la reunión de la troika que lamentaba los hechos y que el Gobierno llevaría a cabo una investigación sobre los hechos y sus causas. 
En estos momentos se están realizando en Turquía tres investigaciones: una por parte de la policía, otra por parte del Ministerio del Interior y una tercera por parte de la Gran Asamblea Nacional Turca. 
Las seguimos todas muy de cerca. 
Una vez hayan concluido las investigaciones, podremos disponer de ellas. 
Mientras tanto, Turquía ha suspendido a seis agentes de policía a causa de lo sucedido en Estambul el 7 de marzo. 
En una noticia publicada recientemente en el diario turco Radikal, se hacía referencia al programa nuclear de Turquía y a la intención del Gobierno turco de construir y poner en funcionamiento a partir de 2012 tres centrales nucleares, en primer lugar la que se prevé construir en la región de Konya. 
Si se confirmase esta información, se crearían unas nuevas condiciones en la cuenca mediterránea, lo que provoca una lógica inquietud entre los países y pueblos vecinos y, especialmente, en Grecia y sus regiones insulares, situadas en las proximidades de los lugares elegidos para construir las centrales nucleares. 
Si, además, tenemos en cuenta el elevado riesgo sísmico que presenta Turquía, la posibilidad de que se construyan centrales nucleares puede adquirir dimensiones de pesadilla, no sólo en lo que concierne al medio ambiente, sino también a la vida de millones de habitantes del Mediterráneo oriental. 
¿Está la Comisión al corriente de la información citada a través de sus continuos contactos con las autoridades turcas? 
En caso negativo, ¿qué medidas ha tomado o piensa tomar para que se abandone un programa semejante? 
¿Cómo se propone tratar en líneas generales la cuestión de la energía nuclear en Turquía en el marco de las negociaciones de adhesión a partir del mes de octubre de 2005? 
. Me gustaría responder a la cuestión de Chipre, pero lo dejaré para la próxima ocasión. 
La Comisión es consciente de que la opción de recurrir a la energía nuclear se ha planteado en Turquía durante años, desde 1965. 
Hemos informado al Parlamento de esta cuestión en varias ocasiones. 
En estos momentos Turquía no tiene ninguna central nuclear en funcionamiento ni ha concedido licencia alguna para la construcción de una central de este tipo. 
La Comisión recuerda que, de conformidad con los Tratados, cada Estado miembro es libre de usar las fuentes de energía que prefiera. 
En la actualidad, casi la mitad de todos los Estados miembros hacen uso de la energía nuclear. 
Por consiguiente, la decisión de usar o no energía nuclear nunca ha sido objeto de las negociaciones para la adhesión. 
Sin embargo, como ustedes recordarán, en la anterior ronda de ampliación, la UE insistió en la necesidad de contar con altos niveles de seguridad nuclear en los países candidatos con centrales nucleares en funcionamiento, y una parte sustancial de la estrategia de preadhesión se dedicó a este objetivo. 
En determinados casos, la UE incluso solicitó el cierre anticipado de viejas centrales nucleares o de reactores nucleares que la comunidad internacional consideraba imposibles de mejorar a un coste razonable. 
Si Turquía quiere generar energía nuclear, sin duda tendrá que garantizar también un alto grado de seguridad nuclear. 
Como país candidato, también se espera de Turquía que cumpla el acervo de Euratom sobre las salvaguardias nucleares y la protección radiológica, así como la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental. 
Ello incluye una consulta transfronteriza con los Estados miembros. 
De acuerdo con la Convención internacional sobre la seguridad nuclear, de la que la Comunidad Europea de la Energía Atómica es parte contratante, Turquía ya tiene la obligación de consultar a los países vecinos acerca de las instalaciones nucleares propuestas. 
En el pasado se han mencionado en Turquía varios emplazamientos posibles, pero solo uno ha recibido una licencia. 
Recientemente se han incluido en los planes de inversión del Ministerio de Energía estudios para otros tres emplazamientos posibles. 
La Comisión ha seguido con interés la evolución de la situación, y en particular la evaluación de las respectivas condiciones sísmicas. 
Está claro que cualquier central nuclear debería diseñarse y construirse de forma que resista cualquier seísmo potencial y garantizar, de esta manera, el grado de seguridad necesario en condiciones de todo tipo. 
– Señora Presidenta, quiero darle las gracias de forma explícita al Comisario por su exhaustiva respuesta. 
Precisamente por eso he formulado la pregunta, para pedirle a la Comisión que preste atención a este asunto decisivo, que lo es para el medio ambiente de la región, y que está dando pie a preocupaciones concretas en países vecinos y en Grecia. 
Quisiera que el Comisario siguiera de cerca esta cuestión durante las negociaciones. 
No cuestiono el derecho de un país a construir centrales nucleares. 
La cuestión es, en primer lugar, el alto grado de seguridad necesaria y, en segundo lugar, el hecho de que todos nosotros –incluida la Comisión Europea– debemos garantizar que la energía nuclear sea usada únicamente con fines pacíficos y no militares. 
. Estoy completamente de acuerdo con su Señoría y lo comprendo. 
Debemos prestar especial atención a este asunto. 
Tiene razón en que no podemos, de conformidad con nuestro propio Tratado, cuestionar el derecho potencial de un Estado miembro a recurrir a la energía nuclear si planifica y construye una central nuclear de acuerdo con todas las normas y reglamentos, y respeta la seguridad nuclear. 
Pero en cualquier caso, la seguridad nuclear será una cuestión fundamental, en especial si existen razones para centrarnos en esta cuestión. 
Turquía todavía no se encuentra en la frase de construcción. 
Se encuentra en la fase de planificación. 
– Solo una sugerencia, señora Presidenta: ¿sería posible, para que esta sesión aprovechara el tiempo de forma más eficiente, planificarla por adelantado para que sepamos qué preguntas van a ser contestadas? 
De este modo no tendríamos que esperar durante una hora y media para que luego no se nos conteste a la pregunta. 
Por ejemplo, podría fijarse un tiempo limitado tanto para las respuestas como para las preguntas. 
El tiempo para el turno de preguntas está estrictamente limitado y se divide en tres partes. 
Si los diputados desean hacer uso de la oportunidad de formular preguntas suplementarias, yo no voy a impedírselo. 
El resultado será un retraso y la imposibilidad de considerar las preguntas dentro de un límite. 
Lamento decir que ya llevamos diez minutos de retraso. 
Se dará respuesta por escrito a las preguntas pendientes nº 66 a 104. 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración de la Comisión sobre la amenaza global de una pandemia de gripe. 
. Señora Presidenta, no puedo decir que me sienta satisfecho de estar aquí discutiendo esta cuestión con ustedes, porque no se trata de un tema agradable, pero al mismo tiempo pienso que es útil que tengamos la oportunidad de intercambiar puntos de vista y exponerles lo que estamos planificando en la Comisión para el futuro, así como las medidas que estamos tomando. 
Que la pandemia de gripe constituye una amenaza es un hecho cierto y, tal y como señalan los científicos, ya no se plantea «si» va a ocurrir, sino «cuándo». 
Es algo anunciado, algo que ocurre cada tantos años, y que ya debería haber sucedido. 
Por lo tanto, la forma en que nos enfrentamos a ello es una prioridad absoluta, tanto a nivel comunitario, en coordinación con los Estados miembros, como en nuestra cooperación con la OMS, no solo en Europa, sino también a escala mundial, y con algunos de nuestros socios que comparten nuestras preocupaciones, como por ejemplo los Estados Unidos. 
Hemos tomado medidas en muchos terrenos. 
Algunas, por ejemplo, apuntan al foco de la infección humana. 
Estamos discutiendo los planes de los Estados miembros y cómo podemos coordinarlos a escala de la Unión. 
Estamos estudiando vacunas y medicamentos antivirales, así como la vigilancia y los diagnósticos en laboratorios interconectados para identificar una cepa pandémica. 
Está claro que debemos identificar los potenciales focos de este problema. 
Como ustedes saben, uno de estos focos potenciales es la gripe aviar, lo que supone un verdadero problema. 
Ya existe en Asia y muchas personas ya han muerto a causa de ella. 
Pero la principal preocupación es que la enfermedad se ha convertido en endémica. 
No se trata de una epidemia que simplemente desaparecerá; está ahí, está arraigada y su erradicación no puede considerarse un objetivo a corto plazo. 
También hemos tomado medidas para intentar afrontar este problema. 
La Comisión ha aprobado una nueva directiva relativa a las medidas de protección frente a la gripe aviar para garantizar que los Estados miembros puedan aplicar la vigilancia y las medidas de protección más adecuadas. 
De esta forma, esperamos poder reducir el riesgo en caso de que se produzcan brotes de grandes dimensiones en la Comunidad en el futuro. 
Ya contamos con un plan a escala comunitaria, pero también necesitamos disponer de planes nacionales en los Estados miembros. 
En marzo, junto a la Organización Mundial de la Salud, organizamos un taller donde pudimos discutir e intercambiar opiniones sobre estos planes. 
Fue un ejercicio útil. 
Ayudamos a los Estados miembros a actualizar y mejorar sus planes nacionales para estar preparados. 
Al mismo tiempo, detectamos a los Estados miembros que todavía no cuentan con planes y a los que vamos a ayudar a desarrollarlos. 
Se trata de algo muy importante porque contamos con un plan a escala comunitaria, pero la aplicación real de los planes depende de los Estados miembros. 
Nos complace decir que la respuesta de los Estados miembros demostró que los servicios públicos sanitarios están tomándose este problema muy en serio. 
Estamos considerando cuál es la mejor manera de aplicar el plan comunitario. 
Entre sus aspectos figuran la comunicación, el aislamiento y la vacunación, el uso de medicamentos, restricciones a las reuniones públicas e información para el público. 
Estamos planeando un ejercicio que abarque a Europa entera, un ejercicio parecido a unas maniobras militares que ponga a prueba estos planes, y con el que esperamos ver cómo funcionan en una situación simulada. 
Nuestra intención es llevar a cabo este ejercicio antes de la próxima temporada de gripe, con el fin de poner a prueba los planes y ver cuáles son las carencias y los problemas, de forma que podamos corregir los planes y coordinarlos mejor. 
Un problema muy importante, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, es la cuestión de las vacunas. 
Con las vacunas tenemos tres problemas. 
El primero es la cuestión de identificar la cepa, porque en caso de pandemia se espera una cepa nueva. 
A continuación está la cuestión del desarrollo de la vacuna y, con el mismo grado de importancia, la cuestión de la capacidad para producir vacunas suficientes para cubrir a toda la población en caso de pandemia. 
Como la cepa será nueva, la acumulación de vacunas no es una solución y no sirve de nada. 
Nos hemos reunido con representantes de los Estados miembros y hemos acordado una forma de comprometer a la industria en una especie de asociación público-privada para facilitar la rápida producción de vacunas pandémicas en un momento de necesidad. 
Soy optimista en cuando a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la industria. 
El principio básico es que los Estados miembros aumenten sus niveles de compra de vacunas en esta fase, para poder justificar las inversiones suficientes con el fin de incrementar la capacidad de los Estados miembros en caso de pandemia. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros han prometido redoblar sus esfuerzos para atenerse a sus recomendaciones de vacunación, para poder alcanzar altos niveles de respuesta entre los grupos de población pertinentes, es decir, los grupos de alto riesgo. 
Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a trabajar en la elaboración de propuestas de recomendaciones de la UE que puede emitir el Consejo sobre quién debe vacunarse por motivos de salud pública. 
Otra posible vía para incrementar la capacidad –y la industria ha prometido considerarlo– es la conversión de instalaciones destinadas a otros fines, como las que se usan para la producción de medicamentos veterinarios, para la rápida producción de vacunas en una situación de pandemia. 
Nosotros, los Estados miembros, la industria fabricante de vacunas y la Agencia Europea de Medicamentos colaboraremos con vistas a crear condiciones favorables para dicha producción y también a establecer un procedimiento más rápido de concesión de licencias. 
Por supuesto, todas estas medidas no resolverán por completo el problema del suministro de vacunas a los Estados miembros, pero sin duda supondrán un gran avance en la dirección correcta. 
Se ha iniciado un proceso similar con los fabricantes de antivirales, que reunirá a los Estados miembros y a la industria para buscar una posición común. 
Les informaré sobre ello tan pronto como dispongamos del esbozo de una solución del problema de la falta de capacidad de producción y la acumulación. 
Pero animamos a los Estados miembros a seguir adelante con la acumulación, y muchos de ellos, sobre todo los más grandes, ya lo están haciendo. 
Creemos que es un proceso en el que deben participar todos los Estados miembros porque, a pesar de todos los inconvenientes y todos los problemas que puedan existir respecto a la eficacia de los antivirales, esta será la primera línea de defensa. 
Será nuestra primera medida para luchar contra el virus, contra la enfermedad, en caso de pandemia. 
Necesitaremos contar con este tiempo de respiro hasta que consigamos desarrollar la nueva vacuna e incrementar la capacidad de llegar a producirla, distribuirla y usarla. 
Ya que los antivirales formarán la primera línea de defensa, la inversión y el esfuerzo valdrán la pena. 
Permítanme llamar su atención sobre un desarrollo positivo, sobre las decisiones que tomamos la semana pasada en la Comisión, en relación con las perspectivas financieras. 
También aprobamos el Reglamento del fondo de solidaridad, que incluirá una mención relativa a las amenazas a la salud pública. 
Las decisiones entran en el contexto de los instrumentos legislativos y abarcan las próximas perspectivas financieras. 
Se refieren a la disponibilidad general de fondos para la preparación de la respuesta sanitaria y de vacunas en caso de importantes amenazas para la salud pública. 
El fondo de solidaridad tendrá un tope, una cuantía de unos 1 000 millones de euros anuales. 
Creemos que contará con la flexibilidad suficiente para hacer frente a situaciones de emergencia médica, mientras que también será capaz de ayudar a aquellos Estados miembros que cumplan los requisitos a financiar el esfuerzo de adquirir y usar las vacunas en caso de pandemia. 
Tengo muchas esperanzas, de hecho no me cabe duda, de que el Parlamento Europeo y el Consejo harán todo lo posible para llegar pronto a un acuerdo sobre esta propuesta. 
Finalmente, otro asunto muy importante es el de la detección temprana. 
Como he dicho, lleva tiempo identificar una nueva cepa de virus y desarrollar vacunas para tratarla. 
Cuanto más pronto logremos detectarla, más fácil será resolver el problema e incluso contenerlo en la medida de lo posible. 
A este fin, hemos establecido una red de comunicación con los Estados miembros y con la Organización Mundial de la Salud. 
Sin embargo, nuestro instrumento principal en este esfuerzo es el sistema de alerta y respuesta tempranas. 
Por medio de este sistema, los Estados miembros se informarán unos a otros y a la Comunidad en caso de que surja un problema. 
Permítanme mencionar también el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades, que está entrando ahora en funcionamiento. 
Está claro que todavía tardará un año o más hasta poder funcionar a pleno rendimiento. 
En su momento, el centro asumirá y pondrá en marcha el sistema de alerta y respuesta tempranas, y gestionará las amenazas sanitarias de este tipo. 
La pandemia de gripe nos preocupa. 
Se prevé que, si ocurre y no tomamos las medidas necesarias, será una pandemia sin precedentes. 
Incluso en una hipótesis optimista, las cifras calculadas por los científicos son muy inquietantes, con 8 millones de muertos como mínimo en todo el mundo. 
Pero en la peor de las hipótesis habrá del orden de los 30 millones de muertos. 
Por lo tanto, esta es una de nuestras máximas prioridades; se trata de un serio motivo de preocupación, y continuaremos trabajando en él y realizando grandes esfuerzos para poner en marcha todos los mecanismos y estructuras. 
Pero a pesar de todo, nuestro éxito dependerá mucho de un firme compromiso político y del apoyo por parte del Consejo, los Estados miembros, la Comisión y, por supuesto, el Parlamento Europeo. 
Confío en que contaré con su apoyo. 
. – Señora Presidenta, como ha dicho el Comisario, algunos países no tienen planes y muchos tienen planes insuficientes. 
Por lo tanto, es muy acertado que haya venido aquí esta tarde a discutir esta cuestión con nosotros, y acogemos con satisfacción lo que ha dicho y los planes que está elaborando. 
Sin duda le ofreceremos todo el apoyo posible. 
El año pasado, Europa y el mundo tuvieron suerte. 
El SRAS y la gripe aviar no se convirtieron en pandemias. 
El siglo pasado no tuvimos tanta suerte. 
En 1918, 1957 y 1968 con la gripe asiática, la gripe española y la gripe de Hong Kong, no fuimos tan afortunados. 
Un millón de personas murieron en los dos últimos casos, y 50 millones en el primero, en 1918, siendo la cifra de muertos en mi país, el Reino Unido, de 250 000. 
Ahora el doctor Omi, de la Organización Mundial de la Salud, ha advertido de que está a punto de producirse otra pandemia. 
Durante meses hemos estado reclamando en el Parlamento una acción urgente para hacer frente a esta situación; sin embargo, no hemos visto entre los Estados miembros el sentido de la urgencia que habíamos esperado. 
Durante seis meses o más, los Estados Unidos han estado acumulando medicamentos antivirales y han cursado pedidos que alcanzan los cuatro millones de vacunas. 
Italia y Francia han pedido dos millones de vacunas cada una. 
Canadá, Australia y Japón han acumulado reservas de vacunas. 
Como el ha manifestado con razón el doctor Omi, aunque no conozcamos la cepa, las vacunas y los medicamentos existentes mitigarán y protegerán a los vulnerables, en particular a niños y ancianos, así como a los trabajadores clave. 
¿Pero qué hay de los demás países? 
El Reino Unido no está comprando ningún tipo de vacunas. 
Ha anunciado que no es su política. 
Solo está planeando proteger al 20 % de nuestra población con antivirales. 
Y sin embargo, Londres, una plataforma mundial de viajes, migraciones y enfermedades, tiene planes insuficientes de protección a base de medicamentos y cuarentenas. 
Mis temores son dobles: que la pandemia se extienda en primer lugar de Asia a África o a países de renta baja, mal equipados para responder, y que a continuación se desplace rápidamente hacia Europa y que el pánico en los países mal preparados pueda derivar en actos criminales y de violencia internacionales dentro de la Unión Europea, inclusive en ciudades como Londres, donde se prevé que el 80 % de la población estará desprotegida. 
Hemos trabajado arduamente en el Parlamento, junto con la Comisión y el Consejo, y hemos aprobado en primera lectura un informe mío por el que se establece el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. 
Hemos hecho una elección excelente en la persona de su directora, la señora Jakab. 
Ahora necesitamos asegurarnos de que este centro de cooperación esté a la altura del primer gran desafío en términos de alerta rápida, como dice el doctor Omi, planificación y distribución de antivirales y vacunas, precauciones en puertos y aeropuertos e instalaciones de cuarentena. 
Debemos colaborar estrechamente con la OMS, con las autoridades de China, Vietnam y otros países afectados en Asia, con ONG internacionales, con la industria farmacéutica y con los países vulnerables de ACP y otras regiones. 
La semana que viene asistiré a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
No solo quiero llevar conmigo un mensaje de ayuda y apoyo, sino también de garantía de que Europa ha tomado nota, está actuando y ayudará al mundo a protegerse de esta pandemia. 
. – Señor Presidente, me alegra que el Comisario se encuentre aquí esta noche, y me satisface que ahora se le haya dado cierto sentido de urgencia a esta cuestión. 
Como ha dicho, nadie habla ya de «si» va a ocurrir. 
La cuestión es «cuándo» va a aparecer la pandemia. 
Los ciudadanos no se conformarán con que la Unión Europea microgestione una pandemia, sino que esperarán que le dé valor añadido. 
Saben que las enfermedades se desplazan y esperarán que la Unión Europea aplique rápidamente medidas relacionadas con los desplazamientos de personas y el transporte de animales. 
Nos gustaría oír que tales medidas existen, de forma que sea posible poner rápidamente en práctica dichos planes. 
Me interesaría conocer la reacción respecto a sus planes de llevar a cabo un ejercicio real. 
Consideramos que sería útil saber cómo funciona. 
Respecto al tema de las vacunas, me complace lo que usted ha dicho. 
Necesitamos un enfoque coordinado de la cuestión de las vacunas. 
Si conseguimos que las empresas farmacéuticas colaboren con los Estados miembros y la Comisión, tendremos más posibilidades de obtener una reacción más rápida en caso de estalle que la pandemia. 
Necesitamos un prototipo. 
Comprendo que no podemos acumular vacunas, pero sé que es posible desarrollar prototipos con antelación, que pueden adaptarse muy rápidamente a la cepa en el momento en que esta surja. 
El señor Bowis tiene razón al decir que tenemos una responsabilidad fundamental ante los ciudadanos de hacer bien las cosas. 
Lo que me preocupa es el impacto que esto tendrá en las personas más pobres de nuestro planeta. 
En 1918, una de las razones por las que tantos millones de personas murieron fue que muchos vivían en condiciones de pobreza extrema, tanto en el territorio que es ahora la Unión Europea como en el resto del mundo. 
Señor Comisario, usted no ha mencionado nada acerca de las consultas interdepartamental con el Comisario de Desarrollo. 
¿Se hace algo en la Comisión por estudiar las políticas de ayuda a los países en desarrollo y asegurar que la UE plantee algún tipo de solidaridad con esos países, así como para planificar la respuesta a lo que pudiera ocurrir en la Unión Europea? 
.– Podría decirse que hoy nos estamos dirigiendo a la persona equivocada. 
Comisario, usted nos está pidiendo nuestro apoyo y nosotros se lo damos por supuesto sin reservas, porque pienso que usted aborda la cuestión de forma muy satisfactoria dentro de los límites impuestos por el marco de los Tratados por los cuales, tanto si nos gusta como si no, estamos obligados. 
En realidad, deberíamos estar discutiendo esta cuestión con el Consejo. 
Antes se ha comentado que no da la impresión de que el Consejo sea consciente de la amenaza enorme contra la que hay que actuar. 
A pesar de las discusiones, de los intentos de coordinación y de los grupos de estudio de aquí y allá, uno no tiene la impresión de que en realidad se esté haciendo algo. 
¿Es eso tan malo? 
Sí, sí lo es en la sociedad actual, y sin duda también reviste gran seriedad en la Unión Europea, ya que si algo funciona mal en uno de los Estados miembros, ese algo tiene repercusiones en el resto. 
Así que redunda en nuestro interés que todo funcione como es debido en el conjunto de la UE. 
En caso de brote de una enfermedad animal, el Comisario de Agricultura puede tomar decisiones trascendentales de forma directa. Inmediatamente se cortan calles, se acordonan áreas enteras y se hacen grandes avances. 
Si algo similar sucediera con seres humanos, no seríamos capaces de actuar. 
Pienso que usted, Comisario, tendría que poder tomar medidas de contingencia en un periodo de 24 horas por lo que respecta a cuestiones tales como la cuarentena, las medidas de desinfección en los aeropuertos y en los vuelos procedentes de determinadas regiones, y respecto a las restricciones al desplazamiento. 
Huelga decir que sería muy positivo el hecho de que todos los Estados miembros, en una corriente de solidaridad y unanimidad, tomaran dichas medidas de forma colectiva y simultánea, pero sinceramente no me hago ilusiones de que esto vaya a ocurrir. 
Por lo tanto, creo que los Ministros de Sanidad deberían concederle a usted estos poderes. 
Usted tiene razón al decir que, según la OMS, no se trata de «si» la pandemia estallará, sino de «cuándo» lo hará. 
Según sus cálculos, habría 8 millones de víctimas, pero podrían ser 30 millones. 
Sin duda, la población infantil y mayor de 50 años correría un gran riesgo, y no disponemos de vacunas ni de medicinas antivirales suficientes. 
En este caso, la intervención europea también es decisiva. 
¿Dónde debería llevarse a cabo? 
Tal vez ello debería realizarse en uno de los países vecinos de la Unión, y no en la UE misma. 
Aquí es donde pienso que los Ministros deberían volver a concederle poderes de gran alcance. 
Una última reflexión: si se restringieran los desplazamientos, ¿qué ocurriría con las reuniones del Consejo y de esta Cámara? 
. – Señora Presidenta, un brote no se convierte en una epidemia en una sociedad sana. 
Si realmente nos encontramos en peligro de sufrir una epidemia, incluso una pandemia, en el mundo desarrollado, entonces deberíamos examinarnos muy de cerca a nosotros mismos. 
Tenemos las sociedades más ricas de la historia universal. 
Por lo tanto, deberíamos contar con las sociedades más sanas. 
¿Es así? 
No. 
Índices cada vez más altos de enfermedades crónicas, como el asma y la diabetes, indican que no somos la sociedad más sana. 
La comida basura, los productos químicos, la contaminación y las adicciones no hacen ningún favor a nuestro sistema inmunológico. 
Si estos factores nos hacen vulnerables ante una epidemia, deberíamos hacer algo al respecto. 
Deberíamos estar sanos y usar nuestra riqueza para prevenir una epidemia en los países pobres por medio de la mejora del agua, la higiene y la nutrición: las razones por las que las epidemias se extienden. 
Debemos anticipar un brote de gripe en Occidente. 
Estamos esperando de modo imperdonable una epidemia. 
. Ya hemos oído de parte del representante de la Comisión, muy bien expuesto, que no se trata de un «si» , sino de un «cuándo». 
Sin embargo, debe destacarse que ya existen dos requisitos esenciales para una pandemia. En concreto, el virus se está extendiendo entre animales, donde es objeto de una mutación que le permite infectar humanos y poner sus vidas en peligro. 
El próximo, tercer y último paso del virus sería el inicio de su propagación entre los seres humanos. 
Ahora sabemos cómo se identificó la gripe aviar. A partir de mutaciones potenciales adicionales, la cepa implicada, H5N1, también se utilizó como la base para el desarrollo de una vacuna. 
Esto ha servido para volver a confirmar algo de lo que he advertido en varias ocasiones aquí en el Parlamento Europeo. 
No es apropiado que los sistemas sanitarios estén sometidos al principio de subsidiariedad ni a los Gobiernos nacionales. 
La enfermedad no conoce fronteras, y ha sido la amenaza inminente de una pandemia lo que ha puesto realmente en primer plano esta cuestión. 
Es digno de alabanza que la OMS esté lista, pero tengo dudas de que los Gobiernos nacionales estén preparados para enfrentarse a este problema. 
–Señora Presidenta, señor Comisario, algunos diputados expresamos aquí desde hace meses nuestra preocupación por los riesgos de pandemia de gripe y hemos dado la voz de alarma, porque tanto la industria farmacéutica como el Fondo para Vacunas están especialmente preocupados. 
No disponemos hoy de los medios necesarios para afrontar un riesgo semejante, porque no somos capaces de anticiparnos. 
Ahora bien, sabemos que la cuestión no es un día se declarará una epidemia, sino lo hará. 
Nos ha dado usted una serie de explicaciones y cuando nos dice que se precisan seis meses para desarrollar una vacuna, me pregunto si los laboratorios farmacéuticos dedican realmente los recursos necesarios a la preparación de los medicamentos antivirales por una parte, y, por otra, al intento de desarrollar las vacunas adecuadas cuando tengamos una célula madre aislada. 
La Unión Europea debería aportar su contribución financiera para ayudar al desarrollo de las vacunas y a la realización de estudios sobre las mismas y también para alentar producciones en masa. 
Esta participación financiera estaría condicionada a una aceleración de las actividades de los laboratorios en materia de vacunas. 
La idea de utilizar el Fondo de Solidaridad me parece excelente, pues permitiría garantizar asimismo una disponibilidad equitativa de vacunas e implicar a los Estados miembros. 
¿Hemos elaborado ya, en estrecha cooperación con los Estados miembros, un plan de urgencia adecuado en caso de epidemia? 
¿Ha hecho la Comisión simulacros para coordinar la acción con los Estados miembros, por un lado a fin de evitar el pánico de la población y de combatir el tráfico que no dejará de surgir si realmente hay un riesgo grave y, por otro, a fin de determinar también los lugares prioritarios que hay que aislar, es decir, los lugares donde aplicar medidas de cuarentena, de censar a las poblaciones que deben vacunarse prioritariamente y de garantizar que los productos se distribuyan equitativamente y a todos? 
Deseo asimismo que reflexionemos sobre un marco que garantice la exportación rápida y sin obstáculos de los productos desde los países productores a los países no productores. 
Son respuestas inmediatas que esperamos, pues se trata de prevenir una catástrofe que no solo sería sanitaria, sino también económica. 
– Señora Presidenta, todos hemos estado hablando de «cuándo» y «si». 
Yo voy a usar una palabra distinta. 
Las pandemias no son la excepción, se han convertido casi en la norma. 
Pero ellas mismas no obedecen a ningún tipo de norma. 
Son difíciles de identificar antes de su aparición y, por lo tanto, nos encontramos ante un problema oculto. 
Usted lo ha llamado problema, señor Comisario, pero es algo más que eso. 
Debemos emplear todos nuestros recursos. 
Debemos emplear nuestros recursos para la producción y la investigación, y agradecería que el Comisario tal vez nos contara algo más acerca de esta cuestión en particular. 
La comunidad científica internacional debe representar un papel, y es importante contar con redes fiables de forma que todos los interesados puedan cooperar cuando la pandemia estalle, porque, como todo el mundo sabe, aunque hagamos simulacros y maniobras militares a modo de ejemplo de lo que podría ocurrir, es sumamente difícil anticipar lo que sucederá cuando estalle. 
– Ya se ha dicho que la gripe es una enfermedad con graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas; y también tiene ramificaciones en el sector de la defensa y la política. 
Sin embargo, el mayor peligro radica en las diferentes pandemias que pueden declararse cuando surge un nuevo subtipo del virus de la gripe transferible de un ser humano a otro. 
El virus de la gripe de tipo A que afecta tanto al ser humano como a los animales, en especial pájaros, cerdos y caballos, es el único capaz de dar origen a nuevos subtipos del virus. 
Los nuevos subtipos surgen como resultado de la recombinación de cepas humanas y animales del virus de la gripe tipo A en un animal portador, dando lugar a lo que se conoce como «cambio de antígeno». 
Puesto que el ser humano no es inmune al nuevo subtipo, la enfermedad se propaga rápidamente y provoca una epidemia, que en cuestión de meses se convierte en una pandemia. 
Recientemente, la OMS ha advertido que estamos más cerca que nunca de una pandemia de gripe, instando a los Gobiernos a que establezcan consejos nacionales para afrontar una pandemia de gripe potencial y adoptar planes de acción nacionales. 
En la medida de lo posible, mi país, la República Eslovaca, ha hecho caso de ese llamamiento. 
Las vacunas constituyen una medida preventiva lógica, pero tienen sus limitaciones. 
Como ha dicho el señor Comisario, es necesario identificar al virus, desarrollar una vacuna, fabricarla y comercializarla, además de poner en marcha una extensa campaña de vacunación. 
Una vacuna no es eficaz cuando la enfermedad se encuentra en una fase avanzada, porque depende del cuerpo para formar los anticuerpos necesarios. 
Así pues, no podemos contar con las vacunas para enfrentarnos a la primera ola de una pandemia. 
Por otra parte, las vacunas tienen un período de validez corto. 
Los medicamentos antivirales, por el contrario, parecen ser un complemento adecuado de la vacunación porque, además de ayudar en la prevención, son también eficaces para el tratamiento de las formas avanzadas de la enfermedad y parecen esenciales como parte de la respuesta terapéutica a una pandemia. 
Puesto que tienen un período de validez más largo –de hasta cinco años– los antivirales pueden almacenarse por anticipado. 
La afirmación del Comisario Kyprianou me hace albergar la esperanza de que se mantendrá una atenta vigilancia y que, en el mejor de los casos, no necesitaremos adoptar ninguna medida de emergencia. 
. Señora Presidenta, creo que todos estamos de acuerdo en esta cuestión y esto resulta muy alentador. 
Sin embargo, los Estados miembros empiezan a percatarse ahora del problema. 
Cuando asistí a mi primer Consejo de Sanidad en calidad de Comisario y expuse este problema, no todos compartían mis preocupaciones o el sentido de urgencia en aquel momento. 
A veces esta es una realidad de la vida: por más que diéramos la voz de alarma, no nos tomaron en serio, pero cuando la dio la OMS, sí que le hicieron caso. 
Sin embargo, lo que importa es que el mensaje ha llegado. 
En las reuniones siguientes con los Ministros quedó claro que ya habían tomado medidas. 
Mañana voy a París, donde el Gobierno francés ha organizado una conferencia sobre tres problemas principales: sida, cáncer y gripe. 
Los Estados miembros ya se han comprometido. 
Es cierto que aún no tenemos competencia jurídica, pero hasta cierto punto la conseguiremos con la Constitución, porque la Comisión, la Comunidad y el Parlamento tendrán autoridad para actuar cuando se produzca una amenaza sanitaria transfronteriza. 
Por lo tanto, podremos tomar algunas de las medidas que el señor Maaten ha afirmado que yo, y no la señora Fischer Boel, puedo tomar en el caso de la salud animal. 
En la actualidad podemos tomar medidas de emergencia, pero no con respecto a los seres humanos. 
Al menos la Constitución nos permitirá hacerlo. 
Es cierto que si bien no tenemos competencia jurídica en este momento, no podemos subestimar el hecho de que estas enfermedades no conocen fronteras y que, por lo tanto, los Estados miembros y los que no pertenecen a la Unión Europea tienen que llevar a cabo una acción coordinada. 
La Comisión puede ofrecer esta coordinación y representación cuando dialoguemos con países de fuera de la Unión. 
Quiero decir dos cosas sobre los países pobres. 
Primero, que ha habido la Conferencia de Vietnam sobre la peste aviar. 
La OMS, la FAO, la Organización Mundial para la Salud Animal y la Unión Europea abordarán este tema. 
Por el momento, se trata de un problema de salud animal, pero todos sabemos que podría tratarse de una importante pandemia. 
Tomaremos medidas y encontraremos la manera de ayudar a los países implicados. 
Hacia finales de año tengo previsto visitar la zona para ver cómo podemos trabajar con esos Gobiernos. 
Mi colega, el señor Michel, está elaborando una comunicación sobre esta cuestión. 
No será la que hemos aprobado, hoy sino una nueva, que también abarcará la cuestión de las amenazas para la salud. 
Esto es una breve referencia a esta comunicación, pero pronto habrá más información. 
La investigación sobre las vacunas va bien. 
El sector privado puede encargarse del asunto. 
La cuestión que se plantea es el aumento de las capacidades. 
Se trata de una inversión que tienen que hacer los Estados miembros y será una especie de asociación del sector privado y público. 
Dicha inversión también beneficiará a la población actual, porque se invierte en la compra de más vacunas para tratar ahora a los grupos de riesgo. 
Esto beneficiará a la población y, al mismo tiempo, será una inversión en la creación de capacidad futura para fabricar suficientes vacunas. 
Puedo asegurarles que esta es una de mis mayores preocupaciones. 
Es una cuestión que sigo planteando en todos los foros internacionales, pero sobre todo ahora en el Consejo. 
Los Ministros de Sanidad se ocupan de esta cuestión. 
Quizá la próxima vez los Ministros de Hacienda tengan que pagar esta inversión. 
Sin embargo, soy optimista porque dadas las circunstancias estamos en el buen camino. 
No hemos solucionado el problema, pero hemos puesto en marcha el procedimiento. 
Estamos llegando, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. 
El tiempo se agota. 
Por esta razón, todos los esfuerzos están concentrados. 
Tomaremos todas las medidas a nuestro alcance antes de la temporada de gripe del próximo invierno. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0071/2005) del señor Pittella, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto para el ejercicio 2006: el informe sobre la estrategia política anual de la Comisión (2004/2270 (BUD) ). 
. Señora Presidenta, señor Comisario, señor representante del Consejo, Señorías, todos somos conscientes de las numerosas peculiaridades del presupuesto para 2006. 
Se trata, sobre todo, de un presupuesto puente; de hecho, mientras aprobamos los principios generales –al menos eso espero–, el debate sobre las perspectivas financieras se acerca a su último escollo. 
Tendremos que decidir el cuánto, el qué y el cómo, es decir, tendremos que decidir si aceptamos resignarnos a una Europa disminuida e impotente o si luchamos juntos por que el rigor financiero pueda combinarse con recursos suficientes para la Unión Europea. 
La llave existe, pero tenemos que saber cómo utilizarla con valentía. 
La llave es la calidad del gasto, que debe centrarse en sectores de gran valor añadido y en políticas comunes con una lógica y una significación europeas. 
Se trata de un reto que –desde una perspectiva anual– afrontamos también nosotros con el presupuesto de 2005. 
Las orientaciones aprobadas por unanimidad en la Comisión de Presupuestos –y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los colegas y Grupos políticos su constructiva colaboración– apuntan en esa dirección: rigor, transparencia, un paso más hacia la simplificación y concentración en las prioridades. 
Nuestras propuestas –tengo que reiterarlo al Comisario– son coherentes con el plan estratégico anual de la Comisión. 
Obviamente veremos si, en el curso del procedimiento, logramos seguir caminando juntos –esta es, en cualquier caso, nuestra esperanza– y veremos si la cauta apertura manifestada por el Consejo dará pie a decisiones firmes. 
Hay algunos puntos sobre los que, francamente, no veo cómo o por qué deberíamos diferir. 
El primero es la promoción del desarrollo rural con respecto a las ayudas directas a la agricultura; el segundo es un nivel adecuado de pagos con cargo a la rúbrica de los Fondos Estructurales. 
Tras tantos años de quejas justificadas, el gasto de los Estados miembros y de las regiones con cargo a los Fondos Estructurales ha experimentado un fuerte incremento. 
Esto era lo que todo el mundo deseaba ver, razón por la cual ahora no tendría sentido no garantizar recursos adicionales recurriendo, como ya ha ocurrido durante este año, a presupuestos rectificativos. 
El tercer punto es el refuerzo del apoyo a la investigación, la innovación, la competitividad y la internacionalización de las empresas; el cuarto es el fomento de las acciones destinadas a la sociedad de la información y el conocimiento; el quinto es la implementación de actividades culturales a escala europea y de políticas sociales y la continuación de los programas de infraestructuras que desarrollan la gran infraestructura física de la Unión. 
El último punto –que para mí constituye el primero en el plano político– es la formación permanente, la educación y los programas de intercambio de jóvenes. 
Los jóvenes deben ser los principales beneficiarios de nuestras acciones, porque sin jóvenes no hay Europa, no hay futuro. 
Muchos recordarán la bella frase escrita por un estudiante en los muros del campus de la Universidad de Berkeley: «El futuro me interesa porque es allí donde quiero vivir». 
También nosotros –aquí y ahora– podemos hacer algo por nuestros jóvenes y por su futuro. 
¿Quién puede declararse satisfecho de que el gasto europeo para los jóvenes represente tan solo el 0,5 % de nuestro presupuesto? 
Esta es la razón por la que debemos establecer un pacto europeo para la juventud, potenciando las medidas que favorezcan el conocimiento, la formación, el aprendizaje de idiomas y el acceso al mercado de trabajo. 
Hay debates en curso con los miembros de la Comisión de Cultura y Educación, con la Comisión Europea y con el Consejo sobre la posibilidad de ampliar el programa Erasmus a los alumnos de las escuelas secundarias, de lanzar un Erasmus para jóvenes empresarios y de realizar el seguimiento de un proyecto piloto que facilite la movilidad de los jóvenes aprendices. 
No obstante, también pienso en proyectos piloto que favorezcan el acceso al crédito a través de una financiación basada en la ética y la solidaridad y en medidas destinadas a preparar a las pequeñas empresas a hacer frente a los nuevos escenarios definidos en los acuerdos de Basilea. 
Por último, debemos estar de acuerdo en que es necesario conciliar las tareas y las prioridades tradicionales de la Unión con las nuevas prioridades de la acción exterior, desde la prestación de ayuda suplementaria a Afganistán e Iraq hasta el apoyo prestado a los países golpeados por el tsunami u otras catástrofes naturales. 
¿Cómo haremos, en caso contrario, para mantener un elevado y adecuado nivel de financiación para el Mediterráneo, América Latina, Oriente Próximo y los Balcanes, o para las acciones de desarrollo y asistencia humanitaria, de lucha contra la pobreza y las enfermedades asociadas a esta, para el respeto de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo –por nombrar solo algunos de los principales compromisos–, y garantizar al mismo tiempo todo lo que hemos prometido a Afganistán, Iraq y el sureste asiático, sin una dotación financiera adecuada de la rúbrica 4? 
Los diputados de la Comisión de Presupuestos creemos que sobre estos puntos puede existir una convergencia natural e inherente entre las actuales preocupaciones presupuestarias y un acuerdo positivo con la posición de la Comisión. 
Sin embargo, no siempre todo lo que puede parecer lógico, natural y adecuado resulta fácil. 
Muy a menudo prevalecen otras consideraciones, intereses sectoriales y cálculos egoístas sobre este gran proyecto conjunto, que podemos y debemos desarrollar juntos. 
Tal vez bastaría que todos, cada día, nos tomáramos la molestia de hacer un pequeño cálculo sencillo, para el que no haga falta una calculadora, una suma muy rápida que siempre dé el mismo resultado: una comparación de los costes de Europa con los costes de la falta de Europa. 
Nosotros haremos lo que nos corresponde y espero que al final del proceso, gracias a la contribución de cada uno, obtendremos un resultado positivo para las instituciones europeas. 
. Señora Presidenta, el presupuesto de 2006 será el último de estas perspectivas financieras tanto para la Comisión como para todos nosotros, y dentro de algunas semanas, en su anteproyecto de presupuesto, la Comisión propondrá únicamente los preparativos que considere necesarios. 
Doy las gracias al señor Pittella por haber adoptado un enfoque muy equilibrado; es un paso hacia el logro de la plataforma de prioridades comunes tanto a la Comisión como al Parlamento. 
La Comisión aprobó la decisión sobre la estrategia política anual para 2006 el 2 de marzo. 
Para la estrategia política anual de la Comisión, esto enmarcará tanto el APP como el programa de trabajo para el año 2006, en línea con el objetivo estratégico quinquenal de la Comisión. 
En particular, la primera prioridad de la estrategia política anual se centra en la mejora de la aplicación de la Estrategia de Lisboa, como usted también ha mencionado. 
Ahora le toca al Parlamento presentar sus directrices, y me complace ver en el informe del señor Pittella que las posiciones del Parlamento y la Comisión se acercan en muchas cuestiones. 
El enfoque general de la Comisión con respecto a la elaboración del presupuesto de 2006 se centrará principalmente en cinco prioridades. 
En primer lugar, mantener la modulación de las propuestas de la Comisión para reforzar los límites máximos para la agricultura. 
En segundo lugar, respecto de los créditos de pago, la Comisión basará su posición en los cálculos de las necesidades que considere más fiables, e informará sobre la aplicación de los fondos en 2005 en el mes de julio. 
En tercer lugar, respecto de las políticas internas, la Comisión comparte globalmente las prioridades del Parlamento, que se reflejarán en su propuesta, pero situando el margen bajo el límite máximo bastante por encima de los 100 millones de euros, incluidas las políticas para la juventud, como ya se ha mencionado hoy. 
En cuarto lugar, respecto de la acción exterior, las necesidades vuelven a ser significativas. 
Esto significa que la Comisión instará a que se use el instrumento de flexibilidad. 
Finalmente, respecto de los recursos humanos, hay una nueva propuesta y la Comisión suscribe plenamente el análisis hecho por la Comisión anterior. 
Este se presentó en 2002 en una Comunicación sobre las consecuencias de la ampliación en los recursos humanos. 
El Parlamento también ha reconocido la legitimidad de esta petición en las observaciones presupuestarias del presupuesto de 2005 mediante la inclusión del principio de 3 900 nuevos empleos para la ampliación de la UE a 10 nuevos países. 
Creemos que no es necesario llevar a cabo una revisión apenas un año después de la adhesión, pero necesitamos aplicar lo que hemos acordado con el Parlamento. 
Sobre esta base, para el año 2006 la Comisión confirma la petición de 700 nuevos puestos de trabajo para la ampliación actual y, además, pedirá que 100 empleados externos permanezcan en Bulgaria para preparar la próxima ampliación. 
La Comisión cooperará estrechamente con el ponente y con la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, y con los demás brazos de la autoridad presupuestaria, para acordar en diciembre el presupuesto de 2006 para la Unión Europea y sus ciudadanos. 
– Señora Presidenta, el año pasado y este año ha habido muchos problemas relacionados con la erradicación de la pobreza, el sida, la malaria, la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y el tsunami. 
Las «ganacias rápidas» del Proyecto del Milenio, que hemos incluido en nuestra opinión sobre el presupuesto, demuestran que a menudo las ideas más sencillas son las mejores. 
A menudo en política la búsqueda de grandes iniciativas se antepone a lo que debería ser el objetivo real. 
Acojo con satisfacción esta propuesta presupuestaria de «ganancias rápidas» porque el resultado de la inversión realizada en los programas de este tipo es visible al cabo de dos años. 
Esto significa distribuir mosquiteras para la malaria, impartir educación primaria gratuita y repartir fertilizantes, y fomentar la higiene básica. 
Son cosas sencillas que podemos hacer con rapidez. 
El agua y el saneamiento también son cruciales para el bienestar humano. 
Una medida higiénica que me parece particularmente importante es lavarse las manos. 
No es un asunto muy espectacular. 
Lavarse las manos con jabón no es una idea innovadora, pero las enfermedades diarreicas matan a 2 millones de niños cada año. 
Lavarse manos con agua y jabón puede reducir estas cifras un 47 %. 
Pueden salvarse un millón de vidas cada año. 
Mientras luchamos por conseguir los Objetivos de Desarrollo, hay proyectos sencillos que la Comisión puede llevar a cabo, que marcarán una enorme diferencia con las grandes sumas de dinero que ya nos hemos gastado en los FED y en el presupuesto de desarrollo de la Comunidad. 
Otro recurso infrautilizado en el que tenemos que centrarnos es el Banco Europeo de Inversiones. 
El BEI está facultado para prestar dinero. 
Puede prestar tres veces más que el Banco Mundial. 
El mundo conoce al Banco Mundial, pero no sabe nada del Banco Europeo de Inversiones. 
Por lo tanto, he incluido en el presupuesto un elemento de subvención para apoyar el interés por los préstamos del BEI. 
Pido a la Cámara que apruebe nuestra opinión. 
. – Señora Presidenta, la Comisión de Comercio Internacional comparte la preocupación general expresada por la Comisión de Presupuestos de que la Comunidad, tras haber hecho promesas a países terceros, tiene que disponer de los recursos necesarios en el presupuesto para cumplir esas promesas. 
Tenemos que felicitar al señor Pittella por el elemento externo de su informe, pero en opinión de la Comisión de Comercio el informe no plantea de forma adecuada tres puntos concretos. 
Primero, las conversaciones de la OMC van a concluir dentro de uno o dos años y atravesarán una fase crucial a finales de este año. 
Creemos que para que estas conversaciones tengan credibilidad necesitan una dimensión parlamentaria y para que la dimensión parlamentaria tenga éxito necesita financiación; así pues, queremos que el presupuesto destine más dinero a la dimensión parlamentaria de la OMC. 
En segundo lugar, en nuestra opinión la ayuda macrofinanciera que se destina a los países terceros, en particular a Bosnia y Herzegovina, no tiene suficiente base jurídica y no se controla de forma adecuada. 
Creemos que es preciso aplicar el procedimiento de codecisión para que haya transparencia y responsabilidad en este importante ámbito del gasto. 
Por último, durante mucho tiempo hemos tenido un programa de comercio ejecutivo para Japón y Corea que nos ha permitido acceder a estos mercados. 
Creemos que ha llegado el momento de ampliar estos programas a China y la India. 
. Señora Presidenta, como ponente de la Comisión de Pesca, lo primero que me corresponde es lamentar que la pesca no figure entre los asuntos abordados en la declaración política anual. 
Lo cierto es que este sector, crucial para muchas regiones europeas, se enfrenta a problemas que requieren con urgencia una actuación decidida a nivel comunitario en defensa de los niveles de renta y empleo de las comunidades pesqueras y de las comarcas costeras. 
2006 es, además, un año de transición crucial para la reforma de la política común de pesca, que contará con un nuevo instrumento financiero: el Fondo Europeo de la Pesca. 
La asignación prevista para este Fondo nos parece claramente insuficiente para atender nuestras necesidades, a las que se suman la mejora del control de aplicación de la normativa, las mayores garantías en materia de protección de datos, así como calidad y objetividad en la información científica y, además, se nos pide que garanticemos el desarrollo sostenible y la adecuada gestión de los recursos naturales, así como el apoyo para la puesta en marcha de los nuevos consejos regionales. 
Nos parece imprescindible el incremento de los recursos presupuestarios de que dispone la PCP, a fin de atender las necesidades reales de una Europa a 27. 
– Señora Presidenta, como ponente alternativa del Grupo del PPE-DE sobre la estrategia política anual para 2006, quiero dar las gracias y felicitar a mi colega, el señor Pittella, por el excelente trabajo que ha realizado en la elaboración de los documentos que ahora estamos debatiendo. 
La estrategia política anual presentada por la Comisión en marzo establece las prioridades políticas de la Comisión para el año 2006, identifica las iniciativas que ayudarán a alcanzarlas y aprueba el marco presupuestario para que las prioridades reciban los recursos necesarios. 
Es importante saber que se trata de la primera estrategia política anual aprobada por la nueva Comisión. 
En el ámbito europeo, el año 2006 será crucial respecto de la aplicación de los cinco objetivos estratégicos de la UE aprobados por el Parlamento, incluida la Estrategia de Lisboa, la Estrategia de Desarrollo Sostenible y la Agenda Social (2006-2010) , así como la consecución del principal objetivo de crecimiento y empleo en Europa. 
Ya está prevista una revisión del Programa de la Haya para la segunda mitad de 2006, vinculada a la entrada en vigor de la Constitución. 
Además, el proceso de ampliación de la UE entrará en una nueva fase y la Política de Vecindad Europea se intensificará. 
El año 2006 será crítico para los preparativos de cara a las perspectivas financieras 2007-2013 y para el establecimiento de una nueva generación de instrumentos financieros que funcionen plenamente a partir del 1 de enero de 2007. 
Nuestras prioridades para 2006 son las siguientes: prosperidad y solidaridad; seguridad en el seno de la Unión; una Europa más competitiva y cohesionada; una Europa más fuerte en el mundo. 
Nuestra estrategia presupuestaria –sus principios así como las prioridades sectoriales– están claramente identificadas en el informe y en la propuesta de resolución relativa a las operaciones estructurales, las políticas internas, la agricultura, las acciones exteriores así como el personal y la administración. 
Doy las gracias al señor Pittella por su cooperación y apoyo su informe y su propuesta de resolución con las enmiendas presentadas por el Grupo del PPE-DE y, en particular, una enmienda que insta a la Comisión a presentar antes del 31 de julio una revisión de las necesidades de personal a medio plazo en relación con los nuevos puestos de trabajo solicitados. 
. –Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar quisiera decirle, señora Presidenta, que lamento mucho que este informe esencial se debata en el pleno a una hora tan tardía. 
Quisiera felicitar al señor Pittella por este informe y también por llevar a cabo la tarea nada banal de anticiparse hace algún tiempo a la Comunicación de la Comisión sobre su estrategia anual. 
Queremos, en efecto, seguir especificando las prioridades de la Unión Europea, continuar con acierto la ampliación y, sobre todo, conseguir relanzar la política de Lisboa. 
El señor Pittella ha logrado tener en cuenta también el marco actual de las negociaciones de las futuras perspectivas financieras. 
Los objetivos declarados por la Comisión en su Comunicación son ambiciosos. 
Pero desde ahora nos tememos que los recursos presupuestarios no estén a la altura de nuestras esperanzas. 
Para nosotros, el relanzamiento de la estrategia de Lisboa significa ante todo crear puestos de trabajo de calidad. 
Prestaremos pues atención especial a la evaluación del grado de realismo de la ayuda a las PYME y a las microempresas y del modo en que se aplicará. 
Doy las gracias al ponente por introducir un nuevo concepto en nuestro presupuesto: los instrumentos de financiación éticos. 
La Unión Europea debe mantener y reforzar todas aquellas acciones que permiten crear cohesión social, promover en todas partes los derechos humanos y ayudar a los jóvenes y a los ciudadanos a reunirse, a escucharse, para así comprender mejor nuestra cultura y nuestra identidad europea. 
Tengo interés en que continuemos nuestra colaboración con la Comisión para la aprobación de proyectos piloto y acciones preparatorias. 
Por tanto, necesitaremos encontrar también nuevas y buenas formas de comunicación. 
Hasta ahora, a pesar de nuestras peticiones, los resultados no están realmente a la altura de nuestras esperanzas. 
Es preciso que la Comisión desarrolle una estrategia profesional que responda a nuestras necesidades, que consisten en informar regularmente a los ciudadanos de nuestros proyectos políticos y de las decisiones adoptadas por la Unión. 
Antes de terminar, quisiera insistir en la enmienda que mañana someteremos a votación. 
Es preciso que el Fondo de Solidaridad pueda estar a disposición de todos los ciudadanos europeos, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, si se desata la catástrofe. 
Al prestar ayuda, la Unión Europea debe cumplir su palabra y recordar los compromisos que ha contraído en torno a sus objetivos, especialmente en el marco de la ayuda al desarrollo de los países más pobres. 
Debemos apoyar asimismo el cambio democrático de los países que esperan el apoyo de la Unión Europea. 
También en este terreno nos van a faltar recursos suficientes. 
Un año más, la pelota estará en el campo del Consejo. 
Queremos que este se muestre a la altura de sus promesas y sus compromisos. 
El papel de la Unión Europea depende de ello, y la credibilidad que los ciudadanos concedan a nuestras promesas y nuestros proyectos también depende de ello. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi sincero agradecimiento al señor Pittella, quien ha realizado un excelente trabajo con este informe y se enfrenta a una tarea aún más importante. 
Después de todo, el ejercicio 2006 es un ejercicio especial en términos presupuestarios, por ser el último año incluido en el marco presupuestario de la «Agenda 2000». 
Eso significa que, en ciertos aspectos, tenemos un margen de libertad limitado. 
No obstante, hay una serie de cuestiones que se plantean año tras año. 
En el Parlamento tenemos que volver a esforzarnos en garantizar que el presupuesto contenga los créditos que necesita la política estructural. 
De hecho, el año pasado se necesitó más dinero del que se había presupuestado. 
La financiación de las agencias descentralizadas constituye otro problema recurrente, como pudimos comprobar en las negociaciones del presupuesto de 2005. 
Hay que encontrar una solución a este problema. 
Por ultimo, nos enfrentamos al problema de la financiación de las nuevas prioridades y tareas que van surgiendo, como la reconstrucción después del tsunami. 
En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa damos mucha importancia al Proceso de Lisboa y, en particular, a los programas de financiación de las pequeñas y medianas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones, porque un nivel relativamente bajo de recursos en el presupuesto tiene un efecto de dispersión muy grande y garantiza el crecimiento económico con un coste muy pequeño para el presupuesto europeo. 
En cuanto a la política exterior de la UE, creemos que en el presupuesto tiene que darse una gran prioridad a la lucha contra el VIH/sida. 
Creemos también que el presupuesto tiene que apoyar en particular la política de vecindad de la UE, para promover la democracia y los derechos humanos en los países afectados. 
Por ultimo, quiero mencionar la política de información de la UE, a la que hay que dedicar también un esfuerzo especial y una atención particular. 
En este ámbito, tenemos que intensificar la cooperación entre la Comisión y el Parlamento. 
. Señora Presidenta, señora Comisaria, aún no voy a darle las gracias al señor Pittella; se las daré más tarde, en diciembre. 
Estos son solo los primeros kilómetros de un largo maratón. 
El ponente ha mantenido contactos con diferentes grupos y ha investigado sus áreas de interés en la elaboración del presupuesto. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica considera que es importante reforzar la solidaridad social y económica, así como la política medioambiental. 
Apoyamos al ponente en su afán de dar prioridad a estas cuestiones en el presupuesto. 
Nuestro Grupo sabe bien que hay que garantizar los créditos de pago necesarios para financiar todos los compromisos presupuestarios. 
Queremos recordar a los representantes del Consejo que, si no se alcanza un acuerdo sobre este presupuesto o sobre las perspectivas financieras en los próximos años, según el acuerdo básico vigente, los créditos de pago representarán en cualquier caso el 1,06 % del PIB. 
Desde el punto de vista del Parlamento, no tiene sentido que el Consejo proponga unos créditos de pago más pequeños. 
Quiero hacer referencia a la financiación del programa Natura 2000, una de las áreas de interés del ponente. 
No está clara la manera en que se están asignando fondos a las actividades del programa. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que tenemos que prepararnos con cautela para las nuevas áreas subvencionadas por la Comunidad. 
Hoy, nadie sabe qué uso se hace de la financiación conjunta que recibe Natura 2000, ni exactamente de qué manera se reparten los costes entre los Estados miembros y la Unión. 
Sería lógico que los Estados miembros con grandes poblaciones y pocas zonas Natura contribuyeran, a través de la UE, a la protección de nuestro medio ambiente europeo común en los Estados miembros menos poblados. 
Mi Grupo está en contra de financiar cualquier gasto que se destine a militarizar la Unión o que, oculto tras la pantalla de humo de unos servicios de información, se utilice para financiar propaganda a favor del desarrollo federal de la Unión Europea. 
. Señora Presidenta, Señorías, siempre que debatimos cuestiones relativas al presupuesto de la UE, resulta igual de frustrante. 
Se pide un aumento de los créditos para las nuevas partidas de gastos sin haber resuelto antes los problemas básicos. 
En primer lugar, casi la mitad del gasto de la UE se destina a una política agrícola que cualquier persona sensata sin intereses creados consideraría totalmente injustificada. 
En segundo lugar, casi otro tercio se destina a ayudas regionales en los países ricos. 
No podemos estar de acuerdo en aumentar las contribuciones de los Estados miembros a la UE cuando la mayoría del dinero que ahora se paga se utiliza de una forma tan directamente perjudicial. 
En tercer lugar, los problemas no se analizan de forma sensata y sociológica. 
La actitud básica en este caso es destinar dinero a resolver problemas. 
Pero a menudo –posiblemente demasiado a menudo– lo que determina el funcionamiento de la economía son los sistemas de normas, no el dinero del Estado. 
Tenemos que permitir que sean los propios países quienes decidan por sí mismos. 
En eso consiste la democracia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las dos preguntas orales siguientes: 
-pregunta oral a la Comisión (B6-0161/2005) por parte de Gerardo Galeote Quecedo, Konstantinos Hatzidakis y Sergio Marques, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos, y Constanze Krehl, Bárbara Dührkop Dührkop, Marilisa Xenogiannakopoulou y Antonio Costa, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, sobre los nuevos desafíos de la política regional, 
-pregunta oral a la Comisión (B6-0170/2005) por parte de Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún y Kyriacos Triantaphyllides, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre los desafíos de la política regional en el contexto del marco financiero para el período 2007-2013. 
. Señora Presidenta, la ampliación de la Unión Europea de 10 nuevos Estados, supuso, qué duda cabe, un hecho extraordinario en nuestra historia común. 
Nunca durante aquellas negociaciones, que, evidentemente, no fueron fáciles, ningún país supeditó lo que algunos califican como la reunificación de Europa a sus intereses nacionales, por legítimos que aquellos fueran. 
Prueba de ello es que los capítulos más difíciles de aquella negociación se cerraron precisamente durante el turno de Presidencia española de la Unión, el mayor receptor de fondos hasta entonces. 
Se calcula que el coste de la ampliación se eleva a 200 000 millones de euros. 
Pues bien, en este debate se reclama a la Comisión Europea que responda sobre qué reparto propone entre los antiguos 15 Estados miembros de este montante. 
Porque las informaciones contrastadas a las que hemos tenido acceso nos permiten manifestar que la propuesta de la Comisión Europea en ese sentido no es equitativa. 
¿No es cierto que a Irlanda, Portugal, España y Grecia se les propone un esfuerzo que, en relación con su PIB, llega a triplicar la media de la Unión, supera en mucho a todos los contribuyentes netos y, por ejemplo, cuadruplica, lo que se propone para Alemania? 
Si eso es así, señora Comisaria, sobre la Comisión Europea recae la responsabilidad de proponer en el marco de las negociaciones para renovar las perspectivas financieras un mecanismo de compensación para esos países que palíe la brusca caída de su saldo neto con la Unión y evite de esa manera poner en riesgo su proceso de convergencia real. 
. Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, si bien la ampliación ha planteado grandes desafíos a la política regional de la Unión Europea, estamos haciendo todo lo posible por hacer frente a esos desafíos. 
Pero tampoco podemos olvidar que la política regional es la más visible de todas las políticas de la UE, lo que significa que tenemos la responsabilidad de actuar en este ámbito de una forma sensata y sostenible. 
Hace un momento, el señor Galeote Quecedo ha hecho referencia a los costes que eso implicará. 
Yo diría que los costes inevitables de una ronda de ampliación como esta tienen que ser compartidos de una manera razonablemente justa. 
Para ello, tenemos que ser solidarios con las regiones que ya no desempeñan un papel tan importante en la política estructural y de cohesión como en los últimos años, así como evitar la imposición de excesivas exigencias a los Estados miembros de la UE que son claramente contribuyentes netos. 
Quiero poder explicar a mis paisanos por qué el dinero con que Alemania contribuye a la UE es una buena inversión. 
Y al mismo tiempo que consigo apoyos en mi país, tengo también que conseguir que la UE entienda que la situación es mucho más compleja que hace diez años. 
Por lo tanto, considero que las propuestas que ha presentado la Comisión con relación al mecanismo de corrección mediante el cual se aligeraría algo la carga que soportan los contribuyentes netos, son muy importantes. 
Creo que en el futuro hay que pensar seriamente en una reorganización del propio sistema de recursos y alejarnos de los costes y procedimientos actuales, y eso también es aplicable al Consejo de Ministros. 
Creo, asimismo, que hay que tener en cuenta el uso de la cofinanciación en materia agrícola, de forma que puedan abordarse una serie de cambios en ese ámbito. 
De hecho, en las perspectivas financieras y en el informe Böge ya se han dado los primeros pasos en esa dirección. 
Pero al mismo tiempo, quiero destacar que esta Cámara es responsable de gestionar el dinero de la forma más eficaz posible, así como de vigilar atentamente el uso que se hace del mismo. 
La norma n+2 desempeñará un papel clave en este sentido, sobre todo en términos de la responsabilidad hacia los contribuyentes netos y el uso responsable del dinero de los contribuyentes. 
Espero que el debate de hoy nos ayude a negociar las perspectivas financieras y a formular la política regional, y que seamos capaces de mostrarnos solidarios unos con otros. 
. – La existencia de una política regional comunitaria consecuente y debidamente financiada es esencial para que la UE ayude a reducir las diferencias regionales acentuadas por las sucesivas ampliaciones, y contribuya a una convergencia real entre los diferentes países. 
La política regional es un instrumento necesario y justo que minimiza las consecuencias negativas del mercado interior en las regiones y países económicamente menos desarrollados. 
Puesto que es evidente que los Estados miembros más desarrollados obtendrán importantes beneficios económicos de la ampliación, mientras que los países de la cohesión, como Portugal y Grecia, se verán más afectados por los costes de la ampliación en el plano macroeconómico, y también por la amenaza de una posible reducción de los Fondos Estructurales en el contexto de las restricciones presupuestarias y el llamado «efecto estadístico» , quiero preguntar a la Comisión lo siguiente: 
¿No cree que necesitamos muchos más recursos financieros que los propuestos para la política regional en su marco financiero correspondiente a 2007-2013 para hacer frente a las necesidades de la ampliación y garantizar una política de cohesión eficaz? 
¿Qué medidas pretende tomar para apoyar a países como Portugal y Grecia, que se han visto más afectados por la ampliación? 
¿Piensa crear programas específicos para ayudarles a desarrollar y modernizar sus economías en el contexto de una UE ampliada, como se hizo en el pasado? 
¿Está la Comisión dispuesta a defender la idea de una compensación integral del llamado «efecto estadístico» o a garantizar que las regiones afectadas por dicho efecto reciban el apoyo que tendrían si la elegibilidad se calculase en función de una UE de 15 Estados miembros, puesto que ninguna región se debe sentir perjudicada por la ampliación? 
. Señora Presidenta, ya sé que es muy tarde, pero puesto que las preguntas que han formulado sus Señorías exigen respuestas detalladas, si me lo permite usaré el tiempo disponible al final del debate además del tiempo de que dispongo para mis comentarios introductorios. 
Si bien no podemos evaluar la importancia del impacto de la ampliación solo en términos presupuestarios, entiendo la voluntad expresada por los diputados de comprender mejor, en aras de la transparencia y la no discriminación, la propuesta presupuestaria de la Comisión en el contexto de la ampliación. 
La ampliación tiene implicaciones financieras y necesitamos un esfuerzo financiero a escala europea. 
Sin embargo, ha de quedar claro que el impacto de la ampliación también afecta a otras dimensiones. 
Estoy de acuerdo en que el presupuesto de la Unión para el período 2007-2013 tiene que bastar para garantizar la convergencia económica de los 10, lo cual será positivo para los 25 Estados miembros. 
Está claro que el tamaño de la dotación presupuestaria general para 2007-2013, y el tamaño de la dotación para la política de cohesión en este contexto, son muy importantes. 
¿Tendremos fondos suficientes para 2007-2013? 
Nunca tenemos fondos suficientes, porque las necesidades de Europa son enormes. 
Pero en realidad sabemos que no tenemos todo el dinero del mundo; tampoco la capacidad de absorción que nos permitiría gastar mucho más dinero de modo eficiente. 
Quiero hacer hincapié en que, hace algunos meses, la Comisión presentó una propuesta en la que cada euro está bien ponderado y justificado. 
Por esta razón, consideramos que la propuesta es equilibrada y está bien elaborada, incluida la política de cohesión, y es la base de las necesidades, problemas y retos a los que se enfrentará ahora y en el futuro la Europa ampliada, que ahora cuenta con 100 millones más de habitantes. 
Esta es mi respuesta a su comentario sobre si tenemos suficiente dinero. 
Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de la señora Krehl sobre el uso eficiente del dinero público y de los contribuyentes. 
También tenemos que pensar en el presupuesto en términos de la eficacia y la calidad de su gasto. 
Cuando pensamos en el coste de la ampliación, siempre me siento tentada de recordarles que los diez nuevos Estados miembros han contribuido plenamente al presupuesto de la Unión, incluido el mecanismo de corrección actual, de conformidad con las normas comunes. 
Cuando examinamos las políticas que los nuevos Estados miembros están introduciendo de forma gradual en las grandes políticas de la Unión, tenemos que recordar que la ampliación ya se ha tenido en cuenta desde el punto de vista de la contribución a la financiación de las políticas. 
Durante la elaboración de la propuesta para 2007-2013, la Comisión tuvo en cuenta todos los datos presupuestarios vinculados a la ampliación. 
En respuesta a su pregunta sobre si la propuesta de la Comisión respeta la igualdad de trato de los Estados miembros en el contexto de la política de cohesión, quiero mencionar brevemente los seis principios básicos en los que hemos basado nuestro enfoque sobre la distribución de los costes y los beneficios potenciales al elaborar el presupuesto. 
Estos principios permiten una distribución justa de los efectos de la ampliación. 
En primer lugar, la Comisión ha intentado garantizar los medios necesarios para financiar la convergencia económica y la cohesión en una Europa ampliada y más diversificada. 
En segundo lugar, la Comisión ha tenido en cuenta el hecho de que hay regiones en los 15 Estados miembros que aún no han completado el proceso de convergencia económica. 
En tercer lugar, creemos firmemente que una política de cohesión también es necesaria para las regiones no sujetas al objetivo de convergencia, aunque se guíen por criterios económicos objetivos y por el «método de Berlín» , ajustado por la Comisión. 
También tenemos en cuenta el requisito de igualdad de trato para todos los Estados miembros en cualquier acuerdo final. 
En quinto lugar, creemos que la política de cohesión tiene que aplicarse uniformemente a los 25 Estados miembros: no podemos tener una política para los 10 Estados miembros y otra para los 15. 
En sexto lugar, la Comisión es consciente que, para algunos Estados miembros, aún habrá que abordar dificultades en cualquier acuerdo final en el transcurso de las negociaciones, en beneficio de la equidad general. 
Seguimos muy de cerca y, como saben, participamos tanto como nos lo permite el papel de la Comisión en el proceso de negociación entre Estados miembros. 
Estamos dispuestos a contribuir de la forma adecuada y cuando sea necesario a cualquier acuerdo final que tenga en cuenta los casos específicos. 
En este momento, la Comisión no propondrá ninguna solución especial o mecanismo de compensación. 
Sin embargo, si en el transcurso de las negociaciones en el Consejo se propusiera un mecanismo o programas y proyectos de este tipo, la Comisión estaría más que dispuesta a participar en el diseño final de dicha propuesta. 
Es importante que la distribución de los recursos financieros entre los Estados miembros refleje en principio y en general la respectiva situación social y económica de cada región y Estado miembro, y que se midan con indicadores conocidos. 
No quiero enumerarlos, pero permítanme subrayar que la Comisión ha reconocido que, en algunos casos, las asignaciones finales se verán afectadas por factores distintos de las circunstancias socioeconómicas objetivas de las regiones o los Estados miembros. 
Como saben, según las estadísticas recientes, de 254 regiones con un total de más de 60 millones de habitantes, 16 sentirán el efecto estadístico de la ampliación. 
En estos casos, la Comisión ha propuesto una solución particular, a saber, la creación de un programa de transición específico en el ámbito regional y el ajuste de ciertos parámetros del «método de Berlín». 
A resultas de ello, la propuesta de la Comisión para la supresión estadística progresiva supone una reducción muy limitada: un promedio de solo el 6 % de lo que estas regiones hubieran recibido si se hubieran beneficiado plenamente del objetivo de convergencia en el período 2007-2013. 
Esta es la propuesta actual de la Comisión. 
Lo que me preocupa es mantener esta propuesta. 
Sabemos que hay otras muchas ideas, incluso en los Estados miembros. 
Muchos consideran esta propuesta demasiado generosa. 
Por lo tanto, nos estamos centrando en defenderla. 
Con el ajuste del «método de Berlín» , otro instrumento que la Comisión ha usado con el propósito de compartir de manera equitativa los efectos de la ampliación, también hemos conseguido aumentar el marco financiero general en 16 000 millones de euros. 
Este ajuste refleja el efecto estadístico de la ampliación en la manera que tenemos en cuenta el factor de prosperidad nacional en nuestros cálculos. 
Permítanme decir también que algunas reducciones de las asignaciones, que las regiones consideran una consecuencia de la ampliación, no son resultado de la ampliación, porque hay 12 regiones con 18 millones de personas cuyo PIB ha aumentado durante los años más rápidamente que la media de la Comunidad. 
En la actualidad, esas regiones entran dentro del Objetivo 2. 
En consecuencia, tenemos un presupuesto que está más o menos repartido entre los nuevos y los viejos Estados miembros. 
Todos los elementos mencionados confirman que la propuesta de la Comisión aborda la cuestión de una distribución equitativa de los efectos de la ampliación, al tiempo que preserva la naturaleza objetiva del método de distribución basado en las estadísticas comunitarias, lo cual nos parece importante. 
Permítanme también responder a lo que han dicho ustedes, y en particular la señora Krehl, respecto de los saldos de recursos propios. 
Estas cuestiones son responsabilidad de la señora Grybauskaitė. 
Sé que estaría encantada de intercambiar opiniones con ustedes al respecto. 
Sin embargo, hay que decir que si bien el equilibrio presupuestario no proporciona una imagen completa de todas las ventajas derivadas de la adhesión a la Unión, la Comisión es consciente de que los debates sobre este tema son una realidad y desempeñan un papel importante en los debates públicos en algunos Estados miembros. 
Por esta razón, la propuesta de la Comisión sobre el sistema de financiación del presupuesto europeo en términos de ingresos, que no es responsabilidad mía, también debería verse como una solución de compromiso, como una red de seguridad. 
Ustedes han subrayado la importancia de las contribuciones netas y sugieren un vínculo entre la política regional y la asignación de fondos y los saldos netos. 
Para decirlo sin rodeos, no es el mejor enfoque de la política regional, porque su objetivo es reducir las diferencias de conformidad con el artículo 158, y no solucionar las cuestiones de los saldos netos. 
Por esta razón, no debemos mezclar estos debates. 
. – Señora Presidenta, la Comisaria Hübner ha tratado de darnos respuestas sobre una cuestión que no es estrictamente competencia suya porque, a pesar del título, el contenido de la pregunta concierne principalmente a su colega, la señora Grybauskaitė, como ella misma ha reconocido. 
Creo que la Conferencia de Presidentes ha cometido un error, porque ha puesto un título erróneo a la pregunta. 
No obstante, pasaré por alto esa cuestión y diré que el mensaje básico de la pregunta es que las cargas generales que puedan surgir durante el nuevo período cubierto por las perspectivas financieras tendrían que distribuirse de manera equitativa entre los Estados miembros. 
Yo diría que no solo los actuales países de la cohesión sufrirán consecuencias negativas, sino también los nuevos Estados miembros, a los que habrá que tratar con justicia, aunque no estoy segura de vaya a ser siempre así. 
En cualquier caso, quiero hacer tres breves comentarios al respecto. 
En primer lugar, los países de la cohesión han sufrido sin duda alguna reducciones significativas en las ayudas que estaban recibiendo con cargo a la política regional de la Unión Europea y, en este contexto, acojo con satisfacción la insinuación de la Comisaria, a pesar de tratarse solo de una insinuación, de que la Comisión está dispuesta al menos a debatir algún tipo de mecanismo de compensación. 
En segundo lugar, me parece escandaloso que el presupuesto contenga todavía la exención británica, y creo que en algún momento tendríamos que celebrar un debate mundial sobre el sistema de recursos propios. 
En tercer y último lugar, creo que el debate ha dejado ya claro que el Parlamento tiene que celebrar otro debate más amplio en un futuro inmediato, para que los papeles que circulan por los pasillos de la Comisión sobre las cuestiones que se plantean en la pregunta puedan debatirse más a fondo y para que todos sepamos cuáles son los problemas y qué injusticias se están cometiendo contra los países de la cohesión y las regiones de la Unión Europea que se han quedado rezagadas en términos de desarrollo. 
. Señora Presidenta, comparto con la Comisaria esa angustia de que no tenemos tiempo suficiente para un tema tan importante. 
Vaya por delante que los antiguos 15 estaban en condiciones de asumir la ampliación. 
Sin embargo, como aquí se ha mencionado, es cierto que los países que pagaron en mayor medida esta ampliación van a perder, por efecto estadístico, las aportaciones del Fondo de Cohesión. 
Me alegra mucho que la Comisaria, señora Hübne, haya dicho que intentará, en las negociaciones con el Consejo, crear algún instrumento de compensación o una gradualidad en la salida, un, como hemos visto en los fondos regionales. 
Porque, por ejemplo, esa pérdida del Fondo de Cohesión en el caso de España es especialmente dramática, al sufrir una repentina reducción de su saldo neto operativo equivalente al 0,91 % del PNB. 
En esta propuesta de la Comisión y así va dirigida esta pregunta que hemos hecho, los signatarios —entre los que me incluyo— expresan su preocupación por la falta de equidad en la distribución del esfuerzo financiero para hacer frente a la ampliación; preocupación de que se quebrante el principio de equidad de acuerdo con las últimas conclusiones del Consejo Europeo, que insta a que se respete la equidad en la financiación. 
Señora Presidenta, la política regional y estructural de la UE se basa en el artículo 158 del Tratado de la CE, según el cual la Comunidad debe adoptar medidas para reforzar la cohesión económica y social. 
Este artículo constituye el seguro de vida de la UE. 
Trata de garantizar que todas las regiones se beneficien, que se aplique el principio de «que todos salgan ganando». 
Justifica la misma existencia de toda la UE. 
Si algunas regiones o segmentos de población se vieran repetidamente excluidas del desarrollo general, la consecuencia sería la desintegración de la unidad de la UE. 
Cuando los últimos diez nuevos Estados miembros ingresaron en la Unión Europea, su población creció más de un 20 %, pero el PIB creció solo un 5 %. 
Por razones históricas, el PIB per cápita de todos los Estados miembros nuevos ha estado siempre muy por debajo de la media europea. 
Por eso, la política regional y estructural de la UE tiene que centrarse en los nuevos Estados miembros, y por eso todos los Estados miembros nuevos son inicialmente beneficiarios netos. 
En las perspectivas financieras y en los planes de la Comisión se destinan importantes inversiones a los nuevos Estados miembros, que dentro de unos años recibirán en total más financiación regional y estructural que los antiguos Estados miembros. 
Esta tendencia debe considerarse absolutamente correcta. 
Ahora bien, existe el peligro de que las regiones más débiles de la UE salgan perdiendo en lo que respecta a las medidas de la política regional y estructural. 
En términos absolutos, no se habrán hecho más prósperas o desarrolladas aunque otras regiones aún más débiles que ellas se hayan incorporado a la Unión. 
Existe el riesgo, por tanto, de que las regiones más débiles de la UE tengan que pagar más por la ampliación que las regiones más ricas, porque su contribución al presupuesto de la UE se calcula por referencia al PIB y, además, están dejando de percibir las ayudas que antes recibían de Europa. 
Eso afectaría, en particular, a las regiones poco pobladas del norte de la UE. 
. Señora Presidenta, como diputado alemán a esta Cámara, apoyo la propuesta de la Comisión relativa a las perspectivas financieras. 
La razón es que estoy a favor de la solidaridad entre las regiones, algo que queda reflejado en muchos aspectos de la propuesta. 
La política regional tiene también en cuenta la solidaridad entre las regiones, pero mi Grupo y yo pensamos que el Fondo de Cohesión no constituye la mejor fuente para financiar las medidas de solidaridad porque carece de un enfoque basado en programas. 
Los Fondos Estructurales son mucho más adecuados para este fin, puesto que permiten respuestas más centradas en los problemas de las regiones, así como una mejor aplicación y un uso eficiente de los fondos. 
La Comisión ha incorporado a la nueva propuesta muchas de las críticas del Parlamento al Fondo de Cohesión. 
Por lo tanto, creo que se trata de una propuesta equilibrada que puede contar con mi apoyo, a pesar de que provengo de un Estado miembro que es un contribuyente neto. 
En mi opinión, unas demandas excesivas serían contraproducentes en este caso, porque no conseguirían los resultados deseados; en su lugar, producirían bloqueos como el que estamos experimentando ahora. 
Queremos que estas perspectivas financieras se aprueben lo antes posible; sin embargo, la Cámara ha tenido que aliarse con la Comisión para luchar contra los contribuyentes netos que están a favor de un 1% del presupuesto. 
En mi opinión, este planteamiento es hoy muy contraproducente. 
Señora Presidenta, la ampliación constituye una oportunidad histórica para la UE y, por lo tanto, hay que poner los medios suficientes para afrontar el coste de una EU ampliada y para aportar cohesión económica y social. 
Las consecuencias financieras de la ampliación tienen que repartirse de forma equilibrada, pero algunos Estados miembros continúan experimentando diferencias significativas y quizá paguen una parte desproporcionada de los costes. 
La motivación e intención de los Fondos Estructurales y de la política regional de la UE era ayudar a las regiones y a los países a superar las diferencias y a desarrollar su potencial social y económico. 
¿Puede confirmar el Comisario si esta motivación continuará impregnando la política regional de la UE en el futuro? 
¿Cree que los medios para abordarla son suficientes? 
Hay 68 millones de personas en toda la UE que continúan viviendo en la pobreza, según la Red Europea contra la Pobreza. 
Para nosotros sigue siendo un reto. 
Señora De Brún, como siempre, tengo que recordarle que, hoy por hoy, el irlandés no es un idioma oficial de la Unión Europea y, por tanto, la primera parte de su intervención no ha sido traducida y no se incluirá en el Acta de la sesión. 
Señora Presidenta, Señorías, las disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, adoptadas hasta la fecha por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, no prevén que los fondos comunitarios se destinen a financiar los costes de inversiones relacionadas con la vivienda. 
Las ayudas del FEDER no pueden destinarse a financiar la adaptación, conversión o rehabilitación de edificios para destinarlos a viviendas, a pesar de que el gasto en dichas medidas constituye una pesada carga para los presupuestos de los nuevos Estados miembros. 
Las cifras disponibles indican que más de un tercio de los ciudadanos de esos países viven en edificios de gran altura, que representan el tipo de vivienda más extendido en los antiguos países comunistas; sin embargo, el estado de esos bloques de pisos se está deteriorando mucho. 
Las condiciones de vida de las personas que viven en ellos también se están deteriorando, porque no hay dinero para modernizarlos y porque son edificios poco eficaces desde el punto de vista energético y perjudiciales para el medio ambiente. 
Los ministros de la UE responsables de estas cuestiones que se reunieron en Praga en marzo de 2005 preguntaron a la Comisión Europea si se podría disponer de financiación para dar por lo menos una solución parcial a este problema. 
Así pues, quiero saber de qué manera piensa la Comisión enfocar esta cuestión. 
Señorías, uno de los objetivos consagrados en los Tratados de la UE es promover la cohesión y la solidaridad social, económica y territorial entre los Estados miembros. 
La Unión Europea se enfrenta en la actualidad a numerosos desafíos, entre ellos la competencia mundial, el envejecimiento de la sociedad y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
Sin embargo, no cabe duda de que uno de los más importantes es la creciente diferencia de desarrollo entre las distintas regiones europeas, e incluso dentro de una misma región. 
Este problema no solo se debe a la entrada en la UE de países jóvenes y relativamente pobres de Europa Oriental y Central, que ha provocado un aumento repentino de las diferencias. 
La diferencia entre regiones lleva años ampliándose, y eso mismo está ocurriendo en los antiguos Estados miembros. 
El objetivo de la política de cohesión de la UE es evitar esas diferencias; sin embargo, no podemos olvidar que la política de cohesión persigue también unos objetivos políticos claves, además de crear una sólida base económica. 
La integración europea se basa en el principio de la solidaridad, y el aspecto mas importante de la solidaridad es el deseo de cohesión. 
La solidaridad europea es la base de la integración europea, y sin ella Europa sería solo una unión aduanera. 
Por lo tanto, la política de cohesión tiene que ser la gran prioridad de las nuevas perspectivas financieras para el período 2007-2013, y tienen que destinarse fondos a las regiones y a los países más pobres, porque la función primordial de la política de cohesión es acabar con las diferencias de desarrollo entre las regiones. 
Hay que garantizar un nivel de financiación adecuado para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo de forma eficaz. 
Las nuevas perspectivas financieras tienen que responder a los cambios que se están produciendo, teniendo en cuenta que la población de la Unión Europea aumentó hace un año con más de 70 millones de habitantes de regiones menos desarrolladas. 
Al mismo tiempo, se necesita una reforma legislativa para poder aprobar cualquier propuesta de limitar el presupuesto de la UE. 
En este caso hay que aplicar una norma sencilla, es decir, que un presupuesto más pequeño significa una menor injerencia del Estado en la economía y en la realización del mercado común. 
Sin embargo, para mi sorpresa, algunos Estados miembros que piden una reducción del umbral mínimo de gasto, como Francia y Alemania, se oponen también a la creación de un verdadero mercado común de servicios, tal como establece el proyecto de directiva sobre servicios, por ejemplo. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la reciente ampliación representa probablemente el mayor reto al que jamás se ha enfrentado la UE. 
Exige visión, liderazgo y espíritu comunitario para que podamos responder de mejor forma a las necesidades y a las consecuencias de la ampliación. 
Los desafíos de la realización del mercado interior y la unión económica y monetaria de Europa se encontraron con una respuesta así de firme, cuando se duplicó la cuantía de los Fondos Estructurales. 
También ahora el desafío de una Europea ampliada viable nos exige que la política de desarrollo regional vuelva a adquirir protagonismo. 
Es fundamental que se refuerce y revitalice la política de cohesión económica y social, no solo para combatir los enormes desequilibrios regionales que se han producido como resultado de la entrada de muchas regiones empobrecidas de los nuevos Estados miembros, sino también para seguir haciendo frente a los atrasos existentes en algunas regiones de los antiguos Estados miembros. 
Este último aspecto no puede subestimarse, sobre todo porque los desequilibrios regionales podrían aumentar en la antigua Unión Europea de 15 Estados miembros como consecuencia de las dinámicas creadas por la ampliación. 
Esto es especialmente cierto en las relaciones entre las regiones periféricas y las del centro; en otras palabras, mientras que países como Portugal y España se han hecho más periféricos, otros países más centrales han visto reforzada su centralidad. 
De hecho, se estima que, en lo que respecta a la UE de los 15, los países más ricos y centrales son los que más se han beneficiado con la ampliación, y países como Portugal, España y Grecia son los que menos se han beneficiado, o incluso han salido perdiendo. 
Por lo tanto, vuelvo a las cuestiones planteadas en la pregunta oral, porque no creo que hayan sido debidamente respondidas por la Comisión. 
¿Ha calculado la Comisión Europea la relación coste-beneficio para cada Estado miembro de la UE? 
En caso afirmativo, ¿no cree la Comisión que deben encontrarse formas de compensar a los países claramente más perjudicados que beneficiados con la ampliación? 
Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la Comisaria Hübner por su respuesta. 
Pero creo que hay que aclarar algunas cuestiones. 
Es cierto que la reunificación de Europa, necesaria desde el punto de vista histórico, que todos apoyamos con fervor, no puede crear nuevas líneas divisorias ni interferir con la cohesión interna de la Unión Europea, por la que hemos trabajado todos estos años. 
Las evidencias demuestran que el coste de la ampliación no se está repartiendo de forma equitativa y proporcionada entre todos los Estados miembros. 
Países como Grecia, España y Portugal están sufriendo graves repercusiones, que pueden llegar a adquirir proporciones dramáticas si el acuerdo final sobre las nuevas perspectivas financieras se aparta de las propuestas originales de la Comisión Europea. 
Creo que esta cuestión es también crucial para la Comisaria Hübner, como ha dicho ella misma. 
Sin embargo, en el análisis último, la cuestión se juzgará principalmente por la cuantía final del presupuesto comunitario y la medida en que pueda financiar de forma adecuada los Fondos Estructurales y, posteriormente, por la forma en que garanticemos una financiación satisfactoria a las regiones que están realmente sufriendo las consecuencias de la ampliación, para facilitar la continuación de su desarrollo. 
Su respuesta demuestra que estas cuestiones le preocupan, pero nos gustaría que aclarase algo que usted misma ha mencionado; me refiero al mecanismo de compensación financiera. 
– Señora Presidenta, apoyo las propuestas de la Comisión sobre la cohesión en su sentido más amplio, es decir, el efecto estadístico. 
Quiero preguntar a la señora Hübner si podría aclarar los rumores de que en el Consejo se debate la interpretación de las propuestas de la Comisión sobre el efecto estadístico en el sentido de que abarca zonas de Alemania y Grecia, pero excluye zonas como las tierras altas, las islas y el sur de Escocia. 
Es una vergüenza que el Gobierno del Reino Unido no pueda ser ni de lejos tan constructivo como las propuestas de la Comisión. 
El Gobierno actual del Reino Unido quiere apuñalar por la espalda a las tierras altas, las islas y al sur de Escocia en lugar de defender sus intereses. 
El Gobierno escocés no ha hecho más que brillar por su ausencia. 
Los principios de solidaridad y cohesión en los 25 Estados miembros de la Unión Europea afirman que no se puede discriminar a ninguna región. 
Pido a la Comisión y al Consejo que me garanticen que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno del Reino Unido, no se discriminará a ninguna región escocesa, y que los principios del efecto estadístico se aplicarán tal como propone la Comisión. 
Señora Presidenta, la mayoría de mi Grupo político considera que el 0,41 % es insuficiente para financiar los objetivos de cohesión, razón por la cual nos parece inconcebible cualquier intento de reducir esa suma. 
El coste de la ampliación tiene además que repartirse de forma equitativa, lo que significa que los países y regiones de la cohesión no deben recibir un trato injusto y que ha llegado el momento de acabar con el escándalo de la exención británica. 
Pedimos mecanismos sólidos de compensación financiera a la Comisión, que también tiene que trabajar en esta idea; un firme apoyo durante el período de transición a las regiones de convergencia y una solución adecuada y definitiva al problema de las regiones que son víctimas del llamado efecto estadístico. 
En cualquier caso, el coste financiero es pequeño. 
Por último, puesto que el objetivo de la cohesión incluye también la cohesión territorial, creo que las zonas con desventaja geográfica deben recibir un trato y una atención especiales. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, no tenemos todo el dinero que queremos o que necesitamos para gastar en política regional, así que debemos utilizarlo de una manera prudente y correcta. 
Por supuesto, el dinero es la cuestión principal que está en juego en lo que se refiere a la política regional, pero hay también otras cuestiones importantes, como la definición de objetivos políticos y la reducción de las diferencias entre regiones de la UE; esto último ha adquirido una especial relevancia desde la ampliación. 
La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos una UE coherente y capaz de un desarrollo más rápido, o una UE con unas diferencias más pronunciadas y una integración económica y política de las regiones más pobres aún más lenta. 
Hablando sin rodeos, a menos que se destine más dinero a los Fondos Estructurales tras la ampliación, los nuevos Estados miembros se verán siempre tentados a bloquear las decisiones para impulsar la integración. 
O por decirlo de otra manera, los fondos destinados a la política estructural de la UE tienen que permitir, ahora y en el futuro, que las regiones menos desarrolladas y con problemas sociales y económicos específicos reciban un apoyo suficiente, ya sean regiones situadas en la UE actual o en los nuevos Estados miembros. 
Como ya he dicho antes, eso significa que los fondos tienen que distribuirse de forma equitativa y destinarse a resolver los problemas más graves. 
Aunque en general estamos de acuerdo con las propuestas de la Comisión para la distribución de fondos entre los diferentes objetivos, esas propuestas podrán ponerse en práctica solo si la cuantía total de la financiación es la propuesta por la Comisión. 
Si los fondos se distribuyen de esa forma, pero se reduce la financiación total, como proponen algunos Estados miembros, las regiones de convergencia prioritarias en los antiguos Estados miembros de la UE sufrirán unas consecuencias muy negativas. 
Y eso es algo que no podemos ni queremos apoyar. 
Señor Presidenta, la política regional ha tenido un papel fundamental y muy claro desde que la UE dio sus primeros pasos. 
Ya entonces existía el principio de solidaridad y era el aspecto esencial y diferenciador de nuestra visión del mundo. 
El objetivo ha sido en todo momento evitar que algunas regiones se quedaran rezagadas en aras de una visión simplista y fatalista. 
Por eso mismo, todos los Estados miembros y las regiones se han comprometido siempre con el desarrollo y con unos modelos de desarrollo sostenible. 
Hoy todos queremos más y encima somos más. 
¿Es razonable o siquiera racional que, después de tanto esfuerzo en pro de la cohesión europea, se entienda que simplemente por ser más, vamos a ser más ricos? 
Como ciudadanos europeos no queremos quedarnos solo en la superficie; queremos preocuparnos por el contenido y por la estructura, y eso significa que no debemos abandonar a las regiones que aún no han finalizado el proceso de convergencia real y que, debido a una visión financiera simplista, parecen querer enriquecerse de la noche a mañana. 
No debemos olvidar tampoco el necesario solapamiento entre la política regional y la Estrategia de Lisboa; es crucial que se establezcan lazos fuertes entre estos dos objetivos para que sean eficaces. 
Medir el crecimiento en términos exclusivamente financieros es artificial e insostenible; por otra parte, el desarrollo sostenible implica convergencia y competitividad. 
Si damos prioridad a la competitividad, dejando atrás a los países que solo recientemente han comenzado a caminar, volverán a caer y no tendrán fuerzas para levantarse de nuevo por sí solos. 
Para nosotros, para todos los ciudadanos de esta Europa solidaria, la competitividad no puede sustituir a la convergencia. 
La competitividad tampoco puede sustituir a una política regional más visible. Lo que se precisa es solidaridad con muchas regiones como el Algarve, las Highlands, Asturias y Madeira, y con muchas otras regiones europeas que en teoría se hicieron ricas de la noche a la mañana. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, es típico que cuestiones como las planteadas en esta pregunta sobre la reciente ampliación se debatan justo el día antes de decidir las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
No nos sorprende que los diputados de los antiguos Estados miembros hayan pedido un análisis de las consecuencias financieras de la última ampliación país por país, y somos conscientes de que estas preguntas demuestran también que los ciudadanos esperan que la Comisión supervise y evalúe las consecuencias de futuras ampliaciones. 
Estoy totalmente a favor de que se hagan este tipo de preguntas, pero al mismo tiempo quiero alertar a esta Cámara sobre la necesidad de tener en cuenta no solo los costes y las deudas que aparecen en el balance de situación, sino también los beneficios que obtienen los antiguos Estados miembros. 
Estos beneficios son, entre otros, un crecimiento del comercio, de las inversiones de capital y del mercado de la contratación a gran escala, así como una mayor protección medioambiental, y es bastante probable que algunos países obtengan más beneficios que otros. 
Es imprescindible llevar a cabo un análisis económico riguroso, pero no debemos alentar a los que se plantean la Unión Europea únicamente en términos de costes y deudas. 
También tiene que plantearse en términos de los beneficios que se derivan del reparto equitativo de los costes. 
– Señora Presidenta, estimada Comisaria, muchas gracias. 
Comparto la preocupación de mis colegas, reflejada en la pregunta formulada a la Comisión. 
Para poder satisfacer las expectativas legítimas de los ciudadanos de la Unión Europea, la política regional tiene que basarse en los intereses del conjunto de la Unión Europea y en una distribución justa de las responsabilidades, y agradezco a la Comisaria que haya confirmado que los diez nuevos Estados miembros han contribuido también en este ámbito. 
La Constitución de la Unión Europea prevé una mayor solidaridad dentro de las regiones. 
Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio, no solo en los fondos concedidos a los nuevos y los antiguos miembros, sino también en los fondos concedidos a diferentes regiones de la Unión Europea. 
La región mediterránea, por ejemplo, ha recibido durante años un gran apoyo financiero, lo cual es bueno y está justificado. 
Pero no es tan bueno que los fondos destinados a la Dimensión Nórdica hayan sido mucho más modestos, pese a que la región del mar Báltico se está convirtiendo en la zona con mayor potencial de crecimiento de la UE. 
La Unión Europea tiene una estrategia mediterránea, de la misma forma que tiene una estrategia rusa. 
Quiero proponer a la Comisión que formule una estrategia específica para la región del mar Báltico, que se financie igual que la estrategia mediterránea. 
Eso aportaría un nuevo equilibrio a la política regional, porque el mar Báltico se está convirtiendo en el Mediterráneo del norte de Europa. 
Una cuestión práctica que plantea el desarrollo regional: el derecho del impuesto sobre el valor añadido a las aportaciones del Fondo de Cohesión y del Fondo Regional. 
En el contexto estonio, si se deja fuera de la lista de gastos con derecho a esas aportaciones al impuesto sobre el valor añadido, se reducirá de forma significativa la capacidad de las pequeñas administraciones locales para presentar proyectos. 
Eso significa que la ayuda estructural será un 18 % más cara para ellas. 
. Señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento por el apoyo a la propuesta de la Comisión. 
Continuaremos el debate en nuestra reunión del 21 de abril. Estoy segura de que todas las cuestiones presentadas son aprovechables. 
La propuesta está ahora en manos del Consejo. 
En este momento, la Comisión no puede presentar ninguna propuesta. 
Si durante el proceso de negociación en el Consejo existe la posibilidad de crear un mecanismo para fondos de naturaleza específica, no cabe duda de que la Comisión hará su aportación. 
Respecto de la importante cuestión de la vivienda, no podemos –y creo que no entraría dentro de nuestras posibilidades– financiar la construcción. 
Sin embargo, podremos contribuir en muchos aspectos a la renovación y reconstrucción de viviendas en Estados miembros nuevos y viejos que tengan necesidades de este tipo. 
Explicaré esto con más detalle el 21 de abril, o a cuatro ojos con el señor Piotrowski para no retenerles aquí por más tiempo. 
El efecto estadístico se aplicará a las tierras altas y las islas escocesas, así que por este lado no hay problema. 
Pero con respecto del efecto estadístico, en el Consejo no hay mucho entusiasmo por la generosidad que hemos propuesto, que a su vez también es criticada de ser poco generosa. 
En el Consejo circulan ideas para hacerla menos generosa. 
La cuestión sigue abierta. 
Gracias por su paciencia y su apoyo. 
Gracias, señora Comisaria. No pretendía meterle prisa, pero vamos justos de tiempo y aún tenemos que debatir dos informes. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0057/2005) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, relativa a la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172 (COD) ] (ponente: Frédérique Ries). 
. Señora Presidenta, señor Comisario, sin duda no es presuntuoso declarar hoy que mañana a las 13.00 horas habremos aprobado la versión definitiva de esta directiva sobre el diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía. 
La Unión Europea se dotará así de un nuevo instrumento que será una fuente de innovación y de protección del medio ambiente, ya que el diseño ecológico aplicado a los productos domésticos o a la construcción es el futuro. 
Más del 80 % de los daños medioambientales se producen durante la fase de fabricación del producto. 
Es indispensable, por tanto, actuar en la fuente, allí donde hay más posibilidades técnicas de mejora. 
Por ello, el Parlamento ha estado desde el comienzo a favor de esta propuesta de la Comisión, al menos por dos razones. 
En primer lugar, el vasto ámbito de aplicación de la directiva marco, que abarca, en efecto, una amplia gama de productos responsables de alrededor del 40 % de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Estos van de los frigoríficos a las calderas, pasando por los ordenadores, lámparas, máquinas cortacésped y muchos más. 
Están incluidas todas las fuentes de energía y todos los sectores. 
La flexibilidad del texto es la segunda razón. Trata de favorecer el enfoque del diseño ecológico en las empresas mediante acuerdos voluntarios, pero también por la vía legislativa si la autorregulación no es posible o ha fracasado. 
Por tanto, tenemos en común, señor Comisario, el deseo de promover el diseño ecológico, y ello con un fin concreto: mejorar la calidad ecológica de los productos al mismo tiempo que se mantiene su calidad de uso. 
En efecto, de nada sirve una lavadora más silenciosa si consume el doble de electricidad o de agua, por ejemplo. 
Por este motivo, esta directiva se basa con razón en el enfoque integrado, que consiste en evaluar el producto desde la cuna hasta la tumba, puesto que en una etapa u otra de este ciclo de vida todo producto genera impactos sobre el medio ambiente. 
No obstante, este balance medioambiental multicriterio y multietapa no debe impedirnos a nosotros, los legisladores, fijarnos una o varias prioridades y esto es, por supuesto, lo que hemos hecho al estimar que la eficiencia energética constituye un aspecto temático prioritario en la lucha contra el cambio climático. 
Realizamos así una contribución esencial a los esfuerzos por cumplir el objetivo de Kyoto. 
En efecto, la Comisión estima que, con esta directiva, podríamos alcanzar de aquí a 2010 una reducción cercana a los doscientos millones de toneladas de CO2 al año. 
Esto me lleva ahora al acuerdo celebrado el pasado lunes tras dos reuniones maratonianas con la Presidencia luxemburguesa, por supuesto en plena cooperación con sus servicios. 
Este acuerdo presenta dos grandes ventajas: la primera –nada despreciable para las carteras de nuestros conciudadanos– es evitar una costosa conciliación. 
La segunda, más fundamental, es la existencia de un compromiso equilibrado que mejora en aspectos esenciales la posición común del Consejo. 
Para empezar, por lo que se refiere a la eficiencia energética, está previsto que, en los próximos 24 meses, incluso antes de la elaboración del primer plan de trabajo, la Comisión, previa consulta al Foro Consultivo, adoptará medidas de ejecución al menos para aquellos productos que presenten un mayor potencial de reducción de CO2, prioritariamente para las siete categorías de productos que se citan en el plan europeo de lucha contra el cambio climático. 
La vigilancia del mercado es también una prioridad máxima. 
Puesto que con esta directiva se amplía el marcado CE a los productos que utilizan energía conformes a los requisitos de diseño ecológico, es preciso realizar controles efectivos de los productos en toda la Unión. 
El acuerdo incluye ahora una definición clara de productor, así como un artículo muy claro sobre las responsabilidades del importador. Además, prevé un control de todos los agentes comerciales de la cadena, que deben justificar mediante una declaración de conformidad que todo producto vendido en Europa responde a los ambiciosos criterios de eficiencia energética que queremos establecer. 
Por supuesto, todas estas medidas tienen un único objetivo: el saneamiento del mercado y la protección del consumidor. 
Corresponde ahora a los Estados miembros actuar rápida y efectivamente para perseguir a los falsificadores y especuladores fraudulentos y defender la industria europea. 
Unas palabras muy breves sobre la comitología: celebro que el Consejo haya recogido nuestra idea, expresada en el artículo 14, de crear un Foro Consultivo, cuyos poderes salen reforzados en este proyecto de recomendación. 
Ello permitirá al sector industrial y a las ONG seguir atentamente la implantación las medidas de ejecución cuando sea necesario. 
Otro punto se refiere a la información a los consumidores y a las PYME, dos eslabones esenciales de la cadena económica, que desempeñan un papel crucial en la difusión en el mercado de los productos ecológicos. 
Los consumidores deben estar informados sobre la eficiencia medioambiental de los productos, y las PYME necesitan ayuda financiera y técnica para fabricar estos productos más ecológicos. 
Una última cosa antes de concluir, señor Piebalgs. 
La integración del enfoque de ciclo de vida del producto en la actividad de las empresas está en sus comienzos. 
Por tanto, será necesario, en nuestra opinión, más de un responsable del diseño ecológico en sus servicios para realizar este proyecto con éxito, y le hemos escrito diciendo esto. 
Concluiré, señora Presidenta, dando las gracias –creo que es importante– al Consejo, y en particular a la Presidencia luxemburguesa. 
Agradezco también a la Comisión su sabio arbitraje y a todos los ponentes alternativos su valiosísima colaboración a lo largo de estos últimos 18 meses. 
Han sabido mantener la unidad del Parlamento para alcanzar, o forjar, este acuerdo, que pone en pie de igualdad los tres pilares –medioambiental, económico y social– del desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la señora Ries, y a los ponentes alternativos por su voluntad y su cooperación constructiva con vistas a llegar a un acuerdo en segunda lectura. 
Creo que esta directiva aportará beneficios duraderos a los consumidores y al medio ambiente, porque reducirá nuestro consumo de energía y producirá productos más ecológicos. 
Asimismo, la directiva de diseño ecológico ayudará a la industria de la UE a enfrentarse a retos mundiales relativos a la mejora medioambiental de sus productos. 
Además de lo que el Parlamento consiguió en primera lectura, la ponente, la señora Ries, junto con sus colegas y ponentes alternativos, ha negociado un paquete de enmiendas de transacción que, una vez aceptadas por el Consejo, modificarán la posición común en aspectos esenciales. 
Me refiero en particular a las enmiendas de transacción que afectan a los artículos 12 y 13. 
Estos cambios garantizarán un alto nivel de protección medioambiental al establecer requisitos de diseño ecológico e introducir medidas adicionales a favor de las PYME y para facilitar la vigilancia del mercado. 
Estoy especialmente satisfecho de que se haya encontrado una redacción adecuada que se centre en la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los productos, al tiempo que se siga teniendo en cuenta el enfoque integrado favorecido por la directiva. 
Ya he dejado claro que la eficiencia energética es una de mis mayores prioridades. 
El marco de diseño ecológico constituye uno de los instrumentos más eficaces que podemos usar para reducir el consumo de energía y mitigar el cambio climático. 
Por supuesto, el Parlamento quería asegurarse de que la Comisión aprovechara bien su mandato. 
La posición común modificada por el paquete presentado no dará lugar a ambigüedades a este respecto: la Comisión tendrá que cumplir su misión e informar de sus resultados. Se lo prometo. 
En este contexto, y a petición de la ponente y de los ponentes alternativos durante las recientes negociaciones sobre el paquete de transacción, también puedo afirmar que, sin perjuicio del resultado del proceso de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que confío en que tendrá lugar, la Comisión examinará la cuestión de la aplicación de los artículos 36 y 37 de la Constitución en relación con esta directiva marco. 
Creo que el Parlamento Europeo, a través de la ponente y los ponentes alternativos, ha conseguido mucho y la Cámara tiene que apoyar esta propuesta. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero dar las gracias a la señora Ries y a todos los demás que han contribuido por su constructivo trabajo. 
También quiero dar las gracias al Comisario Piebalgs. 
El resultado positivo que hemos obtenido nos permitirá conseguir grandes logros medioambientales. 
Tras consultar a los representantes de la industria y a los grupos medioambientales, la Comisión ha calculado que la Directiva podría reducir las emisiones de CO2 en 180 millones de toneladas, lo que equivale a un 53% del objetivo de Kyoto para la Unión Europea. 
En las negociaciones, nosotros hemos insistido en que esas reducciones se aplicaran en la mayor medida posible y de inmediato. 
El Grupo del Partido Popular Europeo ha creído siempre que esta Directiva era importante y hemos adoptado un enfoque constructivo desde el principio. 
Pero, al mismo tiempo, presentamos tres enmiendas fundamentales que se aprobaron durante las negociaciones, y eso me satisface. 
Como resultado de la primera de nuestras enmiendas, la Directiva se aplicará no solo a los productores de la Unión Europea, sino también a todos los productos que lleguen al mercado europeo, independientemente del lugar donde se hayan fabricado. 
La segunda enmienda someterá a los importadores a inspecciones más rigurosas y garantizará una lucha más intensa contra la corrupción, en ambos casos en un mayor grado del que originalmente habían previsto la Comisión y el Consejo. 
Nuestra tercera enmienda reducirá la carga burocrática impuesta a las empresas, y el Anexo I es ahora mucho más favorable a las empresas. 
He recibido una declaración por escrito de agradecimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, lo cierto es que hemos establecido unos objetivos ambiciosos para la protección medioambiental y me satisface especialmente que se haya identificado como principal objetivo prioritario la reducción de las pérdidas en modo preparado («stand-by» ), que consumen una cantidad enorme de energía y que podrían evitarse muy fácilmente. 
Ahora le toca a la Comisión ponerse a trabajar de inmediato y aplicar la Directiva. 
La Comisaria tiene también que asegurarse de que los funcionarios de la Comisión dispongan de personal suficiente para aplicarla deprisa. 
. Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, quiero unirme a los oradores anteriores y felicitar a la ponente. 
Todos sabemos que hemos conseguido mucho juntos y sobre todo gracias a ella. 
El Consejo no parecía muy dispuesto a alcanzar un acuerdo en la segunda lectura hasta hace algunas semanas, y creo que nuestra idea de lo que significa la codecisión puso algunas cosas en marcha en este sentido. 
Éramos muy conscientes de que la Cámara no puede dejarse intimidar por los discursos de algunos miembros del Consejo, y estábamos dispuestos a ejercer nuestros derechos de codecisión y llevar la cuestión ante el Comité de Conciliación si no hubiéramos podido alcanzar un acuerdo de forma civilizada. 
La señora Ries ya ha dicho que se ha alcanzado un compromiso equilibrado, y hace dos semanas dedicamos el mismo tiempo a negociar la cuestión que el que pasaremos hoy debatiéndola. 
Huelga decir que no estoy satisfecha con este compromiso desde el punto de vista de mi Grupo, pero creo que hemos hecho lo que hemos podido. 
Por supuesto, hemos tenido que sacrificar algunas de nuestras exigencias para llegar a un compromiso, pero me complace que el Parlamento se asegure ahora de que la Posición Común otorgue prioridad a la eficiencia energética, en lugar de referirse a ella en términos muy vagos, algo que considero esencial para que esta Directiva consiga resultados. 
Asimismo, me complace que se atendieran mis demandas de proporcionar más información al consumidor. 
La señora Ries ya ha dicho que es importante dar información a los consumidores, por ejemplo sobre el ahorro de energía cuando se usan productos que consumen energía, y podríamos encontrar muchos más ejemplos. 
Todos somos conscientes de que esta Directiva constituye un instrumento eficaz en la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo sabemos que en el futuro necesitaremos controles parlamentarios rigurosos y eficaces que garanticen que el instrumento sobre el que hemos depositado tantas esperanzas sea capaz de satisfacer nuestras demandas. 
. Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su trabajo, y no envidio la tarea que ha tenido realizar para alcanzar un compromiso. 
Sin embargo, todavía me preocupan algunos aspectos de esta Directiva. 
En mi opinión, la trayectoria política que estamos siguiendo con ella supondrá inevitablemente la creación de barreras burocráticas para la entrada en el mercado en lugar de productos más respetuosos con el medio ambiente, así como menos empresas y menos empleo en la industria de la electrónica y la ingeniería eléctrica en lugar de una mayor protección del medio ambiente basada en un menor consumo de recursos. 
Nosotros seguimos confiando en la gestión de productos y procesos más que en la formulación de unos criterios claros orientados al producto final. 
¿Qué nos impide dar libertad a los técnicos e ingenieros para que propongan ideas creativas en busca de los mejores conceptos tecnológicos? 
Solo conseguiremos la mejor tecnología disponible, ya sea medioambiental o de otro tipo, si no ponemos obstáculos a la competencia. 
La política de productos propuesta me recuerda a los objetivos establecidos por la economía planificada de la RDA, donde decisiones como qué cantidad se quería fabricar de un modelo de televisores en color en un cierto espacio de tiempo se tomaban en los congresos del partido. 
Las economías planificadas no funcionan, como quedó repetidamente demostrado en el siglo XX, pero parece que la Comisión aún no se ha enterado de eso. 
La Directiva que hoy nos ocupa no está muy lejos de ser el tipo de instrumento que uno esperaría encontrar en una economía planificada, y eso se debe sobre todo al planteamiento «», a los controles preliminares de los productos y a las auditorías medioambientales. 
Creo que el hecho de que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya eliminado de la Directiva las disposiciones que obligaban a realizar auditorías medioambientales durante todo el ciclo de vida de los productos, constituye solo un éxito modesto. 
Los productores e importadores siguen recibiendo demandas diferentes, y el consiguiente problema de las distorsiones del mercado tampoco se ha resuelto todavía. 
Aunque hemos progresado mucho con este paquete de transacción, la Directiva sigue siendo una pesadilla burocrática para las pequeñas empresas. 
En mi opinión, la petición reiterada de que se tengan en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas se ha visto reducida a una frase vacía de contenido. 
Sería el colmo de la absurdez añadir a un texto legislativo un artículo afirmando que hay que ayudar a las pequeñas empresas a aplicar la Directiva cuando lo más probable es que el texto resulte inviable. 
. – Señora Presidenta, un Parlamento unido ha marcado una diferencia. 
Esta directiva habría estado totalmente vacía si no hubiéramos insistido en las cuestiones relevantes. 
No puedo entrar en todos los detalles, pero el hecho de tener un plan de trabajo, de dar prioridad a la energía y muchas otras cuestiones ponen de manifiesto que hemos hecho un buen trabajo. 
Ahora, señor Comisario, tiene usted que hacer su trabajo. 
Ni siquiera tiene a dos de los 20 000 funcionarios de la Comisión Europea trabajando en esta cuestión. 
Señor Comisario, necesitamos un equipo de choque para la transformación del mercado de todos esos aparatos; la integración de normas mínimas, el etiquetado, la contratación pública y la iniciativa para debatir con China, la India, Brasil y otros para que también ellos aumenten sus normas mínimas. 
Este es un aspecto crucial para el cambio climático y para el futuro de los recursos energéticos. 
. Señora Presidenta, aunque yo también estoy satisfecho con el acuerdo que por fin hemos alcanzado con el Consejo sobre esta cuestión, creo que hemos hecho bastantes concesiones. 
En cuanto al resultado, tengo la sensación de que el Consejo se ha salido con la suya en muchas cosas. Espero que pronto lo lamente, porque realmente necesitamos medidas de ahorro de energía más estrictas para poder alcanzar, por ejemplo, los objetivos de Kyoto. 
Ayer, una investigación realizada en los Países Bajos demostró que los ciudadanos podrían ahorrar fácilmente 400 euros de energía al año, gran parte de la cual es consumida por los electrodomésticos en modo preparado. 
Puesto que la Comisión y los fabricantes tienen que dar a esta cuestión la prioridad que se merece, insto a la Comisión a especificar una fecha para la presentación de las primeras normas de aplicación al Parlamento, de manera que podamos conseguir resultados rápidos con esta Directiva. 
– Señora Presidenta, señores Comisarios, quiero felicitar a la ponente por su excelente trabajo, que ha mejorado la propuesta de la Comisión. 
El desarrollo sostenible y el ecológico son una prioridad necesaria para la Unión Europea y siguen perfectamente la línea marcada por la Estrategia de Lisboa. 
Dada la dificultad de abordar estas cuestiones, que implican numerosas actividades comerciales y financieras, quiero hacer hincapié en lo siguiente: el procedimiento de autorregulación constituye una solución muy positiva para la rápida aplicación del marco relativo al diseño ecológico. Asimismo, puede mejorar la respuesta del mercado y la adopción de una legislación para los productos que utilizan energía, que tienen que estar regularse con unos límites muy estrictos, de forma que las empresas estén obligadas a seguir y aplicar la legislación mediante procedimientos creativos y realistas. 
Las derogaciones en beneficio de los Estados miembros en cuestiones relacionadas con aspectos medioambientales que difieren de un país a otro, como los límites peligrosos y la conducta medioambiental, son necesarias debido a las diferentes circunstancias medioambientales de cada país. 
Se reconoce la necesidad de verificar los productos importados de terceros países y la dificultad que probablemente planteará su identificación y verificación de forma eficaz. 
Es esencial que dispongamos de un órgano de expertos totalmente independiente para verificar los productos que utilizan energía al margen de intereses económicos privados. 
Ese órgano podría también salvaguardar la confidencialidad por razones de competencia leal, sobre todo con los productos de alta tecnología que tienen una vida comercial corta. 
– Señora Presidenta, a veces siento lástima por la hermosa ciudad de Lisboa. 
Ha empezado a simbolizar un objetivo que amenaza con escaparse de las manos de los europeos y convertirse en una mera ilusión. 
Lisboa no se lo merece, como tampoco se merece Niza simbolizar un mal compromiso. 
Sin embargo, en este momento tenemos la oportunidad de alcanzar los objetivos estratégicos de Lisboa. 
El proyecto de Directiva sobre los productos que utilizan energía, ahora en segunda lectura, es un excelente ejemplo de esa oportunidad para acercarnos o alejarnos del logro de nuestros objetivos. 
La mayor preocupación respecto a los productos que utilizan energía es la reorientación de la producción cada vez más hacia China y otros países asiáticos. 
Este cambio, desfavorable para nuestras industrias y nuestro medio ambiente, se acelerará en el futuro, debido a que las exigencias en materia de protección laboral y medioambiental son menos estrictas en Asia. 
Otros sectores de nuestra industria muestran la misma tendencia, por ejemplo, en la política climática, donde las soluciones legislativas adoptadas están haciendo menos restrictivas las normas y debilitando tanto la competitividad de la UE como la situación de nuestro medio ambiente. 
Es importante que el Parlamento apruebe el informe esta semana, con lo que se garantizarán unos métodos de diseño de productos respetuosos con el medio ambiente, así como la competitividad de las empresas europeas. 
La solución de compromiso a la que hemos llegado, y que estamos votando, ha sido un proceso satisfactorio para las instituciones de la UE, y yo también he apoyado activamente las enmiendas. 
En este sentido, quiero referirme a las dos cuestiones más importantes. 
Cuando hablamos de competitividad, es esencial que el fundamento jurídico de la Directiva sea el artículo 95. 
Los requisitos aplicables a los productos tienen que ser similares en toda Europa, para que los productos que utilizan energía puedan moverse libremente dentro del mercado interior. 
Se ha tomado otra decisión importante con respecto al requisito de evaluación de la conformidad: retrasaría de forma innecesaria la introducción de productos en el mercado y sería particularmente problemática para el sector de la electricidad y la electrónica. 
Me complace que juntos hayamos encontrado un compromiso que, sin embargo, no nos obligue a hacer concesiones respecto a los objetivos que hemos establecido para los próximos cinco años. 
Señora Presidenta, con esta recomendación, por la que se modifica el texto de la posición común, estamos cerca de concluir el proceso legislativo sobre la propuesta de diseño ecológico. 
Me complace confirmar que la Comisión acepta plenamente el resultado del compromiso entre el Parlamento y el Consejo. La Comisión pondrá los recursos necesarios para implementar y alcanzar los objetivos de esta directiva. 
Ahora quisiera invitarles a apoyar el paquete de transacción que refleja los importantes cambios que la ponente, junto con los ponentes alternativos de todos los Grupos políticos, ha conseguido en largas y difíciles negociaciones, aunque fructíferas, con el Consejo. 
Es un trabajo bien hecho. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Recomendación para la segunda lectura (A6-0056/2005) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo [12891/2/2004 – C5-0248/2004 – 2002/0259 (COD) ] (ponente: Satu Hassi). 
. – Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a los Grupos políticos del Parlamento y, en particular, a los ponentes alternativos, por su excelente cooperación. 
Tenemos ante nosotros una Directiva histórica: por primera vez se reducirán las emisiones de azufre procedentes de los buques. 
Esta medida tiene como precedente el Anexo VI del Convenio MARPOL, un acuerdo negociado en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Este documento establece algunas zonas marítimas como zonas de control de emisiones de azufre. 
El contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo autorizado en dichas zonas es del 1,5 %. 
Ese porcentaje representa aproximadamente la mitad del contenido de azufre de los combustibles marítimos más utilizados en la actualidad, que es del 2,7 %. 
Las zonas de control de emisiones de azufre se crearán en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. 
Además, se establece el mismo límite de azufre para los buques de pasajeros en servicios regulares. 
Y a partir del año 2010, se impondrá un límite del 0,1 % de azufre en los combustibles a los buques amarrados en los puertos. 
Ya era hora de limitar las emisiones de azufre procedentes de los buques. 
El dióxido de azufre causa lluvia ácida y es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente natural. 
La cantidad de emisiones procedentes de fuentes terrestres se ha reducido de forma espectacular. 
Por ejemplo, en mi país, Finlandia, esas emisiones se han reducido a la séptima parte de los niveles del decenio de 1980. 
Por otra parte, los buques están liberando cada vez más dióxido de azufre a la atmósfera. 
Hace algunos años, las emisiones de azufre procedentes de los buques en el Mar Báltico sobrepasaban la cantidad total de emisiones en Suecia. 
A pesar de las restricciones impuestas por esta Directiva, las emisiones de azufre en las zonas marítimas de la UE superarán dentro de 10 o 12 años el total de emisiones de todas las centrales nucleares, las fábricas y los coches en los Estados miembros de la UE. 
Incluso después de las nuevas restricciones, el contenido de azufre máximo autorizado en los combustibles para uso marítimo puede llegar a ser 300 veces superior al del depósito de combustible de un camión articulado, pese a que se limite el uso del azufre como en el Mar Báltico. 
La diferencia es aún mayor en el Mediterráneo y en otras zonas no afectadas por la nueva restricción. 
Asimismo, las emisiones de azufre de un buque de mercancías por tonelada de carga son muy superiores a las de un camión articulado. 
El Parlamento quiso ir más allá en su primera lectura y pidió que el límite de azufre del 1,5 % se extendiera a todas las zonas marítimas de la UE y que, posteriormente, se volviera a ampliar al 0,5 %. 
Los cálculos realizados por los modelos informáticos que utiliza la Comisión demuestran que eso es factible. 
Si el límite de 0,5 % impuesto al contenido de azufre autorizado en los combustibles para uso marítimo se aplicará a todos los mares de la UE, eso beneficiaría a la salud humana; por ejemplo, se conseguiría una reducción casi dos veces mayor de la incidencia de asma y de alergia y una reducción casi diez veces mayor de los costes incurridos. 
Sin embargo, el Consejo ha rechazado las demandas adicionales del Parlamento en la primera lectura. 
En la segunda lectura, una clara mayoría de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento ha decidido apoyar las cuestiones principales de la primera lectura. 
En las negociaciones con el Consejo sobre el compromiso alcanzado en la primera lectura, muchos Estados miembros anunciaron que estaban dispuestos a rechazar toda la reforma. 
De ocurrir eso, las siguientes etapas en la reducción de las emisiones no podrían quedar reflejadas en la Directiva, tal como pide el Parlamento. 
En su lugar, la Comisión se comprometió, en una declaración separada, a establecer unos límites de emisión nuevos y más estrictos. 
En dicha declaración se comprometió claramente a reducir el contenido de azufre a 0,5 % o menos, y a conseguirlo por medios económicos. 
Estas cuestiones se debatirán con ocasión de la revisión de la Directiva en 2008. 
La Directiva recogía también el compromiso de la Comisión y el Consejo a promover la designación de nuevas zonas de control de emisiones de azufre a través de la OMI y a imponer un límite de contenido de azufre más estricto. 
El contenido de azufre al que se hace referencia es también del 0,5 %. 
Dicho de otro modo, la Comisión y el Consejo se han comprometido a reforzar los límites de las emisiones de los buques, tal como exigía el Parlamento. 
En cuanto a las emisiones de dióxido de azufre, nos hemos acostumbrado al problema de la lluvia ácida, que perjudica al medio ambiente y a los edificios, pero que también supone un problema sanitario grave y creciente. 
El dióxido de azufre presente en el aire forma partículas perjudiciales para nuestros pulmones. 
Según un reciente estudio, el número de personas que sufren problemas de salud causados por las partículas es posiblemente el doble de las estimaciones previas. 
El medio ambiente es particularmente vulnerable en el norte, pero los pulmones de las personas son iguales en las zonas costeras del Mediterráneo que en las del Mar Báltico. 
Por lo tanto, tenemos que seguir limitando las emisiones de azufre de los buques. 
Confío en que la Comisión y el Consejo cumplan sus compromisos. 
. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, señora Satu Hassi, por su excelente trabajo sobre la propuesta de Directiva relativa al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 
El propósito de la Directiva es reducir las emisiones de dióxido de azufre y de partículas en suspensión. 
Dichas emisiones están directamente relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, que en la actualidad es de un 2,7 % o 27 000 partes por millón, mientras que, como ha afirmado antes la señora Hassi, los combustibles que se usan para el transporte por carretera están sujetos a un nuevo límite de azufre de 10 partes por millón. 
Por lo tanto, la propuesta establece dos límites de azufre en los combustibles para uso marítimo: un límite del 1,5 % para todos los buques en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha y para todos los buques de pasajeros en la Unión Europea, y otro límite del 0,1 % para los buques amarrados en los puertos de la UE. 
Estos límites comportarán una reducción selectiva de las emisiones con un bajo coste, en un intento de luchar contra la acidificación en el norte de Europa y mejorar la calidad del aire en todos los puertos y zonas costeras europeas. 
Los efectos beneficiosos para la salud humana deberían salvar 2 000 años de vida al año gracias a la mejor calidad del aire. 
Puesto que el transporte marítimo es una industria mundial, es importante que los puntos principales de la propuesta sean coherentes con las disposiciones acordadas internacionalmente en el Anexo VI del Convenio MARPOL de la Organización Marítima Internacional sobre la Prevención de la Contaminación por los Buques. 
Los progresos logrados en segunda lectura son satisfactorios y doy las gracias al Parlamento por el papel constructivo que ha desempeñado, allanando el camino para llegar a un acuerdo. 
– Señora Presidenta, Señorías, las enmiendas a la Directiva sobre el contenido de azufre en los buques son necesarias para reducir el volumen de gases nocivos emitidos por los combustibles para uso marítimo, reduciendo con ello la lluvia ácida y mejorando la calidad del aire en Europa. 
La disponibilidad de esos combustibles en cantidad suficiente mejoraría la calidad del aire en las inmediaciones de los puertos y las costas y reduciría el efecto nocivo de las emisiones ácidas en la salud humana. 
Quiero dar las gracias a la ponente, señora Hassi, por lo bien que ha organizado el trabajo y el debate de esta cuestión, y por haber llegado a un acuerdo que consigue los objetivos deseados. 
Doy las gracias a todos los que han apoyado la propuesta de nuestro Grupo relativa al informe de revisión. 
En la actualidad se están debatiendo muchas cuestiones sobre la base de presunciones y no de hechos. 
Una vez que se hayan realizado las investigaciones necesarias, seguiremos teniendo que encontrar la solución más respetuosa con el medio ambiente y que mejor pueda justificarse desde el punto de vista económico – una solución que tenga en cuenta las respuestas exactas a varias preguntas importantes. 
¿Exige la producción de combustible con un menor contenido de azufre un consumo de energía tal que puede llegar a intensificar el efecto invernadero? 
Es necesario que tengamos en cuenta nuestras prioridades dentro del estricto cumplimiento del protocolo de Kyoto, porque la adopción de esta Directiva aumentará los costes del transporte marítimo. 
¿Puede suponer ese aumento una amenaza seria para la piedra angular de la política de transporte de la Unión Europea, es decir, la reducción del transporte por carretera y el redireccionamiento del transporte de mercancías hacia otras modalidades de transporte? 
Tenemos que debatir nuestras acciones futuras también con la Organización Marítima Internacional, o de lo contrario podremos acabar con una situación en la que los cambios afecten solo a los buques registrados en la Unión Europea y a aquellos cuyo destino final sea Europa. 
En cambio, los buques de transporte de tránsito podrán utilizar combustibles mucho más baratos. 
En una situación así, nuestro sector marítimo se vería amenazado y cabría esperar que los buques de nuestra flota volvieran a registrarse con banderas de terceros países. 
Es preciso que se reduzca el efecto negativo de las emisiones de gases en el transporte marítimo. 
Solicito que se haga un trabajo serio en el proceso de revisión, para que a largo plazo podamos tener una flota de alto rendimiento y para que el medio ambiente y la salud pública de la Unión Europea reciban protección suficiente. 
. – Señora Presidenta, agradezco a la señora Hassi la manera abierta e cooperativa en la que ha dirigido toda la negociación, de modo que todos supiéramos lo que estaba sucediendo en cada momento. 
También quiero darle las gracias al personal de la Comisión, que nos ha ayudado muchísimo respecto al acuerdo que hemos alcanzado esta noche. 
Tenemos un compromiso, pero la cuestión es si es lo suficientemente bueno. 
Sí, hay algunos puntos muy positivos en el compromiso, que acojo con satisfacción –y que la señora Hassi enumera en una lista–, pero el Grupo socialista cree que tenemos que ir más lejos. 
Habríamos deseado que las zonas de control de azufre se extendieran a todas las aguas de la UE. Queremos que esto sea un paso hacia el uso de combustibles de menor contenido de azufre en nuestras zonas de navegación. 
Dicho de otro modo, queremos ver una segunda fase en la legislación. 
De hecho, nos tomamos muy en serio la cláusula de revisión, que ha sido objeto del comrpomiso. Esperamos que la Comisión vaya a la OMI y trate de incluir más ámbitos en el ámbito de aplicación de esta legislación. 
Es la legislación la que marcará la diferencia. 
Dos de los puertos incluidos entre los 100 puertos más contaminados de Europa se encuentran en mi circunscripción. 
La semana pasada estuve en una de estas zonas y me informaron del hollín negro que cubre las cuerdas de tender la ropa y las ventanas de las viviendas y afecta a la salud de las personas. Se trata de un instrumento legislativo que ayudará a mejorar el medio ambiente y la salud de las personas. 
Es una pena que estemos de nuevo aquí a las doce menos cuarto de la noche debatiendo importantes cuestiones de legislación medioambiental cuando los medios de comunicación se han acostado y nadie nos está viendo. 
Deberíamos pedir a los servicios que hagan que estos debates se celebren a una hora en que podamos mostrar a los ciudadanos que la UE realmente trabaja en su nombre haciendo cosas que redundan en su beneficio. 
Señora McAvan, me solidarizo con usted, porque durante 15 años yo también he estado debatiendo la legislación medioambiental durante las sesiones nocturnas. 
Pero bueno, lo intentaremos en el futuro. 
. Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la ponente, señora Hassi, por su excelente trabajo sobre esta cuestión medioambiental tan importante. 
Comparto asimismo la opinión de que el resultado no hubiera sido mejor si hubiéramos forzado una conciliación, lo que por supuesto era una posibilidad. 
Las emisiones de azufre procedentes de diferentes fuentes han disminuido considerablemente en los últimos años. 
Se ha podido luchar contra una gran parte de los problemas de acidificación. 
Sin embargo, las emisiones procedentes del transporte marítimo aún son muy elevadas, y los buques utilizan combustibles muy sucios que no se emplean en otros sectores. 
En la actualidad, la proporción de emisiones de azufre procedentes del transporte marítimo es injustificadamente alta. 
De ahí la importancia de esta legislación. 
Pero lo cierto es que podría haber sido mucho mejor de lo que es. 
La razón principal por la que esta Directiva no aprovecha al máximo las posibilidades técnicas que realmente existen para producir emisiones y combustibles más limpios, es que algunos países representados en el Consejo se oponen a ello. 
Sin embargo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos en el Parlamento tiene también su parte de responsabilidad. 
En la primera lectura, el Grupo del PPE-DE se mostró a favor de compromisos vinculantes para limitar el contenido de azufre al 0,5 %. 
Ahora han cambiado de opinión, y me pregunto por qué. 
En este momento, el objetivo de un contenido de azufre del 0,5 % se considera solo como una posibilidad después de una futura revisión. 
Eso es algo que lamentamos. 
En otros ámbitos hemos renunciado también a cosas que estaban a nuestro alcance. 
A pesar de ello, votaremos a favor de este compromiso no porque sea perfecto, sino porque creemos que es todo lo que podemos conseguir en este momento. 
Cuando se debatió esta cuestión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, quedó patente –al menos para mí– que hay muchos argumentos a favor de reducir el contenido de azufre en los combustibles y pocos en contra. 
La imposición de un límite del 0,5 % en el contenido de azufre en la Unión Europea genera un beneficio 7,5 veces mayor que el coste incurrido. 
Por eso creo que el Consejo tendría que haber respondido de forma más positiva a la petición del Parlamento de fijar el límite en el 0,5 %. 
Estamos esperando una valoración de la política comunitaria sobre la calidad del aire; pronto estará terminada. 
Sabemos que la calidad del aire en algunos Estados miembros deja mucho que desear, lo que en parte puede atribuirse a la emisión de sustancias nocivas por un tráfico que no disminuye. 
Precisamente en este momento, el Consejo tendría que haberse dado cuenta de que, si cree que la contaminación del aire constituye un problema grave, tiene también que ayudar a encontrar soluciones. 
Por eso lamento que solo hayamos alcanzado este compromiso. 
Lo apoyaré, pero espero que se refuerce en el futuro, y doy las gracias a la ponente, señora Hassi, por su excelente cooperación. 
Señora Presidenta, como varios oradores ya han dicho, se trata de una cuestión importante. 
Las emisiones de azufre causan grandes problemas a la salud de las personas. 
Destruyen edificios y patrimonios culturales y provocan la acidificación de los lagos. 
Por eso es también bueno que en los últimos años hayamos conseguido reducir las emisiones de azufre en la UE, al menos de fuentes terrestres, y que ahora estemos tratando de reducir las emisiones de los combustibles para uso marítimo. 
Al mismo tiempo, me decepciona, al igual que a otros diputados a esta Cámara, que no hayamos conseguido más, particularmente en relación con los puntos que ha enumerado antes mi colega del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, señora McAvan. 
Respecto a esta cuestión, nosotros como parlamentarios hemos demostrado ser menos ecologistas que nuestros predecesores. 
Realmente espero que se trate de una excepción y que a partir de ahora este Parlamento sea más ecologista y se responsabilice más de nuestro medio ambiente en el futuro. 
En cualquier caso, estamos despejando el camino para poder avanzar a una segunda fase y reducir las emisiones de azufre en mayor grado. 
Muchos de nosotros vigilaremos para que así ocurra. 
. 
Señora Presidenta, el paquete de transacción propuesto incluye unos puntos de especial importancia. 
En concreto, contempla claramente nuevas reducciones en el futuro; fija la fecha de aplicación en el Mar del Norte; establece las condiciones previas para el suministro y distribución de combustibles, de manera que los operadores conozcan sus obligaciones; exime de cumplir los requisitos de límites de distancia de atraque a los buques atracados que utilizan energía limpia y obliga a los buques que utilizan tecnologías de reducción de emisiones a tener en todo momento equipos de vigilancia de las emisiones. 
Aún más importante es el paquete de transacción que contempla la posibilidad mucho más firme de reducir aún más los límites, hasta el 0,5 %, durante la revisión que la Comisión efectuará en 2008. 
Según la cláusula de revisión modificada, la Comisión tendrá que investigar la eficacia económica de cualquier medida adicional, tener en cuenta el desarrollo de las tecnologías de reducción de emisiones y estudiar la posibilidad de presentar propuestas para la adopción de medidas financieras que incentiven el desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales en la industria. 
Sé que todas estas cuestiones eran muy importantes para el Parlamento y para la comisión competente en primera lectura. 
Aunque no estamos todavía en situación de incluir el límite del 0,5 % sobre el azufre, les puedo asegurar que en la segunda fase de la Directiva nos hemos comprometido a considerar la posibilidad de establecer ese límite del 0,5 % en un futuro próximo. 
Y aún reconociendo que el nuevo límite del 1,5 % de azufre en los combustibles para uso marítimo seguirá siendo 1 500 veces superior al contenido de azufre en los combustibles que se emplean en el transporte por carretera, la Comisión cree firmemente que el transporte marítimo puede y debe reducir ese límite si quiere mantener su credibilidad medioambiental. 
Así pues, la Comisión ha preparado una declaración en la que formula claramente su compromiso de realizar una revisión exhaustiva de la Directiva en 2008. 
Para usar el término específico, que la ponente ha tomado prestado de la terminología del transporte marítimo, quiero insistir en que la Comisión hará todo lo que pueda para anclar las mejoras medioambientales del transporte marítimo a la Organización Marítima Internacional. 
Por último, la Comisión está muy satisfecha con el resultado de las negociaciones y desea volver a dar las gracias a la ponente, señora Hassi, por sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo en la segunda lectura. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas de transacción propuestas (1). 
De conformidad con el orden del día, vamos a proceder al debate sobre el informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión acerca de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los días 22 y 23 de marzo de este año. 
En primer lugar, en nombre del Consejo, tiene la palabra su Presidente en ejercicio, señor Juncker. 
. Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el 12 de enero les presenté en esta Cámara el programa de la Presidencia luxemburguesa para los siguientes seis meses. 
Hoy, como manda la tradición, les expondré, brevemente, los resultados de la reciente reunión del Consejo Europeo. 
Brevemente porque, dada la nutrida presencia de diputados al Parlamento, tal vez el debate no se pueda ver muy enriquecido. 
Por tanto, no trataré de nutrirlo, salvo para decirles que nos hemos puesto de acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento después de algunos enconados debates, de intercambios de expresiones fuertes y viriles, aun cuando se dejaron oír algunas voces femeninas en medio de ese tumultuoso debate. 
El resultado a que hemos llegado es equilibrado, pues concede toda la importancia que merece a la estabilidad y prevé lo necesario para que la aplicación de las normas de estabilidad no limiten las posibilidades de crecimiento que hay y debe haber en Europa. 
A este fin no hemos tocado los principios fundamentales del Pacto, pero hemos enriquecido su cuadro de interpretación, puesto que, a partir de ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplicará de forma diferenciada en todas las fases del ciclo económico. 
La reforma a la que hemos llegado es fruto de una excelente cooperación –quiero subrayarlo aquí– entre la Comisión y el Consejo, más concretamente entre el Colegio de Comisarios y la Presidencia del Consejo, entre el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y el Presidente del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas. 
Ha sido para mí un gran placer trabajar mano con mano con la Comisión. 
Se ha dicho de todo sobre la reforma del Pacto y mucho de lo que se ha dicho roza la mentira. 
Los que dicen que con la reforma del Pacto todos los déficit serán admisibles y quienes presentan las medidas de reforma como la luz verde para que Europa tome el camino de rosas que conduce a montañas de deuda, se equivocan de punta a cabo. 
No se han cambiado ni las reglas fundamentales consagradas en el Tratado CE ni las establecidas en el Pacto se han modificado. 
Los criterios del 3 % y del 60 % siguen siendo la piedra angular de un sistema que seguirá basándose en unas reglas claras y en unas disposiciones jurídicas lógicas. 
Quisiera repetir aquí que, tan pronto observemos que alguien rebasa la barrera del 3 %, la Comisión redactará un informe y el Estado miembro en cuestión será sometido a estrecha vigilancia. 
Quiero que quede claro que –como siempre ha sucedido– un déficit superior al valor de referencia, a saber, al 3 %, no acarrea automáticamente la apertura del procedimiento de infracción. 
Algunos se comportan como si esto fuera una innovación, pero con ello revelan una falta de conocimiento de las cláusulas del Tratado de Maastricht, que estableció esta disposición en 1992. 
Las competencias de la Comisión no se han visto mermadas por la reforma del Pacto, sino que en realidad han salido reforzadas. 
Por consiguiente, de lo que se trata ahora no es de sentirse gravemente preocupados, sino más bien de velar seriamente por que las nuevas reglas se apliquen de forma lógica, y haremos todo lo necesario para demostrar, en los próximos meses y con ocasión de las decisiones que tendremos que tomar, que el Pacto no está muerto, sino que sigue en vigor y aplicándose. 
El segundo punto que figuraba en el orden del día del Consejo Europeo de Bruselas era la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
Como recordarán, en nuestro debate del 12 de enero hubo diputados que manifestaron una gran inquietud por que el Consejo rompiera el equilibrio fundamental de la Estrategia de Lisboa. 
Tras la presentación por la Comisión de su Comunicación sobre la Estrategia de Lisboa el 2 de febrero y su Comunicación sobre la agenda social, la Comisión y el Consejo –actuando de nuevo juntos– consiguieron mantener el equilibrio fundamental de la Estrategia de Lisboa. 
Por supuesto, hemos rectificado el enfoque de la Estrategia de Lisboa centrándola más nítidamente en el crecimiento y la competitividad, pero no por ello hemos abandonado las dimensiones social y medioambiental. 
Como hace pocos meses, debo constatar que los europeos no siempre comprenden la importancia de la Estrategia de Lisboa, porque hablamos de competitividad, de productividad y de crecimiento, que son conceptos y expresiones que no despiertan emociones. 
De hecho, lo que los europeos quieren es trabajo, es poder crear una empresa, encontrar la financiación necesaria, disponer de mercados abiertos, de sistemas de comunicación y transporte eficientes. 
Quieren poder conciliar mejor la vida profesional con la vida familiar, mantenerse al día de las nuevas tecnologías y el mundo de Internet. 
Quieren contar con una buena educación para sus hijos; quieren disponer de servicios de interés general y servicios públicos eficientes; quieren pensiones decentes y quieren poder desarrollarse en un entorno sano. 
Todos estos son objetivos de la Estrategia de Lisboa y, para acreditar la idea de que los Gobiernos y la Comisión deben mostrarse en adelante más activos y más consecuentes en su modo de aplicar las decisiones derivadas de la Estrategia de Lisboa, hemos agrupado las iniciativas que deben emprenderse en torno a tres ejes que abarcan diez ámbitos de actividad y vienen ilustradas por cien medidas individuales. 
En la Estrategia de Lisboa intervienen muchos agentes: la Comisión, el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales, los Gobiernos nacionales y las autoridades regionales y locales. 
Todas estas instituciones y autoridades deben ser capaces de sacar más provecho de la Estrategia de Lisboa, y me refiero sobre todo a los Gobiernos nacionales, que por tener que rendir cuentas ante sus Parlamentos nacionales y ante la opinión pública europea, tienen la responsabilidad de potenciar al máximo el efecto de los distintos elementos de la Estrategia de Lisboa. 
Diré unas palabras sobre la directiva que lleva el nombre de un ex Comisario. 
El 12 de enero les dije que la Presidencia diría sí a la apertura de los mercados de servicios y no al dúmping social, y que deseaba que se eliminaran de esta propuesta de directiva todos los riesgos de dúmping social. 
Así lo ha confirmado el Consejo Europeo de marzo, que ha pedido a los implicados en el proceso legislativo que introduzcan en la propuesta de directiva las sustanciales modificaciones necesarias para que se respeten todas las exigencias del modelo social europeo. 
Con respecto a este punto, como a otros, quisiera desmentir la impresión, incluso esa sospecha alimentada por la ignorancia, de que la actual Comisión es el motor de una Europa neoliberal. 
No fue esa mi percepción cuando tuve que discutir con los distintos miembros de la Comisión la directiva relativa al mercado interior de los servicios. 
Esta propuesta de directiva es fruto de las deliberaciones de la Comisión anterior. 
La nueva Comisión, junto con las demás instituciones europeas, introducirá los cambios que implica el modelo social europeo. 
Hemos tenido la ambición, señor Presidente, de aclarar un malentendido que había echado raíces en los últimos años, tratando de demostrar con nuestros actos que existe una diferencia entre la estrategia de desarrollo sostenible y la Estrategia de Lisboa. 
Es falso pretender que el desarrollo sostenible constituye el tercer pilar de la Estrategia de Lisboa, puesto que el desarrollo sostenible es un concepto horizontal que afecta a todas las políticas y, por tanto, a todos los aspectos de la Estrategia de Lisboa, igual que al medio ambiente, la pesca, la agricultura, las finanzas públicas, la seguridad social. 
El desarrollo sostenible es, pues, lo que en inglés se llama un que habrá que respetar a la hora de aplicar todas las políticas que sigue la Unión Europea. 
Así, la Presidencia tomará la iniciativa de proponer que el Consejo Europeo adopte en su cumbre de junio una declaración sobre los principios rectores del desarrollo sostenible, declaración que servirá de base para la renovación de la estrategia de desarrollo sostenible aprobada por el Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001. 
Sobre la base de una decisión tomada por los Ministros de Medio Ambiente, hemos examinado todas las políticas que habrá que tener presentes al abordar el tema del cambio climático. 
Como habrán podido comprobar, el Consejo Europeo ha celebrado la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, y más en particular su ratificación por la Federación de Rusia. 
Ahora habrá que elaborar una estrategia de la Unión a medio y largo plazo para luchar contra el cambio climático, una estrategia que deberá ser compatible con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media anual de superficie en el mundo a dos grados como máximo con respecto a los niveles preindustriales. 
Habida cuenta de la reducción de las emisiones requerida a escala planetaria, todos los países deberán realizar esfuerzos conjuntos en los próximos decenios. 
La Unión estima que convendría establecer, para el grupo de los países desarrollados, unos perfiles de reducción del orden del 15 al 30 % de aquí a 2020 con respecto a los valores de referencia de Kyoto, y más allá, en el espíritu de las conclusiones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, unas reducciones del orden del 60 al 80 % de aquí a 2050. 
En el curso del Consejo Europeo de Bruselas hemos debatido una serie de cuestiones del ámbito de los asuntos exteriores. 
Sé que apenas han conseguido ustedes contener su alegría por lo que hemos dicho sobre la reforma de las Naciones Unidas. 
Hemos aprovechado la ocasión que nos brindaba el Consejo para volver sobre el doloroso tema del Líbano, un país que va de desgracia en desgracia y que merece la solidaridad de los europeos. 
Por consiguiente, hemos pedido a Siria que ponga en práctica rápidamente los compromisos contraídos de retirar todas sus tropas y servicios de inteligencia del Líbano. 
Señor Presidente, me habría gustado presentar un cuadro más completo, pero añadiré lo que falta al final del debate, si es que habrá un debate. 
. Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, me complace venir hoy aquí para compartir con ustedes el análisis de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo de Primavera y explicar la manera en que la Comisión pretende hacer un seguimiento de las importantes decisiones que se han tomado. 
En conjunto, considero muy positivas las conclusiones del Consejo de Primavera, que son particularmente importantes por celebrarse esa reunión en un momento tan crucial en el que era necesario demostrar la capacidad de la UE para hacer frente a los principales desafíos socioeconómicos que se le presentan a Europa. 
Creo que hemos respondido satisfactoriamente a ese desafío y que la Comisión ha dado el impulso y la orientación política necesarios. 
No puedo dejar pasar esta oportunidad sin elogiar el esfuerzo y la habilidad del Presidente Juncker y, en general, de la Presidencia luxemburguesa en todo este proceso. 
Quiero llamar aquí su atención sobre una idea que me parece esencial con relación a ese Consejo, ahora y para el futuro de la Unión: la idea de la convergencia entre las principales instituciones. 
De hecho, el primer párrafo de las conclusiones es claro sobre los objetivos estratégicos de la Comisión, presentados por mí mismo, para el período 2005-2009: «Los Jefes de Estado y de Gobierno han tomado nota y han acogido con satisfacción el acuerdo entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre las prioridades de la Unión para los próximos años, en particular respecto a la actividad legislativa». 
Este espíritu nos ayudará a vencer las dificultades previsibles que se adivinan en el futuro de la Unión. 
En concreto, quiero destacar que las decisiones tomadas por el Consejo Europeo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la renovada Estrategia de Lisboa permitirán que los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para completar el tríptico en el Consejo Europeo de junio y alcancen, como esperamos, un acuerdo sobre las futuras perspectivas financieras de la Unión. 
– Ahora me gustaría comentar en detalle los tres temas principales que, como saben, se debatieron en el Consejo Europeo de primavera. 
En primer lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Como todos sabemos, el consenso en torno al Pacto se rompió en noviembre de 2003. 
Ahora se ha alcanzado un nuevo consenso en torno a un marco fiscal adecuado. 
La Comisión ha realizado una contribución muy importante a este respecto. 
La Comisión lanzó una serie de debates en su informe de finanzas públicas de 2004 y en septiembre de 2004 adoptó una Comunicación sobre el refuerzo y la clarificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Desde entonces, la Comisión ha contribuido activamente al debate sobre la reforma del pacto y ha apoyado a la Presidencia en sus esfuerzos por alcanzar un consenso, manteniendo al mismo tiempo la esencia de nuestro marco presupuestario. 
El acuerdo del Consejo Europeo fue un resultado muy positivo porque restauró la credibilidad respecto al pacto y preservó las prerrogativas de la Comisión. 
Conforme a este acuerdo, los principios del Tratado se mantienen. 
El déficit presupuestario de los Estados miembros no puede sobrepasar el 3 % del PIB, y la deuda pública sigue limitada al 60 %. 
Para evitar un déficit excesivo, toda superación de estos límites solo puede ser temporal y debida a circunstancias excepcionales. 
Una nueva característica es que se pide a los Estados miembros que sean más disciplinados. 
Deben intensificar sus esfuerzos por reducir el déficit en períodos de crecimiento, teniendo en cuenta que se ha introducido un grado de flexibilidad para períodos de dificultad económica. 
La Comisión pretende presentar sus propuestas de modificación de la normativa relevante antes de finales de mes para que la reforma pueda completarse en junio. 
Redunda en beneficio de todos que avancemos rápidamente hacia la conclusión de la reforma del pacto a fin de ofrecer una mayor transparencia y previsibilidad en cuanto a las finanzas públicas y la evolución presupuestaria. 
Es un calendario ambicioso pero que puede cumplirse, sin duda, con la cooperación de todas las partes implicadas: los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo. 
Estoy seguro de que puedo contar con su cooperación para alcanzar estos objetivos. 
La Comisión hará lo que sea necesario para garantizar el éxito de este proyecto conjunto, y está dispuesta a trabajar estrechamente con ustedes para alcanzar este objetivo, como se solicita en la propuesta de resolución común. 
Para ser eficaz, el pacto debe contar con el apoyo político más amplio, razón por la cual el apoyo mayoritario del Parlamento reviste la máxima importancia. 
Señor Presidente, Señorías, gracias al papel muy activo de la Presidencia, el reciente Consejo Europeo ha generado el impulso político que necesitábamos para relanzar nuestros esfuerzos por lograr las metas de Lisboa. 
Hemos vuelto a encarrilar esta estrategia fijando unos objetivos claros, a saber, el crecimiento y el empleo, junto con iniciativas selectivas y efectivas e instrumentos simplificados, siempre respetando, por supuesto, los objetivos permanentes de la Unión, en particular el desarrollo sostenible. 
La Comisión está muy satisfecha con el resultado, pues sus propuestas sirvieron de punto de partida de las deliberaciones y las conclusiones del Consejo Europeo. 
Personalmente me alegro de que los Jefes de Estado y de Gobierno hayan aprobado y ratificado nuestro enfoque de forma tan unánime. 
Ello demuestra de modo elocuente la función creadora de oportunidades que la Comisión –apoyada, por supuesto, por el Parlamento Europeo, cuya principal resolución sobre el tema merece ser recordada– puede desempeñar en ámbitos que, reconozcámoslo, corresponden en gran parte a los Gobiernos nacionales. 
Lo esencial de nuestros mensajes ha sido bien recibido. 
Los debates entre los Jefes de Estado y de Gobierno han puesto de manifiesto que los Estados miembros habían asumido realmente nuestras ideas. 
Al decidir ahora el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, los Estados miembros han respondido también al informe Kok, debatido por el Consejo Europeo de noviembre. 
El próximo paso es designar coordinadores nacionales y elaborar para finales de año programas de reforma que detallen las medidas que es preciso tomar para impulsar el crecimiento y el empleo. 
El reenfoque de la estrategia sobre el crecimiento y el empleo, en el marco del desarrollo sostenible, ha recibido un amplio apoyo. 
Hay que aprovechar todos los recursos nacionales y comunitarios en las tres dimensiones –económica, social y medioambiental– para alcanzar estos objetivos. 
El Consejo Europeo ha hecho las aclaraciones necesarias sobre los objetivos de Lisboa y su vinculación con la estrategia de desarrollo sostenible. 
La mejora de la gobernanza, que los Estados miembros admiten que es esencial para la aplicación, ha sido también un aspecto importante, porque realmente ha servido para poner a prueba la credibilidad de la nueva Estrategia de Lisboa y comprobar si los Estados miembros estaban dispuestos de verdad a aceptar un sistema de gobernanza más severo. 
La respuesta ha sido positiva. 
Los elementos principales serán las directrices integradas y los programas nacionales, que se presentarán a finales de 2005. 
La tarea de la Comisión es ahora continuar este trabajo formalizando las consecuencias que se derivan de las conclusiones del Consejo Europeo. 
El primer hito ha sido la adopción por la Comisión, el 12 de abril, de las directrices integradas presentadas esta tarde en la Cámara por el Vicepresidente Verheugen y los Comisarios Almunia y Spidla. 
Es un ejercicio importante, en el que la Comisión confirma el nuevo enfoque más nítido sobre el crecimiento y el empleo y proporciona a los Estados miembros un marco único coherente para la elaboración de sus respectivos programas. 
Se pedirá al Consejo Europeo que lo convalide políticamente en su cumbre de junio. 
Nuestro enfoque crea un valor añadido real, y ello por tres razones. 
En primer lugar, sirve para reforzar la coherencia de las acciones y reformas que deben llevarse a cabo en las esferas macroeconómica y microeconómica y en el ámbito del empleo, arrojando la necesaria luz sobre el proceso de gobernanza económica y salvaguardando el necesario equilibrio entre estrategia operativa y visibilidad política. 
En segundo lugar, pone en marcha la elaboración del primer elemento del nuevo ciclo trienal de Lisboa. 
Por último, proporciona a los Estados miembros el marco político y estratégico en el que construir sus programas de acción nacionales. 
El segundo hito de este proceso será la presentación de un programa de Lisboa de la Comunidad. 
El Consejo Europeo ha manifestado su deseo de que la Comisión presente, como contrapartida de los programas nacionales, un programa de acción comunitario. 
Este documento, que deberá elaborarse para el verano que viene, recogerá las acciones ya enumeradas en el documento que acompañaba a nuestra Comunicación del 2 de febrero sobre la revisión de la Estrategia de Lisboa. 
La Comisión también pondrá rápidamente en práctica este programa comunitario presentando las numerosas iniciativas principales que hemos señalado y que el Consejo Europeo ha confirmado, como la reforma de las ayudas estatales, la creación de un Instituto Tecnológico Europeo y la iniciativa i2010. 
El tercer hito será una comunicación en forma de guía metodológica para los informes nacionales. 
Así, la Comisión proporcionará una orientación inicial para la elaboración de los informes nacionales. 
El cuarto y último hito será la elaboración y análisis de los programas nacionales, que prevemos para el segundo semestre. 
Por consiguiente, hemos visto y podemos constatar ahora que no se trataba de una mera declaración política, que el Consejo Europeo ha querido de verdad recuperar la Estrategia de Lisboa y que ya estamos poniéndola en práctica. 
Al margen del debate sobre la estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo ha reafirmado la importancia del mercado interior de los servicios para el objetivo central de crecimiento y empleo, subrayando que debe preservar el modelo social europeo. 
El Consejo Europeo ha pedido que se realicen todos los esfuerzos necesarios en el marco del proceso legislativo de la directiva de servicios para obtener un amplio consenso que responda a todos esos objetivos. 
Quiero subrayar una vez más, como ya hice el 2 de febrero, que la Comisión cree que es posible alcanzar ese consenso. 
En este punto, su Parlamento está llamado a desempeñar naturalmente un papel crucial. 
La tercera cuestión importante que se ha debatido en este Consejo Europeo era el desarrollo sostenible. 
Celebro que las conclusiones del Consejo Europeo de primavera hayan confirmado la importancia de la estrategia de desarrollo sostenible, aclarando al mismo tiempo que la estrategia de Lisboa contribuye al logro del objetivo más amplio del desarrollo sostenible. 
En este contexto, es igualmente importante señalar que el Consejo Europeo ha tomado nota de la importancia del desafío del cambio climático, en particular confirmando que el aumento anual mundial de las temperaturas de superficie no debe superar los 2 grados Celsio con respecto a la era preindustrial. 
Por otra parte, observo con satisfacción la acogida positiva que se ha dado a la Comunicación de la Comisión titulada «Vencer el cambio climático» y la petición que se le ha hecho de que prosiga su análisis de las ventajas y costes de las estrategias de reducción de las emisiones de CO2. 
Esta ayudará a la Unión a elaborar una estrategia a medio y largo plazo, orientada a la reducción de las emisiones del 15 % al 30 % de aquí a 2020 para los países industrializados. 
La Comisión tiene previsto proseguir su actividad a través de la segunda fase del programa europeo sobre el cambio climático. 
Por último, celebro que el Consejo Europeo haya emitido una señal clara de la voluntad de la Unión de dar un nuevo impulso a las negociaciones internacionales explorando opciones para un régimen posterior a 2012. 
El Consejo Europeo quiere adoptar en junio una declaración sobre los principios rectores del desarrollo sostenible y tiene previsto examinar la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible en el segundo semestre de este año. 
En este ámbito, la Comisión presentará también las propuestas pertinentes para conseguirlo. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme decir para concluir que el resultado del Consejo Europeo de primavera constituye, como sin duda corroborarán ustedes, una excelente plataforma para trabajar por el relanzamiento de la economía de la Unión Europea en el marco más amplio del impulso del desarrollo sostenible. 
Pero todavía hay mucho trabajo por realizar para poner en práctica las orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo Europeo. Ello requiere la movilización de todas las partes afectadas, y puedo asegurarles que, por su parte, la Comisión se ha movilizado plenamente para aportar su contribución sin dilación. 
Cuento con su participación y su apoyo activo. 
Voy a terminar tal como he comenzado, refiriéndome a la idea de convergencia entre las instituciones, convergencia en torno a los objetivos a medio plazo, y creo que es este mismo espíritu de convergencia –que también estuvo presente ayer cuando me dirigí a la Comisión Temporal sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada– el que debe prevalecer en el próximo período. 
El Consejo Europeo ha logrado un avance significativo en su cumbre de primavera, con la revisión de la Estrategia de Lisboa y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El próximo escollo que hemos de salvar es el de las perspectivas financieras. 
Para ello, la cooperación entre la Comisión y el Parlamento será esencial, al igual, por supuesto, que el trabajo que efectuamos en estrecha cooperación con el Consejo Europeo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos acoge con satisfacción los resultados del Consejo de Primavera con respecto a la Estrategia de Lisboa. 
Creemos que ha encontrado una manera adecuada de expresar sus ideas, con unos objetivos ambiciosos, pero también realistas. 
Al igual que el Consejo y la Comisión, creemos que nuestro objetivo tiene que ser mejorar la competitividad de la Unión Europea, conseguir un mayor crecimiento y utilizar ambas cosas para crear más puestos de trabajo. 
La tarea conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento es formular nuestra legislación europea para que podamos hacer justicia a ese objetivo. 
Esto se aplica en particular a toda la legislación relacionada con REACH; dicho de otro modo, a la legislación sobre productos químicos, un ámbito en el que el Parlamento Europeo y el Consejo tienen una enorme tarea legislativa por delante. 
Insto a la Comisión a que también haga su propia contribución en este terreno. 
En el marco de la Estrategia de Lisboa, acogemos con especial satisfacción la buena cooperación, no solo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, sino también –y más importante– con los parlamentos nacionales. 
El Presidente de esta Cámara ha sugerido lo que a mí me parece una excelente iniciativa: que el Parlamento Europeo consulte con sus homólogos nacionales sobre la Estrategia de Lisboa. 
Esa consulta es buena para la propia Estrategia de Lisboa, y también para intensificar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, y debería servir de ejemplo para otros sectores políticos. 
En cuanto a la estabilidad de la moneda europea, la gran mayoría de nuestro grupo hubiera querido que se cumplieran las normas actualmente vigentes. 
Queremos insistir categóricamente en que la confianza en la estabilidad de la moneda europea constituye la base de la confianza mutua entre los europeos mismos y en el proceso de unificación europea. 
Sin embargo, hay que reconocer –y me dirijo en particular al Presidente en ejercicio del Consejo Europeo con su experiencia; creo que ha sido la única persona que estuvo presente en Maastricht y que firmó el Tratado– que se ha tenido cuidado en no recortar los criterios del 3% y del 60%. 
Así pues, la interpretación de que podríamos llegar o incluso sobrepasar el 4% es totalmente incorrecta. 
En las conclusiones se dice expresamente que aunque la deuda sobrepase el 3%, tiene que estar cerca del 3%, y eso no da carta blanca ni sirve de excusa para contraer una deuda nueva e ilimitada. 
En nombre de nuestro grupo, insto a la Comisión a que siga desempeñando con firmeza su papel de guardiana de la legislación y de la estabilidad en el futuro. 
Respecto a la cuestión de Croacia, si bien nuestro grupo no cree que se esté tratando justamente a Croacia, acogemos con satisfacción los esfuerzos realizados, en especial por el Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, para que, en última instancia, no solo el Tribunal Penal Internacional de la Haya decida o dicte un fallo preliminar sobre la conveniencia de iniciar negociaciones, sino que se establezca también una comisión que estudie la situación en Croacia. 
Recomiendo que comencemos a trabajar con rapidez para poder iniciar las negociaciones con Croacia. 
Apoyo totalmente lo que se ha dicho sobre Kyoto. 
Estamos a favor de los que promueven firmemente la reducción de emisiones. 
En nuestra resolución conjunta, la resolución de compromiso del Parlamento, también adoptamos una postura en el apartado 35 sobre el embargo de armas impuesto a China. 
Nuestro mensaje a los Jefes de Estado y de Gobierno es que esta Cámara –y creo que en eso estamos de acuerdo– o al menos este Grupo, se opone a levantar el embargo de armas por motivos de derechos humanos, entre otros. 
La gran prioridad en las próximas semanas es que se apruebe la Constitución Europea. 
Pedimos a todos los implicados que ayuden a conseguir mayoría en los referendos de Francia y los Países Bajos, de manera que pueda sentarse una buena base para todos los referendos posteriores, porque la Constitución es nuestra principal prioridad y necesitamos la Constitución Europea para el futuro de Europa. 
. – Señor Presidente, Señorías, honorable Cámara vacía, he escuchado al señor Poettering con mucho interés. 
En el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo estábamos muy interesados en saber cómo está afrontando el hecho de que una serie de Jefes de Gobierno demócrata-cristianos posean una opinión distinta a la de la gran mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en esta Cámara. 
Ha sacado a relucir frases relativamente elegantes para ocultar ese distanciamiento en la familia de partidos conservadores entre el bloque del grupo parlamentario, que ya de por sí es más heterogéneo que homogéneo, y los Jefes de Gobierno. 
¿Cuáles son las cuestiones que nos ocupan? 
El señor Poettering ha empezando hablando de Lisboa y ha acogido con gran satisfacción la Estrategia de Lisboa. 
En todo eso estamos totalmente de acuerdo. 
Tenía toda la razón –al igual que el Presidente de la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo– al decir que en esta cumbre se han lanzado señales sobre Lisboa y sobre la aplicación de los objetivos de Lisboa. 
Eso era algo que también esperábamos; es la buena noticia de esta cumbre y la que nos da ánimo. 
En todo eso estamos totalmente de acuerdo. 
Solo combinando la reforma del Pacto de Estabilidad – y la necesidad de una mayor flexibilidad que también supone para los Gobiernos nacionales – y los objetivos concretos del proceso de Lisboa, podrán entenderse correctamente la cumbre y su resultado, señor Poettering, porque aquellos que quieren invertir y deben invertir en los objetivos de Lisboa, deben estar también dispuestos a invertir en esos objetivos como Estados. 
En la combinación de los instrumentos necesarios para dotar de mayor flexibilidad a este pacto y a los objetivos del proceso de Lisboa, tal como se describe, reside la especial atracción del resultado de esta cumbre. 
Por eso el Grupo PSE puede manifestarse totalmente de acuerdo con los resultados. 
Eso queda también reflejado en nuestra resolución de hoy, que aprobaremos con un amplio apoyo; supongo que los escépticos del Grupo PPE-DE estarán ahora de acuerdo con el texto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es casi idéntico al que solicitamos antes de esta cumbre. 
Esperamos que así lo hagan y que lo disfruten. 
He escuchado con la misma atención, señor Poettering, cuando hablaba a favor –y entiendo perfectamente el porqué– de que las negociaciones con Croacia comiencen rápidamente. 
Esta tarde comprobaremos cuánto puede confiarse en las declaraciones realizadas por el Grupo PPE-DE cuando se trate de sacar conclusiones durante las negociaciones para la adhesión. 
Pero si a los croatas que tienen sus esperanzas depositadas en la fiabilidad de sus declaraciones se les trata esta tarde del mismo modo que a Bulgaria y a Rumanía, tendríamos que decirles con antelación en Zagreb que deben hablar de nuevo con el señor Poettering. 
El Grupo PSE acoge con gran satisfacción el hecho de que las conclusiones del Consejo sean esperanzadoras especialmente en otro ámbito. 
En los últimos años y en lo que respecta al papel de Europa en el mundo, en nuestras demandas como socialdemócratas hemos hecho hincapié en el desarrollo sostenible y el cambio climático. 
Las resoluciones que se están adoptando ahora –a las que se ha referido el Presidente de la Comisión una vez más– señalan el camino. 
Debemos decirles a los ciudadanos –me refiero a sus acertados comentarios sobre el referendo de Francia– que ningún país de este mundo y ningún país europeo, ni siquiera los países altamente industrializados, podrán enfrentarse por sí solos a los desafíos del siglo XXI. 
Para Europa, eso significa la Comunidad por sí sola: en la comunidad económica, monetaria y social y en la comunidad que Europa puede desarrollar como una fuerza, como una comunidad para el desarrollo sostenible y para la reducción de los peligros medioambientales. 
Estos son desafíos mundiales, y ni Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Bélgica, ni Portugal pueden hacerles frente por sí solas. 
Es Europa como continente y la UE como modelo político de organización de ese continente quienes tienen que hacer frente a estos riesgos. 
Ese fue un mensaje de la cumbre de primavera de este año, que no debe subestimarse. 
Los socialdemócratas de esta Cámara están también agradecidos por ello, y ese es el motivo por el que podemos apoyar nuestra propuesta de resolución, con la esperanza de que reciba un amplio apoyo, con la conciencia tranquila, de los miembros del Grupo del PPE-DE y del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
. – Señor Presidente, a menudo parece que corresponde a los Estados miembros más pequeños rescatar a Europa de los problemas que crean sus miembros más grandes. 
Señor Juncker, me temo que se considera usted, una vez más, víctima de grandes expectativas. 
La Unión Europea se enfrenta ahora a retos importantes que pondrán a prueba no solo su capacidad de contemplar las esperanzas y necesidades de sus ciudadanos, sino su capacidad de mantenerse unidos. 
El reto a que se enfrentaba el Consejo Europeo era el de revitalizar nuestro potencial de crecimiento económico. 
Nuestra economía se ha estancado desde que se lanzó la Estrategia de Lisboa en 2000; es como si un virus del milenio de proporciones continentales hubiera dañado nuestra competitividad y mermado nuestra voluntad de tomar decisiones difíciles. 
La cumbre se anunció como un relanzamiento de la Agenda decenal de Lisboa, pero los liberales y demócratas tienen la impresión de que los líderes de Europa andaban sonámbulos por su camino. 
El lenguaje grandilocuente de las conclusiones del Consejo no se apoya en la dignidad del pensamiento disciplinado. 
El texto tenía un alto contenido retórico pero adolecía de medidas prácticas. 
Los llamamientos a un compromiso de crear nuevos factores competitivos, a que los consumidores se beneficien de nuevos productos y servicios y a que los trabajadores adquieran nuevas aptitudes se combinaron, paradójicamente, con una petición a la Comisión a que reescriba un instrumento clave de la legislación del mercado interior que permita el crecimiento del sector de los servicios. 
El proyecto de Directiva de servicios es mejorable, pero esto lo harán de modo serio el Parlamento y el Consejo sectorial competente, y no los Jefes de Estado actuando para la galería y apelando al sentimiento nacionalista. 
Las conclusiones del Consejo Europeo hablan de perspectivas financieras para proporcionar a la Unión fondos suficientes para cumplir sus compromisos políticos, especialmente las prioridades de Lisboa, pero mientras tanto los Estados miembros reclaman un presupuesto restrictivo y al mismo tiempo congelan el gasto exterior durante siete años. 
Los liberales y demócratas de esta Cámara no comparten la satisfacción del señor Barroso con la cumbre de primavera. 
Señor Juncker, felicitamos doblemente a su Presidencia por esa «misión imposible» : su capacidad legendaria para articular un compromiso ha salvado los restos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Aun así, su redacción vaga y la ambigüedad de sus cláusulas producen escalofríos a los economistas ortodoxos, y el uso que hace el señor Berlusconi de su recién encontrada flexibilidad para ofrecer exenciones fiscales ante unas elecciones generales muestra el extremo hasta el que los líderes irresponsables llegarán a tratar a sus socios de la zona del euro. 
¿Qué ha ocurrido con el liderazgo de Europa? 
¿Dónde está el sentido del objetivo común? 
¿Resulta sorprendente que los ciudadanos franceses o británicos muestren poco entusiasmo por un nuevo Tratado cuando dos de nuestros líderes más antiguos han sido lamentablemente incapaces de explicar y justificar la Unión ante sus compatriotas? 
La falta de liderazgo a escala nacional y europea amenaza con hacer descarrilar no solo el Tratado Constitucional, sino la totalidad del proyecto. 
Si no se ratifica la Constitución, la culpa recaerá justamente y en su totalidad en los líderes que sacrifican a largo plazo la Unidad Europea en aras de la popularidad nacional a corto plazo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo evitar la conclusión de que su Partido Popular Europeo está fallando a nuestra Unión. 
No han sabido ustedes usar su mayoría en el Consejo para elaborar una estrategia económica coherente en casa. 
Son incapaces de hacer formar a sus tropas aquí para cumplir nuestro compromiso con Bulgaria y Rumanía, por no decir nada de su actitud respecto a Croacia que acabamos de escuchar. 
Nos humillamos en el extranjero cuando nuestra Unión olvida convenientemente sus escrúpulos para obtener favores comerciales de regímenes totalitarios en Rusia o China; cuando hacemos la vista gorda respecto a tantos sufrimientos en Sudán; cuando nos callamos ante la reacción exagerada de América cuando encarcela a ciudadanos nuestros sin cargos y niega el espacio aéreo a nuestras compañías aéreas. 
En estas condiciones, la Unión Europea perjudica a sus ciudadanos. 
Europa necesita y merece algo mejor. 
. – Señor Presidente, Señorías, por una vez también hay buenas noticias para el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en las conclusiones de un Consejo Europeo. 
No ocurre a menudo y, tal vez por ese motivo, el Presidente Barroso ha dicho que los Verdes están fuera del sistema o son antisistema. 
Yo no lo creo y espero utilizar los años y meses que quedan de legislatura para cambiar su opinión. 
Digo esto porque no nos complace particularmente saber que la Comisión se contuvo en los cuatro puntos de esta cumbre que nosotros considerábamos relativamente positivos porque había adoptado una posición distinta. 
Estos puntos son: la reforma del Pacto de Estabilidad; objetivos precisos cuantificados en lo que respecta al Protocolo de Kyoto, que la Comisión lamentablemente decidió no mencionar; el reequilibrio de la Estrategia de Lisboa en términos de sostenibilidad medioambiental y social, aunque de modo vago e impreciso; y un tipo de nueva comprensión de la realidad con respecto a la Directiva Bolkestein, aunque resulta muy difícil admitirlo, incluso en el Parlamento, que antes de aprobar la Directiva Bolkestein es necesario elaborar una directiva sobre servicios de interés general. 
También creemos que la reforma del Pacto de Estabilidad ha sido positiva y que ahora es mucho más capaz de tener en cuenta la situación económica general y las situaciones nacionales específicas. 
Por supuesto, estos aspectos positivos se ven contrarrestados en buena medida por el hecho de que las normas sobre la calidad del gasto siguen siendo demasiado vagas. 
Por ejemplo, decidir invertir hasta 700 millones de euros anuales en la construcción del reactor termonuclear experimental internacional, cuando ni siquiera los comentaristas más optimistas prevén que se pueda utilizar antes de 2050 –si es que se llega a utilizar–, significa no reconocer la urgencia de aplicar el Protocolo de Kyoto ni el potencial de las energías renovables, y no invertir en este último sector. 
Creemos que este es un gran error. 
Asimismo, lamentablemente tenemos que reconocer que durante el Consejo Europeo no se tuvo en cuenta el hecho de que un entorno macroeconómico saneado debe incluir una reforma fiscal para que la carga impositiva que hoy en día grava el empleo se derive hacia la degradación medioambiental, ayudando a hacer más atractivo el empleo regular. 
Esto es lo que afirmaba Jacques Delors en 1992, y desde entonces no hemos avanzado. 
Presidente Barroso, Comisario Verheugen, creo que realmente deberíamos aprender algo de la triste historia de la economía de Italia y de su Gobierno, que llegó al poder prometiendo un nuevo milagro económico mediante la reducción de impuestos y normas medioambientales, y hoy el país ocupa el último puesto en la tabla de crecimiento y competitividad en Europa. 
Creemos, Presidente Barroso, que la Unión Europea necesita hacerse ver y oír, en parte para ganar el referendo constitucional en Francia y para convencer a los ciudadanos de que el valor añadido europeo realmente existe, de modo que la iniciativa de la Comisión en el marco de la Estrategia de Lisboa pueda traducirse en nuevas leyes. 
No nos complace el hecho de que la Comisión se contente con desempeñar un papel de coordinación. 
No creemos que sea suficiente, porque significa que para los votantes franceses, entre otros, el único mensaje que les llega de Europa es el de la Directiva Bolkestein, la patentabilidad de los programas informáticos y las políticas del en los ámbitos económico y político. 
Esto no es lo que queremos. 
Creemos que es necesario avanzar en una dirección distinta y, sobre todo, instamos a la Presidencia y al Presidente Barroso a que tomen nota de lo que hemos llamado –al igual que la Comisión– «la revolución de la ecoeficiencia». 
La industria de la ecoeficiencia y las empresas de este tipo están creciendo a un ritmo del 5 % anual en estos momentos y creemos que es necesario invertir más en este sector y tomarlo más en serio. 
Por último, comparto absolutamente todo lo que ha dicho el señor Watson, con una excepción: mi Grupo y yo no creemos que las prisas, la premura y la lucha desesperada por la adhesión de Bulgaria y Rumanía nos ayuden a convencer a los búlgaros, a los rumanos o a los europeos de la viabilidad del proyecto. 
. – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la reciente revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento divulgadas por la Comisión, y la capitulación que ello implica a la vista de las bajas tasas de crecimiento registradas en 2004, demuestran que las políticas presupuestarias y monetarias, restrictivas a nivel europeo y de los Estados miembros, han frenado la demanda interna, la inversión pública y la recuperación económica. 
Eso ha tenido repercusiones negativas en el desempleo, la pobreza, la exclusión social y el aumento de las desigualdades sociales y territoriales confirmado por los 20 millones de desempleados y los casi 70 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, a pesar de que los beneficios de las grandes empresas de la UE han registrado un aumento del 78% en 2004 y los beneficios como porcentaje del PIB en la zona euro se acercan actualmente al máximo registrado hace 25 años. 
En esta situación, ¿cómo puede aceptarse el llamado relanzamiento de la Estrategia de Lisboa cuando se basa en la competitividad y en la creación de una mano de obra más atractiva para las empresas, cuando pone el acento en profundizar las políticas de liberalización, sobre todo en el sector de los servicios, en aumentar la flexibilidad de los mercados, en reducir los derechos de los trabajadores o en ampliar los sectores con unos niveles salariales bajos, cuando persiste en mantener las propuestas relativas a la Directiva sobre la organización del tiempo de trabajo y en la creación de un mercado interior de servicios? 
Nosotros no lo aceptamos. 
¿Cómo se puede aceptar que las conclusiones del Consejo apenas hagan referencia a la inclusión social y se refieran únicamente a los niños en situación de pobreza, sin apuntar una visión multidisciplinar e integrada de la lucha contra la pobreza y la exclusión social? 
¿Cómo se puede aceptar que, a pesar de la anunciada revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se siga insistiendo en el cumplimiento de metas restrictivas, aunque algo flexibles, a la vez que se da prioridad al desmantelamiento de la seguridad social pública y universal, cuando se sabe que la inversión pública y el mantenimiento de los sistemas públicos de seguridad social son esenciales para combatir la pobreza y la exclusión social? 
Por todo eso, insistimos en la necesidad de retirar las propuestas de directiva sobre el tiempo de trabajo y sobre el mercado interior de servicios y de sustituir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un Pacto de Crecimiento y Empleo. De ese modo, podrá darse prioridad a la creación de 22 millones de empleos de alta calidad y con derechos antes del año 2010, para cumplir los objetivos establecidos en el Consejo Europeo de Lisboa y reducir a la mitad la pobreza y la exclusión social, conforme se aprobó en la Estrategia de Lisboa en 2000. 
Creemos que la lucha contra las desigualdades de ingresos y la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades y de una convergencia real, deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda económica y social de la UE. 
. – Señor Presidente, después de todo lo que dijo el señor Juncker hace un mes en esta Cámara y en otros lugares en el sentido de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estaba muerto o como mucho necesitaba quedarse como estaba, ahora nos enteramos por el Consejo Europeo de que vive de nuevo. 
Lázaro ataca de nuevo. 
Pero no vive, está fallando. 
Dentro de un año este pacto podrido deberá amañarse o tirarse a la papelera, como propuse la última vez. 
No obstante, la reunión fue notable por algo que no debatió: el reembolso presupuestario al Reino Unido. 
Por lo menos, el señor Chirac lo comentó después de la reunión, diciendo a los reporteros que ya no podía seguir justificándose porque era cuestión del pasado. 
El señor Barroso se hizo eco de estas declaraciones. 
Quizás quieran ustedes justificar el hecho de que el Reino Unido pagaría a la UE 14 veces más que Francia sin el reembolso, e incluso con él pagaría el equivalente a dos veces y media la contribución francesa. 
El señor Barroso también ha dicho que el 70 % del gasto de la Comisión se dedicaba a la agricultura cuando se acordó el reembolso, mientras que las nuevas propuestas lo reducirían a un tercio. 
De hecho, lo que se propone es que tres cuartos del futuro gasto se destinen a la agricultura en las regiones pobres. 
Esas son las prioridades de la Comisión. 
Eso no interesa al Reino Unido, con reembolso o sin él. 
Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que la propuesta de la Comisión podría suponer un aumento de un 35 % del presupuesto, pero ha dicho que nuestro reembolso sigue siendo intocable. 
En el Reino Unido tenemos elecciones el 5 de mayo. 
Yo les aconsejaría que no intentaran volar de Londres a Bruselas al día siguiente. Se les adelantarían cargos de los partidos y Ministros gubernamentales de todos los colores apresurándose a llegar aquí en busca de un compromiso. 
Será un hito en el camino de salida de Gran Bretaña. 
Cuanto peor, mejor, porque en términos monetarios la UE será entonces 14 veces peor para el Reino Unido que para Francia. 
El cielo sabe, a pesar de los desesperados esfuerzos del señor Chirac, que las encuestas actuales muestran que la UE es cada día menos popular en Francia. 
. – Señor Presidente, Señorías, es el momento de decir que los Gobiernos han entendido por fin que el Pacto de Estabilidad no puede servir de freno ni obstaculizar el crecimiento económico. 
Los resultados del Consejo Europeo de Bruselas han subrayado la necesidad de flexibilizar un poco las normas que están paralizando la economía a través de una interpretación demasiado rígida y esquemática del Pacto de Estabilidad, que es lo que en última instancia ha frenado el desarrollo de muchos Estados miembros. 
Con el declive de la economía mundial y la nueva situación internacional, Europa necesitaba tomar finalmente la decisión de superar su incapacidad para mirar al futuro con la flexibilidad necesaria. 
Ya no es posible imaginar una Europa competitiva en el escenario internacional cuando su tasa de crecimiento equivale tan solo a la mitad de la de los Estados Unidos. 
Ya no es posible creer que el valor de la estabilidad, aunque positiva en sí misma, es suficiente para superar la falta de flexibilidad que ha congelado el crecimiento en la última década. 
Nos complace que el Consejo Europeo haya logrado un amplio consenso en torno a la reforma del Pacto y destacamos el acuerdo alcanzado sobre las reformas estructurales que especifican la política correctiva que los Estados miembros deben adoptar para cumplir los criterios del Pacto, si sus déficit superan el límite. 
El sistema de pensiones, el sector de la investigación y la innovación, la formación y las principales obras estructurales y de infraestructura son compromisos de inversión que no siempre resultan compatibles en términos contables con los límites fijados por los criterios. 
Aunque no hay duda de que el Pacto debe aplicarse equitativamente en los países que lo han suscrito, es igual de cierto que la economía de la Unión Europea de los 25, que se caracteriza por su considerable heterogeneidad y diversidad, requiere un marco común más variado y más estructurado que permita comprender mejor las diferencias, sin renunciar a los objetivos establecidos en los criterios de referencia. 
Me gustaría recordar al señor Watson, a quien he escuchado con atención, que no hay una estrategia económica porque no existe una estrategia política, y porque seguimos utilizando las normas económicas y financieras del siglo pasado para hacer frente a los nuevos horizontes de este siglo. 
Señor Presidente, otros diputados se han excedido del tiempo asignado más que yo, así que las normas deberían aplicarse a todos o a nadie. 
Las reglas son las mismas para todo el mundo, señora Muscardini. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo está muy orgulloso de declarar que la Estrategia de Lisboa es su máxima prioridad, y de hecho, lo ha vuelto a declarar. 
Me recuerda un dicho que aparece en la obra de Nikolai Gogol y que dice algo así como «los viejos no han muerto todavía, los jóvenes no han nacido todavía, pero todos suponen una amenaza para los vivos.». 
La antigua estrategia está agonizando, la nueva está todavía en pañales, pero ambas amenazan a los europeos con cheques sin fondos, prioridades contradictorias y palabras huecas. 
El Presidente del Consejo ha declarado hoy que los europeos no se toman la molestia de leer la Estrategia y que no les gusta, pero que eso no es culpa suya. 
La reacción a muchas de las propuestas del Consejo es «sí, pero… » y el «pero» se refuerza tras una lectura más detenida. 
Así sucede, por ejemplo, con el Programa Marco de Investigación y el Desarrollo. 
Debería servir para abrir las puertas de par en par a la investigación en toda la antigua y nueva Unión. 
Pero no debe convertirse en una puerta trasera para volver a nacionalizar las contribuciones de los Estados miembros más ricos. 
La competitividad ocupa un lugar destacado en los documentos más recientes del Consejo. 
Eso ocurre sobre el papel, pero en la práctica, en la vida real, la Directiva relativa a los servicios se ha dejado de lado, cuando lo único que pretendía era reforzar la competitividad y ponerla en práctica. 
¿Quiere el Consejo estar en misa y repicando? 
Asia debe alegrarse cuando ve como Europa, su competidor principal, se debilita. 
Resultan evidentes las medidas que habría que adoptar, en lugar de generar miedo dentro de la Unión. 
Las pequeñas empresas de Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Lituania, deberían recibir el mismo trato que las empresas de la antigua Unión. 
Señorías, todos saben que ese no es el caso. 
El Consejo se ha referido a la redistribución de ayuda y me preocupa que en la práctica eso pueda significar menos fondos para los nuevos Estados miembros. 
El Consejo no ha disipado estas preocupaciones. 
El Consejo se ha referido a la reforma del sistema para la ayuda regional. 
Me preocupa que, dicho claramente, eso pueda servir de excusa para profundizar la división de Europa en una Unión pobre y nueva y otra antigua y rica. 
Esta última se olvidaría gustosamente del principio de solidaridad que supuestamente sustenta a las Comunidades Europeas. 
–Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, las cosas son como son y solo que dispongo de dos minutos para mi intervención, de modo que me limitaré a hablar del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para decir que la existencia de un acuerdo político en el seno del Consejo para remendar algunos aspectos de este Pacto es una buena noticia. 
La Presidencia luxemburguesa puede enorgullecerse de un éxito que de ningún modo se daba por descontado. 
Sea como fuere, este acuerdo de reforma nos coloca en una situación bastante paradójica, ya que, mientras que la nueva versión del Pacto contiene innovaciones muy sensatas, particularmente en la vertiente preventiva, hay que reconocer que solo suscita una tibia adhesión. 
Para vencer las reticencias, conviene ocuparse prioritariamente de la tarea esencial, a saber, restablecer la confianza en un Pacto que ha sido mal gestionado durante demasiado tiempo y recuperar su credibilidad. 
Sigue habiendo demasiadas zonas de sombra para evitar que las disputas de interpretación se reanuden de nuevo y permitan que cada cual interprete las normas a su gusto. 
Todavía subsisten demasiadas dudas sobre el compromiso de los Estados miembros de respetar un conjunto de principios que se han fijado ellos mismos. 
Incumbe en primer lugar a la Comisión, señor Presidente, aclarar estos principios mediante la incorporación de las enmiendas fundamentales establecidas por el Consejo en sus reglamentos de 1997, que constituyen el marco del Pacto. 
En estas circunstancias, el trabajo en torno a estas propuestas reviste una importancia particular y es imperativo prestar más atención al detalle. 
Me limitaré a citar dos ejemplos. 
¿Qué compromisos concretos de derivarán de las disposiciones preventivas del Pacto, que constituyen de algún modo la moneda de cambio de la flexibilización de las reglas en otros terrenos? 
¿Cómo conciliar en los textos la necesidad reafirmada de simplicidad, transparencia y equidad en el procedimiento de déficit excesivo con la complejidad de los mecanismos que empiezan a perfilarse? 
Por lo que se refiere a la confianza y la credibilidad, corresponde naturalmente a los Estados miembros rendir cuentas y reclamar coherencia. 
Ni siquiera el más benévolo de los observadores habrá dejado de advertir que los debates en torno a la reforma del Pacto se han limitado la mayoría de las veces más a alegatos ante un tribunal industrial que a debates con siquiera un mínimo de objetividad. 
Debo decir, señor Presidente, que esta detestable actitud ha tenido efectos psicológicos devastadores, no solo dañando gravemente el principio de igualdad de trato entre los Estados miembros, sino también socavando el fundamento de una comunidad basada en el Estado de Derecho. 
–Señor Presidente, Señorías, la cumbre de primavera ha sido un éxito. 
La Presidencia merece nuestras felicitaciones por haber encarrilado un compromiso razonable en torno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y por haber relanzado la Estrategia de Lisboa. 
La Unión se encuentra en una situación extraña. 
Somos el primer exportador mundial y el primer mercado para el resto del mundo. 
Nuestra Unión es un remanso de paz, una entidad política atractiva a la que quieren adherirse cada vez más miembros. 
Al mismo tiempo, practicamos una especie de autoflagelación, revolcándonos en el declive anunciado de la Casa Europa. 
Sin embargo, los hechos contradicen ese discurso pesimista. 
Nuestra Europa, vista desde el exterior, es un modelo de bienestar. 
Combina un elevado nivel de vida con unas normas sociales y medioambientales que prácticamente carecen de precedentes. 
Europa crea empleo: 6,5 millones de puestos de trabajo en los últimos cuatro años. 
Es cierto que nuestro crecimiento es más lento que el de China, pero una economía que representa cerca de la cuarta parte del producto bruto mundial crece por fuerza más lentamente que una economía que despega en un país que ha conocido un siglo de estancamiento. 
Incluso con una tasa de crecimiento de tan solo el 2 %, la economía de nuestra Unión crece cada año el equivalente a la magnitud de la economía de Taiwán. 
La teoría que prevalece es que Europa se ha quedado descolgada de los Estados Unidos en materia de competitividad y productividad. 
Si miramos más de cerca veremos que las ganancias de productividad norteamericanas se dan sobre todo en determinados sectores de servicios que, como el comercio mayorista, el comercio minorista, el sector inmobiliario y la intermediación financiera, no entran en absoluto en competencia directa con sus homólogos europeos. 
En cambio, Europa admite un retraso –y en este caso se trata de un auténtico retraso– en el sector de los semiconductores y de las máquinas de oficina. 
De forma bastante sorprendente, nuestras empresas tienen una ventaja de productividad en las comunicaciones y los servicios informáticos. 
De hecho, Europa supera a los Estados Unidos en 37 de un total de 56 sectores económicos. 
Es cierto que Europa va con retraso en materia de investigación, pero el culpable es sobre todo el sector privado: mientras que el 80 % de los 1,2 millones de investigadores norteamericanos trabajan para el sector privado, solo un 48 % del millón de investigadores europeos están empleados en este sector. 
La estrategia reenfocada de Lisboa puede y debe aportar respuestas a todos estos problemas. 
Para maximizar su éxito, la Unión necesita un contexto macroeconómico favorable. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento revitalizado, al permitir ajustar la política de gasto público en respuesta a las tendencias cíclicas y al favorecer el efecto de la inversión, ayudará a fomentar el crecimiento. 
La estabilidad es sin duda un bien público. 
El caso es que la Unión, y en particular la zona del euro, no han conocido nunca un grado tan alto de estabilidad. 
La inflación ya no es un problema, la moneda es fuerte y los tipos de interés han alcanzado niveles más bajos que nunca antes. 
Nos falta más crecimiento y más demanda interior, en particular en algunos de nuestros países más grandes. 
El hecho de que el Reino Unido, Suecia y Dinamarca registren un crecimiento mayor que la zona del euro incluso con unos tipos de interés más altos, debería hacer reflexionar al Banco Central Europeo. 
Sin duda, los socialistas apoyan al Presidente en ejercicio del Consejo, aunque sea un destacado miembro del Partido Popular Europeo, cuando recuerda al Banco Central Europeo que, aun siendo el único responsable de la política monetaria, la dirección de la política económica europea es tarea de los Gobiernos nacionales. 
Este es otro ámbito en que hemos de insistir en la «separación entre Iglesia y Estado». 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, felicito al Presidente en ejercicio del Consejo de Luxemburgo por concluir el trabajo de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el mes pasado. 
En su nueva forma, el pacto muestra una serie de aspectos positivos. 
Su aspecto preventivo se ha reforzado; los Estados miembros tienen un incentivo para apartar algo por si viene una época de vacas flacas. 
Al mismo tiempo, se le está prestando una mayor atención al nivel de deuda de los Estados miembros. 
Las distintas situaciones económicas de cada uno de los Estados miembros se han tenido más en cuenta que en el pasado. 
A este respecto, hay muchas posibilidades de trabajar en el futuro con soluciones realistas a los problemas si se excede el déficit y los criterios de deuda. 
La reforma del pacto debería ayudar a reconciliar las políticas económicas de los Estados miembros, y al mismo tiempo, subrayar la necesidad de una política financiera sostenible. 
No obstante, tengo mis dudas sobre si estos aspectos positivos son suficientes para impulsar la zona del euro. 
Me temo que estas reformas no conseguirán restaurar la confianza perdida de los ciudadanos. 
En mi opinión, el pacto reformado tiene demasiados puntos débiles. 
En el futuro, el Banco Central Europeo será el único responsable de garantizar la estabilidad del euro, puesto que, a todos los efectos, el pacto ya no funcionará como segundo pilar de estabilidad. 
El mayor margen para la interpretación y las circunstancias especiales no especificadas tentarán a muchos Estados miembros a acumular nuevas deudas. 
Puede que eso obligue pronto al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés y ponga en peligro lo que ya es un crecimiento débil en la zona del euro. 
En mi opinión, la Comisión se ha debilitado más que fortalecido después del proceso de reforma. 
Dudo que sea capaz de desempeñar eficazmente sus funciones como guardiana del pacto. 
La aplicación sistemática del mecanismo de sanciones contemplado en el pacto en caso de violación del mismo parece hoy menos probable que nunca. 
Espero que consiga, a pesar de estos recelos, evitar posibles daños a la zona del euro. 
La revisión de los Reglamentos nº 1466 y 1467 debe aclarar un texto que ahora es ambiguo. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa espera que el Parlamento Europeo se implique activamente en el proceso de modificación de esos reglamentos y de vigilancia del cumplimiento del pacto. 
– Señor Presidente, ayer se publicó una encuesta de opinión en Escocia que incluía una pregunta relativa al proyecto de Constitución de la UE. 
Escoceses a favor de suscribir la Constitución: 35 %; contrarios a suscribir la Constitución de la UE: 49 %. 
Hace cinco años se habría recibido una respuesta mucho más positiva por parte de Escocia. 
En efecto, históricamente Escocia se ha mostrado mucho más positiva respecto al compromiso con nuestros socios europeos que otras partes del Reino Unido. 
Aun así, a pesar de todas las conversaciones, tras la caída de la Comisión Santer, sobre el restablecimiento del contacto con los ciudadanos, muchas de nuestras políticas y directivas todavía se consideran insensibles e inapropiadas para la vida real en nuestras comunidades, especialmente en Escocia, con el desastroso fracaso de la Política Pesquera Común. 
Pero pienso que la Directiva de servicios puede seguir minando la confianza del público y no creo que el Consejo o la Comisión la hayan manejado sensiblemente. 
Se considera en gran medida otro ataque a servicios públicos esenciales. 
Ha corrido mucha tinta sobre los efectos potenciales del principio del país de origen, pero si queremos ser sensibles a la realidad, hay mucho más que eso. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, el sistema jurídico y reglamentario de Escocia está totalmente separado del de Inglaterra y Gales, y así sucesivamente. 
Me gustaría ver un mayor reconocimiento del que tenemos hasta la fecha, no solo de las sensibilidades de cada Estado miembro, pero también de las diferencias dentro de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, a pesar de que el Presidente en ejercicio del Consejo se ha marchado y de que el Presidente de la Comisión está participando en una conversación, voy a decir lo que tengo que decir. 
Lamentablemente, Lisboa relega la política social a un segundo plano. 
Con los cambios propuestos en el Pacto de Estabilidad y para la propia Estrategia de Lisboa, esta no puede convertirse en una estrategia a favor de los intereses de los trabajadores. 
Eso es una paradoja y es absurdo que, por una parte, hablemos de crear la economía más productiva del mundo y que, por otra, queramos reducciones en los presupuestos o, en otras palabras, una cohesión menor. 
Solo si adoptamos una serie de medidas radicales, que incluya también otros ámbitos, podrá convertirse Lisboa en una estrategia a favor de los intereses de los trabajadores. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea – Izquierda Verde Nórdica está en total desacuerdo. 
Solicitamos que se introduzca un verdadero Estado social en Europa cuyo objetivo sea el pleno empleo. 
Que se adopte una estrategia cuyo objetivo sea conseguir un alto nivel de vida sin sacrificar a nadie en aras de una mayor competitividad. 
Que se eliminen los llamados horarios flexibles, que descomponen el tejido social. 
Que se introduzca una semana de 35 horas en toda regla sin ningún tipo de reducción salarial, lo cual supondría contratar más personal. 
Estamos en contra de una estrategia de crecimiento unilateral que beneficia a las grandes empresas y al sector privado. 
Seguiremos esforzándonos por conseguir que los responsables en la Comisión Europea y en el Consejo adopten finalmente una postura que anteponga los intereses de los ciudadanos a los intereses económicos. 
Eso solo puede conseguirse mediante cambios radicales en el Pacto de Estabilidad y en la Estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo ha declarado que la Directiva relativa a los servicios debería dotarse de una mayor dimensión social. 
Después de todo, la intención no puede ser aprovecharse de los trabajadores de los Estados miembros que aplican unas condiciones de trabajo menos estrictas o competir de manera desleal con los proveedores de servicios en los Estados miembros donde se aplican unas condiciones de trabajo más estrictas. 
El incumplimiento de la actual legislación laboral dará lugar a situaciones no deseadas, y esta posibilidad inquieta a los ciudadanos. 
La Directiva permite que, de acuerdo con la legislación europea, los proveedores de servicios estén obligados a cumplir la legislación laboral aplicable en cada país. 
Sin embargo, eso presupone que la legislación laboral se aplique de modo efectivo; de lo contrario, se sacará provecho de las personas y la competencia será desleal. 
Hasta la fecha, las garantías de aplicación previstas por la Directiva propuesta no han sido insuficientes. 
En la propuesta, la vigilancia de la aplicación se asigna al país de origen y no al país de destino, lo cual ocasiona una situación inviable. 
De hecho, no puede esperarse que las autoridades polacas, por ejemplo, comprueben si los trabajadores polacos en los Países Bajos realizan su trabajo de acuerdo con las condiciones de trabajo neerlandesas. 
Necesitamos un enfoque distinto para establecer un sistema viable que permita vigilar las condiciones de trabajo en todos los Estados miembros. 
El país de origen tendrá que declarar, como mínimo, que un ciudadano suyo va a trabajar en el país de destino. 
De ahí se deduce que el intercambio de información es el primer paso para hacer posible la aplicación de la legislación laboral. 
Supongo que la Comisión incluirá este deber de informar en la Directiva. 
Ocho organizaciones medioambientales han llamado la atención sobre las consecuencias de esta Directiva para la naturaleza, el medio ambiente y la salud, y han hecho bien. 
Parece como si el concepto de integración del Tratado de la UE, con el desarrollo sostenible como objetivo final, se hubiera pasado por alto temporalmente. 
En general, el Consejo no ha explicado la dirección que quiere tomar y de qué modo puede dotarse a la Directiva de una dimensión más social y más medioambiental que, en el fondo, era el objetivo del proceso de Lisboa. 
Lo cierto es que era el Parlamento, en lugar del Consejo, el que tenía que dar el siguiente paso en el proceso legislativo. 
A pesar de ello, el Consejo incluyó la Directiva relativa a los servicios en el orden del día para acomodar los intereses específicos de algunos Estados miembros, y eso ha desestabilizado el marco institucional. 
Parece que, en este momento, el Consejo considera muy importante dotar de mayor protagonismo a esta dimensión social, dado el debate que rodea a la Constitución Europea en Francia, a pesar de que existen argumentos más apropiados que podrían esgrimirse en contra de esta Constitución. 
Señor Presidente, al evaluar los resultados del Consejo Europeo, nos vemos lamentablemente obligados a concluir que el debate sobre la Directiva relativa a los servicios ha ocupado un lugar central en el mismo. 
El resultado del debate sobre la Directiva relativa a los servicios, que la anterior Comisión consideraba su legado, es un entusiasmo claramente menor ante la posibilidad de conseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa reescritos por la actual Comisión. 
La Directiva tenía por objeto aumentar la competencia en sectores abiertos a la misma, para ganar consumidores, y prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, para las cuales las operaciones transfronterizas son imposibles en este momento. 
Con el texto propuesto, la Directiva fue rechazada por considerarse que suponía una amenaza para el modelo social de Europa. 
Hasta un grado sorprendente, la mayoría de las críticas se centraron en la aplicación del principio del país de origen a la prestación de servicios. 
Ese es el principio que rige toda la legislación del mercado interior, y el Tribunal Europeo de Justicia así lo ha respetado siempre en sus decisiones. 
La Comisión está perdiendo uno de los pocos instrumentos que quedan a su disposición y que es actualmente una de las piedras angulares más importantes de la fortalecida Estrategia de Lisboa. 
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde un punto de vista económico es comprensible, pero estaría plenamente justificada solo si la Unión Europea fuera un Estado unificado. 
Como dicen, al hambriento le resulta difícil comprender al que ha comido bien. 
Por tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se adoptó en tiempos favorables, no resulta conveniente en tiempos difíciles. 
En los buenos tiempos, los políticos carecen de voluntad para ahorrar por si viene una época de vacas flacas, y en los tiempos difíciles el deseo de realizar reformas estructurales se desvanece, así que no queda otra alternativa que cambiar las condiciones del pacto. 
La reforma del pacto reduce la disciplina fiscal de los Estados miembros y no los anima a mejorarla en los buenos tiempos. 
Sin embargo, las dificultades creadas por una moneda común más débil y unos tipos de interés más altos en los créditos afectarán a todos los Estados miembros, también a aquellos que tuvieron un buen comportamiento tanto en los buenos como en los malos tiempos. 
Las decisiones del Consejo Europeo producirán una reacción en cadena a todos los efectos. 
Quiero esperar que la actitud hacia la Estrategia de Lisboa sea distinta a la acogida que la Directiva relativa a los servicios ha tenido en el Consejo, que los aspectos positivos de la Estrategia de Lisboa proporcionen el impulso esperado, y que la carencia de disciplina fiscal y de reformas estructurales no ponga en peligro el modelo social europeo. 
Señor Presidente, no puede negarse que el pasado Consejo Europeo estuvo dominado por un factor externo: los referendos sobre la Constitución Europea que se van a celebrar en varios países europeos. 
Es precisamente en el contexto de esos referendos donde debemos enmarcar la decisión de revisar la Directiva relativa a los servicios. 
De hecho, está por ver que la Directiva Bolkestein se revise o modifique una vez celebrados los referendos. 
Después de todo, es un hecho que las decisiones europeas se toman casi siempre pasando por encima de los ciudadanos y que en el pasado, en más de una ocasión, no se han tomado totalmente en serio conceptos tan anticuados como la verdad y la democracia. 
Por lo que respecta a la Directiva Bolkestein, tenemos que decir que está, toda ella, plaga de ambigüedades. 
Incluso los especialistas en legislación europea poseen opiniones muy distintas acerca de cómo llevar a la práctica esta cuestión. 
Es un hecho que la definición tan general del concepto «servicio» , junto con el principio del país de origen, ocasionará cambios drásticos en los poderes y las responsabilidades de los Estados – y en algunos casos de los Estados federales –. 
Además, la propuesta afectará inevitablemente a los poderes y responsabilidades estatales en los ámbitos de la seguridad social, la asistencia sanitaria y la educación – todos ellos ámbitos en los que, en mi modesta opinión, debería aplicarse estrictamente el principio de subsidiariedad. 
Según el señor Bolkestein, las reglas del país de origen se aplican únicamente a los proveedores de servicios. 
Para mí es todo un misterio cómo puede evitarse la distorsión de la competencia o incluso el dúmping social con esas reglas, y también me pregunto si eso es realmente beneficioso para el consumidor europeo. 
Permítanme que sea especialmente escéptico respecto a los cientos de miles de nuevos empleos que se supone que esta Directiva va a crear en Europa. 
Como todos los demás, sigo esperando los millones de empleos que esos mismos economistas nos prometieron cuando se introdujo el euro. 
Quiero reiterar que no tengo ninguna fe en la promesa del Consejo de realizar pequeños cambios en la Directiva Bolkestein. 
No tengo fe en la repentina conversión al principio de «los míos primero» de tantos políticos de izquierdas que están ansiosos por ver el resultado de los referendos sobre la Constitución Europea. 
Como en el caso de Turquía, la política de la UE es a menudo una cadena de decepciones y de vergonzosas mentiras, y me temo que con la Directiva Bolkestein tenemos hoy más de lo mismo. 
–Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo por el papel que ha desempeñado en este Consejo de primavera al alcanzar el consenso necesario entre todos los Estados miembros en un período muy delicado de la historia de Europa. 
Por lo que respecta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creo que es importante, ya que garantiza la estabilidad necesaria de la moneda única. 
Pero lo que Europa necesita son criterios y no dogmas, y numerosas voces reclamaban en esta Cámara más flexibilidad. 
En realidad, lo que necesitamos es gobernanza económica. 
Este Pacto es también un pacto por el crecimiento, así que ¿por qué habría que penalizar a los países que inviertan más que otros en investigación, defensa o infraestructuras? 
Esto carece de sentido y está en flagrante contradicción con la Estrategia de Lisboa. 
En cambio, el aumento descontrolado e injustificado de los déficit y del endeudamiento debe ser severamente penalizado y los Parlamentos nacionales han de desempeñar plenamente su función de control presupuestario de sus Gobiernos. Se trata de los mismos Gobiernos con los que debemos deliberar sobre el advenimiento de una generación de ancianos de edad muy avanzada. 
Tendremos cada vez más personas centenarias. 
No podemos sino acoger con agrado este desarrollo de los acontecimientos, pero implica una transformación de nuestro sistema social y económico. 
Señor Presidente del Consejo, señor Barroso, estaremos muy atentos a las propuestas que presente al Consejo de junio sobre la estrategia de desarrollo sostenible en relación con el relanzamiento económico y social que reclama el proceso de Lisboa. 
El cambio climático constituye otro desafío para Europa. 
Por último, diré que celebro el compromiso de iniciar las obras para la construcción del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) en Cadarache antes de finales de 2005. 
Debemos recuperar la confianza de los ciudadanos europeos, deseosos de que evitemos todo dúmping social y fiscal. 
Eso es lo que trataremos de hacer en el Parlamento en relación con la directiva de servicios, y me ha sorprendido oír al orador anterior expresar sus dudas sobre el papel que puede desempeñar el Parlamento a este respecto. 
Permítanme recordarles, Señorías, que el poder legislativo lo comparten el Parlamento Europeo y el Consejo. 
En realidad, lo que falta en esta Europa es entusiasmo y confianza en sí misma. 
Nos corresponde a todos nosotros tranquilizar y convencer a las personas, para que nuestros conciudadanos puedan hacer suya la Constitución que es indispensable para la Europa de veinticinco Estados miembros. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, rara vez un documento ha recibido tan buena acogida en el Consejo –e incluso en esta Cámara–, y eso también se refleja en nuestra resolución. 
De hecho, veo una cierta convergencia entre las conclusiones del Consejo, las conclusiones de la Comisión y las opiniones de la mayoría de esta Cámara. 
La cuestión aquí es una Europa social en competencia mundial. 
Eso tiene que subrayarse, porque muchos ciudadanos se han llevado la impresión en los últimos años de que se trataba solo de competencia, pero no de una Europa social, o de que la Europa social se estaba perdiendo por el camino. 
Hoy, un orador ha expresado la opinión de que los dirigentes políticos de muchos países eran los culpables de que la Constitución se viera bajo un prisma tan negativo o crítico. 
No obstante, creo que eso quizás ha sucedido porque muchas personas no han podido identificarse con esta Europa, porque piensan que el aspecto social se está ignorando o dejando a un lado. 
Lo que este Consejo ha conseguido con la reforma del Pacto de Estabilidad –y por esto quisiera felicitar calurosamente a la Presidencia de Luxemburgo– no es abrir la puerta a más deudas, sino considerar las situaciones individuales de algunos países y dotar al pacto de una mayor flexibilidad. 
Lo que se ha dicho sobre el mercado de los servicios – supuestamente a escala mundial – tiene que ver con la apertura de un mercado común, no con el dúmping social, como el señor Juncker ha dicho en su última intervención. 
Esa es también nuestra línea. 
Celebro –también respecto a lo que ha dicho la señora Grossetête, y espero que vaya más allá de la fecha del referendo en Francia– que estemos encontrando una línea común en esta cuestión para conseguir una apertura para Europa que tenga en cuenta el modelo social. 
Posiblemente se ha hablado poco del Pacto por la Juventud. 
Es muy importante que enviemos a nuestros jóvenes la señal de que su Europa debe ser una Europa de empleo y una Europa social. 
El hecho de que tengamos en cuenta las cuestiones sociales no elimina la necesidad de avanzar en otra serie de reformas. 
Para terminar, una cuestión que también quiero mencionar es la investigación y el desarrollo. 
Tenemos una nueva propuesta para un programa de investigación y desarrollo. 
Señor Presidente en ejercicio, espero que usted, y más importante todavía, sus sucesores, consigan invertir suficiente dinero, iniciativa y esfuerzo en este programa de investigación, porque si queremos estar a la altura de la competencia, tenemos que promover la investigación y el desarrollo. 
– Señor Presidente, estamos muy preocupados por la tasa de crecimiento actual de la economía europea, las elevadas tasas de desempleo y todos los problemas sociales y medioambientales con los que tenemos que lidiar. 
Por lo tanto, me complace que hace un par de semanas el Parlamento adoptara una resolución sobre el proceso de Lisboa, y que muchas de sus sugerencias se tuvieran en cuenta en la cumbre de primavera. 
No obstante, sigo estando muy preocupada. Voy a ponerles algunos ejemplos en el terreno de la legislación y las políticas. 
En primer lugar, respecto al Programa Reach, es muy importante que tomemos una decisión. 
Eso es lo que el Parlamento declaró unánimemente hace un par de semanas. 
La incertidumbre es muy cara. 
En segundo lugar, respecto a la directiva de servicios sociales, el Parlamento está mucho más de acuerdo con la necesidad de esa directiva que el Consejo. 
Necesitamos una línea firme a este respecto porque la tasa de desempleo es una catástrofe para los seres humanos y para la economía. 
Respecto a los ámbitos políticos, hablamos de las PYME y elaboramos documentos muy bonitos sobre ellas y sobre la importancia de reducir los trámites burocráticos. 
Ahora el capital riesgo es esencial para el trabajo de las PYME. 
Al mismo tiempo que hablamos de las PYME, del desempleo, etc., tras el informe Lamfalussy existen ahora 240 subgrupos que están trabajando en torno a la nueva legislación para los mercados financieros. 
Eso es justo lo contrario de reducir los trámites burocráticos y conseguir suficiente capital riesgo para las PYME. 
El segundo ámbito político es la energía. 
Sabemos que tenemos problemas medioambientales, problemas de desempleo y problemas de desarrollo regional, y que necesitamos producir biomasa, calefacción urbana y trigeneración. 
Aun así, no hay cooperación entre la política agraria, la política energética y la política industrial. 
Esta cooperación es necesaria; es extremadamente importante. 
El Parlamento y, creo, la Comisión tienen voluntad, pero el Consejo no se muestra suficientemente firme. 
Tienen que ser más firmes, señor Juncker. 
– Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no quiere una Europa que juegue a tontas y a locas con nuestras prestaciones sociales y medioambientales, que forman parte de nuestra identidad europea. 
Y tampoco lo quieren sus ciudadanos. 
Por eso, acogemos con satisfacción las claras declaraciones de la Presidencia de Luxemburgo del Consejo de la Unión Europea y su compromiso con la tríada de cuestiones económicas, medioambientales y sociales. 
Las conclusiones de la cumbre de primavera son unas conclusiones buenas para Europa, ya que han puesto a la Comisión Barroso en su sitio y han demostrado el error de sus tendencias neoliberales. 
Pero ahora, esas declaraciones que celebramos deben respaldarse con medidas visibles, especialmente en dos sectores: en la protección medioambiental, necesitamos de una vez por todas una actuación europea para la protección climática, y eso tiene que reflejarse en las perspectivas financieras y en el Banco Europeo de Inversiones. 
Las inversiones en transporte público, las inversiones en la descontaminación de edificios y las inversiones en redes de calefacción a distancia reducen los daños climáticos y nuestra dependencia del petróleo. 
Poco se habló en la cumbre sobre el problema del petróleo y el freno que supone para el crecimiento europeo. 
En política social, esto significa que necesitamos una Directiva que proteja de una vez por todas los servicios públicos. 
Una de las prioridades de los meses restantes de la Presidencia de Luxemburgo debería ser la puesta en marcha de esta Directiva sobre los servicios públicos, porque de lo contrario el espíritu de Bolkestein seguirá cerniéndose sobre Europa. 
– Señor Presidente, si los cimientos de una casa se pudren, no sirve de nada que arreglemos el tejado para resistir el invierno. 
El Pacto de Estabilidad no merece ser reformado, merece ser abolido. 
En particular, la nueva disposición para tener en cuenta las llamadas reformas estructurales demuestra claramente lo que el Pacto ha sido siempre. No ha sido un intento de estabilizar los precios o fortalecer las finanzas públicas; ha sido un instrumento para justificar la adopción precipitada de unos planes neoliberales de liberalización y privatización, cuya aplicación ya había aumentado los beneficios de los conglomerados europeos en un 78 % en 2004. 
No obstante, los que cosechan esos beneficios están muy lejos de sentirse satisfechos. 
La propuesta de una Directiva relativa a los servicios es un nuevo intento de dejar definitivamente a un lado el modelo social europeo. 
En lugar de armonizar las normas por arriba, veremos una carrera desenfrenada de dúmping para establecer el mínimo común denominador; en lugar de bienestar cuando y donde corresponda, todos los sectores de la vida humana se verán comercializados. 
Esa es obviamente la visión que tienen de Europa los gabinetes de estrategia de los grupos de presión más importantes: las empresas. 
Setenta mil personas se manifestaron en Bruselas en marzo contra la brutalidad del proyecto neoliberal. 
Están esperando a ver si la crítica del Consejo tenía solo a la vista el próximo referendo de la Constitución en Francia, o si esa crítica irá seguida de unos hechos serios. 
Señor Presidente, Señorías, en su última reunión el Consejo Europeo reconoció que se ha conseguido muy poco con la Estrategia de Lisboa cuando ya se ha recorrido la mitad del camino. 
En realidad, ha sido un fracaso total. 
Quiero recordarle a la Cámara que la Unión no ha logrado el objetivo del 3 % de crecimiento económico que se propuso, y la diferencia entre el PIB por habitante en la UE y en los Estados Unidos ha aumentado, cuando se supone que iba a desaparecer. 
Únicamente se ha producido un ligero aumento del gasto en el ámbito fundamental de la investigación y el desarrollo, y el crecimiento del empleo en los ámbitos señalados por la Estrategia de Lisboa ha sido mucho menor de lo esperado. 
Todavía quedan importantes obstáculos para la libre circulación de productos y servicios en la Unión. 
Una condición para ese crecimiento sostenible y equilibrado que ahora es una simple y mera ilusión sería la liberalización del mercado de los servicios. 
He utilizado deliberadamente la palabra «sería» porque la que la libertad de actividad económica sigue siendo teórica, a pesar de las antiguas disposiciones del Tratado en ese sentido. 
El proceso de liberalización ha sido acogido con una gran oposición por parte de los funcionarios y las asociaciones de comerciantes de los países de la antigua Unión. 
Sus oponentes argumentan que la calidad de los servicios prestados por las empresas de los nuevos países es menor, y que estos últimos están participando en el dúmping social. 
Al mismo tiempo, los que se oponen a la liberalización están discriminando a sus propios conciudadanos, obligándoles a pagar unos precios excesivamente elevados por los servicios que precisan. 
Creo firmemente que otro catalizador fundamental para el crecimiento económico sería convertir la política de cohesión en algo más que en un simple eslogan propagandístico. 
Si queremos que la Estrategia de Lisboa se salve, el Consejo, la Comisión y, sobre todo, los funcionarios de la UE tienen que recordar el verdadero significado del principio de solidaridad y el modo en que de verdad funciona un mercado libre. 
Señor Presidente, Señorías, es sorprendente cómo unas elecciones inminentes pueden hacer a veces que los políticos recapaciten, e incluso que renieguen de sus propios principios. 
Por ejemplo, disfruto con malicia viendo el culebrón verdaderamente triste que se está representando en Europa en respuesta a la Directiva Bolkestein. 
Después de todo, antes del 1 de mayo de 2004 no oímos a nadie quejarse por la liberalización de los servicios, porque los planes del comisario neerlandés simplemente coincidían con la lógica europea de que los proveedores de servicios debían poder trabajar también con libertad en la UE. 
No obstante, para complacer al Presidente Chirac y para evitarle una humillante derrota en el referendo del 29 de mayo, ahora se dice que la Directiva –habiendo sido aprobada, desde luego, por los socialistas señor Lamy y señor Busquin– se volverá a modificar, si es que no se reescribe de nuevo. 
Ahora resulta que la Directiva se deja en suspenso de momento para no dar al «no» francés ningún triunfo más. 
La izquierda europea ha descubierto que el dúmping social pone en peligro los puestos de trabajo de su propia gente. 
Ha redescubierto también la importancia de defender los intereses nacionales y soberanos. 
La izquierda francesa, de nuevo leal a las tradiciones del anterior a la guerra, ha redescubierto el principio de «los míos primero» del que había abominado anteriormente y rechaza el principio del país de origen que establece la Directiva. 
Por supuesto, queda por ver si esta hipocresía será suficiente para impedir que el «no» consiga un triunfo aplastante el 29 de mayo. 
Al contrario de lo que pueden pensar los lumbreras de la Comisión, el electorado no es tonto. 
En Alemania se está creando una situación similar. El de hoy informa que el Canciller socialdemócrata, ansioso como está por que se celebren las elecciones el mes que viene en Renania del Norte-Westfalia, quiere imponer medidas estrictas para evitar que la mano de obra barata procedente de Europa del Este le quite empleo a los alemanes. 
¿Quién habría pensado que ese antiguo marxista internacionalista sería capaz de algo así? 
No podemos sino felicitarlo. 
Cada generación se enfrenta a sus propios desafíos. 
En el decenio de 1980 se nos dijo cómo mejorar nuestra competitividad, y en el decenio de 1990 se trató de reorganizar la financiación gubernamental. 
Ahora que nos enfrentamos a una competencia mundial cada vez más agresiva, a un mundo sujetos a continuos cambios y a una población que envejece, tenemos que estar a la altura del nuevo desafío que supone salvaguardar nuestro modelo social, que presupone el crecimiento económico en primer lugar. 
Mientras tanto, ahora todos somos conscientes de que no es suficiente con responder a esos retos con declaraciones y promesas incumplidas. 
Los ciudadanos están desilusionados; quieren ver hechos y resultados. 
Después de la cumbre europea, podemos decir que existe acuerdo interinstitucional y un cierto compromiso con el renacimiento de Lisboa, y esa es la razón por la que las conclusiones de la cumbre representan un nuevo inicio esperanzador y la presidencia merece que se le reconozca el mérito. 
Interpretémoslo de ese modo para los ciudadanos, y como ha sugerido el Presidente del Consejo, en su propio idioma. 
Ni que decir tiene que esperamos que las nuevas disposiciones relativas al Pacto de Estabilidad proporcionen una prueba convincente del mensaje que nos ha traído el Presidente del Consejo, y que podamos confiar en unos criterios claros y en una aplicación suficiente. 
Celebramos también que en las conclusiones se haya destacado la importancia de las pequeñas y medianas empresas, y esperamos que esto sea algo más que hablar de boquilla. 
Respecto a la Directiva relativa a los servicios, tenemos que concluir que, aunque se ha perdido una batalla de comunicación importante, no hemos perdido la guerra. 
Como colegisladores, haremos todo lo que esté en nuestra mano para posibilitar la libre circulación de servicios y nos aseguraremos de que se haga de una manera consecuente con el desafío de nuestra generación: garantizar el modelo social europeo con sus tres dimensiones. 
Señor Presidente, el comité director de la Estrategia de Lisboa del Parlamento acordó ayer trabajar a pleno ritmo y, por nuestra parte, puedo asegurar a la Presidencia del Consejo, a la Comisión, a mis colegas diputados a esta Cámara y a los diputados a los Parlamentos nacionales que seguiremos firmemente comprometidos con el logro de los objetivos y que pueden confiar en nuestra cooperación con vistas a ese fin. 
Señor Presidente, veo que el señor Watson no está presente en la Cámara, cosa que lamento. 
Tengo que distanciarme claramente de las críticas del señor Watson al señor Juncker, Presidente de la Unión Europea. 
Por supuesto, el señor Juncker no tiene la culpa de que Francia tenga actualmente un Gobierno tan impopular que no sea capaz de convencer a los ciudadanos franceses de que voten a favor del Tratado. 
Lo cierto es que el propio señor Juncker, a través del Consejo Europeo celebrado en marzo de este año, ha garantizado que el resto de nosotros podamos explicarles a los ciudadanos franceses que ahora tenemos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento diseñado con sensatez, que los equilibrios en el proceso de Lisboa han quedado retenidos y que ahora estamos en situación de dar el próximo paso, como ha dicho el señor Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, quien también ha dicho que, utilizando los dos instrumentos, junto con las iniciativas macroeconómicas, podemos crear más empleos y empleos nuevos en Europa. 
Quiero decirle al señor Watson, al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y a otros, estén o no presentes en esta Cámara, que de lo que se trata aquí es de una responsabilidad compartida por ellos y por nosotros, y también por el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, la totalidad de la Comisión, el señor Juncker y el Consejo. 
Tenemos que demostrar a los ciudadanos franceses que esta Unión Europea tiene una importante tarea ante sí, y es ayudar a la creación de más empleos, nuevos y mejores. 
Francia no puede crear más empleos, nuevos y mejores, por sí sola. 
Francia y los franceses necesitan un nuevo Tratado Constitucional, y esta nueva estructura europea, junto con el enfoque político adoptado ahora por el Consejo Europeo de marzo y, esperemos que también por el Consejo Europeo de junio, nos proporciona argumentos sólidos para seguir avanzando en nuestro trabajo por Europa. 
Europa no es el escenario de ningún espectáculo diario ni de revoluciones importantes. 
Es el escenario del trabajo duro, sensato y decidido, y eso es algo por lo que quiero felicitar al señor Juncker hoy. 
– Señor Presidente, Señorías, el acuerdo sobre el Pacto de Estabilidad tiene sus aspectos positivos, pero siguen pendientes algunas preocupaciones importantes. 
En primer lugar, es esencial reforzar y no debilitar el papel desempeñado por la Comisión en la gestión del Pacto, tanto en lo que se refiere a la contabilidad como a las inversiones, es decir, tanto en lo que afecta a la estabilidad como al crecimiento. 
En segundo lugar, debe quedar claro que el nuevo Pacto es favorable al crecimiento, al crecimiento de la economía y no al de los déficit: estos dos aspectos no deben vincurlarse entre sí, como parecen hacer algunos Gobiernos nacionales, por ejemplo el actual Gobierno italiano. 
Por tanto, instamos a las instituciones europeas a que trabajen para evitar renacionalizaciones peligrosas y a que adopten medidas decididas para impulsar el espíritu comunitario. 
De lo contrario, el propio futuro de la Unión estará en peligro si no mantenemos un enfoque comunitario a la hora de aplicar el Pacto y las demás políticas principales, en particular la vital Estrategia de Lisboa. 
– Señor Presidente, Señorías, el 19 de marzo se celebró en Bruselas una gran manifestación de los sindicatos y el movimiento pacifista en contra de la Directiva Bolkestein, en contra del libre comercio y de la guerra y a favor de una Europa social. 
Frente a la paradójica situación en la que nos encontramos, caracterizada por una moneda fuerte, una economía débil y una sociedad en crisis, enfrentados a la crisis del marco de Maastricht y de la Estrategia de Lisboa, en nuestra opinión, esta manifestación –que agrupó a decenas de miles de trabajadores de toda Europa, y hago hincapié en lo de toda, incluidos los nuevos países del Este– lanzó un claro llamamiento a favor de un necesario cambio de rumbo. 
Y todo esto, a pesar de la idea que tienen algunos de una Europa de dos niveles, es decir, la del dúmping interno, la Europa de la Directiva Bolkestein. 
La manifestación, por el contrario, puso de manifiesto la necesidad de una armonización de los derechos, naturalmente nivelados al alza. 
Lo que realmente necesitamos es una Europa que rechace la Directiva Bolkestein –la nefasta directiva sobre las horas de trabajo– y que, desde la izquierda, sea capaz de romper la jaula del libre comercio monetarista y de revitalizar –no reducir– las inversiones de calidad, los derechos, el desarrollo, el empleo y el medio ambiente: en otras palabras, que sea capaz de convertirse en una Europa social, la única posible. 
Queremos intentar llevar estas aspiraciones a la práctica en esta Cámara mediante nuestras propuestas y ayudar a traer a este Parlamento la fuerza de ese sentimiento que animó las calles de Bruselas, al que este Parlamento no puede dejar sin respuesta. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, debo decir que nos hemos vuelto extremadamente modestos al evaluar los resultados de las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Gozaríamos de una confianza y una credibilidad mucho mayores entre los ciudadanos si las medidas tomadas por los Gobiernos de los Estados miembros fueran más consecuentes con las decisiones que se toman. 
En este momento, dedicamos nuestro tiempo a celebrar cumbres en las que se corrigen decisiones en lugar de cumplir y seguir adelante con lo que se ha acordado. 
El Presidente en ejercicio es probablemente la única persona que incluso presenta resoluciones conjuntas en estos momentos. 
Nosotros celebramos cualquier tipo de acuerdo, porque la alternativa es la amenaza del fracaso. 
Por favor, hagan conmigo un breve análisis retrospectivo. 
En mi opinión, el problema que tenemos ante nosotros radica en la contradicción entre los Tratados Europeos y la acción política. 
Consideremos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: suplicamos que se cumpla, negamos que se haya debilitado, pero las infracciones y los márgenes de interpretación son cada vez mayores. 
Se organizan medidas de bloqueo y la Comisión ve obstaculizada su capacidad para intervenir e imponer sanciones. 
Croacia: decidimos que las negociaciones con Croacia se iniciarían el 17 de marzo, pero luego retrasamos el proceso de negociación a pesar de que se están cumpliendo las condiciones. 
Perspectivas financieras: queremos un acuerdo con la Presidencia de Luxemburgo, pero no recibimos señales de que haya cambiado algo en la cuestión del 1 % respecto a la propuesta de la Comisión. 
Bulgaria y Rumanía: un informe de progreso de la Comisión demuestra claramente qué condiciones no se han cumplido todavía, pero ya hay fecha para la firma de los Tratados. 
Se pide al Parlamento su consentimiento, pero al mismo tiempo el lunes se ignoraron los derechos del Parlamento. 
Lisboa: queremos el mercado interior y, por tanto, también un mercado interior de servicios, pero algunos estamos engañando a los ciudadanos al reducir la Directiva relativa a los servicios al principio del país de origen. 
Hago un llamamiento a todos nosotros, pero sobre todo a los Estados miembros: tenemos que hacernos de nuevo más responsables, tenemos que ganar confianza en las decisiones y tenemos que atenernos a las reglas que nosotros mismos hemos establecido. 
Necesitamos corregir menos de lo que ya existe; en cambio, necesitamos cumplir más estrictamente las decisiones tomadas por los Jefes de Estado y de Gobierno, los Tratados y las directivas. 
Señor Presidente, Señorías, en su última reunión, el Consejo Europeo tomó una serie de importantes decisiones que modificaban las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Quiero expresar mi apoyo a esos cambios. 
Es verdad que esas decisiones debilitan algunas de las disposiciones del Pacto y reducen su naturaleza restrictiva, pero eso no implica necesariamente una disciplina presupuestaria más relajada en los Estados miembros. 
Todos sabemos que las reglas del Pacto se han incumplido sistemáticamente durante bastante tiempo. 
En la actualidad existe un déficit presupuestario excesivo en un tercio de los Estados miembros. 
Esa es una situación muy deprimente, y se está minando la confianza en toda la Unión. 
La reforma del Pacto y, en particular, la mayor flexibilidad de los elementos preventivos, reforzarán sus poderes disciplinarios. 
Es mucho mejor tener unas reglas menos restrictivas que todos cumplan sin excepción, que unas reglas más restrictivas que se ignoren y se incumplan. 
También acojo con satisfacción las decisiones del Consejo para volver a impulsar la Estrategia de Lisboa y me complace que esas decisiones tengan en cuenta los resultados del Grupo de Alto Nivel encabezado por Wim Kok. 
Es fundamental que pongamos en práctica las reformas contempladas en la Agenda de Lisboa a la mayor brevedad posible, si queremos conseguir un mayor crecimiento económico sostenible y más empleo y si queremos preservar el modelo social europeo. 
Sin embargo, hay que recordar que los principales responsables de aplicar las reformas estructurales esenciales son ahora los Estados miembros. 
Ahora le toca a los Gobiernos y los parlamentos de cada país demostrar valor y visión políticos. 
Deben ser capaces de convencer a los ciudadanos de que una aplicación rápida y efectiva de la Estrategia de Lisboa redundará en su beneficio a largo plazo. 
Las instituciones europeas pueden y deben apoyar a los Gobiernos de los Estados miembros en este difícil proceso. 
La Comisión tiene que reforzar su papel como autoridad responsable de que se pongan en práctica las decisiones del Consejo, y debe vigilar el progreso de las reformas en cada uno de los países de una manera transparente. 
Debe existir una cooperación continua entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Señor Presidente, propongo la creación de un foro permanente en el que representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales puedan celebrar reuniones frecuentes sobre temas de interés en las que puedan debatirse los retos que plantea la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
De esa forma se promoverá un mayor sentido de la responsabilidad en la aplicación de la Estrategia de Lisboa en los parlamentos y se concienciará de su importancia para las sociedades europeas. 
No creo que tengamos razones para sentirnos satisfechos de esta cumbre, espectáculo vergonzoso caracterizado por el regateo político, y ahora esos mismos políticos derraman lágrimas de cocodrilo por el cinismo de los ciudadanos. 
Lo considero otro golpe para la credibilidad de la UE. 
Esta cumbre debería haber preparado la economía europea para el siglo XXI y debería haber introducido una mayor disciplina presupuestaria y un mercado libre de servicios, pero en vez de eso, nos hemos atascado con la antigua fórmula de deudas y proteccionismo. 
Llamar a eso política social es una vergüenza. 
Algunos dicen que el Pacto de Estabilidad ha sido rescatado, pero en mi opinión no ha habido más que demagogia en las vagas formulaciones, cláusulas de renuncia y trucos contables, por no mencionar el trato que ha recibido la Directiva relativa a los servicios de los líderes políticos. 
Los nuevos Estados miembros no sufren nuestra complacencia, pero son mucho más dinámicos y realizan reformas, y quiero ponerlos como ejemplo a seguir. 
Por último, señor Presidente, espero que tras los varios referendos y elecciones, la visión a largo plazo, el valor, el sentido de la responsabilidad y el liderazgo político puedan prevalecer una vez más. 
Señor Presidente, la economía europea está atravesando una situación delicada. 
La reciente cumbre europea coincide con una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea y, por tanto, con una revisión no solo del crecimiento, sino también de la creación de empleo. 
Lo que se nos anuncia es que en la Europa del año 2005 va a aumentar la tasa de paro y vamos a tener un estancamiento económico. 
Y eso es negativo y a eso es a lo que hay que responder lanzando mensajes claros, mensajes de confianza para los consumidores y mensajes de confianza para los inversores. 
El problema de la economía europea es la falta de confianza, que procede de políticas económicas que no están siendo capaces de insuflar esa confianza. 
La Agenda de Lisboa, el Pacto de estabilidad y la liberalización de los servicios son elementos clave para reforzar esa confianza. 
Y aquí hemos perdido una oportunidad en el mes de marzo. 
Hemos perdido la oportunidad de hacer una apuesta por unas finanzas públicas sanas y los ejemplos los tenemos dentro de Europa. 
Los países que han hecho un esfuerzo de saneamiento presupuestario son los que crecen y crean empleo en Europa. 
Los países que han hecho reformas estructurales contenidas en la Agenda de Lisboa son los países que ciertamente están creciendo y están creando empleo en el ámbito de la Unión Europea. 
No podemos hablar de un modelo social europeo sin fijarnos en esos países y no podemos hacer un discurso de autocomplacencia cuando lo que se ha hecho ha sido una revisión del Pacto de estabilidad basada en los intereses políticos de grandes países que no están creciendo y no están creando empleo y cuando se están introduciendo dudas sobre el carácter mismo del Pacto de estabilidad y también desconfianza respecto a las reformas económicas que necesita la Unión Europea. 
Esta es la oportunidad, señor Barroso, que tiene delante de sí para hacer válido su proyecto de que Europa sea el crecimiento y el empleo por el que todos apostamos. 
–Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es una cuestión que todavía no hemos planteado, pero creo que las condiciones en que ha tenido usted que negociar en el Eurogrupo y después en el Ecofin demuestran que puede existir un problema de coordinación de las competencias de los dos órganos. 
Ha mencionado usted también el 3 % y el 60 %, indicando que no han cambiado. 
Tiene usted razón. 
Le habría resultado difícil cambiarlos, porque esas dos cifras están inscritas en un protocolo adjunto a los Tratados que a su vez está recogido en un protocolo anexo a la Constitución. 
Quisiera volver sobre los elementos esenciales de esta reforma. 
Los primeros puntos, que creo que no hemos debatido suficientemente, son los puntos que nos permiten avanzar con vistas a armonizar las bases sobre las que cada Estado miembro tendrá que elaborar su presupuesto en el futuro, las perspectivas macroeconómicas que habrá que tener en cuenta y la mejora de los instrumentos estadísticos para evaluar los resultados de un determinado Estado miembro. 
La idea de implicar más a los Parlamentos nacionales parece estar de moda actualmente. 
No obstante, creo que, tratándose de competencias que siguen siendo esencialmente de los Estados miembros, es la manera correcta de actuar y es el espíritu con el cual, el 25 de abril, mantendremos en el Parlamento Europeo un debate con los Parlamentos nacionales sobre los desafíos de la política económica en Europa y en los Estados miembros. 
Cuando examino la realidad de esta reforma, encuentro decepciones. 
Cada Estado miembro ha venido con sus demandas y hemos asistido, como sucede a menudo, a una especie de regateo en el que cada uno se ha atribuido el mérito, sin que a fin de cuentas se creara un valor añadido europeo o la perspectiva real de una herramienta de crecimiento y empleo. 
Sé que comparte usted esta preocupación, es decir, que en el futuro una verdadera coordinación de las políticas económicas nos permita al fin sacar partido de todas las ventajas potenciales de la introducción del euro. 
Por último –si me lo permite, señor Presidente–, en relación con las reformas estructurales y, por tanto, con las pensiones, por desgracia son las grandes beneficiarias de esta reforma, puesto que habrá que tenerlas en cuenta tanto en la fase preventiva como en la evaluación de los déficit. 
Recuerdo lo que nos dijo usted en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. No parecía compartir usted necesariamente la idea de que una reforma de las pensiones debiera guiarse por principios contables. 
– Señor Presidente, la estabilidad y el crecimiento dependen de la salud de la economía. 
La economía de la UE sufre a diario –y a veces hablamos de millones de euros– debido al embargo impuesto por Turquía sobre el transporte marítimo de la UE. 
En teoría, este embargo iba en contra de Chipre, pero en la práctica afecta a toda la UE. 
Voy a explicar por qué con el siguiente ejemplo. 
Un barco de propiedad alemana con bandera francesa que transporta productos británicos para una empresa española no podrá recalar en puerto turco si se descubre que un miembro del consejo de la empresa que transporta los productos ha mantenido anteriormente relaciones de negocios con una empresa chipriota. 
Esto es ilegal y absurdo, y no hay excusa para que el Consejo y la Comisión toleren ni un día más semejante comportamiento agresivo por parte de un país candidato. 
Quisiera plantear brevemente otra cuestión. 
Hace dos días, , un diario de gran circulación y portavoz del Gobierno turco, informó de que el Consejo y la Comisión habían estado confabulándose en lo que suena como una conspiración para aislar y desestabilizar el Gobierno chipriota a fin de obligarlo a aceptar una solución impopular de la cuestión de Chipre. 
Sé que este informe es absurdo, pero se abusado del mismo para los fines de la propaganda turca y ha causado inquietud entre mis electores. 
Les insto a que afirmen hoy aquí que eso es totalmente falso y ridículo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha recibido muchos elogios. 
No obstante, estoy convencido de que fue un nacimiento muy difícil y que el resultado lo es todo menos satisfactorio. 
No pretendo restar mérito a los logros del señor Juncker y del señor Barroso en lo que se refiere a reconciliar egoísmos nacionales, pero lo que se ha dado es otro paso más hacia la destrucción de la estabilidad del euro. 
Ahora no nos damos cuenta de ello, porque de momento las deudas de los Estados Unidos y Japón son mucho mayores. 
Pero tan pronto como ellos reduzcan sus deudas, la estabilidad y los tipos de cambio del euro se cuestionarán. 
Aún así, por supuesto, los criterios del 3% y del 60% se han mantenido. 
Aún así, ya nadie discute el hecho de que las resoluciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento digan que debe hacerse un esfuerzo para equilibrar el presupuesto. 
La primera prueba, en lo que respecta a los dos grandes Estados, Francia y Alemania, no salió bien. 
Si no se puede respetar un pacto en tiempos difíciles, ¿qué justificación hay para respetarlo en los buenos tiempos? 
No me parece que este sea un concepto realista. 
La diferencia entre el 0% y el 3% supone por sí sola 250 000 millones de euros en la zona del euro. 
Ese dinero podría haberse utilizado para ciclos económicos a corto plazo, para catástrofes naturales o para obligaciones internacionales. 
Cuando las cosas llegan tan lejos, no hay nada que hacer. 
Por eso creo que incluso la referencia al Banco Central Europeo es insuficiente, porque aunque el Banco Central Europeo es independiente, es una filial de los bancos nacionales. 
El Banco Central Europeo tiene un consejo de administración, cuyos dos tercios están dominados por los gobernadores de los bancos centrales nacionales. 
Mientras el Banco Central Europeo no esté en posición de orientar su negocio de refinanciación dependiendo de que los bonos del Estado en la zona del euro tengan una calificación buena o mala, será incapaz de ayudar al euro a conseguir la estabilidad que necesita a largo plazo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el resultado del Consejo Europeo de primavera. 
Permítame decir cuatro cosas. 
En primer lugar, el proceso de Lisboa es equilibrado, lo cual significa también que los pilares son interdependientes. 
En segundo lugar, se hace mucho hincapié en el modelo social europeo, lo cual significa no solo más empleos, sino empleos de alta calidad, sistemas de seguridad social que sean seguros y que necesiten modernizarse y la conciliación de la vida laboral y familiar. 
En tercer lugar, acojo con satisfacción lo que se ha dicho sobre la Directiva relativa a los servicios. 
Creo que esta Directiva suscita cada vez más consenso en el Consejo y, por lo que yo creo, también en la mayoría de este Parlamento. 
Necesitamos una Directiva relativa a los servicios, pero diferente a la de la propuesta actual. 
Tenemos que ser capaces de retener el modelo social europeo. 
Tenemos que ser capaces de imponer unos requisitos medioambientales estrictos y fortalecer los derechos del consumidor. 
Creo que se puede elaborar una propuesta así. 
En cuarto lugar, el desarrollo sostenible es una cuestión de integración. 
Se trata del desarrollo sostenible ecológicamente, pero también – y en el mismo grado – del desarrollo sostenible económica y socialmente. 
Permítame decir, por último, que no todo es tan negativo. 
Es demasiado fácil ser pesimista. 
No hemos cumplido totalmente con el proceso de Lisboa, pero no obstante existen una serie de países que han cumplido muchos de sus requisitos. 
No voy a nombrar a esos países, pero una primera mirada revela que tienen un crecimiento combinado, una elevada tasa de empleo, sistemas sociales sólidos y requisitos medioambientales estrictos. 
Tenemos toda la razón para ser optimistas acerca del futuro. 
Señor Presidente, lamentablemente tengo que decir que el Consejo Europeo ha sido una demostración única de mal liderazgo. 
En un momento en el que la economía europea necesita realmente una reforma, cuando el desempleo es cada vez mayor –incluso en Suecia, señor Andersson– y el euroescepticismo está extendiéndose cada vez más, ¿qué hace el Consejo? 
En lugar de defender a Europa y tomar las riendas públicamente, los líderes de la UE se alejan completamente de una de las cuestiones más importantes del proceso de Lisboa, la Directiva relativa a los servicios. 
Temiendo el resultado de los referendos, dan oxígeno a las mentiras y mitos cultivados por las poderosas fuerzas de la izquierda en relación con esta Directiva. 
Se dice que no habrá fin para toda la miseria que sufrirán los consumidores y trabajadores europeos si se aprueba la Directiva relativa a los servicios. 
No obstante, el Consejo y la Comisión saben que esa Directiva, que no tiene nada que ver con la nueva Constitución, es extremadamente importante para el crecimiento europeo, para el empleo y para los consumidores. 
Naturalmente, nadie quiere que la Directiva relativa a los servicios ocasione dúmping social, pero en lugar de defender la Directiva, que ellos mismos han solicitado, ayudan a propagar multitud de ideas falsas, que no hacen más que provocar una desconfianza cada vez mayor. 
¿Cómo van a creer los ciudadanos en Europa si siquiera los que trabajamos con Europa a diario nos atrevemos a hacerlo? 
– Señor Presidente, se suponía que la cumbre de marzo iba a tratar de relanzar la Agenda de Lisboa. 
Lamentablemente, me temo que puede que pase a la historia como una especie de chapuza. 
El asalto aparente a la economía liberal por parte del Presidente francés y otros no ha sido una visión edificante. 
Oír que hemos calificado la liberalización de las economías de Europa de nuevo comunismo de nuestra era, si es verdad, ha sido una experiencia extraordinaria. 
Todo intento de minar nuestra Directiva de servicios es, lamentablemente, una clara señal de que las fuerzas antirreformistas en Europa permanecen activas. 
El Presidente Barroso ha dicho recientemente que hay quienes piensan que la Comisión Europea está ahí para proteger a los antiguos «15» de los nuevos «10». 
No es así. 
Tiene toda la razón; la Directiva de servicios es un elemento fundamental de una economía fructífera y dinámica. 
Aquellos que pretenden minar el progreso del mercado interior no hacen ningún favor a los millones de desempleados en sus países. 
Al contrario, como han demostrado tan claramente los nuevos Estados miembros, las economías que se liberalizan son las que consiguen crear empleo. 
El llamado modelo social europeo ha adquirido tal significado entre algunas naciones que parece casi imposible llevar a cabo una reforma apropiada. 
Me temo que este nuevo modelo, cualesquiera que sean los méritos que haya tenido en otros tiempos, es ahora una especie de talón de Aquiles para nuestra economía. 
Ha perpetuado el alto desempleo: 19 millones en el último recuento; ha fomentado las culturas antiempresariales; y todos los días que seguimos sin reformarnos, la competitividad de China, de los Estados Unidos y de la India aumenta en detrimento de nosotros. 
Como he dicho al señor Barroso, creo que es muy sincero en su intento de conseguir las reformas necesarias, pero otros no lo han abandonado; los Jefes de Gobierno, incluido nuestro Primer Ministro británico, cuyas visiones a corto plazo han dificultado mucho el avance que impulsa el señor Barroso. 
Hay algunas buenas conclusiones del Consejo, como las relativas al Protocolo de Kyoto y al desarrollo sostenible, pero me temo que las torpes tácticas de algunos líderes, que intentan frenar nuestra reforma económica y juegan con un Pacto de Estabilidad y Crecimiento cada vez más desacreditado, nos sirven de recordatorio oportuno a todos de que podríamos ver sacrificados nuestros intereses en aras de los intereses políticos a corto plazo si no llevamos cuidado. 
– Señor Presidente, Señorías, nuestros debates son a menudo repetitivos y, por eso, me gustaría empezar con una noticia que leí ayer y que me llamó profundamente la atención. 
Hace unos días, en Huang-Kan-Tun, en el sur de China, se produjo una revuelta popular, que lamentablemente se cobró dos muertes causadas por la brutal represión policial. 
Era una revuelta de toda la población de esta localidad en contra de una planta química de reciente instalación, que en poco tiempo ha contaminado gravemente el aire, el agua y el suelo. 
¿Qué quiero decir con esta noticia? 
Quiero decir que también en estas nuevas potencias económicas emergen nuevas necesidades ambientales, ecológicas, sanitarias y sociales, fruto del crecimiento económico. 
Esto indica claramente nuestro papel en la futura división internacional del trabajo: diseñar y vender tecnologías que permitan a estos países crecer sin repetir nuestros errores del pasado, como la contaminación y la opresión social. 
A la luz de todo esto, creo que la cumbre ha tenido un resultado positivo, porque ha revigorizado verdaderamente la Estrategia de Lisboa sobre la base de la interdependencia de los tres pilares; ha revitalizado el papel de la Unión Europea en el mundo como líder en el ámbito del desarrollo sostenible; y ha impulsado un protocolo de Kyoto 2 que es muy ambicioso e importante precisamente en este contexto. 
Me parece positivo, sobre todo, la reforma política de la gestión de la Estrategia de Lisboa según el principio de que cada uno debe desempeñar plenamente su propio papel: los Estados miembros, la Comunidad, las comunidades locales, la Unión Europea, etc. También el Parlamento debe hacer su parte, como se ha manifestado claramente. 
Lo haremos mejor, señor Presidente, si, como usted esperaba, continúa la colaboración que se está manifestando últimamente entre las instituciones en relación con la tarea que nos incumbe: elaborar una legislación avanzada. 
Pienso que una de las principales áreas en las que se presentará este reto será la Directiva REACH. 
Estoy seguro de que la deseada colaboración se producirá en los próximos meses para lograr este resultado. 
Como presidente de la Delegación de este Parlamento para las Relaciones con la República Popular China, quiero decir algo al Presidente del Consejo sobre el levantamiento del embargo de armas. 
Observo que, a pesar de conocer la oposición de una gran mayoría de esta Cámara a dicho levantamiento, el Consejo sigue teniendo la intención de presionar para levantar el embargo. 
Yo incluso me solidarizo con los chinos cuando cuestionan ese levantamiento como un gesto político y dicen que en una asociación estratégica como la nuestra no tienen cabida embargos como ese. 
Pero si queremos realizar un gesto político, debemos pedir otro a cambio, y eso no lo estamos consiguiendo de momento. 
Lejos de eso, la Ley contra la separación aprobada, en China el mes pasado, envía el mensaje equivocado. 
Este mismo mes, una delegación del Congreso Popular Chino explicará a esta Cámara cuál era la intención precisa que había detrás de esa ley y yo escucharé su explicación con gran atención. 
También creo que debemos pedir un gesto en relación con los derechos humanos individuales, porque los indicios de que se ha producido una mejora a este respecto en China recientemente son insuficientes. 
Así pues, señor Presidente en ejercicio del Consejo, si el Consejo quiere realizar un gesto político, le insto a exigir también algún gesto a cambio del Gobierno chino. 
Espero que el Consejo esté dispuesto a seguir esta línea, que goza del apoyo de la gran mayoría de esta Cámara. 
Señor Presidente, el resultado de la cumbre de primavera sugiere que, lamentablemente, la Unión Europea ha dado un paso atrás. 
Se está haciendo cada vez más difícil alcanzar los objetivos económicos legítimos. 
La relajación de los principios que rigen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es muy preocupante. 
La introducción de algo parecido al control manual, y la aplicación de los principios del Pacto únicamente a ciertos países y no a otros que incumplen sistemáticamente sus principios, es un enfoque corto de miras. 
¿Qué tipo de mensajes envía esto a los Estados miembros que decidieron emprender dolorosas reformas para conseguir una disciplina financiera y cumplir los criterios de convergencia? 
¿Qué tipo de ejemplo da eso a los nuevos Estados miembros? 
Lamentablemente, las declaraciones de la Estrategia de Lisboa siguen siendo papel mojado. 
Los Estados miembros y la Unión en su conjunto deben trascender la retórica y apoyar esas bellas declaraciones con medidas concretas y coherentes. 
Es imposible no estar de acuerdo con las Conclusiones de la Presidencia, a saber, que la realización del mercado único en lo que respecta a la libre circulación de servicios contribuirá al logro de los objetivos comunitarios relacionados con el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. 
La Directiva relativa a los servicios es una de las mejores partes de la Estrategia de Lisboa. 
La adopción de unas medidas coherentes que faciliten la realización del mercado único es el mejor modo de apoyar la Estrategia de Lisboa. 
Todos estos objetivos se alcanzarán más deprisa y más eficazmente si la Directiva relativa a los servicios que se está debatiendo actualmente no se diluye, se debilita ni se retrasa, alejándose de su forma original. 
Debemos garantizar la prestación de servicios con libertad y sin restricciones en todo el territorio de la Unión. 
Cuando trabajemos en esta Directiva, debemos asegurarnos de que contenga el mayor sentido común y las menores restricciones posibles. 
La Unión necesita poderosos catalizadores económicos para alcanzar sus objetivos económicos. 
Uno de esos catalizadores fue la adhesión de diez nuevos Estados miembros en la ampliación que tuvo lugar el pasado mes de mayo. 
Ahora se nos exige que sigamos avanzando. 
Debemos servir a los intereses de las futuras generaciones y no pensar solo en los tejemanejes de la política contemporánea, las elecciones y los referendos. 
Los ciudadanos de los Estados miembros esperan de nosotros que cumplamos con nuestro deber. 
Las bellas palabras no transformarán ni harán desaparecer la realidad contemporánea, caracterizada por la falta de voluntad de cambio, para abrir mercados y también por una disciplina macroeconómica debilitada. 
Tenemos que encontrar el valor para enfrentarnos al futuro. 
La ventaja de hablar al final de un debate es que se puede reflexionar sobre una serie de cuestiones que se ya se han debatido, y así quiero hacerlo mencionando tres malentendidos que han dominado el debate. 
El primero de ellos tiene que ver con la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se trataba simplemente de una cuestión de regateo entre los Estados miembros que se esforzaban por cumplir las normas del Pacto; también se debatió la política económica y los objetivos económicos que el Pacto debía conseguir en el contexto de la política macroeconómica. 
Puede que eso no se haya explicado muy bien en los medios de comunicación, pero sin duda es algo a lo que la Presidencia de Luxemburgo prestó su atención. 
Espero que la Comisión, desde esta óptica más macroeconómica, sea capaz de utilizar la reforma del Pacto como instrumento para mejorar la política macroeconómica europea. 
Mi segunda observación se refiere al tratamiento integrado de las directrices económicas y las directrices de empleo, así como a la política microeconómica tal como la presentó ayer la Comisión. 
Todo esto encaja, sin duda, en el marco de la estrategia de Lisboa, y mi grupo considera que deberíamos racionalizar estos procesos y optar por un enfoque integrado. 
No obstante, deberíamos asegurarnos de no crear una especie de jerarquía de procedimientos, para que no predomine ninguna formación particular del Consejo, Comisario, comisión especializada o estructura integrada en esta Cámara. 
No queremos un súper Comisario, un súper Consejo ni una comisión especializada que no se preocupe por nada más. 
Mi tercer comentario se refiere a la Directiva relativa a los servicios. 
En este sentido, quiero insistir una vez más en que nuestra oposición a esta Directiva no es por el deseo de frenar la libre circulación de servicios y de mano de obra, sino por las condiciones en las que se supone que va a tener lugar dicha circulación. 
La Comisión no ha hecho muy bien su trabajo, y debemos darnos cuenta de que la migración de mano de obra está estrechamente vinculada a la libre circulación de servicios y que, a este respecto, debería hacerse mucho más de lo que se ha hecho hasta la fecha, aparte de esta Directiva relativa a los servicios. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ya está hecho. 
Hemos celebrado la cumbre, se ha reformado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –como dicen muchos– o abolido –como dicen otros–, y se ha lanzado un ataque sobre la Directiva relativa a los servicios. 
No hay más obstáculos en el camino hacia la prosperidad y la recuperación de Europa. 
Ahora lo conseguiremos. 
Ese podría ser el mensaje. 
Le estoy agradecido, señor Presidente de la Comisión, por haber dicho al principio de su intervención que el debate sobre el Pacto de Estabilidad había comenzado porque el consenso que existía hasta ahora respecto al cumplimiento de las reglas se había roto y que, por lo tanto, no quedaba más remedio que hacer algo nuevo. 
Entonces surgió la cuestión de cómo proceder al respecto. 
En cualquier caso, me siento cómodo bailando al son que me marcan el Banco Central Europeo y el alemán al evaluar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si tenemos también en cuenta que muchos Estados han amenazado, en relación con el futuro crecimiento, con dejar de aplicar la legislación que se aplicaba hasta la fecha, me pregunto si así es como van a ser ahora las cosas. 
¿Tomaremos en el futuro decisiones de este tipo en Europa? 
Con respecto a la estrategia de Lisboa, quiero decir que espero una Comisión fuerte. 
Soy consciente, señor Presidente de la Comisión, que a usted le resulta más difícil que a Jacques Delors hacer realidad una visión, porque Jacques Delors tenía de su lado a varios Jefes de Gobierno. 
En aquel entonces tenía a Miterrand y a Kohl, que apoyaban activamente el progreso europeo. 
Es importante que la Comisión centre sus esfuerzos en lo que Europa puede alcanzar y no en producir demasiados documentos. 
Para el Consejo, es importante que los Estados miembros se comprometan con lo que periódicamente acuerdan y que hagan los deberes, para que también nosotros podamos alcanzar el objetivo. 
En cuanto a la Directiva relativa a los servicios, solo tengo que decir una cosa: probablemente votemos sobre Rumanía y Bulgaria esta tarde. 
A quienes se han opuesto a esta Directiva en el Consejo, solo quiero decirles que tenemos problemas relacionados con la libertad de los servicios en los 10 Estados, puesto que no se incluyó en los tratados de adhesión. 
No debemos repetir el mismo error ahora y echarle la culpa a otros; por el contrario, la libertad de los servicios debe corregirse en el concepto de Bulgaria y Rumanía de acuerdo con la voluntad de aquellos que están a favor de la misma. 
De lo contrario, nos enfrentaremos al mismo problema. 
– Señor Presidente, Señorías, las decisiones de la cumbre de primavera parecen buenas, pero todos sabemos que solo serán juzgadas por los hechos. 
Hay algunas buenas oportunidades y también algunos riesgos en nuestras decisiones. 
En general, asignamos nuevas responsabilidades al órgano de toma de decisiones políticas y debemos intentar que estas responsabilidades fomenten la integración y no la disociación. 
Las directivas transpuestas y los programas nacionales de reforma no deben consistir solo en generalidades, sino en opciones verdaderamente convergentes y comensurables. 
La flexibilidad del Pacto debe ser cada vez más transparente y debe guiarse exclusivamente por fines de crecimiento, según firmes criterios comunes. 
A este respecto, se ha abierto un expediente delicado que afecta a Italia, y quiero decir que instamos al Gobierno, a la Comisión, al Consejo y a Eurostat a que cada uno haga su trabajo con seriedad, transparencia y lealtad, porque el pueblo italiano tiene derecho a la claridad y la verdad en lo que respecta a sus cuentas públicas, o lo que es lo mismo, a su futuro. 
Con las decisiones de la cumbre de primavera dejaremos de estar en la situación en la que nos encontrábamos hasta ahora: si no tenemos más Europa, tendremos menos. 
Por esto es tan importante tomar decisiones que puedan garantizar la integración y de ahí el papel de la Comisión en la coordinación de las políticas macroeconómicas, la mejora de las bases estadísticas, la participación de los Parlamentos nacionales, la verdadera integración de los instrumentos de planificación nacionales y europeos, la fortaleza del presupuesto de la Unión, las inversiones en infraestructuras e investigación, la dimensión europea, etc. Tenemos que esforzarnos mucho por lograr todo esto. 
De momento, en cualquier caso, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a la Presidencia luxemburguesa. 
–Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al señor Juncker, Presidente en ejercicio del Consejo, al señor Barroso, Presidente de la Comisión, y a sus colegas, sin olvidar a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Gracias a ustedes, el Consejo de los días 22 y 23 de marzo ha sido, en mi opinión, decisivo para hacer avanzar a Europa. Por su contenido y por su forma, ha sido probablemente uno de los mejores que he vivido. 
En efecto, este Consejo ha resuelto una serie de cuestiones que se planteaban desde hace mucho tiempo. 
En primer lugar, una reforma inteligente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pienso que en política, e incluso en política europea, necesitamos inteligencia. 
En segundo lugar, mejoras y nuevas orientaciones para que las iniciativas legislativas en curso sean equilibradas. Pienso en la directiva de servicios, en REACH. 
En tercer lugar, el medio ambiente, en un momento en que se implementa Kyoto. 
Por último, nuestras relaciones con China y el esfuerzo europeo en materia de investigación. 
A este respecto, destaco muy especialmente la decisión histórica de lanzar el ITER. 
Desde este punto de vista, ojalá la Unión Europea no tenga que esperar demasiado tiempo la buena voluntad de Japón; que se negocie con los japoneses, con tal, señor Presidente, de que el 14 de julio se lance el proyecto, porque es un asunto esencial, esencial para Europa, para el futuro de la energía y para los jóvenes, es decir, para los que dentro de treinta o cincuenta años vivirán en nuestros países. 
Por esta razón, señor Presidente, apoyo absolutamente la resolución común que expresa el punto de vista favorable del Parlamento sobre este Consejo sumamente importante y positivo. 
Señor Presidente, la buena noticia de la cumbre de primavera es que se tomó la decisión de elaborar una estrategia a largo plazo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
También se tomó una decisión para considerar el establecimiento de objetivos vinculantes a medio y largo plazo. 
Es absolutamente fundamental que ahora se den los pasos necesarios con el fin de elaborar propuestas ambiciosas para después de 2012. 
Lamentablemente, la historia reciente ha demostrado que a la Unión Europea le resulta mucho más fácil redactar y acordar objetivos ambiciosos que aplicarlos. 
Si queremos un comienzo nuevo y satisfactorio para la Estrategia de Lisboa, debemos buscar un nuevo liderazgo en la Unión Europea en todos los ámbitos políticos. 
Tenemos que considerar los intereses comunitarios, comprometernos con las decisiones acordadas y actuar de modo que todos los Estados miembros obtengan un valor añadido de la cooperación europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, ambos han dedicado la mayor parte de sus intervenciones al proceso de Lisboa. 
El Presidente del Consejo lo ha hecho a grandes rasgos y con el énfasis puesto en el equilibrio y el crecimiento económico, que no pueden alcanzarse sin responsabilidad medioambiental y social. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha ilustrado esta trinidad con el enfoque integrado del que también son testigo las conclusiones del Consejo. 
Quiero, asimismo, expresar mi gratitud por la atención que ha concedido a las PYME. 
Nunca he visto conclusiones del Consejo en las que aparecieran con tanta frecuencia las palabras PYME, innovación y medio ambiente. 
En la resolución que esta Cámara votará hoy, exigimos un nuevo dinamismo en el proceso de Lisboa, un nuevo dinamismo con un «enfoque centrado que demuestre un nuevo liderazgo». 
Señor Presidente de la Comisión, ahora quiero dirigirme a usted. 
Este liderazgo y este dinamismo solo pueden conseguirse si usted actúa conjuntamente con los Estados miembros, las regiones y los interlocutores sociales. 
En su intervención de esta mañana, no me he llevado la impresión de que este mano a mano, como el Presidente del Consejo lo llama, sea tan evidente. 
Puede que me equivoque, pero tengo la impresión de que se está exigiendo demasiado papeleo a los Estados miembros y se está prestando menos atención a la agenda política social y no se le están dando oportunidades. 
Tengo también la sensación de que ese mano a mano con el Parlamento deja algo que desear respecto a las políticas de empleo integradas, un ámbito en el que me gustaría que existiera cierto grado de consulta en el futuro. 
– Señor Presidente, la Presidencia de Luxemburgo es, en mi opinión, una buena presidencia que ya cuenta entre sus logros con el compromiso creativo sobre el Pacto de Estabilidad, que permite a los Estados miembros de la zona del euro avanzar basándose en las reglas de la prudencia financiera, pero con el grado necesario de flexibilidad. 
Al mismo tiempo, la Presidencia de Luxemburgo ha conseguido en el Consejo Europeo de Bruselas hacer más específica la Estrategia de Lisboa, aunque realmente es una pena que no se pudiera nombrar en ese momento a los Estados miembros que no están consiguiendo promover esta estrategia. 
Otra cuestión importante que tenemos ante nosotros en el marco de la Estrategia de Lisboa es la Directiva relativa a los servicios, que espero que sea objeto de un análisis racional y, sobre todo, que se libere de los malentendidos para que la niebla del horizonte que nos impide ver el fondo de esta cuestión se disipe, puesto que a veces se tiene la impresión de que estamos hablando en toda la Unión Europea de una cuestión totalmente distinta. 
Por último, quiero desearle éxito en lo sucesivo a la Presidencia de Luxemburgo en una cuestión muy importante que estamos tratando, y me refiero a las perspectivas financieras, especialmente el presupuesto para la política regional de la Unión, para sus políticas de cohesión. 
Este tema es muy complejo e importante. 
Personalmente creo que todos estamos condenados a alcanzar un acuerdo antes de junio, porque de otro modo los programas de política regional serán las víctimas de cualquier desacuerdo que se produzca a escala europea. 
–Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el último Consejo Europeo ha dado una nueva orientación a la economía europea en el sentido del pragmatismo, la flexibilidad y el fomento de la innovación. 
Con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, celebro que el realismo y la flexibilidad hayan prevalecido sobre el dogma y la observancia ciega de normas que se decidieron en un período de crecimiento económico mucho más sostenido que el que vivimos hoy. 
Las normas son necesarias, por supuesto, ya que la estabilidad de la moneda común depende de ellas, pero la reforma del Pacto es positiva en la medida en que permite conciliar el principio esencial del respeto del Estado de Derecho y la flexibilidad mínima necesaria para la gestión del dinero público de los Estados miembros. 
Quisiera dar las gracias al Presidente Barroso, así como al Presidente Juncker, por su clarividencia y su capacidad de persuasión en este espinoso tema. 
También ha sido oportuno el pragmatismo con respecto al proyecto de directiva sobre la liberalización del mercado europeo de servicios. 
Al reconocer que la redacción actual de la directiva no responde plenamente a las necesidades y pedir que se realicen todos los esfuerzos por hacer que funcione plenamente el mercado interior de los servicios preservando al mismo tiempo el modelo social europeo, el Consejo no ha complacido a Francia, como han dicho demasiado a menudo los medios de comunicación. 
Más bien ha reconocido que el principio del país de origen planteaba problemas manifiestos de riesgo de dúmping social y fiscal, y apeló a la sabiduría del Parlamento Europeo para encontrar una solución aceptable. 
Este es el tipo de actitud que los ciudadanos esperan de Bruselas. 
El futuro de nuestra economía está amenazado si no hacemos un esfuerzo mayor y titánico de inversión en el ámbito de la educación y la formación y en el de la investigación y desarrollo. 
En estos dos ámbitos estamos muy retrasados con respecto a nuestros socios norteamericanos y asiáticos. 
Los 25 han confirmado su voluntad de hacer de la Unión un espacio más atractivo para la inversión y la creación de empleo, a fin de promover el conocimiento y la innovación y apoyar el crecimiento. 
Estos objetivos ambiciosos y necesarios serán realizables a poco que nuestros Estados muestren voluntad política y aporten la financiación necesaria. 
– Señor Presidente, la estrategia de ampliación del Consejo no ha sido acertada. 
Se discrimina a Croacia, un país de Europa Central que cumple los criterios mejor que muchos Estados miembros. 
A Rumanía, un país evidentemente europeo pero que no cumple los criterios, se le está metiendo prisa. 
Ucrania, sin duda un país europeo pero que no estará listo para la adhesión hasta dentro de varios decenios y al que nosotros tampoco estaremos dispuestos a aceptar en los próximos años, ha sido dejada de lado hasta Dios sabe cuándo; no se está preparando para ese país ninguna estrategia específica. 
Y en cambio, con un país claramente no europeo como es Turquía, las negociaciones de adhesión van a comenzar este año. 
Debo pedir al Consejo que reconsidere esta estrategia en su totalidad, que garantice en primer lugar que se dé luz verde de inmediato a las negociaciones de adhesión con Croacia – el 21 de mayo como fecha límite – y que el grupo de trabajo generosamente creado como resultado de su intervención, señor Presidente en ejercicio, presente sin más retrasos sus conclusiones. 
En segundo lugar, quiero pedirles que se permita la adhesión de Rumanía y Bulgaria en la fecha tope prevista, pero que podamos esperar hasta otoño, cuando dispondremos de los correspondientes informes de progreso. 
En tercer lugar, quiero pedirles que una vez que Rumanía, Bulgaria y Croacia se hayan unido, concedan a la UE un gran espacio para respirar de cara a la consolidación interna que tan urgentemente necesita. 
Además, quiero pedirles que impidan el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía, que fiscalizarán y exigirán demasiado a la UE, en otoño, y que en su lugar elaboren una estrategia de buena vecindad con Turquía, además de desarrollar un concepto para Ucrania. 
De lo contrario, la Revolución Naranja no habría servido de nada y eso tendría graves repercusiones para Europa. 
. Señor Presidente, al término de este debate, que en gran parte ha sido muy desordenado, quisiera aclarar ciertos aspectos. 
Me complace que en relación con las decisiones del Consejo Europeo sobre la Estrategia de Lisboa haya habido muy poca controversia. 
Esto me parece totalmente normal, coherente y lógico, ya que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la estrategia de Lisboa –que algunos harían bien en leer– se encuentra casi íntegramente reflejada en las conclusiones del Consejo Europeo. 
El hecho de que se critiquen hoy algunos elementos sugiere que sus Señorías adoptan un enfoque sumamente autocrítico. 
¡Es una observación mía! 
Por otra parte, me parece esencial que al menos concedamos a la decisión del Consejo Europeo sobre la Estrategia de Lisboa el mérito de haber atribuido una gran responsabilidad a los Estados miembros. 
En enero estábamos bastante de acuerdo cuando debatimos el asunto, afirmando que corresponde a los Gobiernos nacionales hacer de la estrategia de Lisboa un éxito no solo para cada país, sino para Europa en su conjunto. 
A partir de ahora, los Gobiernos nacionales deberán rendir cuentas de los programas nacionales de reforma ante sus Parlamentos nacionales, el Consejo será responsable ante el Parlamento Europeo y la Comisión desempeñará el papel que siempre le ha correspondido, es decir, la función de facilitar y tomar iniciativas, que consiste en unir a todos los Estados miembros en un espíritu propicio al logro los objetivos de la Estrategia de Lisboa, que ha sido concebida para que, en el futuro, el modelo social europeo siga siendo accesible para el mayor número posible de europeos. 
Observo que en el seno de algunos Grupos que son más ecuménicos que católicos existen puntos de vista totalmente divergentes sobre los elementos esenciales de la forma que debería adoptar la acción política a escala europea. 
Es más fácil, señor Radwan, llegar a un compromiso en torno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento que lograr la coherencia del Grupo al que usted pertenece. 
Lo he comprobado hoy al igual que ayer. 
En cuanto al Pacto de Estabilidad, quiero decir que me sorprende que todas las etapas provisionales de la reforma del Pacto de Estabilidad hayan ido acompañadas de la misma retórica feroz y de comentarios sobre la misma. 
Cuando algunos Gobiernos sugirieron que partidas enteras de gastos debían desaparecer del Pacto de Estabilidad, las críticas sonaron exactamente como suenan ahora, ahora que no han producido efectos. 
Algo va mal. 
La parte preventiva del pacto se ha reforzado considerablemente. 
¿Por qué ha sido necesario? 
Porque este aspecto quedaba simple y vergonzosamente ignorado en el antiguo pacto, en cuya gestación yo tuve mucho que ver. 
También fracasaron algunos Gobiernos en los llamados buenos tiempos cuando trataron de seguir la política correcta para reducir el déficit y la deuda. 
Esa situación puede dar, por supuesto, un giro favorable después de algunas futuras elecciones, aunque lo dudo mucho. 
La parte correctiva del pacto ha sufrido cambios poco importantes en comparación con lo que dicen al respecto el Tratado y el Pacto de Estabilidad. 
Desde luego, si imaginaron que, a los efectos del Pacto, el 3,0 % significaba realmente un 3,0 %, que se iniciarían procesos contra los países con un déficit superior al 3,0 % y que se impondrían sanciones a los países que no redujeran su déficit por debajo del 3,0 % al año siguiente, entonces la reforma del Pacto de Estabilidad no estará a la altura de sus expectativas. 
Para ello habríamos tenido que modificar considerablemente el Tratado y, como resultado, no habríamos podido seguir utilizando el anterior Pacto de Estabilidad como guía en ámbitos importantes. 
El Tratado no dice que ningún déficit superior al 3,0 % sea un déficit excesivo. 
Cualquiera que diga eso está interpretando mal el Tratado. 
Simplemente eso no se dice en el Tratado, y no puedo aceptar que actuemos como si lo dijera, y que aquellos que están tratando de encontrar su camino de vuelta para realizar una interpretación correcta del Tratado se les trate ahora como pecadores de la estabilidad. 
¿Cómo puede dedicarse alguien a reclamar una responsabilidad única para la interpretación del Tratado y el Pacto de Estabilidad? 
He leído –incluso con cierta sorna– que el Consejo, los 25 Ministros de Economía y los 25 Jefes de Estado y de Gobierno se han doblegado a las exigencias de Alemania y Francia. 
Eso es totalmente ridículo, y por otra parte, ofensivo para los otros veintitrés. 
La idea de que solo hace falta un grito autoritario de Berlín o una señal clara de París para conseguir que los otros veintitrés Gobiernos se sometan es una percepción muy poco europea que contradice la necesidad constante de establecer una relación de trabajo viable en Europa y encontrar soluciones de compromiso. 
No quiero tener que preguntarme cuánto de serias hubieran sido las críticas en escuchadas en esta Cámara si hubiéramos fracasado con Lisboa, si hubiéramos fracasado en conseguir los equilibrios que su Cámara nos recuerda o si hubiéramos fracasado totalmente con la reforma del Pacto de Estabilidad. 
Algunos opinan que el anterior Pacto de Estabilidad era tan bueno que no necesitaba ningún cambio. 
No obstante, esta opinión no es compartida por ningún Gobierno de los 25 Estados miembros. 
La idea de que los 25 Jefes de Estado y de Gobierno y los 25 Ministros de Economía se hayan lanzado a una carrera de déficit y deuda en espiral es totalmente absurda y quiero contradecirla con rotundidad. 
Por lo demás, señor Presidente, se ha hablado mucho de la credibilidad de Europa. 
Creo que a veces está seriamente amenazada. No he captado por entero las palabras del señor Watson, que no sabía si se dirigía a mí o a un grupo de Estados miembros. 
No puedo creer que me reproche no haber sabido inducir a los diputados del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos a que adoptaran la misma actitud sobre todas las cuestiones, porque yo no represento aquí al PPE-DE. 
Represento al Consejo Europeo. 
A quienes han llamado la atención de todos sobre la falta de credibilidad de Europa, diré esto: quisiera dar las gracias de todo corazón a los diputados y diputadas que asisten a este debate desde las 9 de esta mañana. 
Los visitantes que han venido hoy al Parlamento Europeo se han sorprendido de no ver más asistentes cuando Europa debate algunas cuestiones fundamentales. 
Muchas gracias, Señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Deseo –o debería decir espero– que se haya tomado nota de las críticas. 
. Señor Presidente, intervendré muy brevemente para concluir. 
En lo concerniente a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debemos reconocer –si queremos tener un debate honesto– que los problemas no comenzaron con esta reforma, sino que existen desde hace bastante más tiempo. 
Desde noviembre de 2003 no había ya ningún consenso en torno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Lo que acabamos de hacer, lo que acaban de hacer los Estados miembros con el apoyo activo de la Presidencia y de la Comisión Europea, es una reforma creíble del Pacto. 
Puedo darles todas las garantías –y me dirijo sobre todo a los que han expresado preocupaciones, que son legítimas– de que la Comisión quiere aplicar estas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de forma objetiva y equitativa entre todos los Estados miembros. 
Puedo garantizar también que, con esta reforma, el papel de la Comisión no se ha visto mermado, muy al contrario. 
En efecto, el abanico de situaciones en que la Comisión tendrá que dar su opinión o tomar la iniciativa de una acción se ha ampliado considerablemente. 
Por tanto, tenemos ahora un Pacto que puede ser mucho más creíble en su aplicación que el que teníamos antes de esta reforma. 
Del mismo modo, por lo que se refiere a Lisboa, existe claramente –y esto lo he comprobado en el debate de esta mañana– un consenso muy amplio en torno a un sistema en el que la gobernanza sale reforzada, en el que se distingue mejor entre las competencias de la Unión y las competencias de los Estados miembros. 
Los Estados miembros han aceptado la mejora de la gobernanza y, una vez más, esto refuerza la credibilidad de los objetivos de Lisboa. 
Pero permítanme volver sobre un punto importante de las conclusiones del Consejo Europeo que no evoqué en mi introducción a este debate: la política de desarrollo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El Consejo Europeo, en su última reunión, pidió a la Comisión que acelerara sus trabajos a fin de concluir las posiciones de la Unión con vistas a las importantes citas de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. 
Tengo el gusto de anunciarles que la Comisión adoptó ayer, aquí mismo, en Estrasburgo, un importante paquete de propuestas, que el Comisario Michel y yo mismo anunciamos ayer. 
Contiene nuevos objetivos intermedios, hace mayor hincapié en la calidad de la ayuda y promueve una mayor coherencia entre las políticas. 
En este paquete de «desarrollo» se presta especial atención al África subsahariana. 
Señorías, la Comisión concede alta prioridad a estas propuestas. 
Estamos trabajando activamente con los Estados miembros para que esta reunión sobre los Objetivos del Milenio sea un éxito y contamos mucho con su apoyo. 
Si he utilizado este ejemplo, señor Presidente, ha sido también para ilustrar un punto que me parece importante, y es que trabajamos realmente sobre decisiones operativas. 
En el Consejo Europeo hemos fijado los objetivos y los nuevos instrumentos de la Estrategia de Lisboa renovada y acabamos de aprobar las directrices integradas, que abarcan la política macroeconómica, la política microeconómica y el empleo. 
Acabamos de presentarlas aquí en el Parlamento Europeo. 
El Consejo Europeo ha formulado una petición relativa al desarrollo y ahora presentamos propuestas concretas. 
Sé muy bien que en los difíciles tiempos que corren en Europa, muy a menudo la atención se centra más en los aspectos controvertidos, en las cosas que no cuentan con la aprobación de los Estados miembros ni suscitan la unanimidad entre ellos. 
Pero quisiera señalar que a pesar de esas diferencias y a pesar, a veces, de nuestras divergencias, somos capaces de llegar a consensos significativos, como ha sucedido en el Consejo de primavera. 
Quiero destacar, por tanto, lo que acaba de decir el Presidente del Consejo. 
¿Cuál sería su reacción si no nos hubiéramos presentado aquí con unos resultados que a pesar de todo reflejan un consenso y cuál sería la señal que transmitiríamos a nuestras opiniones públicas? 
Por esta razón, en la fase actual, aunque comparto muchas de las inquietudes y preocupaciones que algunos de ustedes han expresado, la cuestión es saber si hacemos hincapié en los aspectos que no concitan un consenso perfecto o si, por el contrario, deberíamos hacer hincapié en lo que somos capaces de hacer juntos. 
Porque eso es la cultura del compromiso que tenemos en Europa, y quiero insistir mucho en este punto. 
No avanzaremos en una Unión Europea de 25 si no explicamos a los ciudadanos que en Europa no se puede ganar al 100 %. 
Ningún Estado miembro ganará al 100 % en todas sus posiciones. 
Nuestra Europa es cada vez más compleja. 
Por tanto, corresponde a aquellos de nosotros que desempeñamos una función dirigente, y de hecho política, en el Consejo, en la Comisión o en el Parlamento Europeo, explicar a nuestros conciudadanos que hay que llegar a compromisos, que Europa significa compromiso. 
Europa es trabajar juntos por objetivos que son mucho más importantes que las cuestiones inmediatas o las sensibilidades nacionales. 
Eso es lo que significa la responsabilidad, y la responsabilidad es lo más importante si queremos un liderazgo efectivo, y liderazgo es lo que Europa necesita en estos momentos. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo y señor Presidente de la Comisión. 
Se han recibido seis propuestas de resolución para cerrar el debate, presentadas de conformidad con el artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
. – Para su consternación, el Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo estuvo marcado por una cuestión que no estaba en el orden del día, pero que se impuso en el mismo. 
Los sondeos recientes que indican una posible victoria del «no» en el referendo que se celebrará en Francia el 29 de mayo sobre la llamada «Constitución Europea» , han hecho sonar las alarmas. 
La Derecha y los socialdemócratas se han movilizado, hermanados, para incentivar injerencias más o menos descaradas en la campaña que se realiza en Francia. 
El Parlamento se está gastando 8 millones de euros en la campaña a favor del «sí» , lo cual es inaceptable. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno, y todos aquellos que creen poder influir en el resultado del referendo, hacen cola para tratar de convencer a los franceses de las «ventajas» – hipotéticas e inexistentes – de la llamada «Constitución Europea». 
Las grandes empresas y los líderes de los sindicatos que están dominados por los socialdemócratas y la Derecha –con la Confederación Europea de Sindicatos a la cabeza– se esfuerzan por defender este proyecto, que daña la soberanía de los pueblos y propugna el capitalismo neoliberal y el militarismo. 
La Comisión y el Parlamento están aplazando la toma de decisiones para no dar cada vez más argumentos válidos a favor del «no». 
A pesar de las contradicciones, un «no» en Francia será la mejor respuesta. 
El punto siguiente es el turno de votaciones. 
–Señor Presidente, en nombre de la Conferencia de Presidentes de Comisión quisiera comunicarle, antes de la votación del calendario de periodos parciales de sesiones en 2006, nuestra gran preocupación ante este proyecto de calendario. 
Con este calendario, la distribución de las semanas de reunión de las comisiones y el número de jornadas de trabajo de las comisiones alcanzará en 2006 los niveles más bajos desde 1994, que fue un año no electoral. 
A pesar del aumento del trabajo parlamentario y del aumento del número de diputados, del número de comisiones y del número de enmiendas, todos sabemos que, desde 1994, las competencias del Parlamento en materia de codecisión han aumentado y que la secuencia de periodos parciales de sesiones en Estrasburgo y Bruselas y las semanas de circunscripción no permitirá a las comisiones parlamentarias respetar los plazos previstos en el código de multilingüismo para la adopción y la presentación de los informes para los periodos parciales de sesiones. 
Un ejemplo claro: para el período parcial de sesiones de los días 11 y 12 de octubre de 2006, los informes tendrán ser aprobados por las comisiones parlamentarias a más tardar en julio. 
¿Queremos un Parlamento que cumple sus tareas legislativas de una forma dinámica? 
Con semejante calendario no parece que sea así. 
En cuanto al método, además, quisiera advertir simplemente a todos los diputados que en 2006 vamos a tener enormes problemas, porque hemos respetado el calendario de vacaciones de la escuela europea. 
Señor Daul, a juzgar por los aplausos, veo que su preocupación es compartida por muchos miembros del Parlamento. 
Me permito señalarle a usted y a todos que en este momento solamente estamos votando el calendario de las reuniones del Pleno. 
Después la Conferencia de Presidentes analizará las semanas que corresponden a comisiones, grupos, etc. Ya sé que queda todo bastante predeterminado pero, en todo caso, el voto de hoy no define los períodos de reuniones de las comisiones, sino únicamente del Pleno. 
– Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral a la enmienda del señor Alvaro, que consiste en añadir que tampoco deberíamos seguir trabajando los martes y los miércoles. De este modo nos podrían enviar el dinero a casa. 
Señor Goebbels, la Presidencia aprecia sus comentarios irónicos, pero ha interrumpido usted el procedimiento de votación. 
Señor Presidente, yo había propuesto una enmienda en el calendario con suficientes firmas y antelación suficiente para rechazar la totalidad del Orden del Día y pedirle a la Mesa que presentara una nueva propuesta, porque ahora las comisiones ya no pueden funcionar, con lo cual se está debilitando el poder de esta Cámara. 
No soy capaz de encontrar esa enmienda en la lista. 
Usted había presentado una enmienda de rechazo global, algo que no está previsto que se pueda efectuar y, por lo tanto, su enmienda no ha sido sometida a votación. 
Solamente se pueden votar enmiendas parciales al calendario. 
¿Puede el Consejo confirmar la modificación que resulta de la enmienda que nos anuncia el señor Lewandowski? 
. Señor Presidente, tras una serie de contactos que hemos podido mantener, nos ha sido posible, en colaboración con los diputados al Parlamento que han participado en este ejercicio, ponernos de acuerdo sobre los términos financieros y presupuestarios de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Acabamos de concluir un diálogo a tres bandas y he tenido el placer de anunciar que el acuerdo sobre este punto es completo. 
Quisiera felicitar muy cordialmente a todos los que han contribuido a ello. 
Para que quede claro, eso quiere decir, si lo interpreto bien, que el apartado 1 de la propuesta de resolución en vez de decir "Lamenta que el Consejo no haya estado de acuerdo" deberá decir "Celebra que el Consejo esté de acuerdo en adoptar la declaración común". 
– Señor Presidente, hemos escuchado una declaración verdaderamente importante por parte del Presidente del Consejo Europeo y quiero agradecer al Presidente en ejercicio de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, y también al señor Schmit, que hayan retirado las reservas anteriores del Consejo y que hayan salvaguardado los derechos financieros y de otra índole del Parlamento Europeo. 
Para los que no sepan lo que ha ocurrido en las últimas horas, ayer por la tarde decidimos como grupo que solicitaríamos aplazar nuestro asentimiento a la adhesión de Bulgaria y Rumanía porque los derechos del Parlamento, o dicho de otro modo, nuestros derechos financieros, no se habían salvaguardado. 
Como ahora vemos que la Presidencia ha conseguido eliminar esta reserva, nuestro Grupo no solicitará el aplazamiento de la decisión; al contrario, todos sus miembros votarán según su conciencia. 
Le agradezco, señor Presidente en ejercicio, los esfuerzos que ha realizado en las últimas horas. 
– Señor Presidente, una cuestión muy simple de observancia del Reglamento. 
¿Tenemos derecho a saber cuál es la decisión que se ha tomado? 
Habría que contarla a todo el mundo, porque nosotros no estábamos allí. 
Sería en efecto bastante conveniente saber qué se ha decidido. 
De momento no se ha tomado ninguna decisión porque el Parlamento no ha votado todavía. 
Hay una propuesta de enmienda, que el Consejo ratifica, y que he formulado antes. 
– Señor Presidente, en mi opinión lo que acaba de decir el señor Poettering es muy útil. 
De hecho, gracias a los tensos y, naturalmente, muy animados debates que han tenido lugar, especialmente anoche en el Grupo del PPE-DE, podemos ponernos de acuerdo sobre el modo de proceder. 
El Presidente en ejercicio ha anunciado que ahora el Consejo acepta el proyecto. 
En interés del señor Cohn-Bendit: el primer punto del proyecto que debe votarse, tal y como está ahora, dice que el Parlamento Europeo lamenta el hecho de que la Declaración Conjunta contenida en el anexo a este proyecto de informe, según la cual las tres instituciones deben llegar a un consenso en cuanto a las repercusiones financieras de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, no se ha cumplido. 
Esto ha sido sustituido ahora –y yo también lo propondría como enmienda oral– por nuestra celebración del hecho de que, tal y como ha dicho el Presidente en ejercicio, se ha alcanzado un acuerdo, porque esto significa que se han respetado todas las prerrogativas del Parlamento con respecto al Consejo y, por tanto, podemos votar a favor. 
Para que todo quede completamente claro, la declaración común de la Presidencia y del Consejo que hasta ahora no se aceptaba y ahora se acepta, está incluida en el anexo al proyecto de resolución. 
– Señor Presidente, la intención de nuestra enmienda oral es sustituir la totalidad de la resolución por la declaración del Parlamento Europeo que afirma que el Parlamento Europeo aprueba la declaración común que se adjunta al informe tal y como se acordó en el diálogo a tres bandas celebrado el 13 de abril de 2005. 
Con su permiso, voy a leer la Declaración común acordada entre la Presidencia del Consejo y la delegación negociadora del Parlamento, que es muy breve: 
«1. 
Sin perjuicio del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
Los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo declaran que los importes del Título III “Disposiciones financieras” del Acta de adhesión, que se adjunta al proyecto de tratado de adhesión presentado con arreglo al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento Europeo, se indican sin perjuicio de los derechos del Parlamento Europeo ni de los poderes y prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria conferidos por el artículo 272 del Tratado CE y por las disposiciones pertinentes del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayor de 1999. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo confirman que los gastos contemplados en los artículos 30-34 del Título III “Disposiciones financieras " del Acta de adhesión adjunta al proyecto de tratado de adhesión constituirán gastos no obligatorios después de 2009.» 
El segundo apartado, que ha causado la mayor controversia, dice: 
«2. 
La Comisión confirma que su propuesta de marco financiero (2007-2013) se basa en el supuesto de que Bulgaria y Rumanía se convertirán en Estados miembros el 1 de enero de 2007 El Parlamento Europeo y elConsejo toman nota de los importes indicativos paraBulgaria y Rumanía presentados por la Comisión en marzo de 2004 y examinados por el Consejo en sus conclusiones de 22 de marzo de 2004 sobre “el paquete financiero para las negociaciones de adhesión de Bulgaria y Rumanía”. 
La financiación de la adhesión de Bulgaria y Rumanía se garantizará sin poner en peligro los compromisos para los actuales programas plurianuales y las decisiones acerca de las próximas perspectivas financieras. 
3. 
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan la importancia del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 para el funcionamiento de los procedimientos presupuestarios y que este solo puede funcionar si todas las instituciones lo cumplen en su totalidad.» 
Esta es la declaración común adjunta al apartado modificado. 
. – Señor Presidente, Señorías, todo esto podría haber sucedido antes. 
En estas negociaciones, la delegación del Parlamento llegó hasta el límite. 
Me alegro de que esta vez el Consejo haya podido, en el último minuto, ajustarse a esta Declaración Conjunta, que se supone que es una declaración del Consejo y del Parlamento. 
En cuanto al procedimiento propiamente dicho, la señora Dührkop Dührkop y yo acordamos lo siguiente justo al término del diálogo a tres bandas: la enmienda oral propuesta por el presidente de la Comisión de Presupuestos, tal y como acaba de escuchar usted, va a sustituir a todo nuestro informe. 
Es el único camino plausible. 
Queríamos pedirle que se votara sobre la enmienda oral propuesta por el señor Lewandowski en lugar de nuestro informe. 
De este modo estará garantizado que el Parlamento, que el Pleno de hoy también acepte la Declaración Conjunta del Consejo y del Parlamento que garantiza los derechos presupuestarios. 
. Señor Presidente, el señor Böge ha señalado con razón que habría sido mejor, más razonable, más inteligente y sabio que hubiéramos aprobado a tiempo la resolución que acaba de aprobarse. 
Quiero señalar que este fallo no puede atribuirse a un falta de buena voluntad por parte de la Presidencia. 
Transmitiré nuestra común lamentación, de la Asamblea y de la Presidencia, a las tres capitales con las que hemos tenido que negociar hasta hace cinco minutos. 
– Señor Presidente, en cuanto al apartado 3 del artículo 5 del Reglamento en relación con el informe Van Orden, celebro el hecho de que el diálogo a tres bandas haya tenido éxito y que Bulgaria y Rumanía no se hayan convertido en rehenes de un tira y afloja entre el Consejo y el Parlamento. 
Con respecto a la enmienda 5, me parece vergonzoso que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea convierta el apoyo individual de algunos miembros de nuestro Grupo a esta enmienda 5 al informe Van Orden en una propuesta presentada en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
En todo esto veo cierta manipulación política y quiero resaltar expresamente que mi delegación nacional ha apoyado esta propuesta a título individual. 
Agradezco a nuestro Grupo y a nuestro presidente que hayan respetado y admitido las diferentes posiciones con respecto a la central nuclear de Kozloduj. 
La Presidencia no ha comprendido en qué consiste su cuestión de orden. 
– La intervención sobre una cuestión de orden ha estado motivada porque se ha presentado una enmienda al informe Van Orden sobre Bulgaria –sobre el cual estamos a punto de votar– en nombre del Grupo del PPE-DE cuando esta enmienda solo cuenta con el apoyo de miembros individuales de nuestro Grupo, incluida mi delegación. 
Quería decir esto antes de que se someta el informe a votación. 
Señor Salafranca, espero que su cuestión de orden sea más inteligible. 
Yo también lo espero, señor Presidente, y creo que cuando lo exponga será fácilmente comprensible, sobre todo para una inteligencia tan ágil como la suya. 
Señor Presidente, quería simplemente decir que, al hilo de la enmienda oral que acabamos de votar en el informe Böge/Dührkop, las enmiendas número 2 referidas al dictamen conforme del señor Van Orden y al del señor Moscovici, presentadas por nuestro Grupo político, ya no tienen sentido y quería anunciar antes del voto que las vamos a retirar porque son incompatibles con lo que acabamos de votar ahora. 
Señor Presidente, señora Stenzel, quiero plantear otra cuestión de orden, en aras de una mayor claridad. 
Nosotros no presentamos la propuesta de la fecha de cierre de la central nuclear de Kozloduj por error. 
Sé perfectamente que no todos los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos opinan lo mismo que ciertos miembros austriacos del Grupo con respecto al cumplimiento del protocolo de Kozloduj. 
No soy tan ingenuo. 
Sin embargo, no quiero que un error de procedimiento, que evidentemente se ha cometido en la Secretaría, comprometa esta importante posición. 
Otra vez quiero dar las gracias a los diputados individuales por su iniciativa de apoyar esta propuesta en relación con el cierre puntual de Kozloduj. 
Para que quede claro, la enmienda en cuestión existe y está presentada por el Grupo Verts/ALE y otros diputados. 
Señor Presidente, a petición del ponente, el señor Van Orden, queremos añadir la palabra «ilegal» después de la palabra «registro» en la última línea de esta enmienda. 
Señor Presidente, tengo una enmienda oral referida a cuatro enmiendas. 
En los informes del señor Moscovici y el señor Van Orden, y también en las recomendaciones, queremos incluir una referencia al intercambio de cartas entre usted y el Presidente de la Comisión sobre la plena participación del Parlamento Europeo en el futuro proceso en los próximos 20 meses respecto a las cláusulas de salvaguardia. 
La enmienda original no es suficientemente precisa respecto al eventual aplazamiento. 
Por ello, en esos cuatro casos, propongo sustituir la enmienda por un nuevo texto que voy a leer solo una vez pero al que puede aplicarse a los otros tres casos. 
El nuevo texto dice así: «… Visto el intercambio de cartas entre el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión sobre la plena participación del Parlamento Europeo en cualquier consideración sobre la aplicación de una de las cláusulas de salvaguardia del Tratado de Adhesión». 
Eso se aplicará a los cuatro textos. 
– Señor Presidente, de conformidad con el apartado 4 del artículo 170 del Reglamento, el Grupo Verts/ALE pide el aplazamiento de la votación sobre el dictamen conforme relativo a Bulgaria. 
Lo explicaré de un modo muy simple. 
Tenemos dos situaciones diferentes: Bulgaria y Rumanía. 
Por lo que se refiere a Bulgaria, consideramos que todavía hay problemas que resolver y que, como se trata de una adhesión para 2007, no nos parece útil votar hoy. 
El Grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo declara solemnemente que está a favor de la adhesión, que no quiere votar en contra, pero que, con respecto al dictamen conforme, solo puede decir sí o no, o no participar en la votación. 
Ahora bien, como no queremos votar no y, dada la situación del sector nuclear en Bulgaria, por ejemplo, hoy no podemos votar sí, pedimos simplemente que la votación sobre el dictamen conforme se aplace, y que antes se proceda, conforme a las modalidades del acuerdo con la Comisión, a un informe intermedio de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, para poder votar sobre el dictamen conforme a comienzos de 2006, un año antes de la adhesión. 
De acuerdo con nuestro Reglamento, después de haber escuchado las razones del proponente, puede intervenir un diputado o diputada a favor y otro en contra. 
Señor Presidente, quisiera solicitar que, si el Grupo Verts/ALE hace una petición similar respecto a Rumanía, el voto sobre si aplazamos se realice por votación nominal. 
Apliquemos el Reglamento. 
El Grupo Verts/ALE sabrá lo que tiene que hacer. 
Son mayores de edad. 
Tiene la palabra el señor Swoboda para intervenir a favor. 
– Señor Presidente, quiero intervenir en contra de esta propuesta en nombre de mi Grupo. 
Al señor Cohn-Bendit se le debe de haber pasado por alto que se trata de este mismo debate que hemos celebrado, y desde luego que en profundidad, con el Consejo y la Comisión en las últimas semanas. 
Lo que hemos logrado, como demuestra la propuesta del señor Wiersma y con el consentimiento de este Parlamento, es lo siguiente: de acuerdo con las garantías de la Comisión y del Consejo –quiero mencionar a ambos y también dar las gracias al Comisario Rehn– vamos a participar plenamente en las futuras consultas y en la posible aplicación de la cláusula que permita el aplazamiento de esta adhesión. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al señor Lagendijk. 
Señor Cohn-Bendit, si hubiera usted hablado con él más directamente se habría usted dado cuenta de cuánto esfuerzo hemos dedicado nosotros, y el señor Brok, a esta cuestión, alcanzando así un resultado positivo. 
Por este motivo quiero votar en contra de esta propuesta. 
Tiene la palabra el señor Nassauer para intervenir en contra. 
– Señor Presidente, Señorías, no conozco a nadie de ningún lado de esta Cámara que no esté a favor de que aprobemos la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. 
Sin embargo, conozco a muchos diputados que, por los motivos que ha expuesto el señor Cohn-Bendit, hoy se resisten a tomar una decisión a este respecto. 
Por tanto, retrasar la decisión de hoy sería una propuesta sumamente razonable, ya que nos permitiría decir que, a pesar de que apoyamos la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, queremos esperar al próximo informe de progreso de la Comisión antes de adoptar realmente una decisión a este respecto. 
Esta sería una de las formas de abordar muchas de las preocupaciones expresadas, sin plantear dudas sobre nuestra voluntad y determinación básicas para acoger a estos países en la Unión Europea. 
Por tanto, comulgo totalmente con las opiniones del señor Cohn-Bendit. 
. 
Señor Presidente, como ponente sobre Bulgaria, estoy profundamente en contra de cualquier aplazamiento del procedimiento de aprobación. 
Hemos superado el problema interinstitucional respecto al presupuesto. 
Se han incorporado cláusulas de salvaguardia en el Tratado de Adhesión. 
No existe ninguna buena razón para que aplacemos nuestra aprobación. 
Creo que sería irresponsable por parte de esta Cámara cualquier aplazamiento que se produjera hoy. 
Solicito a la Cámara que vote a favor de nuestro consentimiento. 
Señor Presidente, propongo la misma enmienda revisada que he propuesto anteriormente al informe del señor Van Orden. 
Es el mismo texto que quiero incluir en la recomendación. 
Señor Presidente, había entendido que había usted comprendido la moción de orden que hice anteriormente para pedir la retirada de las enmiendas 2 a este dictamen conforme y al dictamen conforme del señor Moscovici. 
Señor Salafranca, de acuerdo, ha sido retirada y no cabe votarla. 
Señor Presidente, este es el mismo texto que adoptamos en la recomendación y el informe Van Orden. 
Repetiremos el mismo texto en las dos votaciones del informe y la recomendación Moscovici. 
– Señor Presidente, quiero pedir el aplazamiento de la votación en torno a la adhesión de Rumanía de acuerdo con el apartado 4 del artículo 170. 
La Asamblea acaba de votar por amplia mayoría a favor de la resolución; no obstante, en realidad, si los diputados leen esta resolución descubrirán que, aunque los avances en materia económica alcanzados por Rumanía son admirables, los avances políticos, por ejemplo en torno a la libertad de prensa y la corrupción, no permiten a nadie afirmar que Rumanía pueda entrar en la Unión Europea en las condiciones actuales, al menos si hemos de creer todo lo que se ha escrito en nuestro propio informe. 
A menudo se ha dicho, y lo repetimos ahora, que estamos a favor de la adhesión y que tenemos fe en el nuevo Gobierno. 
Sin embargo, hemos de preguntarnos por qué deberíamos ofrecer el beneficio de la duda a un país que está experimentando estos problemas fundamentales con la democracia como la corrupción y un fallo en la protección de la libertad de prensa. 
Ningún país puede superar en dos días problemas de este tipo. 
Durante la reunión de nuestro Grupo se ha propuesto solicitar a los diputados que voten a favor o en contra durante la votación, sin permitir abstenciones, como ocurre en el procedimiento de aprobación. 
Quiero preguntar al Presidente si es posible abstenerse de votar en un procedimiento de aprobación, ya que antes el Reglamento del Parlamento solo permitía a los diputados votar a favor o en contra en estos casos. 
Asimismo, nos gustaría que la Mesa nos explicara la legislación electoral. 
En este procedimiento de voto está previsto que se pueda votar a favor, en contra, abstenerse o no participar en la votación. 
Para una intervención en contra de la propuesta tiene la palabra el señor Wurtz. 
–Señor Presidente, Señorías, en Rumanía hay algunas carencias reales en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. 
Las autoridades han contraído compromisos al respecto y, en mi opinión, es evidentemente necesario un control riguroso de su cumplimiento. 
No obstante, pienso que las justificaciones que se han dado para el aplazamiento de la votación no obedecen a ello, puesto que hemos escuchado exactamente la misma petición por lo que se refiere a Bulgaria, cuya situación es diferente. 
Por esta razón, mi Grupo desea llamar la atención sobre una de las consecuencias de un posible aplazamiento. 
Conduciría, contrariamente a nuestra voluntad, a la cancelación de la firma del Tratado de Adhesión, que está programada para el 25 de abril. 
Así, en contra de nuestra voluntad, enviaríamos a la población rumana un mensaje cuyas consecuencias políticas serían extremadamente peligrosas. 
Por ello, una amplísima mayoría de mi Grupo no apoya la petición de aplazamiento y votará a favor del dictamen conforme. 
Para una intervención a favor de la propuesta tiene la palabra el señor Voggenhuber. 
– Señor Presidente, Señorías, hoy nos encontramos, por primera vez en la historia de la Unión Europea, votando la bienvenida a un país a la Unión Europea 20 meses antes de la fecha de adhesión prevista, un país, además, donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos y las normas democráticas, tal y como reflejó el debate de ayer. 
No hay ninguna duda de que al amparo del artículo 7 se iniciarían acciones en contra de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que viole de tal forma las normas democráticas y los derechos humanos, y esto debe estar claro para todos hoy día. 
La amplia mayoría de los diputados de esta Asamblea, yo incluido, nos alegraremos de ver que Bulgaria y Rumanía entran en la Unión Europea, y estamos deseosos de que llegue el día en que puedan hacerlo. 
No obstante, no hay motivo por el que deba darse carta blanca a Rumanía 20 meses antes de la fecha de su adhesión, especialmente porque sería la primera vez que una cosa así ocurre en la historia de la Unión Europea, y tendría el efecto de eliminar la presión que comportan las negociaciones sobre el país en cuestión. 
Deberíamos adoptar medidas para impedir estas graves violaciones de la democracia y de los derechos humanos. 
Francia está a punto de adoptar una decisión sobre la Constitución. 
No debemos transmitir el mensaje de que… 
Señor Presidente, ¿sería posible que la Secretaría recordara al señor Cohn-Bendit que fue el Parlamento Europeo el que recomendó 2007 como fecha de entrada para Rumanía, y por tanto ha llegado la hora de activar dicha recomendación? 
. –Señor Presidente, creo que en un momento en que los franceses están debatiendo el Tratado Constitucional no hay que dar señales de escepticismo con respecto a la ampliación. 
La ampliación de la Unión Europea no es un imperativo. 
Es un proyecto. 
Es una voluntad común. 
Y por esta razón, en particular, debemos votar hoy. 
Creo que no está justificado un aplazamiento. 
Que cada cual se pronuncie conforme a sus convicciones, a favor o en contra, pero sin duda no por el aplazamiento. 
Pero hay otro argumento, que es muy fuerte. 
He escuchado a muchos colegas decir en el curso de los debates que temían que nuestro Parlamento firmara hoy un cheque en blanco o dijera su última palabra. 
Precisamente se nos han dado –a través de un intercambio de cartas entre usted, señor Presidente, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión– todas las garantías de que el Parlamento participará plenamente en todas las decisiones futuras que se adopten y sabemos que existe la posibilidad de invocar la cláusula de salvaguardia. 
Creo, por tanto, que todos los diputados pueden votar hoy tanto con pleno conocimiento de causa como con absoluta seguridad, porque este Parlamento desempeñará plenamente su función en el procedimiento que se abre hoy y concluye el 1 de enero de 2007. 
Por tanto, pido, por mi parte, que se rechace este aplazamiento. 
– Señor Presidente, solo quiero señalar que lo habitual es que el tiempo de votación termine a las 13.00 horas, ya que todos nosotros, como es natural, tenemos invitados y hemos de atender las relaciones públicas. 
– Mis disculpas, señor Presidente. 
He pedido la palabra sobre la base del artículo 160, ya que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha pedido que la votación de una serie de enmiendas se haga mediante votación nominal. 
No obstante, hemos acordado que apoyaríamos el compromiso alcanzado con los otros Grupos. 
Por tanto, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo votará en contra de estas enmiendas, incluso aunque estemos de acuerdo en ciertos aspectos de fondo. 
. 
«El Grupo ALDE ha presentado una enmienda al calendario 2006 según la cual todas las sesiones plenarias terminarían el jueves al mediodía y las sesiones de Bruselas empezarían los miércoles a las 10.30 horas. 
La finalidad de esta enmienda es facilitar el viaje de retorno de los diputados desde Estrasburgo y suprimir las sesiones vespertinas de propina de los jueves. 
Desafortunadamente, las autoridades han considerado inadmisible esta enmienda.» 
. 
Durante mucho tiempo mis colegas conservadores británicos y yo hemos apoyado los intentos de asegurar que el Parlamento Europeo solo tenga una sede oficial, que debería estar en Bruselas. 
Se calcula que los costes que el contribuyente paga por la sede de Estrasburgo rondan los 150 millones de libras esterlinas al año. 
Es un gran despilfarro de fondos públicos. 
Los contribuyentes británicos merecen un uso eficiente de su dinero. 
Nuestra propuesta de eliminar las sesiones de Estrasburgo no implica que deseemos reducir nuestras horas de trabajo, sino llevar a cabo nuestro trabajo donde es más efectivo y eficiente, a saber, en Bruselas. 
Los costes del apoyo a las actividades parlamentarias tanto en Estrasburgo como en Bruselas resultan ahora idefendibles, y seguiremos batallando por que el Parlamento se reúna en el futuro únicamente en Bruselas. 
. 
Mi voto favorable al calendario propuesto, que ajusta los períodos de las sesiones plenarias a las demandas de trabajo parlamentario de alta calidad que se espera de una institución como el Parlamento Europeo, no modifica mi opinión de que el trabajo parlamentario, y los costes asociados a él, debe racionalizarse, sobre todo aprobando que la única sede permanente sea Bruselas. 
. 
El proceso de adhesión de Bulgaria y Rumanía debe ir acompañado de una evaluación realista de las implicaciones financieras, como en las rondas anteriores de ampliación. De lo contrario, la ampliación se convertirá en un ejercicio de reducción de los niveles de prosperidad y desarrollo de los que disfrutan los Estados miembros de la Unión. 
Una evaluación precisa no es un gesto egoísta por parte de quienes ya están en la Unión, sino el ejemplo de una institución que se comporta de forma responsable. 
– Señor Presidente, Señorías, doy la bienvenida a los ciudadanos de Bulgaria, que con esta votación ven culminado su deseo de entrar a formar parte de la Unión Europea. 
Además de felicitar a los ciudadanos y a su Gobierno actual, que ha logrado este resultado, me gustaría recordar el importante compromiso contraído por los anteriores Gobiernos, en particular el Gobierno de Ivan Kostov, que empezó las negociaciones con la Unión Europea en los primeros y más difíciles días. 
Por último, espero que los jubilados búlgaros, junto con la generación más joven, puedan construir un mundo mejor junto a nosotros en la Unión Europea. 
– Señorías, al igual que mis colegas los miembros del, he votado en contra de los informes sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía, pero en aras de una mayor claridad, quiero decir que Bulgaria y Rumanía nos parecen países europeos cuyo legítimo lugar está en nuestra comunidad cultural europea y que, además, en cierto modo sentimos que tenemos con ellos una deuda de honor por haber sufrido durante décadas la dictadura comunista. 
Por tanto, estamos convencidos de que, a diferencia de Turquía, por ejemplo, pronto se dará la bienvenida tanto a Bulgaria como a Rumanía en nuestra comunidad política. 
Nuestra amistad con Rumanía y nuestra solidaridad hacia Rumanía y Bulgaria no deberían precipitarnos a firmar un cheque en blanco. 
Hemos de tener la valentía de decir, y de ahí nuestro voto, que por desgracia en muchas ámbitos, incluyendo el político y el económico, Rumanía y Bulgaria todavía no están listos para ser miembros de pleno derecho. 
Celebro el voto del Parlamento Europeo a favor de la entrada de Bulgaria en la Unión Europea, pero insisto en que las autoridades búlgaras deben avanzar en la reforma judicial, ya que cualquier titubeo propiciará que el Parlamento Europeo reconsidere su posición. 
. 
El proceso de adhesión de Bulgaria, que está sujeto a una evaluación individual, avanza a la velocidad prevista. El país todavía no cumple los criterios para iniciar el proceso de solicitud. 
No sorprende que todavía nos falte mucho para decir que Bulgaria cumple las condiciones necesarias para ser miembro de la Unión Europea. 
Hay que llevar a cabo reformas, hay hábitos que cuesta tiempo adquirir y hay un proceso de adaptación que es legislativo y que debe completarse de tal forma que la Unión no pierda su carácter y que Bulgaria no se vuelva incapaz de cumplir sus nuevas obligaciones en el futuro. 
Dicho esto, tal y como están las cosas, todo apunta a que las condiciones se están cumpliendo en el marco temporal establecido. Por tanto, hemos de celebrar el hecho que se haya dado este paso hacia la ampliación. 
. 
Dado que los avances logrados fueron insuficientes en comparación con los avances de los 15 Estados de la ampliación del 1 de mayo de 2004, el plan de Bulgaria para unirse en esa fecha a la Unión Europea fue pospuesto. 
Sin embargo, ahora está claro que Bulgaria ha hecho esfuerzos significativos para cumplir los criterios comunitarios y para acercarse a la Unión en términos políticos, económicos y sociales. 
Quiero destacar los avances alcanzados en los ámbitos político y presupuestario, que proporcionarán estabilidad para el resto del camino de debe recorrer Bulgaria hasta alcanzar los niveles europeos, un viaje que no será ni corto ni fácil. 
Sobre este telón de fondo el Consejo Europeo del 17 de diciembre de 2004 apoyó que la fecha de adhesión de Bulgaria se fije para el 1 de enero de 2007. 
La Comisión, que previamente había publicado informes regulares sobre los avances del proceso, adoptó una decisión similar el 22 de febrero de 2005. 
El Parlamento debería seguir su ejemplo. 
Por supuesto, la adhesión a la Unión de un país como Bulgaria inevitablemente comportará costes, que esperemos los asumirá un compromiso cada vez más eficaz con la cohesión interna y, lo que es más importante, a través de una mayor capacidad de Bulgaria para interactuar y relacionarse con el mundo, en otras palabras, una mayor diversidad. 
He votado a favor. 
. 
He votado a favor de la enmienda 5 relativa a la central nuclear Kozloduy en nombre de la delegación del Partido Popular Austriaco y no en nombre del Partido Popular Europeo. 
.– El Partido Comunista de Grecia es contrario a la Unión Europea porque es una unión de Estados capitalistas que salvaguarda los intereses de las grandes empresas y las mejores condiciones para ella con objeto de competir con los otros centros imperialistas. 
Desde este punto de vista también es contrario a la adhesión de Bulgaria, cuyo objetivo es anexionarla, saquear su riqueza y su economía, explotar a los trabajadores y convertirla en un satélite de la OTAN, al servicio de su política agresiva. 
Conocemos las condiciones especialmente onerosas que se ha impuesto a Bulgaria para poder adherirse a la Unión Europea. 
El procedimiento de preadhesión y el proceso de restauración del capitalismo ya han acarreado un empeoramiento del desempleo, salarios de hambre de 61 euros al mes, inflación, pobreza y recortes drásticos en los servicios sociales, con dolorosas consecuencias para la clase trabajadora y el ciudadano de a pie del país y, por otro lado, un aumento de los beneficios para las grandes empresas eurounificadoras. 
El Partido Comunista de Grecia expresa su solidaridad con la clase trabajadora y el pueblo de Bulgaria en su lucha en contra de la política antipopular de la Unión Europea y los agentes políticos de las grandes empresas. 
. 
La derecha y los socialdemócratas del Parlamento y de otros ámbitos siguen intentando imponer el capitalismo neoliberal a los países que solicitan unirse a la Unión Europea. 
El ejemplo de Bulgaria habla por sí solo. 
El Parlamento «elogia» las llamadas «reformas estructurales» en el marco del «mercado» y de la «competencia» capitalista, que se estima han tenido lugar en Bulgaria. 
Expresa su «satisfacción» con la «ampliación del sector privado» y «los avances logrados en la liberalización de industrias vitales». Aún más, «pide» la introducción de una «mayor flexibilidad en el mercado laboral» y el mantenimiento del ritmo de la privatización. 
¿Por qué todas estas palabras? 
Todo el proceso de adhesión ha estado caracterizado por otros requisitos que nos parecen inaceptables, por ejemplo, la discriminación relativa al movimiento de los trabajadores y un acceso equitativo a los fondos comunitarios, y la existencia de cláusulas de salvaguardia unilaterales que pueden activarse en contra de los intereses de estos países, y solo estos países. 
La ampliación avanza en un marco político y financiero que no tiene en cuenta los intereses de Portugal, ni las necesidades de los países que solicitan su adhesión. 
Si bien nos oponemos firmemente a la forma en que tiene lugar la ampliación, no tenemos objeción ninguna a la adhesión de nuevos Estados miembros, a condición de que esta sea la voluntad de los ciudadanos y de que se salvaguarden los intereses portugueses. 
. 
Parece claro que Bulgaria estará en posición de entrar en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, de acuerdo con las decisiones adoptadas por las otras instituciones europeas. 
Por tanto, creo que el Parlamento debería añadir su opinión a las ya manifestadas y declararse públicamente a favor de la adhesión de este país. 
Aparte de esta cuestión de principio, es evidente que existen ciertos vacíos que debemos llenar, en particular con respecto a los sistemas jurídicos y políticos, a fin de aumentar la eficacia de la lucha contra el crimen y de proporcionar una mayor transparencia y salvaguardias de procedimiento que son esenciales en el Estado de Derecho. 
En esta fase preparatoria también es importante hacer hincapié en los derechos de las minorías étnicas y en la necesidad de garantizar su identidad, y proteger a los grupos más frágiles y vulnerables de la sociedad, como los niños y las personas mayores, especialmente en una sociedad cambiante. 
He votado a favor, con la esperanza de que Bulgaria pueda unirse pronto a los 25 en una Europa más grande y cada vez más plural. 
. 
Los miembros del CSU del Parlamento Europeo creen firmemente que Rumanía debería formar parte de la Unión Europea. 
Sin embargo, al mismo tiempo el CSU siempre ha mantenido que los países deben cumplir ciertos criterios antes de entrar en la Unión Europea. 
Nos oponemos a que se atenúen de cualquier forma estos criterios, y no creemos que sea actualmente posible realizar una valoración final de su cumplimiento. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que a Rumanía le queda mucho camino por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y al establecimiento de una judicatura que trabaje al amparo del Estado de Derecho. 
Otra cuestión preocupante para el CSU es la salvaguardia de los derechos del Parlamento, que están consagrados en los Tratado. 
En particular sus derechos presupuestarios, que, según acabamos de saber, van a respetarse. 
En nuestra opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión sobre la adhesión hasta que la Comisión hubiera presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Por todos estos motivos, los miembros del CSU no pueden esta vez votar a favor de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea. 
. 
Seguimos absteniéndonos, tal y como hicimos con ocasión de la última ampliación de la Unión Europea, excepto Chipre, cuya adhesión votamos a favor, a modo de protesta por la inaceptable ocupación turca del norte de la isla. 
En principio no nos oponemos a la adhesión de nuevos Estados miembros, a condición de que esta sea la voluntad de los ciudadanos y que no mine los intereses portugueses. 
El hecho es que, aunque no conocemos las opiniones del pueblo rumano, la adhesión da pie a expectativas, que siguen a las fuertes demandas e imposiciones que nos parecen inaceptables, sobre todo las reformas estructurales conducentes a las privatizaciones, que han tenido un impacto negativo en la vida de los ciudadanos. 
Las nuevas demandas que varios diputados de esta Asamblea han intentado introducir nos han sorprendido por ser excesivas e inaceptables. 
Sin embargo, lo cierto es que ya se han impuesto demandas, como las derogaciones con respecto a la libertad de movimiento de los trabajadores. Además, tampoco estamos de acuerdo con los escasos recursos financieros disponibles, especialmente para la agricultura. 
Por último, tampoco estamos de acuerdo con las propuestas, actualmente en negociación, relativas a las nuevas perspectivas financieras, que no tienen en cuenta a los países con dificultades, como Portugal, ni las necesidades de los países que quieren entrar en la Unión Europea. 
. –Marie Anne Isler Béguin no ha seguido las instrucciones de su Presidente de Grupo, Daniel Cohn Bendit, en el sentido de que nos pronunciáramos por el aplazamiento de la votación del Parlamento Europeo sobre la adhesión de Rumanía. 
Considera que su voto no representa de ningún modo un cheque en blanco para Rumanía. 
Al contrario, debe alentar a este futuro Estado miembro a trabajar a marchas forzadas y acelerar las reformas, en particular en materia de lucha contra la corrupción, de defensa de los derechos civiles, de protección de las minorías étnicas y de control de las fronteras. 
Recuerda que será la primera vez –y ello gracias a una propuesta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea aceptada en la Comisión de Asuntos Exteriores– que el Parlamento Europeo participará plenamente en el proceso de decisión, en particular si se activa la cláusula de salvaguardia, una cláusula que consiste en postergar la adhesión un año si uno u otro de los dos países no está preparado en 2007. 
Por último, Marie Anne Isler Béguin celebra que el informe final votado en el Pleno incluya sus enmiendas, en las que: 
-se pide la adopción de normas claras y avanzadas con respecto a la coexistencia para evitar la diseminación de variedades genéticamente modificadas; 
-se destaca la preocupación el Parlamento Europeo por el proyecto de Rosia Montana y se reclaman evaluaciones de impacto ambiental completas. 
. 
La evaluación del cumplimiento por parte de un país de los criterios de adhesión a la Unión Europea ha de hacerse sobre una base individual, a pesar de que dos países entren a la vez. 
No obstante, esto no debe ocultar el factor más importante del proceso de adhesión, a saber, que los criterios que deben cumplirse sean realistas. 
Esta es la única forma en la que podemos estar seguros de que la Unión Europea, incluyendo todos sus Estados miembros, y el país candidato se benefician al máximo de la adhesión. 
Para ello, y he de hacer hincapié en esto, la evaluación ha de suceder en el momento justo, empleando criterios objetivos y realistas. 
Así, celebro el hecho de que la adhesión pueda posponerse, si resultara necesario, y no es que desee que ocurra. 
Por motivos de política interna, Rumanía ha empezado su proceso de reformas más tarde de lo que hubiera deseado. 
El ímpetu con que se están llevando a cabo ahora las reformas nos permite esperar y creer que la adaptación puede realizarse en el marco temporal fijado por ambas partes. 
. 
La adhesión de Rumanía a la Unión Europea lleva incubándose desde 1995. 
Las negociaciones que han tenido lugar y los esfuerzos realizados por las autoridades rumanas han propiciado cambios importantes en el país en los últimos años. 
En este sentido, el Consejo decidió en diciembre de 2004 concluir las negociaciones con vistas a realizar la adhesión en 2007. 
No obstante, quiero recordar las preocupaciones planteadas en la época del informe de la Baronesa Nicholson de Winterbourne (A5-0103/2004) , hace un año más o menos. 
Yo hice hincapié en graves problemas, sobre todo la falta de un Estado de Derecho, altos niveles de corrupción, libertad de prensa nula y la ausencia de una judicatura independiente. Todo ello significaba que Rumanía no podía entrar en la Unión Europea con los otros nuevos Estados miembros de Europa Oriental en 2004. 
Apoyo esta propuesta de resolución porque, entre las preocupaciones que plantea sobre este país hay algunas que comparto. 
Las puertas de la Unión Europea están abiertas a Rumanía, pero este país debe darse cuenta de que es urgentemente necesario encontrar soluciones factibles a los problemas más graves. 
He votado a favor. 
.– Hoy he votado en contra de la solicitud de Rumanía de entrar en la Unión Europea, y he de decir que lo he hecho lamentándolo mucho. Después de todo, el nuevo Gobierno está mostrando un gran compromiso político y ha dejado claro en muy poco tiempo lo que defiende. 
Esto es bueno. 
Todo lo que queda por hacer es convertir este compromiso en acciones concretas cuyos efectos puedan medirse, porque son los resultados lo que importa. 
Todo parece sugerir que a Rumanía le queda mucho por hacer en los ámbitos de la corrupción, protección de minorías, competencia, ayuda estatal y medio ambiente, y, sin embargo, se ha pedido a esta Asamblea que emita un veredicto antes de los 20 meses previos a la adhesión. 
Esto es algo inusitado y su lógica se me escapa totalmente. 
En una época en que la Unión Europea disfruta de escaso apoyo y su legitimidad es frágil, es importante que las instituciones europeas se ciñan a los acuerdos que han alcanzado. 
No me opongo a la adhesión de Rumanía. 
Rumanía Europa y se convertirá en miembro de la Unión Europea. 
. Debido a la falta de avances en su Gobierno socialista anterior, Rumanía sigue teniendo dificultades a la hora de prepararse para entrar en la Unión Europea en 2007. 
La situación en los ámbitos de la corrupción y la estabilidad administrativa y jurídica en particular es motivo de gran preocupación. 
Me parece totalmente posible que a su debido tiempo tendrá que haber un año de demora. 
Se ha colocado al Parlamento Europeo en la posición imposible de tener que pronunciar un juicio 20 meses antes de la adhesión. 
Sin embargo, en estos momentos podemos ver que el nuevo Gobierno está llevando a cabo las reformas necesarias según lo programado y también que la Comisión Europea, recientemente en el caso de Croacia, es estricta a la hora de evaluar a los miembros candidatos. 
Por tanto, estoy preparado para conceder al Gobierno de Rumanía y a la Comisión Europea el beneficio de la duda. 
Espero que siga avanzándose porque solo en este caso podré seguir apoyando la adhesión de Rumanía en 2007. 
. 
El Parlamento siempre supervisa la situación de los países que formalmente declaran su interés por formar parte de la Unión Europea, y por supuesto lo ha hecho en el caso de Rumanía. 
Es preciso subrayar que Rumanía ha sido supervisada especialmente de cerca a la luz de la delicada situación del país y la consiguiente lentitud de las negociaciones sobre la adhesión. 
En los últimos años Rumanía ha trabajado duro y ha adoptado medidas importantes. Se espera que puedan aplicarse más soluciones para conseguir su objetivo de convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Para este fin la Comisión de Asuntos Exteriores ha redactado varios informes, incluyendo el del señor Moscovici (A6-0077/2005). 
El recién elegido Gobierno rumano también merece palabras y señales claras de ánimo. 
Tras una serie de aplazamientos y de la incapacidad de Rumanía para ser uno de los diez países que entraron el año pasado, no tengo duda alguna de que, si cumple los criterios restantes, Rumanía, con Bulgaria, será uno de los próximos países que entre en la Unión Europea. 
He votado a favor. 
– Señor Presidente, Señorías, en lo que respecta al voto favorable a la entrada de Rumanía en la Unión europea, expreso mis más sinceros cumplidos y felicitaciones a los ciudadanos rumanos y su Gobierno, y quiero expresar mi complacencia por este paso importante hacia un futuro mejor. 
En particular, quiero hacer hincapié en lo importante que es el hecho de que todos los ciudadanos de Rumanía, tanto los jubilados como los jóvenes, deben esforzarse junto con los Gobiernos por hacer tangible el progreso en aras de su bienestar colectivo y no limitarse a hacer promesas que luego se traducen en escasos resultados, como hacen muchos Gobiernos en Europa y en el mundo. 
– Señor Presidente, he votado en contra de la recomendación de la adhesión de Rumanía, por los siguientes motivos. 
En todos los informes ha quedado claro que Rumanía sigue sin cumplir básicamente las condiciones para la adhesión. 
Ha sido un fallo que no hayamos decidido aplazar la decisión. 
Dada esta situación, no tengo otra opción que votar en contra, aunque en principio apoyo la entrada de Rumanía. 
Sin embargo, me opongo firmemente a la liquidación de condiciones para la adhesión que el Parlamento ha acordado hoy a través de su recomendación. 
Observar los criterios que han sido acordados conjuntamente y una vez más transmitidos a los ciudadanos de Europa en conversaciones sobre la ampliación debería ser un gesto normal, no algo excepcional o destacable. 
A menos que nos ciñamos a nuestros principios acordados, acabaremos en una situación donde traicionaremos los principios de la democracia representativa y reduzcamos drásticamente nuestras posibilidades de respetar los acuerdos en el futuro. 
–Señor Presidente, quisiera explicar mi voto favorable sobre Rumanía. 
De hecho, tengo la impresión de que algunos han tomado como rehén a todo un pueblo porque han tenido más respeto por su situación política interna, o incluso por los problemas institucionales respectivos que hemos tenido, que por apoyar los esfuerzos de Rumanía hacia la realización la democracia. 
Esos esfuerzos se verán facilitados con Europa, que debe desempeñar un papel muy importante. 
Después, quisiera decir a los rumanos que en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos gran número de sus diputados están de su lado y apoyan los esfuerzos por el establecimiento de una verdadera Democracia Cristiana en Rumanía. 
Quisiera rendir homenaje a la impulsora de la Democracia Cristiana en Rumanía, Cornelia Coposu, que fundó este partido tras la revolución. 
Quisiera decir que la adhesión de Rumanía supondrá para Europa un importante enriquecimiento cultural. 
. 
Creo firmemente que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
El Consejo se ha negado a ajustar las perspectivas financieras, a pesar de que el Acuerdo Interinstitucional así lo exige en caso de ampliación. 
Lo considero un abuso inaceptable de los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Adoptar ahora una decisión en torno a este asunto sería prematuro, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión, así como por la interrupción del diálogo a tres bandas sobre los ajustes de las perspectivas financieras. 
Habría sido más apropiado demorar la decisión en torno a la adhesión hasta que la Comisión haya presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamento no poder votar esta vez a favor de la adhesión. 
. 
Reafirmo mi opinión de que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
El Consejo se ha negado a ajustar las perspectivas financieras, a pesar de que el Acuerdo Interinstitucional así lo exige en caso de ampliación. 
Lo considero un abuso inaceptable de los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebro especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Adoptar ahora una decisión en torno a este asunto sería prematuro, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión, así como por la interrupción del diálogo a tres bandas sobre los ajustes de las perspectivas financieras. 
En mi opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión en torno a la adhesión hasta que la Comisión haya presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamento no poder votar esta vez a favor de la adhesión. 
. –No creo que la Unión Europea haya tenido nunca la vocación de ser un club exclusivo de los ricos. 
Estoy a favor de futuras ampliaciones. 
Bulgaria y Rumanía tienen a todas luces un lugar en la Unión. 
Pero deploro el modo en que los Gobiernos, en particular los de Chirac, Blair, Schroeder y otros, tratan estos problemas. 
Discursos grandilocuentes y carteras cerradas, esa parece ser la divisa. 
Acabamos de conocer una ampliación sin profundización previa. 
Ahora, algunos Estados quieren imponernos nuevas ampliaciones con menos dinero en el presupuesto europeo. 
No obstante, he votado a favor para no mezclar mis protestas con las de los adversarios de la ampliación. 
En principio apoyamos la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. 
Es una consecuencia natural de la ampliación a 10 Estados miembros que tuvo lugar en mayo de 2004. 
Una cooperación ampliada, debidamente aplicada, puede favorecer el desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos en Europa. 
Al mismo tiempo no debemos cerrar los ojos a los grandes problemas que puede comportar la ampliación si los países candidatos no están bien preparados. 
Los informes del señor Moscovici y del señor Van Orden confirman la magnitud de los problemas. 
De acuerdo con las evaluaciones benevolentes de la Comisión y del Parlamento Europeo, solo se cumplen los criterios políticos. 
Los criterios económicos o administrativos no se han observado del todo, pero se espera que sí se cumplan para el 1 de enero de 2007. 
Una objeción importante a las resoluciones procede de la Comisión de Agricultura, según la cual los costes de la pertenencia de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea no han tenido en cuenta el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2007-2013. 
Hay que poner remedio a esto. 
El proceso de negociación y de ajuste a la Unión Europea se ha mantenido durante aproximadamente ocho años, lo que significa que la pertenencia de Bulgaria y Rumanía es más o menos un hecho consumado. 
Al mismo tiempo, es importante dejar que siga adelante el proceso de ajuste. 
Sin embargo, si se considera que estos países no cumplen los requisitos, el Consejo no debe dudar en utilizar la cláusula de protección para aplazar un año la entrada a la Unión Europea. 
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Ninguno de los dos países candidatos ha conseguido avanzar lo previsto en la aplicación del acervo comunitario. 
La cuestión de los derechos de la mujer se ha descuidado en las negociaciones sobre el acceso, ya sea con respecto al mercado laboral, la participación en los procesos sociales o la violencia en contra de las mujeres. 
La mejora de la situación de los niños deja mucho que desear, en particular en Rumanía. 
Creo que los derechos humanos y las cuestiones humanas como estas son más importantes que los problemas relacionados con el marco institucional, por ejemplo la cuestión de los derechos presupuestarios del Parlamento, a pesar de que solo se alcanzó un compromiso de última hora cuando el Parlamento aseguró que estos derechos se respetarían plenamente. 
Además, como ya he afirmado en varias ocasiones, no me veo capaz de votar a favor de otra ampliación hasta que la Constitución haya entrado en vigor. 
Por este motivo votaré en contra de la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea, en particular porque estamos a 20 meses de 2007, la fecha prevista para la adhesión. 
. 
Reafirmamos nuestra opinión de que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebramos especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Sería prematuro adoptar una decisión sobre este asunto en este momento, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión. 
En nuestra opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión sobre la adhesión hasta que la Comisión hubiera presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamentamos no poder votar esta vez a favor de la adhesión. 
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Reafirmo mi opinión de que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
El Consejo se ha negado a ajustar las perspectivas financieras, a pesar de que el Acuerdo Interinstitucional así lo exige en caso de ampliación. 
Lo considero un abuso inaceptable de los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebro especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Adoptar ahora una decisión en torno a este asunto sería prematuro, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión, así como por la interrupción del diálogo a tres bandas sobre los ajustes de las perspectivas financieras. 
En mi opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión en torno a la adhesión hasta que la Comisión haya presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamento que no podamos votar esta vez a favor de la adhesión. 
. –Los representantes franceses del Grupo Independencia / Democracia han votado en contra de los informes Van Orden y Moscovici por varias razones que obedecen a sus implicaciones para Bulgaria y Rumanía, países miembros de la Agencia Francófona Internacional e inveterados amigos de Francia. 
Los queremos demasiado para dejar que caigan presa de la trampa eurocrática, que promete mucho, da poco y se queda con lo esencial, la soberanía. 
Por lo demás, algunos ciudadanos eminentes de esos países, que se niegan a ver su nación sobornada por las subvenciones de la UE, se resisten a la «soberanía limitada» al estilo soviético que impone la UE y piden el apoyo de nuestro voto en contra. 
Fuera de la camisa de fuerza de la UE, junto con ellos será posible realizar una Gran Europa basada en la cooperación. Esta cooperación se ajustará a los intereses de cada participante, al servicio de la libertad de los ciudadanos. 
Por otro lado, la entrada de Rumanía y Bulgaria establece una continuidad territorial hacia Turquía que favorece la adhesión de esta. 
Esto coronaría la evolución de la UE como conglomerado culturalmente dividido e impotente, si no políticamente esclavizado. 
Este voto no niega pues el carácter europeo de Bulgaria y Rumanía, que siempre han sido países europeos. 
. Me he sentido inclinado a votar en contra de una mayor ampliación, no solo por la cuestión de si Rumanía ya está preparada para la adhesión, sino por que no creo que la Unión Europea esté preparada para otra ampliación. 
Esto ha quedado patente por los actuales puntos muertos en la toma de decisiones y la actitud sospechosa de varios Estados miembros “viejos” hacia Estados miembros “nuevos” en torno a asuntos como la directiva de servicios. 
En consecuencia, los nuevos Estados miembros tienen pocas oportunidades de beneficiarse plenamente del Mercado Interior. 
Una búsqueda desenfrenada de ampliación sin profundizar conducirá a una impotencia administrativa y posiblemente incluso a una implosión. 
Esto no beneficia a nadie, en especial no a los Estados miembros candidatos, que en los últimos años han tenido que comprometer mucho para cumplir los criterios de adhesión. 
Deseo fervientemente que con la aceptación del tratado constitucional la resolución administrativa y la absorción económica aumentarán de tal modo que estará justificado tanto para la Unión Europea como para los nuevos Estados miembros candidatos colaborar en torno a una mayor ampliación. 
Limitarse a ofertar una zanahoria jugosa para en última instancia engatusar a estos países producirá una mayor insatisfacción, y dados los objetivos de estabilidad política y prosperidad económica este no puede ser nunca el propósito. 
. He votado a favor de la adhesión de Bulgaria y Rumanía con grandes recelos, porque los informes sobre corrupción en Rumanía en particular no me han garantizado la idoneidad de este país para pertenecer a la Unión Europea. 
La forma en que el Consejo tomó una decisión en torno a la financiación de la adhesión de estos dos países, reconociendo solo la autoridad presupuestaria del Parlamento Europeo en el último momento, también desmerece la necesidad de decidir en torno a estos países 20 meses antes. 
Sin embargo, para mí han sido factores decisivos las ventajas geopolíticas de la adhesión de estos países. 
Además, la Unión Europea ha ofrecido la perspectiva de pertenencia durante muchos años y en la legislación se han efectuado cambios fundamentales. 
No está claro qué reacciones negativas provocará un rechazo a la pertenencia en la Unión Europea. 
Los tratados de adhesión también contienen cláusulas de salvaguardia que pueden utilizarse para posponer la adhesión. 
Todo esto me llevado a un cauteloso «sí». 
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Bulgaria y Rumanía son miembros de la familia europea de naciones y, por tanto, su futuro reside en la pertenencia a la Unión Europea. 
No obstante, antes de que puedan entrar en la Unión Europea, deben cumplir una serie de criterios establecidos. 
Desde la caída del comunismo, tanto Bulgaria como Rumanía se han esforzado por introducir reformas y es preciso reconocer estos esfuerzos. 
No obstante, al mismo tiempo los informes regulares de progreso han dejado claro que tanto Bulgaria como Rumanía todavía tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir estos criterios de adhesión, y queda mucho trabajo por hacer, en particular con respecto a las espinosas cuestiones de la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que trabaje al amparo del Estado de Derecho. 
El proceso de reforma debe continuar y ha de concluir antes de la adhesión. 
En beneficio de ambas partes habría que conceder más tiempo a los dos países candidatos para cumplir los criterios de Copenhague. 
En vista de todo esto, habría resultado más apropiado demorar la decisión sobre la adhesión hasta que se haya presentado el próximo informe de progreso, en lugar de comprometernos ahora. 
Por tanto, lamentándolo mucho esta vez no he podido votar a favor de la adhesión. 
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Opino que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, antes deben cumplir ciertos criterios. 
En calidad de diputados al Parlamento Europeo debemos estar seguros de que estos países cumplen estos criterios. 
Nuestros electores no esperan menos. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebramos especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Sería prematuro adoptar ahora una decisión en torno a este asunto, dado que ambos países están considerablemente lejos de cumplir los criterios de adhesión. 
En mi opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión en torno a la adhesión hasta que la Comisión haya presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Por tanto, lamentándolo mucho me veo obligada a votar en contra de la adhesión. 
Y no es por culpa de ningún fallo de esta Cámara. 
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Apoyamos la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea. 
Portugal es muy consciente de los beneficios de su propia adhesión, y debería estar entre los Estados miembros que mejor reconocen las ventajas de la adhesión y que más la apoyan. 
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Reafirmamos nuestra opinión de que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebramos especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Adoptar ahora una decisión en torno a este asunto sería prematuro, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión, así como por la interrupción del diálogo a tres bandas sobre los ajustes de las perspectivas financieras. 
En nuestra opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión sobre la adhesión hasta que la Comisión hubiera presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamentamos no poder votar esta vez a favor de la adhesión. 
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Creo que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, estos países antes deben cumplir ciertos criterios. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión señalan que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebro especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para solucionar los fallos de su predecesor. 
Dado que ambos países están considerablemente lejos de cumplir los criterios de adhesión, y en vista del hecho de que todavía estamos a 20 meses de la fecha contemplada para la adhesión, esta vez no me veo capaz de votar a favor de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Yo, al igual que mis colegas conservadores británicos, apoyo la adhesión rumana y búlgara y lamento los intentos de última hora de algunos diputados de dar luz verde a estos países por motives relacionados con peleas interinstitucionales y consideraciones presupuestarias, que de todos modos ahora han quedado resueltas. 
Aunque el plazo de 20 meses entre nuestra autorización y la adhesión definitiva el 1 de enero de 2007 es absurdamente largo, es demasiado tarde para celebrar ahora este debate y nuestra posición en torno a esta cuestión debería haber estado clara mucho antes. 
Me ha convencido el compromiso del nuevo Gobierno rumano del Presidente Basescu de considerar la corrupción una amenaza para la seguridad nacional y de que será perseguida enérgicamente. 
Además, está el compromiso contraído por el Comisario señor Rehn en el pleno de que nuestro Parlamento participará plenamente en la improbable decisión de activar la cláusula de salvaguardia para retrasar un año la adhesión. 
No dar ahora nuestro consentimiento confundirá a los ciudadanos y a los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria, lo que sería un grave error, y yo doy la bienvenida a ambos países en la Unión Europea. 
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Reafirmamos nuestra opinión de que Bulgaria y Rumanía deberían llegar a ser miembros de la Unión Europea. 
No obstante, antes de esto deben cumplir ciertos criterios, que deben mantenerse. 
El Consejo se ha negado a ajustar las perspectivas financieras, a pesar de que el Acuerdo Interinstitucional así lo exige en caso de ampliación. 
Nos parece un abuso inaceptable de los derechos presupuestarios del Parlamento. 
Los últimos informes de progreso de la Comisión confirman que ambos países tienen mucho terreno por recorrer antes de cumplir los criterios de adhesión, en particular con respecto a la lucha en contra de la corrupción y el establecimiento de una judicatura que opere al amparo del Estado de Derecho. 
Por este motivo celebramos especialmente los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno rumano, que está llevando a cabo con resolución reformas para superar las demoras causadas por su predecesor. 
Adoptar ahora una decisión en torno a este asunto sería prematuro, en vista del hecho de que ambos países siguen estando muy lejos de cumplir los criterios de adhesión, así como por la interrupción del diálogo a tres bandas sobre los ajustes de las perspectivas financieras. 
En nuestra opinión, habría sido más apropiado demorar la decisión sobre la adhesión hasta que la Comisión hubiera presentado su próximo informe de progreso. 
El hecho de que todavía faltan 20 meses para la fecha de adhesión contemplada todavía justificaría más dicha demora. 
Lamentamos no poder votar esta vez a favor de la adhesión. 
– Señor Presidente, aunque como la mayoría de mis colegas diputados estoy a favor de que Rumanía y Bulgaria entren en la Unión Europea, y que lleguen a ser miembros de pleno derecho, creo que esto debería suceder a su debido tiempo y respetando las normas. 
Por este motivo me he abstenido en la votación de ambos informes, pues creo que estos países aún no han logrado cumplir los criterios establecidos. 
En realidad es un problema general, ya que los Estados miembros no están cumpliendo los criterios del Pacto de Estabilidad, y las condiciones que se aplican a Turquía difieren de las realmente acordadas. 
Croacia ha de cumplir normas mucho más rigurosas y, no obstante, ahora se quiere conceder la aprobación por adelantado a Bulgaria y Rumanía. 
Creo que somos imprevisibles e incoherentes, y por este motivo me he abstenido de votar. 
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En su posición común el Consejo ha hecho una serie de enmiendas a la posición del Parlamento en su primera lectura, lo que ha propiciado un claro alejamiento de la posición original de la Comisión. 
Parece que se ha alcanzado el consenso con la finalidad de mejorar las condiciones laborales, eliminar los trastornos del mercado –en vista de las discrepancias existentes entre las condiciones laborales de los diferentes países– y mejorar la seguridad vial, de ahí la necesidad de controles realistas y viables durante las horas de trabajo. 
El Consejo ha descubierto graves problemas prácticos en la forma de aplicación general, o al menos en la medida en que a la Comisión le gustaría, de controles viales para cumplir la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Por tanto, la finalidad es lograr un equilibrio difícil entre, por un lado, el cumplimiento de las normas sobre condiciones laborales y los tiempos de conducción y descanso (en sus informes bienales sobre la aplicación del Reglamento (CEE) 3820/85 la Comisión ha señalado un constante aumento del número de incumplimientos) y, por el otro lado, la aprobación de mecanismos de control viables y realistas. 
El ponente buscaba la convergencia con la posición común del Consejo y, por ello, apoyo el informe. 
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Hemos votado a favor de esta segunda lectura a pesar de algunas diferencias de opinión sobre ciertos aspectos de la nueva directiva que establece requisitos de diseño para productos que consumen energía. 
En nuestra opinión, es crucial invertir en un consumo eficiente de energía y en informar a los consumidores, y al mismo tiempo garantizar que la nueva legislación no sobrecargue con costes a las pequeñas empresas. 
La directiva abarca objetos de uso diario, como secadores de pelo, lavadoras y ordenadores, que son responsables del 40 % de las emisiones de dióxido de carbono que van a parar a la atmósfera. 
Los coches no están incluidos, puesto que ya existe una legislación específica para ellos. 
El informe contiene propuestas importantes para salvaguardar a microempresas, a pequeñas y medianas empresas y al consumidor. 
Veremos cuál es la posición del Consejo. 
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Acojo con satisfacción el principal objetivo de la propuesta que tenemos hoy ante nosotros, a saber, asegurar la libre circulación de ciertos productos de consumo que utilizan energía para mejorar su comportamiento ambiental y contribuir a reducir su consumo energético. 
Las propuestas de este tipo han de ser realistas, de forma que una buena propuesta no se vuelva inviable u onerosa para la industria y para proteger este aspecto. 
Es crucial equilibrar las propuestas para mejorar la calidad ambiental y energética. 
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La finalidad de esta recomendación de una segunda lectura consiste es establecer requisitos de diseño de productos de consumo energético a través de toda su vida útil, con el objetivo principal de reducir el impacto negativo de dichos productos en el medio ambiente. 
Esta es un cuestión muy importante y, por consiguiente, el Parlamento estableció una serie de enmiendas relevantes en su primera lectura, entre ellas enmiendas sobre la valoración de la conformidad de los productos, los requisitos de ecodiseño que deben cumplirse, la instalación de un sistema de vigilancia del mercado creíble y eficaz, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la información a los consumidores. 
En su posición común la Comisión y el Consejo han aprobado algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento, lo que ha suscitado importantes preocupaciones en este ámbito. 
Apoyo la propuesta de la ponente, que en mi opinión es realista y tiene posibilidades razonables de llevarse a la práctica. 
Por ejemplo, la aclaración de conceptos como importador y fabricante, la propuesta de que la vigilancia sea más estrecha, al mismo tiempo que se muestra interés por las PYME y se propone cierto margen para adaptar las normas a las características específicas de los Estados miembros. 
He votado a favor de las nuevas enmiendas, que, en aras del equilibrio, restablecen las posiciones anteriores mantenidas por el Parlamento. 
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El crecimiento y el desarrollo graduales del transporte marítimo ofrecen una serie de ventajas, incluyendo las ambientales. Sin embargo, también han de ir acompañados de un compromiso constante por reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente que siempre surtirán. 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta los intereses y las preocupaciones oportunamente planteadas por Portugal, creo que voy a votar a favor de esta directiva. 
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La propuesta del ponente está en consonancia con la posición original del Parlamento en su primera lectura. 
De acuerdo con las enmiendas presentadas por el Parlamento, las emisiones de los buques de navegación marítima se reducirían el 80 % en comparación con el año 2000, mientras que la posición del Consejo solo serviría para reducirlas el 10 %. 
Entre las propuestas presentadas, quiero subrayar lo señalado por la ponente de que es importante conseguir progresos en la Organización Marítima Internacional (OMI) y el papel que la Unión Europea podría desempeñar en hacer que esto suceda. 
Los Estados Unidos, Canadá y México han intentado que los acuerdos de la OMI sean más estrictos, y la Unión Europea, especialmente debido a los últimos accidentes ocurridos, puede y debe adoptar medidas en esta materia. 
También celebro la propuesta del ponente de promover el desarrollo de tecnología ambiental mediante la creación de un mercado para ella. 
Las propuestas presentadas en este ámbito aportan una solución más eficaz para proteger la salud humana y el medio ambiente. 
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He votado lo mismo que con respecto a las enmiendas que tenemos ante nosotros porque comparto las preocupaciones, y los objetivos, reflejadas en esta propuesta de directiva dirigida a aportar suficiente armonización para desarrollar el mercado interior, a la vez que se cumplen las normas relativas a la protección de la salud pública. 
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El informe ante nosotros destaca el peligro para la salud pública de ciertas sustancias, como materias primas o materias intermedias. 
Tras varios experimentos de varias clases, el tolueno y el triclorobenzeno han sido clasificados como productos químicos que constituyen un grave riesgo para la salud pública. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión, que el ponente, al hacer solo una enmienda, nos invita a apoyar, consiste en restringir el uso no solo del tolueno y del triclorobenzeno, sino también de preparaciones que los contengan. 
A la Unión Europea siempre le han preocupado estas cuestiones, que son muy importantes para la vida de sus ciudadanos, en virtud del artículo 93 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Dadas las ventajas evidentes que supone aprobar la propuesta en cuanto a la protección de la salud de los ciudadanos europeos se refiere, he votado a favor. 
. –El presupuesto de 2006 cierra la «planificación» presupuestaria 2000-2006. 
Con un importe inferior a 120 000 millones de euros, sigue siendo 20 veces inferior al presupuesto de los Estados Unidos de América para una Europa que quiere dotarse de una Constitución al estilo estadounidense, sin tener los medios y ni siquiera el deseo de cambiar la vida de 450 millones de hombres y mujeres. 
Encontramos en este presupuesto una letanía de temas presupuestarios mezquinos: saldos pendientes de cobro, créditos mínimos para los Balcanes, mosquiteras necesarias para los niños afectados de malaria, aplicación financiera de la reforma de la PAC, palabrería sobre el desarrollo rural sin población rural, créditos miserables para la pesca, etc. 
Una estrategia presupuestaria sin originalidad, porque está al servicio de la falta de ideas. 
Por ejemplo, para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las autoridades presupuestarias no se plantean una nueva tecnología de recaudación de los derechos de aduana, que, si fueran deducibles, permitirían a un país africano que exporta productos a granel beneficiarse de un derecho de giro sobre los países importadores equivalente al importe de los derechos de aduana soportados. 
En 2006, como siempre, la imaginación presupuestaria no reina en Bruselas. 
El presupuesto 2006 ha adquirido una importancia estratégica en relación con el objetivo de sostener el crecimiento dinámico en Europa, porque es la última de las perspectivas financieras actuales y, por tanto, constituye un marco estratégico en el que el Parlamento decidirá sus prioridades para 2007-2013. El año 2006 va a ser un año clave también en términos de conseguir los objetivos de restaurar el crecimiento dinámico y sostenible y de proporcionar más y mejores trabajos. 
Europa afrontará grandes desafíos en 2006. 
Aparte de la necesidad de satisfacer las necesidades financieras de una Unión de 25, la Unión Europea debe garantizar que los ajustes institucionales y políticos que se derivan del nuevo Tratado Constitucional se aplican de la forma más eficaz posible. 
Por lo tanto, es preciso apoyar estos desafíos con medidas coherentes, bien coordinadas y debidamente financiadas, y el presupuesto de 2006 debe desempeñar un papel central en su cumplimiento. 
Sin embargo, los desafíos fijados para 2005/2006 no se limitan a consolidar la ampliación y el nuevo Tratado. La Unión Europea también ha de adoptar decisiones sobre varios procesos de adhesión, reforzar su papel en el escenario internacional y lanzar nuevas medidas para dar nuevo vigor a la Estrategia de Lisboa. 
He votado a favor. 
La delegación moderada ha votado en contra de las propuestas sobre legislación social relativas al transporte por carretera y sobre las mínimas condiciones para aplicar esta legislación. 
Ambas contienen normativas muy detalladas, que no aumentan necesariamente la seguridad vial. 
Además, creemos que los asuntos relacionados con la legislación social han de tratarse en los Estados miembros de forma individualizada y que no son asuntos que la Unión Europea deba aplicar por su cuenta. 
. –Con ocasión del informe del señor Markov, quiero protestar contra el estado de la legislación europea, que es notoriamente insuficiente (tanto por lo que se refiere al tiempo de trabajo como a las condiciones de trabajo y de remuneración) para garantizar debidamente la seguridad vial de todos. 
La Unión Europea ha elegido un método que fija límites posibles de la jornada laboral y algunas normas sociales mínimas. 
No obstante, ofrece la posibilidad de que algunos Estados miembros estipulen normas mejores. 
En realidad, este sistema provoca dúmping social, ya que la libre competencia de prestaciones conduce a penalizar a los transportistas de los países cuyo marco social es mejor. 
A resultas de ello, la búsqueda de competitividad presiona en el sentido de una degradación de las condiciones de trabajo y de remuneración en esos países, lo cual es inaceptable. 
La Unión Europea habría debido emprender una dinámica diferente, de armonización al alza, mediante un sistema de convergencia social progresiva. 
Esta estrategia habría debido combinar indisociablemente el establecimiento de un nivel básico (más favorable que el elegido) y la obligación de una aproximación gradual hacia el nivel más alto. 
No es lo que se ha previsto y la situación que se deriva de la legislación europea no puede aceptarse. 
. 
He votado a favor de este informe porque, en la votación de varias enmiendas, hemos logrado una serie de soluciones que satisfacen los intereses específicos de un país periférico en relación con los grandes centros de producción y consumo, y sin socavar los requisitos de seguridad. 
Además, son los trabajadores quienes se benefician más de todo esto, porque proporciona flexibilidad, que les favorece. 
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Celebro la prevista aprobación definitiva de la propuesta, que deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 y lo sustituye con uno nuevo, dirigido a aclarar, simplificar y actualizar el reglamento actual. 
El objetivo global consiste en evitar diferentes interpretaciones individuales, que en el pasado han propiciado acciones jurídicas. Además, las obligaciones de los empleados y empresarios han sido establecidas con mayor claridad, con el objetivo principal de garantizar que puedan aplicarse con más eficacia. 
El ponente ha mostrado una vez más que defiende la Posición Común del Consejo y con ello ha acelerado el proceso de aprobar este importante instrumento legislativo. 
Entrarán en vigor importantes enmiendas relativas a períodos diarios de descanso obligatorios y al número máximo de horas de conducción. Además, se aprobará un marco jurídico que permita que los Estados miembros permita penalizar a Estados miembros considerados culpables de graves incumplimientos. 
Se espera que con todo ello se cumpla el objetivo principal de mejorar la seguridad vial. 
También quiero hacerme eco del deseo del ponente de impulsar un clima de competencia justa, donde se protejan los intereses de todos los implicados en el transporte vial. 
En cuanto a las enmiendas se refiere, he votado a favor de las propuestas equilibradas que tienen en cuenta las necesidades y los intereses particulares de los países más periféricos, como Portugal. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo acoge con satisfacción la directiva sobre las horas de conducción. Creemos que contribuirá mucho a la seguridad vial. 
Sin embargo, tenemos reservas con respecto a la enmienda 11 relativa al sector de la mensajería. 
Si bien reconocemos que puede haber un problema en algunos países, nos parece que la solución propuesta es inviable y, por tanto, la directiva podría ser objeto de disputa. 
Por consiguiente, hemos decidido abstenernos sobre esta enmienda. 
. 
Hemos votado en contra de la resolución conjunta sobre el Consejo Europeo de primavera, porque las posiciones que mantenemos no se tuvieron en cuenta y porque las propuestas que presentamos no se aceptaron. Entre estas propuestas, quiero destacar las siguientes: 
– Toma nota del acuerdo del Consejo Europeo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; lo considera una admisión implícita del hecho de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 ha acarreado consecuencias negativas para el empleo, la inversión pública y la convergencia real, y prolonga el desangrado de la economía europea; por tanto, considera que es esencial revocar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
-Critica duramente el hecho de que las «reformas estructurales» se tomarán en cuenta en valoraciones presupuestarias, ya que propiciarán perversos incentivos antisociales para que los Estados miembros desmantelen la seguridad social y el Estado de bienestar a fin de evitar penalizaciones en caso de exceso de déficit; 
-Destaca la declaración del Consejo de que el proyecto actual de directiva sobre servicios del mercado interior no cumple totalmente los requisitos para conservar el Modelo Social Europeo, pero lamenta que el Consejo no aproveche la oportunidad de rechazar este proyecto en su totalidad. 
-Considera que la lucha en contra de las desigualdades con respecto a los ingresos y la promoción de la verdadera convergencia deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda económica y social de la Unión Europea. 
. – El Consejo Europeo del pasado marzo ha sido la ocasión de una nueva demostración de hipocresía por parte de los dirigentes de la Unión Europea, angustiados ante la idea de una victoria del «no» en el referendo francés. 
A pesar de los tranquilizadores discursos, la directiva Bolkestein no ha sido ni revisada ni retirada. 
Continúa su proceso legislativo normal, con una única concesión: el Consejo de Ministros intentará encontrar un consenso. 
Nos quieren hacer creer que es una gran victoria diplomática cuando no se trata ni más ni menos que de la aplicación de un método que data ya de 40 años, el «compromiso de Luxemburgo». 
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, corsé presupuestario perjudicial, es también una ilusión óptica. 
La negociación de la Constitución europea habría podido ser la ocasión de reformar en profundidad los criterios de Maastricht, que apenas tienen sentido económico, y de exigir al Banco Central Europeo que apoye de forma prioritaria el empleo y el crecimiento. 
No se ha hecho nada. 
En su lugar, tenemos esos mezquinos retoques de acabado mientras el Pacto sigue teniendo el efecto de amplificar e incluso de provocar las dificultades económicas y sociales en nuestros países. 
Estas maniobras son absurdas. 
No engañarán a los que, cada vez en mayor número, rechazan la evolución de la Europa de Bruselas. 
. 
Mis colegas conservadores británicos en el Parlamento Europeo y yo nos hemos abstenido en esta votación porque estamos muy decepcionados con el resultado del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo. 
Apoyamos el compromiso del Presidente de la Comisión de impulsar una reforma económica profunda en Europa, pero creemos que en el Consejo Europeo de marzo los Jefes de Estado y de Gobierno han hecho un flaco favor a sus esfuerzos. 
El intento de diluir la Directiva de Servicios por motivos políticos de cortas miras ha minado los planes de reforma e inhibe los intentos de mejorar la competitividad de Europa. 
Los cambios introducidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento demuestran que los factores políticos tienen más peso que las consideraciones económicas, lo que resta cada vez más credibilidad al Pacto. 
Celebramos algunos aspectos de las conclusiones de la Presidencia, incluido el compromiso a favor del desarrollo sostenible y el Protocolo de Kyoto, así como la firmeza de la propuesta en contra del levantamiento del embargo de armas impuesto a China. 
También acogemos con satisfacción el mayor sentido de la urgencia en la preparación ante una posible pandemia de gripe. 
. – Contrariamente a lo que han afirmado en Francia los partidarios de la Constitución Europea, el señor Chirac no obtuvo el 23 de marzo en Bruselas la retirada de la Directiva Bolkestein. 
La directiva no será retirada, declara en su acta oficial el Consejo Europeo, precisando incluso que debe mantenerse en la agenda europea, puesto que la estrategia de crecimiento, empleo y competitividad exige que abramos el mercado de los servicios. 
Pero esta mentira no es la primera de los hipócritas del bando del sí. 
El propio señor Bolkestein lo ha recordado: hasta este año, ni el señor Chirac ni el señor Raffarin habían manifestado la más mínima reserva sobre su directiva, aprobada por los comisarios franceses, el socialista Pascal Lamy y el chiraquiano Michel Barnier. 
El señor Bolkestein, con razón, no hizo otra cosa que ejecutar una decisión adoptada en 2000 en la cumbre de Lisboa, en la que Francia estaba representada por el señor Chirac y el señor Jospin. 
Pero esta directiva es solo un avance de lo que nos espera si se aprueba la Constitución Europea. 
Los artículos 144, 145 y 148 del texto son claros. 
¿Les ha gustado la directiva Bolkestein? 
Les encantará la Constitución Europea. 
El 29 de mayo, votando no, los franceses defenderán sus puestos de trabajo y sus derechos sociales. 
. – He votado a favor de la resolución sobre los resultados del Consejo Europeo, pero por lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, quiero precisar lo siguiente: lamento que los debates sobre la reforma del Pacto se fueran a menudo a meros ejercicios de autojustificacióny no discusiones objetivas. 
He destacado que esta actitud ha tenido efectos psicológicos devastadores. 
No solo ha salido perjudicado el principio de igualdad de trato entre los Estados miembros, sino que también se ha menoscabado el fundamento de una Comunidad regida por el Derecho. 
La desconfianza que rodea la reforma es consecuencia de este comportamiento. 
La reafirmación del carácter intangible de normas decididas en común habría sido más útil que las declaraciones triunfantes y pesadas de los Jefes de Estado al término del Consejo Europeo. 
Hemos de preguntar si todo el mundo es verdaderamente consciente de que está en juego la gestión de un bien común, la moneda única. 
Quisiera recordarles lo que dije el pasado otoño: prefiero un Pacto reformado a un Pacto moribundo porque es más respetado. 
Siguiendo con estos términos alegóricos, constataré que hoy el Pacto va mejor, pero que es un convaleciente muy débil que no soportará nuevas experiencias traumáticas. 
. 
He votado a favor de la resolución sobre al cumbre del Consejo de marzo. 
Dado que el crecimiento se sitúa actualmente en un pobre 1,7 % y el empleo en un 63 % en lugar del 70 %, urgían nuevas prioridades para el proceso de Lisboa. 
Las PYME, que generan el 80 % de los trabajos y el 70 % de los aprendizajes, serán las que probablemente se beneficien más del nuevo enfoque que se ha dado al crecimiento y al empleo. 
Las acusaciones de neoliberalismo son erróneas, ya que el objetivo es crear más y mejores trabajos, no introducir niveles más bajos, y reforzar el modelo social europeo por medio de inversiones en capital humano, una protección social moderna y una mayor implicación de los interlocutores sociales. 
El Pacto Europeo por la Juventud, con sus objetivos de integración a largo plazo en el mercado laboral, una mejor educación general y profesional y una mayor movilidad de los jóvenes, es especialmente importante a este respecto. 
La campaña por un Envejecimiento Activo es muy importante para la gente mayor, ya que la experiencia, las destrezas y la productividad que han conseguido estos trabajadores merecen un mayor reconocimiento. 
Es preciso adoptar medidas para que puedan permanecer empleados durante más tiempo y para puedan aprovechar las oportunidades de educación y formación, y es necesario mejorar la integración social de nuestros ciudadanos mayores. 
Cuento con que se propongan soluciones específicas que aporten respuestas al Libro Verde de la Comisión sobre la situación demográfica en la Unión Europea. 
. – La reforma del Pacto de Estabilidad y la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa son dos fustas que se utilizarán de forma más intensa en contra de la gente, especialmente los jóvenes. 
Se está preparando un nuevo asalto contra las bases. 
El Pacto de Estabilidad reformado no revisa los objetivos de la política antipopular en contra de los trabajadores. 
Por el contrario, del brazo de la Estrategia de Lisboa se está dando un mayor impulso a las grandes empresas y se están satisfaciendo las demandas del eje franco-alemán. 
Las decisiones sobre sistemas de pensiones más pobres, la abolición de acuerdos colectivos, la generalización de trabajo a tiempo parcial y temporal, la liberalización de los horarios de trabajo, la reducción de la ayuda estatal, la reducción de subvenciones, la liberalización total del mercado con una mayor privatización, los cortes drásticos de las contribuciones de la seguridad social de los empresarios y la generalización del seguro privado son un hecho, cuyas repercusiones directas son los recortes de los salarios y de las pensiones y más pobreza y desempleo. 
En particular, el Pacto Europeo por la Juventud y la promoción de formación y aprendizaje durante toda la vida significa un analfabetismo para toda la vida y flexibilidad al servicio de las grandes empresas. 
La salida para los ciudadanos y los jóvenes es la resistencia y la desobediencia a las decisiones antipopulares del Consejo Europeo. 
. 
Aunque he votado a favor de esta resolución, he de decir que me han decepcionado un poco las conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 22 y del 23 de marzo de 2005. 
Tanto la revisión de la Estrategia de Lisboa como la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento carecen de ambición. 
Las finanzas públicas precisan una mayor racionalización y las inversiones han de ser más eficaces; lo que no necesitan es aumentar la deuda. 
Sin embargo, también es cierto que la Estrategia de Lisboa precisaba una revisión, para que sea más realista y esté más orientada a la consecución de una verdadera competitividad. 
Los puestos de trabajo no se crean por decreto, sino por medio de una economía saludable, y no puede decirse que la Unión haya hecho nada intencionadamente en ese sentido. 
. 
A primera vista parece que el Consejo Europeo de Bruselas se asociará inextricablemente a la revisión de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ha sido enmendado a raíz de numerosos casos de incumplimiento. 
Aunque estas enmiendas no tienen nada que ver con la excesiva rigidez que caracterizaba a la versión anterior, también es esencial que eviten cualquier vaguedad, porque de lo contrario pueden afectar negativamente a la credibilidad del euro en el ámbito internacional y a la estabilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros. 
Otro aspecto importante que ha captado la atención del Consejo ha sido el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, en vista de la falta de éxito en esta fase intermedia. 
Creo que la Estrategia ha sido víctima de su propia ambición y del vago, casi bombástico, carácter de algunos de los objetivos que se fijaron, sin estar sujetos a un horario debidamente establecido y viable. 
Se precisa una mayor dosis de realismo, para combinarlo con la ambición. 
A pesar de algunas reservas relacionadas con partes de la directiva de Servicios, en particular el anuncio y la defensa exagerada del llamado principio de país de origen, creo que contiene algunos aspectos altamente positivos que deberíamos adoptar y poner en práctica en el ámbito europeo. 
He votado a favor de la propuesta de resolución propuesta por el Grupo del Partido Popular Europeo (Democráta-Cristianos) y Demócratas Europeos, pues me parece que identifica y critica claramente los efectos más significativos de las propuestas del Consejo. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas al estado de integración regional en los Balcanes occidentales. 
. Señor Presidente, Señorías, el Consejo no deja de prestar gran atención a las relaciones entre los Balcanes occidentales y la Unión Europea, que además sigue abogando con firmeza por la estabilización y la asociación de esta región vecina. 
Desde el punto de vista de la estrategia europea de seguridad, esta región es altamente prioritaria para la Unión Europea, como testimonian, entre otras cosas, además de los aspectos civiles, una presencia policial y militar de la Unión Europea en los Balcanes occidentales. 
El futuro de esta región se halla en la Unión Europea. 
La cumbre de Salónica del 21 de junio de 2003 destacó claramente la vocación europea de los Balcanes occidentales. 
Si el compromiso de la Unión a favor de los Balcanes occidentales no dejar lugar a equívocos, corresponde a los países de la región hacer buen uso de él. 
Los países en cuestión deben demostrar, mediante políticas y actos concretos, su voluntad y su capacidad de convertirse, llegado el momento, en candidatos a la adhesión a la Unión Europea, con vistas a unirse a ella algún día. 
La Unión seguirá apoyándolos activamente en sus esfuerzos de reforma política e institucional. 
Ello exige sin duda cierta perseverancia y un compromiso decidido por ambas partes, ya que todavía quedan notables desafíos que superar. 
Sin embargo, pueden ser superados y dominados, ya que ello redunda en interés de los pueblos de los Balcanes occidentales, que sin duda han vivido tiempos infelices, hacer frente a estos desafíos. 
Redunda también en interés de la Unión Europea allanarles el camino hacia Europa, ya que nuestro objetivo primordial debe ser la paz y la estabilidad del continente europeo. 
El proceso de estabilización y asociación sigue siendo el marco general del camino europeo de los países de los Balcanes occidentales hacia una futura adhesión. 
Este proceso tiene por objeto ayudar a los países de la región a implantar de forma duradera la paz, la democracia, la estabilidad, la prosperidad y el respeto de los derechos de las minorías. 
Estos objetivos son los mismos que los del proyecto europeo, que ha sabido reconciliar a naciones enemigas tras la más terrible de las guerras, permitiéndoles construir un futuro común. 
Es importante señalar que este mismo ideal, esta misma visión, se ha visto enriquecida por la experiencia de la última ampliación. 
Esta mañana acabamos de tomar una decisión muy importante, es decir, el Parlamento acaba de tomar una decisión muy importante sobre esta cuestión, en este caso en relación con Bulgaria y Rumanía. 
Cada año, el Consejo procede a un examen tanto de los progresos realizados por los países del proceso de estabilización y asociación como de los problemas no resueltos, sobre la base de los informes anuales de la Comisión. 
Este examen es un ejercicio importante, que nos recuerda que los Balcanes occidentales están haciendo progresos en el camino hacia la Unión Europea. 
Tal como se acordó en la cumbre de Salónica, la Unión concluyó por vez primera en 2004 acuerdos de cooperación europeos con los países de la región. Estos fueron presentados por la Comisión al mismo tiempo que los informes sobre las cooperaciones y el proceso de estabilización y asociación. 
Estas cooperaciones, que se inspiran en las cooperaciones para la adhesión de los países candidatos, sirven de planes de trabajo individualizados, adaptados a las situaciones específicas de cada país. 
Indican las acciones concretas que deben emprenderse de forma prioritaria. 
La Comisión y el Consejo siguen los progresos de la aplicación de estas cooperaciones. 
Por tanto, el enfoque de la Unión con respecto a los Balcanes está ya muy individualizado y basado en el principio de los méritos propios de cada país. 
Todos los participantes en la cumbre de Salónica aceptaron el hecho de que la rapidez de los avances de los países de la región hacia una futura adhesión dependerá del ritmo con que implanten las reformas necesarias y cumplan los criterios de Copenhague y del proceso de estabilización y asociación. 
Los que obtengan mejores resultados avanzarán más rápido. 
En la actualidad, solo dos países tienen un acuerdo de estabilización y asociación con la Unión Europea, a saber, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Croacia es el primer país de la región que se ha convertido en país candidato. 
El proceso es, pues, general, pero sigue el enfoque de «cada país según sus propios méritos». 
La perspectiva de la adhesión, que es la única garantía de que el desarrollo de estos países sea una realidad para todos, se aplica de acuerdo con este enfoque. 
Con ocasión de la última revisión del proceso de estabilización y asociación por parte del Consejo en mayo de 2004, el Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados en la región. 
Pudo constatar una estabilización duradera de la situación en materia de seguridad. 
Pero a pesar de los éxitos registrados en los últimos años, no cabe excluir definitivamente, por desgracia, la posibilidad situaciones descontroladas, actos violentos o la puesta en tela de juicio de los valores fundamentales en los que se basa la construcción europea. 
Por esta razón, debemos mantenernos especialmente atentos y vigilantes ante la posible evolución de los acontecimientos.La paz y la estabilidad no pueden considerarse garantizadas en la región. 
El legado de un oscuro pasado, en el que hizo estragos un nacionalismo destructor, no ha desaparecido por completo. 
Para esta región, 2005 será un año en el que se presentarán oportunidades importantes. 
Así, el Consejo seguirá de cerca la aplicación continua del acuerdo marco de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que ha solicitado a la Unión Europea convertirse en país candidato. 
La evolución política en Albania, en particular en la perspectiva de las elecciones legislativas que tendrán lugar este verano, merece toda nuestra atención. 
Por lo que se refiere a Serbia y Montenegro por un lado, y Bosnia y Herzegovina por otro, el Consejo debería emitir su opinión en el curso de este primer semestre del año, entre otras cosas sobre la conveniencia de negociar un acuerdo de estabilización y asociación. 
Continúan las negociaciones en torno a un acuerdo de este tipo con Albania y el Consejo deberá ocuparse más adelante, este mismo año, sobre la base del dictamen de la Comisión, de la solicitud de adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.Con respecto a Kosovo, la revisión de mediados de 2005 ofrecerá una primera oportunidad de evaluar los progresos realizados en materia de respeto efectivo de las normas dictadas por las Naciones Unidas. 
Del resultado positivo de esta evaluación dependerá el avance hacia un proceso encaminado a determinar, mediante el diálogo y la cooperación entre todas las partes, el futuro estatuto de Kosovo. 
Finalmente, por lo que se refiere a Croacia, la conferencia intergubernamental sobre las negociaciones de adhesión se convocará de común acuerdo una vez que el Consejo haya confirmado –y espero que sea pronto–que Croacia coopera plenamente con el Tribunal de La Haya. 
Esta cooperación sin reservas con el Tribunal es una exigencia ineludible para todos los países de los Balcanes occidentales. 
Hay que decir que en los últimos tiempos se han hecho progresos reales, pero es preciso que haya nuevos avances. 
Las iniciativas de la Unión Europea para promover la integración regional de los Balcanes occidentales, en particular en lo que se refiere a la infraestructura, la educación, el retorno de los refugiados, la lucha contra la delincuencia y los intercambios culturales, son realmente esenciales en este terreno. 
La cooperación regional, al favorecer la integración económica de la región, es un instrumento importante para promover la reconciliación, favorecer las reformas y, sobre todo, mejorar la situación económica y social en la región. 
En algunas zonas de los Balcanes occidentales existe un desempleo endémico, que ha alcanzado niveles sin precedentes y se debe en gran medida a la falta de inversiones privadas. Este es uno de los principales factores no solo de inestabilidad social, sino también de inestabilidad política. 
Por consiguiente, el Consejo concede especial importancia a la promoción de la cooperación regional, que es un elemento clave de la cooperación por la estabilización y asociación. 
En su revisión de este proceso, en mayo de 2004, el Consejo expresó su satisfacción por las significativas mejoras observadas en materia de cooperación regional, en particular en los ámbitos de las infraestructuras, el comercio y la energía. 
La Comisión lleva a cabo, en el marco del programa CARDS, proyectos de asistencia en los ámbitos mencionados en la pregunta y, particularmente en el caso de Croacia, a través de los instrumentos de preadhesión, que son especialmente importantes a este respecto. 
Así, el objetivo del reglamento CARDS es, entre otras cosas, ejecutar proyectos de reconstrucción, suministrar ayuda para el retorno de los refugiados y para la estabilización de la región, pero también alentar la cooperación regional. 
Actualmente, el Consejo está debatiendo el nuevo instrumento financiero de ayuda de preadhesión propuesto por la Comisión. 
A partir de 2007, este debería ser el marco de la asistencia de la Unión Europea a los países candidatos y candidatos potenciales, que incluyen a los Balcanes occidentales. 
. 
Señor Presidente, agradezco al Parlamento y al ponente, el señor Samuelsen, la resolución sobre los Balcanes occidentales, una resolución que mira al futuro, y el compromiso del Parlamento y de su Comisión de Asuntos Exteriores con la región. 
Actualmente, la mayoría de los países de los Balcanes occidentales están logrando avances palpables en sus relaciones con la Unión Europea. 
Sin embargo, todavía hay muchas cuestiones por abordar y los avances han de consolidarse y reforzarse. 
Los años 2005 y 2006 serán cruciales para los Balcanes occidentales en relación con la Unión Europea. 
Nos encontramos en un momento realmente decisivo. 
Tenemos que superar ciertas cuestiones a corto plazo para poder centrarnos en el desarrollo económico y social a largo plazo. 
Las cuestiones inmediatas más cruciales se refieren a la conclusión de la labor del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y a la solución del futuro estatuto de Kosovo. 
Como ex diputado al Parlamento Europeo siempre he estado orgulloso del gran historial de esta Asamblea en materia de defensa del respeto de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asociadas, así como del apoyo al sistema multilateral basado en las Naciones Unidas. 
Por este motivo, celebro en particular los puntos de vista del Parlamento expresados en los apartados del 37 y 46, donde se subraya la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal de La Haya. 
Este apoyo a los derechos humanos, al Estado de Derecho y el multilateralismo basado en las Naciones Unidas han motivado que la Unión Europea considere la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia una condición para sus relaciones con los países de la región. 
Este otoño, probablemente en noviembre, la Comisión presentará el paquete de ampliación e informará con más detalle sobre los avances logrados por los países de la región. 
Permítanme ahora aprovechar la oportunidad para esbozar nuestra posición actual con respecto a estos países. 
Si nos fijamos en Albania, comparto la preocupación expresada en la resolución del Parlamento sobre el clima político, en particular en el contexto de las elecciones parlamentarias de este verano. 
Hace poco he escrito al Primer Ministro Nano para hacer hincapié en que la Comisión solo podrá proponer la conclusión de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación si este verano las elecciones parlamentarias se celebran de acuerdo con las normas internacionales. 
También hay que cosechar éxitos tangibles en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. 
Bosnia y Herzegovina aborda activamente las prioridades que fijamos en el informe de viabilidad a finales de 2003. 
Una vez el país logre avances significativos en todos los ámbitos prioritarios, podremos recomendar el inicio de negociaciones en torno al Acuerdo de Estabilización y Adhesión. 
En cuanto a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, se ha avanzado notablemente, y esta tendencia ha de reforzarse para llegar a la plena cooperación. 
Para el inicio de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación la reforma de la policía es una condición especialmente importante para Bosnia y Herzegovina. 
El Alto Representante y la Unión han ayudado mucho a impulsar la estabilidad y la reforma en Bosnia y Herzegovina. 
Sin embargo, creo que el país está listo para asumir más responsabilidad sobre su propio futuro. 
Si Bosnia y Herzegovina cuenta con autoridades democráticamente responsables, preveo el cierre gradual y paulatino de la Oficina del Alto Representante. 
A medida que nos aproximamos al décimo aniversario de los Acuerdos de Paz de Dayton, realmente ya va siendo hora de pasar de la era de Dayton a la era de Bruselas. 
Me ha decepcionado que Croacia no haya sido capaz de garantizar la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a mediados de marzo. 
Como ustedes saben, en diciembre el Consejo Europeo decidió que las negociaciones sobre la adhesión solo podrían iniciarse el 17 de marzo si existía una plena cooperación con el Tribunal de La Haya. 
Esto se refiere a la voluntad y la capacidad de las estructuras estatales de Croacia para respetar el Estado de Derecho y las obligaciones internacionales. 
Ahora Croacia debe demostrar que coopera plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Que quede claro: el futuro de Croacia está en la Unión Europea. 
Mediante la aprobación del marco de negociación la Unión Europea ha hecho lo necesario para iniciar las negociaciones. 
La Unión Europea está lista cuando Croacia esté lista. 
Permítanme volver a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En febrero, el Presidente Barroso y yo nos reunimos con el Primer Ministro Bučkovski, cuando nos entregó las respuestas del país al cuestionario de la Comisión. 
Mis servicios están actualmente analizando las 13 000 páginas –45 kilos– de respuestas. 
Esperamos que el Gobierno logre más avances en su agenda de reformas, para consolidar el Estado de Derecho y aplicar el Acuerdo Marco de Ohrid. 
Me preocupan los informes de la OSCE sobre la repetición de las irregularidades en las últimas elecciones municipales. 
Las autoridades deben responder ahora con decisión y garantizar que las futuras elecciones puedan celebrarse de conformidad con las normas internacionales. 
En función de la evolución política, de los avances de las reformas jurídicas, políticas y económicas y de la calidad técnica de las respuestas, nuestro objetivo es aprobar la opinión para finales de este año. 
Ayer la Comisión adoptó una decisión positiva sobre el Estudio de Viabilidad para Serbia y Montenegro. 
Ahora consideramos que el país está suficientemente preparado para negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea. 
Tenemos que dar a cada país el mismo trato en cada una de las fases; hemos de utilizar la misma vara de medir en la misma fase para cada país. 
Negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación es muy distinto a negociar la adhesión a la Unión. 
Plantearemos más exigencias a medida que Serbia y Montenegro avancen en el proceso. 
Para alcanzar esta fase, Serbia y Montenegro tienen que hacer esfuerzos especiales. 
Me complace el acuerdo celebrado la semana pasada sobre la Constitución, que garantiza la legitimidad del Parlamento de la Unión de Estados. 
Me complace que por fin el país haya avanzado notablemente en la cooperación con el Tribunal de La Haya. 
Hasta la fecha una docena de personas acusadas de crímenes de guerra han tomado el avión a La Haya. 
Convendría redoblar los esfuerzos hasta que ninguno de los demás acusados siga en libertad. 
Las negociaciones sobre la adhesión no pueden ni siquiera plantearse hasta que el país coopere plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Ahora que se aproxima el décimo aniversario de Srebrenica, que es en julio, hay que llevar ante la justicia a Radovan Karadzić y a Ratko Mladić. 
Este es el inicio de la vía europea para Serbia y Montenegro. 
El país ha conseguido mucho en los últimos años. 
Ha llegado la hora de avanzar, de compensar los progresos significativos y de mostrar a los ciudadanos de Serbia y Montenegro que el cumplimiento de las obligaciones internacionales cruciales les acerca a la Unión Europea. 
Kosovo ocupará un lugar destacado en los próximos meses, y a mediados de 2005 se examinarán las normas, a lo que probablemente sigan los debates sobre el futuro estatuto de Kosovo. 
En estos momentos nos centramos en ayudar a las autoridades de Kosovo a avanzar en la aplicación de las normas de las Naciones Unidas, especialmente el Estado de Derecho y los derechos de las minorías. 
Una vez decidido el estatuto, seguiremos apoyando los avances de Kosovo hacia su integración en Europa. 
La Comisión tiene previsto presentar la próxima semana una Comunicación sobre «Un futuro europeo para Kosovo». 
Emitirá una señal clara a los líderes y los ciudadanos de Kosovo de que la Unión Europea está plenamente comprometida con su futuro europeo. 
También esperamos que los líderes kosovares demuestren una actitud constructiva, lo que incluye reunirse con los líderes serbios que les han tendido una mano. 
Belgrado también ha de trabajar constructivamente para resolver la cuestión. 
En el Estudio de Viabilidad de Serbia y Montenegro hemos dejado claro a Belgrado que las aspiraciones comunitarias del país están vinculadas a una resolución satisfactoria del estatuto de Kosovo. 
Para resumir, aunque existen dificultades y escollos en el camino de los Balcanes occidentales a Europa, actualmente la mayoría de los países avanzan de forma constante. 
Los países que luchan por reformar economías anticuadas y construir sociedades modernas basadas en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho tienen que ocuparse, al mismo tiempo, del legado de la guerra. 
En este contexto quiero subrayar la importancia de la cooperación regional. 
Unas buenas relaciones de vecindad y la cooperación económica regional son la verdadera esencia de la Unión Europea. 
Son el catalizador de la estabilidad, la reconociliación y la normalización de las relaciones políticas. 
Este es un desafío principal para los países de la región y la Unión Europea. 
Es una demanda exagerada, pero estoy segura de que vamos por el buen camino. 
Cuanto menos necesitemos centrarnos en la estabilidad y la seguridad, tanto más podremos canalizar nuestros recursos al desarrollo económico y social, como se subraya con acierto en el informe Samuelsen. 
– Señor Presidente, Señorías, la política exterior de la Unión Europea debería centrarse en el sudeste de Europa, y la Unión Europea tendría que adoptar medidas coherentes para llevar a término lo iniciado a mediados de la década de 1990. 
Sin embargo, hasta la fecha estas medidas han sido muy escasas. 
El objetivo de este informe era permitirnos ejercer cierta presión sobre el Consejo y la Comisión, y hoy hemos descubierto que esta línea de acción ha tenido éxito, al menos en esta fase del juego. 
Me ha complacido gratamente oír al Comisario decir hace unos momentos que la Comisión, a largo plazo, tiene previsto presentar una comunicación sobre Kosovo, y el señor Schmit también ha dicho que el Consejo intentaría garantizar que este mayor interés existente por esta región se refuerce con acciones. 
Sin embargo, al mismo tiempo debemos preguntarnos qué medidas van a adoptar los propios países. 
Los dos oradores anteriores ya han aludido a la necesidad de que Albania garantice a largo plazo que las próximas elecciones se celebren como es debido y que los resultados no se manipulen de ninguna forma. 
El Gobierno albanés también debe asumir de una vez por todas la gobernanza en serio, luchando contra la corrupción y aplicando la legislación. 
Todos sabemos que Macedonia debe presionar en relación con el proceso Aarhus para que sus albaneses, que constituyen el 25 % del conjunto de la población, se encuentren en igualdad de condiciones que otros ciudadanos. 
Hasta que no ocurra esto, será imposible que Macedonia actúe como fuerza estabilizadora en la región. 
La Comisión y el Consejo han tenido que presionar durante cierto tiempo a los políticos locales de Bosnia y Herzegovina para modificar el Acuerdo de Dayton y así establecer una comunidad que funcione. 
El país nunca podrá entrar en la Unión Europea en su estado actual. 
Todavía hay muy poca cooperación con el Tribunal de La Haya y aún no han regresado suficientes refugiados a la. 
Volviendo sobre Serbia, Montenegro y Kosovo, la confederación entre Serbia y Montenegro está muy lejos de ser sólida, y es preciso adoptar una decisión pronto sobre si debería seguir existiendo o disolverse. 
Belgrado y Pristina han de colaborar bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea para encontrar lo antes posible una solución a la cuestión de Kosovo, y no hay motivo para no encontrarla, dado que todos los países afectados desean entrar en la Unión Europea. 
Espero que Croacia pueda convencer a la misión de seguimiento de que está cooperando al máximo. 
Todos los países mencionados afrontan grandes problemas con respecto a sus sistemas judiciales y la lucha en contra de la corrupción, y además carecen de capacidad administrativa. 
Hemos de aprobar medidas para ayudarles a este respecto, y de hecho deberíamos ayudar a todos estos países de forma más comprometida y coherente. 
Tendríamos que permitirles acceder a instrumentos de preadhesión, para que puedan desarrollar economías nacionales que funcionen y democracias que funcionen. 
Todos nos beneficiaríamos de esto, especialmente los jóvenes de los países en cuestión. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisaria, Señorías, hoy una mayoría aplastante ha votado a favor de la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. 
No cabe duda alguna de que sufrimos algo parecido a una fatiga de ampliación, tanto entre los diputados a esta Cámara, incluso algunos de los que han votado a favor, como entre el público. 
Últimamente ha sido una tarea muy exigente debatir las rondas siguientes de la ampliación, pero el Consejo, la Comisión y el Parlamento han de trabajar juntos para explicar al público que es la única forma de estabilizar esta región. 
Asimismo, hemos de dejar claro que los fenómenos negativos en estos países propician un mayor riesgo de que surjan varios problemas como la delincuencia transfronteriza, la corrupción o nuevos brotes de conflictos étnicos, y que este riesgo solo puede eliminarse si los países tienen una clara perspectiva de la integración europea. 
Estoy muy agradecido a la Presidencia y a la Comisión por haber hecho hoy hincapié en esta cuestión. 
Ahora debemos centrar nuestra atención firmemente en esta región, en particular en vista de las decisiones que hoy hemos adoptado, y agradezco al Consejo que haya dado con una solución dirigida a ayudar a Croacia. 
Esta solución incluye un seguimiento riguroso de los pasos adoptados por el país con vistas a entregar a Gotovina al Tribunal de La Haya, y espero que ambas partes empiecen sin demora a aplicarla, ya que ello nos permitiría iniciar próximamente negociaciones con Croacia. 
Croacia ha hecho grandes progresos con los anteriores Gobiernos, y existe una gran posibilidad de que el Gobierno actual sirva de baliza o fuerza motriz, dependiendo de qué analogía se prefiera, para el resto de la región. 
Por tanto, todo acuerdo que alcancemos con Croacia no debería considerarse un ataque en contra Serbia u otro país, ya que pretendería beneficiar al conjunto de la región. 
Por supuesto, estoy seguro de que a todos nos complacería que Serbia, Montenegro y Kosovo entraran juntos y en perfecta armonía para formar un país. 
Sin embargo, en vista de todo lo ocurrido, sobre todo en cuanto a Kosovo se refiere, esto es bastante improbable. 
Por lo tanto, opino que es preciso encontrar la forma en que estos países, o en cualquier caso Kosovo, puedan encontrar la independencia al mismo tiempo que mantener sus vínculos históricos y étnicos existentes. 
Independientemente de si se toma la Comunidad de Estados Independientes como modelo o si se establece otra forma de cooperación, quiero pedir al Consejo y a la Comisión que sean todo lo imaginativos que puedan cuando desempeñen esta tarea, ya que es esencial que lleguemos a una solución seria al problema de Serbia y Montenegro, y al de Kosovo, antes de finales de 2006. 
Puedo asegurarles que esta Asamblea les apoyará si presentan buenas propuestas. 
Señor Presidente, es cierto que en esta región siguen existiendo numerosos problemas, un hecho que han resaltado los oradores del Consejo y la Comisión y a quienes agradezco sus comentarios. 
Pero también es cierto que esta región ofrece muy buenas perspectivas, incluida su integración en la Europa actual. 
Citaré un ejemplo basado en Dinamarca. 
La última ampliación abrió los ojos a un gran número de daneses, que empezaron a ver a Europa no solo como un club económico reservado a los ricos, sino como un club político basado en un conjunto de valores comunes con capacidad para convertirse en una fuerza motriz del desarrollo de las democracias y la seguridad. 
Recientemente hemos podido observar cómo uno de los partidos daneses que desempeña un papel crucial en el debate de la Unión Europea, el Partido Socialista Popular, ha pasado de ser euroescéptico a ser eurófilo. Además, ese cambio de postura se ha producido claramente a la vista de los acontecimientos relacionados con la ampliación. 
El siguiente desafío importante lo plantea la región que hoy nos ocupa. Como hemos comprobado hace poco, es evidente que siguen existiendo problemas en Albania, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Kosovo y Croacia que han obligado a posponer las negociaciones de adhesión. 
Sin embargo, es importante insistir en las perspectivas que tienen esos países en términos de Europa, porque son precisamente esas perspectivas las que pueden aportar la fuerza motriz que necesitan. 
Además, es muy necesario que el resto de Europa demuestre que ese es un ámbito fundamental para la cooperación europea. 
Nos estamos adentrando en un año muy interesante. 
Será el año en el que lograremos encontrar –con suerte, lo antes posible– una solución positiva para Croacia. 
No hay duda de que será también el año en el que estaremos más cerca de resolver el problema que rodea al nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia o de Macedonia, y cabe esperar que sea también el año en el que estaremos más cerca de resolver la cuestión del futuro estatuto de Kosovo. 
Aprovecho esta ocasión para agradecerles su cooperación en relación con esta Resolución y su elaboración. 
Se ha convertido en un mecanismo útil que contribuirá a mantener no solo la presión y el impulso que forman ahora parte de los avances, sino también el compromiso que debe demostrar la Unión Europea si quiere encontrar una solución a los problemas de la región. 
Solo así podremos iniciar en serio el proceso, con el apoyo de todas las partes implicadas y la sensación de que ese proceso nos llevará a alguna parte. 
. – Varios oradores que han intervenido en este debate, al igual que una serie de informes y declaraciones de la Comisión y el Consejo, insisten en que los países de los Balcanes occidentales son futuros miembros de la Unión Europea, aunque en el clima social actual eso sea más fácil de decir que de conseguir. 
Se ha dicho en el debate de esta mañana sobre Rumanía, y el señor Swoboda lo ha repetido en su intervención, que la ampliación produce ya un cierto hastío. 
Mucho me temo que ese hastío acabará afectando en particular a nuestra política respecto a los Balcanes. 
Sigo convencido de que – por muy impopular que resulte y recalco esta idea aquí una vez más – la Unión Europea necesita una estrategia para los Balcanes. 
Ayer, la Comisión Internacional para los Balcanes, entre cuyos miembros se encuentran numerosos expertos y personalidades interesantes, presentó un informe sobre I quote from that report. los Balcanes occidentales en el que se dice que, aunque la guerra haya terminado, el olor de la violencia sigue flotando en el aire. 
Al viajar por cualquier país de los Balcanes, es la situación actual, lo que significa que la Unión Europea simplemente no puede pensar que de momento esos países no nos convienen y que es mejor olvidarnos de ellos. 
En esta nueva estrategia, en esta estrategia para los Balcanes aspirantes a la adhesión, hay dos factores importantes. 
En primer lugar –lo repetiré, aunque sea evidente–, el desarrollo social y económico actual de la región es desastroso y constituye la causa principal de inestabilidad. 
Con unas cifras de desempleo tan elevadas, es prácticamente imposible que los jóvenes puedan labrarse un futuro al acabar los estudios. Eso provoca un aumento de la criminalidad, la inseguridad y la inestabilidad y se crea una situación que deja mucho que desear. 
Si algo tiene de bueno la Unión Europea, es su afán por estrechar los lazos económicos entre esos países y entre ellos y la Unión Europea. 
Un segundo elemento que hay que tener presente es el cumplimiento de las condiciones básicas en lo que respecta a los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
Aunque como portavoces de los Balcanes teníamos posturas diferentes sobre esto en relación con Croacia, en mi opinión ha quedado demostrado que el hecho de que Consejo estableciera como requisito la cooperación con el Tribunal de La Haya para iniciar negociaciones ha influido de forma positiva tanto en Bosnia y Herzegovina como en Serbia. 
Celebro que el Consejo se mantuviera firme en este requisito de cooperación con el Tribunal, y le felicito por ello. 
Pasaré ahora a hablar sobre un asunto que nos preocupa a todos: Kosovo. 
Acabo de visitar esa región y estoy convencido de que el documento sobre los estándares y lo sucedido hasta ahora seguirá su curso. 
Tengo plena certeza de que se acabará celebrando un debate en torno al estatuto. 
Un debate en el que Europa debe tomar la iniciativa, lo quiera o no, por que tenemos el control de la situación. Tenemos la recompensa para Serbia y Kosovo en nuestras manos. 
El debate sobre la independencia de Kosovo tiene que celebrarse bajo toda una serie de condiciones que ya resultan evidentes: no a la separación, no a la cooperación con Albania o Macedonia y respeto a la minoría serbia. 
Mantenerse al margen sin hacer nada, y actuar como si a Europa le resultara demasiado difícil abordar el problema de los Balcanes por el momento, es un planteamiento inadmisible. 
La pasividad conducirá a una situación intolerable y peligrosa de la que debemos librarnos a nosotros mismos y a los países balcánicos. 
. En el decenio de 1990 pensamos que podríamos resolver los problemas de la antigua Yugoslavia con el establecimiento de protectorados, el envío de administradores externos y de soldados a la región y el regreso obligatorio de los refugiados a zonas donde había ya una mayoría étnica diferente. 
Ese modelo estadounidense conduce al estancamiento y obliga a las personas a adoptar actitudes inmaduras, dispuestas a esperar hasta que esos extranjeros entrometidos se marchen. 
La alternativa a este estancamiento es la búsqueda de una solución pacífica y democrática que emane de los propios ciudadanos, para lo cual hay que tomarse en serio el modo en que los ciudadanos de Kosovo, Montenegro, las diferentes entidades que conviven en Bosnia o las dos grandes zonas lingüísticas de Macedonia, por ejemplo, ven su futuro y cómo quieren llamarse. 
Los Estados y los grupos de población enfrentados en el decenio de 1990 siguen rechazando el dominio de sus vecinos, pero sí quieren cooperar con la apertura de fronteras. 
A esto puede contribuir el rápido inicio de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, empezando con Croacia y Macedonia. 
Es preciso que ahora Europa se dedique a buscar, sin prejuicios, soluciones reales conjuntamente con todos los implicados. 
. Señor Presidente, Bosnia y Herzegovina es un bomba de relojería a punto de estallar, según han reconocido claramente fuentes de EUFOR, la misión militar de la Unión Europea en ese país. 
Casi diez años después de Dayton, el conflicto étnico entre las antiguas partes enfrentadas sigue librándose con la misma furia en el escenario político. 
La imagen que la delegación de este Parlamento obtuvo la semana pasada de la situación actual en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo y Mostar, no fue en absoluto una imagen reconfortante, pero sin duda fue totalmente realista. 
Eso pone de manifiesto una vez más la utilidad de la misión EUFOR en la región. 
Aunque cabría esperar una contribución conciliadora de las comunidades religiosas en Bosnia y Herzegovina, ocurre todo lo contrario, según informes de los representantes del Consejo, la Comisión y EUFOR. 
Insto al Consejo y la Comisión a que sigan recordando a las autoridades eclesiásticas y al la gran responsabilidad que tienen en esto. 
El arresto reciente de unos ciudadanos bosnios en Chechenia no augura nada bueno y constituye un ejemplo del peligro del extremismo religioso sobre el que fuentes de EUFOR han estado llamando nuestra atención. 
Una parte de la visita de la delegación a Sarajevo consistió en la inspección de campos de minas. 
Consejo y Comisión, solo la limpieza de esos campos de muerte puede hacer posible la transición a una existencia pacífica. Les pido, pues, que inviertan por esta vía más en el futuro de Bosnia y Herzegovina. 
– Señor Presidente, todos sabemos muy bien que los últimos años han sido muy tristes para la región de los Balcanes y para las numerosas personas que han perdido a sus familias y a sus seres queridos a causa de las guerras que ha habido allí. 
En la fase final de esta guerra se produjo el ataque de la OTAN sobre Kosovo y la caída del régimen. 
Yo apoyo decididamente las políticas de la Unión Europea, que se han aplicado para ayudar a reconstruir las economías de la región de los Balcanes occidentales. 
La Unión Europea tiene razón en gran parte cuando trata a los Balcanes como una región única. 
Políticamente esta es una cuestión muy sensible con respecto a la futura relación entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales. 
Por supuesto, la Unión Europea es actualmente el donante singular más importante de ayuda económica a la región de los Balcanes. 
El dinero se utiliza para mejorar las infraestructuras básicas en el ámbito del transporte, el medio ambiente, la energía y las telecomunicaciones. 
La ayuda de la Unión Europea también se destina a mejorar la eficacia de las instituciones públicas, centrándose en particular en la judicatura, las fuerzas policiales y la administración pública. 
Sin embargo, esto no significa que la Unión Europea no critique algunos acontecimientos políticos en la región de los Balcanes. 
La Unión Europea sigue reclamando la entrega de los sospechosos de crímenes de guerra al tribunal internacional de La Haya. 
No obstante, recientemente se han producido numerosos acontecimientos positivos en la región de los Balcanes. 
Doy la bienvenida a la decisión del Gobierno estadounidense de retirar sus tropas de Bosnia y de entregar el control del mantenimiento de la paz a las fuerzas de la Unión Europea. 
Es evidente que existe una amplia estabilidad política en la región. 
Sabemos que debemos vigilar muy de cerca los desarrollos políticos en esa región y defiendo el llamado proceso de estabilización y asociación. 
Estoy a favor de que esos países se conviertan en miembros de la Unión Europea si cumplen los criterios de Copenhague en cuanto al respeto del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos. 
La Unión Europea como entidad política conoce y cumplirá sus obligaciones a este respecto. 
– Señor Presidente, los Balcanes occidentales han sido siempre un terreno para poner a prueba la eficacia de las acciones exteriores de la Unión Europea. 
Hasta la fecha, la política comunitaria se ha caracterizado por su carácter fragmentario, la adopción de medidas aisladas, la falta de coordinación y el caso omiso del potencial de desarrollo de la zona. 
En mi opinión, los desafíos que plantea la formulación de una política europea más productiva en relación con los Balcanes occidentales son los siguientes: 
En primer lugar, adoptar medidas capaces de fortalecer la confianza, la cohesión social y la seguridad. 
En segundo lugar, vincular las ayudas europeas y las perspectivas europeas de los Balcanes a una serie de estrictos requisitos en materia de reforma política, administrativa y judicial. 
En tercer lugar, elaborar un plan estratégico avanzado y cohesivo para el desarrollo de los Balcanes, que tenga como objetivo intermedio un crecimiento sostenible e integrado y, como objetivo último, la convergencia con la Unión Europea. 
En dicho plan se articularán las prioridades de cada país, se buscarán ámbitos de cooperación y beneficio mutuo, se establecerán prioridades y líneas de actuación, se definirán y cuantificarán requisitos en los sectores básicos y se asignarán los recursos necesarios para su ejecución. 
En cuarto lugar, apoyar la integración económica regional, prestando especial atención a las infraestructuras transfronterizas y a las redes transeuropeas. 
En quinto lugar, impulsar la política de cooperación regional mediante el establecimiento de un diálogo político estructurado, de acuerdo con el precedente establecido por la Conferencia Europea sobre los Países de Europa Central y Oriental antes de su adhesión. 
Por último, la enmienda del señor Samuelsen, así como otras enmiendas similares sobre la denominación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, me parecen inaceptables por las razones expuestas en la declaración conjunta del grupo parlamentario Nueva Democracia, de la cual se ha hecho llegar una copia a todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Creo que, a modo de pequeña muestra de responsabilidad política e institucional, convendría que todos los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de las demás instituciones de la Unión Europea utilizaran los nombres oficiales, los nombres de Naciones Unidas, tal como ha hecho el Comisario Rehn. 
– Señor Presidente, la iniciativa del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, en virtud de la cual se proponen una serie de enmiendas relacionadas con la denominación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y se solicita que la Unión Europea reconozca al país por su nombre constitucional, me lleva a manifestar de entrada mi postura en este asunto. 
Quiero declarar con absoluta rotundidad que esa iniciativa está en conflicto directo con las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas y con las decisiones adoptadas por la Unión Europea y sus instituciones, incluido el Parlamento Europeo. 
Esa iniciativa pasa por alto todo concepto de solidaridad con un Estado miembro de la Unión Europea, con Grecia, una de las partes implicadas en el proceso de negociación que se ha emprendido en el marco de las Naciones Unidas para buscar una solución digna y mutuamente aceptable, un compromiso lógico y respetable. 
A pesar de que todos nosotros, también mi grupo, hemos denunciado la acción unilateral de los Estados Unidos en relación con el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, ahora vienen ellos a confirmar y aceptar la decisión unilateral de ese país de reconocer a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por su nombre constitucional. 
Esa postura plantea un verdadero problema, en un momento en el que tendríamos que estar debatiendo la formulación de una estrategia comunitaria integrada y común para hacer frente a las principales amenazas y desafíos que plantea la reaparición de la inestabilidad y los enfrentamientos en la región de los Balcanes occidentales. 
Esa sería, sin duda alguna, una aportación importante a la defensa de los intereses europeos y a la mejora de las perspectivas comunitarias de los países de la región. 
El conflicto y la guerra de los Balcanes deberían hacernos a todos más prudentes, responsables y realistas. 
Grecia ha sabido aprender las lecciones de la historia reciente del conflicto de los Balcanes y se ha convertido en un factor de estabilidad con sus iniciativas de paz y cooperación. 
Es el país europeo que más inversiones ha realizado en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, con lo que ha contribuido a crear más de 20 000 puestos de trabajo. 
Ha demostrado que posee un verdadero sentido de la responsabilidad, un enorme realismo y una voluntad de compromiso en el seno de las Naciones Unidas para resolver el problema del nombre y encontrar un compromiso lógico que no atente contra la dignidad de ninguno de los dos países. 
Por este motivo, insto a mis honorables colegas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y al ponente, señor Samuelsen, a retirar sus enmiendas, al menos por ahora. Asimismo, ruego al Presidente en ejercicio del Consejo y al miembro de la Comisión que adopten una postura al respecto. 
(Gracias, señor Presidente. 
Hablaré acerca de la Antigua República Yugoslava de Macedonia desde el punto de vista geoestratégico del proceso de extensión de la Unión Europea hacia el sudoeste. 
La posición geográfica de este país en la inestable región balcánica resulta extremadamente importante para la Unión, en especial teniendo en cuenta que aún no se ha completado el estatuto constitucional del vecino Kosovo, que está siendo testigo de una delicada reforma constitucional basada en el acuerdo marco de Ohrid. 
Ese acuerdo marco es un documento constitucional basado en el principio de la diversidad cultural. 
En él, el grupo nacional mayoritario de macedonios eslavos expresa su deseo de compartir el poder a todos los niveles, tanto nacional como local, con el grupo nacional minoritario de macedonios albanos. 
Por lo tanto, la importancia del acuerdo para la estabilidad de la situación tiene que medirse aplicando los criterios de un punto de inflexión social. 
La reforma de las relaciones sociales básicas está avanzando en paralelo a la reforma económica. 
Para garantizar su continuidad, el país necesita que existan perspectivas claras de unas relaciones más estrechas con la Unión Europea, al tiempo que requiere nuestra ayuda para consolidar su nueva identidad. 
La pregunta formulada por el ponente Samuelsen de si no es hora ya de que la Unión Europea considere la posibilidad de reconocer a ese país por su nombre constitucional, la República de Macedonia, guarda relación con esto. 
Gracias. 
Señor Presidente, no hay duda de que todas las naciones y grupos étnicos de los Balcanes, que tienen sus esperanzas puestas en la Unión Europea tras una larga historia de sufrimiento, son europeos. 
No obstante, si se analiza más de cerca la situación, se puede apreciar, por desgracia, que en muchos de estos Estados balcánicos sigue funcionando el «amiguismo». 
Las reformas prometidas existen únicamente sobre el papel, siendo los principales culpables de ello los antiguos miembros de la. 
Apenas se emprenden iniciativas importantes para combatir la corrupción y las grandes diferencias entre ricos y pobres no paran de acrecentarse. 
El índice de analfabetismo sigue aumentando en algunas zonas y la situación de las minorías, en particular de los romaníes, deja mucho que desear. 
Las elecciones se manipulan recurriendo a los sobornos e incluso, en ocasiones, a la violencia. 
Es preciso que todas las instituciones comunitarias examinen con más detenimiento la realidad y que no permitan que los que practican el «amiguismo» les engañen. 
Creo que tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario para estudiar la situación en mayor profundidad antes de aprobar la adhesión de esos países a la Unión Europea. 
Señor Presidente, en contra de lo que se declara en estos documentos, Croacia no pertenece a los Balcanes occidentales. 
Es un país de Europa Central y el único, aparte de Suiza y Liechtenstein, que todavía no pertenece a la Unión Europea. 
Considerando que cumple todos los criterios de la adhesión, debemos iniciar de inmediato negociaciones con él. 
Sin embargo, en la zona de los Balcanes queda todavía mucho trabajo por hacer. 
En Bosnia y Herzegovina hay que emprender una reforma constitucional que la convierta en una federación poderosa constituida por tres naciones con igualdad de derechos, y hay que poner fin a la dictadura de Lord Ashdown. 
Antes de que acabe el año, se debe entregar a Kosovo un plan de trabajo claro para la independencia, aunque sujeto a una serie de condiciones. 
Cualquier otro planteamiento sería totalmente ajeno a la realidad. 
Serbia y Montenegro deben permitir que se vigile muy de cerca el respeto a los derechos humanos. 
En este sentido, me preocupa que la decisión tomada esta semana por la Comisión se haya basado en demasiados malentendidos. 
En lo que respecta a Macedonia, hay que encontrar una solución definitiva al problema del nombre y, a pesar del enorme respeto que siento por los diputados griegos, les rogaría que abandonaran su estrechez de miras en este asunto. 
En Alemania, Franconia forma parte de Baviera, y también tenemos a Frankfurt, pese a lo cual nadie se atrevería jamás a sugerir que Francia debe llamarse República de París, ya que de lo contrario podría reclamar territorios a Frankfurt o Franconia. 
Tenemos que dejar claros los límites de la Unión Europea. 
El señor Langen pertenece a las filas de aquellos que andan siempre repitiendo que la Unión Europea se vera sobrepasada si permite la adhesión de Turquía, pese a que el sudeste de Europa es a todas luces europeo. 
Hemos de centrar nuestras energías en el proceso de estabilización del sudeste de Europa y Croacia, un país de Europa Central con tantas razones para ser considerado parte de los Balcanes como la preciosa ciudad bohemia de Kaden an der Eger, o como Munich o Altenkirchen en Siegerland. 
Croacia pertenece a Europa Central y debe integrarse en Europa. Su adhesión, además, contribuiría a estabilizar la región vecina de los Balcanes. 
Retomaré la cuestión donde la ha dejado mi estimado colega, señor Posselt. 
Estoy de acuerdo con los numerosos informes derivados de la Resolución, la cual, por tanto, contará con mi apoyo. 
No obstante, creo que en ella no se hace hincapié en el hecho fundamental de que la instauración de la paz no significa necesariamente que se vayan a solucionar los importantes y complejos problemas de coexistencia que afrontan los pueblos de esa región. 
Sería una gran equivocación pensar que en la región ya existen Estados democráticos plenamente constituidos y que, a partir de ahora, se desarrollará un rápido proceso de modernización e integración en la Unión Europea. 
En mi opinión, convendría que la Unión Europea asumiera un mayor grado de responsabilidad e iniciativa con el fin de garantizar el establecimiento pacífico, mediante acuerdo, del estatuto fundamental de algunos Estados de la región, sin recurrir a la fuerza y, lo que es más importante, con carácter permanente. 
Por ejemplo, el Acuerdo no reformado de Dayton constituye un obstáculo para el desarrollo de Bosnia y Herzegovina, el estatuto de Kosovo no se ha negociado aún, la mayoría de los serbios y montenegrinos desean vivir en países independientes, etc. Considero que se trata de problemas importantes que merecen una respuesta más seria de la que podemos ofrecer en este momento. 
– Señor Presidente, Señorías, a la hora de hablar de los Balcanes, no podemos pensar en lograr un acuerdo estable si no es en la Unión Europea. 
No obstante, la integración europea solo puede lograrse con un gran impulso popular. 
Asimismo, en los Balcanes dicha integración solo puede ser el resultado de un verdadero proceso político de reconciliación, junto con el proceso penal en el Tribunal de La Haya, que es verdaderamente importante pero que por sí mismo no puede garantizar que todo el mundo sepa quién hizo qué en la guerra de principios de la década de los 90. 
El escenario que hoy estamos tratando puede representar la restauración de la situación en la que estalló la violencia y en la que se pueden enfrentar ahora víctimas y verdugos. 
Estos profundos enfrentamientos son la única forma de pasar página para que nadie la pueda reabrir. 
Se trata de un paso necesario en la construcción de una democracia, porque esta implica el respeto y la confianza mutuos. 
La Unión necesita una gran firmeza orientada al futuro y no debe permanecer atrapada en el pasado. 
Señor Presidente, Señorías, en dos minutos no da tiempo para decir gran cosa, sobre todo en un asunto de tanta envergadura como es el de los Balcanes occidentales. 
Trataré, por tanto, de referirme a una serie de aspectos comunes a todos los países de la región y a nuestra actitud hacia ellos. 
Los Balcanes occidentales constituyen una zona afectada no solo por la guerra y la destrucción, sino también por 50 años de comunismo. 
Quienes han vivido una guerra saben lo fácil que es empezarla y lo difícil que resulta ponerle fin. 
Aquellos que han vivido bajo el comunismo son conscientes además de la gran cantidad de tiempo que conlleva la instauración de la democracia. 
En todos estos países de los que hoy hablamos existe una especie de división: en Croacia, entre las fuerzas democráticas y no democráticas; en Bosnia, entre la Federación y la República Srpska, y en Serbia y Montenegro, entre los albanokosovares y los serbios. 
A la hora de iniciar conversaciones con estos países y de imponerles diferentes requisitos, debemos tener presente esa división y tratar de ayudar a las fuerzas democráticas que existen en los Balcanes occidentales, las cuales no son siempre tan poderosas o tan auténticas como creemos. 
Cuando hablamos, por ejemplo, de los procesados por crímenes de guerra en la República Srpska o en Serbia que hacen cola para venir a La Haya, pocos saben en este Parlamento que esas personas y sus familias reciben por ello de las autoridades una gran cantidad de dinero. 
Cuando hablamos acerca de la participación voluntaria de Macedonia en las negociaciones relativas a su cambio de denominación, pocos en este Parlamento saben que esa es solo una cara de la verdad, ya que en las negociaciones participan representantes griegos, pero no representantes macedonios para que puedan manifestar su opinión sobre dicha cuestión. 
Asimismo, quiero recordar también que todas las decisiones de este Parlamento son interpretadas y analizadas minuciosamente tanto por las fuerzas negativas como positivas de la región. 
Por tanto, debemos extremar la prudencia a la hora de enviar señales a los ciudadanos de estos países, ya sea en relación con las demandas de regreso de los refugiados a Kosovo, el cambio de nombre de Macedonia o la futura pertenencia de Croacia a la Unión Europea. 
Hagamos lo que hagamos, tenemos que apoyar a los que luchan por un desarrollo pacífico y democrático, e imponer sanciones a quienes lo obstaculizan. 
– Señor Presidente, hace poco he estado en Bosnia y Herzegovina y he visto los comienzos de EUFOR, la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Europea. 
Aún quedan amargas enemistades entre grupos bosnios, croatas y serbios del país. 
A pesar de que hay hasta 10 000 personas implicadas en los crímenes de guerra, solo se han formulado 34 acusaciones públicas. 
El camino a Bruselas no puede recorrerse si no se respetan las normas de justicia de la Unión Europea. 
Por este motivo, el Parlamento Europeo tiene razón hoy cuando insiste en la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por parte de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia. 
Actualmente, Europa invierte 25 veces más dinero y 50 veces más tropas per cápita en Kosovo que en Afganistán. 
A la Unión Europea le beneficia económica y políticamente integrar a los Balcanes occidentales, y este es su destino histórico. 
La perspectiva de la ampliación de la Unión Europea ha ayudado a los países de Europa Oriental a transformarse. 
Tenemos que abrigar esperanzas y trabajar para garantizar que ocurra lo mismo con los países del sudeste de Europa, para que también puedan unirse a nosotros en este Parlamento y en nuestra Unión. 
. En primer lugar, me gustaría felicitar al Parlamento por haber tomado la iniciativa de celebrar este debate. 
En efecto, como el Comisario y yo mismo hemos destacado, la situación en los Balcanes occidentales reviste un interés capital para la Unión. 
Observo que de hecho no tenemos una alternativa importante a la perspectiva europea. 
La perspectiva europea es el único instrumento de que disponemos para convencer a estos países de que cambien, hagan reformas, encuentren la vía de Europa –lo que quiere decir, en primer lugar, la vía a los valores europeos–, encuentren el camino de la reconciliación. 
No es absurdo decir a estos países que encuentren el camino de la reconciliación, pues nosotros mismos dimos ejemplo de esa reconciliación hace sesenta años. 
Creo, por tanto, que la llamada «fatiga de ampliación» es un hecho y que los ciudadanos ponen en tela de juicio estos constantes movimientos hacia la ampliación, hacia nuevas adhesiones. 
Pero hay que explicarles que redunda en interés de cada uno de nosotros alcanzar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en esta región. 
Alguien ha citado las tasas sin precedentes de desempleo endémico en Kosovo y en Bosnia. 
¿Por qué hay desempleo? 
Hay desempleo porque no hay desarrollo económico. No hay desarrollo económico porque no hay inversión privada y no hay inversión privada porque no hay confianza ni seguridad: nadie quiere invertir en regiones cuyo futuro y desarrollo son inciertos. 
Tenemos pues una misión fundamental: consolidar la seguridad, aportar seguridad, convencer a estas poblaciones de que su futuro está en la seguridad, en la reconciliación, en el respeto de los derechos de las minorías. 
Creo que así podremos desencadenar una dinámica positiva, que es en primer lugar una dinámica económica. 
En efecto, mientras no haya despegue económico en la región, no habrá realmente una paz estable. 
Es una misión importante para la Unión Europea. 
Doy las gracias una vez más al Parlamento por haber afirmado y recordado que es urgente actuar en esta región a través de todas las vías que se han mencionado y descrito. 
Por último, admito que hay un riesgo de extremismo. 
Aquí en Europa tenemos un posible foco de extremismo radical, en particular de extremismo islamista. 
A este respecto también, hemos de prevenir, y la única manera de asegurar la prevención es el diálogo: hay que demostrar que esta parte de Europa pertenece a Europa, que comparte los valores europeos, incluso si comprende a personas de fe musulmana. 
Creo, pues, que damos hoy es una señal importante, y hemos de seguir dando esta señal durante los próximos años. 
. Señor Presidente, quiero unirme al Ministro Schmit y felicitar al Parlamento por haber tomado la iniciativa de celebrar este debate. 
Es muy importante que en estos momentos cruciales celebren ustedes este debate para ayudar a que los Balcanes occidentales sigan estando en la Agenda de la Unión Europea y de la comunidad internacional, que tienen muchas otras cuestiones que abordar. 
Por tanto, es importante que hablemos de los Balcanes occidentales e intentemos mejorar nuestras políticas en esa región. 
Una de las cuestiones planteadas por varios oradores en este debate ha sido la fatiga de la ampliación y creo que este es un gran desafío. 
Hemos de convencer a los ciudadanos de la Unión Europea de que emprendan con nosotros el camino de la ampliación. 
Por tanto, nuestros próximos pasos han de ser graduales y gestionarse cuidadosa y prudentemente. 
También es importante subrayar que la ampliación es en sí misma una política de seguridad. 
Las reformas jurídicas y políticas, así como el desarrollo económico estimulado por la perspectiva de la Unión Europea, reducirán la inestabilidad y el conflicto, por ejemplo en los Balcanes occidentales. 
Necesitamos mantener un diálogo y explicar esta cuestión a nuestros ciudadanos para garantizar que los miedos injustificados no secuestren el futuro de los Balcanes occidentales. 
Intentaré responder a dos cuestiones que se han planteado concretamente aquí; la primera se refiere al nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la segunda cuestión guarda relación con la complejidad constitucional de Serbia y Montenegro. 
En cuanto a la cuestión del nombre, la Comisión apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas por alcanzar una solución de mutuo acuerdo entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Esperamos que las últimas propuestas del facilitador de las Naciones Unidas, el señor Nimetz, contribuyan a este objetivo. 
Una solución de esta cuestión bilateral contribuiría claramente a la estabilidad regional en los Balcanes occidentales en un momento delicado. 
En cuanto a Serbia y Montenegro, la Comisión ha elaborado deliberadamente un enfoque de doble vía para responder a la compleja estructura de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. 
Esto permite a ambas repúblicas y a la Unión de Estados avanzar en sus correspondientes ámbitos de competencia. 
La Unión de Estados es principalmente responsable de asuntos de política exterior y de seguridad, mientras que las repúblicas son responsables de la mayoría de los aspectos de la política económica y de las relaciones comerciales. 
Gracias a este enfoque de doble vía, hace poco hemos podido firmar el acuerdo comercial bilateral de textiles con Serbia, que es importante para la inversión y el empleo en esa república. 
Este otoño informaremos sobre los avances de Serbia y Montenegro a través de este enfoque en el informe anual de la Comisión sobre el proceso de estabilización y asociación. 
El marco constitucional debe respetarse, pero al mismo tiempo no debe dificultar los avances del país en su camino hacia Europa, si cumple otras condiciones para la preadhesión y después quizá la adhesión. 
Por último, uno de los mayores desafíos que afrontamos a la hora de afinar nuestras políticas relacionadas con los Balcanes occidentales y a la hora de acercar los países a la Unión Europea, es la debilidad de los Estados en esta región. 
Si el Estado no puede garantizar la satisfacción de las necesidades diarias básicas de su población, sin duda no puede alcanzar los niveles europeos. 
Es así de sencillo. 
Por tanto, debemos encontrar mejores formas de construir instituciones en la región, por ejemplo el enfoque de la creación de Estados miembros que defiende con razón el informe de la Comisión Internacional sobre los Balcanes, publicado ayer. 
Quiero dar las gracias al ponente, el señor Samuelsen, a la Comisión de Asuntos Exteriores y al Parlamento, y espero con interés colaborar con ustedes en pro de la estabilidad, el progreso y la prosperidad en los Balcanes occidentales. 
Para concluir este debate, he recibido una propuesta de Resolución, presentada de conformidad con el artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
-A6-0062/2005 del señor Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el presupuesto general de las Comunidades Europeas – 2003 [8412/2004 – 2004/2172 (INI)] 
-A6-0072/2005 del señor Kuhne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad [2004/2167 (INI) ]. 
. 
Señor Presidente, Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el objetivo de nuestro informe anual es presentar una propuesta relativa a las modificaciones o mejoras que se podrían aplicar a la cooperación entre el Consejo y el Parlamento, o entre la Comisión y el Parlamento. Esta cuestión reviste especial importancia teniendo en cuenta que nos encontramos en el primer año de una nueva legislatura. 
Sabemos perfectamente que la responsabilidad principal de la política exterior, de seguridad y de defensa recae en el ejecutivo. 
El papel del Parlamento en este sentido se limita en gran medida a una función de control, si bien sus competencias presupuestarias le permiten ejercer cierta influencia. 
Particularmente respecto a esto último, sería conveniente que la Comisión y, sobre todo, el Consejo evitaran en el futuro presentar hechos consumados al Parlamento y dejaran que este participara antes en el procedimiento. 
No se puede informar al Parlamento, sino que se le debe hacer partícipe de la planificación y la formulación de estrategias para garantizar que sus deseos sean tenidos debidamente en cuenta. 
Eso facilitaría las cosas a todas las partes implicadas, puesto que habríamos encontrado un planteamiento que nos permitiría hacer grandes avances. 
El Parlamento Europeo considera importante que se sigan respetando las mismas prioridades que hasta ahora en materia de política exterior. 
Según un viejo dicho, la guerra representa el fracaso de la política, y es cierto que a la guerra debería recurrirse siempre como último recurso. 
Por ese motivo, creemos que es fundamental reforzar el aspecto preventivo de nuestra política exterior y aumentar considerablemente nuestras capacidades de prevención y gestión de crisis. 
Esa es la línea seguida por la Unión Europea en su conjunto, ya que el proyecto de Constitución establece claramente la prevención como objetivo. 
Debemos dejar muy clara nuestra postura sobre este asunto, no solo para ganarnos el apoyo de los ciudadanos, sino también para adoptar posiciones estratégicas. 
Lo cual nos lleva a hacer una serie de consideraciones de marcado carácter práctico sobre cuáles deberían ser nuestras prioridades. 
La respuesta tiene que ser el conflicto de Oriente Próximo, a raíz del cual mantenemos una cooperación más estrecha con los estadounidenses, los rusos y Naciones Unidas dentro del «Cuarteto». 
Esa cooperación tiene como finalidad no solo prestar apoyo a los palestinos e israelíes y contribuir al proceso de paz, sino también adquirir un mayor control de las actividades encubiertas de terrorismo en el más amplio sentido, que de hecho es nuestra segunda prioridad principal. 
Las disposiciones solidarias del Tratado Constitucional relativas a la asistencia mutua revisten también una gran importancia a este respecto. Debemos preguntarnos de qué forma puede la Unión Europea utilizar una serie de nuevos mecanismos para hacer frente a las amenazas para la seguridad interior y exterior y cómo podemos seguir avanzando en este ámbito. 
Tenemos que asegurarnos de que se otorgue prioridad a los asuntos relacionados con la no proliferación de armas atómicas, por ejemplo en Irán y Corea del Norte, si es que pretendemos obtener alguna credibilidad en lo que a este problema se refiere. 
Pero tenemos también que asegurarnos de que se dé mayor cabida a este instrumento en la política de vecindad de la Unión Europea, que después de todo constituye un concepto de seguridad en sí mismo, puesto que establece vínculos entre países para conseguir que no se vuelvan a estallar conflictos bélicos entre ellos. 
Además, ha llegado la hora de que dejemos atrás el modelo tradicional de política de vecindad adoptado en los últimos años. 
La capacidad de actuación de la Unión Europea depende también de sus fronteras, motivo por el que hemos de cerciorarnos de que a los países vecinos, aquellos que deseamos tener de nuestro lado y que son importantes para nosotros, y a los que queremos ayudar en su proceso de desarrollo y democratización, se les ofrezca una alternativa a la plena adhesión, ya se le denomine Espacio Económico Europeo Plus o de cualquier otra forma. 
Debemos encontrar un punto así de partida multilateral para dar a países como Ucrania una respuesta inmediata, y no dentro de 15 o 20 años, cuando nos preguntan cómo pueden mejorar. 
Esperemos que el Consejo y la Comisión sean más imaginativos en esta cuestión y no tengan que recurrir a métodos políticos ya conocidos, como han hecho con frecuencia en el pasado. 
En realidad, la señora Comisaria está adoptando un nuevo enfoque al tratar de buscar ese punto de partida. 
Quiero referirme a dos últimas cuestiones. 
Me complace que la gran mayoría de los diputados se haya manifestado a favor de mantener el embargo de armas sobre China hasta que en ese país mejore la situación de los derechos humanos y se dejen de aprobar leyes que legitiman la guerra. 
Debemos alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión antes de que se pongan en peligro las relaciones transatlánticas. 
Los enfoques multilaterales, como los adoptados en nuestras relaciones con los Estados Unidos, deben complementarse con una asociación que tenga unos objetivos claros y definidos y se oriente a la creación de un mercado transatlántico para el año 2015. 
Quiero dejar claro a los diputados que han presentado enmiendas que apoyo las propuestas de algunos grupos para que la Unión Europea se convierta en miembro del Consejo de Seguridad, y digo esto especialmente como ciudadano alemán. 
, Señor Presidente, quiero empezar considerando dos escenarios diferentes. 
Cuando debatimos esta cuestión en la comisión, el señor Ilves preguntó qué sucedería si se produjera otro atentado terrorista de la magnitud del de Madrid en algún Estado miembro de la Unión Europea y si, tras dicho atentado, saliese a la luz que los servicios de seguridad de otro Estado miembro tenían conocimiento de que se estaba preparando el atentado, pero no habían podido informar a las autoridades del país en cuestión. 
Con toda probabilidad, eso acabaría provocando una verdadera crisis de legitimidad en la Unión Europea. 
Pasaré ahora a mi segundo ejemplo. 
La Unión Europea ha asumido el mando de las tropas de la OTAN en Bosnia y Herzegovina. 
Esta es la primera vez que la Unión Europea ha tenido la oportunidad de demostrar que es capaz de dirigir la política de seguridad en esa región y de adquirir experiencia práctica en este tipo de cuestiones. 
Por conversaciones con ciudadanos de mi circunscripción, sé que mucha gente opina que la Unión Europea se libraría de muchos males, por así decirlo, si se inmiscuyera lo menos posible en los asuntos de los demás. 
Este tipo de actitud puede terminar siendo un funesto error, ya que la Unión Europea necesita realmente una estrategia de seguridad. 
Por ese motivo, la gran mayoría de los miembros de la comisión acogieron con satisfacción el documento elaborado por Javier Solana durante su mandato y sobre el cual hemos seguido trabajando en la comisión. 
Asimismo, celebramos el apoyo que dicho documento ha recibido de los Gobiernos de los Estados miembros. 
No obstante, hay una serie de cuestiones que merecen una especial atención, puesto que revelan la naturaleza exclusiva de la Estrategia Europea de Seguridad. 
La primera de ellas es la necesidad de entender los problemas de seguridad y sus numerosas y diferentes posibles causas, entre ellas la violación de los derechos humanos, la pobreza y la enfermedad, en un contexto general, en lugar de reducir la Estrategia a sus aspectos militares. 
La Estrategia de Seguridad es, ante todo, un concepto político y, como tal, trasciende las consideraciones militares. 
La segunda cuestión es la necesidad de un compromiso con el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. 
La tercera cuestión tiene que ver con la necesidad de reforzar el orden internacional mediante estructuras multilaterales eficaces y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Unión Europea, adoptando al mismo tiempo todas las medidas necesarias para luchar contra las amenazas terroristas. 
En vista de estos factores, no debemos avergonzarnos de decir que la Unión Europea desea realmente adquirir capacidades y estructuras decisorias militares. 
La mayor ventaja de la Estrategia de Seguridad es que nos permite adaptar la combinación de capacidades de gestión de crisis civiles y militares a cada situación específica. 
Este enfoque ha contado con la oposición de dos bandos totalmente enfrentados en la comisión; por un lado, algunos de sus miembros consideran imposible concebir la Unión Europea más que como una delegación de la OTAN, mientras que otros miembros condenan la militarización en forma de nuevas capacidades y modelos de organización. 
Aunque ambos bandos representan polos opuestos, tienen en común el hecho de que utilizan sus argumentos para oponerse y hacer campaña en contra de la Constitución Europea. 
A pesar de esa oposición, se alcanzó un amplio consenso en la comisión a favor de la Estrategia de Seguridad, que contempla la creación de una serie de instrumentos, como un centro de análisis, una célula de planificación civil y militar y la creación de grupos de combate o la Agencia de Defensa. 
Esos instrumentos no son alternativas a la OTAN y, de hecho, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea pertenecen también a esta organización. Por el contrario, ofrecen a la Unión Europea nuevas posibilidades con las que no contaba en el pasado. 
Solo de este modo podrá llegar a ser un socio en igualdad de condiciones para los países del otro lado del Atlántico, como los Estados Unidos. 
No obstante, todavía queda mucho por hacer. 
Por ejemplo, seguimos sin tener un plan coherente de cómo deben organizar las fuerzas de gestión de crisis civiles. 
Carecemos todavía de capacidades de transporte aéreo permanentes, de tropas desplegables con disponibilidad permanente y de recursos suficientes de reconocimiento y comunicaciones. 
La finalidad de este informe es conseguir que el Parlamento Europeo –considerando también lo que el señor Bork ha dicho en su primera intervención– pueda influir en el futuro desarrollo y en la aplicación práctica de la Estrategia Europea de Seguridad en el marco del diálogo con el Consejo. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias y también felicitar al Parlamento, en particular a los dos ponentes, por el trabajo que han realizado, por el enfoque ambicioso pero también realista que han desarrollado en estos dos informes. 
En alguna parte citan ustedes dos cifras, 60 % y 70 % de apoyo de la opinión pública al desarrollo de una política exterior y de seguridad común. 
Es probablemente uno de los elementos que gozan del más alto grado de apoyo entre la opinión pública. 
Son ustedes los representantes de los ciudadanos europeos, y eso quiere decir que solo se puede desarrollar esta política junto con los ciudadanos, lo que quiere decir también con el apoyo de ustedes, en el diálogo, como acaba de decir el ponente señor Kuhne. 
El Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad el 11 de diciembre de 2003. 
Evidentemente, los quince meses transcurridos no nos permiten hacer un balance completo y exhaustivo de su aplicación, pero son suficientes para evaluar al menos el impacto que la estrategia ha tenido ya y debatir el camino a seguir para su aplicación futura. 
El año 2004 fue crucial para el desarrollo político de la Unión, cuyas ambiciones y responsabilidades en el mundo han ido en aumento. 
Los ciudadanos de la Unión, al igual que sus socios internacionales, han reclamado una presencia más importante de Europa en la escena internacional. 
La Unión ha respondido a este llamamiento intentando practicar una política exterior más activa, más coherente y más eficaz, en particular sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea es un actor mundial que se apoya en logros políticos, económicos y de otro tipo. 
El hecho de que el «modelo europeo» , del que hablamos mucho en el contexto de la Constitución Europea, sea muy valorado en el mundo es un motivo de satisfacción pero también debe ser, para nosotros, los europeos, una potente fuerza motriz para hacer más cosas. 
La Estrategia Europea de Seguridad traza de algún modo las líneas maestras del desarrollo cotidiano de nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. 
Fija los desafíos y amenazas a los que debemos hacer frente, del mismo modo que los instrumentos que hemos de aplicar para atajar los problemas. 
Se ha mencionado la lucha contra el terrorismo. 
Es sin duda uno de los problemas cruciales. 
Hemos establecido una serie de mecanismos, una cooperación más intensa entre Europol y Eurojust. 
La lucha contra el terrorismo demuestra claramente que el concepto de seguridad no comprende solo una dimensión de política exterior, una dimensión militar, sino que va mucho más allá. 
Hay también una dimensión de desarrollo, una dimensión de defensa y de promoción de los derechos humanos. 
Hay también, por supuesto, una dimensión de solución de los grandes conflictos, en particular el conflicto de Oriente Próximo, sin olvidar la presencia en las regiones de que hemos hablado anteriormente, en particular Bosnia y Herzegovina u otras zonas de los Balcanes occidentales. 
Habida cuenta de las principales amenazas identificadas en dicha estrategia, el Consejo Europeo adoptó, en diciembre de 2003, una estrategia europea contra la proliferación de las armas de destrucción masiva, que constituye una medida complementaria. 
Este es otro ámbito en el que Europa ha demostrado que sabe actuar, en especial con relación a Irán. 
Creo que hemos sentado una base importante para intentar encontrar soluciones políticas a cuestiones extremadamente delicadas, al mismo tiempo que enormemente peligrosas, para la paz internacional. 
La Estrategia Europea de Seguridad se basa en la idea de que la mayoría de los problemas solo pueden encontrar solución en un contexto multilateral. 
En este punto también coincidimos con los dos ponentes. 
La Unión Europea tiene una clara necesidad de perseguir sus objetivos en este contexto multilateral, en cooperación con todos los actores, en particular las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, redunda en interés de la Unión Europea que las Naciones Unidas, el sistema multilateral, se refuerce. 
Debemos apoyar los esfuerzos del Secretario General encaminados a modernizar el sistema de las Naciones Unidas, a hacerlo más eficaz. 
La reforma de las Naciones Unidas constituye un aspecto muy importante de la política de seguridad de la Unión Europea y un aspecto muy importante de su política exterior. 
Felicito al señor Brok por lo que ha dicho a este respecto, especialmente en relación con un aspecto concreto. 
Mencionaré brevemente la importancia de la cooperación trasatlántica, pues hace tan solo unas semanas celebramos un debate aquí, en el Parlamento, sobre esta cuestión. 
La cooperación también se ha relanzado, en particular desde la visita del Presidente Bush a Bruselas, y debemos asegurar que este relanzamiento tenga continuidad. 
Tenemos muchos intereses en común, y diría incluso un enorme número de intereses. 
Tenemos un enorme número de ocasiones para cooperar más, pero en pie de igualdad. 
Podemos encontrar con los norteamericanos soluciones a los grandes problemas, en particular, como ya se ha dicho, a un problema prioritario: el conflicto en Oriente Próximo. 
La Unión Europea dedica asimismo muchos esfuerzos a desarrollar su cooperación económica, política y cultural, no solo con sus principales socios tradicionales como los Estados Unidos o Canadá, sino también con socios como Rusia y Japón. 
Creo que la cooperación con Rusia, aun cuando haya problemas, es una cooperación importante para la Unión Europea, para la estabilidad y la paz en nuestro continente. 
Dicho esto, he de señalar también que hay actores nuevos en la escena mundial: China, la India, Brasil y Sudáfrica. 
Hay también actores regionales como la Unión Africana, con la que hemos mantenido hace algunos días un diálogo con miras a reforzar, como ha indicado la Comisión, nuestra política hacia África, con el objetivo de promover la paz y el desarrollo –pues las dos cosas están estrechamente unidas– en este continente especialmente cercano a la Unión Europea 
La estrategia sirve también para promover nuestras relaciones con otros vecinos del Este y del Sur. 
Acabamos de mantener un debate sobre los Balcanes. 
La cooperación euromediterránea y la política europea de vecindad tienen una importancia capital para promover la estabilidad en los países afectados, pero también para nuestros intereses, tanto económicos como políticos. 
Recuerdo perfectamente lo que se ha dicho. 
No basta con cerrar los ojos para evitar que se contagien los problemas. 
Los problemas de estos países se convierten muy pronto en nuestros problemas, bien a través de la migración descontrolada, ilegal, bien a través del terrorismo o de la amenaza de terrorismo. 
La importancia de los derechos humanos desde la perspectiva de la seguridad ocupa también un lugar central en las soluciones que hay que aportar a los conflictos, y el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas destaca muy especialmente este aspecto. 
No hay desarrollo ni paz sin respeto de los derechos humanos. 
Con este espíritu, el Alto Representante ha nombrado recientemente a un representante personal para los derechos humanos, con el objetivo de mejorar la coherencia y la eficacia de nuestra política en este terreno en el marco de la PESC. 
Por lo que se refiere al aspecto más militar, la estrategia sugiere que la Unión Europea necesita ser más operativa en los distintos ámbitos en que tiene un papel que desempeñar. 
Debemos aportar soluciones a los conflictos. 
Debemos actuar y debemos desempeñar un papel más activo en el mantenimiento y en el restablecimiento de la paz. 
Debemos garantizar una mayor coherencia entre los aspectos civiles y militares. 
Debemos tener un enfoque centrado, ante todo, en la prevención de conflictos. 
En este contexto, es importante que 7 000 soldados europeos estén desplegados hoy bajo la bandera de la Unión Europea con la misión de salvaguardar la paz, de favorecer la continuación de las reformas, la prosecución de la reconciliación. 
Hemos hablado, en particular, del tema de los Balcanes. 
La Unión Europea ha asumido también importantes operaciones en otros lugares, por ejemplo en el Cáucaso meridional, en África y en Afganistán. 
Se han hecho progresos significativos en materia de capacidades militares. 
Se ha creado el primero de los trece grupos tácticos en el marco de la Fuerza Europea de Despliegue Rápido. 
La Unión Europea ha creado también la Agencia Europea de Defensa para racionalizar los costes de las compras en materia de defensa y para aumentar la calidad y la cantidad de las capacidades militares de que pueden disponer los Estados europeos. 
La cooperación entre círculos civiles y militares se ha llevado al más alto nivel operativo, en particular mediante la creación de una célula civil-militar. 
Todas estas medidas deberían permitir a la Unión aumentar sus capacidades de gestión de crisis, a fin de poder atajar con éxito las complejas crisis de seguridad del siglo XXI. 
Se ha destacado especialmente la cooperación con la OTAN. 
Creo que hay que pensar en un desarrollo de las disposiciones de «Berlín plus» en un espíritu de cooperación y no con un espíritu de sumisión. 
Creo que a este respecto también el papel de la Unión Europea es muy importante. 
Así, la política exterior y de seguridad europea ha reforzado su coherencia y sus capacidades operativas, pero no podemos permitirnos cejar en nuestros esfuerzos. 
Necesitamos un respaldo institucional, compromisos claros, en particular en lo que se refiere a la solidaridad frente a las amenazas potenciales, a una mayor visibilidad de la Unión Europea en el escenario internacional. 
A este respecto, pienso que la futura Constitución, una vez más, generará progresos importantes para el desarrollo de la PESC y de nuestra política de seguridad exterior. 
La creación de un Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión es una innovación fundamental que confiere mayor coherencia a las relaciones exteriores de la Unión. 
El hecho de que presida el Consejo de Relaciones Exteriores permite esa coherencia que todos queremos asegurar y nos garantiza también una mayor visibilidad al mismo tiempo que una mayor continuidad. 
Otro aspecto importante que me gustaría simplemente mencionar –y sé que es una cuestión que importa mucho al señor Brok, entre otros– es la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, cuyos pormenores prácticos todavía están en debate. 
La Presidencia luxemburguesa está muy atenta a los progresos realizados en la creación de este Servicio Europeo de Acción Exterior, así como a los puntos de vista del Parlamento Europeo al respecto. 
No queremos que el establecimiento de este servicio desmonte subrepticiamente determinados mecanismos de la Comunidad dando preferencia a mecanismos intergubernamentales. 
Este servicio se ha concebido para marcar un progreso importante en la conducción y la aplicación de la política exterior de la Unión, en particular en forma de mayor eficacia, mayor coherencia, mayor presencia de la Unión Europea y mejor empleo de todos los recursos disponibles. 
Queremos que se respeten las normas institucionales y las respectivas competencias. 
Hay que implicar más a las diplomacias nacionales. 
De algún modo hay que europeizarlas más, sin llegar por ello a una especie de renacionalización o intergubernamentalización de lo que hoy funciona conforme a normas comunitarias. 
Esto es a grandes rasgos lo que defendemos con la creación de este servicio. 
Una última palabra sobre la cuestión de la información. 
Creo que la Presidencia actual, como las Presidencias anteriores, quiere mantener un intercambio de puntos de vista con el Parlamento Europeo sobre las grandes opciones y las fechas importantes en materia de política exterior. 
Queremos ese diálogo, es importante, como he dicho al comienzo de esta intervención. 
Puedo comprometerme, en nombre de esta Presidencia, a continuar los esfuerzos en este sentido y a mantener los contactos y reuniones que deseen ustedes para llegar precisamente a este tipo de Política Exterior y de Seguridad Común coherente que cuente con el apoyo efectivo de todas las personas implicadas y todas las instituciones de la Unión. 
. Señor Presidente, Señorías, ponentes, para empezar quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento por sus importantes e imparciales informes, la mayoría de los cuales destacan por su extrema claridad. 
Pasaré a mencionar tres aspectos específicos que potencian el papel de Europa en el escenario mundial. 
Uno de ellos es el multilateralismo eficaz. Desde mi punto de vista, se trata sin duda de la respuesta acertada a uno lazos internacionales cada vez más estrechos. 
Este año 2005 será decisivo para reformar y fortalecer el multilateralismo, el Derecho internacional y, en particular, las Naciones Unidas. 
La cumbre de la ONU prevista para septiembre utilizará el último informe de su Secretario General, Kofi Annan, como base para tomar decisiones fundamentales en este ámbito. 
Me parece esencial que Europa haga una contribución al debate sobre la reforma, ya que en ese terreno le corresponde un papel destacado que tiene que representar. 
Por ese motivo, la Comisión está preparando actualmente propuestas detalladas acerca de las cuestiones a las que he hecho referencia. 
Como sabrán ustedes, estoy presionando para que se acepte a la Unión Europea como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Aunque tendríamos que debatir los detalles de cómo se haría eso, lo importante es que la Unión Europea debe asumir el papel que le corresponde en las grandes instituciones internacionales. 
Como acaba de decir el señor Schmit, el multilateralismo solo puede ser eficaz si se basa en una asociación transatlántica sólida. 
Solo se podrán encontrar soluciones efectivas a los problemas internacionales si Estados Unidos y Europa siguen una misma línea. 
La visita del Presidente Bush a Bruselas ha demostrado claramente que Estados Unidos tiene plena conciencia del papel cada vez mayor y más importante de la Unión Europea. 
Por ese motivo, es preciso que nuestras estructuras comunes sean capaces de hacer frente a un programa de trabajo más amplio, conservando al mismo tiempo su flexibilidad. 
La Comisión está estudiando la necesidad de que nuestras instituciones modifiquen la Nueva Agenda Transatlántica y hasta qué punto. 
El resultado de las deliberaciones será nuestra aportación a la cumbre de la Unión Europea y Estados Unidos que tendrá lugar en junio. 
En este sentido, creo esencial –al igual que otros diputados y grupos en esta Cámara– que mantengamos unas relaciones más estrechas con el Congreso de ese país. 
El informe refleja debidamente el hecho de que la política exterior de Europa se basa en un concepto general de seguridad. 
Considero que la seguridad en Europa no depende solo de las operaciones militares o la existencia de una política de defensa; hoy día, sobre todo, tiene que ver con la prevención de conflictos, con la gestión de crisis civiles y con las políticas comunes en materia de comercio, economía, energía, justicia, salud y medio ambiente. 
En la Estrategia de Seguridad Europea ya se tienen en cuenta estas complejas amenazas potenciales. 
La Comisión está contribuyendo de forma importante, en especial en los aspectos prácticos, a estrechar nuestras relaciones con terceros países, y más recientemente, destacan en este sentido las comunicaciones que ha publicado sobre temas como la mejora de la protección civil y la lucha contra el terrorismo, sino también sobre la reforma de la política de desarrollo, una importante cuestión sobre la que presentamos ayer en la Comisión varias comunicaciones importantes. 
Creo que el concepto más amplio de seguridad tiene, en definitiva, que centrarse en la seguridad de los ciudadanos, una preocupación constante en mi trabajo. 
Tras los riesgos de seguridad estructurales, suelen encontrarse ofensas contra la libertad y la dignidad de las personas. 
En resumen, las acciones contempladas por la Estrategia de Seguridad en relación con cuestiones como la no proliferación de armas de destrucción masiva o la defensa contra el terrorismo, y la forma de enfrentarnos a Estados en descomposición y a conflictos regionales, solo podrán ser eficaces si se integran en una política más general de prevención y resolución de conflictos. 
Un ejemplo de ello es Afganistán, y esperamos que Iraq se convierta algún día en un ejemplo de cómo una estrategia de este tipo puede dar sus frutos. 
Aquí es donde el excepcional conjunto de instrumentos de la Unión Europea se considera una ventaja comparativa, pero si queremos trabajar de forma eficaz, tendremos que hacer un buen uso de todos ellos, civiles, militares y sectoriales. 
Tenemos que elaborar planes a largo plazo para las regiones en crisis, dirigiendo y desplegando como un todo integral nuestros instrumentos comunitarios – no solo la ayuda exterior, sino también la perspectiva de estrechar las relaciones con la UE. 
Está también la asistencia que prestamos para evitar la proliferación nuclear; por ejemplo, la enorme cantidad de ayuda concedida por la Unión Europea para la seguridad y la no proliferación nuclear desde principios del decenio de 1990, por no hablar de nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas ligeras y minas terrestres, y el tráfico de drogas. 
Antes he mencionado otro instrumento fundamental para la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. Me refiero, claro está, a nuestra política de desarrollo. 
También en este terreno estamos tratando de avanzar, en especial teniendo en cuenta los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, ya que también en este terreno –como he dicho antes– los europeos debemos marcar la pauta. 
Permítanme llamar su atención ahora sobre las próximas propuestas de la Comisión para la reforma de la protección civil y la gestión de crisis europeas, que presentaremos la semana que viene en una comunicación al Consejo y a esta Cámara, cuyos detalles tendrán la oportunidad de debatir. 
Asimismo, aprovecho esta ocasión para agradecer al Parlamento su apoyo al Programa de Investigación Europeo sobre Seguridad, una iniciativa en la que la Comisión está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia Europea de Defensa. 
Asimismo, quiero destacar que considero importante la propuesta del Parlamento relativa a la celebración de un debate periódico sobre la Estrategia de Seguridad en el que también participarían los parlamentos de los Estados miembros. 
Hacemos bien en recordar que la democracia y el Estado de derecho son los valores esenciales sobre los que se sustenta Europa y, por tanto, los elementos integrales de nuestra política exterior. 
Pero la Unión Europea solo puede ser fuerte en la escena internacional si sus acciones son realmente coherentes y, por consiguiente, si quiere hacer frente a los nuevos retos, necesitará algo más que la política exterior y de seguridad común en el sentido estricto del término. 
Esta política es uno más de los diferentes instrumentos de la Unión Europea en materia de política exterior y sirve como complemento de otras políticas. 
El éxito de este amplio enfoque queda demostrado, en mi opinión, por el concepto de la Política Europea de Vecindad, que ilustra una de mis prioridades especiales: la exportación de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad a nuestros vecinos, y la creación de unas condiciones que faciliten las reformas estructurales, todo lo cual lleva implícito una clara dimensión de política de seguridad. 
La Política Europea de Vecindad es análoga a nuestra política europea de desarrollo por el hecho de tratarse de una política de seguridad inteligente y larga de miras en el contexto regional. 
Ya se ha dado un primer paso de cara a su aplicación. Esta política se está utilizando para estrechar las relaciones con nuestros Estados asociados, en particular a través de planes detallados de acción conjunta que les ofrecen perspectivas claras de acercamiento a Europa. 
El apoyo directo del Parlamento a la Política de Vecindad ha sido muy importante para mí, y lo sigue siendo. 
Así pues, espero con interés el informe del señor Laschet. 
La Política Europea de Vecindad se podría describir –y así lo haré– como nuestra política de seguridad a escala regional. 
Contribuye a fomentar la estabilidad y la reforma en regiones de gran importancia geopolítica a través de su asociación a largo plazo con Europa y la puesta en marcha de actividades conjuntas en ámbitos concretos, como la cooperación en la lucha contra el terrorismo, convirtiéndose así en un instrumento fundamental para la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. 
Ya se han elaborado planes de acción detallados y ambiciosos para siete países socios –Ucrania es uno de ellos– y se están preparando cinco más. 
Una de las últimas cosas que quiero decir es que los informes hacen también un gran hincapié en la necesidad de emprender reformas institucionales. 
Nuestro nuevo Tratado Constitucional aportará a esta cuestión algunos cambios fundamentales y positivos que cuentan con el apoyo de la Comisión. 
Por tanto, me interesan mucho sus propuestas pormenorizadas y las tendré en cuenta. 
Llevamos un tiempo preparando la aplicación del Tratado, de manera que este pueda entrar en vigor tan pronto como se ratifique, como esperamos que ocurra. 
Eso se hará, sobre todo, mediante la creación de un Servicio Exterior Conjunto, en torno al cual el Consejo y la Comisión están celebrando debates de gran calado. 
Estas reformas son sumamente importantes. Es indispensable que se establezca una colaboración más eficaz entre las instituciones comunitarias. 
El informe del señor Kuhne hace bien en destacar la necesidad evidente de dotar a la Unión Europea, como actor en la escena internacional, de los recursos financieros que necesita. 
Por ese motivo, yo también confío en que podamos llegar pronto a un acuerdo relativo a la propuesta de la Comisión sobre la reforma de nuestros instrumentos de ayuda exterior. 
Pero, al mismo tiempo, es obvio que la reforma institucional y la mejora de la situación financiera no pueden reemplazar la voluntad política que necesitamos. 
Es preciso que Europa se considere más a sí misma como protagonista en la escena mundial. 
Como foro para un debate amplio, transparente y democrático, el Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la articulación de esta voluntad política. 
. – Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en relación con el informe Kuhne, aprovecharé esta oportunidad para dar al señor Kuhne mi más sincera enhorabuena por haber superado un proceso tan extremadamente complicado para alcanzar un compromiso entre las diferentes opiniones y plasmarlo en un informe tan sólido y extraordinario. 
Quiero hacer cuatro comentarios. La política de seguridad, en su forma actual, no se centra en los medios militares, sino en todos los demás medios que la Unión Europea puede utilizar para promover la lucha contra cualquier amenaza para la seguridad en Europa. 
Una de ellas es el terrorismo, pero no es la única. 
Tenemos que ser muy prudentes cuando formulemos nuestra estrategia en este ámbito, para no centrar toda nuestra atención en el peligro más inminente y olvidarnos de otros muchos. 
En este marco, es muy importante que, cuando actuemos en el exterior, lo hagamos siempre respetando los derechos humanos. 
La Unión Europea no puede tolerar que se produzcan fenómenos como el de Guantánamo. 
Hago hincapié en esto porque, a pesar de que hace unos años Estados Unidos no podía imaginar que llegaría a tolerar ese tipo de cosas, somos testigos de lo que está sucediendo ahora. 
Preferiría prevenir desde ahora esos problemas, en lugar de tener que resolverlos más adelante, cuando no estemos preparados para ello. 
Mi segundo comentario es que, como europeos, debemos defender la democracia. 
Ambos ponentes y la Comisión han dicho, con razón, que en Europa se defiende la democracia de un modo muy diferente a como lo hacen otras grandes potencias del mundo. 
Sigamos en esta línea, con el apoyo constante de Naciones Unidas. 
No podemos actuar fuera de su marco. 
Mi tercer comentario es que el Parlamento tiene que ser informado y debatir en él las cuestiones de política exterior. 
No se le puede seguir ignorando en cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, como, por ejemplo, el famoso registro de nombres de pasajeros aéreos, datos que se facilitan a Estados Unidos con el supuesto propósito de luchar contra el terrorismo. 
El Parlamento ha iniciado un proceso legal en contra de la Comisión por esta cuestión y confío en que ganará el caso. 
Mi cuarto y último comentario tiene que ver con el conocido Centro de Análisis de la Unión Europea (SITCEN) , un importante servicio. 
Mi comisión no sabe con exactitud cómo funciona, cuáles son sus límites de actuación ni cómo obtiene información, pero este Parlamento considera que la información y la obtención de información y de datos personales, ya sea por el SITCEN o por cualquier otro organismo, son cuestiones igualmente delicadas. 
En este mismo momento se está debatiendo en mi comisión el principio de disponibilidad e intercambio de información, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión. 
Doy las gracias al señor Kuhne y le felicito por la importancia que otorga en su informe a la cooperación entre nuestras comisiones. 
La necesidad de luchar contra el terrorismo no justifica el uso de cualquier medio. 
Debemos tomar buena nota de ello en esta Cámara y en este Parlamento. 
. – Señor Presidente, Señorías, para empezar quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor Kuhne por su extenso informe. 
Creo que es importantísimo que las cuatro principales familias políticas representadas en esta Cámara –los Verdes, los Socialdemócratas, los Liberales y el grupo al que yo pertenezco– apoyen la posición del Parlamento en relación con esta Estrategia de Seguridad, consiguiendo con ello un apoyo inaudito hace 10 años. 
En el informe se analiza la Estrategia de Seguridad concebida por Javier Solana, cuya opinión sobre las amenazas comparte esta Cámara. 
Las tres amenazas más importantes son, sin lugar a dudas, el terrorismo, las armas de destrucción masiva y los conflictos entre nuestros vecinos que afectan directamente a la Unión Europea y a sus ciudadanos al provocar avalanchas de refugiados. 
No obstante, desde mi punto de vista y el de otros muchos, en este análisis se echa en falta el concepto de seguridad interior, que suele estar en el centro de cualquier política de defensa. 
Si comparamos la atención prestada a la seguridad interior en los Estados Unidos con la que recibe aquí en la Unión Europea, creo que existe un déficit que habría que subsanar. 
Asimismo, creo que es preciso ampliar las conclusiones sobre las acciones que debemos emprender. 
Puesto que las conclusiones del informe no pueden ponerse en práctica, considero fundamental que se elabore de inmediato un Libro Blanco sobre la política de seguridad y defensa en el que se especifiquen con claridad contenidos y plazos, al menos con más claridad que hasta la fecha. 
Es importante que la fuerza de intervención para casos de crisis, de marcado carácter virtual cuando se creó en 1999, se haya convertido ahora en una realidad activa: en Macedonia, en el Congo y actualmente en Bosnia y Herzegovina. 
Cuando visité ese país con la subcomisión de defensa por primera vez, un general británico que lucía en su manga el emblema europeo con sus estrellas, se me presentó como un soldado europeo. 
En ese momento me di cuenta de que había ocurrido un hecho de trascendencia histórica; señor Schmit, usted puede hacer referencia solo de pasada a las «tropas europeas» o las «fuerzas de la Unión Europea» , pero no hay duda de que se trata de un hecho de trascendencia histórica. 
En Macedonia se está demostrando la eficacia de la estrategia global consistente en recurrir a algo más que a la simple intervención militar para afrontar las crisis; la fuerza de la Unión Europea radica en la dimensión civil del mantenimiento de la paz, un ámbito en el que nuestra actuación destaca por encima de la de Estados Unidos. 
Se trata de un concepto positivo. 
Por otro lado – como hemos podido comprobar con la repentina aparición de disturbios en Kosovo –, es muy importante que tengamos presente la idea de que nuestras tropas deben conservar su capacidad para intervenir y actuar de forma enérgica cuando así sea necesario para proteger a los grupos minoritarios. 
Estas son dos de las tareas que tienen que acometer nuestras tropas en la zona, ambas igualmente importantes y difíciles. 
Una de las lecciones que aprendimos en nuestra visita a Bosnia y Herzegovina es que las tropas de combate que se están creando actualmente, algunas de las cuales serán capaces en breve –esperemos– de realizar intervenciones y despliegues de corta duración, necesitan disponer del mejor equipamiento posible. 
Las misiones que deben llevar a cabo en la región son misiones de paz. Sin embargo, tanto si se trata de misiones de paz como de operaciones de combate, la gran diversidad en el equipamiento de nuestras tropas será una importante desventaja. 
Exigimos que se equipe de la manera más uniforme posible a los denominados grupos de combate europeos que se están creando actualmente, que sean los primeros en recibir sin retrasos el más moderno equipamiento y que esta cuestión reciba prioridad. 
Asimismo, según se nos informó durante nuestra visita, se necesitan helicópteros para garantizar la seguridad en zonas extensas, así como más vehículos a prueba de minas. 
Nos explicaron que Bosnia y Herzegovina no quedarán limpias de minas hasta el año 2010, dada la excesiva lentitud de las tareas de limpieza de mismas. Por tanto, tenemos que considerar esta cuestión como otra prioridad financiera más en nuestro trabajo. 
. Estamos hoy debatiendo el informe sobre la actuación exterior de la Unión Europea en el año 2003. 
Celebro en particular que el ponente, señor Brok, haya insistido en que la participación del Parlamento no debe limitarse a un debate. 
Por lo tanto, me tomaré la libertad de considerar, en particular, algunos asuntos incluidos en la agenda del año pasado y de lanzar una mirada al futuro. 
La elaboración de la Estrategia Europea de Seguridad, que también se debatirá aquí, jugará un papel importante en este sentido. 
El informe Kuhne – mis felicitaciones a su ponente – realiza una excelente evaluación de las consecuencias concretas que ha tenido esta estrategia hasta la fecha. 
Ruego a la Comisión, al Consejo y, por supuesto, al Alto Representante, que se tomen muy en serio estas recomendaciones. 
Hay dos puntos que quiero destacar. 
En primer lugar está la dimensión militar. 
Europa solo podrá tener un papel protagonista si nos mostramos dispuestos y capaces de emprender acciones militares cuando así sea necesario. 
La prevención de la escalada de conflictos hasta el punto de requerir una intervención militar tiene y sigue teniendo la máxima importancia, pero en lo que se refiere al uso real de medios militares, se debe seguir haciendo hincapié en la interacción con otros mecanismos: la intervención humanitaria, la protección del orden jurídico, la estructura institucional, la democratización y el desarrollo económico. 
En la primera misión militar europea importante, la misión Althea en Bosnia y Herzegovina, se está adquiriendo una gran experiencia con este tipo de combinación de capacidades civiles y militares. 
En particular, aparte del aspecto material, el desarrollo del grupo de defensa europeo también tiene un aspecto político. 
La Unión Europea tiene que crear un marco político que nos permita recurrir a medios militares cuando así se considere necesario. 
El segundo punto tiene que ver con las relaciones entre la seguridad interior y exterior, una cuestión que salta a un primer plano sobre todo en la lucha contra el terrorismo. 
La conexión entre ellas es insuficiente en la política comunitaria actual. 
El Consejo ha hecho bien en solicitar al Alto Representante propuestas en este sentido y yo le insto a que haga partícipe al Parlamento en dicha tarea. 
La cuestión se aborda tanto en el informe Brok como en el informe Kuhne. 
Por desgracia, la aplicación de la política exterior y de seguridad común no es siempre tan común como yo quisiera. 
No obstante, mi evaluación de los últimos años no es demasiado negativa. 
La Unión Europea ha jugado un papel fundamental en la revolución de Ucrania. 
La rápida reacción de la Presidencia, la excelente coordinación entre el Parlamento y el Consejo y la actuación del Alto Representante y de los Jefes de Estado de Polonia y Lituania, han contribuido de manera importante al resultado positivo de esa crisis política. 
Los esfuerzos de Francia, Alemania y el Reino Unido dentro de la Unión Europea para afrontar el conflicto que plantea el programa nuclear iraní constituyen, en mi opinión, un buen ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas desde una perspectiva europea. 
Aunque el resultado es incierto, la vía diplomática, el modelo utilizado en este proceso, es muy importante desde nuestro punto de vista. 
Los principios básicos de la política exterior y de seguridad común europea, el multilateralismo, la intervención preventiva, un planteamiento amplio que otorgue prioridad a la democracia y al desarrollo económico y social, la resolución de conflictos y la oposición contra la proliferación de armas de destrucción masiva, cuentan con todo nuestro apoyo. 
No obstante, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la colectividad, ya que Europa solo podrá adquirir todo su peso político si actúa de forma colectiva. 
. Señor Presidente, Señorías, felicito al señor Kuhne por su informe realmente excepcional. 
Asimismo, quiero darle las gracias por su constante y franca cooperación, gracias a la cual se ha conseguido el apoyo generalizado de los principales grupos de esta Cámara. 
La Estrategia Europea de Seguridad es el programa de la política exterior comunitaria para los próximos años y décadas, un programa en el que se incluyen muchas preguntas y acertadas respuestas. 
Puede que una política exterior y de seguridad común digna de llamarse así sea un objetivo europeo, pero todavía no es una realidad europea. 
En este informe se explica que el Parlamento apoya los esfuerzos del Consejo y la Comisión para acabar con las actitudes egoístas que siguen manteniendo los Estados nación en este ámbito. 
Un aspecto importante del informe es la afirmación de que los conceptos tradicionales de seguridad han dejado de tener sentido. 
¿Qué entendemos por seguridad interior o exterior? 
¿Qué tipo de crisis pueden prevenirse eficazmente por medios civiles? 
¿En qué fase de un conflicto que no hemos podido evitar nos vemos obligados a recurrir a medios militares, dejando a un lado los medios civiles utilizados hasta entonces? 
¿En qué momento, tras la resolución de un conflicto, podemos considerar nuestra retirada sin poner con ello en peligro la seguridad de los ciudadanos y qué instrumentos necesitamos para ello? 
Estas son preguntas que nosotros, los europeos, tenemos que responder; este informe las responde, siempre que puede, insistiendo en la gran importancia de la cooperación civil y militar. 
Por eso cuenta con nuestro apoyo y por eso votaremos a su favor. 
Tras deliberar sobre todas estas cuestiones, los miembros del Grupo liberal tenemos claro que los principios de la Carta de las Naciones Unidas siguen siendo el punto de referencia primordial. 
Por eso es absurdo que los comunistas hagan declaraciones acerca de la supuesta militarización de la Unión Europea. 
Pero teniendo, como tienen, tanta experiencia de intervención militar, seguramente saben de lo que están hablando. 
Este informe constituye un paso intermedio; en él se explica que, a principios del tercer milenio, no solo debemos crear los instrumentos de nuestra política exterior, sino también las ideas sobre las que se fundamenta dicha política. 
Precisamente por ese motivo me complace que la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior hayan recibido el mandato de trabajar conjuntamente para garantizar y, cuando sea necesario, mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos en este momento de lucha contra el terrorismo. 
Si queremos defender nuestros valores, tenemos también que tratarlos con respeto. 
He de añadir que creo que este debate se debería estar celebrando en Bruselas, no en Estrasburgo. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, al que pertenezco, quiero decir que acojo con satisfacción estos dos informes y, sobre todo, quiero expresar mi agradecimiento por la constructiva cooperación. 
Hay un aspecto de la Posición Común del Consejo que quiero destacar. 
El informe del señor Brok hace gran hincapié en la exigencia de cooperación activa con el Parlamento. 
No nos basta con ser informados, y mucho menos. Digo esto antes de que se celebre el debate sobre la Constitución. 
La Estrategia Europea de Seguridad no es una cuestión de estadísticas. 
A medida que las amenazas cambien, nosotros tendremos que averiguar, una y otra vez, cuáles son nuestros puntos débiles –como los que existen actualmente en el sector civil– o dónde debemos cambiar de dirección. Pero solo si ustedes trabajan conjuntamente con el Parlamento, conseguiremos convencer a los ciudadanos de la credibilidad de la política de seguridad comunitaria y explicarles los aspectos positivos que en ella reforzará la Constitución. 
Y eso es algo que no conseguirán con la oposición del Parlamento. 
Puedo asegurarles que hay señales inequívocas de que vamos por buen camino, tales como el intento por parte de tres Estados europeos de colaborar con Irán para encontrar una solución pacífica al problema de la proliferación y el intento de reforzar el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, ya que nuestra política multilateral depende de este tipo de iniciativas. 
La segunda de esas señales – a la que ya se ha hecho referencia antes – es que se está aplicando el Derecho internacional. 
Los diputados que en esta Cámara se oponen a la Constitución sobre la base de una supuesta militarización ignoran el hecho de que incorpora la Carta de Derechos Fundamentales, la cual pasará de este modo a formar parte de la política exterior y de seguridad europea; asimismo, niegan todos los avances conseguidos hasta la fecha, devolviéndonos a Niza, devolviéndonos al fenómeno de renacionalización que estamos viendo actualmente en Alemania, un país convencido de que obtendrá su propio asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o que será capaz, por sí solo, de levantar el embargo sobre China. 
Eso no constituye una política de seguridad europea común, sino una vuelta al tipo de política que solemos criticar, en lugar de apoyar, en nuestras propuestas de resolución. 
Los europeos estamos avanzando en nuevas direcciones al asumir responsabilidades civiles y militares. 
El momento decisivo llegará dentro de poco en Kosovo. 
Podremos hacer uso de estos instrumentos, los cuales contribuirán en última instancia a reconciliar hasta cierto punto a las sociedades y a estabilizar a Europa, siempre y cuando, junto con nuestras sociedades y la ciudadanía europea, sigamos persiguiendo el mismo objetivo pacífico y multilateral con la ayuda de la cooperación transatlántica, un objetivo que los ciudadanos esperan de nosotros. 
Ustedes, los representantes del Consejo, tendrán que prestar atención a lo que se diga en esta Cámara; si no cuentan con su apoyo, tampoco tendrán el respaldo de los ciudadanos de Europa. 
. – Señor Presidente, Señorías, encuentro extremadamente peligroso y preocupante el informe Kuhne, porque no reconoce la primacía de las Naciones Unidas y del Derecho internacional en la política europea de seguridad y defensa. 
El informe sitúa a las Naciones Unidas en el mismo nivel que la OTAN y otras organizaciones e instituciones, despeja el camino para la aprobación de la teoría de la intervención militar preventiva, que vulnera el Derecho internacional, y asimila la intervención militar a la acción humanitaria, relegando de forma implícita la ayuda humanitaria al desarrollo a un papel funcional, subordinado a la política militar y de seguridad. 
Asimismo, afirma que la OTAN y la Unión Europea son complementarias, pasando por alto el papel subalterno de la Unión Europea dentro de la OTAN y la necesidad de fomentar una política exterior europea independiente y no agresiva. 
Por último, no menciona que la aplicación del Derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas y el fin de las ocupaciones militares son las únicas condiciones para una paz justa y duradera en Oriente Próximo. 
El apoyo de la UE a la no proliferación debería incluir un llamamiento a Israel para que suscriba el Tratado de no proliferación de armas nucleares. 
. – Señor Presidente, este informe demuestra claramente a dónde se dirige la Unión Europea. 
Reclama que se pongan en marcha las políticas comunes de defensa y seguridad exterior previstas en la Constitución Europea sin esperar a que se resuelva la cuestión inoportuna e impredecible de su ratificación por parte de los Estados miembros. 
El informe incluye la postura reveladora de que la lucha contra el terrorismo difumina la tradicional distinción entre política exterior e interior. 
Este es otro ejemplo de cómo se utilizará cualquier argumento para promover la integración europea en todas y cada una de las esferas políticas. 
La amenaza del terrorismo hace que las fronteras nacionales y los intereses nacionales resulten tanto más vitales, y no menos. 
Este informe constituye otro paso adelante en el intento de la Unión Europea de avanzar en sus ambiciones de política exterior y militares para erigirse al final en rival de los Estados Unidos en el plano mundial. 
Mientras tanto, la intención del Consejo Europeo de levantar el embargo sobre la venta de armas a China, que el señor Brok critica con razón y que se debe a las necesidades del sector armamentístico de Francia, arroja luz sobre la palabrería en torno a una política exterior ética. 
Por supuesto, el Consejo ignorará la oposición del Parlamento a levantar el embargo de armas a China, demostrando una vez más la irrelevancia de este Parlamento. 
Gran Bretaña debería recuperar el control de su política exterior y de seguridad y defensa. 
La única forma de hacerlo radica en la política del Partido por la Independencia del Reino Unido de abandonar incondicionalmente la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre propio y del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, quiero expresar nuestro reconocimiento al honorable señor Kuhne por su excelente informe sobre la Estrategia Europea de Seguridad. 
En dicho informe se amplía el concepto de seguridad en línea con la situación actual, se ofrece una opinión razonable sobre los acontecimientos actuales en el ámbito de la seguridad europea y se ponen de relieve las deficiencias que existen. 
Creo que, en su informe, el señor Kuhne ha demostrado y justificado perfectamente al Parlamento Europeo la necesidad de promover la participación en la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. 
El logro de este objetivo constituye una tarea relativamente compleja para los diputados al Parlamento Europeo y, por supuesto, también para las instituciones comunitarias. 
No obstante, tenemos que admitir que en el Parlamento Europeo no contamos con la necesaria seguridad informativa ni con el apoyo de especialistas como para poder debatir en profundidad y con una base sólida las actividades de la Dirección General pertinente de la Comisión ni las del Consejo en lo que respecta a la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad, por no mencionar la posibilidad de más o menos entender las medidas adoptadas por los Gobiernos nacionales, con sus acciones mutuamente recíprocas, para la transposición de las medidas de seguridad y defensa. 
Señorías, tenemos que reconocer que se trata de un problema grave. 
De hecho, hay varios problemas relacionados con este ámbito de la seguridad común en la Unión Europea, entre cuyas causas se encuentran deficiencias de naturaleza económica, así como el escaso desarrollo de capacidades militares, la falta de seguridad informativa y carencias de otro tipo. 
En estos últimos meses, durante los cuales he sido diputado al Parlamento Europeo por primera vez, he tenido la oportunidad de entender poco a poco cómo se formula la política de seguridad en Europa y quiénes son los actores más importantes. 
Por lo tanto, me parece que tengo plena razón al afirmar que la calidad del informe es suficientemente elevada. 
Puesto que el 70% de los ciudadanos de la Unión Europea apoyan la necesidad de una única política de defensa europea, hemos de reconocer que la vigilancia de la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad debe convertirse en un prioridad para ampliar el alcance de las actividades del Parlamento Europeo. 
Las amenazas del siglo XXI –el terrorismo internacional, la proliferación ilegal de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales y el fundamentalismo islámico– nos imponen a todos la obligación de saber cuáles son nuestros desafíos mundiales, en cuya prevención el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un papel activo. 
Señor Presidente, la Política Exterior y de Seguridad Común abarca numerosos aspectos de primer y segundo orden, por lo que resulta imposible hacer una exposición exhaustiva en el corto espacio de tiempo del que dispongo. 
No obstante, comentaré dos cuestiones. 
En primer lugar, he de decir que falta un punto en la lista de prioridades: el apoyo a los ciudadanos europeos o de origen europeo que habitan en otras partes del mundo. 
Me refiero sobre todo al sur de África, no solo a Sudáfrica, sino también a Zimbabue. 
Ya es hora de que la Unión Europea empiece a tomar medidas enérgicas para poner fin a los ataques que sufren las granjas y las expropiaciones sistemáticas de explotaciones agrícolas gestionadas por europeos. 
Una actuación de ese tipo acabaría beneficiando en realidad a toda la población de la zona. 
Me refiero, por ejemplo, a Zimbabue, un país que se conocía como el granero de África y que se encuentra en la actualidad asolado por el hambre, principalmente como consecuencia de la mala administración del dictador Mugabe. 
Otro problema que merece más atención es el desarme nuclear. 
El informe hace hincapié en el cumplimiento del tratado de no proliferación, pero pasa por alto el enorme riesgo para la seguridad que representan las centrales nucleares escasamente vigiladas o en estado de semiabandono que hay en los antiguos Estados soviéticos y en otros países, y el mal uso que pueden hacer de ellas organizaciones terroristas como Al Qaeda. 
Es preciso que la Unión Europea se reúna urgentemente con los países y las organizaciones internacionales implicados, y que garantice la asignación de los recursos necesarios para desactivar esa bomba de relojería. 
Señor Presidente, esta Cámara tiene plena convicción de que el año pasado se registraron avances significativos en relación con la Política Europea de Seguridad y Defensa, y que se pudo superar el punto muerto al que se había llegado tras el conflicto iraquí. 
Celebramos la creación de la Agencia Europea de Defensa y creemos que jugará un papel importante en lo que se refiere al suministro de nuevo equipamiento. 
Asimismo, celebramos la inclusión en el Tratado Constitucional de las disposiciones que contemplan un futuro para la Política Europea de Seguridad y Defensa, sobre todo para la cooperación estructural, esto es, la cláusula de solidaridad. 
Otro avance de gran importancia ha sido el anuncio por parte de la Comisión del Programa de Investigación Europeo sobre Seguridad que se pondrá en marcha con un presupuesto mínimo de 1 000 millones de euros a partir de 2007. 
Por último, el acontecimiento más destacado del año pasado fue la transferencia del mando de la misión de estabilización en Bosnia, que hasta ahora asumía la OTAN. 
Se trata en realidad de la primera operación militar importante de la Unión Europea. 
En este contexto, creemos también firmemente que las cuatro preguntas planteadas hace unos seis años, cuando se presentó por primera vez en Colonia el concepto de una Política Europea de Seguridad y Defensa, siguen siendo válidas. 
En primer lugar, ¿qué medidas se requieren para garantizar que nuestras capacidades de defensa se correspondan con nuestras aspiraciones y retos, los retos que se han consagrados ahora en la Política Europea de Seguridad? 
En segundo lugar, ¿cómo se puede garantizar la cohesión de la Política Europea de Seguridad y Defensa? 
En tercer lugar, ¿cómo se puede desarrollar esa política sin debilitar los compromisos contraídos en materia de defensa por la mayoría de los Estados miembros que pertenecen también a la OTAN? 
En cuarto lugar, ¿cómo se puede garantizar una buena administración de los recursos financieros tanto a escala nacional como comunitaria? 
Estas preguntas van dirigidas sobre todo a la Comisión y al Consejo, puesto que esas instituciones y el Parlamento tendrán que trabajar juntos para encontrar las respuestas adecuadas. 
De lo contrario, la Política Europea de Seguridad y Defensa se quedará en papel mojado y resultará totalmente ineficaz. 
– Señor Presidente, Señorías, deseo sumarme a las expresiones de agradecimiento de muchos diputados a los ponentes por dos informes importantes que presentan una visión general exhaustiva de la política exterior, de seguridad y defensa de Europa y los avances logrados, y en los que se proponen orientaciones muy convincentes para una presencia eficaz de Europa como actor global en el escenario mundial. 
El Tratado Constitucional puede fortalecer el papel de Europa con innovaciones que garantizarán una integración y cooperación más fuertes, y justo ahora creo que es importante impulsar –como dicen– la colaboración entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
El objetivo central de Europa es fomentar el multilateralismo eficaz, que significa garantizar la seguridad y también la expansión de la democracia, los derechos humanos y las oportunidades de desarrollo y crecimiento. 
En pocas palabras, significa controlar la globalización, dando prioridad a los métodos políticos, civiles y económicos, pero sin descartar los métodos militares como último recurso, y por consiguiente dejar abierta la opción de utilizar la fuerza en circunstancias legítimas. 
Para tener legitimidad, sin embargo, es necesario restaurar la autoridad del sistema de las Naciones Unidas, tal como señala muy convenientemente el informe Brok. 
Esta autoridad se ha visto convulsionada en parte por la teoría y la práctica de la guerra preventiva y unilateral. 
Europa no tiene más opción que condenar esta teoría y esta práctica, y creo que la reanudación de la cooperación entre Europa y los Estados Unidos no puede prescindir de esta cuestión de principio. 
En este contexto, creo que es muy importante la exigencia planteada por muchos diputados –al igual que la Comisaria Ferrero-Waldner– de que Europa ocupe un asiento en las Naciones Unidas, ya que representaría un salto cualitativo en la relación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Me gustaría hacer hincapié en una prioridad en este escenario, que es el conflicto israelo-palestino y la crisis en Oriente Próximo. 
Con razón hemos señalado las nuevas oportunidades y esperanzas. 
Deseo añadir, sin embargo, una nota de preocupación: el propio encuentro entre George W. Bush y Ariel Sharon ha puesto de manifiesto un profundo desacuerdo sobre la política israelí de expansión de los asentamientos, que en la práctica significa la anexión de Jerusalén Este y de parte de Cisjordania. 
Si esta política sale adelante, se desvanecerán todas las esperanzas de alcanzar la paz. 
Si hasta el Gobierno de los Estados Unidos está haciendo oír sus críticas, Europa también debe hacerlo, de forma contundente y clara, para evitar que se tomen decisiones que pongan en peligro cualquier esperanza de paz y de distensión. 
En primer lugar, felicito al señor Brok por su extraordinario informe, que proporciona una visión coherente, progresista y realista de la política exterior y de seguridad común. 
Con demasiada frecuencia nos olvidamos de lo reciente que es, en realidad, esta política. 
Recuerdo muy bien que hace 20 años las palabras seguridad, política exterior y, en particular, política de defensa, ni siquiera podían aparecer en los textos comunitarios o en los programas de los partidos políticos europeos. 
Hace 10 años existía una política exterior y de seguridad común en estado embrionario, que se presentó con gran cautela en forma de un pilar independiente casi intergubernamental. 
Hoy día tenemos nuestra propia visión y estrategia, todavía en proceso de elaboración, es cierto, pero de una originalidad innegable. 
Esa originalidad radica sobre todo en nuestro deseo de asumir la responsabilidad tanto de los aspectos civiles, como de los diplomáticos y militares de esa política. 
Quiero destacar que el Tratado Constitucional contiene una serie de exigencias de especial importancia en este ámbito, una de las principales razones por las que ese documento merece ser ratificado. 
En este informe anual se reclama la participación más activa del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en la preparación y aplicación de la política exterior y de seguridad común, en lugar de limitar su contribución a la celebración de debates a. 
El intercambio de opiniones que mantendremos durante un período de tres meses con el Alto Representante y con la Comisaria responsable de las Relaciones Exteriores y de la Política Europea de Vecindad, en el cual podrán participar los representantes de los parlamentos nacionales, es una excelente oportunidad para hacerlo y es uno de los aspectos de las propuestas que nos complace apoyar. 
Señor Presidente, para no ser excesivamente repetitivos, pasaré a exponer una posición diferente. 
En la Estrategia Europea de Seguridad se dice que la primera línea de defensa frente a las nuevas amenazas se desplegará generalmente en el exterior. 
El informe Kuhne no discrepa en modo alguno de esa afirmación. 
La Estrategia Europea de Seguridad pretende ser vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Está concebida para orientar cada vez más la política militar comunitaria hacia la planificación de guerras preventivas. 
En el informe Kuhne se solicita un rearme aún mayor para garantizar que la Unión, basándose en las capacidades de la OTAN, pueda realizar intervenciones militares en todo el planeta. 
De acuerdo con lo que hemos escuchado, la Unión Europea pretende convertirse en protagonista de la escena mundial, sobre todo en el plano militar. 
Precisamente por este motivo, mi grupo ha presentado una opinión minoritaria. 
Por un lado, se afirma que no hay concentración militar en la Unión Europea; por otro, como hemos podido escuchar, se hace todo lo posible para favorecer el rearme e incluso se elaboran planes para que la UE libre batallas regionales que le permitan garantizarse el suministro de materias primas. 
El Tratado Constitucional de la UE, que espero que Francia eche por tierra, su Estrategia de Seguridad y el «Libro sobre Defensa Europea» representan a una Europa caracterizada por el rearme y la perspectiva de futuras guerras. 
Analicen seriamente estas críticas. 
Los tiempos de la polémica ya se acabaron. 
Como podrán comprobar en Francia, solo sirven para equivocarnos. 
– Señor Presidente, un minuto y treinta segundos es mucho más de lo que necesito, dado que los vastos temas que se tratan en este informe maleta suponen la existencia de un Ministro de Asuntos Exteriores, de un servicio diplomático y de una política exterior común. 
Ahora bien, en lo que respecta a la política exterior común no tenemos más que el más vago de los vagos esbozos, dado que fue decretada en 1992 en el Título V del Tratado de Maastricht. 
Por otra parte, no hay y no puede haber una política común por la buena razón de que no hay acuerdo sobre los principios, las tradiciones y los intereses y, por tanto, las políticas de nuestras distintas naciones, empezando además por la cuestión vital de las relaciones con los Estados Unidos de América. 
En cuanto a esa condición mínima, la creación de un instrumento diplomático común, presupone la adopción de la Constitución Europea. 
Lamento tener que decirle –aunque para la mayoría de las personas no es un secreto– que es muy probable que ese proyecto no vea nunca la luz del día y que todos sus andamiajes, construidos sobre la completa ausencia de legitimidad popular, se vendrán abajo por sí mismos. 
Por tanto, podría quedarme ahí y no agotar mi tiempo de palabra ni sus nervios, pero no quisiera impedirles soñar, ya que sus sueños interesan mucho a los defensores de la soberanía que dan la batalla hoy en Francia y en otros lugares. 
Cuando, en nuestras reuniones, anunciamos a los franceses que en Washington hay un personaje que se hace dar la pomposa denominación de Embajador de la Unión Europea ante los Estados Unidos, se divierten mucho. 
Cuando anunciamos a los franceses que, con la citada Constitución, habrá un supuesto Ministro de Asuntos Exteriores y que el titular del cargo será, como por azar, un ex Secretario General de la OTAN, pues bien, los franceses todavía se divierten más o se intrigan o se escandalizan. 
Pase lo que pase, pues, Señorías, sigan ustedes, eurófilos y eurómanos de toda clase, suministrándonos argumentos tan divertidos. 
Señor Presidente, probablemente la política exterior y de seguridad común no es una política virtual, como sostienen algunos escépticos, pero sí es cierto que tiene mejor aspecto sobre el papel que en la práctica. 
Si, como los autores del proyecto de resolución, examinamos las encuestas de opinión pública en busca de la voluntad de aplicar esa política, su futuro parece verdaderamente incierto. 
Si el 60% de los ciudadanos de la Unión que apoyan la política exterior común se reduce en el futuro a un 45%, y el 70% de los que apoyan la política de defensa común se reduce a, pongamos, un 47%, ¿deberíamos abandonar enseguida ese concepto? 
Debemos evitar la dependencia en las encuestas de opinión pública. 
La Cámara está dividida en cuanto al grado de apoyo a la idea de una política de seguridad común y una política exterior común. 
Debemos aceptar este hecho. 
Sin embargo, estamos de acuerdo en varios temas. 
El primero es que el terrorismo islámico es una amenaza real. 
El segundo es que la acción militar no puede ser el primer recurso cuando se trata de abordar determinados problemas. 
El tercero es que debemos seguir con mucha atención las actividades conjuntas de la EUFOR en Bosnia y Herzegovina. 
Cierto, la Unión había llevado a cabo antes la misión Concordia en Macedonia, pero era de una importancia relativamente menor, al igual que las actividades policiales que hemos llevado a cabo, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina o, más recientemente, en África. 
Finalmente, podemos hablar con unanimidad cuando se trata de insistir en que el Consejo cumpla el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea relativo a la consulta sobre las principales acciones de política exterior para el próximo año. 
No se trata de que el Consejo se digne a proporcionar información. 
Es que está obligado a hacerlo. 
Como principal protagonista internacional, la Unión Europea asume una responsabilidad a escala mundial. 
Por lo tanto, me gustaría resaltar que el éxito de la política exterior de la UE depende de su colaboración con los Estados Unidos. 
A pesar de las diferencias que existen entre nosotros, de todos los actores mundiales, los Estados Unidos son los más próximos a Europa, y no son únicamente los valores comunes los que nos unen. 
La cooperación es un resultado natural de nuestro interés común por conseguir la estabilidad en el mundo, consolidar el Estado de Derecho y la democracia y garantizar que los mercados mundiales funcionen de forma adecuada y siga siendo posible disponer de los recursos de materias primas en todo el mundo. 
La Alianza del Atlántico Norte sigue siendo una garantía fundamental de la seguridad europea y estadounidense, pero las dificultades con que nos encontramos en la actualidad no tienen que ver solo con la seguridad, ni mucho menos. 
Por lo tanto, llegados a este punto, me gustaría pedir a la Comisión y al Consejo que presenten un plan de acción para una cooperación estratégica entre la Unión Europea y los Estados Unidos que sitúe en un marco institucional nuestro diálogo sobre una amplia gama de cuestiones mundiales. 
La cooperación resolvería temas que van desde el funcionamiento de los servicios financieros hasta la estabilización del orden internacional, así como la agricultura mundial, la lucha contra el sida, la disponibilidad de agua, el cambio climático del planeta y la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
Uno de sus objetivos sería la creación de un espacio de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos, que podría actuar como fuerza motora de la economía mundial. 
El Presidente Bush nos dijo en febrero que los ciudadanos de los Estados Unidos son conscientes de la necesidad de tener un socio fuerte al otro lado del Atlántico. 
Por lo tanto, creo que la Unión Europea debería aprovechar esta oportunidad de consolidar una operación que podría ser clave para la estabilidad y el orden mundial. 
– La estrategia europea de seguridad nos obliga a considerar el papel de la Unión en la gobernanza mundial, y los informes del señor Kuhne y el señor Brok constituyen una excelente aportación para abordar este reto. 
Si queremos que sean eficaces y coherentes, las políticas exteriores de seguridad y defensa de Europa deben dirigirse a los ciudadanos, promover los derechos humanos, el derecho internacional y humanitario y el multilateralismo en las relaciones internacionales. En otras palabras, deben basarse en el concepto de seguridad humana, como resalta el informe Kuhne, en línea con el informe de Barcelona sobre la Doctrina de Seguridad Humana. 
La importancia de este ámbito es aún mayor si tenemos en cuenta que la proliferación de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo deben seguir siendo una de las principales prioridades en términos de seguridad. 
Debemos incorporar esas preocupaciones en todos los aspectos de las relaciones exteriores, en concreto en la nueva política de vecindad, y en este contexto la Unión debe tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como se ha dicho antes. 
La UE también debe luchar para reforzar los tratados de desarme y no proliferación nuclear y reforzar los controles de las exportaciones de material nuclear y armas en general. 
La Unión debe asegurar también que su plan de acción para combatir el terrorismo esté estrechamente coordinado con sus políticas exteriores de defensa y de seguridad, como parte de la estrategia global integrada para combatir el terrorismo anunciada recientemente por Kofi Annan. 
También hay que cumplir los compromisos para el desarrollo presentados por los Gobiernos europeos en la Declaración del Milenio. 
La pobreza y la injusticia son terrenos fértiles para el terrorismo. 
Si queremos conseguir una política de defensa y de seguridad que comporte una mayor independencia estratégica para Europa, más capacidad y más integración de los recursos de defensa, así como un auténtico mercado interior, la Agencia Europea de Defensa debe proporcionarnos, para nuestros debates, información sobre las políticas de contratación pública, desarrollo e investigación de maquinaria. 
Ahora está en manos de los Gobiernos de los Estados miembros crear la base para que esta nueva agencia pueda funcionar. Las próximas perspectivas financieras deben demostrar que nuestros Gobiernos están comprometidos con el éxito de la seguridad europea, que depende en gran manera de los recursos que le asignemos en la Unión. 
Quiero terminar explicando que la semana pasada en Sarajevo, junto con el señor Von Wogan y otros diputados de esta Cámara, fui testigo de cómo el orgulloso general británico a cargo de la EUFOR repartía honores nacionales. 
No pude evitar pensar que, si hace 15 años hubiera habido una política exterior y una política de defensa y seguridad europea, Europa podría haber evitado la guerra de la antigua Yugoslavia o podría haberla detenido mucho antes. 
La importante labor de la misión Althea en Bosnia y Herzegovina es una prueba de que, con los recursos apropiados, Europa puede y debe asumir más responsabilidades en la seguridad europea y mundial. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, aunque sea muy crítico con algunos aspectos del Tratado Constitucional de Europa, me parece que es importante reforzar la política exterior y de seguridad común. 
Si queremos que Europa se asiente como potencia para la paz mundial, necesitará hablar al mundo exterior con una sola voz, y poseer la capacidad necesaria para abrirse camino en temas de política militar y de seguridad. 
Aunque creo que hay que repudiar enérgicamente toda tendencia hacia el desarrollo de un Estado europeo centralizado, pienso que es correcto que exista un solo ministro de asuntos exteriores de la UE con amplios poderes y responsabilidades, y una posición sólida dentro de la UE. 
Eso me lleva a acoger con satisfacción la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior. 
Pero es inaceptable que dicho servicio de acción exterior de la Unión Europea deba estar dominado y mantenido solo por los Estados miembros de la UE más grandes. 
Los Estados miembros más pequeños, y Austria entre ellos, deben poder participar también en la creación de la política europea de asuntos exteriores, y el Parlamento Europeo debe tener los mismos derechos que el Consejo a la hora de decidir cómo debe ser esa política. 
Si los Estados miembros más pequeños deben contribuir de la misma forma que los grandes a la política europea de defensa común y al funcionamiento de una fuerza única europea de reacción rápida, también deben tener el mismo derecho a ser consultados. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señora Comisaria, hay dos declaraciones del Parlamento en ese informe que me gustaría recuperar, y tienen que ver con la situación de la política exterior y de seguridad en el Lejano Oriente. 
Yo creo que la República Popular China, al aprobar su ley antisecesionista, ha situado a la región en una posición mucho más precaria. 
Deberíamos repudiar enérgicamente esa ley antisecesionista; al promulgar dicha ley, la República Popular China está intentando, sin justificación, legitimar sus amenazas militares contra Taiwan y adquirir el derecho a atacarles. 
Es una violación del Derecho internacional, y es completamente inaceptable. 
Los 23 millones de ciudadanos de Taiwan tienen el derecho inalienable de tomar sus propias decisiones democráticas sobre su futuro: sobre si quieren reunificarse con el continente o si quieren seguir siendo independientes y un Estado soberano. 
Todos deberíamos exigir a la República Popular China que dejara de enviar mensajes amenazadores y en cambio iniciara un diálogo directo con Taiwan sobre la base del reconocimiento mutuo para conseguir una distensión entre los dos países y asegurar la paz en el Lejano Oriente. 
Y me dirijo a los representantes del Consejo cuando digo que, si queremos que esto ocurra, no hay que levantar el embargo de armas a China. 
El Consejo Europeo tenía razón al imponerlo en 1989, y podemos ver que la postura en relación con los derechos humanos y los derechos de las minorías realmente ha mejorado, aunque todavía deja mucho que desear. 
Esta Cámara ha observado en muchas ocasiones que la situación en China en relación con los derechos civiles fundamentales, culturales, religiosos y políticos ni siquiera llega a los mínimos internacionales que la propia China reconoce. 
Espero que el Presidente en ejercicio tome nota de ello. 
En especial en estos momentos, y en vista de las continuas infracciones que China comete contra los derechos humanos, levantar el embargo de armas sería enviar un mensaje totalmente equivocado y parecería como una recompensa por la ley antisecesionista. 
Señor Presidente, hemos recibido un documento que describe la política europea en el ámbito de la seguridad, que es la política más difícil de abordar para cualquier país u organización internacional. 
Este documento constituirá una base o un punto de referencia cuando se trate de decidir la mejor forma de consolidar las políticas de los Estados miembros y asegurar que la política exterior sea más efectiva. 
Haríamos bien en recordar que la forma más costosa de tener una política de asuntos exteriores es no tener ninguna. 
La Unión no está aprovechando las oportunidades que se le abren en muchos ámbitos, precisamente por su falta de políticas. 
Permítanme mencionar otro hecho que salta a la vista, y ahora me dirijo en concreto a quienes durante algún tiempo en esta Cámara han pontificado la militarización. 
La capacidad en defensa es una condición para una politica eficaz. 
La capacidad militar es esencial. 
También haríamos bien en recordar que los principios redactados sobre la salvaguarda de nuestra seguridad, en el sentido más amplio, pueden constituir un punto de partida excelente para el diálogo con nuestro socio estadounidense, y una base para la creación de un nuevo tipo de relación transatlántica. 
Por un lado, estarían los Estados Unidos, en algún lugar confuso entre el liderato y la hegemonía, y, por otro lado la Unión Europea, que está empezando a desarrollar su papel en este ámbito particular. 
Necesitaremos paciencia y creatividad para este proceso, pero también se requerirá experiencia. 
En este sentido, creo que el informe del señor Kuhne representa un buen compromiso para todas las instituciones europeas, y les será útil para considerar la seguridad europea. 
Además, es significativo que el informe del señor Kuhne se debata al mismo tiempo que el informe anual sobre la política exterior de la Unión Europea. 
Representa una buena aportación y una feliz contribución por parte del Parlamento, que ayudará a asegurar que por fin podamos hablar de una política europea real y no virtual. 
– Señor Presidente, si opina usted que la Unión Europea debería convertirse en una especie de Estado europeo integrado, entonces es lógico y necesario que tenga su moneda, su sistema policial y judicial, su representación diplomática, su ejército y presupuesto de defensa y todo lo que conlleva la categoría de Estado en el marco jurídico de una constitución. 
Los dos informes que tenemos hoy ante nosotros se inspiran precisamente en este impulso. 
He de decir que los conservadores británicos tienen una visión bastante diferente. 
Básicamente nos oponemos a una mayor integración política europea. 
En efecto, nosotros intentaríamos desbrozar y repatriar muchas de las excesivas competencias que ha acumulado Bruselas. 
Por tanto, a nadie le sorprenderá que nos opongamos a la idea misma de una constitución europea, así como a su contenido detallado. 
Los informes se centran especialmente en la política de seguridad y defensa. 
Pretenden reforzar las credenciales militares de la Unión Europea distorsionando la naturaleza y el papel de la OTAN y, además, marginar a esta organización mientras se duplican con despilfarro sus estructuras, intentando desplazar a las naciones en su papel de agentes en la relación de seguridad transatlántica, al mismo tiempo que reclaman la propiedad de sus capacidades y se suscriben ideas equivocadas de diseño social de nuestros ejércitos. 
No creo que los países europeos tengan intereses de seguridad estratégicos que deban separarse de los de sus aliados transatlánticos y de otros. 
A veces es posible que los europeos tengan una responsabilidad principal en la aportación de fuerzas militares en sus propia región. 
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos diez años o más en la antigua Yugoslavia, donde insinuar que la operación militar de EUFOR en Bosnia es muy diferente a lo que había allí antes es un simple juego de manos. 
De los 7 000 soldados de la SFOR de la OTAN, más de 6 000 eran europeos. 
Por tanto, no es honesto pretender que la Unión Europea esté contribuyendo a una mejora de la seguridad cuando la mayoría de sus Estados miembros están reduciendo, en lugar de aumentar, su gasto en defensa y la propia Unión Europea se limita a copiar los sistemas de planificación, toma de decisiones y mando y control de la excelente organización que es la OTAN. 
Señorías, desde el final de la Guerra Fría han aparecido nuevas amenazas para la seguridad. 
Son el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, el crimen organizado y toda una gama de conflictos regionales. 
Se está haciendo evidente que ningún país, no importa cuán grande sea, está en posición de resolver esas amenazas a la seguridad por sí solo, y por este motivo la política exsterior, de seguridad y de defensa común de la UE debería ampliarse y reforzarse. 
Y así lo creen no solo una mayoría de los miembros de esta Cámara, y no solo los representantes del Consejo y de la Comisión, sino también, y sobre todo, los ciudadanos europeos. Es algo que ya se ha dicho en esta Cámara. 
Otra cosa que se está haciendo evidente es que no podemos superar ninguna de esas amenazas solo con medios militares; necesitamos utilizar una combinación de medios militares y medios civiles. 
Los dos informes presentados hoy y ambos ponentes ofrecen respuestas claras y detalladas a la pregunta de cómo podemos conseguirlo. 
El éxito y el futuro desarrollo de la política exterior, de seguridad y de defensa común depende de que se cumplan dos condiciones: que se ratifique la Constitución Europea y se reserve la financiación adecuada. 
No se puede tener más seguridad europea a cambio de menos dinero. 
– Señor Presidente, voy a centrarme en dos cuestiones cruciales. 
Deseo empezar con unas pocas palabras sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior. 
Es sumamente importante que el servicio dependa de la Comisión. 
Hemos de evitar todos los intentos de aguar el nuevo servicio haciéndolo depender principalmente en el Consejo. 
Bajo ningún concepto hay que permitir que el servicio se convierta en una agencia intergubernamental incontrolable que empieza a vivir por su cuenta. 
Solo estableciendo un grado máximo responsabilidad ante el Parlamento podemos estar seguros de que se conseguirán los nobles objetivos que tiene Europa para el resto del mundo. 
Combatir la pobreza, apoyar la democracia y defender los derechos humanos son cuestiones en las que podemos, y debemos, cooperar basándonos en valores comunes. 
Un servicio intergubernamental correría el riesgo de caer presa de numerosos intereses sectoriales y estratégicos y nuestros valores y objetivos comunes se perderían en la mezcolanza. 
En segundo lugar, tenemos que adoptar un enfoque ambicioso y realista de la política exterior europea en el marco de la nueva Constitución, si la tenemos y cuando la tengamos. 
La Constitución lleva adelante la política exterior y de seguridad europea en muchos aspectos cruciales y tenemos que asegurarnos de que se cumplan estos compromisos. 
A pesar de que los cambios contemplados en las cláusulas de la Constitución en materia de solidaridad mutua, así como de una mayor capacidad de reacción rápida, son reflexiones en curso más que innovaciones, tenemos que garantizar que se interpretan de forma ambiciosa, concreta y vinculante cuando se pongan en práctica. 
Asimismo, es menester acoger con agrado y consolidar la inclusión de garantías mutuas de seguridad en la Constitución. 
La oposición de algunos Estados miembros puede contrarrestarse con unos pocos y argumentos sencillos. 
La OTAN es, y seguirá siendo, la columna vertebral de la defensa europea, no hay duda al respecto. 
Nosotros proponemos garantías europeas simplemente para complementar las disposiciones de la OTAN con una dimensión europea muy necesaria. 
También apoyan y consolidan décadas de cooperación política y de seguridad europea, que ha existido fuera del ámbito de la Unión Europea. 
No constituyen una reescritura radical de las ambiciones exteriores y de seguridad de Europa: se limitan a establecer que Europa debe ser al fin suficientemente madura para combinar su fuerza económica con alguna voz y compromiso políticos. 
Señorías, en los últimos tiempos la Unión Europea se ha convertido cada vez más en una fuerza motora para la creación de un nuevo orden internacional. 
Así ha sido sobre todo desde la ampliación del año pasado. 
El éxito de la integración europea significa que el sistema político europeo está siendo cada vez más atractivo para los ciudadanos de los países de fuera de la Unión. 
Determinados analistas estadounidenses hablan ahora del denominado europeo y del sueño europeo que se está haciendo realidad ante nuestros propios ojos. 
El terrorismo, la diseminación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la caída de las naciones y el crimen organizado, todo eso exige una dimensión global en las acciones exteriores de la Unión. 
Además, exige una mayor responsabilidad democrática en esas acciones. 
Con este fin, deberíamos seguir la letra y el espíritu del Tratado Constitucional en cuanto a los temas que tengan relación con la política exterior y de seguridad común. 
El futuro Servicio Europeo de Acción Exterior debe tener un papel esencial en este ámbito, y ser de utilidad para los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea. 
Tan pronto como entre en vigor el Tratado Constitucional, será esencial hacer todo lo posible para otorgar un significado real a la cláusula de solidaridad en relación con los temas de defensa que se estipulan en el Tratado. 
– Señor Presidente, el informe del señor Brok contiene muchas ideas nuevas, visionarias y alentadoras. 
Quiero añadir algunas observaciones sobre los problemas del nuevo terrorismo no estatal. 
En primer lugar, ¿que más podríamos recomendar que no recomiende ya el señor Brok? 
La lucha contra el llamado terrorismo reclama una clara descripción del terrorismo político. 
Su propósito es lograr objetivos políticos concretos, ¿y cuáles son estos objetivos? 
Es preciso distinguir entre el nuevo terrorismo político no estatal, que supuestamente no reside en ningún Estado preciso, y el tradicional terrorismo de Estado, que se encuentra principalmente allí donde la democracia falla. 
Este tipo de terrorismo político tiende a provocar respuestas vengativas en ciertos grupos y organizaciones, como ocurre ahora con la guerra terrorista –o aterrorizadora– rusa en Chechenia. 
La comunidad democrática no puede afrontar con éxito ningún concepto abstracto de terrorismo como tal, ya que solo se apoyaría en la ideología o el fanatismo. 
No, los verdaderos enemigos que hay que combatir son las organizaciones terroristas y los Estados que utilizan estos métodos y apoyan a dichas organizaciones. 
Se han hecho dos nuevos esfuerzos por encontrar escondites en Afganistán e Iraq. 
Actualmente son los únicos lugares donde las organizaciones terroristas parecen estar a la defensiva. 
En el terreno de la defensa, esto cumpliría con creces el deseo europeo de competir con los Estados Unidos. 
Por último, existe una especie de beneficio diabólico que puede obtenerse de este fenómeno de terror no estatal, ya que las democracias quizá ahora sean más conscientes de cuáles son sus valores que están peligro. 
Al crear los conceptos y las estructuras de la política europea de seguridad y defensa hemos de centrarnos cada vez más en esta cuestión: ¿en aras de qué Europa y a favor de qué Europa estamos trabajando? 
¿Seguro que no en aras de una Europa consumista y suicida que está perdiendo su identidad y su sentido de valores, a pesar que habla mucho de ello? 
Eso es defender lo indefendible. 
. Señor Presidente, creo que este debate ha demostrado, una vez más, la contribución enormemente valiosa de su Parlamento a las grandes orientaciones, las grandes concepciones, de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Ha demostrado también que este diálogo, tan deseado por el Parlamento, existe de forma muy concreta, y comprendo que el Parlamento pida ese contacto, ese diálogo con el Consejo y con la Comisión. 
El debate ha demostrado que este diálogo no solo existe a toro pasadopara hablar del pasado, sino que existe también para hablar del presente y de las políticas futuras. 
Pienso por lo demás –como alguien ha dicho– que no debemos llevar a cabo una política exterior en contra de los deseos del Parlamento. 
Desde que tengo el placer de representar a la Presidencia, nunca he tenido la impresión de que el Consejo realizara una política contraria a los deseos del Parlamento. 
Más bien he tenido la impresión de que la política era realizada conjuntamente, y los debates de hoy, pero también los de reuniones pasadas, sobre Oriente Próximo, sobre el Líbano, sobre los Balcanes hace algunas horas, demuestran que el Parlamento no solo participa en el análisis de nuestra política, sino también en la concepción y en las orientaciones futuras de esa política. 
No puedo sino observar un amplio consenso sobre las grandes orientaciones de esta política en todas sus facetas, sobre la idea que Europa debe tener de la seguridad, sobre el hecho de que esa seguridad no es únicamente una seguridad en términos políticos y militares, sino una seguridad global que comprende aspectos como el medio ambiente o los derechos humanos. 
Soy especialmente sensible también a lo que se ha dicho sobre el valor de los símbolos y lo que va mucho más allá de los símbolos, es decir, el hecho de que el encuentro con militares que llevan las estrellas europeas en sus hombreras les haga sentir un escalofrío y muestre efectivamente que Europa está en marcha, que la unificación de Europa está en marcha, que estamos superando un nuevo hito, en particular a través de nuestra política de seguridad y defensa. 
Quisiera hacer una única y última observación con respecto a China. 
En la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, señor Jarzembowski, he tomado una posición, y veo que progresivamente la posición que he tomado se confirma. 
Creo que hay que mirar las realidades que tenemos enfrente: hay que desarrollar una relación con China, porque es un país que está adquiriendo importancia. 
Hay que entablar con China un diálogo general que abarque todos los aspectos. 
Muchas gracias por sus aportaciones, creo que ha sido un debate rico, un debate útil y un debate que demuestra que el diálogo entre las distintas instituciones de la Unión funciona. 
. Señor Presidente, al igual que mi colega, creo que ha sido un debate interesante y completo porque ha demostrado que con las banderas de la PESC y la PESD se han abordado muchas cuestiones específicas. 
Muchos de estos temas aparecerán de nuevo en otros futuros debates. 
Claro que no hemos olvidado los derechos humanos. 
Muchos de ustedes han hablado de los derechos humanos y creo que ya son inherentes a toda nuestra política. 
Es muy importante que nos convirtamos en un protagonista en el escenario mundial con una Carta Europea de los Derechos Humanos y, esperemos que muy pronto, una Constitución. 
Hay un tema que no se ha mencionado en este debate, pero que quisiera mencionar porque es muy importante para la seguridad y el desarrollo. 
Es la cuestión de género, que tan bien se promueve en Europa, incluso en el marco de nuestras políticas de desarrollo y vecindad. 
Forma parte de la política global que queremos. 
También quiero expresar mi acuerdo con el comentario de que la Unión Europea necesita trabajar con sus socios para evitar que lleguen a manos de los terroristas elementos nucleares y otros materiales delicados. 
Es un objetivo importante en nuestro plan de acción de trabajo conjunto. 
También estoy de acuerdo con el señor Von Wogau y otras personas que han dicho que existe un vínculo muy importante entre la seguridad interior y la seguridad exterior. 
Es un elemento esencial para conseguir una estrecha cooperación entre las diversas direcciones generales de la Comisión y la Dirección General de Relaciones Exteriores. 
Finalmente, ha habido una pregunta concreta sobre el desminado. 
No es solo un problema de Bosnia. 
Es un problema en todo el mundo y, por lo tanto, nos complace que la Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa, que prohibía las minas terrestres antipersonas, se celebrara en Kenia, donde hemos visto que este tema, promocionado por la Unión Europea, ha salido con mucha fuerza. 
Quedan muchas cosas más por hacer, pero tenemos una base sólida y extensa. 
Trabajemos juntos sobre esta base. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día se procede a las preguntas al Consejo (B6-0163/2005). 
Es sabido que la Presidencia de la UE está elaborando el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
¿En qué fase se encuentran los preparativos? ¿Podemos albergar esperanzas de que dicho Estatuto se aplicará a los diputados del Parlamento actual? 
. En respuesta a su pregunta, señor Seppänen, me gustaría recordarle que el procedimiento para la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo se fija en el apartado 5 del artículo 190 del Tratado CE y en el apartado 5 del artículo 108 del Tratado Euratom. 
Según esas cláusulas, el Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus diputados, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. 
La Presidencia del Consejo tiene intención de llevar a buen término, si es posible en este semestre, las negociaciones sobre el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, incluidas las relativas a su entrada en vigor. 
Puedo asegurarles que se mantienen contactos de forma permanente para llegar a esta conclusión. 
Señor Ministro, algunos Estados miembros del Consejo no han aceptado la propuesta de compromiso que se debatió la última vez en el Parlamento y en el Consejo. 
¿Tiene intención de proponer de nuevo el mismo tipo de paquete o tiene sus propias propuestas de modificación para ese paquete, y cuáles serían esas posibles enmiendas? 
. Como recordarán, durante la Presidencia irlandesa estuvimos muy cerca de un compromiso. 
Por desgracia, fracasamos en el último escollo; se trataba de un compromiso que había sido negociado entre el Consejo, y en particular por la Presidencia irlandesa, por un lado, y el Parlamento, por el otro. 
Me parece que muchos elementos de ese compromiso siguen siendo válidos y creo, por tanto, que es una buena base de partida. 
No obstante, por razones evidentes, hay que definir qué ajustes son necesarios. 
Estamos trabajando en ello. 
Puedo garantizarles que trabajamos, en el Consejo y también con el Parlamento, en soluciones aceptables: aceptables, espero, para todos los Estados miembros si es posible, o al menos para una mayoría cualificada de ellos. 
– Me pregunto si el Presidente en ejercicio del Consejo ha tenido la oportunidad de estudiar la votación que se celebró ayer en el Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria. 
Si es así ¿estará de acuerdo conmigo en que la falta de voluntad, o de capacidad, del Parlamento para reformar su propia casa demuestra la urgencia de la necesidad del Estatuto y en que la única forma de mejorar la reputación de esta institución pasa por el establecimiento de un Estatuto de los diputados? 
. Ustedes son los únicos que pueden juzgar la organización y el funcionamiento interno del Parlamento. 
Les dejo toda la responsabilidad sobre ello. 
Puedo asegurarles que la Presidencia está decidida a encontrar una solución con el Parlamento y con el Consejo. 
Este es el compromiso que hemos contraído y espero que lo logremos. 
– Quiero preguntar al Presidente en ejercicio si acepta que el Estatuto de los diputados y el paquete de dietas de este Parlamento se traten conjuntamente, como se acordó en noviembre o diciembre de hace más de un año, justo antes de la Presidencia irlandesa. 
El Estatuto de los diputados es urgente porque nos permitiría resolver todo el debate en torno a las dietas. 
La votación de ayer sobre la aprobación de la gestión presupuestaria demostró que quienes son políticamente honestos y aceptan el acuerdo celebrado hace dieciocho meses, lo defendieron a pesar de la presión de los medios de comunicación y otros para hacer lo contrario. 
Necesitamos la reforma; necesitamos la reforma de todo el paquete: el Estatuto de los diputados y las dietas. 
¿Puede garantizarnos que durante esta Presidencia nos propondrán un Estatuto de los diputados? 
¿Puede garantizarnos que aquellos colegas en el Consejo que la última vez abandonaron el barco, cuando nosotros creíamos que había un compromiso de la Presidencia irlandesa, permanecerán a bordo esta vez? 
¿Ha negociado usted con esos países o tiene alguna garantía de los mismos? 
. Toda solución debe ser global: una especie de paquete, como usted lo ha llamado. 
Por supuesto, no puedo garantizarles en esta fase que se nos una todo el mundo. 
Probablemente recordarán las razones esenciales que hicieron fracasar el paquete que se había negociado. 
Eran razones un poco particulares. 
Esperamos que, esta vez, se pueda encontrar una solución, que todo el mundo pueda apoyar esa solución y que nadie se deje impresionar por ciertos artículos de prensa que no especificaré. 
Según el Reglamento tenemos un límite de tiempo. 
A cada pregunta le siguen dos preguntas complementarias. 
Es la primera vez que ocupo la Presidencia en un Turno de preguntas y, debido a la importancia del tema, es la única vez que incumpliré el Reglamento. 
–Quiero unirme a los demás diputados e instar a la Presidencia a acelerar el tema del Estatuto. 
Me asombró la hipocresía de los diputados que ayer se opusieron a la aprobación de la gestión presupuestaria, dado que ellos mismos habían cobrado gastos de aquellas cuentas a las que ahora dicen que se oponen. 
En toda mi vida no había visto tanta hipocresía, y fue muy desagradable. 
Quiero instar a la Presidencia a presentar este Estatuto para que ese tema se regularice de una vez por todas tanto en lo que se refiere a nuestra remuneración como a los gastos que conlleva nuestro trabajo. 
No hay ninguna posibilidad de que los hipócritas que ayer armaron aquí un escándalo devuelvan el dinero para reparar lo que dicen que está mal en las cuentas que ayer se negaron a aprobar. 
Es una conducta absolutamente vergonzosa. 
Creo que la Presidencia ya ha contestado a esto. 
Señor Presidente, si ahora entra en vigor el Estatuto, las instituciones europeas deberán ser realmente conscientes de que todo el mundo cobre independientemente de su país de origen. 
Así pues, ¿los diputados de todos los países cobrarán igual en el futuro? 
¿Habrá una diferencia considerable respecto a los salarios de los funcionarios, o se está haciendo un esfuerzo para conseguir un equilibrio? 
. Por lo que se refiere al primer punto de su pregunta, creo que si existe un principio clave de la Unión Europea es el principio de no discriminación. 
Creo que hay que aplicarlo también en este caso. 
La segunda parte de su pregunta tenía que ver con el equilibrio, y es quizás un tema muy subjetivo. 
Aunque no puedo darle una respuesta clara a esa pregunta, creo que nuestras negociaciones avanzan tomando como base un paquete equilibrado. 
Teniendo en cuenta las presiones ejercidas sobre los gobiernos para que reduzcan las emisiones de CO, como se exige en el Protocolo de Kyoto, ¿no sería lo lógico promover el desarrollo de fuentes de energía mucho más renovables? 
¿Qué se hace para fomentar el uso de la energía del viento, del oleaje y de las mareas? 
¿Se ven entorpecidas las nuevas iniciativas por el poder de los grupos de interés de la industria del petróleo? 
. Permítanme responder al señor Robert Evans. 
El 10 de marzo de 2005, anticipándose a la reunión anual de primavera del Consejo Europeo, el Consejo, en el contexto del medio ambiente, adoptó una contribución a las deliberaciones sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. 
En términos generales, el Consejo destacó la necesidad de emprender acciones desde 2005, en particular para hacer frente al cambio climático y promover innovaciones ecológicas, además del uso eficiente de la energía y de los recursos. 
En particular, pedía al Consejo Europeo de primavera que preconizara métodos de consumo y de producción sostenibles, a los que contribuyen las innovaciones ecoeficientes, con vistas a disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y de la degradación del medio ambiente. 
Además, le proponía que solicitara a la Comisión la elaboración en 2005 de una iniciativa europea a favor de la eficiencia energética, así como un Libro Verde que incluyera una lista de medidas significativas. 
En esencia, el Consejo recomendó, en primer lugar, la aplicación, con carácter de urgencia y en su totalidad, de un plan de acción a favor de las tecnologías ecológicas –ETAP– a fin de asegurar la perspectiva de un mercado equitativo y competitivo a las innovaciones ecológicas. 
En segundo lugar, preconizó la promoción enérgica de innovaciones y tecnologías ecológicas en todos los sectores de la economía, en particular en los de la energía y los transportes. 
Por último, recomendó medidas de atenuación destinadas a reducir los riesgos y los costes a largo plazo del cambio climático y que condujeran a la implantación de una economía que emita bajos niveles de carbono, en particular intensificando la difusión y el desarrollo de tecnologías de energía renovable de alto rendimiento y nuevos combustibles. 
– Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por esa respuesta, que ha sido también muy saludable. 
Quisiera llamar su atención sobre el último punto, donde me refiero al poder de la industria petrolera, que en mi opinión no tiene la menor consideración para con los Gobiernos y ahoga las nuevas iniciativas en este terreno. 
Me pregunto si está de acuerdo conmigo, ya sea personalmente o en su calidad de Presidente en ejercicio, en que si se hubieran realizado inversiones similares en fuentes de energía alternativa, financiadas por la industria petrolera, habríamos realizado el importante progreso que ahora está realizando el Consejo. 
¿Cree que deberíamos presionar a las empresas petroleras para reducir nuestra dependencia de la decreciente oferta mundial de combustibles fósiles? 
. Creo que la situación actual del mercado petrolero, y en particular el nivel del precio del petróleo, incitará a muchos interesados a invertir en energías alternativas y energías renovables. 
Se producirá ahí un equilibrio. 
En efecto, sabemos que el precio del petróleo es resultado de determinados hechos económicos en ciertas partes del mundo y también de determinadas tendencias de la especulación financiera. 
Esto hará más atractivas las energías renovables y, a través de estos mecanismos, quizás se llegue a ejercer una presión sobre las compañías petroleras y a tomar iniciativas que favorezcan las fuentes de energía del futuro. 
Señor Presidente, yo también creo que la única forma de resolver el efecto invernadero es no solo con el uso de las energías renovables sino también con medidas de ahorro de energía y energía nuclear pero, si el autor pregunta qué hay que hacer para promover la generación de electricidad a partir de energía eólica, de ondas o mareomotriz, y si esas nuevas iniciativas se están viendo perjudicadas por el del petróleo, yo le preguntaría qué iniciativas se están poniendo en marcha en el sector de la energía nuclear, y si esas iniciativas experimentan la interferencia del de la energía renovable. 
. Creo que se trata de una cuestión que se plantea a cada país a escala nacional. 
Cada país debe elegir los métodos de producción de energía con los que considere que tiene más afinidad. 
Me parece que su Señoría ha expresado una afinidad por una fuente de energía en particular. 
Comprendo su posición; no la comparto necesariamente. 
El Consejo, creo, deja a cada Estado miembro que tome las opciones que prefiere. 
Las tendencias demográficas y el envejecimiento de la población de la Unión Europea exigen, según consenso general, que los trabajadores mayores de 55 años continúen en la vida profesional activa. 
¿Está el Consejo claramente informado de la política vigente en cada Estado miembro en cuanto a la jubilación anticipada? 
¿Qué medidas se propone tomar el Consejo para que se dificulte la jubilación anticipada de los trabajadores mayores de 55 años y se aproveche el valor añadido de su experiencia, sin que disminuyan las posibilidades de jóvenes y desempleados de encontrar un puesto de trabajo? 
Desde hace años, las directrices para el empleo tienen por objeto promover el envejecimiento activo, a fin de aumentar la edad media de jubilación efectiva, y en particular la directriz específica nº 5 de las directrices de 2003, prorrogadas sin cambios en 2004. 
Además, el Consejo Europeo de Estocolmo fijó un ambicioso objetivo consistente en alcanzar una tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años del 50 %, mientras que el Consejo Europeo de Barcelona estableció un ambicioso objetivo complementario, a saber, la elevación en cinco años, de aquí a 2010, de la edad media de jubilación, que es actualmente de 61 años, según las estimaciones de Eurostat. 
El Consejo considera que el mantenimiento en activo de los trabajadores de más edad representa un desafío importante, como se desprende de los mensajes clave que adoptó recientemente a la atención del Consejo Europeo de primavera. 
En esos mensajes indica que convendría conceder prioridad a esta cuestión en las reformas encaminadas a garantizar la adecuación social y la viabilidad de los regímenes de pensiones en el futuro en función de la situación de cada país. 
En efecto, el aumento de la longevidad exigirá una nueva postergación de la edad de abandono del mercado de trabajo, lo que supone el desmantelamiento progresivo de las medidas de incitación a la jubilación anticipada. 
– Señor Presidente, en el marco de la libertad de los ciudadanos europeos y la abolición de la discriminación por edad y de otros tipos, y con la perspectiva de aprovechar la experiencia acumulada de los trabajadores en edad de prejubilación, ¿se tomarán algunas medidas para unas bases políticas europeas conjuntas, de modo que los jóvenes puedan beneficiarse también de la experiencia de las personas que se jubilan, sin que ello les impida ocupar los puestos de trabajo que les corresponden? 
. En efecto, creo que el mantenimiento en activo de las personas de edad avanzada no debe entrar en contradicción con el empleo de los jóvenes. 
El Consejo Europeo, al decidir relanzar y revitalizar la estrategia de Lisboa, tomó una iniciativa con respecto a los jóvenes, para ofrecerles más perspectivas de empleo. 
Creo que ambas cosas pueden ir de la mano, a condición de que se apliquen quizás otros modos de gestionar el empleo. 
Pero la gestión del empleo se produce, en primer lugar, en las empresas, y estas deberían tomar conciencia de lo que usted ha dicho, es decir, que la experiencia, y por tanto también la edad, tienen su precio y su valor. 
– Me complace que este punto figure en el orden del día y que algunos colegas de la tribuna sigan la cuestión del envejecimiento activo con tanto interés. 
Es un tema que nos afecta a muchos de nosotros. 
¿Podría confirmar la política de envejecimiento activo de las instituciones europeas y sobre todo que ya no hay ningún tipo de discriminación por edad en las políticas de contratación que usted y sus colegas siguen como contratantes? 
Usted mismo ha mencionado el papel de contratantes, y las propias instituciones de la UE son contratantes. 
He planteado esta pregunta al Comisario Kinnock, pero nunca he conseguido obtener una respuesta directa. 
Me pregunto si usted podría dármela. 
. Si he comprendido bien su pregunta, en las instituciones no existe ninguna política de discriminación de las personas que han alcanzado una determinada edad. 
Por lo demás, recuerdo que el año pasado la Comisión presentó un informe al Consejo de primavera que se centraba en la idea del envejecimiento activo. 
Pienso que corresponde a las instituciones promover esta idea. 
No creo que exista ninguna verdadera política de discriminación en las instituciones. 
Hay en ellas personas de todas las edades, por supuesto con la edad de jubilación como límite, pero ese es otro debate. 
Teniendo en cuenta la probable firma del tratado de Adhesión con Rumanía en abril, ¿podría indicar el Consejo si se han hecho progresos en la situación de los derechos humanos en Rumanía, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de los niños y jóvenes que viven en orfanatos y otras instituciones estatales? 
¿Tiene la certeza de que se han hecho los progresos suficientes en este sector para que sea posible la firma del tratado de Adhesión? 
. El Consejo Europeo de diciembre de 2004 observó con satisfacción que los progresos realizados por Rumanía en la aplicación del acervo comunitario y de los compromisos contraídos habían permitido cerrar formalmente todos los capítulos pendientes de las negociaciones de adhesión. 
Hoy sus Señorías han decidido, creo, aprobar el dictamen conforme para la adhesión de Rumanía. 
Tomando nota de las evaluaciones y recomendaciones presentadas por la Comisión, el Consejo Europeo estimó que Rumanía estaba en condiciones de asumir, en el momento previsto para su adhesión, todas las obligaciones derivadas de la misma. 
Al mismo tiempo, el Consejo Europeo indicó claramente que la Unión continuaría siguiendo con atención –y creo que esto se ha declarado ampliamente esta mañana– los preparativos llevados a cabo por Rumanía, así como los resultados obtenidos. 
El Consejo garantiza por tanto a su Señoría que, como en el pasado, la cuestión de los niños será observada con lupa. 
Por lo demás, destaca que, en su informe de 2004 sobre los progresos realizados por Rumanía en la vía hacia la adhesión, la Comisión constata progresos constantes en la reorganización de la protección de la infancia, gracias en particular al cierre de grandes instituciones anticuadas y a la implantación de fórmulas alternativas. 
Por su parte, la Unión ha apoyado financieramente los esfuerzos de Rumanía por mejorar la calidad de las organizaciones públicas de cuidado de los niños. 
Aunque todavía quedan cosas por hacer y perfeccionar, cabe estimar que, en conjunto, las condiciones de vida de los niños en las instituciones públicas rumanas han mejorado netamente y que las autoridades rumanas prosiguen sus esfuerzos por llevar plenamente a cabo la reforma del sistema de protección de la infancia, como todas las instituciones, por supuesto, y en particular el Consejo y la Comisión, les han pedido. 
–Señor Presidente en ejercicio, mi pregunta se refería también a los adultos jóvenes y, quizás, tendría que haber añadido «con discapacidad» , porque hay algunos problemas al respecto. 
¿Podría informarme sobre el estado de la presentación del proyecto piloto nacional para la reforma de las instituciones de la ANPH (Autoridad Nacional para las Personas con Discapacidad) , específicamente en relación con Negru Voda, y cuándo se podrá presentar este proyecto piloto a escala nacional? 
. Creo que esta pregunta debe dirigirse en primer lugar a la Comisión y lamento informarle de que no puedo facilitarle más detalles. 
Esta pregunta debe formularse a la Comisión. 
¿Es consciente la Comisión de que muchos ciudadanos británicos, que al jubilarse decidieron irse a vivir a otros Estados miembros de la UE, actualmente no pueden votar en los referendos nacionales sobre la propuesta de Constitución Europea? 
De conformidad con la legislación británica actual, si salieron del Reino Unido hace más de 15 años ya no tienen derecho a votar allí, aunque tampoco se les otorga automáticamente el derecho a votar en sus nuevos países de residencia. 
Puesto que la concesión de dicho derecho es competencia exclusiva de cada Estado miembro, ¿no debería haber alguna coordinación entre los Estados miembros para que esta gente se haga escuchar? 
¿No es totalmente cierto que no se le debería negar a ningún ciudadano europeo el derecho a votar sobre un asunto tan importante? 
¿Sabe el Consejo cuántos ciudadanos se encuentran en dicha situación y podría proponer algunos medios para que los Estados miembros trabajen juntos para solucionar dicho problema? 
. El Consejo recuerda a su Señoría que la organización de los procedimientos electorales, como las normas relativas a la cualificación del elector, se rigen por la legislación nacional de cada Estado miembro. 
Si bien considera importante que el derecho de voto pueda ejercerse lo más plenamente posible en el territorio de la Unión, no le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por su Señoría. 
– No solo quisiera formular una pregunta complementaria, sino que además quiero volver a plantear la pregunta original, porque me he dado cuenta de que el señor Ministro ha esquivado la pregunta anterior, igual que esta, lo que no me parece muy apropiado. 
Acepto que es una cuestión de los Estados miembros. 
Mi pregunta es si el Consejo, fomentando el uso de las mejores prácticas, puede utilizar su influencia para que podamos aprender mejor unos de otros. 
Me ha llamado la atención, concretamente, el caso de los expatriados británicos en España que me han dicho que, aunque solían poder votar en su país de origen del Reino Unido siempre que hubieran estado inscritos en los 20 años anteriores, nuestro Gobierno actual se lo ha puesto aún más difícil reduciendo ese plazo a quince años. 
¿Sabe de algún Estado miembro que esté dificultando aún más el voto de sus expatriados y no le gustaría animar a sus colegas a que lo facilitaran? 
Por favor responda y no pronuncie palabras que no dicen nada. 
Me dirijo al Ministro. 
Creo que el señor Bushill-Matthews se ha enterado de algo, pero ¡ambos somos conservadores! 
. Francamente, creo que la Constitución ha definido las competencias de la Unión en mayor grado. 
Este ámbito se sitúa realmente fuera de las competencias de la Unión. 
Corresponde a cada Estado miembro –no puedo sino repetir lo que ya he dicho– definir su legislación electoral, aún cuando podamos desear que esa legislación sea lo más amplia, lo más eficaz y lo mejor organizada posible, pero sigue siendo competencia de cada Estado miembro. 
¿Qué medidas ha tomado el Presidente del Consejo para ayudar a las iglesias y comunidades religiosas cristianas de Turquía a obtener finalmente un estatuto jurídico, que supondría un paso importante de cara a la libertad religiosa? 
. En respuesta a preguntas sobre este tema, el Consejo ya ha tenido, y yo mismo, en nombre del Consejo, he tenido a menudo la oportunidad de destacar que si la Constitución de la República de Turquía garantiza la libertad religiosa, todavía deben establecerse las condiciones para el funcionamiento de las comunidades religiosas no musulmanas, de conformidad con las prácticas vigentes en los Estados miembros de la Unión Europea. 
En su informe periódico de 2004, la Comisión Europea comunica algunos progresos de Turquía en este terreno, pero reconoce asimismo importantes lagunas que hay que colmar, en particular en lo concerniente a la personalidad jurídica y los derechos de propiedad de las comunidades no musulmanas, además de la formación del clero. 
En este contexto, el gabinete del Primer Ministro de la República de Turquía todavía está examinando una importante legislación sobre los derechos fundamentales. 
Se ha pedido a la Comisión que aporte sus comentarios sobre esta legislación, que se encuentra actualmente en curso de revisión. 
El Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004 decidió que Turquía cumplía suficientemente los criterios políticos de Copenhague para abrir las negociaciones de adhesión con este país. 
Al mismo tiempo, el Consejo Europeo indicó claramente que la Comisión deberá continuar supervisando de cerca la plena y efectiva aplicación del proceso de reforma política. 
La Comisión debe ocuparse de todos los temas que son motivo de preocupación que enumeró en su informe periódico y en su recomendación, incluida evidentemente la libertad religiosa, e informar regularmente al Consejo. 
Por tanto, el Consejo puede asegurar a su Señoría que seguirá de cerca los progresos realizados por Turquía en la materia, en particular sobre la base de una cooperación para la adhesión que enuncie las prioridades del proceso de reforma; a este respecto, la Comisión comunicará al Consejo este otoño una propuesta de texto revisada. 
Puedo asegurarle asimismo que, como en el pasado, la Unión no dejará de plantear las cuestiones pendientes en los distintos foros de diálogo político y en los órganos instituidos por el Acuerdo de Asociación. 
Señor Presidente, dado que este será uno de los temas más importantes y apasionantes de este año, me gustaría preguntar a la Presidencia del Consejo si no sería razonable que el Consejo informara a los ciudadanos y a esta Cámara, a determinados intervalos, sobre cómo progresan realmente las negociaciones, dado que son más bien los Estados miembros y no la Comisión quienes las llevan a cabo. 
Nos gustaría recibir información regularmente en cuanto al progreso conseguido sobre el importante tema de la propiedad de la Iglesia y la libertad para practicar de forma activa una religión. 
. Creo, señor Posselt, que se anticipa usted un poco, puesto que todavía no hemos iniciado las negociaciones con Turquía. 
Por así decirlo estamos, y en particular la Comisión, en diálogo con Turquía a fin de asegurar que prosigan los procesos de reforma a los que se ha comprometido. 
Puedo asegurarle que llegado el momento después del 3 de octubre, si entablamos negociaciones con Turquía, el Parlamento será informado, desde luego, del progreso de dichas negociaciones. 
Pese a que Hezbolá es una organización que ha reivindicado toda una serie de atentados terroristas, la Unión Europea ha decidido no incluirla en su lista de organizaciones terroristas. 
Se aduce que la situación en la región es demasiado delicada. 
En realidad, la situación actual es tan delicada, que la actitud de indiferencia de la Unión Europea hacia Hezbolá es aún más peligrosa. 
Hezbolá es financiada por Irán y sus actos son apoyados por Siria, por lo que constituye una amenaza, no sólo para el proceso de paz entre Israel y la Autoridad Palestina que acaba de reanudarse, sino también para las ansias de independencia libanesas. 
Es indudable que Hezbolá es una organización terrorista. 
Para todas las fuerzas que trabajan por la paz y la libertad en Oriente Próximo es importante que la Unión Europea señale claramente su oposición al terrorismo de Hezbolá financiado por Irán. 
¿Cuándo prevé el Consejo considerar a Hezbolá como la organización terrorista que es sin lugar a dudas? 
. La cuestión de la inscripción del movimiento chiíta Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas ha sido examinada en repetidas ocasiones por los órganos del Consejo, y aún sigue abierta. 
Su Señoría no ignora que una decisión en este sentido debe cumplir las condiciones previstas en la Posición Común 931/2001 y que requiere la unanimidad. 
Por otra parte, en sus conclusiones des 16 de marzo de 2005, el Consejo reafirmó su apoyo a un Líbano soberano, independiente y democrático y reiteró su petición de una aplicación íntegra e inmediata de la Resolución nº 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reclama en particular el desarme de las milicias presentes en el territorio libanés. 
El Consejo Europeo reunido en Bruselas los días 22 y 23 de marzo de 2005 ha ratificó este enfoque. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Presidencia por su respuesta a mi pregunta. 
Sin embargo no era realmente una respuesta a la pregunta que he planteado, que no se refería al desarme de determinadas organizaciones en el Líbano sino a la garantía de que el proceso de paz de Oriente Próximo pueda continuar en condiciones estables. 
Sabemos que el terrorismo es la amenaza más grave para que esto ocurra. 
Sabemos que, a través de Hezbolá, Irán financia y apoya el terrorismo y tiene la intención clara, declarada expresamente en varias ocasiones, de tomar medidas para aniquilar a Israel. 
Si no se deja claro ante Irán que es inaceptable apoyar actos de terrorismo, y si Hezbolá no se declara como organización terrorista, la pregunta que debe plantearse es: ¿bajo qué punto de vista Hezbolá no es, en realidad, una organización terrorista? ¿de qué forma, además, puede quedar claro para Irán que no es permisible apoyar el terrorismo? 
. Pienso que su pregunta va más allá del tema bastante más concreto de Hezbolá. 
Se han mantenido debates sobre el mejor enfoque a adoptar en este caso concreto y existen varias opciones. 
Evidentemente, la mayor amenaza para el proceso de paz es el terrorismo. 
Todavía hay que saber cómo luchar mejor contra esta plaga y, hasta ahora, no puedo sino confirmar lo que acabo de decir: el enfoque que se ha elegido en esta fase no es, de momento, incluir a la organización a la que su Señoría ha hecho referencia, es decir, Hezbolá, en la lista. 
Esto no quiere decir que no consideremos peligrosas las actividades de este grupo, pero es el enfoque que hemos elegido y tampoco ha sido criticado por algunos de nuestros socios más importantes. 
– Quiero expresar mi apoyo al enfoque del Consejo respecto a Hezbolá. 
Tiene una cierta lógica. 
Si nos oponemos al terrorismo, y todos nos oponemos y todos sabemos que Hezbolá tiene vínculos con el terrorismo, entonces debemos proscribir a Hezbolá. 
Sin embargo, sería un planteamiento a muy corto plazo, porque no habrá una resolución permanente del conflicto de Oriente Próximo sin la participación activa de Hezbolá. 
Por lo tanto, aunque el Consejo tiene razón de seguir estudiando el tema de la proscripción de esa organización, a corto plazo el diálogo sería mucho mejor. 
– Dada la vinculación financiera entre Irán y Hezbolá, ¿ese planteamiento tan cauteloso del Consejo respecto a Irán, como demuestra la débil postura que adopta frente a sus ambiciones nucleares, funciona también con este tema? 
¿Vemos el mismo planteamiento cauteloso respecto a Hezbolá debido a la conexión iraní? 
Creo que Hezbolá es una de las organizaciones terroristas más perniciosas y viciosas que actúan hoy en nuestro peligroso mundo, y debería ser tratada en consecuencia. 
Si la experiencia vivida en la parte del mundo de donde procedo puede enseñarnos algo, es que con el terrorismo no funcionan los cumplidos. 
Lo que ha ocurrido con el IRA lo demuestra más allá de toda duda. 
. No creo que se trate en este caso de si adoptar o no un enfoque suave. 
Por lo demás, usted ha situado esta cuestión en un contexto más amplio. 
En efecto, también es preciso, y lo hacemos, dialogar con Irán sobre su actitud y su apoyo a actividades terroristas, así como sobre su actitud hacia una solución pacífica del problema de Oriente Próximo. 
Lo hemos hecho y lo estamos haciendo asimismo con el enfoque de conjunto por el que hemos optado y que estamos aplicando con este país, en particular en el contexto de la no proliferación. 
Por lo que respecta a Hezbolá, para responder a la intervención del señor Martin, creo que es un grupo complejo. 
En efecto, esta organización comprende varias facetas, incluida el ala parlamentaria, pues está representada en el Parlamento libanés. 
Por esta razón, he insistido en mi respuesta en esta faceta libanesa, que no podemos excluir o separar del contexto más concreto del terrorismo contra Israel. 
¿Cómo valora el Consejo el estado actual de las negociaciones para la adhesión de Croacia a la UE? 
. El Consejo Europeo de junio de 2000 estableció que todos los países de los Balcanes occidentales eran candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea. 
Después, en junio de 2003, el Consejo Europeo reafirmó que estaba resuelto a apoyar plena y eficazmente la perspectiva europea de los países de los Balcanes occidentales, que formarán parte de la Unión Europea tan pronto respondan a los criterios establecidos. 
Corresponde, pues, esencialmente a los países afectados –creo que el debate que hemos mantenido sobre los Balcanes occidentales lo ha demostrado suficientemente– determinar el ritmo de su acercamiento a la Unión alineándose con el acervo y respondiendo a los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague. 
El 16 de marzo de 2005, el Consejo reafirmó el compromiso de la Unión Europea a favor de la adhesión de Croacia y adoptó el marco para las negociaciones con dicho país. 
Recordó asimismo la importancia de una plena cooperación de todos los países de los Balcanes occidentales con el TPIY. 
Se trata de una exigencia esencial para la continuación de su acercamiento a la Unión Europea y creo que en el debate anterior he vuelto a insistir en ello. 
A este respecto, previa deliberación en el Consejo y a falta de un acuerdo común, la apertura de las negociaciones de adhesión con Croacia se ha aplazado. 
La conferencia intergubernamental bilateral se convocará, de común acuerdo, tan pronto el Consejo haya comprobado que Croacia coopera plenamente con el TPIY y, como saben, para que el Consejo pueda tomar esta decisión con pleno conocimiento de causa se ha creado un grupo presidido por la Presidencia, pero en el que participan las dos Presidencias siguientes, así como la Comisión y el Alto Representante. 
El 26 de abril tendrá lugar una primera reunión con el Gobierno croata para discutir precisamente este aspecto de la cooperación con el Tribunal de La Haya. 
– Su respuesta ha sido muy útil, pero si el general fugitivo está fuera de Croacia, ¿qué pruebas podrán presentar las autoridades croatas para demostrar que están cooperando con la Corte Penal Internacional? 
Parece que están en un aprieto. 
Si ha abandonado el territorio croata, no podrán capturarlo. 
Y si no pueden capturarlo ¿cómo podrán demostrar su voluntad de cumplir con la Corte Penal Internacional? 
. Señor Martin, creo que he tenido ya ocasión de responder claramente a esta pregunta. 
Nunca se ha dicho que la condición para la apertura de las negociaciones con Croacia fuera la detención del general Gotovina y su traslado a La Haya. 
Esto nunca se ha considerado una condición. 
La condición es la cooperación de Croacia con el Tribunal de La Haya, lo que significa una cooperación que incluya la entrega de toda la información conducente a su detención. 
En efecto, si el general se encuentra en alguna parte, no sé dónde, no se puede obligar a los croatas a detenerlo si no se halla en su país. 
Creo, pues, que no hay que confundir esta condición con la más general, que es la plena cooperación con el tribunal, es decir, el suministro de toda la información conducente a la detención del general Gotovina. 
Si dicha detención no puede practicarse porque la información no basta para hacerlo, eso no quiere decir que la adhesión de Croacia quede permanentemente bloqueada. 
Sería injusto para ese país. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas siguientes recibirán una respuesta conjunta. 
El 8 de abril de 2003, como consecuencia de los ataques de las fuerzas estadounidenses, José Couso, ciudadano español y europeo que trabajaba como cámara para el canal de televisión Tele 5, Taras Protsyuk (de la agencia de noticias Reuters) y Tareq Ayoub (Al Yazira) murieron mientras realizaban su trabajo de reporteros de noticias. 
Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos no han puesto en marcha ninguna investigación ni procedimientos judiciales. 
Sin embargo, las mismas autoridades han aceptado abrir una investigación, con participación italiana, en relación con el ataque injustificado llevado a cabo por las mismas fuerzas cuando el viernes, 4 de marzo de 2005, se liberó a la ciudadana italiana y europea Giuliana Sgrena. 
¿Qué medidas deben tomarse para asegurar que se lleva a cabo una investigación con garantías suficientes para aclarar quién carga con la responsabilidad penal y quién se responsabiliza de pagar la indemnización en relación con el asesinato del ciudadano europeo José Couso y de sus colegas periodistas, quienes murieron mientras cumplían con su cometido de informar al público? 
El pasado 8 de abril de 2003, en el ejercicio de su labor informativa, fallecían como consecuencia de un ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra el hotel Palestina en Bagdad, José Couso, ciudadano español (cámara de la cadena española Tele 5) , Taras Prosyuk (Agencia Reuters) y Tarek Ayoub (cadena de televisión Al Yazira). 
Hasta el día de hoy, las autoridades de los EE.UU. han mantenido el más absoluto silencio en torno a este dramático asesinato, sin haber realizado ninguna investigación ni proceso judicial. 
Sin embargo, las mismas autoridades han decidido iniciar una investigación conjuntamente con el Gobierno italiano, sobre el ataque injustificado realizado por las mismas fuerzas armadas estadounidenses, el 4 de marzo de 2005, con motivo de la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, causando la muerte de Nicola Capilari. 
¿Qué medidas puede adoptar la UE para lograr que se abra una investigación, con las suficientes garantías de imparcialidad, con el objeto de depurar todas las responsabilidades derivadas del asesinato del que han sido víctimas José Couso y sus compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber de información? 
El 8 de abril de 2003, como consecuencia de los ataques por las fuerzas estadounidenses fallecieron, mientras ejercían su labor informativa, José Couso, ciudadano español y europeo (cámara de la cadena Tele 5) , Taras Protsyuk (agencia Reuters) y Tareq Ayoub (cadena Al Yazira). 
A este respecto, aún no se ha realizado investigación o proceso judicial alguno por parte de las autoridades estadounidenses. 
Sin embargo, con motivo del injustificado ataque a cargo de las mismas fuerzas, el pasado 4 de marzo, durante la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, y que acabó con la vida de Nicola Calipari (jefe del Sismi) , EE.UU. sí ha decidido abrir una investigación, que contará con participación italiana. 
Por todo ello, ¿cuáles deben ser las medidas a adoptar con objeto de asegurar una investigación que permita establecer adecuadamente tanto las responsabilidades penales como indemnizatorias en relación al asesinato del periodista José Couso y sus compañeros cuando ejercían su labor informativa? 
El 4 de marzo de 2005, con motivo de la liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, el ejército de los Estados Unidos mató al ciudadano italiano Nicola Calipari. 
Ante la presión de la ciudadanía italiana, el Gobierno italiano y los Estados Unidos han decidido investigar conjuntamente para tratar de aclarar este triste suceso. 
Por contra, el caso de José Couso, cámara español de Tele 5; de Taras Prosyuk, cámara ucraniano de la Agencia Reuters, y de Tarek Ayub, cámara de la cadena de televisión Al Yazira, que fallecieron como consecuencia de un ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra el Hotel Palestina en Bagdad, no ha sido objeto de ninguna investigación ni proceso judicial del que tengamos conocimiento hasta el momento. 
Dado que José Couso era un ciudadano europeo, ¿qué medidas pueden adoptarse por parte de la Unión Europea de cara a una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses, a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades? 
El 8 de abril de 2003, blindados norteamericanos dispararon contra el piso 14 del Hotel Palestina, en Bagdad, donde se encontraban varios periodistas que transmitían los diferentes sucesos. 
José Couso, periodista español, no sobrevivió a esa agresión. 
En las mismas circunstancias fallecieron otros 2 periodistas, Taras Protsyuk y Tareq Ayoub. 
Dos años más tarde, las autoridades de los EE.UU. no han llevado a cabo ninguna investigación fiable e independiente para aclarar los sucesos y las causas de tales muertes absurdas. 
¿Qué piensa hacer el Consejo para exigir una investigación y esclarecer las razones del ataque estadounidense al Hotel Palestina del 8 de abril de 2003? 
El 8 de abril de 2003, dos cámaras, el español José Couso, de la cadena de televisión Telecinco, y el ucraniano Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, murieron en Bagdad a causa de los disparos del ejército estadounidense contra el hotel Palestine, en el que se alojaban varios centenares de periodistas no incorporados. 
Ese mismo 8 de abril de 2003, el periodista jordano Tarek Ayoub, de la cadena Al-Jazira, murió también durante un bombardeo aéreo del ejército estadounidense. 
La organización Reporteros sin Fronteras considera insuficiente el informe presentado por las autoridades estadounidenses sobre las circunstancias en que se produjeron estos dramas. 
El informe no identifica a los responsables y oculta la falta de comunicación entre los militares que dispararon contra el hotel Palestine y sus superiores jerárquicos en cuanto a la presencia de periodistas en el interior del hotel. 
¿Qué medidas podría adoptar la Unión Europea para que se lleve a cabo una investigación independiente de las circunstancias de la muerte de José Couso que permita identificar y juzgar a los culpables e indemnizar a la familia de la víctima? 
. El Consejo ha condenado en muchas ocasiones la masacre de civiles, incluidos los periodistas, y cada vez que han tenido lugar incidentes ha insistido en la necesidad de que las autoridades competentes lleven a cabo investigaciones a fondo. 
El Consejo es consciente de que muchos incidentes todavía no se han aclarado y no siempre han sido objeto de investigaciones suficientes. 
Seguirá planteando la cuestión de esos incidentes y reclamando investigaciones dentro del plazo deseado. 
Por lo que se refiere al incidente concreto a que se refieren las preguntas, la investigación efectuada por las autoridades de los Estados Unidos concluyó que no hubo culpabilidad por parte de las fuerzas de los Estados Unidos. 
No obstante, la familia de la víctima ha entablado una acción ante la justicia contra los soldados estadounidenses implicados. 
En estas condiciones, el Consejo no considera apropiado hacer comentarios sobre este asunto. 
Señor Presidente, señor Ministro, su respuesta es muy decepcionante porque estamos intentando, o se ha intentado, vender al conjunto de la ciudadanía europea que, a partir del Tratado por el que se instituye una Constitución, todo lo que significa la seguridad común va a requerir una política unitaria del conjunto de los Estados miembros. 
Hace cinco días se cumplió el segundo aniversario de la muerte de este periodista y lo que se está pidiendo a la Unión Europea es que no solamente se utilice la vía judicial, a la que ya han recurrido las familias, sino que políticamente se exija al Gobierno estadounidense una investigación imparcial. 
Todo el mundo sabe que el lugar donde murió este periodista, el hotel Palestina, era un objetivo no militar que debía protegerse y en el que estaba toda la prensa internacional acreditada y, por lo tanto, no es de recibo la respuesta de las autoridades estadounidenses y sí sería deseable, por parte de la Presidencia en ejercicio del Consejo, una petición enérgica y clara al Gobierno estadounidense para que se abra una investigación imparcial. 
Por lo tanto, lamento esa respuesta y espero que se considere para que se siga planteando con mayor firmeza la necesidad de esa investigación. 
– Señor Ministro, estoy un tanto decepcionado con su respuesta. 
Equivale a decir que, como la familia ha reaccionado y ha presentado una querella, defendiendo los intereses de un hermano, de un primo, es decir, de alguien a quien querían, el Consejo no tiene nada que decir. 
Esto significa, si entiendo bien la respuesta que acaba de dar en esta Cámara, que el Consejo solo habría reaccionado si la familia hubiera permanecido inactiva, lo cual es una respuesta totalmente incomprensible, por no decir intolerable. 
Tiene usted dos opciones. O bien tiene la valentía, en nombre del Consejo, de decir que se considera totalmente satisfecho con la investigación realizada por las autoridades de los Estados Unidos, y está usted en su derecho, pero en ese caso, tenga el coraje de decir que la investigación de las autoridades estadounidenses, que concluyó que no había pasado nada, satisface plenamente al Consejo. 
Tenga la valentía de decir eso en público, en este foro. 
O bien dice que no está satisfecho y que va a exigir más explicaciones. 
Pero la pasividad nunca es una respuesta, y no contribuye a acercar a la gente ni a su Gobierno ni a sus instituciones. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, permítame primero informarle públicamente de nuestra satisfacción por las gestiones emprendidas por el Presidente del Parlamento Europeo y uno de los Vicepresidentes del Parlamento, el señor Vidal-Quadras Roca, en concreto, a favor de la liberación de la periodista francesa, la señora Aubenas y de su colega, el señor Al Saadi, retenidos como rehenes desde hace cien días exactamente. 
Ello me brinda la oportunidad de recordar que, en Iraq, cierto número de periodistas y otros empleados de prensa han sido víctimas de secuestros, cosa que no es corriente en una guerra, y ha habido ya varias docenas de secuestros. 
Insisto asimismo, basándome tanto en mi experiencia como en mis nuevas funciones, en que el Consejo presente una petición de investigación conjunta, antes de que los ciudadanos, como sucedió en Italia con el caso del señor Calibari, tomen la calle para exigirlo. 
Esto es tanto moral como técnicamente factible. 
. En primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Cavada por haber recordado que hace cien días la señora Aubenas fue secuestrada junto con la persona que la acompañaba. 
Creo que puedo expresar, en nombre del Consejo y en todo caso de la Presidencia, toda nuestra solidaridad con la señora Aubenas y con todos los rehenes en Iraq, porque hay otros. 
También un grupo de tres periodistas rumanos ha sido secuestrado. 
Es el momento de expresarles toda nuestra solidaridad y nuestra voluntad de hacerlo todo para que sean liberados lo antes posible. 
Comprendo también, en cierto modo, la decepción que se ha expresado, pero no puedo ir más allá: ahora que se ha entablado una acción ante la justicia y las familias han emprendido acciones legales, yo no puedo, hoy por hoy, ir más lejos y expresar una opinión política sobre este asunto. 
Créanme, continuamos siguiendo muy de cerca todos estos asuntos e incidentes, algunos de los cuales han sido especialmente trágicos. 
¿Cómo contempla el Consejo las relaciones futuras de la Unión Europea con la Comunidad Andina de Naciones y qué iniciativas considera cabe adoptar para que la Unión Europea pueda contribuir al reforzamiento de dicha Comunidad? 
. La importancia que otorga la Unión Europea a las relaciones con la Comunidad Andina y a los progresos de su integración quedó claramente reflejada en la cumbre de Guadalajara entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en mayo de 2004. 
En aquella ocasión, los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con satisfacción la decisión de las partes de abrir ya el proceso conducente a Acuerdos de Asociación, incluida una zona de libre comercio. 
Esta perspectiva deberá dar un nuevo impulso al refuerzo del proceso de integración regional. 
Mientras tanto se ha iniciado la fase de evaluación previa conjunta –que implicará evaluaciones de índole técnica– y la reunión ministerial conjunta prevista para finales de mayo en Luxemburgo brindará una nueva ocasión para examinar más en detalle este tema tan esencial para nuestras relaciones futuras. 
La Unión Europea celebra la voluntad reiterada de los representantes políticos andinos de continuar por esta vía, así como el creciente acercamiento entre Mercosur y la Comunidad Andina. 
Por lo que se refiere a la lucha contra las drogas, la Unión Europea acoge con agrado las reuniones de alto nivel mantenidas con especialistas en los países andinos con respecto a las drogas y sus precursores; la próxima reunión tendrá lugar este primer semestre en Lima. 
Las dos partes mantendrán sus esfuerzos por combatir este azote mediante un enfoque de cooperación y corresponsabilidad. 
En materia de política comercial, la Unión Europea concede a los países andinos un lugar privilegiado en el SPG+ propuesto. 
Con ánimo de fundamentar unas relaciones políticas sostenibles en los intereses y la participación de la población, el Consejo destaca por último la importante contribución que supone la reunión con representantes de la sociedad civil de los países andinos, que tuvo lugar el 3 de marzo en Bruselas. 
Señor Presidente, agradezco las explicaciones que me ha dado el señor Presidente en ejercicio del Consejo y simplemente quería hacer una breve pregunta complementaria. 
En relación con la marcha de las negociaciones con estos países, como al mismo tiempo se habla de la creación de un sistema latinoamericano más amplio, sobre todo a través de la unión entre la Comunidad Andina y Mercosur, quería saber si las negociaciones con Mercosur y la Comunidad Andina tienen alguna relación, son negociaciones en paralelo o se están vinculando de alguna forma. 
. Si le he entendido bien, señor Medina Ortega, se trata de un proceso entre países latinoamericanos, es decir, entre los países de Mercosur y los de la Comunidad Andina. 
Creo que la Unión Europea tiene en efecto el propósito de alentar todas las formas de integración regional, cuanto más amplias, mejor. 
Pienso que es un enfoque que no podemos sino favorecer. 
Y si esos países consiguen mejorar todavía más su cooperación, o incluso su integración, creo que esto deberá tenerse en cuenta también en las relaciones que mantienen con la Unión Europea. 
En respuesta a mi pregunta del turno de preguntas del 9 de marzo, el Consejo de Ministros confirmó a la Cámara que sabe que hay coordinación entre las actividades de los servicios secretos de los Estados miembros en nuestra lucha contra la delincuencia organizada, pero dijo que no tenía conocimiento de los detalles. 
Si esta aparente contradicción resultara ser cierta, ¿acaso llega al Consejo la información sobre coordinación entre servicios secretos como una simple nota anónima que dice: "nos estamos coordinando pero no les damos ningún detalle"? 
¿Está el Consejo satisfecho sin saber nada de las actividades que están desarrollando conjuntamente nuestros servicios secretos? 
¿Quién tiene, en el caso de que alguien lo tenga, un control ministerial general sobre las actividades coordinadas de estos servicios que, cabe esperar, se desarrollan de manera útil en nombre de los ciudadanos europeos? 
. El Consejo ya ha tenido ocasión de decir a su Señoría, en el periodo parcial de sesiones de marzo, que la Secretaría del Consejo no ha sido informada de las actividades realizadas por los servicios secretos de los Estados miembros en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. 
Ninguna disposición legal de la Unión obliga a los Estados miembros a comunicar esa información al Consejo. 
Como el Consejo ya explicó a su Señoría en el Turno de Preguntas del mes de marzo, eso no significa que los servicios secretos nacionales de los Estados miembros no mantengan contactos en este ámbito concreto. 
– Como todos los que estamos en esta Cámara –o como todos los que en teoría deberíamos estar en esta Cámara en estos momentos–, usted representa a los ciudadanos. 
En el Parlamento no queremos conocer los secretos operativos. 
Claro que no, porque sería muy perjudicial. 
Pero en nombre de los ciudadanos a los que usted representa y a quienes nosotros representamos, queremos saber si hay un político electo que se encargue de coordinar las actividades que los servicios secretos llevan a cabo conjuntamente. 
¿Hay alguien que controle lo que hacen? 
¿Si dice que el Consejo no lo hace, quién lo hace? 
¿Quién es electo? 
¿Quién coordina y supervisa este trabajo? 
Es muy alarmante si dice que nadie lo hace. 
. Creo que el control de los servicios secretos incumbe en primer lugar a los Estados miembros y que son los Estados miembros los que deben velar por que las actividades de dichos servicios se desarrollen dentro de los límites del Estado de Derecho y conforme a sus leyes. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al Turno de preguntas, las preguntas nº 17 a 41 se contestarán por escrito. (1) 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
Señorías, es la primera sesión en la que ocupo la presidencia, y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los diputados a esta Cámara por la confianza que han depositado en mí. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral formulada a la Comisión por el señor Wurtz en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, el señor Désir en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y la señora Flautre en nombre del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea sobre los despidos en Alstom. 
. – Señor Presidente, el asunto Alstom Power Boiler nos coloca a todos entre la espada y la pared con respecto a nuestro compromiso de crear una Europa del pleno empleo, con una fuerte industria de alta tecnología, una Europa preocupada por el medio ambiente, una Europa emancipada del dominio tecnológico y financiero de los Estados Unidos. 
¿De qué se trata? 
De una empresa filial del grupo Alstom, cuyos recursos creativos, de investigación y productivos se hallan en Europa –250 trabajadores en Francia, en Vélizy; 300 trabajadores en Alemania, en Stuttgart, y una serie de centros en la República Checa, Portugal y Polonia–, pero cuya sede central se encuentra en los Estados Unidos, en Connecticut. 
Esta empresa está especializada en la fabricación de calderas para la generación de vapor y electricidad. 
Es líder mundial en la producción de carbón limpio y está desarrollando nuevas tecnologías de captura de CO2. 
Con la aplicación del Protocolo de Kyoto y la necesidad de diversificar las fuentes de energía, es evidente que estas tecnologías tienen un potencial enorme. 
Ahora bien, por razones que no están claras, la dirección de Alstom ha decidido transferir la tecnología europea a los Estados Unidos y reducir a un quinto la plantilla de Vélizy y a la mitad la de Stuttgart, con el objetivo probable de cerrar finalmente los principales centros europeos. 
El pretexto para esta absorción de los conocimientos tecnológicos europeos es un seudoestudio realizado –cómo no– por los estadounidenses que anuncia que se prevé la reducción de un tercio del mercado en los próximos cuatro años. 
Siguiendo el ejemplo de los trabajadores de Power Boiler, no podemos tomarnos en serio ese estudio, máxime conociendo la enorme demanda en este terreno que aparece en todo el mundo. 
Pero como dicen en mi país, si quieres matar al perro, acúsalo de tener rabia. 
La falta de una verdadera estrategia industrial a largo plazo y la búsqueda frenética de beneficios inmediatos, esas han sido las principales características del grupo Alstom desde su privatización. 
La Comisión, como por lo demás el Gobierno francés, tienen que asumir también una parte de la responsabilidad. 
Felizmente, los trabajadores de los centros europeos afectados, apoyados por sus sindicatos, no han tirado la toalla. 
En particular, los trabajadores de Vélizy han presentado un plan alternativo que se basa en la salida de la empresa del grupo Alstom por un precio de venta simbólico del orden de un euro y la creación de una sociedad anónima europea que agrupe los centros de Vélizy y de Stuttgart y mantenga los establecimientos de Chequia, Polonia y Portugal. 
Este plan se apoya en la participación voluntaria de los trabajadores. Tiene la ventaja de ajustarse a las exigencias formuladas el 7 de julio de 2004 por la Comisión Europea a Alstom con respecto a la cesión de activos, con el objetivo preservar y desarrollar el empleo y el potencial tecnológico europeo frente a los Estados Unidos. 
Esta cooperación entre trabajadores europeos se sitúa a la vanguardia de la aplicación del Derecho europeo, ya que supondrá la creación de una sociedad anónima europea. 
Pero tenemos que actuar rápidamente, dado que la propiedad intelectual de la empresa está a punto de ser transferida a los Estados Unidos y Suiza y la dirección general de Alstom trata de sumir a la empresa en dificultades financieras. 
Si nos preocupa el desarrollo de la industria y del empleo, Señorías, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por apoyar esta iniciativa. 
Es cierto que la Directiva sobre la sociedad anónima europea y el reglamento sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las sociedades no se han transpuesto aún al Derecho francés, pero siempre es posible mirar hacia delante. 
Es una cuestión de voluntad política, y espero que la Comisión muestre esa voluntad. 
Así pues, no decepcionemos a estos trabajadores que ven su puesto de trabajo amenazado pero se sienten orgullosos de sus logros técnicos sin parangón y están siempre dispuestos a innovar. 
. – Señor Presidente, me alegro de verle presidir su primera sesión, tanto más cuanto que su llegada a este cargo está asociada a una excelente noticia para mi Grupo y para los socialistas europeos: la victoria de los socialistas en Portugal. 
Señor Presidente, señor Comisario, al igual que mi colega, el señor Henin, soy uno de los autores de esta pregunta a la Comisión. 
En efecto, hace algunas semanas recibimos aquí mismo a una delegación de trabajadores del grupo Alstom, integrada por representantes sindicales alemanes y franceses de los dos centros de esta filial especializada en calderas. 
Esos trabajadores se ven afectados hoy por el anuncio efectuado por su dirección, el 16 de febrero de 2005, del cierre o, en todo caso, de un recorte muy importante del empleo y de las actividades, tanto en Stuttgart como en Vélizy: en Stuttgart se suprimirán 150 puestos de trabajo de un total de 350 y en 150 puestos de un total de 200. 
Esto significa que, al final, estos dos centros quedarán probablemente condenados. 
Hace unos meses, el 7 de julio de 2004, la Comisión Europea aprobó la ayuda concedida por Francia a Alstom sujeta a estrictas condiciones de desinversión, con el objetivo no solo de restablecer un marco competitivo sano, sino también de preservar el futuro a largo plazo de la industria Alstom y sus diversas filiales. 
La filial Alstom Power Boiler es una sociedad especializada, como ya se ha mencionado, en la construcción de calderas para centrales eléctricas. 
Es líder tecnológico europeo, pero también mundial, en varios ámbitos y, en particular, en el de la combustión difícil y limpia y en la captura de CO2. 
Desde el punto de vista de las prioridades de la Unión Europea que se derivan de la Estrategia de Lisboa, que hemos debatido recientemente y que servirán para asegurar que Europa desarrolle sus competencias y su tecnología y se convierta en la economía más competitiva del mundo, desde el punto de vista también de nuestros objetivos en materia de desarrollo sostenible y energía limpia, esta sociedad es una herramienta estratégica y, evidentemente, muchos puestos de trabajo dependen de ella. 
Eso fue lo que justificó el consentimiento dado por la Comisión, en julio de 2004, a una ayuda importante: 3 000 millones de euros concedidos por el Estado francés al grupo Alstom para ayudarle en su reestructuración. 
En su decisión final, la Comisión declaró que con respecto a los sectores de generación eléctrica y transportes, el plan de reestructuración era suficiente para garantizar la recuperación industrial. 
Consideró que las reducciones de plantilla previstas eran proporcionales al exceso de capacidad existente en estas industrias, y que las estimaciones del coste de las reestructuraciones y de los ahorros resultantes de las mismas parecían realistas. 
Pero hoy la dirección del grupo va más allá de los recortes de empleo anunciados entonces y va más allá de las desinversiones a las que se había comprometido. 
Por consiguiente, creo que la Comisión Europea no puede desentenderse de las decisiones que acaba de tomar la dirección del grupo Alstom. 
En efecto, si la Comisión es siempre muy escrupulosa con el respeto de las normas de la competencia cuando se han concedido ayudas, debe ser igual de escrupulosa con las consecuencias para el empleo. 
Después de todo, salvo que yo lo haya entendido mal, señor Comisario, me parece que la justificación última de las ayudas que se conceden para la reestructuración de una empresa es el mantenimiento de la actividad, en particular y a fin de cuentas porque permite mantener el empleo, porque comporta un montón de ventajas, ingresos fiscales, etc., pero sobre todo porque permite mantener el empleo. 
La Comisión no puede ser hemipléjica, no puede, después de conceder ayudas, comprobar solo los efectos sobre la competencia y el respeto de la competencia. 
Debe velar también por que esas ayudas contribuyan realmente al mantenimiento de la actividad y del empleo en todos los centros, en la medida en que, cuando aprobó esas ayudas en julio de 2004, decidió que las supresiones de empleo previstas eran suficientes, y por consiguiente no está justificado ir más allá. 
Contamos hoy por tanto con la Comisión para velar por el mantenimiento del empleo y para que los dos centros en cuestión no sean cerrados. 
. – Señor Presidente, sustituyo a mi colega, la señora Flautre, con la que sigo este asunto desde hace cinco años. 
Creo que la intervención del señor Désir plantea el verdadero problema. 
Hace años dije al ex Comisario Monti que llegaría un día en que el principal trabajo de la Dirección General de la Competencia no sería tanto negar las ayudas como comprobar que se hubieran empleado bien. 
¿Qué autoriza a un país a conceder una ayuda estatal en contradicción aparente con el artículo 87 del Tratado? 
Es el hecho de que Europa considere que redunda en su interés, porque si se rechazara esa ayuda se suprimirían puestos de trabajo irreemplazables. 
Desaparecería una fuente de conocimientos tecnológicos, de trabajo al servicio de los objetivos de la Unión, de sus ciudadanos y de sus consumidores. 
En su gran sabiduría, la Dirección de la Competencia y la Comisión concedieron esta ayuda a Alstom hace un año. 
No se trataba de ceder a las presiones del Gobierno francés. 
Se trataba de juzgar el hecho de que, en la situación en que Alstom proponía continuar, valía la pena que un Estado le concediera su ayuda. 
Era bueno para Europa en su conjunto. 
Pues bien, si este juicio era bueno hace un año, sigue siendo bueno hoy. 
Ahora bien, Alstom está demostrando que, al pedir esa ayuda estatal, no buscaba en absoluto mantener la oferta de tecnologías limpias en Europa, no buscaba contribuir al objetivo del pleno empleo en Europa. 
Buscaba simplemente captar una ayuda estatal conforme al principio de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. 
Esto no lo puede aceptar ni la derecha ni la izquierda en Europa. 
Creo que tenemos aquí un ejemplo clave sobre el cual la Comisión debe basar su política. 
Si la lista bastante extensa de autorizaciones para conceder ayudas estatales –hay una docena de casos en el artículo 87, que se mantiene también en la Constitución– forma realmente la base, por así decirlo, de la política industrial de Europa, ha llegado el momento de demostrarlo. 
La Comisión debe decir si la ayuda que ha concedido hace un año servía simplemente para sacar de apuros a los accionistas del grupo Alstom o si servía realmente a los intereses de los ciudadanos de Europa, a su futuro y, en particular, al cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
. Señor Presidente, yo también quiero empezar felicitándole por su cargo y deseándole éxito en su mandato. 
El tema puede –y de hecho debe– considerarse desde dos puntos de vista; primero en términos de política industrial y después en relación con el seguimiento de la ayuda estatal. 
Dado que soy el responsable de la política industrial, me siento muy seguro de mí mismo cuando digo que va en beneficio político de Europa no solo mantener sino también ampliar las tecnologías innovadoras, las empresas modernas y los puestos de trabajo modernos en Europa. 
Es de máxima importancia para la Unión Europea conservar en Europa una sólida base industrial, sin la cual no podremos mantener nuestra competitividad en el mercado mundial. 
Y con esto en mente, en calidad de Comisario con responsabilidad para la industria en Europa, les digo que estoy muy preocupado por el hecho de que Alstom pueda completar la reestructuración que ha empezado y seguir existiendo como empresa sana, con éxito y beneficios. 
Hasta aquí en el aspecto de la política industrial. 
Pero hoy no hablamos de política industrial. 
Estamos hablando del control de la ayuda estatal. 
Y, de hecho, en realidad el Estado francés no habría concedido la ayuda si la Comisión no hubiera aprobado el plan de reestructuración de Alstom. 
La Comisión lo hizo e impuso condiciones tanto para el plan como para la ayuda. 
Sus Señorías tienen razón cuando dicen que es responsabilidad de la Comisión asegurar que se cumplan esas condiciones y que la ayuda se utilice para los fines por los que fue aprobada, y estamos comprobando si realmente ha ocurrido así. 
En concreto, la Comisión dijo en su momento que la aprobación de la ayuda estaba condicionada a que se abandonaran determinadas áreas comerciales y que se llevara a cabo una reestructuración operativa. 
La pregunta que hay que responder esta noche es si el actual plan de reestructuración complementario va en contra de la decisión de la Comisión o no. 
Si este plan de reestructuración no incumple las condiciones, entonces es la dirección de la empresa, y no la Comisión, quien debe asumir la responsabilidad de su aplicación; 
Alstom no está gestionada por la Comisión, sino por su propia dirección. 
Aunque los departamentos responsables me han informado de que hasta el momento la Comisión no ha recibido ningún indicio de que se hayan incumplido las condiciones impuestas al conceder la ayuda, por supuesto puedo asegurarles que seguiremos observando de cerca la situación y prestaremos mucha atención para que se cumplan las condiciones al pie de la letra. 
Por principio, la Comisión se compromete a buscar, en colaboración, soluciones para tener en cuenta todas las consideraciónes económicas, sociales y ambientales. 
En su último comunicado, «Reestructuración y empleo» , se preveía explícitamente la movilización de todas las fuerzas sociales para acompañar mejor la reestructuración, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de la competencia y el empleo. 
En concreto, la Comisión propone la organización de un seguimiento regional y sectorial reforzado, con fondos especiales para apoyar la aplicación de la estrategia. 
Conservar y mejorar la capacidad de innovación, investigación y desarrollo de Europa tiene también una importancia estratégica. 
Hace tan solo unos días, la Comisión presentó un programa marco de investigación e innovación. 
Sé perfectamente que nuestras opciones son muy limitadas precisamente en lo que se refiere a pérdida de puestos de trabajo, y comparto sus sentimientos en este sentido, pero la Comisión debe seguir estrictamente la ley tal como es. 
Les he dado mi promesa de que seguiremos examinando este caso con gran atención y tomaremos medidas si resulta que no se han cumplido las condiciones inherentes a esa ayuda. 
– Señor Comisario, Señorías, la situación del grupo Alstom ha suscitado desde hace muchos meses una gran preocupación. 
Lo que está en juego es el futuro de los 25 000 trabajadores de Alstom en Francia. 
Hemos tenido que batallar con firmeza y nuestro Gobierno se ha puesto decididamente del lado de los trabajadores de Alstom. 
Fue nuestro Ministro de Hacienda, el señor Sarkozy, quien negoció con el Comisario de entonces, el señor Monti, para que pudiéramos conceder la ayuda que salvó a Alstom. 
Se trataba, por supuesto, de salvar el futuro de los trabajadores, pero también de preservar una joya de la industria europea de la energía y el transporte. 
Esta noche hablamos de Vélizy y de Stuttgart, pero también de Brno en la República Checa y de Setúbal en Portugal, así como de numerosos subcontratistas en toda Europa. 
Hoy, el anuncio de la supresión de 350 puestos de trabajo, 200 de ellos en Vélizy, en Alstom Power Boiler, ha incrementado todavía más la preocupación de los trabajadores. 
Es cierto que el debilitamiento del mercado de las calderas es patente, pero no hasta el punto de justificar semejante reducción de plantilla. 
No se trata, desde luego, de que la Comisión determine la gestión empresarial ni de que gestione, en nombre de los Gobiernos, la asistencia social ante cualquier despido. 
Vale la pena señalar que Alstom Power Boiler es líder en el campo de la producción de carbón limpio y desarrolla tecnologías de captura de dióxido de carbono. 
No se trata, pues, de una empresa condenada por la osificación y la obsolescencia. 
Aceptar su migración al otro lado del Atlántico o, peor aún, su desaparición, es mirar al futuro por un retrovisor. 
Los trabajadores –a quienes hemos de felicitar por ello– han elaborado un plan basado en el concepto de «crear el campeón europeo de la combustión limpia». 
Han elaborado, con la ayuda expertos, un plan de futuro que contempla todos los aspectos: estructura jurídica de la nueva sociedad, aspectos tecnológicos, aspectos comerciales, aspectos sociales. 
Hemos de celebrar esta iniciativa, que representa el rechazo del hundimiento. 
La han dado a conocer a los socios europeos: a los Comisarios responsables del empleo, de la industria, del comercio, de la competencia y del medio ambiente, que esperan las conclusiones de sus Señorías. 
Señor Comisario, hoy tiene que anticipar usted la revolución cultural y social que ha puesto en marcha el proyecto de Tratado Constitucional. 
En el futuro, con el Tratado Constitucional, los derechos sociales prevalecerán sobre la perfección del mercado interior, que se llevaba la palma en los Tratados anteriores. 
El diálogo social se institucionalizará, pero sobre todo tendremos que formular una política industrial que favorezca los centros de competencia y preserve la economía social de mercado que se nos propone como modelo social en el artículo 3 del Tratado Constitucional. 
La pregunta que se le formula hoy, señor Comisario, es la siguiente: ¿Cómo ve usted la filosofía del Tratado Constitucional? 
No sea el funcionario de la vieja Europa, sino que en lugar de ello establezca la nueva Europa, la que ha pretende establecer el Tratado Constitucional. 
Tiene usted una buena oportunidad para hacerlo, preservando el futuro de Alstom Power Boiler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión sobre dúmping fiscal y medioambiental, formuladas por el señor Ford en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, por la señora Mann en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y por el señor Watson en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (B6-0172/2005). 
-por el señor Jonckheer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (B6-0229/2005). 
. – Señor Presidente, como la Comisión sabrá, en la fábrica de celofán de Bridgwater, en mi circunscripción del Reino Unido, hay casi 300 puestos de trabajo que están en riesgo. 
Esta planta ha sido absorbida por una sociedad denominada Innovia, que en la actualidad tiene factorías en Kansas, Carlisle y Bridgwater. 
Lo que se propone amenaza con arrancar el corazón del pueblo de Bridgwater; según los proveedores de la empresa, en la zona hay casi mil puestos de trabajo en peligro. 
Esta noche tenemos una petición casi sin precedentes de todos los partidos de la región y del Reino Unido –Laborista, Conservador y Demócrata Liberal–, que están unidos en su respuesta a esta sorprendente decisión de Innovia y piden ayuda y asistencia a la Comisión. 
¿Qué ha movido a la empresa a tomar esa decisión? 
La planta de Kansas no ha generado nunca beneficios en toda su historia; la planta de Bridgwater no ha tenido pérdidas en toda su historia. 
Pero hay una propuesta de cerrar Bridgwater. 
¿Por qué? 
Porque el Estado de Kansas está dirigido por una mayoría demócrata que, a pesar de la oposición de los republicanos del Congreso y del Senado estatales, ha ofrecido algunas cosas a Innovia. 
La primera es un soborno de 2 millones de dólares para trasladar los puestos de trabajo de la Unión Europea a los Estados Unidos. 
La segunda es una exención fiscal de cinco años, lo que significa que durante los próximos cinco años todos los impuestos pagados por el personal se devolverán a la empresa. 
Y, lo que es más interesante, ha ofrecido una suspensión de las normas medioambientales, lo que permitirá producir celofán más barato y reexportarlo a la Unión Europea. 
Me gustaría preguntar a la Comisión si esos sobornos financieros están permitidos por las normas de la OMC. 
Si no es así, ¿planteará el tema al Gobierno estadounidense? 
¿Qué hará cuando Innovia produzca celofán en Kansas y hunda los precios en el mercado europeo? 
¿Cómo resolverá el problema la Comisión? 
Además, aunque acepto que en estos momentos la OMC no prohíbe el dúmping medioambiental, y aunque reconozco que cada país puede tener una normativa medioambiental distinta de la nuestra, nos oponemos a la suspensión de dichas normas distintas, cosa que probablemente veremos cada vez más a causa del Acuerdo de Kyoto. 
A escala europea, comparativamente, eso es una bagatela. 
Pero es muy importante para la región. 
También es muy importante por el precedente que sienta de cara al futuro, porque si los Estados Unidos, sus empresas y sus Gobiernos estatales pueden conseguir esto en una ocasión, no habrá absolutamente ningún motivo para que no vuelvan hacerlo una y otra vez. 
Por lo tanto, es una cuestión de principios importante que la Comisión debe tomarse en serio, y espero que se tomen medidas. 
. – Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, mi Grupo ha decidido sumarse a esta pregunta oral para completarla. 
La pregunta formulada por el señor Ford se refiere, en particular, a la compatibilidad con las normas de la OMC. 
Por mi parte, quisiera volver sobre una cuestión que concierne a la Unión Europea y a la situación dentro de las fronteras de la Unión. 
En la legislatura anterior, el Consejo Ecofin identificó en la Unión Europea unas sesenta medidas fiscales nacionales que se considera comportan una competencia perjudicial en el sentido que se le da en los trabajos realizados en el seno de la OCDE. 
Las disposiciones del denominado Código de Conducta Primarolo –por el nombre del funcionario que presidió ese grupo de trabajo– contemplaban tanto las denominadas cláusulas de como las cláusulas de, es decir, el desmantelamiento progresivo de las disposiciones nacionales identificadas de común acuerdo en el Consejo Ecofin. 
Observo que ya no se habla mucho, ni en el Parlamento ni en los medios de comunicación, de la situación de ese proceso de desmantelamiento y desearía saber cuál es la opinión de la Comisión al respecto. 
Sé muy bien que la cuestión compete esencialmente a los Estados miembros y que hay acuerdo entre los Estados miembros en el seno del Consejo Ecofin. 
Dicho esto, la política de competencia es competencia exclusiva de la Unión y la Comisión tiene una misión muy importante en este ámbito. 
Desde este punto de vista, pues, considero que debería desempeñar un papel de seguimiento y estímulo, o al menos de advertencia e información, por lo que se refiere a la verificación de los compromisos contraídos en el Consejo Ecofin. 
Completaré esta pregunta diciéndole –y usted lo sabe tan bien como yo– que estamos muy lejos de la armonización del impuesto de sociedades y de la base imponible en la Unión, que fueron objeto de debates en la Comisión Prodi sobre la base de los trabajos elaborados por dicha Comisión a propósito de un tipo común mínimo de imposición de las sociedades en la Unión. 
Se trata de un avance que mi Grupo considera deseable. 
Por tanto, las decisiones tomadas en el Consejo Ecofin constituyen para nosotros un mínimo absoluto, y me gustaría mucho que la Comisión pudiera expresarse sobre este proceso esta noche y en los próximos meses. 
En efecto, creo que los problemas que encontramos en una serie de países con el proyecto de Constitución Europea no ayudan, por desgracia, y que existe un temor legítimo a que la competencia perjudicial continúe y se acentúe en la Unión Europea. 
Por esta razón, en mi opinión, una misión política extremadamente importante sería velar por que, al menos, se respetaran los compromisos contraídos en el Consejo Ecofin y la Comisión desempeñara un papel, al igual que el Parlamento, en el desarrollo de este proceso. 
. – Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de mi Grupo para sumarme a la preocupación ya expresada por otros oradores en torno a esta terrible situación con respecto a una innovadora y, francamente, bastante notable empresa de la circunscripción a la que el señor Ford y yo representamos. 
Innovia Films es una empresa rentable, que ha desarrollado un proceso descubierto en el Reino Unido en 1898. 
Sospecho que si ese proceso se hubiera descubierto en Escandinavia en 1998, se habría considerado la mejor tecnología disponible, los envases de plástico habrían sido prohibidos y se habría utilizado el celofán en su lugar. 
Por desgracia para el celofán, lo descubrieron bastante antes. 
No obstante, acojo con satisfacción el apoyo que prestan todos los partidos a la campaña para el reconocimiento de los problemas causados por la política de los estadounidenses y para hacer frente a esta cuestión. 
Esta mañana hemos debatido el resultado de la reunión del Consejo Europeo celebrada para revisar la Agenda de Lisboa. 
En la resolución aprobada por el Parlamento con el apoyo de todos los partidos, acordamos que tiene que haber algo así como una política industrial. 
Si hay política industrial, entonces tenemos que analizar cómo podemos apoyar a empresas como esta. 
Cuando escribí al Comisario Piebalgs en nombre de la empresa hace algún tiempo, para ver qué tipo de ayuda había disponible para esa empresa, respondió que hay programas que apoyan los sistemas nuevos e innovadores, pero que este caso no cumplía los requisitos para esta ayuda. 
Me pregunto si no deberíamos analizar de nuevo nuestra política industrial. 
La carta del Comisario Mandelson a Mel Dando, uno de los directivos sindicales implicados, analiza los problemas que hemos encontrado con la política en la fábrica de Kansas, con respecto a la declaración de una tregua tributaria y la suspensión de reglamentos medioambientales. 
El señor Mandelson señala que las medidas, en forma de exenciones fiscales, parecen ser ayudas pero no entran en la categoría prohibida. 
A continuación afirma que no hay ninguna disposición en los acuerdos de la OMC que aluda al dúmping medioambiental y que, por lo tanto, estas medidas parecen no incumplir las normas vigentes de la OMC. 
Mi pregunta a la Comisión sería la siguiente: si no hay disposiciones en los acuerdos de la OMC que aludan al dúmping medioambiental, ¿por qué no? 
¿Qué está haciendo la Comisión para garantizar que contemos con disposiciones relativas al dúmping medioambiental? 
Este incidente, que afecta, tal como ha dicho el señor Ford, quizás no a un enorme número de puestos de trabajo desde la perspectiva europea, pero sí a un número de puestos muy importante desde la perspectiva de una pequeña ciudad industrial como Bridgwater, puede repetirse en toda la Unión Europea si descubrimos que la política de diferentes Estados de los Estados Unidos de América en este ámbito trataba de robarnos puestos de trabajo de este modo. 
Esta es la cara fea del capitalismo. 
Nos encontramos ante la absorción de una empresa por parte de un grupo dedicado a la liquidación de activos y al reembolso de la mayor cantidad de dinero posible a los inversores, sin tener en cuenta la salud general de nuestra sociedad y de nuestras industrias. 
Es el típico caso en el que la Comisión debería tomar medidas. 
Espero que el Comisario Verheugen, el Comisario que está aquí esta tarde, y el Comisario Mandelson planteen esta cuestión a los estadounidenses y comprueben qué podemos hacer para salvar la fábrica de Bridgwater y para salvar, potencialmente, otros muchos cientos de miles de puestos de trabajo de toda la Unión Europea que podrían verse afectados por este tipo de acontecimientos. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de debatir sobre el dúmping fiscal y medioambiental con respecto a British Cellophane en Bridgwater. 
British Cellophane cuenta con un largo y honroso historial de más de 50 años. 
Asimismo tiene enormes antecedentes de poderío y fuerza industrial en Bridgwater. 
Bridgwater es también una de las principales ciudades industriales del West Country. 
Con el paso del tiempo, la plantilla de British Cellophane se ha reducido, pero siempre ha tenido un excelente nivel de productividad, una excelente relación con su personal y ha prestado un excelente apoyo a la ciudad en todos los aspectos. 
El celofán es un producto importantísimo en todo el mundo. 
British Cellophane produce unas 60 000 toneladas al año. El producto se fabrica en plantas altamente productivas, motivadas y rentables. 
En los últimos años, la empresa ha experimentado grandes cambios: ha sido adquirida por Candell Investments y me gustaría hablar de tres de sus cinco fábricas. 
Dos de ellas se hallan en Gran Bretaña y otra en los Estados Unidos. 
Las dos plantas británicas son fábricas productivas y motivadas, una en el norte y otra en Bridgwater. 
Quiero hacer más hincapié en la tercera fábrica, ubicada en Kansas. 
Los legisladores del Estado de Kansas han dedicado una enorme cantidad de dinero a mantener la fábrica allí. 
Estamos hablando de millones de dólares, no de unos cuantos cientos de miles. 
Votaron públicamente asignar fondos públicos a la fábrica y también le han concedido una tregua medioambiental de cinco años, para socavar aún más las perspectivas de British Cellophane. Pero esto no es todo. 
La fábrica es improductiva y no genera beneficios. 
¿Por qué habría uno de asignar fondos a una fábrica que no genera beneficios y que no es productiva, ya esté en China, en Australia o en los Estados Unidos? 
Trescientos puestos de trabajo de una fábrica rentable y altamente productiva del Reino Unido están amenazados por culpa de una fábrica que no cumple las normas de la OMC. 
Cada año British Cellophane aporta unos 20 millones de libras esterlinas a la economía en forma de salarios, bienes directos e indirectos. 
Estamos hablando de una fábrica altamente productiva y rentable. 
Ha hecho todo lo posible por cambiar y supera de lejos el rendimiento de los estadounidenses. 
Produce más productos y de mejor calidad. 
La fábrica ha hecho todo lo posible por continuar siendo rentable. 
No deberíamos permitir que se sacrifique simplemente porque una fábrica estadounidense puede conseguir algo que nosotros no podemos. 
Las ayudas suponen un comercio desleal, implican un dúmping desleal y el uso de la competencia desleal contra fábricas rentables. 
No deberíamos permitir que esto ocurra. 
Si este es un mundo de libre comercio, hay que pedir a la Organización Mundial del Comercio que examine esta cuestión. 
Ruego a la Comisión que se encargue de ello urgentemente. 
Esta petición cuenta con el apoyo de todos los partidos. 
Creo que la OMC debería intervenir. 
Insto a la Comisión a tomar cartas en el asunto. 
. Señor Presidente, permítame comenzar tratando el caso concreto en cuestión. 
La Comisión está al tanto de los planes de cierre y del posible traslado de la fábrica de Innovia Films de Bridgwater y hemos pedido a los servicios que examinen si las medidas adoptadas por el Estado de Kansas constituyen una violación de las normas de la OMC. 
También analizaremos, en cooperación con los Estados miembros implicados, si hay algún otro remedio disponible con arreglo al Derecho internacional en esta situación. 
Quiero añadir que mi propia opinión política con respecto a este caso coincide totalmente con la expresada por sus Señorías en el debate. 
Si las normas estadounidenses en materia de ayudas estatales son aplicables en Kansas, sin duda se trata de una práctica que no está permitida aquí. 
Sin embargo, por suerte o por desgracia, el Estado de Kansas no forma parte de la Unión Europea. 
En particular esto implica analizar las posibilidades que ofrece el procedimiento de denuncia en el contexto de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que establecen que las empresas de la OCDE deberían abstenerse de solicitar o aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulador con respecto a cuestiones de salud, seguridad, laborales, fiscales, de incentivos financieros o de otro tipo. 
No obstante, cabe señalar que estas directrices y las recomendaciones que puedan derivarse del procedimiento de denuncia no son legalmente vinculantes. 
Con respecto a la OMC, la Comisión está evaluando la compatibilidad de las medidas adoptadas en Kansas con el acuerdo de la OMC relativo a subsidios y medidas compensatorias. 
Estas normas, aunque en principio permiten a los miembros de la OMC decidir acerca de su propio régimen fiscal, prohíben las exenciones fiscales cuando promueven directamente las exportaciones. 
Ese es el caso que tenemos que examinar: si las medidas de Kansas promueven directamente las exportaciones. 
Si es así, son contrarias a las normas de la OMC. 
Quiero añadir algunas observaciones generales acerca del papel de la OMC en el ámbito de la política medioambiental. 
En primer lugar, permítanme señalar que los miembros de la OMC han reconocido explícitamente la importancia de trabajar por un desarrollo sostenible y de que el comercio internacional y las políticas medioambientales se favorezcan mutuamente. 
La Unión Europea desempeña un papel particularmente activo a este respecto, pero todavía quedan cosas por hacer. 
Los miembros de la OMC pueden elegir libremente su propia política medioambiental a escala nacional, regional y, en el caso de acuerdos medioambientales multilaterales, a escala mundial. 
Esto también implica que cualquier acción contra incumplimientos ilegales de la legislación regional, nacional o internacional vigente en materia medioambiental deberá emprenderse en esos niveles. 
La respuesta apropiada al «dúmping medioambiental» a escala mundial es, por lo tanto, mejorar la gobernanza medioambiental mediante instrumentos legalmente vinculantes, tales como acuerdos medioambientales multilaterales, y la Comisión se muestra activa en ese terreno. 
Con respecto a la otra pregunta planteada, acerca de la dañina competencia fiscal en la Unión Europea, todos los Estados miembros están comprometidos con el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas. 
El código pretende combatir medidas fiscales específicas que afecten o puedan afectar a la ubicación de la empresa. 
Casi todas las medidas fiscales perjudiciales identificadas tras un proceso de revisión por homólogos han sido o van a ser suprimidas. 
En términos más generales, la política fiscal de la Comisión pretende promover los principios del código en dirección a terceros países, con el fin de combatir la competencia fiscal perjudicial en el ámbito geográfico lo más amplio posible. 
En este sentido, la Comisión ya ha incluido una referencia a los principios del código en varios acuerdos internacionales con terceros países y pretende incluir esta referencia en acuerdos futuros. 
Asimismo, la Comisión respalda los esfuerzos de la OCDE por eliminar las prácticas fiscales perjudiciales. 
. Señor Presidente, Comisario, Señorías, me gustaría continuar con lo que han dicho los cuatro diputados que ya han intervenido, dirigiéndole otra pregunta sobre el tema del debate. 
Fue en 1992 cuando nos unimos a los Estados Unidos en la adopción de la Nueva Agenda Transatlántica, que establece diversos diálogos, algunos de los cuales funcionan bien, y otros menos bien. 
Sabemos que el diálogo empresarial funciona bien, al igual que el diálogo de los consumidores, pero hace años que observamos que existen graves problemas en el diálogo con el que se pretende agrupar a los empleados – conocido como diálogo laboral. 
Y existen varias razones para ello; en cierto modo, tiene que ver con las diferencias entre las tradiciones de América y las de Europa. 
Está previsto que en verano se celebre la próxima cumbre y, con carácter de urgencia, quiero pedirle que, cuando deba prepararse, lo haga de nuevo con el Consejo y, como Comisión, considere lo que puede hacer para apoyar ese diálogo. 
Aunque es algo que debería dejarse en manos de los sindicatos, he aprendido por experiencia que será necesario revisar lo que las diversas instituciones europeas podemos hacer para mantener el diálogo o, quizás, resucitarlo. 
Había pensado que este ejemplo sería adecuado para que usted pudiera referirse a él en un intento de recuperar ese diálogo. 
Además, le recomiendo que plantee el problema en el contexto del diálogo empresarial y hable con las propias empresas para ver si sería posible llegar a un acuerdo, de modo que se puedan poner en práctica las orientaciones de la OCDE que usted ha mencionado, en vez de que varios Estados las dejen aparte – como es el caso de Kansas, aunque otros pueden haber hecho lo mismo. 
Considero que es enormemente importante, porque es cierto que, en el contexto mundial y dado que la competencia a escala internacional no es precisamente más simple, sino más difícil, los Estados que operan en el marco de la OCDE deberían jugar de acuerdo con las normas. 
Quizás podría explicarnos cuál es su postura al respecto y si puede incluirlo como elemento de debate o no. 
Si me permite abordar el segundo punto que usted ha mencionado, que la Comisión y el Consejo –y yo añadiría, también este Parlamento– han estado presionando durante muchos años para que el debate en la OMC sea más intensivo, y para que incluya las normas laborales, medioambientales y sociales, permítame decir que me parece correcto y adecuado, aunque sé que será muy difícil, volver a hablar de ese tema durante la ronda actual, y puedo asegurarle que esta Cámara volverá a mencionarlo en la resolución. 
. Señor Presidente, me gustaría hablar de la pregunta de los Verdes y, dejando de lado las ofensas potencialmente punibles contra la OMC, me gustaría plantear a su autor un par de preguntas. 
Señor Juncker, su pregunta expresa el temor a que la eliminación de las barreras al comercio puedan comportar un dúmping fiscal. 
También hace referencia a las subvenciones que deterioran el sistema de comercio multilateral. 
¿No cree que existe una relación entre los impuestos elevados y unas subvenciones elevadas? 
¿Supone usted que en un mundo sin aranceles – que son obstáculos para el comercio – y la competencia que provocan, caerían invariable e inevitablemente las normas sociales y medioambientales? 
Como siempre coloca a la competencia en la misma categoría de palabras que «peligro» y «», ¿tiene miedo de ella? 
¿Qué es lo que realmente aporta prosperidad y puestos de trabajo – el intercambio de productos y servicios en mercados abiertos sin barreras para el comercio, o los mercados más fragmentados con grandes obstáculos para el comercio? 
¿Opina usted, como yo, que solo una economía nacional competitiva está en posición de cumplir unos criterios medioambientales elevados? 
Si es así ¿no deberíamos abandonar, entonces, de una vez por todas, la constante pretensión de que unos impuestos reducidos y unos mercados abiertos equivalen a unos criterios medioambientales y sociales bajos? 
También me gustaría saber qué opina el Comisario al respecto. 
.– Buenas noches, señor Presidente, es un placer tener un compatriota en la presidencia en la sesión de esta noche. 
En el caso que tenemos ante nosotros, una fábrica británica de celofán se ha visto tentada a deslocalizar la producción en el Estado de Kansas, solamente porque ese Estado ha derogado la legislación fiscal y medioambiental. 
Por desgracia, no es una excepción de la norma porque la propia norma anima a tomar tales medidas. 
Este caso, al igual que el caso Alstom que hemos discutido antes, ilustra claramente un problema muy conocido, es decir el de las deslocalizaciones por motivos de competencia antisocial o antiambiental. 
En efecto, anteayer vinieron a Estrasburgo trabajadores de Yasaki Saltano, una empresa que tiene dos fábricas en Portugal y 10 en Europa. 
Esta multinacional japonesa ha llegado a tener 7 500 empleados en Portugal, pero hoy la cifra llega tan solo a la mitad. 
Precisamente ayer el consejo de administración lanzó la amenaza de que si no recibe más apoyo del Gobierno, en agosto va a despedir 500 trabajadores más. 
Hay que aclarar que esta empresa recibió terrenos e infraestructura gratis, que durante años ha recibido fondos de la Comunidad, que el nivel de enfermedades por motivos laborales, como la artritis, entre sus empleados es anormalmente elevado, y que ese es precisamente el argumento que utiliza el consejo de administración para no despedir a nadie sino persuadir a los enfermos para que cesen. 
Señor Presidente, esta mentira tiene que llegar a su fin en algún momento. 
Es triste ver la impotencia de la Comisión en estos casos, lo que demuestra que ya ha abandonado. 
Un día los Estados Unidos y la UE piden el fin del proteccionismo en la Organización Mundial del Comercio, y al día siguiente lo reinstauran o bien crean unos beneficios comparables basados en criterios desleales. 
El fin del proteccionismo debe ir acompañado de niveles más elevados de derechos sociales y de unos controles medioambientales más estrictos. 
Es la alternativa al orden neoliberal en el que ya no habrá más Kansas sobre los que quejarse. 
Señor Presidente, observo con satisfacción que esta noche hemos debatido temas que realmente debían debatirse y decidirse en esta Cámara. 
Por desgracia, la mayoría de las veces los diputados se dedican a debatir y tomar decisiones que, según los principios de subsidiariedad, no competen a esta Cámara. 
Pero en este caso, el asunto está claro. 
La UE tiene una política de comercio común. 
Por lo tanto, el Parlamento tiene fuertes razones para controlar el cumplimiento de las normas que rigen el libre comercio mundial. 
Este sistema es la forma más importante de aumentar la prosperidad tanto de los países pobres como de los ricos, pero el sistema presupone que ningún país y ningún bloque comercial caerá en el proteccionismo, que a menudo adopta la forma de derechos aduaneros y otras barreras comerciales. 
También puede adoptar la forma de subvenciones o normas especiales para determinadas formas de producción, pensadas para atraer o retener actividades que de otro modo no podrían hacer frente a la competencia internacional. 
Estos temas están regulados por la OMC. 
Estoy de acuerdo con los demás oradores de esta Cámara que han pedido que la Comisión tome medidas lo antes posible contra los países y los Estados miembros de la UE que incumplen la normativa de la OMC. 
Sin embargo, es importante que seamos conscientes de la diferencia fundamental que existe entre los instrumentos permitidos y los prohibidos, o entre la política a favor de la producción y el dúmping. 
No está prohibido elegir un nivel fiscal generalmente bajo para promover el crecimiento. 
Lo que está prohibido es favorecer a determinadas compañías o sectores con ventajas fiscales. 
Es lo que se llama dúmping fiscal. 
También está permitido que un país tenga unas ambiciones relativamente bajas en cuanto a política medioambiental durante una fase en que el país es pobre y tiene que dar prioridad al crecimiento. 
Es lo que hicieron los países ricos de hoy cuando eran pobres. 
Lo que está prohibido es permitir exenciones especiales a los requisitos ambientales actuales para favorece a unas determinadas compañías o sectores. 
Es lo que se conoce como dúmping ambiental. 
Propongo que en su análisis y en las medidas que tome, la Comisión distinga claramente entre normas legítimas para promover el crecimiento y la prosperidad, y métodos ilegítimos de dúmping. 
. – Señor Presidente, en vista del hecho de que el Comisario Verheugen ha afirmado que la Comisión está investigando si las ayudas promueven directamente las exportaciones, cosa que sería ilegal, me gustaría pedirle que escriba, en nombre de la Comisión, a la empresa para pedirle que aplace su decisión sobre el cierre de la fábrica, que está previsto para dentro de 15 días, hasta que se haya dilucidado esa cuestión. 
. Transmitiré esta cuestión a mi colega, el señor Mandelson, que se encarga del expediente. 
Quiero decir a la señora Mann que tomo nota de sus recomendaciones y que las acepto plenamente. 
Me aseguraré de que esa cuestión se debata en las mesas redondas comerciales entre Europa y los Estados Unidos, así como en otros foros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión sobre la discriminación contra los trabajadores y las empresas de los nuevos Estados miembros en el mercado interior de la UE, formulada por el señor Protasiewicz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- Cristianos) y de los Demócratas Europeos (B6-0173/2005). 
Señor Presidente, Comisario, faltan menos de tres semanas para que haga un año de la ampliación de la Unión Europea. 
Para millones de ciudadanos de Europa Central, la ampliación significó la realización de su sueño sobre una Europa común gobernada por unos principios justos y con las mismas oportunidades para todos. 
Cuando se preparaban para la ampliación, los nuevos países abrieron sus mercados, y permitieron la entrada de empresas, productos, servicios y trabajadores occidentales. 
A menudo todo eso ocurrió en un ambiente de debate interno acalorado y a pesar de las fuertes protestas de muchos grupos, sobre todo los que representaban a los trabajadores. 
Porque temían perder sus puestos de trabajo y argumentaban que los mercados nacionales debían protegerse de una competencia occidental injusta. 
Sin embargo, nosotros creíamos que por encima de todo la pertenencia a la Unión Europea significaba formar parte de un mercado común donde se garantizara la libertad de llevar a cabo actividades económicas en cualquier lugar del territorio de la Unión. 
Al mismo tiempo, estábamos convencidos de que los tratados europeos establecían unas normas justas para todos los actores, independientemente de su país de origen. 
Desafortunadamente, durante los últimos 11 meses ha habido numerosos ejemplos de discriminación contra empresarios de los nuevos países que querían ejercer una actividad económica en alguno de los países de la denominada antigua Unión y también contra sus empleados. 
Los casos más flagrantes de discriminación están teniendo lugar en los Países Bajos, Austria e Italia. 
Los sistemas legales de dichos países permiten a las compañías y a los trabajadores ser tratados de forma distinta según si vienen de los denominados antiguos quince o de los nuevos diez. 
Un ejemplo concreto es la necesidad impuesta a estos últimos de solicitar permisos para expatriar trabajadores incluso antes de empezar la actividad económica. 
Es un procedimiento muy largo que puede durar hasta seis semanas en Austria, y se impone solo a las empresas y los trabajadores de los nuevos países. 
Las entidades económicas de los antiguos Quince no tienen la obligación de presentar solicitudes de este tipo. 
Solo tienen que informar a las correspondientes autoridades y entregar una única hoja informativa y una lista de los trabajadores expatriados. 
Pueden empezar a prestar sus servicios inmediatamente sin ningún retraso innecesario. 
Si las autoridades quieren efectuar comprobaciones, pueden hacerlo cuando el trabajo ya está en marcha, sin interferir en la actividad económica de la empresa. 
Es un ejemplo claro de discriminación consentida por la ley nacional, que comporta una violación de las condiciones necesarias para la competencia justa en el mercado común de la Unión. 
También en algunos otros países, aunque no hay unas disposiciones discriminatorias formales, la administración y los funcionarios se comportan de tal forma que, en la práctica, es imposible que las empresas de los nuevos Estados miembros ejerzan su actividad libremente. 
Tengo conmigo unas cuantas quejas de empresarios que han recibido un trato especialmente desafortunado, a pesar de haber cumplido todos los requisitos formales. 
El tipo de tratamiento de que han sido objeto tanto los propietarios de las empresas como sus trabajadores en el curso de su actividad incluye llevar marcas en las manos, haber sido esposados, ser perseguidos por perros e incluso ser arrestados sin motivo que lo justificara. 
Lamento tener que decir que Alemania y Francia son países donde este tipo de tratamiento se impone muy a menudo. 
Por lo tanto, me gustaría preguntar al Comisario qué medidas tiene previsto tomar la Comisión para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado en relación con la igualdad de trato para empresas y ciudadanos. 
¿Ha llevado ya a cabo la Comisión una auditoría de las disposiciones de los Estados miembros de cara a asegurar la igualdad de condiciones para las entidades económicas de los nuevos Estados miembros? 
Si es así, ¿cuál ha sido el resultado? 
Si no, ¿cuándo se llevará a cabo esa auditoría de las disposiciones legales y prácticas para evitar la discriminación? 
También me gustaría llamar su atención hacia una opinión compartida por una gran mayoría de mis colegas diputados. 
Creemos que, a menos que la Comisión se implique activamente en la lucha contra la discriminación de las empresas y los trabajadores de los nuevos Estados miembros, no conseguiremos los objetivos económicos de la Estrategia de Lisboa. 
En resumen, quiero decir que confío en que la Comisión Europea sea consciente de esta situación. 
La presencia del Comisario Verheugen hoy en esta Cámara en calidad de Vicepresidente de la Comisión me da motivos para esperar que ese sea el caso. 
. Señor Presidente, si hay alguien en esta Cámara que conoce cuáles son los problemas de los nuevos Estados miembros, ese soy yo, porque durante años he sido responsable de la ampliación, de modo que no tienen que explicarme nada al respecto. 
Volviendo al caso que ha mencionado su Señoría, la Comisión ha recibido quejas en relación con un Estado miembro en concreto, que ha sido acusado de incumplir la ley comunitaria al exigir permisos de trabajo a los trabajadores de los nuevos Estados miembros que son enviados a dicho Estado miembro. 
Por lo tanto, la Comisión ha tomado las medidas necesarias contra este Estado miembro, ha intentado iniciar un procedimiento por infracción contra el mismo, y se asegurará de que se corrija la situación. 
La Comisión no sabe nada de otras quejas. 
En concreto, no ha habido quejas relacionadas con la libertad de establecimiento, como usted ha mencionado, que, por cierto, no se implantó hace poco, el 1 de mayo de 2004, sino más bien hace mucho tiempo, a mediados de los años noventa. 
Si conoce casos de discriminación en relación con la libertad de establecimiento, la Comisión le agradecería que le comunicara dicha información. 
Las únicas quejas oficiales recibidas por la Comisión tienen que ver con la libertad de establecimiento en un solo Estado miembro, y ya se han tomado las medidas necesarias para resolverlo. 
. Señor Presidente, Señorías, el principio de la igualdad de trato para las entidades de los diversos Estado miembros es una de las piedras angulares de la Unión Europea. 
Hoy discutimos unos casos de discriminación contra empresarios y trabajadores de los nuevos Estados miembros en los mercados de la vieja Europa. 
Quiero preguntar si es correcto que la administración francesa pregunte a los empresarios polacos que quieren prestar servicios en Francia en qué aspecto creen que son mejores y por lo tanto pueden justificar que se les permita operar en Francia. 
He llevado a cabo una amplia investigación, y he descubierto que en la mayoría de los casos los empresarios de las PYME de los nuevos Estados miembros pocas veces se quejan a las correspondientes autoridades por la discriminación que soportan. 
Los recursos de que disponen esos empresarios son limitados, y toman la decisión consciente de no comprometerse en procedimientos jurídicos largos y costosos. 
Simplemente, temen una mayor persecución por parte de los países anfitriones, dado que el empresario medio se encuentra en una posición muy débil cuando debe luchar contra todo el aparato del Estado. 
Una de las tareas que nos han confiado nuestros electores es defender a las víctimas de la discriminación. 
Por lo tanto, somos guardianes de los principios fundamentales de la Unión, y haríamos bien en preguntarnos en qué condiciones podría llegar a encontrarse Europa si no combatimos antes la discriminación. 
Hay dos temas de crucial importancia para el futuro de la Unión. 
Uno es la Estrategia de Lisboa, y el otro es el proyecto de la directiva de servicios. 
Todos comprendemos que la discriminación paraliza el mercado interior y le impide funcionar correctamente, lo que a su vez no nos permite cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Por lo tanto, nos conviene asegurar que el mercado interior se convierta realmente en una entidad económica única sin discriminación. Y no podremos conseguirlo si se erigen numerosas barreras nacionales. 
En resumen, quiero dejar claro que los casos de discriminación en el mercado interior debatidos hoy en esta Cámara son obstáculos lamentables para nuestros esfuerzos conjuntos de integración. 
Si permitimos que estos obstáculos sigan ahí, todos sufriremos las consecuencias. 
. – Señor Presidente, necesitaría dos horas para detallar los problemas a que se enfrentan los trabajadores emigrantes para entrar y trabajar en Irlanda. 
Tenemos fama de ser uno de los países más generosos a la hora de permitir el acceso desde los diez nuevos Estados miembros. 
Eso es cierto. 
Hay muchos buenos empresarios en Irlanda que tratan bien a sus trabajadores. 
Lamentablemente hay empresarios irlandeses que tratan terriblemente mal a los trabajadores de los diez nuevos países. 
Tenemos casos de trabajadores a los que se les pide que trabajen 12 horas al día, siete días a la semana, por un euro la hora. 
Tenemos situaciones, de las que la Embajada de Polonia tiene constancia, en que delante de ella se forman colas de personas que acuden llorando porque han sido despedidas de modo fulminante por empresarios que saben que hay una cola de trabajadores polacos esperando ocupar sus puestos de trabajo. 
El caso concreto que quiero plantear esta tarde se refiere a un hecho real, no en un Estado miembro, sino en un país candidato: una empresa turca que contrata trabajadores turcos en Irlanda y que se dedica a estafar sistemáticamente a sus empleados. 
Ha transferido fondos que pertenecen a esos trabajadores a un banco neerlandés, cuya cuenta controla. 
Se sospecha que esta empresa es la propietaria de dicho banco. 
Quiero que el señor Comisario investigue ese caso. 
Quiero que la Comisión se ponga en contacto con las autoridades irlandesas para descubrir por qué ha tenido que ser un diputado al Parlamento el que revele los hechos, a pesar de que tenemos un departamento responsable de la investigación de atentados contra el Derecho laboral. 
Tenemos 21 inspectores que abarcan todo el país, un número lamentablemente pequeño. 
Necesitamos al menos 100. 
También me gustaría que la Comisión investigase si Gama –la empresa a la que me refiero– está implicada en el blanqueo de dinero y si saca ilegalmente dinero que pertenece a los trabajadores fuera de Irlanda, a un banco de los Países Bajos que, según se dice, también le pertenece. 
Quiero que se investigue esto. 
No basta con que nos demos mutuamente golpecitos en la espalda y digamos que estamos haciendo cosas estupendas, creando competencia, garantizando que las personas tengan trabajo, cuando esas mismas personas están siendo explotadas de forma lamentable. 
No es suficiente. 
La Comisión debe asumir su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la legislación europea. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, en el caso de los países económicamente más atrasados, como España, Portugal, Grecia e Irlanda, que se adhirieron a la Unión más tarde, la Unión adoptó una política coherente para fomentar el desarrollo de las empresas y la competitividad. 
Una parte de esta política implicó facilitar el acceso al mercado de la Unión, lo que a su vez provocó un aumento de la balanza comercial en los países en cuestión. 
Ese fue uno de los factores clave del rápido aumento de puestos de trabajo, ingresos fiscales para los países, inversión y, como resultado, un rápido desarrollo económico. 
Un acceso más fácil a los mercados comunitarios permitió a los países atrasados reducir significativamente las diferencias entre ellos y los países más desarrollados. 
Y yo digo, Señorías: ¿los antiguos países comunistas que aspiran a la Unión Europea, han disfrutado de las mismas oportunidades? 
La respuesta es no. 
En vez de demostrar un espíritu de solidaridad y ofrecer ayuda, la Unión ha explotado su propia fuerza y su gran ventaja. 
También se ha aprovechado de la sumisión y la corrupción de los dirigentes y ha retrasado la adhesión para conseguir nuevas concesiones. 
El ejemplo más claro de esta política fue la balanza comercial negativa entre Polonia y la Unión Europea, que superó los 10.000 millones de euros anuales. 
Los nuevos puestos de trabajo y los beneficios se crearon en la Unión, no en Polonia, pero fue Polonia quien tuvo que sufrir un aumento del desempleo y la pobreza. 
¿Qué ha significado para las empresas polacas la apertura de su mercado a las empresas de la Unión? 
¿Qué ha supuesto para ellas la adhesión a la Unión? 
En primer lugar, ha significado la competencia desleal de las empresas que gozan de ventajas tecnológicas y de capital. 
En segundo lugar, ha significado que las empresas, los bancos y las instituciones financieras polacas hayan sido compradas por empresas de la Unión a cambio de una miseria. 
A menudo las empresas extranjeras no han pagado impuestos ni han invertido en Polonia. 
Y aún peor, han transferido sus beneficios fuera del país. 
En tercer lugar, ha significado que los polacos han tenido que hacer grandes sacrificios para modernizar sus empresas y asumir unos costes considerables para cumplir los requisitos, las normas y los reglamentos de la Unión. 
En cuarto lugar, ha significado aceptar unos procedimientos administrativos y burocráticos pesados y caros, y consentir además la implantación de unos sistemas fiscales que han hecho que las empresas polacas sean menos competitivas y tengan más costes laborales. 
El IVA es un ejemplo. 
En quinto lugar, ha significado aceptar cuotas, límites y restricciones en la producción impuestas por la Unión en sectores relativamente competitivos y modernos como el de la construcción naval, o en sectores que elaboran productos de gran calidad, como el de la alimentación. 
Ha pasado casi un año desde que Polonia se adhirió a la Unión, y resulta que a pesar de todas las restricciones y dificultades que ha encontrado en su camino, las empresas polacas han conseguido ser competitivas, exportar y trabajar mejor. 
Y lo mismo ha ocurrido con las personas. 
La reacción de los Gobiernos y las administraciones locales de los Estados miembros ha sido recurrir a otras medidas para limitar el acceso de las empresas polacas a los mercados de la Unión. 
Ejemplos de esas medidas son las normas sobre la prestación de servicios, que es el sector del mercado responsable del 70 % del PNB bruto, a la vez que ha creado casi un 100 % de nuevos puestos de trabajo. 
Las restricciones impuestas a las empresas polacas y a los trabajadores que emplean en el sector de la construcción son otro buen ejemplo. 
Y para empeorar las cosas, esas disposiciones restrictivas las aplican unos funcionarios locales excesivamente celosos. 
Podríamos escribir un libro sobre la persecución que han soportado las empresas polacas. 
No se realiza un seguimiento de las quejas presentadas ante las autoridades locales. 
No es de extrañar que nos digan que esos mismos funcionarios celosos nunca se interesan por aquellos casos en los que los trabajadores polacos cobran menos de lo que debieran cobrar o son contratados ilegalmente, o cuando realizan trabajos poco atractivos. 
La pregunta que surge de todo ello es ¿qué es la Unión Europea y a qué aspira? 
¿Todos aquellos lemas sobre la solidaridad, eliminar las diferencias, acelerar el desarrollo y el mercado común, no eran más que aire? 
Polonia y los demás antiguos Estados comunistas no pueden dar nada más a la Unión Europea. 
Han dado todo lo que podían dar. 
Por este motivo los empresarios polacos van a defender su país y nosotros, los diputados polacos de este Parlamento, vamos a trabajar con ellos codo con codo. 
Pedimos un cambio y decisiones firmes para eliminar los casos de discriminación y sus causas. 
Nuestras demandas son razonables. 
Lo único que queremos es igualdad de oportunidades y juego limpio para todos. 
Lucharemos hasta que ganemos nuestro caso, ¡aunque ello signifique la caída de la Unión Europea! 
Señor Presidente, Comisario, me gustaría empezar dando las gracias al señor Protasiewicz por abordar este tema. 
El señor Protasiewicz representa a la misma circunscripción que yo y, de hecho, hay aquí cuatro oradores de la Baja Silesia, lo que la convierte en una especie de abanderada de la causa. Realmente tiene valor, y me satisface. 
La ampliación no solo comportó muchos beneficios económicos para los nuevos Estados miembros, sino también unos enormes beneficios económicos para la Unión en conjunto, sobre todo en cuanto a posibles beneficios. 
Y así fue porque los nuevos países ofrecían unos impuestos algo más bajos y una mano de obra algo más barata, a la vez que se creaba el marco legal para realizar actividades económicas gracias a la integración. 
Esos países ofrecen pues oportunidades para la Unión Europea, no amenazas, como han insinuado algunos oradores. 
Por este motivo nos alarma esta situación en la que los empresarios polacos, checos y húngaros deben afrontar obstáculos situados deliberadamente en su camino por las administraciones para perjudicar su actividad económica en el territorio de la antigua Unión. 
Lamentablemente, los diez países se ven afectados. 
Cerrar el mercado común a esos empresarios implica actuar en detrimento de los nuevos países. 
También en detrimento de la integración, porque deteriora el nivel de confianza de los ciudadanos de Europa en el proceso de integración. 
Pero, lo que es más importante, va en detrimento del bienestar de Europa. 
Todos tenemos en mente el conflicto por los impuestos y la política social. 
No apoyaremos el punto de vista socialista de que la competencia entre sistemas sociales o fiscales equivale al dúmping y perjudica al bienestar de los europeos. 
O bien adoptamos un planteamiento pluralista respecto a la fiscalidad y la política social en Europa, o bien perderemos terreno respecto a socios comerciales situados más lejos que los nuevos países. 
Me refiero a China e India. 
Podemos decidir mantener alejados a los empresarios polacos y de otros países, pero hay que recordar que ello hará que Europa se sumerja aún más en el lodo del estancamiento económico. 
En vez de presentar ideas vagas para la armonización de los diversos aspectos de la legislación económica y fiscal, la Comisión Europea debería centrarse en la finalización de la tarea básica que está pendiente desde hace 50 años, es decir lograr el mercado común. 
El telón de acero cayó hace quince años, y los ciudadanos de la Europa del Este esperaban sinceramente convertirse en miembros de pleno derecho, sobre todo después de haber satisfecho determinados criterios económicos. 
¿Cuál es la realidad de hoy? 
El señor Verheugen, junto con muchos otros diputados, ha hablado aquí compasivamente de los problemas ocasionados por los despidos de Alstom, y ha mencionado el destino de 250 empleados. 
Apreciado señor Verheuguen, usted más que nadie debería saber que en Eslovaquia no son cientos, sino miles, los empleados que se han quedado sin trabajo debido a las reformas que hemos llevado a cabo para poder ser miembros de la Unión Europea. 
Para conseguir este objetivo, los eslovacos hicieron grandes sacrificios. 
Creo que nadie lo lamenta y todos nos alegramos cuando hace un año nos convertimos en miembros de pleno derecho. 
Al menos entonces lo veíamos así. 
¿Cuál es la realidad de hoy? 
Creo firmemente que eran los antiguos quince miembros, y no nosotros, quienes no estaban preparados para la ampliación. 
La libre circulación de productos en dirección hacia el Este se ha hecho realidad: hoy nuestras tiendas son tan bonitas como las suyas, y esto está bien; los eslovacos ya no necesitamos ir a Occidente para comprar productos exclusivos. 
¿Pero cómo están las cosas en cuanto a la libre circulación de personas? 
Aunque la discriminación basada en la nacionalidad está prohibida, habría que dar preferencia y ofrecer empleo a los trabajadores de los nuevos Estados miembros frente a los trabajadores de terceros países. 
A excepción de tres países, todos los demás han impuesto disposiciones transitorias que van de 2 a 7 años, con opción a reconsiderar el tema después y, en consecuencia, esos períodos incluso se podrían ampliar. 
Eso aumenta aún más la incertidumbre de los empleados. 
Sabemos perfectamente que, si están en Occidente, nuestros ciudadanos – miembros muy cualificados de la generación más joven, educados y multilingües – ganan salarios más altos, pero en condiciones sociales humanamente indignas. 
Eso es lo que le pido: por favor, preste también atención a eso. 
. Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que tanto los trabajadores como las empresas de los nuevos Estados miembros son víctimas de la discriminación. 
Esta discriminación empieza con la forma como actúan las empresas de los antiguos Estados miembros y otros países desarrollados, como si nunca hubieran oído hablar de la legislación laboral cuando trabajan en países de Europa Central. 
Algunos supermercados checos, por ejemplo, son conocidos por las condiciones laborales medievales de sus cajeras, y normalmente la gente recibe el despido durante el período de prueba de tres meses. 
Hay muchos otros casos de abusos de este tipo, y vale la pena mencionar la prohibición de los sindicatos que, por supuesto, no es oficial y no está escrita en ninguna parte. 
Las cadenas de tiendas comerciales también adoptan actitudes típicamente coloniales hacia sus proveedores, y ya se han criticado en varias ocasiones los largos períodos de pago, los gastos por publicidad, los honorarios de estantería y los precios extremadamente bajos que imponen. 
Estas prácticas son comunes en los países de la Europa Central y del Este, y también es normal que se asigne poco espacio a los productos de los proveedores locales, que se les exijan depósitos monetarios antes de empezar a suministrar los productos, y que tengan que suministrar productos a cualquier hora del día, siete días a la semana. 
Por lo tanto quedan muchos problemas por resolver en relación con las condiciones de trabajo en los nuevos Estados miembros. 
Pero al mismo tiempo los trabajadores de los nuevos Estados miembros encuentran extremadamente difícil que se les reconozcan sus cualificaciones cuando llegan a los antiguos Estados miembros, a pesar de que hay acuerdos internacionales sobre este tema. 
Las enfermeras cualificadas de la República Checa y de Eslovaquia suelen trabajar como enfermeras en prácticas en los antiguos Estados miembros, y cobran en consecuencia, aunque estén más que cualificadas para estos trabajos. 
De la misma forma, es raro que nuestros obreros cualificados hayan pasado alguna prueba reconocida por el Estado, y esto significa que están clasificados como trabajadores no cualificados en cuanto a sus salarios, independientemente del trabajo que hagan. 
Así ocurre en el sector de la construcción. 
El reconocimiento de las cualificaciones universitarias también es un problema importante y la legislación actual deja mucho que desear al respecto. 
Por ejemplo, las tres leyes vigentes en la República Checa sobre este tema están lejos de ser perfectas. 
Ya es hora de que se haga algo sobre este estado de cosas y, por lo tanto, pido a la Comisión Europea y al señor Verheugen que presenten una propuesta sobre las medidas legislativas adecuadas. 
Gracias por su atención. 
(Gracias. 
En esta Cámara el Presidente Barroso ha resaltado la importancia de la Estrategia de Lisboa y la urgente necesidad de establecer la libre circulación de servicios, una de las últimas características principales del mercado interior de la Unión Europea. 
Por una parte, pues, existe un deseo claro de eliminar barreras para conseguir el mejor funcionamiento posible del mercado interior, mientras que, por otra parte, nosotros, los nuevos Estados miembros, hemos observado que nuestras empresas no suelen tener una igualdad de oportunidades. 
Por ejemplo, hay restricciones para la empresa corporativa en el mercado interior en el área de la producción y la instalación de maquinaria y equipos, en el área de las construcciones de metal, la construcción de obra, la decoración, el procesado de piedra natural, etc. 
Comisario, usted ha dicho que conoce las dificultades de los nuevos Estados miembros. 
Pero hoy no hablamos de esas dificultades, sino más bien de las dificultades de los antiguos Estados miembros. 
Ha dicho que la Comisión tomará medidas contra las infracciones. 
Por supuesto nos gustará saber cuándo va a ocurrir eso, y cuáles serán los resultados de esas medidas. 
El alcance de la conducta discriminatoria es evidentemente muy amplio, mientras que la eficacia de quienes deberían asegurar la adhesión al acervo comunitario es pobre. 
Tengo la sensación, Comisario, de que los nuevos Estados miembros de la Unión Europea estaban mucho más preparados para la adhesión a la UE y para su ampliación que las instituciones europeas. 
Me gustará oír su opinión al respecto. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitándole con afecto por su elección y por su primera aparición como vicepresidente. 
Comisario, el resultado del debate de hoy no podría haber llegado en mejor momento para los muchos empresarios y ciudadanos que creen que todo el mundo tiene los mismos derechos en la UE ampliada, y que quieren vender su activo más valioso, es decir su propia mano de obra en los antiguos Estados miembros. 
Sin embargo, hay muchas personas que ya no quieren trabajar en la Unión Europea. 
Estas personas ya lo han intentado, pero han sido discriminadas, y han tenido que enfrentarse con Gobiernos y autoridades locales que infringen la ley. 
Esas infracciones adoptan la forma de controles excesivamente entusiastas, a menudo con perros y policías, o arrestos durante los que se les marcan las manos y les esposan. 
Es una violación de sus derechos personales. 
Esas empresas y personas nunca van a querer volver a trabajar o prestar sus servicios en los antiguos Estados miembros. 
¿Es así como tiene que ser el mercado de los servicios y la mano de obra en la Europa unida? 
Como representantes de nuestros electores, tenemos el deber de defender sus derechos en la UE. 
No he escuchado ni un solo caso de personas que hayan sido tratadas de esta forma en Polonia, aunque hay miles de empresas extranjeras trabajando en ese país, y una gran parte de la industria y la mayoría de los bancos están controlados por capital extranjero. 
Las organizaciones polacas, los empresarios, los ministros y las embajadas reciben regularmente información sobre casos en los que las empresas y los ciudadanos polacos que prestan servicios como subcontratistas en empresas europeas han sido objeto de discriminación. 
El caso de la empresa Apola, con sede en Poznan, es un ejemplo importante de dicha discriminación, y uno de los muchos que han llegado a mi conocimiento. 
Los empleados y los representantes de la compañía fueron intimidados, arrestados y perseguidos por la policía francesa y las autoridades de la región de Gard. 
En muchos casos, esta conducta se deriva del hecho de que los funcionarios son humanos, o más bien inhumanos, y no conocen suficientemente bien las normas. 
No guardamos ningún rencor general contra los países o los Gobiernos en este sentido, pero el tema debería debatirse en esta Cámara, y por este motivo el debate de hoy debe ir acompañado de una resolución en la que se condenen esas violaciones de la ley. 
Finalmente, quiero resaltar un caso más de discriminación basada en la nacionalidad. 
Se refiere a los nuevos requisitos impuestos por la Comisión Europea, que solo se aplican a las enfermeras y comadronas polacas. 
Resulta que ahora tienen que haber trabajado como mínimo cinco de siete años para obtener un certificado que confirme su cualificación, sin el cual no pueden trabajar como enfermeras o comadronas en la UE. 
Los ciudadanos de los demás 24 Estados miembros solo tienen que haber trabajado tres de cinco años. 
Además de privar a esas enfermeras y comadronas de la oportunidad de trabajar y de sus derechos adquiridos, esos requisitos, que están consagrados en la legislación europea, son un insulto para su dignidad profesional. 
Durante varias semanas he estado esperando una respuesta de la Comisión sobre este tema, y varios cientos de miles de enfermeras y comadronas esperan una respuesta a la petición que presentaron al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, la economía de la UE se encuentra en una mala situación; la economía francesa y alemana son las más afectadas, y parece ser que más o menos todo el mundo tiene la culpa de este estado de cosas. 
Los Estados Unidos tienen la culpa por el tipo de cambio del dólar excesivamente bajo, el Lejano Oriente por utilizar esclavos como mano de obra, y los nuevos Estados miembros por intentar una política económica competitiva y realmente sana. 
Incluso se han inventado nuevas palabras que son ejemplos clásicos de la jerga orwelliana. 
Para reiterar el comentario del seńor Szymanski, por ejemplo, se utiliza la palabra dúmping con todas sus connotaciones negativas en vez de hablar tan solo de competencia económica sana. 
Aunque el proyecto de Directiva Bolkestein tenía muchos méritos, todos los defensores de lo que se conoce como «economía social» se sintieron agraviados cuando se presentó. 
Tan solo hicieron falta unos murmullos enojados procedentes de París y Berlín para que este excelente proyecto de directiva fuera rechazado. 
Por supuesto, hay otros planteamientos posibles, y uno de ellos es la discriminación. 
De hecho es mucho más evidente, como han observado los anteriores oradores, que han presentado una larga lista de personas y empresas que la han sufrido. 
El Comisario Verheugen es muy admirado en Polonia, y eso es algo que quiero resaltar, pero me deja atónito con su afirmación de que tan solo ha recibido una queja referente a un país. 
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Peticiones, he redactado una larga lista de casos de discriminación, y la he presentado al Comisario Verheugen, a la Presidencia neerlandesa y al Comisario Bolkestein. 
Considero lamentable que los comisarios sean incapaces de intercambiar dicha información entre ellos. 
Si el Comisario Verrheugen, que es extremadamente popular en Polonia, como ya he dicho, dice que no sabe nada del tema, entonces ya no sé qué decir. 
Si no tiene lugar ningún intercambio de información dentro de la Comisión ¿a quién tenemos que presentar esta información? 
La Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pretendían convertir la economía de la UE en la economía líder mundial, pero no lo han conseguido. 
Ahora escuchamos declaraciones enigmáticas donde se dice que el objetivo es simplemente convertir la economía de la UE en una de las principales economías mundiales, aunque existe una diferencia fundamental entre los dos objetivos. 
Esta Cámara ha escuchado muchas quejas sobre el cierre de la planta de celofán de Bridgwater en el Reino Unido, cuya producción se está trasladando a Kansas. 
Esta es la opción que tenemos, Señorías: o bien permiten a las empresas trasladar su producción a Polonia, a la República Checa o a Eslovaquia, o bien se trasladarán a Kansas o al Lejano Oriente. 
La solidaridad interna y la competencia externa tenían que ser los cimientos sobre los que se iba a construir Europa. 
No se ha conseguido ni la una ni la otra, y lo considero lamentable. 
Como dice un refrán de los indios americanos, si descubres que tu montura es una yegua vieja en vez de un, debes desmontar inmediatamente. 
Les insto a que dejen de montar una yegua vieja en forma de economía social ineficiente de la Unión Europea, con Francia y Alemania indicando el camino con ineficiencia. 
Señor Presidente, Señorías, en la actualidad existen dos Europas, una UE antigua y de clase alta, y una UE nueva de clase baja. 
La primera es desconsiderada, corta de miras y da muy poco valor a la competitividad. 
En otras palabras, está cortando la rama en la que se asienta. 
La segunda podría haber recibido una invitación oficial para cenar en la mesa de la UE, pero en realidad está siendo discriminada. 
Si su objetivo es enfrentar a esas dos Europas, una contra otra, deben seguir el curso de acción que han iniciado. 
Siento curiosidad por ver el resultado de los referendos constitucionales en la República Checa y Polonia. 
No tiene nada que ver, les oigo decir. 
Oficialmente no, pero ¿cómo pretenden persuadir a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la UE de que no tiene nada que ver? 
Están pidiendo a los parientes más jóvenes de la UE que apoyen la Constitución para una Europa unida, y a la vez les advierten de que se mantengan alejados del mercado de la UE unida. 
Es una actitud muy corta de miras, y aquellos países, Gobiernos, sociedades y empresas que la subscriben están fomentando el euroescepticismo en Europa. 
En vez de eliminar las antiguas divisiones, están creando otras nuevas. 
Ni siquiera podemos consolarnos con la idea de que son unos países o unos sectores determinados los que se comportan con egoísmo, porque es la misma estupidez a que estamos acostumbrados, con todas sus desastrosas consecuencias tanto en términos políticos como económicos. 
Es un curso de acción muy poco prudente, entre otras cosas, para los consumidores de los antiguos Estados miembros de la UE. 
Señorías, ya es hora de que sentemos la cabeza. 
Señor Presidente, como hemos escuchado hoy en esta Cámara, hay bastantes ejemplos de que aún es más fácil que un martillo cruce el Báltico, pongamos por caso, que un carpintero lo acompañe y clave el clavo. 
Por lo tanto, me complace el proyecto de Directiva sobre servicios gracias a la cual pronto podremos hablar de cuatro libertades –libertad de circulación de productos, de servicios, de personas y también de capitales, y no, como ahora, de solo tres. 
Con el Tratado actual, varias de las cosas que, por ejemplo, ocurren en mi propio país, Suecia, como la discriminación expresa y aprobada por el Estado contra personas de los nuevos Estados miembros, son completamente inaceptables. 
Permítanme que les ponga un ejemplo muy breve pero por desgracia estremecedor y lejos de ser el único, sobre la forma como los sindicatos y las autoridades a la vez niegan el acceso de los nuevos Estados miembros de la UE al mercado interior. 
El caso sueco empezó con una autoridad local que tenía que construir una escuela y, dado que cumplieron las normas europeas del concurso público, se contrató a una empresa de construcción letona (LP-Bygg). 
Pronto acudió el sindicato de los trabajadores de la construcción, y bloqueó el acceso a la obra, interrumpiendo el trabajo, llevando pancartas y gritando «Iros a casa, iros a casa». 
Según ellos, el motivo era que la empresa letona era responsable de firmar un convenio colectivo específicamente sueco y que el letón no era válido, a pesar de que pagaba mejor que el sueco. 
Se había tomado la decisión: los letones tenían que irse. 
La empresa recurrió a las autoridades, y el Tribunal del Mercado Laboral, donde el sindicato tiene su sede, obviamente adoptó una postura favorable al sindicato. 
Nuestro Ministro de Empleo – y hasta hace poco dirigente del movimiento sindical – también adoptó una postura favorable al sindicato. 
Y en momentos como ese me avergüenzo de ser sueco. 
Hace exactamente una semana, la empresa letona se vio obligada a presentar una solicitud de quiebra. 
Como consecuencia, ahora tenemos niños sin escuela, contribuyentes con impuestos adicionales y letones sin empleo. 
Todo ello para que el cártel del mercado laboral sueco pueda seguir funcionando. 
Reforzado por sus éxitos ahora el sindicato, con el apoyo del Gobierno, lleva a cabo una campaña por todo el país exigiendo que todas las personas que «no tengan aspecto de sueco normal lleven tarjetas de identificación claras». 
Es inaceptable y me pregunto qué tiene intención de hacer la Comisión para detener la ola de racismo y proteccionismo que está invadiendo Europa. 
Señorías, en muchas ocasiones anteriores se ha hecho referencia en esta Cámara a los problemas relacionados con la discriminación de trabajadores y empresas de los nuevos Estados miembros en el mercado interior de la UE. 
Yo misma llamé la atención de la Cámara sobre el tema hace siete meses, pero lamento decir que nada ha cambiado desde entonces. 
Por este motivo hemos escuchado a tantos diputados de los nuevos Estados miembros hablar hoy de nuevo de flagrantes violaciones de la legislación de la UE en este sentido. 
Además de los denominados períodos transitorios que se impusieron a los 10 nuevos Estados miembros, los antiguos Estados miembros imponen cada vez más obstáculos legales y administrativos en nuestro camino. 
Estas prácticas limitan la libertad de establecimiento y la libertad de prestar servicios, y a ambas tiene derecho cualquier entidad que esté legalmente registrada en la Unión Europea y ambas se enmarcan en el Tratado. 
Existen pruebas de muchísimos casos de disposiciones discriminatorias, contrarias a la legislación de la UE, incluidas en la legislación nacional de los antiguos Estados miembros. 
La ferviente oposición expresada por países como Francia, Bélgica y Alemania durante los debates sobre la liberalización de los servicios, como se detalla en la Directiva Bolkestein, es una prueba más de los intentos de discriminar a las empresas de los nuevos Estados miembros. 
Me parece asombroso que unos países que aceptaron la ampliación de la Unión Europea y la integración con los países de la Europa del Este y Central, sabiendo que el objetivo de esta integración era crear una unidad socioeconómica única y poderosa, ahora se opongan a los esfuerzos por conseguir este objetivo. 
Ese no es el tipo de UE a favor del cual votamos en los referendos celebrados antes de la ampliación de este año. 
Por lo tanto, pido a la Comisión Europea que tome medidas y dé a conocer su opinión sobre el tema, y también que haga lo necesario para detener esas prácticas discriminatorias contra los nuevos Estados miembros. 
. Señor Presidente, Señorías, permítanme reiterar que la Comisión ha recibido quejas oficiales solo en relación con un único Estado miembro. 
La Comisión no puede tomar medidas basándose en rumores procedentes de aquí o de allí; si hay que actuar, hay que presentar quejas formales. 
Todos los diputados de esta Cámara conocen estas normas. 
Y a aquellos diputados que hoy han hablado de cientos de casos de discriminación, lo único que puedo decirles es que deberían aconsejar a quienes creen que han sido discriminados que presenten una queja formal. 
La Comisión hará un seguimiento de todos los casos concretos, como es su obligación. 
Y sinceramente les pido que no lancen acusaciones contra mí por el hecho de que la Comisión no haya tenido en cuenta ninguna otra queja aparte de la que se ha presentado contra ese único Estado miembro. 
Les pido que no duden de la veracidad de lo que les digo. 
Si les digo que hemos recibido quejas dirigidas a un único país, es porque esa es la verdad. 
Comprueben, pues, que quienes crean que han sido discriminados acudan a los canales adecuados, y entonces se tomarán medidas. 
La Comisión ya ha tomado las medidas necesarias para con este Estado miembro contra el que se ha presentado una queja. 
No he dicho que haríamos algo; ya lo hemos hecho, y el resultado final es que los problemas en cuestión se están resolviendo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe presentado por el señor Krahmer en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (COM (2004) 0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053 (COD) ) (A6-0004/2005) 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión agradece al señor Krahmer su informe y el poco habitual y considerable compromiso personal para con la primera lectura de la directiva sobre reciclado. 
Quiero empezar recordando que el proyecto de directiva se basa en las disposiciones de la directiva sobre vehículos al final de su vida útil que esta Cámara y el Consejo adoptaron en septiembre de 2000 y que contiene objetivos muy ambiciosos que la industria del reciclado y la reutilización deben cumplir para 2015. 
Si queremos asegurar que se cumplan esos objetivos, los fabricantes de coches también tendrán que cooperar, por lo que les pedimos que construyan coches cuyos componentes sean más fáciles de reciclar y reutilizar, ya desde el mismo momento en que salen de la línea de producción. 
Muchas de las enmiendas propuestas son importantes en términos de política. 
La más importante tiene que ver con la prohibición del uso de metales pesados. 
El informe incluye una cláusula en la que se obliga a comprobar que el fabricante no haya utilizado ninguno de los metales pesados prohibidos por la directiva sobre vehículos al final de su vida útil. 
Es una iniciativa que la Comisión agradece, porque hace posible aplicar sistemática y uniformemente las disposiciones de la directiva sobre vehículos al final de su vida útil, en vez de dejar que los Estados miembros aprueben leyes nacionales que podrían diferir unas de otras. 
Así eliminamos las interferencias con un funcionamiento sin conflictos del mercado interior. 
Aunque las fechas para las que la directiva tenía que estar en práctica, un elemento clave de la misma, presentaban muchas dificultades, también resultó ser un tema que al final se pudo resolver. 
Ahora se propone que la directiva se aplique en dos fases, y la Comisión no solo apoya esta propuesta sino también las simplificaciones administrativas que la Cámara ha propuesto; quizás todo ello se podría resumir diciendo que la Comisión apoya sin reservas las enmiendas presentadas por el Parlamento y espera que este texto se adopte sin demora. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera agradecer a los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a los ponentes en la sombra, en particular, la buena y constructiva cooperación que hemos mantenido. 
Cada año salen unos quince millones de vehículos de motor de las líneas de producción de la Unión Europea y el sector automovilístico es uno de los más importantes de Europa, crea puestos de trabajo, fomenta la innovación y es fundamental desde el punto de vista de nuestra competitividad. 
Sin embargo, los automóviles también generan desechos y este es el aspecto que se debate esta noche. 
En Europa se desguazan diez millones de vehículos anuales. 
El hecho de que sus partes se puedan reutilizar y reciclar en considerable medida contribuye a que no formen altas pilas de chatarra como ocurría en otro tiempo y no afeen tanto el paisaje. 
El objetivo de la directiva sobre la homologación del tipo de los vehículos de motor es establecer disposiciones que permitan que los automóviles y vehículos comerciales ligeros se fabriquen de manera que cumplan las cuotas mínimas en materia de reutilización, reciclado y revalorización establecidas en la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
Dicha Directiva impuso unos objetivos obligatorios a los fabricantes. 
A partir de 2006, un 85 % de la masa de un vehículo como mínimo –y un 95 % como mínimo a partir de 2015– debe ser recuperable y apta para ser reutilizada o reciclada. 
Son metas muy ambiciosas –sobre todo la del 95 % a partir de 2015–, ya que supondrían que los vehículos del futuro apenas generarían desechos. 
Que esta meta se alcance no dependerá solo de que los fabricantes utilicen determinados materiales, sino también y principalmente del ulterior desarrollo de la tecnología de reciclado y de cómo se defina la aptitud para el reciclado. 
En cualquier caso, es indiscutible que la aptitud para el reciclado de los automóviles y la posibilidad de evitar la generación de desechos son objetivos importantes para las políticas medioambientales europeas. 
Aun así, resulta asombroso que los automóviles contribuyan solo en un 1% al total de residuos generados en la Unión. 
La Unión Europea ha realizado una tarea particularmente destacable en lo que respecta a la minimización de los desechos, no solo los procedentes de los embalajes, chatarra electrónica y pilas, sino también en el caso de los vehículos usados. 
Permítanme que me concentre en los aspectos fundamentales. 
Aunque la Comisión presentó una propuesta de directiva muy respetable, el Parlamento se vio en la necesidad de introducir una serie de mejoras. 
Tras la votación en comisión y un diálogo a tres bandas que culminó con éxito, hemos alcanzado un compromiso con respecto a un paquete de medidas que cuenta con el respaldo de los tres grupos principales de la Asamblea. 
En mi calidad de ponente debutante, lo considero un gran logro. 
Las enmiendas comunes, que se votarán mañana, tienen como finalidad principal mejorar la aplicación de la directiva, sin poner en entredicho la consecución de los objetivos en materia de reciclado, tan importantes desde el punto de vista de la política medioambiental. 
Se trata de que la homologación del tipo resulte factible desde la perspectiva de las autoridades competentes de los Estados miembros y de los fabricantes, y que comporte los mínimos costes posibles. 
Las enmiendas también toman en consideración aspectos importantes de las mejores prácticas en materia de homologación de tipos. 
En mi calidad de ponente, desde el primer momento me preocupó especialmente mantener la distinción entre la evaluación de los nuevos tipos y de los nuevos modelos. 
Los nuevos modelos se definen como automóviles que ya se comercializan en la Unión –actualmente existen unos 600–, mientras que los nuevos tipos son automóviles que saldrán al mercado en el futuro, alrededor de un centenar cada año. 
El propósito es dar prioridad a la evaluación de los nuevos tipos. 
Ni las autoridades ni los fabricantes podrían cumplir lo previsto en la propuesta originaria de la Comisión, esto es, evaluar todos los modelos existentes en la Unión en un plazo de 36 meses a partir de la entrada en vigor de la directiva. 
Se debe otorgar prioridad a la evaluación de los nuevos tipos con el fin de garantizar que todos los que se comercialicen en el futuro en la Unión cumplan los objetivos obligatorios establecidos en la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
En el Parlamento –y con el Consejo– hemos acordado establecer un período de 54 meses, equivalente a la media aritmética entre la propuesta inicial de la Comisión y los 72 meses que por mi parte había propuesto inicialmente y que corresponden al ciclo de vida medio de un automóvil. 
La definición de «vehículo de referencia» es otro aspecto que merece la pena mencionar. 
Constituye una buena práctica y permite evitar malentendidos si la autoridad competente y el fabricante seleccionan de mutuo acuerdo el tipo en cuestión. 
Se designa como «vehículo de referencia» el que resulte más problemático desde el punto de vista de su reutilización, reciclado y valorización. 
En cuanto a la prohibición de los metales pesados, me alegra poder anunciar que hemos conseguido llegar al acuerdo de que dicha prohibición se incluya en el apartado de la evaluación preliminar y no en el de la homologación del tipo, donde está fuera de lugar. 
En cualquier caso, por mi parte considero que la Comisión tenía buenos motivos para evitar prohibir los metales pesados en su propuesta originaria, dado que muchos otros textos legislativos ya los prohíben. 
Tuvimos un problema con una enmienda del Consejo, que nos llegó cuando estábamos a punto de dar por cerrada la partida, por decirlo así, y que estaba encaminada a introducir el procedimiento de comitología por otra puerta trasera. 
El Parlamento luchó para conseguir que las modificaciones de la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil tuviesen carácter legislativo y no de normas de aplicación y, por consiguiente, no podíamos aceptar que se pudiesen introducir modificaciones técnicas en dicha Directiva sin remitirlas a esta Asamblea. 
Me complace que el Consejo y la Comisión se avinieran finalmente a ello en el curso del diálogo a tres bandas. 
Es un paso en la dirección adecuada, en el sentido de una mayor democracia y transparencia en el proceso de elaboración de la legislación europea. 
Para acabar, permítanme que vuelva a retomar el tema de la reglamentación. 
Los automóviles están extraordinariamente reglamentados en la Unión Europea. 
Cuando se adoptan medidas legislativas, siempre se debe tener en cuenta que estas se aplicarán en lugares muy alejados de Bruselas y Estrasburgo. 
Tenemos que tomar en consideración a las empresas a las que, en último término, van a afectar. 
Señor Comisario Verheugen, ahora me dirijo personalmente a usted. 
Acojo con particular satisfacción su iniciativa en lo que respecta a la evaluación del impacto de la legislación y me complace que haya reencontrado sus raíces liberales en su calidad de Comisario de Industria. 
Es importante que en el futuro se verifiquen las repercusiones sobre la competitividad de las nuevas directivas y reglamentos, en particular los relativos a la protección del medio ambiente y de los consumidores. 
Es necesario examinar las directivas existentes a fin de hacer posible su rápida aplicación en los Estados miembros. 
Sin embargo, cuando se contemplen futuras normas, es prioritario asegurarse de que contribuyan efectivamente a la protección del medio ambiente y no a aumentar la burocracia. 
Muchas gracias, señor Comisario, por sus amables palabras. 
. Señor Presidente, Comisario, Señorías, veo que la presencia del Presidente en ejercicio del Consejo hace que el equipo de los diputados al Parlamento Europeo tengan un hombre más que el de la Comisión. 
Esto es en todo caso bastante sorprendente en una noche como esta. 
El señor Krahmer ha presentado su informe de manera muy clara y detallada, y no es mi intención volver a hacer un repaso pormenorizado del mismo. 
Solo quisiera destacar que el informe al que ahora vamos a dar curso es, finalmente, una obra conjunta gracias a las modificaciones introducidas pues, como ya le indicamos al señor Krahmer, las conversaciones con el Consejo y la Comisión culminaron en un acuerdo gracias a las enmiendas, que en esencia constituyen el núcleo central del informe. 
Estoy seguro de que una gran mayoría lo va a apoyar mañana, puesto que cuenta con el respaldo de los tres grupos principales. 
La directiva se basa en la Directiva relativa a los vehículos usados y tiene un efecto preventivo, toda vez que permite que la industria automovilística garantice la futura aptitud para el reciclado. 
Representa un enorme triunfo que el 95% de un vehículo sea apto para el reciclado o la reutilización y un salto cuántico cuando se recuerdan los primeros debates que mantuvimos a principios de la década de 1990. 
También agradezco mucho la colaboración de la industria del automóvil en la elaboración de la directiva, pues la comunicación con este sector –de enorme importancia en Europa– es esencial para asegurar la competitividad a largo plazo. 
También tengo la seguridad de que quienes exportan actualmente a Europa desde el Sudeste asiático, así como los fabricantes de China y otros lugares de los que importaremos vehículos en el futuro, se verán obligados a cumplir estas normas y a aplicarlas. 
La aplicación y seguimiento de las medidas preventivas en dichos países no estarán exentos de dificultades, pero transmitirán un mensaje importante sobre el camino que se habrá de seguir para continuar compitiendo con la industria automovilística europea en todos los aspectos. 
. Señor Presidente, mañana vamos a aprobar una propuesta modificada que garantizará que los vehículos de motor estén diseñados de un modo que permita un reciclado adecuado al final de su ciclo de vida. 
La necesidad de tener en cuenta el final del ciclo de vida al diseñar los nuevos vehículos de motor se planteó originariamente a principios de la década de 1990, en los Países Bajos entre otros lugares, mediante la conclusión de acuerdos bilaterales entre los fabricantes y las autoridades. 
Los fabricantes europeos han adquirido una enorme experiencia en materia de reciclado. 
Los fabricantes estiman el coste del reciclado obligatorio en unos 30 euros por vehículo, pero la industria recuperará dichos costes con gran rapidez. 
Los precios de las materias primas están aumentando de manera vertiginosa, principalmente debido a la enorme demanda china. 
El aumento de los costes de las materias primas determina que el reciclado resulte particularmente ventajoso. 
Con esta innovación medioambiental, Europa también adquiere una ventaja frente a sus competidores, dado que ni en Japón ni en los Estados Unidos existen normas relativas al reciclado. 
Nuestro Grupo puede aceptar la propuesta enmendada y en cualquier caso manifiesta su sincero agradecimiento al ponente. 
Les transmito las excusas del ponente en la sombra, que no ha podido estar aquí esta noche. 
Permítanme que aproveche la ocasión para considerar el sector de los vehículos de motor desde una perspectiva más amplia. 
A principios de este año se creó el Grupo de Alto Nivel para la iniciativa CARS 21. Su cometido es formular recomendaciones dirigidas a la industria automovilística europea. 
Estas se refieren sobre todo a la competitividad, pero también a la seguridad y la actuación en materia de protección del medio ambiente. 
Ante todo, quiero manifestar que soy un gran defensor del enfoque sectorial. 
El proceso de Lisboa se debe aplicar a escala de los sectores. 
La Comisión Europea está avanzando en la dirección adecuada con la iniciativa CARS 21, pero me preocupa que la creación del Grupo de Alto Nivel acabe resultando ser solo una operación desreguladora en beneficio de la industria automovilística, de supresión de normas fastidiosas en el ámbito de la protección medioambiental y social bajo el pretexto de mejorar la competitividad. 
Por lo tanto, quisiera instarles a que dirijan la mirada más lejos y manifiesten mayor ambición, pues el medio ambiente y la competitividad no son incompatibles entre sí; al contrario, se refuerzan mutuamente. 
Un sector industrial que mejore constantemente sus resultados medioambientales, mejorará su posición competitiva a escala mundial. 
Estoy convencida de que unos vehículos de motor que no perjudiquen al medio ambiente son esenciales para la viabilidad de la industria automovilística europea. 
Por esto, he tomado la iniciativa de crear un Grupo de Bajo Nivel sobre los Automóviles. Siguiendo el espíritu del objetivo de empleo de Lisboa, la competitividad y un medio ambiente menos contaminado van a ocupar un lugar central para dicho Grupo. 
Junto con otros colegas interesados, me propongo elaborar una serie de recomendaciones con la intención de presentarlas a los comisarios responsables y al Grupo de Alto Nivel en julio. 
¿Qué camino debe seguir la industria automovilística europea? 
El sector automovilístico ha realizado paulatinamente muchos progresos en el ámbito del medio ambiente y la seguridad, pero ¿es ese el camino adecuado para el futuro? 
Creo que en Europa debemos reflexionar conjuntamente sobre el vehículo de motor del futuro. 
Este será, en cualquier caso, más ligero, más pequeño, más económico y más eficiente. 
También será la base de una industria automovilística moderna, competitiva y que no perjudique al medio ambiente. 
El aumento de los precios de las materias primas está haciendo rentable el reciclado y la reutilización de materiales y el progreso tecnológico en este ámbito puede contribuir mucho a situar a la industria automovilística europea en una buena posición competitiva. 
Señor Presidente, por un momento he pensado que me había olvidado. 
Hoy me corresponde el honor de ser el último orador y cerrar esta larga sesión del Parlamento. 
Permítanme que les recuerde que hoy hemos votado –con un resultado favorable, por cierto– sobre Bulgaria y Rumanía, que poseen en ambos casos importantes industrias automovilísticas y se verán afectadas directamente por la directiva que estamos debatiendo. 
La propuesta es de importancia inmediata para la protección medioambiental basada en los productos, dado que la población utiliza los automóviles y vehículos de transporte ligeros casi a diario. 
También quisiera recordar que ya hemos adoptado normas en otros marcos –en particular, como parte de la normativa sobre los gases de escape– cuya aplicación tendrá efectos inmediatos sobre el medio ambiente y pedirle a la Comisión que se ponga manos a la obra pronto, sobre todo en el caso de la norma Euro 5 sobre los gases de escape, a fin de que en Europa también se puedan reducir sus emisiones. 
Me gustaría recordarles el polvo fino que actualmente contamina las ciudades alemanas, en particular, y que está causando una serie de problemas. 
Aunque el enfoque elegido es en principio satisfactorio, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos considera particularmente importantes algunos aspectos. 
Ante todo, es evidente que los requisitos relativos a las piezas que se habrán de utilizar no deben entrañar ningún riesgo para la población, dentro de la cual se incluyen tanto los conductores como los peatones. 
Por consiguiente, los materiales que se utilicen deberán ser reciclables y a la vez seguros, de lo cual evidentemente también se desprende que es necesario intensificar la investigación sobre materiales en Europa si queremos mantener nuestra posición puntera en el mercado mundial. 
En segundo lugar, los procedimientos y las normas deben ser claros, transparentes y aplicables. 
Lo cual significa que las autoridades y los fabricantes de automóviles deben celebrar consultas para decidir el vehículo que se considerará representativo por ser el que mayores problemas plantee desde el punto de vista de la contaminación. 
No tiene sentido y sin duda también generaría una burocracia excesiva repetir todas las pruebas en vehículos con solo algunas características adicionales. 
Los plazos deben ser ambiciosos pero, evidentemente, también realistas, pues tendría escaso sentido exigir demasiadas modificaciones en los modelos existentes que ya se aproximan al final de su ciclo de vida económica. 
Es una forma de proteger el medio ambiente razonable y que puede beneficiar tanto a la población como a la industria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Agradezco la participación de todos los oradores y del Vicepresidente de la Comisión. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0036/2005- B6-0168/2005) formulada por el señor Sifunakis sobre la lucha contra el dopaje en el deporte. 
, – Señor Presidente, Señorías, la pregunta oral de hoy y la propuesta de resolución asociada de la Comisión de Cultura y Educación sobre la lucha contra el dopaje en el deporte son consecuencia lógica de los muchos esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo. 
Solo les quiero recordar que la primera iniciativa del Parlamento Europeo sobre el dopaje fue la resolución de 7 de septiembre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión acerca de un plan de apoyo comunitario para combatir el dopaje en el deporte, y que la última gran iniciativa fue la audiencia pública organizada por nuestra Comisión el pasado noviembre, titulada «El dopaje: un obstáculo al ideal del atletismo» , donde expusieron sus puntos de vista numerosos expertos invitados. 
Esta audiencia pública se celebró después de los Juegos Olímpicos de Atenas, que demostraron una vez más que el dopaje en el deporte continúa siendo un fenómeno real y cada vez más grave. 
Vale la pena señalar que hubo 22 casos de atletas que dieron positivo en los controles de dopaje de los Juegos de Atenas, el doble que en Sidney. 
La pregunta oral de hoy, asociada a la propuesta de resolución, es el resultado de esas iniciativas anteriores y de la grave preocupación de nuestra Comisión por las proporciones que está alcanzando el dopaje hoy en día en el afán de aumentar el rendimiento deportivo. 
Es un problema de doble vertiente. 
Por un lado, el dopaje es contrario a los ideales del atletismo propuestos por la Carta Olímpica sobre el deporte. 
El espíritu de amistad, solidaridad y deportividad (en otras palabras, todos los valores que han hecho del deporte una actividad social, cultural y educativa) son sin duda irreconciliables con el dopaje, cuya finalidad es el engaño y la consecución de riqueza y de quince minutos de fama. 
Por otro lado, el dopaje es peligroso para la salud de los atletas que hacen uso de las sustancias prohibidas, a menudo conociendo los peligros que encierran. 
A este respecto quiero comentar el hecho particular de que las sustancias químicas no solo son usadas por atletas profesionales, sino también por un gran número de aficionados. 
Según un estudio reciente de la Comisión Europea, el 6 % de los jóvenes que entrenan en gimnasios, es decir, más de cuatro millones de jóvenes, usan sustancias «farmacéuticas» en el afán, por supuesto, de mejorar su rendimiento. 
Creemos que la acción coordinada de los Estados miembros es fundamental para el desarrollo de métodos comunes de control y certificación del uso de las llamadas sustancias «farmacéuticas». 
También hay que tener en cuenta el hecho de que muchas de esas sustancias se venden asimismo por Internet. 
Sería igualmente aconsejable que los preparados generalmente disponibles llevaran etiquetas con la declaración de que se trata de sustancias anabolizantes. 
Creo que todos estamos de acuerdo en estas cuestiones. 
Compartimos la convicción de que hacen falta medidas específicas para combatir este grave fenómeno. 
En consecuencia: 
-teniendo en cuenta que el dopaje es básicamente un problema de salud pública; 
-habida cuenta igualmente del hecho de que el Tratado Constitucional aporta un fundamento jurídico adecuado para establecer y ejecutar medidas comunitarias; 
-y dado que según un estudio del Eurobarómetro, cuatro de cada cinco ciudadanos creen que la Unión Europea debe actuar contra el dopaje, 
· pedimos a la Comisión que nos explique las iniciativas que tiene previsto tomar hoy para combatir el dopaje en el deporte. 
· ¿Cómo piensa informar a la opinión pública europea, especialmente a los jóvenes deportistas aficionados, sobre los graves peligros que entraña el uso de sustancias farmacéuticas prohibidas? 
· ¿Cómo pretende señalar esos peligros, especialmente en cooperación con los Estados miembros, mediante la educación, habida cuenta de que la creciente conciencia entre los jóvenes, que son el colectivo más vulnerable, comienza en la escuela? 
· ¿Tiene previsto la Comisión financiar, en el seno del VII Programa Marco, proyectos de investigación encaminados a diseñar nuevos métodos efectivos de detección del consumo de sustancias farmacéuticas prohibidas? 
· Por último, ¿cómo piensa cooperar con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) , el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud, así como con los Estados miembros, a fin de garantizar el éxito de las medidas necesarias? 
Señorías, señor Comisario, hoy pedimos a la Comisión Europea que tome medidas inmediatas para asegurar una rápida mejoría de la situación actual. 
. 
Señor Presidente, el Comisario Figeľ me ha pedido que le represente aquí esta mañana. Lamenta mucho no poder estar aquí en persona. 
Permítanme comenzar diciendo que la lucha contra el dopaje sigue preocupando mucho a la Comisión y que estamos decididos a hacer frente a esa cuestión. 
La Comisión se ha tomado esta tarea muy en serio y ha promovido iniciativas dentro de sus áreas de responsabilidad. 
Sin embargo, está claro que el Tratado de la Comunidad Europea no prevé la armonización en esta área específica y, por lo tanto, nuestras acciones deberán guiarse por el marco legal dentro del que operamos. 
En esta difícil tarea, agradecemos al Parlamento Europeo su constante apoyo y, en particular, a su Comisión de Cultura y Educación, que ha venido siguiendo esta cuestión muy de cerca. 
El dopaje lleva algún tiempo en la agenda de la Comisión. 
En 1998 el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar un plan de apoyo comunitario para combatir el dopaje en el deporte. 
El plan de apoyo sirvió de base para proyectos piloto relativos a la lucha contra el dopaje, durante un período de dos años, entre 2000 y 2002. 
Aproximadamente la mitad de esos proyectos se referían a la investigación y la otra mitad a la información y educación. 
El Parlamento Europeo apoyó activamente este plan. 
Tres de los proyectos piloto se referían a la Agencia Mundial Antidopaje. 
Una evaluación externa, llevada a cabo por una consultoría independiente, emitió una opinión favorable acerca del tipo de acciones emprendidas. 
Los proyectos piloto fueron un ejercicio de creación de redes positivo y prometedor para todos los participantes. 
En segundo lugar, aparte de cofinanciar proyectos piloto, la Comisión financió tres estudios sobre cuestiones relacionadas con el dopaje. 
En tercer lugar, la Comisión mantiene un contacto estrecho con organizaciones internacionales en este campo, en particular con el Consejo de Europa. 
Además de estas acciones, la Dirección General de Investigación también ha realizado un importante trabajo. 
A la Comisión le complace comprobar que el Parlamento continúa teniendo un gran interés en este tema. 
Por ejemplo, la audiencia del 29 de noviembre de 2004, organizada por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, fue un importante acontecimiento en el que representantes del mundo del deporte realizaron declaraciones esperanzadoras. 
En la audiencia, el señor Figeľ señaló que, siempre que se pudiera disponer de los fondos apropiados, se podrían prever acciones en tres campos: investigación, información y educación. 
Estas propuestas serían una secuela natural del trabajo realizado por la Comisión en 2000-2002. 
Este es el camino a seguir, dada la ausencia de un fundamento jurídico específico para combatir el dopaje en el deporte. 
Sería prematuro presentar más propuestas concretas en el entorno actual, dado que estas propuestas dependen de la situación presupuestaria. 
Si se ratifica el Tratado Constitucional, la Comisión tendrá una base –el nuevo artículo III-282– sobre la que desarrollar la dimensión europea en el ámbito del deporte. 
En particular, nos permitiría promover iniciativas relativas a la integridad moral y física de los jóvenes deportistas. 
Sin embargo, es importante preparar minuciosamente la aplicación de esta nueva disposición. 
La Comisión mantiene el compromiso de trabajar estrechamente con todas las partes interesadas, con el fin de hacer frente a este desafío. 
¿Qué se puede hacer para realizar el trabajo preparatorio de cara a la entrada en vigor definitiva de la Constitución? 
Para responder a esto, permítanme retomar los comentarios realizados por el señor Figeľ en la audiencia del 29 de noviembre de 2004. 
El primer comentario del señor Figeľ se refería a acciones en el ámbito de la educación. 
En este terreno ya sería posible realizar sustanciales contribuciones sobre la base de ámbitos de los que la Comunidad es actualmente responsable. 
Alrededor de la mitad de los proyectos piloto contra el dopaje que recibieron fondos comunitarios entre 2000 y 2002 estaban basados en la educación. 
Actualmente estamos analizando la posibilidad de integrar cuestiones relacionadas con el dopaje en las actividades de la Comisión en el ámbito de la educación. 
El segundo comentario se refería a acciones en el ámbito de la información. 
De hecho, de los tres estudios sobre dopaje realizados en 2000-2001, uno analizaba las posibilidades de una campaña paneuropea contra el dopaje. 
Se basaba en la experiencia de campañas de esta naturaleza realizadas en algunos Estados miembros. 
Por lo tanto, ya disponemos de un importante trabajo preparatorio. 
No obstante, cabe señalar que esta iniciativa posiblemente no podría llevarse a cabo sin un instrumento financiero autónomo y específico. 
El tercer comentario del señor Figeľ se refería a acciones en el ámbito de la investigación. 
Ya existe material aprovechable en este ámbito. 
La Comisión ha ayudado a impulsar el establecimiento de contactos entre especialistas eminentes en esta materia. 
En ausencia de un instrumento financiero específicamente asignado, puede ser factible integrar la investigación contra el dopaje de forma más firme y visible en las actividades corrientes de la Comisión. 
La Comisión ha aportado fondos con cargo a su presupuesto para investigación, incluidos los recientes proyectos CAFDIS y HARDOP. 
Ahora debemos comenzar a mirar hacia el futuro. 
Por esta razón, el señor Figeľ ha entablado conversaciones con el señor Potočnik para ver si es posible que existan sinergias entre el trabajo de nuestros respectivos servicios. 
Finalmente, la Comisión continuará manteniendo un contacto estrecho con organizaciones internacionales y apoyando la función que desempeña la Agencia Mundial Antidopaje. 
La Comisión considera que los agentes relevantes tienen una obligación moral de unirse a esta lucha. 
Para terminar, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo su constante apoyo. Este seguirá siendo fundamental para la labor actual y futura de la Comisión en el ámbito del deporte y desempeñará una función clave para garantizar el necesario progreso en la lucha contra el dopaje. 
– Señor Presidente, Señorías, la iniciativa del Parlamento Europeo expresada en la propuesta de resolución sobre dopaje presentada por la Comisión de Cultura y Educación es un gran paso adelante y una apelación directa a todos los organismos responsables para combatir este fenómeno de forma más real y efectiva. 
Veo el futuro con optimismo, porque mi enorme preocupación por la lucha contra el azote que amenaza a nuestros jóvenes y que ha sido objeto de preguntas e intervenciones en el pasado ha encontrado hoy eco en mis amigos diputados. 
No debemos olvidar que el dopaje no solo afecta a los atletas profesionales. 
Al contrario, constituye una amenaza cada vez mayor, a causa tanto del continuo incremento del círculo de consumidores, que incluye a aficionados y a jóvenes de todo el mundo, como de la aparición de nuevos productos que pasan de mano en mano a través de múltiples y crecientes canales como gimnasios, Internet, farmacias y el servicio postal ordinario. 
Debo recordarles que el negocio del tráfico de sustancias anabolizantes supera los dos mil millones de euros cada año en Europa y aproximadamente seis mil millones anuales en todo el mundo. 
La Comisión Europea tiene que potenciar su cooperación con las organizaciones competentes y apoyar un mecanismo para combatir el problema, lo que incluye la investigación necesaria, la información adecuada, la educación y promoción del deporte limpio, con el objetivo de proteger la salud pública y de defender los ideales atléticos. 
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa permite una realización más satisfactoria de este objetivo; por otra parte, la Unión Europea debe tener en cuenta el problema cuando adopte y ponga en práctica cualquier política dentro de su ámbito de competencias. 
La Unión Europea debe emprender acciones inmediatas y no debe olvidar este gran azote para los jóvenes, que amenaza a los niños de todo el mundo. 
. Señor Presidente, creo que a estas alturas todos y todas ya estamos de acuerdo en que luchar contra el dopaje en el deporte es trabajar a favor no solo de la limpieza en la competición deportiva, sino también de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Por ello, la lucha contra el dopaje en el deporte debe ser claramente uno de nuestros objetivos políticos, como ya lo es en muchos de nuestros países. 
Quiero abordar esta cuestión insistiendo en la necesidad de dar una dimensión europea a la investigación antidopaje. 
Algunos países de la Unión Europea ya han incluido en sus planes antidopaje programas de investigación, tanto en relación con las que pueden considerarse nuevas sustancias dopantes y sus repercusiones en el cuerpo humano, como en relación con la posibilidad de dotar a los laboratorios de una instrumentación mejor y más adecuada para la detección de estas sustancias. 
En otros países, como en el mío, España, el Gobierno ha anunciado ya programas específicos de investigación para incluirlos en el plan nacional de I+D. 
Pero es obvio que esta cuestión tiene una clara dimensión internacional, por lo que es muy importante que desde la Unión Europea también se apoye la inclusión de la investigación antidopaje en nuestros planes de investigación y desarrollo. 
Así se lo planteé al Comisario Potočnik en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía de nuestro Parlamento, quien manifestó interés en la propuesta y se comprometió a estudiarla. 
Me gustaría alentar a la Comisión a tomar medidas importantes al respecto desde esta perspectiva. 
Pienso, además, señor Presidente, que con una iniciativa de este tipo se daría también cumplimiento al artículo III-282 de la nueva Constitución Europea, que habla de desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad para competir en igualdad de oportunidades y protegiendo la integridad física y moral de nuestros deportistas. 
. – Señor Presidente, como sabemos, el deporte no tiene suficientes recursos para afrontar por sí solo el problema del dopaje. 
Por eso es necesaria la cooperación de todos nosotros en esta importante tarea. 
Todos los implicados en el vasto terreno del deporte deben apoyar activamente los valores correctos y saludables, desde las federaciones de base hasta las organizaciones deportivas internacionales y los organismos oficiales que organizan el deporte en diferentes países. 
Esta labor no se limita a nuestro continente europeo: se trata de una tarea mundial. 
Obviamente, como europeos, deseamos asegurar ante todo que nuestra casa esté en orden, pues sería difícil y carecería totalmente de credibilidad intentar enseñar a otros mientras nosotros mismos no estemos en armonía con las reglas fijadas. 
Es especialmente importante el papel que desempeñan los Estados y las medidas que toman si queremos ser capaces de prevenir eficazmente la producción, importación, exportación y difusión ilegal de las sustancias dopantes. 
La cooperación legislativa en prevención de la proliferación de sustancias dopantes y la colaboración entre las autoridades son vías eficaces para abordar y prevenir el problema. 
La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, coordina y desarrolla la lucha contra el dopaje en todo el mundo. 
El movimiento olímpico internacional ha participado intensamente en la administración de la AMA, pero el papel que desempeñan los Estados no ha sido tan brillante. 
Los Estados miembros de la UE deberían realizar un esfuerzo combinado para encontrar un mejor equilibrio respecto a las contribuciones que los distintos países hacen a los trabajos de la AMA, mejorando así las condiciones para su buen funcionamiento. 
La UE no tiene que crear su propia agencia antidopaje: debería adherirse al Convenio contra el Dopaje del Consejo de Europa e involucrarse de este modo en el combate contra el dopaje en toda Europa. 
Por su parte, la UNESCO está redactando un convenio mundial contra el dopaje. 
La UE debería seguir activamente los preparativos del convenio y coordinar los puntos de vista de sus Estados miembros. 
Con crecientes competencias en el terreno del deporte, es decir, con la Constitución, que ha de proporcionar un futuro fundamento jurídico, la UE deberá tomar parte activamente en la aplicación, la promoción y el apoyo de las obligaciones contempladas en este futuro acuerdo. 
Los asuntos relativos al dopaje ocupan a menudo una parte considerable de las noticias deportivas en los medios de comunicación. 
No obstante, convendría mantener en este terreno un sentido de la proporción. 
Como en cualquier otro aspecto social, en el deporte siempre habrá quien no siga las reglas que se aplican a todos. 
Pero en la UE tenemos que hacer lo posible por promover un deporte sano y una cultura del ejercicio físico. 
En medio del debate, siempre deberemos recordar que el deporte es positivo: favorece la salud y el bienestar de los humanos. 
– Señor Presidente, esta resolución va, por supuesto, en el sentido correcto. 
Todos hemos visto, en los últimos Juegos Olímpicos, que algunos atletas –de hecho muy pocos para los miles de competidores presentes– fueron sancionados por haber ingerido algunas dosis de productos prohibidos. 
Se trataba sobre todo de dosis de antiguos productos dopantes, y no especialmente de los nuevos preparados que circulan hoy. 
Está claro que lo que debemos hacer primero es adoptar una actitud de defensa de la salud pública de nuestros atletas, atletas de elite, atletas profesionales. 
Ahora bien, en este nivel existe una contradicción, como hemos visto últimamente. 
La Agencia Mundial Antidopaje, que realiza un trabajo muy importante, acaba de decidir, en particular por lo que se refiere a los corticosteroides, que se realizarán pruebas y no se aceptará un determinado nivel –creo que es del 30 %– de corticoides en las muestras que se tomen. 
Por tanto, toma una postura contraria a la profesión médica, una postura que equivale a aceptar una determinada dosis. 
Esto nos recuerda, y sin duda me recuerda, que por lo que se refiere al hematocrito en el mundo del ciclismo profesional, se acepta una tasa inferior o igual al 50 %, pero no más. 
En nuestra resolución falta una exigencia. 
Es una exigencia costosa, pero esencial: debemos garantizar un seguimiento médico independiente y permanente de los atletas. 
De este modo se podrá comprobar, al margen de la edad del deportista y del deporte practicado, cómo se cuidan los atletas a lo largo de toda su carrera, desde el mismo comienzo –porque los atletas también tienen derecho a cuidarse– y cuáles son los medicamentos legales, o desafortunadamente ilegales, que han podido tomar. 
Si no disponemos de este tipo de instrumento en el ámbito del dopaje en Europa, en la Unión Europea y en el mundo, pues bien, todo lo que hemos dicho antes no servirá de mucho, mientras no tengamos ese seguimiento médico independiente y continuo. 
. – Señor Presidente, la verdadera causa del grave problema del dopaje es la comercialización del deporte a través del método de producción capitalista, cuyo objetivo es aumentar los beneficios de los grupos empresariales monopolísticos; en otras palabras, la aceptación de que un atleta pueda ser profesional y de que por tanto pueda haber deporte profesional. 
Cuando un equipo deportivo es un negocio, para el atleta y para el equipo lo que el mercado demanda es la victoria a todo trance, a fin de poder anunciar y vender los productos de los grupos empresariales, es decir, para incrementar sus beneficios. 
Los niños y los jóvenes se convierten en objeto de una explotación salvaje. 
Por ejemplo, existe un gran espectro de preparados farmacéuticos en los supermercados, donde están libremente disponibles, que envenenan todos los valores morales del deporte y tienen nefastas repercusiones en el sentido de que afectan a la salud física y mental de los jóvenes. 
Permítanme llamar la atención en particular sobre la hipocresía existente en las organizaciones internacionales y en sus relaciones con los grandes grupos económicos, con el resultado de que decenas de fármacos no están prohibidos y se permite su consumo en el deporte. 
A nuestro modo de ver, el deporte es un bien social y no debe someterse a la lógica del beneficio. 
Es necesario un cambio de política en el deporte. 
Debe abolirse toda forma de profesionalismo, deben romperse los lazos entre las empresas y el deporte y hay que fortalecer el deporte aficionado de masas. 
Por último, añadiré lo siguiente: mientras continúe esta política antipopular general, basada en el móvil del beneficio y la competitividad del capital, las repercusiones serán desastrosas para la juventud y para el deporte. 
Señor Presidente, Señorías, según la Comisión de Cultura y Educación, los Juegos Olímpicos de Atenas demostraron que el dopaje en el deporte es una auténtica amenaza. 
Pero la única razón por la que se detectaron tantos casos de dopaje en los últimos Juegos fue que el Comité Olímpico Internacional, bajo el liderazgo de su Presidente, Jacques Rogge, por fin se decidió a combatir activamente el dopaje. 
La voluntad política desempeña a menudo un importante papel en esta clase de materias. 
Todos somos conscientes de que el Comité Olímpico de los Estados Unidos ha encubierto casos de dopaje que implicaban a sus competidores, especialmente a sus atletas, y esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo. 
No deberíamos hacernos ilusiones sobre el hecho de que la lucha contra el dopaje no solo entraña una frustración de las ambiciones de ciertos competidores, entrenadores y anunciantes, sino también una guerra contra la gran industria farmacéutica y contra grupos de presión muy poderosos y bien financiados. 
Las posibles estrategias en esta lucha incluyen severos castigos, como la imposición inmediata de suspensiones de por vida e inapelables, el establecimiento de reglas claras que aseguren la igualdad de trato, y nuevos métodos de detección de técnicas de dopaje, que son cada vez más sofisticadas, como han señalado los oradores que me han precedido. 
Como la política, el deporte siempre será un negocio sucio, pero sin duda aún puede enmendarse. 
Esta es la idea subyacente en la propuesta de resolución, y agradecería a sus autores que se aseguraran de que así sea. 
La Constitución de la UE califica el deporte de importante instrumento educativo y de medio de fomentar la cohesión social y un estilo de vida sano. 
El dopaje pone en peligro la misma esencia del deporte, al acabar con el principio de igualdad de oportunidades y al infringir gravemente el espíritu de deportividad; el rendimiento ya no refleja la cantidad y la calidad del esfuerzo invertido. 
El dopaje es peligroso para los mismos competidores: hay documentados varios centenares de muertes. 
Según el ex presidente del COI, el señor Samaranch, el dopaje es la muerte del deporte. 
Las peligrosas sustancias que mejoran el rendimiento han hecho aparición también en el campo del deporte de ocio y en los gimnasios. 
La producción, el comercio y el consumo de estas sustancias tienen lugar ahora a gran escala: millones de personas están afectas y corren peligro. 
En todo el mundo, la batalla contra el dopaje se libra en tres planos: 1) prevención, información y educación; 2) pruebas realizadas antes, durante y después de las competiciones utilizando los últimos métodos que ofrezca la ciencia; 3) imposición de duros castigos y sanciones suficientemente severas como para que tengan efectos disuasorios. 
La UE puede participar en los dos primeros planos de este esfuerzo concertado de base amplia por combatir el dopaje, dado que la persecución del delito queda fuera de nuestras competencias. 
Algunos países ya han aprobado leyes que imponen duras penas sobre el dopaje, semejantes a las del consumo de drogas. 
Por mi parte, también recomiendo que desempeñemos un papel activo en la depuración o, si lo prefieren, en la salvación del deporte. 
Tomemos en serio el mensaje de nuestra Constitución y cooperemos más estrechamente que hasta ahora con la AMA. 
A día de hoy solo 12 de los 25 países de la UE tienen un laboratorio acreditado. 
Ayudemos a los otros 13 a conseguir esas útiles instalaciones técnicas. 
Establezcamos una red unificada de controles en la UE para facilitar la cooperación, no solo en las pruebas, sino también en la investigación científica deportiva. 
No olvidemos que la ciencia del deporte ya está estudiando intensamente una nueva forma de dopaje que podría adquirir formas aún más peligrosas: el dopaje genético. 
Recomiendo asimismo que el Defensor del Pueblo Europeo cree un mecanismo que permita a los ciudadanos europeos informar de cualquier fábrica, comercio o consumo de sustancias dopantes que lleguen a su conocimiento. 
Señor Presidente, Comisario, la Unión Europea ha abordado en muchas ocasiones –en resoluciones y conclusiones del Consejo, en el informe de Helsinki sobre el deporte, en el informe de la Comisión de Cultura y Educación, en audiencias, etc.– el problema del dopaje y ha reclamado y emprendido diversas formas de acción. 
Pero el hecho es que el dopaje en el deporte va en aumento. 
La industria farmacéutica desarrolla productos y los mejora constantemente, haciéndolos más difíciles de detectar, comercializándolos en muy diversos formatos y facilitando su acceso además a un creciente grupo de interesados. 
Quienes se opongan a este fenómeno deberán oponerse a él con algo más que denunciarlo. 
Por eso pido a la Comisión que dé prioridad a la investigación del dopaje en la labor científica amparada en el séptimo Programa Marco de Investigación, y que facilite fondos adicionales para ello. 
La Constitución Europea abrirá nuevas posibilidades al deporte, entre otras cosas, y no puedo por menos que esperar que el voto a favor de la Constitución nos garantice dichas posibilidades. 
El deporte cumple tareas importantes en la sociedad; no debe verse empañado por el dopaje y el racismo, que sumen en el descrédito la labor de miles de entusiastas. 
Señor Presidente, todos los que hasta ahora han intervenido en este llamado debate leyendo textos han expresado su vehemente oposición al dopaje. 
Sin embargo, existen probablemente dos tipos de personas con interés en el deporte. 
Hay quienes –al menos pensando parcialmente en el éxito que puede acarrear– están de hecho a favor del dopaje y cierran los ojos ante él, y quienes no. 
Ni que decir tiene que yo me cuento entre los últimos, y creo que todo caso de dopaje golpea en el corazón –por así decirlo– de quienes se interesan por el deporte, y en particular los jóvenes. 
Nuestro amigo de la izquierda ha afirmado que el dopaje está indisolublemente asociado al capitalismo y es ajeno a los Estados totalitarios; yo creo que ocurre lo contrario. 
La pureza del deporte adquiere mayor importancia cuanto más duras son las condiciones económicas y más aumentan los problemas para las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia; por eso tenemos una verdadera oportunidad de frenar el dopaje. 
No obstante, con referencia al séptimo Programa Marco de Investigación, le agradecería que se centrara especialmente en el fútbol. 
En este deporte se plantean cuestiones concretas: ¿Es cierto realmente que el G 14 –la asociación que controla en particular la Liga de Campeones– impide que haya controles antidopaje? 
¿Es cierto que en especial los equipos juveniles evitan realizar controles? 
Solo puedo animarles a que garanticen la transparencia en estos terrenos. 
– Señor Presidente, este debate, al menos la gran mayoría de las intervenciones, ha sido muy útil. 
Todo el problema del dopaje en el deporte es objeto últimamente de mayor atención, lo que es importante. 
Hay tres cosas que objetar al dopaje. 
En primer lugar, distorsiona la propia naturaleza del deporte. 
Los que tienen una ventaja injusta sobre los demás atletas sencillamente destruyen el verdadero propósito del deporte. 
En segundo lugar, como sabemos, afecta a la salud de los atletas. 
En tercer lugar, considero que perjudica a la sociedad, porque infunde el concepto de que ganar a toda costa es el único fin. 
Algunos colegas han mencionado las ventajas y beneficios económicos considerables que se pueden obtener ahora, lo que complica todavía más esta cuestión. 
Aquí hay presentes colegas con experiencia olímpica, y creo que tres Estados miembros compiten por acoger los Juegos Olímpicos. 
¿Considera el señor Comisario que sería conveniente, aún antes de que se ratifique la Constitución, que el Consejo apruebe una resolución conjunta, no simplemente condenando el dopaje en el deporte, sino también indicando qué medidas proponen tomar los distintos Gobiernos que tienen un gran interés en acoger los Juegos Olímpicos? 
Mi comentario final se refiere a esta cuestión de ganar a toda costa. 
Uno de los acontecimientos más memorables de los últimos Juegos Olímpicos fue el caso del corredor de fondo que tenía muchas posibilidades de ganar, pero que se lo impidió un espectador que simplemente salió corriendo y lo detuvo. 
Se le concedió un premio especial en reconocimiento del hecho de que continuó la carrera, aun cuando estaba muy claro que sus oportunidades de ganar se habían esfumado. 
Me parece que si vamos a apelar a los jóvenes y a la sociedad en general, tenemos que recuperar el propósito básico del deporte. 
El dopaje es un azote al que hay que hacer frente. 
. Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los comentarios de los diputados presentes. 
Su compromiso es muy firme, como lo es el nuestro, de hacer lo posible por lanzar una campaña efectiva contra el dopaje en el deporte. 
Como se ha señalado, el dopaje tiene efectos de gran trascendencia para nuestras sociedades y en particular entre los jóvenes. 
La Comisión dispondrá de un fundamento jurídico claro con la entrada en vigor de la Constitución. 
Mientras tanto, continuaremos emprendiendo las acciones necesarias para realizar el trabajo preparatorio para ello. 
El Parlamento ha señalado con acierto una serie de niveles en los que se puede hacer frente al problema. 
La Comisión considera que la prevención es una faceta importante de nuestros esfuerzos. 
Por lo tanto, nuestras acciones deben centrarse en la educación, la investigación y la información. 
El Comisario Figeľ mantiene el compromiso de avanzar en esta cuestión en el contexto de los fondos presupuestarios y para estar preparados de cara a la entrada en vigor de la Constitución. 
Ahora pasaré a ciertos puntos concretos que se han planteado. 
En primer lugar, con respecto a las relaciones con federaciones y con la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, el señor Figeľ tiene mucho interés en desarrollar estas relaciones y ya ha mantenido una serie de reuniones a este efecto. 
Con respecto a la posibilidad de financiar a la AMA, me gustaría señalar que financiamos a la AMA caso por caso, a través de proyectos. 
No financiamos la estructura de la AMA, debido a ciertos problemas que todos conocemos perfectamente. 
Con respecto a la investigación, como ya he mencionado, los Comisarios Figeľ y Potočnik están trabajando juntos y podemos esperar un buen resultado en ese sentido. 
Con respecto al comentario realizado en relación con un plan europeo, quiero recordarles la existencia del plan de apoyo de 1999. 
La entrada en vigor de la Constitución nos ofrecerá una base más sólida para avanzar. 
Se ha planteado una cuestión relacionada con la igualdad de oportunidades en el deporte. 
El Comisario Figeľ es un firme defensor de este aspecto y lo tiene muy en cuenta. 
Nuestra fuente de inspiración es el informe Fraisse aprobado por el Parlamento en 2003. 
Se ha planteado una cuestión relacionada con la Convención de la UNESCO sobre el dopaje. 
La Comisión sigue la labor de este organismo y continuará haciéndolo en el futuro. 
También he tomado nota de la sugerencia realizada por el señor Beazley y se la pasaré al señor Figeľ. 
La Comisión acoge con satisfacción la resolución del Parlamento sobre la lucha contra el dopaje en el deporte. 
La Comisión no ha permanecido de brazos cruzados y ha emprendido iniciativas en este terreno durante los últimos seis años, como ya he señalado en mis observaciones iniciales. 
Tenemos la intención de mantener nuestros esfuerzos con el apoyo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. 
La resolución del Parlamento ayudará a la Comisión, en cooperación con el Parlamento, a continuar su trabajo y sus acciones con respecto al dopaje. 
La Comisión no tiene nada que objetar a las enmiendas 1 y 2. 
La enmienda 2, en particular, podría contribuir a una lucha efectiva contra el dopaje. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0037/2005- B6-0169/2005) , formulada por el señor Sifunakis, sobre el proyecto de Convención de la UNESCO relativa a la diversidad cultural. 
, – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta pregunta oral de la Comisión de Cultura y Educación y la consiguiente propuesta de resolución sobre el proyecto de Convención de la UNESCO relativa a la diversidad cultural son fruto del profundo interés que tiene nuestra Comisión en el progreso de las negociaciones en torno a este importante texto. 
El anteproyecto de Convención de la UNESCO es consecuencia lógica de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural aprobada por la UNESCO en noviembre de 2002, que fue un paso positivo hacia la cooperación internacional, pero que ha resultado ser una respuesta insuficiente a las actuales amenazas para la diversidad cultural que supone la intensa mundialización del mercado de bienes y servicios culturales. 
La Convención de la UNESCO tiene por objeto la defensa y promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas a base de medidas adecuadas, y pretende facilitar el desarrollo de políticas culturales y fomentar intercambios culturales internacionales más amplios. 
En nuestra opinión, esta Convención debe ser una herramienta de cooperación internacional a favor del desarrollo cultural. 
Creo que el anteproyecto representa un serio intento de afrontar los retos que supone para la diversidad cultural la mundialización y la política de comercio internacional. 
Todos esperamos que constituya un instrumento normativo vinculante para la protección de la diversidad cultural. 
Es la única salida para Europa, dado el predominio actual de las producciones estadounidenses de cine y televisión en los mercados europeos, por ejemplo. 
Solo les recordaré que las producciones estadounidenses acaparan entre el 60 % y el 90 % de las compras de material audiovisual en los Estados miembros de la UE, mientras que la cuota correspondiente para Europa en el mercado estadounidense es del orden de un mero 1 o 2 %. 
En este contexto, sin embargo, un pequeño número de países no europeos, sobre todo del mundo anglófono, están haciendo esfuerzos por debilitar el proyecto de Convención de la UNESCO. 
Por eso tenemos que resistirnos a la presión de estos pocos pero poderosos países, para que el texto final de la Convención subraye claramente el derecho de los Estados Parte a desarrollar, mantener y aplicar políticas y leyes encaminadas a promover y proteger la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación. Es fundamental que logremos resistir todo intento de diluir o debilitar estos derechos por cualquier vía a través de la dicha Convención. 
Habida cuenta de que, incluso dentro de la Unión, hay distintas posturas sobre el contenido de la Convención, los Estados miembros deben esforzarse en lo posible por coordinar sus posiciones, tanto entre ellos como con la Comunidad. 
Debemos señalar aquí que cualquier desunión minará la posición de la Unión y su credibilidad en las negociaciones. 
Por eso insistimos en que la Unión Europea y sus Estados miembros no deben hacer nada durante el proceso de negociación y conclusión de la Convención que comprometa la diversidad cultural o socave la capacidad de los Gobiernos de respaldar la diversidad cultural. 
En consecuencia, la cuestión de la relación entre el Derecho mercantil internacional y la futura Convención de la UNESCO es un aspecto clave que debe afrontarse de la mejor manera posible y que de ningún modo debe quedar en segundo plano. 
También creemos que la Convención debe reconocer el papel fundamental que desempeñan los servicios públicos, sobre todo las cadenas de radiotelevisión públicas, en la salvaguardia, el apoyo y el desarrollo de la diversidad cultural. 
Señor Comisario, Señorías, dada la constante presencia de la Comisión Europea en las negociaciones y teniendo en cuenta el profundo interés del Parlamento Europeo en el progreso de las negociaciones y su derecho institucionalmente protegido a ser informado inmediata e íntegramente en todas las fases del proceso de negociación y conclusión de los tratados internacionales, 
· el Parlamento Europeo pide a la Comisión que le mantenga informado de los progresos con respecto al contenido y el calendario de las negociaciones, y 
· el Parlamento Europeo pregunta cuándo exactamente se espera que esté listo el texto de forma que pueda ser aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en París en octubre de 2005. 
¿Podría la Comisión facilitarnos los detalles más recientes de las distintas posiciones formuladas en el marco de las negociaciones? 
. 
Quisiera agradecer a sus Señorías esta pregunta, que me permite, en nombre del Comisario Figeľ, poner al día al Parlamento Europeo acerca del estado de las negociaciones en curso relativas a una Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 
Se atiende así el requerimiento del Parlamento de ser informado acerca del debate sobre este asunto dentro del ámbito de la UNESCO. 
La pregunta oral y la propuesta de resolución sobre la UNESCO son consecuencia del informe y la resolución del Parlamento sobre la salvaguardia y promoción de la diversidad cultural y del papel de la región europea y de organizaciones internacionales tales como la UNESCO y el Consejo de Europa. 
Estos fueron aprobados el 2 de diciembre de 2003 y el 14 de enero de 2004 respectivamente, siendo ponente la señora Prets. 
Ambos textos instaban a la Comisión a informar regularmente al Parlamento, especialmente a la Comisión de Cultura y Educación, sobre las negociaciones en curso en la UNESCO. 
La Comisión respondió positivamente a la invitación. 
Siguiendo el calendario provisional de la UNESCO para las negociaciones sobre el futuro convenio, las negociaciones intergubernamentales arrancaron en septiembre de 2004, y las negociaciones sobre el fondo comenzaron en diciembre de ese mismo año con la primera reunión del Grupo de expertos. 
Algunas semanas después de concluir la reunión del Grupo de expertos, la Comisión aceptó la invitación del Parlamento de participar en una miniaudiencia sobre las negociaciones de la UNESCO. 
Este encuentro tuvo lugar el 25 de enero de 2005 con los miembros de la Comisión de Cultura, presidida por el señor Schmitt, y dio lugar a un importante debate con la Comisión y la Presidencia luxemburguesa sobre el proceso actual de negociación. 
La Comisión Europea sigue dispuesta a participar en futuros encuentros de esta índole. 
La Comisión de Cultura ya ha previsto un nuevo encuentro este mismo mes. 
Las negociaciones van a buen ritmo en la UNESCO. 
Desde el punto de vista de la UE, la última sesión de negociaciones, celebrada en febrero, se desarrolló en un buen espíritu de colaboración basado en un Código de Conducta adoptado por el COREPER el 27 de enero de 2005. 
La unidad de la representación de la UE ha sido estrictamente respetada durante toda la sesión mediante posiciones comunes establecidas en numerosas reuniones de coordinación de la Comunidad. 
Con una sola voz, la Unión Europea se ha erigido en referente del debate y en un importante interlocutor en la negociación. 
No obstante, la condición de observador que tiene la Comisión en la UNESCO implica numerosas restricciones que limitan su capacidad negociadora. 
La Unión Europea ha solicitado por tanto un estatuto de partícipe de pleno derecho para la Comunidad Europea en esta negociación, solicitud que será debatida en la UNESCO en abril. 
A pesar de que la sesión de febrero no ha logrado redactar un nuevo proyecto consolidado de la convención, estas negociaciones sobre el fondo han arrojado resultados globales positivos en relación con las expectativas y posiciones de la Unión Europea. 
La tendencia general que se deriva de los debates plenarios está en línea con las posiciones comunes de la Unión Europea, incluida la articulación con otros instrumentos. 
La sesión de abril del Consejo Ejecutivo de la UNESCO habrá de confirmar la convocatoria de una nueva sesión intergubernamental de negociación, provisionalmente fijada para el 25 de mayo al 4 de junio de 2005. 
Además, debatirá la petición formulada por la Comunidad Europea de un estatuto reforzado en las negociaciones en curso. 
Los principales pasos próximos previstos en el calendario provisional de negociación en la UNESCO son los siguientes: La reunión de primavera del Consejo Ejecutivo se celebrará del 18 al 28 de abril de 2005. 
En ella destaca el debate sobre la solicitud de la Comunidad Europea de un estatuto reforzado en la UNESCO en relación con las negociaciones en curso sobre la futura convención. 
La próxima sesión de negociaciones intergubernamentales está fijada entre el 25 de mayo y el 4 de junio de 2005, mientras que la reunión de otoño del Consejo Ejecutivo tendrá lugar del 13 al 29 de septiembre de 2005. 
Finalmente, la Conferencia General se celebrará del 3 al 21 de octubre de 2005, momento en que, según el calendario provisional, debería aprobarse la Convención sobre la Diversidad Cultural. 
En nombre del Comisario Figel’ deseo agradecer al Parlamento, y en especial a la Comisión de Cultura, su pronta y activa implicación en las negociaciones de la UNESCO y su apoyo general a la Comisión en este proceso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es precisamente por el hecho de que la Unión Europea sea una comunidad económica y basada en valores no solo necesitamos –y hasta ahora hemos asegurado en los tratados– un mercado interior que funcione, sino también, y al mismo tiempo y con idéntica prioridad, la defensa de la diversidad cultural. 
La defensa de la diversidad cultural en la Unión Europea no se ejerce en oposición a los Estados miembros; al contrario, significa explícitamente la salvaguardia de la diversidad cultural dentro de ellos. 
No obstante, si queremos proteger la diversidad cultural en todo el mundo, solo lo podemos hacerlo juntos, en el seno de la Unión Europea y de la UNESCO. 
Solicitamos que los Estados miembros y la Comisión hagan tres cosas respecto a las negociaciones. 
En primer lugar, las negociaciones de la UNESCO deben concluir a tiempo para las siguientes rondas de negociaciones sobre el Derecho mercantil internacional en el marco de la OMC y del AGCS. 
La razón por la cual el mes de octubre de 2005 es tan importante es que de lo contrario quedaríamos en desventaja en materia de Derecho mercantil, y existe el riesgo de que la UNESCO tarde demasiado en presentar un instrumento jurídico. 
En segundo lugar, necesitamos un instrumento efectivo. 
Por efectividad quiero decir que realmente asegure la igualdad –y la «igualdad de armas» – de los instrumentos jurídicos de Derecho empresarial y cultural. 
En tercer lugar, la Unión Europea debe tomarse en serio la diversidad cultural en su propia actividad legislativa, lo que significa que la diversidad cultural no puede quedar absorbida en el derecho mercantil en la Directiva de servicios. 
Al contrario, los servicios audiovisuales deben excluirse del proyecto de directiva de servicios si no queremos perder credibilidad ante la UNESCO y capacidad de negociación con ella. 
Señor Presidente, señor Comisario, el 16 de noviembre de 2004, el Consejo otorgó a la Comisión el mandato de negociar la convención de la UNESCO sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y de las expresiones artísticas. 
Esta Cámara también ha expresado su punto de vista acerca de esta convención al votar a favor de la aprobación del informe de iniciativa que presenté sobre esta materia. 
Como acaba de decir la señora Hieronymi, hay negociaciones de cara a la preparación de la conferencia general de la UNESCO prevista para octubre. 
Todos los asuntos del orden del día deben estar perfilados y cerrados a finales de mayo. 
Por ese motivo, esta Cámara necesita hacer saber su posición para poder influir en ellos. 
¿Qué significa esto? 
Que cada Estado debe tener derecho a mantener, instituir y desarrollar políticas y normativas encaminadas a proteger y promover la diversidad cultural y el pluralismo de medios de comunicación. 
Esto no debe ser objeto de otros tratados internacionales y, bajo ningún concepto, de los acuerdos de la OMC. 
La convención debe aportar un mecanismo simple, unitario y vinculante para la resolución de conflictos, que permita el desarrollo de una jurisprudencia sobre diversidad cultural dentro del Derecho internacional. 
El logro de estos objetivos requiere que la Comisión adopte una posición explícita y ejerza la mejor coordinación posible entre los 25 Estados miembros. 
Durante los primeros encuentros de expertos de diversos países, el pasado septiembre en París, la UE aún no hablaba con una sola voz. 
Entre los que estaban a favor figuraba Francia; Finlandia, entre los neutrales; los británicos, daneses y neerlandeses, entre los que se oponían. 
Ahora que la Comisión puede solamente puede hablar a través de la Presidencia de Luxemburgo, tenemos una nueva situación antes nunca vista, y da la impresión de que la UE no está representada. 
Esto me impulsa a reiterar mi llamamiento a los representantes a que reconsideren cuidadosamente su enfoque estratégico a fin de evitar la desunión y la incertidumbre. 
En el lado positivo hay que destacar que la Comisión se ha opuesto a que la convención de la UNESCO se subordine a las normas de la OMC. 
Si se quiere que la convención sea efectiva, necesitamos un texto coherente y vinculante. 
Estoy convencido de que realmente debemos terminar la próxima ronda de negociaciones antes –como ya se ha dicho– de que concluya la ronda de negociaciones de la OMC. 
Los Estados Unidos han conseguido hasta cierto punto desestabilizar a Canadá, un país que siempre ha desempeñado un papel destacado en esta iniciativa, y a la vez han logrado ganarse también nuevos aliados en Nueva Zelanda, la India y Australia. 
La cultura no debe subordinarse a criterios económicos; es un mercado por sí misma, que necesita sus propias reglas si desea mantener y desarrollar su diversidad. 
El reconocimiento de la diversidad cultural, que en la práctica significa la coexistencia de ciudadanos de diferentes tradiciones, también supone el respeto de las diferentes tradiciones culturales. 
Respetar la diversidad cultural significa tener la oportunidad de comprender a otras personas y aceptarlas como son. 
Las relaciones interculturales pueden ser excepcionalmente fructíferas y enriquecer a la sociedad con una categoría especial de valor añadido, a la vez que relajan tensiones en las relaciones humanas. 
Los principios de la diversidad cultural suponen el respeto de nuestros prójimos por sus buenas cualidades humanas y no por su procedencia. 
Si el principio arraiga en la sociedad, se convierte en una barrera natural contra separaciones y divisiones. 
Se ha demostrado que las sociedades liberales y culturalmente diversas son también las que más éxito económico tienen. 
Los tipos de sociedad desarrolladas en Europa en el siglo XX, a pesar de las dos guerras mundiales, pueden contarse entre los grandes logros de la civilización humana. 
Antes creíamos que estos logros no podrían volver a ponerse en tela de juicio, pero nos equivocamos. 
¿Dónde, por ejemplo, aparecieron de repente las mayorías que aprobaron la limpieza étnica de los años 90, la más brutal negación de la diversidad cultural? 
Numerosos acontecimientos, aunque afortunadamente aislados, nos advierten de que los criterios razonables pueden transformarse en su contrario. 
Si las sociedades empiezan a tolerar el discurso lleno de odio, si los políticos extremistas pueden pronunciar impunemente palabras despectivas sobre las culturas ajenas, esto significa que los frenos han fallado. 
La sensibilidad pública es menor, y aquellos que advierten contra la intolerancia hacia otras culturas son a su vez tachados de intolerantes. 
Quizá hemos albergado demasiadas expectativas con respecto al modelo multicultural y lo hemos idealizado, pero una cosa está clara: a pesar de sus imperfecciones, ahora sabemos que las reglas de la coexistencia pacífica entre ciudadanos de diferentes culturas no tiene alternativa equivalente. 
Los pasos para promover el intercambio cultural en todo el mundo y el anteproyecto del documento de la UNESCO que abordamos hoy son una importante contribución y constituyen nuestra inversión política y económica común en el futuro. 
Gracias. 
Señor Presidente, desearía destacar la importancia crucial que tiene que esta convención esté, políticamente hablando, cimentada sobre el concepto de que el arte y la cultura poseen un doble carácter. 
Por una parte, se trata de mercancías, pero el arte y la cultura no son nunca meras mercancías: son siempre portadores de significado, de identidad y de expresión estética. 
Esa es la razón básica por la que no pueden ser simplemente objeto de operaciones mercantiles y de la lógica de la liberalización. 
Es el caso del pluralismo de los medios de comunicación, y se aplica particularmente en la protección de la radiotelevisión pública, que garantiza una calidad especial y pretende facilitar el acceso a la cultura a tantas personas como sea posible. 
Dado que precisamente las fuerzas de mercado puras y la liberalización doctrinaria ponen en peligro este enfoque, es tan importante que logremos asegurar políticamente esta convención para la protección de la diversidad cultural. 
También quisiera destacar la absoluta necesidad de mantenernos fuertes y unidos en estas negociaciones y de que los Estados miembros de la UE hablen de verdad con una sola voz. 
En la vertiente interna, es preciso garantizar la participación de esta Cámara, inclusive con la definición de un mandato explícito. 
Lo primordial en la vertiente exterior es que, como ya se ha dicho, las negociaciones con la UNESCO concluyan a tiempo, asegurando así que no nos retrasemos con respecto a las rondas de la OMC y del AGCS. 
Si no queremos que la lógica del mercado nos supere a nosotros y a nuestro acuerdo proteccionista y nos someta a su dinámica, lo que necesitamos es un instrumento jurídico eficaz. 
Lo que exigimos para el mundo debe ser también defendido en el seno de la Unión Europea. 
Por eso es por lo que la directiva de servicios debe seguir garantizando la protección de la diversidad cultural, y eso es por lo que no debe aplicarse a estos bienes. 
. – Señor Presidente, la señora Murko ha señalado correctamente en su intervención que la diversidad cultural pretende defender y proteger a las minorías. 
Todas las culturas en el mundo globalizado son hoy culturas minoritarias, pero los mercados no reflejan esta realidad, y esta discrepancia está en la raíz del problema. 
En el polo opuesto a la diversidad cultural se encuentran la ignorancia y quienes conciben la cultura como una mera mercancía, junto con quienes sostienen que las redes de comunicación mundiales son simples plataformas para la «producción de contenidos». 
Esta es la tendencia predominante en las negociaciones internacionales y la que se manifiesta en la UE y en varios Gobiernos; por ejemplo, en la propuesta de directiva sobre la liberalización de los servicios. 
Por eso este debate es tan importante en este preciso instante. 
La opinión de esta Cámara y la de la Comisión de Cultura y Educación es que hay que encontrar otra vía, una vía que comprometa al Parlamento, a las instituciones europeas y a cada Estado miembro a buscar otras prioridades, otras políticas y otros instrumentos. 
La resolución es muy clara. 
Los Estados miembros tienen la obligación de proteger la diversidad cultural, de proteger el pluralismo en los medios de comunicación y de tomar medidas, de invertir en la creación, producción y distribución de bienes culturales. 
Hablando en plata, los Estados miembros tienen la obligación de mantenerse firmes, y esa es, una vez más, la idea central de nuestra exigencia de que la UE adopte cuanto antes una posición unificada y resuelta en estas negociaciones. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aparte de algunas inquietudes y recelos, la resolución nos parece positiva en la medida en que se trata de expresar una posición común. 
Sin embargo, me gustaría expresar algunas dudas sobre su aceptación y ejecución en los Estados miembros. 
He escuchado antes la intervención de la diputada del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, respecto a la cual me gustaría saber cuáles son los criterios en materia de tolerancia e intolerancia para poder decidir quién puede tener la palabra en un canal de televisión. 
Lamento, por ejemplo, que en Italia se utilizará una resolución sobre la diversidad cultural –cuyo título, pienso, puede concitar el acuerdo de todos– como un instrumento contra un político que, aunque yo no lo represente, es fácilmente identificable como el Primer Ministro. 
Varios exponentes de la Comisión de Cultura y Educación, incluidos los que apenas han participado alguna vez en sus trabajos, utilizan proyectos como este para debates de política interna que tienen muy poco que ver con el hecho de que la cultura no es una mercancía ni un mercado. 
A propósito de la diversidad cultural, asimismo, se habla mucho de lenguas minoritarias; tengo la impresión, no obstante, de que estas lenguas rara vez son protegidas. 
Me gustaría preguntar a la Comisión cuántas lenguas europeas están en peligro de desaparición: me refiero al catalán, el vascuence, las lenguas de mi país, al lombardo, el piamontés, el ligur y el veneciano. 
Una cosa es argumentar en abstracto sobre la diversidad lingüística y otra bien distinta es proteger en la práctica las lenguas que la mundialización está intentando destruir. 
Por tanto, más allá de la resolución, con la que los diputados de la y del Grupo Independencia y Democracia estamos de acuerdo, me preocupa lo que podría ser el uso de un documento como este en los Estados miembros. 
En primer lugar, quisiera saber qué instrumentos y qué recursos económicos empleará la Unión para insistir en la defensa de estas lenguas, de modo que la medida que estamos a punto de aprobar no sea una mera resolución vaga, sino que dé resultados positivos en las regiones afectadas. 
Por último, espero sinceramente que la Comisión elabore un mapa de las lenguas europeas que están en peligro de extinción, mientas que el Parlamento guarda silencio ocupándose de otros asuntos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de nuestro debate de hoy es la cultura, pero hemos de preguntarnos qué queremos decir con este término. 
¿Significa cultura todo lo que rodea a una persona y toda su forma de vida, o solamente los productos culturales, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y, sobre todo, las películas, que ya han sido mencionadas hoy? 
No debemos olvidar que el papel del Estado como patrocinador de la cultura siempre ha sido significativo, pero nunca crucial. 
No podemos dejar de mencionar a los Médicis o a los papas en relación con el arte sublime del Renacimiento italiano, pero ellos no fueron los responsables del hecho de que el arte renacentista en Italia alcanzase entonces su cénit. 
De modo análogo, el hecho de que los príncipes alemanes actuaran como benefactores en los siglos XVIII y XIX no significa que ellos fueran los responsables del desarrollo de una música tan maravillosa en esa parte del mundo. 
Nadie puede reclamar el mérito de que Chopin naciera y trabajara en Polonia. 
No se puede gestionar la cultura, y por eso no debemos caer en el error de pensar que cualquier medida que se tome va a asegurar el éxito de Europa en este campo. 
No podemos olvidar que el mercado también desempeña un papel importante, motivo por el cual guardamos buenos recuerdos de las magníficas películas italianas de los años 50, 60 y 70, mientras que hoy domina el cine estadounidense. 
Antes triunfaban las películas italianas y francesas, o incluso polacas, que a pesar del comunismo eran realmente buenas, y hoy esta distinción recae sobre las estadounidenses. 
Los medios de comunicación han de desempeñar un papel importante en este proceso, aunque es un hecho desafortunado que a veces incumplen su deber al devenir enteramente comerciales. 
No debemos olvidar que las afirmaciones de que las películas europeas son casi desconocidas en los Estados Unidos y de que las estadounidenses son las más populares en Europa son absolutamente simplistas y no deben preocuparnos demasiado. 
Después de todo, el arte y la cultura de los Estados Unidos son esencialmente versiones del arte europeo, aunque no debemos dar la espalda a Henry James, Ernest Hemingway o John Steinbeck por ser estadounidenses. 
No perdamos la esperanza. Después de todo, el mundo entero está bajo el dominio de la cultura europea, aunque a veces venga en una edición estadounidense. 
Señor Presidente, Señorías, seguramente nadie en esta Cámara estará en desacuerdo conmigo cuando diga que la protección de la diversidad cultural y la expresión artística merece nuestra plena atención no solo en la UE, sino también en el resto del mundo. 
Todos deberíamos lamentar que en esta Cámara no se preste mayor atención a estos asuntos; en cambio, como sucede con todos los temas que preocupan a la sociedad, inclusive en este debate, la ideología amenaza con imponerse muchas veces sobre la preocupación genuina por esta diversidad. 
Ha sucedido demasiado a menudo que conceptos vagos y generales, incluida la diversidad cultural, han adquirido significados distintos y que a algunos les sirvan de eufemismo –por ejemplo, el debate sobre el lugar del islam en nuestra sociedad occidental– en un intento de manipular la necesaria división entre iglesia y Estado o la igualdad entre hombres u mujeres. 
Esto es solo un ejemplo de cómo un objetivo sacrosanto como la diversidad cultural puede servir a causas menos nobles cuando los relativistas culturales lo interpretan de formas diferentes. 
En consecuencia, debemos definir claramente qué queremos decir e identificar a las partes implicadas y, sobre todo, asegurar que la protección de la diversidad cultural no conduzca a que se impongan desde arriba una serie de normas derivadas de la ideología. 
Esto solamente beneficiará a la libertad artística. 
Señor Presidente, Señorías, el sostenimiento y la promoción de la diversidad cultural es una importante tarea dentro y fuera de la Unión Europea, a la que esta Cámara siempre ha dado prioridad política. 
Es un asunto que afecta a los más importantes valores democráticos –entre otros, la libertad de opinión, la tolerancia y el diálogo entre culturas–, valores que merecen protección. 
La convención objeto de debate es un importante instrumento de cooperación internacional en la salvaguardia de estos valores culturales. 
Para conservar nuestro puesto en el escenario internacional necesitamos un mandato y necesitamos que nuestra posición no dé lugar a dudas. 
La mundialización es una amenaza para la diversidad cultural y el pluralismo en los medios de comunicación. 
Esta convención proporciona asimismo a los Gobiernos nacionales un marco jurídico para tomar medidas necesarias para la protección –y, si es preciso, también para la promoción– de la diversidad cultural. 
Contrariamente a lo que nos dicen a menudo, no es un instrumento proteccionista, y tampoco es un cheque en blanco. 
No obstante, sí que mejora el intercambio internacional de bienes culturales y fomenta la diversidad. 
No se trata de emprender una cruzada contra la OMC ni –por decirlo sin rodeos– contra los Estados Unidos. 
Simplemente queremos que la convención y las negociaciones de la OMC y el AGCS se complementen recíprocamente. 
Lo que tenemos en este momento es algo parecido a la batalla entre David y Goliat. 
Se trata de fortalecer a David para que pueda imponerse en esta batalla, que se está librando en interés de la diversidad cultural que hemos de proteger, y por esa razón debemos llegar a un entendimiento común en el seno de la UNESCO a fin de poder prevalecer en las negociaciones del AGCS y de la OMC. 
Quiero subrayar lo que han dicho la señora Hieronymi y la señora Trüpel: dentro de la Unión Europea también tenemos que asegurar que la directiva de servicios no se aplique a los materiales audiovisuales. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero agradecer al señor Borg la información que nos ha proporcionado sobre el desarrollo de las negociaciones de la Convención sobre la Diversidad Cultural. 
La Convención sobre la Diversidad Cultural debe ser un verdadero instrumento de cooperación internacional, que proteja y promueva la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas ante las presiones de la globalización y la política comercial internacional. 
Asimismo, debe garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales y reconocer el papel fundamental de los servicios públicos, especialmente los de radiodifusión. 
Cabe destacar como hecho positivo la decisión del Consejo que autorizó a la Comisión Europea a negociar en representación de la Unión. 
Sin embargo, y a pesar del gran precedente que sienta en la Unión, quisiera destacar la necesidad de que el Parlamento Europeo esté permanentemente informado sobre el contenido y el calendario de la negociación y de que a la vez se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil. 
Atendiendo a la doble naturaleza de los servicios y productos culturales como bienes económicos, por un lado, pero también como vectores de la identidad de los pueblos, quiero subrayar que su regulación debe tener en cuenta, también, su especificidad, incluida la de los trabajadores y trabajadoras del sector. 
Finalmente, saludo la propuesta de crear un observatorio para la diversidad cultural en la UNESCO, que operará en colaboración con las organizaciones profesionales y pido a la Comisión y a los miembros de la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, a Canadá y a México, que apoyen esta Convención como un instrumento normativo de carácter vinculante. 
Su adopción, durante la próxima Conferencia General de la UNESCO de octubre de 2005, permitiría tener en cuenta estos objetivos en las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio en el terreno de la cultura. 
– Señor Presidente, la Convención de la UNESCO propuesta establece principios sobre la soberanía de los Estados y su derecho a tomar las medidas que deseen en lo tocante a la cultura, pero persigue el objetivo primordial de sacarla del ámbito de competencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Esto se desprende de los artículos 13 y 19 y de la comunicación del 14 de septiembre de 2004 del Comité de Enlace Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, distribuido por la propia UNESCO. 
Cito textualmente: «La convención debe prever un compromiso claro para los Estados, en términos no ambiguos, de apoyar los objetivos de esta Convención en otros foros, en particular al abstenerse de asumir compromisos de liberalización que afecten a la cultura en el contexto de acuerdos de comercio internacional.» 
Esto no solo equivale a consagrar el chovinismo, el aislamiento o, todavía peor, nuevos poderes para fiscalizar y bloquear el contacto directo y fructífero entre culturas. 
Pero lo más complicado es que en esta lista no exhaustiva de bienes culturales anexa al anteproyecto figuran cientos de especificaciones: juegos, actividades de ocio y deportes, tradiciones culinarias, trajes típicos, turismo cultural, alfarería, tejidos, bordados, cestería, cristalería, joyería, artículos de piel, madera, metal, muebles, decoración interior, objetos de diseño y muchos más. 
Cualquier cosa que se les ocurra nombrar está incluida. 
El Tratado de la CE contempla el desarrollo cultural y el respeto de la diversidad nacional y regional en el artículo 151. 
Pero esto solo afecta a las culturas de los Estados miembros. 
Con respecto a terceros países y organizaciones internacionales, el Tratado solo alude a la cooperación en la esfera cultural. 
Lo que tendríamos que hacer es satisfacer a los Estados miembros –a todos los Estados miembros– en una Europa de identidades nacionales que a veces mantienen un conflicto feroz unas con otras y que guardan celosamente sus características peculiares, pero una Europa en que la soberanía de cada Estado miembro está completamente salvaguardada. 
El Tratado prohíbe toda armonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros en este campo. 
Por lo tanto, ¿hasta qué punto está la Comisión implicada en la Convención propuesta? 
¿Es intención de la Comisión arrastrar a Europa indirectamente hacia una forma de armonización prohibida por su propio Tratado? 
¿Pretende someter a Europa al ámbito de competencias de la OMC, que encierra una peligrosa abundancia de situaciones que acarrean consecuencias imprevistas? 
Las negociaciones en curso en la UNESCO revisten para nosotros, los europeos, una gran importancia. 
Hasta ahora hemos conseguido hacer prevalecer nuestros principios en los círculos internacionales. 
Mis predecesores han recordado esos principios en este foro: los bienes y los servicios culturales no son mercancías como las demás. 
La diversidad cultural es una riqueza para toda la humanidad. 
Todo gobierno debe tener derecho a apoyar la creación cultural y la difusión de la cultura de su país sin supeditarse a las sacrosantas exigencias de la libertad de comercio ni a la autoridad de la OMC. 
Hasta ahora hemos conseguido hacer que esos principios se respeten, y el sector cultural ha quedado excluido de la negociación internacional sobre la liberalización de los servicios en la Organización Mundial del Comercio. 
Pero aquellos que consideran que los bienes y servicios culturales pertenecen a la industria del entretenimiento vuelven a la ofensiva. 
Por iniciativa suya, se multiplican los acuerdos bilaterales de libre comercio que incluyen el sector de la cultura. 
En la UNESCO, los representantes de los Estados Unidos y sus aliados tratan, y en buena medida con éxito, de debilitar el texto original propuesto para la Convención. 
La única manera eficaz de garantizar nuestro derecho a la identidad y la diversidad culturales es convertirlo en un derecho universal reconocido por todos los pueblos y defendido por sus representantes en las instituciones internacionales. 
La Convención de la UNESCO debe convertirse en el instrumento jurídico internacional de referencia en cuestiones de política cultural. No debe supeditarse a los demás acuerdos comerciales. 
Debe disponer de un mecanismo eficaz de resolución de las diferencias. 
Por último, debe estar preparada para la próxima Conferencia General de la UNESCO de octubre de 2005, que es cuando puede adoptarse. 
. 
Señor Presidente, he tomado buena nota de lo que han dicho varias Señorías y transmitiré sus comentarios y sugerencias al señor Figeľ. 
En general, diré antes que nada que la Comisión acoge con agrado la resolución del Parlamento sobre la diversidad cultural y que nuestros puntos de vista coinciden plenamente. 
La resolución del Parlamento ayudará a que la Comisión prosiga su labor en el proceso negociador en cooperación con el Parlamento. 
Acerca de ciertos aspectos específicos que han planteado los oradores, quisiera hacer los siguientes comentarios. 
Sobre la implicación del Parlamento, reafirmo nuestro compromiso de mantenerle informado. 
Hasta ahora hemos transmitido regularmente información al Parlamento, especialmente a la Comisión de Cultura y Educación. 
El próximo encuentro tendrá lugar el 19 de abril y el señor Figeľ se compromete a continuar dialogando con la comisión y a abordar junto con ella el fondo de las negociaciones en curso. 
Tenemos intención de hacer valer las ideas del Parlamento en las negociaciones. 
Su firme apoyo es bienvenido y nos ayuda en nuestra tarea. 
En cuanto a la solicitud de más información sobre las negociaciones, he de declarar que de momento la mayor parte de las negociaciones se refieren al procedimiento. 
El debate sobre el fondo vendrá más tarde, durante los periodos parciales de sesiones de mayo y junio. 
En cuanto a los plazos, nos gustaría que se respetara el calendario, lo cual nos permitiría concluir las negociaciones en el curso del presente año. 
En las cuestiones de fondo prestaremos especial atención a la protección de las especificidades culturales y nacionales, así como a los intereses de nuestro sector de medios de comunicación. 
En el punto planteado con respecto a las lenguas, diré que la diversidad lingüística es otro aspecto de nuestra política. 
De hecho, la Comisión ha incluido una propuesta de aprendizaje permanente en las perspectivas financieras de 2007-2013. 
La diversidad lingüística es un pilar de esta propuesta y del principal programa de educación y cultura. 
– El debate queda cerrado. 
Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución (1). 
La votación sobre esta resolución tendrá lugar a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe (A6-0051/2005) de la señora Miguélez Ramos sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98, y el informe (A6-0050/2005) del señor Morillon sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de las poblaciones de lenguado de la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya. 
. 
Señor Presidente, la Comisión reconoce el gran esfuerzo y el esmero por el detalle por parte de la Comisión de Pesca del Parlamento en la preparación para este debate relativo a los dos expedientes que tiene el Parlamento sobre el tapete esta mañana. 
El objetivo de las medidas que contemplamos es salvaguardar las necesidades de las futuras generaciones frente a las demandas de la población actual. 
Esto es lo que entendemos por sostenibilidad, y creemos que los planes de gestión a largo plazo son el instrumento legislativo adecuado para lograrla. 
Me complace comprobar que el Parlamento está ampliamente de acuerdo con nuestra idea. 
Como siempre, nuestro compromiso compartido de lograr la sostenibilidad en la pesca permanece inquebrantable. 
Pero no podemos exagerar este principio. 
Nuestro fin es común, pero nuestro enfoque puede ser un tanto diferente. 
En este caso, tenemos algunas discrepancias de detalle. 
En cuanto al plan para la merluza del sur y la cigala, hemos realizado consultas con las partes implicadas en relación con las industrias pesqueras que capturan estas especies, a menudo juntas en pesquerías mixtas. 
Estamos de acuerdo en que debería existir la posibilidad de prestar apoyo a los pescadores implicados en estas industrias pesqueras, pero esto debería aplicarse equitativamente a todos los pescadores que se encuentren en una situación similar, y por ello debería aplicarse en el contexto del Fondo Europeo de Pesca. 
Creemos que los límites de los cambios de los TAC deben ser del 15 % en más o en menos, de acuerdo con las recomendaciones científicas. 
No existe ninguna base técnica para elegir un valor diferente. 
No obstante, reconozco que este límite debería aplicarse desde el primer año de la aplicación del plan. 
No debemos retrasar intencionadamente la recuperación de los recursos pesqueros si esto es factible de acuerdo con el plan. 
La recuperación debe producirse lo antes posible, y no más tarde de diez años. 
Reconocemos que hay especiales dificultades en el Golfo de Cádiz y que la incertidumbre es grande. 
Pero para ser congruente con el enfoque cautelar acordado en las Naciones Unidas y consagrado en la legislación comunitaria, una mayor incertidumbre no puede justificar la aplicación de medidas de conservación más laxas. 
Podemos estar de acuerdo en excluir el Golfo de Cádiz del plan de gestión del esfuerzo pesquero que se aplica en los demás sitios, siempre que se adopte un sistema alternativo pero igual de eficaz. 
Después de las conversaciones con los interesados sobre este punto, podemos estar de acuerdo en retirar las zonas vedadas inicialmente propuestas para las cigalas, pero creemos que deben sustituirse con otras zonas vedadas que estén mejor adaptadas para proteger los recursos. 
Los recursos de cigalas requieren medidas de conservación que les permitan soportar de nuevo la pesca a gran escala. 
Estoy de acuerdo en que el lenguado del Golfo de Vizcaya podría ser trasladado a un plan de gestión acorde con su estado biológico menos grave, pero el lenguado del Canal de la Mancha debe seguir siendo objeto de un plan de recuperación. 
Legalmente no puede aplicarse un plan de gestión al lenguado del Canal de la Mancha hasta que esté dentro de unos límites biológicamente seguros. 
Estamos proyectando una reunión científica del CCTEP para estudiar posibles objetivos de mortalidad pesquera del lenguado que sean congruentes con los objetivos de la Política Pesquera Común y con los compromisos internacionales de las Naciones Unidas y de la FAO. 
Por eso debemos reservarnos nuestra postura hasta que hayamos visto los resultados de esa evaluación. 
. Señor Presidente, este informe, que fue aprobado en comisión por amplia mayoría —creo recordar que con un solo voto en contra, lo que agradezco infinitamente a todos mis colegas—, introduce notables modificaciones en la propuesta de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de los recursos de merluza y de cigala en aguas ibéricas. 
En efecto, el objetivo de recuperación propuesto por la Comisión para la merluza tomaba como referencia la mortalidad por pesca mientras que mi informe propone, tal y como recomiendan los científicos, la consecución de un nivel de biomasa idónea, complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y el agrupamiento de las artes de pesca. 
También, por lo que se refiere al sistema de cálculo de esfuerzo, consideramos que el presentado por la Comisión, basado en los kilovatios de potencia, es demasiado complicado y, por lo tanto, proponemos que esté basado en los días de mar y que se instaure, además, un sistema de corresponsabilidad de los pescadores en el control de la pesquería. 
El período de aplicación, señor Comisario, para nosotros no es negociable. 
Para este plan de recuperación no basta con implantar o con decidir cinco años. 
Nosotros estaríamos encantados de que en cinco años se recuperase el caladero, pero los diez años, frente a los cinco que propone la Comisión, tienen por objeto permitir al sector una adaptación gradual y más flexible y garantizar la mayor estabilidad posible de la actividad pesquera, sin perjudicar ese objetivo final, deseado por todos —y no solo por la Comisión— de recuperación de los recursos. 
Asimismo, las cantidades establecidas en la propuesta sobre pesaje, capturas accesorias y otras medidas técnicas, han sido modificadas y aligeradas por mi parte y, de esta manera, los márgenes de tolerancia serán similares a los de otros planes en vigor. 
En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de cigala, hoy todo el mundo sabe que las áreas de veda contempladas en la propuesta no están adaptadas a la situación de los ni a la duración, puesto que se nos propone que sea indeterminada. 
Señor Comisario, de acuerdo con los informes elaborados por el IEO, solo en una de las zonas propuestas existen concentraciones de cigala de cierta entidad y estas se encuentran en un área mucho más limitada que la señalada por la Comisión, en fondos de 100 a 140 metros, por lo que consideramos que la veda, en caso de establecerse, debería limitarse tanto en el espacio como en su duración temporal, entre mayo y agosto. 
Hay que mencionar algo que la Comisión tiende a olvidar: las repercusiones socioeconómicas. 
Señor Comisario, el proyecto que nos presenta la Comisión recoge exclusivamente aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la realidad socioeconómica que implica su aplicación, y que estoy en condiciones de asegurarle que sería, en caso de aplicar la propuesta de la Comisión tal cual, dramática para el sector, porque las vedas que se proponen para la cigala suponen, en la práctica, la invalidación y la imposibilidad de practicar la pesca de arrastre en todas las aguas ibéricas, y estamos hablando de pesquerías multiespecíficas en las que la cigala representa apenas el 1 % de las capturas totales llevadas a cabo por estas flotas. 
Pues bien, efectivamente, he considerado conveniente introducir una referencia a las medidas socioeconómicas que deben adoptarse para hacer frente a la posible pérdida de ingresos que pueda sufrir el sector, bien a través del nuevo Fondo europeo de la pesca, como usted ha dicho, o bien a través de cualquier otro instrumento específico que la Unión Europea pueda crear, y me alegro de que se reconozca la especificidad de la zona del Golfo de Cádiz y que, en este sentido, se haya considerado más positivo desglosarlo de la propuesta. 
Señor Comisario, su exclusión de este plan de recuperación no debe suponer, en ningún caso, que en él no se vayan a adoptar medidas que permitan su recuperación y gestión sostenible y, a este respecto, usted sabe que las autoridades nacionales están elaborando un plan de urgencia para esta pesquería concreta. 
Creo, señor Comisario, que, como ponente, he optado, por la vía más realista y más posibilista y es verdad, tengo que reconocerlo así, que he tenido muy presente, al lado del objetivo de preservación de los recursos —que me parece de una importancia extraordinaria y, como usted dice, nos asegura el futuro— el de la preservación de un sector pesquero europeo saneado, próspero y viable. 
Ese sentido tiene el informe que hoy le presento a esta Cámara. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de la Comisión de Pesca por la que se establecen medidas de recuperación de las poblaciones de lenguado en la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya se sometió al Parlamento en el marco del procedimiento de consulta. 
Es resultado de las propuestas presentadas al Consejo en diciembre de 2002, encaminadas a la conservación y la explotación sostenible, como usted ha dicho, de los recursos pesqueros en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común. 
Esta propuesta tiene por objeto garantizar, en las dos regiones afectadas y en un intervalo de tiempo de cinco a diez años, el mantenimiento o la recuperación de las poblaciones dentro de los límites biológicos de seguridad. 
Comprende cinco capítulos. 
El primero, que fija los criterios que deben respetarse para alcanzar los objetivos del plan, preveía que, cuando pudiera considerarse que las poblaciones se encuentran dentro de los límites, el Consejo podría decidir anular el plan a propuesta de la Comisión. 
Los demás capítulos especificaban las medidas técnicas y los controles destinados a permitir la aplicación del plan. 
Durante los debates mantenidos sobre este tema, quedó claro que, como usted ha dicho, en al menos una de las dos regiones contempladas, el Golfo de Vizcaya, los últimos informes científicos indicaban que las poblaciones de lenguado no se sitúan por debajo del umbral de seguridad biológica. 
En consecuencia, en vez de adoptar un plan de recuperación, tal como se prevé en el artículo 5 del Reglamento de 2002, pareció preferible adoptar un plan de gestión conforme al artículo 6 del mismo Reglamento. 
Evidentemente, esta propuesta no implica que los pescadores sean libres de reanudar sin ningún control un esfuerzo intensivo de pesca, que no dejaría de tener una repercusión catastrófica sobre el futuro de la especie. 
La propuesta modifica así las disposiciones técnicas propuestas por la Comisión, pero de forma, y cito, que se garantice «que estas poblacionescontinúen dentro de los límites biológicos de seguridad» , recordando, y cito también, que «el objetivo de la nueva política pesquera común es permitir una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, teniendo en cuenta de forma equilibrada las repercusiones medioambientales, sociales y económicas». 
Les indico que las propuestas del Parlamento precisan a este respecto que, si la Comisión comprobara, sobre la base de la evaluación anual, que cualquiera de las poblaciones de lenguado afectadas está en peligro de colapso, debería proponer al Consejo medidas adicionales para garantizar la recuperación de la población en cuestión. 
Esto es, en resumen, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, lo esencial de las propuestas del informe que dentro de un momento será sometido sin enmiendas a la votación del Parlamento y que obtuvo en comisión una aprobación mayoritaria que demuestra la voluntad de asociar a los pescadores a las reflexiones científicas y políticas y de conciliar los conocimientos expertos de los segundos con la experiencia de los primeros. 
Añadiré que los debates que han conducido a la elaboración de este informe se desarrollaron en un excelente ambiente y, para concluir, señor Comisario, quisiera testimoniarle toda mi gratitud. 
. Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, tomo la palabra en nombre de mi Grupo, el Grupo Popular Europeo, para significar la importancia del papel que ha desempeñado en esta materia este Parlamento, con su deliberada estrategia de dar tiempo y permitir madurar los drásticos planteamientos que en un principio proponía la Comisión. 
Este debate viene de lejos, de la anterior legislatura. 
La Comisión presentó una primera propuesta que equiparaba la situación de la merluza y el bacalao. 
Teníamos que pararla y lo conseguimos. 
La situación de ambas especies no era comparable. 
La Comisión acabó dándonos la razón y presentó luego dos propuestas separadas. 
Conseguimos, además, que las merluzas se diferenciasen en la merluza norte y la merluza sur, con dos propuestas también diferentes. 
Todo ello tras la celebración en la Comisión de Pesca del Parlamento de una importante audición conjunta sector/científicos implicados, en el año 2001. 
Al final conseguimos un resultado satisfactorio para la merluza norte y conseguimos también, en el año 2003, aplazar el debate de la merluza sur, dejándolo para esta legislatura, lo que permitió al sector y a los científicos aportar más datos y concretar las propuestas. 
Creo que la visita del señor Borg a España ha sido también fundamental para rectificar la postura inicial de la Comisión con la merluza sur y la cigala. 
Debemos, pues, felicitarnos todos, ya que creo que este es el camino correcto como se está demostrando en el caso del Mediterráneo. 
Quiero felicitar a nuestra ponente, la señora Miguélez, por su trabajo y el resultado final de su informe, así como a todos cuantos han contribuido al mismo, como son los Gobiernos de España y de Portugal, los de antes y los de ahora, y a los diputados de mi Grupo, señora Fraga y señor Freitas, por su valiosa contribución. 
Quiero resaltar también la enmienda que hoy presentamos al Pleno, en nombre de nuestro Grupo, el PPE, que aportará a los Estados miembros mayor flexibilidad en la aplicación de sus planes de recuperación. 
Finalmente, felicito y expreso también mi vivo agradecimiento a la Xunta de Galicia, que propició y logró en el seno del Comité Consultivo Gallego la necesaria unión del sector en esta materia decisiva, pues su consenso nos ha servido de base para alcanzar aquí un acuerdo satisfactorio y realista. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar al ponente por un informe que no nos plantea grandes problemas. 
Aprovecho para agradecer a los pescadores que pesquen uno de los mejores pescados, el lenguado, que la naturaleza para unos, o el buen Dios para otros, nos ha dado. 
¡Ojalá puedan seguir pescándolo durante mucho tiempo! 
De este informe y de esta propuesta hay que sacar algunas enseñanzas. 
En primer lugar, hay que saber adaptarse cuando hace falta, y las decisiones que se tomaron no se tomaron en contra de los pescadores. 
Si hay más lenguados de lo previsto, hay que saber adaptarse a la situación y no permanecer atados de manos o bloqueados. 
En segundo lugar, la tranquilidad en los puertos y la confianza en el futuro dependen mucho del trabajo bien hecho entre los pescadores y los científicos. 
Unos no creen forzosamente en los otros y, a mi entender, hay que perseverar en la intensificación de sus relaciones. 
Un foro creado en el marco de la Política Pesquera Común es, creo, muy útil: me refiero a los consejos consultivos regionales. 
Hay que aprovechar estos organismos para que estas dos grandes categorías, los profesionales y los científicos, se entiendan lo mejor posible. 
En este caso, señor Comisario, su trabajo resulta facilitado, y compartimos el mismo objetivo: conservar en el mar la mayor población posible de pescado, porque sin pescado no habrá pescadores, y sin pescadores, no habrá pescado para los consumidores. 
. Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, antes que nada quiero agradecer a la estimada señora Miguélez Ramos y al señor Morillon los magníficos informes que nos han presentado y que debatimos hoy en este Parlamento. 
La Comisión, a finales del año 2003, propuso un plan de recuperación de las poblaciones sureuropeas de merluza y cigala, que, según el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, se encontrarían amenazadas debido a los elevados niveles de mortalidad por pesca de individuos maduros de dichas especies, lo cual reducía su capacidad de regeneración por reproducción biológica natural. 
Yo tengo algunas reservas con respecto a la plena validez de los informes que se barajaron para evaluar la situación de los de estas especies, dado que las asociaciones de armadores y profesionales de estas pesquerías, o al menos las que yo he consultado, afirman que la mejor manera de saber si están en riesgo o no las poblaciones es echando la red en el mar. 
Eso sí, la red que cumple escrupulosamente con la normativa vigente. 
Si al recogerla se saca pescado, no puede decirse que las especies están en peligro y ellos están sacando más pescado que antaño. 
No obstante, quienes viven de este sector extractivo son los primeros interesados en mantener los recursos pesqueros de los cuales depende su economía y su y, por tanto, aceptan de buen grado, como lo hacemos nosotros también, el que se establezcan medidas para proteger las poblaciones del sur de merluza y cigala. 
Ahora bien, es posible que la aplicación de alguna de las medidas propuestas afecte a la realidad socioeconómica del sector, por lo que resulta absolutamente necesario introducir en el Reglamento algún tipo de mecanismo que permita paliar las consecuencias que las previsibles restricciones de la capacidad pesquera vayan a producir en las personas afectadas y compensar los perjuicios infligidos al sector. 
Además, el que los pescadores y las empresas sepan que contarán con estas ayudas servirá para incentivar su participación de buen grado en los planes de recuperación que se barajan. 
Igualmente, somos partidarios de que el control se ejerza sobre las cantidades de individuos maduros de cada especie y no sobre los niveles de los índices de mortalidad, y de que las medidas que han de adoptarse contemplen un horizonte de diez años y que las variaciones anuales de toneladas admisibles de captura no rebasen, en más o en menos, el 10 %. 
– Señor Presidente, lamento tener que entonar una nota disonante en este bello consenso. 
Nos habría gustado apoyar la propuesta de la Comisión de un modo más activa, y lamentamos que, sistemáticamente, ante la grave situación que representa la constante disminución de las poblaciones de peces, aunque con pequeñas diferencias según las especies, los Estados miembros, ayudados por buen número de diputados al Parlamento Europeo, sigan queriendo rebajar a todo precio los objetivos que hay que alcanzar. 
Aunque todo el mundo proclama que quiere preservar los recursos, en realidad no es así y no podemos aceptar esta situación. 
Por esta razón no votaremos a favor de estos dos informes. 
No hay duda de que hay que discutir con los agentes locales y con los pescadores sobre la adaptación y la simplificación de medidas a veces demasiado complejas. 
Es importante también, por supuesto, tener en cuenta el impacto socioeconómico, prever compensaciones, que deben ser equitativas para que no vayan a parar siempre a los mismos, y preservar asimismo las pequeña pesquerías, que también deben sobrevivir. 
Del mismo modo que estamos de acuerdo con todo esto, no podemos aceptar que se reduzcan sistemáticamente los objetivos de la Comisión, que se apoyan en datos científicos. 
Tampoco podemos discutir sin cesar, dada la situación. 
Por esta razón, votaremos en contra de los dos informes, respaldando al mismo tiempo los propósitos de la Comisión en este terreno. 
. – Creemos que los niveles de las poblaciones de merluza sur y cigala justifican la adopción de medidas de recuperación. 
Tales medidas comportarán restricciones de la pesca, con las inevitables consecuencias sociales y económicas. 
En este contexto, en caso de que los pescadores sufran cualquier pérdida de ingresos por las suspensiones temporales o las restricciones de pesca derivadas del plan de recuperación, deberán proveerse fondos para ofrecer una compensación financiera a los pescadores por las pérdidas sufridas. 
De hecho, la compensación también representa un incentivo para que los pescadores se impliquen activamente en la ejecución del plan de recuperación, pues la principal intención de estos planes es asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros para preservar el futuro de la pesca. 
En consecuencia, los planes de recuperación no pueden, bajo ningún concepto, comportar medidas definitivas de reducción de la pesca, como el fomento del desguace de buques o la paralización de flotas económicamente insostenibles sin medidas de compensación socioeconómica. 
El desguace de buques conduce a la destrucción definitiva de recursos productivos y, además, al desempleo permanente de los pescadores. 
Es preciso incluir en este reglamento medidas socioeconómicas acordes con el presupuesto comunitario. 
Este es el propósito de las enmiendas que hemos propuesto y que consideramos justas. 
Por eso esperamos obtener el respaldo de sus Señorías. 
. – Señor Presidente, no es frecuente que yo pueda decir que estoy totalmente de acuerdo con dos informes separados de la Comisión de Pesca. 
Esta es una de esas raras ocasiones. 
El presidente Morillon y la vicepresidenta Miguélez Ramos han destacado ambos la necesidad de asegurar que el impacto socioeconómico y las consecuencias de los planes de recuperación sean comedidos y estén controlados, previendo la debida compensación. 
Hace hoy casi dos años declaré en esta Cámara que las decisiones y los objetivos de los planes de recuperación de la pesca no podían obviar sus consecuencias sociales y económicas. 
Los planes de recuperación deben buscar el equilibro entre la recuperación y conservación de los recursos, y las medidas destinadas a limitar el impacto en la industria pesquera. 
Debe prestarse la máxima atención a la necesidad de cohesión social, económica y regional, y es preciso dar la máxima prioridad a la defensa de las poblaciones de las regiones que dependen en gran medida de la pesca. 
Permítanme decir muy claramente, como he afirmado muchas veces en el pasado y repetiré cada vez que se presente la ocasión, que la Política Pesquera Común no solo versa sobre el pescado, sino también, y ante todo, sobre los pescadores. 
Se trata de sus familias y del futuro de sus familias, de su medio de vida –el único posible en muchas zonas– y el futuro de comunidades litorales enteras. 
El presidente Morillon y la vicepresidenta Miguélez Ramos han rechazado ambos la concepción tecnocrática de reconstituir los recursos a toda costa, y han preferido proponer vías que aseguren el mantenimiento de los recursos dentro de límites biológicamente seguros. 
Yo, por mi parte, comparto esa idea. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decir que me centraré en el informe de la señora Miguélez y, como tal, deseo dar las gracias a la señora Miguélez, a la señora Fraga Estévez y al señor Varela por su participación, porque este informe se centra esencialmente en la merluza sur y en la cigala en Portugal y España. 
Asimismo me complace la propuesta de la Comisión, que recomienda que la reforma de la Política Pesquera Común establezca disposiciones sobre planes de protección, planes de recuperación para zonas y especies con problemas de sostenibilidad. 
Es sin duda cierto, no obstante, que ha sido necesario un minucioso análisis en comisión, junto con las autoridades nacionales de Portugal y España, para poder hacer realidad las buenas intenciones de la Comisión. 
De hecho, la propuesta de la Comisión, en su forma original, sería nociva para la pesca en su conjunto, pues para proteger los intereses de la merluza sur y de la cigala se vería afectada toda la flota pesquera y se trazaría un plan de recuperación para todas las pesquerías, incluidas las portuguesas. 
Por eso tuvimos que presentar algunas enmiendas que han sido aprobadas. 
Después de todo, los Estados miembros son quienes mejor conocen la situación. De este modo evitaremos las propuestas restrictivas de carácter genérico para un problema que era específico y que podría haberse tratado de forma mucho más sencilla. 
– Señor Presidente, deseo expresar mi opinión sobre el informe de la señora Miguélez Ramos sobre las medidas de recuperación de la cigala y de la merluza sur en el Mar Cantábrico y en el Oeste de la Península Ibérica. 
Quisiera empezar, con su permiso, agradeciendo a la señora Miguélez Ramos su excelente trabajo y el esfuerzo extraordinario que ha realizado al redactar el informe. 
Las propuestas que contiene merecen el apoyo mayoritario del Parlamento, y espero que la Comisión las tenga debidamente en cuenta. 
Compartimos plenamente las preocupaciones de la Comisión respecto a la necesidad de proteger las poblaciones de merluza sur y de cigala en esas zonas del Atlántico y reconocemos que, a la luz del actual estado de cosas, urge tomar medidas adecuadas. 
En los Estados miembros en que se produce el grueso de la pesca, los pescadores y armadores son los que más tienen que ganar con la correcta aplicación de estas medidas. Permítanme subrayar que estas medidas deben ser adecuadas, porque las propuestas de la Comisión son claramente excesivas dado que el problema no se puede afrontar desde una perspectiva única. 
Como responsables políticos, tenemos el deber de buscar las soluciones que equilibren la preocupación por defender los recursos biológicos y los intereses sociales y económicos. 
Si se aprobara la propuesta de la Comisión, el impacto sobre el sector pesquero portugués sería devastador, pues afectaría a unos 2 000 barcos, muchos de los cuales capturan cantidades mínimas de esas especies. 
Las propuestas planteadas en los informes que tenemos ante nosotros permitirían la recuperación de esas especies en diez años, amortiguando así el impacto social y económico. 
Por eso estoy seguro de que el Parlamento dará su apoyo rotundo a este informe. 
Señor Presidente, aprovecho la ocasión para felicitar a los ponentes y especialmente a la señora Miguélez, porque me voy a referir a su informe, no porque el informe del señor Presidente de la Comisión no sea magnífico. 
En primer lugar, quiero decir que la primera discrepancia entre la Comisión y el sector pesquero suele surgir por la duración de los planes. 
A este respecto, conviene tener en cuenta que no es lo mismo establecer un plan para la recuperación de una especie de vida corta y de crecimiento rápido que para otra especie con las características contrarias. 
Por otro lado, hay que tener muy en cuenta, como han dicho muchas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, las repercusiones socioeconómicas de cada plan, que difieren mucho según las flotas afectadas. 
Por eso, en este caso hemos fijado un plazo de recuperación mínimo de diez años, lo que permite tomar en consideración los condicionantes anteriores. 
Hay que insistir en que el primer paso de un plan de recuperación debe ser impedir que continúe el declive de la especie afectada y que comience su recuperación. 
Lograr esta en un plazo más o menos rápido tiene muy poca relevancia biológica, pero puede ser catastrófico para las regiones que viven de la pesca. 
Consideramos, por tanto, que, una vez fijados por los científicos los parámetros biológicos —y en este informe se ha incorporado, por ejemplo, el objetivo de biomasa que debe alcanzar la población para considerarla recuperada—, debe permitirse a los Estados miembros una cierta flexibilidad para alcanzar este objetivo de la forma que mejor se ajuste a las características de sus flotas. 
Una vez más, lo importante es que la especie se recupere, no importa tanto por qué vía se llegue a la reducción del esfuerzo pesquero. 
Por eso, como ha dicho el señor Freitas, nosotros hemos presentado una enmienda en nombre de nuestro Grupo en la que se pide una mayor flexibilidad para las flotas. 
En cuanto al tema de las vedas, me remito a lo que ha dicho la señora ponente; no hay base científica para ello y, por tanto, simplemente pido a la Comisión y al Consejo que apoyen las enmiendas de la señora Miguélez y de la Comisión de Pesca, que introducen una gran dosis de sentido común en esta propuesta. 
– Señor Presidente, quisiera centrarme en el asunto de las poblaciones de lenguado. 
Este reglamento pretende recuperar las poblaciones de lenguado en el Canal de la Mancha y en el Golfo de Vizcaya. 
Es crucial que tomemos medidas contra la disminución de las poblaciones de peces, pero también es importante que nuestra respuesta sea siempre proporcionada. 
La propuesta de la Comisión combina reglas estrictas para el establecimiento de totales admisibles de captura con un programa de limitación del esfuerzo pesquero. 
Las enmiendas propuestas en el informe del Parlamento sustituirían la propuesta de la Comisión por otra encaminada a gestionar las poblaciones mediante reglas consensuadas sobre el establecimiento de límites de captura. 
Acojo con satisfacción las enmiendas del informe de la Comisión de Pesca del Parlamento. 
La propuesta de la Comisión Europea se basaba en la premisa de que las poblaciones de lenguado estaban en crisis y necesitaban planes de recuperación. 
Las enmiendas propuestas en el informe de la comisión parlamentaria reconocen que para estos recursos es más adecuada una medida de gestión que recortes drásticos de la flota. 
También apoyo firmemente el reconocimiento por parte de la Comisión de Pesca de que la medida de gestión de estos recursos debe desarrollarse con la participación de los consejos consultivos regionales y otros sectores interesados. 
. Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a los ponentes su tenaz y constructivo trabajo. 
También deseo agradecer al señor Varela Suanzes-Carpegna su buena labor en el plan de la merluza. 
Con respecto a la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98, estoy plenamente de acuerdo con 14 de las 26 enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. Se trata de las enmiendas 2, 4, 10 en parte, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 26. 
Es conveniente retirar las propuestas anticuadas sobre la gestión por kilowatios-día; adaptar a las medidas fijadas para 2005 las cantidades mínimas relativas a los mecanismos de control; establecer márgenes de tolerancia y factores de conversión coherentes con los del plan de recuperación de la merluza europea, y estoy también de acuerdo con la derogación de disposiciones obsoletas sobre los mensajes de esfuerzo. 
El índice de mortalidad pesquera de 0,27 es aceptable porque es coherente con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible aprobado en Johanesburgo en 2002. 
También estoy de acuerdo en la conveniencia de que el plan prevea una recuperación en menos de cinco años. 
Aunque los cálculos de la biomasa de las poblaciones de peces son inciertos, las observaciones del tamaño de las poblaciones por encima de un nivel cautelar durante dos años consecutivos podría ser la señal indicativa de la necesidad de pasar de una fase de recuperación a un plan de gestión a largo plazo. 
Por lo tanto, en relación con la enmienda 10 podemos aceptar el criterio de salida de 35 000 toneladas, pero no la exigencia de un plazo de diez años en la recuperación ni la referencia a un «período de tiempo suficiente». 
Un enfoque de este tipo sería contrario al Código de Conducta de la FAO. 
Nosotros no fijamos la duración de los planes: nosotros establecemos un objetivo y calculamos el tiempo aproximado que se necesita para lograrlo. 
No puedo aceptar las enmiendas 15 y 16, porque la limitación al 10 % de los cambios de los TAC es demasiado estricta como para permitir una adaptación a las circunstancias reales. 
En línea con la opinión del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura, la cifra debería fijarse en el 15 % más que en el 10 %, pero el 15 % podría aplicarse en el primer año del plan. 
Apoyo los principios que subyacen en la enmienda 17 y puedo aceptar los apartados 1 y 2 de esta enmienda con modificaciones que comprometan al Consejo, así como a la Comisión, y que hagan referencia al mantenimiento de los acuerdos plasmados en el Anexo IV b del Reglamento (CE) nº 27/2005 sobre una base similar al plan de recuperación del bacalao. 
Por estos motivos no puedo estar de acuerdo con la enmienda 27. 
En cuanto a los apartados 3 y 4 de la enmienda 17 y las enmiendas 3, 28 y 30, las ayudas estatales deberían decidirse en el contexto del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y el Fondo Europeo de Pesca, de modo que se disponga de recursos financieros similares para todos los pescadores que se encuentren en situaciones parecidas. 
Como sucede con las poblaciones de lenguado, a las que me referiré más adelante, es conveniente contar con un procedimiento de revisión periódica, pero esta tendría que hacerse en intervalos adecuados. 
Podría respaldar la enmienda 25, siempre que se extendiera el período de revisión a cuatro años en vez de dos. 
Pero no apoyar el intento de restituir el tamaño de las poblaciones año por año, dadas las consecuencias negativas que tendría para la industria, y no puedo respaldar la enmienda 5. 
Después de amplias consulta con a mis funcionarios y con funcionarios y representantes del sector pesquero de los Estados miembros, puedo estar de acuerdo con algunas modificaciones del tamaño y del número de las zonas vedadas a la pesca de cigalas. 
No obstante, la completa eliminación de toda referencia a zonas vedadas, como ocurre en las enmiendas 6, 7 y 24, va demasiado lejos como para ser compatible con una gestión cautelar en estos momentos. 
La gestión de la merluza y las cigalas en el Golfo de Cádiz es un asunto importante dada la abundancia de merluza juvenil en esa zona. 
Según el principio de cautela, una mayor incertidumbre en esta zona no es motivo para ser menos cauteloso, de modo que no puedo respaldar las enmiendas 1, 8 y 9, que excluirían esta zona. 
No obstante, admito que quizá las medidas relativas al Golfo de Cádiz deban ser diferentes. 
No puedo aceptar la enmienda 30. 
La capacidad debe gestionarse de modo que esté en equilibrio con la productividad de los recursos pesqueros. 
Si una vez recuperadas las poblaciones se permitiera incrementar de nuevo el esfuerzo pesquero o la capacidad de pesca, o ambos, el resultado sería la disminución de las poblaciones y la reducción de la cantidad de pesca disponible para la industria. 
Así no se lograría el objetivo de la explotación sostenible. 
Volviendo al informe Morillon, me complace decir que estoy plenamente de acuerdo con las enmiendas 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 
Es muy conveniente eliminar el capítulo concerniente a la gestión del esfuerzo por kilovatios-día, y aplicar medidas de control solo a los desembarcos superiores a 100 kg en vez de 50 kg. Acepto que la disposición sobre el margen de tolerancia en los diarios de a bordo debe ser la misma que la ya adoptada para la merluza europea. 
También acepto que, por regla general, las variaciones del TAC se limiten a no más del 15 % para estos recursos. 
A pesar de la supresión del sistema de kilovatios-día, será necesario incorporar en su lugar medidas alternativas de gestión del esfuerzo. 
Para el lenguado del Canal de la Mancha, deberían basarse en las medidas ya introducidas al amparo del Anexo IVc del actual reglamento del TAC y la cuota. 
El estado biológico del lenguado en el Golfo de Vizcaya es aparentemente mejor de lo inicialmente previsto, y es conveniente aplicar un plan de gestión a esta población, antes que un plan de recuperación. 
Puedo, por tanto, aceptar lo sustancial de las enmiendas 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 y 13, pero solo en lo relacionado con el lenguado del Golfo de Vizcaya. 
Las condiciones biológicas predominantes para el lenguado del Canal de la Mancha son suficientemente graves como para que se apliquen medidas de recuperación a esa población. 
También comparto la idea de un mecanismo de informes intermedios como el sugerido en la enmienda 11, tal como he señalado al tratar de la merluza austral y las cigalas. 
No obstante, el plan necesita su tiempo para surtir efecto antes de que sea útil revisarlo, de modo que en este punto sería más adecuado un intervalo de cuatro años, de forma similar al calendario aplicado en las evaluaciones periódicas de las medidas a largo plazo acordadas para las poblaciones nórdicas compartidas con Noruega. 
También puedo estar de acuerdo con la idea de fijar un objetivo para el índice de mortalidad pesquera del lenguado del Golfo de Vizcaya, como en la enmienda 15. 
Pero habría de tenerse en cuenta el dictamen científico que emitirá CCTEP en junio sobre este asunto, y me reservo mi postura sobre la cifra adecuada hasta que haya visto dicho informe. 
No obstante, no puedo compartir la idea de fijar un TAC basado en un incremento anual de la cantidad de peces adultos en el mar. 
El dictamen científico sencillamente no es suficientemente preciso como para permitirlo, y me temo que el resultado fuera a ser una adaptación de los TAC sin garantías y demasiado errática. 
El sector pesquero necesita mayor estabilidad que la que pueda aportar ese método. 
Por eso no estoy en condiciones de apoyar las enmiendas 8 o 14. 
Aprecio problemas jurídicos con ciertas enmiendas. 
La enmienda 5 estaría en contradicción con las exigencias de la última frase del apartado 2 del artículo 5 y con la última frase del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2371/2002. 
Y mientras que los Consejos Consultivos Regionales, donde existan, deben ser consultados al desarrollar toda nueva legislación, la aplicación de los reglamentos es responsabilidad de los Estados miembros. 
Por esta razón técnica, no puedo respaldar las enmiendas 5 y 6. 
Sin embargo, no tendríamos ningún problema en que las autoridades de los Estados miembros consultaran a los Consejos Consultivos Regionales, de forma voluntaria, acerca de dichos planes. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en el próximo Turno de Votaciones, dentro de unos minutos. 
– Tengo ahora el placer de anunciar la presencia en la tribuna oficial de una delegación del Parlamento de Armenia, presidida por el señor Armen Rustamyan. 
La delegación ha participado, ayer y hoy, en la séptima reunión del Consejo de Cooperación UE-Armenia. 
Le deseo mucho éxito, tras esta bienvenida de todo el Parlamento, en sus reuniones en el Parlamento Europeo, así como una feliz estancia en Estrasburgo. 
– Señorías, procedemos ahora a la votación. 
Señor Presidente, en relación con la aprobación de esta resolución, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos acordado usar el nombre de «Antigua República Yugoslava de Macedonia» al referirnos a este país en contextos no relacionados con el debate en curso sobre el futuro nombre. 
Espero obtener el apoyo del Parlamento para mantener esta política en la resolución final. 
Esto significa, en otras palabras, que, si se aprueban hoy las enmiendas referidas a Macedonia y si estas no tienen que ver con el tema del nombre, el término que se use en la versión final será «Antigua República Yugoslava de Macedonia». 
Así aseguramos que se vote sobre el fondo de la resolución y que, independientemente del resultado de las votaciones, el texto definitivo esté claro para los lectores de la resolución. 
Podremos hacer algo con respecto a la cuestión real del nombre cuando tratemos las enmiendas 6 y 25. 
– Muchas gracias, señor Samuelsen, creo que son muy útiles estas precisiones sobre un tema que siempre es delicado. 
Señor Presidente, quisiera respaldar lo que ha dicho el señor Samuelsen y, si estamos de acuerdo con su petición, pediré a mis colegas que voten «sí» en vez de «no» a las enmiendas 16 y 20, que se refieren al contenido más que al nombre. 
Señor Presidente, Señorías, se han presentado tres enmiendas al apartado 32, calificadas de idénticas. 
En realidad, la enmienda 13 difiere de las otras dos en una sola palabra. 
No obstante, la diferencia es importante, porque una cosa es hablar de China en su conjunto y otra bien distinta es hablar de China. 
Por tanto, solicito que la enmienda 13 se vote separadadamente de las enmiendas 1 y 10. 
– Antes de votar sobre la enmienda 13 con el matiz semántico señalado por el señor Speroni, votaremos sobre las enmiendas 1 y 10, que son exactamente idénticas. 
, Señor Presidente, todos los diputados tienen una copia de la actualización que he propuesto, que implica la siguiente sustitución en el apartado 8: 
«… informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, presentado al Secretario General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de 2004» por «… informe del Secretario General de Naciones Unidas titulado “Un concepto más amplio de la libertad. Desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” , de 21 de marzo de 2005.» 
Esto supone simplemente una actualización. 
Como el señor Samuelsen ha planteado el problema de los nombres en relación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, señalaré que este problema no se da en el texto sobre el que hemos de votar. 
Y si se diera, sería en la justificación, pero eso no es de lo que estamos tratando. 
Señor Presidente, deseo proponer una enmienda oral con la que se pretende subrayar la demanda de una mayor cooperación con los Estados Unidos en vez de oponernos a ella en principio. 
No solo queremos acoger con satisfacción la cooperación actual en relación con la no proliferación de armas de destrucción masiva, sino que también deseamos que se hagan más esfuerzos a tal fin con vistas a la conferencia de no proliferación de este año. 
La estrategia de no proliferación es un componente esencial de la Estrategia Europea de Seguridad. 
Especialmente en referencia a los actuales debates sobre no proliferación e Irán queremos apelar a una mayor cooperación con los socios estadounidenses en el refuerzo de la no proliferación como instrumento. 
–Señora Beer, ¿puede presentar el texto de la enmienda? 
Señor Presidente, el ponente ha propuesto lo siguiente: 
– «Acoge con agrado la cooperación existente con los Estados Unidos en el terreno de la no proliferación». 
Nosotros proponemos las siguiente redacción: «Manifiesta su deseo de una cooperación más estrecha con los Estados Unidos en el terreno de la no proliferación». 
– Con esto concluye la votación. 
– Todas las explicaciones de voto se harán por escrito. 
Pese a algunos buenos deseos, la política pesquera actual aún supone que la UE compre a los pobres el derecho a abusar de sus recursos naturales. 
Es una forma moderna de colonialismo. 
Es necesaria una auténtica reforma de la política pesquera, además de un cambio absoluto del enfoque de nuestras relaciones con los países pobres. 
Por eso hemos decidido votar contra el informe mencionado en su totalidad. 
El informe del señor Kuhne trata de la Estrategia Europea de Seguridad, y el del señor Brok de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Votamos en contra de ambas resoluciones en su conjunto porque están encaminadas a una mayor cooperación militarista de la UE y a convertirla en una gran potencia que hable con una sola voz en las relaciones internacionales. 
Esta evolución llevaría a dotar a la UE de recursos sustanciosos que otras organizaciones podrían usar mejor. 
Creemos que la OSCE y el Consejo de Europa deben tener prioridad en la labor de prevención de conflictos en el plano europeo. 
A escala mundial, las Naciones Unidas –con su importancia, experiencia y legitimidad– son las más adecuadas para ello. 
Las Naciones Unidas también tendrían la principal responsabilidad en el desarme mundial y en la prevención de la difusión de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y también habrían de garantizar recursos para la gestión de crisis militares. 
No hay motivos para levantar el embargo de armas contra China, porque no ha cumplido las demandas relativas a los derechos humanos. 
Hay que alentar el estricto control sobre las exportaciones suecas de municiones. 
Nos oponemos a la llamada del señor Brok a la inmediata aplicación de las propuestas de la Constitución Europea destinadas a reforzar la política de defensa y seguridad de la UE, a pesar de que la Constitución no ha sido aprobada aún en todos los países y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. 
Esto demuestra una tremenda arrogancia hacia los votantes europeos. 
. 
Como se ha reiterado, la necesidad de preservar los recursos pesqueros debe hacerse compatible con las necesidades de las poblaciones cuyo sustento depende de la pesca y de las industrias asociadas a esta actividad. 
Tanto como esta necesaria compatibilidad, es preciso garantizar también la sostenibilidad de la pesca a medio y largo plazo. 
Pero también debe garantizarse a corto plazo. 
Aunque este asunto particular no afecta directamente a Portugal, tiene paralelismos con situaciones similares en que sí están en juego intereses de Portugal. Por eso he votado a favor. 
. La propuesta de la Comisión pretende hacer frente a los niveles de mortalidad por pesca excesivamente elevados y a los problemas para conseguir una reproducción adecuada en esas zonas. 
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha indicado en su informe, por ejemplo, que los altos niveles de mortalidad por pesca han ocasionado que el número de ejemplares adultos de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en la Península Ibérica sea tan pequeño que las poblaciones ya no pueden recuperarse por medio de la reproducción y se hallan en peligro de colapso. 
No hay ninguna razón para hacer lo que la Comisión de Pesca ha conseguido hacer y votar a favor de suavizar la propuesta de la Comisión, en un momento en el que la Comisión está indudablemente adoptando medidas para hacer frente a los problemas. 
Se necesita una auténtica reforma de la política pesquera, junto con una visión totalmente diferente de nuestra relación con los países pobres y de lo que constituye un uso sostenible de los recursos naturales. 
Por lo tanto, he decidido votar en contra de los dos informes antes citados. 
He votado a favor del informe del señor Krahmer sobre la propuesta de directiva relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización, por las siguientes razones. 
En primer lugar, la directiva destaca la importancia al medio ambiente. 
Según la propuesta, al menos el 85 % de la masa de los vehículos debe ser reutilizable o reciclable y al menos el 95 % de la masa de los vehículos debe ser reutilizable o valorizable. 
De lo contrario, el modelo en cuestión no podrá ser comercializado. 
En segundo lugar, la Directiva ofrece a los fabricantes y a las autoridades homologadoras un período razonable para verificar la conformidad de cerca de 600 modelos actualmente existentes en el mercado, teniendo también en cuenta los ciclos de producción habituales en la industria del automóvil. 
. 
Quiero felicitar al señor Krahmer por su importante informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo. Apoyo el informe y, en particular, las garantías dadas por los fabricantes de automóviles respecto a la posibilidad de «reutilización» , «reciclado» y «valorización» de sus vehículos. 
Como seguimiento de la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea no debe olvidar la política medioambiental. 
En este sentido, hay que reconocer que el fabricante tiene la obligación de demostrar que el vehículo en cuestión respeta el medio ambiente y de ofrecer a las empresas responsables de la eliminación final de los residuos una descripción detallada de la estrategia de reciclaje. 
Medidas tales como la designación por los Estados miembros de las autoridades homologadoras de los certificados de vehículos respetuosos con el medio ambiente, así como la ampliación del plazo para la aplicación de esta Directiva –54 meses–, garantizarán la correcta transposición de la misma y la preparación de la industria del automóvil para la entrada en vigor de esta iniciativa comunitaria. 
por escrito. Me complace la intención de estas propuestas de ayudar a reducir los residuos e informar a los consumidores. 
Estas propuestas refuerzan las buenas prácticas ya establecidas en el Reino Unido, donde en torno al 75 % de los dos millones de coches y furgonetas que llegan al final de sus días tradicionalmente se recuperan o reutilizan. 
No obstante, tengo algunas reservas acerca de las ventajas de aplicar las normas de diseño a los modelos de vehículos existentes, pues en tal caso la carga económica y administrativa puede superar el beneficio medioambiental. 
. 
Existe preocupación por los daños medioambientales causados por el inexorable crecimiento de la utilización de vehículos para el transporte particular. Esa preocupación ha dado lugar a iniciativas como la que hoy nos ocupa, destinada a reducir los efectos negativos mejorando las condiciones para el reciclado, la reutilización y la valorización de los vehículos. 
Teniendo en cuenta la aprobación de enmiendas dirigidas a hacer más ejecutable esta propuesta en cuanto a, por ejemplo, su fecha de entrada en vigor, he votado a su favor. 
. 
Lamentamos que nuestras enmiendas al Reglamento que hoy nos ocupa hayan sido rechazadas, porque tenían como finalidad salvaguardar el presente y el futuro de los pescadores, de la pesca y del papel estratégico de este sector en nuestra dieta, particularmente en países como Portugal. 
No podemos dejar de denunciar como un ejercicio de hipocresía que el Parlamento haya aceptado mencionar la necesidad de medidas socioeconómicas para «atenuar» los efectos de estos planes sin asegurar, al mismo tiempo, la garantía jurídica de su financiación comunitaria y sin condicionar los planes de recuperación a la existencia de esas medidas socioeconómicas. 
Ese era exactamente el propósito de nuestras enmiendas: garantizar unas medidas socieconómicas que compensasen plenamente la pérdida de ingresos de los pescadores, para que la pesca tenga un futuro. 
Al contrario de quienes ven en el desguace de los barcos una forma de ganar dinero fácil a corto plazo, sin interés alguno en garantizar el futuro del sector y olvidando el hecho de que muchos pescadores perderán su sustento, nosotros queremos garantizar el futuro de la pesca. 
Enfrentados al problema de la sostenibilidad de la población sur de merluza europea y a la necesidad de su recuperación, los pescadores afectados tienen que ser plenamente compensados por la pérdida de ingresos derivada de la paralización de sus flotas. De este modo, conseguiremos el objetivo original, que es garantizar el futuro de la pesca. 
Esta es la razón por la que no apoyamos el informe que tenemos ante nosotros. 
. 
Apoyo el presente informe en la forma en que ha llegado al Parlamento, porque ha encontrado el equilibrio pretendido por Portugal y que resultaba perjudicado por la propuesta inicial que establecía un conjunto de medidas lesivas para los intereses nacionales, especialmente a corto plazo, sin justificación suficiente. 
Conseguido este equilibrio, he votado a favor. 
Estamos a favor de que Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania mantengan una asociación más estrecha con la Unión Europea. 
Una vez que estos países cumplan plenamente los criterios de Copenhague, deberían convertirse en Estados miembro. 
Esa sería la evolución natural de la ampliación que la Unión Europea inició con la incorporación de diez nuevos miembros en mayo de 2004. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se refuerce la política exterior de la Unión, que es en muchos aspectos el objetivo de la resolución. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo da todo su apoyo al incansable trabajo realizado por Lord Ashdown, el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. 
Naturalmente, desearíamos que las funciones de la oficina del Alto Representante se transfirieran gradualmente a instituciones nacionales soberanas. 
Sin embargo, en el período intermedio, es crucial que el Alto Representante conserve el derecho a usar los poderes contemplados en su mandato cuando las circunstancias lo requieran. 
. Ya desde comienzos del decenio de 1990 ha habido problemas con el nombre del vecino norteño de Grecia. 
Los nombres de tres provincias del norte de Grecia contienen la palabra Macedonia, una palabra que también fue importante en la historia antigua de Grecia. 
En el país vecino, el movimiento de resistencia contra el Imperio Otomano anterior a 1912 utilizó el nombre de Macedonia y ese fue también el nombre del estado federal del sur de Yugoslavia entre 1945 y 1991. 
Sería lógico utilizar ese nombre constitucional de elección propia, «República de Macedonia» , en sentido general. 
A pesar de que cada estado elige su propio nombre sin injerencias de otros estados u organismos internacionales, en este caso se sigue intentando desde el exterior imponer un nombre diferente en el que solo la última palabra es indicativa del nombre real. 
Si condenáramos eso, Luxemburgo no podría seguir llamándose Luxemburgo, porque hay una provincia en el sudeste de Bélgica con el mismo nombre. 
Entre tanto, Macedonia ha sido reconocida por su nombre real, no solo por los Estados Unidos, Rusia y China, sino también por Eslovenia, que es un Estado miembro de la Unión Europea, y por Bulgaria, que algún día lo será. 
Si la Unión Europea sigue refiriéndose a Macedonia por un nombre diferente, estaría dando un trato injusto y discriminatorio al que un día podría ser uno de sus Estados miembros. 
. 
En su política de vecindad, la Unión Europea tiene que prestar una atención especial a los Balcanes, porque debemos vigilar de cerca el progreso de países que avanzan en distintos procesos de integración y porque la experiencia del pasado reciente nos ha enseñado que la paz no es algo que se pueda dar siempre por sentado en Europa. 
Ahora que ya han pasado unos años desde los peores momentos del conflicto, los países balcánicos están avanzando a paso lento pero firme por un camino que nos debe dejar satisfechos, aunque tengamos que lamentar lo mucho que queda por hacer. 
Insistamos, no obstante, en que, si miramos al pasado, nuestro sentimiento tiene que ser de satisfacción, y felizmente, si miramos al futuro, nuestro sentimiento puede ser de esperanza. 
. – La Resolución del Parlamento Europeo relativa a los Balcanes occidentales expresa la tendencia más general de los Estados Unidos y de la Unión Europea hacia nuevos cambios de fronteras, la competencia entre ellos por dividir la región y los intentos de la Unión Europea por anexionarlos a estructuras eurotransatlánticas. 
La lucha por la independencia de Kosovo, el debate sobre la revisión de los acuerdos de Dayton y la referencia a problemas funcionales en Serbia y Montenegro confirman ese nuevo ciclo de cambios de fronteras. 
Pero si esos cambios llegan a realizarse, se creará una grave situación en los Balcanes que puede degenerar en el estallido de un conflicto como resultado de una lucha más intensa entre los imperialistas por controlar y dividir la región. 
Los pueblos balcánicos han pagado ya con muerte y destrucción los cambios de fronteras resultantes de guerras e intervenciones imperialistas por parte de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. 
Por consiguiente, Grecia como país, su población y los demás pueblos, no están protegidos en virtud de ningún acuerdo eurotransatlántico. 
Existe una necesidad urgente e inmediata de intensificar la lucha colectiva de los pueblos contra la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN que, entre otras cosas, son los principales responsables de la trágica situación que viven los pueblos balcánicos. 
. La mayor parte de este excelente texto está relacionada con disposiciones del Tratado Constitucional. 
Considero que este paso es prematuro y que socava la competencia exclusiva de los Estados miembros al presionar a favor de una aprobación aún no decidida del Tratado. 
Por eso, voto en contra del informe. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo respalda plenamente la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de que refleje mejor el mundo actual, y también apoya las mejoras encaminadas a conseguir que la UE cuente con voz propia en las Naciones Unidas. 
Sin embargo, está fuera de lugar hablar de un asiento para la UE, ya que la Carta de las Naciones Unidas no permite ser miembros a organizaciones como la UE. 
No queremos prejuzgar el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
. 
Al aprobar este informe debemos retener, de entre varias ideas de gran importancia, la prioridad que hay que dar a la lucha contra el terrorismo como eje central de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
En este sentido, es prioritario el diálogo con terceros países, la cooperación internacional y la puesta en práctica de la Declaración de la UE y los Estados Unidos de 2004. 
Y es también esencial que compartamos con nuestros aliados atlánticos la conciencia de la gravedad de las amenazas que penden sobre el mundo libre. 
. En general, apoyo el progreso de la política exterior y de seguridad común. 
En ciertas situaciones de crisis, es lógico que se utilicen tanto recursos militares como civiles. 
Al mismo tiempo, es importante que no se debiliten los principios humanitarios y que las operaciones humanitarias no se utilicen con fines militares (algo que lamentablemente ha ocurrido en Iraq y Afganistán). 
Es también importante garantizar que los recursos destinados a la cooperación al desarrollo a largo plazo no se utilicen con otros fines. 
Por todas estas razones, he decidido abstenerme, ya que la redacción de los párrafos 45 y 46 puede dar pie a cierta arbitrariedad en lo que se refiere a estos aspectos. 
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He votado a favor de este informe sobre la Estrategia Europea de Seguridad (EES) , que por primera vez define el concepto de seguridad de una manera más detallada. 
La EES considera la seguridad como una condición previa para el desarrollo y se centra en factores que hasta ahora no se habían considerado fundamentales para la seguridad. 
En este sentido, entre las principales amenazas para la seguridad global, la EES destaca la fuerza destructora de la pobreza, la desnutrición y la enfermedad. 
La EES establece tres objetivos estratégicos. 
La Unión Europea debe ser capaz de, en primer lugar, identificar las amenazas y emprender una acción rápida utilizando medios militares y no militares; en segundo lugar, garantizar la seguridad en las regiones de la UE que son actualmente fronterizas, pero también en las que lo serán en el futuro; y finalmente, fortalecer el orden internacional. 
No obstante, quiero subrayar que la Unión Europea sufre serias carencias en lo que se refiere a recursos militares, lo que podría comprometer su capacidad para realizar misiones humanitarias de elevada intensidad. La Unión Europea tiene que equiparse con las capacidades tecnológicas necesarias para poder evaluar posibles amenazas. 
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Aunque celebro que este informe plantee cuestiones de importancia inmediata, eso no disipa las objeciones que me suscita el documento original en el que se basa. 
Al contrario de lo que sería de esperar de un documento de esta naturaleza, el tiempo dedicado a identificar amenazas es breve y las cuestiones que exigen un detallado análisis se resumen en párrafos cortos, mientras que el documento presta especial atención a los medios para poner en práctica la Estrategia Europea de Seguridad. 
O bien la Unión Europea sabe muy bien para qué quiere esos medios –y no lo dice aquí –, o quiere esos medios porque sabe que sin ellos no tendría peso, pero no sabe para qué los quiere. 
En ambos casos, debemos manifestar nuestra preocupación por la falta de profundidad y de contenido, a diferencia de idénticos documentos producidos por nuestros aliados. 
En nuestra opinión, la lucha contra el dopaje en el deporte es una cuestión muy importante. 
Es tan importante que, en todos y cada uno de los Estados miembros, debe ser tratada por el parlamento nacional. 
No creemos que el deporte y el atletismo sean cuestiones que competan a la Unión Europea. 
No obstante, exigimos que cada Estado miembro mantenga un control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea y que combata el comercio de sustancias ilegales. 
El visto E de la propuesta de resolución dice que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa proporciona un fundamento jurídico suficiente para la planificación y ejecución de intervenciones comunitarias en el ámbito del deporte. 
Una de las razones para oponerse al proyecto de Constitución para Europa es precisamente que, de forma absurda, regula cuestiones que deberían decidir los propios Estados miembros. 
Por lo tanto, votamos en contra de esta resolución. 
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El «dopaje» en el deporte es un problema de salud pública polifacético que afecta a todos y en especial a los directamente implicados: los deportistas. 
La necesidad de alcanzar unos ciertos niveles y conseguir unos ciertos resultados, impuesta por mecanismos e intereses económicos –en ocasiones con impresionantes sumas de dinero en juego– y políticos, totalmente contrarios a lo que deberían ser los verdaderos valores y objetivos del deporte, fomentan el consumo de una serie de sustancias ilícitas que suelen ser perjudiciales para la salud de los deportistas. 
El deporte no debe considerarse como una actividad altamente lucrativa que beneficia a unos pocos, sino como una actividad educativa, cultural y social que tiene una importancia fundamental en la formación física, psicológica y social del ser humano. 
Entre otras medidas, es necesario definir una política de prevención y educación capaz de promover una práctica saludable de la actividad física que comience en la infancia y se prolongue durante el resto de la vida. 
. Apoyo plenamente la propuesta de resolución relativa al «Dopaje en el deporte». 
Hace una década, yo practicaba la halterofilia, aunque lamentablemente nunca conseguí esa figura soñada de culturista que tanto gustaba a las mujeres. 
Actualmente me alegro de haber consumido solo grandes cantidades de proteínas y nunca clenbuterol ni esteroides anabólicos. 
Los deportistas aficionados o profesionales que se dopan con la esperanza de encontrar patrocinadores o ayuda financiera y con ello, quizás, la fama, pagan un alto precio por ello. 
A menudo, lo que fue un cuerpo espectacular, con el tiempo resulta una imagen poco agradable. 
La Agencia Mundial Antidopaje del COI, que realiza numerosas investigaciones y se ocupa del control y el registro de sustancias prohibidas, ha actuado a última hora, aunque nunca es demasiado tarde. 
El año pasado, la agencia nacional antidopaje alemana llevó a cabo 8 000 inspecciones en campos de entrenamiento y competiciones. 
En el futuro se realizarán pruebas antidopaje en el 20% de todas las competiciones de la UEFA. 
Necesitamos unas normas internacionales comunes si no queremos que los atletas controlados se encuentren en situación de desventaja respecto a los que no se someten a los controles adecuados. 
Es necesario que quienes manipulan el logro de medallas y premios para conseguir beneficios o fama sean socialmente estigmatizados por ello. 
Solo el deporte libre de dopaje merece el reconocimiento y solo los deportistas limpios constituyen verdaderos ejemplos para los demás. 
Me complace esta resolución que llama la atención sobre el problema del dopaje en el deporte. 
El número de casos de dopaje durante los Juegos Olímpicos de 2004 vuelve a demostrar la necesidad de luchar contra este problema tan real. 
El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa establece un fundamento jurídico adecuado para elaborar y llevar a cabo acciones comunitarias en el ámbito del deporte. 
Por tanto, contamos con medios jurídicos para proteger no solo a los profesionales del deporte, que cada vez están sometidos a más presión, sino también a los incontables menores y aficionados que son vulnerables al dopaje en el deporte. 
Particularmente me satisface el llamamiento lanzado a la Comisión para que preste su apoyo a una campaña informativa constante a fin de establecer una política preventiva eficaz. 
También es importante que los Estados miembros y la Comisión cooperen estrechamente con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) , el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) , de modo que la Unión Europea pueda actuar efectivamente con respecto a la prevención y el control del dopaje. 
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Al votar a favor de esta resolución, comparto la preocupación que suscita el consumo de sustancias dopantes en el deporte, porque corrompe todo lo que debería representar una competición deportiva, además de por motivos de salud pública. 
Sin detrimento del principio de subsidiariedad, es evidente que existe un nivel de intervención en el que tendría sentido que la Unión emprendiese acciones que, sobre todo, resultasen efectivas. 
En nuestra opinión, se trata de una cuestión que compete a los Estados miembros y a la UNESCO, a pesar de que el Consejo de Ministros haya autorizado a la Comisión a negociar en nombre de la Unión Europea las partes del proyecto de documento de la UNESCO que son competencia de la Unión Europea. 
No creemos que estas cuestiones tenga que tratarlas la Unión. 
Es totalmente absurdo que la Unión Europea hable en nombre de 25 Estados miembros sobre cuestiones relativas a la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas. 
Por lo tanto, hemos votado en contra de esta resolución en la votación final. 
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Reconocemos la importancia de esta iniciativa de la Comisión de Cultura y Educación relativa a la convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, dada la importancia de preservar y promover la diversidad cultural y las actuales negociaciones en el seno de la UNESCO, particularmente cuando se está produciendo una nueva ronda de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio que, bajo la presión de los grandes grupos económicos y financieros, liberalizaría y mercantilizaría casi todo. 
La creación de un instrumento internacional en este dominio podrá contribuir a consolidar los derechos soberanos y culturales de los pueblos y países, así como a fomentar el desarrollo de políticas públicas sobre cooperación internacional, asegurando que los productos culturales no puedan equipararse a una mercancía ni subordinarse a la lógica del libre comercio, y que el acceso a una oferta diversificada de contenidos culturales constituya un derecho fundamental de los ciudadanos. 
En este sentido, es fundamental defender el papel extremadamente importante que desempeñan los servicios públicos para salvaguardar, apoyar y desarrollar la identidad y diversidad culturales, garantizando el pluralismo y el acceso de todos los ciudadanos a contenidos y conocimientos. 
Eso implica también reconocer la importancia de las ayudas financieras públicas y la competencia de los Estados para decidir esas ayudas. 
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Si hay ámbitos donde la subsidiariedad tiene más sentido, uno de ellos, como ya he dicho en muchas ocasiones, es la cultura. 
Eso sin menoscabo de los esfuerzos de cooperación, las experiencias de coproducción y los programas comunitarias, entre otros, y sin menoscabo de los esfuerzos internacionales que deben dirigirse a garantizar una diversidad efectiva de los contenidos culturales y las expresiones artísticas. 
Al hacerlo, tenemos que asegurarnos siempre de que la libertad creativa, uno de los requisitos previos para esa diversidad, no se vea perjudicada. 
De conformidad con el orden del día se procede a la Declaración de la Comisión sobre la sequía en Portugal. 
Señor Presidente, la Comisión es muy consciente de la gravedad de la situación ocasionada por la sequía en Portugal, comprende las preocupaciones suscitadas y se compromete de pleno a prestar ayuda a Portugal. 
Mi colega, la Comisaria Fischer Boel, se reunió el 6 de abril de 2005 con el Ministro portugués de Agricultura, el señor Silva, para abordar este asunto. 
Existen tres conjuntos de instrumentos que revisten especial importancia en relación con la ayuda destinada a los agricultores portugueses. 
El primero se refiere al apoyo al mercado y las ayudas directas, un ámbito en el que la Comisión ya ha actuado adoptando dos decisiones: una el 4 de marzo para incrementar los anticipos de la prima por bovino para 2004 hasta el 80%, y otra el 7 de abril para permitir la utilización de tierras retiradas para la cría de animales en las regiones afectadas. 
Actualmente se están elaborando otras tres decisiones. 
La primera se refiere a la derogación temporal de los requisitos de densidad previstos en el Reglamento relativo a la reconversión de tierras de cultivo a favor de la ganadería extensiva. 
Este instrumento introduce un coeficiente correctivo de correlación aplicable al número de unidades de ganado registradas por explotación. 
Otra de las decisiones ampliará la utilización de la tierra retirada destinada a la alimentación de animales al conjunto del territorio continental de Portugal. 
En este contexto, deseo mencionar la solicitud portuguesa de transferencia de existencias de intervención. 
Tradicionalmente, la Comisión se opone a dichas transferencias a la luz del abundante abastecimiento del mercado. 
La Comisaria Fischer Boel, que ha tratado esta cuestión con el Ministro portugués de Agricultura, ha aceptado las circunstancias particularmente complicadas debidas a la prolongada sequía que sufre Portugal y ha pedido a los servicios de la Dirección General de Agricultura que aborden con las autoridades portuguesas la cuestión referente a la utilización de las existencias transferidas. 
Una tercera decisión autorizará, en determinadas condiciones, el anticipo de una serie de primas. 
Esto incluye un anticipo del 80 % de la prima por vaca nodriza y un 50 % de la prima por oveja, cabra y de la prima láctea para 2005. 
De conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, también se podrá adelantar el pago único por explotación, siempre que no se abone antes del 16 de octubre y que esté sujeto a los controles pertinentes. 
El segundo instrumento se refiere al desarrollo rural. 
Cuando se producen desastres naturales, es posible recurrir a la reprogramación. 
No obstante, esta posibilidad parece limitada, ya que el periodo de programación está llegando a su fin y escasean los recursos. 
Portugal pidió que los agricultores continúen recibiendo los pagos en concepto de desarrollo rural, aunque no se puedan cumplir ciertas condiciones debido a la sequía. 
A finales de enero de 2005, las autoridades portuguesas solicitaron el reconocimiento de la sequía como un caso de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 817/2004 y la derogación de determinadas condiciones relativas a la medida sobre el medio ambiente agrícola. 
Para reconocer la fuerza mayor es necesario que se cumplan una serie de criterios, en particular la gravedad de la sequía y la cuantificación de las consecuencias para la agricultura y el sector agrario. 
Ya existen varios informes que ofrecen una visión inicial de las consecuencias esperadas. 
Con arreglo a la información disponible, la Comisión no tiene nada que objetar a la solicitud portuguesa. 
No obstante, se pedirá a las autoridades portuguesas que presenten un informe más completo. 
Portugal puede decidir compensar a los agricultores mediante ayudas estatales por las pérdidas de ingresos ocasionadas por la grave sequía. 
Para ello, tendrá que notificar sus planes a la Comisión, que hará todo lo posible por aprobarlos con rapidez. 
No obstante, es esencial demostrar que las pérdidas ocasionadas por un fenómeno climático han alcanzado un umbral del 20 % o del 30 %; en segundo lugar, es necesario que exista una relación directa entre las pérdidas y las condiciones meteorológicas adversas; y en tercer lugar, no debe producirse una compensación excesiva. 
Las autoridades portuguesas también pueden recurrir al Reglamento relativo a las ayudas estatales. 
Durante un periodo de tres años se pueden conceder ayudas de hasta 3 000 euros por agricultor sin necesidad de notificarlo a la Comisión, siempre y cuando, entre otras condiciones, la cantidad total en el periodo no supere los 17 832 000 euros. 
– Señor Presidente, Señorías, cuando solicitamos este debate, contábamos evidentemente con el compromiso del Parlamento Europeo y, en este momento, quiero expresar mi agradecimiento a todos los Grupos políticos por las muestras de solidaridad del Parlamento. 
La situación de sequía en Portugal es extremadamente grave, como ya sabemos y como el señor Borg nos acaba de explicar. 
Hace apenas un mes, el 15 de marzo, cerca del 88 % del territorio de Portugal sufría ya una sequía grave o incluso extrema y, a pesar de las lluvias recientes, se han producido grandes e irreparables pérdidas. 
De acuerdo con los datos disponibles, aunque lloviese con normalidad en los próximos meses –y las previsiones no indican en absoluto que vaya a ser así– nos enfrentaríamos a una situación que se produce solo una vez cada 40 años. 
La agricultura se ha visto afectada, la ganadería está en riesgo, algunas comunidades están sufriendo ya cortes de agua y todo ello ocurre en regiones ya de por sí deprimidas. 
De hecho, si la situación empeora al acercarse el verano, existe el riesgo de que el turismo, uno de los sectores económicos más importantes de Portugal, se vea gravemente afectado y que los efectos de la sequía se extiendan a muchos otros sectores y afecten a muchos miles de portugueses. 
Por otro lado, hay que actuar de inmediato para evitar que se repitan los devastadores incendios de hace dos años, provocados en parte también por un período de escasas lluvias, aunque en absoluto comparable al actual. 
Estamos pues, ante de un cuadro que justifica plenamente la solidaridad de la Unión Europea y, cuanto más se tarde en demostrar esa solidaridad, mayores serán los costes y menor el impacto positivo. 
Así pues, esperamos que el impulso que daría la aprobación por el Parlamento Europeo de la resolución propuesta lleve a la Comisión a actuar con rapidez y eficacia para atender las demandas de Portugal, y hay indicios claros de que está dispuesta a hacerlo. 
Esperamos también, en caso necesario, que la Comisión analice y apruebe un plan de ayuda estatal –ya mencionado aquí– para crear líneas de crédito destinadas a hacer frente a las pérdidas y atender las necesidades de reinversión y de reestructuración de las deudas contraídas por los agricultores, cuya supervivencia es, después de todo, la razón de que estemos hoy aquí. 
– Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Comisario por su intervención y por la franqueza de la Comisión ante la difícil situación que padece actualmente Portugal. 
Como saben, la grave sequía que reina en mi país es especialmente acentuada en las regiones del sur. 
Permítame, señor Presidente, que agradezca las manifestaciones de solidaridad y de apoyo de todos los diputados a los que he tenido la oportunidad de explicarles la situación. Quiero también decir lo mucho que me satisface haber tenido la oportunidad de presentar esta propuesta común, suscrita por los principales Grupos políticos de este Parlamento. 
Estamos al comienzo de una nueva estación seca en Portugal, después de que prácticamente no haya llovido en otoño e invierno, que son los períodos lluviosos en mi país. 
En algunas regiones, los niveles de los acuíferos no llegan al 20 % de la media de los últimos 40 años. 
Debido a ello se están agotando todas las existencias de forrajes y, al no haber crecido los pastos ni las tierras de cultivo, estando restringida la utilización del agua que queda en los embalses, no será posible conseguir nuevos suministros en cantidades suficientes para el próximo otoño e invierno. Por otra parte, habrá que alimentar al ganado hasta la primavera del año que viene, y eso con la perspectiva de un otoño normal en términos pluviométricos. 
Después de todo, como ha explicado correctamente el señor Borg, lo que se pide son pagos anticipados y derogaciones de las normas de algunos reglamentos cuyo cumplimiento en estas circunstancias sería totalmente imposible, de forma que los agricultores no sean penalizados, así como la autorización para conceder algunas ayudas estatales, en particular a los pequeños agricultores. 
No obstante, señor Presidente, Señorías, la situación que vivimos en Portugal debe obligarnos a reflexionar sobre las soluciones a medio y largo plazo para este tipo de problemas, como la creación de un sistema europeo de protección contra los riesgos y las crisis de la agricultura, cuyo debate en buena hora celebró hace poco la Comisión y, en términos más amplios, reforzando el liderazgo de la Unión en las iniciativas internacionales frente al cambio climático y la presentación de propuestas concretas para una acción estratégica después de 2012. 
Creo que en el breve tiempo del que disponía, he dado suficientes razones al Parlamento para que apoye por mayoría esta propuesta de resolución. 
Por lo tanto, les pido que voten a favor, con la seguridad de que, como acaba de decir el señor Comisario, la Comisión se tomará este asunto en serio. 
Señor Presidente, quiero felicitar la iniciativa que ha traído a este Pleno, como debate de urgencia, esta cuestión de la sequía en Portugal y empezar transmitiendo toda la simpatía y la sintonía que, como copeninsular, se puede tener respecto de este problema. 
Es evidente que no hace falta ser un experto en meteorología ni un hombre del tiempo para saber que, si no llueve en Portugal, tampoco llueve en determinadas zonas de España. 
Creo que es bastante obvio y que, por tanto, en lo que se refiere a la dimensión climatológica de lo que aquí estamos comentando, el problema de Portugal es prácticamente idéntico al de buena parte de España. 
Otra cosa es, sin duda, que los efectos económicos concretos en el país sean distintos, en función ya de la propia geografía o del propio territorio. 
Pero el problema de la sequía, el problema de la falta de lluvia como tal, se comparte. 
Por eso introdujimos algunas enmiendas en esta propuesta de resolución, que en algunos párrafos amplían un poco lo que es el ámbito de la misma y, de hecho, no se ciñe ya solo a Portugal, sino que se extiende también, en parte, al conjunto de la Península Ibérica. 
Y así creo que tiene que ser. 
Evidentemente, a mi Grupo le parece espléndido que se destaquen los efectos específicos, en algunos casos con menciones muy concretas a problemas que afectan especialmente a Portugal y, muy específicamente, al sur de Portugal. 
Pero entre todos deberíamos empezar a hacer, y lo decía el orador que me ha precedido, una reflexión más profunda, porque esto no es coyuntural. 
Por tanto, la Comisión Europea tiene una responsabilidad de estudio, de anticipación y de planificación en las consecuencias del cambio climático, que no es solo para grandes discursos políticos en grandes debates, sino que tiene consecuencias inmediatas, y a veces dramáticas, para la economía de los países, como se comprueba en este caso. 
Eso es, por tanto, lo primero que quiero destacar: esta situación no es coyuntural, no es una crisis que pasa, sino algo que merece una reflexión profunda y, por tanto, requiere medidas políticas a medio y largo plazo. 
Sobre la propia Resolución, que detalla cuestiones muy concretas, quiero destacar dos, o tres. 
La primera es, fundamentalmente, la insistencia en que el impacto económico es un impacto general, que va más allá de la agricultura; el impacto de la sequía, por ejemplo, afecta directamente al turismo y a toda la dimensión rural del mismo, y eso es algo que siempre debe tenerse en cuenta, y muy especialmente cuando hablamos de este tema. 
En segundo lugar, la referencia a ese drama en el que, si se quiere, España y Portugal estamos muy cerca, y me atrevería a decir también Cataluña y Portugal: el elemento de los incendios, los fuegos forestales. 
Eso es una enmienda que se ha introducido y que no afecta solo a Portugal y, por tanto, quisiera vincular las consecuencias que tiene la sequía en el riesgo gravísimo de incendios y, a la vez, hacer una llamada a la posible aplicación del Fondo de Solidaridad para atender a estos temas. 
Me parece que es algo muy importante, que probablemente, en su momento, exigirá una Resolución y un debate directamente dedicado a este tema. 
. – Desde principios de año venimos alertando a la Comisión y al Parlamento de la grave situación que existe en Portugal, como resultado de los dos períodos de sequía más acentuados que se recuerdan, cuyos efectos sociales, económicos y medioambientales tenderán a aumentar al acercarse el verano. 
En nuestra pregunta formulada a la Comisión en enero y nuestra intervención en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en febrero, advertimos de la necesidad de medidas urgentes para hacer frente a la difícil situación de la agricultura y de acciones inmediatas para evitar cortes de agua en algunas zonas. 
La situación de la agricultura es preocupante. 
Los cultivos de otoño/verano se han perdido y los de primavera/verano, como los de tomate, maíz, arroz, frutas y hortalizas, corren el riesgo de perderse; lo mismo sucede con los forrajes y con el desarrollo normal de cultivos de otoño, como los cítricos y la uva. 
Algunas reforestaciones efectuadas después de los incendios de 2003 y 2004 se han perdido irremediablemente debido a la falta de humedad en el suelo. 
Esta situación coloca a millares de pequeños y medianos agricultores en serias dificultades financieras. Por lo tanto, urge tomar medidas concretas para apoyar a los agricultores portugueses, como las previstas en esta resolución o las que nosotros propusimos: la creación de un seguro agrícola público, financiado con fondos comunitarios, que permita garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores en caso de catástrofes como una sequía o un incendio; una línea de ayuda financiera para compensar el aumento de los costes y el descenso de la producción agrícola; una exención temporal de las cotizaciones a la seguridad social, sin pérdida de derechos, para los agricultores a jornada completa con ingresos inferiores a 12 unidades de dimensión europea (UDE) , y la ampliación del plazo de devolución de los créditos sin intereses por dos años. 
Por otro lado, tienen que adoptarse también medidas a corto y largo plazo para garantizar la disponibilidad de agua –un bien público y un derecho humano universal– en cantidad y calidad suficientes. Por eso hemos propuesto una enmienda que incide en la necesidad de presentar medidas concretas que apoyen a los municipios portugueses de las zonas más afectadas por la sequía, asegurando al mismo tiempo la justicia en la activación del Fondo Europeo de Solidaridad 
Por último, esta situación viene una vez más a alertar de la necesidad de prevenir el calentamiento global y sus consecuencias sobre el cambio climático a fin de alcanzar los importantes objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Portugal padece una situación dramática de sequía, pérdida de cultivos, ganado que muere sin agua ni alimentos, deterioro ambiental de las zonas más afectadas, aumento del riesgo de incendios forestales en verano y poblaciones que ya dependen del abastecimiento de agua procedente del exterior. 
El señor Queiró ha señalado que el 80 % del país padece las consecuencias de la sequía. 
El sector agrícola ya ha sufrido pérdidas que superan los mil millones de euros y que no harán sino aumentar. 
Se acercan los meses más cálidos, con un aumento significativo de la temperatura y sin que se esperen lluvias entre mayo y octubre. 
Ahora que intentamos fomentar la solidaridad europea con los más afectados, la Unión Europea debe ofrecer su ayuda, gran parte de la cual no tiene nada que ver con dinero ni con subvenciones, como ha dicho el señor Capoulas Santos, sino con la buena voluntad y el conocimiento de las dificultades que se sufren sobre el terreno. 
En primer lugar, respecto a las ayudas estatales. 
La Comisión debe autorizar al Gobierno portugués a conceder ayudas estatales a los agricultores que han perdido sus ingresos para adquirir alimentos para el ganado, invertir en la captación y distribución de agua y facilitar la reestructuración de las deudas bancarias de los agricultores. 
En segundo lugar, debe adelantarse el pago de las subvenciones a las que tienen derecho los agricultores, en su totalidad y no solo en parte, señor Comisario. 
En tercer lugar, debe facilitarse la transferencia de cereales de las existencias de intervención comunitaria resultantes de los excedentes de algunos Estados miembros. 
En cuarto lugar, deben concederse derogaciones de algunos reglamentos comunitarios que ha mencionado usted, señor Comisario, autorizando el pastoreo en zonas retiradas del cultivo o en tierras plantadas con cereales y ya afectadas por la sequía. 
En quinto lugar, deben destinarse fondos y movilizarse recursos para prevenir los numerosos incendios forestales que cabe esperar este verano a raíz de la sequía. 
En sexto lugar, debe analizarse la posibilidad de utilizar el Fondo Europeo de Solidaridad para este tipo de situaciones. 
Y en séptimo lugar, deben reafirmarse las posiciones europeas con respecto al cambio climático y el Protocolo de Kyoto. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea funciona mejor cuando se acerca a los ciudadanos. 
Es importante que los ciudadanos portugueses más afectados por la sequía puedan sentirse también ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, solidaridad es la primera palabra que quiero decir. 
Debemos mostrarnos solidarios con las poblaciones de las zonas más afectadas, particularmente con los agricultores del sur de Portugal y de la zona fronteriza. 
Debemos demostrar que esa solidaridad no se detiene en la frontera y quiero asegurar al señor Guardans Cambó que naturalmente se extiende a toda la población de Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, etc., regiones que, en efecto, también sufren las consecuencias de lo que solamente se puede calificar de una catástrofe natural de grandes dimensiones. 
Diga lo que diga el Reglamento, esta es la realidad de la situación y por ello la solidaridad es también aquí una palabra fundamental. 
Me satisface comprobar que nadie ha pronunciado la palabra «exageración» , porque la situación nunca se ha exagerado, sino que se ha descrito con objetividad y exactitud. Celebro también que la Comisión se haya comprometido a ayudar a resolver estos problemas. 
No obstante, quiero destacar en especial algunos aspectos que están, de forma intrínseca e indiscutible, vinculados a una estrategia forestal cuya formulación compete indudablemente a los propios Estados miembros, pero que la Comisión también debe definir con precisión. 
Por eso, cuando escucho que, en el marco de la revisión de la estrategia forestal, se ha reducido de 20 a 10 años el plazo establecido para el pago de ayudas por pérdida de ingresos, me sorprende que en las instituciones europeas no hayamos comprendido todavía la enorme importancia de una buena estrategia forestal para evitar estas situaciones cercanas a la desertización. 
Es absolutamente fundamental que los complementos de ingresos se mantengan durante décadas para especies que tardan decenas de años en crecer antes de poder producir absolutamente nada. 
Es fundamental no solo que se mantenga las ayudas a los bosques del sur de la Península Ibérica, sino que también se refuercen esas ayudas con relación a las alternativas. 
Quiero pedir, por tanto, a la Comisión que preste la máxima atención a esta cuestión. 
– Señor Presidente, como ya se ha dicho varias veces en este debate, mi país sufre una sequía y la situación para los agricultores y ganaderos está al borde del desastre. 
La situación ya es dramática y por ello son tan importantes las propuestas que votamos hoy, para compensar y aliviar parcialmente las pérdidas sufridas por los agricultores. 
Pero se necesitan otras medidas. 
Es indispensable una gestión racional del agua, que es un bien escaso y público en los países del sur de la Unión Europea. 
En nuestra civilización, y en mi país en particular, sigue desperdiciándose mucha agua y eso tiene que cambiar. 
Lo mismo podría decirse de la actual política agrícola, que infravalora a los países mediterráneos y no fomenta una ocupación racional del territorio ni la sostenibilidad ecológica del mundo rural. 
En agosto, cuando inevitablemente se vuelvan a declarar incendios, pagaremos una vez más por esta irresponsabilidad. 
Por último, necesitamos nuevos instrumentos europeos para la prevención de riesgos. 
El señor Capoulas Santos tiene en esto toda la razón. 
Una de las cosas que tenemos que hacer es crear un seguro europeo de cosechas que pueda canalizar parte de las contribuciones de los agricultores a un fondo para catástrofes, un fondo con participación de los Estados miembros y la Unión que podría movilizarse de forma automática ante situaciones como las que ahora se viven en Portugal o en el sur de España, pero que en otras ocasiones pueden afectar a otros países. 
Señor Presidente, quiero expresar mi solidaridad con los afectados por la sequía portuguesa y mi apoyo a la resolución. 
No obstante, quiero referirme al fenómeno que la provoca: el cambio climático. 
El tema hace referencia precisamente a lo que han comentado prestigiosos profesores universitarios finlandeses de ciencias medioambientales en un seminario celebrado aquí en el Parlamento de Estrasburgo esta semana. 
Uno de los temas tratados fue el cambio climático. 
Al seminario asistió también un alto funcionario de la Dirección General de Investigación de la Comisión, que disfrutó realmente con el contacto entre ciencia y política en el Parlamento. 
Esa cooperación entre científicos y políticos es positiva, pero naturalmente no deberíamos darla por hecha. 
El mundo no funciona de forma que el conocimiento académico fluye simplemente hacia los políticos. 
En ocasiones, hace falta pedirlo. 
Los científicos no tienen necesidad de venir a presionarnos. 
A pesar de que la sociedad realiza investigaciones científicas, lamentablemente los legisladores no suelen estar informados de ese tipo de conocimientos. 
A menudo nos preguntamos, por ejemplo, si la sequía de 2003 es un indicio del cambio climático. 
Los investigadores afirman que la pregunta se plantea de forma incorrecta y que no existe una respuesta sencilla. 
Pero si les preguntamos si cabe esperar nuevas sequías, responden que sí; si las olas de calor van a ser más frecuentes, responden que sí; y si la sociedad moderna va a ser cada vez más vulnerable a fenómenos climáticos extremos, responden que sí. 
Por lo tanto, ha llegado el momento de actuar. 
No podemos seguir esperando respuestas más certeras. 
La información que tenemos ahora debe ser suficiente para que emprendamos acciones más eficaces que nos permitan evitar o frenar el cambio climático. 
Esa es una de nuestras grandes prioridades políticas. 
Otro ingrediente esencial son las políticas de adaptación, en las que tenemos que realizar un decidido esfuerzo de inversión, redefiniendo nuestros propios ámbitos políticos e invirtiendo en investigación. 
Necesitamos, por ejemplo, una estrategia forestal adecuada a la situación actual. 
Lamentablemente, el cambio climático no se puede evitar por completo, pero es fundamental minimizar el alcance de los daños humanos y materiales. 
– Señor Presidente, como ya se ha mencionado hoy en varias ocasiones, Portugal sufre posiblemente la sequía más grave desde 1990 o 1981. 
Las cifras están claras. 
Debido a esa situación de sequía, los acuíferos de las regiones del Alentejo y del Algarve están a menos del 50 % de su capacidad máxima. 
Estamos en abril y cerca del 25 % de los municipios portugueses han aplicado ya medidas cautelares para mitigar los efectos de la sequía. 
Si menciono estos datos, y todos los que hemos escuchado hoy aquí, con particular vehemencia, es porque esas fueron, sobre todo, las zonas más devastadas del territorio continental portugués en los últimos años. 
Esas fueron también las zonas que recibieron ayudas del Fondo de Solidaridad cuando este se movilizó tras los incendios de 2003 en que millares de personas vieron cómo sus actividades económicas y sus posesiones eran pasto de las llamas. 
Y luego sufrieron los incendios de 2004, que devastaron todo lo que había resistido tenazmente a la furia devoradora de los incendios de 2003. 
Además de todo eso, son las zonas más afectadas por la ampliación, las que pasaron, en teoría, a ser ricas de la noche a la mañana debido al conocido efecto estadístico. 
Toda esa gente que desde hace años aguanta y resiste, a pesar de las innumerables adversidades, gente que vive de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, del turismo y del medio ambiente, gente de escasos recursos, es la que más ha sufrido. 
Ha sufrido la sequía meteorológica y también la sequía hidrológica, porque los embalses que deberían servir para amortiguar esta situación se encuentran con apenas un 30 o 40 % de capacidad útil. 
Señor Comisario, esta situación no se habría producido o no sería tan grave si al menos en el sur la Comisión se mostrase dispuesta a resolver sus diferencias con Portugal respecto a la presa de Odelouca y al resto de la red de embalses. Esa situación viene arrastrándose desde hace tiempo y nos ha conducido a las dificultades que sufrimos en estos momentos. 
Por eso le pregunto, señor Comisario, si está dispuesto –si la Comisión está dispuesta– a resolver este problema estructural, para que en el futuro esa gente no tenga que ver cómo se repiten las catástrofes una y otra vez. 
Naturalmente, agradezco a la Comisión todas las propuestas que ha presentado hoy aquí a modo de soluciones de emergencia, aunque como muchos diputados han dicho en esta Cámara, lo que necesitamos son propuestas concretas, algunas de las cuales ya están encima de la mesa y solo necesitan la aprobación de la Comisión. 
. Señor Presidente, quisiera agradecer a sus Señorías los comentarios sobre la declaración de la Comisión. 
La Comisión comparte las preocupaciones expresadas en esta Cámara por las consecuencias de la sequía en Portugal. 
Tal como he manifestado al principio de este debate, haremos lo que esté en nuestra mano para ayudar a los más afectados por la sequía, es decir, a la comunidad agrícola. 
A su vez, estas medidas servirán de ayuda a las economías rurales afectadas. 
He escuchado sus preocupaciones y la información sobre las dificultades en Portugal. 
Sin lugar a dudas, la Comisión demostrará su solidaridad adoptando las medidas que he enumerado anteriormente. 
Mi colega, la Comisaria Fischer Boel, es consciente de los problemas y ha hecho, y está haciendo, todo lo posible para abordar esta situación. 
En cuanto a la idea de crear una estructura más permanente para hacer frente a estas situaciones, transmitiré la información a mis colegas, que, sin lugar a dudas, la examinarán con detenimiento. 
Se han formulado otras ideas y sugerencias, que serán debidamente estudiadas por la Comisión. 
Algunos de ustedes han mencionado la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva más amplia y de examinar las causas de este tipo de sequía, que van desde el cambio climático hasta la política forestal. 
Les agradezco sus sugerencias y propuestas destinadas a la adopción de un enfoque a más largo plazo y más coordinado de este fenómeno. No cabe duda de que me aportan muchos elementos para la reflexión y demuestran el compromiso del Parlamento con el desarrollo sostenible, un compromiso que la Comisión comparte plenamente. 
La Comisión es muy sensible con respecto a esta cuestión y las dificultades que ha causado. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano y demostraremos nuestra solidaridad con los más afectados por esta sequía. 
Para cerrar este debate se han recibido cuatro propuestas de resolución (1) cuya votación tendrá lugar esta tarde al cabo de los debates. 
Sorprende que la Unión Europea siga sin elaborar e implementar una estrategia a corto y largo plazo para luchar contra la sequía y la desertificación, ya que en los países del sur y mediterráneos es una de las principales amenazas para la sostenibilidad económica y social. 
Pero la carencia de un plan conjunto entre los países y la comisión (Agricultura y Medio Ambiente) es más llamativo cuando recientemente la Agencia Europea del Medio Ambiente ha resaltado que las zonas más afectadas en sentido negativo por el cambio climático previsto son los países del mediterráneo. 
Por ello, apoyamos una política para la lucha la sequía en Portugal, y cualquier ayuda para paliar los impactos sobre la productividad, el mercado o las propias plantaciones derivadas de este déficit hídrico. 
Al mismo tiempo que pedimos se estudie su extensión a otros países del sur. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Bangladesh (1). 
. Señor Presidente, imagínense que en uno de nuestros Estados miembros los ex Ministros sufriesen atentados con bomba, que los periodistas y políticos de la oposición fuesen asesinados y que los ciudadanos fuesen encarcelados y torturados por fuerzas paramilitares. 
Imagínense que esas cosas sucediesen en sus propios países. 
Si así fuera, estaríamos todo el día hablando de ello en el Parlamento Europeo, exigiendo medidas inmediatas y abordando los problemas sin dilación. 
Eso es precisamente lo que el Gobierno de Bangladesh no ha hecho. 
No ha hecho frente a esos problemas a tiempo, ni ha mostrado energía suficiente. 
Eso es absolutamente lamentable, dado que Bangladesh ha sido durante mucho tiempo un país en el que las mujeres disfrutaban de gran libertad y podían ejercer el poder político. 
En muchos sentidos, Bangladesh era considerada un buen ejemplo de desarrollo positivo, tanto en términos económicos como políticos. 
Todo eso corre ahora el peligro de perderse si el Gobierno de Bangladesh no emprende una acción enérgica. 
Creo que debemos hacer todo lo posible por ayudar a resolver los problemas y mejorar la situación en Bangladesh. 
Me parece triste que algunos diputados al Parlamento Europeo quieran debilitar la resolución cuando conocemos la gravedad de la situación. 
Espero que hoy obtengamos una mayoría a favor de mantener la resolución, sin que se vea debilitada por enmiendas que pretenden describir una realidad diferente de la que existe. 
Celebro que por fin hayamos tomado esta iniciativa e incluido a Bangladesh en el orden del día. 
Su pueblo necesita nuestro apoyo y eso es lo que podemos ofrecerle hoy. 
Señor Presidente, Shah Kibria, ex Ministro de Hacienda de Bangladesh, acababa de finalizar un discurso en un acto del principal partido de la oposición de ese país, al que pertenecía. 
Allí mismo, una granada le hizo volar en pedazos; otras tres personas murieron y cincuenta resultaron heridas. 
Con este tipo de atentados, los extremistas islámicos han creado un clima de terror. 
Hay partes del país donde las administraciones públicas parecen colaborar con ellos. 
Se trata de una situación intolerable. 
Amnistía Internacional y los Estados Unidos han confirmado que miembros de minorías religiosas están siendo sistemáticamente intimidados, perseguidos y sometidos a detenciones arbitrarias. 
No se ha producido ninguna mejora satisfactoria en respuesta a la última resolución aprobada por esta Cámara en noviembre de 2002, ni a la última visita a ese país de nuestra delegación de la ACRAM en febrero de 2003. 
No obstante, el Gobierno ha encarcelado hace poco a dos líderes de organizaciones criminales musulmanas y ha congelado sus cuentas bancarias. 
Pedimos al Gobierno que emprenda acciones más enérgicas contra los extremistas. 
Bangladesh debe cumplir también las obligaciones impuestas por los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado. 
Debe ilegalizar la tortura, garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión e intensificar la lucha contra la corrupción. 
Solamente si consigue un progreso apreciable en estos ámbitos, se aplicarán las condiciones del acuerdo de cooperación UE/Bangladesh de 2001, puesto que dicho acuerdo se basó y se basa en el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de la democracia. 
Las diferencias existentes entre el Gobierno y la oposición no deben impedir que al menos permitan que el Parlamento, actualmente suspendido, reanude sus actividades. 
Por lo tanto, ambas partes deben esforzarse por crear unas condiciones que no den cabida al radicalismo, la actividad paramilitar y el extremismo religioso. 
. Señor Presidente, cuando en 1947 el enorme imperio colonial británico en el sur de Asia se dividió aplicando como criterio la religión predominante en cada región, el este de la provincia de Bengala pasó a formar parte del Estado musulmán de Pakistán. 
Era una zona superpoblada y propensa a las inundaciones, que atrajo la simpatía de todo el mundo y que en 1971 se separó de Pakistán, el remoto territorio situado al oeste que no tenía el más mínimo interés en ayudar a resolver los problemas de esa colonia oriental. 
El nuevo Estado podría haber tenido un buen comienzo si hubiera seguido, por ejemplo, el ejemplo neerlandés de construir diques y desecar zonas pobladas que se inundaban durante la estación de tormentas; de esa forma, habría ampliado su territorio para el asentamiento de la población y la producción de alimentos. 
En lugar de ello, fuimos testigos de la encarnizada lucha de clanes que estalló en Bangladesh entre dos partidos históricamente enfrentados y que se niegan mutuamente el derecho a existir. 
Además, el país se ha visto durante algún tiempo dominado por el tipo de fanatismo religioso intolerante que apenas existía en otras partes del mundo islámico hasta hace 20 años. 
Ese fanatismo no deja espacio a las minorías religiosas, como la comunidad musulmana ahmadía o los hindúes. 
La intimidación y los violentos atentados cometidos por los partidarios del Gobierno quedan impunes. 
Los grupos paramilitares, que afirman combatir el crimen, cometen actos de tortura y asesinatos. 
Bangladesh corre el riesgo de entrar en una espiral de autodestrucción. 
A pesar de haber recibido un amplio apoyo, una declaración denunciando la intimidación, la violencia, la tortura, la impunidad y el estancamiento económico no contribuirá a resolver el problema; más bien, debe constituir el punto de partida para decidir cómo podemos ocuparnos en Europa de ese desafortunado país en el futuro, lo cual presupone, como mínimo, solidaridad con las víctimas. 
. – Señor Presidente, alrededor de un tercio de las 140 millones de personas que habitan este país pobre y superpoblado, pero democrático, carecen de tierras y se ven obligadas a vivir en lugares y cultivar campos propensos a las inundaciones. 
Tradicionalmente, la población musulmana mayoritaria ha vivido en paz con otras minorías religiosas y Bangladesh cuenta con un buen historial en lo que a educación y derechos civiles de las mujeres se refiere. 
El Gobierno, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh, y que está en el poder desde 2001, tiene problemas particulares con la reforma económica, ya que a menudo está bloqueada debido a las luchas políticas internas y la corrupción. 
El actual boicot al diálogo parlamentario impuesto por la opositora Liga Awami no mejora la situación. 
Es cierto que se han producido ataques contra líderes de la oposición, pero dice mucho en favor de las autoridades el hecho de que hayan sido detenidos ocho sospechosos, a pesar de ser miembros de la coalición de partidos gobernante, y que recientemente hayan sido prohibidos dos grupos islamistas radicales. 
Bangladesh protesta asimismo por los comprensibles intentos de la India de sellar la porosa frontera internacional donde cunde el contrabando, incluido el tráfico de drogas ilegales. 
Un aspecto alentador es que el crecimiento se ha mantenido constante en torno al 5 % en los últimos años, pero en la actualidad Bangladesh se siente amenazada por las desmesuradas exportaciones chinas de productos textiles. 
La Unión Europea tiene que ser paciente y prestar a Bangladesh todo su apoyo político y financiero, fomentar la gobernanza y luchar contra la corrupción y el fundamentalismo islámico. 
Insto a esta Cámara a que respalde mis enmiendas a fin de lograr una resolución más equilibrada. 
. – El Estado de Bangladesh se fundó en 1971, tras la lucha librada por su independencia. 
Este país predominantemente musulmán está tratando de encontrar soluciones a sus abrumadores problemas en unas condiciones de elevada densidad de población, catástrofes naturales y pobreza. 
La Resolución nos induce a pensar que se han conseguido escasos progresos, e ignora el hecho de que sí se han conseguido algunas cosas; por ejemplo, el país produce suficientes alimentos para la subsistencia de su población. 
Es vergonzoso que no se haya pedido por anticipado al Gobierno de Bangladesh y a los representantes de la oposición su opinión respecto a esta Resolución, que describe los modestos avances realizados en una serie de ámbitos y reconoce la necesidad de seguir avanzando en la dirección correcta. 
El hecho de que no se les haya consultado dice poco a favor del Parlamento Europeo. 
Nuestros intentos por impulsar la democracia en ese país son positivos, pero es una lástima que no hayamos reconocido ningún signo positivo de progreso democrático en la propuesta de resolución conjunta. 
Aunque discrepamos con algunas de las afirmaciones infundadas de la Resolución, apoyamos el progreso del país hacia la democracia y esperamos que continúe en esa línea, sobre todo de cara a la celebración de las próximas elecciones parlamentarias. 
. Señor Presidente, hoy se celebra el día de Año Nuevo en Bangladesh. 
Deseo de todo corazón que el Señor bendiga a los dirigentes de ese país y a sus habitantes en el Año Nuevo. 
A pesar de que en Europa también podemos hacer mejor las cosas, queremos formular unas cuantas sugerencias a Bangladesh en relación con las resoluciones de Año Nuevo. 
Aunque es lamentable que desde 1998 la Constitución reconozca al islam como la religión del Estado, permite que se profesen, practiquen y propaguen otras religiones, por lo que resulta raro que no se proteja el «derecho a la conversión». 
¿No sería una buena solución que la Constitución regulara mejor la libertad de culto y aboliera la religión de Estado? 
Quiero ilustrar esa necesidad con un ejemplo tomado de la vida real. 
El lunes día 4 de abril, fuentes fidedignas confirmaron que Dulal Sarkar, un cristiano, había sido asesinado el 8 de marzo de este año. 
Era pastor de la Iglesia Baptista Libre de Bangladesh en la población de Jalalpur, en el distrito sudoeste de Khulna. 
Ese hombre estaba simplemente haciendo su trabajo y no incumplía la Constitución en absoluto. 
De camino a casa, fue atacado por diez extremistas musulmanes armados, y posteriormente decapitado. 
Se ha informado de que esos extremistas musulmanes estaban vinculados a Jamaat-e-Islami, un partido político que actualmente forma parte de la coalición gubernamental. 
Dulal Sarkar deja madre, esposa y cinco hijos y, en estos momentos, su esposa y su familia se ven obligados a ir de casa en casa en un intento de evitar las represalias de los extremistas musulmanes. 
Por lo tanto, el proyecto de resolución que hemos firmado conjuntamente es extremadamente claro. 
Es cierto que estamos muy preocupados por el aumento del fundamentalismo musulmán con sus grupos paramilitares y el abuso de poder por parte de los partidos musulmanes fundamentalistas. 
Al mismo tiempo, me opongo rotundamente a las enmiendas que se han presentado para suavizar esta propuesta de resolución tan poco ambigüa. 
Ruego al Consejo y a la Comisión, conjuntamente con el Departamento de Estado mencionado en el apartado 2) del visto 2, que combata esas manifestaciones del fundamentalismo musulmán. 
Para ello, debería aplicar las sanciones contempladas en los acuerdos de cooperación a las violaciones de los principios democráticos, todo ello con el propósito de mejorar la situación de los ciudadanos bengalíes. 
Señor Presidente, Bangladesh tiene exactamente 34 años y 19 días, lo que significa que es un Estado muy joven. 
Al mismo tiempo, es un Estado muy pobre. 
A pesar de que los niveles de pobreza han descendido alrededor de un 1 % al año durante la pasada década, el 50 % de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. 
En Bangladesh mueren cada año 325 000 niños, es decir, 900 cada día, y una mujer muere cada 20 minutos, o 26 000 al año, por causas relacionadas con el parto. 
La proporción de recién nacidos de bajo peso se sitúa entre el 30 % y el 50 %, y el 30 % de la población no tiene acceso a agua potable. 
En el lado positivo, la población con acceso a servicios sanitarios se ha duplicado en la pasada década y ahora representa el 43 % de la población total. 
El debate que estamos celebrando hoy es de naturaleza política, pero yo lo considero una oportunidad para recordar la trágica situación de Bangladesh, en otro tiempo llamado Bengala Oriental. 
Me satisface que el Parlamento Europeo se haya ocupado de esta cuestión. 
– Señor Presidente, esta propuesta es ridícula. 
Estamos hablando de un país de 143 millones de habitantes. 
Se trata de uno de los países más pobres del mundo que sigue siendo capaz de gestionar sus propios asuntos. 
Es un país democrático desde hace tiempo: hay elecciones parlamentarias, democracia parlamentaria y gobernanza. 
El país tiene aproximadamente la misma extensión que Bélgica, pero tiene 143 millones de habitantes que tratan de autoalimentarse por primera vez después de muchos años de independencia y, por supuesto, surgen problemas. 
En Sudán fueron asesinadas 300 000 personas, pero esto no guarda relación con la cuestión de la que acabamos de enterarnos: la indignación por el asesinato de una persona. 
Dos Ministros de un total de cincuenta y seis no convierte al Gobierno en islamista. 
Debemos guardar las proporciones en nuestros debates, ya que de lo contrario el mundo se reirá de nosotros. 
Se supone que el Parlamento Europeo es una institución importante, pero miren cuántos diputados están presentes. 
No habrá más de cincuenta diputados en esta Cámara y por lo visto están muy preocupados por esta cuestión. 
Debemos emplear los debates sobre derechos humanos para hablar de cuestiones serias que afectan a las personas y a sus derechos humanos. 
Trescientas mil personas han sido asesinadas en Darfur. 
¿Qué estamos haciendo al respecto? 
Debemos guardar las proporciones y mantener el equilibrio en nuestros debates y considerar seriamente las cuestiones que se abordan en estos debates sobre derechos humanos. 
. Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento Europeo de llamar la atención sobre la grave situación de la gobernanza y de los derechos humanos en Bangladesh. 
El debate de hoy es muy oportuno, ya que se está celebrando en un contexto de grave deterioro del orden público acaecido desde la última resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2002. 
Los abusos contra defensores de los derechos humanos, periodistas y minorías están aumentando. 
La situación de la gobernanza es peor que nunca y la violencia política ha alcanzado un nuevo clímax, tristemente ejemplificado en el atentado con granadas de agosto de 2004 y el trágico asesinato del ex Ministro de Finanzas Kibria en enero. 
La Comisión comparte la preocupación de sus Señorías por el mal funcionamiento de las instituciones del país, la cultura de la impunidad, el creciente fundamentalismo, los abusos contra los derechos humanos de las minorías y la escalada de confrontación entre los partidos del Gobierno y de la oposición. 
Todos estos factores, combinados con la creciente militancia religiosa, nos hacen pensar que los cimientos democráticos y laicos de Bangladesh están en peligro. 
La Comunidad Europea ha hecho oír su voz en estas cuestiones, entre otras cosas con vistas a nuestro mandato en pro del desarrollo y a la cláusula sobre derechos humanos en que se basa nuestra relación de ayuda con Bangladesh. 
En los últimos meses, la Comunidad Europea y los Estados miembros han instado en repetidas ocasiones al Gobierno a que condene la persecución de oponentes políticos, intelectuales, periodistas, ONG y minorías. 
La Unión Europea reaccionó con dureza ante el ataque sufrido por la señora Sheij y el asesinato del ex Ministro Kibria instando al Gobierno a que restaure la justicia sin demora y a que dé señales claras de que los actos de terrorismo son inaceptables. 
Constantemente expresamos nuestras preocupaciones por el clima de impunidad que impera en el país, la política de confrontación, el creciente número de ataques contra la población indígena de las colinas de Chittagong y contra la comunidad ahmadiyya y los asesinatos extrajudiciales en el «fuego cruzado» de las fuerzas especiales de policía. 
Permítanme señalar que la Unión Europea también demostró una gran unidad con respecto a Bangladesh en la Comisión de Derechos Humanos reunida este año en Ginebra, en la que la UE acordó elegir Bangladesh como uno de los cinco países mencionados en su declaración de principios sobre los derechos humanos en el mundo. 
El deterioro de la situación de la gobernanza nos ha obligado a reforzar la unidad de los donantes. 
En febrero, la Comunidad Europea, el Banco Mundial y el Departamento de Estado estadounidense se reunieron en Washington con los principales donantes internacionales para debatir la forma de promover reformas fundamentales en materia de gobernanza. 
Los intercambios de puntos de vista confirmaron que la comunidad de donantes internacionales comparte plenamente nuestras preocupaciones. 
Esta unidad de los donantes nos ha permitido definir prioridades comunes y lanzar mensajes firmes al Gobierno sobre el deterioro de la situación de la gobernanza y la necesidad de emprender reformas. 
La reunión en Washington tuvo una repercusión clara en el país: el Gobierno se vio obligado a admitir públicamente la existencia de un problema de fundamentalismo islámico. 
Lamentablemente, la ofensiva gubernamental contra militantes islámicos ya se está debilitando, como demuestra la retirada de cargos contra un prominente líder islámico. 
Por su parte, la Comisión seguirá vigilando de cerca la situación política en el país e impulsará estas cuestiones fundamentales a través del diálogo político con el Gobierno y la estrecha coordinación de los donantes. 
En este contexto, centraremos nuestra atención en las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán a finales de 2006 y en las condiciones necesarias para que haya unas elecciones libres y limpias. 
El diálogo político se verá respaldado por nuestra oferta de apoyar las urgentes reformas institucionales en la próxima estrategia de la ayuda que, si el Gobierno la acepta, contribuiría a un cambio significativo y, por ende, a un mayor progreso y prosperidad para el pueblo bangladeshí. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución presentadas sobre la ayuda humanitaria a los refugiados del Sáhara Occidental (1). 
. Señor Presidente, yo estaba dispuesto a sumarme a una lista de oradores y no a iniciar un debate. 
En todo caso, es cierto que esta resolución común que vamos a aprobar sobre la situación de los refugiados en el Sáhara se explica bastante por sí sola y se ciñe a un drama estrictamente humanitario. 
Al tratar la situación de los derechos humanos en el mundo, encontraremos un párrafo dedicado a la situación en el Sáhara. 
Y la situación política en el Sáhara merece otra reflexión. 
Pero la situación estrictamente humanitaria es la que ahora nos afecta. 
Estamos hablando de cerca de 200 000 refugiados que viven en campos de refugiados desde hace prácticamente treinta años y sin otra fuente de recursos que la ayuda humanitaria internacional. 
De eso estamos hablando aquí hoy. 
Y eso es lo que está en peligro por distintas razones y, entre ellas, algunas estrictamente burocráticas que afectan a la Comisión Europea. 
Todo eso junto está a punto de crear una verdadera crisis humanitaria. 
Eso es lo que se pretende afrontar con esta propuesta de resolución, haciendo una llamada urgente a la Comisión, para que adopte una serie de medidas que impidan que se consuma una crisis humanitaria de calibre desconocido. 
Y luego, se le plantean algunas medidas muy concretas, como son una mayor colaboración con las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno o un mayor apoyo a aquellas instituciones saharauis que dentro de los campos de refugiados colaboran en la administración de esa ayuda humanitaria, que, insisto, es la única fuente de ingresos de 200 000 personas. 
No hay duda de que esta resolución soluciona o afronta solo una parte del problema y que no podemos taparnos los ojos a lo que es el problema en sí. 
Hay un problema grave en las puertas de Europa y antes o después tendremos que ser capaces de ejercer toda la presión política y diplomática sobre los distintos actores implicados en la solución de este conflicto para que cuanto antes podamos dejar de tener debates como este: cómo alimentamos a 200 000 personas que sin nosotros no tendrán qué comer. 
. Señor Presidente, efectivamente, la Resolución que hoy presentamos y votamos tiene que ver con el creciente deterioro de la situación humanitaria en los campamentos saharauis. 
Se trata de un compromiso que asumió una delegación parlamentaria que visitó hace unas semanas los campamentos, y que ahora cumplimos. 
La ayuda se está acabando, y hay que dar una respuesta urgente a esta situación. 
No obstante, debemos también tener muy presente que la cuestión humanitaria esconde, de hecho, el verdadero problema, que es político. 
La ayuda humanitaria es necesaria, porque el pueblo saharaui se ve obligado a vivir en campamentos, lejos de su hogar, y no puede llevar a cabo una vida normal lejos de su país. 
Después de treinta años de no solución del conflicto, la paciencia se está acabando en los campamentos. 
Se oyen incluso voces que claman volver a la vía armada si no se resuelve pronto esta situación. 
Esto es muy preocupante; la Unión Europea no puede cerrar los ojos ante este hecho. 
Pero lo más preocupante es que la solución está sobre la mesa, existe y se llama Plan Baker II. Se trata de un plan imperfecto, sin duda, pero un plan que el pueblo saharaui aceptó, asumiendo importantes renuncias en sus planteamientos. 
Y, a pesar de ello, la otra parte, Marruecos, se niega a firmarlo. 
Europa mira hacia España y, por tanto, el Gobierno español tiene que liderar el proceso de solución del conflicto. 
No olvidemos que la población saharaui se encuentra hoy en los campamentos como resultado de una descolonización inacabada, cuyo principal responsable es el Gobierno español. 
Por ello, animo al Presidente Rodríguez Zapatero a que lleve a España a asumir el papel que desempeñó Portugal con relación a Timor. 
Después de treinta años de olvido, de silencios y de promesas incumplidas, ha llegado la hora de que el mundo en general, y Europa en particular, deje de dar la espalda al problema y lo afronte de cara. 
Es hora de que el pueblo saharaui pueda ver cumplida su justa y comprensible petición de llevar a cabo un referéndum por la autodeterminación en el Sáhara Occidental, de acuerdo con el Derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas. 
Finalmente, también quiero solidarizarme desde aquí con el periodista marroquí Alí Lmrabet, que ha sido condenado injustamente por difamación tras afirmar que las personas que viven en los campamentos son refugiadas y no secuestradas. 
– Señor Presidente, conocerán ustedes el relato bíblico de un pueblo que vagó por el desierto durante 40 años. 
Hay mucho de mito en esa aventura y, de hecho, es nuestra aventura. 
En el caso del pueblo saharaui no estamos hablando de mitos, sino de hechos reales de la historia contemporánea. 
Ese pueblo espera desde hace 30 años en el desierto de todos los desiertos, el Sáhara. 
No quieren la Tierra Prometida; solo quieren recuperar la soberanía de su tierra. 
En Etiopía descubrí que existe un cuarto mundo, un lugar en el que la gente camina, camina y camina, porque caminar es una manera de sobrevivir, pero nunca había visto nada como los campos de Tinduf. 
Allí, en las arenas, no hay electricidad, pero la solidaridad les ha llevado paneles solares; allí no hay una sola gota de agua, pero el agua suministrada por las organizaciones de ayuda llega por igual a todos los refugiados, junto con harina, azúcar y aceite de oliva. 
El pueblo saharaui depende de la ayuda, pero no son mendigos. 
Este Parlamento tiene, por eso, una responsabilidad urgente: restablecer los niveles de ayuda humanitaria en todas sus facetas, pero también una urgencia que es una responsabilidad. 
La verdadera ayuda es la que puede poner fin a la necesidad de ayuda. 
Europa debe comprometerse con el referendo de autodeterminación no solo con palabras, sino también con hechos, porque aunque ellos, los saharauis, tienen el tiempo, nosotros tenemos el reloj. 
. Señor Presidente, la razón de que hoy estemos debatiendo otra vez la ayuda humanitaria para los refugiados del Sáhara Occidental es que su tierra natal no se descolonizó como habían previsto las Naciones Unidas en 1965, sino que fue ocupada hace más de 30 años por su vecino, Marruecos. 
A comienzos de marzo, algunos diputados visitamos los campos de refugiados, donde las condiciones de vida son muy difíciles y pudimos informarnos no solo de la situación política, sino también del aspecto humanitario. 
Sabiendo que sus reservas de alimentos más importantes se agotarán a finales del mes que viene, pedimos a la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) y a la Comisión que aprueben no solo medidas de ayuda inmediatas, sino también las sumas establecidas en 2002. 
Creo que el cambio de política de la ECHO, que ahora obliga a canalizar las ayudas a través del Programa Mundial de Alimentos, ha creado toda una serie de problemas, puesto que ahora la ayuda concedida es menor y debe repartirse entre un mayor número de refugiados saharauis, además de haberse reducido la variedad de tipos de ayuda suministrada. 
Esta Cámara debe desempeñar su función, garantizando al pueblo saharaui no solo ayuda humanitaria, sino también su autodeterminación, puesto que tiene derecho a ambas cosas. 
. Señor Presidente, esta resolución es el fruto del compromiso que algunos eurodiputados, entre los que se hallan el señor Portas, el señor Romeva y la señora Scheele, adoptamos en los campos de refugiados de Tinduf, donde fuimos a compartir cuatro días, experimentando las inclemencias que acarrea vivir en medio del desierto. 
Allí estuvimos unos días viendo el sufrimiento del pueblo saharaui, porque no tiene una solución política ni pacífica ni ordenada a su situación. 
Estuvimos, como están ellos, sin agua, sin luz. 
Pero a estas inclemencias propias de Tinduf porque estos 150 000 seres humanos viven en pleno desierto sin ninguna comodidad, se suma el hecho de que estamos flaqueando en lo que es la ayuda humanitaria. 
La resolución que aquí proponemos habla estrictamente de ayuda humanitaria, porque pudimos comprobar directamente las dificultades humanitarias que tiene el pueblo saharaui por la falta de ayuda. 
Porque la ayuda que recibían se está reduciendo. 
Yo no sé si algún Estado miembro de la Unión Europea tendrá responsabilidad en ello. 
La posición de Francia en este conflicto es muy clara... 
Pero no quiero hablar de eso, porque estamos hablando de que es importante que la Unión Europea siga ayudando como venía haciéndolo a estos 150 000 saharauis que están tratando de encontrar una solución. 
Una cosa son los problemas políticos, a los que habrá que buscar solución y a los que se referirán otras resoluciones. 
Pero no podemos pasar por alto que, a pocos kilómetros de la Unión Europea, tenemos 150 000 saharauis que sufren porque nosotros no somos lo suficientemente generosos. Porque, al suprimir la harina o reducir los cupos de alimentos que veníamos enviando, estamos contribuyendo a que empeoren las condiciones de vida de los campos de refugiados, ya de por sí muy difíciles. 
La Unión Europea tiene también su responsabilidad como principal donante dentro de la ayuda procedente de las Naciones Unidas. 
Ahí también tendremos que hacer llegar nuestra voz. 
– Señor Presidente, han pasado unos 30 años desde que miles de nómadas del Sáhara Occidental huyeron a zonas remotas de la vecina Argelia para escapar del conflicto que estalló entre las guerrillas del Sáhara Occidental y Marruecos cuando España se retiró de su antigua colonia. 
Actualmente, cerca de 160 000 y 200 000 exiliados, según las estimaciones, viven en el desierto de Argelia y dependen totalmente de las donaciones de la comunidad internacional, de la ayuda humanitaria que reciben a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. 
La grave escasez de alimentos procedentes de la ayuda humanitaria y la falta de financiación amenazan a esos campos viejos y aislados que tienen dificultades para soportar el terrible clima del desierto. 
Por eso pedimos que se conceda ayuda de emergencia inmediata, que garantizará una distribución satisfactoria de los alimentos y los equipos de distribución de alimentos necesarios, sin olvidar la necesidad de proporcionar a los refugiados una vivienda y una educación adecuadas. 
Pedimos a la Comisión que mantenga como mínimo los mismos niveles de ayuda que la ECHO y que coordine a los donantes y a las organizaciones no gubernamentales europeas que ya tienen amplia experiencia sobre el terreno de salvamento de refugiados. 
La comunidad internacional no tiene derecho a permanecer indiferente. 
Su respuesta debe adecuarse a sus responsabilidades. 
Ya nadie discute la dimensión global de las causas y del alcance, ni los métodos para hacer frente a los numerosos problemas existentes. 
La resolución conjunta refuerza en nosotros esa convicción. 
Esa experiencia me convenció aún más de la gran importancia de que la Unión Europea trabaje para liberarnos de la obligación de seguir atendiendo las necesidades más elementales del pueblo saharaui por muchos más años. Los saharauis han demostrado que saben trabajar, organizarse y sobrevivir en las condiciones más inhóspitas, si pudiesen volver y retomar el control de su territorio, ilegalmente ocupado por Marruecos. 
La Unión Europea no debe limitarse a tranquilizar, con la ayuda humanitaria, la conciencia de la comunidad internacional y de los Estados miembros con especiales responsabilidades en el proceso obstaculizado de descolonización del Sáhara. 
La Unión Europea tiene que intervenir para impulsar la búsqueda de una solución política al proceso, bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
Marruecos ha bloqueado el proceso repetidamente al vetar las más recientes propuestas planteadas por James Baker, lo que finalmente ha provocado la dimisión de este. 
Los Estados miembros, y en particular los pertenecientes al Consejo de Seguridad, no deben seguir ignorando esta cuestión de fondo. 
El conflicto afecta directamente a Europa y no solo por motivos de responsabilidad histórica. 
Hay también intereses europeos en juego. 
Por un lado, el Sáhara Occidental podría ser un proveedor de Europa si sus abundantes recursos naturales de petróleo, fosfatos, pesca, etc. se pudieran explotar de forma legítima y sostenible, algo que no está ocurriendo bajo la ocupación ilegal. 
Por otro lado, la propia seguridad europea está en juego. 
El Sáhara Occidental está muy cerca de nosotros y tenemos la obligación inmediata de percibir los problemas que sirven de alimento al terrorismo internacional. 
¿Qué tipo de ira se está transmitiendo a las nuevas generaciones de saharauis refugiados en los campos de Tinduf implicados en la resistencia en el Sáhara ocupado, si no se les aparta de los brazos de los radicales fundamentalistas, si la Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo árabe y el resto de la comunidad internacional les niegan una salida para resolver su conflicto, condenándolos así a la desesperación de verse impotentes ante la injusticia, la violencia y la destitución? 
Quiero terminar diciendo que la Unión Europea tiene además que hacer comprender a Rabat que a Marruecos le interesa poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. 
. – Creemos que esta resolución es muy importante, aunque insuficiente, teniendo en cuenta la difícil situación humanitaria a la que se enfrenta el pueblo saharaui en los campos de refugiados. 
Es necesario que manifestemos nuestra solidaridad con ese pueblo de forma concreta e inmediata, por medio de alimentos, asistencia sanitaria y educación, y que garanticemos que esa ayuda se mantenga en el futuro. 
Se necesita igualmente solidaridad y una acción concreta, inmediata y efectiva para poner fin a la inaceptable ocupación del Sáhara Occidental, reconociendo el derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui, así como el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. 
Señor Presidente, Señorías, es verdaderamente necesario que el Parlamento y la Unión Europea se comprometan más de lo que lo han hecho hasta la fecha en la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación, en particular en casos tan notables como el del pueblo saharaui. 
Aunque esta cuestión se viene arrastrando desde los tiempos de la descolonización española, apenas se ha prestado atención al Sáhara Occidental: no afecta a grandes intereses y no implica grandes cifras, no interesa en grado apreciable a los banqueros y no despierta apetitos geopolíticos particulares. 
Tal vez esto se deba a que el pueblo saharaui no ha llevado su lucha por la autodeterminación fuera del desierto, no ha recurrido a degradantes acciones terroristas y no ha servido a los intereses de aliados poderosos antiguamente enfrentados. 
Por tanto, Europa debe comprometerse a favor de la inmediata ayuda humanitaria para el pueblo saharaui, pero sobre todo debe imponer sanciones al Reino de Marruecos para que respete los derechos de autodeterminación de este pueblo digno y orgulloso. 
Señor Presidente, el olvido es el gran enemigo de muchas situaciones de injusticia que se viven en este mundo. 
Por eso, hoy es más necesario que nunca reclamar la atención ante una de estas realidades: el pueblo saharaui. 
Después de treinta años, estos hombres y mujeres sobreviven en una situación totalmente inhumana, privados de las necesidades más básicas, en unas condiciones extremadamente difíciles. 
Pese a esto, podríamos decir que son un claro ejemplo en cuanto a la organización y trabajo, que los mantienen unidos con una gran dignidad, resaltando especialmente el valor de las mujeres saharauis, que han sido capaces de levantar de la nada una sociedad bien estructurada. 
Hoy tenemos en Europa una obligación moral y política. 
Hablamos de una situación límite que exige una respuesta inmediata. 
El pueblo saharaui desearía vivir de sus propios recursos y de su propio trabajo, pero, por desgracia, tiene que hacerlo de nuestra solidaridad. 
Los saharauis nos han demostrado su organización y su capacidad en la gestión de los recursos. 
Por ello, el aumento de la ayuda europea y la confianza en su gestión por parte de las estructuras saharauis son el reclamo que hoy trasladamos a esta Asamblea. 
No podemos olvidar que la causa de este problema humanitario tiene su origen en un conflicto político que necesita ser atendido. 
Tenemos que ser capaces de resolver la cuestión política y que el referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui sea una realidad. 
Tenemos que ser capaces de encontrar una solución justa y definitiva. 
Paz y libertad para el pueblo saharaui. 
. Quisiera agradecerles su iniciativa, que me ofrece la oportunidad de expresar los puntos de vista de la Comisión en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. 
En primer lugar, permítanme destacar que la Comisión desea ver resuelto este conflicto lo antes posible y su resolución es crucial para la estabilidad, la integración regional y el desarrollo en el Magreb y en el Mediterráneo. 
Desde el punto de vista humanitario, uno no puede más que sentir preocupación por las dramáticas condiciones de los miles de refugiados saharauis, la retención por parte del Frente Polisario de 408 prisioneros de guerra marroquíes, las dificultades padecidas por las familias divididas entre los campos de refugiados y el Sáhara Occidental y el paradero de los desaparecidos en ambos lados. 
Todas estas cuestiones nos urgen a poner fin a esta crisis que dura desde hace casi 30 años. 
Como saben, la prestación de ayuda humanitaria por parte de la Comisión respeta los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia y se basa en necesidades reales. 
La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión, ECHO, también actúa de conformidad con los criterios de no discriminación y de no supeditar las políticas a objetivos políticos. 
Esto significa que cualquier persona afectada por una crisis humanitaria tiene derecho a recibir ayuda, independientemente del bando en que se encuentre. 
De plena conformidad con estos principios y criterios, la Comisión ha prestado ayuda humanitaria por importe de 108 millones de euros a los refugiados saharauis desde 1993. 
Gracias a estos esfuerzos constantes, la Comisión se ha convertido en el principal donante de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis. 
La Comisión nunca ha interrumpido su ayuda. 
Sin embargo, ha adaptado el calendario y la cuantía de las decisiones más recientes en materia de financiación a la situación existente sobre el terreno. 
Desearía subrayar que gracias al papel esencial de las reservas creadas y financiadas por la Comisión en 2000, ha sido posible evitar cualquier interrupción del suministro de alimentos. 
La actual situación humanitaria en los campos no se ha deteriorado. 
No obstante, sigue siendo preocupante. 
Existe un riesgo de deterioro si la posible interrupción del envío de alimentos, como ha anunciado el Programa Mundial de Alimentos, no se compensa a tiempo y de modo suficiente. 
ECHO tiene intención de proponer una decisión en materia de financiación el próximo mes para abordar esta situación. 
La financiación para 2005 dependerá tanto de las necesidades de los refugiados saharauis como de las condiciones para la ejecución de los proyectos financiados por ECHO. 
Me gustaría destacar que la Comisión tiene una doble responsabilidad. 
No solo debe satisfacer las necesidades humanitarias de los refugiados a tiempo y de forma específica, sino que también tiene que proteger los intereses financieros de la Unión Europea. 
Sus operaciones en los campos de refugiados saharauis están concebidas para cumplir de forma eficaz esta doble responsabilidad. 
Por este motivo, la Comisión concede tanta importancia a la adecuada identificación de los beneficiarios y a la plena transparencia de sus operaciones. 
Con vistas a la adecuada evaluación de las necesidades de los refugiados saharauis, la Comisión se mantiene en contacto con las principales agencias y organizaciones, en particular las autoridades argelinas y saharauis, el Alto Comisionado para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos y las organizaciones no gubernamentales. 
Estas ONG han desempeñado un papel importante y siguen siendo un socio relevante de ECHO en la ejecución de sus operaciones en los campos saharauis. 
Más allá de su dimensión meramente humanitaria, considero que la ayuda de la comunidad internacional prestada a los refugiados saharauis contribuye a crear y mantener unas condiciones favorables para la resolución pacífica del conflicto. 
En términos más generales, desearía hacer constar que la posición de la Comisión y de la Unión Europea sobre los aspectos políticos de este conflicto siempre ha sido la de permanecer imparciales. 
La Unión Europea sigue respaldando plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas por encontrar una solución justa y duradera que sea conforme al Derecho internacional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución presentadas sobre Lampedusa (1). 
. Las expulsiones colectivas de personas emigrantes llevadas a cabo por las autoridades italianas entre octubre de 2004 y marzo de 2005 desde la isla italiana de Lampedusa a Libia suponen un hecho altamente preocupante. 
En concreto, el Alto Comisionado para los Refugiados denunció la devolución de 180 personas el pasado 17 de marzo, declarando que no estaba nada claro que Italia hubiera tomado las precauciones necesarias para garantizar la devolución de buena fe de dichas personas a Libia, país que en ningún caso puede considerarse una tierra de asilo segura. 
En este sentido, lamentamos profundamente que las autoridades italianas no permitieran al ACNUR el acceso al centro de retención de Lampedusa. 
Por todo ello, queremos solicitar a la Comisión Europea que vele por el respeto del derecho de asilo en la Unión Europea y que frene las expulsiones colectivas. 
Asimismo, exigimos a las autoridades italianas que respeten sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea. 
Solicitamos, por tanto, que se mande una delegación compuesta por miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Subcomisión de Derechos Humanos al centro de refugiados de Lampedusa, así como a Libia, con objeto de evaluar la amplitud del problema y la forma en que este se está tratando y, especialmente, la forma en que se está tratando a las personas, lo cual implica, además, investigar particularmente la suerte y el destino final de aquellas que hayan sido expulsadas. 
En suma, cabe preocuparse por el hecho de que, en materia de asilo y de inmigración, cada vez son más frecuentes los casos de violaciones de los principios fundamentales con los que la Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos. 
Lampedusa es simplemente uno de esos ejemplos que deberíamos evitar que se repitan. 
Señor Presidente, Señorías, me refiero al artículo 166 del Reglamento y, subsidiariamente, al artículo 167. 
En mi opinión, la cuestión de Lampedusa no debería haberse sometido a debate, ya que se trata de acuerdos bilaterales entre Italia y Libia y la aplicación de leyes italianas no contraviene los Tratados de la UE. 
Asimismo, hay que recordar que Italia no es Myanmar, ni China ni Guantánamo, sino un Estado miembro cuya dignidad se pretende humillar y cuyas instituciones, fuerzas armadas y órganos policiales se pretende condenar de entrada. 
Estos, por el contrario, llevan años dedicados, con generosidad y más allá de sus obligaciones institucionales, no solo a la ingente tarea de controlar la entrada legal de nacionales de terceros países en Italia –y, por ende, en Europa, conforme a las normas establecidas en el Acuerdo de Schengen– y no solo al intento de detener y expulsar a los tratantes de esclavos, sino sobre todo a la labor de ayuda humanitaria y a la extremadamente complicada –si no imposible– tarea de identificar a los inmigrantes ilegales. 
He visto en persona lo que estoy afirmando en esta Cámara y les invito a sus Señorías a que lo comprueben con sus propios ojos. 
Deseo expresar toda mi indignación –y en esta cuestión apelo a la sensibilidad de todos los diputados italianos– ante la vil tentativa de ofender la dignidad nacional de Italia y opinar sobre nuestra soberanía. 
Señor Romagnoli, ha planteado usted una cuestión de observancia del Reglamento, pero lamento no poder atender su petición porque tendría que haberla presentado 24 horas antes de este debate. 
El debate se fijó en la Conferencia de Presidentes y no se planteó ninguna cuestión de observancia del Reglamento 24 horas antes, por lo que no puedo hacer nada al respecto. 
. – Señor Presidente, en lugar de asociarla a la alegría y el placer, Lampedusa, una isla que disfruta del cálido sol mediterráneo, se ha convertido en sinónimo de dolor y sufrimiento humanos de proporciones trágicas. 
La parte más meridional del territorio de la UE, que se extiende hasta casi unir Europa y África, es el cementerio de las esperanzas y en ocasiones de las vidas de miles de hombres, mujeres y niños inmigrantes; gente desesperada que huye de la tortura y de la muerte o que simplemente intenta mejorar su estilo de vida. 
Su único delito es tener un sueño y pensar que existe una pequeña oportunidad de hacerlo realidad en la por lo demás civilizada Europa; un sueño de llegar a una tierra donde sentirse seguros y ser tratados como seres humanos. 
Un sueño que para muchos de ellos de repente se convirtió en pesadilla, cuando descubrieron que la estricta lealtad a los principios de respecto de la vida y la dignidad humanas, que tan elocuente y grandilocuentemente pronuncian en toda ocasión posible algunos Gobiernos europeos, no es más que una gran ilusión cuando se trata de Lampedusa. 
Las autoridades responsables están dispuestas, deseosas y capacitadas, en flagrante contradicción con las convenciones y tratados internacionales y en contra de una condena generalizada, para devolverlos a los criminales regímenes totalitarios de África de los que habían intentado escapar desesperadamente. 
Hay que decirlo sin rodeos: Lampedusa constituye una vergonzosa mancha de sangre para el Gobierno italiano por actuar de forma tan irresponsable, inhumana y contraria al espíritu europeo. 
También se trata de una mancha vergonzosa para la Comisión y el Consejo por no adoptar medidas eficaces para solucionar esta situación y no llamar al orden al Gobierno italiano. 
En lo que respecta al Gobierno libio, su lamentable comportamiento en el asunto de Lampedusa es comprensible, ya que no podemos esperar otra cosa de un régimen antidemocrático. 
Por tanto, insto firmemente al Parlamento a que apoye esta propuesta de resolución conjunta. 
. Señor Presidente, para las personas que han tenido que abandonar sus países de origen como resultado de la opresión, la guerra, las catástrofes y la pobreza, el mar Mediterráneo representa una importante puerta de entrada en Europa. 
Si Europa no hace lo suficiente para resolver los problemas en Asia y África, cada vez serán más los que se arriesguen a alcanzar Europa en botes desvencijados y embarcaciones en malas condiciones. 
Por supuesto, eso es un problema para Europa y, sobre todo, para los países que lindan con el Mediterráneo. 
Pero esa carga adicional no justifica la violación de los derechos humanos. 
Los refugiados tienen también derecho a una evaluación individual de sus motivos y a la correcta aplicación de la Convención de Ginebra de 1951. 
No se puede decir lo mismo con respecto a los cientos de refugiados que han sido enviados desde la isla italiana de Lampedusa a Libia en los últimos meses, porque ese país no reconoce la Convención de Ginebra y los acuerdos que mantiene Italia con Libia no son públicos. 
Entre la llegada a Europa y la posible devolución al país de origen debe aplicarse la legislación europea y no las decisiones arbitrarias de un país con un Gobierno opaco. 
La aprobación de las dos enmiendas presentadas por los liberales y las enmiendas 2 y 3 presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica hará eso posible y pondrá de manifiesto que esos refugiados tienen los mismos derechos que otros refugiados y que no pueden ser simplemente trasladados a Libia sin que Europa asuma responsabilidad alguna. 
. – Señor Presidente, muchos emigrantes llegan regularmente a la isla de Lampedusa en Italia. Esas personas han tomado la dolorosa decisión de abandonar su país, a menudo porque huyen de situaciones políticas en las que su vida está amenazada. 
El pasado 18 de marzo, las autoridades italianas expulsaron a 180 personas del centro de Lampedusa a Libia. 
La falta de transparencia y de acceso al centro y las condiciones en que se realizaron esas expulsiones plantean interrogantes sobre el respeto del derecho de asilo y de la Convención de Ginebra. 
La celeridad de las expulsiones y el hecho de que las personas expulsadas fueran seleccionadas por nacionalidades demuestran que las solicitudes no pudieron estudiarse individualmente y con las precauciones necesarias. 
Por consiguiente, no podemos estar seguros de que solicitantes de asilo de buena fe no hayan sido devueltos a situaciones peligrosas. 
Estamos también especialmente preocupados por el hecho de que se impida a la Alta Comisionada para los Refugiados cumplir sus responsabilidades. 
En efecto, esta última debe tener acceso a los solicitantes de asilo para asegurarse de que toda persona que desee presentar una solicitud de asilo pueda hacerlo y de que su solicitud sea debidamente atendida. 
Estas expulsiones son tanto más alarmantes cuanto que devolvemos a personas vulnerables a un país que no permite su protección: Libia no es signataria de la Convención de Ginebra y no tiene sistema de asilo. 
Por último, ella misma deporta refugiados fuera de sus fronteras a regiones peligrosas. 
Por tanto, pedimos que las autoridades italianas faciliten a la Alta Comisionada para los Refugiados un acceso inmediato e ilimitado al centro de Lampedusa. 
También deben cesar las expulsiones hasta que el centro de Lampedusa se ajuste al Derecho comunitario y el Derecho internacional. 
Señor Presidente, Señorías, quiero mostrar mi indignación ante las afirmaciones realizadas en esta Cámara–por personas que aprovechan el hecho de tener un escaño en esta Cámara– con respecto a Italia y su Gobierno. 
Como todos saben, no hay una política comunitaria sobre inmigración: cada Estado miembro hace frente al problema según sus normas internas y con sus propios recursos. 
Hace poco tiempo que se ha iniciado un debate conjunto y yo personalmente he tenido la oportunidad de representar a este Parlamento en muchas ocasiones en las reuniones informales de los Ministros competentes en materia de inmigración. 
Parece obvio que el ataque lanzado contra el Gobierno italiano es político y representa un intento de explotar la situación en este momento particular. 
Existe una ley en Italia –la Ley Turco-Napolitano– introducida por un Gobierno de izquierdas y que no ha sido modificada por el actual Gobierno de centro-derecha, cuyo artículo 10 se aplica para afrontar esta cuestión. 
Se ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie al respecto y, por tanto, convendría esperar a su resolución y no juzgar políticamente a un Gobierno que se encuentra permanentemente enfrentado a un estado de emergencia, con la llegada de miles de pobres gentes a una zona pequeña con escasas opciones de acogida, con el riesgo no tan remoto de alentar indirectamente a los traficantes y terroristas. 
Cualquier posible salvamento en el mar corre a cargo de las fuerzas armadas, cada petición y cada situación particular es evaluada por las fuerzas del orden y las asociaciones competentes. 
No se maltrata a nadie, nadie es encarcelado; de hecho, aunque llegan buscando asilo, se escapan a centenares de los centros de acogida con gran facilidad, desapareciendo en Italia y, tal vez, en Europa. 
Miente quien niegue el desconcierto que este ataque contra Italia provoca en organizaciones como ACNUR; los actos oficiales del Ministro del Interior italiano demuestran lo contrario. 
¿Por qué no visitamos todos los centros de acogida en Europa? 
Entonces podremos confirmar la situación en todas partes. 
Señorías, tenemos que hacer frente a este problema con seriedad y desde una perspectiva europea, evitando lanzar hipotéticas acusaciones políticas contra un Gobierno legítimo, cuando dichas acusaciones podrían esgrimirse el día de mañana contra cualquier otro Estado miembro y cualquier otro Gobierno. 
Señor Presidente, Señorías, no me extenderé mucho, ya que solo deseo reafirmar algunas de las ideas ya recogidas en la resolución. 
Si el derecho a luchar contra la inmigración ilegal es indiscutible, también es cierto que debe ejercerse desde el respeto de los derechos humanos y las convenciones internacionales, evitando expulsiones colectivas y la indiferencia mostrada por algunos de los países receptores ante el destino futuro de esas personas, en particular cuando son repatriadas a países que no han firmado las convenciones internacionales, como es el caso de Libia. 
Estos son los dos puntos planteados en relación con el caso Lampedusa, no por quienes pretenden explotar la situación, sino por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y por el propio Tribunal de Estrasburgo, que ha pedido a Italia que aclare su posición antes de comienzos de mayo. 
Nos encontramos en una situación en la que, en mi opinión, nosotros, como europeos, tenemos un elemento de prestigio que también es reconocido por países que no respetan los derechos humanos, que es precisamente el hecho de que nosotros respetamos estos derechos, o lo intentamos. 
Por favor, no perdamos este elemento de civilización. 
Señor Presidente, ¿qué relación hay entre el Sáhara Occidental, que es el penúltimo tema de nuestro debate, y Lampedusa, que es de lo que estamos hablando ahora? 
A comienzos del decenio de 1980, esta Cámara –en otra tarde de jueves– celebró un debate urgente sobre el norte de África. 
El tema era el Sáhara Occidental y la influencia de Gaddafi en el norte de África. 
En aquella ocasión, esta Cámara fue muy crítica con Gaddafi, al igual que lo fue el Gobierno italiano liderado entonces por el Primer Ministro Andreotti y, debido a ello, Gaddafi lanzó misiles contra la pequeña isla de Lampedusa, que por primera vez se dio a conocer al mundo. 
Eso demuestra lo expuesta que es la situación de Lampedusa frente a las costas de África y el territorio libio. 
Lo que está ocurriendo en Lampedusa no es que uno o dos inmigrantes lleguen aquí o allá; lo que se está produciendo es un tráfico sistemático y brutal de seres humanos. 
Se les está llevando deliberadamente a Lampedusa a través de Libia, desde donde se les introduce ilegalmente en la Unión Europea. 
Tan pronto como están en el continente europeo, pueden desplazarse a Munich, a Estrasburgo, a La Haya o a cualquier otro lugar, sin control alguno. 
Si no queremos que este tráfico sistemático de seres humanos continúe, debemos actuar y hacerlo juntos. 
Consideramos esta cuestión demasiado importante como para dejar que un electoralismo barato la degrade. 
Si vamos a hablar como si estuviésemos en plena campaña electoral, debo recordar que yo defendí hace años la fijación de unos cupos comunes de refugiados, de manera que se compartiera la carga entre los Estados miembros y se armonizara la legislación en materia de refugiados y solicitantes de asilo, insistiendo en que lo que necesitábamos sobre todo eran unos cupos fijos que nos permitieran compartir la carga. 
¿Qué o quién fue el que no hizo nada para conseguir eso? 
La Comisión, presidida entonces por el señor Prodi. 
El entonces líder de la oposición italiana tendría que reconocer su parte de culpa en esto. 
No se trata de política doméstica barata, sino, por el contrario, de asumir nuestra responsabilidad como europeos. 
–Señor Presidente, señor Posselt, debemos asumir nuestras responsabilidades en la defensa de la credibilidad del Parlamento en relación con los derechos humanos y las normas humanitarias. 
Tenemos la obligación de plantear la cuestión de Lampedusa y el trato vergonzoso de que han sido objeto cientos de personas pobres y desvalidas que son deportadas en masa por el Gobierno italiano a un régimen que no reuniría los requisitos para ingresar en esta Unión. 
Si queremos tener algún tipo de credibilidad en materia de derechos humanos y legalidad internacional, debemos insistir en que todos los Estados miembros respeten estas normas. 
El Gobierno italiano no las está respetando en modo alguno y deseo instar a la Comisión a que insista en que el Gobierno italiano, o cualquier otro Estado miembro que incumpla estas normas, será llevado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a fin de garantizar el respecto de estas leyes. 
Quiero prestar especial atención al apartado 4 de esta resolución, que hace referencia al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y también al apartado 9. 
Insto a la Comisión a que presione al Gobierno libio para que cesen las detenciones arbitrarias de aquellos que son considerados emigrantes y para que se respete la Convención de Ginebra y el mandato del Alto Comisionado para los Refugiados. 
. Señor Presidente, la Comisión ha venido siguiendo los acontecimientos acaecidos en Lampedusa y se ha puesto en contacto con el Ministro italiano de Asuntos Interiores, el señor Pisanu, para aclarar algunos aspectos. 
Hasta la fecha, las autoridades italianas sostienen que todas las medidas adoptadas con respecto a las personas que llegan de manera irregular a la isla de Lampedusa no incumplen las obligaciones internacionales y han prometido remitir a la Comisión un informe detallado sobre los acontecimientos acaecidos y también sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. 
La Comisión ha instado al Gobierno italiano a que adopte medidas que garanticen el derecho de cualquier persona a solicitar asilo y que no se expulse a nadie mientras esté pendiente una decisión sobre esta solicitud. 
Quiero mencionar la Directiva del Consejo relativa a las normas mínimas relativas al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado en los Estados miembros, que pretende establecer normas comunes para todos los Estados miembros. 
Esta directiva afecta a los procedimientos que deben aplicarse a los solicitantes de asilo y será adoptada formalmente por el Consejo una vez que el Parlamento emita su dictamen en junio, preparando de este modo el camino para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. 
También desearía destacar que, ante la falta de legislación comunitaria a este respecto, la evaluación de si las autoridades italianas han contravenido sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Ginebra corresponde a la jurisdicción nacional. 
Dicho esto, la Comisión continuará supervisando esta cuestión muy de cerca. 
Quiero subrayar que abordar las presiones subyacentes a los movimientos migratorios forzados, particularmente en la región del Mediterráneo, constituye una prioridad para la Unión Europea. 
Por tanto, la Comisión tiene intención de seguir trabajando para lograr este objetivo, al mismo tiempo que garantiza el respeto de los derechos de las personas que necesitan protección internacional. 
La Comisión es consciente de las preocupaciones expresadas por las ONG y por ACNUR en relación con el respeto de los derechos humanos en Libia, en particular en lo que se refiere a la protección de los refugiados. 
Durante la misión que la Comisión llevó a cabo en Libia a finales de 2004 para abordar la cuestión de la inmigración ilegal, se concedió especial importancia a asuntos relativos a los derechos humanos y al asilo. 
Se celebraron reuniones con la Fundación Gadaffi y con ACNUR. 
La Comisión considera que estas cuestiones deberían formar parte de cualquier posible cooperación futura con Libia en materia de inmigración ilegal. 
Me gustaría subrayar que la cooperación regional de la UE con países de origen de inmigrantes y refugiados debería basarse firmemente en los principios de respeto de los derechos humanos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar de inmediato. 
Ahora procederemos a la votación. 
Señor Presidente, voy a hablar en nombre de mi Grupo. 
Nosotros habíamos pedido que la votación final de la propuesta del otro Grupo relativa a Lampedusa se realizase mediante votación nominal. 
La petición se ha extraviado por algún motivo. 
En nombre de mi Grupo, le pido que la votación final de la resolución sobre Lampedusa sea una votación nominal. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 14 de abril de 2005. 
Es un placer para el Parlamento dar la bienvenida a un grupo de diputados al Parlamento del Estado Federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que están visitando nuestra Institución. 
Con el acuerdo de los grupos políticos, les propongo las siguientes modificaciones en el orden del día del presente período parcial de sesiones que figuran en el corrigendum que se les ha distribuido. 
La Comunicación de la Comisión ya no figura en el orden del día. 
El debate sobre el informe de la señora Fraga Estévez sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros del Mediterráneo queda aplazado a una sesión ulterior. 
Después del debate sobre el informe de la señora Klaß celebraremos un debate sobre el informe de la señora Handzlik sobre el mercado interior de los nuevos Estados miembros, inicialmente previsto para las votaciones. 
Debo también señalarles que se han añadido en las votaciones dos solicitudes de consulta al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Si no hay observaciones quedaría aprobado el orden del día. 
Por último, les comunico que, tras las negociaciones celebradas en el trílogo, acabo de recibir una solicitud de la Comisión de Desarrollo para que se aplace a una sesión ulterior el debate sobre el informe del señor Mitchell sobre el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación Económica, que estaba previsto en principio para esta tarde. 
Si no hay ninguna observación atenderemos esta petición y este informe será debatido en una posterior sesión plenaria. 
En cuanto al horario de nuestros trabajos debo señalarles que, debido a la presencia del Consejo esta tarde, las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política que normalmente celebramos al principio de la sesión tendrán lugar después de la declaración de la Comisión sobre la situación de la población romaní en la UE. 
Procedemos a continuación al debate del informe del señor Coveney sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos [2004/2151 (INI) ] (A6-0086/2005) 
A tal efecto contamos con la presencia del señor Almunia, que sustituye a la Comisaria señora Ferrero-Waldner, que se encuentra en Luxemburgo. 
. – Señor Presidente, acojo con satisfacción la presencia del Consejo y de la Comisión, que están aquí para escuchar nuestras deliberaciones sobre un informe importante. 
La elaboración del Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la UE en la materia ha sido para mí una experiencia fascinante y estimulante. 
Se trata de mi primer informe en el Parlamento y me complace que sea tan significativo. 
Ha sido un honor para mi partido que se le haya concedido la ponencia. 
El título del informe es muy amplio y el propio informe aborda por tanto muchas cuestiones y se refiere a muchos países. 
El informe trata de setenta países, y arrojamos alguna luz sobre las violaciones de los derechos humanos. 
Abarca en total 70 países y ocho cuestiones temáticas. 
Por lo tanto, desde el principio decidí que el informe tuviera una estructura muy ajustada para que las personas interesadas en diferentes cuestiones de derechos humanos en diferentes países pudieran consultarlo con rapidez y facilidad, en lugar de hacer un informe largo y sin epígrafes en el que hubiera que leer un tercio, la mitad o incluso la totalidad del informe para encontrar el ámbito que le interesa a uno. 
El proceso de elaboración ha sido minucioso. 
Debatimos este informe en la Subcomisión de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2004, de nuevo el 31 de enero de 2005 y el 17 de marzo de 2005, el día de San Patricio. 
La Comisión de Asuntos Exteriores en pleno también ha tenido mucho tiempo para debatir este informe y hacer sus aportaciones. 
Lo hizo el 17 de enero, el 16 de marzo y de nuevo el 29 de marzo. 
Por lo tanto, el proceso ha sido exhaustivo. 
La consulta entre los Grupos, en particular entre los ponentes alternativos, ha sido constructiva y positiva y quiero dar las gracias a mis colegas de otros Grupos por este proceso. 
Desde el comienzo he dejado bien claro que deseaba un informe que reflejara las preocupaciones del Parlamento en su conjunto y no las de un Grupo en particular. 
Espero que lo hayamos conseguido y que quede reflejado en un firme apoyo al informe mañana. 
No tengo ninguna razón para creer lo contrario. 
Ahora pasemos al quid de la cuestión: ¿de qué trata todo este trabajo, qué finalidad útil puede tener este informe ahora y en el futuro? 
Permítanme explicar lo que creo que puede aportar. 
En primer lugar, y quizá lo más importante, este informe tiene que fijar el plan de trabajo del Parlamento y servirle de guía cuando intente influir tanto en la Comisión como en el Consejo respecto del rumbo que han de tomar en las cuestiones temáticas y la prioridad que otorga la Unión Europea a los derechos humanos. 
La primera cuestión es difícil desde el punto de vista político. 
Se refiere a los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, que en muchos aspectos parece una contradicción en los términos. 
Sin embargo, vivimos en un mundo moderno, en el que existen amenazas terroristas reales tanto para Europa como para otras partes del mundo, sobre las cuales la Unión Europea tiene que adoptar una posición. 
Al mismo tiempo, tenemos que ser fieles a nuestros valores en relación con el respeto de los derechos humanos e intentar conseguir el equilibrio adecuado. 
Insto al Consejo en particular a examinar la primera cuestión temática en detalle. 
Creo que el informe intenta responder a esta difícil cuestión política de forma equilibrada. 
La segunda cuestión temática es la de los derechos del niño. 
He recibido muchas presiones respecto de esta cuestión, a la que se ha dedicado mucha atención. 
Se cree verdaderamente que la Unión Europea no ha respondido de forma exhaustiva y que puede mejorar su política en este terreno. 
Por lo tanto, el informe insta a la Comisión a presentar, lo antes posible, una comunicación detallada sobre los derechos del niño, vinculando esta cuestión a la política de desarrollo de la UE. 
El tercer ámbito se refiere a las repercusiones de los conflictos en las mujeres y los niños, que tienen consecuencias trágicas con regularidad. 
Trata de cuestiones como la violación como arma de guerra. 
Miles de mujeres han sido víctimas de abusos de las formas más horribles en situaciones de conflicto, como arma de guerra. 
Asimismo, aborda la cuestión de los niños soldados. 
Por desgracia, aún hay decenas de miles de niños a los que se les da un AK-47 y se les envía a la guerra a matar a otras personas. 
Se abordan los efectos psicológicos que esto provoca en esos niños cuando crecen. 
Me referiré luego a la respuesta de la Unión Europea al respecto. 
El siguiente capítulo se refiere a la pena de muerte, un ámbito en el que la Unión Europea ha tenido mucho éxito: ha influido en sus vecinos mediante la Política de Vecindad y ha conseguido una moratoria de la pena de muerte en muchos países. 
En efecto, estamos obrando por conseguir su prohibición. 
El informe también aborda el tráfico de seres humanos, el papel de las empresas multinacionales y sus responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos y, quizá lo más importante, la cuestión de la impunidad y el papel de la Corte Penal Internacional, que merece el apoyo de la Unión Europea. 
Creo que en muchas zonas del mundo desarrollado la impunidad es el factor que más contribuye a los abusos continuos de los derechos humanos, porque las personas creen que no serán castigadas o que no se les responsabilizará de las horribles acciones que consienten o cometen. 
Este informe apoya firmemente a la CPI. Asimismo, insta a la Unión Europea a que convenza a países influyentes como los Estados Unidos para que apoyen a la CPI. 
El informe también trata de muchos países individuales. 
Me ha animado mucho la influencia creciente que tiene la Unión Europea en muchos países del mundo. 
Muchos embajadores y representantes de diferentes países se han dirigido a mí preocupados… 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al señor Coveney por este excelente informe. Tal como acaba de decir, presenta una imagen muy amplia y completa de la situación de los derechos humanos vista desde una serie de diferentes ángulos. 
Más que nunca, los derechos humanos centran el debate internacional. 
El 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de concluir en Ginebra. 
En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó su informe titulado: «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos». 
Por lo tanto, de alguna manera ha situado la cuestión de los derechos humanos en el centro de nuestras preocupaciones para el desarrollo pacífico de nuestro mundo. 
Usted hace algo similar en su informe. 
Describe una imagen de la situación de los derechos humanos en el mundo, una imagen inflexible que demuestra que tenemos que seguir preocupándonos por los derechos humanos. 
También aboga por medidas incluso más contundentes y comprometidas en defensa de los derechos humanos. 
La Unión Europea siempre ha tenido sumo interés en defender y promover los derechos humanos; es una parte esencial de nuestra política exterior. 
A la vista de los retos que presenta la mundialización y también del deterioro continuo de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, es necesario que la Unión Europa realice mayores esfuerzos para promover y defender los derechos humanos, ante todo a nivel interno, con los gobiernos pero también con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentos nacionales y los organismos internacionales. 
Otra cosa que tiene que estar en el centro de nuestra defensa de los derechos humanos es un compromiso con la resolución de conflictos, conflictos que a menudo son el origen del desprecio de la persona humana. 
En su informe, condena una serie de casos, con su examen trágico de las violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo. 
En este sentido, creo que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la reforma del sistema de las Naciones Unidas, la importancia dada a los derechos humanos con un vínculo entre la reforma de las Naciones Unidas y un mayor respeto de la Carta y la Declaración de los Derechos Humanos son muy importantes. 
Diré solamente que la Unión Europea es ante todo una comunidad de valores que, por cierto, está mejor enraizada en el proyecto de Constitución, en especial mediante la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Esta comunidad de valores a la que aspiramos nos exige que defendamos los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
Estos valores son y tienen que ser nuestra guía al elegir entre las herramientas que disponemos para dirigir nuestra política. 
Como comprenderá usted, señor Coveney, no puedo responder con detalle a todas las cuestiones planteadas en su informe ni a todos los epígrafes extremadamente útiles y ricos que contiene. 
Por lo tanto, me limitaré a unas pocas cuestiones que plantea, mientras le aseguro, en nombre del Consejo, que nuestros servicios seguirán estudiando este documento y tendrán en cuenta las numerosas sugerencias que propone en el mismo. 
Por consiguiente, destacaré una serie de aspectos cuya importancia justifica que se haga hincapié en ellos en especial, empezando por el diálogo. 
Intentamos plantear la cuestión de los derechos humanos siempre que se nos presenta la oportunidad y con todos los interlocutores de la negociación. 
Este también es el motivo de que los derechos humanos formen siempre parte integrante de todos los acuerdos que concluimos con los interlocutores, incluso si se trata de meros acuerdos económicos. 
De esta manera hemos iniciado un diálogo sobre «derechos humanos» con China, dejando claro que los derechos humanos no son un lujo de los países desarrollados ricos sino algo que debe ir de la mano del desarrollo económico. 
También hemos emprendido consultas sobre «derechos humanos» con Rusia. 
Este es un aspecto del enfoque de los «cuatro espacios comunes» del que esperamos poder sacar partido en la próxima cumbre con Rusia el 10 de mayo. 
En este mismo momento, también, una troika de la UE está analizando de qué modo se puede iniciar el diálogo sobre los derechos humanos con Irán. 
Los derechos humanos también forman parte integrante de nuestras relaciones con Teherán en otros asuntos importantes: el respeto de los derechos humanos no puede separarse de las otras cuestiones fundamentales en las que estamos trabajando. 
Sabemos que se trata de una labor a largo plazo. 
Incluso si es difícil, por no decir imposible, cuantificar los resultados obtenidos de estos diálogos sobre derechos humanos, creemos que son una herramienta esencial para avanzar en la causa de los derechos humanos en los diferentes países afectados. 
La necesidad de encontrar un denominador común con nuestros interlocutores de negociación no significa necesariamente que sea conveniente realizar evaluaciones regulares de estos diálogos. 
Nuestro objetivo es mejorar la situación sobre el terreno, y los resultados definitivos, como el respeto del Estado de Derecho o la liberación de prisioneros políticos, son indicios de que estamos teniendo éxito con estos diálogos. 
También quiero poner un fuerte énfasis en el apoyo que damos a las organizaciones de derechos humanos en una serie de países, tal como lo hace usted en su informe. 
Es inaceptable que los fondos de la Unión Europea destinados o asignados a las organizaciones de derechos humanos en algunos países se bloqueen por sus gobiernos; creo que el Presidente del Parlamento se convenció de ello al visitar uno de estos países. 
También quiero decir algunas palabras sobre un tema que significa mucho para nosotros: el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
Esto es ante todo una cuestión moral y de gran efecto. 
Aquellos que creen que pueden debilitar el respeto de los derechos humanos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo están en cierto sentido cediendo al terrible chantaje de los peores enemigos de la democracia: los terroristas. 
No podemos ir por este camino. 
En realidad, los ataques del 11 de septiembre de 2001 han hecho que el terrorismo sea una de las prioridades de la Unión Europea, pero dijimos, y lo hemos dicho nuevamente hace poco ante la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, que los esfuerzos realizados en la lucha contra el terrorismo han de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Por otra parte, el 21 de septiembre de 2001, el Consejo manifestó que la lucha contra el terrorismo tenía que ser inseparable del respeto de las libertades fundamentales en las que se fundamenta nuestra civilización. 
En la última sesión de la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, la Unión Europea desempeñó un papel activo en las negociaciones sobre este tema, contribuyendo a la adopción de una resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
Esta resolución contempla el nombramiento de un ponente especial y, por lo tanto, ayudará a fortalecer la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
La cooperación, a la que se refiere en su informe, entre el Representante Personal del SG/AR para temas de derechos humanos que ha sido nombrado hace poco por el Secretario General del Consejo/Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, es plenamente coherente con nuestra política en el asunto y tenemos un gran interés en desarrollarla. 
Quiero mencionar algunas otras cuestiones a las que usted da una gran importancia. 
Primero, los derechos de los niños. 
Siempre hablamos de los derechos de las personas, pero hay que prestar atención, como asunto prioritario, a la situación a menudo calamitosa de los niños, víctimas del conflicto y también de la pobreza. 
Creo que la Unión Europea tiene que desempeñar un papel especial en este tema, y tendremos que ver cómo podemos intensificar nuestras actividades en apoyo de los derechos de los niños. 
En este sentido, también quiero señalar que el proyecto de Constitución se refiere explícitamente a la protección de los derechos de los niños. 
Creo que es necesario ampliar nuestras actividades con esta finalidad, en cuanto a nuestra ayuda al desarrollo y en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
También existe la cuestión de los derechos de las mujeres que son víctimas de los conflictos, y del fortalecimiento de la actuación de la Unión Europea para impedir todas las formas de tráfico de seres humanos, del que las mujeres y los niños son generalmente las principales víctimas. 
Este es un ámbito donde es necesario que la Unión Europea aumente sus medidas. 
También quiero aprovechar la oportunidad para subrayar la libertad y el derecho a la información. 
Su Parlamento ha hecho mucho por fomentar este derecho. 
Con frecuencia se encarcela, se tortura, se hostiga de todas formas y, hoy, se toma como rehenes a los periodistas. 
Es hora de que se dedique un momento a aquellos periodistas a quienes se han tomado como rehenes en Iraq durante más de 100 días. 
Otra cuestión que plantea en su informe es la futura Agencia de las Libertades Fundamentales y el riesgo de duplicación que resulte del gran número de organismos implicados en los derechos humanos. 
En 2003 decidimos que tenía que revisarse el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y que teníamos que considerar la posibilidad de que fuera una agencia. 
La Comisión emprendió entonces una consulta pública a gran escala. 
El gran número de personas y organizaciones que expresaron sus ideas sobre el futuro papel del Observatorio Europeo y su conversión en una agencia para las libertades fundamentales y los derechos humanos demuestra claramente hasta qué punto los ciudadanos creen que están afectados por las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
No podemos sino celebrarlo. 
Tras esta consulta, la Comisión ha empezado a elaborar una propuesta para un Reglamento basado en las muchas ideas que ha recibido. 
La propuesta se examinará de acuerdo con el procedimiento normal. 
Aunque es prematuro entablar un debate sobre esta agencia en esta Cámara, quiero sin embargo destacar que, dada la envergadura de la tarea, nunca seremos demasiados los que participemos en la protección y defensa de los derechos humanos. 
Conocemos los problemas y pretendemos reforzar la cooperación entre los diversos organismos involucrados. 
Nuestro objetivo es fortalecer todos los instrumentos y todos los organismos que sirven a los derechos humanos, trabajando juntos y en coordinación de modo que nuestra actuación sea eficaz al tiempo que evitamos toda duplicación, puesto que esto sería un desperdicio irresponsable de nuestros recursos. 
. Señor Presidente, quiero empezar mi intervención excusando a la Comisaria Ferrero-Waldner que no ha podido asistir hoy y expresando también mi satisfacción por poderla sustituir en un tema tan esencial en nuestro modelo de sociedad, de comunidad política y de comunidad cívica y en nuestro proyecto europeo. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza señalando que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". 
Todos nosotros, en el ejercicio de nuestras responsabilidades y en nuestra vida cotidiana y privada, tenemos la responsabilidad de promover y proteger los derechos de todo ser humano en todo lugar del mundo. 
El informe del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos que estamos discutiendo esta tarde supone una importantísima contribución y me gustaría empezar rindiendo un caluroso tributo al señor Coveney por su excelente trabajo, que ilustra nuevamente el fuerte compromiso de este Parlamento con los derechos humanos. 
El informe contiene importantísimo material de reflexión y muchas recomendaciones de gran utilidad; su amplitud no me permitirá responder hoy en detalle a las diversas cuestiones que plantea, pero, como es habitual, la Comisión dará continuidad a este debate, respondiendo a todas y a cada una de las recomendaciones del informe por escrito. 
Sin embargo, me gustaría atraer la atención, en estos minutos, sobre algunos de los puntos que plantea el señor Coveney en su informe. 
En concreto, deseo hacer breves comentarios sobre tres cuestiones: en primer lugar, sobre los derechos de los niños, sobre todo en los conflictos armados, en segundo lugar, sobre los defensores de los derechos humanos y, por último, sobre la Corte Penal Internacional. 
Con respecto a los derechos de los niños, la Comisión acoge con agrado el énfasis puesto por el informe en este punto. 
En estos últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha un marco eficaz para la integración de los derechos de los niños en sus políticas y en sus programas, en colaboración con UNICEF, hemos iniciado un programa de formación específico sobre los derechos de los niños y, el pasado mes de septiembre, establecimos un Grupo Interinstitucional sobre este tema. 
La Comisión desempeña un papel activo en la aplicación de las directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados aprobadas en 2003: de forma regular, planteamos la cuestión en nuestros diálogos con terceros países y con representantes de los grupos involucrados en conflictos armados. 
Por ejemplo, durante la visita realizada el pasado mes de marzo a Sri Lanka, la Comisaria Ferrero-Waldner tuvo ocasión de hacer hincapié especialmente en la importancia de erradicar el uso de los niños en esos conflictos. 
La Comisión apoya una extensa gama de proyectos que abordan diferentes aspectos de este problema y, tras un minucioso análisis, hemos decidido destinar fondos de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos a proyectos de apoyo y formación en terceros países. 
El objetivo de estos programas y de estos recursos es progresar en la aplicación del Convenio de los Derechos del Niño y sus protocolos opcionales. 
Permítame, asimismo, señalar que el grupo de comisarios sobre derechos humanos hace especial hincapié en este tema. 
Mis colegas han revisado el trabajo de la Comisión en este campo y están actualmente considerando cuál es la mejor manera de dar prioridad a esta cuestión; una de las posibilidades que se contempla es la aprobación de una comunicación, como sugiere el señor Coveney en su informe. 
En segundo lugar, me quería referir a los defensores de los derechos humanos. 
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró, en relación con los defensores de los derechos humanos, que estos son nuestros ojos y oídos y representan nuestra conciencia colectiva. 
Son una fuente vital de información sobre los acontecimientos que se desarrollan en terceros países. 
Por ello, nosotros, la Unión Europea, dependemos de ellos, de los defensores de los derechos humanos, para obtener información. 
Eso significa que tenemos la enorme responsabilidad de protegerlos, debemos concentrarnos en la mejora del seguimiento y transmisión de la información y establecer, al respecto, un fuerte compromiso por parte de las misiones de la Unión Europea y de las delegaciones de la Comisión en el mundo. 
La Comisión está determinada a desempeñar un papel activo para hacer realidad las directrices sobre los defensores de los derechos humanos. 
En este sentido, les damos prioridad en nuestra campaña "promoción de una cultura de los derechos humanos", que conforma uno de los cuatro ejes incluidos en la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Asimismo, ponemos especial énfasis en el apoyo a las organizaciones locales de derechos humanos en terceros países. 
La programación para este año y el siguiente de la citada Iniciativa prevé que más de 50 delegaciones de la Comisión Europea pongan en marcha un plan de microproyectos que representará más del 30% de su presupuesto total. 
En último lugar, permítame, señor Presidente, que haga referencia a la Corte Penal Internacional, una institución de vital importancia para la promoción internacional de la paz y la justicia. 
La Comisión considera la Corte como uno de los componentes esenciales de un orden internacional regulado. 
Gracias a ella, aquellos que cometan violaciones masivas de la vida y la dignidad humana saben que la comunidad internacional les va a exigir responsabilidades y, con ello, todos esperamos que se reduzca la frecuencia de esos crímenes, pero allá donde estos se produzcan y allá donde los sistemas nacionales no quieran o no puedan intervenir, la comunidad internacional dispone ahora de un sistema complementario de justicia criminal, ejecutada a través de la Corte, que debe repartir justicia de forma imparcial, transparente y efectiva. 
Esta es la única manera de asegurar que sea considerada como una institución legítima y que se consiga la adhesión de muchos otros Estados al Estatuto de Roma que creó la Corte. 
La Unión Europea cree que tres principios de la Corte son fundamentales. 
En primer lugar, el principio de universalidad de la Corte, y en ese sentido estamos haciendo campaña en todo el mundo para aumentar el número de ratificaciones del Estatuto de Roma y me siento particularmente satisfecho de que 77 países ACP hayan acordado conjuntamente, el pasado mes de marzo, incluir un compromiso para la ratificación del Estatuto en el nuevo Acuerdo de Cotonou, que se va a firmar próximamente. 
En segundo lugar, nos parece fundamental el principio de la integridad de la Corte, atacado por parte de algunos países. 
Por ejemplo, los acuerdos bilaterales de inmunidad propuestos por los Estados Unidos minan el propio concepto de la Corte. 
También está preocupada la Comisión por el régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidosa aquellos países que se niegan a firmar tales acuerdos y continuamos expresando nuestra preocupación sobre estos temas en nuestro diálogo con los Estados Unidos. 
Y por último, el tercer principio de la Corte es la complementariedad con los sistemas judiciales nacionales; la justicia internacional no es un sustituto de la justicia nacional. 
Por eso, apoyamos la reconstrucción de sistemas legales en aquellos países donde la magistratura no ha sido capaz o no ha tenido voluntad de perseguir las violaciones masivas de los derechos humanos. 
La adopción, el 31 de marzo, de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur que por primera vez hace referencia a la Corte Penal Internacional, es muy esperanzadora. 
Finalmente, señor Presidente, Señorías, les aseguro, en nombre de la Comisión, que la amplitud de países y temas tratados en el informe del Parlamento será de enorme ayuda cuando empecemos a trabajar próximamente en el informe anual de la Unión Europea sobre derechos humanos. 
Por ello, quiero reiterar mi agradecimiento y el de la Comisión al señor Coveney y al Parlamento Europeo en su conjunto por su excelente trabajo y recordar, una vez más, nuestra permanente disposición a colaborar con el Parlamento en esta tarea. 
. Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, señor Coveney, por el esfuerzo incansable que ha realizado en defensa de los derechos humanos en su informe y también por la búsqueda incansable en favor de un consenso para superar los numerosos problemas y los conflictos de intereses que este informe plantea. 
Este informe sobre los derechos humanos en el mundo pone claramente de manifiesto el compromiso indeclinable e inderogable que tiene la Unión Europea, en general, y este Parlamento, en particular, con la causa de los derechos humanos, que no se tienen que predicar de una región, de un país o de un continente, sino que tienen que tener un carácter planetario o universal. 
Creo que, en Europa, tenemos que enfocar y aproximar esta tarea desde una actitud de modestia intelectual, y que tenemos que pensar que, antes de lanzarnos a la labor de arreglar el mundo, quizá deberíamos darnos tres vueltas por nuestra propia casa primero. 
Tenemos que aplicar esta referencia a los derechos humanos, que la Unión Europea hace efectiva a través de la cláusula democrática que existe en los acuerdos de asociación y de cooperación, evitando el doble rasero y aplicándola por igual a países grandes, a países medianos y a países pequeños. 
Creo que tenemos que ser rigurosos al exigir el cumplimiento de los derechos humanos, que tenemos que ser precisos, que no debemos incurrir en exageraciones y que tenemos también, señor Presidente, que ser generosos en los avances que muchos países en vías de desarrollo están llevando a cabo en sus legislaciones y en sus situaciones de hecho. 
Porque la acción de la Unión Europea tiene que tender, señor Presidente, a favorecer esos procesos, a estimularlos y a constituir un acicate para que los derechos humanos se acaben enseñoreando en todas las regiones del planeta. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a tres aspectos, de los muchos importantes que presenta el señor Coveney en su informe, que han llamado particularmente mi atención. 
En primer lugar, la referencia que se hace al caso de Somalí Mam, a la causa que ella ha venido defendiendo en contra de la prostitución infantil y a las 91 niñas que han sido secuestradas de uno de sus centros de acogida en los que desempeña su obra social. 
Asismismo vale la pena detenerse en algunos casos relativos a la aplicación de la pena de muerte en países como Filipinas. 
Y también me gustaría aprovechar esta tribuna, señor Presidente, para hacer referencia, y creo que viene al caso en el contexto de esta discusión sobre los derechos humanos, al ciudadano español Carlos Ayala, funcionario de la Comisión Europea destinado en Bogotá, donde ha sido, al parecer, secuestrado en extrañas circunstancias. 
Me gustaría atraer la atención de esta Cámara sobre este caso, pedir que se aclaren las consecuencias y las causas de su desaparición y, pedir, naturalmente, que sea liberado. 
Termino, señor Presidente, felicitando al ponente y esperando que este informe pueda gozar, como se merece, de una amplia mayoría de este Parlamento en el voto de mañana por la mañana. 
. – Señor Presidente, voy a referirme a tan solo cuatro puntos de este exhaustivo informe. 
En primer lugar, sobre los niños y los conflictos armados, acogemos con satisfacción el énfasis en los derechos de los niños. 
Hemos tratado de ampliar la definición de competencia infantil de forma específica para incluir a mensajeros, espías, cocineros y porteadores, porque los niños que desempeñan estas tareas están expuestos al peligro. 
Sobre la cuestión que divide a esta Cámara, insistimos en que la violación es un arma de guerra y, por lo tanto, el acceso pleno a los derechos de salud reproductiva tiene que ser uno de los derechos humanos que defendamos en este informe. 
En segundo lugar, respecto de los derechos humanos y las empresas, se ha identificado una gran falla en nuestros debates entre el fomento de la responsabilidad corporativa de las propias empresas y las autoridades públicas que hacen uso de nuestra responsabilidad para garantizar el principio de responsabilidad corporativa. 
Las normas de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos constituyen la mejor base para desarrollar un conjunto de normas mundiales para las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales, y tenemos que apoyarlas. 
En tercer lugar, sobre el terrorismo, el informe está en lo cierto al condenar el terrorismo en todas sus formas, así como en insistir en que todas las acciones de combate contra el terrorismo deben respetar plenamente los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. 
Sin embargo, creemos que las referencias en el informe al objetivo del proceso democrático y a la relación entre fundamentalismo y terrorismo se acercan demasiado a la equiparación del islam y los musulmanes de este mundo con el terrorismo. 
Acepto que no es la intención personal del señor Coveney, pero deseamos que se retire esa formulación para evitar toda confusión. 
Los musulmanes defienden la paz y la no violencia como todas las demás religiones –o ninguna– de este mundo. 
Finalmente, hemos intentado garantizar que los apartados 210 a 230 del informe aborden los instrumentos específicos para fomentar los derechos humanos que tenemos como Unión Europea: los diálogos sobre derechos humanos, la cláusula de derechos humanos en nuestros acuerdos con países terceros, nuestras representaciones en Ginebra y Nueva York, las acciones y la aplicación de las directrices y la iniciativa europea por la democracia y los derechos humanos. 
Invito a otros Grupos políticos en el Parlamento a que el año que viene se nos unan para centrarnos más exclusivamente en exigir responsabilidades al Consejo y la Comisión sobre la efectividad con que se utilizan estos instrumentos. 
Invito al Consejo a que esta tarde nos diga que presentará su propio informe anual sobre derechos humanos a este Parlamento, para que este informe pueda ser el año que viene la respuesta a aquel. 
Doy las gracias al señor Coveney. 
Sus elogios a los ponentes alternativos se le devuelven con creces. 
Ha hecho un excelente trabajo y es un informe muy bueno. 
. Señor Presidente, el Informe sobre los derechos humanos 2004 ha resultado ser un documento honesto y equilibrado y yo también quiero agradecer los esfuerzos del ponente. 
Ahora bien, en un principio se temía que el informe se viese enturbiado por la misma inconsistencia y falta de coherencia de la política de derechos humanos del Consejo y de los Estados miembros, que muy a menudo reclaman sanciones contra los países pobres del Sur, pero hacen la vista gorda ante graves atentados contra los derechos humanos en otros países que ofrecen un mayor interés económico. 
Habría sido inaceptable que el Parlamento hubiese aceptado una vez más que los derechos humanos se supeditaran a intereses económicos o comerciales. 
Gracias a la franqueza y voluntad de escucha del ponente, el informe en su forma actual no elude, empero, los aspectos más delicados. 
Se abordan todos los problemas, independientemente del tamaño o el interés económico de los países afectados. 
Creo que ya es hora de que el Consejo y los Estados miembros sigan el mismo camino; de lo contrario, la Unión Europea corre el riesgo de perder rápidamente su credibilidad como protectora y guardiana de los derechos humanos en todo el mundo. 
Ese riesgo volvió a quedar patente hace poco en la 61ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, donde no se presentó ninguna resolución sobre China, Rusia o Irán. 
En mi opinión, se requiere a todas luces una mayor coordinación, una mayor difusión de la información y menos ambivalencia. 
Celebro que el informe refleje las evoluciones positivas, como las ocurridas en algunos países en desarrollo, sobre todo en África, a pesar de los grandes problemas políticos y económicos con los que todavía tiene que lidiar el continente negro. 
El proceso de reconciliación que se ha llevado a cabo con éxito en Ruanda, Burundi y otros países demuestra que sin duda es posible un progreso. 
África se encuentra en un momento de cambio y la Unión Europea debe seguir apoyando los primeros frágiles éxitos conseguidos en dicho continente. 
El Informe Coveney reclama con toda razón una cooperación más estrecha con la Corte Penal Internacional en la lucha para garantizar que los delitos no queden impunes. 
A fin de cuentas, la democracia y la reconciliación van estrechamente unidas a la justicia. 
No obstante, algunos países en desarrollo están siendo objeto de una enorme presión por parte de los Estados Unidos para que socaven el buen trabajo de la Corte Penal Internacional. 
Si la Unión Europea y los Estados miembros se toman realmente en serio la CPI, deben ofrecer una compensación económica y comercial, recurriendo a todos los medios a su alcance, a los países que no se dobleguen a las amenazas de los Estados Unidos. 
La CPI ha iniciado entre tanto investigaciones sobre la situación en el Congo y también en el norte de Uganda, donde la población continúa sufriendo en manos del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) y sus actividades terroristas. 
Se están masacrando e incendiando núcleos de población enteros; se rapta a niños y niñas para utilizarles como soldados o esclavas sexuales, a pesar de que solo se requeriría un esfuerzo militar limitado a pequeña escala para dejar definitivamente fuera de combate al ERS y poner fin a las violaciones de los derechos humanos más graves del mundo. 
Por desgracia para la población que tiene que sufrir esas crueldades a diario, el norte de Uganda no posee petróleo, coltán ni otras materias primas que justifiquen el interés de la comunidad internacional por la zona. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha presentado un pequeño número de enmiendas, una de las cuales insiste en la necesidad de mantener el embargo de armas sobre China hasta que el Gobierno chino demuestre que las nuevas leyes sobre la secesión no representan ninguna agresión contra la población taiwanesa. 
Mi Grupo apoyará el Informe Coveney con más convicción que nunca si se aprueba dicha enmienda. 
.– Señor Presidente, es costumbre felicitar a los ponentes en esta Cámara donde todos intentamos superarnos entre nosotros en ser amables. 
Sin embargo, esta vez tenemos que expresar realmente nuestra admiración por el trabajo que el señor Coveney ha realizado; ha escuchado con mucha atención y ha trabajado meticulosamente para elaborar lo que realmente es un informe completo, claro y aceptable. 
Todos podemos ver que la evaluación satisfactoria de la situación de los derechos humanos país por país no es algo fácil de conseguir. 
Por lo tanto, quiero añadir mis más sinceras felicitaciones a todas las personas que se han dirigido a él. 
Este informe contiene un ingente número de puntos positivos y mi Grupo está muy contento con el equilibrio que consigue en el asunto del respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
Creo que es un tema que llama mucho la atención a escala internacional, europea y de esta Cámara, y lo que vemos hoy –quiero decir lo que se acaba de decidir tras el período de sesiones de las Naciones Unidas– con la ayuda del ponente, nos permitirá realizar progresos muy considerables en el asunto. 
Mi Grupo también acoge con satisfacción la extensión de los derechos civiles y políticos a las cuestiones económicas y sociales con un capítulo importante sobre la responsabilidad de las empresas. 
Cuando mañana consideremos las enmiendas, quiero también quizás que reconozcamos el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable, como nos invitan a hacer el trabajo de la PNUD sobre la degradación de los ecosistemas y los efectos de la contaminación en nuestra capacidad, a escala mundial, de alcanzar las metas del Milenio y tal como se estableció en la declaración de las Naciones Unidas en 1986. 
La cumbre de Johanesburgo también reiteraba la naturaleza esencial del respeto de los principios sociales y medioambientales y los derechos humanos. 
Les invito a que mañana consideren estas cuestiones. 
Dicho esto, creo que lo más importante sobre este informe es probablemente la capacidad, una capacidad que podemos seguir desarrollando en los próximos años, para analizar los instrumentos de la Unión Europea para proteger y promover los derechos humanos y la democracia en el mundo. 
Creo que todo esto es un capítulo extremadamente importante. 
Hoy todo el mundo puede ver hasta qué punto la credibilidad de la Unión Europea, las expectativas que las personas tienen depositadas en ella y en lo que va a convertirse con la adopción esperada de la Constitución, se centran en torno a la cuestión de los derechos humanos y la democracia, y no creo que podamos conseguir que se acepte una manera europea de hacer las cosas en el diálogo, en la credibilidad y con equidad si no somos capaces de realizar progresos considerables a nivel interno, entre nuestras instituciones. 
Si realmente queremos que se supervisen y evalúen todos nuestros mecanismos, el Parlamento Europeo tiene que involucrarse, y mantenerse informado sobre todas las medidas que se decidan de conformidad con las orientaciones y con los diálogos estructurados sobre los derechos humanos y participar en todas las medidas que adopten la Comisión y el Consejo. 
Nuestra política será más eficaz y más coherente si mantenemos un mejor diálogo interinstitucional. 
– Señor Presidente, mientras reconozco los esfuerzos tan sustanciales realizados por el señor Coveney, lamentablemente tengo que añadir que los resultados están muy por debajo de las expectativas. 
En realidad, se trata de un informe exhaustivo, lleno de afirmaciones con las que podemos estar de acuerdo, que a veces son simplistas y marcadas por un cierto deseo de gustar. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el informe es muy cuidadoso –y en este punto discrepo del señor van Hecke– de evitar contrariar a los interlocutores económicos y políticos de la Unión Europea. 
Se puede argumentar que este informe es muy débil con los más fuertes y, con demasiada frecuencia, muy negligente con los débiles. 
Se pueden citar muchos ejemplos: no se menciona en ningún caso la situación trágica del pueblo kurdo en Turquía, que sin embargo debe adherirse a la Unión Europea y, por lo tanto, debería haberse incluido en un documento como este. 
Sin embargo, existe un rechazo a alterar las relaciones con Turquía. 
Respecto a Iraq, hay una reticencia en señalar la responsabilidad estadounidense en el trato de prisioneros: prácticamente no se dice nada sobre el tema de Abu Ghraib. 
En cuanto a Colombia, tampoco se hace ninguna crítica del papel del Gobierno y sus relaciones con las fuerzas paramilitares. 
Se pide al Gobierno israelí que interrumpa la construcción del muro, pero no se le denuncia explícitamente por ello. 
Esto aparte, no se hace ninguna referencia a la falta de respeto de la libertad de información en Argelia. 
Por lo tanto, diré que, en algunos aspectos, este documento no presenta la mejor de las posibilidades y que, si se mantiene en su estado actual, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no podrá apoyarlo. 
Los nuevos dirigentes palestinos deben poner fin a los actos terroristas cometidos contra Israel. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben suscribir también ese llamamiento urgente; de lo contrario, ya podemos abandonar toda esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz. 
Mientras tanto, las próximas elecciones parlamentarias palestinas plantean a las instituciones europeas un problema grave y urgente: la participación de Hamás, una organización terrorista incluida con toda razón en la lista de terroristas de la Unión. 
De hecho, se espera que Hamás obtenga buenos resultados en los comicios. 
¿Cómo se proponen responder el Consejo y la Comisión a eso? 
El Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, teme que la Unión Europea deje de considerar a Hamás como un movimiento terrorista tras las elecciones parlamentarias y solo se muestra dispuesto a continuar las conversaciones sobre un acuerdo de paz cuando los grupos palestinos militantes hayan sido totalmente desarmados y desarticulados. 
Si no recuerdo mal, la Unión Europea exigía lo mismo a la Autoridad Palestina hace unos años. 
¿Qué van a responder el Consejo y la Comisión al Primer Ministro israelí? 
En cualquier caso, no pueden afirmar ante esta Cámara que la inclusión de unos partidos políticos que cuentan con un brazo armado, en otras palabras, con unidades terroristas, puede resultar beneficiosa en ningún sentido para el proceso de democratización de Oriente Próximo, una región en la que les insto a actuar con coherencia. 
Una posición europea clara y de principios como esa, ayudaría a israelíes y palestinos a alcanzar un acuerdo político razonable con respecto a los derechos humanos y las vidas humanas en la región. 
Señor Presidente, Señorías, muchos aspectos del informe merecen nuestra aprobación. 
No obstante, consideramos que algunas partes se podrían mejorar, una de las cuales es, sin duda, el embargo de armas sobre China. 
Permítanme, empero, que me centre en algunas enmiendas que fueron rechazadas por la Comisión de Asuntos Exteriores y que ahora volvemos a presentar ante el Pleno. 
En los últimos meses hemos escuchado invocar a algunos diputados los derechos a la salud reproductiva en casi todos los debates celebrados en esta Cámara sobre cuestiones como las medidas para combatir el sida, los derechos de la mujer en Europa y en el mundo y nuestros objetivos en el ámbito de la política humanitaria. 
Si recordamos la definición de los derechos a la salud reproductiva de la OMS, la implicación es que se nos está pidiendo que votemos sobre el aborto. 
Estoy dispuesto a creer que todos los diputados de esta Cámara y, de hecho, todos nosotros en Europa, estamos actuando de buena fe, pero aun así no puedo comprender que se pueda aludir con tanta frecuencia y tan a la ligera al aborto, tratándose como se trata de algo que muchísimas personas en todo el mundo consideran moralmente inadmisible y cruel. 
Este es el razonamiento que está en el trasfondo de muchas de las enmiendas al informe. 
Aunque no todos estemos seguros de la existencia de vida humana en el momento de la concepción y durante las primeras etapas del embarazo, nadie puede argumentar racionalmente que podemos tener el 100% de certeza de que no hay vida humana durante esos primeros días, semanas y meses del embarazo. 
Nadie puede tener esa seguridad. 
Hoy día, nadie puede descartar la posibilidad de que el aborto constituya un atentado contra vidas humanas inocentes e indefensas. 
El hecho de que no podamos tener esa certeza significa que debemos preguntarnos si merece la pena correr el riesgo cuando lo que está en juego es tan importante. 
¿Queremos que las futuras generaciones nos vean como ahora vemos nosotros a los racistas o a los partidarios de la esclavitud? 
¿Queremos que nos vean como una sociedad que comprendió lo injusto que era discriminar a las personas por su raza o su origen, pero que se mostró totalmente indiferente ante el hecho de que ella misma las discriminaba por su etapa de desarrollo? 
Para evitar el riesgo de que eso suceda, deberíamos abstenernos de hacer referencia al aborto o a los derechos reproductivos en nuestros documentos. 
Estoy absolutamente seguro de que todos y cada uno de los objetivos de nuestra política humanitaria podrían conseguirse sin ninguna alusión al aborto y a los derechos reproductivos, y eso nos permitiría actuar con mucho mayor unanimidad y solidaridad. 
Les agradezco su atención y les ruego que no consideren mis comentarios como una declaración de enfrentamiento político. 
Hablo de buena fe, como persona que cree en la unidad europea y que está convencida de que la misión de Europa es impulsar unas políticas morales que no intenten imponer al resto del mundo soluciones a cuestiones respecto a las cuales nosotros mismos estamos divididos en Europa. 
Señor Presidente, esta Cámara ha adoptado durante años –como es justo y acertado– una posición de solidaridad con la causa de los derechos humanos en el mundo entero. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción que el ponente manifieste preocupación por valores como la libertad de expresión, de opinión y de prensa cuando el informe constata que, en Moldova, los partidos de la oposición no tuvieron el mismo acceso a los medios de comunicación en los anteriores comicios, ni pudieron contar con una cobertura imparcial de la campaña electoral. 
En países como Argelia y Arabia Saudí se pisotean también masivamente esos valores, según el informe. 
No obstante, este se muestra muy selectivo; después de todo, no se debe hablar de cuerdas en la casa de un ahorcado. 
En efecto, el ponente podría haber caído en la cuenta de que Bélgica, el país donde, al fin y al cabo, tiene su sede el Parlamento, sufre los mismos males que Moldova, Argelia y tantísimos otros países. 
En mi país, VRT, la televisión pública financiada por todos los contribuyentes flamencos, ha decidido, haciendo gala de su talante totalitario, no invitar a comparecer al principal partido de Flandes, el, lo que equivale, de hecho, a censurarlo en la práctica. 
Con lo cual se está negando formalmente el acceso a la televisión pública al único partido de la oposición de Flandes y se lo está amordazando al mejor estilo de la antigua Alemania oriental. 
En adelante, un politburó formado por jefes de redacción de izquierda y de extrema izquierda, no muy distintos de los antiguos comisarios del pueblo de la Unión Soviética, decidirá qué informaciones se pueden emitir sobre mi partido y solo se difundirán aquellas que lo presenten bajo un prisma desfavorable. 
Jamás se había visto en la Unión Europea tamaña muestra de servilismo y adulación corrupta a la clase dirigentepor parte de unos periodistas pagados con fondos públicos. 
La libertad de expresión y el derecho a información procedente de diversas fuentes se están tomando a broma en Bélgica, lo cual es completamente contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Ruego encarecidamente a todos los colegas diputados, cualquiera que sea su adscripción política, que firmen la declaración escrita que hemos presentado hoy para hacer constar su preocupación por esta de los medios de comunicación en mi país y denunciar la actitud totalitaria de la radio y la televisión belgas. 
–Señor Presidente, quiero felicitar al señor Coveney por su excelente informe. 
Siempre he apoyado el máximo de derechos civiles y políticos y la gobernanza para todos los Estados. 
La democracia es la forma de gobierno ideal que permite el pleno consentimiento de las personas implicadas. 
Sin embargo, el mundo es un lugar complejo y hay toda una serie de cuestiones que siguen siendo relativas en lugar de absolutas. 
Por ejemplo, hay que conseguir un equilibrio entre el derecho de un Estado a defenderse del terrorismo y la necesidad de garantizar los derechos civiles para los prisioneros. 
Este es el caso de la situación en Guantánamo. 
Tras los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos creyeron que su seguridad nacional estaba amenazada y, por lo tanto, tuvieron que detener a muchos sospechosos hasta que quedara claro que no había peligro. 
Por supuesto, ahora han liberado a muchos. 
Otro caso es la referencia a la condena del muro de seguridad construido por Israel, que ha reducido de drásticamente el número de terroristas suicidas palestinos que cruzan a Israel para matar a israelíes inocentes. 
Sin embargo, muchos de mis colegas aquí creen que el muro representa una anexión de territorio palestino por parte de Israel, si bien las fronteras finales solo se establecerán mediante un acuerdo de territorios a cambio de paz. 
Otra cuestión es la impunidad, que por supuesto todos condenamos con razón. 
Se trata de una cuestión delicada, como hemos visto en países como Argelia o, en el pasado, Sudáfrica. 
El Parlamento de Argelia está debatiendo una amnistía para todos los culpables de crímenes contra los detenidos, en interés de la paz y la reconciliación y con el fin de pasar página en su historia. 
Tal vez por desgracia, a veces la zanahoria de la amnistía es la única manera de garantizar una paz duradera. 
También he participado en el informe sobre Uzbekistán y en la cuestión de la táctica del palo y la zanahoria en esta república de Asia Central que no tiene una tradición de derechos humanos o democracia y que ahora está adoptando medidas firmes en ese sentido dirección, cosa que tenemos que fomentar. 
Esta Cámara también tiene que examinar más de cerca en general las cláusulas de derechos humanos en los Acuerdos de Asociación de la UE en países como Siria, que continúan siendo dictaduras de partido único. 
En el caso de Siria, también está la cuestión del apoyo a los grupos terroristas como Hezbolá. 
Por ultimo, sigo siendo muy escéptico respecto de la necesidad de una agencia europea de derechos humanos dentro o fuera de nuestras fronteras. 
Esto duplicaría el trabajo de otros órganos como las Naciones Unidas, la OSCE o el Consejo de Europa. 
– Señor Presidente, la señora Flautre, quien por lo general es parca en sus comentarios, ha felicitado al ponente. 
Por lo tanto, no me atreveré a hacer lo contrario y yo también le doy las gracias. 
Sin embargo, quiero decir que el informe sobre los derechos humanos es un ejercicio prácticamente imposible. 
En realidad, existen tres trampas en las que puede caer. 
La primera de ellas es la de que no exista coherencia entre un informe sobre derechos humanos y el próximo. 
Quiero decir al señor Szymański que el ańo pasado votamos a favor del derecho a la salud reproductiva como un derecho humano: Espero que hagamos lo mismo este año. 
La segunda trampa es la del doble rasero. 
A mí, por ejemplo, me asombra encontrar un párrafo entero sobre Marruecos, que ha realizado esfuerzos constructivos en el tema de los derechos humanos, pero solo una línea sobre otros países que los violan flagrantemente. 
Es la ley del género. 
Una tercera trampa es tal vez la falta de transparencia. 
Nos hemos comprometido en algunos ámbitos, y tal y como se presentan, algunos apartados sugieren que hemos sido menos críticos con las grandes potencias de lo que nos hubiera gustado. 
No voy a decir nada más sobre este punto; es algo inevitable en un ejercicio como un informe sobre los derechos humanos. 
Más en serio, quiero decir que está claro que existen algunos apartados que mi partido no va a aceptar, en particular el apartado 78, que condena al Consejo por levantar las sanciones contra Cuba. 
Quiero decir al Consejo que celebro este acto de apertura. 
No creo que las sanciones económicas hayan ayudado nunca a la democracia; al contrario, han servido para perjudicar y debilitar a las naciones. 
Por lo tanto, existen algunos apartados y enmiendas con los que mi Grupo se va a mostrar muy sensible y que determinarán su voto al final de la jornada. 
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con las cualidades del ponente, a quien doy otra vez las gracias. 
– Señor Presidente, quiero centrar mis observaciones en dos aspectos de este informe en particular. 
El primero son las vulneraciones de los derechos humanos en Cachemira y el segundo es la lucha contra el terrorismo. 
Comenzaré comentando el apartado 49 sobre Cachemira. 
En primer lugar, quiero agradecer formalmente al señor Coveney su enfoque de esta cuestión y la manera en que se ha mostrado abierto a tener en cuenta tanto las propuestas de mi colega, la señora Lynne, como las mías. 
Mediante un proceso de diálogo entre nuestras oficinas respectivas, el apartado 49 constituye ahora un reconocimiento adecuado de la posición. 
Por supuesto, acojo con satisfacción el diálogo entre Pakistán y la India, pero no podemos olvidar que el pueblo de Cachemira también es una parte implicada en este proceso. 
No podemos esperar una paz real y duradera en la región a menos que Cachemira desempeñe la tarea que le corresponde en el diálogo. 
Asimismo, acojo con satisfacción el reconocimiento del papel de la policía y del ejército indio en los abusos cometidos e insto al Gobierno indio a hacer todo cuanto esté en su mano para poner fin a tales abusos de inmediato. 
También insto al resto del mundo a reconocer que esta cuestión candente entre dos potencias nucleares merece buenos oficios del exterior para facilitar el diálogo entre las partes implicadas. 
Sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo, acojo con satisfacción los apartados 101 a 108 porque abordan cuestiones que atañen a la situación actual en muchos países, incluidos algunos Estados europeos, donde se ha elegido como blanco sistemático a los ciudadanos que profesan la fe islámica por el mero hecho de que han elegido esta religión o de que se les percibe como musulmanes. 
Esto ha sido admitido de forma explícita por Ministros de Gobiernos nacionales y es algo a lo que este Parlamento tiene que oponerse. 
Por lo tanto, los apartados mencionados me resultan alentadores, porque adoptamos una postura sobre la erosión innecesaria y desproporcionada de las libertades civiles emprendida por los Gobiernos en contra de sus propios ciudadanos con el pretexto de la prevención del terrorismo. 
Por último, quiero hacer hincapié en el apartado 111, que llama la atención sobre el uso por algunos Estados de la tortura por persona interpuesta y el uso potencial de las confesiones obtenidas por estos medios. 
Me entristece decir que existen informes de prisioneros que han sido trasladados de la UE a otros países para obtener pruebas mediante el uso de la tortura. 
Este Parlamento tiene la obligación de condenar estas actividades. 
Señor Presidente, siempre hemos dicho que el principal valor de la construcción europea son los derechos humanos, su respeto y su promoción. 
Con este informe, por el que también quiero felicitar al señor Coveney, nos jugamos, una vez más, la credibilidad de la Unión Europea en este delicado terreno. 
Por ello, en el marco de la proliferación de acuerdos comerciales y de asociación que la Unión está promoviendo, la vertiente de los derechos humanos no debería convertirse en una exigencia menor, sino en la esencia misma de estos acuerdos. 
Veamos algunos ejemplos. 
Con relación a China y antes de levantar el embargo de armas, es necesario aprovechar el diálogo sobre derechos humanos que hemos entablado con ese país para potenciar cambios políticos internos que conlleven una mayor democratización y una mejora de las instituciones y de la justicia, poniendo especial énfasis en las llamadas tres T (Tiananmen, Tíbet y Taiwán) , así como en la eliminación de la pena de muerte. 
También con Marruecos debemos aprovechar nuestra privilegiada relación de vecindad para denunciar la reiterada vulneración de la libertad de prensa, lo que implica, entre otras cosas, que Rabat suprima las penas condenatorias contra periodistas como Alí Lmrabet, acate la legalidad internacional e impulse el plan Baker como marco para una solución justa y duradera al conflicto del Sáhara Occidental. 
México es otro de los casos en los que hay que insistir, basándose en el acuerdo de asociación suscrito con ese país, para que las autoridades mexicanas hagan frente con mayor determinación y voluntad política a la violencia contra las mujeres. 
Asimismo, hay que lamentar la creciente persecución que determinados colectivos indígenas y alterglobalizadores están sufriendo por manifestarse públicamente críticos con el gobierno. 
En cuanto a Colombia, la Unión Europea debe reiterar su preocupación por la constante vulneración de los derechos humanos que se comete en ese país y por la creciente amenaza que los defensores de los derechos humanos sufren diariamente. 
Así, cabe instar a las autoridades de Colombia a que protejan a esas personas. 
Finalmente, es necesario que la Unión Europea promueva una serie de regulaciones vinculantes sobre las empresas con objeto de hacerlas responsables de los posibles impactos negativos que sus actividades puedan tener sobre el medio ambiente, la dimensión social y laboral de las personas y los pueblos y los derechos humanos en general. 
– Señor Presidente, dada la importancia del informe para la credibilidad del Parlamento, quiero hacer tres comentarios. 
En primer lugar, la caridad empieza en la propia casa y en los países que algún día formarán parte de ella. 
Por tanto, no está bien que se exima de la evaluación a los países candidatos a la adhesión. 
Los demócratas kurdos y turcos no nos agradecen esa exención. 
En segundo lugar, la doble vara de medir proyecta una larga sombra sobre el informe. 
Por ejemplo, se aplaude con toda razón los progresos realizados en Marruecos, pero no se menciona que los periodistas todavía pueden ser encarcelados por referirse a los saharauis de Tinduf como refugiados y no como rehenes. 
Mi tercera y última observación se refiere al terrorismo. 
Me alegro de que el informe reconozca el hambre y la pobreza como factores que contribuyen al terrorismo y la frecuencia con que la lucha contra el terrorismo ha erosionado justamente los valores que en realidad podrían derrotarlo. 
Pero no se dice nada sobre el resto. No se dice ni una palabra sobre la persistencia de ocupaciones militares y coloniales y el modo en que estas se traducen en violencia contra personas inocentes. 
¿Puede haber alguna duda de que la insistencia de Israel en mantener tanto el muro como las colonias hipoteca toda posible solución duradera a favor de la paz y los derechos humanos en la región, o de que el resultado del concepto de guerra preventiva está, trágicamente, a la vista de todos en Iraq? 
Por eso, mañana vamos a abstenernos en la votación, a pesar de que el informe plantea una serie de cuestiones importantes. 
Tenemos la obligación de hacer más y de hacerlo mejor. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Coveney por su exhaustivo y excelente informe. 
En particular, me alegra que no solo haya identificado de forma clara las vulneraciones de los derechos humanos, sino que también haya señalado y elogiado los esfuerzos por acabar con dichas vulneraciones. 
Confío en que este informe reciba una aprobación amplia y merecida. 
¿Daremos una respuesta igualmente positiva a las personas que, con valor o desesperación, huyen de estas vulneraciones de los derechos humanos y llegan de forma legal o ilegal a nuestras fronteras? 
Quiero decirle al Consejo que, por desgracia, a menudo la respuesta de los países de la UE a las víctimas es cerrarles la puerta. 
Es el caso de dos médicos ucranios que arriesgaron sus vidas para denunciar a empresas ucranias locales que comercian con tejidos de órganos de bebés de 20 semanas, comprados, criados y mantenidos vivos durante el doloroso proceso de extracción. 
Después de que intentaran matarles, los médicos escaparon a Irlanda el pasado mes de septiembre. 
Aún se encuentran en un centro de retención, sin que se les haya garantizado que les concederán el asilo, y se enfrentan a la posibilidad de la deportación y la muerte. 
No apoyaré las enmiendas propuestas que intentan cambiar este informe constructivo mediante la introducción de otra vulneración de los derechos humanos –el aborto– en la situación ya abusiva de la guerra. 
Un abuso no puede justificar otro. 
Una mujer violada necesita ayuda y protección, no más muerte y destrucción. 
Señor Presidente, Señorías, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tenemos la suerte de poder decir que ya no nos afecta directamente el problema de los derechos humanos, que es un asunto importante y el tema de nuestro debate de hoy. 
En nuestros países ya no se conculcan los derechos humanos como ocurrió durante cincuenta años, durante la ocupación alemana, primero, y bajo un régimen comunista después. 
Aún así, no podemos ignorar que todavía se siguen violando esos derechos de manera continuada y flagrante en todo el mundo, y eso es algo que debe avergonzarnos profundamente. 
Los motivos de esas violaciones son bastante elementales, pero son intolerables y no deberían tener cabida en el mundo actual. 
Uno de los motivos es la religión, viéndose los católicos perseguidos en muchos países. 
En la China moderna, por ejemplo, los católicos están privados de todo derecho y lo mismo sucede en muchos otros países. 
Sin duda, en Indonesia deben tener todavía fresco el recuerdo de los incendios de iglesias y otros incidentes relacionados. 
Otro motivo es la nacionalidad. 
Me asombra que un país como China pueda perseguir a quienes considera sus propios ciudadanos, sobre todo habida cuenta de que esas personas no son, de hecho, ciudadanos chinos. 
La población del Tíbet tiene, en realidad, derecho a un país propio. 
Me asombra también que el mundo pueda contemplar a distancia esos hechos y que incluso se haya instado a levantar el embargo que pesa sobre China. 
Dicho embargo no tiene ningún efecto real, como es obvio, pero constituye un testimonio de nuestras convicciones éticas y, en este caso, debemos actuar conforme a las mismas. 
Por lo que respecta a Chechenia, me parece incomprensible que ahora se pueda considerar a Rusia como un socio político como cualquier otro, cuando se trata de un país que no solo ha asesinado a un dirigente checheno moderado, sino que además ha actuado de manera bárbara al negarse a entregar su cuerpo y declarar que lo han enterrado en una tumba anónima porque no merecía nada mejor. 
Encontramos ejemplos parecidos de países sin escrúpulos que persiguen a sus propios ciudadanos en Cuba y Belarús. 
Lo mismo ha ocurrido también en Darfur y, sin embargo, el mundo no hace prácticamente nada ante semejantes sucesos, aunque ya sé, por supuesto, que son cuestiones que se han debatido en esta Cámara. 
Este tipo de persecución es equivalente a una cacería de pigmeos con el solo objeto de tratarlos como piezas comunes de caza, y constituye un problema sumamente grave. 
En la época colonial, los países se responsabilizaban, en mayor o menor medida, de garantizar el mantenimiento del orden en sus colonias. 
En la actualidad, nos encontramos a menudo con conspiraciones de empresas que corrompen a los dirigentes locales y explotan a las antiguas colonias incluso más que en tiempos coloniales, sin ningún tipo de control por parte de sus países de origen. 
De hecho, ocurre más bien lo contrario, que cuentan con el apoyo de sus países. 
En vista de lo cual, quiero pedir que se abra una investigación sobre el caso siguiente, del que ha informado la prensa. 
Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal Militar de París en relación con la complicidad de soldados franceses en el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos en 1984 en Ruanda. 
Instituciones como el Parlamento Europeo tienen la obligación de velar por los derechos humanos fundamentales y vigilar a los países más grandes del mundo para garantizar que no colaboren en estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, los derechos humanos son un tema de actualidad en Europa y no solo en África, Asia y América Latina. 
Este es un punto en el que tenemos que insistir en relación con Rusia, Belarús, Ucrania, Moldova, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, pues se están violando derechos humanos en países fronterizos con la Unión Europea. 
Esas violaciones no están teniendo lugar en lugares remotos ni exóticos. 
Están ocurriendo a nuestro lado, en la misma Europa donde vivimos. 
Un segundo tema fundamental es el de la lucha contra el terrorismo, siendo como es la mayor amenaza real para la comunidad internacional. 
Se necesita solidaridad entre los Estados miembros, una solidaridad que sin embargo brilla por su ausencia, por ejemplo, en lo que respecta a la «lista negra» de organizaciones terroristas. 
En este caso preciso es verdaderamente necesario que la Europa unida hable con una sola voz, en lugar de que los Estados miembros más grandes de la antigua Unión traten de salvaguardar sus propios intereses. 
En mi opinión, el informe debería haber hecho hincapié en la persecución que están sufriendo las minorías religiosas en algunos países africanos y asiáticos. 
– Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a nuestro colega, el señor Coveney, por su ardua labor en torno a nuestro Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004. 
Una gran parte de este informe está dedicada a los países de Europa Oriental que en el futuro quizá formen parte de la familia europea, es decir, Ucrania, Moldova e incluso Belarús. 
Quiero hacer hincapié en algunos aspectos que son muy importantes para la mejora de los derechos humanos en esa región. 
Formando parte de la delegación del Parlamento Europeo, tuve la oportunidad de observar las elecciones parlamentarias en Moldova. 
Si bien la comunidad internacional ha reconocido los resultados de las elecciones, está claro que no cumplieron ciertas obligaciones respecto de un proceso electoral plenamente competitivo, en especial en relación con el acceso justo a los medios de comunicación y la cobertura imparcial de la campaña. 
Además, las detenciones de diputados de la oposición y otras medidas en contra de las manifestaciones pacíficas constituyen claras violaciones de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación y de reunión. 
Incluso se usó una reunión de observadores internacionales con el Presidente del país y «número uno» de la lista electoral de un partido político para la campaña de su partido. 
Otro punto importante es instar a Ucrania y Moldova a que luchen contra el contrabando hacia, desde y a través de Transdniéster y desarrollen programas anticorrupción eficaces para los servicios de aduanas, de guardia de fronteras y de inspección fiscal y la policía. 
El día de las elecciones, los observadores de esta Cámara no pudimos entrar en Transdniéster, pero estaba claro que ciudadanos de Moldova y Transdniéster en particular tuvieron que enfrentarse a todas las consecuencias negativas de esa situación. 
Por último, deberíamos recordar de nuevo a Rusia que retire a sus llamadas tropas de mantenimiento de la paz y sus arsenales de Moldova y en particular de Transdniéster, porque sin esta condición nuestras recomendaciones para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y la exportación ilegal de armas seguirán siendo gestos de buena voluntad pero no se harán realidad. 
Señorías, estamos asistiendo a un nuevo proceso de democratización en Europa Oriental, Oriente Próximo, el Cáucaso, Asia Central y África. 
Las elecciones en Ucrania han demostrado el enorme potencial de la sociedad civil en los países fronterizos con la Unión Europea y en aquellos donde la Unión constituye un punto de referencia fundamental en el ámbito político, económico y cultural. 
Podemos encontrar pruebas de esta democratización, por ejemplo, en la aprobación de una Constitución y en la celebración de elecciones en Afganistán, en las elecciones libres celebradas en Palestina y en Iraq, y en las grandes manifestaciones públicas organizadas en el Líbano, así como en los pasos que se están dando hacia la liberalización en otros países. 
En Belarús, que es uno de los vecinos de la Unión Europea, la población se está rebelando contra las formas autoritarias de gobierno y cabe esperar que en un futuro próximo se produzca un gran avance democrático también en ese país. 
Una de las prioridades actuales de la Unión Europea debe ser ayudar a la sociedad civil de Belarús en su lucha por defender los derechos fundamentales y la democracia. 
Estamos viendo como mejora la situación de los derechos humanos en varios países. 
En diciembre de 2004, Uzbekistán promulgó un decreto que concedía la amnistía a 5 400 presos. 
En agostó de 2003, el Parlamento de Uzbekistán, el Oliy Majlis, aprobó una serie de enmiendas al Código Penal gracias a las cuales la tortura y otras formas de trato inhumano se consideran ahora delitos perseguibles, cualquiera que sea la fase del proceso penal en que se hayan cometido. 
A la vez que pide la liberación de todos los presos políticos restantes, el Parlamento Europeo debe exigir que se refuerce la independencia del poder judicial y se emprendan nuevas reformas en el ámbito de los derechos humanos, sin dejar de reconocer a la vez los esfuerzos que ha realizado Uzbekistán con medidas para evitar la tortura y mejorar la situación de los detenidos. 
Debemos acoger también con satisfacción los pasos que se han dado para acabar con la censura de prensa en ese país. 
Señorías, quiero manifestar mis respetos al ponente por el informe, que ofrece una descripción detallada de la situación de los derechos humanos en el mundo en 2004, y la posición de la Unión Europea sobre esa cuestión. 
En la actualidad, muchas personas confían en instituciones tan importantes a escala mundial como la Unión Europea o las Naciones Unidas cuando se consideran víctimas o testigos de abusos. 
Permítanme, no obstante, que destaque que en las situaciones de violación más flagrante de los derechos humanos, las víctimas carecen a menudo de la fuerza o los recursos necesarios para poder defenderse o reclamar atención sobre ellos, y no saben cómo hacerlo. 
Por esto es tan importante que el Parlamento Europeo, en colaboración con las diferentes comisiones, realice un seguimiento no solo de la redacción de las convenciones y de su ratificación, sino también de su aplicación. 
Casi todos los países del mundo firmaron y ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Sin embargo, estoy convencida de que en algunos países europeos no se les presta suficiente atención. 
Ayer, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, intenté añadir una referencia a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en el informe del señor Bowis sobre la movilidad de los pacientes, pero mis distinguidos colegas no apoyaron mi sugerencia. 
¿Puede decirme alguien cuál es la verdadera situación en lo que respecta a la aplicación de documentos importantes? 
El informe del señor Coveney desborda firmeza, es equilibrado y, si Europa desea estar a la altura de su prestigio mundial como exportadora de derechos humanos, hará bien en aprobarlo en su totalidad como un activo fundamental de su política exterior y también con vistas a la próxima Conferencia de Ginebra. 
Quiero mencionar tres aspectos de dicho informe, primero en mi calidad de Vicepresidente de la Delegación para Asia Central. 
El informe pone, con toda razón, el dedo en la llaga de una serie de países, sobre todo de Uzbekistán. 
Ya sé que el Gobierno uzbeko asegura que en su país no hay presos políticos, pero también se puede encarcelar a los políticos por otros cargos, un hecho que ha ocurrido y que aún no está resuelto. 
Así queda patente también, de hecho, en el informe del Consejo de Europa posterior a las elecciones parlamentarias celebradas recientemente en Uzbekistán. 
El segundo caso que ilustra el posible éxito de la presión internacional es la situación en Kirguistán. 
Lo importante ahora es que se tome en serio a esa región y se someta a vigilancia continua. 
El tercer aspecto se refiere a la libertad de prensa en Kazajstán. 
Hace muy poco, Irina Petrushova fue encarcelada acusada de presuntos delitos sin relación alguna con su trabajo, pero resulta que se trata de la periodista más conocida del periódico de la oposición en Kazajstán. 
Desde esta Cámara tenemos que seguir ejerciendo presión sobre países como esos, ya que tenemos mucho en común con ellos; son países que pueden dar un paso adelante y que nosotros podemos ayudarles a conseguirlo. 
Mi última observación se refiere a la situación en Irán y al modo en que se trata en dicho país a las personas que no practican la religión mayoritaria, en este caso el Islam. 
Nuevamente, hace poco se tuvo noticia de la condena a muerte de Hamid Pourmand, ex coronel del Ejército, por el simple delito de ser cristiano. 
Solo por este motivo, no debería haber servido en el ejército, aunque su convicción religiosa era conocida. 
Es de la máxima importancia que esta Cámara haga un llamamiento en este caso específico en el que existe una condena de muerte pendiente. 
Quiero felicitar una vez más al señor Coveney y espero que el Consejo y la Comisión se tomen muy en serio el informe como un activo de nuestra política exterior en el ámbito de los derechos humanos. 
Señor Presidente, puesto que el Parlamento Europeo es el principal guardián de los derechos humanos, es necesario examinar qué aspectos ha considerado importantes y dignos de atención el informe. 
Acojo con satisfacción la enmienda gracias a la cual los asuntos relativos a los derechos humanos en los Balcanes occidentales se tratan en un epígrafe separado. 
En mi calidad de jefe de la delegación socialista húngara y de presidente del Intergrupo para las minorías nacionales históricas, regiones constitucionales y lenguas regionales, considero un defecto importante del informe el tratamiento de los abusos de los derechos de las minorías nacionales, en los que no hace suficiente hincapié pese a su importancia. 
Si bien es cierto que se hace alguna referencia a los abusos de los derechos de las minorías nacionales, en el caso de los Balcanes occidentales ni siquiera se mencionan. 
Es absurdo pensar que los problemas de Kosovo, Bosnia-Herzegovina o Serbia pueden resolverse sin garantizar los derechos de las minorías nacionales. 
Yo creo que existen dos problemas fundamentales: uno de percepción y enfoque, que simplifica los derechos de las minorías nacionales tratándolos como derechos humanos. 
Aunque no podemos hablar de derechos de las minorías sin derechos humanos, la garantía de los segundos no garantiza el respeto de los primeros, que requieren otros derechos adicionales, así como prácticas especiales y un trato preferente. 
Otra dificultad es que la Unión Europea carece de normas de protección de las minorías y de un sistema de vigilancia adecuado, por no formar parte del acervo comunitario. 
Se trata de una situación paradójica, puesto que en los nuevos Estados miembros la situación de las minorías nacionales ha formado parte de los criterios políticos para la adhesión establecidos en Copenhague en 1994. 
La vigilancia continua de la situación de las minorías nacionales por parte de la Unión ha tenido un efecto muy positivo en las cuestiones que las afectan en los nuevos Estados miembros centroeuropeos. 
¿Por qué no hacemos lo mismo con este informe? 
¿Por qué entre las cuestiones temáticas no se incluye un epígrafe separado dedicado a las minorías nacionales? 
Así pues, sugiero que en el informe del año que viene se dedique un capítulo completo a las minorías nacionales. 
Señor Presidente, la Unión Europea puede enorgullecerse de conceder una importancia tan grande a la defensa de los derechos humanos en el mundo entero y de que esa sea su principal tarjeta de visita. 
En tiempos pasados, cuando todavía vivíamos detrás del Telón de Acero, escuchábamos con avidez la voz del mundo libre. 
Esa voz nos llegaba a través de las ondas gracias a emisoras de radio como Radio Europa Libre, la BBC, France International y la Voz de América, y nos daba esperanzas de que algún día seríamos testigos del albor de la libertad y los derechos civiles. 
De igual modo, ahora deseamos que todos cuantos sufren persecución por sus opiniones o sus creencias religiosas y todos los que permanecen retenidos por dictadores en lúgubres prisiones con diversos pretextos, sepan que esta Cámara no les ha olvidado y que pedimos su liberación y el fin de tanta persecución. 
Quiero agradecer al ponente el trabajo que ha realizado. 
No obstante, quiero hacer también algunos comentarios sobre el informe. 
El punto 12 insta a Moldova y Ucrania a resolver el problema de Transdniéster; sin embargo, es evidente que no podrá haber una solución definitiva y completa al problema de esa autoproclamada república sin la participación de Rusia, ya que esta apoya a Transdniéster. 
Varias enfermeras belgas y un médico palestino llevan cinco años encarcelados en Libia acusados absurdamente de haber infectado a sabiendas e intencionadamente con el VIH a 450 niños en un hospital de Bengasi. 
La Comisión debe exigir la liberación de esos presos, que han sido condenados a muerte y cuyo recurso se verá dentro de un mes. 
Quiero instar también a la Comisión a que preste especial atención a la discriminación que sufren los cristianos y las Iglesias cristianas en los países musulmanes. 
Eritrea es el único país que se cita en el informe como un lugar donde se persigue a los cristianos, pero no se hace ninguna referencia a su suerte en Sudán. 
Propongo que la Comisión elabore un informe detallado sobre la situación de las Iglesias cristianas en Oriente Próximo, África, China y Turquía. 
Señor Presidente, efectivamente yo comparto la idea de que esta es la trabajosa historia de un informe imposible, que, por cierto, se refiere a una cuestión de creciente interés, tanto para la ciudadanía como para los organismos internacionales, y me quiero referir expresamente a la posición del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su informe "Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos". 
Esta es la historia de un informe imposible, por el que, desde luego, hay que dar las gracias al señor Coveney, y es imposible porque será siempre desequilibrado —tenemos el mundo como escenario—, incoherente —no hay más que ver el párrafo que se refiere a Venezuela concretamente— y, además, cada año, original —porque no consolidamos ninguna posición de este Parlamento adoptada en informes anteriores. 
Su utilidad, señor Presidente, es muy relativa y, sin embargo, este informe dice cosas muy importantes. 
Creo que debemos redefinir la posición del Parlamento Europeo con respecto a este informe: muchas de las posiciones de este Parlamento adoptadas en otros informes y otras resoluciones están completamente desvinculadas de nuestro informe anual de los derechos humanos. 
Es necesario que nuestro trabajo parlamentario se centre, principalmente, en realizar aportaciones al informe que ya hace el Consejo y, de esa manera, tendríamos la posibilidad de incidir con alguna eficacia en la situación de los derechos humanos en el mundo. 
Y finalmente, y a pesar de que tengo que decir que ha habido un ejercicio muy amplio de consenso entre los grupos políticos, muy complicado y muy largo, quiero dirigirme a mis colegas de la derecha de esta Cámara para pedirles un ejercicio de coherencia o de responsabilidad o, si quieren, simplemente de compasión, para que apoyen nuestra posición en relación con las mujeres y las niñas violadas, víctimas de abusos en las situaciones de guerra o de conflicto, que necesitan de profilaxis antes y después de la agresión, a muchas de las cuales dejan embarazadas sus agresores y que deben poder recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. 
¿O no, Señorías? 
– Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones sobre el uso del doble rasero en las instituciones de la Unión Europea. 
Las normas de la UE comportan el desgaste de las normas como principios. 
En muchos casos importantes resulta difícil decidir qué tiene más prioridad en nuestro espectro de valores comunes: el verdadero respeto de los derechos humanos o el gas más barato, un gas que probablemente desgaste nuestros principios y, en última instancia, a Europa. 
A las repetidas observaciones de mis colegas de que Rusia es muy importante, mi respuesta es: sí, pero la verdad es más importante. 
No voy a criticar la gran labor del señor Coveney. 
Le felicito. 
Solo me preocupa que el clima común de desgaste haya provocado lagunas o maniobras apaciguadoras en muchos de nuestros documentos. 
A menudo existe una preocupación consciente o inconsciente por no ser demasiado explícitos, demasiado estrictos, por no irritar a las personas incluso si están equivocadas. 
¿A alguien aquí le preocupan los 40 000 niños chechenos asesinados durante la campaña militar rusa? 
¿Alguien comprende la humillación infligida al cuerpo del Presidente legítimo asesinado? 
No nos atrevemos a afirmar hechos sencillos: que Rusia aún no es un país de valores compartidos, que es un país cuyo Gobierno permite prácticas comerciales injustas en su deseo de ingresar en la OMC. 
Para muchos de nosotros, la prioridad de la paz en el Cáucaso fue un principio promovido de forma indirecta por la diplomacia rusa: la integridad del cementerio. 
Estamos a favor de no dar ninguna oportunidad a los candidatos al cementerio para evitar semejante final feliz impuesto. 
– Señor Presidente, casi todos han felicitado al autor de este informe y no puedo sino sumarme a ello. 
En realidad, es lógico que en un informe tan exhaustivo, que aborda cuestiones en 70 países, existan ideas con las que no se esté totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, a diferencia de lo que han dicho una serie de Diputados de la izquierda europea quiero señalar algunas posiciones valerosas adoptadas por el ponente con respecto a las principales potencias económicas y políticas, hacia las que este Parlamento con demasiada frecuencia adopta una postura ambigua y diplomática, en una actitud cínica de, podría decirse, para proteger el comercio exterior. 
Me refiero a China: la Comisión y el Consejo han anunciado su voluntad, si no su intención, de suprimir el embargo de armas. 
Es cierto que se han realizado algunos progresos con respecto a los derechos humanos y es cierto que China sigue siendo una figura predominante en la lucha contra el terrorismo, y que está ejerciendo una presión útil sobre Corea del Norte para detener el desarrollo de armas nucleares. 
Sin embargo, esto no es suficiente y el informe lo reconoce así. 
Sobre todo, quiero añadir que no hay ninguna necesidad de permitir que China se aproveche de los desacuerdos existentes entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre esta cuestión. 
También me refiero a Rusia, que, en la trágica crisis de Chechenia y en su dirección del país en general, no puede resistir la adopción medidas que tienen poco en común con nuestra propia visión de la democracia. 
El informe también adopta una posición clara y precisa sobre esta cuestión. 
Concluiré respaldando plenamente la idea que, en mi opinión, reside en el núcleo de este informe excelente: ninguna consideración económica o comercial tiene que llevar nunca a la Unión Europea a negar o subestimar la existencia de violaciones de los derechos humanos. 
La importancia de los informes sobre los derechos humanos de esta Asamblea no se debe a su carácter jurídicamente vinculante, sino a su impacto político y a las conclusiones que pueden derivarse de ellos. 
Gran parte del contenido del presente informe –y ese es su punto flaco– no tiene demasiada relación con los problemas de los derechos humanos. 
Todo consideramos importante el tema de Kyoto, pero no está exactamente relacionado con los derechos humanos. 
Los derechos sociales son importantes, pero pertenecen a otra categoría. 
No son derechos humanos en el sentido tradicional del término. 
El derecho al aborto no es un derecho humano; es la violación de un derecho humano. 
Y lo que es más importante, no le corresponde a la Unión decirle a ningún país qué debe hacer al respecto; el principio de subsidiariedad es aplicable en este caso. 
Permítanme que continúe con una cita de Brecht. 
Este escribió en: «El vientre del que salió todavía se mantiene fuerte». 
Con ello se refería al antisemitismo y la xenofobia predicados por Hitler y el Tercer Reich. 
No podemos mantenernos indiferentes ante el antisemitismo en Rusia, sobre todo cuando lo propaga la clase política. 
Cuando veinte diputados de la Duma piden que se prohíban las organizaciones judías en Rusia, tenemos que responder, pero también debemos ser conscientes de que Rusia ha estado detrás de los terribles combates y las violaciones de los derechos humanos en Chechenia y que la política es la causa de muchos de los horribles sucesos acaecidos en Beslán y en otros lugares. 
Si bien es cierto que los atentados suicidas son criminales, también lo es que son una respuesta a unas determinadas circunstancias y que tienen unas causas políticas. 
No debemos esperar demasiado de los informes sobre los derechos humanos, ni siquiera de los de esta Cámara. 
La triste realidad es que los derechos humanos no van a aportar por sí solos las soluciones políticas necesarias. 
Y no solo eso, sino que tampoco debemos usar una doble vara de medir. 
No es aceptable que nos neguemos a permitir que un país como Croacia inicie negociaciones con la Unión Europea por lamentable que sea el hecho de que no se haya detenido a un general sospechoso de cometer violaciones de los derechos humanos, mientras al mismo tiempo iniciamos negociaciones con Turquía, un país que –según podemos leer en las informaciones de prensa– sigue mostrándose sumamente lenta en la aplicación de los criterios políticos de Copenhague. 
No pretendo hacer responsable al Gobierno turco de que el libro más leído en ese país sea nada menos que el de Hitler, pero es inevitable preguntarse qué está ocurriendo allí. 
– Señor Presidente, este informe es excelente: de grandes vuelos y agudo y positivo en muchas de sus observaciones. 
La tragedia es que su propia amplitud confirma que los problemas de los derechos humanos están muy extendidos en todo el mundo y es esencial que los que nos preocupamos de estas cuestiones nos aseguremos de que nuestras voces se escuchen y prevalezcan. 
Quiero hacer hincapié en una cuestión planteada en el apartado 49 sobre los derechos humanos en Cachemira. 
Felicito al ponente por la manera en que ha trabajado con todos los Grupos políticos en este delicado tema. 
Me complace aceptar su formulación de compromiso, pero me hubiera gustado que mencionara no solo la región de Cachemira, sino también el sufrimiento del pueblo de Cachemira. 
Después de todo, estamos hablando de personas. 
El apartado 48 deja claro que la mayor democracia efectiva del mundo es la India, un país que admiro mucho. 
En mi opinión, esto debería inspirar a la India a asumir un mayor liderazgo moral en el subcontinente, y esto significa colaborar no solo con Pakistán, sino también con todas las partes implicadas para garantizar que las vulneraciones de los derechos humanos se subsanen de inmediato. 
Ayer, el Presidente de Azad Kashmir vino al Parlamento para inaugurar una exposición en el inicio de la semana UE-Cachemira, la primera vez que se brinda esta ocasión. 
Como Vicepresidente del Intergrupo para Cachemira en el Parlamento Europeo, dije entonces y repito ahora que los ciudadanos de Jammu y Cachemira deberían alegrarse porque este intergrupo es verdaderamente un grupo de todos los partidos y realmente representa a todas las nacionalidades, y este Parlamento mantiene su compromiso de garantizar que sus voces se escuchen de forma enérgica y clara en este Parlamento. 
Esperamos ansiosos el día en que, con nuestro apoyo, las voces del pueblo se escuchen igualmente altas y claras en la tierra de sus padres. 
Señor Presidente, quiero centrarme en el apartado del informe relativo a Belarús, un país que, según el informe, se parece cada vez más a una isla en medio de Europa. 
Se ha secuestrado y asesinado a diputados de la oposición, se han amañado las elecciones, se ha encarcelado a los manifestantes y silenciado a la prensa. 
Además, recientemente las autoridades han prohibido a los ciudadanos que salgan a estudiar al extranjero sin su consentimiento, y han impuesto restricciones en los viajes a otros países por motivos de trabajo legal. 
Los ciudadanos polacos también han tenido la oportunidad de experimentar de primera mano los «beneficios» de este Comunismo de estilo krausista, ya que a muchos se les han confiscado sus camiones y coches por transportar tres cartones de cigarrillos. 
Me parece bastante asombroso que permanezcamos de brazos cruzados, e incluso que elaboremos principios europeos de cooperación transfronteriza, cuando no pasa ni un solo día sin que nos lleguen noticias de violaciones de los derechos humanos en un país que es vecino directo de la UE. 
Ayer mismo, se arrestó a más de 40 manifestantes por intentar conmemorar el aniversario del desastre de Chernóbil. 
Los esfuerzos de la Comisión y del Consejo solo han servido para detener el proceso de transformación en Belarús, porque han pasado casi seis meses desde la resolución del Parlamento sobre la cuestión, y no ha ocurrido nada. 
Los proyectos encaminados a promover la sociedad civil se han quedado atascados en la fase del análisis, las discusiones y los debates en innumerables seminarios y cumbres. 
La Comisión no cree que la financiación de las emisoras de radio para que emitan sus programas desde los países vecinos aporte valor añadido. 
Dicho de otro modo, no cree en valores como la libertad de prensa, o en disponer de una fuente de información diferente de la propaganda bielorrusa. 
Ahora se habla de llevar a cabo una política común sobre Belarús con Rusia. 
En este sentido, quiero preguntar qué tipo de derechos humanos podremos proteger en Belarús si cooperamos con Rusia, y cómo podremos protegerlos. 
¿Tendremos que esperar hasta que el dictador histérico sea aún más injusto con sus conciudadanos? 
O tal vez, ¿debemos permitir que los norteamericanos aporten una solución a los problemas de un país vecino de la UE, solo porque nos interesa más lo que está ocurriendo en Madagascar? 
. Señor Presidente, al igual que el informe, su debate confirma e ilustra cuán receptivo es su Parlamento al problema de los derechos humanos. 
En realidad, refleja la gran sensibilidad de la amplia mayoría de los europeos ante este problema. 
Muchos europeos participan activamente en el fomento de los derechos humanos, en la lucha para defenderlos en todas las partes del mundo donde se violan. 
En particular los jóvenes están especialmente interesados en el fomento de los derechos humanos. 
Por lo tanto, creo que el mensaje que da con este informe, y también con este debate, ante todo tiene que ser un mensaje a los jóvenes para demostrarles que la Europa que se está construyendo es una Europa que transmite sus derechos humanos al mundo. 
Creo que la imagen de Europa en el mundo se asocia estrechamente con este mensaje sobre los derechos humanos. 
También estoy de acuerdo con las personas que han dicho que por sí solos los derechos humanos no pueden ser la respuesta a todos los problemas políticos. 
Una política sobre derechos humanos no puede sustituir a una política exterior. 
Sin embargo, toda política exterior que se precie, una basada en valores, tiene que dar un lugar importante a la defensa de los derechos humanos. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, este es el mensaje que recibo del Parlamento, de su informe, y creo que todos los Estados miembros, como el Consejo, estarán atentos a lo que usted tiene que decir. 
Es verdad que no existe una solución única y fácil. 
No podemos tratar diferentes situaciones de la misma manera, pero el mensaje básico sigue siendo el mismo en todas partes y el Consejo también tiene que hacer que este mensaje que su Parlamento ha expresado sea su propio mensaje en las políticas que ponga en práctica. 
. 
Señor Presidente, yo también quiero, en nombre de la Comisión —como acaba de hacer el señor Schmit, en nombre del Consejo—, felicitar de nuevo al ponente y a todo el Parlamento Europeo por este debate en el que, quienes hemos asistido y participado en él, podemos ver la gran dimensión de los desafíos que la defensa y la protección de los derechos humanos tienen en el mundo de hoy. 
Hemos abordado desde la lucha contra el terrorismo hasta la violación de los derechos de las minorías, pasando por toda una serie de violaciones de derechos humanos a muchos niveles. 
Sus señorías han citado muchos países y muchas regiones del mundo, prácticamente de todos los continentes, y todos estamos de acuerdo en la enorme responsabilidad que tenemos como representantes de las instituciones europeas y de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa para asumir nuestro deber y hacer efectivo nuestro deseo de proteger los derechos humanos y de incorporar la defensa de los mismos en todas nuestras políticas y, en particular, como decía el Presidente del Consejo, en la política exterior. 
Por ello, confirmo el compromiso de la Comisión y, en particular, el compromiso de la señora Ferrero-Waldner para intensificar el diálogo con el Parlamento y con el Consejo, a fin de profundizar en las líneas marcadas por la política europea en este ámbito y por las sugerencias y recomendaciones que avanza el Parlamento Europeo en su informe, y le reitero que, en todos y cada uno de los aspectos que requieran una respuesta, la Comisión lo hará por escrito y podrán ustedes disponer de ella lo antes posible. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
. – (Este informe es muy hipócrita y contiene muchas falsedades. 
Abundan los ejemplos, como la manera en que el informe omite la persecución sufrida por los kurdos y los turcos y las violaciones de los derechos fundamentales en el Sáhara Occidental, y la manera en que se refiere a Venezuela y Cuba. 
En particular, quiero hacer hincapié en Venezuela y Cuba, a la luz de mi experiencia reciente en estos países. 
El año pasado fui a Venezuela en dos ocasiones, una de ellas con ocasión del referéndum, que ganó el Presidente Chávez por mayoría aplastante. Pude constatar que el gobierno venezolano había tenido dificultad en acceder a los medios de comunicación, en particular a las diferentes cadenas de televisión privadas y controladas por la oposición; en efecto, la delegación del Parlamento Europeo fue víctima de ello. 
El apartado 84 de este informe es inaceptable, porque de hecho, el gobierno venezolano está buscando la cooperación con sus estados vecinos. 
Recientemente también he visitado Cuba, junto con una delegación de diputados de tres grupos políticos diferentes del Parlamento. Es lamentable que el apartado 78 de este informe no contenga ni una sola palabra sobre el bloqueo norteamericano a Cuba y que pida un tratamiento especial para este país e ignore todas las consecuencias del permanente bloqueo de los Estados Unidos. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los romaníes en la Unión Europea. 
Señorías, la Comisión desea dar las gracias al Parlamento Europeo por haber incluido esta cuestión en su orden del día y por reconocer el papel clave que el Parlamento desempeña en la protección de los derechos de las minorías, incluidos los romaníes. 
La presencia hoy aquí de diputados pertenecientes a la comunidad romaní viene a subrayar la importancia de este papel. 
Los derechos fundamentales en los que se basa la Unión Europea incluyen el principio de no discriminación. 
Los romaníes deben tener la oportunidad de participar plenamente en la vida económica, social y política, y hemos de trabajar juntos para superar los siglos de prejuicio, discriminación y exclusión social que han sufrido. 
Se trata de una tarea inmensa, y exigirá una acción coordinada en una serie de ámbitos, en particular la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sociales. 
La responsabilidad de encontrar una solución a estas cuestiones recaerá principalmente en los órganos nacionales y en las autoridades regionales y locales, porque estas últimas son las que tienen más probabilidades de representar a los romaníes. 
Si bien tanto la sociedad civil como los propios romaníes desempeñarán un papel importante, la situación de los romaníes es una cuestión europea que exige una solución en el ámbito de la UE. 
Esta solución puede tomar varias formas. 
La Comisión está haciendo un seguimiento activo de la situación de los romaníes tanto en la Unión Europea como en los países candidatos. 
Como parte de los preparativos para la adhesión, la situación de los romaníes y la de otras minorías se valora en relación con criterios políticos. 
El Observatorio Europeo situado en Viena presta una especial atención a esta cuestión cuando investiga las manifestaciones de racismo y xenofobia en la Unión Europea. 
La UE ha establecido un marco jurídico vinculante con objeto de luchar contra la discriminación por motivos de raza u origen étnico, y los reglamentos comunitarios actualmente en vigor prohíben la discriminación directa o indirecta en el ámbito del empleo, la educación, la protección social, la propiedad y los servicios. 
La Comisión está trabajando para garantizar que estos reglamentos se transfieran a la legislación nacional, y también apoya las medidas culturales y educativas, incluidas las medidas especiales para las organizaciones que trabajan con los romaníes. 
La Unión Europea destina considerables fondos a las medidas que fomentan la inclusión de la comunidad romaní. 
Durante los preparativos para la adhesión, el programa PHARE asignó más de 100 millones de euros a proyectos destinados a los romaníes, y la Comisión ayuda activamente a los órganos nacionales a usar los fondos estructurales para fomentar la inclusión de los romaníes y de otros grupos desfavorecidos. 
Otros programas comunitarios favorecen los intercambios de experiencia y apoyan proyectos específicos en los ámbitos del empleo, la educación, la formación vocacional y la investigación en el seno de la UE y en una serie de terceros países. 
La Comisión desea garantizar que la situación de los romaníes se tenga en cuenta en todos los programas y políticas de la UE que puedan ser importantes en este contexto. 
A este fin, se ha establecido un grupo que comprende representantes de todas las Direcciones Generales relevantes, con objeto de intercambiar mejores prácticas, coordinar políticas y entablar un diálogo con participantes de fuera de las instituciones. 
En la última reunión del grupo, se intercambió información con un diputado de la comunidad romaní. 
La Comisión también coopera con otras organizaciones internacionales para fomentar la inclusión de los romaníes, y mantiene un contacto regular con el Consejo de Europa, la OCDE, el Banco Mundial y otros agentes importantes. 
La Unión Europea se ha marcado objetivos ambiciosos en la Estrategia de Lisboa relativos a la creación de más empleo, cohesión social y desarrollo sostenible. 
El hecho de que se excluya a un gran número de nuestros ciudadanos porque pertenecen a la comunidad romaní amenaza nuestra capacidad de conseguir estos objetivos. 
Nuestra tarea consiste en luchar contra la exclusión social de los romaníes en nombre de los derechos fundamentales, la cohesión social y el desarrollo económico de la UE. 
La Comisión desea dar las gracias al Parlamento por su apoyo y sus esfuerzos a este respecto. 
Señor Presidente, durante siglos se ha discriminado a los romaníes que viven dentro y fuera de las fronteras de la UE. 
El sentimiento antirromaní dominante en Europa y la discriminación diaria impiden nuestra participación plena e igualitaria en la vida social y económica de Europa, y de los países que consideramos nuestra patria. 
En los últimos años, varias organizaciones internacionales han lanzado programas para reducir la discriminación contra los romaníes y ayudar a su plena integración social. 
Sin embargo, no ha habido una directriz europea estándar o una respuesta a estas cuestiones urgentes. 
La propuesta de resolución de cinco partidos del Parlamento Europeo y el punto de vista actual del Comisario Vladimir Spidla marcan un hito a este respecto. 
Esta resolución es testigo de varias fuerzas políticas unidas en un compromiso mutuo de lucha conjunta contra el sentimiento antirromaní dominante y la discriminación estructurada, insta a la igualdad de oportunidades en los ámbitos del trabajo, la educación, la vivienda, la sanidad y la participación en la vida política. 
Tras la adhesión europea, la discriminación social en contra de los romaníes continúa tanto en los nuevos Estados miembros como en los antiguos. 
Esto confirma que las instituciones de la UE tienen que hacer un seguimiento constante de los derechos humanos. 
La manifestación enérgica de los derechos de los romaníes en Europa debe traducirse en la aplicación uniforme de los criterios políticos de Copenhague tanto en los antiguos Estados miembros como en los nuevos, y también en los países candidatos. 
Una de las cuestiones más urgentes a la que se enfrenta la minoría romaní es la búsqueda de empleo. 
La reintegración de la población activa romaní reviste gran importancia, y hay que tomar medidas introductorias y a corto plazo para facilitarles el empleo. 
La pobreza afecta a un quince por ciento de la población europea que ha crecido recientemente, y el 9 % vive en la pobreza extrema y a largo plazo. 
Estos indicadores revelan una situación mucho peor en el caso de los nuevos Estados miembros. 
Asimismo, es obvio que un gran número de romaníes viven en situación de pobreza extrema y el índice de desempleo entre la población romaní a menudo alcanza e incluso sobrepasa el 80 %. 
La consecución de los objetivos estratégicos de Lisboa sin duda tendrá una influencia positiva en la vida de los romaníes, y su integración política consciente y determinada también fomentará el éxito de la estrategia de Lisboa. 
La estrategia de Lisboa no alcanzará sus objetivos a menos que se tomen medidas definitivas y se haga un esfuerzo real para acelerar la integración de los romaníes en la sociedad en general. 
El compromiso político cada vez más firme de la Comisión Europea ha de traducirse en medidas reales guiadas por el profesionalismo, así como en el establecimiento de un sistema coherente de protección de las minorías que fomente la integración de la población romaní europea en todos los aspectos. 
El Parlamento Europeo debe actuar como una institución orientada a las minorías, y junto con las organizaciones civiles y los órganos de gobierno de los Estados miembros, tiene que trabajar junto con la Comisión como principal aliado. 
Esperamos que la resolución del PE sobre la situación del pueblo romaní en Europa sirva de base profesional para la Comisión Europea y también para los gobiernos nacionales que toman medidas a este respecto. 
Finalmente, quiero dar las gracias a mis colegas de los cinco partidos y a nuestros consejeros y organizaciones civiles por haber tomado parte activa en la elaboración de esta resolución. 
,.– Señor Presidente, Comisario, los romaníes habitan en suelo europeo desde hace muchos siglos, desde que llegaron a Grecia en el siglo IV. Si bien no se ha realizado ningún censo de esta población, se calcula que existen unos ocho millones diseminados por toda Europa. 
Los romaníes son víctimas de la discriminación, la marginación y la segregación en todos los ámbitos de la vida pública y privada, inclusive el acceso a la administración pública, la educación, el empleo, la atención médica y la vivienda, por no hablar de cuando cruzan las fronteras y de las peticiones de asilo. 
Esta discriminación ya no es un problema exclusivo de los romaníes, sino que concierne a todos los europeos, y debemos mostrarnos solidario para mejorar sus condiciones de vida. 
Por supuesto, tenemos que condenar toda discriminación a que están sometidos los romaníes, pero también tenemos que permitirles el acceso a una vivienda digna, a la educación, los servicios médicos y la protección social. 
Tenemos que hacer todo lo posible por que no se vean forzados a abandonar sus países debido a las deplorables condiciones de vida que tienen que sufrir en ellos, que pueden llegar hasta la persecución. 
Europa tiene que reconocer a la minoría romaní como tal, de manera que pueda darle los medios necesarios para luchar contra todas las formas de discriminación. 
Por eso pedimos a la Comisión un plan de acción que formule recomendaciones claras a los Estados miembros y a los países candidatos de cara a una mejor integración económica, sí, pero también una integración social y política de todos los romaníes en Europa. 
Hemos estado hablando de ello durante mucho tiempo y ha llegado la hora de actuar. 
La situación ya se prolonga demasiado. 
Los derechos de los romaníes deben abarcar más que unas condiciones de vida dignas. 
Europa es la cuna del multiculturalismo. 
El fomento de la cultura romaní desempeñará un papel importante en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. 
Tienen que poder permanecer en su país si lo desean; no se les debe expulsar de donde están; esto es importante y es esencial para todos nosotros. Es nuestra obligación actuar y hacerlo rápidamente. 
Señor Presidente, estamos a punto de presenciar un momento histórico: por primera vez en Europa, el Parlamento Europeo está en posición de aprobar una resolución de este tipo, que votaremos mañana. 
La Unión Europea, el Parlamento Europeo y cualquier otro órgano que controla, aprueba y modifica reglamentos a menudo critica los derechos humanos fuera de las fronteras de la UE. 
Por otra parte, se trata de un momento histórico, porque este es el primer documento que critica los derechos humanos en el seno de la UE, en relación con los romaníes. 
Este tipo de clima político, que se desarrolla por primera vez en la historia del Parlamento, es significativo porque la discriminación en contra de los romaníes en el seno de la UE no puede continuar siendo un tema tabú. 
Hoy, el promedio del índice de discapacidad en los veinticinco Estados miembros es del 60 %. 
Esto significa que, por término medio, un 60 % de los niños con discapacidad mental son romaníes. 
No solo hemos perdido la oportunidad de que el niño realice estudios superiores, sino también le hemos puesto en una situación sin salida, en la que su destino está prácticamente decidido desde los siete años. 
En el seno de la UE existen problemas de vivienda, desalojo, esterilización obligatoria, paritorios segregados y muchos otros casos de discriminación enumerados en varios apartados de la resolución, y me abstengo de mencionar a países 
Otro papel importante de la Unión es el fomento de la participación política, cuya escasez se aborda en algunos apartados. 
Hoy, la población romaní en la UE es de unos 7-8 millones y solo hay dos representantes en el Parlamento. 
Me siento muy orgullosa de mi país, porque ambos somos húngaros. 
Sin embargo, no hay más representantes políticos romaníes de ningún otro país en la Comisión, ni en ninguna otra institución de la UE. 
Nuestra tarea es acortar la diferencia de participación, no solo en la UE, sino también en los gobiernos nacionales, para que además de las directivas y directrices europeas que definen las políticas estratégicas de los países individuales en esta cuestión, los gobiernos nacionales sientan que esta responsabilidad se comparte con toda la sociedad en toda Europa. 
Los romaníes no son responsables de resolver esta situación, porque ellos no consideran que sus hijos estén discapacitados; las mujeres romaníes no quieren que se les corten los ovarios. 
Según una encuesta de opinión, los romaníes se sienten más europeos en Europa. 
Esta declaración no resulta nada sorprendente, porque los romaníes ya no creen en su propio gobierno en ningún país, en especial en Europa Central y Oriental. 
Mandato tras mandato, los diferentes partidos políticos se han ido sustituyendo unos a otros, pero ninguno ha sido capaz de solucionar este problema y eliminar la discriminación, por ejemplo. 
La única esperanza de los romaníes está en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, donde estamos intentando aprobar una resolución en la votación de mañana. 
Confío en que nuestra decisión respecto de la situación de los romaníes establezca una verdadera norma para los derechos humanos. 
. – Señor Presidente, con la ampliación de la Unión Europea, el número de ciudadanos romaníes ha aumentado de 7 a 9 millones. 
Puesto que la ampliación es un proceso continuo, en el futuro la UE acogerá de 12 a 15 millones de romaníes. 
Durante miles de años, los romaníes han vivido en la diáspora, pero al unirse en la UE se convierten en nuestros conciudadanos. 
La Unión Europea pone fin a años de guerra y constituye el principio de la cooperación. 
Pero ¿cómo podemos cooperar cuando se excluye a las personas? 
Principalmente, la cuestión de los romaníes está relacionada con el desempleo y la falta de educación, asistencia sanitaria y vivienda. 
Sin embargo, la cuestión central es el racismo contra los romaníes, más concretamente la fobia contra los gitanos. 
¿Podemos aceptar una situación en la que millones de nuestros conciudadanos carecen de los derechos humanos básicos y sufren persecución policial, en la que miles de niños siguen siendo analfabetos y el índice de desempleo sobrepasa el 70 %, en la que se han hecho intentos de limpieza étnica envenenando a personas y traficando con mujeres y niños, incluso en países occidentales de la UE, que en contra de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados también expulsan a los refugiados romaníes? 
Los romaníes también se enfrentan a la falta de participación política, y a resultas de ello no existen suficientes representantes romaníes que llamen la atención sobre sus problemas. 
La práctica actual no es solo una tragedia humana: los romaníes se han convertido en un instrumento político. 
¿Qué ha ocurrido con los millones de dólares y euros donados por los Estados Unidos y la UE a los países de Europa Oriental para proyectos romaníes? 
Las estructuras que se establecen con el fin de ayudar a la causa de los romaníes a menudo usan esta causa como pretexto. 
En realidad la mayor parte del dinero se gasta en salarios, viajes y en comprar a ciudadanos, administradores y políticos. 
Este proceso se denomina corrupción, pero en realidad se trata de manipulación. 
Hay personas en el mundo que no desean una Europa dinámica; practican una política de «divide y vencerás» , manteniendo la pobreza y controlando a los países de Europa Oriental. 
Los romaníes, la minoría más importante y vulnerable de Europa, son, en contra de su voluntad, víctimas y participantes en este juego mundial. 
Por lo tanto, el fortalecimiento de la población romaní también es necesario desde un punto de visto meramente político. 
Su participación política en las elecciones es importante. 
Tenemos que dirigirnos a los romaníes como votantes y como candidatos en todos los ámbitos políticos. 
El enfoque romaní-romaní, desarrollado por la OSCE, es otra manera eficaz de consolidar la posición de los romaníes. 
Todas las organizaciones europeas deberían comenzar a contratar romaníes en puestos de trabajo relacionados y no relacionados con los romaníes; yo tengo un asistente romaní. 
El racismo contra los gitanos es una vergüenza y una amenaza para la UE. 
– Señor Presidente, mientras debatimos una resolución extremadamente importante, sobre la que vamos a votar mañana, hace unas horas nos han llegado noticias de que ayer, en la provincia de Nápoles, se incendió una choza en un campamento de romaníes, provocando la muerte de un niño y el descubrimiento de su padre y de otro niño en estado grave. 
Una delegación de romaníes de varias ciudades italianas –que han estado aquí durante dos días para reunirse con diputados y tratar de concienciarlos– me contaron las noticias tan pronto como les llegaron: estaban tristes pero manifestaron que, por desgracia, estos hechos siguen ocurriendo. 
¿Dónde ocurren? 
En Italia, en el corazón de la vieja Europa, donde estas personas –que en su mayoría ya no son nómadas desde hace tiempo– se hacinan en campamentos carentes de agua, electricidad y servicios. 
Uno de ellos ha dicho hoy: «La primera vez que dormí en un contenedor fue cuando llegué a Italia; en el lugar de donde procedo tenía una casa.» 
Los derechos de la Unión Europea terminan en los límites de los campamentos de los itinerantes, y el Gobierno italiano sigue quitándose de encima –este es el término que hay que utilizar– a la población romaní mediante expulsiones colectivas. 
En esta situación es imposible educar a los niños y hacer que asistan a la escuela. 
Hay jóvenes de 20 años nacidos en Italia que carecen de un documento nacional de identidad italiano. 
Hace poco se ha considerado que otros niños nacidos en Italia tienen la nacionalidad yugoslava, sin saber cuál, puesto que ya no existe. 
Muchos ciudadanos romaníes que residen en mi país poseen –en el mejor de los casos– un documento nacional de identidad que lleva la dirección del campamento de itinerantes y, entre paréntesis, «campamento romaní». 
Es evidente que en estas condiciones no van a conseguir trabajo y que se les discriminará cada vez más. 
Concluiré diciendo que la votación de mañana es sumamente importante, pero lo será más si se pone en práctica, en especial por la Comisión Europea. 
No olvidemos que el Comisario que tiene que ocuparse de esta cuestión es un italiano, el señor Frattini, aunque a mi juicio se parece mucho al mono que solía decir «no veo, no oigo, no digo ningún mal». 
– Señor Presidente, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano (PSI) en apoyo de las reivindicaciones legítimas de tantos romaníes que he tenido la suerte de conocer durante mis años de compromiso social y político. 
Los diputados socialistas del nuevo PSI tienen la esperanza de que el 8 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, no solo será una celebración, sino sobre todo una oportunidad para concienciar a los ciudadanos sobre los problemas a que se enfrenta actualmente la mayor minoría étnica de Europa. 
Quiero destacar solo un aspecto que, en nuestra opinión, reviste especial importancia: a pesar de los compromisos adquiridos por la Comisión, incluidos los más recientes, tenemos que observar que en algunos Estados miembros y países candidatos los jóvenes romaníes se destinan a menudo a escuelas para discapacitados mentales o a clases para niños con dificultades de aprendizaje. 
Esto, evidentemente, aumenta su malestar y la marginación social. 
Por el contrario, hay que adoptar medidas a favor del pleno acceso al sistema de educación ordinario, puesto que las escuelas son un medio fundamental de fomento de la plena integración social. 
La situación actual es un vacío injustificado totalmente contrario a los principios de igualdad, tolerancia y respeto que se hallan en la médula del sentimiento de solidaridad que fomenta la UE. 
Todo el mundo, dentro de su propia especialidad, tiene que esforzarse por traducir las palabras en hechos. 
La cuestión de los romaníes en la Unión Europea es una de las más complicadas desde un punto de vista social y político. 
La aplicación de varios conceptos no ha conseguido una solución satisfactoria al llamado problema romaní. 
Todos los intentos de abordarlo como un problema social se han encallado debido a las diferencias culturales. 
Los esfuerzos de integración de la comunidad romaní a menudo han acabado en un intento de asimilación, que también ha fracasado. 
Dada su complejidad, la cuestión de los romaníes está en la intersección de los problemas sociales, étnicos o de las minorías. 
Sin duda, el problema no reviste la misma gravedad en todos los países. 
No hay romaníes en los países bálticos, pero en el sur de la Unión Europea y en los nuevos Estados miembros el problema a menudo sobrepasa la capacidad de actuación de un solo país. 
Es obvio que en muchos países la transformación en la economía de mercado no ha creado una situación en la que los romaníes salgan beneficiados. 
Una parte importante de esta minoría se ha unido a las filas de los que no han conseguido adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Su situación desfavorable, la extrema pobreza y el alto índice de desempleo no pueden explicar por sí solos la discriminación racial. 
A menudo el problema es mucho más amplio. 
Comienza con la falta de educación. 
Lo peor es la situación de los que viven en localidades remotas, en emplazamientos segregados, a menudo sin acceso a escuelas, electricidad ni agua potable, y en las regiones con un alto índice de desempleo. 
Hace unos meses se mencionó a Eslovaquia en relación con las presuntas esterilizaciones forzadas a mujeres romaníes. 
Quiero repetir que nuestro Viceprimer Ministro ha afirmado ante la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que una investigación policial exhaustiva ha demostrado la inexistencia de estos actos ilegales. 
Sin embargo, al mismo tiempo, también ha revelado que la legislación en este ámbito está desfasada y no es clara. 
Para concluir, quiero expresar mi apoyo a la resolución porque existen una serie de mitos sobre los romaníes y su situación, y quizás aún más prejuicios, pero falta una comprensión real. 
Estoy convencida que el problema de los romaníes trasciende los límites de los estados individuales y tiene que abordarse en el ámbito europeo, como ha afirmado el Comisario Špidla. 
Es realmente necesario usar la experiencia de los países individuales y canalizar los fondos estructurales para abordar el problema con la participación de los propios romaníes, este es el punto clave. 
Creo que esta resolución es una medida necesaria en esa dirección. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, me enorgullece que muchos diputados de mi Grupo estén comprometidos con la causa de los romaníes y estén al tanto de los últimos acontecimientos en este ámbito. 
Asimismo, me complace tener muchos amigos de la misma opinión en otros grupos, lo que nos permitirá mañana escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de su integración. 
Lo que me instó a presionar para que debatiéramos esta cuestión fue una visita que hice a Novi Sad como parte de una delegación de esta Cámara. 
Durante nuestras investigaciones sobre la situación de la minoría húngara, visitamos un distrito a las afueras de la ciudad donde viven los romaníes que fueron expulsados de Kosovo, y donde las condiciones de vida son indescriptibles. 
Es lamentable que, en todos nuestros conflictos pasados, los romaníes a menudo hayan sido las primeras víctimas. 
Incluso en ausencia de dichos conflictos, se encuentran en una situación que dista mucho de ser satisfactoria, y no solo en los nuevos Estados miembros –donde están presentes en mayor número– sino también en muchos de los antiguos. 
Si queremos señalar a otros países y aconsejarles sobre la forma de tratar a sus minorías, es importante que tratemos a nuestras propias minorías de manera adecuada –en particular a los romaníes, que son la minoría más amplia– dándoles la oportunidad de integrarse y romper el terrible círculo vicioso que les impide acceder a una buena educación y a veces les obliga a asistir a escuelas segregadas, lo que significa menos oportunidades de conseguir un empleo y un salario más bajo. 
A su vez, un salario más bajo se traduce en más problemas sanitarios, lo que perpetúa el círculo vicioso. 
Juntos, tenemos que romperlo. 
Hace algún tiempo propuse el nombramiento de un Comisario con responsabilidad específica sobre las cuestiones de las minorías y del problema de los romaníes en particular. 
Si bien no se ha hecho nada al respecto, confío en que la cuestión de los romaníes esté segura en manos del Comisario Špidla. 
Al igual que la señora Roure, quiero pedirle que incluya en la comunicación de la Comisión no solo una descripción de cómo están las cosas, sino también de cómo podrían estar, de las mejoras que pueden hacerse incluso si no tenemos mucho poder en el ámbito europeo. 
Comisario, usted ha dicho con razón que se trata de un problema europeo y que tenemos que encontrar una respuesta europea, no solo en el ámbito europeo sino también, por supuesto, en el seno de los Estados. 
Si mañana esta resolución nos ayuda a encontrar una respuesta en esta Cámara, habremos dado un paso importante. 
Comisario, su ayuda y la de la Comisión nos permitirá alcanzar una mejora real y perceptible durante los próximos 10 años en la integración de los romaníes y los sinti en Europa. 
Señor Presidente, Comisario Špidla, Señorías, por desgracia, hasta la fecha hemos prestado poca atención a la tragedia de los romaníes, los sinti y otros grupos en Europa. 
Hubo un tiempo en que las personas se podían mover con libertad por Europa, con un estilo de vida y cultura de su propia elección. 
Por desgracia, el siglo XX se caracterizó por el intento de exterminar a ciertos pueblos. 
Durante la ocupación alemana de Bohemia y Moravia hubo dos campos de concentración para los romaníes, uno en Lety en el sur de Bohemia, y el otro en Hodonin, cerca de Kunstat en Moravia. 
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la política, la moralidad y la simple humanidad, creemos que es indigno que durante los últimos 40 años haya habido una pocilga en el antiguo campo de concentración en Lety. 
Un lugar en el que miles de personas, muchos de ellos niños, sufrieron, y donde cientos de ellos murieron, no puede continuar siendo la escena de dicha degradación. 
De los aproximadamente 6 000 romaníes y sinti que vivían en el protectorado de Bohemia y Moravia en 1942, solo unos 600 regresaron de los campos de concentración y exterminio a casa en 1945. 
Esto significa uno de cada diez. 
Dado que ya no se trata de un problema de las autoridades checas sino de un problema de Europa, instamos a que esta pocilga se traslade y que se erija un monumento conmemorativo a las víctimas del nazismo en el lugar del antiguo campo de concentración. 
Este fue el tema de una exposición que montamos la semana pasada en esta Cámara. 
Dispongo ahora de documentación sobre el tema. 
Les pido que apoyen este llamamiento, y doy las gracias a todos los grupos en esta Cámara por su cooperación. 
– Señor Presidente, le pido que tenga paciencia porque voy a decir algo que se contradice con lo que se ha dicho. 
Como toda minoría etnocultural de la Unión –ya sean minorías nativas, como los sardos, los corsos, los vascos o los de habla gaélica, ya inmigrantes legales–, el grupo de etnia romaní también merece la máxima consideración. 
Sin embargo, exactamente igual que las comunidades citadas, la comunidad romaní también tiene que estar sujeta a las normas de coexistencia social y respeto mutuo del orden social. 
No sé, al menos por mi experiencia personal, si los gitanos están o no y de qué manera integrados en Rumanía y en Bulgaria. 
Sin embargo, sí lo están en mi país, donde la policía no puede entrar en los campamentos de los itinerantes, donde las autoridades sanitarias no pueden dar tratamiento o llevar a cabo inspecciones, y donde es imposible tratar de resolver la falta de asistencia a la escuela, llevar a cabo un censo de los residentes, comprobar las condiciones de vida de los niños y la legitimidad de la autoridad paterna, o supervisar el respeto de las diferencias de género y de los derechos humanos, y podría continuar así durante horas. 
La Comisión quiere medidas para proporcionar puestos de trabajo a la comunidad romaní. 
Cinco propuestas de resolución presentadas por todos los Grupos, desde el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos hasta la extrema izquierda, respaldan estos y otros privilegios intolerables. 
Con la certeza de representar a millones de ciudadanos de la Unión Europea al menos en este asunto, rechazamos tanto la declaración de la Comisión como las propuestas de resolución, que son imbéciles, demagógicas y racistas con los ciudadanos de Europa. 
Ustedes los diputados que han formulado estas propuestas tienen que explicar a los ciudadanos por qué les exigen que cumplan sus obligaciones y solo les dejan gozar de sus derechos en segundo término. 
Tienen que explicarles por qué no les dan la prioridad en el acceso a la vivienda o al empleo o les garantizan la seguridad ciudadana. 
En virtud de los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos debidamente censados, aquí tenemos que representar ante todo los intereses y sentimientos de estos ciudadanos europeos y, después, y solo después, pontificar sobre actos de discriminación imaginarios. 
Señor Presidente, una de las cuestiones urgentes en la agenda del PE esta semana ha sido la cuestión de los derechos humanos básicos, en especial la situación de la minoría romaní en Europa. 
Creo que la cuestión de la minoría romaní va más allá de las fronteras de estado constitucional y su situación tiene que resolverse en el ámbito europeo. 
Ayer por la tarde se convocó un foro, el Foro romaní del Parlamento Europeo, al que asistieron romaníes que normalmente se enfrentan a la discriminación, que viven encerrados tras alambradas o no tienen agua, gas o electricidad en sus hogares y no pueden educar a sus hijos. 
Muchos diputados del Parlamento Europeo y algunos representantes de otras autoridades, que creen que esta situación de discriminación continua tiene que resolverse con un esfuerzo conjunto, han participado en este extraordinario Foro romaní del Parlamento Europeo. 
Hemos decidido establecer un sistema de seguimiento y vigilancia europeo de la discriminación, así como introducir una base de datos que contenga ejemplos de prejuicio en contra de los romaníes. 
Queremos pedirle al Comisario que nos ayude a establecer dicho sistema de vigilancia contra la discriminación para que este foro pueda influir en la opinión pública. 
Creemos que la UE, las organizaciones civiles, las personas y los representantes han realizado un gran esfuerzo, pero muy a menudo muchos de estos esfuerzos no se han coordinado. 
Es muy importante que el Comisario y el Parlamento coordinen estos diferentes tipos de esfuerzo, que no son necesariamente paralelos, para actuar de forma más eficaz y proporcionar algún tipo de protección de los derechos humanos para la gran minoría europea. 
– Señor Presidente, me enorgullece sentarme hoy en la misma Cámara que la señora Járóka y la señora Mohácsi, pero no me enorgullece tanto que haya pocos diputados a esta Cámara o personal de las instituciones pertenecientes a una minoría étnica. 
Esta cuestión se ha puesto de relieve en nuestro debate sobre los romaníes. 
Este grupo será sin duda la minoría más numerosa tras la próxima ampliación. 
Estamos de acuerdo –aparte quizá del penúltimo orador– en que hay que hacer algo al respecto. 
¿Qué hemos de hacer? 
La señora Bauer ha hablado de la gran complejidad de este problema. 
El hecho es que en esta Cámara ya somos capaces de señalar las cosas que podemos hacer, pero que los Estados miembros no harán. 
Por ejemplo, tenemos la directiva sobre igualdad racial. 
He visto casos de romaníes que han denunciado discriminación en el trabajo en sus propios países, pero son tan pocos que parece una cuestión irrelevante. 
Esta Cámara ya tiene sobre la mesa textos legislativos que los Estados miembros no están aplicando. 
Sin duda, los nuevos Estados miembros no están aplicándola. 
El señor Agnoletto y yo nos hemos reunido esta mañana con miembros de la comunidad romaní de Italia. 
Al igual que ocurre en mi país, el Reino Unido, la diáspora de romaníes en la llamada vieja Europa está sufriendo tanto o más que en los nuevos países, porque están sufriendo la degradación adicional de ser inmigrantes y romaníes. 
Tenemos que abordar ambas cuestiones. 
Se trata de una lucha unificada y –aparte de un orador con el que muchos de nosotros discrepamos totalmente– quiero dejar constancia de que el problema es tan complejo que todos los partidos deberían firmar y apoyar esta resolución, porque no podemos vivir en una Unión Europea en la que los niños de una minoría étnica estén segregados en la escuela, y se les envíe a escuelas para niños con discapacidades mentales. 
Esta no es la Unión Europea en la que yo quiero vivir, y esta Cámara dispone de los medios para garantizar que los Estados miembros comiencen a actuar. 
Estoy deseando escuchar si el Comisario va a tomar medidas urgentes. 
Señor Presidente, Señorías, desde que fui elegido diputado al Parlamento Europeo me he acostumbrado a los debates e intervenciones sobre los romaníes, comúnmente conocidos como gitanos en polaco. 
¿Quiénes son los romaníes, y qué significa este término? 
¿Son un grupo étnico, tal como afirma la propuesta de resolución, o una nación sin estado? 
Si acordamos que se trata de un grupo étnico, consistente en ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE, entonces la solución a estos problemas es relativamente fácil. 
Después de todo, cada Estado miembro tiene que garantizar que sus ciudadanos disfruten de los mismos derechos sin estar sometidos a discriminación o xenofobia. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que así como derechos, los ciudadanos también tienen ciertos deberes, tanto hacia el país en el que viven como hacia las otras personas que viven allí. 
Si entendemos que los romaníes son una nación sin estado, entonces las cosas empeoran mucho. 
Tenemos que preguntarnos quién va a defender esta nación, porque la respuesta a esta pregunta será el punto de partida para encontrar una solución a los problemas. 
El debate sobre esta cuestión es más acalorado porque dos nuevos países, Rumania y Bulgaria están a punto de adherirse a la Unión Europea. 
Se considera que Rumania es la patria de los romaníes, si bien originalmente provienen de la India. 
Durante más de 600 años, los romaníes no han querido o no han podido integrarse en la sociedad de los países en los que han vivido. 
En lugar de disminuir, los sentimientos de animosidad mutua se han agravado durante este tiempo. 
A pesar de que se han tomado diversas medidas para acortar las diferencias de desarrollo, educación y nivel de vida entre los romaníes y el resto de la población, esta diferencia está aumentando. 
Señor Presidente, señor Comisario Špidla, conciudadanos de la tribuna del público, Señorías. 
Yo también acojo con satisfacción el debate sobre los romaníes en la UE. 
Asimismo, acojo a todos los romaníes como miembros de la UE. 
A pesar de que el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación, de 12 a 15 millones de romaníes se encuentran en una situación vulnerable. 
Los siete a nueve millones de romaníes de la UE, un número equivalente a la población sueca, se encuentran en la mayoría de Estados miembros, pero ningún país reconoce al grupo como su minoría étnica más importante. 
La discriminación también está aumentando y esto es preocupante. 
Desde el año 2000, cuando Suecia ratificó el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias, Suecia ha reconocido a los romaníes y el romaní es una lengua minoritaria reconocida en Suecia, pero esto no basta para acabar con la exclusión de los romaníes. 
La UE en su conjunto tiene que proteger la posición de los romaníes y, en particular, la posición vulnerable de las mujeres y los niños. 
Tenemos que unirnos a las mujeres romaníes para integrarlas a ellas y a sus hijos en la política de igualdad de género, en particular porque se refiere a la protección de la salud sexual y reproductiva, el fomento de la planificación familiar, la educación de los niños y las niñas y la mayor participación en la toma de decisiones políticas. 
He escuchado el informe del Comisario Špidla, y le doy las gracias. 
Dado que las cuestiones relativas a los romaníes son responsabilidad de toda la UE, quiero preguntarle por la igualdad, si podemos hacer algo más en términos de los derechos de las mujeres y los niños y de la lucha contra la exclusión. 
Celebro la resolución. 
En mi opinión, el debate que hemos celebrado ha sido excepcionalmente amplio. 
Ha abarcado cuestiones como el estatuto de los romaníes como grupo étnico, la discriminación en contra de este grupo y la posición social y política de los romaníes desde toda una serie de ángulos. 
Creo que hemos escuchado un amplio espectro de opiniones, o más bien de puntos de vista, y que esto nos dará una amplia base para consideraciones posteriores sobre la resolución presentada por esta Cámara. 
Las cuestiones planteadas durante el debate hacen hincapié en la importancia y urgencia de medidas que fomenten la inclusión social de los romaníes en el ámbito europeo, nacional y regional. 
El apoyo del Parlamento –y considero que su iniciativa es muy importante– nos ayudará a movilizar a todas las partes implicadas y a fomentar la voluntad política necesaria. 
Es positivo que haya diputados de la comunidad romaní presentes en esta Cámara, porque así tenemos un punto de partida para un debate europeo sobre las vidas y las circunstancias reales de las comunidades romaníes. 
La Comisión continúa sus esfuerzos por garantizar que todas las políticas y programas relevantes se lleven a cabo de forma coherente y eficaz para fomentar la inclusión de los romaníes y de otros grupos desfavorecidos. 
Tenemos que llevar a cabo un análisis más profundo tanto de las necesidades reales de los diferentes grupos como de los ámbitos en los que la acción europea puede aportar valor añadido. 
En mi opinión, sería útil que un grupo de líderes y expertos asesorara a la Comisión sobre dichas cuestiones, y pensaré en la mejor manera de constituir dicho grupo. 
Asimismo, sugeriré al Presidente Barroso que se celebre un debate sobre la situación de los romaníes en una de las próximas reuniones del Grupo de Comisarios sobre derechos fundamentales, no discriminación e igualdad de oportunidades. 
El año 2007 será declarado Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades. 
La Comisión aplicará una serie de medidas, y por supuesto la cuestión romaní tendrá la importancia que se merece. 
El debate de hoy ha dado lugar a una serie de reflexiones históricas y digresiones. 
Creo que tenemos que recordar que los romaníes han sufrido una historia de persecución en Europa, y que esta persecución a menudo ha sido muy cruel. 
Según un decreto emitido por el Emperador de Austria Leopoldo I a finales del siglo XVII –y parafraseo– había que matar a cualquier romaní que cruzara los límites de un pueblo, y esto incluía a los niños. 
Se castigaba a cualquiera que no actuara de esta manera. 
La historia de Europa es muy cruel al respecto. 
Uno de los oradores ha dicho que la Unión Europea es la única esperanza de los romaníes. 
Creo que yo no habría usado la palabra «única» , porque sin duda hay muchas otras organizaciones y esfuerzos políticos. 
Sin embargo, podemos sentirnos orgullosos de que la Unión Europea haya dado ejemplo en el ámbito de la igualdad de oportunidades y los derechos humanos, a pesar de que todas nuestras imperfecciones e incoherencias, y a pesar de todo el trabajo que aún nos queda por hacer. 
He recibido cinco propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, el señor Roszkowski y yo hemos pedido que el Parlamento conmemore y rinda homenaje a los funcionarios brutalmente asesinados en un acto de terrorismo cometido por el NKVD soviético (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) en Katyn, en abril de 1940. 
Hemos recibido una respuesta del Presidente del Parlamento diciendo que nunca debemos olvidar las fechas y las tragedias de este tipo que forman parte de nuestra historia, y le estoy muy agradecido por ello. 
Sin embargo, al mismo tiempo, nos ha dicho que la Mesa ha decidido no guardar un minuto de silencio por las víctimas de este crimen, y lo lamento mucho. 
Antes de hacer una propuesta a la Cámara, quiero usar diez segundos de mi tiempo para rendir homenaje a los funcionarios que murieron en Katyn y a sus familias. 
Quizás otros diputados quieran unirse a mí en este silencio. 
Señor Presidente, propongo que el Parlamento proclame el 5 de marzo el día de la lucha contra toda clase de totalitarismo. 
La banda de Stalin tomó esta brutal decisión genocida el 5 de marzo de 1940. 
– Señor Presidente, la mayoría de las personas saben que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, pero me pregunto cuántas personas saben que mañana, 28 de abril, es el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. 
Es el día en que recordamos a los que fallecieron en su puesto de trabajo o por enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Por supuesto, la salud y seguridad en el trabajo han mejorado en los últimos años en la Unión Europea, en parte gracias a la legislación que nosotros mismos hemos aprobado. 
Sin embargo, la OIT calcula que en el mundo aún se produce una muerte cada 15 segundos en el puesto de trabajo, es decir, 6 000 personas mueren cada día, y se dice que el trabajo mata a más personas que la guerra. 
Al recordar a las personas que han fallecido, podemos contribuir a prevenir los accidentes laborales. 
Herbert Styles ha organizado una campaña local en mi circunscripción para intentar que los Gobiernos reconozcan formalmente el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. 
Por esta razón pido a los colegas y a nuestro Presidente, cuyo país, España, reconoce el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores, que intenten que este día se reconozca oficialmente, para que no nos olvidemos de los accidentes laborales. 
– Señor Presidente, hace dos días murió una niña de cuatro años en mi circunscripción tras haber sido atropellada por un coche delante de su madre. 
La inmensidad de la pena que un trágico suceso como ese puede causar a una familia es difícil de concebir e imposible de describir. 
Pero por desgracia, son trágicos sucesos que ocurren todos los días y en gran número en una u otra parte de nuestra Unión. 
Los accidentes de tráfico constituyen, de hecho, la causa más frecuente de mortalidad infantil en Europa hoy día. 
Esa es una estadística vergonzosa y totalmente inaceptable para una sociedad civilizada como la nuestra. 
Tenemos que poner fin a la matanza de nuestros niños en las carreteras. 
Señor Presidente, ¿puedo pedirle que se ponga en contacto personalmente con todos los Jefes de Estado europeos y utilice su capacidad de persuasión para convencerles de la necesidad urgente de que ellos también se impliquen en una cruzada seria, continua y eficaz para mejorar la seguridad vial, especialmente para los niños? 
Propongo también que se emprendan acciones para elaborar y difundir ampliamente una lista negra de la vergüenza en la que aparezcan los 25 Estados miembros ordenados en función del número de niños muertos en sus carreteras por habitante y año. 
– Señor Presidente, como Presidenta de la Delegación para las relaciones con los países del Cáucaso Meridional, espero fervientemente que el Parlamento Europeo conmemore el 90º aniversario del genocidio armenio. 
Representa la suma de noventa años en que el pueblo armenio ha vivido perseguido por el pasado y esperando el reconocimiento de este genocidio: el reconocimiento por el mundo como testigo, tal como hizo nuestro Parlamento Europeo en 1987, y reconocimiento por los autores como culpables. 
Este reconocimiento está tardando mucho en llegar, mientras pisamos el terreno de las emociones puras y la sensibilidad extrema. 
Sigo estando convencida, sin embargo, de que este momento llegará, y es responsabilidad de la Unión alentarlo. 
En el marco de las negociaciones de adhesión con Turquía, la Unión tiene que ayudar al pueblo turco y a las autoridades a comenzar su obra conmemorativa, tal como hizo Alemania al solicitar el perdón del pueblo judío. 
Tenemos que convencer a la sociedad turca de que reconozca el genocidio armenio de 1919. 
Abrigo muchas esperanzas, especialmente hoy, gracias al acuerdo de las autoridades armenias de participar en una comisión intergubernamental con Turquía sobre el genocidio. 
Estoy realmente convencida de que los armenios y los turcos lograrán hallar el camino de la reconciliación para que puedan vivir juntos como buenos vecinos. 
– Señor Presidente, solo quiero llamar la atención de la Cámara sobre un asunto muy grave: 40 ciudadanos kurdos llevan 30 días en huelga de hambre porque quieren quedarse en Bélgica, alegando una solicitud de asilo político. 
Algunas de estas personas se encuentran en un estado extremadamente grave. 
He enviado una carta al Ministerio de Interior solicitando que les dé protección subsidiaria que, en parte en virtud de la tercera Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos del 15 de diciembre de 1980, puede permitir a estas personas quedarse en Bélgica por el momento, incluso sin asilo político. 
Una delegación del Parlamento se personará en la mañana a las 9.30 horas para demostrar su solidaridad con estos 40 kurdos que arriesgan sus vidas. 
Señor Presidente, incluso cuando mi país, Polonia, vivía bajo el régimen comunista, se desaprobaba que los niños consumieran alcohol. 
Se criticaba duramente a los padres que daban alcohol a sus hijos menores de edad, bien para que les dejaran tranquilos o porque no eran conscientes de las consecuencias. 
La mayoría de familias implicadas estaban socialmente desprotegidas, y no eran conscientes del daño causado por el alcohol y otras sustancias adictivas. 
El resultado final de la adicción siempre será un ciclo de destrucción y autodestrucción que causa enormes daños físicos y mentales. 
Esto es cierto a cualquier edad, pero en particular en el caso de los jóvenes. 
Por lo tanto, me parece censurable y repugnante que las empresas produzcan bebidas alcohólicas dirigidas a los niños, como los «alcopops» que parecen una naranjada, o el alcohol en polvo distribuido en sobrecitos. 
Durante una de las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, escuchamos que la Comisión tolera dichos productos en su papel de guardián del libre mercado. 
Sin embargo, el hecho de que nuestros mercados se hayan liberalizado no puede significar que las empresas alienten a los niños o a los jóvenes a emborracharse. 
Por lo tanto, instamos a las instituciones de la UE, entre otras, a que cumplan la legislación de la UE, y a que se impongan sanciones severas a cualquiera que incumpla la prohibición de producir bebidas alcohólicas innovadoras destinadas a los niños y a los jóvenes y encaminadas a que se hagan adictos al alcohol. 
Señor Presidente, el 21 de abril se celebró una importante votación en la Comisión de Presupuestos. 
Se refería a los 90 millones de euros del presupuesto de la UE disponibles para el Parlamento en aquel momento. 
Se presentó una enmienda oral para que, de esta cantidad, se guardaran 60 millones en las reservas. 
Como miembro de la Comisión con derecho a voto, me opuse a esta enmienda oral. 
De conformidad con el artículo 150 del Reglamento, no tendría que haberse celebrado una votación, pero el Presidente de la sesión, señor Lewandowski decidió hacer caso omiso. 
Ahora le insto a que haga uso de su poder como Presidente para cambiar esta votación y detener el informe sobre este tema. 
Ya se ha enviado a la Mesa una petición escrita similar. 
Señor Presidente, durante las próximas semanas los medios de comunicación y también las diversas conferencias en toda Europa centrarán su atención en la experiencia ganada tras el primer año de la histórica ampliación de la UE. 
Para los 100 millones de ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros, el 1 de mayo no solo se asocia al Día del Trabajador, sino también marca nuestra reunión con Europa, y esto es lo que ese día celebraremos en mi país, Hungría. 
Teníamos muchas expectativas, y admito que se esperaba con cierto escepticismo el día en que nos convertiríamos en miembros de pleno derecho de la UE. 
Esta intervención de un minuto no me permite reflexionar sobre la experiencia ganada durante el primer año tras la ampliación. 
Sin embargo, en nombre de los 106 nuevos representantes, quiero aprovechar este momento para dar las gracias a los antiguos miembros por su amistad, ayuda, tolerancia y solidaridad. 
Su ayuda nos ha alentado a tomar parte activa y responsable en nuestro actual trabajo en interés de nuestros países, nuestros partidos y de todos los ciudadanos de la UE. 
Señor Presidente, manifiesto mi preocupación por el secuestro en la República de Colombia de un ciudadano de la Unión Europea, de nacionalidad española, Carlos Ayala Saavedra, funcionario de la Delegación de la Comisión en Bogotá. 
No sabemos las circunstancias en las que se ha producido esta desaparición, al parecer ha sido secuestrado, y tratándose de un funcionario de una de nuestras instituciones sería conveniente que, desde el Parlamento, se hiciera alguna gestión de solidaridad, tanto con el ciudadano y su familia como con la institución hermana que es la Comisión Europea. 
– Señor Presidente, tengo que protestar enérgicamente ante la censura alarmante realizada por el Parlamento Europeo al impedir la proyección de la película en la Sala de Prensa el 20 de abril. 
Considero que es un acto inaceptable. 
Esta misma película ha sido objeto durante meses de una censura impuesto mediante el terror por parter de integristas islámicos, a quienes debemos el asesinato del director de la película, Theo van Gogh. 
Pido al Presidente del Parlamento Europeo que anule esta prohibición, que no hace honor a nuestro Parlamento y que entra en conflicto con el principio de libertad de expresión. 
En particular, entra en conflicto con el principio de la libertad de expresión artística, en la que se fundamentan, a mi juicio, nuestra coexistencia y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, como representantes de los nuevos Estados miembros de la UE, nos han preocupado las últimas noticias sobre las propuestas de la Presidencia luxemburguesa relativas al presupuesto de la Unión Europea 2007-2013. 
Estas propuestas dejarán en desventaja a los nuevos Estados miembros, en particular a la República Checa y a Hungría, pero también a mi país, Polonia. 
Es un resultado de propuestas para reducir el PIB que los Estados miembros pagan al presupuesto de la UE y para disminuir el umbral de ayuda por debajo del 4 % del PIB, lo que sería particularmente injusto. 
Quiero dejar muy claro que esto supondría nada menos que enmiendas unilaterales a los tratados de adhesión con Polonia y con los otros nuevos Estados miembros. 
¿Esto es todo lo que queda de la tan elogiada solidaridad europea de la que se nos habló antes de los referendos de adhesión en nuestros países? 
¿Es este el mejor ejemplo que podemos dar de cohesión europea? 
Señorías, tendrían que hacerse estas preguntas, y todos en esta Cámara tendríamos que responder de forma honesta y sincera. 
Señorías, quiero volver a la historia de los gitanos romaníes. 
El presente y sus problemas siempre guardan relación con el pasado que hemos de conocer. 
En particular, cuando se trata de tragedias humanas ocurridas tras la gran tragedia judía, y que sin embargo se han olvidado porque son tragedias de naciones más pequeñas, como el genocidio de los romaníes o del pueblo checheno-ingushetio llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio checheno el año pasado reconocido por el Parlamento Europeo. 
Hace una semana visité una pequeña exposición en nuestro Parlamento que me conmovió. 
Parece que ya se ha debatido aquí. 
Se trataba del antiguo campo de concentración de romaníes, Lety, en la actual República Checa, en aquellos tiempos bajo ocupación nazi. 
Había pocos documentos, pero no dejaban indiferente. 
Por ejemplo, aquella foto con decenas de niños pequeños y felices, por supuesto, de ojos y pelo negro, que probablemente estaban condenados a muerte. 
Y en los antiguos edificios del campo no hay ni un museo, ni un monumento conmemorativo que respete el sufrimiento, sino una pocilga. 
Nadie se atrevería a tratar las barracas de Auschwitz de esta manera; por lo tanto, aquí también se produce desigualdad de oportunidades, incluso si hablamos de forma diferente. 
Pido a mis colegas de la República Checa que hagan todo lo posible por cambiar la situación actual en Lety. 
Gracias. 
– Señor Presidente, hay algo que no está del todo claro. 
¿Cómo es posible? 
Oigo decir al señor Agnoletto que una minoría de kurdos están aquí en graves dificultades y que piden asilo en Bélgica. 
¿No es verdad, sin embargo, que los kurdos, como los armenios supervivientes –si es que aún han quedado algunos– son una minoría turca? 
Si se les persigue, ¿cómo puede la Unión haber iniciado el proceso de adhesión de Turquía, vulnerando los fundamentos de los Tratados? 
Pido a la Comisión y al Presidente que estén atentos y suspendan las negociaciones de adhesión con Turquía. 
– Señor Presidente, sé que cuando se celebran elecciones en diferentes partes del mundo la Unión Europea y nuestro Parlamento envían observadores para ver si son limpias. 
Quiero instar al Presidente del Parlamento a que pregunten a la Comisión Europea y al Consejo si no creen que convendría enviar observadores a las próximas elecciones al Parlamento italiano, que se celebrarán en mayo de 2006, ya que somos los primeros que tenemos que cumplir las normas de la democracia. 
Usted sabe que las últimas elecciones que se celebraron hace tres semanas en Italia, según muchos tribunales italianos, estaban afectadas por irregularidades y fraudes en la elaboración de las listas electorales. 
No quiero que esto se repita y agradeceré una respuesta, teniendo en cuenta que el fraude se perpetró en detrimento del actual Gobierno italiano. 
– Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de urgencia relativa a las operaciones de un banco de propiedad turca en los Países Bajos, denominado Finansbank. 
Dicho banco ha facilitado el blanqueo de hasta 30 millones de euros de una empresa de construcción turca establecida en la República de Irlanda. 
El dinero pertenecía a los 800 o más empleados turcos que trabajan para esa empresa en Irlanda y fue transferido sin conocimiento de los trabajadores afectados. 
Posteriormente, Finansbank lo transfirió a otra empresa llamada Ryder Investments. 
En mi opinión, eso es blanqueo de dinero: la transferencia ilegal de dinero no perteneciente a Gama a otro banco en los Países Bajos y de ahí a un tercer banco. 
Tenemos que investigar las operaciones de Finansbank, tenemos que investigar las operaciones de Gama y tenemos que explicar a las autoridades turcas que las empresas constituidas en Turquía tienen que cumplir la legislación europea cuando operen dentro del territorio de la Unión Europea. 
Estoy a favor de la adhesión de la República Turca a la Unión Europea, pero este tipo de hechos debilita sus esfuerzos por conseguirlo. 
Es también importante reconocer que Gama está tratando de despedir a los trabajadores que alertaron de la estafa. 
Gama ha incumplido, en mi opinión, las directivas contra la discriminación. 
Ha incumplido también las directivas que obligan a las empresas a informar a los trabajadores de sus intenciones. 
Le agradecería al Presidente que trasladara mis comentarios al Presidente de la Comisión. 
Celebro que el Comisario Špidla esté hoy aquí en esta Cámara y espero que haya tomado nota de mis comentarios porque son muy serios: no los hago a la ligera. 
Hay que realizar esas investigaciones. 
Con esto concluyen las intervenciones de un minuto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0085/2005) del señor Cabrnoch sobre la modernización de la protección social y el desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad [2004/2189 (INI) ]. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero presentar la propuesta de resolución del Parlamento sobre el informe de la Comisión relativo a la modernización de la protección social y al desarrollo de una asistencia sanitaria de larga duración y de calidad. 
La Comisión presentó este informe al Consejo Europeo, al Parlamento, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social la pasada primavera. 
Su objetivo principal era identificar los principales retos que han de superar todos los sistemas sanitarios en todos los Estados miembros, y proponer objetivos comunes que los Estados miembros puedan usar como directrices cuando desarrollen o, potencialmente, reformen estos sistemas. 
El método abierto de coordinación se usa para identificar los retos comunes, comprometerse con objetivos conjuntos, intercambiar opiniones y experiencia y llevar a cabo evaluaciones conjuntas del éxito de los sistemas de atención sanitaria en los Estados miembros individuales. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que han debatido el informe de la Comisión, se han interesado mucho por él, tal como se desprende de las 100 enmiendas presentadas a mi propuesta de resolución. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debatió la propuesta de resolución a finales de marzo y votó todas las enmiendas propuestas, y la propuesta que tenemos hoy ante nosotros es el resultado final de ese proceso. 
En cualquier caso, solo se han presentado cinco enmiendas hasta la fecha, y todas proponen cambios que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales presentó y rechazó. 
Estoy firmemente convencido de que esta Cámara votará a favor de mi propuesta de resolución. 
Paso a hacer unos breves comentarios sobre las cuestiones debatidas. 
Los problemas relativos a la salud y la asistencia de larga duración revisten gran importancia para todos los Estados miembros de la UE, y todos están celebrando un animado debate sobre el sistema de asistencia sanitaria y su futuro. 
Además, puedo afirmar que las reformas en el sistema sanitario están en marcha o en la mesa de trabajo en todos los Estados miembros. 
La asistencia sanitaria afecta a todos, y por supuesto esto incluye a los políticos. 
La provisión de una asistencia sanitaria de gran calidad accesible a todo aquel que la necesite, independientemente de la edad, condición social o riqueza es de interés público y, por lo tanto, una tarea para los políticos. 
Otra cosa que es de interés público, y por tanto también una tarea para los políticos, es el mantenimiento de un sistema sanitario estable, y por «estable» no me refiero solo a económicamente estable, sino también estable en otros aspectos, por ejemplo en términos de personal, que es una cuestión clave. 
La Comisión identifica tres grandes retos en su informe, es decir, el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y el aumento de las expectativas de una opinión pública que cada vez es más consciente de las opciones en materia de asistencia sanitaria. 
A esto podemos añadir el aumento de la edad de los trabajadores sanitarios, el hecho de que abandonen ciertos países para trabajar en el extranjero, el mayor movimiento de ciudadanos de la UE entre Estados miembros y un aumento de la inmigración de países terceros a la UE. 
Los principales objetivos que propone la Comisión son la asistencia de alta calidad, la accesibilidad para todos y la sostenibilidad financiera a largo plazo, que eliminaría la necesidad de la financiación estatal de otras rúbricas presupuestarias. 
Cuando se debatió el informe en comisión, se alcanzó un consenso sobre estos retos y sobre los objetivos conjuntos. 
Otra cuestión destacada fue la subsidiariedad, cuya implicación es que en el ámbito de la sanidad y la asistencia de larga duración los gobiernos nacionales son totalmente responsables del desarrollo y de la reforma de la asistencia sanitaria en los Estados miembros. 
Asimismo, queremos subrayar que la prevención es la manera más eficaz de mejorar la sanidad pública. 
El papel de los pacientes como clientes de los servicios de asistencia sanitaria tiene mucha importancia para el Parlamento, porque los pacientes tienen derecho a decidir libremente sobre su salud y sobre la asistencia que reciben. 
Asimismo, tienen derecho a recibir información detallada y sencilla sobre la salud y las enfermedades, así como sobre la asistencia sanitaria y sus resultados, posibilidades, alternativas y riesgos. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación representan tanto un gran reto como una oportunidad, porque hay una gran demanda de información en el ámbito de la asistencia sanitaria, y podremos conseguir una asistencia de mayor calidad y un mejor uso de los fondos públicos si los pacientes y sus médicos comparten esta información. 
Otra cosa que queremos subrayar es el papel clave que desempeñan los pacientes, así como su derecho a decidir y la responsabilidad que tienen en tales decisiones. 
La información es un requisito esencial para la toma de decisiones, al igual que la cooperación con los médicos, incluso si estos siempre tienen ventaja en términos de información. 
Sin embargo, esto no les da derecho a decidir por los pacientes. 
Señorías, creo que la gran mayoría de los diputados apoyará mi informe y la propuesta de resolución que he presentado. 
Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Cabrnoch y a sus colegas por este informe. 
Contiene muchas propuestas y recomendaciones, y la Comisión prestará atención a todas ellas. 
Me complace en especial que el informe se pronuncie a favor de intensificar la cooperación con objeto de mejorar la asistencia sanitaria de larga duración a los ciudadanos mayores en los Estados miembros, y que su fundamento sea el método abierto de coordinación. 
A finales de año, la Comisión aprobará una comunicación que establece propuestas encaminadas a racionalizar y simplificar el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social. 
Como afirma el apartado 32 del informe, estas propuestas cubrirán la asistencia y la asistencia sanitaria de larga duración, así como la integración social y las pensiones. 
La asistencia sanitaria es uno de los aspectos clave de las estrategias que los Estados miembros han de desarrollar durante los próximos años con vistas a solucionar el problema del envejecimiento de la población, al tiempo que mantienen un alto nivel de protección social. 
Por lo tanto, su informe llega en un momento muy oportuno, y nos será de gran ayuda cuando elaboremos estas propuestas. 
Lo mismo cabe decir de los informes nacionales sobre salud y asistencia sanitaria de larga duración que vamos a recibir de los Estados miembros. 
Una parte muy importante de nuestro calendario de trabajo será identificar oportunidades de interacción con las estrategias europeas de salud pública presentes y futuras y con el programa de acción comunitario relevante. 
Tanto el Comisario Kyprianou como yo mismo y nuestros departamentos continuarán cooperando estrechamente a este fin. Al mismo tiempo, por supuesto, no perderemos de vista el hecho de que los Estados miembros son los principales responsables de la sanidad y la atención sanitaria de larga duración, y que el trabajo de la Unión Europea es apoyar a los órganos políticos con capacidad de decisión en el ámbito nacional. 
Su informe debate una amplia gama de cuestiones relativas a la protección social y la salud pública, así como el libre movimiento de personas y servicios en el mercado interior. 
Todas estas cuestiones fundamentales tienen que abordarse con los instrumentos adecuados, que incluyen los poderes legislativos respecto del mercado interior y la libertad de movimiento, así como el programa de acción para la salud pública y el método abierto de coordinación. 
La Comisión intentará garantizar la máxima coherencia entre estos instrumentos individuales y, al mismo tiempo, continuará fomentando una comprensión integrada de la asistencia sanitaria en términos de los esfuerzos encaminados a proporcionar una asistencia sanitaria adecuada y justa a todos los ciudadanos, bien en sus propios países o en otros Estados miembros de la UE. 
Señorías, este informe es muy amplio y exhaustivo, y solo quiero comentar uno de sus apartados. 
En el apartado 7, el Parlamento lamenta que la Comisión considere la modernización de la protección social respecto de la asistencia sanitaria solamente en términos de las exigencias del Pacto de Estabilidad. 
En mi opinión, esto no es del todo cierto. 
El señor Cabrnoch ya ha dicho que el triple objetivo de accesibilidad, calidad y sostenibilidad financiera a largo plazo es una parte muy importante de todos los debates sobre modernización. 
Esto significa que si bien la sostenibilidad financiera a largo plazo es importante, no es el único principio rector de todas nuestras decisiones. 
Como he dicho al inicio de mi intervención, este informe llega en un momento muy oportuno, y sin duda tendremos en cuenta los puntos que cubre en nuestro futuro trabajo. 
Gracias. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quiero comenzar felicitando al señor Cabrnoch por su excelente informe. 
Acojo con satisfacción el enfoque de la evaluación comparativa y la divulgación de la buena práctica consiguiente, en particular en el sector de la asistencia sanitaria. 
Es un enfoque codificado e institucionalizado por un método abierto de coordinación incorporado en la Estrategia de Lisboa, un método que exige la participación de los Estados miembros en línea con los calendarios de la Comisión. 
La hipótesis más optimista es que contribuye a que el proceso sea más dinámico. 
En el peor de los casos, el resultado es una avalancha de información, a la que las autoridades no pueden hacer frente. 
Es lamentable que aún no dispongamos de información basada en la experiencia, recogida durante muchos años, que nos permitiría llevar a cabo evaluaciones precisas de este ámbito tan complejo. 
Su ausencia parece un hecho, en particular en el sector de la asistencia sanitaria. 
Si las personas de las que depende el sistema tienen que convencerse de la idea de un intercambio intereuropeo en el sector sanitario creo que, en primer lugar, la introducción del método abierto de coordinación tendrá que ser cuidadosa y progresiva. 
De ningún modo puede recogerse una cantidad de información que las autoridades no puedan procesar. 
La dinámica del proceso en su conjunto exige un calendario obligatorio, si bien la recogida de datos computerizada no puede comenzar en todos sitios al mismo tiempo. 
En el sector sanitario, creo que el camino adecuado es la introducción prudente y progresiva de las estadísticas, junto con la información detallada por parte del personal implicado. 
Por el bien de la eficacia y la aceptación a largo plazo del método abierto de coordinación, tiene que ser posible crear una cartera de datos eficaz mediante la eliminación de las estadísticas menos importantes. 
– Señor Presidente, Comisario, en un momento en que el modelo social europeo está debatiéndose –y algunos están cuestionándolo– esta Cámara está intentando modernizar la protección social y desarrollar una asistencia sanitaria de calidad. 
Quiero comenzar diciendo que apoyo plenamente las prioridades establecidas por el Consejo, que conducirán a un acceso generalizado a la asistencia sanitaria de buena calidad en un contexto de sostenibilidad financiera a largo plazo. 
Si bien la política sanitaria y de protección social es competencia de los Estados miembros, la UE ha dado un paso acertado al aplicar el método abierto de coordinación en este ámbito, reforzando la cooperación entre las políticas nacionales. 
A este respecto, el método abierto de coordinación es sin duda el instrumento más eficaz en las actuales circunstancias, si bien somos conscientes de que los principales destinatarios de este tipo de medidas son los ciudadanos, como consumidores de asistencia sanitaria. 
A menos que haya un clima de confianza entre los ciudadanos y los servicios de asistencia sanitaria, esta voluntad no pasará de las buenas intenciones. 
Como en todas las relaciones entre consumidores y proveedores, es esencial que haya un clima de confianza, y esto es especialmente cierto en el sector de asistencia sanitaria. 
En algunos Estados miembros, la confianza de los ciudadanos en los servicios dista mucho de ser satisfactoria. 
Para que el sistema funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en los servicios de asistencia sanitaria, pero para que esto se haga realidad no se puede ocultar información a los usuarios. 
Tiene que quedar muy claro que los derechos de los pacientes son de vital importancia, y el más importante es el derecho a la información sobre el estado de salud, sobre las posibilidades disponibles en términos de asistencia sanitaria y asistencia de larga duración y sobre el nivel de calidad de la asistencia que ofrecen los proveedores individuales en el mercado. 
El principal objetivo, que en este momento aún es una utopía, es que todos los ciudadanos europeos tengan acceso ilimitado a unos servicios de buena calidad, independientemente de la edad, el sexo, la nacionalidad y la condición económica. 
Sin embargo, para que esto ocurra, los Estados miembros tienen que aceptar la necesidad de reformas que garanticen la estabilidad financiera del sistema. Por lo tanto, tendrán que introducir el principio de pago de ciertos gastos de asistencia sanitaria por parte del paciente. 
Los Estados miembros tienen que enfrentarse al hecho de que cada servicio tiene un precio, si bien respecto de los pacientes, hay que tener en cuenta la situación económica de la persona, pero por supuesto el Estado es responsable de ayudar a los sectores más pobres de la sociedad. 
Los gobiernos de los Estados miembros tienen soberanía en este ámbito, pero esta iniciativa constituye un paso importante hacia la construcción de una Europa social. 
Por lo tanto, la apoyo sin reservas. 
. Señor Presidente, señor Comisariopermítanme comenzar felicitando al ponente por el informe. 
El desarrollo de una asistencia sanitaria de alta calidad implica un aumento de los costes, y si la política no tiene en cuenta este hecho, no podremos evitar acabar con una medicina de primera y segunda clase. 
La historia nos enseña quién sale perjudicado en tales circunstancias. 
Tenemos una mayor esperanza de vida y, cuando digo que tenemos suerte de que haya cada vez más personas mayores, quiero decir que las cuestiones importantes siempre aportan ideas nuevas, así que la UE de 25 ó 27 puede llegar a convertirse en una sociedad humana basada en la solidaridad. 
Por esta razón, este informe señala que hay intentar mantener la igualdad si los miembros más pobres de una sociedad van a cargar con una mayor parte del coste de la asistencia sanitaria. 
En el seno de la UE –me refiero a la UE de 27– la asistencia sanitaria varía de un extremo a otro. 
En términos de costes, esto significa que el gasto de los países en asistencia sanitaria varía del 4 % al 9 % de su PIB. 
De los nuevos Estados miembros, los más pobres gastan menos y también disponen de la peor asistencia sanitaria. 
Esto es un hecho. 
Sin embargo, esto no solo significa que gastar más equivalga a un mayor rendimiento. 
Si la prestación sanitaria y la asistencia de larga duración van a financiarse a largo plazo, necesitamos una gestión más eficaz y prestar atención especial al tipo de asistencia y a la demanda de la misma. 
Esto exige una evaluación comparativa europea y una coordinación abierta. 
La última cuestión que quiero plantear sobre el coste es que los Estados Unidos gastan casi un 14 % de su PIB en sanidad, y deja mucho que desear. 
No podemos ni debemos hacer lo mismo. 
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que, en la actualidad, el conocimiento médico se duplica cada cinco años. 
Si bien esto significa más costes, todos tenemos el mismo derecho a recibir asistencia sanitaria, y tenemos que dar prioridad a esta cuestión. 
Por lo tanto, no solo necesitamos la evaluación comparativa sino también solidaridad. 
No faltan los problemas. 
Los nuevos Estados miembros aún están luchando contra la corrupción en muchos sectores de sus sistemas sanitarios. 
En los países donde falta prestación sanitaria la corrupción es mucho más patente y las personas mayores son más pobres, y su pobreza aumenta más que en ningún otro lugar. 
Estos son, en esencia, los retos sociales a los que nos enfrentamos. 
Créanme, las personas mayores tienen más miedo cuando creen que no se les cuidará de forma adecuada cuando enfermen o que ya no será posible cuidarles. 
En los nuevos Estados miembros, a causa de la presión presupuestaria, la financiación pública es menos segura. 
Si bien he enumerado solo algunos problemas, hay otros que comienzan a observarse; los trabajadores sanitarios están trasladándose de los nuevos Estados miembros a los antiguos quince, en beneficio de los sistemas de asistencia sanitaria en esos países. 
Permítanme repetir que se trata de una cuestión política delicada, y es esencial mejorar la coordinación y la cooperación. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero subrayar la necesidad de considerar este informe en un contexto más amplio, en asociación con los hechos siguientes. 
Primero, tiene que considerarse en el contexto de la presión que el proceso de Lisboa ejerce sobre la asistencia sanitaria y los sistemas de seguridad social para convertirlos en servicios capaces de comercializarse en toda Europa. 
Segundo, hemos de tener en cuenta que la directiva de servicios someterá a la asistencia sanitaria a unas normas europeas en materia de competencia y al principio del país de origen. 
Tercero, como se ha subrayado en varios puntos del informe, una consecuencia del cambio de población es que, en muchos Estados miembros, los sistemas de asistencia sanitaria suponen una carga intolerable para el presupuesto nacional, y esto perjudica a las condiciones de trabajo del personal sanitario. 
Las últimas propuestas de la Comisión apoyan esta tendencia. 
El informe desempeña un papel vital en la preparación de una elección fundamental entre lo que la Comisión y el Consejo han propuesto por una parte y el Parlamento por la otra. 
La cuestión es si los sistemas de asistencia sanitaria y protección social deberían seguir dentro de la esfera de los servicios de interés general o si deberían ser objeto de las normas sobre competencia del mercado interior. 
La respuesta del Parlamento, en términos inequívocos, es que la asistencia sanitaria tiene que seguir considerándose como un servicio de interés general, y tiene que garantizarse el acceso universal para todos, independientemente del poder adquisitivo. 
Además, esta Cámara deja bien claro en el informe que los sistemas de solidaridad financiera no pueden ni abandonarse ni convertirse en saco roto. 
Espero que, en sus futuras propuestas, la Comisión tenga en cuenta las enmiendas detalladas en este informe, que constituyen una respuesta clara y alternativa al reto al que nos enfrentamos. 
– Señorías, quiero comenzar dando la enhorabuena al ponente, señor Cabrnoch, por su informe. 
Si bien creo que los principios fundamentales aprobados por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica están reflejados en esta propuesta de resolución, he presentado una serie de enmiendas que subrayan las prioridades de nuestro grupo. 
Primero, me complace que las propuestas del ponente subrayen que la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la UE tiene que cumplir con el principio de solidaridad. 
El derecho a la sanidad constituye un derecho fundamental en todos los Estados miembros de la UE, y se concede sobre la base de la solidaridad. 
Mi enmienda estaba encaminada a garantizar que esto sea así. 
Segundo, no solo debemos salvaguardar la libertad de movimiento de los trabajadores, sino también su derecho a recibir una asistencia sanitaria adecuada, de alta calidad y accesible en todos los Estados miembros de la UE. 
Por esta razón, he presentado otras enmiendas encaminadas a mejorar la formación de los trabajadores sanitarios, para conseguir un nivel comparable en todos los Estados miembros. 
Creo firmemente que el presupuesto para formación de la UE tiene que financiar esta formación, y que los Estados miembros no deben abordar esta cuestión por sí solos. 
Tercero, acojo con satisfacción los comentarios del ponente sobre la necesidad de que los servicios de asistencia sanitaria se centren en la prevención, y creo que la Comisión tiene que alentar a los Estados miembros a intensificar todas las medidas preventivas, no solo respecto de la prestación de asistencia sanitaria, sino también respecto de la jornada laboral y la salud en el trabajo. 
Nuestro objetivo debe ser no solo el aumento de la flexibilidad y la competitividad de la población activa, sino también la protección de la salud de los trabajadores. 
Cuarto, estoy de acuerdo con el ponente cuando afirma que si bien la ciencia médica ofrece nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas, los sistemas de asistencia sanitaria también tienen que ser económicamente viables. 
En mi opinión, la asistencia sanitaria no puede considerarse solo en términos de contabilidad, y por lo tanto me parecería lamentable que este enfoque dominara nuestra comprensión de la reforma de la asistencia sanitaria. 
No podría apoyar dicho enfoque. 
Señor Presidente, la prestación de una asistencia sanitaria garantizada es una de las tareas más importantes del Estado, y se deriva de los derechos básicos de las personas. 
Cualquier país debería mantener y financiar unos servicios de asistencia sanitaria esenciales. 
El enfoque liberal, que consiste en privatizar los servicios e imponerles condiciones de mercado mediante varios instrumentos legislativos, no salvaguardará la prestación de la asistencia sanitaria en ámbitos como la medicina preventiva, la pediatría, las enfermedades de la civilización y los cuidados geriátricos y paliativos. 
Si bien estos ámbitos generan pérdidas, resultan esenciales para la salud pública. 
Es de sobra conocido que invertir en salud significa invertir en las personas, como en el caso de la educación. 
Puesto que solo dispongo de algunos minutos, quiero centrarme en los puntos que considero más importantes. 
Tiene que haber un servicio de sanidad pública, y tiene que seguir desarrollándose y siendo accesible a todos, tanto para los que pueden pagarlo como para los que no pueden. 
Aún no se ha encontrado un sistema ideal para organizar o financiar la asistencia sanitaria. 
Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, incluidos los sistemas basados en las contribuciones de los seguros y lo que podría denominarse sistemas financiados por el Estado. 
Por lo tanto, la mejor solución es probablemente un sistema mixto. 
Sin embargo, al mismo tiempo, los derechos sociales de los trabajadores sanitarios y los pacientes tienen que salvaguardarse de forma adecuada. 
Los hospitales, la medicina preventiva y todos los demás sectores que generan pérdidas deben tener acceso a la financiación estatal. 
Se han expresado muchos sentimientos nobles, en particular en la legislación europea, sobre la modernización de la protección social para desarrollar y mejorar la asistencia sanitaria; sin embargo, a menudo son contradictorios. 
El único resultado es un empeoramiento de la situación respecto de la asistencia sanitaria y social, si bien ya resulta bastante difícil en muchos países a consecuencia del aumento de los costes, el capitalismo sanguinario y un fracaso en el cumplimento de los principios morales. 
Un buen ejemplo son las contradicciones que se derivan del hecho de que los Estados miembros han asumido la responsabilidad de la organización y la financiación; sin embargo, los servicios médicos se han incluido en la directiva de servicios. 
Si queremos garantizar la prestación de una asistencia de calidad, no podemos considerar la salud como un sector productivo de la economía, o los servicios sanitarios como unos servicios comerciales normales. 
Por ejemplo, una empresa espera ganar 13 000 millones de marcos suizos con las ventas de un medicamento contra el cáncer tras conseguir el permiso para vender el medicamento en Europa. 
A veces he escuchado en esta Cámara que una Europa pobre no puede proporcionar asistencia de larga duración, y que en su lugar deberíamos practicar la eutanasia, o dicho de otro modo, eliminar el problema matando a la gente. 
Esto no es lo que significa la modernización de la protección social para desarrollar y mejorar la asistencia sanitaria. 
La única respuesta al envejecimiento de la población es cambiar nuestra actitud hacia la vida concebida. 
Tenemos que proteger esta vida y hacer todo lo que podamos, lo que también significa cumplir con los principios morales, para mejorar no solo la calidad, sino también el funcionamiento de la asistencia sanitaria. 
Además, no mejoraremos la asistencia sanitaria mediante una gran maquinaria administrativa, corrupción, burocracia y publicando más reglamentos, informes, opiniones, declaraciones y listas idénticas o similares. 
Esto únicamente aumenta los costes y malgasta el tiempo tanto de las autoridades y los médicos como de las enfermeras, cuyo trabajo es ayudar a los enfermos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Cabrnoch, el informe nos recuerda que la asistencia sanitaria solo representa el 10 % del estado de salud de un individuo. 
El 90 % restante está determinado por muchos otros factores, como la situación social, la falta de empleo y el sentimiento de inseguridad entre los que no pueden ganarse la vida. 
A pesar de que los Estados miembros son responsables de la asistencia sanitaria, creo que la Union Europea debería establecer un conjunto de normas sociales mínimas. 
Esto garantizaría un mínimo de protección social en todos los Estados miembros, aunque permitiría que los países más ricos facilitaran unos sistemas de bienestar y asistencia sanitaria mejores. 
En mi opinión, la Unión Europea tiene derecho a que se le informe de los niveles mínimos de prestaciones sociales en los Estados miembros individuales. 
En Polonia esta cifra asciende a 100 euros, si bien nuestro sueño es llegar a los 250 euros. 
La UE tiene que estar informada de la situación respecto de la asistencia sanitaria. 
Los médicos polacos ganan 400 euros al mes en la actualidad, y confían en los sobornos para complementar su salario. 
Señor Presidente, el derecho a la salud es fundamental, y los Estados miembros son responsables de hacerla real para sus ciudadanos, que tienen todo el derecho a escoger su propia asistencia sanitaria y asistencia de larga duración en cualquier lugar de la UE, independientemente de sus ingresos. 
Sin embargo, hay que decir que la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria difieren en un grado considerable. 
Desde 2003 está en marcha un programa de acción europeo que ayuda a fomentar la salud pública, y establece una buena base en la que nuestros Estados miembros pueden intensificar su cooperación. 
Tenemos que alcanzar objetivos comunes, y después podremos elaborar estrategias nacionales específicas que aborden los retos de unos pacientes más móviles, el aumento de los costes para los nuevos tratamientos y –gracias a Dios– el aumento de la esperanza de vida. 
No obstante, se está invirtiendo muy poco –como ha señalado el ponente– en la asistencia preventiva, que impide que las personas enfermen. 
El sector de la asistencia sanitaria tiene un potencial de empleo considerable. 
Es probable que su importancia aumente en el futuro, no solo en términos del dinero que se gastará en él, sino también de su potencial de innovación. 
Me refiero a ámbitos como los servicios de atención domiciliaria, para los que hay una demanda en aumento, y que permiten que las personas mayores y los enfermos reciban cuidados en un ambiente familiar, algo que es psicológicamente importante y que desempeña un papel primordial para que las personas vivan más tiempo y de forma más sana. 
El aumento de la esperanza de vida permite que las personas hagan una contribución personal a la sociedad, en forma de su propia experiencia, lo que resulta vital. 
Hay muchos obstáculos que dificultan la creación de empleo en el sector sanitario, y será difícil superarlos –pienso, por ejemplo, en el elevado coste de la seguridad social en Alemania, mi país. 
Los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea tienen que organizarse de manera que la gente pueda pagarlos y las empresas se liberen de los costes excesivos y, por lo tanto, se animen a crear empleos. 
El ponente subraya la necesidad de la asistencia preventiva, la mejora del tratamiento de larga duración, y la necesidad de ayudar a los pacientes mejorando el intercambio de información entre los Estados miembros, y estoy de acuerdo con él. 
Señor Presidente, Señor Comisario, quiero empezar agradeciendo al ponente su excelente trabajo. 
En el año 2000, cuando se debatió el informe sobre la modernización de los sistemas de protección social, yo fui el ponente. 
La primera vez que debatimos el método abierto de coordinación, junto con la asistencia sanitaria, las pensiones y otras cuestiones, fue cuando elaboramos la estrategia relevante. 
La organización y financiación de la asistencia sanitaria son una competencia nacional que, en algunos países, se ha transferido al ámbito regional, y así debe permitirse que sea en el futuro. 
La cuestión es si la cooperación europea puede ofrece un valor añadido y la respuesta es sí, porque algunos de los retos a los que nos enfrentamos son los mismos. 
Ya se han mencionado algunos, pero quiero detenerme en dos de ellos. 
El desarrollo tecnológico nos permite hacer más cosas y es, por supuesto, un avance positivo, puesto que significa que más personas puedan curarse. 
Pero impone también mayores demandas sobre las futuras prioridades. 
Por otra parte, ahora vivimos más años. Eso es una buena cosa, pero impone también una mayor presión sobre los servicios sanitarios. 
En este ámbito se puede realizar un intercambio de las mejores prácticas. 
Como han dicho muchos, es importante invertir en salud preventiva. 
En este sentido, yo mismo he planteado la cuestión de que necesitamos un servicio de salud en el trabajo desarrollado, porque muchas enfermedades y otros problemas tienen su origen en la vida profesional. 
El conocimiento del entorno laboral y la posibilidad de una intervención precoz es importante para la asistencia sanitaria. 
Los que recurren a los servicios sanitarios son para mí antes pacientes que clientes. 
Eso se debe a mi visión de la asistencia sanitaria no como un servicio comercial, sino como un servicio justificado por una necesidad. 
No creo que sea un servicio que esté dentro del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios, una opinión que han manifestado también algunos otros miembros de esta Cámara. 
La Directiva relativa a los servicios trata, en primer lugar, de servicios comerciales, mientras que este es un servicio de interés general y debe debatirse en ese contexto. 
– Señor Presidente, quiero empezar haciendo un breve comentario sobre lo que ha dicho el señor Mann. 
Si quiere insistir en la necesidad de reducir los costes en la prestación de asistencia sanitaria, no debe ignorar el papel que juega la industria farmacéutica. 
Considero que el hecho de ignorar ese papel es un defecto del informe que estamos debatiendo. 
No obstante, quiero llamar su atención sobre otra cosa: la relación entre la escasez de médicos en los Estados miembros de la UE, a la que el informe hace referencia, y la Directiva sobre el tiempo de trabajo que se está debatiendo actualmente. 
Los médicos de muchos hospitales alemanes se quejan de unas malas condiciones de trabajo y unos horarios de trabajo intolerables, y una crítica habitual entre las mujeres es que el acoso laboral deliberado les hace más difícil conciliar su vida laboral y su vida familiar. 
Ese problema suele añadirse al exceso de trabajo y al estrés que sufren los médicos, algunos de los cuales deciden trasladarse a otros países o incluso abandonan definitivamente su profesión. 
Los responsables de las desafortunadas políticas sanitarias y de recursos humanos de los últimos años intentan ahora que los trabajadores paguen por sus errores. 
Y lo intentan haciendo una distinción entre tiempo de disponibilidad activa y no activa, negándose a pagar por este último al afirmar que se necesitarían miles de puestos de trabajo nuevos en la asistencia sanitaria si tuvieran que hacer eso. 
La asociación de empresarios de los Estados federados alemanes y algunos Ministros de esos Estados federados nos han dado ejemplos de lo que entienden por tiempo de disponibilidad no activa: tiempo dedicado a visitas generales, cambio de apósitos, tiempo fuera del horario de trabajo normal dedicado a infusiones, inyecciones y tareas rutinarias como ocuparse de la correspondencia. 
A mí todo eso me parece un nuevo tipo de explotación y pido a sus Señorías no solo que apoyen nuestras enmiendas, sino también que, cuando consideren la Directiva sobre el tiempo de trabajo, procuren que se modifique el texto propuesto por la Comisión. 
– Señor Presidente, tenemos ante nosotros un excelente informe de un excelente ponente. 
Es un ejemplo perfecto de una de las ventajas de la ampliación, de la acogida que hemos dado a diez nuevos Estados miembros: la presencia de representantes de tanta solidez y sabiduría para mejorar la calidad de nuestros debates. 
Estoy convencido de que tanto el Presidente como el Comisario estarán de acuerdo con esto. 
Celebro en particular la observación de que si bien la asistencia sanitaria es una cuestión que compete a los Estados miembros, ello no es óbice para que podamos aprender mucho unos de otros. 
Eso es totalmente cierto, y cuanto más podamos aprender, mejor para todos. 
Celebro también los comentarios que se han hecho sobre la importancia de que las personas de edad avanzada, como yo mismo, reciban una asistencia sanitaria adecuada. 
Quiero comentar una cuestión al Comisario y pedirle su consejo y, en especial, su asentimiento dentro de un momento. 
Me he dirigido a él por escrito para informarle de una posible estafa que se está produciendo en varios países de la UE. 
Los turistas que tienen la mala fortuna de ponerse enfermos son trasladados rápidamente de su hotel a un hospital privado, donde terminan pagando una cuantiosa factura. 
Aunque estén conscientes durante el traslado y protesten diciendo que tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita, se les lleva volando a un hospital privado. 
Reconozco que se trata de un asunto que compete a los Estados miembros, pero quiero preguntar al Comisario si hay algo que él o nosotros podamos hacer al respecto. 
¿Es consciente de la magnitud del problema y reconoce, como se dice en este informe, que los ciudadanos tienen derecho a recibir la misma asistencia sanitaria en todos los Estados miembros y que ese derecho tiene que reforzarse? 
¿Qué puede hacer él para reforzarlo? 
Le pido que tenga la amabilidad de contestarme en inglés explicando lo que puede hacerse, para que yo pueda enviar su respuesta a mi elector de West Midlands. 
La salud es un derecho social fundamental y uno de los pilares del modelo social europeo. 
La certeza de poder recibir asistencia sanitaria en caso de necesidad es fundamental para el buen funcionamiento de las personas en la sociedad. 
Proporciona seguridad. 
Por tanto, tenemos que trabajar para armonizar y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los europeos. 
El envejecimiento de la población creará problemas relacionados con la capacidad de los sistemas sanitarios nacionales para garantizar el acceso y la calidad en el futuro. 
Pese a sus diferentes modelos de asistencia sanitaria, todos los Estados miembros se enfrentan a este problema. 
La modernización es necesaria. 
Así pues, tiene que hacerse un mejor uso de los recursos dentro del sector sanitario, pero es importante que eso no signifique solo racionalización y una mayor eficiencia. 
Tenemos que recordar que la prevención es la forma más eficaz de asistencia sanitaria. 
En la Europa del futuro, la salud no puede verse como un coste sino, más bien, como una contribución positiva a una economía competitiva. 
La evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa insiste también en la necesidad del pilar social. 
La dimensión social es simplemente una necesidad para que Europa consiga crecimiento y empleo. 
Si queremos que siga existiendo una mano de obra debidamente formada y cualificada, tenemos que ser capaces de ofrecer una asistencia sanitaria eficaz y universal. 
Los Estados miembros tienen, por tanto, que hacer un mejor uso del método abierto de coordinación y de la oportunidad que ofrece para intercambiar las mejores prácticas. 
Por otra parte, debemos hacer más para mejorar nuestro entorno laboral y prevenir accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
La mejora del entorno laboral tendrá también, en general, un efecto beneficioso en la salud general y, por tanto, contribuirá a que las personas estén más sanas y liberará recursos para la asistencia sanitaria. 
La salud, el crecimiento y el empleo están inextricablemente unidos. 
– Señor Presidente, para garantizar la inclusión social, tenemos que asegurar la existencia de un sistema de seguridad social público fundado en los principios de la democracia, la solidaridad y el acceso universal, así como un servicio nacional de salud igualmente público y universal. Esos sistemas deben funcionar sobre la base de la no discriminación, beneficiando a las personas con rentas más bajas, garantizando a todos la igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad y salvaguardando los derechos humanos. 
Por tanto, nos oponemos a las propuestas que abren camino a la privatización de los servicios públicos en estos ámbitos esenciales. Nos oponemos, por ejemplo, a la propuesta de Bolkestein de una directiva encaminada a la creación de un mercado interior de servicios y a la propuesta de una directiva sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo que, al empeorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, empeorará también la salud de las personas que utilizan esos servicios en cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, habiendo elaborado yo misma un informe sobre este tema, celebro particularmente la considerable continuidad que sigue existiendo entre el informe del señor Cabrnoch y nuestras anteriores resoluciones. 
Por eso, quiero decir lo agradecida que le estoy. 
El acuerdo final adoptado por el Consejo en octubre del año pasado para aplicar el método abierto de coordinación en el ámbito de los servicios sanitarios y la atención a las personas mayores es otro tanto que se ha apuntado esta Cámara. 
Estoy convencida de que el programa PROGRESS, del que soy ponente, nos proporcionará en breve un instrumento para organizar el intercambio de las mejores prácticas que con tanta urgencia se necesita y para poner en marcha un proceso recíproco y mutuo que nos permita aprender los unos de los otros. 
Al final, los Estados miembros necesitarán ayuda para realizar reformas encaminadas a modernizar y reforzar sus sistemas sanitarios, un proceso en el que debe darse particular importancia a la cohesión social y al principio de solidaridad. 
Si los Estados miembros quieren conseguir en el futuro el acceso universal continuado a sus sistemas de asistencia sanitaria y de atención a las personas mayores, garantizar su calidad y asegurar su financiación, lo que se necesita sobre todo es más prevención y una mayor transparencia. 
La transparencia es indispensable para mantener la calidad y para hacer el mejor uso posible de los recursos puestos a disposición de los sistemas de asistencia sanitaria. 
La evaluación de la calidad de los servicios médicos tiene que hacerse mucho más fácil y el desembolso de grandes cantidades de dinero por servicios de mala calidad tiene que terminar. 
Las organizaciones de pacientes desempeñan un papel muy importante en todo esto y tienen que participar en las futuras decisiones sobre política sanitaria. 
Todos los Estados miembros han querido seguir adelante con la adopción de una Ley de los pacientes o un Estatuto del paciente. 
Todos ellos se enfrentan además a grandes retos en lo que respecta a la atención a las personas mayores y la asistencia de larga duración. 
Debemos unirnos en la búsqueda de estrategias para mejorar la interacción entre la prestación de asistencia sanitaria y el tratamiento, de manera que podamos mejorar los cuidados que reciben los pacientes en sus domicilios y proporcionar suficientes recursos asistenciales. 
– Señor Presidente, el Partido Comunista de Grecia votará en contra del informe engañosamente titulado «Modernización de la protección social y desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad» porque contiene opiniones reaccionarias y objetivos para seguir promoviendo la comercialización de la asistencia sanitaria, que contribuirán al crecimiento de los grupos privados que controlan los sectores de la asistencia sanitaria y la fabricación de fármacos y harán aumentar sus beneficios. 
Eso tendrá consecuencias negativas para la salud pública y para los bolsillos de los trabajadores. 
El paciente es un cliente. 
Básicamente, no existe ninguna política sanitaria. 
La legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo es primitiva. 
Todos los años, el 40% de los servicios de asistencia sanitaria prestados se financian con cargo a los salarios de los trabajadores. 
La salud se está integrando cada vez más en la política general contraria a los intereses de los trabajadores de la Unión Europea. 
La responsabilidad de la protección de la salud se está transfiriendo al individuo y el mercado de los servicios de asistencia sanitaria se está liberalizando plenamente, tras los cambios radicales que han tenido lugar en las relaciones laborales y en la seguridad social con la organización del tiempo de trabajo, el aumento de la edad de jubilación, la reducción de las pensiones, etc. La asistencia sanitaria no debe ser un producto que se comercialice. 
Debe ser un servicio de calidad gratuito prestado exclusivamente por el Estado por igual a todos los ciudadanos. 
Los sectores de la tecnología biomédica y farmacéutica, así como su producción y comercialización, deben pertenecer al Estado y ser controlados por la sociedad. 
– Señor Presidente, aunque creo que la filosofía general de este informe es positiva, y aunque este texto puede ser un fundamento aceptable para una mayor armonización de los derechos de los ciudadanos europeos con respecto a la protección social vinculada a la asistencia sanitaria, también presenta algunas deficiencias graves. 
Es demasiado general, no fija ningún calendario y no está suficientemente centrado. 
Pues bien, sobre esta cuestión, los conjuros no son suficientes. 
Seamos ambiciosos para esta Europa social que todos queremos y exceptuemos los gastos de la asistencia sanitaria y la protección social del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que este gasto no representa ningún coste; se trata de una inversión que genera riqueza y eficiencia para la sociedad en su conjunto. 
En el informe faltan dos asuntos importantes que son la cuestión de financiar un sistema de protección social pionero y el desempleo masivo en Europa. 
Ambas cuestiones son sumamente importantes. 
Sin una financiación compartida y sin contribuciones por ingresos financieros al esfuerzo de solidaridad, será imposible alcanzar la meta deseada. 
Con respecto al desempleo, es una carga duradera que pesa sobre la suma de ingresos necesarios para financiar la protección social y la asistencia sanitaria. 
A modo de conclusión, permítanme que añada estas dos respuestas concretas a las necesidades específicas de los ciudadanos europeos. 
Tratando con demasiado ahínco llegar a un consenso cojo que al final no conduce a nada, no hacemos más que intensificar el euroescepticismo. 
Señorías, este debate ha demostrado algo que creo que se hará también muy evidente en los futuros debates sobre la asistencia sanitaria, y es que se trata de una cuestión de enorme complejidad. 
En cierto sentido, nos pone en una situación límite; al fin y al cabo, todos nos sentimos conmovidos ante la angustia, el sufrimiento y la muerte, todos ellos parte y parcela de la asistencia sanitaria. 
En el debate ha quedado claro que el método abierto de coordinación se considera adecuado para coordinar los sistemas de asistencia sanitaria en la Unión Europea y eso es algo de lo que me alegro enormemente. 
Algunos oradores nos han advertido también de la necesidad de considerar cuestiones relacionadas con la gestión administrativa y técnica siempre que se utilice ese método. 
Eso es indudablemente cierto y he tomado nota de sus advertencias. 
No soy partidario de guardar información inútil y crear sistemas incapaces de producir resultados. 
El señor Bushill-Matthews, que ya no está presente en la Cámara, ha hecho una pregunta que me imagino que se refiere a un incidente específico. 
Si he entendido bien lo que ha dicho, lo que sucedió básicamente es que una persona con problemas de salud recibió tratamiento en un hospital contra su voluntad y posteriormente el hospital le exigió del pago de unos servicios que no estaban cubiertos por el seguro. 
No es para nada la intención de la Comisión que este tipo de imprevistos o situaciones se den con frecuencia o normalidad, e investigaré a fondo este incidente para obtener información más detallada al respecto. 
Una vez más, Señorías, nuestro debate ha demostrado que este informe es un documento de gran valor y quiero citar un último apartado de él. 
Según el apartado 9, el Parlamento opina que el envejecimiento de la población constituye un reto que al mismo tiempo debería utilizarse como oportunidad para implicar más intensamente en la sociedad y las empresas, en el marco de un envejecimiento activo, a las personas que han ido acumulando largas y valiosas experiencias. 
Creo que este párrafo demuestra lo acertado y equilibrado que es el informe. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0092/2005) del señor Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 2062/94 del Consejo por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (COM (2004) 0050 – C6 0014/2004 – 2004/0014 (CNS) ). 
Señorías, quiero empezar recordando a la Cámara que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue creada por la Unión Europea en 1994, en respuesta a la creciente necesidad de información sobre cómo prevenir accidentes relacionados con el trabajo. 
La misión de la Agencia es mejorar las condiciones de trabajo de los ciudadanos y fomentar el intercambio de información técnica, científica y económica entre todas las partes afectadas por cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, ya sean instituciones comunitarias, Estados miembros, trabajadores, empresas o expertos en seguridad. 
En 2004, la Comisión presentó sus propuestas para modificar el Reglamento por el que se creó la Agencia de Bilbao, en respuesta a las necesidades de una Unión Europea ampliada y para simplificar el funcionamiento del consejo de administración tripartito formado por 78 miembros. 
El nuevo Reglamento formaliza el papel de la mesa, además de mantener y reforzar la estructura tripartita del consejo de administración, que está integrado por representantes de la Comisión, los gobiernos, los Estados miembros y las organizaciones de empresarios y trabajadores. 
La nueva propuesta refuerza también el papel de los interlocutores sociales y estrecha los vínculos entre la misión de la Agencia y los objetivos de la estrategia comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de remarcar la importancia de las pequeñas y medianas empresas. 
El Parlamento ha propuesto una serie de enmiendas cuya finalidad es hacer la propuesta original más clara y precisa, y ha presentado también algunas enmiendas propuestas por el Consejo. 
El hecho de que se hayan propuesto enmiendas para cambiar la manera en que se hacen los nombramientos para la Agencia de Bilbao ha sorprendido a la Comisión, puesto que eso significa que la Comisión ejercería un mayor control sobre la Agencia. 
Desde la creación de esta última, su Director ha sido nombrado siempre por el consejo de administración, teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión. 
Puesto que ese es el procedimiento que siguen actualmente la mayoría de las agencias, sería una pena que lo cambiáramos. 
Quiero agradecer a la Cámara la favorable acogida que ha dado a la propuesta de reglamento y las nuevas disposiciones que ha propuesto para hacerla más clara y precisa. 
Gracias. 
. – Señora Presidenta, me parece significativo que mañana, el día que votaremos sobre este informe, se celebre el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. 
Es el día en que se conmemora a los 60 000 trabajadores que mueren cada año en todo el mundo por enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo y los muchos millones más que resultan heridos. 
Para la Unión Europea de los 15, las cifras han mejorado progresivamente en los últimos diez años, pero siguen sin ser motivo de orgullo. 
Unos 4 500 trabajadores fallecen todos los años en accidentes laborales y muchos más a causa de enfermedades profesionales. 
Todos los años, más de cuatro millones siguen sufriendo lesiones de consideración en el trabajo. 
Ese es el importante telón de fondo de nuestro debate de hoy sobre la Agencia de Bilbao. 
Como ya he dicho, las cifras correspondientes a la UE 15 han mejorado en los últimos diez años y estoy convencido de que las directivas fundamentales sobre salud y seguridad que hemos establecido, y la labor de la propia Agencia de Bilbao, han contribuido de modo importante a esa mejora. 
Como ha dicho el señor Comisario, estamos debatiendo la revisión y actualización del Reglamento que regula el funcionamiento de la Agencia de Bilbao. 
Se está realizando un poco más tarde de lo esperado, pero eso es porque se ha llevado a cabo una evaluación externa completa y se ha consultado a todas las partes interesadas, y en eso se basa la propuesta de la Comisión y, de hecho, las recomendaciones del Consejo. 
Como ha dicho también el señor Comisario, el otro factor que exige un cambio ha sido la ampliación de la Unión Europea, que ha supuesto la ampliación del consejo de la Agencia de 48 a 78 miembros y, por tanto, ha exigido la racionalización de los procesos administrativos y gerenciales. 
Los cambios que hemos propuesto se dividen en cuatro categorías generales. 
El primero tiene por objeto aclarar los objetivos y las tareas de la Agencia, mejorando los vínculos con las prioridades de la estrategia comunitaria, fortaleciendo la capacidad de análisis de datos de la Agencia, centrándose más en las necesidades de las PYME y proporcionando información accesible y comprensible a los usuarios finales. 
En segundo lugar, se proponen cambios para tener en cuenta la ampliación de la Unión, aclarar y mejorar el funcionamiento del consejo de administración y reforzar su función estratégica y el papel ejecutivo de la mesa. 
En tercer lugar están los cambios que pretenden reforzar el papel de los interlocutores sociales en la red de la Agencia en los Estados miembros –un punto muy importante– y los que pretenden estrechar la cooperación con otras instituciones comunitarias en el ámbito de la política social. 
Hemos presentado también, por supuesto, una serie de enmiendas para tratar de garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en las estructuras de gestión de la Agencia. 
Voy a centrarme en una o dos de las más importantes. 
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Giovanni Berlinguer y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su excelente opinión. 
He retomado algunas de las enmiendas propuestas, como por ejemplo la enmienda 2, que recalca la necesidad de que la Agencia no se limite a recabar y difundir información, sino que debe también analizarla, identificar los riesgos y las buenas prácticas y fomentar la acción preventiva. 
Subraya también la función de la Agencia como observatorio del riesgo. 
La enmienda 4 hace referencia a una representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de las estructuras de dirección y de gestión de la Agencia. 
Las enmiendas 5, 6, 7 y 8 tratan de forma diferente el valor añadido que la Agencia debe aportar a la información recabada y cotejada por medio del análisis, la evaluación, la identificación de las buenas prácticas y la difusión de esa información y de las buenas prácticas allí donde sean más necesarias, en particular a las pequeñas y medianas empresas. 
La enmienda 7 destaca a su vez la necesidad de fomentar la armonización de las estadísticas sobre los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, una cuestión crucial. 
Otras enmiendas se centran en cuestiones técnicas y administrativas concernientes a la composición del consejo y de la mesa, y sus respectivas funciones y responsabilidades, así como de las interrelaciones entre esos dos órganos. 
Creemos que la incorporación de esas enmiendas mejorará la eficiencia y la eficacia del funcionamiento de la Agencia. 
El último punto es el que ha mencionado el señor Comisario. 
Se trata de la enmienda 23 sobre el nombramiento del director. 
Sé que la Comisión no está contenta con ella, pero refleja el procedimiento seguido por las otras agencias que son competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
El Comisario ha intervenido también recientemente en el nombramiento de los directores de varias agencias. 
Por tanto, puede que la enmienda refleje mejor la realidad actual. 
En resumen, el informe trata de fortalecer el papel y la función de la Agencia, que ha realizado ya un trabajo excelente. 
Pido a la Cámara que apoye este informe. 
– Estoy de acuerdo con el trabajo excelente que ha llevado a cabo el ponente y celebro mucho los esfuerzos de la Agencia de Bilbao. 
El ponente ha citado algunas cifras, pero la realidad es que se pueden prevenir más accidentes y enfermedades laborales y que afectan en particular a las personas más vulnerables: los inmigrantes, los trabajadores temporales, los trabajadores ilegales y los no cualificados. 
Asimismo, afectan a las personas que reciben menos protección de los sindicatos, que no llegan a un gran número de trabajadores. 
Añadiré que existe el peligro de que la situación empeore a raíz de las opciones políticas que tiene la Unión Europea. 
Si la competencia entre países, en lugar de alentar la seguridad y la innovación, significa una relajación de las medidas de seguridad y un aumento de las horas de trabajo, esto incrementará el número de accidentes y enfermedades. 
Si la Directiva Bolkestein de servicios conlleva la competencia social desleal a través de la norma del país de origen, el número de accidentes y enfermedades se incrementará. 
La propuesta del señor Hughes contiene enmiendas importantes, sobre todo la participación de los interlocutores sociales, es decir, de los propios trabajadores, quienes, por un lado, son las víctimas y, por otro, los defensores de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 
. Antes de nada, quiero manifestar mi admiración por el trabajo del ponente y, en particular, por el hecho de que se hayan seguido los procedimientos correctos cuando se ha debatido el informe y la propuesta de resolución en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Como nuevo diputado al Parlamento Europeo y como representante de un nuevo Estado miembro, me preocupa la simple existencia de la Agencia de Bilbao. 
Todavía tengo que convencerme plenamente de que existe una necesidad genuina y legítima de crear una institución comunitaria dedicada expresamente a la seguridad y la salud en el trabajo, dado lo reducido, aunque importante, que es ese ámbito. 
Seguiré analizando los argumentos esgrimidos a favor de la existencia de esa institución, así como todos los que sugieren que sería preferible abordar los problemas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo con el principio de subsidiariedad, o en otras palabras, exclusivamente en el ámbito nacional. 
Pero tal como están las cosas, tanto la propuesta de resolución que se ha presentado como el informe del ponente sirven para hacer más transparente el trabajo de la Agencia, razón por la cual puedo apoyar la propuesta de resolución presentada por el ponente. 
Gracias. 
. – Señora Presidenta, he acogido con satisfacción el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y felicito al ponente por su excelente trabajo. 
Los cometidos fundamentales de esta Agencia son la investigación y la divulgación a los Estados miembros de las buenas prácticas relacionadas con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
La legislación que regula la seguridad y la salud de los trabajadores en toda la UE es un buen ejemplo de cómo la UE ha realizado y puede realizar una contribución positiva para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos de la Unión. 
Pero la legislación es solo un término de la ecuación; el otro es vigilar que se aplique dicha legislación. 
La seguridad y la salud en el trabajo pueden mantenerse solo cuando existe una vigilancia adecuada en el lugar de trabajo. 
Aunque no conozco la situación en otros países europeos, sé que en Irlanda no tenemos suficiente número de inspectores y supervisores para garantizar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. 
Un importante caso ocurrido en Irlanda recientemente ha sido la denuncia de la multinacional turca Gama, que ha privado de ingresos a sus trabajadores pagándoles muy por debajo del salario mínimo y poniendo en peligro su salud y seguridad al imponer a muchos de ellos jornadas de hasta 80 horas semanales. 
Eso es extremadamente perjudicial para la salud y la seguridad de esos trabajadores. 
En un sector tan peligroso como el de la construcción, la probabilidad de que ocurran accidentes es mucho mayor cuando se obliga a las personas a trabajar tantas horas. 
Por supuesto, la responsabilidad no recae únicamente en la empresa. 
En Irlanda tenemos una legislación, tenemos un salario mínimo, pero no estamos vigilando debidamente que se cumpla esa legislación. 
El caso de Gama ha salido a la luz pública en Irlanda hace poco, pero también se han producido otra serie de casos en los últimos tiempos de violación de los derechos de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores inmigrantes. 
Turquía ha solicitado su adhesión a la UE y yo apoyo sus aspiraciones, pero en el marco de ese proceso debe exigirse que grandes empresas como Gama respeten y protejan los derechos de los trabajadores en la UE. 
Creo que incumbe al Gobierno turco garantizar que así lo hagan. 
Por consiguiente, aunque hemos acogido con satisfacción el excelente informe presentado hoy y elogiamos sinceramente el trabajo de la Agencia, todos tenemos que vigilar en nuestros respectivos países que se respeten los derechos de los trabajadores. 
En particular, necesitamos mantener la vigilancia allí donde los trabajadores están expuestos a peligros y riesgos y allí donde están peor representados por los sindicatos. 
Me refiero a los trabajadores inmigrantes, los trabajadores menores de edad, los trabajadores temporales, etc. 
Para terminar, quiero hacer un comentario sobre la enmienda 7, que destaca la necesidad de información fiable y datos comparativos, y la necesidad de una recogida sistemática de datos, con el apoyo de Eurostat, en todos los Estados miembros sobre la seguridad y la salud en el trabajo. 
Necesitamos información veraz sobre los 25 Estados miembros, obtenida por los mismos medios, de manera que podamos disponer de datos de buena calidad, fiables y relevantes que puedan servir de base para todas las decisiones políticas. 
. Señora Presidenta, esta agencia es una importante institución de la UE; en apenas diez años que lleva funcionando en Bilbao, ha tenido ya una influencia tangible y beneficiosa en las condiciones de trabajo en Europa. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya plenamente este informe y yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Hughes por haberlo elaborado. 
Nos parece muy importante que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao pueda disfrutar, en la medida de lo posible, de la misma situación jurídica que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en Dublín y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en Salónica, y que se equipe con unos instrumentos cada vez mejores. 
Hoy día, Europa necesita la contribución de esas agencias más que nunca, porque con frecuencia se hace evidente que dos de los tres pilares de Europa – el social y el medioambiental – amenazan con desplomarse. 
Otros oradores se han referido ya a cosas como la Directiva Bolkestein y el programa REACH, y me doy cuenta de lo inestable que es el pilar social en el que se apoya Europa cuando escucho las burlas de los empresarios ante la perspectiva de una directiva sobre la protección contra las radiaciones ópticas que establecería unos niveles máximos de exposición de los trabajadores. 
La seguridad en el trabajo, la prevención de accidentes y la asistencia sanitaria preventiva deben considerarse cuestiones de gran importancia si queremos que los trabajadores sean tratados como algo más que simples factores en los cálculos de la producción de los capitalistas. 
No basta con grandes declaraciones de principios; lo que se necesita es investigación, así como instrumentos creados por esta agencia para establecer niveles de exposición, adoptar medidas legales y vigilar que realmente se apliquen las normas que nosotros impongamos. 
Por tanto, en el Grupo de los Verdes esperamos que la Agencia de Bilbao reciba los recursos que necesita para poder realizar su trabajo con eficiencia. 
. – Señora Presidenta, agradezco al señor Hughes su informe y felicito también a la Agencia por ese 13 % menos de accidentes en el lugar de trabajo. 
Sin embargo, quiero mencionar el hecho de que el consejo de administración se encuentra tan sobrecargado de trabajo administrativo que no puede dedicarse a la planificación estratégica. 
Es una pena, porque me gustaría que elaborara un plan estratégico para ocuparse de los trabajadores que quedan excluidos de las labores de vigilancia de la Agencia para proteger la seguridad y la salud. 
Me refiero a los «cuidadores domésticos» y a ellos dedicaré el resto de mi intervención. 
Constituyen el mayor segmento de población activa en Europa; a menudo levantan cargas más pesadas que ellos mismos y trabajan día y noche, año tras año. 
Nadie vigila su seguridad ni su salud. 
En ocasiones la ayuda que reciben es ridícula: yo misma, como cuidadora doméstica, recibí durante un tiempo a una persona enviada por el Estado para ayudarme varias horas a la semana. 
Esa persona que supuestamente me iba a ayudar no podía levantar pesos, no podía subir las manos por encima de la cabeza, no podía hacer en realidad nada de lo que un cuidador tiene que hacer. 
Tuve que pedirle que se fuera porque no me podía ayudar en nada, y todo por motivos de salud y seguridad. 
Yo, en cambio, podía hacer de todo, por muy peligroso que fuera, porque era una cuidadora doméstica. 
–Señora Presidenta, no subestimo para nada la importancia de la seguridad y la salud, pero tengo que llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que la normativa europea está socavando la responsabilidad individual y, en muchos casos, la aplicación del sentido común. 
Ahora se nos dice, por ejemplo, que los profesores tienen que protegerse de los niños ruidosos. 
Ahora los planeadores se quedan en tierra porque unos cabrestantes perfectamente seguros no cumplen ya las nuevas especificaciones. 
¿Qué hace esta Cámara diciendo a un constructor que tiene que utilizar andamios para reparar la cubierta de un tejado? 
Es realmente hora de que en Bruselas sepan lo irritantes que pueden ser esas triviales injerencias. 
Desde luego, la seguridad y la salud de los conductores de camiones exigen una nueva normativa: que se levanten todas las calles de adoquines de Bruselas y los sustituyan por hormigón. 
. – Señora Presidenta, quiero disculparme por haber perdido mi turno antes. 
Me temo que salí de mi despacho con el expediente equivocado debajo del brazo y tuve que volver a por el correcto. 
Eso nos ocurre a todos. 
Quiero referirme brevemente a los comentarios del señor Mote: posiblemente sería algo más optimista respecto a las normas de seguridad y salud si alguna vez hubiera tenido que levantar los restos de un desafortunado trabajador que se había resbalado y caído de un tejado para terminar muerto en la calle porque no había ningún andamio disponible para su trabajo, y hubiera tenido luego que explicar a la familia de ese pobre desgraciado por qué estaba muerto. 
No hay nada en las normas de seguridad y salud que constituya una carga innecesaria para las empresas. 
Después de todo, el coste humano de las muertes ocurridas en las obras de construcción –que son terribles– y de las lesiones sufridas por los trabajadores –que son también terribles– no puede equipararse con la molestia de tener que montar un pequeño andamio. 
Quiero hacer dos comentarios. 
En primer lugar y sobre todo, quiero agradecer a Stephen Hughes su informe y su esfuerzo para tratar de conseguir una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de la Agencia de Seguridad y Salud. 
Quiero también mencionar brevemente el informe sobre la Fundación Europea de la señora Harkin, que lamentablemente no se está debatiendo en esta Cámara, pero que mañana también se someterá a votación. 
Dicho informe trata de un problema posiblemente mucho más complejo, por la situación del personal de una Fundación que es mucho más antigua. 
La Comisión y el Consejo pidieron que se modificara el estatuto de los trabajadores de esa Fundación y nosotros tuvimos que negociar con ahínco para tratar de encontrar una solución. 
Aunque a esta Cámara solo se le consulta sobre esa cuestión, creo que hemos alcanzado un buen consenso entre el personal de la Fundación, la dirección e, incluso, el Parlamento Europeo. 
Sé que la Presidencia irlandesa inició conversaciones en este sentido durante su mandato y animó a la Presidencia luxemburguesa a que tuviera en cuenta las recomendaciones de este Parlamento. 
Espero que el informe se apruebe sin dificultades aquí mañana. 
Señorías, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue el origen y punto de partida de la Unión Europea, no solo perseguía el fin de la integración económica, sino que además estableció un fundamento jurídico para la adopción de medidas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. 
Casi toda la actividad legisladora de la Unión Europea se basa en ese fundamento jurídico. 
Aunque indudablemente hemos avanzado en este ámbito, nadie puede cuestionar que hayamos cesado en nuestros esfuerzos. 
La incidencia de accidentes relacionados con el trabajo se ha reducido un 13%, aunque es todavía una cifra demasiado elevada y algunos puestos de trabajo siguen siendo excesivamente peligrosos. 
Celebro que la Agencia de Bilbao haya recibido una evaluación abrumadoramente positiva, por ser una opinión que comparto. 
Espero que el debate de mañana sobre las enmiendas presentadas sea breve y tenga un resultado positivo, puesto que todas ellas ofrecen una respuesta lógica y equilibrada a los cambios que han tenido lugar. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0087/2005) de la señora Van den Burg, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el estado actual de integración de los mercados financieros de la UE (2005/2026 (INI) ). 
. Señora Presidenta, antes de nada quiero disculparme ante mis colegas diputados neerlandeses por no hablar en neerlandés, sino en inglés, que al fin y al cabo es la lengua de los mercados financieros. 
Eso me permitirá además dirigirme al Comisario en una lengua que él entiende. 
– Señora Presidenta, cuando el predecesor del Comisario, el señor Bolkestein, inició su mandato, se encontró con un paquete de propuestas ambiciosas y bien elaboradas para el mercado interior financiero, que presentó en 1999 en forma de Plan de acción para los servicios financieros, el PASF. 
Señor Comisario, tengo la impresión de que usted ha tenido menos suerte con la herencia referente al mercado interior de servicios que el señor Bolkestein le dejó cuando usted llegó aquí a Bruselas, y que lleva su nombre, o quizá un apodo de mal agüero. 
Pero ese no es el tema que hoy nos ocupa; ya tendremos mucho tiempo para hablar de ello más adelante. 
Quiero felicitar al señor Bolkestein por la diligencia con que dirigió el PASF durante su mandato. 
Señor Comisario, tengo un gran interés en el plan de seguimiento contenido en el Libro Verde que presentará usted la semana que viene. 
En el informe que tiene delante y en los debates que hemos celebrado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tenemos una opinión favorable sobre la manera en que se ha desarrollado el PASF, aunque también somos conscientes, por supuesto, de que muchas de las intenciones recogidas en las normas no se han probado todavía en la práctica. 
Debe prestarse una gran atención a la aplicación y el cumplimiento de los casi 40 conjuntos de normas que se han aprobado. 
Lamentablemente, mi informe ha sido objeto de algunos malentendidos en la forma en que se ha presentado hoy en el Pleno. 
Si bien en la comisión suscitó un amplio consenso y conseguimos alcanzar buenos compromisos, en la votación en comisión se deslizaron algunas imprecisiones que afectan al texto principal del informe, razón por la cual quiero comentarlas primero. 
El error más enojoso afecta al apartado 2 del texto sometido hoy a la Cámara. 
En él se sugiere que debemos apoyar la petición de algunos grupos de presión y periodistas para que los legisladores de Bruselas se comprometan a realizar una pausa legislativa. 
Yo no estoy de acuerdo con eso. 
Este apartado 2 no encaja para nada en un informe que llama la atención sobre tantos acontecimientos ocurridos en un mercado financiero dinámico que pueden conllevar graves riesgos sistémicos y poner en peligro un mercado interior seguro y eficiente para los servicios financieros. 
Por tanto, estoy claramente en contra de atarnos de manos con una moratoria legislativa. 
Nosotros debemos mantenernos alertas y la Comisión debe mostrarse muy activa. 
Por supuesto, esta nueva legislación debe ser objeto de una profunda evaluación en cuanto a su necesidad, sus costes y ventajas y su repercusión en general, pero legislar menos no siempre significa legislar mejor. 
Permítanme que comente algunos otros aspectos del informe, como el proceso Lamfalussy. 
Con los conocidos desmentidos a los que el Parlamento Europeo le tiene acostumbrado, el informe es bastante positivo respecto al proceso Lamfalussy. 
En general, a mí me parece que, sobre todo los comités del nivel 3 de reguladores, son aliados que defienden el interés público y protegen a los consumidores y a los usuarios expertos. 
Observo que son cada vez más conscientes de su importante papel para armonizar las normas técnicas y los procedimientos de supervisión entre los reguladores de diferentes Estados miembros. 
Nosotros decimos en el informe presentado hoy a la Cámara que ese es un buen punto de partida para seguir debatiendo el tema. 
En el siguiente período habrá que resolver algunas cuestiones importantes. 
Luego está la supervisión a escala europea. 
En el informe hablamos favorablemente de una tendencia hacia la consolidación de los supervisores. 
El sector quiere evitar la necesidad de tener que cumplir los requisitos de muchos supervisores diferentes, pero por otra parte puedo entender las dudas de las autoridades reguladoras cuando actúan como anfitrionas para renunciar a sus competencias y depender por completo de supervisores extranjeros. 
Por eso yo insisto en que demos un paso más. 
Ante el crecimiento de la actividad transfronteriza y la concentración de grandes empresas en los mercados financieros, es hora de integrar la supervisión a escala europea, posiblemente a través de un sistema de dos niveles, con la supervisión europea de las grandes empresas transfronterizas sin perjuicio de la aplicación de las mismas reglas de juego a las empresas transfronterizas que a las empresas nacionales. 
No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto, pero al menos en el informe decimos que la Comisión debe considerar también esta opción. 
Luego está la cuestión de la protección y la participación de los consumidores. 
Aquí insistimos en que la protección de los consumidores y la disponibilidad garantizada de unos servicios financieros básicos para todos los consumidores debe seguir siendo un requisito fundamental. 
No creo que debamos aspirar a una armonización completa en la prestación de servicios y productos financieros minoristas, porque la protección del consumidor es demasiado diferente en los distintos Estados miembros. 
En el informe propongo que se considere la posibilidad de un 26º régimen para los productos financieros paneuropeos, como hipotecas o seguros, con el que podrían atenderse las necesidades de los trabajadores transfronterizos y expatriados para trabajar con proveedores que conocen bien en otro Estado miembro. 
La señora Berès, presidenta de nuestra comisión, hablará sobre la necesidad de una mayor cooperación en el marco internacional. 
. Señora Presidenta, está claro que los próximos cinco años plantearán grandes retos en este ámbito en particular. 
El buen funcionamiento de los mercados financieros tiene una importancia fundamental y una enorme influencia en la prosperidad de todos y cada uno de nosotros. 
Las inversiones financieras sustentan el empleo y el crecimiento; el valor de nuestros ahorros; nuestras pensiones; el coste de nuestras hipotecas. 
Unos mercados financieros europeos integrados, flexibles y dinámicos garantizarán una mayor eficiencia en la circulación y prestación de capitales y servicios en el conjunto de la economía europea y también en el mercado mundial de capitales. 
En los últimos seis años se han producido grandes avances. 
La mayor parte de las normas que se contemplaban en el Plan de acción para los servicios financieros se han aprobado a tiempo y se están empezando a aplicar ahora. 
Las estructuras europeas de decisión y regulación se han hecho más racionales y eficientes. 
Se ha establecido una cooperación sistemática y continua entre las instituciones europeas y los partícipes del mercado. 
Todas las instituciones y la gran mayoría de los partícipes del mercado están de acuerdo en que necesitamos persistir en nuestro esfuerzo, porque la tarea de integrar los mercados financieros europeos está lejos de haber concluido. 
Nuestra prioridad fundamental para los próximos 12 meses es concluir el trabajo pendiente en el área de los servicios financieros. 
Tenemos todavía que ocuparnos de los elementos que quedan en la fase de negociación con esta Cámara y el Consejo, así como de las medidas clave que está ahora preparando la Comisión. 
Por ejemplo, todavía es necesario que permitamos una mayor sensibilidad al riesgo en los requisitos de capital de las instituciones de crédito y empresas de inversión (Basilea II) ; reforzar la auditoría legal (la octava Directiva sobre el Derecho de sociedades) ; combatir el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas; reducir los costes de compensación y liquidación; establecer un marco europeo para los reaseguros; modernizar las normas sobre solvencia asegurada; y crear un marco jurídico europeo para los pagos. 
En otras palabras, las medidas reguladores que se están preparando actualmente son ya muy exigentes para todos. 
No obstante, confío en que podamos conseguir muchas cosas el año que viene. 
En el ámbito de los servicios financieros, la Comisión elogia el excelente trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en los últimos años y, sobre todo, el informe que estamos debatiendo hoy. 
Existe un alto nivel de convergencia entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa el Parlamento Europeo. 
Muchos de los temas principales que se tratan en el informe presentado hoy por la señora Van den Burg en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios quedarán también reflejados en el Libro Verde de la Comisión sobre su futura política en materia de servicios financieros. 
Nuestras prioridades son similares. 
En cierta manera eso no nos sorprende, puesto que ambas partes hemos sido muy transparentes en nuestro planteamiento y en nuestros trabajos de preparación. 
No quiero ahondar en todas las recomendaciones que contiene el informe, pero permítanme que incida en algunas de ellas que me parecen particularmente importantes. 
En primer lugar, existe una necesidad evidente de coordinar la transposición de las normas comunitarias a la legislación de los Estados miembros, reforzar su aplicación y aumentar la convergencia en la supervisión. 
En términos generales, comparto las opiniones expresadas en el informe. 
En particular, creo que el apartado 14 plantea de manera correcta que cualquier forma de convergencia en la supervisión solo será beneficiosa si la legislación deja de estar fragmentada. 
La convergencia no se producirá si se sigue necesitando un supervisor capaz de interpretar y aplicar 25 legislaciones diferentes. 
Por lo tanto, la Comisión es partidaria de adoptar una estrategia gradual, basada en los comités europeos de reguladores y supervisores en el ámbito de los servicios financieros. 
En segundo lugar, es importante mejorar el programa de trabajo relacionado con la normativa. 
La Comisión está de acuerdo en que en el futuro se adopten medidas con fines específicos y se realicen siempre evaluaciones del impacto basadas en pruebas. 
Reconoce también la necesidad de unas normas básicas que regulen el marco paneuropeo, de manera que las empresas puedan formular estrategias europeas y los consumidores puedan beneficiarse de una mayor integración sin barreras artificiales. 
No obstante, considera que los solapamientos, contradicciones y duplicaciones de requisitos constituyen una carga y, por tanto, tienen que ser eliminados. 
En tercer lugar, es fundamental que se lleve a cabo un amplio proceso de consulta. 
Hemos escuchado con mucha atención a todas las partes afectadas: a las empresas, pequeñas y grandes; a los reguladores, a los supervisores; a los inversores; a los trabajadores y a los consumidores. 
Hemos tenido en cuenta sus ideas constructivas y nos hemos escuchado mutuamente. 
Nuestro enfoque común goza de un apoyo generalizado, un grado de consenso que es tan importante al inicio de una nueva fase. 
Personalmente, espero que con esta convergencia de ideas, los buenos contactos establecidos y el modo transparente de hacer política, se garantice la rápida puesta en marcha de nuestro programa político de «consolidación» para los próximos cinco años. 
El buen funcionamiento de este programa comunitario tiene que ser mandato de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. 
. – Señora Presidenta, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitar a la señora Van den Burg por su informe. 
Creo que es un acierto de nuestra comisión haber logrado definir un patrón razonable y equilibrado para el futuro de los mercados financieros de Europa. 
El sector y las tres instituciones europeas han vivido cinco difíciles años de legislación en este terreno y probablemente la etapa más difícil, al menos para el sector, todavía esté por llegar. 
Sin duda el resultado no es perfecto ni satisface a todo el mundo. 
No obstante, en nuestro Grupo estamos todos de acuerdo en que ahora es necesario un respiro para que las más de 40 directivas se puedan aplicar debidamente, mediante la transposición a la legislación nacional, y acumular experiencia acerca de su funcionamiento. 
Por otra parte, el sector necesita tiempo para digerir estos cambios, a menudo sustanciales, en su forma de hacer negocio. 
Inevitablemente esto llevará tiempo: sería imprudente apresurarse a introducir nuevos cambios hasta que comprobemos cómo funcionan estos en la práctica. 
Una vez completadas las pocas cuestiones que quedan pendientes del Plan de Acción para los Servicios Financieros, puede que haya uno o dos ámbitos más que precisen legislación, como podría ser el caso de la gestión de activos. 
No obstante, la Comisión y esta Cámara necesitan asegurarse bien de que cualquier legislación de este tipo sea realmente necesaria, esté justificada mediante análisis de costes y pueda llevarse a cabo de forma provechosa. 
Siempre que sea posible, las mejoras no legislativas serían nuestra vía preferida. 
El proceso Lamfalussy desempeña un papel crucial para garantizar que la legislación del PASF opere en beneficio tanto de las empresas de servicios financieros como de sus clientes. 
Es fundamental que la transposición se aplique sin retraso y de forma precisa, y esperamos que la Comisión vigile esto muy de cerca, porque nosotros vigilaremos muy de cerca a la Comisión. 
No dudaremos en utilizar nuestros derechos de impugnación en virtud del proceso Lamfalussy si lo consideramos necesario. 
Hemos avanzado mucho hacia un mercado europeo integrado de servicios financieros. 
Con el tiempo, esto beneficiará notablemente a nuestras perspectivas económicas, al crear el mercado de capitales competitivo que Europa necesita y que pretendemos conseguir. 
No hay muchos otros proyectos que contribuyan tanto a la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Ahora es nuestra obligación procurar que esas cuestiones se pulan y perfeccionen a medida que se pongan en marcha. 
Nuestro deber, el de la Comisión y el de los Estados miembros es procurar que el sector de los servicios financieros reciba todo nuestro apoyo, dotándolo de los ingredientes esenciales de una economía europea próspera. 
. Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, salvo algunas pocas excepciones, las medidas contempladas en el plan de servicios financieros ya se han ejecutado, o están a punto de ejecutarse. 
Hasta donde se sabe hoy, el plan de servicios financieros puede considerarse todo un éxito. 
Ahora se plantea la cuestión de si tiene que ir seguido de un sucesor; en otras palabras, de un «Post-PASF». 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha considerado esta cuestión en un informe de propia iniciativa. 
Es de vital importancia que esta Cámara dé a conocer su opinión desde ya. 
El mercado interior europeo para los servicios financieros no está ni mucho menos completo, habiéndose quedado muy atrás con respecto al mercado interior de mercancías. 
Lo que sí sabemos es que, sobre todo en los mercados minoristas, queda mucho por hacer, mientras se plantea una y otra vez la pregunta de si el sector de los servicios financieros tiene o no derecho a incumplir las normas después de tantos esfuerzos. 
Esta cuestión se plantea también en el informe de propia iniciativa presentado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, aunque el ponente ha respondido hoy con firmeza en sentido negativo. 
El texto acordado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es, en términos generales, equilibrado, razón por la cual cuenta con el apoyo del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
No obstante, quiero hacer algunos comentarios críticos respecto a dos aspectos del mismo. 
El primero es que, aunque el trabajo del CERV es, en muchos ámbitos, indudablemente positivo, tiene que cumplir unas reglas básicas claramente definidas. 
Tiene que mejorarse la consulta y la interacción entre el CERV y el Parlamento Europeo elegido democráticamente; puesto que sus decisiones tienen importantes consecuencias, debe mantener una estrecha relación con el Parlamento y consultarle a su debido tiempo. 
En segundo lugar, aunque los grandes bancos son partidarios de una armonización deliberada y de gran alcance, sigue sin estar claro en qué medida eso se aplica a todos los segmentos del sector de los servicios financieros. 
La Comisión debe pensar en ello. 
En este sentido, los Liberales y Demócratas apoyamos la enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que da pie a distintas interpretaciones. 
En conjunto, podemos apoyar la mayoría de las enmiendas propuestas por la ponente y quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a la señora van den Burg por el trabajo que ha realizado. 
. – Señora Presidenta, «transparencia» es una palabra muy utilizada en el informe de la señora Van den Burg, pero el enorme revoltijo de comités y procesos que ella también describe no es transparente en absoluto. 
En primer lugar, se creó un Comité de Sabios sobre la regulación de los mercados de valores europeos. 
¡Un enfoque regulador de cuatro niveles y la creación de dos comités más! 
Después la Comisión nombró cuatro grupos de expertos para que iniciaran el proceso de revisión del plan de acción. 
Eso fue en octubre de 2003, mucho antes de que se hubiese aplicado la totalidad del plan de acción. 
Por si eso no bastara, también hubo aportaciones de un grupo de seguimiento y otros cuatro comités. 
¿Quién dijo «en caso de duda, reúna a un comité»? 
Solo un informe de una institución de la Unión Europea podría decir en serio que se trata de una potente receta para el éxito, al menos en términos de producción legislativa. 
La Unión Europea es muy buena produciendo leyes en serie: es transparentemente obvio. 
No obstante, quiero advertir los ciudadanos de a pie que viven allá en el mundo real, como los que se encuentran en nuestra tribuna de visitantes: para mí es transparente que se está creando más legislación, por lo que habrá más leyes que incumplir; existirá una mayor interferencia en cuestiones de pensiones y seguros; más organismos de supervisión a nivel europeo que anularán a los nacionales; y más puertas posteriores a través de las cuales la Unión Europea pretende interferir en la política tributaria nacional. 
El informe señala la existencia de directivas que se solapan, lo que podría dar pie a la formulación de requisitos duplicados y contradictorios. 
En el mundo real, esto se habría considerado una obra de ficción y no una propuesta seria. 
Por lo tanto, la Unión Europea se confunde ella misma, pero en medio de la confusión quiero repetir una certeza transparente: si la Unión Europea es la respuesta, debe de haber sido una pregunta muy tonta. 
Hace unos años, el financiero estadounidense George Soros se lamentaba de las pérdidas multimillonarias sufridas por sus empresas en operaciones financieras, e instaba a los gobiernos de los países más poderosos del mundo a elaborar y aplicar unas reglas claras y a poner orden en los mercados financieros mundiales. 
Las operaciones en los mercados financieros mundiales y, sobre todo, en el comercio de instrumentos derivados, han registrado un crecimiento literalmente explosivo en los últimos años. 
Sus volúmenes y su dinamismo son mucho mayores que los de las operaciones financieras clásicas relacionadas con producción real, servicios y consumo de productos. 
Cualquier fluctuación o, si nos ponemos en lo peor, el colapso de solo una parte de esos mercados puede tener consecuencias graves para la economía mundial, por no hablar del hecho de que todos los acontecimientos negativos en los mercados financieros repercuten en el bolsillo y en el destino de los ciudadanos de la calle. 
En este sentido, agradezco el material presentado y el buen trabajo realizado por la ponente, la señora Van den Buró, como una contribución más a la búsqueda de una solución conceptual en este ámbito no solo para la Unión Europea, sino con la ambición de un enfoque intercontinental. 
Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero empezar agradeciendo a la ponente su constructiva y excelente cooperación. 
Ha redactado un texto equilibrado que analiza el mercado financiero interior europeo –al que, en los últimos años, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha prestado gran atención– y, además de haber hecho un buen trabajo analizando la situación actual, mira también al futuro. 
Para estar seguros, después de preparar un gran volumen de legislación, ahora tenemos que consolidarla; tenemos que asegurarnos no solo de que se aplique correctamente, sino también de que aprendamos de nuestra experiencia inicial con ella y de que afrontemos el próximo proyecto legislativo paso a paso, en lugar de apresurarnos como hicimos antes. 
Debemos tener también –en contra de lo que quisieran que hiciéramos algunos participantes en el mercado europeo– mucho cuidado con el concepto de armonización máxima. 
Puedo imaginarme a los que actualmente nos escriben exigiendo esa armonización máxima en asuntos relacionados con la protección del consumidor diciendo –una vez más– que estamos llevando demasiado lejos la armonización con la Directiva relativa a los créditos al consumo; por eso deben tener mucho cuidado cuando pidan algo así. 
Esta Cámara lleva algún tiempo diciendo muy claramente cuál es su postura respecto al CERV; aunque nosotros estamos a favor del procedimiento Lamfalussy, queremos transparencia y participación, y todavía queda mucho margen para mejorar ambas cosas en el CERV. 
Esperamos que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la “compensación y liquidación”. 
Pido también al Comisario McCreevy que demuestre la misma sensibilidad e insista en la adopción de normas internacionales en un ámbito en el que los organismos internacionales siguen imponiendo cada vez más normas a las grandes empresas, que luego se aplican también a las pequeñas y medianas empresas. 
Ahí es donde se necesita un control democrático, y ahí es donde la Comisión y el Parlamento tienen que unirse y crear instituciones con ese propósito. 
Permítanme que termine con un comentario sobre la supervisión europea. 
Considero que el planteamiento adoptado por «Basilea 2» –abordar esto con mucha precaución– es el adecuado para una propuesta. 
Debemos tratar de no apresurarnos demasiado en crear unas reglas de juego europeas, ignorando con ello las reglas de juego regionales y nacionales que ya tenemos. 
Las unas no deben sustituir a las otras. 
Por eso estoy a favor de un planteamiento ascendente, de manera que, aunque nos centremos en la regulación y supervisión europeas, procedamos despacio y desde abajo. 
Es intolerable que esas normas se impongan desde arriba. 
– Señora Presidenta, la creación de un mercado único para el sector de los servicios financieros constituye un factor determinante para la construcción del mercado interior y para promover un mayor desarrollo económico y social en Europa. 
En este contexto, el Plan de Acción para los Servicios Financieros (PASF) , aprobado en 1999 y reforzado en los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, es una herramienta indispensable. 
Ahora todos reconocen que el PASF ha sido un éxito, puesto que 39 de las 42 medidas legislativas se han adoptado. Con todo, es prematuro emitir un veredicto definitivo, porque muchas de esas medidas no se han ejecutado todavía. 
Por tanto, los esfuerzos deben canalizarse ahora a promover la transposición de las necesarias medidas de ejecución a las legislaciones nacionales y, sobre todo, a que su funcionamiento se controle de forma transparente y eficaz durante un cierto tiempo. 
La vigilancia del PASF nos permitirá evaluar el efecto de la legislación en el buen funcionamiento de los mercados financieros europeos y en el desarrollo de medidas de promoción, de supervisión y antidiscriminatorias. Este tipo de vigilancia debe ser una prioridad urgente para la Comisión y los Estados miembros. 
Entre las distintas cuestiones planteadas por la ponente, de conformidad con las directrices propuestas, quiero insistir, si me lo permiten, por su enorme importancia, en el llamamiento realizado a los Estados miembros para que transpongan rápidamente y con plena eficacia la Directiva sobre las instituciones de jubilación profesional, para aumentar las oportunidades y alternativas a disposición de los ahorradores y proporcionarles la máxima rentabilidad posible para sus inversiones. 
El mensaje fundamental de este informe es que los Estados miembros tienen que adoptar «los principios de una mejor regulación» oportunamente aprobados por la Comisión, y que tiene que existir una mayor convergencia de las prácticas nacionales de supervisión en relación con las medidas integradas en el PASF. 
Quiero decir también que cualquier futura medida legislativa encaminada a corregir los fallos del mercado deberá incluir un análisis del coste/beneficio de su aplicación frente al resultado económico de su ausencia. 
El informe de la señora Van der Burg aborda toda esta problemática de los servicios financieros con mucha sensatez, coherencia e inteligencia y, por eso, merece el apoyo de este Parlamento. 
En primer lugar, las recomendaciones del Parlamento relativas a la mejora de esas actividades del mercado son importantes no solo para los profesionales, sino también para todos los ciudadanos de la Unión Europea, y eso es algo que no debemos olvidar. 
De una u otra forma, cuando suscribimos una póliza de seguro o utilizamos servicios bancarios, todos participamos en el mercado financiero. 
Además, si tenemos en cuenta las inversiones realizadas en el mercado de los fondos de pensiones, comprobamos que en los últimos tiempos la calidad de vida depende cada vez más de la actividad de los mercados financieros; el funcionamiento desordenado de una única institución puede ocasionar pérdidas a miles o incluso cientos de miles de ciudadanos. 
Ahora bien, no puede garantizarse una buena gestión de los mercados financieros solo con la transposición de un determinado reglamento, ya que puedo decirles por experiencia propia en mi país que esa transposición es costosa, difícil de realizar y, después de todo, no protege a los inversores, sino que simplemente frena el desarrollo del mercado. 
En segundo lugar, no podemos esperar ningún progreso dentro del mercado único europeo si las legislaciones nacionales difieren. 
Tenemos que crear unas condiciones que favorezcan la afluencia de capitales al mercado europeo desde diferentes países del mundo, unos capitales que ahora no pueden venir por la existencia de barreras nacionales en el mercado financiero europeo. 
Por tanto, tiene que prestarse una gran atención a la legislación nacional que afecta a los mercados financieros y promover también las actividades de distintos grupos de trabajo. 
En tercer lugar, la regulación actual de los mercados financieros está incompleta y fragmentada, y yo no comparto la sugerencia de frenar la adopción de nueva legislación para regular la actividad de los mercados financieros. 
Me parece importante que esa legislación fragmentada sea sustituida por directivas que lo incluyan todo y estén bien redactadas. 
De lo contrario, las instituciones locales emprenderán esas iniciativas legales, como ocurre en el caso de la compensación y liquidación. 
Por tanto, tenemos que crear unas condiciones favorables en Europa no solo para las grandes empresas, sino dando también cabida a las actividades de los negocios nacionales (pequeñas empresas) y de los ciudadanos particulares en el ámbito nacional. 
Gracias. 
Señor Presidente, quiero hacer algunos comentarios sobre la resolución que hoy nos ocupa. 
En los últimos años se ha desarrollado una intensa actividad legislativa, en mi opinión casi excesiva. 
Quiero decir que los costes que soporta el sector financiero por la transposición de todas estas leyes nuevas es bastante elevado y cada vez mayor. 
Solo la transposición de toda la Directiva Basilea II está costando a los bancos mucho dinero. 
Por tanto, me gustaría que se limitaran las ambiciones legislativas en el futuro y se frenara el proceso en cierta medida. 
Por ejemplo, celebro que no presentáramos ninguna propuesta legislativa en materia de compensación y liquidación. 
Debe permitirse que funcione la competencia. 
No hay riesgo de monopolio. 
El desarrollo tecnológico está teniendo lugar tan deprisa que la competencia de los recién llegados está derribando los viejos monopolios. 
Un ámbito en el que tengo claro que no quiero que se adopte nueva legislación es el de la gobernanza empresarial o la forma de administrar las empresas. 
Dejemos que el mercado se autorregule en este aspecto. 
Si los alemanes quieren tener sus propias reglas de gobernanza empresarial, debemos dejar que las tengan. 
Si los británicos quieren tener sus propias reglas, han de tenerlas también. 
El mercado financiero decidirá a su debido tiempo qué sistema le inspira más confianza. 
Atraerá el interés de los inversores. 
Yo creo en la competencia institucional. 
No debe establecerse un código común, regulado por una dirección general de la Comisión Europea. 
El exceso de legislación hará demasiado rígido el sistema. 
Lo que se convierte en ley, luego es casi imposible de cambiar. 
Existe un gran riesgo de que terminemos con unos mercados financieros abrumados por conflictos y procesos legales, sentencias de los tribunales y todavía más medidas legislativas para rellenar lagunas en la legislación. 
Los términos armonización e igualdad de condiciones han abierto la puerta a un sofocante sistema legalista. 
Hay que dejar espacio para el reconocimiento mutuo de los respectivos sistemas. 
La responsabilidad de supervisar los mercados financieros no debe recaer principalmente en la UE. 
Por el contrario, se necesita mejorar la coordinación entre las autoridades locales y nacionales de supervisión. 
No quiero que se cree un nuevo servicio de inspección de superfinanzas en la UE. 
Señor Presidente, en estos últimos años hemos visto a un número relativamente grande de ciudadanos de clase media dejarse tentar por el atractivo de los instrumentos financieros, cuya utilización se reservaba antes a una elite muy reducida. 
Creyeron que podrían enriquecerse muy deprisa, solo para despertar a la amarga realidad. 
Quiero hacer dos sugerencias. 
En primer lugar, ¿no podían explicar las instituciones comunitarias a los ciudadanos europeos, en términos muy fáciles de comprender, exactamente qué instrumentos de ese tipo están actualmente disponibles, evaluando al mismo tiempo los riesgos que entrañan? 
En segundo lugar, ¿no podríamos seguir el ejemplo de los Estados Unidos, que por fin ahora está exigiendo transparencia y un cierto control al mundo de los fondos de cobertura? 
Europa necesita hacer lo mismo urgentemente. 
Los fondos de cobertura son los que realmente constituyen una lotería, los que pueden dar enormes dividendos, pero también pérdidas enormes, y los que, de hecho, mueven una y otra vez toda la estructura económica de Europa en su dirección. 
Esa es una cuestión que creo que debemos abordar como objetivo prioritario. 
– Señor Presidente, este informe sobre el Plan de acción para los servicios financieros llega en un momento importante para la integración de los mercados financieros en Europa. 
Como ha oído, el Parlamento tiene una opinión unánime con respecto a esta cuestión y la votación en la comisión también fue prácticamente unánime. 
Los últimos años han estado marcados por una profusa labor legislativa. 
Existen indicaciones claras de que los mercados necesitan ahora tiempo para digerir lo que se ha decidido. 
Como legisladores, deberíamos ser extremadamente sensibles a esta preocupación y centrar nuestros esfuerzos en lo que resulta esencial y beneficioso. 
Espero que por su parte la Comisión asuma una estrategia doble. 
En primer lugar, en su calidad de principal depositaria de la iniciativa legislativa comunitaria, es fundamental que la Comisión se concentre en medios no legislativos para aplicar medidas en los mercados financieros, siempre que sea posible. 
Aparte de la legislación actualmente en curso, solo deberíamos recurrir a leyes rígidas cuando sea absolutamente necesario, es decir, después de que un exhaustivo análisis de impacto demuestre que los objetivos pretendidos no se pueden conseguir por medios no legislativos. 
Este planteamiento debería tener debidamente en cuenta las prácticas que se producen en el mercado y el principio de subsidiariedad. 
En segundo lugar, en su función ejecutiva de la Unión Europea, la Comisión debería adoptar un riguroso planteamiento por lo que respecta a la aplicación. 
Se han adoptado 39 de las 42 medidas del PASF. 
Sin embargo, esto no ha sucedido con muchas medidas de aplicación y la transposición a la legislación nacional es solo el principio. 
La Comisión debería iniciar una revisión comparativa de la aplicación en los Estados miembros, con el fin de completar la arquitectura financiera de la Unión Europea según lo acordado. 
El ritmo de integración en los mercados financieros ha sido mucho mejor que en muchos otros ámbitos. 
Esto se debe en gran medida a la conveniencia y flexibilidad inherentes al proceso Lamfalussy. 
Sin embargo, cuando vayamos más allá del PASF, el propio proceso debería tener en cuenta el nuevo entorno, con el fin de garantizar que el equilibrio adecuado de medidas legislativas y horizontales, las estructuras de transparencia, el control parlamentario y la consulta a las partes interesadas continúen mejorando. 
Por ejemplo, el diálogo estructurado entre la Unión Europea y los Estados Unidos y otros mercados de capitales mundiales podría alimentar de este modo mejor el proceso, reforzando así tanto el ámbito financiero europeo como estas relaciones. 
Con respecto a la convergencia entre prácticas de supervisión, tenemos que ser realistas. 
El informe que tienen ante ustedes establece una útil estrategia para crear importantes prácticas de supervisión en la Unión Europea. 
Con una perspectiva a más largo plazo, siempre que se garantice la responsabilidad parlamentaria de cualquier nuevo organismo creado de este modo, podemos comprobar los beneficios de avanzar hacia un régimen de supervisión más uniforme para los mercados financieros. 
Una posible opción es un 26º régimen europeo de supervisión de actores globales. 
Todas estas opciones deberán dejarse abiertas y utilizarse cuando la Comisión lo considere necesario. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme que empiece diciendo que creo que tanto la Directiva relativa a los servicios como el mercado interior para los servicios financieros están a salvo en manos del Comisario, gracias a la buena cooperación que existe entre la Comisión y esta Cámara. 
Permítanme decir, en segundo lugar, que el plan de acción para los servicios financieros hasta 2005 ha sido un éxito; habiéndose adoptado ya 39 de 42 medidas, es un éxito en el camino que conduce a la creación del mercado financiero interior, y es un éxito como resultado del trabajo que ha hecho el Parlamento. 
Por muy necesarias que sean estas medidas, muchas personas consideran excesivo el número de medidas legislativas nuevas y necesarias. 
Pero se equivocan, porque el paquete de medidas tiene que ejecutarse en un plazo de tiempo muy corto, y el mercado interior no está todavía consolidado. 
Consolidemos, pues, en lugar de regular en exceso, y ejecutemos en lugar de imponer demandas excesivas. 
Cuando, además, evaluemos la manera de ejecutar esas medidas, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué valor añadido ofrece el Plan de Acción Europeo propuesto a la Unión Europea? 
¿Qué problemas han surgido? 
¿Qué acciones tenemos que emprender? 
Las respuestas a esta última pregunta son evidentes: por ahora, no todos los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado el euro como moneda común; eso debilita el mercado interior. 
La política fiscal es competencia de las autoridades nacionales y requiere unanimidad; eso también debilita el mercado interior. 
Las transferencias de pagos transfronterizos no están totalmente desarrolladas. 
Basilea 2 no ha entrado todavía en vigor, y todavía estamos esperando que se introduzca la «compensación y liquidación». 
Nuestro problema está en supervisar a las autoridades nacionales de supervisión y conseguir que colaboren con nosotros. 
Aunque estamos a favor de Lamfalussy, no debe permitirse que produzca una pérdida de control democrático, de legitimidad democrática y de claridad en la toma de decisiones y la formación de opiniones. 
El momento oportuno para la acción dependerá de cuándo finalicemos la ejecución y de que sepamos con exactitud cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar juntos. 
. 
Señor Presidente, como he indicado anteriormente, este informe marca el comienzo de una nueva era en los servicios financieros. 
Quiero dar las gracias a la señora Van den Burg por su interesante informe y por el importante esfuerzo que ha realizado para elaborarlo. 
Basándome en este informe y en nuestra consulta a otras partes interesadas, la próxima semana, el 3 de mayo, tengo previsto presentar al Colegio de Comisarios un Libro Verde sobre la política de servicios financieros para los próximos cinco años. 
Presentaré este documento a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con más detalle el día 9 de mayo. 
El Libro Verde de la Comisión estará abierto para consulta pública hasta el 1 de agosto. 
Nuestras conclusiones finales sobre la política, derivadas de todo este trabajo, están previstas para finales de este año. 
Se han planteado varias cuestiones e intentaré responder a algunas de ellas. 
La señora Van den Burg y la señora Kauppi han mencionado el informe «Himalaya». 
La Comisión considera que la integración debe venir acompañada de estructuras de supervisión ajustadas: cuanto más integrados estén los mercados, más integradas y convergentes han de ser también las estructuras de supervisión. 
En estos momentos considero que las estructuras de Lamfalussy son suficientes, pero es necesario controlarlas de cerca y adaptarlas de forma continua, o desarrollarlas más si es necesario. 
Solo tras una detenida evaluación podrían ser necesarias futuras iniciativas, con una estricta aplicación del principio de subsidiariedad. 
Algunos oradores, entre los que se incluyen la señora Van den Burg y la señora Kauppi, han mencionado el denominado 26º régimen. 
Ese régimen puede sonar atractivo por su simplicidad, pero en la práctica precisará un cierto grado de armonización en todos los sentidos, sea en términos legales o fiscales, lingüísticos, etc. Los beneficios de esos programas del 26º régimen todavía están por demostrar y será difícil llegar a un acuerdo con respecto a las normas europeas opcionales diseñadas solo para ciertos productos. 
No obstante, tomo noto del actual debate y responderé a la petición de explorar más detenidamente esos programas del 26º régimen, tal y como se manifiesta explícitamente en el informe de la señora Van den Burg. 
Tanto la señora Van den Burg como la señora Berès han mencionado los mercados minoristas. 
Estamos de acuerdo en que existen importantes obstáculos para la integración de los mercados de servicios financieros minoristas. 
La integración de los mercados minoristas es compleja y difícil. 
No obstante, esta no debería ser la conclusión, sino nuestro punto de partida. 
Las características de los productos, los sistemas de distribución, la protección del consumidor, el Derecho contractual, las diferencias de consumo, la cultura u otras realidades económicas o estructurales desempeñan una importante función en el ámbito minorista y representan una considerable complejidad para la oferta y la demanda transfronterizas. 
Sin embargo, estos obstáculos tienen su origen en la fragmentación del mercado europeo por razones históricas. 
La Comisión no acepta el argumento de que, dado que la integración europea aumenta, esta fragmentación va a mantenerse. 
En la próxima década, el mercado minorista será completamente diferente del mercado actual. 
Nuestra función consiste en prever y facilitar este progreso, y no en asustarnos ante las nuevas iniciativas. 
La señora Purvis y la señora Berès han planteado la cuestión de la gestión de activos. 
Intentaremos actuar solamente cuando se hayan identificado los problemas y encontrado las posibles soluciones. 
Cuando los objetivos puedan lograrse mediante acciones no legislativas, evidentemente optaremos por esta vía. 
Puede que también necesitemos tratar esta cuestión de los cambios legislativos, si representan la única manera de garantizar las libertades del mercado único en el ámbito de los fondos de inversión. 
El señor Radwan ha planteado varias cuestiones, inclusive una relativa a las normas emitidas con respecto a la compensación y liquidación. 
Debo señalar que la Comisión no está vinculada en modo alguno por las normas CESV del SEBC y que cualquier decisión política que pueda incluirse en una futura directiva sobre la compensación y liquidación primará sobre las normas CESV del SEBC. 
El señor Radwan también ha planteado la cuestión de la gobernanza democrática y la responsabilidad política de los legisladores. 
Como podrán ver, estamos trabajando mucho por influir en el proceso de reforma en curso dentro del Consejo de normas de contabilidad internacionales. 
Estamos analizando detenidamente los acuerdos propuestos para el Consejo de normas de contabilidad internacionales y el Comité de normas de auditoría internacionales, que elaborarán auditorías y normas nacionales. 
Durante esa reciente visita a los Estados Unidos avanzamos mucho en algunos de estos ámbitos. 
El señor Wohlin ha planteado la cuestión del nuevo marco para las necesidades de capital. 
Para los bancos que adoptan los enfoques más sencillos, los cambios con respecto a las normas existentes de Basilea I no son importantes, por lo que los costes de aplicación son razonablemente reducidos. 
Los bancos que adopten enfoques más sofisticados tendrán que gastar más, pero lo harán únicamente cuando se trate de una decisión comercial prudente y los beneficios sean superiores a los costes. 
Los diputados han planteado otras cuestiones, que espero que se retomen en el tiempo que tenemos por delante. 
En conclusión, me remito a lo que he dicho anteriormente: existe un considerable grado de convergencia entre la opinión del Parlamento Europeo, del Consejo, del sector, de los consumidores y de la Comisión. 
No dudo de que los próximos cinco años serán extremadamente exigentes. Dado que se han sentado las bases para una buena colaboración entre las instituciones, no dudo de que tendremos éxito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0065/2005) de Henrik Lax, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por lo que respecta al mecanismo de reciprocidad (COM (2004) 0437- C6-0097/2004 2004/0141 (CNS) ). 
. Señor Presidente, permítame que ante todo agradezca al ponente su informe y su apoyo general a la propuesta de la Comisión. 
Los orígenes de esta propuesta tienen que ver con una doble observación. 
De un lado, la reciprocidad es un principio esencial en cuestiones de visados. 
De otro lado, el mecanismo establecido en el Reglamento 539/2001 para garantizar el respeto de la reciprocidad es inviable, esencialmente debido a su carácter inflexible y automático. 
Debido a ello, hace más de tres años que no se ha utilizado el mecanismo, y de hecho desde que entró en vigor el Reglamento, por mucho que continuaran produciéndose situaciones de falta de reciprocidad con respecto a antiguos Estados miembros y el número de casos de no reciprocidad se incrementó a un ritmo considerable con la llegada de los nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, la Comisión ha propuesto un mecanismo más flexible y realista, que por consiguiente es más creíble y eficaz. 
Todas las situaciones de no reciprocidad estarán sujetas a notificación. 
La Comisión desempeñará un papel activo con respecto a terceros países que apliquen requisitos de visado. 
Elaborará un informe para el Consejo sobre la situación de no reciprocidad creada de este modo y, en caso necesario, propondrá la reintroducción del requisito de visado para los ciudadanos de los terceros países correspondientes. 
Las enmiendas que ha propuesto el señor Lax pretenden tres objetivos diferentes. 
El primero es ampliar el mecanismo a una serie de situaciones que no se relacionan exclusivamente con las excenciones de visado, sino también con las condiciones para expedir visados. 
Esta ampliación tropieza con el obstáculo del fundamento jurídico del Reglamento. 
Asimismo, al pretender incorporar toda una serie de cuestiones que en realidad son de menor importancia, se corre el riesgo de debilitar el mecanismo de reciprocidad, que tiene que seguir centrándose en una cuestión esencial, identificada como tal por los ciudadanos, en concreto el mantenimiento del requisito de visado para terceros países que a su vez han sido declarados exentos de este requisito por parte de nuestros Estados miembros. 
El Programa de La Haya confirma que allí es donde radica el problema que hay que resolver con carácter prioritario. 
El segundo objetivo es impedir que las situaciones de falta de reciprocidad se mantengan indefinidamente, e incluir la posibilidad de responder con medidas en el ámbito de las relaciones exteriores. 
Me complace señalar al ponente que comparto el enfoque general de esta enmienda y también tengo que decirles que la orientación política adoptada en el Consejo JAI del 24 de febrero apunta en la misma dirección. 
Sin embargo, no puedo aceptar la vinculación del poder de iniciativa de la Comisión en lo referente a la propuesta de medidas provisionales, ni tampoco, por motivos de fundamento jurídico, la ampliación del derecho de iniciativa de la Comisión en los contextos actuales de propuestas de medidas relacionadas con ámbitos distintos de la política de visados. 
Por último, el tercer objetivo: incluir al Parlamento Europeo en cada etapa del proceso. 
Por supuesto, hay que garantizar la transparencia necesaria, pero el mecanismo de reciprocidad ha de continuar siendo un instrumento flexible al que se pueda acceder rápidamente, y que –y este es el punto principal– ha de permitir medidas provisionales. 
El restablecimiento temporal del requisito de visado para terceros países se sitúa, de hecho, en un plano distinto del de la transferencia de un país tercero a una lista de países sujetos al requisito de visado, tal como se contempla en el anexo del Reglamento 539/2001. 
Una transferencia de este tipo consiste en una enmienda del Reglamento y, como tal, es el Consejo naturalmente quien lo decide, previa consulta con el Parlamento Europeo. 
Por último, con un mecanismo de reciprocidad reforzado, la Comisión estará en condiciones de responder a la petición formal del Consejo Europeo del 4 y 5 de noviembre: continuar nuestros esfuerzos para garantizar que, tan pronto como sea posible, los ciudadanos de todos los Estados miembros puedan viajar sin visado, en caso de viajes de corta duración, a todos los países cuyos ciudadanos viajan sin visado dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. 
Como acabamos de escuchar, la ampliación de la Unión Europea ha cambiado la manera de plantear la cuestión de la política europea en materia de visados. 
Los ciudadanos de algunos de los nuevos Estados miembros necesitan visados para viajar a Estados Unidos, a pesar de que los ciudadanos estadounidenses no necesitan visados para viajar a los nuevos Estados miembros. 
En esos casos, se incumple el principio de reciprocidad entre países. 
Es fácil de comprender por qué los ciudadanos suponen que la UE debe hacer grandes esfuerzos para promover la libertad de circulación, sobre todo teniendo en cuenta que la política en materia de visados está armonizada y pertenece de lleno al ámbito de competencias de la Comisión. 
Por consiguiente, la Comisión debe actuar como un rompehielos. 
Hace unos meses, el que fuera Presidente de Polonia, Lech Walesa, pasó la noche en una tienda de campaña a las puertas de la Casa Blanca en Washington, para protestar contra la obligación de visado impuesta por Estados Unidos, un buen ejemplo de lo candente que está la cuestión. 
La UE dispone de un arma para hacer frente a casos como este, y es el mecanismo de reciprocidad. 
Por ejemplo, Polonia y Grecia pueden remitir una notificación a la Comisión denunciando que, en sus casos, Estados Unidos no está respetando la reciprocidad. 
Finlandia puede hacer otro tanto con relación a Venezuela, etc. Esa notificación debería llevar al conjunto de la UE a introducir la obligación de visado para los ciudadanos de los terceros países afectados, pero el mecanismo no se ha utilizado ni siquiera una vez por considerar que sus consecuencias tendrían demasiado alcance y serían difíciles de afrontar. 
Mi informe, que ha sido aprobado por la comisión responsable, propone que la Comisión disponga de un conjunto más amplio de herramientas. 
La UE debe poder recurrir a otras sanciones y no limitarse a introducir automáticamente una obligación de visado. 
El informe concede a los respectivos Estados miembros tres meses – un período más largo que el propuesto por la Comisión – para negociar con el tercer país. 
Además, yo propongo que se adopten medidas más estrictas desde el momento en que la Comisión se ocupe del asunto. 
No puede permitirse un aplazamiento de las decisiones relativas a las sanciones. 
Los ciudadanos de los Estados miembros afectados han de tener la garantía de que sus casos serán remitidos a las más altas instancias y darán lugar a la toma de una decisión. 
Una gran mayoría de la comisión se ha mostrado a favor de esta política. 
Pero algunos diputados al Parlamento Europeo han preferido el mecanismo actual, por considerar que conseguiría mejores resultados. 
Por mi parte, creo que las recomendaciones del informe mejorarán la eficiencia y los resultados, fortalecerán la posición negociadora de la Comisión respecto a terceros países y, gracias a la participación del Parlamento Europeo, permitirán que los ciudadanos comprendan mejor el proceso. 
El informe contiene también un nuevo elemento, que en mi opinión la Comisión y el Consejo deben ponderar con cuidado. 
Existen innumerables casos, sobre todo en la frontera oriental de la UE, en que un tercer país, con muy poca antelación, ha hecho más estrictas sus condiciones para la concesión de visados. 
Existen ejemplos de viajeros que han tenido obligatoriamente que suscribir seguros de viaje únicamente con entidades de seguros rusas. 
Los motoristas lituanos se han visto obligados a suscribir seguros automovilísticos especiales para poder conducir hasta Kaliningrado, y han tenido que registrarse ante las autoridades locales en un plazo de tres días. 
En la misma semana en que una compañía naviera pensaba empezar a ofrecer un servicio de transbordadores a San Petersburgo, se modificaron las normas de los visados, con el resultado de que dicha compañía naviera tuvo que retirar su nuevo servicio. 
Nuestros estudiantes en las universidades rusas no reciben automáticamente un visado por un año, y si a alguien le roban el visado, se ve inmerso en un interminable y costosísimo proceso burocrático. 
Por poner un ejemplo: hasta los niños pequeños tienen que presentar los resultados de una prueba de VIH para obtener un visado ruso de larga duración. 
Desde la perspectiva de Bruselas, puede que todas estas cuestiones parezcan triviales, pero causan muchas molestias y pérdidas económicas a los afectados. 
Una gran mayoría de la comisión ha considerado que los Estados miembros deben poder remitir esos casos a la Comisión si los requisitos impuestos suponen una limitación importante en las oportunidades de viajar de los ciudadanos. 
En realidad, esos casos casi siempre implican la ausencia de reciprocidad. 
Puesto que la UE tiene que actuar en beneficio de nuestros ciudadanos, es extremadamente importante, como ha dicho el Comisario Frattini, que estos problemas se tomen en serio, aunque puedan parecer menos serios que la cuestión principal de si existe o no una obligación de visado. 
Cuando el Parlamento – presumiblemente por una gran mayoría – apruebe ahora el informe, enviará una señal clara a la Comisión y al Consejo de Ministros para que empiecen a esbozar un mecanismo que tenga en cuenta las necesidades cotidianas de los ciudadanos cuando se les impone la obligación de visado. 
Mi informe contiene una propuesta que puede servir como punto de partida. 
Si se hubiera llamado nuestra atención sobre esta cuestión a principios de año, se habría podido aplicar el procedimiento de codecisión. 
Y aunque ahora se está aplicando el procedimiento de consulta, el Consejo y la Comisión tienen también razones para ponderar la importancia de que se tenga en cuenta la enmienda del Parlamento. 
También es importante que la Comisión inicie rápidamente una revisión de las instrucciones consulares, de manera que se aplique la normativa europea sobre visados por igual a todos los Estados miembros. 
La tormenta que se ha desencadenado en torno al Primer Ministro alemán, Joschka Fischer, demuestra la necesidad de esa revisión. 
Dicho lo cual, quiero dar las gracias también a todos los que han contribuido al trabajo, entre ellos mis colegas diputados y los funcionarios de la Comisión y el Parlamento. 
Seguiré con interés el debate que se va a celebrar a continuación. 
. Señor Presidente, el mecanismo de reciprocidad aplicado hasta la fecha en el marco de la política sobre visados de la Unión Europea ha permitido imponer sanciones extremadamente duras a terceros países cuando un Estado miembro declaraba que el uso obligatorio de visados le colocaba en situación de desventaja. 
El 7 de julio de 2004, tras la entrada de diez nuevos Estados miembros en la UE, la Comisión relajó las disposiciones contenidas en ese reglamento de tal forma que se eliminó el mecanismo de reciprocidad contemplado en el proyecto de reglamento. 
Esa medida ha tenido como resultado una situación absurda en la que 9 de los 10 nuevos Estados miembros se han visto obligados a aceptar ciudadanos de terceros países, por ejemplo de Estados Unidos, sin necesidad de visados, mientras que los ciudadanos de esos Estados miembros necesitaban visados para viajar a dichos terceros países. 
Creo que el señor Lax ha presentado lo que es, en conjunto, un excelente informe, pero aunque introduce una serie de plazos y procedimientos adicionales que pueden aplicarse por medios diplomáticos, no obliga al Consejo ni a la Comisión a imponer sanciones más estrictas. 
El informe deja en manos de la Comisión la decisión de imponer la obligación de visado a los ciudadanos de un tercer país o de imponer otras medidas mucho menos efectivas. 
En mi opinión, el hecho de dejar que la Comisión decida en esto demuestra falta de resolución y supondría una protección insuficiente para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Este tipo de planteamiento enviaría una clara señal en el sentido de que la solidaridad mutua entre los Estados miembros de la UE y frente a terceros países ha dejado mucho que desear en la práctica desde la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Desde la entrada de estos en la UE, se ha aplicado un doble rasero, con un mecanismo para los 15 antiguos Estados miembros y otro en el que la solidaridad es menos aparente para la UE de 25. 
El resultado final es que las diferencias entre la situación de los ciudadanos de la nueva y la antigua UE se han hecho todavía más pronunciadas, puesto que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros están sujetos a restricciones adicionales cuando viajan fuera de la UE. 
En vista de todo ello, me parece sorprendente que algunas personas puedan hablar de un nuevo concepto de ciudadanía europea cuando algunos de los ciudadanos de la UE disfrutan de unos derechos y unas obligaciones totalmente diferentes al resto, considerados de segundo orden. 
Visto desde la perspectiva de los nuevos Estados miembros, los costes de la ampliación han pesado más que sus ventajas hasta la fecha. 
Nos vimos obligados a adaptar nuestra legislación a la política de visados de la UE, un proceso extremadamente costoso, y a introducir visados para nuestros vecinos orientales. 
Pero las ventajas que hemos obtenido son pocas. 
Seguimos sin poder conceder visados Schengen, y tampoco podemos contar con la ayuda de la UE en lo que respecta a la reciprocidad de los visados. 
Además, los Estados miembros de la UE que nos exigen que apliquemos la política común de visados son los mismos que están teniendo problemas con su aplicación, como Alemania. 
Señor Comisario Frattini, quiero dejar claro que si entra en vigor el mecanismo modificado, nosotros insistiremos a la Comisión para que cumpla con sus obligaciones. 
Quisiera también recibir una respuesta clara a la pregunta de si podemos esperar que la Comisión presente un plan de acción en el que se fijen claramente unos plazos para el logro de los objetivos relacionados con la abolición de visados para viajar a los Estados Unidos, y en el que se utilicen las evaluaciones de Schengen de los nuevos Estados miembros como marco de referencia. 
Eso beneficiaría en gran medida a todos los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, primero quiero agradecer, en particular al señor Lax, nuestro excelente esfuerzo de colaboración. 
El Parlamento está a punto de fijar su posición sobre una cuestión crucial: el mecanismo de reciprocidad para los visados. 
Detrás de la aridez de los términos técnicos se halla, de hecho, una realidad muy importante: la de sustanciar e impulsar, de manera positiva y tangible, la cooperación entre los Estados miembros ante las relaciones complejas de una Unión ampliada con terceros países sobre el tema de los visados. 
En este aspecto abordamos algo que reside en el núcleo de lo que constituye la riqueza de Europa, a saber, el respeto de la ley en todas sus formas en la paz y la armonía recuperadas. 
Pretendemos desarrollar una paz armoniosa entre Europa y el resto del mundo, donde las fronteras no son muros que se elevan entre una parte y otra, dividiendo a personas y naciones. 
Tenemos que garantizar que Europa sea un espacio reconocido, donde sea posible ir y venir sin interferencias, en buena relación con terceros países cercanos o lejanos. 
También se trata de un acto de confianza hacia nuestros 420 millones de ciudadanos. 
Asimismo, ahora resulta necesario, al avanzar en esta dirección, revisar completamente un método que favorece un enfoque demasiado inflexible. 
Señorías, el informe que les pido que aprueben da una nueva visión de las enmiendas que es necesario incluir en el Reglamento vigente desde 2001. 
En este contexto, pongo de manifiesto que estoy plenamente interesada en el principio de descartar la sistematización de sanciones que se aplican actualmente en caso de descuido de una u otra parte entre la Unión Europea y los terceros países en cuestión. 
Estas represalias se derivan a menudo, bien de una cuestión técnica o incluso administrativa, bien de decisiones políticas inadecuadas, que es crucial tratar de resolver en primer lugar por la vía diplomática. 
En su estado actual, la reciprocidad de las sanciones no es ni deseable ni adecuada para responder a cuestiones a menudo complejas que suceden todos los días. 
En última instancia, de hecho, son nuestros ciudadanos quienes pagan un alto precio por ello al no permitírseles viajar libremente, sin mencionar las molestias onerosas que ello provoca. 
Por este motivo, de acuerdo con un plan elaborado de manera razonable, es necesario crear un foro de debate, donde el Parlamento pueda participar de pleno derecho. 
Nuestra legitimidad como representantes elegidos de los ciudadanos también se halla en el meollo de este informe que, durante el trabajo en comisión, ha sido objeto de un amplio consenso en torno al nuevo planteamiento. 
En particular, debemos garantizar efectivamente a todos los ciudadanos europeos la libre circulación sin obstáculos fuera de las fronteras de la Unión. 
Por consiguiente, el Parlamento tiene que participar de lleno en este proceso, ya que es claramente el garante legítimo de la transparencia al asumir la responsabilidad democrática legítima que su electorado le ha conferido. 
Esto en modo alguno reduce las prerrogativas de la Comisión, cuyas funciones resultan reforzadas de forma muy destacada por lo que puede parecer ser un negociador creíble a los ojos de los terceros países afectados. 
Señorías, esta es la razón por la cual les pido que voten mañana a favor de este texto. Representa una combinación satisfactoria de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo europeos, que están unidos al servicio de los ciudadanos y del proyecto que tenemos en mucha estima: el de construir una Unión Europea sólida sobre los valores de la libertad, la seguridad y la justicia. 
. Señor Presidente, el mecanismo de reciprocidad se introdujo hace cuatro años, pero no se ha aplicado ni una sola vez. 
Ese hecho, por sí solo, nos lleva a considerar su renovación y modificación. 
Por una parte, el sistema era demasiado rígido; por otra, no se ha utilizado porque no ha vulnerado de manera importante los intereses de ningún Estado miembro. 
Ahora bien, las cosas han cambiado mucho con la ampliación. 
El mecanismo de reciprocidad no se aplica en el caso de diecinueve países. 
Mis colegas se han referido a los Estados Unidos, pero hay también otros países, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en los que no se aplica la reciprocidad. 
La discriminación entre los ciudadanos de la UE es simplemente inaceptable. 
El fundamento de este mecanismo –así como de toda la UE– es la solidaridad, una solidaridad que no ha funcionado hasta la fecha. 
Esperamos que la aprobación del nuevo Reglamento contribuya a una aplicación más eficiente de la solidaridad. 
Si hablan con los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, y no me refiero con los políticos, puesto que ellos no son los realmente afectados por este problema, sino con los ciudadanos de la calle, les explicarán la carga administrativa y económica que supone y la gran cantidad de tiempo y energía que se pierde en el proceso de obtener un visado para Estados Unidos, y eso si el que lo solicita tiene la suerte de conseguirlo. 
Hay miles de casos en los que se niega el visado sin razones que lo justifiquen, rechazándose simplemente la solicitud. 
Ya es hora de que la Comisión actúe con firmeza en nombre de la Comunidad sobre la base de la solidaridad entre los Estados miembros y espero que el señor Frattini aproveche esta oportunidad y tome las medidas oportunas. 
El presente informe constituye una buena base para ello. 
Quiero felicitar al señor Lax por su excelente informe y destacar tres de sus propuestas fundamentales que tienen que aprobarse. 
Propone prolongar el período de notificación de 10 a 90 días para permitir negociaciones directas entre los distintos Estados miembros, pero después de esos 90 días entraría en vigor el mecanismo de reciprocidad. 
Es también importante que implique al Parlamento en este proceso, no solo para poner de manifiesto la autoridad y la importancia del Parlamento, sino también para mejorar la transparencia democrática. 
Otro punto importante es que no solo se habla de las obligaciones de visado, sino también de cualquier tipo de procedimiento que se convierta en un obstáculo para la libre circulación. 
Esperamos que con la aprobación del nuevo mecanismo y sus enmiendas, la Comisión haga pleno uso de su autoridad en aquellos casos en que se vean vulnerados los intereses fundamentales de los Estados miembros. 
Hoy, los intereses básicos de los nueve nuevos Estados miembros se están viendo vulnerados, y esperamos que la Comisión finalice con éxito las negociaciones con respecto a esta nueva resolución. 
– Señor Presidente, Señor Frattini, Señorías, somos partidarios de la reciprocidad como un principio fundamental de la política de visados y defendemos que una política común europea en materia de visados debe basarse siempre en el principio de la solidaridad. 
Hace falta un mecanismo que trate de asegurar que los ciudadanos europeos no se vean obligados a obtener un visado para viajar a terceros países cuyos ciudadanos no necesitan visado para entrar en el territorio de la UE. 
Pero una serie de terceros países exigen visados a los ciudadanos de la UE, y eso va en contra del principio de reciprocidad. 
El mecanismo existente nunca se ha aplicado desde su creación en 2001 y el señor Frattini ha reconocido, con toda razón, que peca de excesiva rigidez y falta de funcionalidad. 
Aparte de que el mecanismo puede aplicarse solo si lo solicita un Estado miembro víctima, la naturaleza casi automática de la reposición de la obligación de visado acaba por tener un carácter disuasorio, toda vez que comporta riesgos excesivos de provocar crisis externas en las relaciones con terceros países, y crisis internas por falta de solidaridad en el caso de un eventual bloqueo del Consejo. 
Los Estados miembros víctimas, como es mi país, Portugal, siempre se han abstenido de utilizarlos. 
La situación se ha deteriorado desde la ampliación. 
Ya se ha dicho que, por ejemplo, los Estados Unidos exigen visado a nueve de los diez nuevos Estados miembros, y Canadá a siete. 
Por todo ello, estamos de acuerdo en la necesidad de crear un mecanismo que sea más flexible, de forma que se asegure una mayor interoperabilidad y una aplicación más efectiva, reforzando con ello el principio de solidaridad entre los Estados miembros. La Comisión tendrá también un papel crucial por su competencia en materia de visados. 
De ahí mi apoyo a esta propuesta y a las propuestas presentadas por el ponente, señor Lax, a quien felicito por su excelente trabajo. 
Señor Comisario, Señorías, quiero empezar agradeciendo al señor Lax su trabajo, gracias al cual hoy podemos debatir el mecanismo de reciprocidad y decidir sobre la cuestión. 
Simplemente quiero llamar la atención de la Cámara sobre una cuestión planteada por la señora Kudrycka, y que el señor Lax también ha mencionado hace un momento. 
Existe el riesgo de que algunos Estados miembros y sus ciudadanos no reciban el mismo trato, sobre todo en lo que respecta a la concesión de visados para entrar en los Estados Unidos. 
En principio, la propuesta de conceder a la Comisión y al Consejo poderes en este ámbito es una idea eminentemente buena. 
Pero al mismo tiempo, las competencias de los Estados miembros deben ampliarse también algo, porque de lo contrario será difícil que puedan ejercerlas. 
Quiero hacer hincapié en una cuestión que han planteado otros oradores, y es que este es uno de los muchos casos, y quizás el más importante, en los que debemos invocar un principio fundamental de la Unión Europea. 
Me refiero al principio de la solidaridad y el trato igualitario para todos los Estados miembros y sus ciudadanos. 
Al fin y al cabo, todos ellos son ciudadanos de la Unión Europea y, como tales, están en igualdad de condiciones los unos frente a los otros. 
Señor Presidente, señor Comisario, el concepto de reciprocidad es tan antiguo como la historia de las relaciones internacionales. 
Tiene sus raíces en la tradición del respeto mutuo y la igualdad de trato para los ciudadanos de diferentes países. 
Hasta el 1 de mayo de 2004, se trataba de un principio obvio para los antiguos Estados miembros que nadie cuestionaba. 
Pero desde la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros a la UE, la actitud de la gente hacia este principio empezó a cambiar de pronto. 
Empezaron a practicar la, que significa básicamente relajar los propios principios para adaptarlos a la realidad, en lugar de modificar la realidad para adaptarla a los propios principios. 
En mi opinión, la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento relativo al mecanismo de reciprocidad es un ejemplo más de. 
Estas enmiendas son inaceptables para los ciudadanos polacos por varias razones. 
En primer lugar, los polacos han considerado siempre injusta la ausencia de reciprocidad en los acuerdos de visados celebrados con algunos países, en particular con los Estados Unidos. 
En segundo lugar, tenían todo el derecho a esperar que cuando entrasen en la Unión Europea, que es una comunidad de naciones, dicha comunidad asumiría parte de la responsabilidad de defender los intereses de Polonia, en virtud del principio de subsidiariedad aplicado en su sentido más amplio. 
Pero una vez más, sus expectativas se han visto defraudadas y el fastuoso grito de los mosqueteros de «todos para uno y uno para todos» que estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez, se ha visto relegado al mundo de la ficción. 
Esa es otra razón por la que no puedo votar a favor del presente informe, a pesar de o precisamente por tener doble nacionalidad polaca y americana. 
A modo de comentario general, no puedo evitar preguntarme qué ha sucedido con la integridad de la política de la Unión Europea. 
Quiero preguntar al Comisario y al Presidente cómo se puede esperar que la Comunidad Europea internacional haga gala de algún poder en la escena internacional si hacemos concesiones de tan largo alcance en un asunto como este, que parece bastante sencillo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos aquellos que han intervenido y, una vez más, al ponente. 
La Comisión es plenamente consciente de que la cuestión que abordamos hoy supone un problema real para los ciudadanos, que les hace perder tiempo y dinero y que sobre todo provoca una sensación de injusticia. 
Se trata de un asunto político que consideramos muy seriamente y la Comisión tendrá sin duda en cuenta las decisiones que tome el Parlamento. 
Estamos convencidos de que lo que precisamos es rapidez y eficacia. 
Ustedes saben que si se aprueba esta iniciativa, como espero que ocurra, y una vez notificada a los Estados miembros, el asunto pasará automáticamente a la Comisión para su negociación, con mayor rapidez y eficacia que ahora. 
Se aplicará el principio de solidaridad y esto también es un punto político importante. 
Tal como ha expuesto tan hábilmente el señor Coelho, precisamos respuestas políticas y diplomáticas, y esta es la senda que la Comisión pretende seguir. 
Puedo asegurarles que ya hemos establecido relaciones y contactos políticos precisamente con los países no comunitarios que han mencionado –los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda– para establecer un sistema que garantice a todos los Estados miembros, antiguos o nuevos, la libre circulación sin visado. 
Propondremos medidas concretas, tal como se ha solicitado, además de plazos firmes. 
Asimismo, estamos realizando esfuerzos para que todos los nuevos Estados miembros se adhieran al espacio de Schengen en 2007. 
Saben muy bien que será necesaria la evaluación individualizada, pero estamos luchando por ayudar a todos los nuevos Estados miembros a que estén en ese momento en condiciones de adherirse al espacio europeo sin fronteras interiores. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0084/2005) , en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos (14238/1/2004 – C6-0007/2005 – 2003/0198 (COD) ) (Ponente: Sr. Coelho). 
. – Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, todos queremos luchar contra el robo y el comercio ilegal de vehículos robados. 
Se trata de un tipo de delito cada vez más frecuente, con más de un millón de vehículos robados cada año, de los cuales se recuperan menos del 40%. 
Es un problema preocupante, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo por su relación con otras formas de criminalidad como el tráfico de drogas, de armas o de seres humanos. Constituye también una actividad muy lucrativa que, sin implicar grandes riesgos, se ha hecho muy atractiva para las redes de delincuencia organizada. 
Por tanto, se hace urgente adoptar nuevas medidas para luchar contra este tipo de delito. 
En una Europa en la que se han abolido los controles en las fronteras, tiene que encontrarse una respuesta con medidas eficaces a escala comunitaria. 
Esta propuesta pretende que las autoridades públicas competentes para la matriculación de vehículos tengan derecho a acceder directamente a determinadas categorías de datos contenidos en el Sistema de Información de Schengen (SIS) y que, a su vez, los servicios privados de matriculación de vehículos tengan exclusivamente el derecho a recibir el acceso de modo indirecto, es decir, a través de una autoridad pública con acceso al SIS. 
Se pretende, de esta forma, contribuir a que el SIS sea un instrumento aún más importante en el ámbito de la lucha contra la criminalidad. 
Es necesario controlar de forma más rápida y eficaz si los vehículos cuya matriculación se solicita han sido robados, apropiados indebidamente o extraviados. 
Hemos mejorado también el funcionamiento del mercado interior reforzando el principio de libre circulación y, en consecuencia, hemos favorecido la creación progresiva del espacio de libertad, seguridad y justicia, junto con la aplicación de la política común de transporte. 
Este acceso directo permitirá que los vehículos robados en un país no puedan matricularse –y, por tanto, legalizarse– en otro país, un proceso que a veces tarda en realizarse menos de 24 horas. 
Dos razones justifican esta medida: primero, la eficiencia –en la UE hay millones de vehículos matriculados y el acceso directo permitirá, de forma fácil y rápida, conocer la situación legal de un vehículo; y segundo, la transparencia–, actualmente los diversos Estados miembros tienen formas diferentes de controlar, en el momento de la matriculación del vehículo, si este ha sido robado. 
Todas esas formas son más o menos opacas y complicadas. 
La solución propuesta en el ámbito del Convenio de Schengen es más transparente y ofrece más garantías que la situación actual. 
Queremos seguir preservando la protección de los datos y la privacidad de nuestros ciudadanos. 
Por eso, hemos restringido el tipo de datos a los que se puede tener acceso y propuesto que se suprima el acceso a datos relacionados con documentos de identidad y documentos oficiales en blanco, como aconsejó la Autoridad Común de Control. 
El tipo de datos a los que tendrán acceso las autoridades competentes para la matriculación de vehículos se establece claramente y se limita en términos de lo que es necesario y apropiado. 
Quiero decir también que la Directiva 95/46 relativa a la protección de datos personales es aplicable en este caso, junto con las normas específicas del Convenio de Schengen relativas a la protección de datos. 
Queremos tener la certeza de que esas normas sean efectivamente respetadas y vigiladas. 
Por eso es importante que las autoridades responsables de la protección de datos dispongan de recursos suficientes para realizar su trabajo y que los Estados miembros se comprometan firmemente en la defensa del derecho fundamental a la protección de datos. 
En abril de 2004 aprobamos mi informe en primera lectura, en el que se proponen diez enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión. 
En diciembre de 2004 se aprobó una posición común del Consejo. 
Acojo de forma muy favorable esa posición común y celebro que, al aceptar siete de las diez enmiendas propuestas, se hayan seguido, en lo esencial, las recomendaciones del Parlamento. En cuanto a las tres enmiendas no aceptadas, quiero mencionar en primer lugar la enmienda 4. 
He retirado esa enmienda porque ha dejado de ser relevante, toda vez que el 24 de febrero de 2005, el Consejo aprobó finalmente la iniciativa del Reino de España con vistas a la aprobación de un reglamento del Consejo relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo; en segundo lugar, la enmienda 11: se trataba de un intento de modificar las normas relativas a la protección de datos para el SIS, pero estoy de acuerdo en que esa cuestión debe tratarse en el ámbito de la propuesta jurídica relativa a SIS II, una segunda generación del SIS; y, tercero, la enmienda 10, que pedía la presentación de un informe anual sobre la aplicación del acceso propuesto por parte de las autoridades competentes. 
Quiero insistir en la necesidad de que el Parlamento reciba un informe que le permita realizar una evaluación del sistema para poder ejercer sus funciones como poder legislativo y como autoridad presupuestaria. 
Propongo una formulación ligeramente diferente que, después de una reunión informal con la Presidencia luxemburguesa, presumo que podrá ser aceptada por el Consejo. 
Están así creadas las condiciones para que se pueda aprobar finalmente este acto jurídico y pueda entrar en vigor esta útil medida. 
Con eso, señor Presidente, contribuiremos a combatir la criminalidad y a reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Coelho, por su informe. 
Nuestro objetivo es prevenir y combatir el comercio ilegal de vehículos robados y mejorar el funcionamiento del mercado interior. 
La propuesta que estamos debatiendo hoy también ofrece un mejor uso de la base de datos europea más importante de vehículos robados, el Sistema de Información de Schengen. 
Los intereses financieros en juego son enormes, dado que se matriculan millones de vehículos al año y cada 10 o 15 segundos se roba un vehículo, como también ha subrayado el ponente. 
Puesto que el robo de vehículos es uno de los principales delitos que afectan a los ciudadanos directamente, el hecho de que trabajemos juntos para reducirlo tendrá un efecto inconmensurable sobre su seguridad. 
Proponemos que, en ciertas condiciones, las autoridades nacionales de matriculación de vehículos puedan consultar los registros de datos del SIS relativos a vehículos robados y documentos de vehículos robados, antes de matricular un vehículo que ya esté matriculado en otro Estado Schengen. 
Esta información dificultará la venta de vehículos robados en otros Estados Schengen. 
Al mismo tiempo, aumentará las oportunidades de las víctimas de reclamar su propiedad perdida. 
Se trata de una forma excelente en la que Europa puede servir a sus ciudadanos y promover una cooperación operativa concreta. 
Nuestra propuesta también permitirá que el proceso de ejecución de leyes sea más sencillo de gestionar, facilitando el acceso a la información. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que la situación actual dista de ser transparente. 
En vista de los millones de vehículos que se presentan para la matriculación cada año, las autoridades carecen de recursos para comprobar todos los vehículos de acuerdo con los requisitos actuales. 
Nuestra propuesta permitirá este acceso sobre la base de un conjunto de normas y principios de protección de datos transparentes y seguros. 
El cumplimiento de las normas se controlará de manera similar a otras búsquedas en el SIS. 
Las consideraciones relativas a la protección de datos nos hacen diferenciar entre acuerdos de acceso para organismos de matriculación de vehículos públicos y privados. 
Finalmente, la Comisión acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, en particular la enmienda 3, que prevé un sistema de informes con el fin de recopilar datos fiables. 
Obviamente cuando el SIS II esté funcionando, la Comisión garantizará un sistema regular de informes. 
,. – Señor Presidente, quiero primero elogiar las productivas relaciones de trabajo que mantenemos en general con el señor Coelho. Tenía muchas ganas de señalarlo. 
La propuesta que estamos examinando hoy en segunda lectura da acceso a las autoridades nacionales competentes para la matriculación de vehículos a determinadas categorías del Sistema de Información de Schengen. 
El objetivo claro de esta normativa es la lucha contra el robo organizado de vehículos, que todos estamos de acuerdo en que es una de nuestras prioridades. 
Sin embargo, somos más reservados con respecto al acceso ilimitado a las bases de datos europeas. 
De hecho, tenemos que asegurarnos de que los datos personales estén rigurosamente protegidos. 
Para que exista un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de la vida privada de los ciudadanos europeos, todas las decisiones que se tomen tendrán, asimismo, que respetar los principios de proporcionalidad y finalidad. 
Creo que estamos muy de acuerdo en este terreno. 
Lamento que el Consejo no haya podido incorporar todas nuestras enmiendas en primera lectura en su posición común. 
De hecho, creo que el registro de las personas que llevan a cabo la investigación y de las personas objeto de la investigación habría permitido evitar tales abusos. 
En un espíritu de compromiso, apoyamos la posición del ponente de presentar solo una enmienda que no ha sido adoptada en la posición común. 
Es un requisito esencial que se presente un informe anual por parte del Consejo al Parlamento Europeo sobre la aplicación de este Reglamento, para que los representantes de los ciudadanos europeos puedan cerciorarse de que se respeta efectivamente el principio de finalidad. 
Por último, quiero destacar que mi Grupo se oponía, en primera lectura, al acceso directo al Sistema de Información de Schengen por parte de las autoridades públicas distintas de las policiales. 
Tengo que añadir que seguimos defendiendo este principio en la perspectiva de los ulteriores debates sobre el Sistema de Información de Schengen II, que, por lo tanto, será un asunto de codecisión. 
Mientras que las bases de datos europeas pueden resultar útiles en la lucha contra el crimen organizado, en realidad tienen que estar controladas rigurosamente. 
Nuestra prioridad es la lucha eficaz contra el crimen organizado en Europa, pero respetando los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, aspecto que no siempre es innecesario reafirmar. 
En la primera lectura hice algunos comentarios algo sarcásticos sobre esta propuesta y, como abogado, tengo algunas objeciones que hacer a que se defina como un aspecto de la política de transporte cuando, en realidad, lo que tenemos aquí es un sistema que amplía lo que fundamentalmente es un acceso peligroso a sistemas de información muy extensos y al sistema más completo de vigilancia y control policial que tenemos: el sistema de Schengen. 
Si el acceso de las autoridades supervisoras a estos sistemas ayudara a prevenir la criminalidad en este ámbito, merecería la pena considerar esa posibilidad. 
Pero aunque así fuera, existen tantas razones de peso para preocuparse ante la posible ampliación del acceso en cuestión que nuestro grupo votará en contra de la propuesta, aunque apreciemos mucho los encomiables esfuerzos del ponente por imponer la obligación de presentar un informe sobre la utilidad del sistema. 
Tenemos esas reservas sobre el sistema de supervisión porque lo consideramos una ampliación más de un sistema de vigilancia y control policial que, con toda probabilidad, no tendrá ningún efecto útil. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta de Karl-Heinz Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, a la Comisión, sobre la estrategia de la Comisión para la primera Conferencia de las Partes sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP) (O-0042/2005 – B6-0171/2005). 
. – Señor Presidente, con su permiso representaré también al señor Florenz, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Debería estar aquí en nombre del Grupo del PPE-DE, pero no ha podido unirse a nosotros esta tarde, por lo que me ha cedido su tiempo, además del que me corresponde, y agradezco su paciencia en este sentido. 
La pregunta oral que tenemos ante nosotros fue presentada por mi colega el señor Florenz y también tenemos una propuesta de resolución, además de esa pregunta oral, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, relativa a la estrategia de la Unión Europea para la Conferencia de Punta del Este sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
Para que conste, quiero señalar que la próxima semana se celebrará la primera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) , en Punta del Este, Uruguay. 
Los COP son productos químicos orgánicos que se descomponen muy lentamente en el medio ambiente y se acumulan en nuestros organismos; en efecto, se encuentran presentes en los tejidos de todos los seres humanos del planeta. 
Se extienden por el aire y a través de la cadena alimentaria hasta lugares muy alejados de sus fuentes, incluso hasta regiones donde nunca se han utilizado o producido. 
Entre ellos se incluyen insecticidas como el DDT –quizás el COP más conocido, productos químicos industriales como los bifenilos policlorados (PCB) y, en efecto, los subproductos no intencionados de procesos industriales, como las dioxinas y los furanos. 
Una vez que los COP se liberan en el medio ambiente, es prácticamente imposible predecir dónde acabarán, por lo que tenemos que aplicar el principio preventivo y, lo que es más importante, emprender acciones para limitar su uso y su comercialización en el mercado en general. 
No obstante, es importante que las necesidades de los países en desarrollo sean tenidas en cuenta, que nuestra respuesta sea proporcionada y que permitamos exenciones controladas. 
Me refiero principalmente al uso de DDT contra la malaria, porque a pesar de los enormes esfuerzos de los científicos por encontrar una vacuna efectiva, esta todavía tardará muchos años en llegar. 
Por lo tanto, nuestro planteamiento debe ser proporcionado, particularmente teniendo en cuenta que en África mueren de malaria dos niños por minuto. 
Cada día mueren más de 3 000 niños por esa enfermedad en ese continente. 
El mosquito responsable de la transmisión de la malaria ha demostrado ser extremadamente resistente a los diversos métodos empleados para combatirlo a lo largo de los años. 
Hasta la fecha el único método efectivo de matar al mosquito para por el uso de DDT. 
A pesar de que se trata de una sustancia muy tóxica, el beneficio todavía supera el riesgo cuando su hijo tiene menos probabilidades de morir por el efecto de contaminantes orgánicos persistentes que de malaria. 
Así pues, si podemos salvar la vida de un niño, hasta que contemos con otra forma de hacerlo y de matar al mosquito en cuestión, tendremos que permitir un uso controlado. 
No obstante, debemos doblar nuestros esfuerzos por encontrar una alternativa al DDT, porque se están causando enormes daños a los seres humanos –es bioacumulativo– y a nuestro medio ambiente, debido a la necesidad de cuidar a los niños de hoy. 
No nos queda más que sustituir los DDT para eliminar la malaria y al mosquito implicado. 
Me gustaría plantear unas cuantas cuestiones específicas al Comisario. 
Señor Comisario, probablemente estará familiarizado con la resolución que tiene ante usted. 
Me gustaría llamar su atención sobre el apartado 9, que afirma que el Parlamento «considera que una contribución fundamental les corresponde a los diputados al Parlamento Europeo que forman parte de la delegación de la CE y espera, por tanto, que puedan acceder a las reuniones de coordinación de la UE en Punta del Este, con, al menos, el estatuto de observadores». 
La propuesta continúa diciendo «con o sin voz». 
Yo estaría bastante satisfecha con el estatuto de observadora sin voz. 
Señor Comisario, digo esto al margen de los precedentes y sin mencionar acuerdos institucionales, porque quiero decir una vez más para que conste que, unas semanas después de que usted fuese nombrado, señor Comisario, en la Conferencia de las Partes relativa al cambio climático celebrada en Buenos Aires, la COP 10, usted hizo grandes progresos al incluir a los diputados al Parlamento Europeo, tanto antes como después de varias reuniones, facilitándoles una información muy completa. 
Incluso llegó a pedirnos nuestra opinión con respecto a distintas cuestiones. 
Todos los Grupos de esta Cámara apreciamos mucho ese gesto. 
Sé que usted no puede unirse a nosotros en Punta del Este, pero me gustaría que deje muy claro a los honorables que le representen allí que le gustaría que continuase el precedente que sentó el pasado mes de diciembre. 
Es menos de lo que nos gustaría, porque queremos el estatuto de observadores y lo exigimos. 
No vale la pena enviar diputados del Parlamento a la otra punta del mundo para que formen parte de una delegación Comisión/Consejo/Parlamento, una delegación de la Comunidad, si un tercio se queda al otro lado de la puerta, aunque con sesiones de información a toro pasado. 
Debemos ir paso a paso y participar, al menos, como observadores en las reuniones de coordinación y en las reuniones donde realmente se hace el trabajo y, por supuesto, participar en cualquier conferencia de prensa y reunión informativa con la prensa con la que pueda concluir la semana. 
Admito que es la primera COP y que quizás no tengamos tanto de que informar como nos gustaría, porque solo estamos desarrollando estructuras y estrategias para hacer frente a esta cuestión tan importante. 
Esos son mis comentarios. 
A estas horas de la noche no tiene sentido subrayar de nuevo la importancia del trabajo que tiene que hacer el Convenio de Estocolmo. 
Para terminar me gustaría preguntarle, señor Comisario, acerca de los objetivos y los plazos para la adición de otros productos químicos orgánicos a la lista de COP establecida en virtud del Convenio, que se debatieron el pasado mes de agosto. 
La Comisión sugirió que se deberían añadir siete nuevas sustancias a la lista para su exclusión definitiva. 
De algún modo, durante el otoño y después de Navidad y Año Nuevo, cuando el Consejo llegó a sus conclusiones el 10 de marzo, las siete se habían reducido hasta tres sustancias adicionales. 
Hemos pasado de una respetable ambición de siete, del pasado agosto, a tres, además, por supuesto, del éter de pentabromodifenilo, la propuesta noruega, que podría ser la cuarta. 
Pero hasta las tres podrían quedarse en ninguna, una o dos o incluso las tres. 
Me gustaría conocer la postura de la Comisión al respecto. 
La Comunidad Europea y los Estados miembros querían presentar una lista extensiva a tener en cuenta, si fuese posible antes de la primera Conferencia de las Partes de la próxima semana, pero, en cualquier caso, a tiempo para que fuese examinada en la primera reunión del comité de control de los COP. 
¿Vamos a tenerla antes de la próxima semana? 
¿Por qué no? 
¿Qué ha ocurrido con los objetivos y los plazos que fueron claramente establecidos? 
Quizás usted podría decirnos, señor Comisario, qué ha ocurrido entre el 10 de marzo y el día de hoy. 
Es bastante decepcionante que nuestra ambición de añadir siete sustancias del pasado verano se haya reducido hasta tres en este momento. 
Me parece como si la urgencia y la ambición que existían inicialmente se hubiesen evaporado. 
Es casi como si se estuviese dejando salir aire del neumático del entusiasmo con respecto a esta cuestión. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho la señora Doyle y quiero decir que, con la entrada en vigor del Convenio de Estocolmo, doce de las sustancias más peligrosas del mundo se irán prohibiendo gradualmente. 
No obstante, para que ese Convenio esté a la altura de las expectativas que hemos depositado en él, tendrá que aplicarse correctamente y adquirir impulso con la inclusión de nuevas sustancias en el futuro. 
En la primera conferencia de las partes se debatirán y decidirán numerosas cuestiones importantes, además de sentar las bases para el futuro desarrollo del Convenio. 
El objetivo general es asegurar que las decisiones tomadas por la primera conferencia permitan la aplicación efectiva y el futuro desarrollo del Convenio. 
Por supuesto, para conseguir eso, primero tiene que crearse el Comité de Evaluación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, de manera que pueda empezar a examinar nuevas propuestas para añadir a la lista otros contaminantes orgánicos. 
La Comisión ha definido ya otras sustancias; como ha dicho la señora Doyle, esas sustancias se limitan a tres y, hasta donde yo sé, eso no ha cambiado. 
En cualquier caso, el debate sigue estando en el orden del día y en el para la presentación de propuestas, y yo creo y espero que la Unión Europea presente buenas propuestas durante la primera conferencia de las partes. 
Lo segundo y más importante es que se necesita un mayor progreso en la prohibición gradual del uso y emisión al medio ambiente de los doce contaminantes orgánicos persistentes que están en la lista actual, sobre todo el DDT, que usted ha recordado con toda razón que se sigue necesitando para combatir la malaria en algunos países en desarrollo. 
Pero la primera conferencia tiene que encontrar formas de ayudar a reducir la dependencia del DDT, como promoviendo la investigación de medios alternativos y proporcionando apoyo técnico y económico. 
Igualmente, la primera conferencia tiene que poner en marcha medidas para, por una parte, tratar de reducir los riesgos que conlleva el uso y la disponibilidad de PCB, y por otra, para reducir y prevenir la emisión al medio ambiente de contaminantes orgánicos derivados, especialmente dioxinas cloradas y furanos. 
El tercer objetivo básico de importancia decisiva para la primera conferencia es completar el marco institucional necesario para que el Convenio pueda aplicarse en la práctica. 
Sobre todo, se necesita avanzar considerablemente en el desarrollo de mecanismos y procedimientos adecuados para evaluar la conformidad. 
Con respecto al punto 9 de la resolución, creo que la Comisión está obligada a incluir a los diputados al Parlamento Europeo en ese tipo de delegaciones y debo decir que, por experiencia propia, hemos cooperado de manera excelente en dos casos, uno en Buenos Aires y otro en la conferencia sobre desarrollo sostenible celebrada la semana pasada en Nueva York, a la que asistieron diputados al Parlamento Europeo y donde conseguimos, mediante el intercambio no solo de impresiones, sino también de recomendaciones, opiniones y, en especial, de juicios políticos sobre determinadas cuestiones, promover las cuestiones a las que se dedicaban esas conferencias. 
Al mismo tiempo, hemos conseguido, con las tres instituciones, proyectar una imagen muy buena y unida de la Unión Europea al mundo exterior, sobre todo con ruedas de prensa en las que hemos comparecido juntos y hemos aparentado que estamos unidos y unificados en nuestras opiniones, mejorando con ello la imagen de la Unión Europea. 
En otras palabras, hemos obtenido resultados materiales positivos y también resultados desde el punto de vista de las comunicaciones. 
Por eso considero que la participación de los diputados al Parlamento Europeo es esencial; siempre he creído que era absolutamente crucial y se lo recomiendo también a mis otros colegas en la Comisión Europea. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la opinión pública mundial va despertando lentamente a los nuevos problemas de actualidad. 
La calidad del medio ambiente no es un lujo; debe ser una prioridad política como condición para el desarrollo sostenible. 
Los gobiernos, unos más que otros, están empezando a convencerse de que el mundo ha cambiado y de que las políticas también tienen que cambiar. 
Están empezando a tener conciencia de que los atentados contra el medio ambiente pueden poner en peligro el futuro de esta generación y de las generaciones venideras y causar un daño irreversible en la calidad de vida de las personas. 
Los problemas del medio ambiente y la preocupación por la salud deben ser abordados con urgencia. 
La ignorancia del pasado y la negligencia del presente tienen unos costes elevados: costes ambientales, costes financieros y costes en términos de vidas humanas. 
Es, pues, necesario remediar la situación actual, pero sobre todo es más urgente que nunca adoptar medidas preventivas. 
La industria química produce actualmente más de 1.000 compuestos diferentes, algunos de los cuales son muy persistentes; esto es, muy resistentes a la degradación en el medio ambiente. 
Algunos de ellos son bioacumulativos, lo que significa que se acumulan en los tejidos de los organismos vivos, y son también tóxicos. 
Los más dominantes de estos compuestos tóxicos son los contaminantes orgánicos persistentes, que se han asociado a diversos problemas de salud, como cáncer, endometriosis, trastornos cognitivos y dificultades del aprendizaje. 
Estos contaminantes son también responsables de trastornos reproductivos y disfunciones hormonales. 
Al ser resistentes, los contaminantes orgánicos persistentes pasan de generación en generación y contaminan los alimentos que ingerimos, contaminan el aire que respiramos y contaminan el agua que bebemos. 
Al ser bioacumulativos, se acumulan en el medio ambiente y en los organismos de los seres vivos. 
Con estas características, los contaminantes orgánicos persistentes se esparcen por todos lados y pueden encontrarse en lugares tan apartados como en la Antártida en los pingüinos, y en el Ártico en los osos polares. 
Por tanto, no sirve de nada que en Brasil se prohíba la producción de mirex si en Argentina no se hace lo mismo; y tampoco sirve de nada que en la UE se prohíba el DDT si en China se sigue produciendo y utilizando. 
Por eso, insisto, es necesario coordinar los esfuerzos a nivel mundial. 
Es también importante recordar que muchas de esas sustancias no existían hace 50 años. 
En 1995 se iniciaron las negociaciones para controlar el uso, producción y emisión de contaminantes orgánicos persistentes. 
Se identificaron 12 contaminantes. 
El Convenio de Estocolmo, firmado en 2001, estableció una serie de objetivos y medidas no solo para mejorar el control de los contaminantes orgánicos persistentes, sino también para eliminarlos y promover tecnologías limpias. 
Teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el Convenio de Estocolmo que, como he dicho, se firmó en 2001, y los objetivos y el programa de trabajo de la primera Conferencia de las Partes en ese Convenio celebrada en Uruguay los días 2 a 6 de mayo, queremos preguntar a la Comisión cuáles son sus objetivos para dicha conferencia. 
Quiero también preguntar qué resultados espera obtener y cuánto cree que se podrá avanzar. Además, puesto que todo tiene un coste, quiero saber, señor Comisario, de qué recursos económicos dispondremos para ayudar a los países que más necesitan prohibir estos contaminantes. 
Yo no voy a acudir a Punta del Este para participar en la conferencia, pero quiero decir que comparto la preocupación manifestada por la señora Doyle y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre la delegación del Parlamento, que debería acudir en calidad de observador. 
Es absurdo que los diputados electos al Parlamento Europeo no puedan participar en todas las iniciativas, en todas las conferencias y en todas las reuniones. 
Señor Presidente, sin duda podríamos promover la financiación con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las posibilidades que esto ofrece. 
Con respecto a los COP, la propuesta de la Comisión era ambiciosa, pero hasta ahora el Consejo no ha expresado su acuerdo con respecto a la misma. 
Queríamos una decisión del Consejo en virtud del artículo 300 del Tratado, es decir, por mayoría cualificada. 
El hecho de que el resultado de las conclusiones del Consejo de 10 de marzo haya sido menos brillante se debe a que se adoptaron de manera diferente, por unanimidad. 
La Comisión lamenta este planteamiento. 
No obstante, el proceso será largo. 
Existen consideraciones políticas, económicas y sociales a tener en cuenta, pero nosotros continuaremos nuestra línea de razonamiento. 
Al término del debate he recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. (1) 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0061/2005) de la señora Klaß, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, relativo a la protección de las aguas subterráneas de la contaminación. 
Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo al Parlamento Europeo, y especialmente a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la ponente, la señora Klaß, su contribución a este informe en primera lectura. 
Las aguas subterráneas son un recurso importante, utilizado principalmente como agua potable y en la industria y la agricultura. 
También tiene un gran valor medioambiental, dado que interacciona con las aguas superficiales y los humedales y, como tal, constituye una parte importante del ciclo del agua, que ha de protegerse. 
La protección de las aguas subterráneas de la contaminación es objeto de medidas legislativas comunitarias desde 1980; por última vez, en la Directiva Marco del Agua aprobada en 2000. 
No existen criterios claros para la definición de objetivos respecto a la calidad medioambiental de las aguas subterráneas; y sobre todo, no existen objetivos relativos al buen estado químico. 
Además, se necesitan medidas especiales para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. 
Este punto se reconoció cuando se aprobó la Directiva Marco del Agua, cuyo artículo 17 pide a la Comisión que presente propuestas para abordar los requisitos pertinentes. 
Dentro de este marco y tras una amplia consulta con las partes implicadas, la Comisión presentó la propuesta que se está debatiendo hoy, que incluye los siguientes elementos principales: 
-un procedimiento de conformidad para evaluar el buen estado químico de las aguas subterráneas, con el fin de limitar el número de agentes contaminantes, en los casos en que ya se aplican las normas comunitarias; 
-criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas a partir de normas de calidad medioambiental, que los Estados miembros han de adoptar en el ámbito nacional, regional o local, según corresponda, en función de las variaciones de las condiciones naturales de las aguas subterráneas, de las presiones detectadas y de las sustancias químicas relacionadas con la contaminación; 
-criterios para determinar el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas y para invertir las tendencias de la contaminación y 
-medidas para impedir o limitar el vertido directo, y sobre todo el vertido indirecto de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas. 
La propuesta contiene especificaciones claras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua respecto a las aguas subterráneas. 
Del mismo modo, la propuesta consigue un equilibrio satisfactorio entre cuestiones que han de abordarse en el ámbito comunitario y cuestiones que sería mejor dejar en manos de los Estados miembros. 
. – Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el agua es vida, y las aguas subterráneas son nuestra principal fuente de agua dulce, y por tanto, de agua potable, puesto que proporcionan el 60 % de esta última. 
Pero las aguas subterráneas no solo son un recurso vital para la extracción de nuestra agua potable, sino que también son esenciales para la agricultura, la industria y nuestro ecosistema. 
Por mucho que intentemos mantener limpia nuestra agua –y concretamente nuestras aguas subterráneas– y restaurar su pureza cuando ya está contaminada, debemos, máxime en el ámbito europeo, lograr un equilibrio sensato entre las necesidades del sector del agua, las necesidades de la agricultura, los ecosistemas y los recursos disponibles para mantener y restaurar la pureza del agua en los Estados miembros. 
Puesto que purificar de nuevo las aguas subterráneas contaminadas es muy difícil, requiere mucho tiempo y es muy costoso, reviste especial importancia la prevención y la protección del ecosistema de aguas subterráneas. 
En el continente europeo, en cualquier caso, las masas de aguas subterráneas, como los ríos, no conocen fronteras. 
Y por esa razón, y también porque los distintos requisitos de los Estados miembros distorsionan inevitablemente la competencia en la industria y la agricultura, la protección de las aguas subterráneas es una tarea para Europa. 
Afortunadamente, por lo menos no vamos a empezar de cero. 
Esta propuesta de la Comisión se deriva de la Directiva Marco del Agua, que está en vigor desde el año 2000, y se suponía que se iba a transponer en todos los Estados miembros a partir de finales de diciembre de 2003. 
La tarea primordial que impuso la Directiva Marco del Agua a los Estados miembros fue la realización de un inventario de todas las aguas para el 22 de marzo de 2005. 
Si todos los Estados miembros han cumplido ese plazo –y quizás el Comisario Dimas pueda decirnos si lo han hecho o no–, entonces todos ellos deberían saber en este momento, como muy tarde, en qué condiciones se encuentran sus recursos hídricos y sus aguas subterráneas. 
La Directiva Marco del Agua establece objetivos cualitativos y cuantitativos para todas las aguas comunitarias, incluidas las aguas subterráneas, y especifica los medios con los cuales deben alcanzarse dichos objetivos. 
Esta directiva derivada tiene por objeto abordar dos aspectos que siguen estando pendientes; el primero es el criterio mediante el cual se van a calificar las aguas subterráneas de «buenas» o «deficientes» y el segundo es el momento en el que deben tomarse medidas si se produce un deterioro. 
También debemos determinar si existe la necesidad de promulgar normas sobre la introducción indirecta de contaminantes de focos puntuales y difusos. 
Debemos considerar todas las directivas relevantes en su contexto: la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Sustancias Prioritarias, la Directiva de Nitratos y la Directiva de Productos Fitosanitarios. 
Los costes de la administración y ejecución de las mismas y del seguimiento de su implementación deben ser tolerables, sin reducir la posibilidad de que las aguas subterráneas se mantengan en un estado químico satisfactorio en los 25 Estados miembros, porque ese es nuestro objetivo. 
No obstante, nos arriesgaríamos a no lograr este objetivo si adoptáramos la llamada enmienda de transacción 94 al artículo 6, que ha sido presentada conjuntamente por el PSE, los Liberales, los Verdes y el Grupo GUE/NGL y que alteraría el sentido profundo no solo de mi informe, sino también de la propuesta de la Comisión y de la Directiva Marco del Agua. 
Pretende sobrecargar a los Estados miembros elaborando nuevas listas de lo que califica de sustancias peligrosas e imponiéndoles tareas que habrán de regularse a través de la política de sustancias químicas actualmente vigente en REACH. 
Propone una nueva categoría de masas de aguas subterráneas para las que se exige la certificación de zonas de seguridad con el estado químico de «muy bueno» y reclama toda una serie de nuevos exámenes, informes y requisitos de supervisión cuyos costes adicionales correrían a cargo de los Estados miembros y los municipios. 
La enmienda también está formulada en términos muy vagos y repetitivos. 
Llega a eliminar todas las derogaciones del apartado 2 del artículo 6 que los expertos en agua consideran necesarias y que también están incluidas en la Directiva de Aguas Subterráneas de 1980. 
No debemos aceptar esta enmienda; el consenso alcanzado con tanto esfuerzo en la Directiva Marco del Agua no debe ser alterado por una directiva derivada sobre aguas subterráneas. 
Existen otras dos enmiendas que proponen normas uniformes europeas sobre la calidad de las aguas subterráneas relativas a indicadores y contaminantes importantes. 
Considero muy importante, si queremos evitar distorsiones de la competencia y tener un nivel similar de protección de las aguas subterráneas en todos nuestros Estados miembros, que en esta Cámara solicitemos categorías uniformes europeas de este tipo para la evaluación de las aguas subterráneas en estado «bueno» o «deficiente» y por ello, teniendo esto presente, les pido que apoyen las enmiendas 111 y 112. 
También tenemos que establecer una clara distinción entre contaminantes e indicadores. 
He intentado separarlos totalmente, porque el sulfato, el cloruro y el aluminio no son contaminantes, sino indicadores muy importantes del estado químico de las aguas subterráneas y de la posible presencia de ciertas impurezas y contaminantes. 
En el fondo, es imposible realizar un seguimiento constante de todos los posibles contaminantes, puesto que hay cientos, o incluso miles de ellos. 
Permítanme concluir solicitando a la Cámara que apoye las enmiendas 89 y 90, que dividen la lista en indicadores y contaminantes. 
Ruego a todos que aseguren hoy que nuestras aguas estén bien protegidas en el futuro en una Europa que actúa conjuntamente. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este es un ejemplo de legislación compleja. 
No obstante, las aguas subterráneas son uno de nuestros recursos más importantes. 
Su protección es cosa seria: de hecho, cada vez se libran más batallas por los recursos hídricos. 
Creo que esta propuesta de directiva para proteger las aguas subterráneas debería entrar en vigor a pesar de sus deficiencias. 
Como ya se ha dicho, complementará la Directiva Marco del Agua. 
Esta será una cuestión compleja en todo el territorio de la Unión. 
En mi país, Finlandia, existen miles de pequeños acuíferos, ninguno de los cuales será fuente de contaminación en un futuro próximo, pero que ahora han de ser investigados. 
No obstante, estamos de acuerdo con esta ley, aunque no sea necesaria para nosotros. 
Creo que ahora nos toca a nosotros llegar a un acuerdo recíproco. 
Las aguas subterráneas de Europa Central abarcan zonas amplias que se ven amenazadas por varias sustancias químicas. 
El problema con los acuíferos de la Península Ibérica tiene que ver a menudo con el agua del mar. 
En la Comisión de Industria, Investigación y Energía hemos conseguido redactar una declaración en un ambiente de consenso, por lo que doy las gracias a mis colegas. 
Lamentablemente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la comisión responsable de esta cuestión, no apoyó la enmienda de transacción 94 como hicieron los demás Grupos. 
Esta directiva es necesaria. 
La primera lectura es solo una fase intermedia, puesto que la posición común del Consejo es muy distinta. 
Vale la pena realizar un esfuerzo combinado para garantizar la protección adecuada de las aguas subterráneas. Afecta a nuestra calidad de vida, afecta a la agricultura y afecta a la felicidad y a la salud humanas. 
. – Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a la señora Klaß la buena cooperación que ha mantenido conmigo. 
Por lo que respecta a la Comisión de Agricultura, destacan dos puntos concretos, y no les sorprenderá oír que el punto esencial, al que varios oradores ya se han referido, es que la Comisión de Agricultura también está, sin duda, a favor del agua limpia. 
Puesto que es necesario hacer algo al respecto, en principio podemos apoyar las propuestas de esta directiva sobre las aguas subterráneas. 
No obstante, consideramos vital la introducción de distintos métodos de medición en Europa que reflejen las diferencias climáticas y de tipos de suelo. 
La situación del suelo arcilloso es distinta de la del suelo turboso o de la del suelo arenoso, y un tipo de suelo también puede ser distinto en Finlandia que en el talón de Italia. 
Esto habrá que tenerlo en cuenta al medir los 50 mg. 
En segundo lugar, la Comisión de Agricultura quiere que se tenga en cuenta la legislación vigente. 
Respecto al nitrato, parece que pronto van a ponerse en marcha dos directivas: la directiva de nitratos vigente junto con la directiva de aguas subterráneas. 
Si, por ejemplo, un agricultor en algún lugar de Europa cumple la directiva de aguas subterráneas y se encuentra, por ejemplo, a 30 mg del umbral de los 50 mg, aun así estará obligado por la directiva de nitratos, y es posible que un agricultor con tres vacas por hectárea no cumpla las disposiciones de la directiva de nitratos pero sí cumpla las de la directiva de aguas subterráneas, porque si medimos el nivel de nitrato nos encontramos por debajo de los 50 mg. Por lo tanto, no me parece lógico que tengamos que pedir a ese agricultor que reduzca el número de unidades de ganado por hectárea. 
Es una cosa o la otra. 
Por eso la Comisión de Agricultura ha propuesto evaluar la necesidad de la directiva de nitratos en 2008. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria rechazó dos enmiendas a este respecto; el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa las ha vuelto a presentar, y ahora quisiera recomendárselas encarecidamente. 
En tercer lugar –y en este minuto que me queda hablo en nombre del Grupo ALDE–, estoy de acuerdo con la idea de que deberíamos disponer de agua limpia, pero habríamos de tener en cuenta el gasto que comporta. 
¿Cuáles serán las consecuencias socioeconómicas si establecemos cierta normativa? 
Este también es el tema de una serie de enmiendas presentadas por el Grupo ALDE, que no hace falta decir que me gustaría que se adoptaran. 
Me parece absolutamente lógico que la introducción de directivas no se haga a expensas de todo lo demás. 
Debemos tener un plazo de tiempo en el que las cosas sean realistas y asequibles. 
Sin embargo, desde el principio, nos encontramos, por lo menos ciertos sectores dentro de mi Grupo y algunos países, en una situación francamente incómoda porque la Directiva no cumplía todos los objetivos a los que aspirábamos. 
Por ejemplo, dejaba fuera el tema fundamental sobre el control de los acuíferos —la cantidad— y se centraba solo en la calidad, cuando, en realidad, la Directiva del agua, en sus respectivos anexos, habla de control de cantidades —volúmenes de agua— y, al mismo tiempo, de control de calidad. 
No vincular la calidad y la cantidad en una medida de gobierno, una medida de gestión, es algo que no se puede comprender. 
Por otra parte, tampoco se insiste en la necesidad de control ni por parte de los Estados miembros ni por parte de las cuencas hidrográficas, que es como la Directiva del agua exige y contempla la gestión del agua; no se contempla el control a través de las cuencas sino a través de los países. 
Además, la recarga artificial de acuíferos tampoco está contemplada, algo que es un fenómeno esencial. 
Y, por último, hemos de decir que muchas de las enmiendas del Parlamento, desde nuestro punto de vista, empeoran la situación, porque pretenden normalizar todos los acuíferos y todo el control de sustancias, cuando sabemos, precisamente, que la geología europea es muy diversa y el concepto de la diversidad geológica en Europa debe ser un eje de esta política, porque el desarrollo sostenible ha de ser adecuado a cada sitio. 
Por otra parte, entendemos que existen enmiendas imposibles de cumplir, como la enmienda 94, porque un Estado no puede garantizar lo que entra en su acuífero, ya que muchas veces lo comparte. 
De ahí que nosotros, si se aprueba la enmienda 94, vamos a votar en contra de la Directiva por ser incompleta y no permitir el control de las cantidades del agua. 
. Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la ponente, señora Klaß, y a todos los colegas por el trabajo realizado para complementar las disposiciones sobre protección de aguas subterráneas que establece la Directiva marco con el fin de impedir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas y establecer criterios para valorar el buen estado químico de las masas de dichas aguas. 
Por ello, debemos considerar que, como las posibilidades de depuración de un acuífero son muy limitadas, se hace estrictamente necesario el control y la prevención con el fin de que las sustancias contaminantes no se almacenen en las aguas subterráneas. 
No debemos olvidar que las aguas subterráneas son el recurso hídrico más sensible e importante de la Unión Europea y, en particular, son la fuente principal del suministro público de agua potable. 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que las medidas para prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas son un elemento vital de esta propuesta de directiva, sería muy importante, al contrario de lo que ha dicho la colega que me ha precedido en el uso de la palabra, conseguir la aprobación de la enmienda de transacción sobre el artículo 6, que hemos presentado junto a otros colegas, con el fin de que los Estados miembros controlen los vertidos indirectos basándose en las mejores prácticas medioambientales y en técnicas suficientes para prevenir dichos vertidos. 
Señor Comisario, me gustaría decirle que la Comisión, en su propuesta de anexo de sustancias contaminantes, no ha tenido suficientemente en cuenta el hecho de que, debido a la naturaleza geológica de los subsuelos existentes, hay sustancias, como los cloruros y los sulfatos, que se encuentran de forma natural en muchos acuíferos de la Unión Europea y que el calificativo de contaminantes para estas sales es incluso discutible desde el punto de vista científico. 
Quisiera también decirle que la propuesta que nos ha presentado no es muy ambiciosa, ya que se limita a los mínimos exigidos en la Directiva marco, pero aun así confío en que con el trabajo de todos consigamos una mejor directiva. 
. – Señor Presidente, coincido con la opinión de la Comisión de que los nitratos y pesticidas recogidos en el Anexo I deberían continuar siendo las dos sustancias para las que existan normas aplicables en toda la Unión Europea. 
Por lo tanto, deberíamos permitir que los Estados miembros establezcan valores umbral para algunas otras sustancias. 
A más largo plazo, a la luz de la experiencia y la información resultantes de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, puede que estemos en mejores condiciones para traducir valores umbral a escala nacional en normas de calidad de las aguas subterráneas para toda la Unión Europea. 
En mi opinión, se trata de un camino más razonable y pragmático, aunque lo fundamental es que sea práctico y factible. 
¿Y cuándo modificamos la legislación en este Parlamento? 
Es esencial que sea factible en 25 países y es esencial que el principio de subsidiariedad esté incluido en nuestra legislación, para que podamos conseguir elevados estándares que funcionen a escala nacional. 
Me satisface estar de acuerdo con la opinión planteada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que sugiere que la Comisión debería analizar si la Directiva relativa a los nitratos puede ser derogada a partir de 2008. 
La legislación debería ser adecuada y factible, pero lo más importante es que debería alcanzar sus objetivos previstos. 
Indudablemente la Directiva relativa a los nitratos no lo está consiguiendo en 12 de los 15 Estados miembros que comparecerán ante los tribunales por una aplicación errónea o inadecuada. 
Sin embargo, los puntos esenciales son que no tiene en cuenta las condiciones climáticas y del suelo y, sobre todo, que el objetivo de la Directiva relativa a los nitratos debería definirse a escala comunitaria, pero no así el mecanismo para conseguir ese objetivo. 
Ayer por la tarde fui a ver la exposición organizada por el Centro Común de Investigación. 
Una de las obras expuestas me informó de que existen 28 grupos de suelos diferentes en toda Europa y de que seis de esos grupos de suelos están presentes en Irlanda. 
¿Cómo puede una directiva «de talla única» , como la Directiva relativa a los nitratos, funcionar de forma eficiente en estas circunstancias? 
Por otra parte, no es solo el suelo lo que importa; también marca una notable diferencia el hecho de que la zona sea de pastos o de labranza. 
Con respecto a la cuestión del clima, todo cuanto puedo decir es que en Irlanda no tenemos un clima, tenemos un tiempo cambiante. 
Por lo tanto, si los agricultores irlandeses siguiesen las indicaciones de la directiva y esparciesen purín cuando está permitido, causarían contaminación en lugar de prevenirla. 
Todos queremos aguas limpias, pero la legislación que elaboramos debe ser adecuada para conseguirlo. 
. – Señor Presidente, sus Señorías, el informe de la señora Klaß sobre la protección de las aguas subterráneas es extremadamente complejo. 
Sin embargo, la pregunta que hoy podríamos formular es si se cumplirán los objetivos de la Directiva Marco del Agua y los objetivos de prevención y control de la contaminación de las aguas subterráneas gracias a las propuestas incluidas en el informe. 
La protección de las aguas subterráneas es realmente una cuestión crucial, puesto que no solo se refiere a nuestros propios recursos de hoy, sino también a los de las futuras generaciones y al ecosistema acuático en su conjunto. 
Sabemos cuán complicado es el estudio de las aguas subterráneas, y también sabemos que, una vez se ha contaminado un recurso hídrico, permanece así durante años. 
Hoy, estos recursos se ven amenazados por una amplia variedad de formas de contaminación. 
Algunos acuíferos ya se han deteriorado gravemente debido a los efectos de la agricultura intensiva, al uso masivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, incluidos los nitratos. 
El principio de cautela nos obliga a dar prioridad a la prevención de la contaminación sobre la subsanación o limpieza de las aguas subterráneas, incluso suponiendo que pudiéramos plantearnos en serio la posibilidad de limpiar fácilmente un acuífero. 
Si queremos impedir la contaminación de las aguas subterráneas, nuestra máxima prioridad tiene que ser la eliminación de las fuentes de contaminación. 
Sin embargo, ciertas enmiendas nos hacen temer que no se ha captado –sin duda por motivos que tienen que ver con intereses sectoriales– la necesidad urgente de adoptar un enfoque más radical en la prevención de la contaminación. 
En concreto, se han excluido determinados vertidos: los fertilizantes y los productos de tratamiento de las depuradoras utilizados de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. 
De hecho, esto equivale a una aceptación oficial de la contaminación agrícola, lo cual es inaceptable, especialmente porque sabemos que la principal culpable de la contaminación de las aguas subterráneas es, por supuesto, la agricultura. 
Hay que rechazar de plano la posición que se propone en la enmienda 45 si queremos llegar a los resultados de protección de nuestros recursos hídricos. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ya decepcionado de que el proyecto inicial de la Comisión no llegaba suficientemente lejos para proteger realmente la calidad de las aguas subterráneas, está preocupado de que este informe incluso debilite aún más la posición de la Comisión. 
Si se adoptaran algunas de estas enmiendas, este proyecto vendría a ser lo mismo que una licencia para contaminar y, naturalmente, al final haría que los consumidores europeos pagaran el precio de un agua potable que se habría contaminado de forma prácticamente legal. 
En nuestra opinión, el artículo 6 y el compromiso impulsado por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y nosotros son los más importantes, ya que exigen una política de prevención clara que prohíbe los productos químicos más peligrosos y limita estrictamente otros agentes contaminantes. 
Por estos motivos pedimos al Parlamento que apoye dicho compromiso. 
. – Las aguas subterráneas son una fuente natural única de un valor apreciable, razón por la cual deben protegerse de modo eficaz. 
En nuestra opinión necesitamos criterios claros para examinar el estado cualitativo del agua y un denominador común europeo, para que estos criterios sean comparables. 
Por esta razón, apoyamos la necesidad de la elaboración gradual de una política común europea para la protección de las aguas subterráneas que tenga también en cuenta las características específicas de cada zona. 
Concedemos una importancia excepcional a la enmienda de transacción que hemos firmado junto con otros Grupos políticos respecto al artículo 6, en la que expresamos nuestro deseo de una protección intensiva. 
El ámbito de aplicación del artículo 6 no debe restringirse únicamente a los vertidos indirectos en las aguas subterráneas. 
También apoyamos la necesidad de que los Estados miembros creen una lista que incluya los contaminantes que son especialmente preocupantes en las cuencas hidrográficas. 
Puesto que no existe una definición europea de mejores prácticas agrícolas, pedimos a los Estados miembros que adopten medidas adicionales para prevenir la contaminación en este sector. 
Al mismo tiempo, los agricultores necesitan apoyo en sus esfuerzos por lograr un medio ambiente más limpio mediante programas de desarrollo rural, para lograr tanto los objetivos de la Directiva Marco del Agua como los de la Directiva de Aguas Subterráneas. 
También proponemos que los Estados miembros elaboren una lista y realicen una evaluación intermedia de las medidas adoptadas para prevenir la contaminación. 
De este modo puede reforzarse la prevención y pueden evitarse consecuencias irreversibles. 
La insistencia en la prevención, la estricta protección de las aguas subterráneas y las medidas para impedir su deterioro son necesarias y representan una inversión a favor de las futuras generaciones. 
Por ese motivo no puedo entender a aquellos que dicen que no tienen dinero para invertir en el futuro, en el medio ambiente o en nuestros hijos. 
. Señor Presidente, en los once años que llevo como diputado a esta Cámara, rara vez me he encontrado con un ponente que presentara una opinión minoritaria respecto a un informe. 
Sinceramente, encuentro un poco extraño que la señora Klaß haya hecho precisamente eso. 
La cuestión que plantea es que las enmiendas adoptadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria dejan demasiado margen para la política particular de cada Estado miembro. 
Llegado este punto, solo puedo subrayar que considero que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha hecho lo correcto al adoptar estas enmiendas; después de todo, las aguas subterráneas son principalmente una cuestión nacional. 
Cuando se debatió la directiva marco sobre el agua, se reconoció el hecho de que las aguas subterráneas deberían tratarse por separado. 
Concretamente debido al principio de subsidiariedad, no puede existir un fundamento jurídico para esta directiva derivada que no sea el apartado 1 del artículo 175. 
Las aguas subterráneas son un recurso natural amenazado; hacemos bien en prestarle atención intercambiando mejores prácticas y fomentando una mayor protección, pero este no es terreno para establecer normas rígidas a escala europea. 
Ya sabemos que es extremadamente difícil medir el contenido de una sustancia en las aguas subterráneas de modo objetivo en una región, por no decir en un Estado miembro. 
Por ejemplo, el nivel de concentración de cloruro puede variar entre 20 mg/l y más de 10 000 mg/l en un radio de 10 kilómetros. 
Por último, quisiera llamar brevemente la atención de sus Señorías sobre la cuestión que rodea a la prohibición de las descargas. 
La enmienda 43 es crucial a este respecto. 
Debido al modo en el que se extrae el agua potable en algunos de los Estados miembros, es decir, mediante la infiltración de aguas superficiales, es sumamente importante no dictar una prohibición absoluta de las descargas. 
Por ello les pido que voten en contra de la enmienda 43; la enmienda 103 del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa es aceptable. 
Espero impacientemente el resultado de la próxima votación, aunque no puedo garantizar que esté satisfecho con la misma. 
Eso dependerá de las enmiendas que apruebe esta Cámara. 
– Señor Presidente, la filtración desde la superficie causa la contaminación de las aguas subterráneas, debido al uso de sustancias químicas en la agricultura, a raíz de la contaminación orgánica e inorgánica provocada por caudales superficiales de aguas residuales, ya sean libres o canalizados, y finalmente debido a un aislamiento insuficiente de los vertederos de residuos. 
Los vertidos ilegales, que por desgracia tienen lugar en diversas regiones de la Unión, tanto en los nuevos países adheridos como en los antiguos Estados miembros, como Italia, pueden provocar una contaminación grave e incontrolada de las aguas subterráneas. 
La introducción de valores umbral de los contaminantes a discreción de los Estados miembros es un grave retroceso para la protección del medio ambiente. 
El mantenimiento de un enfoque gradual sobre esta cuestión, tal como planea la Comisión, no significa en este caso respetar los derechos de los países individuales, que es algo de lo que nos alegraríamos en muchos otros casos, pero que sería un perjuicio para el medio ambiente y los consumidores. 
Al mirar las etiquetas del agua mineral, puede que los consumidores puedan juzgar si comprar o no el producto, pero no pueden hacer lo mismo con los vegetales y los cereales. 
Por lo tanto, espero que, en el transcurso del proceso legislativo, logremos modificar la Directiva y establecer unos valores umbral para los contaminantes que sean idénticos en todos los Estados miembros, de manera que se garanticen los mismos niveles de toxicidad para los seres humanos y el medio ambiente. 
Señor Presidente, parece ser por tanto que hay más listas en circulación, pero espero que no señale con el dedo a la señora Herranz García por no haberse tomado la molestia de avisarme. 
Quiero hacerme eco de las palabras de agradecimiento a nuestra ponente, la señora Klaß, porque aunque sé que ella tenía una opinión distinta respecto a ciertas cuestiones, su aportación ha sido constructiva y ha estado dispuesta a ayudar a apoyar posturas que los diputados de otros Estados miembros consideraban importantes. 
Esta directiva es importante porque trata de alcanzar un equilibrio ecológico. 
Además, las aguas subterráneas son importantes para la agricultura, la industria y el agua potable. 
En la directiva marco hemos optado por un enfoque centrado en las cuencas, que influye en la evaluación de la directiva de aguas subterráneas. 
Quiere decir que es imposible aplicar normas uniformes a ciertas sustancias, pero que es preciso establecer métodos de medición uniformes y similares. 
Cambiando de tema, he presentado la enmienda 110 relativa a los vertidos indirectos, a la que se refiere el artículo 6 de esta directiva. 
Pueden preguntar cuál era mi intención al hacerlo. 
Soy de una provincia que tiene que hacer frente a inundaciones de forma regular. 
Como estamos en proceso de despejar espacio para los ríos, los ensancharemos y utilizaremos parte de los sedimentos para elevar sus orillas. 
Si aprobamos esta directiva marco sobre el agua, y sin duda la enmienda transaccional 94, que ha presentado el Grupo de los Verdes, significaría que todo lo que se excave de estos ríos tendrá que dejarse al lado de los mismos por razones de seguridad de la provincia y de los Países Bajos, y que tendría que envolverse en plástico. 
El coste que comporta para la pequeña región de la que provengo es de 100 millones de euros. 
Puesto que esa no puede ser la intención, les insto a que voten a favor de la enmienda 110 y rechacen las enmiendas 43 y 94. 
Es nuestro deber impedir que los recursos naturales se contaminen y se agoten, y puesto que las aguas subterráneas representan un 60 % del agua potable en los Países Bajos, esa es razón suficiente para hacer todo lo posible por prevenir la contaminación. 
Debemos establecer normas estrictas respecto a la calidad de nuestras aguas subterráneas, pero ¿cuán estrictos deberían ser los valores umbral? 
¿Deberíamos imponerlos en el ámbito europeo o deberíamos dejar esto en manos de los Estados miembros? 
En los Países Bajos hay bastante preocupación acerca de los reglamentos europeos, que a menudo repercuten en los agricultores, los constructores y las empresas. 
La calidad del aire, el estiércol y la protección del medio ambiente son los ámbitos abordados en las directivas con consecuencias importantes y difíciles de explicar a alguien que puede ver su proyecto de construcción detenido totalmente a causa de unas normas europeas abstractas. 
«Este es otro ejemplo de la interferencia de Bruselas». 
El Partido del Trabajo neerlandés lo tiene claro: no queremos valores umbral comunes para nuestras aguas subterráneas. 
Las importantes diferencias causadas por circunstancias naturales en la composición química de las aguas subterráneas en los Estados miembros no aconsejan establecer valores umbral armonizados. 
Unos valores umbral demasiado estrictos pueden ocasionar la prohibición de actividades humanas en ciertas zonas. 
El Partido del Trabajo neerlandés no dice que los Países Bajos deban estar bajo llave, ni existe ningún apoyo político para las normas que son demasiado inoportunas sin que haya necesidad de las mismas. 
Por esa razón nos oponemos a las enmiendas 111 y 112. 
Pero quédense tranquilos, porque el Partido del Trabajo neerlandés sigue siendo tan verde como siempre. 
No obstante, estamos a favor de una enérgica conducta común encaminada a impedir o limitar el vertido de sustancias contaminadas en las aguas subterráneas. 
Eso quiere decir que son inadmisibles todos los casos de contaminación de las aguas subterráneas con una serie de sustancias bien definidas. 
También queremos que se tome en serio el principio de «quien contamina, paga». 
Mi enmienda a favor de que se traduzcan los costes de la contaminación producida por herbicidas en un impuesto especial ha recibido un amplio apoyo que acojo con satisfacción, porque muchos ayuntamientos consideran demasiado caro arrancar las malas hierbas a mano. 
Hasta la fecha, el coste de la contaminación no se ha incluido en el control químico. 
Si esto fuera así, el uso de sustancias perjudiciales disminuiría. 
Por último, me gustaría mencionar algunas enmiendas relacionadas con los nitratos y la cuestión del estiércol. 
No me entra en la cabeza que precisamente en un momento en el que varios Estados miembros están esforzándose mucho en relación con la directiva nitratos se esté enviando el mensaje de que puede que esta directiva sea superflua. 
Por esa razón no apoyamos esas enmiendas, aunque nos complacerá apoyar la enmienda 110 presentada por la señora Oomen-Ruijten. 
– Señor Presidente, señor Comisario, las aguas subterráneas son un recurso básico y valioso que tenemos que proteger. 
La contaminación de las aguas subterráneas afecta a los ríos, a los lagos y a los valiosos ecosistemas, incrementa el coste del agua potable y amenaza la garantía de su suministro. 
La propuesta de la Comisión sobre la protección de las aguas subterráneas ha de mejorarse, especialmente porque la limpieza de las aguas subterráneas podría llevar décadas. 
Por lo que respecta a la prevención, nuestro objetivo es proteger las aguas subterráneas con medidas preventivas, no simplemente intentar mejorar el estado del agua contaminada. 
Necesitamos una propuesta que evite la contaminación con criterios y límites definidos, y a la vez hay que obligar a los Estados miembros a que presenten informes periódicos sobre el estado de sus aguas y sobre las medidas efectivas que han tomado. 
La enmienda 94, que propone prevenir y limitar las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas e introduce un procedimiento de control por parte de los Estados miembros, es un esfuerzo positivo por mejorar el informe. 
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 87 % de las aguas subterráneas europeas no cumplen los criterios relativos a nitratos, mientras que 10 de cada 11 países informan sobre el riesgo de contaminación del agua por pesticidas. 
Necesitamos criterios estrictos para los nitratos y los pesticidas, y por ello les pido que voten a favor de las enmiendas 101 y 102. 
Otra cuestión son los ecosistemas en las aguas subterráneas. 
La flora y fauna microscópicas ayudan a mejorar la calidad de las aguas subterráneas y la calidad del agua potable. 
Las enmiendas 96 y 98 introducen las zonas de protección de aguas subterráneas, mientras que las enmiendas 95 y 100 solicitan más investigación acerca de los ecosistemas de las aguas subterráneas, razón por la cual les pido que voten a favor de las mismas. 
La cuestión de la protección de las aguas subterráneas de la contaminación en relación con el suministro a los hogares e industria es una cuestión seria para todos los países y núcleos urbanos. 
Respecto al proyecto de directiva sobre la protección de las aguas subterráneas de la contaminación, parece ser que se solicita más trabajo, especialmente en cuanto a la elaboración de una lista con los contaminantes que representan una mayor amenaza para el medio ambiente. 
También es necesario establecer valores umbral para las sustancias naturales calificadas de ingredientes activos biocidas y cuya concentración natural supera los valores propuestos. 
También debería tenerse en cuenta el hecho de que estas sustancias repercuten en la actividad fisiológica de los organismos vivos. 
Por ello, precisamos seguimiento e investigación para conocer su impacto sobre los seres humanos. 
También pienso que debe quedar muy claro que en interés de la protección de las aguas subterráneas deberían tomarse medidas preventivas y educativas para concienciar a la población de los hechos relativos a la contaminación del agua y para facilitar información sobre los métodos de protección y su ejecución. 
El agua no debería protegerse únicamente mediante el pago por su uso, sino también mediante el castigo de su derroche y contaminación. 
Además, las medidas de ejecución, como las normas y reglamentos, tienen que ser prácticos y viables. 
– Señor Presidente, la Directiva sobre nitratos se refiere expresamente a los nitratos presentes en las aguas subterráneas. 
Por lo tanto, ¿por qué es necesario que esta directiva sobre las aguas subterráneas también se refiera a los nitratos? 
Es absurdo que haya dos directivas que traten la misma cuestión con enfoques y mecanismos diferentes y, para la desventurada comunidad agrícola, una doble obligación. 
La Directiva sobre nitratos debería ser revocada o bien la conformidad con una de ellas debería eliminar a la otra de la ecuación. 
Los efectos combinados de esta directiva y de la Directiva marco sobre el agua harán que la Directiva relativa a los nitratos sea absolutamente superflua. 
En virtud de esta directiva se exige tomar medidas para contrarrestar la tendencia cuando los niveles de contaminación alcancen el 75 % de la norma de calidad decretada. 
Esto es más estricto que las normas exigidas en virtud de la Directiva sobre los nitratos en las zonas vulnerables a los nitratos. 
Una vez más, tenemos conflictos, contradicciones y dobles raseros. 
Necesitamos un reglamento sólido y sobrio, no una costosa duplicación. 
– Señor Presidente, cuando el señor Dimas responda al debate dentro de un momento, quiero pedirle que conteste concretamente y que nos comunique la opinión de la Comisión sobre las enmiendas 111, 112 y 94 y las enmiendas que el orador anterior acaba de mencionar respecto a los nitratos. 
Sería muy interesante para todos nosotros conocer la opinión de la Comisión respecto a esas enmiendas concretas. 
Quisiera centrarme rápidamente en las enmiendas 111 y 112, que la ponente ha parecido apoyar en su intervención inicial y que tratan de la aplicación de las normas universales a través de la directiva de aguas subterráneas. 
Como sabe, esta idea fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria a favor del enfoque marco de la Comisión sobre la base de la gestión de las cuencas hidrográficas. 
¿Tienen razón aquellos de nosotros que se oponen a las normas universales al decir que la gestión de las cuencas hidrográficas o la gestión local de la directiva de aguas subterráneas significaría que no se necesitan normas universales? 
Muchos oradores han comentado lo importante que es reconocer que sería de locos intentar aplicar normas universales. 
El cuarenta por ciento de las aguas subterráneas europeas ya está muy por encima de las normas establecidas en las enmiendas Florenz. 
Siento que como ponente, la señora Klaß haya utilizado su tiempo de intervención para apoyar enmiendas que sabía que la comisión había rechazado. 
El origen de la directiva de aguas subterráneas es en realidad el efecto de los vertederos en la calidad de las aguas subterráneas. 
¿Puede confirmarnos el Comisario que la Comisión está dando curso realmente a la Directiva sobre el vertido de residuos? 
Se nos dice que todavía existen miles de vertederos ilegales en Francia, Italia y otros países. 
Si esto es así, no tiene sentido que intentemos conseguir normas mejores para las aguas subterráneas cuando el origen del problema todavía sigue ahí. 
Señor Presidente, tras las muchas críticas que ciertos Estados miembros han dirigido a la ponente, es hora de que reciba más elogios, y de boca de una diputada austriaca. 
Creo que ha realizado un trabajo muy constructivo, y la cuestión que aborda no solo necesita conseguir una mayoría en esta Cámara, puesto que las líneas divisorias atraviesan los distintos Grupos. 
En mi opinión, es importante que estas normas uniformes, tal y como se proponen en varias enmiendas, se apliquen a los contaminantes más importantes en toda Europa con el fin de evitar distorsiones de la competencia y el dúmping medioambiental. 
El artículo 6 de la Directiva de aguas subterráneas incluye disposiciones adicionales sobre la protección de masas de aguas subterráneas, puesto que la Directiva Marco del Agua no tiene nada que decir sobre cómo va a tratarse la introducción indirecta de contaminantes. 
A ese respecto –y respecto al modo en que nos permite enviar una señal muy clara y contundente sobre la protección del medio ambiente– considero el artículo 6 muy importante, y también pienso que esta Cámara rechazará cualquier intento de diluirlo. 
Considero que la enmienda 45, que prevé una derogación general de la buena práctica agrícola, es contraproducente para la protección de las aguas subterráneas. 
A pesar de las disposiciones sobre la adhesión a las buenas prácticas agrícolas, que llevan varios años en vigor, el sector agrícola sigue siendo la fuente más significativa de contaminación de las aguas subterráneas. 
Según el último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, todas las masas de aguas subterráneas en la UE superan los valores umbral de nitratos, y estas constituyen el 87 % de las aguas subterráneas en zonas agrarias. 
Aunque algunos diputados –me parece que un gran número de ellos– han llegado a la conclusión de que la Directiva de nitratos es superflua, creo que esa conclusión es falsa; lo que es superfluo, en mi opinión, es el debate de hoy. 
Hoy vamos a votar sobre una directiva concebida en teoría para proteger y mejorar las aguas subterráneas en la UE. 
Además, eso se puede lograr en algunos sitios limitando la cantidad, por ejemplo, de pesticidas fumigados en el agua. 
En Dinamarca, un sistema descentralizado nos suministra aguas subterráneas que no se han purificado químicamente y que bebemos directamente. 
Por ello, nosotros consideramos equivocado permitir la contaminación de las aguas subterráneas. 
No solo tenemos que reaccionar cuando se alcance un valor umbral o un límite máximo. 
Debemos reaccionar en cuanto constatemos que un pesticida o un derivado del mismo ha penetrado en la zona radical de la corteza terrestre. 
Los pesticidas deberían aprobarse única y específicamente con la condición de que no pudieran atravesar el estrato superior de la tierra y llegar así a las aguas subterráneas. 
Si detectamos la presencia de pesticidas y sus derivados en el agua, ha sido un error aprobarlos, y deben dejar de utilizarse inmediatamente. 
En Dinamarca tenemos, con diferencia, la mayor parte de las prohibiciones del uso de pesticidas, pero ahora la UE quiere eliminar algunas de ellas. 
Esto demuestra que a pesar de que la Constitución menciona un alto nivel de protección, la protección más estricta es susceptible de ser eliminada. 
También demuestra que la llamada garantía medioambiental es, en su mayor parte, propaganda. 
Sin duda, las aguas subterráneas son un ámbito en el que en Dinamarca pueden justificarse unas normas especiales, porque bebemos aguas subterráneas sin purificar. 
No obstante, ni siquiera a la luz de esto se acepta que tengamos derecho a una consideración especial. 
¿Cómo se supone que vamos a demostrar que los daneses son más vulnerables que los alemanes, por ejemplo, a contraer alergias y a las sustancias cancerígenas? 
La enmienda del Movimiento de Junio está concebida para garantizar una intervención tan pronto como exista un nivel perceptible de contaminación. 
Si esta enmienda no puede aprobarse, solicitaría a la Comisión que declarara que los países en los que el agua subterránea sin purificar se bebe directamente pueden introducir un nivel de protección más alto. 
Gracias, señor Presidente, aunque hasta ahora no hay mucho que agradecer. 
– Señor Presidente, Señorías, aunque dos tercios de la Tierra están cubiertos de agua, seguimos sin poder utilizar más del 1 % para su consumo, por lo menos que sepamos nosotros. 
Consideramos el agua limpia del grifo lo más natural del mundo, pero en otros lugares miles de niños mueren cada día a causa de enfermedades transmitidas por el agua. 
Lo que eso demuestra claramente es que el agua potable es el primero de todos los alimentos, y que sin duda debemos proteger nuestras aguas subterráneas en todo el territorio europeo, para que no terminemos en un futuro cerrando nuestro grifo y sentenciando a generaciones futuras a un destino similar. 
Aunque la cantidad de agua del mundo sigue sin cambiar, la calidad de las aguas subterráneas se ve afectada por la contaminación de la agricultura, de la construcción, de los vertederos, de la contaminación residual y del aumento del tráfico. 
Por este motivo tiene mucho sentido establecer normas uniformes y procedimientos para medir la calidad de las aguas subterráneas en todo el ámbito de la UE y, aunque en mi opinión este informe no es suficiente, por esa razón yo también voy a votar a favor del mismo. 
Como el propio informe indica, las impurezas pueden aparecer hasta décadas más tarde, por lo cual es fundamental gestionar estos recursos vivos con cuidado. 
El mayor valor otorgado a la agricultura ecológica a raíz de la reforma de la PAC fue un paso en la dirección correcta, pero si promovemos cosas como el transporte, los convoyes transeuropeos o el uso intensivo de insecticidas en el cultivo del maíz o del tabaco, por ejemplo, también estamos dando paso a la contaminación de las aguas subterráneas. 
En vista de esto, deberíamos considerar de modo crítico y exhaustivo nuestros mecanismos de apoyo. 
Para mí, como diputada de Austria, un país con grandes reservas de agua potable, que son vitales y preciosas para nosotros, es importante gestionar minuciosamente el agua, especialmente las aguas subterráneas en todo el territorio europeo. 
Si no lo hacemos, será inevitable que muchas más personas codicien nuestra agua, y eso es algo que queremos evitar. 
Señor Presidente, lo primero que quisiera decir es que el problema que ha surgido con el uso de la palabra ha sido única y exclusivamente debido a un error en los servicios del de mi Grupo, por tanto, les corresponde a ellos dar una explicación a los colegas que se vean afectados. 
Quisiera señalar, centrándonos en este informe de la señora Klaß, que los agricultores van a ser, probablemente, los primeros afectados por la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas que estamos tratando, y que, sin embargo, su opinión no se ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar el proyecto que tenemos sobre la mesa. 
La agricultura garantiza, en muchas regiones europeas, la existencia de una masa vegetal que impide la desertificación de las tierras, un fenómeno que produce un incremento considerable de los contaminantes naturales en las aguas subterráneas. 
La disminución drástica de esa actividad agrícola, como parece que algunos persiguen, iría, por tanto, en contra de los objetivos propios de la Directiva que estamos debatiendo hoy. 
En segundo lugar, me gustaría manifestar mi decepción por el escaso interés que ha demostrado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por las enmiendas que presentó la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de este Parlamento, en especial por aquellas en las que se pedía que se tuviera en cuenta el elemento "cantidad de agua" a la hora de establecer los factores que contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas. 
Los acuíferos con escasez de aporte, como es habitual encontrar en muchas regiones del sur de Europa, sobre todo en las estaciones secas, alcanzan una salinidad más elevada y, por lo tanto, mayores concentraciones de sulfato; esa salinidad está, insisto, íntimamente relacionada con los volúmenes de aporte hídrico, circunstancia que no se ha tenido en cuenta en el informe que tenemos sobre la mesa. 
También quisiera expresar mi rechazo al establecimiento de unos estándares comunitarios que sustituyan el concepto de umbral nacional por unas normas de calidad, ya que ello introducirá un elemento estático incompatible con la diversidad de los suelos y aguas existente en muchas regiones europeas. 
Los agricultores serán, además, las primeras víctimas de esa medida, porque los niveles de tolerancia de algunas sustancias, en especial de los sulfatos, que son generados por la propia naturaleza en muchas zonas, dependen de las características de los suelos y de los cultivos, y se pueden dar ejemplos de cultivos, como el arroz, que soportan niveles de sulfatos más elevados que otras especies vegetales. 
Por lo tanto, establecer estándares comunitarios para ese tipo de sustancias, que en ningún momento ponen en riesgo la salud del consumidor, podría traducirse en paralizaciones injustificadas de la actividad de riego. 
– Señor Presidente, las aguas subterráneas son un recurso natural que no tiene precio, no un recurso nacional, y deberían ser consideradas un recurso imprescindible para que la humanidad pueda sobrevivir. 
Por consiguiente, no tenemos derecho a hacer concesiones sobre la calidad del agua o negociar aquí acuerdos sobre la calidad del agua. 
Debemos pecar por exceso de precaución, no velar por el coste. 
No tengo ninguna confianza en que todos los Estados miembros mantengan o siquiera establezcan normas adecuadas. 
Hasta ahora no lo han hecho. 
Han permitido miles de vertidos ilegales en toda Europa, incluida Irlanda. 
Irlanda todavía no ha aplicado la Directiva sobre nitratos de 1992. 
Trece años después, sigue sin implementar esa directiva, no porque no sea necesaria –es absolutamente necesaria en Irlanda–, sino porque tiene miedo de la Asociación de Agricultores Irlandeses. 
Quiero concluir diciendo que no solo debemos establecer normas restrictivas, sino que también debemos establecer penalizaciones estrictas y severas para aquellos Estados miembros que no cumplan esas normas, y no deberíamos escudarnos en el principio de subsidiariedad, cosa que no sería más que eludir nuestras responsabilidades. 
Señor Presidente, las aguas subterráneas pueden contaminarse de muchos modos, y la gente de la calle no conoce muchos de ellos, de ahí la importancia de las medidas relativas a la educación y a la prevención. 
Hay que dirigirse a los colegios y a los principales usuarios del agua, que siguen envenenando el medio ambiente como si ellos mismos fueran inmortales. 
Es muy importante que el Fondo de Cohesión mantenga el nivel propuesto inicialmente por la Comisión Europea, puesto que está colaborando en la enorme tarea de proteger las aguas subterráneas de los nuevos Estados miembros de la UE. 
No deberíamos escatimar en infraestructura de construcción, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento, porque este es el único modo de nivelar las enormes diferencias que existen entre los distintos países. 
La industria pesada que trabajaba para hacer frente a la demanda de armamento abusó del medio ambiente natural de Europa Central y Oriental. 
Es vital que los Estados miembros cumplan los plazos para presentar los datos relativos al estado de las aguas subterráneas, puesto que una visión así es esencial para realizar un seguimiento preciso y eficaz en el futuro. 
El Parlamento ha planteado la cuestión del estado cuantitativo de las aguas subterráneas. 
El proyecto de directiva se propone tratar exclusivamente el estado químico del agua, con referencia al artículo 17 de la Directiva Marco del Agua, y por lo tanto no es oportuno establecer ahora disposiciones relativas al estado cuantitativo del agua en el proyecto. 
Por consiguiente, las enmiendas 7 y 10 deberían ser rechazadas. 
La enmienda 54 tiene que ver con nuevas disposiciones para la protección de balnearios y manantiales de aguas medicinales. 
Debería apoyarse, puesto que, hasta la fecha, la legislación de la UE no ha abordado la protección de estas aguas especiales de gran calidad. 
Hay que incluir disposiciones al respecto, y le pido al Comisario y a la Comisión Europea en su conjunto que preste especial atención a esta cuestión. 
– Señor Presidente, la directiva propuesta pretende garantizar la supervisión y la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas en Europa de modo armonizado. 
El enfoque propuesto para establecer criterios de calidad es flexible e iterativo, tiene en cuenta las características locales y permite mejoras ulteriores. 
Esta directiva responde directamente al artículo 17 de la Directiva marco del agua de 2000, y llevamos ya un tiempo esperándola. 
El enfoque de la Comisión es establecer normas de calidad de las aguas subterráneas en el ámbito de la UE en cuanto a los nitratos y pesticidas –cuestión que han comentado muchos colegas– y permitir que los propios Estados miembros fijen valores umbral para otras sustancias como arsénico y cadmio, para las que se establece una lista mínima en la directiva. 
Estoy de acuerdo con ese enfoque, puesto que no hay necesidad de más armonización en Europa. 
Tenemos que respetar las diferencias de clima y de tipo de suelo. 
Voy a ir un paso más allá. 
Finalmente ese enfoque, que permite a los Estados miembros decidir sobre la base de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas –que de acuerdo con la Directiva marco gestionarán al final, una vez establecidos, todas las fuentes de agua dulce–, también permitirá a los Estados miembros gestionar sus contaminantes de nitratos y pesticidas. 
Al final deberíamos aplicar este enfoque a todas las cosas. 
Se ha mencionado la Directiva sobre nitratos. 
Los agricultores también necesitan y quieren agua limpia. 
No puede permitirse a nadie que contamine nuestras aguas subterráneas o nuestra agua dulce con nitratos o cualquier otra sustancia. 
No obstante, una política uniforme aplicada a todos los casos ha demostrado ser sumamente difícil, como han dicho algunos colegas, si tenemos en cuenta que 12 de los 15 antiguos Estados miembros están actualmente procesados por no transponer o por transponer incorrectamente la Directiva sobre nitratos. 
Nunca ha sido una directiva cómoda. 
Nunca ha encajado bien porque no respetamos las diferencias entre los Estados miembros y no confiamos en ellos para controlar su propia contaminación en este terreno. 
Quiero preguntar al Comisario Dimas por qué continúa permitiendo que el Gobierno irlandés añada un contaminante, el flúor, a nuestro suministro público de agua potable. 
Sé que no es competencia directa de la Comisión, pero ¿cómo podemos estar aquí hablando largo y tendido sobre la seguridad del agua y sobre la necesidad esencial del agua para la vida –en lo que todos estamos de acuerdo– si seguimos permitiendo que un Estado miembro contamine el agua del grifo con flúor? 
Pido al Comisario que haga algo urgentemente al respecto o toda esta legislación –directivas marco, directivas del agua, etc.– será papel mojado. 
Señor Presidente, tan solo unos días después del 22 de abril, el Día de la Tierra, quizás no sea exagerado exigir que el agua, que cubre la mayor parte de nuestro planeta y es el mayor componente de todos los organismos vivos y también puede encontrarse en estado sólido en las regiones polares y en estado gaseoso en la atmósfera, es el componente más importante de nuestra vida y nuestro mayor recurso. 
Esta directiva tiene por objeto proteger uno de los tesoros más importantes de este recurso, las aguas subterráneas, y aunque tenemos un objetivo común, nuestras soluciones difieren. 
En mi opinión, hay que establecer normas en el ámbito comunitario, puesto que la buena calidad de los cuerpos acuáticos continuos, que atraviesan las fronteras de los Estados, puede garantizarse únicamente si los países vecinos están sujetos a disposiciones estrictas. 
Sin duda, cuando hablamos de normas cualitativas, deben considerarse las distintas características naturales del suelo y de las masas de agua. 
Al establecer valores umbral, deben examinarse las sustancias que aparecen de forma natural en el agua; el alto contenido de arsénico de las aguas subterráneas de la región de las llanuras meridionales de Hungría es un buen ejemplo. 
La propuesta de directiva sigue prohibiendo el vertido directo de contaminantes en las aguas subterráneas. 
En caso de permitir el vertido indirecto, considero esencial que se considere la presencia de otros contaminantes que perjudican al medio ambiente en cuestión. 
Me ha alegrado saber que mi propuesta de enmienda al respecto ha sido bien acogida por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Otro punto importante del informe es que promueve la delimitación de zonas de protección de acuíferos que abastecen manantiales de aguas medicinales. 
Con el fin de mejorar la calidad de las aguas subterráneas, es preciso cambiar la práctica agrícola actual; por ejemplo, hay que abordar la contaminación de vertederos abandonados y desarrollar planes de acción y recursos. 
Definamos con claridad lo vitales que son estas cuestiones para que los Estados miembros se tomen en serio esta importante tarea medioambiental. 
Por último, permítanme felicitar a la Comisaria Klaß por este excelente informe sobre la propuesta de directiva que, tras su aprobación, desempeñará una función crucial en la protección de las aguas subterráneas después de 2003. 
– Señor Presidente, todos están de acuerdo con los objetivos de esta propuesta de directiva. 
Existen diferencias respecto al modo en el que vamos a alcanzar estos objetivos: mi yo optimista dice que estamos casi a mitad de camino. 
Las aguas subterráneas son un recurso nacional importante. 
En Irlanda, las aguas subterráneas y los acuíferos proporcionan un cuarto de nuestra agua potable. 
El control de las aguas subterráneas irlandesas por parte de la Agencia de Protección del Medio Ambiente muestra que no existe una contaminación extendida de los diversos acuíferos. 
La mayoría de las muestras tomadas por la agencia no estaban contaminadas. 
Así debería ser, y esto son buenas noticias, pero tenemos que estar al tanto. 
Necesitamos técnicas de medición uniformes en la UE, pero no necesitamos umbrales comunes aparte de los referidos a nitratos y pesticidas. 
Los tipos de suelo y de subsuelo son factores importantes para caracterizar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. Estos varían considerablemente en todo el territorio de la Unión. 
Sin embargo, del mismo modo, el hecho de permitir que distintos valores umbral en los Estados miembros tengan en cuenta estas condiciones naturales locales no debe ocasionar diferencias inaceptables del grado de protección ni distorsiones de la competencia y del comercio. 
Como ya hemos escuchado, la experiencia con la Directiva sobre nitratos no ha sido buena y debería orientarnos sobre el modo en que enmarcamos la directiva de aguas subterráneas. 
La Directiva sobre nitratos no tiene en cuenta el clima o las condiciones del suelo en los Estados miembros. 
Estipula un régimen muy estricto de cultivo por fechas: no es precisamente lo que la naturaleza pretendía. 
Puede que cause más perjuicio que beneficio. 
El fracaso en torno a los nitratos apenas favorece a la Comisión a los ojos de los ciudadanos de la UE. 
Ojalá la directiva de aguas subterráneas no corra la misma suerte. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su dedicación. 
A pesar de que ha sido positivo que estuviera tan dedicada desde el principio, el informe que ahora ha elaborado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria parece intentar endurecer la propuesta original de la Comisión; las enmiendas 43, 103 y 94 sin duda lo hacen. 
Me pregunto cómo piensa abordarlas el Parlamento. La aprobación de estas enmiendas causará una vez más un incremento de las cargas y del coste, especialmente para la agricultura y la horticultura europeas, dos ámbitos que obviamente van a beneficiarse del agua limpia. 
Aunque afortunadamente la propuesta también deja margen suficiente para la subsidiariedad, no puede negarse que cuando se reduzca el presupuesto para la política agrícola europea y los mercados se desregulen más, aumentará todavía más el precio de coste para la agricultura y la horticultura europeas. 
Es inaceptable que, por una parte, esta Cámara aumente la carga y, por otra, siga desregulando los mercados, dejando así el campo europeo en una situación imposible. 
En cualquier caso, quisiera instar a esta Cámara a que no endurezca más la propuesta de la Comisión, y a que vote, por supuesto, en contra de las enmiendas 43 y 94. 
También quisiera apoyar la enmienda 110 de la señora Oomen-Ruijten, que haría que la directiva de aguas subterráneas encajara mucho mejor en la política fluvial en Europa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, yo también deseo manifestar mi agradecimiento a nuestra ponente, la señora Klaß, por su gran cooperación al elaborar este informe. 
Uno de los tesoros más grandes de Europa fluye por nuestros innumerables manantiales, arroyos y ríos, por lo que es nuestra responsabilidad proteger nuestros recursos hídricos. 
Por este motivo, la protección de las aguas subterráneas debe estar entre las prioridades medioambientales más importantes de la Comunidad. 
También tenemos que tener en cuenta el hecho de que es mucho más difícil eliminar las impurezas de las aguas subterráneas contaminadas que de las aguas superficiales. 
También se utiliza a menudo para proporcionar agua potable, y si está contaminada, estos contaminantes pueden suponer un peligro para la salud humana, que a su vez supondría una carga para nuestros sistemas sanitarios. 
Al adoptar la Directiva Marco del Agua, acordamos que las aguas de Europa tendrían un estado químico satisfactorio para el año 2015. 
Estas directivas derivadas que ahora vamos a adoptar deben establecer procedimientos y parámetros mediante los cuales esta norma de alta calidad pueda prevalecer en todo el ámbito comunitario. 
Las enmiendas 111 y 112 pretenden promulgar anexos que estipulan el nivel de estos parámetros. 
Si no estableciésemos dichos valores, esta Directiva Marco del Agua no tendría sentido y sería difícil de aplicar. 
No obstante, no estamos intentando aplicar las mismas normas para todo en la Comunidad, sino garantizando una calidad alta en las aguas subterráneas por el bien del público, a la vez que se tienen muy en cuenta las diferencias locales y regionales, especialmente las condiciones geológicas. 
Por ese motivo hemos presentado la enmienda 91, que tiene en cuenta las distintas condiciones en todo el ámbito europeo. 
Lo que necesitamos son procedimientos precisos y no los enfoques vagos propuestos por la Comisión, si queremos ser capaces de establecer estos parámetros. 
Por ello, rechazo la propuesta de la Comisión a este respecto. 
En cuanto a la demanda de revisión y posible suspensión de la Directiva Nitratos, que es lo que se pretende mediante las enmiendas 108 y 109, me opongo a la misma, principalmente por motivos legales. 
Lo que necesita la agricultura en toda Europa no es una competencia distorsionada, sino la igualdad de condiciones. 
Señor Presidente, la Comisión cree que, dada la actual falta de conocimientos sobre la calidad medioambiental de las aguas subterráneas y la enorme variedad de condiciones naturales que existen en Europa, no es técnicamente factible ni deseable introducir sobre esta base nuevas normas respecto a una lista más exhaustiva de sustancias en el ámbito de la Unión Europea. 
Por este motivo, la Comisión ha propuesto un número reducido de normas cualitativas a escala de la Unión Europea y se ha asegurado de que los Estados miembros adopten valores umbral apropiados respecto a otras sustancias peligrosas que se consideran un riesgo para las aguas subterráneas. 
El término «valor umbral» se ha usado única y simplemente para distinguir las normas nacionales en cuestión de las normas en el ámbito de la Unión Europea. 
No obstante, aceptamos que la adopción del término «valores umbral» puede ser motivo de confusión. 
Por ese motivo estamos dispuestos a aceptar en principio las enmiendas 17 y 57 y las enmiendas asociadas 30, 31, 34, 69, 70 y 71. 
La utilización del término «normas de calidad de las aguas subterráneas» en la totalidad del texto aclara al mismo tiempo que, para ciertas sustancias, las normas de calidad en cuestión se adoptarán en el ámbito de la Unión Europea y que, para otras sustancias, las normas en cuestión serán adoptadas por los Estados miembros. 
Del mismo modo, la Comisión acoge con satisfacción la enmienda 65, que solicita la adopción de una metodología común en la propuesta, para que las normas de calidad de las aguas subterráneas se adopten sobre la base de criterios comunes. 
Por lo que respecta al procedimiento de conformidad, la Comisión puede acordar en principio las enmiendas 28, 29 y 58, con el fin de permitir cierto grado de flexibilidad al definir el buen estado químico de las aguas subterráneas. 
No obstante, una mayor flexibilidad no puede significar un compromiso respecto a los objetivos medioambientales, y el texto debe ser totalmente claro sobre este punto. 
Las enmiendas 1 y 2 proponen que se aclare que la directiva se refiere a la protección de las aguas subterráneas de la contaminación y el deterioro químicos, propuesta que podemos apoyar. 
No obstante, las referencias a parámetros relacionados con el agua potable, tal y como se definen en las enmiendas 3 y 4, parecen estar fuera de lugar, puesto que la propuesta se centra en los objetivos medioambientales relacionados con las aguas subterráneas, mientras que las medidas relativas al agua potable se abordan de modo satisfactorio en el artículo 7 de la Directiva Marco del Agua. 
En cuanto a la enmienda 94, a la que numerosos oradores se han referido hoy, quisiera aclarar que la Comisión no puede aceptarla. 
Los cambios propuestos pueden causar confusión y diluir los acuerdos ya existentes en la Directiva Marco del Agua. 
Del mismo modo, no estoy en situación de aceptar las enmiendas que se refieren a cuestiones que ya aborda la Directiva Marco del Agua. Esto se aplica a las enmiendas 7, 10 y 15 relativas a los aspectos cuantitativos de la gestión de las aguas subterráneas, a la enmienda 16 que se refiere a la caracterización de las aguas subterráneas y a la enmienda 52 que se refiere al principio de «quien contamina, paga». 
Las enmiendas 21 y 22, relativas a las nuevas definiciones de deterioro y concentración de fondo, son aceptables para la Comisión. 
No obstante, la aceptación de las enmiendas 23 y 49, que proponen una nueva definición y un sistema aparte para los lugares históricamente contaminados, no puede apoyarse, puesto que la gestión de los lugares en cuestión no entra en el ámbito de la presente propuesta. 
Por lo que respecta al seguimiento, la Comisión está de acuerdo con las enmiendas 14, 41 y 43 respecto a la necesidad de estrechar las demandas relativas a los requisitos de la Directiva Marco del Agua sobre la armonización de los métodos de medida y la compatibilidad y pertinencia de los datos relacionados. 
En cuanto a la prevención y a la limitación de los vertidos a las aguas subterráneas, la Comisión puede aceptar en principio la mayoría de las aclaraciones propuestas en las enmiendas 19, 20, 43 y 48. 
Respecto a la determinación e inversión de las tendencias en la calidad de las aguas subterráneas, la Comisión está de acuerdo con la enmienda 37 sobre la atención que ha de prestarse a los aumentos de concentraciones causados por la actividad humana. 
La Comisión acepta otras enmiendas, incluidas las enmiendas 38 y 39, sobre la referencia a concentraciones de referencia y a la evaluación especial de las tendencias relativas a focos puntuales de contaminación. 
Por último, las enmiendas 74, 75 y 79 referidas a las especificaciones técnicas son aceptables para la Comisión, mientras que otras, como las enmiendas 76 a 78 y 83 a 85 son aceptables en principio pero requieren más aclaraciones. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 108 y 109 sobre la posible revisión y revocación de la Directiva de nitratos. 
La directiva sobre nitratos ha ayudado a reducir la contaminación de la agricultura y seguirá ayudando en el futuro. 
La Directiva Marco del Agua, la Directiva de nitratos y la presente propuesta de directiva sobre aguas subterráneas son complementarias y se apoyan unas a otras. 
En respuesta a la pregunta realizada, quiero subrayar que la Directiva de nitratos solo abarca zonas que son sensibles a los nitratos, mientras que la directiva sobre aguas subterráneas se aplicará a toda Europa. 
La Comisión no acepta las enmiendas 111 y 112 porque introducen normas en el ámbito europeo para varios contaminantes que la Comisión cree que deberían dejarse, de momento, en manos de los Estados miembros. 
Para terminar, quiero subrayar que muchas de las enmiendas sirven para aclarar la propuesta y mejorar su posición en relación con la Directiva Marco del Agua y la anterior directiva sobre aguas subterráneas. 
Me complace decir que la Comisión está en condiciones de aceptar 31 enmiendas en su totalidad y otras 44 en principio o en parte. 
No obstante, 48 enmiendas no son aceptables para la Comisión. 
Voy a proporcionarle a la Mesa una lista completa de la posición de la Comisión sobre las enmiendas (1). 
Por último, una vez más, quiero agradecer a la ponente sus esfuerzos. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad, en parte o en principio las enmiendas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 103, 106 y 113. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 4, 7, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 27, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 80, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123. 
En cuarto lugar, debe garantizarse un apoyo financiero adecuado para el instrumento SOLVIT de resolución de conflictos fuera de los tribunales, puesto que ese método para abordar los problemas ya ha demostrado ser un éxito. Además de la transposición y ejecución de las directivas, también deberían tenerse en cuenta los factores adicionales que contribuyen al desarrollo del mercado interior, y por consiguiente, al crecimiento de la economía europea. 
Señor Presidente, en nombre de los socialistas europeos, acojo con satisfacción el informe; su contenido es preciso e incluye recomendaciones prácticas. Me complace especialmente que estemos debatiendo este informe casi en el primer aniversario de la adhesión. 
De acuerdo con el informe, el acervo comunitario no solo se ha implementado totalmente por parte de varios Estados miembros nuevos en la medida necesaria, sino que a menudo con mayor rigor del que la mayoría de los miembros existentes han aplicado. 
Resulta curioso que en lugar de mejorar el mercado interior, lo distorsionó parcialmente al mismo tiempo, por las siguientes razones: tras el cambio político, los países solo han progresado de forma parcial respecto a las reformas económicas. 
El 98 % de la estructura empresarial se caracteriza por poseer pequeñas y medianas empresas que luchan contra el déficit de capital, y su acceso a la información es limitado. Los costes prolongados que comporta la adopción del acervo seguirán siendo una carga para los nuevos Estados miembros durante varios años más. 
Los casi 150 millones de nuevos miembros constituyen un tercio de la población de la UE. 
En el momento de la adhesión, las economías de los Estados miembros existentes, de forma distinta a la de ampliaciones anteriores, eran menos prósperas y estaban esperando reformas. 
Es bueno que con la actual ampliación ya no existan dos sistemas mundiales. 
Los políticos tienen una gran responsabilidad. 
Los políticos, que consideran el Parlamento Europeo como escenario internacional para el debate político nacional –aunque originalmente no era su intención– se convierten en obstáculos para solucionar los problemas de la UE. 
. – Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está muy sorprendido por la referencia en el informe al innegable éxito económico del mercado interior y por la valoración de que ha sido una fuerza motriz del fomento de la cohesión económica y de eliminación progresiva de disparidades regionales. 
Estoy absolutamente de acuerdo con esta valoración siempre y cuando la mención del éxito económico se refiera a las empresas. No cabe duda de que ha sido todo un éxito para ellas. 
No obstante, teníamos la impresión de que el mercado interior formaba parte de los esfuerzos de la Unión Europea por eliminar las disparidades regionales y ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos europeos. 
Desde este punto de vista, el mercado interior ha fracasado, al igual que la política de Lisboa ha fracasado y que todas las políticas basadas en la filosofía neoliberal continuarán fracasando. 
Lo que necesitamos actualmente es conseguir una convergencia real de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Unión, no la convergencia de economías locales en términos numéricos, una convergencia que contribuye a la prosperidad y al buen funcionamiento del sistema de libre mercado, pero no a la prosperidad de los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Handzlik por haber elaborado este informe tan interesante sobre la situación del mercado interior en los nuevos Estados miembros. 
También me gustaría compartir con ustedes dos consideraciones con respecto al informe. 
El ciudadano medio de las sociedades más pobres juzga el mercado interior principalmente en función de los cambios de precios de los bienes y servicios tras la adhesión a la Unión. 
Los precios de muchos servicios y productos básicos han aumentado drásticamente y no existe ninguna justificación económica para esto. 
En tiempos socialistas se suponía que nos alegraba la noticia de que el precio de las locomotoras había bajado, aunque el precio del pan hubiera subido. 
¿Qué motivos para el optimismo existen en la situación actual? 
Mi segunda observación se refiere al problema de los monopolios del mercado. 
Señor Presidente, Señorías, debo comenzar dando las gracias a la señora Handzlik y felicitándola por haber elaborado un informe tan interesante e importante. 
Su informe es importante para nosotros, no solo porque, si no me equivoco, es el primer informe elaborado por una diputada polaca al Parlamento Europeo, sino también porque hace referencia a una cuestión particularmente importante, una cuestión crucial para el desarrollo económico de la Unión Europea. 
Me refiero al funcionamiento de un mercado de servicios realmente común y libre en la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que los servicios representan el 70 % del PIB de la Unión, la importancia de esta cuestión se puede apreciar de inmediato. 
Lo mismo sucede con la importancia del desarrollo del mercado de servicios en la Unión Europea. 
Ahora que se está debatiendo tanto acerca del Tratado Constitucional en varios países europeos, el tema de la directiva de servicios y de un mercado de servicios realmente libre, abierto y competitivo en Europa constituye una de las cuestiones fundamentales del debate. 
Existe mucho recelo con respecto a la apertura total del mercado europeo de servicios a la cooperación. 
Estas opiniones quedan reflejadas en una parte de lo que acaba de decir la señora Kallenbach. Me gustaría mencionar simplemente una importante noticia anunciada nada menos que por el Presidente Chirac en el transcurso del importante debate que se está celebrando actualmente en Francia. 
Por tanto, estas son las consecuencias del funcionamiento de un mercado europeo verdaderamente amplio y libre. 
No hay razón para temer la ampliación o una auténtica competencia dentro de un mercado como este. 
Propongo que el final del apartado 13 rece así: «observa que en Marruecos existe una moratoria de la pena de muerte y pide a las autoridades marroquíes que deroguen la pena de muerte». 
-He sido informado de que si aprobamos la enmienda oral del general Morillon, las referencias al plan Baker quedarán eliminadas de todas las enmiendas. 
– No, puesto que entonces tendremos que votar la enmienda 17, que se refiere esencialmente al plan Baker. 
. Señor Presidente, en mi opinión este texto mejora la precisión del informe y como ponente me complace apoyarlo firmemente. 
La señora De Groen-Kouwenhoven quiere proponer dos enmiendas orales para incluir nuevos apartados después de los apartados 18 y 20. 
Puesto que todos los cinco Grupos han apoyado estos importantes apartados, no debería haber problemas. El texto de estos apartados debería estar encima de sus mesas, pero si lo prefieren puedo leerlos en voz alta. 
Eso sustituiría al apartado 26, que debería eliminarse. 
. Señor Presidente, se trata también de una enmienda oral y es para sustituir las palabras «competencia regulada» por «competencia leal». 
. 
El acuerdo entre la Unión Europea y Suiza sobre la libre circulación de personas tras la ampliación de la Unión Europea de mayo de 2004 no se modificó automáticamente para incluir a los nuevos Estados miembros. 
He votado a favor de esta recomendación, porque creo que este acuerdo facilitará mucho el envío de personal suizo a los nuevos Estados miembros, donde ya hay muchas empresas suizas activas. Al mismo tiempo, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros pueden ser contratados ahora por empresas suizas con mayor facilidad. 
A largo plazo, todos los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y de Suiza se beneficiarán de la libre circulación. 
La ampliación del Convenio de Schengen para que los organismos responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos en los Estados miembros tengan acceso a los datos del Sistema de Información de Schengen no se puede basar en la legislación común en materia de transporte. Esta es una cuestión del tercer pilar relativa a la cooperación policial y jurídica. 
. He votado a favor del informe de la señora Harkin porque considero que nos enfrentamos a nuevos retos por lo que respecta a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. 
Los principios de gobernanza son esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones europeas y, por lo tanto, deberían ser la piedra angular de cualquier revisión y evaluación de sus textos constitucionales. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo condenamos absolutamente y sin reservas toda forma de racismo y xenofobia. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el pasado jueves día 28 de abril de 2005. 
Señoras y señores diputados, quisiera hacer una declaración en conmemoración del final de la II Guerra Mundial en Europa. 
Como ustedes saben, como todo el mundo sabe, hoy hace 60 años se empezó a hacer un balance del horror que Europa vivió en ese periodo. 
Las cifras son tremendas: 60 millones de muertos, el exterminio sistemático de pueblos y minorías, ciudades y regiones reducidas a escombros y cenizas, las economías arruinadas y 30 millones de desplazados entre las poblaciones civiles de todos los países contendientes. 
Y cualquiera que fuera la responsabilidad de los que iniciaron la guerra, el sufrimiento de los seres humanos es sufrimiento de los seres humanos. 
En el Pacífico, como saben, la guerra continuaría todavía hasta el 14 de agosto y acabó con aquellas espantosas imágenes del exterminio nuclear. 
Europa era entonces un continente destruido, hambriento y amenazado. 
Con la paz, o al menos con el fin de la guerra, aquel 8 de mayo, algunos líderes políticos proclamaron que la bandera de la libertad ondeaba en toda Europa, pero hoy debemos reconocer que, entonces, el fin de la guerra solo aportó la paz y la libertad a medio continente. 
La otra mitad fue víctima de aquel nuevo orden mundial que nació en Yalta. 
En efecto, la paz y la libertad no llegaron para todos. 
El 8 de mayo dibujó una nueva geografía de Europa; se superó el totalitarismo —ciertas formas de totalitarismo—, pero otro, distinto, aunque igualmente férreo y más duradero, secuestró a la mitad de Europa. 
Nació la bipolaridad, comenzó un largo conflicto ideológico y la era nuclear aterrorizó al mundo. 
Nuestro continente se partió en dos y hoy, 60 años después, aquí, en el Parlamento Europeo, podemos conmemorar, al fin, una Europa reencontrada, no ampliada, sino reunificada. 
El pasado 1 de mayo celebramos el primer aniversario del reencuentro que hicimos con los países que quedaron secuestrados después de Yalta. 
Pronto seremos más y nuestra reunificación se completará. 
Y eso da un mayor sentido a este 9 de mayo, Día de Europa, en el que hace 55 años se sentaron las bases para responder a la desolación de la guerra, para garantizar que eso nunca más volviera a ocurrir, y que hoy constituye una respuesta completa con la llegada de los nuevos países que se han adherido a la Unión. 
Quisiera, señoras y señores diputados, que el día de hoy, en el que conmemoramos tres acontecimientos de naturaleza diversa, pero unidos entre sí, fuera un día de reflexión: 55 años del inicio de la aventura europea, 60 años del fin de la guerra y un año de la reunificación. 
Es una gran oportunidad para recordar juntos nuestro deber de memoria y hacérselo saber, sobre todo, a las jóvenes generaciones que no han conocido la guerra y a las que la paz les puede parecer algo natural. 
Pero no ha sido así. 
Las calles de nuestras ciudades están llenas de nombres de personas y de circunstancias, de acontecimientos que vertebraron nuestra historia y que forman parte de nuestra memoria colectiva: la Westerplatte de Gdansk-Danzig, la Plaza Montgomery en Bruselas, el metro de Stalingrado en París, el Boulevard Dresde, a muy pocos metros de aquí, y cementerios militares de ambos bandos que pueblan la geografía de Europa. 
Todo eso es nuestra memoria común, la memoria de un continente que hoy ha superado lo que fue entonces la subordinación del individuo al Estado y el desprecio a la ley y a la dignidad humana. 
Hoy nuestro sistema se basa en la división de poderes, en la soberanía popular y en el respeto a los derechos humanos. 
Y ese debe ser el mensaje que debemos dar a toda Europa y al mundo entero al celebrar el 60 aniversario del fin de la guerra y el principio de la aventura de la Unión Europea: el compromiso de seguir luchando por la defensa de los valores de la paz, la justicia y la tolerancia, no solo para Europa, sino para todo el mundo. 
Y hagámoslo recordando que lo que hoy esperan los ciudadanos de Europa de su Unión ya no es la paz, porque, para los europeos, la paz entre nosotros ya la tenemos y todos la consideramos irreversible. 
Nadie puede imaginar que volvamos a resolver nuestras diferencias recurriendo a las armas. 
Lo que hoy esperan los europeos de su Unión es que contribuya a su prosperidad y a su seguridad frente a las nuevas amenazas de un mundo que ya no es el que nació en Yalta. 
Por eso, les pido que miremos al futuro con la ardiente obligación de conseguir esa prosperidad y esa seguridad que nos piden nuestros ciudadanos. 
Queridos colegas, hemos querido conmemorar este día —fin de la II Guerra Mundial, Día de Europa y primer aniversario de la Europa reunificada— de una forma solemne y excepcional, con música en el hemiciclo. 
Permítanme presentarles a una joven letona, nacida en Riga, la señorita Baiba Skride. 
La señorita Skride ha aceptado nuestra invitación para estar hoy con nosotros y nos propone para conmemorar el acontecimiento una pieza barroca: la Chacona 1004 de Bach. 
Decía Alejo Carpentier que el barroco es seguramente el estilo más acorde con la diversidad cultural europea. 
Baiba Skride ha tocado, a pesar de su juventud, en los auditorios más prestigiosos del mundo y estoy seguro de que hoy añadirá en su currículum el improvisado auditorio en el que hemos convertido este hemiciclo. 
El talento y la juventud de la señorita Skride vienen acompañados de un violín que fue construido por Stradivarius en 1725 y que lleva el nombre de Wilhelm, en honor del famoso violinista alemán August Wilhelm, al que perteneció durante casi 50 años. 
Les propongo que escuchen y que vean al mismo tiempo —porque a veces la música no solo hay que oírla, sino también verla— la prueba de que nuestra Unión Europea es una síntesis de historia, de talento, de juventud y, por lo tanto, de futuro. 
Hagámoslo, si es posible, con los móviles apagados. 
Señorita Skride, doy la palabra a su violín. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día de las sesiones plenarias de mayo I y II, tal como fue establecido en la Conferencia de Presidentes del pasado miércoles día 4 de mayo, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento. 
Se le han propuesto las siguientes modificaciones: 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
El Grupo Independencia y Democracia ha solicitado que se incluyera su pregunta oral a la Comisión, presentada por el señor Farage, sobre el procedimiento de la Comisión para evitar todo tipo de riesgos de conflicto de intereses. 
¿Alguien desea explicar la solicitud de Independencia y Democracia? 
– Señor Presidente, no me malinterprete, no estoy en contra de que la gente se vaya de vacaciones; lo único es que, normalmente, tenemos que pagárnoslas nosotros mismos. 
Mi simple petición a todos los 25 Comisarios era que declarasen cuántas vacaciones gratuitas habían conseguido desde que son Comisarios. 
Se han negado en redondo a responder a la pregunta, despreciando a este Parlamento. 
Cuando se filtró que Mandelson y Barroso habían disfrutado de unas vacaciones en yates de multimillonarios, se nos dijo que no nos preocupásemos: no había ningún conflicto en absoluto. 
Entonces resulta que uno de los astilleros que posee Latsis –el Astillero Lamda– recibe una subvención de 10 millones de euros y después el señor Barroso renuncia a la cartera de transporte marítimo. 
Esa renuncia es poca cosa y llega demasiado tarde. 
Es hora de que el Parlamento pida cuentas a la Comisión y ruego a los diputados que voten a favor de cambiar el orden del día para que el señor Barroso comparezca en esta Cámara esta misma semana. 
De acuerdo con nuestro Reglamento, procede ahora preguntar si alguien desea expresarse a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a esta propuesta, y recomendar, a este respecto, que se examine el artículo 213 del Tratado vigente, en el que se establece la composición de la Comisión. «Al asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar... y más adelante señala... en particular, los deberes de integridad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios». 
Cualquier persona que no cumpla lo dispuesto en el artículo 213 podrá ser destituida o perder sus derechos a pensión o prestaciones similares. 
El Tratado establece que los Comisarios deben comportarse con integridad una vez que han dejado de ejercer sus funciones. 
Eso no significa que no deban comportarse igualmente de forma íntegra durante su mandato. 
Por ello yo recomendaría que votáramos a favor de la propuesta y que la Comisión presentara un informe completo sobre los obsequios que reciben sus miembros. 
Puesto que nadie desea expresarse en contra de la propuesta del señor Farage, vamos a someterla votación. 
Ahora una cuestión de orden que había sido suscitada antes. 
Señor Presidente, me sorprende que miembros de esta Cámara que han sido elegidos para controlar al ejecutivo voten en contra de esta propuesta. 
Está usted invocando una cuestión de orden y, como usted sabe, tiene que indicarme el artículo del Reglamento al que se refiere. 
Quiero destacar, en vista de lo que he dicho, que no tuve tiempo para votar a favor de la propuesta y deseo que este hecho figure en el acta. 
No obstante, lo sucedido es una vergüenza. 
De acuerdo, constará en acta que quería usted votar que sí. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento del Parlamento y con lo que dice el artículo 132 sobre el artículo 150, se ha presentado una objeción al informe Dombrovskis, que fue aprobado por la Comisión de Presupuestos, si bien un miembro de pleno derecho presentó una objeción a las enmiendas orales. 
No creo que este informe pueda ser objeto de debate. 
Su intervención se refiere al miércoles, pero, por favor, continúe. 
El informe Dombrovskis figura en el orden del día para la tarde del miércoles, a pesar de haber sufrido errores de procedimiento durante su paso por la Comisión de Presupuestos. 
Lo importante es que se han formulado enmiendas orales de fondo, a las que se ha opuesto un miembro de la Comisión, a pesar de lo cual la Comisión procedió a la votación del informe. 
El señor Presidente ya ha recibido un carta a este respecto; como planteé esta objeción en la última sesión del Pleno, deseo repetirla ahora. 
Si usted insiste en que prosiga el debate, tengo que decir que lo considero, al igual que la votación anterior, improcedente y contrario al Reglamento interno del Parlamento. 
Muchas gracias por recordarme que me ha escrito usted. 
Tengo su carta por recibida y la respuesta a sus observaciones preparada por los servicios está a mi firma. 
La recibirá usted de forma inmediata. 
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación. 
Empezamos el turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente del Intergrupo responsable de las minorías nacionales tradicionales, me gustaría informar a los diputados a esta Cámara de que hemos enviado una carta al Presidente Josep Borrell en la que expresamos el pleno apoyo del Intergrupo a la legítima petición de nuestros once homólogos catalanes que solicitaron poder utilizar la lengua catalana en las sesiones plenarias del PE. 
Esta petición concuerda con la Constitución española y con el llamamiento hecho por España ante el Consejo Europeo. 
Dicha medida no conllevaría nuevos gastos para el PE, ya que los representantes acordaron presentar sus textos el día antes de su intervención en el Pleno. 
Por ese motivo me gustaría pedir al Presidente Borrell, como catalán que es, que presente en la reunión de Presidentes esta petición del Intergrupo que solicita que los oradores catalanes puedan utilizar la lengua catalana en futuras sesiones plenarias. 
–Señor Presidente, en el oeste de Francia, en Guérande y Saumur, así como en Barcelona, España, van a suprimirse unos 800 puestos de trabajo debido a relocalizaciones internas dentro de Europa. 
Celestica, empresa canadiense de tarjetas electrónicas, ha decidido cerrar sus centros de producción para trasladarlos a la República Checa, país en el que la mano de obra es más barata y que es miembro de la Unión. 
La decisión europea de consagrar algo más de 11 000 millones de euros a las regiones y personas afectadas por reestructuraciones es una buena decisión. 
No obstante, en un contexto marcado asimismo por las deslocalizaciones, es absolutamente vital practicar una política de apoyo a los trabajadores y las regiones que tienen que sufrir deslocalizaciones dentro de las fronteras de la Unión. 
La esperanza de un modelo social europeo que beneficie a los 25 países de la Unión y que descanse en una cohesión social fuerte solo será posible si nuestras instituciones aplican políticas importantes y reales de solidaridad territorial y humana. 
Por ello, es imperativo hoy aprovechar esta firme voluntad política para prestar apoyo a los hombres y mujeres que sufren las deslocalizaciones intraeuropeas. 
Señor Presidente, me gustaría destacar ante los diputados a esta Cámara que el día 17 de mayo, es decir, la semana que viene, se celebrará el Día Internacional contra la Homofobia. 
Me gustaría instar a esta Cámara y a todos sus miembros a que presten su apoyo total a esta iniciativa, ya que en Europa no todos los homosexuales disfrutan de los derechos fundamentales europeos. 
El pasado fin de semana, en Ámsterdam, capital de la tolerancia y la libertad, siete personas apalizaron a un hombre de la manera más cobarde por el único delito de ir de la mano de la persona que ama. 
En estos días recordamos a todas las víctimas de la guerra en Europa, y entre ellos se encuentran numerosos homosexuales que fueron perseguidos y asesinados debido a sus preferencias sexuales, que algunos países no reconocen ni siquiera en nuestros días. 
Por ello deseo pedir a todos los diputados a esta Cámara que incluyan a esas personas en sus conmemoraciones de la semana que viene. 
– Señor Presidente, la semana pasada celebramos el primer aniversario de la ampliación más importante de la Unión Europea hasta la fecha. 
La adhesión de los diez nuevos países procedentes del antiguo bloque soviético y Yugoslavia, los países bálticos y el Mediterráneo es, indudablemente, el acontecimiento histórico más importante de la historia de la Unión. 
Estos países –muchos de ellos atrapados durante años bajo el yugo de Moscú– se han unido al experimento más singular y logrado de la historia de la política democrática. 
El General de Gaulle soñaba con una Europa unida, del Atlántico a los Urales. 
Dadas las circunstancias del momento –el telón de acero, la guerra fría y la polarización militar entre el Este y el Oeste–, solo unos pocos además del General de Gaulle podrían haber creído que esto sucedería. 
Sin embargo, está sucediendo y habría que celebrarlo. 
Deseo buena suerte a nuestros amigos de los diez nuevos países. 
Yo procedo de Irlanda, un país cuya economía se ha transformado, pasando de ser poco menos que la de un país pobre del Tercer Mundo a una de las más fuertes de Europa, gracias a la ayuda europea recibida a partir de la adhesión, y deseo los mismos avances y éxitos a nuestros diez nuevos vecinos. 
La integración ha conseguido superar viejas diferencias entre países europeos. 
La reunificación política y económica de nuestro continente es una victoria para el espíritu de Europa, del que todos deberíamos estar orgullosos. 
Señor Presidente, hoy en día en Letonia solo viven unas cuantas personas de nacionalidad húngara, pero si creemos en los derechos humanos de las minorías, debemos igualmente mencionar que están privados de derechos. 
Con arreglo a la legislación letona, a los habitantes de Letonia que no tienen la nacionalidad de este país les es prácticamente imposible adquirir la ciudadanía. 
No pueden votar en las elecciones, no pueden obtener un pasaporte y les es muy difícil encontrar empleo, considerándoseles apátridas en el país en que viven. 
Desgraciadamente, la mayoría de los húngaros que viven en Letonia forman parte de los cientos de miles de personas apátridas. 
Las autoridades letonas justifican esta discriminación por los abusos cometidos por Stalin. 
No quiero tomar partido en el debate histórico entre letones y rusos. 
Comprendo los agravios sufridos por la nación letona, pero al mismo tiempo me niego a aceptar los castigos colectivos. 
La discriminación resulta inexplicable en todos los casos, en particular en el caso de las personas de nacionalidad húngara, que fueron víctimas de la misma opresión estalinista. 
Espero que mis homólogos letones, en el espíritu de los valores democráticos que compartimos, reclamen a su Gobierno que elimine esta forma de discriminación. 
– Señor Presidente, quiero felicitarle por sus sentidas palabras acerca del sexagésimo aniversario de la caída del fascismo, del genocidio de europeos y, en particular, de los judíos. 
Sin embargo, el mes de mayo nos recuerda otro caso de genocidio cometido por uno de los predecesores de Hitler, Κemal Ataturk, quien asesinó a medio millón de rusos de origen griego cuanto entró en Samsun el 19 de mayo de 1919. 
Los historiadores de la época afirman que el mar Negro se tiñó de rojo, y que se levantaron pilas de cabezas en las plazas. 
Creo que es una cuestión de sensibilidad por nuestra parte condenar estos hechos, para los cuales no hubo un Tribunal de Núremberg, como lo hubo para Hitler, para mostrar al mundo que somos la Europa libre, que pensamos, conocemos y recordamos a aquellos que han cometido estos crímenes contra la humanidad. 
Debemos conmemorar a estos rusos de origen griego. 
Por ello quiero pedirle, señor Presidente, que organice un día de conmemoración de estas personas y otro de los armenios. 
Se trata de una cuestión de justicia, de una cuestión de sensibilidad. 
Hace sesenta años terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa con la capitulación del Tercer Reich alemán y el cese de hostilidades. 
Con ocasión de este aniversario debemos señalar que el responsable del inicio de este conflicto militar a escala mundial que se cobró la vida de millones de personas no fue solamente la Alemania nazi de Hitler, sino también la Unión Soviética internacionalista de Stalin. 
El acuerdo celebrado entre estos dos países en el mes de agosto de 1939, el llamado Pacto Molotov-Ribbentrop, dejó claro que las dos dictaduras socialistas llevarían a cabo un ataque militar conjunto sobre las demás naciones democráticas de Europa. 
La Unión Soviética solo comenzó a luchar en el bando aliado en 1941, tras ser atacada por Alemania, su antigua aliada. 
A diferencia de las fuerzas aliadas en Occidente, el Ejército Rojo impuso un sistema de coerción comunista tras expulsar a los alemanes de Europa Central y Oriental. 
En realidad, esto equivalía a una nueva ocupación, que en ocasiones fue peor que la alemana. 
En las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, los países occidentales, entre ellos los Estados Unidos, aprobaron políticamente las medidas adoptadas por Stalin. 
Por vergonzoso que parezca, esto fue lo que sucedió en realidad, y no debemos olvidarlo a la hora de elaborar una visión política para la unificación de Europa. 
Señor Presidente, me gustaría que prestase atención a la votación que tendrá lugar en la Comisión Temporal sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
En mi calidad de ponente para la financiación y programación del desarrollo rural durante este período, le ruego, señor Presidente, que apoye las manifestaciones de preocupación, que están justificadas, y las solicitudes de recursos financieros suficientes para el desarrollo en curso de las zonas rurales, de forma que se siga garantizando su desarrollo en el futuro de conformidad con lo previsto en Lisboa y Gotemburgo. 
– Señor Presidente, a la vista de las reuniones con los representantes de los trabajadores y las empresas del sector textil y de la confección de Portugal, cabe señalar una vez más que es necesario adoptar urgentemente medidas a escala europea para impedir que prosiga el deterioro de una situación que provoca el cierre de empresas y el aumento del desempleo, con las consecuencias sociales que dicha situación tiene para miles de trabajadores y sus familias. 
Resulta incomprensible que la Comisión retrase las medidas inmediatas necesarias. 
En vista de la gravedad de la situación actual en este sector, es terrible que la Comisión haya pospuesto la adopción de una decisión por motivos formales relacionados con el inicio del proceso para poner en marcha la cláusula de salvaguardia, y que haya emprendido una supuesta investigación que podría durar meses. 
La situación socioeconómica en algunas de las regiones que más dependen de este sector es grave y podría empeorar si la Comisión y el Consejo siguen eludiendo sus responsabilidades. 
Señor Presidente, he puesto en conocimiento de la Comisión en numerosas ocasiones, tanto por escrito como oralmente, los problemas que sufren los Estados miembros productores de frutos rojos, en particular Polonia. 
Por ejemplo, comuniqué mis preocupaciones a la Comisión el 28 de octubre de 2004, y el 13 de diciembre, pedía al Presidente que actuase para garantizar la adopción de medidas de protección. 
Quiero agradecer su intervención en esta cuestión. 
Tuve el placer de oír decir al representante de la Comisión que participó en la reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento del 19 de abril de 2005 que se enviaría una Delegación a Polonia para llevar a cabo una investigación de estos problemas sobre el terreno, y de hecho esta misión ya ha tenido lugar. 
En vista del poco tiempo que queda para la primera cosecha de frutos rojos, ruego al Presidente que la Delegación presente las soluciones que propone antes del inicio de la cosecha, pues si no lo hace tendremos que esperar otro año para intervenir en el mercado de los frutos rojos, y los productores polacos seguirán sufriendo pérdidas. 
Quisiera señalar que Polonia produce un 50 % de los frutos rojos cultivados en la UE, y quiero pedir una vez más al Presidente que intervenga en esta cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría aprovechar esta ocasión para exponer ante esta Cámara un asunto que no es una buena noticia. 
Desde el 1 de enero de 2005, los contingentes de textiles y prendas de confección forman parte del pasado de Europa, y desde esa fecha se han producido drásticos cambios. 
En tres meses, las importaciones de textiles procedentes de China han aumentado de forma vertiginosa, entre un 700 % y un 800 %. 
Los pedidos de una empresa radicada en mi circunscripción han disminuido un 8 %, y dicha empresa ha despedido al 9 % de su personal, al sufrir graves pérdidas debido a estas importaciones masivas. 
Este cambio pone en peligro millones de puestos de trabajo en toda Europa. 
Por ello pido a los miembros de esta Cámara que no solo apoyen las medidas adoptadas por la Comisión para hacer frente a este fenómeno, sino también que utilicen su influencia para que estas medidas resulten más estrictas y más eficaces. 
Señor Presidente, tras los referendos sobre la Constitución europea en varios Estados miembros, hemos observado que los argumentos avanzados en el debate sobre esta Constitución no siempre son los correctos. 
Por ejemplo, en el número de abril de, un boletín informativo que la Comisión publica en Bélgica, apareció un artículo en los que se acusaba a quienes se oponen a la Constitución de populistas que intentan infundir miedo a la población. Este es un error muy extendido que mantienen vivo –de forma deliberada o no– determinados grupos de presión. 
En realidad, los acontecimientos actuales muestran que las cosas son algo más complejas de lo que a veces se dice. 
¿Qué debemos pensar del discurso pronunciado por el señor Donner, Ministro de Justicia de los Países Bajos, en el que señalaba que el rechazo de la Constitución tendría las mismas consecuencias que el colapso y la guerra civil de la antigua Yugoslavia? 
Una semana más tarde, el Primer Ministro neerlandés, el señor Balkenende, relacionó el rechazo de la Constitución con Auschwitz. 
En una emisora de radio francesa, un médico afirmó que la victoria del bando del «no» sería un desastre para la investigación sobre el sida. 
Esto es censurable. 
Dentro de nuestro propio Parlamento se creó una «fuerza de respuesta rápida» para responder a la información incorrecta difundida por quienes se oponen la Constitución; así pues, deberíamos responder igualmente a la información falsa que difunden los que están a favor de ella. 
Me gustaría alertar a esta Cámara sobre diversas irregularidades en materia de pago de pensiones. 
En algunos países, la tendencia más reciente consiste en aumentar la edad de jubilación y en recortar las pensiones, o incluso no pagarlas. 
Los responsables justifican estas medidas por motivos económicos y el envejecimiento de la población, aunque la verdadera causa de esta última es la política antifamiliar llevada a cabo durante muchos años. 
Los asegurados que empiezan a trabajar tienen que estar seguros de que recibirán un pensión, siempre que cumplan determinados requisitos y haya transcurrido cierto plazo. 
El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para salvaguardar los derechos constitucionales. 
Los países que modifican la normativa con el tiempo, que no pagan las pensiones o que reducen la cuantía de las mismas vulneran los derechos sociales fundamentales basados en la dignidad natural de todo ser humano. 
Estos derechos no deberían violarse, en particular en los Estados miembros que presumen de respetar los derechos sociales. Esto se desprende igualmente del principio de la confianza del público en el Estado. 
Las ceremonias que se celebran este día en Moscú para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial pretenden ser un símbolo de la reconciliación y unidad a escala mundial. 
Sin embargo, uno no puede dejar de pensar que el Kremlin intenta utilizar esta ocasión para reescribir la historia. Ha negado los crímenes cometidos en Katyn, donde fueron asesinados miles de oficiales polacos, así como el genocidio cometido en los campos de trabajo y la anexión ilegal de los países bálticos. 
Este es el motivo por el que los dirigentes de Lituania, Estonia y Georgia han boicoteado esta ceremonia. 
No debemos olvidar que la Segunda Guerra Mundial comenzó con un ataque casi simultáneo contra Polonia por parte de la Alemania nazi y la Unión Soviética, y que Hitler y la Alemania nazi no fueron los únicos arquitectos de esta guerra, pues la Unión Soviética desempeñó una función auxiliar. 
Por último, tenemos que recordar que al terminar la ocupación fascista de Europa Oriental se inició la dominación soviética. 
Si olvidamos estos hechos, la ceremonia que tiene lugar hoy en Rusia podría convertirse en un panegírico del imperialismo soviético, en lugar de una celebración de la victoria sobre el fascismo. 
– Señor Presidente, la libertad religiosa es uno de los valores fundamentales importantes de Europa. 
Hace dos días, los cristianos que acudieron en masa a la ciudad turca de Bergamos, en presencia del Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé, sufrieron el ataque de un abultado grupo de nacionalistas turcos, llamados «Lobos Grises» , que intentaron reventar el acto gritando obscenidades, injurias y amenazas de muerte a los fieles reunidos. 
La policía turca no hizo ningún ademán de pararles los pies y no hubo detenidos ni acusados. 
Este es solamente uno de los múltiples episodios de persecución de los cristianos en Turquía, tolerada por el Estado y, en muchas ocasiones, patrocinada por el Estado. 
Señor Presidente, ¿sería tan amable de enviar una carta de firme protesta al Primer Ministro turco, diciéndole en términos rotundos que si quiere que creamos que Turquía tiene serias aspiraciones a unirse a la Unión Europea, entonces deberá, entre otras cosas, garantizar que se respeten y protejan convenientemente los derechos de las minorías religiosas y, en particular, de los cristianos en Turquía? 
– Señor Presidente, Señorías, el amor de muchos ciudadanos europeos por Europa comienza por desgracia a disminuir. 
En Italia esto sin duda se debe en parte al paso de la lira al euro, que ha provocado una subida de precio de todos los productos, induciendo a los consumidores a creer que gastan menos con la nueva moneda que en liras. 
Quisiera que usted, señor Presidente, comunicase al Consejo y al Comisario competente mi propuesta para resolver este problema: la indicación obligatoria del precio tanto en euros como en la moneda antigua; el precio indicado en liras debería doblar el tamaño del indicado en euros. 
Estoy convencido que esto ayudaría a recuperar el cariño por Europa. 
Señor Presidente, Señorías, el número de polacos que ocupan puestos de alta dirección en la Comisión es motivo de preocupación para las diputadas y diputados polacos al Parlamento Europeo. 
Si bien se acordó que 17 de estos puestos serían ocupados por personas de esta nacionalidad, no hay ni un solo director general, director general adjunto, director, asesor jefe o jefe de unidad de nacionalidad polaca. 
Ni uno de estos puestos es ocupado por un polaco, aunque la intención era que Polonia asumiera 17 de estos puestos. 
Lituania y Chipre, que debían ocupar cuatro y dos puestos, respectivamente, se enfrentan al mismo problema, que de este modo afecta a tres países. 
Además, no hay directores generales o directores generales adjuntos de nacionalidad estonia, letona o eslovaca. 
Esta situación, que resulta increíble, ha provocado un escándalo en la opinión pública de los nuevos Estados miembros, y quiero pedir al Presidente que intervenga en esta cuestión. 
– Señor Presidente, quiero hablar de un extraño concepto mencionado en varias ocasiones recientemente: la afirmación de que el colapso de la Unión Soviética fue «una tragedia para el pueblo ruso». 
Pues bien, otros pueblos han pasado de ser naciones cautivas a naciones libres. 
¿Significa la primera afirmación que los rusos son tan diferentes que la liberación de la tiranía autoritaria soviética los hizo trágicamente infelices? 
Ninguna autoridad, ni siquiera el Presidente de Rusia, tiene derecho a presentar su nación de forma tan caricaturesca. 
Deberíamos preocuparnos de cómo defender la dignidad del pueblo ruso. 
– Señor Presidente, estoy seguro de que todos los presentes sabrán que el pasado jueves hubo elecciones generales en Gran Bretaña. Se han celebrado de acuerdo con el sistema mayoritario de la circunscripción unipersonal, que es intrínsecamente injusto y ya no es defendible en pleno siglo XXI. 
Ha dado algunos resultados extraños: el Partido Laborista, que forma actualmente el Gobierno, ha obtenido el 55 % de los escaños con solamente el 35 % de los votos. 
El 39 % del electorado no se molestó en ir a votar. 
Gran Bretaña tiene ahora un Gobierno elegido solo por el 21 % del electorado. 
En 1999, la Unión Europea obligó a Gran Bretaña a adoptar una forma de representación proporcional para las elecciones parlamentarias europeas. 
Dado que la Comisión Europea es ahora el verdadero Gobierno de Gran Bretaña, quizás podría hacernos el favor de obligarla a adoptar una forma de representación proporcional para las elecciones parlamentarias. 
Con un sistema electoral justo, el Partido por la Independencia del Reino Unido podría obtener representación en el Parlamento británico y utilizar esta finalmente para conseguir nuestro ansiado objetivo: la retirada incondicional de Gran Bretaña de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, las últimas noticias llegadas de Francia no resultan alentadoras. 
En el período previo al referendo sobre la Constitución en ese país, los periodistas que trabajan en los medios de comunicación del Estado, sobre todo en las cadenas de televisión, han escenificado fuertes protestas y acusan a las autoridades y a sus jefes de una grave falta de objetividad en su información sobre la Constitución europea. 
Los acontecimientos han tomado un giro dramático y se han formulado acusaciones de partidismo flagrante. 
Creo que esta Cámara debe demostrar que puede abordar esta cuestión. 
Después de todo, ¿quién se ocupará de que los medios de comunicación digan la verdad antes de esta decisión política clave que debe tomar el pueblo francés, si no lo hacemos nosotros? 
Creo que el Presidente debe tomar cartas en el asunto, y que deberíamos enviar una Delegación de observadores a Francia para ver si se están violando los principios democráticos. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría informar a esta Cámara sobre la desastrosa situación en la que se encuentra el sector pesquero polaco debido a las medidas de protección adoptadas por la Unión Europea. 
No podemos sino suponer que estas medidas pretenden expulsar a Polonia de los caladeros bálticos, y es un hecho que estas medidas han generado un importante aumento del desempleo en las zonas costeras de Polonia desde que este país se adhirió a la Unión Europea. 
Los polacos nos hemos visto obligados a aceptar limitaciones absurdas a nuestras capturas que no tienen nada que ver con la protección de las poblaciones. 
No existe justificación biológica o económica para imponer estos límites, y estoy firmemente convencido de que fueron adoptados por consideraciones políticas. 
Hasta ahora, la Comisión no ha propuesto soluciones que permitan a los pescadores polacos ponerse a la altura de sus homólogos occidentales. 
Y sobre todo no se han avanzado propuestas acerca de la forma en que podrían utilizarse fondos de la UE para modernizar la flota pesquera. 
Hemos acabado con este punto del orden del día. 
El punto siguiente del orden del día es la Declaración de la Comisión: Justicia para la familia de Robert McCartney. 
Quiero decirles a ustedes que las hermanas de Robert McCartney se encuentran en la tribuna, junto al señor Niall O ' Neill. Les damos la bienvenida a nuestro debate. 
. 
Señor Presidente, la Comisión desea confirmar de nuevo que condena sin rodeos el asesinato del señor McCartney. 
Comprende plenamente y manifiesta su admiración por la decidida actuación de las hermanas McCartney en busca de la verdad y la justicia, y apoya plenamente sus esfuerzos. 
Si bien la Comisión no puede intervenir en las investigaciones y procedimientos judiciales que tienen lugar en los Estados miembros, como sin duda comprende la familia McCartney, desea aprovechar esta ocasión para rendir homenaje al valor, la dignidad y el afán de verdad y justicia que han manifestado los miembros de la familia McCartney. 
La Comisión no puede sino expresar su admiración por la vigorosa y valiente postura que han adoptado las hermanas McCartney en su campaña para que se haga justicia. 
La Comisión desea expresar su solidaridad con la familia McCartney y está convencida de que, una vez hayan finalizado los procedimientos judiciales en Irlanda, se conocerá la verdad. 
Al igual que no puede haber libertad sin seguridad, tampoco puede haber seguridad sin justicia. 
El Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia y de las libertades fundamentales, y las hermanas McCartney no luchan por afán de venganza, sino para que se haga justicia. 
La Comisión apoya sin reservas su lucha. 
. – Señor Presidente, quiero comenzar dando la bienvenida a las representantes de la familia McCartney, que se encuentran aquí esta tarde, y transmitir los mejores deseos del Parlamento Europeo a todas las hermanas –Catherine, Paula, Gemma, Clare y Donna–, y a la compañera del difunto Robert McCartney, Bridgeen. 
Les damos la bienvenida al Parlamento Europeo. 
En nombre del señor Poettering, presidente del Grupo del PPE-DE, en mi propio nombre y, particularmente, en nombre de mis colegas de la delegación irlandesa, quiero expresarles nuestro pleno apoyo en su valiente, digna y decidida batalla por que se haga justicia por el brutal asesinato de su hermano Robert. 
Como dijo la Presidenta de mi partido en el Dáil Éireann, Enda Kenny, la brutal paliza y el apuñalamiento de Robert McCartney fueron ordenados por un jefe de la brigada de Belfast del IRA provisional, tras una disputa menor entre el tío de ese jefe y el grupo que acompañaba al señor McCartney. 
Robert McCartney tuvo la mala suerte de encontrarse allí en ese momento, pero no se trató de una pequeña reyerta tabernaria, como lamentablemente pretenden algunos. 
La brutal paliza y el apuñalamiento que sufrió fueron un ataque grave y salvaje, que tiene todas las características de un asesinato del IRA por motivos políticos. Fue perpetrado por un total de 12 matones, una parte significativa de los cuales son miembros conocidos del IRA provisional. 
Al principio, Alex Maskey, del Sinn Féin, negó enérgicamente la implicación del IRA, pero dos semanas después, tras hablar con la familia, Gerry Kelly, también del Sinn Féin, emitió una declaración sobre el asunto y de este modo aceptaron la implicación del IRA. 
Este asesinato fue implacablemente supervisado y sus pruebas forenses fueron eliminadas por hombres que señalaron que sus actividades eran asunto del IRA, por hombres que procedieron a intimidar a los 70 testigos del crimen y a sus familias, en primer lugar prohibiéndoles llamar a una ambulancia en la noche en cuestión, cuando Robert McCartney estaba desangrándose hasta morir ante sus ojos y su compañero yacía en el suelo gravemente herido. 
A continuación les advirtieron que no cooperasen con las autoridades. 
Tal es el nivel de temor e intimidación de los testigos que el muro de silencio en torno a este acontecimiento todavía no se ha roto, cuando ya han pasado casi cuatro meses desde la muerte de Robert McCartney. 
En la propuesta de esta noche pedimos a «los dirigentes del Sinn Féin que insistan en que los responsables y los testigos del asesinato deben cooperar directamente con los servicios de policía de Irlanda del Norte sin sufrir la amenaza de represalias por parte del IRA» o que cooperen con el Defensor del Pueblo de Irlanda del Norte. 
La espantosa oferta del IRA, del 8 de marzo de 2005, de matar a tiros a los autores de este terrible asesinato es repugnante y bárbara, y ha sido recibida con incredulidad en el mundo civilizado. 
Incluso sugerir que semejante justicia sumaria podría suponer una compensación indica que el IRA ha aprendido muy poco, si es que ha aprendido algo, en los últimos 30 años. 
Indica los escasos conocimientos que tiene este grupo de los principios básicos del Estado de Derecho en un régimen democrático. 
Un régimen paralelo a la sociedad democrática e incompatible con la misma. Un régimen tan basado en la ilegalidad y en la criminalidad que constituye una ofensa para el propio concepto de la justicia y deja a sus víctimas, como la familia McCartney en este caso, impotentes y sin compensación por su terrible pérdida. 
Pero estas valientes mujeres, las mujeres McCartney, al no dejarse intimidar en su lucha desde hace cuatro meses reclamando justicia para su hermano y compañero, han conseguido sacar a la luz los restos de brutalidad y criminalidad que existen en Irlanda del Norte desde el alto el fuego oficial del IRA de forma mucho más patente que cualquiera de los dos Gobiernos o la clase política en Irlanda del Norte en la última década. 
Hoy nosotros, el Parlamento Europeo de los 25 Estados miembros, sumamos nuestra voz a la del Gobierno irlandés, el Gobierno británico y el Congreso de los Estados Unidos, en apoyo de la lucha de la familia McCartney para que se haga justicia. 
Llevar a los asesinos de Robert ante los tribunales supondría una afirmación más clara del rechazo total por parte de todas las personas decentes a esta constante matanza, mutilación y violencia desenfrenadas. Es un llamamiento a la paz verdadera. 
Espero que estemos en condiciones de ayudar a la familia de Robert si fuese necesario, en caso de que ni los testigos, ni el IRA ni el Sinn Féin tengan la valentía y el honor suficientes como para facilitar a los servicios de policía de Irlanda del Norte o al Defensor del Pueblo la información necesaria para incoar la acción penal. 
No corremos el riesgo de sentar un precedente: este caso es único. 
Por primera vez, el movimiento provisional se ha visto sacudido hasta la médula por la profundidad de la reacción en el seno de su propia comunidad. 
Ahora pueden traducir sus palabras en actos. 
Este caso es una prueba de la sinceridad del movimiento, de su repetido rechazo de la actividad criminal en todas sus formas, ¿o no son sino más palabras equívocas? 
El tiempo lo dirá. 
Recomiendo la resolución a la Cámara. 
Señor Presidente, quiero expresar el pleno apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a la familia McCartney en su lucha por la justicia, la verdad y la paz. 
Las hermanas McCartney han asistido a una reunión del Grupo, presidida por Martin Schulz, en la que nos ha maravillado –y nos sigue maravillando– su valor y rectitud. 
Nos complace sobremanera que los señores De Rossa y Titley hayan hecho suya su causa, abordándola desde dos vertientes que, en última instancia, son la misma. 
Si abordo esta cuestión no siendo irlandés, lo hago para dejar constancia de que no nos encontramos ante un problema irlandés, sino ante un problema de toda Europa. 
Cuando recordamos, como hacemos ahora, el final de la Segunda Guerra Mundial, también rememoramos que Europa es, para nosotros, la respuesta a la violencia, tenga esta o no motivos políticos. 
Lo cierto es que este tipo de actos de los que estamos hablando este día no son medidas políticas, sino actividades delictivas, aunque se escuden bajo una capa política. 
No obstante, para todos los diputados a esta Cámara y, en todo caso, para mi Grupo, Europa consiste en intentar resolver conflictos, debatir y negociar; no consiste en violencia o en ver quién puede ser más violento. 
John Hume, ganador del Premio Nobel de la Paz, también ha asistido a la reunión de hoy de nuestro Grupo, y ha recalcado lo importante que siempre había sido para él percibir y reconocer las diferencias que existen en esta Europa nuestra, no solo las diferencias entre dos bandos, sino las diferencias dentro del mismo bando. 
Lo sucedido en este caso –el asesinato a sangre fría de un hombre simplemente porque no le gustaba a alguien o porque sus opiniones eran distintas de las de su asesino– resulta inaceptable. 
Incluso si un Grupo político tiene determinados objetivos, debe aceptar, no obstante, opiones distintas a la suya, de modo que permítanme reiterar nuestro pleno apoyo a la familia McCartney, a estas mujeres valientes, a estas hermanas valientes, en su lucha. 
Estaremos a su lado hasta el día en que la paz y la justicia se impongan en Irlanda del Norte y, junto con ellas, el espíritu europeo entre aquellos que todavía no lo aceptan. 
Lucharemos hasta el mismísimo final. 
. – Señor Presidente, le agradezco que me haya dado la oportunidad de hablar sobre esta resolución relativa al asesinato de Robert McCartney. 
En mi propio nombre y en el del Grupo ALDE, quiero dar hoy la más cálida bienvenida a las hermanas y a la compañera del señor McCartney al Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Me gustaría alabar su valentía y tenacidad. 
Han planteado el asunto en Belfast, Dublín, Washington DC y ahora en el Parlamento Europeo. 
No tengo ninguna duda de que en el Parlamento les ofreceremos el mayor apoyo posible en su búsqueda de justicia. 
Las circunstancias del asesinato de Robert McCartney impactaron a muchas personas. 
La gente ha rumoreado esto durante años, pero aquellos de nosotros que no lo experimentamos escuchábamos con incredulidad y, debo decir, con cierta desconfianza. 
Sin embargo, ahora todo ha salido a la luz. 
Aunque no puedo decir que esto no sucederá nunca más, sí puedo decir que finalmente se ha levantado el velo de secretismo. 
En tan poco tiempo no es posible dar una explicación razonable de la situación en Irlanda del Norte, pero como en cualquier zona donde existe un conflicto, siempre es una situación compleja. 
Quienes desean hacernos creer que en Irlanda del Norte están los buenos chicos de una parte y los malos de otra no describen correctamente la situación. 
Apoyo plenamente la afirmación de que la violencia y la paz no pueden coexistir. 
Sin embargo, para erradicar finalmente la violencia y promover la paz debe existir una verdadera voluntad de entablar un diálogo y compartir el poder y hay que aceptar que el pasado no puede dictar el futuro. 
Si miramos al futuro, vemos a mujeres como las McCartney, que se niegan a someterse a la intimidación y que quieren, sobre todo, vivir en una sociedad pacífica. 
Lamentablemente, por lo que respecta al proceso de paz, no hay demasiadas mujeres presentes en la mesa de negociación; sin embargo, por lo que respecta a la labor de establecer y construir la paz en comunidades y vecindarios, suelen ser las mujeres las que asumen el liderazgo; mujeres que entienden que la paz no solo consiste en declaraciones políticas, en la firma de documentos o la negociación de acuerdos. 
Estos acuerdos no son más que el marco para la paz. 
La verdadera labor de construcción de la paz tiene lugar en el quehacer cotidiano: en las escuelas, las oficinas, los clubes y los centros cívicos, donde las mujeres desempeñan un papel importantísimo. 
Con respecto a la financiación de la paz, la Unión Europea ha hecho posible que muchas personas de buena voluntad contribuyeran la construcción de la paz en Irlanda del Norte. 
Creo que la Unión puede realizar hoy una nueva contribución. 
Si el Servicio de Policía de Irlanda del Norte no es capaz de incoar un juicio, la Unión Europea debería conceder una aportación económica con cargo a la línea presupuestaria de ayuda a las víctimas del terrorismo, para ayudar a la familia McCartney a incoar una acción civil en busca de la verdad. 
. – Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida a la compañera y familiares de Robert McCartney. 
Este fin de semana asistí a una vigilia en Londres para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Brian Douglas a manos de la policía. 
Es un hecho, aunque no se ha procesado ni responsabilizado a nadie de su muerte. 
La familia de Brian no está sola: hay muchos casos en el Reino Unido de personas que han perdido a seres queridos por este tipo de muertes violentas, aunque no se ha castigado ni responsabilizado a nadie públicamente en un tribunal. 
Las familias pueden hablarles de su ardiente sensación de injusticia por estas situaciones y de su ira por el hecho de que el asesino de su ser amado continúe llevando su vida, viendo crecer a sus hijos, compartiendo ratos con sus amigos y todas esas cosas de las que privó a su víctima. 
Robert McCartney nunca verá crecer a sus hijos. 
Sabemos que en muchos lugares los testigos no han hablado por una de dos razones: un sentido equivocado de la lealtad o miedo a las consecuencias. 
En el caso de McCartney confluyen las dos, además de un retroceso político que ha constreñido aún más la verdad. 
Este silencio pone el Estado de Derecho en manos de los asesinos y de quienes pueden sentirse poderosos solamente por el hecho de crear una cultura del terror. 
Temen a la verdad. 
La oferta del IRA, como hemos escuchado, de fusilar a los asesinos era una afrenta para la justicia y demuestra una impresionante arrogancia. 
¡El IRA no es la ley! 
En Irlanda del Norte, sucediera lo que sucediera en el pasado, ahora las urnas son las que mandan y el Estado de Derecho con ellas. 
No puede haber ninguna justificación para la justicia paramilitar en ningún sector de la comunidad y mi Grupo considera que nunca la ha habido. 
Por lo tanto, la muerte tiene un simbolismo para el futuro: una oportunidad de romper con el pasado. 
Esa es la razón por la que mi Grupo ha decidido apoyar el espíritu de la resolución, a pesar de algún pasaje del texto y de las dificultades relativas a la posible contribución económica de la Unión, que es por lo que hemos pedido una votación aparte sobre esa cuestión. 
No obstante, el caso ofrece la oportunidad de romper con una cultura de secretismo y temor y de que los asesinos rindan cuentas. 
Es el momento de acabar con ese dominio completo del pasado y de crear un Estado de Derecho aplicable a todas las personas de todas las comunidades. 
Señor Presidente, Señorías, mi Grupo da la más calurosa bienvenida a las hermanas de Robert McCartney al Parlamento Europeo. 
Queremos aprovechar esta ocasión para reiterarles nuestra gratitud por haber podido reunirnos con ellas en el mes de abril, y deseamos asegurarles que nuestro Grupo estará a su lado en la búsqueda del asesino de su hermano, en su lucha por la justicia, en su lucha por la paz de espíritu y en su lucha por establecer unas condiciones sociales que permitan que personas con puntos de vista distintos vivan en paz. 
A ellas les digo: siempre estaremos a vuestro lado en la campaña contra el asesinato. 
Mi Grupo apoya la exigencia, por lo demás justificada, de que el o los asesinos se entreguen a la policía y que los testigos emitan declaraciones –ante la policía, el Defensor del Pueblo o algún otro órgano– que puedan utilizarse en los tribunales y contribuyan a castigar al asesino como se merece. 
No debemos levantar muros de silencio cuando se ha cometido un crimen. 
A todos nos corresponde exigir que la ley ciudadana suprima estas cosas de todas las sociedades. 
Cada institución, cada asociación, cada partido, cada persona debe utilizar su influencia para que se imponga el Estado de Derecho, no solamente en la Unión Europea, sino también en el resto del mundo. 
Por ello, todos compartimos la responsabilidad de crear un ambiente de apertura en todos los países de la Tierra, un ambiente que permita que el Estado de Derecho se imponga y que se cumpla la ley. 
Mi Grupo condena cualquier uso de la fuerza militar como medio de hacer política. 
Condenamos la opresión patrocinada por el Estado y el uso de la fuerza por las instituciones armadas o la polícia para suprimir los movimientos democráticos, al igual que condenamos los asesinatos o actos de terrorismo llevados a cabo por personas o grupos políticos en contra de personas o estructuras de la sociedad civil, ya que estos hechos no contribuyen a resolver los problemas de la sociedad, sino que, al contrario, vienen a empeorar las cosas. 
Creemos que es necesario apoyar el proceso de paz en Irlanda del Norte, por lo que mi Grupo pide a todas las partes interesadas que prosigan con el proceso de paz que puso en marcha el Acuerdo del Viernes Santo y que lo apoyen de forma activa. 
En su propuesta de resolución, lo único que preocupa a mi Grupo es el caso de Robert McCartney, por ello no intenta establecer un vínculo con determinados grupos políticos que supuestamente serían responsables de su asesinato. 
Existe una diferencia entre incitar a alguien a hacer algo, hacerlo uno mismo, hacerlo en nombre de alguien más y ser miembro de una organización. 
Por ello esta resolución se ha redactado de esta manera, y creo que sus Señorías podrán aprobar plenamente su contenido. 
Desde el trágico asesinato de Robert McCartney me preocupa que los políticos hayan impulsado sus propios planes electorales en el contexto de las recientes elecciones y que hayan perdido de vista el sentido real de todo esto. 
Por lo tanto, voy a hablar a título personal. 
Un hombre ha sido asesinado de una forma brutal y horrible, y los autores han podido caminar libremente por las calles sin que todavía hayan sido puestos a disposición de la justicia. 
Su prometida, Bridgeen, sus hijos, su familia, se encuentran inmersos en una lucha cuando deberían poder llorar la pérdida libremente e intentar superarla. 
Parece que la justicia está eludiendo a estas valientes personas, por lo que han recurrido a nosotros. 
Pero, ¿qué podemos ofrecerles aparte de más retórica en este debate sobre el que ya se ha opinado tanto? 
Podemos ofrecerles lo que piden: ayuda económica en su lucha. 
Los fondos pagarán los costes jurídicos y lo que sea necesario. 
Sin embargo, no les traerán justicia: por ello, pido a los que estuvieron presentes en aquella fatídica noche que sean valientes y testifiquen contra quienes cometieron este delito. 
Pido esto, no como diputada a este Parlamento, sino como madre que no puede imaginar el dolor que está sufriendo esta valiente familia. 
La obligación de este Parlamento es ayudar económicamente. 
Nuestra obligación es luchar por la paz en Irlanda del Norte. 
Sin embargo, como madre, ruego encarecidamente a quienes tengan información sobre los desalmados que cometieron este acto que den un paso adelante. 
Esta familia necesita justicia para poner fin a esta saga y para llorar la pérdida en paz. 
Están presentes en mis oraciones. 
. – Señor Presidente, al igual que mis colegas, quiero dar la bienvenida a la familia McCartney a la Cámara para presenciar un debate insólito que no tiene precedentes. 
Cualquiera que escuche la historia de Robert McCartney y lo que le ha sucedido no puede sino sentirse impresionado por la alevosía de los que estaban allí. 
Todos podemos, en ocasiones, excusar una disputa ocasional o incluso una bofetada accidental que se pueda dar. 
Pero esta es la secuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche: Robert McCartney era el objetivo seleccionado y había personas con instrucciones de sacarlo a la calle y matarlo; esas mismas personas tenían también instrucciones de asegurarse de que no pudiese ayudarle ningún servicio de emergencia y de limpiar el bar, eliminando toda señal de cualquier implicación o cualquier vínculo con alguna persona mediante pruebas forenses, etc. Podríamos haber excusado un accidente o desgracia, pero ese tipo de premeditación y alevosía no se puede perdonar. 
Las mujeres de la familia McCartney –Paula, Catherine, Donna, Gemma, Clare y Bridgeen–, que son mujeres normales en todos los aspectos de sus vidas, han hecho algo extraordinario. 
Con su dolor, su tristeza y su clamor de justicia han unido a personas de distintos países y corrientes políticas, incluso personas que no han participado en absoluto en ninguna actividad política, sino que simplemente comparten el dolor y el sufrimiento de la familia. 
Ahora corresponde a todos aquellos que tienen influencia en Irlanda del Norte y a aquellos que tienen influencia en esos miembros del IRA y otras organizaciones políticas entregarlos a la policía para que sean procesados; permitir que la justicia gobierne y prevalezca. 
Hablamos de justicia y del recuerdo de las víctimas. 
Ha habido miles de víctimas en el conflicto de Irlanda del Norte. 
Muchas de ellas, de todas las comunidades, no han obtenido justicia. 
Ahora es el momento de que las personas se levanten y demuestren sus verdaderos principios democráticos; que demuestren que creen en el Estado de Derecho; que demuestren que creen en la justicia, en la equidad y en la igualdad de trato para todos los miembros de todas las familias. 
Depende de nosotros, del Parlamento, garantizar que, si esto no se hace en el plano político en Irlanda del Norte, podamos ayudarles en el plano jurídico. 
– Señor Presidente, quiero comenzar alabando la extraordinaria valentía de la familia McCartney. 
La intimidación y la capacidad para imponer su voluntad a través del terror siempre ha sido un arma tan fundamental para el IRA como sus pistolas y sus bombas. 
Al denunciar y hacer frente a la brutalidad del Sinn Féin/IRA, las hermanas de McCartney han demostrado una gran valentía. 
Fue un asesinato horrible. 
Mediante una señal con la mano indicando que debía emplearse un cuchillo, un miembro del comando del norte del IRA dio la orden de asesinar y un miembro destacado del Sinn Féin empuñó salvajemente el cuchillo y dio muerte a este hombre inocente ante múltiples testigos. 
Una unidad del IRA, liderada por el voluntario que consiguió el cuchillo y después se deshizo de él, coordinó después una operación de limpieza para destruir las pruebas forenses y reales, incluida la grabación de las cámaras de vigilancia. 
A continuación, al estilo clásico del IRA, la brigada de intimidación entró en acción para silenciar a los testigos. 
A pesar de que el IRA y el Sinn Féin afirman haber expulsado o suspendido hasta a diez miembros relacionados con este asesinato, su duplicidad y su doble juego quedan ampliamente demostrados por el hecho de que, tres meses después de este asesinato, este psicópata despiadado seguía públicamente proclamado como uno de los tesoreros oficiales del Sinn Féin. 
Asimismo, el hombre que ordenó el asesinato continúa caminando por las calles de Belfast en compañía del jefe de inteligencia del IRA, Bobby Storey, y de uno de los principales hombres del IRA provisional, Eddy Copeland. 
De modo que la supuesta acción disciplinaria del IRA es una farsa. 
En este debate habremos de escuchar a una de las representantes del Sinn Féin/IRA en esta Cámara. 
Ella y sus compañeros están en condiciones de ayudar realmente a esta familia influyendo en los miembros del Sinn Féin, como Bob Fitzsimmons y Joe Fitzpatrick, y otras personas como Terry Davison, para que digan a las autoridades lo que saben acerca de los terribles acontecimientos del callejón. 
La desafío a que lo haga, aunque me temo que escucharemos las habituales palabras vacías, piadosas y equívocas del Sinn Féin, que huelen a falta de sinceridad y rezuman hipocresía en cada sílaba. 
El Sinn Féin/IRA podría ofrecer justicia para la familia McCarney, pero su prioridad es proteger a los suyos. 
De ahí el muro de silencio impuesto por el IRA. 
La justicia punitiva y disuasoria a través de los tribunales penales es, sin duda, la mejor opción. 
Si el Sinn Féin/IRA consigue denegar la justicia criminal a esta familia, entonces apoyo la petición de que la Unión Europea debería ayudar a financiar una acción, para que los asesinos y conspiradores puedan ser perseguidos, al menos, a través de tribunales civiles. 
Sin embargo, dado que el IRA se ha beneficiado de unos 40 millones de euros con su robo al Northern Bank, sería un escándalo odioso que hubiese ayuda legal estatal disponible para cualquiera que defendiese estos procedimientos. 
Finalmente, me gustaría añadir que el fondo de la Unión Europea debería estar disponible también para las otras muchas víctimas del IRA, que llevan años sin conseguir justicia a causa de esa misma intimidación. 
– Señor Presidente, quiero comenzar dando la bienvenida a la familia McCartney esta tarde en nuestra Cámara y rendir homenaje a su valentía, su fuerza y determinación en lo que han conseguido y en lo que han intentado. 
Acojo con satisfacción la oportunidad de celebrar este debate. 
Quiero expresar mi más sincero apoyo a la familia McCartney en su búsqueda de justicia para su hermano Robert. 
Los acontecimientos que provocaron el asesinato de Robert McCartney demuestran claramente la confabulación que se produjo. 
Esa noche no solo se cometió un asesinato, sino que también se eliminaron sistemáticamente todas las pruebas del bar. 
Todo esto sucedió en presencia de testigos que parecen no haber visto nada. 
Lo cierto es que están siendo intimidados y tienen miedo a hablar: tal es la influencia del IRA provisional sobre las gentes de la zona. 
Yo rogaría a quienes tengan información que salgan y entreguen esa información al Servicio de la Policía de Irlanda del Norte para dejar constancia de ella y acabar finalmente con esto. 
El IRA provisional ha infundido el miedo a la gente. 
Lamentablemente no parece que estemos más cerca de resolver este asesinato. 
El gran peligro ahora es que cuanto más nos alejemos de los terribles acontecimientos del 30 de enero, es más probable que esto –al igual que ha sucedido con muchos otros asesinatos de personas inocentes en el Norte de Irlanda, en los últimos 35 años– quede sin resolver y se olvide. No me gustaría que sucediese eso. 
Pido al Parlamento y a la Comisión que apoyen plenamente esta resolución conjunta. 
Me gustaría que esta Cámara rechazase la que considero una desafortunada resolución del Grupo GUE/NGL. 
Si el señor Markov hubiese vivido en Irlanda del Norte no habría dicho las tonterías que dijo anoche para intentar justificar la causa del IRA provisional/Sinn Féin, que se sientan detrás de él. 
Es de todos sabido que el IRA provisional y el Sinn Féin están vinculados de modo inextricable. 
No quiero ver la constante táctica del cerrojo frente a todas las apelaciones para llevar ante la justicia a los responsables de este terrible acto. 
No podemos tolerar ese terror o intimidación en ninguna parte de la Unión Europea. 
No quiero verlo en ninguna parte de ninguna sociedad en la que me gustaría vivir, en Irlanda del Norte en el futuro. 
Ya hemos sufrido bastante durante demasiado tiempo y queremos una vida mejor para todos. 
– Señor Presidente, este Parlamento ha sido siempre un firme defensor del proceso de paz en Irlanda del Norte y, en efecto, apoyamos resueltamente el fondo para la paz de Irlanda del Norte. 
Por lo tanto, es natural que nos preocupe que el proceso de paz haya sufrido dificultades y el asesinato de McCartney subraya una de las razones de estas dificultades. 
Es frecuente que las llamadas «luchas por la libertad» sean utilizadas por elementos criminales que aprovechan una causa política para encubrir sus actividades. 
El asesinato de McCartney ha demostrado que esto está sucediendo en Irlanda del Norte. 
Como hemos escuchado, nos encontramos ante el asesinato sin motivos de un hombre inocente. Ese asesinato se ha encontrado con un muro de silencio e intimidación que se diferencia poco del impuesto por la mafia en otros lugares. 
Cuando la paz parece más factible, los criminales –los narcotraficantes, asesinos y extorsionadores– se sienten amenazados. 
Francamente, hemos llegado a un punto crucial en el proceso de paz. No funcionará si no logramos acabar con el dominio de los pistoleros. 
La gente se ha dado cuenta de que los llamados liberadores se han convertido en sus carceleros. 
No se trata de un fenómeno que se limite exclusivamente al bando nacionalista. 
También es un fenómeno que hemos observado entre los unionistas. 
Sin embargo, la cuestión que estamos debatiendo hoy es el asesinato de Robert McCartney y necesitamos que esta cuestión siga centrando la atención del público. 
Esa es la razón por la que el Sinn Féin, en particular, tiene que romper el muro de silencio, para que su comunidad pueda ser libre. 
Esa es la razón por la que deberíamos apoyar el recurso a la línea presupuestaria de ayuda a las víctimas del terrorismo, para financiar cualquier acción civil emprendida por la familia; un dinero, debo decir, no directamente para la familia, sino para una acción judicial. 
Debemos recordar que para que el mal prospere, basta con que los hombres y mujeres buenos permanezcan en silencio. 
Los resultados de las elecciones generales en Irlanda del Norte la semana pasada demostraron que ha existido un movimiento en apoyo de los que se oponen al acuerdo del Viernes Santo. 
Se está acabando el tiempo para el proceso de paz y por ello necesitamos mantener nuestra presión sobre los responsables del asesinato y encubrimiento, porque a menos que resolvamos esta cuestión, el proceso de paz fracasará totalmente. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con todos los oradores que han dicho hoy aquí que no hay ningún argumento que justifique la justicia paramilitar. 
Hoy nadie en este Parlamento ha aprobado o justificado el terrible acto, sino que todos han pedido que se haga justicia. 
No hay ninguna necesidad de que el IRA siga existiendo. 
El Sinn Féin ha pedido al IRA que abandone su política armada. 
Tiene que hacerlo inmediatamente. 
Esto ayudará a impedir que se repitan actos como el asesinato de Robert McCartney. 
Sin embargo, en este preciso momento hay que insistir en que aquellos que asesinaron a sangre fría al señor McCartney y aquellos que lo presenciaron cooperen plenamente con el servicio de policía de Irlanda del Norte. 
Asimismo, urge moderar el lenguaje político en Irlanda del Norte. 
Últimamente, la máscara ha caído y los partidos que defendían medios pacíficos han utilizado un lenguaje incendiario, que exacerba en lugar de calmar la situación. 
En el panorama político de Irlanda del Norte se utiliza a menudo una frase: «Todos saltamos juntos». 
Algunos de los que al principio dieron este salto de fe no fueron recompensados por su valor y ahora se encuentran más en la periferia que ocupando el medio campo. 
Ahora hay otros que se encuentran al borde de ese mismo precipicio. 
Tienen la responsabilidad y la obligación de saltar juntos. 
Señor Presidente, el Sinn Féin apoya la petición de la familia McCartney de que los responsables del asesinato de Robert comparezcan ante el juez y continuará haciendo todo lo que pueda por ayudarles. 
Les doy la bienvenida hoy aquí. 
Nuestro partido se ha reunido varias veces con la familia McCartney. 
Me reuní con ellos hace unas semanas cuando visitaron el Parlamento en Bruselas. 
Les he prometido mi apoyo y el apoyo de nuestro partido. 
El Presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha pedido a los responsables que se den a conocer y admitan su responsabilidad por este horrible asesinato. 
Se han negado a hacerlo. 
También ha pedido a todos aquellos que se encontraban en las inmediaciones del bar de Magennis que declaren íntegra y honestamente. 
Debido a que nos tomamos este asunto tan en serio, once miembros de nuestro partido que se encontraban en el bar esa noche y uno que llegó al lugar más tarde han sido suspendidos sin juicio previo. 
Esto se ha hecho para determinar si han cumplido el llamamiento de los líderes del partido a que todos aporten una declaración íntegra y honesta. 
Dos miembros han sido expulsados por negarse a seguir estas instrucciones; cuatro otros han dimitido; los otros seis siguen suspendidos a la espera de un informe del ejecutivo nacional de nuestro partido. 
Como diputada al Parlamento Europeo por el Sinn Féin y a título personal, yo no podría defender a las víctimas de la matonería paramilitar británica o unionista si no fuera tan clara y estuviera tan decidida a hacer justicia para la familia McCartney. 
Los responsables del brutal asesinato de Robert McCartney tienen que admitir lo que hicieron ante un tribunal de justicia. 
Esto es lo único decente que han de hacer. 
Los que tengan cualquier información tienen que dar la cara. 
Estamos convencidos de que el PSNI –el Servicio de Policía de Irlanda del Norte– podría y tendría que haber actuado ya. 
No ha investigado a fondo. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida a los miembros de la familia McCartney a esta Cámara. 
Saludo su valor y su coraje por luchar por que se haga justicia para su hermano. 
Robert McCartney fue asesinado brutalmente por una banda de matones y criminales que se hacían pasar por activistas políticos republicanos o combatientes por la libertad del IRA. 
Hay que llevar ante la justicia a estas personas. 
Han asesinado a un hombre inocente y han herido gravemente a su compañero. 
Han comprometido el buen nombre y la buena reputación de aquellas personas de su propia familia política que fueron testigos de este asesinato, pero que no participaron. 
Se ha obligado a personas totalmente inocentes que estaban presentes por casualidad en el momento del asesinato a permanecer en silencio sobre estos hechos: en realidad, a ser cómplices del crimen de estos matones y criminales. 
Los culpables siguen caminando por las calles de su comunidad y estando vinculados a su familia política a pesar de la pretensión de la dirección del Sinn Féin de repudiarles. 
Sus dirigentes políticos y responsables parlamentarios han demostrado que son incapaces o no están dispuestos a controlarles. 
El hecho de que sigan en libertad plantea una pregunta fundamental sobre el Sinn Féin y el movimiento del IRA: ¿quién controla el rumbo que tomará este movimiento en el futuro? 
¿Tienen que forjar el futuro las personas que se suman de veras al proceso de paz irlandés y a la resolución del problema de Irlanda con medios democráticos o acaso el Sinn Féin y el IRA están controlados por personas que están dispuestas a tolerar e incluso a apoyar crímenes de asesinato? 
Sé que este tipo de actos, por desgracia, no solo ocurren en un bando de la comunidad. 
Existen otros grupos implicados en actividades paramilitares, palizas y tiroteos. 
Hay que condenarlos también a ellos. 
Pero los dirigentes del Sinn Féin y el IRA tienen el poder y la influencia necesarios para llevar ante la justicia a los matones y criminales que han asesinado a Robert McCartney si así lo quieren. 
Hasta ahora han demostrado estar más interesados por la gesticulación política y la manipulación de los medios de comunicación que en hacer justicia para la familia McCartney. 
¿Por qué motivo tiene que ir la familia McCartney a Washington, Bruselas, Estrasburgo, Londres y a otros lugares para que se haga justicia cuando, en su propia comunidad, no están debidamente representados por las personas que dicen que los representan: el Sinn Féin/IRA? 
¿Por qué la familia está buscando que se haga justicia aquí? 
¿Por qué el Sinn Féin/IRA no les ayudan sobre el terreno para que se haga justicia en su propia comunidad? 
Ayer Jim Cusack escribió un artículo en. 
Si la mitad o un tercio de lo que ha escrito es verdad, el Sinn Féin/IRA tiene un grave problema con el control de lo que está ocurriendo en las comunidades que dice que representa. 
Ha llegado la hora de que Gerry Adams y Martin McGuinness den a conocer a los culpables de este crimen y les obliguen a que se sometan a la voluntad de los tribunales. 
No hay que permitir que se oculten al amparo del movimiento político que dicen apoyar. 
Respaldo esta resolución y la propuesta de que la familia reciba ayuda económica para sufragar todos los honorarios legales en que pueda incurrir si acude a los tribunales. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida y saludar a los miembros de la familia McCartney, que continúan su cruzada para que se haga justicia fuera y dentro de Irlanda. 
El 30 de enero, su hermano Robert fue asesinado por miembros del Ejército Republicano Irlandés en Belfast. 
No es este el único asesinato brutal que, por desgracia, ha tenido lugar en nuestra isla en los últimos 30 años; pero este ha hecho que muchas personas de todo el mundo empiecen a reconocer la actividad que continúa en Irlanda siete años después del histórico Acuerdo del Viernes Santo. 
Los hechos dan qué pensar. 
Se ordenó un salvaje asesinato fuera de un bar de Belfast hace menos de cuatro meses, cometido por psicópatas y presenciado por 70 a 80 personas. 
Dirigentes locales del IRA ordenaron entonces que se llevara a cabo una operación de limpieza minuciosa que, debo añadir, tomó su tiempo. 
Desde entonces ha habido tal intimidación dentro de la comunidad que ha generado silencio: Las personas temen represalias si hablan. 
En esta Cámara hay representantes del partido político Sinn Féin que, como ellos mismos reconocen, mantienen una relación especial con el IRA y por este motivo nos referimos a ellos. 
Tanto el Gobierno irlandés como el británico les describen como las dos caras de una misma moneda. 
El Sinn Féin no hace y no ha hecho lo suficiente para que se haga justicia en este horrible asunto. 
También es un hecho que la influencia del Sinn Féin en las comunidades de Irlanda del Norte puede lograr que se haga justicia en este caso. 
Pero lo que estamos oyendo son palabras y más palabras de apoyo en lugar de acciones sobre el terreno. 
Las hermanas de Robert McCartney siguen tratando de que se haga justicia y tenemos que apoyarles aquí en esta Cámara en lo que podamos. 
Es necesario que pongamos fin a la impunidad allí donde exista: fuera de la Unión Europea, donde tenemos influencia; pero lo que es más importante, dentro de la Unión Europea y, en este caso, en una comunidad de Irlanda del Norte. 
Este Parlamento puede contribuir planteando la cuestión y también ofreciendo ayuda financiera, tal como se declara en la propuesta de resolución. 
Respaldo las dos ideas. 
Pedimos al Consejo y a la Comisión que faciliten ayuda financiera si se incoa un proceso civil. 
Esperamos que esto no sea así y que el Servicio de Policía de Irlanda del Norte lleve con éxito el caso ante los tribunales con la cooperación de las personas que gozan de influencia en las comunidades de Irlanda del Norte. 
Hace dos semanas, en este Parlamento adoptamos una resolución sobre los derechos humanos. Esencialemte se trataba de la necesidad de poner fin al flagelo de la impunidad en algunas partes del mundo. 
Tenemos que dar ejemplo y hacer lo mismo en Belfast. 
– Señor Presidente, el único propósito de esta resolución es lograr que haya justicia para la familia McCartney –a quienes doy la bienvenida aquí esta noche–, insistiendo en que deben seguir su curso la investigación policial y los procedimientos policiales normales en relación con el asesinato de su hermano Robert. 
El Sinn Féin sostiene que el asesinato de Robert McCartney no fue por motivos políticos. 
Esto no se sabrá con certeza hasta que este asunto se vea ante un tribunal de justicia. 
Es un hecho que la limpieza forense de la escena del crimen, la intimidación de los testigos, la oferta por parte del IRA de matar a los asesinos y el rechazo a cooperar con el Servicio de Policía de Irlanda del Norte tienen motivos políticos y no pueden separarse del propio asesinato. 
También es un hecho que el denominado IRA es el autor más activo y motivado políticamente de la violencia y la intimidación en Irlanda del Norte, implicado en amplias actividades criminales en Irlanda del Norte, en la República de Irlanda y también en Gran Bretaña, y lo hace para imponer el imperio de su ley y financiar sus actividades. 
Hasta que esta actividad criminal no cese definitivamente y que finalice el control férreo que ejerce el movimiento republicano en varias zonas de Irlanda del Norte, hay muy pocas posibilidades de que los ciudadanos de a pie puedan esperar que se mantengan sus derechos humanos. 
El Convenio Europeo de Derechos Humanos, citado en la Constitución Europea, consagra el derecho a la vida, la eliminación de la tortura, ningún castigo sin ley, la libertad de expresión, el derecho a una solución legal efectiva y el derecho a la libertad, la seguridad y a un juicio justo. 
El IRA los rechaza todos, de palabra y en los hechos, con regularidad. 
De hecho, el Sinn Féin, con su plena vinculación sostenida con el IRA, es tan culpable como él a pesar de sus pretensiones. 
Al pretender dispersar la culpa a criminales en general por el monstruoso asesinato de Robert McCartney, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica permite ingenuamente al Sinn Féin y al IRA lavarse las manos de la conocida complicidad de los miembros del IRA antes, durante y después del asesinato y, por lo tanto, esta Cámara no debe apoyarles. 
Pido encarecidamente a la Cámara que apoye la resolución conjunta. 
– (Señor Presidente, yo también, esta tarde, doy la bienvenida a la familia McCartney en esta Cámara y les ofrezco mi apoyo en sus esfuerzos por que se haga justicia por el atroz asesinato de Robert. 
En mi opinión, la muerte de Robert McCartney no fue en modo alguno por motivos políticos. 
Habría que obligar a las personas que le asesinaron a que se enfrenten a un juicio ante los tribunales y a que cumplan sus sentencias en prisión. 
El hecho de que la mayor parte de las personas, si no todas, implicadas en este asesinato sean miembros o simpatizantes del IRA o del Sinn Féin no disculpa en modo alguno sus acciones. 
El hecho de que no se entreguen a la justicia pone en peligro la reputación del Sinn Féin y la de sus dirigentes. 
Es más, el hecho de que los dirigentes del Sinn Féin no garanticen que se haga justicia en este caso debilita la causa del republicanismo irlandés. 
No hay que permitir que nadie utilice el manto del republicanismo irlandés para ocultar el asesinato de una persona inocente cuando los motivos no tienen ninguna justificación política. 
Como la gran mayoría de las personas de la isla de Irlanda, siempre he aspirado a una Irlanda unida. 
Siempre he pensado como un republicano irlandés, como hace la familia McCartney. 
Por lo tanto, me asquea que pueda haber quien crea que su republicanismo puede servir de excusa para cometer asesinatos violentos y despreciables, particularmente en el caso de Robert McCartney. 
Este es un punto de vista que creo comparte la amplia mayoría del pueblo irlandés. 
La causa del republicanismo irlandés tiene que estar totalmente separada de la delincuencia común ahora y en el futuro. 
Las acciones y declaraciones de los dirigentes del Sinn Féin durante los últimos meses no han ayudado significativamente a que se haga justicia a la familia McCartney. 
It is still not too late for the Sinn Féin leadership to rectify this failure, provided it has the commitment to do so. 
Como dirigentes del mayor partido republicano en los seis condados, y en particular tras las elecciones de la semana pasada, tienen la obligación de separar la causa del republicanismo irlandés de los actos cometidos por delincuentes comunes. 
También están obligados ante la familia McCartney, que tiene derecho a que se haga justicia por el asesinato de Robert. 
Esta horrible historia ya ha ido demasiado lejos. 
Encomiendo esta moción a la Cámara. 
. Señor Presidente, quiero comunicarle que voy a informar al Presidente Barroso sobre este debate –el Presidente Barroso tuvo el placer de reunirse con miembros de la familia McCartney hace un mes– y también informaré al Vicepresidente Frattini sobre la petición de la posibilidad de prestar ayuda financiera para cubrir los gastos procesales. 
La Comisión apoya plenamente el proceso de paz y reconciliación en la región, en particular a través del Programa de Paz, que muy pocos diputados han mencionado, y que asciende a unos 760 millones de euros para el período 2000-2006. 
Esto incluye la financiación de programas en el barrio de las hermanas McCartney, como un club posescolar, un programa de apoyo a las víctimas jóvenes y un programa de regeneración económica comunitaria. 
De nuevo, quiero expresar mi profunda admiración por estas personas tan valientes: la familia McCartney. 
Se han presentado dos propuestas de resolución (1) , en virtud del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-010/2005) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (Ponente: Jules Maaten) (12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254 (COD) ). 
. Señor Presidente, señor Comisario ¿qué debe ser competencia de la UE y qué no? 
Y por lo que se refiere a las normas, ¿por qué no levantar el pie del acelerador de vez en cuando? 
Estas son algunas de las preguntas que plantea esta Directiva, no solo en la versión original propuesta por la Comisión, sino también en la posición común del Consejo, que es la que tenemos ante nosotros. 
La Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño fue adoptada en 1976 y, desde entonces, muchas cosas han cambiado, no solo en la forma en que consideramos el medio ambiente, sino también precisamente sobre lo que debe regularse, en qué nivel y de qué forma. 
Sus Señorías pueden preguntarse –como hice yo mismo– hasta qué punto resulta útil determinar a escala europea las normas que deben satisfacer las aguas de baño y las aguas costeras y continentales de la Unión Europea, si debemos establecerlas a escala europea y si la actuación europea en este ámbito conlleva un valor añadido. 
Esta Cámara decidió en primera lectura que sí, pero –y esto es más importante– también lo hicieron los Estados miembros. 
Incluso los Estados miembros, a los que podríamos considerar perfectamente capaces de determinar estos niveles por sí mismos, estimaron que era necesaria una nueva directiva sobre la calidad de las aguas de baño. 
¿Quiénes somos nosotros para oponernos a su voluntad? 
¿Por qué los Gobiernos se muestran favorables a la nueva Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño? 
La principal razón es que la Directiva anterior ha dejado de ser viable y, desde el punto de vista del medio ambiente, es prehistórica. 
La Directiva anterior se basaba en el seguimiento y la medición, y no en la gestión activa y sensata de las aguas de baño. 
La Comisión decidió cambiar este estado de cosas con su propuesta, y creo que tiene razón en hacerlo. 
La nueva Directiva debe ser aplicable, flexible y orientarse hacia la gestión de las aguas de baño y la desregulación, y sin duda reducir los trámites burocráticos. 
Debería permitir la adopción de medidas más flexibles, por ejemplo, si las aguas de baño se han mantenido limpias en un lugar determinado durante años podría reducirse la frecuencia de las mediciones. 
Eso es lo que la Comisión propuso, y lo que posteriormente aprobaron esta Cámara y el Consejo, lo que representa sin duda un avance. 
La directiva es bien recibida entre el público en general, cosa que no debemos olvidar en esta época de referendos. 
Es una de las directivas más conocidas entre el público europeo, que cada año espera con interés las nuevas cifras. 
Y ha sido un éxito; hace unos diez años, cerca del 60 % de las aguas de baño eran aceptables, mientras que hoy lo son el 95 %, lo que resulta excelente. 
Esta Cámara cree, no obstante, y en este sentido votó la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que la información que debe estar a disposición del público debe hacer referencia sobre todo a la calidad del agua. 
He puesto a prueba esta condición y he elegido al azar un lugar en Europa que es el lugar de residencia de un destacado miembro de la Comisión, a saber, Atenas, para examinar la calidad de sus aguas de baño. 
Esta tarde hicimos algunas pesquisas en Internet, pero desgraciadamente los datos más recientes se refieren a la calidad del agua en 2003, lo que no indica, por supuesto, si es seguro o no nadar cerca de Atenas. 
Es posible que esta información figure en el sitio del Ministro de Salud y Bienestar griego, pero yo no podría leerla porque dicha información se encuentra en lengua griega. 
Esta es otra razón por por la que, según esta Cámara, la Comisión debe facilitar información y utilizar símbolos que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan reconocer. 
Actualmente, la información está retrasada y resulta difícil encontrarla en Internet, aparte de que la mayoría de los turistas no se llevan sus ordenadores portátiles de vacaciones o, en todo caso, a la playa, o eso espero. 
Según las normas de la Directiva anterior, el riesgo para la salud es de uno entre ocho. 
Uno de cada ocho bañistas corre peligro, según los criterios vigentes, de caer enfermo. 
No debemos subestimar estos riesgos para la salud, que incluyen trastornos gástricos y abdominales, dolencias de la piel, de los ojos y de las vías respiratorias, así como infecciones del oído externo. 
Con las normas que proponen la Comisión y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de este Parlamento, uno de cada veinte bañistas cae enfermo. 
Quizá esta cifra sea demasiado alta, pero al menos es un paso adelante, pues la posición común del Consejo se da por satisfecha con uno de cada nueve. 
Comprendo la posición de los Gobienros que desean que este sistema sea asequible económicamente. 
En mi opinión, el Parlamento debería tener en cuenta este deseo, y por ese motivo lamento que el Consejo y el Parlamento no hayan llegado a un amplio acuerdo en segunda lectura. 
Se han presentado varias enmiendas de gran interés. 
Por lo que respecta a la supresión o modificación de la cateogría «suficiente» , me parece que de adoptarse enmiendas de este género nos correspondería hacerlo en la fase de conciliación, lo que nos permitiría llegar, junto con el Consejo, a una solución que fuera beneficiosa para los bañistas y los consumidores, y que nos permitiera llegar a la conclusión de que la calidad de las aguas de baño está mejorando considerablemente, que es lo que pretendía la Comisión en su propuesta original. 
No obstante, tenemos que encontrar una solución que tenga en cuenta a las administraciones y que sea viable, conduzca a la desregulación y sea asequible económicamente, ya que ese es, sin duda, un factor importante. 
Esta es también la razon por la que creo que no debemos incluir las aguas recreativas en esta Directiva, pero sí hacerlo en algún momento posterior. 
No tengo problema alguno en hablar de ello, pero este no es el momento oportuno para tratar esta cuestión. 
Por último, diré que he observado que la Comisión se ha mostrado bastante renuente a añadir una declaración a la posición del Consejo. 
En todo caso, desea que estos valores se examinen en el futuro. 
Me parece útil, porque no hace falta decir que deberemos seguir haciendo ajustes en el futuro. 
Y espero que se hagan de conformidad con el procedimiento habitual de consulta a esta Cámara. 
. 
Señor Presidente, ne primer lugar quiero dar las gracias y mis felicitaciones al ponente, el señor Maaten, por la labor que ha realizado con este difícil expediente. 
En cuanto al informe de la Comisión Europea sobre la temporada de baños de 2004, quiero informar a sus Señorías que este se publicará a finales del mes, no solo en griego, sino también en otras lenguas. 
La propuesta original de la Comisión pretendía la puesta al día de la Directiva vigente, que fue adoptada en 1976. 
Proponía la adopción de normas más estrictas en materia de calidad del agua, actualizar las medidas de gestión de las aguas de baño, racionalizar las obligaciones de seguimiento y mejorar los canales de información pública. 
La Comisión aceptó total o parcialmente 22 de las 32 enmiendas que el Parlamento aprobó en primera lectura (1). 
Se mejoró el texto de la propuesta; sin embargo, su estructura básica y, sobre todo, las normas relativas a la calidad de las aguas concordaban con las de la propuesta inicial de la Comisión. 
Los debates en el Consejo tuvieron lugar durante las Presidencias griega, italiana e irlandesa. 
Asimismo se observó que una mayoría significativa de Estados miembros consideraban que la propuesta de la Comisión acerca de las normas de calidad era excesivamente ambiciosa y resultaría demasiado onerosa. 
De forma similar, las deliberaciones del Consejo pusieron de manifiesto que se deseaba hacer una distinción entre las normas de calidad para las aguas costeras y las normas de calidad para las aguas continentales. 
Otros cambios surgieron durante los debates del Consejo se referían a la elección del momento para la adopción de las nuevas normas y a un enfoque alternativo para luchar contra la contaminación y las emergencias a corto plazo. 
La Comisión estima que muchos de los cambios introducidos a la posición común mejoran la propuesta inicial de la Comisión. Sin embargo, con respecto a la cuestión de si las normas de calidad del agua y su clasificación son suficientemente estrictas, la Comisión preferiría que se mantuviera la propuesta original. 
No obstante, tras arduas y prolongadas negociaciones con el Consejo, se llegó a la conclusión de que la propuesta de la Comisión nunca obtendría el apoyo necesario. 
Por ello, la Comisión decidió apoyar esta posición común que, a pesar de no ser ni mucho menos ideal, representa una mejora considerable respecto al régimen contemplado en la Directiva vigente. 
La legislación actual, que tiene casi 30 años de antigüedad, necesita urgentemente ponerse al día. 
Cuando se aprobó la posición común, la Comisión hizo constar en acta una declaración en la que hacía hincapié en su intención de financiar un programa de investigación epidemiológica para estudiar exhaustivamente las posibles consecuencias del baño y, sobre todo, las repercusiones para la salud derivadas de bañarse en aguas naturales. 
Se prevé que los resultados de este programa estarán listos en 2008, y tal vez permitan resolver algunas de las cuestiones sobre las que divergen actualmente el Consejo y el Parlamento. 
Quisiera pedir al Parlamento que intente encontrar lo antes posible, con la ayuda de la Comisión, un terreno común con el Consejo acerca de este expediente. 
Necesitamos urgentemente una nueva Directiva con prácticas de gestión selectivas, planes de seguimiento más racionales y una comunicación más eficaz con el público. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño de 1976 se establecieron por vez primera normas mínimas uniformes para el agua de baño en la Comunidad Europea. 
Mientras que la Directiva de 1976 contemplaba 19 parámetros físicos, químicos y microbiológicos para evaluar la calidad del agua, la posición común actual del Consejo reduce los criterios de prueba a tan solo dos agentes patógenos microbiológicos, a los que añade la comprobación visual y la medición del pH del agua. 
En términos generales, la propuesta de la Comisión de una nueva Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño forma parte de la amplia política comunitaria en materia de agua, que se basa en descubrimientos científicos más recientes y, en particular, en los estudios de la OMS. 
Mientras que en 1976 los valores considerados «adecuados» ponían en peligro a una proporción del 7 % al 9 % de los bañistas, actualmente la OMS establece valores que permiten un riesgo máximo del 5 % de casos de enfermedad entre los bañistas. 
En su posición común, el Consejo introdujo un nuevo parámetro denominado «suficiente» , que no constituye, sin embargo, una mejora respecto a la norma de 1976. 
Es aquí donde las opiniones divergen. 
Usted ha dicho, señor Comisario, que el principal argumento es que los costes serían demasiado elevados, pero muchos de los supuestos costes adicionales se derivan del cumplimiento de las normas contempladas en la Directiva Marco del Agua, la Directiva sobre nitratos y la Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
Los costes mínimos que representa el cumplimiento de normas de calidad más elevadas quedan cubiertos por la reducción de los gastos sociales, simplemente porque, a final de cuentas, enferman menos personas. 
Personalmente estoy a favor de la introducción, con efectos inmediatos, de las normas de calidad que proponen la OMS y la Comisión. 
Aunque la prevención sanitaria no es algo que pueda dejarse para otro día, el señor Seeber se ha unido a las señoras Oomen-Ruijten, Gutiérrez-Cortines y Ayuso González para presentar una enmienda de compromiso en nombre del Grupo. 
Esta enmienda contempla un período transitorio de ocho años, que será suficiente para aplicar las normas de calidad. 
Algunos países creen que las nuevas normas de calidad les impondrán una pesada carga, y esta enmienda pretende darles más tiempo para prepararse para su aplicación y para hacer frente a los problemas que puedan presentarse. 
Pido a esta Cámara que vote a favor de esta enmienda de transacción. 
. – Señor Presidente, existe un gracioso refrán húngaro que habla de «tirar el bebé junto con el agua de baño». 
Lamento tener que decir que esta es mi opinión sobre la recomendación. 
La posición común del Consejo es un enfoque realista de la cuestión, entendiendo los problemas de los diferentes Estados miembros y sus regiones. 
El informe Maaten pretende destruir este compromiso, por ejemplo, eliminando la categoría de «suficiente». 
Las personas de a pie entienden que aunque haya aguas que pueden no ser perfectas para el baño, tampoco son peligrosas: son solo suficientes. 
Esto es lo que llamamos sentido común. 
Está claro que la capacidad de autolimpieza de un lago y la del mar son diferentes. 
Por este motivo, el Consejo ha establecido con buen juicio diferentes normas de calidad para las aguas costeras y continentales; el ponente se opone a ello. 
El informe Maaten dirá a los Estados miembros en qué lengua deben suministrar información sobre la calidad del agua. 
No es una buena idea. 
Si hay quien decide votar en contra de la Constitución Europea, será debido al exceso de regulación propuesta en este informe y otras cosas por el estilo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el ponente merece nuestro agradecimiento, sobre todo por plantear si resulta necesaria una directiva europea como esta. 
Como dijo Montesquieu hace ya siglos: «Si no es necesario hacer una ley, es necesario abastenerse de hacerla». 
Considero la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño un buen ejemplo del tipo de directivas de las que Europa podría prescindir. 
El constante impulso europeo de armonizar comporta una reglamentación excesiva, lo que implica que la Unión Europea se distancia cada vez más de la opinión pública. 
La otra cara de la moneda es que cada vez es mayor el número de ciudadanos que se desilusionan con una Unión Europea cuyo lado más visible es la forma en que se engalana con toda una serie de normas y normativas de carácter burocrático. 
Permítanme abordar la cuestión que nos preocupa en esta ocasión. 
Cada una de las regiones que poseen aguas de baño o zonas para actividades recreativas tiene un interés intrínseco en mantenerlas en buen estado, y si no lo hace, la consecuencia es que los visitantes y turistas no acuden a ellas. 
La creación de un marco jurídico en este ámbito debe seguir siendo competencia de los Estados miembros, pues me parece que no tiene efecto alguno sobre el mercado interior. 
Me parece que no tengo que volver a exponer las deficiencias de la transposición de las normativas medioambientales en la UE, pues ya están en curso suficientes procedimientos de infracción –de hecho una plétora de ellos– para demostrarlo. 
Si Europa desea ofrecer una mayor transparencia a sus ciudadanos, debemos concentrarnos en lo que debe –y puede– hacerse en el plano europeo para proteger el medio ambiente y la salud. 
Esto implica que si abrigamos dudas acerca de si una función debe llevarse a cabo a escala europea, debemos dejarla en manos de los Estados miembros. 
No considero que la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño sea un componente de importancia vital para la integración europea. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, respondiendo a mi colega, si existe efectivamente una directiva popular y conocida por todos los ciudadanos, esa es la directiva sobre las aguas de baño. 
Personalmente, yo iría incluso más lejos que la directiva: en efecto, pensamos que si el proyecto de directiva sobre la calidad de las aguas de baño no se cambia, excluirá de hecho las actividades recreativas, lo que generará una discriminación entre los bañistas y otros usuarios de las aguas costeras o continentales, y eso no podemos aceptarlo. 
La versión que propone la Comisión no es en absoluto satisfactoria, a nuestro entender, y hoy estamos en nuestro derecho de preguntar a la Comisión y al Consejo por qué se obstinan en considerar que esta Directiva sobre las aguas de baño no engloba las demás actividades recreativas. 
¿Qué valor tendrá esta directiva si no ofrece las mismas garantías de seguridad y calidad de las aguas a los nuevos tipos de actividad náutica como el surf, el velasurf y el kayak, que se han convertido –como sabemos todos– en moneda corriente en muchas aguas de baño en toda la Unión Europea? 
Estas actividades y deportes de ocio o de competición conllevan un riesgo igual de alto de tragar agua que el simple baño, y todos somos conscientes de ello. 
Si no prestamos atención de las expectativas de un público joven, menos joven y cada vez más numeroso, y hacemos oídos sordos a las demandas de nuevos usuarios de las aguas litorales o continentales, faltaremos realmente a nuestra misión de legisladores y representantes de nuestros conciudadanos. 
Mientras en Francia el debate sobre la competencia y el papel de la Unión está especialmente animado, tenemos aquí, con este proyecto de directiva, la posibilidad de demostrar que la Unión está en contacto con una sociedad que cambia y que sabe escuchar y responder a los deseos de sus ciudadanos. 
Por ejemplo, las asociaciones que defienden la práctica de deportes en aguas de buena calidad se han movilizado y han reunido más de 10 000 firmas para convencernos de que integremos precisamente los deportes de recreo. 
En respuesta al señor Comisario, creo que todo el mundo está de acuerdo en invertir en la calidad del agua cuando no cuesta nada. 
Pero hay que saber que invertir en agua de buena calidad es invertir en nuestro futuro. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, como pueden imaginarse, al ser chipriota me interesa mucho el tema de la protección de las aguas de baño, pues procedo de una isla. 
Los ingresos de mi país, con sus extraordinarias playas, dependen en gran parte del turismo y del turismo europeo en particular, que es muy exigente por lo que respecta a la limpieza de las aguas, al igual que los chipriotas. 
En Chipre, una playa contaminada es un tema serio de conversación y preocupación, y los ciudadanos exigen que la administración mantenga y mejore el estado del mar en función de criterios sumamente estrictos. 
El motivo por el que estoy de acuerdo en que la nueva directiva debe ser estricta y, al mismo tiempo, viable, no es solo la protección del turismo en Chipre. 
Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a disfrutar de las aguas de Europa, tanto costeras como continentales, a ejercer diversos tipos de actividades sin correr peligro de contaminación microbiológica y, más aún, tienen el derecho a recibir información lo antes posible sobre el estado de las aguas en que se bañan con sus hijos. 
No veo motivo alguno para retrasar la aplicación de esta directiva. 
Me parece que el plazo de 2011 ya concede a las autoridades locales suficiente tiempo para preparar el tipo de pruebas que deberán llevar a cabo y para desarrollar la infraestructura necesaria. 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que la información pública es uno de los elementos más importantes de la directiva. 
Si su objetivo consiste en mejorar y mantener la calidad de las aguas de baño europeas y proteger a los ciudadanos, no puedo entender por qué el Consejo no desea desarrollar un sistema de información pública. 
Por ello pido a sus Señorías que apoyen las respectivas enmiendas. 
La primera vez que tuve en mi poder esta directiva, me pregunté por qué la Comisión debe darse por satisfecha tan solo con aguas de buena calidad según los parámetros que ella misma establece. 
Ahora el Consejo desea agregar un parámetro de calidad suficiente. 
Me parece inaceptable que terminemos con niveles de protección microbiológica más bajos que los propuestos por la Comisión. 
Por ello pido a sus Señorías que voten a favor de las enmiendas que suprimen este nuevo parámetro, y a favor de las enmiendas que no hacen una distinción entre las aguas interiores y las aguas costeras. 
Puesto que en este Parlamento no se ha presentado un estudio científico que sustente esta opinión, propongo que votemos en contra de dicha distinción hasta que se demuestre el valor científico de esta. 
Por último, coincido con el ponente en que el Parlamento debe defender sus puntos de vista, sobre todo después de la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y pido a sus Señorías que, con su voto, demuestren que los ciudadanos europeos merecen aguas de baño de la más alta calidad. 
. Señor Presidente, puesto que ya abordamos la cuestión de la subsidiariedad en primera lectura, no me explayaré al respecto. 
Esperaba que la revisión de la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño nos permitiría lograr aguas de baño más limpias, como era de hecho la intención de la propuesta original de la Comisión. 
De ahí que esta Cámara decidiera introducir un número relativamente reducido de cambios en primera lectura. 
Sin embargo, no podemos decir que el Consejo haya seguido una línea positiva al elaborar su posición común, que no puede considerarse, en mi opinión, totalmente «común». 
En ella se refleja muy poco la posición del Parlamento en primera lectura. 
En particular, no puedo elogiar al Consejo por la forma en que ha rebajado sus objetivos. 
Se han realizado todo tipo de cambios cosméticos para desvirtuar la propuesta, incluida la introducción de una nueva categoría de aguas de baño de calidad «suficiente» , pero que no impiden que tengamos la impresión de que el Consejo no mostró gran entusiasmo por endurecer las normas. 
Además, la distinción que hace el Consejo entre agua marina y agua dulce está dictada por el deseo de llegar a un consenso dentro del propio Consejo. 
Sin embargo, los argumentos avanzados no me han convencido de su supuesto fundamento científico. 
Por ello votaré a favor de las enmiendas que pretenden dar marcha atrás a estos cambios. 
De forma similar, puedo apoyar la supresión de la categoría «suficiente». 
Tal vez podría aceptar, a modo de compromiso, la enmienda 36, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Asimismo me complace que se haya vuelto a introducir el cuadro de parámetros –enmienda 29– cuyo mantenimiento vale la pena apoyar. 
Y ya que hablamos de este tema, me gustaría preguntar al Consejo qué opina sobre la forma en que se ha aplicado la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño de 1976. 
Si observamos la situación existente en la UE en 2003 –último año sobre el que contamos con información– veremos que un 95 % de las aguas de baño cumplían las normas obligatorias, y aproximadamente un 80 % cumplía los valores orientativos. 
Así pues, sin necesidad de nuevas intervenciones, un 80 % de las aguas de baño ya cumplen las nuevas normas que propone la Comisión. 
Así pues, ¿por qué se opone el Consejo a una mayor protección de los bañistas? 
Por último, me gustaría desear mucha firmeza al ponente. 
En mi opinión ha realizado hasta ahora una excelente labor. 
Esperemos que el Consejo se dé cuenta de ello y podamos evitar un procedimiento de conciliación. 
– Señor Presidente, esta es una revisión muy útil e importante de la Directiva de 1976. 
Hay que recordar que comporta mejoras reales de la calidad del agua dentro de las categorías de «buena» y «excelente» que ahora se proponen. 
Permitirá que la Directiva relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño esté mejor enfocada, con normas más claras y exigentes, y subrayo que es ambiciosa. 
La aplicación de la Directiva de 1976 ha llevado al menos 30 años y ha costado un montón de dinero. 
Represento el sudoeste de Inglaterra, donde hemos gastado más de mil millones de libras esterlinas –lamento no hablar en euros– solo para mejorar las playas de baño en la costa de esta región de Inglaterra. 
Esto ha comportado un aumento del 15 % anual de las tarifas del agua y no creo que las personas estén dispuestas a pagar mucho más por una directiva mucho más exigente. 
Está claro que hay dos problemas. 
A diferencia del señor Blokland, estoy a favor de mantener la categoría de «suficiente». 
Sé que algunos quieren eliminarla, pero a mí me parece que dado que las categorías «buena» y «excelente» son mucho más estrictas, y que aunque se invierta dinero algunas playas pueden no cumplirlos, en especial después de llover, necesitamos la categoría de «suficiente» como una especie de categoría de prueba. 
Me gustaría oír qué piensa el Comisario sobre la enmienda 36. 
¿Cree que es una manera eficiente de abordar esta cuestión y puede prever la actitud que adoptará el Consejo al respecto? 
Por último, la cuestión de las aguas recreativas. Creo que todas las enmiendas relativas a las aguas recreativas son más bien ridículas, ya que la definición es demasiado amplia para tener sentido. 
Si uno sale de Cornualles e intenta llegar a Florida en una piragua, convierte todo el Atlántico en aguas recreativas y no creo que merezca la pena. 
No he visto ninguna evaluación de costes de ninguno de los Verdes que han presentado estas enmiendas: no creo que exista. 
También está la cuestión de la viabilidad. 
Pongo de relieve que la Unión Británica de Piraguas nos ruega que no apoyemos la ampliación de esta directiva a las aguas recreativas. 
Destaco lo que dice la organización británica de surfistas contra las aguas residuales: «El impacto de la directiva se hará sentir en particular en el centro nacional de deportes acuáticos de la Unión de Piraguas, donde se piensa habitualmente que la baja calidad del agua pone en peligro a los jóvenes.» 
La Unión Británica de Piraguas manifiesta: «Es significativo que el riesgo para la salud de los piragüistas en las aguas del Reino Unido sea muy bajo y basándonos en ello cuestionemos la justificación de incluir las aguas y actividades recreativas en la directiva». 
Le deseo suerte a esta directiva. 
Recuerdo la de 1976 cuando se presentó por primera vez. 
Se trata de una gran mejora y deberíamos recordarlo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al señor Maaten por su labor. 
Hago un llamamiento a sus Señorías y a la Comisión para que mantengan los aspectos básicos de la propuesta original, a saber, un elevado nivel de protección mediante normas a favor de aguas de baño de buena e incluso excelente calidad. 
La Comisión basó sus trabajos en los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, pero el Consejo demuestra en su posición común que tiene un cariz muy cínico. 
Los niveles son elevados y algunos lugares de baño se enfrentan a la posibilidad de ser clausurados, pero, como estos niveles están siendo amañados, no lo serán. 
Debemos tener en cuenta que estamos hablando de normas sanitarias y que no podemos jugar con ellas. 
Los bañistas europeos tan solo desean saber si las aguas son seguras para ellos y, ante todo, para sus hijos. 
Los bañistas tienen derecho a una información clara, pero ¿qué han de hacer con un lago cuyas aguas de baño son de una calidad «suficiente»? 
¿Son seguras o no lo son? 
Por ello votaremos en contra de que se rebajen las normas. 
En todo caso, el Partido del Trabajo de los Países Bajos da prioridad a los bañistas, y no creemos que sea oportuno ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a otras formas recreativas. 
Las normas de la OMS se basan en los bañistas y no en piragüistas o tripulaciones de veleros que accidentalmente se caen al agua. 
Estamos a favor de una legislación práctica y aplicable que no resulte innecesariamente compleja. 
–Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias al ponente y colega mío del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa por la calidad de su informe. 
Nos tiene acostumbrados a ello. 
Es un texto ambicioso y a la vez equilibrado que acomete los problemas principales: es práctico y también ofrece información precisa y actualizada a los bañistas. 
Por lo que a mí respecta, quiero hacer dos observaciones a raíz de la lectura de la legislación europea en materia de aguas de baño, que abarca un periodo de casi 30 años. En primer lugar, ante todo debemos felicitarnos por los alentadores resultados que ya hemos obtenido. 
Recordaré que, según el último informe hecho público por la Comisión en 2003, cerca del 96 % de los emplazamientos costeros y más del 91 % de los emplazamientos de agua dulce se ajustan a las normas de calidad fijadas por la directiva. 
En segundo lugar, hay que relativizar así y todo esta observación y este éxito, y criticar el escaso margen que se ha dejado a los Estados miembros para la aplicación de este Derecho europeo. 
Con su permiso pondré un ejemplo concreto que me concierne: me parece pecar por exceso que para un río de Valonia la Comisión, apoyada por los jueces europeos, haya estimado que un río de diez centímetros de profundidad, al que acuden ocasionalmente dos bañistas para darse un chapuzón, merece la denominación de aguas de baño y, por tanto, requiera inversiones de saneamiento del orden de 700 000 euros por zona. 
No es casualidad que este texto legislativo haya sido objeto de no menos de quince sentencias del Tribunal de Justicia. 
Si queremos que esta nueva directiva aporte las mejoras deseadas por todos, y sobre todo, que se aplique en la práctica, habrá que desembarazarse a cualquier precio de este legalismo ligeramente restrictivo. 
Queremos una ley viable –lo hemos dicho nosotros, el ponente lo ha dicho–, una directiva que nos dé también los medios para informar, para luchar eficazmente contra todas las formas de contaminación, que en su mayoría son cada vez menos accidentales, pues también en el caso de las aguas de baño hay que atajar las causas de la contaminación medioambiental y su repercusión sobre la salud de los ciudadanos de Europa y de otros lugares. 
– Señor Presidente, esta directiva es especialmente popular; nuestros conciudadanos le tienen mucho apego y, desde 1976, han surgido naturalmente nuevas exigencias de salud pública a raíz del desarrollo de los conocimientos científicos. 
Disponemos, por tanto, de información normalizada sobre medidas armonizadas. 
Todos los ciudadanos disfrutan de la misma información, ya sea en Bélgica, España, Grecia o Eslovenia. 
Por consiguiente, tengo cinco observaciones que hacer sobre esta directiva. 
En primer lugar, es importante adoptar medidas adecuadas para facilitar una buena información al público. 
Después, dado que muchos municipios han realizado considerables esfuerzos por mejorar la calidad de sus aguas, es importante que nuestra legislación no desaliente las iniciativas locales. 
Por tanto, esta directiva debe ser aplicable y flexible, como se ha destacado ya. 
Pueden producirse contaminaciones imprevistas y, en tal caso, deberán adoptarse medidas temporales de prohibición, pero que no por ello acarreen irrevocablemente la descalificación del municipio. 
Por lo que se refiere a las clasificaciones, es necesario, en efecto, ser exigentes y no equivocarnos con la calidad de las aguas de baño; sin embargo, lamento la desaparición de la categoría intermedia, calificada de suficiente. 
Una medida como esta puede tener consecuencias graves para el desarrollo de algunas de nuestras zonas turísticas. 
No es bueno inquietar a los ciudadanos por nada. 
Hay que encontrar el equilibrio justo entre la calidad de las aguas de baño y el apoyo al turismo, un sector esencial de nuestra economía. 
Del mismo modo, me parece importante excluir de esta directiva las actividades recreativas, pues, de no ser así, desaparecerán de nuestros lugares de vacaciones los surfistas, los aficionados al kayak, al velasurf, al esquí acuático, etc. Esto no me parece, de hecho, muy realista. 
Por último, hay que distinguir bien entre aguas costeras y aguas continentales, que son de distinta naturaleza; esperamos pues con impaciencia el estudio epidemiológico europeo destinado a evaluar sus diferencias. 
Sobre todo, es nuestro deber hacer todo lo posible por evitar las contaminaciones marinas debidas a accidentes o a la limpieza de fondos de los buques petroleros, que demasiado a menudo castigan nuestras zonas costeras. 
Señor Presidente, la revisión de la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño es sumamente importante, como ya se ha dicho. 
La cuestión que ha surgido en relación con este tema es qué debe ser competencia de la Unión Europea y qué debe ser competencia nacional. 
Debemos prestar especial atención a la forma en que las distintas zonas se han adaptado a los sistemas acuáticos, ya que esto determinará en gran parte cómo se considerarán los diversos elementos de esta directiva. 
Por ejemplo, desde el punto de vista de las actividades recreativas, si hablamos de una zona costera en la que circulan cientos de embarcaciones, nos encontramos ante una situación muy distinta de la de un río de 50 km de longitud en Laponia en el que se utilizan canoas. 
Estas dos situaciones no tienen mucho que ver entre sí. 
Es necesario tener en cuenta este tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo debemos hacer lo necesario para que todos los europeos gocen de la mayor protección posible en lo referente a las aguas de baño. 
Señor Presidente, en nuestras manos tenemos una directiva estratégica que refleja el problema fundamental de la política medioambiental de la UE, es decir, las enormes diferencias que hay entre las circunstancias existentes en los distintos Estados miembros. 
Por ello debemos responder de forma adecuada. 
Yo vengo de un país que tiene 187 888 lagos. 
Desde luego, nos sentiríamos frustrados si las medidas que se aplicaran fuesen las mismas que en Luxemburgo, por citar un ejemplo. 
Por consiguiente, desde el punto de vista del sentido común y de la protección del medio ambiente, es importante que nos concentremos en los objetivos, pero debemos dejar los medios para conseguirlos en manos de los Estados miembros. 
Afortunadamente, la propuesta ofrece igualmente más flexibilidad a los Estados miembros para determinar por sí mismos las playas que pueden optar a la «bandera azul». 
A este respecto, la definición de aguas de baño que figura en la posición común es correcta. 
En mi país, dicha definición conllevará una reducción de la carga administrativa que soportan las autoridades, sin reducir por ello el control de calidad. 
Necesitamos esta directiva, pues la que está vigente se ha quedado obsoleta, y la versión revisada reflejará con mayor eficacia que la actual el estado del agua en términos de higiene. 
Sin embargo, hay muchas enmiendas del Parlamento con las que no puedo estar de acuerdo. 
El recorte del plazo de 2015 a 2011 sería problemático, en vista del calendario para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua. 
No obstante, lo más irritante de las enmiendas del Parlamento es la propuesta de suprimir la clasificación de satisfactoria o suficiente para las aguas de baño. 
Debemos recordar que esa fue una condición para alcanzar la posición común en el Consejo. 
La normalización de los valores para las aguas costeras y las aguas dulces presenta el mismo problema. 
Cada valor se basa en distintos criterios científicos, y no por ello aumenta el riesgo para los bañistas. 
La propuesta de compromiso redactada en el Parlamento parece un paso en la dirección correcta. 
Si no se aprueba la categoría de «suficiente» , corremos peligro de que el Consejo rechace todo el proyecto. Ello sería muy lamentable desde una óptica medioambiental. 
No cabe duda de que algunos Estados miembros preferirían que el proyecto fracasara y no adoptar valores más estrictos. 
–Señor Presidente, Señorías, también yo considero que la directiva sobre la que nos disponemos a votar tiene gran importancia para Italia y los Estados miembros, pues nos ayudará a superar algunos de los elementos inflexibles de la directiva actualmente en vigor, que dan pie a un gran número de procedimientos de infracción. 
Tengo dos breves comentarios que formular: el primero se refiere a la calidad de las aguas de baño. 
La propuesta de la Comisión define tres niveles para clasificar estas aguas. 
Cada categoría se basa en unos parámetros microbiológicos precisos, fruto de la investigación efectuada por la Organización Mundial de la Salud, que corresponden a un alto nivel de protección de la salud humana. 
La adopción de la categoría «suficiente» prorrogaría la vigencia de la directiva sobre las aguas de baño de 1976 sin que se cumplan los requisitos mínimos de los valores fijados por la Organización Mundial de la Salud. 
Espero, por tanto, que la Cámara se pronuncie a favor de mantener las tres categorías iniciales y propongo que la fecha para su aplicación sea la inicialmente prevista de 2011. 
Señor Presidente, nuestra comisión parlamentaria recibe a menudo propuestas mediocres del Consejo. 
Desgraciadamente, en esas ocasiones me parece que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria considera que su tarea consiste en convertir una propuesta mediocre en una propuesta francamente mala. 
La Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño constituye un nuevo ejemplo de ello. 
De hecho, el nombre de la directiva lo dice todo. 
Lo que significa es que la UE debe regular la calidad del agua en las playas en que nos bañamos. 
Y tengo que decir que, en mi opinión, resulta totalmente estúpido. 
Me pregunto si habrá alguna pequeña cuestión que los Estados miembros puedan controlar. 
En defensa del Consejo diré, no obstante, que no se trata de una nueva forma de estupidez, ya que la directiva vigente es mucho peor que el compromiso al que se llegó en el Consejo. 
Con arreglo a la directiva vigente, un pequeño país como Suecia está obligado a medir periódicamente la calidad del agua en 5 000 puntos de baño. 
El hecho de que Suecia solo mida la calidad del agua en algo más de 800 de estos puntos no indica que seamos una especie de Salvaje Oeste europeo. 
Este es un ejemplo en el que, afortunadamente, el sentido común se ha impuesto a una legislación absurda. 
No obstante, tengo que decir, en defensa del Consejo, que finalmente se ha intentado eliminar algunos de los aspectos más absurdos de esta legislación. 
No obstante, la propuesta presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la que debemos votar es, como ya he dicho, un desgraciado ejemplo de cómo la comisión intenta convertir una legislación mediocre en una francamente mala. 
Un ejemplo de ello es que la comisión exige ahora que la información sobre la calidad del agua, por ejemplo, en Härjarö, a las afueras de Enköping, donde he pasado muchos soleados días de verano, se distribuya igualmente en francés. 
Desgraciadamente se pretende aumentar la carga administrativa en numerosos aspectos. 
Por ejemplo, algunos desean que la normativa se aplique igualmente a la calidad de las aguas utilizadas para actividades recreativas y desean que la calidad de dichas aguas se controle periódicamente. 
Estas aguas incluyen aquellas en las que se practica el velasurf, el piragüismo y actividades similares, lo que comportará que, antes de que nos demos cuenta, todas las aguas del archipiélago sueco deban ser controladas, en teoría, en intervalos regulares. 
Si el Parlamento Europeo desea obligar a todas las autoridades locales suecas a medir la calidad del agua de cada una de sus localidades, tengo razón en votar en contra de la propuesta en su conjunto. 
Desgraciadamente, en ese caso correríamos el peligro de que se perdieran las simplificaciones que propone el Consejo. 
En realidad, el problema no reside en todos los detalles que acabo de mencionar, sino en que la UE regula cuestiones pertenecientes a un ámbito en el que Europa posee una diversidad manifiesta. 
Lo cierto es que la UE no debe regular el modo en que se mide la calidad de las aguas de baño en los lagos del norte de Värmland. 
Al parecer, muchos miembros de esta Cámara se sienten orgullosos de estas nuevas normativas, que pueden reclamar como suyas ante sus electores. 
Yo me siento al menos tan orgulloso de haber contribuido a poner fin en parte a esta estupidez, y espero que otros diputados a esta Cámara, tras la... 
Señor Presidente, conozco muy pocos ponentes que se muestren tan receptivos con los ponentes alternativos de este Parlamento como el señor Maaten, pero aun así le diré, en mi calidad de ciudadana neerlandesa, que nuestra relación de trabajo ha vuelto a ser excelente, ya que nuestras preocupaciones son las de los Países Bajos, un país que ha clasificado unos 600 lugares de baño y que exige que tengan una buena calidad y sean beneficiosos para el medio ambiente y la salud. 
Asimismo deben permitir que el público practique actividades recreativas. Y aunque todo esto nos parece muy importante, al mismo tiempo tenemos que decir que varias de las obligaciones propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Salud Alimentaria van demasiado lejos y no añaden nada o no añadirían nada por lo que respecta a la protección de la salud pública. 
Por ello compartimos las preocupaciones expresadas por el ponente, pero en este momento tengo mucha confianza –bueno, estoy un poco preocupada, pero sobre todo confiada– en que las cosas salgan bien mañana. 
Nosotros, al igual que la mayoría, estamos satisfechos con que se haya abandonado la prevista ampliación de las aguas de baño para incluir las aguas recreativas. 
En segundo lugar, tenemos la cuestión de que las aguas de baño deben ser de calidad «suficiente». 
En esta Cámara hay quienes desean que las aguas de baño tengan inmediatamente una calidad excelente, pero ¿qué sucede con los parques nacionales o las zonas de gran belleza natural? 
Sé que en las reservas naturales, tan solo debido a las defecaciones de las aves, por ejemplo, la fuente de contaminación está tan extendida que las aguas de baño nunca serán de buena calidad, y que esta nunca será «suficiente». 
Por ello considero que debemos rechazar el segundo lote de enmiendas sobre las que votaremos mañana, en las que se ha suprimido la categoría de «suficiente». 
Por último, también me preocupa la enmienda 42 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que desean que las aguas ya seleccionadas no se supriman de la lista, incluso si se sabe que nunca volverán a cumplir los requisitos en materia de calidad. 
Resulta demasiado absurdo para expresarlo con palabras, y espero que nadie en esta Cámara respalde esta idea. 
– Señor Presidente, a Escocia le ha sido muy difícil cumplir incluso la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño de 1976. 
Nuestro principal problema es la agricultura y la escorrentía debido a las fuertes precipitaciones, en especial en la costa oeste. 
La pluviosidad en esta zona, que da al Atlántico y sufre el clima imperante, puede ser de entre 80 a 100 pulgadas –es decir, 250 cm– anuales. 
En la costa oeste, la tierra se usa predominantemente para el ganado: ovejas, vacas y el ciervo montaraz. 
Así pues, cada vez que se produce una precipitación fuerte, se arrastra materia fecal de las llanuras a las playas. 
Esto no va en contra de la naturaleza, ha ocurrido durante siglos, y la próxima marea se encargará de limpiarla rápidamente. 
Incluso así, el Ejecutivo escocés, las autoridades locales y el servicio público del agua han gastado enormes sumas de dinero intentando reducir al mínimo las incidencias, manteniendo al ganado fuera de los cursos de agua e instalando sistemas de tratamiento diseñados para contener el flujo natural. 
Sin embargo, es imposible detenerlo completamente. 
Escocia posee miles y miles de espléndidas playas. 
Escocia tiene la mayor parte de los paisajes más salvajes y magníficos de Europa. 
Escocia cría varias de las razas de ganado bovino y ovino más conocidas del mundo. 
A veces en Escocia incluso hace buen tiempo, que es cuando los turistas y los habitantes de la zona acuden a nuestras playas. 
Sería obstinado y gravemente perjudicial si el Parlamento, dirigido por la brigada de los Verdes –quienes, por desgracia, saben muy poco del mundo real– eliminaran la clasificación de «suficiente» en esta nueva directiva y condenaran a las playas de Escocia a perder su prestigio tan codiciado y merecido de estar entre las mejores y más bellas de Europa. 
Señor Presidente, en mi país natal, Hungría, tenemos un dicho que utilizamos cuando alguien exagera con buenas intenciones y al final hace más daño que bien: decimos que arroja al bebé con el agua del baño. 
Pues bien, esto es precisamente lo que hará el Parlamento Europeo si acepta el informe del señor Maaten en su estado actual. 
El lago Balatón es uno de los mayores lagos de agua dulce de Hungría y de Europa, y es el recurso más valioso del turismo húngaro. 
Cada año, millones de personas lo utilizan para nadar o realizar actividades recreativas, y si aceptamos esta recomendación se pondría fin a este estado de cosas y se eliminarían los puestos de trabajo de cientos de miles de personas que trabajan y viven del turismo en ese lugar. 
Estoy totalmente de acuerdo en que nuestro objetivo es garantizar que la calidad de las aguas de baño en Europa sea excelente. 
Así lo exige la salud de aquellos que visitan estas aguas para realizar actividades deportivas o recreativas, así como otras condiciones medioambientales. 
Por ello no podemos aceptar que este informe combine las disposiciones en materia de calidad para las aguas costeras y las aguas continentales. 
Ni puedo estar de acuerdo con el informe del Parlamento que propone, sin justificación profesional alguna, un umbral más restringido que la propuesta del Consejo. 
Al mismo tiempo, me preocupan igualmente las medidas de gestión recomendadas en caso de que las aguas pierdan calidad. 
Si los parámetros superan los límites, lo que indicaría que el agua es perjudicial para la salud, simplemente debería prohibirse el baño. 
Hasta ahora se ha hecho así y no hay motivo para modificar esta práctica. 
Resulta absurdo que la información completa solo deba facilitarse en inglés y francés en los 25 Estados miembros. 
Los bañistas deberían ser informados en las lenguas más comunes en la zona de que se trate. 
Los lagos Balatón y Fertő en Hungría constituyen excelentes ejemplos de ello, ya que la mayoría de los turistas que los visita son de nacionalidad alemana, austriaca y neerlandesa. 
En los últimos días se han presentado varias propuestas de enmienda al informe parlamentario actual que hacen una contribución positiva a la nueva legislación, y por lo tanto no recomiendo que aceptemos este informe a menos que se aprueben dichas enmiendas. 
De este modo podemos evitar que se adopte una legislación que ignora las condiciones medioambientales y que puede impedir que el sector turístico florezca en muchas regiones y privar a millones de personas de gozar de un baño seguro y de realizar actividades recreativas. 
No debemos tirar al bebé con el agua del baño. 
. Señor Presidente, la Comisión acepta una serie de enmiendas referentes al suministro de información al público en general, tanto en las zonas de baño como en Internet. 
La Comisión también se alegra mucho de aceptar la idea de desarrollar símbolos y señales comunes para que se expongan en las zonas de baño. 
Sin embargo, es necesario que quede claro qué es lo que se supone que los símbolos y señales tienen que indicar. 
Varias enmiendas pretenden reintroducir disposiciones referentes a planes de emergencia. 
La Comisión considera que, en este sentido, la posición común supone una mejora de su propuesta original. 
Como el texto ya aborda la contaminación producida por sucesos no habituales o excepcionales, no conviene que se introduzcan disposiciones detalladas sobre la planificación de emergencia relacionada con el baño. 
En cuanto a la cuestión de la clasificación, la Comisión quiere mantener la categoría de «suficiente» con objeto de alcanzar un acuerdo que permita a la Unión Europea adoptar un marco mejor para las aguas de baño que el actual. 
La Comisión no acepta la eliminación de esta categoría. 
Sin embargo, la Comisión acoge con satisfacción el espíritu de compromiso que subyace en las enmiendas 36 y 55. 
La enmienda 36 estipula que esta categoría de clasificación solo existirá durante ocho años tras la entrada en vigor de esta directiva. 
Como este plazo solo nos lleva hasta 2013, que es antes de la fecha en que la posición común propone que entren en vigor las normas de calidad, la Comisión considera que esta enmienda no es realista. 
En cuanto a la enmienda 55, la Comisión considera que si se aumentara la severidad de las normas de calidad relacionadas con la categoría de clasificación «suficiente» esto representaría una opción potencialmente fructífera con la que se podría alcanzar un compromiso. 
Por lo tanto, aunque las normas de calidad para la categoría de «suficiente» son demasiado estrictas, la Comisión puede aceptar el principio de la enmienda. 
Con respecto a la distinción entre aguas costeras y aguas continentales corrientes o estancadas, la Comisión no acepta las enmiendas que eliminan esta distinción, ni que estas enmiendas estén orientadas a adelantar las fechas de entrada en vigor de las nuevas normas de calidad. 
Por último, la Comisión observa la atención que presta el Parlamento a la cuestión de abordar los otros usos recreativos de las aguas como la práctica del y la vela. 
La Comisión no cree que sea factible extender el alcance de la directiva para que se incluyan estas cuestiones ahora. 
Sin embargo, puede aceptar el rumbo que se propone en la enmienda 35, por la que la Comisión se obliga a llevar a cabo un estudio sobre esta cuestión y la elaboración de un informe en 2018. 
En conclusión, la Comisión acepta diez enmiendas en su totalidad, y tres enmiendas en parte o en principio. 
Sin embargo, la Comisión no acepta 21 enmiendas. 
Daré una lista completa de la posición de la Comisión a la Secretaría del Parlamento (2). 
La Unión Europea garantiza unas normas mínimas. 
Los Estados miembros pueden ir más allá y más rápido, y la competencia entre zonas turísticas impulsará las cosas en este sentido. 
Una última observación: los Estados miembros son responsables de la designación de las zonas de baño. 
El caso valón al que se ha referido la señora Ries tenía que ver con un lugar identificado por Bélgica como zona de baño. 
Este es el motivo por el que tanto nosotros como el Consejo hemos insistido en que la zona se ajuste a la Directiva de 1976. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes. 
La Comisión acepta las siguientes enmiendas en su totalidad: 2, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 33 y 35. 
Las enmiendas siguientes son aceptables en parte o en principio: 15, 16, 22 y 55. 
No son aceptables las enmiendas siguientes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 54. 
Una buena política medioambiental va de la mano de una información adecuada sobre cuestiones medioambientales, incluida la contaminación, los posibles peligros y los efectos de los accidentes medioambientales. La Unión Europea ya ha tomado medidas importantes para actualizar la normativa legal vigente con el fin de cumplir los requisitos de la Convención de Aarhus. 
Al venir de un Estado miembro nuevo y como antiguo periodista, estoy totalmente de acuerdo con la importancia de la Convención de Aarhus. 
Los antiguos países socialistas de Europa Central y Oriental tenían cierto grado de política medioambiental, pero se entendía estrictamente como política del Estado sin ningún tipo de participación del público. 
Por esa razón la gente tenía un sentimiento tan negativo acerca de la situación real. 
La falta de información adecuada o de ONG medioambientales provocó cierta desconfianza sobre los verdaderos logros medioambientales. Incluso la información básica sobre la contaminación se consideraba secreto de Estado. 
Francamente, algunas empresas multinacionales todavía están tentadas de seguir esta práctica en la actualidad. 
Para implementar la Convención de Aarhus de modo eficaz, tenemos que considerar todos los detalles y el contenido de todos y cada uno de los instrumentos legislativos. Por ejemplo, el Grupo del PSE, con nuestro ponente Guido Sacconi, adopta una postura muy activa sobre la nueva legislación REACH y sobre la evaluación y la autorización de sustancias químicas. 
En cuanto a REACH, necesitamos urgentemente una legislación fuerte que proporcione al público toda la información posible respecto a los posibles peligros y riesgos de todas las sustancias químicas. 
Lo mismo cabe decir de los productos genéticamente modificados, de la emisión de contaminantes, la directiva de registro de traslados, etc. Toda esta legislación debe proporcionar al público el derecho a acceder a la información que le preocupe. 
Si ratificamos la Convención de Aarhus, debemos ponerla en práctica en nuestra legislación día a día. 
Deberíamos empezar considerando el debate sobre la Convención, en el que está garantizada la participación de los diputados a esta Cámara, puesto que son los representantes de los ciudadanos europeos. 
En particular, quiero destacar tres aspectos cruciales que figuran en el informe. En primer lugar, es evidente que la catalogación, preservación y restauración de las obras son esenciales para salvaguardar la diversidad cultural de Europa. 
En segundo lugar, el informe subraya con razón la importancia de recoger sistemáticamente las obras cinematográficas a través de un sistema de depósito legal obligatorio. Por último, hay que resaltar hasta qué punto es esencial el desarrollo de nuevas tecnologías para garantizar la catalogación, preservación y restauración de las obras cinematográficas, para que sean de la máxima calidad. 
Me gustaría destacar ahora los lazos que existen entre este informe y los debates en curso sobre los programas europeos en materia de educación y Media 2007. 
Este informe exige un planteamiento más activo por parte de los Estados miembros en el ámbito de la enseñanza visual, en particular la formación profesional y la cultura mediática. 
Como autor del informe sobre la función de la educación como piedra angular del proceso de Lisboa –informe que pronto presentaré a la Comisión de Cultura y Educación–, apoyo sin reservas esta excelente propuesta. 
Nuestras sociedades se han hecho más tolerantes con el desarrollo de la alfabetización. Ahora hace falta por tanto que todos aprendamos a saber leer mejor las imágenes, que se han convertido en el vehículo fundamental de comunicación interhumana. 
Para concluir, me gustaría recordar que si el cine europeo representa ya un gran patrimonio, debe seguir formando parte de nuestro futuro. A este fin, quisiera alertar a mis colegas sobre la necesidad de integrar en el programa Media 2007 modalidades de financiación adecuadas para las producciones cinematográficas europeas. 
Hay ejemplos: en Francia se creó hace más de veinte años el Instituto de financiación del cine y las industrias culturales precisamente para facilitar el acceso al crédito a los productores y distribuidores independientes. El acceso al crédito bancario es crucial para estos últimos, dado el modo de financiación de las películas. 
Con razón: nuestro Gobierno no la apoya suficientemente. Una película sobre María, reina de los escoceses, está a punto de rodarse en Irlanda; una nueva versión cinematográfica de Macbeth –la obra escocesa–, se rodará en la Isla de Man. 
El apoyo del Gobierno al cine es crucial en el mercado mundial de la industria cinematográfica. Este informe demuestra por qué necesitamos un marco europeo ambicioso que tenga alma para que podamos avanzar desde una dimensión europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, comienzo felicitando al señor Hegyi por su elaborado informe, que tiene su origen en una propuesta de la Comisión, que consta de dos textos diferentes: una comunicación de seguimiento posterior a la Comunicación sobre el cine de 2001, sobre protección del patrimonio cinematográfico y ayudas estatales, y una propuesta de recomendación del Consejo y del Parlamento Europeo, relativa solamente al patrimonio cinematográfico, toda vez que, en materia de ayudas, el Parlamento carece actualmente de capacidad legislativa. 
Nuestro patrimonio cinematográfico debe protegerse, porque contiene una parte importante de nuestra memoria, expresa nuestra identidad cultural y muestra la diversidad de nuestros pueblos; abarca, como dice el ponente, todos los aspectos de nuestra vida desde finales del siglo XIX. 
Es también un activo económico cuya protección puede contribuir al crecimiento y al empleo, así como a la promoción de políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico que impulsen la competitividad industrial general. 
Así lo ha entendido acertadamente la Comisión, al fundamentar la recomendación en el artículo 157 del Tratado, relativo a la competitividad de las actividades industriales relacionadas, posibilitando así la codecisión. 
Quisiera destacar la importancia de los organismos públicos de radiodifusión para proteger el patrimonio cinematográfico, para extender su ámbito a las producciones televisivas y para satisfacer las exigencias del servicio público. Considero que deben tenerse en cuenta para avanzar en el desarrollo del patrimonio audiovisual. 
Es indispensable por tanto armonizar la legislación en materia de depósito, conservación y difusión de las obras cinematográficas europeas, recurriendo en primer lugar al intercambio de buenas prácticas. 
El empleo de las nuevas tecnologías constituye además un paso imprescindible para la racionalización de los costes y la consiguiente competitividad, no solo de la producción cinematográfica en sentido estricto, sino también de todas las actividades relacionadas con ella, como la recopilación, la catalogación y la restauración. 
También estoy de acuerdo con el ponente con respecto a la atención que debe prestarse a las personas con discapacidad –garantizándoles un mejor acceso a las obras depositadas–, así como a la necesidad de conservar todas las obras cinematográficas, y no solo las que han obtenido financiación pública, como prevé la propuesta de la Comisión: todas estas obras contribuyen a la construcción de la historia de la cinematografía europea, reflejando las diversas tendencias e influencias en las distintas épocas. 
En conclusión, quisiera hacer una propuesta a la Comisaria, la señora Reding, aprovechando el significado simbólico del día de hoy, 9 de mayo, Día de Europa: la creación de una filmoteca temática europea que conserve una cuidada selección de obras cinematográficas que tengan que ver con acontecimientos históricos y sucesos relacionados con del desarrollo del proyecto comunitario. 
El cine, por tanto, serviría de instrumento de mediación para favorecer un acercamiento más positivo de los ciudadanos a la información y al conocimiento de Europa y de sus instituciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral al Consejo (B6-0238/2005) , por parte de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la financiación de la RTE-T, y a la pregunta oral a la Comisión (B6-0239/2005) , por parte de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la financiación de la RTE-T. 
. –Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, Señorías, la Comisión de Transportes y Turismo, que tengo el honor de presidir, sigue con gran atención y cierta preocupación el proceso de ejecución de la red transeuropea de transportes (RTE-T) , definido en las directrices adoptadas mediante codecisión por el Consejo y el Parlamento en abril de 2004. 
Nuestra preocupación se debe a la constatación de importantes retrasos en la ejecución de los proyectos que integran la primera definición de la RTE-T –codecidida en 1996– y a la identificación de la causa principal de esos retrasos en la insuficiente financiación. 
La Decisión nº 884/2004, que modifica la definición de la RTE-T a la Unión de los 25, deja entrever unas exigencias financieras de grandes dimensiones: al menos 225 000 millones de euros para los treinta proyectos de aquí a 2020, de los cuales al menos 140 000 deberán gastarse en el período comprendido por las perspectivas financieras 2007-2013. 
Parece esencial garantizar desde ahora la cobertura de dichas exigencias, a ser posible antes incluso de la definición de las perspectivas financieras 2007-2013, para evitar que se produzcan en los próximos años frustraciones insoportables para la Unión y para los Estados miembros, dado el valor estratégico de la realización de la red transeuropea. 
Es estratégico para la competitividad interior y exterior de la economía de una Unión que debe explotar plenamente los beneficios del mercado único: unos beneficios ilusorios si un bien producido en Lisboa o Dublín no puede competir con bienes similares producidos en Varsovia o Budapest por diferencias de costes de transporte. 
Es estratégico para la sostenibilidad del transporte europeo, ya que los proyectos prioritarios son ante todo ferroviarios, marítimos y fluviales. 
Es estratégico, por último, para la integración real de la sociedad europea: una integración social y cultural ni forzada ni impedida, pero que necesita unas conexiones eficientes entre todos los puntos de la Unión para que puedan manifestarse oportunidades de comunicación, intercambio, reconocimiento y apreciación de la identidad y la diversidad. 
Si, como espero, la Comisión y el Consejo confirman hoy aquí la conciencia del valor estratégico de la realización de la RTE-T, las consiguientes garantías que pide el Parlamento se refieren a la adecuación de la dotación para la cofinanciación comunitaria de toda la red a los treinta proyectos que deben ejecutarse antes de 2020 y la conveniencia de que las cofinanciaciones comunitarias se utilicen en el tiempo y en el espacio de modo que sirvan de palanca para las financiaciones –mucho más ingentes– de los Estados miembros, y, allí donde sea posible, para la participación de particulares en planes de cooperación entre el sector publico y el privado. 
Las normas y decisiones comunitarias que faciliten todo esto –de la directiva sobre la Euroviñetaa la constitución de un fondo especial de garantía sobre los préstamos– son un complemento necesario. 
Y, en este marco, visto que el presupuesto para la RTE-T asciende a 20 300 millones de euros propuestos por la Comisión en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013 –un presupuesto que garantizaría la cobertura media del 15 por ciento de la financiación de las redes transeuropeas de transporte–, la comisión, a través de mí, quiere saber si el Consejo considera que ese importe puede garantizar la cofinanciación comunitaria necesaria y suficiente para los treinta proyectos. 
En otras palabras, puede el Consejo garantizar que los Estados miembros estén en condiciones de financiar con medios propios, públicos o privados, el 85 % restante, en promedio, de la financiación prevista, o no deberíamos pensar en incrementar la cuota de la Comunidad? 
La misma pregunta se formula a la Comisión, a la que se pide, además, que comunique el perfil temporal de absorción de la cofinanciación comunitaria por parte de los distintos proyectos, lo que presupone un conocimiento de su progreso desde el punto de vista administrativo y técnico ahora y en el futuro, y cómo piensa distribuir el presupuesto disponible en el tiempo y el espacio. 
La siguiente pregunta está dirigida tanto al Consejo como a la Comisión e incluye una propuesta o recomendación explícita: ¿no convendría concentrar de forma prioritaria, si no exclusiva, la cofinanciación comunitaria en las 48 secciones transfronterizas de los treinta proyectos, aquellas que se encuentran a caballo entre dos Estados miembros y que a menudo no despegan por conflictos de competencia y de intereses? 
De ahí se derivarían muchos efectos positivos: al limitar la financiación a las 48 secciones transfronterizas haríamos que la idea de una cofinanciación del 30 al 50 % fuera viable y podríamos garantizar su pronta ejecución. 
Si la cofinanciación comunitaria estuviera condicionada y se exigiera la aprobación de tratados internacionales bilaterales, los Estados miembros estarían obligados a asumir explícitamente su responsabilidad respecto incluso de los tramos interiores. 
Al asegurar la ejecución de los tramos transfronterizos, los frenos se convertirían en estímulos. 
¿Cómo no completar, por poner un ejemplo que conozco bien, el tramo interior entre Turín y Trieste si la Unión garantiza la conclusión en plazos prefijados del túnel de Frejus entre Turín y Lyon en el lado francés y del enlace entre Trieste y Divača en el lado italo-esloveno? 
Con el deseo de que esta recomendación sea aceptaba y de que el Consejo y la Comisión la hagan suya, concluyo pidiendo a esta última que nos facilite una definición clara y precisa de las 48 secciones transfronterizas. 
Señor Comisario, señor Ministro, espero con confianza sus respuestas. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por haber abordado esta cuestión extremadamente importante. 
En efecto, compartimos su análisis sobre la importancia de las redes transeuropeas, que se manifiesta en varios aspectos: en primer lugar, estas redes transeuropeas se inscriben en una iniciativa de crecimiento que ha sido relanzada por el Consejo Europeo; contribuyen o deben contribuir asimismo al objetivo de la competitividad, tal como ha sido definido por el Consejo Europeo de marzo; constituyen además un elemento esencial del buen funcionamiento del mercado interior y, sobre todo, son indispensables para garantizar la cohesión territorial de la Unión Europea. 
Se han producido retrasos, en efecto, y esto es tanto más lamentable cuanto que cierto número de proyectos se decidieron en el marco de un programa de puesta en marcha rápida. 
En principio, esos proyectos debían lanzarse rápidamente. 
Precisamente de estas cuestiones y de las razones de los retrasos se ocupó un Grupo de alto nivel sobre las redes transeuropeas de transporte, dirigido por el señor Van Miert, en particular de los retrasos registrados en las secciones transfronterizas. 
Para paliar esos retrasos, el Consejo adoptó, en abril de 2004, el Reglamento n° 807/2004, destinado en particular a incrementar la tasa de financiación comunitaria de determinados proyectos. 
El objetivo evidente del reglamento es garantizar una cofinanciación adecuada de los proyectos en cuestión; su aplicación es competencia de la Comisión y estoy seguro de que el Vicepresidente les dará explicaciones al respecto. 
El 27 de julio de 2004, el Consejo recibió una nueva propuesta de reglamento sobre este tema, que pretende mejorar la financiación de las redes transeuropeas de transporte y de energía para el período 2007-2013. 
El grupo de trabajo competente del Consejo ha examinado una sola vez el texto. 
Dadas las importantes consecuencias financieras de la propuesta, varias delegaciones expresaron su deseo de esperar a la conclusión del debate sobre las perspectivas financieras antes de tomar una decisión definitiva. 
Estoy en condiciones de decir, en nombre de la Presidencia, que la realización de este programa y estos proyectos es de vital importancia por las razones que hemos indicado. 
Para poder realizar estos proyectos, hacen falta en efecto medios suficientes. 
La Presidencia considera, por tanto, que la dotación propuesta por la Comisión es adecuada y suficiente. 
El Consejo está examinando asimismo una comunicación de la Comisión relativa a la posibilidad de crear un instrumento de garantía comunitaria para los préstamos concedidos a los proyectos de las redes transeuropeas de transporte. 
Pienso que solo conseguiremos poner en práctica esta serie de proyectos si podemos crear también modos de financiación innovadores. 
Ustedes han sugerido cierto número de ellos, en particular un mejor reparto entre el sector privado y el público. 
Estoy seguro de que, sobre la base de todos estos elementos, conseguiremos lanzar estos proyectos en el plazo más breve posible, pues también es un factor importante en el contexto de la ampliación. 
. Señor Presidente, Señorías, señor presidente de la Comisión de Transportes y Turismo, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por haber planteado hoy esta pregunta, que me permite insistir una vez más, señor Ministro, en el lugar central que ocupan las redes transeuropeas de transporte en la realización de la estrategia de Lisboa y en el crecimiento de Europa. 
Usted mismo ha mencionado, señor Schmit, la cohesión territorial, que es capital para la Europa ampliada. 
Ha evocado también el objetivo de competitividad de la Estrategia de Lisboa. 
Soy de los que piensan que, ahora, la movilidad forma parte integrante de la competitividad. 
Antes de responder a las preguntas del señor Costa, presidente de la Comisión de Transportes y Turismo, quisiera recordar algunas cifras, que confirman la importancia de estas redes. 
El tiempo perdido con la congestión en Europa se ha evaluado en un 1 % del producto interior bruto o más de cien mil millones de euros; esto es casi lo mismo que el presupuesto de la Unión Europea. 
El estudio de impacto realizado por la Comisión en 2003 concluye que la construcción de los grandes proyectos de la red transeuropea podría generar un crecimiento económico añadido del orden del 0,25 % del PIB, es decir, un millón de puestos permanentes altamente cualificados. 
El señor Costa ha recordado los retrasos registrados en la ejecución de los proyectos de Essen. 
Esos retrasos se explican, en particular, por la insuficiencia de las ayudas de la Comunidad. 
En efecto, dichas ayudas no siempre han sido suficientes para incitar a los inversores a movilizarse y coordinar sus esfuerzos, en particular en los enlaces transnacionales. 
Está muy claro que esos proyectos no se realizarán sin un esfuerzo financiero de la Unión Europea que se traduzca en este incremento razonable y largamente madurado del presupuesto comunitario consagrado a las redes transeuropeas. 
La primera se refiere a la estimación efectuada por el Grupo Van Miert del conjunto de los treinta proyectos prioritarios por valor de 225 000 millones de euros para el período comprendido entre 2003 y 2020. 
Tras una encuesta realizada entre los Estados miembros, la Comisión determinó las necesidades financieras relativas a cada uno de los proyectos hasta 2020. 
Sumando esas necesidades, se obtiene un perfil de inversión que muestra que, para el período 2007-2013, el pico de las necesidades financieras se concentrará a mediados del nuevo período de las perspectivas financieras. 
Este perfil indica que las necesidades en inversión son del orden de 140 000 millones de euros para el período 2007-2013 y que registrarán un aumento considerable entre 2007, con 17 000 millones, y 2010, con 25 000 millones, en particular cuando arranquen grandes proyectos como los cruces alpinos del Brennero y de Mont Cenis, que absorberán sumas muy importantes. 
El presupuesto de 20 000 300 000 euros propuesto por la Comisión es un mínimo. 
De hecho, si me atengo a los tramos de los proyectos prioritarios que están preparados para iniciarse hoy mismo, puedo decir a este Parlamento, señor Presidente, que todo el presupuesto anual medio propuesto por la Comisión para 2007-2013 se habría absorbido ya. 
Las solicitudes de financiación de los Estados miembros recibidas por la Comisión en 2003 y 2004 permitirían ya gastar de tres a cuatro veces el presupuesto actual. 
Me dirijo a la Presidencia luxemburguesa porque realmente hemos de tener esas cifras muy presentes para comprender que este dinero se utilizará de inmediato, en las mejores condiciones. 
Añadiré que, además de los proyectos prioritarios, habrá que cofinanciar el resto de la red, en particular los proyectos tecnológicos, como el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) o la iniciativa Sesame relativa a la gestión del tráfico aéreo. 
Todo esto demuestra claramente, Señorías, la importancia de mantener al menos el presupuesto que se propone de 20 000 300 000 euros. 
Esta es mi primera respuesta. 
Respondo ahora a la segunda pregunta. 
Por lo que respecta al reparto del presupuesto, se basará, en primer lugar, en un programa plurianual indicativo 2007-2013, que precisará los importes concedidos por proyecto y por período. 
Evidentemente, estas asignaciones estarán condicionadas por el avance real de los proyectos. 
Dicho programa debería elaborarse en el curso del año 2006. 
En segundo lugar, una parte del presupuesto se distribuirá sobre la base de convocatorias de propuestas anuales. 
Los proyectos se seleccionarán en función del estado de preparación del proyecto, de la solidez del paquete financiero y de las consecuencias sobre el medio ambiente. 
La Comisión prestará especial atención a la obtención de compromisos firmes por parte de los Estados miembros, para asegurarse de que los proyectos prioritarios se desarrollen tal como está previsto. 
Esta es mi respuesta a la segunda pregunta. 
Por lo que se refiere a la tercera pregunta, en la que ha insistido con razón el señor Costa, quisiera confirmarles que las 48 secciones transfronterizas de los treinta proyectos prioritarios a los que su Señoría hace referencia se consideran y seguirán considerándose prioritarias para el reparto de los fondos, a condición de que cumplan los criterios de preparación y madurez que acabo de mencionar. 
Para las secciones transfronterizas que cumplan los criterios se podrá llegar hasta el 50 % si se acepta la propuesta de la Comisión, pero, atención, no se trata de un baremo general. 
Para poder acogerse a este porcentaje, los proyectos deberán cumplir los siguientes criterios: en primer lugar, deberán requerir acciones y trabajos de construcción a ambos lados de la frontera entre dos Estados miembros. Después, el proyecto deberá ser técnica y financieramente indivisible. 
Por último, los Estados miembros afectados deberán participar conjuntamente en el proyecto y crear una estructura común. 
Personalmente estoy muy a favor de dar esta prioridad a las secciones transfronterizas. Puedo asegurar al señor Costa que tenemos la lista de esos proyectos, de esas 48 secciones. 
Paso ahora a mi conclusión, señor Presidente, Señorías. 
Sé que están ustedes convencidos de la necesidad para la Unión de disponer de una red transeuropea de transportes eficaz y eficiente. 
¿No adoptaron ustedes aquí, en este Parlamento, en abril de 2004, los treinta proyectos prioritarios? 
Evidentemente, señor Ministro, es preciso que las futuras perspectivas financieras 2007–2013 permitan trasladar a la práctica esas perspectivas que el Parlamento sabiamente ha descrito. 
Quiero que esta cuestión quede clara. 
O bien su Parlamento y el Consejo de Ministros nos conceden el presupuesto necesario para realizar los treinta proyectos prioritarios, y en ese momento podremos –estoy convencido de ello, y puedo decirles que me comprometo personal y firmemente a ello– conseguir la ejecución de esos treinta proyectos prioritarios, o bien, lo cual no quiero pensar, su decisión se quedará en un mero anuncio y, entonces, solo será posible cofinanciar una parte más o menos modesta de esos proyectos. 
Cambiando de tema, observaré, señor Presidente –y aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Presidencia luxemburguesa–, que hemos franqueado una primera etapa en la creación de la euroviñeta. 
Permítanme insistir en recordar todo lo que la Presidencia luxemburguesa ha hecho para llegar a este resultado. 
Quisiera precisar también que hemos creado, junto con mi colega, el señor Almunia, el instrumento de garantía, que, como acaba de evocar usted hace un momento, permitirá en unos pocos casos recurrir a asociaciones entre el sector público y el sector privado. 
Pero, honestamente, sin esos 20 000 300 000 euros nos será extremadamente difícil superar este desafío. 
Por ello, doy las gracias una vez más al Parlamento por haber tenido a bien abordar esta importante cuestión hoy. 
Incluso si anticipa los grandes debates sobre las perspectivas financieras, es bueno en algunos casos, Señorías, recordar que hay cierto número de imperativos a los que no podemos sustraernos. 
Cuando se cree profundamente en el éxito de Europa, en el éxito de esta cohesión territorial en la que todos tenemos empeño, en el éxito también de una Europa más competitiva, con toda honestidad, hay que dar, en mi opinión, la prioridad que conviene a las redes transeuropeas, como el Parlamento las ha descrito sabiamente, que creo con toda honestidad que son esenciales para el éxito de Europa en los próximos años. 
. Señor Presidente, señor Comisario Barrot, señor Ministro Schmit, Señorías, he pedido intervenir en este debate porque me identifico plenamente con las razones que han llevado a la Comisión de Transportes y Turismo a formular la pregunta, a través de la brillante intervención del señor Costa. 
Sé que nuestras preocupaciones sectoriales no son las únicas que se ven amenazadas por la restricción de recursos que parece avecinarse, pero, en cualquier caso, forman parte de las responsabilidades propias de este Parlamento. 
El retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 1996 mediante codecisión entre el Parlamento y el Consejo, en relación con la financiación de las redes transeuropeas de transporte, es un hecho. 
No es una opinión simplemente. 
También es una realidad la propuesta de la Comisión de una cuantía de 20 300 millones de euros para este objetivo, en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013. 
Se pregunta al Consejo sobre la suficiencia financiera para abordar los compromisos contemplados en la Decisión 884/2004. 
Respetamos la opinión del Consejo, que hemos escuchado por boca del señor Schmit, que la califica, cuando menos, de adecuada y suficiente. 
Ahora bien, si formulamos las preguntas es porque creemos sinceramente que proyectos importantísimos corren el riesgo cierto de quedarse en papel mojado. 
La Comisión ha reseñado en su propuesta preocupaciones graves, que merecen reproducirse en su totalidad. 
Dice la Comisión: " los retrasos más flagrantes afectan a dos proyectos ferroviarios y a los enlaces transfronterizos e impiden aprovechar al máximo la dinámica creada con la apertura del mercado ferroviario. 
Esos retrasos constituyen, además, una de las principales fuentes de congestión y de desequilibrio entre modos de transporte en los grandes ejes ". 
Al ritmo de inversión actual, para completar el conjunto de la red transeuropea de transporte con arreglo a revisión 2004, harían falta más de 20 años. 
En definitiva, la conclusión es muy clara, el señor Barrot nos ha dado muestra de su ambición y el Consejo nos ha dicho que este presupuesto es suficiente, pero nosotros entendemos que si esto no se completa así, se verán frustrados grandes proyectos en los que países periféricos como España tienen puestas sus esperanzas. 
Confiamos en la eficacia del trabajo de la Comisión y del Consejo, con la contribución de este Parlamento. 
. – Señor Presidente, en las redes transeuropeas de transportes existe una clara contradicción entre su importancia general, que el señor Schmit acaba de destacar, y su grado de ejecución hasta el momento. 
Por ese motivo, corremos el riesgo de que, en lo que respecta a las redes transeuropeas de transportes, se hagan permanentes los problemas que arrastramos desde hace algunos años. 
Les recordaré que la construcción de las redes transeuropeas es una tarea que nos encomienda el Tratado de Maastricht. 
No es algo que se nos haya ocurrido espontáneamente, sino que es una obligación, una tarea que nos atañe a todos. 
Todo el tiempo que he trabajado en las redes –al principio con el grupo de Christophersen y, más recientemente, con el grupo de representantes de alto nivel bajo la dirección de Karel Van Miert) , se ha producido mucho humo, pero pocos resultados consistentes y muy pocos proyectos. 
Incluso en la época del grupo de Christophersen se nos decía que todos los proyectos estaban listos para seguir adelante, que eran verdaderas propuestas prácticas y que las excavadoras empezarían a trabajar al día siguiente. 
Pero en realidad se ha hecho muy poco. 
Quiero también recordarles que el año pasado, en mayo de 2004, el Consejo y esta Cámara fijaron unas fechas concretas para la conclusión de esos proyectos. 
Si resulta que esas fechas no se van a cumplir, espero que el Consejo –y me refiero no al Consejo en sí, sino a los Estados miembros– diga que no es eso lo que quiere, que no está dispuesto a aceptarlo y que los proyectos no se llevarán a término. 
Será entonces cuando debamos abandonarlos. 
Por tanto, esperamos del Consejo más valor, compromiso y honradez en esta materia. Y si lo que hemos oído hoy era una promesa en firme en el sentido de que la Presidencia, el Parlamento y la Comisión aprobarán los créditos presupuestarios para las perspectivas financieras, entonces es una declaración con la que podemos estar muy satisfechos. 
. – Señor Presidente, Señorías, estos últimos días hemos conmemorado el sexagésimo aniversario del 8 de mayo de 1945, pero también celebramos el 1 de mayo de 2004, fecha en que pusimos fin a la división de Europa. 
Ahora, en nuestro continente, lo que está unido puede crecer unido, y los proyectos RTE contribuyen a ello, pero sabemos también que esos treinta proyectos son un catálogo de deseos inspirados en la ambición nacional. 
El puente sobre el estrecho de Messina no tiene nada que ver con la integración europea, pero está en la lista. 
Sabemos que la financiación de los treinta proyectos, que deberían estar concluidos antes de 2020, supondrá unos 600 000 millones de euros. 
Pero sabemos también que suponiendo un 20 % de financiación por la UE, según el plan financiero actual harán falta 120 años para que la UE aporte su 20 %. 
No tenemos tanto tiempo. 
Sí, es una buena cosa que el Consejo haya dado su consentimiento a una euroviñeta para las autopistas, pero sabemos también que el importe recaudado no servirá para financiar, por ejemplo, el túnel que discurre bajo el Brennero entre Austria e Italia. 
Teniendo en cuenta los peajes que recauda Austria, tardaría trescientos años en poder aportar su cuota para el túnel del Brennero. 
Por eso necesitamos fijar prioridades. Lo que más necesitamos son proyectos de transporte que unan a Europa. 
Esto nos ha llevado a impulsar una iniciativa que trasciende a los partidos y a las fronteras. 
Queremos que se otorgue absoluta prioridad al enlace de las líneas de ferrocarril entre Berlín, Varsovia, Tallin, Riga y Vilna, y queremos una conexión ferroviaria entre Viena y Venecia con Liubliana, Bratislava, Praga y Budapest. 
Si realizamos esos dos proyectos, habremos alcanzado las ocho capitales de los nuevos Estados miembros, y Europa podrá crecer junta. 
En cualquier caso, preferiríamos ver estos dos proyectos terminados para 2010, en vez de tener 30, 50 o 48 proyectos en marcha a medias en 2020. 
La integración europea depende de las prioridades que establezcamos en este terreno. 
– Señor Presidente, soy el ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre las normas generales para la concesión de ayuda financiera en el ámbito de la energía y las redes transeuropeas de transportes. 
Como tal, puedo afirmar claramente que en ninguna circunstancia deberían reducirse los 20 300 millones de euros que se proponen actualmente en el proyecto de reglamento. 
Es imperativo que este nivel de financiación se considere un mínimo absoluto. 
La Comisión tiene que dar garantías de que este nivel de financiación propuesto cumplirá las necesidades creadas por los mayores niveles de cofinanciación comunitaria, que pueden alcanzar el 50 %. 
Tenemos que ser realistas para cumplir el objetivo de avanzar estos proyectos, especialmente ahora que el número de proyectos prioritarios ha aumentado de 14 a 30. 
Sin duda existe un alto grado de expectación sobre del terreno en torno a normas más claras respecto a la concesión de ayuda para proyectos RTE-T. 
Creo firmemente que la cofinanciación es esencial. 
Los Estados miembros tienen que levantarse y asumir la responsabilidad sobre sus propias infraestructuras. 
La financiación europea por sí sola no puede hacerlo por ellos. 
Buena parte de la financiación se destinará a importantes proyectos transfronterizos, pero no creo que esto pueda ser eficaz sin la firma de acuerdos bilaterales vinculantes entre todos los países implicados. 
Si un Estado miembro no ha aportado la debida financiación paralela, será necesario reforzar la función de inspección de la Comisión y su capacidad de recuperar fondos. 
Después de todo, la Comisión es la guardiana del presupuesto comunitario. 
Señor Presidente, señor Comisario, si se me permite, antes de nada quiero agradecer al señor Cramer sus bellas palabras de solidaridad. 
Tal como yo lo entiendo, se necesitan tres cosas para que la red transeuropea de transportes sea una realidad: dinero, dinero y dinero. 
Pero no creo que el dinero sea todo lo que hace falta. 
Hubo una época en que todos los caminos llevaban a Roma, el centro del mundo civilizado, porque así fue como lo construyeron los romanos. 
¿Adónde conducen ahora los caminos de una Europa más unida que nunca? 
No pretendo responder aquí a esta pregunta. 
En cambio, quiero plantear otra pregunta relacionada con la anterior. 
¿Pueden realmente formar un mismo sistema las redes de transporte de la UE ampliada, que en el futuro se ampliará aún más, y pueden verse esas redes europeas como un todo? 
En mi opinión, la respuesta debe ser negativa. 
Se han añadido 16 nuevos proyectos a los que hasta hace poco eran 14, en consideración a la integración de los nuevos Estados miembros. 
Las medidas que tomemos en el futuro seguirán sin duda esa misma tendencia; es decir, se irán añadiendo nuevos proyectos paulatinamente, a medida que se incorporen nuevos países, como si estuviéramos ampliando una casa o haciendo una colcha de retales. 
Por eso quiero preguntar a la Comisión si no es hora ya de contemplar a Europa en toda su perspectiva y si no merecería la pena realizar un estudio completo de la red transeuropea de transportes. 
Dicho estudio abarcaría no solo a los Estados balcánicos, sino también a Moldova, Ucrania, Belarús, Georgia y, probablemente, también Rusia. 
En mi opinión, es un buen momento para realizar un estudio detallado y metódico de este tipo, para poder contemplar Europa desde una perspectiva amplia. 
Señor Presidente, querría agradecer también el coraje del Comisario Barrot y la buena voluntad que demuestra la Presidencia en ejercicio del Consejo, que, más que de buena voluntad, deberá dar muestras de rigor en la exigencia de mayor financiación o financiación suficiente, como mínimo, para las redes transeuropeas. 
El Parlamento siempre ha apoyado las redes transeuropeas y su financiación suficiente y, de hecho, asume como un mínimo la propuesta de 20 300 millones para las perspectivas financieras y condena los retrasos y los obstáculos, porque son retrasos y obstáculos a la hora de impulsar el crecimiento y el empleo y la cohesión social, económica y territorial. 
Me congratulo de la atención especial dada a los tramos transfronterizos y querría preguntarle a la Comisión si ha estudiado si el montante —de 20 300 millones— será suficiente en el caso óptimo de que, en al menos la mitad de los proyectos transfronterizos, se llegase a invertir el 50 % posible hasta 2013. 
¿Será también suficiente dicho montante para garantizar el funcionamiento de los instrumentos de garantía que conjuntamente están estableciendo los Comisarios Barrot y Almunia? 
Desearía también asegurarme de la voluntad de la Comisión y del Consejo para concentrarse en los 30 proyectos ya adoptados, garantizando su estabilidad y el impulso necesarios, sin dejarse desviar por otros intereses que, en forma de proyectos alternativos, están apareciendo al amor de la previsión de dinero fresco. 
Quisiera finalizar refiriéndome a la necesaria flexibilidad y provisión de adicionalidades en los distintos niveles de financiación, tanto a nivel comunitario como nacional y regional, así públicos como privados, incluyendo las sinergias posibles entre redes de transporte y redes de energía. 
La limitada cuantía de los fondos destinados a la política de transportes ha hecho necesario establecer una lista de prioridades en los proyectos de la red transeuropea de transportes. 
Pero está claro que esa lista contiene aún demasiados proyectos que demandan recursos financieros de la UE. 
Considerando la reciente ampliación y el gran retraso que sufren los nuevos Estados miembros en lo que respecta al desarrollo de infraestructuras, creo que los proyectos encaminados a unificar la red europea de transportes deben ser objeto de especial atención. 
En cuanto a las propuestas de la Comisión sobre los niveles de financiación con las perspectivas financieras de 2007-2013, debo decir que no hay justificación alguna para aludir a la ampliación de la UE como motivo del aumento del gasto en este ámbito. 
Los nuevos Estados miembros están afectados por solo 10 de los 30 proyectos aprobados, y reciben únicamente el 10 % del presupuesto. 
Además, los diez nuevos Estados miembros lo consideran un sistema de financiación poco atractivo, por la cuota inusualmente baja de cofinanciación de la UE. 
A pesar de estas deficiencias, creo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el gasto en la red europea de transportes se mantenga en el nivel propuesto por la Comisión. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos aquellos y aquellas que han intervenido y demostrado que la ejecución de los proyectos de redes transeuropeas representa para su Parlamento una gran prioridad. 
Quizás deba corregir un poco el pesimismo o el análisis negativo expresado por algunos, pues es cierto que los progresos en la realización de estos proyectos, desde el Tratado de Maastricht hasta ahora, han sido insuficientes; no obstante, cierto número de ellos se han realizado o están en curso de realización desde el Consejo Europeo de Essen, si mi memoria no me falla. 
Por tanto, se ha franqueado una primera etapa en la ejecución o está en vías de serlo. 
No hay duda de que el Consejo comparte la preocupación del Parlamento cuando dice que las redes transeuropeas constituyen un elemento esencial desde un punto de vista económico, o desde el punto de vista de la cohesión territorial, como han dicho algunos oradores y como ha destacado el Vicepresidente de la Comisión. 
Sin duda, como alguien ha señalado, el dinero es la espina dorsal de este esfuerzo. 
Por tanto, hay que velar por que nuestras prioridades políticas se traduzcan también en prioridades presupuestarias. 
A este respecto, las perspectivas financieras representan desde luego una cuestión capital. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo sino decirles que hasta junio la Presidencia luxemburguesa concede una importancia capital al capítulo de las perspectivas financieras y no quisiera que dicho capítulo se redujera, porque la propia prioridad política se vería reducida o incluso retrasada. 
Pero este es un compromiso que no puede contraer la Presidencia. 
En efecto, corresponde a los Estados miembros primero y a su Parlamento después decidir al respecto, puesto que las perspectivas financieras no las decide únicamente el Consejo. Las perspectivas financieras las deciden conjuntamente el Consejo y su Parlamento. 
Creo que, si conceden ustedes una gran prioridad política a las redes transeuropeas, deben hacerlo saber. 
Ustedes lo han hecho hoy, la lección está aprendida, el mensaje se transmitirá en las próximas semanas, en las que sin duda se intensificarán los debates sobre las perspectivas financieras. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera unirme al señor Schmit para dar las gracias a todos los diputados y oradores que, con su presencia, manifiestan el gran interés que prestan a esta cuestión. 
Seguidamente, quisiera recordar que tenemos un plan prácticamente completo para veintisiete Estados miembros, actuales y futuros, y que los porcentajes de cofinanciación serán los mismos para todos los Estados miembros. 
En términos generales, financiaremos los estudios al 50 %, como ya hacemos actualmente. 
En relación con los proyectos, pasaremos de un porcentaje del 10 % para los proyectos «normales» a tal vez un 30 % si son prioritarios. 
Para los proyectos transfronterizos, que hasta hoy podían aspirar a un porcentaje máximo del 20 %, podrán beneficiarse en su caso de un porcentaje del 50 %, en la medida en que efectivamente nos sumemos a ustedes para otorgarles una gran prioridad. 
Por otra parte, quisiera volver sobre la cuestión de la vecindad y de los enlaces que desean con el conjunto del continente europeo. 
Como saben, he confiado a la señora De Palacio una reflexión sobre la ampliación de la red transeuropea a los países vecinos: los Balcanes, el Cáucaso, Rusia, Ucrania, Moldova y el Mediterráneo oriental y meridional. 
Tengo puestas muchas esperanzas en esta labor, que nos permitirá reflexionar sobre el futuro de los enlaces a escala del continente europeo y que contribuirá también a nuestra reflexión sobre la política de vecindad. 
Quisiera decirles asimismo que tendremos que estar muy atentos, porque deberemos velar de todos modos por que los Estados nacionales y los Estados miembros puedan emprender seriamente los proyectos. 
Globalmente, aportamos una séptima parte del esfuerzo, una contribución que tendrá un efecto de palanca fundamental. 
No comentaré todas las intervenciones que se han hecho, en particular por parte de los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Dicho esto, tienen ustedes razón, es realmente urgente, sobre todo si queremos evitar, como algunos de ustedes temen, la creación de una especie de tejido hecho a base de retales, formado por pequeños tramos que podrían ser fáciles de gestionar pero que no estarían conectados al conjunto de la red. 
Por esta razón, señor Presidente –y me permito insistir en este punto–, he tomado la decisión de proponer al Consejo y al Parlamento el nombramiento de coordinadores encargados precisamente de velar por que, a lo largo de todo el corredor –se trata esencialmente de corredores ferroviarios, incluso de corredores fluviales– se realicen todos los esfuerzos en los plazos fijados para garantizar la coherencia del corredor. 
Creo, señor Presidente, que el Parlamento debe emitir con prontitud un dictamen sobre las propuestas. 
En mi calidad de Comisario quisiera aprovechar esta ocasión para repetir que espero con impaciencia el dictamen del Parlamento. 
Entonces podré transmitir al Consejo la propuesta sobre la estrategia, si puedo llamarla así, de los coordinadores, que por lo demás, señor Ministro, cuenta con el consentimiento del Consejo. 
Respaldado por el dictamen del Parlamento y por el del Consejo, tendría entonces que someter al Colegio de Comisarios el nombramiento de estos coordinadores, cosa que espero sinceramente. 
En efecto, los coordinadores tendrían a la vez la competencia técnica y, creo, la autoridad política y moral necesaria para poner realmente a todo el mundo en movimiento y, si es preciso, para hacer que dos Estados vecinos puedan comprometerse con el proyecto de extender la red mediante relaciones bilaterales. 
Una vez más, doy las gracias al Parlamento y doy las gracias a la Presidencia, que ha recordado que, por supuesto, todo esto está pendiente de las negociaciones financieras. 
Dicho esto, creo que corresponde asimismo a los diputados recordar a sus responsables, a los responsables de sus Estados miembros, que si queremos que Europa sea plenamente competitiva y haga efectiva su cohesión territorial, también ellos deben comprometerse plenamente con estos grandes proyectos, que pueden revelarse como una auténtica oportunidad para la Europa de mañana. 
Gracias también al del Costa, que, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, ha tomado la iniciativa de este debate, que ha sido, también para mí, muy útil. 
.El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Hennis-Plasschaert sobre la mejora de la seguridad de los puertos (COM (2004) 0393 – C6-0072/2004 – 2004/0031 (COD) ). 
. Señor Presidente, mis primeras palabras son de agradecimiento a su ponente, que realmente ha hecho un trabajo excelente. 
La reciente ola de atentados terroristas ha demostrado que ningún país, ningún sector de actividad, está al resguardo de tales amenazas. 
Cualesquiera que sean sus motivaciones, estos actos terroristas pueden producirse en cualquier momento y lugar. 
No escapan a esta amenaza el mundo marítimo y el entorno portuario, y no podemos esperar a que ocurra un atentado para tomar medidas esencialmente preventivas en el marco de la política de transportes. 
El objetivo fundamental de esta propuesta de directiva es completar, en el ámbito portuario, las medidas adoptadas en 2004 solo para las terminales portuarias, en el marco del Reglamento de mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias. 
Como recordarán, este reglamento transpone, a escala comunitaria, las medidas de seguridad adoptadas por la Organización Marítima Internacional en diciembre de 2002, en particular el Código ISPS sobre la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. 
La Comisión optó entonces por extender las medidas de seguridad a toda la zona portuaria en una fase posterior y por medio de una directiva. 
Nuestro objetivo final es suprimir esta separación casi artificial entre, por una parte, el puerto y, por otra, las instalaciones portuarias que lo componen, e implantar un dispositivo de seguridad coherente, estudiando cada caso, según la transposición que de él hagan los Estados miembros, la geografía y la topografía de los distintos puertos, así como de las distintas zonas que los componen. 
Es un enfoque que nos parece eficiente en términos de eficacia y de coste. 
Quisiera subrayar que nuestra propuesta se basa en gran medida en los resultados de un trabajo realizado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional y que ha conducido a la publicación de un código de conducta para la seguridad en los puertos. 
Ahora bien, este código de conducta no tiene efectos legales. 
Por ello, la propuesta de la Comisión recurre a las mismas estructuras y órganos de seguridad que el reglamento ya vigente para crear un régimen de seguridad aplicable al conjunto del transporte marítimo, desde los buques hasta el límite de la zona portuaria. 
Este enfoque permite simplificar los procedimientos y generar sinergias en materia de seguridad. 
La directiva propuesta pide a los Estados miembros que definan los límites de sus puertos y velen por que las evaluaciones sobre la seguridad portuaria, así como los planes de seguridad portuaria, se elaboren de forma adecuada con arreglo a unos requisitos mínimos. 
La propuesta que hacemos prevé también la designación de una autoridad de seguridad portuaria para cada puerto o grupo de puertos, el nombramiento de un agente de seguridad portuaria y la designación de puntos focales en los Estados miembros para garantizar la comunicación necesaria con los demás Estados miembros y, por supuesto, con la Comisión. 
Por último, establece un procedimiento de control comunitario de la aplicación de las medidas de seguridad portuaria. 
Concluiré mi intervención, señor Presidente, destacando muy especialmente que algunos de nuestros principales socios comerciales han llevado a cabo ya una aplicación extensiva del Código ISPS de la Organización Marítima Internacional. 
Esos terceros países aplican las medidas de seguridad a todos sus puertos y naturalmente esperan el mismo compromiso por nuestra parte. 
Están dispuestos a venir a comprobarlo si no avanzamos más deprisa en esta dirección. 
Considero que la Unión Europea no puede quedar en deuda en este ámbito, tanto por razones comerciales como de protección, por supuesto, de nuestros conciudadanos europeos y de infraestructuras tan vitales como nuestros puertos. 
Añadiré que, cuando visité los Estados Unidos hace un mes, pude entrevistarme con el señor Jackson, responsable de la seguridad nacional. 
Para ser sincero, hemos entablado realmente una cooperación basada en la confianza. 
No obstante, esto exige también que los europeos realicen los esfuerzos necesarios para dotar a todas las instalaciones portuarias de esta seguridad a gran escala. 
Por tanto, doy las gracias de nuevo a su ponente y a todos los que han trabajado en este texto. 
Les agradezco, en particular, que den a este asunto toda la importancia que merece y espero, señor Presidente, señor Ministro, un acuerdo rápido al respecto. 
. – Señor Presidente, como sabemos y como de hecho acaba de afirmar el señor Comisario Barrot, los atentados terroristas en los Estados Unidos y en España, así como el aumento generalizado de la criminalidad, han llevado a la adopción de todo tipo de medidas de seguridad en Europa. 
Después de los aeropuertos, ahora ha llegado el turno a los puertos marítimos; de hecho, los puertos europeos son eslabones fundamentales en la cadena de transporte que conecta los flujos de mercancías y de pasajeros por mar y por tierra. 
En muchos casos, son también centros neurálgicos para el trasbordo de cargas peligrosas destinadas a importantes centros de producción química y petroquímica, y están situados cerca de las ciudades. 
En consecuencia, los atentados terroristas dirigidos contra los puertos podrían ocasionar graves trastornos en los sistemas de transporte, producir un efecto dominó y, además, causar daños personales en los puertos y en las ciudades vecinas. 
Sencillamente, era necesario intervenir. 
Debo añadir que es preferible solucionar este asunto por nuestros propios medios que recibir la ayuda no solicitada de equipos de inspección estadounidenses, por poner un ejemplo. 
Tal como acaba de indicar el señor Comisario Barrot, lo primero fue el Reglamento 725, que transpuso el Código internacional para la protección de los buques y las instalaciones portuarias (el Código BPIB) en normas vinculantes para toda la UE. 
Pero ese Reglamento no lo abarca todo. 
Como solo se ocupa de la seguridad en la parte húmeda de los puertos, en 2004 se aprobó una nueva directiva que regulaba la seguridad en todo el recinto portuario. 
Esa es la directiva que tenemos hoy ante nosotros y que tendremos que votar a lo largo del día. 
Quiero centrarme en dos aspectos básicos que me han sido encomendados como ponente. 
El Comisario Barrot ya ha tratado en profundidad otros aspectos. 
Los que yo quiero comentar aquí están relacionados con la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones en la Unión Europea. 
En primer lugar, está la propuesta de ayuda financiera. 
¿Quién es el que realmente la está pagando? 
Las diferencias entre los distintos Estados miembros es considerable, y eso me parece muy poco conveniente si lo que se pretende es que haya unas reglas de juego iguales para todos. 
Por eso, en el acuerdo final, la Comisión se ha visto obligada a presentar lo antes posible, y no más tarde del 30 de junio de 2006, un estudio sobre la distribución de los costes entre los órganos de gobierno, las autoridades portuarias y la industria. 
Las medidas adicionales de seguridad no deben distorsionar en ningún caso la competencia. 
En segundo lugar, me planteé el objetivo de que la interpretación de las normas en todos los Estados miembros debía ser inequívoca y que se debía armonizar su aplicación. 
Es de todo punto inaceptable que un Estado miembro se conforme con poner un candado más, por poner un ejemplo, mientras que para los demás es obligatorio mantener cinco guardias y seis cámaras. 
Por supuesto, es un ejemplo exagerado, pero ilustrativo. 
Por ese motivo he argumentado a favor de que la Comisión de alguna manera. Este ha sido un punto delicado durante las negociaciones, sobre todo en el Congreso, lo cual me sorprende, porque son los mismos Estados miembros quienes se quejan por la falta de igualdad de condiciones, pero bien está lo que bien acaba. 
Hemos encontrado una frase con la que se pueden identificar todos los afectados y que está proporcionando a la Comisión suficientes medios para llevar a cabo la necesaria supervisión de supervisores. 
Como ponente, también he hecho todo lo posible para evitar la creación de una nueva institución burocrática, y las propuestas de ese tipo han sido debidamente rechazadas. 
Por supuesto, me complace informarles de que he llegado a un acuerdo con los ponentes alternativos, el Consejo y la Comisión muy recientemente. 
El compromiso consta de las enmiendas 13 a 75, ambas inclusive, que cuentan con el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y de mi propio Grupo, así como del Consejo y de la Comisión. 
Si finalmente aprobamos este compromiso en el día de hoy, la directiva podrá ultimarse en primera lectura. 
Aunque sus Señorías puedan sentirse inclinadas a simpatizar con las enmiendas 10, 11 y 12, formuladas por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, les recomiendo que voten en contra. 
Esas enmiendas no fueron juzgadas adecuadas en una fase anterior en la Comisión de Transportes y Turismo, y su esencia ha quedado ya reflejada en otras partes, o sencillamente tendería a producir un efecto innecesario de árbol de Navidad. 
El acuerdo que se ha alcanzado ahora es un compromiso muy factible para todas las partes implicadas en la puesta en práctica de las medidas, y por eso es muy conveniente que pueda concluirse en primera lectura. 
No tengo nada más que decir, salvo agradecer sinceramente a los ponentes alternativos, a la Comisión y a la Presidencia luxemburguesa su dedicación y su cooperación, que he apreciado enormemente. 
– Señora Presidenta, intervengo en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
En primer lugar, quisiera expresar nuestro amplio apoyo a esta propuesta, y en particular acoger con satisfacción la flexibilidad que contempla por lo que respecta a los Estados miembros y a su implementación. 
Las medidas de seguridad y antiterroristas son en gran medida una característica de los tiempos en que vivimos y son cuestiones importantes, así que se acoge con especial satisfacción que el Comisario haya tomado una iniciativa en este terreno. 
No obstante, mi comisión estaba algo preocupada por la falta de un análisis adecuado de coste-beneficio o una evaluación de impacto suficiente de los costes derivados de esta directiva. 
También nos inquietaba la ausencia en la propuesta de toda referencia concreta a la financiación o a medidas de financiación. 
Está muy bien que planteemos propuestas, pero deberíamos considerar cómo van a financiarse dichas propuestas. 
Por tanto, hemos presentado una enmienda que llama la atención sobre estos aspectos de la propuesta y pide que los Estados miembros los tengan en cuenta cuando establezcan las directrices para la acción. 
No quisiéramos que toda la carga que suponen los gastos de esta medida recayera en los operadores o transportistas del sector privado, pero propugnamos un reparto justo y equitativo de las cargas y gastos implicados. 
. –Señora Presidenta, Señorías, doy las gracias a los ponentes que me han precedido y confirmo naturalmente que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior apoya esta medida. 
No obstante, considero necesario añadir algunas cosas: la facilidad y desenvoltura con que los terroristas pudieron atentar en septiembre de 2001 y en otras circunstancias ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar los controles de seguridad no solo a los aeropuertos y las fronteras, sino también a los puertos, que a diario registran un flujo considerable de mercancías y personas. 
Con respecto a la propuesta del Consejo y del Parlamento de someter a controles también los transbordadores que transportan mercancías, como ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles me permití precisar que un mayor control en los puertos permitiría atajar asimismo el comercio de mercancías falsificadas, el tráfico de estupefacientes y una larga serie de actividades de que se sirven las organizaciones delictivas. 
Esta propuesta, que presenté en forma de enmienda en la Comisión de Libertades Civiles, no fue aceptada, como tampoco fueron aceptadas otras enmiendas que pedían la extensión de los controles a las personas, además de las mercancías y los automóviles. 
Sinceramente, me ha parecido incomprensible este rechazo, habida cuenta de que el objetivo era exclusivamente salvaguardar mejor la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Afortunadamente, los debates subsiguientes entre el Consejo y el Parlamento confirmaron la legitimidad de mi tesis, tomando nota de ella y añadiendo al texto el contenido de mis enmiendas, que en esencia han sido aceptadas. 
Considero que la directiva puede constituir también un instrumento válido en la lucha contra la inmigración clandestina, al limitar la entrada de personas que, sin trabajo ni permiso, confiando en una fácil integración social, se ven obligadas muy a menudo a delinquir para poder sobrevivir, a veces incluso a pesar suyo. 
. – Señora Presidenta, comenzaré felicitando a la señora Hennis-Plasschaert por realizar un trabajo excelente al redactar este informe. 
El hecho de que estemos, espero, llevando esta cuestión a una rápida conclusión es reflejo de su gran esfuerzo. 
Todos sabemos que la amenaza del terrorismo ha aumentado considerablemente en los últimos años. 
La Cámara ha debatido estas cuestiones, con razón, muchas veces recientemente. 
Al principio me preocupaba que las propuestas de la Comisión fueran demasiado vagas, llegaran demasiado lejos y que los considerables costes de implementación y cumplimiento de esta directiva pudieran repercutirse en la cadena de suministro, ocasionando un aumento de costes para la industria y los consumidores. 
Estoy totalmente de acuerdo con las observaciones del señor Chichester sobre el análisis de coste-beneficio. 
Gracias al esfuerzo de la ponente, expresiones tan vagas como «actos ilícitos» –que podrían significar cualquier cosa, como verter basura en una zona portuaria, que no supone una amenaza real para la seguridad– han sido sustituidas por «incidentes que afecten a la seguridad». 
Esto concreta el significado de la formulación y garantiza que la directiva se centre mejor en las amenazas reales. 
Se ha mejorado la definición de las zonas portuarias para limitar los costes repercutidos en la cadena de suministros fuera de la zona geográfica del puerto. 
Un aspecto importante es que se ha hecho prevalecer el principio de subsidiariedad en relación con la definición de zonas contiguas a los puertos a las que se aplicará la directiva. 
No obstante, la seguridad no solo es cuestión de dinero, y de hecho, no podemos ponerle un precio. 
El gran esfuerzo de la ponente ha permitido abordar la cuestión de la burocracia potencialmente innecesaria. 
Me complace decir que tenemos un informe que apoyo plenamente, y pediría a la Cámara que le diera su pleno apoyo en la votación que se celebrará hoy mismo. 
. –Señora Presidenta, Señorías, con esta directiva conjugamos la seguridad del transporte con la protección del tráfico comercial y marítimo entre Europa y el resto del mundo. 
En efecto, desde 2002 y con las disposiciones específicas de 2004, el problema no solo se plantea ya en términos de defensa de la vida humana en el mar y de impacto medioambiental, sino también de prevención de atentados terroristas. 
No obstante, es necesario mejorar la situación, pues sucede a menudo que en puertos estadounidenses se impide a los buques cargar y descargar –en particular los buques de contenedores– y que los puertos deben ponerse de acuerdo con la agencia de aduanas estadounidense so pena de exclusión de las rutas de tráfico. 
Esto no ayuda a nuestra competitividad. 
Además, las normas de seguridad ya aplicables, citadas por el Comisario Barrot, son fragmentarias, no son vinculantes y carecen de una visión de conjunto. 
Por tanto, parece fundamental aprobar este marco normativo, a fin de evitar distorsiones de la competencia y reconocer los puertos como puntos nodales de la cadena logística. 
La contribución del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a la elaboración de las propuestas globales ha ido en estas dos direcciones: definir los puertos en el sector de los transportes –no solo en la interfaz buque-puerto, sino reconociendo su vínculo funcional con la política común de transportes– y afirmar la necesidad de inspecciones por parte de la Comisión para garantizar un marco uniforme, pero respetando la autoridad de los Estados miembros. 
Teniendo en cuenta la notable distancia inicial entre las posiciones del Consejo y las de la Comisión, y contentándonos con un resultado menos ambicioso del que habríamos esperado, consideramos satisfactorio el compromiso alcanzado y votamos a favor. 
Agradezco sinceramente a la ponente su excelente capacidad para escuchar y sintetizar. 
. Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también soy contrario a la burocracia y lo mismo dirán probablemente todos los diputados a esta Cámara. 
El creciente número de documentos que tratan de problemas relacionados con la seguridad portuaria bien podrían generar una proliferación de estructuras burocráticas y la regulación comunitaria de esta cuestión supondrá la existencia de dos legislaciones y dos sistemas jurídicos vigentes a la vez. 
La subsidiariedad es uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea. 
No debemos privar a los Estados miembros de más competencias declarando que la directiva se aplicará también en zonas exteriores a los puertos. 
No debemos imponer restricciones a los sistemas judiciales de los Estados miembros dictando lo que debe considerarse una infracción y lo que debe considerarse ilícito. 
Estoy totalmente a favor de mejorar la seguridad de los puertos, pero en lo posible deben ser los Estados miembros y los puertos mismos quienes decidan cómo lograr ese objetivo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 
El efecto de esta directiva no debe ser que los puertos tengan que someterse a interminables inspecciones realizadas por distintos y muy variados organismos. 
Como he dicho al principio, debemos evitar la sobrecarga burocrática de reglamentos, directivas y leyes vigentes en la UE en esta materia. 
– Señora Presidenta, una directiva sobre la seguridad de los puertos de la UE no es ningún lujo. 
Los atentados de Nueva York, Washington y Madrid han demostrado que no existe ya ningún medio de transporte seguro ante el terrorismo y por eso es lógico que se incremente la seguridad en los puertos. 
El Comisario Barrot acaba de decir que, con ello, simplemente estamos incumpliendo una serie de obligaciones internacionales. 
En realidad, no se trata solo de la amenaza del terrorismo, sino también de la lucha contra la inmigración ilegal, el crimen organizado y el tráfico de drogas y productos falsificados. 
Esperamos, en cualquier caso, que la iniciativa no se quede solo en buenas intenciones, sino que todas estas cuestiones relativas a la seguridad se acometan de manera adecuada. 
Para concluir, quiero expresar mi apoyo a las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Es, desde luego, necesario que la financiación de las medidas propuestas no distorsione la competencia y que se establezcan directrices claras para financiar los costes incurridos por los Gobiernos por un lado y por los operadores por otro. 
– Señora Presidenta, me complace que usted, amante de la costa, presida esta sesión, como bien sabe usted. 
Quiero agradecer a la ponente el trabajo que ha realizado en colaboración con los ponentes alternativos. 
Creo que hemos llegado a un compromiso razonable que podremos votar mañana, un compromiso que todos los Grupos podrán apoyar para dar por finalizada esta cuestión. 
Pero lamentablemente el mundo no es como nos gustaría que fuera. 
Se han cometido atentados terroristas que ponen en peligro el transporte de personas y mercancías. 
Algo hay que hacer al respecto y eso es lo que pretende esta directiva: el resultado es que debemos tomar medidas preventivas. 
Una puntualización que debe hacerse en este contexto es, no obstante, que la responsabilidad última de la seguridad no puede transferirse solo a los puertos; por el contrario, es una tarea que atañe a todas las partes implicadas en el transporte, y eso no lo debemos olvidar. 
La seguridad empieza con la persona que carga las mercancías y tiene que abarcar, en definitiva, tanto el transporte por carretera como por ferrocarril, o de lo contrario terminaremos distorsionando la competencia y provocando algo que tampoco queremos: un aumento del tráfico por carretera en detrimento del marítimo. 
Creo que eso debe tenerse en cuenta. 
Si no me equivoco, la Comisión ya ha comenzado a considerar la manera de incorporar este aspecto. 
– Señora Presidenta, la seguridad de lugares vulnerables, como son los puertos, es vital para la sociedad. 
Esto se aplica tanto a la relación buque-muelle como a otras partes del puerto. 
Dado que los puertos no son idénticos entre sí en cuanto a dimensiones, emplazamiento, carácter y organización, los Estados miembros tienen cierto margen para decidir la mejor forma de aplicar estas normas, lo cual parece razonable. 
Celebro que los Estados miembros puedan aplicar esas reglas de la forma que consideren más oportuna. 
Después de todo, una regulación uniforme de todos los puertos iría en detrimento de la diversidad a que he aludido antes y aumentaría los costes. 
Un segundo punto importante es la aplicación de esas normas. 
La experiencia nos ha demostrado que esa aplicación es más fácil en la teoría que en la práctica. 
La escasez de mano de obra no contribuye a la calidad de las inspecciones, por lo que celebro que la Comisión supervise de cerca la transposición de esta directiva. 
Por último, deseo expresar mi reconocimiento a la ponente que se ha encargado de llevar este informe a buen término de forma sucinta, ateniéndose a los principios básicos y consultando al Consejo. 
Me complace sinceramente que se esté celebrando un debate sobre esta cuestión, ya que demuestra que nos estamos esforzando por actuar con prudencia antes de que el daño esté hecho. 
También demuestra que realmente consideramos los puertos como nodos de intermodalidad dentro de la cadena del transporte. 
Por último, este debate reforzará la confianza de los consumidores. 
La ventaja de la directiva propuesta es que establece unos objetivos claros y nos permite ser flexibles en la aplicación y en el logro de esos objetivos. 
Ha existido cierta polémica dentro de mi Grupo en torno a cuestiones como la financiación de instituciones con competencias en este ámbito, y sobre si las inspecciones causan o no trastornos en las operaciones portuarias. 
Creo que el acuerdo alcanzado es bueno y merece nuestro apoyo. 
Para terminar, quiero añadir que he solicitado a las autoridades portuarias de mi distrito de Szczeczin y Świnoujście su opinión sobre estas propuestas. 
Las respuestas han sido totalmente positivas. 
– Señora Presidenta, no cabe duda de que tenemos que defender y garantizar la seguridad de los puertos, así como de los aeropuertos. 
El terrorismo es, desde luego, algo con lo que vivimos y a lo que tememos. 
Como periodista, experimenté de primera mano el importante caso de piratería a bordo del crucero cerca del Pireo, cuando vi flotar en el agua brazos y piernas amputadas. 
El terrorismo es algo espantoso. 
Pero igual de terrible es el miedo al terror, que algunos Gobiernos utilizan como pretexto para atentar contra las libertades civiles. 
Los ciudadanos temen por sus vidas debido al terrorismo, y temen por su libertad debido a las cámaras que vigilan cada uno de sus movimientos en calles, puertos, aeropuertos, hoteles, etc. Los proveedores de servicios de correo electrónico pinchan los teléfonos. 
Los ciudadanos son vigilados a través de sus tarjetas de crédito, vigilados desde todas partes. 
Tenemos terrorismo y miedo al terror. 
Así que protejamos a nuestros ciudadanos. 
Todo el dinero que nos estamos gastando en terrorismo –en los Juegos Olímpicos gastamos mil millones de euros– podría haberse gastado en otras cosas, como en la repulsa del fanatismo y el extremismo que conducen directamente al terrorismo. 
– Señora Presidenta, Señorías, como sabemos, los atentados terroristas de los últimos años se han dirigido contra el transporte público –trenes, autobuses, aviones, barcos y las zonas donde operan–. 
El recuerdo de atentados terroristas como el cometido en Madrid permanece fresco en nuestra memoria. 
Tenemos que tomar urgentemente más medidas más eficaces. 
La directiva propuesta pretende servir a ese propósito. 
La mayor parte de las medidas que contempla son satisfactorias. 
Necesitamos adoptar medidas a escala comunitaria para establecer unas normas de seguridad aceptadas por todos y, al mismo tiempo, lograr iguales condiciones de competencia entre los puertos de la UE. 
El ejemplo de la buena organización de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, con la aplicación de medidas de seguridad innovadoras, debe ser tenido en cuenta por los Estados miembros, quienes deben informarse sobre dichas medidas. 
Siendo Grecia un país con cientos de islas y puertos en una delicada zona situada en el linde geográfico de Europa, creo que la Unión Europea debe dar prioridad a los programas que atiendan necesidades prioritarias y completen las infraestructuras de esas islas, que a menudo constituyen una vía de entrada ilegal de personas y mercancías. 
. Señora Presidenta, seré muy breve, pero antes quisiera tranquilizar a la ponente y, en particular, al señor Chichester. 
Somos muy conscientes de que existe un problema de coste y, por lo que se refiere a los costes que pueden devengar estas medidas, tenemos previsto comprometernos, en nuestro programa de trabajo para 2005, a hacer una comunicación sobre la seguridad en los distintos modos de transporte, incluida la cuestión de su financiación. 
De este modo se tendrá en cuenta el deseo del Parlamento. 
Por otra parte, la referencia a la financiación figura en un considerando. 
Quisiera recordar también, a aquellos que temen que no se tengan en cuenta las peculiaridades nacionales, que se trata de una directiva, y no de un reglamento, lo que permite tener en cuenta, en la fase de la transposición por los Estados miembros, en virtud de la subsidiariedad, cierto número de consideraciones prácticas que hagan más eficaz esta lucha por la seguridad. 
Por último, quisiera decir al señor Piecyk que tiene toda la razón, que debemos preocuparnos también por la prevención a lo largo de toda la cadena de transporte. 
Voy a dirigirme ahora a usted, señora Hennis-Plasschaert, para expresarle mi más profundo agradecimiento porque gracias a usted creo que podremos ganar tiempo en el contexto de la aplicación de estas normas de seguridad. 
Doy las gracias también a su comisión, la Comisión de Transportes y Turismo. 
Se han hecho cargo ustedes de esta propuesta, que es bastante técnica, y han adoptado un enfoque pragmático y constructivo para la gestión de este expediente. 
Me alegra comprobar que en el fondo existe una gran convergencia entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en torno a las medidas que es preciso adoptar. 
Por tanto, la Comisión puede suscribir el compromiso a que ha llegado el Parlamento en el marco de las negociaciones con el Consejo y que se traduce, señora Presidenta, en las enmiendas 13 a 75. 
Podemos aceptar, por tanto, las enmiendas 13 a 75, pero lamentablemente no las enmiendas 1 a 12. 
Para concluir, deseo que se tome una decisión para que esta directiva pueda adoptarse rápidamente. 
Como he dicho, la Unión Europea no puede ahorrarse medidas preventivas de protección de sus puertos tanto ante sus ciudadanos y el sector de la actividad portuaria como ante sus socios internacionales. 
Además, todo esto acaban de decirlo muy bien algunos de ustedes. 
Señora Presidenta, señora Hennis-Plasschaert, Señorías, mis servicios les transmitirán la postura detallada de la Comisión sobre cada enmienda propuesta. 
Les doy las gracias de todo corazón por su atención y también por su contribución absolutamente decisiva al resultado de este proyecto. 
Gracias, señor Comisario. 
Gracias también por su brevedad. 
Con esto concluye el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A6-0105/2005) presentado por el señor Cercas en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (COM (2004) 0607 C6-0122/2004 2004/0209 (COD) ). 
. Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar dando las gracias tanto al ponente como a toda la Cámara por el excelente trabajo que han realizado en un plazo extremadamente corto, dada la compleja y delicada naturaleza de esta cuestión. 
Nuestra intención al revisar la directiva es clara: queremos garantizar que las condiciones de salud y seguridad en el trabajo sigan siendo buenas. 
Es perfectamente conocida la relación que existe entre los accidentes relacionados con el trabajo y unas jornadas de trabajo excesivamente largas. 
Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que el futuro está en las empresas flexibles que sepan introducir métodos de trabajo innovadores, que motiven a sus empleados para que sean más productivos y les ofrezcan también empleos de alta calidad. 
Por el bien de nuestros conciudadanos, tenemos que responder lo mejor que sepamos a esos nuevos retos. 
Tenemos que desarrollar el modelo social europeo, uno de cuyos principios básicos es la calidad como factor determinante de la competitividad y, de hecho, esa necesidad se constata en las encuestas públicas sobre el Tratado Constitucional. 
La intención de la Comisión ha sido siempre asegurar que la directiva revisada mantenga el nivel actual de protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, contribuya a una organización más flexible del tiempo de trabajo. 
Esa fue la intención de la propuesta original, y creo que es el mismo objetivo que persiguen las enmiendas presentadas por el Parlamento y que la Comisión podrá aceptar. 
Comentaré con más detalle la postura de la Comisión sobre las enmiendas presentadas después de haber escuchado su debate. 
. Señora Presidenta, muchas gracias, señor Comisario, por sus amables palabras, referidas no solo a mi informe, sino al trabajo común que hemos realizado todos los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento. 
Señoras y señores diputados, el azar ha querido que coincidan en el tiempo nuestro debate sobre la Directiva del tiempo de trabajo y las efemérides europeas del 9 de mayo. 
Todavía resuenan en esta Cámara las palabras que ayer pronunció nuestro Presidente, el señor Borrell, sobre la relación entre nuestro deber de memoria y nuestro deber en la construcción de una Europa en la que se derrote el euroescepticismo y el antieuropeísmo. 
Nuestro debate de hoy y la votación de mañana tienen mucho que ver con nuestras responsabilidades. 
Tienen mucho que ver, porque millones de europeos están esperando el resultado de unos debates en los que hay una gran expectativa, ya que esta Directiva está en el corazón de la Europa social y será una señal nítida de nuestra voluntad y nuestra confianza en que el modelo social europeo tiene futuro o de que, por el contrario, nos echamos en manos del otro que viene no ya del otro lado del Atlántico, sino desde el mismo Pacífico. 
También coinciden nuestros debates con un momento importante de la construcción europea y de la ratificación del Tratado Constitucional en diversos parlamentos y pueblos de Europa. 
Y en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos que estos días se enfrentan a la idea de avanzar o no por la vía constitucional está siempre la misma pregunta: ¿qué hace Europa para mejorar nuestras condiciones de vida? 
Todos sabemos que este es el punto clave y que es precisamente en la reafirmación del modelo europeo donde unimos nuestra agenda o la separamos respecto a la agenda y a la preocupación de los ciudadanos. 
Y el punto clave, como ha dicho el señor Comisario, es el El Parlamento quiere que se termine con esta cláusula. 
Las leyes europeas de carácter social se deben aplicar a todos los países sin excepción. No basta, señor Comisario, con eliminar los abusos o fraudes que se han cometido en el pasado al amparo de la anterior legislación. 
Hay que terminar con su fundamento jurídico en todos los Estados miembros, como dice el Parlamento, a partir de 36 meses o cuanto quedara en una negociación posterior con el Consejo. 
Porque el contradice de forma flagrante los objetivos de la Directiva, la salud y la seguridad de los trabajadores y principios fundamentales del Tratado. 
Porque contradice la prueba de 10 años de experiencia en la que, en los países en los que se ha aplicado, se han agredido gravemente la salud, la seguridad y la conciliación de la vida familiar y profesional de millones de mujeres y de hombres de Europa. 
Porque va en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales y de nuestro Tratado Constitucional, cuyo artículo 91 señala la obligación de un alto nivel de calidad de vida en el empleo y una limitación de las jornadas de trabajo. 
Porque nos lo están pidiendo, señor Comisario, los trabajadores europeos, sus organizaciones, las organizaciones de mujeres y, también en privado, muchísimos empresarios que quieren que haya un modelo de relaciones industriales típicamente europeo. 
Pero, ¿qué pasa con la flexibilidad? 
Este Parlamento sabe que necesita, también, dar una respuesta a la flexibilidad, porque en Europa necesitamos no solamente trabajo de mayor calidad, sino más trabajo. 
Por eso estamos de acuerdo y daremos la flexibilidad y votaremos la anualización, pero, ojo, es un, no votaremos la anualización si no se vota el finalizar la cláusula del. 
Creemos que el es regular una Europa sin reglas, en cambio sí estamos a favor de flexibilizar las normas europeas. 
Un mayor nivel de flexibilidad no es contradictorio con un alto nivel de protección social de los trabajadores, siempre que se asegure que hay un mínimo de regulaciones y garantías, como decía el informe Wim Kok. 
Queremos, también, señor Comisario, responder a los principios que esperan a la definición de los tiempos de guardia; queremos que se respete el; que se respete la decisión del Tribunal de Justicia. 
Los tiempos de guardia son tiempo de trabajo, porque los trabajadores no pueden disponer libremente de su tiempo y están en los lugares que señala el empresario. 
Pero, igualmente, somos sensibles a las necesidades de los sistemas sanitarios europeos, que tienen dificultades serias para reclutar profesionales que cubran estos períodos de guardia. 
Por eso hemos buscado una solución de síntesis entre flexibilidad y seguridad. 
Señor Comisario, los diputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales creemos que ambos términos son compatibles. 
Quienes creen que no son compatibles son los que buscan perennizar el o los que buscan definir los tiempos de guardia como tiempo de no trabajo. 
Podemos hacer un esfuerzo, lo hemos demostrado, hay un consenso en el Parlamento. 
Le pido a la Comisión y al Consejo que no rompan la ilusión que ha creado este acuerdo, porque es el viejo acuerdo que permitió el modelo social europeo. 
Esperamos, por eso, de todo corazón, su ayuda, su diálogo y poder trabajar constructivamente en los próximos meses. 
, – Señora Presidenta, en la obra de George Orwell hay una escena que se repite en la que, tan pronto como va a comenzar un debate, las ovejas empiezan a gritar «cuadrúpedo es bueno, bípedo es malo». 
Esto es lo que vemos ahora. 
Cada vez que alguien se opone a la transferencia de competencias de los Estados miembros a las instituciones de la UE, se nos dice que no hacerlo equivaldría a revivir la II Guerra Mundial, con el Holocausto y todo lo demás. 
Así que ni siquiera podemos debatir la existencia de la Directiva sobre el tiempo de trabajo o algo equivalente sin ser objeto de ese tipo de acusaciones. 
El principio de subsidiariedad es fundamental, y en las ocasiones solemnes se le rinden todo tipo de homenajes. 
Cuando entramos en los detalles, sucede exactamente lo contrario. 
Es realmente imposible que nada se quede en los Estados miembros. 
La Directiva sobre el tiempo de trabajo es, en sí misma, una infracción del principio de subsidiariedad. 
Todos los Estados miembros son diferentes. 
Todos tienen su propia estructura económica. 
Algunos viven de la fabricación de bienes, y otros de la industria transformadora. 
Tenemos distintos acuerdos en el sector público, con diferentes normas que rigen estas materias. 
No existe ninguna razón lógica para querer regular de esta forma el tiempo de trabajo en toda la UE. 
Por el contrario, sería absolutamente inadecuado. 
Los que ahora son partidarios de hacerlo dicen que la alternativa es el dúmping social. 
Esa es una acusación muy grave contra los países que han sido aceptados como miembros de la UE, todos los cuales cumplen los criterios de Copenhague y son Estados constitucionales facultados para organizarse como les parezca oportuno. 
La idea de que podemos encontrar ciertas formas de trabajo esclavo en esos países es una grotesca acusación que merece todo nuestro rechazo. 
El Parlamento ha pretendido ahora en esta Cámara llevar aún más lejos la Directiva sobre el tiempo de trabajo que ya existe. 
Esto es algo a lo que nos tenemos que oponer, pues supone un intento de incrementar aún más la presencia de las instituciones comunitarias. 
La propuesta, por tanto, debe ser definitivamente rechazada en atención al principio de subsidiariedad. 
– Señorías, las decisiones políticas son a veces resultado de compromisos que intentan contentar a todas las partes. 
Los problemas derivados de la idea de que todo lo que beneficia a los empresarios perjudica a los trabajadores, y viceversa, han acosado siempre a la propuesta de directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y no vamos a pretender lo contrario. 
La votación en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha demostrado que los diputados de todas las convicciones políticas desean poner fin a las diferencias entre empresarios y trabajadores y garantizar un progreso gradual hacia la igualdad de trato para hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 
Pero la concepción humanista moderna de las relaciones laborales no ha surgido de la nada. 
Es la culminación de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y, por ende, del derecho a unas condiciones de trabajo justas, derecho consagrado, por ejemplo, en la Estrategia de Lisboa y claramente recogido en el informe del señor Cercas. 
Ahora bien, ciertas lagunas jurídicas y compromisos supuestamente inocentes podrían dar al traste con siglos de progreso. 
Es un hecho desafortunado que el altruismo de los empresarios hacia sus trabajadores no ha sido hasta ahora un principio fundamental de nuestra civilización. 
Apoyamos el principio de la conciliación de la vida profesional y personal cuando votamos sobre la propuesta en comisión, e insistimos en que se aprueben las siguientes propuestas con objeto de que ese principio llegue a ser algo más que una frase vacía de contenido que pronunciamos solo para tranquilizar nuestra conciencia. 
En primer lugar, la jornada semanal máxima no debe sobrepasar las 48 horas, incluidas las horas extraordinarias. 
Este principio debe poderse derogar solo por medio de los convenios colectivos, que descartan el uso del individual. 
En segundo lugar, el tiempo de guardia, que incluye el llamado «tiempo de atención continuada inactivo» , debe considerarse tiempo de trabajo. 
Al margen de cualquier otro argumento, este principio se ha visto confirmado por las sentencias del Tribunal de Justicia. 
En tercer lugar, el período de referencia para calcular la jornada semanal media debe seguir siendo de cuatro meses. 
Hay una prioridad más que quiero destacar, y es que el logro de la igualdad de oportunidades no solo implica la igualdad de hombres y mujeres con respecto a los salarios y el acceso al empleo y a la formación; supone también otorgar iguales derechos a los hombres en cuanto a la oportunidad de participar plenamente en la vida familiar. 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la propuesta que tenemos ante nosotros revela equilibrio y sentido común; por eso es una buena propuesta. 
Está en sintonía con la Estrategia de Lisboa, pues protege a las pequeñas y medianas empresas y contiene una serie de elementos que dotan de mayor flexibilidad al mercado de trabajo. 
Pero contiene también algunos elementos controvertidos, el primero de los cuales es la práctica del La posibilidad de mantener la práctica del significaría que la Unión Europea estaría aprobando una directiva sobre aspectos delicados con normas mínimas que deben cumplirse en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, para afirmar en esa misma directiva que el cumplimiento de esos mínimos es totalmente voluntario. 
El mantenimiento de esta práctica no puede verse, pues, como una forma de flexibilidad. 
Lo que significaría es la desregulación en una materia tan sensible como la salud y seguridad en el trabajo. 
La economía europea precisa de mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, pero no a costa de la ausencia de reglas. 
Hay otras formas más eficaces de garantizar la flexibilidad del mercado de trabajo, como la extensión del período de referencia, que se incluye en esta propuesta. 
Además, se inspira en el principio de subsidiariedad, ya que da a los Estados miembros libertad para escoger un período de referencia de cuatro a doce meses, en función de la situación del país, sin que la UE imponga unilateralmente una duración fija. 
Por último, en relación con el tiempo trabajado y el tiempo de descanso, no hay ninguna razón para que el Parlamento deje de cumplir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Una vez más, esta propuesta no respeta el principio de subsidiariedad, que permitiría que los Estados miembros establecieran los métodos de cálculo que estimaran oportunos a efectos salariales y para el cómputo del tiempo de trabajo. 
Quiero dejar muy claro que en la propuesta presentada no existen más efectos posibles que los que acabo de mencionar. 
. – Señora Presidenta, felicito al ponente y a todos los que le han ayudado en este trabajo. 
Existen dos puntos cruciales en el informe: son las propuestas gemelas de eliminar progresivamente el, a la vez que se abre camino al cálculo anual del tiempo de trabajo. 
De ese modo mantendremos la seguridad de los trabajadores a la vez que seguimos permitiendo a las empresas disponer de la flexibilidad que necesitan para prosperar en el mercado moderno. 
Una exclusión voluntaria de un instrumento legislativo de salud y seguridad es incorrecta por principio. 
Hay que ponerle fin y tenemos que crear un equilibrio apropiado entre la vida laboral y la vida familiar. 
Nuestros líderes prometieron hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, con más y mejores empleos de calidad y una mayor cohesión social. 
No lo lograremos abriendo la puerta a un universal. Ese sería el camino hacia una economía de jornadas largas y salarios bajos, que es lo contrario de lo que estamos intentando lograr. 
Si no ponemos fin a los, simplemente deberíamos derogar la legislación y dejar de fingir que queremos poner en práctica cualquier norma mínima sensata sobre el tiempo de trabajo. 
Quiero subrayar lo siguiente: me han dicho que esto no tiene nada que ver con el equilibrio entre trabajo, vida y familia. 
Sí tiene que ver. 
En 1996, el Tribunal de Justicia Europeo resolvió que esta es una directiva de salud y seguridad y que la salud y la seguridad tratan del pleno bienestar social, psicológico y físico de las personas. 
El equilibrio entre la vida familiar y laboral tiene que ver con el bienestar social y psicológico de todos los trabajadores en el seno de la Unión Europea. 
De modo que acabemos con ese argumento particular. 
. –Señora Presidenta, señor Comisario, este texto no pretende, por supuesto, uniformizar las condiciones de trabajo en la Unión, lo cual no sería hoy ni deseable ni posible, sino que persigue más bien implantar unas bases comunes para la protección de los trabajadores. 
Por tanto, los sistemas sociales más favorables, a semejanza del Derecho laboral francés, no se ponen en entredicho y seguirán siendo aplicables. 
Esta puntualización es esencial, no lo duden, en el marco del debate sobre la Constitución en Francia y ante las preocupaciones suscitadas por la elaboración de normas europeas en el terreno social. 
No obstante, lo que está en juego es importante. 
Para nosotros, Señorías, se trata de enviar una señal clara sobre el sistema social que esperamos promover a escala europea. 
Los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa hacen necesaria la adaptación de la economía europea a los nuevos desafíos. 
Es evidente que las empresas deben gozar de cierta dosis de flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo, pero pensamos sinceramente que una mayor flexibilidad no es incompatible con un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 
El equilibrio entre flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores impone la definición de unas normas mínimas, unas normas de salvaguardia y unos controles adecuados. 
El debate relativo a la cláusula de adquiere especial relieve en este marco. 
En nuestra opinión, la posibilidad de que una empresa pueda incumplir el límite legal de 48 horas de trabajo semanal con el acuerdo individual de los trabajadores contradice claramente el espíritu de la directiva. 
Quiero recordarles que el Parlamento, al examinar el informe de 2004, se opuso al mantenimiento de la cláusula de individual. 
No obstante, si en un texto que no busca la normalización esperábamos la supresión progresiva de la cláusula de individual, hemos apoyado el mantenimiento de una posibilidad de encuadrada, según las tradiciones nacionales, por la negociación y los convenios colectivos. 
Por lo que se refiere a los períodos de referencia, estamos de acuerdo con el ponente y la Comisión en autorizar su extensión hasta doce meses, lo que responde a las necesidades de flexibilidad de las empresas, que naturalmente deben poder hacer frente a las fluctuaciones de la demanda. 
Por último, estamos convencidos de que todos los tiempos de guardia deben considerarse tiempo de trabajo. 
No obstante, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales les propone que los Estados miembros puedan autorizar el cálculo de las partes inactivas del tiempo de guardia siguiendo un sistema específico, a fin de ajustarse al nivel semanal máximo del tiempo de trabajo. 
Apoyamos esta disposición que, una vez más, tiene en cuenta las especificidades nacionales en este terreno. 
. Señora Presidenta, también nosotros quisiéramos dar las gracias al ponente y demás personas por el trabajo realizado en la revisión de la directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Para nuestro Grupo se trata de un instrumento legislativo extremadamente importante. 
La limitación del tiempo de trabajo ha sido una lucha histórica del movimiento obrero y no deberíamos renunciar a ella en el siglo XXI. 
Pero según un reciente informe de la Work Foundation, del Reino Unido, en la actualidad el tiempo de trabajo supera a menudo las 60 horas semanales en toda la Unión Europea, sobre todo en determinados sectores. 
Considero que esto no es algo que debamos celebrar, sino que debe preocuparnos bastante. 
Para el Grupo Verts/ALE, el control del tiempo de trabajo también tiene que ver con quién controla tu vida, y esta directiva sobre el tiempo de trabajo se aplica a los trabajadores. 
Es muy importante que todo el mundo se dé cuenta de esto. 
No se trata de tener flexibilidad en sentido unidireccional, sino poner sobre el tapete los derechos de los trabajadores. 
Es una cuestión de salud y seguridad. 
Los trabajadores cansados son trabajadores peligrosos, estén ejerciendo su actividad o conduciendo de camino a casa. 
También se trata de una cuestión de salud social, respecto al equilibrio entre trabajo y vida, si deseamos que nuestros ciudadanos sean ciudadanos activos implicados en muchas otras cosas. 
Esto no es posible si están trabajando todo el tiempo. 
Pero la exclusión voluntaria es un gran problema para nosotros. 
Se nos dirá que se trata de que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir, pero son muchas las pruebas que demuestran que no se trata de una elección. 
Se plantea a los trabajadores para que firmen la renuncia a sus derechos a fin de evitar que los empresarios tengan que negociar o hacer papeleo. 
De hecho, hemos sabido que en el Reino Unido dos de cada tres trabajadores ni siquiera saben que existe un límite para su tiempo de trabajo. 
Para nosotros el tema del tiempo de guardia como tiempo de trabajo también es importante, ya se trate de un trabajo en una hamburguesería o en un hospital, y el elemento de descanso compensatorio también es crucial, ya que el estrés es una las mayores causas de baja laboral y esto está relacionado con el tiempo de descanso. 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todo mi Grupo político está absolutamente en contra de la propuesta de la Comisión Europea. 
Al mismo tiempo, es profundamente crítico con el informe aprobado por mayoría en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, porque, lamentablemente, en la mayoría de las cuestiones está en línea con la propuesta de la Comisión. 
Rechazamos la propuesta porque perpetúa la opción dey agrava el dúmpingsocial. 
Alimenta aún más el poder unilateral del empleador con el pretexto de la flexibilidad empresarial. 
Debilita los niveles actuales de protección de decenas de millones de trabajadores y la conciliación de su vida laboral y personal. 
Relaja las normas vigentes sobre el tiempo de trabajo incorporadas a la directiva de 1993, ya derogada. 
En concreto, la propuesta de la Comisión permitirá una jornada máxima semanal de nada menos que 65 horas, mientras que la actual directiva y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo establecieron un máximo admisible de 48 horas en el ya lejano 1919. 
Estamos retrasando el reloj ochenta y cinco años. 
Además, el período de referencia para el tiempo de trabajo flexible se ha extendido de cuatro a doce meses, a la vez que se ha suprimido el requisito previo de una negociación colectiva para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. 
De esta forma, los empresarios, tanto públicos como privados, podrán gestionar de forma unilateral y abusiva el tiempo de trabajo de los trabajadores, sin contar con ellos y sin incumplir la legislación vigente. 
De forma análoga, la clara jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sido soslayada con la falaz artimaña de dividir el tiempo de atención continuada en activo e inactivo. 
Así, los Estados miembros y los empresarios pueden decidir por su cuenta que ocho horas de trabajo inactivo equivalen a 0,8 horas de tiempo activo. 
Es una burla. 
Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha impuesto un período de descanso inmediatamente después de un período de disponibilidad. 
¿Cómo interpreta la Comisión la palabra? 
Mucho me temo que la propuesta de la Comisión no sea otra cosa que una puñalada trapera para decenas de millones de trabajadores, sobre todo en el sector sanitario y de servicios. 
Pero al mismo tiempo representa un peligro para la salud y la seguridad de todos nosotros. 
¿Querría usted cruzarse en la carretera con un camionero que llevara 30 horas conduciendo sin descanso? 
Señora Presidenta, la directiva sobre tiempo de trabajo pretende mejorar la situación de los trabajadores y la vida familiar, pero ¿lo conseguirá? 
El mejor trato que un trabajador puede recibir es tener un empleo, y esta directiva no mejorará ni el empleo ni la vida social. 
Comprendo que el principal objetivo de la UE es que cada Estado miembro ponga sobre la mesa su experiencia y capacidades, sus mejores prácticas y sus ideas, las comparta con el resto y favorezca a todos. 
Así que permitan a este representante británico poner hoy sobre la mesa algunas experiencias y prácticas del Reino Unido: cuanta menos regulación, más empleo. 
Incluso el señor Špidla ha estado de acuerdo conmigo en cierta medida hace unos instantes. 
Aparte de Dinamarca y Suecia, el Reino Unido tiene la menor tasa de desempleo de toda la UE, muy por debajo del promedio de la UE. 
Estos países no han adoptado el euro y el Reino Unido no ha cedido en las prácticas de empleo más restrictivas. 
La semana laboral de 48 horas, si se aplica estrictamente, provocará el cierre de pequeñas empresas o empujará a las personas hacia la economía sumergida, donde carecen de toda protección y se convertirán en evasores fiscales del impuesto sobre la renta y el IVA. 
La flexibilidad puede conseguirse mediante las exclusiones voluntarias de la semana laboral, que se eliminarán progresivamente a pesar de una votación que hubo en esta Asamblea el 24 de febrero. 
Organizaciones como la Administración Pública del Reino Unido, las cámaras de comercio, EuroCommerce y Sky TV, todas quieren que continúen las exclusiones voluntarias, pero estas entidades no operan en el pseudomundo de la UE de planes fantasiosos y normativas opresivas, operan en el mundo real de los márgenes de beneficios y el pleno empleo generados por las exclusiones voluntarias de la norma de las 48 horas. 
– Señora Presidenta, esta propuesta de modificación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo es un ejemplo de legislación comunitaria tan absurda como la directiva que pretende reformar. 
Supone una injerencia fuera de lugar en las condiciones del mercado de trabajo y no sorprende que haya sido rechazada por ambos interlocutores sociales. 
Las condiciones a las que se refiere la directiva difieren mucho en los 25 Estados miembros e, independientemente de los aspectos positivos que introduce sobre la protección de los trabajadores y la vida personal, sigue siendo reflejo de la obsesión de la UE por la regulación. 
Está claro que el Parlamento Europeo desea un crecimiento lento. 
En mi país, que sin duda disfruta del nivel de protección de los trabajadores más alto de la Unión, esas condiciones se acuerdan entre los interlocutores sociales. 
Y esto ha dado buenos resultados. 
En primer lugar, tenemos una mayor proporción de población activa que cualquier otro país de la UE. 
No tenemos las huelgas que vemos una y otra vez en Bélgica y Francia. 
Tenemos la mitad de desempleo que en la zona del euro y el segundo mayor producto interior bruto por habitante de la UE. 
Es increíble que tengamos que tolerar una situación en que la UE, que no ha sido capaz de resolver esos problemas ni de lejos tan bien como nosotros, nos diga lo que tenemos que hacer. 
Deberían venir todos a Dinamarca, ver como hacemos las cosas y luego volver a casa y decidir, en su propio país, qué deben hacer en sus respectivas circunstancias. 
Es imposible valorar lo mucho que trabaja una nación por la duración de su jornada laboral. 
Lo importante son los métodos de organización, la formación de los mano de obra y el grado de eficiencia. 
En Dinamarca, las personas trabajan con eficiencia, de manera que el país se puede arreglar con menos horas de trabajo. 
Los extranjeros no deben interferir con esas condiciones y recomiendo que se vote en contra de esta directiva. 
Señora Presidenta, señor Cercas, el tiempo de trabajo es una cuestión muy delicada. 
Los motivos para que esto sea así van desde la lacra del desempleo hasta los problemas económicos que sufren los empresarios, especialmente en los nuevos Estados miembros. 
Hace unos días me quedé atónito al enterarme de que en Polonia se podía ir a comprar a Ikea hasta las ocho de la tarde el 1 de mayo, que no solo era el Día del Trabajo, sino también domingo. 
Los supermercados suelen permanecer abiertos hasta las diez entre semana y a veces incluso las veinticuatro horas. 
La amenaza de pérdida de empleo y el débil estado de nuestras economías dificultan saber si hay que apoyar a los empresarios o a los colectivos de trabajadores, cuyas posiciones son de por sí opuestas. 
Por este motivo considero el informe del señor Cercas y las enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales un compromiso sensato y destinado a mejorar el bienestar general de la sociedad. 
El tiempo de guardia en el lugar de trabajo debe considerarse tiempo trabajado, y los trabajadores deben cobrar una tarifa plana por el tiempo de atención continuada fuera del lugar de trabajo. 
Hay una serie de cuestiones que tienen que regularse a escala de toda la UE, y el tiempo de trabajo es una de ellas. 
– Señora Presidenta, al decir hoy, en primera lectura, que es muy importante imponer unas normas mínimas para la salud y la seguridad en el trabajo y también para conciliar la vida profesional y familiar, en realidad estamos apuntalando la legislación de 1993. 
Observo que algunos de los que participan en el diálogo social han dejado pasar la ocasión de tratar este asunto ellos mismos, pues de lo contrario no habríamos tenido que hacerlo nosotros aquí. 
En tercer lugar, compruebo que existen muchos mitos en torno a esta cuestión que han desatado la polémica, incluso –no lo quiero ocultar– dentro de mi propio Grupo. 
En primer lugar, en cuanto a la flexibilidad, se ha dicho que Lisboa y la flexibilidad no son ya compatibles con esta legislación, pero no es cierto, pues el período de referencia para computar 48 horas se ha extendido de 4 a 12 meses. 
En segundo lugar, dado que he oído a los empresarios quejarse de la carga administrativa, pongo en duda el motivo para cambiar esta legislación. 
Solo estamos cambiando en términos de flexibilidad y también para someternos a la jurisprudencia de un Tribunal. 
En tercer lugar, en cuanto a la subsidiariedad, en este momento estamos dejando a los Estados miembros decidir si el tiempo de espera o descanso durante una guardia debe ser remunerado y de qué manera, y si se descuenta por él, en qué medida. 
Estamos dejando esta decisión en manos de los interlocutores sociales y los Estados miembros, porque pienso que es competencia suya. 
Por último, quiero dar las gracias al señor Cercas y al señor Silva Peneda, que han tratado de incorporar en este documento el respeto del principio de subsidiariedad. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, antes de nada quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
En el escaso tiempo de que dispongo, me centraré en un solo aspecto: la opción de. 
La señora De Vits ha dicho que esa opción es contraria al principio de subsidiariedad, pero no es así. 
Dinamarca, Suecia y Francia, por ejemplo, son libres de imponer unas normas más estrictas que las establecidas en esta directiva de mínimos. 
Esta es una directiva de mínimos. 
¿Podemos prescindir de una directiva de mínimos? 
No, no podemos, porque una directiva de este tipo afecta también indirectamente a normas mucho más esctrictas que pueden imponer algunos países. 
Si estuviéramos en una situación en la que los países comenzaran a competir entre sí en términos de duración de la jornada laboral, eso afectaría a la situación en Francia, Suecia y Dinamarca. 
Dado que tenemos libertad de movimiento de capitales, estas cuestiones no son ajenas al principio de subsidiariedad. 
Eso es lo primero. 
Lo segundo se refiere a nuestra responsabilidad como legisladores. 
¿Se termina nuestra responsabilidad en nuestras fronteras nacionales? 
¿Tenemos solo que pensar en la libertad de movimiento de las empresas, o debemos también asumir alguna responsabilidad sobre la salud de los trabajadores? 
Yo creo que también tenemos que asumir esa responsabilidad, para lo cual es necesaria una directiva de mínimos. 
En tercer lugar, hablamos constantemente de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, pero ¿qué sucederá si permitimos largos períodos de trabajo? 
Se generaría una situación en la que habría hombres trabajadores que no asumirían ninguna responsabilidad familiar, con lo que no tendríamos una sociedad equitativa. 
Por eso necesitamos esta propuesta del ponente. 
–Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito al ponente por el trabajo realizado y por las conclusiones alcanzadas en la votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Mis felicitaciones no son formales, porque ya desde los primeros indicios de debate a que asistimos tuvimos la confirmación de cuán difícil sería gestionar un tema tan delicado. 
En mi intervención haré alusión tan solo a algunas cuestiones de fondo: la protección de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo no es meramente el fundamento jurídico, sino también la referencia que justifica esta propuesta de directiva. 
No comprendo que se pueda afirmar que represente una amenaza al principio de subsidiariedad, a la tutela de las distintas experiencias nacionales. 
Debemos tener en cuenta que el principio de protección de la salud y la seguridad, más allá de ciertos límites de la jornada laboral, constituye un valor de salvaguardia general que impone una base de normas y referencias comunes para la definición del modelo laboral social y económico y de los principios en que debe inspirarse la Unión Europea. 
Se han respetado todas las posibilidades de regulación flexible y específica en la materia y precisamente por ello, yo, al igual que otros colegas, preferiríamos que el principio básico fuera el de remitirnos a las soluciones adoptadas mediante la contratación colectiva en los distintos países. 
Esto, por supuesto, en la medida en que la negociación colectiva exista, sea eficaz y garantice una base reguladora que permita conciliar las exigencias de flexibilidad y organización específica sectorial de las horas de trabajo con las de salud y seguridad, que hay que proteger a toda costa. 
Veremos si es posible realizar progresos en este punto, también en relación con las posiciones del Consejo. 
Por ahora, considero que las soluciones adoptadas con la votación en comisión garantizan dichas condiciones, al igual que garantizan márgenes de flexibilidad gracias a la posibilidad de ampliar el período de referencia hasta 12 meses. 
Espero que, sobre la base de este trabajo, las posiciones que se desarrollen en relación con la posición común del Consejo garanticen soluciones aún más adecuadas en el futuro. 
– Señora Presidenta, quiero recordar a la Cámara que realmente tenemos que asumir la responsabilidad de la dimensión social de Europa, sencillamente porque muchos creen que la incorporación de los diez nuevos Estados miembros hará de ella una utopía. 
Una Europa social exige unas normas mínimas, y por eso mismo rechazamos las enmiendas de la Comisión a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que suprime esas normas y convierte la directiva en nada más que una abstracción arbitraria. 
Estas enmiendas implican, entre otras cosas, la novedosa idea de dividir el tiempo de atención continuada en tiempo de trabajo activo e inactivo, con partes de él que dejan de reconocerse como tiempo trabajado. 
A nuestro juicio, el tiempo de guardia debe seguir considerándose tiempo trabajado. 
La protección de los trabajadores y la seguridad de los ciudadanos deben seguir teniendo prioridad sobre las consideraciones económicas. 
Los trabajadores sanitarios que hacen turnos de 30 horas o más ponen en peligro a los pacientes. No creo que haya aquí lugar para ningún compromiso, y la sentencia del TJCE me da la razón. 
Aunque quiero dar las gracias al ponente por incluir esta importante frase en el informe, no podemos apoyar los compromisos que se derivan de ella. 
Somos conscientes de la necesidad de mejoras, pues creemos que el tiempo de atención continuada deber seguir considerándose tiempo trabajado. 
– Esta propuesta de directiva sobre el tiempo de trabajo es una de las más peligrosas facetas del ataque contra los derechos de los trabajadores. Pone en peligro las conquistas logradas a lo largo de más de cien años de lucha, y afecta a millones de trabajadores y a sus familias. 
Por eso es fundamental que se retire esta propuesta de la Comisión Europea y se redacte otra que elimine por completo el, que rechace la clasificación del tiempo inactivo, que respete la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar y que proteja la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Insistimos también en la necesidad de reducir la jornada de trabajo a 42 horas semanales, en vez de aumentarla de 48 a 65 o más horas. 
Lo que Europa necesita es dar ejemplo en la protección de los derechos, no aproximarse a los patrones asiáticos en nombre de la flexibilidad y la competencia. 
– Señora Presidenta, la Estrategia de Lisboa revisada tiene por objeto el crecimiento y el empleo. 
De acuerdo, necesitamos ser más flexibles y más competitivos, pero esto es precisamente lo que encontramos en el informe Cercas relativo a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, y en los compromisos en los que ha trabajado mi colega, el señor Silva Peneda, y otras personas de nuestro Grupo. 
No queremos poner a toda la UE en una camisa de fuerza; más bien, queremos un marco razonable para acciones que dejen espacio para las normas nacionales, como por ejemplo ampliar el período de referencia de cuatro meses a un año, siempre que los interlocutores sociales estén de acuerdo con ello. 
Las decisiones sobre posibles ampliaciones de la semana de 48 horas también son un asunto que compete a ellos y a los convenios colectivos. 
Se trata de una expresión práctica de lo que la subsidiariedad y la flexibilidad significan, pero la base de todo esto tiene que seguir siendo la sentencia en la que el Tribunal de Justicia Europeo definió el tiempo de atención continuada como tiempo de trabajo. 
Considero que la propuesta de la Comisión, que hace una distinción entre tiempo de trabajo activo retribuido e inactivo sin retribuir, es poco realista. 
Puedo decir al Comisario Špidla que yo, en una ocasión, me incorporé al personal de la unidad de accidentes y emergencias de Hesse en su turno de noche. 
Los médicos subalternos, las enfermeras y los conductores de ambulancia estaban de guardia y, por lo tanto, extremadamente activos. 
Las cortas pausas entre las intervenciones no eran lo suficientemente largas para que el personal pudiera recargar sus baterías. 
No solo es en los hospitales donde los trabajadores tienen derecho a la seguridad y la satisfacción en el puesto de trabajo; es necesario que existan excepciones en la Directiva para el cuerpo de bomberos, incluidos aquellos que trabajan en los aeropuertos, para los trabajadores de salvamento y para los trabajadores de seguridad en empresas sensibles para el medio ambiente. 
He hablado con todos ellos. 
Aunque estoy familiarizado con las preocupaciones financieras de los hospitales, tienen que hacer lo que se ha hecho en otros sectores y hallar maneras inteligentes de reducir los costes, mejorando la coordinación de las intervenciones de su personal y hacer un mejor uso de sus instalaciones técnicas. 
No hay que olvidar los demás costes que se derivan cuando el personal está, día tras día, tan estresado que corre el riesgo de perjudicar irreparablemente su salud, por no mencionar el riesgo de personal exhausto que dé un diagnóstico o un tratamiento equivocados. 
No se puede aceptar que los pacientes estén expuestos a estos riesgos. 
– Señora Presidenta, me centraré en el tiempo de atención continuada. 
Lo hago porque muchos diputados se preguntan por qué esto parece ser un problema particular en Alemania, donde los propietarios de los hospitales están furiosos con el cambio propuesto por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, igual que lo estuvieron con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. 
Así pues, en aras de la claridad, permítanme que les explique que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se ha aplicado también en Alemania, desde 2004, cuando el Derecho alemán empezó a tratar el conjunto del tiempo de atención continuada como tiempo de trabajo, precisamente de la misma manera que exige el informe Cercas. 
En segundo lugar, también en la práctica, esto se puede hacer sin mucha dificultad, tal como se demuestra en un estudio al que se ha referido incluso el Ministro de Sanidad alemán. 
He de añadir que, en Alemania, desde 2003 se ha dispuesto de financiación para la introducción de modelos de tiempo de trabajo, innovadores y muy necesarios, y para la contratación de nuevos médicos. 
Incluso entonces, pueden producirse problemas, pero es precisamente por esta razón que nuestra Comisión quiere la cláusula abierta, que establecería que se podría llegar a acuerdos alternativos mediante un convenio colectivo –y solo en caso de situación de urgencia por vía legislativa– para tener en cuenta los períodos de inactividad. 
El problema no reside en la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, el problema es la aversión a la reforma de los hospitales alemanes. 
Por ejemplo, una región alemana, siendo mucho más pequeña que Suecia, dispone de muchos más hospitales y camas de hospital. 
La cuestión con el tiempo de atención continuada es la seguridad de los pacientes. 
Incluso si permanecer despierto durante un período de 24 horas es equivalente, en cuanto a sus efectos adversos, a tener un nivel de alcohol en sangre del 1 por mil, los médicos a menudo trabajan más de 30 horas de un tirón, y esto es lo que debe cambiar. 
– Señora Presidenta, Señorías, mientras debatimos algunos aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, ante todo tenemos que hablar de esos casos en que los trabajadores contratados mantienen a sus familias con su trabajo, y que componen la mayoría del mercado laboral. 
Un elevado nivel de desempleo, en particular en algunos nuevos Estados miembros, el lento desarrollo de nuevos centros de trabajo, la reducción de antiguos centros de trabajo en algunos sectores, como por ejemplo en la industria textil, y el temor de la gente, en particular en las provincias, a perder sus puestos de trabajo, permite que los empresarios hagan un uso indebido de la posibilidad de eliminar centros de trabajo, o amenacen con el despido si un empleado se niega a trabajar horas extraordinarias. 
El trabajo que sobrepasa 48 horas semanales puede empeorar aún más las condiciones de los trabajadores en todos los sectores, en particular las de quienes trabajan en el sector de servicios, creando no solo malestar físico, sino también moral, y causando efectos indeseables en las familias y la educación de los niños. 
Si se argumenta la necesidad de prolongar la semana laboral desde el punto de vista del temor de que las empresas de la Unión Europea se trasladen a China o a otros países, tendríamos que preguntarnos si uno de los motivos esenciales de la constitución de la Unión Europea –el bienestar de sus ciudadanos– es solo una consigna, y si tenemos que buscar otros medios para el desarrollo económico y las capacidades competitivas. 
Por otro lado, la propuesta del Parlamento Europeo, con respecto a los trabajadores que tienen más de un contrato de trabajo, de sumar los tiempos trabajados con arreglo a cada uno de los contratos, priva a los ciudadanos de esos Estados donde los salarios son bajos, en sectores como el sanitario, que emplea tiempo de servicio, de la posibilidad de asegurarse un nivel de vida adecuado. 
Por lo tanto, al adoptar la Directiva modificada, propongo que nos abstengamos de introducir la cláusula de en todos los sectores y no sumar el tiempo de trabajo con respecto a las personas que trabajan voluntariamente con arreglo a varios contratos de trabajo, y dejar que este tipo de decisiones se tomen a escala nacional. 
– Señora Presidenta, si queremos convencer a los ciudadanos europeos del proyecto europeo, la UE no debe convertirse en un supermercado en lo que se refiere al Derecho social y laboral. 
Es debido a que un Estado de bienestar a la carta no es una opción por lo que hay que eliminar la cláusula de actualmente, esto permite excepciones a la semana de trabajo máxima, y ya en el Reino Unido ha tenido como resultado 700 000 contratos de empleo que no tienen en cuenta la semana de trabajo de 48 horas. 
Se trata de un buen compromiso, en particular porque, mediante la asociación social, permite la intervención de los sindicatos. 
Voy a terminar recurriendo a nuestros amigos del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. 
En la anterior legislatura votamos sobre el impuesto Tobin, y hubiéramos ganado la votación si hubieran votado ustedes junto con nosotros. 
Tengan cuidado, o de otro modo sus votos de este miércoles permitirán que los conservadores de la línea dura consigan lo que quieren. 
–Señora Presidenta, esperaba de esta directiva algo que la Carta de los Derechos Fundamentales del proyecto de Constitución europea no contenía: una armonización al alza de los derechos sociales. 
No hay nada de eso, sino de hecho todo lo contrario. 
En él solo sale reforzada la flexibilidad del trabajador. 
Si los hombres ahorcados de Chicago murieron en 1886 por la jornada de 8 horas y la semana de 40, resulta que en este comienzo del siglo XXI, la gran innovación social de la Unión Europea va a ser elevar la duración máxima del tiempo de trabajo semanal de 48 a 65 horas, incluso más en caso de acuerdo individual o colectivo, elevándose el período de referencia para el cálculo de la duración máxima semanal de cuatro a doce meses. 
Generosamente se garantiza un período de descanso compensador después de 72 horas de trabajo. 
¡No podemos sino apreciar la audacia social de este texto, que probablemente hará temblar a la patronal europea! 
Para coronarlo todo, se introduce el concepto de período de guardia inactivo, período que estaría excluido del tiempo de trabajo en perfecta contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
No son necesarias más explicaciones. 
Los celosos servidores de la patronal europea han trabajado a fondo y, aunque sepan, como los que optarán por votar a favor de este texto... 
Señora Presidenta, me ceñiré en mi comentario exclusivamente a la cuestión de la cláusula del. 
El ponente ha dicho que el viola los principios fundamentales del Tratado. 
Esto simplemente no es verdad. 
La Comisión es la guardiana de los Tratados; la Comisión propuso hace 10 años que debería existir el. 
Ahora, en la revisión, 10 años después, la Comisión sigue proponiendo que se mantenga el. 
El señor Hughes ha dicho que se trata del equilibrio entre trabajo y vida. 
El ponente alega que los ciudadanos preguntan cómo mejora Europa sus condiciones de vida. 
No creo que los ciudadanos pregunten esto. 
Los ciudadanos se preguntan como pueden mejorar ellos mismos sus condiciones de vida. 
De momento, la decisión de muchos millones de ellos es recurrir al. 
La cuestión que está hoy sobre la mesa es: ¿quién decide? 
¿Debe ser un pequeño grupo de políticos por encima de toda sospecha el que dicte qué es mejor para la calidad de vida de las personas, o deben ser los propios millones de trabajadores, que hoy por hoy tienen el derecho a elegir y quieren seguir decidiendo por su propia cuenta? 
Muchos de los nuevos Estados miembros desean recurrir al. 
Todos los interlocutores sociales, salvo la CES, desean mantener el. 
Organizaciones de pequeñas empresas de toda la UE se han puesto en contacto conmigo reclamando que se mantenga el. 
Mi buen amigo el señor Silva Peneda dice que este informe propone más flexibilidad y es bueno para las PYME. 
Las propias PYME están básicamente en desacuerdo, y deben de saber por qué. 
La cuestión es esta: ¿quién debe decidir? 
Creo que no nos incumbe a nosotros en este Parlamento decidir y establecer restricciones excesivas y rígidas sobre el estilo de vida que quieren llevar las personas. 
Las personas desean más libertad y más flexibilidad. 
Deberíamos dárselas y votar en contra de este informe. 
–Señor Presidente, Señorías, felicito al ponente por el buen trabajo realizado. 
Tenemos una importante tarea que desempeñar: construir seriamente, junto a una Europa económica, una Europa social. 
No cabe imaginar el crecimiento y el desarrollo económico de Europa sin la decisiva aportación de los trabajadores, la defensa de la calidad del trabajo y la protección de su salud en el lugar de trabajo. 
La directiva relativa al horario de trabajo es un elemento esencial de la Europa social. 
Hay que ser plenamente conscientes de que será imposible alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo si optamos por la denominada «vía baja» hacia la competitividad: la basada en recortar los costes y exigir más a la mano de obra. 
La que vale es la vía alta, basada en la calidad y la innovación: en este marco, el capital humano es decisivo y su aportación cualitativa debe ser nuestro objetivo. 
El informe Cercas constituye una respuesta válida a este objetivo. 
Pretende preservar los principios de fondo de la directiva sobre el horario de trabajo, tal como están consagrados en la Constitución europea, tanto por lo que se refiere a la cuestión del período de referencia, como por lo que respecta al o en lo relativo a la sentencia del Tribunal de Justicia en materia de períodos de guardia. 
El informe apoya claramente la introducción de disposiciones encaminadas a ayudar a los trabajadores a conciliar la vida profesional y la vida privada. Por tanto, apoyamos plenamente el informe Cercas. 
Señora Presidenta, para muchos Demócratas Liberales, la exclusión voluntaria constituye un importante principio de subsidiariedad. 
Respaldamos aquellas medidas que protegen al individuo de la explotación en el trabajo. 
No estamos convencidos de que corresponda a la Unión Europea ser el órgano que imponga restricciones no deseadas, que nada tienen que ver con la salud y la seguridad, a los individuos de todos los Estados miembros. 
No estamos en absoluto de acuerdo con el señor Hughes, del Partido Laborista británico, respecto a que la Unión Europea debería establecer la normativa sobre el equilibrio entre trabajo, vida y familia de las personas en todas partes. 
No me sorprende que tengamos que enfrentarnos a tanto euroescepticismo en Gran Bretaña cuando destacados diputados a este Parlamento reclaman que la UE pueda interferir en las vidas de las personas hasta este punto. 
Contamos con un mercado único europeo, pero eso no anula el hecho de que los Estados miembros compiten unos con otros. 
Si los ciudadanos de un país desean una mayor protección social a riesgo de mermar su competitividad, entonces deben votar a favor de un Gobierno que lo haga. 
En muchos casos, los demócratas liberales les respaldarán. 
Pero los controles exhaustivos impuestos por Bruselas sobre cada país limitarán la libertad de los Estados miembros para decidir cuál es el planteamiento que más les conviene. 
Es excesivo y erróneo. 
También resulta condescendiente que este Parlamento pretenda imponer restricciones a otros al tiempo que excluye a ejecutivos, diputados al Parlamento Europeo y Comisarios. 
Yo personalmente nunca he trabajado menos de 48 horas a la semana y no tengo intención de empezar a hacerlo. 
Aplicar estas restricciones con rigidez a los trabajadores del sector turístico y agrícola, dadas sus extremas fluctuaciones estacionales, simplemente les empujaría hacia la economía sumergida. 
Esta no es forma de promover la Agenda de Lisboa. 
Por motivos prácticos y de principio, debe mantenerse el derecho a la exclusión voluntaria. 
– Señora Presidenta, está bien que ahora se nos haya dado la oportunidad de revisar la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Mi planteamiento principal en esta tarea es garantizar que a los Estados miembros les sea más fácil crear nuevos puestos de trabajo. 
Por lo tanto, es importante que se ofrezcan soluciones flexibles y que haya una reducción de la reglamentación detallada y del control central por parte de la UE. 
Las cuestiones relativas al tiempo de trabajo tienen que ser, en primer lugar, responsabilidad de los Estados miembros, cada uno de los cuales ha de tener, por lo tanto, una esfera de acción amplia para hallar su propia solución. 
Las industrias también funcionan de forma diferente, y como individuos también tenemos diferentes necesidades y deseos con respecto a nuestras horas de trabajo. 
Las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo son un ámbito en el que hay que aplicar la práctica nacional y no asuntos que la UE tenga que decidir. 
Por desgracia, existen fuerzas poderosas en este Parlamento que quieren moverse en la dirección opuesta. 
Quieren reducir la capacidad de los Estados miembros para ajustar las cosas según sus propias tradiciones y necesidades. 
Hay que aplicar un modelo único en toda Europa, lo que significa que quieren introducir el supranacionalismo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo. 
No quieren permitir a los Estados miembros ser diferentes unos de otros y piensan que todos los europeos quieren exactamente lo mismo en materia de ordenación del tiempo de trabajo. 
A diferencia de estas personas, creo que lo que es más importante en Europa hoy en día es sentar unas bases sólidas para crear nuevos puestos de trabajo. 
A diferencia de ellas, tengo fe de que las personas tienen una mejor idea que los políticos de aquello que mejor se ajusta a sus necesidades. 
Como con tantas otras cuestiones, no se trata de que una solución sea mejor para todo el mundo. 
Somos diferentes, y aquí reside el encanto y la fuerza de la UE. 
Somos Estados diferentes con diferentes culturas y tradiciones. 
Quiero brindar a cada uno de los países europeos la oportunidad de conservar sus características distintivas y conferir a los Estados miembros el poder de decidir sobre la cuestión del tiempo de trabajo. 
No es una cuestión que deba ser regulada con detalle a escala de la UE. 
–Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no a la semana de 60 horas; la cláusula de exclusión voluntaria, el, debe desaparecer. 
Sin duda alguna, apoyo el texto presentado por el señor Cercas. 
Lo apoyo, en primer lugar, apelando al sentido común, que quiere que se trabaje para vivir y no a la inversa. 
El sentido común basta para comprender que, a excepción de misiones claramente reivindicadas por quien las realiza, el hecho de trabajar, como sucede en algunos países de la Unión Europea, 60 horas por semana –o peor aún, 63 horas con la autorización concedida en 1993– planteará problemas de adaptación al entorno personal, familiar y social a largo plazo. 
En el ámbito social, como en el del ejercicio político, el progreso pasa por el compromiso. 
Querer generalizar la práctica de las 60 o 65 horas es contrario al progreso social. 
En este sentido, el debe desaparecer. 
– Como diputados al Parlamento Europeo, somos nosotros quienes tenemos que asumir la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos de Europa tengan la oportunidad de un buen futuro. Esto también implica proteger sus derechos como trabajadores y sus derechos en el centro de trabajo. 
Para todo esto, tienen que existir unas normas; sí, pero, ¿qué normas? 
¿Cuántas y cuán detalladas tienen que ser? 
A buen seguro, la tarea fundamental ha de ser –o al menos así lo he oído decir en esta Cámara reiteradamente durante el año pasado– la de dar prioridad a que puedan conservar sus puestos de trabajo o que puedan tener puestos de trabajo en primer lugar. 
Ahora se nos ha presentado una Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo que las comisiones de esta Cámara han considerado y han empeorado, en particular en lo que se refiere a los criterios de la Estrategia de Lisboa. 
Todo ello se reduce a que elaboremos más reglamentaciones. 
En lugar de reducir las normas y ser más flexibles, terminaremos haciendo todo lo contrario. 
En primer lugar, ¿cómo es que en Europa tenemos que concretar lo que significa estar en tiempo de atención continuada? 
¿Tiene que significar lo mismo en todos los hospitales de todas las ciudades de todos los países de Europa? 
Y, si fuera así, ¿por qué? 
No obstante, es una realidad que existe una diferencia entre lo que ocurre en un servicio de emergencias y accidentes, donde las personas a menudo tienen que salir a mitad de la noche, y la situación de una sala de ortopedia donde, de noche, ¡todo el mundo está durmiendo! 
No se puede aceptar –es totalmente erróneo– que estas cosas estén atadas a una especie de cama de Procrusto. 
En segundo lugar, ¿por qué la prolongación del tiempo de trabajo debe regirse únicamente por un convenio colectivo? 
¿Por qué un empleado individual no puede celebrar un acuerdo por sí mismo? 
¿En realidad, quién nos da derecho a prohibir a los trabajadores que lleguen a un acuerdo por sí mismos, con respecto a sus puestos de trabajo y las horas que trabajan? 
Conozco a médicos que quieren perfectamente trabajar un poco más en el futuro y ganar más, ya que están empezando en la vida o acaban de convertirse en propietarios. 
¿Queremos realmente en el futuro prohibirles que hagan esto? 
¿Y qué derecho tenemos a hacerlo? 
Asimismo, ¿por qué queremos ahora prescribir minuciosamente las horas que los familiares tienen que trabajar? 
¿Por qué queremos impedir a las empresas familiares que en el futuro sean tan flexibles como siempre lo han sido en el pasado? 
Diferentes situaciones laborales exigen diferentes soluciones, y si no permitimos que las personas las encuentren, haremos una injusticia a las personas y no haremos justicia a Europa. 
– Señora Presidenta, Señorías, no hace falta decir que el mayor desafío al que nos enfrentamos hoy en nuestra labor parlamentaria es la supresión de la cláusula de exclusión voluntaria u, que –se lo digo señor Davies– no tiene nada que ver con la subsidiariedad, sino con la anarquía y la ausencia de derechos. 
Sin embargo, si suprimimos la cláusula de exclusión voluntaria, tenemos que encontrar una solución para el tiempo que el trabajador realiza turnos de disponibilidad localizada; un número cada vez mayor de países están contestando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, amenazando con recurrir a la fuerza al en sectores como la seguridad y la salud y la asistencia a las personas de la tercera edad. 
Sería inaceptable, Comisario, si los turnos de disponibilidad localizada y los tiempos de descanso se excluyeran del tiempo de trabajo, ya que este es el tiempo durante el que los trabajadores están a disposición de sus empresarios y, lo que es más, la exclusión de esas horas tendría implicaciones importantes no solo en la seguridad y la salud de los trabajadores, sino también en los pacientes en hospitales y las personas de edad en las residencias para la tercera edad. 
Desde mi punto de vista, la solución presentada en el informe Cercas es excelente, tratando los períodos de atención continuada como tiempo de trabajo, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia, mientras propone que se puedan calcular de manera diferente los turnos de disponibilidad localizada y los tiempos de descanso por el convenio colectivo. 
Espero que toda la Cámara dé su respaldo al señor Cercas y a su excelente informe y permítame que diga, Comisario, que espero que la Comisión cambie de posición. 
– Señora Presidenta, la propuesta de Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo que tiene que someterse a votación es el producto de una síntesis de opiniones diferentes sobre la organización del tiempo de trabajo y un esfuerzo por encontrar un compromiso entre los intereses de los empresarios y los trabajadores. 
Se está haciendo un esfuerzo por situar la situación real y las necesidades de cada uno de los Estados miembros en un marco general, que cada interlocutor evalúa según su propio punto de vista y encuentra que es alarmantemente limitado y cualquier cosa menos protector para la salud y la seguridad. 
Sin embargo, el ponente, el señor Cercas, quien merece que se le felicite, y el ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Silva Peneda, y todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y, sobre todo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, han hecho lo que mejor han sabido, incluso si sus opiniones difieren, por conciliar estas diferencias. 
Por lo tanto, el informe que ha de someterse a votación y sus enmiendas –no la propuesta de la Comisión, señor Papadimoulis– no aceptan una prórroga; ponen fin a una excepción de la jornada de 8 horas, no aceptan la propuesta de la Comisión de un límite superior de 65 horas, garantizan la semana de 48 horas y, en todo caso, proponen que se salvaguarden las condiciones de trabajo y seguridad y la necesidad de tiempo libre y el aprendizaje continuado. 
La propuesta Cercas restablece el respeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo de las Comunidades Europeas con respecto a las limitaciones del tiempo de trabajo y el tiempo de atención continuada, que se considera expresamente tiempo de trabajo. 
Asimismo respeta el principio de subsidiariedad y salvaguarda el diálogo social como factor regulador. 
El cálculo del tiempo de trabajo anual es una solución de compromiso, pero tendrá consecuencias, por desgracia, para los trabajadores con bajos ingresos que confían en las horas extraordinarias en los períodos de mayor demanda. 
En cuanto a las cuestiones que se refieren a las mujeres trabajadoras en las familias, comentaré que la Comisión Europea las ha debido olvidar, pero se pide al Parlamento que vote a favor de la enmienda nº 12, que insiste en que los empresarios han de tener en cuenta las necesidades de la vida familiar y profesional de toda una vida, y la enmienda nº 22 que exige a la Comisión que presente... 
– Señora Presidenta, Comisario, la jornada laboral de 8 horas y la semana laboral de 48 horas se consagraron en el primer convenio adoptado por la Organización Internacional de Trabajo, que se fundó en 1919. 
Fue un reconocimiento de que la salud y la seguridad de los trabajadores tienen que protegerse, y que hay que darles tiempo para descansar y la oportunidad de crear una familia o, dicho de otra manera, producir más trabajadores. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión suprime todo esto y cita razones hipócritas para hacerlo. 
La cláusula de exclusión voluntaria, que es una práctica lamentable, invalida todo lo que el movimiento sindical ha logrado alcanzar durante los últimos siglos. 
Si el informe Cercas contempla la supresión de esta cláusula, merece nuestro apoyo. 
Señorías, nos encontramos en medio de un debate y nos quedan aproximadamente otros ocho minutos, incluida la declaración del señor Comisario. 
Les agradecería que conversaran fuera. 
Por favor, ustedes, los que están sentados detrás de la señora Klaß, pidan a sus colegas que abandonen la sala. 
Esto incluye al señor Rasmussen y a otros. 
Pido a los ordenanzas que acompañen a la salida de la Cámara a las personas que abandonan el debate. 
Les ruego que se sienten y guarden silencio durante otros ocho minutos o abandonen la sala. 
No cabe duda de que Europa ha conseguido establecer un modelo social que está entre los mejores del mundo. 
Tenemos que esforzarnos por preservar este modelo. 
Nadie dice que no tengamos que hacerlo. 
El informe parlamentario que se halla ante nosotros va demasiado lejos, sin embargo, y puede crear graves problemas, en particular en los Estados miembros que todavía no han alcanzado un determinado nivel de vida. 
¿Por qué deberíamos eliminar el derecho de los trabajadores a que se incrementen sus salarios, en especial en los nuevos Estados miembros, donde las personas tienen que trabajar necesariamente durante más horas para aumentar sus ingresos? 
¿Qué es lo que van a hacer los trabajadores que han pedido prestado dinero a los bancos en forma de hipotecas? 
Está bien aspirar siempre a niveles sociales más altos. 
Sin embargo, tenemos que entender que estamos tratando de la realidad, no de la teoría. 
En un momento en que hablamos tanto de la Estrategia de Lisboa para que nuestra economía crezca y de crear empleo, no deberíamos aprobar leyes que sean menos flexibles. 
Los trabajadores quieren que aprobemos leyes que creen puestos de trabajo, no que les impidan trabajar horas extraordinarias de más de 8 horas por semana. 
¿Quiénes somos nosotros para despojarles de este derecho? 
Yo sería el primero en estar de acuerdo con que la semana laboral debería ser más corta, pero solo si los salarios son suficientes para vivir. 
Algunos países todavía no han llegado a esta posición. 
Por lo tanto, usemos el sentido común. 
Si hay alguien que hace un uso indebido del y trabaja un número excesivo de horas con riesgos para la seguridad y la salud, ataquemos este abuso. 
Sin embargo, no hay que quitar el derecho de los trabajadores a elegir por sí mismos si quieren o no trabajar más horas. 
– Señora Presidenta, si queremos que se cumplan los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es necesario mejorar la situación social y del desempleo en Europa. 
Hay que suprimir de una vez por todas la cláusula de con respecto a la semana de 48 horas. 
Ningún país tiene que estar exento de las normas que rigen el tiempo de trabajo y tener, por lo tanto, un mercado laboral donde los trabajadores estén expuestos a semanas laborales imposibles y agotadoramente largas. 
La cláusula de no contribuye en modo alguno a una Europa social. 
Abre el camino a la competencia social desleal, donde los países pueden escoger las normas que quieren seguir. 
Esto no es la forma de avanzar para Europa. 
No podemos ni tenemos que competir con salarios bajos ni largas jornadas laborales. 
Los habitantes de Europa han de sentir que la Unión Europea se toma en serio sus intereses. 
Todos los estudios demuestran claramente que las semanas laborales largas son perjudiciales tanto para la seguridad como la salud. 
Una semana laboral de 48 horas que tenga mejores definiciones del tiempo de trabajo y tiempo recreativo y que pide a las empresas que tenga en cuenta las vidas familiares de los trabajadores, incrementará las opciones de los trabajadores. 
Si se vota a favor del informe de la Comisión, demostraremos al pueblo de Europa que queremos una Europa social y justa. 
– Señora Presidenta, Señorías, para reactivar el proceso de Lisboa, la Comisión Barroso se ha comprometido públicamente a reducir la burocracia y promover la desregulación, y esta Cámara tiene que apoyarle en este empeño. 
Mañana podremos dar un paso en la buena dirección votando a favor de una revisión flexible y progresista de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Una directiva europea tiene que dar, por definición, a los Estados miembros el espacio creativo y la flexibilidad necesaria para aplicarla a su manera y, por lo tanto, nuestro principal objetivo, a escala europea, solo tiene que establecer los principios rectores. 
Si se acepta la propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es decir, si la totalidad del tiempo empleado en atención continuada se trata, en principio, como tiempo de trabajo, y si se suprime la cláusula de, esto creará un obstáculo considerable para alcanzar sistemas de trabajo flexibles en toda Europa. 
Esto no es lo que yo consideraría una solución moderna. 
No puede ser justo que tengamos que establecer que hay que aplicar a los trabajadores implicados el principio de que el tiempo de atención continuada se considere en su totalidad tiempo trabajado, puesto que no es probable que hagan un esfuerzo excesivo, por ejemplo, los bomberos, los trabajadores de asistencia a la juventud y el personal de centros de rehabilitación, ya que el tiempo de atención continuada en estos casos implica estar inactivo la mayor parte del tiempo. 
Por este motivo defendemos que se definan distinciones entre los diferentes tipos de servicio con períodos de atención continuada. 
Dejemos que sean los hospitales, los médicos, los servicios de incendios y los trabajadores de la juventud, junto con los interlocutores sociales locales, quienes decidan entre ellos qué tipo de acuerdos laborales son adecuados para ellos. 
Votemos por dar a los trabajadores la libertad de elegir. 
Optemos por la flexibilidad, cosa que exige la cláusula de, períodos de referencia más largos y una diferenciación adecuada entre los diferentes tipos de turnos de disponibilidad localizada. 
Por estos motivos pido su apoyo para nuestras enmiendas 26, 27 y 32, junto con las enmiendas 29 y 30 sobre servicios con períodos de atención continuada. 
– Señora Presidenta, revisar la directiva exige algo más que una simple medida legal. 
Como sabemos, es en el centro de trabajo donde la ley y la práctica más difieren. 
Cuantos más medios necesita movilizar un país para ponerse a la altura de los demás, más grande es la distancia entre la normativa y la realidad. 
En los nuevos Estados miembros, la duración del tiempo de trabajo está escasamente por encima de la media europea, pero el número real de horas trabajadas anualmente es de 112 más, casi tres semanas más, que en los Quince. 
Por lo tanto, es especialmente importante que establezcamos límites bien definidos para el tiempo de trabajo. 
La participación coherente de los interlocutores sociales en la creación de normas locales es importante, y también lo es la mejora de los mecanismos de supervisión tanto a escala comunitaria como de los Estados miembros. 
La propuesta de compromiso del Parlamento promete que el papel de los sindicatos será más importante, no dejará sola a cada persona y mediante la supervisión del cumplimiento por parte de los Estados miembros con garantías, establecerá una práctica coherente en el mercado laboral. 
. Señora Presidenta, Señorías, aunque la Comisión no está de acuerdo con el Parlamento en todo, el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales deja muy claro que compartimos el mismo deseo de buscar un amplio consenso que proteja a los trabajadores y contribuya a lograr la flexibilidad necesaria. 
Antes de que me centre en las enmiendas individuales con más detalle, quiero hacer una serie de comentarios más generales. 
En primer lugar, observaré que esta propuesta de directiva es una propuesta de modificación de una directiva. 
La directiva original, que ya está en vigor desde hace 10 años, ha de modificarse oportunamente, en particular porque en la propia directiva está previsto que se puedan introducir enmiendas en el futuro. 
Asimismo, quiero hacer hincapié en que esta Directiva tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. 
Su objetivo no es, por lo tanto, reorganizar el tiempo de trabajo, sino proteger a los trabajadores, al mismo tiempo que mantiene la flexibilidad tan necesaria exigida por la Estrategia de Lisboa y por la vida moderna. 
Las cuestiones que componen el telón de fondo de esta Directiva son extremadamente complejas. 
Incluyen el envejecimiento de la población, que exige una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida social. 
Tal como he destacado, la Directiva se refiere a la protección del tiempo de trabajo. 
No dudo en afirmar que el tiempo de trabajo tiene una influencia general en la seguridad y la salud en el trabajo. 
Actualmente se plantea una prolongación de la vida laboral debido a la evolución demográfica de la sociedad, y no hay duda de que las personas necesitan llegar al final de sus vidas laborales con buena salud. 
El debate que acabamos de escuchar abarca una serie de propuestas básicas que quiero abordar con más detalle. 
Empezaré con la propuesta de una prolongación del período de referencia para calcular la semana laboral media máxima de 48 horas. 
Como sabrán, la Comisión propone que las cosas se dejen tal como están, en otras palabras, que el período de referencia «estándar» continúe siendo de cuatro meses, con la opción de prolongarlo a doce meses mediante convenios colectivos. 
La Comisión quiere garantizar que se aplican las mismas condiciones a todos los Estados miembros, independientemente de cómo se organicen las relaciones entre los interlocutores sociales y, por lo tanto, propongo que también sea posible prolongar este período de referencia a través de la legislación. 
Me alegra ver que la posición del Parlamento no difiere en gran manera de la de la Comisión sobre este asunto y, de hecho, la propuesta del Parlamento ofrece una mejor garantía de que esta ampliación sea posible. 
Por lo tanto, puedo decirles que la Comisión acepta casi todas las propuestas del Parlamento en este sentido, con la excepción de la de establecer que el período de referencia solo se pueda prolongar por la vía legislativa si el trabajador en cuestión ya está amparado por convenios colectivos. 
La Comisión no cree que los convenios colectivos tengan que verse favorecidos hasta el punto de que se niegue el uso de la legislación en supuestos en que o bien no se ha discutido el periodo de referencia, o bien no se ha alcanzado un acuerdo. 
La Comisión no acepta la posición del Parlamento con respecto a los períodos de atención continuada, aunque aprecia la preocupación del Parlamento. 
Quiero dejar bien claros nuestros puntos de vista sobre esta cuestión. 
El objetivo básico de la propuesta de la Comisión es dar una garantía de seguridad jurídica, y estoy seguro de que no es necesario que les recuerde que este problema ha surgido a raíz de la manera en que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha interpretado el concepto de «tiempo de trabajo». 
La Comisión ha decidido no considerar «tiempo de atención continuada inactiva» como tiempo de trabajo a efectos de seguridad y salud en el trabajo, para que los Estados miembros sean libres de tomar las medidas que crean que van a proteger mejor la seguridad y salud de los trabajadores. 
No creo que la propuesta del Parlamento, tal como se establece en la enmienda 10, proporcione el mismo nivel de seguridad jurídica, y puede muy bien dejar la puerta abierta a otras sentencias que darán lugar a una aún mayor inseguridad jurídica. 
Sin embargo, aprecio mucho la preocupación del Parlamento, que ha esbozado en el proyecto de informe. 
Por lo tanto, la Comisión modificará su propuesta de tal manera que garantice que los trabajadores en tiempo de guardia estén mejor protegidos. 
No se autorizará la inclusión del período inactivo del tiempo de atención continuada en el período de descanso diario de 11 horas y el período de descanso semanal de 24 horas. 
Ahora quiero decir unas palabras sobre la delicada cuestión de los individuales. 
Aunque tanto el Parlamento como la Comisión son críticos a la hora de aplicar en la práctica esta disposición, las dos instituciones mantienen puntos de vista diferentes sobre su futuro. 
La Comisión propone que se revise la cuestión, mientras que el Parlamento pide que se suprima la cláusula de exclusión voluntaria tres años después de que entre en vigor la Directiva. 
La Comisión no acepta esta propuesta tal como está. Sin embargo, está dispuesta a debatirla y a trabajar junto con los legisladores, quienes están divididos sobre esta cuestión, para hallar el mejor compromiso posible. 
Sé que esta es una cuestión muy política, y también una cuestión de principio. 
En vista de ello, la Comisión seguirá manteniendo un diálogo intensivo con el Parlamento. 
Ahora me gustaría exponer la posición de la Comisión sobre las distintas enmiendas. 
La Comisión acepta las enmiendas 2, 3, 12, 13 y 17 en su totalidad, ya que mejoran el texto de la propuesta o la clarifican. 
Una de ellas introduce una disposición relativa a la mejora de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, que considero que es una cuestión fundamental. 
La Comisión acepta las enmiendas 1, 4, 8, 11, 16, 18, 19, 24 y 29, ya sea en principio o a condición de que se redacten de modo distinto. 
En particular, quiero llamar la atención de la Cámara a las enmiendas 16 y 18, sobre el descanso compensatorio, y la enmienda 19, sobre el período de referencia. 
La Comisión no acepta las enmiendas 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25 a 28 y 30 a 52, algunas de las cuales se refieren al individual del que ya he hablado. 
Como he dicho antes, la Comisión pretende buscar una solución de compromiso para esta cuestión. 
Las demás enmiendas tratan de asuntos que la propuesta original de la Comisión no abarca, como por ejemplo el apartado 1 del artículo 17 sobre la excepción para ejecutivos dirigentes. 
En conclusión, quiero agradecer al Parlamento la alta calidad del debate que se ha mantenido sobre esta propuesta. 
El diálogo entre la Comisión y el Parlamento me ha permitido exponer con confianza que la directiva que ahora tenemos, y que sirve de símbolo de una Europa social, protege aún más la salud y la seguridad de los trabajadores, al tiempo que garantiza que estos últimos no estén expuestos al peligro que implica la organización flexible del tiempo de trabajo exigido por nuestros empresarios. 
Por lo tanto, contribuye a crear un modelo social europeo más sólido y moderno. 
Gracias, señor Comisario. 
Gracias también por ser tan paciente con esta Cámara y por intervenir en condiciones más difíciles de lo que es habitual. 
Señor Davies, ¿es absolutamente necesario que intervenga usted sobre la observancia del Reglamento, teniendo en cuenta que está a punto de empezar la votación? 
Señora Presidenta, se ha pedido a los diputados a este Parlamento que vinieran a votar a las 11.30 de la mañana y no es culpa de ellos que se haya malgastado su tiempo, sino de la Presidencia. 
No es culpa suya, ya que usted no es responsable de cada detalle, pero ¿cuándo procederá la Presidencia a programar los debates como es debido? 
Señor Davies, la Mesa tomará nota, pero también es culpa de la propia Asamblea. 
He tenido que estar constantemente pidiendo orden para lograr cierta tranquilidad de forma que los oradores pudiesen intervenir. 
También es culpa de algunos Grupos políticos, ya que las intervenciones de un minuto siempre superan ese tiempo. 
Esto puede tratarse en la Conferencia de Presidentes. 
Me complacería eliminar las intervenciones de un minuto y sustituirlas por intervenciones de dos minutos. 
Podemos tratar el tema, pero tenemos que llegar a un acuerdo al respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
,. 
Señor Presidente, este informe no ha provocado controversias en la comisión, sino que ha sido aprobado por unanimidad y sin enmiendas. 
Por lo tanto, puede que se pregunten ustedes por qué quiero comentarlo ahora. 
No debemos dejar que este hecho oculte lo que constituye un exhaustivo trabajo de la Comisión, dando sentido a un documento de 25 años de antigüedad que ha sufrido numerosas revisiones. 
Este se ha refundido en un documento de unos 300 artículos, que ahora es comprensible y que por lo tanto puede aplicarse mejor. 
Sin embargo, garantiza que todas las adiciones de tratados de adhesión y demás se incorporen en un documento, cosa que es útil. 
Como persona que con frecuencia ha sido crítica con la Comisión Europea, es razonable que en esta ocasión deje constancia de nuestra gratitud y felicite a los funcionarios de la Comisión que han realizado esta labor y lo han hecho muy bien. 
. 
Señor Presidente, la Comisión, si bien lamenta el resultado de la votación, ha tomado buena nota de la posición expresada por la mayoría de los diputados. 
Conforme al acuerdo marco existente entre el Parlamento y la Comisión, este punto va a ser planteado en el seno de la Comisión para examinar con toda atención su en estas circunstancias. 
Señor Presidente, la Comisión informará próximamente y de forma adecuada al Parlamento de los resultados de estas consideraciones. 
– El informe se remite a la comisión de conformidad con el apartado 3 del articulo 52 del Reglamento. 
Se suspende la votación y se reanudará después de la sesión formal. 
Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión dedicada a la visita oficial del Presidente de Afganistán, señor Hamid Karzai. 
Scharele President Karzai, amadané schoma ra bâ Párlemané Europa khosh amdadid megoyém, lo que quiere decir que damos la bienvenida al Parlamento Europeo al Presidente Karzai. 
Señor Presidente, este Parlamento, como el resto del mundo, ha seguido muy de cerca los dramáticos acontecimientos que ha vivido su país durante el último cuarto de siglo. 
Pocos países han vivido una historia tan atormentada como la suya: la ocupación soviética, la guerra civil, la intervención militar internacional que siguió a los atentados del 11 de septiembre y ahora el difícil proceso de transición a la democracia en un país que tanto ha sufrido y que ha visto sus estructuras sociales, económicas y políticas profundamente transformadas. 
Señor Presidente, queremos reconocer su sólido liderazgo, que ayuda al desarrollo de esta democracia embrionaria, primero con carácter provisional y, ahora, como Presidente elegido democráticamente en Afganistán. 
Reconocemos también los grandes riesgos personales que han afrontado usted y sus colegas de Gobierno. 
Todos somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer. 
A veces las cámaras de televisión nos lo recuerdan con la dureza de sus imágenes, otras veces las cámaras se han ido, pero la realidad sigue allí; la concienzuda, lenta y metódica reconstrucción de un país devastado por décadas de guerra no atrae tanto a los medios de comunicación como la guerra misma. 
Sabemos, en el mundo occidental, la importancia que tiene el impacto del acontecimiento frente a la tarea cotidiana o los acontecimientos cotidianos, que solo tienen importancia cuando los medios los reflejan con dureza. 
Sabemos también que la consolidación de la democracia no se consigue de la noche a la mañana, que no se cambia a las sociedades por decreto, que una cosa es garantizar los derechos de la mujer, por ejemplo, en una Constitución, y otra cosa es asegurar que esos derechos se respetan en las áreas más remotas de un país. 
Sabemos también del compromiso que tiene usted por la igualdad de derechos de la mujer, pero usted comprenderá también que, cuando hay acontecimientos concretos que remueven nuestras conciencias, la preocupación emerge. 
Esperemos utilizar la indignación que ello produce para aumentar nuestro compromiso con la tarea de reforma democrática y el progreso de su país. 
Estoy seguro de que usted también lo mencionará en su intervención. 
Queremos comprometernos con usted en ese proceso difícil de transición. 
Haremos todo lo posible para ayudarle en la creación de un país estable y democrático. 
Por eso, esta Cámara, señor Presidente, espera con gran interés las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre y, tal como hemos hablado antes con usted, este Parlamento debería considerar seriamente la posibilidad de enviar una delegación para evaluar la situación actual, antes de que se celebren las elecciones, y enviar observadores después para seguir su desarrollo sobre el terreno. 
Confiamos, señor Presidente, en que, después de las elecciones, podamos desarrollar unas estrechas relaciones interparlamentarias, precisamente porque confiamos en que la Unión Europea y Afganistán harán realidad su gran potencial de amistad y cooperación. 
Por todas estas razones y por la importancia que tiene el país al que usted representa, es un placer para mí y un honor para este Parlamento acogerle y darle la palabra. 
,. Señor Presidente, señores diputados al Parlamento Europeo, Señorías, es un placer y un honor para mí dirigirme a tan distinguida audiencia, especialmente dado que esta es mi primera visita al Parlamento Europeo. 
Me da una gran confianza en el futuro de Afganistán y de nuestra región ver a los países de Europa aquí reunidos en un espíritu de unidad y cooperación. 
No hace mucho tiempo el telón de acero dividía a Europa en Este y Oeste. 
Sin embargo, hoy, este telón ha desaparecido y ha revelado un mosaico en el que cada pieza mantiene una identidad diferenciada, pero que en conjunto forma una entidad mayor. 
Hace dos días, Europa celebró el 60º aniversario de la Victoria en el Día de Europa, el aniversario del nuevo comienzo de Europa. 
Aunque en el pasado los conflictos europeos tuvieron implicaciones mundiales, en la actualidad la cooperación europea mejora la vida de las personas y es fuente de admiración en todo el mundo. 
Durante la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, contaron ustedes con garantías de seguridad, el Plan Marshall, además de un compromiso internacional a largo plazo. 
Nosotros, el pueblo de Afganistán, también estamos agradecidos por el respaldo económico y la seguridad internacional que hemos recibido durante los últimos tres años. 
Concretamente, la Unión Europea es una de las entidades que más han apoyado a Afganistán. 
Les agradecemos sus generosas contribuciones, el envío de tropas de sus naciones y la ayuda técnica que han proporcionado y siguen proporcionando. 
Por encima de todo, ustedes nos muestran cuál podría ser el futuro de nuestra región: un futuro de paz, unidad y cooperación. 
Afganistán era uno de los países menos desarrollados, incluso antes de que fuese invadido por la antigua Unión Soviética. 
Diez años de lucha contra la invasión soviética, seguidos de más de una década de interferencias extranjeras y conflicto entre facciones, empobreció todavía más a nuestro país. 
Nuestra infraestructura se vio prácticamente destruida, nuestras comunidades devastadas y nuestras instituciones estatales inutilizadas. 
Sin embargo, los largos y oscuros años de sufrimiento no empañaron nuestras aspiraciones de construir un Afganistán estable, democrático y próspero. 
Dada la oportunidad de 2001, el pueblo de Afganistán comenzó con entusiasmo el proceso de reconstrucción de nuestro país. 
Hoy contamos con una constitución ilustrada y progresista que salvaguarda los derechos humanos, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, establece una economía de mercado libre y crea un marco para un gobierno responsable. 
El pasado octubre se celebraron las primeras elecciones presidenciales de nuestra historia en las que participaron más de ocho millones de personas. 
El éxito de las elecciones ilustró de forma gráfica la derrota del terrorismo en Afganistán. 
Concretamente, la participación masiva de las mujeres de Afganistán, el 42 % de los votantes a escala nacional, demostró categóricamente que había comenzado una nueva era de derechos políticos y sociales para las mujeres. 
Quisiera contarles aquí una historia de la que fui testigo hace dos meses y medio. 
Hace dos meses y medio estaba comiendo con un grupo de ancianos tribales de una parte muy conservadora de Afganistán, y observé que con aquellos ancianos y con el clero había mujeres. 
Me dio la impresión de que las mujeres provenían de zonas urbanas del país y yo saludé a los jefes tribales por su nombre. 
Sabía el nombre de muchos de ellos y les dije: «Bienvenido, señor tal y cual, ¿cómo está usted?» 
Una vez que terminé de saludar a los hombres, dije a las mujeres: «Bienvenidas, me alegro de verlas». 
De pronto, una de las mujeres se levantó y dijo: «Señor Presidente, usted ha saludado a los hombres por su nombre, pero no a nosotras». 
Esto me sorprendió y dije: «Lo siento, pero no conocía su nombre». 
Ella dijo: «Usted sabe que ha sido elegido gracias a nuestro voto. 
La próxima vez que le vea espero que sepa mi nombre o no será elegido». 
Este es el cambio en Afganistán del que estamos muy contentos. 
La presencia de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, liderada por Europa desde el principio, nos ha proporcionado un entorno seguro para ejercer nuestros derechos políticos. 
Con la ayuda de Europa y otros países de la comunidad internacional, hemos preparado un nuevo cuerpo de policía formado por unos 50 000 hombres, además de una fuerza especial encargada de operaciones contra la droga. 
El nuevo ejército nacional afgano, en la actualidad formado por 20 000 hombres, asume cada vez mayores responsabilidades en el mantenimiento de la seguridad en todo el país. 
Estamos acelerando el proceso de desarme, desarmando tanto a fuerzas armadas regulares como a grupos armados. 
Más de 50 000 antiguos combatientes ya han sido desarmados y más del 95 % de las armas pesadas están a buen recaudo. 
Se están realizando amplias reformas en otros sectores, incluido el servicio civil y judicial, es decir, la administración. 
Nuestro sistema judicial está recuperando su eficacia y su credibilidad mermadas por la guerra. 
Las instituciones del Gobierno y la sociedad civil se refuerzan progresivamente, transmiten más confianza a los ciudadanos, les prestan más servicios y más derechos de que disfrutar. 
La Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos prosigue su importante labor de promover los derechos humanos en todo el país. 
Gracias a la atmósfera política abierta en Afganistán, la prensa libre ha conocido un fuerte desarrollo y un gran éxito, como demuestra la publicación de más de 300 periódicos independientes, y la existencia de más de 30 emisoras de radio independientes y cuatro canales de televisión independientes en menos de dos años. 
Nos hemos dado cuenta de que los avances políticos y de seguridad solamente pueden sostenerse con las correspondientes mejoras en el ámbito económico. 
Durante los últimos tres años hemos introducido una nueva moneda, estabilizado la inflación y promulgado numerosas reformas legales y administrativas destinadas a simplificar nuestros procesos aduaneros y de inversión. 
Gracias a ello, en Afganistán han entrado miles de millones de dólares de inversión extranjera. 
Determinados sectores, como el de la hospitalidad, los bancos y las comunicaciones móviles, se han visto especialmente beneficiados. 
Los salarios han aumentado, al igual que las transacciones y el comercio con los países de la región, especialmente Pakistán, Irán, Tayikistán, China y otros. 
Quisiera poner aquí un ejemplo de los cambios que se han producido. 
Hace tres años, el comercio de Afganistán con Pakistán ascendía a menos de 50 millones de dólares estadounidenses. 
El pasado año, este comercio –en menos de tres años– superó los 1 000 millones de dólares. En la actualidad, el comercio entre Pakistán y Afganistán asciende a 1 000 millones de dólares. 
Lo mismo se aplica a China y a otros países de la zona. 
Hasta el momento se han hecho muchas cosas, pero aún quedan grandes retos ante nosotros. 
Los indicadores de desarrollo social de Afganistán siguen siendo lamentables: tenemos una de las tasas de mortandad infantil y una de las tasas de esperanza de vida del mundo; además de niveles inaceptables de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres. 
Tristemente, estos indicadores sociales sitúan a nuestro país cerca del nivel más bajo del índice de desarrollo humano: de hecho, en el quinto lugar empezando por abajo. 
Se ha vencido al terrorismo como fuerza, pero sus residuos alteran nuestra paz y tranquilidad. 
Pese a que se han dado pasos clave para establecer un Gobierno efectivo, la capacidad de las nuevas instituciones para proporcionar seguridad y ayudar a sacar al pueblo de la extrema pobreza está lejos de ser suficiente. 
El cultivo de amapola y la economía de la droga todavía afectan a nuestras comunidades y siguen siendo obstáculos para la estabilidad de Afganistán. 
Quisiera apartarme del discurso que había preparado para explicarles lo que está sucediendo en Afganistán con respecto a la economía de la droga, es decir, el cultivo de amapolas. 
Hace treinta años, cuando la antigua Unión Soviética invadió Afganistán, este país tenía una sociedad agraria en cierto modo acaudalada. 
Durante los años de conflicto, sequía y dificultades para el pueblo afgano, los hombres y mujeres –familias, padres, madres, hijas– no tenían esperanzas de futuro. 
Un padre y una madre no sabían si su hijo o hija estaría vivo o no al día siguiente; si tendrían comida o pasarían hambre. 
En esta situación, la gente destruyó los viñedos y los sustituyó por amapolas; destruyó las huertas de granados y las reemplazó por amapolas; destruyó las huertas de albaricoques y las sustituyó por amapolas, porque estas eran fáciles de cultivar –no necesitan mucho riego– y de vender. 
Por lo tanto, debido a la falta de confianza en el futuro y a la falta de medios, la sociedad se volcó en este fácil cultivo. 
El año pasado iniciamos una acción contra el cultivo de amapolas, y las personas respondieron porque tienen más esperanzas de futuro: tienen más confianza en su país y en sí mismas. 
Esperamos que este año se produzca una considerable reducción del cultivo de amapolas en Afganistán, en gran parte de forma voluntaria. 
Mi esperanza, y la del pueblo afgano, estriba en que la comunidad internacional siga ayudándonos a reducir este cultivo en Afganistán y a sustituirlo por formas legítimas de agricultura. 
En otras palabras, a reemplazarlo por medios de vida alternativos, de forma que nuestro pueblo pueda volver a cultivar viñas, granados, albaricoques y demás productos agrícolas que sabe cultivar de modo excelente. 
Afganistán produce las mejores granadas, los mejores alimentos; puede competir en mercados internacionales. 
Les ruego que sigan ayudándonos a proporcionar de nuevo una economía legítima al pueblo afgano. 
Nadie desea tener mala fama en el mundo y Afganistán no es una excepción. 
Afganistán desea vivir una vida honorable, en la que pueda volver a generar sus propios ingresos legítimos. 
Les agradezco lo que han hecho por nosotros hasta el momento, pero por favor, sigan ayudándonos. 
Las elecciones parlamentarias de septiembre marcarán la culminación del proceso de Bonn en Afganistán. 
La constitución afgana establece que al menos el 27 % del Parlamento afgano deben estar formado por mujeres. 
Sin embargo, aunque hayamos cumplido todos los criterios establecidos en el Acuerdo de Bonn para finales de septiembre, tan solo nos encontraremos al principio de un largo camino para alcanzar la visión establecida para Afganistán en ese documento. 
Por lo tanto, el fin del proceso de Bonn no debe constituir el fin de su compromiso y su respaldo a Afganistán, sino el inicio de una asociación a largo plazo más amplia. 
El final del proceso de Bonn no significará el éxito de Afganistán o el éxito completo de Afganistán. 
El fin del proceso de Bonn, la constitución del parlamento, sentará las bases para el éxito de Afganistán, pero no constituirá un éxito de por sí. 
El éxito tardará muchos más años en conseguirse, para lo que necesitamos su ayuda. 
Necesitamos el respaldo de Europa y la garantía de que nuestro país seguirá recibiendo ayuda de forma sostenible. 
Concretamente, mientras deliberan ustedes aquí sobre los futuros compromisos internacionales de la Unión Europea, espero que vean la necesidad de garantizar ayuda multianual para Afganistán a fin de respaldar nuestros esfuerzos por reconstruir nuestro país. 
También necesitamos que las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Japón y otros países que nos han ayudado hasta el momento reafirmen su compromiso de asociación con Afganistán: una asociación que es esencial si queremos conseguir una estabilidad, democratización y desarrollo duraderos. 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para darles de nuevo las gracias, en nombre del pueblo afgano, por el generoso respaldo que la Unión Europea, uno de los mayores donantes a Afganistán, ha proporcionado durante los últimos tres años. 
El pueblo de mi país está especialmente agradecido a sus hijos e hijas uniformados que sirven valientemente en nuestro país. 
A aquellos que han entregado sus vidas para proporcionarnos seguridad, les ofrecemos una vez más nuestra gratitud, nuestras oraciones y nuestra promesa de que nunca lo olvidaremos. 
Hoy en Afganistán, un país que no hace mucho tiempo estaba totalmente aislado del mundo, está sucediendo algo sin precedentes. 
En un genuino espíritu de cooperación, personas de todas las partes del mundo, de distintos credos, culturas y orígenes, están trabajando conjuntamente para ayudar a proporcionar seguridad a las vidas del pueblo afgano y a reconstruir nuestro país. 
Está claro que sin esta cooperación los afganos nunca habrían conseguido lo que han logrado en los últimos tres años. 
Afganistán necesita hoy tanto su ayuda como Europa la necesitaba hace 60 años. 
Entonces un compromiso a largo plazo de sus amigos de todo el mundo les dio el apoyo que necesitaban para reconstruir sus países y sus vidas. 
Hoy les pedimos la misma oportunidad. 
Gracias por lo que han hecho por nosotros hasta el momento. 
Les estamos muy agradecidos. 
–Señor Presidente, Señorías, pido la palabra para llamar la atención sobre lo dispuesto en el artículo 9 en relación con las normas de comportamiento y el código de conducta de este Parlamento, puesto que hoy han aparecido en esta Cámara banderas de una nación que no existe, Padania, así definida por el señor Borghezio. 
Quisiera deplorar este acto, que ofende a mi país, Italia, al que estoy orgulloso de representar. Me pregunto si la Presidencia no piensa intervenir ante la ofensa que se hace a uno de los Estados miembros con la presencia en este Parlamento de banderas de un Estado o una nación que no existe y no está reconocida en ningún organismo internacional. 
Espero que todos los diputados italianos se unan a mí para denunciar esta ofensa a nuestro país. 
– Señor Presidente, tras la convincente intervención del Presidente Karzai, por la que nuestro Presidente no se ha visto obligado a darle las gracias, quiero agradecerle que se haya dirigido a esta Cámara. 
–Señor Presidente, Señorías, intervengo solo para recordar a todos los diputados a este Parlamento –también al que acaba de hablar– que hasta la caída del Muro de Berlín había en Europa muchas naciones sin Estado y que, algún día, el derecho de autodeterminación permitirá también a Padania ser una nación con su propio Estado. 
– La mesa está examinando esta cuestión y sin duda tomaremos una decisión sobre el asunto. 
–Señor Presidente, Señorías, quería intervenir para comunicarles que habría retirado la enmienda 12, pero esta caduca, al igual que la enmienda 10, porque de hecho han sido aceptadas ya por el Parlamento y la Comisión. 
Mantengo, en cambio, la enmienda 11, que hace referencia a los controles contra el tráfico de estupefacientes, la falsificación de mercancías y, sobre todo, la inmigración ilegal. 
En principio apoyamos una asociación más estrecha con la República de Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la República de Albania con la UE. 
Una vez que estos países cumplan plenamente los criterios de Copenhague, deberían convertirse en Estados miembros. 
Sería la consecuencia natural de la ampliación que se inició en mayo de 2004. 
Los Acuerdos marco de la UE, concebidos para preparar a los países para su adhesión, tienen que concentrarse en la mejora de la administración pública, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y el combate contra la corrupción. 
Los países implicados no deben aclimatarse a la política agrícola onerosa y perjudicial de la UE. 
La ampliación de la UE no debe ser una excusa para dejar de reformar y, con el tiempo, suprimir la Política Agrícola Común. 
Una UE ampliada de hasta 35 Estados miembros exige una reforma exhaustiva de la política agrícola. 
He votado a favor de este informe porque creo que los Acuerdos marco en cuestión forman parte, a escala mucho más amplia, de lo que tiene que ser la política europea sobre cooperación con sus países vecinos, incluidos los países cuyo pasado reciente y perspectivas futuras justifican el apoyo y una estrecha cooperación con la Europa de los 25. 
Si Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania cumplen alguna vez en el futuro los criterios para su adhesión a la UE, serán bien acogidos como Estados miembros. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo no debe adoptar una posición sobre un Acuerdo marco antes de que exista un fundamento claro para los compromisos financieros que deben otorgarse mediante un acuerdo de este tipo a otros Estados miembros. 
El documento en cuestión también tiene que indicar qué tipos de ayuda y subsidios supondría un Acuerdo marco. 
La experiencia de anteriores Acuerdos marco demuestra que un voto positivo genera presión política a partir de ese momento para apoyar toda forma concebible de ayuda y subvención. 
Hasta la fecha, a menudo se ha tratado de que los países se acostumbraran a un sistema de la Unión Europea que tiene que reformarse. 
Varias formas de ayuda para la adaptación, por ejemplo, al sistema agrícola de la UE son solo un ejemplo. 
A la larga, no se ayuda ni a la UE ni a los Estados miembros potenciales mediante la adaptación a un sistema que crea dependencia de las subvenciones. 
Por lo tanto, he votado en contra del informe y espero que la Comisión volverá con un cálculo financiero y un documento básico que defina claramente qué formas de ayuda estarán disponibles una vez que se haya firmado un Acuerdo marco. 
Al mejorar y armonizar las herramientas estadísticas utilizadas por la UE, estaremos en condiciones de adquirir un mejor conocimiento de la realidad social en los Estados miembros y gracias a ello, en principio, podremos ayudar al Consejo y a la Comisión en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Por el momento, toda información sobre la exclusión social es escasa, se suministra tarde, no está desglosada ni abarca las cuestiones de género, tal como he propuesto. 
Por consiguiente, esperamos que la Comisión aporte más indicadores, que sean mejores y más rápidos, para que podamos adquirir un mejor conocimiento de la situación. Al hacerlo, podemos actuar de forma eficaz y oportunamente, ya que la UE y los Estados miembros tienen que dar respuestas estructurales, con carácter de urgencia, para subsanar una situación en la que existen casi 70 millones de personas que viven en la pobreza, y donde existe una enorme desigualdad económica y un elevado desempleo. 
Hemos votado a favor de la propuesta de este informe de que la UE (CE) suscriba este Convenio Internacional. 
En general, somos escépticos sobre que la UE como tal suscriba convenios internacionales, pero, debido a que organizaciones intergubernamentales pueden acceder a este convenio y debido a que también creemos que la adhesión de la UE mejorará el mercado interior en este ámbito, votamos a favor del informe. 
El que la UE se haya adherido a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es un paso positivo para que encuentre el buen equilibrio entre los intereses de los cultivadores y de los agricultores en cuanto a la protección razonable de los derechos de propiedad de los cultivadores relativos a las obtenciones vegetales. 
Por este motivo, y porque creo que los intereses portugueses estarán de esta manera protegidos, voy a votar a favor. 
Existe un acuerdo con carácter general sobre este informe, dada la necesidad de prorrogar las medidas transitorias hasta que entre en vigor un nuevo paquete de medidas destinadas a combatir la EEB. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la ponente de dividir en dos el proyecto de reglamento. En primer lugar, el informe propone modificar el Reglamento (CE) nº 999/2001 para prorrogar las medidas transitorias hasta el 1 de julio de 2007, con el fin de dar tiempo para el debate necesario sobre las dos medidas. 
Así pues, se pide que se elabore un nuevo reglamento, que englobe las enmiendas en el contenido del Reglamento (CE) nº 999/2001, o dicho de otro modo, las enmiendas a las normas para la prevención, control y erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, dado que estas enmiendas exigen un conocimiento en profundidad de la situación actual, los progresos realizados en clasificar a los países, los progresos científicos y un debate profundo sobre la revisión del reglamento en cuestión. 
Hemos votado a favor del informe que concluye el acuerdo entre la CE y Suiza sobre la participación de esta última en la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET). 
El objetivo del acuerdo y de la participación suiza es proporcionar información objetiva, fiable y comparable sobre el medio ambiente. 
Se concederá a Suiza la categoría de observador sin derecho a voto, se le tratará en igualdad de condiciones en cuanto al suministro de datos, información y análisis medioambiental, y establecerá una infraestructura para suministrar datos uniformes sobre el estado del medio ambiente. 
Este acuerdo facilitará y hará más estricto el suministro de información fiable y comparable sobre el estado del medio ambiente en Europa. También apoyaré la evaluación integrada y la notificación medioambiental de los ecosistemas que comparten Suiza y sus países vecinos. 
La situación de la UE, sus Estados miembros y Suiza, en cuanto a la importancia geográfica y económica y las relaciones establecidas en varios campos, justifica –en realidad exige– la participación de Suiza en la Agencia Europea del Medio Ambiente. 
En este contexto, como en otros, tratar con la realidad práctica trasciende las fronteras geopolíticas. 
. –Señor Presidente, Señorías, 
Hemos votado en contra del informe del señor Hudghton sobre la refundición de las múltiples directivas del IVA porque solo se trata, en efecto, de una refundición sin modificación del fondo de textos cuyos principios uniformizadores y que vulneran la autonomía fiscal de los Estados rechazamos en su momento. 
En este texto no vemos libertad para que los Estados puedan fijar libremente la fiscalidad de las actividades puramente localizadas, como la restauración, que no tienen ninguna incidencia sobre la competencia europea. 
No vemos ninguna permanencia en la aplicación de tipos reducidos de IVA al trabajo. 
En cambio, vemos que los Estados seguirán teniendo que suplicar a Bruselas para modificar sus tipos de IVA. 
Vemos que todavía no son libres de elegir los sectores o productos sujetos a un determinado impuesto. 
Sobre todo, vemos que el anuncio efectuado, a tres semanas del referendo francés, de bajar el IVA sobre la restauración es un último y lamentable intento de comprar el voto de los franceses. 
No se ha hecho nada, no se ha decidido nada. 
Basta ya de mentiras y falsas promesas. 
Dado que no existen enmiendas sustanciales al sistema del IVA establecido en la Sexta Directiva, que ha sido objeto de una serie de enmiendas, he votado a favor. 
Sin embargo, continuaré expresando mi opinión sobre varios campos que quedan dentro del ámbito de aplicación, cuando llegue el momento en deliberaciones sobre estos asuntos. 
Este informe rechaza la propuesta de la Comisión relativa a la cofinanciación de medidas de ayuda al mercado en caso de brotes de enfermedades infecciosas como la fiebre aftosa o la fiebre porcina clásica. 
En este sentido, estoy plenamente de acuerdo con el ponente y las propuestas que ha formulado. 
Sin embargo, donde diferimos es en sus motivos para rechazar la propuesta de la Comisión; por ejemplo, el informe menciona el efecto potencial negativo de la propuesta en la Política Agrícola Común y en las condiciones de competencia en la agricultura europea. Aunque esto es cierto, no es la razón principal para votar en contra de la propuesta de la Comisión. 
Además de proporcionar ayuda a los agricultores en caso de brotes de enfermedades infecciosas, en forma de medidas financieras prácticas para establecer la igualdad de condiciones en el mercado para los agricultores de todos los Estados miembros, la UE también tiene que actuar para impedir este tipo de enfermedades mediante la ayuda a los agricultores, en particular aquellos que disponen de menos recursos. 
Es bien conocido que nos oponemos a la reforma de la Política Agrícola Común y a las medidas propuestas, dado el impacto en la agricultura portuguesa y, en especial, en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y las familiares. 
La tarea de la UE es resolver los problemas transfronterizos. 
Uno de ellos es la propagación de enfermedades veterinarias infecciosas. 
Por lo tanto, votamos a favor del informe. 
Combatir la propagación de enfermedades veterinarias infecciosas en el marco de la UE no es motivo, sin embargo, para seguir aplicando una Política Agrícola Común (PAC) onerosa y perjudicial. 
Creemos que la financiación de la PAC debería nacionalizarse. 
El informe señala con razón que la propuesta de la Comisión no solo dará lugar a la desigualdad en la agricultura, sino que también parece formar parte de una cuestión más amplia sobre la nacionalización de la Política Agrícola Común, sobre la que el debate está lejos de haber concluido. La decisión acertada es, por lo tanto, rechazar la propuesta de la Comisión y pedirle que presente otra. 
. 
Fianna Fail y el Grupo UEN no respaldarán hoy las enmiendas relativas a: 
(a) La eliminación de una nueva clasificación de «suficiente» introducida y acordada en el Consejo durante la Presidencia irlandesa en junio de 2004 en el Anexo I 
y 
(b) La eliminación de la distinción entre aguas insulares y costeras, también acordada en el Consejo por la Presidencia Irlandesa. 
Conforme a la Directiva vigente de 1976 (76/160/CEE) , la mayoría de los Estados miembros respaldan la clasificación de «suficiente» , dado que establece normas realistas y aplicables con un requisito mínimo legalmente vinculante que se aplicará a todas las aguas de baño de cada Estado miembro. 
Por otra parte, considero que será un trampolín y un fuerte incentivo para trabajar por la consecución de la clasificación de «buena» o «excelente». 
Respecto a la clasificación de las aguas costeras, respaldamos la distinción entre estas y el agua dulce, ya que las aguas costeras tienen menores niveles de contaminación admisibles que las aguas de interior. 
. Acojo con agrado este informe y las normas para el control y la clasificación de la calidad de las aguas de baño. 
No podemos permitirnos que se relajen las normas de calidad. 
Apoyo el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente a la propuesta de que la categoría del agua sea «suficiente» en lugar de adecuada. 
También rechazo cualquier relajación de las normas de calidad para las aguas interiores, en comparación con las aguas costeras. 
Irlanda cumple aproximadamente el 98 % de lo estipulado en la actual Directiva, pero es evidente que no se está haciendo lo suficiente para garantizar que la calidad del agua sea adecuada, ni tampoco en el caso de las normas medioambientales en general. 
La sentencia dictada el pasado mes por el TJCE, en la que afirmaba que Irlanda incumple la principal directiva comunitaria sobre gestión de residuos, constituyó una crítica irrefutable al historial medioambiental del Gobierno. 
La Comisión ha confirmado también que Irlanda todavía no ha entregado su informe sobre la aplicación de la legislación europea sobre vertederos correspondiente a los años 2001-03. Además, la Comisión está estudiando la posibilidad de iniciar otros procedimientos de infracción. 
Esta deficiente actuación del Gobierno irlandés nos proporciona pruebas más que suficientes de que la calidad de los controles medioambientales está muy lejos de ser buena y espero que la aprobación, en el día de hoy, del informe Maaten permita ampliar la presión sobre Irlanda para que mejore esa situación. 
. 
Los diputados que suscriben el presente han votado en contra de la enmienda 27 del informe Maaten sobre la calidad de las aguas de baño, debido a que de acuerdo con estudios epidemiológicos existen diferencias entre las aguas costeras y las aguas continentales. 
Según estos estudios, los peligros que entraña la contaminación fecal para los niños (el grupo más vulnerable) proceden de varias bacterias. Por lo tanto, tiene sentido mantener la diferencia entre las aguas costeras y las aguas continentales, que en realidad es lo que el Consejo ha propuesto. 
Los diputados abajo firmantes han votado en contra de las enmiendas 5, 7, 8 12 y 32 porque están a favor de la existencia de la categoría de «suficiente» para clasificar a las aguas de baño. 
Esta clasificación de «suficiente» posibilitará evaluar un tramo de aguas de baño sobre una base gradual y escalonada. Por consiguiente, si estas aguas cumplen la directiva, tendrán la oportunidad de ser promovidas a los niveles de «buena» y «excelente». 
Sin embargo, nos oponemos a eliminar la distinción entre aguas costeras y aguas continentales, ya que esto significaría que ciertas zonas de baño en Portugal, como las playas de ríos, se clasificarían como sucias, a pesar de que son adecuadas para que se utilicen, y no han dado lugar a problemas sanitarios públicos. Estudios epidemiológicos han demostrado que, de hecho, existen diferencias entre estos dos tipos de agua. 
En este ámbito, como en otros, es por lo tanto esencial tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
En cuanto a la clasificación de «suficiente» , solo sería aceptable si esto se hubiera considerado un requisito de calidad mínimo, que debería mejorarse en un plazo límite ajustado y concreto, lo que no ha sido así. 
De modo similar, adelantar la fecha de clasificación da lugar a problemas con respecto a la Directiva marco sobre política de aguas. 
Acojo con satisfacción las medidas sobre información pública y planes de emergencia para zonas que se encuentran afectadas con regularidad por inundaciones y, por lo tanto, hemos apoyado estas propuestas. 
. 
El 21 de abril, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó 34 enmiendas a la posición común del Consejo sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
Me opongo enérgicamente a la enmienda 27, que pretende eliminar la distinción entre «aguas costeras» y «aguas continentales» en el Anexo I. Portugal ha mantenido una clara distinción entre las dos, dado que estudios epidemiológicos han demostrado que existen diferencias con respecto a los indicadores de calidad y los niveles de actividad bacteriológica, utilizando una serie de métodos diferentes. 
Por lo tanto, la conclusión es que si los indicadores de bacterias son diferentes y funcionan de forma diferente, los dos tipos de agua exigen unos criterios de evaluación epidemiológica diferentes. 
No veo ninguna razón para tomar decisiones que van en contra de las recomendaciones hasta la fecha hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los estudios científicos sobre los cuales se basan estas recomendaciones, que indican que hay que hacer una distinción entre «aguas costeras y aguas transitorias» , en especial debido a que en Portugal alrededor del 21 % de las aguas de baño que actualmente son conformes perderían su clasificación. 
Por lo tanto, no puedo apoyar esta propuesta del Parlamento. 
. –He votado en contra de todas las enmiendas del informe Maaten tendentes a una reglamentación excesiva. 
El público debe ser informado de la calidad de las aguas de baño, y su calidad ha de mejorar. 
Pero también hay que confiar en la inteligencia y el juicio de los seres humanos, en particular para la práctica de las actividades recreativas. 
La normativa referente a los criterios que deben aplicarse a la calidad de las aguas de baño en los centros europeos de veraneo costero es un asunto que compete no a la UE, sino a cada uno de los Estados miembros. 
La propuesta del Parlamento no ha tenido en cuenta los principios de subsidiariedad ni de proporcionalidad. 
Más allá de la posición que adoptemos por principio, dado que la gestión de la calidad de las aguas de baño no es algo que competa a la UE, consideramos que la propuesta del Parlamento es más burocrática y compleja que la del Consejo. 
Por lo tanto, hemos votado en contra de la recomendación actual. 
El estado de las aguas de baño varía mucho en la UE y, por lo tanto, no es aconsejable adoptar una directiva que sea aplicable tanto a los países mediterráneos como a los países nórdicos, como por ejemplo Suecia. 
Por consiguiente, nos oponemos a una serie de formulaciones, como por ejemplo la que estipula que es necesario establecer los planes de emergencia de manera que abarquen sucesos como inundaciones, accidentes o problemas de infraestructura, lo que podría repercutir en la calidad de las aguas de baño. 
No estamos a favor de las reglamentaciones detalladas que el Parlamento quiere introducir, como por ejemplo cuando establece que el alcance de la Directiva tiene que ampliarse para incluir más actividades recreativas. 
. 
Este informe sobre la calidad de las aguas de baño es muy importante para mi país. 
La costa portuguesa se extiende a lo largo de muchos kilómetros y el baño en las aguas es un pasatiempo muy popular. 
Lo mismo ocurre con algunas zonas de aguas de baño continentales. 
Los requisitos que se deben cumplir para garantizar el uso seguro de las zonas de aguas de baño designadas abarcan no solo el acceso, las infraestructuras y la seguridad en las playas, sino también, cada vez más, la calidad del agua. 
La calidad de las aguas de baño, por lo tanto, representa una cuestión sanitaria y un indicador importante de la calidad medioambiental y el desarrollo turístico. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la propuesta efectuada en el informe de descartar la distinción entre aguas costeras y aguas continentales, ya que existen diferencias entre estos dos tipos. También me opongo a la eliminación de la clasificación de «suficiente» , que da a los Estados miembros un mayor espacio de maniobra en cuanto a la gestión de la idoneidad de las aguas de baño. 
La adopción de estas dos enmiendas tendría graves repercusiones para Portugal, dados los costes desproporcionados implicados con relación a las ventajas obtenidas. 
Acojo con agrado este informe y espero que se produzcan nuevas mejoras de la calidad de las aguas de baño. Estoy convencido de que es necesario actualizar la Directiva vigente, que ya tiene casi 30 años. 
Hay dos cosas que me preocupan. 
No deseo que se elimine la categoría «suficiente» , puesto que esto haría que algunas playas quedaran relegadas a la categoría de «malas». 
Si fuera así, el público pensaría que las condiciones se han deteriorado, cuando en realidad no se habría producido cambio alguno. 
. 
Los diputados laboristas deseamos que la calidad de las aguas de baño siga mejorando y acogemos con agrado la oportunidad de actualizar la directiva sobre aguas de baño casi 30 años después de su entrada en vigor. 
Sin embargo, no hemos apoyado las enmiendas en dos ámbitos clave. 
En primer lugar, en cuanto a la eliminación de la calidad suficiente, los diputados laboristas no podemos apoyarla porque significaría que algunas aguas de baño que cumplen las normas actuales quedarían repentinamente clasificadas como «malas» (la calidad suficiente que se propone es dos veces más estricta para las áreas costeras que la actual calidad mínima). 
Esto resultaría confuso para el público. 
Es mucho mejor abordar la mejora de la calidad de una forma escalonada. 
En segundo lugar, en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva para incluir las aguas recreativas: los diputados laboristas no podemos apoyar ninguna medida destinada a ampliar el ámbito de la directiva a las aguas recreativas. 
Esa ampliación sería impracticable y generaría costes que no se han calculado, ya que los deportes acuáticos se practican durante todo el año y no solo durante la temporada de baños y el número de puntos de control sería enorme. 
Naturalmente, es necesario y conveniente proteger el medio ambiente con reglamentaciones más estrictas. 
Sin embargo, debido a que no es necesario que una política de esta naturaleza sea incompatible con el desarrollo y el crecimiento económico, las medidas que se tomen en este sentido no tienen por qué acabar, en nombre de la proteción incondicional del medio ambiente y la salud pública, perjudicando a la economía, en particular la industria turística, tan importante para Portugal. 
En este informe, y más concretamente en algunas de las enmiendas que se presentan en el mismo, no se ha encontrado este equilibrio; lejos de ello, algunas de ellas no tienen ninguna base científica. 
Por consiguiente, he votado a favor del informe pero en contra de las enmiendas que, a mi entender, repercutirían negativamente en los intereses nacionales razonables y justificables, como la disposición que descarta la categoría de «suficiente» en la evaluación de la calidad del agua, y la eliminación de la distinción entre aguas costeras y aguas continentales. 
Con esta propuesta de directiva se pretende facilitar las fusiones transfronterizas de sociedades de capitales, si bien acojo con satisfacción que no contemple las sociedades cooperativas. 
Hablando en términos generales, el informe se ocupa más de las propias sociedades que de las repercusiones de la fusión en las vidas de los trabajadores y las regiones, si bien menciona que el proyecto común de la fusión tiene que incluir las repercusiones de la fusión en el empleo y el dictamen de los empleados. 
Sin embargo, no considera que este dictamen sea vinculante, y no contempla que se rechace la fusión si este dictamen es negativo. 
Con respecto al derecho de participación de los empleados, existen algunas contradicciones, lo que significa que incluso algunos aspectos positivos serán difíciles, en definitiva, de poner en práctica, a la vista del contexto del que forman parte. 
Teniendo en cuenta que la cinematografía es parte integral de la cultura y que la cultura es primordial para el desarrollo de los seres humanos, hay que fomentarla y apoyarla con medidas prácticas y, en particular, financieras. 
La industria cinematográfica no debe considerarse exclusivamente una actividad económica, ya que la competencia tiene un efecto negativo y puede diluir los elementos culturales y educativos de la cinematografía. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que hay que conservar el patrimonio cultural de la cinematografía europea, «fomentando políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en el campo de la conservación y restauración de obras cinematográficas» , pero con una finalidad cultural y educativa, rechazando la competitividad como factor principal. 
El establecimiento de la «obligación legal» de depositar el original es otra medida que se acoge con satisfacción para la conservación de la memoria colectiva y la identidad de las personas. 
Estas medidas tienen que formar parte de un marco de cooperación entre los Estados miembros, en el ámbito de la diversidad cultural que caracteriza las diferentes regiones, países y pueblos de Europa. 
La obsesión por la competitividad socava la creatividad y la naturaleza artística, debido a las presiones del mercado y a las exigencias de los capitalistas, cuya mentalidad está orientada a la obtención de beneficios. 
Por lo tanto, hay que elaborar una política que establezca medidas prácticas que apoyen al sector audiovisual, lo que reducirá la dependencia del sector en el respaldo privado y hará que sea menos dependiente de las contradicciones inherentes al mismo. 
Naturalmente, la preservación del patrimonio cultural es muy importante. 
Sin embargo, creemos que se trata de una cuestión que debe abordarse no por la UE, sino por los Estados miembros, y que podemos tener plena confianza en la manera en que estos tratarán esta cuestión. 
Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe, puesto que creemos que no era necesario que el Parlamento Europeo abordara para nada esta recomendación. 
. – proteger mejor el patrimonio cultural europeo, Europa quiere implantar medidas de conservación y protección excepcionales que permitan preservar el patrimonio cinematográfico y favorezcan la defensa de las identidades lingüísticas, culturales y artísticas de nuestro viejo continente. 
Una de las recomendaciones propone extender el beneficio de las ayudas estatales al cine. 
Se trata, de hecho, de prolongar la «excepción cultural» y prorrogar este estatuto de excepción, que es la transposición exacta de lo que defendemos en Francia, es decir ¡la preferencia nacional! 
La Comisión ha decidido prorrogar por tres años el régimen actual de ayudas públicas a las obras cinematográficas y televisadas, aun cuando convenga evaluar y reformar estos dispositivos, que distan mucho de ser totalmente satisfactorios. 
En estas condiciones, ¿por qué limitar esta protección a la cultura y no hacerla extensiva al textil, la agricultura, la siderurgia, la construcción naval, etc.? 
¿Acaso la lógica internacionalista de la Comisión no condena en última instancia esta moratoria, que falsea la libre competencia? 
Solo una defensa clara de la preferencia nacional y europea preservará a Europa del ultraliberalismo mundial. 
He decidido votar en contra de este informe porque no creo que la UE deba ejercer un control sobre estas cuestiones culturales. 
El informe se inclina demasiado en interferir allí donde no le llaman. 
Pertenece a cada país individual gestionar la manera en que se regula una película. 
. –Me he abstenido en la votación sobre la mejora de la protección de los puertos, porque este Parlamento, como de costumbre, ha sobrecargado y complicado inútilmente unos procedimientos que en cualquier caso entran en el ámbito de la subsidiariedad. 
Naturalmente, es necesario que existan estrictos requisitos de seguridad para los puertos europeos. 
Lo reconocemos. 
Sin embargo, nos preguntamos si existe algún peligro de que un Estado miembro, como pueden ser los Países Bajos, lleve mal la seguridad del puerto de Rotterdam, que es tan crucial para la vida económica del país. 
Esta directiva ha sido concebida de tal manera que existe el peligro de que dé un duro golpe a puertos más pequeños, lo que tendría como consecuencia que tuvieran que aplicar un número desproporcionado de medidas costosas para continuar sus actividades. 
Debido a que estos puertos a menudo están situados en regiones económicamente más débiles, esto conllevaría consecuencias lamentables para las regiones. 
Queremos que esta directiva se revise y se adapte desde la perspectiva de los puertos más pequeños. 
. –Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han situado la cuestión de la seguridad del transporte en primera línea del quehacer político. 
Los puertos, como eslabones esenciales de la cadena de transporte que comunica los flujos de mercancías y pasajeros por mar y tierra, deben ser objeto evidentemente, tal como propone la Comisión, de medidas de protección. 
No puedo sino aprobar una iniciativa como esta, como diputado europeo elegido de la gran región noroccidental, en la que están afectados más de una quincena de grandes puertos de comercio marítimo indispensable para la vida económica local y nacional. 
Francia es sensible a este expediente, pues tiene tres fachadas marítimas especialmente bien expuestas. 
El Canal de la Mancha en el norte (los puertos de Le Havre, Dunkerque, Calais, Boulogne o Rouen) , la costa atlántica (los puertos de Burdeos, Nantes, Saint-Nazaire o La Rochelle, que son puertos de entrada para el comercio con el este, el norte y el sur de Europa) y, por último, la costa Mediterránea (el puerto de Marsella-Fos). 
Estas medidas de protección no deben limitarse evidentemente a las terminales portuarias, sino abarcar también el conjunto del puerto y de las actividades asociadas. 
. 
Quiero felicitar a la señora Hennis-Plasschaert por su informe importante y oportuno sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de mejora de la protección portuaria, que apoyo plenamente, en especial la propuesta de establecer un nivel de protección común en todos los puertos comunitarios. Sin embargo, los Estados miembros tienen que ser libres de establecer diferentes niveles de protección acordes con el volumen de riesgo en los puertos, y definir el perímetro de cada puerto conforme a esta Directiva y sus zonas adyacentes. 
También creo que es crucial examinar los costes involucrados en las medidas propuestas y quién tendrá que pagar, para garantizar una igualdad de condiciones para todos los afectados. 
No estoy de acuerdo en que sea necesario aprobar una legislación comunitaria en este ámbito, puesto que debería ser responsabilidad de los Estados miembros decidir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de los puertos. 
Además, ya existe un código de conducta de la OMI sobre este tema. 
La Unión Europea afirma que el código de conducta de la OMI no es legalmente vinculante y se ha elaborado una propuesta de directiva comunitaria, contra la que he votado. 
Las enmiendas 5, 6, 7, 30 y 45 tenían por objeto suavizar la incidencia de esta directiva, permitiendo a los Estados miembros tener más autoridad sobre las medidas propuestas. 
Yo habría votado a favor de esas enmiendas si no se hubiera realizado una votación conjunta, pero me parecía imposible apoyar el resto de las enmiendas de ese bloque. 
.– La Directiva de mejora de la protección portuaria se deshace de la Directiva sobre la liberalización de los servicios portuarios, ataca los salarios y el empleo y los derechos sociales de los trabajadores y vende puertos a los navieros, a los industriales y a los monopolios para incrementar los beneficios de las grandes empresas. 
Con el pretexto del terrorismo, la directiva en cuestión se utiliza para crear centros de trabajo marginados, reforzar los mecanismos represivos y atacar las libertades colectivas e individuales de los trabajadores en los puertos y en los buques. 
El Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de la directiva reaccionaria de mejora de la protección portuaria. 
Pedimos a los trabajadores que actúen conjuntamente contra la política antipopular de la UE, que luchen para defender y ampliar sus derechos, para cambios radicales, para puertos que pertenezcan al pueblo para la prosperidad del pueblo. 
La resolución sobre el asesinato de Robert McCartney identifica al IRA como responsable del asesinato, a pesar de que la cuestión aún no se ha decidido en los tribunales. 
Es absurdo que el Parlamento Europeo se erija a sí mismo en juez sobre una cuestión delicada que puede afectar al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Por lo tanto, hemos optado por abstenernos a la hora de votar sobre esta resolución. 
. Hemos votado a favor de la resolución del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el caso McCartney. 
Nos hemos abstenido de votar sobre la resolución de otros Grupos. 
Esta resolución contiene muchos puntos sensatos, pero su base, en el artículo 1, es que el asesinato fue político y organizado por el IRA. 
Este probablemente no sea el caso, y la investigación policial no ha concluido. 
Esto introduce un desequilibrio de la resolución en su conjunto. 
. 
El Grupo GUE/NGL deplora y condena el asesinato de Robert McCartney y pide que se haga justicia. 
Deseamos hacer llegar nuestras condolencias a la familia McCartney y recalcar que merecen todo nuestro apoyo en su afán de justicia. 
El GUE/NGL pide a los responsables que asuman la responsabilidad de sus acciones y a quienes presenciaran cualquiera de los acontecimientos relacionados con el asesinato que se presenten y faciliten información a la policía o de cualquier otra forma que pueda ser útil para conseguir que los asesinos de Robert McCartney sean puestos a disposición de la justicia. 
Respetando lo dicho por las hermanas de Robert McCartney en su visita al Parlamento Europeo el pasado 6 de abril, en el sentido de que este asesinato no tuvo una motivación política, sino que se trató de un acto delictivo que debe ser perseguido y cuyos responsables deben ser puestos a disposición de la justicia, el GUE/NGL hizo todo lo que estuvo en su mano para acordar una resolución común con los demás grupos políticos. 
Lamentamos profundamente que no estuvieran dispuestos a llegar a compromisos, prefiriendo usar la resolución para centrarse en la situación política en el norte de Irlanda. 
El Grupo GUE/NGL está dispuesto a tratar este asunto en el Parlamento Europeo, pero la resolución votada hoy no es la forma correcta de hacerlo. 
Por lo tanto, nos hemos abstenido en la votación final y nuestra posición queda muy clara en la resolución propuesta por nuestro Grupo. 
Me complace esta votación en apoyo de las hermanas de Robert McCartney en su lucha para llevar a sus asesinos ante la justicia. 
Su valor nos da esperanzas para el cambio y la reconciliación en Irlanda del Norte. 
Los Estados democráticos tienen una manera de abordar el terrorismo que pasa por sus sistemas judiciales. 
Las sociedades libres tienen una manera de tratar a aquellos que usan el terror y la «justicia» privada como su arma, y es la de rechazarlos de plano. 
Todos lo que quieran representar políticamente a los ciudadanos tienen que seguir estas reglas. 
No puede haber excepciones. 
Aparte de la tragedia familiar personal que el asesinato de Robert McCartney representa, también es un ejemplo perfecto de que tenemos que defender estos principios sin reservas. 
Aunque no compete al Parlamento involucrarse en procesos judiciales nacionales, estos valores son tan importantes que voy a votar a favor. 
Los miembros del Partido por la Independencia del Reino Unido apoyamos la valiente lucha emprendida por la familia McCartney para que se haga justicia tras el asesinato de su hermano, Robert. 
Sin embargo, no podemos apoyar el uso de dinero de la UE en un proceso civil en Irlanda del Norte. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral al Consejo sobre la Estrategia del Consejo para el Seminario de Expertos Gubernamentales sobre el Cambio Climático (B6-0234/2005), 
y la pregunta oral a la Comisión sobre la Estrategia de la Comisión para el Seminario de Expertos Gubernamentales sobre el Cambio Climático (B6-235-2005). 
. 
Señor Presidente, señor Schmit, señor Comisario, es cierto que la política climática no solo importa a la Unión Europea, sino a todo el mundo en general, por lo que prestarle atención constituye una labor global. 
Sin embargo, antes de que presionemos con el debate sobre el tema de Kyoto, Europa debería preguntarse qué objetivos ha establecido y cuáles ha alcanzado. 
O quizás al revés: ¿qué objetivos debemos establecer para el futuro y con qué medios podemos alcanzarlos? 
Dentro del debate relativo a Kyoto ¿hemos conseguido implicar a los países que no han firmado el Protocolo? 
En cualquier caso, el Tratado de Kyoto es moralmente vinculante para todos nosotros, ya que todos compartimos la responsabilidad de las políticas que adoptamos con respecto al clima de este planeta. 
Por este motivo quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que nos expliquen cómo se están preparando para este nuevo paso para después de 2012, y si están dispuestos a tomar la iniciativa para encontrar nuevos hombros que soporten la carga de Kyoto. 
¿Están buscando ustedes otros socios y participantes en este proceso conjunto? 
Por supuesto, los países que tengo en mente son la India, China, Brasil y los Estados Unidos. 
Si esta Asamblea cree que se puede provocar que un país realice avances amenazándole con una citación judicial, desde mi punto de vista se equivoca. 
Solamente se puede llevar a alguien ante los tribunales si todos los argumentos están a favor de uno sin que quepa la menor duda. 
Me parece mucho más recomendable y prometedor poner a estos países en una situación en la que tengan que adoptar medidas y motivarles a que dejen de enfurruñarse y poner excusas unos por otros, y en su lugar digan «sí, compartimos una misma responsabilidad». 
Señor Comisario, Presidente en ejercicio, hay otra cuestión que quisiera retomar. Se trata de en qué grado están ustedes dispuestos no solo a implicar a otros países y a participar de forma activa en un diálogo con estos, sino también a otros sectores. 
Pienso, por ejemplo, en la política de transportes, la calefacción de hogares particulares... 
Sí, se trata de algo que estamos pidiendo desde hace tiempo, pero a lo que ustedes no han prestado la menor atención. 
Entonces es necesario que todos estos sectores se impliquen. 
No cabe duda de que habrá problemas; por este motivo, cuando le dije al Ministro alemán de Medio Ambiente –uno de los aliados de su partido político– que debía pedir esto, su respuesta fue que no podría, ya que si lo hiciese perdería inmediatamente su puesto. 
Sin embargo, es precisamente por este motivo por el que debería hacerlo. Así que, señor Comisario, ¿qué sectores desea incluir usted? 
También creo que deberíamos tener el valor de tratar la cuestión de la calefacción en los hogares privados, además de los restantes elementos de nuestras casas que desprenden calor y que constituyen una tercera parte del total de emisiones de CO2. 
¿Hasta qué punto está usted dispuesto a poner de relieve nuevos modos para afrontar esta situación? 
Los ejemplos son muy simples, pero en lugar de aplicar una única norma a todos, lo que tenemos que proporcionar a los socios que se unan a nosotros en Kyoto son objetivos y dejar que ellos mismos elijan el modo en que quieren alcanzarlos. 
Después de todo ¿quién habría creído que la República Federal de Alemania, por poner un ejemplo, habría ahorrado un equivalente a 21 millones de toneladas de CO2 en los últimos 15 años mediante una política de residuos bien pensada? 
Sin embargo, realmente podemos conseguir cosas si estamos dispuestos a motivar a estos países para que se involucren. 
A modo de observación final, ¿por qué ya no existe ninguna referencia a la agricultura en toda esta cuestión? 
Con esto no me refiero a castigar al sector –esa es la política de los Verdes, que siempre he considerado equivocada– sino a motivarlo. 
No está escrito en ningún lugar que los agricultores solamente deban plantar cultivos de raíces y tubérculos, cereales, colza o viñas; también podrían cultivar plantas modificadas genética o biológicamente que absorban grandes cantidades de CO2 y solamente lo devuelvan a la atmósfera en pequeñas cantidades cuando sean posteriormente quemadas. 
También en este caso existen enormes oportunidades de futuro y espacio para la imaginación. 
Señor Comisario, quisiera instarle a usted y al Presidente en ejercicio del Consejo a que tomen la iniciativa y sean optimistas a la hora de afrontar esta cuestión, de forma que, por el bien de nuestros hijos, finalmente podamos adoptar las medidas necesarias para hacer que este continente sea seguro con respecto a las emisiones de CO2. 
. Creo que en primer lugar debo dar las gracias al señor Florenz por su pregunta, pero también por su intervención, en la que ha definido bien el reto del cambio climático y ha dejado entrever asimismo soluciones a este problema, que constituirá o puede constituir al final una amenaza para la humanidad. 
Creo que Europa se ha convertido en un auténtico líder en este terreno. 
Hemos conseguido mostrar el camino aplicando el Protocolo de Kyoto, pero también sabemos que no podemos quedarnos aquí, que debemos seguir desarrollando las políticas que hemos aplicado sobre la base del Protocolo de Kyoto. 
Y si hay que encontrar soluciones con nuestros interlocutores a escala internacional, también debemos encontrarlas en nuestros países, como tan bien ha dicho usted. 
Pienso que, como ha demostrado el Consejo Europeo de marzo, el cambio climático es sin duda un desafío importante para Europa, como por lo demás para todos los países industrializados o en vías de industrialización, pero ofrece también a nuestras industrias nuevas posibilidades y perspectivas. 
Hablar de competitividad de la economía europea no excluye en absoluto superar este desafío desde el punto de vista industrial. 
Está muy claro que Europa puede explotar su papel motor para convertirse en una potencia industrial en las tecnologías de desarrollo y, en particular, en el ámbito de las energías alternativas; por lo que respecta al ahorro energético, Europa puede, cooperando con otros interlocutores, y en particular con países como China, que empieza a conceder mayor importancia a estas cuestiones por distintas razones, en particular de orden climático, consolidar su liderazgo y sacar de ello más partido económico. 
Creo, por tanto, que competitividad y protección del medio ambiente, así como competitividad y solución del problema climático, son totalmente compatibles. 
Por otra parte, el Consejo comparte cierto número de análisis que el Parlamento desarrolla en su resolución sobre este tema. El seminario de expertos gubernamentales constituye a este respecto una cita importante: de algún modo, representa una nueva etapa en la elaboración de un futuro régimen climático para después de 2012. 
En efecto, en este seminario, las partes procederán a un intercambio de puntos de vista sobre las políticas y las iniciativas actuales, así como sobre las futuras medidas de adaptación y atenuación que deben tomarse frente al problema del cambio climático. 
La contribución de la Unión Europea a este seminario es, por consiguiente, un elemento importante de su estrategia en la perspectiva de unas negociaciones formales destinadas a elaborar un régimen post-Kyoto. 
El Consejo Europeo, reunido los días 22 y 23 de marzo de 2005 –ya he hablado de él en el contexto del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa–, adoptó elementos clave que revisten una importancia esencial para el diseño del futuro régimen climático. 
Confirmó que, para alcanzar el objetivo esencial del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el aumento de la temperatura media anual mundial en superficie no debe exceder de 2 ºC con respecto a los niveles de la etapa preindustrial. 
Además, acogió con agrado la comunicación de la Comisión titulada «Vencer el cambio climático planetario» y, a este respecto, insistió claramente en la necesidad de dar un nuevo impulso a las negociaciones internacionales, explorando las opciones para un régimen para después de 2012 y garantizando la cooperación más amplia posible de todos los países. 
Además, destacó que procedía elaborar una estrategia de la Unión Europea a medio y largo plazo que sea compatible con el objetivo de los 2 °C y, a este respecto, creo que responde plenamente a las preocupaciones que usted ha expresado y que recoge las soluciones propuestas en los distintos sectores a los que usted ha aludido. 
Durante una visita efectuada por la Troika a los Estados Unidos los días 18 y 19 de abril de 2005, y creo que el Comisario puede hablar de ello, se llegó a un acuerdo para explorar los medios de relanzar las actividades del Grupo de alto nivel Unión Europea-Estados Unidos a fin de examinar políticas de lucha contra el cambio climático. 
Puedo afirmarles que el Presidente de los Estados Unidos ha asegurado al Presidente en ejercicio del Consejo Europeo que los Estados Unidos van a adoptar un enfoque más abierto y sensible a estos problemas. 
Están previstos para los próximos meses contactos con otras partes importantes que intervienen en el proceso relativo al cambio climático, y citaré en especial a China y a la India. 
La cuestión del cambio climático figura asimismo en un lugar destacado del orden del día del G8 y sé que la futura Presidencia británica considera este problema una de sus prioridades. 
El Parlamento Europeo tiene sin duda un papel importante que desempeñar en los esfuerzos que realizaremos en común para llegar a un acuerdo en torno a un futuro régimen climático. 
El Consejo está muy interesado en conocer el punto de vista del Parlamento sobre el marco para después de 2012 y espera asimismo que el Parlamento siga participando en las reuniones internacionales. 
Además, el Consejo pide al Parlamento que le ayude a sensibilizar mejor a la opinión pública europea y a los Parlamentos nacionales de la Unión Europea y de otros lugares. 
En efecto, no es raro que encuentren en otros foros parlamentarios a diputados de países afectados por este problema, un problema que debe preocuparnos a todos. 
Señor Presidente, tras la extremadamente informativa intervención del Ministro Schmit, quisiera añadir varios comentarios y quizás retomar algunas de las cuestiones planteadas por el señor Ministro. 
En primer lugar quisiera dar las gracias al, el señor Florenz, por proporcionarnos la oportunidad de debatir sobre el cambio climático y, concretamente, sobre la estrategia de la Unión Europea para el seminario de expertos gubernamentales sobre el cambio climático que se reunirá en Bonn la próxima semana. 
Comparto la opinión del Parlamento de que el seminario es una medida muy oportuna para establecer las disposiciones futuras respecto al cambio climático. 
Por lo tanto, la contribución de la Unión Europea a este seminario constituye una parte importante de nuestra estrategia, cuyo objetivo es obtener el mandato de abrir las negociaciones oficiales sobre el desarrollo de estas disposiciones. 
El 9 de febrero, la Comisión aprobó su comunicación titulada «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial». 
Esta comunicación, que también está dirigida al Parlamento Europeo, contiene las recomendaciones iniciales de la Comisión sobre la estrategia de la Unión Europea para después de 2012. 
Los elementos básicos de la comunicación en cuestión fueron adoptados por el Consejo de Medio Ambiente el 11 de marzo y por el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo, como ya ha mencionado el señor Schmit. 
Además de definir los elementos que incluirán disposiciones futuras, el comunicado enumera también medidas específicas que es necesario adoptar en el sentido de estas disposiciones. 
Por orden de importancia, lo primero es la necesidad de investigar, conjuntamente con los socios fundamentales y durante este año, el potencial de una estrategia para después de 2012 y propiciar un clima favorable para abrir las negociaciones oficiales sobre disposiciones futuras. 
Como ha dicho el señor Schmit, hace tres semanas, mis colegas de Luxemburgo y el Reino Unido y yo visitamos los Estados Unidos y el resultado de estas conversaciones verdaderamente constructivas –como ha reconocido usted, señor Florenz, ya que hemos podido hablar de todo esto de antemano– fue que estuvimos de acuerdo en encontrar formas de reiniciar y reactivar el grupo de alto nivel Unión Europea/Estados Unidos, con la idea de examinar las políticas destinadas a combatir el cambio climático. 
También hemos programado contactos con otros países para los próximos meses. 
El cambio climático ocupa asimismo una posición importante en la agenda del G8, mientras yo personalmente he tenido conversaciones no oficiales con mis homólogos representantes de nuestros socios básicos dentro del marco de las reuniones del G8 y en las Naciones Unidas durante los debates sobre el desarrollo sostenible. 
Nos hemos reunido, conjuntamente con el señor Lux y Lord Whitty o por separado, con representantes, con Ministros de China, Brasil, España, Sudáfrica, Australia y Rusia, y hemos tomado nota de sus reacciones iniciales. 
Lamentablemente, no pudimos reunirnos con el ministro indio, a pesar de que intentamos reunirnos con él en las reuniones celebradas por el G8 en Inglaterra, además de en Nueva York. 
Al mismo tiempo, intensificamos numerosas conversaciones y contactos informales en el plano técnico. 
En lo que respecta al seminario de expertos gubernamentales, se trata de una importante oportunidad de ampliar estos contratos en este nivel a través de un diálogo abierto dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
Conforme a la estrategia de la Comisión, el objetivo de la Unión Europea para este seminario es generar un clima de confianza, debatir y buscar puntos en común, además de transmitir los mensajes adecuados, no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los agentes globales. 
Quisiera señalar aquí que muchos países se escudan –al menos lo han hecho hasta el momento– tras de la negativa de los Estados Unidos para evitar debatir la cuestión del cambio climático. 
La Unión Europea no hará lo mismo. 
Transmitirá los mensajes adecuados al presentar nuestras opiniones y esforzarse por obtener las opiniones de otros sobre los temas importantes planteados en la comunicación de la Comisión. 
Quisiera manifestar mi acuerdo con el señor Florenz en que también necesitamos incluir a otros sectores, si queremos poder luchar contra el cambio climático de forma más efectiva, incluido el sector del transporte. 
Como he dicho antes, la Comisión está preparando una comunicación para el próximo junio sobre la cuestión del transporte aéreo, cuya contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero va en constante aumento. 
Estamos examinando tres soluciones alternativas: impuestos, inclusión en el régimen de comercio de gas o tarifas pagadas por el usuario. 
De igual modo debemos decir que la nueva política agrícola respalda la producción de biocarburantes y, por supuesto, el sector de la vivienda y el de la construcción en general son sectores muy importantes en los que podemos conseguir resultados significativos. 
Para concluir, quisiera decir que se solicita al Parlamento que desempeñe un papel importante en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre disposiciones futuras relativas al clima. 
La Comisión está especialmente interesada en sus opiniones sobre los problemas y las recomendaciones para la estrategia de la Unión Europea, tal como se presenta en nuestra comunicación. 
También cuento con que su cooperación y participación activa en los congresos internacionales tenga continuidad. 
Por otra parte, solicito el apoyo del Parlamento para concienciar aún más al público de la Unión Europea, así como a sus homólogos en otros países. 
Han hecho un excelente trabajo en Buenos Aires y desearía que este buen trabajo continúe con las mismas demandas por parte del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a todos los oradores, especialmente al señor Schmit y al señor Dimas, por sus intervenciones. 
Es muy positivo que usted irradie cierto optimismo sobre esta difícil cuestión, tanto respecto al problema en su conjunto como, concretamente, acerca de su interpretación del señor Bush. 
Ojalá yo pudiera ser tan optimista. 
Hace tan solo unos días, George W. Bush pronunció un discurso sobre energía y cambio climático que lamentablemente no mostraba ningún cambio real en la dirección adecuada. 
Sin embargo, por supuesto estoy de acuerdo con usted en que el diálogo con los Estados Unidos es muy importante, ya que sin su participación activa, el trabajo sobre el cambio climático nunca puede ser realmente eficaz. 
Por supuesto, también es igual de importante celebrar diálogos –concretamente de naturaleza estratégica– con los grandes países en desarrollo, como China y la India. 
Hace poco supe que China prevé construir 800 grandes centrales eléctricas de carbón en los próximos diez años. 
Las emisiones procedentes de estas eclipsarán completamente lo que hagamos en Europa. 
Por supuesto, la respuesta es que los países en desarrollo no necesariamente deben seguir la misma ruta que nosotros hemos seguido en el desarrollo energético. 
No es necesario que repitan nuestros errores y, en interés de todos, debemos ofrecerles condiciones favorables para invertir en la mejor tecnología posible. 
Sobre esta cuestión, lamentablemente me veo obligado a decir que el MDL, es decir, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, no es suficiente. 
Debemos plantear algo mucho más ambicioso y radical que esto. 
La situación es grave, ya que los últimos informes científicos indican que el sistema climático puede ser mucho más vulnerable que lo que inicialmente pensábamos. 
Será mucho más difícil mantenernos en el incremento de temperatura de dos grados establecido por la UE como objetivo y evitar un peligroso cambio climático. 
Por ese motivo es tan importante la cumbre de Bonn, ya que ustedes podrán establecer una base para el período posterior a 2012. 
Nuestra resolución indica la necesidad de objetivos a corto y largo plazo para las emisiones. 
También creemos que estos objetivos deben ir acompañados de programas mucho más ambiciosos en términos de desarrollo de nuevas fuentes de energía y aumento de la inversión en eficiencia energética. 
Hay una serie de aspectos en esta materia que debemos retomar y respecto a los cuales debemos idear objetivos prácticos. 
Quiero desear al Consejo y a la Comisión buena suerte en Bonn, y espero que vuelvan con informes positivos de modo que podamos hacer este trabajo de forma constructiva para el futuro y, como ha señalado el señor Florenz, aceptar nuestra responsabilidad por las generaciones venideras. 
. Señor Presidente, también yo quisiera dar las gracias al señor Florenz y al señor Wijkman por tomar la iniciativa de plantear este debate. 
Señor Comisario, el calentamiento global se está haciendo realidad mucho antes de lo previsto. 
Nos enfrentamos a la doble tarea de adaptarnos al cambio climático y, al mismo tiempo, de mantenerlo en el mínimo absoluto. 
Dado este enorme reto, el resultado de la Conferencia Climática de Buenos Aires fue especialmente decepcionante. 
Por supuesto, es positivo que un seminario tratase de mantener en su curso el proceso de Kyoto y que la UE tuviese su propio método, además de que el seminario que se celebrará la próxima semana en Bonn trate sobre las medidas de futuro, pero el resultado es lamentablemente pobre. 
Debemos llegar a la conclusión de que la UE está cada vez más aislada, y que la urgencia que se siente en Europa no se comparte en otras partes del mundo. 
La UE deberá ser constructiva en Bonn si desea afianzar una coalición internacional mucho más fuerte, y allí deberán presentarse propuestas sólidas, productivas y bien fundamentadas. 
Señor Comisario, quisiera plantearle cuatro puntos que, desde nuestra perspectiva, pueden contribuir a alcanzar una coalición internacional constructiva. 
En primer lugar, debemos dedicar mucho más esfuerzo a la adaptación y a ayudar a otros, concretamente a los países en desarrollo, a que se adapten. 
La adaptación no es simple, pero definitivamente la ayuda no debería limitarse a los desastres importantes. 
Dado que la adaptación como estilo de vida es trascendental, deben elaborarse programas creíbles. 
En segundo lugar, con respecto a la transferencia de tecnología que ya ha mencionado el señor Wijkman, debemos abandonar nuestras reservas ideológicas sobre el mecanismo para el desarrollo limpio y optar por la inversión en transferencia tecnológica, concentrándonos en una mayor investigación y desarrollo en el área de la tecnología ambiental, tema que me complacerá retomar durante el debate sobre el séptimo programa marco de investigación. 
En tercer lugar, necesitaremos centrarnos mucho menos en el planteamiento nacional y los objetivos dentro de cada país, pero mucho más en los objetivos por sectores. 
En los debates que celebramos como delegación parlamentaria en Buenos Aires, el planteamiento sectorial resultó ser una ruta viable. 
Necesitaremos celebrar diálogos con la industria siderúrgica, del cemento y del papel. 
Considero que la aviación es un sector al que hay que dar prioridad. 
En todos estos sectores, la competencia es mundial, por lo que está claro que deberán establecerse objetivos mundiales basados en la mejor tecnología disponible. 
Por otra parte, el planteamiento sectorial se adapta especialmente a nuestra Estrategia de Lisboa, revisada durante la última cumbre de primavera. 
Por último, aunque para mí es más controvertido decir esto, quisiera pedirles que consideren el papel que puede desempeñar la OMC. 
La Unión Europea debe abrir el debate sobre las medidas de comercio contra los países que no cumplan con sus obligaciones climáticas. 
En ese caso, la política de comercio verde no apunta contra los países en desarrollo, sino contra los países más ricos, lo que de hecho puede ser útil para los primeros. 
Señor Comisario, esperamos de la Unión Europea una política climática internacional con ambición y con el mayor respaldo internacional posible de otros países, de la industria y del público. 
Le deseo mucho éxito en Bonn. 
Todavía hay quien lo quiere negar, pero no nos podemos permitir ocultar la gravedad del problema. 
El cambio climático se deriva de una doble carencia: la escasez física de recursos energéticos y la incapacidad del ecosistema para absorber los flujos de residuos. 
De hecho, es preciso recordar que el cambio climático, con la agravación de los sucesos extremos, genera grandes amenazas para el territorio, que hay que afrontar de inmediato. 
En el contexto actual, resultan necesarios más elementos de seguridad: el Protocolo de Kyoto representa solo una primera respuesta; debemos avanzar y aportar una solución sistemática. 
Sobre la mesa no está solo la cuestión de la producción de energía, sino también los hábitos de consumo de nuestra civilización. 
Lo que más me asusta son las declaraciones procedentes de los Estados Unidos en el sentido de no replantear su estilo de vida. 
Sin embargo, es lo primero que debemos hacer posible en Europa. 
Tomar en serio la civilización del conocimiento quiere decir también cambiar nuestro sistema de vida de forma aún más radical y hacer sostenible nuestro desarrollo. 
Debemos tratar de progresar en la labor por implicar a los demás países, convenciéndonos de que nos encontramos realmente ante la obligación de transformar nuestra sociedad. 
Debemos abandonar la época de los combustibles fósiles; el Protocolo de Kyoto es solo una primera etapa; debemos ir más allá y trabajar con seriedad, porque debemos modificar radicalmente los modos de nuestra sociedad. 
. 
Señor Presidente, el pasado otoño, una revista de negocios finlandesa publicó que si el mundo contase con un director general, este ya habría comenzado a adoptar medidas enérgicas para reducir las emisiones, y desde luego mucho más enérgicas que las de Kyoto. 
Hace tiempo, un artículo publicado en la revista británica expresaba su asombro por la indiferencia que demostraban ante el cambio climático las personas encargadas de la toma de decisiones. 
La revista planteaba si estas pensaban que vivían en un universo alternativo en el que no se aplicaban las leyes de la naturaleza, y afirmaba que nadie mostraría tanta despreocupación ante un riesgo de colapso económico. 
Después de Kyoto, necesitaremos mayores reducciones de las emisiones y la participación de más países. 
También necesitaremos implicar a los principales países en desarrollo económico, como es el caso de China y la India. 
Sin embargo, sobre todo, es el principal contaminador, los Estados Unidos de América, el que debería reconocer su responsabilidad. 
No tiene sentido tratar de imaginar la implicación de China y la India si el país más rico de la Tierra sigue yendo por libre. 
Los países industrializados tienen que reconocer su responsabilidad histórica ante el hecho de que el cambio climático ha comenzado de forma general y, por lo tanto, somos nosotros los que debemos asumir la principal responsabilidad de reducir las emisiones. 
Los países que no han ratificado el Protocolo de Kyoto tratan de adquirir una ventaja competitiva injusta. 
Deberíamos considerar seriamente si podemos, por ejemplo, imponer aranceles protectores sobre las importaciones a Europa de acero producido en los Estados Unidos. 
Las normas de la Organización Mundial del Comercio lo permiten. 
Afortunadamente, la voz de la razón también se está escuchando en los Estados Unidos. 
Muchos Estados han decidido tomar medidas. 
Los Estados del nordeste están comenzando a participar en el comercio de emisiones de dióxido de carbono y desean participar en el programa de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. 
Varios alcaldes se han comprometido a actuar en el ámbito local y están tratando de implicar a 141 ciudades, el mismo número que los países que han ratificado Kyoto. 
Sin embargo, dado que la simple razón no parece ser suficiente para convencer a los Estados Unidos de que asuma una responsabilidad global, debería considerarse seriamente el tipo de acción posible conforme a las normas de la OMC. 
. – Señor Presidente, apoyo totalmente la resolución sobre el cambio climático. 
En febrero, cuatro miembros de nuestro grupo asistieron a la Conferencia sobre el Clima del IPCC celebrada en La Reunión en la que nos quedamos impactados por las conclusiones de los científicos que allí se reunieron. 
Incluso si recurriésemos a todas las medidas enumeradas en la resolución, no podríamos resolver el problema del cambio climático por completo. 
Incluso si adoptásemos todas las medidas posibles dentro del marco de Kyoto hasta 2050, seguiríamos sin poder impedir que la tierra se calentase dos grados y que el nivel del mar subiese medio metro. 
Dado que provengo de los Países Bajos, fijándonos simplemente en el nombre del país, esto me ocasiona cierta ansiedad. 
Si el nivel del mar sube medio metro, gran parte de mi país se inundará si no se hace nada al respecto. 
La costa tal como la conocemos desaparecerá. 
La Haya desaparecerá en el mar y con ella las embajadas de todos los países hoy representados allí, los edificios de nuestro Gobierno, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Yugoslavia y el Palacio de nuestra Reina. 
Puede que seamos un partido republicano, pero no queremos conseguir nuestras metas sumergiendo el palacio real. 
Afortunadamente, los Países Bajos tienen la capacidad técnica para impedir que esto suceda, pero muchos otros países no la tienen. 
La desaparición de franjas completas de costa es inevitable. 
Deberemos prepararnos para ello y por lo tanto insto a la Comisión a que elabore un dictamen al respecto. 
Esto podría iniciarse durante el próximo seminario al que asistirán expertos gubernamentales. 
Quisiera pedir a la Comisión que al menos se atenga a sus propias medidas y directivas, incluidas las relativas a la calidad del aire. 
Dado que estas medidas están comenzando ahora a tomar forma concreta, aumentará la oposición de determinados Estados miembros o sectores y se solicitará moderación, cosa a la que nos oponemos y solicitamos al Parlamento y al Consejo que se mantengan firmes. 
También quisiéramos instales a optar por dar un paso adelante, no a potenciar la energía nuclear, sino a optar por el desarrollo de todas las alternativas posibles, y les pediría que se adhieran al texto de la resolución de forma que la UE pueda seguir desempeñando su papel pionero. 
Señor Presidente, durante los últimos cien años, el mundo ha experimentado un aumento de temperatura de unos 0,6 grados. 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha observado que este cambio afecta principalmente a los más pobres del mundo. 
Quisiera destacar este hecho, ya que en esta Asamblea con demasiada frecuencia vemos los problemas globales desde una perspectiva unilateral europea. 
Son muchos los motivos por los que son principalmente los más pobres los que experimentan los efectos del cambio climático global. 
En parte tienen que ver con el hecho de que en las economías de estos países con frecuencia predominan industrias sensibles al clima, especialmente la agricultura. 
También cuentan con escasos recursos con los que adaptarse a los diversos cambios y protegerse de los mismos, como es el caso de la subida del nivel del mar o la disminución de la lluvia. 
Asimismo hay muy pocos recursos de salud preventiva. 
Por lo tanto es difícil erradicar el riesgo de que surjan brotes de enfermedades relacionadas con el clima, como es el caso de la malaria. 
Los países ricos del mundo necesitan coordinar sus esfuerzos comunes para luchar contra el cambio climático y para trabajar especialmente con medidas preventivas. 
Mi partido considera que la UE debería trabajar en cuestiones ambientales transfronterizas, entre ellas el cambio climático. 
Por ello respaldo las propuestas constructivas y bien planteadas por la UE en este ámbito. 
Al mismo tiempo, quisiera hacer hincapié en que la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas ha sido ratificada por 189 partes. 
Por ese motivo, no podemos operar unilateralmente a través de las instituciones europeas. 
En su lugar, debemos coordinar también nuestras medidas dentro de los marcos de otras entidades internacionales y estar atentos a los órganos competentes de las Naciones Unidas y al Consejo Mundial de la Energía (CME). 
– Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo en que el medio ambiente es un bien inalienable cuyas potencialidades deben gestionarse del mejor modo y cuya continuidad hay que garantizar, y en nuestra opinión y en la del, al que represento, es correcto que la Unión sitúe este tema entre sus prioridades políticas y estratégicas. 
No es posible analizar aquí el mérito científico de la hipótesis de que nuestro planeta esté sufriendo un cambio climático a escala de los tiempos geológicos –hipótesis sobre la cual los investigadores no están de acuerdo–, entre otras cosas debido a la limitación de las observaciones meteorológicas en el tiempo y en el espacio. 
En cambio, existe un amplio acuerdo en que, desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, la elevación media de la temperatura planetaria ha sido una de las causas de alteraciones del ecosistema; baste citar por ejemplo el avance de los procesos de desertización. 
Puesto que se reconoce que el aumento de la temperatura es, al menos en parte, responsabilidad de las actividades humanas, coincidimos en que una aplicación más amplia del Protocolo de Kyoto es un intento útil de limitar dicho efecto. 
Por tanto, pido a la Comisión y al Consejo que prevean cualquier dispositivo capaz de favorecer el absoluto respeto del Protocolo en el ámbito de la UE y consideren cualquier posible medio de presión política y económica sobre los Estados que no han adoptado dicho Protocolo. 
– Señor Presidente, es muy importante establecer las condiciones adecuadas de forma que la política sobre el cambio climático, también basada en el Protocolo de Kyoto, pueda comenzar a producir resultados concretos. 
Estoy de acuerdo con los anteriores oradores en que es necesario que participen los Estados Unidos de América, China, la India, Brasil y otros países. 
Sin embargo, es igualmente importante que se den las directrices adecuadas, de forma que se pueda formular y tratar a largo plazo la política y el avance para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Me ha complacido oír al señor Comisario hablar de una estrategia para después de 2012. 
Esta política debe tener en cuenta el aumento de las necesidades de nuestro planeta y de la presión ocasionada por el aumento de población y nuestras diversas actividades humanas. 
No se puede alcanzar el desarrollo sostenible si no se desarrolla nueva tecnología medioambiental y otras innovaciones, principalmente en los sectores del transporte y la energía. 
Necesitamos promover esta política no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también en el ámbito mundial. 
El seminario de expertos gubernamentales también debe incluir la promoción de las tecnologías medioambientales y la innovación. 
Las medidas destinadas a moderar y ajustar, por encima del aspecto del coste de la productividad, también deben basarse en alcanzar los retos futuros. 
Con este objetivo, se considera que el seminario es útil para identificar los factores que actualmente imponen la mayor carga sobre el medio ambiente y, por lo tanto, para promover las innovaciones y tecnologías medioambientales adecuadas para mitigar estas repercusiones dañinas. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Schmit y al señor Dimas por sus intervenciones optimistas. 
Realmente espero que su análisis sea acertado y que las cosas estén avanzando en la dirección adecuada. 
También quisiera dar las gracias al señor Wijkman por su trabajo en la resolución sobre la que votaremos más tarde. 
Como muchos otros presentes en esta Asamblea, comparto la idea de que la conferencia en la que participarán expertos gubernamentales constituye un extraordinario avance, aunque también quisiera destacar que no puede sustituir a las cumbres celebradas en un nivel político más alto, ya que en ocasiones parece como si tuviésemos un enorme conocimiento pero careciésemos de voluntad política para hacer más por afrontar el cambio climático. 
Espero que esta conferencia pueda contribuir a llamar la atención sobre ejemplos positivos del modo en que puede reducirse el efecto sobre el clima, especialmente en lo que respecta a la planificación social, ya que en ocasiones parece que los problemas climáticos se consideran exclusivamente una cuestión medioambiental periférica para aquellos que tienen un especial interés en ella. 
Sin embargo, es sumamemente importante que integremos este planteamiento en nuestra estructuración y planificación social, porque solamente así podremos conseguir resultados. 
También espero que la conferencia incluya un debate sobre el modo de integrar medidas destinadas a reducir los efectos sobre el clima e impulsar el desarrollo sostenible en el sistema comercial de la OMC, además de en otros acuerdos internacionales. 
Esto es necesario si queremos que más países adopten las medidas necesarias, pero las normas de este tipo también podrían ayudar a reducir el número de transportes que actualmente desempeñan un papel tan importante en provocar grandes problemas climáticos. 
Por ejemplo, en la actualidad, el pescado capturado en el Báltico y el en Mar del Norte se transporta por avión a Asia y se envasa como comida elaborada que vuelve al mismo lugar en que se desembarcó el pescado para posteriormente venderse. 
No es posible que este tipo de transporte pueda tener sentido económicamente ni ser sostenible en modo alguno, y debemos garantizar que la economía se desarrolla de forma que no sea rentable transportar comida de este modo. 
Por último, quisiera desearles suerte en la conferencia, y que hagan todo lo posible para que se sepa que la UE realmente está haciendo algo en este ámbito. 
Necesitamos tomar medidas. 
Necesitamos demostrar a nuestro electorado y a nuestros ciudadanos que estamos haciendo algo en la práctica sobre el mayor desafío al que nos enfrentamos: el cambio climático. 
Señor Presidente, varios de los recientes estudios científicos realizados indican que el cambio climático probablemente está avanzando incluso más rápidamente de lo que pensábamos y que también se necesita una mayor reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero para impedir que ocurra. 
Esto significa que cada vez se nos pide más y que las medidas que debemos adoptar para reducir las emisiones entre un 60 y un 80 % para 2050 –una cifra realista– requerirán políticas energéticas y de transporte muy distintas a las que tenemos en la actualidad. 
Simplemente acabamos de empezar. 
Al mismo tiempo, en esta Asamblea solemos decir que estamos mejor que los Estados Unidos, y es cierto, aunque dada la situación actual eso no es especialmente difícil. 
En Buenos Aires pudimos ver como, en la actualidad, los Estados Unidos no solo se niegan a aceptar su parte de responsabilidad, sino que tratan de impedir la cooperación global en la esfera climática de forma activa. 
Por eso es incluso más importante que la UE se atreva a aplicar una política coherente que implique objetivos de gran alcance. 
También creo que, finalmente, el principal perdedor en esta situación, no solo ecológica sino también económicamente, será los Estados Unidos, ya que sus anticuados y torpes sistemas de energía y transporte le obligarán a realizar ajustes incluso más rápidos y exhaustivos más adelante. 
Señor Presidente, la semana pasada la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó mi enmienda relativa a la Organización Mundial del Comercio en la que propongo que los expertos gubernamentales deberían investigar la posibilidad de imponer sanciones comerciales en el ámbito de esta organización a aquellos países que permanezcan fuera del Protocolo de Kyoto en el futuro, en la fase 2. 
Reconozco que se trata de una declaración dura. 
Sin embargo, conviene tener en cuenta que no se está condenando a nadie a la imposición de sanciones: simplemente proponemos que se investigue esta posibilidad en el futuro. 
Para ello necesitaremos nuevas medidas y tácticas de apertura, que también sean fuertes, en el debate sobre la política climática. 
Por lo tanto me pregunto si no deberíamos adoptar una medida que hiciese que ir por libre fuese imposible e incómodo. 
Con suerte, también se nos revelarán los puntos débiles del Protocolo de Kyoto, de forma que aprendamos una lección y que para 2012 contemos con armas mucho más eficaces para combatir el cambio climático. 
Debemos admitir que Kyoto ha llegado a un punto muerto, ya que el frente global no es el adecuado, en parte porque no existen límites para los países en desarrollo, y en parte porque los principales contaminadores están fuera. 
Esto hace que Kyoto sea ineficaz y provoca la distorsión de la competencia y fugas de carbono. 
Aunque hiciésemos todo lo que está en nuestras manos en la UE, se calcula que en las próximas décadas las proporciones de emisiones de los 25 países de la UE se reducirán a menos del 10 %, mientras que los países en desarrollo aumentarán su parte a más de la mitad del total de emisiones. 
Si no se consigue ampliar el frente, las medidas de la UE no servirán de nada. 
Sin embargo, ni siquiera la UE se librará de mi enmienda de la OMC si no consigue cumplir sus compromisos. 
No cabe duda de que las decisiones políticas y la retórica en la UE se encuentran en buen estado, pero su desarrollo en la práctica se está convirtiendo en un problema. 
El avance en la reducción de emisiones en la UE se ha detenido, ya que las medidas más fáciles para llevar a cabo reducciones ya se han adoptado. 
Nueve de los quince antiguos Estados miembros han superado sus propios objetivos de Kyoto en más de un 20 %. 
Si no pensamos en algo radical, existe el peligro de que también nosotros tengamos que reconocer la desesperanza de esta situación. 
. Señor Presidente, creo que el debate ha demostrado claramente que entre la Comisión, el Consejo y este Parlamento no hay ninguna divergencia de fondo. 
Todos somos conscientes de que la cuestión del cambio climático merece nuestra plena atención y debe ser plenamente integrada en nuestras políticas. 
Precisamente por esta razón, la Presidencia luxemburguesa ha hecho del tema del desarrollo sostenible una de sus grandes prioridades, y hay que precisar, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible, todos los elementos que conciernen concretamente al cambio climático. 
Como ya he dicho, Europa ejerce y debe seguir ejerciendo su liderazgo en este terreno. 
Se hará sin duda bajo la Presidencia británica. 
Es preciso que Europa haga oír su voz clara y enérgicamente en el escenario internacional. 
Creo que con el tiempo ningún país podrá sustraerse a las evidentes exigencias que se nos imponen a todos a este respecto y pienso que si Europa sigue desempeñando su papel en el tema del cambio climático, conseguirá convencer a quienes se muestran hoy más reticentes. 
. Señor Presidente, quiero volver a dar las gracias al Parlamento por esta oportunidad que me brindan para responder a algunas de las preguntas, así como por el debate que hemos mantenido. 
Con respecto a las virtudes y los defectos, las ventajas y las desventajas de ser optimista o pesimista, como han sugerido el señor Wijkman y la señora Westlund, sobre este tema no se debe ser ni optimista ni pesimista, sino realista. 
Debemos intentar trabajar con todos los que se dan cuenta de la importancia del problema, de que se trata de un problema mundial y necesita una solución mundial. 
Con respecto a los Estados Unidos, país mencionado por el señor Sjöstedt, la señora Hassi y la señora Korhola entre otros, debo decirles que, durante nuestras conversaciones con las autoridades de ese país, dejamos muy claro que consideramos que la cooperación en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas tecnologías es muy importante, pero que no vamos a considerarla un primer paso adelante porque es algo sobre lo que de todas formas estamos de acuerdo. 
Nadie rechaza la utilización de nuevas tecnologías, como ha dicho el señor Trakatellis. 
Es preciso que apliquemos nuevas tecnologías para luchar contra el cambio climático. 
Esto lo hemos acordado. 
Es preciso que avancemos. 
Que en el G-8 o en cualquier otro foro se acuerde una cooperación en materia de desarrollo no supone un avance. 
Eso no basta. 
Es preciso que avancemos. 
Hemos dejado eso muy claro a los Estados Unidos porque, como ya hemos dicho antes, otros países se negarán a colaborar y, después de unos años, los países en vías de desarrollo del sur de Asia y de Sudamérica, junto con otros países en vías de desarrollo, producirán muchas más emisiones de efecto invernadero que la de la Unión Europea y los Estados Unidos juntos. 
Necesitamos que todos los países colaboren, que todos vayan en el mismo barco. 
Vamos a seguir una política común, aunque diferenciada, porque no podemos pedir a los países en vías de desarrollo que contribuyan a la reducción de las emisiones tanto como los países desarrollados que, hasta ahora, han causado muchas más emisiones. 
La Comisión reconoce la necesidad de que la Unión Europea mantenga su papel de liderazgo en la lucha internacional y también interior contra el cambio climático, como ha dicho el señor Trakatellis. 
En su Comunicación del 9 de febrero «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial» , la Comisión subrayó la necesidad de ejercer el liderazgo por el ejemplo. 
El señor Prodi afirmó que tenemos la obligación moral de hacerlo. 
Una de las recomendaciones más importantes fue que el Consejo Europeo debe transmitir con claridad que la Unión Europea desea entablar un diálogo abierto con otros países sobre qué nuevas medidas multilaterales son precisas para abordar el problema del cambio climático. 
También se indicaron objetivos, que han demostrado ser una herramienta muy útil en la elaboración de políticas medioambientales. 
Constituyen una orientación clara para los responsables de la toma de decisiones y resultan especialmente útiles para la industria privada. 
Por lo tanto, los objetivos seguirán siendo un elemento central de cualquier política sobre el clima que se apruebe en el futuro. 
Sin embargo, la programación de los objetivos es muy importante. 
La programación exacta debería depender de los avances que realicemos en la consecución de apoyo internacional para el inicio de negociaciones sobre el futuro régimen sobre el cambio climático. 
Una vez que dispongamos de un mandato para iniciar esas negociaciones, la Unión Europea tendrá que estudiar la posibilidad de proponer los objetivos que desea fijar para el periodo posterior a 2012. 
Quisiera responder a la sugerencia realizada por varios oradores de que la Unión Europea utilice medidas comerciales para proteger nuestra industria u otras medidas para contrarrestar la ventaja competitiva de las empresas ubicadas en países en los que no se restringen las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La política climática de la Unión Europea se ha diseñado cuidadosamente para reducir al mínimo los costes de la industria. 
Por eso optamos por el comercio de emisiones. 
Nuestro objetivo debe ser trabajar para elaborar un futuro régimen climático que no solo sea un paso decisivo para ganar nuestra batalla contra el cambio climático, sino que también nos permita hacerlo de una forma que refuerce nuestra competitividad en el ámbito de las tecnologías limpias. 
Ese régimen nos llevará mucho más lejos –también en términos climáticos– que la imposición de sanciones comerciales. 
En lo que respecta a los países en vías de desarrollo, estoy de acuerdo en la importancia de ayudar a esos países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. 
La Unión Europea es el mayor donante a la Declaración Política de Bonn de 2001, que compromete 410 millones de dólares anuales, a partir de este año, para la financiación de los países en vías de desarrollo en el ámbito del cambio climático. 
Una parte importante de esa cantidad se utilizará para apoyar medidas de adaptación. 
La Unión Europea es también el principal donante del Fondo para los Países Menos Desarrollados. 
Esos países tienen que enfrentarse a todas las consecuencias del cambio climático, pero no están preparados para tomar las medidas necesarias para adaptarse a ellos adecuadamente. 
Trabajar con ellos y ayudarles es una obligación moral para nosotros. 
También redunda en nuestro beneficio, porque de esta forma ellos también contribuirán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Quisiera destacar la importancia de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, también en los países en desarrollo. 
La Comisión está delimitando y poniendo en práctica medidas concretas. 
Recientemente ha llegado a un acuerdo con China para establecer dos nuevos planes de acción Unión Europea-China en el ámbito de la energía: uno sobre el carbón limpio y el otro sobre las energías renovables y la eficiencia energética, para el que la Comisión ya ha garantizado la financiación inicial. 
Una vez más, gracias por esta oportunidad para debatir el seminario de Bonn y las próximas negociaciones sobre el futuro régimen internacional en materia de cambio climático. 
Estoy seguro de que, como siempre, el Parlamento tendrá un importante papel en este debate. 
La Comisión y el Parlamento siempre han sido grandes aliados en este tema. 
Espero con ilusión colaborar con ustedes en el futuro. 
Al término del debate he recibido la propuesta de resolución B6-0278/2005. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre las armas ligeras de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas de julio de 2005. 
. 
Señor Presidente, con respecto a la cuestión de las armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) , todos sabemos que el mundo debe afrontar muchos conflictos regionales en los que este tipo de armas, a veces incluso utilizadas por niños, crea situaciones extremadamente peligrosas y destructivas. 
Por esta razón, la Unión Europea se suma al llamamiento lanzado por el Secretario General para la elaboración de estrategias a largo plazo que pongan fin a la plaga de la proliferación ilícita de armas ligeras.