Acojo con agrado la reciente afirmación de la Comisaria de Asuntos Regionales, la Sra. Wulf-Mathies, cuando aseguró que debe seguir habiendo fondos suficientes para proseguir con el apoyo especial a los actuales cuatro países de cohesión, esto es, España, Portugal, Grecia y mi propio país, Irlanda, durante la próxima ronda de fondos estructurales. 
Espero que esto ayude a calmar algunos de las preocupaciones de mi país y de mi propia circunscripción sobre la futura asignación de fondos a Irlanda. 
La ampliación de la Unión no es económica o políticamente concebible sin unas firmes garantías en favor de las actuales regiones más pobres de la Unión. 
Si no se establecen dichas garantías, todo el proyecto de ampliación se verá amenazado. 
Confío, sin embargo, en que no se dejará atrás a las regiones más pobres que sufren deficiencias infraestructurales y en que la Comisión asegurará que estas regiones sigan recibiendo los fondos necesarios para elevar sus infraestructuras a unos niveles razonables y realistas. 
Si esas políticas regionales que ha esbozado la Comisaria de Asuntos Regionales se pone en práctica, serán buenas noticias para mi país, pero buenas noticias en particular para la franja costera oriental y los condados fronterizos a los que represento. 
Ello dará derecho a dichas regiones a la máxima cantidad de los fondos europeos regional, agrario, de pesca, social y de cohesión después de 1999. 
Así pues, regiones de Irlanda como la franja costera oriental y los condados fronterizos seguirán mereciendo la designación de regiones del Objetivo 1 de acuerdo con el nivel medio de vida de estas áreas. 
En otras palabras, bien puede darse la situación de que la región del norte de Irlanda y el oeste consiga más fondos europeos después de 1999 al obtener la condición de región del Objetivo 1, mientras que otras áreas de Irlanda pierdan su condición de pertenencia al Objetivo 1 debido al aumento de su prosperidad. 
Llegados a este punto deseo hacer una puntualización. 
No hay duda de que hace falta un sistema que facilite el vuelo de un país que pierda la condición de pertenencia al Objetivo 1 a fin de hacer más suave su aterrizaje económico. 
Es importante que cualquier acuerdo sobre concentración- sobre todo concentración geográfica- lleve claramente vinculado un firme compromiso de establecer unas disposiciones transitorias suficientes, tal como contempla la Comisión. 
Pero hay regiones que necesitan más que unas simples disposiciones transitorias. 
Estas regiones deben mantener su condición de pertenencia al Objetivo 1. 
Yo represento a la región más periférica de Europa- el oeste de Irlanda y los condados fronterizos -, una región que durante décadas ha vivido a la sombra del conflicto de Irlanda del Norte y ha sufrido un desempleo y una emigración de los peores de Europa. 
Al hablar del estatus de las regiones más desfavorecidas, con frecuencia se hace demasiado énfasis en las estadísticas económicas. 
En definitiva lo que realmente importa es la gente y las comunidades y las estructuras que hay que establecer para mantener a esas comunidades. 
Concluyendo, estas regiones siguen teniendo unas necesidades muy básicas de infraestructuras de carreteras, transportes y tratamiento del agua y estas necesidades hay que atenderlas. 
Señor Presidente, ¿quiere realmente la UE ampliarse hasta convertirse en una organización general de cooperación para toda Europa? 
¿O es el proyecto de ampliación sólo un ejemplo de la clásica estrategia de dividir para conquistar, una maniobra táctica para ampliar el poder de la burocracia de Bruselas? 
Incluso Carl Bildt critica ahora en su último libro a la UE por su táctica segregacionista en la ex Yugoslavia. 
¿Vamos a tener más de esto? 
Es esto lo que se decide en este momento. 
La cuestión fundamental es si habrá un comienzo de negociaciones común o no. 
La propuesta de la Comisión disgrega igualmente a los Países Bálticos, la propuesta de la comisión parlamentaria no es clara. 
¿Van a separarse los países solicitantes en de primera y segunda clase? 
En este punto se tiene que precisar que las negociaciones reales se iniciarán con los nueve países solicitantes. 
Otra cuestión fundamental es si los nuevos Estados miembros van a tener coparticipación en el futuro de la UE o no. 
La comisión contesta que no al exigir una nueva enmienda del Tratado cada vez que se deje entrar a un nuevo miembro. 
Los actuales Estados de la UE tendrían, por tanto, el monopolio del futuro. 
Es una especie de agravio a los países solicitantes que el Partido del Medio Ambiente no puede tolerar. 
Hoy se construyen muros entre la República Checa y Eslovaquia, algo que la UE puede agravar si Eslovaquia queda totalmente aislada. 
Es evidente que Chipre no puede ser miembro de la UE si sólo se contempla a la población griega. 
Por esto, el proceso de ampliación tiene que ser un eslabón del trabajo por la paz. 
Turquía tiene que tener por principio todos los derechos a ser miembro de la UE, en caso contrario la UE se convertiría en un apéndice de la iglesia católica. 
Finalmente, hay que evitar que Europa se transforme en una fortaleza, es decir, no deben hacerse más difíciles los contactos con Rusia y Ucrania para las naciones vecinas de esos dos países. 
¿Van a decidir los pueblos o la elite? 
Los Verdes quieren que sean los pueblos quienes decidan a través de plebiscitos. 
Debería ser obvio que una UE que se amplía para abarcar a toda Europa no puede tener el mismo carácter centralista que la Unión inicial de seis países. 
Muchos quieren tener más miembros pero la misma UE. 
Quienes no se inclinan ante la ideología imperante en la UE son calificados como antieuropeos. 
La crítica sueca contra la UME se considera como blasfemias en la iglesia. 
La ampliación llegará a ser un éxito si acaba con las tendencias totalitarias y muestra que la cooperación europea es una cosa distinta de la política de fuerza franco- alemana. 
Señor Presidente, tanto la Comisión como los ponentes subrayan que la ampliación de la Unión Europea debe ir unida a una mayor profundización del proceso de integración europea. 
Con esto se pasa por alto el hecho de que el aumento del número de Estados miembros pone barreras al acercamiento comunitario y al paquete de tareas de la política europea. 
¿Por qué no se presta ninguna atención a la cuestión de si realmente se puede seguir trabajando sin más sobre el modelo existente? 
Se ignoran los problemas que genera este modelo con respecto a la gobernabilidad, la legitimidad de la política europea y el control democrático. 
Esto no quita que la ampliación de la Unión Europea con los países de Europa Central y Oriental sea de gran interés. 
Apoyamos la idea de los ponentes de abrir negociaciones con todos los países candidatos al mismo tiempo. 
Al variar los plazos en que los países candidatos pueden cumplir las condiciones de afiliación, ya tiene lugar automáticamente una determinada selección. 
El hecho de que se haya excluido a Eslovaquia por el momento de las negociaciones para la entrada a la Unión Europea nos parece justo. 
Los contactos recientes con una delegación parlamentaria eslovaca han dejado claro que el Estado de Derecho y la democracia parlamentaria todavía se plasman de manera insuficiente en Eslovaquia. 
Por lo demás, ¿ni siquiera debe indicarse claramente dónde se establecerá la frontera geográfica de la Unión Europea? 
¿Pueden países como Rusia o Ucrania en el futuro aspirar también a la afiliación? 
¿Ni siquiera debe dejársele claro a Turquía que en realidad su afiliación a la Unión Europea no está nada segura?. 
Lamentamos que en medidas estructurales sólo se hayan destinado 45.000 millones de ecus a los países candidatos. 
Vistos los 230.000 millones de ecus que quedan a disposición de los actuales Estados miembros, es apenas una miseria. 
Hacemos un llamamiento al Consejo y a la Comisión para repartir de manera más equilibrada los medios de que se disponen. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión de fijar los gastos para el período 2000-2006, igual que la propuesta de mantener el límite máximo de los gastos en el 1, 27 %. 
No tenemos ninguna necesidad de todo tipo de cláusulas de salvaguardia para salir por debajo de este límite. 
Señor Presidente, la planificación financiera a largo plazo debe tomar en cuenta también las regiones fronterizas a lo largo de la actual frontera exterior de la UE. 
No sólo los candidatos a la adhesión sino también sus regiones vecinas deberían ser preparadas para la adhesión. 
Es preciso prevenir mediante un sistema adecuado de fomento las consecuencias negativas que puedan resultar de las distorsiones de la competencia. 
Hay que prever un auténtico fomento de las regiones fronterizas, que complemente el apoyo prestado a los países candidatos a la adhesión. 
En las regiones de la larguísima frontera exterior de la UE en Austria reinan temores justificados a los perjuicios económicos que pueden surgir a causa de la ampliación hacia el este. 
Se trata de una cuestión extraordinariamente sensible que no puede dejarse fuera de consideración a la hora de la planificación total de la ampliación así como de las reformas de los ámbitos agrícola y estructural. 
La ampliación hacia el este no debe producir ganadores y perdedores. 
La idea de la cohesión debe cobrar en este contexto una nueva dimensión. 
Otro punto esencial que no debe caer bajo la mesa en relación con las reformas planteadas es el mantenimiento del espacio alpino. 
Este paisaje, configurado y acuñado por la mano del campesino a lo largo de los siglos, se ve amenazado por la ruina económica y por la emigración. 
La actual política agrícola no es aplicable a las regiones alpinas de altura y la ayuda 5 b no prosigue más. 
El estrato social campesino de los valles de los Alpes es la columna vertebral de la vida económica y cultural de grandes territorios de algunos Estados miembros, entre ellos, sobre todo, Austria. 
Este contingente de la población no debe convertirse en víctima de una política agrícola y estructural que establece criterios absolutamente equivocados. 
Por consiguiente, en relación con la conservación de la diversidad cultural y paisajística y con la consolidación del puesto de trabajo de la granja es absolutamente necesario establecer para este ámbito un territorio-objetivo específico. 
Señor Presidente, está en la conciencia de todos que la Unión Europea vive un momento crucial, el cual, si tenemos acierto, nos permitirá crear un área de paz, de democracia y de libertad y desarrollo económico sin precedentes. 
Es, en efecto, una oportunidad histórica que no podemos dejar ni desaprovechar, como ya han dicho los ponentes Sres. Barón y Colom. 
Resulta evidente que los españoles tenemos ante este reto una sensibilidad tal vez mayor que la de otros ciudadanos europeos, ya que hemos sido los últimos ciudadanos de la Unión en pasar de un régimen autocrático a la democracia, hace ya 20 años. 
Tenemos, por tanto, un recuerdo más cercano de lo que significa cumplir dos aspiraciones: la adhesión a la Unión Europea y la consolidación de un sistema de libertades democráticas. 
Por eso, compartimos, como el que más, la responsabilidad de ofrecer a los que llaman a nuestra puerta la entrada a nuestra casa. 
Y esta responsabilidad para con todos sólo está condicionada por la obligación que tienen los candidatos de cumplir con los criterios políticos expresados en Copenhague, es decir, un ordenamiento político estable, respeto a los derechos humanos y protección de las minorías. 
Sería injusto hacer distinciones entre los candidatos ya que ninguno de ellos cumple los criterios económicos, y causaríamos daños económicos irreparables siendo, además, corresponsables de los daños e inestabilidades políticas que causara esta exclusión. 
Dejemos, pues, que cada país marque, con su esfuerzo, su propio ritmo de adhesión. 
Decía el Comisario van den Broek que el permitir esa negociación multilateral podría producir frustraciones en los candidatos. 
Pues bien, nosotros creemos que las frustraciones, de haberlas, tendrán que ser el fruto de su incapacidad para cumplir los requisitos y nunca deberían ser el resultado de una decisión política. 
Ahora bien, señor Presidente, la Unión que vamos a ofrecer a los países candidatos no debe ser de peor calidad de la que disfrutamos hoy. 
Mañana, sin ir más lejos, este Parlamento va a emitir un importante dictamen sobre los problemas que un marco financiero insuficiente pueden causar al proceso de ampliación de la Unión, a la profundización del mercado interior, a la Unión Económica y Monetaria y, sobre todo, a la cohesión, verdadera piedra maestra del proceso de construcción europea. 
El consenso que ha presidido las discusiones del informe Colom, tanto en la Comisión de Presupuestos como en el seno de los principales Grupos políticos, es la mejor indicación de que este Parlamento se siente responsable de dotar a la Unión de un marco de financiación estable, suficiente, que cubra los siete años de duración de las próximas perspectivas financieras. 
Pero este consenso no debe ocultar los problemas subyacentes en la Agenda 2000. 
Por ejemplo, una financiación de la Unión que haga recaer en la cohesión el peso presupuestario de la ampliación será una financiación insolidaria y, por lo tanto, plenamente objetable por las fuerzas políticas. 
Una financiación que no deje resuelta la amenaza de una posible crisis presupuestaria ante la escasez de los recursos destinados a financiar las políticas comunitarias de una Europa ampliada sería una propuesta financiera llamada al fracaso.Y finalmente, una propuesta de financiación que tenga como primer objetivo asegurar que las categorías de gasto estén limitadas, en su marco presupuestario, por el tope infranqueable del 1, 27 % es una propuesta que puede empobrecer, a muy corto plazo, la calidad de toda la política comunitaria. 
A pesar de ello, recibimos esperanzados la Agenda 2000 porque es un intento serio de dotar de estabilidad a la ampliación, y esperamos que, en el proceso de negociación que ahora se abre, solucionemos entre todos los problemas que brevemente he enunciado. 
Señor Presidente, lo que implica la Agenda 2000 es de gran importancia para mi país, Irlanda. 
No es necesario decir que cualquier recorte o retirada repentina de los fondos tendría un efecto perjudicial sobre la economía irlandesa y socavaría los logros que hemos conseguido en los últimos tiempos. 
Esta noche, aunque recibo con satisfacción la presentación de la Agenda 2000 por parte de la Comisión, aún se me tiene que convencer acerca de ciertos aspectos de las repercusiones presupuestarias. 
Debido a nuestro éxito económico en los años recientes, Irlanda está a punto de alcanzar el umbral del 75 % del PIB medio per cápita. 
En consecuencia, hay una gran preocupación por las lo que implicaría para la economía irlandesa y para la situación del empleo en concreto que se perdiera la condición de región del Objetivo 1. 
Por lo tanto, es de vital importancia que cualquier ajuste financiero sea gradual y se planifique detenidamente. 
En otras palabras, habría que establecer unas disposiciones transitorias, bien elaboradas, para proporcionar un aterrizaje económico suave a la economía irlandesa. 
Por otro lado, hay regiones dentro de Irlanda, incluida la región interior, que aún están muy por debajo de la media de la UE en términos de empleo y crecimiento económico. 
Es esencial que estas regiones sigan manteniendo su pertenencia al Objetivo 1 para que puedan alcanzar el mismo nivel de crecimiento que otras regiones en la Unión Europea. 
Dentro del contexto general de la Unión Europea, Irlanda es excepcionalmente dependiente del sector agrario; es uno de los pilares básicos de la economía irlandesa. 
La política agrícola común ha servido bien a Irlanda durante años y aunque admitimos que va en interés nuestro que la agricultura europea sea más competitiva en el mercado mundial, hay preocupaciones muy legítimas sobre los efectos de la futura reforma de la PAC. 
La reforma debe realizarse de tal manera que garantice que se tengan en cuenta los intereses de todos los Estados miembros de un modo equilibrado y, sobre todo, que se respeten plenamente los intereses de los agricultores y las comunidades rurales. 
Más importante y para concluir, se nos debe asegurar una compensación garantizada por cualquier reducción del apoyo de mercado. 
Señor Presidente, con la ampliación, una vez más, la visión de Europa vuelve hacia territorio conocido en muchos sentidos. 
Una vez más, estamos luchando por la paz, la democracia y la seguridad, esta vez en las regiones centrales y orientales de nuestro continente. 
Con respecto a hace 40 años, hay una gran diferencia. 
Nuestros ciudadanos están aburridos, carecen de inspiración y la misión de construir una nueva Europa tiene ahora poca resonancia en ellos. 
Hay en gran medida una consecuencia práctica importante en cuanto a que podría decirse que no se tienen ganas de nuevos impuestos. 
Ésta es en muchos sentidos la ironía de la unión monetaria. 
Por la necesidad de cumplir los criterios de Maastricht con el proyecto de la UEM, estamos ofreciendo una unidad sin precedentes a los miembros actuales, eso es cierto, pero de hecho estamos poniendo en peligro la integración de nuevos miembros debido al rigor financiero que se está introduciendo en todo el continente. 
Por ello creo que el techo del 1, 27 % es muy realista, pero para realmente alcanzarlo- y alcanzarlo debemos- es necesario llevar a cabo auténticas reformas internas. 
No hay manera de eludirlas. 
Por lo tanto, sí, mantenerse dentro del 1, 27 % debe ser un objetivo firme, pero al final no debe convertirse en una barrera infranqueable que impida la ampliación. 
Lo último que quiero decir es sobre Turquía. 
Personalmente me importa mucho este tema. 
En mi opinión, la Cumbre de Copenhague sentó unos principios fundamentales para la adhesión de Turquía. 
Eran muy claros: democracia, Estado de derecho, derechos humanos y respeto a las minorías. 
En mi opinión no debe haber discriminación entre Turquía y los demás estados que intentan acceder a la Unión Europea. 
No tiene por qué haber discriminación, no es necesaria. 
Como cualquier otro candidato, la candidatura de Turquía debe aceptarse o rechazarse según los mismos principios. 
Señor Presidente, es realmente increíble que la Unión inicie este proyecto político gigantesco tan mal preparada y con tan malos fundamentos. 
No se ha hecho ningún análisis de costos. 
No hay una idea global acerca de la política de presupuestos. 
No existe un análisis de los efectos en los actuales países miembros. 
No hay un análisis de las consecuencias sociales o del significado que puedan tener los mayores costos de los alimentos para los pueblos de Europa Central y del Este. 
Se ponen exigencias dictatoriales para que los países se sometan a aquis communautaire, requerimientos que implicarían un efecto perjudicial en algunas disposiciones medioambientales de algunos de los países solicitantes. 
Hay que preguntarse, ¿creen realmente los organismos directivos de la UE que se puede tener a 25 países en una gigantesca organización supranacional que se ocupe de casi todos los asuntos políticos que puedan existir? 
Lo único sensato es, como se debiera ver, una organización interestatal que se concentre en algunos de los problemas comunes en Europa y que, en cambio, haga el correspondiente traspaso y descentralización de una cantidad de asuntos a la esfera de responsabilidad nacional. 
Señor Presidente, las propuestas que tenemos ante nosotros esta noche y que las que hemos tenido durante los últimos meses en definitiva cambiarán radicalmente la Unión Europea que hemos conocido y abrirán inmensas oportunidades en los años, o incluso décadas, venideros. 
Creo firmemente que debemos avanzar con precaución. 
Sería intolerable que, expandiendo la Unión Europea y animando a otros países a entrar, promoviéramos un resentimiento creciente dentro de los Estados miembros actuales. 
Debemos asegurarnos de que los países que ingresen en la Unión tengan un largo período de adaptación para que puedan evolucionar hacia los niveles que nosotros les exigiríamos. 
No debemos forzar la marcha. 
Una política así no tendría éxito y desde luego sería además negativa. 
Me preocupan mucho las repercusiones financieras de la ampliación y cómo afectará a las actuales regiones de la Unión Europea, al futuro de la política agrícola común y a la propia existencia de nuestra estructura de explotaciones agrarias familiares. 
No puede esperarse que ninguna de estas propuestas cueste menos en ningún momento del futuro. 
Hay que profundizar más en el estudio presupuestario antes de dar ningún otro paso hacia adelante. 
Comprendo que estas propuestas cambiarán y se desarrollarán a lo largo de los dos o tres próximos años, pero creo sin duda que necesitamos propuestas más firmes de la Comisión acerca de la reforma de la política agrícola común. 
Se tienen que hacer consultas más amplias antes de adentrarnos más por este camino desconocido. 
Desearía dejar bien claro, Señor Presidente, que aunque en principio estoy totalmente a favor de la ampliación, me da la sensación de que hay algunos que quieren conseguir esta meta sin dar verdaderamente el reconocimiento necesario a los principales problemas que causará la ampliación a los Estados miembros actuales. 
Este es un reto que nos afecta a todos nosotros. 
Señor Presidente, en este Parlamento represento a la Liga del Norte para la independencia de Padania, una nación rica en pueblos con una historia auténtica, hoy por hoy en lucha para librarse del centralismo romano del Estado italiano. 
Mi presentación ya muestra la inclinación de Padania a acoger favorablemente las nuevas naciones, los nuevos Estados en la Unión. 
Estamos convencidos de que la Unión debe emprender dos grandes luchas al mismo tiempo: el primer esfuerzo va encaminado a crear una Europa con los instrumentos de la democracia, es decir, con un Parlamento que tenga la posibilidad de legislar libremente, un Parlamento basado en los pueblos, esto es, en la savia vivificadora de la democracia, antes de que los amos de los Estados nacionales logren su proyecto de borrar a los pueblos y de entregar a Europa al mundialismo americano. 
La segunda lucha es en pos de la ampliación de Europa occidental a los países de Europa oriental, a fin de conseguir una realidad estatal no sólo democrática, o sea, basada en los pueblos, sino capaz de impedir el proyecto de una realidad mundial bipolar que contrastaría con el espíritu de paz y de desarrollo, el desarrollo del mundo entero. 
Por lo tanto, hoy Padania y su Parlamento constituyente dan la bienvenida a los nuevos países miembros y auguran que todos juntos podamos construir la verdadera Europa de los pueblos y no la Europa de los mercaderes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, pronunciarnos hoy sobre la Agenda 2000 es pronunciarnos sobre la geografía futura de nuestra Unión, pues hoy tenemos la oportunidad de reunir nuestro continente. 
Tras la caída del muro de Berlín, debemos formular nuestro proyecto político y saber hoy cuál es nuestra frontera. 
En efecto, esta ampliación no se parece a una ampliación, se parece mucho más, con algunas excepciones, a una consumación, para lo que es necesario que pensemos el proyecto global. 
Que nadie tenga la impresión de que vamos hacia una mayor dilución o que los primeros que lleguen serán los más beneficiados. 
Para ello, son necesarias dos condiciones. 
Primero, que demos todo su sentido a la conferencia europea, que ésta nos acoja a los quince más doce, es decir, incluida Turquía, y que en ella podamos debatir todos los asuntos, a saber, también la cooperación económica, los proyectos de interés común, en particular todo lo relativo a las grandes redes de infraestructura a escala de nuestro continente o, por tomar tan sólo algunos ejemplos, la cuestión de la seguridad nuclear. 
Además, segunda condición, que la negociación se inicie lo antes posible, el día incluso- podríamos decir- en que sea posible, para cada uno de los demás candidatos, más allá de la propuesta de la Comisión, sin esperar que haya concluido la primera ronda de negociaciones. 
Pero ampliar nuestra Unión hoy es también preguntarse por las repercusiones de esa ampliación. 
Ahora bien, ésta sólo tendrá éxito para los que ingresen, si también lo tiene para los que hoy están en la Unión. 
Y, desde ese punto de vista, debemos plantearnos, en mi opinión, tres cuestiones previas; en primer lugar, la cuestión del costo: es evidente que no se ha planteado con claridad. 
Se nos dice que el 1, 27 %, muy bien, pero, ¿es razonable? 
Recordemos, por ejemplo, las condiciones de ampliación a España y Portugal. 
Entonces calculamos su precio. 
La ampliación cuesta, debemos decir cómo la haremos. 
Segundo requisito: la cuestión institucional, evidentemente. 
Hay que ponerse manos a la obra ya en el próximo mes de diciembre, en Luxemburgo II, pues sabemos que la reforma institucional es, por definición, larga, acabamos de tener una triste experiencia de ello. 
Querer la ampliación es ponerse de nuevo- ya en el Consejo de diciembre, sin esperar al fin del proceso de ratificación del Tratado de Amsterdam- manos a la obra en la reforma institucional; si no, se nos dirá: no, no, ya ven que es demasiado tarde, esos países están esperando, no se les puede decir que no. 
Y digo bien: reforma institucional y no simple reajuste en el sentido del Tratado de Amsterdam. 
Sí, creemos que la ampliación debe estar condicionada a una auténtica reforma institucional. Ésta entraña, a mi juicio, como mínimo tres elementos. 
Naturalmente, las ponderaciones, la composición de la Comisión, el aumento de la mayoría cualificada, la codecisión. 
Pero también la cuestión del método de elaboración y del artículo N y la cuestión del control democrático de la UEM. 
Por último- y con esto acabo, señor Presidente -, el tercer requisito es el de que debemos formular nuestro proyecto político: el acervo comunitario es también un proyecto en materia de defensa. 
Yo afirmo que el mercado no basta para el proyecto político de la Unión. 
Queremos una Unión Política, queremos una ampliación lograda. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, deseo mostrar mi aprecio por los informes objeto de debate, en particular por el presentado por el Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, ya que los mismos abordan con claridad unos problemas que considero prioritarios: ante todo, el reconocimiento del derecho de todos los países que solicitaron la adhesión de iniciar en paralelo las negociaciones, sin perjuicio de que el ritmo y la conclusión de las mismas dependan de la capacidad de los países candidatos de adaptarse a las condiciones y a los criterios de adhesión. En este contexto, es asimismo digno de mención haber manifestado la conveniencia de plantear seria y atentamente por fin la cuestión de la candidatura de Turquía. 
Otro punto en que coincidimos totalmente es en la necesidad de adecuadas reformas institucionales, que ya son indispensables en la actualidad y, con mayor razón, en una Europa ampliada de forma tan considerable. 
El marco institucional que resulta del Tratado de Amsterdam, nos hace entrega de una Europa paralizada en cuanto a su capacidad de tomar decisiones y que se parece cada vez más a un gran mercado y cada vez menos a la Europa que deseaban nuestros padres y que este Parlamento ha preconizado. 
Entrando en los aspectos financieros de la ampliación, no se puede dejar de recalcar que las políticas restrictivas de saneamiento presupuestario que los Estados miembros están llevando a cabo con vistas a la Unión Monetaria, han llevado a la absurda teoría de imaginar la consecución de una operación política tan grande como la ampliación de una forma casi indolora desde el punto de vista financiero. 
De ahí, la pretensión de la intangibilidad del tope máximo de los recursos propios hasta el año 2006. 
Estoy convencido de que la puesta en marcha de la Unión Monetaria permitirá volver a emprender ese proceso de desarrollo y de crecimiento, hoy fuertemente ralentizado, que llevará hasta la revisión de las perspectivas financieras en esa evaluación intermedia que muy acertadamente solicitan los informes sometidos a examen. 
De dicha intangibilidad del 1, 27 % se deriva la consecuencia de financiar la ampliación reduciendo la política agrícola o la de cohesión. 
La Comisión eligió fundamentalmente que fuera la política de cohesión la que pagara la ampliación, algo que considero un error, ya que actuando así se corre el riesgo de debilitar más aún, si cabe, las regiones más débiles de Europa; lo demuestra el hecho de que el 0, 46 % del PIB comunitario, destinado en Edimburgo a la adhesión a Quince, en el año 2006 bajará al 0, 39 %, referido siempre a los actuales Estados miembros. 
Ahora bien, para garantizar la solidaridad entre las regiones de Europa y un equilibrio real de su desarrollo, es ya a partir de esta etapa de definición de los nuevos Fondos estructurales, que hay que pensar en políticas e instrumentos que eviten el riesgo de que, a partir de los primeros años del nuevo milenio, la gran mayoría de las regiones de la Unión, actualmente más desventajadas, acaben siendo excluidas de la política de cohesión. 
En conclusión, por lo tanto y aprovechando el título de la Agenda 2000, un «sí» convencido a una Unión más amplia, siempre que se creen las condiciones, que hoy no existen, en pos de una Unión más fuerte tanto desde el punto de vista institucional como financiero. 
Señor Presidente, queridos colegas supervivientes de la «matazón nutritiva» , la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos países constituye para Europa, junto con la realización de la moneda única, el acontecimiento más importante del final del siglo XX, el de la consumación de la gran Europa. 
La ampliación, cuyo proceso se va a iniciar en un difícil período de rigor, de paro, de dudas también, es una oportunidad histórica, pero también una auténtica prueba. 
No se puede poner en entredicho en serio su necesidad. 
En efecto, Europa tiene la vocación de desarrollarse, unirse. 
A falta de un progreso en este sentido, no podría adquirir la importancia a la que aspira en la escena internacional, como tampoco el papel que desea desempeñar en él y se condenará al estancamiento. 
El problema es otro, es el de las condiciones y los medios, que no debe ocultar lo difícil que es esa ampliación. 
Hay que pensar la ampliación desde el punto de vista del costo presupuestario y una cosa es quererla y otra querer pagar su precio. 
He de confesar que la actitud del Consejo, que, al menos de momento, desea una ampliación con rebaja, no deja de inquietar. 
Ya hemos oído proclamar que, sea cual fuere el costo de la ampliación, el límite máximo del 1, 27 % del PNB es inquebrantable y deberá seguir siéndolo. 
Dicho de otro modo, tendríamos que formular el nuevo marco financiero en el contexto y el objetivo de estabilización de los gastos comunitarios, lo que yo interpreto así: respetando los equilibrios presupuestarios nacionales. 
Algunas delegaciones en el Consejo califican incluso de teórico todo debate sobre un posible aumento del límite máximo del PNB. 
Entonces, sin nuevas perspectivas financieras y sin posibilidad de reevaluar el límite máximo del PNB, ¿de dónde sacar el dinero? 
No nos engañemos. 
Si seguimos al Consejo, de las políticas comunes es de las que tomaremos el dinero reformándolas y ajustándolas, en nombre de la solidaridad, a las necesidades nuevas. 
Pienso en los Fondos estructurales, en los Fondos de Cohesión y sobre todo en la Política Agraria Común, víctima expiatoria señalada de la solidaridad financiera, como se pudo comprobar la semana pasada en el diálogo tripartito sobre el presupuesto de 1998, pues para los agricultores solidaridad es con frecuencia sinónimo de sacrificio. 
En efecto, ¿hasta donde se puede ir en la aplicación de las medidas previstas para la PAC? ¿Una programación de bajada general de los precios y un desacoplamiento máximo de las ayudas compensatorias para no comprometer la situación de los agricultores, que con frecuencia están en el limite de la viabilidad? 
Una ampliación en condiciones insoportables para la agricultura sería inaceptable. 
Quien dice ampliación dice marco financiero apropiado para la ampliación y dicho marco financiero, como ha subrayado perfectamente el ponente Joan Colom i Naval, sigue por construir. 
No se han disipado, ni mucho menos, todas las incertidumbres sobre las condiciones de la financiación futura de la Unión Europea, verdadera clave de bóveda de las reformas previstas. 
El mantenimiento, o la superación, del límite máximo del 1, 27 % del PNB, es lo que determinará en gran medida el contenido de las reformas de las políticas comunes. 
Sí, la ampliación debe ser un factor de desarrollo para la Unión Europea. 
Sí, la ampliación debe ser un factor de progreso institucional, pero la ampliación debe tener igualmente por objetivo el de evitar el desmantelamiento de las políticas comunes e incluso consolidarlas. 
La ampliación de la Unión Europea debe ser la profundización de las políticas de la Unión Europea. 
Hará falta un nuevo acuerdo interinstitucional. 
Será necesaria una revisión de las perspectivas financieras. 
Y se deberá considerar el límite máximo del PNB de los recursos propios en función de las necesidades financieras de la Unión, conforme a sus objetivos. 
Pero en ningún caso podría aceptar nuestro Grupo que la ampliación sirva de pretexto para la petición de principio de una revisión automática de las perspectivas financieras o de una explosión no controlada de los recursos propios comunitarios. 
Y creo que ésta debería ser una ocasión excelente para nosotros de pensar en la forma como debemos participar en la elaboración, pero también en el equilibrio de dicho presupuesto. 
La vía hacia una ampliación lograda es difícil y la realización del componente financiero es un elemento esencial. 
Por encima de esas dificultades, tenemos la obligación de responder a la inmensa esperanza que representa Europa para los países candidatos, la mayoría de los cuales descubren, después de los largos años sombríos del totalitarismo comunista, los prometedores caminos de la democracia. 
Señor Presidente, no voy a hablar de los grandes sistemas padanos ni de las reivindicaciones de independencia ni tampoco de otros problemas similares, sino que me voy a limitar, por el contrario, a algunos aspectos específicos y aparentemente modestos, pero relacionados con el contexto de la ampliación. 
Entre las diferentes especificidades merece especial atención las de las regiones europeas que limitan con los PECOS. A pesar de que la proximidad les ofrece mejores perspectivas de cooperación, también es cierto que la misma las convierte en más expuestas a una competencia todavía desigual, debido a las actuales disparidades socioeconómicas. 
Es necesario, en consecuencia, que la Unión Europea, y aquí es preciso atenuar las fricciones de la preadhesión, evite en todo lo posible que dichas regiones puedan dudar que tienen que pagar un precio más alto que sus hermanas europeas; duda aún más perniciosa, ya que las mismas son las que sufrieron como zonas de frontera, las limitaciones impuestas por medio siglo de guerra fría. 
Por consiguiente, no sólo hará falta evitar que, a fin de recuperar fondos para el proceso de preadhesión, se les reduzcan en parte los fondos que tienen asignados, sino también respaldar programas capaces de paliar los efectos de la competencia y de fomentar el desarrollo de la cooperación transfronteriza en beneficio del proceso de ampliación. 
Señor Presidente, el proyecto de la ampliación hacia el este tiene, sin duda, importancia histórica. 
Después de la caída del telón de acero es una consecuencia lógica que la Unión siga trabajando en la construcción de la casa común de Europa. 
Para poder realizar esta tarea histórica es preciso dar a las personas que habitan ya en esta casa la seguridad de que los cimientos así como la obra de ampliación descansan sobre una base sólida. 
Sin duda, hay amplios grupos de la población que se muestran escépticos frente al paso de la ampliación. 
La tarea de este Parlamento debe ser asumir en serio los temores y cautelas de los ciudadanos de la Unión e integrarlos en la valoración del proyecto de la ampliación. 
Con la Agenda 2000 la Comisión ha presentado un documento que indicará el camino hacia una Unión ampliada. 
Siguiendo en mi metáfora: la Agenda 2000 representa un esbozo del edificio de la ampliación, pero en ningún caso un plano detallado de la construcción. 
Por consiguiente, aun son necesarias muchas correcciones de naturaleza institucional, financiera y política. 
Soy un diputado austriaco. Austria está más rodeada que ningún otro país de la Unión de potenciales candidatos a la adhesión. 
Por esta razón sentirá quizá de una manera más directa y sensible que otros Estados miembros los efectos de la ampliación de la UE hacia el este. 
Que valorar la cuestión de la ampliación es un asunto sensible se pone de manifiesto en una resolución del Parlamento austriaco, aprobada por unanimidad. En ella se ha solicitado por todos los representantes de los grupos parlamentarios que no se celebren negociaciones de adhesión con la República Checa hasta que no renuncie a la construcción de la central nuclear de Temelin. 
Esta es la voluntad y el objetivo manifiestos de un Parlamento austriaco democráticamente legitimado a cuya defensa han sido requeridos los diputados austriacos al Parlamento Europeo. 
La casa de Europa necesita fundamentos sólidos. 
Para ampliarla hay que colocar piedra sobre piedra o, mejor dicho, piedra tras piedra. 
A la caída del muro de Berlín Billy Brand declaró que las cosas que se pertenecen mutuamente, también crecen juntas. 
Demos a Europa el tiempo de crecer conjuntamente. 
Señor Presidente, al hacer el seguimiento del debate de hoy en esta Asamblea, he recordado el milagro de la extraña multiplicación de los panes. 
Voy a seguir con esta metáfora. 
Puesto que hoy discutimos todavía sobre estructuras completamente abstractas, podemos también ponernos de acuerdo y entendernos muy rápidamente sobre algo. 
Pero ustedes lo han notado ya en las últimas intervenciones: cuando se pasa a asuntos sustanciales de los respectivos colegas, entonces disminuye la generosidad. 
Tenemos una tarta que actualmente dividimos en 15 trozos, tanto en la política agrícola como en la política estructural. 
Sabemos que eventualmente aumentaremos esta tarta- así lo supone la Comisión- con un crecimiento anual del 2, 5 %. 
Luego decimos que los trozos permanecen casi igual, retiramos solamente 1.500 millones por año en los Fondos agrícolas y estructurales, y lo que crece todavía debe ser utilizado para la aproximación. 
Por lo demás, hay todavía algunos- de ese país procedo también yo- que dicen que próximamente quieren pagar menos por la tarta. 
Todo esto es muy extraño. 
Efectivamente, éstos son también los que más alto gritan que los primeros candidatos deben ser miembros de la Unión Europea hacia el año 2000. 
Este es un debate de locos. 
Se miente y se engaña. 
Quiero decir aquí con toda claridad lo siguiente: ustedes necesitan a todos sus conciudadanos en sus países, y en las regiones de los quince Estados miembros, para una adhesión de países de la Europa central y oriental, y nosotros tenemos que convencer a las personas de los quince Estados miembros de que los candidatos solamente podrán ser miembros si se llevan a cabo reformas muy drásticas. 
¿Dónde vivimos, cuando un país como Chequia presenta el desempleo más bajo de todo el continente europeo? 
Ciertamente, no en la realidad. 
Ahora vemos dónde se sitúa la corona. 
El problema que se plantea allí es que allí se trampea y se miente también, pues si los ámbitos públicos se pudieran excluir de la política de ayuda, si el derecho comunitario sobre ayuda financiera se hiciera realidad en Chequia, se llegaría a cifras de desempleo que ascenderían en saltos de dos cifras. 
Por esta razón, este debate mendaz en que los que más alto gritan, son los auténticos aceptantes de los países de la Europa central y oriental, no tendrá lugar conmigo. 
Deseo la ampliación. 
La deseo realmente, pero si la deseo realmente, entonces debo hacerla también posible. 
Entonces debo movilizar mayorías en los Estados miembros de la Unión y en los países de la Europa oriental. 
Por esta razón va a ser imprescindible que realicemos la reforma agrícola y, en concreto, dentro de la Comunidad. 
No puede ser una relación sana que la Unión Europea envíe hoy más patatas a Polonia que las que los polacos envían a la Unión Europea. 
No porque en Polonia las patatas sean peores, sino porque nosotros las subvencionamos con 50 peniques por marco o con medio ecu por ecu, mientras los polacos están precisamente en condiciones de subvencionar sólo el 15 %. 
Por esta razón, con nuestras patatas subvencionadas expulsamos incluso sus propias patatas en su propio mercado. 
Quien no comprenda todavía que en nuestra propia casa debe iniciarse la reforma si queremos ser capaces de hacer la ampliación, no tiene nada, pero nada que ver, en absoluto, con la realidad de este mundo. 
Lo mismo ha de decirse de la política estructural. 
Cuando escucho que los irlandeses necesitan dinero, cuando escucho que las zonas de Objetivo 1 necesitan dinero, cuando observo mis propios Estados federados en la República Federal de Alemania, que el pasado viernes han tomado en el Consejo Federal la decisión de que todo quede como hasta ahora en la política estructural, entonces les digo a ustedes que esto también es imposible. 
Necesitamos una reducción del techo de población, necesitamos una reforma, por causa nuestra. 
Pero la necesitamos mucho más para la ampliación, pues es absolutamente irrealista admitir estados cuyo producto social bruto por cabeza equivale actualmente al 31 % de la media del PIB de la Comunidad. 
Una vez he afirmado en una discusión ante la Cámara de los Lores en Gran Bretaña lo siguiente: si intentamos hacer coincidir en un punto las dos curvas, la del 2, 5 % de crecimiento de la Comunidad y la del 4 % de crecimiento de los países de la Europa central y oriental- por lo demás, aquí se ve también cuán distantes se encuentran estos países entre sí- entonces Eslovenia necesita 14 años para alcanzar la media del producto social bruto comunitario, Polonia necesita mucho más de 30 años, y Rumanía incluso más de 50. 
Si luego aparece alguno de nuestros colegas de los Verdes y pretende explicarme que introduciríamos una primera liga y una segunda liga, entonces no puedo menos que decir que tenemos una décuple liga. 
Los países resultan tan diferentes como son y, por ello, suscitar la impresión de que se puede hacer aquí grandes paquetes y admitir a todos rápidamente, tiene que ver más con la herejía y absolutamente nada con la política. 
Por consiguiente, soy partidario de que nos volvamos más claros y más sinceros. 
Me habría gustado más- y también digo esto para mi propio grupo- la solución de la Comisión. 
Deberíamos haber dicho 5+1, ni más ni menos, pues todo lo demás es irreal. 
Aquí se engaña y se finge, ésta no es una política real. 
En esta cuestión coincido plenamente con lo que hoy ha dicho Klaus Hänsch. 
Desearía mucha más sinceridad, pues lo han merecido, de hecho, las personas de la Europa oriental, mucha más sinceridad para que éstas tengan realmente una posibilidad de convertirse en miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo soy partidario de la sinceridad, pero creo que todos no nos engañamos en la bolsa, como ha dicho nuestro colega, el Sr. Samland- bueno, en la bolsa de patatas -, sino que creo que el documento del Parlamento así como el documento de la Comisión, la Agenda 2000, deja abiertos espacios de maniobra. 
Algunos los llaman muñecas rusas, pero es posible elegir y continuar en las negociaciones según el avance individual. 
La ampliación de la Unión Europea pertenece a la idea básica de la integración, constituye un principio de construcción de la Comunidad y es una necesidad histórica. 
Austria, que asumirá la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 1998, tiene interés, por su situación geopolítica y por sus lazos históricos con la Europa central, en que sus países vecinos no permanezcan en una tierra de nadie desde el punto de vista político y encuentren un enganche al nivel económico de occidente. 
Sólo eliminando los desequilibrios en nuestro viejo continente podrá ser Europa más segura, más próspera y más pacífica. 
Permítanme que en este contexto cite una idea del Presidente checo Vaclav Havel, quien una vez escribió lo siguiente: » No se trata solamente de pertenecer como miembro al club de los ricos, sino también de hacer una profesión de fe en la civilización occidental y de salir del vacío entre el este y el oeste.» 
Naturalmente, la renta per cápita de los estados de la Europa central y oriental es sustancialmente más baja que la nuestra. 
A esto se suman lastres que se deben a la elevada participación de los trabajadores de estos países en la agricultura, como, por ejemplo, en Polonia, y a problemas de índole estructural en el ámbito del carbón, del acero y de la industria pesada. 
En especial, es preciso recuperar grandes deficiencias en la política de medio ambiente. 
Las centrales nucleares anticuadas constituyen una amenaza para la seguridad. 
Por esta razón, los países de la Europa oriental deberían comprometerse a abandonar a largo plazo la energía nuclear. 
Hasta entonces habría que realizar todo lo necesario para hacer lo más seguras posibles las actuales centrales nucleares. 
Justamente para Austria, que tiene las fronteras más largas con países candidatos a la adhesión, el fomento de las regiones fronterizas es importante para amortiguar las dificultades de adaptación económica, así como son importantes también los plazos de transición en la libre circulación de las personas y plazos de transición en la agricultura, como se hizo en el caso de España y de Portugal. 
Pero, sobre todo, los pagadores netos no deben ser llamados de manera exagerada a pasar por caja. 
Soy partidario de cubrir el 1, 27 % del producto interior bruto, pues la ampliación hacia el este debe ser concebida como un proyecto europeo global. 
La solidaridad ha de concernir a todos, a los pagadores netos y a los perceptores netos. 
En último término se trata también de que los países candidatos han de satisfacer los estándares democráticos y de los derechos humanos de la UE. 
Esto no debe conducir a que excluyamos casos problemáticos, como Eslovaquia, sino que debemos ofrecer estímulos para que estos países se desarrollen en dirección hacia la democracia, los derechos humanos y la protección de las minorías. 
Ningún país debe sentirse excluido del proceso de ampliación. 
No debe existir una sociedad europea de segunda clase. 
El proceso de ampliación debe conducir a que exportemos seguridad y no importemos inseguridad. 
Señor Presidente, quiero agradecer a los ponentes su excelente trabajo. 
Se ha calculado que la ampliación al Este costaría cerca de quince mil millones de ecus líquidos al año. 
Ahora bien, eso no aumentaría el porcentaje de las contribuciones de los Estados miembros. 
¿Por qué? 
En primer lugar, porque el aumento de las contribuciones sería aprovechado en la totalidad, del mismo modo que la reducción en cuatro mil millones de ecus de los Fondos estructurales. 
En segundo lugar, porque se considera que el sector agrario va a ahorrar cerca de once mil millones de ecus en comparación con las líneas de orientación generales trazadas. 
La agricultura no recibiría compensación alguna por el aumento de los costos y de la inflación. 
En mi opinión, eso no es aceptable y la agricultura de Europa no soportaría semejante situación. 
En la esfera de la política regional, la Agenda 2000 reúne los siete objetivos actuales en tres. 
Es lamentable que se asocie el objetivo 6 de las regiones frías y de población dispersa con el objetivo 1, ya que los criterios de éste no tienen en cuenta los problemas específicos de las regiones a que se refiere el objetivo 6. 
El nivel de los subsidios no debe disminuir. 
De igual modo, si se vincularan las regiones del objetivo 5b con el objetivo 2, el número de regiones abarcadas disminuiría considerablemente y se agravarían las dificultades de las zonas agrícolas originadas por la reforma de la política agraria. 
Ahora bien, apoyo el planteamiento hecho en la Agenda 2000, es decir, el de que no se aumentarán las contribuciones de los Estados miembros y las negociaciones comenzarán de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Oostlander es categórico en un aspecto: todo país que desee adherirse a la Unión Europea debe ser un Estado democrático. 
La libertad de prensa debe estar garantizada. 
En Bélgica, país miembro fundador de la Unión, la prensa es libre, pero está subvencionada por el poder establecido, a condición de que sea políticamente correcta, es decir, de que esté enfeudada al sistema. 
En Bélgica, las elecciones son libres y están amañadas por la financiación pública reservada a los antiguos partidos del sistema, amañadas por los medios de comunicación controlados, amañadas por el poder judicial, que, cuando quiere, anula de forma arbitraria la lista del Frente Nacional, partido que representa a 175.000 electores en Bruselas y en Walonia. 
Por último, tenemos la desfachatez de exigir en Eslovaquia la protección de la minoría húngara, protección que existe de forma evidente, o la protección de la minoría rusófona en Letonia. 
Queridos colegas, a unos kilómetros de nuestro Parlamento viven 150.000 belgas francófonos que tienen menos derechos que los húngaros de Eslovaquia y no más que los rusos en Letonia. 
Termino con esta pregunta: ¿cómo hay que calificar esa obstinación de querer integrar en la Unión un país no europeo, Turquía? ¿Neocolonialismo o indigencia intelectual y cultural? 
Presidente, primero quisiera sumarme a lo que ha dicho Detlef Samland en general sobre la ampliación. 
Creo que ha tirado del hilo adecuado en ese punto. 
En lo que a mí respecta, aún una observación adicional sobre la problemática general. 
Creo que Turquía debería incluirse en la conferencia y que la conferencia debería tener un contenido concreto, o para decirlo con las palabras del difunto compañero de partido Schäfer: con chorradas tampoco pueden vivir los turcos. 
Por lo demás, seguiré ciñéndome al informe Colom. 
Apoyo el informe, no hay ningún problema. 
Pero quisiera señalar, no obstante, que el informe está rodeado de un gran número de imprecisiones, naturalmente. 
Los datos que la Comisión ha indicado son datos teóricos. 
Las especulaciones que la Comisión ha hecho sobre los gastos y en las que se aferra al 1, 27 %, son especulaciones extremadamente teóricas. 
Si luego miro lo que ya es la situación política de este momento en el Consejo, por ejemplo, tengo las mayores dudas en las posibilidades que tiene la Comisión de atenerse a esta planificación. 
Porque no parece que la problemática financiera dentro del Consejo vaya a conducir a las soluciones necesarias que puedan hacer posible tomar la iniciativa en las negociaciones de ampliación. 
Creo que esa discrepancia- que ya tenemos ahora y en la que hay muy diversas posiciones, tanto en agricultura como en lo relativo a los Fondos estructurales- seguirá manteniéndose aún. 
Si se quiere emprender con seriedad un proceso de ampliación, será bueno que las finanzas se ajusten a la política a seguir. 
La impresión que tengo en este momento- y Samland ya lo ha manifestado también- es que nos estamos ocupando más de la repartición del dinero entre los quince miembros ya existentes que del proceso de ampliación. 
Eso se ha confirmado aquí por todas las partes, en esta sesión plenaria. 
No puedo ocultar mi preocupación por lo escandaloso de esas ideas. 
Incluso para mi gran pesar tengo más comprensión por la discusión neerlandesa sobre la postura de los países contribuyentes netos de la que hasta ahora tenía. 
Porque, naturalmente, no puede ser que la ampliación se cargue sobre esos países que ya en este momento se hallan en un debate político sobre los contribuyentes netos extremadamente difícil. 
El debate sobre los contribuidores netos me parece, lo digo inmediatamente, un debate erróneo, pero es, de una vez por todas, una parte de la realidad política con la que tienen que vérselas países como Alemania y los Países Bajos. 
Si la discusión transcurre igual que en este debate, con irlandeses que quieren sus duros, con portugueses que quieren tener sus duros, los españoles que quieren sus duros, naturalmente en un momento dado se madurará para que caigamos en una profunda crisis política en esta Comunidad, con el riesgo de que las víctimas serán los candidatos para la ampliación, que según mi opinión deberían poder aprovecharse a tiempo de su relación con la Unión Europea. 
Sin embargo, quería señalarlo en ese contexto. 
Otro punto relacionado con la adhesión. 
La Comisión ha partido del 2, 5 % de crecimiento. 
Colom pregunta expresamente si es una opción viable. 
En mí surge otra pregunta. 
¿Hasta dónde llega la relación entre ese 2, 5 % y la planificación que la Comisión ha fijado referente a la adhesión? 
Además, las reformas de la política agraria, las reformas de los Fondos estructurales, son suficientes para hacer frente a la problemática dentro del 1, 27 %. 
También a ese respecto la Comisión es extraordinariamente dificultosa. 
Cuando miro por ejemplo a los territorios con el Objetivo 1, entonces veo que hay considerables posibilidades para ahorrar. 
Tomo el propio Flevoland neerlandés, pero también pienso que un gran número de otros territorios con Objetivo 1 no necesitan que ahora ya no se utilicen sus otros seis años para desmantelar su posición de Objetivo 1. 
Eso puede darse en un período de tiempo sensiblemente más breve. 
Lo son o no lo son. 
Si no lo son no hay ningún derecho automático para aprovecharse por más tiempo de su posición ventajosa. 
Creo que las normas de transición que la Comisión tiene en la cabeza, que por limitaciones en la duración deben ofrecer más posibilidades de adaptación que las que se han previsto en este instante, que por tanto se han encontrado diferentes soluciones de las de ahora. 
Porque otra vez, las actuales propuestas relacionadas con los Fondos estructurales que señalan que países con escasos territorios de Objetivos 1, que además no se benefician del cambio en la política agraria, cargan con la cuenta de la ampliación. 
Si miro a las cifras de opinión en los Países Bajos, en Alemania, en otros países relacionados con los sentimientos de la población para la ampliación, entonces corremos seriamente riesgos políticos si lo introducimos en este desarrollo. 
De ahí mi advertencia. 
Siempre he dicho que la discusión sobre la contribución neta me parece una discusión errónea, pero he de reconocer que entre tanto en un gran número de nuestros Estados miembros es un problema político y que, por lo tanto, es necesario llegar a una repartición equilibrada del presupuesto en la que se deben manejar también criterios diferentes de los de la típica discusión de la contribución neta, pero donde sin embargo son inevitables otros criterios. 
También es necesario crear dentro de Agenda 2000 más espacio financiero para los afiliados del que existe de momento. 
Señor Presidente, estimados colegas, permítanme sumarme a lo que ha dicho aquí nuestro colega, el Sr. Dankert. 
Es muy interesante, que ahora estemos experimentando ya una pendencia de distribución, más o menos larvada, en el seno de la Unión Europea, que me recuerda mucho lo que discutimos ya a principios de los años 80. 
Me maravilla a veces que los argumentos que se adujeron entonces en contra de la ampliación de la Unión Europea hacia el sur, procedan hoy de los países que entonces fueron admitidos en la Unión Europea. 
Ojalá que cada cual examine una vez más su conciencia acerca de si entonces no eran ya falsos los argumentos por los cuales admitimos luego a esos países. 
No debería utilizarse la teoría del autobús: ir en el autobús y decir que el autobús está lleno. 
Creo que ésta es, a veces, una situación difícil. 
Hoy se ha proclamado con profusión la importancia de la ampliación de la Unión Europea, la oportunidad histórica, y no puedo menos que subrayar esto. 
Creo que hemos de aplicar dos definiciones a la hora de no hacer discriminaciones. 
No debemos discriminar en el sentido de no dar esperanza alguna a los candidatos. 
Debemos poner en marcha un proceso que les ofrezca posibilidades objetivas de convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo hemos de dar criterios objetivos a los agentes de las negociaciones para que puedan realizar esa diferenciación, de manera que, al concluir las negociaciones, los países que se encuentren más desarrollados no tengan que aguardar a los que no lo están tanto. 
Por esta razón, creo que entretanto nuestras soluciones de compromiso han de ser interpretables de tal manera que la Comisión y el Consejo dispongan de estas posibilidades de diferenciación. 
Esto es de una importancia extraordinaria, pues si el primer país ingresa mucho más tarde de lo que sería posible, esto significará una merma de las esperanzas para aquellos países que, en cualquier caso, habrían de ingresar después. 
Por esta razón, es un planteamiento falso meter todo en el mismo saco. 
Todos tenemos que hacer nuestros deberes. 
Los candidatos han de hacer sus deberes para estar en forma para la Unión Europea, pero nosotros tenemos que hacer también nuestros deberes, en la política estructural, en la política agrícola, en las reformas institucionales, no en un sentido exagerado pero sí hasta donde sea necesario para la ampliación. 
Tenemos que hacer estos deberes y tenemos que organizarnos de tal manera que la posibilidad de la ampliación de la Unión Europea no conduzca hacia nuevas rupturas. 
La ampliación debe prever posibilidades de transición para que no se produzca una fractura entre los países candidatos y los países actuales de la Unión Europea. 
La nueva frontera de la Unión Europea significa también que debemos tender puentes hacia los países que a largo plazo o en un tiempo previsible no van a ingresar en la Unión Europea, y quien al tender los puentes pierda de vista a Ucrania o a Rusia cometerá también un error. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a la llamada de nuestro colega, el Sr. Samland, a la sinceridad, y quisiera añadir tres aspectos. 
En primer lugar: como acaba de decir Elmar Brok, sería realmente un escándalo que un país satisficiera ya los criterios y un país miembro de la Unión Europea pusiera el veto hasta que estuviera listo su candidato a la adhesión. 
El Sr. Brok sabe de qué estoy hablando, hablo de Polonia. 
Esto no debe suceder. 
Segundo punto: la reforma de las instituciones. 
No puedo eliminar la sospecha de que algunos apelan a la reforma de las instituciones con la segunda intención de aplazar así un poco la ampliación. 
Por esta razón, debemos procurar que la reforma institucional se acometa de forma rápida y consecuente para que no perdamos tiempo y se mantenga así el proceso de ampliación. 
Un tercer punto, que tampoco carece de importancia: tengo la impresión de que algunos países que ahora se ven especialmente favorecidos por el sistema de fomento, no tienen ningún interés en la ampliación, porque de esa manera perderán sus privilegios financieros. 
Esto tampoco debe suceder. 
En este punto se precisa mucha sinceridad y consecuencia política, y espero que podamos aportarlas, al menos aquí, en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a mis colegas el Sr. Oostlander y el Sr. Barón Crespo su excelente informe, que cuenta con mi apoyo. 
Personalmente, soy un partidario entusiasta de la ampliación, pero también tengo opiniones muy firmes sobre cómo debería construirse esa Europa ampliada. 
Retrospectivamente, la última ampliación, sin profundizar en ello, fue prematura. 
Como consecuencia hemos heredado un amplio cuerpo de opinión política y opinión pública que no está comprometida con la integración europea y ello ha hecho de freno para nuestras ambiciones europeas. 
No debemos repetir este error. 
El Parlamento Europeo debe dejar claro que no daremos nuestra aprobación a ninguna adhesión a menos que haya una reforma institucional básica ni hasta que se haga. 
Debemos hacer uso de los poderes que tenemos para forzar a los gobiernos de los Estados miembros a convocar otra conferencia intergubernamental y rectificar los fallos de Amsterdam. 
Si no conseguimos resolver este tema antes de la ampliación habremos abandonado la meta de los Estados Unidos de Europa y la habremos sustituido por una extensa zona de libre comercio glorificada a la que se habrán añadido nuevas normas y reglamentos. 
A la vez que mantenemos la presión sobre los gobiernos, deberíamos paralelamente abrir negociaciones con todos los estados candidatos a excepción de Eslovaquia. 
Esto enviaría un mensaje simbólico a los ciudadanos de dichos países. 
Diríamos que queremos que se nos unan tan pronto como sea posible y tan pronto como cumplan las condiciones necesarias. 
Al no crear una primera y una segunda categoría de ingreso en la Unión Europea también estaríamos enviando un mensaje positivo a los inversores potenciales, lo que es esencial para que estos países puedan satisfacer con éxito los criterios económicos para el ingreso. 
Concluiré diciendo que no tengo tiempo para los argumentos de los que, con egoísmo, ven la ampliación en términos presupuestarios nacionalistas. 
¿Dónde está su visión? 
Bien puede exigir un esfuerzo inicial al presupuesto de la UE, pero dicho coste será mínimo comparado con los elevados dividendos de paz que dará como beneficio una Europa ampliada y completamente integrada. 
Señor Presidente, mis palabras claves para la ampliación son paz y estabilidad en Europa. 
Por ello, no hemos de crear inestabilidad a través de un método de selección que impone una linde entre los países solicitantes. 
Y a pesar de lo bien que pueda exponer el señor Comisario Hans van den Broek su caso- y lo hizo de manera sobresaliente esta tarde -, no soslaya el hecho de que la Comisión ha creado una linde, que ni una vez es estrictamente objetiva, sino política, lo que el propio señor Comisario también dijo. 
Con la estrategia escogida la Comisión ha convertido la ampliación en una carrera de caballos, en la que los participantes indefectiblemente se sentirán como ganadores o perdedores: se han creado un grupo A y un grupo B. Sí es evidente que hay diferencias entre los países, también con respecto a cuán cerca están de cumplir los requisitos exigidos por la UE, sin embargo, a la luz del proceso de cambio en medio del cual se encuentra Europa, es un momento equivocado para hacer tal división estadística. 
La estrategia de la Comisión está relacionada con el hecho de que sus palabras claves sean otras diferentes de paz y estabilidad. 
La Agenda 2000 dice consolidación y ampliación de la Unión, sin embargo, no es la Unión la que debe consolidarse, son los ciudadanos de Europa los que deben fortalecerse, y es posibilidad de los ciudadanos decidir sobre su propia vida, la cual se verá ampliada por la colaboración de la Unión. 
Por ello, el proceso de ampliación tampoco ha de tomarse como rehén para la necesidad de la Unión de reformas. 
Sólo a través de una colaboración pareja con los países solicitantes podemos garantizar el respaldo popular a la UE, y sin él el proyecto se derrumba. 
Señor Presidente, la Agenda 2000- por una Unión más fuerte y amplia- y la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de los países del este supone la integración histórica de Europa, el final de la tradicional paradoja de la división europea y, a la vez, constituye una garantía para el desarrollo y la estabilidad de Europa y del mundo. 
Ésta es la gran opción política de la Unión Europea para su desarrollo, una iniciativa que, quiero creer, es ya una decisión tomada a todos los niveles de la Unión Europea. 
Todos los aspectos de la cuestión histórica han sido analizados de forma completa en un proceso, por definición, paralelo y ligado a la profundización, al reforzamiento y a la validación de la actual Unión Europea inmersa en un proceso de cambio. 
Por supuesto, todo ello deberá desarrollarse de forma clara, sin contradicciones, conflictos ni retrocesos. 
Nos encontramos ahora ante la decisión final para realizar esta política, al comienzo de las negociaciones para la adhesión, tras las decisiones y los criterios de Copenhague, de acuerdo con los requisitos del Tratado de Amsterdam, y una vez desarrollados los largos procesos de diálogo previo a la adhesión en el marco de los acuerdos europeos de unión. 
Me alegra ver que el Parlamento Europeo comparte totalmente la opinión de que los procesos de negociaciones para la adhesión deberán comenzar a la vez, desde el mismo punto de partida, para todos los países candidatos, tanto de la Europa oriental, como central, del noreste o del sureste. 
Los diez países candidatos han emprendido de forma decidida la larga y difícil lucha para la aproximación. 
Los diez y uno más, o bien, corrijo y subrayo, uno más diez. 
Recuerdo y me remito a la decisión de la Unión Europea tomada en 1995 sobre la adhesión de Chipre, aún en vigor, según la cual las negociaciones para la adhesión comenzarán en abril de 1998; ésta es la deuda histórica de la Unión Europea con Chipre. 
Desgraciadamente, en esta imagen global Turquía no tiene una plaza. 
Estoy completamente de acuerdo con el señor Comisario van den Broek en este punto: no deberán producirse cambios ni ocultarse nada sobre la gran cuestión de la ampliación en lo concerniente al asunto de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. 
Pero ello no significa aceptar que Turquía se cuele en la Unión Europea. 
Puede que algunos gobiernos necesiten hacer maniobras en el ejercicio de su política exterior. 
Puede, también, que la Comisión Europea tienda a que se establezcan regulaciones globales. 
Pero nosotros, el Parlamento Europeo, debemos cumplir principios firmes. 
El asunto de Turquía queda abierto, estoy de acuerdo. 
Pero ahora, está fuera de lugar en este debate: Turquía no cumple hoy las condiciones fundamentales, por desgracia para ella y para la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera hacer tres puntualizaciones sobre este debate que está girando esencialmente en torno a la ampliación. 
Hace nueve años cayó en Hungría una alambrada fronteriza y en Berlín un muro, un hecho deseado por unos y temido por otros; el cambio estaba allí. 
Entonces todos estábamos ya de acuerdo en que el reto mayor que se plantearía a la Comunidad Europea no sólo sería haber logrado la unificación de la Europa occidental, sino contribuir también al proceso de unificación de toda Europa. 
No se trataba solamente de la reunificación de Alemania; se trataba también en cierto sentido de la reunificación del continente europeo, y en ese punto teníamos claro que esto sólo podía suceder bajo el signo de la democracia, del estado de Derecho, de los derechos humanos y de la economía de mercado. 
Hoy estamos discutiendo las implicaciones de esta respuesta que nos hemos propuesto, y los otros están aguardando a nuestras respuestas y, sobre todo, a nuestra voluntad interior sobre tales respuestas. 
Segunda puntualización: vienen a nosotros países que cambian totalmente su papel histórico. 
Quiero nombrar como ejemplo a Polonia. 
Polonia ha sido triturada siempre entre sus grandes vecinos. 
Hoy debe pasar de ser un país subyugado a ser un socio. Es un país con fronteras. 
Como país fronterizo cambia la frontera, por decirlo así, del oeste al este, donde luego va a estar el país fronterizo de la Unión Europea. 
Por primera vez en su historia- al menos en su historia reciente- tendrá que asumir una función activa, incluso en nombre de sus vecinos, que seguramente no es fácil. 
Quisiera decirlo con un refrán alemán: preguntar por la adhesión no es difícil, por el contrario, ser miembro y llegar a serlo lo es mucho. 
Esto lo tendrían que saber también los otros países que han solicitado la adhesión. 
Pero tenemos que ver también, y ésta es la tercera puntualización, que hemos elaborado un cuestionario de test después del cual la adhesión, por decirlo así, es un certificado de capacidad democrática, y por esta capacidad democrática se miden todos los países. 
Por esta razón hay que acercarse con una gran sensibilidad a esta cuestión. 
Las cuestiones del test son los derechos humanos, los procedimiento democráticos, la protección de las minorías. 
Este es un camino difícil- acabo de volver de Rumanía- cuando se ha dejado atrás una larga experiencia de dictadura. 
Sin embargo, la democracia, y esto hemos de aprenderlo todos, necesita un control permanente, incluso entre amigos. 
Hay que aprender a soportar esto, pues éste es el aglutinante que en definitiva nos mantiene unidos, y el hecho de que también en amistad se pueda contender por objetivos políticos es también un trozo de libertad. 
Señor Presidente, quisiera apoyar las observaciones críticas que figuran en el informe del Sr. Colom i Naval. 
La Comisión se ha encerrado en el papel del personaje de Molière, a quien piden que organice un banquetazo con poco dinero. 
Intenta demostrar que se puede ampliar sin que cueste más caro o, más exactamente, sin que los Estados miembros tengan que pagar más. 
De ahí ese postulado y tope del 1, 27 % que domina toda la reflexión. 
Comprendemos las razones para ello. 
La Comisión ha querido adelantarse a los deseos o, más exactamente, la falta de voluntad del Consejo, en lugar de hacer propuestas basadas en el examen de las realidades. 
Y resulta mordaz comprobar que, mientras que después de Amsterdam pedíamos que el fortalecimiento institucional fuera previo a la ampliación, la reflexión sobre la ampliación nos muestra hoy las insuficiencias actuales de uno de los miembros institucionales de nuestra Unión, la Comisión, que abandona el papel de motor que tenía en tiempos para convertirse en una unidad de programación del Consejo. 
Señor Presidente, el fin del comunismo y de la división de Europa abrió la vía para un cambio de naturaleza de la propia Unión Europea, ahora apta para incluir a todos los pueblos y Estados europeos. 
A ese cambio histórico de dimensión corresponde la ampliación. 
Así, pues, exigimos a la Unión y a sus Estados miembros que sean capaces de asumirlo como un objetivo político esencial para el futuro de la democracia y de la paz en Europa. 
Se trata de apoyar la consolidación de la democracia y de los derechos humanos y también la transición sostenible a la economía de mercado, teniendo en cuenta el generoso propósito de superar, cuanto antes, la grave crisis social en que el liberalismo salvaje sumió a casi todos los países liberados del comunismo. 
Para un país como Portugal, cuya consolidación democrática y desarrollo económico tanto se han beneficiado de la adhesión a la Comunidad, no puede haber dudas sobre la necesidad de apoyar el objetivo político de la adhesión de los países de la Europa central y oriental, además de los otros candidatos. 
De modo que rechazo cualquier estrategia institucional, financiera o de otra índole, interna de los Estados miembros actuales, que tome a los pueblos de los países candidatos como rehenes. 
Por eso, este gran designio histórico de la ampliación excluye la legitimidad política y moral de cualquier intento de jerarquizar a los países candidatos, como pretendió hacer la Comisión con la famosa propuesta de 5+1. 
Me congratulo de que el Parlamento Europeo se oriente en sentido inverso. 
Me congratulo de que el Parlamento pida que todos sean iguales en el punto de partida, sin perjuicio de los resultados y que se fije la fecha de la conclusión de las negociaciones en función de criterios comunitarios objetivos. 
Igualmente rechazo cualquier intento de excluir a Turquía por razones de índole cultural o religiosa, olvidando la historia europea de Turquía y la decisiva contribución que su adhesión, respetando los requisitos democráticos, representaría para la unidad y la paz en Europa. 
Es preciso ayudar a Turquía a adherirse y no excluirla en el punto de partida. 
¡Está claro, señor Presidente y Señorías, que tan gran designio histórico exige algo más que contables timoratos al frente de los Gobiernos! 
Exige un liderazgo político y moral de solidaridad y de sentido de la Historia, un liderazgo que está faltando cruelmente en la Unión Europea. 
Sólo así, con valor político y diciendo la verdad a electorados intoxicados por la demagogia populista, nacionalista y antieuropea, será posible llevar a término un proceso que va a exigir reformas a fondo de ciertas políticas actuales, como la PAC, y el fortalecimiento del presupuesto comunitario para garantizar las políticas de apoyo cultural que necesitan los países candidatos, sin hacerlos financiar exclusivamente a costa de los países menos desarrollados y de la cohesión económica y social. 
Eso es lo que significaría el mantenimiento del límite máximo de recursos propios en el 1, 27 % del PIB. 
La ampliación es, desde luego, una nueva oportunidad para Europa, para la paz, la democracia y la solidaridad entre sus pueblos, el objetivo que no se compadece ni con la división entre los países candidatos ni con una reducción de fondos para la cohesión económica y social que es, en sí misma, potencialmente disgregadora de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, desde el punto de vista económico Eslovaquia es uno de los países candidatos más fuertes. 
Ha superado rápidamente las dificultades de la separación respecto de la antigua Checoslovaquia. El alto crecimiento económico per cápita, la disminución de la tasa de desempleo, de la tasa de inflación y el bajo endeudamiento exterior, en comparación con otros países, son elementos que causan impresión. 
En el aspecto político existe desde hace años el marco constitucional para instituciones de estructura democrática y con capacidad de eficacia. 
Pero una institución, el Gobierno, y de éste son responsables, sobre todo, el Presidente del Consejo de Ministros, Meciar, y algunos de sus ministros, no funciona como cabría esperar en un estado de Derecho. 
Su actitud frente al papel del Jefe del Estado, la falta de respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional, la parcial exclusión de la oposición parlamentaria de los organismos importantes de decisión y su comportamiento frente a la minoría húngara constituyen pruebas importantes de la conducta antidemocrática seguida hasta ahora. 
Por otro lado, la Administración eslovaca y el Parlamento están en la tarea de adaptar rápidamente los ámbitos relevantes de la legislación al nivel comunitario. 
La recomendación del Comité Parlamentario Mixto UE/Eslovaquia, sobre el que después hablará todavía mi colega Rübig, ha puesto en movimiento algunas cosas. 
Pero, en resumidas cuentas, nosotros constatamos que el Gobierno eslovaco no satisface todos los criterios políticos de Conpenhague y se necesitan todavía grandes esfuerzos del Gobierno y, sobre todo, del Presidente del Consejo de Ministros, para llegar a una mayor práxis democrática y del estado de Derecho, a fin de ingresar en el grupo de los candidatos merecedores de ser tomados en serio. 
Señor Presidente, me congratulo por el gran papel que desempeña el Parlamento en el proceso de la Agenda 2000. 
Con respecto a ésta, se ha dicho una y otra vez esta tarde que la Comisión está proponiendo una nueva perspectiva financiera completa para el período considerado. 
Abarca todo el abanico de políticas de la UE y asume que la expansión hacia el este tendrá lugar a lo largo de los diez próximos años. 
Todos sabemos que la Unión Europea se enfrentará a sus mayores retos durante ese período. 
Tenemos que avanzar hacia la UEM. 
Tenemos que incorporar hasta diez Estados miembros adicionales. 
A nivel personal, lamento que Malta, por decisión propia, no sea uno de esos países. 
Como usted probablemente sabrá, fui ponente ante el Parlamento sobre la adhesión de Malta y espero que en algún momento se suba al tren. 
Otro reto que deberemos tener en cuenta es una nueva ronda de negociaciones internacionales de comercio. 
Respecto a la perspectiva financiera, la actual, que va de 1993 a 1999, se vio acompañada por un incremento del presupuesto de la UE hasta un límite del 1, 27 % del PNB de la UE. 
La Comisión se precipita al asumir una tasa de crecimiento medio del 2, 5 % para los actuales Estados miembros. 
El Comisario no parece estar teniendo en cuenta la posibilidad de vuelcos económicos inesperados con la UEM. 
Por este motivo tengo serias dudas sobre la propuesta de mantener el presente techo presupuestario en la siguiente perspectiva. 
Los fondos estructurales han sido muy eficaces en las áreas pobres y las regiones periféricas al ayudar a Irlanda a alcanzar el nivel medio de vida de las regiones más ricas de la Unión. 
Irlanda se ha beneficiado enormemente durante los últimos diez años y hemos hecho un muy uso de nuestros fondos estructurales. 
Ahora nuestro nivel de vida ha alcanzado la media de la UE por primera vez. 
El presupuesto actual de Irlanda refleja la buena salud de nuestro Tigre Celta. 
Sin embargo, aún tenemos inmensas necesidades de desarrollo y estructurales. 
Cualquiera que haya estado en Dublín recientemente conocerá la seriedad de nuestros problemas de congestión de tráfico. 
Está convirtiéndose en una descomunal barrera para la inversión y el Gobierno está haciendo muy poco para remediarlo, aparte de dar trabajo sin fin a los asesores. 
Acepto el razonamiento del Comisario de que ha de haber una mayor concentración de recursos bajo la próxima perspectiva. 
Tiene poco sentido que casi la mitad de la población de la UE viva en áreas elegibles para los fondos estructurales. 
No obstante no debiera haber recortes súbitos de los fondos estructurales. 
Incluso aunque los fondos estructurales representan un factor siempre decreciente en nuestra prosperidad en Irlanda, ningún país podría sobrellevar un recorte drástico de las inversiones sin emprender una enorme desorganización interna. 
La Comisión ha confirmado que esto no pasará. 
Cualquier acuerdo de concentración debe incluir un firme compromiso de disposiciones transitorias apropiadas. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con los sentimientos y preocupaciones expresados por mi colega John Cushnahan. 
También me preocupa la disolución y debilitamiento de la Unión Europea mediante una ampliación demasiado rápida, aunque me siento animado por los avances hacia la unión monetaria. 
Quiero referirme al informe Colom I Naval y decir que desde el momento en que cayó el Muro de Berlín hubo un notable consenso a favor de admitir a los países de Europa oriental. 
Este consenso era aplicable no sólo a las instituciones y los gobiernos nacionales, sino también a la gente de la UE. 
También se aceptó que la ampliación no se conseguiría sin pagar un precio y que se precisaría una contribución de todos los Estados miembros proporcional a su capacidad para contribuir. 
Por lo tanto, podríamos preguntar por qué la Comisión propone admitir a 75 ó 100 millones de personas muy pobres sin ninguna ampliación de los recursos de la Unión. 
En este momento sabemos que los nuevos países entrarán- según las estimaciones más optimistas- con aproximadamente el 30 % del PIB de los miembros ya existentes. 
En la antigua Unión Europea de doce Estados miembros había 80 millones de personas con un PIB equivalente al 65 % de la media y, para producir una convergencia aceptable de sus economías, reunimos recursos por valor de 24.000 millones de ecus anuales para fomentar su desarrollo. 
¿Cómo puede la Comisión proponer que se extienda una política regional aceptable a los nuevos estados con sólo 11.000 millones de ecus? 
La situación es semejante en la agricultura. 
Es sumamente difícil proyectar cómo irán las economías de los 15 miembros, cuál será el coste de la PAC, cómo marcharán los países candidatos durante los próximos cinco a ocho años. 
Pero, dentro de ese límite del 1, 27 % es muy difícil que se proporcionen recursos suficientes para garantizar que esta ampliación satisfaga a los países candidatos y a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar, quisiera hablar brevemente a propósito de nuestro colega, el Sr. Schweiger, que ha hablado precisamente antes sobre Eslovaquia. 
En este punto no quisiera anticiparme mucho a mi colega, el Sr. Rübig. 
Sin embargo, si examinamos los informes que han elaborado nuestros propios ponentes sobre estos países, y analizamos, por ejemplo, el informe sobre Estonia y pensamos que Eslovaquia procedería con su minoría de habla húngara de la misma manera que Estonia lo haría con su minoría de habla rusa, entonces no sé cuál sería el juicio sobre Eslovaquia. 
Dudo que esta fórmula de 5+1 sea la yema del huevo y creo que esto debería decirse con toda claridad en esta Asamblea. 
Espero también que los Estados miembros lleguen al final a las mismas conclusiones en Luxemburgo. 
El ponente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Colom i Naval, ha aportado en el punto 37 de la exposición de motivos de su informe una última puntualización- como él dice- sobre los gastos de administración. 
Afirma que en relación con los problemas lingüísticos de una ampliación de la Unión la Comisión no ha tomado en cuenta junto a los costes directos, es decir, la contratación de personal administrativo, lingüistas etc., los costes de la infraestructura, despachos, cabinas en las salas de reuniones, etc.. 
Aduzco este ejemplo aparentemente pequeño- quizá no se hayan percatado de ello algunos colegas- porque es una muestra de la naturaleza incompleta de la Agenda 2000 que nos ha sido presentada por la Comisión. 
Una vez más se elude un asunto que en este caso es muy sensible, no tanto desde el punto de vista presupuestario, cuanto del político. 
Sigamos con el ejemplo de Eslovaquia: ¿Dónde está la diferencia entre el derecho de cinco millones de daneses a hablar su propio idioma y el de los cinco millones de eslovacos un día? 
No nos hemos planteado esta cuestión en relación con la Agenda 2000. 
Hemos descuidado plantearnos las cosas claras dentro de esta Agenda 2000 y creo que uno de los méritos de nuestro colega, el Sr. Colom i Naval, como ponente de la Comisión de Presupuestos, es el de haber planteado en el tiempo oportuno las cuestiones igualmente oportunas. 
LLevando esto a un común denominador: quien no quiera reformar la política agrícola y estructural, quien al mismo tiempo no quiera pagar más, ese no puede o no quiere hacer la ampliación. 
Digo esto en el presente debate también a todos los colegas cuyos representantes gubernamentales adoptaron, en parte, posiciones extraordinariamente extrañas en el pasado en los diferentes consejos de Luxemburgo. 
Por un lado se quería pagar menos, al mismo tiempo se miraba con displicencia la política agrícola y su participación en los gastos del 50 % de nuestro presupuesto, y luego el Ministro de Asuntos Exteriores decía: queremos la ampliación hacia el este. 
Éstas son cosas que no podemos contar a nuestras ciudadanas y ciudadanos, y por esta razón ha sido importante que hayamos puesto por una vez sobre la mesa, sobre todo desde el punto de vista presupuestario, cuestiones claras y también críticas. 
Esto se lo debíamos a nuestra gente y se lo debemos igualmente a nuestros futuros colegas de la Europa central y oriental. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores colegas, la ampliación es un gran reto histórico. 
Constituye un acto político complejo y, sobre todo, es la más distinguida expresión de la política exterior de la Unión Europea. 
Por consiguiente, la insistencia o la vinculación con su vertiente económica exclusivamente supone una infravaloración de su esencia. 
Tras la convulsión que desmanteló el totalitarismo de nuestro continente en 1989, supone un importante y necesario mensaje a todo el mundo. 
Pero, por desgracia existen anacronismos, por no decir contradicciones, en la orientación de esta elevada política: la Unión Europea avanza hacia la ampliación sin antes haber consolidado institucionalmente la política exterior común y la política de seguridad, sin haber solucionado los problemas críticos de su funcionamiento básico y eficaz. 
La revisión de Amsterdam, que centra su atención en el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, ha preferido posponer la solución de dichos problemas fundamentales. 
Así, las carencias son grandes; al menos que no se vean incrementadas con errores. 
Sería una equivocación que se dividieran los países que aspiran a entrar en la Unión Europea en dos categorías: los de 1ª y los de 2ª clase. 
Sería una equivocación que comenzasen las adhesiones sin afrontar las cuestiones institucionales pendientes. 
Sería una peligrosa equivocación infravalorar, en favor de los intereses económicos, o incluso de los equilibrios estratégicos, el respeto a los derechos humanos o menospreciar la política agresiva y de chantaje de algunos estados hacia algunos miembros de la Unión Europea. 
Sería, en fin, un irreparable error que la Unión Europea pareciese poco digna de fiabilidad en relación con la adhesión de Chipre, que constituye una obligación asumida, y equiparase ésta con la amistad hacia un país que, además, ha declarado antes de ayer no estar interesado, que menosprecia la Cumbre que tanto esfuerzo absorbe a sus amigos y que, como ha dicho muy correctamente el señor Comisario van den Broek, Chipre se convirtiera en rehén de Turquía a pesar de la obligación contraída por la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Unión Europea se está embarcando en uno de sus proyectos históricamente más importantes desde su creación: la ampliación a Europa central y del este, incluyendo la isla de Chipre. 
La pertenencia a la UE ayudará a apuntalar la democracia, la paz y la prosperidad en Europa central y oriental. 
Por fin, el Telón de Acero, que en la memorable frase de Churchill se extendía desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, se ha levantado. 
La ampliación garantizará que el viejo telón de acero no sea reemplazado por uno de terciopelo, excluyendo parte del continente de los beneficios de pertenecer a la familia europea. 
Lo correcto, por supuesto, es que el proceso de ampliación sea inclusivo a todos. 
Los nueve sin excepción tienen las mismas oportunidades de ingreso, con asociaciones de adhesión reforzadas y revisiones anuales de los progresos hacia el objetivo de la adhesión. 
Es mucho lo que hay que hacer, como ya se ha dicho esta tarde, tanto por parte de los países candidatos para prepararse para el ingreso como por la propia UE para que sus políticas e instituciones se reformen a fin de responder a los desafíos de la ampliación. 
Inevitablemente, ello supone reformar la política agrícola común. 
La Comisión también tiene razón en su informe, Agenda 2000, al señalar que algunos países están bastante más avanzados que otros en el camino hacia la adhesión. 
La opción Cinco-más-Uno, que supone negociar primero con Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre es la única estrategia realista. 
Seguir otras opciones, tales como la fórmula " regata» de iniciar negociaciones con todos los estados candidatos, excepto Eslovaquia, no haría sino demorar el proceso global y crear unas expectativas no realistas. 
Finalmente, acojo con agrado la propuesta de convocar una Conferencia Europea en Londres el próximo febrero, a la que todos los países candidatos puedan ir a debatir temas que interesan a todos los europeos, entre ellos la política exterior y de seguridad común y los asuntos de justicia e interior. 
Señor Presidente y señor Comisario, la ampliación debe ser un éxito por el bien de todos. 
Señor Presidente, la elaboración de este informe ha sido una tarea bastante exigente. 
Aunque se hayan unido varios informes en uno solo, sigue siendo bastante lógico, por lo que expreso mi agradecimiento en particular al Sr. Oostlander y al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, Sr. Tom Spencer. 
El informe es un mensaje del Parlamento a la cumbre de Luxemburgo sobre cómo se debe avanzar en el proceso histórico de la ampliación. 
Se trata de una oportunidad excelente para que se nos oiga. 
Me parece que, aunque el informe intente lograr un equilibrio entre el modelo 5+1 de la Comisión y el llamado modelo regata, no se puede considerar que este informe representa una derrota para el modelo presentado por la Comisión. 
Aunque de forma poco clara, el informe aprueba el orden de prioridades aprobado por la Comisión, pero asociando a todos los demás países candidatos a ese proceso. 
El mayor fallo de este informe es la imprecisión de los términos utilizados, que, por un lado, es involuntaria y, por otro, deliberada. 
La argumentación a favor de negociaciones celebradas en niveles diferentes y de un eficaz proceso de negociación y de adhesión, como contrapropuesta al modelo de la Comisión, queda en él sin significado concreto. 
El esnobismo semántico en la terminología no favorece al Parlamento. 
El Parlamento, que quiso tener un cometido y un papel inequívoco en el proceso de ampliación, parece ahora no ser capaz de adoptar con vigor una toma de posición sobre la forma de las negociaciones ni tampoco sobre las cuestiones de la financiación. 
Las negociaciones propiamente dichas no se pueden celebrar al mismo tiempo con todos los países candidatos. 
La Comisión, con su modelo propio, procura velar por un proceso de ampliación dinámico, que no se podría alcanzar con el llamado modelo regata puro. 
Se puede preguntar cuáles son los motivos por los que los diferentes participantes en este proceso exigen un inicio simultáneo. 
El inicio simultáneo convertiría todo este proceso en algo así como una medición de fuerzas, en que los países que cuentan con fuertes apoyos en la UE actual podrían tal vez pasar con mayor facilidad que los otros sin que se tuviera en cuenta criterio objetivo alguno. 
Así, el proceso resultaría más largo y facilitaría el aplazamiento de las propuestas de los políticos de la Unión. 
¿Es eso lo que se pretende, de hecho? 
Me complace comprobar que el Parlamento no toma posición sobre los plazos de negociación ni sobre la entrada de los países por separado. 
El debate en comisión provocó estremecimientos, porque varios miembros querían juntar los países bálticos en un solo bloque, pasando completamente por alto los fundamentos históricos, las diferencias de la sociedades y los factores socioeconómicos. 
En calidad de presidente de la delegación a Estonia, puedo afirmar que nuestra delegación, un amplio frente, tienen plena conciencia de los sacrificios hechos por Estonia, por lo que propugna para ella un lugar entre los primeros candidatos. 
La presencia de Estonia en la lista de la Comisión relativa al modelo 5+1 tendrá efecto positivo no sólo para Letonia y Lituania, sino también para la dimensión septentrional de toda la Unión. 
En conclusión, puedo decir que, considerando este informe por su contenido informativo, quien vote a favor de él no tomará posición a favor de ninguna estrategia de ampliación o, posiblemente, tomará posición a favor de todas ellas. 
Tal es la sutileza con que este documento formula las líneas de orientación. 
Deseamos que en el futuro la participación de los ciudadanos en el proceso de ampliación sea mayor que en el presente proyecto de la UEM. 
Si no, va a suceder que en la parte final del proceso los políticos hablen y el pueblo no quiera. 
Señor Presidente, al ampliarse la Unión, ¿qué es lo que se amplía? 
¿La estabilidad, la seguridad, los derechos humanos? 
Eso es lo que nosotros pretendemos. 
Ahora bien, tenemos algunos problemas por resolver. 
No se deben ampliar las diferencias sociales en la Unión con la ampliación de ésta al Este. 
Ni tampoco las diferencias de conocimiento entre nosotros deben volverse más profundas con la ampliación y la transformación de la sociedad en sociedad de la información. 
En todo caso, eso es lo que está sucediendo. 
Es decir, que no se deben ampliar las fronteras dentro de nuestras sociedades con la ampliación de la Unión al Este. 
Es de esperar que en los países candidatos haya problemas sociales, explosiones sociales incluso, por culpa del cumplimiento de los criterios de adhesión, que son bastante exigentes. 
Los criterios de la Unión Económica y Monetaria ya los han causado entre nosotros. 
La ampliación no aumenta la seguridad, si sus bases no son resistentes. 
Tampoco debemos alzar más la frontera con Rusia. 
Para eso, necesitamos la dimensión septentrional y la política para el mar Báltico. 
Es necesario que Rusia se comprometa con Europa y no con las ideas asiáticas ni con las ideas de expansión rusa, que serían otras posibles opciones. 
No existe seguridad europea sin la participación rusa. 
Se puede decir que en Rusia se ve la ampliación de la OTAN al Este como un regalo ofrecido a los comunistas. 
La ampliación de la Unión Europea, por su parte, está considerada un acto positivo también para Rusia. 
Por eso, debemos velar por que Europa no vaya a tener más fronteras, sino que, al contrario, sean cada vez menos dentro de nosotros y entre nosotros. 
Señor Presidente, casi al final de nuestro debate que, sin duda, es generoso desde el punto de vista cuantitativo pero que es también cualitativamente adecuado a su objeto, quisiera intentar sugerir, al menos, un contexto temporal y espacial más amplio, tanto para la relación de la Unión Europea con Letonia como también con sus estados vecinos, Estonia y Lituania, es decir, para la relación de la Unión Europea con los estados bálticos. 
Una de las actuales, y más aún, de las futuras cuestiones centrales de la política europea será la configuración de la relación entre la Unión Europea y la Federación Rusa. 
No puedo menos que sumarme en este punto al Sr. Paasilinna. 
A la Unión Europea le interesa claramente que esta relación sea constructiva y orientada hacia la estabilidad. 
A este respecto tiene un valor especial la directa cooperación regional transfronteriza. 
Así lo muestran precisamente las experiencias de los últimos años de una cooperación progresivamente más intensa, del surgimiento de numerosas eurorregiones en la frontera oriental de la Unión Europea. 
Deberíamos proyectar hacia el futuro estas experiencias, manifiestamente positivas, de los últimos decenios y de los últimos años. 
Precisamente los tres estados bálticos serían, como miembros de la Unión Europea, socios potenciales de una cooperación transfronteriza entre la Unión Europea y la Federación Rusa. 
De esta manera los estados bálticos podrían hacer una aportación específica, difícilmente sustituible, sustancial, a la solución de un problema clave de la política europea. 
El requisito más inmediato y más importante para ello es la posibilidad de poder ingresar en la Unión Europea. 
Estonia, Letonia y Lituania sólo querrán y podrán asumir esta deseable función política, es decir, la de ser agentes de una cooperación entre la Unión Europea y la Federación Rusa, si se encuentran sólidamente enraizados en la Unión Europea, si se sienten socios equiparables y con igualdad de derechos. 
La estrategia de la adhesión debería estar configurada no sólo por las actuales condiciones marco, sino también por las futuras situaciones, conscientemente influenciadas y configuradas por nosotros. 
Una adhesión lo más rápida posible a la Unión Europea ayudaría también a resolver otros problemas marginales que, lamentablemente, no puedo seguir exponiendo aquí. 
Señor Presidente, la ampliación de la EU es una decisión histórica. 
Los instrumentos que tiene la EU, es decir, las herramientas políticas, económicas y diplomáticas, son extraordinariamente valiosas y mucho más eficientes que las militares para construir una colaboración interestatal duradera. 
El trabajo del Parlamento ha sido extenso y duro. 
No ha sido fácil encontrar un equilibrio entre negociaciones inmediatas para todos y negociaciones sólo para algunos. 
Los elementos importantes tienen que ser que todos los países estén en el proceso de ampliación, independientemente de sus grados de preparación. 
Obviamente que todos los países tienen que ser medidos en las mismas condiciones y tratados de una manera similar. 
Tiene que quedar claro para todos los países solicitantes y sus habitantes que ellos participan en un proceso de ampliación y que llegarán a ser miembros cuando cumplan con los criterios para obtener la calidad de miembros. 
Ningún país cumple hoy con esos criterios. Es apenas recomendable entonces elegir sólo a algunos países. 
Nadie sabe con seguridad cómo será la situación en los países solicitantes dentro de algunos años. 
Hay voluntad política de ampliar la UE. 
Es importante estimular esta voluntad, incluso en los países solicitantes. 
Son democracias nuevas y frágiles. 
Cerrarles las puertas en las narices no es justo. 
Enviaríamos señales equívocas si sólo eligiésemos a algunos estados. 
Todos los estados solicitantes tienen que tener posibilidades de empezar las negociaciones de adhesión al mismo tiempo. 
Se han expresado temores de que, en este caso, se atrasaría el proceso para los estados que se consideran maduros para las negociaciones. 
Es importante que no enfrentemos a unos estados contra otros. 
Por eso se debe iniciar una puesta en marcha de negociaciones común, simultáneamente con todos. 
Después de esas negociaciones acquis multilaterales, que pueden llegar a durar un año, se deben iniciar las negociaciones bilaterales con los países que estén listos, probablemente los cinco más uno que la Comisión haya elegido, pero también con otros países si están listos. 
Lo que se gana con una solución de este tipo es que no desaprobamos a ciertos países por adelantado, sino que los alentamos a continuar con sus ambiciosos esfuerzos para alcanzar la madurez requerida para ser miembros. 
Señor Presidente, en diciembre de 1997 se colocarán los raíles hacia el futuro de Europa. 
A fin de cuentas esto es solamente una posibilidad de poder vivir también en paz, bienestar y seguridad en el futuro. 
Estamos viendo que la apertura hacia el este ha reavivado la economía, que se han intensificado mucho las relaciones mutuas, que el comercio prospera, que ambas partes obtienen provecho de la apertura. 
Mi primera preocupación a la hora de la apertura hacia el este- y yo procedo de una explotación de herrería en Austria- fue la de qué es lo que nos aguarda. 
He viajado a estos países y he observado qué oportunidades hay allí. 
Si se observa cuántas cosas se necesitan, productos, servicios todo lo que nos pueden suministrar, entonces esta es una oportunidad doble. 
Creo que en el punto central deberíamos colocar las oportunidades que nos brinda esta ampliación hacia el este, aunque tampoco hemos de olvidar los riesgos. 
Pero constituye, sobre todo, la oportunidad, porque, naturalmente, desaparecen los obstáculos al mercado y la globalización tiene efectos positivos. 
No podemos hablar el domingo sobre puestos de trabajo y, luego, el lunes, estar en contra de la ampliación hacia el este. 
Creo que la ampliación hacia el Este crea puestos de trabajo en ambos lados. 
Esta es una oportunidad que hemos de aprovechar. 
En especial, los objetivos de seguridad tales como Schengen, la seguridad atómica, son para nosotros temas completamente centrales, y creo que en el futuro vamos a tener también mucho que hacer en este ámbito. 
Como vicepresidente de la Delegación para Eslovaquia es mi deseo decir que se han logrado enormes avances, y deberíamos ver, en especial, que la oposición ha participado más, pero que también, por otro lado, no se ha resuelto aún el caso Gaulider, pero que en el próximo año, a más tardar, deberá solucionarse con las elecciones. 
Por esta razón, en este punto hay que elegir no la fórmula menos uno sino la más uno. 
Este es un aspecto completamente importante. 
Quisiera decir lo siguiente: la puerta está abierta pero no empujamos a nadie. 
Presidente, ha sido un debate largo e interesante y ya antes he hecho uso de su generosidad para intervenir dos veces, así que seré breve y expresaré mi agradecimiento por las importantes intervenciones que hemos podido escuchar hoy y que han cubierto una parte importante de lo que la Comisión considera como una de sus más importantes propuestas en este período de mandato, naturalmente junto con las propuestas acerca de la UEM. 
El debate de hoy ha dado, creo, una buena imagen sobre qué discusiones tenemos que esperar entre los Estados miembros. 
No pienso tanto ni en primer lugar en discusiones sobre un desarrollo de la ampliación y el intentar evitar que se sienta excluido cualquiera de los países miembros. 
Pienso más bien en las discusiones que aún tendrán lugar acerca de la financiación de la ampliación. 
Ahora considero que en cualquier caso hoy no tenemos ninguna necesidad de sacar conclusiones y tampoco las podemos sacar en vista del hecho de que la Comisión Europea también deberá hacer propuestas más detalladas. 
Pero de todas formas está bien constatar hoy que la inseguridad que todavía existe acerca de determinadas partes de las reformas de la política interna, también de sus consecuencias financieras, asimismo acerca de la financiación de la ampliación en su totalidad, por lo visto no forman ningún motivo para la gran mayoría en esta Cámara para considerar la reserva en relación con el arranque del posterior proceso de ampliación. 
Antes percibo un estímulo para seguir acelerando ese programa. 
Si los motivos financieros perturbaran lo referente al ritmo de ampliación como tal y fueran a costa de los países candidatos menos avanzados respectivamente, sólo entonces se podría hablar, en efecto, de discriminación. 
Hoy ha quedado claro también que en esta Cámara existirían grandes objeciones en contra. 
Aguardamos con interés las votaciones de mañana y también nos gustaría seguir intercambiando en los meses venideros más opiniones, así como poder dar también respuesta satisfactoria a las preguntas aún no contestadas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.15) () 
Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de observancia del Reglamento en base al artículo 48 de nuestro Reglamento. 
El pasado 19 de noviembre y de conformidad con el mencionado artículo, presenté en Bruselas una declaración sobre la regularidad y la transparencia de los procedimientos por los que se rigen algunos gastos de nuestro Parlamento, declaración que deseaba ver incluida en el registro. 
Lo hice porque consideraba necesario que los diputados se pronunciaran sobre las alegaciones que se han lanzado y encuentren soluciones que permitan hacer frente a los problemas que registran algunos gastos de funcionamiento y los gastos de inversión de nuestro Parlamento. 
Las primeras reacciones que se desprenden de todos los grupos políticos han sido sumamente favorables. 
Ahora bien, señor Presidente, ayer usted declaró inadmisible mi declaración por escrito, a pesar de que la única condición que establece el artículo 48 de nuestro Reglamento es que dicha declaración sea relativa al ámbito de actividades de la Unión Europea. 
Es así, por otra parte, como se han declarado admisibles declaraciones como la prohibición general de minas antipersonales, al igual que otros asuntos que usted conoce bien, señor Presidente. 
Usted me advierte que hay otros órganos competentes para tratar estas cuestiones, la Mesa, los Cuestores y la Comisión de Control Presupuestario. 
Eso es válido, señor Presidente, para toda declaración por escrito que trate sobre las actividades de la Unión Europea. Mi declaración por escrito trata sobre una de las actividades fundamentales de la Unión Europea, a saber, el modo en que los representantes que han sido elegidos pueden utilizar los fondos públicos. 
Quiero preguntarle, señor Presidente, ¿por qué ha declarado inadmisible esta declaración por escrito? 
¿Por qué, en su entorno, le obligan a escribir que no acepte la simple distribución al conjunto de nuestros colegas de una declaración que permite afrontar una cuestión que, como todo el mundo sabe, es fundamental? 
Señor Fabre-Aubrespy, usted conoce perfectamente las razones por las que creo que esta enmienda no es admisible, porque se las he hecho llegar por escrito. 
No obstante, en mi constante afán de preservar los derechos de los diputados, no he querido ser yo el que zanje la cuestión y la he enviado a la Comisión de Reglamento que es competente para decidir si mi interpretación es acertada o no. 
Usted es miembro de dicha comisión. 
Puede exponer sus razones en ese marco. 
No es una cuestión sobre la que hoy debamos deliberar. 
La Comisión de Reglamento decidirá y haremos lo que ella decida. 
Señor Presidente, en vista del completo bloqueo al vacuno irlandés en los puertos británicos, quisiera pedir a la Comisión que haga una declaración para explicar qué pretende hacer sobre esta gravísima situación que además se está deteriorando, la cual representa una interrupción del comercio. 
En estos momentos el bloqueo se está extendiendo y no parece que ni el Gobierno británico ni la Comisión están haciendo nada. 
Pido una declaración. 
Señor Gillis, conoce usted perfectamente la forma de solicitar una declaración de la Comisión y si emplea el medio adecuado la Comisión responderá a su petición. 
No puede hacerlo inmediatamente. 
Señor Presidente, aunque acepto las reglas de esta Asamblea, también debemos actuar de forma ad hoc cuando surge una situación grave. 
Cuando los productos de vacuno irlandeses están siendo arrojados al mar en Holyhead y se impide que los contenedores viajen por el Reino Unido, es responsabilidad de esta Asamblea, del Gobierno británico y del Comisario de Transportes velar por que esos contenedores irlandeses puedan viajar por el Reino Unido sin impedimentos. 
Considero que los que protestan... 
Señor Gallagher, sabe usted muy bien que éste no es el momento de sacar este tema. 
Di una respuesta al Sr. Gillis y el asunto está zanjado. 
Votaciones 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes apoya este compromiso. 
Lo hemos firmado y no quisiéramos que ello se dejase de mencionar. 
Tomamos nota de que el Grupo de los Verdes apoya la misma enmienda. 
Supongo que el ponente está a favor puesto que la ha firmado, pero quisiera saber exactamente la posición del ponente. 
Muchas gracias, señor Oostlander. 
Debo entender que hay asentimiento de la Asamblea para que se someta a votación esta enmienda. 
Parece que sí, pero el Sr. Fabre-Aubrespy me pide la palabra. 
Señor Presidente, solicito que las dos partes de esta enmienda sean sometidas a votación por separado. 
Concerniente a la enmienda n 114 
Señor Presidente, como Grupo del PPE hemos solicitado una votación por separado para esta materia. 
Creo que es el momento adecuado para exponerle tal cuestión. 
Permítame proponer ahora esta separación o... ¿prefiere proceder antes a la votación de la enmienda? 
No sólo es una enmienda de difícil comprensión. A mi juicio, se trata además de una enmienda de carácter marcadamente político, ya que supongo que el Grupo del PPE votará en contra de la primera parte del texto. 
Esto, en relación con la enmienda de compromiso adoptada en el párrafo no 3, significa concretamente que Eslovaquia no tendrá acuerdo de preacceso. 
En cualquier caso, en mi calidad de ponente me opongo a ello. 
Estamos en contra de negociaciones específicas con dicho país pero no deseamos excluirlo. 
Por esta razón, en mi texto propongo que se le conceda un acuerdo de preacceso. 
Al omitir esta parte del párrafo no 140 y teniendo en cuenta lo adoptado en el párrafo no 3, Eslovaquia no tendrá acuerdo de preacceso. 
Por lo tanto, estoy en contra de la propuesta del Sr. Oostlander. 
Señor Presidente, si el texto no se modifica, la formalización del acuerdo de preacceso sólo figurará para Eslovaquia y no para los demás países, tal como habíamos acordado. 
Por dicho motivo he solicitado que también se borre esta parte con respecto a Eslovaquia. 
Así que esta es la cuestión. 
No obstante, me adhiero a su propuesta. 
Votaremos cada parte según sus indicaciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me gustaría mucho que Usted diera al Comisario la oportunidad de dar su opinión sobre la estrategia que hemos definido entre todos, puesto que nos gustaría saber de qué manera la Comisión va a enfocar nuestros debates. 
Resulta obvio que el Parlamento y la Comisión coinciden en que el proceso de ampliación, como tal, constituye un desafío histórico para la Unión Europea y que todos los candidatos participantes han de sentirse involucrados en dicho proceso de ampliación, sin ninguna clase de discriminación entre ellos. 
También la Comisión Europea comparte esta opinión. 
Naturalmente estudiaremos con esmero las enmiendas adoptadas y debatiremos sobre todo ello en la Cumbre de Luxemburgo, en la que los Jefes de Gobierno han de dar finalmente su opinión. 
No obstante, el mensaje que se transmite con la adopción del presente informe, junto con sus enmiendas, es claramente de solidaridad para con los países que, en la actualidad, se están preparando para su adhesión a la Unión Europea. 
Me pide la palabra el Sr. Colom i Naval para hacer unas aclaraciones. 
Señor Presidente, hace tres minutos que he pedido la palabra. 
Usted ha dado comienzo a la votación. 
Ahora termínela y volveré a pedir la palabra más tarde. 
Hace tres minutos que pido la palabra a sus colaboradores, en relación con el apartado 15. 
Señor Fabre-Aubrespy, tiene la palabra. 
Señor Presidente, cuando un grupo pida una votación nominal, le estaría muy agradecido que la someta a votación. 
Se trataba del apartado 15. 
Figura en las listas de votación y usted la ha omitido. 
Señor Fabre-Aubrespy, antes de llegar al apartado original se ha votado sobre una enmienda que lo sustituía. 
Por tanto, no hay lugar a que votemos sobre una enmienda. 
Señor Presidente, por un lado, las dos enmiendas a las que hace referencia han sido rechazadas. 
Por otro lado, una enmienda añade un elemento a un texto. 
El texto inicial puede ser malo, la enmienda puede ser buena. 
En ese caso, se vota a favor. 
Si el texto original es malo, se vota en contra, y se vota en contra del conjunto. 
Cuando se solicita una votación nominal sobre un texto original, hay que someter a votación la solicitud. 
Es completamente normal. 
Además, las dos enmiendas que nos ocupan han sido objeto de verificaciones electrónicas y no de una votación nominal. 
Cuando hay una solicitud de votación nominal, como, por otra parte, usted procede generalmente con todos los grupos, creo que hay que tenerla en cuenta. 
No, discúlpeme, señor Fabre-Aubrespy, eso no es así. 
Hemos votado sobre la enmienda 9 del Grupo de los Liberales, que ha sido aprobada. 
Hemos votado, por tanto, en contra de la enmienda 21. 
El texto es así sustituido por una enmienda cuya votación ha sido favorable. Usted no había solicitado una votación nominal sobre la enmienda 9, solamente sobre el texto. 
Por consiguiente, si la enmienda es aprobada, usted se expone a no obtener la votación nominal. 
Usted no tiene más que solicitar también una votación sobre las enmiendas. 
Es usted quien debe hacerlo, yo no puedo repetir una votación sobre un texto que ha sido sustituido, ya sea por votación nominal o no nominal. 
No puede hacerse, lo siento. 
Si usted no lo interpreta del mismo modo, se consultará a la Comisión de Reglamento. 
Es una práctica completamente aceptada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, cuando los historiadores del futuro deban juzgar nuestra época, el capítulo sobre el muro entre el Este y el Oeste será importante. 
La cuestión es si denominaremos ese capítulo la caída del muro o el desplazamiento del muro. 
Es la caída del muro lo que celebramos, sin embargo, nos encontramos a mitad de la realización del traslado del muro. 
Ahora se construyen muros alrededor de " Fort Europa» a lo largo de África del Norte, los pobres pueden permanecer en su pobreza. 
Hacemos dumping a sus productos agrícolas y ocasionamos hambre. 
Tenemos barreras contra la venta de sus productos. 
No reciben la ayuda necesaria o posible para el propio esfuerzo. 
En Europa Central trasladamos el antiguo muro de la frontera a Alemania y hacia el este. 
La República Checa, Hungría y Eslovenia quizá puedan entrar en el año 2004, sin embargo, con los más populosos y pobres escasea nuestra voluntad. 
En el Báltico convertiremos el Golfo de Finlandia en un mar interior de la UE negociando con Estonia y sus 1, 5 millones de habitantes, sin embargo, Letonia y sus 2, 6 y Lituania y sus 3, 7 millones de habitantes han de esperar a tiempos mejores. 
Divide y vencerás, es la misma lógica del poder que yacía tras el antiguo muro, sin embargo, ahora sí tenemos la oportunidad de crear una Europa completa e indivisa. 
Los poderosos movimientos pacifistas de los setenta y los ochenta no lograron salvar la escisión de Europa. 
Los halcones tampoco lo lograron con su estructura militar y su intimidación. 
Fueron los propios europeos del este quienes derribaron el muro y ahora intentamos recoger los pedazos para volver a levantarlo. 
Del telón de acero al tapiz de plata. Eso no lo podemos hacer. 
Europa ha de estar abierta a todos. 
Hemos de crear una colaboración europea abierta, más flexible y libre de la que nadie quede fuera. 
El nombre de nuestro grupo es la Europa de las Naciones. 
Queremos tenemos una Europa de Todas las Naciones. 
Seora Presidenta, en nombre del Grupo Laborista Británico de diputados al Parlamento Europeo quisiera señalar que apoyamos plenamente el principio de ampliación y la mayor parte del Informe Oostlander/Barón. 
Sin embargo, absteniéndonos en la votación final estamos afirmando nuestra impresión de que el texto final no es suficientemente claro sobre el tema de la diferenciación. 
Desde nuestro punto de vista, sería mejor que la UE y los países candidatos fueran claros sobre el proceso de ampliación previsto. 
En estas circunstancias, es necesaria una claridad absoluta, razón por la que creemos que la opción Cinco-más-Uno, con una estrategia de adhesión reforzada para todos los estados candidatos, es el camino correcto a seguir. 
Finalmente, quisiera recalcar que deseamos al proceso de ampliación todo el éxito del mundo y que esperamos una adhesión de todos los países candidatos que cumpla los criterios de Copenhague. 
Señora Presidenta, Austria se ha manifestado en un referéndum en contra del uso de la energía nuclear y nuestro objetivo, tanto del gobierno federal como de todos los partidos representados en el parlamento es una Europa desnuclearizada. 
Por ello, era evidente para todos los diputados austríacos la necesidad de votar a favor de la enmienda 39. 
Señora Presidenta, el Sr. Bonde ha descrito abiertamente su interpretación con anterioridad a la votación. 
Hoy ha sido un gran día para el Parlamento ya que ha fracasado la estrategia del cielo y el infierno de la Comisión, es decir, la idea de elevar a cinco países al cielo y condenar a otros cinco al infierno, a pesar de que los diez, incluso la propia UE, pertenezcan al purgatorio de las profundas reformas económicas y políticas. 
Deseamos un proceso flexible, porque nadie sabe como evolucionarán política y económicamente estos países a lo largo del dilatado proceso de adhesión. 
No tendría sentido, por expresarlo de algún modo, dar las notas al comienzo del curso. 
Esto desilusionaría tanto al que recibiera buenas notas como al que las recibiera malas. 
El primero pensaría que ya lo tiene todo en el bolsillo y el otro creería que no tiene nada que hacer por mucho que se esfuerce. 
Queremos un proceso de adhesión abierto en lo que concierne a los resultados y que incorpore a todos los países candidatos. 
Esto se ha manifestado hoy en el Parlamento, a través de una gran mayoría, como la voluntad de los pueblos europeos y apelo a todos los gobiernos para que también se adhieran a ella. 
Opinamos que es importante que todos los países solicitantes estén en el proceso de ampliación, independientemente de sus grados de preparación, y que todos los países sean medidos en las misma condiciones y tratados de manera semejante. 
Por eso se debe iniciar una puesta en marcha de negociaciones simultáneamente con todos. 
Después de negociaciones multilaterales acquis que pueden durar un año, se deben iniciar negociaciones bilaterales con los países que entonces estén listos para ello, probablemente 5+1 que la Comisión ha elegido, pero también otros países que estén preparados. 
Lo que se gana con una solución de este tipo es que no desaprobamos por adelantado a ciertos países, sino que los alentamos a continuar con sus ambiciosos esfuerzos para alcanzar la madurez para ser miembros. 
Disponemos de aproximadamente diez años para lograr la ampliación de la Unión Europea y organizarnos con aproximadamente trece nuevos Estados miembros. 
Para ello es indispensable fijar desde ahora con precisión la estrategia de esta ampliación sin precedente. 
Varios riesgos aparecen hoy: en primer lugar, la emergencia de nuevas fracturas entre países y regiones ricos y pobres; por otro lado, la disolución de las decisiones de la Unión Europea y de sus políticas comunes. 
Apruebo, en sus grandes líneas, las orientaciones del informe Oostlander/Barón Crespo, en particular, cuando éste hace hincapié en la necesidad de prever rápidamente una reforma institucional de la Unión Europea, como condición previa a toda nueva adhesión. 
En cambio, en lo que respecta al calendario para el inicio de las negociaciones, me encuentro entre los que piensan que hay que repartir los debates en el tiempo, en función del grado de evolución democrática y económica de los candidatos. 
Negociaciones individuales con cada país estimularían al conjunto de los aspirantes, cualesquiera que sean sus aptitudes para alcanzar las normas comunitarias. 
La ampliación avanzaría así de manera concreta gracias a esta dinámica, que permitiría intensificar los preparativos y ayudaría a los rezagados reducir distancias. 
El inicio simultáneo de las negociaciones de adhesión, por el contrario, me parece arriesgado, debido a la pesadez del procedimiento. 
El menor estancamiento de dichas negociaciones frenaría las reformas ya lanzadas e inmovilizaría todos los esfuerzos de los candidatos. 
Votaré, por tanto, a favor del informe Oostlander/Barón Crespo, pero haciendo hincapié en toda la importancia de las acciones de acompañamiento y de preadhesión. 
Es nuestro deber velar por su fortalecimiento, así como por el desarrollo de asociaciones en el marco de los programas europeos ya existentes. 
Ha llegado la hora de que nuestro Parlamento tome una posición sobre la Comunicación de la Comisión " Agenda 2000- por una Unión más fuerte y más amplia». 
Saludamos, en primer lugar, el excelente trabajo de los ponentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que han puesto de manifiesto el delicado ejercicio de la ampliación. 
Queremos ampliar nuestra Comunidad, naturalmente, pero no a cualquier precio. 
Ya con los Quince estamos sufriendo limitaciones de funcionamiento de nuestras instituciones. 
¿Qué sucederá cuando seamos veinte? 
Europa no debe renunciar a este desafío. 
Debemos avanzar con una estrategia de preadhesión reforzada. 
Esto debe traducirse en una Conferencia Europea de los Estados candidatos, cuya paternidad recae sobre Lionel Jospin. 
Asimismo, debemos impulsar la reflexión sobre las líneas directrices de la ampliación. 
Cómo resolver la difícil ecuación: mantengamos los límites de los recursos propios y no toquemos las políticas internas (la PAC y los Fondos estructurales). 
No obstante, es cierto que la ampliación exigirá concesiones, pero que éstas sigan siendo limitadas y meditadas. 
El informe Oostlander/Barón Crespo, que el Parlamento Europeo acaba de consagrar a la estrategia de la ampliación propuesta por la Comisión en el programa Agenda 2000, aporta una inflexión políticamente indispensable, pero al mismo tiempo se hunde en el déficit financiero. 
Rechaza la preselección arbitraria, propuesta por la Comisión, para tratar a nivel individual a los países del Este aspirantes, y pide en cambio, con apenas algunas matizaciones, que todos los postulantes participen desde el comienzo en el proceso de ampliación. 
Esta posición nos parece políticamente justificada, porque no se puede correr el riesgo de marginar desde el comienzo a una parte de nuestros vecinos del Este, teniendo en cuenta que un día u otro se unirán a nosotros. 
De paso, se apunta a una innovación: el Parlamento Europeo de disocia de la Comisión, y corrige una propuesta exageradamente tecnocrática. 
¡Ojalá se repita muchas veces! 
Lamentablemente, esta buena posición política va seguida, al mismo tiempo, de propuestas financieras poco afortunadas: el informe propone la introducción de una cláusula de revisión al alza de los gastos y los recursos comunitarios, en caso de que el límite del 1, 27 % del PIB resulte insuficiente. 
Ahora bien, evidentemente eso es lo que sucederá si nos obstinamos en querer una integración económica y política rápida de los países del Este, de manera igualitaria, en la economía y las instituciones de la Unión. 
Algunos oradores, presintiendo el peligro, han aventurado la idea de que para que la ampliación tenga éxito, hay que cambiar de proyecto europeo y perseguir la unión política antes que la uniformidad económica. 
Esta idea refleja una progresión en el sentido indicado, aunque suficiente, en nuestra opinión. 
En efecto, ¿qué designamos bajo el bello nombre de " unión política»? 
Esta expresión se presta a todas las interpretaciones, incluida aquélla de un super Estado europeo y " el enfoque federal» que es el de la Unión actual, según el apartado 35 que, precisamente, acaba de aprobar nuestra Asamblea. 
Ahora bien, rechazamos toda definición de la unión política que equivalga a hacer entrar por la ventana el concepto de " integración» , que, evidentemente, los partidarios de la Europa de las Naciones no quieren. 
Rechazamos, en particular, este concepto altivo, e incluso despreciativo, de unión política, adoptado por el informe Oostlander-Barón Crespo, que lleva a exigir a los países del Este que adopten nuestras reglas y dejen de ser ellos mismos, si quieren unirse a la Unión. 
¿No vemos al Parlamento Europeo exigir a Estonia, en el apartado 96 de la resolución, que " facilite en mayor medida la adquisición de su nacionalidad a los miembros de los grupos minoritarios»? 
Y éste no es más que un ejemplo entre muchos. 
Nuestro concepto de la Unión es muy diferente. 
Como declaró excelentemente anoche nuestro colega Souchet, en nombre del Grupo de Independieres por la Europa de las Naciones, desde hace diez años, los europeos se encierran en vías sin salida, porque conciben la Unión de manera monolítica. 
Desde la caída del Muro del Berlín, habríamos podido avanzar mucho más rápidamente en la cooperación con el Este, si desde un comienzo hubiéramos admitido la idea de una Europa de geometría variable: dicha idea habría permitido el establecimiento inmediato de cooperaciones diferenciadas en los ámbitos más urgentes, englobados en un círculo más amplio y no necesariamente condicionante, que habríamos llamado Unión Europea. 
Así habríamos podido progresar de manera flexible, sin excluir a nadie ni poner a nadie bajo presión. 
Pero, evidentemente, esta estrategia habría supuesto reconocer a las naciones un margen de maniobra, o sea, una soberanía en el interior de la Unión, algo que los gurús del federalismo no podían aceptar. 
No obstante, hoy registramos también evoluciones positivas que demuestran que no todo está perdido: en particular, la Comisión y el Consejo acaban de dar un paso en la dirección de la geometría variable al admitir la idea de una " Conferencia Europea» susceptible de proporcionar un foro de debate y un ámbito de cooperación intergubernamental entre los países de la Unión y los países candidatos. 
Lamentablemente, esta buena idea corre el riesgo de verse comprometida por la iniciativa de Francia, que ha impuesto la inclusión de Turquía en la Conferencia, reduciendo con ello el margen de negociación posible en el seno de dicho círculo. 
¿Nos veremos obligados a crear una segunda conferencia sin Turquía? 
Los diputados del PSD han votado a favor del informe Oostlander/Barón Crespo en coherencia con la posición de principio favorable a la ampliación de la Unión Europea a los Estados de Europa que reúnan las necesarias condiciones políticas, económicas y sociales. 
Queremos destacar que esa ampliación no debe, sin embargo, poner en entredicho los equilibrios laboriosamente conseguidos a lo largo de la historia de la construcción europea. 
Equilibrios entre políticas- mercado interior y cohesión económica y social -, equilibrios presupuestarios y, sobre todo, equilibrios institucionales en el proceso de decisión europeo. 
Por lo que se refiere a la evolución de las instituciones, creemos que se debe proceder gradualmente conforme a lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam con pleno respeto del principio de igualdad en el proceso de decisión europeo. 
Para el PSD es igualmente importante la forma clara como ese informe plantea como condicionante absoluto de la adhesión de nuevos Estados miembros el respeto de la democracia y las libertades individuales. 
Por eso, consideramos que en este momento Eslovaquia no está en condiciones semejantes a las de los otros candidatos. 
Nosotros, miembros del Partido de Izquierda sueco, hemos optado por abstenernos en la votación final. Lo hacemos porque no estamos de acuerdo con muchas de las conclusiones a que se llega en el informe. 
Nuestra posición fundamental en cuanto a la ampliación de la UE es que la Unión debe dar la bienvenida a todos los estados europeos que cumplen con exigencias democráticas, y donde la mayoría de los habitantes, en un proceso democrático, haya demostrado que quiere ser parte de la Unión. 
En los casos en que los países elijan no asociarse a la UE, la Unión tiene que proporcionar otras formas para la colaboración europea. 
Es importante tener en cuenta que muchos países de Europa del Este no son hoy candidatos a miembros de la UE. 
La colaboración europea entre estados independientes, de toda Europa, es, por esta razón, lo más importante para el futuro de Europa. 
Opinamos que la ampliación no puede estar condicionada a nuevas reformas institucionales de carácter centralista. 
Por el contrario, pensamos que el creciente centralismo, la política común de defensa y la UEM son barreras para la colaboración entre muchos de los países de Europa. 
No estamos dispuestos a aumentar los gastos en el presupuesto de la UE. 
En cambio, exigimos considerables rebajas y reformas en las ayudas regionales y agrícolas. 
Rechazamos por este motivo también las exigencias de largos períodos de acomodación en la política agrícola de la UE. 
La calidad de miembros de los nuevos países no debe ser " de clase B» , en peores condiciones que para los otros miembros. 
Tampoco podemos aceptar las exigencias casi absolutas de adecuación unilateral al mercado interior de la UE y sus normativas. 
Una futura ampliación tendrá que distinguirse, en cambio, por el respeto a los países solicitantes y sus circunstancias. 
Nos hemos abstenido, a pesar de que la decisión del Parlamento Europeo en algunas materias representa un adelanto comparado con la postura de la comisión y, especialmente, de la Comisión Europea. 
El acuerdo a que se llegó en relación con el punto 3, durante la sesión y sin que los parlamentarios tuviesen acceso al texto, es dudoso desde el punto de vista parlamentario además de poco claro. 
Habríamos preferido que la comisión hubiese recomendado más claramente una puesta en marcha simultánea para las negociaciones. 
Pero, sobre todo, no podemos aceptar que una nueva enmienda al Tratado, que apuntará a dar otro paso más camino al " estado federal» , se convierta en requisito absoluto para la entrada de un nuevo Estado miembro. 
Opinamos que los nuevos Estados miembros deberán tener coparticipación en el desarrollo de la UE. 
Votamos a favor de la enmienda 97 relativa al punto 85 del Informe Oostlander. 
La cuestión del periodo transitorio va unido irremediablemente a la fecha de entrada en vigor de los acuerdos de adhesión, y ya que ahora ésta no puede ser determinada, es difícil establecer, a la fecha de hoy y concretamente, la duración de los períodos transitorios. 
La primera parte de la frase suprimida por la enmienda relativa a la planificación temporal y financiera parecía tener sentido. 
Los diputados firmantes han solicitado en numerosas ocasiones que los candidatos a la adhesión presentasen planes y programas en los que se ofreciera un calendario y unos objetivos precisos para la introducción de cada uno de los instrumentos jurídicos. 
Habría que reflexionar si la exigencia de una rápida adopción de todo el acervo comunitario no obligaría a los países candidatos a comprometerse a algo que después no van a poder cumplir o que se tome el medio ambiente como excusa para retrasar la ampliación hacia el Este. 
En contra del establecimiento de un plazo demasiado corto también aparece el hecho de que tanto los medios financieros proporcionados por la UE, como los existentes en los países en cuestión son limitados y, por tanto, la exigencia de un plazo corto podría acarrear, a su vez, la petición de más dinero. 
, por escrito. (DE) Ya que hemos votado a favor de los considerandos O hasta Q, no quisiéramos dejar de comentar el considerando O, relativo a Eslovaquia. 
Precisamente en la última reunión de la comisión parlamentaria mixta con Eslovaquia se ha mostrado que se han acometido medidas concretas, de forma más intensa que hasta ahora y en previsión de una próxima adhesión a la UE, para atender también a los criterios políticos. 
Aunque creemos que los criterios de Copenhague deben seguir estando en el punto de mira de los esfuerzos de Eslovaquia, queremos también, sobre la base de las recomendaciones de la comisión mixta, abogar por la participación plena de la República de Eslovaquia en las actuales conversaciones sobre una ampliación de la Unión. 
Eslovaquia se ha esforzado intensamente para ingresar en la Unión Europea. 
Por nuestra parte debemos seguir trabajando para alcanzar las condiciones necesarias para la consecución de un objetivo de tal importancia. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe sobre la " Agenda 2000- Por una Unión más fuerte y amplia». 
Esto se ha hecho teniendo en cuenta el énfasis puesto en que todos los países solicitantes deben tomar parte en las negociaciones para la ampliación. 
El informe se distancia del planteamiento de la Comisión de que sólo 5+1 países inicien las negociaciones para su incorporación a La Unión Europea. 
Desde el punto de vista de un socialdemócrata danés esto es importante, puesto que opinamos que es de gran importancia enviar una señal a todos los países solicitantes de que tienen posibilidad de incorporarse a la Unión. 
El informe sobre la " Agenda 2000- Por una Unión más fuerte y amplia» resulta, con todo, problemático en algunas áreas. 
Ha sido por ello necesario votar en contra de algunos puntos del informe. 
En el informe, las reformas institucionales se convierten en requisito para que se dé comienzo a la ampliación. 
Esto nos parece lamentable, puesto que el Parlamento Europeo no debe plantar obstáculos a la ampliación. 
No puedo votar a favor del informe de los Sres. Oostlander y Barón Crespo a pesar de que el informe recomiende formalmente que se entablen negociaciones para la adhesión con todos los países candidatos al mismo tiempo. 
Puedo unirme completamente a esta recomendación, aunque en todo momento recomiende a todos los países de la Europa Central y Oriental y a sus habitantes que eviten convertirse en miembros de la UE- por su propio bien. 
En la realidad, el informe reproduce meramente la posición actual de la Comisión con respecto a los requisitos para los países de la Europa Central y Oriental. 
De la recomendación R se desprende que no debe darse oportunidad alguna a " opt-outs» o excepciones con respecto al tratado para los países de la Europa Central y Oriental. 
Esto unido a los puntos de vista del punto 5 certifican que no se les deja a los países de la Europa Central y Oriental posibilidad negociadora alguna para alcanzar, por ejemplo, reglamentaciones económicas especiales para facilitar el camino de su ingreso en la UE. 
Estos puntos de vista muestran la arrogancia económica y política que caracteriza la relación de la UE con la Europa Central y Oriental, pero, además, que la misma integración política de la UE precede a la deferencia hacia la Europa Central y Oriental. 
Por estos motivos no puedo apoyar el informe. 
Lo mejor habría sido iniciar las negociaciones con todos los países solicitantes al mismo tiempo, sin reservas ni divisiones en grupos. 
Esto habría dado a todos los países solicitantes las mismas posibilidades. 
La propuesta de la Comisión Europea de formar un grupo A y uno B, levanta nuevos muros entre los países solicitantes, por ejemplo en los Países Bálticos, y dificulta el proceso de ampliación. 
La ampliación es importante para que se cree una colaboración entre todos los países europeos, en que justamente se dé más énfasis a la colaboración entre estados independientes que a la construcción de la Unión. 
La propuesta de la comisión parlamentaria está muy cerca de " la mejor propuesta». 
Por eso he votado el informe favorablemente. 
También he apoyado la propuesta de una conferencia europea para todos los países solicitantes, incluídos Eslovaquia y Turquía. 
Por el contrario, no puedo dar mi apoyo a la exigencia de una nueva conferencia gubernamental antes de que se inicie la ampliación. 
Siempre nos hemos manifestado a favor de la ampliación. 
Hemos llegado incluso más lejos, al rechazar la hipocresía de unos y la tortuosidad de otros que propugnaban la ampliación, ora porque ponía mercados a su disposición, ora porque así la Unión Política resultará más difícil de materializar. 
Llegamos más lejos, porque planteamos deliberadamente la ampliación en el plano moral, dado que lo que está en juego es la consolidación de la democracia en esos países, uno de los valores primeros de nuestra Europa y que sus pueblos anhelaban desde hacía decenios. 
Pero no queremos una ampliación cualquiera, como tampoco aceptamos la actitud soberbia que la Unión Europa ha acabado adoptando voluntariamente. 
Para nosotros, la ampliación debe obedecer al menos a tres criterios. 
En primer lugar, la de la primacía de la política: las grandes causas políticas europeas deben, desde el principio, subyacer a las negociaciones de preadhesión. 
En segundo lugar, no se logrará resultado alguno, si por alguna razón- y en ello incluyo, evidentemente, el proceso de cohesión económica y social en curso en los quince Estados miembros actualesse viera menoscabado, por poco que fuera. 
En tercer lugar, se exige que, al contrario de lo que propone la Comisión, no se discrimine ni a un solo país en el inicio de las negociaciones. 
Ya basta con la lotería en que en cierto modo vamos a participar todos; ¡no es necesario transformarla en una ruleta rusa! 
Por último, la arrogancia de la Unión Europea. 
En lugar de pretender dar lecciones a pueblos que, si acaso, nos pueden enseñar o, por lo menos, ayudar a aprender cómo superar ciertas dificultades, más valdría que nos miráramos un poco a nosotros mismos y, antes de intentar imponer cosa alguna, resolviéramos previa y determinadamente los problemas que, según decimos, sólo son de los otros. 
En conclusión, ampliación sí, pero, ¡no a cualquier precio! 
Al menos, algún realismo... 
La guerra fría ha concluido y la UE dispone de una oportunidad histórica única de poder unir la Europa que con demasiada frecuencia ha sido escenario de guerras sangrientas y devastadoras. 
Así no cabe duda alguna de que La Unión Europea debe tomar los pasos necesarios para unir la Europa Central y Oriental a la UE. 
Durante las negociaciones para la adhesión se debe tratar a los países candidatos como compañeros totalmente iguales. 
Esto crea credibilidad e instigará una mayor responsabilidad ante los ideales humanistas y democráticos de la UE en los futuros Estados miembros. 
Todos los países candidatos deben así entablar negociaciones para la ampliación al mismo tiempo, y las negociaciones deben dar comienzo simultáneamente. 
La duración de las negociaciones podrá variar conforme a la capacidad de cada país para asumir la labor reguladora de la Comunidad y su capacidad para desarrollar una economía de mercado competitiva, desarrollar instituciones estables que garanticen el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos junto al respecto y la protección de las minorías. 
Antes de la admisión de los nuevos estados, la UE debe comenzar lo más pronto posible una reforma institucional que pueda garantizar que una UE de 25 países también pueda funcionar adecuada y efectivamente. 
De esta misma manera debe señalarse que a la labor reguladora de la UE en el terreno ambiental debe concedérsele una mayor importancia, y que la duración del período de adaptación para los futuros Estados miembros debe reducirse más. 
En resumidas cuentas y con todo, uno ha de expresar una gran satisfacción tanto por el informe del Parlamento como por la " Agenda 2000» de la Comisión. 
So capa de una cuestión fundamental, la ampliación, y debido a que la Comisión no ha querido abordarla manteniendo el único enfoque razonable, el de una Europa de geometría variable, si se siguen estas propuestas, la auténtica contribuyente financiera de la ampliación será la agricultura de la Unión Europea de los Quince. 
En su comunicación "Agenda 2000» , conocida como el" Paquete Santer» , la Comisión omite pura y simplemente partir de la definición de un modelo agrícola europeo, independiente del modelo norteamericano o del de los Estados del grupo de Cairns. 
La Comisión se sirve de una serie de artimañas para intentar hacer pasar indirectamente y con la máxima suavidad posible una reforma completa de la PAC, antes incluso de que se inicie, en 1999, la próxima " ronda» de negociaciones de la OMC. 
¿Cuáles son estas artimañas? 
En primer lugar, para el futuro de la PAC, propone seis objetivos que no se puede más que aprobar. 
Lamentablemente, cuando pasamos de los principios a los medios, percibimos que los medios propuestos por la Comisión van en sentido contrario de los principios que ella misma planteó. 
Así, al mismo tiempo que pretende favorecer una agricultura ecológica, la Comisión desea reducir el precio de la carne de vacuno y " se olvida» de compensar la producción de vaca lechera alimentada a base de hierba. 
A continuación, la Comisión pretende compensar las reducciones de precio que ella misma propone para el período 2000-2006, pero nuestros estudios demuestran que, en realidad, las ayudas compensatorias estarán lejos de equilibrar la caída programada de los precios: algunos sectores agrícolas perderán un 50 % de sus ingresos y, en términos generales, la agricultura europea perderá unos 20.500 millones de ecus, o sea, más del 20 % de su valor añadido neto del año 1996. 
Esta pérdida de ingresos corre el riesgo de estrangular las explotaciones agrícolas que se verán sometidas a esta importante y, a veces, brutal disminución de sus ingresos. 
Además y de forma solapada, la Comisión propone un límite de las ayudas por explotación. 
Por lo tanto, los agricultores europeos deberán utilizar artimañas jurídicas para seguir viviendo o, mejor dicho, sobreviviendo, de su trabajo. 
Por nuestra parte, formulamos una pregunta sencilla: ¿por qué no prever, en cambio, el límite máximo de las ayudas por activo, para que sólo los agricultores de verdad puedan beneficiarse de las ayudas europeas, y también para fomentar el empleo en la agricultura y el ámbito rural? 
¿Por qué la Comisión no ha examinado esta opción? 
En definitiva, deseamos una auténtica política agrícola, es decir, una política que relacione estrechamente los productos con sus territorios de producción, y no una agricultura que sea exclusivamente abastecedora de materias primas, producidas en cualquier parte a condición de que sea al menor coste posible, cuyos cursos dependen exclusivamente del mercado mundial y cuya producción está, por tanto, fatalmente sujeta a los procesos de deslocalización. 
El vínculo con el territorio y la preferencia comunitaria constituyen dos características fundamentales de lo que debe ser un modelo agrícola europeo. 
La resolución que acabamos de examinar debería haber sido la ocasión para que nuestro Parlamento dirija un mensaje fuerte y claro a nuestros interlocutores de la Europa central y oriental. 
Ahora bien, acabamos de dirigirles un texto confuso, un revoltijo jurídico-político que, y ésta será ciertamente su única cualidad, les permitirá ver en qué se ha convertido hoy la Unión Europea: una entidad supranacional obesa e impotente que ya no tiene fuerza para ejercer las prerrogativas que ella sonsaca a sus Estados miembros y que se abandona a las delicias de un formalismo tan puntilloso como vano. 
Si los PECO desean entrar en la Unión, se debe a que para ellos esta entrada significa la ruptura definitiva con el paréntesis de cincuenta años de dominio comunista. 
Asimismo significa la entrada en una zona de prosperidad compartida y la perspectiva de financiaciones ilimitadas para las reformas estructurales que desean intensificar. 
Pero a pesar de que, como recuerda la resolución que acabamos de aprobar, la Comisión y el Parlamento desean un amplio debate y la plena participación de la población en el proceso de ampliación, dichos países corren un riesgo, a menos que la propaganda no le gane por la mano a la información: que las poblaciones de los países candidatos descubran el rostro auténtico del funcionamiento de la Unión Europea. 
El aspecto de " lo que es mío es mío y lo que es vuestro, lo discutiremos» de las negociaciones comunitarias amenaza con traerles recuerdos dolorosos. 
¿Han tomado los candidatos realmente la medida de las delegaciones de soberanía que deberán consentir? 
¿Han comprendido la naturaleza de la reforma institucional que el Parlamento Europeo exige con sus votos? 
¿Han comprendido que deberán suscribir su naturaleza federal por adelantado y sin discusión? 
Mucho me temo que no. 
En estas condiciones, la ampliación que nos están preparando será un timo. 
Informe Colom i Naval (A4-331/97) 
El modelo de perspectivas financieras presentado por la Comisión en el programa Agenda 2000 tiene al menos el mérito de demostrar que, a la larga, el equilibrio es imposible con una política constante. Vemos cómo se perfilan dos contradicciones importantes. 
En primer lugar, sobre la moneda única. 
Nos explican que es absolutamente imperativo mantener el límite máximo de las exacciones comunitarias en el 1, 27 % del PIB, con el fin de no comprometer los esfuerzos de los Estados para cumplir los criterios de convergencia. 
Pero al mismo tiempo, sabemos perfectamente que en la situación actual, la moneda única no podrá resistir sin una nueva distribución interregional mayor a nivel europeo, o sea, sin exacciones comunitarias más elevadas que las actuales. 
Resumiendo. El éxito del euro exige a la vez exacciones comunitarias dentro de un límite máximo para contener los déficits, y exacciones comunitarias aumentadas para lubrificar el sistema. 
¿Dónde está la solución? En nuestra opinión, en un aplazamiento del euro. 
La segunda contradicción es relativa a la ampliación. 
En la Agenda 2000, nos presentan la perspectiva de una ampliación en la que los recién llegados alcanzarán con bastante rapidez un nivel de integración económica y política que les permita participar en pie de igualdad en los mecanismos de una Unión Europea monolítica. 
Para apoyar esta demostración, la Comisión se ve obligada a plantear hipótesis de crecimiento poco realistas y a reducir los beneficios de la política agrícola y de las acciones estructurales en detrimento de los quince miembros actuales de la Unión, con el fin de liberar los márgenes de subvenciones para los países del Este. 
Ahora bien, incluso así, el ejercicio se revela imposible. 
La Comisión sólo ha conseguido liberar 76.000 millones de subvenciones sobre ocho años, mientras que, a título de comparación, un esfuerzo comparable al que hizo Alemania para sus Länder del Este habría requerido 3, 4 billones. 
Por consiguiente, el modelo de integración de los países del Este en una Europa uniforme y su puesta a nivel a base de subvenciones, como mantiene la Agenda 2000, topa con la limitación de nuestros recursos. 
La única solución pasa por poner en cuestión este modelo, como detallaré en mi explicación de voto sobre el informe Oostlander. 
Señora Presidenta, las propuestas de la Agenda 2000 aspiran a remodelar el rostro de la política estructural europea. 
Aunque estamos de acuerdo con el principio de una concentración de los objetivos, en un afán de mayor eficacia, sentimos una gran preocupación, en cambio, por este proyecto de objetivo II, una nueva fórmula que la Comisión se saca de la manga. 
Una gran olla en la que encontramos en desorden cuestiones urbanas, zonas industriales, espacios rurales y litorales. 
La Unión Europea debe intervenir en todas partes y sobre todas las cosas, sucumbiendo al moralismo y a la demagogia y procediendo así a una dispersión de las ayudas bastante ineficaz, precisamente cuando nos preguntamos, con razón, sobre la manera de concentrar dichas ayudas. Tenemos aquí dos planteamientos eminentemente contradictorios. 
Y existen muchos motivos para temer que el desarrollo rural será la principal víctima de esta cocina tan indigesta. 
A riesgo de repetirnos, reafirmamos nuestra voluntad de que este nuevo objetivo II incluya, al menos, un subobjetivo específico e independiente titulado "espacios rurales» y otro que se llame" zonas marítimas» que tenga, en el caso de la política rural, una duración de programación igual a la de la PAC. 
En opinión de nuestro Grupo, las ayudas europeas deben destinarse prioritariamente a las regiones en vía de despoblación, en vez de destinarse a aquéllas que desde hace más o menos tiempo han emprendido un proceso de incremento excesivo de la población. 
Si realmente queremos avanzar por la vía de una política ambiciosa en materia de empleo y de medio ambiente, antes que nada existe la necesidad de establecer un equilibrio en los territorios. 
Por no encontrar en estos momentos en las propuestas de la Agenda 2000 una respuesta satisfactoria a nuestras expectativas, no vemos obligados a sancionar el contenido actual. 
Los diputados del Partido Socialdemócrata han votado a favor del informe Colom i Naval, porque presenta una visión políticamente equilibrada y técnicamente correcta en relación con la Agenda 2000. 
En efecto, no es realista fijar en el punto de partida un límite presupuestario máximo del 1, 27 % del PIB comunitario para el período comprendido entre el año 2000 y el 2006, si no se sabe cuándo se adherirán los nuevos Estados miembros a la Unión Europea, cuándo se tramitará su adhesión, cuál será el sentido y la amplitud de las políticas internas y externas de la Unión- en particular de la PAC- y cuál será la tasa de crecimiento del PNB europeo. 
Como afirma el ponente, las previsiones de la Comisión se basan en presupuestos extraordinariamente frágiles, pues nadie puede prever las repercusiones reales de la introducción del euro, de la nueva ronda de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio- en particular, en el sector agrario- y, de forma más general, del cambio tecnológico acelerado conforme a la mundialización de la economía. 
En este informe se procuran introducir los mecanismos de flexibilidad en la revisión de las perspectivas financieras- por el lado de los ingresos y por el de los gastos- que lleguen a ser necesarios para viabilizar la ampliación sin poner en entredicho las políticas ya existentes, en particular las referentes a la cohesión económica y social. 
Lo que el PSD considera inaceptable en el documento de la Comisión (Agenda 2000) es que, además de las incertidumbres antes mencionadas, se hace recaer la carga de la adhesión en los Estados con menores índices de desarrollo dentro de la Unión. 
Estamos a favor de la ampliación. 
Pero no aceptamos que se financie fundamentalmente mediante las asignaciones hoy dedicadas a los Fondos estructurales. 
Al presentar la Agenda 2000, la Comisión expresó su intención de ofrecer una visión clara y coherente de la Unión Europea al entrar ésta en el nuevo milenio. 
Para evaluar si estas expectativas pueden satisfacerse o no, es importante plantear interrogantes en relación con las perspectivas financieras propuestas. 
Al optar por mantener la línea del 1, 27 % del PNB surgen dudas sobre si las propuestas de la Comisión bastarán o no para hacer frente a los ambiciosos retos que expone detalladamente en el documento Agenda 2000. 
La ampliación tiene consecuencias financieras considerables. 
¿Ofrecen las perspectivas financieras suficientes recursos para ponerla en práctica? 
Dado que también se proponen reformas fundamentales de la PAC y de los fondos estructurales, ¿estamos destinando financiación suficiente a las áreas políticas clave? 
Asimismo, żcuáles serán las consecuencias para el presupuesto de la UE si Alemania, Holanda y Suecia logran reducir su aportación al mismo?. 
Obviamente, desde un punto de vista irlandés yo lucharé duro para garantizar que no haya un final abrupto de la dotación de fondos estructurales, tal como prometió la Comisión. 
En vista del fin inevitable de nuestra condición de pertenencia al Objetivo 1, es imprescindible que se cree una categoría de «Objetivo 1 en transición». 
Por otro lado, dada la importancia de la agricultura en la economía irlandesa, es esencial que se disponga de recursos suficientes para las medidas compensatorias propuestas en el marco de la reforma de la PAC. 
Sin embargo, pese a plantear estas cuestiones sobre las perspectivas financieras, apoyo por completo la ampliación y creo firmemente que nuestro enfoque no deberá basarse en el pesimismo o en intereses nacionales egoístas y de miras estrechas. 
Sea cual sea el coste de la ampliación debemos reconocer los beneficios de unir a varios millones de nuevos consumidores al mercado de la UE. 
Además, la estabilización económica y política de Europa central y oriental tendrá una incidencia positiva en la economía de la Unión Europea. 
Tanto filosófica como económicamente hablando es mucho más lo que se puede ganar que perder por la ampliación y por esa razón debiéramos apoyarla con entusiasmo. 
Nos hemos abstenido en la votación del informe, ya que no queremos abrir aún más las puertas para aumentos del presupuesto total de la UE, en parte por razones de principios, pero también porque tememos que nuevos recursos para la UE- aunque estén destinados a apoyar a Europa Central y del Este- van a sacarse de la ayuda a los países en desarrollo en los países miembros. 
. Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy sí al informe sobre " Agenda 2000- El marco financiero de la Unión 2000-2006, el futuro sistema de financiación». 
Estamos de acuerdo en que las reformas de la política agraria común y de los Fondos estructurales son necesarias para una ampliación sensata. 
El informe sobre la Agenda 2000 es con todo problemático en algunas áreas. 
Ha sido necesario votar en contra de algunos puntos. 
Desde nuestro punto de vista es muy lamentable que el Parlamento Europeo quiera tratar de plantar obstáculos a la ampliación exigiendo que se realicen todas las reformas institucionales antes de que se dé comienzo a la ampliación. 
Además, estamos preocupados por el planteamiento de la Comisión para el reparto de los fondos entre los países candidatos de la primera y segunda ronda del proceso de ampliación. 
Opinamos que se envía una señal política aciaga a los países de la segunda ronda negociadora con el hecho de que sólo reciban aproximadamente una tercera parte de los fondos asignados. 
En esto fundamos el que, por esto, estos países sientan que la posibilidad de una admisión en un futuro próximo haya disminuido considerablemente. 
Es importante garantizar a estos países un incitamento continuado para prepararse para una futura admisión en La Unión Europea. 
El informe va más allá que la Comisión en lo referente a los cobros de cuotas y sugiere una contribución que excede el 1, 27 por ciento del PNB. 
También se consideran caminos de financiación alternativos, es decir, nuevas formas de aportar recursos a la UE. 
La comisión parlamentaria menciona también una relación más directa entre los contribuyentes y las instituciones de la UE, un impuesto más nítido a la UE. 
Semejante evolución de la UE sería ir por caminos equivocados. 
Por eso he votado por el rechazo del informe. 
La explicación de voto de mi Grupo es muy clara, en el sentido de que apoyamos el informe del Sr. Colom i Naval, pues no aceptamos la «intangibilidad» del límite del 1, 27 % del PIB para el presupuesto comunitario, cuando no hay una evaluación segura de las necesidades por afrontar en el momento histórico que atravesamos y, si hubiera que hacer un prorrateo, se debería hacer sólo a costa de la categoría 2, es decir, sólo a costa de las prestaciones actuales de los Fondos estructurales: con regiones que, como ocurre en Portugal, siguen teniendo enormes carencias y un PIB por habitante inferior a la mitad de la media comunitaria. 
A ello se suma, por lo demás, que, con el sacrificio de las políticas estructurales, sacrificaríamos políticas de primera necesidad con una ampliación del mercado que acabará beneficiando a toda la Comunidad. 
Por desgracia, no se puede decir lo mismo de una política como la PAC, con distorsiones e iniquidades que resultarían incluso agravadas por las condiciones propuestas en la Agenda 2000. 
Por último, aun conviniendo con las reflexiones hechas, considero que el ponente debería haber ido más lejos y haber subrayado las indicaciones positivas del Tratado de Maastricht y de la Agenda 2000, en el sentido de que se acabe con la regresividad de los recursos propios, es decir, con «un sistema basado enteramente en las contribuciones del PNB». 
Las experiencias del ingreso de Grecia, España y Portugal en la Comunidad y de la reunificación de Alemania han mostrado que tales incorporaciones son problemáticas y pueden exigir sacrificios económicos mayores de los que se puede valorar en un primer momento. 
El informe reconoce estas dificultades, y la Comisión de Presupuesto le advierte a la Comisión que no sea demasiado optimista en su valoración del techo actual de recursos propios en el 1, 27 % del PNB. 
Además, el informe señala que ha llegado el momento de un análisis radical y quizá de una modificación del modo en el que se financia la Unión. 
En estos puntos de vista estoy completamente de acuerdo con la comisión. 
Es demasiado pronto para determinar si el techo de recursos propios es inamovible, cuando uno se enfrenta a una adhesión de 100 millones de nuevos ciudadanos de la UE que sólo incrementan el PNB global en un 5 %. 
Sin embargo, por su propio interés, es nuestra obligación admitir a los nuevos países lo más pronto posible. 
Puede resultar más caro de lo que la Comisión supone en un primer momento, sin embargo, nuestros hombros han de ser lo suficientemente anchos para llevar las cargas. 
Celebro poder brindarle así mi total apoyo al informe. 
Tercera fase de la UEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0378/97) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la política de coordinación económica en la fase III de la Unión Económica y Monetaria: terreno común y pistas a seguir (II/523/97- C4-0547/97). 
Señora Presidenta, Señorías, el informe que tengo el honor de presentar sobre la política de coordinación económica en la fase III de la Unión Económica y Monetaria, es decir, la que constituye la base del euro, tiene una indudable importancia en estos momentos, al fijar la posición del Parlamento Europeo sobre la nueva dimensión que adquirirá la economía europea con la creación de la Unión Económica y Monetaria y el euro. 
Esta nueva situación significa un cambio cualitativo de enorme importancia en la profundización y creación de una dimensión económica y monetaria que requiere una auténtica política económica y monetaria a escala de la UEM. 
Las orientaciones que presentamos son mucho más limitadas que las que corresponderían a un modelo teórico más perfecto y acabado. 
Pero aquí no presentamos opciones ideales sino posibles, en base a lo establecido en los Tratados, a los Reglamentos 1466/97 y 1467/97 sobre vigilancia y coordinación de las políticas económicas y monetarias y sobre los déficit excesivos, así como del pacto de estabilidad, a lo que se han añadido la recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales, para tener en cuenta e incorporar lo establecido en el Tratado de Amsterdam, y las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo. 
Este informe se basa en tres puntos básicos. 
El primero- vital para la cohesión y estabilidad de la Unión Europeaes una cada vez mayor coordinación de las políticas europeas. 
El segundo indica que esta coordinación contempla tres dimensiones: sentar las bases para una política económica coherente y efectiva a nivel de la Unión Europea, asegurar el debate político sobre las diversas opciones económicas y mejorar el sistema de toma de decisiones asegurando eficacia y transparencia. 
El tercer punto se refiere a que los Estados miembros deberán ajustarse al proceso de vigilancia multilateral y mayor coordinación de sus políticas económicas, según el citado Reglamento 1466/97. 
Respecto al primer punto, es obvio que ha existido una convergencia económica efectiva, lo que lleva a la creación de la UEM sobre una base amplia y sólida. 
Esta situación debe reforzarse con el establecimiento de una orientación de política económica equilibrada y que lleve a que la dimensión económica sea coherente con la dimensión monetaria, teniendo en cuenta los objetivos económicos y monetarios basados en unos instrumentos que aseguren ocupación y desarrollo en un marco de estabilidad y solvencia monetaria. 
Se reclama la participación de la Comisión en el análisis de los posibles impactos negativos que puedan existir en el conjunto debido a situaciones adversas que puedan aparecer en determinados países miembros, así como de los producidos por choques asimétricos en el ámbito de los integrantes de la UEM. 
Es preciso asegurar una base de consenso social y supervisión democrática, por lo que se propone la aplicación del artículo 118 del Tratado de Maastricht sobre diálogo social a nivel europeo y el establecimiento de una conferencia anual que comprenda a los operadores económicos y sociales, recogiendo la recomendación de nuestro colega Fourçans, en su informe aprobado en esta Asamblea, sobre el establecimiento de un consejo de expertos económicos del Parlamento Europeo. 
Es importante el conjunto de propuestas que se contemplan para asegurar la transparencia del proceso y la participación de la Comisión y el Parlamento en base a los artículos 103, 104 C y 109 C del Tratado, así como el 103.5 sobre legislación derivada. 
Finalmente, señora Presidenta, desearía llamar la atención sobre la enmienda 5 que he presentado en nombre de mi Grupo, y la 4 del Sr. Donnelly, en nombre del Grupo Socialista, y que tratan del tema de la posible creación de un consejo o grupo, el llamado Eurocouncil, formado por los Estados miembros que integren la UEM para seguir y aplicar el pacto de estabilidad. 
Dada su importancia y la dimensión que, en caso de llevarse a cabo, adquiriría tal proyecto, creo absolutamente necesario, y así espero que conste en la enmienda que presentamos, que se asegure la incorporación en él de la Comisión Europea, perdiendo así su naturaleza estrictamente intergubernamental, por lo que sugiero que se acepte mi enmienda junto con la última parte de la enmienda socialista. 
Señora Presidenta, Señorías, los temas que hemos tratado en este informe- y que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos- se discutirán en el próximo Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Es importante que se apruebe este informe y que el Consejo tenga más en cuenta nuestras propuestas para asegurar una mayor participación de las instituciones europeas- Comisión y Parlamento- y garantizar la nueva dimensión de la política económica y monetaria con el refuerzo de supervisión democrática y el diálogo social y la mejora y transparencia de los procedimientos. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge calurosamente el informe del Sr. Gasóliba. 
Es un informe extraordinariamente oportuno y muy importante. 
En este momento hablamos fundamentalmente de la unión monetaria. 
Este informe nos permite instar a la Comisión y al Consejo a convertir esto en una verdadera unión económica y monetaria. 
Desde luego necesitamos una mayor coordinación económica dentro de la Unión Europea al entrar en estos trece meses finales de acercamiento a la UEM. 
Quiero abordar varios puntos del excelente informe del Sr. Gasóliba. 
El primero es el tema del Eurocouncil. 
Quisiera dejar muy claro que el Grupo Socialista apoya, y siempre ha apoyado, la idea de un Euroconsejo más fuerte que ayude a introducir una mayor coordinación económica dentro de la Unión Europea. 
Pero he de decir que muchos de nosotros estamos consternados en este momento por la forma en que algunos países creen ahora que el Euroconsejo en realidad debería ser exclusivamente un Consejo intergubernamental informal, que no sólo excluiría a algunos Estados miembros de la Unión Europea, sino también a la Comisión y al papel supervisor del Parlamento Europeo. 
Este Parlamento no ha apoyado nunca ni apoyará un dispositivo- llámese Consejo para la estabilidad o como seaque esté fuera de los Tratados de la Unión Europea. 
Queremos un Euroconsejo que fortalezca la coordinación económica de la Unión Europea pero, por amor de Dios, pedimos al Consejo que se asegure de que sea un Euroconsejo para un largo plazo en Europa, que ayude a aportar una gobernabilidad económica a Europa. 
Debe ser transparente, responder ante este Parlamento e incluir a la Comisión. 
Cualquier otra cosa será juzgada con gran escepticismo por los ciudadanos de la Unión Europea. 
Quisiera abordar el tema de las grandes orientaciones económicas y dirigir mis observaciones en particular a la Sra. Comisaria y a los representantes de la Comisión. 
Las grandes orientaciones económicas son el mecanismo mediante el cual podemos garantizar una coordinación económica mucho mayor. 
El Parlamento Europeo realmente desea trabajar con la Comisión durante los próximos dos meses para remodelar las grandes orientaciones económicas y remodelar el informe económico anual de la Unión Europea de manera que tenga algún significado para nuestros ciudadanos. 
Hay que redactarlo de una forma que la gente comprenda y que guarde relación con la economía real. 
Ello significa que debe tocar temas como el empleo. 
Queremos sincronización entre las grandes orientaciones económicas y las orientaciones en materia de empleo que ahora formarán una parte importante de nuestra estrategia dentro de la Unión Europea. 
Quisiera pedir a la Comisaria Wulf-Mathies una garantía de que a lo largo de las próximas semanas podemos trabajar juntos para remodelar la forma de elaboración de estos informes de modo que sean válidos para el futuro. 
Quisiera también plantear el tema de la participación de los parlamentos nacionales en el proceso. 
Sería grosero por parte del Parlamento Europeo pensar que somos la fuente de todo conocimiento y el súmmum de la legitimidad democrática en este proceso. 
Los parlamentos nacionales se ocuparán de sus presupuestos nacionales y tendremos que asegurarnos de que haya un proceso de colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales a medida que avanzamos hacia una mayor coordinación económica. 
Es un reto para esta Asamblea idear un sistema de cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo de modo que todas las instituciones democráticas participen en garantizar que la unión económica y monetaria sea un éxito. 
Espero que el próximo año vengamos con nuevas ideas sobre cómo reforzar nuestra relación con ellos. 
El Sr. Gasóliba mencionó el tema de los choques asimétricos. 
Hemos olvidado esta cuestión en gran medida. 
La Comisión la ha olvidado y lo mismo ha hecho el Consejo. 
Tenemos que hacer frente y estar preparados para el hecho de que en un momento dado corremos el riesgo de que se produzca algún tipo de choque asimétrico dentro de la economía europea. 
En el informe del Sr. Gasóliba se pide a la Comisión que presente urgentemente un informe en el que se hable de cómo empezar a tratar este problema potencial que puede surgir en algún momento indeterminado del futuro. 
Mi último punto se refiere a cómo maneja este Parlamento su asesoramiento técnico. 
En los Estados Unidos el Congreso cuenta con un organismo llamado " Oficina de Presupuestos del Congreso». 
Es un organismo casi independiente que puede estudiar los modelos propuestos por el Gobierno para la elaboración de presupuestos y la política económica y que puede asesorar al Congreso sobre qué pasos dar o qué consejos ofrecer al Gobierno. 
Ya es hora de que en el Parlamento Europeo tengamos nuestra propia oficina parlamentaria de presupuestos que analice las políticas macroeconómicas aplicadas en la Unión Europea y que dé asesoramiento serio a la Comisión para que nuestras opiniones sean debidamente tenidas en cuenta por la Comisión y el Consejo. 
Señora Presidenta, queridos colegas, en cuanto a nosotros, apoyamos las grandes líneas del informe Gasòliba i Böhm. 
De hecho, estamos completamente de acuerdo con la necesidad, a la que se hace referencia reiteradamente, de una mejor coordinación de las políticas económicas una vez que la Unión Monetaria sea una realidad. 
En lo relativo a la cuestión de Eurocontrol, estoy de acuerdo con el Sr. Donnelly cuando pide que éste sea un órgano comunitario, es decir, un órgano en el que la Comisión y, mediante su dictamen, el Parlamento puedan intervenir. 
Pero si para ello es necesario resolver el delicado problema de los que toman las decisiones en el seno del Consejo, en ese caso hay que reconocer la evidencia, no se puede estar al mismo tiempo fuera y dentro, como sucede en la actualidad. 
Les recuerdo que el último Consejo Ecofin se bloqueó durante ocho horas en torno a este debate, porque hubo países, y algunos de los cuales sin tener derecho a ello- me refiero a Suecia -, que decidieron no formar parte de la Unión Monetaria y que, sin embargo, hoy acusan a los demás de querer cortar Europa porque, entre ellos, no consiguen dotarse de los medios para gestionar esta Unión Monetaria. 
Son cosas intolerables o inaceptables. 
Ello demuestra que existe el peligro de querer obligar a participar en Europa a países que no comparten ni los objetivos ni los métodos. 
He aquí una ilustración muy concreta de dichas contradicciones. 
Por tanto, estoy de acuerdo con el Sr. Donnelly cuando afirma que este arreglo no puede ser meramente informal e intergubernamental y que es la respuesta al debate que tuvo lugar en el Consejo Ecofin, pero por lo demás, no apoyo a aquellos que afirman que todo el mundo debe formar parte de este Consejo Ecofin cuando éste decide sobre problemas de la Unión Monetaria. 
En lo que respecta a las relaciones con los parlamentos nacionales, quisiera distanciarme de lo que acaba de decir el Sr. Donnelly. 
Al igual que estoy a favor de que los parlamentos nacionales, con sus gobiernos, debatan estos problemas y velen por que las propuestas que aprueban los gobiernos en los Consejos de Ministros se discutan de una manera amplia, democrática y con transparencia, tampoco quisiera que exista confusión de poderes. 
A partir del momento en que existe un poder monetario europeo, independiente, gestionado por un banco independiente, éste ya no deberá dar cuenta a una opinión pública europea ni ante los parlamentos nacionales. 
Es ante este Parlamento ante el que deberán venir a dar cuenta los miembros del Banco Central, el gobernador del Banco Central o los miembros del Directorio. 
Aunque es necesario garantizar que las políticas son aprobadas por igual en los Estados miembros, la solución de estos problemas recaerá sobre los parlamentos nacionales, con sus gobiernos nacionales. 
Pero no se puede pedir, como han hecho algunos países, que el gobernador del Banco Central vaya a dar explicaciones ante los parlamentos nacionales. 
Ello obligaría al desdichado a recorrer las 25 capitales cuando hayamos alcanzado esa dimensión, lo que resulta ridículo e imposible. 
Por lo demás, señora Presidenta, quisiera concluir afirmando que, en cuanto a las orientaciones económicas generales, tras la Cumbre de Luxemburgo se pone de manifiesto la necesidad de integrar en las políticas económicas generales la dimensión desempleo y empleo. 
En ese sentido, no debemos volver a confundirlo todo y cortarlo todo con el mismo patrón. 
Las políticas de empleo deben coordinarse con las políticas monetarias. 
Las primeras no se confunden con las segundas. 
No deben obstaculizar ni poner en peligro la independencia del Banco Central. 
Señora Presidenta, es evidente que el mercado interior adquirirá una nueva dimensión con la Unión Económica y Monetaria y con el euro. 
La Unión Europea tendrá finalmente una dimensión real. 
Esta nueva situación, y estamos de acuerdo con el ponente, presupone un verdadero control democrático y un importante papel para este Parlamento. 
En lo que respecta a los instrumentos de política económica, es aconsejable definir los objetivos orientativos para ir incorporando gradualmente las políticas económicas de la Comunidad vinculadas al mercado interior y tener plenamente en cuenta, dada la cumbre extraordinaria de Luxemburgo sobre el empleo, los objetivos establecidos cuando se elaboren las orientaciones para el empleo. 
Nuestro grupo considera asimismo que aún quedan por resolver ciertas cuestiones. 
Por ejemplo, el difícil tema de la representación de la Unión Económica y Monetaria y del euro en las instituciones internacionales. 
Por ejemplo, ¿cuál debería o no debería ser la función de la Comisión Europea respecto a esa representación exterior en los asuntos monetarios? 
Hago notar que este punto quedó abierto después de la reunión del Consejo ECOFIN del 1 de diciembre. 
Finalmente, está la cuestión de qué postura, oficial o más flexible, adoptará la autoridad consultiva hacia los países de la primera ola- el Consejo-X, los representantes de los países «in». 
El punto adoptado por la Presidencia luxemburguesa el 2 de diciembre en el comité económico cuenta con nuestro apoyo. 
Debemos ser conscientes de que once países «in» pueden aceptar finalmente, de acuerdo con unas condiciones aún por definir, informar a sus socios «out». 
El Sr. Waigel mencionó hace poco que no se podía estar a la vez «in» y «out» , fuera de la zona del Euro y dentro del Consejo-X. 
Si no se puede conseguir ningún logro sobre un acuerdo a este respecto, nos parece que las conclusiones de la próxima cumbre de Luxemburgo tendrán en cuenta los deseos de los once de reunirse informalmente para hablar de los instrumentos que habrá que dominar para lograr un equilibrio en vista de la nueva situación creada. 
Está claro que los países «out» por propio deseo no pueden detenerlo y a todos nos interesa encontrar un acuerdo sobre este punto tan sensible. 
Señora Presidenta, el Grupo de los Liberales, naturalmente y quién se sorprendería de ello, apoya el informe del Sr. Gasòliba, que se presenta como un conjunto muy equilibrado que demuestra que en la tercera fase de la Unión Monetaria, con un Banco Central independiente, no existe por ello ingravidez de la institución monetaria, sino el diálogo necesario entre el poder monetario y las responsabilidades económicas que deben ejercer las autoridades políticas. 
Naturalmente, como en toda problemática de núcleo duro, se plantea la cuestión de la expresión institucional de dicho diálogo, con todas las dificultades que ha destacado el Sr. Herman y, en particular, la cuestión de saber cómo los países que no participan en una política pueden ser invitados a debatirla o incluso a influir en ella. 
Lo que hay que resaltar, señora Presidenta, es que los países que, al menos en una primera fase, no participen en dicha política, no dejarán por ello de sufrir sus consecuencias. De ahí la necesidad de fórmulas flexibles. 
Creo, por otra parte, que la opinión se encargará de zanjar las antinomias, quizá algo rígidas, que en un comienzo nos vemos tentados a elaborar. 
Porque si el euro sale adelante, y actualmente nadie, al menos hoy, duda ya de su establecimiento, quizá sea necesario considerar la posibilidad de acelerar los procesos, y sobre todo, debido a que las dificultades materiales resultan cada vez más evidentes, reducir el período 1999-2002, es decir, la espera de la llegada del euro a la vida cotidiana. 
Del mismo modo que la perspectiva del " Big bang» no era recomendable cuando el euro era aún incierto, a partir del momento en que se establezca el euro, quizá sea necesario, en torno al año 2000, intentar acelerar el proceso, sobre todo para reducir la especie de esquizofrenia monetaria que nos arriesgamos a vivir en la vida cotidiana cuando en un contrato, un interlocutor hable en euro y el otro en moneda nacional. 
En cualquier caso, el éxito del euro tendrá ciertamente una capacidad de arrastre y, a diferencia de la ley de Gresham, sin duda será la moneda buena la que sustituya a la mala. 
Señora Presidenta, Señorías, los Estados miembros tienen estructuras y características socieconómicas muy diferentes, tienen niveles desfasados de crecimiento económico, se encuentran en etapas culturales específicas resultantes de procesos históricos identificadores. 
Es decir, que, por ser la Unión Europea un espacio heterogéneo por diversas razones, por ser un mosaico de espacios diferenciados, por haberse adoptado dinámicas que agravan las desigualdades, abren simetrías y pueden provocar choques asimétricos aún mayores, es necesaria, en verdad, una coordinación de políticas económicas en el espacio interno, pero a partir de respuestas diferenciadas, de instrumentos y estructuras adecuados. 
Y esa coordinación tiene que basarse en la cooperación entre lo que es diferente y no en una uniformación y unificación forzadas. 
El informe del Sr. Gasòliba i Böhm presenta aspectos interesantes que suscitan reflexión, pero no se libera de la auténtica camisa de fuerza de la lógica liberal, de la totalitaria ponderación de lo financiero, lo monetario, lo nominal. 
Y he recordar a Su Señoría que su informe no fue aprobado por unanimidad, como aquí dijo. 
Después del mercado interior- o, mejor dicho, de la aplicación de su vertiente de libre circulación de capitales -, se presenta la moneda única como la continuación lógica e inevitable en una cadena de decisiones. 
Se dice incluso que sin moneda única no estará completo el mercado interior, no será «único». 
Ahora bien, por ser la moneda única un instrumento, no hará igual lo que es desigual, no hará avanzar lo que está atrasado, no volverá competitivo lo que no tiene condiciones objetivas reales para serlo. 
Y después del mercado interior, la moneda única, el Banco Central único, las intenciones armonizadoras confunden coordinación de políticas con política única, con gobierno económico único, con Estado único o Estado federado o ningún Estado, sino un Eurocouncil. 
Además de negar que esa lógica y dinámica sea la única, que sólo haya un camino, que se den por sentados los pasos de ese camino antes de que sean realidad y los acepten los pueblos, propugnamos otra lógica, opuesta a esa, en que lo que preocupe no sea evitar o alejar todo lo que pueda perjudicar la ejecución y el funcionamiento de la Unión Monetaria. 
Propugnamos, desde luego, la perspectiva que remedie las consecuencias de la adopción de políticas, de desestructuraciones organizativas de instrumentos. 
Las propuestas de enmienda que hemos presentado van encaminadas a conseguir que se tenga en cuenta este planteamiento nuestro en un informe de este Parlamento, en una resolución, a pesar del predominio que pueda existir de una perspectiva que no es la nuestra, pero que, mientras haya votos en contra y abstenciones, no nos abate ni siquiera cuando se afirman unanimidades,. 
Señor Presidente, estimados colegas, les doy la bienvenida a esta prolongación de la sesión de los coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y de los ponentes en la sombra. 
El futuro de nuestras economías públicas es demasiado importante para nosotros como para abandonarlas simplemente a los dictados de los mercados financieros. 
Por eso ha suscitado aquí Gasoliba i Böhm algunas cuestiones importantes y también algunas respuestas muy acertadas que podemos emprender, sin embargo, no es suficiente. 
Cuando el Sr. Gasoliba i Böhm que no querríamos o podríamos poner en práctica un modelo teórico perfecto, naturalmente, tiene razón, pero la introducción del Euro plantea unas exigencias y condiciones que deben acomodarse a un modelo de política económica y éste no se va a alcanzar con los debates actuales, y tampoco a través de las propuestas de Gasoliba i Böhm. 
El artículo 13 establece que el Banco Central Europeo por su obligación para con la estabilidad monetaria debe apoyar la política económica perseguir los fines del acuerdo. 
Estas prescripciones son sin embargo vacías si no se concreta una política económica europea que se organice de forma vinculante. 
Sr. Herman, no se trata de entorpecer la independencia del Banco Central Europeo. 
Vale reemplazar el disembedding que se realiza ahora a través de una reembedding. 
Me remito aquí al gran libro de Michael Polanyis sobre The Great Transformation. 
No puede ser que la central de nuestra política económica vaya a ser en el futuro un banco central que resida en un Nirvana institucional, político y cultural. 
Al contrario, necesitamos una sincronización de los sectores importantes de la política económica en un sentido amplio. 
Precisamente al llevar a cabo la transición hacia el Euro necesitamos coordinar y sincronizar las políticas económicas, monetarias, de presupuesto, de empleo e industriales. 
Necesitamos un diálogo institucionalizado entre el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión, parecido al existente en los EE.UU.. para el banco Federal y necesitamos, así mismo un diálogo estructurado entre el Ecofin, el Ecosoc y el Consejo Europeo. 
Señora Presidenta, me alegro de no estar hablando ante una sala vacía, del todo, así que doy la bienvenida a los visitantes que se encuentran en la tribuna pública. 
El informe del Sr. Gasòliba i Böhm muestra claramente que la Unión Europea no está, ni mucho menos, preparada para la Unión Económica y Monetaria. 
Pese a ello, se está ocultando este hecho persistentemente. 
También la resolución que nos ocupa oculta el carácter problemático de la elección a favor de la UEM. 
La Comisión Europea se congratula por los logros alcanzados hasta la fecha en materia de convergencia, logros que, en efecto, han sido numerosos. 
Sin embargo, los criterios del Tratado de Maastricht sólo ofrecen referencias a la convergencia nominal e ignoran las cuestiones relacionadas con la convergencia económica real y la armonización de las estructuras económicas de los distintos Estados miembros. 
Es precisamente esta actitud la que dificulta la solución del problema del desempleo en Europa, ya que dicha situación incluso puede verse agravada en una Unión Monetaria sin la suficiente movilidad laboral. 
Del proyecto de resolución se desprende que la coordinación de la política económica no es suficiente. 
Ésta es tan sólo una cara de la moneda. 
La otra cara es que el desarrollo económico divergente de los Estados miembros sólo se podrá convertir en convergente mediante grandes esfuerzos. 
Este es un proceso de larga duración que no puede concluirse en tres años. 
Otro punto imprescindible que no se contempla es una panorámica sobre el futuro de Europa. 
¿Cómo podemos asignar a los países de la Europa Central y Oriental un lugar de pleno derecho en la Unión Europea con la creación de la UEM? 
El modelo de un gobierno federal no es el adecuado para una Unión Europea de más de quince Estados miembros. 
El encorsetamiento producto de la UEM no se ajusta bien a numerosos países europeos. 
La UEM y la consiguiente transferencia de competencias en los ámbitos monetario, presupuestario, fiscal y social, crean una estructura en la que resultará sumamente difícil incorporar a países menos prósperos. 
Todo parece indicar que los países de la Europa Occidental prefieren aumentar su propia prosperidad manteniendo así, de un modo económico, la separación ideológica entre la Europa Occidental y la Oriental. 
Señora Presidenta, creo que a través de esta cuestión de la coordinación de las políticas económicas, y a pesar de la escasa presencia en nuestro hemiciclo, abordamos una cuestión fundamental. Abordamos la cuestión de saber cómo nos dotaremos mañana de los medios necesarios para concebir una política económica, con un enfoque global que tenga plenamente en cuenta la interdependencia de las economías europeas y que no sea una simple adición de las situaciones nacionales, porque en economía europea, uno más uno no es igual a dos. 
Debemos permitir que la Comisión presente un análisis sistemático de la evolución de la economía europea antes de declinarla país por país. 
Ello será aún más cierto cuando ante once, doce o quince ministros de Economía y Finanzas tengamos a un Presidente del Banco Central. 
En el espíritu de la Cumbre de Luxemburgo, debemos favorecer, naturalmente, una mejor sincronización de los procedimientos de orientación en materia económica y de empleo. 
Es indispensable. 
Segundo elemento, debemos proponer que las grandes orientaciones de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad se conviertan mañana en grandes orientaciones de la política económica de la Unión con la contribución de los Estados miembros. 
No se trata de un intercambio semántico. 
Tercera orientación, debemos proponer que la Unión Europea se dote de medios expertos, de análisis, de institutos económicos, de modelos elaborados a nivel de la Unión y que piensen en términos europeos, sin que por ello decaigan las cosas en el plano nacional. 
Paso al cuarto punto que, ciertamente, es el fundamental, el Consejo del euro, el euro X, llamémosle como queramos. 
Es necesario, indispensable, en el dispositivo del paso al euro. 
Es el único medio para que una política monetaria, la política del euro, no sea únicamente una política monetaria, sino que esté al servicio del crecimiento y del empleo. 
Aunque debemos reconocer que nos encontramos en una primera etapa. 
Habrá que ir más lejos. 
La Comisión debe estar presente en dicha institución, debe estar mucho más presente que en el dispositivo actual, comprobamos que no ha sido invitada como tal, a pesar de que el Presidente del Banco Central podría estarlo. 
Existe ahí un claro desequilibrio que nos entristece. 
Segunda etapa también para este Consejo que, sin duda, sobrepasa el marco de los ministros de Economía y Finanzas. 
Confiamos plenamente en ellos, pero ellos no siempre son los mejores vectores de la transformación social. 
Quizá sea necesario algún día asociar, con igualdad de poderes- y ahí radica la dificultad- a los ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales. 
En lo esencial, este acuerdo debe celebrarse en Luxemburgo II, porque es el plazo límite antes del paso al euro. 
Pero soy consciente de que abrimos ahí la gran obra que tenemos ante nosotros, la del control democrático de la auténtica cooperación reforzada que nos espera mañana, la que se hará en torno al euro. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, naturalmente estoy de acuerdo con el informe de nuestro colega Gasòliba, porque la coordinación de las políticas económicas representa un desafío crucial para la Unión Monetaria. 
No obstante, a un año del vencimiento, no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos en esta materia. 
Es cierto que se ha comenzado a evocar la cuestión, sobre todo introduciendo algunos signos cabalísticos como la X, lo que me recuerda a los felices años en que me dedicaba a las matemáticas. 
Pero ¿dónde están las auténticas respuestas? 
¿Cómo se gestionará la política económica de la zona euro? 
¿Cómo se abordarán los problemas de las economías en un marco en el que los signos externos de dichas políticas serán desmultiplicados? 
¿Cómo se tratarán los choques asimétricos a los que podrán verse sometidos algunos países o algunas regiones? 
Las respuestas a este tipo de preguntas siguen siendo muy evasivas y, en muchos casos, incluso confusas. 
Nada está realmente previsto en la actualidad, aparte de algunos discursos con un toque más bien artístico. 
Ahora bien, el peligro para la UEM es seguro. 
Por ejemplo, si se producen los choques, que Dios no lo quiera, ¿no darán lugar a fuertes presiones políticas sobre el Banco Central Europeo y éste, a su vez, no aplicará políticas monetarias demasiado flexibles, lo que sería muy grave para la estabilidad de la zona euro? 
Es evidente que el BCE debe mantener siempre el objetivo de estabilidad de los precios a medio plazo, y situarlo bajo influencia política, constituiría un retroceso peligroso y equivaldría a prestar un flaco servicio a Europa, al crecimiento y al empleo. 
La solución no pasa por ahí, mis queridos colegas, creo que la solución debe tomar dos vías. 
En primer lugar, una coordinación inteligente de las políticas presupuestarias y fiscales de la zona euro; en segundo lugar, una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y de los costes laborales más débiles, en particular para los menos calificados. 
Me detendré un instante en la primera pista, ya que la segunda es más conocida y más clásica. 
Coordinar las políticas presupuestarias y fiscales no significa un simple concierto de bellas palabras entre los responsables ni un amable intercambio de información entre los ministros de Economía. 
Coordinar las políticas presupuestarias y fiscales significa la implantación de líneas directrices claras y establecidas conjuntamente por los miembros de la zona euro en materia de déficits presupuestarios nacionales- y aquí me alejaré de algunos de los colegas aquí presentes- y que incluya también, en la medida de lo posible, a los países que sean susceptibles de ingresar en esta zona en plazos razonables. 
Porque si dichos países tienen un tipo de cambio casi fijo con la zona euro, eso quiere decir que las políticas que aplique la zona euro, al igual que las políticas que apliquen dichos países, tendrán influencias recíprocas muy fuertes. 
Por lo tanto, deben participar también en la coordinación en materia económica. 
El problema político es otro problema. 
Mejor aún, y aunque soy consciente de las dificultades políticas, desde el punto de vista de los buenos principios económicos, la solución óptima sería llevar a cabo dicha coordinación a través de un presupuesto comunitario ampliado. 
Probablemente bastaría con algo así como entre el 3 y el 5 % del PIB. 
Del 3 al 5 %, mis queridos colegas, no es mucho, teniendo en cuenta que en algunos países, entre ellos el mío, dedican al gasto público aproximadamente el 55 % del PIB, y teniendo en cuenta también que la media europea se sitúa en torno al 49-50 %. 
Dicho esto, no quiero que haya malentendidos. 
No se trata de preconizar un aumento de las exacciones obligatorias en el conjunto de Europa. 
Esa idea está lejos de mí, créanme. 
No es mi estilo; deberíamos, por el contrario, seguir la dirección opuesta, pero quizá antes de lo que pensamos sea necesario transferir una parte de los gastos públicos nacionales al presupuesto de Europa, aunque dicha transferencia sea relativamente mínima. 
Ya sé que, en la actualidad, este tipo de propuesta no goza de especial popularidad entre los gobiernos ni probablemente en esta Asamblea, pero, personalmente, creo que se pondrá en marcha una dinámica que impulsará en esa dirección. 
Por ello creo que más vale conducirla y prepararla en frío, de manera serena e inteligente, en vez de sufrirla en período de crisis con todos los riesgos que ello podría suponer para nuestras economías. 
Estas son, mis queridos colegas, las pistas que me parecen fundamentales y que, naturalmente, exigirán un avance hacia una unión política más activa, es decir, y no debemos tener miedo de las palabras, un avance hacia una estructura federalista más avanzada. 
No soy ingenuo, sé que dichas medidas no se harán en un día y que las resistencias políticas serán fuertes. 
Pero pienso que es la dirección que deberá tomar Europa y que tomará Europa en el futuro. 
Señora Presidenta, este informe es tan irreal como falto de lógica. 
Una política económica coordinada en la Unión no puede significar la misma política económica. 
Las economías de los países son muy diferentes y con distintas estructuras. 
Además, grandes mercados comunes implican siempre una tendencia a la especialización, basada en lo que se llama ventajas comparativas. Esto fortalece continuamente las diferencias entre las economías de los países y en el futuro imposibilita también todos los proyectos de moneda común. 
En este aspecto, el euro está en la misma confusa situación que el patrón oro, que también estaba condenado al fracaso. 
Una política económica coordinada tiene que representar orientaciones y metas comunes, pero diferentes métodos nacionales. 
Éste es el único punto de partida verdadero, lo que también se señala en las propuestas de enmienda 1, 2 y 3 del informe. 
Señora Presidenta, a un año de la fecha prevista para la entrada en vigor de la moneda única, seguimos sin saber muy bien cuáles serán el alcance, la consistencia o incluso la realidad de la coordinación económica susceptible de acompañarla. 
Es la impresión que se desprende de la lectura del informe Gasòliba, así como del documento de trabajo de la Comisión sobre el mismo tema y de las políticas actuales sobre el Consejo del euro. 
Es cierto que el Tratado menciona, en efecto, disposiciones encaminadas a la coordinación: el control de los tipos de cambio, la definición de las grandes orientaciones de políticas económicas, la introducción de un procedimiento para la reducción de los déficits excesivos, ampliado posteriormente por el pacto de estabilidad. 
El proyecto de Amsterdam viene a añadirle la definición de líneas directrices relativas al empleo. 
Pero todo ello sigue siendo vago y ciertamente no constituye, en ningún caso, el gobierno económico que algunos consideran indispensable para el éxito del euro. 
En opinión de estos últimos, al igual que en la del informe Gasòliba, sería necesario garantizar la democracia y la coherencia de las grandes orientaciones de política económica, confiándolas a una instancia europea más formalizada que se encargue de establecer un nuevo equilibrio del pilar monetario. 
Pero en la situación actual de Europa, en la que existen varios países y no uno solo, dicha instancia única correría el riesgo de verse constantemente obstaculizada por sus divergencias internas, en detrimento de la definición de una política macroeconómica saneada. 
Es un argumento invocado por los partidarios de una independencia completa de los Bancos Centrales, en su opinión, más eficaz. 
Lamentablemente, dichos partidarios de la total independencia del Banco Central encuentran a su vez otra dificultad de la que no consiguen salir. 
Para que la política de un Banco Central independiente dé resultados convincentes, es necesario que dicho banco sea respaldado por un fuerte consenso social, el cual sólo puede resultar de una larga experiencia positiva y de un fuerte sentimiento comunitario. 
Ahora bien, el futuro Banco Central Europeo no dispondrá de ninguna de estas dos ventajas. 
Así, donde quiera que miremos, sólo encontramos vías que conducen a la imposición de la moneda única. 
Lo más sabio sería aplazarla. 
Señora Presidenta, en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria tendremos una política monetaria centralizada y una política económica descentralizada. 
La cuestión de que este planteamiento pueda ser sostenible dependerá íntegramente del grado en que los Estados miembros logren coordinar efectivamente sus políticas económicas. 
En este sentido, el Tratado prevé suficientes instrumentos. 
No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto y cómo van a aprovecharse dichos instrumentos. 
La Unión Económica y Monetaria sólo funcionará adecuadamente si la coordinación económica no se limita exclusivamente a crear la posibilidad de que el Banco Central desarrolle una política a favor de la estabilidad. 
La coordinación también ha de estar encaminada, de un modo explícito, al fomento de un desarrollo capaz de la creación de puestos de trabajo. 
No entiendo muy bien cómo el comité económico y financiero que se va a constituir y que estará dominado por los banqueros de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo va a poder elaborar tal política. 
Dicho comité estará más dominado aún por la perspectiva restrictiva monetaria que su predecesor, el comité monetario. Al igual que el comité comunitario, es de temer que el ECOFIN deba seguir servilmente sus consejos. 
ECOFIN nunca se convertirá en un verdadero contrapeso económico del Banco Central Europeo mientras que los banqueros centrales sigan en una posición dominante, incluso entre los bastidores del ECOFIN. 
Soy muy partidario de la coordinación económica a escala europea, siempre y cuando se trate de una verdadera coordinación económica y no de una coordinación principalmente monetaria. 
A tal efecto, puede que sea necesario que el comité económico y financiero esté formado no por banqueros de los bancos centrales nacionales, sino en su lugar, por representantes de los Ministerios de Asuntos Sociales y de Hacienda. 
Por último, considero que la modificación en la composición del comité preliminar será mucho más significativa para el contenido de la política económica de Europa que todos esos debates sobre el euro X a los que ECOFIN dedica tanto tiempo. 
Por tanto, intentemos que se incluya esta cuestión en el orden del día político de Europa. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer la intervención de la Comisaria Wulf-Mathies en nombre de la Comisión, que refleja también la posición del Comisario De Silguy y, como es lógico, también las intervenciones favorables a este informe- que agradezco enormemente- por parte de mis colegas. 
Antes de iniciar la votación, desearía hacer dos precisiones con respecto a cómo tratar mi enmienda 5 y la enmienda 4 del Sr. Donnelly. 
En la versión inglesa, en el párrafo 9, guión segundo, se dice: » two sides of industry» , y mis amigos británicos me hacen notar que es más actual hablar de «social partners». 
Es una precisión lingüística que le pido sea incorporada en la versión final. 
Así se hará. 
Solicitaremos a los servicios lingüísticos que tomen las medidas oportunas para verificar las dos versiones. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. Tengo la impresión de que la costumbre de las mañanas de los viernes en Estrasburgo, es decir, de votar después de cada informe, se va extendiendo también a las sesiones del Parlamento que se celebran los jueves en Bruselas. 
Sabemos casi con toda seguridad que en estas sesiones la asistencia no es buena. 
Permítame sugerir a la Mesa que en Bruselas se proceda a las votaciones en momentos fijos. De esta manera todo el mundo sabrá a qué atenerse y no tendremos la asistencia actual. 
Señora Maij-Weggen, le respondo enseguida. 
Como sin duda no ignora, ha sido una situación excepcional. 
Se trataba de las votaciones sobre los informes relativos a la ampliación, y por este motivo se pusieron excepcionalmente al comienzo de la mañana. 
Pero tomo nota de su observación que es muy pertinente, y en el futuro volveremos a la práctica habitual. 
El debate queda cerrado. 
A continuación se procede a la votación del informe. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El informe propone que se establezca en Europa una " política económica basada en una coordinación estrecha entre las políticas económicas de los Estados miembros». 
También se menciona una coordinación de las políticas presupuestarias y financieras y un " pilar» de política monetaria. 
No tenemos nada en contra de una coordinación voluntaria para combatir, por ejemplo, el desempleo. 
Por eso rechazamos todas las ideas para, por ejemplo, imponer impuestos comunes en la Unión o que la política económica se convierta en supranacional. 
Los Estados miembros deberán también en el futuro tener derecho a " imponerse sus cargas» y seguir sus propias políticas en esas materias. 
Si los Ministros de Finanzas europeos después acuerdan trabajar mancomunadamente para, por ejemplo, evitar el " dumping» de los impuestos, entonces nos alegraremos. 
Pero todo esto tiene que ocurrir a través de trabajo coordinado voluntariamente, entre los que lo deseen, y no a través de reglamentaciones dentro de la Unión Europea. 
Para que el euro realmente tenga éxito debe contar con el apoyo no sólo de los políticos, sino también de las empresas y los consumidores. 
La Comisión prometió adoptar decisiones sobre cuatro importantes cuestiones relativas a la Fase III de la UEM antes de finales de año, pero ha pospuesto las decisiones hasta mayo del año que viene. 
Las cuestiones son: si mantener o no el 1 de enero del 2002 como fecha de introducción de los billetes y monedas en euros; si la circulación simultánea de divisas nacionales y euros debería durar seis meses como se decidió en la Cumbre de Madrid de 1995; la cuestión del doble precio de las mercancías y si será necesaria legislación de la UE en este campo y, finalmente, el tema de las comisiones por conversión, tanto para las cuentas bancarias durante el período 1999-2002 como para los billetes y monedas en el período posterior al 1 de enero del 2002. 
¿Piensa la Comisión que estará en situación de tomar decisiones sobre estas importantes cuestiones prácticas para mayo de 1998? 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión a Eurocommerce (Asociación de Minoristas Europeos) que encargó un informe a Deloitte& Touche en el que se decía que el coste medio de introducir la moneda única podría llegar a alcanzar el 2'6 % del volumen de negocio de los minoristas europeos? 
Dichos costes pondrían fuera de juego a muchas pequeñas y medianas empresas de mi propia circunscripción. 
Los pequeños minoristas tendrían que hacer frente a costes desorbitados para actualizar sus sistemas informáticos y cajas registradoras, volver a formar a su personal y elaborar sus cuentas en euros. 
La fecha de partida para la introducción de billetes y monedas es cercana al momento del año de más trabajo- las ventas de Navidad y de después de Navidad -; puede que sea excesivo para poderlo manejar los pequeños minoristas y pequeñas empresas. 
La moneda única seguro que llegará, pero la UE debe concentrarse ahora en estas cuestiones prácticas a fin de que tanto las empresas como los consumidores sean firmes partidarios de la Unión Económica y Monetaria. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Gasóliba I Böhm sobre coordinación de la política económica en la UEM. 
El informe dice que todos los Estados miembros de la UE podrán tomar parte en la coordinación aumentada de la política económica. 
Esto quiere decir que países que permanecen fuera de la tercera fase de la UEM como, por ejemplo, Dinamarca, también podrá tomar parte en una mejor coordinación de la política económica. 
Los socialdemócratas daneses se adhieren totalmente a este punto de vista. 
Los socialdemócratas daneses rechazan un Euro X informal, en el que sólo puedan participar los países que entren en la tercera fase de la UEM. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo con el señor ponente en que una mejor coordinación de la política económica general redundaría en beneficio del objetivo de un mayor empleo en la UE. 
Los socialdemócratas daneses señalan, con todo, que la política financiera debe seguir siendo asunto del estado nacional y soberano. 
Los firmantes hemos votado en contra del informe por las siguientes razones: 
1.El informe no es real. 
Parte de la base que las economías de los estados son iguales y que la UME se llevará a cabo dentro de toda la Unión.2.Las economías son muy diferentes. 
Las diferencias se refuerzan por la tendencia a la especialización, basada en costos comparativos, que tiene lugar dentro de los grandes mercados.3.Una política económica común sólo debe ser entendida como una orientación colectiva hacia determinados objetivos. 
Los métodos tienen que adecuarse a las estructuras de los países y a su distinta sensibilidad a las coyunturas e influencias externas. 
Intervenciones estructurales en Bélgica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0321/97) del Sr. Decourrière, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Bélgica (C4-0107/97). 
Señor Presidente, ante todo, permítame dar mi más sincera enhorabuena al Sr. Decourrière por su excelente informe, que debería ser de lectura obligada para todas las autoridades belgas. 
En mi calidad de ponente para opinión, me he centrado principalmente en la utilización del Fondo Social Europeo en las diferentes regiones contempladas en los objetivos. 
Quisiera abordar tres puntos más concretamente. 
En primer lugar, los problemas relativos a la infrautilización. 
Comparto la preocupación del ponente acerca de la excepcionalmente escasa utilización de los recursos en las zonas objetivas en Bélgica. 
Por otra parte, es a mi juicio incomprensible e inaceptable que la infrautilización dentro del Fondo Social sea aún más considerable en dichas zonas, precisamente cuando la Cumbre de Luxemburgo insiste en una mayor inversión en formación y puestos de trabajo. 
En este momento, Bélgica desaprovecha una gran parte de los fondos europeos y si bien es cierto que dichos fondos no se han perdido todavía, el tiempo apremia. 
Naturalmente, cabe alegar toda clase de argumentos que pueden o no justificar dicho retraso: los programas se aprobaron un tanto tardíamente, la Comisión opera de un modo excesivamente burocrático. 
Algunas regiones, en efecto, son demasiado pequeñas para poder aplicar adecuadamente los fondos estructurales, aunque este problema también existe en otros países de Europa. 
No obstante, una serie de causas pueden considerarse como típicamente belgas. 
La falta de cooperación, el tira y afloja entre las autoridades locales, regionales y federales, tanto en el reparto de los recursos como en la realización de los proyectos, así como los documentos de programación, me dan la impresión de que Bélgica se preocupa más de los conflictos de competencia que del desarrollo regional y de la lucha contra el desempleo. 
Debido a ello, también en Bruselas se llega, a menudo, a situaciones alucinantes, ya que tanto la marginación en algunos barrios como el desempleo entre los jóvenes inmigrantes alcanzan unos niveles tan elevados que, en la actualidad, la ciudad vive con frecuencia, encima de una bomba de relojería. 
El alto grado de desempleo de larga duración y los problemas que persisten en las regiones afectadas por el cierre de empresas claman, en interés de los ciudadanos, por una mayor cooperación entre las diversas autoridades en cuestión. 
Comparto la opinión del ponente cuando dice que en caso necesario, la Comisión Europea debería echar una mano. 
De momento, las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo constituyen un punto de partida adecuado a tal efecto. 
En segundo lugar, al igual que el ponente, me gustaría hacer referencia a las noticias gratas. 
Fuera de las regiones objetivas, los recursos europeos destinados a la formación de los parados se emplean correctamente. 
Por tanto, es lamentable que, a menudo, la financiación de dichos proyectos sea tan incierta, que todavía no se disponga de una planificación plurianual y que se abandonen numerosas iniciativas interesantes, especialmente las procedentes de las autoridades locales. 
Es preciso que tanto la Comisión Europea como las autoridades regionales busquen con urgencia una solución a corto plazo para solventar dichos problemas. 
En cambio, la formación de los trabajadores en puestos de trabajo tendentes a desaparecer se encuentra en una situación lamentable, especialmente en Flandes donde apenas se ha adjudicado, y no digamos desembolsado, el 10 por ciento de los recursos. 
Sin embargo, en materia de formación de trabajadores Bélgica no puntúa, en absoluto, como el mejor de Europa. 
Por tanto, es preciso que se dé pronto un impulso a las empresas, en particular, a las PYME para que inviertan en sus trabajadores. 
Por otra parte, seguiremos insistiendo en que se transfiera parte de las reservas del objetivo 4 al objetivo 3, que se caracteriza por un alto grado de creatividad pero que no dispone de fondos suficientes. 
Por último, unas palabras sobre la deslocalización y los empleos de nueva creación. 
La afirmación del Grupo de los Liberales de que no se hayan destinado recursos europeos a la creación de nuevos puestos de trabajo es infundada. 
Sin los fondos europeos el desempleo todavía hubiera sido más elevado. 
No obstante, el Parlamento pide, con acierto, unos enfoques más nítidos y unos efectos de empleo más claros. 
Por lo demás, sería inaudito trasladar puestos de trabajo de una región a otra con fondos europeos. 
Todavía no hemos olvidado, ni mucho menos, la experiencia con Renault e incluso en las regiones cercanas a Henao existe una gran inquietud al respecto. 
Por tanto, instamos categóricamente a la Comisión Europea a que vigile rigurosamente el empleo de los fondos estructurales con el fin de evitar la desvirtuación de la competencia. 
Señor Presidente, a mi vez quiero felicitar al ponente, el Sr. Decourrière, por su informe y agradecerle tanto el análisis como las propuestas contenidas en el mismo, que han sido acogidas muy favorablemente en la comisión competente. 
Durante mi intervención me gustaría, en primer lugar, abordar más de cerca los objetivos regionales 1, 2 y 5 b, por los que Bélgica tiene derecho a percibir 950 millones de ecus o 39 mil millones de francos belgas para el período comprendido entre 1994 y 1999. 
Al 31 de diciembre de 1996, se habían destinado de dicha cantidad, aproximadamente 7 mil millones de francos belgas en el marco de los fondos regionales y sociales. 
En cifras absolutas, la infrautilización de los fondos estructurales es, en esencia, un problema valón: todavía quedan por gastar 26 mil millones en Valonia y 3 mil millones en Flandes. 
Sin embargo, en términos relativos, dicha infrautilización constituye, sobre todo, un problema flamenco. 
El gasto de Flandes asciende al 12 % frente al 19 % de Valonia. 
Se sabe que la porción más importante, es decir, 30 mil millones de francos belgas, está destinada a la provincia de Henao, como región incluida en el objetivo I. De hecho, se trata de sesenta mil millones de francos si se tiene en cuenta la cofinanciación valona. 
Sin embargo, surgen sospechas- y pido la atención de la comisario sobre este particular- de que la región valona, de hecho, está utilizando indebidamente los recursos financieros europeos en beneficio de dicha cofinanciación. 
Señora Comisario, me gustaría preguntarle si la Comisión Europea ha investigado detalladamente la forma en que se está llevando a la práctica la cofinanciación de Henao. 
Por otra parte, he recibido datos sobre una investigación efectuada a instancias de la UCLAF, relativa a la utilización de los fondos europeos en Henao, entre otros, por vía intercomunal. 
¿Puede la Comisión confirmar esos datos y si dispone de los resultados de las investigaciones de la UCLAF? 
En lo concerniente a las regiones del objetivo 2, Limburgo y Turnhout, se aprecia una clara mejoría, especialmente con respecto a los gastos en el marco del Fondo Social Europeo. 
He podido comprobar que estas zonas han cogido, más o menos, el paso pero que, tal y como propone la Sra. Van Lancker, existe la necesidad de transferir recursos financieros del objetivo 4 al objetivo 3. 
En cambio, la situación de las zonas del objetivo 5 b es sumamente problemática. 
Para el desarrollo rural de las zonas flamencas Westhoek y Meetjesland se han previsto unos 2 mil millones de francos belgas. Gran parte de dicha cantidad no ha sido retirada. 
Hasta la fecha sólo se han utilizado los recursos previstos para el año 1994 mientras que, por ejemplo, en los Países Bajos ya se han utilizado, sobre un período comparable, los recursos del año 1998. 
El hecho de que Flandes no se sirva de los recursos correspondientes a 1995, 1996, 1997 y 1998 sólo acentúa su incapacidad. 
Es más, existen dos problemas adicionales de índole diferente. 
Primero, la cofinanciación está estipulada contractualmente, pero no se lleva a la práctica por falta de previsiones a tal fin en el presupuesto correspondiente. En segundo lugar, está la cuestión de la asistencia técnica que en Flandes, al parecer, ya asciende al 4 % y que se desea incluso aumentar, mientras que la Comisión acepta como máximo un 1, 5 %. 
La situación del programa comunitario LEADER, que pertenece igualmente al sector de la política rural, es sumamente preocupante. 
Después de un período de cuatro años y a pesar de ocho versiones revisadas, todavía no se han aprobado los dos programas flamencos. 
No me extraña que la Comisión Europea cuestione la capacidad para responder a las condiciones impuestas. 
A mi juicio, estos ejemplos indican, en efecto, la necesidad de que ambas regiones, tanto la flamenca como la valona, reflexionen sobre cómo utilizar los fondos estructurales y cómo organizar un mejor uso de los mismos en los próximos años. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al Sr. Decourrière que, en su informe, ha hecho un análisis sin concesiones, aunque objetivo, de la utilización de los Fondos estructurales en Bélgica. 
Permítame que diga que no es nada habitual que un francés comprenda a este punto la situación belga. 
En lo que respecta a mi región, Valonia, el Sr. Decourrière ha denunciado muy oportunamente la falta de agilidad de los circuitos administrativos, la mala orientación de las ayudas hacia las subregiones menos retrasadas, que es lo contrario de lo que debería hacerse, la dispersión y la multiplicación de los pequeños proyectos, la utilización de una parte de los fondos regionales para iniciativas que deberían haberse financiado con cargo al presupuesto de la región valona. 
Resulta evidente que el Gobierno valón no ha sido lo suficientemente preciso en cuanto a los objetivos que debían alcanzarse, ni lo suficientemente firme en la dirección de los proyectos, ni lo suficientemente eficaz en el seguimiento de la utilización de los créditos ni ha mostrado el suficiente convencimiento de la utilidad de promover la investigación y el desarrollo y orientar las ayudas para apoyar a las PYME de los sectores más eficientes. 
Pero también la Comisión debe reflexionar. 
La Comisión debe velar seriamente y de manera creíble por los proyectos a tener en cuenta, especialmente en términos de su capacidad para crear empleo sostenible. 
Debe tomar medidas para evitar las deslocalizaciones de una subregión a otra, en función de las ventajas financieras concedidas a través de los Fondos estructurales. 
Por último, debe calcular las repercusiones de su plan presentado en el marco de la Agenda 2000, según el cual, la concesión de ayudas se hará más difícil, lo que sin duda tendrá como resultado la supresión de la intervención de los Fondos estructurales en las regiones del objetivo I y II en Bélgica. 
Es cierto que la ayuda de Europa a las regiones no debe ser eterna. 
Pero parar a mitad de camino sería contraproducente. 
Nos prometen una desvinculación progresiva, pero ignoramos su importancia y su duración. 
Las conclusiones del excelente informe del Sr. Decourrière presentan vías para la reflexión especialmente útiles en el futuro debate sobre la revisión de los Fondos estructurales. 
No basta con utilizar los créditos, hay que buscar la máxima eficacia de su utilización, lo que exigirá un nuevo examen minucioso de los objetivos de los fondos, así como de las modalidades para la elección de los proyectos en función de una estrategia aprobada de común acuerdo entre la Comisión y la autoridad pública responsable. 
Es evidente, señor Presidente, que en lo que respecta a Bélgica, la estrategia que han seguido las autoridades regionales no resulta muy clara. 
Señor Presidente, Señorías, normalmente no me gusta que se dirijan al ponente palabras de elogio sin sentido, pero en este caso las congratulaciones son merecidas, puesto que el informe nos ofrece una imagen sumamente objetiva e indica tanto las debilidades de la política regional belga como los elementos que deben ser valorados positivamente. 
A ese respecto, creo que la Sra. Van Lancker tiene toda la razón cuando dice que el informe que nos ocupa debería ser leído exhaustivamente por todas nuestras autoridades, tanto las regionales como las otras. 
En cuanto a su contenido, los siguientes son para nosotros los puntos más destacados. En primer lugar, todos, incluyéndonos a nosotros mismos, hemos constatado que es inconcebible que un país que no dispone, ni con mucho, de recursos excesivos y menos aún para controlar con más eficacia determinados problemas, sea incapaz de retirar y emplear los créditos europeos disponibles. 
Esto es infame. 
A mi juicio, debemos dar un aviso a las administraciones responsables de esta situación. 
En nuestra opinión, este punto requiere muchísima atención y debe mejorar, precisamente por su carácter absolutamente contraproducente. 
Por último, quisiera plantear la cuestión de qué va a suceder con los fondos estructurales, a la luz de la ampliación sobre la que debatimos ayer y hoy, o por lo menos hoy, durante las votaciones. 
Todos nos adherimos íntegramente al espíritu del informe que queda expresado en su párrafo no 40, porque en el fondo dice: nos encontramos en una determinada situación y hemos de realizar una transición que tenga en cuenta los desafíos externos y, como es obvio, las principales necesidades internas de la Unión Europea. 
En cambio, la formulación del párrafo no 34 es más bien conservadora en el sentido de que debemos conservar todo lo que tenemos en la actualidad. 
A nuestro juicio, esta perspectiva no es la adecuada. 
Por lo tanto, daremos nuestro total apoyo al sentido que se expresa en el párrafo no 40 pero no al del párrafo no 34. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar con toda sinceridad al Sr. Decourrière. 
Su informe es, en mi opinión, brillante y se caracteriza por una gran objetividad. Por tanto, es realmente muy valioso. 
Con razón, hace referencia a la ayuda comunitaria, que para Bélgica se ha triplicado. 
Aun así, quizá sea conveniente mencionar lo siguiente. El informe contiene una pequeña errata. 
En el punto F. Usted escribe que la ayuda concedida a la región de Valonia asciende a 750 mil millones de ecus. 
Obviamente se trata de 750 millones de ecus. 
Me gustaría pedir que se corrigiera esta pequeña errata. 
Señor ponente, usted subraya pertinentemente unos defectos. 
Se trata de unos defectos que, de hecho, son generales, considerando el conjunto de la ayuda regional y social concedida por la Unión Europea. 
A menudo, los créditos disponibles no se comprometen suficientemente aunque también hemos de recalcar que la participación del propio país y, sobre todo, la de la propia región se suelen producir con cierta tardanza. 
Con razón, el informe llama la atención sobre el papeleo administrativo y la infrautilización de los fondos sociales. 
En esta materia, me adhiero totalmente a la crítica de la Sra. Van Lancker. 
Usted insiste, con razón, en la región de Henao. 
Se trata de una zona problemática con una industria tradicional de acero y de textil, que se encuentra en un proceso de reconversión. 
No obstante, también hemos de recalcar la crítica de UCLAF con respecto al uso de dichos fondos y que quizá no está suficientemente expresada en el informe. 
Señor ponente, me gustaría expresarle mi gratitud por haber adoptado mis enmiendas, las cuales fueron redactadas en la comisión regional. 
Insisten en una serie de problemas en Flandes y recogen asimismo la situación de las zonas del objetivo 5 b, que anteriormente, en mi opinión, no recibieron la debida atención. 
En la actualidad, esta cuestión queda corregida satisfactoriamente, por lo que quiero darle explícitamente las gracias. 
Usted también enfatiza el elevado grado de fragmentación en innumerables proyectos pequeños. 
Digamos que se ha creado una situación en la que cada una de las autoridades ha recibido su regalo y esto naturalmente no es justificable. 
Parece que no se dispone de conceptos para elaborar un proyecto global y esto no es posible. 
Además, son escasas las ideas con respecto a la posible contribución de las pequeñas y medianas empresas. 
El Grupo de los Liberales, presentó pertinentemente unas enmiendas a tal efecto, que recibirán mi pleno apoyo. 
Además, cabe destacar el aspecto de la deslocalización que usted, señor ponente, también ha mencionado. 
Dicha situación de deslocalización se produce en el propio país, de una región a otra. 
¿Cómo puede uno imaginarse que sobre una distancia de 20 kilómetros se transporten fondos, que se transporten puestos de trabajo? 
Naturalmente esto no es posible. 
Se trata del desplazamiento del empleo. 
A mi juicio, es inaceptable que se concedan créditos a una región en perjuicio de los resultados de otra. 
Estoy convencido de que esta situación debería ser objeto de un estudio por parte de la Comisión Europea. 
Repito, señor ponente, mi sincera enhorabuena por su labor. 
Se trata de un informe brillante que me gustaría apoyar plenamente. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Decourrière que nos ocupa únicamente confirma, a mi entender, la quiebra del programa de los fondos estructurales, sobre todo, en lo que concierne a Bélgica. 
Puesto que sólo dispongo de dos minutos de uso de la palabra, me limitaré naturalmente a dos conclusiones fundamentales. 
En primer lugar, el informe aporta la enésima prueba de que, en Bélgica, los fondos estructurales contribuyen a un flujo adicional de miles de millones que va desde Flandes hasta Valonia. 
En resumidas cuentas, la parte del león de las contribuciones al presupuesto de la Unión Europea la paga Flandes, mientras que la parte del león de las subvenciones europeas se las lleva Valonia. 
Esto puede parecer una situación defendible, puesto que un pueblo europeo más próspero puede ayudar perfectamente a otro más pobre; nadie se opone a ello. 
No obstante, en este caso no es defendible. 
Valonia es gobernada por un régimen socialista estrechamente vinculado a situaciones mafiosas que es el responsable del retraso que se le va acumulando. 
Por otra parte, los políticos valones no hacen ningún esfuerzo de saneamiento y bloquean toda medida fundamental encaminada a restaurar la economía y la política. 
El maná europeo sólo sirve para prorrogar un régimen insostenible. 
Puede que éste parezca un juicio muy severo para los que no están familiarizados con mi país, pero no por ello es menos cierto. 
En segundo lugar, me gustaría también subrayar la reflexión que hace el propio ponente en el párrafo no 29. 
En efecto, con la ayuda de las subvenciones europeas, la provincia valona de Henao atrae sistemáticamente a empresas de la zona de Kortrijk, en la provincia de Flandes Occidental. 
Las subvenciones europeas, añadidas a las concesiones de gran alcance en cuanto a medio ambiente, constituyen para los empresarios una oferta atractiva. 
Así que, gracias a Europa, a Flandes se le sustraen puestos de trabajo que se desplazan a Valonia. 
No son nuevos puestos de trabajo y este no debe ser el propósito de la política europea de subvenciones. Por esta razón, es evidente que no aprobaré el presente informe del Sr. Decourrière. 
Señor Presidente, Sra. Comisaria, el informe del Sr. Decourričre podría, según mi opinión, identificarse con el signo de la objetividad. 
No obstante contiene una enérgica llamada a Bélgica para que utilice mejor en el futuro los fondos estructurales. 
Independientemente de esto, se trata aquí de dos mil millones de ECUs. 
Las cantidades no son aun en este momento, según mi interpretación, lo más importante. 
Si se lee el informe del Sr. Decourričre se aprecia que, actualmente, el aprovechamiento de los fondos es relativamente pequeño. 
No se debe olvidar, sin embargo, que antes del aprovechamiento hay una fase importante, en concreto, la programación. 
Del informe también se extrae claramente que, para aquellos que la deben ejecutar, la fase de programación expone para el futuro un programa vinculante. 
Si ya se trata de una región estructuralmente débil, el apoyo por parte de la Unión Europea debería ser más intenso. 
De haber sido así también se hubiera podido hacer de Hennegau una mejor zona objetivo 2. 
En lo que concierne a la cofinanciación, la colaboración en ésta debería ser considerada con antelación. 
No es admisible que el programa sea diseñado por tres o cuatro personas y que luego las fuerzas activas del lugar sean las que deban organizar la cofinanciación. 
En este punto creo que la Comisión debería actuar con el máximo el respeto por el principio de subsidiariedad para sentar a todas las partes a la mesa y que suscriban esos programas. 
Respecto de la ejecución: desde luego que hay sectores en los que, ya en la actualidad, la ejecución es relativamente buena. 
Pero aquí tampoco son las cantidades lo más importante. 
No se trata de haber dado ya en este momento mucho dinero, sino de que se haya gastado bien. 
Al respecto quisiera enunciar dos principios. 
El primer principio: cuando se elaboran planes de empleo hay que asegurarse de que vayan a ser puestos de trabajo duraderos. 
Cuando en determinados sectores, y pienso en la clase media, se coge la regadera para repartir subsidios, casi diría que de forma precipitada, habría que comprobar que esos puestos de trabajo han contribuido posteriormente a la estabilidad de una región. 
Hay que conseguir, además, las condiciones previas necesarias. 
Y eso también se desprende claramente del informe del Sr. Decourričre, en concreto, que una región sólo puede ser atractiva si se retiran previamente las ruinas existentes. 
No quiero ahora entrar en ejemplos existentes en Bélgica, pero el poder de atracción de una zona y su capacidad de generar empleo también depende de su aspecto. 
Para ello hay previstos ciertos fondos que deben ser utilizados más intensamente. 
Yo procedo de una comarca fronteriza y sé lo que significan las pequeñas deslocalizaciones. 
Sra. Comisaria, debe usted considerar que se trata de la credibilidad de los fondos estructurales cuando aun hoy se financia el desmantelamiento de puestos de trabajo. 
No me explico como puede ser que determinadas empresas abandonan zonas objetivo 2, como ocurrió en Verviers con Boston Scientific, se trasladan a una zona objetivo 1, entretanto desaparecen puestos de trabajo y aun reciben de alguna otra parte de Europa dinero para sus inversiones. 
Esto es una financiación del desmantelamiento y no puede ser contemplada desde una perspectiva local o regional sino global en Europa. 
En los próximos fondos estructurales no sólo esta en juego su credibilidad, sino también la estabilidad económica de las regiones de Europa. 
Señor Presidente, al leer este excelente informe, en efecto, cabe poner en duda que los fondos estructurales hayan logrado su objetivo, que en cualquier caso los programas y los créditos empleados hayan creado realmente nuevos puestos de trabajo y que la política estructural contribuya de un modo constante a reducir el desempleo. 
Esto se aplica tanto a Valonia como a Flandes. 
Por este motivo, mi Grupo ha presentado algunas enmiendas. 
En efecto, podemos comprobar que en las regiones flamencas pertenecientes al objetivo 2, Turnhout y Limburgo, sólo se han desembolsado los pagos correspondientes a los créditos en un porcentaje entre el 4 % y el 9 % y que los resultados en cuanto a empleo se encuentran por debajo de la media flamenca. Por otra parte, en lo concerniente a las regiones flamencas del objetivo 5 b, dichos pagos no alcanzan el 3 % y para Meetjesland no llegan ni al 1 %. 
Así que ya es hora de que, a escala flamenca, se liberen los créditos necesarios. En este sentido me adhiero íntegramente a las palabras de la Sra. Aelvoet. 
El papeleo administrativo y los procedimientos complicados han de modificarse urgentemente en aras de una mayor flexibilidad. 
Sobre todo, ha llegado la hora de dar un nuevo enfoque global a todas las instituciones competentes. 
Es preciso poner fin a la práctica de pasarse la pelota los unos a los otros. 
Todos nos encontramos en el mismo barco. 
Una fragmentación demasiado elevada resulta perjudicial. 
Sin embargo, sólo se obtendrán resultados concretos y positivos mediante un enfoque global y constructivo. 
Esperemos que así sea en el futuro. 
Señor Presidente, Señora Comisario, Señorías, el Sr. Decourrière ha realizado, de hecho, un trabajo excelente. 
Acierta cuando plantea la cuestión crucial de si la política estructural, en su forma actual, será capaz de reducir las diferencias regionales. 
Por ejemplo, toda la provincia de Henao constituye una región del objetivo I, y ello tiene como efecto que una comarca próspera como Turnay y Moeskroen se convierta en una zona que atrae a los inversores y a las empresas del sur y del centro de Flandes Occidental. 
Consecuencia de ello es el nacimiento de una zona tope en el sur de esta provincia con la consiguiente puesta en funcionamiento del mecanismo de subvenciones. 
A fin de cuentas, Borinage, la región que más necesitaba esta ayuda, no ha salido ganando. 
Al considerar la reforma de los fondos estructurales, hemos de pensar en un nuevo rumbo para la política estructural. 
A tal efecto, debemos manejar principios tales como la concentración geográfica y temática y prestar especial atención a la inversión, la infraestructura, la tecnología de la información, el medio ambiente y la formación profesional, sin perder de vista el desarrollo endógeno. 
La ayuda directa a las empresas desvirtúa la competencia y sólo puede aplicarse en las inversiones selectivas. 
Además, comprobamos que las PYME, a las que consideramos desde el Libro Blanco de Delors de 1993 como las creadoras de empleo por excelencia, no ocupan ni mucho menos un lugar destacado en la política estructural. 
También el Tribunal de Cuentas apuntó este hecho en un informe reciente. 
Por lo tanto, es preciso que tengamos en cuenta este fallo en el futuro. 
Señor Presidente, en cumplimiento de las decisiones de 1993 relativas a la reforma de los Fondos estructurales, la Comisión concedió a Bélgica nuevas adaptaciones al Reglamento; medidas entre las que figura el reconocimiento del Hainaut en el objetivo I. El derecho de esta región a beneficiarse de dicho objetivo se justifica por las desigualdades de desarrollo regional que se vienen observando desde hace varios años. 
El DOCUP establecido por el Ejecutivo valón fue aprobado por la Comisión el 14 de junio de 1994. 
A raíz de esta fase de establecimiento, la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, competente en el fondo, recibió el encargo de emitir una opinión sobre el período de programación 1994-1999. 
El ponente, Sr. Decourrière, ha lamentado, y yo también lamento, la lentitud con que se han aplicado algunos programas, sobre todo en su fase inicial en el caso del Hainaut, región que se inscribe en el objetivo I, retrasos que, por fortuna, se están intentando recuperar. 
El informe pone de manifiesto que dichas ayudas favorecen sobre todo a las subregiones del Hainaut, que son las que están mejor adaptadas para beneficiarse de los fondos, a saber, las regiones de Ath, Tournai y Mouscron. 
Por otra parte, las repercusiones de los Fondos estructurales, tal y como se están llevando a cabo actualmente en el Hainaut, no han tenido suficientemente en cuenta las orientaciones para las regiones rurales, a pesar de que en dichas zonas existen unos recursos potenciales que deben valorizarse. 
Insisto, por tanto, en que se tengan más en cuenta las iniciativas comunitarias, y me refiero, en particular, al programa Leader, en lo relativo a su aplicación, en la práctica y sobre el terreno. 
La Comisión debe ser consciente de que los retrasos en la toma de decisiones relativas a los programas impiden llevar los proyectos a buen término y con eficacia. 
En ocasiones, la decisión se toma seis meses o un año después de la puesta en marcha del programa inicial. 
Por ejemplo, el período de programa 1997-1999 recibió luz verde a mediados de julio de 1997, a pesar de que para la eficacia de la acción, la decisión debería haberse tomado en septiembre-octubre de 1996. 
Habría que permitir también regímenes de ayuda a la inversión. 
Ello ayudaría a las regiones beneficiadas a hacer frente a sus dificultades y a atraer con mayor facilidad a posibles empresarios hacia Valonia, en particular, para las zonas del objetivo I, II y Vb en lo relativo a las medidas territoriales del Brabante valón. 
Apoyo la opinión del ponente, Sr. Decourrière, que preconiza la corrección de un cierto número de insuficiencias y la elección de nuevas orientaciones políticas. 
Es primordial remediar la carencia de una estructura local cuando ésta es manifiesta. 
Para el buen funcionamiento de los programas es indispensable crear agencias de desarrollo local descentralizadas, que estén dotadas de un marco apropiado y se comprometan a garantizar la gestión en asistencia autónoma y promover así la reactivación de las zonas rurales. 
Las iniciativas locales para el desarrollo y el empleo son una condición indispensable para todo desarrollo sostenible. 
La participación activa y el diálogo entre los ciudadanos y los poderes municipales y regionales permitirán motivar y estimular la vida económica, social y cultural de las regiones. 
La estrategia de desarrollo debe también centrar su prioridad en la diversificación económica, la promoción de la investigación, la difusión de las nuevas tecnologías, la formación profesional y la creación de empleo. 
Le doy las gracias, señor Decourrière, por este excelente informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, no puedo más que sumarme a las alabanzas de los colegas del Parlamento a ese informe, analítico y claro, al igual que crítico y realista, sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en Bélgica. 
La Comisión comparte la preocupación expresada en el informe y en la conclusión por el Sr. Decourričre sobre los agudos déficits en la ejecución de los programas y en el aprovechamiento de los fondos europeos de ayuda en Bélgica. 
La Comisión, por su parte, no sólo una vez, sino a menudo a llamado la atención a sus asociados belgas sobre estos déficits y les ha exhortado a poner remedio. 
La Comisión celebra por ello sus llamamientos al gobierno belga y a las autoridades regionales y comunales, que también se encargan de coordinar adecuadamente y acelerar los procesos para una adecuada cofinanciación y que tienen que observar que los fondos disponibles, tanto para el ámbito nacional como regional, sean transmitidos a los beneficiarios finales y sean eficientemente aprovechados. 
El informe contiene preocupaciones y ruegos que también me han sido expresadas por los socios locales y los interlocutores sociales en mis visitas in situ, y puedo asegurarles que he señalado de manera crítica los problemas que a todos nos preocupan. 
Si se consulta el balance financiero al final de 1997 se puede observar como se ha perfilado una ligera mejoría, sobre todo en Hennegau. 
Del período 1994/99, para Hennegau, ya hemos transferido los fondos correspondientes al 94 y 95 y hemos adelantado el 50 % del 96, esto significa que ha habido una aceleración. 
Sin embargo esto no supone en ningún caso un cese de las preocupaciones. 
Muestra que se han hecho progresos, pero también que aún no estamos en el punto de poder decir que hemos encontrado la clave para llegar a buen término. 
Permítanme ahora entrar en una cuestión a la que ya ha hecho referencia el Sr. Chanterie, se trata, en concreto del informe de la UCLAF. 
Actualmente aún estamos llevando a cabo las investigaciones. 
No hay aun ninguna evidencia confirmando las sospechas de irregularidades que se han denunciado, por ello vamos a continuar estudiando el proceso rigurosamente. 
No obstante e independientemente de los que pueda ser demostrado al final, nos hemos ocupado de que en Hennegau se mejore la supervisión, el control y la transparencia. 
También hemos procurado que en Valona los cinco intercomunales encuentren conjuntamente un mejor sistema de cooperación. 
La última vez que estuve allí, hice hincapié muy críticamente en ello sin suscitar demasiadas reacciones entre los aludidos. 
Quiero expresar de nuevo mi gratitud por su amplio informe en el que también se señala de forma concisa aquello que nosotros mismos hemos venido criticando. 
Respecto de la cuestión de la cofinanciación sólo puedo transmitirles lo que llega hasta nosotros, en concreto que oficialmente no existe ningún problema de cofinanciación. 
Lamentable, no podemos siquiera intentar averiguar cómo está de hecho la situación financiera tanto nacional como regional. 
La Comisión sigue con preocupación algo que ya ha sido mencionado por muchos de ustedes, que es la llamada carrera por las subvenciones en las empresas se trasladan de zonas que no son objeto de subvenciones a otras que sí lo son. 
Permítanme señalar que la Comisión le ha otorgado al gobierno belga, para las zonas flamencas fronterizas con Hanega, la garantía del mantenimiento de unas ayudas hasta finales de 1999 de hasta un 15 % para las inversiones empresariales, como equivalente a las subvenciones netas, para ayudar un poco más, sobre todo, a Wervik, Zwevelgem, Wevelgem, Ronse, Kortrijk y Vilvoorde, en resumen, también hemos reaccionado inmediatamente a los problemas. 
De todos modos también considero importante llamar la atención- porque este es un debate que desempeña un papel relevante- sobre el hecho de que en virtud de la libertad de establecimiento en la Unión Europea, todas las empresas están autorizadas a establecerse o desarrollar su actividad allí donde consideren que el entorno económico aparece como más provechoso. 
Hemos podido comprobar que en la elección del lugar de establecimiento de las empresas son importantes numerosos factores como, por ejemplo, la cercanía de los mercados, la cualificación de los empleados, la flexibilidad de la correspondiente administración y también las medidas fiscales, de modo que la perspectiva de subvenciones regionales a menudo sólo es un factor más que, además, no suele ser el decisivo. 
Por otra parte en los programas estructurales, según el principio de subsidiaredad, son las administraciones nacionales y regionales las responsables de la elección de los proyectos, y nosotros no sólo podemos utilizar la subsidiaredad cuando nos conviene sino también intentar desactivarla cuando no nos conviene. 
La Comisión alarmada sobre todo por el caso de la Renault-Vilvoorde y las consecuencias negativas de la competencia por las subvenciones tiene la intención, aun antes de fin de año, de elaborar unas directrices para la evaluación de las ayudas regionales de los Estados miembros para el período 2000-2006 y de proponer, en primer lugar, la reducción de forma común del límite máximo de las ayudas, con el objeto de limitar la posibilidad de que las regiones pujen entre sí. 
En segundo lugar, estamos reflexionando sobre cómo podrían ligarse las ayudas regionales a los impuestos, por ejemplo a través de un tiempo mínimo de inversión y el aseguramiento de los puestos de trabajo en la zona en cuestión. 
Éste es, también, un tema de reflexión muy importante en la renovación de la regulación estructural a partir del 2000. 
Igualmente, antes de que finalice el año, la Comisión va a presentar una comunicación sobre la necesaria concentración y coherencia de las políticas regionales y de ayuda. 
Estamos de acuerdo con ustedes en que el abuso debe ser combatido. 
Pero quiero dejar bien claro que solidaridad también significa discriminación positiva y que es deseable llevar más actividad a las zonas más pobres de la Unión y dentro de cada Estado miembro, y que debemos intentar diseñar este acto de compensación entre todos. 
La Comisión coincide con el ponente cuando afirma que las iniciativas locales de desarrollo y empleo son una condición previa para un desarrollo sostenido. 
El aumento de la influencia sobre el empleo de las intervenciones con fondos estructurales se ha convertido para la Comisión, desde 1995, en su tarea principal, y la creación y obtención de puestos de trabajo es su prioridad número 1, tanto en las directrices para la segunda fase del programa 97/99 para las zonas objetivo 2, como para la evaluación intermedia de los programas objetivo 1. 
Naturalmente esto también vale para Bélgica. 
A partir de ello, la Comisión va a estimular cinco pactos laborales, concretamente, en Flandes, en Tongeren y Vilvoorde y, en Valona, en Hainut, Brabant oeste y finalmente en la región de Bruselas capital. 
Coincido con todos aquellos que han afirmado aquí que debemos apoyar estas actividades in situ y que debemos ejercer presión desde abajo para que los fondos sean utilizados y no sólo gastados, sino empleados en proyectos para la creación de puestos de trabajo y la mejora del poder de atracción de la región. 
Respecto de sus preocupaciones las reformas de los fondos estructurales a partir de 1999, sólo quiero emplazarles a lo contenido en la Agenda 2000. 
La voluntad de la Comisión es que, a pesar de la limitación de medios, se mantenga una amplia medida de solidaridad comunitaria para asegurar la cohesión económica y social. 
También por ello la Comisión prevé, para aquellas regiones que se hayan recuperado económicamente, una fase de salida que pueda ayudar a asegurar la cohesión. 
Esto vale para aquellas regiones belgas que pudieran encontrarse en tal caso. 
Espero que su informe y el debate de hoy sirvan para la mejora de la calidad de las intervenciones con fondos estructurales y sólo puedo subrayar lo que ha dicho la Sra. van Lancker que esto debería ser una lectura obligatoria para aquellos que en Bélgica tienen algo que ver con el desarrollo de intervenciones con fondos estructurales. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me congratulo, junto con el ponente, del éxito y de la calidad de los programas que dependen del objetivo III en el marco de las intervenciones estructurales comunitarias en la Bélgica francófona. 
Pero ése es el único motivo de satisfacción, porque, evidentemente, no podemos más que unirnos al ponente en su inquietud por la situación dramática y preocupante en que se encuentra Valonia, así como por su incapacidad actual para utilizar plenamente los balones de oxígeno que le proporciona Europa. 
El informe estigmatiza, en primer lugar, el bajísimo índice de utilización de los créditos para los objetivos I, II y IVb, destinados al desarrollo y al ajuste estructural de las regiones beneficiadas, así como a su reconversión. 
¿Debemos deducir que en algunas subregiones, a pesar de que disponen de fondos, es tal el entumecimiento económico que ya ni siquiera existe la capacidad de definir los proyectos que deben beneficiarse de dichos fondos? 
El informe constata a continuación que la puesta en marcha del objetivo IV presenta asimismo una enorme infrautilización de los créditos. 
Si debemos creer al ponente, la causa radica fundamentalmente en la falta de pericia de las autoridades regionales y locales, cuyos modos de actuación, pesados y lentos, se revelan en el análisis- especialmente en el caso de Hainaut como inadecuados e incapaces de rivalizar, en términos de creación de empleo, con otras regiones europeas que, sin embargo, disponen de ayudas comunitarias inferiores. 
El informe estigmatiza, apenas mediante insinuaciones, las baronías y las relaciones de fuerza que existen a nivel local y que dictan la naturaleza de los proyectos, y cito, "sin preocuparse por la sinergia o la complementariedad» y que, cito una vez más ," tienden más a dar satisfacción a los responsables locales que a asegurar un desarrollo sostenible». 
Por otra parte, en todos los casos, la financiación de los proyectos de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica sufren retrasos importantes, a pesar de que " en algunos casos, la elección de las estrategias deja que desear y las inversiones en los ámbitos industriales tradicionales resultan excesivas en la perspectiva de una diversificación económica de la región». 
Se trata de una afirmación sumamente crítica y de un grito de alarma ante los arcaísmos y los pensadores que obstaculizan la recuperación económica de Valonia, con los que no puedo asociarme. 
Describir una situación con toda la crudeza de la realidad es un primer paso, a la vez doloroso y necesario. 
Pero esta lúcida observación debe ir seguida de un proyecto y una estrategia. 
Y precisamente a esta tarea me dedicaré en lo sucesivo, con todos aquellos que tengan la voluntad de sacar a Valonia de su esclerosis y su subdesarrollo. 
No hay duda de que las intervenciones de los Fondos estructurales han tenido repercusiones importantes en el Hainaut. 
No obstante, dichos fondos se revelan aún insuficientes para poder reducir realmente las disparidades y el paro en las regiones más afectadas económicamente y, en particular, en las zonas rurales en las que la despoblación lenta pero continua agrava los factores estructurales de la demografía y del desarrollo económico. 
El ponente ha resaltado el bajo índice de utilización de los créditos- tanto en el caso del objetivo I como del objetivo IV- y estoy convencida de la necesidad de que dichos créditos sean mejor repartidos en el futuro. 
El informe del Sr. Decourrière presenta un cuadro claro y preciso de la utilización de los Fondos estructurales, particularmente en el Hainaut. 
Tomo nota de los aspectos positivos y expreso temores y críticas que deberemos tomar en consideración. 
Personalmente, pienso que el punto 39 de la resolución es especialmente importante. 
La gestión y las relaciones con la Comisión no son fáciles. 
La Comisión no siempre da prueba de flexibilidad, y debería asociar mejor las regiones y las comunidades en el establecimiento y la ejecución de los programas. 
El Parlamento ha agotado su orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.25 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 4 de diciembre de 1997. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del 4 de diciembre de 1997 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el viernes pasado el Consejo Europeo de Luxemburgo aprobó por unanimidad una resolución de condena y rechazo de la banda terrorista ETA, y el día siguiente, a través de multitudinarias manifestaciones, el pueblo vasco tuvo ocasión de salir a la calle exigiendo lo mismo que nosotros estamos ofreciendo a los países de Europa del Este que llaman a nuestra puerta: paz, libertad y democracia. 
Yo le pido, señor Presidente, que, en nombre de este Parlamento, haga una declaración pública de solidaridad con los anhelos del pueblo vasco y con el dolor de la familia de José Luis Caso, asesinado por haber sido elegido democráticamente para representar a otros vascos como él mismo. 
Señor Presidente, quería asociarme a las palabras del Sr. Galeote y decir que el asesinato cometido en la persona de José Luis Caso, un humilde concejal, por su forma de vivir y su forma de representar a sus conciudadanos de un pequeño pueblo del País Vasco, de Rentería, lo consideramos un atentado a la democracia española, a las instituciones democráticas vascas y a esta gran democracia europea que estamos construyendo entre todos. 
Nos alegramos de que el Consejo Europeo de Luxemburgo se haya manifestado con tanta claridad y sabemos, señor Presidente, que usted ya ha manifestado el pesar de este Parlamento y que va a darles toda la solidaridad posible a los familiares del asesinado. 
Creo que mañana tendremos ocasión de recibir en el Parlamento a la familia del concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado en Ermua, y que el Vicepresidente Cot va a hacer una sesión informativa de solidaridad con todas las víctimas del terrorismo en España y en Europa. 
En este espíritu, mi Grupo quiere manifestar su plena solidaridad y el compromiso de trabajar fuertemente para que no sea posible que ocurran estos hechos en el futuro. 
Señor Presidente, quiero adherirme a las manifestaciones de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra y decir, en nombre de los socialistas españoles, que el asesinato del concejal Caso es un asesinato que atenta contra los principios democráticos, contra el intento del pueblo español de configurar una democracia estable y duradera, y que, en definitiva, es una manifestación más del totalitarismo que a veces se agazapa en algunas de nuestras sociedades europeas. 
Agradezco al señor Presidente que haya expresado su condolencia, me congratulo de la declaración del Consejo Europeo de Luxemburgo y espero que este Parlamento y estas instituciones continúen apoyando los esfuerzos del pueblo español por vivir en paz y en democracia. 
Gracias, señor Medina. 
Creo, Señorías, que los tres diputados que han intervenido expresan el sentimiento de esta Asamblea. 
Sentimiento que yo mismo, en el momento en que el Consejo Europeo hizo esa declaración, suscribí igualmente. 
Al mismo tiempo, quiero recordar, como ha hecho el Sr. Puerta, que mañana a las 18.00 horas se celebrará un acto abierto a todos los miembros de esta Asamblea para expresar la solidaridad con todas las víctimas de actos terroristas- se hayan sufrido en España o en Europa en general- y la firme voluntad y compromiso de esta Asamblea de luchar contra toda forma de terrorismo en cualquier parte donde se manifieste. 
Señor Presidente, pasado mañana miércoles, viviremos el solemne momento de la entrega del premio Sajarov. 
Este año es especialmente importante pues dicho premio se otorga por décima vez y los derechos humanos cumplen cincuenta años. 
Leyla Zana, nuestra colega de origen kurdo en el parlamento turco, fue honrada con el premio Sajarov en 1995; su lucha, por la que el gobierno de su país la persiguió y encarceló, la hizo merecedora de dicho premio. 
Señor Presidente, aún recordamos en esta sala el discurso de la Sra. Zana el 12 de enero de 1996, leído por su marido, pues ella no estaba presente, que finalizaba con un llamamiento: " pido la ayuda del Parlamento Europeo para que se ponga fin a la tragedia de mi pueblo». 
Hoy, dos años después, Leyla Zana continúa encarcelada en Turquía, a pesar de que se haya convertido en un símbolo internacional de la lucha pacífica por la solución del conflicto kurdo y la supervivencia de un pueblo entero. 
Señor Presidente, ahora que vuelve a estar de actualidad el acercamiento de Turquía a la Unión Europea, creo que el Parlamento Europeo deberá, en consecuencia con sus principios, instar y requerir del gobierno turco la excarcelación inmediata de nuestra colega, la parlamentaria Sra. Zana, a quien nosotros hemos honrado aquí con el premio Sajarov. 
Gracias, señor Papakyriazis. 
Yo recuerdo de todas maneras a sus Señorías que la mejor manera de solidarizarse con la adjudicación por parte del Parlamento de los premios Sajarov es concurrir de forma masiva al Pleno que tendremos el próximo miércoles, a las 12.00 horas, para otorgar el premio a Salima Ghezali, cuya causa está en la misma línea que la de Leyla Zana. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: como seguramente sabrá usted, al parecer los Estados Unidos han prohibido la importación de ganado bovino europeo en los Estados Unidos. 
La noticia no está confirmada oficialmente todavía, pero me parece que es verdad. 
Lo que acabo de decir, junto con otros rumores que circulan acerca del ganado bovino y ovino, me hace pensar que sería importante que la Comisión formulase una declaración ante este Parlamento, en particular después de la reunión del Consejo que ha tenido lugar hoy. 
Quizá pueda transmitir usted esta petición a la Comisión en algún momento de la semana. 
La cuestión se examinó en la Conferencia de Presidentes. 
Como se hablaba de rumores más bien que de hechos confirmados, se decidió que lo mejor sería formular una declaración en enero, cuando estemos al corriente de la situación y dispongamos ya de una declaración de la Comisión. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: es posible que haya rumores acerca del mercado de ganado bovino en Europa, pero en mi circunscripción, en la que hay un gran número de ganaderos que se dedican al ganado bovino, se está desarrollando una verdadera crisis. 
El mercado está inundado con importaciones de otros países europeos que no observan las mismas normas de higiene que las que tenemos en el Reino Unido. 
Por lo tanto, no se trata de rumores, es un verdadero problema. 
Señor Presidente, sin querer en entrar en el contenido del debate, porque entonces debería ser un poco más mordaz, permítame señalar que esta tarde he oído a la Sra. Bonino que esperaba dar una explicación mañana por la noche, después de la reunión de la Comisión. 
He deducido del orden del día que esa explicación y su correspondiente debate tendrían lugar, en esta sala plenaria, mañana por la tarde a las 21.00 horas. 
Hasta hace dos minutos contaba con ello y, además, la Sra. Bonino también lo hace. 
Sabe usted que eso requiere una modificación del orden del día en la forma reglamentaria lo que, evidentemente, no ha ocurrido en este momento. 
¡Ah! perdón, rectifico mi error. 
A las 21.00 horas está prevista, efectivamente, en el orden del día una declaración de la Comisión sobre productos de carne bovina susceptibles de presentar un peligro para la salud, seguida de debate. 
Por tanto rectifico mi error. 
Está en el orden del día- tiene usted razón, señora Roth-Behrendt- y se debatirá mañana. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: iba a plantear la misma cuestión. 
Es natural que ese debate sea el martes a las nueve de la noche, según está previsto. 
Señor Presidente, me ha sorprendido desagradablemente lo que acaba de decir el Sr. Hallam. Ha puesto en entredicho las costumbres higiénicas de mi país, pues a quienes se corta el paso ilegalmente en los puertos es a los agricultores irlandeses. 
No me queda más remedio que decir al Sr. Hallam que ha pasado mucho tiempo desde que criábamos a los cerdos en el salón. 
Señor Presidente, en vez de entablar un prolongado debate sobre esta cuestión quizá pudiéramos ponernos sencillamente de acuerdo en que el tema cuyo debate está previsto para mañana a las nueve de la noche podría abarcar todos los aspectos mencionados, incluido el ganado ovino así como terneras y otros bovinos. 
Supongo que eso es lo que quería la Conferencia de Presidentes cuando incluyó esta cuestión en el orden del día. 
Naturalmente, eso dependerá del Comisario y de su declaración. 
Señor Presidente, en efecto, mañana a las 21 horas la Comisión realizará una declaración sobre productos de carne bovina susceptibles de presentar un peligro para la salud. 
Pero lo que a mí me llama la atención, señor Presidente, es que esta declaración vaya seguida de un debate y no de una toma de postura del Parlamento Europeo. 
Efectivamente, no habrá ni resolución ni votación; y, además, tampoco habrá resolución ni votación sobre el etiquetado de los organismos genéticamente modificados de los que se hablará el viernes por la mañana. 
Creo que los motivos de esta declaración de la Comisión deben de ser muy serios. 
Seguramente, una prohibición de importación a los Estados Unidos; seguramente, una modificación de la prohibición del uso de los productos peligrosos, que debería, en teoría, entrar en vigor el próximo 1 de enero. 
En definitiva, temas todos ellos sumamente importantes y sería inconcebible que el Parlamento Europeo no adoptase una postura a tiempo, es decir ahora y no dentro de uno o dos meses, cuando sólo podrá deplorar lo ya acaecido. 
Señor Berthu, al igual que yo, usted asistió a la Conferencia de Presidentes que tomó la decisión de no prever resoluciones. 
Ésta estimó, en efecto, que debía celebrarse un debate, pero que probablemente no habría elementos suficientes para elaborar una resolución, sin que las comisiones competentes pudieran pronunciarse sobre este asunto. 
Ésta es la explicación que se dio en la Conferencia de Presidentes. 
Usted asistió a ella igual que yo. 
Quería dar esta información a la Asamblea. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera indicar que estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted acerca de la posición actual de América sobre esta cuestión, pero quizá pueda ayudarle un poco respecto de ese tanto político barato que ha querido apuntarse el Sr. Hallam. 
El Sr. Hallam debería saber que la carne de bovino británica ha estado prohibida en América desde hace años y que es su Gobierno el que está causando un problema para la industria del ganado bovino al negarse a revaluar la " libra verde». 
Señor Sturdy, éste no es lugar apropiado para ventilar los problemas internos de un Estado miembro. 
Señora Roth-Behrendt, por favor, tenemos un orden del día muy cargado, no perdamos ahora el tiempo con acusaciones mutuas. 
Señor Presidente, no me propongo entrar en el debate. 
Sólo quisiera decir algo sobre el procedimiento y la Conferencia de Presidentes para felicitarle por su sabiduría. 
El pasado mes hemos aprobado una extensa conclusión que prácticamente no mostraba ninguna fisura. 
Volver a hacerlo en este mes no me parece que tenga mucho sentido. 
A aquellos colegas que aun estimen que es necesario, les recuerdo que ya en febrero vamos a debatir el próximo informe de la Comisión, el primer informe semestral, y volveremos a formular una conclusión. 
Es decir en un plazo de seis meses volveremos a tener unas conclusiones EEB. 
Creo que ya es diversión bastante que nos permitamos el lujo de tener un debate mañana para conseguir las informaciones necesarias. 
De este modo podemos aplazar la elaboración de una conclusión hasta el informe refundido de la Comisión en febrero. 
Señor Presidente, lo único que quería decir al Sr. Hallam es que si el Gobierno de su país hubiera observado.... 
No, señor Gallagher, no vamos a seguir discutiendo esa cuestión. 
Señor Presidente, he pedido la palabra desde el principio. 
Perdóneme si no me refiero a la carne vacuna británica. 
Tampoco me quiero adherir a las felicitaciones de la Sra. Roth-Behrendt a la Conferencia de Presidentes, más bien al contrario. 
Mañana debería tener lugar una reunión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores con el Sr. Brittan. 
Por su contenido hubiera sido necesario que aconteciese esta semana. Ahora vamos a tener que celebrarla como una reunión informal y sin traducción. 
Quiero protestar en contra de que cualquier grupo de trabajo, cualquier intergrupo pueda celebrar sesiones en unas condiciones razonables y una comisión que debe debatir algo importante que tiene que ser tratado esta semana, no. 
Solicito que se termine con esta situación. 
Señor Posselt, sabe usted que ésta ha sido una decisión de la Conferencia de Presidentes. 
La decisión de que las reuniones de las comisiones tengan lugar en Bruselas está explicada a la Conferencia de Presidentes de Comisión y a todas y cada una de las comisiones. 
Si cree usted que debe cambiarse, diríjase a la Conferencia de Presidentes, pero no es éste el momento ni el lugar para cambiarla. 
Señor Presidente, conforme al artículo 22, apartado 5; ¿puede poner la Mesa cuanto antes los medios necesarios a disposición de los empleados de la sala de correo, que no pueden hacer su trabajo satisfactoriamente? ; ¿pueden los chóferes, que habitan a la entrada de Bruselas en un lúgubre rincón, conseguir una mejor vivienda? 
Nosotros, mientras tanto, realizamos cómodamente nuestro trabajo; creo que eso también debe ser así para nuestros colaboradores cercanos. 
Señor Presidente, a menudo es usted blanco de muchas observaciones desagradables y me parece que es justo que en otras ocasiones se le hagan también cumplidos. 
Le agradeceré que transmita nuestro agradecimiento a todos los servicios que han participado en nuestro traslado a nuestras nuevas oficinas de Bruselas por lo bien que han desempeñado su cometido. 
Ha habido algunas dificultades pequeñas pero, en conjunto, este traslado de volumen considerable ha sido llevado a cabo con eficiencia excepcional. 
Por favor dígaselo así a todos los interesados. 
Muchas gracias, señor Provan. 
Puedo decir a la Sra. van Bladel que el Secretario General está buscando un lugar mejor para instalar a los chóferes en el nuevo edificio. 
Gracias por sus observaciones: hemos tenido a nuestra disposición un equipo que ha trabajado muy bien y tenemos que felicitar al Secretario General por haber proporcionado el equipo adecuado para llevar a cabo una operación que ha acabado con mucho éxito. 
Señor Presidente, en efecto, he pedido el uso de la palabra para hablar sobre el Acta, en el momento en que usted ha presentado este primer punto del orden del día. 
Me gustaría hacer un comentario referente a la página 5 del Acta de la reunión del 4 de diciembre, y más concretamente sobre la respuesta a mi intervención basada en el artículo 48 del Reglamento. 
En dicha intervención, recordaba que con fecha de 19 de noviembre yo había presentado una declaración escrita sobre la regularidad y la transparencia de los procedimientos que regulan nuestros gastos de funcionamiento y de inversión, con el fin de que se inscribiese en el registro. 
Deseaba que el conjunto de diputados pudiese pronunciarse sobre todas las cuestiones y todos los rumores que envuelven estos aspectos. 
Usted me contestó, señor Presidente, que había trasladado el asunto a la Comisión de Reglamento. 
Efectivamente, en carta de 3 de diciembre usted me escribió que ese mismo día remitía la cuestión a la Comisión de Reglamento. 
La Comisión de Reglamento, señor Presidente, se reunió los días 8 y 9 de diciembre. 
Por esas fechas todavía no había recibido la carta. 
En el día de hoy, 15 de diciembre, todavía no ha recibido dicho requerimiento. 
Quisiera que me expusiese las razones de esta demora. 
Quisiera saber por qué motivo su equipo, sus servicios y sus colaboradores se resisten de este modo a dejar que siga su curso este procedimiento, cuya importancia para la imagen de nuestro Parlamento usted conoce perfectamente. 
Señor Fabre-Aubrespy, firmé el envío a la Comisión de Reglamento en cuanto me fue posible, debido a mis desplazamientos a Gran Bretaña. 
Ha salido hoy, una vez registrado el correo, pues ya sabe que hay que seguir ciertas formalidades para el correo interno. 
Así pues, ya está firmado. 
Ya sabe que existen formalidades que intentamos reducir, pero que todavía son más bien lentas. 
Esté tranquilo, el escrito de competencia ha sido enviado a la Comisión de Reglamento que lo recibirá hoy mismo. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
Con el acuerdo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Sra. Redondo Jiménez solicita que su informe sobre el control de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sea tratado según el procedimiento sin debate. 
Tiene la palabra el Sr. Colino Salamanca, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor Presidente, en dicho informe consta la aprobación de enmiendas por unanimidad en comisión. 
No hay ningún problema. 
En consecuencia, se puede acceder a la solicitud. 
Someto a votación la solicitud de la Sra. Redondo Jiménez. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Así, pues, la votación sobre este informe tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
He recibido del Sr. Ford y de otros 28 signatarios una solicitud para que se incluya en el orden del día una declaración de la Comisión sobre la decisión de la UEFA de no permitir a los vencedores de la copa Coca Cola participar en las competiciones de copas europeas. 
Visto lo sobrecargado que está el orden del día del presente período parcial de sesiones, tal declaración no podría incluirse- en caso de que se decida su inclusión- más que al final de la sesión del viernes. 
Tiene la palabra el Sr. Ford para presentar esta solicitud de modificación. 
Señor Presidente, me parece perfectamente bien que la cuestión se resuelva al final de la sesión del viernes por la mañana, si el Parlamento está de acuerdo. 
¿Alguien quiere intervenir a favor de la solicitud? 
¿En contra? 
No. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Queda aprobado el orden de los trabajos así modificado. 
Libro Verde «Cooperación para una nueva organización del trabajo» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0313/97) del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Libro Verde de la Comisión «Cooperación para una nueva organización del trabajo». 
Señor Presidente, quisiera felicitar a Jan Andersson por su excelente informe y a la Comisión porque su Libro Verde trata de todas las cuestiones de mayor importancia para la futura organización de los trabajos. 
Limitaré mi intervención a tres breves cuestiones: la primera es que, el propio ponente lo dice, ahora necesitamos transformar este análisis detallado en medidas prácticas en el marco del próximo programa de acción social. 
Por ejemplo, necesitamos buscar urgentemente, sea un acuerdo marco sobre los instrumentos necesarios para la gestión del tiempo de trabajo, sea una forma de acción sobre contratos de trabajo atípicos y diferentes de los contratos en régimen de jornada parcial. 
La segunda cuestión es que esas medidas van a exigir que se negocie y que se tomen medidas legislativas en el marco del nuevo Capítulo Social. 
Por lo tanto necesitamos contar con un Acuerdo interinstitucional claro que establezca los mecanismos y el calendario que habrá que seguir para asegurarnos de que obramos con rapidez. 
Usted mismo, señor Presidente, ha planteado esta cuestión en el diálogo a tres bandas. 
Espero que cuando se llegue a ella en el orden del día del diálogo a tres bandas, la Comisión la tome muy en serio y consigamos algunos progresos bajo la presidencia británica. 
Mi tercera y última cuestión es que necesitamos un nuevo entendimiento con los Estados miembros y el Consejo en el sentido de que hay pendientes cuestiones sociales importantísimas que sólo podemos y debemos abordar en el plano europeo, por ejemplo la movilidad de la fuerza de trabajo, que es otro aspecto importante de este Libro Verde. 
Tenemos que poner término al embrollo que ha caracterizado durante los dos o tres últimos años a la esfera social, y conseguir que las cosas comiencen a funcionar de nuevo. 
De lo contrario temo muy sinceramente que el mercado interior que todas las capitales estiman que es de importancia fundamental, sea objeto de complicaciones masivas y cada vez más graves. 
Tenemos que equilibrar la situación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quien presta atención a la diversificación de los contratos y estatutos de trabajo, a la movilidad laboral y a la flexibilidad del tiempo de trabajo constata que el actual sistema de trabajo experimenta profundos cambios. 
Las normas laborales en vigor deben transformarse bajo la influencia de cambios drásticos, tanto en el plano económico como en el terreno social. 
Quien no tenga esto en cuenta, corre el riesgo de quedar desfasado. 
La responsabilidad europea en todo este ámbito no es, sin embargo, sencilla. 
¿Quién participa en las negociaciones? 
¿Quién participa en la cooperación? 
¿Va a ser un debate sin compromiso o una consulta orientada a alcanzar un acuerdo? 
¿Qué implica la organización del trabajo? 
Hablamos de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, y de la duración de la jornada laboral en particular. 
Hablamos de las condiciones de salario, de las circunstancias laborales en general, de los seguros contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de la educación, de la formación profesional, de la política del mercado de trabajo y de la política de destinatarios. Éstos son elementos todos, que forman parte de la organización del trabajo y que, efectivamente, se plantean en el Libro Verde, pero sobre los cuales no siempre es evidente qué debe hacer Europa. 
Creemos que Europa debe ejercer una cierta competencia normativa a fin de que las grandes desigualdades, que todavía hoy existen entre los distintos Estados miembros, puedan articularse y, así, intentar establecer una cierta armonía. 
En este sentido, quiero sumarme a las propuestas que el ponente y, hace un momento, también el Sr. Hughes han efectuado en relación con el próximo programa de acción social. 
Uno no puede perder de vista una serie de principios elementales y también ahí estamos de acuerdo con el ponente en que deben tenerse en cuenta, no sólo las posibilidades de crecimiento económico y su fomento, sino también las posibilidades de los trabajadores para mantener sus empleos y las posibilidades de conservar el sistema de seguridad social. 
Es este equilibrio el que llamamos modelo social europeo y el que, efectivamente, queremos conservar en esta nueva organización del trabajo; mejorándolo y adaptándolo cuando sea necesario. 
Debe resultar evidente que, para nosotros, tampoco puede tratarse de algo que beneficie a una parte en detrimento de la otra. 
Quiero, por tanto, en nombre de mi grupo, dar las gracias al ponente por su informe y también agradecerle que esté de acuerdo con la mayoría de nuestras enmiendas. 
Hace un momento he entendido que el ponente está, asimismo, de acuerdo con una enmienda que presentamos de nuevo, principalmente por la influencia de la organización del trabajo sobre la familia. 
Creemos que no tiene ningún sentido aumentar el crecimiento y la competitividad, e incrementar el empleo y la seguridad laboral, cuando como consecuencia, las familias se destrozan. 
Quiero, una vez más, solicitar la atención del ponente, el Sr. Andersson, en relación con el papel de las PYMEs y la consulta sobre el nivel de los interlocutores sociales, entre los que la representación específica de las PYMEs debe ser, asimismo, posible. 
En este sentido, también estamos dispuestos a apoyar mañana el informe. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los colegas que han felicitado al Sr. Andersson por su informe, a pesar de que tengo dudas acerca de algunos de sus aspectos. 
Los cambios más profundos que se están registrando en el lugar de trabajo y por lo que respecta al trabajo son los cambios tecnológicos. 
Hemos de examinar la mejor manera de adaptar y capacitar de nuevo a nuestros empleados para conseguir que obtengan el máximo beneficio y las máximas ventajas a fin de poder desarrollar nuevos tipos de trabajo. 
Desde ese punto de vista hay algunas iniciativas muy positivas tanto en el informe Andersson como en el Libro Verde de la Comisión. 
Ahora bien, en el informe hay también algunas anomalías que cabe la pena destacar. 
Por ejemplo, la propuesta en favor de un impuesto sobre el capital. 
Si no invertimos capital en nueva maquinaria, en capacitación, en nuevas plantas de trabajo, en nuevo equipo, etc., ¿cómo vamos a emplear a más personas? 
Si no aportamos flexibilidad respecto de los tipos de trabajo que las personas desean reconciliar con la familia y con su vida laboral, el resultado será que estaremos negando la oportunidad de trabajar a nuestros semejantes, en particular a las mujeres. 
Por eso pido a la Comisión que, cuando el Parlamento le devuelva este informe, estudie muy cuidadosamente sus efectos en cada uno de los países. 
Señor Presidente, estimados colegas, también yo quiero dar las gracias al Sr. Andersson por su excelente informe. 
Creo que se trata de un informe acorde con su tiempo. 
Por lo que respecta a la globalización de la economía, a la informatización de la sociedad y al desarrollo demográfico, nos enfrentamos a una importantísima revisión de nuestro sistema respecto a las formas de trabajo. 
Para hacer esto posible, las medidas políticas deberán servir de apoyo y, en ese sentido, quiero referirme a nuestros sistemas de seguridad social, particularmente a los sistemas de pensiones. 
Tal como están organizados en la actualidad, existe todavía un problema en muchos países respecto de la transferencia de los derechos adquiridos, en otras palabras: en muchos países uno no puede acumular completamente los derechos a que da lugar el sistema de pensiones; por ejemplo, en Alemania existen largos períodos de espera y eso es muy negativo para la renovación de ese sector. 
Además de esto, quiero referirme a los sistemas de enseñanza. 
Con razón dice el ponente que tenemos que aprender durante toda la vida y que debemos formarnos. 
Dice, sin embargo, con motivo de la enmienda presentada por los democristianos, que no debemos ocuparnos de la pequeña y mediana empresa. 
Quien se fije en las cifras involucradas puede constatar que, sobre todo, la pequeña y mediana empresa apenas puede invertir en gastos relacionados con la formación continua, y creo que es importante incluir a la pequeña y mediana empresa en el diálogo social en relación con la renovación de la organización del trabajo. 
Mi grupo, por tanto, respaldará, en lo que a esto se refiere, la enmienda de los democristianos. 
Por último, señor Presidente, quiero mencionar el trabajo atípico. 
Debemos encaminarnos hacia un sistema en el que la gente pueda decidir respecto del tiempo de trabajo, del trabajo a tiempo parcial, del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por cuenta propia; y ahí es donde debe transformarse nuestro sistema de seguridad social. 
Espero que la Comisión haga también esto en la futura elaboración de propuestas. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando al ponente, el Sr. Jan Andersson, quien ha logrado reunir en su informe las observaciones críticas que se han apuntado en los debates de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en torno al Libro Verde elaborado por la Comisión. 
Desde mi punto de vista, la afirmación recogida en el Libro Verde de la Comisión en el sentido de que la nueva organización del trabajo pone en tela de juicio toda la base de la legislación laboral y de las relaciones del mercado de trabajo resulta, por decirlo de una manera comedida, muy extraña. 
La legislación laboral no limita, al menos en Finlandia, las acciones y la política de desarrollo de las que se hace mención en el Libro Verde, y disponemos de numerosos ejemplos para atestiguar esta circunstancia. 
Es perfectamente posible encontrar soluciones nuevas y flexibles por lo que respecta a la organización del trabajo en el marco de la legislación actual. 
Tal como ha dejado de manifiesto aquí el Sr. Andersson, resulta extremadamente importante aunar la flexibilidad y la seguridad. 
Es una prueba de la mayor insensatez esforzarse por llegar a una situación donde las acciones de desarrollo partieran del desmantelamiento de la legislación y de los convenios. 
La nueva organización del trabajo no puede tener lugar a través de una transformación de la legislación laboral que no consiga otra cosa que incrementar la flexibilidad incontrolada. 
Ante los continuos cambios que experimenta la vida laboral, se necesita una legislación laboral que responda a las necesidades que tienen las personas en materia de seguridad. 
Es muy difícil lograr la participación de los trabajadores en cualquier actividad de desarrollo si no existe antes una impresión de seguridad y se ofrecen garantías a este respecto. 
Por este motivo, es importante hacer un hincapié considerablemente mayor en el principio de la protección de los trabajadores cuando se prosiga con el debate y con las acciones relativas a la nueva organización del trabajo. 
Al igual que la Comisión de los derechos de la mujer, también yo estoy preocupada por cómo se podría ver afectada particularmente la situación de las mujeres como consecuencia de esta vida laboral en plena transformación. 
Nos enfrentamos al grave peligro de que se estén creando dos clases distintas de ciudadanos: aquellos que tienen un trabajo fijo y aquellos que realizan trabajos atípicos, y existe el temor de que las mujeres pasen a formar parte del segundo grupo. 
Señor Presidente, empezaré dando las gracias al Sr. Andersson por lo que considero que ha llegado a ser un informe esencial de gran calidad en muchos aspectos. 
De acuerdo con el Libro Verde de la Comisión, son necesarias unas nuevas modalidades de organización del trabajo para que aumente la competitividad de las empresas de la Unión. 
Esto requiere unos trabajadores más flexibles. 
Al mismo tiempo, se afirma que hay que combinar la fuerza de trabajo flexible con la seguridad de los trabajadores. 
Esto nunca se repetirá lo suficiente, y el Sr. Andersson se ha esforzado por hacerlo en su informe. 
No debe hacerse de la productividad y la flexibilidad unos objetivos exclusivos, sino que deben ir de la mano de la seguridad social y de unas garantías de mantenimiento de los derechos de los trabajadores, además de no olvidar el objetivo de la creación de empleo. 
En este contexto pienso que el Sr. Andersson podría haber sido más explícito con respecto a la reducción del tiempo de trabajo, ya que simplemente se menciona que debemos investigar la viabilidad de la reducción. 
Creo que esto ya se ha hecho suficientemente. 
Lo que resta por hacer es llevar a cabo una reducción general del tiempo de trabajo. 
En cuanto a nuestra enmienda nº 6, el Libro Verde establece además que la influencia y la participación de los trabajadores son factores importantes en la nueva organización del trabajo. 
Por ello creo que es importante que apoyemos y hagamos viables las empresas propiedad de los trabajadores. 
Naturalmente, se trata de una decisión política y de una medida igualmente política, pero no se trata de empezar a crear nuevas empresas, sino de facilitar y apoyar su existencia. 
Creo que es necesario hacerlo si queremos una evolución de este tipo, con participación e información. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Andersson por su excelente informe, que establece claramente el vínculo entre innovación, formación y reorganización del trabajo, con una preocupación máxima: el empleo. 
En efecto, estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, especialmente con Internet, comparable a la revolución industrial que se dio en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. 
La historia demuestra que no existe revolución de tal amplitud que no esté acompañada de un cambio total en la organización del trabajo y de las condiciones de vida. 
La sociedad interactiva que funciona las 24 horas del día y más abierta al mundo que pronto conoceremos, hará estallar las costumbres y horarios de trabajo tradicionales. 
Estoy convencido de que estos cambios se apoyarán en una mayor flexibilidad en la organización del trabajo y permitirán reducir el tiempo de trabajo sobre una base anual. 
La innovación, la formación y la reorganización del trabajo fueron los tres pilares de la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo. 
Quedan por poner en práctica decisiones que aún pertenecen al campo de lo virtual. 
En primer lugar, la innovación financiada por los préstamos del BEI. 
La ayuda a las PYME europeas es decisiva, sobre todo para que éstas pueden aparecer en Internet y logren acceder al comercio electrónico. 
Luego, la formación. Esta va aparejada al desafío tecnológico: conviene reforzar los programas ADAPT y LEONARDO así como el objetivo nº 4, que siguen esta orientación. 
Por último, la reorganización del trabajo, que depende de los Estados miembros. 
Francia lo está haciendo y conseguirá superar este reto siempre que no encierre el principio de las 35 horas dentro del esquema trasnochado de los horarios de trabajo semanales. 
Para terminar, señor Presidente, unamos al tríptico innovación, formación y reorganización del trabajo la reducción de las cargas derivadas del trabajo, y así podremos aprovecharnos de la mundialización, fomentando la inversión en Europa para ganar la batalla del empleo. 
Señor Presidente, estimados colegas, también yo quiero adherirme al agradecimiento por este buen informe que es muy importante y, a la vez, muy complicado. 
Así mismo quiero dar las gracias a la Comisión porque en este informe a vuelto a tener en cuenta el consenso de esta Asamblea y lo ha acentuado al conceder a la flexibilidad y la seguridad social la misma importancia que al fortalecimiento de la competitividad y el empleo. 
Esto tiene una gran relevancia para nosotros porque queremos defender y desarrollar este modelo social europeo que se basa en la solidaridad y la cohesión. 
Además, considero muy interesante que la Comisión haya propuesto múltiples modelos y posibilidades. No obstante lo que sigo echando en falta es un plan de acción. 
No soy el único, ya que todos los oradores de esta asamblea han pedido ese plan de acción. Aun existe un amplio espacio entre la toma de conciencia de la realidad y la acción apropiada. 
Quisiera resaltar algunas cuestiones. 
En primer lugar, algo que ya ha sido mencionado, respecto de la formación complementaria y la formación progresiva. 
Queremos ayudar a las PYMES a asegurar y aumentar su calidad, porque sabemos que no siempre están en situación, ni técnicamente ni en lo referente al personal, de lograr las condiciones necesarias. 
También quisiera mencionar algo que se ha olvidado parcialmente y es que necesitamos un desarrollo de la gestión. 
El segundo punto es la igualdad de oportunidades para las mujeres. 
Al respecto se han olvidado algunas cosas en el libro verde de la Comisión. 
En el pasado nos hemos acostumbrado a recibir mejores cosas de usted, y le pido que lea rigurosamente el informe de la Comisión para los Derechos de la Mujer, anexo al informe y que todos apoyamos. 
Tercer punto: modernización de la organización laboral. 
Dentro de ésta se comprende una participación mayor de los trabajadores, una mayor influencia y codecisión y no lo contrario. 
Por último, quede dicho que el libro verde adopta muchas de las propuestas realizadas del Parlamento Europeo en los últimos años. 
Ahora estamos dispuestos, junto con la Comisión y el Consejo, a llevar a cabo la puesta en práctica de todas ellas. 
Señor Presidente, lo siento, pero no puedo decir que estoy conforme con este texto tal como está redactado, ni tampoco con el contenido del Libro Verde. 
A pesar de que, de hecho, en ambos textos se parte de unos supuestos admisibles y aceptables como la seguridad de los trabajadores, la protección social, la igualdad de trato de mujeres y minusválidos, el espacio destinado a los inmigrados, así como la participación de los trabajadores en los beneficios y la introducción de nuevas tecnologías, sin embargo, más adelante se afirma que una reducción del horario puede garantizar una mayor competitividad, unas mejores condiciones laborales y un crecimiento del empleo sin que la producción se resienta de ello, lo que, en consecuencia, quiere decir todo y nada. 
En el informe no se tienen en absoluto en cuenta las inquietudes expresadas por los empresarios, para los cuales, por el contrario, las 35 horas semanales supondrían mayores costes, menor productividad, paralización de las inversiones, peligro de cara a la supervivencia de las empresas menos fuertes y, en consecuencia y en definitiva, peligro de pérdida de puestos de trabajo. 
¿No se lo creen? 
Basta con mirar la prueba hecha en Alemania, donde, tras la introducción de las 35 horas, ahora se está dando marcha atrás a toda prisa. 
Señor Presidente, me gustaría también darle las gracias al Sr. ponente por su excelente informe. 
Hay muchas cuestiones importantes en el orden del día europeo para los años venideros. 
La ampliación es la más importante, sin embargo, también entre las más importantes está crear pleno empleo. 
Debemos hacerlo a nuestra propia manera europea, como escribe el señor ponente, y esto implica, entre otras cosas, que la viabilidad, la equiparación y la igualdad sean colocadas en el sitio de honor. 
La viabilidad implica que hemos de reorganizar la carga fiscal del trabajo en impuestos sobre el capital y las actividades perniciosas en el medio ambiente. 
Sin semejante reestructuración seguimos pasando una factura impagada a nuestros descendientes. 
La equiparación implica, entre otras cosas, la necesidad de que haya iguales oportunidades para hombres y mujeres, también con vistas a la próxima generación, es decir, nuestros hijos. 
Y aquí los hombres en su condición de líderes, colaboradores y padres, han de mostrar en la práctica una comprensión y esfuerzo mayores de los que hoy se ve. 
Y finalmente, igualdad, y aquí pienso especialmente en la relación con los minusválidos, a quienes debemos proporcionar una auténtica posibilidad de participar en la vida laboral. 
Si podemos combinar estas tres palabras, tenemos la base para crear nuestro propio camino en Europa. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión no es algo original. 
Al igual que todas las políticas de la Unión también la relativa a la organización del trabajo está sometida a los intereses y exigencias del capital. 
Hay una inquietud porque la reforma del mercado de trabajo en Europa se encuentra más atrasada en relación con Estados Unidos y Japón y este hecho se interpreta como una exigencia para la generalización del empleo a tiempo parcial y el derribo de los derechos y los logros fundamentales de los trabajadores. 
Desgraciadamente, el informe del colega, Sr. Andersson, se mueve en esa dirección, a pesar de contener algunas ideas importantes. 
Señor Presidente, a los trabajadores no les preocupa el ritmo sino la orientación que toman dichas reformas: exigen y luchan por una reducción general de la jornada laboral que no suponga una reducción de sus ingresos; con un primer paso esencial: 35 horas semanales, 5 días a la semana, 7 horas de jornada por día; también reclaman una protección básica en materia salarial, laboral y de seguridad social para los que se vean obligados a trabajar en empleos a tiempo parcial o en situaciones laborales atípicas. 
Sólo con ese rumbo, la organización del trabajo podría correr paralela con las reivindicaciones y expectativas de los trabajadores. 
Señor Presidente, este informe realmente es un muy buen trabajo. 
La organización del mercado laboral del futuro es un trago importante, sin embargo, el informe pasa sutilmente alrededor de las numerosas posibilidades, y también peligros, que yacen en la nueva organización del trabajo. 
Un mercado laboral más flexible puede ser una ventaja tanto para los empresarios como los asalariados. 
El asalariado logra un trabajo más instructivo y apasionante además de unos cuantos beneficios en especie. 
El empresario obtiene colaboradores flexibles y dispuestos a " arrimar el hombro» por la empresa. 
Los europeos tenemos empresas competitivas que pueden ser tan buenas como las de los EE.UU. y Japón... ¡van a dar el golpe! 
¡Anda! 
Debemos tener cuidado de que los asalariados más débiles como las mujeres no se conviertan en los perdedores del mercado laboral del futuro. 
Particularmente, se puede temer que mientras los fuertes y los mejor preparados para los cambios seguirán disfrutando de las nuevas posibilidades y desafíos, los más débiles, por ejemplo, los mal preparados, lo tendrán aún más difícil para colocarse. 
Me parece que el señor ponente da en el clavo cuando avisa que en el futuro llegaremos a ver dos clases. 
Una clase baja de trabajadores no especializados, desprotegidos y en buena medida femenina que de manera característica trabajarán en casa. 
Y así, por otro lado, una clase alta de elevada formación que saca partido a estas ventajas a través de las nuevas tecnologías. 
El Libro Verde de la Comisión tampoco se centra suficientemente en las consecuencias de la equiparación, ahora que los empresarios deberán ser más flexibles con relación a la jornada laboral. 
La mayoría de los hogares se han organizado de tal manera que la mujer cede con respecto a la familia, por ejemplo, trabajando a tiempo parcial, mientras que el hombre cede con respecto a su centro de trabajo haciendo horas extraordinarias, etc. Este modelo debe utilizarse, si las mujeres deben tener también una oportunidad de disfrutar de las ventajas en las nuevas posibilidades existentes en el mercado laboral. 
Señor Presidente, el mercado de trabajo está cambiando actualmente a un ritmo acelerado debido a la globalización y a las nuevas tecnologías. 
Nuestro objetivo debería ser: Apartarnos del colectivismo y de la gran escala en beneficio de los convenios específicos y de unas organizaciones fáciles de reestructurar. 
Con el informe bien redactado del Sr. Andersson, comprobamos que Europa está por detrás de países competidores como Estados Unidos y Japón. 
Yo pienso que las normativas rígidas crean jerarquía y centralismo, y que con ellas decrece proporcionalmente el ritmo innovador. 
Creo que el cambio que vemos actualmente debe tenerse en cuenta y aceptarse. 
Nuestro debate debe tener como punto de partida el mercado de trabajo del mañana. 
Mi opinión es que los diversos intentos a nivel de la UE o de los Estados nacionales de influir en la organización de las empresas o de poner límites a su libertad de acción menoscabarán su propio objetivo, que es el de crear más empleo y más puestos de trabajo. 
La modernización de la organización del trabajo en las empresas es una cuestión de competitividad y supervivencia, y evidentemente presupone la participación y la predisposición al cambio. 
Para fomentarlo, creo que nuestra conclusión debe ser la de que lo que se necesita es más, no menos, liberalización en los mercados de trabajo europeos. 
Dudo de que las tendencias del Libro Verde y del informe Andersson impulsen la modernización o activen el espíritu empresarial. 
Señor Presidente, mi enhorabuena por el informe. 
Estoy de acuerdo con usted en la mayor parte, Jan Andersson, pero deseo contribuir a ampliar un poco la perspectiva. 
Cuando hablamos de una nueva organización del trabajo, no hay que relacionarla exclusivamente con la actividad existente, sino que hay que pensar en nuevas modalidades de trabajo. 
Las actividades tradicionales, de producción de artículos y del sector público actual, están decreciendo. 
Naturalmente, hay que invertir más en los servicios, conocimientos e información, además de generar unas experiencias nuevas en aquellos sectores que resulten positivos desde el punto de vista social y medioambiental, tanto para las personas como para el entorno. 
A este respecto me satisface ampliamente que el Sr. Andersson aborde el tema de la reforma fiscal, en el sentido de apoyar una reducción de la imposición sobre el trabajo. 
Es injusto, con la situación actual reinante en Europa, que apliquemos la mayor presión fiscal al recurso que más queremos utilizar. 
En su lugar, habría que aumentar los impuestos medioambientales. 
No obstante, creo que resultaría más ventajoso- y en este punto tenemos tal vez opiniones divergentes- reducir los impuestos que no aumentarlos. 
De otro modo nunca podremos competir con Estados Unidos y Japón. 
Señor Presidente, permítame empezar agradeciéndole al Sr. Andersson su excelente informe sobre el Libro Verde para una nueva organización del trabajo. 
El objetivo principal del Libro Verde ha sido promover el debate sobre las maneras de aumentar la creación de empleo y la competitividad a través de una mejor organización del trabajo, de una elevada competencia y una excelente calidad, al tiempo que se garantiza la seguridad social. 
La reacción con respecto al Libro Verde de la Comisión ha sido muy positiva. 
La Comisión agradece además el apoyo que la Asamblea brinda al Libro Verde, y se ocupará de dar curso a las propuestas y las opiniones que presenta el Parlamento en su informe 
La Comisión llevará a cabo un seguimiento del Libro Verde durante el año próximo. 
El objetivo es crear una red europea para que los Estados miembros intercambien experiencias en este ámbito. 
Precisamente, hoy se han reunido los ministros de Empleo y de Asuntos Sociales. 
El mes pasado se celebró la Cumbre sobre el Empleo en Luxemburgo. 
Esperamos que el Consejo de Ministros dé su aprobación formal hoy a las directrices para la política de empleo que presentó la Comisión con motivo de esta reunión de alto nivel. 
Las directrices presentadas se basan en cuatro pilares clave: el empleo duradero, el espíritu empresarial, la flexibilidad y la equiparación entre hombres y mujeres. 
Estas directrices se reflejan asimismo en el Libro Verde, también en lo referente a la flexibilidad. 
Me gustaría recordarles que el Consejo Europeo del mes pasado invitó a las partes integrantes del mercado de trabajo a negociar convenios sobre la modernización de la organización del trabajo. 
Estas negociaciones deben producirse a todos los niveles adecuados, local, regional y nacional, y a nivel de empresa, además de tener un carácter intersectorial. 
Esto se aplica naturalmente también a la cuestión del tiempo de trabajo, que ha abordado el ponente. 
Estimo que estamos de acuerdo en que el centro de gravedad debe estar en las partes del mercado de trabajo o, para decirlo con otras palabras, en la cooperación. 
Éste es un tema recurrente en la modernización de la vida laboral. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Trata de mujeres con fines de explotación sexual 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0372/97) de la Sra. Waddington, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual (COM (96) 0567- C4-0638/96). 
Señor Presidente, la trata de mujeres con fines de explotación sexual representa un comercio mundial de importancia creciente en el que a las mujeres de los países más pobres se les obliga a aceptar la esclavitud sexual en la Unión Europea y en otros países. 
El mes pasado hubo dos ejemplos. 
En primer lugar, un centenar de brasileñas de 18 a 25 años de edad, a quienes se les convenció de que fueran a Londres para trabajar como niñeras, chicas de servicio y bailarinas. 
Una vez en el Reino Unido, se les obligó a trabajar como prostitutas a razón de seis a siete días por semana, 12 horas diarias. 
Los traficantes les confiscaron sus pasaportes y todo su dinero. 
En segundo lugar, el resultado de investigaciones publicadas el mes pasado revela que decenas de millares de mujeres de Rusia, Ucrania, Letonia y Belarús son víctimas de engaño, pues se les hacen ofrecimientos lucrativos para que trabajen " au pair» y como camareras en la Unión Europea pero al fin y al cabo no les queda más remedio que dedicarse a la prostitución. 
El antiguo bloque soviético se ha convertido en la fuente principal de la trata de mujeres y de niños para fines de explotación sexual. 
Este informe de la Comisión de Derechos de la Mujer recomienda la adopción de una serie de medidas encaminadas a proteger a la mujer y a luchar contra la trata. 
Propone que se desarrollen campañas de información en los países de origen, para advertir a las mujeres de los peligros que corren si caen en manos de esas organizaciones de tipo mafioso que se ocupan de la trata. 
Insta a los Estados miembros a que proporcionen más protección y más apoyo para las víctimas, ya que las víctimas y sus familias corren enormes riesgos de violencia y de intimidación. 
Pone de relieve lo importante que es adoptar sanciones eficaces contra las organizaciones y los individuos que participan en la trata. 
Sugiere que hay toda una serie de programas comunitarios, entre ellos STOP y DAPHNE, que se podrían desarrollar y utilizar con mayor eficacia para luchar contra la trata de mujeres, apoyar a las víctimas y ayudarlas a que reconstruyan su vida. 
Propone que a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las víctimas se les dé el máximo acceso posible a los programas comunitarios para que puedan ayudar a las víctimas potenciales y a los supervivientes de la explotación sexual y de la prostitución forzada. 
Insta a que en los programas de desarrollo de la Unión Europea y en las negociaciones de la Unión Europea sobre la ampliación, se incluyan cuestiones relativas a la igualdad de los sexos y a la necesidad de luchar contra la trata en los países de origen, pues ese tipo de comercio está alimentado principalmente por la pobreza de las mujeres y por su falta de facultades y oportunidades en esos países. 
Este Parlamento debería felicitar a la Comisaria Gradin por la labor que ha efectuado en esta esfera, persuadiendo a los Estados miembros de que empiecen a trabajar juntos en la lucha contra la trata de mujeres. 
Secundando este informe proporcionaremos nuevo estímulo a la lucha contra la explotación de mujeres vulnerables cuyos derechos humanos están siendo violados, y conseguiremos que se puedan adoptar más medidas para apoyar a las víctimas de la esclavitud sexual que desean reconstruir su vida. 
Espero que este informe sea adoptado por este Parlamento unánimemente, como lo aprobó la Comisión de Derechos de la Mujer, porque entonces la labor de la Comisaria Gradin podrá cobrar mayor impulso y mayor fuerza, y podremos decir con razón que la Unión Europea está adoptando todas las medidas posibles para evitar que se victimice a la mujer y que se violen sus derechos humanos. 
Señor Presidente, para este informe nosotros pedimos que se adoptara el procedimiento «Hugues» que relaciona el presente informe con el que se votó, por unanimidad, sobre el tráfico de seres humanos. 
La Comisión de Libertades Públicas, en consecuencia, insiste ante todo en una unidad de planteamiento con respecto al tema del tráfico de seres humanos en sus diferentes manifestaciones, que están estrechamente relacionadas tanto con la inmigración ilegal como con la delincuencia organizada. 
La trata de mujeres y de menores es una realidad que estamos viviendo todos los días y la firme toma de posición del Director de Europol nos confirma que dicho tráfico está vinculándose o incluso substituyendo a otros comercios, puesto que es más lucrativo y menos peligroso. Todo esto demuestra lo necesaria que es dicha unidad de acción. 
Consideramos, por lo tanto, que es preciso reforzar las medidas que, por otra parte, encontramos en todos los actos de la Comisión y del Consejo, en lo referente a la definición del delito, la cooperación judicial, la formación de los agentes fronterizos y de policía y la cooperación entre los cuerpos policiales. No cabe duda de que la atribución a la Unidad de Estupefacientes también de esta competencia refuerza la orientación en este tema. 
Respaldar esto último, como lo hacen la Comisión de Libertades Públicas y el programa de la Comisaria, Sra. Gradin, no significa olvidar a las víctimas, sino, únicamente, cortarles las alas a los pájaros del hampa y llevar a cabo una seria labor de prevención y de represión, lo que, más adelante justificará las demás ayudas que queremos prestar a las víctimas. 
Ciertamente, el informe presentado por la Sra. Waddington al seguir la evolución de todos estos actos que se han ido sucediendo dentro de la Unión Europea y ocupándose de forma muy concreta de la explotación sexual, hace hincapié sobre todo en las víctimas, es decir, nos recuerda que las víctimas de una trata con fines de prostitución sufren una violación de los derechos humanos y deben ser tratadas como tales. 
Por ello, la relación entre la denuncia de los traficantes y la ayuda, así como la definición del consenso, que es tan difícil probar en este tipo de circunstancias, se convierten en el informe en menos importantes que la violación de un derecho fundamental de la persona. 
En este sentido, se justifican las ayudas a las víctimas, y la autorización de residencia temporal o humanitaria, que ya se previó en el primer informe, fue incluida en la declaración de los Ministros en La Haya, con una serie de medidas adicionales. 
El informe de la Sra. Waddington añade también algo más, o sea, dos consideraciones: la primera se refiere a la información sobre una serie de ayudas- el asilo, la autorización definitiva, el permiso de trabajo- que pueden concederse a quien es víctima de este tráfico; no se trata- ténganlo muy en cuenta- de una concesión automática, sino sólo de un asesoramiento que, en consecuencia, atañe a las opciones que los Estados pueden hacer en este ámbito, y la segunda se refiere a la intención de prestar más atención al daño sufrido que a la cooperación prestada. 
Esta reflexión que, sin duda, representa un paso adelante respecto a nuestros primeros informes, en mi opinión, es una reflexión útil también para los Estados que están legislando en este momento. 
Italia, por ejemplo, en su nueva ley de inmigración habla de permisos de residencia por motivos de protección social. 
Bélgica, donde este planteamiento está ya operativo, no ha registrado una explosión de solicitudes. 
Por el contrario, se ha puesto de relieve que precisamente la larga duración de los procedimientos de asilo, permite a muchos criminales explotar a las mujeres con fines sexuales. 
Considero, en consecuencia, necesarios un gran equilibrio e una gran seriedad. 
Ninguno de nosotros quiere introducir instrumentos fáciles de soslayar, sin embargo, la incapacidad de gestionar situaciones difíciles no puede impedirnos defender a las víctimas, y me parece que este equilibrio es lo que caracteriza el informe de la Sra. Waddington, a quien mostramos nuestro agradecimiento. 
Deseo asimismo expresar nuestra gratitud a la Comisaria, Sra. Gradin, porque, gracias a usted y a su constancia, pocas problemáticas han tenido un planteamiento tan positivo y concreto como éstas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar de todo corazón a Susan Waddington y Maria Colombo Svevo por su excelente informe, pero también quisiera agradecer a la Comisaria Gradin su fervorosa dedicación a la lucha contra el tráfico de mujeres. 
Desde el anterior informe, las Naciones Unidas, pero sobre todo la Unión Europea, han hecho verdaderos esfuerzos por abordar el problema del tráfico de mujeres. 
Sin embargo, a pesar de todos los compromisos europeos, los Estados miembros no siempre encuentran una forma eficaz de iniciar la lucha contra el tráfico de mujeres. 
Eso tiene que ver, según mi opinión, con dos motivos. 
Primero y especialmente, con la enorme complejidad del problema; y en segundo lugar, con la errónea perspectiva desde la que se aborda. 
María Colombo Svevo ha aludido hace un momento a estas cuestiones para empezar por la última. 
Los países luchan antes contra el comercio de mujeres y contra la inmigración ilegal que contra la más brutal violación de los derechos humanos. 
Aunque es una digna defensa, aunque está bien que en algunos países existan ahora formas de protección temporal para las víctimas; no obstante, la preocupación por ellas es todavía muy selectiva. Sólo afecta a las mujeres que han presentado una queja y a los procesos que pueden desembocar en un juicio acertado contra los comerciantes. 
Exigimos que se proteja a todas las víctimas y que todas tengan la oportunidad de iniciar una nueva vida. 
En segundo lugar, con la complejidad. 
El tráfico de mujeres para la explotación sexual pasa por la prostitución forzosa, por las au pair, por las agencias matrimoniales y por las oficinas de empleo. Tiene conexiones con el tráfico de droga y con el circuito del trabajo ilegal. 
Mientras que los países comprometidos no aborden el tráfico de mujeres de una manera similar, no sancionen de una forma comparable, no impongan las mismas multas y penas de prisión, no manejen los mismos decomisos de mercancías; mientras no exista una cooperación policial y judicial internacional eficaz, no podremos abordar con éxito el tráfico de mujeres. 
Por último, señora Comisaria, querría decir: usted ha trabajado mucho en torno al tráfico de mujeres en la Unión Europea. Cuenta con el total apoyo del Parlamento. 
El problema es, desde luego, que los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros no son jurídicamente vinculantes, no son preceptivos. 
Esperamos que esta comunicación que nos ha presentado la Comisión y el informe del Parlamento con motivo de la evaluación de 1999, nos conduzcan a la adopción de un convenio sobre el tráfico de personas; solamente entonces, se podrá abordar el tráfico de personas de forma eficaz. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los colegas que han expresado su admiración a la Comisaria Gradin y a la Sra. Waddington por este excelente informe. 
Quisiera también pecar un poco de nacionalista y decir que me alegra sobremanera que durante la presidencia irlandesa la importancia de la cuestión que estamos discutiendo hoy haya incidido finalmente en la agenda política del Presidente Norah Owen, que en aquellos momentos era Presidente en ejercicio. 
Se calcula que 500 000 mujeres son víctimas de la trata de mujeres en la Comunidad Europea: la cifra es enorme. 
Cuando la Comisaria Gradin planteó esta cuestión e hizo de ella una de las prioridades de su mandato, había claramente mucha ironía y mucho escepticismo acerca de la magnitud del problema. 
Por eso para todos nosotros es un día excepcional éste en el que estamos discutiendo el excelente y amplísimo informe de la Sra. Waddington. 
La lucha de la Unión Europea contra la trata aborda sin duda alguna una importante cuestión delictiva, pero también es una cuestión fundamental de derechos de la mujer. 
Ocuparnos solamente de la trata como delito significa que dejamos de lado el apoyo y los servicios que necesitan sus víctimas. 
Muchos de los procedimientos de asilo en todos nuestros países, particularmente en el mío en estos momentos, parecen requerir un prolongado período de tiempo. 
Corremos el riesgo de añadir una nueva posibilidad de victimización a muchas de esas mujeres que están ingresando en la red de trata cuando reciben ofrecimientos de trabajo para emplearse en la Unión Europea como camareras, trabajadoras domésticas o chicas " au pair». 
A otras muchas se les hacen ofrecimientos con miras a un posible matrimonio. 
Algunas mujeres quizá sepan que van a trabajar como prostitutas, pero la mayor parte lo ignora. 
Llegan a un nuevo país a menudo de forma ilegal, sin documentos, y así caen en la trampa. 
Los traficantes se apoderan de lo que ganan, ellas no pueden hablar el idioma del país y quedan bajo la opresión del temor y el secreto que rodean a esta cuestión. 
Señor Presidente, todas las medidas destinadas a combatir el tráfico de mujeres son papel mojado, si no se desarrolla simultáneamente una política de mejora de la posición de la mujer en los países de origen. 
Esto debe realizarse mediante el apoyo a más proyectos de mujeres en la política de desarrollo europea y nacional, mediante una aplicación más estricta de las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos con terceros países y mediante el refuerzo de la política de igualdad de oportunidades en las negociaciones con los estados candidatos de Europa Central y Oriental. 
De otra forma, resultamos inútiles. 
Los derechos de las mujeres son derechos humanos. 
La raíz del problema del tráfico de mujeres se encuentra, después de todo, en las relaciones desiguales de poder y de prosperidad entre hombres y mujeres. 
Dicho esto, señor Presidente, los liberales consideran que el informe Waddington es bueno; la importancia para los liberales reside en los siguientes puntos: en primer lugar, en la aplicación de los artículos K.1 y K.3 mediante una actuación conjunta de la policía y de la justicia en el ámbito de la UE, también mediante el aumento financiero de los programas STOP y DAPHNE, tanto en el caso de los niños como en el de las mujeres. 
En segundo lugar, en un mayor hincapié en el papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la información, prevención, protección y posterior reintegración de las mujeres en su propio país. 
Y en tercer lugar, en el respaldo a la policía y justicia en estos terceros países mediante la formación del personal, mediante el suministro de material- y con ello se podrían incorporar fácilmente los programas europeos existentes-. 
La coordinación y la cooperación en el ámbito europeo son necesarias para proteger a las víctimas, para perseguir y castigar a los autores, para informar a través de, por ejemplo, las embajadas de la UE en terceros países, para reforzar el papel de las ONGs y apoyar a las organizaciones de mujeres in situ. 
El tráfico de mujeres es infame. 
Es esclavitud y, como ya se ha dicho, constituye una parte importante del crimen organizado. 
La Presidencia neerlandesa organizó en abril de 1997 una excelente conferencia sobre la protección del tráfico de mujeres y en ella se alcanzaron compromisos conmovedores. 
Vamos ahora, por amor de Dios, todos juntos, UE y Estados miembros, a manifestar nuestra voluntad política a fin de adoptar rápida, eficaz y generosamente disposiciones en este ámbito. 
No dependerá ni del Parlamento Europeo ni de la Comisaria Gradin. 
Señor Presidente, como es costumbre en Suecia, no voy a extenderme demasiado dando las gracias por el informe. 
Pero cuando lo hago y dirijo mi agradecimiento a la Sra. Waddington y la comisaria Gradin por su trabajo extremadamente digno, les demuestro con ello que verdaderamente pienso lo que digo. 
¡Muchas gracias! 
Opino que es absolutamente correcto, como hace la Sra. Waddington, comparar este comercio de mujeres con el comercio de esclavos de otros siglos. 
El comercio de esclavos de antaño se practicó durante un tiempo en el que nadie creía que las personas procedentes de los países africanos, que eran transportadas con destino a lugares de todo el mundo, tuvieran valor como seres humanos. 
Por eso echo en falta, a pesar de la calidad de los documentos, un apartado en la comunicación de la Comisión y en el informe de la Sra. Waddington dedicado a la " parte contratante». 
Cuando aproveché la ocasión que se me presentaba en setiembre de criminalizar a los clientes de la prostitución, hubo risas en amplios sectores de la sala. 
No obstante, creo que hay que apelar a los sentimientos de los hombres responsables que no compran los servicios de menores ni los de prostitutas a la fuerza u obligadas de otro modo. 
Debemos tener su apoyo. 
Creo, como ya he dicho, que son los hombres a quienes hay que informar, y que hay que ganar su apoyo en nuestra lucha contra esta nueva modalidad de esclavitud. 
Señor Presidente, no solamente debemos felicitar a la Sra. Gradin, si bien la felicitación es acertada, sino también a muchos otros que, a fin de cuentas, se han preocupado por que el tráfico de mujeres aparezca en la agenda de la Unión Europea; y seguramente esta comunicación de la Comisaria Gradin ha contribuido muchísimo. Asimismo, ciertas presidencias de los últimos tiempos se han ocupado de esta cuestión. 
De esta forma, se ha prestado oídos al deseo, no sólo del Parlamento, sino también de la sociedad a fin de establecer un planteamiento internacional sobre el tráfico de mujeres. 
Está bien claro que esto no es fácil, ya que el tratado en vigor ofrece muy pocos puntos de referencia, y lo mismo sucede con el nuevo tratado, el Tratado de Amsterdam, que no cuenta con medios suficientes para hacer posible un planteamiento integral europeo. 
El planteamiento integral es claramente necesario, no sólo en cuanto a la cooperación de la policía y los servicios judiciales, sino también la protección de las víctimas es necesaria para poder perseguir a los autores. 
El papel de las ONGs, como ya se ha dicho aquí, es crucial porque se encuentran en una posición mucho mejor para ganarse la confianza de las mujeres que han llegado a una sociedad totalmente extraña. 
DAPHNE y STOP son programas, de hecho, que derivan de la necesidad de un planteamiento integral y por ello debemos alegrarnos; a pesar de que no podemos, naturalmente, estar satisfechos con el hecho de que el Parlamento Europeo fuera tan tacaño con el dinero destinado a ambos programas para el próximo año. 
Sin embargo, debe ocuparse más, y también los Estados miembros deberán encargarse de que se actúe mejor en lo que concierne a la protección de las víctimas, ya que un permiso de residencia temporal a menudo no es suficiente para ganar su confianza. 
Debemos, de hecho, agarrarnos a esta violación de los derechos humanos para ser más generosos con los permisos de residencia para las víctimas del tráfico de mujeres. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a nuestro ponente así como a la señora Comisaria por la calidad del trabajo efectuado sobre un tema tan delicado. 
En efecto, la cuestión requería una particular atención, y se imponían medidas de envergadura para solucionar este problema, que constituye una auténtica lacra. 
Tanto en la forma como en el fondo, no tengo nada que añadir. 
Haré hincapié, más bien, en la necesidad de atajar de raíz este mal, que se ceba en las mujeres más desfavorecidas. 
Las raíces de este mal, como lo ha recordado nuestro ponente, se hallan en la desproporción entre situaciones económicas de los países ricos y de los países pobres, la desigualdad de los recursos económicos entre hombres y mujeres. 
La pobreza, el paro, explican el creciente desarrollo de esta trata, que produce el espejismo de un futuro mejor en las mujeres víctimas del mismo. 
Así pues, deberíamos concentrar un poco más nuestras acciones sobre este terreno. 
Me gustaría también recordar la situación de los PECO, donde este fenómeno ha adquirido dimensiones muy importantes. 
Simplemente debemos desear que la apertura de la Unión Europea hacia estos países permita un mejor control de este problema, por cuanto las mujeres procedentes de los PECO, implicadas en estas tratas, son jóvenes, con formación y, por lo tanto, deberían tener más oportunidades a la hora de integrarse en la vida profesional. 
En cambio, las mujeres procedentes de los países en vías de desarrollo son mayores, con menos formación y menos perspectivas de futuro. 
Así pues, el problema se plantea de forma más acuciante en los países de África y de América Latina. 
Las mujeres de estos países recurren a subterfugios para conseguir un permiso permanente que les permita afincarse en la Unión Europea. 
En conclusión diré que si bien no tengo duda alguna sobre la eficacia de las medidas que se nos proponen, considero sencillamente que debemos multiplicar nuestros esfuerzos para reactivar económicamente a estos países pobres. 
Éste es el único medio para poder poner fin a este explotación sin escrúpulos de la miseria. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Waddington sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual cuenta con nuestra aprobación. 
Sin embargo, contiene algunas lagunas en el análisis del fenómeno y en la constatación de las causas. 
En primer lugar, habida cuenta del actual desarrollo de la homosexualidad, el comercio de mujeres no se diferencia del comercio de hombres o de transexuales- con fines similares, me atrevería a decir- y, peor aún, del comercio aun más horrible, aun más monstruoso de niños, como han puesto de manifiesto las aberraciones cometidas en Bélgica por Dutroux y sus compinches. 
Estos negocios evidentemente son la vergüenza de nuestra Europa que, cada vez menos cristiana, respeta cada vez menos la dignidad humana. 
Sin embargo, no olvidemos que la práctica institucional islámica si no del harem, al menos de la poligamia y de la posesión de numerosas concubinas, tal como lo predicaba el profeta Mahoma en el Corán, sigue siendo un factor decisivo en la perpetuación real de la esclavitud en muchos países de África y de Asia. 
¿Pero cómo no constatar también- cuando la nueva Inquisición de la policía del pensamiento acosa por doquier, en lugar de refutarlos, los libros, por ejemplo del profesor marxista Garaudy- que permitimos que los quioscos y las librerías estén sepultados por toneladas de revistas, libros y diarios que exaltan, predican, describen y hasta incitan a todas las formas de perversión sexual y de sadismo? ¿Cómo podría negarse esta afirmación cuando se constata que en Francia, por ejemplo, el número de asesinatos de niños relacionados con torturas de sadismo sexual se ha multiplicado por veinte desde los años 70, momento en que se dio rienda suelta a todas las libertades de la decadencia y del horror? 
¿Cómo se podrá negar en este foro, donde se cree en el peligro que supone para la libertad la influencia de ciertas tesis históricas, que la libertad que se otorga a la pornografía sádica también tiene su influencia? 
¿No sería hora ya de poner las cosas en su sitio? 
Para la ciencia, para la historia, para la filosofía, la búsqueda la verdad en la libertad y en el debate, mientras que para los que abogan por un mayor sadismo, dos siglos después del marqués de Sade, la prohibición y represión de su horrible industria. 
¿Pero cómo diantres se puede defender a los nios cuando tan a menudo se está atentando contra su vida, desde su concepción, con el crimen del aborto? 
Señor Presidente, quisiera felicitar tanto a la Sra. Waddington como a la señora Comisaria Gradin por haber tenido el coraje de atreverse a encarar un problema candente de nuestra época, como lo es la trata de almas y cuerpos, especialmente de mujeres y niños, que, gracias a la tecnología, se ha convertido en una moderna plaga. 
Las quinientas mil mujeres que circulan por la Unión Europea y los millones de ellas que lo hacen por Asia constatan de manera trágica que la búsqueda de beneficios fáciles es un valor en alza y que, así mismo, la ideología del mercado y la ley de la oferta y la demanda han convertido a las personas en una mercancía. 
En este momento, quisiera señalar algo que es silenciado en los informes oficiales: la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual no podría ocurrir si no existiese una demanda de ese tipo, si no existiesen los respetables clientes consumidores, si, en fin, los principios y estructuras patriarcales que distribuyen de forma desigual los derechos, los recursos y el poder entre los sexos, no determinasen todavía, por desgracia, nuestro sistema social y económico. 
No debemos olvidar esta reflexión cuando nos referimos a las causas de la pobreza, de la marginación, de los problemas de inmigración, a la necesidad del derecho de asilo, etc. sobre todo, no debemos olvidarla si queremos enfrentarnos con eficacia a tales problemas. 
Debemos emprender de manera inmediata una acción que tenga tanto un carácter preventivo, como disuasorio y represivo. 
Hace falta la voluntad política y el refuerzo de las partidas presupuestarias, que ya se conceden, para financiar las actuaciones de cooperación internacional, para el refuerzo de los servicios de EUROPOL, para medidas de protección y de reintegración social de las víctimas. 
Pero sobre todo necesitamos reforzar la política para la igualdad de oportunidades entre los dos sexos. 
También debemos invitar a los Estados miembros a que apliquen la acción común, aprobada el 24/2/1997, para materializar las obligaciones asumidas en la Conferencia de la Haya el 24/4/97, mediante actuaciones concretas que comprometan tanto a las autoridades competentes como a las organizaciones de mujeres a afrontar de manera eficaz este fenómeno. 
Señor Presidente, las mujeres son seducidas con la promesa de acceder a dinero en la UE. 
Son contratadas para trabajar en barrios de recreo donde se dedican a cualquier cosa menos al recreo. 
Son atrapadas mediante dudosos contratos laborales y matrimonios ficticios. 
Mujeres de Asia. África, Sudamérica y Europa central y del este. 
En todos los casos bandas de secuestradores que operan a la perfección las amedrentan con la amenaza o el uso de la fuerza, las explotan, les obligan a ejercer la prostitución y las mantienen cautivas. 
Éste es el día a día de más de 500.000 mujeres al año. 
La Comisión propone para luchar contra el tráfico de mujeres destinadas a la explotación sexual un planteamiento europeo común al que, Sra. Gradin, el Parlamento Europeo otorga todo su apoyo. 
De todos modos este tiene que ponerse en práctica e incluir a las ONG. 
Sue Waddington, en su informe comprometido y con un excelente trabajo investigación reclama un tratamiento de la cuestión desde el punto de vista de la víctima. Me adhiero gustosamente a ello. 
En primer lugar necesitamos campañas de información para prevenir y proporcionar conocimientos de fondo: cuáles son las intenciones de los llamados contratantes, la naturaleza de sus sistemas y tretas. 
Las víctimas necesitan ayuda para tener el valor necesario para denunciar a los responsables. 
Necesitan encontrar refugio en los centros de mujeres o por lo menos tener derecho a un periodo de residencia para poder después regresar a sus países y estar preparadas para, a pesar de la pobreza y las discriminaciones, poder mantenerse allí. 
Suena cínico pero es verdad, el comercio de personas es un mercado en expansión en Europa. 
Prácticamente sin fronteras es muy asequible y carece de grandes riesgos. 
Este crimen internacional debe ser paliado mediante el cierre de las localidades donde está comprobado que se ejerce la trata de blancas, mediante la confiscación de los beneficios obtenidos por hechos delictivos, con penas máximas y custodias preventivas, con la interdicción de los derechos civiles. 
Los Estados miembro tienen que actuar, y a través de cláusulas insertadas en los acuerdos con terceros estados atajar el comercio de personas en nombre de cientos de miles de mujeres sufrientes. 
Señor Presidente, el grupo social demócrata se adhiere a las alabanzas para la comisaria Gradin y la Sra. Waddington. 
Hemos escuchado que las víctimas del comercio de personas son principalmente mujeres. 
Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales unas 500.000 mujeres vienen a los países de la UE secuestradas o engañadas con contratos de trabajo falsos y obligadas a ejercer la prostitución o a casarse. 
La mayoría de ellas proviene de Europa central y oriental, especialmente de Rusia, Polonia o los países bálticos. En esos lugares las necesidades económicas son especialmente acuciantes y muchas veces las mujeres no tienen otra salida para alimentar a sus familias, y así se convierten en las marionetas de sujetos sospechosos que les prometen ingresos y bienestar en Europa occidental. 
Muy impresionantes son los datos del Servicio Penal Federal que registraba en el año pasado hasta 10.000 víctimas del sexo femenino. 
Este servicio estimaba que en un año se había producido un aumento del 43 % y estoy seguro de que las cifras no oficiales son mayores. 
Con el informe sobre el tráfico de personas hemos empezado, en la Comisión de los Derechos de la Mujer, un camino que nos conduce fuera de la zona tabú. 
La intervención de la comisaria, la Sra. Gradin, los programas STOP y DAPHNE son un progreso importante. 
Pero teniendo en cuenta la seriedad e inminencia del crecimiento de esta suerte de esclavitud moderna no constituyen más que la primera piedra y los ministerios del interior y de justicia tienen que actuar en el ámbito nacional de la forma más rápida posible. 
Deben desarrollar estrategias eficaces junto con la Europol, la Comisión y las organizaciones no gubernamentales, de manera más concreta y basándonos en el informe de la Sra. Waddington reclamamos una serie de medidas eficaces en el ámbito de la protección a la víctima, la cooperación con los Estados miembros y la información. 
También considero importante que se conceda a las victimas un permiso de residencia limitado, por lo menos para garantizarles un estatus legal hasta que terminen los procesos judiciales contra los delincuentes. 
De otro modo la indefensión de las víctimas sería la mejor protección de los culpables. 
Con esta conclusión podremos estar en disposición de echar cerrojo al tráfico de esclavos moderno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0413/97) del Sr. Kenneth D. Collins, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en la Comité de Conciliación, sobre el borrador común, aprobado por el Comité de Conciliación, de Directiva del Consejo y del Parlamento relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (C4-0627/97-95/0209 (COD) ). 
Señor Presidente, hay que reconocer que a veces tenemos que discutir en este Parlamento cuestiones tan interesantes que los diputados recorren kilómetros y kilómetros para poder participar en el debate. 
Como se puede ver, es muy raro que esta sala esté tan llena como lo está ahora. 
Uno tiene la impresión de que hasta los intérpretes son más numerosos que los diputados en estos momentos. 
Incluso la galería pública se está vaciando. 
Todo el mundo se marcha. 
Ésta es la conclusión del proceso de conciliación, no solamente sobre la maquinaria móvil que no se usa en carretera, sino como usted mismo ha dicho, Presidente, sobre la eliminación de contaminantes gaseosos provenientes de esos vehículos. 
Esto complementa el conjunto de normas sobre automóviles y aceite que en estos momentos se halla en segunda lectura y que adopta un enfoque combinado del diseño de motores y de la tecnología de los combustibles a fin de reducir las emisiones de gases de los motores, etc. No estamos hablando de automóviles, en realidad estamos hablando de maquinaria móvil que no se usa en carretera, y hay mucha gente que realmente no sabe qué es esa maquinaria. 
En realidad se trata de tractores, segadoras-trilladoras, excavadoras, niveladoras, etc., y lo cierto es que esas máquinas generan una cantidad importantísima de ese tipo de contaminación y que, sin esta directiva, esas emisiones seguirían sin reglamentación alguna. 
La existencia de esta directiva permitió también que los países de la Unión Europea pasen a la cabeza de la fabricación y comercialización de nuevos motores que han sido diseñados con esa finalidad a fin de reducir las emisiones gaseosas. 
Por lo tanto, esto dará a la industria europea una ventaja tremenda en el mercado mundial, partiendo, evidentemente, del supuesto de que la industria europea sepa aprovechar esta oportunidad. 
Ahora bien, es una cuestión importante y, por lo tanto, la acogemos con satisfacción. 
La directiva ha sido objeto del procedimiento de conciliación entre este Parlamento y el Consejo. 
La propuesta original de la Comisión fue aprobada por este Parlamento sin enmiendas. 
Esto no es cosa muy corriente, y he de decir que el motivo principal no fue el hecho de que fuera una cuestión sumamente técnica. 
La directiva obtuvo verdaderamente nuestra aprobación, pero a continuación fue al Consejo, que hizo cambios sustanciales en su posición común. 
Cambió el tipo de procedimiento que tenía que utilizar la Comisión para dar aplicación a las medidas. 
Señor Presidente, me dirigiré ahora a la galería porque en este Parlamento pasamos mucho tiempo discutiendo acerca de algo denominado " comitología». 
Fuera de esta sala, y creo que también para gran número de las personas que están en ella, la palabra " comitología» no significa gran cosa. 
La comitología se refiere a la forma en que se adoptan las decisiones técnicas derivadas de las directivas, y tenemos dos posibilidades: o bien esas decisiones se adoptan públicamente, de forma que la gente pueda ver lo que representan esas decisiones y pueda entenderlas, o bien adoptamos esas decisiones a puerta cerrada para que ustedes, el público, no oigan lo que se dice, con lo cual ustedes, el público, no entienden qué decisiones se están adoptando y todo el proceso se desarrolla de forma oculta. 
A continuación finalizamos este proceso con el procedimiento de conciliación, y durante la conciliación conseguimos modificar la posición común del Consejo a ese respecto, y creo que, por lo tanto, hemos alcanzado los objetivos democráticos que queríamos conseguir. 
También hemos logrado que haya una referencia al modus vivendi. 
El modus vivendi trata de la forma de progresar junto con la Comisión en lo que se refiere a esas decisiones, y no nos parece que el modus vivendi funcione muy bien en su forma actual. 
Queremos mejorarlo y me alegra mucho que la Comisión haya hecho ahora una declaración que se publicará en el Diario Oficial en la que afirma que mantendrá al Parlamento Europeo perfectamente informado acerca de la aplicación de las medidas derivadas de las directivas. 
La Comisión se ha comprometido también a proponer una nueva forma de modus vivendi en algún momento a mediados de 1998. 
Dicho con otras palabras, las miríadas de personas que se han reunido aquí esta noche para seguir este elevado debate sobre las emisiones de gases contaminantes de la maquinaria móvil que no se usa en carretera, pueden estar satisfechas, todos los que integran este Parlamento, todos los que ocupan esos escaños que ven ustedes, se congratulan de que hayamos acabado con esta cuestión: eso es una buena noticia para el medio ambiente, una buena noticia para la transparencia, y una buena noticia para la democracia. 
Señor Presidente, permítame empezar expresando la satisfacción de la Comisión por el resultado del procedimiento de conciliación con respecto a esta cuestión legislativa esencial. 
Quiero recordarles que esta propuesta de directiva hace referencia a un sector que nunca ha estado regulado anteriormente. 
Los gases de escape de los motores de las máquinas móviles que no se usan fuera de las carreteras no se han fiscalizado suficientemente con anterioridad. Lo cierto es que la proporción del total de las emisiones que produce el transporte es significativamente mayor de lo que se suponía. 
Por eso la aplicación de unos motores menos contaminantes a este tipo de máquinas jugará un papel decisivo en términos de la reducción de la contaminación atmosférica de las ciudades, y todo ello a un precio razonable. 
El primer debate del Parlamento Europeo se celebró sin informe, mientras que las enmiendas del segundo hacían referencia exclusiva a la cuestión del sistema comitológico y al funcionamiento del modus vivendi, del cual hemos hablado hace poco. 
Soy consciente de que la cuestión comitológica ha constituído un problema para el Parlamento. 
La Comisión se ha comprometido a presentar un proyecto de revisión de la resolución sobre el sistema comitológico que se adoptó en 1987. 
Además, la Comisión se ha comprometido a hacerlo a principios de junio de 1998, a petición directa del Parlamento. 
Esta petición figura en una carta de 11 de noviembre de 1997 del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Gil-Robles. 
Como consecuencia se han podido eliminar los obstáculos con respecto al procedimiento de conciliación en este tema. 
También en nombre de la Comisión puedo informar que daremos inicio a los contactos informales con todas las instituciones afectadas a principios de año para preparar el terreno cara a una nueva propuesta. 
Finalmente, me permito expresar la satisfacción de la Comisión por el hecho de que el Parlamento y el Consejo de Ministros hayan llegado a un acuerdo constructivo con respecto a la propuesta de directiva. 
Cuando ésta haya entrado en vigor, significará un paso adelante esencial para la mejora del medio ambiente en términos de calidad del aire y de la salud de las personas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12 horas. 
Protección de los consumidores en materia de precios 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0414/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Representación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, relativa al texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (C4-0643/97-95/0148 (COD) ). 
Señor Presidente, estoy satisfecha con el resultado logrado mediante el procedimiento de conciliación. 
Las negociaciones con el Consejo se han desarrollado muy bien y creo que debemos dar especialmente las gracias a la ministra luxemburguesa, la Sra. Jacobs, quien, en un momento bastante crucial, cortó por lo sano y logró la disposición de los demás para estar, por lo menos, de acuerdo con las últimas enmiendas presentadas por el Parlamento. 
Creo que hemos podido despachar este informe en un tiempo bastante razonable. 
Señor Presidente, quisiera hacer una pequeña retrospectiva. La directiva que tratamos hoy tiene unos antecedentes muy lejanos. 
Durante años, ya desde 1979, se ha intentado mediante distintas normas establecer algo en cuanto a las indicaciones de los precios de los productos. 
Se ha probado de todo con una norma muy complicada. 
Hubo un sistema de obligaciones, hubo un sistema de progresión voluntaria. 
Se podía realizar a nivel europeo, se podía realizar a nivel nacional. 
Sin embargo, empezó a armarse tal embrollo en las indicaciones de los precios de los productos, que los consumidores no veían ni pies ni cabeza al sistema y los proveedores ya no sabían exactamente qué debían hacer; cuando el objetivo debía ser, tanto para el consumidor como para el vendedor, lograr la unidad en la forma de indicar los precios de los productos, de modo que también fuera fácil efectuar comparaciones. 
Cuando en diciembre de 1994, la Comisión solicitó ampliar de nuevo el período transitorio de la caótica norma del momento, nosotros constatamos rápidamente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores- posteriormente fue confirmado por el Parlamento- que eso no podía continuar por más tiempo y que debía hacerse algo nuevo, una nueva propuesta con un sistema sencillo y transparente que, en principio, sirviera para todos los productos; en el que el consumidor pudiera, al efectuar su elección, comparar los precios. 
La Comisión en una nueva propuesta de 1995 siguió las recomendaciones del Parlamento. 
La propuesta abarcaba, además de la indicación obligatoria del precio de venta, la indicación, si pertinente, del precio por cantidades estándares- por kilo o por litro-. 
Quiero advertir aquí que, cuando la indicación del precio por cantidades estándares no tiene ninguna importancia, por la naturaleza o el uso del producto, o no conlleva elementos de información relevantes para el consumidor, pueden establecerse excepciones respecto de las obligaciones generales. 
Asimismo, en el ámbito nacional, pueden establecerse excepciones para determinados productos; por ejemplo, una botella de vino de 75 cl. En este caso, no hace falta indicar el precio por litro. 
Ciertos sectores pueden quedar, incluso, totalmente exentos de la obligación de indicar los precios. 
Hemos acordado con el Consejo en el comité de conciliación que los propios Estados miembros puedan decidir, respetando los criterios estipulados, cuáles son estos sectores específicos. 
Pensemos en la hostelería, los hospitales, las máquinas automáticas, etcétera. 
El Consejo, en el fondo, ha aceptado en las negociaciones la mayor parte de las propuestas presentadas por el Parlamento. 
Algunas enmiendas de carácter técnico o lingüístico fueron aceptadas en seguida. 
Hubo, por supuesto, algunos escollos. 
Fue importante la excepción general que, hasta el último momento, quiso establecer el Consejo para la pequeña empresa. No fue apoyada por nosotros. 
Desde luego, sí queremos un período transitorio para la pequeña empresa y, por ello, planeamos un período muy largo. 
Éste fue un verdadero punto de fricción y, finalmente, llegamos a un compromiso: la Comisión, transcurridos tres años, elaborará un informe sobre la situación de la pequeña empresa y nosotros, en ese momento, tras recibir el informe, estudiaremos si se deben aplicar las obligaciones también a todos los pequeños comerciantes, o si, tal vez, decidimos mantener una excepción general para esa tienda muy pequeña: la tienda de ultramarinos de la esquina. 
Como Parlamento, nos hemos aferrado firmemente al principio de que debe tratarse de un sistema muy sencillo, pero también claro y transparente, con tan pocas excepciones como sea posible. 
Por tanto, hemos aligerado el texto del Consejo. Creo que el texto finalmente acordado es sencillo. 
Además, hemos adoptado una disposición específica para la introducción del euro, aspecto que no había sido previsto ni por el Consejo ni por la Comisión. 
Sobre esto, no hay todavía disposiciones claras y la Comisión no ha presentado aún una propuesta. 
Creo que es positivo que el Parlamento pueda encontrar algo relativo a esta cuestión en el texto final. 
Señor Presidente, en resumen un buen resultado, creo yo; una pieza sólida de la legislación a favor del consumidor. 
Señor Presidente, a menudo discutimos acerca de lo que ha conseguido el Parlamento en materia de ampliación del procedimiento de codecisión. 
Me parece que a veces es más importante que discutamos acerca de lo que podemos hacer con ese procedimiento que el hecho de poder contar con él. 
Quisiera rendir homenaje a las tres Gracias del informe: Sra. Fontaine, Ministra- Sra. Jacobs- y ponente. 
Sus negociaciones en representación de los tres elementos de la Unión Europea nos han brindado un excelente ejemplo de la función de la codecisión. 
Tenemos ahora una forma sencilla y clara para pasar de los precios dobles a los precios unitarios. 
Ahora podemos preparar el camino para el Euro y para su fecha y forma de introducción en los diversos Estados miembros. 
Hemos sabido atender las ansiedades de los que estimaban que quizá desaparecieran las medidas tradicionales- es evidente que no desaparecerán- en los diversos Estados miembros, y de los pequeños tenderos que estimaban que iban a tener que aceptar un sistema para el que no estaban preparados. 
Nos hallamos ahora en una situación en la que tendrán un período de cinco años para prepararse. 
Considero adecuado y acertado que la situación haya evolucionado en ese sentido, y estoy sumamente satisfecho de que hayamos alcanzado esa fase. 
Señor Presidente, la comparación del proyecto de texto comunitario con la propuesta originaria revela, al menos, tres diferencias fundamentales que permiten afirmar que, del procedimiento de conciliación, ha resultado un producto de calidad; y felicito de todo corazón a mi colega Oomen por su firme dedicación y por el resultado obtenido. 
En primer lugar, el precio de venta y el precio por unidad están mejor definidos, ahora que está claro, que el IVA y otros impuestos están incluidos en los precios. 
En segundo lugar, existe una solución aceptable para el período transitorio del euro, en el que estaremos inmersos cuando se comience a aplicar esta directiva. 
Aunque no logramos que se aceptara un máximo de tres obligaciones para indicar los precios, hemos decidido que sean los Estados miembros quienes limiten el número máximo de obligaciones en la indicación de los precios. 
Ahora deben los Estados miembros, contamos para ello con su sentido común, evitar situaciones extremadamente improductivas en las que posiblemente figuren, por producto, de cuatro a ocho precios. 
En tercer lugar, señor Presidente, debemos seguir dando todo tipo de facilidades a los pequeños comerciantes. 
Los Estados miembros pueden conceder una exención a la pequeña empresa, para quien la aplicación de las obligaciones de indicar el precio por unidad, en el caso de productos que no se venden sueltos, supone un peso administrativo excesivo. 
Espero que los Estados miembros también sepan utilizar positivamente este margen de acción, al fin y al cabo supone el reconocimiento implícito de una pequeña imperfección de la directiva; pero confiemos en que esa facultad se maneje de forma positiva, en espera de que, dentro de seis años, tengamos una norma modificada o, quién sabe, si mientras tanto, el problema no se resolverá literalmente de forma automática por la evolución de la técnica. 
Señor Presidente, desearía expresar mi agradecimiento a la Sra Oomen-Ruijten por haber hecho posible gracias a su ayuda, una vez más, el excelente resultado de este procedimiento de conciliación. 
De lo que aquí se trata es de la información al consumidor en su vertiente más primaria, con objeto de permitirle, por ejemplo, hacer una verdadera comparación entre los precios de los distintos productos en los comercios. 
Creo que hemos conseguido también un buen resultado si tenemos en cuenta que el artículo 10 de la presente directiva autoriza a los Estados miembros a introducir etiquetados aún mejores de los que exige la propia directiva. 
Cuando menos, esta circunstancia implica que ningún país se verá obligado a dar marcha atrás cuando se apruebe esta disposición en una fecha futura. 
Resultan sin lugar a dudas apropiadas las excepciones y concesiones que se han hecho en esta cuestión. 
Sería bastante extraño que estas exigencias en materia de etiquetado de los precios afectaran, por ejemplo, también a las subastas. 
No me queda sino recomendar vehementemente la aprobación del resultado de la conciliación. 
Señor Presidente, con ocasión de la anterior lectura de este texto relativo a la aparición de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, el Parlamento Europeo aprobó veintidós enmiendas e insistió, sobre todo, en la necesidad de prever un período de adaptación más largo para la puesta en práctica del dispositivo por parte de lo pequeños comercios minoristas. 
El Consejo aceptó siete de éstas en el marco del Comité de conciliación. 
En las reuniones de compromiso se alcanzó un acuerdo respecto a otras cinco enmiendas. 
En conjunto, el resultado es más bien satisfactorio, puesto que, a partir de ahora, contrariamente a la propuesta inicial, el precio por unidad no deberá ser indicado si es idéntico al precio de venta. 
En el caso, por ejemplo, del vino de calidad comercializado por Francia en botellas de 0, 75 litros, estaba claro que esta especificidad no debía obligar a indicar el precio por litro. 
Esta obligación sólo añadiría una carga suplementaria sin tener efectos positivos para el consumidor. 
Además, era indispensable poder exonerar al pequeño comercio minorista de la obligación de indicar los precios de los productos por unidad de medida además del precio de venta, y ello durante el período transitorio. 
Quisiera recordar el coste desorbitado que ya tendrá que soportar el conjunto del comercio minorista y, en especial, el pequeño comercio, debido a la obligación que se le impondrá de una doble indicación en moneda nacional y en euro. 
Los costes añadidos considerables que provocará el paso a la moneda única ya obligarán a algunos comerciantes a posponer inversiones necesarias para su actividad comercial con vistas a poder hacer frente a esta obligación. 
Paras algunos, el coste de la doble indicación será desproporcionado respecto a su margen y puede poner en peligro su permanencia futura. 
No es así como se fomenta el desarrollo del empleo. 
Por lo tanto, es absolutamente indispensable velar escrupulosamente por que no se multipliquen las cargas que pesan sobre nuestros comerciantes. 
Esta Directiva obligará ya a los comerciantes a indicar el precio de venta real del producto, así como el precio de venta del producto por unidad de medida, excepto en los productos vendidos a granel. 
Afortunadamente, el período transitorio se ha ampliado a 24 meses, y la Comisión deberá presentar un informe y hacer una propuesta referente al marco particular del pequeño comercio. 
En conclusión, señor Presidente, nuestro Grupo votará a favor de la resolución legislativa relativa a esta Directiva, pero quiero llamar la atención sobre la difícil situación que puede producirse en el pequeño comercio minorista ante la doble obligación de aplicar la presente Directiva al final del período transitorio y de poner en práctica la doble indicación en los países que entren en la moneda única. 
Sólo se justifican las obligaciones si se presta un auténtico servicio suplementario al consumidor. 
Señor Presidente, solamente nos separan 12 meses de la introducción de la moneda única europea en la Unión Europea. 
Las consecuencias y ramificaciones prácticas de la UEM para el consumidor requieren un análisis y una supervisión detallados. 
Los billetes y las monedas del Euro no llegarán materialmente a los bolsillos de los consumidores hasta el año 2002. 
Sin embargo, la Comisaria encargada de los Asuntos de los Consumidores, Sra. Bonino, junto con los gobiernos nacionales, tienen que instituir y lanzar amplias campañas de información que traten concretamente de la forma de determinar los precios de los productos en Euros y en las monedas nacionales de cada Estado miembro durante la fase final que preceda a la UEM. 
Fundamentalmente, hay que comenzar ahora las campañas de determinación de precios dobles en todos los supermercados esenciales y en las tiendas de toda Europa. 
Los precios de los productos tienen que indicarse en Euros y también en la moneda nacional que corresponda. 
Esto tendrá el efecto apetecido e inmediato de familiarizar al consumidor con el precio del producto en Euros de forma que, cuando el Euro esté ya introducido y se utilice como moneda, los consumidores puedan adaptarse al nuevo régimen monetario con confianza y comprensión. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar la satisfacción de la Comisión por el hecho de que se haya llegado a un compromiso sobre la Directiva para la protección del consumidor en materia de etiquetado de precios. 
Felicito al Parlamento y al Consejo por sus esfuerzos por lograr un compromiso. 
Las Directivas sobre el etiquetado de precios adoptadas en 1979, 1988 y 1995 han sido una mejora por lo que se refiere a la información al consumidor. 
No obstante, este sistema no garantizaba una información sobre precios suficiente y resultaba además muy complicado de aplicar. 
Por eso es central que, gracias a esta propuesta, el consumidor podrá recibir una información clara y detallada. 
Al especificar el precio por unidad de medida y el de venta, el consumidor podrá comparar productos de diversas marcas. 
Esto hará que le sea posible tomar una decisión bien fundamentada en base a una sola comparación de precios. 
El compromiso al que se ha llegado no supone una solución definitiva para las tiendas de venta al detalle. 
Para algunas de ellas la exigencia del etiquetado a base de precios por unidad de medida y de venta puede resultar una carga considerable. 
En tal caso, los Estados miembros tienen la posibilidad de ignorar el requisito del etiquetado a base de los precios comparados durante un período de transición. 
Por su parte, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento y al Consejo de Ministros sobre la aplicación de la Directiva tres años después de que haya transcurrido el período de funcionamiento. 
El informe debe proponer sobre todo unas disposiciones para las tiendas de venta al detalle. 
El Parlamento Europeo y el Consejo deberán, basándose en el informe, valorar y adoptar unas decisiones en un plazo no mayor de tres años. 
Durante este tiempo, y hasta que el período de aplicación haya expirado, la Directiva dará con toda seguridad a los consumidores europeos la posibilidad de conseguir una información completa respecto a los precios en la mayoría de las tiendas de venta al detalle. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12 horas. 
Servicios Postales 
(B4-0911/97- O-0144/97) del Sr. Ferber, en nombre del Grupo PPE, - (B4-0914/97- O-0155/97) del Sr. Wijsenbeek, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, - (B4-1004/97- O-0165/97) de los Sres. Schmidbauer y Simpson, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, - (B4-1005/97- O-0169/97) del Sr. Donnay, en nombre del Grupo Unión por Europa, - (B4-1007/97- O-00171/97) del Sr. Scarbonchi, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, - (B4-1008/97- O-0173/97) del Sr. Moreau, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, no ha pasado aun mucho tiempo desde que discutimos, en segunda lectura, aquí, en Estrasburgo, sobre el desarrollo de los servicios postales en la Comunidad. 
Entonces propuse, en nombre del PPE, dos enmiendas que versaban sobre la problemática de los reintegros finales. 
Lamentablemente la Asamblea, y tengo que decir que de forma poco inteligente, no siguió nuestras recomendaciones. 
Nuestro objetivo tiene que ser, y en esto seguro que coincido con el Comisario, introducir competencia en el seno de la Unión Europea, es decir, que las normas de competencia sirvan para lo que están. 
No obstante esto no es posible si se emplea un acuerdo mundial, en concreto el Convenio Postal Universal, en relación con la cuestión de los reintegros finales. 
Un principio de este acuerdo es que el correo entrante y saliente nivele la balanza y que, de este modo, en el seno de los Estados se produzca una compensación. 
Esta situación ya no se nos presenta así en la Unión Europea. 
El mercado interior también significa, como hemos podido comprobar en otros procesos de liberalización, que deben pagarse los gastos que cubren el uso de servicios, ya sea en el mercado interior de la electricidad, en los derechos de paso, en el campo de las telecomunicaciones o en la problemática de los interconectores. 
Sólo en el sector postal tiene que separase el mercado interior de la competencia a causa de una reglamentación carente de sentido. 
Por ello en nombre del PPE le preguntamos a la Comisión: ¿van ustedes a tratar esta cuestión, por ejemplo, en la comunicación anunciada sobre la aplicación de las reglas de la competencia en el sector postal? 
¿Van a considerar también estas cuestiones en la próxima directiva postal, se va a tratar el acceso a la red, en cuyo caso estaríamos en el centro del debate? 
¿Saben ustedes lo que significa tener que aportar unas prestaciones más allá de lo calculable y mezclarse en el proceso de competencia con otros competidores que no tienen esas obligaciones? 
Así no puede funcionar el servicio postal en Europa. 
Señor Comisario si no consigue solucionar este problema no sólo pone en peligro muchos puestos de trabajo, sino también el servicio postal sobre el que nos hemos puesto de acuerdo en esta Asamblea. 
Señor Presidente, a pesar de que en octubre el Parlamento convino en una posición común en materia de servicios postales con el Consejo, la cuestión parece negarse a desaparecer de nuestro programa de trabajo y una vez más está en el primer plano de las deliberaciones del Parlamento. 
Si mi primera lectura del proyecto que nos ha presentado la Comisión es digna de crédito, entonces me parece que la cuestión de los servicios postales seguirá en candelero también durante 1998. 
Aunque el debate de hoy trata de una cuestión concreta, que es la de los gastos terminales, quisiera aprovechar esta oportunidad para indicar a la Comisión que el apartado 3 del artículo 8 del proyecto no sólo contradice las opiniones de este Parlamento sino también la posición común adoptada por conducto de la directiva, y debe suprimirse. 
Durante los debates sobre la directiva, la cuestión de los gastos terminales provocó muchas preocupaciones. 
Como ha dicho el Sr. Ferber, mi deseo era, como ponente, que esta cuestión se abordase en la directiva. 
Ahora bien, dentro del Consejo no había acuerdo sobre el particular y a fin de obtener una posición convenida sobre la directiva en su conjunto, el Parlamento resolvió retirar las enmiendas sobre esta cuestión particular. 
Es evidente que esto no resuelve el problema que experimentan algunos Estados miembros, en particular Alemania, que no cubren el costo del reparto de correo procedente del exterior. 
Estimamos que esto puede obstaculizar el debido funcionamiento del mercado único y pone en entredicho la viabilidad económica de algunas autoridades postales nacionales. 
También pone en entredicho el objetivo declarado por la propia Comisión en su comunicación de junio de 1993, en la que se declara que los operadores postales deben ser pagados según el costo. 
Tenemos que enfrentarnos con el problema de los gastos terminales. 
A falta de un acuerdo entre los partidos sobre el particular, la responsabilidad de las medidas que haya que adoptar recae en la Comisión. 
Por consiguiente pedimos a la Comisión que presente una propuesta en la que se indique que los Estados miembros puedan permitir que los proveedores universales de servicios determinen los gastos terminales en relación con su propio costo. 
Me hago cargo de que se trata de una cuestión técnica difícil de resolver, pero una solución que consista en no hacer nada por el momento no redundaría en interés de los servicios postales europeos. 
Con la promulgación de la directiva ha llegado el momento de pasar a la acción en esta esfera. 
Señor Presidente, yo no soy Jacques Donnay, como puede constatar, pero creo que él tiene problemas de transporte y, si me lo permite, intervendré en su lugar. 
Señor Presidente, señor Comisario, con ocasión de la reciente aprobación de la Directiva sobre servicios postales, nos habíamos puesto de acuerdo respecto al principio según el cual los gastos terminales debían basarse en los costes reales procedentes de la estación de distribución. 
Sin embargo, los distintos operadores postales europeos se enfrentan continuamente a la práctica del reenvío, que puede compararse a una actividad furtiva o a un pirateo, o incluso a un atraco, llevado a cabo en detrimento de los servicios de correos que no intentan burlar las reglas y los acuerdos internacionales. 
No podemos ignorar el hecho de que algunos países procesan un volumen de correo internacional anómalamente elevado respecto a su correo nacional. 
Así, la proporción de correo internacional respecto al correo nacional es sólo del 5 % en Francia, en Alemania es del 6 %, en Italia del 7 %, en Gran Bretaña alcanza el 12 % y en los Países Bajos el 25 %. 
Estas cifras muestran claramente que algunos servicios de correos atraen hacia sí el correo nacional de otros países, y organizan de esta forma desviaciones de tráfico inaceptables e ilegales como consecuencia de la deslocalización de los lugares de depósito del correo. 
El único remedio ante la amenaza que plantea el reenvío sobre el equilibrio de la reciente directiva europea sobre servicios postales consistiría en obtener una remuneración de las prestaciones ofrecidas a su justo precio, y para tal cosa, habría que fijar urgentemente los gastos terminales sobre la base de los costes de la estación de distribución. 
De esta forma, el reenvío ya no tendría ningún interés para los que lo practican. 
Así pues, paso a plantear mi pregunta a la Comisión, señor Comisario. 
¿Acaso la Comisión considera compatible con las reglas de competencia recogidas en el Tratado que el servicio de correos de un Estado miembro de destino facture al servicio de correos de otro Estado miembro de expedición el correo procedente de este último con una tarifa que cubra sus gastos de distribución bajo el control de la autoridad nacional de reglamentación? 
Señor Presidente, la resolución que he presentado junto a mi colega Michel Dary en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, procura aportar una corrección a los abusos perpetrados por algunos países miembros de la Unión Europea. 
En efecto, al beneficiarse de tarifas especialmente competitivas, algunos servicios de correos practican una competencia desleal, a base de fomentar el reenvío del correo y convirtiendo el correo nacional en correo internacional mediante la deslocalización de su depósito o de su fabricación en otros países. 
El mayor beneficiado de estos servicios de correos es el de los Países Bajos, KPN, que ha conseguido beneficios del orden de mil millones de dólares, gracias a esta actividad de reenvío. 
Esta práctica no respeta ni el espíritu ni la letra de la directiva aprobada el 1 de diciembre de 1997 y cuya estricta observancia de las reglas comunes sirve para permitir el desarrollo armonioso del servicio postal así como de su calidad. 
Por estos motivos, nuestra resolución invita a la Comisión a que investigue estas prácticas desleales y a sancionar a sus autores. 
Nosotros pedimos a la Comisión que supedite las ayudas a países terceros, en el marco de PHARE y TACIS, con vistas a reorganizar sus servicios postales, a la aprobación por parte de estos países de un sistema de gastos terminales acorde con las disposiciones de la directiva. 
Por último, a falta de acuerdos entre operadores sobre los gastos terminales, convendría que los Estados miembros estén en condiciones de autorizar a sus sociedades de servicio universal a facturar, sin plazos fijos, sus prestaciones para el tratamiento y la distribución del correo transfronterizo entrante, sobre la base de los costes reales. 
Junto al Sr. Donnay hemos presentado cuatro enmiendas a la resolución del PSE, del Sr. Simpson del PPE y, sobre todo, de los Verdes. 
Si obtienen una votación unánime, pensamos que tendremos más fuerza para resolver por fin este problema. 
Señor Presidente, la problemática en torno a los impuestos terminales para la distribución del correo internacional y nuestra Resolución reciente sobre la distribución del correo en los Estados miembros de la UE, además de la Unión Postal Universal como institución, todas ellas se basan en una idea de la distribución del correo bajo la forma de una empresa estatal en régimen de monopolio, una idea que cada vez está más desfasada. 
Los antiguos servicios postales están siendo reemplazados gradualmente por las firmas privadas, el correo electrónico y el fax. 
Coincidiendo con el Sr. Ferber, voy a darle una satisfacción al comisario Bangemann, elogiar su conocimiento de la problemática y destacar la necesidad de que prosiga en la lucha por un mercado de los servicios postales más liberalizado y neutral en términos de competencia. 
Mi colega de grupo, el Sr. Ferber, ha formulado una pregunta a todas luces importante e interesante sobre los impuestos terminales, por lo que no voy a insistir en este aspecto. 
La pregunta suplementaria que deseo formular se centra en la situación de las empresas privadas de servicios postales en relación con la futura legislación europea, algo que pienso que se ha tratado muy poco en el Parlamento Europeo. 
Me permito, en base a esto, hacerle la siguiente pregunta al comisario Bangemann: ¿Piensa que el sistema actual de impuestos terminales distorsiona de algún modo la competencia, afectando a las empresas privadas que distribuyen correo internacional? 
¿Cómo ve la situación de las empresas privadas de servicios postales y sus posibilidades de funcionar en el mercado europeo tras la reciente decisión que hemos adoptado, o mejor dicho, que ha adoptado la UE? 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas. El remailing es con toda seguridad una práctica competencial clasificable en la categoría de dumping. 
Es un hecho comprobado que, por regla general, para desembarazarse de una práctica de dumping no basta con reunir a los implicados y procurar que lleguen a un acuerdo entre caballeros, ya que éste no suele funcionar. 
Se necesita una reglamentación que margine la práctica de dumping. 
Para lograr una competencia leal se necesitan normas vinculantes, y esas normas tienen que ir en el mercado interior más allá de lo que han ido las que podríamos denominar antiguas reglas del convenio postal internacional. 
De ahí deriva la necesidad de una directiva. 
Hay una necesidad de regular. 
Señor Bangemann, me parece tranquilizador que diga que su comunicación sólo debería hacer la directiva comprensible y ayudar a su aplicación, pero entonces ¿por qué no se ha tomado a la directiva como base para clarificar la interpretación de las normas de competencia de este sector? 
Esto no me ha quedado claro en su respuesta. 
Señor Presidente, hace poco, el Consejo y el Parlamento adoptaron la imprudente decisión de aplazar la liberalización del correo transfronterizo, al menos, hasta el año 2003. 
Ahora que los servicios postales están exentos del requisito de trabajar eficazmente de acuerdo con las reglas del mercado, la legislación debe orientarse a la protección de los consumidores frente al abuso de poder de los servicios postales. 
La mayor parte de los servicios postales de la Unión Europea creen, sin duda, otra cosa. 
Bajo la presión de, sobre todo, los servicios postales alemán y francés, la norma originaria aplicable al correo transfronterizo, el llamado acuerdo Reims-I, se rompió y se negoció un nuevo acuerdo, el Reims-II. 
Contrariamente al primer acuerdo Reims, las tarifas para el correo transfronterizo suben sin que ello conlleve una mejora en la prestación del servicio. Porque, además, las tarifas que se fijan, se basan en las tarifas internas; 
Reims-II trabaja a favor de los servicios postales, ya que utiliza las tarifas internas más altas. Reims-II priva a los servicios postales del estímulo de trabajar respetando las reglas del mercado. 
Esto, en mi opinión, convierte el acuerdo en inaceptable. 
Mi simpatía recae sobre los cinco servicios postales que no quieren firmar Reims-II. 
No obstante, también existe en esta Casa una mayor preocupación por la posición monopolística de los servicios postales que por el consumidor. 
Así, el proyecto de resolución del PPE, PSE, liberales y verdes sugiere, ahora que Reims-II no ha sido firmado por todos los participantes, que los servicios postales puedan fijar las tarifas de acuerdo con sus costes. 
En el texto no encuentro exigencias mínimas respecto de la libre prestación de servicios. 
Asimismo, ignora que algunos servicios postales no conocen sus propios costes y, no digamos, la fijación de las tarifas exactas. 
Me gustaría pedir a la Comisión que no acepte Reims-II. Hasta la liberalización del correo transfronterizo, las tarifas deben fijarse conforme al primer acuerdo de Reims, ya que con arreglo a él, es necesario que el aumento de las tarifas se corresponda con una mejora de la prestación del servicio. 
Además de eso, las empresas situadas en otro Estado miembro, incluso los servicios postales, deberían lograr el mismo trato en tanto oferentes de grandes partidas de correo dentro de un Estado miembro. 
Solicito la opinión del Comisario sobre esto y le aseguro que, aquí, no todos somos duros de oído. 
Perdóneme, seor Comisario, por no dirigirme a usted en su lengua. 
No puedo hacerlo. 
No le sorprenderá que no comparta su opinión militante en favor de la continua reducción de los costes que, a mi modo de ver, tiene consecuencias dramáticas en el empleo y las condiciones de vida y no beneficia, en realidad, a los consumidores. 
Quisiera pedirle simplemente, seor Comisario, que tenga la bondad de pensar que, aun no siendo de su opinión, ˇsomos capaces de reflexionar! 
Señora Moreau, precisamente eso es lo que yo decía: primer hay que reflexionar, y, además, me parece bien que no comparta mi opinión... 
Estoy en contra de los monopolios, en general. 
No pido un monopolio para mis opiniones: está claro que estoy en contra de los monopolios, totalmente en contra, incluso cuando ello me perjudica. 
Señor Presidente, puedo decirle al Sr. van Dam que estoy completamente de acuerdo con él. 
Precisamente ahí reside el problema, a nosotros, la Comisión, no nos ha sido posible, eso también se lo puedo decir al Sr. Schmidbauer, dejar bien clara esa cuestión. 
No digo que siempre tengamos razón, pero en este caso no hemos esforzado verdaderamente y luchado con abnegación, en el Parlamento, en el Consejo, para que se encontrara un calendario preciso de liberalización, que hubiese sido más beneficioso y hubiese aportado más en favor de la competencia, que es precisamente lo que queremos, en definitiva, un servicio postal eficiente y competitivo. 
Pero esto no ha sido posible- no lo tengo que repetir ahora- porque aquello que lamentaba lo ha rechazado usted mismo, el Sr. Ferber lo así lo expresó. 
Sí, Sra. Schmidbauer, yo no olvido algo así. 
Pertenezco a esa clase de personas que reflexionan en qué se involucran y después de haberlo hecho también asumen sus responsabilidades. 
Usted no apoyó entonces aquellas enmiendas. Ahora dice usted que las hubiéramos necesitado. 
Por lo tanto ahí hay algo que no está bien, y eso no tiene mucho que ver con el correo del caracol, que es una imagen simpática. 
Precisamente ese es el problema, que actualmente, en muchos casos, tenemos el correo del caracol. 
Y con esto paso al mercado interior. 
Sr. Wolf le saludo en el campo de los defensores del mercado interior. 
En el que no se encuentra usted muy a menudo presente. 
Sí, en muchas ocasiones no ha estado presente, pero también está bien que haya venido. 
En un pecador arrepentido siempre hay más júbilo que en un creyente fiel. 
El problema es que el mercado interior, si lo tuviéramos, supondría introducir un instrumento contra las administraciones postales más perezosas. 
Porque está muy claro, por ejemplo, que el servicio postal holandés se ha salido del REIMS II. ¿Por qué? 
Sencillamente porque es competitivo. 
El remailing pasa esencialmente por Holanda. 
No nos queremos engañar al respecto. Además, no puede ser impedido por las reglas del mercado interior. 
Eso también lo quiero decir aquí. 
Ya que en virtud de las normas del mercado interior no puedo decirle a un empresario cual es el lugar donde debe instalarse, ni que actividades, dentro o fuera de su país, puede ejercer. ˇEso no se puede hacer! 
Si queremos aplicar las reglas del mercado interior pure et nature entonces llegaremos, si se quiere, a un credo competencial suplementario, que no nos va a aportar nada, porque gracias a su decisión, Sra. Schmidbauer, nos encontramos en una situación en la que los servicios reservados aun impiden que mucha gente compita. 
Pero la Comisión aun intenta desesperadamente sacar lo mejor de esta situación. 
Por eso le hemos dicho a la gente que nos propusiera algo, y eso es ahora REIMS II. Estamos haciendo pruebas. 
Si no funciona entonces hay que dejárselo a los Estados miembros. 
Porque la Comisión ha agotado ahí sus posibilidades. 
Los servicios reservados no nos permiten ya actuar en el sentido del control de la competencia. 
Y eso puede ser en muchos casos muy doloroso. En esa situación nos encontramos ahora. 
Pero como se ha dicho, la Comisión no quiere ahora devolver el dardo y decir ¿por qué lo habéis decidido todo así? y ˇdebéis ahora cargar con las consecuencias! 
Intentamos suavizar las consecuencias. 
Pero hay una cosa que no puedo permitir que quede así, en concreto que hemos sido nosotros los que actuamos demasiado lentamente. nos hemos esforzado en la medida de nuestras posibilidades. 
Primero tuvimos la mayoría en el Consejo. Luego la perdimos de repente porque un Estado miembro considera tan importante al correo que movió todos los resortes para cambiar la mayoría. 
En ese país se pueden reducir los recursos para el ejército, pero no para el correo. 
Aquí se comprueba lo dramático de la situación. 
De conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento he recibido tres propuestas de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles, a las 12 horas. 
Contratos de agua, energía, transportes y telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0398/97) del Sr. Langen, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, relativa al texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva 97 / /CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (C4-0619/97-95/0080 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, todavía hay aquí unos pocos colegas. 
Lo que se mantiene largo tiempo acaba haciéndose bueno. 
Duran dos años y medio hemos discutido acerca de la adaptación de las directivas europeas en el sector de la contratación pública al último acuerdo de la OCM, y ahora al final del procedimiento de conciliación hemos llegado a una regulación unánime. 
Quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido a esto, en especial, a nuestro colega, el Sr. Tappin, ha seguido y ha codecidido de manera constructiva este procedimiento. 
Poe esta razón, sólo quisiera mencionar esta noche las cosas esenciales. 
Podíamos haber tenido esto mucho más rápidamente, señor Comisario, si la Comisión o una parte de la Comisión hubiera sido algo flexible, pues desde el principio el Parlamento ha sido de la opinión de que la adaptación de las directivas al Acuerdo del Comercio Mundial sólo debe llegar hasta donde sea absolutamente necesario. 
Nosotros queríamos una revisión en puntos importantes, pues el primer proyecto fue rechazado totalmente con sólo un voto en contra- lo cual constituye un caso único en la historia del parlamento Europeo- pues la Comisión quería regular también asuntos que no están contenidos en el Acuerdo sobre el Comercio Mundial. 
Este fue el motivo del aplazamiento, del largo período de deliberaciones, y la Comisión en último término presentó luego una nueva propuesta. 
Aunque ésta no era completamente nueva estaba reelaborada en sus elementos esenciales, tal como lo había propuesto el Parlamento. 
Por consiguiente, hoy podemos apuntar en conjunto un éxito. 
Nos hemos puesto de acuerdo en una línea, y se han regulado de común acuerdo en gran medida las cosas más importantes que hasta el final eran todavía muy controvertidas. 
Quiero citar aquí, en especial, las regulaciones relativas al diálogo técnico, un tema que nos ha ocupado desde el principio hasta el final. 
La Comisión ha admitido al final- y también lo ha hecho el Consejo en el procedimiento de conciliación- que nos pongamos de acuerdo en una regulación razonable relativa al diálogo técnico, que el diálogo técnico, es decir, la deliberación previa a la adjudicación de los contratos, sea posible siempre que no se excluya expresamente la competencia. 
Esta solución hace posible ofertas globales tecnológicamente ambiciosas y con perspectivas de futuro, que probablemente sólo puedan ofrecer empresas concretas, por ejemplo en el sector de los transportes y de la energía, y por esta razón podemos estar satisfechos en conjunto. 
En definitiva, la Comisión ha correspondido a esta exigencia. 
Al final sólo hemos tenido una controvertida confrontación entre el parlamento, la Comisión y el Consejo, y ésta ha consistido acerca de hasta qué punto las exigencias de la llamada directiva de los sectores rigen por igual para los adjudicadores públicos y privados. 
Ahora bien, el tema ha sido objeto de largas y controvertidas confrontaciones en todos los niveles europeos de toma de decisiones y, a fin de cuentas, el Parlamento ha dado su conformidad, de suerte que podemos ponernos ahora de acuerdo en el procedimiento de conciliación con dos declaraciones adicionales que seguramente va a exponer enseguida el Comisario Bangemann. 
De las cinco recomendaciones del Parlamento Europeo se han aprobado dos, por un lado la enmienda relativa a las pequeñas y medianas empresas, un objetivo de nuestro colega, el Sr. Tappin, relativo al material de formación y de información, y la otra enmienda que posibilita el diálogo tecnológico, en la medida en que la competencia no sea excluida. 
Las enmiendas 3, 4, y 5 relativas a la diferenciación entre adjudicadores públicos y privados constituyen la base de un texto transaccional sobre el artículo 1 de la presente propuesta de directiva y de dos declaraciones que se publican en el Diario Oficial. 
Estas prescriben que la obligación de publicar las ventajas de la oferta exitosa y del nombre del ofertante exitoso no debe perjudicar los intereses comerciales de las empresas. Por consiguiente, debe permanecer garantizada la confidencialidad de las informaciones técnicas. 
El segundo punto consiste en la cuestión de hasta qué punto se reducen al mínimo los requisitos estadísticos. 
A esto ha dado también su conformidad la Comisión. 
Para terminar, quisiera dar también las gracias a todos los que han realizado un seguimiento constructivo y crítico de este debate, y podemos decir hoy- supongo que nuestro colega, el Sr. Tappin, apoyará también esto- que con esta propuesta se ha logrado en último término un compromiso razonable en el Comité de Conciliación- aunque después de mucho tiempo- que ha sido apoyado también por ambas partes. 
Podemos vivir bien con esto y satisface por entero nuestras exigencias al Tratado sobre Comercio Mundial, al anexo sobre adquisiciones gubernamentales. 
Con esto puede aprovecharse para nosotros y para otros un mercado de un volumen de 350.000 millones de ECUS. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, el Dr. Langen, por haber llevado el equipo de conciliación al éxito en la conclusión de su empeño. 
Siempre he pensado que las contratas públicas eran una especie de ejercicio de destripacorpiños, y por el número de personas que asisten a esta sesión veo que hay otros que piensan más o menos lo mismo. 
Todo el debate sobre la contratación pública ha quedado modificado fundamentalmente por los progresos que hemos conseguido desde que la Comisión presentó sus primeras propuestas al Parlamento. 
En aquellos tiempos, la discrepancia entre la posición del Parlamento y la del Consejo era fundamental. 
Me alegra que los acuerdos conseguidos por el Comité de Conciliación reflejen los principios que el Parlamento expresó en primera lectura y aprecio el hecho de que la Comisión se haya mostrado dispuesta a escuchar. 
Nuestro deseo consistía principalmente en instituir una nueva política de contratación pública para beneficio de las personas que representamos. 
Aunque como en el caso de todas las transacciones, el resultado final quizá no sea exactamente lo que queríamos obtener a título personal o como miembros de una comisión, creo que podemos decir que nadie lamentará los resultados. 
En ese informe nos hemos ocupado de las cuestiones más esenciales de la política de contratación pública: en primer lugar, la distinción entre el sector público y el sector privado; en segundo lugar, las cuestiones relativas al diálogo técnico, a que se ha referido el Sr. Langen; en tercer lugar, el suministro de información; y, finalmente, en cuarto lugar, la cuestión de la confidencialidad. 
En el próximo futuro volveremos a tener ante nosotros esas cuestiones. 
En primer lugar, cuando la Directiva 93/38 sobre servicios públicos se nos presente para examen el año que viene, pero también cuando recibamos la respuesta de la Comisión al Libro Verde que este Parlamento tendrá ante sí en la primera parte de 1998. 
Espero sinceramente que en el Parlamento sigamos trabajando tan eficazmente como lo hemos hecho en el caso del informe Langen, y que consigamos obtener resultados tan buenos. 
Espero también que la Comisión y el Consejo sigan tomando muy en serio lo que piensa el Parlamento acerca de los contratos públicos, especialmente cuando no estamos presentes para poder exponer nosotros mismos nuestras opiniones. 
En este caso me refiero concretamente a las negociaciones en el plano del acuerdo sobre contratación pública y de la OMC. 
Uno de los temas dominantes de este informe es la cuestión de la reciprocidad, de conseguir la igualdad operacional de condiciones y de mantenerla. 
Aunque el informe Langen trata de la contratación pública en el interior de la Unión Europea, todos han podido percibir con gran claridad, incluso los que estaban menos dispuestos a escuchar, que el ambiente mundial es tan importante para el comercio en la Unión Europea como la reglamentación interna. 
No se puede disociar el efecto que uno tiene sobre la competitividad del otro. 
Éste no es el momento de explayarnos sobre esas consideraciones, estoy seguro de que represento la opinión de muchos de mis colegas cuando digo que esperamos con interés la próxima ronda de debates, que revestirá la máxima importancia para establecer la transparencia y la responsabilidad, dos palabras fundamentales para el Parlamento cuando se trata de contratación pública. 
Si podemos conseguirlo, habremos progresado mucho hacia la instalación de un sistema de normas de contratación pública que esté en consonancia con los deseos manifestados en todas las partes de este informe y que permitirá que el usuario aproveche sus aptitudes comerciales sin verse obstaculizado por las cortapisas de la burocracia y de una legislación restrictiva. 
Ése ha sido nuestro objetivo. 
Si conseguimos todo lo que he indicado, tendremos más razón aún de estar orgullosos. 
Entretanto quiero expresar mi agradecimiento y felicitar en particular al Sr. Langen y a todos los demás colegas que tan activamente han intervenido en relación con este informe. 
Señor Presidente, Señorías, en el mes de junio de 1996 nuestra Asamblea rechazó por amplia mayoría el proyecto de directiva que liberalizaba el código de los mercados públicos propuesto por la Comisión, en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, pues lo consideraba demasiado liberal y además abría sin contrapartidas las puertas de Europa a las industrias norteamericanas. 
Evidentemente, ese texto favorecía demasiado a las empresas del otro lado del Atlántico y de haber sido aprobado tal cual, recordaré que habría sido aplicable directamente e inmediatamente sin control parlamentario en la mayoría de nuestros Estados, pues caía dentro del ámbito reglamentario. 
En aquel momento, el texto llevaba las cosas demasiado lejos, sobre todo, al destruir las concesiones públicas existentes en numerosas colectividades en los países de la Unión. 
También hay que recordar que el proyecto de directiva preveía que un Grupo- o una de sus filiales- encargado de estudiar la realización de un equipamiento, no podría ulteriormente participar en la licitación para su realización. 
En el momento oportuno, el Sr. Langen, y le damos las gracias por ello, desmontó punto por punto ese proyecto de directiva que entregaba sin reciprocidad el mercado europeo a las empresas extranjeras. 
Desde entonces ha llovido mucho y ahora debemos pronunciarnos sobre el informe de la delegación al Comité de Conciliación. 
(El Presidente invita al orador a que concluya) Necesito todavía un minuto, seor Presidente, porque creía que tenía dos minutos. 
No es así, entonces acabo. 
La lectura de las enmiendas y de estas dos declaraciones que se publicarán en el Diario Oficial, nos tranquilizan, seor Presidente, y nuestro Grupo prestará su total apoyo al informe de calidad del Sr. Langen. 
Lamento profundamente que no me haya concedido un minuto más, pues al haber ganado los dos minutos del Sr. Porto que no vendrá maana, creo que en esta ocasión podría haber mostrado algo más de amabilidad. 
Señor Presidente, creo que podré ser breve. 
Todos ustedes han oído ya que el Sr. Langen ha sido elogiado con razón. 
Algunas veces es elogiado sin razón, pero en este caso es realmente cierto que ha contribuido a lograr un compromiso muy razonable. 
Si la Comisión, al final, también lo ha hecho, esto muestra seguramente también que nosotros estamos dispuestos a conseguir un resultado en semejante procedimiento. 
Si al principio esto parece a veces otra cosa, se debe a que por diversas razones muchos de los más dispares servicios de la Comisión intentan, ante todo, lograr una posición ideal para la Comisión. 
Que a veces esto no es realizable lo sabemos también nosotros. 
Permítame darle las gracias una vez más, señor Langen, y en el futuro deseo al Parlamento en tales procedimientos de conciliación el mismo éxito que en éste. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera intervenir en relación con los comentarios que hizo ayer mi compañero el Sr. Hallam. 
Creo que no comprendió bien y la pregunta que quiso formular era: ¿puede el Parlamento, a la luz de los recientes informes publicados en la prensa, dirigirse a la Comisión y preguntarle si hay algo de verdad en el hecho de que las compañías estadounidenses están haciendo una fuerte presión para relajar la legislación respecto a los organismos genéticamente modificados y los alimentos genéticamente procesados? 
¿Podríamos averiguar con la Comisión si esto es verdad? 
Señor Thomas, estamos en la aprobación del Acta. 
No vamos a volver al debate de ayer. 
Que las cosas queden muy claras. 
Si hay palabras que no se han reflejado correctamente en el Acta, por supuesto, las rectificaremos. 
No he visto mi nombre en la lista de asistencia de ayer, pero yo estaba presente. 
Por tanto, agradecería que constase en acta mi presencia ayer, aunque no figure como tal en la lista de asistencia. 
Muy bien, señor Lindqvist, así lo haremos. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, está terminando por resultar penoso e incluso se me va haciendo cargante, tener que recordar cada cuatro semanas que estoy esperando desde hace más de medio año la respuesta de la Presidencia a la cuestión de cómo puede ser posible que el Consejo de la Presidencia en Zimbaue haya dicho que no ha tenido noticia de una resolución del Parlamento en el debate de urgencia. 
Desde Septiembre sigo las noticias acerca de cómo algo así puede ocurrir. 
¿Qué pasa con nuestras resoluciones y por qué puede decir el Consejo de la Presidencia que no tiene noticia de resoluciones que están a la vista? 
Por lo que quisiera pedir que esta vez se me de por fin una respuesta para que no tenga que empezar cada sesión volviendo a dar vueltas al mismo ruego. 
Tomamos nota de su declaración y de su deseo. 
¿Hay alguna otra observación? 
Señora, le hablaré en francés para que sea más fácil para usted, ya que ha intervenido en este idioma. 
El 22 de octubre escribí una carta, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 28 del Reglamento, para preguntar a la Presidencia de la Mesa por qué razón se ha puesto un coche a disposición del ex presidente, señor Hänsch, y por qué razón continúa disfrutando de los mismos privilegios que cuando era presidente. 
He pedido solamente que se me diera una respuesta sobre los precedentes existentes y sobre el coste de todo esto. 
Además, en este momento vivimos en una atmósfera agobiante en la que se pretende controlar hasta los mínimos movimientos. 
No quisiera que la Mesa se transformara en Politburo, que no rinde cuentas a esta Asamblea. 
Esto es, señora. 
Quisiera una respuesta. 
Señor Fernandes, he comprendido muy bien su pregunta en mi idioma, aunque también hubiera podido hacerlo en el suyo. 
Dicho esto, la Mesa, efectivamente, ha estudiado la forma de tratar con un máximo de dignidad a aquellos de nosotros que han sido presidentes y que aún son, por supuesto, diputados en funciones. 
Puede usted imaginar que, tras dos años y medio de presidencia, estos colegas reciben numerosas peticiones, muchas visitas, muchas solicitudes, y nosotros hemos adoptado disposiciones muy mesuradas, que siguen siendo totalmente razonables, y que yo le pido observe con mucha precisión para ver que no hay en ello nada de exagerado. 
Ésta es la razón por la que la Mesa ha adoptado estas disposiciones, que afectan a una serie de colegas nuestros y que, evidentemente, no tienen razón de ser cuando éstos abandonan el Parlamento. 
Pero yo le aseguro que no hay en ello nada de exagerado. 
No estoy segura de que usted se haya informado con precisión porque, también en ese aspecto, se han oído muchas cosas. 
Ocurre lo mismo que con la famosa historia de los medios de comunicación, de las televisiones y de los fotógrafos. 
Se han dicho cosas inexactas. 
Yo le invito, pues, a leer lo que se ha decidido. 
Esto es sencillamente lo que deseaba decirle. 
Personalmente soy solidaria con la decisión que se ha tomado. 
Señora Presidenta, quisiera creerle sinceramente, y le creo. 
Por eso querría que usted me dijera cuál de los predecesores de nuestro colega, el Sr. Hänsch, ha formulado la misma petición del mismo privilegio 
No comprendo. 
Los señores Barón Crespo, Plumb y Dankert son también antiguos presidentes de este Parlamento. 
Si las disposiciones no se han aplicado correctamente, puede usted, efectivamente, someter la cuestión a la Mesa. 
Realmente no comprendo. 
Se han adoptado una serie de disposiciones que afectan a todos los antiguos presidentes. 
Voy a dar la palabra al Sr. Hänsch por alusiones personales. 
Esto me parece un detalle sin importancia. 
Señora Presidenta, no me he pronunciado sobre el caso Hänsch. 
Yo hice una pregunta precisa y usted no la ha entendido. 
Le pedí que me dijera quién entre los antecesores y antecesoras del Sr. Hänsch ha expresado el mismo deseo a los cuestores de que se ponga a su disposición un coche oficial para futuros meses o años, nada más y nada menos. 
Si esto lo ha hecho el Sr. Barón Crespo, o si los ha hecho el Sr. Plumb, o quien sea, es lo que yo he preguntado. 
No he preguntado absolutamente nada acerca del Sr. Hänsch. 
Quisiera saber quién, además del Sr. Hänsch, ha expresado antes esta petición a los cuestores. 
Me gustaría recibir una respuesta. 
Señora Pack, yo había entendido que hablaba usted del Sr. Hänsch, pero ni siquiera sabía que la solicitud venía del propio Sr. Hänsch. 
La Mesa se ha encontrado frente a una propuesta del Secretario General sin que supiéramos si... 
La Mesa del 5 de noviembre de 1997 aprobó los puntos siguientes: Despachos con categoría equivalente a la de los presidentes de comisión o delegación, concesión de una asistencia de secretaría durante dos años y medio, vehículo oficial con conductor durante los tres primeros meses, posteriormente un acceso prioritario al servicio de conductores para que los presidentes salientes puedan satisfacer sus compromisos fuera de los lugares habituales de trabajo durante los nueve meses siguientes. 
Éstos son exactamente los términos de la decisión de la Mesa. 
Creo que era importante precisarlo porque podría parecer que muchos colegas- algo muy normal- no los conocían con exactitud. 
Les recuerdo que la propuesta no ha sido formulada por una persona determinada. 
La propuso el Secretario General del Parlamento Europeo y afecta a todos los antiguos presidentes, e incluso el Presidente del Parlamento ha tenido la delicadeza de decir que fuera la Sra. Fontaine quien presidiera esta parte de la reunión de la Mesa, ya que esto le afectará cuando ya no sea presidente. 
La solicitud no procedía de tal o cual diputado, surgió de forma natural y se aprobó en todos sus extremos. 
Nosotros no planteamos un debate sobre este tema, pero he considerado que los colegas debían ser informados perfectamente del contexto en el que se hizo todo esto. 
Señora Presidenta, la decisión tomada por el Consejo de Dirección servirá para el futuro. 
Eso quiere decir entonces que en el futuro cada presidente de esta Cámara podrá disponer de estas facilidades durante los tres meses posteriores al fin de su mandato. 
Eso me parece razonable, también me parece que va en interés de toda esta Cámara. 
Y si se me permite, Presidenta, añadiré que estoy convencido de que el Sr. Hänsch ha sido uno de los mejores presidentes que jamás ha tenido este Parlamento y que estoy orgulloso de que pueda aún seguir desempeñando sus funciones tres meses después de su mandato. 
Señora Presidenta, en primer lugar: el acta de la Mesa llega a todos los miembros. 
Por ello cualquiera de los miembros, con sólo tener ojos y oídos, puede consultar lo que la Mesa haya determinado en esa cuestión. 
No se trata pues de nada sorprendente. 
En segundo lugar, se trata de una determinación general que concierne a todos los presidentes de esta Asamblea. 
En tercer lugar, por retomar un poco, señora Pack, lo de las rarezas: lo que aquí se practica compete a todos los Presidentes de los 15 Parlamentos nacionales. 
En cuarto lugar, este Parlamento no debería empequeñecerse más de lo que es. 
Debería estar orgulloso de que Presidentes de este Parlamento puedan pronunciar discursos en otros países miembros y puedan aparecer como representantes del interés de esta Asamblea y no del de un grupo político. 
Por eso me resulta, en quinto lugar, vergonzante el modo en que aquí se ha llevado un debate sobre el Presidente, el cual ha representado esta Asamblea de un modo en que no lo han hecho muchos otros presidentes. 
Muchas gracias, señor Samland, creo que ha reflejado muy bien los sentimientos de la Mesa al adoptar esta decisión. 
Señora Presidenta, para una cuestión de orden. 
He presentado dos preguntas sobre la construcción de edificios en Bruselas y Estrasburgo, una dirigida a la Comisión y otra al Consejo de Ministros. 
Había formulado preguntas con anterioridad, pero nunca he recibido una carta explicando que no pueden presentarse. 
No obstante, esta vez he recibido un comunicado donde se responde a mis preguntas argumentando que no están permitidas de conformidad con el artículo 41.1. 
Tengo una pregunta que hacerle en sus funciones de Presidenta. 
Dado que mis preguntas iban dirigidas al Presidente del Parlamento, desearía saber quién decide si pueden o no presentarse las preguntas al Parlamento. 
¿Es usted, la Mesa, o los diputados quienes deciden? 
No veo que mis preguntas figuren en el cuestionario, ni la que iba dirigida a la Comisión ni la del Consejo. 
Considero que las preguntas sobre los edificios de Bruselas y de Estrasburgo nos afectan en sumo grado a nosotros y a nuestro electorado, que es quien las formula. 
Solicito respuesta sobre la identidad de las personas que deciden si se puede o no presentar una pregunta. 
La respuesta es clara: es el Presidente del Parlamento quien decide sobre la admisibilidad de esas preguntas. 
En realidad, sus preguntas estaban dirigidas al Consejo y a la Comisión, y deberían haberse planteado de conformidad con el artículo 28, pero es totalmente posible que vuelva usted a plantearlas de acuerdo con el artículo correspondiente del Reglamento y, en ese momento, por supuesto, se le contestará. 
Señora Presidenta, yo también formulé una pregunta al Presidente acerca del coste del sistema informático en Bruselas. 
Me cabe esperar que no voy a recibir una respuesta debido a que no puedo recibirla de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 del Reglamento mencionado por el Sr. Lindqvist. 
Cuando los diputados formulan una pregunta al Presidente, tienen derecho a recibir una respuesta y el Reglamento no debe utilizarse para evitar esa respuesta. 
Debemos obtener una respuesta de por qué tenemos en Bruselas un sistema informático que no puede utilizar lectores de discos compactos y sobre los cuales el principal contratista tiene un derecho de tres años, lo que nos impide utilizar los ordenadores con fines adaptados al usuario. 
Es preciso responder a estas preguntas. 
Los electores de nuestra circunscripción lo exigen. 
Señor Falconer, parece que si plantea su pregunta de acuerdo con el artículo 28, se le contestará. 
Señora Presidenta, no voy a volver al asunto que he planteado aquí. 
Si los Cuestores comparecen ante esta Asamblea, sabremos cómo fueron las cosas en realidad, sabremos la verdad. 
Quiero simplemente decir que el día 20 de octubre formulé una pregunta escrita a la Comisión con carácter prioritario. 
Dicha pregunta ponía en tela de juicio la desastrosa política agraria que se ha aplicado en mi país con los Fondos estructurales. 
Sé que aún no ha llegado y el Secretario General de este Parlamento me informó de que debería haber estado aquí ya el 19 de noviembre. 
Siempre he denunciado la omertà entre la Comisión y los países miembros. 
Se encubren unos a otros. 
Por eso, no me llegó la respuesta. 
Es una respuesta a la que tengo derecho y a la que tienen derecho los ciudadanos portugueses. 
La pregunta lleva el nº 3479/97 y fue presentada el día 20 de octubre. 
Sé que el Comisario Deus Pinheiro- es decir, la voz de mando- ha intentado impedir que salga la respuesta. 
Si esto es un procedimiento admisible en una democracia, entonces, señora Presidenta, prefiero vivir en un Estado totalitario. 
Ya viví en una dictadura y, desde luego, no empleaba procedimientos como los que aquí se emplean muchas veces. 
Señor Rosado Fernandes, no he oído el final de su intervención. 
Me limitaré a la primera parte y le diré que vamos a hacer las verificaciones oportunas y a actuar de forma que reciba usted una respuesta a la pregunta que ha planteado. 
Señora Presidenta, la última afirmación del Sr. Rosado me parece insultante para las democracias. 
Yo he tenido la desgracia de vivir bajo una dictadura y los procedimientos de la dictadura son muy distintos de los que adopta este Parlamento. 
Le pido al Sr. Rosado Fernandes que rectifique sus palabras en defensa de las instituciones democráticas y de este Parlamento. 
Ésta es la razón por la cual, señor Medina Ortega, he preferido no haberlo oído. 
Proyecto de presupuesto general 1998 
Señora Pesidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas. tras la segunda lectura del presupuesto por el Consejo y la segunda lectura también en la Comisión de Presupuestos la semana pasada hay una propuesta sobre la mesa sobre la que el jueves debe tomarse una resolución. 
Ante el hecho de que tantos colegas han abandonado la Asamblea, entiendo que se trata de una buena propuesta, pues no parece haber apenas necesidad de discutirla. 
¿Pero qué pasa en concreto con esto? 
Como Parlamento Europeo hemos indicado desde el principio que estamos dispuestos por voluntad propia a respetar los Acuerdos de Edimburgo, especialmente en materia de Fondos estructurales. 
Hemos dejado claro desde el principio que no nos declaramos de acuerdo con la postura del Consejo «Economía y Finanzas» de aspirar a un crecimiento cero, porque en las acuerdos de Edimburgo esto no parecía muy realista. 
El Parlamento Europeo se mostró abierto a un crecimiento moderado del presupuesto que esté acorde con la realidad europea y que refleje las aspiraciones de los Estados miembros en sus presupuestos nacionales. 
Nuestra condición para ello era efectuar una carga equilibrada en todos los capítulos de gasto del presupuesto, y naturalmente mantuvimos también la aspiración de imponer y realizar nuestras prioridades políticas. 
Quisiera repetir otra vez esas prioridades tal y como fueron adoptadas en Marzo. Lucha contra el desempleo, aprovechamiento del potencial de las pequeñas, medianas y mínimas empresas, la preparación del proceso de ampliación al centro y este de Europa así como la subvención de programas de juventud, de formación y culturales. 
A la cuestión de la iniciación del proceso de preparación hemos determinado, por lo que concierne a la Comisión, una reserva de 20 puestos A para indicar con una señal política que las negociaciones para la adhesión deben empezar en 1998. 
Esa reserva- quisiera proponer esto a la Asamblea- no será mantenida en principio por más tiempo, puesto que el pasado fin de semana el Consejo ha encargado definitivamente a la Comisión que inicie la preparación de las negociaciones de adhesión. 
Creo que con ello se ha dado satisfacción a la intención política relacionada con esa reserva. 
Había algo que estaba fuera de discusión desde el principio, que es la repetición de aquello que habíamos encontrado el año anterior por parte del Consejo, a saber: el recorte de los pagos en los Fondos estructurales. 
A eso hemos nos hemos negado desde el principio hasta el final. 
En este sentido hemos sido fieles a los acuerdos. 
Expresamente quisiera destacar el éxito que tuvimos en el procedimiento para el presupuesto de 1998 en materia agraria. 
No sólo que en la Asamblea, ha mejorado notablemente y se ha vuelto constructiva entre nosotros, en la Asamblea, la relación entre «presupuestistas» y «agraristas» , ahora hemos desarrollado también un método en el procedimiento presupuestario que hay que continuar. 
Estamos ahora en disposición, según los últimos datos, de adaptar el Anteproyecto de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a las circunstancias reales del año, y de hacer con ello no sólo una política presupuestaria sensata, sino de facilitarles además posibilidades de ahorro a los Estados miembros. 
Las ayudas a los implicados, esto es, a los propietarios agrícolas, permanecen sin embargo como estaban; sólo las estimaciones demasiado elevadas del presupuesto de agricultura, que, por lo demás, se han dado cada año, han sido reducidas al mínimo en el presupuesto para 1998. 
En el terreno de la agricultura hemos tenido además otros éxitos. 
Hemos conseguido por primera vez un derecho de cogestión frente al Consejo en materia de agricultura, y el Consejo ha tomado en cuenta algunas enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la segunda lectura del Consejo. 
Es un éxito de nuestras negociaciones. 
Hemos logrado una nueva nomenclatura en una cierta parte de los gastos agrícolas. 
Tenemos además una reserva de 200 millones de ecus en los que no sólo podemos ejercer la cogestión, sino que debemos hacerlo. 
Es lo que prescriben los procedimientos. 
Con ello tenemos también un derecho de cogestión en el terreno de los gastos obligatorios. 
Desde un principio dijimos: si la Comisión presenta su escrito de rectificación, por favor que no sea una corrección a base de recortes lineales. 
La Comisión se hizo eco de ello, y el Consejo así como el Parlamento han apoyado ese planteamiento. 
Hemos presentado en Junio y Julio de este año- y ya ha caído casi en el olvido- una propuesta para la Cumbre sobre el Empleo de Luxemburgo. En ella se trataba de crear puestos de trabajo para pequeñas y medianas empresas, y darles estímulos para que creasen otros puestos de trabajo. 
Las decisiones son conocidas. 
Ahora se trata de que se empiece lo más rápidamente posible con la realización de las resoluciones de Luxemburgo, y que la Comisión presente lo antes posible, al comienzo del próximo año, una propuesta aceptable para un fundamento jurídico, pues sólo podremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas si hay un fundamento jurídico para esos gastos. 
Quisiera recordar que por vez primera el Parlamento Europeo ha logrado empezar antes que el Consejo con una iniciativa propia, y que el Parlamento Europeo a diferencia también del Consejo- con ello no se alude a la Presidencia actual del Consejo, sino el Consejo por ejemplo en el tema de Yugoslavia o del MEDA- no sólo ha formulado una propuesta, sino que también ha dicho que encontrará el dinero y ello sin que suponga una carga para otros ámbitos políticos. 
También hemos impuesto nuestras prioridades en el terreno de la formación y la cultura. 
Hemos logrado para SOCRATES en la concertación con el Consejo, y esto es particularmente satisfactorio, un resultado que contiene que ya para comienzos de 1998 serán habilitados para los estudiantes y los jóvenes los recursos económicos adicionales por valor de 35 millones para el año 1998 y 35 millones para el 1999. 
Este es un resultado, que también se ha podido introducir por vez primera, en concreto, que nosotros hayamos conseguido en un procedimiento de conciliación una cifra superior a la de la propuesta inicial de la Comisión. 
Esto no se había dado hasta ahora en el transcurso de un procedimiento de conciliación. 
Además hemos restablecido también- y me estoy refiriendo con ello a mi afirmación anterior sobre la MEDA y Yugoslavia- el equilibrio en la política exterior, favoreciendo las prioridades de los países en desarrollo y de Latinoamérica. 
También ponemos una propuesta sobre la mesa en la que queda un margen de 800 millones de ecus, dinero que no ha sido gastado, aunque habría sido posible hacerlo. 
Junto con los recortes en los pagos, éste es un resultado que cada diputado europeo puede presentar en su país. 
Este presupuesto para 1998 es más realista que nunca, de suerte que se pone fin al cuento de que en Europa sólo se dilapida el dinero. 
Sé que hay colegas en esta Asamblea, aunque son sólo unos pocos, que no comparten esta opinión. 
Sin embargo, su mismo argumento de que en este año no hemos logrado otra cosa sino que se haya llevado a la práctica por primera vez el Acuerdo Interinstitucional, es para mí un éxito notable desde una perspectiva institucional. 
Antes de la primera lectura, señor Presidente del Consejo, le dije que ustedes no tenían aún el presupuesto en el bolsillo. 
Y en su momento le recordé que exactamente en la última Presidencia luxemburguesa el procedimiento presupuestario no había dado ningún resultado. 
Esta vez debo confesar sin más que usted ha sido un socio leal. 
En definitiva, este presupuesto no deja de ser también un logro personal suyo, del Consejo. 
Usted ha puesto muy alto el listón para el futuro, y desearía que las futuras Presidencias pasasen también el testigo que usted ha dejado a los que vienen detrás. 
A pesar de la satisfacción, hay, naturalmente, puntos en la lista de deseos que me gustaría ver realizados en 1998. 
Por ejemplo, no hemos dado, en principio, ningún paso decisivo en materia de los fundamentos jurídicos. 
Los signos apuntan, en principio, en la dirección correcta. 
Con el planteamiento del presupuesto de este año se ha colocado también aquí, en mi opinión, un fundamento sustancial, para que en las próximas deliberaciones próximas podamos dar también un paso adelante en el tema de los fundamentos jurídicos. 
Además, en el ámbito de la pesca- y también lo lamento un poco personalmente- no hemos conseguido el auténtico despegue. 
Estuvimos cerca de un acuerdo con los Países Bajos, pero la Comisión, que también tiene su palabrita que decir, no jugó acertadamente en ese caso. 
Y por tanto no estamos satisfechos al cien por cien en materia de pesca. 
Creo no obstante, que el presupuesto para 1998, que pasará a votación el jueves, es una buena propuesta. 
Me gustaría que británicos y austríacos, el próximo año, retomasen la propuesta en este sentido. 
Por mi parte, en cuanto ponente de la Asamblea, quisiera pasar el testigo para el presupuesto de 1999 a mi sucesora Barbara Dhürkop. 
Quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, tanto a la Presidencia del Consejo como a la Comisión y a los colegas y colaboradores del Parlamento que han participado en la preparación del presupuesto para 1998. 
Señora Presidenta, en comparación con la del Sr. Tillich, mi tarea resulta relativamente sencilla debido a que este año, por primera vez, todas las enmiendas adoptadas por el Parlamento en primera lectura, salvo una pequeña excepción, han sido aprobadas por el Consejo. 
Se trata de un acontecimiento raro y demuestra que hemos mostrado el mismo nivel de prudencia financiera que el Consejo ha intentado aplicar a otras áreas del presupuesto. 
Lo menciono porque es un ejemplo. 
El reconocimiento de nuestra prudencia financiera es algo que podrían aprender algunos de nuestros compañeros que se quejan con ligereza del despilfarro, pero no participan en ninguno de nuestros debates para controlarlo. 
En relación con las demás instituciones, incluida la nuestra, no ha habido enmiendas a nuestro presupuesto por parte del Consejo. 
Se respetó el límite máximo del 20 % de los créditos correspondientes a la rúbrica 5, como siempre dijimos que haríamos a pesar del coste de los nuevos edificios, lo cual todos los miembros de esta Asamblea saben que no fue necesariamente nuestra elección, pero que se nos impuso debido a las decisiones tomadas en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en Edimburgo y, posteriormente, en Amsterdam. 
Hemos hecho todo esto y al mismo tiempo hemos mantenido, en la rúbrica 5, un margen de 187 millones de ecus. 
SE trata de un resultado sumamente satisfactorio. 
No obstante, se plantea un problema relativamente menor que atañe a las enmiendas de los ingresos que figuran en los apartados 24 y 25 de nuestro informe. 
Durante el proceso de concertación dije el Consejo que yo realmente pensaba que ninguno de los miembros del Consejo entendía los detalles de lo que estábamos haciendo, y se demostró que era verdad. 
Lo que estábamos haciendo era sencillamente consignar comentarios en el presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento financiero. 
Se trata de comentarios sobre la línea de ingresos del presupuesto destinados a dar un máximo de claridad y transparencia. 
Estos comentarios ya han sido incluidos por el Tribunal de Cuentas en los comentarios a su presupuesto y nuestra intención era conseguir normalizar la interpretación del apartado 2 del artículo 20 a nivel interinstitucional. 
Por una razón teológica que yo no entiendo totalmente, y sospecho que la mayoría de los miembros del Consejo tampoco, se mostró reticencia a aceptar nuestras enmiendas. 
No obstante, las hemos incorporado de nuevo. 
Esperamos que el Consejo se dé cuenta de que son sensatas, las acepte e incluso vaya aún más lejos decidiendo que el año próximo, en lugar de dejar gran parte de nuestros debates para el último momento, participe en un diálogo inteligente con el Parlamento para discutir el tema de los ingresos del presupuesto. 
Este año, hemos tenido una importante restricción de gastos- a veces una restricción perjudicial de los gastos- sin haber mantenido un diálogo inteligente sobre los despilfarros que tienen lugar por no disponer plenamente de los recursos propios y otros ingresos incluidos en el presupuesto. 
Cada ecu extraordinario que entra en el presupuesto vale tanto como un ecu ahorrado en la línea de ingresos. 
Sin embargo, cuando vemos los despilfarros en materia de recursos propios, en la recaudación de los recursos propios tradicionales, el fraude en los acuerdos comerciales preferenciales, la incapacidad para recaudar adecuadamente los impuestos sobre consumos específicos y el IVA, así como toda la cuestión del fraude al régimen de tránsito comunitario, para el que este Parlamento cuenta con una Comisión temporal de investigación, podemos ver la pérdida masiva de ingresos potenciales que hubiese sido posible incluir en el presupuesto europeo sin incrementar la movilización de recursos propios. 
Así, esperamos que el Consejo inicie un proceso de diálogo racional con nosotros sobre los ingresos y que, en lugar de celebrar esta reunión de concertación en el último momento, quizás podamos entablar a principios del año próximo un diálogo inteligente con la Presidencia británica conjuntamente con Luxemburgo y Austria, con el fin de que podamos analizar de lleno todos estos aspectos. 
Otro apartado del informe sobre el que quería llamar la atención de la Asamblea es el apartado 26. 
Algunos miembros de esta Asamblea manifestaron su preocupación debido a que, en virtud de la decisión del Tribunal de Justicia, no obtuvimos los créditos necesarios para el decimosegundo período parcial de sesiones en la línea presupuestaria; se quedaron totalmente en reserva. 
El apartado 26 pide claramente a la administración que haga la transferencia correspondiente para el decimosegundo período parcial de sesiones en Estrasburgo y señala que hay métodos adecuados y fáciles para financiarlo. 
Con estas palabras, quisiera, al igual que el Sr. Tillich, agradecer a todos los miembros, la administración del Parlamento, la Comisión de Presupuestos así como a la Comisión y al Consejo por su cooperación en lo relativo al presupuesto. 
Espero que esta cooperación siga manifestándose con la aceptación de nuestras pequeñas enmiendas en materia de ingresos y que, el año próximo, se dé pauta a un debate racional sobre los ingresos el próximo año. 
Señora Presidenta, con el presupuesto CECA tenemos que tratar de un informe tradicional que ahora no tiene gran interés, considerado un poco como vestigio de una época lejana y superada y que, en las últimas semanas, ha provocado una sorprendente conmoción por la posición de la Comisión de Presupuestos. 
Antes de darles cuenta de ésta, quisiera citar- una vez no hace hábito- un texto un poco antiguo sin duda, pero que me parece tiene alguna virtud. 
Este texto es el siguiente: » Es el interés común el que crea la solidaridad. Permite soluciones nuevas, que no eran posibles bajo formas nacionales. 
La realización financiera de esta solidaridad es la exacción instituida por el Tratado y que la percibe la Alta Autoridad sobre la totalidad de la producción de carbón y acero de nuestros seis países. 
Esta exacción permite garantizar la mano de obra contra los riesgos que hasta el presente han pesado sobre ella y que han supuesto un obstáculo para los progresos necesarios. 
Efectivamente, permite financiar un fondo de readaptación mediante el cual los trabajadores que se ven obligados a cambiar de empleo disfrutan de indemnizaciones que contribuyen enormemente a suprimir la inquietud por el futuro». 
Y la misma persona declaraba también: » El mercado ampliado, en el que el productor se encuentra sometido a la competencia de un mayor número y diversidad de empresas, en el que el consumidor sabe que puede contar con una amplia gama de proveedores, modifica la actitud de unos y otros mediante las variaciones de la coyuntura». 
Estas frases fueron pronunciadas aquí mismo, en Estrasburgo, el 20 de mayo de 1954. 
Creo que no les sorprenderá si les digo que fue Jean Monnet quien las pronunció, en un momento en que la construcción de Europa era una cuestión de futuro y aún no había sido sepultada por el peso de la tecnoestructura. 
El informe de la Comisión sobre el presupuesto de la CECA para 1998 nos propone enterrar la exacción en la clandestinidad suprimiéndola cinco años antes del plazo del 2002, bajo el pretexto de que la CECA no concede créditos desde el 23 del pasado mes de julio. 
Vaya, vaya. 
Esta decisión no es adecuada. 
No respeta el espíritu de los fundadores ya que no se había previsto la exacción para servir como contrapartida a cualquier cosa, sino como un sistema de compensación a favor del empleo. 
Por ello pedimos que se mantenga, pero que los fondos se dediquen al empleo en los sectores del carbón y del acero, a la investigación y a la innovación, en beneficio de los jóvenes empresarios e investigadores dinámicos, que piensan que el sector no está definitivamente esclerotizado. 
Sería preciso asignar créditos al Banco Europeo de Inversiones, que concedería préstamos a tipo bonificado a PYMES que crearían empleo. 
En 1998, este sector perderá 28.000 empleos. 
No se puede esperar de los diputados europeos, enfrentados en sus países al drama de las familias afectadas duramente por el desempleo, que acepten con alegría la desaparición al mismo tiempo de 28.000 empleos y de una fuente de financiación que podría al menos crear algunos. 
Es posible, señor Liikanen, que la DG XIX se haya convertido en una isla que gestiona una prosperidad poco frecuente en Europa, como el tesoro de la CECA que es, recuerdo, de 1.200 millones de ecus. 
El informe relativo a la utilización de estos fondos nos permitirá una discusión interesante, que prolongará sin duda su informe para 1998, esperando que ustedes examinen en el día de hoy las propuestas de la Comisión de Presupuestos, siendo muy consciente de que por encima del desafío financiero, se trata de un verdadero problema de filosofía política que motiva la oposición de la mayoría de la Comisión de Presupuestos a la propuesta de supresión de la exacción que ha formulado usted. 
Soy perfectamente consciente de que la última palabra la tienen ustedes, pero creo que se equivocarían si subestimaran esta cuestión. 
Naturalmente, mi grupo apoya el informe que tengo el honor de presentar en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
De acuerdo con el servicio de la sesión, aprovecho para enlazar con la posición de nuestro grupo sobre el informe de nuestros colegas Tillich y Tomlinson. 
Si compartimos ampliamente las conclusiones del diálogo tripartito, sobre todo en lo que respecta a los fondos estructurales para los cuales la Comisión de Presupuestos no ha aceptado que disminuyan en 1998, penúltimo año de las perspectivas financieras del acuerdo de Edimburgo, no podemos, por el contrario, aceptar una reducción de 550 millones de ecus sobre los gastos obligatorios, y sobre todo la reducción determinada de 250 millones de ecus: 100 millones para el régimen agromonetario, 100 millones para las medidas de apoyo al sector de la carne de vacuno y 50 millones de ecus para la peste porcina. 
Creo que el Parlamento Europeo, al aceptar comprometerse en un proceso de codecisión larvado, como nuestro colega Tillich ha demostrado hace unos momentos, está equivocado. 
Hay gastos obligatorios, para los cuales la última palabra corresponde al Consejo, y hay gastos no obligatorios para los cuales es el Parlamento quien tiene la última palabra. 
Comprometerse en gastos sobre los que no tenemos la última palabra, en un proceso de codecisión que nos cuesta, al fin y al cabo, 500 millones de ecus, no es aceptable para nuestro grupo y ésta es la razón por la que nos abstendremos cuando se someta a votación el capítulo relativo a los gastos agrícolas. 
Por lo demás, y sobre todo por lo que respecta a las reducciones relativas a las políticas internas y a las acciones exteriores, somos totalmente conscientes de que se trataba de arrojar algo sobre, diría yo, el altar de la moneda única, a pesar del esfuerzo que este Parlamento hizo ya en 1996 para 1997. 
No obstante, repito, estamos satisfechos del acuerdo sobre los fondos estructurales, ya que tenemos un acuerdo sobre el programa PEACE para Irlanda del Norte- mi colega irlandés, que hablará más tarde, es mucho más competente que yo para hacerloy nosotros nos alegramos también- repito- de que a favor del empleo haya a pesar de todo, aunque la iniciativa que hemos tomado para la CECA no se haya aceptado, 150 millones de ecus en 1998 y 450 millones en total para los tres ejercicios, que permiten financiar las decisiones tomadas en Luxemburgo. 
Quisiera concluir, señora Presidenta, dando las gracias a la Presidencia luxemburguesa del Consejo, porque creo que este año hemos tenido con ella un diálogo mucho mejor que en los años precedentes con otras, y que todas estas discusiones han sido extremadamente fructíferas, al ponerlo todo sobre la mesa. 
Quisiera dar también las gracias sinceramente a nuestro colega Tillich, por la amabilidad de que ha hecho gala con respecto a la totalidad de los miembros de la Comisión de Presupuestos, así como al Presidente Samland y Tomlinson, por el trabajo que han realizado en el seno de la Comisión de Presupuestos. 
Señora Presidenta, todas las intervenciones que he realizado este año sobre los presupuestos de 1998 han empezado con la oración: puedo alegrarme de la excelente colaboración con la Comisión de Presupuestos. Afortunadamente, puedo mantenerla hasta el final. 
Por eso quisiera agradecer al Sr. Tillich y al Sr. Samland en sus respectivas funciones. También quisiera incluir en este agradecimiento a la presidencia del Consejo, representada al principio de este año por los Países Bajos y seguidamente por Luxemburgo. 
El presupuesto de agricultura este año es único, porque si podemos fiarnos de las últimas estimaciones de la Comisión, comprobamos que es un presupuesto demasiado bajo. 
La Comisión de Agricultura lo ha aceptado a pesar de todo y lo ha aceptado porque también es consciente del ahorro que debe llevarse a cabo en toda Europa en relación con la introducción del euro. 
Por lo tanto, hemos votado a favor pero con una condición clara. 
La condición es más poder de decisión de este Parlamento en el presupuesto de agricultura, y para ello queremos en marzo o abril del año que viene- si es necesario- un presupuesto suplementario y unas cifras extras suplementarias de la Comisión, siendo por esto necesaria una postura positiva por parte del Consejo y de este Parlamento. 
Valoramos la solidaridad mostrada en este Parlamento al querer recortar también la misma cantidad al presupuesto de agricultura que se ha recortado a las categorías 3 y 4. 
En las discusiones de este año había dos cosas que constituían el foco de atención. 
En primer lugar, ningún recorte a las primas de agricultura. 
Eso nos parecía esencial. 
No se deben cambiar las reglas en medio del juego y estamos muy agradecidos de que el Parlamento nos haya seguido en este aspecto. 
El segundo punto, las enmiendas de la Comisión de Agricultura seguidas por el Parlamento y por el Consejo de Ministros. Una cosa se ha aclarado este año. 
El presupuesto de agricultura no está seguro sólo con el Consejo de Ministros, como muchos podían pensar. Por ello, es esencial que surja un diálogo a tres bandas para los años venideros, que el procedimiento seguido este año no sea algo efímero, sino que continuemos con el mismo el año que viene. 
Es necesario que mantengamos los gastos de agricultura a un buen nivel. 
Señora Presidenta, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha ocupado repetidas veces de la cuestión de unir la puesta en marcha de las políticas de la CECA con la desactivación de la CECA. 
Para nosotros es importante que aquí haya un verdadero paralelismo, de que con la desaparición de la CECA no desaparezcan ámbitos completos de la Política Social, de que las competencias positivas, recogidas en el acuerdo de la CECA no desaparezcan sin más, y debería añadir tal vez, que tampoco se evaporen las reservas de la CECA por algún sitio, por ejemplo, porque la Comisión opine que hay que gastar mucho dinero, por ejemplo, en el cierre de la minería polaca o de empresas parecidas, para las cuales la Comisión tenga todavía en los cajones los planes correspondientes. 
En este contexto quisiera subrayar otra vez que las reservas de la CECA deberían ser investigadas una vez más porque la CECA ha hecho en el pasado una política bancaria sabia y de amplias miras, y ha utilizado el sistema de pagos y autorizaciones para acumular un montón de reservas que resulta difícil de imaginar. 
El Sr. Giansily ha introducido la idea de que quizás se debería hacer algo más por el empleo en este ámbito aparte de la distribución de impuestos. 
Me parece sensato en la medida en que esto refuerce realmente el programa BEI. 
No tiene sentido intentar frenar simplemente el cambio estructural, sino que el dinero debe ser efectivamente utilizado para proyectos innovadores. 
Y no es mucho, por cierto. 
En mi partido no estamos del todo de acuerdo sobre si esto constituye ahora un énfasis estratégico sensato o si es una empresa ad hoc menos sensata, pero el énfasis estratégico podría orientarse justamente en el sentido de que se haga lago en las regiones del carbón- las regiones del acero no se han visto tan afectadas en los últimos tiempos -, para suavizar el impacto concreto. 
Parece sensato y concuerda también plenamente con la línea de la Comisión de Asuntos Sociales trabajar para que el dinero que se habilite sea movilizado en provecho de afectados y de los trabajadores que dependen del sector. 
En este sentido puedo apoyar la iniciativa del Sr. Giansily. 
Pero tenemos que discutir todavía sobre ello. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, quisiera agradecer en esta ocasión a la Comisión de Presupuestos por la magnífica labor realizada al conseguir 70 millones de ecus en el plazo de dos años para el programa SOCRATES. 
Esta es, tal como lo señaló el Sr. Tillich, una situación sin precedentes, ya que el importe finalmente asignado por el Consejo es superior al solicitado por la Comisión. 
Sé que ello se debe a una fuerte presión y una arriesgada estrategia por parte de los representantes de nuestra Asamblea durante el proceso de concertación que tengo entendido tomó aproximadamente seis horas. 
Los importes finalmente concedidos reconocen la función que desempeña la educación para incrementar la creación de empleo. 
Miles de estudiantes y profesores se alegrarán de esta financiación suplementaria. 
Claro está, la cifra, en lo que a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación se refiere, siempre será demasiado baja, pero este importe representa un gran paso hacia adelante en la dirección adecuada. 
No obstante, quisiera señalar una anomalía en el sistema que hemos desarrollado en tanto que Parlamento respecto al proceso de concertación: la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación estaba en la mejor disposición de iniciar el proceso de concertación sobre los aspectos presupuestarios de SOCRATES. 
Todos los miembros de la comisión a la que pertenezco reconocerían que lo conseguido por la Comisión de Presupuestos sería algo sumamente difícil de lograr en un proceso de concertación directo por parte de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Sin embargo, el proceso sabotea la concertación posterior con la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Por tanto, en el futuro, si las comisiones en lo individual inician una concertación sobre aspectos presupuestarios, es preciso llegar a un acuerdo con la Comisión de Presupuestos antes de concluir la concertación, de este modo, el importe convenido será respetado por la Comisión de Presupuestos en el presupuesto anual consecutivo. 
Nos pareció que antes el sistema nos había resultado contraproducente con el programa RAPHAEL, sin embargo, en este caso salimos beneficiados. 
No obstante, estamos encantados con los resultados de SOCRATES en particular y reconocemos la difícil tarea llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos en nuestro nombre. 
Señora Presidenta, primeramente, hay un error en los documentos que se nos han entregado. 
Las mismas enmiendas figuran como si hubiesen sido aprobadas por la Comisión de Presupuestos y rechazadas por la misma Comisión de Presupuestos. 
Espero que se rectifiquen. 
Quisiera agradecer muy especialmente a mis compañeros de la Comisión de Presupuestos por su cooperación en el curso de este año. 
En lo relativo al presupuesto consignado a la energía y la investigación, necesitamos analizar qué puede permitirnos hacer, especialmente en función del convenio concertado en Kyoto que, aunque decepcionante, requiere, no obstante, medidas de acción de nuestra parte. 
Son tres las acciones que pueden llevarse a cabo para reducir las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles. 
Puede utilizarse la energía nuclear, y el Tratado Euratom permite contar con cuantiosos fondos para el uso seguro de la energía nuclear. 
Puede tratarse de ser más eficientes con la energía: el programa que nos preocupa es el programa SAVE II, porque el Consejo nos ha defraudado al mostrarse muy poco ambicioso respecto al importe de los fondos asignados. 
Me alegra que el Parlamento esté incrementando un poco este importe y esté insistiendo en que una parte se dedique a nivel local para redes que abarcan las regiones, las islas y las ciudades. 
La tercera acción es utilizar la energía renovable y lamento que hasta ahora no haya un fundamento jurídico para ALTENER II. Me alegro que la Comisión de Presupuestos afirme que quizás puedan asignar más fondos a este programa cuando la haya. 
En lo relativo a la investigación, todos nosotros nos sentimos sumamente decepcionados, incluyéndola a usted, según me he enterado, señora Presidenta, ante el resultado del proceso de concertación en el que esperábamos que se añadieran al Cuarto Programa Marco 700 millones de ecus y acabaron siendo solamente 115 millones. 
No obstante, quisiera agradecer a la Comisión de Presupuestos su ayuda y cooperación, gracias a lo cual pudimos ejercer alguna presión sobre el Consejo. 
En lo relativo al tema de la fusión y el personal de JET, todo lo que puede decirse es que debería servirnos de lección para el futuro: los grandes proyectos pueden acabar acarreando grandes problemas si no se es sumamente cuidadoso con los detalles. 
Señora Presidenta, señores, hace tres meses justos tuve la ocasión y el honor de exponer ante ustedes las grandes líneas de la primera lectura del proyecto del presupuesto por el Consejo. 
Sobre esta base, el Parlamento procedió a la primera lectura del presupuesto durante el período parcial de sesiones de octubre. 
Por su parte, y como ustedes saben, el Consejo aprobó el proyecto de presupuesto en segunda lectura, con fecha del pasado 27 de noviembre. 
Entre estas dos lecturas, señora Presidenta, señoras y señores diputados, se han producido algunos acontecimientos determinantes en relación con el procedimiento. 
Hablo del diálogo tripartito del 17 de noviembre, así como de la concertación ad hoc del 27 del mismo mes sobre los gastos agrícolas previstos en la nota rectificativa de la Comisión. 
De una forma general, quisiera mencionar aquí los debates que han jalonado el procedimiento presupuestario, por ejemplo el encuentro de la delegación parlamentaria con los ministros de Finanzas, con los ministros de Presupuestos de los Estados miembros y el Sr. Comisario Liikanen, antes de que el Consejo procediera definitivamente a su segunda lectura. 
Por lo que respecta a las decisiones tomadas por el Consejo «presupuesto» del pasado 27 de noviembre, llevan la marca de las discusiones a las que acabo de hacer alusión, que han dado lugar a acuerdos importantes y que permiten, por una parte, respetar los principios de rigor y disciplina presupuestaria fijados desde el principio por el Consejo y, por otra, tomar en consideración los resultados del Consejo Europeo sobre el empleo. 
En lo esencial, estas decisiones se presentan como sigue. 
En el ámbito de los gastos agrícolas, el importe previsto corresponde al acuerdo adoptado durante la concertación del 27 de noviembre y tiene en cuenta la revisión de las necesidades previsibles comunicada por la Comisión, así como una deducción suplementaria de unos 550 millones de ecus, paralela a una reducción del mismo importe sobre los gastos no obligatorios de las rúbricas 3 y 4. 
En este sentido, señora Presidenta, quisiera decir que la Presidencia y el Consejo tienen razones para estar, cuando menos, tan satisfechos por el desarrollo de estos debates como este Parlamento. 
De hecho, el propio Parlamento nos había dicho desde el inicio que estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades en el ámbito de los gastos de las rúbricas 3 y 4, en la medida en que el Consejo estaba dispuesto a asumir las suyas en el ámbito de los gastos de la rúbrica 1, es decir, de los gastos agrícolas. 
Sobre este punto, creo que todo el mundo ha mantenido finalmente sus compromisos. 
Con respecto a la rúbrica 2, el Consejo ha aceptado aprobar los importes previstos por el Parlamento en primera lectura. El Consejo considera que, al hacerlo, señora Presidenta, ha contribuido muy seriamente a una mejor colaboración con la otra rama de la Autoridad Presupuestaria. 
Cuando ha considerado que la ejecución conocida de los créditos facilitaba un cierto rigor presupuestario, en éste ámbito también, el Consejo ha renunciado a sus recortes de primera lectura en los créditos de pago para seguir, respetar y aceptar la posición del Parlamento Europeo, mientras que nosotros, Parlamento y Consejo, sabemos que los objetivos de Edimburgo afectan exclusivamente a los créditos de compromiso y no a los créditos de pago. 
Esta decisión responde ante todo a la preocupación por una mejor comprensión con la otra rama de la Autoridad Presupuestaria, es decir, señora Presidenta, con usted. 
Es cierto que ha de ser compensada por un rigor real en los demás sectores de los gastos no obligatorios. 
Esto es lo que propone la Comisión de Presupuestos. Por otra parte, el Consejo ha aceptado para PEACE las disposiciones propuestas por el Parlamento tras las sugerencias del Comisario. 
En las rúbricas 3 y 4, consideradas en conjunto, el rigor presupuestario se expresa por tanto de la misma manera que para los gastos de la rúbrica 1. 
Dicho esto, el Consejo- y pienso en el Parlamento- tiene la convicción de que estas medidas de austeridad no causan perjuicio alguno a la aplicación de las políticas interiores y exteriores de la Unión. 
En cuanto a los demás puntos importantes que quisiera mencionar aún, señora Presidenta, desearía insistir antes que nada en la ampliación de unos 70 millones de ecus para los años 1998 y 1999 en favor del programa Sócrates. 
Este programa está, con toda razón, considerado en esta casa como un programa de primera magnitud, ya que su objetivo es el de una mejor formación de los estudiantes. 
Con posterioridad al Consejo Europeo del 21 de noviembre, el Consejo inscribió, tal como se había acordado, un importe de 150 millones de ecus en créditos de compromiso en el ámbito de la iniciativa por el empleo, que se debe a al Parlamento Europeo. 
El Consejo ha mantenido su palabra y agradece al Parlamento esta iniciativa que va a legitimar, de manera mucho más convincente, las decisiones tomadas por el Consejo Europeo sobre el empleo. 
En el marco de la investigación, el Consejo ha puesto en marcha la codecisión del Parlamento y el Consejo que tiene relación con la adaptación del cuarto Programa marco. 
Por otra parte, de acuerdo con lo que habíamos acordado el 27 de noviembre, el Consejo transfirió 25 millones de ecus de TACIS a favor de la línea de Chernóbil. 
El comentario de TACIS concreta la posibilidad de un refuerzo suplementario idéntico para Chernóbil, en la medida en que, de acuerdo con las preocupaciones legítimas del Parlamento, los demás países donantes estén también dispuestos a respetar sus compromisos. 
Esto es, señora Presidenta, lo que deseaba decir sobre los elementos esenciales de esta segunda lectura del proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1998. 
Basándome en los trabajos preparatorios y tras haber oído a los dos ponentes, Sres. Stanislaw Tillich y John Tomlinson, quisiera decirles que el Consejo tiene muchas esperanzas de que la Comisión de Presupuestos someta a votación del Pleno un presupuesto para el próximo ejercicio que, en las grandes líneas y para la totalidad de las políticas refleja, entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria un consenso a nivel más elevado, incluso consagrado, a un nivel no alcanzado hasta ahora en la historia presupuestaria de las Comunidades Europeas. 
Este presupuesto para 1998, señora Presidenta, es un presupuesto equilibrado que, de hecho, debería satisfacer, debería complacer a ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria. 
Por ello creo que el presupuesto para 1998 es un buen presupuesto. Es el resultado de un esfuerzo de comprensión mutua y de concesiones recíprocas importantes. 
Pero sobre todo es el resultado de una cooperación estrecha, basada esencialmente en el principio de la confianza recíproca entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. 
Para terminar, señora Presidenta, sólo deseo dar las gracias muy especial y sinceramente a este Parlamento, a su Comisión de Presupuestos, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Detlev Samland, a los dos ponentes, Sres. Stanislaw Tillich y John Tomlinson y a todos los demás, por su capacidad, su compromiso, su lealtad y también por su fiabilidad. 
Si digo esto es porque a fin de cuentas, señora Presidenta, tengo la impresión de que, si se ha producido un acuerdo, el mérito se debe esencialmente a este Parlamento. 
Finalmente, quisiera también tener palabras de gratitud y reconocimiento para el Sr. Comisario Erkki Liikanen, el Sr. Mingasson y todos los que, asumiendo sus responsabilidades al servicio de la Comisión, han contribuido de manera decisiva al acuerdo global que es hoy el nuestro. 
Muchas gracias a todos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo. Por mi parte, en nombre de esta Asmblea, le agradezco encarecidamente sus palabras. 
Señora Presidenta, Presidente en ejercicio del Consejo, como usted ya lo dijo, ha sido un procedimiento presupuestario verdaderamente notable. 
El presupuesto general para 1998 es un presupuesto riguroso que cumple con las obligaciones de la Unión y refuerza la importancia que se concede a la creación de empleo y a los gastos. 
El de 1998 es un presupuesto riguroso. 
Su tasa de crecimiento del 2, 4 % en créditos de compromiso y el 1, 4 % en créditos de pago es inferior al crecimiento del gasto público nacional. 
Su margen de unos 7.000 millones de ecus por debajo del límite máximo de recursos propios facilita los esfuerzos de consolidación de los Estados miembros. 
Por lo demás, queda una importante reserva para las futuras responsabilidades de la Unión, ante todo para preparar la ampliación. 
La decisión sobre las negociaciones se tomó la semana pasada en Luxemburgo. 
El presupuesto de 1998 reserva importantes márgenes en las rúbricas 3, 4 y 5 y, por primera vez desde que se creó el sistema de perspectivas financieras, estos márgenes en los créditos de compromiso son ahorros reales. 
Deberían acabar con la idea que cunde en algunas capitales de que la Comunidad «se lo gasta todo». 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente, Sr. Tillich. 
No obstante, el presupuesto de 1998 será más que un mero presupuesto de ahorros. 
Gracias a la impresionante cooperación entre las instituciones, especialmente entre el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo, este presupuesto también concentra los gastos en programas que pueden tener una repercusión real en el empleo a nivel comunitario. 
La Comisión adoptará su propuesta de fundamento jurídico único a principios de enero. 
Gracias al apoyo prestado por el Consejo Europeo especial del 28 de noviembre de 1997, debería adoptarse rápidamente. 
Me parece que también hay una propuesta relativa al presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para contribuir a estos esfuerzos. 
Es posible concebir una contribución de este tipo. 
Teniendo en cuenta los objetivos sectoriales del presupuesto, sería más eficaz vincularse con las iniciativas comunitarias RESIDER y RECHAR. 
Aún se necesitaría el acuerdo unánime del Consejo. 
Sería diferente si esta contribución requiriera conservar la exacción. 
Según parece, podría ser fácilmente financiada con otros recursos sin poner en tela de juicio las propuestas a largo plazo que la Comisión propuso el 8 de octubre de 1997. 
La Comisión tendrá un debate de orientación sobre el presupuesto operativo de la CECA esta misma tarde. 
Tomará una decisión una vez adoptada la opinión del Parlamento. 
Volviendo al presupuesto general, también es notable en lo que toca al desarrollo del procedimiento que hizo posible este resultado. 
La cooperación interinstitucional ha sido de una calidad sin precedentes haciendo a un lado lo que en ocasiones era percibido como un diálogo de sordos, como solía decir Terry Wynn, para dar paso a un verdadero y real debate sobre las prioridades, procedimientos y gastos en todas las partes del presupuesto. 
En lo que concierne a los gastos obligatorios, ambas instancias de la autoridad presupuestaria llegaron plenamente a un acuerdo. 
El acuerdo de tener una nota rectificativa posteriormente en el procedimiento presupuestario ha sido una acertada innovación. 
Debería convertirse en una posibilidad permanente. 
Respecto a los gastos no obligatorios, el Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre los créditos de compromiso para importantes actividades comunitarias tales como el programa SOCRATES y el Fondo del sistema de protección de Chernóbil. 
Y acordaron el volumen global de los créditos de pago. 
No debe olvidarse que el espíritu de cooperación ha facilitado un rápido acuerdo sobre el nuevo procedimiento para la financiación de las acciones del Plan de ejecución del sistema de protección de Chernóbil. 
¿Cabe definir el estado en que se encuentra actualmente el procedimiento presupuestario como una cooperación interinstitucional sobre una base de asociación? 
Si la respuesta es afirmativa, el acuerdo interinstitucional de 1993 ha dado uno de sus frutos más difíciles, no a través de una modificación del Tratado, sino mediante la aceptación pragmática de la mejor opción para la Comunidad. 
Termino felicitando a los ponentes, el Sr. Tillich y el Sr. Tomlinson, así como al Presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, por su extraordinaria labor en aras del presupuesto general de 1998. 
Por último, pero no por ello menos importante, debo felicitar también al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Fischbach, que ha seguido construyendo hábilmente sobre los cimientos asentados por la Presidencia holandesa y ha demostrado lo que puede lograr una Presidencia del Consejo a través de un diálogo cooperativo entre las instituciones. 
Señora Presidenta, voy a continuar con este ejercicio de elogios mutuos que estamos practicando. 
Suele empezarse por agradecer a los ponentes- en este caso, el Sr. Tillich, el Sr. Tomlinson y el Sr. Giansily. 
No dudo ni por un momento en hacerlo. 
Asimismo, es preciso agradecer por la naturaleza de este presupuesto. 
Como ya dijeron los oradores anteriores, nos encontramos en una posición de consenso en lugar de la animosidad que suele existir entre las instituciones. 
Así, gracias a la Comisión; gracias al Sr. Liikanen y su equipo por facilitar el proceso; gracias a la Presidencia de Luxemburgo que, espero, como ya lo han dicho otros, haya sentado un precedente para el futuro al trabajar con el Parlamento; gracias a la secretaría de la Comisión de Presupuestos por el trabajo tan difícil llevado a cabo por sus miembros y gracias al «demonio» del Parlamento- como mucha gente parece considerarlo- el Sr. Samland, por la habilidad que demostró durante el proceso de concertación y, asimismo, a los miembros de la Comisión de Presupuestos que consiguieron junto con él este acuerdo con el Consejo. 
El presupuesto no ha sido fácil. 
Parece fenomenal en esta etapa, pero no olvidemos que no ha sido un proceso fácil para el Parlamento. 
Podría argumentarse que en realidad hemos dado al Consejo mucho más de lo que realmente debíamos haber dado. 
Espero que el Consejo- y no solo la Presidencia luxemburguesa, porque tengo la seguridad de que ustedes lo entienden- aprecie hasta qué punto el Parlamento ha hecho avanzar este presupuesto, no sólo por los sacrificios realizados, sino también por los márgenes que existen. 
Hemos sido prudentes y hemos tratado de desempeñar el papel que nos corresponde. 
No obstante, no debe olvidarse todo ello. 
En lo que respecta a este asunto, parece flotar un aire de suficiencia entre todos nosotros y que quisiéramos sentarnos y decir qué buen trabajo hemos hecho, pero no debemos mostrarnos tan complacientes. 
Si nos dejamos llevar por este sentimiento de complacencia, empezarán a sonar las señales de alarma. 
El hecho de que en 1997 y 1998 recortemos los créditos de pago sólo puede ser un ejercicio excepcional en lo que concierne a las rúbricas afectadas. 
No puede convertirse en la norma. 
Si tratamos de convertirlo en norma, todo lo que estamos haciendo es crear una carga para el futuro resolviendo los problemas a corto plazo. 
Necesitamos que el Parlamento y el Consejo trabajen en estrecha colaboración. 
El proceso que tuvo lugar este año con el procedimiento ad hoc para la agricultura debe continuar el próximo año para la pesca y el Plan de ejecución del sistema de protección de Chernóbil. 
Todo el mundo saldría ganando. 
La Presidencia luxemburguesa, la Presidencia británica y la futura Presidencia austriaca necesitan reunirse en su calidad de Troika con el Parlamento a principios del año próximo como se tiene programado, para asegurarse de que podemos continuar con este espíritu de cooperación, ya que existen un gran número de diferencias entre el Parlamento y el Consejo que todavía es preciso salvar, especialmente en ámbitos tales como los fundamentos jurídicos, la clasificación, el sector de la pesca y los ingresos. 
Todos ellos temas que todavía es preciso discutir a fondo. 
En el curso de la primera lectura dije que la integridad del Consejo se basaba en su capacidad para hacer entrega del capítulo del empleo. 
Lo ha hecho, y me dirijo al Presidente en ejercicio para decirle familiarmente que con ello «han servido de anteojeras». 
La próxima prueba tendrá lugar, claro está, a la hora de que llegue también el presupuesto suplementario rectificativo- si se necesita y cuando se necesite- tener que encontrar esos créditos de pago, no sólo para la rúbrica 1, sino para las rúbricas 3 y 4. 
Entonces, tanto nosotros como el Consejo, nos dirigiremos a la Comisión para plantear esta propuesta. 
Si podemos hacerlo, entonces realmente quedará de manifiesto para todos el espíritu de cooperación. 
Antes de terminar, quisiera dar también las gracias al Sr. Waidelich, por el trabajo que realizó con el proyecto JET. 
Su documento de trabajo, que sirvió de base para el presente informe, es elogiable. 
Debería ser elogiado por esta Asamblea. 
A este respecto, habrá una enmienda propuesta por el Sr. Tillich, el ponente, con la que está de acuerdo el Sr. Waidelich y que apoyará nuestro Grupo. 
Señora Presidenta, tengo que admitir que me parece extraño que en esta etapa del proceso presupuestario no estemos discutiendo por algo. 
Ya nos encontramos en el proceso de las felicitaciones, y con razón, debido a que este proceso presupuestario de 1998 ha marcado un hito histórico. 
Al igual que Terry Wynn, deseo agradecer a todos aquellos que han colaborado en este presupuesto- lo cual entra dentro de lo normal- pero especialmente a Stan Tillich y John Tomlinson, los dos ponentes de los informes más importantes de este año. 
Este año han quedado claramente de manifiesto tres características particulares. 
La primera, que ya mencionó el señor Comisario, es la manera en que hemos pasado de un proceso de confrontación en relación con el procedimiento presupuestario a una mayor codecisión, como si por arte de magia estuviésemos logrando ser capaces de borrar la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios sin tener que pasar para ello por una revisión del Tratado. 
Me congratulo por ello en la medida en que traza la vía futura de nuestros debates presupuestarios. 
En segundo lugar, está presente un rigor presupuestario. 
Nuestros ponentes ya lo han comentado. Y sin duda alguna lo comentarán, durante nuestro debate de esta mañana. 
Realmente es notable que tengamos actualmente un Parlamento que se haya mantenido por encima de 700 millones de ecus en las áreas que se encuentran bajo su propia responsabilidad en las rúbricas 3 y 4 sin propuestas de gastos. 
Tengo la seguridad de que no es una falta de imaginación, sino una expresión de verdadera responsabilidad. 
Por último, el papel del Parlamento. 
Hemos demostrado que, ante una mayor responsabilidad, somos capaces de mayor madurez. 
Ya lo mencionó usted, señor Presidente. 
Me alegro de que se haya subrayado, pero usted, claro está, como miembro de esta Asamblea desde hace mucho tiempo, sabe cómo trabajamos y apreciamos enormemente lo que ha hecho en nombre nuestro en el procedimiento presupuestario. 
Permítame hablar ahora de lo que describiría como el sello de la posición del Parlamento. 
Para mí siempre ha sido una cuestión del valor del dinero, porque estamos tratando de analizar cómo pueden utilizarse los escasos recursos disponibles. 
El Parlamento ha tratado de atraer la atención mediante la utilización de la reserva. 
Este año tenemos 23 líneas en el anejo a la resolución. 
Llamo su atención respecto al hecho de que no hay un gran volumen de créditos en la reserva- sólo asciende al 0, 3 % del presupuesto- y que es más una cuestión de gestión y de manera de resolver problemas particulares. 
Citaría cuatro que me vienen a la cabeza. 
El primero es el problema JET, que ya mencionó Terry Wynn. 
Acojo con satisfacción el trabajo realizado por el Sr. Waidelich. 
Espero que se resuelva rápidamente el problema de personal del RU. 
Esto en cuanto a la resolución específica de un problema. 
En segundo lugar, hemos conseguido una mejor gestión en temas tales como Bosnia o MEDA, donde nos damos cuenta de que los recursos económicos no han sido utilizados eficientemente. 
En tercer lugar, respecto a una mejor gestión, pero donde deseamos establecer una nueva estructura- el sistema de información europeo- que nos parece un aspecto realmente importante. 
En cuarto lugar, pero no por ello menos importante, es donde hemos tenido una o dos nuevas iniciativas. 
Incluso en este año de rigor presupuestario según el nuevo orden del día transatlántico, en el Parlamento deseamos garantizar que estos recursos económicos se utilicen de manera eficaz y, por tanto, parte de los créditos se encuentran en reserva. 
Por último, llegamos a lo que yo llamaría los horizontes futuros. 
Primeramente, necesitamos asegurar que cuando se trata de iniciativas nuevas, éstas se calculen bien. 
Precisaremos tener nuestros propios medios para calcular la financiación de nuestros informes de iniciativas propias. 
Todavía no los tenemos; necesitamos conseguirlo. 
En segundo lugar, acojo con satisfacción la idea de que la Presidencia británica nos reunirá a todos a principios de 1998 para ver cuáles deberán ser las directrices para el presupuesto de 1999. 
Parece muy lógica una mayor cooperación. 
Por último, se nos presentan ahora importantes desafíos por delante, con la ampliación en marcha, la formulación de nuevas perspectivas financieras y los fondos estructurales en el futuro. 
Todo ello subraya la necesidad de continuar durante los años venideros la excelente cooperación que hemos desarrollado este año. 
Señora Presidenta, yo también me sumo a las felicitaciones expresadas a los ponentes Sres. Tillich y Tomlinson por el interés de su informe sobre el proyecto de presupuesto de la Unión, así como deseo dar mi enhorabuena al Sr. Giansily por el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 1998. 
Asimismo le doy las gracias al «diablo» , el Sr. Samland, tal como le he oído llamar, por la forma en que dirige los trabajos de la Comisión de Presupuestos. 
De nuestro trabajo, señora Presidenta, hay que apreciar el rigor con que el se ha planteado el informe, en consideración también de las necesidades de los países empeñados en el esfuerzo de convergencia. 
En consecuencia, se ha aceptado la idea de reducir los créditos de pago por debajo del nivel de la primera lectura. 
A pesar de esto, se debería subrayar la originalidad de este presupuesto, porque se han encontrado recursos para el empleo y creo que debe ser reconocido a los ponentes, en particular al Sr. Tillich, el excelente trabajo realizado. 
En lo referente al problema del empleo que no deja de ser el problema más importante y urgente, considero que debemos tratar de comprender que el mismo está estrechamente relacionado con la capacidad competitiva del sistema. 
Para muchos es obvio que dicha competitividad está vinculada a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación de los empresarios al cambio cada vez más rápido de las circunstancias a escala europea. 
La solución, en consecuencia, está en destinar recursos a la formación, investigación y reconversión de las actividades industriales y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, creadoras de empleo estable y duradero. 
Por ello, la valiente propuesta del Sr. Giansily de encontrar recursos en un sector específico, esto es, en el del carbón y del acero, en mi opinión, está en línea con las indicaciones del Consejo de Luxemburgo. 
He escuchado las palabras del Comisario, señor Liikanen, según el cual quizás se puedan encontrar recursos de otras maneras, sin embargo, es mérito de este Parlamento y del ponente, Sr. Giansily, haber planteado el problema. 
No es que todo sea coherente y nos deje rebosando de confianza, pues seguimos teniendo graves dificultades para mantener los créditos en favor de la política de cohesión, tenemos unos recursos insuficientes para el Mediterráneo y debemos aceptar recortes para el sector agrícola. Tampoco podemos olvidar las carencias existentes en cuanto al fundamento jurídico de muchas propuestas. 
Creo, por último, que es mi deber recordar rápidamente la cuestión de la ampliación. 
Éste será un tema político que tendremos que abordar en un próximo futuro, porque las decisiones y el planteamiento que se han adoptado hasta la fecha no nos satisfacen. 
Señora Presidenta, sabiendo cuán difícil resulta preparar un presupuesto, quisiera felicitar a mis compañeros, Sres. Tillich, Tomlinson y Giansily. 
Este año, creo que han tenido éxito. 
El enfoque ha sido pragmático y ejemplar. 
A riesgo de parecer miembro de una sociedad autolaudatoria, creo que presagia algo bueno para el futuro. 
Ciertamente, también quisiera dirigirme al Presidente en ejercicio del Consejo. 
En ocasiones anteriores siempre me había mostrado un tanto amargo y crítico, pero esta Presidencia ha demostrado entender que la tendencia futura radica en la cooperación y en dejar a un lado conceptos caducos. 
Ya se ha dicho antes, pero permítame reiterar que nadie debería decir que éste es un Parlamento manirroto, gracias a esta Presidencia existe este reconocimiento. 
Espero que los británicos y los austriacos entiendan este mensaje. 
En segundo lugar, creo que este Parlamento ha madurado debido a que se da cuenta que sólo puede avanzarse teniendo una visión del futuro. 
La iniciativa de empleo ha sido un ejemplo. 
Y permítame decir una mera palabra a propósito de la agricultura. 
La agricultura siempre ha sido un área especial y es preciso reiterar la observación formulada por el Sr. Mulder. 
Requiere ser vinculada al presupuesto global en beneficio de los agricultores, pero también en beneficio de la comunidad en su conjunto. 
Espero que, antes de que realmente lleguemos a una nueva Conferencia Intergubernamental para modificar el Tratado, se logre mayor unidad entre el gasto agrícola y otras partes del presupuestos para que los próximos tres o cuatro años podamos decir a la postre que ambos han tendido un puente sobre este abismo artificial. 
La democracia es algo que todos nosotros queremos para el futuro y que sólo puede conseguirse si puede demostrarse que también se cuenta con un elemento de solidaridad. 
Por ello, este Parlamento ha hecho recortes tanto en su presupuesto como en la agricultura, lo que no fue fácil. 
Repito una vez más la observación formulada por el Sr. Mulder: los agricultores pueden estar agradecidos al Parlamento, que no al Consejo, porque con el Parlamento están en buenas manos. 
Un último detalle a propósito del Sr. Giansily. 
Espero que la Comisión siga su valiente posición. 
Hablo por la mayoría de mi Grupo, aunque hay alguno que estará en contra. 
Pienso que es muy lógico y coherente que no debamos interrumpir la exacción cinco años antes del final del Tratado, especialmente desde que se emplea para algo útil. 
No se gasta en vano, se gasta en favor de la innovación específica; se gasta en las pequeñas y medianas empresas; se gasta en la industria del carbón y el acero y ante este panorama, es importante que apoyemos al Sr. Giansily. 
Señor Presidente, sometemos ahora a debate el presupuesto del Parlamento europeo para el próximo año, un presupuesto que no aliviará el problema del desempleo con el que se enfrenta Europa. 
Asimismo, los logros de la Cumbre Europea sobre el empleo en este ámbito han sido muy modestos. 
No disponemos de recursos, de reservas económicas, para frenar de manera conjunta el desempleo, y por este motivo reviste gran importancia la actuación de los Estados miembros a título individual. 
Nuestro grupo parlamentario otorga una gran importancia a la reducción de los horarios de trabajo, es decir, a las reformas estructurales. 
A este respecto, hemos seguido con interés los modelos francés e italiano para reducir los horarios laborales sin recortar los niveles de ingresos. 
Las respuestas que aporta el Parlamento Europeo en el presente presupuesto, o las respuestas que ofreció la Cumbre Europea sobre el empleo la semana pasada, no son suficientes, ya que en ellas se abordan únicamente el trabajo a tiempo parcial y un conjunto de modestas acciones cuya consecuencia será la creación también en Europa de un colectivo de desempleados pobres. 
Este presupuesto no es sino un anticipo de lo que será la cuestión relativa a la financiación de la ampliación. 
Efectivamente, estos recursos propios de los que dispone la Comunidad no son suficientes para financiar la ampliación, y es importante que los recursos ya existentes se destinen en mayor medida también en beneficio de las regiones septentrionales. 
En este orden de cosas, creemos que es de vital importancia que los recursos se empleen de manera ecuánime en todas las regiones de la Unión. 
Si bien apoyamos el desarrollo del sur, también creemos en la importancia de la dimensión septentrional de la Unión Europea. 
Por todo ello, el Parlamento Europeo deberá someter a debate una nueva dimensión septentrional con motivo del próximo proyecto presupuestario. 
Señor Presidente, estimados colegas, con el presupuesto de este año hemos anudado un paquete que podría ser, sin temor a exagerar, calificado de ejemplar, lo que habría que agradecer tanto a la buena constelación personal plasmada en la figura del ponente Tillich y de la Presidencia luxemburguesa del Consejo como también a la buena disposición de todas las instituciones por superarse a sí mismas, especialmente en el terreno de la agricultura y en la iniciativa sobre empleo. 
Lo más importante, sin embargo, es que este presupuesto tendrá efectos más allá del año que le corresponde porque contiene modificaciones institucionales que se mantendrán. 
De este modo el Parlamento tiene asegurada por tiempo indefinido una mayor influencia en los gastos obligatorios, y se crea una mayor transparencia y justicia en las subvenciones. 
Pero junto a las luces también hay sombras, y sombras muy largas concretamente en un capítulo que se está convirtiendo en el más triste del ámbito de la Política exterior. 
Me refiero a la antigua Yugoslavia. 
El invierno está a las puertas, la reconstrucción avanza muy lentamente en amplias zonas y la Comisión no tiene otra cosa mejor que hacer que no gastar este año una suma de más 100 millones de ecus en Bosnia. 
Así pues, la palabra del Sr. van den Broek ya no cuenta. 
Antes de la primera lectura del presupuesto me prometió todavía personalmente que buscaríamos conjuntamente mejoras y una mayor rapidez en un grupo de trabajo. 
Todos los de la Asamblea estamos esperando en vano esa decisión. 
Por consiguiente, con gran dolor de corazón esta reserva se quedará en el presupuesto y por cierto, hasta que podamos advertir que la situación mejora. 
El día 21 escucharemos al Sr. Westendorp en la Comisión de Control Presupuestario y luego nos haremos una vez más in situ una idea de la situación. 
Entonces decidiremos. 
Aunque por un lado, en cuestiones de Bosnia tiro de la misma cuerda que el Sr. Giansily- quien lamentablemente no está ahora, no lo veo- por el otro, se me nubla la vista cuando contemplo la propuesta para el presupuesto de la CECA. 
Todos sabemos claramente que el desempleo es estructural. 
Por ello una iniciativa sobre empleo digna de ese nombre no debería atender a sectores sometidos al cambio estructural sino que, por el contrario, debería iniciarse allí donde se puedan crear, estructuralmente también, a largo plazo nuevas posibilidades de empleo. 
En este ámbito se dispone de RESIDER y RECHAR, que ni el año pasado ni en este fueron aprovechados al máximo, lo cual pone en cuestión, sin duda, la urgencia de habilitar nuevos recursos. 
La iniciativa es, en este sentido, intrínseca conservadora en el verdadero sentido de la palabra, y no está orientada a la reforma. 
Me parecería lamentable que finalmente fuese puesta en práctica. 
Señor Presidente, nuestra Comisión de Presupuestos nos propone retroceder, naturalmente sin decirlo, con la excepción loable de nuestro colega Dell ' Alba, pero estas concesiones son aún insuficientes. 
En primera lectura, la mayoría de esta Asamblea había incrementado de un 0, 7 a un 2, 7 % el proyecto de presupuesto del Consejo, sin tener en ningún modo en cuenta los esfuerzos exigidos a los Estados miembros en materia de control del gasto público. 
Ha sido necesaria la prudencia del Consejo, que ha propuesto hacer un esfuerzo considerable reduciendo en 600 millones de ecus los gastos agrícolas, reducir en compensación en 550 millones de ecus las categorías 3 ó 4 y un esfuerzo simbólico de reducción de 300 millones de ecus sobre las acciones estructurales, para que el esfuerzo de rigor necesario no sea soportado únicamente por los gastos agrícolas. 
Desafortunadamente, se ha abandonado esta última propuesta. 
Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria han llegado finalmente a un compromiso, que consiste en una reducción de 550 millones de ecus en los gastos agrícolas y una reducción del mismo importe sobre los créditos de las políticas internas y de las acciones exteriores. 
Mientras que el Consejo, al contrario que el Parlamento Europeo, tiene cuentas que rendir, sobre todo a los agricultores, se ha resignado, en una preocupación por el rigor presupuestario, a aceptar una nueva reducción drástica de los créditos agrícolas, cuando este Parlamento sólo ha renunciado a los créditos que brillan por su falta de ejecución. 
Sin embargo, el Consejo ha reducido los gastos que controla. En cambio ha exigido y obtenido una reducción de los créditos de pago de las categorías 3 ó 4, aquellas en las que reside el poder presupuestario de esta Asamblea. 
Dicho esto, el presupuesto de 1998 no alcanzará un nivel de crecimiento cero, al contrario de lo que se nos ha dicho. 
El proyecto de presupuesto deja un aumento de las contribuciones nacionales inferior, sin duda, al de los gastos, crecimiento que sigue siendo positivo y por tanto aumenta las cotizaciones de los Estados miembros. 
En cuanto al proyecto de presupuesto CECA para 1998, el ponente nos propone curiosamente en el día de hoy, restablecer una exacción que habíamos aceptado que desapareciera. 
Le he oído citar a Jean Monnet, por mi parte hubiera preferido oírle citar al gran europeo que era el general de Gaulle. 
No podremos votar su propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, por muy vinculados que estemos a la armonía entre las naciones no dejamos de lado el bien común europeo. 
Hablo aquí, no obstante y en primer lugar, como defensor de los intereses de mi país, Francia. 
Al contrario de lo que se afirma aquí o allá, Europa cuesta cara, muy cara, a mi país. 
Éste abonará 91 millardos de francos en 1998, es decir la quinta partida presupuestaria de la nación, después de la educación, la defensa, los asuntos sociales y las infraestructuras. 
Sobre esta cantidad, mis conciudadanos deben saber que no se les bonificarán más que aproximadamente 70 millardos de francos, de los cuales el 85 % en el ámbito del FEOGA «Garantía». 
Ahora bien, como estos fondos están llamados a disminuir con la ampliación a los países de Europa central y oriental y en beneficio de los fondos estructurales, será sobre todo la agricultura francesa la que se vea penalizada. 
Por encima de esta observación, nuestra crítica al presupuesto europeo se refiere a los puntos siguientes: Se trata de un presupuesto al servicio de la utopía política reinante, una Europa de las regiones, fase anterior a una organización planetaria que considera en poco a las naciones. 
Como ejemplo, únicamente los créditos de la rúbrica 2, es decir, los fondos estructurales, no se han visto afectados por el estancamiento presupuestario con el que ha habido que conformarse por ahora, criterios de Maastricht obligan. 
Ahora bien, sabemos hasta qué punto esos fondos, algunos de cuyos objetivos son sin duda aceptables, se encuentran mal utilizados, incluso no utilizados. 
En segundo lugar, se trata de un presupuesto de desvío del dinero de los contribuyentes. 
Permite a la Comisión desarrollar todo su sistema clientelista de asociaciones, de ONGs, de grupos ideológicos, de clubes, de sindicatos y sus operaciones de propaganda totalitaria con cientos de millones de ecus, con miles de millones de francos. 
Mi colega Jean-Yves Le Gallou nos dio, el año pasado, una impresionante lista, no exhaustiva, de esta Propaganda Stafel, euromundialista que usted, por cierto, es muy incapaz de presentarnos en su totalidad. 
Y no hablaré aquí de los gastos escandalosos del nuevo edificio de Bruselas. 
Además, esta Europa que financia en todo el mundo la ayuda humanitaria no obtiene de ello ningún beneficio político. 
Así, por ejemplo, aunque somos el primer proveedor de fondos para Palestina, no fuimos invitados a la conferencia de Dayton, sólo estamos para dar dinero, siendo despreciados por dos pueblos, orgullosos, seguros de sí mismos y dominadores, como decía el general de Gaulle. 
Uno se pierde en los meandros de nuestras líneas presupuestarias cruzadas, de los llamados maquillajes, de las captaciones subrepticias. 
En cuanto al fraude organizado a gran escala, el informe anual del Tribunal de Cuentas sólo es una constatación de impotencia. 
El 12 % de este presupuesto va a alimentar a los mafiosos, ya que, como decía el asesinado juez Borsellino: » Europa es la oportunidad de la mafia.» 
Lo que detesta realmente la mafia son las fronteras. 
Malo en sus finalidades esenciales, con demasiada frecuencia desviadas, el presupuesto es además poco eficaz para hacer frente a los verdaderos desafíos de nuestro tiempo. 
No contribuye en nada a la mejora del empleo. 
No serán los 150 millones de ecus- mil millones de francos- aceptados por el Consejo para el pacto europeo sobre el empleo los que resuelvan los dramas del paro, ya que esta Europa sin fronteras, esta Europa de la competencia desenfrenada, de la inmigración sin límites, es la primera causa del paro que castiga a los agricultores desposeídos y a los jóvenes desarraigados que vagabundean, extraviados bajo sus gorras, en un mundo alucinatorio. 
Señor Presidente, al Sr. Martínez se le puede replicar únicamente que en lugar de perorar ideológicamente en la Asamblea quizá podía haber participado en las 170 horas de trabajo de la Comisión de Presupuestos en este año, y entonces habría podido aportar allí su ideología y habría comprobado hasta qué punto habría gozado de aceptación. 
Además, Sr. Martínez, debería recordar usted la intervención del Sr. Juncker que le habría propuesto la misma cuestión que a toda la Asamblea: ¿cuánto cuesta realmente una hora de paz si hace el balance neto para Francia? 
¿Qué esperábamos de este presupuesto? 
Esperábamos una respuesta parcial a la cuestión del desempleo, y esa respuesta se ha dado. 
Hemos aportado nuestra contribución al respecto: 450 millones de ecus y 60 millones de ecus en el ámbito del presupuesto de la CECA, es decir 510 millones de ecus. 
Esto no elimina el desempleo, pero constituye un avance en la dirección correcta, pues el desempleo sólo puede ser combatido si surgen nuevas pequeñas y medianas empresas, si se las apoya y si se aborda su problema, en concreto, el de estar infracapitalizadas, desde la respuesta de la mano pública asumiendo garantías y financiando el capital de riesgo. 
Cada nueva empresa significa tres nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Apoyar esto tiene sentido, y con ello damos un impulso. 
En segundo lugar esperábamos que hubiese una imagen realista de la política agraria. 
También lo conseguimos, porque por primera vez hemos recibido una nota rectificativa de la Comisión tras la primera lectura del presupuesto del Parlamento Europeo. 
Esto constituye también un progreso notable y una invitación a la Presidencia austríaca a que proceda así en su período oficial. 
En tercer lugar, queremos ahorrar, pero ahorrar racionalmente, y queremos ser eficaces. 
Esto lo hemos puesto de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que hemos dotado, entre otros, al programa SOCRATES, que es uno de los programas más eficaces para los ciudadanos de la Unión Europea, con 70 millones de ecus. 
Quiero agradecer expresamente al Consejo que su acuerdo haya ido más allá de la propuesta de 50 millones para dos años, formulada por la Comisión. 
En la historia de las negociaciones regidas por el artículo 189b es la primera vez que el Consejo está más cerca del Parlamento que de la Comisión. 
En cuarto lugar, queríamos un presupuesto restrictivo por lo que atañe al personal. 
También lo hemos conseguido. 
A pesar del acuerdo de ampliación hemos asegurado que se ahorre en el capítulo de los costes administrativos. 
Ahí tengo que mostrar mi agradecimiento particularmente a la Comisión por haber trabajado conjuntamente con nosotros en esto. 
En quinto lugar, hemos dejado márgenes más amplios que todos los márgenes juntos en las categorías 3 y 4 de los últimos diez años. 
De esto tienen que ser claramente consciente el Consejo: éste es el resultado de unas deliberaciones presupuestarias celebradas aquí, en la Asamblea, en las que había una buena disposición a realizar el acuerdo o perseguir el objetivo desde el comienzo del año. 
Quiero sumar a esto una frase que tome ayer de un escrito de su antecesor, señor Presidente del Consejo, es decir, del Ministro de Finanzas, el Sr. Zalm. 
El Sr. Ministro de Finanzas Zalm dijo en un escrito, cito textualmente: Therefore I hope that on budgetary matters in the future the cooperation between Council and Parliament will be characterized by this spirit of equal likemindedness. 
Espero que, de hecho, nosotros podamos hacer realidad también en los futuros procedimientos presupuestarios lo que hemos presentado de forma estructural. 
Son elementos estructurales. 
Hemos celebrado eficazmente siete diálogos a tres bandas. 
Esta eficacia, y esto vale para las dos Presidencias, la neerlandesa y la luxemburguesa, no se había dado en los años anteriores. 
Por último quisiera afirmar con toda claridad lo siguiente: tenemos un crecimiento del presupuesto del 2, 1 % en compromisos y del 1, 4 % en los pagos, y cuando los Ministros exponen en el Consejo que Europa debería ahorrar hay que saber que el crecimiento promedio de los presupuestos de los países miembros de la Comunidad alcanza un porcentaje del 3, 2 % para este ejercicio presupuestario. 
Y precisamente los que más gritan, los alemanes, tienen un 2, 3 %, los franceses un 3, 6 %, los españoles un 4, 1 %, los belgas un 3, 5 %, los daneses un 5, 5 %, y podría continuar así. 
Los únicos que están por debajo en las cifras son Finlandia y Suecia. 
Todos los demás están por encima. 
Deberían por tanto echar un vistazo a su propias cifras antes de criticar los gastos para Europa, pues no se debe olvidar que para la tasa de aumento del 1, 4 % se prevé a la vez un crecimiento de la categoría 2 del orden del 6, 7 % para los Fondos estructurales. 
Este acuerdo no lo ha adoptado el Parlamento Europeo sino todos aquellos que aventuran grandes discursos en el Consejo, cuando nos indican los porcentajes a los que debemos ajustarnos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Consejo por su estrecha cooperación. 
Pero en interés de toda la Asamblea quisiera decir algo más: al Sr. Lenz, que se sienta entre nosotros en representación del Consejo lo hemos despedido ya una vez cuando colaboramos con el Consejo. 
Quisiera agradecer muy cordialmente al Sr. Lenz su estrecha cooperación. 
Si yo soy el diablo, entonces él ha tenido también un cuerno, por lo menos, en esta discusión. 
Señor Presidente, el presupuesto que estamos debatiendo presenta dos características. 
La primera, que ya ha sido destacada, es el clima de consenso general en que ha sido debatido, y quiero felicitar a quienes han contribuido a que haya sido así. 
Pero también tiene otra característica, señor Presidente: es un presupuesto algo extraño, y explicaré el motivo. 
Se invita a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para conseguir algunos objetivos mediante la disminución de los gastos y no a través de su incremento, en concreto, por medio de la reducción de las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto. 
Esta vez se alega el cumplimiento de los criterios de convergencia de la UEM. 
La próxima vez se aducirá la necesidad de prolongar el marco del pacto de estabilidad, etc. Y, tras varios años, cuando esa política deje unos márgenes importantes- se espera que por debajo del límite superior del 1, 27- entonces, probablemente llevaremos a cabo la ampliación sin grandes dificultades. 
Pero, tengo la sensación, señor Presidente, de que nos aguardan sorpresas; me temo que, si prolongamos esta política durante mucho tiempo, la ampliación se efectuará más tarde de lo deseable desde el punto de vista político, y como Parlamento Europeo debemos tener esta posibilidad muy en cuenta. 
Aunque, lo que si parece que cambia es la filosofía del presupuesto comunitario, y este es el núcleo de mi preocupación. 
No me refiero al control del fraude o la escasez de las partidas, cuyos responsables son los gobiernos de los Estados miembros, quienes deberán asumir sus responsabilidades, no sólo ante la Unión Europea, sino sobre todo ante sus pueblos correspondientes. 
Era lógico esperar que el presupuesto comunitario tuviera un mayor papel, bien en la aplicación del principio de subsidiariedad, bien en el marco de una creciente función redistributiva, ya que, partiendo de la unificación monetaria, hemos de lograr un grado mayor de unificación. 
Pero estamos viendo que ocurre lo contrario, y por desgracia en esta lógica también entra el Parlamento Europeo. 
Esta tendencia se fortalece por la impotencia inherente al presupuesto comunitario que se origina por su modo de financiación. 
Mientras el presupuesto comunitario carezca de recursos propios, en el significado real del término, el problema subsistirá, y se agravará con el tiempo. 
Señor Presidente, creo que ha sido una decisión muy correcta haber vuelto a presentar las enmiendas realizadas durante la primera lectura, sobre todo las relacionadas con una mejor administración de las partidas, como la conservación de los fondos del programa MEDA y otros. 
Por último, quisiera referirme al asunto de las bases jurídicas. 
El Sr. Samland ha dicho que se han llevado a cabo conversaciones tripartitas muy constructivas. 
Pero, las conversaciones tripartitas sobre el asunto de las bases jurídicas han sido un fracaso, señor Presidente, y quiero creer que ya se empiezan a aceptar las posturas del Parlamento Europeo por lógicas y razonables. 
Así, espero que en las conversaciones tripartitas que tendrán lugar de nuevo- y me dirijo tanto al Consejo como a la Comisión- se acordará alguna solución lógica para que el presupuesto en la cuestión de las bases jurídicas no presente las incoherencias que hasta hoy tiene. 
Señor Presidente, de ninguna manera estoy de acuerdo con la filosofía del presupuesto. 
Sin embargo, esto no me impide felicitar al presidente, Sr. Samland, y a los ponentes Srs. Tillich, Tomlinson y Giansily por el esfuerzo que han dedicado y el espíritu de colaboración con varios miembros de la Comisión demostrado en la confección de este presupuesto. 
Creo que el presupuesto ofrece una imagen algo extraña debido a que fuimos obligados por la coacción del Consejo en lo referido a los Fondos estructurales. 
Y yo me pregunto: ¿sigue vigente el acuerdo de Edimburgo en relación con los Fondos estructurales? 
Porque, si está en vigor el acuerdo citado, que fue un acuerdo de la Cumbre, entonces, ¿cómo puede decirnos el Consejo? : " para no tocar los Fondos estructurales, debemos aceptar una reducción de 550 millones en los gastos agrícolas». 
También quisiera preguntar a la Comisión sobre la veracidad de los gastos agrícolas que presenta a comienzos de año. 
Porque, si dice la verdad ¿cómo pudo aceptar la Comisión esa reducción de 550 millones, que desgraciadamente ha votado también el Parlamento? 
Finalmente, quiero señalar en relación con el cáncer del paro que el presupuesto, en vez de prescribir un drástico tratamiento, ha administrado unas simples aspirinas; 150 millones de ECU para los 20 millones de desempleados suponen unos 7 ECU para cada uno. 
¿Se hacen una idea de lo que suponen esos 7 ECU? : que un parado se compre una pizza y una cerveza, así le compensamos por estar parado. 
Apenas destinamos algo a la asistencia social, a la salud, a la educación o a la cultura, que son los elementos que fundamentan la Europa unificada, y no sólo los ECU y las cifras, si olvidamos que detrás de ellos están las personas. 
Señor Presidente, desearía expresar en primer lugar mi agradecimiento a los ponentes de la Comisión de Presupuestos, los Sres. Tillich y Tomlinson, por la excelente labor preparatoria y por la claridad del informe que han realizado. 
Igualmente querría extender este agradecimiento al Sr. Samland, quien tan brillantemente preside la Comisión de Presupuestos, así como al Comisario Liikanen por su constructiva cooperación. 
En la elaboración del presupuesto para el ejercicio 1998 que ahora examinamos ha primado la prudencia. 
El crecimiento es reducido, mientras que los ingresos y los gastos se sitúan claramente por debajo del límite de cotización de los Estados miembros. 
Esta es la consecuencia de una actividad presupuestaria austera y de los recortes extraordinarios de último momento, que permitieron reducir los gastos en mil cien millones de ecus. 
La reducción en el capítulo agrícola se eleva a 550 millones de ecus, lo cual implica que la agricultura recibirá este año 368 millones menos que en el año pasado. 
Se trata de un amplio recorte. 
Es imprescindible que éste se lleve a cabo sin poner en peligro la agricultura ni reducir los niveles de ingresos de los agricultores, tal como era su objetivo. 
Además de velar por este cometido, la Comisión de Presupuestos incluye en su resolución una promesa para aprobar un presupuesto adicional en caso de que los recursos presupuestados no fueran suficientes. 
Hechas estas aclaraciones, me muestro dispuesto a aprobar el presupuesto. 
Señor Presidente, ante todo quiero hacerme eco de las felicitaciones a los ponentes por este excelente presupuesto y facilitar a la Comisión de Presupuestos por la labor realizada. 
El Sr. Samland resumió toda esta labor cuando comentó el número de horas que había requerido. 
Acojo con satisfacción que el paquete destinado a la paz y reconciliación para mi región de Irlanda del Norte haya sido aprobado, que el desacuerdo que existía en un principio sobre la procedencia de los fondos reales haya sido resuelto y que la Comisión de Presupuestos haya podido asignar lo que había prometido cuando vino a Irlanda del Norte. 
Este es un mensaje sumamente importante hacia mi región en este momento. 
Siempre resulta muy fácil criticar y más difícil ser constructivo. 
Todos lo reconocemos, pero este es un presupuesto constructivo y confío en que será el precursor de una cooperación aún mayor en el futuro. 
Creo que hemos tratado de apoyar el proceso educativo a través de SOCRATES y otros programas. 
También quisiera hacer la misma observación sobre las visitas a otros países, porque esta es una parte sumamente constructiva del presupuesto y algo que no debemos negarnos. 
Es muy importante para este Parlamento que seamos capaces de enviar este mensaje y alentar a la gente para que venga aquí y vea la labor que estamos realizando. 
Señor Presidente, estimados colegas, todo presupuesto es también una tarjeta de visita de la voluntad política que hay detrás. 
No se le puede negar a este proyecto presupuestario su voluntad de ahorro y rigor. 
Como motivación para este rumbo hay que señalar, por cierto, a la necesidad de adaptación a la austeridad exigida por los Gobiernos para alcanzar los criterios de convergencia. 
Quizás esta motivación, algo banal, sea responsable también del hecho de que se sigan efectuando todavía recortes de manera excesivamente lineal y poco finalista. 
Las prioridades del presupuesto me parecen poco satisfactorias en general. 
Sin embargo, criterios audaces para acometer de manera eficaz los problemas principales con los que lucha Europa existen a lo sumo en planteamientos modestos. 
Quisiera referirme al sector de «Investigación y Desarrollo Tecnológico» , porque sigue estando dotado muy por debajo de sus necesidades. 
La comparación entre la investigación y el desarrollo, por un lado, y la subvención de las olivas, el azúcar y el tabaco, por otro, puede sonar polémica, pero una expresión simbólica de un establecimiento de prioridades que no tiene presente la competitividad de la economía europea, sino los intereses de grupos particulares. 
Los gastos totales en investigación y desarrollo tecnológico han sido previstos con 3, 49 millardos de ecus. 
De ellos corresponden a tecnologías de la información 487 millones de ecus solamente. 
Los gastos totales para olivas, azúcar y tabaco alcanzan en cambio un total de 4, 5 millardos de ecus. 
La industria europea, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, muestran en toda una serie de ámbitos tecnológicos desventajas competitivas respecto de la competitividad americana que se van agudizando. 
Hay peligro de perder ámbitos del mercado mundial y agravar así aún más el problema del desempleo. 
Dado que tanto los americanos como los japoneses invierten enormes sumas en investigación, cualquier ecu de más que la Comunidad destine en este terreno en el futuro, está inteligentemente empleado en la lucha contra el desempleo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente Sr. Tillich por haber llevado el presupuesto de 1998 a buen puerto. 
Quiero también darle las gracias personalmente, como futura ponente del presupuesto, porque las pautas que ha marcado con este presupuesto me pueden facilitar el trabajo el próximo año. 
Me gustaría resaltar brevemente algunas luces y sombras del procedimiento presupuestario de este año, que ha sido un proceso muy constructivo- opino- porque ha iniciado un nuevo trato, de tú a tú, entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria que ha sido fruto de un diálogo muy abierto y muy directo a tres bandas. 
Ha permitido, como ya han señalado anteriores oradores, desarrollar el procedimiento ad hoc de la categoría I, concediéndole un tratamiento más racional y actualizando las previsiones presupuestarias lo más tarde posible. 
Así, de común acuerdo, creo que el Consejo y el Parlamento han salvado el obstáculo de la rigidez del Tratado en aras de un mayor realismo y rigor en los gastos agrícolas. 
Y en la Cumbre sobre el empleo de noviembre, el Consejo por fin ha acogido favorablemente una iniciativa anhelada por el Parlamento Europeo: la creación de nuevos instrumentos financieros y la promesa de una base legal para el empleo. 
Creo que hay que resaltar también la actitud del Parlamento Europeo. 
A la exigencia de rigor presupuestario de los Estados miembros, el Parlamento ha respondido con creces, manteniendo unos márgenes en las categorías III y IV más altos que en todos los años anteriores desde 1988. 
Y asimismo el Parlamento en primera lectura ha puesto a disposición los recursos para la iniciativa de empleo. 
Pero la voluntad de colaboración no ha podido evitar sombras en el último momento porque, en la conciliación ante la segunda lectura, el Parlamento se encuentra con un Consejo que le pedía todavía más esfuerzo exigiendo reducciones de pagos precisamente en las categorías III y IV a cambio de una reducción equivalente en los créditos de la categoría I. No se trata aquí- y hay que subrayarlo- de ningún problema técnico sino político, puesto que con esta petición el Consejo desvirtúa los poderes presupuestarios del Parlamento al pretender determinar los gastos no obligatorios, lo que supone un precedente preocupante para el futuro. 
Es cierto que el Parlamento consigue reforzar con 70 millones de ecus para dos años una de sus prioridades- el programa SOCRATES- pero hay que dejar bien claro que el refuerzo de SOCRATES se debe a la «intransigencia» del Parlamento, puesto que el Consejo, a pesar de sus palabras en Amsterdam de dar prioridad a la educación, propuso una dotación financiera para 1998 y 1999 del programa SOCRATES muy inferior a la solicitada por el Parlamento. 
Pero, señor Presidente, Señorías, puesto que estamos ya en Navidad, como ha dicho el Sr. dell ' Alba antes, y pronto llegarán Papá Noel o los Reyes Magos, quisiera escribir una carta con los deseos como ponente general para el presupuesto del año que viene. 
Mi primer deseo es que se pueda seguir con el proceso constructivo de cooperación y diálogo emprendido para este procedimiento. 
El segundo, que la reunión de la troika a principios de año contribuya a alentar una postura abierta para diseñar unos objetivos realistas para 1999. 
El tercero, que el Consejo tenga voluntad de tener en cuenta las prioridades manifestadas por el Parlamento, puesto que el Parlamento Europeo siempre ha tenido una actitud negociadora respecto de las decisiones, muchas veces con implicaciones financieras, del Consejo. 
Y para acabar quiero decir, como se hace en mi país cuando se presenta la carta con la petición de deseos a los Reyes Magos: ¡ojalá se porten bien!. 
Señor Presidente, deseo apoyar este presupuesto y decir que pensamos haber logrado el ideal de mostrarnos capaces de reducir los costes administrativos y, al mismo tiempo, sostener las áreas vitales más importantes de las políticas regional y agrícola. 
En los asuntos regionales, incrementamos el presupuesto de conformidad con nuestro compromiso de duplicar los fondos estructurales, cumpliendo con ello nuestro generoso compromiso hacia las regiones más pobres de la Unión. 
En el ámbito agrícola, tenemos que señalar que estamos manteniendo el gasto global, con suficientes fondos para satisfacer las garantías de precio y todos nuestros compromisos en relación con las compensaciones acordadas en el marco del último paquete de reformas, a pesar de que el número de agricultores está disminuyendo a razón de un 5 % anual. 
Así, estamos dando la misma cuantía de fondos a un número menor de agricultores- las cifras globales no lo reflejan- concediendo 6.000 ecus a cada familia de agricultores en la Comunidad, aunque muchos de ellos tengan otros ingresos ajenos a la explotación agrícola. 
En términos presupuestarios, debemos señalar que, aunque los agricultores del RU- este tema fue planteado ayer por la tarde- estén atravesando dificultades en este momento, sus problemas se deben a su negativa a participar en el sistema monetario y no al fracaso de las políticas europeas. 
Mientras la media de pagos a los agricultores en toda la Comunidad en su conjunto asciende a 6.000 ecus, la de los agricultores del Reino Unido es de 15.000 ecus, en cambio para los españoles y franceses es únicamente de 3.000 ecus y 13.000 ecus respectivamente. 
Si a ello se añade el coste de la EEB, los agricultores del Reino Unido están recibiendo cada uno algo así como 17.000 o 18.000 ecus anuales. Esta cuantía es superior al salario medio y es sumamente generosa. 
Mi observación es que la PAC cuenta con tres pilares: el libre comercio, la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria. 
Si nosotros, o cualquier grupo de agricultores en cualquier Estado de la Comunidad, trata de socavar el pilar del libre comercio, con ello están minando una política que mantiene la Europa rural y concede ayudas sumamente generosas a todos los agricultores, especialmente a los agricultores del Reino Unido. 
Señor Presidente, también me gustaría comenzar dando las gracias por la buena colaboración habida en la Comisión de Presupuesto y con los colegas, sobre todo, por su positiva aceptación de la enmienda planteada por el Grupo Liberal. 
Quiero entrar primero en el informe del Sr. Giansily sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA e inmediatamente quiero señalar que me opongo firmemente a la propuesta del informe de cobrar una tasa de un 0, 11 % en 1998. 
Sería completamente injustificable castigar a un sector de esta manera con semejante tasa, cuando las partes por lo demás han estado de acuerdo en suprimir la tasa. 
La propuesta refleja una pura redistribución en el mejor estilo socialista, y no me explico qué lógica ha llevado al señor ponente a plantear esta propuesta. 
La cuestión es que hay acumulado dinero suficiente para las diversas medidas. 
Como se desprende del informe, la CECA no vivirá sólo de sus propios ingresos acumulados, sino que también deberá haber disponible un capital considerable cuando venza el tratado. 
Así, si deben instrumentarse actividades adicionales, habrá dinero suficiente y de ahí que no me explique por qué las empresas dentro de este sector deben seguir viéndose castigadas con el cobro de una tasa. 
Me parece también que es devastador para la credibilidad del Parlamento y para la actitud positiva que por lo demás encontramos sobre el presupuesto, puesto que esto llega como una gran sorpresa, que esta cuestión deba debatirse. 
Por lo demás, hay acuerdo en instrumentar en este momento una iniciativa trienal sobre el empleo que puede proporcionar resultados positivos. 
Permítaseme añadir también que celebro la responsabilidad presupuestaria manifestada por el Parlamento. 
Me alegro de que hayamos logrado establecer algunos objetivos presupuestarios rígidos e incluso estemos cumpliendo estos objetivos. 
Precisamente es decisivo que el Parlamento como institución y nosotros como políticos elegidos directamente por el pueblo mostremos nuestro propósito de utilizar el dinero de los impuestos de los ciudadanos de una manera efectiva, justificable y transparente. 
Y me parece importante que en los años venideros empleemos nuestras fuerzas justamente en procurar liquidar de una vez en el Parlamento el gasto innecesario, el exceso de consumo y establecer una rígida línea presupuestaria. 
Señor Presidente, rigor, rigor, rigor: ¡cuántos crímenes se cometen en su nombre! 
Señorías, me cabe hoy el honor de expresar una posición minoritaria en esta Asamblea. 
Es excepcional como lo ha sido la fuerte nevada de esta madrugada en Barcelona, mi ciudad. 
Pero es una minoría que en el momento decisivo de la Comisión de Presupuestos fue de 15 a 13- lo digo para que sepamos bien lo que significa esa minoría. 
Discrepo radicalmente de la propuesta de la Comisión de Presupuestos y la valoro como un retroceso institucional, retroceso escudado en una apelación sin fundamento alguno al rigor. 
A mi juicio, con el procedimiento de este año se ha contribuido a vaciar de contenido el procedimiento presupuestario y no sé realmente si todavía podemos hablar de dos ramas de la autoridad presupuestaria: habría que hablar más bien de una rama y una ramita. 
Se pretende que hemos conseguido participar por primera vez en la decisión sobre gastos obligatorios, y es una verdad factual. 
Pero, realmente, lo que ha sucedido es que por primera vez, después de cuatro años, el Consejo ha cumplido sus obligaciones pactadas en el Acuerdo interinstitucional de 1993 a cambio de hacernos pagar al Parlamento el peaje de la reducción inmotivada de créditos de pago en los gastos no obligatorios. 
Señorías, a mí me parece que la votación del jueves consagrará el presupuesto que deseaba desde un inicio el Consejo. 
El Parlamento se ha visto reducido al papel de mamporrero, a realizar el trabajo sucio que no deseaba hacer el propio Consejo, cortando partidas de las categorías tercera y cuarta. 
El Consejo dijo en julio que había que proceder a reducir este millardo en pagos a la agricultura y otros Fondos estructurales. 
Pero se demuestra ahora que le es igual que se corte en categorías de políticas externas. 
Acabo con ello, señor Presidente. Pero quiero decir que el Consejo no tiene demasiada autoridad para exigir rigor cuando es él mismo el que este mismo año ha gastado más de 3 millardos en sobrecompensaciones injustificadas en los cereales. 
Señor Presidente, esto es un muy mal augurio para el Acuerdo interinstitucional que hemos de negociar de aquí a finales de 1999. 
Señor Presidente, yo me voy a referir solamente al informe de nuestro ilustre colega, el Sr. Giansily, en el cual sólo resulta rechazable, desde nuestro punto de vista, la idea de mantener la exacción CECA para el presupuesto de 1998, ya que el proyecto de presupuesto operativo presentado por la Comisión indica que ya hay medios suficientes para mantener la actividad, tanto para los préstamos de reconversión y para las ayudas sociales como para las ayudas a la investigación. 
En estos tres casos, las necesidades están cubiertas hasta más allá del año 2000 y, por tanto, hay margen financiero suficiente para suprimir la exacción. 
Pues bien, Señorías, el ponente propone que, justo ahora, cuando la industria comunitaria del carbón y del acero ha conseguido recuperar su competitividad frente a producciones extracomunitarias, justo ahora, propone mantener un impuesto finalista que va a servir para crear empleo fuera del sector donde dicho impuesto va a ser recaudado, en el hipotético caso de que gracias a un impuesto se pudiera crear empleo. 
Esto, en primer lugar, no es posible, porque el dictamen jurídico expresamente solicitado al respecto indica que no es posible transferir al Banco Europeo de Inversiones los fondos recaudados por dicha exacción. 
Se contravendría la legislación comunitaria. 
Y en segundo lugar, eliminar esta exacción, como propone nuestra enmienda, elevaría la productividad del sector CECA, asegurando así los niveles de empleo. 
El Sr. Giansily debe entender que esto ni siquiera es una cuestión de ideología, sino una cuestión de lógica económica. 
Mantener, como propone el ponente, la exacción no va a aumentar el empleo en otros sectores industriales. 
Pero lo que es seguro es que no va a ayudar a mantener el empleo en el carbón y en el acero. 
Señorías, la decisión es suya. 
Señor Presidente, tras haber escuchado las felicitaciones expresadas a los ponentes- no cabe duda de que esta mañana se respira un gran clima navideño de cooperación y de felicidad por los acuerdos alcanzados- deseo destacar el papel que ha desempeñado el Parlamento, especialmente el Parlamento, en este presupuesto. 
Ya en la primera lectura, el Parlamento, con un sentido del rigor y sobre todo de la responsabilidad y profundamente consciente de los retos que se le plantean- la consecución de la moneda única y, ante todo, el dramático problema del empleo- encontró soluciones con objeto de que en este presupuesto se otorgaran, realmente, un significado, un papel específico y recursos disponibles al empleo. 
Y esto permitió al Consejo, en su Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, asumir determinadas responsabilidades de cara al empleo que, sin esta iniciativa del Parlamento, habría asumido muy difícilmente. 
Como es obvio, en segunda lectura, el Consejo ha aceptado esta propuesta del Parlamento. Creo asimismo que hubiera sido muy difícil para el Consejo no hacerlo, habida cuenta de que demostramos un gran sentido de la responsabilidad. 
Hemos puesto el acento en las prioridades definidas desde siempre- el papel de las pequeñas y medianas empresas, de la formación y de la igualdad de trato en las políticas de empleo- y que se corresponden exactamente con las directrices respecto a las cuales cada uno de los Estados miembros se ha comprometido a elaborar sus planes de empleo. 
Ahora- recordando este clima navideño- al Consejo le corresponde la responsabilidad de concretar estas elecciones. 
El fundamento jurídico- muchos colegas ya se han referido al mismo- es importante. 
La Comisión se ha comprometido a presentar sus propuestas y yo creo que el Consejo no podrá dejar de demostrar su sentido de la responsabilidad al aprobar el fundamento jurídico. 
Si el Consejo no hiciera frente a esta responsabilidad, entonces, realmente, el Parlamento ha realizado un acto que queda, por así decirlo, inacabado. 
Señor Presidente, si definíamos el presupuesto de 1997 como el de la austeridad, el de 1998, sin dejar de ser austero, podríamos definirlo como el del consenso. 
Y no me refiero al consenso al que en innumerables ocasiones llegamos en este Parlamento. 
Me refiero al consenso al que, en esta ocasión, hemos llegado Parlamento y Consejo, incluso superando, en el caso del programa SÓCRATES, propuestas de la Comisión. 
También podemos sentirnos satisfechos de cómo se ha plasmado la iniciativa sobre el empleo en el presupuesto: 150 millones de ecus no son un mal primer paso, ya que, de forma directa o indirecta, ayudarán a la creación de empleo, al tiempo que podrán financiar las políticas internas con ella relacionadas. 
Y confío en que, a través de enmienda, quede incluida entre ellas también el turismo. 
Y hablando de enmiendas, señor Presidente, sigue preocupándome la suerte final que pueda correr el 20 % puesto en la reserva de las acciones generales para la información, así como la reserva del programa PRINCE, o bien la reserva del programa MEDA, que, aunque justificada en un principio, hoy día sufre de un agravio comparativo respecto al programa PHARE. 
Asimismo, confío en el restablecimiento de los créditos votados en primera lectura para la cooperación con los países de Iberoamérica. 
Señor Presidente, he empezado hablando de consenso y no quisiera terminar sin volver a él. 
No me cabe ninguna duda de la magnífica labor realizada por los ponentes, los Sres. Tillich y Tomlinson, así como de la firmeza demostrada por el Sr. Samland en la conciliación, pero el aceptar recortes presupuestarios después de la primera lectura- y que estos recortes recaigan sobre políticas comunitarias- va a exigir de nuestra responsabilidad y de la eficacia de la política de información un esfuerzo para que los ciudadanos europeos interpreten correctamente que los recortes son debidos a la obligada austeridad para conseguir las metas fijadas por el Tratado de Maastricht y no a nuestra propia falta de confianza en la apasionante idea europea. 
Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para felicitar al Sr. Giansily por la excelente labor que realizó en su informe. 
El futuro del presupuesto operativo de la CECA no carece de controversias o complicaciones. 
Lo hemos visto en la oposición expresada hoy por algunos miembros. 
Sin embargo, tengo la impresión de que el ponente ha seguido un curso claro y constante a lo largo de todos los debates. Es de elogiar. 
Pregunto a mis compañeros: ¿cuál ha sido el tema del presupuesto de este año? 
El tema ha sido la creación de empleo. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión han reunido un paquete destinado a la creación de empleo. 
Sin embargo, ya sabemos que este año perderemos 17.000 puestos de trabajo en el sector del acero. 
Desearía poder imaginar que estos son los último 17.000 puestos de trabajo que perderemos en este sector. 
Asimismo, deseo que los puestos de trabajo que estamos perdiendo en el sector del carbón- 8.700 puestos de trabajo- sean los últimos que perdamos en la reestructuración de la industria del carbón. 
Sabemos, lamentablemente, que estos 25.000 o 26.000 puestos de trabajo no serán los últimos que perdamos. 
También sabemos que el tiempo sigue su curso, pero ello no es una razón para parar antes de lo previsto el reloj de la CECA. 
Los últimos pocos años que quedan del presupuesto operativo de la CECA se contarán entre los más importantes, quizás no por la envergadura de las operaciones realizadas bajo sus auspicios, sino porque son las últimas oportunidades de hacer algo. 
Los parados de este año y aquellos que pierdan sus empleos en los últimos años de la CECA tienen derecho a recibir ayuda, no menos que aquellos a los que hemos ayudado anteriormente en este presupuesto. 
De la misma manera, el derecho a ofrecer nuevas oportunidades para reemplazar las que se cierran en el carbón y el acero sigue siendo una necesidad para la Comunidad. 
No debemos tratar de terminar los programas existentes antes o reducir los importes disponibles para la reconversión social o la investigación. 
Debemos tratar de aprovechar al máximo las oportunidades que quedan. 
Por esta razón, apoyo plenamente, en nombre de nuestro Grupo, la resolución del Sr. Giansily para que se restablezca el 11 % de exacción. 
Para concluir, la CECA se encuentra en el corazón de la Unión Europea, pero las medidas que hemos de tomar ahora no han de estar dictadas por los sentimientos. 
Se deben a que tenemos el deber de crear empleo en esas comunidades acereras. 
¿Cómo podemos no continuar apoyando esta exacción y los programas de creación de empleo en el informe CECA cuando estamos apoyando un paquete de creación de empleo en otras partidas de nuestro presupuesto? 
Señor Presidente, tras la enmienda presentada por 34 diputados, y aceptada por la Comisión de Presupuestos, las empresas turísticas han sido incluidas, de forma expresa, entre aquellas empresas a las que se aplicará la política comunitaria en favor de la pequeña y mediana empresa y a las que se van a destinar partidas presupuestarias en el año 1998. 
El próximo jueves, la votación de dicha enmienda por parte del Pleno del Parlamento Europeo, permitirá comenzar la aplicación del programa FILOXENIA, al menos en lo que atañe a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico. 
Pero, debo recordar que dicho programa presentado por la Comisión Europea, y tras importantes mejoras autorizadas por el Parlamento, se encuentra paralizado por falta de recursos. 
El turismo es un importante sector de la economía europea, aunque ha tenido un trato desafortunado por parte del Consejo de Ministros. 
Así, los Estados miembros no incluyeron en el Tratado de Rotterdam una propuesta del Parlamento Europeo para que se hiciera referencia al turismo como ramo de la economía. 
Sin embargo, tengo la esperanza de que el Parlamento, al ratificar la escasa dotación para el turismo que significa la enmienda presentada, alentará las expectativas de los 10 millones de trabajadores de ese sector, lo que supondrá una señal. 
Es inadmisible que un programa aprobado hace tres años por todos los miembros no se aplique por falta de recursos, y estamos hablando de 5 ó 6 millones de ECU. 
Por consiguiente, aunque la cantidad que se consigna al turismo es una pequeña porción de esta partida destinada a la pequeña o mediana empresa, el Parlamento deberá votar la enmienda por esta vez y para que este programa pueda ponerse en marcha. 
Así daremos una respuesta a varios millones de trabajadores del sector. 
Señor Presidente, Señorías, la ventaja de las dos lecturas que tenemos este año es que en la primera lectura podíamos intentar aumentar la presión hacia la conferencia de empleo de Luxemburgo y que en la segunda lectura también podemos evaluar esta conferencia de empleo en el aspecto presupuestario. 
Tiene que estar claro, nosotros siempre hemos dicho que debemos llegar a una evaluación global, no sólo en relación con nuestra propia iniciativa de empleo- que en efecto tiene una dimensión relativamente modesta -, sino hacia el conjunto de las medidas tomadas. 
Pues bien, no hay que ser siempre negativo. 
Pienso que la Cumbre de Luxemburgo, teniendo en cuenta las modestas ambiciones, ha resultado tener un éxito relativo en cuanto al empleo. 
Al principio, la señal más clara, la más manifiesta para nosotros, imperativamente clara en cuanto a la formación profesional y en cuanto a la formación obligatoria, se ha convertido también en una señal hacia la opinión pública de que Europa quiere significar algo. 
Menos llamativo, pero al menos igual de importantes, son los esfuerzos en cuanto a inversiones, estímulos para la inversión que fueron aguijados sobre todo en la dirección de las PYME, en la dirección de las nuevas tecnologías. 
Eso me parece especialmente importante. 
Sin embargo, no hay razón alguna para la euforia. 
Ya lo he dicho, la cumbre del empleo de Luxemburgo ha sido un relativo éxito pero se inició con ambiciones modestas. 
Creo que debemos seguir cotejando la política de empleo europea con el Libro Blanco de Jacques Delors, que el próximo año cumplirá los cinco años de su aprobación. 
Sabemos que ya se ha andado un camino, que también se ha completado hacia Luxemburgo, pero también sabemos que aún es insuficiente. 
Creo que debemos animar a la Comisión para intentar llevar adelante un planteamiento más ambicioso, como ha sido formulado en el pacto de confianza, y debemos intentar convencer al Consejo de que, en efecto, ha de llevarse a cabo un esfuerzo para invertir el superávit real de los presupuestos en el empleo. 
No acepto que aquí se invoquen como excusas los criterios de convergencia o el pacto de estabilidad, porque finalmente de lo que se trata es de la masa presupuestaria, secundaria con respecto al producto nacional bruto global. 
Señor Presidente, un presupuesto sin nuevos endeudamientos es una cosa rara en Europa y en el mundo. 
No sólo no hay un nuevo endeudamiento sino que se constituye una reserva. 
Creo que cuando hablamos del presupuesto de la Comunidad Europea hay que recordar una y otra vez a los espectadores de la tribuna, que aquí planificamos tan cuidadosamente que todos los años queda sobrante algo. 
Esperamos que los Estados nacionales sigan nuestro ejemplo. 
También elaboramos planes financieros, plurianuales, naturalmente, actualmente de 1997 al 2002, lo cual comporta enormes ventajas a la hora de planificar y aumenta la precisión y la visión de conjunto. 
En el ámbito de la CECA, por ejemplo, hay ahora una amplia perspectiva de capacidades desde la que se puede averiguar qué recursos se necesitarán en un futuro y cuáles no. 
Hemos aumentado las ayudas a la investigación, hemos aumentado los medios para la formación, y nos esforzamos por subvencionar a los más activos a fin de crear nuevos puestos de trabajo. 
Sabemos que dando dinero solamente no crearemos nuevos puestos de trabajo. 
El Estado es incapaz de hacerlo. 
Tenemos que encontrar estímulos para que los empresarios estén dispuestos a hacer más en ese terreno. 
Creo que tampoco en el ámbito de la CECA es sensato el mantenimiento de una exacción de un 0, 11 %. 
La forma activa presenta problemas desde el punto de vista legal, y creo que la exacción para el acero, , incluso a tenor del artículo 50, chocará seguramente con problemas en este ámbito. 
Por lo demás, las empresas que trabajan bien reciben además una enorme presión por las importaciones de acero de terceros países que se ven favorecidas por esto. 
Nuestras empresas pierden competitividad, y de esta manera los productos que puedan sustituir al carbón y al acero se vuelven competitivos también. 
Por lo que creo que el mantenimiento del tipo de exacción perjudicaría a nuestra industria sana. 
Señor Presidente, yo quiero felicitar fundamentalmente a los ponentes Tomlinson, Giansily y, sobre todo, al Sr. Tillich, ponente del presupuesto general de la Unión Europea, por haber alcanzado en este presupuesto un acuerdo de conciliación en un proceso difícil, y en el que tanto el Sr. Tillich como el señor presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, han sido capaces de defender las prioridades presupuestarias del Parlamento a través de un acuerdo con el Consejo. 
Es un presupuesto de austeridad en unas condiciones difíciles y en el que, sin embargo, los compromisos crecen en un 2, 1 %. 
Por tanto, es una apuesta por el desarrollo futuro del presupuesto europeo. 
Pero este presupuesto es también una apuesta por la solidaridad. 
En un año de austeridad, en un ejercicio en el que el presupuesto crece sólo un 2, 1 % en sus compromisos, las políticas de solidaridad se incrementan en un 6 %. 
Y esto es un signo positivo y es una buena noticia para los que creemos que Europa debe ser algo más que un mercado, algo diferente a una zona de libre cambio, y queremos construir un verdadero proyecto político federal de pueblos en el que la solidaridad con aquellos más desfavorecidos sea uno de los ejes de las políticas europeas. 
El incremento de las políticas estructurales conseguido gracias a la acción de este Parlamento, que algunos denominan inoperante, es un paso importante en la construcción de este espacio común solidario. 
Sólo espero que a partir del año 2000, con la ampliación de la Unión Europea, seamos capaces de mantener los niveles internos de cohesión en las cantidades actuales para los Quince, por encima de intereses electorales a corto plazo de determinados Estados miembros. 
Además, este presupuesto apuesta también por el empleo. 
Alguno dirá que la apuesta es escasa, pero es el comienzo de una mayor implicación de las políticas comunitarias contra el paro. 
Espero también que en el futuro los Fondos estructurales se impliquen en mayor medida en las regiones europeas con altas tasas de desempleo, así como en acciones concretas de creación de empleo, fundamentalmente en aquellos sectores en los que la demanda aún no está consolidada, pero que constituyen futuros yacimientos de empleo. 
Y termino, señor Presidente, con el informe Giansily, solicitando el apoyo para las enmiendas Rübig y Barton, en favor de eliminar la exacción, esto es, el impuesto añadido a unos sectores como el del carbón y el del acero que empiezan a ser competitivos- el sector del acero por sí mismo- y a los que no podemos castigar con cargas añadidas porque es indispensable favorecer su competitividad para que la creación de empleo en estos sectores pueda ser realmente un hecho. 
Señor Presidente, este presupuesto no es para entusiasmar, sin duda, pero es razonable. 
Me parece que nuestras dos instituciones han alcanzado colectivamente, y eso es una buena noticia para todos, y sobre todo para aquellos que dudan del Parlamento, la mayoría de edad. 
Resulta obligado felicitar al ponente en especial, así como a los demás protagonistas. 
De hecho, hemos aceptado la moderación, hemos obtenido el equilibrio, hemos afirmado nuestras prerrogativas, y hemos manifestado nuestras prioridades. 
Hemos aceptado la moderación, y hemos tenido razón al hacerlo. 
Con eso basta. 
El Sr. Christodoulou lo ha recordado hace unos momentos: es bueno practicar la austeridad como hacen los Estados nacionales: por el contrario, sería grave no considerar que el presupuesto de la Unión Europea obedece a una lógica geográfica y es de competencia diferente, ya que la Unión Europea está ampliándose y aumentando permanentemente sus competencias. 
Se pretendía que soportáramos lo esencial del esfuerzo de los fondos estructurales y nos hemos negado. 
Se han equilibrado los sacrificios entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios. Cada cual ha puesto su parte. 
Eso es bueno, aunque no guste ni a unos ni a otros. 
Hemos afirmado nuestras prerrogativas. 
Con la nota rectificativa y este procedimiento algo complejo, y tan deliciosamente comunitario, damos un paso modesto pero decidido en el campo de los gastos obligatorios. 
He oído que algunos se preocupaban, el Sr. Giansily, mi amigo Giansily principalmente. 
Me gustaría decirle que ya es más tarde de lo que cree. 
No defenderemos realmente los intereses de la agricultura rechazando una codecisión serena y equilibrada entre las dos instituciones, adhiriéndonos a un sistema absurdo en el que autoridades divergentes arbitrarían, cada una en lo que le afectase, dos semipresupuestos elaborados de distinto modo. 
Hemos manifestado nuestras prioridades. 
Hay algunas, hay muchas y la principal es, evidentemente, la iniciativa empleo. 
No se injuria al Consejo Europeo si se dice que, sin la concertación que se ha establecido entre la Presidencia y el Parlamento, el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo habría quedado un poco vacío, habría quedado reducido a algunas declaraciones solemnes. 
Hemos aportado realmente lo único concreto de esta Cumbre. 
Creo que hemos de alegrarnos de todo esto. 
El triángulo institucional ha funcionado, por así decir, como un cuadrado mágico. 
Y si ha funcionado como un cuadrado mágico, ello se ha debido a mucha gente. 
Se han multiplicado los elogios. 
Por mi parte, haré sólo uno. Se trata de un cumplido personal al Sr. Kasel, héroe infatigable, discreto y eficaz de la Presidencia luxemburguesa. 
Para él este cumplido personal, pero, evidentemente, mis cumplidos están dirigidos a todo el mundo. 
Al haber sido mis colegas tan pródigos en cumplidos, no sabría yo sin embargo añadir más. 
Una palabra sobre la CECA. 
Hemos descubierto que el ponente, Sr. Giansily, nos ha hecho partícipes de una experiencia interesante: ha hecho un doble camino de Damasco. 
Este amigo del Sr. Madelin ha descubierto las virtudes de la exacción obligatoria y este discípulo del general de Gaulle ha descubierto las virtudes de Jean Monnet. 
Me alegro por el segundo punto, ya que creo que no habrá progreso en la idea europea en mi país más que reconciliando las tradiciones de Jean Monnet y del general de Gaulle. 
Por lo demás, me preocupa, ya que creo que el Sr. Giansily ha olvidado la virtud esencial de Jean Monnet, que era el pragmatismo. Nos propone una exacción que es injustificada. 
¿Por qué penalizar a una empresa en lugar de otra? 
Nos propone una exacción que es inútil ya que, realmente, no vemos por qué debería recurrirse a la exacción cuando el Comisario nos ha explicado que tenía, en sus reservas, los recursos necesarios para financiar esta operación. 
Finalmente, nos propone unos gastos poco realistas. 
He oído la expresión «préstamo bonificado». 
Eso me preocupa. 
No soy amigo de los préstamos bonificados. 
Prefiero las garantías del préstamo, prefiero el capital riesgo. 
Considero que se puede gastar lo que el Sr. Giansily desea que se gaste, sin exacción suplementaria y alimentando las iniciativas RESIDER y RECHAR. 
La Comisión ha hecho una apertura en este plan, desearía que el Parlamento se hiciera cargo. 
Así, Señorías, materializaríamos la fantasía fundamental de un político: aumentar los gastos sin aumentar las exacciones. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 9.30 horas. 
Progresos en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre dos preguntas orales del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, al Consejo (B4-915-0108/07) y a la Comisión (B4-0916/97-0-109/97) , sobre el debate anual relativo a los progresos realizados en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos Interiores- artículo K.6, tercer párrafo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, sobre la base de esta pregunta oral estamos hablando de los progresos en el ámbito de la cooperación en las áreas de «Interior y Justicia» durante el último medio año. 
En primer lugar hemos de constatar una general satisfacción porque la Presidencia luxemburguesa ha realizado progresos. 
Esto es cierto tanto de la cooperación formal con el Parlamento como de la cooperación en la materia.. 
Nos gustaría destacar, seor Presidente, que usted, anticipando las reglas del Tratado de Amsterdam, haya establecido como regla oír al Parlamento a la hora de emprender pasos en el ámbito del tercer pilar. 
Este es un buen proceder. 
Usted no estaba comprometido a ello ni por acuerdo y no por otras posibles razones. 
Creo que hemos logrado conjuntamente buenos resultados de trabajo. 
Queremos destacar y elogiar esto expresamente. 
Nuestro ruego apunta a que usted transmita sus convicciones a su sucesor, respecto al cual, naturalmente, abrigamos ya expectativas similares. 
Sin duda, todavía quedan deseos en este terreno. 
Sería mejor si nosotros desarrollásemos este debate sobre la base de un informe del Consejo. 
Podría ser ésta también una sugerencia a transmitir. 
En el catálogo que describe este trabajo encontramos siempre una cantidad de temas de los cuales al final uno no sabe exactamente, después de medio año, en qué dirección se han desarrollado o por qué no se han desarrollado en absoluto. 
Sería una buena ocasión para cada Presidencia del Consejo para exponer sus proyectos y su realización, así como para mostrar también los obstáculos que se han cruzado en el camino de la realización. 
El trabajo en este terreno se ha diferenciado en numerosos niveles. 
Comprende temas tales como la lucha contra el comercio de seres humanos, la lucha contra el crimen organizado, la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, el trato de menores procedentes de terceros países sin el acompañamiento de los adultos, la valoración de riesgos y el control de las drogas de diseño, la lucha contra la corrupción, el control de personas en las fronteras exteriores y un tema extraordinariamente importante en la práctica, a saber un convenio acerca de la notificación de documentos jurídicos y extrajurídicos en materia civil y comercial. 
Tras esta formulación jurídico-técnica se esconde un problema central para la cooperación en el tercer eje, concretamente en la cooperación en las áreas de «Justicia e Interior». 
El gran reto que tenemos ante nosotros en este campo es la construcción de una red europea de la justicia, es decir un espacio legal europeo. 
Nos hemos acostumbrado a que el comercio funcione sin fronteras en los ámbitos del Mercado Común, de la economía, y sin embargo los instrumentos legales que protegen al comercio terminan en las fronteras nacionales. 
Esto es malo para los ciudadanos y malo para los consumidores. 
No se comprende por qué una sentencia del juzgado de primera instancia de Kassel no puede ser notificada directamente por este mismo juzgado a un ciudadano francés, con la consecuencia de que el resultado se pueda ejecutar también directamente.. 
Necesitamos esto y esto es posible en este marco. 
Esta va a ser la tarea del futuro inmediato, aun teniendo en cuenta que el trabajo en este terreno cambiará seriamente con la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Cierto que en principio serán válidas las mismas normas de procedimiento. 
El Consejo decidirá por consenso y el Parlamento deberá ser oído. 
Sin embargo, tras la ratificación del Tratado de Amsterdam habrá un fundamento jurídico comunitario en los ámbitos de asilo, inmigración y cooperación policial, y desaparecerá el procedimiento de la cooperación interestatal que estamos ensayando ahora. 
En este punto se nos plantearán también cuestiones, señor Presidente del Consejo. 
Le mencionaré una. 
Ahora actúan los Parlamentos nacionales en el control de sus Gobiernos. 
Si se establece un ámbito de competencia comunitaria, las áreas correspondientes como, por ejemplo, asilo e inmigración, se escapan al control nacional sin entrar plenamente bajo el control total de este Parlamento, puesto que nosotros sólo somos escuchados y no podemos codecidir. 
Algunos juristas constitucionalistas tendrán que romperse la cabeza con este tema. 
Por eso nosotros le aconsejamos, seor Presidente, de forma expresa que haga uso lo antes posible de las posibilidades de introducir las decisiones por mayoría y la codecisión del Parlamento. 
Hay una serie de cosas concretas que nos gustaría ver apoyadas. 
Necesitamos una preparación para estructurar Schengen. 
Necesitamos una preparación legislativa para el derecho de asilo común. 
Y queremos hacer de EUROPOL una unidad independiente de todos los particularismos que esté bajo el control de un Comisario europeo, bajo el control jurídico del Tribunal de Justicia y bajo el control parlamentario de este Parlamento. 
Por ello, seor Presidente del Consejo, en vista de nuestra espléndida experiencia con usted, le pedimos su colaboración. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, el artículo K6 del Tratado nos ofrece una hermosa tradición que nos conduce, cada año, a hacer, en el ámbito del tercer pilar, el balance de las acciones y realizaciones relativas a la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Diré en primer lugar, señor Presidente, que he valorado la intervención del Sr. Nassauer, uno de los especialistas en la materia en este Parlamento y que, de hecho, ha señalado una serie de pistas que deberíamos tomar en serio en los meses y años venideros ya que se trata de pistas enormemente realistas, que deberían inscribirse en una cooperación más estrecha, más leal entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Quisiera decir también, señor Presidente, que hago aquí el balance del año 1997. 
No es el balance de la Presidencia luxemburguesa, ya que éste se inscribe de hecho en el de la Presidencia neerlandesa. La Presidencia neerlandesa estaba preocupada por la preparación y elaboración del proyecto de Tratado de Amsterdam, y creo que ha hecho bien su trabajo. 
Correspondía después a la Presidencia luxemburguesa aplicar y anticipar una serie de disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
Agradezco a este Parlamento que nos haya seguido. 
Yo había pedido a mis colegas que actuaran como si estuviéramos ya en la lógica de Amsterdam, y todo el mundo me ha seguido. 
Puedo decir, señor Presidente, al Sr. Nassauer, al Sr. Schulz y a los demás intervinientes que, finalmente, tanto la Presidencia británica, que va a sucedernos, como la Presidencia austríaca, que sucederá a la Presidencia británica, están dispuestas a continuar el mismo impulso y a hacer suyo el modus vivendi que habíamos acordado en el transcurso de los seis últimos meses. 
Todos han querido hacerlo, ya que este Parlamento ha reaccionado sin tardanza a nuestra oferta emitiendo su dictamen a tiempo sobre una serie de proyectos, de acciones comunes que la Presidencia les había sometido y con un resultado totalmente estimulante. 
La Presidencia luxemburguesa y la Presidencia neerlandesa se han centrado en una serie de ámbitos más particulares. 
El primero es el de la lucha contra la delincuencia organizada. 
Con el estímulo de este calendario de Amsterdam, se han acotado 33 puntos en plazos muy precisos, muy definidos. 
Evidentemente, debíamos respetar este calendario. Creo que lo hemos hecho, llegando a un acuerdo político sobre la acción común que establece una red judicial europea. 
Lo hemos hecho dando el último toque a la acción común según la cual los instrumentos internacionales habrán de ser evaluados de otra forma en el plano nacional. 
No es suficiente aprobar un convenio, hace falta saber si todo el mundo está dispuesto a aplicarlo sobre el terreno de acuerdo con la voluntad del legislador. 
Hemos hecho todo, y digo bien, todo, para finalizar la acción común en lo que se refiere a la imputación por la participación en una organización delictiva. 
No lo hemos logrado. 
Les confieso que estoy enormemente decepcionado porque este Parlamento tiene razón en insistir, ahora y siempre, en la necesidad de una definición común de la delincuencia organizada. 
Cómo queremos combatir la delincuencia organizada, en la Unión Europea, si no llegamos entre Estados miembros a ponernos de acuerdo sobre el mismo lenguaje, sobre el mismo wording, sobre la misma definición de delincuencia organizada. 
Estábamos a punto de conseguirlo, señor Presidente, pero un Estado miembro, uno solo, nos ha impedido avanzar y por tanto ponernos de acuerdo. 
Diría, señor Presidente, que también hemos hecho progresos considerables en el ámbito de la cooperación policial. 
Estoy hablando de Europol. 
Hasta el momento, cinco Estados miembros han ratificado este convenio. 
Quedan diez Estados miembros, que deberían hacerlo en los próximos meses, y como muy tarde en febrero, para que Europol pueda ser operativo en el mes de julio. 
Hemos puesto a punto la mayor parte de los reglamentos que estarán en la base de esta nueva institución que es Europol y tenemos esperanzas de ver finalizado y ratificado este convenio por todos los Estados miembros de aquí a principios del año próximo. 
Consideramos, yo considero personalmente, la aprobación del convenio de Nápoles II como el máximo logro de la Presidencia luxemburguesa, y les digo por qué. 
Se trata de una cooperación entre administraciones aduaneras que debería aportar a las autoridades aduaneras los instrumentos necesarios y suficientes para luchar de manera eficaz contra el tráfico ilegal de alcohol, de tabaco, de drogas, de psicotrópicos, de armas, de municiones, de material nuclear. 
Se trata de un instrumento que debería permitir un salto cualitativo en la lucha transfronteriza contra la delincuencia organizada. 
Pero nosotros no nos quedaremos ahí. 
Vamos igualmente a inscribir la aprobación, el acuerdo político, del convenio de Bruselas. Es la primera vez que, en materia de cooperación judicial en el ámbito civil, sobrepasamos el estadio patrimonial para ampliar nuestras competencias al ámbito matrimonial. 
Esta evolución es extremadamente importante para nuestros conciudadanos ya que se trata de materias como el divorcio, la separación de hecho, la anulación del matrimonio, la guardia y custodia de menores, decisiones que exigen ser reconocidas y ejecutadas en todos los Estados miembros. 
En ese caso también hemos aprobado finalmente un convenio que es de una importancia vital para la comunidad de derecho a la que aspiramos. 
Podría citar aún otros ejemplos. 
En materia de drogas, debo señalar una serie de resultados, pero sobre todo, y esto es una primicia, los de esta primera reunión informal entre ministros de Justicia y ministros encargados del expediente de la droga, que han discutido sobre un planteamiento más coherente, más pragmático, en el ámbito de la lucha contra esta lacra. 
No les diré que esta reunión haya supuesto un gran éxito, pero ha tenido el mérito de facilitar el debate, con toda serenidad y objetividad, de los problemas que son competencia al mismo tiempo de los ministros de Justicia y de los ministros de Salud, aunque ambos los consideren desde perspectivas diferentes. 
Es evidente que los ministros de Justicia tienen la tendencia a hacer más hincapié en el aspecto represivo mientras que los ministros de Salud, evidentemente, están más preocupados por el aspecto preventivo. 
Pues bien, a pesar de todo hemos conseguido un consenso mínimo en torno a la mesa. 
Les diré en qué considero este debate extremadamente útil. Debería, además, orientar a los ministros de Justicia y a los de Salud en los meses y años venideros. 
Los ministros se han puesto de acuerdo sobre el hecho de que el drogadicto es ante todo un hombre o una mujer enfermo, que reclama asistencia, ayuda y no castigo. 
Y nosotros nos hemos puesto de acuerdo para decir que, finalmente, es importante hacer tanto hincapié, si no más, en los aspectos preventivos de la lucha contra la droga que en los represivos. 
He aquí, señor Presidente, un balance muy somero de este año, pero debería ser, con todo, suficientemente notable como para que sus Señorías pudieran comprenderlo bien. 
Este año ha sido, a mi juicio, extremadamente útil en el plano de la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Hemos hecho progresos considerables en una serie de ámbitos como la lucha contra la delincuencia organizada, la cooperación policial, la cooperación judicial en materia penal y civil. 
Además, hemos enriquecido e intensificado el diálogo con los PECOS y con Chipre, insistiendo muy especialmente en la evaluación de los instrumentos jurídicos, de conformidad con los criterios de Copenhague, pero verá, señor Presidente, que las negociaciones con los PECOS, con los Estados de la Europa central y oriental, serán sin duda muy difíciles en el ámbito del tercer pilar y de la evaluación de los instrumentos que acabo de mencionar. 
Señor Presidente, creo que hemos hecho un trabajo honesto. 
Evidentemente, no lo hemos hecho todo, pero en cualquier caso los resultados de una Presidencia se ajustan al éxito de las Presidencias que le sucedan. Una vez más, desearía darle las gracias por haberme concedido la palabra. 
Pero quisiera ante todo dar las gracias al Parlamento, así como a los miembros de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, a los de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, a los de la Comisión de Asuntos Institucionales y a los de la Comisión de Control Presupuestario, ya que hemos hecho muchas cosas también en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad y en el tema de la corrupción; quisiera darles las gracias a todos por su compromiso y disponibilidad al servicio de una causa que es común al Consejo y al Parlamento. 
Me refiero a nuestra lucha decidida contra la delincuencia organizada. 
La seguridad, señor Presidente, y la inmigración, son los temas que preocupan al máximo a los ciudadanos. Por consiguiente, es preciso que respondamos a sus expectativas y a sus intereses, ya que éstos son legítimos y deberían interpelarnos en cuanto a la credibilidad del trabajo que hacemos juntos. 
Señora Presidenta, los temas que se enmarcan dentro del tercer pilar vuelven a ocupar un lugar central en el debate europeo, y con razón. 
Se trata de incrementar la seguridad y la tranquilidad del ciudadano. 
Si queremos que se haga realidad la libre circulación, también debemos poner fin a los problemas relacionados con los refugiados, el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes, el fraude, la corrupción y el tráfico de mujeres y niños. 
Este año se ha caracterizado por los trabajos con miras a la firma del Tratado de Amsterdam y a la ampliación de la Unión. 
La Unión Europea se enfrenta a una tarea de dimensiones históricas. 
Las nuevas democracias del este y centro de Europa y del Báltico, que han abandonado el comunismo, se acogen a la Unión. 
Para ellas, así como para los Estados miembros actuales de la UE, se trata en el fondo de construir una cooperación que nos garantice la paz, la estabilidad y la democracia. 
Son grandes los retos a los que se enfrenta la actual UE en el ámbito del tercer pilar. 
También son grandes para los países solicitantes de adhesión. 
Estas cuestiones ocupan un amplio primer plano. 
Tenemos experiencias distintas en la UE y en los países solicitantes, pero los problemas con que nos encontramos son en el fondo los mismos. 
El crimen organizado nos afecta a todos. 
Permítanme poner un ejemplo: el tráfico de mujeres y niños es una cuestión política central en la UE. 
Ahora se empieza a admitir como una cuestión importante en los países solicitantes; son sus jóvenes las que resultan perjudicadas. 
Otro ejemplo: los traficantes de estupefacientes utilizan los países solicitantes y de tránsito en sus actividades. 
Ahora reconocen los países solicitantes que esto les ha traído como consecuencia un mercado interno de la droga. 
No sólo tenemos unos intereses comunes, sino también una responsabilidad común. 
Por nuestra parte se trata de cumplir los requisitos de la pre-accession strategy. 
Para los países solicitantes se trata de introducir el acervo comunitario en sus ámbitos de justicia e interior. 
Hemos dedicado mucho tiempo a elaborar una comunicación de la Comisión para todos los países solicitantes. 
En un estadio temprano ya apuntamos que serían precisamente las cuestiones de justicia e interior las que exigirían mucho tiempo y trabajo en los preparativos para la ampliación. 
Esto es evidente. 
Si permitimos que se extienda el crimen organizado, menoscabamos la democracia. 
Si las instituciones democráticas no consiguen reformar y vigilar la situación, los ciudadanos perderán su confianza en ellas. 
Esto afectaría a las economía de los países. 
Los inversores deben confiar en el sistema jurídico. 
Es fundamental para las negociaciones con miras a la adhesión que los países aspirantes acepten el acquis de la Unión, lo cual a su vez requiere la existencia de unas instituciones judiciales estables. 
En el transcurso de la primavera dedicamos mucho tiempo a defender nuestros puntos de vista con motivo de las negociaciones gubernamentales con vistas a la cumbre de Amsterdam. 
Con respecto al tercer pilar, el Tratado significa un gran paso hacia adelante, aunque naturalmente habríamos deseado que hubiese sido aun mayor. 
Durante el año, además de los trabajos realizados en estos dos ámbitos centrales, también hemos adoptado una serie de iniciativas específicas. 
Hemos presentado una propuesta de protección temporal, temporary protection, que fue debatida en esta Cámara en el mes de octubre. 
Nuestro principio general ha sido el de que las personas con permiso de residencia provisional debían gozar de la misma protección, independientemente del país miembro en que se encontrasen. 
También hemos presentado una propuesta de Convenio sobre la normativa para la inmigración, o admission. 
El motivo es simplemente que teníamos una serie de resoluciones que deseábamos conglomerar en un solo instrumento, con unas normas armonizadas en lo referente a la fuerza de trabajo, empresarios, estudiantes, investigadores, miembros de la familia e inmigrantes con residencia permanente en la Unión. 
También he presentado durante el año una comunicación sobre la ejecución y el reconocimiento de las sentencias civiles, que en cierto modo responde a la cuestión formulada por el Sr. Nassauer, en el sentido de que actualmente lleva demasiado tiempo y es muy costoso hacer que una sentencia se ejecute en otro Estado miembro. 
Como ha dicho el ministro Fischbach, las drogas sintéticas se extienden como un reguero de pólvora entre la juventud europea. 
Las drogas son diseñadas para evitar las prohibiciones de la legislación, y sucede que a veces las autoridades se ven obligadas a abandonar drogas confiscadas simplemente porque no las hemos incluído todavía en las listas de sustancias prohibidas. 
En la actualidad lleva aproximadamente dos años conseguir que se inscriba una droga nueva en las listas de sustancias prohibidas de las Naciones Unidas. 
Naturalmente esto no es aceptable. 
En cuanto me di cuenta de la magnitud del problema, encargué a mis ramas de servicios que efectuasen un análisis pormenorizado de la situación. 
Éste se había completado en enero, y a continuación preparamos una comunicación dirigida al Parlamento en mayo. 
Como saben sus Señorías, hemos propuesto un sistema de intercambio de información que nos posibilitará alertarnos recíprocamente con rapidez tan pronto como las nuevas sustancias entren en el mercado, y de este modo podremos compartir experiencias y estudios. 
También hemos de configurar unos métodos para que se prohiban las nuevas drogas químicas de un modo más ágil. 
Esto lo ha apoyado el Consejo de Ministros en el mes de junio. 
En lo que concierne a la lucha contra la droga, tenemos en funcionamiento una buena cooperación con el Parlamento Europeo y la Presidencia. 
La Comisión también participa en las acciones antidroga que se realizan más allá de las fronteras europeas. 
Se trata del norte de África, el sureste de Asia y Latinoamérica. 
Puedo informar que la semana pasada participamos en una reunión celebrada en la República Dominicana en la que se enfocó la puesta en marcha del plan de acción para la lucha contra los narcóticos en el Caribe, que se aprobó en Barbados en mayo de 1996. 
Señora Presidenta, el tráfico de mujeres ha sido objeto de un debate especial ayer en el Pleno, con el informe Waddington, que figuraba en el orden del día. 
Como ya he dicho en esta ocasión, ya estamos realizando un seguimiento del plan de acción. 
En lo concerniente a la explotación sexual de la infancia, trabajamos para elaborar una comunicación que abarque una perspectiva conjunta y en la que se propone entre otras cosas un registro europeo de niños desaparecidos. 
A lo largo del año hemos puesto en marcha el programa Daphne, que va dirigido a las organizaciones de voluntarios que se ocupan de niños y mujeres que han sido objeto de la violencia y la explotación sexual. 
Se ha despertado un gran interés, pero sólo hemos podido apoyar una parte de todos los proyectos presentados. 
Esperamos que a través de los proyectos específicos se recojan unas experiencias y conocimientos que puedan beneficiar a los ciudadanos. 
Todos los Estados miembros de la UE participan de un modo u otro en el proyecto. 
También hemos trabajado intensamente poniendo en práctica cuatro programas plurianuales: Sherlock, Grotius, Stop y Oisin. 
Recientemente la Comisión ha presentado dos nuevos programas plurianuales, Falcone y Odysseus. 
Odysseus tiene por objeto reforzar la cooperación práctica entre los funcionarios que se ocupan de documentos falsificados, del control fronterizo, y de cuestiones de inmigración y de asilo. 
Señora Presidenta, cuando preguntamos en qué ámbitos debería concentrarse la Unión Europea, la mayoría de los consultados responde que se trata de la lucha contra el crimen organizado, los estupefacientes y la violencia. 
Esto es lo que preocupa actualmente a los ciudadanos. 
Y esperan que realicemos unos esfuerzos para garantizar con ello su libertad personal, su tranquilidad y seguridad. 
La Comisión juega un papel activo en los trabajos para elaborar planes de acción para la Unión en su lucha contra el crimen organizado. 
Esto lo ha hecho la Comisión cara a la Cumbre de Dublin y ha continuado haciéndolo antes y después de la de Amsterdam. 
Nos alegra que el Consejo de Ministros esté de acuerdo en que todos los Estados miembros y las instituciones de la Unión deben cumplir con su palabra en el sentido de hacer más eficaz la lucha contra el crimen organizado. 
Los hechos hablan su propio lenguaje. 
Tenemos en la UE 15 sistemas judiciales distintos, distintas definiciones del concepto de fraude, y grandes divergencias en la normativa que se aplica a los bancos y a la actividad financiera. 
El crimen organizado se aprovecha de la situación. 
Esto debería llevarnos a exigir categóricamente una mayor colaboración y más eficacia en la lucha contra la delincuencia en la Unión. 
Con miras a incrementar las posibilidades de una cooperación eficaz, he presentado una propuesta de acción conjunta, el llamado programa Falcone, que tiene por objeto reforzar precisamente la cooperación entre las personas que trabajan sobre el terreno en las cuestiones policiales y judiciales de este ámbito. 
Es evidente que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción constituye una parte importante de las futuras negociaciones para la adhesión que celebraremos con los países del centro y este de Europa. 
El plan de acción propone que se contraiga un Pacto de cooperación especial contra la criminalidad organizada entre los países aspirantes y los Estados de la UE. 
En colaboración con la Presidencia, la Comisión está estudiando la configuración que debe adquirir este tipo de pacto. 
En repetidas ocasiones, como también hace la ponente, he lamentado que no hayan entrado en vigor todavía muchos convenios del ámbito del tercer pilar. 
Se trata en concreto de Europol, del Convenio sobre la extradición, y del de la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Les estaría agradecida a los diputados de la Cámara si también se esforzaran por que, como ha mencionado la Presidenta, al menos se consiguiera poner en marcha Europol el 1 de julio del año próximo. 
Como he mencionado al principio, el Tratado de Amsterdam significa que la cooperación en los ámbitos de justicia e interior asciende a un nuevo nivel. 
Contiene un programa de acción quinquenal para la integración de las cuestiones sobre controles fronterizos, inmigración, asilo y derecho civil, dentro del primer pilar. 
Se trata también de las cuestiones que actualmente entran dentro de los acuerdos de Schengen. 
La cooperación en el ámbito que sigue estando dentro del tercer pilar, el del derecho penal, policía y aduanas, se desarrollará entre otras cosas a través de decisiones marco. 
Seguiremos trabajando con los instrumentos de que disponemos a raíz del Tratado de Maastricht. 
Al mismo tiempo, nos preparamos naturalmente para el día en que entre en vigor el de Amsterdam. 
Pienso que se necesita un examen pormenorizado de las repercusiones a que dará origen el nuevo Tratado en las cuestiones de justicia e interior. 
Por ello he puesto en marcha un análisis que pienso presentar al Parlamento y al Consejo de Ministros bajo la modalidad de un comunicado general. 
Espero que, al igual que haría un Libro Blanco, el comunicado nos sirva de base para el debate general sobre cómo hacer realidad la idea de una Europa en libertad, segura y justa. 
Con esto quiero expresar mi agradecimiento a las comisiones del Parlamento, con las que trabaja intensamente la Comisión, por la buena colaboración mantenida a lo largo del año. 
También doy las gracias a la Presidencia por las iniciativas afortunadas que, a pesar de todo, hemos podido aprobar durante 1997. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
Declaro interrumpida la sesión. Se reanudará a las 15.00 horas. 
Bienvenida. 
Antes de que empecemos con las votaciones, quisiera realizar un saludo. Estimados colegas, en la Tribuna de visitantes nos honra con su presencia la familia de Miguel Angel Blanco, el concejal de la ciudad de Ermua, en el País Vasco, que fue secuestrado y asesinado por la organización terrorista ETA en el mes de julio de este año. 
(Aplausos prolongados) Como ustedes seguramente recuerdan, la muerte de Miguel Angel Blanco produjo una enorme conmoción en España y en el resto de la Comunidad Europea. 
El Parlamento Europeo se unió a ese sentimiento, que va dirigido también a todas las víctimas del terrorismo, y envió una delegación a Ermua, para mostrar claramente su solidaridad. 
El alcalde de Ermua y los portavoces de todos los partidos del Ayuntamiento acompañan a la familia. 
A todos ellos quisiera dar mi más cariñoso saludo de bienvenida, saludo que se ha manifestado también en el aplauso de este Pleno. 
Mi más cariñoso agradecimiento por venir. 
Votaciones 
Acojo con satisfacción el convenio de concertación con el Consejo relativo a las modalidades de la doble indicación de precios en las mercancías durante el período de transición para la introducción de una moneda única. 
La decisión tendrá como resultado que el precio de los productos figure tanto en moneda nacional como en euros, incluyendo el precio por unidad, por kilo y por litro, según corresponda. 
La excepción acordada a los pequeños comerciantes también es una muestra de sentido común. 
Los pequeños comercios dispondrán de seis años para cumplir con la directiva. 
Evidentemente, visto que estas pequeñas tiendas venden de todo, habría resultado una carga inaceptable pedirles que también pusieran el precio por unidad en los productos. 
Estas medidas resultan prácticas y ayudarán a los consumidores a entender mejor el funcionamiento de la moneda única. 
Tabaco crudo (A4-414/97) 
El grupo socialdemócrata sueco se ha abstenido de votar sobre la modificación de este Reglamento, puesto que pensamos que no se deben dar ayudas en absoluto al cultivo de tabaco. 
He votado contra la propuesta de prorrogar los reglamentos relacionados con la organización común del mercado del tabaco crudo. 
El motivo es sobre todo que considero que la ayuda al cultivo de tabaco es injusta, ya que la UE tiene simultáneamente unos programas con objeto de prevenir los daños que produce su consumo. 
Sabemos que miles y miles de personas mueren cada año a causa del tabaco, y que son astronómicos los costes sanitarios del cuidado de las personas que caen enfermas por fumar. 
Por consiguiente, deben cesar totalmente las ayudas de la UE al cultivo de tabaco. 
En su lugar, deberían destinarse a hacer que los agricultores que actualmente lo cultivan lo cambiasen por otros productos. 
El aviso que ha recibido el Parlamento con el último informe anual del Tribunal de Cuentas demuestra clara e inequívocamente que la política de la UE en este ámbito funciona muy mal. 
Entre otras cosas lo que no funciona son los sistemas de control internos. 
Además, son frecuentes las infracciones. 
Por tanto, no creo que sea justo continuar con este tipo de política. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra de que la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo sea prorrogada para incluir la cosecha de 1998. 
Opinamos que el tabaco que se cultiva en la UE no debe ser subvencionado por las siguientes causas: por un lado es inmoral que se exporte, como no cumple los propios estándares comunitarios, por otro lado pensamos que se trata de una doble moral el que anualmente empleemos 11, 2 millones de ecus para la lucha contra el cáncer y al mismo tiempo apoyemos el cultivo de tabaco por medio de las organizaciones de mercados. 
En su lugar abogamos por reestructurar la producción en estas zonas hacia otros cultivos y por este camino garantizar a las personas que en la actualidad dependen de esta producción unos medios de subsistencia. 
Informe Andersson (A4-313/97) 
En sus rasgos generales el informe sobre la futura organización del trabajo es excelente. 
Estos temas deben regularse de forma descentralizada en la medida de lo posible a través de unos convenios firmados por las partes integrantes del mercado de trabajo, es decir, de una cooperación basada en convenios que signifique que las partes deciden por sí mismas el nivel al que se contrae el acuerdo. 
En cambio, no me parece que existan motivos para incluir a la Comisión Europea en la cooperación, tal y como indica el informe. 
No obstante, he votado en favor del informe. 
Voto en contra del informe del Sr. Andersson. 
EL evidente acuerdo entre los puntos de vista de este informe y el Libro Verde de la Comisión sólo me confirma en mi idea de que la mayoría del Parlamento de la UE comparte plenamente los puntos de vista de la Comisión sobre la manera en la que debe organizarse el mercado laboral europeo del futuro. 
A pesar de los buenos elementos que aparecen en el informe los únicos parámetros para el éxito en el informe del Sr. Andersson son el crecimiento cualitativo y un mayor lucro económico. 
Por este motivo, el informe sólo contiene parches sobre las consecuencias negativas que las propuestas del Libro Verde de la Comisión acarreará, por ejemplo, la negativa transcendencia que la implantación de una norma anual de jornada laboral tendrá para la vida familiar de los asalariados y de su vida social en suma. 
Encuentro inaceptable que el informe del Sr. Andersson solicite la intervención de la Comisión en una regulación comunitaria de los mercados laborales nacionales (punto 1). 
No lo hace más aceptable el hecho de que el informe en este sentido se remita a la importancia de los socios europeos en el mercado laboral. 
Esto supone en realidad que los sindicatos y organizaciones empresariales nacionales queden al margen de toda influencia, cuando están en juego los intereses de sus miembros, y que varias partes del ámbito del mercado laboral sean abarcadas por la legislación comunitaria. 
Deseo apoyar a los círculos en el movimiento sindical danés que insisten en los principios por los que se conserva la libertad de negociación colectiva entre las partes del mercado laboral en un plano nacional, y que trabajan en contra de cualquier forma de injerencia comunitaria en los convenios. 
Los mismos círculos en el movimiento sindical apoyan plenamente la amplia colaboración profesional internacional y yo también comparto esta opinión. 
Por esta razón rechazo el informe. 
Acojo con suma satisfacción este Libro Verde y el trabajo realizado por el ponente sobre este tema. 
Espero que los debates alrededor de este documento den lugar a acciones concretas. 
Habiendo experimentado frustración el año pasado cuando el anterior Gobierno británico se opuso a una política flexible de la UE en materia de tiempo de trabajo, me alegra decir que nuestro nuevo Gobierno está desempeñando un destacado papel en estos debates. 
Los laboristas británicos entre los que me cuento, se alegran de que el ponente haga hincapié en el aprendizaje a lo largo de la vida como una política que ha de apoyarse a nivel de la UE, tal como nuestro Gobierno lo hace en nuestro país. 
Tiene razón en subrayar la necesidad de diseñar políticas que se adapten a diferentes personas- en Gran Bretaña, por ejemplo, nuestro Primer ministro ha anunciado un incremento masivo para las estructuras destinadas al cuidado de los niños, ayudando con ello a los padres a pasar del mundo de las prestaciones sociales al mundo laboral. 
Todos podemos aprender de las mejores prácticas en otros países. 
Cuando la dirección y la plantilla se atreven a ser flexibles, a dirigir el cambio en lugar de ser sus víctimas, más seguro será el futuro económico de todos. 
Espero que los compañeros apoyen este informe y hagan avanzar el debate, generen nuevas ideas y compartan las mejores prácticas actuales en lo que respecta a la organización del trabajo. 
Ello puede resultar un útil aguijón para que los gobiernos nacionales preparen sus planes de acción en favor del empleo para la Cumbre de Cardiff del año próximo. 
Esto es absolutamente positivo, pero realmente no es suficiente. 
En vista de los acuciantes problemas del desempleo de masas se vuelve necesario ocuparse también de las dos dimensiones mencionadas anteriormente, relativas a la reorganización del trabajo. 
Esperamos que el debate continúe y sea ampliado pertinentemente, precisamente también por parte de la Comisión de la UE que podría encontrar ahí nuevas posibilidades para superar algunos bloqueos que todavía hoy se presentan al tema de una política europea laboral y de empleo. 
Informe Waddington (A4-372/97) 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción el informe Waddington como una respuesta exhaustiva, coherente, a la comunicación de la Comisión sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 
Es sumamente difícil creer que todavía exista este tipo de esclavitud en nuestros días y nuestra época, aunque leemos que la trata de mujeres realmente va en aumento según la Organización Internacional de Inmigración. 
Esta situación hace todavía más importante que la Unión Europea tenga una estrategia coordinada para combatirla. 
La Comisión ha calculado que cada año medio millón de mujeres son víctimas de este tráfico, aunque se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la naturaleza secreta de este comercio. 
Los altos beneficios y escasos riesgos que genera esta trata alientan a los traficantes a suministrar un número cada vez mayor de mujeres con fines de explotación sexual en la Unión Europa. 
Muchas de estas mujeres desesperadas son pobres y vulnerables, marginadas en su propia sociedad, que creen que la vida en otro país será más fácil- una escapatoria- un nuevo comienzo. 
Por tanto, es indispensable tener un enfoque multidisciplinar, transnacional y europeo de este problema. 
Es muy alentador que los Estados miembros hayan reconocido que la trata de personas es una violación a los derechos humanos y que tengan un interés común en combatirla. 
Asimismo, resulta alentador el establecimiento de los programas STOP y DAPHNE. 
No obstante, es sumamente necesario que se conceda mayor financiación a estas iniciativas y pido que 1999 sea designado el Año Europeo para combatir la Violencia contra las Mujeres para que sirva de aliciente y ayude a incrementar estas líneas presupuestarias. 
Por último, es importante que se incluya en las negociaciones sobre la ampliación de la Unión Europea la condición actual de las mujeres en la sociedad, especialmente porque los países de Europa central y oriental se han convertido rápidamente en un nuevo terreno propicio y son zonas de fácil acceso para la trata de las mujeres y para introducirlas en la Unión Europea. 
El enorme incremento en la trata de mujeres está haciendo que muchos miles de mujeres procedentes de las regiones más pobres del mundo se vean sujetas a la esclavitud sexual. 
Estas desgraciadas víctimas vienen de América Latina, Filipinas y los países de Europa central y oriental. 
A menudo se trata de personas ignorantes y sin formación directamente reclutadas en pequeños pueblos y aldeas con la promesa de conseguir un buen empleo bien pagado en Europa. 
Una vez que llegan a Europa se encuentran a merced de los traficantes que les confiscan sus pasaportes y las fuerzan a prostituirse. 
Acojo con satisfacción que este problema se haya incluido entre las atribuciones de la Unidad Antidogras de Europol. 
No obstante, se necesita hacer mucho más. 
Debe haber una mejor coordinación entre la información de la policía y la legislación, y armonizar la política relativa a las sentencias en toda la UE. 
Aquellos que ejercen este nefasto comercio deben ser severamente castigados. 
Cuando se les atrape deben purgar largas penas en un pie de igualdad con los condenados por grandes delitos de tráfico de drogas. 
La pena debe ser equivalente al crimen. 
Hemos votado en el día de hoy a favor del espléndido informe de la Sra. Waddington sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual. 
Hemos hecho esto a pesar de que en él se solicite la ratificación de la convención Europol y ampliar el campo de actividades del próximo sistema de información europeo (SIE). 
Europol es uno de los muchos pasos dados encaminados a " los Estados Unidos de Europa». 
La cooperación policial por encima de fronteras es a veces una necesidad, sin embargo, no hay motivo alguno para convertir ésta en una cooperación supranacional. 
Lo mismo puede decirse del SIE y toda la labor de Schengen. 
Reconocemos la necesidad de acciones en relación con la trata de mujeres, sin embargo, opinamos que éstas deben llevarse a cabo en el ámbito de los Estados miembros. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de redoblar esfuerzos en la ayuda a las mujeres que son víctimas de la trata de blancas. 
Es una forma de esclavitud en la que las mujeres de terceros países son trasladadas hasta la UE para ser explotadas o en la prostitución forzosa o en matrimonios a la fuerza o en otras condiciones laborales que implican explotación sexual. 
Estas mujeres a menudo se encuentran en una posición muy desdichada y expuesta. 
De ahí que importante hacer un esfuerzo tanto para ayudar a las víctimas como para detener a los tratantes de blancas. 
Es un problema que traspasa fronteras y por este motivo es importante que la Comisión tome esta iniciativa. 
Los países miembros deben colaborar en investigación y formación, intercambiar datos y experiencias, etc. La trata de blancas debe combatirse y para llevarlo a cabo, la manera más efectiva es mediante un esfuerzo común. 
El informe refleja algunos aspectos del problema tremendamente dramáticos. 
A pesar de ello, no examina las causas esenciales que provocan y extienden esa plaga social, ni descubre a los verdaderos culpables del moderno tráfico de esclavos. 
Por ello, a pesar de que formula propuestas bastante interesantes, no alcanza a sugerir las que permitirían acometer el problema desde su raíz. 
Probablemente sea doloroso para los propios países " civilizados» admitir su responsabilidad en el derrumbamiento económico y social de multitud de países, provocado por su sometimiento a los intereses económicos tanto europeos como multinacionales, y que ha llevado a sus pueblos a la pobreza. 
La ley del mercado, que socava la dignidad de los ciudadanos y los trabajadores de nuestros países, convirtió a otros en presas y mercancías, tanto en Europa como en el tercer mundo. 
Se ha creado un " paraíso» legal para la jungla, donde la potente delincuencia organizada internacional actúa sin ser molestada y se comercia con la dignidad e incluso la propia existencia del hombre. 
Afrontar el problema no significa imponer penas más severas y endurecer la represión mediante el refuerzo de la EUROPOL, lo que en definitiva supone perseguir a las propias víctimas, pues de esta forma no se ataca a las potentes y ágiles redes de la delincuencia organizada. 
Así, Schengen asedia a los inmigrantes, las auténticas víctimas, a quienes priva de sus derechos fundamentales y deja a merced de la ilegalidad y el crimen. 
Encarar el problema supone salvaguardar y garantizar los derechos de los inmigrantes, hacer accesibles los servicios de acogida y garantizar unas condiciones básicas de vida. 
Más aún, supone desarrollar, en igualdad de condiciones, relaciones de cooperación mutua y beneficiosa para los estados del Tercer Mundo; de forma que se favorezca el desarrollo de su base económica, estropeada por la explotación depredadora de los países centrales, para que así puedan ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de trabajar y vivir con dignidad en su país. 
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas.) 
Progresos en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las preguntas orales de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sobre el debate anual relativo a los progresos en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Señor Presidente, pido disculpas porque al inicio de este debate quiera expresarme sobre una cuestión relativa al Reglamento. 
Pero no puedo evitar equipar el procedimiento relativo al debate de hoy con dos puntualizaciones críticas, y se las dirijo a usted, seor Presidente, unidas a un ruego. 
Por tercera vez consecutiva vivimos ahora el hecho de que el debate los éxitos de la cooperación en materia de Justicia e Interior ha sido planteado de tal manera en el orden del día que ahora toca lo que tocó hoy al mediodía, que tenemos que interrumpir el debate porque entretanto han de tener lugar nuestras importantes votaciones. 
Esto no es bueno para el debate. 
Le pediría a usted encarecidamente que encontrase otro lugar en el orden del día para un tema tan central, que nos permita discutirlo en conjunto. 
Otra petición dirigida a usted, seor Presidente, con otra observación crítica: Estoy muy agradecido a la Sra. Comisaria Gradin por haber terminado su intervención hoy al mediodía. 
Yo no la habría concluido de haber estado en su lugar, pues los modos y maneras con los que esta Asamblea piensa que se puede tratar a una Comisaria no son aceptables. 
Lo digo expresamente dirigido a todos nosotros, estimados colegas, y le pido a cada uno de los aquí presentes que vele en los grupos para que no arruinemos nuestra fama. 
¡Así no puede tratarse a un miembro de la Comisión en un debate tan importante! 
Querría pedirles que lo evitemos en un futuro. 
Debatir aquí al mediodía- esta vez la víctima fue la Sra. Gradin, otras veces son otros, bien sean ponentes bien sean representantes del Consejo o de la Comisión- es insoportable. 
No escucha nadie. 
¡Es indigno del Parlamento Europeo! 
Quisiera pedirle, seor Presidente, que lo lleve como tema de discusión a la Conferencia de Presidentes. 
Muchas gracias. 
Quisiera responder brevemente a sus dos observaciones, que eran tanto intervenciones como críticas, para tomar buena nota y remitir a la Conferencia de Presidentes su observación sobre el hecho de que los debates acerca de este tema se ven interrumpidos por tercera vez por la pausa del mediodía, y para devolverle también la crítica, ya que es sobre todo la falta de respeto por el tiempo de palabra por parte de los oradores lo que ha llevado a no poder mantener los plazos que se habían previsto. 
Por otra parte, pido excusas de nuevo a la señora Comisaria por el desorden de hace unos instantes, pero no sabemos muy bien cómo controlar una Asamblea que está instalándose. 
Se trata de un problema recurrente, que no dejaré de comunicar a la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, solamente una frase. Para dar más peso a las palabras de nuestro colega Schulz, quisiera decir que el PPE apoya, palabra por palabra, lo que acaba de decir, y que lo apoya decididamente. 
Muchas gracias, señora. 
Todas estas observaciones serán remitidas a las autoridades competentes. 
Le pido, por favor, que respete el tiempo de palabra, que nos permitirá evitar este tipo de situaciones embarazosas. 
Señor Presidente, me sumo también a los colegas que acaban de intervenir. 
Quisiera comenzar dando las gracias al ponente que ha aceptado la mayoría de las enmiendas que había propuesto en comisión en nombre del Grupo Socialista. 
En consecuencia, la resolución que se nos ha presentado obtiene, en un párrafo aproximadamente, nuestra total aprobación. 
Considero que hay dos maneras de abordar este informe anual. 
Un primer planteamiento consiste en poner en paralelo los avances operados y las expectativas de los ciudadanos a los que representamos. 
Desde este punto de vista- volveré sobre él- es grande la distancia entre las citadas expectativas y la realidad. 
Pero también se puede medir la evolución con relación al año anterior, algo que es más realista y menos desalentador. 
Esto es lo que hemos hecho señalando que el Parlamento ha sido mejor informado y consultado con más frecuencia, de acuerdo con el artículo K6. 
Al ser la aplicación demasiado restrictiva de este artículo la primera de nuestras quejas anteriores, hemos considerado que la Presidencia luxemburguesa se compromete a aplicar por adelantado el artículo K, párrafo 11 del Tratado de Amsterdam que señala sin ambigüedad las obligaciones del Consejo y de la Comisión con respecto al Parlamento. 
El Sr. Nassauer lo ha indicado esta mañana, el Sr. Presidente del Consejo ha vuelto sobre ello, y yo se lo agradezco. 
Señalamos igualmente un progreso en la elección de las formas de decisión más conformes con el Tratado, principalmente mediante acciones comunes. 
Este testimonio de satisfacción no es, sin embargo, total, ya que la lista de los actos del Consejo conlleva aún demasiadas resoluciones que no están sometidas a nuestro control. 
Pienso, por ejemplo, en la resolución sobre los matrimonios de conveniencia, elaborada en total opacidad por el grupo «migraciones» , sin que en ningún momento el Parlamento haya sido informado ni aun consultado. 
Por consiguiente, se trata de un texto de consecuencias importantes, que tiene relación con el derecho a vivir en familia. 
Nos sorprende ver cómo se aprueba un texto restrictivo así sobre un tema que no figura en el programa del Consejo, mientras que el convenio sobre la armonización de las reglas en materia de inmigración, anunciado por la Sra. Gradin el año pasado, no ha visto la luz. 
Por otra parte, como regla general, consideramos que el Consejo y la Comisión no conceden a los ámbitos del asilo y de la inmigración la atención necesaria. 
Al igual que nos felicitamos por la iniciativa de la Sra. Comisaria relativa a la protección temporal, lamentamos que los proyectos de armonización de la concesión del estatuto de refugiado y los relativos a las protecciones subsidiarias- inscritas sin embargo en el programa del Consejo desde hace mucho tiempo- no hayan tenido el menor atisbo de ejecución. 
En resumen, tomamos nota de una serie de progresos, pero seguimos muy críticos sobre la lentitud de esos avances, que dan al ciudadano europeo la sensación de que, en esos ámbitos tan sensibles, no avanza nada. 
Esto es cierto, y de manera caricaturesca, para la libre circulación de personas, un auténtico culebrón. Pero también ocurre lo mismo con el espacio judicial europeo. 
Constituía ya la gran prioridad de la Presidencia española de 1995 y, sin embargo, ha tenido bastantes dificultades para tomar forma. 
Sin duda, la reflexión progresa. 
Los recientes informes de nuestros colegas Cederschiöld, Orlando y Bontempi son la prueba de ello. 
Pero los avances son tan tímidos, y los plazos de aplicación tan largos que se abre un bulevar ante los demagogos, al acecho de todo aquello que pueda desacreditar a Europa. 
En este sentido, confieso que me chocó una publicidad difamatoria del Grupo Europa de las Naciones en la prensa francesa, titulada «Dejemos tranquilos a los grandes delincuentes internacionales, de todas formas Europa no «quiere» hacer nada contra ellos.» 
Podemos señalar por otra parte que aquellos que denuncian así la impotencia de Europa son los más encarnizados cuando niegan los medios para una mayor eficacia, rechazando al mismo tiempo cualquier nueva competencia a las instituciones europeas y crispándose con el voto por unanimidad, del que es conocida su fuerza paralizadora- el Señor Presidente del Consejo acaba de señalarlo en su intervención de esta mañana. 
Ello, por supuesto, en nombre de una soberanía nacional mezquina, que va contra los principios que se pretenden defender. 
Los doscientos magistrados reunidos en Bruselas, la semana pasada, en el impulso del llamamiento de Ginebra, han tenido razón al señalar las torpezas y tardanzas de la puesta en marcha de esta Europa judicial que choca frontalmente con sus pruritos de soberanía nacional arcaica. 
Por desgracia, hay pocas posibilidades de que se opere un cambio real antes de la entrada en vigor de las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas al nuevo título, lo que nos promete probablemente muchos balances anuales poco alentadores. 
Señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa ha producido innovaciones. 
Para reforzar el control parlamentario en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la política de asilo, de la libre circulación, etc. ha decidido aplicar las nuevas reglas del Tratado de Amsterdam de manera anticipada y consultar al Parlamento Europeo mucho antes de que la ratificación del Tratado convirtiera una consulta así en obligatoria. 
Al hacerlo, la Presidencia luxemburguesa ha hecho dignas la transparencia y la democracia en Europa. 
Hay que agradecérselo. 
La Presidencia luxemburguesa hubiera querido producir también innovaciones en otros ámbitos. Hubiera querido adoptar importantes decisiones para que Europa consiguiera combatir mejor la delincuencia organizada, el tráfico de personas, la inmigración clandestina, la plaga de la pedofilia, y otras muchas lacras. 
Hubiera querido llevar a cabo lo que los ciudadanos están demandando, medidas concretas y eficaces para que la libre circulación beneficie a las personas honradas y no a los delincuentes de todo tipo pero, por desgracia, los grandes esfuerzos y el trabajo positivo se han visto reducidos en muchas ocasiones a la nada por algunos países miembros que se han aprovechado de la obligación de la unanimidad en el tercer pilar para bloquear expedientes importantes. 
Hay que clamar alto y fuerte. 
Si algunas medidas indispensables para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada no pueden salir adelante es responsabilidad de algunos países miembros, que secuestran el bien común para satisfacer oscuros intereses nacionales. 
Es un abuso puro y simple y ya es hora de que esto termine, señor Presidente, ya que los únicos que se benefician de tales maniobras son los agentes de las mafias y otros timadores. 
A pesar de esto, la Presidencia luxemburguesa ha conseguido desbloquear expedientes importantes: mis colegas ya lo han señalado. 
Sin embargo, ésta hubiera merecido registrar un mayor éxito en su activo: si no ha podido hacerlo, seguro que no ha sido por culpa de Marc Fischbach, excelente Presidente en ejercicio, sino más bien por culpa de la regla de la unanimidad que ha demostrado una vez más su nocividad. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, también en esta caso estamos muy satisfechos por el trabajo realizado por el Sr. Nassauer y comprobamos con satisfacción que el Parlamento empieza a ser informado y consultado cada vez más, cosa que es muy importante para nosotros. 
A pesar de que queda todavía muchos por hacer en este ámbito, creemos que el control parlamentario sobre unas materias tan delicadas, que afectan, por así decirlo, al corazón de la soberanías nacionales, es sumamente importante, sobre todo por lo que respecta a EUROPOL, al Tribunal de Justicia que debemos hacer funcionar cuanto antes y, en general, en lo relativo, como es obvio, a los datos personales de los ciudadanos. 
Es sobre estas dos palabras- libertad y seguridad- que se juega el futuro de Europa: la libertad de los ciudadanos, la libertad de circulación que, evidentemente, la importante, extremadamente importante y cada vez más difícil lucha contra las distintas mafias y delincuencias no puede poner en duda. 
Es sobre esto que se jugará el futuro de nuestro continente. 
Presidente, el año pasado se han dado importantes pasos hacia delante en la política de Justicia europea. 
A saber: la presidencia neerlandesa ha llevado a cabo el Tratado de Amsterdam, durante la presidencia neerlandesa se ha desarrollado el plan de acción contra el crimen a gran escala, Luxemburgo ha decidido consultarnos sobre todas las decisiones del proyecto y la Comisión Europea, Comisaria Gradin, ha presentado aquí una iniciativa para la actuación común respecto a la protección temporal de inadaptados. 
Por tanto, se han realizado cosas buenas el año pasado. 
Pero los liberales piensan que no debemos prometérnoslas muy felices, porque las carencias de la política de Justicia siguen estando presentes aún en abundancia. 
No se ha ratificado apenas, y aparece también en las actas, ningún acuerdo de tratado por los Estados miembros: ni los tratados contra el fraude, ni el acuerdo de la Europol, etcétera. 
Si se me permite decirlo así a la Comisaria Gradin: la Comisión Europea es parca en su iniciativa legislativa. Si, dice de manera informal la Comisión, Comisaria Gradin, tengo muy poco personal. 
No, Presidente, eso no es ninguna excusa. Porque poco personal en este sector de la Comisión Europea indica que evidentemente se le da una prioridad demasiado escasa a este terreno de la política. 
Así pues, todo va despacio. 
¿Qué puede ocurrir y qué debe ocurrir en el futuro? 
En el futuro se necesita una fuerte coalición entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y en el futuro debemos presionar en común al Consejo Europeo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores. 
Es necesario. 
Queda aún suficiente trabajo por hacer. 
Presidente, finalmente hago un llamamiento a la próxima presidencia británica, para que demuestre que los laboristas pueden poner en práctica una política de Justicia europea mejor que los conservadores. 
Señor Presidente, la cooperación en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores es sin duda un tema delicado, ya que afecta a un elemento esencial de la soberanía de los Estados. 
En este ámbito de competencias, la acción de la Unión no puede y no debe ser más que subsidiaria y estar orientada sólo a los fenómenos de delincuencia o de alteración del orden público de naturaleza realmente transnacional. 
Es una exigencia de eficacia. 
Pero antes que soñar con un espacio jurídico europeo común, que de hecho depende de una concepción sorprendente de un superestado centralizado europeo, estaría más de acuerdo con las necesidades de la lucha contra la delincuencia organizada, o la inmigración ilegal, poner en marcha cooperaciones interestatales, hacer ejecutivas de manera recíproca las decisiones judiciales adoptadas en cada uno de los Estados miembros, imaginar procedimientos transnacionales inspirándose en propuestas de los jueces del llamamiento de Ginebra. 
Resulta vano tender siempre a una uniformización jurídica inadaptada y contraria a las tradiciones y filosofías del derecho de los Estados miembros. 
Al contrario, es preciso concentrar los esfuerzos de la Unión Europea en los aspectos realmente transnacionales, en las cuestiones judiciales y de orden público. 
En opinión del propio ponente, las disposiciones del Tratado de Amsterdam en el ámbito judicial y de orden público plantean dificultades con frecuencia en el plano de las garantías constitucionales, provocando la comunitarización una desaparición del control democrático de los Parlamentos nacionales. 
Este estado de cosas debería por sí mismo provocar la condena del Tratado. 
El Parlamento Europeo, tan altivo en lo que respecta a los derechos humanos y las garantías constitucionales, debería extraer las consecuencias y alertar a las opiniones públicas sobre los peligros que el Tratado de Amsterdam arroja sobre el control democrático de la construcción europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero adherirme a los colegas que han manifestado su agradecimiento al Sr. Fischbach por su trabajo. 
Sr. Fischbach, quisiera decirle de nuevo ahora en nombre de mi partido lo siguiente: el modo y manera en que ha llevado la presidencia del Consejo ha sido, desde nuestra perspectiva, ejemplar. 
Usted sólo puede actuar en el marco legal vigente, pero lo que usted nos ha mostrado en la cooperación con nosotros adelantándose a los resultados del Tratado de Amsterdam pone de manifiesto que puede haber un diálogo fructífero y constructivo entre el Consejo y el Parlamento, que contribuya a eliminar desconfianzas mutuas y que contribuya también a estabilizar la legitimación democrática de la actuación del Consejo. 
Si el Consejo coopera con el Parlamento en materia de Justicia e Interior, esto constituye uno de los progresos más grandes- al contrario del temor del Sr. Buffetaut de que se llegue así a un superestado europeo -, pues la realidad constitucional, la base del Tratado es que en estos ámbitos exista una cooperación intergubernamental, y esto lo ha vuelto a prescribir Amsterdam. 
Esto nos lleva al peligro, del que hemos avisado, de que los Parlamentos nacionales no puedan ejercer suficientemente su control, porque la acción se haya europeizado, al tiempo que la función de control y la capacidad legislativa no han llegado al Parlamento Europeo. 
Éste déficit democrático, este agujero en la Democracia, puede ser superado si se coopera con nosotros, con el Parlamento Europeo, sobre todo haciendo uso de la posibilidad de información inmediata del Parlamento por parte del Consejo, como usted ha hecho, Sr. Fischbach. 
Quisiera mencionar esto una vez más de modo explícito que el Sr. Schleder haya estado durante la pasada semana en su calidad de presidente de la Comisión K4 en la Comisión y que nos haya estado informando minuto a minuto como nunca se había hecho antes de los resultados del Consejo de Ministros de Interior y de Justicia, seguramente hay que atribuirlo a una iniciativa de usted. 
Seora Comisaria, los progresos que se han realizado pueden ser completados, ahí le doy la razón al Sr. Wiebenga, trabajando nosotros, Parlamento y Comisión, más estrechamente, y haciendo usted un uso más frecuente de su derecho de iniciativa. 
Quiero decirlo claramente- el Sr. Wiebenga ya lo ha insinuado -: si hay poco personal en ese ámbito, no es la culpa de la Comisaria Gradin, porque ha luchado por tener más personal, sino que hay que dirigir un llamamiento al Presidente de la Comisión, con el que tienen un buen contacto los luxemburgueses, para que aumenten la plantilla. 
Ultima observación: el punto 10 de la resolución dice que la Unión Europea debería dedicarse a la lucha contra los matrimonios de conveniencia. 
No conozco este concepto. 
Siempre he pensado que conveniencia y matrimonio se excluyen mutuamente. 
Debe tratarse probablemente de la lucha contra matrimonios simulados. 
Señor Presidente, este año ha sucedido algo nuevo en el ámbito judicial. 
El Presidente del Consejo en la materia ha garantizado al Parlamento Europeo la posibilidad de jugar un papel constructivo. 
Con ello, Sr. Fischbach, ha contribuido usted a hacer que la cooperación europea diera un paso adelante, por lo cual le estamos agradecidos. 
Cuando se le muestra respeto al Parlamento Europeo, éste reacciona de un modo similar. 
Las iniciativas se debaten de un modo serio y se respetan los plazos- esto se ha comprobado durante el otoño. 
El plan de acción contra el crimen organizado y sus actos jurídicos iban asociados a las nuevas relaciones entre el Consejo y el Parlamento. 
Gran Bretaña ha comunicado confidencialmente que hay que mantener este modo de proceder y no empeorarlo. 
Por tanto, el Tratado de Amsterdam es válido en este aspecto a efectos prácticos ya antes de su ratificación. 
No obstante, recordemos que las consultas suponen también un intercambio. 
En una situación civil normalmente es posible conocer los motivos por los que se rechaza o acepta una propuesta. 
Al Parlamento naturalmente no debe tratársele con menos corrección de la que se emplea en la actividad civil. 
Es hora de que el Consejo empiece a informar de los motivos por los que se aceptan ciertos temas y no se aceptan otros. 
Este intercambio de información es necesario si se quiere que el Parlamento esté en condiciones de cumplir con su importante papel de mediador en los procesos europeos. 
El Parlamento debe tener acceso a estos motivos para poder presentar nuevas soluciones y llevar adelante las cuestiones problemáticas. 
Nuestro informe lo va a examinar el Grupo de trabajo del Consejo, previamente a la toma de posición del mismo, de manera que se tenga una posición, una reacción por su parte, y que se conozcan sus argumentos. 
Esto exige un respeto cara a la entidad con la que se mantienen relaciones. 
Si el Consejo no profundiza en sus posiciones el debate puede interrumpirse, precisamente como se ha demostrado en el proceso de la Conferencia Intergubernamental previa a la decisión sobre el Tratado de Amsterdam. 
Es central, precisamente en bien del equilibrio de poder europeo, que logremos unos acuerdos interinstitucionales que establezcan de un modo concreto la forma que va a adoptar este proceso. 
Señor Presidente, resulta agradable y alentador que bajo la Presidencia luxemburguesa hayamos visto que se ha prestado seriamente atención a los progresos en el área de los asuntos interiores y de la justicia. 
Felicito a la Presidencia luxemburguesa por haber incluido al Parlamento en el proceso de consulta en una de las primeras etapas. 
Es algo absolutamente esencial y todos nosotros nos mostramos satisfechos. 
Tengo total confianza en que se continuará el rápido progreso en este ámbito durante la próxima Presidencia británica. 
Visto que en la Unión Europea un número cada vez mayor de personas viven, trabajan, estudian y pasan parte de sus vidas en un país distinto al que los vio nacer o del que son formalmente ciudadanos, este progreso se hará cada vez más necesario. 
Quisiera hacer tres observaciones. 
La primera, si bien es preciso castigar a las personas que hayan cometido un crimen, es indispensable que mientras estén esperando juicio en otro Estado miembro, los acusados no se encuentren en una situación más difícil de la que experimentarían en su propio país. 
Las demoras burocráticas provocadas por las dificultades de traducción o las diferencias de los sistemas legislativos no debe significar que sean retenidos por períodos indefinidos antes de ser llevados a juicio. 
Este es un ámbito en el que es importante que progresemos, como también la cuestión de las diversas penas que los tribunales pueden imponer. 
Muchas de las penas que los tribunales imponen a sus propios ciudadanos no son fáciles de aplicar a los ciudadanos de otros países. 
Estoy pensando en aspectos tales como el servicio comunitario, la libertad condicional, etc. Necesitamos analizar muy de cerca este tema. 
Por último, está el papel desempeñado por Europol. 
Si queremos atajar el incremento del crimen internacional con seriedad y eficacia, Europol es indispensable. 
No podemos estar en desventaja en relación con los criminales en lo que a esto respecta. 
Al mismo tiempo, si vamos a crear un papel operativo para Europol, debemos asegurarnos de que existan mecanismos adecuados para ejercer una responsabilidad democrática y que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones motivadas cuando piensen que se ha cometido una injusticia. 
Debemos contar con auténticas salvaguardas democráticas para Europol. 
Señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, también yo quisiera sumarme a las filas de aquellos que agradecen los resultados logrados en el marco de la Presidencia del Consejo. 
Hemos avanzado un buen tramo tanto en lo formal, en lo sustantivo y en lo temático. 
Mi más sincero agradecimiento por ello. 
Pero gracias de corazón también porque en el plano político se ha dado una señal importante a los ciudadanos de Europa al mostrarles que la lucha contra el crimen en el ámbito europeo en interés de la seguridad de los ciudadanos constituye un gran objetivo para toda la Unión Europea. 
Aún tienen que producirse progresos de importancia decisiva. 
En este punto quisiera pedirle a usted que transmita a la próxima Presidencia del Consejo las experiencias que usted ha acumulado, especialmente en el ámbito de la aceleración de los procedimientos de ratificación. 
Hay muchas cosas que están acordadas entre los Estados miembros y también muchas que no han sido llevadas a la práctica. 
Le hago a usted aquí la petición de que todavía en el marco de su Presidencia sean puestos en marcha todos los mecanismos imaginables para que EUROPOL pueda ser utilizado lo antes posible en nuestra la lucha internacional contra el crimen. 
Aquí también hay retraso, pero le remito también a la Convención de Dublín y a muchas otras, donde procedimientos de ratificación pendientes están obstaculizando a la postre la realización de nuestros deseos. 
Mi segunda petición se refiere a la cooperación en el ámbito de la Justicia. 
También aquí ha hecho usted avances iniciales decisivos, de suerte que ahora tenemos la posibilidad de utilizar jueces de enlace. 
Pero esto puede ser solamente un paso hacia la armonización legal y hacia el espacio legal europeo. 
Pero también en relación a esto le pido que haga todavía todo lo imaginable para que Europa adquiera una capacidad eficaz de actuación policial más allá de las fronteras. 
Mi tercer punto es que con la ampliación del espacio de Schengen vamos a tener grandes desafíos en el ámbito del asilo político. 
Tras la ampliación de toda la Unión Europea, los efectos de palanca no se van a dar más en la frontera exterior y una armonización del derecho de asilo conducirá muy bien a una mejora de la situación. 
Nos aguardan aún muchas tareas. 
Pero a pesar de ello, mi más sincero agradecimiento por su Presidencia. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve, quisiera simplemente decirle que, precisamente los diputados que han intervenido en este debate lo han enriquecido con sus sugerencias, con sus propuestas y con sus críticas que eran, en definitiva, constructivas. 
Siempre se dice, con frecuencia se dice que el Parlamento no está del lado del Consejo. 
Yo debo decirles que, por mi parte, he tenido un poco la experiencia contraria. 
Quiero decir que, si el Consejo se esfuerza por hacer su trabajo, si el Consejo progresa tal como espera el Parlamento, el propio Consejo encuentra aquí su reconocimiento y el apoyo del Parlamento. 
Aquí, quisiera ante todo dar las gracias a sus Señorías y especialmente a los miembros de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, señor Presidente, que han apoyado siempre mis planteamientos. 
Quisiera ante todo dar las gracias a este Parlamento por haber respondido de manera tan rápida y expeditiva a la solicitud del Consejo relativa a una serie de dictámenes que se le habían solicitado. 
Si el Parlamento no hubiera reaccionado de manera tan rápida y directa, sin duda el Consejo no hubiera realizado los progresos que registramos en el día de hoy en el ámbito del tercer pilar. 
Dicho esto comparto, evidentemente, las críticas de la Sra. Lindeperg en la medida en que avanzamos aquí en una materia, o en ámbitos que dependen, como todos sabemos, de la regla de la unanimidad, y sobre todo en ámbitos que tienen relación con materias que afectan a lo más profundo de las soberanías nacionales y, por consiguiente, de las tradiciones nacionales y por tanto de los prejuicios y de una serie de reticencias por parte de uno u otro Estado miembro. 
Por ello, considero que no hay que desesperar. 
Hemos probado que se podía muy bien hacer progresos notables en este ámbito extremadamente sensible. 
Vamos a continuar adelante y debo decirle, señor Presidente, que acepto gustoso que la Sra. Lindeperg se queje de que el Parlamento no haya sido consultado sobre el proyecto de resolución relativo a los matrimonios de conveniencia, los Scheinehen. 
Por mi parte prefiero sin embargo un reproche así antes que tener que aceptar otro que consiste en decir que el Consejo no ha actuado de manera suficientemente rápida y eficaz. 
Si, efectivamente, tengo mala conciencia sobre este punto, es que, por una vez, esta propuesta de la Presidencia ha sido acogida con tal fervor por parte del Consejo que he creído que era preferible adoptarla ahora, antes que esperar el dictamen del Parlamento de aquí a principios del año próximo. 
Dicho esto, señor Presidente, le agradezco de corazón su apoyo. 
Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias por el debate extremadamente productivo e interesante que hemos celebrado en torno al tercer pilar, y por todo lo que se ha conseguido durante el año transcurrido. 
Además, quiero decirles que pienso que la colaboración mantenida entre la Comisión y las diversas comisiones parlamentarias funciona de un modo óptimo, y que hemos celebrado muchas reuniones e intercambios provechosos durante el año. 
Pero, justamente como dice el ministro Fischbach, es evidente que tanto sus Señorías de la Cámara, como la Comisión y el Consejo, todos tenemos motivos para quejarnos de la inercia que caracteriza los trabajos dentro de la cooperación interestatal. 
Ésta es la razón de que no se hayan ratificado varios de los convenios que están sobre las mesas de todos los parlamentos nacionales, y de que no hayamos podido dar curso a los trabajos en torno a la cooperación policial y asuntos parecidos. 
También deseo responder al Sr. Lindeperg y otros sobre las preguntas en materia de asilo. 
El tema del asilo y el informe correspondiente son ahora asuntos prioritarios, dado que dimos primacía a la cuestión del asilo provisional y de la admisión. 
Unas palabras sobre fondos: Cuando comencé en mis funciones hace tres años había unas pocas personas en la task force que se ocupaban del enorme trabajo que hemos tenido hasta hoy. 
Ahora, este Grupo de trabajo va a convertirse en una organización más razonable, pero dista de estar completo. 
Por tanto, apreciaría que el Consejo y el Parlamento mantuviesen una actitud algo más generosa de modo que pudiesen adoptarse muchas más iniciativas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
5º Programa marco I+D 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0396/97, de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrolllo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta y la propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0142- C4-0186/97) - + COM (97) 0439- C4-0414/97-97/0119 (COD) ) relativa al quinto Programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) -A4-0395/97, de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta y la propuesta modificada de decisión del Consejo (COM (97) 0142- C4-0234/97) - + COM (97) 439-97/0120 (CNS) ) relativa al quinto Programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) para acciones de investigación y enseñanza (1998-2002) Quisiera aclararles para comenzar que, con el fin de evitar mañana una interrupción de la votación, ya que hay 171 enmiendas sobre el informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl relativo al quinto Programa marco de la Comunidad Europea para acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, y como además tenemos la sesión solemne mañana a las 12.00 horas, la votación de este informe tendrá lugar el jueves, quedando claro que el plazo para la presentación de solicitudes de votación por separado y por partes queda fijado para esta tarde, a las 21.00 horas, para facilitar una buena preparación de esa votación, que es compleja. 
Por el contrario, el segundo informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl relativo al quinto Programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para acciones de investigación y enseñanza tendrá lugar también mañana miércoles. 
Por tanto, estamos de acuerdo en cuanto al dispositivo relativo a las votaciones. 
Deseaba precisar, de entrada, para que no hubiera confusión: votación del primer informe, el jueves; votación del segundo informe, el miércoles, en razón, repito, a la interrupción que sufrirá el turno de votaciones mañana, por la sesión solemne a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, las enmiendas al informe principal- no al informe sobre Euratom- todavía no están disponibles. 
Ello nos plantea dificultades para hacer nuestra labor en votaciones por separado y votaciones divididas a la vez. 
Le pediría que hiciera todo lo posible para que estas enmiendas estén disponibles en las distintas lenguas esta tarde. 
De lo contrario, no podremos cumplir con el plazo. 
Señora McNally, como les he indicado, hemos de hacernos cargo de 171 enmiendas, lo que constituye una carga importante para nuestros servicios, en especial para el de traducción. 
Somos conscientes de las dificultades que ello plantea para todos los diputados, pero es justamente por esta razón por lo que proponemos el aplazamiento de la votación al jueves, lo que nos permitirá, de aquí a entonces, al menos así lo esperamos, disponer de todas las enmiendas en todos los idiomas, y permitir a los grupos que adopten las decisiones pertinentes. 
Les recuerdo que el plazo de presentación está fijado para esta tarde a las 21.00 horas. Normalmente, deberían ustedes tener los documentos necesarios para poder presentar sus solicitudes de votación por separado y por partes, en tiempo útil. 
Estamos de acuerdo sobre este calendario. 
Ahora, voy a abrir el debate dando, evidentemente, la palabra a nuestro ponente, Sra. Quisthoudt-Rowohl, durante diez minutos. 
Como respuesta a la Sra. McNally, me indican que las enmiendas deberían estar listas a las 17.00 horas, señora, lo que dará tiempo para que preparen sus solicitudes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, primero un felicitación calurosa a la ponente del informe por su visión global de esa parte tan importante de la política de la Unión Europea. 
Con el quinto programa marco, que se extiende desde el ao 1998 al 2002, la Comisión quiere alumbrar una nueva concepción respecto de la política científica común. 
Debe estar diseñado con arreglo a los problemas actuales y expectativas de los ciudadanos, dando apoyo así a tendencias y desarrollos básicos. 
Por ello me complace que la Comisión, diga expresamente en una de sus directivas que las necesidades energéticas de la Comunidad deben ser cubiertas con el impacto más pequeño posible al medio ambiente, es decir, por medio de la reducción de las emisiones de CO2. 
La Comisión pretende elevar desde el 6 % al 12 % la proporción de las fuentes renovables de energía antes del año 2010. 
Es evidente un giro en el enfoque de la Comisión en pro de las energías alternativas y éste influirá positivamente en el desarrollo futuro de la Unión. 
Dada la importancia de las nuevas fuentes renovables de energía y de la biomasa para la futura política energética de la Unión, se debería dedicar un amplio espacio a la biomasa en el quinto programa marco. 
Desde la perspectiva de la agricultura y del espacio rural, la biomasa tiene una importancia más grande aún. 
Aparte de los aspectos ecológicos, ésta representa para los agricultores y para la población rural la posibilidad de crear nuevas fuentes de ingresos. 
De este modo, las tierras que no se necesitan para la producción de alimentos podrían ser utilizadas manera inteligente. 
La creación de riqueza seguirá estando en las regiones productivas, pero la biomasa como fuente de energía inagotable, contribuye a la seguridad, al aprovisionamiento y a la independencia de terceros estados. 
También contribuye a satisfacer los objetivos de estabilidad de la Conferencia de Kyoto sobre el Clima. 
En vista de la importancia de las fuentes renovables de energía, y particularmente de la biomasa, para el futuro de la agricultura europea, la Comisión debería elevar los recursos presupuestarios hasta 1141 millones de ecus, hasta la cantidad equivalente al presupuesto con que se ha dotado a la investigación en el terreno de la fusión y fisión nucleares. 
Precisamente en vista de la próxima ampliación hacia el este habría que apoyar programas de biomasa para los países del centro y del este de Europa, así como también el correspondiente know how en esas tecnologías para tales países. 
Además de esto, la Comisión debería apoyar también la utilización de la biomasa y de otras fuentes renovables de energía con un impuesto que fuese lo más bajo y uniforme posible para toda la UE. 
El desarrollo de tecnologías innovadoras en el ámbito de los procesos biológicos es, igualmente importante para la agricultura. 
Creo que en este punto deberíamos iniciar un cambio adecuado de mentalidad y esto debería ser apoyado también por los Fondos estructurales. 
Espero que el Parlamento pueda aprobar también la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que ha sido adoptada por unanimidad. 
Señor Presidente, antes de entrar en el fondo de los aspectos financieros específicos, deseo hacer dos consideraciones de carácter general. La Comisión, en la introducción de su propuesta, a la que atribuye- creo que justamente- la máxima importancia, afirma algo que yo comparto: » El 5º Programa marco debe ayudar a la sociedad europea a entrar en las mejores condiciones posibles en el siglo XXI». 
Y, realmente, en mi opinión, uno de los elementos más notables de este programa es que, a diferencia de los anteriores, no se centra exclusivamente en la tecnología, sino más bien en los problemas, tanto es así que la Comisión enumera un cierto número de criterios en los que se inspira el Programa marco. El mismo, en efecto, tiene que basarse en la excelencia científica y tecnológica y debe tener validez desde la perspectiva de las grandes políticas de la Unión, y además un valor añadido y ser interesante no sólo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista de la competitividad europea en la economía mundial, y además debe centrarse en los problemas que afectan a toda la sociedad. 
Me ha parecido interesante formular esta premisa, del mismo modo que considero importante hacer otra con relación a los procedimientos. 
Al igual que la Comisión, esperamos que se pueda llegar al voto por mayoría en el Consejo, porque es algo fundamental. 
Pasando ahora a los aspectos exclusivamente financieros, creo que la propuesta de la Comisión que prevé un aumento del 3, 8 % respecto al programa anterior, es significativa, a pesar de que todos somos conscientes de que, en lo referente a las necesidades de desarrollo, inversiones e investigación, haría falta mucho más, sin embargo, el presupuesto nos obliga a ceñirnos a la realidad. 
Lo que, no obstante, queremos subrayar es que, precisamente porque las futuras perspectivas financieras son inciertas, habrá que reexaminar la financiación global a la luz de las nuevas perspectivas financieras; y no sólo esto, sino que, sobre todo, cuando ingresarán los nuevos países, será preciso reexaminar el importe máximo global, habida cuenta de que consideramos que esta propuesta es apenas suficiente para los 15 Estados miembros. 
Señor Presidente, deseo señalar la situación atípica en la que nos encontramos «físicamente» , porque en realidad sería oportuno que el Consejo estuviera presente ya desde ahora con objeto de seguir nuestro debate, habida cuenta de que se trata de un asunto que acabará en codecisión. 
Si bien es cierto que, tras nuestro debate, la Comisión presentará una propuesta, no es menos cierto que el Consejo debería tratar desde el principio temas tan relevantes como los que plantea un programa estratégico, como es el caso del 5º Programa marco de investigación y desarrollo. 
Del mismo modo que señalo esta carencia, deseo dirigir también una llamada a todos mis colegas, porque todos hemos exagerado un poco. 
En el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial aprobamos 30 enmiendas y ofrecimos una contribución, sin duda, muy notable por lo que a cantidad se refiere. 
Cuando se convoque la reunión plenaria será conveniente, sin embargo, que nos centremos en lo fundamental, si no los diferentes Gobiernos tendrán un amplio poder de maniobra para enfrentar entre sí las diferentes opiniones que se expresan en el Parlamento. 
Es preciso que nos centremos en las cuestiones fundamentales, porque así será más fácil tratar la materia en codecisión y, posteriormente, en conciliación. 
Si nos perdemos en un mar de recovecos, el fracaso del Parlamento estará garantizado. 
Por lo que se refiere al momento en que se presenta este programa, estimo que es irrepetible. 
Con el nuevo programa marco que llega en vísperas de la ampliación se ha aprovechado el momento oportuno. 
Se presenta, no obstante, un aspecto señalado por la Comisión de Asuntos Económicos, esto es, la necesidad de enlazar este 5º Programa marco con la nueva situación que, desde el punto de vista geopolítico, se va a plantear dentro de algunos años a raíz de la ampliación al Este y de la aplicación del acuerdo de Barcelona. 
En consecuencia, debemos pensar en un contexto mucho más amplio que no esté sólo en función de un valor añadido para los Quince. 
Este planteamiento reitera una necesidad recalcada por la Comisión de Asuntos Económicos, es decir, que nuestra perspectiva ya no puede limitarse a cinco años, sino que debe abarcar los próximos diez, veinte, treinta años, porque sólo en dicho contexto se podrán realizar las grandes operaciones de inversión en el campo de la investigación, útiles para toda nuestra Comunidad. 
Señor Presidente, en el fondo alrededor del 4 % de todos los gastos públicos civiles para investigación es relativamente poco. 
No obstante me gustaría calificar de querría calificar de instrumento programático relativamente afortunado al quinto programa marco para investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
Con todo, el objetivo que se pretende se halla en una pirueta que debe ser controlada. 
El Parlamento Europeo y también la Comisión de Política Regional son de la opinión de que la política de la investigación, tecnología y desarrollo debe contribuir a la cohesión. 
Sin embargo, el establecimiento de prioridades en materia de objetivos para la investigación no ha tenido en cuenta hasta ahora las necesidades de las regiones desfavorecidas. 
Estos planteamientos tocan, por otro lado, el tema de hasta qué punto las políticas de la investigación, tecnología y desarrollo, basadas en el principio de una alta calidad tecnológica y científica, pueden servir al objetivo de la cohesión de la UE sin tener que desvirtuar los propios objetivos ni abandonarlos. 
La complementariedad entre la política de cohesión, por un lado, y la política de investigación, tecnología y desarrollo, por otro, me parece una solución difícil. 
La política de investigación, tecnología y desarrollo, según el artículo 130 f del Tratado, tiene por objetivo fortalecer las bases tecnológicas y científicas de la industria de la Comunidad y fomentar el desarrollo de su competitividad internacional. 
Por ello apoya a empresas, centros de investigación y escuelas superiores en los esfuerzos que realizan en el terreno de la investigación y del desarrollo tecnológico de alta calidad. 
Ahora igual que antes, el aumento de la competitividad internacional mediante el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico de alta calidad sigue siendo prioritario. 
Esta acertada concepción de la política común de investigación, tecnología y desarrollo limita por eso mismo la posibilidad de elevar en algunos ámbitos la aportación de esa política a la cohesión. 
Pero se debe aspirar sin embargo a una mayor complementariedad entre la política de investigación, tecnología y desarrollo y la política estructural. 
El Parlamento Europeo, en su resolución del 28.11.96 sobre las perspectivas para una política científica y tecnológica europea en el siglo XXI, ha reclamado una integración de los Fondos estructurales y de los programas marco. 
Esta concepción se basa en el desarrollo de un planteamiento integrado que, por un lado, aprovecha las sinergias entre ambas políticas y, por el otro, respeta las lógicas respectivas. 
Según esta concepción, la política estructural debería contribuir en las regiones desfavorecidas a facilitar e intensificar la participación de esas regiones en los programas marco por medio de la creación y del fomento de capacidades de investigación, tecnología y desarrollo. 
La política común de investigación, tecnología y desarrollo debería contribuir más bien a eliminar las disparidades entre las regiones en el ámbito de la investigación, tecnología y desarrollo, especialmente por medio de la tercera medida- hacer extensivos los datos y utilizarlos- y de la cuarta medida- formación y movilidad de los científicos-. 
Mis enmiendas van encaminadas a este objetivo. Espero que sean tenidas en cuenta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo ha discutido seriamente el quinto programa marco, especialmente también porque en el pasado en el ámbito del transporte ha estado integrada una investigación específica del sector. 
Hemos tenido, creo, buenas experiencias en el pasado. 
No hay ningún ámbito de la investigación que esté tan relacionado con la política, lo cual quiere decir que la investigación en transporte es también un instrumento para poner en practica la política europea. 
Hemos podido lograr ya unos primeros resultados como base para llevar a la praxis la realización de los objetivos de la política de transportes.. 
Por ello resulta elemental que la Comisión de Transportes y Turismo haya pedido introducir una acción piloto «Transporte y movilidad» para darle con ello al sector el peso necesario. 
Pienso que el planteamiento, tal como lo presenta hoy la Comisión, esto es, el de prever un ámbito para transporte, movilidad y producción, proporciona al deseo de la Comisión de Transportes y Turismo el espacio necesario, y por parte de la Comisión de Transporte puedo decir que consideramos aceptable ese planteamiento. 
Precisamente en el ámbito del transporte hay problemas que resolver. 
Esto afectará también a otras acciones clave, pienso por ejemplo en city of tomorrow. 
Aquí también hay, por ejemplo, un problema de transporte. 
Pienso en todo el tema de la intermodalidad. 
¿Cómo combinamos diversos varios medios de transporte para resolver razonablemente el problema de transporte que tenemos en Europa? 
Los sistemas de información por satélite son también un sector importante. 
¿Cómo podemos hacer utilizable la información para desarrollar diseños inteligentes para el tráfico? 
Todas éstas son cosas que, convenientemente sintetizadas, han de ser tomadas en cuenta también en esta acción. 
En nombre de la Comisión de Transportes y Turismo quisiera mostrar especialmente mi agradecimiento a la Sra. ponente, que se ha mostrado muy abierta a este objetivo de la Comisión de Transportes y Turismo. 
No lo ha podido llevar a cabo al 100 % en su Comisión, pero pienso que si esta Asamblea se adhiere a la acción «Transporte, movilidad y producción» en la votación y ésta es adoptada después por el Consejo, habremos alcanzado un hito importante para conectar no sólo la investigación, sino también las intenciones políticas de esta Asamblea.. 
Señor Presidente, seoras y seores, como ponente para opinión de la Comisión de Cultura abrigo hoy ante el presente informe un sentimiento dividido, y espero que éste se transforme en satisfacción después de la votación. 
Por un lado, celebro que nuestro intento por mejorar la situación de los jóvenes investigadores haya encontrado expresión en dos pasajes del presente informe. 
Sin embargo, precisamente en el ámbito de la sociedad de la información la mayoría de la comisión, se ha replegado, en mi opinión, a posiciones de las que se suele pensar en esta Asamblea que no pertenecen a la concepción europea de la sociedad de la información. 
Mientras la Comisión quería orientar todavía la investigación hacia una sociedad de la información compatible con los usuarios, cosa que no nos satisfizo en la Comisión de Cultura- nosotros queríamos complementar esto con el criterio de " la diversidad de contenido» -ahora sólo se habla de tecnologías de la comunicación y de la información. 
Esto no ha sido un desplazamiento semántico. 
En consecuencia, tampoco fueron aprobadas las propuestas de la Comisión de Cultura que tendían a una mejora de las posibilidades de participación en la educación y en los contenidos culturales, en especial, a la digitalización y virtualización de los fondos de las bibliotecas y de los museos así como a la creación de nuevos modos interactivos de acceso. 
Semejantes cosas o incluso la investigación socio-económica fueron consideradas, evidentemente, como un lujo superfluo por la mayoría de la Comisión. 
Creo que los dos días que tenemos hasta la votación deberían se utilizados, para lograr que se corrigieran, en el sentido que he expuesto, algunos bandazos que contiene el actual proyecto de decisión. 
Señor Presidente, la ponente Sra. QuisthoudtRowohl, ha tenido que arreglárselas con un gran número de enmiendas, un número mucho mayor de los que nunca antes hemos tenido en otras ocasiones a la hora de tratar el programa marco. 
Pienso que refleja dos cosas: el éxito del programa marco y el interés tan grande que ha despertado en la comunidad científica. 
No obstante, también pienso que refleja una preocupación acerca de los recursos disponibles. 
Hemos recibido informes por parte de la Comisión de que los recursos nacionales tienden a disminuir. 
Sabemos que, como resultado de la liberalización de la energía en el RU, por ejemplo, se ha disminuido la cuantía destinada a la investigación del gas. 
También estamos enterados de que Japón y Estados Unidos están incrementando su gasto. 
De manera que si estamos tratando de ocuparnos de problemas de competitividad es importante la cuantía total de recursos que asignamos. 
Ciertamente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl ha demostrado su buena voluntad para llegar a un arreglo en esta materia. 
Espero que el acuerdo se mantenga durante la votación de mañana cuando tratemos de incrementar la cuantía por encima de la propuesta de la Comisión. 
Todos nosotros tendremos puntos de vista distintos respecto a lo importante. 
Para mí, lo importante es cómo podemos hacer que el programa de investigación cree empleo. 
Se trata realmente de la manera en que utilizamos la investigación. 
Los procesos innovadores han conseguido un incremento. 
Es preciso asegurarnos especialmente de que la ciencia, la tecnología y la sociedad estén en armonía. 
Necesitamos poner más atención a este aspecto. 
Me gustaría hacerme eco a una observación formulada por la Sra. Quisthoudt-Rowohl, que también figura en varias enmiendas. 
Las pequeñas empresas tienen una dificultad. 
En mi propia región encuentro que las empresas con menos de 50 empleados no siempre les es fácil participar. 
No han conseguido los recursos. 
No son capaces de salir y averiguar qué está pasando. 
Necesitamos encontrar un método de hacerles llegar la información de una manera más eficaz de la que hemos practicado hasta ahora. 
También hablo por la Comisión de Pesca. 
En mi propia zona, los pescadores son empresas muy pequeñas, muy a menudo son familias con un solo buque. 
No les es fácil participar. 
El programa no está redactado de manera que indique qué se precisa que hagamos en el sector de la pesca. 
Así, en opinión de la Comisión de Pesca, he establecido algunos parámetros de los que espero que la Comisión tome nota a la hora de elaborar el programa de acción sobre investigación. 
Esa es la única manera en que yo podría tratarse este tema, vista la manera en que se presentaron las propuestas marco. 
Tengo la seguridad de que la Comisión tomará nota de ello. 
Señor Presidente, la Sr. Quisthoudt-Rowohl ha sido una ponente muy trabajadora. 
Ha mantenido animadas conversaciones y pienso que todavía tendrá una o dos más hacia finales de esta semana. 
Quisiera agradecerle a ella y a su equipo la gran ayuda que nos prestaron en el curso de nuestras deliberaciones. 
Estoy hablando principalmente de la Comisión de Derechos de la Mujer, pero también del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
El concepto de incorporación a las políticas generales fue adoptado por la Comisión Europea. Esta incorporación a las políticas generales significa que se incorpora la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en todas las políticas y actividades comunitarias. 
El Quinto Programa Marco es una de las políticas y actividades más importantes. 
Establece los criterios para la investigación y el desarrollo durante cuatro años, dispone de un importante presupuesto- espero- y reviste una gran importancia para la comunidad científica a lo largo de la toda la UE. 
Debido a un descuido, en el documento original no se menciona la incorporación a las políticas generales ni la igualdad de oportunidades, ni la perspectiva de género. 
Sé que la propia Comisaria está comprometida con estos temas y tengo la seguridad de que podrá aceptar las enmiendas introducidas por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Efectivamente, el Tratado de Amsterdam, si se ratifica, especifica en el artículo 3 que la Comunidad Europea ha de tener como objetivo la eliminación de las desigualdades en todas sus actividades. 
Pueden decir ustedes que no está excluida, pero eso no es suficiente, Señorías. 
Tiene que figurar con todas sus letras de manera explícita y ése es el propósito de nuestras enmiendas. 
No queremos correr el riesgo de que el Quinto Programa Marco parezca un programa de «juguete». 
Ha de ser para todos los ciudadanos, hombres y mujeres, de la Unión Europea. 
Algunas enmiendas fueron presentadas de nuevo después de consultar a los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, de manera que podemos darnos cuenta hasta qué punto el Parlamento desea ser explícito acerca de la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades. 
Hablando en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera decir que el importe propuesto, aunque es superior al presentado por la Comisión, es realmente la cuantía mínima que pensamos se necesita para satisfacer las necesidades de investigación y desarrollo en Europa. 
Convenimos en que los cuatro programas son bastante más lógicos que los tres originalmente sugeridos por la Comisión. 
Sigue presentando la concentración que quería la señora Comisaria, pero se tiene algo que resulta un poco más claro para la comunidad científica. 
En lo relativo al desglose financiero, tenemos ligeras diferencias de opinión con la Comisión y ponderaríamos el programa de manera ligeramente distinta. 
Espero que para el jueves, a la hora de hacer la votación, haya una mayoría masiva de este Parlamento, para que no nos presentemos a las negociaciones con el Consejo con las manos vacías, sino con una posición sumamente fuerte de este Parlamento en relación con un tema tan importante. 
Señor Presidente, en su opinión sobre el Quinto Programa marco para la investigación, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo hace hincapié en la importancia que reviste la investigación en los planos social y económico. 
Desgraciadamente, este aspecto ha merecido una escasa atención en la elaboración del informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que ahora se somete a debate. 
En el programa marco debería hacerse mayor hincapié y de manera más diversificada, con respecto a la propuesta, en la exclusión social, la pobreza, el envejecimiento de la población, el desempleo y los aspectos relacionados con la situación de las mujeres. 
El Programa marco debería examinar también las transformaciones en la vida laboral y el desarrollo de las condiciones de trabajo y de la actividad de las comunidades de trabajadores. 
Unas buenas condiciones laborales y una comunidad de trabajadores en progreso contribuirán a lograr un aumento considerable de la productividad de las empresas, lo cual se traducirá en una evolución positiva de toda la economía nacional y del empleo. 
Por lo tanto, la investigación se debería orientar también hacia las cuestiones relacionadas con la seguridad laboral y la higiene en el trabajo. 
La investigación tecnológica no está tampoco aislada de la sociedad. 
La investigación y sus resultados tienen siempre repercusiones sociales a las que se debe prestar atención. 
Además, las actividades de la UE en materia de investigación han de fomentar la creación de empleo y la cohesión social en Europa. 
Resulta extremadamente importante incorporar los puntos de vista de los ciudadanos en la planificación y la puesta en práctica de los programas de investigación. 
Cuando se utiliza el término «usuario de las actividades de investigación» , éste deberá referirse a los verdaderos usuarios, esto es, a los ciudadanos y a los consumidores. 
Por ejemplo, en la investigación en materia de salud, los usuarios no son únicamente el sistema de asistencia sanitaria y la industria farmacéutica, sino, ante todo, los enfermos y las organizaciones que les representan. 
Hasta el momento, la contribución de las mujeres ha sido prácticamente nula por lo que respecta a la planificación y la evaluación de las actividades de la UE en materia de investigación. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha propuesto que se exija una participación equitativa de mujeres y hombres en los órganos de expertos encargados de la elaboración y la puesta en práctica del programa marco. 
Este criterio no implicaría en absoluto un deterioro de la competencia científica, ya que basta con buscar para encontrar mujeres competentes en la materia. 
Señor Presidente, permítame ante todo felicitar a la ponente para el fondo, Sra. Quisthoudt, por el excelente trabajo realizado y su disponibilidad en cuanto a encontrar soluciones de compromiso capaces de englobar las diferentes solicitudes y sensibilidades. 
Creo que estamos sometiendo al voto del Parlamento un buen texto y confiamos en que la Comisión y el Consejo lo tengan en cuenta. 
Espero, asimismo, que este Pleno subsane algunos defectos y apruebe las necesarias integraciones, y aquí me refiero en particular al aspecto relativo a la investigación socioeconómica. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, al aprobar por unanimidad el informe que tuve el honor de presentar, confirmó la decisión de la Comisión que limitaba a tres los programas temáticos y prestaba una atención especial al medio ambiente en el primero y en el tercero. 
Ésta no fue la opción de la Comisión de Investigación que, elevando a cuatro los programas temáticos, sin embargo, reservó al medio ambiente una subacción clave dejando, por otra parte, un importante espacio a la investigación para la defensa del medio ambiente también en otra subacción clave, o sea, la reservada a la energía. 
La Comisión de Medio Ambiente aprobó asimismo la propuesta de asignar al Centro Común de Investigación una financiación superior a la prevista por la Comisión y además pidió al Centro Común de Investigación que trabajara también para el Parlamento. 
La Comisión de Investigación no aceptó dicho aumento, sin embargo, ante las enmiendas dirigidas a reducir la financiación, defendió y ratificó la que previó la Comisión, teniendo en cuenta el importante papel que el Centro Común de Investigación desempeña como instrumento de actuación del 5º Programa marco y en su calidad de organismo científico, neutral e independiente. 
Esperamos, señora Comisaria, que, tras esta primera etapa, pueda continuar el buen diálogo entre el Parlamento y la Comisión, basado en la cooperación y la transparencia, con objeto de conseguir de manera conjunta dotar, por fin, a la Unión Europea de un programa marco de investigación efectivo y eficaz, capaz de remontar el grave retraso europeo con respecto a los Estados Unidos que desde hace tiempo, gracias a su organización federal, han podido reunir ingentes recursos financieros y humanos. 
Señor Presidente, distinguida señora Comisaria, señoras y señores, una meta declarada de la política europea es recuperar el retraso, persistente y peligroso, en materia de innovación respecto de EE.UU y Japón. 
Pero la investigación precede a toda innovación y el principio de que los europeos son buenos produciendo saber a partir de los ecus, pero malos haciendo ecus a partir del saber, es desgraciadamente correcto. 
La Comisión quiere cambiar esto a través del aumento de los recursos, de la concentración y de la flexibilización. 
La propuesta para el quinto programa marco lo pone de manifiesto. 
Nosotros la apoyamos allí donde es consecuente. Y allí donde no mantiene sus propias promesas la criticamos. 
Es acertado reducir drásticamente el número de los programas temáticos, y no lo es querer servir a casi todos los viejos intereses particulares. 
Por supuesto, nosotros no podemos compensar con nuestros recursos presupuestarios el atraso en el fomento de la investigación en los Estados miembros, pero podemos crear estímulos importantes encaminados a cooperaciones eficientes en la ciencia europea y a la cooperación con terceros países. 
Esto tiene también una relevancia política general para esta Unión Europea y para su ampliación. 
Lo que nosotros socialdemócratas no queremos en ningún caso es una reducción del nivel alcanzado en cooperación y coordinación en el terreno de la investigación y del desarrollo tecnológico de Europa. 
La renacionalización en la política científica constituye una respuesta falsa a los retos de la globalización. 
Mi grupo está dispuesto a sentar las señales claras necesarias, incluso a la hora de la configuración presupuestaria de ese programa. 
Hemos establecido compromisos el flanco conservador de esta Asamblea. 
La posición que se ha logrado sobre el presupuesto es para nosotros el mínimo para el consenso. Está en el límite de lo que nos duele. 
No se necesita tener dones de profeta para poder decir que sin una fuerte mayoría parlamentaria frente al Consejo tendríamos muy pocas bazas, y por eso votamos a favor. 
Nos encontramos en un tiempo de transformaciones globales en todos los ámbitos de la vida. 
En especial los vertiginosos desarrollos en las tecnologías de la información y de la biología cambiarán nuestra vida radicalmente. 
Por ello es de una gran importancia una investigación sociológica del proceso. 
Mi grupo no quiere escribir esto en este programa marco con fórmulas generales, sino en términos concretos y con financiación. 
Nuestras propuestas sobre esto fueron rechazadas en la Comisión de Investigación por una mayoría justa. 
Incluso después de que colegas del grupo conservador admitieron que una campaña piloto socio-económica, especialmente en el ámbito de la sociedad de la información sería razonable, no pudieron resistirse a la tentación de rechazar esa propuesta utilizando su mayoría casual en ese día. 
Fue un error. 
Corrijamos ese error por medio, entre otras cosas, de una dotación financiera, claramente mejor, de la cuarta línea de acción del programa, la denominada de recursos humanos. 
Permítame decir aún unas palabras sobre el programa EURATOM, aunque el Parlamento sólo sea consultado en este punto. 
El Acuerdo EURATOM fue un éxito. Aportó a la Comunidad una notable independencia en el suministro de energía, pero hoy día esa independencia económica, y compatible con el medio ambiente, puede lograrse también a medio plazo con otras formas de producción de energía y con mucho menos peligro. 
Por ello la mayoría de los socialdemócratas están por el cambio. 
Realmente interesantes y que merezcan la pena quedan sólo tres tareas, a saber, la investigación para la seguridad de los reactores que ya existen, la investigación para la sustitución mediante fuentes de energía sin CO2 y la investigación para la eliminación sin peligro de los residuos radiactivos. 
El presupuesto debe ser configurado de acuerdo con esto. 
Déjenme terminar con una palabra de agradecimiento personal a la señora ponente. 
Ha hecho un trabajo duro. 
Ha elaborado una gran cantidad de compromisos en sentido literal. 
Gracias por ello. 
Creo que se daría a su trabajo la dignidad que se merece aceptando nuestras pocas, pero razonables y necesarias enmiendas. 
Entonces podemos aceptar el informe en su conjunto con una mayoría sorprendente. 
Señor Presidente, el quinto programa marco es un claro avance en relación con el cuarto programa. 
Se centra en las prioridades y, al formularlas, tiene en cuenta la interacción ciencia/sociedad. 
Al proponer un aumento del presupuesto para el próximo quinquenio, reconoce el papel fundamental de la investigación para el bienestar de los ciudadanos, para el desarrollo económico y para la competitividad europea. 
Ahora bien, quisiera subrayar que en la distribución de los importes para las acciones, la excesiva concentración en la primera acción asusta a países como Portugal. 
Para mi país, las acciones de cooperación internacional y de valorización de resultados siguen siendo fundamentales. 
Es natural que las perspectivas difieran de un Estado miembro a otro. 
Así lo demuestra la dificultad para alcanzar un acuerdo que hubo en el último Consejo de Investigación. 
Pero divergen sobre todo entre países que protagonizan la investigación y que quieren que se centre en la creación de productos, y otros, como Portugal, para los cuales el desarrollo y la transferencia de tecnología debe ser la gran preocupación, así como la movilidad de becarios a investigadores. 
Pues sólo así podrán contribuir con seguridad a mejorar la eficacia de la política europea de investigación. 
Quisiera señalar dos aspectos que he procurado introducir en el proyecto de informe sobre el programa-marco: uno aceptado por la Comisión de Investigación y otro rechazado. 
El primero, reflejado en el informe, es la importancia que reviste la integración de la investigación socieconómica en la primera acción del quinto programa. 
Frente a los problemas europeos, cada vez más complicados, de racismo, xenofobia, desempleo, desarrollo sostenible, bioética y salud pública, el desarrollo de la dimensión social de la investigación es una prioridad política. 
El segundo es la urgente necesidad de formular una política profundamente integrada de ciencias y tecnologías del mar, que abra el camino para una verdadera política europea de los océanos. 
Por desgracia, no conseguí que se integrara esa propuesta mía. 
Termino, señor Presidente, recordando mis propuestas relativas al océano: estoy segura de que con la firma por la Unión de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con los trabajos de la comisión independiente de los océanos, con la Expo 98 en Lisboa, se está creando un clima propicio para que una Agencia Europea de los Océanos se nos caiga encima un día de éstos de tan madura como está. 
Señor Presidente, a nadie se le pasa por alto que el Quinto programa marco representa el eje de la política de investigación de la Unión para los próximos años. 
No cabe duda de que la estructura estratégica que ha elaborado la Comisión, en programas temáticos y en programas horizontales, orienta la acción comunitaria hacia una materia más específica respecto a los programas marco anteriores garantizando una mejor coordinación de las actividades y evitando conflictos y duplicidades. 
Asimismo, la simplificación administrativa de los procedimientos, sin duda, facilitará esa flexibilidad que faltó en los momentos de crisis- lo hemos podido comprobar, ahora, en el caso de la EEB- y que, evidentemente, resulta necesaria para garantizar el acceso a los programas de miles de pequeñas y medianas empresas, que se topan con obstáculos jurídicos, administrativos y financieros que, de hecho, les impiden investigar y aprovechar los resultados de la investigación. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y el Parlamento Europeo no pueden dejar de recalcar la importancia de la investigación como respuesta a las crecientes necesidades sociales de la población en materia de salud, seguridad, calidad de vida, empleo y medio ambiente. 
La decisión de promover la investigación en ámbitos específicos como el del envejecimiento y las enfermedades poco comunes, responde precisamente a estas necesidades. 
Lo mismo vale para la investigación dirigida a la salvaguardia y la protección de los bienes culturales- muebles y inmuebles- a través de la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a un sector que representa nuestro patrimonio cultural y nuestra memoria histórica. 
Asimismo, señor Presidente, la cooperación internacional con los terceros países representa seguramente una política beneficiosa tanto de cara a los países candidatos, para los cuales la investigación común podrá servir como catalizador de los procesos de integración, como de cara a los terceros países del Mediterráneo, para los cuales dicha investigación va a suponer empleo, desarrollo, paz y relaciones políticas. 
Y concluyo, también como Presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, diciendo con gran satisfacción que el Parlamento Europeo ha prestado en este Pleno un notable respaldo al Quinto Programa marco a través del esfuerzo de todos los colegas y en particular de nuestra ponente que se ha esmerado en sus esfuerzos y a la cual todos estamos realmente muy agradecidos. 
Por último, espero que en estas horas se realice un último esfuerzo de convergencia para reforzar más aún, si cabe, nuestra posición. 
Para terminar, señor Presidente, todos nosotros confiamos en que el Consejo juegue su papel, porque la investigación es la rampa de relanzamiento de la economía y la base para resolver el grave problema del empleo. 
Presidente, Comisaria, Señorías, quisiera felicitar a la ponente por su informe en nombre del Grupo Liberal, y agradecerle el trabajo de chinos que ha realizado. 
A pesar de las más de 500 enmiendas se ha logrado que en la Comisión se mantenga la misma postura despreciando a la estructura y al contenido. 
Lamentablemente, aún falta el boceto financiero. 
Pero ante nosotros hay una propuesta clara relacionada con el contenido. Eso es en este momento esencial, Señorías. 
Después de todo, el Consejo todavía no ha venido con una postura común. 
Eso significa que el Parlamento puede desempeñar una función dominante y acaso decisiva y por ello, Señorías, es de crucial importancia que mañana fijemos el presupuesto por gran mayoría, por eso mi grupo ha presentado una propuesta para el presupuesto que me gustaría explicar. 
Los sectores que crearán más empleo en el futuro son los de tecnologías de información y de comunicación, TIC, y también el de la biotecnología. 
Allí es por tanto donde debemos invertir. 
La investigación y el desarrollo tecnológico en el terreno de las TIC deben así tener alta prioridad en el quinto programa marco. 
Después de todo, Europa pierde cuota de mercado en el mercado mundial por las TIC, y esto cuesta empleo. 
En este marco, pues, debemos vigilar que el desarrollo del software y el hardware no sean considerados en el quinto programa marco como entidades separadas. 
El programa marco debe favorecer la innovación y no entorpecerla. 
Por lo tanto, la industria ha de implicarse también en amplia medida. 
Mi segundo punto, Presidente, se refiere a la pequeña y mediana empresa dentro del programa marco: el motor del empleo. 
La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas no invierten en investigación y desarrollo. 
Debemos dejar de crear falsas expectativas para este grupo, pero para gran número de sectores en las PYME, tales como el sector de alta tecnología y por ejemplo el sector de transportes con sus sistemas logísticos, hay excelentes posibilidades para proyectos con un valor añadido europeo. 
Precisamente para estas pequeñas empresas es importante la simplificación de los procedimientos. 
También podemos pensar en proyectos dirigidos a una rama específica dentro de la pequeña y mediana empresa. 
Mi último punto, Presidente, se refiere a la Euratom. 
Mientras que el programa de fusión nuclear no ofrezca ninguna perspectiva concreta al suministro de un solo kilovatio de corriente, ni siquiera dentro de 50 años, debemos dirigirnos ciertamente al desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. 
Mi grupo quisiera, por tanto, apoyar también la propuesta del ponente de disminuir en 100 millones de ecus el programa Euratom hasta dejarlos en 1.300 millones de ecus. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nosotros valoramos el esfuerzo hecho tanto por la Comisión, en la propuesta que ha realizado, como por la Sra. Quisthoudt-Rowohl. 
La propuesta de la Comisión, al reducir y concentrar el esfuerzo de investigación, puede tener en la práctica- aunque sea buena la intención- el efecto de que este esfuerzo acabe yendo a los países y regiones con mayores recursos, con más tecnología y con mejor infraestructura de investigación, privando de estos recursos al resto de la Comunidad Europea, y esto es preocupante tal como está Europa. 
Por otra parte, hay otro problema que vemos preocupante, y es que en Europa aumenta la desigualdad, aumenta el paro, aumentan los problemas de exclusión social y, sin embargo, no se da suficiente importancia a este aspecto social que tendría que recogerse en la propuesta. 
Y también estamos un poco sorprendidos porque el procedimiento para escoger los cuatro temas no está claro y parece que sigue el dictado de las multinacionales, y por ello habría que rectificar este procedimiento en futuras ediciones. 
Por ello, nuestro Grupo votará con arreglo a cómo quede la propuesta última. 
Y también hay que agradecer la incorporación de una propuesta para establecer una infraestructura científica destinada a tener una red de alerta científica, que es importante en Europa, y poder competir, así como también hay que agradecer la sensibilidad mostrada en la propuesta con respecto a las enfermedades mentales. 
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer a la ponente por su magnífica labor. 
En primer lugar, en lo que se refiere al programa marco Euratom, el fomento de la energía nuclear siempre ha caracterizado este programa y desde hace mucho tiempo requerimos un cambio de visión, especialmente con arreglo a la fusión. 
La fusión es un elefante blanco de cabo a rabo, en el que se han despilfarrado miles de millones de ecus. 
El programa de fusión todavía no ha producido ninguna energía. 
Será preciso ocuparse de este despilfarro si queremos acabar con esta extravagancia. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha presentado varias enmiendas con vistas a que los fondos gastados en la fusión se dediquen a fomentar energías sostenibles y renovables. 
Puedo insistir en que la energía nuclear no es sostenible y produce CO2. 
No obstante, si se aceptan las propuestas del ponente, seguiría haciendo hincapié en la necesidad de un examen pormenorizado del programa y el control del gasto. 
En lo relativo a los efectos de la irradiación sobre los seres humanos, hemos hecho un importante adelanto gracias al trabajo del Dr. Mothersill en Irlanda y al equipo del Consejo de Investigación Médica del RU del Dr. Eric Wright sobre la inestabilidad genómica. 
La población siempre se ha caracterizado por su recelo hacia la irradiación y la industria nuclear, y ahora los biólogos de las irradiaciones están concluyendo que quizás el público siempre ha tenido razón. 
Han encontrado una vía antes desconocida a través de la cual la irradiación puede alterar las células vivas. 
La irradiación, dicen, puede provocar un abanico mucho más amplio de enfermedades que las previstas por los estudios epidemiológicos. 
Incluso los niveles bajos de exposición a la irradiación podrían envenenar el patrimonio genético humano, haciendo estragos en las generaciones futuras. 
La investigación sobre la inestabilidad realizada en el mundo entero ha demostrado que los efectos sobre el patrimonio genético de esta irradiación de bajo nivel son bastante terribles. 
El complejo Sellafield, en Cumbria, ha sido el emisor más importante de irradiación en el RU, descargando gas y líquido radioactivo en el Mar de Irlanda. 
En los grupos críticos están incluidos pescadores que trabajan en el mar y las personas que consumen algas. 
Estas personas podrían estar expuestas a niveles de irradiación que podrían ser perjudiciales, y el número de personas que han muerto o padecen la irradiación emitida por Sellafield, las pruebas de armas nucleares, el accidente de Chernóbil y las radiografías médicas así como el radón presente en las construcciones podría ser muy superior a lo que nadie se atrevería a admitir. 
He presentado una enmienda y pediría al Parlamento que la aceptara. 
Es absolutamente escandaloso que la protección contra la irradiación no sea una acción clave. 
La asignación destinada a la biotecnología, por su parte, ha sido extensamente incrementada. 
Si bien aceptamos las posibilidades de la biotecnología, es preciso tratar ampliamente los aspectos éticos. 
No aceptamos la concentración unidimensional en la ingeniería genética. 
En este ámbito tenemos ante nosotros un accidente que está esperando producirse y que podría afectarnos tan gravemente como la industria nuclear. 
Señor Presidente, me hago eco de las felicitaciones a la ponente. 
Es algo habitual en esta Asamblea, pero no cabe duda de que las merece visto que ha trabajado mucho en este informe. 
Me gusta la frase que emplea en su discurso introductorio «europäisches Mehrwert» , el concepto del valor añadido europeo. 
Deberíamos admitirlo- y se lo recomiendo a la Comisión y, asimismo, al Consejo- para informar el enfoque global hacia la investigación y el desarrollo en el futuro. Tenemos que analizar la manera en que Europa puede añadir valor a la investigación, ya sea la investigación que se encuentra en curso o, llegado el caso, iniciar la investigación de la que no es posible prescindirse. 
La aplicación de este principio brindaría varias enseñanzas evidentes. 
Una es que si se reduce el importe destinado a la industria nuclear y se transfiere al campo de la energía sostenible, evidentemente va a añadirse valor tanto en términos de la eficacia del programa de investigación como de la creación de empleo. 
Asimismo, deseo hacerme eco de las observaciones formuladas acerca del valor de apoyar a las pequeñas y medianas empresas- una observación del Sr. Schiedermeier sobre el impacto de las regiones fuera de Europa y también del Sr. Adam. 
Hablamos mucho de la innovación al tratar del tema general de la investigación y aquí tienen un sector sumamente innovador. 
Por ejemplo, en mi propia zona, en el noreste de Escocia, la industria petrolera es muy importante para Europa y el mundo pero ¿quién está haciendo los avances en tecnología? 
A menudo las empresas muy pequeñas, que se encuentran literalmente a la punta del desarrollo. 
No cabe duda de que están haciendo avanzar nuevas ideas en el ámbito de la tecnología submarina. 
Este elemento va a ser invaluable al dar a Europa una ventaja en relación con los Estados Unidos y Japón en el futuro. 
Por tanto, recomiendo esta idea del valor añadido europeo. Especialmente a aquellos que se encuentran en un ámbito puntero pero que a menudo necesitan el apoyo de la Comisión. 
Mi última observación sobre este tema es para pedir que cuando se obtenga una ayuda para la investigación que ésta se pague a tiempo, debido a que a veces estas pequeñas industrias no pueden aceptar ni soportar las pérdidas que implica el no poder mantener el corriente en efectivo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera aportar, de entrada, mi contribución al concierto de felicitaciones que se le han dirigido a la Sra. Quisthoudt y lo hago con mucho más agrado por cuanto que lo que voy a decir no será necesariamente agradable. 
Deseo decirle que me alegro de su excelente trabajo. 
Actualmente nos encontramos ante un informe que presenta diversas dificultades para la investigación y desarrollo. 
En efecto, aún no consigo hoy, ante las enmiendas votadas en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y el centenar de enmiendas presentadas aquí, en sesión plenaria, distinguir claramente la orientación científica del Parlamento Europeo, y esto es un eufemismo. 
Sin embargo habíamos comenzado bien ya que habíamos votado, hace algunos meses, una resolución unánime sobre las orientaciones de la política científica en el siglo XXI. 
Pero el ejercicio del 5º Programa marco tiene sin duda esto de particular, que lleva a cada cual a venir con sus propias ideas, cuando no son las de grupos de presión industriales, medioambientales y otros, hasta el punto de contaminar el debate con un montón de ideas que vienen a liar toda la exposición. 
Así pues, creo que hay que reconocerle el mérito, señora Ponente, de haber propuesto de entrada una orientación muy clara, muy nítida, que sin duda no era la que habíamos votado hace algunos meses, pero no se dice que sólo los necios no cambian de opinión. 
Por consiguiente, en apariencia, ha hecho usted su examen de conciencia y ha considerado que no nos habíamos equivocado cuando votamos la resolución sobre la investigación en el siglo XXI. 
Sin embargo, tampoco se puede decir- y ello en su propio descargo- que el debate en la Comisión de Investigación y las numerosas enmiendas presentadas hayan enriquecido su reflexión y hayan venido a mejorarla. 
Debo confesar que tiene usted mucho mérito en todo este revoltijo de enmiendas, al conseguir que se despejen, aunque sean pocas, una serie de pistas para un compromiso y me alegro de que en el día de hoy esté usted encontrando las vías para un compromiso necesario, aunque sea muy despacio, con la ayuda de los coordinadores de los principales grupos. 
Pero, sin duda, podemos felicitarnos al término de esta aventura, por la calidad de la propuesta de la Comisión, ya que aunque no hayamos releído bien lo que hemos votado, la Comisión por su parte ha extraído muchas enseñanzas. 
En cierta forma, me felicito y podríamos quizá decir en el día de hoy, exagerando un poco, que si el Consejo pudiera apoyar las propuestas de la Comisión sería la mejor solución para el Parlamento. 
Sea como sea, señora Comisaria, quisiera pedirle que se pronunciase dentro de unos momentos sobre un punto importante para las votaciones de mañana, que es la estructura del programa y más en concreto, el paso de tres programas temáticos a cuatro. 
Evidentemente, es preciso que la Comisión esté de acuerdo sobre este punto, de otro modo se plantearían una serie de problemas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar la alabanza a nuestra ponente la Sra. Quisthoudt. Ha trabajado duro. 
En el cuarto programa marco resultó que se necesitaba aumentar más la orientación temática y la consistencia interna y procurar que hubiera más tendencia mercantil, la utilización de los resultados de la Cooperación Europea en el campo de la Investigación Científica y Técnica y el proyecto EUREKA. 
El propósito del quinto programa marco apuesta por satisfacer ese punto. 
Por lo tanto, pienso que el Parlamento ha propuesto que esté muy en línea con él y así espero también que esa estructura sea tomada por el Consejo. 
Cuando hablamos de finanzas, a menudo se está hablando de los Estados Unidos y Japón. 
También debe ser así, pero miremos sobre todo a lo que hacen los Estados miembros. 
Cuando oigo entonces hablar al Sr. Tannert acerca de los conservadores en esta Cámara, pienso que se refiere al Grupo GUE, pero en ningún caso a mi partido político, puesto que yo, como democristiano, quisiera decir al Sr. Tannert que también confío en que él, dispuesto a comprometerse también en ese punto, cuando se trata de la posterior subdivisión, quiera mantener su postura. 
Se trata de los objetivos de nuestra investigación y eso es, en primer lugar, un refuerzo y una mejora de la competitividad de Europa. 
Por eso es de gran importancia la tecnología de información y comunicación. 
También me parece que la cantidad de 3.900 millones de ecus ahora establecida es un mínimo que no se debe tocar. 
Creo también que es de gran interés que la pequeña y mediana empresa se involucre allí donde pueda, entre otras con agrupaciones y empresas mayores, pero también las organizaciones del ramo podrían desempeñar un papel importante. 
Pienso que se trata de crear con el tiempo unos cuantos centros de investigación comunitarios más. 
Se debe cambiar el método de trabajo, más evaluaciones periódicas, intentar obtener más medios por parte de terceros y sobre todo procurar también que los investigadores puedan funcionar con carácter temporal. Eso estimularía mucho su método de trabajo. 
Señor Presidente, creo que se ha realizado un esfuerzo interesante y cohesionado por parte de la ponente y de la Comisión de Investigación sobre las actuaciones e iniciativas emprendidas. 
Quisiera básicamente observar lo siguiente: creo que tanto la propuesta de la Comisión como el modo de afrontar las cuestiones por parte del Parlamento Europeo se distinguen absoluta y unilateralmente por la lógica de la competitividad. 
Por descontado que a la sociedad europea le interesa también la competitividad de sus productos y la competitividad frente a otras potencias mundiales; sin embargo, surge un gran problema relacionado con la tecnología moderna: su inmensa distancia de la población. 
Una sociedad que se muestra indecisa e incapaz de afrontar esta tecnología, que además le plantea profundos problemas éticos: así, la cuestión de la clonización, el asunto de la encefalopatía espongiforme, o la manipulación genética de algunos productos agrícolas. 
Por ello, considero acertadas las observaciones de la Comisión de Asuntos Sociales que ponen de manifiesto la inhibición en asuntos como el ámbito de trabajo, las circunstancias laborales, etc., o aquellas de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación que advierten que aunque promovamos una tecnología de la información, no proyectamos una sociedad de la información. 
Un abismo que aparece también en extremos como la incógnita de a quién aprovecha el programa de investigación y tecnología, íntimamente relacionado con la enorme capacidad de las grandes unidades y organismos por una parte y, por otra, con el gran vacío y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, doy las gracias al ponente por su informe. 
Los Verdes no concordamos con usted en todas las cuestiones, pero pensamos que ha realizado un excelente trabajo, con el que ha logrado controlar las 700 enmiendas que se presentaron a la comisión. 
Eso es preciso elogiarlo. 
También es digna de elogio la Comisión, ya que opino que la propuesta original era de gran calidad en muchos de sus pasajes. 
Más tarde se ha mejorado aún más con el curso que le ha dado la comisión parlamentaria, pero lamentablemente existe también una parte que me veo obligado a decir que ha empeorado. 
Se trata sobre todo de los fondos que se proponen, pero también de sus detalles, los cuales ya ha comentado el Sr. Desama. 
Algunas de las mejoras conseguidas consisten en que se han incluído muchos aspectos del desarrollo sostenido, en el sentido de que éste tiene que respetar el medio ambiente, ser correcto desde el punto de vista ecológico, etc. Pero mucho me temo que todo sean solemnes declaraciones. 
Si se examina más de cerca la enmienda 78, por poner un ejemplo, en la propuesta de la comisión en torno a las fuentes energéticas del futuro se dice: " el objetivo de este programa temático es por tanto la investigación y la utilización sostenible de las fuentes de energía existentes». 
La fuente de energía existente en mi país, Suecia, es precisamente la nuclear. 
La energía nuclear no puede de ningún modo ser sostenible. 
Por eso muchas de las fórmulas que se utilizan en el informe me producen dudas. 
Las fuentes de energía sostenibles son las renovables. 
Es en este sector donde hay que invertir más fondos, y no en el mantenimiento de viejas centrales, las cuales Suecia finalmente se está decidiendo a suprimir. 
Lo que necesitamos en lugar de esto es un nuevo impulso de la UE que muestre el camino a seguir para sustituir la energía nuclear por las fuentes de energía renovables. 
Se están dado, por lo tanto, unas señales equivocadas a los Estados miembros. 
Muchas de las mejoras conseguidas en la propuesta de la Comisión requieren una mayor clarificación. 
Se hacen solemnes declaraciones en favor del desarrollo duradero, pero hay que ejemplificar. 
Por ejemplo, en la enmienda 154 establecemos que no deseamos la clonación de personas, pero también es necesario dejar claro que no deseamos ni la de personas, ni la de animales. 
Esto reviste la misma importancia, ya que se están llevando adelante experimentos, y cada vez nos acercamos más al terreno de lo éticamente incorrecto. 
En la enmienda 45 establecemos unos marcos económicos y solicitamos más fondos para la energía y el medio ambiente. 
En cuanto a la enmienda 160, hemos añadido una propuesta que consiste en especificar que en adelante el 60 por ciento de la cantidad destinada a la energía debe destinarse a las fuentes de energía renovables, y el 75 por ciento a la demostración. 
No hay más modificaciones en cuanto a la enmienda 160. 
Señor presidente, señores y señoras, también yo quiero manifestar mi agradecimiento y respeto a la ponente. 
Reunir tantas y tan diferentes opiniones de esta Asamblea en un mismo racimo requiere, además de habilidad, mucha abnegación. 
Sé que ahí detrás hay una gran cantidad de trabajo. 
Permítanme empezar con un ejemplo tomado de la Historia. 
Hace mil años, los chinos construyeron barcos de alta mar.. 
Tenían ya la brújula cuando los europeos no habían ido más allá del Mediterráneo. 
Sin embargo fueron los europeos los que después conquistaron el mundo, y no los chinos. 
¿Por qué? 
Porque los chinos no quisieron. 
No quisieron emplear su tecnología en ello, pero los europeos sí. 
Nosotros sólo podemos poner algo a disposición, medios, ideas, pero si los europeos, los investigadores e investigadoras de Europa lo usan o no, es cosa suya. 
Esto me lleva a que lamento de veras que, por lo que hace a los medios, nos hayamos quedado relativamente cortos en la propuesta. 
Conozco las limitaciones financieras y no soy ningún iluso. 
Sin embargo, no bastará con que Europa alcance a los EE.UU. o a Japón, o que desplace a los países del suroeste asiático al segundo o tercer puesto. 
Hay que crear aspiraciones en los Estados miembros, en las empresas. 
La inversión en investigación debe mantener o recuperar un alto valor, también moral, en Europa. 
De eso se trata. 
Quizás salga de este debate y de esta discusión sobre el cuarto programa marco de investigación una señal que suscite esa vitalidad. 
Por lo menos a mí me gustaría. 
Déjenme decirles algo, aunque el tiempo es escaso sobre la parte relativa a EURATOM, porque estoy satisfecho con la mayoría de los otros aspectos. 
No es ningún secreto que y lamento que se hayan intentado algunos recortes en la parte relativa a EURATOM. 
No lo puedo entender, pues necesitamos los medios. 
Al contrario que algunos colegas soy de la opinión de que los necesitamos también para la fusión. 
Necesitamos los medios para la seguridad nuclear, especialmente cuando acuden a nosotros estados del centro y del este de Europa que tienen reactores soviéticos, en la medida que tengan alguno. 
Queremos aumentar la seguridad. 
Por consiguiente, no necesitamos menos sino más dinero. 
Aunque sea desagradable decir esto, tengo que decirlo aquí. 
Por último me gustaría que la Comisión tuviese el mayor espacio de maniobra posible en materia de política científica. 
La Comisión tiene la responsabilidad, y debe tener también la posibilidad, de transferir bajo su propia responsabilidad recursos de un lado al otro si lo considera necesario. 
La investigación no se puede planificar, sino que hay que contar también con sorpresas, y ante esas sorpresas hay que reaccionar también. 
Por eso deseo una actuación afortunada a la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ya a lo largo del intenso trabajo que precedió al texto de la Comisión, el Parlamento Europeo subrayó aspectos importantes y originales como la atención en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas con vocación internacional, de los centros de alta densidad tecnológica que se englobaron en una acción específica, y de las tecnologías para la conservación de los bienes culturales, incluidas en el contexto de la ciudad del futuro. 
Dentro del planteamiento de los programas temáticos, nuestra comisión, brillantemente dirigida por la Sra. Quisthoudt-Rowohl, trató de no reducir el esfuerzo de focalización que fue el elemento que guió el trabajo en torno al Quinto Programa marco. 
Sin embargo, modificamos la acción en favor del desarrollo sostenible, añadiendo dos acciones clave en favor de la energía y ampliando la acción en favor de las tecnologías del mar con objeto de incluir en la misma los transportes de superficie. 
La pauta es que estamos evolucionando hacia un único sistema de movilidad que engloba todos los modos de transporte. 
Tengo que recalcar que esta modificación tiene que entenderse como aditamento; no quisimos, de hecho, reducir los recursos para las tecnologías marinas, sino aumentar el presupuesto para una acción global en el sector de los transportes. 
Para encontrar esta financiación adicional, pedimos que se reste algo a las ciencias biológicas, así como que se aumente ligeramente el presupuesto global. 
Estoy muy satisfecho porque las aplicaciones espaciales se han incluido en los correspondientes proyectos temáticos. Respaldo, asimismo, la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones sobre la microgravedad que deberán realizarse en la estación espacial internacional, una nuevísima oportunidad científica con vistas a la cual los Estados Unidos se están preparando mucho más sistemáticamente que nosostros los europeos y respecto a la cual la acción de la Unión Europea debe ser un complemento de la acción de la Administración Europea del Espacio. 
Y para finalizar, unas palabras de alabanza a nuestra ponente y en favor de un compromiso político en pro de la investigación como instrumento fundamental para construir nuestro futuro. 
Señor Presidente, en la actualidad hemos alcanzado un momento determinante en el proceso que conduce a la adopción y puesta en funcionamiento del quinto Programa marco de investigación. 
Antes de nada, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, por la excelente forma como ha llevado a buen término la tarea compleja que ha representado la preparación de este dictamen. 
Quisiera también dar las gracias muy sinceramente a aquellos que, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, bien por su trabajo en el seno de los grupos políticos o bien en forma de iniciativas preparatorias, han contribuido a la reflexión sobre el quinto Programa marco. 
Pienso también en los miembros de la Comisión de Investigación en general así como en los ponentes y en los miembros de las otras diez comisiones asociadas. 
La Comisión acoge con una satisfacción real el proyecto de dictamen del Parlamento sobre el quinto Programa marco. 
El Parlamento ha sabido aprovechar la ocasión para imprimir su sello. 
Debo señalar que las enmiendas van en el sentido de la propuesta de la Comisión y que estamos muy cercanos en casi todos los puntos fundamentales. 
El quinto Programa marco se ha concebido en términos de ruptura con el pasado. 
Su novedad se manifiesta en sus tres grandes características. 
En primer lugar, una orientación resuelta hacia los grandes objetivos políticos, económicos y sociales de la Unión Europea comenzando por mejorar la situación del empleo y el refuerzo de la competitividad europea. 
En segundo lugar, la concentración de medios en un número restringido de temas y objetivos, con el fin de llevar al máximo el impacto de las acciones planteadas. 
Finalmente, la introducción de nuevos temas y la definición de nuevas formas de actuación, y en primer lugar las acciones-clave. 
En todos esos puntos, el proyecto de dictamen del Parlamento apoya la propuesta de la Comisión. En algunos casos incluso refuerza los aspectos innovadores. 
La Comisión espera por tanto aceptar, en una versión revisada de su propuesta, varias enmiendas esenciales, en su espíritu y en su contenido, si no en su formulación precisa. 
No entraré en un comentario detallado de cada enmienda y me concentraré en los tres puntos en torno a los cuales se ha estructurado el debate de la Comisión de Investigación: la estructura, el contenido y los aspectos financieros. 
En primer lugar, la estructura. 
La Comisión se adhiere a la fórmula propuesta de una organización del quinto Programa marco en cuatro programas temáticos. 
Ésta permite permanecer muy cerca de nuestra propuesta y preserva la voluntad de concentración de los esfuerzos de puesta en marcha de un planteamiento integrado y multidisciplinar de los problemas. 
Es también el mensaje que el Colegio de Comisarios me ha pedido que dirija al Parlamento. 
La creación de un nuevo programa sobre los temas combinados del medio ambiente y de la energía está justificada. 
Como muestran los debates sobre el cambio climático que acaban de terminar en Kioto, los problemas que se plantean en estos dos ámbitos han de abordarse de manera fuertemente integrada. 
Para estar a la altura de los desafíos propuestos hemos de ser audaces. 
Dividir este nuevo programa en dos subprogramas representaría un planteamiento aún tímido. 
La Comisión propondrá por tanto una fórmula mejor adaptada a esta configuración. 
La adopción de esta nueva estructura conduce, por supuesto, a una nueva distribución de las acciones-clave. Ésta provocará una revisión de los equilibrios financieros. 
Varios casos particulares podrían encontrar una justificación igual. 
Debo señalar que las decisiones tomadas hasta el momento por el Parlamento y la Comisión, sin coincidir totalmente, se corresponden en gran medida. 
En conjunto, me alegro de ver que el Parlamento y la Comisión coinciden en torno a la idea de que necesitamos un número limitado de programas. 
Este consenso será muy útil frente a todos aquellos que consideran la posibilidad opuesta. 
Pasamos al contenido. 
Al lado del desdoblamiento de la acción-clave energía en dos acciones-clave centradas, por una parte, en la utilización razonable de la energía y por otra, en el desarrollo de una oferta más propia y competitiva, dos de las principales novedades introducidas por las enmiendas consisten en nuevas acciones-clave dedicadas respectivamente al problema del envejecimiento y al cambio climático. 
En la propuesta de la Comisión aparecen estos dos temas ya en la categoría de las actividades de investigación de carácter genérico. 
Que sean objeto de acciones-clave permite fijar mejor, en el plano político, la importancia de estas cuestiones para el futuro de la Unión Europea. 
La Comisión señala su acuerdo en el espíritu de las enmiendas propuestas sobre estos diferentes puntos. 
Por el contrario, no lo hace por lo que respecta a una serie de enmiendas que introducen modificaciones de contenido o de reparto de las acciones-clave, que llevarían a abandonar el planteamiento integrado y pluridisciplinar de los problemas. 
Un planteamiento sectorial, basado en una disciplina es, en ocasiones, tentador. Tiene la fuerza que le otorgan las tradiciones, pero con mucha frecuencia lleva a considerar los problemas de manera parcial y a dispersar los medios. 
Una observación más sobre los aspectos socioeconómicos. 
El Parlamento insiste en la necesidad de tomarlos en consideración en un alto grado y la Comisión comparte este punto de vista. 
Por otra parte, les ha concedido un lugar esencial en el quinto Programa marco. 
Consideramos sin embargo que la mejor manera de tratar estas cuestiones es hacerlo, por una parte, en el contexto de las acciones-clave, para los aspectos vinculados al ámbito de los grandes programas temáticos y, por otra, en el marco de una actividad particular del programa «Mejora del potencial humano» , para los aspectos generales o los que no se abordan en los demás programas. 
La Comisión está decidida a que la investigación socioeconómica juegue un papel importante en el quinto Programa marco. 
Sin embargo, considera preferible hacerlo utilizando la fórmula que ha propuesto antes que hacerlo mediante acciones-clave especiales en los diferentes programas. 
Terminaré abordando los aspectos financieros. 
Debo felicitarme aquí por la notable convergencia de las propuestas del Parlamento con las de la Comisión y por la señal tan evidente enviada a los Estados miembros y al Consejo. 
El proyecto de dictamen propone un quinto Programa marco dotado con una partida de 1.700 millones de ecus, es decir, 400 millones de ecus más que lo que propone la Comisión. 
En un contexto de restricciones presupuestarias y de compresión de los gastos públicos de investigación, frente a los competidores, los americanos y los japoneses, que no relajan sus esfuerzos, la Unión Europea no puede permitirse reducir o dejar que se estanquen los medios concedidos a las investigaciones realizadas a nivel europeo. 
De acuerdo con las disposiciones de la Agenda 2000, el importe propuesto por la Comisión se ha calculado sobre la base del principio de un aumento de los medios asignados a la investigación ligeramente más rápido que el del producto nacional bruto de la Unión Europea. 
Para fijar el importe que propone, la Comisión ha debido tener en cuenta numerosas obligaciones exteriores. 
La Comisión registra con satisfacción el mensaje contenido en el proyecto de dictamen del Parlamento. Mantiene sin embargo su propuesta, por razones que el Parlamento comprenderá fácilmente, vinculadas principalmente a la función que deberá desempeñar en la búsqueda de un compromiso. 
La Comisión acepta, por otra parte, la enmienda muy útil de la Comisión de Presupuestos, recogida por la Comisión de Investigación, que traduce en términos operativos la independencia entre la decisión de adopción del quinto Programa marco y su techo financiero, y la negociación sobre las futuras perspectivas financieras de la Unión Europea. 
Los detalles de la posición de la Comisión sobre las diferentes enmiendas serán reflejados en el acta de esta sesión plenaria. 
Más en particular, desearía retomar las enmiendas de la Sra. McNally sobre la necesidad de asegurar un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en el programa «Mejora del potencial humano» y la introducción de la cuestión de la igualdad de oportunidades como tema para la investigación socioeconómica. 
Por otra parte, la Comisión organizará en la primavera de 1998 una conferencia sobre el tema «mujer y ciencia». 
Concluiré, por mi parte, estas observaciones generales con dos consideraciones. 
En primer lugar, debo señalar la calidad de la propuesta surgida de los trabajos de la comisión de Investigación y de las demás comisiones implicadas. 
Muestra el interés creciente que tienen un número cada vez mayor de diputados del Parlamento en esta política indispensable para la Unión Europea en la consecución de sus objetivos. 
En la perspectiva definida por la Agenda 2000, ésta se sitúa en el centro de la acción política de la Unión Europea, al lado de las demás políticas del conocimiento en materia de educación y de innovación. 
Por tanto, deseo, por mi parte, un refuerzo del diálogo entre nosotros durante la ejecución de nuestros programas. 
Mi segunda consideración es de orden operativo. 
No estamos al final del camino e incluso estamos lejos. 
El Consejo ha de pronunciarse en estos momentos. 
Nuestra esperanza es que pueda adoptar una posición común durante el Consejo «Investigación» del 12 de febrero, y esto no está garantizado. 
Las posiciones de los Estados miembros en este momento siguen en ocasiones alejadas unas de otras. 
Paralelamente, se va a comprometer el debate sobre los programas específicos, de acuerdo con el documento de trabajo presentado por la Comisión en el mes de noviembre. 
El objetivo es la adopción formal del Programa marco a lo largo de 1998 para una puesta en marcha efectiva de los programas específicos en 1999. 
Los meses venideros serán por consiguiente muy intensos en reflexiones y debates. 
Sé que puedo contar con el Parlamento Europeo para que desempeñe su función en este proceso. 
Le doy las gracias por adelantado por los esfuerzos que va a desplegar para ayudar a alcanzar nuestro objetivo último, que es poner la investigación europea al servicio de los ciudadanos europeos. 
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos, es la expresión de sus intereses. 
Su implicación activa en el proceso de decisión contribuye a garantizar que las grandes decisiones científicas y tecnológicas a nivel europeo se realizan sobre una base democrática. 
Considerando la urgencia y amplitud de los problemas a los que deben hacer frente los europeos y la contribución que la investigación puede aportar a su resolución, estoy segura de que esta Asamblea hará todo lo que esté en su mano para que este nuevo Programa marco pueda ponerse en marcha en el plazo más breve posible. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas y el jueves a las 9.30 horas. 
Política energética 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0308/97) del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión «Visión global de la política y las acciones en el campo de la energía» (COM (97) 0167- C4-205/97). 
Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra en los albores de un nuevo milenio y ante un serie de retos altamente estratégico totalmente desprovista de un marco unitario y coordinado en materia de política energética. Una política que debería desempeñar un papel fundamental de cara al desarrollo económico, la promoción del empleo, del medio ambiente y de la calidad de vida. 
Desde hace mucho tiempo, el Parlamento Europeo viene subrayando la necesidad de dar a las acciones en favor del sector energético un fundamento jurídico fuerte y una parcela en el Tratado para garantizar la coherencia y la transparencia que hoy no existen. 
Si las soluciones y los problemas energéticos seguirán afrontándose de manera fragmentaria en el ámbito de otras políticas como las del mercado interior, el medio ambiente, la fiscalidad, la agricultura y la investigación, no se tendrán suficientemente en cuenta los objetivos específicos del sector como la seguridad del abastecimiento, la cooperación internacional, la integración de los mercados de la energía, el fomento del sector sostenible en el sector energético y la promoción de la investigación. 
El desarrollo de los mercados europeos, la competitividad de las empresas y el poder de adquisición de energía por parte de los ciudadanos, dependen de la efectiva consecución de los objetivos energéticos. 
En este sentido, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía considera fundamental el fortalecimiento del papel del Observatorio Europeo de la Energía también por lo que respecta a la definición de un marco de referencia para los grandes ejes de transporte de la energía del gas natural y del petróleo. 
La Carta de la Energía sigue siendo el marco privilegiado de la cooperación energética europea y el Parlamento Europeo hace hincapié en la importancia de su ratificación por parte de todos los países signatarios. 
La cooperación y las acciones de asistencia en favor de los terceros países en el ámbito de los programas de ayuda y de cooperación como PHARE, TACIS y MEDA o de los relativos a Asia, Latinoamérica o del FED, deberán desarrollarse con objeto de tener en cuenta los diferentes mercados de abastecimiento y, al mismo tiempo, convertirse en más visibles respecto al pasado agilizando la información, el control y el examen del Parlamento Europeo. 
La liberalización y la integración de los mercados de la energía representan, además, el segundo objetivo de la política energética comunitaria y una necesidad evidente ante una globalización cada vez mayor. 
Habrá que crear una verdadera competencia entre productores de energía ofreciendo a los consumidores distintas posibilidades de elección en materia de abastecimiento a través de la libre contratación garantizada por los Estados y utilizando las nuevas posibilidades de desarrollo existentes en el sector energético. 
El aspecto medioambiental de las políticas energéticas es un factor que no se debe subestimar en absoluto. 
La Comisión tiene que evaluar de forma periódica el impacto medioambiental de las políticas energéticas en los Estados miembros garantizando, además de los instrumentos legislativos, también los acuerdos voluntarios y la investigación y el desarrollo tecnológico. 
También en el ámbito de la cooperación internacional será preciso tener en cuenta los riesgos de dumping energético y medioambiental por lo que se refiere a los países cuyos precios siguen siendo bajos, debido a normas medioambientales mucho menos restrictivas que las nuestras, es decir, las comunitarias. 
Los daños causados por la emisión de CO2 y el calentamiento global representan un reto para la Unión que, ante los compromisos adquiridos hace pocas fechas en Kyoto, deberá prestar una ulterior contribución a través de iniciativas dirigidas a fomentar la utilización racional y eficaz de los recursos energéticos, la cogeneración de las fuentes renovables de energía y las acciones de investigación y desarrollo tecnológico. 
La Comisión tendrá que dedicar un espacio adecuado a las tecnologías energéticas innovadoras, capaces de facilitar una respuesta apropiada a la voluntad de primar las fuentes renovables y a la actual demanda de aplicaciones y de consumo de gas natural, especialmente en sectores como los de la licuefacción, el transporte y la regasificación, habida cuenta de sus potencialidades respecto a las nuevas formas de abastecimiento desde las zonas geográficas más alejadas. 
Indudablemente, la utilización local y descentralizada de las energías renovables, junto con la liberalización del mercado energético, permitirán subsanar los desequilibrios existentes entre algunas regiones europeas y fomentar con rapidez el desarrollo de las regiones menos desarrolladas, dotándolas de capacidades energéticas autónomas multiuso. 
No cabe duda de que, en interés de la Unión, de sus ciudadanos y del sector industrial, un programa marco de política energética tiene que contribuir a aclarar y concentrar en mayor medida las iniciativas comunitarias del sector, así como garantizar un nivel de financiación plurianual que permita llevar a cabo acciones de envergadura, sin que ello conlleve una reducción estructural de los recursos financieros disponibles. 
Por último, señor Presidente, y en este sentido, el Parlamento Europeo deplora los drásticos recortes realizados por el Consejo en el capítulo del presupuesto comunitario en materia de energía, recortes que han puesto en duda el futuro de los instrumentos europeos ya ampliamente consolidados en torno a los programas ALTENER, THERMIE y SAFE y, en particular, de los destinados a la cooperación internacional en dichos sectores. 
Dado que el señor Comisario Papoutsis no podrá estar presente esta tarde y habida cuenta de que, por otra parte, nuestro debate deberá interrumpirse a las 17.30 para que tenga lugar el Turno de preguntas a la Comisión, con el permiso del Pleno, doy la palabra al Comisario, Sr. Papoutsis. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero pedir disculpas a los estimados miembros del Parlamento, porque no voy a poder participar en la sesión de esta tarde. 
Deben saber que llevo esperando desde las 11.30 para debatir el informe Scapagnini, pero, desgraciada aunque comprensiblemente, las tareas se han demorado mucho debido a la importante discusión del presupuesto. 
Y no puedo permanecer aquí hasta la noche, pues mañana se reúne el Pleno de la Carta de Energía en Bruselas, en el que confiamos sean presentadas 30 ratificaciones de la Carta de Energía para que se empiece a aplicar. 
Como comprenderán, con el permiso y el apoyo del Parlamento, la Comisión Europea debe estar presente en este gran asunto de la Carta de Energía para que comience a ser efectiva. 
Vuelvo a la cuestión, señor Presidente, y quisiera agradecerle al ponente, el Sr. Scapagnini, su informe claro y constructivo. 
La Comisión está de acuerdo en general con lo propuesto a votación, que adopta muchas conclusiones de la comunicación de la Comisión. 
La situación de la energía, tanto a escala global como de la Unión Europea, exige actuaciones más firmes y coordinadas. 
Por ello, es muy importante comprender los retos que se nos presentan hoy. 
La comunicación de la Comisión plantea sobre todo la descripción de los grandes retos de la energía y de las actuaciones emprendidas a escala europea. 
Nuestro objetivo es simple y preciso: aclarar. 
Además, la comunicación fue la primera fase para la organización de un programa-marco para la política energética, un programa que encuadre las actuaciones a escala europea. 
El Sr. Scapagnini en su informe ha demostrado que el Parlamento Europeo tiene un conocimiento completo de la situación y está preparado para apoyar a la Comisión. 
En nombre de la Comisión Europea quiero agradecer su actitud positiva y su apoyo. 
En dicha comunicación, la Comisión señala tres cuestiones importantes que debe afrontar el sector energético: 
La primera es la seguridad en el abastecimiento. 
Todos los análisis y todas las previsiones llegan a la conclusión de que va aumentar de manera importante la dependencia exterior. 
La Comunidad deberá valorar este hecho y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes. 
En segundo lugar el sector energético tiene un papel protagonista en los esfuerzos por mejorar la competitividad europea. 
Los sistemas energéticos más eficaces y rentables, así como la libre circulación de los productos energéticos, deberán contribuir a mejorar nuestra competitividad al conseguir estructuras adecuadas de producción y transporte. 
La última cuestión se refiere a que el sector energético es de vital importancia en relación con la protección del medio ambiente. 
En todas las políticas y en todas las actuaciones sobre energía se deberá valorar el objetivo del desarrollo sostenible. 
En especial ahora, tras la cumbre de Kioto, la cuestión de los gases que provocan el efecto invernadero tiene una destacada importancia. 
Existen unos objetivos medioambientales que deberán reflejarse íntegramente en nuestra política energética. 
La votación que proponemos demuestra que el Parlamento Europeo está de acuerdo con esas opiniones. 
Permítame, señor Presidente, comentar algunos puntos que sobresalen en la votación: 
La Comisión Europea comparte la opinión que considera deseable incluir en el Tratado un capítulo sobre la energía. 
Pero, por desgracia no se ha podido lograr en la Cumbre intergubernamental de Amsterdam. 
Parece que este asunto todavía no estaba tan maduro como para constituir objeto de consenso entre los Estados miembros. 
A pesar de ello, la Comisión seguirá planteando propuestas a fin de que la política energética de la Unión, allí donde fuera necesario, sea más coherente con el ejercicio de las bases jurídicas hoy vigentes. 
La Comisión es consciente de la necesidad de fortalecer las actuaciones con respecto a las fuentes de energía renovables. 
Como ya saben, recientemente hemos presentado el Libro Blanco sobre una estrategia comunitaria y un plan de actuación para las fuentes de energía renovables. 
Ahora, esperamos sus reacciones, sus opiniones acerca de dicho Libro Blanco y, por consiguiente, tendremos la oportunidad de debatir esta cuestión de forma extensa en un futuro inmediato. 
Señor Presidente, también quiero dar las gracias al Parlamento por su apoyo al establecimiento de un programamarco para la política energética de la Unión Europea. 
Un programa aprobado por la Comisión el 18 de noviembre, hace ahora un mes. 
Dicho programa-marco abarca todas las actuaciones dispersas emprendidas hasta hoy, como el SAVE II, sobre el rendimiento de la energía, el ALTENER, sobre fuentes de energía renovables y el SYNERGY, sobre la colaboración con terceros estados. 
Además, prevé esfuerzos específicos en el campo de los análisis de energías y las previsiones en el sector acerca de la seguridad nuclear y el uso limpio del acero. 
Todas esas acciones están coordinadas y unificadas al amparo de una resolución básica sobre el programa-marco. 
La propuesta sobre dicho programa se encamina, además, al establecimiento de condiciones estables a corto plazo en las intervenciones en el campo de la energía. 
El programa es necesario también para crear una base jurídica clara para todas esas actuaciones. 
El programa-marco, desde el punto de vista de la Comisión, establecerá mejores condiciones para coordinar la realización específica de la política energética y además consolidará su cumplimiento en el campo de la energía, es decir, de aquellas actuaciones que se ponen en marcha basándose en otras políticas comunitarias, tales como los Fondos estructurales y los programas de ayuda técnica exterior. 
La propuesta del programa-marco constituirá una de las prioridades de la presidencia británica. 
Las principales reacciones de los Estados miembros han sido positivas, por lo que espero que pueda contar con su importante apoyo para adoptar a tiempo una resolución sobre dicho programa-marco. 
Espero que continúe el apoyo a las importantes medidas de la política energética, que se basa en los criterios homologadores del presente nuevo programa. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión, en buena medida, está a favor de la propuesta de resolución del informe del Sr. Scapagnini sobre la visión general de la política energética y las actuaciones correspondientes. 
Por último, quisiera una vez más dar las gracias al ponente, el Sr. Scapagnini, por su excelente informe. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-1002/97). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pero antes de comenzar, me pide la palabra el Sr. Smith para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, mi pregunta nº 76 versa sobre el transporte de combustibles nucleares. 
Yo, en mi inocencia, supuse que esta pregunta sería contestada por el Comisario responsable del transporte, pero me encuentro que ha sido incluida entre las preguntas varias. 
¿Podría tomar nota de mi preocupación, señor Presidente, e intentar encontrar una explicación de por qué esta pregunta no fue incluida en la sección que ha de tratar el Comisario responsable del transporte? 
Señor Smith, tomo nota de su preocupación pero, como usted ya sabe, es la Comisión la que decide cuáles son los Comisarios que responden a las preguntas planteadas. 
No está esto en el ámbito de nuestra responsabilidad. 
En todo caso, sus palabras no sólo son recogidas por mí, sino que figurarán en el Acta literal y tendrán todo el peso y el valor que tienen siempre sus opiniones. 
La Comisión es consciente del hecho de que las directivas relativas a los contratos públicos aún no han sido transpuestas por todos los Estados miembros, así como de que, a pesar de su transposición, con frecuencia no se aplican correctamente. 
La Comisión, por lo tanto, en su plan de acción para el mercado único- adoptado en el pasado mes de junio y aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam- invitó a los Estados miembros a dar muestras de su voluntad política poniendo fin a esta situación y pidió, por un lado, que se comprometieran a llevar a término la transposición y a comunicar el calendario concreto de la misma y, por otro, propuso iniciativas dirigidas a convertir en efectivos la aplicación y el respeto de la normativa en vigor. 
Al respecto, y en virtud de las facultades que le corresponden, la Comisión ha incoado contra los Estados miembros infractores procedimientos de infracción basados en el artículo 169 tanto por la falta de transposición de las directivas como por la no conformidad de las medidas de transposición, así como, por último, por la aplicación incorrecta de la normativa comunitaria en materia de concursos públicos. 
La Comisión, asimismo, recurrió al procedimiento de urgencia con arreglo al artículo 186 del Tratado, para conseguir medidas provisionales contra un Estado miembro, donde la autoridad adjudicadora se negó a suspender un concurso público, mientras la Comisión no se pronunciara sobre las presuntas infracciones. 
Tras la entrada en vigor de las Directivas 89/665 y 92/13, los operadores económicos tienen la posibilidad de emprender acciones ante una autoridad nacional contra las entidades adjudicadoras por no cumplir la normativa comunitaria en materia de concursos. 
En este contexto, la Comisión desea recordar también que los Estados miembros son responsables de la actuación de sus entidades, en particular de los ayuntamientos, y que un Estado miembro no puede incumplir las obligaciones que le corresponden en virtud de la normativa comunitaria invocando la eventual autonomía constitucional de las entidades locales y regionales. 
Por lo que se refiere, finalmente, a las posibles mejoras de cara a conseguir una aplicación más satisfactoria de la normativa comunitaria en materia de concursos, la Comisión ha puesto en marcha un debate sobre su Libro Verde y prevé presentar cuanto antes una comunicación en la que propondrá medidas concretas tanto en materia de interpretación de las disposiciones existentes como a nivel de posibles modificaciones legislativas. 
La Comisión reitera, sin embargo, que un control eficaz de la aplicación del Derecho comunitario, requiere también el fortalecimiento de los controles efectuados a nivel nacional. 
En consecuencia, también los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades en esta materia. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta, que considero excelente y detallada. 
También quiero dejar constancia de que me satisface que la Comisión haya presentado denuncias contra diversos países por haber infringido el reglamento de contratación pública, inclusive la que se ha presentado contra mi propio país, Suecia. 
Permítame abordar otra cuestión. 
Las empresas deberían en la medida de lo posible presentar denuncias cuando no se las trata equitativamente conforme al reglamento sobre contratación. 
Sabemos también que les resulta difícil, puesto que de este modo pueden enemistarse con posibles e importantes clientes. 
Por eso ha surgido la idea de crear una especie de Defensor del pueblo para las contrataciones, es decir, una persona que pudiera dar trámite a las denuncias y dirigirse a los ayuntamientos y autoridades estatales que no respeten las disposiciones. ¿Tiene conocimiento el Comisario de esta idea? 
Le agradezco su pregunta complementaria. 
En primer lugar, quiero subrayar que la Comisión ha incoado un número considerable de procedimientos de infracción contra los Estados miembros. 
Asimismo, deseo manifestar que muchos procedimientos de infracción se deben a notificaciones de las empresas, así como recalcar que en el ámbito de la amplia consulta abierta a raíz del Libro Verde sobre contratación pública, que ha dado lugar a más de 300 opiniones, un aspecto que se ha tenido muy en cuenta es también el dirigido a convertir en cada vez más eficaz la indicación de las cosas que no funcionan. 
Por último, le recuerdo a su Señoría que, actualmente, existe la posibilidad de que la empresa o quien emprenda la acción pueda mantener, si lo desea, el anonimato. 
Las respuestas del Sr. Monti indican, en efecto, que lo que plantean él y el preguntante Cars sigue siendo un problema. Hay, pues, demasiadas posibilidades de escapatoria. 
No es necesario que las instancias, comunidades y administraciones que lo saquen a concurso lo hagan por contratación de obra mediante concurso, y a menudo ocurre también en el transporte; si bien es cierto que no toman el más barato, alegan para ello como excusa: sí, pero era el mejor. Esas empresas a las que se les da la preferencia, señor Monti, resultan siempre ser empresas nacionales. 
Por eso creo que se debería mantener más estrechamente vigilado no sólo al mediador, sino también a la Comisión, para que no sea sólo a las empresas nacionales a las que se les conceda el encargo, sino que tenga lugar también un reparto por la Comunidad. 
Un informe suyo sería muy bien acogido en lo referente a este asunto. 
Éste es uno de los temas más importantes de cara a la efectiva consecución del mercado único y precisamente por esto le estamos dedicando la máxima atención, como podrá comprobar el Parlamento en cuanto la Comisión, al principio del año 1998, presentará la Comunicación sobre la consulta referente al Libro Verde. 
El Sr. Wijsenbeek nos recuerda que, a veces, las autoridades adjudicadoras tienen ellas mismas dificultades. 
En este sentido, los aspectos en materia de simplificación que fueron considerados en el Libro Verde como uno de los elementos fundamentales, tienen su relevancia y no puedo dejar de estar de acuerdo con su Señoría cuando dice que sería deseable que, desde el punto de vista del mercado único, los concursos dieran como resultado la adjudicación a empresas no nacionales. 
Esto está sucediendo cada vez más, a pesar de que no con la frecuencia que quisiéramos, y toda la serie de acciones, previstas en el Libro Verde, en el ámbito de la información, la formación, etcétera, están orientadas precisamente a convertir en más completo este mercado, aún no totalmente único, de los concursos públicos. 
Señor Comisario Monti, ¿sabe usted que los arquitectos tienen particulares dificultades en el sector de la contratación pública? 
Los arquitectos opinan que es difícil seleccionar con precisión datos reales y que en los concursos públicos sucede en cierto modo que se presentan también 400 ó 500 ofertas para pequeños proyectos, y esto, en parte, origina problemas. 
Éste es un aspecto específico e importante de una problemática más amplia y cuando se trata no de grandes empresas o de empresas en general, sino de profesionales o de despachos profesionales, el aspecto de la prolijidad de la información es mucho más significativo. 
Con vistas a este objetivo, en las próximas acciones relativas a los concursos que, lo repito una vez más, seguirán la feliz consulta sobre el Libro Verde, el aspecto de la información electrónica será tenido en cuenta y recalcado especialmente. 
Precisamente la semana pasada, celebramos en Bruselas una conferencia muy concurrida con participantes de todos los Estados miembros sobre el Electronic procurement que es un instrumento para explicitar cada vez mejor los aspectos relativos a la información sobre el importante mercado de los concursos. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 26 caduca. 
Pregunta nº 27 formulada por Veronica Hardstaff (H-0906/97): 
Asunto: Utilización de los formularios E-111 en los Estados miembros 
¿Está la Comisión al corriente de que los ciudadanos europeos están pasando dificultades para recibir tratamiento médico en algunos Estados miembros utilizando el formulario E-111? 
¿Es tolerable que los médicos de algunos Estados miembros se nieguen a aceptar un formulario E-111 válido, alegando que, aun no siendo ya el caso, dicho impreso se debe renovar cada año, para cobrar posteriormente considerables sumas en concepto de consulta y medicamentos? 
El reglamento 1408/71 relativo a la coordinación de los programas de seguridad social para los trabajadores migrantes garantiza que una persona que recide temporalmente en un Estado miembro de la Comunidad Europea o de los países asociados distinto al país en el que él o ella están asegurados, tendrán derecho a todas las ventajas inmediatas necesarias en especie, es decir, a todo tratamiento médico urgente que requiera su estado de salud. 
Esas prestaciones se suministran según las mismas condiciones que los nacionales de este Estado. 
En el caso de una estancia temporal, la persona debe obtener el formulario E-111 antes de su salida. 
Este formulario indica que la persona está afiliada al programa de seguridad social de un Estado miembro y debe presentarse al organismo de seguridad social en el país de estancia. 
Este organismo es reembolsado por el organismo del Estado competente. 
El formulario E-111 puede ser válido sólo por un período limitado o puede tener un período de validez ilimitado. 
Este es un asunto que incumbe al organismo competente en cada Estado miembro por determinarse de conformidad con los objetivos de las normativas comunitarias en materia de seguridad social para los trabajadores migrantes, cuya finalidad es coordinar, no armonizar, las normativas nacionales de los sistemas de seguridad social. 
No obstante, queda de manifiesto que un formulario E-111 no puede ser rechazado por un médico o un organismo del lugar de residencia; y siempre que la Comisión ha tenido que ocuparse de casos en los que los ciudadanos de la Unión Europea han experimentado dificultades para obtener tratamiento médico utilizando el formulario, hemos intervenido enérgicamente para que se respeten las reglamentaciones. 
No obstante, debe hacerse hincapié en que el formulario E-111 es utilizado de manera satisfactoria por millones de turistas cada año. 
Además, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que también es posible que las personas tengan dificultades a la hora de utilizar el formulario E-111 para ser reembolsadas directamente por su organismo competente. 
En este caso, cuando se vean obligados a pagar de su propio bolsillo el tratamiento médico de urgencia, sólo podrán ser reembolsados una vez que hayan regresado al país en el que están asegurados. 
Es muy probable que el formulario E-111 de un elector de mi circunscripción haya estado en mejor estado que éste, emitido en 1990. 
No obstante, cuando lo presentó en un hospital en Francia, el especialista que consultó lo rompió y llegó a un acuerdo privado con él para pagar los honorarios, en lugar de aconsejarle que debía dirigirse al organismo correspondiente para obtener el reembolso. 
Esta persona se puso en contacto con el servicio público de salud y seguridad social en Gran Bretaña y conmigo; yo y mi equipo también nos pusimos en contacto con el servicio público de salud, que sugirió que debía plantearlo ante esta Asamblea para tratar de asegurar que no ocurran este tipo de percances y se recuerde al personal médico de todos nuestros Estados miembros que tienen el deber de aconsejar a las personas enfermas que vienen a consultarles que se dirijan a su organismo para obtener el reembolso. 
Va usted muy rápido. Lamento mucho las dificultades que experimentó el elector de su circunscripción. 
No dijo usted si esta persona obtuvo finalmente el reembolso, sin embargo, ha señalado que deseamos que se establezca un mejor sistema, y tomo nota de sus comentarios. 
Claro está que la persona hizo lo correcto, acudió al servicio que le correspondía cuando regresó a su propio país de residencia y obtuvo el reembolso. 
Las cosas no deben ser así. 
Hubo un error en la primera instancia cuando la persona no fue enviada al organismo correcto. 
Sin embargo, ciertamente voy a examinar la posibilidad de que todas las personas afectadas obtengan mejor información. 
Quisiera agradecer al señor Comisario por su respuesta a la Sra. Hardstaff. 
Pero siguiendo con la pregunta de la Sra. Hardstaff, ¿se preocupa el señor Comisario de comentar el hecho de que el formulario E-111 no parece cubrir todos los costes médicos en una situación de emergencia? 
Algunos de los electores de mi circunscripción han salido de la clínica con una factura, incluso utilizando el formulario E-111. 
¿Con ello está recomendando el señor Comisario que los ciudadanos de la Unión Europea deben tomar un seguro médico suplementario para cubrir el déficit del formulario E-111 cuando viajan en el interior de la Unión Europea? 
Es una observación interesante. 
Hay dos posibilidades de primer orden para recibir atención médica fuera del Estado de residencia. 
La primera es que la persona que reside temporalmente fuera del Estado miembro competente tiene derecho a todas las prestaciones médicas necesarias en especie, utilizando el formulario E-111. 
En segundo lugar, una persona puede trasladarse a otro Estado miembro con el fin de continuar el tratamiento, pero debe obtener la autorización previa de la institución que sigue el tratamiento, es decir, el formulario E-112, para que se le reembolse en consecuencia. 
Se ha pedido al Tribunal de Justicia que determine si la normativa actual es compatible con las disposiciones del Tratado en relación con la libre circulación de bienes y servicios. 
Estamos esperando el resultado de ese fallo. 
Cuando lo tengamos, estaré en mejor posición para contestar la observación suplementaria del Sr. Truscott. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 28 caduca. 
Pregunta nº 29 formulada por James Fitzsimons (H-0921/97): 
Asunto: Seguridad de los juguetes 
Teniendo en cuenta la creciente preocupación por la utilización de PVC (cloruro de polivinilo) en los juguetes para niños, que el PVC puede contener productos químicos añadidos que pueden ser peligrosos para los niños en el caso de que sean ingeridos y que algunos Estados miembros ya han tomado medidas para retirar de los comercios los juguetes que contienen PVC, ¿está dispuesta la Comisión a investigar esta cuestión con vistas a introducir una normativa a nivel europeo? 
Me gustaría decir al Sr. Fitzsimons que la Comisión está perfectamente al corriente de la problemática que ha planteado. 
La creciente preocupación mencionada por el Sr. Fitzsimons se refiere a la utilización del PVC blando en juguetes y artículos para el cuidado de los niños tales como los anillos de dentición, y no del PVC en general. 
Los productos químicos a los que se hace alusión son, especialmente, algunos plastificantes. 
Estos ablandadores del plástico se llaman ftalatos, y se utilizan para dar flexibilidad al PVC. 
La Comisión ha reaccionado con prontitud a las iniciativas tomadas por algunos Estados miembros y, en especial, por las autoridades danesas en el marco del sistema comunitario de alerta rápida. 
Estas iniciativas conciernen tres anillos de dentición fabricados en China, que llamaron la atención del público y de las autoridades de toda Europa sobre este tema. 
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Dinamarca argumentó que estos anillos de dentición desprendían una cantidad de ftalatos considerada inadmisible para bebés. 
La Comisión invitó a los representantes de los Estados miembros a una reunión de la Comisión de Emergencia sobre la salud del consumidor en octubre de 1997 para discutir la problemática, vistas sus implicaciones potenciales para la salud y la seguridad del consumidor. 
Quedaron de manifiesto significativas diferencias en relación con los métodos y condiciones de las pruebas y hubo un consenso general sobre la necesidad de armonizar los protocolos de pruebas. 
La urgencia del asunto llevó a tomar la decisión de consultar a la Comisión Científica sobre Toxicología, que se reunió el 17 de noviembre de este año. 
La Comisión decidió seguir investigando el problema y un grupo de trabajo sobre los ftalatos centrado específicamente en los juguetes y los artículos para el cuidado de los niños, integrado por destacados académicos e investigadores, celebró su primera reunión el 8 de diciembre de 1997. Este grupo de trabajo entregará sus conclusiones el primer semestre de 1998. 
Entre tanto, ha seguido investigándose sobre estas sustancias con la ayuda de varios servicios de la Comisión. 
Además del resultado del grupo de trabajo que acabo de mencionar, ya se encuentra en marcha la investigación con vistas a introducir una normativa a escala europea en este ámbito, tal como lo pidió el Sr. Fitzsimons. 
La mayor parte de los productos químicos incluidos pertenecen a las sustancias identificadas como prioritarias por el Reglamento 703/93 relativo a la evaluación y control de los riesgos de las sustancias existentes. 
Ello quiere decir que actualmente se están llevando a cabo evaluaciones sobre el riesgo por parte de los Estados miembros que han sido nombrados ponentes en este caso, es decir los Países Bajos, Suecia y Noruega, ya que el Reglamento 793/93 incumbe a los países asociados. 
Los primeros resultados de estas evaluaciones se esperan en breve. 
Los resultados de las investigaciones permitirán a la Comisión proponer en caso necesario las medidas adecuadas que han de tomarse a nivel europeo para regular la utilización de estas sustancias en los juguetes, así como en otros productos. 
Agradezco la respuesta del señor Comisario. 
Me da mucho gusto que se esté llevando a cabo la investigación relativa a la preocupación suscitada por los juguetes. 
En los Estados miembros es motivo de gran preocupación que demasiado a menudo las Navidades, que debería ser una época de alegría, sea una época de tragedia. 
Hace sólo unos pocos días, la Asociación Europea de Consumidores emitió una declaración a este respecto. 
Además de lo que dijo el señor Comisario, ¿está enterada la Comisión de que varios juguetes de PVC ya han sido retirados del mercado en España, Suecia e Italia? 
Ante esta situación, ¿ahora garantizaría el señor Comisario que se establezcan algunas normativas fundamentales relativas a la fabricación y venta de tales juguetes? 
¿También se aseguraría de que todos los Estados miembros retiren esos juguetes de las estanterías de sus tiendas antes de estas Navidades? 
En respuesta al Sr. Fitzsimons, la Comisión está al corriente de la retirada voluntaria que han realizado los distribuidores de juguetes en varios Estados miembros en lo que respecta a estos artículos en particular. 
Por ahora, los Estados miembros en general no han puesto en práctica una prohibición. 
En lo relativo a este distribuidor en particular, está de acuerdo en retirar voluntariamente los juguetes de los mercados donde han sido impugnados. 
La Comisión y los Estados miembros esperan los resultados y la opinión de la Comisión Científica antes de tomar las medidas correspondientes para restringir la utilización del PVC flexible en los juguetes. 
Lo que se necesita es la armonización de los métodos de prueba, y eso es lo que está siendo analizado por el grupo de trabajo. 
En cuento dispongamos de la información, se tomarán las medidas de acción necesarias. 
Señor Comisario, tengo algunas dificultades con su exposición. 
La seguridad de los juguetes está regulada en una directiva del año 1988, en la que se establece que la Comisión tiene que preocuparse hasta el año 1989 de que se dicten las normas técnicas correspondientes para la garantía de esa seguridad. 
Le pregunto por qué la Comisión realizó un encargo al CEN tan sólo hace dos años de dictar valores límites para materiales químicos orgánicos- y de eso estamos hablando ahora- para plastificantes. 
¿Y por qué no está listo esto todavía después de dos años? 
Me parece que a este respecto ha habido un malentendido, porque estamos hablando acerca de.... 
Señor Flynn, no es que yo tenga la voluntad de dar la palabra. 
Pero cuando usted conoce directamente la lengua del interpelante, responde inmediatamente, mientras que yo, que no soy políglota, estoy escuchando el buen trabajo de las cabinas de interpretación. 
Por esto hay un pequeño espacio entre el final de la pregunta y su respuesta. 
Tiene usted la palabra. 
Agradezco su observación, señor Presidente. 
No debe haber malentendidos. 
De lo que estamos hablando aquí es de la cuestión acerca de los fabricantes de plástico PVC. 
En lo que se refiere a la nota que tengo aquí, estamos hablando del hecho de que se ha establecido este grupo para ocuparse específicamente de las quejas recibidas. 
En cuanto se reciba su dictamen, se atenderá el asunto. 
Sin embargo, las quejas han sido atendidas en la medida en que el importador o el distribuidor ha retirado el producto, consecuentemente no hay peligro. 
En los Estados miembros donde ha sido impugnado, tiene usted toda la razón, porque existen diferencias en los procedimientos de prueba. 
El grupo de trabajo está tratando el asunto precisamente para armonizar los procedimientos de prueba. 
Señor Flynn, me parece que el Sr. Martin quiere hacerle una pregunta complementaria. 
Es muy alentador que la Comisión haya actuado como lo ha hecho. 
Me pregunto si ha ido lo suficientemente lejos. 
El hecho es que este producto puede estar todavía legalmente en el mercado en 12 de nuestros 15 Estados miembros. 
Comprendo que necesite usted una prueba científica, pero en los Estados Unidos, lo que harían es retirar el producto y luego, si las pruebas científicas demuestran que el producto es seguro, permitirían que volviera a introducirse en el mercado. 
Entretanto, estamos permitiendo que ese producto, que despierta graves preocupaciones, permanezca en el mercado. 
Me pregunto si no deberíamos tomar medidas de acción ahora para retirarlo del mercado y, luego, si las pruebas científicas demuestran felizmente que es seguro, poder permitir que se introduzca de nuevo en el mercado. 
Me informan que la Comisión no tiene el poder legal para hacerlo en la situación actual y que se encuentra en curso una normalización, pero no estará lista antes del año 2002. 
Va a llevar tiempo debido a las razones que usted menciona y a la diferencia que existe entre los procedimientos de prueba, que no pueden aceptarse. 
Someteré el asunto a la atención del Comisario competente y le transmitiré la observación que acaba usted de hacer. 
Señorías, señor Comisario, son las 18.03 horas. 
En este momento, en el ámbito de nuestro Parlamento y convocado por el Presidente del Parlamento Europeo, tiene lugar en la sala 5 del IPE II un acto de solidaridad con las víctimas del terrorismo, con motivo de la presencia aquí estos días de los familiares del concejal, que fue asesinado por ETA, el Sr. Miguel Ángel Blanco. 
No se les escapa a ustedes, Señorías, y estoy seguro de que esto les sucede también, que me gustaría estar en este acto, pero estar hoy aquí trabajando en el Parlamento es también una expresión de solidaridad, porque lo que desean los terroristas, totalitarios fascistas, es destruir la democracia, y por lo tanto, nosotros, al seguir trabajando en el ámbito de nuestras instituciones democráticas, somos solidarios, pero al mismo tiempo, les decimos que pueden asesinar vilmente a los demócratas, pero no podrán asesinar la democracia. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 30, 31 y 32 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 30 formulada por Hugh McMahon (H-0872/97): 
Asunto: Supresión del límite de edad en la contratación por parte de la Comisión 
Felicito al Miembro de la Comisión por el anuncio que ha hecho recientemente en la BBC en el sentido de que tiene la intención de suprimir todo límite de edad en los anuncios de contratación relativos a puestos de la Comisión. 
Se trata de un paso de la Comisión que debe acogerse con gran satisfacción puesto que se ajusta al pleno sentido de la igualdad de oportunidades, tal y como ha sido aprobada en el Artículo 6 A del Tratado de Amsterdam. 
¿Puede decir el Miembro de la Comisión cuándo presentará su propuesta a la Comisión y cuándo se convertirá la misma en una política oficial? ¿Tendrá ello lugar antes de la próxima ronda de contrataciones en 1998, tal y como señaló en la emisión radiofónica? 
Pregunta nº 31 formulada por Bryan Cassidy (H-0875/97): 
Asunto: Igualdad de oportunidades de contratación en la Comisión para los trabajadores de mayor edad 
Se acoge con satisfacción la reciente decisión del Comisario de suprimir el límite de edad en los anuncios de contratación de la Comisión y quedamos a la espera de su entrada en vigor en 1998. 
En el marco de la cooperación interinstitucional en materia de convocatoria de concursos, ¿instará la Comisión a otras instituciones de la UE a que sigan su ejemplo, una vez dicha política sea oficial en la Comisión? Pregunta nº 32 formulada por Elly Plooij-van Gorsel (H-0937/97): 
Asunto: Medidas comunitarias para suprimir las limitaciones de edad en el reclutamiento 
El anuncio efectuado recientemente por el miembro de la Comisión competente al respecto en el sentido de que se suprimirán las limitaciones de edad en las convocatorias de puestos de dicha institución se produce poco después de la reciente publicación en los Países Bajos de un proyecto legislativo para prohibir toda referencia a la edad de los aspirantes en los anuncios de puestos de trabajo. 
¿Prevé la Comisión que se ejerzan acciones legales contra otras instituciones, sobre la base de la cláusula de no discriminación incluida en el Tratado de Amsterdam o de disposiciones legislativas nacionales contrarias a la discriminación por razones de edad vigentes, por ejemplo, en los Países Bajos, si continúan estableciendo límites de edad para el reclutamiento? 
Señor Presidente, en enero del próximo año tengo previsto presentar ante la Comisión una propuesta para suprimir los límites de edad en los anuncios de reclutamiento de esta institución. 
En caso de que la Comisión apruebe dicha propuesta, los límites de edad desaparecerán inmediatamente a partir de los próximos concursos. 
Por lo que respecta a las prácticas actuales o futuras del resto de los órganos de la Unión, se están llevando a cabo contactos con todos ellos en el marco de cooperación habitual. 
Por este motivo, no quiero hacer ninguna valoración acerca de las medidas futuras o de las consideraciones jurídicas relativas a las mismas. 
Agradezco al señor Comisario por preocuparse de este asunto y actuar de manera tan eficaz y eficiente. 
Permitame señalar que podría tenerlo en cuenta en las discusiones con las demás instituciones que deben tratar de cumplir el espíritu y la práctica del Tratado de Amsterdam, especialmente los aspectos relacionados con la discriminación en el empleo. 
Me refiero en particular a la institución a la que pertenecemos, porque parece ser una de las más rezagadas al conservar la práctica arcaica del límite de edad para la contratación. 
¿Aprovecharía la oportunidad de señalar en las discusiones en curso- y sabemos que se trata de un tema delicado- que el espíritu del Tratado de Amsterdam exige que todas las instituciones europeas sean un ejemplo para los demás ciudadanos comunitarios? 
Hemos informado a nuestras instituciones, incluido el Parlamento Europeo de nuestras intenciones. 
Quizás también tengan ustedes la oportunidad de expresar sus puntos de vista en este procedimiento. 
Por nuestra parte, en la Comisión llegamos a la conclusión en las discusiones preparatorias de que imponer cualquier límite de edad en la publicación de una convocatoria de concursos sería sumamente inadecuado, teniendo presente el espíritu del Tratado de Amsterdam. 
Al mismo tiempo, claro está, cuando contratamos personal, necesitamos tener una buena estructura de edad, de modo que en el futuro se contratarán jóvenes. 
Habrá algunos trabajadores de mayor edad, pero no se publicará un límite de edad en la convocatoria de concursos. 
Yo también deseo agradecer al señor Comisario por las noticias tan alentadoras que nos ha dado esta tarde. 
No obstante, sabemos que del plato a la boca se cae la sopa y que una recomendación a la Comisión no significa necesariamente que la Comisión la acepte colegialmente. 
Ante todo, quisiera preguntarle cuáles piensa que sean sus posibilidades de conseguir que la Comisión tome cartas en el asunto y, en segundo lugar, ¿qué va pasar con esto? 
¿Quiere decir que tiene que haber una revisión de todas las normativas relativas al personal comunes a todas las instituciones? 
Si pensara que mis posibilidades son muy limitadas no hubiera anunciado aquí mi intención de hacerlo. 
En lo que se refiere al aspecto jurídico, nuestras normativas de personal no nos obligan a utilizar límites de edad, de modo que allí no se precisan modificaciones. 
No obstante, cuando publicamos las nuevas convocatorias de concursos deben seguirse los procedimientos normales con las comisiones conjuntas. 
Por esta razón, la última semana tuvimos consultas a nivel político con las organizaciones de personal sobre la materia. 
Les dimos mayor información. 
Espero, si todo marcha como está previsto, que en enero trataremos de tomar la primera decisión, lo que quiere decir que suprimiremos los límites de edad e, inmediatamente después, aplicaremos una nueva convocatoria de concurso general para los funcionarios, de modo que no nos quedemos en el nivel de decisiones generales sino que pasemos directamente a la siguiente convocatoria de concursos europeos para funcionarios sin límite de edad, que se organizaría en 1998. 
El Parlamento se ha esforzado de manera especial últimamente en que no exista discriminación por razón de edad en el Tratado de Amsterdam. 
También se ha logrado. 
Por eso estoy contenta de que los Países Bajos hayan sido el primer país en implantar esta norma. 
También estoy contenta, naturalmente, con la decisión de la Comisión que ya no fija límites de edad en sus anuncios de empleo. 
Pero quisiera arremeter un poco contra el modo en que controlarán ahora esto. 
¿Estará la Comisión dispuesta a proporcionar al Parlamento una vez al año un resumen sobre la política de contratación de forma efectiva para que también podamos ver la edad de las personas que han sido contratadas? 
En segundo lugar, usted decía: ustedes mismos pueden convencer al Parlamento. 
Puedo decirle que ya hemos hablado muchas veces con el Presidente y el secretario general, pero el Parlamento en este aspecto es muy conservador. Creo que tiene que ver con la media de edad del Parlamento. 
Señor Presidente, con arreglo al reparto de competencias de la Comisión, soy el miembro responsable del reclutamiento de personal. 
En mi ámbito de competencias recaen las decisiones relativas a todas las cuestiones en materia de reclutamiento. 
Una vez que se haya adoptado la decisión pertinente acerca de la supresión de los límites de edad, seré el responsable de esta cuestión y velaré por su cumplimiento. 
Después de la decisión no se recurrirá a los límites de edad. 
Pero si, por entonces, aún desean ver la lista de situaciones en las que, contraviniendo esta decisión, se utilice el límite de edad, estoy más que dispuesto a ofrecérsela, aun tratándose de una lista muy corta ya que no recogerá ni un solo caso. 
Me pide la palabra la Sra. Plooij-van Gorsel para una cuestión de orden. 
Presidente, me parece- y eso es realmente una cuestión de orden- que una pregunta ha de contestarse. 
Mi pregunta no ha sido en absoluto respondida. 
La opinión de la Sra. Plooij-van Gorsel es muy respetable, pero yo debo ahora, cumpliendo el Reglamento, dar la palabra para una pregunta complementaria al Sr. Truscott. 
Cuando usted responda al Sr. Truscott, señor Liikanen, tendrá usted plena libertad para intervenir en la forma que desee. 
Deseo agradecer al señor Comisario su respuesta. 
¿Haría conmigo un llamamiento a todas las instituciones de la UE para que acaten el espíritu del proyecto de Tratado de Amsterdam sobre la no discriminación en relación con la edad? 
¿A la luz de ello, se tiene un plazo para hacer desaparecer progresivamente el límite de edad en todas las instituciones de la UE? 
Señor Presidente, pido disculpas puesto que he comprendido mal la pregunta. 
Sí estamos dispuestos, en caso de que sea necesario, a proporcionar cada año los datos sobre la edad de las personas reclutadas a nivel general. 
Esto no representa ningún problema. 
Por lo que respecta al Tratado de Amsterdam, éste tiene naturalmente el mismo carácter vinculante para todos, pero preferiría abstenerme de hacer observaciones acerca de la política del resto de las instituciones en materia de reclutamiento. 
Soy responsable de la actuación de la Comisión y a ustedes les corresponde el derecho de controlar esta actuación. 
Pero, desde el punto de vista jurídico, me resulta algo más complicado pronunciarme sobre la actuación de las demás instituciones. 
Pregunta nº 33 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0895/97): 
Asunto: Consecuencias para los Estados miembros tras la primera lectura del presupuesto para el ejercicio 1998 por parte del Parlamento Europeo 
Comparada con la primera lectura del presupuesto para el ejercicio 1998 que ha llevado a cabo el Consejo, la primera lectura por parte del Parlamento Europeo incluye un aumento de los créditos de pago por valor de 1.700 millones de ecus. 
Este aumento implicará para las arcas de algunos Estados miembros un gasto considerable, al elevarse también las contribuciones por país al presupuesto de la UE. 
Para otros Estados, este aumento se traducirá en una mayor abundancia de ingresos, por ejemplo, por medio de las ayudas de los Fondos estructurales. 
¿Podría informar la Comisión acerca de las consecuencias económicas que tendrá la primera lectura del Parlamento Europeo en los Estados miembros, en comparación con la primera lectura que ha realizado el Consejo? 
¿Cuáles son los países que se verán beneficiados y cuáles son los que se verán perjudicados a raíz de la propuesta del Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Sjöstedt por la importante pregunta que me formula. 
En la primera lectura del presupuesto para el ejercicio 1998 por parte del Parlamento Europeo se han añadido 1.700 millones de ecus destinados a cubrir los gastos adicionales de los que se beneficiarán tanto los Estados miembros como los terceros países. 
Sin embargo, es a los Estados miembros a quienes corresponde financiar estos créditos adicionales. 
El Sr. Sjöstedt solicita a la Comisión que determine los beneficios netos que obtendrán los Estados miembros como consecuencia de estos créditos adicionales. 
La Comisión ha aclarado en numerosas ocasiones que no cree que sea posible medir de manera explícita las ventajas de los Estados miembros como consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea. 
Los beneficios exceden los aspectos meramente cuantificables. 
Por ejemplo, es imposible mesurar con precisión las repercusiones de la liberalización del comercio en el crecimiento económico y en el nivel de vida de cada uno de los Estados miembros. 
Igual de difícil resulta la valoración de las consecuencias del mercado interior en el crecimiento o la importancia económica en los Estados miembros de las estrategias previas a su adhesión. 
El 13 de octubre de este año, el Presidente Santer presentó ante el Consejo Ecofin un documento en el que se abordaba esta cuestión. 
Dicho documento está ahora disponible, en las once lenguas oficiales de la Comunidad, en el sitio de Internet dedicado a la UE. 
Desearía señalar que los gastos adicionales propuestos por el Parlamento Europeo y la financiación de los mismos se enfrentan al mismo problema interpretativo que el conjunto del presupuesto, es decir, al principio de «juste retour» o justa devolución. 
Así pues, la Comisión no juzga conveniente hacer valoraciones particulares al respecto. 
Agradezco su amable respuesta al señor Comisario. 
Le prometo que leeré el documento que ha elaborado el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y que puede consultarse en Internet. 
No obstante, he pensado que, como usted tiene un conocimiento muy preciso del presupuesto- sé que usted lo tiene y que sabe de dónde proceden los fondos y a dónde se destinan- al menos nos puede dar una idea de las directrices generales. 
Señor Presidente, el incremento propuesto por el Parlamento corresponde a ámbitos como la iniciativa para la creación de empleo en Europa y el programa Sócrates. 
Se trata de cuestiones que revisten una amplia significación para la situación del empleo o el intercambio de jóvenes en Europa. 
Preferiría no hacer valoraciones sobre qué Estado miembro se beneficiaría en mayor o menor medida del incremento. 
Creo que éste resultará ventajoso para todos los países. 
No obstante, cada Estado, al igual que el Parlamento, tiene naturalmente el derecho de presentar sus propias valoraciones al respecto. 
El Comisario sabrá que en los Países Bajos ha empezado una viva discusión sobre la cuestión de en qué medida los Países Bajos son un denominado «contribuyente neto». 
Mi pregunta al Comisario es la siguiente: ¿cuándo se podrán facilitar todas las cifras pertinentes para que en cualquier caso la discusión pueda llevarse a cabo basándose en cifras reales? 
Señor Presidente, el documento que se presentó ante el Consejo Ecofin, y que se halla ahora a disposición de todos los interesados, recoge nuestra valoración acerca del reparto que se hace en la actualidad de los recursos de los Fondos estructurales y los fondos agrícolas entre los distintos países. 
Además, incluye una evaluación sobre la medida en que estos países han notificado ingresos a la Comisión con arreglo a recursos provenientes del impuesto sobre el valor añadido o del producto nacional, y sobre la medida en que los Estados han recurrido a fuentes tradicionales, principalmente a aranceles aduaneros. 
Este documento se encuentra a disposición de todo el mundo, y está abierto a todo tipo de valoraciones. 
Sin embargo, deseo hacer hincapié en que se trata de una cuestión complicada debido, en parte, a todos estos programas externos. 
Por ejemplo, ahora que nos preparamos para la ampliación, vamos a invertir de manera ingente en potenciar la economía de la Europa central y oriental. 
Ello se traducirá en una mejora de la seguridad y del bienestar en la Europa del mañana. 
A pesar de la participación de las empresas europeas en muchos de estos proyectos, resulta extremadamente difícil calcular cuál es el país que gana más y cuál es el que gana menos, en términos de beneficios netos. 
Pero, como ya he dicho, los datos correspondientes a los Fondos estructurales de garantía agrícola estan recogidos en el documento que he mencionado que se encuentra a disposición de todos ustedes. 
Debo decirle al señor Comisario que lo que creo que el Sr. Sjöstedt y también el Sr. Cornelissen desean no es la medida de estas repercusiones indirectas, que naturalmente siempre se deben a todo tipo de factores, sino que lo que se quiere es simplemente una base estadística sólida con respecto a los ingresos y los gastos financieros exactos. 
Debe ser posible tener acceso a esto. 
Naturalmente, hay ingresos procedentes de diversos países. 
Además, cada rúbrica presupuestaria tiene una destinación en un país concreto. 
Esta distribución sencilla, es decir, según la destinación financiera directa, debe poder hacerse tanto en lo referente al presupuesto global de la UE, como en este caso en lo relativo a los aumentos que propone el Parlamento. 
También deseo manifestar mi acuerdo con el Sr. Cornelissen en que es deseable que el gran debate que se celebra en los diversos países de la Unión tenga una base estadística muy correcta. 
Señor Presidente, tal como ya he dicho, estos datos correspondientes a los Fondos agrícolas y estructurales están recogidos en el documento distribuido por la Comisión, que se encuentra a disposición de todos. 
En el marco del conjunto presupuestario, representan más de un 80 % del total. 
Tras estos capítulos, la cuestión se complica considerablemente en los ámbitos de relaciones exteriores y de administración. 
Asimismo, cabe mencionar también las cuestiones de interpretación relativas a las políticas de interior. 
No obstante, desearía aún esclarecer por qué esta cuestión no es tan sencilla por lo que respecta a los gastos. 
Cuando abonamos fondos de garantía a la agricultura, ocurre a menudo que, por ejemplo, una empresa domiciliada en Bélgica exporta productos agrícolas producidos en Francia y los Países Bajos. 
Por todo ello, las cifras no son exactas al cien por cien. 
Para ilustrar esta circunstancia se puede también aclarar que, a menudo, exigimos en los programas comunitarios la participación en los proyectos de empresas o centros de investigación procedentes de, al menos, tres Estados miembros. 
Sin embargo, nosotros efectuamos los ingresos en una cuenta abierta en un solo país miembro. 
En esta cuestión no se puede nunca disponer de información completamente exacta, si bien el dato orientativo reside en saber con precisión lo que paga cada Estado miembro a la Comunidad; y podemos saber con exactitud lo que obtiene de los Fondos estructurales cada uno de los Estados miembros, así como lo que se abona con cargo a los Fondos de garantía agrícola, aunque parte de estos fondos pueda ir a parar a terceros países. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Me pide la palabra la Sra. van Putten para una cuestión de orden. 
Presidente, quiero presentar mis excusas por haberme entretenido y llegar por eso demasiado tarde para la respuesta a mi pregunta. 
Quiero manifestar mi pesar por ello. 
Gracias, señora van Putten, pero sus excusas habían llegado ya a la Presidencia y sabemos cuanto trabajo tienen los diputados y diputadas durante los Plenos. 
Y, en su caso, además le consta a esta Presidencia el rigor con el que usted trabaja. 
La normativa de 1985 establece que la Comunidad reglamenta los períodos de conducción y de descanso y el apartado 2 del artículo 4 de la normativa exenta a los vehículos de transporte para 9 pasajeros o menos incluyendo el conductor de los requisitos relativos a los períodos de conducción y a los períodos de descanso que se controlan mediante un tacógrafo. 
El la letra a) del artículo 13 de dicha normativa concede derogaciones a nivel nacional que permiten a los Estados miembros exentar a los vehículos para el transporte de hasta 17 personas del requisito de la normativa. 
El Reino Unido ha aprovechado esta derogación nacional respecto a los microbuses. 
En la UE, las normativas del Reino Unido son la excepción. 
No obstante, no hay incoherencia en la legislación europea puesto que otros Estados miembros han decidido no utilizar la derogación para los microbuses. 
Significa, no obstante, que los microbuses del Reino Unido sólo pueden gozar de la exención cuando funcionan en el interior del territorio del Reino Unido. 
El mantenimiento de un elevado nivel de seguridad en las carreteras y hacer cumplir los períodos de conducción y los períodos de descanso reviste particular importancia en el ámbito del transporte internacional de pasajeros que normalmente implica conducir durante largas distancias. 
Por tanto, la Comisión no prevé proponer más excepciones a los requisitos para equipar a los microbuses con un tacógrafo. 
Quisiera agradecer al señor Comisario Kinnock por su instructiva respuesta. 
Ciertamente voy a comunicarla a un grupo de trabajadores de un centro benéfico de mi circunscripción que están tratando de organizar un viaje a la Unión Europea. 
Mi pregunta complementaria es: ¿piensa el Comisario Kinnock que esta derogación nacional es inútil y, como resultado, está recomendando a nivel personal a los fabricantes del RU que es evidente la necesidad de instalar tacógrafos en el RU? 
Ello resolvería estas dificultades. 
Le pido me disculpe por empezar demasiado rápido, señor Presidente, estoy acostumbrado a contestar al estilo Westminster, es decir, a contestar instantáneamente a una pregunta. 
Entiendo el problema planteado por el Sr. Truscott. 
No obstante, tengo que decir que las modalidades para la instalación de tacógrafos así como la observación de los períodos de conducción y todo lo que se exige de ellos, parece no causar problemas en otros Estados miembros. 
Sin duda alguna, corresponde al Gobierno del Reino Unido decidir si quieren abandonar la derogación y cumplir plenamente con la legislación. 
Si ello ocurriese, los impedimentos para viajar del Reino Unido al resto de la Unión Europea en microbuses desaparecería. 
Gracias, señor Kinnock, pero le recuerdo que en la Cámara de los Comunes trabajan ustedes con una sola lengua, y aquí trabajamos con 11 lenguas distintas. 
Pregunta nº 35 formulada por Tommy Waidelich (H-0774/97): 
Asunto: Documento de la Comisión sobre seguridad vial 
En Suecia se está sometiendo a debate un planteamiento nuevo en materia de seguridad vial. 
Entre otros aspectos, se hace hincapié en que se debe repartir la responsabilidad de la seguridad vial entre el usuario y las instancias responsables de la configuración y la gestión de la red de transporte vial. 
Resulta igualmente importante la coordinación de las medidas a nivel local, nacional y europeo. 
En relación con lo anteriormente expuesto, desearía conocer el número de víctimas mortales o de heridos de gravedad que ocasionaron los accidentes de tráfico en Suecia y en el resto de la UE durante el pasado año. ¿Cuál es el coste social para Suecia de estas muertes? 
Doy las gracias al señor Comisario por su respuesta. 
Considero que la estrategia que presenta la Comisión es muy razonable en diversos aspectos. 
También pienso que puede resultar beneficiosa en los trabajos de seguridad vial que se están realizando en los Estados miembros. 
Precisamente como ya ha dicho el Comisario, aunque también ha disminuido el número de accidentes en Suecia, seguimos muy interesados en mejorar la seguridad vial. 
El objetivo sería llegar a un punto cero de fallecimientos y heridos en el término de un año. 
Pienso sobre todo que el cálculo de beneficios que presenta la Comisión constituye un modo de llevar los trabajos extremadamente positivo, y que lo que se hace con estos cálculos de beneficios es motivar simplemente en mayor medida a que se sigan adoptando medidas para la protección vial. 
Precisamente como ha dicho el Comisario, se calculan los costes que generan los accidentes. 
De este modo también podemos motivar las acciones desde la perspectiva del ahorro. 
Finalmente, formulo una pregunta suplementaria: ¿Cree el señor Comisario que se tomarán más iniciativas concretas durante el próximo año partiendo de este programa? 
Pienso entre otras cosas en una directiva para la seguridad de los vehículos, etc. 
Gracias, señor Waidelich. 
Señor Kinnock, tiene usted la palabra para responder en la Asamblea del Parlamento Europeo, no en la Cámara de los Comunes. 
Bien puede haber una sola lengua en la Cámara de los Comunes, no obstante hay una diversidad de accidentes que de vez en cuando dificultan la comprensión. 
Además de las razones de índole política que dificultan la comprensión, claro está. 
Podría decir al Sr. Waidelich que le agradezco el comentario que hace en su pregunta complementaria. 
Hay otras iniciativas que contempla la Comisión. No sólo la continuación de una propuesta presentada a finales de la década de 1980 para tratar de asegurar un nivel inferior uniforme del contenido de alcohol en la sangre tolerado entre los conductores. 
Pienso que es conveniente prestar especial atención a este aspecto en esta época del año. 
Los accidentes viales no sólo son más numerosos en la época de Navidades y el Año nuevo, sino que representan una tragedia especial. 
Todos los esfuerzos para reducir los accidentes en las carreteras son evidentemente valiosos, no sólo debido al enorme ahorro que representan, sino sobre todo por la vida que se salva al evitar una tragedia no sólo para la familia que pierde a un ser querido, sino también, claro está, para las personas responsables de causar víctimas mortales y lesiones graves. 
Sólo quisiera aprovechar esta oportunidad que me ofrece la pregunta del Sr. Waidelich para hacer un llamamiento especial para que precisamente este año en toda la Unión se evite beber y conducir y se tenga mucho cuidado, especialmente con el clima invernal, para tratar de salvar vidas y evitar tragedias. 
A mí también me interesa esta cuestión. 
Pienso que la respuesta del señor Comisario es excelente por lo que respecta a las acciones generales que pueden realizar la UE y la Comisión, por ejemplo las de información y recopilación de datos. 
Quizás constituya una ligera exageración creer que la presentación de un informe conjunto por parte de la Comisión pueda evitar accidentes en los diversos Estados miembros. 
Tengo una pregunta suplementaria. 
Sería muy interesante saber cuáles son las normativas viales que, partiendo de lo que ahora debatimos, son las más seguras y las que lo son menos, sobre todo las más seguras, de modo que los que estamos en situación de promover acciones en el ámbito del tráfico nos centrásemos en la modalidad correcta de normativa vial. 
¿Sería posible recibir una respuesta satisfactoria a la pregunta? 
Le agradezco su pregunta. 
Me brinda la oportunidad de señalar que en el curso del trabajo que describí anteriormente, nuestros esfuerzos para examinar el factor humano en los accidentes y la interconexión con el medio ambiente incluye la atención al efecto que ejercen distintos tipos de infraestructuras sobre los accidentes potenciales. 
El método tradicional para hacer mediciones y evaluaciones de este tipo se considera deficiente sencillamente porque no tiene en cuenta cada conjunto en circunstancias en particular. 
Por ejemplo, una carretera en la que se han introducido mejoras podría contribuir a la prevención de accidentes. 
Sin embargo, también puede inducir a aumentar la velocidad lo que, a su vez, aumentaría la gravedad de los accidentes. 
Por tanto, estamos tratando en nuestro trabajo de hacer la distinción entre las definiciones generales que ayudarían a las autoridades locales y nacionales a diseñar infraestructuras que incrementen en la medida de los posible la seguridad vial. 
Espero que el Sr. Waidelich, así como los demás, no sólo traten de aprovechar la información que finalmente podemos darles, sino que traten de que se aplique efectivamente a nivel local. 
Pregunta nº 36 formulada por Florus Wijsenbeek (H-0785/97): 
Asunto: Servicios ferroviarios de lanzadera entre los Países Bajos y Polonia 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que los servicios ferroviarios de lanzadera para el transporte de mercancías entre los Países Bajos y Polonia realizados por Poltrein BV han tenido que interrumpir sus operaciones por falta de colaboración y trabas burocráticas por parte polaca? 
¿Está dispuesta la Comisión a tomar medidas para permitir que continúe esta contribución al desplazamiento del transporte de la carretera al ferrocarril? 
La Comisión está al corriente de los problemas que usted plantea en su pregunta y experimentados por Poltrein al desarrollar o tratar de desarrollar un servicio ferroviario de lanzadera entre Almelo en los Países Bajos y Pozna, en Polonia. 
No obstante, no es correcto afirmar que el servicio ha tenido que interrumpirse. 
De hecho, continúa dos veces por semana. 
Algunos de los problemas experimentados por Poltrein ha sido de naturaleza comercial. 
La compañía explotadora informó a la Comisión de que se encuentra en negociaciones con vistas a una posible fusión. 
Una consecuencia de esta fusión sería una modificación del servicio que va de Rotterdam a ódż lo que ayudaría a hacer el servicio comercialmente viable. 
El operador también informó a la Comisión varios problemas operativos debido a los procedimientos aduaneros en Polonia y las dificultades con los ferrocarriles polacos así como con las compañías ferrocarrileras en la Unión Europea. 
La Comisión intenta plantear estos problemas, cuando corresponde, en las subcomisiones pertinentes de la Comisión de la Comunidad Europea Polonia-Europa, con vistas a resolverlos y también para tratar de mejorar la viabilidad de este tipo de servicio que podría ser potencialmente muy valioso. 
Señalo al Comisario- esto puede que sea una cuestión de traducciones- que en mi pregunta aparece en neerlandés deberían suspenderse, por lo tanto would have eventually to stop their operations. Así pues, no pone que ya se hayan suspendido. 
Pero, Comisario, le agradezco mucho su respuesta y el hecho de que quiera plantear la pregunta en las conversaciones con Polonia. 
Pero señalo, sin embargo, que si se continúa de esta manera, quedando parado el tren durante muchísimo tiempo y muy a menudo, sobre todo por los prolongados procedimientos fronterizos y por los continuos cierres de los puestos fronterizos, que si sigue de este modo el transporte ferroviario con Europa Oriental, y tras Polonia la CEI, no llegaremos a ningún sitio. 
Por el contrario, las operaciones por carretera ganan precisamente más fuerza y también tendrá noticia el Comisario de que el transporte por carretera polaco y húngaro está aumentando de manera extraordinariamente rápida, lo cual se opone de forma radical a los deseos del Comisario. 
Además de plantear el asunto, ¿podría hacer propuestas realmente concretas y tender eventualmente a las aduanas polacas una mano amiga para acelerar el asunto? 
Agradezco su pregunta. 
Es verdad que parece haber una modificación en la traducción, estoy seguro que involuntaria. 
En la pregunta que tengo ante mí figuran las palabras «ha tenido que interrumpirse». 
Me alegro que me ponga al corriente, usted que entiende perfectamente los problemas que afectan los esfuerzos de Poltrein. 
En realidad, aprovecho esta oportunidad ante todo para recomendar a la compañía que se esfuerce en mantener el servicio a pesar del considerable número de impedimentos, incluida la insistencia en realizar inspecciones sanitarias y fitosanitarias en la frontera polaca que de pie a robos en el curso del viaje. Asimismo, los horarios de trabajo de las aduanas no han sido ajustados de acuerdo con el horario de llegadas y salidas, de manera que los envíos deben, en algunos casos, esperar hasta seis horas antes de poder salir. estos problemas se plantearán, como usted lo pide, a la subcomisión de aduanas de la Comisión de Asociación. 
Sin embargo, hay otros problemas que relacionados con el tiempo que lleva al tren a pasar la frontera Alemania-Polonia, dificultades para negociar la asignación de las rutas ferroviarias y una falta de transparencia en la fijación del precio de los billetes tanto en la Unión Europea como en Polonia. 
En efecto, nos hemos ocupado de los problemas relativos a la fijación de los precios en el marco del seguimiento de nuestro Libro Blanco de la Comisión sobre la estrategia ferroviaria que publicamos el año pasado. 
He mencionado sólo algunos de los múltiples problemas a los que tienen que hacer frente las compañías que intentan desarrollar los servicios ferroviarios internacionales de transporte de mercancías. 
Esperamos que algunos de estos problemas se resuelvan totalmente gracias al establecimiento de las vías ferroviarias sin peaje para el transporte de mercancías, la primera de las cuales empezará a funcionar dentro de unas pocas semanas, con un recorrido desde la costa del Mar del Norte hasta Italia. 
No obstante, necesitamos muchos de estos desarrollos si el ferrocarril realmente demuestra lo que puede hacer para garantizar un cambio del transporte de carretera a un transporte de ferrocarril a todo lo largo y ancho de este continente. 
Señor Presidente, no tengo ninguna pregunta complementaria. 
Figuro con una pregunta en el turno de preguntas. 
Pero ya que me concede usted la palabra, me permito una observación. 
Lejos de mi intención criticar el modo en que desempeña el cargo. 
Sólo que si sucede que tenemos muchas preguntas a un Comisario- y estoy esperando desde hace meses poder hacer una pregunta al Sr. Kinnock- entonces no es bueno que usted permita tantas preguntas complementarias, pues está a su discreción cuántas permite. 
Esto significa que a mí no me llega el turno y tengo que esperar otros tres meses. 
No, señor Schmid, eso no está a mi libre albedrío, eso está estipulado por nuestro Reglamento. 
Yo me limito, señor Schmid, a intentar cumplir el Reglamento de la forma más flexible posible pero, al mismo tiempo, haciendo respetar los tiempos porque, si no, esto va en perjuicio de otras preguntas. 
Pero, en todo caso, usted puede formular su opinión a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, por si hay que modificar el turno de preguntas y estoy seguro de que la Comisión de Reglamento escuchará con mucha atención sus opiniones. 
Tiene la palabra el Sr. Cornelissen para una pregunta complementaria. 
¿Puedo deducir de la respuesta del Comisario con motivo de la grata información en relación con el rail freight freeway de Rotterdam a Italia que arrancará dentro de poco tiempo, que ya se han firmado los acuerdos suficientes para evitar problemas en las fronteras interiores y, Presidente, se atrevería él a hacer un cálculo de la velocidad media del freeway? 
Con arreglo a una información tan reciente como la de la semana pasada, tengo todas las razones para suponer que el servicio con el primer transporte de carga por ferrocarril sin peaje empezará en unas semanas más. 
No quisiera entrar en mayores detalles. 
No quiero parecer como si mintiera por un par de días, pero no falta mucho para que se inicie este servicio. 
Al haberse agotado el tiempo previsto para este bloque, las preguntas nº 37 a la 42 se contestarán por escrito. 
Esta pregunta se refiere al cierre de Chernobil y más en particular a la terminación de un par de centrales nucleares que deben servir como capacidad de energía sustitutoria. 
Quisiera decir, respondiendo a la pregunta, que las organizaciones ucranianas correspondientes han solicitado a la Comisión que se haga cargo de parte de la financiación a través de un préstamo de la Euratom con el fin de terminar estos dos reactores. 
En este marco y de acuerdo con los procedimientos correspondientes de la Euratom, los servicios de la Comisión han tomado un número de medidas con vistas a la evaluación de los diversos aspectos del proyecto que capacite a la Comisión para tomar a su tiempo una decisión justificada. 
La Comisión puede confirmar que el BEI prepara de momento su recomendación relacionada con la terminación y el aumento de valor de los dos reactores R4 y K2. 
La Comisión confirma además que la empresa norteamericana Stone& Webster está llevando a cabo en este momento un análisis económico del proyecto para el BERD en el ámbito de la solicitud ucraniana con miras a un préstamo adicional para el proyecto K2/r4. 
La Comisión sigue financiando por el momento a los consultores de la Unión Europea a través del programa TACIS con el fin de ayudar a las organizaciones ucranianas a recopilar la información que según los procedimientos de la Euratom y el BERD debe presentarse a los suministradores del capital. 
Naturalmente, eso está relacionado también con la estimación de gastos, y en lo que concierne a la calidad de la estimación de gastos se debe pensar que, igual que para todo proyecto industrial, la evaluación de los gastos para los dos reactores sufre constantemente reajustes, entre otras cosas para poder introducir en el presupuesto los gastos imprevistos en el marco del proyecto. 
Se debe contar con este factor al hacer referencia a estimaciones anteriores, como la estimación utilizada por el foro internacional, que fue presidido por el profesor Surrey. 
Los análisis de riesgo han confirmado que los riesgos más importantes para el proyecto K2/r4 se han examinado y se han tenido en cuenta de modo razonable en las estimaciones de gastos, incluidos los gastos imprevistos en el marco del proyecto. 
Por lo demás, quiero señalar que existe un continuo intercambio de ideas entre los suministradores del capital y los gestores del proyecto. 
De este modo los análisis económicos y financieros de la Euratom y el BERD se basan siempre en los datos más recientes. 
Me sorprende mucho la respuesta del señor Comisario y sólo puedo describirla como mera jerga burocrática. 
El estudio encomendado por el BERD en el marco del Memorándum de entendimiento presidido por el Prof. Surrey es el único estudio formal y quisiera preguntar al señor Comisario si realmente lo ha leído. 
Le recomendaría que lo hiciera. 
Queda de manifiesto que la energía nuclear no puede ser nunca la opción menos costosa y que es preciso adoptar la opción menos costosa de conformidad con el Memorándum de entendimiento. 
Además, ¿puede confirmarme el señor Comisario que se ceñirá a los criterios del Memorándum y de la seguridad y que siempre garantizaremos que su seguridad sea semejante a la de la UE? 
No quiero escuchar otra respuesta burocrática. 
Realmente quiero que el señor Comisario lea el informe. 
Es un asunto muy grave, ya que podríamos tener otro Chernóbil. 
Estoy igual de sorprendido que la estimada diputada, porque la estimada diputada estará familiarizada con el hecho de que cuando se presentó el informe Surrey, los principales clientes después lo criticaron duramente y se señalaron gran número de deficiencias, sobre todo en relación con el planteamiento de que todas las centrales térmicas están operativas mientras que la mayoría de las centrales térmicas en Ucrania tienen veinte años. 
Nombro otro punto de crítica. Tampoco se había recogido ninguna evaluación de las inversiones necesarias para las centrales térmicas, sobre todo en lo referente al saneamiento del medio ambiente. 
Otro punto de crítica era que la inversión en K2/r4 no se había extendido a toda la vida útil de estas centrales, sino sólo a diez años. 
Por último, tampoco había ningún análisis de las consecuencias macroeconómicas de la recomendación de importar carbón y gas. 
Así pues, se decidió, con motivo de esa crítica, encargar una investigación complementaria que recayó en Stone& Webster. 
Este despacho de especialistas, que ha sido requerido por los Estados Unidos para hacer investigaciones más detallas, se está ocupando de ello en la actualidad y en la primera fase Stone& Webster ha hecho calcular a un modelo de ordenador económico con diferentes parámetros, traduciendo los resultados en un informe al banco que fue utilizado en agosto y septiembre de 1997 en la comisión de trabajo del consejo de administración del BERD. 
Ese informe concluía en términos de probabilidad que una unidad alcanzaría el estadio de coste mínimo lo más probablemente a muy corto plazo, a saber, en el año 2002, y más tarde esto podría servir también para una segunda unidad. 
El consejo de administración ha pedido al banco continuar con la elaboración de este análisis, y de ello se está ocupando en este momento Stone& Webster. 
A finales de enero se espera un segundo informe, tras el cual el consejo de administración del BERD seguirá discutiendo en febrero de 1998. 
Por último, puedo informar a la estimada diputada de que la cuestión de las normas de seguridad se contempla de manera extremadamente minuciosa, porque finalmente de eso es de lo que se trata, y que si estas dos centrales aún inacabadas se terminan, que sea de una manera que también corresponda con las mismas exigencias de seguridad que manejamos en Occidente. 
Pregunta nº 44 formulada por Heidi Hautala (H-0861/97): 
Asunto: Propuesta de proyecto para terminar los reactores nucleares de Khmelnitski 2 y Rovno 4 (K2/r4) en Ucrania 
En respuesta a una pregunta formulada durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial el pasado 28 de octubre, el Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) declaró que el BEI se basa en el principio de programación con el mínimo coste en su asesoramiento económico a Euratom para los préstamos relativos a cuestiones nucleares, pero se hizo caso omiso de su opinión de que Mochovce no se ajusta al principio de costes mínimos. 
Para terminar el proyecto K2/r4, el único estudio oficial válido sobre costes mínimos en virtud del Memorandum de Acuerdo demuestra que dicho proyecto dista mucho de ajustarse al mencionado principio, aunque se están llevando a cabo esfuerzos para remediar esta situación. 
A medida que Ucrania va resolviendo su problema de aprovisionamiento energético, actualmente a precios inferiores a su valor, la propuesta de proyecto se alejará aún más del principio de costes mínimos. 
¿Puede Euratom volver a permitirse ignorar la opinión del BEI, o aceptará la Comisión, en nombre de Euratom, el carácter terminante del punto de vista oficial del BEI para el aspecto económico de dicho proyecto, en vez de conceder un préstamo que, como consecuencia, no sería nada beneficioso para Ucrania? 
Esto también está relacionado con las preguntas que tratan del papel del Banco Europeo de Inversiones en este conjunto. 
Se solicita al Banco de Inversiones que haga recomendaciones en lo relativo a todos los préstamos de la Euratom y estas recomendaciones son entonces tomadas en consideración por la Comisión en la toma de decisiones. 
No obstante, quiero señalar que la decisión acerca de los préstamos de la Euratom forma parte de la competencia de la Comisión, y que ésta se toma basándose en una amplia escala de análisis internos y estudios externos de instancias competentes. 
En lo relativo a la recomendación del BEI con respecto a Mochovce, quiero recordarle que la Comisión no ha tomado ninguna decisión en vista de que las autoridades eslovacas han decidido retirar la solicitud de préstamo al BRD y a la Euratom antes de que se hubiera tomado una decisión definitiva. 
Las autoridades eslovacas consideran lo más deseable terminar los reactores de Mochovce por su propia cuenta y eso significa que la Unión Europea formalmente ya no está involucrada en el proyecto y, por lo tanto, no puede ofrecer ninguna garantía de que al final habrá un nivel de seguridad conforme a las normas Occidentales. 
En lo relativo al proyecto K2/r4, la Comisión aguarda la recomendación del BEI acerca de los aspectos económicos y financieros. 
La Comisión tomará a su tiempo su decisión en total acuerdo con la decisión correspondiente del Consejo. 
En lo relativo a los aspectos económicos, la Comisión basa su evaluación en una serie de análisis internos y externos entre los que se hayan las opiniones del BEI y del BERD. 
Señor Presidente, lo que en cierto modo quería saber con mi pregunta es si estas recomendaciones de carácter económico por parte del Banco Europeo de Inversiones tienen alguna importancia, habida cuenta de que es posible que la Comisión adopte sus decisiones basándose, por el contrario, en criterios completamente distintos a los económicos. 
No cabe lugar a dudas de que se trata de un asunto grave, ya que nos lleva a cuestionar cuáles son estos criterios que la Comisión no ha hecho públicos y que parece como si hubiera que leerlos entre líneas, pero que influirán en las decisiones de la Comisión cuando emprenda estos proyectos Euratom. 
¿No será acaso que la Comisión está intentando apoyar por todos los medios posibles cualquier decisión que haga posibles nuevos proyectos para la industria de la energía nuclear en la Europa Oriental? 
Somos muchos los que criticamos esta circunstancia; no podemos aceptar que la industria nuclear obtenga constantemente nuevos proyectos a pesar de que, en realidad, sería mucho más rentable, razonable y seguro ofrecer apoyo a alternativas como el gas natural. 
Soy bien consciente del interés que tiene este Parlamento por la marcha de las cosas en torno al cierre de Chernobil, porque al fin y al cabo de eso es de lo que hablamos, eso es también por lo que actualmente discutimos entre nosotros acerca del tipo de capacidad de energía sustitutoria que se instalará. 
El año pasado intenté proporcionar información regularmente al Parlamento Europeo acerca del estado de las cosas y acerca del progreso ulterior con vistas a las decisiones que se tomaron en aquel tiempo por el Grupo de los 7 para asegurar lo máximo posible que el compromiso original del Gobierno ucraniano de cerrar Chernobil en el año 2000 pudiera cumplirse. 
Actualmente estamos en una fase algo crítica por el compromiso aceptado por parte del Grupo de los 7 de investigar y colaborar de un modo razonado y basándose en condiciones de seguridad aceptadas por todos, para que se terminaran los dos reactores aún incompletos, habiéndose comprometido también la Comisión por su parte en los meses pasados a estar dispuesta a financiar un máximo de 50 % el proyecto de esa terminación, en las condiciones y basándose en informes como se hace habitualmente en los préstamos de la Euratom. 
Con respecto a los préstamos de la Euratom, en primer lugar lo que entra en juego son sobre todo las posibilidades económicas de vida de un proyecto así, mientras que en lo que atañe a los préstamos del BERD como tales son los elementos de coste mínimo los que desempeñan un papel importante, y además se imponen también otras condiciones que aparecen en los estatutos del BERD. 
Para completar todo esto, Stone& Webster lleva a cabo en este momento el estudio complementario sobre el que he informado ya en la anterior pregunta, y así esperamos que en los primeros meses del año próximo habrá más claridad sobre la postura del BERD así como sobre las posibilidades de financiación alternativas, en vista de que en cualquier caso es inamovible el hecho de que sea cual sea el informe del BEI con respecto a la participación de la Euratom, la Comisión nunca podrá financiar más del 50 % del proyecto. 
Por lo tanto, si el BERD no pudiera en un momento dado suministrar los préstamos basándose en los informes que ha recibido, habría que buscar entonces posibilidades alternativas. 
Si no se encontraran, entonces el cierre de Chernobil en el año 2000 peligraría sin más de manera categórica. 
Eso es lo que está en juego. 
Una observación para concluir, Presidente. Es evidente, por supuesto, que la Comisión no sigue una política nuclear en el sentido de intentar adquirir tantos encargos nucleares como sea posible para las industrias de los Estados miembros. 
Ésa no puede ser de ningún modo la intención. 
Aquí intentamos llegar a una solución razonada, que tiene que ver mucho con nuestro temor de que la seguridad de centrales tipo Chernobil- aún en funcionamiento- no esté asegurada de manera suficiente. 
Vuelvo a decirlo: naturalmente, Chernobil es lo que más llama la atención en vista de la catástrofe de entonces, pero estamos muy preocupados con un gran número de instalaciones diferentes, también en países candidatos, para los que necesitamos toda la atención en el intento de mejorar la situación de seguridad. 
Productos de carne de vacuno peligrosos para la salud 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre los productos de carne de vacuno peligrosos para la salud. 
Señor Presidente, Señorías, yo agradezco esta oportunidad de poder informar al Parlamento sobre la evolución de algunos aspectos relativos a la política veterinaria comunitaria. 
En primer lugar, yo quisiera referirme al tema del llamado SAM y de los productos específicos peligrosos. 
En relación con esta problemática, yo quiero recordar que la Comisión ya intentó alcanzar una solución hace un año, pero en aquel momento no obtuvo el apoyo necesario de los Estados miembros. 
En cualquier caso, debo reconocer que se trata de una decisión difícil, pero a mi parecer necesaria y totalmente justificada desde la perspectiva de la política sanitaria. 
Posteriormente, yo insistí para que en el mes de julio se adoptase una decisión sobre la base de las recomendaciones científicas entonces disponibles. 
Sin embargo, ya entonces quedó claro que antes de la entrada en vigor de la misma debería procederse a su adecuación a la vista de las recomendaciones científicas más recientes. 
Lamentablemente, los Estados miembros tampoco han aprobado ahora este paso. 
El Comité Veterinario Permanente decidió ayer un aplazamiento de tres meses con respecto a la fecha propuesta por la Comisión. 
Que nadie piense, sin embargo, que este aplazamiento permitirá suavizar la decisión. 
Nuestro objetivo es exactamente opuesto. 
Además de afinar algunos detalles técnicos de la decisión, también debemos tomar en consideración los resultados científicos absolutamente nuevos que acabamos de recibir y que nos ratifican más aún en nuestra estrategia preventiva. 
Varios Estados miembros han introducido ya medidas nacionales en relación con los productos específicos peligrosos y me consta que ninguno de ellos se propone reducir el alto nivel de protección que deseamos establecer con dicha decisión, sino todo lo contrario. 
Lo cual, sin embargo, hace todavía más necesaria una armonización de las medidas a escala comunitaria. 
Pasando ahora a un segundo ámbito, sin duda ya están ustedes al corriente de los nuevos resultados científicos que se anunciaron recientemente en el Reino Unido. 
Éstos han inducido al Gobierno británico a introducir algunas medidas más rigurosas. 
La recomendación emitida por el SEAC, el Comité científico consultivo británico, revela algunos nuevos hallazgos por lo que se refiere al contagio asociado a determinados tejidos nerviosos que se extienden a lo largo la columna vertebral y a la médula roja. 
Estos hallazgos fueron examinados por el Comité Científico Permanente de la Comisión y se expusieron en el dictamen que se hizo público la semana pasada. 
Yo puedo garantizarles que tendremos plenamente en cuenta este dictamen en la revisión de la decisión sobre los productos específicos peligrosos que se realizará en las próximas semanas. 
El Reino Unido se encontraba ante la disyuntiva de informar a los consumidores y ofrecerles la oportunidad de decidir por sí mismos o bien de exigir el deshuesado previo de la carne antes de su comercialización. 
El Gobierno británico se inclinó por la segunda alternativa. 
La norma que obliga a deshuesar la carne de vacuno que se comercialice en el Reino Unido se aplicará también a la carne de vacuno procedente de otros Estados miembros y de terceros países. 
Esto no equivale a un embargo de gran alcance- como se afirmó erróneamente- ni tampoco constituye una infracción contra el Derecho comunitario. 
Los servicios de la Comisión están examinando en estos momentos la conformidad con el Derecho comunitario de todas las demás medidas propuestas en el Reino Unido en relación con la carne de vacuno y los productos de carne de vacuno procedentes de otros Estados miembros. 
Otro aspecto importante que se mencionaba en el dictamen del Comité Científico Permanente de la Comisión y que ha suscitado todo tipo de conjeturas en los medios de comunicación es el de los riesgos asociados a la carne de ovino. 
Yo quiero subrayar que de ello no puede inferirse ninguna relación con un supuesto riesgo asociado a la cenurosis ovina. 
Esta última es una enfermedad a la que hemos estado expuestos durante siglos y no existe motivo alguno para suponer que ahora pueda contagiarse a los humanos. 
En cambio, sabemos por los experimentos realizados que la EEB puede transmitirse a los ovinos y que provoca síntomas muy parecidos a los de la cenurosis ovina en los animales afectados. 
El Comité Científico señaló, por consiguiente, el riesgo de posible contagio de la EEB de los ovinos que hayan estado en contacto con carne o harina de huesos infectadas e indicó que esto representa un cierto riesgo. 
El mes pasado yo presenté al Consejo de Ministros de Agricultura una propuesta de decisión sobre la adopción del proyecto de acuerdo que se está negociando- me refiero ahora al acuerdo con Estados Unidos -, que a mi parecer podría ser aceptado por la Comunidad. 
Habíamos conseguido mantener nuestro nivel de protección en el ámbito de la salud pública y por primera vez habíamos logrado convencer a los americanos para que aceptasen el principio de la regionalización como fundamento de la política veterinaria comunitaria. 
Lamentablemente, pocos días antes de que el Consejo debatiera por primera vez la propuesta de la Comisión, Estados Unidos hizo pública su propuesta relativa al reconocimiento de la situación en materia de salud animal, la cual es inaceptable para la Unión Europea. 
El Ministerio de Agricultura estadounidense no reconoció a algunos Estados miembros como zonas libres de epizootias como la peste porcina o la " enfermedad de Newcastle» , a pesar de que estas enfermedades no se han manifestado desde hace largo tiempo en dichos países. 
Invitamos a las autoridades estadounidenses a visitar la Comunidad y a verificar directamente la situación. 
En respuesta a esta invitación, un equipo del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos llegó a Europa la semana pasada para conocer las medidas que se adoptan en los Estados miembros para combatir las epizootias. 
Yo también quisiera mencionar, no obstante, otro tema que se ha planteado recientemente en relación con dicho país. 
Estados Unidos anunció el viernes pasado su intención de suspender temporalmente la importación de rumiantes y productos de rumiantes procedentes de los Estados miembros de la UE y de algunos otros Estados europeos debido a la preocupación que suscita la EEB. 
Han decidido mantener dicha prohibición hasta que no reciban una información satisfactoria sobre los controles y la vigilancia en relación con la EEB en los Estados afectados. 
Estados Unidos tiene evidentemente todo el derecho a adoptar medidas preventivas para la protección de la salud frente a los riesgos de la EEB. 
Sin embargo, la Comisión considera que esta medida concreta no está justificada y no respeta los compromisos internacionales de Estados Unidos en el marco del acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. 
El llamado acuerdo SBS reconoce como fundamento de dichas medidas las normas de los correspondientes organismos internacionales, en este caso la OIE. 
En una carta dirigida a las autoridades de los Estados miembros, Estados Unidos declaró su conformidad con los criterios de la OIE sobre la ausencia de EEB y su intención de proceder en el marco de las disposiciones de la OIE en materia de comercialización. 
Ninguna de estas dos declaraciones se ha cumplido. 
Estados Unidos prohibió sólo muy recientemente la alimentación de los bovinos con despojos de ovinos afectados por la cenurosis ovina y tampoco dispone de instalaciones para la eliminación de los cadáveres de los animales que se ajusten a las normas imprescindibles para la destrucción del agente patógeno de la EEB. 
La OIE autoriza, por otra parte, la comercialización de productos procedentes de países afectados por la EEB, mientras que Estados Unidos prohíbe todas las importaciones procedentes de Europa, incluso las de países en los que hasta ahora no se ha registrado ningún caso de EEB. 
Yo lamento mucho que Estados Unidos haya adoptado esta medida y que, además, lo haya hecho de manera tan precipitada, sin ninguna consulta previa y en un momento decisivo de nuestras conversaciones sobre la conclusión del acuerdo veterinario. 
Como se desprende de mis palabras y como indica la presencia de mi colega Emma Bonino, en relación con estos importantes temas que afectan a la salud, la Comisión se guía por el criterio de un elevado nivel de protección de los consumidores, tanto en el contexto del mercado interior como del comercio con terceros países. 
Señor Presidente, señor Fischler, he escuchado con atención sus palabras, al igual que mis colegas, y no le sorprenderá saber que lo que acaba de decirnos desde luego no nos complace plenamente a todos. 
Sin embargo, ya he repetido muchas veces en otras circunstancias que ser diputados no nos garantiza el derecho a la felicidad. 
Permítanme que añada un par de observaciones al respecto. 
En los últimos días, yo he defendido repetidamente que el aplazamiento de la decisión y de la entrada en vigor de las disposiciones relativas a los productos específicos peligrosos no significa que en adelante vaya a abatirse una catástrofe sobre el país. 
Reconozco que yo habría deseado que el 1º de enero pudiésemos contar al fin con un sistema seguro de protección. 
Permítanme que me detenga ahora en cuatro aspectos significativos en este contexto y que generan una tensión entre los dos organismos científicos que intervienen en este tema, o sea, el Comité Científico y el Comité Veterinario Permanente. 
Antes de entrar en los detalles concretos, yo quiero hacerle una pregunta, Sr. Fischler: ¿cree usted- y quizás también usted, Sra. Bonino- que ambos organismos han dejado de competir finalmente entre sí, que el Comité Científico y el Comité Veterinario sitúan ambos en igual medida en un primer plano la política sanitaria y la protección preventiva de los consumidores? 
¿O piensa usted, por el contrario, Sr. Fischler, que hoy como ayer- y ya sé que se trata de una suposición- el Comité Veterinario Permanente, al menos, representa los intereses particulares de los Estados miembros, de los cuales proceden precisamente sus defensores, y no siempre defiende la posición común de la Unión Europea? 
Permítanme ahora unas palabras sobre cada punto concreto. 
La situación es en estos momentos la siguiente: la propuesta sobre los productos específicos peligrosos va a aplazarse durante tres meses, del 1º de enero al 1º de abril. 
En este contexto, debemos contemplar tres o cuatro ámbitos. 
Si dejamos de lado el tema de Estados Unidos, los ámbitos principales son tres. 
¿Cree usted que podremos aclarar todas estas cuestiones en el tiempo que nos queda, y yo supongo que los señores científicos- en efecto, sólo son señores- aprovecharán las vacaciones de Navidad para celebrar esta festividad? 
¿Qué ocurrirá con los productos cosméticos y farmacéuticos? 
¿Está seguro de que tendremos tiempo de regular este ámbito, tanto en la Unión Europea como en relación con Estados Unidos, y de regular también qué ha de hacerse con los productos farmacéuticos ya producidos? 
¿Cómo se proponen evaluar la nueva especificación de los productos específicos peligrosos, esto también se hará en el Comité Veterinario Permanente? 
¿Se incluirá también la columna vertebral? 
¿Se incluirán los pulmones junto con otras partes, los ganglios y demás? 
¿Cómo se proponen garantizar la diferenciación geográfica, y van a promover la cooperación del Comité Veterinario Permanente con el Comité Científico en este aspecto? 
Paso finalmente al último punto de esta primera intervención- por suerte volveré a disponer del uso de la palabra al final -: Estados Unidos. 
Sr. Fischler, cuando Estados Unidos dice que las posibilidades de control en la Unión serán insuficientes, es para echarse a reír. 
¿Está dispuesto a acudir usted al tribunal de arbitraje de la OMC y decirle a Estados Unidos que lo que allí hacen con las hormonas y los pesticidas es un escándalo? 
Si creen que pueden vanagloriarse de estar limpios en el caso de la EEB, ¡que lo demuestren ante el tribunal de arbitraje de la OMC! 
¿Está dispuesto a realizar usted este cometido en nombre de la Unión Europea? 
Señor Presidente, yo me congratulo por la presente decisión, que nos ofrece la oportunidad de proceder a las necesarias rectificaciones y adaptaciones de las decisiones anteriores. 
Lo digo a sabiendas de que en el debate sobre este tema sensible debemos mantener obviamente un equilibrio y conceder también en el futuro la absoluta prioridad a la protección preventiva de los consumidores. No obstante, por otro lado, es igualmente necesario tratar el tema de manera más práctica y más diferenciada, especialmente en el caso de la decisión sobre los productos peligrosos y la tasa regional diferenciada de contagio de la EEB. 
Voy a decirlo con toda claridad: desde el principio fue un planteamiento científico y político erróneo definir una parte de un animal potencialmente infectado como material sospechoso desde la perspectiva de la política sanitaria, con objeto de poder seguir vendiendo la parte restante. 
Los nuevos conocimientos científicos ya no son, por otro lado, tan nuevos. 
Yo quiero señalar que una serie de científicos ya han insistido repetidamente, desde una posición minoritaria, en el tema de los tejidos linfáticos y nerviosos, pero desde 1990 se han acallado repetidamente sus voces. 
El razonamiento inverso nos lleva, sin embargo, a la conclusión de que en las zonas afectadas por la EEB se actuó en realidad demasiado poco en el pasado. 
O bien un animal está sano y es apto para la alimentación humana, o bien no lo está y no es apto para la misma. 
¡En el caso de la EEB no existen términos medios! 
Por esto yo pienso que es conveniente que, junto con la evaluación de los productos, se conceda mayor atención a otros criterios, como el de la situación geográfica. 
En este contexto, yo quiero manifestar asimismo que debemos rechazar firmemente el anuncio de Estados Unidos y también el anuncio del Sr. Cunningham. 
Este último pone en peligro la voluntad de entendimiento, puesto que en la comisión de seguimiento sobre la EEB nos manifestamos también a favor de un levantamiento gradual de la prohibición de las exportaciones, bajo determinadas condiciones y bajo los criterios claramente especificados. 
El anuncio de la intención de infringir prácticamente la norma debido a una reciente decisión del Comité Veterinario Permanente se volvería en última instancia en contra de los propios intereses británicos. 
Yo también sugiero, señor Comisario, señora Comisaria, que deberíamos aprovechar la situación para mantener conversaciones con ustedes a finales de enero o principios de febrero en las comisiones competentes del Parlamento. 
Nuestro Grupo político solicitará a la vez que el presidente del Comité Científico presente un informe a las comisiones parlamentarias, de manera que a principios de febrero, antes de que se adopte la decisión definitiva, podamos celebrar un debate transparente y abierto con la participación del Parlamento. 
Yo también pienso que con la decisión que ahora se ha adoptado no se pone en peligro la protección de los consumidores, sino que esto nos ofrece una oportunidad de rectificar algunos aspectos de la decisión bienintencionada que se adoptó el 30 de julio de este año bajo los efectos del pánico y de encauzarla de manera adecuada. 
Señor Presidente, ésta es, evidentemente, una reacción inicial y vamos a tener que volver sobre esto más en detalle. 
En primer lugar, quiero hacer constar una profunda preocupación por lo que han hecho los Estados Unidos. 
Hay que oponer firme resistencia al respecto, porque constituye una señal internacional muy negativa que es injusta para con la Unión en conjunto o para con algunos de sus Estados miembros. 
Temo que podría tener un efecto en cascada y, desde luego, menoscabará la confianza de los consumidores de Europa, independientemente de su efecto real en el comercio. 
En segundo lugar, de la declaración de la Comisión no me resulta del todo claro si la incipiente prohibición del comercio con el Reino Unido cuenta o no con el beneplácito del Comisario. 
Espero que la Comisión no confirme una nueva división del mercado. 
Sería un error, en espera de la aprobación de la legislación dentro de tres meses, que se promulgaran nuevas prohibiciones internas. 
Debemos oponernos a ellas. 
Por último, quisiera preguntar si es la política de la comunidad científica o la ciencia de la comunidad política lo que está retrasando la legislación SAM, porque, siempre que retrasamos estas cosas, volvemos a infundir dudas a los consumidores. 
Aun cuando haya muy poca probabilidad de riesgo, menoscabamos la confianza tanto de los consumidores como de los productores. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, señora Comisaria Bonino, como ustedes recordarán, con motivo de la introducción de la medida relativa a la separación de los productos peligrosos, en la Comisión de control se habló de la regionalización, o sea, de unas excepciones en relación con dicha medida, y usted también recordará, Sr. Fischler, la discusión que mantuvimos desde un planteamiento positivo, puesto que nosotros argumentábamos que, si no se admite la regionalización, o sea, la introducción de excepciones, tampoco será posible organizar el abandono de las medidas contra la EEB. 
Ustedes han optado por la otra vía y con ello han caído en la trampa. 
No pensaron en cuál es el origen de las materias primas de los productos farmacéuticos y cosméticos. 
Como resultado, se vieron obligados a adoptar una norma de exclusión, que luego fue bloqueada, bajo la batuta del alemán Borchert, quien no quiere que se excluyan los productos peligrosos, con lo cual les ha hecho caer en la trampa y les ha obligado a retrasar tres meses la medida. 
Yo soy del parecer que el riesgo de contagio existió en los primeros años de la EEB, pero aun así es preciso tomarse naturalmente muy en serio el hecho de que ahora vayan a seguir utilizándose durante tres meses unos productos que en realidad no deberían introducirse en la cadena alimentaria. 
La introducción de una cláusula de exclusión también habría evitado el enfrentamiento con Estados Unidos. 
Desde luego, me parece escandaloso que bajo la batuta de Borchert se bloquee ahora la posibilidad de reconocer a Nueva Zelanda y Australia como zonas libres de contagio de la EEB, aunque esto sería posible si no se reconoce como tal a Alemania. 
El Consejo está bloqueando esta medida a expensas de la protección de los consumidores. 
Sin embargo, Sr. Fischler, Sra. Bonino, si ustedes hubiesen hecho suyas nuestras propuestas de que se introdujera una excepción, sin apostar exclusivamente por el mercado interior, no nos encontraríamos ahora en la presente situación. 
Yo confío que sea posible reconducirla. 
Yo insisto una vez más en que el tema de la EEB no está cerrado. 
La regionalización también entraña riesgos, pero debemos emprenderla a fin de hacer posible una introducción organizada de la protección y un abandono de las medidas contra la EEB con un bajo nivel de riesgo- puesto que la total ausencia de riesgo no existe-. 
Nosotros, por nuestra parte, Sr. Fischler, Sra. Bonino, seguiremos haciendo propuestas constructivas y colaboraremos en este tema en beneficio de todos- eso espero -, incluidos los consumidores y consumidoras. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo lo mucho que agradezco la importante presencia de la Comisión aquí esta noche. 
Ello refleja su preocupación, que todos compartimos en esta Asamblea, sobre la profundidad de la crisis y la forma cómo se está extendiendo: parece ir en muchas direcciones a la vez. 
Debe constituir un grave motivo de preocupación para todos nosotros, porque me preocupa que toda la cuestión se esté saliendo de madre y resulte- podemos decir- desproporcionada. 
Quisiera agradecer al Comisario Fischler su grandeza y transparencia al explicarnos cada paso que se ha dado y compartir con nosotros las diversas decisiones adoptadas por el Comité Científico y Veterinario. 
También estoy deseando oír en su momento la visión que de estos asuntos tiene la Comisaria Bonino. 
Asimismo, es positivo que ahora exista la opinión mayoritaria de que se trata de un problema europeo y que debe haber una armonización en el nivel europeo. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf estaba en lo cierto al decir que ahora se está tomando muy en serio la regionalización, en la que llevo cierto tiempo insistiendo como una posible salida. 
Tal vez si algo positivo puede resultar de la posición de los Estados Unidos es que ahora estemos considerándola en serio como una opción. 
Desde luego, deploro lo que han hecho los Estados Unidos. 
Me parece típico de la actitud prepotente que adoptan cuando están en juego sus intereses comerciales. 
En otras ocasiones invocan las disposiciones de la OMC para impedir acuerdos en los que la UE cree, como- por dar un ejemplo- el comercio de los plátanos. 
¿Qué debemos hacer? 
Eso es lo que se preguntan los ganaderos. 
Los ganaderos de Escocia dicen que se les diga lo que deben hacer y lo harán, adoptarán todas las medidas de erradicación necesarias, prepararán la certificación. 
Necesitan una indicación clara del Gobierno británico y de la Comisión. 
Existe una clara preocupación y determinación para encontrar una solución: no ocultarse tras cortinas de humo, sino encontrar una solución. 
Me ha intrigado la declaración del Comisario Fischler de que el Gobierno británico tenía diversas opciones. 
Podría haber declarado los riesgos. 
Por ejemplo, podría haber comparado el riesgo de comer chuletas de cordero o de otro tipo de carne con hueso con el de fumar cigarrillos o beber alcohol. 
Es una opción. 
Me gustaría saber si considera el Comisario que eso habría sido más útil que una prohibición, al parecer total, de toda clase de carne con hueso. 
Me gustaría saber adónde cree el Comisario que vamos en el futuro inmediato. 
La irritación a ambos lados del Canal del Norte, que hace que los ganaderos irlandeses, escoceses y galeses arremetan unos contra otros, se ha debido a la frustración de no saber qué dirección seguir a partir del punto en que nos encontramos. 
Una última cosa: ¿podría confirmar el Comisario si un factor que ha agravado el problema ha sido el hecho de que no se haya abordado la cuestión del tipo de cambio y la compensación de la libra esterlina, cuya resolución incumbe claramente a los Estados miembros? 
Señor Presidente, en primer lugar me entristece que no tengamos una resolución ante nosotros esta noche y que no celebremos una votación sobre este asunto concreto. 
Quiero que conste en acta. 
Desde marzo de 1997, los criadores de ganado vacuno de mi circunscripción de Irlanda del Norte han visto la destrucción de sus negocios por los efectos de la EEB. 
Han esperado en vano que Europa y, de hecho, dos Gobiernos del Reino Unido adoptaran una posición positiva al respecto. 
Lo único que hemos visto ha sido que en todas las ocasiones se daban dos pasos adelante y tres atrás. 
Se ha colmado el límite de su paciencia y es un milagro que no hayan estallado antes. 
Aunque nadie quiere que haya manifestaciones públicas, he de decir que entiendo y comparto su preocupación. 
La actitud de la Comisión y del Consejo no se ha caracterizado por su celeridad precisamente. 
Necesitamos un proceso de adopción de decisiones más vivo, que ponga fin a la duplicidad. 
Los ganaderos del Reino Unido padecen no sólo los problemas de la EEB, sino también las consecuencias de la fuerza de la libra esterlina. 
El Gobierno del Reino Unido no ha adoptado hasta ahora decisión alguna para compensar el diferencial de la libra verde. 
Se trata, desde luego, de un problema interno del Reino Unido, pero resulta agravado por la ventaja existente para otros Estados miembros que exportan a nuestro mercado. 
Contra eso es contra lo que se rebelan los ganaderos del Reino Unido. 
Lo entendemos y resulta comprensible que creamos que la ventaja que otros Estados miembros tienen en este momento los incita a mantener el status quo. Se debe poner fin a la competencia desleal. 
He de decir con toda franqueza que, si el Sr. Cunningham adopta la decisión de velar por que la carne de vacuno deslealmente competitiva procedente de otros Estados miembros no entre en el Reino Unido a partir del 1º de enero, contará con mi total apoyo. 
Quisiera formular dos preguntas a los dos Comisarios, cuya presencia aquí me satisface y que tienen ante sí este problema. 
La primera es la siguiente: respecto del plan de la carne de vacuno procedente de manadas certificadas, ¿van a aceptar ustedes ahora las decisiones manifestadas y aceptadas por el Gobierno del Reino Unido? 
¿Convendrán en enero, en la próxima reunión del Consejo, en que el plan de la carne de vacuno procedente de manadas certificadas es aceptable, es positivo y puede ser aprobado por Europa como un plan seguro? 
¿Actuarán con decisión- y no como hasta ahora- en relación con el plan sobre las reses nacidas después de determinada fecha? 
Si no recibimos respuestas positivas sobre esos dos aspectos, los ganaderos del Reino Unido seguirán haciendo manifestaciones y contarán- lo digo con toda franqueza- con mi apoyo. 
Señor Presidente, intervenimos de nuevo sobre este expediente en un contexto muy preciso, en este caso el riesgo de una reducción de los precios garantizados del orden de un 20 ó un 30 % cuando aún no nos hemos recuperado de las consecuencias de la crisis de la EEB. 
Hemos descubierto que un bovino muerto en Bélgica ha sido utilizado en el circuito de la harina. 
Posteriormente hemos descubierto que, incluso en Luxemburgo, había un bovino afectado por la encefalopatía espongiforme bovina y que su carcasa también había sido transformada en harina. 
Hemos constatado que los controles son aparentemente ineficaces. 
Hemos tenido una Comisión de investigación, y su presidente está ante nosotros. 
Tenemos una Comisión de seguimiento de los resultados de la investigación, cuyo ponente también está ante nosotros. 
Los Estados Unidos, que van a enviarnos carnes con hormonas, se permiten el lujo de rechazar nuestras carnes con el pretexto de que hay peligro. 
Nuevos datos científicos nos enseñan que la carne se ha convertido en algo peligroso. 
Nuestros amigos británicos, que no han dudado en contaminar todo lo que podían, se hacen ahora los importantes diciendo que no quieren ser contaminados por nosotros. 
El grupo de presión farmacéutico continúa especulando con la gelatina para sus cápsulas de este producto u otros. 
Hasta el Sr. Graefe zu Baringdorf se preocupa, él que no tenía ningún escrúpulo, que actuaba contra la moción de censura y no se preocupaba por los problemas ecológicos cuando formaba parte de los verdes. 
Creo que nos hemos equivocado al rechazar el choque político que hubiera provocado la investigación de responsabilidades políticas de la Comisión. 
Se hubiera podido cortar el absceso de raíz. 
En lugar de esto, vamos a mantenerlo aún durante no sé cuánto tiempo. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Comisario Fischler para qué ha venido aquí exactamente. 
¿Quiere que lo compadezcamos por la difícil situación que causa este aplazamiento? 
¿Quiere compartir con nosotros las dificultades que origina la confusión en que aún nos encontramos respecto de los derivados del sebo y sobre productos farmacéuticos que parecen estar induciendo como una parálisis en el comité? 
¿O quiere decirnos que entiende que otras personas, también del Reino Unido, se vean ahora obligadas a adoptar medidas unilaterales porque no se han adoptado una serie de decisiones, pese a que, según teníamos entendido, en el Consejo de Agricultura del pasado mes de julio y en otros posteriores, se iba a adoptar determinado plan de acción? 
Creo que el Reino Unido hace bien. 
El Comisario reconoció- está diciendo que no con la cabeza ahora, pero creo que lo reconoció- que el Reino Unido no está violando ningún tratado ni obligaciones jurídicas al exigir que la carne importada al país desde el 1º de enero- que es cuando la nueva disposición debería haber entregado en vigor- vaya acompañada de la certificación de que se han eliminado las partes concretas consideradas peligrosas y también al exigir que se venda dicha carne en los comercios sin el hueso, como ocurre ahora con los productos del Reino Unido. 
El problema es- y se lo planteo a la Comisaria Bonino, que va a responder a este debate- que a veces parece a los observadores, que tienen presente ante todo la seguridad del consumidor, que en este debate no estamos formulando adecuadamente las normas. 
Sí, se deben tomar nuevas precauciones y hasta cierto punto nuevas medidas de seguridad. 
Pero, cuando se aplican las medidas y parece que dan resultado, se las debe reconocer también. 
Ésa es una queja que existe en el Reino Unido: la de que las normas parecen cambiar constantemente. 
La otra cosa que quisiera decir como conclusión es que deseamos formular otra pregunta en particular a la Sra. Bonino y se refiere a la confusión que ahora provocan los comités científicos consultivos respecto de lo que recomiendan exactamente. 
Han corrido rumores curiosos por el mundo sobre la carne de cordero. 
Tardamos bastante tiempo en averiguar lo que decían exactamente esas sabias personas. 
Aún no disponemos de una declaración definitiva sobre lo que se propone exactamente ese comité. 
Eso no puede ser adecuado. 
Así, pues, me parece que ahora tenemos los tres peores ingredientes al afrontar el nuevo año. 
Lo digo con cierta tristeza, porque reconozco lo que todos los presentes, incluidos los dos Comisarios, han hecho. 
Tenemos a consumidores con frecuencia atemorizados sin motivo. 
Tenemos un sector agropecuario arruinado y tenemos Estados miembros enfrentados una vez más, porque están forcejeando con directivas e instrucciones que no consiguen entender, precisamente por la falta de armonización a que se ha referido el Comisario Fischler al comienzo. 
Eso no puede ser adecuado, no puede estar bien. 
Tenemos que mejorar en el nuevo año. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su declaración. 
Estoy profundamente preocupado, como muchos otros, con el deterioro cada vez mayor del mercado de la carne de vacuno y la confusión que se está creando respecto de la cuestión decisiva de la salud pública. 
En la Unión Europea tenemos un mercado común de carne de vacuno y de otros productos. 
Dicho mercado ha funcionado extraordinariamente bien y, cuando surgen graves problemas de salud animal, como la fiebre aftosa, la peste porcina o la enfermedad de Newcastle, se aísla la zona geográfica afectada y se suspende la aplicación en ella de las disposiciones comerciales comunes hasta que se controla y erradica dicha enfermedad. 
Ese sistema ha sido muy útil para Europa y, si se utiliza correctamente, puede erradicar la EEB completamente de la cabaña británica. 
Ése es nuestro objetivo. 
Ahora, tal vez tardíamente, se están logrando avances muy firmes. 
Las cifras sobre la enfermedad lo revelan con mucha claridad. 
No cabe duda de que el Gobierno británico cometió errores muy graves al abordar la crisis de la EEB, pero, después de mucho retraso, se ha puesto ahora a aplicar un programa de erradicación bien fundamentado científicamente y que está funcionando bien. 
Pero la prohibición impuesta ayer o antes de ayer por el Gobierno de las importaciones de carne de vacuno y de ovino con hueso y también el cierre de los puertos por las autoridades británicas, lo que obstaculiza el funcionamiento del Mercado Único ponen en peligro el apoyo de los otros Estados miembros. 
Esa actitud de pagar con la misma moneda está contrarrestando todas nuestras medidas para restablecer la confianza de los consumidores mediante la erradicación completa de la enfermedad. 
También ha dado enormes ventajas a nuestros socios comerciales a expensas de nuestros productores, igualmente sin fundamento científico. 
En nombre de los millares de productores de carne de vacuno, quiero hacer un llamamiento a la Comisión y al Gobierno británico para que colaboren mutuamente y presten mayor atención a los científicos de verdad y menos a los comentaristas parciales que nunca aciertan. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi breve aportación agradeciendo de nuevo al Comisario Fischler su transparencia y franqueza desde el momento mismo en que surgió este gravísimo asunto. 
Pero he de decir que la continua campaña en Gran Bretaña contra la importación de carne de vacuno irlandesa es y debe ser motivo de preocupación para todos los Estados miembros de la Unión Europea comprometidos con ella. 
Yo opino que la Comisión Europea no puede mantenerse al margen y cruzada de brazos respecto de ese asunto. 
Debe proteger los intereses de todos los Estados miembros. 
No se puede permitir que un Estado miembro formule las normas al correr de los acontecimientos. 
No se puede permitir que un país desbarate el Mercado Único. 
Me irritan en particular los ataques que se hacen contra la carne de vacuno irlandesa. 
Cada vez existen más pruebas de que se está aconsejando a los supermercados y almacenes británicos que no compren carne de vacuno irlandesa. 
La carne de vacuno irlandesa es conocida en toda Europa como un producto de calidad. 
Desafío a las autoridades británicas a que dejen a los consumidores adoptar sus decisiones por sí solos y velen por que se venda la carne de vacuno irlandesa en los supermercados británicos. 
Todos los países tienen derecho a promover sus productos, pero no a expensas de los de los demás. 
Lo que en este momento pretende Gran Bretaña hacer en realidad es amañar el mercado a su favor. 
El Mercado Único está basado en la premisa de un ambiente comercial leal. 
Es evidente que en este momento Gran Bretaña no aceptará esa norma fundamental. 
Espero que en los próximos días podamos redoblar nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos para lograr el restablecimiento de una situación competitiva equilibrada y leal. 
Es evidente que el Gobierno británico está utilizando a Irlanda como chivo expiatorio de su incapacidad para abordar los problemas auténticos de sus ganaderos. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Comisario Fischler cómo puede justificar la decisión de aplazar la imposición del cumplimiento de la prohibición de determinadas productos de riesgo y si no hay razones para considerar oportuno que se haya aplazado hasta el 1º de abril, Día de los Inocentes en Inglaterra. 
Si el problema es el daño causado a nuestros mercados de carne de vacuno y a la confidencia de los consumidores, ¿acaso no es la solución adoptar las medidas más rigurosas para restablecer la confianza de los consumidores? 
Sabemos que hay mucha menos EEB en el continente que en el Reino Unido, pero también sabemos que la hay. 
En el continente se deben adoptar las mismas medidas rigurosas, que en el Reino Unido. 
Sospecho que el Comisario conviene conmigo; si no, no habría dado una aprobación tácita esta noche a las medidas adoptadas por el Sr. Cunningham. 
Quisiera preguntar a la Comisaria Bonino lo siguiente: ¿acaso no están haciendo ahora los Estados Unidos con Europa lo que ésta hizo con el Reino Unido en 1989? 
Puede que lo que han hecho no sea elegante, pero, ¿acaso no es sincera su intención? 
Dicen que quieren proteger la seguridad e integridad de sus abastecimientos de alimentos. 
¿Por qué hemos de atacar a los Estados Unidos cuando lo que parecen hacer es conservar la confianza de los consumidores en los alimentos allí como deberíamos hacer nosotros aquí, en Europa? 
Señor Presidente, los dos Comisarios han de saber que, si bien en Gales, Escocia e Inglaterra existe una crisis en la industria ganadera, en Irlanda del Norte existe una catástrofe. 
Han de saber también que el pasado miércoles tres diputados a esta Asamblea que representan a Irlanda del Norte se reunieron con el Primer Ministro y éste les dijo que iba a negociar un conjunto de medidas con ayuda europea. 
¿Puede decirnos el Comisario esta noche si el Gobierno británico ha presentado propuestas de ese tipo y si se llegará a un acuerdo al respecto próximamente? 
Debo decir que hago mías enteramente las observaciones hechas por mi colega el Sr. Nicholson y no cabe duda de que, si el Sr. Hume estuviera presente, diría lo mismo. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Comisario por su posición respecto de las propuestas con vistas como siempre a proteger, naturalmente, la salud de los consumidores. 
Todos los ganaderos ponen por delante la salud de los consumidores, pero los ganaderos británicos están hartos de que se los trate a patadas como una pelota política. 
Hemos llegado a un punto en el que hay que hacer algo. 
Quisiera hacer las siguientes preguntas al Comisario. 
En primer lugar, ¿ha discriminado a los ganaderos británicos el actual Gobierno británico con su propuesta de separar la carne británica del hueso? 
¿Qué justificación puede darnos a quienes nos gusta la carne con hueso? 
¿Ha respondido inmediatamente a una propuesta del SEAC? 
Como ha dicho el Sr. Cox, está destruyendo la confianza de los consumidores. 
Hemos oído lo que nos han dicho sobre los problemas de la industria de carne de vacuno irlandesa nuestros colegas irlandeses y otros y sobre las presiones que recibe la industria en este momento. 
¿Ha solicitado el Gobierno británico fondos para contribuir a la revaluación de la libra? 
En caso de que sí, o de que no, ¿cuándo dejará de existir esa oportunidad? 
¿El mes que viene? 
Quisiera formular dos preguntas al Comisario a las que me gustaría que, a ser posible, me respondiera: si el Reino Unido prohíbe unilateralmente la entrada en el Reino Unido de carne de vacuno a la que no se haya quitado la parte de riesgo, ¿puede el Comisario invocar el artículo 169 y llevarlo ante el Tribunal de Justicia? 
Deseo formular una última pregunta, ya que está aquí la Comisaria de Medio Ambiente. 
El otro día me enteré de otro ataque más a los ganaderos británicos, a saber, que el Gobierno está a punto de imponer un impuesto sobre los fertilizantes: se trata de un simple comentario al margen. 
¿Es cierto? 
Señor Presidente, la señora Bonino parece haberse quedado muy sorprendida al escuchar la noticia de que ahora se la considera competente en materia de política medioambiental. 
Yo quisiera hacer algunas breves observaciones en relación con el debate. 
Deberíamos mantener separados los siguientes aspectos: los ganaderos británicos se han visto ciertamente muy afectados, pero el motivo es que hubo un gobierno que no hizo nada durante diez años. 
El hecho de que desde hace un año algo haya cambiado no puede traducirse en una mejora espectacular de la situación. 
Permítanme algunas observaciones sobre el posible levantamiento de la prohibición de las exportaciones para algunas zonas de Gran Bretaña. 
El Sr. Fischler sin duda también se referirá a ello. 
Gran Bretaña se ha formulado, en efecto, algunas propuestas en este sentido desde el mes de mayo. 
Pero, desde luego, todos esperamos que éstas se sometan a la consideración de un comité científico. 
Así lo exige, ciertamente, nuestra concepción de la seguridad, la confianza de los consumidores y la protección de la salud. 
El Comité científico ha establecido con toda claridad algunas exigencias y recomendaciones adicionales. 
Si queremos trabajar con seriedad, sin estar atentos únicamente a nuestra imagen exterior, en vez de limitarnos a seguir emitiendo el consabido comunicado de prensa de urgencia- lo digo también como una autocrítica -, deberíamos leer muy atentamente los dictámenes exhaustivos, que también se encuentran en Internet, y así sabríamos qué dice el citado Comité sobre los ovinos, los vacunos y las partes restantes de dichos animales. 
No es una lectura fácil, pero es posible leerlos y entonces uno sabe a qué atenerse. 
En estos momentos siguen planteándose algunas exigencias. 
El Comité manifiesta que todavía no ha entrado en funcionamiento ningún sistema de certificación del ganado, tampoco en Irlanda del Norte. 
Yo seré la primera en apoyarlo cuando exista. 
Permítanme añadir también lo siguiente en relación con otro punto: el aplazamiento de la propuesta puede ser, en efecto, favorable, si sirve para que ésta no tenga fisuras. Porque lo que queremos es que no las tenga. 
Si Estados Unidos piensa que está libre de contagio de la EEB porque así lo declara, debe quedar claro que la OIE, la Oficina Internacional de Epizootias de París, ha definido con toda claridad las condiciones que deben cumplirse para ello. 
De conformidad con esta definición, Estados Unidos no es una zona libre de contagio de la EEB, para decirlo sin rodeos. 
Y si piensan que pueden prohibir determinadas importaciones y no otras, esto no es aceptable. 
Yo espero que la Comisión proceda contra esta prohibición. 
El Sr. Fischler ha establecido, por otra parte, una distinción muy clara. 
Ha manifestado que la carne con hueso puede entrar en Gran Bretaña y debe ser deshuesada allí. 
Esto no supone una prohibición de las importaciones. 
No permitir la entrada de la carne en general sería ciertamente una prohibición de las importaciones y yo, desde luego, no la apoyaría, ¡a menos que existan buenos motivos para imponerla! 
Señor Presidente, Señorías, yo voy a referirme sólo a un par de intervenciones. 
Mi colega Bonino expondrá luego detalladamente su posición sobre los diferentes puntos de vista. 
Para empezar, a fin de evitar cualquier posible malentendido, debo decir que la Comisión solicitó en primer lugar al Comité Veterinario Permanente, que tiene poder de decisión, la introducción de algunas modificaciones en la Decisión del mes de julio. 
No obstante, dado que prácticamente ningún Estado miembro apoyó la propuesta de la Comisión, decidimos proponer un aplazamiento, sobre todo con objeto de garantizar la disponibilidad de determinados medicamentos- parte de los cuales son de primera necesidad- a partir del 1º de enero, propuesta que fue aceptada. 
Quiero aclarar asimismo que lo único que tienen en común el Comité Veterinario Permanente y el Comité Científico es la denominación de " comité». 
¡Es evidente que los representantes del Comité Veterinario Permanente representan la opinión de los Estados miembros y nada más! 
Sin embargo, también recibimos casi simultáneamente- y es preciso añadirlo por una cuestión de equidad- una nueva lista de productos peligrosos, remitida en este caso por el Comité Científico. 
Esta lista es considerablemente más amplia y más larga que la que teníamos en julio. 
Sencillamente tenemos que reconocer, y quiero insistir en ello en este contexto, que la situación en relación con el tema de la EEB también puede seguir modificándose desde una perspectiva científica, puesto que continuamente se obtienen de nuevos conocimientos. 
Nuestro propósito es tomar debidamente en consideración en cada momento estos nuevos conocimientos. 
Ésta es, en efecto, la línea de actuación que hemos escogido. 
Por consiguiente, ahora tendremos que considerar conjuntamente los diferentes riesgos que han señalado los científicos en función del tipo de producto de que se trate y los riesgos diferenciados en función del origen geográfico de los animales, con objeto de proceder a la correspondiente evaluación, definitiva o continua, de los mismos. 
Para ello necesitamos un mínimo de tiempo. 
Por lo tanto, no hemos elegido un camino fácil, sino que hemos manifestado nuestro propósito de elaborar de inmediato una propuesta exhaustiva adecuada, que se completará puntualmente de manera que podamos adoptar una nueva decisión en el plazo de los tres meses disponibles. 
La Sra. Bonino sin duda les aclarará gustosa otros detalles de contenido, si así lo desean. 
Sin embargo, para seguir avanzando por una vía razonable se requiere también una evaluación global de los riesgos. 
Por lo que se refiere al tema, varias veces citado, de los llamados " sistemas de certificación de los rebaños» (certified herd schemes) , la situación es entre tanto la siguiente: la Sra. Roth-Behrend ha descrito con gran precisión la fase inicial. 
El Gobierno británico nos remitió un documento de trabajo que, tras ser examinado por el Comité Científico, se consideró insuficiente. 
Sin embargo, también se señalaron claramente los aspectos que faltaban. 
Hoy a primera hora hemos recibido el último y el más fundamental de estos elementos que faltaban, a saber, que exista la voluntad de establecer mataderos totalmente diferenciados y de tomar en consideración el 100 % de las exigencias de los científicos. 
Por lo tanto, la situación ha cambiado y ahora será necesario evaluarla, debatirla en la Comisión y adoptar finalmente una decisión. 
Por lo que se refiere a la carne irlandesa, yo quiero decir con toda claridad que la Comisión se ha manifestado decididamente en contra de los abusos que han tenido lugar en diversos puertos de Gran Bretaña. 
No obstante, puedo anunciarles que el propio Ministro de Agricultura irlandés ha manifestado hoy en el Consejo de Ministros de Agricultura su total satisfacción con las medidas que ha adoptado entre tanto el Gobierno británico. 
Tanto en el caso de Irlanda como en el de Irlanda del Norte, yo puedo afirmar que reconocemos plenamente la difícil situación que se ha producido en los mercados de la isla de Irlanda. 
Por esto, el pasado viernes adoptamos la decisión de reanudar la intervención de la carne de estas regiones- la República de Irlanda e Irlanda del Norte -, concretamente para el 50 % de las cantidades declaradas. 
Éste es el porcentaje más alto que hemos aceptado en los últimos meses. 
Es decir que estamos procurando contemplar plenamente las citadas dificultades. 
Con respecto al tema de la prohibición del SAM y de las medidas del Reino Unido, ya he señalado que las medidas adoptadas en relación con el deshuesado no son contrarias al derecho comunitario. 
No obstante, estamos examinando detalladamente las restantes medidas y verificando en todos los casos las posibles infracciones del Tratado. 
También examinaremos paralelamente, como es obvio, cómo debemos proceder con respecto a los demás Estados. 
Por lo tanto, volviendo finalmente al tema de Estados Unidos, yo quiero manifestar con toda claridad que nuestros comités científicos no reconocen a Estados Unidos la calificación de zona no afectada por la EEB en aplicación de los criterios de la OIE. 
Por lo tanto, nos sorprende que se proceda unilateralmente contra de los Estados europeos y que se aplique en cierto modo un doble rasero. 
También quiero subrayar que obviamente hemos formulado la correspondiente protesta. 
Yo mismo me reuniré con el ministro americano competente a principios del año próximo con la esperanza de poder superar estas nuevas dificultades. 
Si esto no fuese posible, tendremos que examinar ciertamente nuestras posibilidades de proceder contra Estados Unidos ante la OMC en relación con este tema. 
Creo que éstos son los puntos más importantes que entran dentro de mis competencias. 
¡Muchas gracias! 
Señor Presidente, no tengo mucho que añadir ya que la introducción y la respuesta del Sr. Fischler han sido muy exhaustivas. 
Si embargo, quisiera hacer tres observaciones. 
La primera, este debate demuestra hasta qué punto la práctica de la transparencia es penosa. 
Efectivamente, acabamos de describirles con precisión los problemas, y acabamos de explicarles que la ciencia evoluciona y cambia, quedando claro que necesitamos tiempo para extraer las consecuencias. 
De repente, esto ya no les agrada. 
Por tanto, necesitamos ponernos de acuerdo. 
Si ustedes quieren transparencia, lo que implica a veces que les digamos, señoras y señores, que las condiciones han cambiado porque el Comité científico ha cambiado, nos presentamos ante ustedes. 
Por el contrario, si no lo desean no vendremos más. 
En segundo lugar, la propuesta sobre los materiales de riesgo fue presentada al Consejo en diciembre de 1996, y éste la rechazó. 
Posteriormente siguió otro dictamen científico. 
Finalmente, la propuesta aprobada fue la del 30 de julio. 
De repente se dan cuenta de que se plantea un problema con respecto a los productos farmacéuticos, los productos terminados y los productos derivados del sebo para la cosmética. 
Se propone una modificación al Consejo, que la rechaza. 
Así pues, no había otra posibilidad que llevar a cabo un aplazamiento de tres meses con el fin de armonizar las modificaciones tanto como fuera posible, tomar una decisión relativa a los productos terminados y tener en cuenta los nuevos dictámenes científicos. 
Por ello la respuesta no puede ser sí o no. 
La situación no es todo blanco o todo negro, y la Comisión no puede hacer presión sobre la ciencia, y ustedes lo comprenden. 
En tercer lugar, está el problema del origen geográfico, del que todo el mundo habla y para el que, desafortunadamente, el Comité científico no ha establecido criterios concretos. Ha dicho: » a classification on the geographical origin of tissue and product will be developped as soon as possible, etc. 
Entonces la Comisión se ha dirigido al Comité científico a fin de presionarle para que le proporcione los criterios, después de lo cual deberá ver cómo aplicar esos criterios en un mercado único. 
Ésta es la situación. 
Si, por el contrario, consideran ustedes que cada vez que venimos aquí es para dar una respuesta que sea blanco y negro al mismo tiempo, lo siento, en ese caso la transparencia no tiene razón de ser. 
Hacer declaraciones es sencillo, queridos amigos, pero también es necesario a veces trabajar juntos y tener en cuenta el hecho de que estamos analizando y aplicando un principio de precaución. 
Por consiguiente, varios son los elementos a tomar en consideración, incluidos el coste/beneficio, etc. 
Señor Martinez, si con la dimisión de la Comisión se hubiera podido resolver el problema de la EEB, eso hubiera sido muy fácil, sabe usted, porque una Comisión sustituye a otra. 
Por lo que respecta a la enfermedad, es un poco más difícil hacerlo así. 
Con relación al choque político, se puede decir que se ha producido realmente, no en la Comisión sino más bien, según mi impresión, en la opinión pública. 
Tengo una última respuesta clara que dar al Sr. Nicholson. 
No estamos arrastrando los pies ni perdiendo el tiempo. 
Los servicios de la Comisión han trabajado estos últimos meses bajo una presión realmente difícil de soportar, se lo aseguro. 
Y la respuesta del Gobierno británico a problemas que le hemos planteado de nuevo ha llegado esta mañana. 
Sabíamos bien que it's a learning process y que haremos nuevos descubrimientos, pero para ello hace falta tiempo, aunque se ejerzan presiones sobre nuestro trabajo, difíciles de soportar. 
Comprendo las frustraciones de los productores, e incluso comparto sus problemas, pero realmente no fui yo quien inventó la EEB. 
Estamos poniendo todo nuestro entusiasmo y todas nuestras posibilidades en cuanto al tiempo y a la inteligencia para llegar a resolver estos problemas. 
Pero, Señorías, a veces es necesario trabajar juntos y no limitarse a declaraciones externas, que son un poco demagógicas, pero, perdónenme, no consiguen que las cosas avancen. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, quisiera que los Comisarios esperaran para escuchar la cuestión de orden. 
No. Si va dirigida a los Comisarios, no es una cuestión de orden. 
Sólo se pueden dirigir cuestiones de orden a la Presidencia. 
Señor Presidente, se ha formulado una pregunta de importancia decisiva para toda la Unión Europea y no se le ha dado respuesta. 
Lamento que hayamos superado el tiempo de que disponíamos. 
Comprendo la importancia de este asunto, pero podríamos pasar toda la noche tratándolo. 
Política energética (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40308/97) del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión «Visión global de la política y las acciones en el campo de la energía» (COM (97) 0167- C4-0205/97). 
Señor Presidente, voy a intentar retomar el debate interrumpido sobre el Informe Scapagnini. 
La política energética requiere una perspectiva global y una actuación política global. 
Así lo expresa también el título de la comunicación de la Comisión. 
La Cumbre sobre el Clima de Kyoto ha dejado clara la necesidad de esta perspectiva global, al menos por lo que se refiere a las repercusiones de la política energética sobre el clima. 
Sin embargo, al mismo tiempo también ha revelado cuán grande es la distancia que media entre esta percepción y las posibilidades de traducirla a la práctica. 
Casi en ningún otro ámbito político existe una brecha tan marcada entre lo que debería hacerse y lo que se hace- entre el aspecto normativo, por un lado, y las políticas reales, por el otro- como en el caso de la política energética y la política relativa al clima. 
La comunicación de la Comisión debe valorarse en este contexto. 
En ella se exponen los conocidos argumento en favor de la necesidad de una perspectiva y una estrategia globales en el ámbito de la energía. 
Se citan, por un lado, la dependencia continuamente creciente de la Unión Europea de las importaciones energéticas y los riesgos futuros que entraña. 
Se cita el rápido incremento del consumo energético mundial y la consiguiente escasez de la oferta, y también se cita, no en último término, el considerable aumento de los problemas medioambientales a escala mundial y sus efectos a largo plazo. 
Todo esto hace aconsejable una ampliación de las competencias de la Unión Europea en materia de política energética, ampliación que, sin embargo, tampoco hemos conseguido con el Tratado de Amsterdam. 
En efecto, el Tratado no incluye un fundamento jurídico específico inequívoco. 
El resto, y perdonen la comparación, recuerda los comentarios de las aves de corral sobre las migraciones otoñales hacia el Sur. 
La comunicación de la Comisión es un compendio correcto, aunque carente de visión, de todas las medidas comunitarias en el ámbito energético. 
¿Qué más podemos hacer en este contexto? 
Podemos mejorar la cooperación internacional en el ámbito de la energía. 
Podemos evaluar periódicamente las políticas energéticas y medioambientales de los Estados miembros- esto es una novedad- y promover su coordinación en favor de los objetivos comunitarios. 
Se requieren efectos sinérgicos y no bloqueos mutuos o juegos de suma cero. 
Es preciso impulsar la transposición de la directiva sobre el mercado interior de la energía, o sea, la liberalización e integración de los mercados energéticos. 
Podemos seguir dándole vueltas al impuesto energético comunitario, que hasta ahora no ha salido adelante, y podemos subvencionar la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración de nuevas fuentes de energía. 
Yo estoy impaciente por saber qué queda finalmente de cuanto incorporamos al V Programa de Investigación. 
En resumen, podemos seguir insistiendo en la idea de un programa marco para la política energética y reforzar las acciones en materia de política energética, concretamente a través de la cooperación entre los Estados miembros. 
Ésta requiere informes periódicos sobre las actividades nacionales y los efectos de las mismas. 
El ponente, Sr. Scapagnini, considera y valora como adecuada esta iniciativa de la Comisión. 
En este contexto- sólo quiero añadirlo muy brevemente- yo desearía poder contar en un futuro próximo con estrategias concretas para la transposición... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Scapagnini por este informe. 
Es un informe completo y pide muchas de las cosas que el Grupo Liberal ha apoyado. 
Estamos empezando a comprender ahora lo sensato que habría sido haber incluido un capítulo sobre la energía en el Tratado de Maastricht. 
En particular a la luz del fracaso de la Conferencia de Kyoto, los problemas de nuestra política energética están resultando mucho más evidentes. 
Lamento una cosa en este informe, a saber, que la Comisión parece haber abandonado su campaña para introducir técnicas racionales de planificación en los sectores de la electricidad y del gas. 
No cabe duda de que esas técnicas nos indicarían la vía que debemos seguir. 
La Comisión las presentó antes y ahora parece haberlas abandonado. 
La Comisión debe tener también mayor amplitud de miras. 
Debemos establecer cinco leitmotivs para la política energética en la Unión Europea. 
Primero, tenemos que introducir un importante programa de inversión en materia de conservación de la energía en Europa. 
Segundo, tenemos que alentar a los consumidores y a las empresas a utilizar la energía más eficientemente. 
Tercero, tenemos que reducir los costos de la eficiencia energética en los hogares y en las oficinas. 
Cuarto, tenemos que hacer que los nuevos edificios y maquinaria, los nuevos vehículos y aparatos sean más eficientes energéticamente y se está trabajando al respecto. 
Por último, tenemos que aumentar el apoyo a las fuentes renovables de energía. 
Es esencial que se haga todo eso. 
La Comisión está empezando a mostrar la vía que debemos seguir, pero, si nuestra actitud al respecto es seria, debemos hacer que nuestras intenciones políticas vayan acompañadas de los fondos necesarios. 
Señor Presidente, cuando se habla de los objetivos de la Comunidad en materia de política energética, ello me recuerda en realidad a Fontane. 
Éste es un campo vasto y debo añadir que está envuelto en una densa niebla, puesto que carecemos de unos objetivos comunes en materia de política energética. 
Unos pocos ejemplos me bastarán ya para demostrarlo. 
En efecto, hablamos continuamente y en términos absolutos de la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones. 
Sin embargo, a continuación se cita el ejemplo de la industria nuclear y todo el mundo olvida que ésta requiere igualmente, como es obvio, la importación de uranio. 
Hablamos sin parar de la eficiencia energética. Pero luego hacemos absolutamente lo contrario. 
Sólo quiero recordarles el programa SAVE. 
Hablamos sin parar de las energías renovables. 
En este contexto, yo sólo quisiera recordarles el caso del programa ALTENER. 
Éste se redujo a 22 millones de ecus para dos años, lo cual es francamente ridículo, mientras que desde hace quince años venimos desembolsando 250 millones de ecus anuales para la fusión. 
Seguimos diciendo que las energías renovables crean, además, muchos puestos de trabajo, que por otra parte son favorables para el medio ambiente, pero todo sigue igual. 
Lo que necesitamos es que se establezca finalmente un impuesto energético. 
Lo que necesitamos es que las energías renovables, la eficiencia energética se hagan finalmente realidad. 
Esto no puede hacerse con los pocos marcos que nos restan puesto que todo se gasta en la fusión. 
Además, también necesitamos urgentemente el poder de codecisión del PE y también deberíamos contar por fin con un capítulo separado dedicado a la energía. 
No tenemos nada de todo esto. 
Por lo tanto, sólo puedo acabar con las palabras de Brecht: pero las circunstancias son otras, pues el Consejo lo bloquea todo y mientras esto siga así no tendremos unos objetivos energéticos, sino que seguiremos esparciendo unos pocos recursos mientras dedicamos la totalidad de los fondos a la fusión, de la que sólo sabemos que quizás pueda empezar a generar energía en el año 2050 o el 2080 como muy pronto. 
Señor Presidente, comparto la desilusión general por que el Tratado de Amsterdam no aborde el asunto que debía, que era el de la inclusión de un capítulo sobre la energía. 
La Unión Europea comenzó con dos Tratados sobre la energía: la Comunidad Europa del Carbón y del Acero y el Tratado Euratom. 
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, aunque anacrónica y marcada por un Tratado enteramente de 1957, ha sido un impulso muy potente para una forma de energía: la energía nuclear. 
Si la UE tiene una competencia, se hacen cosas. 
Por lo que se refiere a Kyoto, sólo se pueden hacer tres cosas para disminuir las emisiones de CO2: una es recurrir a la energía nuclear, pero eso entraña muchos problemas y riesgos; en segundo lugar, utilizar la energía más racionalmente y, en tercer lugar, recurrir a las fuentes renovables de energía. 
Si tuviéramos un equivalente del Tratado Euratom- yo lo llamaría Tratado Eurrenuevo, un tratado sobre la energía renovable -, podríamos hacer algo. 
Contribuiría a que se hicieran cosas en Europa y aportaría considerable valor añadido a la labor de la Unión Europea en materia de energía. 
He de decir que la segunda parte de la conclusión 11 del Sr. Scapagnini me parece inaceptable, porque recomienda una ayuda suplementaria para la energía nuclear. 
Ésa no es la respuesta. 
También me ha decepcionado mucho lo que, según dicen, ha sido la reacción del Consejo de Ministros ante esta comunicación de la Comisión. 
Es una comunicación muy sensata. 
Expone con absoluta claridad la opinión de que, si se quiere hacer en serio lo que dijimos en Kyoto que haríamos, no se puede hacer sin un fundamento jurídico o sin contar con la competencia que se otorgó efectivamente cuando se inició la Unión Europea allá por el decenio de 1950. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Scapagnini, en su ausencia, por su sucinto informe. 
Establece unas orientaciones valiosas para nuestro examen de las propuestas sobre el marco energético que acaba de aprobar la Comisión. 
La verdad es que debemos colocar las cuestiones energéticas en un puesto más destacado del orden del día político. 
Debemos tener el mismo fundamento que el relativo al medio ambiente. 
La legislación debe estar sujeta a una votación por mayoría cualificada. 
El hecho es que el consumo de energía está aumentando. 
EN 1996, último año sobre el que disponemos de cifras, aumentó un 3 % a escala mundial y un 3, 6 % en la Unión Europea. 
El punto de partida debe ser un fortalecimiento del análisis de la demanda de energía. 
Si no se dispone de las cifras, no se puede establecer una política. 
Debemos examinar mucho más detalladamente el consumo por habitante, la intensidad de la energía, la intensidad de la electricidad y los combustibles primarios que estamos utilizando para la producción de electricidad. 
He de decirle, señor Presidente- aunque usted ya lo sabrá -, que el mercado liberalizado puede dificultarlo aún más que antes. 
Tenemos que centrarnos muy firmemente en la cuestión de la eficiencia energética: la eficiencia energética en materia de producción y de utilización. 
Si no resolvemos eso bien, todo lo demás de lo que hablamos quedará en agua de borrajas. 
Quiero señalar a la atención de Sus Señorías un factor que he indicado antes, durante el debate sobre el programa de investigación. 
Las empresas pequeñas son las que tienen la mayor dificultad para utilizar los recursos de que disponemos en el nivel comunitario. 
Me refiero a las empresas con menos de 50 trabajadores. 
Ése es un sector en el que tenemos que esforzarnos mucho más. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Ayudas a la construcción naval 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0377/97) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0469- C4-0526/97-97/0248 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento 3094/95 del Consejo y se vuelven a prorrogar las disposiciones pertinentes de la Séptima Directiva del Consejo sobre ayudas a la construcción naval. 
La prórroga misma de la Séptima Directiva relativa a ayudas estatales no constituye en sí misma problema alguno. 
Mi informe tampoco contiene ninguna enmienda. 
Hay acuerdo en el Consejo, estamos listos para la decisión definitiva. 
El que deseemos prorrogar la validez de la directiva viene dado por la falta de ratificación por los EE.UU. del acuerdo de la OCDE encaminado a la adquisición en el plano global de un conjunto de normas que limiten y supriman las ayudas estatales a la construcción naval. 
De ahí la propuesta de prorrogar la Séptima Directiva un año hasta el 31 de diciembre de 1998. 
En el caso de que los EE.UU. ratifiquen, la directiva se cancela. 
El hecho de que el objetivo principal siga siendo alcanzar amplios acuerdos globales está relacionado con la existencia de un exceso de capacidad de aproximadamente el 30 % y con el hecho de que las ayudas estatales en este contexto distorsionan la competencia. 
La postura está clara: debemos prorrogar la validez de la directiva. 
No obstante, al mismo tiempo podría ser pertinente preguntar a la Comisión hasta dónde se ha avanzado en relación con una posible ratificación por parte de los EE.UU.. 
¿Cuál es la posición de los EE.UU.? 
¿Qué sensación se tiene sobre el futuro del acuerdo? 
¿Cómo transcurren las negociaciones entre el gobierno de los EE.UU., el Congreso y la Comisión? 
Y- como novedad- ¿puede colaborar el Parlamento en la comunicación en torno a este problema? 
Con las iniciativas regionales de ayuda recién aprobadas en los EE.UU. el camino a una solución debe estar abierto. 
Con una parte muy pequeña del mercado mundial el problema de los EE.UU. debe ser quizá más de un carácter local y fundamental. 
Aquello en lo que estamos interesados en este nuevo año es por supuesto lo que sucederá si no se alcanza la adhesión de los EE.UU.. 
Sí, tenemos la propuesta de la Comisión de nuevas normas que debe someterse a lectura en el Consejo y en el Parlamento. 
Las palabras claves en este reglamento han de estar basadas en el acuerdo de la OCDE- llegue éste a algo o no- especialmente con vistas a la investigación y el desarrollo. 
La propuesta de la Comisión va con todo más allá, sin embargo, a ello volveremos por supuesto en 1998. 
Ya quiero indicar que la propuesta de ayudas regionales no tendrá mi apoyo. 
El propósito de la política europea de astilleros debe ser la supresión de las ayudas estatales y la transparencia, y aquí pienso en transparencia con relación a otras posibilidades de subsidios, por ejemplo, en forma de ayudas a I+D. Debemos perseguir este mismo objetivo en la OCDE. 
Como un pequeño paso adelante quiero indicar ya lo siguiente. 
Si no se lleva a cabo la política propuesta, esto implicará un aumento de las ayudas estatales globales. 
Es difícil retroceder hasta el punto de salida cuando se ha introducido antes algo nuevo. 
I.e. si la ayuda aumenta primero, suprimirla a continuación es difícil. 
De ahí que la base de una nueva política en el ámbito de los astilleros deba elaborarse cuidadosamente. 
Ya puedo anunciar que la industria no está satisfecha con la iniciativa preliminar de la Comisión. 
Espero seriamente que podamos alcanzar un diálogo sobre esto y que podemos discutirlo en el año venidero. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo quiero agradecerle al colega Sindal que haya manifestado claramente que la prórroga es aceptable, por lo tanto no voy a hacer una amplia exposición, sino que iré directamente al grano. 
Nosotros estamos de acuerdo con esta posición. 
Mientras Estados Unidos no ratifique el Convenio de la OCDE sobre la reducción de las subvenciones a la construcción naval vinculadas a los contratos y éste no pueda entrar en vigor, debemos velar por que los astilleros de la Comunidad tengan al menos alguna oportunidad frente a los astilleros altamente subvencionados de Asia, pero también frente a otros que tenemos cerca. 
Sin embargo, debemos procurar que si a la vez establecemos un tope máximo común, los Estados miembros también lo apliquen, de manera que no se conceda una subvención en un Estado miembro y en otro, en cambio, no, pues entonces el resultado sería una nueva distorsión de la competencia dentro de la Unión. 
Yo también comparto las ideas del colega Sindal en relación con el debate en previsión de que Estados Unidos siga negándose a ratificar el Convenio de la OCDE. 
La idea de la Comisión de presentar su propio régimen de subvenciones me parece adecuada en principio, pero deberíamos examinarla con mucho cuidado. 
Sí, Sr. Karel van Miert, ambos sabemos que debemos proceder con tiento, que las subvenciones siempre deben establecerse para un plazo de tiempo limitado y que deben ser regresivas. 
Éstos son los dos primeros principios. 
Sin embargo, permítanme que añada otros dos. 
Debemos velar por que las llamadas ayudas a la inversión, que ahora se prevé crear, no se confundan, se vinculen o se dupliquen con las ayudas para investigación y desarrollo. 
En segundo lugar, debemos velar por que las ayudas a la inversión no se vinculen a las zonas subvencionadas tradicionales en el marco de la ayuda regional. 
En ese caso, algunos astilleros quedarían excluidos, obviamente, aunque su situación competitiva sea mucho mejor que la de los demás, y éstos tendrían menos oportunidades. 
En este aspecto debemos sintonizar con el sector de la construcción naval. 
En tercer lugar, debemos velar por que las subvenciones sean lo más homogéneas posibles en toda la Unión, con objeto de evitar mayores distorsiones. 
El año próximo tendrá lugar, sin duda, un interesantísimo debate al respecto. 
Señor Presidente, coincido con el Sr. Sindal en que hace falta una prórroga de la Séptima Directiva. 
Es importante que no tengamos un período sin legislación en este terreno. 
Es completamente fundamental que los EE.UU. ratifiquen el acuerdo OCDE. 
Bien podría, como el Sr. Sindal, pensar oír lo que la Comisión hace para presionar al gobierno norteamericano y si la Comisión puede explicar hasta dónde han llegado los EE.UU. en sus propias consideraciones. 
En cambio, me preocupa mucho la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo sobre nuevas normas para ayudas a la construcción naval. Es simplemente inaceptable. 
El proposito de la Unión ha de ser suprimir las ayudas a la construcción naval. La propuesta de la Comisión sustituye una ayuda por explotación relativamente transparente hasta la fecha por formas de ayuda menos transparentes que favorecerán a algunos astilleros sobre otros. 
La construcción naval debe prepararse para sobrevivir sin ayudas. 
Naturalmente volveremos a esta propuesta más adelante, sin embargo, por de pronto puedo decir que no me gusta. 
Comprendo el argumento de la Comisión sobre la necesidad de disponer de normas claras y no ir a parar a un vacío, en el caso de los EE.UU. no ratifiquen. 
Si los EE.UU. no ratifican el acuerdo OCDE, otros países quizá comenzarán a poner en práctica políticas de distorsión de la competencia. 
De ahí que vosotros- y especialmente, usted, Sr. van Miert- debáis utilizar todas vuestras fuerzas y poder en presionar al Congreso norteamericano para que ratifique el acuerdo OCDE antes de finales del año próximo. 
Señor Presidente, apruebo el reglamento que se ha propuesto y el informe de nuestro colega Sindal, pero me preocupan las recientes orientaciones de la Comisión. Esta anticipa la aplicación del acuerdo OCDE de 1994 proponiendo prohibir las ayudas del Estado a partir del 2001. 
Los Estados Unidos no dejarán de interpretar esta señal de Bruselas como un estímulo para no ratificar el acuerdo OCDE. 
La Comisión nos ha habituado a hacer concesiones unilaterales. 
Éste fue el caso para la agricultura en el marco de los acuerdos del GATT, para la aeronáutica en el asunto de la fusión Boeing-McDonald Douglas. 
Hoy, esta complacencia constituiría un nuevo golpe a los astilleros europeos, que sufren graves dificultades. El número de trabajadores ha pasado de 280.000 a 80.000 en veinte años, y muchos astilleros han cerrado. 
Frente al dumping social de algunos países terceros, es preciso mantener las ayudas actuales en un sistema que permita favorecer la adquisición de buques construidos en los astilleros europeos. 
Por ahora, ¿no sería necesario renegociar también el acuerdo OCDE, y considerarlo nulo si los Estados Unidos no lo ratifican de aquí a finales de 1998? 
Señor Presidente, hasta 1970 mi país, Suecia, había sido una de las grandes naciones constructoras de navíos de Europa. 
Ya no lo es. 
En Suecia ya casi no hay empresas navales; sólo quedan algunos astilleros para la reparación de grandes buques. 
Naturalmente, existen varios motivos. 
Uno es que hemos tenido mucha competencia procedente de otros países, llevada adelante a base de ayudas estatales, de manera que Suecia no ha podido conservar sus astilleros. 
Por eso el Convenio de la OCDE de 1994 nos dio muchas esperanzaas en el sentido de que, con unas condiciones de competencia más justas a nivel global, cuando se tuvieran que construir buques de nuevo tonelaje, podríamos competir de nuevo. 
Por eso es tan deplorable que este acuerdo, que podría habernos dado a todos unas condiciones bastante equitativas con respecto a la competencia, aún no haya entrado en vigor. 
Naturalmente, apoyo el informe del Sr. Sindal, que se basa en que, tan pronto como Estados Unidos ratifique el Convenio, también deberá respetarlo la UE. 
Hasta entonces, sin embargo, es razonable que se continúe con una cierta ayuda estatal para que la industria no desaparezca. 
Mi partido ha propuesto también en Suecia que se concedan de nuevo ayudas estatales limitadas a la construcción naval para así tener las mismas condiciones que en otros países. 
Por consiguiente, voto en favor del informe. 
Quisiera empezar agradeciendo al Sr. Sindal y también a la comisión por la rapidez con que ha emitido este dictamen, porque debemos tomar una decisión acerca de la prórroga de esta séptima directriz antes del final de año. 
Había confiado en no tener que debatir ya al respecto y habría podido ser así si los Estados Unidos hubieran ratificado finalmente el acuerdo de la OCDE. 
Ellos son los únicos que no lo han hecho. Tampoco es culpa mía, y he de decir a la Sra. Riis-Jørgensen que el comisario para los asuntos de competencia puede intentar hacer muchas cosas, pero hay una cosa que todavía no puedo hacer: obligar al Congreso norteamericano a ratificar un acuerdo. 
Aún no puedo hacer eso, todavía no he llegado tan lejos. Puedo ponerme a reflexionar sobre la manera en que quizá pudiera realizarlo en el futuro, pero por el momento me temo que aún no podré darle ninguna satisfacción. 
Por lo demás, también quisiera rogar, damas y caballeros, que hagamos una diferenciación entre aquello de lo que tratamos hoy y aquello de lo que hablaremos dentro de poco, es decir, un debate sobre lo que vendrá después. 
Porque ésta es una prórroga de un año hasta el final del año que viene, y si los Estados Unidos, entre tanto, siguen sin ratificar el acuerdo de la OCDE, entonces tendremos que hablar de una nueva regulación, para la que la Comisión también ha hecho propuestas. 
Se puede pensar lo que se quiera, pero a su debido tiempo sería para mí un placer comparecer ante ustedes- no sólo en la comisión, sino también en la sesión plenaria- para discutir sobre ello. 
Pero hoy ya he recibido un adelanto de ese debate. 
Unos piensan que las subvenciones deben suprimirse tan pronto como sea posible. He oído entre otros al estimado colega Querbes, éste quiere que continúen hasta el infinito. 
Pero quiero recordarle que en los años que van desde 1990 hasta 1995 se han gastado en la Unión Europea cinco mil millones de ecus en ayuda estatal a la construcción naval. 
Por lo tanto, aquellos que afirman que a este respecto la Unión Europea no ha seguido una política amplia para intentar ofrecer la posibilidad de que se adapten a nuestros astilleros, no saben de lo que hablan. 
Por otra parte, he de decir al Sr. Querbes que estoy en total desacuerdo con él, también en lo referente a Boeing, pero yo no tengo la culpa de que algunos en Francia presenten el asunto de manera totalmente equivocada. 
Todo el mundo aquí en el Parlamento lo sabe mucho mejor que el Sr. Querbes. 
Por eso también quiero hacer caso omiso sin más a lo que usted ha dicho, porque si se está tan apartado de la verdad tampoco es culpa mía. 
Quisiera concluir citándoles para el próximo debate y, ya lo he indicado, espero con gran alegría ese debate, porque creo que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo con las propuestas que ha fijado para poder alcanzar una solución por la que la ayuda estatal- en principio sujeta a contrato, es decir, la ayuda operacional- se suprima de manera efectiva lo más tardar en el año 2000. 
Si hay una mayoría en el Consejo de Ministros para llevarlo a cabo antes no será ningún problema para la Comisión. 
Por otro lado, también queremos ofrecer mañana la posibilidad a nuestros astilleros de poder hacer, en efecto, lo necesario en materia de innovación, investigación y desarrollo y modernización de los mismos y para ello, si fuera necesario, también poder reclamar ayuda estatal, porque nosotros como Comisión Europea- y yo hablo sólo por mí, sino también por el Sr. Bangemann y por el consejo como tal- deseamos ofrecer tantas posibilidades como sea posible a los astilleros, también en el futuro y cuando la ayuda a las empresas ya no sea posible, porque Europa debe estar también segura en el futuro de que mantenemos suficientes astilleros, también por otros objetivos diferentes a los puramente económicos. 
Aquí quiero dejarlo, Presidente, pero una vez más, estoy muy impaciente por el próximo debate que tendremos sin duda dentro de un par de meses. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Servicios de Interés General en Europa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0357/97) de la Sra. Billingham, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la comunicación de la Comisión sobre «Los servicios de interés general en Europa» (COM (96) 0443- C4-0507/96). 
Señor Presidente, hace casi un año que comencé este informe. 
Con vistas a la obtención del consenso sobre esta compleja cuestión, he celebrado amplias consultas en toda la Unión y he aceptado propuestas de todos los sectores de esta Asamblea. 
El informe es una respuesta a una comunicación de la Comisión que adopta- acertadamente- como parte de su tema la idea de que los servicios de interés general son una característica fundamental del modelo europeo de sociedad. 
Mi investigación lo confirma. 
La cuestión no es cómo se prestan los servicios. 
Lo que cuenta es la calidad del servicio. 
En toda Europa se prestan los servicios de muy diversas formas. 
Se prestan en régimen de monopolio y en situaciones competitivas, por empresas privadas, organismos públicos o sociedades público-privadas. 
Pero lo que importa a los consumidores es el producto y no el proceso. 
Mi informe se centra en los servicios económicos públicos que suministran bienes comerciales o- con mayor frecuencia- prestan servicios remunerados. 
Este informe se basa en la idea de una Europa de los ciudadanos en la que la cohesión social y el crecimiento económico dependen de la prestación de servicios de calidad en toda la Comunidad. 
Europa ha sido fuerte en el comercio y en la industria y ha estado sesgada a favor del mundo de los negocios, pero ha sido más débil en el apoyo a sus ciudadanos. 
Los servicios públicos tienen una historia ilustre y son valorados por los ciudadanos, pero los criterios varían. 
Debemos eliminar algunas de esas discrepancias y aplicar un programa de mejoras sistemáticas en todos los sectores específicos de los servicios públicos. 
En el informe se reconoce el papel primordial de los Estados miembros a la hora de definir los servicios públicos y que a la Unión Europea corresponde el papel secundario de fijar el nivel mínimo de servicio, un servicio universal, ejemplos del cual se han aceptado ya en los servicios postales, la radiodifusión y la teledifusión y las telecomunicaciones. 
He individualizado tres sectores importantes en los que la UE puede desempeñar un papel destacado. 
En primer lugar, debemos disponer de una definición clara de los servicios que quedan dentro del sector de interés general. 
En segundo lugar, ha de haber una especificación de los servicios básicos universales con los que todo ciudadano debe poder contar. 
En tercer lugar, tiene que haber un reglamento que garantice la prestación uniforme en todo el territorio de la UE de los niveles de servicio especificados. 
La UE debe desempeñar un papel supervisor para velar por que exista un nivel uniforme en las reglamentaciones nacionales. 
La pésima ejecutoria de mi país- de privatizaciones mal gestionadas- es un aviso para el resto de la Unión del que se desprende una enseñanza útil. 
He utilizado las experiencias de los Estados miembros, la comunicación de la Comisión, la propia Comisión y muchas opiniones útiles y el asesoramiento recibido de colegas, organizaciones, representantes e interesados para llegar a mi conclusión. 
El informe que Sus Señorías tienen hoy ante sí acoge con beneplácito el nuevo artículo 7 D y pide su aplicación y la adopción de otras medidas. 
En primer lugar, pido una carta de principios: principios para un servicio de intereses económicos que debe formular la Comisión; en segundo lugar, exijo un examen democrático minucioso de la actividad de la Comisión en esa esfera que se debe llevar a cabo en el Parlamento en forma de un observatorio. 
En el informe se pide también que la Comisión publique libros blancos y verdes en los que exponga un plan cronológico para la plasmación en medidas concretas de los objetivos del Tratado y de la carta y también se pretende que se atribuya a uno de los Comisarios y una de las Direcciones Generales de la Comisión un cometido especial en materia de servicios públicos y que las comisiones parlamentarias reciban información específica sobre esa esfera. 
Este informe ha sido un ejemplo excelente de la colaboración entre todos los sectores del Parlamento para producir un documento- espero- acertado. 
Expreso mi agradecimiento a los colegas por ello. 
Si mañana logramos aquí un consenso para la votación, haremos historia. 
Será la primera vez que el Parlamento haya logrado una posición común sobre los servicios públicos. 
Espero que podamos hacerlo. 
Si lo hacemos, enviaremos un mensaje claro a la Comisión y al Consejo, en el sentido de que el Parlamento está unido en su determinación de demostrar que ésta es en verdad una Europa de los ciudadanos, una Europa que trabaja para mejorar la vida de sus ciudadanos y una Europa que está decidida a lograr un futuro más justo y cohesionado para todos sus ciudadanos. 
Señor Presidente, en esta comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general se da cuenta de los objetivos futuros de abrir unos sectores protegidos o monopolios a la competencia, al tiempo que se procura que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de interés general en igualdad de condiciones y a unos precios razonables, lo cual es excelente. 
Pienso que existe un rasgo recurrente en la comunicación de la Comisión, con el que finalmente también creo que ha coincidido la Sra. Billingham, y es que es preciso reconocer la diversidad de la dimensión de los servicios y de las diversas organizaciones de los respectivos Estados miembros, que existen grandes divergencias en base a distintas tradiciones, distintos métodos, además de que es necesario admitir el principio de subsidiariedad y de que son los Estados miembros los que deciden, concretamente si son las empresas privadas o las públicas las que van a cubrir un servicio concreto, además de que, por decirlo de algún modo, han de concederse derechos especiales siempre y cuando la empresa se mantenga dentro de la legislación en materia de competencia. 
Es excelente lo que se propone en torno a un debate bajo la modalidad de un Libro Verde. 
Yo creo realmente que es necesario un debate social muy amplio sobre el tema. 
Y nos llevará tiempo, porque esto no es algo que pueda realizarse con rapidez. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo opina además que han de llevarse a cabo unas descripciones de las repercusiones de la liberalización de los servicios de interés general, con el fin de ver las consecuencias que ello genera en términos de seguridad social, empleo y medio ambiente, y también las consecuencias que tiene para las regiones periféricas. 
Las experiencias llevadas a cabo en Suecia, Finlandia y Gran Bretaña, donde este tipo de desregulaciones se han aplicado a numerosos sectores, demuestran que existen efectos positivos y negativos, y que hay que tener en cuenta también la necesidad de unas regulaciones claras socialmente motivadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión presenta en su comunicación un modelo económico abierto y un aprovechamiento de la dinámica del mercado en la prestación de los denominados servicios de interés general. 
En opinión de la Comisión de Política Regional, este principio es merecedor de nuestro apoyo a condición de que se dote al procedimiento de aplicación de un equilibrio entre la competencia del mercado y la garantía de los servicios. 
La aplicación errónea de una libre competencia sin limitaciones y medidas específicas pondrá en peligro la disponibilidad de todos los servicios básicos necesarios, especialmente en las regiones periféricas y de escasa densidad de población. 
Por otro lado, no se debe recurrir a la legislación relativa a los servicios de interés general para mantener situaciones de monopolio por parte de los proveedores de los servicios. 
En un entorno en permanente transformación existe la necesidad de desarrollar los servicios generales y su eficacia. 
La calidad de los servicios y la compatibilidad de las necesidades particulares de las personas con las necesidades de la comunidad revisten una importancia aún mayor. 
Por todo ello, al definir los servicios universales, no se debe emprender una política particular de carácter paneuropeo, sino que, por el contrario, habrá que determinar las responsabilidades de la prestación de servicios y las modalidades de actuación en los planos nacional y regional y, a menudo, también local. 
Los aspectos que mejor se prestan para ser definidos a nivel comunitario son los principios relacionados con la seguridad y la justicia. 
La Comunidad podría requerir también el establecimiento de principios nacionales y la aplicación del principio de igualdad entre las regiones y los ciudadanos. 
Un principio fundamental en materia de igualdad es la fijación de aquellos precios que pueden ser objeto de grandes diferencias en un sistema sometido totalmente a las leyes del mercado. 
Entre los servicios básicos, como los servicios postales, continúa estando justificado el cumplimiento del principio de «igual precio para todos». 
La Comisión de Política Regional hace hincapié en que la liberalización de los servicios de interés general a la libre competencia del mercado podría poner en peligro en cualquier región de la Unión Europea la disponibilidad de los servicios definidos como básicos. 
En las regiones periféricas, los servicios subvencionados y de carácter público representan en muchas ocasiones la única alternativa posible, tal como ocurre con la organización del transporte público. 
En primer lugar quisiera felicitar a la ponente, la Sra. Billingham. 
El informe que hay actualmente sobre la mesa es, como ella misma decía, más que un compromiso, es una base que toma en consideración el comunicado de la Comisión, con la que podemos seguir avanzando. 
Pero, como dice con razón: it is the quality that counts; creamos un producto para los consumidores. 
Eso significa que debemos ver ese servicio universal, en efecto, para el público en su generalidad y no, como algunos piensan, que los servicios públicos están ahí para los empleados. 
Están ahí para el público. 
Ahora le toca a la Comisión poner un gran número de definiciones, porque se puede escribir de manera muy bonita en el comunicado: el interés general. Pero el interés general es un concepto elástico y es interpretado por cada uno mal o bien, pero en cualquier caso de manera distinta. 
Daré dos ejemplos sacados de los servicios de transportes. 
Primer ejemplo: la dirección de servicios de tráfico aéreo, durante años en manos nacionales, mala colaboración, originando todo tipo de obstáculos en el tráfico aéreo europeo. 
Eso significa que por supuesto debe haber una dirección para llegar a un servicio común. 
Nombraré otro ejemplo, y lamentablemente no puedo decir de mi resolución de la Comisión de Transportes y Turismo lo que pude decir de la Sra. Billingham, que cuanto más se trabajaba mejor era. En esta comisión era más bien peor. 
Cuando me fijo en los servicios de correos- ya hablamos de ello ayer por la tarde- no puedo ver allí lo que ahora realmente debe ser un servicio universal. 
El transporte ferroviario, un típico ejemplo de cómo un monopolio lleva al impedimento del mercado interior. 
En eso debe intervenir la Comisión. 
Estamos de acuerdo con las excepciones a la regla del mejor servicio para el consumidor en lo referente a territorios periféricos e islas, pero en cualquier caso tenemos que ir aún muy lejos y deliberar mucho antes de llegar a los servicios reales de interés general en toda Europa con los principios del artículo 7 D del antiguo Tratado. 
Señor Presidente, como todos los aquí presentes esta noche, he de acoger con beneplácito el informe de la Sra. Billingham. 
Ha hecho una gran aportación en él y ha examinado minuciosamente todas las cuestiones, por lo que se trata de un informe extraordinariamente equilibrado y razonable como respuesta al Libro Blanco de la Comisión. 
En ese marco, respecto del Libro Blanco, deseo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, señalar a la atención de sus Señorías lo siguiente. 
Si bien la Comisión señala en el Libro Blanco que los consumidores pueden beneficiarse de la liberalización de los servicios públicos, ese mismo proceso hará que en algunas regiones periféricas y allí donde no haya posibilidad de obtener beneficios con ese servicio la liberación pueda dar como resultado que los servicios sólo estén disponibles a un precio que excluya a muchos consumidores o simplemente puede ocurrir que no haya servicio alguno. 
Por esa razón hay que reconocer la importancia y la necesidad, al menos en principio, de un nivel universal de servicio. 
En la Unión Europea se debe formular el principio del servicio universal en el marco de los Tratados y en particular con arreglo al artículo 129. 
Al mismo tiempo, se debe proteger el principio del servicio público mediante garantías de la representación de los consumidores y la asequibilidad de dichos servicios. 
Debemos reconocer el derecho del público y de los diferentes Estados miembros a la prestación de servicios públicos en forma flexible y variable y a que puedan prestarlos muy diferentes empresas, respetando, sobre todo, creo yo, los métodos tradicionales existentes en los diferentes Estados miembros. 
La diversidad es algo que debemos seguir respetando. 
Si seguimos utilizándolos positivamente, los servicios públicos pueden contribuir a la aparición de nuevas industrias ambientalmente inocuas y al desarrollo de nuevos sectores de la economía mixta, que crearán nuevos puestos de trabajo. 
Por esa razón propongo que consagremos un lugar especial en los Tratados a los servicios públicos de interés común, velemos por que estén protegidos de la aplicación más rigurosa de la política de competencia y por que en el futuro los ciudadanos tengan el derecho, como mínimo, a un nivel garantizado de servicios públicos para mantener la solidaridad en toda la Unión. 
Señor Presidente, los servicios de interés general son necesarios e importantes en Europa. 
Son importantes para las personas de las zonas apartadas, alejadas de los centros económicos urbanos, que también necesitan disponer de una infraestructura operativa que les abastezca de importantes productos de primera necesidad, como el agua, energía eléctrica, gas, etc. Estos servicios también son importantes para el funcionamiento de una infraestructura de transporte y para una infraestrucura operativa en el ámbito de las modernas tecnologías de la comunicación. 
Esto incluye no sólo el correo convencional, sino también la telefonía sin hilos, internet y otros medios. 
Para la Comunidad, y en este sentido también para todos nosotros, es importante, sin embargo, que todos estos servicios se ofrezcan en el marco del sistema económico que caracteriza globalmente a nuestra Comunidad, esto es, en el marco de un régimen de competencia que también sea digno de tal nombre. 
Ciertamente no ha sido sencillo conciliar ambas posiciones. 
Quizá sea un poco exagerado y presuntuoso hablar en este caso de la cuadratura del círculo, pero aun así debemos felicitar a la Sra. Billingham porque finalmente ha conseguido elaborar un texto que en su mayor parte suscita consenso. 
Los temas institucionales han ocupado, naturalmente, el primer plano en las consideraciones de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
En este sentido, estamos en gran parte de acuerdo con el proceso que ha seguido el debate del Informe Billingham en sus diferentes etapas. 
Se han introducido muchas modificaciones, muchísimas de ellas favorables. 
Por todo lo cual yo reitero mi sincera felicitación. 
Reconozco, claro está, que seguimos teniendo algunos reparos, por ejemplo por lo que se refiere al carácter jurídico de una Carta especial de principios para este tipo de servicios. 
También seguimos teniendo fuertes reparos contra las competencias institucionales que se mencionan en el apartado 12 del informe, a pesar de que ya se han introducido claras mejoras en este contexto con respecto a los precedentes del informe y del proyecto de informe. 
Yo desearía que pudiésemos alcanzar conjuntamente un buen resultado sin necesidad de incluir el citado apartado 12 en el informe. 
Si esto fuese posible habríamos conseguido completar un producto del esfuerzo común del que muchos miembros de esta Asamblea podrían enorgullecerse justificadamente y el cual cabe esperar que en último término también redundaría en favor de los ciudadanos de la Comunidad. 
Entonces, si todo va bien, podremos contar con unos auténticos servicios de interés públicos en la Unión Europea, con los que podríamos estar de acuerdo tanto en el aspecto formal como de contenido. 
Señor Presidente, el documento de la Sra. Billingham es bienvenido ya que, una vez no hace hábito, permite al Sr. Herman y a mí mismo estar de acuerdo sobre el mismo texto, sin duda por razones algo diferentes. 
Esto no nos ocurría desde hace mucho tiempo en materia de servicios públicos. 
Además, es la conclusión de una evolución iniciada en septiembre de 1996 con la comunicación de la Comisión. Esta ponía fin a un largo período de diálogo de sordos entre, por una parte, la Comisión que pretendía imponer su política en materia de telecomunicaciones y, por otra, el Parlamento que quería frenar a cualquier precio esta ola un poco insensata de liberalización descontrolada. 
Esta liberalización hemos comenzado a controlarla más, sobre todo en los debates y discusiones relativos a las directivas sobre la energía, la electricidad, el gas y, finalmente, los servicios de correos. 
La Comisión ha constatado entonces que el mundo no era bipolar, que no estaban por una parte, los hombres y mujeres del pasado que defendían los servicios públicos y, por el otro, los del futuro, planteando la liberalización sino que, juntos, trabajábamos por la realización del mercado interior que no tenía sentido ni futuro más que si se basaba en un justo equilibrio y en la complementariedad de la defensa del interés general con respecto a la competencia. 
Como nos habíamos comprometido en un proceso de conferencias intergubernamentales, unos y otros hemos concedido mucho interés a las modificaciones del Tratado. 
Muchos de nosotros, incluso la mayoría del Parlamento, hubiéramos deseado que se revisase en parte el artículo 90.2 que parecía hacer de los servicios de interés económico general la única excepción a la competencia. 
Hubiéramos preferido desarrollar esto. 
Por otras razones la Comisión era mucho más reticente a cualquier modificación del artículo 90, que es un artículo esencial para ella. 
Finalmente, el Tratado de Amsterdam ha dado luz a este artículo 7.2 que, sin duda, no llega muy lejos ni es muy revolucionario, pero afirma con todo la legitimidad de los intereses económicos generales de forma diferente que como excepciones a la competencia. 
Sólo por eso, el Tratado de Amsterdam constituye un giro importante en el plano jurídico, confirmado por una serie de sentencias del Tribunal, la sentencia Corbeau y la sentencia d ' Almelo, así como la sentencia relativa al monopolio de importación del gas, para el cual el Tribunal de Justicia ha definido un planteamiento que ya no era necesariamente el planteamiento rígido y algo dogmático que tenía a veces y que, hay que decirlo, era el de la DG IV. 
Señor Comisario, y no le hago este cumplido porque sea usted compatriota, debo reconocer que no solamente ha evolucionado bien sino que ha trabajado bien para mejorar la importancia y el trabajo de la Comisión en materia de interés económico general. 
La comunicación es un elemento. 
El informe Billingham le indica hoy que será necesario llegar más lejos por medio de un libro verde, de un libro blanco; que será preciso definir mejor lo que se entiende por misión de interés económico general, al igual que será necesario concretar la noción de servicios de interés general de forma diferente a una concepción puramente de defensa del consumidor. 
Nosotros no somos solamente consumidores. 
Los debates recientes sobre la noción de servicios universales en el seno del Consejo «telecomunicaciones» han sido muy reveladores en este sentido. 
Como conclusión, planteo apoyar decididamente el excelente informe de nuestra colega Billingham y, sobre todo, impulsar la elaboración de un libro verde y de un libro blanco para dotarnos verdaderamente de una buena concepción y de una buena legislación en materia de interés económico general. 
Señor Presidente, sin duda nuestra amiga Angela Billingham ha necesitado mucha perseverancia y valor, incluso en su propio partido, para llegar a un texto que reúne un amplio consenso, aunque no alcance sin embargo el 100 % como tendremos ocasión de ver. 
El debate se ha visto contaminado por tres elementos. 
En primer lugar, la mayor parte de nuestras discusiones sobre los conceptos de servicio de interés general, servicio público, sociedad de derecho público o empresa pública, y de servicio universal se han visto marcadas por una gran confusión. 
Se ha hecho una sopa extraordinaria, cada cual intentando conseguir las mayores ventajas para la causa que defendía. 
El segundo elemento que ha perturbado el debate es, evidentemente, la utilización que se hace de algunos monopolios de esta confusión, ya que se veían amenazados por su posición privilegiada. 
Finalmente, en algunos países, y es el tercer elemento de contaminación, el problema del servicio público ha alcanzado una dimensión teológica. Ya no podía intervenir ningún elemento racional o económico. 
Era el Estado, en todo su esplendor, el que debía encarnar el interés general, y todo lo que era mercado era sospechoso. 
Teología al abrigo de la cual se desplegaban algunas aventuras extraordinarias. 
Hemos visto como algunos servicios públicos conjugaban al mismo tiempo huelgas permanentes y déficit monstruosos. 
Al ejercer así un chantaje sobre la sociedad, se creaban ventajas, prebendas y privilegios extraordinarios. 
Otro punto ha hecho más difícil el debate. Para algunos, se trataba de reducir los poderes de la Comisión. 
Nuestro amigo Desama habla de carga de caballería. 
Pues bien, debo decir que afortunadamente ha tenido lugar en las telecomunicaciones ya que, a pesar de esta carga de caballería, llevamos diez años de retraso, señor Desama, diez años de retraso con relación a los Estados Unidos, en una serie de nuevos servicios en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Lo único que lamento es que la carga sólo se haya hecho con caballos ya que hubieran sido necesarios carros de combate. 
Esto es lo que sería preciso para romper las resistencias de los conservadores en la mayoría de los países. 
Además, los conservadores no siempre son los que creemos. 
Actualmente tienen nariz postiza de progresistas. 
Dicho esto, quisiera volver al texto mismo, ya que estamos de acuerdo en lo esencial. 
Hemos presentado enmiendas únicamente sobre dos puntos. 
Profundizaremos y apoyaremos una enmienda de los socialistas, la enmienda 4 sobre el párrafo 8. 
No intentaremos llegar más lejos en el Tratado, no se hagan ilusiones. 
Creemos que, antes de llegar más lejos, es preciso analizar con objetividad los pros y los contras sobre la base de los números y no sobre otras bases. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito este debate y con el mayor beneplácito la comunicación de la Comisión en que se basa. 
Ha sido una aportación muy útil en el sector de los servicios de interés general, al intentar delimitar parte del territorio y señalar lo que es apropiado para la Unión Europea. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial tuvimos un debate muy difícil al respecto, por lo que felicito a la ponente por procurar lograr un consenso, que permitirá- estoy seguro- la aprobación del informe aquí con una gran mayoría. 
Ha hecho una labor muy positiva. 
La gran preocupación que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas ha aportado a este debate ha sido la de velar por que podamos proteger una diversidad idónea. 
Tenemos experiencias regionales diferentes, tenemos necesidades y capacidades diferentes, tenemos sectores diferentes desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y la importancia de dicho desarrollo según los sectores y el presente informe, mediante el marco hipotético y la concepción que establece, permite una reflexión sobre la diversidad y su aprovechamiento. 
También es importante que evitemos un excesivo horizontalismo al plantear este asunto y creo que el primer borrador que examinamos al principio tal vez adoleciera excesivamente de ello. 
Sin embargo, en esta ocasión aborda algunas de las cuestiones generales muy importantes, pero no excluye la posibilidad de que caso por caso, sector por sector, podamos desarrollar el análisis de forma apropiada, cosa que acogemos con beneplácito. 
En el Grupo Liberal hacemos mucho hincapié- y tengo el gusto de decir que la ponente va aceptar nuestra única enmienda a este informe- en recordar la necesidad, a medida que desarrollamos nuestra tesis sobre la universalidad del servicio, la calidad del servicio y demás- y se trata de cuestiones muy importantes -, de no abandonar nuestro compromiso- y, de hecho, la disposición del Tratado al respecto- de tener en cuenta la competencia. 
Es muy importante desde el punto de vista del mercado en el que nos encontramos, porque el consumidor moderno del servicio público quiere calidad, posibilidad de elección y precio razonable y la competencia es el mejor medio para garantizarlo, sea cual fuere la forma de la propiedad. 
Este informe no lo descarta, por lo que lo acojo con beneplácito. 
Señor Presidente, según el informe de la Sra. Billingham, los servicios públicos son actividades económicas consideradas vitales para los ciudadanos y para la sociedad como un todo. 
Lo que quiere decir que su ámbito no se debe limitar- y ya sería algo- a servicios de distribución de energía y agua, telecomunicaciones, transportes y servicios postales. 
Comprenden también otras actividades que, por satisfacer asimismo necesidades esenciales y contribuir a la cohesión económica y social, se deberán garantizar de forma continua y con igualdad para todos, independientemente de criterios de rentabilidad económica y financiera. 
Garantizar un conjunto de requisitos al servicio público a fin de que sus bienes y productos estén accesibles para las poblaciones y regiones menos favorecidas es su razón de ser, consagrada, por lo demás, en Amsterdam. 
Y conviene recordar que en Portugal, por ejemplo, la liberalización de las telecomunicaciones y la privatización de su empresa principal provocó un aumento de los precios para quienes más carecen del servicio público en nombre de la rentabilidad económica y de la competitividad al servicio de quienes, ilegítimamente, necesitan hacer llamadas a larga distancia. 
A pesar de que se considera que ciertos servicios deberían seguir siendo estatales, la cuestión de la propiedad no debe ser condicionante. 
Lo que importa es el servicio en sí mismo. 
No obstante, ponemos en tela de juicio que las empresas privadas reciban ayudas estatales para mantener requisitos del servicio de cuya privatización se hayan beneficiado. 
En el ámbito de la garantía de los derechos de los consumidores, también propugnamos como indispensable la consulta de organizaciones de los trabajadores de los sectores afectados por la liberalización. 
Se debe reglamentar el marco de esas actividades y a este respecto está justificada una referencia al principio de subsidiariedad y a su significado etimológico. 
Es verdad que algunos constructores de esta Unión Europea procuran cambiar los nombres de algunas actividades y también modificar conceptos que perturban sus presupuestos ultraliberales. 
Desde que se inició el proceso de liberalización y de privatización de sectores que prestaban servicios públicos se ponen encima de la mesa términos y expresiones tales como «servicio universal» y «servicio de interés general» , pero no se ha borrado la expresión y el concepto de «servicio público» , incluido en el propio Tratado, por lo que insistimos en esa designación reforzando su concepto. 
El informe de la Sra. Billingham expresa nuestras preocupaciones. 
Felicitamos a esta colega y esperamos que acepte nuestras enmiendas, lo que contribuiría al voto favorable que deseamos dar a su informe. 
En defensa de los servicios públicos y del servicio público. 
Señor Presidente, es discutible la naturalidad con que se plantea en el documento de la Comisión y en el informe de la colega Billingham que la Unión Europea debe tener competencias con respecto a los servicios de interés general. 
La inclusión del artículo 7 D en el Tratado de Amsterdam puede haberse recibido con júbilo, pero si la descripción del concepto «servicios generales» sigue quedando extremadamente vaga tras muchos esfuerzos, las competencias europeas quedan en el aire. 
¿Cómo se llega a un acuerdo acerca de las normas mínimas sin evitar que el nivel medio de la prestación de servicios en Europa salga perdiendo? 
Dudo mucho de que el enfoque aquí presentado nos lleve a mejores servicios frente a unos precios de venta al público más bajos. 
Según el principio de subsidiariedad, las competencias más importantes deberán quedar en manos de los Estados miembros. 
Sólo los servicios generales con una clara dimensión internacional necesitan normas mínimas a nivel europeo. 
Por ello, un pacto es un medio demasiado duro e inadecuado. 
La realización de un pacto así requerirá probablemente muchísimo tiempo, porque no hay ningún acuerdo acerca de una definición clara de servicios de interés económico general. 
No se puede negar que estos servicios contribuyen a la cohesión social y económica, pero la solidaridad recíproca en pro de las regiones más débiles deberá conformarse en primer lugar dentro de los Estados miembros de la Unión antes de que se den iniciativas y aportaciones complementarias de los fondos europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega la Sra. Billingham. 
Como han dicho muchos oradores, éste es un informe equilibrado, innovador y- me atrevo a decir- apasionante por lo que se refiere a los ciudadanos europeos. 
¿Por qué? 
Porque procura abordar en realidad las necesidades de nuestros ciudadanos de forma muy directa. 
Por una vez la Unión Europea dice «nos preocupamos por ustedes» y que los servicios generales que reflejan los valores de la comunidad y atienden las necesidades del público son importantes y que la Unión no puede estar entregada exclusivamente al economicismo. 
Dice también algo absolutamente decisivo para una democracia liberal: que los servicios generales forman parte de la infraestructura de los ciudadanos. 
Como pueden imaginar Sus Señorías, quiero hablar de la radiodifusión y la teledifusión de servicio público, porque forma parte en gran medida de la infraestructura de los ciudadanos. 
No debemos perderla por la cuenta que nos tiene. 
Es lo que podríamos llamar un bien de interés social, término muy importante y con frecuencia olvidado. 
No se puede calibrar desde el punto de vista normal del mercado. 
Las normas de la competencia no son aplicables de la forma normal. 
A este respecto discrepo de algunos de mis colegas esta noche. 
La competencia descarnada en la radiodifusión y la teledifusión ya ha demostrado a dónde conduce. 
Acabaríamos, pura y simplemente, con una dieta de deportes, películas americanas y programas de entrevistas. 
Los Estados miembros lo reconocieron durante las negociaciones en la conferencia intergubernamental. 
A consecuencia de ello, tenemos algo muy interesante: un protocolo sobre la difusión de servicio público anejo a los Tratados en el que se dice que la difusión de servicio público es una parte inapreciable de la democracia. 
Pero, ¿qué ha ocurrido? 
Recientemente hemos visto un Libro Verde sobre la posible convergencia entre la telecomunicación, la radiodifusión y la teledifusión en el que la Comisión- o algunos elementos de la Comisiónno han reconocido, lamentablemente, ese aspecto. 
Algunas televisiones comerciales pueden prestar servicios públicos. 
Pero, si tomamos el ejemplo de la BBC- disculpen Sus Señorías mi patrioterismo momentáneo -, constituye un ejemplo de una particular ecología en materia de teledifusión a la que los ciudadanos tienen- estoy convencido- derecho. 
Es una televisión que pone el interés público por delante, no los intereses de los publicitarios o de los accionistas. 
Tiene libertad para emitir. 
Es para todos y cada uno de los ciudadanos en sus intereses mayoritarios y minoritarios, da noticias e información independientes e imparciales, programas educativos y- lo que es muy importante- facilita el conocimiento y la comprensión mutuos de los que depende nuestra democracia. 
Por último, estamos deseosos de que exista una carta que enuncie el derecho básico a la radiodifusión y la teledifusión de servicio público y los demás servicios mencionados esta noche. 
Contribuirá mucho a la popularidad de la Unión Europea, cuando reconozca que el agua no es un reloj de pulsera, el fax no es una película y los documentales son necesarios para la democracia. 
Señor Presidente, está perfectamente justificada la iniciativa que estamos examinando y que evidencia el relieve y los términos en que se debe hacer la prestación de servicios de interés general. 
Se trata de servicios determinados por razones sociales y económicas, en particular de cohesión, pues hay casos en que la cobertura y la eficiencia conseguidas con el mero funcionamiento del mercado no son suficientes. 
Pero el documento de la Comisión y el informe de la Sra. Billingham- a la que también felicito- son meridianamente claros, al subrayar que el interés general no corresponde a intervención pública, falta de preocupación por la eficacia y gratuidad de los servicios para los usuarios. 
Conviene distinguir de hecho los objetivos de los medios, pues en muchos casos entidades privadas atienden mejor el interés público. 
Cuando se trate de servicios no rentables- por ejemplo, en zonas geográficas remotas -, se pueden imponer como contrapartida de concesiones. 
Y en los casos en que sea posible la competencia, los consumidores de recursos modestos serán los principales beneficiados, como se ha venido comprobando, por ejemplo, en los servicios telefónicos o en los transportes aéreos, con la condena inapelable de las antiguas compañías favorecidas con privilegios de monopolio- en Portugal aún padecemos con su existencia -, que pretenden hacer creer que están desempeñando una función social útil. 
Aún son razones generales de eficiencia y equidad las que imponen que, siempre que sea posible, los beneficiarios paguen íntegramente o al menos en parte los servicios que se les presten. 
Así se promueve en interés de todos una utilización más racional de los recursos y se evita, además, la injusticia intolerable de que, con frecuencia, acaben quedando exoneradas con el nuevo pago de portazgos o de propinas- en el caso de mi país- capas particularmente favorecidas de la población. 
Toda la sociedad se beneficia de la existencia de autopistas y de enseñanza superior, pero se trata de bienes semipúblicos con beneficios particulares mayores para quien se traslada y para quien tendrá después más rendimientos con el título académico obtenido. 
Se evita, así, además, que se comprometan recursos escasos que tanta falta hacen para atender las necesidades colectivas y de apoyos sociales a las capas más pobres de la población, que, en realidad, merecen fundamentalmente nuestra atención. 
Señor Presidente, el proceso de liberalización y desregulación puesto en marcha por el plan comunitario pone en peligro el servicio público y tiene consecuencias negativas sobre el empleo y las condiciones sociales, sin que sea beneficioso para los usuarios. 
Obsesionada por los principios de la libre competencia, la Comisión tiene la tendencia a considerar los servicios realizados por el servicio público como simples mercancías, sin tener en cuenta las necesidades sociales a las que responden y las especificidades históricas de las que con frecuencia son el producto. 
Frente a la ofensiva ultraliberal, estos últimos años se ha desarrollado un movimiento de resistencia, de reflexión, de propuesta y de acción en favor de los servicios públicos, sobre todo con la importante huelga de noviembre/diciembre de 1995 en Francia. 
Este movimiento, que nuestro grupo ha activado de forma permanente en el Parlamento Europeo, ha contribuido a obtener la inclusión del artículo 7 D en el Tratado de Amsterdam. A pesar de sus límites, constituye un punto de apoyo para la defensa y la promoción de los servicios públicos. 
El informe de la Sra. Billingham se inscribe en este movimiento, reconociendo el lugar y la función de los servicios de interés general, algo que es positivo. 
Sin embargo, no pone quizás suficientemente en duda la implicación de las reglas de la competencia, lo que está traducido en el artículo 8. 
Ésta es la razón por la que nuestro grupo ha presentado enmiendas, que esperamos se aprueben para mejorar este texto. 
La noción de servicio universal es avanzada por la Comisión un poco como un contrafuego, pero su contenido sigue siendo ambiguo, incluso peligroso, ya que pretende un servicio mínimo, que puede llevar a una nivelación por abajo, y conducir a una sociedad con dos velocidades que desarrolle la exclusión. 
En la defensa del servicio público es toda una concepción de la sociedad lo que está en juego. 
O bien vamos hacia un agravamiento de las desigualdades sociales y regionales en el marco de una competitividad de los pueblos y las economías, o bien actuamos en favor de una sociedad más solidaria, que combata las desigualdades sociales, la exclusión y el paro. 
En Europa, los servicios públicos participan de la elección fundamental entre una Europa dominada por la guerra económica y los mercados financieros, y una Europa de los pueblos, de la cooperación y del progreso social. 
La promoción de los servicios públicos responde a un imperativo de solidaridad nacional, de cohesión social, asegurando la igualdad de acceso y de trato a los usuarios, y aportando garantías de continuidad, de seguridad y calidad de las prestaciones al servicio de los ciudadanos. 
El servicio público asegura igualmente una mejor gestión del medio ambiente y contribuye a la ordenación equilibrada del territorio. 
Pensamos que es preciso renovar el servicio público, mejorarlo democratizándolo, es decir, asociando el personal y los usuarios a su gestión y liberándolo de las presiones financieras de los bancos. 
En lugar de una competencia generadora de confusión, pensamos y deseamos promover la cooperación entre servicios públicos, pero también entre el sector privado y el sector público, para responder a la satisfacción de las necesidades. 
Pueden desarrollarse también sinergias entre los servicios públicos y las empresas industriales que faciliten la puesta en práctica de una política industrial y el desarrollo del empleo. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Billingham por la elaboración del presente informe, cuya significación histórica es mayor por el hecho de que la ponente provenga del Reino Unido. 
En línea con las orientaciones del anterior gobierno de este país, en el Reino Unido se procedió incluso a la privatización de los servicios municipales de suministro de agua. 
¿Qué tipo de competencia puede existir en este campo? 
¿Acaso el agua que sale por el grifo es de color distinto por la mañana, por la tarde o por la noche? 
Sin lugar a dudas, el suministro de agua es un servicio público. 
Se trata de un líquido vital, un derecho fundamental e indispensable. 
¿Qué clase de democracia es aquella en lo que no se asegura a todos el suministro de agua? 
El buen funcionamiento de los servicios públicos constituye el fundamento en el que se basa la igualdad y la democracia. 
Por tal motivo, es positivo que los servicios públicos representen uno de los valores y principios jurídicos fundamentales reconocidos en el Tratado de Amsterdam. 
Creo que la existencia de servicios públicos eficientes constituye una cuestión de confianza también para la Unión Europea, ya que sin los servicios públicos disminuiría la confianza que los ciudadanos tienen depositada en ésta. 
No se debe dar prioridad a la privatización unilateral frente a los derechos comunes. 
La aprobación de este informe constituye un hecho histórico. 
Además, ahora que se tambalean los viejos monopolios, no se deben instaurar nuevas situaciones de monopolio o duopolio. 
En mi opinión, la Unión no puede ampliarse si no se introducen mejoras a este respecto. 
En la actualidad se permite que se pudran las fronteras exteriores al tiempo que ahondan las fronteras interiores en el seno de los Estados miembros. 
Una buena calidad de los servicios públicos nos sirven de ayuda en las cuestiones esenciales, es decir, en la solidaridad, la igualdad, la confianza, así como para lograr avances en todos estos aspectos. 
Ésta es la base de toda democracia. 
Señor Presidente, Señorías, hoy se debate una propuesta de la Comisión que prevé una ampliación del artículo 3 del Tratado CE. 
Según los términos de la misma, la Comunidad debería contribuir a promover los servicios de interés general. 
A mi modo de ver, esto es arriesgado desde el punto de vista de la integración y de la política de la competencia y yo creo que no debemos aceptarlo. 
Su inclusión en el Tratado supondría que los servicios de interés general adquirirían una dimensión que en adelante no sería posible reducir. 
Un artículo de este tenor también tendría consecuencias para las disposiciones y normas comunitarias relativas a la competencia y para las normas en materia de subvenciones. 
Desde la perspectiva de la política de liberalización de los mercados y de privatización de la UE, supone asimismo un reconocimiento de los monopolios y una preferencia en favor de las empresas públicas, que no puede ser favorable para Europa. 
¿Deberíamos preguntarnos qué aspectos deberían cubrir, de hecho, los servicios estatales de interés público? 
Yo pienso que éstos deberían ser los mínimos posibles. 
A mi modo de ver- y a veces es bueno recordarlo -, el Estado debe cumplir las siguientes tareas. 
En primer lugar, debe velar por la seguridad interior y exterior. 
En segundo lugar también debe garantizar la independencia de la administración de justicia y, en tercer lugar, debe promover la solidaridad social, estableciendo un equilibrio entre los favorecidos y los desfavorecidos. 
En cuarto lugar, debe colmar asimismo las lagunas en la vida pública que no estén cubiertas por la iniciativa económica privada. 
Sin embargo, no debe gestionar una compañía aérea estatal, una compañía telefónica y postal estatal o una compañía estatal de ferrocarriles. 
Tampoco debe obstaculizar la competencia, cuando ésta exista, con la imposición de aranceles a las importaciones y la oferta de subvenciones. 
El regulador más objetivo de los servicios es y seguirá siendo el mercado y no el Estado. 
Aquél determina el valor de un servicio a través de la competencia. 
Por esto, la tarea prioritaria para una sociedad, para un Estado, es la organización del mercado y no la prestación de servicios de interés general. 
Yo espero que mañana no decidamos lo contrario. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar muy sinceramente a mi colega Angela Billingham por el excelente informe que ha elaborado y a la Comisión por la declaración que ha presentado. 
El tema es de la mayor importancia, pues trata de los servicios de interés general en Europa, por los cuales tanto se han batido los socialistas, y que ha tenido ahora consagración en el Tratado de Amsterdam. 
En efecto, tanto el artículo 7 D como la declaración en el Acta Final vienen a dar garantías a todos cuantos consideran los servicios de interés general, o servicios públicos, como muy bien se refiere a ellos sistemáticamente nuestra ponente, actividades económicas esenciales para los ciudadanos y la sociedad. 
Ese reconocimiento del nuevo Tratado al considerar dichos servicios uno de los valores comunes de Europa y un principio comunitario, así como el pleno respeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular por lo que se refiere a la igualdad de trato, la calidad y la continuidad de los servicios, representan, sin duda, una enorme apuesta en una Europa centrada no sólo en las empresas y en la competencia, sino también y sobre todo en los ciudadanos, en sus derechos y en el modelo social europeo. 
No se podrá alcanzar la cohesión social hasta que exista una infraestructura social coherente. 
Los servicios de interés general constituyen, por definición, el principal componente de dicha infraestructura. 
Uno de los problemas esenciales que afecta a la prestación de los servicios públicos es el de la competencia. 
Cuando se trata de los servicios de interés público, no se puede justificar la competencia como un fin en sí. 
Su valor radica en la incidencia que tenga en el nivel, la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 
La propiedad de los servicios generales puede cobrar, en el plano jurídico, la forma pública, municipal, cooperativa o privada. 
Lo esencial es que los prestadores garanticen servicios de calidad, independientemente del tipo de propiedad o de organización, que sus trabajadores estén debidamente especializados, formados, motivados, retribuidos y comprometidos y que los ciudadanos, sea cual fuere el lugar del país en el que vivan, puedan beneficiarse, en situaciones idénticas, de los servicios que se les deben. 
Éste es el modelo de servicio general que también yo propugno para Europa y que estamos creando. 
Señor Presidente, en primer lugar, y al igual que muchos otros oradores, debo sumarme a las felicitaciones que se le han hecho a la Sra. Billingham por un trabajo bien realizado, bien terminado y que se basa en aportaciones de otras comisiones, pero cuyo ponente ha intentado llegar a un equilibrio que, me parece, merece el aplauso, incluso aunque en algunos aspectos no podría compartir necesariamente sus conclusiones. 
Para comenzar, quisiera, como ella, señalar la importancia de la inclusión, en el nuevo Tratado, de un artículo 7D. 
Aunque sin ser revolucionario, confirma lo que la Comisión ha escrito en su comunicación, en este caso un planteamiento pragmático y equilibrado. 
En el sentido de este artículo, la Comisión está obligada a comportarse de esta manera, ahora y en el futuro. 
Dicho esto, el Sr. Desama se equivoca cuando dice que este artículo modifica otros, sobre todo los artículos 90 ó 92. 
Está inscrito expresamente en el Tratado de Amsterdam. 
Como tal, el artículo no se ve por consiguiente afectado. 
Que esto se entienda bien, porque de otro modo ello podría llevar a conclusiones erróneas. 
Pero, una vez más, no se debe subestimar la importancia de esta inclusión, ya que debería permitir que, en el futuro, se evitasen deslices siempre posibles. 
En segundo lugar piden ustedes, con toda razón, por cierto, que la Comisión, en el marco de sus responsabilidades en materia de política de competencia, aplique rigurosamente estas reglas. 
Esto es exactamente lo que se ha hecho. 
Esto es exactamente lo que la Comisión escribió en su comunicación basada en la práctica de los años precedentes. 
Considero falsas algunas afirmaciones que he oído aquí, según las cuales habrían existido liberalizaciones no controladas, deslices de todo tipo. 
La práctica era equilibrada y se inscribía en el marco de nuestra comunicación. 
Actualmente figura una referencia en el Tratado. 
Cuando se mencionan sentencias, es preciso citarlas todas y no limitarse a las dos que convienen. 
Quisiera recordar además otra relativa a las cadenas públicas, en la que el Tribunal dice a la Comisión que no está de acuerdo porque la Comisión había motivado su decisión haciendo referencia a las obligaciones de servicios públicos. 
¿Han olvidado ustedes este caso? 
Cuando hablan de la sentencia del Tribunal en el ámbito de la energía, el Tribunal no ha dicho que no estuviera de acuerdo con la Comisión, sino que ésta no había motivado bien su decisión. 
Eso es todo. 
La Comisión, en su ingenuidad, había pensado que un monopolio de importación y de exportación es tan contrario al principio mismo del gran mercado que ella pensaba poder convencer a los jueces. 
Los jueces piden que la Comisión se explique más desde el punto de vista económico. 
Eso se hará. Se hará en otra ocasión. 
Así pues, por favor, no invoquen esa sentencia para probar una tesis que se presenta de otra manera. 
Voy ahora a la cuestión de la Carta. 
¿Qué es una carta? ¿Entienden ustedes por carta una modificación del Tratado? 
En ese caso, es preciso organizar inmediatamente una nueva conferencia intergubernamental. 
En mi opinión, la comunicación de la Comisión constituye una línea directriz, fuente de inspiración para la Comisión. 
Para mí, de alguna manera, es mi carta. 
Está confirmada por una referencia en el Tratado. 
Por consiguiente, no veo por qué sería necesaria otra. 
Se puede llamar a esto como se quiera. 
Disponemos de un marco, que está basado en una práctica. 
Cítenme un solo caso en que la Comisión se haya desviado de esta actitud equilibrada. 
He constatado que algunos buscan un adversario como si quisieran entrar en guerra. 
La Comisión no es un adversario. 
La Comisión ha aplicado su política de manera equilibrada, en casos en litigio, incluidas las cadenas públicas. 
En este caso también, pido que se me cite un ejemplo. 
Me felicito por el protocolo, ya que esto confirma la práctica y la actitud que yo había señalado en nombre de la Comisión en lo que respecta a los medios audiovisuales. 
No. 
En los casos que se ha tenido que tratar, ha sido la actitud que la Comisión ha adoptado. 
Hace unos momentos he oído exageraciones, por ejemplo que la liberalización llevaría a unos servicios de menor calidad en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Es falso. 
Miren un poco en torno a ustedes. 
Los monopolios de otros tiempos, ¿se ocupaban mucho de sus clientes y de los consumidores? ¿Era ése el caso? 
Podría citarles decenas de ejemplos en todos los países donde éste no era el caso. 
Y el servicio universal no estaba garantizado, señora. 
Permítame un ejemplo: Gaz de France, por supuesto, dominado por la CGT. 
Sí, pero cuando digo verdades, no debe sentirse ofendida, señora. 
Es cierto para EDF y para Gaz de France. 
Y tomo el ejemplo de Gaz de France, señora. 
No, señora, ahora tengo yo la palabra. En tanto el Presidente no la tome, seguiré. 
Señoras y señores, saben ustedes que Gaz de France, que dispone de un monopolio, impide a las pequeñas administraciones locales ampliar su comercio del gas para dar servicio a la población, invocando el monopolio. 
Pero, ¿qué es este servicio público? ¿Se sirve a los consumidores? 
No. 
Gaz de France impide a las administraciones locales servir a los consumidores fuera de sus municipios. 
Ésta es, señora, la realidad desnuda: el monopolio no siempre es provechoso para los consumidores. 
Reconozca de una vez la realidad. 
No acepto que usted me lea la cartilla. 
Cuando ustedes reclaman un plan de acción, sean coherentes. 
Dicen ustedes, con toda razón, que la responsabilidad en lo que respecta al servicio público incumbe a las autoridades nacionales y no a la Comisión. 
La Comisión, efectivamente, ha de juzgar si se produce transgresión de algunos principios del gran mercado o de la Unión Europea. 
Ésa es nuestra función, principalmente de acuerdo con el artículo 90. 
Pero en principio son las autoridades nacionales las que determinan las obligaciones de los servicios públicos, incluso en lo que respecta a las cadenas públicas. 
No es la Comisión la que hace eso. 
Cuando un gobierno quiere hacer eso, tanto mejor. Pero cuando un gobierno no quiere, la Comisión no puede hacer nada. 
Por consiguiente, si ustedes nos piden un plan para hacer eso, comencemos por ser justos y saber quién es el responsable. 
Y entonces digo que sí, discutamos sobre algunas cosas a nivel europeo. 
Cuando dice usted, señora, que es en interés del público como se permite a unas compañías de ferrocarriles que trabajen juntas, contesto que no. 
Es añadiendo monopolios a monopolios como se han perdido cuotas de mercado en el transporte del flete y del transporte marítimo. 
Y no es en favor de la población. 
Eso no tiene nada que ver con el servicio público. 
Permítanme decirles. Si hubiera un poco más de competencia, se transportaría más por ferrocarril en la actualidad. 
Ésa es la realidad. 
Por consiguiente, si están ustedes dispuestos a discutir en ese contexto, la Comisión es su socio, pero a condición de decirse la verdad. 
Me niego a entrar en el antiguo juego de algunos de ustedes que es el debate ideológico. 
Si ustedes desean que la Comisión aumente la calidad de sus servicios, estoy totalmente dispuesto. 
Si además me dan más medios, las reglas podrían aplicarse mejor ya que, a la vista del enorme aumento del número de casos a tratar, se podría servir mejor a las compañías y a todos nuestros clientes. 
Estamos dispuestos a ello. 
Creo que he dado pruebas en muchas ocasiones ante este Parlamento. 
Esto es lo que tenía que decirles. 
Para terminar, puedo indicar una serie de enmiendas que la Comisión puede aceptar, y me refiero a las enmiendas 3, 6, 7 y 8. 
Con respecto a esta última, quisiera pedirles que no se limiten a dos sentencias, sino que hagan referencia a la totalidad de sentencias del Tribunal. 
Y añado también las enmiendas 10 y 13. 
He terminado, señor Presidente, y pido excusas por haberme extendido demasiado. 
Gracias, señor Comisario Van Miert. 
Tiene la palabra el Sr. Desama. 
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones personales, porque me gustan las bromas, pero hay límites. 
Así, gracias a Karel por hacer alusión a mi estatus de profesor, pero precisamente el profesor va a darle una pequeña lección. 
La primera es que, antes de criticar al profesor, es preciso escuchar lo que dice. 
Nunca he dicho que el artículo 7D sustituyera al artículo 90.2. 
En ningún momento he dicho eso, sería absurdo. 
Por consiguiente, debería haberme escuchado más, antes de darme esa respuesta. 
La segunda lección tiene relación con la decisión relativa a los monopolios de importación. 
He citado esta decisión porque es importante por una cosa, señor Comisario. Esta vez, con su decisión, el Tribunal de Justicia dice que corresponde a la Comisión aportar la prueba de que el monopolio constituye un obstáculo a la libre competencia. 
Es sobre este punto donde la decisión del Tribunal de Justicia supone, evidentemente, una innovación. 
Señor Presidente, lo importante de este informe no son las enmiendas que la Comisión acepte, sino si se sentará el Comisario con nuestra ponente a comienzos del nuevo año a examinar las ideas que figuran en el informe para ver cómo se pueden lograr avances entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Pese a la retórica en la que todos hemos participado esta noche, en el informe de la Sra. Billingham hay algunas ideas muy concretas. 
Lo que nos gustaría es hacer avanzar algunas de esas ideas concretas. 
Si la Comisión pudiera esta noche comprometerse a hacerlo, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo intentaremos recoger esas ideas y trabajar en colaboración con usted para desarrollarlas. 
Evidentemente, estamos dispuestos a hacerlo. 
Pero creo que la forma correcta de hacerlo es examinar las iniciativas que la Comisión adopta en los diferentes sectores. 
Cada sector tiene sus características específicas y, a la luz de ellas, debemos determinar qué tipo de obligación en materia de servicio público- o como quiera que la llamemos- se debe garantizar. 
Así debemos trabajar en colaboración. 
Desde luego, estaré a disposición de todos- y no sólo de la ponente- para velar por que no corramos riesgos por lo que se refiere a la prestación del servicio a los ciudadanos de toda la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Valores nominales y especificaciones técnicas del euro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0386/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0598/97-97/0154 (SYN) ) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros (Ponente: Sra. Soltwedel-Schäfer). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mi intervención no será, desde luego, tan temperamental como la exposición que acaba de ofrecer el señor Comisario Van Miert. 
Permítanme que señale que hoy ha sido el orador más apasionado de toda la sesión plenaria. 
Por lo que se refiere a la segunda lectura de mi informe relativo a los valores nominales y especificaciones técnicas de las monedas en euros, yo quisiera destacar muy brevemente que, en la primera lectura, la mayoría del Parlamento pidió y votó en favor de algunas modificaciones esenciales en relación con tres puntos. 
Primero, que se redujera de ocho a seis el número de monedas. 
Segundo, que existiera una relación entre el valor nominal y el tamaño real, y también la forma y el diseño. 
Tercero, que se evitara la presencia de níquel en aquellas partes de las monedas que puedan entrar en contacto con la piel. 
Voy a repetir brevemente los motivos. 
Ahora está previsto que tengamos ocho monedas, cuando en estos momentos el promedio en el conjunto de la UE y en muchos países de la Unión es de seis y en algunos casos todavía menos. 
Si se tiene en cuenta que el manejo de un gran número de monedas resulta muy difícil para algunos sectores de la población, como por ejemplo las personas invidentes, éste ya sería, por ejemplo, un motivo para reducir el número total de monedas. 
Si se considera, además, que cada vez es más frecuente el uso del dinero electrónico, éste sería un segundo motivo. 
El segundo planteamiento, o sea, que el diámetro de las monedas aumente con su valor nominal y que se evite un batiburrillo de diferentes tamaños, era otra exigencia importante. 
Ahora, la moneda de 5 céntimos tendrá 21, 75 mm de diámetro, el mismo que la de 20 céntimos, lo cual también supone una dificultad increíble para las personas discapacitadas. 
El tercer aspecto, esto es, el relativo a la salud de las personas, era a nuestro parecer de particular importancia y muy significativo. 
También este punto fue aprobado por mayoría en el Parlamento en la primera lectura. 
Al manifestar que el níquel no debe entrar en contacto con la piel humana no hacemos más que ajustarnos a otras directivas de la UE, que ya hace tiempo que así lo regulan para otros artículos de uso cotidiano. 
El informe fue aprobado en noviembre por una gran mayoría, pero el Consejo no lo aceptó en esos términos, que el 20 de noviembre adoptó una posición común sobre el proyecto de reglamento. 
A pesar de que el dictamen del Parlamento Europeo se aprobó con una gran mayoría, el Consejo sólo aceptó las enmiendas 8 y 12. 
Para mí, fue una decepción que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial no hiciese valer sus bazas políticas en la última sesión. 
La comisión se adelantó prácticamente al Consejo. 
Ahora se han presentado pocas enmiendas, todas las cuales cuentan por otra parte con mi apoyo, pero que no están en absoluto a la altura del nivel que ya habíamos alcanzado en la sesión de noviembre. 
¿Qué hubiésemos podido hacer? 
El Parlamento podría haber retomado como enmiendas a la posición común, con el respaldo de la mayoría absoluta de sus miembros, la totalidad o bien una parte de las enmiendas que fueron rechazadas por el Consejo en la primera lectura. 
El fundamento jurídico del artículo 189 C nos concede esta posibilidad y hubiésemos podido proceder de este modo. 
En el caso de que la Comisión o el Consejo hubiesen manifestado durante el debate en el Pleno que no estaban preparados para hacer suyas en un grado satisfactorio las enmiendas solicitadas por el Parlamento, éste podría haber rechazado la posición común y esto es lo que yo querría proponer ahora, y lo que ya propuse. 
Si el Consejo no hubiese aceptado determinadas enmiendas, también podríamos haber fraccionado la posición común y haberla aprobado sólo de manera condicionada, en cuyo caso la aceptación de la misma decaería si el Consejo no incorporase determinadas enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
¿Por qué vuelvo a repetir todo esto? 
Porque pienso que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial no se contemplaron estas posibilidades. 
En esta intervención yo quisiera reiterar que tras la introducción del euro que pronto tendrá lugar- y que sin duda pasará a la historia de la Unión Europea como un proyecto financiero logrado e históricamente único- manejaremos a diario las monedas en euros. 
La población se enfrentará a diario con la problemática de cuestiones como la confusión de los diámetros, la presencia de níquel- que también constituye un problema reconocido para la salud- y muchos otros puntos que figuraban en mi informe. Las monedas en euros tienen, por lo tanto, una gran importancia y, en nuestra calidad de responsables políticos, seremos interpelados sobre estas cuestiones. 
Por consiguiente, yo quisiera abogar una vez más por que utilicemos y hagamos valer las posibilidades políticas de las que dispone el Parlamento. 
Señor Presidente, Suecia ha decidido, como todos saben, quedarse fuera de la UEM. 
También estoy convencido de que Suecia se mantendrá fuera de la unión monetaria durante un período de tiempo considerable. 
Por ello no existe un interés especial por parte sueca en lo que concierne al aspecto del euro. 
No obstante, querría decir unas palabras sobre el tema de la salud en relación con el contenido de níquel de la capa exterior de la moneda. 
El 10 por ciento de las mujeres y un 1-2 por ciento de los hombres de Europa occidental sufren de alergia al níquel. 
La proporción va en aumento, y un 20 por ciento de las jóvenes de Europa occidental padecen esta enfermedad. 
El níquel es la causa de las alergias de contacto que existen en el mundo industrializado. 
Una persona que se convierta en alérgica lo es para el resto de su vida. 
Esta alergia se manifiesta bajo la forma de eczema en las manos o en la parte del cuerpo que entra en contacto con el níquel. 
Los cajeros, empleados de banco, camareros, etc., manejan diariamente grandes cantidades de monedas compuestas de níquel de aleación. 
Estas monedas desprenden níquel a través del contacto con la piel. 
También se ha demostrado que el níquel pasa, gracias al contacto manual, a monedas y billetes que no lo contienen. 
También se ha demostrado que el eczema en las manos que padecen las personas alérgicas empeora cuando éstas manejan monedas que contienen níquel. 
El níquel que contienen las monedas no causa la alergia, pero agrava el problema para las personas que han desarrollado esta enfermedad. 
La decisión de introducir monedas conteniendo níquel en su capa exterior puede ser muy difícil de revocar, y puede conllevar serios problemas de salud para una proporción en aumento de la población europea, especialmente para las mujeres, dado que son las que en su mayoría ejercen las profesiones en que se manejan las monedas que lo llevan. 
Por este motivo debería eliminarse el níquel de la moneda, al menos en su capa exterior. 
En este caso los motivos de salud deben ir por delante de las reflexiones económicas. 
Señor Presidente, Señorías, a la vista de la asistencia de esta noche, no puedo dejar de constatar que se nota que estamos hablando de calderilla. 
No parecemos conceder demasiada importancia a este tema, pero la calderilla se traduce, sin embargo, en un volumen de 70 millardos de monedas y, por esto, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial nos hemos tomado hasta ahora muy en serio esta cuestión y hemos hechos serios esfuerzos para participar en el debate sobre la creación de las nuevas monedas, mediante la presentación de enmiendas, entre otras cosas. 
Los directores de las casas de moneda y los Ministros de Finanzas han sido de otro parecer. 
Han elaborado textos, han propuesto estrategias. 
El Consejo no ha aceptado, en cambio, el resultado de nuestros debates, salvo muy contadas excepciones. 
Yo, personalmente, estoy firmemente convencido de que nuestro debate en primera lectura fue acertado, de que todos los puntos que aprobamos eran acertados. 
Los temas del fraccionamiento de las monedas, la progresión ascendente, la facilidad de identificación para las personas invidentes y con dificultades de visión, así como los relativos a los antiguos sistema de acuñación tradicionales- todas las cuestiones que debatimos y aprobamos aquí- son, por principio, muy importantes para mí. 
En esa ocasión también abogamos en favor de la cara nacional de las monedas. 
Este aspecto figura ahora en el informe del Consejo, pero aun así lamentamos mucho que nuestros puntos de vista no hayan sido aceptados. 
Yo soy, no obstante, del parecer que lo que ha pedido la Sra. Soltwedel-Schäfer, esto es, que retomemos las enmiendas anteriores, no nos permitiría avanzar gran cosa. 
El panorama de nuestras posibilidades de actuación ya se ha descrito. 
En mi opinión, debemos concentrarnos en dos enmiendas, tal como hicimos en la Comisión de Asuntos Monetarios, a saber, por un lado, todo el abanico ya citado de peticiones: orden creciente, facilidad de identificación para los invidentes, posibilidad de identificación por parte de los expendedores automáticos, protección contra las falsificaciones de las monedas de mayor valor. 
Esta enmienda ya fue presentada y aprobada en la Comisión de Asuntos Monetarios. 
Ahora deberíamos aprobarla también en el Pleno. 
En segundo lugar, deberíamos seguir insistiendo en el tema del oro. 
No somos víctimas de la fiebre del oro. 
Puede haber quien piense que justo antes de Navidad nos estamos dejando llevar por la fiebre del oro, pero no es así. 
Deseamos que se introduzca una moneda de oro, que por un lado enlazaría con las antiguas tradiciones y, por el otro, tal como hemos argumentado, permitiría reducir las reservas de oro de Europa. 
Me parece importante volver a insistir en que concedemos una enorme importancia a la protección de las monedas contra las falsificaciones, precisamente a la vista de los alrededor de 6 millones de expendedores automáticos que hay en Europa. 
Esto incluye la elección de las aleaciones y la identificación por los expendedores automáticos. 
En este contexto, conviene añadir que, obviamente, no sólo las monedas deben estar protegidas contra las falsificaciones, sino también, como es lógico, los diferentes billetes. 
Hemos insistido repetidamente en ello. 
Es preciso que éstos respondan a las normas más exigentes en materia de seguridad, a fin de que también en el futuro estén a salvo de falsificaciones. 
Yo insto una vez más al Pleno a que adopte, como base de la resolución, las enmiendas de la Comisión de Asuntos Monetarios, aprobadas por ésta por una gran mayoría. 
Señor Presidente, no es posible que el Consejo nos transmita, por así decirlo, sus decisiones y que luego el Parlamento no pueda hacer nada, a pesar de que en la primera lectura decidió de manera totalmente diferente; había optado por emplear también metales que no fueran sólo y únicamente nordic gold que, además, es un metal producido por algunos Estados que no participarán en el euro. 
Es más, el metal alternativo es sólo y únicamente el cobre, y me pregunto por qué. 
No se prevé la utilización del acero inoxidable que es un metal europeo; el 20 % de la monetización mundial se realiza en acero inoxidable. 
Esto es algo realmente inaceptable. 
Me pregunto cuál va a ser la solución definitiva. 
Por último, el Consejo se ha aprovechado del hecho de que ya no queda tiempo y que no se puede decidir otra cosa, a pesar de que ciertamente no es verdad. 
Todo esto supone una ofensa al Parlamento que se expresó de cierta forma y no puede reaccionar ante lo que ha decidido el Consejo. 
Presidente, lo que al principio parecía ser un informe puramente técnico, de repente adquiere peso por la discusión acerca del níquel en las monedas y el carácter nacional. 
La postura del Parlamento acerca del aspecto que ha de tener en el futuro el euro como moneda se ha planteado claramente en la primera lectura. 
Suscribo la opinión de la ponente cuando dice que deberíamos tener un par de monedas menos porque el comercio minorista se verá en aprietos debido al número de monedas, mayor que el que tenemos ahora por término medio. 
Desgraciadamente, el Consejo ha hecho caso omiso de muchas de las enmiendas, y mientras que el Consejo siga unánime puede hacerlo. 
El hecho de que el Parlamento sólo disponga en este terreno de la competencia de colaboración nos juega aquí una mala pasada. 
La moneda es uno de los resultados más visibles de la integración europea hasta el día de hoy, y habría sido una prueba de respeto para el ciudadano si hubiéramos podido ejercer en esto alguna influencia a través del Parlamento. 
Nos parece admisible el níquel como fracción en relación con la lucha contra el fraude. 
El Consejo negó al Parlamento el derecho a presentar una enmienda o a hablar acerca del carácter nacional porque esto no tendría que ver con las especificaciones técnicas. 
Como muy bien sabe el Consejo, eso es puro disparate. 
Para hacer posible, por ejemplo, la escritura del borde deseada por los Paises Bajos «Dios esté con nosotros» , también se declara al borde como perteneciente al carácter nacional. 
Así pues, el borde de la moneda forma parte del carácter nacional. 
Con ello el borde y, por tanto el carácter nacional, desempeñan un importante papel en las especificaciones técnicas que por ejemplo son necesarias para que los ciegos reconozcan las monedas y para las máquinas expendedoras. 
Por lo tanto, somos de la opinión de que la faceta nacional no es sólo un aspecto gráfico, como dice el Consejo, sino que más bien es un aspecto técnico y que por ello la antigua enmienda 28 merece del todo un lugar en la decisión del Consejo y no sólo en las reflexiones. 
Señor Presidente, creo que el reglamento propuesto enviará otro firme mensaje en el sentido de que el euro está en marcha y todos los participantes en la UEM están desempeñando su papel. 
El objetivo de la primera enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial es el de establecer el principio de un único conjunto de monedas cuyo diseño permita a las personas con capacidad visual reducida y a las personas de edad, que son quienes tienen mayor dificultad para distinguir monedas, aceptarlas más fácilmente. 
La segunda enmienda es una propuesta para introducir una moneda de oro de 100 euros para coleccionistas. 
Sin embargo, el Tratado sólo dispone la armonización de monedas destinadas a la circulación. 
Me complace que se haya consultado a las asociaciones que representan a las personas con capacidad visual reducida sobre las monedas de euros. 
Además, el considerando 8 del Reglamento subraya la importancia de la relación entre el diámetro y el valor de las monedas, a lo que ya se ha hecho referencia. 
Nuestro Grupo cree que quienes usen las monedas, que tendrán una cara nacional y otra común, podrán reconocerlas mejor por características como el peso, la forma, el color y el diámetro. 
En el caso de la mayoría de las monedas que se usan actualmente, el tamaño de las monedas no guarda relación directa con su valor nominal. 
Eso puede resultar una dificultad para quienes los usen. 
Por lo que se refiere a los billetes de euros, no debemos pasar por alto las necesidades de las personas con capacidad visual reducida y de los ancianos. 
Debemos velar por que los billetes sean distinguibles por el tacto para las personas con capacidad visual reducida, en particular. 
Tal vez tenga buena acogida esa propuesta. 
Respecto de la producción de monedas de oro de 100 euros, que podría resultar una propuesta muy seductora para los coleccionistas, sería absolutamente esencial, si se aceptara esa propuesta, velar por que el costo de la producción de una moneda de oro no excediera su valor nominal para no imponer costos totalmente inaceptables a los Estados miembros. 
Por otra parte, ¿no se podrían transferir al presupuesto los ingresos por la venta de las monedas de 100 euros? 
Teniendo en cuenta estas observaciones, nuestro Grupo apoyará este informe. 
Señor Presidente, el euro- y sobre todo la moneda en euros- es sin duda una pieza absolutamente esencial de Europa. 
Una cara refleja nuestra unión y la otra, la individualidad como símbolo de Europa. 
Yo he visto los primeros bocetos en Austria y me sorprendió un poco comprobar que, por un lado, en el euro figura arriba la palabra "euro» , pero en los céntimos, arriba figura también la palabra" eurocent». 
Esto puede dar lugar a una confusión. 
Además, el tamaño de las monedas es distinto y a las personas inexpertas les resultará, de hecho, relativamente difícil distinguir entre las ocho monedas, en vez de las seis que hasta ahora eran habituales. 
Sin mencionar el hecho de que muchas cajas están provistas de seis divisiones y ahora será preciso adaptarlas para ocho. 
Las ocho monedas suponen, además, unos costes de producción enormes, muchos de los cuales en realidad podrían haberse evitado, sobre todo a la vista de la rápida introducción del dinero electrónico. 
Yo también me pregunto cómo se otorgarán los contratos. 
¿Habrá una licitación pública? 
¿Habrá competencia? 
Hemos oído que se necesitarán 70 millardos de monedas, lo cuál significa, por lo tanto, unos costes enormes; ¿cómo repercutirán éstos sobre los ciudadanos? 
Finalmente, yo también pienso que la moneda de oro de 100 euros podría simbolizar la confianza en la nueva moneda, también como moneda conmemorativa y con una emisión limitada, como símbolo de su valor creciente. 
Ésta es, una bonita tarea para Europa. Sin embargo, todavía será necesario mejorar las monedas en muchos aspectos. 
El Parlamento formuló algunas propuestas al respecto en la primera lectura, pero yo pienso que tendrá que transcurrir aún algún tiempo antes de que encontremos el sistema ideal. 
Yo quiero señalar ya esta necesidad de mejora y espero que esta consideración prevalezca en la segunda ronda. 
Señor Presidente, señoras, señores, a esta hora tardía seré breve, pero quisiera decirles en primer lugar que la Comisión se felicita, esta noche, de que esta Asamblea pueda deliberar en segunda lectura sobre el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer, sobre las características técnicas de las monedas. 
Efectivamente, señora, se trata de una cuestión importante. 
El euro, y lo digo con frecuencia, es Europa en el bolsillo de los ciudadanos. 
Por consiguiente, las monedas son la primera materialización de Europa para todos los ciudadanos. 
Ésta es la razón por la que el euro no es asunto de los mercados financieros, es asunto de los ciudadanos, y por esta razón ha de cuidar con especial cuidado este Reglamento. 
Como ha señalado el Sr. Hoppenstedt, hoy hay 70.000 millones de monedas en circulación. Eso supone por consiguiente varias decenas de miles de millones de monedas que acuñar de aquí al 1 de enero del 2002. 
Eso lo harán, señor Rübig, las administraciones nacionales en nombre del principio de subsidiariedad, según los procedimientos de licitación o de producción, aplicables a cada uno de los países. 
Sé bien que la decisión formal de los Ministros de Finanzas no puede producirse más que el 2 de mayo o después, es decir, tras la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno, pero podrán imaginar que, por razones técnicas y prácticas, es importante, habida cuenta del número de monedas, que se haya cerrado este expediente, en lo que respecta al Consejo, a los principios y al acuerdo formal, antes de finales de año. 
La propuesta que se les ha presentado hoy en segunda lectura se basa en un trabajo profundo, realizado durante muchos meses por los responsables de las monedas de los Estados miembros y que ha permitido garantizar la viabilidad industrial, en el respeto por el calendario decidido en Madrid en diciembre de 1995 por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Debo añadir que es el resultado de un largo proceso de consulta, de concertación con todos los sectores profesionales afectados, con las asociaciones de consumidores y con las organizaciones que representan a los invidentes. 
La propuesta que hace la Comisión está basada en los criterios de aceptabilidad por parte de la opinión pública- lo hemos evaluado -, por criterios de viabilidad técnica- nos hemos asegurado- y por criterios de salud pública ya que no deseamos, por supuesto, arriesgar en ningún modo la salud pública. 
Por tanto esta propuesta es equilibrada y corresponde al mismo tiempo a obligaciones industriales y a las demandas de los usuarios. 
Tal como se había hecho durante el debate de la primera lectura, algunos de ustedes han criticado el número de monedas. 
Debo precisar que este sistema está basado en la experiencia adquirida en todos los Estados miembros y que asegura la coherencia con el valor unitario previsto para los billetes. 
El número y la serie de monedas han sido definidos para responder a las necesidades de todos los consumidores teniendo en cuenta la diversidad de situaciones nacionales que existen en la actualidad. 
Hoy, en algunos Estados miembros, el valor de la moneda más pequeña en circulación es de aproximadamente un céntimo de euro. 
Se ha llegado a un consenso con respecto a las dimensiones y la forma de las monedas, les recuerdo que ha sido mediante la forma llamada flor latina, es decir, no totalmente redonda, para la moneda de 20 céntimos; ésta se ha encontrado también definiendo tres grupos de monedas, con tres colores diferentes, con una diferencia relativa a cada moneda en el seno de cada grupo para el espesor, y con diferentes definiciones de canto. 
Por consiguiente, se han tomado en consideración amplia e incluso totalmente las preocupaciones de los deficientes visuales. 
Las especificaciones técnicas suponen igualmente garantías importantes contra las falsificaciones, y esto es sustancial en particular para las piezas de importante valor unitario. Pienso en 1 y 2 euros. 
Finalmente, éstas responden a las preocupaciones expresadas en relación a la salud pública y aportan garantías necesarias en este sentido. 
Quisiera decir, en esta línea, que el uso del níquel, en la propuesta de la Comisión, se va a reducir de manera importante en Europa, ya que está limitado a las piezas de 1 y 2 euros, y que el volumen de las monedas que contengan níquel bajará al 8 % del total de las piezas actualmente en circulación en Europa, es decir, por contrato el 75 %. 
Debo añadir que el Comité de toxicidad y de ecotoxicidad, es decir, el Comité científico a quien a través nuestro se le sometió esta propuesta, le ha dado su apoyo. 
El Consejo «Ecofin» durante la adopción de su posición común el mes pasado, ha aprobado las cinco enmiendas que la Comisión había aceptado en su propuesta modificada. Les recuerdo que éstas tenían relación con la necesidad de un sistema fiable, de un sistema eficaz, y sobre la aceptabilidad de este sistema por todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
La recomendación del ponente para la segunda lectura propone de nuevo dos enmiendas. Como en primera lectura, la Comisión no está en condiciones de aceptarlas. 
Permítanme sin embargo que precise la posición de la Comisión sobre una de las enmiendas de la Sra. Randzio-Plath, que tiene relación con la introducción de una moneda de oro de 100 euros. 
Hemos examinado bien esta enmienda, y desde un punto de vista jurídico, la Comisión no puede darle curso en el marco del artículo 105.A2 que tiene relación con las monedas expedidas en euros destinadas a la circulación. 
En efecto, esta propuesta choca con la introducción del billete de 100 euros, que ya ha sido decidida, y con la oposición de los bancos centrales a la puesta en circulación de una moneda así. 
Sin embargo, con el fin de apoyar esta iniciativa, la Comisión ha sugerido a todos los responsables de las monedas de los Estados miembros que reflexionen sobre la emisión de una pieza de colección de 100 euros de oro. 
Esta propuesta debería obtener la aprobación de los diferentes Estados miembros, y la Comisión los tendrá informados. 
Con la adopción del reglamento sobre las monedas, lo más importante del dispositivo necesario para el paso a la moneda única está hecho. 
Como es tarde, no desarrollaré las decisiones importantes tomadas por el Consejo Europeo de Luxemburgo la semana pasada, que tienen relación al mismo tiempo con la coordinación de las políticas económicas, con el Consejo del euro y con la representación y la definición de la posición externa del euro en las instancias internacionales, pero hoy podemos decir que todos los trabajos técnicos preparatorios para el euro están casi terminados. 
En esta noche, y en vísperas de este nuevo año, debo agradecer al Parlamento Europeo su apoyo a lo largo de estos meses por su trabajo, por nuestra colaboración y por su compromiso en favor del proceso que lleve a la introducción del euro, según el calendario y las condiciones previstas por el Tratado. 
Los últimos preparativos técnicos, que ahora mismo son más de detalle que de otra cosa, estarán terminados antes del mes de mayo de 1998. 
La Comisión está trabajando activamente en ello y, por supuesto, tendrá a esta Asamblea informada y colaborará estrechamente con ella, y les anuncio que la Comisión reunirá una nueva mesa redonda sobre los aspectos prácticos del euro, con todos los socios implicados, y, por supuesto, con esta Asamblea. 
Ahora, la vía está expedita para la llegada del euro, y las decisiones políticas se tomarán el 2 de mayo próximo. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
Previamente debemos concluir con una pregunta de la ponente, Sra. Soltwedel-Schäfer. 
Señor Presidente, ya sé que es muy tarde, pero no cumpliría debidamente mi tarea si no respondiera a la pregunta del Sr. Hoppenstedt. 
Espero que él pueda quedarse todavía un momento. 
En primer lugar, yo deseo decirle, Sr. de Silguy, que por lo que a mí y a nosotros respecta, la colaboración ha funcionado muy bien, también en el aspecto de la información mutua. 
Sin embargo, no puedo comprender que la Comisión y el Consejo no hayan aceptado unas enmiendas de una lógica aplastante, que fueron aprobadas por una gran mayoría en el Parlamento y que responden realmente- mi colega acaba de decirlo- a los intereses de los ciudadanos. 
Yo francamente no lo entiendo. 
Pasando a mi pregunta, el Sr. Hoppenstedt ha planteado una cuestión muy importante, concretamente sobre la acuñación de las monedas. 
¿Habrá una licitación u ocurrirá como con las duchas de los despachos de los diputados y volverán a abrirse ampliamente las puertas a la corrupción y el enriquecimiento fraudulento? 
Yo quisiera retomar esta pregunta: ¿Habrá una licitación? 
¿Sí o no? 
Desearía recibir una respuesta orientativa esta misma noche. 
Señor ponente, quizá me he explicado mal, pero yo creía haber respondido al Sr. Hoppenstedt sobre este punto. 
Cada país ha de fabricar la provisión de monedas y billetes necesaria para su mercado. 
Éste es el principio que se ha acordado. 
Como consecuencia de esto, a partir del momento en que tengamos el reglamento técnico, a partir del momento en que tengamos la decisión sobre el anverso comunitario de la moneda, a cada país miembro, en función del principio de subsidiariedad, le corresponderá, en primer lugar, definir el grafismo del anverso nacional; creo que ya hay una serie de países que lo han previsto y, en segundo lugar, adoptar las disposiciones técnicas deseadas para la producción de las citadas piezas. 
Para las monedas en euros va a ocurrir lo mismo que para la fabricación de las piezas en moneda nacional, en Alemania, en Francia, en los Países Bajos y en los demás países. 
La fabricación se hará en función de la reglamentación aplicable a cada uno de los países. 
En algunos casos, se trata de casi entidades públicas, en otros, de sociedades privadas. 
En otros casos se actúa apelando a la competencia. 
Es una cuestión que depende de la competencia de cada uno de los Estados miembros. 
Esta fabricación se hará en condiciones de legalidad y regularidad, que serán las mismas que las actuales, aplicables a la producción de las monedas nacionales. 
Sólo una pregunta: ¿los Estados estarán obligados a sacar a licitación la acuñación de las ocho monedas o podrán limitarla a seis? 
Para ocho piezas, ya que en todos los Estados miembros está previsto poner en circulación ocho piezas. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
Señorías, como advertirán quizá ustedes, los tres Presidentes llegan al mismo tiempo y con retraso, por lo cual tengo que pedirles excusas. 
Esta mañana a las 8.00 horas, por no ser posible en otro momento, ha tenido que celebrarse el habitual diálogo tripartito con dificultades y, por tanto, hasta ahora mismo no ha terminado, puesto que había cosas delicadas por resolver entre las tres instituciones. 
Consejo Europeo de Luxemburgo- Semestre de actividad de la Presidencia luxemburguesa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del: 
Informe del Consejo y declaración de la Comisión sobre las reuniones del Consejo Europeo del 21 de noviembre y de los días 12 y 13 de diciembre en Luxemburgo y-Declaración del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia luxemburguesa.Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hacer en pocos minutos un balance de seis meses de actividad a la cabeza del Consejo resulta un ejercicio bastante temerario. 
El riesgo de omitir esta o aquella realización puede dar lugar a diversas interpretaciones. 
Por otra parte, resulta igualmente arriesgado intentar aumentar exageradamente este o aquel logro. 
Como el Primer Ministro y yo mismo hemos resaltado en numerosas ocasiones, la Presidencia representa un servicio que los Estados miembros prestan sucesivamente a la Unión. 
Es, en primer lugar y ante todo, la gestión serena y metódica de un calendario y unos compromisos que nos vienen impuestos, al objeto de proporcionar una contribución concreta a nuestro proceso de integración. 
En este contexto, nos hemos fijado un doble objetivo. 
Por una parte, dar prueba de nuestra capacidad de organización de los trabajos, tanto en el plano interno como en el plano externo. 
Por otra parte, dar testimonio de nuestra capacidad de hacer avanzar los dossiers tan complejos que ustedes conocen perfectamente. 
El Primer Ministro, Jean Claude Juncker, les ha explicado los resultados de los dos Consejos Europeos sobre Empleo y Ampliación que han jalonado nuestra Presidencia. 
En cuanto a mí, me corresponde hacer balance de la actividad del Consejo. 
Una actividad que ha sido especialmente intensa en el transcurso de las pasadas semanas. 
Articularé mi informe en torno a tres ejes: en primer lugar, el plano interno; a continuación, las relaciones exteriores y, por último, aunque no por ello menos importante, las relaciones interinstitucionales. 
En el plano interno, la Presidencia ha hecho avanzar con éxito una serie de dossiers importantes como, en el marco del mercado interior, la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de los inventos biotecnológicos y aquella otra relativa a la transparencia de los reglamentos en la sociedad de la información. 
Las negociaciones de un acuerdo sobre el control complementario de las empresas de seguros también se han visto coronadas por el éxito. 
El Consejo ha logrado alcanzar un acuerdo a catorce sobre el capítulo agrícola de la Agenda 2000. 
El mensaje que se desprende de sus conclusiones recuerda la naturaleza específica de la agricultura europea, la necesidad de definir una política de desarrollo rural y reafirma la identidad de la Unión Europea en materia sanitaria. 
En la medida en que el Consejo ha estado representado directamente en las deliberaciones del Parlamento Europeo sobre el espinoso asunto de las " vacas locas» , no insistiré en la importancia que el Consejo seguirá atribuyendo a este dossier. 
Prueba de ello son las modificaciones del Reglamento sobre la organización común de los mercados en el sector de la carne de vacuno. 
En el ámbito social, me complace destacar la ampliación al Reino Unido de dos directivas que tratan, una, sobre los comités de empresa europeos y, la otra, sobre la licencia parental. 
Así, y con la cooperación del Reino Unido, estas disposiciones sociales constituyen a partir de ahora un acervo de los Quince. 
En el ámbito de la energía, el acuerdo sobre la directiva relativa a las normas comunes para el mercado interior del gas constituye otro avance que se articula en torno a los mismos principios que para la electricidad. 
Este importante texto legislativo, en lo que se refiere a la apertura del mercado, se funde en los principios de reciprocidad, subsidiaridad y progreso. 
En el ámbito de los transportes aéreos han tenido lugar debates muy intensos con vistas a permitir a la Comisión iniciar negociaciones relativas a la creación de una organización europea que sea competente en materia de seguridad de la aviación civil. 
Asimismo puedo dar cuenta de los progresos relativos a la propuesta de directiva sobre el acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de pasajeros por carretera. 
En este mismo contexto, el Consejo ha sacado las conclusiones sobre el Libro Blanco de la Comisión relativas a los sectores de actividad excluidos de la directiva sobre el tiempo de trabajo y que están encaminada a una armonización social en el ámbito de los transportes por carretera. 
Hemos alcanzado nuestro objetivo de impulsar concretamente los preparativos del Quinto programa marco de investigación. 
En este sentido, hemos podido anotar un acuerdo político sobre los tres programas horizontales. 
El Consejo de Investigación aprobó la celebración de un primer Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y Sudáfrica. 
También en este ámbito, quiero destacar el acuerdo suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos de América, al margen de la cumbre celebrada el 5 de diciembre en Washington con el Presidente Clinton. 
Nuestros colegas de Industria han intentado, ante todo, esclarecer la futura política de la Unión en materia de ayudas estatales y competitividad. 
Se ha perfilado una convergencia sobre la propuesta de reglamento encaminada a eximir a determinadas categorías de ayudas horizontales de la obligación de notificación a la Comisión. 
El Consejo espera ahora el dictamen del Parlamento. 
La cuestión de la competitividad de la industria europea seguirá siendo el centro de las preocupaciones del Consejo de Industria, y tres Presidencias sucesivas han elaborado un programa de trabajo común sobre este asunto. 
Hemos aprobado con los Estados Unidos, al margen de la Cumbre Transatlántica, una declaración común sobre el comercio en el sector de la electrónica que garantiza una cooperación efectiva en un ámbito especialmente prometedor para el futuro. 
En el sector de las telecomunicaciones, el Consejo ha aprobado el programa plurianual para promover la implantación de la sociedad de la información en Europa y ya desde ahora puede dar cuenta de los avances en este sentido. 
Consciente de la percepción que nuestros ciudadanos tienen de nuestras actividades, la Presidencia se congratula de la adopción de la directiva relativa al tratamiento de datos de carácter personal y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
La adopción de la directiva relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales constituye asimismo un avance significativo. 
A pesar de los importantísimos intereses económicos en juego, hemos podido desbloquear la propuesta de directiva sobre la prohibición de toda forma de publicidad directa o indirecta del tabaco en el seno de la Unión Europea. 
En la medida en que la fecha límite prevista para la aplicación de esta directiva es el 1 de octubre del año 2006, lo que deja un período transitorio de ocho años, la Presidencia estima haber tenido en cuenta todos los intereses, a menudo contradictorios, que se intentaban conciliar. 
La dimensión medioambiental no ha sido descuidada en el transcurso de los últimos seis meses. 
En Kioto fue necesaria una fuerte presión por parte de la Unión Europea para la aprobación de las conclusiones sobre el cambio climático. 
Conviene destacar asimismo la aprobación de un acuerdo político a nivel de los Quince sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Permítanme también poner de manifiesto el acuerdo del Consejo sobre el reglamento por el que se establecen las normas de procedimiento aplicables al transporte de determinados tipos de residuos hacia los países no miembros de la OCDE. 
Por último, señalaré el acuerdo celebrado en el marco de la estrategia relativa al control de las emisiones atmosféricas procedentes de la circulación rodada. 
En el sector de la educación, quisiera llamar la atención sobre la adopción por parte del Consejo de una recomendación sobre la cooperación europea con el fin de garantizar la calidad de la enseñanza, y de una resolución sobre la enseñanza de idiomas. 
Entre otras realizaciones significativas, tengo interés en mencionar el acuerdo unánime del Consejo sobre el programa " Servicio voluntario europeo». 
Esta iniciativa, que debemos a la Sra. Cresson, favorecerá enormemente la circulación de los jóvenes. 
En el ámbito de la cultura, lamento que los esfuerzos de nuestra Presidencia para desbloquear el proyecto de Fondos de garantía no se hayan visto coronados por el éxito. 
Habida cuenta de la importancia de los desafíos, no puedo más que formular la esperanza de que el fondo experimental, dotado con 30 millones de ecus, no caiga definitivamente en el olvido. 
Permítanme, en fin, recordar la declaración aprobada por el Consejo de Luxemburgo sobre la seguridad alimentaria, a propósito de la adopción de una directiva que es fruto de una concertación entre cuatro formaciones diferentes del Consejo. 
En el momento en que finaliza la campaña sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, me veo obligado a señalar también la declaración del Consejo poniendo de manifiesto el papel de la educación en este contexto. 
El día después del Consejo Europeo de Amsterdam, el Consejo Ecofin logró la aprobación formal de los dos reglamentos que constituyen la base del pacto de estabilidad y crecimiento: uno es relativo al fortalecimiento del control y de la coordinación de las políticas económicas, y el otro está encaminado a acelerar y precisar la aplicación del procedimiento relativo a los déficit excesivos. 
Lo mismo es cierto en el caso del reglamento relativo a la introducción del euro. 
En cuanto a la fecha de puesta en circulación de los billetes y las monedas, se ha podido fijar en el 1 de enero de 2002. 
La Presidencia luxemburguesa consiguió finalmente alcanzar el consenso sobre la coordinación de las políticas económicas, gracias a un acuerdo sobre la representación exterior de los asuntos monetarios, así como sobre las modalidades del diálogo entre el Consejo y el futuro Banco Central Europeo. 
No me detendré ahora en el acuerdo alcanzado la pasada semana en el seno del Consejo Europeo sobre la celebración de reuniones informales de los países participantes en el euro. 
Antes de concluir este capítulo de nuestra actividad, debo, naturalmente, hacer hincapié en la aprobación de un código de conducta en el ámbito de la fiscalidad de las empresas y de un acuerdo sobre un conjunto de elementos encaminados a asegurar, en su momento y con una serie de condiciones, la imposición mínima sobre los ingresos procedentes del ahorro. 
Todos ustedes conocen la importancia que atribuimos, de una y otra parte, a la gestión de las finanzas comunitarias. 
En este sentido, el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el presupuesto para el año próximo lo calificaría de hito en las relaciones entre nuestras dos instituciones. 
Con un crecimiento limitado en aproximadamente el 1 % en términos de gastos, dejando así un margen no utilizado de una magnitud sin precedentes, este Parlamento ha sabido, con un agudo sentido de la responsabilidad, responder a los requisitos de disciplina presupuestaria que todos los Estados miembros se han impuesto. 
La Presidencia ha podido respetar el ritmo de puesta en marcha del plan de acción aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en materia de lucha contra el crimen organizado, en particular, a través de la creación de un mecanismo para controlar el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia. 
En el ámbito del asilo y de la inmigración, el Consejo ha aprobado dos acciones comunes por las que autoriza la financiación de acciones en favor de las personas desplazadas que han encontrado una protección temporal en los Estados miembros como solicitantes de asilo o refugiados. 
Tengo el placer de informarles que la semana pasada se firmó el Convenio de Nápoles II sobre la asistencia mutua entre las administraciones aduaneras, y que dentro de unas semanas suscribiremos el Convenio de Bruselas II sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia matrimonial. 
Debemos saludar también la nueva definición de la trata de seres humanos en el Anexo al Convenio Europol. 
A partir de ahora, el tráfico de material de carácter pederasta y pornográfico será punible a nivel de nuestra Unión. 
Como se anunció en julio, los ministros de Salud y de Justicia, por primera vez, se han reunido para coordinar las acciones de prevención y de represión en materia de lucha contra la droga y las toxicomanías. 
Por último, no quiero dejar de subrayar que la Unión, mediante su cohesión, ha favorecido enormemente el éxito, a finales de noviembre, de las negociaciones relativas al Convenio internacional en materia de lucha contra la corrupción. 
En lo que respecta a las relaciones con los PECO, la Presidencia ha centrado deliberadamente las reuniones ministeriales del diálogo estructurado en la preparación de los países candidatos de Europa central y oriental para cumplir el acervo. 
En este sentido, los ministros de Asuntos Sociales se han reunido, por primera vez, con sus homólogos de los países candidatos. 
Permítanme señalar asimismo que, en el plano comercial, hemos podido concluir, por fin, el dossier relativo a la importación de vacunos vivos procedentes de los PECO en el marco del contingente OMC. 
La situación en la antigua Yugoslavia ha figurado en el orden del día de todas las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores. 
Durante todo el semestre, la Unión Europea ha seguido una política activa para obligar a cumplir los acuerdos de paz y supervisar las elecciones. 
A finales de julio organizamos en Bruselas una tercera conferencia de donantes sobre la reconstrucción de Bosnia. 
En vista de los diferentes compromisos con las urnas, el Consejo está estudiando en estos momentos la posibilidad de prorrogar durante 1998 las medidas comerciales autónomas relativas a los países de la antigua Yugoslavia. 
Permítanme que recuerde asimismo la adopción de medidas restrictivas contra las personas procedentes de Bosnia-Herzegovina que actúan en contra de los acuerdos de paz. 
Más allá de los preparativos de la Peace Implementation Conference, celebrada estos últimos días en Bonn, el Consejo ha recordado y aclarado las condiciones que siguen en vigor para la concesión de ayudas de la Unión Europea. 
La Presidencia se había comprometido ante este Parlamento a no escatimar esfuerzos para apoyar la vuelta a una cierta normalidad en Albania. 
La Unión ha participado directamente en la celebración de una conferencia ministerial sobre dicho país, y más tarde en la organización de una conferencia de donantes. 
Esta última ha permitido reunir anuncios a corto y medio plazo de una cantidad equivalente a 500 millones de dólares USA, siendo la participación de la Comunidad de 100 millones. 
También se destinó una cantidad idéntica como ayuda inmediata a la balanza de pagos y al presupuesto de Albania. 
El Consejo no ha podido, como era el deseo de la Presidencia, lograr avances decisivos en varios capítulos de las negociaciones en curso desde hace años con la Confederación Helvética. 
En razón de la globalidad de las negociaciones y de la necesidad de asegurar el paralelismo entre todos los capítulos, el dossier Transportes fue objeto de intensas concertaciones entre los Quince y entre la Comisión y la Presidencia, por una parte, y con los dirigentes suizos, por otra. 
En vista de las últimas tendencias, cabe esperar que se produzca un avance significativo en el transcurso de los primeros meses del año próximo. 
El Presidente del Consejo Europeo ha expuesto ante este Parlamento la oferta dirigida a Turquía en el marco de la reunión de Luxemburgo. 
Durante toda nuestra Presidencia, nos hemos mantenido en estrecho contacto con Ankara. 
No hemos escatimado ningún esfuerzo, especialmente a la hora de precisar con toda claridad los avances previstos en la profundización de la Unión aduanera. 
En Luxemburgo, hemos propuesto a Turquía su inclusión en nuestra estrategia de ampliación, antes de invitarle a unirse al proceso de adhesión propiamente dicho. 
Le hemos propuesto participar en la Conferencia Europea. 
Le hemos propuesto una estrategia específica de acercamiento. 
Hemos confirmado su derecho a integrarse y hemos confirmado también que se le juzgará en base a los mismos criterios que a los demás países candidatos. 
La oferta de la Unión es sincera, sustancial y creíble. 
La Unión no ha dado ningún portazo, la puerta está abierta. 
Ahora le toca a las autoridades de Ankara comprometerse con la vía que se ha trazado. 
La Unión Europea es una comunidad de valores y objetivos. 
Ahora Turquía debe demostrar que los comparte. 
La Presidencia ha hecho todo lo posible para conseguir que el 1 de diciembre entre en vigor el acuerdo de cooperación con Rusia suscrito en 1994 en Corfú. 
La vía ha quedado abierta con vistas a la convocatoria de un primer Consejo de cooperación, que la parte rusa desea que se reúna bajo la Presidencia británica. 
Bajo la Presidencia luxemburguesa se celebró una primera Cumbre Unión Europea-Ucrania. 
Más tarde, el Consejo confirmó la voluntad de la Unión Europea de aportar su apoyo a las autoridades de Kiev en sus esfuerzos de reforma económica. 
En lo que respecta al proceso de Barcelona, el panorama es algo ambiguo. 
Es cierto que se han suscrito un Acuerdo euromediterráneo con Jordania y un Acuerdo de cooperación con Yemen. asimismo, la celebración de una conferencia conjunta en Helsinki a nivel de ministros de Medio Ambiente revela la voluntad de seguir avanzando. 
En cambio, la anulación de un encuentro de los ministros de Industria no deja de ser inquietante, en la medida en que este hecho viene a corroborar la impresión de que, actualmente, no es posible celebrar reuniones en territorio árabe con la participación de todos los Estados asociados en el proceso de Barcelona. 
Sabemos que el motivo que alegan nuestros interlocutores árabes es la delicada situación por la que atraviesa el proceso de paz en Oriente Medio. 
No obstante, mediante visitas de la Presidencia a Jerusalén, Gaza, El Cairo, Ammán, Damasco y Beirut y gracias a los incesantes esfuerzos de su enviado especial, el Embajador Sr. Moratinos, la Unión no ha cesado de instar a las partes a relanzar el mencionado proceso. 
La estrategia reforzada de la Unión Europea se refleja con todo detalle en las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo. 
Mañana, cuando recibamos al Primer Ministro Netanyahu, y luego el viernes al Presidente Arafat, proseguiremos nuestra acción de persuasión en favor de la paz. 
En su afán de ayudar a la Autoridad Palestina a hacer frente a sus necesidades de tesorería a raíz de la interrupción temporal por parte de Israel de los ingresos fiscales que le corresponden, la Unión ha creado un fondo de operaciones que le permita en el futuro hacer frente a este tipo de situaciones. 
El Consejo ha examinado también el cumplimiento por parte del interlocutor israelí de las normas sobre el origen. 
Hemos conseguido encontrar soluciones pragmáticas para la satisfacción de todos. 
La Unión Europea, como ustedes saben, ha seguido durante estos últimos meses con gran preocupación la situación en Argelia. 
En el marco de la reunión celebrada con el ministro de Asuntos Exteriores argelino, Sr. Ataf, el 26 de noviembre en Luxemburgo, hemos instado a las autoridades argelinas a seguir una política lo más transparente, abierta e inclusiva posible. 
Se están llevando a cabo negociaciones sobre un nuevo Acuerdo de asociación. 
La Presidencia se complace asimismo de constatar la vuelta a Irán de los embajadores de la Unión. 
Este regreso ha podido conducirse con la solidaridad de todos. 
La reanudación de las relaciones diplomáticas normales no puede, sin embargo, hacernos olvidar nuestras profundas divergencias con algunos aspectos de la política iraní. 
En África, la situación en la región de los Grandes Lagos sigue siendo preocupante. 
Al igual que en Oriente Medio, la presencia de un enviado especial de la Unión Europea garantiza la continuidad de la acción de Europa, al mismo tiempo que favorece su visibilidad. 
Encabecé la troika de la Unión Europea que viajó a comienzos de agosto a Kinshasa para reunirse con el Presidente Kabila e instarle a desarrollar una política democrática y respetuosa de los derechos humanos. 
El Consejo ha aprobado medidas restrictivas con respecto a la UNITA en Angola, a la intención de Sierra Leona y ha renovado aquéllas dirigidas al actual régimen en Nigeria. 
Durante los seis meses transcurridos, la Comisión y la Presidencia, de común acuerdo, han desplegado muchos esfuerzos para intensificar la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Mis contactos con la Secretaria de Estado norteamericana, la Sra. Madeleine Albright, sobre una serie de temas de política exterior de interés común, como Bosnia, Oriente Medio, Ucrania e Irán, han sido frecuentes. 
Hemos podido concretar una serie de acuerdos y declaraciones tanto, por ejemplo, sobre el comercio de la electrónica, como el acuerdo de última hora sobre las normas de caza con trampa sin crueldad. 
Los contactos han sido constantes sobre las diferencias entre Europa y los Estados Unidos relativas a las leyes de efectos extraterritoriales Helms-Burton y d ' Amato. 
Ha sido necesario mucho tacto durante todos estos últimos meses para consolidar la unidad de opiniones entre los Quince, aunque sin perder por ello a partir de la fecha límite del 15 de octubre, el contacto con la Administración norteamericana. 
Con Canadá, la Unión ha podido firmar también al final de la Cumbre un acuerdo sobre las normas de caza con trampa, que habrá sido de la satisfacción de la gran mayoría de los Estados miembros. 
Tras arduas negociaciones, el 8 de diciembre fue posible firmar el Acuerdo de asociación económica y de cooperación con México. 
Hemos conseguido dar un nuevo impulso a nuestras relaciones con nuestros interlocutores de Asia. 
La reunión de altos funcionarios, celebrada a finales de octubre en Luxemburgo, se saldó con resultados sustanciales, especialmente en lo relativo al fortalecimiento del diálogo político y una buena preparación de la próxima cumbre de la ANASE en Londres el próximo mes de abril. 
Hemos relanzado de manera prometedora nuestro diálogo con China. 
En julio me reuní con el ministro chino de Asuntos Exteriores en Kuala Lumpur y más tarde en Nueva York, el mes de septiembre. 
Hemos acordado reanudar, sin condiciones previas, el diálogo en materia de derechos humanos. 
Dos reuniones celebradas desde entonces a nivel de expertos en Luxemburgo y en Pekín han obtenido unos resultados alentadores. 
El desarrollo de nuestras relaciones con los países de la ANASE se presenta menos fácil. 
Es de lamentar que la reunión de la Comisión mixta, prevista para noviembre en Bangkok, entre la Unión Europea y la ANASE no haya podido celebrarse en la fecha convenida debido a la insistencia de nuestros interlocutores asiáticos de asegurar la presencia de representantes del poder militar de Birmania. 
Los Consejos de Asuntos Generales y de Desarrollo han iniciado un debate en profundidad sobre el futuro del Convenio de Lomé, sobre la base de las orientaciones propuestas por la Comisión. 
Hemos apreciado especialmente la contribución que en este aspecto ha tenido el Parlamento Europeo y, en particular, su ponente, el antiguo Primer Ministro Martens. 
El Consejo, tras quince meses de vacilaciones, ha podido definir las reglas sobre la limitación de los flujos comerciales del arroz y el azúcar que proceden y cruzan los Países y Territorios de Ultramar. 
Este ejercicio particularmente arduo ha permitido la aprobación de la nueva dotación financiera concedida a los Países y Territorios de Ultramar a raíz de la revisión del Convenio de Lomé. 
La Presidencia luxemburguesa desea también hacerles partícipes de su satisfacción por la adopción de una resolución sobre la microfinanciación en los países en vías de desarrollo. 
En el momento en que finalizaban los trabajos del Consejo Europeo en Luxemburgo, hemos anotado el acuerdo alcanzado en el seno de la OMC sobre los servicios financieros. 
Este acuerdo es un buen augurio para el futuro de la OMC. 
Como también era el deseo de su Parlamento, el Consejo ha aprobado las decisiones que se imponían en materia de aplicación de la acción común encaminada a frenar en todo el mundo el uso de las minas antipersonales. 
Gracias a esta decisión, la Unión y sus Estados miembros dan una respuesta concreta al cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Ottawa. 
La Unión ha confirmado a los ojos de todos su liderazgo a nivel de las ayudas a las operaciones de eliminación de minas. 
El Consejo ha aprobado dos reglamentos en su afán de esclarecer los fundamentos jurídicos para toda una serie de líneas presupuestarias en el ámbito de los derechos humanos. 
En este sentido, señalamos la declaración del Consejo Europeo de Luxemburgo con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 
Señor Presidente, al finalizar el presente informe con las relaciones institucionales, no quisiera dar la impresión de que se trata de una preocupación secundaria de la Presidencia saliente, todo lo contrario. 
Hemos podido medir, en todo momento, la importancia de las buenas relaciones que existen entre el Consejo y la Comisión, por una parte, y entre este mismo Consejo y el Parlamento Europeo, por otra. 
Pero en lo que respecta precisamente a las relaciones con su Parlamento, la Presidencia luxemburguesa ha dado muestras del compromiso de todas las instancias. 
No enumeraré las compariciones ministeriales, tanto en comisión como en el pleno. 
El diálogo ha sido permanente y, a menudo, muy fructífero, y como prueba de ello baste el número de conciliaciones concluidas con éxito en materias a menudo difíciles, en las que, en ocasiones, los intereses eran fuertemente divergentes. 
El propio Presidente José María Gil-Robles ha indicado que esta Presidencia, con diez conciliaciones logradas, ha establecido un nuevo récord. 
Más allá de este palmarés tan elocuente, permítanme destacar también que, con anterioridad a la aplicación del Tratado de Amsterdam, los ministros de Justicia consultaron al Parlamento sobre el conjunto de iniciativas que figuraban en el orden del día del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
Permítanme, por último, hacer hincapié en la importancia que la Presidencia ha atribuido a la intervención del Parlamento en el orden secuencial de las decisiones por las que, a comienzos de mayo del año próximo, se regirá la elección de los futuros miembros de la Unión Económica y Monetaria. 
Todo ello me lleva a decir que, con la ayuda de todos y en el respeto de las competencias que atribuyen los Tratados a cada una de nuestras instituciones, esta Unión está en condiciones de decidir y, por consiguiente, de avanzar. 
Señoras y señores diputados, les corresponde a ustedes emitir un dictamen sobre el balance que el Primer Ministro y yo acabamos de esbozar. 
Los miembros del Gobierno al que pertenezco y todos los altos funcionarios que le han colaborado tenían gran interés en demostrar que, a pesar de sus medios modestos, Luxemburgo está siempre en condiciones de aportar una participación de utilidad a la realización de nuestras ambiciones comunes. 
Al término de mi tercera Presidencia del Consejo, quisiera agradecer y felicitar especialmente a todos mis colaboradores. 
Su motivación ha sido ejemplar. 
Una vez más, han dado a Europa lo mejor de sí mismos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un Consejo Europeo que por primera vez se ha concentrado exclusivamente en el problema central de la última década de este siglo: la lucha común contra el desempleo en los Estados miembros de la Unión; un Consejo Europeo que ha dado el pistoletazo de salida para la solución del problema central de Europa en la primera década del próximo siglo: la agrupación de los pueblos de todo el continente en una Unión de libertad, democracia y desarrollo económico; un presupuesto en el que se ha conseguido, con la participación del Parlamento, que prevalezcan los principios de la austeridad, la solidaridad y la capacidad de actuación de la Unión. 
Un esfuerzo ejemplar y con resultados favorables de la Presidencia para establecer una colaboración razonable entre el Consejo y el Parlamento en todos los ámbitos de la política de la Unión. ¡Ésta ha sido, señor Presidente, la gran Presidencia de un pequeño país! 
Mi Grupo político aprueba las decisiones del Consejo Europeo del 12 y 13 de diciembre sobre el inicio del proceso de ampliación de la Unión. 
Éstas responden al planteamiento de fondo que defendió mi Grupo durante el proceso de debate en nuestra Asamblea. 
En primer lugar, inicio simultáneo del proceso de adhesión en todos los países aspirantes. 
Segundo, comenzar a negociar la adhesión en primer lugar con 5 + 1 países y, tercero, fomentar mediante intensas conversaciones y un incremento de la ayuda el inicio en el plazo más breve posible de negociaciones concretas con cada uno de los cinco países restantes. 
Yo acojo con satisfacción las palabras del Presidente Juncker sobre Turquía. 
Mi Grupo político ya juzgaba antes muy generosa la oferta del Consejo Europeo a Turquía. 
Incluso demasiado generosa, en opinión de algunos. 
Ahora decimos que Turquía debería reflexionar sobre sus intereses y aprovechar las oportunidades que le abre esta oferta, en vez de enfurruñarse. 
Por otro lado, el resultado más importante de la Cumbre no es la reacción de Turquía, sino que ésta ha dado la luz verde para el inicio de la adhesión de los pueblos de la Europa del Este a la Unión Europea y ha definido el método que habrá que seguir. 
Nuestra mirada está puesta en el futuro y, en este sentido, yo afirmo que la decisión de iniciar el proceso de adhesión resulta insignificante en comparación con las decisiones que la Unión Europea deberá adoptar en los próximos años para que la ampliación tenga éxito. 
Tendremos que estar preparados para unas negociaciones arduas y largas, pues cuando éstas se concreten en los próximos cinco, seis o siete años, la solidez de la voluntad de adhesión de los pueblos de la Europa del Este y de su entusiasmo en favor de la misma también se verá puesta a prueba en más de una ocasión. 
Pero la prueba que tendrá que superar nuestra Unión será mucho más difícil aún. 
La reforma de la política agraria, de los Fondos estructurales, y también la financiación de la ampliación demostrarán muy pronto que la ampliación no va a salir gratis. 
Exigirá voluntad reformadora, concesiones, voluntad de compromiso y sacrificios por parte de todos, y lo subrayo, de todos los Estados miembros de la Unión. 
Y la Unión deberá dar prueba no sólo de perseverancia, sino también de valor y de visión a largo plazo. Esto es particularmente cierto por lo que se refiere a la reforma de las instituciones. 
Mi Grupo político lamenta que el Consejo Europeo de Luxemburgo no haya añadido nada al respecto, aparte de ratificar el Tratado de Amsterdam. 
Nosotros insistimos en que la Unión requiere una reforma de fondo antes de la adhesión del primer nuevo Estado miembro. 
(Aplausos) El inicio del proceso de ampliación debe ser también el comienzo de un gran debate de todas las fuerzas sociales de la Unión Europea, un debate sobre el futuro mismo de la Unión y, por lo tanto, de Europa. 
Este debate, Señorías, también debe intensificarse en nuestro Parlamento. 
La introducción del euro y la ampliación nos sitúan a todos ante el tema de la futura constitución de nuestra Unión. 
Plantean el tema de las futuras fronteras de la Unión. 
La ampliación tiene y debe tener un límite. 
En nuestra Europa, citando a Shakespeare, debe haber algo más que la tenue separación entre el cielo y la tierra, algo más que la mera disyuntiva entre el estar dentro o fuera de la Unión Europea. 
¡Esto es lo que tenemos que debatir! 
Señorías, en los años cincuenta, nuestros padres tuvieron el valor y la visión de futuro necesarios para superar el antagonismo milenario entre Francia y Alemania en el seno de una Comunidad Europea. 
Por primera vez desde hace un milenio, nuestra generación de políticos tiene la oportunidad de unir a toda Europa por la voluntad libre de los pueblos. 
Demostremos que tenemos el mismo valor y la misma visión de futuro que nuestros padres. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señores Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, Señorías: si las negociaciones con los diez países de la Europa Central y Oriental y con Chipre se concluyen en sentido favorable, una Europa sin división entre Oriente y Occidente se convertirá en un hecho. 
Por este motivo, la Cumbre Europea de Luxemburgo puede considerarse como un hito histórico para la unificación europea. 
Una vez más, sale triunfadora la audaz visión de los fundadores, de los padres de la Europa comunitaria. 
Europa se une libre y pacíficamente porque ha asumido un principio revolucionario en sus intrínsecas relaciones internacionales, a saber, la integración comunitaria. 
El Parlamento Europeo pretendía evitar una nueva separación que habría dejado aparte a algunos países, pese a los enormes esfuerzos de éstos para dar nueva vida a la democracia y a la economía de libre mercado. 
La Cumbre se ha sumado a esta línea de conducta. Ofrece a todos los candidatos la oportunidad de negociar con la Unión Europea a partir de la primavera de 1998, incluso si el ritmo de dichas negociaciones difiere según el grado de preparación de cada país. 
La sombra que planea sobre el éxito de Luxemburgo proviene de Turquía. 
Europa confiaba en que dicho país se adaptaría de forma efectiva a los principios de democracia y de estado de derecho vigentes en la Unión Europea. 
A nuestro entender, resulta obvio que la ruptura del diálogo político con Ankara no debe continuar, pero nos parece igualmente evidente que no hay solución posible para Chipre sin un clima de confianza y de diálogo en el que no deben tener cabida chantajes y amenazas. 
Señorías, hoy quisiera rendir homenaje a la Presidencia Luxemburguesa, que ha realizado una labor extraordinaria en perfecto diálogo con el Parlamento Europeo. 
Quisiera elogiar a Jean- Claude Juncker por su trabajo personal, tanto en su cargo estratégico de Presidente del Consejo Europeo, como en su cargo de presidente de ECOFIN y del Consejo de Empleo. Me gustaría felicitar al Ministro de Asuntos Exteriores y a todos sus colaboradores. 
La Cumbre sobre el Empleo ha incluido, de un modo definitivo, en el orden del día europeo esta nueva dimensión que faltaba y que es sumamente delicada para nuestros ciudadanos. 
Simultáneamente, Ustedes ha logrado un importante avance en lo concerniente al régimen tributario. 
El Consejo aprobó un paquete que contenía un código de conducta para los Estados miembros relativo al régimen tributario aplicable a las empresas y a los saldos de ahorro. 
Nuestra apreciación se reafirma aun más por los avances logrados en la lucha contra la criminalidad internacional, dentro de los ámbitos de Justicia y de Asuntos Interiores, con el impulso de nuestro antiguo colega Marc Fischbach. 
No obstante, también estamos preocupados. 
Me gustaría preguntar al Presidente del Consejo si puede confirmar la interpretación positiva del punto 3 de las conclusiones, es decir, si la ampliación irá precedida de una reforma institucional. 
Por otra parte, al igual que Ustedes, constatamos que existe una paradoja entre el núcleo cada vez más coherente y estructurado alrededor del Euroconsejo y la ampliación de la Unión Europea, que a largo plazo abarcará 25 Estados miembros. 
Si nos hubiéramos conformado con una Europa a diferentes velocidades, esta paradoja no hubiera existido para nosotros. 
Pese a ello, no hemos aceptado esta situación y hemos conservado nuestra ambición de construir una Unión Europea más amplia y coherente y, por tanto, nos adherimos a la declaración de los tres países que desean condicionar la ampliación a una reforma institucional previa. 
Dicha reforma es imprescindible para reconciliar los efectos de dos dinámicas, a saber, la dinámica del euro y la de la ampliación. 
Otra de nuestras preocupaciones concierne a las perspectivas financieras. 
No cabe duda de que nuestros conciudadanos aprecian mucho una gestión cuidadosa de los recursos financieros. 
No obstante, también son conscientes de que un día de paz no tiene precio y de que, aunque la ampliación entrañará a corto plazo un gasto que hemos de asumir, a largo plazo será un logro que beneficiará a todo el continente. 
Por lo tanto, esperamos que los próximos meses no se vean enturbiados por discusiones prosaicas sobre el juste retour y que el debate financiero no llegue a predominar sobre las ambiciones políticas. 
La foto familiar con los 26 jefes de Estado y de Gobierno significaba mucho más que la imagen tradicional de un foro internacional. 
Los 110 millones de ciudadanos europeos que han sido llamados para colaborar con nosotros tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario para integrar sus economías en la Unión Europea. 
No obstante, también ellos tienen un compás de espera. 
Tienen un horizonte que se acerca. 
Asumamos, con dignidad, en los próximos meses y años, nuestra responsabilidad en el importante período de transición de dichos países hacia su adhesión a la Unión Europea. 
Señores Presidentes, deseo felicitar muy especialmente al Sr. Juncker, Presidente del Consejo Europeo, y a la Presidencia luxemburguesa por la extraordinaria energía que han demostrado para que las dos cumbres sucesivas de Luxemburgo desemboquen en resultados concretos y en una serie de decisiones de gran calidad. 
La decisión adoptada en Luxemburgo el 12 de diciembre de 1997 por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Quince de iniciar, a partir de comienzos del año próximo, las negociaciones de adhesión con diez países de Europa central y Europa oriental y con Chipre constituye un acontecimiento histórico de una importancia capital. 
El resultado de esta decisión equivale a poner fin definitivamente a la división de Europa, una de las secuelas más execrables de la II Guerra Mundial, pero para que esta decisión histórica no se quede en una realidad virtual y se sitúe en el tiempo, aún queda todo por hacer, y me veo tentado a decir que aún queda por hacer lo más difícil. 
El tren está encarrilado, pero por el momento está dentro de un túnel y sus pasajeros lo ignoran todo sobre el paisaje que descubrirán a la salida del túnel. 
En semejantes circunstancias, es comprensible que se sientan angustiados. 
Siguiendo una costumbre muy arraigada, se han aplazado las cuestiones molestas como la reforma de las instituciones, la adaptación de la Política Agrícola Común a los nuevos desafíos de la Europa ampliada, así como las del abandono de las campañas y la financiación de las políticas comunes y de ampliación. 
Pero llegará un día, y esperemos que sea lo antes posible, en que habrá que responder a las preguntas existenciales que se hacen los ciudadanos europeos. 
¿Cuáles son los límites geográficos de Europa? 
¿Quién tiene vocación de formar parte de la Unión Europea? 
¿Qué tipo de asociación debe proponerse a los países que, aunque no todo su territorio sea europeo, como Turquía o Rusia, tienen una historia europea y fuertes lazos culturales y económicos que les unen a Europa? 
En lo relativo a Turquía, la ambigüedad de las soluciones propuestas ha conducido a una ruptura que ojalá sólo sea temporal, de lo contrario sería trágico. 
¿Qué sería mañana de nuestras relaciones con Rusia, si la Unión Europea sigue expandiendo sus fronteras hacia el Este, sin definir previamente una arquitectura política global de la gran Europa que abarque a Rusia? 
¿Qué contenido político deseamos dar a la Unión Europea ampliada en materia de política de defensa, seguridad y de proyecto de sociedad común? 
Si las negociaciones de adhesión se limitaran- y este riesgo existe- a examinar únicamente en qué condiciones puede ampliarse a los futuros Estados miembros el acervo comunitario y cómo éste puede ser aplicado por éstos, ¿no perderíamos de vista lo fundamental, que consiste en constituir un conjunto político europeo capaz de superar el desafío de la mundialización y evitar la nivelación cultural, lo que destruiría nuestros valores de civilización? 
¿Qué solidaridad en materia de seguridad interna y exterior o de crecimiento equitativamente repartido queremos establecer entre los europeos para conseguir su adhesión a un proyecto común? 
No se puede conducir a los pueblos hacia su destino con los ojos tapados. 
Es necesario, por consiguiente, aportar cuanto antes a nuestros ciudadanos europeos respuestas a los interrogantes que acabo de exponer y que las Cumbres de Amsterdam y Luxemburgo han dejado hasta ahora sin respuesta. 
Es cierto que seguimos avanzando, lo que no está tan mal, pero se trata aún de una marcha de ciegos, y las futuras Presidencias de la Unión Europea tienen trabajo para rato. 
Les deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, al término del segundo semestre del año 1997, uno se siente tentado a afirmar que el mantenimiento de la igualdad estatutaria en el seno de la Unión Europea la lleva a una consideración muy distinta. 
El Sr. Juncker me habrá entendido. 
En realidad, la calidad de un Consejo Europeo no está en función del número de habitantes del Estado miembro que asume la Presidencia en ejercicio del Consejo ni tampoco del número de asuntos resueltos. 
Lo que importa en primer lugar es su capacidad para aprobar auténticas orientaciones políticas. 
El Consejo Europeo de los pasados días 20 y 21 de noviembre, que marcó la señal de salida de una política coordinada de los Estados miembros en la lucha contra el desempleo, ha respondido a esta expectativa. 
En fecha aún más reciente, el Consejo de los días 12 y 13 del corriente marca el inicio oficial de la larga reconciliación de Europa consigo misma. 
La vía de la ampliación ha quedado trazada. 
Naturalmente quedan pendiente cuestiones importantes, especialmente aquéllas relativas a la financiación de la Agenda 2000. 
Pero no nos hagamos ilusiones. 
En un futuro previsible no habrá o ya no habrá más lugar a recurrir a las soluciones fáciles ni en materia de política y en materia de financiación de las políticas actuales de la Unión Europea ni en aquélla relativa más concretamente a la ampliación. 
Ello no merma en nada el carácter histórico de la decisión del Consejo Europeo de abrirse a diez países de Europa central y a Chipre. 
Lo fundamental de esta decisión es también, en cierta medida y retomando una frase muy conocida, lo que queda cuando todo haya pasado. 
Son ese puñado de marcas de referencia indispensables que deben situarse en la base del recorrido hacia una Europa más fuerte y más amplia: me refiero a los derechos humanos, el respeto de las minorías y un Estado de derecho digno de su nombre. 
Tras haberse convertido en algo evidente en nuestros Estados miembros y ser descubiertas de nuevo por los Estados candidatos de Europa central y Europa oriental, dichas marcas de referencia o criterios políticos a los que hago referencia están recogidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. 
Nuestros Estados miembros lo han suscrito. 
Los países candidatos también. 
Y lo mismo es cierto de las autoridades turcas, que suscribieron el convenio mucho antes que los PECO. 
No estamos, por tanto, exigiendo lo imposible a Turquía cuando recordamos a las autoridades turcas que respeten los principios que ellas mismas han suscrito y los textos que ellas mismas han firmado y ratificado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Ministro de Asuntos Exteriores, su Presidencia en ejercicio del Consejo, que finalizará en breve y por la que les reitero mis felicitaciones sin reserva, a título personal y en nombre de los miembros del Grupo de los Liberales, ha hecho posible progresos decisivos en ámbitos fundamentales. 
La indispensable reforma institucional, la definición de los parámetros presupuestarios, las adaptaciones laboriosas en la Unión Europea y en los países candidatos indican que aún queda mucho camino por recorrer para realizar esta Unión Europea, una Unión basada en los valores, cada vez más estrecha, más apiñada, en una palabra, este nuevo orden de paz, justicia, libertad, Derecho y prosperidad por el que hacemos votos. 
El mérito de haber tomado la salida correcta le corresponde a ustedes indiscutiblemente. 
Señor Presidente, señores presidentes del Consejo y de la Comisión, yo también me sumo a la felicitación por el excelente trabajo de la Presidencia luxemburguesa. 
Se ha puesto de manifiesto cómo un país pequeño desde el punto de vista demográfico se puede convertir en un gran país desde el punto de vista político. 
Y con esa filosofía, desde un grupo mediano, nosotros queremos hacer aportaciones importantes desde un sentido crítico, pero desde un gran compromiso con la construcción europea. 
Por ello, yo quisiera tratar primero de la Cumbre sobre el empleo. 
Hacemos una valoración positiva porque por primera vez, a petición del Gobierno francés, se celebra una cumbre sobre el empleo, que es el principal problema que tenemos en la sociedad europea y en nuestras sociedades nacionales. 
Es cierto que la política de empleo sigue siendo competencia de los Estados, pero los Estados han adquirido compromisos con plazos determinados para resolver el desempleo y dar formación profesional a los parados de larga duración y a los jóvenes, y se han comprometido solemne y públicamente ante la opinión pública de sus países. 
Los aspectos negativos, que también voy a mencionar, son claros, pues se mantiene la subordinación a la lógica del Pacto de estabilidad y no se controla el poder autónomo del Banco Central Europeo, aunque también hay que reconocer que la creación del Consejo del Euro significa precisamente la voluntad de que haya un gobierno político sobre la economía europea. 
No se aprovecha la sinergia de las propuestas francesa e italiana sobre la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas, aunque existía la posibilidad de llevar este debate a todo el espacio europeo. 
En cuanto al Consejo de los días 11 y 12 de diciembre, manifestamos nuestro fundamental acuerdo con el gran objetivo de la ampliación, pero siguen pendientes dos grandes problemas. 
El primero, que no se han realizado las reformas institucionales necesarias y se corre el peligro de reconvertir el espacio europeo en una gran zona de libre cambio. 
Por eso, apoyamos con toda nuestra fuerza que haya esa reforma institucional previa antes de que ingrese un solo país en la Unión Europea. 
Por otra parte, existe la percepción en numerosos países de que el coste de la ampliación será pagado por los países menos ricos de la Unión con la reducción de las políticas de solidaridad y el debilitamiento de la Política Agrícola Común. 
Es necesario aumentar las perspectivas financieras. 
También estamos en contra de la discriminación en la aceptación de nuevos países y, por ello, nos parece muy bien que se plantee un abanico de posibilidades para todos ellos. 
Y pensamos que, por primera vez, la Unión Europea manifiesta una postura clara sobre Turquía. 
No somos un club de cristianos. 
Turquía es un verdadero candidato, pero debe cumplir las condiciones. 
No quiero recordar aquí las votaciones y las condiciones de la Unión aduanera, pero sí quiero tratar de un problema colateral muy importante, porque ha habido algunas declaraciones, yo creo que inoportunas, desde instituciones europeas sobre la República de Chipre. 
Como resultado de la posición de Turquía y de sus amenazas no podemos ceder en la aceptación de un único Gobierno legítimo de Chipre. 
Es necesario que sepan los habitantes de Chipre que, aunque hay dos comunidades que tienen que trabajar juntas, hay un único Gobierno legítimo. 
Por último, quiero decir que valoramos muy positivamente la declaración del Consejo sobre el proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Y despedimos a la Presidencia luxemburguesa con emoción, con gratitud y también queremos demostrar nuestra gratitud al Presidente Santer que, poco a poco, con la Comisión va trabajando y apoyando el trabajo de las diferentes presidencias del Consejo. 
Muchas veces le criticamos pero es necesario también darle apoyo y aliento en sus trabajos, no vaya a ser que nos olvidemos de la Comisión. 
Señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, señor Presidente, Señorías, tomamos la última recta hacia el final del año 1997; los tonos y colores festivos incluso se aprecian en esta Asamblea. 
El año pasado, los debates de las instituciones políticas europeas se centraban en la Agenda 2000, con la cuestión apremiante de cómo salvar, de forma concreta, el gran abismo que dividió a Europa en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial y de cómo volver a convertir al viejo continente en una sola Europa. 
Las decisiones del Consejo de 12 y 13 de diciembre demuestran que aunque fueron 12 los países llamados, sólo pocos fueron los elegidos, es decir, cinco más uno. 
El Grupo de los Verdes lamenta que el Consejo haya optado, en el fondo, por un modelo de dos categorías. 
Hace unas semanas tan sólo, la opción mayoritaria del Parlamento Europeo era otra. 
Creo que no es necesario ocultar este hecho, ya que ello no ayuda a los países en cuestión, ni redunda en beneficio de nuestra credibilidad. 
La opción de esta Asamblea era que se comenzaran los procesos de adhesión y los de negociación con todos aquellos países candidatos que cumplieran los criterios políticos de Copenhague. 
Lo que queda de ello es una foto del 30 de marzo con un grupo de once candidatos. 
Las verdaderas, las reales negociaciones bilaterales se iniciarán con cinco países más uno, mientras a los demás se les prepara intensivamente para entrar en negociaciones en una fecha posterior, muy posterior. 
Por lo tanto, para ellos sólo se prevé un proceso de adhesión institucionalizado y no un proceso de negociación. 
Además, el que haya podido captar las reacciones de los numerosos periodistas de la Europa Oriental que estaban presentes en la sala de prensa en Luxemburgo, habrá podido intuir la gran desilusión de aquellos que fueron llevados a la sala de espera y la gran alegría de aquellos que fueron admitidos en las negociaciones inmediatas. 
Por otra parte, llama la atención que Eslovaquia, pese a sus graves problemas políticos, vaya a recibir exactamente el mismo trato que los cuatro países restantes. 
Aunque el Parlamento deseaba apoyar a Eslovaquia con una clara oferta de adhesión, no deseaba poner en marcha las negociaciones. 
Al desaparecer materialmente el inicio de las negociaciones con los cuatro países restantes, Eslovaquia goza de exactamente las mismas condiciones. A Turquía, en cambio, se le dará un trato incomparable. 
Hace unas semanas, el Parlamento Europeo planteó, con razón, que Amsterdam no bastaba para llevar a cabo reformas institucionales fundamentales. 
En esta cuestión el Consejo continúa siendo muy ambiguo. 
No obstante, diputados, aquí tenemos la clave en nuestras manos: sin nuestro consentimiento ningún país puede adherirse. 
Por tal motivo, me gustaría instar a esta Asamblea a que elabore, junto con los parlamentos de los Estados miembros y los de los países candidatos, una estrategia parlamentaria encaminada a la reforma de la Unión Europea, con el fin de capacitarla para la ampliación y que se pueda iniciar un proceso que le permite salvar el abismo social y cultural entre la Europa Occidental y la Oriental, desarrollando así una auténtica asociación de todos los países candidatos, con independencia de sus dispares tradiciones étnicas y religiosas. 
Ello nos permitirá ayudar de un modo efectivo a las fuerzas democráticas y humanitarias de todos los países candidatos, lo que es nuestra misión. 
Señor Presidente, como muchos oradores que me han precedido, quisiera felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo y al Primer Ministro por los esfuerzos que ha realizado su Presidencia. 
Han confirmado que un país que no es el más grande puede perfectamente desplegar una energía que no se corresponde con su número de habitantes. 
Pero ahora se trata de evaluar los Consejos Europeos, es decir, las decisiones adoptadas por los quince Jefes de Estado y de Gobierno. 
El balance nos parece muy contrastado. 
Hablaré sobre todo de la segunda cumbre, la de los días 12 y 13 de diciembre, puesto que ya tuvimos un debate sobre la importante Cumbre sobre el Empleo. 
La cumbre de diciembre comprende, evidentemente, dos aspectos positivos. 
Me refiero, en primer lugar, a la confirmación de la voluntad de la Unión de acoger, en un futuro más o menos próximo, a los diez países candidatos de Europa central y oriental además de a Chipre. 
Es un punto muy importante y comprendo la emoción a la que se refería el Presidente de la Comisión. 
Además, señor Presidente del Consejo, ha conseguido reunir a todos los países candidatos de Europa central en la misma foto de familia, esforzándose así en atenuar el establecimiento de dos categorías distintas deseado por la Comisión. 
Le felicito por ello. 
Me complace constatar que se acelerarán las negociaciones en el caso de todos los países candidatos, a condición de que éstos registren avances suficientes. 
Además, usted promete reforzar sustancialmente las ayudas que les permitan alcanzar dichos progresos. Tomemos nota de estas promesas. 
Entre los puntos positivos de esta cumbre clasifico asimismo la confirmación de las medidas para el lanzamiento del euro y el reconocimiento de la posibilidad de que los ministros de la zona euro se reúnan entre sí. 
En este sentido, me congratulo de que se haya hecho hincapié en la necesidad de coordinar las políticas económicas. 
Quedan muchos puntos que son, si no negativos, al menos imprecisos u oscuros. 
Lo mismo ocurre con la ampliación. 
Haré cuatro observaciones. 
La atenuación de la distinción entre las dos categorías de países candidatos no significa que se suprima dicha distinción. 
Deberemos mantenernos muy atentos para evitar que las negociaciones no terminen en un agravamiento de las divisiones, o incluso de las rivalidades entre los países candidatos. 
Manifestaré asimismo la gran inquietud que existe por la necesaria reforma de las instituciones de la Unión que debe preceder a la ampliación. 
El Consejo Europeo ha hablado de ello, pero sin asumir ningún compromiso concreto y sin manifestar una voluntad política clara y nítida. 
También aquí deberemos mantenernos atentos. 
La misma falta de precisión y la misma timidez en lo relativo al futuro marco financiero. 
El Consejo Europeo se ha limitado a vaguedades y seguimos sin ver cómo se podrá realmente ayudar de forma realista a los países de Europa central y oriental, al tiempo que ayudamos a nuestras regiones menos favorecidas, preservamos nuestras políticas comunes y promovemos la creación de puestos de trabajo. 
Desde este punto de vista, el Consejo Europeo, en cierto modo, ha optado por la huida hacia delante. 
En lo que respecta a Turquía, confieso mi descontento. 
A pesar de lo que se ha dicho esta mañana en este hemiciclo y que he seguido atentamente, no creo que la Unión tenga una estrategia clara en lo relativo a Turquía. 
Esta falta de estrategia no data de hoy, lo reconozco. 
Se remonta a los años sesenta. 
Pero hoy, ¿era realmente oportuno dedicar a este país una exposición tan larga en el documento final de la Cumbre de Luxemburgo? 
Una exposición mucho más larga y severa que a cualquiera de los demás países candidatos, con el riesgo de desencadenar reacciones de orgullo patriótico en Turquía y, lo que es aún más grave, con el riesgo de parecer que se han avanzado con segundas intenciones. 
Sólo en la serenidad, la objetividad y la franqueza podremos encontrar soluciones a este dossier infinitamente complejo y evitar patinazos lamentables, observados aquí y allí. 
Me refiero, por ejemplo, a las referencias religiosas para trazar las fronteras de Europa. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha realizado un excelente trabajo, pero no es responsable de las vacilaciones de los catorce gobiernos restantes. 
Indiscutiblemente, deja la Unión en mejor estado de lo que estaba hace seis meses. 
La moral de la tropa, si me permite esta expresión algo trivial, la moral de la tropa está más alta. 
Pero, al igual que yo, usted sabe que la Unión avanza con pasos cortos. 
En numerosas cuestiones seguimos estando en la fase de intenciones. 
Aún serán necesarios muchos, muchos esfuerzos hasta llegar a las realizaciones. 
Señor Presidente, la puesta en marcha del proceso de adhesión a la Unión Europea de los países de Europa central y oriental ha sido presentado por el Presidente de la Comisión de Bruselas- cito- como un formidable regalo a nosotros mismos, a los candidatos y al mundo entero. 
Estas afirmaciones propagandísticas no se ajustan a la realidad. 
En lo que respecta a la Unión Europea, está claro que este proceso pone profundamente en cuestión la Política Agrícola Común del Tratado de Roma, que se verá sustituida por una zona de libre intercambio que favorezca la productividad en detrimento del empleo y el medio ambiente. 
Así se realizará el objetivo a largo plazo de la Comisión, que consiste en adaptar los precios europeos del sector agrícola a los precios mundiales y asignar los recursos financieros aún disponibles a algunas ayudas sectoriales, como se hace o se ha hecho con el sector textil o la construcción naval. 
A menos que se duplique o triplique el presupuesto europeo, es decir, se aumenten de manera considerable los impuestos, las aportaciones de Fondos estructurales tendrán apenas un efecto limitado sobre el desarrollo económico de los candidatos a la adhesión, que se encuentran en una fase " precapitalista» y que, en primer lugar, deberán reconstituir una economía nacional antes de poder afrontar la competencia exterior. 
¿Interesa, además, a estos países que, al poco tiempo de recobrar su libertad, verán desaparecer su independencia en un conjunto europeo que regula todos los ámbitos de la vida política y social, sin que con su pequeño porcentaje de votos le permitan defender sus intereses? 
En el caso de Francia, huelga decir que las decisiones de esta Europa no tienen un carácter definitivo. 
Nuestra lucha no ha hecho más que empezar. 
Puede que, en efecto, la creación de la moneda única traiga consigo la aparición de unas condiciones objetivas que permitan a las fuerzas revolucionarias de la izquierda y de la derecha tomar el poder. 
Todos los impulsores de la Europa supranacional lamentarán haber olvidado que todo aquello que no descansa en la confianza de los pueblos es ilegítimo y está condenado por la historia a desaparecer. 
Señor Presidente, las conclusiones de la Presidencia de la Cumbre de Luxemburgo empiezan afirmando que el Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre constituye una piedra miliar para el futuro de la Unión y de toda Europa y que la puesta en marcha del proceso de ampliación inaugura una nueva etapa que pone fin a las divisiones del pasado. 
Lo deseamos vivamente, a pesar de que con compartimos el énfasis puesto en «nueva» etapa. Que sea nueva lo diría también Monsieur de la Palisse- no hay duda de que todo lo que viene después es nuevo- sin embargo, nos preguntamos con preocupación qué deja tras de sí lo nuevo: ¿Una Europa dividida, débil, amenazada, destrozada por odios ideológicos o raciales, una Europa pobre o destruida? 
No, señor Presidente. La Europa de hoy, no dividida, no amenazada y débil, no destrozada por odios raciales, no destruida y plagada de pobreza, es un conjunto de Estados y de pueblos que eligieron libremente vivir juntos y que, a través del proceso de integración, han sabido superar los obstáculos del pasado y convertirse en una potencia económica y comercial, garantía de estabilidad y de paz. 
Es el proceso de integración que ha permitido alcanzar niveles de bienestar nunca antes alcanzados por un número tan grande de ciudadanos. 
Es el proceso de integración que ha permitido a los países, destrozados por tres guerras en el curso de algunos decenios, construir juntos una comunidad pacífica y próspera: integración, y no simple cooperación intergubernamental; políticas comunes, y no simples acuerdos comerciales en determinados sectores productivos; integración, y no declaraciones de buena voluntad; integración, o sea, reglamentos y leyes comunes. 
Fue este término el motor del éxito y es por el uso instrumental que se ha hecho de este término en las conclusiones de la Presidencia, que no estamos de acuerdo con lo declarado. La ampliación del modelo de integración europea a escala continental es una garantía de estabilidad y prosperidad para el futuro. 
No, señor Presidente, el modelo de integración europea después de Maastricht y, sobre todo, después de Amsterdam se ha convertido en acervo comunitario; detrás de nuestras espaldas dejamos el método comunitario, el de la integración, para adoptar el método intergubernamental, el nuevo, muy apreciado por los que, ya desde el principio, siempre han obstaculizado la construcción de la Comunidad Europea o por los que la han rechazado o temido por su implementación y sus éxitos. 
Mi partido respaldó los esfuerzos de los padres fundadores y votó los Tratados de Roma. 
Expresó una opinión crítica sobre Maastricht, porque temía que la moneda única se convirtiera en el árbitro de toda elección y excluyera la política y su función de mediación y de síntesis. 
Es por esta razón que no estamos de acuerdo con el énfasis puesto en esta nueva era, en este futuro que dejará de ser comunitario para convertirse en intergubernamental y a merced de las cambiantes mayorías gubernamentales de este o aquel país, cuyos partidos, actualmente en el Gobierno en casi todos los Estados de la Unión, votaron en contra de los Tratados de Roma o, en el mejor de los casos, se abstuvieron. 
Si, por el contrario, por nueva era se entiende una Europa ampliada a los 21 y después a los 27, la novedad se referirá ciertamente a los aspectos geográficos y no a la calidad de la Unión, a su profundización. 
Porque se trata de esto: sin profundización, sin unión política, la ampliación seguirá siendo una magnitud territorial y estadística. 
No tratamos de atribuir la responsabilidad a la Presidencia luxemburguesa, sin embargo, es indudable que, a parte de la decisión sobre la ampliación, en la perspectiva que hemos indicado, todos los demás problemas importantes todavía pendientes que salpican la actividad de la Unión, se han dejado en el olvido o se han incluido en el orden del día sin resolverse. Nos referimos al desempleo, al problema de la justicia que sigue mostrando carencias, a las decisiones por mayoría que es el símbolo de una mayor democracia dentro de la Unión, y al problema de la participación del Parlamento Europeo en la Conferencia Europea sobre la ampliación que implica el reconocimiento de pleno derecho de la representación de la voluntad de los electores. 
Señor Presidente, una vez más, el Parlamento fue excluido de las decisiones y del futuro de Europa, y esto es injusto y antidemocrático. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a la Presidencia luxemburguesa por su actuación a lo largo de los seis últimos meses. 
La Presidencia ha sido un modelo de transparencia y actuación idónea y en particular acojo con beneplácito la forma como ha adelantado algunas de las disposiciones democráticas del Tratado de Amsterdam, en particular respecto de su relación con el Parlamento Europeo y el pilar de Justicia y Asuntos de Interior. 
Para muchos de nosotros, uno de los grandes éxitos de la Presidencia fue la Cumbre extraordinaria sobre el empleo, una cumbre positiva desde cualquier punto de vista y en la que hubo acuerdo sobre una gran diversidad de medidas y principios. 
Fue una cumbre que subrayó la necesidad de competitividad, formación, aprendizaje a lo largo de toda la vida y mayor empleabilidad y de utilizar el Banco Europeo de Inversiones para obtener los mejores efectos posibles, prestar el mejor apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas y lograr una mayor coordinación macroeconómica entre nuestros Estados miembros. 
Todas ellas fueron medidas positivas. 
Pero, si bien la Cumbre sobre el Empleo fue un éxito, la Cumbre de la semana pasada fue un acontecimiento verdaderamente histórico. 
Nos encanta que se haya logrado un acuerdo satisfactorio y acertado sobre el llamado Euro X. Naturalmente, se celebrarán conversaciones oficiosas entre los Estados miembros que se incorporen a la Unión Económica y Monetaria en la primera tanda. 
Pero el Ecofin es el órgano competente para adoptar decisiones económicas y me complace que así se haya reconocido. 
La Cumbre de Luxemburgo fue también un éxito porque se logró un claro acuerdo sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea. 
Se convocará una conferencia europea para todos los países aspirantes y se iniciarán negociaciones oficiales en la primavera del próximo año con Hungría, Polonia, la República Checa, Estonia, Eslovenia y Chipre. 
No cabe duda de que ésa es la vía por la que se debe avanzar. 
Como todos sabemos, ha habido cierta controversia en los últimos días por la reacción de Turquía ante la decisión de la Cumbre. 
He de decir que la reacción de Turquía ha sido muy desafortunada. 
No se ha cerrado la puerta a Turquía: todo lo contrario, en realidad. 
Se ha preparado una estrategia clara para que Turquía se aproxime progresivamente a la Unión Europea. 
Espero sinceramente que Ankara reconsidere su actitud. 
Como todos sabemos, para que la ampliación tenga éxito, también la Unión Europea debe cambiar y debemos aplicar políticas para afrontar los nuevos imperativos de los próximos años. 
Ésa es la razón por la que la Agenda 2000 es fundamental para nuestro futuro. 
Así, pues, debe complacernos que el Consejo Europeo considerara la comunicación de la Comisión una base firme para el acuerdo sobre una nueva perspectiva financiera y también una base para avanzar en materia de políticas muy diversas. 
En particular, todos reconocemos que los Fondos estructurales deben cambiar en un futuro próximo y que se debe hacer una reforma fundamental de la Política Agraria Común. 
La Presidencia luxemburguesa ha sido un éxito indudable. 
A continuación tenemos la Presidencia británica y creo que ésta sacará adelante muchas de las iniciativas que se han adoptado durante los seis últimos meses. 
Las sacará adelante, las ampliará y las fortalecerá. 
Gracias a lo que ha ocurrido en los seis últimos meses- la labor denodada, la escrupulosidad, la diligencia de la Presidencia luxemburguesa -, Europa tiene ahora más confianza. 
A consecuencia de ello, ahora es más coherente y más fuerte. 
El Presidente en ejercicio ha hecho un trabajo excelente y se debe seguir y continuar su ejemplo. 
Lo felicito de la forma más encarecida posible. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señora Presidenta, señores Presidentes, en primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a los numerosos colegas que han dirigido elogios a la Presidencia luxemburguesa. 
Es cierto que, al igual que en el pasado, Luxemburgo ha demostrado que los pequeños países pueden llevar a cabo grandes Presidencias. 
Ello no es en absoluto fruto de la casualidad, sino que se explica por el hecho de que las pequeñas naciones no tienen intereses propios que defender, pueden comprometerse plenamente con el bien común y obrar así a favor del progreso de Europa. 
¿Cuáles son los hechos más destacados de estos últimos seis meses? 
En mi opinión, la Presidencia luxemburguesa ha ganado una doble apuesta: tomar decisiones fundamentales e incluso históricas, y proponer un método para que dichas decisiones puedan realizarse en el equilibrio y el tiempo. 
Tras decenios en los que las acciones europeas estaban dominadas principalmente por los intereses económicos, el aspecto social ha recibido, por fin, sus ejecutorías en la Cumbre sobre el Empleo. 
En el futuro, las decisiones económicas tendrán su corolario social; en el futuro se situará al hombre, al ciudadano, en el centro de la política europea; en el futuro, gracias al método perfilado en Luxemburgo, las decisiones políticas a favor del empleo que se tomen tanto a nivel europeo como nacional ocuparán el primer plano. 
Después de Luxemburgo, nada volverá a ser como antes en materia social, y eso es bueno. 
La segunda decisión histórica es relativa al lanzamiento del proceso de ampliación que pone definitivamente fin a las divisiones del pasado y reconcilia al continente europeo consigo mismo. 
Se ha fijado el método para lograrlo. 
Ahora toca a los países candidatos prepararse económicamente para la adhesión y a los países miembros revisar sus instituciones y sus políticas para poder digerir la llegada de nuevos miembros. 
Esto resultará a menudo difícil y a veces será doloroso, pero el desafío bien merece la pena. 
Para que el proceso salga adelante ciertamente será necesario establecer un auténtico Plan Marshall para los países que han sufrido la opresión comunista durante decenios, sin olvidar por ello a nuestra opinión pública que también debe prepararse para la ampliación. 
Si Luxemburgo ha coronado su Presidencia con el éxito, sin duda se lo debemos a la excelente actuación de Jean Claude Juncker y de su equipo de ministros, pero se lo debemos también a esos cientos de personas que se han movilizado durante largos meses para que su pequeño país sirva a la gran Europa. 
A todos y a todas, muchas gracias. 
Señora Presidenta, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, Señorías, el Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre, seguramente, ha marcado un hito en el futuro de la Unión Europea y de toda Europa. 
Con la decisión de la ampliación al Este, el siglo XX acaba con un capítulo de la historia que hace tan sólo diez años, cuando las divisiones de Europa y de sus pueblos eran todavía una triste realidad, nadie podía imaginar. 
Nos felicitamos de que se haya reconocido la voluntad política de nuestro Parlamento de no excluir a ningún país candidato y nos satisface asimismo el hecho de que la celebración de la Conferencia Europea, por una parte y, por otra, de negociaciones con vistas a la adhesión que prevén una estrategia reforzada de preadhesión con asociaciones y ayudas durante el período de preadhesión, pueda garantizar un enfoque diferenciado sin excluir, por otra parte, a ningún país candidato. 
Esto es importante porque la Unión Europea, precisamente por las responsabilidades que le corresponden, y si aspira a convertirse también y ante todo en una Unión políticamente responsable, tiene el deber de ayudar ante todo a esas democracias que se aguantan sobre bases inseguras y que esperan de nosotros ayuda y aliento. 
En este contexto, espero que el problema de la adhesión de la República Turca sea abordado por la Unión Europea y por las diplomacias nacionales con la necesaria atención y sensibilidad. 
Si todos nosotros consideramos la ampliación un avance de alcance histórico y un acontecimiento político de suma importancia, me pregunto cómo fue posible que el Parlamento Europeo, en la persona de su más alto representante, fuera excluido, el único excluido, de la Conferencia anual. 
El proceso de ampliación, en realidad, es un proceso de integración de pueblos. 
Este Pleno que responde de sus actos directamente ante los ciudadanos, tiene el deber y el derecho de tomar parte activa en este proceso. 
En cuanto a las decisiones relativas a la Unión Monetaria, nos alegramos de los progresos realizados hasta ahora que garantizan, entre otras cosas, una coordinación más estrecha de las políticas económicas en la tercera etapa de la Unión Monetaria. 
La coordinación deberá permitir controlar la coherencia de las políticas económicas nacionales. En las conclusiones de Luxemburgo se puede leer que «deberían» señalarse inmediatamente no sólo las situaciones presupuestarias arriesgadas, sino también los demás desarrollos que, en caso de perdurar, podrían comprometer la estabilidad, la competitividad y el futuro de la creación de puestos de trabajo. 
Lo cierto es, señora Presidenta, que algún país ha superado con creces dichas situaciones con políticas presupuestarias sumamente arriesgadas, que llevarán como dote a la Unión Monetaria una situación especialmente grave. 
Señora Presidenta, confiamos en que todos los países candidatos a la Unión Monetaria puedan formar parte de la misma y no dudamos de que esto suceda, pero estamos muy preocupados porque ciertas políticas económicas y presupuestarias de algunos países no fueron debida e inmediatamente censuradas. 
Señora Presidenta, me limitaré a la cuestión de la ampliación. 
Nos hacemos cargo del giro histórico que representa la perspectiva de una Unión que reúna a los países de Europa occidental y de Europa oriental. 
Muchos ciudadanos de nuestros países, al igual que de los países candidatos, esperan ver iniciar así la implantación duradera de relaciones estables y pacíficas, relaciones de desarrollo conjunto en el continente. 
Es éste un gran proyecto para los años del siglo próximo. 
En nuestra opinión, todos los pasos que a partir de ahora puedan darse en esta dirección serán bienvenidos y recibirán nuestro apoyo. 
¿En qué punto nos encontramos, desde esta perspectiva, tras el último Consejo Europeo de Luxemburgo? 
Me referiré a dos fuertes críticas y a una potencialidad positiva. 
La primera crítica es relativa a la manera en que se inician las negociaciones previstas a partir de la próxima primavera, porque existe el peligro de que éstas traigan consigo una grave competencia de las poblaciones y los países. 
Competencia entre países los candidatos debido a la diferencia de trato que se les ha dispensado. 
Ahondar semejantes discrepancias va en contra de la ambición proclamada de unificar el continente. 
Competencia también entre los países miembros y futuros miembros debido a las amenazas que la Unión, aprovechando el pretexto de la ampliación, deja recaer sobre los actuales beneficiarios de la PAC y los Fondos estructurales. 
Competencia, por último, en el mismo seno de los Quince, con la exigencia de un Estado como la República Federal de Alemania de que, en el futuro, se transfiera a otros países una parte de su actual contribución al presupuesto de la Unión. 
La otra crítica grave relativa al tipo de negociaciones anunciado está relacionada con el hecho de que se trata de una relación de subordinación. 
La Comisión impone a los países candidatos unos condicionantes draconianos, de inspiración ultraliberal, sin ninguna consideración por los acervos, la identidad ni las opciones específicas de cada pueblo afectado. 
No es ésta la manera de tratar a unos interlocutores soberanos a los que se les propone que se asocien a nosotros. 
Todo ello nos remite a lógicas pesadas actualmente en vigor en la Unión, que, en mi opinión, exigen una nueva orientación en profundidad de la construcción europea. 
En este contexto, la decisión de organizar una Conferencia Europea entre los Quince y todos los países candidatos parece una especie de correctivo que, aunque parcial, abre posibilidades interesantes. 
Aunque a condición de que se amplíe su campo de competencia para incluir las cuestiones económicas y sociales y que, de una manera u otra, esté abierta a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, así como a los representantes de las sociedades civiles. 
En cualquier caso, se ha puesto en marcha una gran obra en la que estaremos presentes con un único objetivo: salir adelante. 
Señora Presidenta, distinguidos señores de Luxemburgo, de la Cumbre de Luxemburgo se esperaba veracidad, credibilidad y una política responsable. 
En el trato dispensado a Turquía predominó el doble lenguaje y la duplicidad, la unilateralidad y la exclusión. 
La ampliación pone sobre la mesa el tema de cómo podríamos impulsar un proceso de democratización activo a través del marco de la Unión Europea. 
Una dinámica de estas características prestaría un buen servicio a las personas de Turquía que luchan por la democracia, los derechos humanos y una solución política del problema kurdo. 
El resultado de Luxemburgo es, en cambio, un flaco servicio y reforzará precisamente a las fuerzas antieuropeas, antidemocráticas y fundamentalistas de Turquía. 
Después de Luxemburgo, las perspectivas de adhesión para Turquía son nulas. Esto se tendría que haber dicho claramente. 
Todo el resto son embustes diplomáticos. 
Y mientras tanto la historia continúa, prosigue la historia de promesas y acuerdos incumplidos. 
Desde 1963, siempre ha sido la Unión Europea la que no ha honrado lo convenido en el Acuerdo de Ankara. 
Turquía lleva 34 años guardando cola. 
En Luxemburgo se la ha dejado aparcada en una vía muerta. 
El Sr. Juncker dice que él no está dispuesto a sentarse a la misma mesa con verdugos. Ésta es una posición demuestra una coherencia encomiable en un presidente de la UE. 
¿Coherencia? 
¿Por qué diantres no bloquean entonces de inmediato la Unión aduanera con Turquía, que fue aprobada contra viento y marea por el Consejo y la Comisión? 
¿Por qué no se suspende su pertenencia a la OTAN? 
¿Por qué exportan armas a Turquía los Estados miembros de la UE, con la República Federal de Alemania a la cabeza? 
¿Por qué se devuelve a los refugiados a Turquía si en ese país se tortura? 
Lo cierto es que el verdadero interés por Turquía es un interés egoísta de carácter geoestratégico, político y, sobre todo, económico. 
El tema de los derechos humanos sólo se activa cuando a la Unión Europea le conviene políticamente. 
El papel asignado a Turquía es el de policía auxiliar y portaaviones, y el índice amenazador del Sr. Clinton también significa sólo esto. 
Yo le ruego, Sr. Juncker, que me aclare, por favor, en qué se diferencian Eslovaquia y Turquía en lo tocante a la democracia y los derechos humanos. 
¿Cuál es la diferencia? 
¿El verdadero motivo de fondo de la exclusión de Turquía no es acaso el tema de la identidad que se atribuye la Unión Europea? 
El tema del Occidente cristiano frente a un país islámico. 
La religión como nuevo elemento que levanta unos muros hasta ahora inexistentes. 
¿Y éste no es acaso también el trasfondo de la visión ya casi paranoica, de tendencia racista, de 60 millones de turcos que aguardan con las maletas hechas? 
Las conclusiones de Luxemburgo tienen sobre todo repercusiones para tres millones de personas de origen turco que viven aquí entre nosotros, porque les obligan a sentirse como personas de tercer clase en el " Año contra el racismo». 
Ésta es una señal equivocada e irresponsable. 
A pesar de todo, señora Presidenta, y no sólo porque estamos en la época navideña, yo quiero expresar mi agradecimiento por una Presidencia muy comprometida y nada presuntuosa. 
Señora Presidenta, he seguido con gran interés la Cumbre sobre el Empleo de Luxemburgo y hasta una semana antes de dicha cumbre no he oído a Jean Claude Juncker declarar que había que disminuir las cargas fiscales que pesan sobre el trabajo e incrementar los impuestos sobre la energía y las emisiones. 
En consecuencia, si quiere crear puestos de trabajo, la Unión Europea debe llevar a cabo una reforma fiscal ecológica que incluya especialmente una tributación en función de las emisiones y del consumo energético. 
Es una idea por la que siento mucho apego desde el comienzo de mi carrera política, y me alegra que ahora sea mayoritaria. 
Albergo la esperanza de que los planes de acción que presenten los países miembros tomen en consideración esta necesidad. 
Yo también he trabajado en el seno de los equipos de la Presidencia, especialmente en el marco de las negociaciones sobre el convenio encaminado a la lucha contra la desertización- el Intergovernmental Forum on Forests- en Nueva York. 
Los colegas de las delegaciones de los demás países miembros nos agradecieron regularmente nuestra eficacia y nuestro trabajo. 
Los luxemburgueses han demostrado, por consiguiente, que un país pequeño es perfectamente capaz de gestionar tareas importantes que incumben a la Presidencia de la Unión. 
Me complace especialmente que se hayan acallado las críticas sobre el tamaño de nuestro país que se oyeron con motivo de la elección de nuestro amigo Jacques Santer a la Presidencia de la Comisión. 
Terminaré con mi felicitación al Gobierno luxemburgués por la eficacia de su labor y diciendo sencillamente, " Small is beautiful». 
Señora Presidenta, hoy está resbaladizo y yo resbalé golpeándome la cabeza, y por ello se espera con impaciencia oír lo que tengo que decir. 
También está resbaladizo para la Europa Central y Oriental el camino hacia la Unión Europea. 
¿Cómo podemos asegurarnos de que estos países no resbalen? 
Podemos hacerlo abriendo nuestros mercados en este momento a todos sus productos rentables de manera que noten la competencia en nuestros mercados en lugar de que sus empresas se desmoronen en sus mercados nacionales cuando nosotros lleguemos. 
Podemos repasar el acquis. 
¿Realmente está bien que ellos deban aceptar 26.000 actas de 80.000 páginas? 
Quiero proponer que nos preparemos repasando la legislación conjunta y rechazando toda ley que no haya sido ratificada antes de, por ejemplo, tres años. 
La Comisión debe posteriormente volver a plantear las propuestas que deberían conservarse. El Consejo de Ministros debe aprobarlas, la mayor parte por mayoría cualificada, y el Parlamento tiene posibilidad de rechazarlas en los casos en los que haya procedimiento de conciliación. 
De este modo, existe una oportunidad de que el conjunto legislativo sea más claro y con ello también más fácil de aceptar por los países solicitantes. 
Esto también será una ventaja para nosotros mismos. 
A continuación debemos hacer la UE más flexible, permitir que algunas de las resoluciones sean voluntarias en lugar de obligatorias, resolver algunas decisiones en un plano más bajo a través de la descentralización y dejar de pedir que la Europa Central y Oriental participe en todo. 
¿Deben también participar en el euro y en Schengen con la supresión de las fronteras? 
En tales casos quizá podemos también incorporar a la República Checa, Hungría y Eslovenia en el año 2004. 
La Cumbre de Luxemburgo se convertirá con ello en el primer paso hacia la división de Europa en lugar de hacia la curación de Europa. 
Me parece que es importante que también haya sitio para países pequeños como Luxemburgo que está representado en esta sala en el día de hoy por el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo. 
He de terminar dando las gracias a Luxemburgo por una presidencia imparcial y no llevemos a cabo cambios institucionales acompañados por exigencias de mayor poder para los países grandes, con los cuales, por ejemplo, sería imposible tener a dos luxemburgueses en puestos de relevancia como hoy. 
Señora Presidenta, yo comprendo muy bien la reacción enfurecida de los turcos, ahora que resulta que, de momento, y espero que definitivamente, dicho país no reúne las condiciones para convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. 
Después de todo, Europa nunca ha tenido el valor de hablar claro frente a Turquía. 
Europa nunca ha amenazado verdaderamente a Turquía por su ocupación de una parte de Chipre, todo lo contrario. 
Sobre todo, Europa nunca ha tenido la valentía o la voluntad de decir que Turquía no puede considerarse para formar parte de la Unión Europea, simplemente porque no es un país europeo. 
Culturalmente Turquía no es un país europeo; tampoco lo es desde un punto de vista histórico o etnológico y ni siquiera lo es desde una perspectiva puramente geográfica. 
Así que, en este contexto, las consideraciones pertinentes sobre la violación de los derechos humanos no carecen de importancia pero son, de hecho, secundarias. 
En los últimos treinta años, nadie ha tenido el valor o la voluntad de decir todo ello claramente a los turcos, todo lo contrario. 
Por lo tanto, hemos desaprovechado la oportunidad de conseguir excelentes relaciones y acuerdos de cooperación con Turquia, no como país candidato, sino como país vecino de Europa. 
En el fondo, esta ambigüedad europea apunta al meollo del problema. 
¿Europa es una confederación de pueblos y culturas europeos libres que colaboran estrechamente? 
¿O es Europa tan sólo un mercado libre que se rige por un dogma de libre circulación y que, por lo tanto, no tiene en cuenta el significado geográfico, cultural e histórico de la propia palabra Europa? 
Puesto que no se ha tenido la valentía de hablar claro a nuestra vecina Turquía, me temo que la segunda alternativa es la correcta y esto me ha convertido, por lo menos a mí, en un euroescéptico. 
Mis queridos colegas, a estas alturas de nuestro debate, los Presidentes en ejercicio del Consejo han expresado su deseo de volver a tomar la palabra para responder a las diferentes intervenciones. 
Les concedo gustosamente la palabra, y más tarde, como ustedes saben, a las 11.30 horas procederemos a la votación y, naturalmente, retomaremos ampliamente el debate esta tarde. 
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Poos. 
Señora Presidenta, en nombre del Primer Ministro, Presidente del Consejo Europeo, y en nombre del Consejo en su totalidad, deseo intervenir para expresar mi agradecimiento a los oradores, con mandato o sin él, que hasta ahora han intervenido en este debate y que, en su mayoría, no han escatimado elogios a la Presidencia luxemburguesa. 
Han dicho que la Presidencia, y es éste realmente su primer deber, se ha dedicado en primer lugar a los problemas cruciales. 
El problema crucial más importante al que nos hemos referido durante la presentación del programa luxemburgués era, efectivamente, la situación del empleo en Europa. 
En este sentido, hemos encontrado un método que, si se lleva a la práctica sobre el terreno, permitirá luchar contra el paro en Europa con mayor eficacia de lo que nos ha sido posible en el pasado. 
El segundo problema era la apertura de Europa. 
Había que encontrar, también en este caso, un método que permitiera iniciar las negociaciones en buenas condiciones, un método que fuera aceptable para los Quince y aceptable para los países candidatos, y también en este sentido, tras largos debates y negociaciones y muchos contactos y viajes, hemos encontrado la fórmula adecuada. 
También he tomado nota de lo que han dicho numerosos oradores en el sentido de que la tarea más ardua está aún por llegar, y les doy la razón. 
Nuestras propias reformas internas, la reforma de nuestras instituciones y la financiación de la Unión ampliada son problemas que sólo se han tratado superficialmente en el transcurso de los últimos meses. 
Quedan pendientes las mayores reformas. 
Asimismo, los Estados candidatos deberán realizar un gran esfuerzo para cumplir los criterios y adoptar cada uno de ellos el acervo comunitario. 
Una palabra sobre Turquía, para terminar, señora Presidenta, y una palabra sobre Oriente Medio. 
Uniéndome a los numerosos oradores que se han referido a Turquía y al Presidente Santer, quisiera destacar, en lo que a mí respecta, que la oferta de la Unión Europea a Turquía era sustancial. Lamentamos la presentación deliberadamente negativa de la misma que han hecho los medios de comunicación y el Gobierno turcos. 
Pero, a pesar de esa presentación negativa, nuestra oferta sigue siendo válida, la puerta sigue abierta y la pelota está en el campo del Gobierno turco. 
Mantendremos integralmente la oferta tal como está recogida en las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Una de las curiosidades de este debate, señora Presidenta, ha sido la reacción de la Sra. Roth, del Grupo de los Verdes, que, sin mucho discernimiento, ha retomado aquí la tesis turca y me ha resultado algo sorprendente escuchar críticas en este sentido procedentes de un Grupo que yo creía preocupado por los derechos humanos y preocupado por el Derecho internacional. 
En cuanto a Oriente Medio, la declaración recogida en las conclusiones de Luxemburgo representa, de algún modo, una estrategia reforzada de la Unión Europea de cara al proceso de paz en Oriente Medio. 
Oriente Medio ha sido una preocupación constante durante los pasados seis meses, y estoy seguro de que se mantendrá en un primer plano de las prioridades políticas europeas durante las próximas semanas. 
La posición aprobada en el Consejo de Luxemburgo ha sido criticada aquí y allí, pero creo que tiene el mérito de la claridad, y evita el doble lenguaje. 
Lo que necesitamos son medidas de confianza a corto plazo para relanzar el proceso de paz y medidas a largo plazo que estén basadas en el principio del Derecho internacional, del que hemos recordado lo más importante, a saber, el principio de intercambio de territorios por la paz. 
Mis queridos colegas, estos aplausos expresan totalmente el sentimiento de nuestra Asamblea, y a continuación procedemos a nuestro turno de votaciones. 
Reemprenderemos el debate a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Voto por esta modificación del Reglamento, dado que este asunto hace referencia precisamente al órgano de control. 
No obstante, me reafirmo en que soy contrario a las ayudas a la producción de aceite. 
Si se suprimiesen las ayudas, no sería necesario este aparato de control. 
Informe Quisthoudt-Rowohl (A4-0395/97) 
Apoyamos las partes del Quinto programa marco para Euratom que tienen por objeto desarrollar las fuentes de energía renovables, y ayudar a la eliminación de las centrales nucleares del centro y este de Europa. 
Pensamos que cabe modificar el Tratado Euratom en este sentido, puesto que no consideramos correcto que se siga prestando ayuda pública a nivel europeo al crecimiento y desarrollo de la industria de la energía nuclear. 
Podrían crearse puestos de trabajo a través de la investigación y el desarrollo de las fuentes de energía duraderas del futuro, y éste debería ser el modo en que la " sociedad europea debería prepararse para su entrada en el siglo XXI». 
En Suecia hemos adoptado recientemente la decisión de crear unas condiciones favorables para la eliminación rápida de la industria nuclear. 
Nosotros lo vemos como un gran paso adelante en la dirección correcta, pero lamentablemente esto contrasta profundamente con el Tratado Euratom. 
Las enmiendas del Parlamento mejoran en parte la propuesta de la Comisión, pero puesto que persiste la orientación de principio, votaremos contra el informe Quisthoudt-Rowohl en la ronda final. 
Es importante mantener un elevado nivel de competencia investigadora. 
La investigación sobre fuentes energéticas debería producirse en sectores en que puedan desarrollarse las fuentes de energía renovables. 
No está motivada la investigación en el terreno de la energía nuclear, por ejemplo sobre la energía de fusión y la de fisión. 
Tras celebrar un referéndum, Suecia ha decidido eliminar la energía nuclear. 
En varios países de la UE la energía nuclear constituye un asunto controvertido. 
Por tanto, he votado en contra de la investigación en el ámbito de la energía nuclear y de la energía de fusión, y a favor de los cuatro programas generales, como también haré en la ronda final. 
Deseo dejar constancia de que no comparto la actitud negativa del grupo socialdemócrata europeo en torno a la energía nuclear. 
Señor Presidente, durante el primer debate sobre las especificaciones técnicas de las futuras monedas en euros, el Parlamento Europeo, tras muchas controversias, terminó por admitir que una de sus caras se reservaría a símbolos nacionales, y aprobó un artículo en este sentido. 
Curiosamente, el Consejo no parece estar dispuesto a hacer referencia a dicho artículo. 
Esperemos que ello no presagie un cambio de posición por su parte y que, naturalmente, se mantenga la decisión de que las futuras monedas incluyan una cara nacional. 
En este sentido, cabe destacar la curiosa situación en la que nos encontraremos, ya que, a diferencia de las monedas, los billetes en euro tendrán dos caras europeas, idénticas en todos los países y sin ningún símbolo nacional, en cumplimiento de la posición adoptada por el Consejo del Instituto Monetario Europeo el 3 de diciembre de 1996. 
Cabe preguntarse, por otra parte, en virtud de qué deberíamos aceptar como definitiva una decisión de dicho instituto sin que haya sido objeto de ningún debate democrático. 
Es cierto que el apartado 3 del artículo 109 F del Tratado prevé que el IME supervisará la preparación técnica de los futuros billetes, pero la existencia o no de una cara nacional sobre los billetes no es una decisión meramente técnica, ya que equivale a elegir una Unión Monetaria totalmente uniformada y, por consiguiente, rígida, en lugar de una Unión susceptible de encontrar una cierta diferenciación y, por lo tanto, una flexibilidad en caso de que surja una crisis grave. 
Asimismo, el artículo 105 A del Tratado habilita al Banco Central Europeo a autorizar la emisión de billetes, pero se trata aquí de una noción de política monetaria y no del derecho a decidir sobre los principios de la moneda única. 
Anoche dirigí a la Comisión una pregunta oral sobre este particular. 
La Comisión me respondió que esta elección sería ciertamente responsabilidad del IME y del BCE, ya que, en su opinión, el Tratado no prevé ninguna otra disposición. 
El Tratado incluye un apartado 4 del artículo 109 F que permite al Consejo adoptar las otras medidas necesarias para la introducción de la moneda única. 
¿Por qué no se utiliza esta posibilidad? 
¿Acaso existe el temor de dar la palabra a los diferentes países sobre este tema? 
Damos las gracias a la ponente por su informe. 
Con nuestra explicación de voto deseamos subrayar cuál es nuestra postura de principio en torno a esta cuestión, que se basa en que, en nuestra opinión, la moneda debe fabricarse de manera que se elimine todo riesgo de generación de alergias, que se tengan en cuenta las necesidades de las personas que padecen de visión reducida, y que se procure que la moneda adquiera una identidad aceptada entre los ciudadanos. 
Por estos motivos pensamos que las monedas europeas no deben contener níquel, que los valores deben ser de naturaleza diversa, y que la moneda debe dejar espacio para que se exprese la identidad nacional en una de sus caras. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer, el cual trata de las especificaciones técnicas de las futuras monedas en euros. 
La señora ponente hace especialmente hincapié en el hecho de que las monedas deben ser fácilmente reconocibles. 
Esto es especialmente importante, cuando las monedas deben ser utilizadas por personas ciegas y mayores. 
La señora ponente propone en su informe que el diámetro de cada moneda aumente con respecto a su valor nominal. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en esto y precisamente consideran esta propuesta como algo que puede hacer las monedas más reconocibles y con ello redundar en beneficio de las personas ciegas y mayores. 
Los socialdemócratas daneses apoyaron la enmienda por la que en la fabricación de las monedas en euros deben emplearse aleaciones con una liberación de níquel muy baja en el caso de que ésta no pudiera ser evitada completamente. 
En la aprobación del informe de la Sra. SoltwedelSchäfer los socialdemócratas daneses llaman la atención sobre el hecho de que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Hay que celebrar que el Consejo haya aceptado la configuración de una cara europea y una nacional en las nuevas monedas en euros, lo que constituye una expresión de su significado simbólico y una premisa para su aceptación por los ciudadanos. 
Con todo ha de señalarse con insatisfacción que el Consejo no ha seguido la recomendación del Parlamento de evitar completamente el níquel en las nuevas monedas en euros. 
Entiendo, sin embargo, la aprobación de las monedas en euros como un documento esencial con respecto a la tercera fase de la UEM, por lo que voto sí al informe, aunque sea contrario al empleo del níquel en las monedas. 
Informe Sindal (A4-0377/97) 
Queremos dar las gracias al ponente por un informe bien elaborado. 
Con esta explicación de voto deseamos destacar nuestra objeción a las ayudas a los astilleros. 
Una industria de construcción naval competitiva y capaz de funcionar en el mercado internacional no puede mantenerse en funcionamiento a base de ayudas. 
Pese a la competencia cada vez mayor de países lejanos, la construcción naval sigue siendo una importante industria europea. 
Las zonas del Reino Unido que tienen una tradición de construcción naval están muy orgullosas de sus astilleros locales y de sus logros a lo largo de los años. 
Harland& Wolff, por ejemplo, fue prácticamente sinónimo del ascenso de Belfast como una potente ciudad industrial y ha contado con el respeto de los ciudadanos del Irlanda del Norte por su determinación de desarrollar sus actividades a lo largo de todo el período de circunstancias económicas en transformación. 
Los ciudadanos de ciudades de toda Europa tienen una actitud muy parecida para con sus astilleros y creen- como también yo- que la Unión Europea debe intentar ayudarlos a afrontar la competencia desleal lo más posible. 
Apoyo la prórroga de la 7ª Directiva mientras los Estados Unidos de América se nieguen a cumplir con sus obligaciones de contribuir a una igualdad de condiciones para todos en la industria de la construcción naval. 
Eso es lo que más deseamos para nuestros constructores navales: que puedan funcionar con el menor apoyo estatal porque estén funcionando en una situación competitiva leal. 
Debemos seguir presionando a los EE.UU. para que jueguen limpio. 
Naturalmente, en Europa debemos tener también igualdad de condiciones. 
Si bien apoyo el principio de que los Estados miembros por separado deben determinar sus políticas social y de empleo, conviene señalar que en el Reino Unido seguimos pensando que nuestras empresas de construcción naval padecen una grave desventaja en comparación con las de otras partes de la Unión. 
Sería más fácil presionar a los EE.UU para que contribuyan a una competencia leal, si dicha competencia leal existiera de verdad en la UE. 
El Parlamento señala de nuevo que los Estados Unidos y otros países que en el nivel mundial presentan gran capacidad en la construcción naval continúan con su reiterada negativa a ratificar el acuerdo de la OCDE de 1994 (!) , que pretendía, al parecer, » normalizar» las condiciones de competencia en el sector. 
En ese marco, no nos queda otra opción que la de aprobar la prórroga de las disposiciones que permiten la continuidad de las ayudas públicas nacionales a la construcción naval europea establecidas en la Séptima Directiva del Consejo y su mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 1998. 
Ahora bien, aprovechamos la oportunidad para reafirmar una vez más que teníamos razón cuando en 1994 votamos contra aquella directiva, pues cada vez comprobamos con mayor claridad que promovía una legislación y limitaba los apoyos, cuando otros no lo hacían ni lo hacen, procuraba uniformizar y limitar los apoyos nacionales de los Estados miembros dejando puertas abiertas a las ayudas de los gobiernos regionales, con lo que contribuía de forma decisiva a la disminución de la importancia de ese sector en países en los que era estratégico (como en el caso de Portugal) , al promover su concentración en ciertos países más desarrollados y en beneficio de grandes grupos privados. 
El voto favorable a la prórroga que hoy está en juego constituye un acto de mínima justicia, pero no puede hacernos olvidar lo esencial ni los perjuicios, económicos y sociales causados por la Séptima Directiva. 
Con miras a la industria y los puestos de trabajo en Europa no cabe duda alguna de que debe prorrogarse la séptima Directiva del Consejo sobre ayudas a la construcción naval mientras los EE.UU. no hayan ratificado el acuerdo internacional sobre las condiciones normales de competencia en el sector de la industria de reparación y construcción navales. 
Debemos competir en las mismas condiciones, por lo que el ponente tiene toda la razón cuando subraya que este acuerdo sobre ayudas naturalmente debería cancelarse cuando o si el acuerdo comercial internacional ocupara su lugar. 
Doy por ello mi total apoyo al informe. 
Las ayudas para la construcción naval tienen una historia compleja, frente a la cual la única salida posible con verdaderas perspectivas de futuro sería, a nuestro parecer, que se realice un esfuerzo concertado a escala mundial para promover la renovación de la flota naviera internacional y dotarla de las técnicas más avanzadas en materia de seguridad, navegación y protección del medio ambiente actualmente disponibles. 
Todos los intentos de eludir la solución de este problema central mediante medidas restrictivas o estrategias desreguladoras sólo servirán para seguir alargando la cadena interminable de negociaciones en el ámbito de la construcción naval a escala mundial. 
En este contexto, ¡de nada sirve identificar y denunciar en cada caso a los culpables directos más convenientes! 
Servicios postales 
Señor Presidente, mis queridos colegas, una vez más ocupa nuestra atención el espinoso dossier de los servicios postales. 
Tras haber dado luz verde a la adopción de la directiva relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales y la mejora de la calidad del servicio, ahora prestamos nuestra reflexión al problema de los gastos terminales. 
En efecto, algunas administraciones postales imponen sus propias tasas cuando proceden a la distribución del correo ordinario de otro Estado miembro cuya tarifa no cubre los gastos de distribución. 
Esta disposición es el resultado de acuerdos internacionales que han quedado desfasados. 
No se tiene en cuenta el coste de los servicios efectivos. 
Es necesario, por consiguiente, que aclaremos urgentemente la situación y dotemos de visibilidad a los operadores. 
Mediante nuestra resolución, solicitamos una acción de la Comisión a través de una propuesta legislativa y previa consulta a las partes interesadas. 
Nos encontramos en los límites de una zona de no derecho, por lo que debemos dar una posibilidad provisional autorizando a los prestatarios a fijar tarifas terminales en función de sus costes. 
Yo apoyo la petición de diversos parlamentarios de la UE que se manifestaron en contra de las consecuencias negativas de una liberalización incontrolada de los servicios postales en la sesión plenaria de Estrasburgo. 
En una pregunta oral, éstos instaron a la Comisión Europea a que contrarrestara estas peligrosas tendencias. 
Los servicios de correos de diversos países piden que se establezcan tasas especiales para las cartas procedentes de fuera, ya que los sellos extranjeros no cubren los costes del reparto. 
El servicio postal extranjero paga, de hecho, al servicio que efectuará el reparto en el país de destino un determinado porcentaje de la tarifa que representan los sellos, destinado a cubrir los gastos de reparto. 
Sin embargo, esta compensación a menudo no llega a cubrir los costes del mismo. 
Algunos países introdujeron las nuevas tasas para compensar esta diferencia. 
Este método es una consecuencia directa de la liberalización incontrolada, pues los servicios postales tradicionales, que compiten con empresas privadas, ya no pueden asumir este gasto sistemático. 
Las citadas tasas indican la importante diferencia que existe entre una economía de mercado absolutamente libre y una sana competencia, como la que se desea establecer en la UE. 
La UE desea liberalizar el mercado interior de los servicios postales, pero no a cualquier precio. La liberalización es deseable y reportará ventajas al consumidor, por lo que se refiere a la oferta y la calidad de los servicios. 
Sin embargo, los costes de estos servicios deben cubrir necesariamente los gastos o de lo contrario se abrirá la puerta a una competencia salvaje y desenfrenada, que tendrá también consecuencias negativas para el mercado laboral. 
Sólo nos queda esperar que la Comisión haya identificado efectivamente el problema y que adopte medidas para resolverlo rápidamente. 
En estas fechas cercanas a la Navidad, se han visto en esta Asamblea algunos milagros. 
El debate sobre esta cuestión, a la que también mi Grupo había presentado una resolución, se desplazó del viernes al lunes, sin que se me informara de ello. 
Aún así, no sólo el comisario Bangemann mencionó mi nombre en el debate y se refirió a mí como " hellsehend» , sino que también figuro como orador en el informe oficial de prensa de nuestros servicios. Yo, mientras tanto, por motivos justificados y personales, estaba ausente. 
Es más, también figuro como uno de los signatarios de la resolución común de compromiso, y ello sin que yo hubiera leído el texto y, menos aún, estuviera dispuesto a firmarlo: pues su contenido es nulo, salvo, por así decirlo, algunos disparates. 
En lo concerniente a la Unión Postal Universal- UPU- existe un convenio. Dicho convenio establece que los gastos finales se calculan por kilo. 
Esta unidad de peso puede constar de un solo artículo o de 500 cartas de 20 gramos. 
Por lo tanto, resulta obvio que los costes de entrega pueden variar considerablemente. 
En resumidas cuentas, esta cláusula no es apta. 
El IPC, un club de veinte operadores entre los que se encuentran todos los Estados miembros, deseaba modificar esta situación. 
Resultado de ello fue el convenio Reims-I, que estipula que los gastos finales han de calcularse sobre la base de los costes de entrega del país de destino, con una variación del 50 % al 80 % según la calidad. 
El Bundespost consideró que ésto no era suficiente e ideó junto con La Poste Française un nuevo sistema a razón del 85 %, sin incluir el criterio de calidad; en otras palabras, el patrocinio de la ineficacia. 
A mi entender, y en un mercado interior libre, la evidencia recomienda que todos los operadores del servicio universal deberían haber llegado libremente a un acuerdo mutuo, basándose en los costes reales y en la calidad. 
Mientras que esto no figure expresamente en la resolución, mi Grupo no puede estar conforme con la misma y, por tanto, se abstendrá de votar. 
Compete a la Comisión garantizar el mercado libre y yo la animo a que así lo haga. 
Progresos en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores 
La cooperación europea en materia de seguridad nos parece absolutamente indispensable- al menos, en su forma intergubernamental. 
Lamentablemente, hasta ahora dicha cooperación se ha visto marcada por la debilidad del control democrático que ejercen los parlamentos nacionales. 
El Grupo Europa de las Naciones ha propuesto en numerosas ocasiones suplir este vacío, por ejemplo, mediante la creación de un órgano interparlamentario de seguimiento de las acciones emprendidas en el ámbito del tercer pilar. 
Ahora bien, hay que constatar que el proyecto de Tratado de Amsterdam, que será sometido a la ratificación de los Estados miembros, sigue exactamente el camino opuesto. 
El traspaso de estas materias de la parte intergubernamental del Tratado a la parte comunitaria supone para los parlamentos nacionales la pérdida de la práctica totalidad de los poderes que poseían anteriormente, sin que los mismos sean sustituidos por capacidades de fuerza y de calidad equivalentes a nivel del Parlamento Europeo. 
La comunitarización de los aspectos relativos a la concesión de visados y asilo, a la inmigración y la circulación internacional de las personas privará a los parlamentos nacionales de numerosos poderes: 1) la pérdida del derecho de decisión (que será transferido al Consejo y, en su caso, al Parlamento Europeo, bajo la supervisión del Tribunal de Justicia) ; 2) la pérdida del derecho de iniciativa legislativa (que pasará a ser patrimonio de la Comisión en el plazo de cinco años) ; 3) la pérdida del poder de impedimento (supresión del procedimiento de decisión por unanimidad en el seno del Consejo que, en virtud del nuevo artículo 67TCE, quedará sin efecto) ; 4) el debilitamiento del poder de control, que se vuelve indirecto, etc. 
Este debilitamiento de los parlamentos nacionales no se ve compensado por un aumento de los poderes del Parlamento Europeo, y ello por dos razones. 
Por una parte, el Parlamento Europeo no encuentra exactamente los derechos jurídicos que han perdido los parlamentos nacionales: en algunos ámbitos, los parlamentos nacionales pierden los derechos de decisión, mientras que el Parlamento Europeo se ve conferido únicamente el derecho de ser consultado. 
Además, tal y como ha sido concebido, el ejercicio de sus poderes distanciará al Parlamento Europeo de las inquietudes de los ciudadanos, a pesar de que las materias del tercer pilar son sumamente delicadas, ya que están estrechamente ligadas a la soberanía nacional y a la seguridad de los bienes y las personas. 
Este alejamiento puede acarrear consecuencias funestas, especialmente cuando se trate de tomar decisiones sobre cuestiones de inmigración, ámbito en el que es notoria la filosofía laxista de las instituciones europeas. 
En realidad, el Tratado de Amsterdam nos propone acentuar el déficit democrático en Europa. 
Por este motivo lo rechazamos. 
La delincuencia organizada es un negocio internacional complejo que no reconoce fronteras. 
La respuesta de la Unión Europea es poco sistemática, descoordinada en gran medida y se circunscribe primordialmente a las fronteras nacionales. 
¿Cómo es que podemos eliminar los obstáculos y las fronteras para lograr un funcionamiento eficaz del Mercado Único y, sin embargo, no podemos aplicar los mismos principios y métodos en la guerra contra la delincuencia organizada? 
Sería correcto decir que durante las Presidencias irlandesa, holandesa y luxemburguesa se han logrado algunos avances en la esfera de la Justicia y los Asuntos de Interior. 
Sin embargo, hay que reconocer también que son lamentablemente lentos y que hay que hacer mucho más. 
Los ministros de Interior parecen más interesados en proteger sus pequeños imperios que en ganar la batalla contra los delincuentes. 
También es extraordinariamente decepcionante que sólo cinco Estados miembros hayan ratificado Europol, que debe desempeñar un papel decisivo en el sector de la cooperación transfronteriza. 
Resulta sintomático del problema. 
Esperemos que, cuando examinenos esta cuestión el año próximo, podamos comunicar que se han logrado avances reales. 
Informe Billingham (A4-0357/97) 
Señor Presidente, mis queridos colegas, la cuestión de los servicios de interés general ha sido uno de los temas que se han debatido en el contexto de la Conferencia Intergubernamental. 
El Tratado de Amsterdam que introduce el nuevo artículo 7, incluye esta noción de servicios de interés general entre los valores comunes de Europa. 
Sólo podemos felicitarnos por ello. 
Pero ¡qué camino hemos recorrido desde esta reivindicación del Parlamento Europeo! 
Citemos los grandes dossiers de la liberalización: electricidad, gas, sector postal y sector aéreo. 
En cada etapa de la liberalización, la noción de valor comercial se imponía sobre la de servicio público. 
Y los ciudadanos europeos no podían aceptarlo. 
Hoy, esta noción de servicio público debe tener su continuidad en la creación de una carta que recoja sus grandes principios. 
A comienzos de siglo, la Escuela del servicio público de Francia supo enunciar las grandes leyes que teorizó Léon Duguit. 
Ahora corresponde a Europa tomar el relevo para sus 350 millones de habitantes. 
Ello producirá dividendos a la integración europea. 
El informe Billingham es una respuesta positiva, acertada, a la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa, cuestión que se ha desatendido durante demasiado tiempo en el nivel de la Comunidad. 
Para que los objetivos de cohesión económica y social de Europa lleguen a ser realidad, para que Europa sea una Europa de los ciudadanos, la UE debe intervenir en la esfera de los servicios públicos, que son fundamentales para todos y cada uno de los ciudadanos europeos. 
Todos los ciudadanos europeos dependen de la prestación de servicios básicos, tales como la electricidad y el agua, los transportes y los servicios postales. 
Y sólo una actuación a escala de la UE puede resolver los problemas de servicios postales transfronterizos deficientes y de pasajes de compañías aéreas de precios excesivos. 
Pero, aunque Europa aspira a realizar un mercado sin fronteras, la UE no puede regular esos servicios transfronterizos de importancia decisiva. 
Así, pues, los ciudadanos europeos se están viendo defraudados, pues la retórica del Mercado Único y de una Europa para los ciudadanos resulta vacía, si no pueden esperar tener igual acceso a bienes y servicios esenciales. 
La ejecutoria de la UE a este respecto es deficiente y se debe mejorar. 
Debe definir, especificar y regular los servicios de interés general para que los ciudadanos europeos puedan estar seguros de que están recibiendo un servicio coherente y justo, sea cual fuere su lugar de residencia en la UE. 
Así, pues, la inclusión del nuevo artículo 7 D en el Tratado de Amsterdam es digna de beneplácito. 
Dicho artículo reconoce el concepto de servicios de interés general como uno de los valores comunes de Europa y como un principio del Derecho comunitario. 
Pero ahora hay que adoptar medidas positivas con la formulación de una Carta Europea de los Servicios Públicos, el examen minucioso por parte del Parlamento Europeo de las medidas adoptadas y la designación de un Comisario y una Dirección General para que desempeñen un cometido especial relativo a los servicios públicos. 
Si queremos que el Mercado Único funcione, tenemos que contar con la aquiescencia de los ciudadanos de Europa y para lograrlo hemos de prestar servicios de calidad y con ello aumentar el bienestar social. 
Es positivo que la UE reconozca que los servicios de interés general y las liberalizaciones tienen sus límites. 
Debe garantizársele al ciudadano el acceso a los servicios de interés general, por ejemplo, correos, transportes y teléfonos, en igualdad de condiciones y a unos precios razonables. 
Al mismo tiempo, hay que observar las repercusiones de las desregulaciones sobre el medio ambiente, la seguridad social y el empleo. 
De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros han de decidir cuáles de los servicios van a realizar y cómo, definir su nivel y calidad, así como el procedimiento de control para los casos de reglamentación. 
Por ello hemos votado contra el informe, ya que rechazamos la propuesta de una normativa de la UE en este ámbito. 
El artículo 7d del Tratado de Amsterdam no le concede ninguna competencia nueva en este sentido. 
Acojo con beneplácito el informe Billingham sobre los servicios de interés general y alabo a los 238 diputados a esta Asamblea que han votado a favor de un mejor trato en materia de servicios públicos y la fijación de niveles mínimos en toda la Unión Europea. 
La Sra. Billingham ha trabajado denodadamente- y ello la honra- para lograr un consenso y un informe que debería haber recibido una mayoría abrumadora. 
Los demócratas cristianos y los liberales han defraudado a los ciudadanos de la UE al retirar su apoyo a última hora y votar en contra. 
Lograr avances sobre niveles mínimos de servicios públicos en la UE siempre ha sido un proceso lento y doloroso. 
Con esta votación de hoy hemos superado- creo yo- la fase peor. 
El artículo 7 D del Tratado de Amsterdam y este informe piden un compromiso mayor en el sector de la prestación de los servicios públicos, lo que significa que hemos dado un paso histórico. 
Un observatorio de los servicios públicos que actúe en pro de las empresas, los consumidores, los sindicatos y los empleados representará un importante paso adelante. 
Con la encomienda a un Comisario del cometido sobre ese sector comenzará a arraigar en el proceso legislativo de la Comisión la idea de la prestación y los niveles de los servicios públicos. 
Nuestra propia Asamblea debe continuar la labor del informe Billingham asignando la competencia de los servicios públicos a una comisión parlamentaria. 
Reconocemos y acogemos con beneplácito que los Estados miembros conserven la competencia en materia de prestación de sus propios servicios públicos. 
Los ciudadanos de Europa nos agradecerán que hayamos aprobado este informe. 
A largo plazo, habrá mejorado su situación gracias a nuestros intentos de velar por que el nivel básico de servicios públicos sea asequible y accesible para todos, sea cual fuere el proveedor. 
La ponente ha tenido una actitud receptiva en todas sus conversaciones sobre la cuestión de los servicios públicos. 
Espero que los oponentes de este informe lleguen a comprender que redundará en beneficio de los intereses de sus votantes y empiecen a colaborar con mi Grupo político para lograr una mejora mediante la fijación de niveles mínimos, favorecer a los ciudadanos de Europa y promover la idea de una Europa socialmente cohesionada, que no es sólo un mercado único. 
No debemos olvidar que el Capítulo Social nació como una carta social y que una carta de servicios públicos puede llegar a ser un firme compromiso por parte de la UE de prestar servicios públicos a partir de un diálogo intenso entre empleadores, empleados, consumidores y empresas. 
La Comisión define los servicios de suministro como servicios de interés general y ejercidos por autoridades públicas. 
Estos servicios a menudo tienen una base comercial por lo que de acuerdo con el mercado libre, como la comisión señala correctamente, debería estar en vigor un conjunto de normas de igual tenor para toda la Unión. 
Por estos servicios se debe, como indica la comisión, ante todo entender importantes suministros estructurales tales como el suministro de agua, electricidad, gas, ferrocarril, radio, televisión y servicios postales y de telecomunicaciones. 
Por ello da gusto ver que la Comisión y el Parlamento Europeo en este campo permanezcan unidos, y de ahí que con una gran satisfacción me sume al informe de la comisión. 
Consejo europeo de Luxemburgo- Semestre de actividad de la Presidencia luxemburguesa (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a continuar el debate de la Declaración del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia luxemburguesa. 
Quisiera saludar la presencia entre nosotros del Presidente del Consejo Europeo y Primer Ministro de Luxemburgo, el Sr. Jean-Claude Juncker. 
El Presidente del Consejo da un ejemplo al seguir el debate completo sobre el balance de la Presidencia de Luxemburgo. 
Quisiera destacar este hecho y espero que sea imitado. 
Aunque la Mesa no suele proceder a valoraciones, creo que expreso los sentimientos de todos los colegas si muestro mi estima por la Presidencia de Luxemburgo, que finaliza dentro de pocos días. 
Creo que ha sido un ejemplo en muchos asuntos y que el Primer Ministro el Sr. Juncker, junto con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Poos, que ha tenido que marcharse, merecen el elogio del Parlamento Europeo. Su disponibilidad a colaborar con nosotros y el modo excelente de concluir la Presidencia de un país pequeño, demuestran una vez más que las Presidencias de Luxemburgo son exitosas, y que, en general, las Presidencias de los pequeños países ayudan en gran medida a promover los asuntos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el pudor me impide lanzar proclamas nacionalistas a propósito de la Presidencia luxemburguesa, no obstante, deseo decir una vez más que esta Presidencia ha hecho gala del saber hacer y del compromiso de los países miembros que, por su tamaño y en la tradicional óptica nacional, no están predestinados a desempeñar un papel internacional. 
Al cabo de los meses resulta evidente que la Presidencia luxemburguesa no ha escatimado esfuerzos y ha alcanzado el éxito. 
Así lo han reconocido todos esta mañana. 
Quisiera, en primer lugar, detenerme brevemente en la Cumbre sobre el Empleo, un regalo envenenado donde los haya. 
La cumbre fue un éxito si tenemos en cuenta todas las reticencias y las cosas que no se dijeron. 
Este éxito se debe, en gran parte, al entusiasmo de la Presidencia y ha supuesto tener que trabajar sobre la cuadratura del círculo, porque había que respetar la competencia nacional en materia de empleo, no incrementar los gastos presupuestarios y, sin embargo, definir medidas precisas y cuantificables. 
La Presidencia luxemburguesa no sólo ha encontrado nuevos fondos, sino que además ha definido medidas precisas, especialmente para comprometer créditos que, gracias a la colaboración del Parlamento Europeo, han podido ser liberados en el presupuesto de la Unión Europea. 
Creo que el Consejo aceptará por fin, y así lo ha manifestado, proporcionar un fundamento jurídico para una auténtica política europea del empleo. 
En cuanto a la cumbre de la semana pasada, ha dilucidado la gestión y el método de la Unión Europea para los próximos años. 
También en este sentido, Luxemburgo ha logrado no dividir Europa y ofrecer a los países de Europa del Este una auténtica perspectiva de adhesión. 
Se ha hablado mucho esta mañana de los problemas que quedan pendientes en la vía trazada. 
Al mismo tiempo que intentamos resolver estos problemas, creo que debemos seguir avanzando en la reflexión sobre los límites y la futura configuración del espacio europeo integrado. 
Dicho espacio no podrá ampliarse indefinidamente, por ello creo que al mismo tiempo que abrimos nuevas perspectivas con esta cumbre, debemos abrir también una nueva reflexión sobre la futura configuración de Europa. 
Permítanme decir también unas palabras sobre el trabajo de la Presidencia en otros dossiers fundamentales. 
Las iniciativas de la Presidencia en materia de política exterior han sido fecundas y útiles en muchos ámbitos. 
Quisiera hacer especial hincapié en la permanente actitud de diálogo y apertura de la Presidencia luxemburguesa de cara al Parlamento Europeo. Los diputados que han participado en las reuniones de conciliación así lo han recordado. 
Esta actitud marca un giro tanto más importante- insisto -, habida cuenta de que las reformas del Tratado de Amsterdam sobre la codecisión harán más frecuente y necesaria la interacción del Consejo y del Parlamento para alcanzar resultados. 
Por último, quiero resaltar que, en la marcha hacia el euro, el Parlamento Europeo encuentra su lugar gracias al buen entendimiento con el Consejo, especialmente durante el largo fin de semana de 1 y 2 de mayo. 
Por otra parte, se ha recordado que en el marco del tercer pilar, la Presidencia luxemburguesa ha abierto una nueva vía de colaboración con el Parlamento Europeo en un ámbito que es ampliamente intergubernamental. 
Señor Presidente, son muchos los dossiers específicos en los que la Presidencia luxemburguesa ha llevado a cabo un trabajo importante y ha logrado establecer acuerdos. 
Pienso, en particular, en la fiscalidad, ámbito en el que la Presidencia ha sabido realmente abrirse paso. 
Señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa ha demostrado que para el país que asume la Presidencia, el mejor medio de ejercerla no es ciertamente centrarse fríamente en sus propios intereses, sino servir a los demás adoptando una actitud combativa y positiva con vistas a la construcción europea. 
Creo que es un mensaje que deben conocer la opinión luxemburguesa y la opinión europea. 
No olvidemos esta lección de historia. 
Deseo dar las gracias al Sr. Fayot. 
Ha dicho muchas verdades, y debo confesar que le he permitido sobrepasar su tiempo de intervención en reconocimiento por su trabajo tan regular en este hemiciclo. 
Señor Presidente, espero que mi trabajo me haga acreedor de un par de segundos adicionales. 
No han pasado ni siquiera nueve años y la distancia es, sin embargo, enorme. 
El 1º de agosto de 1989 se abrió una primera brecha, en la frontera austrohúngara, en el que entonces todavía era un telón de acero. 
La apertura de la puerta de Brandeburgo pocos meses después inició el derrumbe del bloque oriental, a la vez que daba paso a la constitución de Estados más libres, soberanos y democráticos, que ahora reclaman justificadamente su puesto entre los candidatos a la adhesión a la Unión. 
La Unión ha aceptado este reto histórico. 
Lo cierto es que la ampliación al Este también promete enormes beneficios políticos y económicos para todos. 
Beneficios desde el punto de vista de la seguridad, y creo que no son necesarias mayores aclaraciones por lo que se refiere a la seguridad exterior. 
En el caso de la seguridad interior, deberemos trabajar para incrementarla. 
La ampliación al Este irá unida a nuevas oportunidades económicas y, por lo tanto, cabría esperar que suscitase aprobación, entusiasmo incluso, en Europa. 
Este entusiasmo no se percibe o, en cualquier caso, sólo muy poco. 
En realidad, lo que predomina es el escepticismo y el miedo. 
Incluso en Austria, mi país, que por primera vez en mucho tiempo volverá a pasar de la periferia al centro, muchos temen la afluencia incontrolada de fuerza de trabajo barata y productos agrícolas baratos. 
En otras zonas de la Unión se teme por los recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. 
En estas circunstancias, debemos procurar que quede claro para todos los afectados que no hay nada que temer. 
Al menos no si aprovechamos todas las oportunidades que ofrece la ampliación y si también velamos, en la medida en que sea necesario y en los casos que lo requieran, por que nadie se quede rezagado, mediante cuidadosas negociaciones con el correspondiente derecho de transición y en todo caso también con medidas de apoyo para objetivos concretos. 
Finalmente, yo quisiera felicitar a los luxemburgueses. 
Ustedes han demostrado- como ya se ha dicho repetidamente hoy- que un país pequeño puede aportar mucho a Europa. 
Yo espero que Austria- que será la siguiente del grupo de pequeños y medianos Estados miembros que se hará cargo de la Presidencia en otoño del año próximo- cumpla esta tarea de manera tan satisfactoria como lo ha hecho Luxemburgo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, como el orador anterior, esperaré hasta después de haber acabado mi aportación para aplaudir, pero reconozco que lo haré. 
Aunque no haga nada más en el tiempo de que dispongo, quiero pronunciar unas palabras muy sinceras de agradecimiento y felicitación a la Presidencia luxemburguesa. 
Bien hecho: ¡estamos orgullosos de ustedes! 
No sólo como Luxemburgo, estamos orgullosos de ustedes como nación pequeña, pues no cabe duda de que están mostrando a quienes los han precedido y a quienes los siguen inmediatamente cómo hacer un buen trabajo. 
Han cumplido el orden del día que habían establecido ante este Parlamento con competencia y determinación, con diplomacia y a veces, cuando ha sido necesario, con fuerza para velar por la consecución de sus objetivos. 
Bien hecho: estamos orgullosos de ustedes y otros deberían tomar ejemplo. 
La Cumbre representó un importante paso adelante en la constante evolución de la Unión Europea. 
Así es en particular en el marco de la nueva tanda de ampliación, acontecimiento que transformará la Unión en gran medida, con lo que la UE del siglo próximo será muy diferente en configuración de la del decenio de 1990, y es también de gran importancia, dado que abarca a muchos de los países del antiguo bloque oriental. 
La decisión de iniciar negociaciones con Polonia, Estonia, la República Checa, Hungría y Eslovenia es auténticamente histórica. 
Esto, más que ninguna otra cosa, señala el fin de la guerra fría y la anulación de las divisiones que han existido en Europa durante gran parte de este siglo y por esa razón solamente la Cumbre constituye un motivo de gran satisfacción y es la culminación de años de trabajo. 
Irlanda tiene mucho que ofrecer a los nuevos candidatos como modelo de lo que se puede lograr con la ayuda de las transferencias y las políticas de la UE y, personalmente, estoy deseoso de que se traben nuevas y más profundas relaciones entre los Estados candidatos e Irlanda, en particular en los sectores del comercio y del turismo. 
La ampliación es decisiva también para el desarrollo a largo plazo de la propia UE. 
Sin embargo, esta ampliación debe hacerse de forma estructurada y a un ritmo regular, lo que redundará en beneficio tanto de la UE como de los países candidatos. 
Tendrá consecuencias claras en el proceso de adopción de decisiones de la UE y en la configuración y las dimensiones del presupuesto y respecto de este último me satisface la decisión de la Cumbre de no adelantarse para el período 2000-2006 a las negociaciones que aún han de celebrarse. 
Pero no estoy totalmente convencido de que el límite máximo de gasto en el presupuesto tal como está ahora establecido sea del todo práctico. 
Para que podamos atender, por una parte, las exigencias de la ampliación y la necesidad de disposiciones financieras transitorias en pro de los actuales Estados miembros, por otra, puede ser necesario un grado mayor de flexibilidad presupuestaria. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio, y gracias a Luxemburgo y esperemos que todo vaya bien con la nueva Presidencia que está a punto de comenzar. 
Señorías, han estado intentando todos ustedes aprovechar algunos favores que he hecho al Sr. Fayot. 
La verdad es que no puedo denegarles algunos de los favores, pues probablemente los tienen más que merecidos. 
Señor Juncker, tiene usted razón. 
La decisión más importante de la Cumbre fue la de no aplazar el euro. 
Pero esto tiene consecuencias. 
Las exigencias que impone la introducción del euro también pondrán a prueba la inteligencia, la cautela y la dedicación infatigable. 
Como contrapeso, como contrapartida, necesitamos una política común coordinada contra el paro masivo. 
Podríamos decir que en Essen se empezó a fruncir los labios. 
En Luxemburgo se ha emitido ya un silbido de prueba. 
Un primer ensayo quizá sea útil, pero no será suficiente para controlar el problema. 
Los objetivos tienen todavía demasiadas puertas de escape. 
Y ustedes también lo saben. 
En segundo lugar, por lo que se refiere al Banco Central Europeo y al Consejo Euro-X, se ha encontrado realmente la forma menos comprometida posible: una descripción vaga e informal de las tareas, una delimitación imprecisa con respecto a los países que optarán por quedarse fuera. 
En tercer lugar, con respecto a la armonización fiscal, ésta se ha quedado en gran medida en una mera intención. 
Hasta el código de conducta está tan plagado de excepciones, tan numerosas como los agujeros en un queso suizo, que todavía queda una considerable tarea pendiente. 
No deberíamos hacernos ilusiones. 
Gramsci dijo que para hacer algo se precisa el optimismo de la voluntad. 
Pero también se necesita el pesimismo del intelecto. 
Todavía quedada mucho, demasiado, por hacer. 
Por lo menos se ha esbozado la línea de partida y el recorrido, y esto es algo que sin duda tenemos que agradecer a la Presidencia luxemburguesa. 
Si en Alemania conseguimos imponer también un cambio de rumbo político, tal vez entonces conseguiremos aprender a avanzar realmente unidos en Europa en la dirección adecuada: más productiva, más eficaz para la creación de empleo. 
Señor Presidente, hemos oído hablar mucho del futuro de la Unión en los próximos meses y de lo que Luxemburgo ha hecho para prepararla con vistas a ese futuro. 
Sin embargo, los seis últimos meses han sido trágicos para los ciudadanos a los que yo represento. 
La comunidad agraria de Irlanda del Norte, que constituye la base de la economía del país, está al borde de un hundimiento total y absoluto. 
Como dijo recientemente el Sr. Hume, uno de mis colegas, en un discurso en Irlanda del Norte: » Afrontamos un período que sólo se puede comparar con la época del hambre irlandesa». 
Así de grave es. 
Se ha debido a que en los seis últimos meses los ganaderos y las agroindustrias auxiliares de Irlanda del Norte se han visto discriminados. 
Tienen que atenerse a normas de salud y de origen del ganado vacuno de un rigor incomparable con las que se dan en cualquier otro punto de Europa y, sin embargo, Europa ha cerrado el mercado a sus productos. 
He de decir con gran pesar que, si la Comisión y el Consejo hubieran tenido más determinación en los seis últimos meses, se habría podido evitar esta catástrofe. 
Confío en que algo hecho en los últimos días de la Presidencia luxemburguesa contribuya a remediarlo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quiero sumarme a las filas de quienes han felicitado a la pasada Presidencia por el éxito de su actividad en muchos ámbitos. 
Por lo que se refiere a la política de empleo, el resultado debe medirse en relación con lo que se había hecho hasta ahora. 
Yo querría concentrarme en algunos aspectos de la política exterior: el tema de Turquía, el del Oriente Próximo y- si dispongo de tiempo- también el de Yugoslavia o la antigua Yugoslavia. 
El Presidente del Consejo realizó intensos esfuerzos para llegar a un acuerdo con Turquía sobre cómo podría llevarse a cabo el importante proceso de aproximación entre la Unión Europea y dicho país. 
El Presidente del Consejo pronunció públicamente unas palabras que, según cómo se mire, pueden describirse como poco diplomáticas o sinceras. 
Yo no soy tan crítica ni escéptica al respecto, pues pienso que hemos entrado en una fase en la que es preciso hablar franca y sinceramente con Turquía. 
Si existen reservas- y reservas justificadas- éstas deben expresarse abiertamente. 
Yo también he expresado en este hemiciclo una postura critica frente a alguna decisión o recomendación de los partidos demócrata cristianos sobre la relación con Turquía, que tenía como fundamento las diferencias religiosas. 
No obstante, por lo que se refiere a las diferencias en materia de derechos humanos, en la actitud hacia los vecinos y la manera de abordar o no abordar los conflictos, existen diferencias graves que escapan al marco de las fuerzas políticas de esta Asamblea, pero al mismo tiempo también existe la firme voluntad de entablar un diálogo con Turquía. 
Yo quisiera repetir clara y explícitamente una vez más, y dirigiéndome también a Turquía, que lo ocurrido en Luxemburgo no cierra las puertas, sino que las abre. 
No obstante, también a los amigos debemos criticarlos cuando una observación crítica es pertinente. 
Ahora se trata de estar atentos a las posibilidades de conseguir algún progreso mediante acuerdos concretos. 
Por lo que respecta al Oriente Próximo, ustedes han desarrollado también una gran actividad. 
Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel, Palestina, Jordania y Siria siguiendo prácticamente los pasos de la Presidencia del Consejo y pude constatar que se han difundido unos planteamientos muy adecuados. 
Estamos viendo que el mundo árabe pide a Europa mucho más de lo que en estos momentos podemos darles. Gracias a Dios, sin competir ya con Estados Unidos, sino mediante una cooperación, en calidad de socios cada vez más firmes- y a veces totalmente autónomos-. 
Pero también en este ámbito han ocurrido muchas cosas. 
Lo mismo puede decirse del ámbito yugoslavo. Yo espero que bajo la Presidencia británica consigamos nuevos progresos gracias a la labor previa que ustedes han realizado. 
Tenemos que dejar claro que apoyamos los compromisos de Dayton, que insistimos en la necesidad de que los crímenes de guerra sean castigados para que sea posible una paz verdadera, una auténtica cooperación. 
Antes de acabar, quiero felicitar de nuevo a la Presidencia Luxemburguesa. 
Tal como ya se ha dicho, Austria también ocupará la Presidencia durante el segundo semestre de 1998. 
Al igual que Luxemburgo, también somos un país pequeño. 
Pero Luxemburgo, en primer lugar, y Austria, en segundo lugar, tienen en común otro aspecto que puede servir de modelo: un bajo nivel de desempleo. 
Yo espero que la Unión Europea pueda alcanzar pronto una tasa media de desempleo que esté a mitad de camino entre la luxemburguesa y la austriaca. 
Señor Presidente, Señorías, bajo la enérgica e imaginativa Presidencia luxemburguesa se han conseguido progresos favorables y notables en el ámbito de la política interior y de los asuntos jurídicos en muchos campos concretos, desde la delincuencia organizada hasta la presentación de documentos en el marco de los procesos civiles y mercantiles. 
Ahora ha llegado el momento de agrupar estos progresos aislados en un proyecto común. 
Tenemos que conseguir que el espacio jurídico europeo coincida con el espacio económico. 
Nos hemos acostumbrado a la posibilidad de que la actividad económica abarque el conjunto del mercado interior. 
Los instrumentos jurídicos que protegen dicha actividad económica siguen topando, en cambio, con la barrera de las fronteras nacionales dentro del espacio interior. 
Por lo tanto, ahora debemos procurar garantizar la protección jurídica a escala de toda la Unión en todos aquellos ámbitos en los que sea posible la actividad a dicha escala. 
Esto requiere un proyecto común convincente que, sin que no suponga la comunitarización de los sistemas jurídicos nacionales, permita disponer, sin embargo, de instrumentos jurídicos comunitarios eficaces en los ámbitos en los que es posible la actividad a escala comunitaria. 
Éste debe ser el eje central de los trabajos en el ámbito de los asuntos jurídicos y de interior en el futuro inmediato. 
Si me permite un comentario al margen, señor Presidente del Consejo, en el caso de que se compruebe que se han vendido datos del sistema informático de Schengen a la delincuencia organizada, tal como informó el Neue Zürchner Zeitung, esto sería un escándalo sin precedentes y debería tener consecuencias, tanto por lo que se refiere al sistema de seguridad como a las personas responsables. Y yo pienso que sería muy aconsejable que la Presidencia del Consejo se ocupe de este tema aunque la Unión no sea hasta ahora competente para todos los aspectos de Schengen. 
Señor Presidente, voy a detenerme en el asunto de la ampliación y especialmente en el caso de Turquía. Pero antes he de expresar, yo también, que nos ha sorprendido a todos la Presidencia de Luxemburgo y la labor personal del Primer Ministro el Sr. Juncker porque ha combinado la honradez y la dignidad con el espíritu de conciliación y la previsión políticas. 
Pero creo que la gran cuestión es la siguiente: ¿qué ocurrirá después de la Cumbre de Luxemburgo? ¿Cómo se conservará lo que se ha avanzado? 
Creo que la primera condición para que haya una continuidad es que la Presidencia británica prosiga las resoluciones de la Cumbre de Luxemburgo, que en relación con Turquía son los preceptos alcanzados con mayor consenso hasta hoy, ya que no se deben al veto de nadie. 
El segundo requisito es que la Unión Europea salvaguarde su derecho a trazar la política que le convenga a ella misma y no esté supeditada a los designios de los Estados Unidos y el esfuerzo de la Sra. Albright por presentar una Unión Europea como un apéndice bananero de los Estados Unidos, algo que ocurrió ayer en la cumbre política de los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. 
En tercer lugar, la Unión Europea debe resistir- y es muy fácil- los riesgos grotescos con que Turquía amenaza: los 2, 5 millardos de dólares para la compra de aviones hasta el 2000, los 3 ó 4 millardos de dólares destinados a la privatización de la industria de la energía o, mucho más, los 150 millardos propuestos para la compra de armamento en el plazo de 20 años. 
Creo que la Unión Europea deberá mantener una postura fría, clara y firme, sobre todo cuando hay actos de provocación como los del ministro Sr. Tselembí, el cual dice que procederán al boicot de las empresas europeas, a excepción de las del Reino Unido, que ocupa la Presidencia, de Francia y de Italia. 
Si se dan estas condiciones, y con el progreso en la cuestión chipriota, creo que Turquía aprovechará, tarde o temprano, esta oferta que le propone la Unión Europea, y dará los pasos necesarios para la solución de la cuestión chipriota, el respeto del Derecho Internacional, de los derechos humanos y la solución pacífica de la cuestión kurda. 
-Señor Presidente, como es habitual, a la hora de evaluar los resultados del Consejo, sopesamos los pros y los contras. 
Creo que el resultado puede resumirse con las palabras de uno de mis colegas: " menos de lo que esperábamos pero más de lo que cabía esperar». 
Esta frase refleja también la sensación que yo tengo. 
En mi opinión, es un hecho muy positivo que el mecanismo que, en efecto, nos va a proporcionar una mayor coordinación o, si Usted quiere, la disciplinación de la UEM, se vaya a aplicar también al empleo. 
Tengo la fuerte impresión de que, a nivel de los Estados miembros, mucha gente no es consciente de lo que esto significa y debe significar en el futuro. 
Si bien cabe señalar que se han obtenido resultados positivos en algunas materias, al Presidente del Consejo de Ministros no le sorprenderá que, en cualquier caso, me decepcione lo ocurrido en el ámbito de los impuestos. 
No se lo reprocho, pues conozco las oposiciones, pero trasladar los impuestos a las investigaciones a nivel nacional, a sabiendas de que, inducidos por un prisoner's dilemma, no nos atrevemos a movernos por miedo a que un Estado miembro competidor se apodere del botín, o remitir la misión a ECOFIN, en el que finalmente se decide por unanimidad, no me inspira demasiado entusiasmo, sobre todo, de cara al futuro porque me consta que si durante los preparativos de la Cumbre ha habido algún factor negativo, éste ha sido ECOFIN. 
Más tarde volveré sobre este tema. 
En lo concerniente a la presidencia, que a mi juicio ha sido sumamente valiosa, al igual que el resultado conseguido por la misma, considero que debemos contemplar, sobre todo, el follow up. 
¿Qué significado tiene esto para el futuro? 
En mi opinión, se han creado nuevas oportunidades sumamente importantes para los próximos años, pero eso sí, tanto el Consejo como la Comisión y el Parlamento debemos aferrarnos al resultado tan difícilmente logrado. 
En tal caso podremos calificar dicho resultado como un paso adelante. Hubo jefes de Gobierno que, al terminar la Cumbre, regresaron a su país y dijeron: por tanto, podemos continuar sencillamente con lo que ya hacíamos. 
Si, a nivel de los Estados miembros, ésta es la mentalidad de una parte de las personas, queda todavía muchísimo por hacer. 
En ese sentido, creo que hemos de estar extraordinariamente expectantes y activos. 
Naturalmente, me decepciona el hecho de que el IVA social- así es como yo lo llamo- no haya sido adoptado. 
No porque sea el tema preferido de los Países Bajos, sino porque, en mi opinión, es ridículo que unos Estados miembros prohíban a otro iniciar experimentos en ese ámbito. 
No comprendo, en absoluto, qué motivo pudo haber tenido el Consejo para bloquear dicha posibilidad. 
Quiero preguntar al Presidente del Consejo de Ministros si el texto puedo interpretarlo también de forma que los Países Bajos sí pueden descubrir empíricamente donde hay espacio para ello y, por tanto, iniciar experimentos. 
La coordinación económica es, a mi juicio, una cuestión importante para el futuro. 
¿Se está llevando a la práctica el balance incluido en el capítulo sobre el empleo, en las conclusiones de Luxemburgo? 
Este tema me preocupa. 
Me doy cuenta de que algunas personas opinan que dicha coordinación, que dicho balance puede ponerse en marcha a través de ECOFIN. 
Esto me parece ridículo ya que, hasta la fecha, ésta no ha sido, precisamente, la institución que elaborara, con naturalidad, un balance que incluye el empleo. 
Por otra parte, tengo mis preocupaciones con respecto a la próxima presidencia, ya que en los diversos contactos que he tenido, he notado que quedan por cumplir muchísimas misiones y que también existe la idea de que la coordinación equivale a un mejor funcionamiento de ECOFIN. 
Considero que esto sería extraordinariamente miserable y no coincidiría, en absoluto, con la línea del Tratado de Amsterdam. 
En resumidas cuentas, la Cumbre de Luxemburgo ha sido un principio, un principio muy significativo. 
Si bien sus resultados revisten un interés extraordinario, no ha sido más que un principio. 
Quedan todavía muchos asuntos por concretar y muchísimo trabajo por hacer para, finalmente, dotar a la palabra flexibilidad de un envoltorio real de seguridad. 
Todavía queda mucho por hacer en el ámbito de los impuestos, etc. 
No obstante, quiero terminar expresando una vez más- casi resulta engorroso- mi gran estima por la presidencia. Estoy convencido de que sin el enérgico y vigoroso impulso de Jean-Claude Junker, hubiéramos discutido ahora un resultado muy diferente. 
Por ello, me gustaría expresar mi agradecimiento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el 21 de noviembre de 1997 es una fecha que merece ser recordada. 
Ese día, los Jefes de Estado y de Gobierno consiguieron renunciar a las palabras grandilocuentes en una Cumbre y se pusieron de acuerdo para adoptar decisiones concretas. 
Al mismo tiempo se respetó la subsidiariedad. 
El Presidente del Consejo, Sr. Juncker, dijo con acierto: todos tenemos la misma enfermedad, pero eso no significa que necesitemos forzosamente la misma medicina. 
En Luxemburgo se llenaron de contenido los planteamientos de la estrategia común en favor del empleo adoptada en la Cumbre de Essen. 
La principal preocupación de las ciudadanas y ciudadanos de Europa: la lucha contra el desempleo, es ahora también el tema central para los responsables de los Gobiernos. 
Se han plasmado las conclusiones más importantes de nuestros debates en el Parlamento Europeo con una Presidencia del Consejo sumamente comprometida. 
Dentro de medio año, se ofrecerán medidas de readaptación profesional y formación continua, y puestos de formación y empleos para los menores de 25 años, y dentro de un año, también para los parados de larga duración. 
El Banco Europeo de Inversiones ofrecerá un apoyo activo a las PYME. 
Se reasignarán los recursos presupuestarios, aspecto en el cual nuestro Parlamento ha llevado la batuta. 
La Cumbre de Luxemburgo también desmiente a los utópicos que creían poder resolver los problemas mediante programas millonarios adicionales de ámbito europeo. 
Quien diga que esto puede financiarse está engañando a los ciudadanos. 
También es una bofetada para quienes afirmaron en Alemania a través de anuncios que el Canciller federal alemán bloquearía la Cumbre. 
Por el contrario, éste hizo uso de su gran influencia para conseguir la unanimidad en favor de unos resultados practicables. 
Por esta misma razón, el colega Wolf no verá confirmadas sus esperanzas de un cambio de Gobierno en mi país. 
El Sr. Wolf se ha equivocado con frecuencia, ¡el Canciller federal, por regla general, no! 
Volviendo a la Cumbre de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker ha dejado claro que 2 + 2= 5. 
La explicación: existe un valor añadido europeo, como resultado de la cooperación, de los proyectos piloto y de un intercambio de experiencias cada vez más intenso. 
El próximo balance anual de las acciones nacionales basadas en las directrices europeas tiene todas las probabilidades de ser un éxito en lo que se refiere a la dinámica de grupo. 
La Cumbre sobre el empleo demuestra que la medalla de Europa no tiene sólo una cara, la económica, sino también la otra cara, la social. 
¡Felicidades, Jean-Claude Juncker! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el hecho de que el ritmo previsto para la integración europea siga siendo lentísimo no altera para nada el perfil positivo de la Presidencia luxemburguesa. 
En efecto, como dijo un autor alemán: " El progreso es un caracol, pero se mueve y se mueve hacia delante.» Es posible afirmar, por lo tanto, que efectivamente se han dado unos primeros pasos en el ámbito de la cooperación fiscal, en el ámbito de la política de empleo, que permitirán que los ciudadanos y ciudadanas se sientan más comprendidos en el ámbito de las decisiones de alcance europeo. 
Yo creo que durante esta Presidencia luxemburguesa ha quedado muy claro que el ejercicio de la Presidencia debe incluir la asunción de responsabilidades y el ejercicio de cualidades dirigentes. Esto también resulta particularmente evidente en el caso de la Unión Económica y Monetaria. 
Sin duda es acertado que se insista reiteradamente en destacar que la Unión Económica y Monetaria se iniciará el 1º de enero de 1991. 
Sin embargo, al mismo tiempo también deben hacerse los deberes. 
En este sentido, yo quisiera decirle a la Presidencia del Consejo que esta Asamblea desde luego ha cumplido siempre muy rápidamente sus deberes. 
Sería bueno, no obstante, que todos los Jefes de Estado y de Gobierno, y sobre todo todos los Ministros de Finanzas de la UE, empleasen un lenguaje claro desde el punto de vista de la responsabilidad política en sus respuestas, en sus promesas y mensajes. 
En este contexto, yo lamento muchísimo que la Presidencia luxemburguesa no haya podido cerrarse con otros dos acontecimientos positivos. 
Me refiero a una decisión clara con respecto a la presidencia del Banco Central Europeo. 
Y me refiero a que el debate sobre el tema del personal, tal como se está desarrollando, no es favorable para la futura credibilidad de la independencia del Banco Central Europeo y yo desearía que, antes de final de año, quizás todavía pueda ofrecerse una solución, que vendría a ser como un regalo de Navidad en favor de la paz monetaria. 
Sin embargo, también pienso que, precisamente en el ámbito de la Unión Monetaria, sería importante que no sólo se alcancen soluciones transitorias para el Consejo Euro-X, sino que también se definan claramente las responsabilidades en el marco de las decisiones relativas al contexto macroeconómico. 
No podemos dejar la responsabilidad únicamente en manos de los Ministros de Finanzas europeos, los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo. 
Por el contrario, yo quiero subrayar con firmeza, desde la perspectiva del Parlamento, que también debe haber un perfecto acuerdo entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión por lo que se refiere a la responsabilidad de establecer las directrices, tanto en materia de política económica como de política de empleo. 
En este aspecto se requiere una auténtica concentración. 
No nos sirve una diversidad de orientaciones, que permita que los Estados miembros, que naturalmente seguirán siendo competentes en materia de política económica y de empleo, obtengan un valor añadido y, desde luego, tampoco nos sirve una coordinación. 
Por consiguiente, yo insisto: la petición del Parlamento Europeo de que se alcancen acuerdos interinstitucionales para elaborar las directrices en materia de política económica para la Unión Europea y sus Estados miembros sigue siendo válida para la siguiente Presidencia del Consejo. 
Señor Presidente del Consejo, si usted pudiese contribuir, aun después de concluida su Presidencia, a que el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea no se apoye sólo en argumentos de carácter monetario y financiero, sino que por su composición también pueda contemplar los argumentos de carácter político económico, esta mejora merecería, sin duda, una valoración muy positiva. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar felicitando a la Presidencia luxemburguesa por su eficiencia y eficacia. 
Ojalá diera muestras el Parlamento Europeo de algunas de esas cualidades. 
Así podríamos organizar este debate como un todo coherente y no fragmentario, como ahora. 
Esta mañana el Sr. Poos ha ofrecido una extensa relación de las actividades de la Presidencia luxemburguesa. 
Quisiera subrayar un solo aspecto: la importancia de la política de la UE para con Ucrania. 
Se está creando una situación muy grave en Ucrania y el apoyo de la UE ha sido de una importancia enorme. Pero debemos decir a las autoridades ucranianas que su suerte está en última instancia en sus manos, conque deben sacar adelante su reforma económica que permitirá la llegada de la inversión privada para galvanizar su economía. 
Sobre la cuestión principal de la ampliación, fue muy importante que la Cumbre llegara a la conclusión de que debía ser un proceso dentro de un único marco, pero que al mismo tiempo debíamos reconocer que se debía juzgar a cada uno de los países por separado. 
Por esa razón apoyo la conclusión de que debemos acelerar al máximo las negociaciones con los seis países designados. 
No debemos permitir que países que han avanzado mucho en su proceso de reforma- y que han pasado por un proceso muy doloroso- se vean frenados por países que no han sido tan entusiastas en su planteamiento de ese proceso. 
También debemos decir con mucha claridad a esos países que su participación en las negociaciones no garantiza la adhesión a la Unión Europea. 
En vista del informe publicado hoy en el Financial Times, tal vez deberíamos dirigirnos en particular a Polonia a ese respecto. 
Asimismo, debe quedar claro que cualquier país que logre los avances adecuados debe tener derecho a participar en las negociaciones sobre la ampliación lo antes posible. 
Acojo con particular beneplácito la resolución por la que se crea la Conferencia Europea y se expone su contenido. 
La Conferencia Europea podría llegar a ser un potente motor para la profundización y la ampliación del diálogo y la cooperación políticos en todo el continente europeo. 
Será muy importante mientras se celebren las negociaciones paralelamente. 
El domingo por la noche me telefoneó el Servicio Mundial de la BBC para pedirme una declaración sobre la posición adoptada por el Gobierno de Turquía. 
Las declaraciones del Gobierno de Turquía a consecuencia de la Cumbre fueron tan extremadas, que me preocupó, la verdad, que hubiera habido algún grave fallo en la Cumbre. 
Pero, cuando leí las conclusiones, me resultó clarísimo que nuestra actitud para con Turquía ha sido en realidad muy positiva. 
Así, pues, no entiendo las declaraciones del Gobierno de Turquía. 
Tal vez sea porque los americanos les hayan infundido ideas demasiado optimistas sobre lo que la Unión Europea puede hacer a ese respecto- porque los americanos creen constantemente que podemos aceptar la adhesión de Turquía- o tal vez se deba a su situación interior. 
En cualquier caso, últimamente hemos oído hablar mucho al Gobierno de Turquía de sus derechos, pero nada sobre sus obligaciones. 
La adhesión a la UE entraña derechos y obligaciones. 
Debemos reforzar ese mensaje al Gobierno de Turquía, pero también debemos decir que nos encantará que se una al proceso, porque reconocemos su posición dentro de Europa. 
Se trata de un proceso importante. 
No olvidemos que requiere, a fin de cuentas, la aquiescencia de los ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados candidatos. 
Así, pues, las soluciones que busquemos para los problemas deben ser realistas y aceptables para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, tras el histórico Consejo de Luxemburgo, cuyo papel fundacional reconocemos todos con admiración, surgen dos esperanzas. 
La primera, que Turquía advierta que nadie se opone a que ocupe su sitio en Europa, a pesar de su comportamiento negativo durante estos años y de su rabiosa oposición a las resoluciones de los 15 el otro día, y que son sólo sus actos y faltas quienes desde 1963 obstaculizan el progreso de sus relaciones. 
La segunda esperanza, relacionada con la primera, es que un Chipre íntegro accederá lo antes posible a la Unión Europea, como es su derecho, y así lo ha señalado además el Presidente, Sr. Santer, y dejará de ser un rehén del país que lo invadió. 
En lugar de acudir indignada a los americanos o a los rusos, debe aprovechar lo que le ofrece Europa y, sobre todo debe restablecer, por el bien de su pueblo, el estado de derecho. 
Señor Presidente, en mi opinión al inicio de cada período semestral, que corresponde a la Presidencia en ejercicio del Consejo, hay que evitar dos riesgos que me parecen importantes. 
Uno de ellos es el de pensar que en un período tan reducido de tiempo se pueden resolver todos y cada uno de los problemas que tiene planteados la Unión Europea. 
Y el segundo riesgo es que en esa dinámica constante entre la defensa del legítimo interés nacional y del interés común, que es lo que hace que la Unión Europea evolucione y marche, se produzcan desequilibrios. 
En mi opinión, lo que le corresponde a la Presidencia en ejercicio del Consejo es aunar voluntades, fraguar consensos y conseguir que, en definitiva, la Unión Europea avance. 
Pues bien, la actual Presidencia en ejercicio del Consejo, tanto en lo que se refiere a la importante Cumbre sobre el Empleo, que tuvo lugar a finales de noviembre, como al Consejo Europeo del fin de semana pasado, en el que se ha decidido el inicio de las negociaciones de adhesión, ha demostrado- y se ha referido a ello la Sra. Lullingque hay Estados miembros de la Unión Europea grandes que son pequeños en su ambición europea, y Estados pequeños que son grandes, no sólo por su ambición europea, sino también por sus resultados. 
Ante todo, quiero sumarme a las palabras de homenaje dirigidas a la Presidencia luxemburguesa por su excelente trabajo. 
Una función clave en la Cumbre histórica de Luxemburgo, una buena Cumbre sobre el Empleo, francamente, Luxemburgo ha hecho un buen trabajo y creo que por ello se merece que lo digamos aquí. 
En primer lugar, la cuestión de Turquía. 
De cara al exterior, se ha dado la impresión de que Turquía ha sido rechazada por ser un país predominantemente islámico. 
Es más, se ha dado la impresión de que los responsables de ello han sido, sobre todo, los Grupos demócrata-cristianos. 
Esto me parece un tanto extraño. Es de todos conocido que Turquía fue rechazada por motivos de derechos humanos, por su escabroso talante democrático y por la forma en que soluciona los conflictos fronterizos y los de las minorías, es decir, con violencia militar. 
De todas maneras, mi punto de vista es que, una vez solucionados dichos problemas, Turquía será bien recibida. Me gustaría que el Presidente del Consejo confirmara esto una vez más. 
A continuación, la cuestión del Banco Central Europeo. 
Espero que la elección del presidente del Banco Central Europeo no sea una elección política sino cualitativa. 
Me parece muy peligroso que se celebren varios debates sobre las presidencias divididas, es decir cuatro años uno y cuatro años otro, para contentar a diversos países. 
Tengo la sensación de que con ello nos meteremos en la boca del lobo. 
Quisiera que el Consejo volviera a dar su opinión al respecto. 
Las contribuciones nacionales a la Unión Europea. 
En mi propio país, se ha iniciado una discusión farragosa relativa a la contribución neerlandesa que, en efecto, es muy elevada, a causa del informe de la Comisión Europea, que acredita lo contrario, y de la réplica al respecto por parte de la Comisión Europea. 
Convendría que la Comisión Europea aclarara esta cuestión cuanto antes, ya que todo ello está perjudicando la imagen de Europa en mi propio país. 
Presenté una pregunta escrita sobre esta materia, pero posiblemente con una explicación del comisario Oreja todos, también los neerlandeses, nos sentiríamos aliviados. 
Voy a dar la palabra al Sr. Bourlanges, pero antes deseo manifestar, una vez más, mi desacuerdo con la práctica del Grupo del PPE relativa a conceder un tiempo de intervención de un minuto a distinguidos colegas, lo que pone a la Presidencia en una posición imposible. 
No puedo interrumpir a los colegas que tienen un tiempo de intervención de un minuto. 
Ello me pone en una situación imposible. 
Naturalmente, hay muchas peticiones de la palabra, lo sé perfectamente, pero a pesar de todo, quisiera pedir a los grupos políticos que den a los colegas un tiempo de intervención de al menos dos minutos para que puedan expresarse. 
Señor Presidente, su petición conmueve a un modesto backbencher como yo. 
Este Parlamento tiene una obsesión: que no se haga la ampliación, pero que la ampliación sea un éxito. 
¿En qué medida ha contribuido Luxemburgo al éxito de la ampliación? 
Amsterdam fue decepcionante en el plano de la reforma institucional. 
En aquel momento decidimos iniciar las negociaciones sin hacer las reformas. 
Luxemburgo, la Cumbre Europea de Luxemburgo, ha introducido una noción fundamental, y es que la reforma debe hacerse previamente a la ampliación. 
Le estamos muy reconocidos por ello, señor Presidente. 
¿Quiere esto decir que estamos satisfechos? 
Desde luego que no, porque estimamos que quedan muchas cosas por aclarar. 
Citaré tres: el calendario, la naturaleza de las reformas y el procedimiento de las reformas. 
Sobre el calendario, me parece que usted se aferra a la idea de una reforma en dos tiempos: una pequeña reforma antes del ingreso del decimosexto miembro, por una parte, y una gran reforma antes del ingreso del vigesimoprimero, por otra. 
Queremos, deseamos una reforma global, que además es perfectamente compatible con las disposiciones de Amsterdam según el principio de que " quien puede lo más, puede lo menos». 
Sobre la naturaleza de las reformas, estimamos que la reforma de la Comisión y de la ponderación de los votos está bien, pero que es el conjunto del equilibrio político, institucional y administrativo de la Unión Europea lo que hay que revisar en la perspectiva de la gran ampliación. 
Sobre el problema del procedimiento, para terminar: el método seguido en la Conferencia Intergubernamental ha demostrado sus limitaciones. 
Queremos una reforma que garantice la coherencia y una mayor deliberación democrática. 
Usted ha aportado su piedra al edificio. 
Eso no basta, aunque ustedes han hecho sus deberes. 
Deja a sus sucesores la tarea de continuar y, por ahora, queridos amigos de la Presidencia luxemburguesa, a los que veo agotados por tantos esfuerzos, les doy las gracias y sobre todo les deseo unas buenas vacaciones, tómense un descanso, se lo tienen bien merecido. 
Señor Presidente, hay que reconocer que la Cumbre europea de Luxemburgo ha supuesto en líneas generales un éxito. 
La decisión para el comienzo de las negociaciones de adhesión y de preparación con Chipre y con los países de la Europa Central y Oriental reviste una especial significación. 
Resulta positivo que se haya logrado un tiempo muerto en la toma de decisiones sobre el futuro marco presupuestario de la UE. 
Ahora podremos reflexionar adecuadamente sobre cuáles son los recursos y los medios más adecuados para luchar contra el desempleo. 
Debemos velar por que no disminuyan los recursos destinados a eliminar el desempleo y las diferencias sociales, y esforzarnos por lograr un uso más eficaz de los mismos que permita, en especial, la creación de puestos de trabajo duraderos. 
La decisión más problemática es la relativa al control político y democrático de la Unión monetaria de la UE. 
Resulta un hecho favorable que se haya puntualizado la posición del Consejo Ecofin y que se haya proporcionado a los Estados miembros la oportunidad de participar en los debates políticos relativos a la toma de decisiones sobre la Unión monetaria, pero aún persiste el problema principal. 
Las posibilidades con que cuentan los ciudadanos para controlar la actividad del Banco Central Europeo y para influir en la política monetaria correspondiente son demasiado reducidas. 
Uno de los elementos del principio democrático europeo estriba en que la opinión pública se debe ver reflejada en las decisiones políticas que se adopten. 
Hoy por hoy, la toma democrática de decisiones en las actividades del Banco Central Europeo es demasiado débil. 
El Parlamento Europeo deberá actuar con objeto de reforzar la democracia en las actividades de la Unión monetaria. 
La carrera hasta llegar a esta fase ha sido demasiado veloz. 
No me ha dado tiempo a llegar hasta el final, pero agradezco que se me haya permitido participar en este debate. 
Señor Presidente, señoras y señores, muy rápidamente, al final de este debate, unas palabras que no me atrevo a calificar de clausura, sino de conclusión provisional. 
Quisiera, muy brevemente, aportar algunos elementos de respuesta a aquellos que en el transcurso de esta tarde han seguido dirigiendo preguntas a la Presidencia. 
En primer lugar, quisiera decir al Sr. Van Velzen que no tengo la impresión de que el Consejo Europeo sobre el Empleo haya sencillamente olvidado mencionar la idea de introducir un IVA, denominado social, en los países que lo deseen. 
En las líneas directrices, se hace una referencia muy directa a la reducción de las tasas del IVA para los sectores que sean especialmente ricos en creación de empleo. 
Los Estados miembros que deseen emprender esta vía podrán hacerlo, a condición de que así lo autorice una directiva que el Consejo deberá adoptar, a raíz de una propuesta de directiva de la Comisión. 
Hasta el último minuto nos hemos resistido a seguir a los Estados miembros que no querían que se hiciera ninguna referencia a esta idea del IVA social. 
Hay que decir que, en realidad, sólo cuatro o cinco miembros estaban de acuerdo con la mención de esta idea. 
Por tanto, hemos podido de manera facultativa y opcional retomar esta idea por la que, me consta, el Sr. Van Velzen siente mucho apego. 
Por lo demás, en lo que respecta a la Cumbre sobre el Empleo, expreso mi reconocimiento a todos aquellos que han manifestado que la Presidencia ha reemprendido todas las ideas que el Parlamento había sugerido, ya que al repasar el informe del Parlamento relativo a la Cumbre sobre el Empleo, no encuentro ninguna línea directriz que no haya sido incluida en las líneas directrices propuestas por la Presidencia y reemprendidas por el Consejo Europeo, aparte de algunos elementos literarios que no hemos podido proseguir, pero que hemos sustituido por otros elementos de la misma naturaleza. 
Sobre el tema de la Presidencia del Banco Central Europeo, nos hubiera gustado aportar una respuesta a este interrogante, que no ha tomado cuerpo a raíz de una intervención del Gobierno luxemburgués, sino de un Estado miembro poco distante de Luxemburgo y cuya lengua oficial y de trabajo estoy utilizando. 
Creo que, efectivamente, se dan las condiciones para que podamos resolver este problema antes de que se convierta en un gran problema, y ponga en peligro la credibilidad de la gestión monetaria de Europa. 
En estos mismos momentos en que les hablo, tenemos dos candidatos. 
Antes de que finalice el año o en las primeras semanas del año próximo deberíamos tener un solo candidato. 
Si seguimos alimentando esta doble candidatura, ello podría percibirse en muy poco tiempo como si cada candidatura representara una política distinta. 
Existe competencia entre dos hombres y debemos velar por que, dentro de poco, no la haya entre dos políticas. 
Creo que hay saber poner fin a la polémica. 
Antes de que finalice el año se adoptarán iniciativas encaminadas a poner fin a este problema. 
Las contribuciones presupuestarias nacionales me inspiran realmente numerosos comentarios, pero no deseo hacerlos hoy. 
Además, la Comisión ha presentado un informe que ha sabido poner de manifiesto que, en términos generales, nuestra actual repartición refleja bastante bien la situación real de los diferentes países miembros. 
Aquellos que la han leído la han aplaudido cuando la conclusión les parecía que iba en el sentido acertado. 
Aquellos que, de todos modos, tienen opiniones diferentes y no han leído el informe, han afirmado que éste adolece de un contenido ambicioso. 
Por otra parte, todos los informes que presente la Comisión en este sentido serán juzgados a la luz de los debates de política interior que, sobre este punto, son muy a menudo de una mediocridad ejemplar. 
Hemos dicho en varias ocasiones que la pertenencia a la Unión Europea y las virtudes de dicha pertenencia no pueden reducirse únicamente a los flujos y reflujos presupuestarios. 
Ésa es una idea simplista y limitada de Europa, que de ningún modo da la razón a todos aquellos que, por consideraciones que van mucho más allá de simples consideraciones presupuestarias, no cesan de ponderar las virtudes de la Unión Europea. 
Limitar Europa y, por tanto, la paz a unas cuantas líneas presupuestarias refleja realmente una mediocridad que no deja de exasperarme. 
Es un debate falso que no tiene razón de ser. 
Hay que dotarlo de objetivo. 
La Comisión se empleará a fondo para conseguirlo y otros harán lo propio. 
La Comisión presentará una nueva propuesta sobre los recursos propios, el Consejo Europeo le ha invitado a hacerlo en octubre de 1998. 
Ése será el momento de debatir a fondo y con todo detalle sobre todos los problemas que dependen de esta categoría. 
A propósito de Turquía, quisiera decir y repetir una vez más que- por primera vez a Quince, algo que se tiende a eludir- la Unión Europea ha logrado formular una oferta dirigida a ese país de la que puedo afirmar que demuestra realmente que todas las puertas de Europa le están abiertas, a condición de que Turquía- al igual que todos los demás países que deseen franquear dicha puerta- sepa cumplir una serie de requisitos que nos imponemos a nosotros mismos y que debemos poder imponer a todos los que quieran unirse a la Unión Europea. 
Hay que decir y repetir, explicar y volver a explicar a aquellos que nos miran con buenos ojos en Turquía- y son la mayoría de ese pueblo digno, orgulloso y noble- que Europa no ha dicho no a Turquía. 
Europa, que no es un club de cristianos que quiera seguir siendo un club de cristianos, debe explicar que somos un club que tiene una normas de tolerancia, que entre nosotros tenemos un umbral de derechos, exigencias, deberes y obligaciones comunes y que todos aquellos que quieran unirse a este club, que en realidad es una comunidad y una unión, deben responder a dichas exigencias. 
El modesto backbencher que acaba de abandonarnos por motivos que se me escapan, a pesar de que sabía que yo iba a ofrecerle una respuesta susceptible de satisfacerle, nos ha preguntado sobre el significado de ese fragmento de frase previa, relativa a la necesidad de que la Unión Europea introduzca una reforma institucional de peso. 
Hubiera querido decir al Sr.Bourlanges, aunque ustedes transmitirán mis palabras a este modesto backbencher, como él mismo se ha autoproclamado antes de dirigirnos la pregunta, que entre los Estados miembros existen dos tendencias. 
Aquellas que se inclinan por que se produzca una reforma más fundamental antes de que procedamos a las primeras ampliaciones y, la segunda tendencia, que preferiría que nuestras reformas sean modestas, mientras se trate de preparar únicamente la primera ampliación. 
Quisiera que ustedes supieran, cuando esta Presidencia toca a su fin y cuando, quizá por primera vez, puedo comenzar a expresarme a título personal, sin estar sujeto a ese pesado condicionante de tener que expresarme en nombre de los quince Primeros Ministros, lo que resulta bastante difícil, habida cuenta de que cambian de opinión continuamente, quisiera decir a título personal y en nombre de mi Gobierno, que apoyaremos los esfuerzos de todos los que desean que las reformas, en materia institucional, sean coherentes, consecuentes, profundas y portadoras de futuro, desde el mismo momento en que nos pongamos a ello. 
Quisiéramos estar en condiciones de hacer un trabajo serio desde el primer momento, pero a condición de que en la superficie de este debate no volvamos a encontrar las palabras mediocres de algunas fuerzas políticas de algunos de los Estados miembros grandes, que han tenido como resultado que los pequeños hayan tenido que obstinarse, rebelarse y no hayan podido reflexionar con la calma, la tranquilidad y la serenidad necesarias sobre estos asuntos. 
Si algunos de los Estados miembros grandes depusieran este pequeño juego, que ya no tiene razón de ser, que jamás ha tenido razón de ser y que consiste en explicar a los pequeños que ellos constituyen una jauría que impide que los grandes avancen, si algunos políticos de algunos Estados miembros grandes pusieran fin a este tipo de términos que en el transcurso de los últimos treinta años no ha tenido ninguna justificación empírica, y confesaran que cuando los bloqueos son sustanciales y duraderos siempre son debidos a los desacuerdos entre los grandes, mientras que los pequeños se inclinan más fácilmente a poder prever un debilitamiento muy relativo de sus posiciones. 
Creo que si queremos reformar nuestras instituciones, deberíamos poner los medios para que todos tengamos la impresión de que hemos aprendido a respetarnos mejor. 
Si dejáramos de amarnos en Europa, las reformas institucionales no nos llevarían muy lejos. 
Quisiera desearle, señor Presidente, sobre todo a usted, pero también a todos los colegas que han tenido a bien escucharme y a todos los diputados al Parlamento Europeo, unas felices fiestas de fin de año. 
Les deseo un buen año, un buen año británico, austríaco y, espero que, europeo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, no sé cuál es la grandeza de la modestia de nuestro colega al que usted se ha referido, pero en mi país acostumbramos a decir que hay que dar crédito a lo que declara cada uno, o sea que si él ha declarado que es modesto, será modesto. 
No quiero excusarle, solamente debo precisar que el diputado debía asistir a una reunión que comenzaba a las tres y media. 
Ha salido con unos veinte minutos de retraso y pide disculpas por no poder estar aquí para recibir su respuesta. 
Lamentablemente, como usted sabe, cuando estamos aquí tenemos reuniones paralelas que no se cuentan por decenas, sino por centenas, y siempre resulta un poco difícil estar en todas partes al mismo tiempo. 
En lo que a mí respecta, quisiera sencillamente expresarle mi agradecimiento una vez más por su presencia y su espíritu parlamentario. 
Usted ha querido responder personalmente al final de un día de debate. 
No estoy seguro de que hayamos dado la mejor prueba de nuestro talento en la organización de este debate, que ha sido interrumpido en dos o tres ocasiones. 
El Parlamento Europeo es algo extraño y presentamos nuestras disculpas. 
Llegamos al final de un debate muy rico y queremos agradecerle su presencia hasta el final y felicitarle una vez más por la gran Presidencia que un país que no figura entre los más grandes ha sabido asumir por tercera vez. 
He aquí el diputado modesto que acaba de llegar. 
Quisiera, una vez más, expresarle mi agradecimiento y felicitarle, señor Primer Ministro. 
Felices Pascuas y próspero Año Nuevo. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre la resolución relativa a la Presidencia luxemburguesa tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Programa de trabajo de la Comisión para 1998 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 1998. 
Señor Presidente, señores y señoras parlamentarios, yo quisiera que mi comparecencia de hoy no fuera una comparecencia ritual o rutinaria para abordar prolijamente todas y cada una de las propuestas inscritas en el programa legislativo. 
Yo quisiera más bien que este debate fuera un elemento relevante del ejercicio de los poderes de control por parte del Parlamento Europeo y de explicación y de rendición de cuentas por parte de la Comisión, como corresponde a un sistema democrático como el nuestro. 
Creo también que es el momento de hacer balance y de extraer conclusiones para el futuro. 
1997 ha sido un año importante para la Unión Europea. 
Por el gran número de cuestiones abordadas y también por las importantes citas políticas que hemos tenido: la Conferencia Intergubernamental, la Cumbre extraordinaria sobre el Empleo, las decisiones sobre la puesta en marcha, desde el punto de vista técnico, de la Unión Económica y Monetaria, o las trascendentales decisiones sobre la ampliación del fin de semana pasado en el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Creo que 1998 será también un año importante, porque en ese año comenzaremos las negociaciones de adhesión, se adoptarán las decisiones sobre los países que van a participar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y, además, deberá avanzarse muy sustancialmente en el difícil asunto de las perspectivas financieras y la reforma de las políticas comunitarias. 
Puedo asegurarles que la Comisión continuará, como hasta ahora, desempeñando plenamente su papel de motor de iniciativas comunitarias y de defensa del interés general. 
Me van a permitir ahora que, antes de entrar en la exposición del programa de trabajo, responda a tres temas que sé que están presentes en el ambiente. 
En primer lugar, ¿hay un exceso de documentos de consulta? 
¿Hemos hecho durante 1997 demasiados documentos de consulta? 
¿Ha habido una cierta inercia y una escasa voluntad de lanzar nuevas iniciativas legislativas? 
La realidad es que más de la mitad de estos documentos se deben a exigencias expresadas formalmente por el Tratado, a obligaciones que resultan de un acto de Derecho derivado o a peticiones del Parlamento o del Consejo. 
En ese sentido, me permitirán que dé algunas cifras que pueden situar el problema en su justa dimensión: en 1997 presentamos 13 Libros Blancos o Verdes, 103 comunicaciones- una parte de las cuales eran prácticamente obligatorias y otras son textos de consulta- y 116 informes, todos ellos solicitados a la Comisión. 
Además, existen a mi juicio tres razones importantes para redactar documentos de consulta: en primer lugar, el hecho de que la Comisión, por el Protocolo sobre subsidiariedad, debe efectuar consultas antes de cada propuesta legislativa; en segundo lugar, la presencia muy activa en el panorama europeo de organizaciones y de asociaciones de todo tipo, cuyas opiniones no pueden olvidarse, ya que contribuyen ampliamente a la calidad y al realismo de las iniciativas; y por último, la necesidad que tienen los Comisarios de tener una percepción segura de lo que resulta necesario y útil. 
Y podrán preguntarme- y me puedo preguntar yo -: ¿hemos abusado de esta técnica? 
¿Hemos renunciado indebidamente a una iniciativa para sustituirla por una consulta, que era más cómodo? 
No lo creo. 
Pero puedo asegurarles que la Comisión velará para que su actitud no pueda percibirse como una muestra de inactividad legislativa. 
El segundo tema al que quiero referirme es el de las codificaciones y consolidaciones. 
La consolidación y la codificación, a raíz de las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre transparencia, se han convertido para la Comisión en una prioridad política. 
Es evidente que la transparencia no se logra únicamente por este camino, ya que el Tratado nos exige además una iniciativa legislativa específica. 
Pero la codificación debe ser un ejercicio constante para mejorar el acceso de los ciudadanos a la legislación comunitaria. 
Es cierto que el número de codificaciones efectuadas no es muy grande, pero nuestros servicios, de las tres instituciones, están trabajando en el conjunto de las codificaciones anunciadas. 
Es verdad que, a menudo, la codificación se ve retrasada por modificaciones legislativas. 
Evidentemente, no podemos detener las decisiones de fondo únicamente por favorecer la codificación, y ustedes serían los primeros en criticarnos. 
En cuanto a la refundición de los textos, que será probablemente el método del futuro, no presenta este inconveniente. 
Por lo que respecta a la consolidación, los trabajos marchan bastante bien. 
En dos años se han realizado 310 consolidaciones a partir de 2.500 documentos. 
Por ello, yo quisiera hacer un llamamiento a esta Asamblea para que puedan establecerse los créditos necesarios para poder hacer bien este trabajo. 
La tercera cuestión es el éxito de la codecisión. 
A pesar de los problemas que ha habido y de la proliferación de declaraciones en las actas, la realidad es que hemos hecho un buen trabajo común. 
La mejor prueba de ello es el resultado, el Tratado de Amsterdam, que simplifica el procedimiento y que amplía el ámbito de aplicación de la codecisión. 
Voy a referirme ahora, señor Presidente, a la ejecución del programa de trabajo de 1997 y, en particular, a la relación entre el programa anunciado y el programa efectivamente realizado. 
Existen retrasos, soy plenamente consciente de ello, y reconozco que habrá que ser más disciplinados en el futuro. 
Pero tengo que decirles que hay varios casos en los que el retraso se debe a la necesidad de determinadas consultas, políticas o técnicas, que exigen un tiempo suficiente para madurar y para lograr una propuesta eficaz y coherente. 
Y esto es muy importante para el ejercicio de la iniciativa de la Comisión. 
Gracias a ese poder de iniciativa, podemos, por ejemplo, pedir al Consejo la votación sobre propuestas, como se ha hecho en las últimas semanas en la acción Robert Schuman o en la publicidad del tabaco. 
Y ésta ha sido siempre una petición del Parlamento. 
Creo que se ha abierto un camino y que debemos continuar por esa vía. 
Y lo mismo puede decirse- y creo que hay que reconocerlo- de las peticiones que han formulado ustedes en aplicación del artículo 138 B, que en todos los casos han tenido una respuesta inmediata por parte de la Comisión, aunque una respuesta de la Comisión no quiere decir que el resultado tenga que ser necesariamente presentar una propuesta. 
La competencia de presentar una propuesta es de la Comisión. 
Sin embargo, el Parlamento puede solicitar esa propuesta en virtud del artículo 138 B. 
Así, por ejemplo, en el caso del seguro de responsabilidad civil, la Comisión ha presentado la propuesta que han solicitado. 
En el caso de las prevenciones de daños medioambientales, ahí hemos preparado un Libro Blanco. 
En lo que se refiere a la estrategia forestal, estamos preparando iniciativas con arreglo a las propuestas que figuran en la Agenda 2000. 
En dos casos- el de la seguridad de los hoteles y el documento europeo de la salud- hemos encontrado problemas, fundamentalmente problemas jurídicos, para la presentación de una propuesta útil. 
Sin embargo, esperamos encontrar soluciones para responder a sus exigencias en lo que respecta a un documento europeo de salud. 
Y en cuanto a la seguridad contra incendios en los hoteles, la Comisión ya ha informado al Parlamento de los obstáculos que impiden la presentación de la propuesta solicitada. 
Quisiera, Señorías, insistir en algo que he dicho al principio: no es cierto en absoluto que la Comisión haya estado inactiva. 
Tengo que recordar que ha habido prioridades de gran importancia política que han sido objeto de toda nuestra atención. 
Déjenme que les presente únicamente las siguientes: primero, la preparación de iniciativas para luchar contra el desempleo, que han contribuido en gran medida al éxito del Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo de los días 20 y 21 de noviembre. 
Segundo, la participación activa en los trabajos intensos y en las duras negociaciones de la Conferencia Intergubernamental, cuyo resultado- el Tratado de Amsterdam- tendrá que ratificarse a lo largo de 1998. 
Tercero, la comunicación sobre la Agenda 2000, piedra angular de la ampliación, de las reformas de las políticas comunitarias, en particular los Fondos estructurales, la Política Agrícola Común y las futuras perspectivas financieras. 
Cuarto, todo el conjunto de propuestas técnicas ligadas a la realización de la moneda única. 
Quinto, la preparación de los acuerdos de Kioto en materia medioambiental. 
Sexto, la negociación sobre la liberalización de los servicios financieros de la Organización Mundial del Comercio concluida con éxito en Ginebra hace unos días. 
Y por último, el lanzamiento y la primera aplicación de un plan de acción para el mercado único que se adoptó en el mes de abril y se presentó al Consejo Europeo de Amsterdam y que constituye una de nuestras grandes prioridades con propuestas concretas para mejorar la eficacia del mercado interior. 
El trabajo, pero también el esfuerzo político, para realizar estas actividades, probablemente ha retrasado cierto número de iniciativas legislativas, así como documentos de consulta que algunos diputados reclaman con toda razón. 
Probablemente no en todos los casos. 
Pero sí quisiera subrayar que la Comisión se ha centrado en los temas que ha juzgado más importantes y se ha esforzado por esbozar una estrategia para la Europa de los próximos diez años. 
Y espero que este esfuerzo le sea reconocido a la Comisión. 
Permítanme que pase rápidamente a las prioridades para 1998. 
El Presidente Santer puso ya de manifiesto nuestras prioridades para el próximo año, y creo que ninguna de estas prioridades puede descuidarse. 
Me refiero concretamente a las siguientes: en primer lugar, la continuación de nuestra estrategia a nivel europeo sobre el empleo; en segundo lugar, la ampliación, puesta en marcha este fin de semana y que va a exigirnos un extraordinario esfuerzo político y técnico para desarrollar y preparar las negociaciones, la reforma de los Fondos y de la PAC y la introducción del euro; y por último, las acciones al servicio de los ciudadanos, sobre todo las conclusiones de Amsterdam y de la Conferencia de Kioto. 
Y tampoco podemos olvidar la política exterior, que exige una acción de envergadura, tanto en los ámbitos de la Organización Mundial de Comercio como en el refuerzo de nuestra presencia en la política diplomática y de seguridad. 
Por otro lado, en este ámbito, al igual que en la «comunitarización» de Schengen, las instituciones deben progresar rápidamente para poder aplicar las decisiones de Amsterdam. 
En el marco de la libertad de circulación y de inmigración, también en materia de justicia penal y de justicia dentro del tercer pilar, la Comisión comienza a preparar la aplicación del nuevo Tratado y ya hay propuestas sobre la mesa y otras que están en preparación. 
En cuanto sea posible, presentaremos igualmente un programa de acción sobre justicia y asuntos interiores. 
En la preparación del programa para el próximo año, tenemos que mencionar dos grandes compromisos institucionales: la preparación de una modificación de la decisión de 1987 sobre comitología, que nos comprometimos a presentar en este Parlamento y en el Consejo para el mes de junio, y la preparación de un documento, que este Parlamento ha solicitado para el Consejo Europeo de diciembre de 1998, sobre las futuras reformas institucionales. 
Como saben, la Comisión se ha comprometido políticamente a ello y yo lo confirmé en esta Asamblea con motivo de nuestra comunicación sobre la Agenda 2000. 
Y para terminar, quisiera referirme a las relaciones entre nuestras dos instituciones. 
Hemos presentado una lista de propuestas que pretendemos abordar el año próximo. 
Deseamos que nuestro programa de trabajo y la lista de propuestas legislativas, que son el fruto del ejercicio de nuestro derecho de iniciativa, no sean percibidas como algo exclusivamente unilateral de la Comisión. 
Este Parlamento tiene que verse implicado en el programa para el año que viene, así como en su evolución. 
Es verdad que el sistema parlamentario de la Unión no se basa en una dialéctica entre mayoría y oposición, pero la Comisión no puede basarse únicamente en una legitimidad conseguida una sola vez en la votación de investidura. 
Necesitamos una referencia política permanente, democráticamente elegida, que confirme esta legitimidad y, en mi opinión, el ejemplo del asunto de las vacas locas es particularmente significativo. 
Creo que el Parlamento ha jugado constructivamente su verdadero papel de control. 
Pero también ha quedado claro que no se construirá nunca una Unión sana desde un sentimiento de opacidad o de desconfianza entre ciudadanos e instituciones ni tampoco desde la negativa de los ejecutivos a someterse al control democrático. 
Y voy a concluir. 
La Comisión ha asumido el compromiso de contribuir a la profundización de la construcción europea y de confirmar las iniciativas positivas, muy positivas, de la Unión con vistas a luchar contra el desempleo, a realizar los objetivos medioambientales que hemos establecido en Kioto, a lograr que el euro llegue en los plazos fijados y a completar el mercado único y realizar la ampliación. 
A mi juicio, ese es también el compromiso del Parlamento y de los Estados miembros y, en definitiva, creo que de la cooperación eficaz de las instituciones depende nuestro futuro. 
Por eso, no demos a este ejercicio un carácter ritual, no organicemos una sencilla y burocrática redacción de listas más o menos conflictivas. 
Sobre esta base, yo solicito a este Parlamento que actúe junto a nosotros para lograrlo y, por este medio, poder renovar su confianza en esta Comisión. 
Señor Presidente, en el fondo, podría decir lo mismo que el año pasado. 
Esta mañana he vuelto a sacar el texto del hard disk y, en realidad, sería igualmente válido. 
Señor Presidente, hoy celebramos un debate que constituye un punto de referencia en la relación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Hoy celebramos un debate en el que podemos examinar juntos cómo la Comisión y el Parlamento Europeo pueden ayudarse mutuamente en el acercamiento de los países de Europa. 
En el año 1995, la Comisión Santer asumió sus funciones. 
El primer año se caracterizó por la reflexión, el segundo año, 1996, por el faire moins pour faire mieux y el año 1997, en efecto, ha sido un año muy productivo. 
Usted mismo, señor Oreja, ya ha señalado las cuestiones que se abordaron: la CIG con el Tratado de Amsterdam, la Agenda 2000 con todas sus complicaciones, la Cumbre sobre el Empleo, el perfeccionamiento del mercado interior, todo el expediente fiscal y, aparte de todo eso, numerosas presentaciones. 
No seré yo quien diga que la Comisión no ha hecho nada. 
En cambio, sí afirmamos que todavía no hemos recibido los documentos que reflejan lo acordado para el año 1995, para el año 1996 y para el año 1997. 
¿Qué tenemos que hacer el uno con el otro? 
Señor Presidente, me gustaría volver a insistir aquí en que también somos nuestros propios interlocutores. 
Por este motivo, quisiera preguntar a la Comisión: ¿No podemos encontrar un método o un procedimiento que nos permita saber, por ejemplo cada tres meses, si todas las actividades previstas continúan ajustándose efectivamente a las prioridades ya establecidas mutuamente? 
Esto, en lo tocante a la primera cuestión. 
En segundo lugar, quisiera saber por qué en determinados momentos Usted no logra la aprobación del Consejo. ¿Por qué no puede Usted levantar este bloqueo con más agilidad o, en cualquier caso, informar de ello al Parlamento. 
Señor Presidente, me gustaría que tomáramos como ejemplo el modo en el que los comisarios Fischler y Bonino abordaron la conclusión del expediente EEB e involucraron a esta Asamblea. 
Creo que de esa manera, tanto el Parlamento como la Comisión, podríamos trabajar más rápida e intensamente. 
Acabo de decir, comisario Oreja, que si la resolución contiene palabras desagradables, no debe Usted tomarlas como una cuestión personal. En la actualidad, es Usted quien se encarga de la coordinación. 
No obstante, tengo la sensación de que cuando Usted recibe a través del ordenador las listas de los diversos comisarios, dichas listas se grapan y se presentan, a continuación, al Parlamento. 
Quizá sea ésta una representacón demasiado simplista, pero a mi juicio, así debe ser, más o menos, el procedimiento. 
Tengo la sensación de que en esta materia, podríamos formalizar mejor nuestra mutua amistad mediante consultas regulares, siguiendo el ejemplo de la investigación sobre la EEB y, posiblemente, también mediante la Conferencia de Presidentes de comisión. 
Señor Presidente, tampoco admito el argumento que el comisario Oreja aduce: el Parlamento exige mucho. 
Permítame poner como ejemplo algo de mi propia experiencia que me viene a la memoria. Se trataba, entre otros, de la venta a distancia, de la prestación de servicios financieros. 
La Comisión propuso la cuestión y después de la primera lectura, la misma Comisión procedió a retirarla. 
Posteriormente, fueron necesarias nuevas comunicaciones y notas, así como una nueva directiva para poder volver a incluir lo que en aquel momento se eliminó. 
Por tanto, señor Presidente, esto no sólo es culpa del Parlamento, sino que también depende de la Comisión. 
La única petición, que también se menciona en la resolución, es la siguiente: busquemos la forma de poder sincronizar mejor nuestros esfuerzos. 
Si en la resolución ha alguna palabra que le incomode, podemos hablar de ello. 
Señor Presidente, a riesgo de volver a ser mal traducida, como la última vez que hablé sueco y la palabra " travestera» , parodiar, se tradujo a que yo era travesti, vuelvo a utilizar mi lengua. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho los oradores anteriores, en el sentido de que es inútil el debate sobre el programa de trabajo. 
Me sorprenden las explicaciones que ha dado el señor Comisario sobre los retos que, según él, son la causa de que no se haya hecho realidad el programa legislativo. 
Ya los conocíamos cuando debatimos y aprobamos el programa la última vez. 
Por otra parte, tampoco pienso que la propuesta de resolución común de los grandes grupos, que son mayoría, sea seria, con los 50 apartados diversos que habría que debatir en el transcurso del próximo año. 
Esto no puede hacerlo ninguna institución. 
En primer lugar, creo que el Parlamento también debe participar en el nuevo documento sobre el programa que la Comisión está dispuesta a aplicar. 
Al mismo tiempo, debemos llegar a un acuerdo sobre una agenda para los trabajos, y sobre el hecho de que lo más importante es prepararnos para el cambio de siglo. 
También debemos esforzarnos por hacer que la Comisión aplique sus competencias actuales en la medida de lo posible. 
Con respecto a todo el programa de trabajo sabemos hoy, tras el debate de Luxemburgo, que existen otras prioridades que están por encima de las que figuran en el programa. 
Pienso por ejemplo en la cuestión de la seguridad de los alimentos. 
¿Se tratarán el año que viene las propuestas de ley que pide el Consejo Europeo o no? 
Lo mismo reza para la dimensión nórdica que se menciona en la resolución del Consejo. 
Creo que éste es uno de los problemas en los trabajos relativos al programa legislativo y de trabajo de la Comisión para el año próximo. 
Señor Presidente, en el programa legislativo presentado por la Comisión, los nuevos reglamentos para la reforma de la Política Agrícola Común ocupan un lugar fundamental, y ojalá sea así. 
El año 1998 debe ser el año de una reforma, porque el tiempo corre sin piedad y la Política Agrícola Común no puede ser objeto sólo de debates teóricos. 
Desde hace demasiado tiempo se anuncian reformas para la Política Agrícola Común. 
Corría el año 1995 en Madrid, fecha en que el Comisario Fischler adoptó el famoso Strategy Paper sobre la agricultura europea, en el cual se decía que el statu quo no podía mantenerse por mucho tiempo. 
Finalmente, en el año 1997, casi dos años después, con la «Agenda 2000» llegaron las primeras propuestas. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta las dudas y las vacilaciones que existen en la «Agenda 2000» , y del paso inexorable del tiempo, tememos que la opción del statu quo que se lanzó por la puerta vuelva a entrar por la ventana. 
Por contra, y según nuestro Grupo, existe una urgente necesidad de cambios y el informe del Tribunal de Cuentas de 1996 pone en evidencia algunos problemas, entre lo que figura el de la cohesión. 
Nosotros, como Grupo Socialista, celebramos los días 12 y 13 de noviembre pasado una conferencia sobre el futuro de la Política Agrícola Común e intentamos expresar nuestra opinión marcando una líneas de reflexión y diciendo que es preciso recuperar una nueva legitimación para la política agrícola, porque el consenso popular respecto a la misma corre el riesgo de disminuir cada vez más. 
Podríamos perder por el camino la Política Agrícola Común, con su misión de solidaridad, habida cuenta de que, cuando algunos ministros de Economía y Hacienda hacen la cuenta del debe y el haber en el presupuesto de la Comunidad, recuerdan con frecuencia la Política Agrícola Común. 
La única manera de recuperar dicho consenso, esta relación con la sociedad con respecto a la Política Agrícola Común es afrontando los retos dentro y fuera de la PAC, los retos europeos e internacionales, con clarividencia y sin el temor de poner en tela de juicio las inercias del presente. 
No pensamos que la Comisión intente desmantelar la PAC en la «Agenda 2000». 
Tenemos, sin embargo, la sensación de que con relación a temas concretos como el tope de las ayudas, la modulación y la ecocompatibilidad, se apela algo demasiado cómodamente a la subsidiariedad pasando la pelota a los Estados miembros. 
En consecuencia, hemos reiterado: política de calidad, política rural, nueva atención a los productos mediterráneos y simplificación, y esperamos con ansiedad las propuestas de reglamento en los primeros meses del año 1998. 
Por parte de nuestro Grupo, señor Comisario, no habrán posturas inútilmente dilatorias o, peor aún, instrumentalizaciones de las dificultades, sino que existirá la voluntad de contribuir a ofrecer un futuro a la Política Agrícola Común, a fin de que se convierta en un instrumento mejor para acompañar el esfuerzo de las empresas que quieren ser competitivas y afrontar el mercado, cada vez más complejo y global, con sus propios medios. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención del señor Comisario en algunos ámbitos que tienen relación con las relaciones exteriores de la Unión y a los que se hace referencia en el programa de la Comisión tal y como se nos ha presentado. 
El primero es la nueva Agenda transatlántica. 
Se trata de un ámbito muy importante que requiere mucha preparación, como ya se ha demostrado hasta ahora en las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. 
El segundo se refiere a la preparación de Europa para su participación en la nueva ronda de las negociaciones del nuevo GATT, que va a comenzar en 1999. 
Ésa es una cuestión que necesita una preparación legislativa e institucional muy cuidadosa para que Europa continúe siendo una potencia. 
El tercero trata acerca de Rusia y Ucrania. 
Las relaciones de Europa con Rusia y Ucrania y el hecho de que éstas van a volver a llamar en breve a las puertas de Europa, y con más razones que hasta ahora, y que creo que eso es algo que deberíamos tener en consideración. 
El cuarto es la cuestión del Oriente Medio. 
Se trata de una zona a la que Europa concede mucha importancia y donde ya está pagando grandes sumas, sin que ello se vea compensado con una mayor presencia política. 
En relación con esta zona creo que son necesarias propuestas concretas que ayuden a la renovación del proceso de paz. 
Por último, los Balcanes. 
La política europea en los Balcanes no puede limitarse sólo al gran esfuerzo por la reconstrucción, sino que debe haber más propuestas de cómo acercar hacia nosotros a los países balcánicos. 
Señor Comisario, quiero referirme en primer lugar a la forma escrita del programa de trabajo de la Comisión, donde usted califica con razón una y otra vez la Agenda 2000 y los requisitos para la ampliación como una de las más importantes tareas e incluso usted ha calificado esto de piedra angular en su discurso. 
Tanto más sorprendido me he sentido de que usted no haya mencionado la reforma de las instituciones en la versión escrita de los planes. 
Por consiguiente estoy muy contento de que en su intervención usted haya calificado ahora de tarea de la Comisión el encargo del Parlamento Europeo de que presente antes de finales del año próximo los contenidos esenciales de la reforma de las instituciones. 
Considero esto completamente esencial, pues sabemos que habrá suficientes resistencias políticas contra la ampliación, a la cual se querría aplazar con el pretexto de la falta de una reforma de las instituciones. 
Tengo realmente miedo de que se malutilice la reforma de las instituciones o la exigencia de la misma para impedir la ampliación de la Unión Europea. 
Hemos de luchar juntos contra esto, por un lado la Comisión Europea, como motor de la unión en nuestro conjunto de instituciones, y, por otro, usted encontrará en el Parlamento Europeo o, al menos, en grandes sectores de este Parlamento un apoyo masivo para una reforma adecuada y amplia de las instituciones. 
Por consiguiente, le ruego que de acuerdo con la resolución de este Parlamento acepten también la reforma de las instituciones como una de las piedras angulares más importantes de las tareas Comisión en el próximo año. 
Tres minutos, señor Oreja, ¿qué puedo decir en tres minutos sobre este programa de trabajo? 
Una cuestión difícil. 
Normalmente no tengo ningún problema con esto. 
Podría preguntarle, por ejemplo, si sus documentos constituyen una especie de táctica de enmascaramiento, y con esto estoy diciendo un poco más claramente lo que el Sr. Fayot ha empaquetado de forma más elegante y educada en su intervención. 
La Comisión- y sé que con esto le estoy golpeando a usted injustamente y por ello le pido disculpas a usted como persona, pero usted es responsable, digamos, por sus colegas- la Comisión ha presentado varios documentos: un documento sobre nuevas iniciativas legislativas, con un número de la Comisión; un documento sobre prioridades políticas, con un número de la Comisión; un documento sobre lo que ustedes han realizado- lamentablemente, no sobre lo que ustedes no han realizado- con un número de la Comisión. 
No obstante, lo que más me interesa a mí, es decir, la lista indicativa sobre lo que ustedes proyectan para este año, sin número de la Comisión, es también el documento más voluminoso que contiene la mayoría de las propuestas. 
Esto quiere decir que debemos fiarnos, quizá se produzca algo, quizá tampoco se produzca. 
Entonces, quiero decir algo sobre lo que cada cual espera aquí de mí. 
El mes pasado hemos votado una resolución acerca de si la Comisión se merece ser enviada a casa; si la Comisión merece- de manera indirecta, naturalmente- que se le exprese la desconfianza. 
Nosotros hemos dicho que no. 
He mantenido aquí un discurso que estaba lleno de elogios a la Comisión. 
En el último semestre, en mi calidad de Presidente del Comité de Control de la EEB, he elogiado también frecuentemente a la Comisión y también a usted cuando estaba en mi Comité. 
Pero ahora ya no tengo razón alguna para elogiarle a usted. 
No a usted como persona, señor Oreja, tampoco al Sr. Bangemann y a muchos otros. 
¿Dónde está la legislación en el follow-up sobre la EEB, dónde está lo que deseamos tener? 
Ciertamente, existe un Libro Verde sobre la legislación relativa a los productos alimentarios. 
¿Pero dónde está la auténtica legislación sobre el tema? 
¿Dónde está la directiva marco global sobre productos alimentarios, sobre el control de los productos alimentarios, sobre la higiene y sobre los demás aspectos? 
Tengo un poco la impresión, señor Oreja, de que la Comisión se vuelve a entregar otra vez al sueño crepuscular en el que ha estado sumida también antes, en los últimos diez años. 
No estoy dispuesta a aceptar esto. 
Vamos a observar con mucho cuidado lo que se produzca en los próximos meses. 
En ninguno de los documentos que le he citado figura alguna cosa concreta que vaya a hacer usted. 
Usted, la Comisión, no usted como persona. No tengo nada en contra de que el Sr. Santer diga que ustedes tendrían que reflexionar más. 
Creo que la reflexión es siempre excelente. 
Sólo que me gustaría ver un resultado de la reflexión y no quisiera otro Libro Verde, ni otro Libro Blanco, quisiera unas pujantes iniciativas legislativas. 
Quisiera un etiquetado de los productos de valor nutritivo, quisiera una higiene de los alimentos, un control de los alimentos, quisiera tener la legislación marco sobre esto. 
Váyase, por favor, a casa y diga usted al Sr. Bangemann que debe despabilar de una vez por todas y que comience a actuar. 
Sé que al Sr. Bangemann le gustaría discutir directamente esto conmigo y a mí me gustaría también volver a hacerlo también aquí con el Sr. Bangemann. 
Lo que figura aquí en todos estos documentos, incluso en este documento semioficial, que ni siquiera tiene un número de la Comisión, no basta en ningún caso para que el próximo año diga yo que sí, que esta Comisión está haciendo lo que debe hacer. 
Lamento que esto le toque a usted, transmítalo a sus colegas. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, estimados colegas, desde el punto de vista de la Comisión de Transportes y Turismo me puedo sumar incondicionalmente a lo que ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra. 
En la Comisión de Transportes y Turismo tememos también que en el año 1998 recibamos más comunicaciones y libros blancos que propuestas concretas de legislación. 
Lo lamentamos, y espero, señor Comisario, que usted hable una vez más con sus colegas y haga que cambien su mentalidad. 
Quiero tomar solamente un ejemplo, procedente del ámbito del transporte. 
En este ámbito vamos a recibir una comunicación relativa a medio ambiente y transporte aéreo. 
No, señor Comisario, queremos una propuesta totalmente concreta sobre el mejoramiento de la compatibilidad del transporte aéreo con el medio ambiente. 
Sobre esto queremos hablar con ustedes, pero no en un debate general sobre medio ambiente y transporte aéreo. 
Esta es, de nuevo, no quiero decir una táctica de enmascaramiento, pero, sí la carencia de ánimo de la Comisión para presentar una propuesta concreta. 
Pero quizá la Comisión tenga sólo miedo del Consejo, pues el Consejo siempre plantea historias desagradables. 
Desde hace medio año se está yendo de allá para acá en el ámbito de las tasas de utilización de carreteras y se sigue haciendo lo mismo ahora. 
Pero, en este caso, señor Comisario, es mejor que nosotros, la Comisión y el Parlamento, digamos al Consejo que aquí está la propuesta de ley y que confiese su inactividad, en vez de que la Comisión en una apresurada obediencia no haga ninguna propuesta y envíe una vez más una comunicación como recordatorio. 
Pero quiero abordar una segunda cuestión, que ya ha citado un orador anterior, y la quiero demostrar en el ámbito de los transportes. 
Necesitamos propuestas legislativas concretas acerca de cómo van a ser regulados, finalmente, los aspectos sociales del transporte a los cuatro años de la culminación del mercado interior. 
Nosotros hemos dicho siempre que la armonización y la liberalización deben ir juntas. 
En una medida considerable hemos llevado adelante muy bien la liberalización, pero está pendiente todavía la armonización de las condiciones marco sociales, técnicas y fiscales del ámbito del transporte. 
Solo quiero decir que alguna huelga de ferrocarriles en Francia y alguna huelga de camiones en otros Estados miembros guardan relación con el hecho de que la gente tiene la impresión de que la Comisión nos sigue debiendo las propuestas sobre la prometida armonización de las condiciones marco, precisamente en el ámbito social. 
Un tercer ámbito, que quisiera comentar: en el último año hemos pedido dos veces a la Comisión que en el plazo de un año- en la medida que todavía tenga usted tiempo, señor Oreja, pero sólo hasta febrero- nos presente una propuesta muy concreta para el cálculo de los costes externos en el sector del transporte. 
Como Parlamento, hemos dicho por aplastante mayoría: sí, queremos internalizar los costes externos, pero necesitamos procedimientos de cálculo para todas las modalidades de transporte, no sólo siempre para los camiones, pues un hermoso tren genera también suciedad y ruido, y algunas aeronaves también. 
Por esta razón hemos pedido a la Comisión que nos presente de manera demostrable y científicamente fundada los costes externos para todas las modalidades de transporte, de manera que luego podamos internalizar al mismo tiempo los costes externos de todos los vehículos de transporte. 
Sin embargo, tal como conozco a la Comisión- aquí retomo lo que ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra- la Comisión lo sabía, pero en el programa legislativo no figura una sola palabra al respecto. 
Y si no tenemos cuidado, la Comisión dirá a finales de 1998 que, lamentablemente, no ha tenido tiempo. 
Un último ámbito: quisiera pedir a la Comisión, aunque en esto está absolutamente libre de culpa, que aunque el Consejo ha rechazado la ayuda al turismo, piense acerca de si sobre la base de las políticas y de los programas actualmente existentes no podría llevar a cabo en el nuevo año una financiación subsidiaria complementaria de la economía del turismo, pues el turismo asegura y crea más puestos de trabajo y más crecimiento económico en la Comunidad que todo el conjunto de la agricultura. 
Por esta razón, las PIMES precisamente merecen una ayuda en el sector del turismo, y nosotros solicitamos el apoyo de ustedes en este punto. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el tercer alemán se suma a la crítica de los dos oradores anteriores. 
La Comisión- no quiero formular esto de manera tan drástica como lo ha hecho mi colega, la Sra. Roth-Behrendt, sino que quiero hacerlo de manera más elegante, señor Oreja- la Comisión podría ser un poco más activa. 
Quiero aplicar esto al terreno de la política de Interior en la Unión Europea: si la Comisión no se vuelve más activa, contribuirá con su pasividad a que se fortalezca cada vez más una tendencia peligrosa que se ha iniciado en la Unión Europea, en concreto, un inmenso distanciamiento de la democracia que está ganando espacio en esta Unión. 
No me cansaré de exponer en esta Asamblea que el Consejo, y en especial algunos países miembros, practican el bloqueo; ayer hemos oído de labios de la Sra. Gradin que algunas iniciativas de la Comisión fracasan por el veto de algunos estados no mencionados ayer; sin embargo, sabemos que países miembros son éstos. 
Por consiguiente, el Consejo tiene la costumbre de practicar una política del siguiente estilo: cada vez son más los asuntos que se de manera lenta pero segura se trasladan hacia Europa, sobre todo, los que desde el punto de vista de la política de interior son desagradables a nivel nacional, de suerte que se pueda decir a la oposición política de casa que el asunto está radicado en Bruselas y que ya no se tiene nada que ver con ello. 
Pero, una vez llegadas a Bruselas, estas cosas se quedan en el ámbito intergubernamental y- también con arreglo a la construcción del Tratado de Amsterdam- no son transferidas al Parlamento Europeo, como cámara legislativa, y con frecuencia tampoco se quedan en el ámbito consultivo. 
De esta manera se sustraen prácticamente al control democrático de los Parlamentos nacionales y no se les da traslado al Parlamento Europeo. 
Este déficit democrático se hace luego muy difícil, si se crean instituciones que adquieren derechos de intervenir en las libertades civiles fundamentales de los ciudadanos. 
No necesito repetir el debate sobre Europol. 
Cuando, como hemos leído en estos últimos días, se venden, por ejemplo, a organizaciones criminales conjuntos de datos del sistema de información de Schengen, yo me pregunto: ¿Quién controla realmente las competencias? 
¿Quién controla estas organizaciones? 
Ni los Parlamentos nacionales, ni nosotros. 
La Sra. Comisaria Gradin expuso ayer de manera impresionante la débil dotación de personal que ella tiene en este ámbito dentro de la Comisión. 
Esto muestra que la Comisión asume este tema de manera insuficiente. 
Sin embargo, precisamente porque ésta, al contrario que nosotros, tiene derecho de iniciativa y podría emprender iniciativas, debería encargarse de este tema con más intensidad en el caso de la realización de la libertad de circulación en el seno de la Unión Europea, por poner un ejemplo. 
En el programa legislativo no aparecen ya, siquiera una vez, las iniciativas Monti. 
Estas han sido las últimas iniciativas que emprendió la Comisión para realizar en el Tratado de Amsterdam la libertad de circulación de las ciudadanas y de los ciudadanos, que está prevista en el Acta Unica y que no ha se ha visto realizada en el marco de la estrategia del Consejo. 
La Comisión ha emprendido iniciativas. Las últimas, como hemos dicho, ni siquiera aparecen hoy en su programa de trabajo. 
Sean ustedes más valientes y entonces el Parlamento les apoyará también en todos los niveles. 
Señor Presidente, señor Comisario, seguramente es acertado que no presentemos aquí una lista interminable de deseos, sino que nos concentremos en lo que es políticamente necesario. 
Quiero decir con franqueza lo siguiente: por un lado, es cierto que tras el impetuoso desarrollo del mercado interior se ha reducido el número de proyectos de ley. 
Pero tras este desarrollo del mercado interior echo de menos realmente un esfuerzo más intenso, incluso por parte de la Comisión, por comprobar, por depurar, por desburocratizar y, por esta razón, quiero decirles anticipadamente que constituyan una task force, que se ponga de una vez a entresacar el actual conjunto de normas, a generar cercanía al ciudadano y a sintetizar en muchas cosas de manera que fuera se todo se haga legible y manejable. 
Quiero referirme brevísimamente a cinco puntos: naturalmente, vamos a hacer un seguimiento puntual acerca de si se cumplen los compromisos que se han adquirido en relación con la EEB y, por cierto, no sólo sobre la base de los informes semestrales, sino también, de vez en cuando, en las comisiones. 
Continuaremos haciendo un seguimiento del desarrollo conjuntamente con ustedes en el sentido de la cooperación y de la solidaridad e insistiremos en que ustedes lleven a cabo todas las cosas. 
En el ámbito de la política agrícola-lo quiero dejar muy claro- habría sido mejor hablar desde el principio de una adaptación y de un desarrollo de la reforma de 1992 y no haber hecho como si se quisiera inventar de nuevo la rueda cada cinco años. 
Aprovechen ustedes el tiempo hasta el mes de marzo para reelaborar los puntos de crítica que se han mencionado aquí en el Parlamento, para que esta reforma tenga posibilidades de futuro. 
Quiero decir con toda claridad que los colegas de la Comisión de Pesca se hallan sorprendidos. 
Echan de menos, con excepción de la mención del instrumento financiero para el equipamiento estructural, informaciones relativas al Acuerdo sobre Pesca para 1998 y otras muchas cosas. 
Arregle esto, por favor, en la Comisión de Pesca. 
Permitanme que sobre la política presupuestaria y financiera diga lo siguiente: yo también estoy esperando sobre la base de las decisiones de Luxemburgo que no sólo se elabore un informe sobre el sistema de recursos propios, sino que ustedes formulen propuestas sobre la revisión del sistema de recursos propios. 
En el ámbito del control presupuestario es importante para nosotros que sobre la base del acuerdo Interinstitucional se ponga en marcha una completa independencia de la UCLAF, partiendo del Informe Bösch y que también en el ámbito de la cooperación en materia de Justicia se hagan, por fin, progresos en relación con la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tengo dos puntos de vista. 
Empezaré con el positivo, dando una calurosa bienvenida a la cooperación con Estados Unidos, que nos ha inspirado a llegar a una nueva estrategia en lo concerniente a las drogas sintéticas a través del early warning system contra los nuevos productos, y de una legislación más dura contra la fabricación y el comercio de estos preparados. 
A continuación, expongo los puntos en los que no estoy de acuerdo y que encuentro insuficientes. 
Se trata del crimen organizado y de la libre circulación. 
La Comisión ha dicho en esta Asamblea que su misión es la de incluir 20 apartados en el Plan de acción del Consejo contra la criminalidad organizada. 
No obstante, el programa de trabajo para 1998 no contiene nada sobre esto. 
Se necesitan unas acciones con respecto al blanqueo de dinero y la confiscación de bienes obtenidos ilegalmente. 
Además, quiero destacar que existen apartados de la Convención de Dublín que hay que llevar a la práctica. 
El segundo punto afecta a la libre circulación. 
Tenemos el informe Weil, que muestra con toda claridad los problemas que existen. 
La Comisión debe ser más activa en este contexto en sus funciones de resolver estos problemas y de atacar a los países obstructores. 
Puedo mencionar un ejemplo de mi ciudad natal, Estocolmo. 
Más de 3.000 personas no reciben su pensión a tiempo, dado que no se puede calcular la cantidad a pagar cuando han trabajado en otros países. 
Si va a seguir sucediendo esto y los ciudadanos honrados ven que su pensión se les confisca indirectamente, temporalmente, mientras que no se confiscan los bienes obtenidos por la vía criminal, la Unión se arriesga naturalmente a perder credibilidad e incluso apoyo democrático. 
Debe dársele a la Comisión la oportunidad de funcionar como un guardián eficaz de los Tratados, de manera que la Unión pueda ofrecer a la vez libre circulación y seguridad. 
En estos ámbitos los ciudadanos tienen unas expectativas cara a la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, quiero agradecerles en primer lugar todas las intervenciones que han tenido lugar aquí esta tarde. 
Y comenzando por la primera, la del Sr. Fayot, debo decirle que yo estoy totalmente de acuerdo en que este es un ejercicio crucial. 
Y precisamente lo es más desde el momento en que, a partir del Tratado de Amsterdam, el Parlamento tiene unos mayores poderes. 
Estamos en vísperas de la entrada en vigor de este Tratado. 
Lo mismo que se ha hecho tan felizmente en el Consejo Europeo de Luxemburgo en materia de empleo, en el que se ha adelantado la aplicación de algunas de las disposiciones que estaban en el Tratado, también lo debemos hacer en la medida de lo posible poniendo en práctica muchas de las disposiciones del Tratado antes de que entre en vigor. 
Decía el Sr. Fayot, y estoy totalmente de acuerdo, naturalmente que sí, que la Comisión debe estar sometida al control del Parlamento. 
La Comisión no es naturalmente inamovible. 
Se hacía esa pregunta el Sr. Fayot y la respuesta es categórica: está sujeta a su control, naturalmente que lo está, y lo hemos dicho muy claramente con motivo del problema de las vacas locas. 
Creo que precisamente en eso se basa la propia legitimidad de la Comisión. 
¿Cuál sería la legitimidad de la Comisión si no estuviera sujeta a un control? 
Yo les aseguro que he estado en dos Comisiones, en la anterior y en ésta, y que he sentido crecida mi legitimidad después de acudir a la audiencia, el día 4 de enero de 1995, ante el Parlamento Europeo. 
Después de haberme sometido a la audiencia de ese día, yo tuve la sensación, cuando salí de allí, de que era más comisario que antes. 
Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con lo que significa el ejercicio de ese poder. 
Quiero decirles también- y de este modo quiero también de alguna forma contestar a los temas que planteaba la Sra. Oomen-Ruijten- que probablemente una de las dificultades que hay entre el Parlamento y la Comisión depende de uno de los temas que me parece especialmente significativo, que es el que se refiere al régimen de los fundamentos jurídicos. 
Creo que es importante el que vayamos avanzando en la fijación de los fundamentos jurídicos en las propuestas que se hacen. 
Evidentemente, eso es algo que depende de la propia Comisión, pero creo que el ir dando pistas sobre el fundamento jurídico y sobre el tipo de acto que se quiere llevar a cabo, puede facilitar el encuentro entre la Comisión y el Parlamento. 
Y, en ese sentido, hay una propuesta, que ha sido hecha por el Sr. Fayot y recogida por la Sra. Oomen-Ruijten, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo. 
Yo creo que no debemos dejar de hacer este ejercicio, y no se trata de dejarlo para un solo ejercicio una vez al año, sino hacerlo periódicamente. 
Señor Fayot, habla usted de una reunión trimestral. 
¿Por qué no vamos a hacerlo? 
No hay ninguna razón. 
Lo que quiere la Comisión es precisamente que haya mucha más transparencia. 
Reunámonos cada tres meses, en la forma en que ustedes quieran. 
Hagámoslo en la Comisión de Presidentes de comisión o donde quieran. 
Yo no puedo en este momento darles a ustedes una respuesta sobre todos los temas que se han planteado aquí. 
Unos son temas de carácter legislativo y otros no lo son. 
Pero debemos hacer un trabajo serio, responsable, puntual, e ir explicando cuáles son las razones por las cuales no estamos en condiciones en un momento determinado de avanzar en algo, o por qué creemos que tenemos que acudir a un Libro Verde. 
Mire usted, señor Fayot, usted se refería a un tema que no es de mi responsabilidad y de mi competencia directa como comisario, pero sí lo es como miembro del Colegio, que es el tema de la concentración de medios, el tema del pluralismo y de la concentración de medios. 
Tiene usted toda la razón. 
Este es un tema que ya la Comisión anterior lo planteó, hizo un Libro Verde, lo lanzó, tuvimos una serie de respuestas. 
Yo quiero decirle una cosa: las respuestas fueron enormemente confusas. 
No tuvimos en aquel momento criterio. 
Era casi el final de la Comisión Delors. 
No sabíamos qué hacer. 
Se constituyó una nueva Comisión. 
Llegó el Sr. Monti. 
El Sr. Monti hizo un nuevo Libro Verde. 
Lanzó el Libro Verde. 
Tuvimos respuestas. 
Tampoco fueron claras. 
El Sr. Monti, aunque no tenía respuestas suficientemente claras del sector y de los grupos sociales, sin embargo hizo una propuesta al Colegio de Comisarios. 
Se trató del tema. 
Hubo un larguísimo debate. 
Y al final del debate no hubo una posición clara por parte del Colegio. 
Y yo creo que, con muy buen criterio, el Sr. Monti decidió continuar la reflexión. 
A usted le parece que la reflexión es demasiado larga. 
Mire usted, yo creo que si acertamos al final, el que nos retrasemos unos meses más no es el problema. 
Usted sabe que el tema que usted ha planteado es un tema dificilísimo. 
Es un tema que afecta a muchos sectores. 
Está en juego, por una parte, qué significa la concentración de los medios y las consecuencias que puede tener para el ciudadano. 
Y al mismo tiempo, qué significa el ejercicio de una auténtica economía de mercado, qué dificultad hay para que se vayan adquiriendo las acciones que permitan que al final se llegue quizás a esa concertación, cómo se salvaguardan los intereses. 
Mire usted, es un problema muy serio. 
Bueno, pues ese es uno de los temas, y yo estoy convencido de que en un plazo corto, no le puedo decir cuál, pero estoy convencido de que en un plazo corto, porque me consta cómo está profundizando en él el Sr. Monti, tendremos un debate en la Comisión, llegaremos a una solución y esa solución la plantearemos ante el Parlamento. 
Por lo tanto, yo quiero decirles que esos temas nosotros los vivimos con una gran intensidad y creo que el que haya una mayor transparencia puede hacerse a través de un cambio de método. 
Creo que lo que hemos hecho mal ha sido el método y, por consiguiente, el método que utilicemos en el futuro tenemos que mejorarlo. 
Quiero hablar también de otro de los temas que han sido planteados aquí que es el de las propuestas que están bloqueadas. 
Bueno, yo en cuanto a esto debo decir lo siguiente. 
Primero, hay muchos temas que están en el Consejo, eso es verdad. 
No todos los que están en el Consejo están bloqueados. 
Es probable que algunos de los temas que están en el Consejo podamos retirarlos, ese es el derecho de la Comisión, una consecuencia del derecho de iniciativa es la posibilidad de retirar. 
¿Por qué? 
Hay otros que están en este momento en una fase de información y hay otros que van a ser próximamente votados en el Consejo. 
De todas formas, quiero decirles que vamos a vigilar especialmente estos temas. 
Soy consciente de la especial sensibilidad que tiene el Parlamento respecto de esto y, por consiguiente, yo les daré respuesta ese día y espero que pronto nos podamos reunir para examinar la relación de los distintos temas que siguen aún pendientes. 
Voy a decirles ya muy poco más, pero sí quiero decirle una cosa a la Sra. Roth-Behrendt. 
Señora Roth-Behrendt, comprendo la gran sensibilidad que tiene respecto de ese tema. 
Usted sabe muy bien que yo ya he ido a su comisión, donde estuvimos mucho tiempo y me hicieron muchas preguntas sobre temas institucionales que eran en ese momento los míos. 
Y no salí malparado, a pesar de que no era fácil el empeño. 
Pero quiero decirle que, en relación con el tema que plantea- que es un tema muy importante -, nosotros estamos esperando a tener los resultados de la Conferencia organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión, el 3 y 4 de noviembre pasados, y estamos en este momento destilando las consecuencias de esa reunión. 
¿A usted le parece que debíamos haberlo hecho antes? 
Bueno, a veces somos un poco lentos, pero somos seguros. 
Por consiguiente, no le quepa duda de que vamos a profundizar. 
Queríamos también saber cuáles eran las conclusiones de la investigación sobre la EEB, y eso ya lo tenemos en este momento. 
De alguna manera, queríamos también saber qué pasaba con el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
De manera que yo tomo nota de su preocupación. 
La próxima vez, creo que usted podrá disparar, pero esta vez le ruego que no lo haga, sino simplemente que espere, ya que la próxima vez podré darle unas respuestas más categóricas. 
Ha habido otras muchas intervenciones. 
Quisiera mencionar alguna, como la del Sr. Dimitrakopoulos. 
Estoy de acuerdo en la necesidad de preparar bien las acciones de política exterior. 
Creo que lo que sí tenemos que hacer es que lo que está ahí, en preparación, lo pongamos en marcha inmediatamente. 
La célula de planificación, vamos a ver cómo funciona. 
Es un resultado de Amsterdam. 
El Tratado de Amsterdam no está todavía en vigor. 
Sin embargo, la puesta en marcha de esa célula de planificación podría adelantarse a la entrada en vigor del nuevo Tratado de Amsterdam. 
Respecto al Sr. Fantuzzi, estoy de acuerdo con las reflexiones que ha hecho, que me parecen interesantes, sobre política agrícola y sobre el papel que desempeña la subsidiariedad. 
Quiero decir también que hay un tema que me ha preocupado especialmente, que es el que ha dicho el Sr. Frischenschlager cuando se ha referido a la reforma de las instituciones y a hasta qué punto pueden afectar o no a la ampliación. 
Mire usted, en la resolución que aprobó este Parlamento el día 19 de noviembre, hay un punto muy importante- creo recordar que era el punto 20- relativo a un encargo que hacen ustedes a la Comisión para que presente unas propuestas y para que haga un informe antes del Consejo Europeo que se celebrará en Viena en 1998. 
Yo quiero decirle que me parece que éste es un tema realmente importante y significativo. 
Lo que no tenemos que hacer es- como hemos venido haciendo hasta ahora, como hemos hecho en Maastricht, como hemos hecho en Amsterdam- dejar- si ustedes me permiten que utilice una fórmula muy española -, que nos coja el toro. Es decir, lo que hay que evitar es que vayamos dejando que las cosas se precipiten de tal manera que, al final, ya no tengamos tiempo. 
No podemos esperar siempre al último minuto, no tener tiempo y aplazarlo. 
La técnica de la Comunidad no puede ser una técnica de aplazamiento, tiene que ser una técnica de decisión. 
No esperemos a que haya un nuevo Estado que va a entrar al día siguiente y, mucho menos, a que haya el Estado número veinte o veintiuno o veintidós. 
No, hagámoslo ahora. 
Esperemos primero a que se ratifique el Tratado. 
Lo importante es la ratificación del Tratado. 
Usted sabe muy bien que nada es seguro y, aunque lo malo no siempre es seguro, tampoco lo bueno siempre lo es. 
Por consiguiente, esperemos ahora a que se ratifique el Tratado y, en cuanto se ratifique el Tratado, vamos a ponernos manos a la obra. 
¿Han hecho ustedes un encargo a la Comisión? 
La Comisión lo cumplirá. 
Y vamos a intentar ponernos de acuerdo, Comisión y Parlamento, vamos a intentar asociar también al Consejo, y vamos a intentar, en definitiva, que ese tema institucional, que usted ha puesto de relieve, lo podamos resolver sin la presión de la negociación final de la entrada en la Comunidad de un nuevo Estado. 
Bien, éstas son algunas de las cosas que yo quería decirles. 
Quiero decirles también, respecto a la intervención del Sr. Schulz, que el compromiso de la Comisión por la democracia es un tema muy claro. 
Creo que está bien probado en todo lo que se ha hecho, precisamente en la Conferencia Intergubernamental, como las propuestas que ha hecho la Comisión respecto de un tema del que casi no se habla, y habría que hacerlo, que es la ciudadanía. 
El tema de la ciudadanía es uno de los temas que han salido más enriquecidos en la Conferencia Intergubernamental, así como también el tema de la codecisión. 
Tratemos de ir más lejos. 
Vamos a intentarlo. 
Y al Sr. Böge voy a decirle que tomo buena nota de las propuestas que ha hecho. 
Yo creo que no es el momento de reabrir ahora el debate sobre algunos temas del tercer pilar que se han planteado. 
Sí creo una cosa, y es que ahí tenemos un margen que nos ha dado el Tratado de Amsterdam y tenemos que ver cómo conseguimos impulsarlo. 
Lo más importante, o una de las cosas más importantes, es la libre circulación de personas, y sabemos que esto tenemos que perfeccionarlo. 
Y tenemos un procedimiento para hacerlo: el resultado de Amsterdam no es el que a mí me hubiera gustado, yo hubiera preferido que el paso se hubiera hecho no en cinco años sino en tres y que, en lugar de hacerlo por unanimidad, se hubiera hecho por mayoría. 
Pero esto es la Comunidad. 
La Comunidad ha sido siempre así. 
Nunca da satisfacción del todo. 
Pero creo que nos ha señalado un camino, vamos a intentarlo y, en definitiva, yo espero que, entre el Parlamento y la Comisión, podremos seguir adelante para hacer una Europa realmente justa y solidaria. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Empresas de inversión y las entidades de crédito 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0380/97) del Sr. Cassidy, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0071- C4-0304/97-97/0124 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. 
Señor Presidente, esta propuesta sobre la directiva relativa a la adecuación del capital es una revisión de una Directiva de 1993, que, a su vez, fue necesaria para que la Comunidad Europea, tal como era entonces, pudiese aprovechar las normas universales acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Cuando esta Asamblea examinó la Directiva de 1993, sabíamos que otros elementos serían necesarios en su momento para mantenerla actualizada en materia de progreso técnico, pero no creo que previésemos que el progreso técnico fuera a ser tan rápido como ha sido. 
De hecho, el rápido cambio en el sector de los servicios financieros ha requerido una actualización de las normas de adecuación del capital para permitir a las instituciones financieras calcular el llamado valor en riesgo utilizando modelos informáticos. 
De conformidad con la Directiva de 1993, no se permite la utilización de modelos informáticos. 
Con arreglo a las enmiendas de las normas de Basilea y a la enmienda de la Directiva de 1993 que estamos examinando hoy, sí que se permitirá. 
Sin embargo, en 1993 se impuso otra obligación a la Comisión y al Parlamento, que fue la de formular normas sobre las materias primas y derivados, lo que ha requerido algunos cambios importantes en la Directiva de 1993. 
Hemos trabajado todos en condiciones algo difíciles porque las nuevas normas de Basilea entrarán en vigor el 1º de enero del próximo año, es decir, dentro de dos semanas. 
Uno de nuestros principales objetivos en la Comisión, el Parlamento y, de hecho, el Consejo es el de procurar que nuestra enmienda a la Directiva de 1993 entre en vigor lo antes posible para no colocar a las instituciones financieras europeas en desventaja en comparación con sus competidoras del Japón, los Estados Unidos, Suiza, Corea, Indonesia, etc., suponiendo que aún haya bancos en lugares como el Japón, Corea, etc. en condiciones de hacer algo. 
No obstante, tenemos que salvaguardar la posición de nuestras propias instituciones financieras. 
Pasando a la cuestión de los derivados y las materias primas, cuando se presentó originalmente la propuesta de la Comisión, surgió el problema de que la propuesta original de la Comisión exigía a las empresas especializadas en materias primas modernizar sus sistemas para poder utilizar modelos informáticos el 31 de diciembre de 1999, a más tardar, fecha importante, porque es la del milenio, pero también porque es la fecha en la que algunos países intentan estar organizados para la moneda única. 
Ha resultado evidente que va a haber una necesidad apremiante de personal con la competencia idónea en materia de TI no sólo en la Unión Europea, sino también en otras partes del mundo. 
Como ponente, mi primera idea fue la de proponer una prórroga de ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Sin embargo, he descubierto que el Consejo ha estado dispuesto a mostrarse bastante más generoso y la enmienda nº 19, que se votará mañana en nombre del PPE y otros Grupos políticos, y la enmienda nº 20 que la acompaña contribuirán a ajustar la posición de las empresas especializadas en materias primas y derivados. 
Yo, como ponente, no soy sino un simple servidor de la comisión y debo dejar las decisiones sobre las enmiendas núms. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 al sabio arbitrio de la Asamblea. 
Pero, si se me permitiera guiar a ésta, habría de decir que espero que encuentre la forma de apoyar las enmiendas núms. 
19, 20 y 16. Es posible que se hayan retirado algunas de las otras. 
Ahora bien, no disponemos de demasiado tiempo al respecto. 
Espero que, cuando votemos sobre este informe mañana, se apruebe, si no por unanimidad, al menos con una importante mayoría a favor, para que la Comisión y el Consejo puedan pasar después a adoptar una posición común, con lo que nos permitirán hacer una segunda lectura y colocar las instituciones financieras europeas a la par de sus competidores en el resto del mundo. 
Lo lamento mucho, pero vamos a tener que poner fin al debate en este momento y reanudarlo a las 9 de esta noche. 
No depende de mí. 
El Vicepresidente que va a acudir al turno de preguntas quiere que éste comience a las 17.30 horas. 
Tenemos el honor de tener al Presidente en ejercicio con nosotros, conque es más que apropiado que comencemos a tiempo. 
Me pide la palabra el Sr. Wijsenbeek para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, ésta es realmente una cuestión de orden. 
El modo de proceder de esta Asamblea es, a mi entender, sumamente insatisfactorio. 
Por segunda vez hoy, el debate se ha interrumpido en algún momento, con total consideración por Presidencia luxemburguesa, que en los últimos seis meses ha realizado una labor fantástica. 
Sin embargo, Usted no puede permitir que el ponente comience, que el comisario acuda a toda prisa y decir, tras una breve introducción y con todos los oradores aquí presentes: ahora se interrumpe el debate hasta esta tarde a las nueve. 
Ruego borre mi nombre de la lista, ya que considero éste un proceder insatisfactorio, del que hago responsable a la Mesa, que al igual que muchas otras veces, sólo atiende a sus intereses. 
Gracias, señor Wijsenbeek, pero debo recordarle que nosotros hemos aprobado un orden del día- todos nosotros- y en este orden del día figura que hoy a las 17.30 horas se inicia el turno de preguntas al Consejo. 
Por lo tanto, señor Wijsenbeek, lo que hace esta Presidencia es hacer cumplir exactamente lo que hemos aprobado en este Pleno. 
Por otra parte, señor Wijsenbeek, usted es un miembro ilustre- puedo decirlo con conocimiento de causa- de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades y sabe usted que en la Comisión de Reglamento hay un apartado en el que está también determinado cómo funciona el trabajo en este Parlamento con relación al turno de preguntas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas B4-1002/97). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Y en primer lugar, permítanme ustedes que dé la bienvenida y agradezca hoy aquí la presencia del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Juncker. 
Valoramos extraordinariamente su presencia aquí, pero también recordamos hoy la valiosa presencia del Secretario de Estado, Sr. Wohlfart, al que me hubiera gustado desearle un feliz año nuevo y unas felices pascuas. 
Le ruego, señor Juncker, que le transmita este mensaje y le diga que también le estamos muy reconocidos por la compañía que nos ha hecho durante el turno de preguntas en el período de la presidencia luxemburguesa. 
Pregunta nº 1 formulada por Paul Rübig (H-0832/97): 
Asunto: Despido de un profesor de enseñanza media en Eslovaquia a causa de su compromiso en favor de la lengua minoritaria húngara 
Los esfuerzos económicos de Eslovaquia por convertirse en miembro de la Unión Europea deben celebrarse. 
De ahí que sea tanto más preocupante la agravación del conflicto entre el Gobierno eslovaco y la minoría húngara, que cada vez se extiende más al sector educativo. 
Así, profesores y directores de establecimientos escolares son despedidos por motivos manifiestamente políticos. Estas medidas afectan sobre todo a escuelas húngaras en territorios bilingües. 
Entre estos casos figuran el de Alexander Tóth, profesor de enseñanza media húngaro, despedido el 30 de junio de 1997, y el de los directores de dos colegios húngaros, Gyula Popély y Peter Kovács, destituidos en octubre de 1997. 
Los tres habían entregado cuadernos de calificaciones bilingües a sus alumnos. 
¿Tiene el Consejo conocimiento de estos incidentes y qué medidas piensa adoptar al respecto? 
Señor Presidente, me dicen que es la primera vez que un Primer Ministro se presta a este ejercicio de preguntas y respuestas. 
Lo hago, en primer lugar, porque me gusta el Parlamento Europeo, pero sobre todo porque el Sr. Wohlfart está ausente. 
El Sr. Wohlfart, mi secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que generalmente, según me informan, asegura con brillantez la presencia de la Presidencia, no puede unirse a nosotros porque ha sufrido un accidente de tráfico. 
El accidente no es grave, pero mi Gobierno sigue sin saber mantener el rumbo cuando hay hielo. 
Por consiguiente, el Sr. Wohlfart ha sido víctima de la imprudencia que caracteriza la conducción de los asuntos en Luxemburgo. 
Quisiera ahora aportar la respuesta que esperan de mí, a raíz de la pregunta de su Señoría, Sr. Rübig, para decir que el Consejo lamenta los incidentes descritos en la pregunta que le ha sido dirigida. 
Quiero recordar la importancia que el Consejo atribuye al respeto de los criterios políticos de Copenhague por parte de todos los países que tienen vocación europea. 
En esta perspectiva, el Consejo saluda la declaración del parlamento eslovaco de 10 de octubre de 1997 y la declaración conjunta del Presidente y del Primer Ministro eslovacos de 17 de octubre de 1997, declaraciones que considera como un primer paso constructivo hacia la solución de las cuestiones pendientes en Eslovaquia. 
En este caso, se trata asimismo de un comienzo de respuesta a las recomendaciones formuladas por la comisión parlamentaria mixta entre la Unión Europea y Eslovaquia. 
En lo que respecta más particularmente al trato de la minoría húngara, el Consejo ha tomado nota del memorando del Gobierno eslovaco sobre el empleo de las lenguas minoritarias y desea que esta iniciativa vaya seguida en breve de una ley específica que regule, en su conjunto, los diferentes aspectos de este asunto. 
El Consejo también ha tenido conocimiento con satisfacción de las recomendaciones dirigidas al Gobierno eslovaco por la comisión parlamentaria mixta con motivo de su sesión de 25 y 26 de noviembre de 1997, en las que se le invita a preparar, en cooperación con los expertos de la Unión Europea, la legislación pertinente que aporte una solución al problema de las lenguas minoritarias en el territorio nacional. 
La Unión Europea está decidida a ayudar a todos los países asociados a cumplir los criterios definidos en Copenhague. 
En este sentido, no ha cesado de alentar a la República Eslovaca a aprovechar este lapso para eliminar los últimos obstáculos que se alzan en la vía de su adhesión definitiva a la Unión Europea, al tiempo que desea que, en este mismo intento, alcance una solución justa a los problemas relativos a la minoría en cuestión. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera dar muy cordialmente las gracias al Primer Ministro Juncker. 
Creo que es ejemplar que para las preguntas usted se ponga también personalmente a disposición del Parlamento. 
Creo- y quisiera resaltarlo expresamente también en este círculo, porque nos hemos alegrado mucho de ello- que el Consejo ha seguido la línea del Parlamento y no ha mencionado expresamente la palabra Eslovaquia. 
No obstante, deberíamos hacer todo lo posible para que allí se satisfagan también los criterios que para nosotros son tan importantes. 
La primera problemática es la cuestión de las minorías. 
La segunda es la cuestión del diputado Gaulider, y creo que nosotros, desde la parte europea, podemos y debemos indicar con suficiente énfasis que la cuestión Gaulider necesita también una solución. 
Sabemos que esto tiene que ver con el Presidente Kovács o con las elecciones del otoño, y mi pregunta es la siguiente: ¿Cree usted que la Unión Europea tiene todavía posibilidades de solucionar este caso Gaulider antes de las elecciones de Eslovaquia? 
Estimado colega Rübig, sobre la pregunta referente al diputado Gaulider, así como sobre todas las preguntas que usted plantea en este contexto, quisiera decirle que sobre las cuestiones que usted ha planteado así como sobre las cuestiones relacionadas con este asunto he mantenido intensas conversaciones con el Presidente del Consejo de Ministros eslovaco, Sr. Meciar. 
Esto tuvo lugar a finales de agosto con ocasión de una visita de trabajo de medio día a Eslovaquia, que llevé a cabo porque precisamente en el momento en que Eslovaquia fue realmente excluida del proceso de ampliación por todos yo quise demostrar con tal visita esto no significaba que estuviéramos dando la espalda a Eslovaquia. 
Entonces conversé sobre este asunto con el Sr. Meciar, con el Presidente de la República, con los partidos de la oposición en el Parlamento eslovaco y con algunos otros amigos y colegas eslovacos. 
Por lo demás en esa ocasión insté tanto al Presidente como al Primer Ministro a que emitiéramos una declaración conjunta respecto de la adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea, poniendo yo en claro que nuestro deseo sería que en Eslovaquia se den algunas respuestas al planteamiento que le hacemos desde fuera. 
Casualmente ese era precisamente el día en que el llamado caso Gaulider iba a ser votado en el Parlamento eslovaco. 
Sin embargo, luego se aplazó la votación. 
En todas las conversaciones puse de manifiesto a todos mis interlocutores en Eslovaquia que nosotros damos la mayor importancia a una mejora del funcionamiento de las instituciones democráticas en Eslovaquia, y también en otra conversación que celebré con el Sr. Meciar el sábado pasado en Luxemburgo he dejado claro que el hecho de que a pesar de todo el Consejo Europeo haya incluido expresamente a Eslovaquia en el proceso de ampliación, no debería interpretarse como que estamos satisfechos ahora con el nivel de calidad de los procesos democráticos que se haya conseguido ahora en Eslovaquia, sino que damos por supuesto que deben realizarse ulteriores esfuerzos. 
Existe Eslovaquia, existe el Gobierno eslovaco, existen también cinco millones de hombres y mujeres eslovacos, cuyo lugar está en el centro de Europa. 
No deberíamos olvidar esto, por favor, a pesar del enojo sobre los que el Sr. Meciar hace, no hace o deja de hacer. 
No sólo existe el Sr. Meciar, existen también cinco millones de eslovacos. 
Merecen que nos dispongamos en su favor. 
No se pueden reindividualizar, señor colega von Habsburg, los derechos de las minorías. 
Los derechos de las minorías son derechos de un determinado grupo de población. 
En nuestras conversaciones con Eslovaquia hemos aludido siempre al espacio de Hungría y Rumanía, pero en especial a Hungría, para hacer patente cómo imaginamos que se deberían manejar los problemas de las minorías o, mejor, las cuestiones de las minorías; la palabra cuestiones de las minorías me gusta sustancialmente más que problemas de las minorías, pues las minorías no plantean problemas, en absoluto, sólo plantean cuestiones. 
Nos hemos referido siempre al ejemplo húngaro, para mostrar cómo pensamos que se debería proceder con las cuestiones de las minorías, creo que esto se ha hecho muy consciente a los dirigentes eslovacos. 
Pregunta nº 2 formulada por Jens-Peter Bonde (H-0856/97): 
Asunto: Registro de personas en el sistema de información Schengen 
¿Pueden indicar los Estados miembros y/o el Consejo, cuántas personas residentes en Dinamarca o con nacionalidad danesa han sido registradas en el sistema de información Schengen dentro de las diferentes categorías principales con arreglo a las cuales se registran personas, objetos, etc. y respetarán los Estados miembros, en sus propios registros y en los comunes, la prohibición danesa de registrar actividades políticas legales? 
Diré a mi amigo Bonde que el Acuerdo de Schengen y el convenio sobre la aplicación de dicho acuerdo se celebraron a nivel intergubernamental entre algunos miembros de la Unión Europea. 
Por consiguiente, estos acuerdos no son por el momento competencia del Consejo propiamente dicho, y la pregunta de su Señoría debería más bien ir dirigida a las instancias de los Acuerdos de Schengen. 
Señor Presidente, esta mañana dí las gracias a la Presidencia del Consejo por haber sido tan imparcial durante medio año, y hoy me gustaría dar las gracias al Primer Ministro por haber acudido en persona a contestar estas preguntas en el turno de preguntas. 
Y también me habría gustado haber podido darle las gracias por haberme dado una contestación. 
Sin embargo, al parecer no puedo, puesto que ésta será dada por el Sistema de Información Schengen. 
Así que en lugar de esto, quiero preguntar si el Presidente del Consejo ha reflexionado sobre la manera en qué se pesa la seguridad jurídica contra la efectividad policiaca en los registros de Schengen y el sistema AIS, el cual reemplazará el sistema de Schengen bajo la Europol. 
Mi propuesta al Presidente del Consejo será que se instaure una norma por la que a cualquier persona bajo sospecha, cuando ésta desaparezca, le sean remitidos los datos registrados o si en consideración a los investigadores esto no se puede hacer, se proporcione estos datos a una autoridad de control independiente de manera que en todo caso se esté seguro de que el sospechar de una persona se toma muy en serio. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Bonde, diré simplemente que, sin duda, su Señoría no ignora que se trata de preguntas muy confidenciales, me refiero a las preguntas a las que se ha referido directamente. 
Es evidente que la inserción en el sistema de información de Schengen de los asuntos a los que su Señoría acaba de referirse, tiene lugar exclusivamente mediante mandato de una autoridad judicial. 
Puesto que su pregunta se refiere directamente a los nacionales y residentes daneses, le sugeriría que se la dirija al parlamento danés, que podrá proporcionarle todas las respuestas. 
Entre mis sueños de juventud figuraba el de poder intervenir algún día ante el parlamento danés. 
Si el Gobierno danés accediera a habilitarme para responder a esta misma pregunta que usted formularía al parlamento danés, estaría encantado y me sentiría honrado de responderle en lugar del Gobierno danés. 
Aunque no sé si al expresarme en nombre del Gobierno danés estaría en condiciones de ofrecerle una respuesta satisfactoria. 
Quiero decir que pienso que este debate es muy importante, ya que el contenido de los acuerdos de Schengen se va a convertir realmente en materia de Derecho comunitario en un futuro próximo. 
A menudo nombramos las ventajas de estos acuerdos, por lo que también es necesario debatir sobre su funcionamiento en la práctica. 
Dentro del Schengen Information System existe por lo menos una posibilidad de poder ver los propios datos personales en el registro SIS. 
Lo que más me preocupa son los puntos oscuros que tiene SIRENE, que es el sistema de registro en que se basa el SIS, que tiene competencias para pasar distribuir datos personales mucho más delicados que los que se pueden obtener del registro SIS. 
¿Considera el Consejo de Ministros que se va a hacer más estricto el control del registro SIRENE y de las informaciones que se obtienen de él, de manera que tengamos una autoridad de control, como dentro del registro SIS, si se integra en el Derecho comunitario? 
Gracias, señor Sjöstedt. 
Señor Juncker, yo no sé si en su juventud usted soñó que era miembro del Parlamento sueco, pero en este caso también le invito a que responda a la pregunta del Sr. Sjöstedt. 
En mi sueño de juventud sólo aparecía el parlamento danés. 
No aspiraba a poder dirigirme un día a más de un parlamento escandinavo. 
Por lo demás, y a título personal, diré que comprendo perfectamente los temores que pueden desatar los problemas sobre los que estamos tratando aquí. 
Por mi parte, no excluiré que sería prudente buscar la forma y el lugar idóneos para organizar las cosas de manera que estos problemas puedan realmente ser controlados. 
No veo ningún inconveniente en que sigamos nuestra reflexión común en este sentido. 
Comprendo perfectamente las preocupaciones que subtienden las preguntas que nos dirigen, pero comprenderán que no pueda ofrecer una respuesta preparada del Consejo. 
Señor Presidente, Schengen es un mecanismo que ha sido ideado para luchar contra la criminalidad. 
No es un sistema que se haya introducido para controlar a los ciudadanos, sus opiniones y sus convicciones. 
De hecho, olvidamos que Schengen es un mecanismo establecido para poder luchar mejor contra la criminalidad y que, muy a menudo, sus resultados son fehacientes. 
No descarto que puedan producirse algunos patinazos, y quisiera que centráramos nuestra reflexión en los medios que podríamos aplicar para impedirlos. 
No debemos asimilar el principio de Schengen con los patinazos a que, muy excepcionalmente, podría dar lugar, y que habrá que evitar a toda costa. 
Pregunta nº 3 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0863/97): 
Asunto: Países socios del Magreb y «Servicio voluntario europeo para los jóvenes» (DO C 302 de 3.10.97) 
Considerando que se trata de un programa destinado a intensificar la cooperación con terceros países con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos de asociación, y que en cuanto a la participación de los países asociados está abierto a los países de la Europa Central y Oriental (PECO) ; teniendo en cuenta que uno de los fines del proyecto es aportar a los jóvenes de la Comunidad una experiencia de contacto con otras culturas en un contexto intercultural. 
¿Sería el Consejo favorable a abrir la participación de este programa a los países socios del Magreb que han firmado un Acuerdo de Asociación Euromediterráneo? 
¿Qué calendario podría preverse para ello? 
Señor Presidente, el artículo 5 del proyecto de posición común aprobado por el Consejo en su sesión de 28 de octubre de 1997 indica claramente los países que pueden participar en el programa. 
Dice: " Servicio voluntario europeo para los jóvenes». 
Entro los países mencionados no figuran los países asociados del Magreb que hayan celebrado un acuerdo con la Unión Europea. 
No obstante, entre los objetivos concretos del programa, recogidos en el apartado 2 del artículo 2, figura la intensificación de la participación de los jóvenes en las actividades transnacionales al servicio de la colectividad en el seno de la Comunidad o en terceros países, en particular, en aquellos con los que la Comunidad haya celebrado Acuerdos de cooperación. 
Completando lo dicho anteriormente, el apartado 3 del mismo artículo dispone que el apoyo de las actividades transnacionales de larga o corta duración al servicio de la colectividad en el seno de la Comunidad o en terceros países forma parte de los ejes de acción del programa. 
Asimismo, el capítulo 2 del Anexo al proyecto de posición común prevé la participación activa, en terceros países, de jóvenes que residan legalmente en un Estado miembro en actividades que contribuyan a responder a las necesidades de la sociedad y sean susceptibles de tener un efecto directo sobre el bienestar de la población de la colectividad de acogida. 
De ello se desprende que, a la hora de ejecutar el programa, naturalmente podrán tomarse en consideración aquellos proyectos que se haya previsto desarrollar en alguno de los países a los que su Señoría hace referencia en su pregunta. 
Por el tono y la actitud política de la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo deduzco que ha dicho sí. 
Pero no lo comprendo porque realmente en la propuesta de la Comisión, publicada en el Diario Oficial el 3 de octubre de 1997, se contempla este beneficio y esta participación para los países PECO o terceros, pero no para los países socios del Magreb. 
Quiero que me precise si él, como Presidente en ejercicio del Consejo, sería favorable a que los países asociados del Magreb puedan participar en este programa de servicio voluntario, en un doble sentido: que los jóvenes europeos puedan hacer el servicio en estos países y que los propios países asociados del Magreb puedan participar en el programa en sí. 
El Consejo podría convenir en el sentido que su Señoría desea, a condición de que sea consultado mediante una propuesta de la Comisión que vaya en ese sentido. 
Señor Presidente, sólo tengo una pregunta muy breve. 
En el caso de una ampliación tan consecuente ¿estaría dispuesto también el Consejo a aumentar correspondientemente los recursos en este programa? 
Mientras el Consejo supiera identificarse con una propuesta de la Comisión que estuviera dirigida al Consejo mismo, debería realmente estar también interesado en habilitar en el marco de una interpretación coherente de lo que la Comisión propusiera, los recursos monetarios pertinentes. 
Pero, puesto que no existe semejante propuesta de la Comisión, nos encontramos aquí en un juego muy hipotético de preguntas y respuestas. 
Pregunta nº 4 formulada por Gerard Collins (H-0865/97): 
Asunto: Turismo rural 
¿Admite el Consejo que el turismo rural puede desempeñar un papel significativo en el desarrollo de las economías de las áreas rurales? ¿Dará instrucciones a la Comisión para que se lleve adelante medidas destinadas para coadyuvar a un mayor desarrollo del sector del turismo rural en el contexto de las políticas de turismo y de desarrollo rural de la Unión? 
Señor Presidente, tal y como su Señoría señala en su pregunta, el turismo, efectivamente, puede contribuir al desarrollo económico de las regiones rurales de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el desarrollo económico de las zonas rurales, tradicionalmente, está ligado al desarrollo agrícola. 
El Consejo comparte la opinión del Sr. Collins según la cual, el turismo rural ofrece posibilidades que, explotadas de manera acertada, pueden incrementar el bienestar y crear empleo en dichas zonas. 
El Consejo atribuye una importancia muy particular a la mejora cualitativa de la oferta en el sector del turismo rural. 
Una gestión de este tipo es susceptible de favorecer el desarrollo de las regiones en cuestión. 
En este contexto, el Consejo quisiera recordar su Decisión 92/421 relativa a un plan de acción comunitario en favor del turismo. 
Por último, conviene observar que el turismo rural tiene un papel importante en la política de cohesión de la Comunidad. 
En este sentido, conviene destacar que, en el marco de los Fondos estructurales y de la iniciativa comunitaria Leader 2, según las últimas estimaciones, el 40 % del presupuesto de 1.750 millones de ecus previsto para este fin, será destinado a proyectos encaminados a promover el turismo rural. 
Quiero simplemente hacer constar mi agradecimiento al Primer Ministro por su tan extensa y completa respuesta. 
Señor Presidente, tengo la siguiente pregunta: cuando se trata del turismo rural, en Austria tenemos una situación algo especial, pues tenemos un porcentaje muy grande de campesinos con actividades lucrativas complementarias. 
Sé que esto no es aplicable a toda la Unión Europea, pero sé que éste es un argumento que va en apoyo precisamente de este turismo rural. 
¿Consideraría usted posible que se haga llegar a estos campesinos con actividades económicas complementarias una ayuda especial para el turismo rural o que a estos campesinos, que viven en una situación especial, se les ayude desde el aspecto agrícola para que se puedan dedicar más fuertemente a esto? 
Realmente esta presidencia está muy satisfecha por la brevedad de la pregunta del Sr. HabsburgLothringen, que no ha utilizado el minuto que tenía, y por la brevedad del Presidente en ejercicio del Consejo, que incluso no ha fatigado el trabajo de nuestros intérpretes. 
Pregunta nº 5 formulada por Sören Wibe (H-0868/97): 
Asunto: Relaciones de la Unión Europea con Israel y Palestina 
El Gobierno israelí ha quebrantado gravemente los acuerdos de paz a los que llegó con el Estado palestino. 
Esta política pone en peligro la paz en toda la región de Oriente Próximo. 
Con arreglo a lo anteriormente expuesto, ¿no debería aplicar la Comisión sanciones contra el Estado israelí? 
¿No debería considerar el Consejo, por ejemplo, la suspensión de los acuerdos comerciales que la Unión ha suscrito con el Estado de Israel? 
La situación en Oriente Medio es compleja, y el Consejo no cree que medidas como las que sugiere su Señoría contribuyan a salir del atolladero en que se encuentra la región. 
La mejor respuesta que puedo ofrecer a su Señoría es remitirle a las conclusiones de la Presidencia, publicadas al final del Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre. 
Dichas conclusiones demuestran, una vez más, que la Unión Europea está decidida a aportar una contribución concreta y positiva al proceso de paz. 
Mañana me reuniré en Luxemburgo con el Primer Ministro israelí y el viernes con el Presidente Arafat. 
Tendré ocasión de tratar con mis dos interlocutores sobre el conjunto de los problemas a los que su Señoría acaba de hacer referencia, pero no amenazaré al Primer Ministro israelí con sanciones durante la entrevista. 
No creo que sea el método que debamos emplear con respecto al Estado de Israel. 
Hay que negociar y no amenazar. 
Comparto enteramente lo que acaba de decirnos en dos ocasiones el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, y quiero preguntarle si cree que hay alguna manera- y lo digo sobre todo después de haber leído con cuidado el texto aprobado por el Consejo Europeo de Luxemburgo- de definir, de poner negro sobre blanco y claramente escrito, eso que llamamos habitualmente el espíritu de Oslo. 
Porque yo conozco los acuerdos escritos de Oslo, pero oigo continuamente que se habla de violaciones al espíritu de Oslo, y todavía no he encontrado una sola ocasión en la cual el espíritu de Oslo esté escrito en alguna parte. 
Me gustaría saber si el Consejo puede hacer este interesante trabajo intelectual. 
Creo que, efectivamente, deben hacerse las precisiones que desea el Sr. Robles Piquer. 
A veces resulta extravagante comprobar con qué lujo de detalles intentamos rodear nociones vagas como la de "espíritu de... » , en este caso ," espíritu de Oslo». 
En términos generales, sabemos a qué nos referimos cuando evocamos el espíritu al que se refiere su Señoría. 
Mañana tendré ocasión de contribuir con una modesta participación en la búsqueda de un espíritu que, me parece, se ha perdido un poco. 
Pregunta nº 6 formulada por Karl Habsburg-Lothringen (H-0873/97): 
Asunto: Derecho de sufragio en Gibraltar 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo en lo que respecta al derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar? 
¿Es aceptable que se prive en este lugar a los ciudadanos de la UE de éste derecho elemental con el argumento de que Gibraltar es demasiado pequeño para constituir una circunscripción electoral y que con ello se creen ciudadanos de la UE de primera y de segunda clase? 
¿Resulta concebible para el Consejo que los ciudadanos de la UE de Gibraltar, si no pueden emitir su voto en el marco del Reino Unido, puedan hacerlo en o por otro país de la UE? 
El Sr. Habsburg sin duda no ignora que el Anexo II del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo prevé la aplicación por parte del Reino Unido de las disposiciones del Acta en cuestión únicamente en lo que respecta al Reino Unido, es decir, con la exclusión de Gibraltar, que no forma parte del Reino Unido. 
El Acta de 1976 fue aprobada sobre la base del apartado 3 del artículo 138 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, a partir de un proyecto elaborado por el Parlamento Europeo, que no hacía ninguna mención a la situación particular de Gibraltar. 
El Consejo tampoco podría, por su propia voluntad, ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de 1993 sobre las modalidades del ejercicio de los derechos de voto y la elegibilidad al Parlamento Europeo, que remite al Acta de 1976, para permitir a los ciudadanos del Reino Unido que residan en Gibraltar votar en las elecciones al Parlamento Europeo en un Estado miembro en el que hipotéticamente no sean residentes. 
De hecho, la directiva de 1993 tiene su fundamento en el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado, cuyo ámbito de aplicación se limita únicamente a todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional. 
Señor Presidente, ocurre que sólo tras haber planteado yo esta pregunta- antes desconocía esto- he recibido, enviada por la Cámara Baja inglesa, la propuesta de una ley relativa a un derecho electoral para Gibraltar. 
He oído que ésta no es la primera propuesta sobre el particular. 
Se han rechazado ya otras propuestas. 
Sin embargo, aquí se ha sostenido la opinión de que esta propuesta de 1 de julio de este año tiene mayores posibilidades. 
No sé cómo se concilia esto. 
Por lo demás, la situación jurídica- si se observa hoy Gibraltar- está un poco dividida si se toma por un lado el Peñón y, por otro, el istmo, pues el Peñón, según el Tratado de Utrecht, pertenece prácticamente a Inglaterra, mientras que en el caso del istmo es un tanto discutible a quién pertenece, aunque ahora se encuentra claramente bajo administración británica. 
Señor Presidente, las inteligentes personas que se sientan junto a mí y detrás de mí opinan que no debería lastrar los últimos días de la Presidencia luxemburguesa inmiscuyéndome ahora desde aquí en las dificultades que existen entre dos Estados miembros. 
Creo que este consejo es inteligente. 
En este sentido quisiera comunicarle que comprendo muy bien su pregunta, pero que le daré mi respuesta fuera junto a la puerta. 
Lamento tener que decir a su Señoría que, hasta ahora, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión relativa a la creación de una agencia alimentaria europea. 
Cuando sea consultado, huelga decir que el Consejo, a la mayor brevedad posible, llevará a cabo un examen exhaustivo del texto propuesto y, en su momento tomará una decisión con conocimiento de causa y en virtud de los propios méritos de la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, gracias por su cortesía al permitirme formular una pregunta. 
Comprendo que he llegado justo cuando estaba usted cambiando de asunto y también agradezco al Sr. Juncker su respuesta. 
He tomado nota de lo que ha dicho sobre la propuesta de la Comisión. 
Tenía yo entendido que la tenía ante sí el Consejo. 
Lo comprobaré, pero permítaseme preguntar (y no espero que dé una respuesta oficial) si- tal vez cuando el Consejo la tenga efectivamente ante sí- apoyará el Gobierno de Luxemburgo dicha propuesta y si tal vez se trata de algo sobre lo que, al abandonar su Presidencia, presionará a la próxima para que lo aborde. 
Permítame felicitarlo por su lograda Presidencia. 
Desde luego, han hecho ustedes avanzar el orden del día europeo. 
Repito que el Gobierno luxemburgués tiene por costumbre estudiar las propuestas de la Comisión antes de poder respaldarlas. 
El nuestro no es un respaldo por principio. 
No tomamos una decisión hasta no haber leído y examinado la propuesta. 
Pregunta nº 9 formulada por Carlos Robles Piquer (H-0882/97): 
Asunto: Solicitud de millares de ciudadanos cubanos para la celebración de un plebiscito 
Más de diez mil ciudadanos cubanos, residentes en su país y perfectamente identificados, han firmado ya un escrito dirigido al Presidente de la Asamblea del Poder Popular de la República de Cuba en el que, acogiéndose al artículo 88 (g) de la vigente Constitución cubana de 1976, solicitan respetuosamente la celebración de un plebiscito para consultar al pueblo sobre si desea modificar dicha Constitución a fin de que ésta garantice la libre expresión del pensamiento, la libertad de asociación, el pluralismo y la selección de los gobernantes mediante el voto directo, libre y secreto. 
Según Amnistía Internacional (AMR 25/29/97/S) , los doce primeros firmante fueron visitados por la policía que les anunció posibles «largas penas de cárcel». 
¿Qué información puede dar el Consejo acerca de esta iniciativa, de la acogida que le ha dispensado el Gobierno cubano y de las probabilidades que, a su juicio, tenga de ser aceptada y luego aplicada una petición que se realiza de conformidad con la vigente Constitución cubana? 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Los datos de que yo dispongo no coinciden enteramente con los suyos. 
Yo tengo la impresión de que al menos una de las dos iniciativas ha sobrepasado ya con grandes esfuerzos, méritos y riesgos personales el número de 10.000 firmas. 
Pero, en todo caso, si no lo ha superado, lo superará en una fecha razonable sin duda ninguna. 
Entonces, mi pregunta complementaria es si el Consejo, no obstante la tremenda redacción de ese terrible artículo 62 que nos ha sido leído y que es naturalmente la proclamación del totalitarismo absoluto, podrá hacer algo para intentar persuadir a las autoridades cubanas de una cosa tan simple como es el cumplimiento de la propia Constitución, la Constitución aprobada por ellos mismos, por Fidel Castro. 
Yo creo que una vez sobrepasado ese límite de las 10.000 firmas- y creo, como digo, que si no ha sido sobrepasado ahora lo será pronto -, habría que intentar, por parte del Consejo y de las embajadas acreditadas allí, persuadir al Gobierno cubano de que cumpla su propia Constitución. 
No dudo, señor Presidente, que el Consejo sabrá actuar en el sentido que indica su Señoría. 
Señor Presidente, le doy las gracias por su clara respuesta. 
No siempre hemos oído en esta Asamblea respuestas tan claras sobre este tema y le doy también las gracias por lo que el Consejo acaba de establecer hace poco como posición común en esta cuestión. 
Pero, a título complementario, quisiera preguntar qué pasa realmente con los esfuerzos por establecer relaciones contractuales con Cuba- se ha hablado incluso de la pertenencia como miembro a la ACP- y qué papel juega en este contexto el tema de los derechos humanos y la cuestión de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. 
Gracias, señor Posselt. 
No se le escapa a usted, Sr. Posselt, que su pregunta complementaria escapa ampliamente del marco inicial de la pregunta del Sr. Robles Piquer. 
Por lo tanto, está en la voluntad del Sr. Juncker responder o no. 
Señor Juncker, tiene la palabra para obrar como considere oportuno. 
Señor Presidente, el Consejo estableció su política sobre Cuba en la posición común de 2 de diciembre de 1996. 
En el marco de la puesta en práctica de lo que allí se dijo encontrará también respuesta las preguntas planteadas por usted. 
Pregunta nº 10 formulada por Alexandros Alavanos (H-0887/97): 
Asunto: Supresión de la enseñanza del griego clásico en Francia 
Según comunicados emitidos por la Unión de Filólogos de Francia, el Sindicato Nacional de Enseñanza Media y la Unión de la Región de Toulouse para la Enseñanza de las Lenguas Clásicas, la ministra de Educación de Francia, Sra. Claude Allegre, está intentando promover la supresión de la enseñanza del griego clásico en el marco de la reforma educativa prevista para comienzos de 1998. 
El griego clásico se imparte en ciertos cursos de la enseñanza media al 1, 9 % de los alumnos, mientras que el 25, 4 % recibe clases de latín. 
Pese a las declaraciones tranquilizadoras de la ministra de Educación, persiste la inquietud. 
Si bien las cuestiones relativas a los programas de educación son de la competencia de los Estados miembros, el respaldo a la enseñanza de las lenguas europeas constituye una de las prioridades de la Unión Europea. 
¿Qué gestiones piensa realizar el Consejo de Ministros ante el Gobierno francés, que, por otra parte, emprende iniciativas con la máxima intensidad para lograr el apoyo a la lengua francesa (» Francophonie» ) en otros países? 
Tal y como indica el Sr. Alavanos, la responsabilidad sobre el contenido de la enseñanza y la organización del sistema educativo sigue siendo competencia de los Estados miembros. 
En virtud del artículo pertinente del Tratado, la Comunidad contribuye al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, en caso necesario, apoyando y complementando su acción, en el pleno respeto de sus responsabilidades. 
Por último, el artículo 126 del Tratado precisa en su apartado 2 que la acción de la Comunidad está orientada a desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros. Cabe destacar que se trata de lenguas habladas en los Estados miembros y no de lenguas antiguas. 
Ante la falta de una propuesta de la Comisión, el Consejo no podría adoptar acciones de fomento en el ámbito evocado por su Señoría. 
Por otra parte, no incumbe al Consejo intervenir en el contenido y la organización del sistema educativo de un Estado miembro. 
Me temo, por tanto, que el Consejo no está en situación de emprender ninguna gestión en ningún sentido que vaya dirigida al Gobierno francés en lo que respecta a la enseñanza del griego antiguo en los colegios franceses. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Juncker por la respuesta que me ha proporcionado. 
Ha sido una respuesta dentro del marco de sus competencias. 
Pero, de forma complementaria, quisiera formularle las siguientes preguntas: ¿no cree que las lenguas antiguas, que no se hablan ya, como el griego antiguo o el latín, pertenecen al patrimonio cultural de la Europa unida en proceso de construcción? 
¿Considera que sólo algunos edificios o lo expuesto en los museos forman el Patrimonio cultural? 
¿No son acaso dichas lenguas una tradición cultural que constituyen las raíces de la cultura europea actual? 
¿No cree que esas lenguas deberían ser potenciadas en toda Europa? 
¿Qué opina acerca de la propuesta griega para la creación de un Centro de Estudios Clásicos en la Unión Europea? 
Espero con gran interés las respuestas del Presidente. 
Tras haber pasado siete años de mi vida estudiando latín, quiero creer que la enseñanza de las lenguas muertas permite comprender mejor la integridad de la herencia cultural europea. 
Pregunta nº 11 formulada por Bernd Posselt (H-0890/97): 
Asunto: Autonomía para Kosovo 
¿Qué medidas ha adoptado la Presidencia luxemburguesa del Consejo para restablecer la autonomía de Kosovo, suspendida ilegalmente en 1988, una región en la que el 90 % de la población albanesa mayoritaria es discriminada, situación que de ningún modo puede ser minimizada como un «problema de minorías»? 
¿Piensa el Consejo enviar observadores internacionales o incluso fuerzas de pacificación a la zona? ¿Qué medidas de presión se aplican para obtener de una vez la autorización de Belgrado para abrir una oficina de la UE en Prishtina, teniendo en cuenta que ya existe una oficina similar de los EE.UU.? 
El Consejo sigue considerando prioritario el problema de Kosovo. 
En su Declaración de 9 de abril de 1996 sobre el reconocimiento de la República Federal Yugoslava por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, ésta manifestó que en lo sucesivo, el buen desarrollo de las relaciones con la República Federal Yugoslava y el lugar que ésta ocupe en el seno de la comunidad internacional dependerán de que la RFY adopte una actitud constructiva, sobre todo en lo relativo al pleno respeto de los derechos humanos, de los derechos de las minorías y del derecho de todos los refugiados y de las personas desplazadas a regresar a sus lugares de origen, así como de la concesión a Kosovo de un amplio grado de autonomía en el seno de la RFY. 
Esta posición que acabo de citar ha sido reiterada en numerosas ocasiones, especialmente por el Consejo Europeo en sus sesiones de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín, 16 y 17 de junio de 1997 en Amsterdam, así como por el Consejo de 29 de abril de 1997, y más recientemente en su Declaración de 10 de noviembre del año en curso y que iba dirigida a la población de la República Federal Yugoslava. 
En sus conclusiones de 29 de abril de 1997, sobre la aplicación del condicionamiento para las relaciones de la Unión Europea con los países de la región, el Consejo ha supeditado el desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con la República Federal Yugoslava a una serie de condiciones generales y específicas. 
Así, la asistencia general en el marco del programa PHARE exige que la RFY haga una oferta creíble con vistas a establecer un diálogo real sobre la situación de Kosovo. 
El inicio de negociaciones sobre un posible acuerdo de cooperación dependerá especialmente de la existencia de un diálogo real con los albaneses de Kosovo sobre la situación de Kosovo, en el interior de las fronteras de la República Federal Yugoslava. 
Una de las condiciones para la celebración de un acuerdo de cooperación es la concesión efectiva de un amplio grado de autonomía a Kosovo. 
Por otra parte, el Consejo ha hecho hincapié, especialmente en su sesión de 6 de octubre de 1997, en la necesidad de entablar un diálogo entre las autoridades de Belgrado y los albaneses de Kosovo, en el que participen plena y rápidamente todas las partes afectadas. 
El Consejo ha insistido asimismo en la aplicación sin demora del acuerdo sobre la educación celebrado entre los Sres. Milosevic y Rugova. 
La Unión Europea ha manifestado su intención de respaldar dicho acuerdo. La Unión Europea pide a las autoridades de Belgrado que permitan el recurso de misiones a largo plazo de la OSC en Kosovo, Vojvodine y Sandjak, y continúa siguiendo de cerca la situación, especialmente a través de la ECMM. 
Con los mismos fines, la Unión Europea tiene la intención de abrir una oficina en Pristina, y ha presentado a las autoridades de la República Federal Yugoslava una propuesta en este sentido. 
Como su Señoría sabe, no hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haya previsto el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz en lo que respecta más especialmente a Kosovo. 
Señor Presidente, el problema de Kossovo consiste sencillamente en que debido a una pasividad de años de la comunidad internacional- con esto no me refiero a la Presidencia luxemburguesa del Consejo, que realmente ha hecho algo- ha surgido una situación en la que todo amenaza con agudizarse y cabe esperar estallidos de violencia. 
Por esta razón hemos de intentar realmente generar, antes de que sea tarde, una solución política incluso a través de presiones. 
Los norteamericanos tienen una oficina en Pristina, y la Unión Europea lleva años hablando de esto y no tiene ninguna oficina en Pristina. 
Lo mismo ha de decirse respecto de la autonomía. 
La autonomía de Kossovo era un elemento integrante de la Constitución de Yugoslavia, de la disgregada Yugoslavia. 
Hemos de urgir el restablecimiento de esta autonomía. 
Creo que la posición que adoptó Yugoslavia en la Conferencia de Petersberg en Bonn en el sentido de que esto es un asunto interno de Yugoslavia no puede aceptarse más, pues sabemos, ciertamente, que cientos de miles de refugiados y de expulsados de Kossovo se encuentran en territorio de la UE. 
De ahí mi pregunta: ¿se han previsto pasos ulteriores? 
Señor Presidente, supongo que la Presidencia británica proseguirá los esfuerzos de la Presidencia luxemburguesa del Consejo en esta dirección. 
Pregunta nº 12 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0894/97): 
Asunto: Supervisión del Sistema de Información Schengen (SIS) 
¿Considera el Consejo que la JSA (Joint supervisory authority) , organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del SIS, está dotada de los recursos y las competencias suficientes para desempeñar su labor de una manera satisfactoria? 
¿Tiene previsto el Consejo introducir modificaciones en el funcionamiento de la JSA cuando se decidiera, si éste fuera el caso, la integración del Acuerdo de Schengen en la UE? 
¿Correría la supervisión del registro en el ámbito del Acuerdo de Schengen y de Europol a cargo de autoridades distintas incluso en el caso de que este Acuerdo se convirtiera en un elemento integrante de la UE? 
La Autoridad de Control Común ha sido instituida mediante el convenio de aplicación de Schengen, más exactamente, por su artículo 115, como tal. 
La Autoridad de Control Común forma parte del acervo de Schengen. 
Por el momento, el Consejo no está en condiciones de pronunciarse sobre el funcionamiento de la ACC que depende exclusivamente de las instancias de Schengen. 
La creación de una Autoridad de Control Común para Europol está prevista en el apartado 7 del artículo 24 del Convenio constitutivo de Europol. 
Desde enero de 1996, se han iniciado trabajos con el fin de elaborar su reglamento interno, especialmente a la luz de los trabajos de los European date commissionners. 
Está previsto que los trabajos sobre un proyecto de texto de reglamento interno finalicen en los primeros meses del año próximo. 
Por el momento se prevé que una única autoridad de control se ocupe del SIS y de Europol. 
Gracias por su respuesta a la pregunta- y por la respuesta de que en relación con Europol no se contempla ninguna autoridad de control común. 
Pienso que es importante estudiar el ejemplo de la Joint Supervisory Authority para ver con qué problemas podemos encontrarnos en el caso de Europol. 
Tengo ante mí el primer informe de actividad de la autoridad que vela por la seguridad personal en el registro de Schengen. 
Debo decir que es una lectura catastrófica. 
Entre otras cosas, a la autoridad se le ha negado el acceso a la computadora central de Schengen para poder llevar a cabo la investigación que se deseaba hacer. 
Una vez realizado un cierto control, se ha comprobado que existen diversos datos sobre la misma persona en diversas partes del registro Schengen, que es difícil saber quién ha tenido acceso al registro y ha obtenido diversos informes de naturaleza confidencial, que las personas registradas, por ejemplo los que solicitan asilo, no saben cómo pueden comprobar si los datos son correctos, y que ciertos Estados miembros hacen un uso incorrecto de ellos. 
Ahora es necesario extraer unas conclusiones de todo esto. 
¿Qué se piensa hacer en el caso de Europol para que no se repita todo esto? 
¿Qué se piensa hacer a este respecto el día en que los acuerdos de Schengen formen parte del Derecho comunitario? 
Creemos que esta materia evolucionará en breve y, llegado el momento, el Consejo se reserva proporcionar al Parlamento Europeo toda la información de utilidad que, en particular, le permita, dentro de los límites que impone el Tratado, ejercer su papel de control de la acción comunitaria en este ámbito. 
Pregunta nº 13 formulada por Maren Günther (H-0896/97): 
Asunto: Imagen de los distintos países europeos en los demás Estados de la UE 
Con frecuencia, se forma en los Estados miembros una imagen negativa, superficial y simplificada de los demás Estados, sobre todo en ciertos medios de comunicación. 
Habría que contrarrestar esta circunstancia tempranamente en el ámbito escolar. 
¿Qué medidas se adoptan para garantizar la formación de una imagen lo más objetiva posible de los distintos países europeos en los demás Estados miembros? 
¿Existen iniciativas de distintos gremios comunitarios para eliminar prejuicios sobre los vecinos europeos (p.ej. comisiones de libros escolares)? 
Desde hace mucho tiempo, el Consejo es sensible a las preocupaciones evocadas por su Señoría. 
Ya en su resolución de 1976, que incluye un programa de acción en materia de educación, uno de los ejes importantes del texto lo constituían lo que entonces dimos en denominar las mejores posibilidades de formación cultural y profesional de los nacionales de los otros Estados miembros de las Comunidades y de países no miembros, así como de sus hijos. 
El punto 2 de este capítulo lanzaba, entre otras cosas, estudios y trabajos de investigación pedagógica sobre el terreno y la importancia de la cultura de la lengua de origen de los nacionales de los demás Estados miembros en los programas escolares. 
Desde entonces, el Consejo no ha dejado de dar señales concretas de su interés por esta problemática, al tiempo que actúa en una óptica más amplia que la que se desprende de la pregunta de su Señoría. 
En este sentido y a través de sus conclusiones de 27 de septiembre de 1985, el Consejo introdujo el concepto de dimensión europea en la educación. 
Además de la promoción de la enseñanza de lenguas extranjeras, sus conclusiones indican como medio apropiado la promoción de medidas encaminadas a estimular los contactos entre los alumnos de países diferentes y el aprovechamiento de la dimensión europea en los programas de estudio, los ciclos de formación de las enseñanzas y en el material didáctico. 
Entre los objetivos de la resolución del Consejo de 24 de mayo de 1988 sobre la dimensión europea en la educación figura la necesidad, y cito, " de mejorar el conocimiento de los jóvenes de los aspectos históricos, culturales, económicos y sociales de la Comunidad y de sus Estados miembros y hacerles comprender el interés de la cooperación de los Estados miembros de la Comunidad Europea con otros países de Europa y del mundo». 
En sus conclusiones del 27 de noviembre de 1992 sobre las medidas destinadas a desarrollar la dimensión europea en la enseñanza superior, el Consejo afirma especialmente, y cito, " que para superar el desafío que representa el incremento del número de estudiantes que tienen acceso a la dimensión europea, es necesario reforzar ahora la integración de esta dimensión en la política y las prácticas de la enseñanza superior a todos los niveles». 
Lo que acabo de decir resalta el interés concreto del concepto para la fijación de la dimensión europea en los diferentes sistemas educativos. 
En virtud de esta inserción, debería ser posible la eliminación progresiva de las malas percepciones actuales a las que alude su Señoría. 
En cuanto a las iniciativas específicas a las que hace referencia su Señoría, sólo podrían adoptarse sobre la base de las consabidas propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente del Consejo, gracias por la respuesta. 
Una breve pregunta: ¿está usted satisfecho de los resultados de todos estos esfuerzos, realizados durante decenios, en lo que respecta a la imagen de los estados, sobre todo en los respectivos medios de prensa? 
Pienso, en especial, en la crítica en los medios en la que algunos países particulares son muy censurados, sobre todo, por los jóvenes. 
No, estimada colega, no estoy satisfecho en lo más mínimo con lo que se ha logrado. 
Pregunta nº 14 formulada por Alex Smith (H-0903/97): 
Asunto: Política comunitaria sobre el cambio climático y la utilización de combustibles nucleares 
Durante los recientes debates de la Troika sobre la política comunitaria en materia de cambio climático, ¿se han examinado acaso las propuestas formuladas por la industria nuclear europea en el sentido de incrementar la utilización de combustibles nucleares a base de óxido mixto plutonio-uranio (MOX) en los reactores como parte de una estrategia destinada a reducir las emisiones de CO2 resultantes de la producción de electricidad? 
El Consejo no tiene conocimiento de las propuestas formuladas por la industria nuclear europea a las que su Señoría hace alusión en su pregunta. 
En cualquier caso, puedo indicar a su Señoría que, en el plano de los principios, el Consejo dedicará toda su atención a las propuestas que pudieran serles presentadas con vistas a reducir el efecto invernadero. 
Huelga decir que el Consejo examinará dichas propuestas en base a sus propios méritos y sin ningún tipo de condición previa. 
Quisiera, por último, destacar que la estrategia comunitaria con vistas a la tercera conferencia de las partes suscriptoras del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se ha celebrado en Kioto, ha sido consignada en las conclusiones del Consejo de 16 de octubre de 1997. 
Dichas conclusiones están a disposición del Parlamento. 
Señor Presidente, agradezco en verdad oír al Consejo decir que examinará esto sin consideraciones a priori, porque la utilización del combustible MOX presenta una desventaja. 
Un informe recientemente publicado después de la ejecución de un proyecto de dos años hace ver con toda claridad que se presta a que organizaciones terroristas fabriquen artefactos nucleares con el llamado plutonio apto para reactores, el material que se produce en Sellafield y La Hague. 
Resulta claro y escalofriante lo peligroso que es eso y, evidentemente, el transporte de combustible nuclear es igualmente peligroso. 
¿Tendría a bien el Consejo obtener una copia de ese informe y estudiar sus implicaciones? 
Quisiera repetir que hasta el momento en que les hablo, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión en este sentido. 
En el momento en que nos sea presentada dicha propuesta, le concederemos toda la atención que el examen de este asunto requiere. 
Pregunta nº 15 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0911/97): 
Asunto: Carta provocadora del ministro turco de Asuntos Exteriores, Sr. Cem 
El 20 de octubre de 1997, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Sr. Cem, envió a todos sus homólogos de los países de la UE una carta en la que, entre multitud de inexactitudes y acusaciones contra Grecia, en el fondo, amenaza a la UE con una guerra en Chipre en el caso de que dicho país instale, en las zonas aún no afectadas por la codicia turca, el sistema defensivo S-300. 
En la misma carta, se afirma de modo provocador que, incluso si comienzan las negociaciones con Turquía sobre el ingreso de dicho país en la Unión, la cuestión chipriota no hallará solución. 
¿Puede explicar el Consejo su postura oficial en dicha cuestión, teniendo en cuenta que Turquía continúa lanzando con la misma intensidad sus ataques contra la UE, un Estado miembro de la misma (Grecia) y Chipre, poniendo en duda el derecho de este último país a ingresar en la Unión así como a defenderse frente al constante expansionismo turco? 
En el día de hoy me he manifestado en tres ocasiones sobre esta cuestión. 
Por consiguiente, remitiré al autor de la pregunta a las tres respuestas que he dado en el transcurso de los debates de hoy. 
Señor Juncker, creo que usted tiene razón porque la pregunta se había formulado ya antes de la Cumbre de Luxemburgo, por lo que resulta un poco anticuada. 
He estado escuchando el debate y sus respuestas de la mañana, pero ahora quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle si se ha informado acerca de la entrevista concedida por el Sr. Yilmaz, en la que ha dicho que concede un margen de seis meses a la Unión Europea para que reconsidere su postura y que, en caso de que fuera negativa Turquía revisaría su postura acerca de la unión aduanera. 
En segundo lugar quiero preguntarle si tiene conocimiento de las declaraciones que realizó ayer el Sr. Denktash en Chipre y de que ha pedido, él mismo, al delegado de la Comisión que abandone Chipre del Norte porque, según dijo, les molesta. 
Desearía que hiciera una primera observación acerca de estas dos cuestiones a las que me he referido. 
En cuanto a mi pregunta básica creo que ya me ha dado amplia satisfacción por la mañana y aprovecho ahora para agradecérselo. 
No deseo comentar las palabras que haya podido pronunciar el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía durante una conferencia de prensa en Bruselas, sobre todo que no estoy en posesión del texto exacto de lo que haya podido decir el ministro. 
Contrariamente al Primer Ministro y al Gobierno turcos, quisiera, en primer lugar, leer las declaraciones del Gobierno turco antes de comentar sus palabras. 
Hubiera preferido que el Gobierno turco leyera la oferta de la Unión Europea antes de rechazarla. 
Me preocupa precisamente lo mismo. 
Acabo de contactar a nuestro ministro de Asuntos Exteriores en Suecia, el cual se ha manifestado con motivo de lo que se ha sabido hoy. 
Cito su comentario: " Turquía retira su solicitud de adhesión como miembro de pleno derecho de la UE, si la UE no incluye a Turquía en la lista de países candidatos a más tardar en junio del año próximo». 
El tono de estas manifestaciones es amenazante- acabo de enterarme por teléfono y por radio. 
Se trata además de un asunto grave y preocupante en sumo grado, dado que yo, y muchos otros, no pensamos que Turquía cumpla con los requisitos necesarios para el Acuerdo de la Unión aduanera. 
Hay una guerrra en el Kurdistán, se sigue torturando, y no se garantiza en absoluto el respeto de los derechos humanos en el país. 
A usted le resulta naturalmente imposible comentar lo que se ha dicho hoy aquí, pero es muy urgente que se evite que surja un conflicto en base a las últimas noticias. 
Me gustaría que hiciese un comentario sobre ellas. 
Debe comprender que, en primer lugar, yo quiera conocer en su totalidad las palabras que haya podido decir el ministro turco de Asuntos Exteriores antes de poder comentarlas. 
Pregunta nº 16 formulada por Pat Gallagher (H-0913/97): 
Asunto: Marcha de protesta en Bruselas 
¿Puede indicar el Presidente del Consejo si esta institución tiene intención de examinar de nuevo el asunto de las tiendas libres de impuestos () a la luz de los recientes acontecimientos políticos como las declaraciones públicas de los Gobiernos de Irlanda, Grecia, España, Finlandia y Alemania en el sentido de volver a debatir este asunto, o la marcha de protesta protagonizada por 15.000 trabajadores delante de los edificios del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo en Bruselas el día 1 de diciembre de 1997, para expresar su preocupación por la supresión de las tiendas libres de impuestos en junio de 1999? 
Para responder a esta pregunta, diré que el mantenimiento de las ventas libres de impuestos en el tráfico comunitario de pasajeros va en contra de la existencia de un mercado interior sin fronteras. 
De hecho, la circulación entre dos Estados miembros de bienes adquiridos por particulares para su utilización personal ha dejado de tener consecuencias desde el punto de vista del Derecho fiscal. 
Así, los particulares pueden comprar bienes destinados a su uso personal en cualquier Estado miembro y llevar dichos bienes a cualquier otro Estado miembro, sin tener que declarar ni pagar aranceles en la frontera. 
En esta situación, la aplicación de franquicias para pasajeros ha dejado de tener razón de ser. 
El mantenimiento de las ventas libres de impuestos en el tráfico comunitario de pasajeros más allá del plazo previsto podría, por otra parte, distorsionar la competencia en detrimento de los comercios que venden sus productos con los impuestos incluidos, así como entre los diversos medios de transporte, en función de que éstos ofrezcan o no ventas libres de impuestos. 
Aunque el Consejo ha prorrogado temporalmente las ventas libres de impuestos a los pasajeros comunitarios hasta el 30 de junio de 1999, esta medida obedece únicamente a un deseo de paliar las dificultades sociales y regionales que puedan derivarse de una abolición demasiado repentina de este tipo de ventas. 
Así, se trataba de conceder un plazo de tiempo suficiente al sector interesado para que se prepare para la desaparición de las ventas comunitarias libres de impuestos. 
Por otra parte, conviene recordar que incluso cuando desaparezca la ventaja fiscal mencionada más arriba, las oportunidades de venta subsistirán sin ninguna duda. 
En cuanto a las ventas libres de impuestos, seguirán existiendo para los pasajeros procedentes de terceros países, del mismo modo que en la exportación. 
Si bien acojo con beneplácito la respuesta, que parece bastante factual en relación con las decisiones adoptadas, ¿qué puede decir a los Gobiernos irlandés, griego, español, finlandés y alemán, que, según tenemos entendido, están deseosos de que haya otra prórroga? 
Se refiere al Mercado Único. 
No cabe duda de que se refiere a un mercado único puro. 
Estoy seguro de que se podrían hacer muchas otras armonizaciones. 
También acojo con beneplácito su iniciativa en relación con la Cumbre sobre el Empleo. 
Quisiera decir al Presidente que, si el Consejo adoptara la valerosa decisión de permitir que continuaran por un tiempo las ventas libres de impuestos, se podrían conservar esos puestos de trabajo que estarían en peligro. 
¿Reconoce también que proponer que no continúen después de junio de 1999 supone hacer caso omiso de los deseos de la inmensa mayoría de los europeos? 
La Comisión aseguró a esta institución que se llevaría a cabo un estudio económico y social. 
Así se aseguró en 1991. 
Ya se ve el respeto que la Comisión tiene a esta Asamblea. 
¿Qué piensa hacer el Consejo a ese respecto? 
Así, pues, ¿cómo puede la Comisión proponer que se utilicen instrumentos comunitarios y ayudas estatales en caso de que haya puestos de trabajo en peligro, si no lleva a cabo ese estudio? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, propongo que, en las últimas semanas de su mandato, pida a la Comisión que cumpla con el compromiso que formuló ante esta Asamblea y hasta que pueda hacerlo- presentar las recomendaciones de un estudio- permita la continuación de las ventas libres de impuestos. 
Hemos solicitado a la Comisión que nos proporcione dicho estudio. 
Cuando la Comisión presente una propuesta de directiva sobre este punto, necesitaremos unanimidad para poder enmendar la directiva actualmente en vigor y que los Estados miembros deberán transponer de aquí al 30 de junio de 1999. 
Ante la falta de una iniciativa de la Comisión, no podemos actuar y, suponiendo que la Comisión adopte dicha iniciativa, no estoy seguro de que alcancemos la unanimidad necesaria para poder enmendar la directiva en vigor, que deberá ser transpuesta antes de finales de junio de 1999. 
Felicito al Presidente en ejercicio por su firmeza. 
Ha de saber que el Tribunal de Justicia emitió un fallo a principios de noviembre en el que afirmaba claramente que la Comisión y el Consejo habían actuado correctamente a este respecto y que se había consultado debidamente al Parlamento Europeo. 
También ha de saber que existe mucha publicidad engañosa y alarmismo por parte del generalmente conocido como grupo de interés de las ventas libres de impuestos. 
Un ejemplo es la cifra de 16.000 citada aquí, que es una exageración disparatada. 
A la hora del almuerzo un representante del grupo de interés de las ventas libres de impuestos me ha comunicado que trabajan en ese sector como máximo 6.000 personas. 
He visto una pequeña manifestación a la puertas del Parlamento Europeo, en la que debían de participar como máximo 300. 
Conque mi pregunta es la siguiente: ¿hará el favor el Consejo de mantenerse firme a este respecto y animar a la Presidencia británica a que haga lo mismo? 
En el transcurso de los últimos meses, cada vez que el Consejo ha debatido este asunto, jamás he tenido la impresión de que estuviéramos en condiciones de devolver por unanimidad la medida prevista para el 30 de junio de 1999. 
En consecuencia, no creo que el Gobierno británico necesite ser alentado especialmente sobre este particular. 
Señor Presidente, por más vueltas que le demos, resulta que en algunas regiones y sectores hay una gran inquietud. Me refiero a los transbordadores, a los aeropuertos nacionales y a las zonas periféricas. 
¿Estoy en lo cierto si de la respuesta del Presidente del Consejo saco la conclusión de que también él opina que en el año 1997 las personas tienen derecho a saber cuáles serán las posibles consecuencias cuando, tal y como se decidió, entre en vigor esta medida el 1 de julio de 1999? 
¿Estaría dispuesto a volver a hablar con la Comisión para que, efectivamente, se lleve a cabo cuanto antes dicha investigación, con el fin de que queden aclarados los efectos sociales y regionales de dicha abolición y podamos sacar nuestras conclusiones? 
Me gustaría tener la respuesta del Presidente del Consejo sobre este particular. 
Hemos invitado a la Comisión a que nos facilite el estudio al que han hecho referencia varios diputados. 
Es cierto que todas estas cuestiones deberían haber sido discutidas en el momento en que el Consejo tomó su decisión. 
Creo, además, que fuí yo quien presidió el Consejo. 
Más tarde, he visto como algunos colegas se pasaban a la oposición y pedían la revisión de la directiva para, acto seguido, volver a pasar al gobierno y no volver a abrir la boca sobre este asunto. 
En consecuencia, será necesaria la unanimidad para enmendar esta directiva. 
Dicha unanimidad no existe porque los gobiernos manifiestan juicios muy divergentes sobre esta cuestión. 
Es cierto que el Consejo no está dotado del mismo sentido de persuasión sistemática que los lobbies de las ventas libres de impuestos. 
Me admiran los esfuerzos que despliegan ante esta problemática aquellos que se ven más especialmente afectados. 
Si Europa tuviera la misma competencia y la misma capacidad de marketing que los lobbies en cuestión, quizá estaríamos en condiciones de explicar por qué tomamos aquella decisión en 1991. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 17, 18, 19, 20 y 21 decaen. 
Pregunta nº 22 formulada por Brian Crowley (H-0932/97): 
Asunto: La UE y el esfuerzo mundial en materia de seguridad en el tráfico 
Según un informe dado a conocer recientemente por la Organización Mundial de la Salud y la Harvard School of Public Health, los accidentes de tráfico se convertirán en el año 2020 en la tercera causa mundial de fallecimientos prematuros y minusvalías. 
¿Tiene el Consejo una posición sobre esta alarmante previsión? ¿Comparte el punto de vista del Secretario de Transportes de los Estados Unidos de que es necesario un esfuerzo mundial en materia de seguridad en el tráfico? 
Si ello es así, ¿qué aportación pueden hacer la UE y los distintos Estados miembros a este esfuerzo? 
El Consejo comparte las preocupaciones de su Señoría sobre las nefastas consecuencias que los accidentes de tráfico tienen sobre la vida y la salud humana. 
Por ello, todas las acciones del Consejo, especialmente todos los actos legislativos que éste adopta en el ámbito de los transportes están inspirados en los criterios de seguridad de los transportes recogidos en la letra C del apartado 1 del artículo 75 del Tratado. 
Además, el Consejo ha expresado una opinión común sobre esta cuestión en las conclusiones adoptadas por el Consejo en su sesión de 17 de junio del presente año. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su brevísima y sequísima respuesta. 
Sin embargo, la pregunta era la siguiente: ¿qué contribución podemos hacer en la UE, según el Presidente en ejercicio, a esa cuestión de la seguridad en el transporte global? 
En particular, hay dos sectores sobre los que- pensaba yo- podría haber respondido. 
En primer lugar, tenemos el deber de cuidar la salud y la protección de los ciudadanos de la UE. 
En segundo lugar, existen diversas consideraciones sobre las diferentes directivas que han pasado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión últimamente respecto del diseño y los modelos; también se podría pensar un poco en la normalización de las características en materia de seguridad en el sector automovilístico para que estén a disposición de los compradores, no necesariamente como extras, sino también como parte de la construcción normal de los automóviles para garantizar la seguridad no sólo de los conductores, sino también de los pasajeros y los peatones. 
El Consejo no ha recibido por el momento ninguna propuesta de la Comisión relativa a los problemas mencionados por su Señoría. 
No obstante, quisiera añadir, a título personal, que considero que la Unión Europea debería dedicar mayor atención a estos problemas que afectan la vida diaria de muchos hombres y mujeres en Europa. 
Se trata de traducir, de una manera concreta, estos discursos solemnes, retóricos y brillantes sobre la Europa de los ciudadanos. 
La Europa de los ciudadanos existe, día tras día, en nuestras carreteras, y creo que podrían hacerse muchas cosas, aunque sólo fuera a favor de la armonización de todas las señales, todas las indicaciones y todos los avisos de precaución que en nada contribuyen a la riqueza de Europa, sino que hacen la vida muy difícil a los ciudadanos europeos durante sus desplazamientos. 
Creo que adolecemos de un grave déficit en materia de seguridad vial. 
La culpa, naturalmente, es de los Estados miembros, la Comisión y del Parlamento, todos aquellos que han omitido dotar a Europa de una estrategia en este ámbito, que haga a Europa más atractiva y popular a los ojos de los ciudadanos. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 23 y 24 decaen. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Pero quiero agradecer una vez más muy sinceramente al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Juncker, su presencia hoy aquí, sus respuestas, su colaboración con el Parlamento. 
Desearle lo mejor para las próximas fiestas y los mejores deseos para el próximo año. Y pedirle que trasmita al Sr. Wohlfart nuestro deseo de una pronta recuperación y también que con esta recuperación pase unas buenas fiestas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Empresas de inversión y las entidades de crédito (continuación) 
Señorías, vamos a proseguir el debate sobre el informe (A4-0380/97) del Sr. Cassidy, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0071- C4-0304/97-97/0124 (COD) ) relativa a la adecuación del capital de las empresas de inversión y entidades de crédito. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Cassidy por su excelente presentación de los matices de esta complicada cuestión. 
Es importante para los ciudadanos de Europa, aun cuando puede que no la entiendan, porque va encaminada a sustentar la solvencia financiera de las instituciones. 
Es una enmienda a la primera Directiva relativa a la adecuación del capital. 
También quisiera agradecer a nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos que han trabajado tan denodadamente para llegar a una transacción, que me parece práctica y acertada, y también al Sr. Katiforis, que ha aportado a este debate muchos conocimientos técnicos detallados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
No voy a volver sobre lo que ha dicho el Sr. Cassidy, porque lo ha explicado con gran lucidez. 
Quiero señalar simplemente la importancia de las enmiendas núms. 16, 19 y 20. 
En particular, de la enmienda nº 20, que intenta aportar una diferenciación ente diversos tipos de productos básicos, lo que se conoce como matriz ampliada. 
A mí me parece totalmente evidente que el tratamiento de los metales debe ser diferente al de los productos perecederos, tales como el café, el cacao, el azúcar, etc., y la matriz ampliada intenta simplemente hacer comprender la necesidad de dar un tratamiento diferente a cosas como el estaño, el cobre, la plata, del que se da a materias primas como el cacao y el café. 
Por fortuna, hemos podido explicarlo adecuadamente en el Consejo de Ministros y en este Parlamento y creo que ahora se acepta que la matriz ampliada es correcta. 
Conque espero sinceramente que la votación tenga éxito mañana en el Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero felicitar encarecidamente al ponente por su trabajo. 
Mi grupo político saluda la propuesta de la Comisión de introducir para los bancos y empresas de inversión una valoración de las exigencias de capital propio más estricta y más orientada a los riesgos del mercado. 
En especial, para evitar distorsiones de la competencia relativas a la competencia no europea hay que recoger los principios de Basilea relativos a los derechos de control de los bancos. 
Al igual que la oradora anterior y el mismo ponente, ruego en este sentido su voto afirmativo, en especial, a tres enmiendas presentadas por mi grupo político, a saber, las enmiendas nº 19, 20 y 16, que corresponden a las antiguas enmiendas nº 13, 14 y 8. 
Se trata del plazo de transición hasta el 31-12-2006. 
Este plazo es necesario para los institutos afectados, para adaptarse a las nuevas normas y, en especial, se trata de tener un plazo unitario para las tres directivas relativas al derecho de control de los bancos. 
En consecuencia, la enmienda nº 20 es también importante. 
Los modelos internos de riesgos no están aún lo suficientemente madurados para finalidades de control bancario y debe ser posible que los bancos sigan trabajando con los llamados modelos ampliados de vencimiento hasta que este plazo de transición transcurra. 
Independientemente de ello, ruego su voto afirmativo para la enmienda nº 16. 
En esta enmienda se trata de un tipo de absorción para modelos de riesgo interno que no cumplen las condiciones enumeradas en el apartado 4 del anexo 8. 
Todas estas enmiendas están en consonancia con los principios de Basilea. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer a la comisión competente y, en particular, a su ponente, el Sr. Cassidy, su excelente informe sobre esta propuesta sumamente técnica. 
Agradezco encarecidamente la rapidez con que ha podido tramitar la propuesta, dada la importancia de su pronta aprobación para el sector de los servicios financieros de Europa. 
La propuesta representa un paso importante para mejorar la evaluación del riesgo del mercado para fines de adecuación del capital. 
No sólo mejorará la solidez prudencial de nuestras instituciones financieras, sino que, además, contribuirá a su competitividad al contribuir a optimar la asignación de capital en ellas. 
La Comisión cree que refleja nuestro propósito común de promover un sector financiero competitivo y seguro en una situación de innovación y cambio tecnológico constantes. 
Nuestra propuesta introduce en la legislación de la UE novedades recientes en la comunidad supervisora internacional relativas a la utilización por las instituciones de sus propios modelos estadísticos para establecer requisitos de supervisión del capital y la inclusión de la posición de las materias primas en ellos. 
Se han propuesto varias enmiendas, que en gran medida reflejan otras decisiones pertinentes adoptadas en los foros reglamentadores internacionales desde la aprobación de nuestra propuesta. 
Sin embargo, nos preocupa que otras enmiendas muy técnicas no sean totalmente coherentes con el planteamiento adoptado en el nivel internacional. Nos oponemos a ellas. 
Las enmiendas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 y 17 introducen aclaraciones técnicas útiles que acogemos con beneplácito. 
Sin embargo, la enmienda nº 4 duplica gran parte de la enmienda nº 2. 
Preferiríamos recurrir a esta última para nuestra propuesta modificada. 
Las enmiendas núms. 15 y 17 duplican la enmienda nº 5 y el tercer párrafo de la nº 6. 
Podríamos aceptarlas las dos y haremos una propuesta que comprenda el fondo de dichas enmiendas. 
Por otra parte, la enmienda nº 1 introduce una nueva carga del capital para valores recientemente emitidos que diverge del planteamiento internacional adoptado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Crearía desigualdades entre las instituciones de la Unión Europea y las de otros miembros del G10. Tememos que sea también perjudicial en ciertas circunstancias. 
Podría menoscabar el éxito de la introducción en el mercado de acciones de nuevas empresas o de privatizaciones tales como la de France Telecom y Halifax, al imponer una carga del 8 % a valores que actualmente, como instrumentos caracterizados por una gran liquidez que son, entrañan sólo una carga del 2 %. 
Así, pues, quisiera recomendar a Sus Señorías que se opongan a dicha enmienda. 
Las enmiendas núms. 9 y 10 prescriben también cierto grado de detalle respecto de los elementos de riesgo que deben abarcar los modelos internos, lo que menoscabaría la capacidad de las autoridades competentes para adaptar los requisitos apropiadamente a las circunstancias individuales. 
A dicha adaptabilidad van encaminados los cambios en el nivel internacional. Otra consecuencia podría ser que se pasaran por alto ciertos elementos de riesgo, porque no se los menciona concretamente. 
Nuestra propuesta original emplea deliberadamente una redacción encaminada a lograr que queden abarcados todos los riesgos materiales sin intentar prejuzgar los requisitos concretos que se deban conservar en cada situación. 
Creemos que debe ser la autoridad competente la que lo juzgue atendiendo a las circunstancias particulares que concurran en cada caso. 
Por estas razones quisiera animar a Sus Señorías a apoyar la redacción original de la propuesta y rechazar las enmiendas núms. 9 y 10. 
Por último, se han presentado varias enmiendas complementarias. 
Dos de ellas- las núms. 19 y 20- se refieren a las disposiciones transitorias para el tratamiento de las materias primas. 
Éste ha sido uno de los elementos más difíciles de la propuesta. 
El método de los modelos requiere programas informáticos especializados y personal técnico muy competente para utilizarlo de forma idónea. 
No sólo resultará muy caro para las pequeñas y medianas empresas, sino que, además, la conversión del euro y el problema del milenio están ya absorbiendo, como saben Sus Señorías, muchos de dichos recursos. 
Así, pues, algunas instituciones necesitarán tiempo para adaptarse al nuevo régimen del capital en el caso de las materias primas. 
El período transitorio propuesto hasta el año 2006, durante el cual las autoridades competentes pueden aplicar otro conjunto de cargas del capital para las materias primas, representa una transacción muy adecuada entre la necesidad de establecer un conjunto común de requisitos para las empresas especializadas en materias primas y los intereses de las instituciones particulares, que padecerían indebidamente las consecuencias de una introducción abrupta de los nuevos requisitos. 
Quisiera animar encarecidamente a Sus Señorías a que apoyen estas enmiendas. 
Otra de las enmiendas complementarias, la nº 16, aclara que se debe utilizar el método normalizado original para calcular las necesidades de capital en los casos en que los modelos no satisfagan los criterios necesarios para calibrar el riesgo concreto. 
La aceituna y el aceite de oliva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0374/97) del Sr. Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0057- C4-0096/97) sobre el sector de la aceituna y del aceite de oliva (inclusive aspectos económicos, culturales, regionales, sociales y de medio ambiente) , la organización común de mercado existente para las grasas, la necesidad de su reforma y las posibles alternativas- estudio de las posibles opciones. 
Señora Presidenta, en primer lugar agradezco a la Comisión que haya seguido la recomendación contenida en la resolución que aprobamos en octubre de 1996 y haya elaborado el documento objeto de este informe. 
Sin embargo, es de lamentar la carencia del informe sobre el funcionamiento de las ayudas en el sector del aceite de oliva, a pesar de que estaba exigido por el Reglamento del Consejo 2261/84 y debía haber sido presentado antes de enero de 1995. 
La nota elaborada por la Comisión no satisface las exigencias del Consejo, y esta carencia ha complicado las discusiones y la elaboración del informe. 
La nota de la Comisión presenta deficiencias en el diagnóstico del sector y, para subsanarlas, formulé una solicitud de información complementaria que no fue satisfecha plenamente en la carta que el señor Comisario me remitió a finales de julio. 
Uno de los problemas del diagnóstico es la imagen pesimista que se presenta acerca de la situación del sector y, sobre todo, acerca de un eventual riesgo de futuros excedentes. 
No es el caso. 
La última cosecha ha sido excepcional y se han alcanzado los niveles que son considerados peligrosos en la nota de la Comisión. 
Para fundamentar esta visión pesimista, la Comisión desestima estudios propios y utiliza otros procedentes del Consejo Oleícola Internacional en los que no se puede ignorar la influencia de terceros países que se beneficiarían de una reducción del potencial productivo comunitario. 
En cuanto a las opciones, la Comisión de Agricultura ha desestimado claramente la opción de una ayuda desacoplada de la producción- éste fue el sentido de la votación en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. 
La razón fundamental es de carácter social, debido a los elevados riesgos de pérdidas de empleo que aparecerían en las regiones comunitarias más afectadas por el desempleo. 
Si se proponen ayudas desacopladas siguiendo la orientación de la reforma de 1992, no se puede ignorar que, entre 1990 y 1995, ha desaparecido un 13 % de las explotaciones agrícolas comunitarias y un 23 % del trabajo agrícola, según las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrarias, que la Comisión no puede ignorar. 
Si estos efectos se han producido tras la reforma de 1992, los efectos de destrucción de empleo en el olivar serían mucho mayores por dos razones. 
En primer lugar, el cultivo del olivo es intensivo en mano de obra. 
El coste de la recolección de las aceitunas supone un 80 % de las necesidades de mano de obra y un 70 % de los costes variables. 
En consecuencia, si las ayudas se desacoplasen de la producción, los riesgos de destrucción de empleo resultarían más que evidentes. 
Además, el reducido nivel de costes de cultivo efectuados en el momento del hecho generador de las ayudas- un 15 % frente a un 85 % en los cereales o un 98 % en el bovino macho- incrementan considerablemente los riesgos de destrucción de empleo. 
Este tipo de riesgos son contrarios a los contenidos del Tratado de Amsterdam en lo referente al empleo. 
Estos riesgos se darían en unas regiones cuya tasa de desempleo duplica la media comunitaria y que, además, presentan importantes problemas de cohesión. 
No es razonable incrementar los problemas de cohesión o las necesidades para una eventual política de desarrollo rural que, por el momento, no es más que una formulación abstracta. 
¿La Comisión piensa correr el riesgo de realizar experimentos peligrosos con un problema tan grave como el empleo? 
Los defensores de las ayudas desacopladas argumentan que con ellas el control es más fácil. 
Sin embargo, la Comisión, al describir el sistema de control aplicable en el caso de la introducción de una ayuda por árbol, se limita a citar un Sistema de Información Geográfica. 
No creo conveniente dejarnos deslumbrar por el espejismo tecnológico. 
Aunque mejoraran las prestaciones técnicas de los satélites, nunca llegarían a dejar caer las ayudas sobre cada olivo. 
Siempre sería necesario un formidable aparato administrativo para distribuir las ayudas correspondientes a cada árbol entre más de dos millones de explotaciones. 
Estos dos millones de explotaciones se encuentran normalmente en zonas de cultivo continuo y aparecerían enormes dificultades para la distribución de las ayudas. 
Si se intenta diferenciar las ayudas en función de los rendimientos, nos encontramos ante la carencia de una regulación homogénea en los Estados miembros productores, y esta cuestión ha suscitado polémicas que han debido ser zanjadas por el Tribunal de Justicia. 
Si se exigiera prueba de la transformación de la aceituna en aceite, el sistema de control debería ser sensiblemente similar al actual con el coste añadido de las imágenes del satélite. 
Por lo tanto, sería razonable perfeccionar el sistema actual. 
Es evidente que en este debate se enfrentan los productores de aceitunas con los recolectores de ayuda. 
Entre ambas posiciones se ponen en juego un gran número de empleos en las regiones con más paro de la Comunidad, que presentan serios problemas de cohesión y cuyas economías son altamente dependientes de los niveles de producción de aceite de oliva. 
Señora Presidenta, termino: permítame ante todo felicitar y expresar mi gratitud personal a todos aquellos compañeros de comisión de diversos países que se empeñaron en una solución común, en buscar una posición unitaria que reflejara una voz única, una voz de esta cultura milenaria, cimiento del Mediterráneo y también de la cultura europea. 
Estimadas y estimados colegas, les ruego comprendan que sea muy consecuente con el tiempo de uso de la palabra. 
Tenemos aún muchos informes en el orden del día y muchos oradores y, de lo contrario, no terminaremos antes de media noche. 
Les ruego, pues, que se atengan a los tiempos de uso de la palabra sin que tenga que llamarles la atención al respecto en cada ocasión. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su excepcional informe y además expresar mi satisfacción porque el colega, Sr. Jové, ha incluido en su informe el conjunto de las conclusiones aprobadas de forma unánime por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Señora Presidenta, la producción del olivo se concentra en los países mediterráneos y de manera particular en las regiones del Objetivo 1, cuyas estructuras son débiles y sus rentas per cápita inferiores al 75 % de la media comunitaria. 
En dichas regiones, la proporción de mano de obra que se dedica a la agricultura es singularmente alta y el porcentaje de desempleo supera alrededor de 3 veces el promedio comunitario. 
El sector olivarero es allí el sector económico más importante y en torno al 27 % de los puestos de trabajo están relacionados de forma directa o indirecta con la producción de aceite de oliva; este hecho ilustra su importancia en el equilibrio y la cohesión social de dichas regiones. 
Por lo tanto, la adopción de una política que constituyera una amenaza para la producción olivarera correría el serio riesgo de desestabilizar los ámbitos social y económico. 
El principal punto débil en la comunicación de la Comisión es que carece de un análisis completo de las consecuencias que tendría la reforma propuesta de la OCM para el empleo. 
La Comisión de Empleo está profundamente preocupada por las consecuencias destructivas que pueda tener la aplicación de la ayuda al árbol para el sostenimiento del empleo en el sector. 
Es de temer qe los productores pierdan interés por la calidad del producto y por su mejora, se desinteresen por la cantidad o que abandonen definitivamente el cultivo, lo que acarrearía una importante pérdida de puestos de trabajo y la correspondiente disminución de las rentas. 
Además, los perjuicios serían importantes para el conjunto de la cadena de producción: almazaras, unidades de envasado, comercio y cabe sospechar que provocasen problemas sociales y económicos de consideración y se agravase el fenómeno del abandono de tierras. 
La Comisión de Empleo invita a la Comisión Europea a actuar conforme a lo prescrito en los apartados 7.5, 11, 14, 15, 16 del informe, que comprenden por completo sus conclusiones y, una vez más, da las gracias al ponente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, querría, en primer lugar, felicitar al Sr. Jové por su magnífico informe ya que él es una persona que conoce en su pueblo natal lo que es la plantación del olivo y lo que es el cultivo del olivo. 
Señor Comisario, nosotros somos absolutamente contrarios al fraude y entendemos que el fraude no debe ser ningún método de subvención a ninguna zona de la Unión Europea. 
Pero el hecho de que seamos contrarios al fraude y de que apoyemos todas las medidas que se quieren adoptar contra el fraude, no es óbice para que pensemos que el impedir el fraude no debe ser el único camino para establecer una nueva normativa en relación con el cultivo del aceite de oliva. 
Entendemos que el aceite de oliva, la producción de oliva, es una tradición importante en el Mediterráneo, especialmente en regiones y en zonas del Objetivo 1 donde, como han dicho ya oradores que me han precedido, el paro y las dificultades económicas son muy notables. 
En muchos lugares el cultivo del aceite de oliva es prácticamente un monocultivo y es el que da lugar a una participación más importante de empleo en aquellas zonas. 
Lamento que para combatir el fraude se busquen soluciones que pueden ser también defraudadas en el futuro como es la subvención al árbol, y que no se haya valorado debidamente el impacto regional que ello puede comportar en muchas zonas de la Unión Europea, en las zonas de la cuenca mediterránea, que no se valoren las consecuencias del desempleo y las consecuencias de la desertificación, que no se valore el impacto sobre el espacio rural que puede tener una reforma de este tipo. 
Hace pocos días se ha reunido el Consejo Europeo en Luxemburgo para hablar del empleo. 
No vayamos ahora, con una medida como la del aceite de oliva, a crear más desempleo en unas zonas ya muy deficitarias. 
Tengamos en cuenta también que el Tribunal de Cuentas, en 1991, valoró positivamente la forma en la que se está gestionando el actual sistema de subvención al aceite de oliva. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, la Comisión de Control Presupuestario, como todos sabemos, había elegido una opción diferente para la asignación de las primas. 
Por una mayoría de algunos votos, decidió inclinarse por la opción de la ayuda por árbol en vez de por la ayuda a la producción. 
Quisiera señalar especialmente que, en una región insular como Córcega, a la que se le han reprochado tantas cosas, el sistema de ayuda por árbol y la inteligente política dirigida por nuestro colega Jean Baggioni, que es también Presidente del Ejecutivo de Córcega, mi isla natal, han permitido con la participación comunitaria renovar, ampliar y replantar el olivar insular. 
De esta manera se ha proporcionado a Córcega los medios para luchar eficazmente contra los incendios que tanto la han devastado durante estos últimos años, sin emprender por ello una carrera desenfrenada hacia el rendimiento y la producción, todo ello en el marco del " policultivo» y la diversificación que desean las instancias europeas. 
La prima por árbol, por tanto, tiene sus virtudes. 
Pero comprendo perfectamente que nuestros amigos españoles de regiones con una alta producción defiendan un punto de vista distinto y, por consiguiente, una filosofía distinta basada en el rendimiento que justifican el empleo y el monocultivo. 
Éste es el motivo por el que no he considerado oportuno presentar enmiendas en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
De hecho, estoy convencido de que la Comisión de Agricultura ha sopesado perfectamente sus responsabilidades al decidir no seguir las propuestas de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. 
Estoy convencido, asimismo, de que no es la última vez que oímos hablar de este dossier y, sinceramente, espero que las conclusiones de nuestro colega Jové Peres y de aquellos que le han apoyado nos eviten en el futuro las graves críticas al régimen actualmente en vigor que, creo, es la causa de los numerosos fraudes que hemos tenido que lamentar. 
Señora Presidenta, a pesar de que reconozco al ponente, Sr. Jové Peres, el ingente trabajo que ha realizado, debo manifestar que no estamos de acuerdo con algunos aspectos fundamentales de la resolución. 
En primer lugar, la misma es, a nuestro entender, demasiado conservadora. 
En realidad, parece que los problemas de la actual OCM del aceite de oliva son sólo fruto de la fantasía enferma de la Comisión. Sabemos, por el contrario que, desgraciadamente, no es así. 
El timbre de alarma por los grandes incrementos productivos declarados para la campaña 1996-1997 y por las previsiones del Consejo Oleícola Internacional para la campaña en curso que los vuelven a confirmar, debe sonar también para el Parlamento. 
Las manifestaciones de los olivicultores que denuncian ya una caída muy acentuada de los precios del aceite de oliva, no son un invento de la Dirección General VI. 
En segundo lugar, la propuesta de resolución rechaza demasiado de prisa las opciones que prefiguran ayudas desacopladas del nivel de producción. 
No nos convencen las ayudas al árbol, como si fuera una solución milagrosa para todos los males. Consideramos, sin embargo, que más que rechazarla a priori, atribuyéndole intenciones que, en realidad, no existen en absoluto en el texto de la Comisión, sería más conveniente estudiarla con cordura y lucidez. 
Los productores temen que dicha opción prime la renta de bienes raíces, temen una uniformidad a la baja de todos los productores, capaces o no, temen las consecuencias para el empleo. Entonces, es de esto que debemos debatir y en nuestras enmiendas tratamos de dar una respuesta a dichos temores; por ejemplo, vinculando la nueva ayuda desacoplada a la valorización productiva del olivo, acoplándola a los pagos compensatorios históricos por zonas homogéneas y previendo la posibilidad de que los Estados productores puedan modular la ayuda con arreglo a parámetros cualitativos y de respeto del medio ambiente y del entorno, sobre todo para las zonas menos favorecidas. 
Entiendo, Sr. Jové Peres, que pueden parecer cosas algo complicadas, pero con una esquematización excesiva no se resuelve nada, sino que se empeora. 
Cómo puede pensarse en imponer un único modelo, intensivo y productivo, a la olivicultura europea y que esto no produzca fuertes desequilibrios entre las empresas y los territorios. 
¿Cómo se puede pensar en aumentar los gastos y las ayudas para los olivicultores sobre la base de un sólo y único sistema de ayudas a la producción directamente ligado a los volúmenes productivos; cómo se puede controlar eficazmente, con dicho sistema, a 2 millones de productores, conociendo las oscilaciones cíclicas que suele sufrir la producción de aceite de oliva y suprimiendo el régimen simplificado de ayuda al árbol que actualmente afecta, hay que recordarlo, a ese 60 % de productores comunitarios que pertenecen a la categoría de pequeños productores. 
Por este camino, a mi entender, junto con las aceitunas crecerán con lozanía la incertidumbre, las manifestaciones y la precariedad. 
Cosas todas éstas que no benefician el futuro de los olivicultores. 
En nuestra opinión, es toda la PAC que debe empezar a cambiar sus orientaciones. 
Y se podría comprender que, mientras que con la Agenda 2000, por fin, se empiezan a debatir la modulación de las ayudas, la sostenibilidad medioambiental, el reequilibrio de las zonas rurales y los límites para la exasperación productiva, precisamente para el olivo que más que otros sectores, tiene todas las de ganar gracias a estas novedades, se invocara enseguida una vistosa y, al mismo tiempo, incomprensible excepción cultural. 
Sólo con un sistema de ayudas renovado se orienta la olivicultura hacia la tan aclamada política de calidad que encuentra en el mercado y en un consumidor cada vez más atento y exigente, su valorización. 
Está en juego una perspectiva estratégica para una cultura que representa una gran parte de la historia, la cultura y el paisaje de Europa y que se puede defender sólo con una opción estratégica. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión de Agricultura aprobó por 28 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones, una propuesta de compromiso sobre la reforma del mercado del aceite de oliva, que mi Grupo deseaba muy firmemente. 
Hoy, aquí en el Pleno, reiteramos la necesidad de confirmar a través de un voto favorable esas conclusiones, convencidos de que coinciden con los intereses de los operadores del sector y de la agricultura europea. 
Juntos decidimos alcanzar un acuerdo entre los Grupos y, en consecuencia, me sorprende que tras la votación extremadamente clara en comisión, se vuelvan a formular, aquí en el Pleno, decenas de enmiendas, en particular por parte del Grupo Socialista. 
No alcanzo a comprender su lógica o ¿quizás los acuerdos funcionan sólo cuando dan razón al Grupo Socialista? 
De todos modos, nosotros estamos en contra de la casi totalidad de las enmiendas, dado que algunas desvirtúan el sentido del compromiso alcanzado en el seno de la Comisión de Agricultura, mientras que otras proponen respuestas inútiles y repetitivas a aspectos ya existentes. 
Pedimos que prevalezca el buen sentido. 
El sector del aceite de oliva, más allá de los problemas contingentes, puede ampliarse y desarrollarse. Es necesario, sin embargo, no simplificar las respuestas a los problemas complejos. 
El camino indicado por la Comisión de Agricultura permite entablar un diálogo fuerte y una relación democrática con los productores. 
Las soluciones hay que encontrarlas con los productores y sus organizaciones y no contra los mismos. Tenemos ya demasiados ejemplos de sectores en crisis y de protestas del colectivo agrícola como consecuencia de una relación equivocada entre los que toman las decisiones y los gestores de las políticas agrícolas y los propios operadores. 
No existen buenas reformas hechas en contra de los productores. 
Las verdaderas reformas son las que actúan de forma duradera en las estructuras compartidas y participadas por los interesados y las que valorizan la capacidad empresarial permitiendo cambios culturales colectivos, así como la modernización de los sectores afectados. 
En el caso del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, la actitud de atender las demandas de las comunidades locales es todavía más necesaria, si se considera la relevancia social que tiene el sector desde el punto de vista del trabajo y del empleo. 
En conclusión, deseo agradecer al ponente, Sr. Jové Peres, la disponibilidad demostrada, en comparación con otros, para alcanzar un consenso sobre la base de posiciones incluso diferentes y encontradas tanto de los Estados productores como de los miembros de la comisión. 
La disponibilidad del ponente ha sido apreciada por nuestro Grupo y es nuestra intención defenderla mañana en la votación. 
Señora Presidenta, voy a empezar, en lugar de terminar, con un agradecimiento- que no es sólo formal- al señor ponente, y esto por dos razones: ante todo, por las mejoras esenciales que supo aportar al texto de la Comisión y luego por el esfuerzo realizado para lograr una convergencia entre las exigencias de los países productores, una atención valiosa para convertir en transparentes no sólo el aceite de oliva extra virgen, sino todo el sector productivo. 
La posición aprobada por la Comisión de Agricultura, a través de las enmiendas de compromiso que mi Grupo, casi mayoritariamente, apoyará mañana en la votación, prevé tres vectores fundamentales para el futuro de esta producción agrícola. Ciertamente se trata de unos vectores que quizás puedan mejorarse y que, sin embargo, en este momento representan la única vía para satisfacer a casi todos o, al menos, para descontentar al menor número posible de productores. 
Antes que nada se propone la adopción de cuotas nacionales en lugar de la cantidad máxima garantizada computada a escala comunitaria. De esta forma, quien se pasa paga, exactamente como sucede para muchas otras OCM. 
En segundo lugar, se rechaza la ayuda al árbol y se propone la ayuda a la producción. Esto sobre la base de la cantidad realmente producida y, entre otras cosas, también aquí podrían aportarse unas correcciones, no obstante, se trata de un medio muy valioso para garantizar la protección del empleo. 
Paralelamente, se apoya la supresión de la ayuda al consumo que fomenta sospechas de fraude y dudas sobre la calidad del producto obtenido a través de mezclas que pueden certificarse difícilmente y, sobre todo, a través de aceite de origen casi siempre poco claro. 
Por último, los fondos que, sin duda, se van a ahorrar podrían emplearse para una valiosa acción de promoción en beneficio de la tan deseada calidad y, por ende, de la confianza de los consumidores, así como para fomentar la utilización y la valoración por parte del público de este preciado alimento. Asimismo, dichos fondos servirán ante todo para dar algo más de confianza al sector que, como saben, en este momento y no sólo en Italia, está muy angustiado. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, en su documento la Comisión prefiere el apoyo a la mera existencia física de árboles, que- produjeran o no aceite- siempre estarían subvencionados. 
Por otro lado, el informe Jové Peres prefiere apoyar la producción real de aceitunas y aceite y rechazar una opción que se plasmaría en el absentismo de los propietarios, que cobrarían sólo por tener olivos plantados, y también en un aumento del desempleo entre quienes contribuyen a que las aceitunas lleguen a los lagares y se transformen, de hecho, en aceite. 
La Comisión justifica su opción con el fraude que el régimen actual de apoyo a la producción permite. 
El informe afirma que el mal no está en el régimen, que se debe mejorar, sino en la ausencia de medidas políticas concretas que impidan los fraudes. 
Por último, la Comisión quiere que se presten los apoyos a partir de los catastros actualmente existentes. 
El informe Jové Peres brinda la posibilidad de aumentar las producciones nacionales, al admitir nuevas plantaciones que permitan recuperar potenciales históricos de producción. 
Las opciones están claras. 
Nuestro voto favorable al informe Jové Peres, también. 
El rechazo de las enmiendas que de forma frontal o camuflada pretenden dar cobertura a las intenciones de la Comisión es un acto esencial para mantener el principio político del informe. 
Señora Presidenta, vengo de la fiesta de Navidades de mi grupo político y he estado dudando entre comer o hablar sobre las aceitunas. Pero por respeto a nuestro ponente, Sr. Jové Peres, y también por respeto ante la importancia histórico-cultural de las aceitunas, al menos en el sur de Europa, he decidido a venir para este minuto y medio. 
Naturalmente, nuestro grupo político ha recapacitado sobre las posibilidades de la simplificación y de excluir el fraude. 
Sin embargo, somos de la opinión de que debemos seguir la línea del ponente, es decir, que de lo que se trata es de que se cosechen olivas. 
Si concedemos una ayuda exclusivamente al árbol, no cumpliremos con nuestra tarea. 
En este caso, remuneraríamos un cultivo que ya no estaría en absoluto orientado a los frutos, por lo que vamos a seguir al ponente. 
Señor Fantuzzi, lo siento, pero queremos remunerar el trabajo y la calidad de los productos. 
Hay buenos motivos para apoyar sus propuestas, como la transparencia y dificultar el fraude, pero por las consideraciones básicas expuestas, nuestro grupo ha decidido atenerse a esta línea que hemos seguido también en la Comisión de Agricultura. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero comenzar, como lo han hecho los demás oradores, reconociendo el complejo y difícil trabajo que nuestro compañero Jové ha realizado en este informe, al que yo sé que ha dedicado muchísimas horas y muchísimo esfuerzo, y que le ha supuesto más de un disgusto. 
Debemos destacar, en líneas generales, el resultado positivo que ha tenido hasta el momento la actual OCM del aceite de oliva: desde una modernización y mejora de las explotaciones y de la calidad del producto hasta una elevada protección del medio ambiente, consolidando a la Unión Europea como primer productor, consumidor y exportador mundial de aceite de oliva. 
Desgraciadamente, todo esto resultará inútil si se incluye en la Agenda 2000 la propuesta de reforma que propone la Comisión Europea, y ello porque introduce elementos perjudiciales para el buen funcionamiento de este sector. 
Concretamente, la propuesta de conceder una ayuda al árbol y no a la producción, en la que se incluye también a los pequeños productores, no haría más que provocar un empeoramiento en la calidad del aceite y en la propia estabilidad del mercado. 
Generaría un aumento de la especulación que afectaría directamente al consumidor, provocaría un incremento del éxodo rural y el riesgo de desertificación de las zonas afectadas, conllevaría un gran y grave deterioro medioambiental. 
A esta situación, además, debemos añadir que la Comisión tampoco ha elaborado el consiguiente estudio sobre el impacto regional de las medidas que se contienen en esta propuesta. 
Este estudio de impacto regional resulta imprescindible porque las principales zonas productoras de aceite de oliva se encuentran ubicadas en el sur de la Unión Europea, como ya se ha dicho. 
La mayor parte de ellas son Objetivo 1, es decir, son regiones menos desarrolladas, sin alternativas productivas y con dependencia laboral en el sector. 
El olivo es un cultivo de difícil sustitución y, como ya hemos dicho, se concentra en zonas con graves deficiencias estructurales, deprimidas económicamente y con elevadas tasas de paro. 
Por todo ello, la Comisión debe respetar el principio de cohesión económica y social, y debe marcar la OCM del aceite de oliva dentro de una estrategia regional en la que se estudie su impacto y se garantice el desarrollo agrícola, socioeconómico y estructural de las zonas afectadas. 
Acabo ya, señora Presidenta, manifestando nuestra convicción de que este Parlamento respaldará las propuestas que se contienen en el informe que hoy debatimos y mañana votaremos. 
Señora Presidenta, Señorías, la delegación de Alianza Nacional está de acuerdo con la resolución de la Comisión de Agricultura sobre la OCM del aceite de oliva, habida cuenta de que la considera más equilibrada y orgánica que la propuesta inicial de la Comisión que, en nuestra opinión, no aportaba claridad a un sector que, por el contrario, necesita reglas precisas y concretas para todos. 
En consecuencia, no podemos dejar de coincidir en las acertadas manifestaciones de protesta civilizada de los olivicultores del sur de Italia, que han visto recortada su renta debido a la falta de controles del origen y la calidad del aceite comercializado. 
De hecho, y mucho antes de las previsiones más negativas, se está registrando un caos en el mercado del aceite de oliva que se deriva del laxismo comunitario y nacional frente a quien, violando la cuota comunitaria, ha plantado un número descomunal de olivos perjudicando así a los agricultores, honestos y respetuosos de la normativa comunitaria. 
La comercialización en el mercado europeo e italiano de aceite de origen y calidad dudosos, adquirido a precios extremadamente bajos, está provocando la caída del precio interior del aceite y empeorando una situación ya de por sí muy crítica. 
Alianza Nacional, en definitiva, está en contra de la ayuda al árbol y a favor, por el contrario, de una ayuda única a la producción, capaz de garantizar un nivel de renta justo en función de la cantidad de aceite realmente producido. 
Estamos, asimismo a favor de la supresión de la ayuda al consumo y de la creación de un sistema integrado de control tanto de la producción como del consumo. 
Además es indispensable que todos los países productores creen un registro olivícola, parecido al creado en Italia, con objeto de comprobar la producción declarada y definir la capacidad productiva de las empresas agrícolas interesadas. 
Por último, apoyamos asimismo el aumento de la cantidad máxima garantizada europea, la correcta determinación de las cuotas nacionales y una severa reglamentación del etiquetado que permita la valorización de la calidad y la identificación del lugar de origen del aceite. 
Por estos motivos, reiteramos nuestro apoyo a la resolución y nos felicitamos con el ponente y con todos los miembros de la Comisión de Agricultura que, realmente, han llevado a cabo un excelente trabajo. 
Señora Presidenta, queremos manifestar el apoyo de los socialistas españoles al texto de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y especialmente a su parte dispositiva. 
Entendemos que se trata de un acuerdo de mínimos y, en todo caso, queremos contribuir a que este informe sea aprobado mañana por el Pleno. 
Estamos de acuerdo con la petición de un incremento de la cantidad máxima garantizada que, aunque el texto no lo precise, creemos que podría rondar en torno al 1.800.000 toneladas. 
La falta, en todo caso, de realismo de la cantidad actual, 1.350.000, sólo está produciendo injustas penalizaciones que afectan, junto con precios a la baja, de manera especial a los pequeños y medianos productores. 
Creemos que hay que mantener el sistema de intervención, deseamos que el apoyo de la futura reglamentación siga pivotando en torno a la producción real y manifestamos también nuestro acuerdo con cuantas medidas sean propuestas para la promoción y mejora de la calidad. 
Y, además, debe ocupar en este marco un puesto central la prohibición de mezclas, por cuanto éstas se hacen siempre en perjuicio del aceite de oliva y en fraude de los consumidores. 
Vinculado a lo anterior, creemos que tenemos que reforzar el papel de las organizaciones de productores como elemento esencial de una política de comercialización y de promoción del producto. 
Y, asimismo, no podemos olvidar en este momento una consideración específica para lo que es la aceituna de mesa. 
Este enfoque no nos debería, en todo caso, hacer olvidar, en una futura reglamentación, la existencia de un gran número de pequeños y medianos olivicultores a los que mediante un régimen complementario específico o mediante las oportunas modulaciones, se debería reconocer su papel como tales productores. 
Esta conformidad, en líneas generales, con el texto de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, no nos debe impedir llamar la atención sobre algunas discrepancias menores pero que deben ser recogidas. 
Así, nos es difícil comprender que señalemos la eficacia con que ha funcionado la actual reglamentación y, sin embargo, exijamos una profunda y rápida reforma y que incluso en ese informe se solicite la corrección de los graves daños causados por la reglamentación. 
Algo no está bien. 
No es posible hacer dos afirmaciones, que en sí mismas son contradictorias. 
Creo que no parece justificado afirmar que se esperan, en un corto plazo, grandes incrementos de la demanda, y no parece justificado tampoco que consideremos que los resultados de la extraordinaria cosecha de los años 1996-1997 van a ser la futura realidad. 
Diremos, al contrario, que deberíamos ser un poquito más realistas. 
No quisiera, en todo caso, que estas discrepancias parciales y menores empañen nuestra general conformidad con un texto que debe ofrecer un marco positivo para que una producción milenaria, vinculada estrechamente con la parte sur mediterránea de Europa, pueda seguir teniendo un sitio importante en la Política Agrícola Común. 
El olivo es en algunas regiones de España, y especialmente en Andalucía fuente de generación de empleo, es preocupación medioambiental, es lucha contra la desertización, es fijación de población, es desarrollo rural, es, en definitiva, cohesión económica, social y territorial. 
Por eso, en ese sentido, insisto en que mañana los socialistas votaremos a favor del texto de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para nosotros, los países productores de este preciado producto, este debate es hoy nuestra prioridad primera. 
El documento presentado por la Comisión ya ha sido analizado por todas las Señorías que me han precedido y sobre todo por el señor ponente al que quiero felicitar, hoy y ahora, por su trabajo y por haber sabido aunar, sin regatear esfuerzos, casi todas las tendencias en un documento consensuado que a muchos les parecía imposible. 
Es una evaluación que comparto- felicidades Sr. Jové- y aquí nos tiene, señor Comisario, enviándole un mensaje claro, mayoritario, de por dónde este Parlamento, oídos todos aquellos que tenían algo que decir en el tema, cree que debe orientarse esta reforma. 
Una reforma fundamental, básica, diría yo, para todos los países productores, por tanto, para la Unión Europea, pero sobre todo para aquellas regiones Objetivo 1- como pueden ser Creta, el Peloponeso o el Alentejo y Puglia, Sicilia, Calabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía- con una tasa de empleo agrario que varía del 45, 6 % en el Peloponeso al 12, 0 % en Andalucía y, lo que es más importante, con una tasa de desempleo que va del 4 al 33 %, pero que se vería incrementado de procederse a una reforma que no primase la producción real, las medidas agroambientales y, por tanto, el empleo. 
Optamos por una reforma que se base en producciones reales con una cantidad máxima garantizada suficiente, donde todos los países productores nos podamos sentir cómodos. 
Y optamos también por una simplificación de la normativa. 
Simplificación, no descontrol, para un mayor control del fraude. 
Pero sobre todo, señor Comisario, de usted que ha sabido demostrar su sensibilidad conociendo sobre el terreno los países productores- gesto que nosotros le agradecemos -, de usted que conoce la realidad del sector, esperamos una propuesta equilibrada que recoja las inquietudes expresadas y que permita el desarrollo equilibrado del sector. 
Espero que se hagan realidad las palabras que esta mañana nos ha dicho el Presidente Santer y que, con ambición y realismo, nos presente la futura reforma. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, aunque es cierto que la OCM del aceite de oliva ha funcionado con bastante eficacia hasta estos últimos años y ha permitido el mantenimiento de un gran número de explotaciones y, por tanto, de puestos de trabajo a pesar de la competencia de otras grasas vegetales, era necesario emprender una reforma del sector. 
El informe de nuestro colega Jové Peres nos descubre hoy las grandes opciones que deberán prevalecer en la propuesta de organización común del mercado que nos comunicará la Comisión a comienzos del 98. 
En algunos Estados miembros, el potencial de producción de aceite de oliva ha evolucionado enormemente durante estos últimos años, y a raíz de dicha evolución hoy debemos constatar que la OCM ya no siempre se adapta a las necesidades. 
La reforma pendiente deberá tomar en consideración especialmente nuestras preocupaciones de tipo económico, social, cultural, regional y ambiental. 
Deberemos tener presente los principios siguientes: la simplificación y una mayor transparencia del funcionamiento de los regímenes de apoyo, una mejora de los controles para luchar contra el fraude, la garantía y la equidad de los ingresos de los oleicultores. 
Francia, en calidad de pequeño país productor con una mayoría de pequeñas explotaciones y que actualmente ha iniciado una fase de reestructuración de su vergel, especialmente en Córcega bajo el impulso de nuestro colega Jean Baggioni, no podrá respaldar unas propuestas que penalicen o sean discriminatorias para los pequeños productores, como tampoco podrá respaldar nada que constituya una amenaza para el mantenimiento de esta cultura en regiones desfavorecidas del objetivo 1. 
Al igual que Francia, otros países productores de la Unión que cuentan asimismo con un gran número de pequeñas estructuras apoyarán, estoy segura de ello, una reforma que garantice un tejido rural próspero y equilibrado. 
Sepamos preservar el carácter específico de la pequeña oleicultura europea de calidad. 
El olivo, árbol tres veces milenario, seguirá siendo el símbolo cultural, espiritual, el vínculo y la memoria de la cuenca mediterránea. 
Señora Presidenta, cuando un sacerdote en Grecia bautiza a un niño le rocía el cuerpo entero con aceite de oliva y le hace la señal de la cruz; esto creo que demuestra que la identidad del hombre mediterráneo está asociada al aceite de oliva. 
Es un elemento importante de la cultura, de su existencia, de la economía, del medio ambiente. 
Así lo reconoce el Sr. Jové Peres en su informe y aprovecho para darle la enhorabuena como ponente. 
Pero más allá de esta dimensión debemos tener en cuenta que todas las regiones donde se cultiva el olivo son regiones del Objetivo 1, que tienen una estructura débil, con un porcentaje alto de desempleo y que dicho cultivo contribuye en buena medida a su desarrollo socioeconómico. 
Desde ese punto de vista, creo que la Organización Común del Mercado del aceite de oliva, a pesar de los problemas existentes, ha funcionado de manera positiva y creo que debemos rechazar de forma explícita la propuesta de la Comisión Europea de conceder la ayuda al árbol. 
También es importante incrementar la cantidad máxima garantizada por encima del nivel actual para que se ajuste al consumo total comunitario que ahora presenta un vacío que puede cubrirse, a la media de las exportaciones anuales y a la determinación de un margen de seguridad. 
Creo que la propuesta constituye una buena base para la reforma de la Organización Común del Mercado del aceite de oliva. 
Señora Presidenta, en del marco de la Comisión de Agricultura, y tras intercambiar opiniones con todos los miembros interesados, hemos llegado a algunas conclusiones. 
La primera es que en ningún caso el sistema actual de ayuda a la producción ha presentado problemas que hicieran necesaria su abolición. 
La segunda es que un cambio radical del sistema hacia la ayuda al árbol va a originar diversos problemas. 
Al tratar de simplificar el sistema para evitar posibles fraudes se va a abrir el camino para que los agricultores abandonen muchas explotaciones y van a crear más problemas de empleo en regiones en clara desventaja y además no va a garantizar ni el mantenimiento de la alta calidad del aceite de oliva europeo ni el papel preponderante de la Unión Europea en el mercado internacional. 
De forma paralela la ayuda al árbol va a requerir nuevos mecanismos de control para evitar la aparición de nuevas formas de fraude. 
En tercer lugar, la referencia continua a la necesidad de evitar el fraude produce la impresión de que ése es el objetivo principal de cualquier sistema de ayuda en el marco de la OCM. 
En cambio, el objetivo principal de los sistemas de ayuda es el mantenimiento del equilibrio del mercado y el apoyo a la renta de los productores. 
Los mecanismos de control son los que tienen competencia y responsabilidad ante el fraude. 
La cuarta es que el objetivo de la revisión de la Organización Común del Mercado del aceite de oliva deberá consistir en la mejora del sistema existente y en la corrección de defectos que hubiese presentado hasta hoy. 
La supresión del sistema especial de ayuda a los pequeños productores, la supresión de la ayuda al consumo y la creación de un sistema unificado de ayuda a la producción crearán el marco de un funcionamiento más racional y un control más eficaz del mercado. 
De forma paralela deberán establecerse de forma inmediata las cantidades nacionales de referencia basadas en datos objetivos calculados a lo largo de los años. 
Y quinta, se debe formular y apoyar una política de promoción del aceite de oliva europeo mediante medidas concretas, que se basen en la autenticidad del producto, dado el papel preponderante de la Unión Europea en la producción mundial y en el elevado valor nutritivo del aceite de oliva. 
Dicha política de promoción deberá estar dirigida tanto al mercado mundial y al incremento de las exportaciones como al mercado europeo y al incremento del consumo interior. 
A la espera de la propuesta legislativa de la OCM del aceite de oliva, que confío que la Comisión presente en breve, quiero creer que el Parlamento Europeo tomará un rumbo claro de ayuda a la produción, basándose en los principios que rigen el informe de la Comisión de Agricultura y del Sr. Jové, a quien felicito por el resultado de su laborioso informe. 
Señora Presidenta, aún estoy impresionado con la intervención del Sr. Martinez. 
El primero es que no se puede contraponer en términos exclusivos el actual sistema de ayudas a la renta de los productores profesionales, basado en la producción efectiva, al sistema de ayudas por árbol completamente desligadas de la producción. 
Como en ese sector la recogida de la aceituna representa, como se sabe, casi el 70 % de los costos variables, es evidente que, si se optara por el sistema de ayuda al árbol, su atribución a los productores debería ir acompañada de la obligación de que presentaran una prueba de la recogida efectiva de la aceituna. 
De lo contrario, correríamos el riesgo del abandono y la desertización. 
A ese respecto, lamento que la Comisión no haya profundizado debidamente en los diversos sistemas posibles de atribución de ayudas a la renta, ya que no se limitan a los dos que ha presentado. 
En segundo lugar, quiero decir que, sea cual fuere el sistema de ayudas en el futuro, creo que se deben suprimir las dos causas principales de fraude en el sector. 
La primera es la unificación de los dos sistemas actualmente existentes; la segunda es la prohibición absoluta de la mezcla de aceite de oliva con otros aceites alimentarios. 
En tercer lugar, quiero decir que la ayuda al consumo, creada con el objetivo de apoyar el embalaje y la calidad, fue reducida en 1993 y su importe es tan irrisorio actualmente, que mantenerla carece del menor sentido. 
Por eso, creo que la suma que así podremos ahorrar con su extinción se podría utilizar para financiar el fortalecimiento de las asociaciones de productores, el fomento del consumo y la calidad del aceite. 
Por último, quiero subrayar que, al estar ya en preparación una nueva reforma global de la PAC, convendría garantizar que la reforma del aceite no se haga de forma errada, sino coherente con los principios fundamentales que se vayan a establecer para toda la agricultura de la Unión, porque, a pesar de sus diferencias, los imperativos que afronta son, en verdad, muy semejantes, por lo que también deberán serlo los medios y la forma como debe abordarlos la PAC. 
Por último, quiero decir que el informe del Sr. Jové Peres nos merece el mayor respeto y apoyo, porque ha hecho un trabajo excelente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, esta noche he tenido una pesadilla y he descubierto que podía haber un colega mío que hiciera aquí, como se hace con el tabaco, un informe en el que dijese que el aceite poliinsaturado hace daño a las arterias, hace daño a la salud. 
Todo es posible en este Parlamento, todo es posible en este mundo. 
Recuerdo que, cuando yo era niño, en Portugal el aceite de oliva se consideraba malo para la salud, como el aceite insaturado, y ahora vemos que los médicos aconsejan encarecidamente a todos los enfermos que tomen ese óleo benéfico. 
Todo puede ocurrir en este mundo. 
Todo puede ocurrir con la Comisión y Europa, siempre avergonzada, se avergüenza de producir aceite! 
Si se tratara de los Estados Unidos, el Ministro de Agricultura diría «van a ver ustedes cómo invadimos sus mercados con nuestro aceite de California». 
Nosotros no tenemos valor para hacerlo, pero el valor no se compra en el mercado, por lo que no es cosa fácil. 
Entonces se encuentra el fraude, se encuentra el fraude que está perfectamente controlado, ¡sólo que sólo tiene fraude quien quiere! 
Porque la verdad es que cualquier examen cruzado entre productor y transformador puede descubrir el fraude. 
Incluso Al Capone fue aprehendido e incluso Lucky Luciano. 
Entonces, ¿por qué no un pobre agricultor fraudulento o un productor de lagar? 
Ahora bien, quisiera decir que hay un aspecto muy importante y con esto termino. 
Es el de determinar la cantidad máxima garantizada sobre valores históricos. 
La historia para la Comisión son siempre los tres últimos años, haya habido o no sequía, como en el caso del trigo duro. 
¡Una vergüenza! 
Por otro lado, felicito a Jové Peres, que ha sido un ponente excelente, por haber propuesto una ayuda para la aceituna, porque permite comenzar la recogida antes, pues se la recoge aún verde y para conserva. 
Señora Presidenta, señor Comisario, algunos datos estadísticos ya se han señalado, es decir, 7 millones de familias en el Mediterráneo. 
Existe también otro aspecto muy importante, esto es, que el aceite de oliva supone sólo el 3 % del total de las ventas de aceites a escala mundial, por consiguiente, una mínima parte del mercado mundial de aceites. 
La propuesta de la Comisión, en mi opinión, no facilita una perspectiva estratégica a este sector, la encuentro asfixiante, así como incapaz de ofrecer una perspectiva de mercado, porque quizás está demasiado centrada en las mediaciones dentro de los Estados de la Unión Europea y no, por el contrario, orientada a ese gran impulso que se podría alcanzar en el mercado mundial, un mercado que ofrece posibilidades de enorme expansión si sólo poseemos un porcentaje del 3 % del mismo, con una buena remuneración a nivel de renta. 
La Comisión siempre ha propuesto sus textos apoyándolos en una buena base estadística. Esta vez el texto se salta una estadística, en mi opinión, fundamental y no habla para nada de empleo. 
En Italia, mi país, durante una buena parte del año, el total de los empleados en la actividad del aceite de oliva representa el empleo en cuatro fábricas de FIAT y esto es un aspecto fundamental. 
El texto de la Comisión no aborda, casi en absoluto, el empleo a escala europea mientras que nosotros no hablamos más que de empleo y celebramos Consejos extraordinarios. Éste corre el riesgo de ser un elemento muy, pero muy contraproducente respecto a las perspectivas del mercado. 
Considero que el texto de la Comisión de Agricultura es un buen texto que marca un camino a seguir, aceptado por las organizaciones del sector, los cultivadores, las fuerzas políticas nacionales y también por muchos colegas del Partido Democrático de la Izquierda. 
Por lo que a mí respecta, estoy de acuerdo con esta propuesta, aunque, sin duda, hay que mejorarla. 
Es preciso conseguir que mejoren los aspectos que se refieren a la calidad, los factores ecológicos medioambientales, así como a la posibilidad de valorizar el mercado internacional. 
Creo que la Comisión tiene que dar respuestas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero felicitar al Sr. Jové porque, desde luego, sin su trabajo y sin su capacidad de diálogo, hubiera sido imposible conseguir este resultado. 
Se lo digo de corazón, desde la experiencia de muchos años en la búsqueda de consensos. 
Éste era un consenso muy difícil. 
Muy difícil, probablemente a priori casi imposible. 
Por lo tanto, mis felicitaciones. 
Señor Comisario, tiene usted aquí un debate, como todos los relativos a la agricultura, a altas horas de la noche, casi en solitario, pero que refleja el debate de la sociedad europea. Aquí tiene la respuesta de la sociedad europea, de los agricultores europeos, a las propuestas de la Comisión. 
Aquí tiene un conjunto de medidas equilibrado y razonable. 
Me gustaría que la Comisión lo considerara con seriedad y con rigor. 
Que no se invocara la neutralidad financiera para rechazar propuestas razonables. Que alguna vez la Comisión olvide el dogma de que hay neutralidad financiera en producciones mediterráneas y se pueda hacer una Agenda 2000 donde la cartera del Comisario invite a todo el mundo menos a los mediterráneos. 
Señor Comisario, abra usted la cartera y esta vez reparta para norte, sur, este y oeste, porque es su obligación como Comisario. 
Y me preocupan las enmiendas que se han presentado. 
Me preocupan las enmiendas 1 a 4 del señor Mulder, basadas en el control presupuestario, cuando en términos absolutos y relativos el mito del fraude en esta OCM es bastante importante. 
Y me preocupan las enmiendas del Sr. Fantuzzi, del Grupo Socialista, porque si se aprueban suponen una voladura controlada y sutil de un compromiso muy difícilmente alcanzado. 
Por eso, le pido a la Asamblea que apoye el informe Jové y rechace el resto de las enmiendas para que la Comisión empiece a trabajar sobre esta propuesta, presentándonos una alternativa más razonable que la inicialmente sometida a la consideración de este Parlamento. 
Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar al ponente por su informe y añadir algo a todo lo que se ha dicho hasta ahora. 
La reforma de la OCM del aceite de oliva es una cuestión de sumo interés y, por la misma razón, el informe es también de gran importancia dado que existen diferencias estructurales entre los Estados miembros productores, unas diferencias que, gracias a la conciliación llevada a cabo por la Comisión de Agricultura, se están afrontando de forma constructiva. 
Por ello comparto las opiniones de aquellos que no están de acuerdo con las enmiendas presentadas a posteriori y creo que no las debemos votar. 
Es sabido que en el sector del aceite se emplean a miles de trabajadores en el sur de Europa. 
Puedo decir de manera indicativa que en Grecia hay 710.000 familias, por no hablar de trabajadores, ocupadas en él. 
La ayuda al árbol, tal como propone la Comisión, no sólo no va a proteger la producción real sino que supone un riesgo para los puestos de trabajo y una infravaloración del producto. 
Nosotros apoyamos la propuesta de la ayuda a la producción real para todos, incluidos los pequeños productores, y la propuesta sobre el registro oleícola. 
Pero, al menos en una primera fase, no debiera asociarse la nueva modalidad de ayuda con la existencia de dicho registro ya que hay algunos estados que no lo han completado. 
También tengo que señalar que el mantenimiento del mismo modelo de ayuda a la producción del aceite de oliva no debe asociarse de forma inmediata con la cantidad comercializable sino con la producción real. 
Señora Presidenta, debemos tener en cuenta que cuando apoyamos a los productores de aceite de oliva estamos ayudando a personas que mayoritariamente viven en regiones pobres de la Unión Europea y a la vez estamos protegiendo mediante el cultivo del olivo el frágil medio ambiente mediterráneo. 
Sorprende el hecho de que la reforma de la Organización Común del Mercado del aceite de oliva es la única reforma asociada al fraude. 
Me pregunto si hasta ahora no se han detectado fraudes en otros productos. 
¿Es sólo en el caso del aceite donde se han constatado irregularidades? 
En los productos de los países del norte ¿no se han observado tales fenómenos? 
¿Todos los pecados han sido cometidos por los productores del aceite de oliva? 
Quisiera decir que si la Organización Común del Mercado del aceite de oliva necesita modificaciones no son las que propone la Comisión. 
Es decir, no es la concesión de una ayuda al árbol, que supone equiparar a los que producen con los que no producen y que provocará a la vez que los productores de aceite de oliva dejen de cultivar de forma intensiva. 
Lo que se necesita es conceder primas a la producción basándose en un sistema unificado de control para todos los Estados miembros. 
También es preciso alejarse del sistema de la cuota unificada. 
Es preciso establecer cuotas nacionales determinadas de forma justa, porque cuando hay superproducción en un país y una producción baja en otro, los productores de este último reciben doble castigo: uno por parte de la naturaleza y otro por parte de la Unión Europea cuando la cuota se sobrepasa. 
De forma simultánea es preciso promover el aceite de oliva a escala mundial ahora que son conocidas sus positivas consecuencias para la salud y además, señora Presidenta, es preciso suprimir la ayuda al consumo y emplear ese dinero excedente en la concesión de primas a la producción y en la promoción internacional del aceite de oliva. 
Señora Presidenta, la nueva OCM del aceite de oliva debe tener un doble objetivo: por un lado, tiene que desarrollar el sector mejorando la producción y la productividad de las explotaciones, las condiciones de vida de los productores, el consumo a escala mundial y, por el otro, garantizar la protección del medio ambiente y de la cultura del olivo, patrimonio fundamental de toda la cuenca del Mediterráneo. 
En cuanto a los problemas referentes a las garantías para el sector, deseo señalar que es preciso que la Unión Europea considere la necesidad de establecer una normativa dirigida a hacer imposible la mezcla de aceites de semillas con aceite de oliva- práctica, por desgracia, admitida en algunos Estados miembros- precisamente para proteger a los consumidores. 
Por lo que respecta a los sistemas de control, es preciso recordar que en Italia funciona un registro olivícola que, además de permitir conocer y evaluar el patrimonio productivo, se utiliza como instrumento de control en las distintas etapas del procedimiento para la determinación de la ayuda. 
Por último, conviene garantizar cuanto antes la estabilidad del precio del aceite a través de determinados instrumentos como por ejemplo la creación de un almacenamiento privado del producto a cargo de las organizaciones de productores, así como mejorar toda la actividad de promoción. 
Para acabar, señora Presidenta, nuestra intención es conseguir una redistribución más equitativa y una mejora de los actuales recursos financieros que tienden a reequilibrar todo el sector y conseguir los objetivos de cara al mantenimiento de la olivicultura en zonas difíciles y sin alternativas de producción, donde su desaparición crearía graves problemas sociales y medioambientales. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que tras este debate hay una cosa que queda fuera de toda duda: es absolutamente necesaria una reforma de la OCM para el aceite de oliva. 
El mismo Parlamento así como también el Tribunal de Cuentas y el Consejo han exigido con frecuencia medidas, entre otras cosas, contra el fraude y las irregularidades precisamente en este sector. 
En lo que se refiere a las apreciaciones de la Comisión, quiero indicar que precisamente se ha reunido hoy en Bruselas el comité de gestión para el aceite de oliva. 
Dos Estados miembros han exigido que se abra la intervención ya que los precios han caído tanto que se encuentran muy cerca del límite de intervención. 
La Comisión ha propuesto y acordado hoy una medida para el almacenamiento privado del aceite de oliva. 
Pero también el Consejo Internacional del aceite de oliva ha realizado en octubre de este año una previsión sobre la evolución y ha constatado que se podría haber hablado de un equilibrio entre oferta y demanda a mediados de la próxima década si no se hubiesen realizado nuevas plantaciones. 
Pero en total yo también quiero felicitar al Sr. Jové Peres por su excelente informe en el que ha logrado reunir las muy diversas opiniones y deducir de ellas unas claras directrices y recomendaciones. 
En lo que se refiere a los aspectos comunes entre el Parlamento y la Comisión, estamos de acuerdo sobre la necesidad de la reforma y los motivos. 
Hay que simplificar los regímenes de apoyo para este sector y hacerlos más eficaces. 
A pesar de los controles introducidos en el pasado, las normas actuales son propensas a irregularidades y en parte también al fraude, proporcionan una imagen distorsionada de la evolución del mercado y paralizan el funcionamiento de la normativa. 
También estamos de acuerdo en la apreciación de la importancia del sector, en especial para las regiones productoras. 
Algunos han lamentado en este contexto que la Comisión no haya analizado más detalladamente la situación social en las regiones productoras. 
Pero creo que en el documento de que estudia las posibles opciones se reflejan los parámetros esenciales destacados por el Parlamento. 
El gran número de empresas afectadas, la magnitud del desempleo regional, la importancia de la fuerza de trabajo para la cosecha de las olivas, etc., todo esto se describe detalladamente. 
En cualquier caso, para mí está totalmente claro que estos aspectos tienen un enorme peso a la hora de elegir las opciones para la reforma. 
Además, estamos de acuerdo en algunos puntos esenciales para una nueva organización del mercado para el aceite de oliva. 
De lo que se trata es de desarrollar una estrategia en el sentido más amplio para mejorar la calidad y además llevarla a la práctica. 
Hay que incluir aspectos subjetivos de calidad que afectan al prestigio del producto. 
Hay que fomentar la imagen de un producto sano, limpio y en el que se puede confiar. 
También hay que definir el papel de las organizaciones de productores en esta estrategia. 
La Comisión saluda la negativa actitud del Parlamento respecto a las ayudas al consumo y a la doble regulación de las ayudas a la producción. 
En lo tocante a la reforma, no estamos de acuerdo ante todo sobre qué tipo de ayudas se deben conceder directamente a los productores. 
Algunos consideran que la regulación actual es la mejor solución y el Parlamento desea que esta alternativa sea analizada aún más detalladamente por la Comisión en el documento que estudia las posibles opciones. 
La Comisión no ha ocultado nunca que da preferencia a una reforma de fondo, tal como representa la segunda alternativa, es decir, la ayuda al árbol. 
Como no puedo entrar aquí en todos los detalles ni en todos los aspectos, quiero resumirlo del siguiente modo. 
La ventaja de una ayuda a la producción análoga a la ya existente, consistiría sobre todo en que se trata de una regulación sobre la que se dispone de experiencias. 
Sin embargo, con esta regulación no se garantiza sin más que la producción quede sometida a control y que se logre un equilibrio con la demanda. 
Pero este es un objetivo básico para todos los productos en el marco de la Agenda 2000, no sólo para los productos del sur sino también para los del norte. 
Pero ante todo, es propensa al fraude y- lo que quizás es aún peor-provoca un gran enojo que desacredita al aceite de oliva, sobre todo en los países consumidores. 
Es esta una grave situación. 
¿Qué debemos discurrir adicionalmente en el futuro para mejorar el control? 
¿Debe llegarse al extremo de controlar sin lagunas este sector y colocar en cada explotación a un inspector que, a su vez, debe ser controlado? 
Creo que nadie quiere aquí una especie de Estado policíaco. 
Una regulación de este tipo creo que pertenece al pasado, provocaría con razón la irritación de todo el ramo y paralizaría el sector. 
Con la ayuda propuesta por nosotros se podría solucionar mejor el problema de la limitación de la producción y el control sería más fácil gracias a la simplicidad del sistema. 
Además, esta forma de ayuda aportaría una cierta estabilidad de los ingresos agrícolas. 
He reconocido y destacado perfectamente los peligros derivados de ello, sobre los que se llama la atención en el informe del Parlamento. 
Respecto a las objeciones, las siguientes me parecen especialmente reveladoras: se deben adoptar medidas para no abandonar la cosecha de aceituna. 
Ustedes han llamado con razón la atención sobre este decisivo aspecto a causa de sus repercusiones, en especial, sobre el mercado de trabajo. 
El importe medio de la ayuda, determinado de modo global, se debe configurar regionalmente. 
De este modo, se podrán tener mejor en cuenta las condiciones locales de producción, los aspectos sociales y del medio ambiente. 
Sin embargo, este escalonamiento debería realizarse dentro de un marco determinado. 
Debe tenerse en cuenta la protección del medio ambiente y el peligro de despoblación de las áreas rurales, las medidas a adoptar en este aspecto dependen con mucha frecuencia de las condiciones locales y pueden ser muy diferentes de una región a otra. 
Nuestra opción no ofrece un estímulo a la intensificación, por lo que puede tener unos efectos positivos para el medio ambiente. 
Reconozco que una ayuda concedida de modo general a cada árbol quizás no sea siempre la mejor solución. 
Pero sigue pareciéndome la vía adecuada proporcionar una ayuda no vinculada a una producción anual, realmente difícil de averiguar. 
Señorías, ¿qué opciones tenemos? 
¿Qué alternativas se nos ofrecen realmente? 
¿Debe quedarse varada paulatinamente la regulación actual a costas del contribuyente hasta que el sector quede paralizado totalmente? 
¿Debemos introducir una regulación draconiana, unida a medios coercitivos, cuya administración paralizaría el necesario dinamismo del sector? 
Creo que estas alternativas se excluyen por si mismas. 
En lo tocante a las normas de la intervención, del almacenamiento y del comercio con terceros Estados, independientemente de los resultados de futuras negociaciones en la OMC hoy nos encontramos en una situación en que están claramente limitados los contingentes de exportación por los que se puede conceder un reembolso. 
Pero si queremos utilizar el potencial de demanda en terceros Estados, entonces son necesarias dos cosas. Primera: la mejora y fomento de la calidad del producto; segunda: posibilidades de exportación sin reembolso y, en consecuencia, unos precios comunitarios orientados al mercado. 
Estas necesidades reducen considerablemente la conveniencia de las compras de intervención para apoyar precios artificiales. 
A causa de carácter fuertemente cíclico de la producción, para el control del mercado se podrían considerar otras regulaciones diferentes a las que se han referido en sus consideraciones. 
Señorías, en su dictamen se han referido además a una serie de aspectos diferentes de los que me voy a referir a tres, a saber, la elevación y división nacional de los contingentes máximos garantizados, la ayuda a la aceituna de mesa y la prohibición de mezcla de aceite de oliva con aceite de semillas oleaginosas. 
La Comisión examinará aún más a fondo estos aspectos, sobre todo, porque algunos se pueden solucionar perfectamente en el marco de una ayuda genérica para los productores. 
Señorías, me permito expresarles de nuevo mi agradecimiento por su aportación al debate y sus sugerencias. 
Les puedo asegurar que la Comisión está muy abierta a los resultados de sus trabajos. 
Respecto al calendario, para finalizar puedo indicar que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo en el primer trimestre del próximo año la correspondiente propuesta para la reforma del sector del aceite de oliva. 
Muchas gracias por su atención. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Lucha contra el consumo de tabaco 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0341/97) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0609- C4-0014/97) sobre el cometido actual y propuesto de la Comunidad en la lucha contra el consumo de tabaco. 
, ponente. Señora Presidenta, entramos en un tema bastante distinto como es la estrategia de la Unión Europea contra el consumo del tabaco. 
Y si recuerdo el título es porque quisiera que se centrara el debate precisamente en esta estrategia sanitaria y no se mezclara con una faceta que, aunque está ligada, no es el objeto de esta comunicación de la Comisión. 
Aquí para nada se trata de los problemas agrícolas ni de la ayuda al tabaco. 
Eso consta en otra propuesta de la Comisión sobre la organización común de producción de tabaco y no sería bueno mezclar aquí comentarios y enmiendas sobre ese tema porque, entonces, podemos degradar la estrategia de la lucha contra el consumo del tabaco. 
También hay otro tema que creo que es importante deslindar y es el tema de la publicidad del tabaco. 
Existe otra directiva; y hace sólo unos días el Consejo de Ministros de Salud ha acordado la prohibición total de la publicidad del tabaco de una forma escalonada. 
Creo que hay que felicitar al Consejo y sobre todo, señor Comisario, debería usted transmitir a su colega, el Sr. Flynn, nuestra felicitación por el trabajo que ha realizado y por las presiones que ha tenido que soportar desde el punto de vista político y de otro tipo. 
Yo creo que, en estos momentos, las instituciones tienen que decantar sus prioridades y en este debate la prioridad absoluta es la defensa del derecho a la salud. 
Y allí hemos centrado la mayoría de nuestras propuestas en este ámbito y por eso hacemos una primera afirmación que creo que es esencial y es que cada persona tiene derecho a respirar un aire limpio y que este derecho debe prevalecer sobre el derecho de los fumadores. 
Y esto no es establecer ninguna discriminación sino todo lo contrario. 
Asimismo, señora Presidenta, yo creo que es muy importante proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo por las mismas razones. 
Y también hacemos una propuesta de forma muy encarecida a la Comisión Europea pidiéndole que inicie una encuesta interinstitucional para determinar, con ayuda de comités científicos, si las compañías tabaqueras incorporan aditivos al tabaco para potenciar la adicción a la nicotina. 
Parece que hay pruebas de ello. 
También tenemos que destacar la necesidad de realizar campañas de información y de sensibilización para cambiar el comportamiento de los fumadores de tabaco en público, con el fin de que prevalezca la cortesía y el respeto a los no fumadores. 
Creo que esto puede ser una estrategia esencial de cara al futuro: la educación por encima de todo y el respeto a los demás. 
Y hay otro tema realmente importante. 
Y es que pedimos que la Comisión lance una iniciativa legislativa para declarar, en la Unión Europea, la nicotina como sustancia que produce adicción, algo que puede hacer cambiar bastante todo el tratamiento de este sector en el futuro. 
Y por último, señora Presidenta, ponemos mucho énfasis en este informe pidiendo a la Comisión- yo diría que a los Gobiernos nacionales también- que se apoye la constitución de una plataforma de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para exigir a la compañías tabaqueras que operan en la Unión Europea indemnizaciones por los daños causados a la salud de los fumadores. 
Como ve, son todo propuestas dentro de una estrategia de defensa de la salud de todos los ciudadanos y por eso no es de extrañar que en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hayamos llegado a un consenso general todos los grupos políticos, independientemente de nuestras sensibilidades, porque estamos todos en este Parlamento en defensa de los derechos fundamentales y uno de los derechos fundamentales básicos de la persona es el derecho a la salud y por eso hemos llegado a este consenso de carácter general. 
Y quiero agradecer a todos los colegas de todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que han realizado para presentar una plataforma común. 
Señora Presidenta, Señorías, yo tampoco voy a hablar de política, sino del derecho a la salud de los ciudadanos de la Unión, derecho recogido en los artículos 129 y 129A del Tratado de Amsterdam que hace tan sólo un mes fue objeto de cálidos elogios en este mismo hemiciclo. 
Ello me lleva a decir sin ambages que el tabaco mata, prueba de ello es que medio millón de personas mueren voluntariamente cada año a causa del perjudicial hábito de fumar. 
Un muerto, señora Presidenta, cada diez segundos en el mundo y, digo bien, voluntariamente, aunque luego sea la sociedad entera la que tenga que asumir además el coste de estas enfermedades cardiovasculares y cánceres contraídos deliberadamente. 
Resulta inconcebible que la Europa comunitaria, heredera del siglo de las luces y por lo tanto de la razón, considere legal un producto al que obliga a etiquetar diciendo que perjudica gravemente la salud. 
Y sin embargo, considera ilegal, por ejemplo, la venta pública del hachís. 
Siendo ambas drogas adictivas, señora Presidenta, no cabe mayor incongruencia. 
Dicho esto, no cabe duda de que celebramos, como decía el ponente, que al fin el Consejo haya iniciado un proceso de acuerdo- eso sí, tímido y limitado- sobre la prohibición de la publicidad del tabaco, tal y como lo llevaba solicitando este Parlamento desde hacía años. 
No obstante, también lamentamos que en los citados debates del Consejo dominase la política sobre la salud. 
Tenga el Consejo la seguridad de que nuestra comisión sigue manteniendo su postura sobre una prohibición total y confiemos en que el Consejo tome nota de ello, antes de fijar su posición común. 
Señora Presidenta, nosotros queremos una Unión sin humo y sin ese marketing asesino de las compañías tabaqueras que han decidido dirigir ahora sus nuevas estrategias de veneno- como señala el ponente- hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, los niños de 11 a 15 años, los países en vías de desarrollo y los grupos socioeconómicos con menor cultura. 
Es realmente escandaloso. 
Es obvio, por tanto, que apoyamos esta comunicación y felicitamos al ponente por su trabajo y también y sobre todo por su valor. 
Termino, señora Presidenta, reclamando una legislación más rigurosa para la protección de los no fumadores. 
Y empecemos por esta Casa, en la que ningún fumador respeta la prohibición de fumar. 
Porque, entre otras muchas razones, señora Presidenta, me niego a ser asesinada por este producto, aunque sea de una manera pasiva o, como dice la Organización Mundial de la Salud, por la espalda. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Valverde, le felicito por el gran trabajo que ha invertido en su informe sobre la reducción del consumo de tabaco. 
A mi me ha impresionado el informe porque ha despertado totalmente de nuevo mi conciencia sobre la cuestión de cómo debemos actuar con el tabaco y se me ha mostrado claramente que en muchos casos en los últimos años hemos despreciado normas de conducta, normas sociales, como usted las denomina, de cortesía y de respeto frente a los que no fuman. 
En este sentido, usted ha influido sobre la conciencia de muchas personas. 
Creo que es aquí donde podemos influir en gran medida sobre la reducción del consumo de tabaco. 
Señorías, la publicidad del tabaco es un aspecto. 
Unos opinan que prohibirla es la panacea mientras que otros creen que debe permitirse libremente. 
Creo que lo acertado es debatir sobre este importante tema en una directiva aparte que el Consejo ha preparado- si bien ha tardado bastante tiempo hasta que lo ha hecho. 
Deberíamos debatir con toda precisión, con conocimientos científicos y también con emociones sobre esta directiva. 
Yo voy a participar. 
No me entusiasman algunas enmiendas cuyos autores creen que observaciones de advertencia que ocupen el 25 % del envoltorio del tabaco, pueden lograr que dejen de fumar los ciudadanos. 
Esto muestra exactamente que solamente apostamos sobre law and order, lo que es erróneo. 
Creo que si las personas no comprenden la correcta advertencia actual, una advertencia el doble de grande tampoco lo logrará. El enfoque es erróneo. 
Vuelvo gustosamente a su observación de que es la conciencia la que debe evolucionar en nuestras mentes. 
Es aquí donde debemos trabajar. 
Quiero exponer un último punto como ponente que he sido durante muchos años de la Comisión de Presupuestos: en esta Asamblea se ignora permanentemente que en Europa fomentamos el tabaco a gran escala. 
Aún peor es que subvencionamos tabaco que nadie quiere fumar en Europa. 
Se le perforan a uno los pulmones si uno se fuma ese tabaco. 
Señorías, comencemos apoyando a la Comisión, quien ha realizado unos buenos inicios, desarrollando aquí por fin un nuevo reglamento de mercado que nos lleve en la dirección correcta paso a paso. 
No tengo en absoluto ninguna confianza en estas medidas radicales de suprimir todo en el plazo de un año. 
Eso es imposible y, por lo demás, asocial. 
Pero hay una nueva variante de la filosofía de empleo y me podría imaginar que combinando unas calidades mejores con el aspecto de empleo, en el futuro se podría fomentar mejor la producción de tabaco con el objetivo a largo plazo de acabar paulatinamente en este sector. 
En representación de mi grupo político, yo trabajaré comprometidamente, al menos así lo espero. 
Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo con el planteamiento de este informe, así como con el compromiso de fomentar cualquier acción útil para desalentar el consumo sobre todo entre los jóvenes. 
Nada que objetar, pues, a la prohibición de la publicidad y los patrocinios, la promoción de limitaciones drásticas de fumar en los establecimientos públicos y en los centros de trabajo, etcétera. 
Sin embargo, no entiendo qué tiene que ver con este compromiso la propuesta de eliminar las ayudas a la producción de tabaco en Europa que figura en el punto 29. 
¿Quizás quien la apoya abriga la vana esperanza de que dejando de suministrar tabaco europeo algún fumador europeo dejará de fumar? 
La hipótesis es absurda. 
Quien fuma, de hecho, continuará haciéndolo comprando cigarrillos de terceros países y empeorando, así, la crisis irreversible de la producción agrícola de la periferia más pobre del sur de Europa, es decir, de Grecia, Italia, Portugal, España, etcétera, donde con frecuencia el tabaco es el único cultivo posible. 
El sector del tabaco ocupa hoy por hoy a 284.000 trabajadores directos en Europa que con la sucesivas etapas de elaboración alcanzan el millón de personas. 
La producción europea supone el 4, 6 % de la producción mundial y satisface el 40 % de la demanda interior; en contrapartida su calidad es muy superior, al menos el que se consume en Europa. 
En consecuencia, a la vista de esta puntualización, la solicitud de eliminar las ayudas es, como quien dice, y disculpe el juego de palabras, puro humo, ya que lo único que haría sería enriquecer los bolsillos de las multinacionales americanas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, pese a que en mi Grupo no todos están de acuerdo conmigo, soy muy partidaria de una severa política antitabaco. 
El tabaco mata anualmente a 500.000 personas en la Unión Europea y, además, la sociedad ha de hacer frente a los gastos sanitarios dimanantes de una conducta de alto riesgo. 
Yo nunca me hubiera imaginado que durante el debate sobre este informe pudiéramos aplaudir la esperanzadora decisión del Consejo de Ministros de 4 de diciembre. 
Durante un período de más de 10 años y con diversas Presidencias del Consejo, la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo ha venido instando al Consejo a que prohibiera la publicidad del tabaco. 
Confiamos en que ésta sea una primera victoria en nuestra lucha contra el tabaco. 
De igual modo, en mi país se ha adoptado recientemente una ley que limita la publicidad del tabaco. 
Señor comisario, Señorías, hemos de ir más allá de la simple prohibición de la publicidad. 
También el precio es un instrumento importante dentro de la política antitabaco. 
Para disminuir el consumo de tabaco, un incremento drástico de los precios del mismo constituye una medida adecuada, sobre todo, de cara a los jóvenes. 
La subida de precios resulta ser un instrumento eficiente para frenar el consumo. 
Se estima que una subida de precios del 100 % puede reducir el consumo a la mitad. 
Por otra parte, la actual legislación europea permite enormes diferencias de precio. 
De esa manera, los cigarrillos en España son cinco veces más baratos que en Dinamarca y el tabaco prensado en pastillas es más barato en Bélgica que en el Reino Unido. 
Hace falta nivelar estas diferencias, ya que favorecen el contrabando y el fraude. 
Los impuestos al cosumo para el tabaco prensado en pastillas han de elevarse al mismo nivel que los impuestos que se aplican a los cigarrillos. De lo contrario, se corre el riesgo de que el tabaco prensado en pastillas se convierta en peligrosa alternativa para los cigarrillos más caros. 
Es más, por analogía con los cigarrillos normales, es preciso que para el tabaco prensado en pastillas se fije un contenido máximo de alquitrán. 
Las iniciativas de la industra en esta materia serán acogidas favorablemente. 
Sólo espero que se elabore pronto una propuesta a tal efecto. 
Por otra parte, hay que poner fin a la contraposición entre la política de salud pública y la política agraria común. 
Esta contraposición no es nueva. 
Por lo tanto, no hablemos en términos de reducción paulatina y de soluciones a largo plazo. Dicho plazo ya terminó hace mucho tiempo. 
Por último, me sumo a la propuesta del ponente que insiste en que la Comisión lance una iniciativa legislativa para que, en la Unión Europea, se declare la nicotina como sustancia que produce adicción. 
Señor Presidente, Señorías, se abusa con demasiada frecuencia del argumento del empleo. 
También en mi país se lucha por conservar el patrocinio de la carrera de Fórmula I de Francochamps. 
Quizá sea posible abordar esta cuestión con creatividad. En Australia, por ejemplo, los acontecimientos deportivos y culturales se financian por medio de un impuesto especial sobre los productos tabaqueros. 
Si bien es cierto que, a corto plazo, la política antitabaco puede originar la pérdida de algunos puestos de trabajo, la falta de una adecuada política sanitaria puede costar numerosas vidas humanas a largo plazo. 
Nos corresponde a nosotros elegir las alternativas apropiadas. 
Finalmente, quiero dar ánimos a la Comisión para que continúe su lucha y felicitar, con toda sinceridad, una vez más al ponente por su excelente informe. 
Pero es necesario porque en todos los Grupos va a haber personas que defendamos este informe como necesario para la salud pública y otros compañeros, con todo el afecto y respeto que les tenemos, que consideren que es un informe excesivo. 
Es obvio que, desde la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, ha de salir un informe que defienda la salud pública. 
Y en concreto, yo estoy de acuerdo con el informe del Sr. Valverde en su totalidad por varias razones. 
Porque es necesario que prevalezca, como él mismo decía, el derecho de los no fumadores por encima del derecho de los fumadores a fumar en lugares públicos. 
Porque es imprescindible que jóvenes y niños se vean completamente apartados de ese mundo, de la adicción a ese mundo, y para ello es necesario educación y formación. 
Porque no debe de ninguna manera permitirse que no se etiqueten más de 26 productos, desde valeriana a chocolate y aroma de licor, que están en el tabaco- lo ha reconocido en la prensa española hace unos días una empresa tabaquera -, y de los que no sabemos si producen también adicción. 
Y porque nos parece- en esto no estoy de acuerdo con el Sr. Florenz- que, efectivamente, aquella frase que dice que el tabaco perjudica a la salud ha de estar más visible. 
En definitiva, nos parece inmoral que la Unión Europea exporte tabaco de mala calidad a los países del Tercer mundo. 
Es por ello que nosotros vamos a apoyar- no diría tanto nosotros, pero parte de los compañeros de mi Grupo- vamos a apoyar de forma global este informe, porque nos parece necesario y porque nos parece que la salud está por encima de otras consideraciones. 
No obstante, ha de buscarse, naturalmente, salida para aquellos agricultores que se vean condicionados y no puedan en el futuro cultivar tabaco. 
Señora Presidenta, este informe nos llega en el momento preciso, en base a la posición común adoptada por el Consejo de Ministros celebrado recientemente, relativa a la prohibición de la publicidad indirecta del tabaco, y también en base al informe anual del Tribunal de Cuentas presentado en el período de sesiones anterior celebrado en Estrasburgo. 
De este informe deducimos que existen graves problemas en la UE dentro del sector del tabaco. 
No obstante, no respaldo al ponente cuando dice que hay que limitar el debate a un aspecto de la cuestión del tabaco. 
Yo creo por el contrario que hay que ver la totalidad de la política en esta materia, para de este modo planear eficazmente una estrategia en esta cuestión. 
Es por ello que el grupo de los Verdes apoya vigorosamente el apartado 29, en el cual el Parlamento invita al Consejo a suprimir las ayudas directas a los ingresos del sector tabacalero de la Unión. 
Es directamente erróneo desde un punto de vista moral que se dén fondos a los agricultores, al tiempo que se debaten esta noche otras estrategias para acabar con el hábito de fumar. 
No son sólo los no fumadores quienes piensan que esto no está bien. 
También hay muchos fumadores que piensan que es incorrecto que los fondos de la UE se destinen a tantas ayudas a la producción de tabaco. 
Señora Presidenta, el tabaquismo pasivo es origen de casos de cáncer broncopulmonar y, sin embargo, tres eminentes neumólogos, tras haber examinado una serie de estudios epidemiológicos, escriben: " Teniendo en cuenta los datos disponibles, no nos sentimos capacitados para responder formalmente a la cuestión planteada». 
No sé si el excelente informe técnico de nuestro colega Sr. Valverde será un sonado éxito o se convertirá en humo, habida cuenta de que el aspecto de la salud pública interfiere con el de la producción y, lamentablemente, ambos son contradictorios. 
Será conveniente, señor Comisario, que se mantenga atento a esta cuestión. 
Lo que sí sé, en cambio, es que el presente informe amenaza con poner en una difícil situación a numerosos productores de tabaco y a un número igual o mayor de trabajadores temporales en regiones rurales desfavorecidas, a pesar de que esta situación no es en absoluto comparable a la de las multinacionales de la transformación y distribución, si se interpreta mal el fondo de las apreciaciones del ponente. 
El ponente lo sabe. 
Sus conocimientos y su pasión, bajo juramento hipocrático, por la medicina y la salud deben ser para nosotros un testimonio creíble. 
Pero las fuerzas ocultas del dinero y, como consecuencia, de la política podrían desnaturalizar la legitimidad de sus temores reales y legítimos. 
Conviene, por tanto, situar el debate en su verdadero contexto. 
Los industriales europeos del ramo del tabaco importan aproximadamente el 67 % del tabaco que ellos transforman para el consumo interno de la Unión Europea. 
Además, la supresión de las ayudas a la producción no resolverá en absoluto la lucha contra el consumo de tabaco. 
Los vendedores de imagen, los vendedores de la felicidad, aquéllos de los casinos y otros establecimientos vitriolados, no tendrán más que hacer recomendaciones asépticas. 
Quizá únicamente controlando las fronteras imaginarias de Schengen nos daremos cuenta de la realidad. 
Entre el abuso y la abstinencia debe existir un término medio justo en el que puedan encontrarse los productores, distribuidores y consumidores. 
Basta, quizá, con repartir mejor los intereses y las retenciones en los Estados más afectados. 
Fumar un " porro» , según dicen las más altas instancias francesas de nuevo cuño, no es nada catastrófico. 
Permítanos, señor ponente, fumar un buen cigarrillo. 
Así, aunque no veamos las estrellas de Europa de color de rosa, podremos hacer anillos de humo, porque la ensoñación es a veces el origen de la sabiduría. 
Señora Presidenta, como médico que soy, la nocividad del consumo de tabaco no hace falta demostrarla y, como humanistas que somos, debemos poner fin a la masacre de inocentes, víctimas del tabaquismo pasivo. 
Hay que recordar también que existen muchos otros agentes patógenos además del puro y el cigarrillo, como es la contaminación de las ciudades, respecto a la que los países miembros de la Unión Europea, sorprendentemente, se muestran muy tolerantes. 
Quizá sea mejor ser fumador en el campo que no fumador en la ciudad. 
Asimismo hay que tener presente- y me complace que tanto a la izquierda como a la derecha de esta Asamblea lo hayan subrayado varios colegas- que el 67 % del tabaco que se consume en la Unión Europea se importa de terceros países. 
Por ello no me parece ilógico que se prohíba cualquier forma de publicidad que incite a fumar, incluida naturalmente, la cofinanciación de manifestaciones culturales y deportivas, sin dejar de velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo que genera el cultivo del tabaco en Europa. 
Por último, me cuesta mucho comprender por qué algunos grupos que, con un ensañamiento sorprendente, acosan incesantemente a los fumadores de Gauloises, exigen, por otra parte, la venta libre de las drogas que ellos consideran blandas, en contra de la opinión experta de los médicos competentes. 
Señora Presidenta, permítaseme sumar mi encarecido agradecimiento al ponente por un informe muy inteligente y de principios, que merece un apoyo muy amplio de esta Asamblea. 
Mientras debatimos y votamos sobre el informe mañana, más de mil europeos morirán sin motivo. Los matarán enfermedades del corazón, de los pulmones o el cáncer por haber inhalado humo de tabaco. 
Las probabilidades en contra que tienen los fumadores disuadirían a cualquiera que no fuese un adicto. 
El riesgo de muerte prematura y dolorosa es de uno contra dos. 
Tal vez peor sea el efecto de quienes optan por no fumar, en particular las mujeres embarazadas y los niños, pero se ven obligados a respirar las partículas peligrosas expelidas por los que encienden cigarrillos a su alrededor. 
Esta misma semana, especialistas médicos europeos independientes han informado de que 180 millones de ciudadanos están expuestos regularmente al humo de otros y que veintidós mil de ellos morirán a consecuencia de ello este año. 
En vista de ello, se pueden considerar justificadas y atinadas las medidas que figuran en este informe, aunque algunas de ellas tal vez sean más apropiadas para su adopción en el nivel de los Estados miembros. 
Sin embargo, son una contribución digna de beneplácito al plan de acción global. 
El año próximo se examinará aquí detalladamente la prohibición propuesta sobre la publicidad y el patrocinio. 
Será una parte importante de un conjunto de medidas que se deben introducir no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también en los países candidatos. 
Los objetivos de facilitar información adecuada y exacta, alentar iniciativas de educación y fomento de la salud, utilizar sistemas de impuestos al consumo para contribuir a la aplicación de medidas en pro de la salud y eliminar la tentación en forma de máquinas expendedoras demasiado accesibles no son simples deseos encomiables, sino pasos adelante prácticos, eficaces y demostrados. 
Por separado no serán tan valiosos, pero en conjunto representan una arremetida democrática contra las mentiras, las calumnias y la desvergonzada mendacidad perpetradas por gran parte de la industria tabaquera, gran parte de la cual es exterior- y hostil- a la Unión Europea. 
Para abordar plenamente esa información errónea, debemos poner en orden nuestra propia casa y reformar rápida y completamente el sector de producción de tabaco de la Unión Europea. 
No podemos seguir gastando una miseria en la lucha contra el cáncer y una fortuna apoyando al tabaco. 
Es hora de apagar el insano y deprimente hábito cuya adicción contraerán demasiados de nuestros ciudadanos jóvenes y que causará la muerte de muchos más, a no ser que nosotros y nuestros Gobiernos nacionales tengamos éxito. 
Para ello, mis colegas laboristas y yo votaremos mañana a favor del informe, pero contra prácticamente todas las enmiendas a favor de la estrategia explicada antes por mi excelente colega Carmen Díez de Rivera Icaza. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todos aquí conocemos y sabemos valorar los peligros que entraña para los fumadores y los fumadores pasivos este consumo. 
Pero de ahí a querer subrogarnos en los garantes de la salud, cercenando la libre elección, la propia responsabilidad, hay un trecho. 
Como también lo hay en las extrapolaciones estadísticas que se hacen sobre la incidencia del cáncer de pulmón en los fumadores. 
¿Cómo nos explican el de los no fumadores? 
De todas formas, es su elección. 
Y no por prohibir se van a conseguir resultados, como lo demuestran los hechos. 
Pero yo, aquí, quiero señalar el peligro que entrañan los puntos 28, 29 y 30, ya señalados por el ponente, para los que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha pedido voto separado. 
Y haría hincapié en el punto 29, que hace una petición concreta al Consejo sobre la supresión de las ayudas. 
Yo estoy en contra de esta petición. 
Primero, porque no es procedente en el contexto en que ha sido presentada. 
Segundo, porque no es oportuna, puesto que es inminente la presentación de una nueva propuesta de reglamentación en el sector. 
Y tercero, porque no se ha hecho en el foro adecuado. 
Señorías, si este punto 29 llega a aprobarse, y yo soy partidaria de regular y no de prohibir, en este Pleno mañana seremos muchos los que votaremos en contra del informe. 
Y sería una pena, pues sí estamos a favor de la salud, pero no a golpe de boletín oficial, dejando a los agricultores en la cuneta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, ya se ha dicho mucho sobre el tabaco. 
Yo hice un informe sobre el tabaco y defendí el cultivo del tabaco, sé perfectamente que éste hace daño, sé que el whisky hace daño, sé que el exceso de gordura hace daño, ¡sé que todo lo que es en exceso hace daño! 
Me corresponde a mí dominar mi voluntad y detesto que un comisario o un presidente o un político me impida hacer lo que considero mi placer. 
El riesgo es mío, soy yo quien pago las cosas y cuando, de hecho, una persona muere de cáncer de pulmón, cuyo origen no siempre está en el tabaco, no cabe duda de que ya ha pagado, con los impuestos que gravan en cada cajetilla, lo suficiente para sufragar los gastos de hospital. 
La verdad es que los prohibicionistas no quieren libertad. 
La verdad es que quieren imponer su voluntad higiénica a todos nosotros. 
Yo soy higiénico, porque así se me educó, y sería preferible insistir en la educación de los niños a fin de que tengan cuidado, de hecho, con el tabaco, con los abusos del tabaco, con los abusos del alcohol y de todo lo que daña a la salud. 
Ahora bien, en este momento algo más repugnante aparece en el mundo moderno: es el «fumador pasivo» el que pide indemnizaciones a las grandes multinacionales del tabaco por el tabaco que fumó pasivamente. 
Y cualquier día veremos, desde luego, a no fumadores pedir indemnizaciones por lo que sus antepasados fumaron pasivamente. 
En América eso sucede porque se pagan menos impuestos sobre el tabaco. 
En Europa, posiblemente, la moda también arraigará dentro de poco. 
Mi colega el Sr. Pimenta ha dicho aquí que en Portugal se introdujo el tabaco junto con la Comunidad Europea. 
¡No! 
En Portugal no se introdujo el tabaco porque Salazar, durante la dictadura, prohibió que se hiciera tabaco allí para proteger el tabaco de las colonias. 
Entérese, querido señor Pimenta, ¡que ya tiene edad para saberlo! 
Señora Presidenta, en términos generales pienso que el informe que debatimos es de gran calidad, y esto reza para casi todos sus apartados. 
No obstante, tengo algunas observaciones que hacer. 
La primera hace referencia a lo que el ponente ha dicho en su intervención sobre la conveniencia de separar la política agrícola del tema en cuestión. 
Yo pienso que es imposible hacerlo si se quiere tener un mínimo de credibilidad en estas cuestiones. 
No es justo que se subvencione el cultivo de tabaco con grandes sumas, al tiempo que por otro lado luchamos contra sus repercusiones. 
Por eso es muy importante el apartado 29, y también es importante que se apruebe. 
Pienso que debe suprimirse todo tipo de ayudas a la producción y la exportación en el plazo de dos años; el plazo debe ser razonable por motivos sociales. 
Otra observación es que es importante discernir entre las medidas eficaces a nivel de la UE, y las que pertenecen a otro nivel. 
Es bien evidente que se necesita un etiquetado claro y que hacen falta unas normas a este respecto a nivel de la UE. 
Además es necesaria una prohibición de anuncios eficaz y a todo nivel. 
En cambio, pienso que otro tipo de medidas se pueden adoptar mejor a nivel nacional o local. 
A este tipo pertenecen las cuestiones impositivas, los límites de edad, los lugares donde se puede vender tabaco y las normas que deben observarse en los lugares de trabajo. 
Señora Presidenta, debemos disponer de una mejor información para los jóvenes sobre los efectos del tabaco, prohibir la publicidad de tabaco y garantizar un etiquetado explícito. 
Sin embargo, no es suficiente. 
También debemos dejar de dar un millardo de ecus en ayudas al tabaco a un tabaco comunitario malísimo con una mano al mismo tiempo que con la otra mano damos 11, 2 millardos de ecus para la lucha contra el cáncer. 
Por ello, mi colega, la Sra. Kirsten Jensen, ha presentado y visto aprobada una enmienda al informe del Sr. Valverde que detendrá el apoyo directo al sector tabaquero en la Unión y de esta manera liberará fondos que apoyen la adaptación a otros cultivos en estas áreas. 
El borrador de informe del Sr. Valverde contiene muchas cosas buenas, sin embargo, se detiene justo allí donde comienza a ser importante, es decir, en el hecho de que la UE no merece crédito si son conocidos los peligros de fumar y de todos modos se sigue produciendo tabaco. 
Cada año mueren aproximadamente 400.000 personas de enfermedades relacionadas con el tabaco, mientras que la producción tabaquera apoya a 170.000 agricultores cultivadores de tabaco. 
Es una doble moral, no tiene sentido. 
Mi colega, quien abandonó la sala cuando hubo pronunciado su discurso, no desea oír otros puntos de vista. 
He de decir que él ha sido pagado increíblemente bien por la industria tabaquera para venir a decir tantos disparates en tan poco tiempo. 
Realmente es un escándalo que miembros que están pagados por la industria tabaquera puedan estar hablando aquí de tales asuntos sin tener conocimiento de lo que se trata. 
Es realmente un escándalo. 
Señora Presidenta, en nuestras instituciones políticas nunca se había hablado tanto de salud pública como en los últimos dieciocho meses. 
Hemos utilizado la crisis de la EEB para exigir una reforma importante del Tratado de Amsterdam, una reorganización de los servicios de la Comisión y, sobre todo, una prioridad absoluta para la salud pública. 
Todos juntos hemos defendido una política alimentaria basada en resultados científicos y hemos partido de la idea de que si la ciencia no puede ofrecer seguridad, la toma de decisiones políticas ha de basarse en una gestión de riesgos justificada científicamente. 
El hecho de que el tabaco no es un alimento sino un estimulante, no debe..... (Exclamaciones) 
Ruego a lo ujieres que restablezcan el orden allí atrás. 
No, no lo apruebo. 
Ruego a los ujieres que restablezcan el orden. 
Por favor, ocupen sus asientos de nuevo. 
Señor Rosado Fernandes, le ruego que ocupe de nuevo su asiento. 
Lo podremos arreglar entonces desde allí, por favor. 
Perdone, señora Presidenta, él dice que yo percibo dinero de esa gente. Eso no lo puede decir... 
Señor Rosado Fernandes, debería haber pedido la palabra para una cuestión de orden. Habría sido lo normal. 
Yo le habría concedido la palabra si la hubiese pedido para una cuestión de orden. 
Lo acaba de hacer ahora. 
El Sr. Blak ha pedido la palabra. 
Quizás se debería poner los auriculares para oír qué es lo que tiene que decir el Sr. Blak. 
Señor Presidente, estoy profundamente escandalizado por haberme visto agredido por un miembro que no puede soportar oír la verdad. 
Nunca me ha ocurrido que uno en una sociedad democrática sea atacado violentamente, a que uno sea agredido físicamente por otra persona. 
Me gustaría, señora Presidenta, que usted informe del miembro en cuestión a la Presidencia y que se adopten las medidas necesarias. 
Señorías, según el artículo 109 del Reglamento tengo la posibilidad de llamar al orden a los diputados que lo alteren. 
Lo hago ahora y espero que se pueda solucionar lo que aquí ha pasado. 
Ahora vamos a proseguir el debate. 
Por favor, prosiga. 
A continuación daré la palabra a los afectados para una cuestión de orden. 
Dicha crisis nos llevó a adoptar una postura inequívoca en cuanto al tratamiento de los alimentos. Dijimos: este tratamiento debe estar basado en resultados científicos y en aquellos casos en los que la ciencia no sea capaz de ofrecer seguridad, la toma de decisiones políticas ha de estar basada en una gestión de riesgos justificada científicamente. 
Ahora bien, el tabaco no es un alimento sino un estimulante, pero no por ello nos vamos a conformar con menos. 
Cuando hablamos del consumo de tabaco, ni siquiera estamos hablando en términos de riesgo, sino que disponemos de resultados científicos irrefutables. 
Sabemos, con toda seguridad, que el consumo de tabaco es nocivo para la salud, es fuente de muchas desgracias y es una evitable causa de muerte para 500.000, es decir, medio millón de ciudadanos europeos. 
Hoy expresamos nuestra opinión sobre una comunicación de la Comisión relativa al papel de la Unión Europea en la lucha contra el consumo de tabaco. 
Naturalmente, estamos acostumbrados a negociar sobre nuestras resoluciones. 
No obstante, en esta cuestión esto no es posible. 
Aquí, o se toma o se deja. 
No es posible negociar sobre la salud pública. 
Además, y ya se ha sugerido en esta Asamblea, el derecho a la salud no puede ser negociable. 
Elijamos, pues. Optemos por dar una señal clara a favor de la salud pública y aprobemos el informe del Sr. Valverde, en la medida de lo posible, en su versión original. 
Es un excelente informe y el ponente no sólo se merece nuestras felicitaciones, sino también nuestro apoyo y nuestro voto. 
Muchas gracias, señora Thyssen. 
Tengo ahora tres peticiones de palabra para cuestiones de orden. 
Quiero indicar que he realizado una advertencia oficial a causa de la gravísima alteración del orden que se ha producido. 
Espero que de este modo esta tarde podamos pasar a otro asunto. 
Ahora tiene la palabra el Sr. Santini para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, voy a intervenir yo, pero es que como si lo hiciera el Sr. Rosado Fernandes. 
Lamentamos este incidente y, sin embargo, me permito subrayar el hecho de que quizás también la Presidencia es de algún modo responsable. 
Si usted, señora Presidenta, hubiera intervenido inmediata y contundemente amonestando a un colega que tan vulgar y directamente ha ofendido a otro diputado, probablemente el incidente no se habría producido. 
El Sr. Rosado Fernandes ya a pedido disculpas por su reacción, desde muchos puntos de vista, comprensible. 
Si el colega que le ha ofendido hará lo mismo, creo que el incidente podrá considerarse zanjado. 
Si no fuera así, se procederá conforme al Reglamento. 
De todos modos, ha habido una vulgar provocación que la Presidencia tenía que haber reprimido motu proprio. 
Señor Santini, al principio no he visto en absoluto lo que ha pasado. 
Considerando lo que ha ocurrido en ambas partes, he pensado que el ataque físico debe considerarse como más grave, por lo que he realizado esta advertencia. 
El Sr. Blak ha pedido la palabra también para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, siento mucho lo que ha sucedido aquí. 
No me había imaginado que ofendería a mi colega de tal modo que él me atacara físicamente, entre otras cosas, intentando estrangularme y con golpes en la cara. 
Pero le perdono. 
Espero que podemos contemplar esto como un episodio que obedece al arrebato de un momento. 
No le guardo rencor al colega. 
Sólo espero que en otra ocasión pueda contener su genio. 
Espero que esto no dé lugar a una intervención por su comportamiento. 
Estoy dispuesto a aceptar sus disculpas, y si él se siente pisoteado o realmente se siente afectado por lo que dije, también estoy dispuesto a presentarle mis disculpas. 
No debemos iniciar una discusión de esto. 
Estoy dispuesto a aceptar sus disculpas y espero que este asunto pueda así olvidarse. 
Señora Presidenta, me refiero al artículo relativo a las medidas disciplinarias. 
Creo que debe apreciarse el civismo del Sr. Black, civismo que, por desgracia, hemos visto violado con un acto muy grave. 
Sin perjuicio de las disculpas, del perdón personal, digamos así, que el colega Sr. Black muy civilizadamente ha expresado aquí, creo que la Mesa debe evaluar un acontecimiento que no tiene precedentes en este Pleno, es decir, la agresión física contra un diputado. 
Yo también creo que en este momento el debate debe continuar, sin embargo, considero que desde luego siempre existe una diferencia abismal entre la polémica política, que también en este Pleno puede asumir tintes muy encendidos- por otra parte, somos diputados, hombres políticos y todo esto ya lo sabemos- y la agresión física. 
Ésta es, de hecho, la diferencia que existe entre un Parlamento civilizado, compuesto por personas civilizadas, y ambientes y personas calificables de otra forma. 
Creo que si, por un lado, hay que tomar nota de la actitud extraordinariamente responsable y significativa del Sr. Black, por el otro, lo ocurrido en este Pleno sobrepasa la dimensión de un conflicto entre individuos y estimo que deberá ser evaluado por la Mesa con gran serenidad, así como con gran firmeza. 
Comparto su apreciación, Sr. Vecchi. 
Espero que no se repita algo similar y expreso mi agradecimiento a ambos por estar dispuestos a aceptar sus disculpas. 
Tiene la palabra el Sr. Rosado Fernandes. 
Señora Presidenta, quiero pedirle perdón por el acto que he cometido. 
No permito a ningún colega, jamás, que diga que recibo dinero de nadie. 
No fui educado para ser ladrón. 
Por tanto, no me gusta que me llamen lo que no soy. 
No tengo medios para castigar a quien tiene la cobardía de llamarme ladrón y refugiarse en la inmunidad parlamentaria. 
No tengo el menor medio para defenderme. 
Injuriarme de ese modo es algo que me coloca en una posición extraordinariamente difícil. 
No tengo reparo alguno en pedir disculpas al colega por lo que he hecho, pero le pido encarecidamente que no llame ladrón a ningún colega, porque hay colegas a los que no les gusta que les llamen eso, porque no lo son efectivamente, porque no reciben dinero de nadie, porque están aquí para defender los intereses de los ciudadanos de sus electores. 
Y eso es lo único que pretendo aquí y, por eso, pido de nuevo disculpas a la Presidencia. 
Y, si quieren incoar alguna acción disciplinaria, estoy a su entera disposición para responder con plena conciencia por el acto que he cometido conscientemente, porque no tengo, naturalmente, el espíritu de San Francisco de Asís y no me gusta que me insulten. 
Señor Rosado Fernandes, usted se ha disculpado y el Sr. Blak ha aceptado sus disculpas. 
Me alegraría si con ello se terminase este asunto. 
Cuanto más se hable al respecto, tanto más complicado y difícil va a ser finalizar. 
Lo digo también al Sr. Blak, quien ha pedido de nuevo la palabra y también al Sr. Valverde López. 
Si es posible, les rogaría que renuncien a sus intervenciones para que podamos proseguir el debate. 
Señora Presidenta, celebro las consideraciones provenientes de mi colega, quien cometió los ataques físicos. 
No sé cómo ha sido la traducción, sin embargo, esto es un debate político al que acudí con algunos comentarios. 
Bien puede ser que le haya ofendido. 
Si lo he hecho, me disculpo. 
Sin embargo, no me parece que lo dicho por mí disculpe su violenta acción para con mi persona. 
No obstante, estoy dispuesto a renunciar a proseguir el asunto. 
El asunto está finalizado por mi parte. 
No deseo seguir el debate sobre lo sucedido. 
Señor Valverde López, ¿podemos dejarlo así? 
Señora Presidenta, la Mesa deberá evaluar mañana, con la serenidad que la caracteriza, los hechos de que hemos sido testigos. 
Esto no ha sido una simple alteración del orden. 
Ha sido un ataque físico directo, y lo hemos observado todos. 
No quiero caldear el ambiente, pero desde luego la Mesa tiene que evaluar los hechos. 
En este Parlamento no se pueden volver a repetir estos hechos. 
Ha sido una agresión física. 
Yo también comparto esta opinión y naturalmente informaré al respecto. 
Señora Presidenta, yo no fumo, pero más que a la adicción al tabaco, temo al fanatismo y la exageración. 
Nadie sostiene que el tabaco sea bueno para la salud. 
Pero, el acoso a los fumadores, a los productores de tabaco y a todos los empleados del sector comienza a recordar la de caza de brujas según el modelo americano. 
Algunas de las propuestas incluidas en el informe superan incluso las de la Comisión, mientras, otras dejan patente que no han sido precedidas por ningún estudio riguroso sobre sus consecuencias económicas y sociales, ni han sido discutidas con los sectores sociales afectados. 
La canalización propuesta de las ayudas al tabaco para la reestructuración de la producción se identifica con la desaparición del cultivo y con el aumento de las importaciones de este producto deficitario en favor de terceros países y, por supuesto, sin esperanza de reducir el consumo. 
Señora Presidenta, me sorprende la ligereza con que, sobre todo el norte, invoca la moral y la salud para erradicar un producto mediterráneo tan importante y hacer desaparecer a los empleados del sector, pues se sabe que así se facilitaría la entrada en nuestros mercados de los productos de las multinacionales y, además, cuando nadie habla de otros males, como por ejemplo el del alcoholismo. 
De acuerdo con esta lógica, debiéramos comenzar una campaña muy bonita contra la producción de whisky. 
Nosotros, los del sur, seríamos los primeros en apoyar esa campaña pues no nos supone ningún problema. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Valverde López por su riguroso informe, que tan bien describe los perjuicios y los peligros que ocasiona el tabaco. 
A pesar de que ya conocemos los numerosos riesgos relacionados con el consumo del tabaco, el fumar constituye la principal causa previsible de mortandad en la Unión Europea. 
El cambio más importante que ha tenido lugar en el consumo de tabaco corresponde al consumo en función del sexo de los fumadores. 
En la actualidad, el consumo se ha incrementado de manera vertiginosa especialmente entre las jóvenes, lo cual dará lugar en el futuro a una mayor mortandad entre las mujeres. 
¿Cuál debería ser, entonces, nuestra actuación al respecto? 
El principal deber de la sociedad es potenciar y fomentar la salud en todas y cada una de sus decisiones. 
Por este motivo, respaldo la prohibición de la publicidad del tabaco que deberá entrar en vigor en todo el territorio de la Unión Europea. 
En mi opinión, no podemos permitirnos esperar hasta el año 2006 para lograr la entrada en vigor de esta prohibición, tal como se ha propuesto durante la Presidencia luxemburguesa. 
La imposición fiscal constituye otro importante medio para orientar el comportamiento del consumo. 
Así pues, la fiscalidad debería contribuir a reducir el consumo; esto implica que, en vez de reducirlo, se debería aumentar el gravamen fiscal sobre el tabaco. 
En los Estados miembros se deberían realizar esfuerzos mucho más eficaces que en la actualidad para informar acerca de los daños que provoca el tabaco a la salud. 
Espero que se lleven a cabo actividades de información entre la juventud y, sobre todo, entre las jóvenes, ya que éstas constituyen un grupo de riesgo que va en aumento. 
Entre los jóvenes se experimenta a menudo el fumar como una manera de aparentar ser más adulto de lo que en realidad se es, en cierta medida una manera de estar de moda. 
Debemos intervenir ante todo ello en cuanto personas mayores y responsables de su educación. 
Señora Presidenta, quiero decir que tomarse la justicia por la mano nunca es un argumento político, pero tampoco es un argumento político que alguien moteje a otro de vendido porque exprese argumentos diferentes. 
Eso es inaceptable y creo que la señora Presidenta debiera llamar al orden al Sr. Blak. 
Por supuesto, señora Presidenta, todos estamos a favor de proteger la salud pública, pero en nombre de la salud no se puede machacar de forma hipócrita a miles de conciudadanos que bajo condiciones adversas cultivan tabaco en las regiones poco productivas del sur. 
Responsabilizar a los cultivadores de tabaco de miles de muertes en Europa es algo fariseo e incluso sospechoso, ya que como se sabe la Unión Europea es deficitaria de tabaco y las importaciones suponen más del 70 % de sus necesidades totales. 
La supresión de la ayuda comunitaria a los productores de tabaco no reduciría las consecuencias negativas sobre la salud pública. 
Simplemente, incrementaría las importaciones desde los Estados Unidos y otros países y dañaría de forma grave a las regiones más pobres, donde el tabaco es el principal monocultivo que carece de otras alternativas. 
La solución global del problema deberá basarse en campañas antitabaco que proporcionen una amplia información, en una drástica reducción de las importaciones y en la promoción de actividades sustitutivas en las regiones productoras de tabaco. 
Hasta entonces, las ayudas y el apoyo a los productores y sus empleos deberá continuar. 
Señor Comisario, Señorías, el cáncer de pulmón no es solamente un problema de los Ministros de Sanidad sino también de los de Hacienda. 
Cuando hace unos pocos días los Ministros de Sanidad acordaron prohibir la publicidad del tabaco, por cierto, en contra del voto de mi país, Austria, y de Alemania, creo que solamente se encontraba presente una parte de los Ministros en cuestión. 
Sabemos que ningún Estado europeo puede controlar su presupuesto sin los ingresos procedentes de los impuestos sobre el tabaco. 
Los Gobiernos europeos se benefician pues de la adicción de sus ciudadanos. 
Tienen gran interés en que se fume mucho. 
No solamente 20 ó 30 cigarrillos, 60 es mucho mejor. 
Así los ingresos son mayores. 
Sabemos que si logramos convencer de que no fumen a los niños y los jóvenes no se convertirán más tarde en fumadores adictos. 
¿Cómo podemos proteger entonces a nuestros hijos? 
Creo que ésta es la auténtica cuestión. 
Nunca podremos convencer para que se quite de fumar a alguien que ya es un fumador. 
Mi marido fuma 60 cigarrillos al día y he renunciado a convencerle en un largo matrimonio. 
Pero, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos? 
¿Con la introducción de un límite de edad de 18 años a nivel de la Comunidad para la compra de tabaco? 
En Austria tenemos un límite de edad de 16 años y no se respeta. 
Un niño de 12 ó de 10 años puede comprar cigarrillos. 
Lo compra para papá y el niño recibe los cigarrillos. 
Sin embargo, si alcanzásemos esta elevación del límite de edad, creo que entonces tendríamos la oportunidad de ayudar a muchos jóvenes. 
¿Puede funcionar con una prohibición de publicidad? 
Se trata de un producto que se puede fabricar, en el que el Estado gana dinero, mucho dinero, y que con seguridad arrebata a las personas una buena parte de su vida. 
Pero este producto es una droga. 
¿Cómo podemos permitir que se venda? 
Hay muchísimas contradicciones de las que hoy somos conscientes. 
Me pregunto: hoy es el cigarrillo, mañana el alcohol- provoca cirrosis hepática o cáncer hepático -, luego viene la carne ahumada- a los austríacos nos gusta la carne ahumada- que provoca sin duda cáncer de estómago. 
Como austríaca soy quizás muy sensible frente a un Estado que, tal como tenemos en nuestras fronteras, lo ha prohibido todo. 
Señor Valverde, quiero felicitarle de nuevo. 
Usted nos ha hecho recapacitar y mañana tendremos que votar según nuestras conciencias. 
Señora Presidenta, el ponente, Sr. Valverde López, merece una felicitación por su excelente informe, que aporta una serie de ideas interesantes para fortalecer las medidas de la Comunidad encaminadas a prevenir el hábito de fumar. 
Puedo asegurarle a él y a otros que han hablado que señalaré a la atención de mi colega el Sr. Flynn las ideas concretas que se han ofrecido y también a mi colega el Sr. Fischler las observaciones que se han hecho respecto del apoyo al cultivo de tabaco. 
La comunicación de la Comisión fue el primer texto dedicado a ofrecer un panorama de este tema, que- como cada vez se reconoce más- es uno de los sectores principales en que las medidas conjuntas de prevención pueden salvar vidas y evitar la enfermedad. 
Los estudios muestran una tasa de mortalidad anual de medio millón de ciudadanos de la Unión Europea causadas por enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. 
De ello se sigue que, para mantener el mercado en su nivel actual, hay que reclutar a un número similar de nuevos fumadores. 
Ésa es la razón por la que la Comisión considera tan importante limitar la publicidad del tabaco. 
La publicidad televisiva está ya prohibida por una directiva de 1989. 
Los Estados miembros han introducido también o están considerando activamente la posibilidad de adoptar otras medidas para limitar la publicidad de tabaco en otros medios de comunicación. 
El Consejo de Ministros de Sanidad, que se reunió el 4 de diciembre, como han mencionado muchos oradores, alcanzó una posición común sobre la propuesta de la Comisión relativa a la publicidad de tabaco y este Parlamento pronto volverá a tenerla ante sí. 
Se ha hecho referencia tan a menudo a esa medida y ésta es tan bien conocida, que no es necesario que yo repita su contenido. 
El texto establece un marco comunitario para que los Estados miembros limiten la publicidad de tabaco, sin por ello dejar de respetar las obligaciones que les impone el Mercado Interior. 
La Comisión espera que el Parlamento apoye esta importante iniciativa, cuando Sus Señorías vuelvan a tener ante sí el texto. 
Pasando al informe sobre la comunicación relativa a la prevención del tabaco, el Sr. Valverde López se refiere a varias ideas complementarias que se podrían estudiar en el nivel de la Comunidad o en el de los Estados miembros. 
Por ejemplo, los servicios de la Comisión ya han iniciado un estudio sobre cómo regulan los Estados miembros los aditivos para los productos del tabaco. 
Además, se están examinando activamente mejoras en la directiva sobre el etiquetado teniendo en cuenta nuestra experiencia en la aplicación de las normas vigentes. 
Hay que actualizar las normas técnicas para determinar el contenido de alquitrán de los cigarrillos y también hay que examinar la limitación de la nicotina en el nivel de la Comunidad, como ya se ha hecho con el alquitrán, en los cigarrillos. 
El pasado mes de noviembre, la Comisión presentó su informe al Consejo y al Parlamento sobre el hábito de fumar en lugares públicos. 
Ahora hay que ocuparse de nuevo de actualizar las recomendaciones del Consejo de 1989 a ese respecto para tener en cuenta las pruebas obtenidas por la investigación de que los fumadores pasivos corren un peligro evitable. 
La información y la educación en materia de salud son los medios principales para prevenir el hábito de fumar entre los jóvenes. 
El programa Europa contra el Cáncer y el fondo comunitario para la información y la investigación sobre el tabaco aportan los fondos y el marco para las medidas comunitarias de prevención del hábito de fumar. 
Entre ellas figuran la creación de proyectos escolares conjuntos para informar a los escolares sobre los efectos del hábito de fumar, la formulación de estrategias para reducir el hábito de fumar durante el embarazo y un proyecto a escala comunitaria para hacer participar a los médicos generalistas en la prevención del hábito de fumar, por ejemplo. 
Para la formulación de todos esos proyectos se utilizan en parte recursos nacionales y se procura que tengan carácter local y al mismo tiempo una dimensión comunitaria. 
Espero que lo que he dicho revele el interés y las medidas extraordinariamente activas que la Comisión está adoptando y piensa adoptar sobre este importante asunto. 
El enorme interés demostrado por el Parlamento en esta comunicación y el apoyo ya expresado por el Consejo de Ministros de Sanidad en junio de este año revelan que existe el necesario consenso para aplicar y fortalecer la prevención del hábito de fumar en el nivel comunitario como importante prioridad de nuestra política de salud pública. 
Agradezco al ponente y a quienes han hablado en este debate por haber dado un nuevo impulso a dichas medidas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 09.30 horas. 
Captura no cruel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0325/97) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (97) 0251- C4-0425/97-97/0019 (CNS) ) sobre la firma y conclusión de un acuerdo entre la Comunidad Europea, Canadá y la Federación Rusa sobre capturas no crueles. 
Señora Presidenta, Señorías, hoy vamos a votar aquí el dictamen del Parlamento Europeo sobre un acuerdo que ha sido firmado- cosa significativa- esta misma semana, dos días antes de este debate. 
El Parlamento se pronunció sobre el fondo de este acuerdo el pasado mes de junio por clara mayoría. 
Entonces me pronuncié sobre las razones por las que consideraba que dicho acuerdo no respetaba el espíritu ni la letra de la legislación europea. 
El objeto de la legislación europea era y es la prohibición total de esas formas inhumanas y crueles de matar y capturar animales. 
En resumen, e independientemente de los problemas planteados por la crueldad, nos oponemos a la falta de selectividad de ese tipo de trampas. 
Como saben Sus Señorías, no es posible evitar que esas trampas atrapen especies para las que no están destinadas, porque las trampas no son selectivas. 
Nos opusimos también a la falta de formulación clara de lo que son- y cito en inglés -» conventional leghold restraining traps». 
Nos opusimos a la autorización de utilización de algunas de esas trampas en el agua, en los ríos, en los lagos, como killing traps. 
Al mismo tiempo, nos opusimos violentamente a que la Comisión aceptara en el texto del acuerdo un tiempo de cinco minutos para la agonía y muerte de los animales atrapados por esas trampas. 
He de señalar a Sus Señorías que la propuesta de la Comisión era de treinta segundos. 
Y aceptó cinco minutos como tiempo de muerte para los animales atrapados en las trampas mortales. 
En eso se ve que, más que un buen acuerdo, era necesario- a juicio de la Comisión- «un» acuerdo. 
Porque lo que estaba en juego era no crear más problemas en la agenda comercial entre los Estados Unidos y Europa, entre el Canadá y Europa, cuando tantos otros problemas existen. 
Por eso, este Parlamento se ha pronunciado muchas veces contra el fondo de este acuerdo. 
Ahora bien, quiero pronunciarme ahora sobre el momento en que nos encontramos en relación con la parte táctica, dado que ya hemos hablado del fondo. 
Hoy mismo la Unión Europea está a punto de concluir un nuevo acuerdo. 
Esta vez con los Estados Unidos de América. 
Por lo que he visto con la lectura de los textos que he conseguido en particular, este acuerdo con los Estados Unidos de América es aún más deficiente que el que ahora estamos analizando con el Canadá y con Rusia. 
Este acuerdo con los Estados Unidos es peor, porque da más tiempo, da un plazo mayor, para que los Estados Unidos prohíban el uso de trampas de mandíbulas. 
Es peor sobre todo por lo que se refiere a la fiscalización, a la aplicación, porque todos nosotros sabemos que esta materia es competencia de las autoridades de los Estados de la Unión y mucho menos competencia del Gobierno Federal de Washington. 
Por último, este acuerdo es peor porque en la era de los spin-doctors, analizando lo que la prensa americana dice sobre este acuerdo a partir de las declaraciones de los negociadores, concluimos que no es lo mismo que lo que dice la prensa europea a partir de las informaciones dadas por la Comisión. 
Y, en particular, en relación con las exenciones, es decir, la posibilidad de no aplicación de lo que está escrito en el acuerdo, quisiera preguntar a la Comisión lo que la representante americana Charlene Barshefesky planteó ya en la carta que escribió al ministro Klaus Kinkel, en la que decía que esas exenciones se aplicarían en caso de extrema necesidad y que serían las mismas del acuerdo con el Canadá y con Rusia. 
Y yo pregunto en inglés al Comisario Leon Brittan: 
Señorías, debemos seguir manteniendo la presión. 
Todos nosotros nos hemos manifestado ya sobre el fondo. 
En este momento sería también tácticamente desastroso que no tuviéramos otra posición que no fuese la de rechazar este acuerdo. 
Señor Presidente, estamos aquí debatiendo un ente muy peculiar. 
Se llama acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo. 
Podríamos compararlo con el gato de Cheshire, porque lo único que se puede ver es su sonrisa. 
En primer lugar, conviene decir que el Parlamento no buscó este acuerdo, queremos la aplicación del reglamento de 1991, que se formuló muy minuciosamente para poner fin a la peor crueldad asociada con el comercio que permite a mujeres ricas vestirse con las pieles de animales torturados. 
En vista de las amenazas del Canadá y los Estados Unidos de llevar el caso ante la OMC, la Comisión se encargó de negociar este no acuerdo, que presenta deficiencias fundamentales. 
El no acuerdo no versa, desde luego, sobre normas relativas a trampas humanitarias, ya que sigue permitiendo, por ejemplo, la utilización de trampas subacuáticas, que propician inevitablemente la muerte lenta por ahogamiento. 
El PSE hace suyo con entusiasmo el informe del Sr. Pimenta, en el que éste revela exhaustiva y exactamente que este no acuerdo no protege los animales atrapados de la crueldad. 
La propuesta no presenta siquiera un carácter igualitario, ya que el acuerdo con los EE.UU. es incluso más deficiente que los concertados con el Canadá y con Rusia y los plazos son promesas verbales fáciles de olvidar. 
Los americanos no pueden garantizar la aplicación por su sistema federal. 
Los canadienses están encantados de que tenga suficientes agujeros por los que pueda pasar una manada de lobos y a los rusos les gusta el sistema de autoimposición de la aplicación y autoevaluación. 
Conque aún no hay un compromiso para abolir las trampas crueles. 
A fin de cuentas, este indeseado e inaplicable acuerdo perpetuará la utilización de esas trampas y no puede mejorar el bienestar de los animales atrapados. Ni siquiera el gato de Cheshire atrapado tras su sonrisa. 
Pido apoyo para el informe Pimenta. 
Señora Presidenta, el Sr. Pimenta ha elaborado un informe que aborda el acuerdo internacional relativo a la captura sin crueldad, un informe importante de cara al comercio de la peletería internacional que, además, reviste una considerable importancia desde el punto de vista de la protección de los animales en las regiones septentrionales. 
El Sr. Pimenta acaba de afirmar que se trata de un mal acuerdo. 
Lo mejor es a menudo el peor enemigo de lo bueno, y me gustaría subrayar aquí esta afirmación. 
No resulta difícil compartir el desvelo del Sr. Pimenta por el bienestar de los animales. 
Desgraciadamente, me veo obligado a disentir completamente con él por lo que respecta a los efectos del acuerdo que ahora nos ocupa desde el punto de vista de la protección de animales. 
En mi opinión, si lo comparamos a la situación actual, este acuerdo representa un considerable paso para mejorar el bienestar de los animales peleteros que son objeto de la caza con trampas. 
Por parte de la Unión Europea, la aprobación del acuerdo garantizaría que, por fin, se podría criticar la falta de humanidad de las trampas para capturar animales con arreglo a criterios internacionales. 
Hasta ahora no han existido normas homogéneas para evaluar las trampas, para determinar cuáles deberían prohibirse y cuáles no. 
Como resultado del acuerdo, también la Unión Europea se vería obligada a investigar las trampas de caza utilizadas en su territorio, lo cual sería algo positivo de cara al bienestar de estos animales. 
A pesar de ello, el Sr. Pimenta propone que se rechace el acuerdo puesto que no es el mejor posible. 
De esta manera, se dejaría pasar por alto algo que es simplemente bueno. 
Ahora intervengo también en representación de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que también aboga por el bienestar de los animales, y que, en la opinión de la que soy ponente, considera completamente imprescindible que la Comunidad cumpla sus obligaciones internacionales y que se evite un posible nuevo conflicto en el ámbito de la OMC. 
Efectivamente, la hipotética guerra comercial pondría en peligro decenas de miles de puestos de trabajo, algo que se presenta en clara contradicción con los objetivos de la Unión en materia de política de empleo. 
Al contrario que el Sr. Pimenta, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores considera, así pues, que la aprobación del acuerdo constituye una alternativa más positiva que su rechazo. 
Ya que no es posible alcanzar el mejor resultado posible, hay que aceptar lo que es sencillamente bueno. 
Comisario Brittan, ésta es una never ending story que ya comenzamos en 1991. 
Firmamos acuerdos con Canadá y con Rusia. 
Sin embargo, dichos acuerdos únicamente indican que los cepos convencionales de caza sólo serán prohibidos dentro de cuatro años y los otros ocho tipos, dentro de ocho. 
Considerando los acuerdos que habíamos adoptado anteriormente, esto no es suficiente. 
A mi entender, un acuerdo es un acuerdo y debemos respetarlo. 
No debemos aceptar pálidos reflejos que no coinciden con el Reglamento de 1991. 
Sé que en la Comisión Europea se produjo una lucha entre el comisario Brittan y la Sra. Bjerregaard. 
La Sra. Bjerregaard perdió; el Sr. Brittan quiso evitar conflictos comerciales con otros países, pero he de decir que no le doy la razón. El acuerdo internacional propuesto fracasa de un modo dramático con respecto al bienestar de los animales y pretende, en efecto, conciliar el comercio con el medio ambiente, mediante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la prohibición amparada en el Reglamento. 
Por este motivo, me adhiero íntegramente al Sr. Pimenta. 
Hemos de votar en contra. 
Señora Presidenta, por otra parte, me interesa saber en qué situación se encuentra el acuerdo con los Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido de dicho acuerdo y en qué Estados es aplicable la prohibición sobre el uso de leghold traps dentro de los Estados Unidos? 
Señora Presidenta, ante todo deseo expresar mi pleno apoyo al informe del Sr. Pimenta, así como afirmar que los acuerdos que se nos proponen son un clamoroso engaño, porque no sólo dejan sin resolver los problemas que inspiraron el Reglamento de 1991, en particular los sufrimientos producidos por los cepos utilizados para capturar animales para peletería, sino que consiguen el efecto contrario. 
De hecho, legitiman métodos de captura que producen sufrimientos asignándoles la clasificación de métodos no crueles. 
No es de extrañar, en consecuencia, que el lunes el ministro canadiense de Comercio se alegrara por dicho acuerdo y que, con razón, lo definiera ventajoso para los intereses del comercio y de la industria de pieles finas. 
Hay que añadir asimismo que dichos acuerdos son jurídicamente nulos, dado que no pueden aprobarse acuerdos que contravienen un reglamento y, por lo tanto, lo modifican a través de procedimientos diferentes de los previstos para la aprobación del propio reglamento. 
Por eso, creo que el Parlamento Europeo, atendiendo la sugerencia del señor ponente, debe rechazar el acuerdo y pretender que se respete el espíritu del reglamento, así como que se aplique el procedimiento de cooperación, en lugar del de la simple consulta. 
Señora Presidenta, por lo general profeso la más profunda admiración y respecto por la labor del Sr. Carlos Pimenta, sin embargo, en este caso, habría deseado que hubiera empleado sus fuerzas en un mejor servicio del caso. 
El Reglamento del Consejo ha sido siempre sumamente hipócrita. 
Se pueden mostrar innumerables ejemplos de métodos de captura como mínimo igual de crueles en Europa que afectan a un número bastante mayor de animales y que, sin embargo, mis dos minutos no me permiten mencionar. 
Pero sí que es más fácil invocar los puntos del bienestar de los animales con los indefensos esquimales del Norte de Canadá que aquí en Europa, donde se podría llegar a pisarles los dedos de los pies a algunos electores. 
En la Comisión de Medio Ambiente se ha dicho sobre las trampas para zorros que hembras preñadas podrían caer en las trampas aunque éstas sólo se colocan durante los tres meses invernales cuando ningún animal que yo conozca está preñado. 
Otra pretensión era que los esquimales del Norte de Canadá sólo pudieran vivir del turismo, trayéndonos a la memoria a María Antonieta, quien propuso a los parisinos hambrientos que compraran dulces sino podían permitirse comprar pan. 
Ahora por fin se ha alcanzado un acuerdo que frente al reglamento del Consejo regula y plantea unos estándares para la captura en trampas a ambos lados del Atlántico, también aquí en Europa, donde hasta la fecha no habíamos tenido ninguno. Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente con el Sr. Carlos Pimenta como portavoz se muestra dolida por el hecho de que la Comisión haya hecho caso omiso del Parlamento y puesto en vigor el reglamento. 
Por ello, este acuerdo no debe tener ninguna posibilidad. 
Había sido rechazado sin tomar en cuenta lo que dijera en él. 
La Comisión de Relaciones Económicas Externas aparece con un dictamen estupendo que considera el acuerdo como un primer paso, a pesar de que tenga sus carencias. 
Ahí aparece tanto el sentido común como el bienestar de los animales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, desde hace años el tema de los cepos viene planteándose regularmente en el orden del día. 
Desde hace años, el Parlamento Europeo se viene pronunciando en favor de unas normas de captura no cruel acordadas internacionalmente. 
Estimado colega Pimenta, al contrario que tu observación, esto ha sido positivo y creo que además ha tenido éxito. 
Sin duda, el convenio entre la UE, Canadá y la Federación Rusa se puede mejorar. 
Pero ha surgido algo que apenas podíamos imaginar hace años. Existe un tratado. 
Los países se comprometen a introducir medidas de protección de los animales sobre la base de tratados. 
Por ello, me parecen positivas las acciones adoptadas hasta ahora, pero también tenemos que comenzar a ser razonables- razonables en el sentido actual, pues antes hemos sido también razonables. 
Permítanme que justifique muy brevemente porqué estoy a favor de que el Parlamento dé su voto afirmativo a este convenio a pesar de todas las reservas. 
Con el convenio se ha logrado más de lo que uno podría imaginarse hace algunos años. 
Canadá y Rusia están por fin dispuestas a aceptar compromisos vinculantes. 
Antes se consideraba este deseo europeo sencillamente como injerencia en los asuntos internos. 
Tenemos la oportunidad de provocar también en estos países unas modificaciones positivas en favor de la protección de los animales. 
El convenio va más allá de los cepos de disco e incluye también otras trampas. 
Se debe decir esto. 
Sólo mediante una consecuente aplicación del convenio tendremos la oportunidad de mostrar que son necesarias otras mejoras de los estándares de protección. 
Todos los afectados deben tener la oportunidad de aportar sus experiencias y conocimientos al proceso de aplicación. 
Esta es la tarea real ante la que nos encontramos. 
Pienso sobre todo en los tramperos indígenas y en las organizaciones protectoras de animales. 
Los tramperos están más avanzados de lo que se dice ahora en estos tratados. 
Han llegado mucho más lejos. 
Finalmente, para mí es tácticamente totalmente erróneo rechazar el convenio con el Canadá solamente por las negociaciones en curso con los EE.UU. Si lo hacemos, nos encontraremos en el papel de los que en esta cuestión dicen sistemáticamente que no y el Parlamento Europeo no será tomado por nadie más en serio. 
Digamos sí al acuerdo entre los EE.UU y Canadá, exijamos una participación permanente y mostremos realismo e inteligencia. 
Señora Presidenta, considero adecuado que, como nuestras opiniones sobre este asunto no tienen fuerza legal, dejemos sentadas nuestras posiciones lo más firmemente posible. 
Y creo que la mayoría de los diputados a esta Asamblea consideran que éste es un día muy triste para el Parlamento Europeo, porque el acuerdo, aunque existe- y, en cierto sentido, es un logro que exista -, es muy deficiente y creo que, si se examina cualquiera de los informes del Parlamento Europeo sobre esta cuestión, no podemos sino considerar inadecuado el acuerdo que tenemos ante nosotros. 
Puede que haya otros tipos de crueldad con los animales en el mundo- no me cabe duda de ello -, pero un sistema indiscriminado de trampas que causan un dolor indescriptible al atrapar animales vivos ha de ser uno de los peores- y, dicho sea de paso, evitables- ejemplos de semejante crueldad. 
Creo que el acuerdo es inadecuado porque en realidad hace muy poca fuerza para obligar a cambiar a los países que actualmente permiten la utilización de esas trampas y otros tipos de trampas crueles. 
El acuerdo, como ha dicho el Sr. Pimenta, omite importantes consideraciones relativas al bienestar animal para el futuro y su prueba para saber lo que es o no inhumano contribuye demasiado poco a limitar el dolor innecesario. 
Es probable que se sigan utilizando durante muchos años las trampas crueles. 
Las exenciones que figuran en el artículo 10 pueden llegar a abarcar una gran escala y el Comité Conjunto de Gestión establecido en el artículo 14 es enormemente impreciso: probablemente raras veces se reunirá. 
Conque espero que, como mañana podemos indicar el rechazo de este acuerdo por parte de nuestro Parlamento, sólo podremos decir a los interesados que consideramos este acuerdo un primer paso, pero, desde luego, no el último. 
Un aspecto sobre el que agradecería al Comisario que me respondiera. 
Parece ser que la Comisión se mostró reacia a aplicar el reglamento original por miedo a que la OMC adoptara medidas al respecto. 
¿Es eso cierto? 
¿Cómo considera la Comisión que le puede ir al reglamento original en la OMC? 
Así las cosas, creo que una sola persona resulta digna de encomio en todo esto y es el Sr. Pimenta. 
Señora Presidenta, rechazar el acuerdo, cuando, en realidad, Sus Señorías preferirían tenerlo a no tenerlo, sería una exageración. 
El Parlamento debe decidir si es mejor que exista el acuerdo o que no exista. 
Yo no vacilo lo más mínimo en decir que, si bien se pueden señalar los defectos del acuerdo, no cabe la menor duda de que constituye un importante paso adelante en materia de bienestar animal. 
Sin él, existiría la prohibición, pero no la mejora en el bienestar animal. 
Con él habrá una norma que aplicar y el compromiso absoluto de retirar progresivamente las trampas en el Canadá y en Rusia y, ahora que tenemos un acuerdo con los Estados Unidos, también en este país. 
Se han formulado algunas preguntas sobre la fuerza de ese compromiso y de la exención. 
Quiero que quede bien claro que, en opinión de la Comisión, la exención del compromiso de retirar progresivamente las trampas crueles no es posible y a la Comisión se debe la declaración que se hará en el momento de firmar el acta acordada con los Estados Unidos, en la que eso quedará muy claro. 
Quiero que quede claro que, por lo que se refiere al Canadá, si hubiera algún intento de utilizar dicha exención, pondríamos en marcha el mecanismo de solución de controversias del acuerdo, convencidos como estamos de que no permitiría su utilización. 
En el caso de los Estados Unidos no tenemos limitación alguna y, si hubiera algún intento de utilizar dicha exención, podríamos adoptar medidas autónomas inmediatas incluida la reintroducción de la prohibición del comercio, que, personalmente, yo apoyaría sin la menor vacilación. 
Así, pues, se trata de una medida eficaz. 
No llega hasta el final. 
En el caso de los Estados Unidos, es vinculante también para los Estados. 
Los Estados Unidos son responsables del compromiso por parte de sus Estados de cumplir este acuerdo. 
Como tal, es indiscutiblemente un acuerdo que, naturalmente, se podría mejorar, pero que indica una importante mejora en el bienestar animal. 
Sólo el acuerdo puede lograrlo. 
Ninguna otra cosa podría y, por lo que se refiere a la selectividad, no hay razón para creer que se trate de un problema grave. 
No cabe duda de que la selectividad no es causada en realidad tanto por tipo particular alguno de trampa cuanto por las circunstancias y condiciones naturales en que se utiliza. 
En cuanto al período más largo correspondiente a los Estados Unidos, es consecuencia de que el problema es más grave en los Estados Unidos y se tarda más en resolverlo. 
El hecho es que todos compartimos el mismo compromiso. 
La única cuestión es cómo hacerlo, cómo lograr un importante mejora en el bienestar animal. 
La de decir que esto no es suficiente es una actitud facilona por parte del Parlamento Europeo. 
Pero me gustaría que hiciese algo más positivo. 
De una cosa estoy totalmente seguro: si no hubiera habido acuerdo, ni un solo animal se vería liberado por un momento del sufrimiento. 
Con este acuerdo, lograremos la retirada progresiva de las peores trampas, la aplicación de la normativa y una importante mejora del bienestar animal. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Productos alimenticios 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A40379/97) de la Sra. Sandbaek, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo en lo tocante a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0439/97) -94/0076 (COD) ) para la modificación de la Directiva 89/398/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los alimentos que están destinados a una alimentación especial. 
Señora Presidenta, en el debate de la Comisión de Medio Ambiente sobre alimentos y legislación alimentaria dijo el señor comisario alemán, Sr. Bangemann, que el objetivo más importante de la legislación alimentaria comunitaria era que ésta fuera coherente, sencilla, favorable a los consumidores y redactada de acuerdo con todas los interesados. 
Y este mismo mensaje se formula en el Libro Verde de la Comisión sobre legislación alimentaria de la Unión Europea, que recalca lo deseable de una simplificación y racionalización de la legislación alimentaria comunitaria sólo para limitar sus propuestas de medidas que sean necesarias para la protección de la salud pública y de los consumidores. 
Estoy totalmente de acuerdo en esto. 
Para que se pueda definir un producto alimenticio como destinado a la nutrición especial, debe cumplir necesidades nutritivas específicas para ciertas categorías de personas que no pueden ingerir productos alimenticios normales, bien porque su digestión o metabolismo no funcionan correctamente, bien porque están en un estado fisiológico específico en el que pueden obtener un especial beneficio a través de la ingestión controlada de ciertas sustancias presentes en estos productos alimenticios. 
Los niños de pecho y los párvulos constituyen una categoría aparte. 
El Consejo debe ser elogiado por el hecho de que con miras a esta definición se haya reducido la lista originaria de nueve categorías de productos alimenticios para nutrición especial a cinco directivas específicas. 
Sin embargo, la lista debería haber sido de cuatro, considerando que el Parlamento con razón en su dictamen en la primera lectura no encontró que hubiera justificación para elaborar una directiva específica de productos alimenticios para deportistas. 
Las disposiciones de etiquetado de la Directiva Marco 89/398/CEE son plenamente suficientes para informar y proteger a los consumidores de productos alimenticios indicados para labores físicamente muy exigentes, especialmente el artículo 7 de la directiva. 
La simplificación de normas naturalmente no debe disminuir la protección e información de los consumidores. 
Sin embargo, en este caso los deportistas ya están suficientemente amparados. 
Por lo demás, existe el gran peligro de que los alimentos normales con características específicas, que son especialmente idóneos para los deportistas, tales como la pasta y muchas bebidas, quieran ser incluidos en una directiva específica de alimentación deportiva. 
Esto acarreará gran confusión para los consumidores y de manera directa contrarrestará la simplificación de normas del mercado interior, que todos los Estados miembros respaldan. 
En mi opinión, resulta por ello totalmente paradójico que el Consejo repentinamente desee restablecer la directiva específica de alimentación deportiva. 
Y las enmiendas 1 y 2 proponen volver a suprimirla de la lista. 
En cuanto a las enmiendas 3 y 5, naturalmente estoy totalmente de acuerdo en que no deben emplearse nuevos productos alimenticios en los alimentos infantiles y que éstos deben estar libres de pesticidas. 
El Consejo alega que ya se han establecido disposiciones específicas para los restos de pesticidas en productos alimenticios, sin embargo, estas disposiciones no han sido revisadas según las nuevas normas científicas. 
De todas formas, no puedo recomendar que se vote a favor de las dos enmiendas. 
Si, como propone la enmienda, se exige que una directiva específica lleve por nombre " Productos alimenticios elaborados y preparados a partir de cereal libre de pesticidas y alimentos infantiles libres de pesticidas para niños de pecho y párvulos» , tal directiva ha de limitarse a indicar qué requisitos se plantean a los alimentos libres de pesticidas. 
El requisito de que no haya pesticidas en los alimentos infantiles, por el contrario, no puede exigirse, puesto que la directiva en tal caso trata de los alimentos infantiles libres de pesticidas. 
Estriba claramente en la semántica. 
Lógicamente, tales requisitos para los alimentos infantiles sólo pueden ser exigidos en la directiva con el nombre propuesto por la Comisión, y cuyo contenido la Comisión ya se ha comprometido a modificar antes de finales de 1998. 
La Comisión deberá atenerse a ello y ya incluso desde hoy me gustaría tener el compromiso de la Comisión de que en la directiva se tiene pensado prohibir la utilización de nuevos productos alimenticios y pesticidas. 
Sería deseable que la Comisión también sometiera a revisión la directiva sobre leches de continuación, puesto que aquí también hay problemas. 
El problemático manejo de las directivas específicas que ya han sido otorgadas debe dar lugar a que en este Parlamento reconozcamos que también en las directivas de carácter técnico puede haber un contenido político que no puede dejarse a un comité de expertos y, sin embargo, ante el cual tanto el Consejo como el Parlamento deben tener oportunidad de adoptar una postura. 
Celebro que el Consejo haya dejado la cuestión de una directiva específica de alimentos para diabéticos en suspenso. 
Todas las asociaciones de diabéticos se oponen a la idea. 
Opinan que la comercialización y un fácil acceso a los productos para diabéticos crean una falsa necesidad entre los diabéticos, y que los productos para diabéticos no tienen cabida en el tratamiento moderno de la diabetes. 
Los diabéticos pueden y deben vivir de comida totalmente normal. 
De lo que se trata es de dar una información razonable a los consumidores y una combinación correcta y ante todo individual del coste, y no de dar el visto bueno a los productos para diabéticos, como lo indicaría una directiva especial. 
Los productos para diabéticos tienen un alto contenido en grasas dañinas. 
Los productos presentan a menudo una declaración incompleta, lo que justamente es importante para los diabéticos y, además, vienen a costar hasta un 400 % más que los productos normales, por lo que imponer éstos a los diabéticos constituye una carga económica completamente innecesaria e injusta. 
El deseo y la iniciativa de una directiva específica provienen únicamente de Alemania, país que posee una industria enorme de productos especialmente diseñados para diabéticos. 
Evidentemente, hay muchísimo dinero en juego. 
He aceptado el compromiso del Parlamento, es decir, que se recaben dictámenes del comité científico de productos alimenticios, antes de que la cuestión sea dirimida definitivamente. 
Quiero concluir haciendo un llamamiento para que el Parlamento acepte la posición común del Consejo respecto a las enmiendas planteadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Señora Presidenta, hoy se trata de la actualización de la directiva marco del año 89 relativa a una alimentación especial. 
Entre la Comisión y el Parlamento Europeo existía una controversia en lo tocante a cuántas directivas individuales se deberían recoger. 
En el Parlamento exigimos que se incluyese la alimentación para diabéticos y deportistas. 
Comprendo que la Comisión quiera tener menos directivas individuales, pero estos productos están ya en el mercado y muchos ciudadanos los consumen. 
Es muy difícil, pues si se modifica, aquellos que se habían acostumbrado a una cierta alimentación se encontrarían ahora de repente sin la información suficiente. 
El Consejo siguió el deseo del Parlamento. 
Una circunstancia particular fue que esto fue aprobado unánimemente en el Consejo, por lo que me entristece algo que, también con los votos de los socialistas, quienes por cierto no dijeron nada en la primera lectura, se quiera excluir se nuevo la alimentación para los deportistas. 
Mi grupo político está en contra de esta exclusión, es decir, vamos a votar en contra de esta enmienda. 
Soy de la opinión de que es necesario mantener todo como estaba previsto. 
Precisamente la alimentación para deportistas debería estar bien regulada pues, por un lado, se trata de la salud del consumidor, para protegerlo frente a engaños y exposición de hechos falsos y, por otro, también por los efectos de tales alimentos. 
Nadie está obligado a comprar este tipo de alimentos, pero creemos que el círculo de personas que lo desea debe tener la posibilidad de estar especialmente bien informado. 
Señora Presidenta, se ha hablado mucho en los últimos años de la simplificación de normas de los textos legislativos comunitarios. 
El deseo es ante todo limitar las directivas verticales en pro de las directivas horizontales. 
La consecuencia natural debería ser que sólo se implanten directivas verticales cuando realmente haga falta. 
De ahí que resulte extraño, como el señor ponente ha dicho, que se siga insistiendo obstinadamente en la propuesta de directivas verticales sobre productos alimenticios destinados a nutrición especial. 
¿Cuál es en definitiva el argumento en favor de unas disposiciones específicas sobre productos alimenticios para deportistas? 
Parece incorrecto que la Unión vaya a legislar sobre algo que visto con profundidad realmente trata de comer un montón de pasta y patatas. 
Si seguimos de esta manera, no es eso lo que no debe ser regulado. 
Hay dos problemas completamente fundamentales con estas innecesarias directivas específicas. 
Por un lado, se envía la señal al segmento de población en cuestión de que los alimentos etiquetados de una cierta manera son los más indicados para comer. 
Esto es una tontería. 
Hay alimentos totalmente normales que cubren la necesidad. 
Por otro lado, a menudo los consumidores pagarán una fortuna por los alimentos para grupos especiales, precisamente porque un consumidor normal pensará que son mejores que los alimentos normales. 
Y aquí pienso que llegamos al meollo del asunto. 
También porque justamente hay una directiva específica para deportistas añadida por el Consejo. 
Aquí hay, tal y como el sector ha evolucionado, realmente mucho dinero en juego. 
El deporte es efectivamente la nueva rama de la industria con condiciones de vida absolutamente absurdas, exigencias de superación y, por encima de todo, grandes ingresos, sobre todo, grandes beneficios para las personas que se mueven en la periferia del mundo del deporte. 
Debemos entrar en el ámbito del deporte, más no será con una directiva específica sobre nutrición especial para deportistas. 
Por supuesto que hay casos en los que las directivas específicas vienen al caso, incluso cuando se trata de nutrición especial, sin embargo, esto ha de limitarse a los grupos en los que claramente hay necesidades especiales. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, quiero apelarles encarecidamente para que apoyen también en la segunda lectura la enmienda que dice que la alimentación para bebés tiene que estar libre de pesticidas. Estimada colega Sandbaek, se equivoca si dice que este supuesto está contemplado. 
Por el contrario. En la Comisión sigue sin existir un acuerdo sobre si este alimento debe estar libre de pesticidas. 
Solamente se recomienda a las comisiones que recojan la regulación de la República Federal de Alemania, es decir, un límite de prueba cero. 
Pero esto no significa que estén libres de pesticidas. 
En un sector tan sensible como el de la alimentación para bebés creo que debe predominar muy en especial el principio de prevención. 
Precisamente los escándalos del pasado, por ejemplo, en relación con los alimentos para bebés contaminados con lindano, las consumidoras y los consumidores han sufrido un gran sobresalto. 
Debemos mostrar claramente lo fundamental que es la prevención. 
Es posible elaborar alimentos para bebés libres de pesticidas. 
El organismo infantil es especialmente propenso a las sustancias cancerígenas en la alimentación. 
Un último punto es la alimentación para los deportistas. 
Creo que no debemos hacer para cada grupo una alimentación extra pues, de lo contrario, necesitaremos también una alimentación para diputados que tenga especialmente en cuenta la resistencia especial que es necesaria para las sesiones que duran hasta bien entrada la noche. 
Debemos pronunciarnos también a favor de que no se pueda emplear ningún novel food en la alimentación para bebés. 
Señora Presidenta, yo también hablo sobre la alimentación para bebés. 
Mi grupo político, al igual que otros en esta Asamblea, se pronuncia en favor de que en la alimentación para bebés no haya pesticidas, si bien debo decir que si se determina un valor límite que se encuentre en el límite de prueba entonces creemos que se cumple la exigencia. 
Pero la Comisión no ha llegado aún tan lejos. 
Estamos muy enojados de que este tema se aplace continuamente en la Comisión y de que no se llegue a una conclusión. 
Ya existen resultados científicos. 
Existen puntos concretos a los que atenerse, como por ejemplo, que en el caso del lindano el valor límite en vigor en la alimentación de adultos no es sencillamente aceptable y está claro que los lactantes son más sensibles que los adultos. 
El ejemplo de la EEB debería enseñarnos que siempre que exista una sospecha deberíamos tomarla muy en serio y excluir cualquier riesgo. 
La Comisión posiblemente dirá que este es el lugar erróneo y que no se debe regular aquí. 
Entonces me pregunto ¿porqué la Comisión no lo ha regulado aún en el lugar correcto? 
Podía haber acordado hace mucho tiempo un valor límite que se encontrase próximo al límite de prueba y entonces se habría acabado la discusión por nuestra parte. 
Si lo discute en el curso de las próximas semanas y se acuerda, entonces desaparece naturalmente el fundamento de esta enmienda. 
Si hoy declara que lo va a hacer desaparece también el fundamento de esta enmienda. 
Pero apelo a la Comisión para que determine unos valores límite realmente estrictos. 
Señora Presidenta, Señorías, el objetivo de esta propuesta es el de reducir el número de directivas en este sector. 
No obstante, durante la primera lectura, la Comisión aceptó la petición del Parlamento de que se sumara otro grupo a los cuatro originalmente propuestos, a saber, el de los alimentos para diabéticos, y que se formularan las condiciones para la utilización de términos como «con poco sodio» y «sin gluten». 
La Comisión presentó una propuesta enmendada para ello. 
El Consejo no compartió del todo nuestras opiniones y quería substituir los alimentos para diabéticos por los alimentos para deportistas. 
Nosotros no estábamos convencidos de la necesidad de una directiva específica sobre los alimentos para deportistas, por lo que me alegro de que hoy haya una gran mayoría que comparte esa opinión aquí. 
Así lo dijimos entonces. 
También lo dijimos en el Consejo, donde la Comisión defendió firmemente nuestra propuesta enmendada. 
El Consejo la modificó contra nuestra voluntad y, de conformidad con la posición común del Consejo, los alimentos para deportistas serían el tema de una directiva específica. 
Como dijimos en nuestra comunicación a Sus Señorías sobre la posición común, no estamos de acuerdo con eso y consideramos que tratar por separado los alimentos para deportistas no está ni científica ni políticamente justificado. 
La enmienda nº 3 relativa a la utilización de nuevos ingredientes en los alimentos es otra cuestión. 
Éste no es el medio adecuado para introducir semejante disposición. 
Además, no estoy de acuerdo con esa prohibición general, ya que no necesariamente redundará en pro de la salud de los lactantes y los niños pequeños. 
Existen normas relativas a la utilización de esos productos en la Comunidad que ofrecen- nos parece- las garantías necesarias. 
Respecto de la propuesta de que se añada al nombre de los alimentos a base de cereales y los alimentos infantiles la mención de que no contienen plaguicidas, opinamos que éste no es el medio adecuado para esa disposición relativa a la composición. 
No puedo decir si se consideraría apropiada en otro. 
Si ha de existir, el medio adecuado es una directiva específica de la Comisión en la que hemos delegado la capacidad para la adopción de decisiones y que se está preparando actualmente. 
De conformidad con el procedimiento de modus vivendi, se informará al Parlamento al respecto.. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Cofinanciación con las ONG europeas de acciones en favor de los PVD 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A40371/97) del Sr. Paasio, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, relativa a la posición común del Consejo (C4-0442 (97-95/0168 (SYN) referente a la publicación del Reglamento del Consejo sobre la cofinanciación de medidas con la organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el campo de la cooperación para el desarrollo en los sectores importantes para los países en vías de desarrollo. 
Señora Presidenta, el papel de las organizaciones no gubernamentales de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo reviste una importancia tan fundamental que resulta adecuado reforzar la posición de dichas organizaciones dotándoles también de un fundamento jurídico. 
La recomendación que ahora se somete a debate lleva inmersa en el proceso de toma de decisiones del Parlamento Europeo mucho tiempo, tanto que hasta ha dado tiempo a cambiar de ponente. 
Querría aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a mi predecesora, la Sra. Saara-Maria Paakkinen, cuya labor ha servido de base para la elaboración de la presente recomendación. 
La consolidación y el refuerzo de la situación de las ONG a través de la política de desarrollo de la Unión Europea implica una potenciación de la cooperación y de los contactos entre los ciudadanos de la UE y los de los países en desarrollo. 
La cooperación para el desarrollo no es ni puede ser únicamente el mantenimiento de contactos a nivel de altos funcionarios entre los Gobiernos y la Unión Europea. 
El objetivo debe ser ante todo el contacto con los ciudadanos en su vida cotidiana. 
Ante este cometido, las ONG pueden realizar una labor mucho más eficaz que los organismos oficiales de ámbito estatal. 
Los conocimientos adquiridos por las ONG sobre el terreno, aprovechados de la manera adecuada, suponen un considerable respaldo para la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Cabe señalar que no se ha sabido aprovechar de manera suficiente, ni a nivel de la UE ni de sus Estados miembros, la importancia que revisten las organizaciones no gubernamentales en el conjunto de la cooperación al desarrollo. 
Esta deficiencia ha resultado extremadamente costosa para la Comunidad Europea. 
De hecho, un apoyo eficaz y metódico a la cooperación para el desarrollo de las ONG significa para la Unión Europea un ahorro de costes, no un incremento. 
La Unión Europea debería alentar a sus Estados miembros a apoyar con un ímpetu considerablemente mayor que hasta el momento a sus ONG operativas en el campo del desarrollo. 
De esta manera se ahorrará dinero también a nivel nacional. 
En la recomendación que ahora se somete a debate se hace especial hincapié en la situación de la infancia en los países en desarrollo, es decir, de aquellas generaciones que, con el paso del tiempo, asumirán la responsabilidad de velar por el futuro de la humanidad. 
Existen motivos para resaltar con firmeza precisamente los derechos del niño, y no únicamente la necesidad de velar por ellos. 
Todos los seres humanos, incluidos los niños, tienen el derecho inalienable como miembros de sus pueblos y de la raza humana a disfrutar de una vida plena y a gozar de sus derechos. 
Se debe ampliar también a los niños el derecho humano a vivir y desenvolverse en la sociedad sin ser víctimas del temor y de las carencias. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación se ha mostrado completamente de acuerdo con este punto de vista. 
El Parlamento Europeo dispone de una oportunidad para actuar como guía en el contexto internacional, propugnando un amplio debate en torno a los derechos humanos. 
El problema específico de la política de cooperación para el desarrollo reside en el hecho de que, si bien no se enfrenta a una oposición directa, sí que es objeto de menosprecio. 
Sería mucho más positivo si existiera una contraposición más clara, ya que de hecho los indiferentes se oponen al desarrollo de la cooperación entre los países industrializados y los países en desarrollo. 
El silencio representa una forma de diálogo contra la responsabilidad común de la comunidad internacional, pero resulta difícil hacer frente a este silencio. 
El gran problema de la cooperación para el desarrollo estriba en la voluntad de diferenciar entre las actividades de aficionados y las de profesionales, si bien conviene alejarse de este criterio. 
No es suficiente con que sean los ministros de cooperación al desarrollo los que intervengan sobre cooperación o, como es el caso ahora, sobre la situación de las ONG. 
Son los ministros de economía los que deberían abordar estas cuestiones en sus reuniones, sin olvidar a los primeros ministros. 
Únicamente entonces se ofrecerá un contenido concreto a la responsabilidad que debe asumir Europa de cara al desarrollo mundial. 
El Parlamento Europeo puede desempeñar un papel decisivo de cara a estos esfuerzos. 
Entre nosotros mismos se puede detectar una cierta tendencia a aislar las cuestiones relativas a la cooperación para el desarrollo en determinadas comisiones, de manera que los problemas de los pobres del planeta no interfieran en el resto de nuestro trabajo. 
Sin embargo, es precisamente en este otro trabajo donde se solucionarán, o por lo menos se podrían solucionar, los grandes problemas con los que se enfrentan los pobres de este mundo. 
Igualmente, se someterá a evaluación el valor de una Unión Europea ampliada con arreglo a las relaciones que ésta mantenga con las personas y los pueblos pobres del planeta. 
Espero que la presente recomendación contribuya a promover el desarrollo en la dirección adecuada. 
Señora Presidenta, la cofinanciación de proyectos y acciones de las organizaciones no gubernamentales en actividades de desarrollo en los países pobres del mundo y de educación al desarrollo en Europa, representa, desde hace muchos años, el sector más positivo, dinámico e innovador de la proyección exterior de la Unión Europea y valoriza la aportación directa de la propia sociedad civil en favor de las poblaciones del sur del mundo. 
La actual línea presupuestaria B7-6000, ha aumentado constantemente a lo largo de los años, gracias sobre todo al impulso del Parlamento Europa y a una evaluación ampliamente positiva del impacto de las acciones de las ONG. 
Es obvio que un sector de intervención tan importante encuentre su fundamento jurídico claro y definitivo: éste es el objetivo de la propuesta de reglamento que hoy estamos examinando en segunda lectura. 
Es preciso asimismo poner de manifiesto que, durante más de 20 años, la cofinanciación de los proyectos de las ONG ha funcionado muy bien, incluso sin un reglamento legislativo específico. 
Esto nos ha llevado a considerar, ya en primera lectura, que no era necesario complicar inútilmente procedimientos ya consolidados con normas inútiles, poco eficaces y vinculantes. 
Me refiero en particular a los aspectos relativos a la comitología que el Consejo trata de introducir y que el Parlamento rechaza con firmeza. 
El ponente, Sr. Paasio, a quien quiero dar las gracias, ha realizado un buen trabajo logrando el consenso de toda la Comisión de Desarrollo sobre sus enmiendas que, en consecuencia, y con la inclusión de la enmienda 9, merecerán el pleno apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Quiero, sin embargo, aprovechar esta ocasión para reiterar el sincero agradecimiento de nuestro Grupo parlamentario por la abnegación y el inmenso y complejo trabajo llevado a cabo en estos años por la Unidad de Cofinanciación de las ONG de la Comisión Europea, y pedir a la propia Comisión que refuerce la misma en términos de personal. 
Confío en que en los próximos meses pueda avanzar el trabajo de definición de las nuevas normas y condiciones generales que permitan una mejora sensible de la calidad de los métodos de gestión de los proyectos de las ONG de la Comisión Europea. 
La cooperación no gubernamental al desarrollo ha encontrado y seguirá encontrando el apoyo real y sincero en nuestro Grupo. 
La misma está permitiendo, también en lo relativo a los instrumentos de cooperación más generales, volver a centrar su compromiso en nuevos proyectos y objetivos de desarrollo humano y participativo. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar al ponente Paasio mis felicitaciones y alabanzas por su informe. 
Es su primer informe en el Parlamento y creo que ha solucionado muy bien su tarea también en cooperación con nuestro grupo político. 
También quiero expresar mis felicitaciones a las organizaciones de las que aquí se trata, las ONG. Realizan un trabajo enormemente importante para la Unión Europea y para las personas en los países menos desarrollados. 
En primer lugar, es bueno que realicen una aportación propia y que de este modo aumente automáticamente la eficacia de la ayuda, pues alguien que tenga que reunir donativos para un cierto proyecto, tiene una gran responsabilidad de que el dinero se gaste también razonablemente. 
En segundo lugar, las ONG, en especial, las ONG de las iglesias pero también muchas iniciativas privadas, tienen interlocutores in situ en los que pueden confiar, con los que cooperan muy bien y que conocen muy bien las estructuras existentes. 
Por todo ello, debemos seguir apoyando a las organizaciones no gubernamentales. 
Es una buena señal que para el próximo año hayamos aumentado claramente los créditos presupuestarios. 
Pero también existen algunos problemas. 
Tengo que elogiar a los colaboradores de la unit que administran la correspondiente línea presupuestaria. 
En lo que yo sé, trabajan con una gran dedicación. 
Pero a las ONG se les plantea el problema de que los plazos que transcurren hasta que se les autoriza o rechaza una solicitud son muy largos. 
Quien conozca este mundo, sabe que no es sencillamente posible retener durante un año el dinero. 
Una vez planeados con los interlocutores, los proyectos deben ponerse en marcha en algún momento. 
Por ello, considero que la enmienda nº 9 es muy importante y que debería durar como máximo 9 meses hasta que se reciba una respuesta. 
Sin embargo, deberíamos esforzarnos en reducir aún más el tiempo, por lo que creo que esta unidad precisa más personal. 
No lo digo por dar una nota de humor a mi intervención sino porque creo que realmente se debería estudiar. 
Me dirijo al Sr. Comisario Sir Leon Brittan, pero también creo que los demás Comisarios deberían recapacitar sobre dónde en la Comisión, en otras Direcciones Generales, se podría trasladar personal y cómo se podría superar este cuello de botella que existe en la DG VIII, exactamente en este lugar. 
La gente está realmente sobrecargada y es necesario más personal para que este dinero pueda ser administrado bien para esta importante tarea. 
Señora Presidenta, querría adherirme a algo de lo que el orador anterior, el Sr. Liese, dijo acerca de la rapidez en el manejo de los fondos. 
Es fundamental para las ONGs, que trabajan de modo muy diferente a la burocracia, que haya un procedimiento razonablemente ágil. 
Por lo demás quizá haya alguien a quien le parezca extraño que estemos hablando de la manera en la que debemos ayudar a las ONGs, puesto que las ONGs precisamente no son públicas. 
De ahí que el problema sea también ayudar a las ONGs sin hacerlas idénticas a nosotros, pues precisamente las necesitamos, porque pueden hacer cosas que las instituciones públicas no pueden. 
Sobre todo pueden contemplar a las personas con las que cooperan sobre una base de igualdad completamente distinta, puesto que no están obligados por la burocracia pública, un montón de reglas, un sentido de la equidad milimétrico, etc. Y las personas con las que hablan y que no están de acuerdo con las ONGs pueden sin más criticarlos sin temer represalias. 
Por ello deben ser apoyadas las ONGs. 
Por otro lado está la responsabilidad del modo en el que son ayudadas, aún democráticamente, y de ahí que sea necesario llevar un control democrático. 
Sin embargo, no se puede llevar a cabo un control democrático en un sistema completamente cerrado y es por esto por lo que querría resaltar el tercer párrafo de la enmienda 7, que dice que las reuniones de la Comisión de Representantes de los Estados Miembros que ayuda a la Comisión deben ser públicas, mientras que no haya razones convincentes para lo contrario. 
La franqueza resulta un engorro, la gente tiene una tendencia a entrometerse, sin embargo es mejor con que sin. 
Señora Presidenta, yo también deseo destacar que las organizaciones son unos valiosos colaboradores en los trabajos para la ayuda al desarrollo. 
Dan muestras de un gran entusiasmo, a menudo de grandes conocimientos, y realizan también un gran trabajo voluntario. 
Por tanto, en su calidad de excelentes trabajadores y del buen complemento que constituyen para el resto de la ayuda, debemos tratarlas con respeto y confianza. 
La mejor manera de hacerlo es dando un curso eficaz y correcto a sus solicitudes de ayuda para los proyectos. 
No hay que acogerlas con desconfianza, obstáculos casi insalvables y formularios complicados, con una gran burocracia y largos plazos de espera. 
Por consiguiente, doy la bienvenida, al igual que otros ya han hecho, a la enmienda 5 al artículo 6.1 que incluye el informe sobre los límites a los plazos máximos para el trámite de las solicitudes que presentan las organizaciones. 
Es excelente que tengamos un Reglamento claro. 
Sin embargo, estoy convencida de que la colaboración con las organizaciones puede hacerse más eficaz utilizando en mayor medida la posibilidad de aplicar acuerdos marco, sobre todo con las grandes organizaciones que han demostrado tener gran experiencia e integridad. 
Existe además un método del que he hablado anteriormente con ocasión de un turno de preguntas con el Comisario Pinheiro en un espíritu muy positivo. 
Creo que en este ámbito nos es posible avanzar de manera que tengamos más tiempo para dar curso a las solicitudes de las pequeñas organizaciones, que quizás requieren un examen más pormenorizado, además de más asistencia en su actividad. 
Señora Presidenta, deseo comenzar agradeciendo al Sr. Paasio la excelente calidad de su informe. 
Respecto de las cuestiones personales, señalaré las observaciones que se han hecho a la atención de mi colega el Sr. Pinheiro. 
Naturalmente, el Parlamento siempre ha atribuido la mayor importancia a la cofinanciación de las ONG que se ocupan del desarrollo y ha aumentado coherentemente la línea presupuestaria para esas actividades. 
En numerosas ocasiones el Parlamento ha reafirmado las funciones específicas e insustituibles de las ONG y la importancia de sus actividades. 
Comparto plenamente esa opinión, como también la Comisión en conjunto, y ese planteamiento se refleja en el proyecto de reglamento, que la Comisión acoge con beneplácito y apoya. 
Respecto de las ocho enmiendas, la Comisión puede aceptar la mayoría de ellas, porque reflejan objetivos comunes ya perseguidos y métodos ya aplicados por la Comisión o porque su objetivo es el de facilitar información más completa. 
Me refiero en este caso a las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4, 6 (partes segunda y tercera) y 5 (segunda parte). 
Sin embargo, las enmiendas núms. 5 (primera parte y tercera parte en su forma actual) , 6 (primera parte) , 7 y 8 plantean problemas a la Comisión. 
En la enmienda nº 5 (primera parte en su forma actual) se dice que, como norma general, la Comisión debe decidir en el plazo de seis meses si se cofinanciará o no una operación presentada por una ONG. 
Convenimos en que una OGN tiene derecho a una respuesta definitiva lo antes posible y el plazo de seis meses no nos plantea problemas, pero consideramos que se debería añadir a la enmienda las palabras «si, durante la evaluación de la solicitud, resulta que la solicitud está incompleta, el plazo antes citado debe empezar a contar a partir de la fecha de recepción de la información solicitada, es decir, no desde la fecha de presentación de la solicitud». 
Con ello se pretende concretamente evitar el rechazo de muchos proyectos, por lo demás excelentes, respecto de los cuales no se haya presentado a tiempo la información completa. 
Conque aceptamos el espíritu de la enmienda, pero quisiéramos añadir ese aspecto complementario. 
Sin embargo, la tercera parte de la enmienda nº 5 no es aceptable, porque el plazo de un mes para verificar que no faltan documentos ya va incorporada en el plazo de seis meses, que acabo de mencionar, por lo que no es necesario. 
Es un aspecto de redacción y nada más. 
Respecto de la primera parte de la enmienda nº 6, el plazo del 30 de junio de todos los años es desafortunado e irrealista y no sería atinado que le diéramos nuestro apoyo. 
En la enmienda nº 7 se dice que la Comisión contará con la asistencia de un comité consultivo de los Estados miembros. 
No estamos de acuerdo con esa propuesta, porque está reñida con la solución ya alcanzada en la posición común sobre comitología, que representa la única transacción que fue posible después de dos años de conversaciones con los Estados miembros, y consideramos que ahora debemos adoptar una decisión. 
Por último, respecto de la enmienda nº 8, que dispone que el Reglamento del Consejo debe ser objeto de revisión al cabo de cinco años, si tenemos en cuenta el tiempo que se ha tardado en el debate sobre el reglamento- iniciado hace ya dos años y medio -, es hora de que haya cierta estabilidad, por lo que no somos partidarios de una período de revisión de cinco años. 
Sin embargo, se trata de aspectos relativamente menores y aceptamos la mayoría de las enmiendas. 
Quisiera agradecer al Parlamento su compromiso a lo largo de los años a favor de las ONG dedicadas al desarrollo y su labor y subrayar nuestra determinación de seguir cooperando fructíferamente con dichas ONG en pro de los sectores más pobres de la población de los países en desarrollo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 09.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.36 horas) 
Comunicación del Presidente 
Antes de entrar en el examen del Acta, me veo obligado a tomar una decisión realmente poco grata. 
Anoche se produjo un incidente desagradable en el hemiciclo donde, por primera vez, un miembro de este Parlamento atacó físicamente a otro miembro de este Parlamento. 
El Reglamento tiene medios suficientes para exigir la rectificación de aquellas manifestaciones que no sean apropiadas, incluso las más agresivas, y tiene trámites al respecto. 
Lo que no podemos admitir es que se pase a vías de hecho en caso de un ataque verbal, por muy agresivo que sea. 
La Sra. Hoff, que presidía en ese momento la sesión, procedió, conforme al artículo 109 del Reglamento, a formular la amonestación oportuna, y al mismo tiempo anunció que se iba a aplicar el artículo 110. 
Como saben ustedes- y voy a dar lectura al artículo -, » en caso de que un diputado promueva desórdenes muy graves en la sesión, el Presidente, previa amonestación formal al mismo, podrá proponer al Parlamento, en el acto o a más tardar durante la siguiente sesión, un voto de reprobación, que llevará aparejada la expulsión inmediata del salón de sesiones y la prohibición de asistencia durante un período de dos a cinco días.» 
La sesión siguiente es esta mañana y, de acuerdo con este precepto, me veo obligado a proponer a ustedes un voto de reprobación al Sr. Rosado Fernandes, que llevaría aparejada su expulsión por plazo de 2 días. 
Como es lógico y según el apartado 2 del mismo artículo, el diputado Sr. Rosado Fernandes tiene derecho a exponer sus razones ante el Parlamento. 
Le pregunto si quiere hacer uso de este derecho y, naturalmente, le doy la palabra. 
Tiene la palabra el Sr. Rosado Fernandes. 
Señor Presidente, voy a expresarme en portugués, dado que tengo el honor de tener ante mí un Presidente que habla mi lengua. 
Ayer ocurrió algo que me habría gustado evitar y de lo que no me enorgullezco. 
Considero que, si se incoara un proceso disciplinario contra mi persona, lo merezco, desde luego. 
Ahora bien, quisiera preguntar a esta Asamblea qué haría cualquiera de nosotros cuando un colega que no conoce nuestra vida, que cree que estamos ausentes de la sala- y yo no estaba ausente de la sala, simplemente había abandonado este escaño mío -, dice delante de todos que yo recibía dinero de las compañías de tabaco. 
En primer lugar, desde el punto de vista político, es más fácil recibir dinero de las compañías de tabaco para hablar contra la producción europea que para hablar a favor de ella, como yo hice en mi informe. 
En segundo lugar, me levanté y dije al diputado Sr. Blak que estaba aquí- porque él estaba equivocado -, yo estaba aquí y había oído lo que él había dicho. 
Sólo que no podía creer lo que había oído. 
Me dirigí a su escaño y le pregunté: » ¿Qué ha dicho Su Señoría?» 
Y me respondió en inglés, porque en esa lengua me comuniqué con él: » You just get money from them». 
Señor Presidente, yo no soy un hombre de paz, no soy un hombre de piedra. 
Fui educado en una civilización ibérica que aún respeta la honra. 
Tengo dos hijas y quisiera que se sintiesen honradas con el nombre de su padre. 
De modo que, sea cual fuere el castigo que este Parlamento quiera imponerme, considero que es merecido, pero, ¡no me avergüenzo de él! 
La Asamblea ha oído la explicación del Sr. Rosado Fernandes y, sin más debate, voy a someter a votación electrónica la propuesta que antes he anunciado, es decir, el voto de reprobación por término de 2 días. 
(El Parlamento aprueba la propuesta del Presidente) 
Visto el resultado de la votación me veo obligado a pedir al Sr. Rosado Fernandes, contando con su colaboración, que tenga la bondad de abandonar el salón de sesiones al que se reintegrará una vez pasados los dos días. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Hänsch para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, ante el hecho de que la agresión física de un miembro de mi grupo político ha despertado incluso aplausos, tengo que decir, señor Presidente, que habría saludado si usted hubiese expresado unas palabras de solidaridad y de apoyo al colega atacado, Freddy Blak. 
Si es sobre esta misma cuestión, voy a dar únicamente la palabra al Sr. Giansily porque es miembro del Grupo al que pertenece el Sr. Rosado. 
Tiene la palabra el Sr. Giansily. 
Señor Presidente, no deseo insistir en estos incidentes. 
Querría decirle, simplemente, que ahora vamos a votar, al parecer sin previa interrupción, sobre un asunto extremadamente importante, como es el presupuesto. 
No creo que nuestro Grupo, teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir, esté en condiciones de votar serenamente. 
Por consiguiente, solicito una interrupción de la sesión de algunos minutos para poder reunirnos. 
Señor Giansily, usted sabe que la votación de esta mañana es muy amplia y extremadamente importante. 
Estoy seguro de que los miembros de su Grupo sabrán afrontarla y de que serán capaces de votar serenamente. 
Por otro lado, debemos aún aprobar el orden del día, lo que les da tiempo para reflexionar. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, mi observación es la siguiente. 
Esta mañana me he enterado de que el Parlamento Europeo había editado un sobre conmemorativo para Georges Marchais, quién aprobó todos los crímenes del comunismo, la invasión a Polonia, la invasión a Afganistán. 
Desearía saber en qué condiciones se ha adoptado esta decisión. 
Señor Le Gallou, dicho sobre no ha sido editado por el Parlamento Europeo, sino por una empresa filatélica privada. 
Por lo tanto, el Parlamento nada tiene que ver con este asunto, que se debe a una iniciativa totalmente privada. 
Me pide la palabra el Sr. Puerta. 
Yo le pediría que fuese breve en esta materia. 
Se han hecho unas acusaciones a una persona de su corriente política y yo debo dar la oportunidad de rechazarlas, pero le agradeceré que no prolongue el incidente. 
Tiene la palabra el Sr. Puerta. 
Señor Presidente, tengo que decir que presido un Grupo donde hay delegaciones de diputados comunistas, aunque yo soy socialista. 
Y me parece inaceptable lo que hemos escuchado. 
No me parece una contestación apropiada decir solamente- y permitirá usted que se lo diga, señor Presidente- que ese sobre no está editado oficialmente por el Parlamento. 
El Sr. Marchais era el presidente de un partido que en Francia ha participado en la vida democrática con sus luces y sus sombras, y al que le han rendido tributo demócratas franceses, empezando por el actual Primer ministro de Francia. 
Y creo que merece en esta Asamblea mucho más respeto que el que merecen los escaños de donde ha salido esta intolerable calificación que yo tengo que rechazar. 
Tiene la palabra el Sr. Lataillade. 
Señor Presidente, he vuelto a este Parlamento en el mes de septiembre, después de tres años de interrupción. 
Me he encontrado con algunas caras conocidas, otras menos, y, aparentemente, con algunas cuestiones recurrentes. 
No insistiré en lo ocurrido. 
La Asamblea ha impuesto una sanción y el Sr. Rosado Fernandes lo ha aceptado. 
Permítame expresar mi preocupación por la naturaleza de las acusaciones infundadas de prevaricación financiera lanzadas en el seno del Parlamento. 
Me agradaría, en este sentido, que entregase a la Asamblea los documentos justificativos relacionados con todos aquellos que, cualquiera que fuese su título, han participado en la concepción y en la construcción del Parlamento en Bruselas, para que no tengamos que volver a oír, también en este caso, palabras infamantes que podrían provocar, en algunos colegas, una cólera justa aunque inaceptable. 
Le agradezco, pues, señor Presidente, que tenga a bien recordar a los presidentes de grupo- y se lo pido como diputado que ha vuelto a esta Asamblea después de una ausencia de tres años y a quien le sorprende mucho la atmósfera con que se encuentra- que, cuando se lanzan acusaciones infamantes, conviene observar cierta reserva si éstas no se pueden probar. 
Gracias, señor Lataillade. 
Transmitiré sus palabras a la Conferencia de Presidentes, cuyos miembros, por otra parte, han podido oírlas directamente. 
Votaciones 
Antes de proceder a la votación, tiene la palabra el ponente, Sr. Tillich, para una breve declaración. 
Señor Presidente, Señorías, espero que ahora, cuando votemos sobre el presupuesto, se tranquilicen de nuevo los ánimos. 
Ruego su atención por dos observaciones que son necesarias antes de votar. 
Tenemos que realizar dos correcciones técnicas. 
Les ruego comprensión y apoyo. 
Una de ellas se refiere a la enmienda nº 1, relativa a la cuestión del personal de la Comisión en la cumbre del último fin de semana. 
Esto es sólo una referencia. 
Existe otra corrección técnica en la enmienda nº 36. 
Les propongo lo siguiente: como en esta enmienda se emplea una expresión que contradice las resoluciones y denominaciones comunitarias hasta el momento, se debería adaptar a las denominaciones usuales y corregirse técnicamente del modo correspondiente para que podamos votar. 
Señor Presidente, para que no surja ninguna alegría prenavideña en la Comisión, la observación del ponente se refiere solamente a la estrellita, no a la función de la reserva para esta parte. 
Lo digo solamente para que se mantenga dentro de sus límites la alegría prenavideña. 
Señor Presidente, en italiano o, mejor dicho, en napolitano, existe una expresión- que no sé si se puede traducir- que dice: cà nisciuno è fesso! (aquí nadie es tonto). 
Pues bien, quiero explicar lo que el ponente, Sr. Tillich, llama «enmienda técnica». 
El Parlamento Europeo incluyó en el presupuesto para 1997 una partida para acciones de cooperación con la República Popular de China y la votó en primera y en segunda lectura en el año 1997 y la volvió a votar en primera lectura para el presupuesto para 1998. 
Esta enmienda 36 se halla en el bloque 3 y el plazo para la presentación de enmiendas técnicas o de modificaciones venció el pasado martes a mediodía, tanto es así que cuando ayer a las 18.30 presenté una solicitud ante sus servicios para que se admitiera una votación por partes, se me contestó, muy justamente, que el plazo había concluido. 
Me parece ahora curioso o, mejor dicho, intolerable aceptar que se suprima la referencia a esta expresión, dado que el Pleno votó algo y, en consecuencia, tiene fuerza de cosa adjudicada y forma parte de un bloque, y que ahora el ponente, no sabiendo qué hacer, nos diga que se trata de una modificación, pese a que figuraba en el presupuesto del año pasado y en el presupuesto de este año. 
Le ruego, señor Presidente, que no lo acepte, precisamente porque, al menos en principio, cà nisciuno è fesso! 
Si he entendido bien, una de las precisiones técnicas mencionadas por el Sr. Tillich constituye más bien una enmienda oral. 
Para poder tenerla en cuenta debo preguntar a la Asamblea si no hay más de 12 diputados que se opongan a ello. 
(Más de 12 diputados se oponen a la enmienda oral por lo que queda rechazada) 
Finalizada la votación, pregunto al Consejo: ¿puede ponerse el Consejo de acuerdo con el Parlamento sobre el nuevo tipo máximo de aumento de los gastos a raíz de nuestras deliberaciones? 
(El Presidente en ejercicio del Consejo asiente) 
Muchas gracias, señor Fischbach. 
Tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, me ha sorprendido realmente la rapidez con que se ha celebrado esta votación. 
No obstante, quisiera decirle, señor Presidente, así como a todas Sus Señorías, que la Presidencia se congratula, evidentemente, del acuerdo global que hemos conseguido sobre el presupuesto de 1998. 
Es, de hecho, un buen presupuesto. 
Es un buen presupuesto porque es el resultado de un buen entendimiento, de una comprensión mutua entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria; pero es también y sobre todo el resultado de una cooperación estrecha, basada en la confianza mutua entre el Consejo y el Parlamento y, si el resultado es el que hoy hemos conseguido, señor Presidente, el mérito es esencialmente de su Parlamento, de los miembros de su Comisión de Presupuestos, del presidente de la Comisión de Presupuestos y de los dos ponentes, los Sres. Tillich y Tomlinson, cuyo compromiso, motivación y lealtad he podido apreciar a lo largo de este procedimiento presupuestario. 
Quisiera igualmente, señor Presidente, mostrar mi agradecimiento, para terminar, a la Comisión y, en primer lugar, al Comisario Erkki Liikanen y a sus colaboradores, cuyos esfuerzos han contribuido de modo determinante a este acuerdo global. 
Mi agradecimiento más sincero a todos. 
Agradezco las palabras del Sr. Fischbach y declaro que el presupuesto general para 1998 ha quedado definitivamente aprobado. 
(Acto seguido, se procede a la firma del presupuesto general para 1998) 
Señor Presidente, desearía decir, simplemente, que me parecía- y creo que el ponente opina lo mismo- que las enmiendas 5 y 2 eran perfectamente compatibles y podían añadirse. 
Comenzando, como usted procede, por la votación de la enmienda 5, la enmienda 2 puede añadirse luego, no son excluyentes. 
Señor Presidente, quiero subrayar exactamente lo que el colega Bourlanges acaba de decir. 
Las enmiendas se solapan en lo esencial, si bien la nº 5 podría ser un complemento de la enmienda nº 2. 
Por ello, la otra parte de la Asamblea que quiere votar en contra, podría dar su voto favorable a la fusión de las dos enmiendas. 
Lo planteo a la Asamblea. 
(El Parlamento aprueba la resolución así modificada) 
Quiero dar la bienvenida, en nombre de esta Asamblea, a los miembros de la Mesa de la Delegación polaca en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Polonia. 
Es una gran satisfacción tenerlos con nosotros esta mañana. 
Le damos la bienvenida a usted, señor Mazowiecki, y a su delegación en este momento histórico, tras la decisión del Consejo Europeo de iniciar las negociaciones para la adhesión de Polonia dentro de pocos meses. 
Señor Presidente, ha ido un poco deprisa en las votaciones. 
Deseaba tomar la palabra para pedir que las enmiendas 168, 104 y 172 se votasen juntas, ya que se trata de un añadido. 
Como no he tenido tiempo de expresarme, como tampoco el ponente, solicito que se pida su opinión sobre estas tres enmiendas. 
Señor Pompidou, hemos procedido de esta manera siguiendo las recomendaciones de la comisión competente. 
Por esta razón, el ponente no ha expresado su punto de vista. 
Por lo tanto, si la comisión competente considera que son compatibles, yo debo hacer lo mismo. 
Señor Presidente, el Sr. Pompidou tiene toda la razón. 
La enmienda del Sr. Adam añade al final una media frase y estamos a favor de este añadido. 
Todo lo demás es igual. 
La enmienda del Grupo de los Liberales añade otras dos palabras, a saber, materiales y tecnologías. 
Además, quiere suprimir otras palabras, en concreto, » buques de nuevo tipo». Estamos en contra de esta supresión. 
Estoy a favor de las dos enmiendas como añadido. 
Señor Presidente, la enmienda nº 122 de la Sra. McNally y otros, presentada en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiere crear y desarrollar medidas de apoyo para las personas que crean un negocio. 
Ya existe un programa especial en el marco del Fondo Social Europeo, de nombre NOW, que está pensado de modo especial para esas personas que crean un negocio. Creo, por ello, que es más razonable unir los esfuerzos. 
Esto sólo como aclaración. 
Estamos a favor del principio, pero creemos que no encaja aquí. 
Perdone, señora ponente, pero ya hemos tratado esa enmienda y no podemos retroceder en la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, ayer han oído a la Comisión expresar su buena voluntad frente al Parlamento Europeo. 
No obstante, desearía someter a la Mesa el punto siguiente. 
Yo había formulado una pregunta escrita sobre la política informativa de la Comisión. 
La respuesta del Sr. Santer fue la siguiente: " Una respuesta pormenorizada a las preguntas de Su Señoría [¡faltaría más! ] necesita largas y laboriosas investigaciones, que actualmente la Comisión no está en condiciones de llevar a cabo». 
Que se me diga francamente que no soy nadie, que soy una inútil; pero querría, pese a todo, pedir a la Mesa que examinase este tipo de actitud de la Comisión en relación con una pregunta que, sinceramente, ¡no era tan complicada! 
Señora Presidenta, he pedido la palabra antes de esta solicitud, pero esto no cambia mucho. 
Me parece extraño que estemos en una comisión elaborando una posición sobre la UCLAF pero que al mismo tiempo el presidente de esta comisión avance los posibles resultados de los debates. 
Esto es lo que quería decir respecto a esta solicitud sobre la que se ha votado antes. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, quisiera pedir el favor al Grupo de los Socialistas para que retirase las peticiones de realizar votaciones nominales puesto que ya conoce cuál es la postura de la Asamblea. 
No es necesario recurrir en cada ocasión a votaciones nominales por asuntos que están claros. 
Señora Presidenta, le ruego que me perdone, ¿pero se dan cuenta los grupos políticos de que cada votación nominal le cuesta mil ECU al contribuyente europeo? 
Señor Anastassopoulos, ese es el precio de la democracia. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, mi Grupo no ha podido votar positivamente en la segunda lectura el presupuesto de la Unión Europea para 1998. 
Por lo tanto, no nos hemos unido al consenso del que hace un momento se felicitaba el Sr. Presidente. 
En la segunda lectura hemos observado, en efecto, un retroceso de la Asamblea con respecto a su votación de la primera lectura. 
En la primera lectura, la mayoría de la Asamblea había aumentado el presupuesto del Consejo del 0, 7 % al 2, 7 %, de acuerdo al incremento que sufren los gastos de la Unión Europea. 
En la segunda lectura, siguiendo algunas de las propuestas del Consejo, el aumento del presupuesto se fija en el 1, 4 %. 
Es un paso, pero no basta. 
Lamentamos que el esfuerzo no haya incidido en las acciones estructurales, como ha sido el caso en los gastos agrícolas y en los gastos de las categorías 3 y 4. 
El compromiso asumido en Edimburgo no puede justificar, en este sentido, el mantenimiento de los gastos, que sabemos pertinentemente que el año próximo no se efectuarán. 
Lamentamos asimismo que el presupuesto no alcance un nivel de crecimiento " cero» , como habría podido ocurrir si se hubiese respetado el presupuesto del Consejo. 
El crecimiento de los gastos supone un incremento de las contribuciones nacionales del 1, 29 %, frente a un aumento del 1, 39 % de los gastos. 
Si el presupuesto de Francia, por ejemplo, hubiese acusado este tipo de aumento, mi país no habría respetado uno de los famosos criterios del Tratado de Maastricht: el del déficit presupuestario. 
Damos la bienvenida a las prioridades principales para el presupuesto del año próximo, que se han establecido teniendo en cuenta las nuevas iniciativas de la UE para la creación de empleo y las medidas para el fomento del empleo de los Estados miembros. 
También acogemos con satisfacción la propuesta de introducir un nuevo procedimiento de control para las ayudas de la UE, con unos criterios más transparentes. 
Comprobamos con satisfacción la propuesta presentada de establecimiento de una rúbrica presupuestaria específica para las acciones relacionadas con el medio ambiente en la región del Báltico. 
También es satisfactorio que se reduzcan los gastos propuestos para la agricultura en el presupuesto de 1998, en comparación con el nivel de gastos de este año. 
No obstante, esto no basta. 
Recomendamos una reforma profunda y a largo plazo de la política agrícola común. 
Esto es importante también con vistas a la ampliación futura de la UE. 
Por ejemplo, consideramos erróneo por principio que se siga subvencionando el cultivo de tabaco en la UE. 
Es difícil ignorar las contradicciones que predominan en la política de la UE. 
Por un lado se destinan medios comunitarios a la producción de un artículo perjudicial de escaso valor en el mercado. 
Por otro se destinan fondos a las medidas para la lucha contra el cáncer. 
Es absolutamente inaceptable apoyar un sector que fabrica un producto perjudicial para la salud humana. 
Por consiguiente, seguiremos defendiendo el cese de las subvenciones al cultivo de tabaco. 
Por lo que respecta a los reembolsos en concepto de viajes, trabajamos para cambiar el sistema actual. 
Hemos presentado anteriormente unas propuestas para la revisión a fondo del sistema, y en colaboración con otros diputados hemos presentado enmiendas con el fin de sustituir las cantidades estándar por los costes reales. 
Para evitar malentendidos, votamos por tanto en favor de la enmienda 3, que va en el mismo sentido aunque no sea idéntica a nuestra propuesta de origen. 
Hemos votado en contra del informe. 
El primer dictamen del Parlamento, que incluía un aumento de 1, 7 mil millones de ecus de la responsabilidad en materia de pagos en relación con la primera consulta del Consejo, significó para la caja del Estado sueco 400 millones de coronas suplementarias en concepto de contribución por el IVA. 
El incremento de las ayudas a los fondos estructurales nos ha costado alrededor de 250 millones de coronas adicionales. 
Este incremento se mantiene en el acuerdo del Consejo y del Parlamento de la segunda consulta. 
Los recortes propuestos por el Consejo afectan a la categoría 1, las ayudas a la agricultura, en parte a las categorías 3 y 4. 
Anteriormente, no obstante, se estimaban al alza las ayudas a la agricultura, y el remanente se devolvía a los Estados miembros. 
Con esto sigue en trazos generales la debilitación de la caja estatal sueca, causada por la primera consulta al Parlamento. 
Al igual que en aquella ocasión, ponemos en duda la eficacia de los métodos para la financiación de las iniciativas en favor del empleo. 
Con ocasión de la segunda consulta al Parlamento para establecer el presupuesto de 1998, nos hemos conducido del mismo modo que en la primera. 
Lamentablemente han empeorado los términos en que se celebra la votación, porque prácticamente todas las enmiendas se presentan en bloque, lo cual hace que no sea posible manifestar posibles desacuerdos con rúbricas específicas. 
Esto es deplorable. 
Dentro de un mismo bloque pueden haber propuestas excelentes y pésimas. 
Además, la mayoría parlamentaria ha votado nuevamente en contra de nuestra propuesta de reformar el sistema de devoluciones en concepto de viajes (enmienda 3). 
Vamos a seguir con un sistema que conlleva la posibilidad de que los fondos vayan a parar directamente a los bolsillos de los parlamentarios, a lo cual nosotros nos oponemos rotundamente. 
Debería estar claro que los diputados sólo deben recibir reembolsos por los gastos realizados en sus viajes. 
Además hemos votado contra el apartado 11, que hace referencia a una " política común de información» , ya que la experiencia acumulada hasta la fecha nos demuestra que las campañas de la UE no son objetivas, y que solamente transmiten la perspectiva del asunto que le resulta favorable. 
También hemos votado contra el apartado 12, que hace referencia al programa para la fusión termonuclear controlada. 
Nos parece importante que las 11 lenguas oficiales sigan disfrutando del mismo estatuto oficial. De ahí que apoyemos que se siga asignando la suma total a la traducción de las actas de las sesiones del Parlamento. 
Los gastos de viaje deben ser reembolsados conforme a los gastos realmente desembolsados, y celebramos que ya debamos justificar los pagos del viaje. 
En esta legislatura no he votado dos veces a favor del presupuesto pues en él no se contenía ni un único TAMBIEN en favor de la conservación de la apicultura en Europa. 
Ha sido mi manera de protestar, pues la Comisión durante años no nos ha presentado- a nosotros, que nos venimos ocupando del tema desde 1985- una propuesta de reglamento o de directiva para crear así el fundamento jurídico y poder asignar dinero a esta finalidad en el proyecto de presupuesto. 
Por así decirlo, el gato se mordía la cola. 
Exigimos unánimemente aquí en el Parlamento ayuda para la conservación de la apicultura. 
El Consejo de Ministros ha podido rechazarlo con toda la razón pues, como he dicho, no existía ningún fundamento jurídico para tales gastos. 
Ahora tenemos por fin este fundamento jurídico aunque, en mi opinión, se haya hecho mucho ruido y obtenido pocas nueces, pues el reglamento sobre medidas para la mejora de la producción y comercialización de la miel, aprobado en junio por el Consejo de Ministros, queda muy por detrás de las propuestas unánimes del Parlamento. 
Independientemente de ello, incluso con 12 millones de ecus la Comisión logró asignar menos créditos en el anteproyecto de presupuesto de los que ella misma había indicado, lo que le costaría su tibia propuesta. 
Esto fue el colmo. 
Por ello, como ponente me he preocupado por la situación de la apicultura, para que al menos se dedicasen 3 millones de ecus más en el presupuesto de 1998. 
Expreso mi agradecimiento a nuestra Comisión de Agricultura y de Presupuestos, así como también a la Presidencia luxemburguesa del Consejo, por que ahora se encuentren en el presupuesto 15 millones de ecus en lugar de 12 millones para el fomento de la producción y comercialización de la miel. 
Es una auténtica novedad que lo hayamos logrado en los gastos obligatorios, aunque frente a los 65 millones que exigió este Parlamento en base a mi informe para medidas sólidas estructurales, entre otras, la prima por polinización, se trata sin duda de migajas; migajas también si se piensa que tenemos dinero para todas las medidas posibles e imposibles en todo el mundo y que nos resignamos con la malversación de 60 mil millones de ecus, pero que para gastos de importancia vital- sin abejas, en dos o tres años no habría personas, dijo Einstein- no estemos dispuestos a poner a disposición este pequeño importe del 0, 08 % de nuestros gastos totales. 
Este año puedo dar mi voto favorable al presupuesto con mejor conciencia pero no sin asegurar aquí que mi lucha en pro de unas ayudas y medidas estructurales sólidas va a proseguir en interés de los apicultores. 
El Parlamento acepta en esta segunda lectura que la propuesta del Consejo de presupuesto para 1998 reduzca más de 1, 1 millones de ecus en el nivel de los gastos para pagos. 
En esta segunda lectura, el Parlamento acepta que el proyecto final del Consejo de presupuesto para 1998 se mantenga, así, en un nivel de 1, 14 % del PNB en el nivel de los gastos, cuando en 1992 se había decidido en Edimburgo, y en el marco de las perspectivas financieras para el período 1994-1999, que debería alcanzar un nivel de 1, 26 % del PNB. 
El Parlamento acepta, así, una línea de continuación de la austeridad con el único fin de procurar alcanzar los criterios de convergencia nominal de Maastricht. 
Como se dice en el informe del Sr. Tillich, el Parlamento acepta que se establezcan «objetivos presupuestarios rigurosos, atendiendo a la necesidad de respetar los criterios impuestos por la Unión Económica y Monetaria y por la moneda única, mediante la aprobación de reducciones en las dotaciones para pagos a niveles inferiores a los previstos en la primera lectura del presupuesto». 
El presupuesto sigue sin dar una respuesta cabal al problema del desempleo y de la exclusión social de la Unión Europea de hoy, con 18 millones de desempleados y 50 millones de excluidos. 
Los 150 millones de ecus propuestos por el Consejo, después de la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, para el presupuesto de 1998 no son sino paliativos, pues por el importe de las asignaciones se ve la verdadera importancia que se concede al asunto. 
El Consejo ni siquiera aceptó la primera propuesta del Parlamento de asignar 391 millones de ecus a una iniciativa para el empleo en 1998, pese a que, como entonces dijimos, no se trataba de asignaciones suplementarias, sino transferidas de otros objetivos. 
El Parlamento acepta ahora la enmienda de esta propuesta suya y pasa a admitir tan sólo 150 millones de ecus. 
No estamos de acuerdo con esa posición, tanto menos cuanto que para las acciones de información se van a gastar más de 100 millones de ecus y sólo para propaganda del euro se van a asignar 42 millones de ecus. 
Está claro que también sigue siendo válido el objetivo, inherente también a este presupuesto, de lograr economías presupuestarias para poder financiar los costos de la ampliación dentro de los límites actuales de las perspectivas financieras y teniendo como marco la propuesta de la Comisión: la Agenda 2000. 
Por todo esto, hemos votado en contra del informe del Sr. Tillich. 
En este marco, quisiéramos congratularnos de que la propuesta en primera lectura del Consejo de reducir en mil millones de ecus los pagos con cargo a los Fondos estructurales no haya pasado a la segunda lectura. 
Nos congratulamos también de que se hayan incluido en este presupuesto algunas de nuestras propuestas (Timor Oriental, pequeña pesca costera, red REPAS, entre otras). 
Es importante ver la cuestión de las devoluciones globalmente y en relación con las condiciones generales. 
La Presidencia del Parlamento se ocupa de estas cuestiones. 
Cuando se disponga de una perspectiva general sobre la que se pueda adoptar una posición, el Parlamento adoptará una decisión. 
Me abstengo de participar en la resolución sobre las enmiendas, presentada en el último minuto dentro de la votación parlamentaria. 
Sobre el informe Giansily (A4-409/97) 
Señor Presidente, mi Grupo ha votado a favor del informe Giansily, sobre el que ayer yo había expresado serias reservas. 
Ello obedece a que nos congratulamos de que la Asamblea haya demostrado, aunque sea por escasa mayoría- ¡pase por una vez! -, tener sentido de responsabilidad política. 
La propuesta del ponente de restablecer la exacción en favor de la CECA ha provocado, en efecto, un gran descontento estas últimas semanas. 
La votación habrá sido reñida, pero el sentido común ha prevalecido. 
En efecto, nuestra Asamblea se había pronunciado, en su Resolución de 21 de abril de 1994 a favor de la eliminación, lo antes posible, de la exacción CECA, con el fin de mejorar la competitividad de las industrias del carbón y del acero, cuyas dificultades son conocidas en todos los países de la Unión Europea. 
La Comisión, raramente dispuesta, por lo general, a renunciar a lo que a recursos se refiere, había recomendado incluso su eliminación, y nosotros íbamos a mantener un impuesto, añadiendo, por otro lado- ¡oh sorpresa! -que era el único impuesto comunitario. 
En nuestra opinión, no se trataba de una razón para mantenerlo, sino una razón suplementaria para suprimirlo. 
La siderurgia europea y el sector hullero europeo ya participan a través de la fiscalidad ordinaria- al igual que la totalidad de las empresas y del resto de los sectores industriales- en las iniciativas tomadas por los Estados miembros y la Unión Europea en favor de la creación de empleos. 
El Pleno ha hecho bien en votar positivamente la enmienda que permitía suprimir definitivamente la exacción CECA. 
De esta manera, las empresas tendrán la posibilidad de participar eficazmente, a su nivel, en la lucha contra el desempleo, y nosotros no habremos agravado su difícil situación. 
¿Cómo no vamos a felicitarnos por esta votación? 
No puedo de ningún modo votar a favor de este informe, ya que propone que se reinstaure en los Estados miembros un impuesto sobre la producción del 0, 11 por ciento. 
Esto representaría un nuevo lastre para los impuestos en concepto de miembros que abonan los Estados de la UE. 
Los Estados miembros ya tienen unas economías castigadas y otros gastos más justificados que cubrir. 
En el caso de Suecia se están produciendo unos recortes en el presupuesto para los cuidados de la infancia, de los mayores y de la educación. 
No puedo apoyar en absoluto la propuesta absurda que presenta el informe. 
Estamos en contra de directivas específicas para deportistas, pues deporte es un término muy amplio, y los niños y jóvenes que practican deporte preferirán bebidas isotónicas en lugar de refrescos que pueden conseguirse por la mitad y que, sin embargo, contienen la misma dosis energética. 
Lo hacemos porque queremos garantizar que los productos alimenticios cumplan ciertas exigencias sanitarias. Apoyamos la enmienda por la que no se permite la presencia de restos de pesticidas en los alimentos infantiles, una propuesta que se aprobó por el Parlamento Europeo en la primera lectura. 
Para muchas sociedades, las organizaciones de ayuda al desarrollo no gubernamentales, las llamadas ONGs, constituyen una aportación fundamental a garantizar la democracia, los derechos humanos, etc. Redunda por ello en interés de Europa apoyar a estas organizaciones. 
Con todo, se debe por descontado prestar atención a quiénes se les conceden las ayudas comunitarias y por qué. 
A propósito de esto da mucha alegría ver que el Consejo y el Parlamento desde el primer momento han estado de acuerdo en la gran mayoría de las áreas. 
El Consejo ha incorporado así muchas de las propuestas que el Parlamento presentó en la primera lectura. 
Por ello otorgo al informe mi total apoyo. 
Nuestro actual debate no tiene un significado nacional particular, al menos no para mi país. 
Así, pues, voy a darme el lujo de dirigirme a Sus Señorías en una lengua que los directamente interesados en la directiva que estamos debatiendo pueden entender plenamente. 
Los interesados son principalmente la comunidad financiera europea que está consiguiendo hoy una importante victoria en la medida en que se va a satisfacer una exigencia que habían planteado desde hacía mucho tiempo. 
Mediante la directiva, se brinda a los bancos y otras instituciones financieras la oportunidad de quitarse los grilletes- o lo que consideran grilletes- de las autoridades reglamentadoras que les imponen requisitos mínimos en materia de capital en pro de la seguridad de sus clientes y para salvaguardar la seguridad del sistema bancario contra los riesgos sistémicos. 
A partir de ahora los bancos y las instituciones financieras, utilizando complejos modelos matemáticos de reciente creación, estarán en condiciones de calcular el riesgo del mercado que corren y evaluar por sí mismos la cantidad de capital que deben destinar contra dicho riesgo. 
Los bancos y las instituciones financieras pueden utilizar esa nueva competencia para bien o para mal. 
Se les permite utilizar su capital más económicamente y para obtener efectos mejores en virtud de su nueva libertad para hacer sus disposiciones al respecto. 
Por otra parte, se los pone en condiciones de ocultar por más tiempo los métodos extremos a los que recurren a veces los bancos que afrontan la quiebra, al decidir, por la presión de la mala suerte o de una acumulación de errores, asumir riesgos excesivos. 
Contra la posibilidad de semejantes abusos, ninguna legislación puede ser totalmente infalible. 
En la directiva figuran algunas salvaguardas y el Parlamento ha añadido otras para intentar con gran moderación y deliberación equilibrar la necesidad de flexibilidad en las actividades financieras y la debida consideración del interés general. 
Lamento que la industria interesada, a juzgar por la calidad del cabildeo a que nos ha sometido, no ha dado demasiadas muestras de moderación ni deliberación. 
No por ello deben el Consejo o el Parlamento privarla de los instrumentos más recientes de su ramo. Sin embargo, espero que el Comisario preste también la debida atención a las salvaguardas y los límites razonables impuestos por la enmienda del Parlamento. 
En asuntos como éste, sería peligroso que la industria se dejara llevar por ilusiones de omnipotencia que podrían inducirla a la irresponsabilidad, que el sector financiero se considerara por encima de los dictados de la economía real o que en esta Unión Europea el imperio del dinero, por el dinero y para el dinero llegara a ser lo normal. 
Sobre el informe Pimenta (A4-325/97) 
Sólo puedo apoyar que la captura de animales salvajes se realice de una manera humana y sin riesgo para las especies amenazadas o los hábitats naturales. 
Por ello respaldo el trabajo de la Comisión para crear un estándar de captura europeo y lamento que los EE.UU., Canadá y Rusia no se muestren inmediatamente dispuestos a un acuerdo internacional que garantice una captura humana de los animales salvajes. 
Sin embargo, también soy del parecer que las controversias entre los EE.UU., Canadá, Rusia y la UE no deben conducir a una " guerra comercial en pequeña escala» , sino que se debe aspirar a una solución amistosa sin enfrentamiento en la organización mundial de comercio, la OMC. 
He de convenir con el ponente en que este proyecto de acuerdo entre la UE, el Canadá y Rusia es, sencillamente, inaceptable. 
Al menos las tres partes están hablando de adoptar medidas contra esas crueles trampas para animales. 
Deben garantizar una muerte sin crueldad a los animales, que pueden quedar atrapados, pero permanecer con vida y padeciendo un dolor terrible. 
La UE debe insistir en que prevalezca la opinión de sus expertos para que el tiempo máximo que transcurra entre el apresamiento del animal y su pérdida de conciencia sea de 30 segundos. 
Así como vamos a prohibir las minas terrestres que matan y mutilan a tantos miembros de nuestra propia especie, así también tenemos el deber para con los animales indefensos de eliminar tantas trampas crueles como podamos y hacer que las que permanezcan sean lo menos dolorosas posible. 
Las personas que sigan necesitando cazar para alimentarse ya no necesitan utilizar una tecnología tan dolorosa y arcaica para matar. 
Y no podemos justificar la utilización de trampas crueles para atrapar animales por su piel, cuando se puede fabricar ropa substitutiva. 
Los muchos ciudadanos que me preguntan por el bienestar animal exigen algo mejor... y esos animales que sufren muertes lentas y dolorosas merecen algo mejor. 
Se debe decir a los negociadores de la UE que se batan en pro de un acuerdo más estricto y en el que participen más países. 
Semejante política puede no ser fácil, pero, como tantos ciudadanos de mi circunscripción, creo que es correcta. 
Sobre el informe Scapagnini (A4-308/97) 
Nos oponemos rotundamente a la propuesta del informe, concretamente de los apartados 2 y 3, en favor de una política energética europea supranacional. 
Una gestión supranacional no clarificaría la cuestión dentro del debate democrático. 
¡La política energética debe gestionarse democráticamente! 
La Comisión defiende en su comunicación una política energética común para la Unión. 
Dudamos de que esta sea la medida más urgente para el ámbito energético de Europa. 
Son puntos importantes la prioridad de la seguridad en el suministro, el desarrollo duradero y unos objetivos a largo plazo para el medio ambiente y los escapes. 
Estos objetivos pueden cumplirse con más facilidad a través de una diversidad en las fuentes de energía que amplíe la base del suministro y al mismo tiempo cumpla con los requisitos medioambientales y de sostenibilidad. 
Entre estas fuentes se cuentan la energía solar, eólica y biológica. 
Si se introduce una política energética común debe derogarse el Tratado Euratom y sustituirse por un programa en favor de las fuentes de energía respetuosas con el entorno y sostenibles a largo plazo que concuerde con la sociedad futura de circuito biológico cerrado. 
Me alegra expresar mi plena solidaridad con el informe que ha redactado el presidente de la comisión parlamentaria competente, el Doctor Scapagnini, sobre la Comunicación de la Comisión que nos ofrece una visión global de la política y las acciones en el campo de la energía. 
Se trata sólo del comienzo de esa anunciada «visión global». El documento será seguramente ampliado y mejorado en el próximo futuro, y a ello quiero animar a la Comisión. 
Por ello, deseo referirme sólo al Informe de la Comisión de Energía. 
En primer lugar, lamento que siga faltando un capítulo sobre energía en los Tratados, incluido el de Amsterdam. Con ello, no disponemos de base jurídica para abordar desde la Unión esa deseable visión global. 
Es de alabar, como lo hace el ponente, el esfuerzo de transparencia que realiza la Comisión Europea. Ese esfuerzo nos permite preguntarnos cuáles son las fuentes energéticas que protegen el medio ambiente, crean empleo y mejoran la calidad de vida. 
Son dignos de subrayar los puntos 7 y 11 del informe. 
El primero, por su referencia al deseable acuerdo político sobre las fuentes de energías renovables y por su mención explícita del gas natural como un posible «riesgo a largo plazo para la Unión». 
El segundo, por destacar la «primacía deseada de las fuentes renovables» a fin de que esta primacía se aplique al V Programa-Marco de I+D, lo que por cierto no estaba bastante claro en la propuesta de la Comisión Europea. 
También el punto 12 merece ser destacado, ya que pide una «financiación plurianual» que permita emprender «acciones significativas» , en particular en el ámbito de las energías renovables. 
Por ello, no puedo más que compartir la vehemencia con la que el ponente se alza contra los recortes- que creo intolerables- en presupuestos de programas energéticos de la utilidad de ALTENER, SAVE y JOULE-THERMIE. 
Ello es particularmente absurdo cuando la Comisión acaba de coronar un largo proceso presentándonos, por fin, su Libro Blanco sobre las fuentes de energías renovables. 
Doy una cálida bienvenida a la visión general de la Comisión sobre la política y las acciones en el campo de la energía. 
Esta visión de conjunto puede contribuir a consolidar una mejor coordinación de la política energética comunitaria en un momento en el que precisamente la energía y especialmente el creciente consumo de ésta han adquirido una mayor importancia tanto en un plano europeo como global. 
Sin embargo, el informe señala algunas áreas aisladas en las cuales la propuesta de la Comisión puede mejorarse para bien. 
Por un lado, la comisión desea una clara explicación desde la Comisión sobre el impacto de la política energética venidera en el medio ambiente, nivel de vida y calidad de vida de cada Estado miembro, por otro lado, la comisión subraya la importancia de que la Comisión haga más por las iniciativas comunitarias relativas a las fuentes de energía renovables. 
Señor Presidente, el Consejo de Luxemburgo se encauzó, lentamente, hacia la afirmación de una verdad que se revelará más adelante, porque hoy sonaría demasiado duro a los oídos de los partidarios del " super» Estado: la Europa ampliada no podrá obedecer al modelo monolítico, que ya resulta inadaptado para los Quince. 
A partir del apartado 3 de las conclusiones de la Cumbre se recuerda que la ampliación requerirá una reforma previa de las instituciones, de conformidad con las orientaciones del Tratado de Amsterdam. 
Ahora bien, ¿qué dice este último? 
Que al menos un año antes de la vigésima primera adhesión deberá efectuarse una revisión completa- recalco: una revisión completa- de las disposiciones de los Tratados relativas a la composición y al funcionamiento de las instituciones. 
Esta expresión (revisión completa) demuestra que no se tratará sólo de redefinir la cuestión del número de comisarios o de volver a ponderar la repartición de los votos en el Consejo. 
Tampoco se tratará necesariamente de una extensión del recurso al voto por mayoría cualificada, como proponen tres Estados miembros en una declaración aneja al Tratado. 
Pero resulta significativo, precisamente, que estos Estados sean solamente tres. 
Eso demuestra que para los demás la extensión del recurso al voto por mayoría cualificada no es exactamente la solución adecuada para la creciente heterogeneidad de la Unión. 
Entonces, ¿cuál es esta solución? 
¿En qué debe consistir esta revisión completa? 
Las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo nos dan una pista y, al mismo tiempo, ponen en marcha una experiencia: una conferencia europea, en cuyo seno se reunirán los Estados miembros y los países candidatos, proporcionará un recinto multilateral de consulta política y de cooperación, en particular con respecto a la política exterior y a la seguridad. 
Nos encontramos ante el esquema de un círculo de cooperación diferenciado que, en el futuro, permitirá integrar con flexibilidad a nuestros socios del Este. 
Algunos restan importancia a esta innovación, sugiriendo que se trataría de organizar una " esclusa» transitoria en el Este, lo que permitiría acelerar la construcción del federalismo en el Oeste. 
Se equivocan. 
Puesto que una vez que se haya logrado la experiencia de la cooperación en libertad, será difícil circunscribir un ejemplo tan interesante. 
Presidente, los temas tratados en la Cumbre de Luxemburgo tenían un objeto: estabilidad, seguridad y paz. 
Constato, lamentablemente, que por lo que se refiere a Turquía, la relación de la Unión con este país es poco tranquilizadora para esta estabilidad, seguridad y paz. 
Diciéndolo claramente, Presidente, evidentemente Turquía es lo suficientemente buena para defender las fronteras de Europa como miembro de la OTAN y ahí termina todo. Esa postura me parece peligrosa, destabilizadora e inaceptable, tanto más porque la Unión no ha cumplido en absoluto con las obligaciones de la unión aduanera. 
Lamentablemente Turquía tampoco lo ha hecho por su parte. 
Sin embargo, ni es de interés para la Unión ni para Turquía que se deje empeorar más la relación. Es preciso, por lo tanto, que se pare la violencia verbal por ambas partes y que se tome en la UE una iniciativa de aproximación, Presidente, antes de que los Estados Unidos, y en contraste con la Unión, como de costumbre, sí asuman su responsabilidad en esa región. 
En primer lugar, quisiera felicitar a la Presidencia luxemburguesa. 
Ha sido una Presidencia lograda y una vez más demuestra la capacidad de las naciones pequeñas para encargarse de esa misión. 
La Presidencia luxemburguesa ha tenido muchos éxitos notables. 
Para mí, los más importantes han sido la convocación de la Cumbre sobre el empleo y el acuerdo sobre el proceso de ampliación. 
Respecto de la ampliación, me complace en particular que los Jefes de Estado respondieran positivamente a las opiniones del Parlamento Europeo. 
Fue importante enviar un mensaje positivo a todos los países candidatos. 
De ese modo impedimos que cunda la desmoralización entre los ciudadanos de los países colocados en una segunda tanda de adhesión. 
Además, al aprobar un planteamiento no exclusivo, alentamos también la posible inversión extranjera en esos países y conviene subrayar que eso reviste importancia decisiva para que reduzcan la distancia que los separa de sus futuros socios europeos. 
Esa decisión en verdad histórica pone fin a la herencia de la Guerra Fría. 
Sin embargo, me decepciona que se esté abriendo una separación entre la UE y Turquía. 
Espero que se pueda anular, pues estoy firmemente convencido de que en su momento Turquía aportará un importante puente entre la UE y el mundo islámico. 
Pese a este contratiempo, fue una Cumbre lograda y constituyó una conclusión adecuada para la Presidencia de Luxemburgo. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy junto al resto del grupo PSE a favor de la propuesta de decisión sobre la Presidencia luxemburguesa. 
Deseamos advertir que Dinamarca alberga cuatro reservas que mantienen a Dinamarca fuera de algunos de los ámbitos de la cooperación comunitaria. 
Al mismo tiempo opinamos que la reforma de los marcos institucionales de la UE no es condición para que la UE pueda dar comienzo a las negociaciones para la adhesión con los nuevos Estados miembros. 
Me da muchísima alegría votar a favor de esta propuesta de decisión. 
La Cumbre de la UE en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 dio un paso histórico hacia la cicatrización de nuestro continente, que durante décadas ha estado dividido y asolado por sangrientas guerras, brutales dictaduras y miserias. 
La decisión de la Cumbre de " iniciar un proceso de adhesión que englobe a los países solicitantes de la Europa central y oriental y Chipre» augura una nueva era en el desarrollo europeo. 
Es enormemente positivo que los jefes de Gobierno y Estado de la UE sigan con ella la pauta de la recomendación que el Parlamento Europeo aprobó por gran mayoría inmediatamente antes de la Cumbre. 
Visto desde Dinamarca, quiero subrayar la importancia de que la ampliación llegue a comprender los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, nuestros países vecinos en el común mar Báltico. 
Deseo al mismo tiempo hacer constar la importancia de que el proceso de ampliación llegue a incluir todos los países solicitantes de la Europa central y oriental en igualdad de condiciones. 
Las decisiones de la Cumbre de Luxemburgo marcan el inicio de un nuevo período en la historia de la Unión Europea. 
La ampliación sin exclusiones hacia los pueblos del este de Europa (los diez países que lo solicitan junto con Bulgaria y Rumanía) y la prioridad de la adhesión de Chipre, aseguran el objetivo de una completa integración europea, que cierre por completo las divisiones del pasado. 
Queda claro que en esta tarea puedan participar aquellos países que respeten y acepten las condiciones y las normas establecidas. 
Turquía no cabe dentro de ese grupo. 
Los cantos de alabanza de ayer dirigidos al Consejo, los aplausos por lo logrado y las afirmaciones de que se es de la misma opinión, son extraordinariamente extrañas si contemplamos las resoluciones de esta Asamblea ante la cumbre de Luxemburgo. 
La insatisfacción por los raquíticos resultados de las negociaciones de Amsterdam, la exigencia de iniciar inmediatamente el proceso interno de reformas, la crítica a la propuesta de la Comisión «Agenda 2000» y la exigencia de un proceso de negociaciones simultáneas para todos los candidatos a la adhesión, parecen cosas olvidadas. 
Con su resolución de hoy, el Parlamento Europeo practica una auténtica autocensura. 
Pero estas palabras de adorno no pueden ocultar que en Luxemburgo el Consejo no ha logrado ofrecer a todos los países candidatos unas perspectivas concretas de adhesión y negociación, si se hace caso omiso del proyectado y meramente simbólico inicio conjunto del proceso de adhesiones. 
Como justificación se indica que se negocia con los más avanzados económica y socialmente y que se espera que los demás recuperen terreno. 
Toda la responsabilidad del proceso de ampliación se echa pues sobre los candidatos a la adhesión. 
Y para ello, tal como es hoy usual, se ostentan argumentos económicos como excusa por la falta de valor político. 
Estimadas y estimados colegas, el futuro transcurso de la ampliación sigue siendo en primera línea una cuestión de la capacidad de ampliación de la Unión Europea. 
Condiciones previas para ello son reformas democráticas e institucionales así como una nueva política estructural y de cohesión que se base en el principio de solidaridad entre los 15 Estados miembros y todos los candidatos a la adhesión. 
Si queremos alcanzar el ambicioso objetivo de una Europa sin frontera Este-Oeste no podemos dar nuestro voto favorable a las resoluciones del Consejo. 
Estas no van ni un sólo paso más allá del difícil camino que se establece en el protocolo de ampliación de Amsterdam. 
Sigue existiendo el riesgo de una ampliación limitada a unos pocos países. 
Puesto que la ideología federalista es contraria a la noción de frontera, nadie quiere ya arriesgarse a decir dónde se hallan las fronteras geográficas de Europa. 
Con respecto a Turquía, la evolución ambigua que ha representado la Cumbre de Luxemburgo ilustra los inconvenientes de esta preferencia que se da a la ideología frente a la geografía. 
Al negarse a situar sus relaciones de cooperación con Turquía en un marco específico, fuera de la ampliación y, por el contrario, al asimilar este país a los países europeos candidatos a la adhesión, los Quince- siguiendo en esto, por otra parte, la posición de los Estados Unidos- ¿no han creado acaso una verdadera trampa que podría afectar gravemente al desarrollo del conjunto del proceso de adhesión? 
¿Cómo el trato reservado a Turquía podría, en lo sucesivo, estar disociado del trato dispensado a los países de la Europa Central y Oriental, si la Cumbre de Luxemburgo ha reconocido que Turquía reúne las condiciones para adherirse a la Unión Europea, y ayer el Sr. Juncker dijo aquí mismo que Turquía era un gran Estado europeo cuyo sitio en el seno de la familia europea constituía un hecho histórico reconocido? 
El hecho de inscribir el diálogo con Turquía en medio del proceso de ampliación es exponerse, evidentemente, a que Ankara solicite permanente, recurrente y sistemáticamente beneficiarse de las mismas disposiciones que se acordarán con los países de la Europa Central y Oriental. 
Los Quince no parecen haber tomado en consideración los pronósticos que manejaba ayer la Agencia Europa, según los cuales dentro de algunos años Turquía estará más poblada que cualquiera de los quince países, lo cual, teniendo en cuenta la nueva modalidad prevista para calcular la repartición de los votos en el seno del Consejo, convertiría a Turquía en el país con mayor peso en el Consejo. Pero, además, los Quince no se han dado cuenta, o no han querido darse cuenta, de los riesgos que ello supone para el conjunto de la negociación de la ampliación, al negarse a adoptar un lenguaje claro y digno con respecto a Turquía. 
Nuestras relaciones con este gran país, que la geografía ha situado fuera de Europa, merecen algo más que esta asimilación aparente, llena de malentendidos, de chantajes, de esperanzas truncadas. 
El lenguaje de la ambigüedad no es un lenguaje responsable. 
Sobre el programa de la Comisión 
Señor Presidente, mi explicación de voto se referirá a un aspecto del programa de trabajo de la Comisión sobre el que esta última, al igual que el Consejo, se muestra muy discreta. 
Se trata de los nuevos poderes de intervención y, quizá, de sanción que la Comisión desearía se le otorgasen para imponer su concepción, muy particular, de la libertad de circulación en el mercado interior. 
Es sabido que hoy este problema vuelve a ser de actualidad puesto que el Tribunal de Justicia acaba de dictar, el 9 de diciembre, una sentencia que condena a Francia por no haber hecho respetar la libertad de circulación durante las grandes manifestaciones de agricultores de 1993 y 1995, en las cuales habían sido interceptados y destruidos por agricultores franceses camiones con fresas españolas. 
La cuestión no será de saber si estas mercancías procedían, en algunos casos, de Marruecos, con etiqueta española, o si se producían en España utilizando trabajadores marroquíes clandestinos. 
Las posibles infracciones no importan demasiado, es necesario que las mercancías circulen sin control. 
Puede pensarse que las manifestaciones como las que condena el Tribunal no existirían si la Unión Europea tuviese una concepción seria y honesta de la libertad de circulación. 
Pero este problema no se ha planteado. 
Por el contrario, la Comisión opina que el Tribunal de Justicia no pronuncia sus condenas con la suficiente rapidez. 
Por eso la Comisión había aludido en su último Plan de acción para el mercado único a la necesidad de estudiar la manera de que se le otorgase el poder de intervenir directamente en estos casos, incluso mediante sanciones. 
El pasado mes de junio, el Consejo Europeo de Amsterdam había aprobado globalmente dicho Plan de acción, sin más precisiones. 
Pero el Consejo sabía lo que hacía, ya que el Consejo de Luxemburgo del 13 de diciembre se ha congratulado, otra vez de forma alusiva, de la propuesta que se le ha sometido. 
Se trata de un proyecto de reglamento, presentado el 18 de noviembre, que establece un mecanismo de intervención inmediata de la Comisión. 
Como hoy no existe fundamento jurídico para este reglamento, sus redactores utilizaron el artículo 235 del Tratado, que permite todo y cualquier cosa, con la condición de que sea por unanimidad. 
Veremos qué Estados aceptan desprenderse, en provecho de un puñado de funcionarios europeos, del derecho de controlar lo que ocurre en su territorio. 
Muy brevemente para señalar, una vez más, la urgencia de establecer una política europea del turismo, dada su inexplicable ausencia del Tratado de Amsterdam. 
Este grave error ya está produciendo sus primeros frutos negativos al no encontrarse ni una sola propuesta relativa al turismo en el programa debatido. 
Tantas veces me he manifestado en este sentido desde el inicio de esta legislatura, que lamento mi reiterada insistencia en la materia; pero me sigue pareciendo de una irresponsabilidad grande que el turismo, que entre otros méritos, es la primera fuente de empleo, sea ignorado en el programa de trabajo de la Comisión. 
Los abajo firmantes pertenecientes a la izquierda sueca hemos decidido abstenernos en la votación final. 
La Resolución tiene en varios de sus apartados unas ideas positivas; como las propuestas en el ámbito medioambiental y social. 
No obstante, también incluye varios apartados que no podemos aceptar. 
A éstos pertenecen la idea de la modificación de los Tratados, de los partidos europeos y de la política exterior. 
En nombre de los diputados del Partido Laborista Europeo, deseo hacer constar que apoyamos la resolución. 
Sin embargo, eso no significa que modifiquemos nuestra posición sobre la libre circulación, según la cual consideramos, como se acordó en Amsterdam, que se deben tener en cuenta las especiales circunstancias geográficas del Reino Unido. 
El programa de Trabajo de la Comisión para 1998 se basa en prioridades políticas equivocadas. 
La Unión Europea no ha abordado el constante problema del desempleo. 
Las estrategias en materia de empleo deben ser cometido de los Gobiernos nacionales. 
Los Gobiernos nacionales están en las mejores condiciones para entender las condiciones económicas y sociales necesarias a fin de abordar el desempleo en sus territorios respectivos. 
Los planes paneuropeos grandiosos para abordar el desempleo no atienden las necesidades locales. 
La consecución de la Unión Económica y Monetaria que entraña la introducción del euro es la prioridad principal de la Comisión en 1998 y años posteriores. 
Esa estrategia contribuirá al aumento del desempleo, a medida que los Gobiernos sigan introduciendo medidas de austeridad no equilibradas con la esperanza de ser admitidos en el euroclub. 
El absurdo del dogma de la Comisión de perseguir sus objetivos económicos a cualquier precio ha quedado demostrado recientemente por su indiferente actitud para con los millares de puestos de trabajo amenazados en el sector de las ventas libres de impuestos. 
La Comisión sigue adoptando una actitud dogmática respecto de lo que llama «Acción de la Unión en el mundo» , al perseverar en una estrategia que substituye la extensa experiencia de los Estados miembros en la gestión de los asuntos exteriores por la inexperiencia y el amateurismo colectivos de la Unión Europea en esa importante esfera. 
Me opongo a todas las propuestas que tienden a la armonización fiscal, puesto que pienso que son los ciudadanos de los Estados miembros de la UE los que deben detentar el derecho exclusivo a fiscalizarse a sí mismos. 
Sobre el informe Jové Peres 
Señor Presidente, no eran aceptables a mi juicio las líneas generales que proponía el Comisario Fischler y que hoy ha rechazado el Parlamento por varias razones. 
Cito tres de ellas: la primera, una OCM se revisa solamente cuando cumple mal sus objetivos. 
No es éste el caso ya que el sector del aceite de oliva ha funcionado sin problemas, aumentando en los últimos años la calidad y el consumo y manteniendo la renta de los agricultores. 
Si en algún país existiera fraude, es obligación de la Comisión luchar contra él. 
Segunda razón: no estamos ante un simple problema de mantenimiento de rentas, que podría solucionarse por un sistema de ayudas independiente de la producción. 
Además, el aceite de oliva es un producto de alta calidad, no excedentario y competitivo de la economía europea, cuya producción no debe desincentivarse bajo ningún concepto. 
Y tercera y última razón: en Andalucía, con el 30 % de la producción europea y el 20 % de la mundial y, por otra parte, con un gran desempleo, el olivo es un cultivo de alto valor social, con gran cantidad de mano de obra, que ha estabilizado la población rural de extensísimas zonas y ha eliminado el paro agrario durante muchos meses al año. 
Señor Presidente, el informe aprobado hoy representa un buen acuerdo en favor del sector del aceite de oliva. 
La opción de ayuda al árbol, estudiada por la Comisión Europea, supondría una tragedia para el sector productor y para las regiones afectadas. 
El coste de la recolección de la aceituna supone un 70 % de los costes variables del proceso, y un sistema de este tipo podría dar lugar a un abandono de la producción real. Ello traería como consecuencia la pérdida de empleos en esas regiones, que se cuentan entre las áreas con más paro de la Unión. 
No podemos olvidar que el sector facilita 46 millones de jornales a 400.000 personas durante la cosecha. 
Quiero mostrar aquí, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, nuestra solidaridad con los productores, especialmente de Andalucía, donde el olivo supone la mitad del empleo agrícola. 
En esta materia, hemos actuado con total solidaridad con nuestros amigos andalucistas. Por ello, apoyamos esta propuesta de ayudas a la producción real, porque crea más empleo, es más solidaria con las áreas menos favorecidas de la Unión Europea y supone un fraude menor que el sistema de ayudas al árbol, que no es transparente. 
Termino, señor Presidente. Todo ello sin olvidar la componente de riesgo que la ayuda al árbol implica desde el punto de vista de la despoblación rural y el medio ambiente. 
Señor Presidente, cuando en los próximos meses el Consejo y la Comisión aprueben el próximo Reglamento sobre el aceite de oliva, deberían tener muy en cuenta las potencialidades que tiene este producto sobre el empleo. 
Deberían conocer muy bien hasta qué punto la producción del aceite de oliva es fuente de vida y de actividad en todo el área de la cultura mediterránea. 
Esto es muy importante, porque tomamos demasiadas decisiones fundadas sobre la burocracia de los papeles. 
Pero si fuéramos sobre el terreno veríamos que la campaña de la aceituna en Andalucía ha empezado hace quince días, y eso, señor Comisario presente, sir Leon Brittan, neutraliza totalmente el paro en Andalucía. 
No vería usted nada más que actividad. 
Es el mejor antídoto contra el desempleo. 
Es inútil que hagamos cumbres extraordinarias en Luxemburgo. 
Aprendamos la realidad de los hechos. 
No hay en estos momentos en Andalucía desempleo simplemente porque ha empezado la campaña del aceite de oliva. 
El Comisario de Agricultura debe incluir en sus propuestas un estudio de impacto socioeconómico, y lo que ha dicho ayer de los parámetros no es cierto. 
En su próxima propuesta, debe contabilizar si destruye empleo, porque si algo ha quedado claro hoy aquí es que no vamos a aprobar ninguna propuesta que destruya empleo. 
El Grupo de los socialdemócratas suecos ha decidido hoy votar a favor de la enmienda del Grupo socialdemócrata europeo. 
Hemos reflexionado profundamente sobre la situación, y hemos llegado a la conclusión de que, en la coyuntura en que nos encontramos hoy en el Parlamento respecto de la votación, ésta es la mejor alternativa. 
Nos satisface que el grupo PSE trabaje por lograr un compromiso entre la Comisión y los agricultores. 
No obstante, pensamos que la propuesta y la voluntad de reforma de la Comisión son extremadamente correctas, y esperamos que se pueda conseguir una liberalización del sector de la aceituna y del aceite de oliva tan pronto como sea posible. 
Los abajo firmantes hemos votado a favor del informe en base a su crítica con respecto de la propuesta de la Comisión, y a las condiciones especiales del sector olivarero. 
Esto no significa que abandonemos la reivindicación de que la reforma general y profunda de la política agrícola común debe hacerse extensiva también al sector en cuestión. 
La cuestión que hoy debemos tratar reviste una gran importancia. 
Por una parte, se refiere a los intereses económicos del sur de Europa y permite que la Unión asuma el liderazgo mundial en el sector del aceite de oliva, con alrededor del 80 % de la producción. 
Por otra parte, la aceituna constituye la identidad de las regiones de la cuenca mediterránea. 
Hasta ahora el sistema de ayuda a la producción y al consumo de la Unión Europea ha favorecido a las grandes explotaciones, mientras que el 60 % de la producción procede de los pequeños cultivadores. 
¡También ha contribuido a favorecer la cantidad en detrimento de la calidad! 
Si continuara aplicándose este sistema, ello podría suponer un riesgo de superproducción y, de hecho, un aumento de los precios en el mercado. 
En las regiones del sur de Francia y de Córcega se producen pequeñas cantidades en comparación con nuestros vecinos italianos, españoles y griegos. 
El aceite de oliva, de Provenza, por ejemplo, se distingue ante todo por su sello de calidad. 
La reforma necesaria debe permitir a los pequeños productores beneficiarse de un sistema de ayuda más favorable. 
Este último debe también mejorar la transparencia en los mecanismos de reparto de las ayudas. 
Con este fin, es importante aplicar un nuevo régimen de apoyo que permita una modulación más equitativa, más controlada, de la ayuda y que tenga en cuenta el cometido medioambiental y las exigencias de los pequeños productores. 
Consideramos que las reivindicaciones fundamentales de una reforma más equitativa, más justa, para los pequeños productores consisten en integrar nuevos criterios relacionados a la vez con el territorio, el medio ambiente y el empleo. 
Esta reforma tampoco debe olvidar las nuevas exigencias de la Organización Mundial del Comercio y, en este sentido, debe tender hacia un sistema de ayudas a los productores, independiente de los volúmenes de producción y basado en una modulación, de acuerdo con los principios de respeto del medio ambiente y de calidad. 
Por lo tanto, Señorías, les pido apoyen un nuevo sistema de regulación, de ayudas y de control de la producción que sea capaz de integrarse en el nuevo sistema de comercio internacional de la OMC, y que garantice el respeto de los pequeños productores y de aquellos que, como en el sur de Francia, producen un aceite de calidad. 
La votación de esta mañana sobre las propuestas de reforma de la OCM en el sector del aceite de oliva demuestra que no es necesario ser un gran grupo político para que se aprueben sus enmiendas. 
En efecto, constatamos que todas las enmiendas presentadas por el Grupo del PSE han sido rechazadas, mientras que el Pleno ha aprobado las cuatro enmiendas del Grupo I-EDN. 
¿Cuál es el objetivo de este informe? 
La Comisión va a proponernos, a principios del año 1998, una propuesta de reforma de la OCM del aceite de oliva. 
Este producto mediterráneo, conocido por sus cualidades dietéticas y por sus efectos en la salud de los consumidores, presenta una notable diferencia en cuanto al enfoque: algunos desean defender una política de producción europea de aceite de oliva, conservando de este modo el sitio de líder mundial de la producción europea. Por el contrario, otros desearían que se autorizasen las mezclas de aceite, desnaturalizando así las cualidades intrínsecas de este producto. 
Como diputado de la principal región de producción francesa de aceitunas, me he empeñado, con el conjunto de mi Grupo, en proteger los intereses de la producción francesa, que posee la particularidad de estar compuesta por un gran número de productores que producen y comercializan su propio aceite. 
En el proyecto inicial del informe del Sr. Jové Peres se había propuesto eliminar la ayuda a la producción (ayuda al olivo) en beneficio de una ayuda al consumo. 
Con ocasión de la votación en la Comisión de Agricultura tuvimos la satisfacción de comprobar que nuestra posición en favor de la ayuda a la producción ha sido recogida en las enmiendas transaccionales del informe. 
En definitiva, podemos decir que, durante los diferentes debates en la Comisión de Agricultura y en el Pleno, la orientación inicial de este informe ha podido ser modificada en el sentido que deseábamos. 
Por eso el Grupo Europa de las Naciones, en conjunto, ha votado a favor de la resolución final, y esperamos con impaciencia las nuevas propuestas de la Comisión. 
Deseamos que el Comisario Fischler tenga en cuenta esta orientación del Parlamento Europeo, cuya finalidad es también defender la agricultura meridional. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra del informe del Sr. Jové Pérez sobre la organización de mercados en el sector de la aceituna y del aceite de oliva. 
Los socialdemócratas daneses apoyan la propuesta de la Comisión de reforma de la organización de mercados en el sector del aceite de oliva, en el que en el futuro se otorgarán ayudas por árbol. 
Esto supone según nuestro punto de vista una forma de ayuda más efectiva y contribuye a limitar el fraude en el sector. 
El informe del Sr. Jové Pérez es problemático desde nuestro punto de vista, pues es inconsistente. 
Se hace referencia a que es precisa una reforma del sector, sin embargo, al mismo tiempo hace hincapié en que la organización de mercados actual funciona perfectamente. 
El informe apoya de paso a los países meridionales productores de aceite de oliva opuestos a una reforma básica. 
Ellos son contrarios a una reestructuración encaminada a la ayuda por árbol. 
La reforma de la organización de mercados en el sector del aceite de oliva es la primera de las nuevas reformas que deben iniciarse en la política agraria común. 
De ahí que sea importante apoyar a la Comisión en su tarea dirigida a nuevas reformas efectivas en el ámbito agrario. 
Son precisas reformas básicas dentro de la política agraria común si la Unión debe estar lista para la ampliación hacia los países de la Europa central y oriental. 
Los socialistas españoles hemos apoyado el informe sobre el aceite de oliva por una idea central: nuestra convicción de que la actual OCM ha funcionado correctamente y ha sido clave en la modernización de un sector de gran importancia económica y social. 
Dicha OCM no necesita, pues, más que reformas de detalle. 
El resultado final, como fruto de un compromiso, lo entendemos como un punto de partida, que no debe impedirnos seguir insistiendo en los puntos que consideramos esenciales de cara a la decisión definitiva que deberá acordar el Consejo. 
Estos puntos son los siguientes: 
Llamamos la atención sobre el dato de que el gasto del FEOGA Garantía en la OCM del aceite no ha sufrido incremento desde 1992, en contradicción con lo que ha sucedido en la generalidad de las OCM, y de manera señalada en las producciones continentales.-No estamos de acuerdo con la distribución de la Cantidad Máxima Garantizada entre los países productores. La aceptaríamos sólo como un mal menor, pero consideramos necesario insistir en que el eventual reparto entre países debe tener en cuenta las producciones reales y las capacidades de producción reflejadas en las últimas cosechas.-No renunciamos a seguir defendiendo la ayuda al consumo, como contribución a la modernización del envasado y la comercialización.-Mantenimiento del sistema de intervención.Queremos, por último, reiterar nuestra confianza en el futuro del aceite de oliva, como sector clave de la agricultura española y europea. 
Sobre el informe Valverde López (A4-341/97) 
El cultivo del tabaco es uno de los más intensivos de la Unión y requiere una gran cantidad de mano de obra. 
Se lleva a cabo en pequeñas explotaciones agrarias de carácter familiar en regiones especialmente desfavorecidas y dependientes de ese monocultivo, que en su mayoría se encuentran en el sur de la Comunidad y están catalogadas como regiones del Objetivo 1. 
Este cultivo proporciona más de 300.000 puestos de trabajo a jornada completa en el sector principal y de transformación; además, contribuye a la protección del medio ambiente y a la lucha contra la desertización y el despoblamiento. 
La reducción o desaparición de la producción comunitaria de tabaco, como resultado de la propuesta de supresión de ayuda directa a la renta del sector tabaquero de la Unión (punto 29) , produciría grandes e irreparables perjuicios sociales, económicos y políticos a esas economías regionales. 
Sin embargo, no beneficiaría a la salud pública ya que no iba a reducir el consumo, aunque sí iría a beneficiar de forma exclusiva a las multinacionales productoras de cigarrillos, puros y tabaco para pipa, que lograrían el control del mercado internacional e introducirían al menos el 30 % de la producción comunitaria en la Unión. 
Para contribuir a la lucha contra el tabaco, son precisas medidas proteccionistas que reduzcan esas importaciones desde USA, coordinar la lucha contra su contrabando, atajar la publicidad indirecta de las grandes multinacionales tabaqueras y, de forma paralela, actuar en el plano cultural y educativo. 
Es positivo que se haya votado en contra del apartado 29, que pedía, de manera frívola e inaceptable, la inmediata interrupción de las subvenciones a los productores. 
Pero, el apartado 30, que tiene un contenido similar, sí ha sido aprobado. 
Es un gran error mezclar la protección de la salud pública del consumo de tabaco con el propio cultivo del tabaco, pues éste sólo cubre el 30 % del consumo europeo. 
Finalmente, he de señalar cómo me ha llamado particularmente la atención que el ponente haya rechazado mis enmiendas frente al contrabando de tabaco y en contra de la participación de miembros del Parlamento Europeo en campañas publicitarias de grandes compañías tabaqueras. 
He apoyado sinceramente el informe Valverde López. 
El subgrupo neerlandés del grupo I-EDN es de la opinión que se ha de hacer todo lo razonable para impedir el tabaquismo en la Unión. 
El informe Valverde López tiene un gran número de recomendaciones para disuadir del consumo de tabaco. 
Sobre la prohibición de la publicidad, afortunadamente, el Consejo ha llegado ahora a un acuerdo. 
Ahora queda lo demás. 
No puedo por menos que decir que la continuidad de las subvenciones agrícolas para el cultivo del tabaco son, a mi juicio, una incongruencia absurda en la política de la Comunidad. 
Me parece que la continuidad de este flujo de subvenciones va directamente en contra del Tratado de Maastricht. 
En él se recoge que la protección de la salud pública debe formar parte de todos los otros ámbitos políticos de la Comunidad. 
Ya es hora, por lo tanto, que la Unión adapte su política de apoyo al tabaco a las exigencias del nuevo Tratado. 
Sólo tenía reparos a algunos puntos de la resolución. 
Se trata del punto 13 sobre el contenido en alquitrán en el tabaco de liar. 
La ciencia todavía no ha determinado cómo hay que medir el contenido en alquitrán en este tipo de tabaco, ya que tratándose de tabaco liado a mano ningún cigarrillo es el mismo. 
Todavía se ha de encontrar una solución para ello. 
Por eso he apoyado la enmienda 2. 
Los puntos 17 y 34 parten de antemano de la idea de que unos impuestos más altos para el tabaco de liar están justificados. 
Esto es prematuro y por eso he apoyado las enmiendas 16 y 17. 
No podía apoyar el punto 20. Me parece exagerado que se ocupe con advertencias el 25 % de la superficie de los paquetes grandes de tabaco. 
Ese 25 % está muy bien para un paquete estándar de cigarrillos. Por eso la enmienda 13 ha recibido mi apoyo. 
Los puntos 35 y 36, finalmente, me parece que van demasiado lejos y no los he apoyado. 
Se ha determinado claramente que el hábito de fumar puede causar enfermedades graves como el cáncer de pulmón y problemas cardíacos. 
Por esa razón, quisiera apoyar cualesquiera iniciativas educativas o publicitarias que disuadan a los jóvenes de iniciarse en ese hábito negativo. 
El informe del Sr. Valverde López presenta algunas propuestas excelentes a ese respecto. 
Sin embargo, me parece que hay una grave incoherencia en la acción de la UE. 
Por una parte, la Comisión de la UE y los ministros de Sanidad de la UE apoyan una prohibición del patrocinio por parte de las empresas tabaqueras. 
Pero, por otra parte, la UE sigue concediendo subvenciones a los cultivadores de tabaco. 
¿Dónde está la coherencia? 
Antes bien, deberíamos alentar a los cultivadores de tabaco para que diversifiquen sus actividades y prestarles ayuda para ello. 
Seguir esa vía sería más coherente con una política antitabaco. 
Deben suprimirse las ayudas a la producción de tabaco de la UE. 
Hay que establecer un calendario para su eliminación. 
Durante el plazo establecido, habría que sembrar nuevas cosechas y ofrecer unas posibilidades de manutención alternativas a aquellos que ya no puedan conseguir sus ingresos a través del cultivo de tabaco. 
Se trata de encontrar una posición equilibrada entre el respeto hacia la salud de las personas, el empleo y la política regional por un lado, y el logro de un acuerdo sobre un período de transición realista por otro. 
El Parlamento Europeo no puede dar su apoyo a la práctica del Banco Mundial de denegar ayudas a los proyectos relacionados con el cultivo de tabaco sin adoptar la misma posición dentro de la UE. 
En nombre de los diputados laboristas al Parlamento Europeo, he de decir que se ha concedido el apoyo al informe Valverde López sobre el papel actual y el propuesto de la Comisión para luchar contra el consumo de tabaco, dado que se trata de un informe sobre una comunicación. 
Creo que varios aspectos se prestan más a la actuación de los Estados miembros con cierta cooperación. 
El Gobierno del Reino Unido hará públicas sus opiniones durante 1998 y el parlamento del Reino Unido deliberará sobre las medidas apropiadas que se deben introducir. 
Se examinarán detalladamente las propuestas de la Comisión y del Parlamento, si se presentan propuestas legislativas y el amplio apoyo de mis colegas y mío no necesariamente indica conformidad con que en el futuro se introduzcan todas las medidas en el nivel comunitario. 
Hace muy poco tiempo el Consejo, bajo la Presidencia luxemburguesa, logró adoptar una posición común relativa a la prohibición de la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco. 
Así pues, el Consejo se dio prisa, sin esperar el dictamen del Parlamento Europeo, para no aplazar este importante expediente. 
La posición del Parlamento Europeo está motivada sobre todo por consideraciones de salud pública. 
Como lo recuerda el ponente Valverde López, medio millón de personas mueren cada año en la Unión Europea por los efectos del tabaquismo: el tabaco se ha transformado en la primera causa de mortandad evitable. 
Asimismo, debemos constatar un cambio de las tendencias al retroceso, iniciadas hace algunos años. 
Los adolescentes comienzan a fumar mucho antes, las mujeres fumadoras van en aumento, con todas las consecuencias nefastas para el embarazo y los lactantes. 
El tabaquismo pasivo, al que durante mucho tiempo no se le dio importancia, es objeto, cada vez más, de investigaciones científicas que demuestran su carácter nocivo. 
En esta perspectiva, y en atención a la salud pública, la prohibición total de la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco constituye un paso positivo. 
No se trata de prohibir el tabaco ni su consumo, sino de impedir que los jóvenes entren demasiado pronto en contacto (a través de campañas publicitarias muy canalizadas) con el tabaquismo, de intentar evitar los peligros del tabaquismo pasivo o del consumo de tabaco durante el embarazo o en presencia de lactantes. 
El tabaco seguirá vendiéndose, como hasta ahora, en los mismos lugares, pero la incitación a su consumo disminuirá. 
En este sentido, apoyo las opiniones del ponente del Parlamento Europeo y me opongo a cualquier intento de liberalizar la publicidad de los productos del tabaco. 
Si se logra evitar que los niños y los jóvenes empiecen a fumar y se vuelvan dependientes del tabaco, probablemente no adquirirán esa costumbre más tarde en su vida. 
Por ello, el mayor esfuerzo, en mi opinión, debe ser hacer el tabaco menos atractivo para los jóvenes. 
El ponente tiene toda la razón cuando señala que el consumo de tabaco en lugares públicos y en centros de trabajo supone gastos ingentes para la sociedad, por lo que apoyo medidas encaminadas a mejorar la salud y seguridad de los asalariados. 
Por lo tanto, voto por razones sanitarias y sociales sí al informe, aunque en contadas áreas éste limite el libre derecho de los consumidores a adquirir tabaco seg? n su gusto y voluntad. 
Nuestro Grupo ha votado en contra de la propuesta de resolución final de este informe. 
En efecto, aunque somos muy favorables al control del consumo de tabaco, no podemos aceptar el principio de que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor apruebe un informe tendente a eliminar las ayudas a la producción de tabaco y las ayudas a la exportación de tabaco, y suprima globalmente la protección comunitaria a este sector. 
Deseo recordar que el objetivo prioritario del Grupo Europa de las Naciones es defender el empleo: es necesario tomar en consideración la importancia de esta producción para las zonas rurales desfavorecidas. 
En algunas regiones de producción no es posible sustituir una producción de tabaco por otro tipo de producción agrícola. 
¿Qué haremos con los asalariados que utilizamos en este sector? 
Además, nuestro Grupo desea recordar que la Unión Europea importa, en términos netos, el 67 % del tabaco que consume. 
Una supresión de las ayudas a la producción, además de las importantísimas repercusiones que tendrá sobre el empleo, aumentaría nuestro déficit exterior. 
¿De qué sirve disminuir nuestra producción si es para sustituirla por importaciones procedentes de terceros países y particularmente de los Estados Unidos? 
En efecto, si la Unión Europea no produjera más tabaco, ello no tendría ningún efecto sobre la lucha contra el consumo. 
En conclusión, nuestro Grupo se congratula de que el Pleno haya rechazado el apartado 29 de la propuesta de resolución inicial del ponente. 
Lamentamos que nuestras enmiendas, justificadas por la protección del empleo y por el control de nuestros déficit desde el punto de vista del comercio exterior, no hayan sido aprobadas. 
Hemos solicitado una votación nominal, y pienso que los productores de tabaco querrán conocer las posiciones de cada uno. 
Señora Presidenta, me encuentro ante la triste obligación de comunicar al Parlamento Europeo un trágico accidente aéreo que tuvo lugar en la noche de ayer en la región de Salónica, mi ciudad. 
Un avión de la compañía aérea ucraniana Air Swift que cubría el trayecto entre Kiev y Salónica se ha estrellado. 
La suerte de la tripulación y los pasajeros, en total 72 personas, se ignora. 
El avión se perdió en las montañas próximas a Salónica tras realizar un intento fallido de aterrizaje. En estos momentos se están llevando a cabo las labores de búsqueda y salvamento sin muchas esperanzas. 
Señora Presidenta, considero mi deber efectuar esta comunicación y pedir al Parlamento Europeo que haga llegar su pésame a los familiares de las víctimas. 
Muchas gracias, señor Papakyriazis. 
En primer lugar, se trata de su país pero también de un país de nuestra Comunidad. 
Muchas gracias por la información. No tenía aún noticia de ello. 
El Parlamento recabará aún la correspondiente información y expresaremos también del modo correspondiente nuestra condolencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los resultados de la Conferencia de Kioto. 
Señora Presidenta, quiero decir simplemente al principio mismo que esta Asamblea debe disculparse ante la Comisaria por haberla traído aquí para hacer esta declaración un jueves por la tarde, cuando no hay nadie presente. 
Algunos de nosotros intentamos decir a los dirigentes de los Grupos que no era buena idea pedir esa declaración en un jueves inmediatamente antes de Navidad. 
Yo salí derrotado de aquella reunión; sólo un dirigente de Grupo del Parlamento convino conmigo al respecto, en realidad. 
La Comisaria estuvo en Kyoto la semana pasada. Regresó en el fin de semana. 
El martes hubo un Consejo de Medio Ambiente y ayer era el primer día de que habría dispuesto para reflexionar sobre los resultados de Kyoto. 
En lugar de concederle tiempo para reflexionar sobre la política futura, pedimos que acudiera aquí e hiciese una declaración. 
Debemos disculparnos ante la Comisaria por este comportamiento. 
Deberíamos haber celebrado un debate apropiado después de Navidad, cuando tanto ella como el Presidente del Consejo podrían haber estado presentes y entonces habríamos podido mirar hacia adelante y hacia atrás. 
Así resulta que algunos de los que pidieron el debate no están aquí. Creo que algunos de ellos ni siquiera están en Estrasburgo en este momento. 
Es algo absolutamente vergonzoso. 
Quiero disculparme por ellos ante la Comisaria. 
Señor Collins, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, le expreso mi agradecimiento por el sentimiento expresado. 
Pero usted sabe que hemos determinado un orden del día que todos han aprobado. 
Los presidentes de los grupos políticos nos lo han presentado así y no se ha realizado ninguna modificación. 
Le puedo entender, pues sé lo largo que es este viaje y que no es muy agradable tener que estar inmediatamente «up to date». 
Señora Presidenta, quisiera dar personalmente la bienvenida aquí a la Sra. Bjerregaard. 
Algunos de nosotros estuvimos en Kyoto y ya estamos todos de regreso aquí y lo tenemos muy presente. 
Conque quisiera dar personalmente la bienvenida a la Sra. Bjerregaard por esta declaración. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la Comisaria y a la delegación negociadora de la Unión Europea. 
Ha sido uno de los puntos álgidos de la diplomacia europea que por primera vez hayamos tomado las riendas y no se las hayamos dejado a los norteamericanos. 
Por el contrario, los Estados Unidos han estado más bien sentados en el banquillo de los acusados. 
Europa ha tomado el mando: muchas felicidades de nuevo. 
Este es un procedimiento que recomiendo se imite. 
Pero en este contexto, quiero decir asimismo que los muchos diputados del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales que han estado en Kioto tienen que trabajar más estrechamente en esta cuestión. 
Ni siquiera teníamos noticia unos de otros, mientras que los norteamericanos constituían una delegación muy cerrada y actuaban en consonancia. 
Es esta una tarea de gestión para el Parlamento pero también para la Comisión, con la que tenemos que trabajar mejor en este contexto. 
Con ello llego al primer punto que me ocasiona algunos problemas: la ratificación del acuerdo por parte del Senado norteamericano. 
En la resolución del 16 de octubre del Consejo de Ministros sobre Kioto se dice que los objetivos de reducción de las emisiones que nos hemos marcado para el 2010 y el 2005 son técnica y económicamente factibles mientras otros Estados industriales adopten medidas similares. 
¿Qué pasa si el Senado de los Estados Unidos ratifica el convenio de Kioto sólo dentro de dos o tres años? 
¿Significa esto que los europeos van a esperar también dos o tres años o aún más, o significa que independientemente de los EE.UU vamos a comenzar a dar importantes pasos para reducir las emisiones? 
Esta me parece que es la cuestión central que se plantea al Consejo y a la Comisión, pero sobre todo al Consejo. 
Se plantea también la siguiente cuestión: ¿porqué no nos atenemos al objetivo originario del 15 %? 
Cualquiera de nosotros que se haya ocupado de esta cuestión sabe que el resultado de Kioto es el resultado de una operación diplomática. 
Pero si los expertos en el clima tienen razón, estamos muy por detrás de las exigencias que debemos cumplir. 
También por este motivo estoy a favor de que insistamos en el concepto del 15 %. 
Tendremos tras de nosotros a una gran parte de jóvenes, de técnicos y científicos comprometidos en Europa. 
De esta obligación nacerá una nueva identidad de Europa, pero que solamente puede nacer de una tarea y no de un papel muerto. 
Mi último ruego y propuesta es que elaboremos un calendario vinculante. 
Un calendario vinculante que prevea sanciones contra los que no cumplan las obligaciones. 
Necesitamos una gestión que lo haga. 
Esto se puede confiar a la Comisión- tengo plena confianza en ella -, pero necesitamos una gestión que lo aplique y, en cualquier caso, lo controle. 
Quizás necesitemos una especie de acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento para que cada uno realice su aportación. 
Estoy seguro de que los grupos políticos en este Parlamento y, en cualquier caso, el nuestro, estarán dispuestos a trabajar para que una letra que hasta ahora está muerta se convierta en un proyecto vivo. 
Señora Presidenta, hace cinco años los Gobiernos de la Tierra acordaron en Río tomar las medidas necesarias para que la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera se redujese a un nivel no peligroso para el clima. 
En su sugestiva intervención de noviembre y también de hoy, el Sr. Linkohr ha mostrado que todo lo que se ha debatido en Kioto ha estado muy por detrás de ese encomiable objetivo. 
Si partimos del hecho de que a largo plazo cualquier ciudadano de la Tierra debería emitir la misma cantidad de CO2, independientemente de donde viva, entonces es lógico que en los países industrializados tengamos que alcanzar una reducción mucho mayor que todo lo que prevén las propuestas sobre las que se ha debatido en Kioto. 
Este valor debería ser aproximadamente algo inferior a dos toneladas per cápita. 
Esto es evidente ante el hecho de que hoy sabemos que un ciudadano de Tanzania emite sólo una centésima parte de lo que emite un ciudadano en algunos países industrializados. 
Es decir, todo sobre lo que se ha debatido ha sido muy modesto. 
Pero yo soy de la opinión de que la política es el arte de lo factible, por lo que ha habido que realizar compromisos. 
Por ello, imponer la posición del Parlamento Europeo al cien por cien o lograr el compromiso que ahora tenemos es solamente una diferencia gradual. 
No hay pues motivo para caer en el derrotismo porque no se haya logrado imponer con toda claridad la posición de la UE. 
Por otro lado, hay que lamentar que haya habido algunas excepciones. 
Quiero felicitar a la Comisión Europea y a los encargados de llevar las negociaciones por haber adoptado un papel dirigente tan claro, pero también tenemos que hablar sobre algunas cuestiones críticas. 
Por ejemplo, es muy de criticar que Australia e Islandia puedan aumentar sus emisiones. 
Pero algo de culpa tiene en ello la Unión Europea ya que dentro de la UE, por los más diversos motivos, hemos permitido a algunos Estados miembros aumenten sus emisiones en los próximos años. 
No hay que admirarse de que otros Estados industrializados lo reclamen también para ellos. 
Hay que dejar claro que estos Estados, tanto dentro de la UE como fuera, emiten hasta 50 veces más que, por ejemplo, Tanzania u otros países en vías de desarrollo. 
Mi propio país está siempre muy comprometido en lo que a la protección del clima se refiere, pero también en este caso tengo una actitud muy autocrítica. 
La República Federal de Alemania no ha logrado en los últimos años reducir sensiblemente las emisiones en el oeste. 
La unidad alemana fue un gran logro, sobre todo bajo un aspecto político. 
Pero también para la protección del clima la unidad alemana ha constituido un éxito pues se pudo sustituir instalaciones ineficaces por otras eficaces, si bien esto no siempre es algo que puedan imitar otros Estados miembros. 
Aquí se trataba de una situación especial. 
Tanto dentro de Alemania como de la UE tenemos un problema de credibilidad, pues la UE tampoco alcanza los objetivos por ella misma marcados con los medios actuales. 
Hay que utilizar el tiempo tras Kioto para actuar por fin con credibilidad. 
Tenemos que ser más eficaces en la política energética y apoyar más intensamente unas formas de energía neutrales para el clima. 
Creo que entonces tendremos mejores oportunidades de lograr unas reducciones aún mayores en las futuras negociaciones, independientemente de que hay muchos más motivos que sólo el de la protección del clima para proceder de un modo muy ahorrativo con la energía, con la energía de origen fósil, pues esta se acaba y además es una pena quemarla pues es importante como materia prima para muchos sectores. 
Hay pues muchos motivos para poner manos a la obra. 
Presidenta, déjeme comenzar felicitando sinceramente a la Comisaria Bjerregaard. 
No ocurre a diario que la felicite, o sea que puede estar contenta esta tarde. 
Porque gracias en parte a la perseverancia de esta Comisaria, la Unión Europea ha podido jugar un papel de líder en la conferencia de Kioto. 
Como la mayoría de los oradores que hay aquí esta tarde, yo también estuve en Kioto y oí hablar a la Comisaria. 
Un discurso firme y bueno después de que la ministra de los Países Bajos hubiera hecho su discurso, que durante la Presidencia había preparado la conferencia de Kioto tan bien- todas son palabras de elogio para la Comisaria. 
Como la Unión Europea viajó a Kioto con su propuesta de reducción del 15 %, se ha podido llegar finalmente a un acuerdo entre Japón y los Estados Unidos con unos objetivos de reducción mucho más duros de los que al principio querían. 
A pesar de todo opino que la Unión Europea no debe imponerse a si misma como objetivo el acuerdo mundial de Kioto del 8 %, sino que debemos mantener la reducción del 15 %. 
Sólo de este modo puede la Unión seguir jugando el papel de líder y tirar de los otros países en los próximos años. 
En Kioto se llegó a un cambio: en vez de tres se contabilizan seis gases para la reducción. 
Una y otra cosa se tendrán que revisar. La Comisaria ya lo señaló. 
El reparto de las cargas entre los países de Europa se debe examinar de nuevo. 
Mi pregunta es por lo tanto: ¿cuándo nos llegará la comunicación de la Comisaria para que se tome una decisión bajo la Presidencia británica, en la primera mitad del año que viene? 
Como punto final, Presidenta, tengo plena confianza en que la Presidencia británica aborde este tema tan enérgicamente como pasó bajo la Presidencia neerlandesa. Ya lo señalé. 
El Consejo puede convertirse en un Consejo histórico, por lo que la Unión Europea será alabada por la próxima generación por haber salido del estancamiento en la lucha contra el efecto invernadero. 
Señora Presidenta, quizás fuera conveniente recordar aquí nuestra intervención anterior a la Conferencia de Kioto, en la que decíamos que grupos ecologistas y ciudadanos en general estaban pidiendo una reducción superior al 20 % en el año 2010, con respecto a los niveles de 1990. 
Sin embargo, también decíamos que la postura de la Unión Europea a la vista de las de otros países- Estados Unidos fundamentalmenteera la opción más clara y más enérgica frente al cambio climático y en defensa del medio ambiente. 
Queremos felicitar a la Comisaria y a la delegación europea por la energía que han puesto en la defensa de nuestras posiciones. 
Hay que denunciar la política medioambiental de países como los Estados Unidos que insistían en la reducción de emisiones de los países en desarrollo mientras ellos continuaban con el mismo nivel desarrollista de la actualidad. 
Es un planteamiento totalmente injusto, sobre todo si además tenemos en cuenta, como decía el Sr. Linkohr, las declaraciones del senador John Kerry afirmando que lucharía en el Senado norteamericano para que este acuerdo de mínimos no se cumpliera, porque era completamente imposible que los norteamericanos cambiaran sus pautas de conducta de consumo de la energía. 
Nosotros estamos de acuerdo con algunos de los compañeros que ya han intervenido en el sentido de que la Unión Europea, que se propuso un 15 % de reducción con arreglo a 1990, siguiera proponiendo esa pauta de descenso de reducción y fuera ejemplo en el mundo de cómo se deben hacer las cosas en materia de medioambiente. 
Dado que la Unión Europea en otros temas, como política exterior o política comercial, no está teniendo la independencia que habría que tener ante los Estados Unidos y otros países, nos alegramos mucho de que en el tema medioambiental la Unión Europea dé ejemplo de coherencia y de defensa del futuro del mundo. 
Creo que ahora queda un camino por recorrer en el que seguirá siendo necesaria la colaboración entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Nosotros así lo consideramos, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y apoyaremos a la Unión Europea siempre que, como en esta ocasión, defienda con coherencia el futuro de la Unión Europea y del mundo. 
Porque creemos que los Estados Unidos, cuando dicen que no pueden rebajar sus niveles de consumo de energía, están actuando de forma incoherente con respeto al futuro. 
Señora Presidenta, en primer lugar, desearía devolver a la cuestión que nos ocupa su verdadera dimensión en este debate. 
Nos hallamos ante un desafío de tal magnitud que deberíamos ser capaces de reducir entre un 60 y un 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. 
Se trata de un enorme reto si tenemos en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones, de aquí al año 2010 se prevé un aumento de los desplazamientos en automóvil de nada menos que el 60 %, por lo que nuestra tarea es verdaderamente ingente. 
Pero, una vez dicho esto, me gustaría unirme al resto de los diputados que han felicitado a la Comisión, y personalmente también a la Sra. Comisaria, por la excelente labor que han realizado en Kioto. 
Espero que sea posible proseguir la cooperación que ya existe entre el Parlamento y la Sra. Comisaria. 
Sin lugar a dudas, ahora debemos proseguir la actividad diplomática a nivel internacional, en la que también las ONG y los diputados pueden desempeñar un papel propio de gran importancia. 
De hecho, así lo hemos podido ya comprobar con toda claridad en Kioto. 
También yo estuve presente, junto con otros ocho diputados al Parlamento Europeo, y por nuestra parte creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. 
Sin embargo, la labor más importante está aquí, en casa. 
Comparto la opinión de mis colegas, y mi grupo exige que la Unión Europea esté en condiciones de liderar este proyecto. 
Debemos mantenernos firmes en nuestra oferta inicial: un 15 % menos para el año 2010. 
La industria de la Unión Europea estará dispuesta con toda seguridad a afrontar este desafío. 
Las soluciones en materia de ahorro energético se encuentran en plena evolución y, tras Kioto, cobrarán seguramente un empuje aún mayor. 
Estoy plenamente convencida de que será posible lograr nuevas innovaciones que permitan también mejorar nuestra calidad de vida y crear nuevos puestos de trabajo. 
Éste es también el modelo que debemos mostrar a los países en desarrollo, a los que, hasta el momento, no se les ha podido exigir grandes cosas, porque es a todas luces cierto que las emisiones de estos países no se pueden comparar con las de los nuestros. 
Por todo ello, la Unión Europea se enfrenta a una responsabilidad y a una tarea verdaderamente importantes. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en mi carrera política raramente he tenido que enfrentarme a un grado tal de deshonestidad intelectual como la semana pasada en Kioto. 
Todos, norteamericanos, europeos, japoneses, venían a declarar que estaban dispuestos a salvar el planeta. 
En realidad, cada uno venía a negociar derechos de emisión. 
La comunidad científica y las ONGs estaban de acuerdo en que, de aquí al año 2010, era necesario reducir al menos el 15 % de las emisiones de gases que producen efecto invernadero, siempre en relación con el año de referencia, 1990, con el fin de estabilizar dicho efecto invernadero. 
Incluso la Unión Europea había declarado estar dispuesta a llevar a cabo este objetivo. 
¿Cuáles son los resultados? 
Los norteamericanos, los que más emiten en cifras absolutas y por habitante, declararon finalmente estar de acuerdo en disminuir las emisiones en un 7 %, con la condición de que se permita el comercio de derecho de emisiones. 
La Unión Europea sólo deberá disminuir sus emisiones en un 8 % y Japón solamente un 6 %. 
Señora Comisaria, tenga valor y asuma sus responsabilidades. 
¡Comprometámonos, en la Unión Europea, a realizar nuestro 15 % voluntariamente, con independencia de las demás naciones industrializadas! 
Según los cálculos de sus servicios, este objetivo es perfectamente realizable, tanto desde un punto de vista económico como técnico. 
Demos un buen ejemplo en Buenos Aires. 
Comprometámonos igualmente a evitar el comercio de este derecho de emisiones, que hemos logrado, con Estados que no estaban dispuestos a reducir sus emisiones de manera substancial. 
El sistema " trading rights» , tal como se decidió en Kioto, es inmoral y cínico porque permite a los más mediocres valerse de los menos mediocres. 
Señora Comisaria, señora Presidenta, no juguemos a este juego peligroso. 
Señora Presidenta, ¿la conferencia de Kioto ha sido exitosa? 
Las opiniones difieren bastante. 
La Comisaria Bjerregaard se mostró decepcionada en su primera reacción de la semana pasada. 
Los Ministros de medio ambiente de la UE estaban aliviados con el resultado conseguido. 
Me inclino a estar de acuerdo con los Ministros de medio ambiente y estoy contento con el tono positivo de la intervención de la Comisaria y la elogio por su empeño en Kioto. 
El temor era que si nadie se movía en Kioto, no iba a haber ningún acuerdo. 
El compromiso al que se ha llegado ahora, es más o menos la media matemática entre el cero por ciento de los Estados Unidos y el quince por ciento de la Unión Europea. 
No muy bueno, pero fue lo máximo que se pudo conseguir y esperamos que sea el comienzo de pasos más grandes. 
Fueron unas negociaciones muy difíciles y complejas, eso está claro. 
Por eso es una victoria para la Unión Europea que se hayan establecido unos porcentajes tan claros. 
Esto indica que entre los países industrializados ha empezado a crecer una conciencia de que aquí pesan ciertas responsabilidades. 
Creo que la lucha contra el efecto invernadero es una de las pruebas más claras de la consciencia medioambiental internacional. 
Es por ello un grandísimo punto ganado que incluso países como los Estados Unidos y Japón hayan aceptado las reducciones. 
Todos sabemos cuan fuerte es la relaci? n entre el crecimiento econ? mico y la emisi? n de CO2. 
También la estabilización de las emisiones requiere ya medidas rigurosas. 
Por eso es tan importante que todos los países industrializados se impongan a si mismos unos objetivos de reducción. 
Se le reprochó al principio a la Unión que se hubiera impuesto a si misma unos porcentajes que no iba a alcanzar. 
Debo decirles que también nosotros dudamos de la voluntad de llegar a ese quince por ciento en el 2010, y esto es necesario. 
En mi propio país se da últimamente más importancia al crecimiento económico que a alcanzar los objetivos de reducción. 
A nuestro juicio harán falta dos cosas para los diez a quince años venideros. 
En primer lugar, un esfuerzo enorme para utilizar los instrumentos más eficaces de reducción. 
En segundo lugar, trabajar para que haya una conciencia mundial de que así no se puede seguir. 
Hemos de avanzar hacia otro modelo de desarrollo económico. 
Esto es necesario, basado en el respeto a la creación y al Creador de la vida. 
Señora Presidenta, existen dos formas de examinar la Conferencia de Kyoto. 
Desde el punto de vista medioambiental, no es una noticia decir que la conferencia no logró un acuerdo sobre los niveles de reducción de los gases que provocan el efecto de invernadero necesaria para invertir el proceso de desestabilización climática. 
Sin embargo, como realista que soy, creo que debemos acoger con beneplácito lo acordado como un importantísimo primer paso adelante en un largo y escabroso camino hacia la inversión de la tendencia en las emisiones por los países industrializados más importantes y reconocer lo difícil que fue llegar hasta ese punto y lo denonadamente que la Comisión y otros participantes trabajaron para lograrlo. 
Al reunirme con los americanos en Kyoto, me resultó bastante escandaloso ver lo absolutamente opuestos que eran muchos de ellos a reducir sus emisiones lo más mínimo y constituye una victoria que se lograra acuerdo alguno. 
El problema principal será la ratificación por parte de los Estados Unidos y, naturalmente, no se puede dar por descontada. 
Entretanto, es esencial que en la Unión Europea sigamos comprometidos con nuestra meta más ambiciosa de reducción en un 15 % de los gases que provocan el efecto de invernadero y empleemos nuestras energías en pro de la ventaja económica que supondrá para la industria europea ir a la vanguardia en los mercados de la tecnología inocua. 
También debemos intensificar nuestras medidas en materia de ahorro de energía y de energías renovables y celebrar un debate. 
Creo que debemos iniciar un debate con China, Rusia e India para ver si podemos ayudar a esos y otros países en desarrollo a cambiar de tendencia. 
No debemos esperar a la ratificación para iniciar la adopción de medidas muy necesarias sobre mecanismos para el desarrollo inocuo y la necesaria transferencia de tecnología a los países en desarrollo. 
Evidentemente, tendremos que analizar el texto del protocolo detenidamente, porque hay muchas importantes cuestiones de detalle, tales como los permisos de emisión negociables, los sumideros de carbono, la transferencia de tecnología inocua y demás. 
Espero que podamos debatir más detalladamente las medidas complementarias en el nuevo año con la Presidencia británica también presente, porque sus representantes se esforzaron enormemente para lograr un acuerdo en Kyoto. 
También estoy deseoso de debatir la comunicación de la Comisión más detenidamente. 
La desestabilización climática no va a desaparecer gracias a lo que ocurrió en Kyoto, por lo que tenemos por delante un trabajo muy importante durante el año próximo para preparar la cuarta Conferencia de las Partes en noviembre a fin de velar por que sigamos avanzando. 
El título del muy largo artículo de hoy es el siguiente: políticos del clima en la niebla. 
El autor llama la atención no sólo sobre un dilema político sino también sobre un dilema material, un dilema de la Conferencia y el dilema del problema principal que se ha tratado en esta Conferencia. 
Consiste en que los enunciados de los investigadores del clima son aún hipotéticos en un alto grado y sus pronósticos son inseguros, por lo que deben ser sometidos con frecuencia a correcciones. 
Para el medio ambiente existe una urgente necesidad de enunciados precisos. 
Esta necesidad de conocimientos debería ser exactamente igual de importante que la necesidad de actuar. 
Entre ambos- actuación y conocimientosexiste una estrecha relación de reciprocidad pues la magnitud e intensidad del cambio exigido del comportamiento debe corresponder a la precisión de los enunciados científicos. 
Creo que para ello es necesario ampliar el enfoque de la investigación. 
Junto al perfeccionamiento de los cálculos deben realizarse ampliaciones temporales y temáticas. 
Unos enunciados mejores sobre los pronósticos exigen un enfoque de investigación más complejo. 
De este modo se podrían realizar complementos de los cálculos básicos preferidos hasta ahora. 
De este modo se podrían controlar, completar y también cualificar. 
Pues la intensidad y velocidad de los cambios climáticos son relevantes para las decisiones políticas y también la influencia humana debe precisarse en el tiempo y en el espacio. 
Si no se busca la relación entre investigación y política, la pérdida de credibilidad es casi la consecuencia necesaria. 
Una segunda observación básica: si acepto que existen modificaciones u oscilaciones climáticas originadas por el hombre, si parto del hecho de que existen, si las afirmo o si las considero probables- y esta es claramente mi posición- entonces no puedo negar la relación recíproca, por ejemplo, con la política energética. 
Al menos tengo que calcular de modo aproximado las posibles repercusiones climáticas de una producción creciente de energía. 
Entonces tengo que reconocer que existe también una demanda creciente de energía y que el necesario y posible ahorro de energía está limitado a los países que disponen de suficiente. 
Quien no lo reconozca tiene una perspectiva bastante provinciana. 
Quien lo reconozca tiene que aceptar también las diferentes opciones para cubrir la demanda energética. 
Quien se tome en serio lo de un uso cuidadoso de los recursos naturales, quien no quiera cambios climáticos decisivos, tampoco puede renunciar por ceguera ideológica a algunas de estas opciones. 
No puede renunciar a productos o tecnologías que ahorran energía. 
No puede renunciar a energías regenerativas, al uso de la energía hidráulica, de la energía solar, ni tampoco, señor Tannert, a un uso responsable de la fisión nuclear ni al futuro uso de la fusión nuclear. 
Quien renuncie por motivos ideológicos a las diversas opciones, actúa ignorantemente. 
Señora Presidenta, Señora Comisaria, colegas, también yo quiero felicitar primero y sobre todo a la Comisaria por su firmeza con la que defendió la posición de la Unión Europea en Kioto. 
De no haber existido esta firme postura de la Comisión, quizá no hubiéramos conseguido el resultado al que podemos dar la bienvenida ahora. 
No es el resultado que esperábamos, pero estoy de acuerdo con los que afirman que un acuerdo más débil es mejor que ninguno. 
Fuimos testigos con nuestra delegación parlamentaria de la postura rígida de nuestros colegas americanos y de su débil argumentación con la que quieren proteger su propia industria. 
Sí pude comprobar personalmente un contraste entre los diputados del " Mid-west» que defendían las viejas industrias y los diputados de California, que opinaban como nosotros que la aplicación de las nuevas tecnologías es una fuente de progreso y de nuevo empleo. 
Se han de solucionar todavía muchas cuestiones. Por ejemplo la implicación de los países en desarrollo, la comercialización de derechos de emisión o cómo incluir la deforestación y la reforestación. 
Surge la pregunta si el protocolo será ratificado por todo el mundo, y en especial por los EEUU, el país más contaminante y cómo se aplicará al final. 
Esto lo acaba de resaltar también la Comisaria. 
No existe por ejemplo ningún consenso todavía sobre qué fuentes de energía alternativas se pueden proponer. Podemos temer que por estas razones la aplicación práctica del protocolo de Kioto será limitada. 
Además, las organizaciones internacionales están mal equipadas para abordar problemas de ámbito mundial como estos. 
Les falta el equipamiento material y humano. 
También su legitimidad es débil. 
Estamos ante un reto enorme y tenemos que trabajar también con la Unión en este campo. 
Como punto final, Señora Comisaria, quiero sumarme al alegato de que en la Unión debemos mantener la reducción del quince por ciento, sea cual sea el compromiso de las otras partes. 
El papel pionero que ha jugado la Unión debe ser continuado. 
Señora Presidenta, el resultado de Kioto ha sido decepcionante. 
El acuerdo sobre el clima no es ni chicha ni «limoná». 
No contribuye a impedir el calentamiento global; a lo sumo lo retarda. Tenemos que partir del hecho de que las emisiones se van a reducir como máximo en un 5 % a pesar de que sabemos que sería necesaria una reducción del 60 hasta el 80 % en los países industrializados. 
Estamos decepcionados porque la UE ha renunciado a su posición de una reducción del 15 % y esperamos de usted, señora Comisaria, una declaración inequívoca de si está dispuesta a desempeñar un papel de adelantada e insistir en el futuro en este 15 %. 
Es incomprensible porqué ha dejado bajar el listón y porqué ha cedido a los quejidos lastimeros sobre la competitividad de la industria en lugar de atacar la urgente solución de los problemas del clima. 
El calentamiento global es demasiado importante como para tratarlo sólo con cataplasmas. 
Esperamos que actúe por fin pues todos sabemos que no es tan importante lo que se hable en las alturas de la cumbre sino lo que se hace en las profundidades de la vida cotidiana. 
Si sigue dejando de lado el cambio climático, si no está dispuesta a enfrentarse a un suministro de energía compatible con el clima, a introducir un impuesto ecológico o a reducir el tráfico por carretera, mostrará claramente a todo el mundo que en Kioto sólo ha representado una comedia y que la UE no pretende realizar un cambio de rumbo. 
Por ello, debemos preparar ya ahora el encuentro de Buenos Aires, insistir en el 15 % e iniciar por fin una política energética y de medio ambiente compatible con el clima. 
Señora Comisaria, usted ha hecho muy poco al respecto, pues ¿dónde están los instrumentos para alcanzar este objetivo de reducción? 
Precisamente esto es lo que debe figurar en el orden del día y no una retórica diplomática. Esperamos por fin hechos. 
Señora Presidenta, en primer lugar, felicidades a la Comisaria. 
Si se quiere ver cómo funciona en realidad este mundo, hay que observar el mundo de la energía y ver los intereses creados. 
Ella ha tenido esa experiencia y también algunos de nuestros colegas. 
Si alguna vez hubo una justificación para la existencia de la Unión Europea, nuestra presencia en Kyoto lo fue. 
Si hubiéramos acudido como países por separado, no habríamos tenido la influencia que tuvimos. 
Naturalmente, como dice con razón el Sr. Linkohr, para realzar nuestra identidad, debemos atenernos a nuestras ambiciosas metas. 
No es un sacrificio. 
Es un buen negocio, porque nos da una ventaja competitiva, reduce nuestros costos y nos permite lograr más éxitos. 
Entonces, ¿por qué no lo comprenden los americanos? 
Porque los americanos miran el mundo a través del espejo deformado de los intereses creados de los grupos de intereses de los combustibles fósiles. 
Eso significa que no pueden ver el mundo con claridad. 
Ven el mundo de un modo que no les revela la sencilla realidad de que ahorrar emisiones de CO2 es una buena idea comercial. 
La energía nuclear no es la solución. 
La energía nuclear presenta otros problemas medioambientales igualmente graves. 
En segundo lugar, desde un punto de vista económico, en un mercado privatizado, la energía nuclear no es viable. 
La experiencia de mi país, el Reino Unido, lo ha demostrado. 
Si Sus Señorías pueden citarme un país con un mercado privatizado que decida en este momento construir nuevas centrales nucleares, les daré un premio. 
No podrán. 
La solución estriba mucho más en utilizar la energía de forma racional y recurrir a las fuentes de energía renovables. 
Permítanme retroceder hasta 1957, año en que se firmó el Tratado Euratom, cosa probablemente acertada en 1957. 
Ahora pensemos en 1997. 
Lo que ahora necesitamos es un tratado sobre la energía renovable, un tratado Eurrenuevo. 
Nada es más intenso y apasionante que una idea cuyo momento ha llegado. 
Ya ha llegado el momento para esa idea. 
Necesitamos instrumentos legislativos, necesitamos una directiva que permita a las fuentes de energía renovables desarrollarse intensamente en un mercado privatizado. 
En la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía estamos trabajando a ese respecto por mediación del Sr. Linkohr. 
Estamos haciendo un informe por iniciativa propia. 
Necesitamos la directiva sobre la planificación racional. 
Originalmente, se llamaba la Directiva IRP (Integrated Resource Planing Directive). 
A veces pienso que se ha convertido en la Directiva R.I.P., porque no sé donde está. 
Naturalmente, tenemos que coordinar nuestra labor. 
El Parlamento tiene que coordinarse con la Comisión. 
La Comisión de Medio Ambiente tiene que coordinar su labor con la Comisaria de Energía. 
La energía representa el 90 % del problema en el cambio climático. 
Y en el Parlamento tenemos que coordinar nuestra labor. 
La Comisión de Energía y la Comisión de Medio Ambiente tienen cometidos al respecto y deben trabajar en colaboración. 
A veces me pregunto si no necesitaremos una Comisión de Cambio Climático, en la que pudiéramos centrarnos en este problema descomunal que afronta nuestro planeta. 
Me complace mucho que se haya preparado este informe. 
Que haya pocos diputados presentes no significa que no se tome en serio. 
No va a ser ésta la última vez en que vamos a oír hablar de él. 
Señora Comisaria, volverá usted cuando esta Asamblea esté mucho más llena, cuando todo el Parlamento demuestre que la Unión Europea es un participante importante en la lucha contra el cambio climático. 
Muy brevemente pues se ha producido una confusión con el tiempo de uso de la palabra. 
Sólo quiero precisar que nuestro grupo político, el Grupo del Partido Popular Europeo, al igual que los demás grupos políticos, tal como acordamos en noviembre, considera acertado que la Unión Europea persevere en el objetivo por ella misma marcado de lograr una reducción del 15 % hasta el año 2010. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, si el camino a Kioto fue difícil y empedrado, el resultado alcanzado allí nos ha colocado ante una escalera que tenemos que subir en once meses hasta que estemos dispuestos para la próxima conferencia en Argentina. 
Una escalera que va a ser difícil de escalar pues como Unión tenemos que soportar una doble carga. 
Por un lado, dentro de nuestra propia Comunidad tenemos que trabajar para adaptar las propuestas realizadas por la Comisión para Kioto con tres gases y un 15 % a los seis gases que son ahora nuevos. 
Soy también de la opinión de que debemos insistir en nuestros ambiciosos objetivos. 
También tenemos que realizar una nueva propuesta para el bubble europeo, en el que creo debemos también insistir ya que es bueno que dentro de la Unión Europea exista un modelo solidario entre los diversos países y ataquemos conjuntamente esta reducción de las emisiones, la modernización, la modificación y renovación de nuestra sociedad industrial. 
Para que el bubble europeo sea creíble necesitamos una legislación que sea más que sólo la coordinación de las diversas medidas de los países. 
Sobre todo, necesitamos esta legislación común europea para que otros países no tomen el bubble europeo como excusa para hacer un negocio con la «emission trading» que les ahorre a ellos mismos la reducción de las emisiones a costas de países que se encuentran en una fase de desarrollo y que necesitarían sus propias reducciones. 
Señora Comisaria, creo que también va a ser necesario revisar la legislación y las políticas existentes para incluirlas en el objetivo de reducir las emisiones. 
Quiero añadir algo a lo que han dicho mis colegas sobre las energías renovables, el ahorro de energía, etc. Tenemos que preocuparnos de una nueva política agraria adicionalmente a una nueva política forestal, en especial si queremos ocuparnos seriamente de la cuestión de qué se va a hacer con los créditos que se van a proporcionar como consecuencia de la reforestación. Es importante que no vayamos a la zaga de otros países en este aspecto sino que vayamos delante con propuestas y ejemplos. 
Creo que debemos hacer propuestas a nivel internacional sobre cómo queremos seguir y cómo deben ser las reglas en la emission trading y en la «joint implementation» , reglas que deben ser claras, revisables, comprensibles y justas. 
A las felicitaciones por el resultado que ha alcanzado, quiero unir la esperanza de que usted y todos nosotros tengamos en el nuevo año la fuerza para cumplir esta gran tarea hasta la próxima Conferencia de Buenos Aires. 
Espero también que el Parlamento sea incluido más intensamente que hasta ahora como interlocutor, pues podemos lograr conjuntamente mucho más para el medio ambiente que si lo hacemos por separado a nuestro propio modo. 
Señora Presidenta, me gustaría agradecer las numerosas manifestaciones positivas recibidas. 
Comparto enteramente el parecer del Parlamento sobre la importancia de que la UE siga desempeñando un papel predominante en este terreno. 
De ahí que también en la última fase- en lugar de establecer el mismo objetivo que los EE.UU., es decir, una reducción del 7 por ciento- manifestáramos nuestro compromiso de una reducción del 8 %. 
Lo que sucederá ahora es que analizaremos lo que la situación modificada implica. 
Lo cual quiere decir tener 6 gases en lugar de 3 gases, lo que era parte de los objetivos que planteamos y condujeron así al 15 %. 
Una estimación inmediata muestra que la reducción, si se hubiera calculado sobre la base de seis y no de 3 gases, habría correspondido a un 12 %. 
Es decir, que es mucho lo que debe ser adaptado a las consideraciones que hicimos para Kioto. 
Puedo asegurar ante ustedes que ahora comenzamos los análisis, sin embargo, -como también dijo el Sr. Ken Collins -, no hemos tenido todavía mucho tiempo para ello. 
Espero ilusionada posteriores discusiones sobre ello en este Parlamento. 
También creo que en mi primera comparecencia mencioné que preparamos una comunicación, de manera que tengamos un documento sobre cuya base podamos debatir y alcanzar algunos resultados comunes. 
Espero que tengamos oportunidad de volver a ello cuando hayamos analizado las cifras un poco mejor y estemos en una mejor posición para decir cómo afectan éstas a los objetivos planteados hasta ahora. 
Y entiendo que coincidimos en el deseo de mantener nuestro liderazgo. 
Y permítaseme acabar refiriéndome a lo que la futura Presidencia británica dijo en la reunión del Consejo el otro día, i.e. que quizá deberíamos dejar de hablar de burden sharing y en su lugar hablar de possibility sharing. 
Eso fue también lo que dijo la Sra. McNally y creo que es absolutamente cierto que aquí hay algunas posibilidades inmejorables, también para la industria. 
Señor Presidente, no solamente quiero dar las gracias a la Comisaria por su presencia, sino también quiero decir a todos los colegas que me parece normal que un parlamento que se respeta a si mismo, haga una primera evaluación política una semana después de haberse celebrado la conferencia de Kioto. 
En ese sentido es completamente justo tratar esos temas aquí ahora, y lamento las palabras del principio del colega Sr. Collins. 
Señor Presidente, había preguntado a la Sra. Comisaria cuando podemos esperar su comunicación. ¿puede dar la Comisaria una respuesta a est? 
Señor Presidente, por lo visto hubo algunos problemas con la traducción. 
Si la pregunta trataba de la comunicación, ya la he contestado. 
Contamos con tenerla lista para el encuentro del Consejo en el mes de junio, esto quiere decir que normalmente debería estar antes, de modo que pueda ser debatida en este Parlamento. 
Sabemos que tenemos trabajo y estamos dedicando todas nuestras fuerzas a efectuar los análisis y elaborar la comunicación, pues no queda mucho tiempo para que nuestra presencia en Buenos Aires y allí hemos de estar bien preparados. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1042/97 del Sr. Günther y de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre el Convenio de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonas; -B4-1051/97 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Tratado de Ottawa sobre las minas antipersonas; -B4-1059/97 del Sr. Carnero González, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Tratado de Ottawa relativo a la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y su destrucción; -B4-1063/97 del Sr. Hory, entre otros, en nombre del Grupo ARE, sobre los resultados de la Conferencia de Ottawa sobre las minas antipersonas; -B4-1072/97 del Sr. Cunningham, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre el Tratado de Ottawa relativo a la prohibición del uso, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonas y su destrucción; -B4-1076/97 del Sr. Azzolini, entre otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la prohibición de minas antipersonas; -B4-1081/97 del Sr. Telkämper, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre el Tratado de Ottawa relativo a la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y su destrucción. 
Señor Presidente, señoras y señores, todos hemos respirado aliviados cuando la Conferencia de Otawa ha mostrado que se iba a llegar a una moratoria para impedir la difusión de las minas terrestres. 
Pero esto no significa que podamos bajar la guardia. Por el contrario, en esta Asamblea tenemos que enfrentarnos a otros problemas como, por ejemplo, el comercio ilegal con minas antipersonas. 
En las zonas minadas que rodean a Vukovar hemos encontrado, por ejemplo, minas ilegales. 
Lo segundo que debemos tener en cuenta es que debemos ser muy precavidos a la hora de echar en un mismo saco a todos los no firmantes, pues entre los que no han firmado como, por ejemplo, Finlandia, hay países que vigilan muy estrictamente que no aparezcan minas en algún lugar del mundo provenientes de su territorio. 
Creo que los puntos 6 y 8 de nuestra resolución son especialmente importantes. 
Sería un gran progreso si pudiésemos lograr que los países, ante todo en Asia, que no han firmado aún la moratoria, se comprometiesen ahora al menos a un cese de las exportaciones, de modo que de estos países no vayan a parar más minas al comercio, y tampoco al comercio ilegal. 
Mi pregunta a la Comisión en este contexto es la siguiente: ¿qué posibilidades ve en los Estados con los que tenemos acuerdos de cooperación y similares para lograr una prohibición de exportación de este tipo? 
Señor Presidente, Señor Comisario, a principios de este mes se dio un paso importante hacia adelante, como usted sabe, para la desaparición mundial de las minas antipersonales. 
Lo que hace dos años fue totalmente impensable, lo firmaron 122 países hace dos semanas en Ottawa: una prohibición total del uso, de la venta, de la exportación, del almacenaje y de la producción de las minas antipersonales. 
En primer lugar, las organizaciones no gubernamentales merecen nuestro elogio. Usted sabe que por algo le han dado el premio Nobel de la paz a su coordinadora, la Sra. Jody Williams. 
A continuación, el gobierno canadiense, que tomó la iniciativa política hace catorce meses con una apuesta permanentemente alta. En tercer lugar, la Comisión Europea, Señor Comisario. 
La Comisión jugó un papel importante en la realización de las tres acciones comunes en el marco de la política común de asuntos exteriores y de seguridad. 
En cuarto lugar, incluso este Parlamente merece un cumplido. Las sesiones, dos informes e innumerables resoluciones, que no sólo estimularon al Consejo y a la Comisión, sino que también tuvieron su proyección positiva fuera de la Unión. 
Esto lo sabemos todos, pero ahora debemos mantener el ritmo. 
La auténtica labor empieza ahora. 
Primero hay que procurar que se ratifique el Convenio. 
Tres países ya han dado el buen ejemplo. Hacen falta cuarenta para la entrada en vigor del Convenio de Ottawa. 
La Unión debe esforzarse para que se amplíe la participación en el Convenio a más de 122 ó 123 países. 
Les recuerdo que ya se señaló en el Consejo de Desarrollo de noviembre de 1996 que lo más importante es naturalmente la ayuda a la eliminación de las minas, que sobre todo tiene que beneficiar a los países que respeten la prohibición de las MAP. 
Me parece un factor importante en las negociaciones políticas con terceros países y con los países que forman parte del tercer mundo. 
La puesta en marcha es importante. 
Diez años después de la entrada en vigor los arsenales tienen que haber sido destruidos y los campos de minas limpiados. 
Es una tarea dura que requiere muchas acciones pero que también cuesta muchos cuartos. 
La Unión, o sea nosotros, es el mayor donante aparte de las Naciones Unidas. 
Es un buen asunto. 
Pero espero, en todo caso, ver en el futuro nuevas acciones comunes del Consejo. 
Para que se realice la eliminación de las minas lo más rápido posible, se precisa una buena coordinación entre todos los esfuerzos internacionales. 
Me parece un buen asunto que la ONU juegue un papel en esto, por ejemplo con la organización de un " International Steering Committee» , con una representación de la ONU, de la Unión y con un papel apropiado por supuesto para las organizaciones no gubernamentales. 
Es muy importante que mantengamos el ritmo. 
Para conseguir esto, las ONG- que ya han sido tan importantes, ya lo he dicho- han de seguir jugando un papel importante en la ejecución y el control del Convenio que pondrá fin al enorme sufrimiento y a la matanza mensual de 2000 víctimas. 
Señor Presidente, nosotros creemos que hay que congratularse de que 14 Estados miembros hayan firmado el Convenio de Ottawa, de que probablemente Finlandia no pase de 1998 sin firmarlo y también de que varios de los países que han pedido el ingreso en la Unión Europea lo hayan firmado. 
Sin embargo, creemos que sería necesario algún tipo de presión sobre Estados Unidos, China y Rusia para que lo firmen porque son los países productores más importantes. 
En nuestra opinión, la Unión Europea debería plantear el tema de las minas antipersonas en sus negociaciones, acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales con cada uno de ellos. 
Además, insistimos en la necesidad de que- como ha dicho el Sr. Martens hace un momento- más de 40 países ratifiquen el Convenio de forma inmediata para que entre en vigor. 
Por último, quiero subrayar la necesidad de hacer un seguimiento del cumplimiento del Convenio y de facilitar ayudas a aquellos países que no tienen medios para la eliminación de las minas y tampoco para la ayuda a las víctimas de esas minas antipersonas. 
Para que de este modo la Unión Europea, tanto en este caso como en el que hace un momento examinamos con motivo de la Cumbre de Kioto, siga siendo líder en asuntos que tanto bien hacen a la paz y al futuro bienestar de tantas personas. 
Señor Presidente, es muy alentador y estimulante poder hacer uso de la palabra en esta Asamblea para decir que tenemos algunos resultados de nuestra labor: que vemos algunos avances. 
Miro en torno por la Asamblea y veo a uno o dos diputados que contribuyeron a la campaña de todos los partidos contra las minas terrestres de hace un tiempo, cuando yo acababa de ocupar mi escaño en este Parlamento. 
Ha habido muchos avances. 
Cuando el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel en ese proceso de paz, debemos poder pregonarlo y tal vez olvidarnos de alguna publicidad negativa sobre nimiedades que a veces hemos de padecer. 
Debemos felicitar también a Irlanda por ser el primero de nuestros Estados miembros que ratifica el Tratado. También debemos felicitar a Mauricio- adonde algunos de nosotros esperamos trasladarnos en breve para atender asuntos parlamentarios- y al Canadá por tomar la delantera. 
Se trata de acontecimientos muy dignos de beneplácito todos ellos. 
También felicito a los países de la Europa oriental- desde Eslovaquia hasta Bulgaria -, que también esperan incorporarse a la Unión en algún momento por tomar la delantera a ese respecto. 
Todo esto es muy alentador. 
Lo que debemos hacer ahora, además de seguir presionando a los países delincuentes que no han firmado, es pasar a dedicar recursos a la retirada de minas. 
Estamos viendo avances alentadores en la técnica de retirada de minas. 
Por ejemplo, la semana pasada alguien inventó en Escocia un nuevo sistema que promete acelerar la retirada de minas de forma segura y barata. 
Avances similares se están logrando- lo sé- en otros países, incluida la circunscripción del Sr. Cunningham. 
Hay expertos que están esperando simplemente a que se les dé la luz verde, conque démosela desde esta Asamblea. 
También quisiera pedir al Comisario que coopere activamente con otros países que desean una actuación coordinada. 
En la resolución hay un punto muy importante sobre la necesidad de evitar la duplicación y la multiplicación de organizaciones y, en cambio, mancomunar las medidas para que juntos podamos hacer una contribución positiva para liberar a la Humanidad de ese flagelo. 
Señor Presidente, permítaseme sumarme a la felicitación al Gobierno del Canadá, del que ha partido todo esto. 
Creo que este planteamiento por la vía rápida- el proceso de Ottawa- es digno de aplauso y espero encarecidamente que podamos utilizarlo en otras ocasiones. 
También quisiera felicitar a Jody Williams y a los organizadores de la campaña internacional en pro de la prohibición de las minas terrestres, en particular por haber ganado el Premio Nobel de la Paz. 
Veo que hay mucho público aquí y quisiera felicitar también al público. 
Cuando Jody Williams habló en Ottawa, se refirió a las superpotencias y también al público en general- la sociedad civil- como superpotencia, porque fue la labor de millones de personas de toda Europa y del resto del mundo la que ejerció presión y logró el resultado del que ahora nos felicitamos. 
Tenemos que hacer cuatro cosas. 
Evidentemente, debemos persuadir a los países que no han firmado y, en particular, a los Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India- algunos de los principales productores de minas terrestres- para que firmen. 
Espero encarecidamente que el Consejo y la Comisión, en cualesquiera tratos que tengan con esos países, planteen esa cuestión en toda posible ocasión. 
También debemos tomar la delantera, como han dicho los ciudadanos, en la ratificación. 
El Tratado no entrará en vigor hasta seis meses después de que lo hayan firmado cuarenta países, pero me encanta que uno o dos países europeos vayan al frente. 
¿Acaso no sería absolutamente fantástico que toda la Unión Europea figurara entre los cuarenta primeros firmantes que permitieran la ratificación completa del Tratado? 
En tercer lugar, sobre la retirada de minas, necesitamos un planteamiento estructurado y coordinado no sólo en las instituciones de la Unión Europea, sino también en toda la comunidad internacional para que lo que se haga se haga de forma idónea y prudente. 
Me gustaría que se hiciera alguna declaración de principio, que hubiese algún criterio para calibrarlo, porque me gustaría pensar que el dinero público- el dinero de los contribuyentes- que se gastará en la retirada de minas se entregará sólo a las empresas que puedan garantizar, de conformidad con una declaración de principios, que lo gastarán adecuada, eficiente, prudentemente, etc. 
Por último, también debemos hacer algo respecto de las víctimas de las minas terrestres. 
Como ya se ha dicho, en Angola hay ya unos 20.000 personas con extremidades amputadas, hay casi 10.000 en Mozambique, hay otras tantas en Camboya y demás, conque debemos en realidad dedicar más energía y más dinero a esos programas de rehabilitación. 
Por último, simplemente para resumir los cuatro puntos, es necesario que se ratifique el Tratado lo antes posible. Debemos ocuparnos de las decenas de millones de minas y demás material no explosionado que anda esparcido por el mundo y debemos ocuparnos de los problemas que afrontan las víctimas. 
Debemos hacer todo eso y hacerlo lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, la Conferencia de Otawa es un primer paso, un pequeño éxito en el largo camino hacia una prohibición de las minas. 
Creo que podemos felicitar al Gobierno del Canadá por este éxito y, en especial, a los Premios Nobel de la Paz, Jody Williams y Thomas Gebauer de «Medico International» por la campaña antiminas que han impulsado en Europa contribuyendo a esta resolución de Otawa. 
La producción, almacenamiento y uso de minas sigue siendo un crimen. 
Tenemos que seguir por esta vía y trabajar para que se pronuncie una prohibición definitiva de las minas. 
El cómo se las denomine, minas antipersonas, terrestres, antitanque, es en el fondo igual pues una mina es una mina y una mina es un arma cruel y mortal. 
No distingue entre un autobús con niños y un tanque. 
Por ello, hay que prohibir todas las minas. 
Un primer paso a dar después de Otawa es que los países miembros de la UE ratifiquen el Convenio de Otawa y lo apliquen lo más rápidamente posible. Asímismo hay que instar a los EE.UU, Rusia, China y la India para que también lo hagan. 
Finalizo. 
Además tenemos que adoptar otras medidas, tenemos que poner a disposición créditos para rehabilitación. 
Los mismos países miembros deberían trabajar para que no se produzcan más minas. 
Tenemos que comprometernos a ello, para que no tengamos al final que emplear dinero para remediar los males que antes producimos. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, sólo quiero decir algunas palabras sobre este tema tan importante. 
Nuestros sentimientos, los de mis colegas de Alianza Nacional y los míos propios, son en este momento bastante encontrados, puesto que, a pesar de que acogimos favorablemente las conclusiones de la Cumbre de Ottawa y el Tratado que recoge las solicitudes de nuestro Parlamento, un tratado relativo a un instrumento internacional que imponga la total prohibición de las minas antipersonal y el compromiso a los países firmantes de no utilizarlas nunca y en ningún caso, y pese a que nos felicitamos del número de Estados firmantes- número muy superior a las expectativas- al mismo tiempo no podemos dejar de criticar la posición de aquellos Estados, entre los cuales se encuentran ante todo los Estados Unidos, Rusia, China e India, que siguen negándose a firmar dicho Tratado y continúan fabricando y vendiendo este horrible artefacto de muerte. 
Pedimos, en consecuencia, que las Instituciones europeas ejerzan una fuerte presión política tanto sobre dichos países, con objeto de que firmen el Tratado cuanto antes, como sobre los Estados miembros para acelerar las necesarias medidas administrativas y legislativas aptas para la inmediata transposición de las normas. 
Señor Presidente, felicito, como han hecho otras Señorías, a la ganadora del premio de la paz, Jody Williams, y a las organizaciones que han gestionado las campañas por su excelente trabajo de persuasión con respecto a los parlamentos, gobiernos y opinión pública con objeto de prohibir estas terribles armas. 
En menos de cinco años estas organizaciones y la opinión pública han conseguido que más de 120 estados se hayan comprometido a prohibir y destruir las minas antipersonales. 
La verdad es que las minas se fabrican con el fin de dejar inválidos a los seres humanos. 
Una persona herida necesita cuidados médicos; la cantidad de material detonante se ha calculado con precisión para lograr este efecto. 
Esto se deduce de los documentos de venta de las minas antipersonales. 
No obstante, el resultado no es solamente la muerte y mutilación de los soldados, sino también de civiles, mujeres y niños. 
Cuando terminan las guerras, quedan las minas. 
La guerra continua para la población civil, y estos asesinos silenciosos aguardan la llegada de sus víctimas. 
Me alegra mucho que el Parlamento Europeo, esperando que se consiga la prohibición total, haya adoptado prontamente una posición que expresa la obligación de todo Estado miembro de prohibir las minas antipersonales. 
Ya lo han hecho catorce países de la UE, con la excepción lamentable de Finlandia y de los países aspirantes de Estonia, Letonia y Lituania. 
Yo pienso que deben firmar cuanto antes el Convenio para la prohibición de las minas antipersonales. 
Sin embargo, no bastan las prohibiciones. 
Hay que destruir los cientos de millones de minas colocadas. 
El coste de producción de una mina es de 3 dólares, localizarla y desactivarla cuesta 1.000. 
Es excelente que el Parlamento Europeo haya reflejado hoy en su presupuesto la intención de investigar en este sentido. 
También es importante, como ya han señalado muchas de sus Señorías hoy, lograr una coordinación internacional eficaz, tanto para la desactivación de las minas como para la rehabilitación de las víctimas. 
En estos tipos de trabajos la UE puede mostrarse muy útil. 
Pero nosotros también podemos contribuir a título individual. 
Un ejemplo es lo que está sucediendo en Suecia actualmente. 
El periódico de mayor tirada participa en una campaña en beneficio de las víctimas de las minas y recoge fondos para el entrenamiento de perros antiminas, que es el método más eficaz que se conoce hasta la fecha. 
Invito por ello a mis colegas del Parlamento a que adopten iniciativas similares en sus países, para que con ello podamos librarnos de estas terribles armas para siempre. 
Señor Presidente, en los debates no me ha resultado nada agradable lanzar críticas contra el Gobierno del país cuyos ciudadanos me han enviado con sus votos al Parlamento Europeo, es decir el Gobierno finlandés. 
Por una vez tengo noticias en cierta medida positivas: En Finlandia se ha publicado esta semana una propuesta de alto nivel en la que se afirma que nuestro país podría comenzar, finalmente, a prepararse para firmar el Acuerdo de Ottawa, lo cual, de acuerdo con las estimaciones, podría tener lugar en el año 2006. 
Finlandia considera que necesita aún un periodo transitorio de aproximadamente diez años para poder ratificar el Acuerdo de Ottawa, pero creo que ya se ha registrado un cambio en la mentalidad de nuestro país. 
Con toda seguridad, los políticos harán todo lo posible para lograr solucionar esta cuestión de manera que también Finlandia pueda renunciar por completo a todas las minas antipersonales. 
El riesgo estriba en que en Finlandia ya se comienzan a sopesar costosas alternativas para sustituir a las minas antipersonales. 
Yo preferiría tomar como punto de partida el que nuestro país comenzara también a revisar la fuente de sus amenazas. 
En mi opinión, ni siquiera Rusia es para Finlandia ya el mismo enemigo que lo fue en el pasado, tras la segunda guerra mundial. 
Señor Presidente, todos convenimos- me parece- en que el proceso de Ottawa ha sido un gran éxito. 
La Comisión ha felicitado al Gobierno del Canadá y, en particular, al Sr. Lloyd Axworthy por su actuación, verdaderamente notable. 
Naturalmente, el proceso no ha concluido aún. 
Hay muchos Estados decisivos que aún no han subscrito el Convenio y siguen existiendo algunos problemas prácticos. 
La Comisión aprovechará toda oportunidad para alentar a los países que no lo hayan hecho para que subscriban el Convenio y puedo asegurar a la Sra. Günther que aprovecharemos, desde luego, las oportunidades en relación con los países que ha mencionado a fin de intentar persuadirlos para que lo hagan. 
En cualquier caso, la Comisión presionará en pro de una prohibición inmediata de la exportación semejante a la que ya se aplica en la Unión Europea para que se puedan eliminar las fuentes de suministro a las zonas en que hay conflictos. 
La acción conjunta del 28 de noviembre introduce también medidas para aplicar una moratoria a la producción de minas terrestres antipersonal y pone de relieve la necesidad, como han dicho varios oradores, de una pronta ratificación del Convenio. 
Desde la celebración de la Conferencia de Ottawa, ha habido oportunidades de hablar con el Canadá y otros participantes en la retirada de minas para determinar formas como se podría introducir una mayor coherencia en las medidas adoptadas en el nivel mundial. 
La Unión Europea, junto con otros donantes y participantes importantes, espera desempeñar un papel importante para lograrlo. 
La propuesta de una mayor coordinación hecha por el Sr. Cunningham es muy importante. 
Vamos a promover intensamente la idea de un comité directivo internacional apoyado por grupos de trabajo a fin de centrar las medidas internacionales en las tareas prioritarias. 
Al mismo tiempo espero que la contribución de la Comisión a la retirada de minas y a investigaciones conexas aumente durante el próximo año y calculo que se comprometerán más de 40 millones de ecus con cargo a diversas líneas presupuestarias. 
La Comisión agradece el reconocimiento que se ha dado a su papel en las resoluciones. 
La Comisión, por su parte, quisiera rendir homenaje al papel del Parlamento Europeo y a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y a la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que han hecho campaña incansablemente y con gran compromiso para acabar con la tragedia de las minas terrestres antipersonal. 
Aún queda mucho por hacer, pero creemos que aún hay algún motivo para el optimismo, que con el compromiso constante se pueden superar al menos los problemas más graves a medio plazo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1049/97 del Sr. Tindemans, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Burundi; -B4-1052/97 de la Sra. André, entre otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la llegada de armas a las partes beligerantes en Burundi; -B4-1065/97 del Sr. Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo ARE, sobre la llegada de armas a las partes beligerantes en Burundi; -B4-1075/97 del Sr. Swoboda y de la Sra. Van Putten, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Burundi; -B4-1077/97 del Sr. Azzolini, entre otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Burundi; -B4-1085/97 de la Sra. Aelvoet, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la llegada de armas a las partes beligerantes en Burundi. 
De nuevo nos vemos obligados a alzar la voz para denunciar las atrocidades cometidas en Burundi. 
Ayer fueron unos, hoy son otros, ¿quiénes serán mañana los autores o las víctimas? 
Las matanzas, masacres, tuvieron lugar en Burundi en 1965, en 1972, en 1973 y entre 1993 y 1997 ya no han parado. 
También Madeleine Albright estimó que tenía que hablar estos días sobre los errores cometidos en África, aunque su tono suave llamó la atención. 
¿Para qué sirve recomendar los derechos humanos y la democracia si las condiciones para alcanzar estos objetivos no se cumplen? 
Denunciamos con razón las matanzas en Burundi, cometidas, como pone en el texto de compromiso, por los extremistas hutus. 
Pero no decimos, o ya no decimos, que en este mismo país los actuales líderes tomaron el poder con un golpe militar, después de que habían tenido lugar unas elecciones democráticas. 
Hablamos con razón de reconciliación y reforma. 
¿Pero cuáles son sus posibilidades si la relación entre los hutus y los tutsis es muy desigual, un 85 % los unos contra un 15 % los otros? 
Esta última minoría tiene el gobierno del país totalmente en sus manos y domina el ejército. 
¿Qué habrá que cambiar, o qué podrá cambiarse aquí pacíficamente? 
Por eso aprovecho esta ocasión para reiterar de nuevo lo que ya había propuesto anteriormente. Las Naciones Unidas deben actuar allí. 
Un consejo de tutela reformado, " Trusteeship Council» , tiene que hacerse operativo en el gobierno de tal país e impedir que los dos grupos étnicos beligerantes continúen matándose entre sí. 
Una realidad incesante tan cruel clama unas medidas drásticas. 
La fraseología diplomática es, en esta situación, una hipocresía sin perspectivas. 
Presidente, Burundi se ha convertido mientras tanto en un ejemplo clásico del efecto desestabilizador del suministro de armas. 
Un informe no carente de importancia del Human Rights Watch, ha demostrado que decenas de países están implicados en este negocio; entre ellos se encuentran tres Estados miembros de UE: Francia, Bélgica y Alemania. 
Hay que decirlo. 
El Parlamento haría bien en condenar explícitamente la política de estos Estados miembros. 
A pesar de todos estos grandes planes que tenemos, como el código de conducta para el comercio de armas y la actuación conjunta en la lucha contra el pequeño comercio ilegal de armas, los Estados miembros siguen minando la política existente. 
Hay que denunciar esto en voz alta y claramente e incluirlo en las discusiones sobre las futuras propuestas de la Comisión referentes a la exportación de armas. 
En lo que respecta a Burundi, la Unión debe abogar por un embargo de armas internacional y bilateral y vigilar la aplicación del mismo. 
La UE debe también impulsar la reactivación de la comisión investigadora de la ONU del comercio de armas. Esta comisión de investigación sí debería abarcar entonces la región entera de los Grandes Lagos. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Unión Europea evidentemente no tiene en realidad una estrategia coherente de paz referente a los estados de la zona de los Grandes Lagos. 
Esto lo demuestra el inquietante informe de la organización Human Rights Watch sobre la situación en Burundi. 
El embargo de armas resulta ser un gran colador. 
Se mencionan países como Bélgica, Alemania y Francia, denunciados, pero esas denuncias una y otra vez se omiten en la resolución de compromiso. 
Aparte está la mafia de la guerra que procede de China, Rusia, Corea del Norte, Azerbayán, Ucrania, Bulgaria. 
Los estados africanos se utilizan sin escrúpulos como puertos de tránsito: Tanzania, Uganda, el antiguo Zaire, Angola, Kenia e incluso Sudáfrica. 
También firmé la resolución de iniciativa, aunque los estados europeos han borrado concienzudamente su propia responsabilidad. 
Sin embargo, el compromiso es realmente importante. 
Hacen falta una serie de acciones internacionales, la ampliación del embargo, no unilateralmente, sino hacia ambas partes implicadas y apoyo absolutamente la propuesta del Sr. Tindemans que dice: lo que pasa aquí es una hipocresía. 
Yo también quiero que se inicie una conferencia de paz con todos los estados de los Grandes Lagos y la constitución de una agencia regional para el control de armas con observadores militares permanentes. 
Pero son unas propuestas en las que solamente podemos participar. 
Pero la Comisión podría también, en mi opinión, actuar más concretamente. Les daré unos ejemplos. 
La elaboración de un certificado de destino real incluyendo los países de tránsito para el comercio de armas. También la implicación de la UCLAF, que actualmente está insuficientemente involucrada en esto, controles más severos de pilotos extranjeros que tengan como base un Estado miembro de la UE, medidas contra las empresas de carga que violen el embargo y que, por lo tanto, deberían de recibir una prohibición definitiva de licencia para Unión Europea entera. 
Querría pedirle, Señor Presidente, que se debata sobre estos temas en la reunión ACP. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy nos ocupamos de Burundi y a alguno que otro en la tribuna puede que le interese saber porqué nos ocupamos de este tema en el Parlamento Europeo. 
Ya se ha dicho que participamos muy directamente, al igual que en otros muchos conflictos, en Africa. 
Como en muchos conflictos, no participamos positivamente sino que son nuestras armas las que se emplean allí para matar personas. 
De este modo, en Europa surgen beneficios y se crean también puestos de trabajo- hay que decirlo abiertamente- que están unidos directamente a la muerte de personas inocentes en Africa. 
Me alegra que exista un amplio acuerdo en esta Asamblea en el sentido de que debemos hacer algo activamente en Burundi así como en otras regiones en crisis. 
El mundo nunca será un paraíso y siempre habrá armas. 
Pero tiene que acabar que suministremos armas a las regiones en crisis, que apoyemos activamente el surgimiento de conflictos, el «recalentamiento» y las muertes derivadas de conflictos. 
Por ello, mi grupo político apoya plenamente el embargo de armas que aquí se exige, embargo que debemos controlar además in situ para que las armas no lleguen por las vías más diversas a Burundi. 
Por ello estamos también a favor de que debemos intentar restablecer la paz mediante conversaciones, mediante una conferencia. 
No solamente tenemos que crear paz sino también la base para que las personas que se han entendido durante muchos años y decenios se entiendan de nuevo y no se enfrenten. 
Pero en todas estas cuestiones es absolutamente necesario que Europa actúe como potencia de paz y no como una potencia que suministra armas para que los conflictos se diriman militarmente, con esas armas. 
Exijo aquí que la iniciativa que ha adoptado el Gobierno británico- la próxima Presidencia- se lleve realmente a un buen final, es decir, que exista un code of conduct- o como queramos llamarlo -, que existan reglas para las exportaciones de armas, que sean más transparentes y que coincidan también con las ideas que tenemos sobre los derechos humanos. 
Para finalizar mi intervención, con su permiso, quiero comunicar a esta Asamblea que una colaboradora de nuestro grupo político, que ha preparado en muchas conversaciones con los demás grupos los debates de urgencia y que es además muy conocida en los servicios de esta Asamblea, Nadia van Hamme, nos abandona y va a Africa, si bien no a Burundi, para realizar allí un trabajo activo por la paz. 
Quiero expresarle desde este lugar mi agradecimiento por haber realizado un trabajo tan bueno en esta Asamblea en cooperación con otros. 
Presidente, el problema de la resolución es, en efecto, que sigue siendo relativamente débil, pero tiene una ventaja, es decir, que habla de un embargo que tiene que controlar a ambas partes en Burundi, lo que indica claramente que también de parte del ejército de Burundi hay un problema serio, porque no se puede olvidar jamás que fue este ejército el que mató a un presidente elegido democráticamente. 
En lo que respecta a los suministros de armas, es evidente que se no conocen fronteras ideológicas. 
Proceden de todas partes. 
Apoyamos por supuesto el embargo, pero la cuestión es: ¿cómo se hace esto efectivo? 
También a ese nivel la resolución es mediocre. 
Quisiera terminar con una observación, a saber, que si no hay una solución política en Burundi, no habrá ningún embargo en el mundo que funcione de verdad. 
Por cierto, no olvidemos que, llegado el caso, no hará falta importar armas del extranjero, pues se puede dar muerte y matar con machetes. 
Señor Presidente, realmente en esta situación caótica que reina en Burundi, resultado de una guerra civil, problemas de minorías, conflictos tribales o de clanes, es difícil encontrar siquiera un atisbo de paz. 
Todo sería más fácil si realmente todos los afectados tuviesen el deseo auténtico de solucionar los conflictos sin armas, pero no es este el caso. 
Se ha citado aquí una ONG que ha mencionado por su nombre a tres de nuestros países miembros, inclusive el mío. 
Quiero decir al respecto que me habría gustado comprobar de nuevo esta fuente, pues ningún país de Europa tiene unas leyes tan estrictas sobre exportación de armas como, por ejemplo, la República Federal de Alemania. 
Habría también que diferenciar si se trata del armamento de unidades de policía que deben proteger a la población civil o de otro tipo de suministros. 
Esta claro que aunque se cumplan nuestras exigencias, no tendremos paz en esta región, con todo lo lamentable que sea. 
Todo el mundo se sentirá profundamente afectado por la preocupación expresada por el Parlamento respecto de lo que sucede en la región de los Grandes Lagos, en particular por la cantidad de armas que están llegando hasta allí y por las muertes y sufrimientos que están causando. 
Por mi parte, no puedo por menos de compartir la frustración sentida por el Sr. Tindemans, que ha aportado su considerable autoridad y experiencia a este asunto; el apasionado llamamiento del Sr. Swoboda para que se adopten medidas ha inspirado también una pronta respuesta. 
La Comisión ha considerado en el pasado la posibilidad de adoptar medidas contra la venta incontrolada de armas. 
Pero, para bien o para mal, esa competencia corresponde a los Estados miembros. 
Éstos han demostrado con toda claridad que están decididos a conservar dicha competencia. 
Naturalmente, la Comisión apoyaría cualquier medida adoptada por los Estados miembros o las Naciones Unidas para limitar las ventas de armas en esa región, pero, dada la complejidad de la cuestión, se debe tener presente que incluso el presente embargo económico impuesto a Burundi por los Estados vecinos, del que forma parte un embargo de la venta de armas, no está- resulta patente- funcionando. 
La Comisión conviene en que a la Organización de la Unidad Africana corresponde un papel esencial en el restablecimiento de la paz y el orden en la región de los Grandes Lagos, que confirmó el Consejo cuando el pasado mes de octubre decidió que se asignaran 860.000 ecus para apoyo logístico al mecanismo de Prevención de Conflictos de la OUA a fin de asistirlo en esa labor. 
No resolverá el problema por sí solo, pero es una de las limitadas medidas prácticas- ha habido muchos llamamientos y con razón en pro de la intervención práctica, en lugar de simples expresiones de preocupación- que podemos adoptar. 
Además, la Comisión sigue pidiendo a las partes en el conflicto de Burundi que inicien conversaciones de paz. 
Es evidente que el orador que ha dicho que ésa es la única solución tiene razón. 
Hemos vuelto a informar a las autoridades de Burundi- con vistas a ver qué podemos hacer para alentar lo que otros han de llevar a cabo- que prestaremos ayuda técnica y financiera para establecer un débat national encaminado a restablecer los programas de rehabilitación y de derechos humanos y para cualesquiera otras medidas en cuanto haya señales reales de avance hacia la paz en Burundi. 
Conque comparto la frustración y la irritación que se expresa, pero, además de eso, no puedo hacer más que exponer las medidas y prácticas concretas que podemos adoptar. 
Creo que estamos haciendo lo que está en nuestras manos y, desde luego, estamos dispuestos a examinar cualquier otra cosa. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, como patrocinador de esta resolución, junto con otros colegas, no nos disculpamos por plantear la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en Nigeria una vez más. 
Lo hacemos de conformidad con la decisión del Consejo de Ministros, al final del mes pasado, de prorrogar por un año más las sanciones impuestas a Nigeria. 
Pero lo que nos preocupa- a mí, desde luego- es una aparente suavización de la actitud del Consejo para con Nigeria y las sanciones a ese país. 
Parece ser, por ejemplo, que dos o tres Estados miembros están expidiendo ahora visados a nigerianos para que hagan negocios en el extranjero, en contra de la decisión del Consejo, tal como nosotros la entendemos. 
Además, muchos de nosotros lamentamos que se permita a Nigeria participar en el Campeonato Mundial de Fútbol del año próximo, cuya denegación podría haber tenido- irónicamente- más influencia en la situación política en Nigeria que ninguna otra cosa. 
Conque seamos claros: la situación en Nigeria sigue siendo extraordinariamente grave. 
El general Yar ' Adua, un oponente principal del general Abacha, murió en la cárcel en circunstancias misteriosas. 
Por otra parte, la compañía petrolera nigeriana está denegando a algunas compañías petroleras occidentales, en asociación con nigerianos, los fondos suficientes para remediar las deficiencias medioambientales en zonas sobre las que ha habido críticas severas. 
Y apenas necesito recordar a la Asamblea que carece tristemente de una institución democrática, carece de libertad de prensa, de libertad de expresión indudablemente, y hay muchas otras cuestiones más, lo que justifica ampliamente los términos de nuestra propuesta de resolución. 
Señor Presidente, a pesar de la presión internacional existente, la denominada democratización paulatina que había prometido el general Abacha está sin concretar. 
Nuestro colega Moorhouse ya se ha referido a la muerte enigmática del general Yar ' Adua, uno de los líderes de la oposición, y deseo referirme también a la condena del premio Nobel que vive en el exilio, Wole Soyinke. 
Estas son confirmaciones de la actual política de torturas, detención de periodistas, opresión de los ogoni. 
Es un buen asunto que el Consejo haya prorrogado las sanciones contra Nigeria con un año más. 
Es una señal clara, pero como ya ha mencionado el Sr. Moorhouse, las sanciones no van lo suficientemente lejos, sobre todo cuando no se aplican eficazmente, más fuerte todavía, cuando se vacían de forma inaceptable porque se eluden. 
La Unión debe buscar instrumentos para poder controlar e imponer el respeto de las sanciones. 
Además Señor Presidente, Señor Comisario, el grupo parlamentario liberal sigue siendo partidario de un embargo de petróleo. Esa es la única manera de castigar eficazmente a este país. 
Señor Presidente, parece que hemos tenido todo un catálogo de oportunidades perdidas en los últimos meses. 
En primer lugar, la Cumbre del Commonwealth celebrada en Edimburgo no adoptó esas medidas firmes contra Nigeria; después el Consejo prorrogó las sanciones durante sólo un año y después, como ya se ha dicho, no se aplicaron las limitaciones en la concesión de visados y se concedió el permiso a Nigeria para jugar en el Campeonato Mundial de Fútbol del año próximo. 
Son, todos ellos, fallos por nuestra parte, como miembros de la Unión Europea, y fallos del Commonwealth. 
Conque, ¿qué se puede hacer ahora? 
Hay un ligero rayo de esperanza. 
Recientemente, estuve en Ghana con una misión del Parlamento Europeo. 
Ese país ha demostrado que puede hacer la transición a la democracia y se nos ha dicho que a los nigerianos les gustaría recibir la misma consideración que Ghana. 
Conque debemos decir al general Abacha que, si habla en serio, puede intentar convencernos del regreso a la democracia del que, según dice, es partidario. 
El mensaje para él es claro: si habla en serio sobre ese regreso a la democracia, debe liberar a Abiola y a los otros presos políticos y regresar sin dilación al proceso democrático. 
Señor Presidente, Señorías, Sir Leon Brittan, quiero dirigir su atención en especial al punto 5 de nuestra resolución en la que exigimos la liberación de presos políticos. 
Entre ellos encontrará el nombre de Ogana Ifowodo. 
¿Quién es esta persona? 
Ogana Ifowodo es un colaborador de la Fundación Heinrich-Böll, una Fundación política de la República Federal de Alemania a la que yo misma pertenezco. 
A invitación de nuestra Fundación, estuvo en el encuentro de la Commonwealth de Edimburgo para presentar allí el informe anual de la Civil Liberties Organisation de Nigeria sobre la situación de los derechos humanos allí. 
En su viaje de regreso a Nigeria fue detenido en la frontera entre Benin y Nigeria. 
Hasta ahora, los servicios de seguridad no ham permitido a sus familiares ni a los colegas de trabajo de Ogana Ifowodo que le vean. 
Existe por ello el peligro de que haya sido torturado o siga siendo torturado. 
El servicio de seguridad ha confirmado la detención y el lugar donde se encuentra y como motivo de la detención ha indicado tozudez. 
Por supuesto, en el derecho penal nigeriano no existe ningún delito de este tipo sino que esto revela probablemente el trasfondo de la detención. 
La detención se alinea en una serie de detenciones de periodistas y cooperantes nigerianos de organizaciones pro derechos humanos del movimiento pro democracia. 
Estos intentos de atemorizar a todos los críticos pretenden por lo visto allanar el camino a una democracia ordenada por el gobierno militar. 
Sólo así se puede explicar el concepto de tozudez. 
Sir Leon Brittan, hace poco tiempo nos ha visitado el Premio Nobel Wole Soyinka. 
Hemos mantenido conversaciones con representantes del Consejo a todos los niveles en la Comisión y en el Parlamento. 
Mi pregunta a usted es doble: ¿qué puede hacer la Comisión para lograr un avance con los Estados miembros en lo tocante al embargo del petróleo de Nigeria? 
Mi segunda pregunta es: en el procedimiento presupuestario hemos creado una nueva línea presupuestaria; ¿cómo tiene previsto la Comisión ejecutarla? 
Presidente, la población de Sierra Leona está viviendo unos tiempos desastrosos. 
Después de tres golpes de estado el país está completamente desmembrado, está gravemente dañada la infraestructura para las viviendas, la enseñanza, la salud y también el suministro de alimentos está muy mal. 
Hay peligro de muerte para 200.000 personas a causa del hambre en el país mismo y hay otras 200.000 personas que están en el norte de Ghana y en la Costa de Marfil. 
Cuando estuvimos allí hace poco, oímos también cuán grave es la situación allí de hecho. 
Afortunadamente, la Unión Europea sí presta ayuda en esos campos, pero mientras tanto parece que hace falta más ayuda. 
En ese ámbito quisiéramos incitar a la Comisión Europea a que tome más iniciativas políticas sobre todo para apoyar las frágiles negociaciones de paz que se han iniciado recientemente. 
Quiero comentar al margen que en Sierra Leona hay soldados nigerianos para mantener la tranquilidad. 
Cuando acabamos de oír lo que los nigerianos perpetran en su propio país y que hay por lo tanto gente que está bajo la autoridad militar de Nigeria, uno se puede imaginar que no son los mejores para volver a instaurar la paz en ese país. 
La Unión Europea tiene una buena tarea ahí. 
La resolución tiene unas cuantas propuestas, que apoyamos sinceramente. 
Croacia 
Señor Presidente, nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario liberal, espera que podamos mostrar hoy unánimemente una clara señal de desaprobación en dirección al gobierno croata. 
El gobierno de Tudjman socava de muchas formas la democracia y la libertad de expresión. 
Se les hace la vida imposible a periódicos independientes como el "Globus» y el" Feral Tribune» y se les impide el funcionamiento normal a organizaciones no gubernamentales como la "Helsinki Committee» y la" Open Society Institute». 
Estos son unos ejemplos de la política sistemática de violación de tratados internacionales que también Croacia ha firmado y de las reglas de organizaciones de las que Croacia es miembro. 
Se hace sistemáticamente caso omiso de las críticas del Consejo de Europa, de la OSCE y de la Unión. 
No creo que el presidente Tudjman espere de verdad que la comunidad internacional desee seguir de esta manera con Croacia. 
Sólo hace falta recordar que el gobierno americano, entre otros, pidió con anterioridad en este año el aplazamiento del ingreso de Croacia como miembro del Consejo de Europa. 
El grupo parlamentario liberal también se ha pronunciado ya a favor. 
Cada vez que se debate la situación de Croacia, resulta que el número de motivos para este aplazamiento no han dejado de incrementar. 
Como punto final, Señor Presidente, la Unión debe esforzarse por un mayor desarrollo de la democracia, de los medios de comunicación libres y de las organizaciones no gubernamentales en el marco del programa de democratización PHARE. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sin duda, Croacia se encuentra en una difícil situación. 
Tras una guerra, ocupada con el retorno de los refugiados y persistiendo aún una tendencia al nacionalismo, comprendo que no exista una democracia plenamente desarrollada. 
No obstante, lamento especialmente que en Croacia se presenten continuamente quejas justificadas por los graves problemas que aquejan a la libertad de prensa, lo que hemos visto también en la visita de la delegación. 
El trato con los medios de comunicación no es fácil en ningún país y aún menos en un país en el que existe una difícil situación social. 
Precisamente porque Croacia se reconoce europea y desea un proceso de aproximación, por lo menos así lo dice siempre, el Parlamento Europeo debe ser estricto y aplicar los correspondientes criterios. 
Tras la visita, yo mismo he propuesto si no deberíamos recapacitar poner de nuevo a disposición más créditos financieros precisamente en el sector del programa PHARE bajo el aspecto de la condicionalidad, si a Croacia le parece aceptable y si Croacia adopta también medidas activas en dirección a la democracia y a la integración de los refugiados. 
Por ello, lamento mucho que las positivas respuestas que hemos intentado dar como euro-diputados no vayan acompañadas realmente de unas reacciones positivas por parte de Croacia. 
En este sentido, apoyamos naturalmente la resolución y exigimos a Croacia que haga realmente todo para que la democracia pueda desplegarse plenamente. 
Señor Presidente, dedicaré mi tiempo de uso de la palabra a apoyar las palabras de mi colega y de los demás oradores. 
Creo que en este Parlamento tenemos, en cierto modo, la idea de que deseamos y tratamos que estos países europeos, destinados a convertirse un día en miembros de la Unión Europea, se preocupen por el respeto de los derechos humanos. 
Por lo tanto, nosotros consideramos como un gesto de amistad hacia el pueblo croata el hecho de recordarle sus obligaciones, ya que éstas constituyen, en nuestra opinión, la base esencial del diálogo con unos países destinados- repito- a convertirse en miembros de la Unión. 
Hoy se ha producido un hecho importante. Me refiero a la detención de dos criminales de guerra- croatas, precisamente- inculpados por el Tribunal internacional. 
Son signos importantes para que este país- y ese es mi deseo- pueda un día adherirse plenamente a Europa, después de suscribir el principio del respeto de los derechos fundamentales. 
Dentro de este espíritu, nosotros hemos propuesto esta resolución y esperamos que, seguidamente, sea aprobada por el Parlamento. 
La censura en Croacia, Señor Presidente, está prohibida por ley, pero se intimida a gran escala: la intimidación de rotativos independientes, de periodistas independientes, de organizaciones independientes. 
La técnica que se emplea para ello es, por una parte, citar a juicio a personas u organismos, y por otra parte, amenazarles con la exigencia de indemnizaciones financieras. 
Concretamente hay en este momento 100 casos pendientes contra Globus, 45 contra Feral Tribune, 32 contra National, 51 contra Novilus. Contra Cisak, el presidente de la Croatian Helsinki Committee, hay siete casos pendientes. 
Todo esto está con toda claridad políticamente motivado, este tipo de actuación. 
En ese sentido lamento que se hayan borrado de la resolución conjunta que se someterá a votación luego, las palabras " políticamente motivado» por exigencia de los demócrata-cristianos. 
Porque justamente de eso se trata. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, mi grupo político apoya esta resolución porque nosotros también queremos apoyar a Croacia a lograr unos estándares europeos en la sociedad civil. 
Ante todo, en lo referente a los medios electrónicos esperamos la pronta realización de una auténtica televisión de carácter jurídico-público. 
La gran sensibilidad de los gobernantes frente a artículos ciertos o no en los diversos órganos de prensa, conduce con frecuencia a reacciones excesivas que condenamos. 
El nuevo derecho de asociaciones y fundaciones corresponde sin embargo a los estándares europeos. 
Las fundaciones en Croacia pueden vivir bien con él. 
Sólo la Soros-Foundation tiene problemas con ello, pues pierde sus privilegios actuales. 
La «Open Society Foundation» tiene que registrarse asimismo como fundación, lo que no quiere hacer. Quiere seguir con el status de una ONG. 
En Croacia trabajan más de 1.800 ONG. 
Es necesaria una ley reguladora, tal como se hace en nuestros países. 
Estas organizaciones deben demostrar su utilidad pública, es decir, que son organizaciones no dirigidas a obtener beneficios. 
Pero el proyecto de ley del Gobierno relativo a las organizaciones humanitarias que se ha presentado en el Parlamento croata, el Sabor, tiene aún defectos. 
Instamos a nuestras y nuestros colegas del Parlamento croata a que introduzcan mejoras mediante enmiendas en el procedimiento legislativo. 
Confiamos mucho en que se haga así y nuestra solicitud de hoy les será sin duda de ayuda. 
Señor Presidente, esta noche soldados neerlandeses y americanos de la SFOR han detenido en el norte de Bosnia a dos Croatas, sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. 
Están ahora mismo en los Países Bajos y comparecerán el año que viene ante el Tribunal Internacional de Justicia. 
Podríamos decir: una pequeña noticia positiva. 
Parece que en Croacia misma las noticias son algo más negativas. 
Parece que se abusa de las leyes de asociación, pero si oigo a la Sr. Pack, la realidad parece ser otra. 
En todo caso, constatamos que la Helsinki Committee y la Open Society Institute, que ya han invertido 30 millones en el país, no pueden funcionar libremente. Se inician procesos judiciales contra periodistas. 
Esto no era lo que la Unión tenía por objetivo a la hora de reconocer la independencia de Croacia. 
En muchos aspectos hemos sido durante demasiado tiempo tal vez demasiado pacientes. 
Por eso es hora de hacer sonar la alarma e insistir en que no se abuse de las leyes y en que se dé camino libre a los medios de comunicación. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional respalda la resolución común sobre Croacia y la va a votar porque estamos convencidos de que en dicho país, a pesar de las garantías de las autoridades y las tomas de posición, probablemente debidas a razones sentimentales e históricas de algún miembro de este Pleno, los derechos de expresión y algunas fundamentales expresiones de libertad se limitan duramente. 
Y, no obstante el Presidente Sr. Tudjman asegure a Europa que Croacia será el baluarte contra el fundamentalismo islámico, esto no basta y no debe servir como pretexto para soslayar el respeto de los derechos fundamentales y para violar la libertad de expresión, de asociación y de libre difusión de las ideas. 
El camino de Croacia hacia Europa, en mi opinión, es todavía largo y pasa necesariamente por el abandono de una vieja mentalidad estatalista omnímoda, herencia evidente de la reciente praxis comunista. 
Señor Presidente, he leído con cierto placer la resolución que se ha presentado aquí. 
Pues precisamente el periódico con el que colaboro se presenta aquí como objeto de persecución. 
El Globus es realmente uno de los periódicos de oposición más agudos de Croacia, que escribe en un tono en contra del Gobierno croata que en algunos otros países no se tolera, tampoco en países democráticos. Lo sé exactamente pues tengo mucho que ver con esa redacción. 
Que se haya iniciado un proceso contra el Globus no lo considero siquiera como injustificado pues conozco algunos países vecinos democráticos de Croacia en los que ocurren también tales cosas, en los que incluso redactores de ciertos periódicos tienen que dejar sus puestos porque han ofendido a un Jefe de Gobierno. 
Por ello, solamente quiero decir una cosa: naturalmente, Croacia tiene unos problemas gigantescos, lo que ha expuesto muy bien el Sr. Swoboda. 
Ha sido destruido por una guerra, tiene muchos problemas con la enorme cantidad de refugiados que Croacia ha acogido lo que, sin duda, no ha sido tan negativo tampoco en este marco. 
Yo mismo he estado en la campaña electoral en Croacia, visitando también a los partidos de oposición y sólo puedo decir que estos partidos de oposición han actuado muy libremente e incluso han realizado intentos con gran éxito. 
Que después el resultado haya sido otro, se debe quizás a los electores pero no al Gobierno. 
Quería decir esto para que se comprenda por fin que Croacia es un Estado europeo, que tiene una gran cultura europea y que todos tenemos interés en ayudar a Croacia, no golpeándole en la espinilla sino apoyándole realmente en sus esfuerzos. 
Este debería ser el sentido más profundo. 
Presidente, no aprobaré la presente resolución sobre Croacia por diversos motivos. 
En primer lugar, quiero recordar que estamos en una mala posición en el Parlamento Europeo para darnos aires de cara a Croacia. La grandísima mayoría de este Parlamento no dijo nunca ni siquiera una palabra para ayudar al pueblo croata cuando se desgarró con grandes dificultades y enormes riesgos del molde yugoslavo. 
No se dejaron de producir durante algunos años, en cambio, cantidad de resoluciones para rechazar y condenar este afán de independencia de un pueblo. 
Y quiero recordar también que las instancias comunitarias europeas- incluído este Parlamento- siguieron defendiendo esta utopía yugoslava hasta el último suspiro, hasta que por fin únicamente Alemania tuvo el coraje de elegir el lado del pueblo croata. 
Además, no aprobaré la resolución ya que me niego a poner a Croacia hoy de hecho en la misma línea que países como China, Corea del Norte, Nigeria, etcétera, que se critican con razón en ella. 
Sin duda se puede mejorar mucho en Croacia, pero este país no pertenece a este grupito y en ese banquillo de acusados. 
Además, tengo que decirles que considero los llamamientos que se han hecho en este Parlamento a la libertad absoluta de la expresión política en Croacia como un poco hipócritas. 
Adoptamos aquí en Europa con la regularidad de un reloj resoluciones que recortan y rechazan la libertad de expresión política dentro de nuestra Unión Europea, por ejemplo para cualquiera que haga preguntas sobre la utopía multicultural. 
En casi cada Estado miembro se han creado, bajo el disfraz de la lucha contra el racismo, leyes de bozal que castigan la libertad de expresión sobre ese gigantesco problema político de la inmigración con multas, con castigos financieros y con la inelegibilidad. 
Y la igualdad de acceso a los medios de comunicación en todos los sentidos- que se exige de Croacia- es en la mayoría de nuestros propios Estados miembros algo ridículo, cuando se pertenece, como yo, a la oposición democrática pero de la derecha y nacional. 
Cuando considero todo esto, sólo puedo concluir por lo tanto que Croacia tal vez tiene que refinar su democracia todavía, pero que en todo caso ha de recibir realmente pocas lecciones de este Parlamento. 
Albania 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero decir lo siguiente. En la traducción de la resolución ha habido algunos problemas. 
He redactado el texto en alemán y he hablado de un atentado en el Parlamento, lo que se ha traducido en todos los demás idiomas como asesinato. 
Creo que es una diferencia esencial para todos nosotros, pero aún mayor para el Sr. Hajdari, quien fue atacado en el Parlamento, pues aún vive y, gracias a Dios, no fue asesinado. 
Además, en algunas traducciones parece como si se hubiese creado una vinculación entre mi exigencia o la exigencia contenida en la resolución de enviar un observador al Parlamento albanés en cooperación con el Consejo de Europa con la ayuda que proporcionamos a Albania. 
En el texto alemán está muy claro que no se trata de ninguna condición. 
Aunque deben considerarse ambas cosas, sin embargo no deben vincularse. 
Cuando redacté esta resolución de urgencia, no sabía en absoluto lo urgente que iba a ser realmente, pues en Albania se adoptaron algunas resoluciones, sobre todo en el Parlamento, que nosotros no podíamos apoyar. 
Hace algunas semanas se adoptó una resolución sobre un plazo que el portavoz del Parlamento albanés imponía al Tribunal Constitucional. Dijo: si el Tribunal Constitucional no cambia ciertas cosas, entonces éste será disuelto el 20 de diciembre de este año, es decir, pasado mañana, el sábado de esta semana. 
El Parlamento ha dicho con toda claridad que si no se aplican determinadas cosas, se modificará el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional de modo que se realice solamente en consonancia con la opinión política del partido dominante. 
Esto es algo que no podemos tolerar y creo que cualquiera que vote hoy en contra de esta resolución sobre Albania se hará en cierto grado culpable si pasado mañana es disuelto el Tribunal Constitucional de modo ilegítimo y antidemocrático. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es lamentable que el Grupo del PPE marche por un camino sin consultar con los demás miembros de la delegación y que cite a ésta como si existiese aquí una opinión común. 
Se trata de una marcha por su cuenta y riesgo y, señora Pack, estoy muy apenado de que abandone esta vía de cooperación que nos habría gustado compartir. 
El Sr. Habsburg, me refiero a Otto von Habsburg, ha dicho que las elecciones han tenido un resultado diferente al que algunos habrían deseado y que la culpa de ello la tienen los electores y no el Gobierno. 
Pero lo que usted hace aquí es exactamente lo contrario. 
Como su partido hermano no ha ganado sino perdido, de repente todo lo que el Gobierno ahora hace está mal. 
Esto es algo que rechazo con toda decisión. 
Mi grupo político y yo no estamos dispuestos a proseguir con esta forma de ausencia de cooperación que usted practica en la delegación. 
No ha buscado el contacto. 
No ha convocado ninguna reunión de la delegación para tratar exactamente de estos puntos. 
Cuando estuvimos juntos en Albania, usted incluso exigió a la oposición, lo que no figura en su resolución, a volver al Parlamento y a cooperar. 
Nada de ello figura en la resolución. 
Su solicitud no refleja en lo más mínimo el debate que mantuvimos en la delegación. 
Lo lamento, pues usted critica unilateralmente sólo al Gobierno o a la mayoría gubernamental, se apoya sólo en un lado y no tiene en cuenta todos los demás argumentos que se han planteado. 
Usted decide plazos y los aplaza, de modo que para nosotros es muy difícil y sólo con los mayores esfuerzos participar en la reunión de una delegación. 
Además, usted ni siquiera está dispuesto a intentar andar por un mismo camino en lo que se refiere a Albania. 
Lo lamento. 
Soy además de la opinión de que la cita que figura al comienzo de esta solicitud es falsa e ilícita. 
Me voy a dirigir a este respecto con un ruego al Presidente. 
Señor Presidente, Albania es el país del antiguo bloque comunista que se encuentra más aislado y cuya democratización resulta más difícil y costosa. 
No cabe duda que nuestra concepción del estado de derecho afronta allí muchos problemas y que las observaciones que se formulan en la resolución están basadas en las informaciones que hemos obtenido cuando visitamos Tirana en el marco de la Comisión Mixta Parlamentaria. 
Pero, no debemos ignorar la otra perspectiva del problema: Albania intenta encontrar su camino, tras unos comicios reconocidos y aceptados por la comunidad internacional. 
Ha transcurrido poco tiempo desde entonces. 
El país está en relativa calma, intenta estabilizar su economía tras un gran escándalo y procura estabilizar sus relaciones internacionales. 
Lo que ocurre a una escala más amplia- así se ha señalado y así es- es apartar a los rivales políticos, siempre según el modelo balcánico, es decir, se repite a la inversa lo mismo que ocurría antes, sólo que entonces nosotros, desgraciadamente, no reaccionábamos de ninguna manera. 
Creo, señor Presidente, que si la Unión Europea hubiera sido menos tolerante con los abusos de poder del anterior gobierno, la suerte de Albania habría sido mejor y, por supuesto, el Sr. Berisha no se habría formado la impresión errónea de que podíamos perdonarlo todo. 
Esto no significa, en modo alguno, que ahora tengamos que perdonar los probables abusos de las instituciones democráticas. 
Con la misma premisa, y para no parecer parciales, porque creo que ninguno de nosotros tiene preferencias partidistas en Albania, deberíamos, en principio, conceder un período de gracia al gobierno recién elegido, que debe conocer bien nuestra concepción de las instituciones democráticas y de forma especial en lo concerniente a la independencia de la justicia. 
Las puntualizaciones contenidas en la resolución no son erróneas, pero sí parciales y creo que precipitadas, porque en lo relativo al tribunal constitucional sólo disponemos de la información facilitada por la oposición albanesa. 
Me temo, señor Presidente, que nos precipitamos. 
Señor Presidente, el grupo parlamentario liberal votará en contra de esta resolución porque nos oponemos, en primer lugar, a la idea de comportarnos como una especie, como se expresa en la resolución, de tutor en Albania y para ver si la práctica parlamentaria se realiza correctamente o no. 
No creo que esa sea la manera en que se puede tratar la democracia en Albania, por muy débil que sea. 
Lo lamento, y se ha dicho antes, y la discusión entre el Sr. Swoboda y el Sr. Habsburg fue clara. 
Lamento que el PPE haya presentado este texto muy tarde y como es habitual en esta Casa, no lo hacemos cuando se trata de urgencias. 
Lo lamento mucho. 
Además, tengo la idea de que no contiene elementos urgentes en su resolución y lamentaría sin embargo, que se tuviera la sensación, si votamos en contra de la resolución sobre Albania, que no estamos preocupados por el lento proceso de mejora de la democracia y el estado de derecho en Albania. 
Dicho de otro modo, Presidente, lamento que la actuación precipitada del PPE en realidad nos haya quitado a todos la oportunidad de redactar una buena resolución. 
Señor Presidente, quiero expresar mi sorpresa por el contenido y el propósito de la resolución sobre la salvaguardia del derecho en Albania. 
Recientemente, una Delegación del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con los países del este de Europa ha visitado Tirana y, en mi opinión, ha cumplido con éxito la misión en el marco del cuarto encuentro intergubernamental entre el Parlamento Europeo y el Parlamento albanés. 
He tenido el honor de formar parte de esa comitiva del Parlamento Europeo y junto con otros de sus miembros he tenido la oportunidad de comprobar la compleja situación del país y los graves problemas económicos, sociales y políticos a los que se enfrenta. 
Debo admitir que hemos comprobado diversos problemas en el funcionamiento de la democracia en ese país y también la tensa situación política causada por la actitud del mayor partido de la oposición, que boicotea las tareas del parlamento y no participa en sus sesiones. 
También, debo decir que nuestra Delegación tomó nota de las reponsabilidades, tanto del gobierno, como del Partido Democrático bajo el mandato de anterior presidente del país, el Sr. Berisha, y que la utilidad de ese trabajo ha sido valorada desde diferentes puntos de vista. 
Teniendo en cuenta esos datos no puedo comprender para qué puede ser útil esa resolución pues me temo que ofrece una coartada a los argumentos y a la táctica del Sr. Berisha. 
No quiero creer que ésas sean las intenciones de sus redactores, pero objetivamente es lo que hace. 
En relación con el envío de un observador a las sesiones del parlamento albanés, quiero puntualizar que Albania no es un protectorado de nadie, ni está bajo tutela y, por tanto, no debemos tener una actitud paternalista ante las fuerzas políticas albanesas. 
Así pues, invito al Parlamento a que rechace la resolución en cuestión por inaceptable, porque objetivamente minaría el papel de la Delegación de nuestro Parlamento tras el éxito de su misión en Tirana. 
Djibouti 
Señor Presidente, las elecciones legislativas que mañana se celebrarán en la República de Djibouti no deberían depararnos grandes sorpresas, puesto que en este país no se permite que la oposición se exprese e incluso se invalida o se declaran no elegibles a los diputados del partido en el poder que critican al Presidente Hassan Gouled. 
Sin embargo, lo que en opinión de nuestro Grupo hoy reviste excepcional gravedad es la cooperación policial y represiva entre Djibouti y Etiopía, ya que cada uno de estos países detiene a los opositores del otro y los expulsa para que sean juzgados y encarcelados, como ha ocurrido recientemente con Mohamed Kadamy, su familia y sus abogados. 
La Unión Europea no puede tolerar estas prácticas por parte de países que reciben la ayuda para el desarrollo por parte de la Unión. 
Nuestro Grupo desearía asimismo dirigirse, indirectamente, al Gobierno francés, que hace hincapié en el nuevo espíritu de sus relaciones de cooperación. 
Ahora bien, Djibouti es la base principal de las Fuerzas armadas francesas en África. 
Más allá de lo que pueda pensarse de esta presencia militar, nos parece que debería al menos inscribirse en un marco democrático mínimo, en el propio interés de Francia, que corre el peligro de verse pronto implicada, también en este caso, en convulsiones políticas debido a su actitud tolerante. 
Señor Presidente, estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Yibuti y por los actos de violencia que se realizan contra miembros de la oposición ante las elecciones parlamentarias que se deben celebrar el próximo 19 de diciembre. 
El 26 de septiembre de este año fueron detenidos los dirigentes más importantes, los representantes del FRUD, el Frente para el Restablecimiento de la Unidad de Yibuti, del Afar, la oposición de allí y también representantes del FRUD que trabajan aquí en Europa. 
Fueron detenidos en Etiopía y expulsados a Yubuti, donde fueron encarcelados. 
Entre ellos se encuentra el representante europeo, Mohamen Kadhamy y su mujer, Aicha Dabalé, que pertenece a una organización humanitaria y está embarazada. 
Creo que debemos exigir con toda determinación que se libere sin demora a estas personas y también que toda la población afectada por el conflicto pueda regresar al menos a la región de la que fue expulsada, aunque no sea directamente a Yibuti. 
Debemos abogar porque las viviendas ocupadas por las fuerzas gubernamentales sean desocupadas y devueltas. 
Como Vicepresidente de la Asamblea Paritaria ACP-CEE del Tratado de Lomé quiero exigir finalmente a Yibuti que acate este Tratado, en especial el artículo 5, en el que se dice que se deben respetar los derechos humanos fundamentales. 
Presidente, Comisario, el Parlamento expresa su preocupación en la víspera de las elecciones en Djibuti sobre la evolución política de allí. 
Con razón, Presidente, pero hay otros países por el mundo igual de penosos y de los que este Parlamento pasa completamente de largo en su, a veces, selectiva inspiración. 
Un país de estas características es Surinam, en el norte de América Latina. Un país con 400.000 habitantes, con 300.000 familiares en los Países Bajos. 
Presidente, la élite económica de las drogas empuña allí el cetro. 
Se amenaza de nuevo a periodistas y a activistas de los derechos humanos. 
La semana pasada cuatro hombres secuestraron a un fotógrafo y le propinaron una paliza prometiéndole que harían lo mismo con su hijo si su mujer, la directora del diario " De Ware Tijd» , no cambiaba sus artículos como quiere el gobierno. 
Presidente, los días de Navidad se aproximan, habrá silencio político y mediático. 
Sé de todas formas que los dirigentes de Surinam saben que este Parlamento ha sido informado y esto protege a lo mejor también un poco a los periodistas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Señor Presidente, se refiere a la próxima resolución sobre la urgencia. 
Estoy a favor siempre de medidas de ahorro, pero cuando quise recoger como es usual los textos, se me entregaron las resoluciones conjuntas pero no los textos originarios aduciendo que se trata de una medida de ahorro. 
Tengo que decir que esto no es posible pues con frecuencia se rechazan resoluciones conjuntas, por lo que se vuelve a los textos originarios. 
Ruego que se aclare. 
Por ejemplo, la absurda solicitud sobre Croacia fue algo menos absurda gracias a la intervención de la Sra. Pack, pero me habría gustado leer los absurdos textos originarios. 
Ruego que se adopten las medidas necesarias para que este asunto se arregle. 
Señor Posselt, tomo nota de su declaración. 
Es cierto que ha habido algunos problemas de traducción, pero, que yo sepa, los textos distribuidos y sometidos a votación están disponibles en todas las lenguas. 
Se procede a la votación. 
Derechos humanos y democratización 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0381/97 del Sr. Imbeni, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de las acciones de fomento de los derechos humanos y de la democratización (para el año 1995) (COM (96) 0672- C4-0095/97) ; -A4-0393/97 de la Sra. Lenz, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la creación de una estructura única de coordinación dentro de la Comisión Europea, competente en materia de derechos humanos y de democratización. 
Señora Presidenta, no podemos ser demasiado exigentes con nuestros colegas. Ha sido una semana muy dura y, por lo tanto, es más comprensible que ahora este debate seguramente se desarrolle en un clima constructivo y a la vez, diría yo, de cierta discreción. 
Aprovechando la presencia del señor Comisario, quiero comenzar por señalar algo que ni la Sra. Lenz ni yo conocíamos cuando presentamos nuestros dos informes, es decir, el documento aprobado por el Consejo de Luxemburgo en relación con el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Me gustaría que la Comisión nos dijera qué se entiende en el punto 11 del anexo del texto del Consejo Europeo relativo al cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se habla de programas académicos en el marco del cincuentenario. 
Si existe un marco de iniciativas ya previsto y consolidado, deseo pedir- y creo que no sólo a título personal- a la Comisión que nos haga llegar este marco de programas y de iniciativas. Además se podría llegar a un compromiso mutuo del Parlamento y de la Comisión con objeto de que, junto con las iniciativas nacionales para celebrar el aniversario- me refiero siempre al punto 11- pueda existir una participación interinstitucional, colectiva y positiva, entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Dicho esto, y pasando al informe propiamente dicho, deseo hacer hincapié en algunas consideraciones específicas que, en mi opinión, debo hacer sobre el informe de la Comisión. 
La primera es ésta: nos encontramos en vísperas del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Esto nos da un compromiso específico y, obviamente, una honra, sobre todo con relación a un aspecto, la coherencia: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, coherencia con respecto a esta cuestión estratégica, el fomento de los derechos humanos, para evitar ante todo esas contradicciones que a veces perjudican también a nuestra imagen que, en definitiva, es el resultado de la esencia misma de la Unión Europea, basada fundamentalmente en los derechos universales del ser humano, en su respeto y su fomento. 
Con frecuencia estamos en contradicción- a veces la mano izquierda no sabe qué hace la mano derecha- porque en ciertas realidades el nexo entre las relaciones económicas y comerciales y las cuestiones de fomento de los derechos humanos no mantienen una perfecta coherencia entre sí. 
Pues bien, quisiera decir que, si debemos dar un paso adelante en el Cincuentenario, tendremos que hacerlo en esta dirección: mayor coherencia de comportamiento entre lo que se dice y lo que se hace, lo que implica tratar de eliminar todos los aspectos contradictorios. 
En mi informe, asimismo, pongo el acento en las exigencias de información: información no tanto del Parlamento Europeo- aunque no está demás, sin embargo, en el fondo somos unos privilegiados, dado que seguramente no disponemos de las informaciones en tiempo real como desearíamos, pero sí con bastante rapidez- como, por el contrario, de toda esa realidad que opera en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, del asociacionismo comprometido en el mundo en favor del respeto de los derechos humanos, de las organizaciones, incluso pequeñas- no sólo las que, por así decirlo, ya son una marca, ya son muy conocidas- que actúan en los distintos países y que carecen de una información adecuada e inmediata. 
Mi informe propone que la Comisión utilice más aún, si cabe, las nuevas tecnologías para reunir, de forma que quien navega esté al tanto directamente y en tiempo real, las informaciones sobre la actividad realizada por la Unión en pro del fomento de los derechos humanos en los diferentes países del mundo. 
El segundo aspecto en el que pongo el acento es el de la eficacia. 
Sería necesario que las representaciones de la Comisión, país por país, pudieran facilitarnos, más claramente, la correspondencia entre las iniciativas llevadas a cabo, los gastos, los recursos utilizados y la situación de los derechos humanos en uno u otro país. 
En otras palabras, es importante saber si nuestras inversiones han servido para algo o no, si la situación de los derechos humanos en un país ha mejorado o empeorado tras nuestras iniciativas y nuestras intervenciones. 
Desde este punto de vista, es preciso que exista una información más adecuada sobre la eficacia de nuestras acciones. 
Existe además un problema de coordinación de las iniciativas de las diferentes Instituciones. 
En este sentido, hay un aspecto que diferencia mi informe del de la Sra. Lenz, se trata, sin embargo, de una diferenciación en cuanto a los instrumentos y, sin duda, no de una diferenciación estratégica de los objetivos, porque todo el mundo puede comprobar que hay una linealidad y una convergencia muy amplia entre ambos informes. 
No obstante, en un punto que atañe precisamente a la coordinación, existe una diferencia de interpretación sobre la que deseo llamar su atención. 
Está bien que se creen estructuras únicas de coordinación dentro de la Comisión, está bien- yo personalmente estoy de acuerdo- el reforzamiento de una estructura interinstitucional, sin embargo, mi opinión personal es que el Parlamento no es un órgano de gestión, que la gestión le corresponde a la Comisión, que otros son los que se encargan de gestionar las políticas y que nosostros, por contra, tenemos que desempeñar una función de dirección y de control. 
Si no somos capaces de desempeñar nuestra función de control no debemos refugiarnos en la creación de estructuras de coordinación y de ejecución integradas por la Comisión y el Parlamento, porque esto, en mi opinión, no es consecuente- repito- con las funciones de dirección y de control del Parlamento Europeo. 
Éste es un punto de diferenciación sobre el cual la Sra. Lenz y yo tenemos opiniones encontradas, unas opiniones que, evidentemente, intentaremos acercar a través del debate. 
Deseo asimismo recalcar las propuestas que hago en mi informe acerca de la idea de organizar cada año una importante conferencia para evaluar los programas de la Unión Europea en materia de democratización en todo el mundo. 
Hace algunos meses- dos, me parece- celebramos en Bruselas una importante conferencia con objeto de evaluar la marcha de los programas TACIS y PHARE. 
Fue un acontecimiento importante porque se contó con la participación, sobre todo, de los representantes de los países interesados, es decir, los terceros países. 
En realidad, nuestra presencia, del Parlamento y de la Comisión, no fue muy asidua y fructífera: algunos de nosotros participamos en la misma desde el principio hasta el final, pero, a tenor de la verdad, fuimos sólo unos cuantos. 
Nuestros colegas, en cambio, diputados y representantes de organizaciones no gubernamentales de estos otros países, nos señalaron tanto los resultados positivos como también muchos defectos. 
Nos formularon, por ejemplo, la pregunta: ¿Cuál es la relación entre los gastos administrativos, de naturaleza burocrática, y los gastos directamente destinados a la ejecución de un proyecto? 
Es un tema que afecta también al fomento de los derechos humanos. 
Sería interesante conocer la diferencia entre los gastos de naturaleza burocrática y administrativa y los gastos, por el contrario, destinados específicamente al fomento de los derechos humanos. 
Así y todo, se trató de una experiencia positiva y considero que podríamos repetirla también por lo que respecta a la evaluación de la eficacia de nuestras acciones en materia de democratización y de fomento de los derechos humanos. 
Y acabo, agradeciendo a todos los colegas su atención y manifestando mi convicción de que, al final, estimulados precisamente por este acontecimiento del 5º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, podríamos hacer algo más y mejor. 
Y permítanme añadir algo más: si, en el Consejo de Luxemburgo, se hubiera hecho una referencia- sé que sigue existiendo un problema en un Estado miembro- al tema de la pena de muerte en este documento, quizás habríamos dado un concreto paso adelante respecto a todas las resoluciones anteriores. 
Señora Presidenta, puedo adherirme a lo que ha dicho el Sr. Imbeni y voy a intentar dar también una respuesta a sus afirmaciones. 
Hace una semana hemos celebrado el día de los derechos humanos y es un hecho que en todo el mundo se siguen violando muy intensamente. 
Pero, por otro lado, cada vez más instituciones y organizaciones se adhieren a ellos, de modo que surge una situación contradictoria. 
La Unión Europea es una las instituciones internacionales que acepta del modo más concreto y variado los derechos humanos, desde proyectos individuales hasta programas para el fomento de los derechos humanos y de la democracia. 
Comenzamos en los años 80 con Latinoamérica, con los Estados ACP y con los países en vías de desarrollo y hoy tenemos los programas PHARE y TACIS para la Europa central y oriental y los programas MEDA para el área del Mediterráneo. 
Apoyada por el Consejo y la Comisión, la Unión Europea ha expuesto en numerosas declaraciones las directrices básicas y ahora, en los Tratados de Asociación, mediante una cláusula intenta que los derechos humanos y la democracia sean una condición previa para la misma. 
Todo esto está muy bien, pero si se ve que en la Comisión 15 servicios más algunas instituciones externas, los llamados satélites, se ocupan de la administración y formulación de la política de los derechos humanos y de la democracia, no hay que sorprenderse de que el Parlamento Europeo exprese desde hace años su preocupación porque estas cosas no resulten tan coherentes, eficientes y transparentes como desearíamos. 
El Tratado de Amsterdam reafirma la adhesión de la Unión a la libertad, la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho y declara que la Unión en su totalidad está comprometida a ser coherente en sus medidas de política exterior. 
El Consejo y la Comisión comparten esta responsabilidad y la Comisión cumple ahora con ella al presentar al Consejo una propuesta para un fundamento jurídico unitario en el que se pueden formular los derechos humanos y la democracia. 
La exigencia del Parlamento Europeo de que exista un control, análisis y valoración de las intervenciones de la UE se plantea hoy de un modo aún más urgente ya que al ampliarse la actividad de la UE en el campo de la política de los derechos humanos, han aumentado también considerablemente en el curso de los años los créditos financieros disponibles. 
Las formas de intervención aumentan así como el número de actores. 
En el capítulo creado por el Parlamento Europeo «Iniciativa Europea por la Democracia» , los créditos ascienden hasta hoy a 96 millones de ecus. 
La dispersión de los créditos presupuestarios para proyectos de derechos humanos y democracia en numerosas líneas presupuestarias y la ausencia de una estrategia y de una competencia compartida para su empleo dentro de la Comisión, hace que la transparencia deje que desear. 
Sólo en el campo de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Comisión dispuso en 1994 de 30 líneas presupuestarias. A ello vienen a sumarse los créditos del capítulo B-8 para los créditos acordados en el marco de la PESC. 
Mi informe sobre la creación de un estructura de coordinación unitaria pretende delimitar mejor las competencias y una mejor ejecución de los proyectos. Pero, de acuerdo con la Comisión de Presupuestos, está en contra de estructuras externas. 
Rechazo una estructura externa. Señor Imbeni, cuando realizo la propuesta concreta de crear una oficina por la democracia y los derechos humanos dentro de la Comisión, no me refiero a una oficina a compartir por nosotros sino a una oficina que la Comisión debe crear en su administración de modo similar a ECHO, para que no sea un servicio anónimo el que coordine estas cosas sino un punto de referencia visible hacia el exterior y éste podría ser un departamento de este tipo. 
Una segunda propuesta que hago se refiere a la creación de una red de datos sobre este campo, lo que ayudaría a las instituciones de la Unión Europea y también a los de fuera, a recoger mejor la gran variedad de informaciones y a aplicarlas más eficazmente en la práctica. 
El engranaje de las instituciones, tal como se ha aprobado en el presupuesto, debería realizarse mediante un grupo de trabajo «Democracia y Derechos Humanos» , al que ustedes se refieren y que podría estar formado por representantes del Parlamento y de la Comisión con función de asesoramiento en el marco del programa anual. 
Por motivos de eficacia, racionalidad económica y de transparencia, es absolutamente necesaria una coordinación más eficaz entre las instituciones y las organizaciones internacionales en el marco de la observación y apoyo de las elecciones. 
La consolidación de nuestro presupuesto de 1998 ofrece también unos buenos enfoques. 
Para alcanzar un efecto sinergético y multiplicador lo más amplio posible, la UE debería coordinar mejor sus acciones en el campo de la política de derechos humanos también con organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, la OSCE y otras, mediante la conclusión de acuerdos de cooperación. 
Nuestra ayuda no es visible con frecuencia en este campo. 
Puedo apoyar realmente el informe del colega Imbeni. 
Perseguimos las mismas líneas estratégicas. 
Exigimos una información mejorada sobre el PE, sobre la eficiencia y también sobre los fracasos de los programas y proyectos en lo que a sus efectos sobre la situación de los derechos humanos y de la democracia en terceros países se refiere. Al igual que él, exigimos una estrategia más transparente para el empleo de los créditos y procedimientos mejorados para la tramitación de los proyectos. 
Esto se encuentra también en mi informe sobre la simplificación de las estructuras. Yo también he seguido la conferencia de los programas PHARE y TACIS con las ONG y he obtenido también para mi informe interesantes datos. 
Otra exigencia básica es la necesidad de una mejor coordinación dentro de la Comisión y a nivel interinstitucional así como- lo que siempre hemos exigido- la reducción de la división en sectores geográficos. 
A este respecto somos especialmente del mismo parecer. 
Una estructura supraordenada de coordinación bajo la competencia de un Comisario para los derechos humanos y la democracia, aparte de administrar los programas y proyectos debería coordinar también la política de garantías y sanciones. 
Después de Amsterdam, la Comisión ha prometido una estructura unitaria para los derechos humanos y la democracia para el siguiente período y espero que se lleve a efecto. 
Quiero preguntar con toda franqueza a la Comisión en qué piensa contribuir. 
Estimadas y estimados colegas, para finalizar quiero observar que una de las tareas más difíciles pero más hermosas de la Unión Europea es que sus instituciones puedan llevar al mundo un mensaje de libertad y paz, basado en el respeto de los derechos humanos y en una convivencia según reglas democráticas. 
Esperamos que tras el Tratado de Amsterdam esta parte de la política exterior de la Unión desempeñe un papel aún más importante y sustente nuestra idea. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, la Comisión de Presupuestos me ha hecho el honor de designarme ponente para opinión. Ello me satisface particularmente, puesto que, en este caso concreto, hemos realizado un trabajo que pienso ha podido ayudar a la Sra. Lenz en la elaboración de su informe, sobre todo con respecto a algunos puntos que considerábamos esenciales y que deseo desarrollar muy brevemente. 
El primero consiste- la Sra. Lenz lo ha señalado- en esta exigencia y en esta necesidad, diría yo, de hacer hincapié en los derechos humanos y de reivindicar para éstos un mayor papel, ya que se trata de un ámbito a través del cual la Unión Europea honra verdaderamente a los ciudadanos de Europa. 
Creo que, desde este punto de vista, toda iniciativa, todo fortalecimiento de esta protección por medio de la cláusula "derechos humanos» -se ha mencionado, por ejemplo, la posibilidad de aplicar a estos acuerdos con los terceros países una cláusula" pena de muerte» , que ya está prevista con miras a las adhesiones a la Unión Europea -, debe suponer una mejor coordinación interna en la Comisión. 
Creo que lo hemos demostrado, ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario. La institución debe seguir asumiendo esta prioridad, no debe perderse en esos institutos satélites, que se han vuelto incontrolables, y pienso, en este sentido, en el Observatorio para las Drogas. 
No se sabe qué hace. 
Sus políticas son decididas por quince funcionarios de quince países miembros; y así sucesivamente. 
Por consiguiente, se requieren más posibilidades de trabajo, más medios, más objetivos para la política de los derechos humanos; pero ello debe hacerse a través de un fortalecimiento interno y, a la larga- es un mensaje muy claro que queremos dirigir a la Comisión y a nuestros gobiernos -, gracias a la creación de un cargo de comisario encargado de los derechos humanos: sería el resultado lógico de esta política que tanto valoramos. 
La otra cuestión es, naturalmente, la referente a los recursos. 
También acabamos de decidir la posibilidad, sobre una base puntual, de examinar juntos los problemas existentes, para saber cómo podemos hacerles frente. ¿Cómo podemos hacer frente, por ejemplo, a ese desfase increíble que existe entre las acciones- y las peticiones de acción- sobre derechos humanos y su autorización o financiación? 
A veces transcurren diez meses, once meses, señor Brittan, entre una solicitud de financiación, a título de un ejercicio presupuestario dado, presentada, no por grandes sociedades, sino por ONGs, que viven gracias a la cofinanciación, y que es posible obtener, pero que espera durante meses debido a obstáculos administrativos, que, en mi opinión, pueden ser perjudiciales. 
Lo que se necesita, naturalmente, es transparencia, rigor, pero también flexibilidad para que las cosas puedan mejorar. 
Estos son, claramente, los mensajes que hemos querido dirigir al ponente, en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Sólo hemos mantenido algunas enmiendas- espero que el ponente pueda aceptarlas- tendentes a fortalecer aún más el texto y a convertirlo en un buen documento de trabajo, que sea útil tanto para la Comisión como para el Consejo, en sus futuras deliberaciones. 
Señora Presidenta, poco después de que fuera elegido diputado al Parlamento en 1989, se me pidió que participara en una delegación parlamentaria para observar las primeras elecciones democráticas en Chile después de la dictadura de Pinochet. 
Estando allí, me impresionó la cantidad de personas que se me acercaban de forma totalmente espontánea para agradecerme, a mí y a otros miembros de nuestra delegación, la labor que la Unión Europea había llevado a cabo para preservar y desarrollar la democracia en Chile durante los años de la dictadura. 
Me causó una impresión profunda, porque me hizo comprender lo importante que es la labor de la Unión Europea en pro de los derechos humanos y el efecto de cantidades con frecuencia muy pequeñas de dinero, en particular el efecto que pueden tener en el desarrollo de la democracia en países que padecen de falta de derechos humanos. 
Por eso apoyo firmemente las políticas que aplica la Unión Europea. 
Sin embargo, hay que decir que la política de derechos humanos de la Unión Europea se ha desarrollado atendiendo mucho a las circunstancias que concurrían en cada caso. 
En muchos sentidos la Sra. Lenz lo ha indicado ya en sus observaciones anteriores. 
Sigue atendiendo demasiado a las circunstancias concretas, como podemos ver por la labor del Parlamento. 
Nuestro culebrón mensual de las urgencias del jueves por la tarde revela cierta falta de coordinación y coherencia cuando examinamos situaciones de derechos humanos. 
De modo semejante, como se ha dicho, la organización por parte de la Comisión de su labor en materia de derechos humanos muestra también una falta de coherencia y de coordinación. 
En el Consejo la PESC ha tenido sus deficiencias, como hemos expuesto antes, y no hay suficientes pruebas de un planteamiento coherente. 
Ahora bien, con el Tratado de Amsterdam y el informe de la Comisión que estamos debatiendo hoy, debemos pasar a una situación en la que los derechos humanos estén mucho más estrechamente integrados en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
En particular, miro al Consejo y a la Comisión, que trabajan para la creación de la unidad de planificación de políticas que es una parte esencial del Tratado de Amsterdam para velar por que haya una dimensión eficaz de derechos humanos y una dimensión de prevención de conflictos en la labor de dicha unidad. 
Debemos explicar lo que queremos decir cuando hablamos de una política exterior éticamente orientada para la Unión Europea y debemos intentar encontrar un mayor equilibrio entre las instituciones. 
A la luz del Tratado de Amsterdam y de la labor en el Parlamento del Sr. Avgerinos, por ejemplo, sobre la mejora de nuestra forma de abordar las urgencias, debemos intentar comenzar de nuevo en lo relativo a los derechos humanos y celebrar un diálogo tripartito entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento en el que podamos sentarnos y ponernos a decidir hacia dónde vamos en materia de derechos humanos y cómo podemos mejorar la administración de los derechos humanos. 
En particular, debemos examinar cómo evaluamos el rendimiento de nuestros proyectos. 
La Comisión es muy buena para formular nuevas ideas, pero menos para administrarlas una vez que están en marcha. 
Debemos examinar cómo desbloqueamos los fondos. 
Con demasiada frecuencia se retienen los fondos y las ONG tropiezan con dificultades por los retrasos en el desbloqueo de los fondos. 
En conclusión, debemos examinar también lo que hacemos con países como, por ejemplo, Hong Kong- que tan sólo cito porque lo tengo fresco en la memoria -, cuya administración afirma que los fondos que aportamos para apoyar los derechos humanos son en realidad una injerencia política y se niega a permitirnos emplear esos fondos. 
Por último, acojo con beneplácito estos dos informes, pero insto a que... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Presidenta, en este debate sobre los derechos humanos se da casi por descontado que se empiece a hablar directamente de problemas concretos: de Argelia, de Birmania, de Nigeria o de la situación de los refugiados, de niños esclavos o del abuso de mujeres, y que se pida directamente una acción. 
Pero en este debate se trata otra cosa. 
Los colegas el Sr. Imbeni y la Sra. Lenz hablaron en sus informes sobre todo de las estructuras de la Comisión Europea para la política de derechos humanos. 
Es un buen asunto, ya que cuando se quiere denunciar algo y se desea una acción, debe haber también buenos instrumentos para ello. 
Tienen que ser eficaces, de eso se trata. 
El informe del colega el Sr. Imbeni, que constituye una reacción al documento de la Comisión Europea, descubre con nitidez unas debilidades en la organización del trabajo de los derechos humanos de la Comisión. 
La Comisión intentó esquivar estos problemas en su documento haciendo una especie de relación de los proyectos concretos de derechos humanos y de democratización desde un enfoque regional. 
Podemos afirmar tranquilamente que la mayoría de esos proyectos son estupendos, y que la Comisión probablemente los lleva bien a cabo, pero el documento de la Comisión no contiene ninguna evaluación. 
No es de sorprender, porque nuestro colega Imbeni constata con razón que la política de derechos humanos de la Comisión está organizada de forma bastante caótica. Demasiadas partidas presupuestarias, demasiadas Direcciones Generales que se entremeten, demasiado papeleo burocrático y demasiada poca coordinación, evaluación y eficacia. 
Cuando examinamos un poco esos diferentes enfoques, encontramos que los ha recogido la Sra. Lenz en su informe. 
En realidad, cuando se leen esos dos informes parece un milagro que a pesar de todo sucedan tantas cosas buenas. 
Esto no quita que esté de acuerdo con ambos colegas. 
Examinando todas las actividades, habrá que constatar que hay una necesidad urgente de mayor coordinación y agilización de las acciones. 
Por eso, la idea de la Sra. Lenz de llegar a un órgano de coordinación en la Comisión, dirigido sobre todo a los programas y acciones en el ámbito de los derechos humanos, a los derechos de las minorías y a la democratización, es una idea estupenda. 
Creo que debería ser algo como la ECHO para la ayuda humanitaria, pero entonces dentro de la Comisión. 
Presidenta, es una idea estupenda porque no sólo puede ahorrar mucho dinero y energía, con el mismo dinero se puede tal vez hacer mucho más y también con más eficacia. 
Además, me parece estupendo que se ponga a disposición una red europea para los derechos humanos para que se difunda la información precisa de forma eficiente. 
Finalmente, me gustaría romper una lanza a favor de la idea de tener a escala europea una unidad de asesoramiento de elecciones. 
Nuestro colega socialista acaba de hablar de cómo se asesoró el proceso electoral en Chile, yo también estuve allí en 1989, y se hizo de manera excelente. 
Pero sin embargo, vemos muchas veces que las delegaciones americanas u otras hacen su trabajo con más eficacia y también mejor que las nuestras. 
Esto, sin embargo, es importante, porque el efecto preventivo de este tipo de comisiones de asesoramiento es extraordinariamente bueno. 
Presidenta, voy a terminar: ambos ponentes han hecho un trabajo excelente. Han presentado buenas propuestas a la Comisión y podemos pedir a la Comisión Europea que tenga en cuenta los informes y que adopte esas propuestas. 
La Unión Europea misma es un baluarte de los derechos humanos y de la democracia, intentemos que esto se proyecte de manera eficiente en el mundo. 
Señora Presidenta, nuestros colegas Lenz e Imbeni hablan con una voz y eso ahorra una reacción. 
Hacen un llamamiento a más coordinación, consistencia, coherencia y eso merece todo el apoyo también de parte del grupo parlamentario liberal. 
También la Comisión se merece de vez en cuando un elogio por su esfuerzo para una mayor eficacia y transparencia. 
Pero al mismo tiempo, las propuestas de ambos ponentes con mejores ideas para incrementar la consistencia no son de ayer u hoy. 
Nuestro grupo parlamentario apoya la propuesta de crear dentro de la Comisión un servicio referente a los derechos humanos y democratización. 
No debe significar que se cree en la Comisión una estructura administrativa común para todas las oficinas que prestan ayuda al extranjero. 
La prestación de ayuda debe seguir formando parte de las líneas maestras de la política. 
La prestación de ayuda es un medio de la política y no un objetivo por si solo. 
Conferencias anuales de evaluación de todos los programas de derechos humanos y democratización para terceros países son en la práctica mucho más efectivas. 
Apoyo con mucho gusto el papel reforzado de las delegaciones de la Unión en terceros países, la incorporación de los derechos humanos en las tareas de la unidad de planificación de la PESC y la creación un grupo de trabajo interinstitucional para crear una red europea de derechos humanos y democratización. 
Pasamos al punto de esos observadores. 
La observación de las elecciones- y la Sra. Lenz lo sabe- por ejemplo desde el Parlamento, la he podido vivir en diferentes países del tercer mundo como receptor y también como participante en las delegaciones de observación y he sentido de vez en cuando vergüenza, Señora Presidenta, Señor Comisario. 
Espero que se convierta en realidad que vamos a tener un denominado " equipo A» del que podemos reclutar a los que vayan a observar de forma profesional. 
Lo he dicho a menudo en la comisión de asuntos exteriores, la Sra. Lenz lo sabe y el Sr. Imbeni también. 
Encuentro en estos dos informes unos buenos puntos de referencia para ello. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, los derechos humanos hacen que el individuo pueda conservar su dignidad. 
Los derechos humanos son indivisibles y universales. 
Lo subrayo de nuevo, pues en la vida cotidiana de las políticas de la UE a veces se olvida. 
La protección de los derechos humanos y de las minorías y el fomento de la democracia tienen que ser prioritarios en una política exterior y de seguridad comunes. 
Rechazamos claramente los intentos por dejar de lado estas prioridades y dar preferencia a las relaciones comerciales. 
El Parlamento colocará continuamente el dedo en la llaga. 
Pero no solamente esto sino que ha creado una línea presupuestaria para el fomento de la democracia y la protección de los derechos humanos, creando de este modo una base financiera para llevar a cabo las acciones. 
Pero aún estamos muy alejados de una política exterior civil coherente en la UE. 
Mientras no se supere el modo de pensar departamental, mientras la política exterior esté dividida geográficamente en la Comisión y mientras la política de desarrollo se vea sometida a continuos recortes en el presupuesto, no lograremos desarrollar un concepto consecuente y horizontal sobre una política de derechos humanos. 
Pero un sólido concepto de este tipo es la base para una política exterior creíble. 
La misma Comisión no está en situación de llevar las acciones de la política de derechos humanos a unos resultados reconocibles porque no existe precisamente una estrategia global para todas las políticas de la UE. 
Por ello, el informe de la Sra. Lenz, con sus propuestas sobre la mejora estructural administrativa, es muy valioso. 
Apoyamos la propuesta de crear una oficina para los derechos humanos y la democracia dentro de la Comisión. 
Esto facilitaría la cooperación con las organizaciones no gubernamentales, que son un importante elemento para una política duradera sobre derechos humanos y de democratización. 
En especial, los proyectos descentralizados de las iniciativas locales suponen una aportación esencial a la estabilización social y para un trabajo sobre derechos humanos que quiere proteger y restablecer la dignidad del individuo. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente, Señorías, al igual que nuestro Grupo, estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de aumentar la coordinación, de unificar los servicios, de racionalizar una serie de elementos. 
Pero es esencial asumir una responsabilidad política, y muchas veces tenemos dificultades para comprender dónde se sitúa esta responsabilidad en el seno de la Comisión. 
Felicito a la Sra. Lenz y al Sr. Imbeni, que han redactado dos informes que se orientan en este sentido. 
No obstante, estoy en desacuerdo con el punto 7 del informe del Sr. Imbeni, donde éste propone que se informe sobre los casos en que los gobiernos de terceros países bloqueen proyectos sobre derechos humanos. 
Pienso que podríamos añadir en un anexo que se informase también sobre los organismos de la Unión Europea, ya que, como algunos colegas saben, si bien hay proyectos que se encuentran bloqueados durante muchos meses en la Comisión para poder obtener los fondos aprobados, existen otros proyectos. 
Me alegro de que el Comisario Brittan esté presente, puesto que algunos proyectos muy importantes sobre la democratización y el respeto de los derechos humanos llevan dos años en los cajones de los servicios de la Comisión. 
Un proyecto para la radio " Niños del Tibet» espera desde hace dos años que la Comisión le dé luz verde. 
Me alegraría oír una respuesta del comisario sobre este punto. 
También desearía que respondiera a las peticiones que nuestro Parlamento ha cursado, en varias ocasiones, en relación con algunas personalidades que se hallan encarceladas. 
Las mismas se refieren al Sr. Wang Dan, al Sr. Hada, al Sr. Nawang Choepel y al joven Panchen Lama (Gedhun Choekyi Nyima) , de quienes carecemos de noticias, a pesar de que hemos pedido en repetidas ocasiones una intervención de la Comisión con miras a la liberación de miles o incluso cientos de miles de presos políticos en China y en otros países de Asia. 
Celebraría, señor Comisario, que siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, que han obtenido la liberación del Sr. Wei Jingsheng, la Comisión pudiese también anunciarnos rápidamente la liberación de las cuatro personalidades antes mencionadas, así como de otras personalidades que hoy no he mencionado. 
Señora Presidenta, los sistemas políticos son tanto más democráticos y plurales cuanto más resultan eficaces sus instituciones políticas e independientes sus aparatos judiciales. 
La vocación hacia la salvaguardia de los derechos humanos, también fuera de la Unión, está sancionada en los propios preámbulos de los Tratados y, por ende, constituye una prioridad que no siempre logramos cumplir, a pesar de que, como Unión Europea, somos una de las mayores fuentes de financiación y de fomento de iniciativas dirigidas a la protección de dichos derechos. 
Una Unión Europea que, sin embargo, no logra dotarse de la transparencia necesaria para convertir en totalmente visible su esfuerzo conjunto de cara al fomento de los derechos humanos. 
En nuestra opinión, el Parlamento Europeo, dado su natural talante democrático, debería incidir de forma más eficaz en la definición de las políticas en materia de derechos humanos, inscribiendo ante todo en un única partida presupuestaria las financiaciones destinadas a este ámbito y, a pesar de que últimamente esto se ha hecho, ejerciendo ese poder presupuestario, incrementado por el Tratado, que, sin embargo, no parece todavía suficiente. 
Nuestro Parlamento debería antes que nada actuar en el contexto de una necesaria unidad en lo referente a los desembolsos. En efecto, parecen demasiadas las Direcciones Generales de la Comisión encargadas de elaborar listas de actividades prioritarias y de establecer prioridades de gasto. 
Si esto quizás podría contribuir a un mayor conocimiento de los problemas sectoriales y específicos, ciertamente no mejoraría el alcance y la eficacia de la intervención de la Unión. 
En realidad, la división en zonas geográficos dentro de la Comisión está agravada por las varias partidas presupuestarias que dispersan los fondos destinados al gasto. 
Además de los problemas de gestión de las ayudas al sector, nos parece deficiente la puesta en práctica de las políticas efectivamente dirigidas a la protección de los derechos humanos. 
En este sentido, un ejemplo puede ser la resolución del Consejo que, en lo referente al procedimiento de asilo, a pesar de que prevé la aplicación de la noción de tercer país seguro, de hecho, obliga al país de tránsito limítrofe con los Estados miembros a readmitir a los solicitantes de asilo sin prever garantías jurídicas suficientes, en particular para las víctimas de actos de violencia, las mujeres y los niños, así como menoscaba la calidad de la protección de los derechos humanos que nos proponemos. 
Otro ejemplo en cuanto a la protección de la familia es la salvaguardia de los derechos humanos en dicho ámbito, una de las prioridades de nuestras políticas familiares, que se convierte en inútil cuando no reconocemos a los ciudadanos inmigrados de los terceros países el derecho a vivir con sus familias, el derecho a la reunificación familiar. 
La ampliación de las competencias de EUROPOL, sobre todo de la Unidad de Estupefacientes que podría combatir eficazmente la plaga de la trata de seres humanos y de las redes de pederastia y de prostitución infantil, a pesar de que se creó en el mes de septiembre, con ocasión de un Consejo de la Unión, no se ha puesto en marcha, y ni siquiera el proprio convenio EUROPOL ha sido ratificado por todos los Estados miembros. 
El ciudadano europeo nos pide certezas y, en consecuencia, a la hora de definir las políticas en materia de derecho a la protección de los derechos humanos, consideramos que es fundamental actuar para coordinar las legislaciones penales de los Estados miembros a fin de establecer una cláusula de extraterritorialidad universal que permita investigar, perseguir y sancionar a los individuos que cometen delitos en el extranjero y luego evitan las penas escondiéndose en los recovecos de un sistema judicial incompleto, y esto, en nuestra opinión, debe ser subsanado con urgencia so pena nuestra credibilidad en cuanto a la protección de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, deseo agradecer a los ponentes sus informes sobre medidas encaminadas a promover la observancia de los derechos humanos. 
El objetivo general de cualquier política de desarrollo debe ser el de procurar construir y fortalecer la democracia y el imperio de la ley, con respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En todos los acuerdos con terceros países la Unión Europea debe seguir presionando en pro de la inclusión de cláusulas específicas relativas a los derechos humanos. 
El hecho de que la Unión Europea sea el principal donante de ayuda humanitaria no es sabido ni entendido por muchos de nuestros ciudadanos. 
Creo que debemos formular directrices claras para que se reconozca y se haga pública la importante contribución financiera que hace la Unión Europea a los derechos humanos y el desarrollo del Tercer Mundo. 
Si bien no estoy de acuerdo con la política de los EE.UU. -que no conceden ayuda independiente del comercio -, es esencial que sigamos siendo rigurosos y firmes con nuestra política de no conceder ayuda sin una vinculación con la democracia, los derechos humanos y la libertad. 
En relación con las estadísticas- y muchos otros oradores se han referido ya a ello -, necesitamos un desglose claro de la financiación de todas las procedencias, ya sean gubernamentales, semiestatales, de ONG o de la índole que fueren, y necesitamos una evaluación clara de la eficacia de los proyectos en materia de derechos humanos financiados por la Comisión. 
Por desgracia, el informe no compara proyectos desde el punto de vista de la eficacia ni establece los criterios con que se evalúan o se deben evaluar los proyectos. 
En el marco de las próximas negociaciones sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y los países ACP con arreglo al Convenio de Lomé, se deben reconocer, como bases fundamentales para un desarrollo sostenido y núcleo de nuestra política de desarrollo, un sistema político estable, el respeto pleno de los derechos humanos, la participación efectiva de la sociedad, junto con una buena administración. 
Señora Presidenta, en primer lugar pienso que una de las obligaciones más importantes que tenemos es la de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia. 
Esto es lo que los ciudadanos esperan de nosotros, y en este ámbito contamos además con todo su apoyo moral. 
Se trata naturalmente de una condición especialmente importante para los países con los que firmamos acuerdos, países con los que estamos asociados. 
Son ya de gran importancia para los países aspirantes como Eslovaquia y Turquía, puesto que las deficiencias hay que corregirlas. 
No obstante, quiero destacar que el objetivo de nuestras acciones y medidas ha de ser precisamente el de ayudar a solucionar los problemas y no limitarnos a señalar qué países no cumplen con los requisitos. 
Deben mejorar los datos, las ayudas, la eficacia y los informes que componen nuestras acciones. 
Sobre todo quiero destacar algunas de las enmiendas que contiene el informe procedentes del grupo ELDR. 
Se trata de los apartados 6, 8 y 9 del informe Imbeni. 
Es correcto que exista una posición unánime en torno al respeto de los derechos humanos. 
Además, la Comisión debería recabar información de organizaciones internacionales como Amnesty, la OSCE y el Consejo de Europa. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Imbeni y a la Sra. Lenz por sus informes e indicar que naturalmente los esfuerzos deben ir dirigidos a aumentar la capacidad decisoria de la misma Comisión en todas sus políticas y que no delegue responsabilidades fuera de ella, a oficinas del tipo que sea u otras estructuras. 
Creo que esto ha quedado muy claro. 
Quiero llamarles la atención sobre un punto especial que se ha debatido extensamente en la Comisión de Presupuestos. 
Me parece que es muy importante que modifiquemos algo en la estructura de la cooperación interinstitucional. 
Disolvemos el Advisory Group que ha habido hasta ahora y que ha elaborado junto con la Comisión y las correspondientes instituciones recomendaciones sobre proyectos individuales y ahora queremos establecer un grupo de trabajo interinstitucional de carácter consultivo que debe enjuiciar el programa de trabajo anual. 
Así se dice en nuestra enmienda. 
Me parece que esto es un modo racional de actuar entre el Parlamento y la Comisión. 
Espero que de este modo, a comienzos de año acordemos un programa de trabajo que aporte una mayor transparencia y control en este campo. 
Presidenta, debatimos hoy un documento de la Comisión Europea sobre la aplicación en 1995 de las acciones de fomento de los derechos humanos y de la democratización. 
El ponente, el colega Imbeni, pone el dedo en la llaga en su exposición afirmando lo que voy a citar: este documento tiene el carácter de un catálogo de buenos trabajos, en el cual el resultado de estos buenos trabajos no se evalúa en absoluto. 
Efectivamente, es curioso que se invertieran sumas altísimas, fortunas en toda clase de proyectos, pero que ni siquiera haya habido criterios para comprobar la utilidad de estas inversiones durante, o en todo caso después de la aplicación, y que tampoco se haya investigado seriamente si las organizaciones y los proyectos subvencionados recibían ya apoyo de terceros, por ejemplo de los Estados miembros individuales. 
Respecto a esto sólo puedo sumarme enteramente a los puntos 16 y 17 del presente informe. 
Debo reconocer, sin embargo, que mi crítica es más fundamental y que debemos preguntarnos también si de todas formas es una tarea de las instituciones europeas comunitarias, por medio de una política de subvenciones realmente intransparente, y sobre todo, y esa es la observación fundamental, sin integración en una política exterior coherente, que juguemos a la ONU, una especie de Naciones Unidas en pequeño. 
No me entiendan mal. 
No digo que todo el dinero de esta línea presupuestaria esté gastado inútilmente. 
Pero me planteo grandes preguntas a la falta de control durante la subvención, a la falta de evaluación a posteriori y fundamentalmente a la conveniencia de dejar la ejecución de esta política, que debería formar parte de una política exterior coherente, cuando esta se estime necesaria, en manos de la Comisión Europea. 
Además, yo solo naturalmente no puedo controlar el empleo de estos fondos. 
Pero sí conozco, por ejemplo, la manera en que los funcionarios de la Comisión en mi propio país tratan todo tipo de subvenciones para todo tipo de organizaciones. 
Entonces sólo puedo constatar que se subvencionan allí organizaciones que o bien solamente se representan a si mismas, o bien no merecen ninguna aportación, o bien ya reciben con creces su parte de otra clase de subvenciones. Pienso en este caso por ejemplo en toda clase de sindicatos. 
Es posible, y lo espero, que la Comisión trate los presupuestos de los que estamos hablando hoy, con más utilidad. Pero eso no lo puedo deducir del documento que la Comisión misma presenta. 
Sea como sea, sigo insistiendo en el hecho de que también en nuestros propios Estados miembros hay todavía millones de personas que sufren una pobreza extrema y que desde mi punto de vista no es aceptable que se gasten sumas muy altas cuando ni siquiera se ha estudiado ni, sobre todo, se ha evaluado a fondo la utilidad del empleo de estas cantidades. 
Señora Presidenta, Señorías, la defensa de los derechos humanos ha sido una de las grandes banderas, de las banderas más fuertes, en la práctica política de la Unión Europea. 
Y será bueno para los seres humanos de todo el mundo que esa práctica política esté cada vez más presente y sea cada vez más eficaz en las decisiones e iniciativas de la Unión Europea. 
Por desgracia, desde el punto de vista del conocimiento de los ciudadanos europeos, que nos apoyan- lo sé- en estas decisiones y, por eso, deben conocerlas- son poco visibles las acciones llevadas a cabo por la Unión y los reflejos políticos de dichas acciones quedan confinados normalmente a nuestro discurso parlamentario. 
Institucionalmente no existen en la Unión Europea estructuras suficientes para el tratamiento adecuado de la información sobre los crímenes contra los derechos humanos. 
Hay falta de coordinación de las acciones en defensa de los derechos humanos y los medios financieros disponibles son manifiestamente insuficientes y descoordinados para el fomento de las acciones de defensa de la dignidad del ser humano. 
También ocurre, por desgracia, en numerosas situaciones que los intereses económicos con cierto dominio de la información sobrepujan e incluso anulan las posiciones políticas y humanitarias en defensa de los derechos humanos que hemos venido defendiendo. 
Todos estos comentarios figuran y están bien analizados en los informes que estamos examinando de los Sres. Imbeni y Lenz, a los que felicito, informes que apoyamos y para los cuales solicitamos la aprobación de este Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, los derechos humanos gozan de una gran importancia en Austria. 
Ante la Presidencia del Consejo de Austria en el segundo semestre del próximo año, somos conscientes de que en 1998 iniciamos el Año de los Derechos Humanos y que este campo va a cobrar aún más importancia. 
En el otoño del próximo año se va a celebrar en Viena un congreso de expertos sobre este tema y la tarde anterior a la cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno en Viena, los Ministros de Asuntos Exteriores conmemorarán el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 
En este contexto, se aprobará también el plan de acción «Derechos Humanos 2000». 
Estas actividades muestran qué valor concede Austria a los derechos humanos. 
Saludo las propuestas de la ponente y del Sr. Imbeni ya que yo también considero razonable una estructura unitaria en el campo de los derechos humanos y de la democratización. 
Sería deseable una mejor coordinación dentro de la Comisión, un fortalecimiento de la capacidad del Consejo respecto a los derechos humanos así como una cooperación más intensa con el Parlamento Europeo. 
El objetivo del Año de los Derechos Humanos 1998 debe ser asegurar a nivel nacional el respeto de los estándares universales sobre los derechos humanos mediante el control, la ayuda y la prevención. 
El sistema internacional ha creado en los últimos 50 años unas bases jurídicas y prácticas para la protección de los derechos humanos. 
Ahora se trata de la realización a nivel nacional y local. 
Lamentablemente, con mucha frecuencia los intereses económicos se anteponen a los derechos humanos. 
Por ello, como Parlamento Europeo no debemos cansarnos en llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos. 
Solamente se puede lograr lo que se puede sancionar. 
Desgraciadamente, en el derecho internacional no es siempre así. 
Por ello, debemos hacer uso de nuestra función de control democráticamente legitimada precisamente en el Año de los Derechos Humanos 1998. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Lenz y al Sr. Imbeni por el excelente trabajo que han preparado. 
Sin embargo, quiero realizar algunas observaciones que tienen que ver indirectamente con su trabajo y que probablemente se han puesto en marcha con dicho informe. 
En primer lugar, se encuentra el hecho de que tenemos demasiadas organizaciones que actúan una en contra de la otra y que se estorban en el trabajo. 
Hay que establecer aquí un cierto orden. 
Fundamentalmente lo veo en los pueblos que tienen contactos directos, ya que estoy con mucha frecuencia en la Europa central y oriental y veo las grandes dificultades que surgen y que debemos tener en cuenta. 
Una segunda cosa es- sobre lo que también se ha hablado- que tenemos que ejercer un control más estricto de la ayuda. Esto es necesario. 
Tenemos una Comisión de Control Presupuestario muy buena que trabaja realmente de un modo ejemplar y que, naturalmente, ya no puede tomar sobre si más trabajo. 
Pero sería conveniente una organización de algún modo similar. 
En lo que se refiere a los informes anuales, los considero absolutamente esenciales, en especial si están en manos de personas que entienden realmente algo del asunto. 
Para finalizar, quiero decir que los derechos humanos son algo muy hermoso pero ciertos regímenes los utilizan con demasiada frecuencia para ocultar que no reconocen suficientemente los derechos colectivos. 
Lo veo muy en especial en el trato de las minorías: minorías lingüísticas, étnicas y nacionales. 
Creo que deberíamos indicar que es absolutamente necesario un derecho europeo sobre nacionalidades y minorías. 
Esto tiene que poder reclamarse ante los tribunales y nos debe ayudar a crear por fin orden en este campo. 
Señora Presidenta, durante el debate se han hecho varias consideraciones de carácter más general- lo que no es de extrañar- y espero que la Asamblea me perdone que no pueda seguir esas vías, pese a ser fructíferas, por las que se ha avanzado. 
Quisiera comentar algunas de las observaciones concretas, pero en primer lugar quisiera decir cuánto le habría gustado al Sr. van den Broek estar presente, en particular por su alto concepto de los informes de la Sra. Lenz y el Sr. Imbeni. 
En primer lugar, voy a ocuparme de una observación muy concreta del Sr. Imbeni sobre las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam. Se refieren a una iniciativa sobre un curso de posgrado para una licenciatura en derechos humanos y democracia. 
Se prevé la participación de diez universidades de diez países y, según tengo entendido, se impartirá en la Universidad de Venecia, aunque, evidentemente, aún hay que concretar algunos detalles más. 
Ahora voy a comentar algunas observaciones más generales. 
En primer lugar, la Sra. Lenz y otros han hablado de la posibilidad de que haya un Comisario encargado de los derechos humanos. 
No estoy seguro de que ésa fuera la solución. 
El problema real no es tanto que haya diferentes Comisarios cuanto que hay diferentes consideraciones relativas a la situación geográfica y una consideración de los derechos humanos en general. 
Es imposible abordar todo separando los derechos humanos y poniéndolos en manos de un Comisario. 
Por ejemplo, por tomar un sector del que estoy encargado, ya que estoy respondiendo a este debate, a saber, China, existe una dimensión importantísima de derechos humanos y al mismo tiempo una política más amplia de relaciones con China. 
No se puede resolver diciendo simplemente que el aspecto relativo a los derechos humanos debe correr a cargo de un Comisario encargado de los derechos humanos. 
Eso debilitaría la propia política en pro de los derechos humanos. 
Sólo al tratar a China como tal podemos lograr un equilibrio apropiado entre una política más amplia y una política de derechos humanos. 
Para mí, la política de derechos humanos es parte integrante de la política sobre China y no un simple aditamento que podría corresponder también a otro caso. 
De modo que ésa no es necesariamente la solución más atractiva, aunque podemos seguir reflexionando sobre ella. 
Por cierto, que el Sr. de Vries se ha referido a casos individuales. 
No estoy en condiciones de dar una lista de respuestas sobre casos individuales. 
No estoy seguro de que ése sea el objeto de este debate, pero ha mencionado al Panchen Lama y lo único que puedo decir es que yo mismo planteé esa cuestión en el más alto nivel. 
No puedo decir que recibiera una respuesta satisfactoria. 
Me temo que el misterio continúa. 
También se ha hecho referencia al retraso entre la propuesta de un proyecto y su aceptación o ejecución. 
Hay varias razones para ello. 
A veces es porque la idea es de carácter tan general, que se debe concretar, lo que requiere tiempo. 
A veces es porque plantea cuestiones polémicas y hay que oír diferentes opiniones sobre si es una buena idea o no. 
Y a veces es por la cuestión del acceso al dinero para un proyecto determinado. 
No estoy afirmando- dicho sea de paso- que en la Comisión como en cualquier otra organización no haya fallos de carácter administrativo. 
Naturalmente, los hay a veces. 
Pero resulta útil mencionar algunos de los factores más amplios que pueden provocar retrasos, pese a que siempre son fastidiosos. 
Por último, sobre esas observaciones generales, quisiera decir unas palabras sobre el relieve público. 
Carece de sentido hacer algo en esa esfera, si el público no sabe lo que está sucediendo. 
Si estamos asesorando y contribuyendo a tender puentes, es útil y positivo para el prestigio de la Unión Europea que la gente sepa que la Unión Europea presta ayuda. 
Pero, en el caso de las actividades en materia de derechos humanos, he de decir que el relieve público es un aspecto mucho más esencial de lo que estamos haciendo. Muestra no sólo que estamos haciendo algo, sino también que en nuestra preocupación sobre el país los derechos humanos ocupan un lugar fundamental. 
Ahora voy a ocuparme de algunas de las observaciones más concretas, al tiempo que agradezco a la Sra. Lenz y al Sr. Imbeni sus admirables informes. 
La Comisión comparte sus opiniones en el sentido de que se debe dar prioridad a la preocupación por lograr una coherencia de las iniciativas adoptadas y la mejor utilización de los recursos aportados. 
Por eso, desde su nombramiento, el Sr. Santer se ha hecho cargo personalmente de esa faceta muy delicada de la política exterior y al Sr. van den Broek se le han asignado las atribuciones relativas a los aspectos temáticos y horizontales de ese asunto. 
En los departamentos se ha asignado el papel de coordinación a la Unidad de Derechos Humanos y Democratización de la Dirección General IA, que también aporta una secretaría al Comité Directivo, órgano coordinador en el nivel del Director General Adjunto creado en 1997. 
Además, la unidad preside el grupo interdepartamental de derechos humanos creado en 1991. 
La aplicación de la política de derechos humanos y democratización en el nivel geográfico, a la que me he referido, es el cometido de los Comisarios encargados de los vínculos políticos, económicos y comerciales con los diversos países no miembros. 
La Comisión ha reestructurado los departamentos de sus Direcciones Generales y, dentro de la gestión de las partidas presupuestarias dedicadas a los derechos humanos, ha creado en cada una de ellas una unidad encargada de velar por que todas las actividades llevadas a cabo en la esfera de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley estén imbricadas con las actividades de cooperación. 
Mediante el mantenimiento de esa unidad de competencia y gestión de los recursos en el nivel geográfico se pueden abordar eficazmente las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democratización, que forman parte de la cooperación con terceros países. 
Si bien reconocemos que se podría mejorar dicha coordinación, nos hemos esforzado mucho y seguimos haciéndolo. 
Respecto de algunas peticiones más concretas que figuran en los proyectos de resolución relativas a las medidas encaminadas a la formulación de una estrategia conjunta para la utilización de los recursos financieros asignados a los derechos humanos, el grupo interdepartamental de derechos humanos y democracia determina todos loa años las prioridades temáticas y los grupos destinatarios correspondientes a partidas presupuestarias del capítulo B7-70. 
Para el futuro, los Comisarios proponen, en una propuesta de reglamento encaminada a aportar un fundamento jurídico para las partidas dedicadas a los derechos humanos, la ejecución de programas destinados a dar un marco de coherencia en un país o región determinados o respecto de un tema determinado. 
Respecto de la petición de que la Comisión informe periódicamente de las medidas adoptadas en países no miembros, quisiera señalar que en diversos informes se hacen balances de dichas medidas, tales como los informes sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la resolución sobre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo y los informes anuales sobre la adopción de medidas para promover los derechos humanos y la democratización, que examinan la utilización de todos los fondos con cargo al Capítulo B7-70. 
Además, la Comisión redacta también un informe anual sobre la utilización de las partidas «Proceso de democratización en América Latina» y «MEDA por la democracia». 
La Comisión tendrá en cuenta las peticiones del Parlamento al redactar los informes anuales, comenzando por el informe correspondiente al período 1996-97, que se está preparando actualmente. 
La necesidad de mejorar la coordinación con las organizaciones internacionales y regionales es una preocupación nuestra constante. 
Quisiera subrayar que el Consejo de Europa y nosotros llevamos mucho tiempo dedicados a una cooperación substancial financiando programas conjuntos en la Europa central y oriental y en la antigua Unión Soviética. 
Por lo que se refiere a las Naciones Unidas, se está examinando en este momento la posibilidad de fortalecer la cooperación con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
Se ha hecho referencia a la labor de observación de elecciones. Eso ha originado desde hace algunos años un número cada vez mayor de peticiones. 
La Comisión opina que se debe dar prioridad a un planteamiento profesional- del que se han mostrado partidarios varios oradores en el debate- desde el punto de vista de la metodología, la logística y la formación. 
Gracias a los fondos que se han asignado para ello, se han ejecutado proyectos experimentales en los dos últimos años. 
También examinaremos la propuesta de crear una red europea de derechos humanos y democracia a la luz de la experiencia obtenida y teniendo debidamente en cuenta también otras redes, como, por ejemplo, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la del Consejo de Europa. 
Hemos tomado nota de la propuesta del Sr. Imbeni sobre la organización anual de una conferencia de evaluación basada en el modelo de la conferencia sobre los programas PHARE y TACIS. 
Para responder a la preocupación de Sus Señorías por la cooperación interinstitucional, quisiera señalar que ya en 1989 la Comisión aprobó la propuesta encaminada a facilitar contactos interinstitucionales mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de crear una red de intercambio de información y la preparación de una acción común en materia de derechos humanos. 
Al mismo tiempo, hemos tomado nota de la propuesta de modificar el presupuesto de 1998 para crear un comité consultivo sobre los programas de acción relativos a los derechos humanos. 
Permítaseme subrayar que la coherencia, la eficacia y la flexibilidad son los criterios que impulsan nuestras posiciones en las diversas esferas que abarcan los derechos humanos. 
Doy las gracias al Comisario Leon Brittan. 
¿Alguno de los dos ponentes desea intervenir? 
No. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Comparación de los resultados en materia de competitividad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0387/97) del Sr. Murphy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (97) 0341- C4-0416/97-97/0189 (CNS) sobre la comparación de resultados en materia de competitividad- la puesta a punto de un instrumento a disposición de los operadores y de los poderes públicos. 
Señor Presidente, como voy a representar las ideas de nuestro colega británico, he pensado que podría hacerlo en su lengua. 
Como saben Sus Señorías, los británicos son con razón famosos por su puntualidad y los griegos son tristemente famosos por su carácter contradictorio, conque no puedo por menos de sentir un placer malicioso por esta temporal inversión de los papeles. 
Tengo el gusto de decir al Comisario que el ponente acoge con beneplácito la intención de la Comisión de crear una red europea de conocimientos especializados para las empresas a fin de garantizar la disponibilidad de servicios coherentes, equivalentes y dignos de confianza, en particular para las pequeñas y medianas empresas en toda la Unión Europea. 
El ponente acoge también con beneplácito el anuncio de la Comisión de un grupo de alto nivel sobre la comparación de resultados en materia de competitividad, compuesto de industriales, representantes de Cámaras de Comercio y asociaciones de empleadores, sindicatos, consumidores y representantes de la sociedad civil. 
Subraya la necesidad de que el grupo de alto nivel utilice la información estadística de la mayor calidad disponible y señala el potencial de Eurostat a ese respecto, al que tengo el gusto de sumar mi tributo. 
El ponente cree que para lograr plenamente el valor añadido para la Unión Europea de la comparación de resultados es necesario que se tengan en cuenta las necesidades particulares de las pequeñas y medianas empresas como prioridad y pide en particular que las pequeñas y medianas empresas participen directamente en el grupo de alto nivel mediante participantes que representen específicamente a las PYME y también que se cree una red europea de conocimientos eepecializados en materia de comparación de resultados. 
Pide al Parlamento Europeo que participe directamente en la labor del grupo de alto nivel mediante la concesión de la condición de observadores a un pequeño número de diputados al Parlamento Europeo y reitera la petición de que se invite al Parlamento Europeo a que participe en las visitas tripartitas anuales de evaluación de la comparación de resultados de la Comisión al Japón y a los Estados Unidos de América. 
Por último, pide una modificación concreta del proyecto experimental de comparación de resultados en materia de «Desarrollo de los Recursos Humanos» para conceder mayor prioridad a la calidad de la formación y los conocimientos técnicos en materia de gestión en la Unión Europea, dado que las diferencias de costos entre las empresas europeas y sus equivalentes japonesas y americanas se deben con frecuencia a ineficiencias operativas y no a ineficiencias laborales. 
Creo que eso significa que se debe hacer la comparación de los resultados obtenidos por los directores igual que la de los obtenidos por los trabajadores para intentar imitar la aplicación japonesa al trabajo, en lugar de la actitud consistente en salir corriendo temprano el viernes para regresar tarde el lunes y entretanto dedicarse a cazar perdices u otros animales en los bosques de la verde y grata tierra de Inglaterra. 
Se debe conceder máxima prioridad a la interconexión entre educación y formación, por una parte, y el lugar de trabajo, por otra, pues se trata de un sector en el que la UE va claramente rezagada respecto de otras economías mundiales destacadas. 
Se debe hacerlo firmemente en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
La comparación de resultados en materia de recursos humanos es particularmente importante. 
Hay que investigar y abordar en serio la debilidad comparativa de las aptitudes y los usos empresariales de la UE. 
Por último, el ponente felicita a la Comisión una vez más y recomienda el informe a la Asamblea. 
Permítaseme equilibrar lo que he dicho al comienzo subrayando que el Sr. Murphy debía estar ausente hoy, porque tenía que atender asuntos políticos muy urgentes en Gran Bretaña. 
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, cuatro años después del Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, constato con satisfacción que el " benchmarking» ocupa un lugar prominente en la agenda europea de empleo. 
Cuando ya en 1995 todo el mundo hablaba de las estrategias europeas en materia del empleo y la unión europea del empleo, los liberales señalaron que la lucha contra el desempleo es fundamentalmente una tarea de las administraciones nacionales y regionales y no de Europa. 
Siempre hemos abogado por el principio del intercambio de las mejores experiencias. 
Las administraciones quieren llegar a saber qué política de empleo ofrece las mejores garantías de creación de puestos de trabajo, y los empresarios por su parte quieren aprender cómo los competidores extranjeros consiguen ampliar su cuota de mercado. 
Sólo les faltan los datos comparables, fiables y coherentes tanto a la administración como a las empresas. 
Por lo tanto, apoyamos la idea de una red europea de conocimientos dirigida a empresas y de un Gupo de Alto Nivel de " benchmarking». 
El ponente pide con razón una representación directa de las PYME en este marco. 
Me hubiera gustado saber de la Comisión si las PYME van a estar representadas de forma representativa y si no participan simplemente porque sí. 
A fin de cuentas no podemos olvidar que las PYME siguen siendo aún las que más puestos de trabajo crean. 
Sin la colaboración activa de las PYME todo este trajín tiene poco sentido, me parece. 
Esperamos también con impaciencia los resultados de los proyectos pilotos que la Comisión inició. 
¿Puede la Comisión ya dar algunas noticias sobre esto? 
Como punto final, quiero felicitar al ponente por su excelente informe. 
Ha acentuado los puntos correctos y ha propuesto que el " benchmarking» se integre en las políticas de los Estados miembros en materia de competitividad. 
Apoyamos también su petición de participar como Parlamento directamente en el Grupo de Alto Nivel. 
También me hubiera gustado saber de la Comisión si ya puede comunicar si se puede adoptar esta petición. 
Muchas personas se refieren a ello en toda clase de contextos. 
La Comisión ha realizado ya una serie de proyectos piloto, y ha comprobado que este fenómeno constituye un método muy importante a la hora de investigar y adquirir conocimientos sobre los fallos que denota la vida empresarial europea, y el modo de encontrar soluciones a las carencias. 
Según la Comisión, y también el informe sobre el que vamos a pronunciarnos hoy, la comparación de resultados no es sólo aplicable a nivel de ramos y empresas, sino también respecto de las condiciones marco para las empresas. 
El " benchmarking» no es una invención nueva, como podría creerse, sino que se ha venido utilizando durante muchos años, en las firmas europeas y sobre todo en Estados Unidos, desde que se desarrolló el método en 1970. 
La comparación de resultados es seguramente un método excelente para sondear la fuerza competitiva, inclusive la de las pequeñas y medianas empresas. 
No obstante, deseo prevenir contra una creencia ciega en un solo método que constituye un instrumento muy obtuso, sobre todo a la hora de comparar condiciones marco, ya que en ellas también se reflejan la cultura y la tradición. 
Y no es fácil en absoluto medir o comparar sus resultados. 
Me causa gran satisfacción lo que el ponente escribe en el apartado 10 sobre el hecho de que no hay que establecer una correspondencia entre la competitividad y los niveles salariales. 
Por cierto, también pienso que está muy bien que mencione que también convendría comparar los resultados de los jefes y de las direcciones de empresas. 
Finalmente, señor Presidente, permítame manifestar mi escepticismo ante la posibilidad de trasladar el método al terreno político. 
Pienso que sería más conveniente que lo hiciera una universidad o una institución que se ocupe del desarrollo de métodos. 
Señor Presidente, la utilidad del " benchmarking» como instrumento para mejorar la competitividad de la economía europea en su conjunto, está fuera de cualquier duda. 
Sin embargo, tenemos que ser cautos para no ver el " benchmarking» como un medio milagroso que solucione todos nuestros problemas económicos, como el desempleo, la disminución de la productividad laboral y un menor ritmo de crecimiento. 
El peligro que corremos es la famosa inversión del objetivo y del medio. 
En lo que también tenemos que pensar es que aplicando este método se reflejarán tanto los puntos fuertes como los débiles de la economía europea. 
Cuando excluimos de antemano unas posibles conclusiones eventuales, estamos actuando de forma equivocada. 
El punto 10 nos muestra un ejemplo. 
La relación entre la pérdida de cuotas de mercado y los costes de mano de obra demasiado altos, en efecto, no se puede demostrar, pero sí se puede hacer plausible. 
El " benchmarking» está dirigido sobre todo a una comparación de la eficacia y la efectividad, con lo cual se pueden desarrollar puntos de medición y baremos para la utilización de medios y los resultados que se consigan con ellos. 
Es como si se contemplara el funcionamiento de la economía en su conjunto, de las instituciones y de las organizaciones administrativas. Puede ser muy instructivo y dará lugar a buenos cambios. 
Como punto final, quiero hacer una observación sobre el punto 11, en que se insiste en un mejor equiparamiento de las aptitudes adquiridas por la formación y las aptitudes demandadas por el lugar de trabajo. 
Estoy de acuerdo con el sentido del mismo, pero al mismo tiempo no soy muy dado a que la empresa privada vaya a dictar el contenido de los programas de estudio y los objetivos del aprendizaje. 
La enseñanza es un proceso polifacético con unas características específicas que no puede estar dominado por motivos financieros. 
Las consecuencias del empobrecimiento espiritual de las futuras generaciones no es un juego de niños en comparación con el actual problema de desempleo en Europa. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar agradecer al Parlamento su interés en la comunicación y felicitar al Sr. Murphy en su ausencia por su admirable informe. 
La integración del Mercado Interior de la Comunidad, las perspectivas de la Unión Económica y Monetaria y la mundialización significan en conjunto que la industria europea tiene que mejorar su competitividad continuamente. 
Como se ha subrayado en diversas ocasiones, se han logrado avances, pero aún queda mucho por hacer para que Europa pueda afrontar sus ineludibles imperativos. 
Ése es el marco en el que la Comisión propuso la comparación de resultados en materia de competitividad como instrumento para la supervisión continua de los avances logrados y el fomento de la adopción de los métodos más competitivos existentes en el nivel mundial. 
Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en el debate: es un instrumento, pero no una panacea. 
El objetivo era el de aportar a la Unión Europea un potente instrumento para incentivar la competitividad y el Parlamento lo ha apoyado. 
La comunicación que estamos examinando hoy es una respuesta a posteriores peticiones del Parlamento y del Consejo de que se formularan proyectos experimentales encaminados a dar expresión concreta a nuestra contribución. 
Los proyectos formulados van encaminados a mejorar la competitividad de las empresas, las industrias y el ambiente en el que los trabajadores desempeñan sus tareas. 
La comparación de los resultados de las empresas es una tarea que incumbe primordialmente a la propia industria. 
Sin embargo, las autoridades públicas pueden contribuir al fomento de esa inversión. 
En ese marco y en consonancia con la propuesta del Parlamento, la Comisión piensa conceder prioridad a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en la creación de una red europea para la comparación de los resultados de las empresas en materia de competitividad. 
La comparación de los resultados de los sectores en materia de competitividad depende de las condiciones específicas de cada sector, por lo que hemos tomado buena nota de la petición del Parlamento de que se examine por qué unos sectores rinden más que otros en su competitividad global. 
Desde el punto de vista de la competitividad económica global, los Estados miembros son los encargados primordialmente de la ejecución de los proyectos experimentales y la Comisión acoge con beneplácito la petición del Parlamento a los Estados miembros de que hagan lo posible para desempeñar un papel pleno en ella. 
También quisiéramos señalar a la atención del Parlamento nuestro reciente informe sobre la comparación de los resultados en materia de competitividad en Irlanda y Nueva Zelanda. 
Se puede considerar dicho informe un primer paso hacia la comparación de los óptimos resultados de algunos Estados miembros de la Unión Europea, como propone el Parlamento en su informe. 
Como indicó en su comunicación, la Comisión creará, a principios del año nuevo, un grupo consultivo de alto nivel sobre la comparación de resultados. 
Velará por que la composición del grupo represente a intereses diversos; acogemos con beneplácito la petición del Parlamento de participar en la labor del grupo y quisiéramos pedirle que designe a un diputado para que haga de observador. 
La Comisión y los Estados miembros han lanzado ahora esta iniciativa de comparación de los resultados en materia de competitividad de la industria europea. 
Al final de la fase experimental, se comunicarán los resultados al Parlamento y a todos los demás interesados. 
Estamos convencidos de que la experiencia revelará el valor de la comparación de resultados en materia de competitividad como instrumento para mejorar la competitividad de la industria europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
Ejecución de los gastos en el marco de la PESC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0339/97) de la Sra. Müller, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el dictamen 1/97 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a las condiciones de ejecución de los gastos en el marco de la política exterior y de seguridad común (C4-0220/97). 
Señor Presidente, la política exterior es el campo político en el que es más difícil hacer predicciones sobre los acontecimientos, puede pasar algo inesperado con la mayor rapidez y es de importancia elemental adoptar decisiones rápidas y bien recapacitadas. 
Un vistazo sobre las acciones comunes llevadas a cabo hasta ahora por la Unión Europea, la administración de Mostar a la cabeza de todas, seguida de la observación de elecciones como en Palestina o Bosnia, la retirada de minas, los enviados especiales, como a Ruanda o la acción KEDO, revela una imagen muy poco unitaria sobre el modo cómo las acciones son aplicadas y administradas. 
Pero falta de unidad significa ausencia de transparencia, ausencia de estructuras y de un control eficaz. 
La culpa de ello la tiene el error de construcción en el Tratado de Maastricht que, aunque determina que la adopción de resoluciones sobre la totalidad de la política exterior y de seguridad se haga según las reglas del juego de la cooperación intergubernamental, sin embargo determina que la ejecución se haga según el presupuesto de la Comunidad y, en consecuencia, según el procedimiento usual. 
Esta laguna en el Tratado ha conducido desde el principio a conflictos entre el Parlamento y el Consejo, pero también entre el Parlamento y la Comisión. 
Nuestra esperanza de que en Amsterdam se pudiese superar este fallo no se ha cumplido. 
El acuerdo interinstitucional se refiere solamente a las cuestiones relacionadas con la rápida puesta a disposición de dinero para la política exterior y de seguridad común y rechazó el intento del Consejo de declarar estos créditos presupuestarios como obligatorios. 
Sin embargo, se han dejado de lado las cuestiones relativas a la ejecución y control de las acciones financiadas por el presupuesto de la Comunidad. 
Es mérito del Tribunal Constitucional haber mencionado claramente los déficits en este campo y haber puesto en la mano del Parlamento y de la Comisión una directriz para mejorar las cuestiones sin solucionar. 
Por ello, es lógico que en mi informe proponga seguir desarrollando el actual acuerdo interinstitucional. 
¿De qué se trata? 
En primer lugar, el cambio cada seis meses de la Presidencia del Consejo impide una dirección continuada tan importante para acciones comunes así como el seguimiento de las acciones comunes. 
Por ello, en el futuro son necesarias unas claras normas operativas. 
En segundo lugar, hay que asegurar de un modo inequívoco el control de la Comisión. 
Tiene que intervenir ampliamente en la planificación previa- es decir, antes de la decisión del Consejo- y en la ejecución de las acciones comunes para garantizar la eficacia en un sentido financiero, jurídico y operacional. 
Los numerosos puntos débiles, en especial, en la acción de Mostar, la falta de claridad sobre la gestión de créditos y la cooperación entre los servicios de la Comisión en Bruselas y los enviados especiales in situ muestran que la Comisión debe gozar de plenos derechos. 
A la postre, es esta también la condición previa más importante para no recortar el derecho del Parlamento de aprobación de la gestión de la Comisión, tanto más cuando el Consejo se sustrae al procedimiento contradictorio con el Tribunal de Cuentas. 
En tercer lugar, la Unión Europea se ve vinculada de modo creciente con un gran número de donantes como consecuencia de acciones conjuntas en estructuras internacionales, como por ejemplo en KEDO. 
Para poder enjuiciar el éxito de tales acciones no solamente hay que someter a control la parte de los créditos puestos a disposición por la Unión Europea sino también obtener todos los datos disponibles sobre el proyecto, en especial, en lo que se refiere a las aportaciones de los diversos Estados miembros. 
Hay que fortalecer drásticamente la eficacia de la Unión Europea en lo que a la política exterior se refiere. 
En mi opinión, no son suficientes las medidas adicionales que prevé el Tratado de Amsterdam. 
Pero en cualquier caso, el Consejo y el Parlamento deben esforzarse conjuntamente para no empeorar aún más la imagen mediante obstáculos administrativos y técnicos. 
El desarrollo del acuerdo interinstitucional en la dirección por mí propuesta, que por lo demás fue apoyada básicamente por la Comisión en los debates mantenidos en la comisión, puede ser el siguiente pequeño paso. 
Me alegraría si el Consejo tuviese una actitud positiva. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, quiero felicitar a Edith Müller no por su informe sino por la energía y perseverancia que ha mostrado en los asuntos relativos a la política exterior y de seguridad común, ante todo en la antigua Yugoslavia. 
Lamentablemente, a esta hora y con esta participación no se refleja aquí el reconocimiento a que es acreedora por su gran entrega. 
El informe en si es digno de debate pero no cuestionable. 
Ha sido apoyado por todos los grupos políticos en la Comisión de Control Presupuestario y espero que la falta de debate no sea considerado como una falta de interés, pues esto sería muy lamentable. 
El informe muestra de nuevo algo que vemos también en otro lugar. 
Se trata ante todo de aspectos del control presupuestario y financiero pero, a la postre, son cuestiones políticas básicas las que se esconden detrás de los problemas que Edith Müller ha tocado en su informe y sería positivo que los diputados se ocupasen de ello también fuera de la Comisión de Control Presupuestario. 
La política exterior y de seguridad común es un gran proyecto y mucha gente espera mucho de esta política. 
Muchos piensan asímismo que esta política está mucho más desarrollada de lo que está en realidad. 
Pero a los grandes proyectos siguen con frecuencia las lamentaciones en la ejecución cotidiana. 
Un informe del Tribunal de Cuentas se ocupa sobre todo de estos problemas. 
Competencias poco claras- la ponente se ha referido al respecto- interferencias, sobrelapamientos- incluso en los objetivos- con tareas que caen en si en el campo de la política común de desarrollo. Todo esto no solamente hace difícil decir sí, un sí incondicional, desde el punto de vista del control presupuestario. 
Detrás de ello se encuentran también complicaciones y problemas políticos de los que nos tenemos que ocupar. 
Como se ha dicho, la crítica que se expresa no es la crítica de un contable que dice que las diversas partidas son muy difíciles de separar. 
Necesitamos más transparencia y claridad para que podamos calcular mejor. 
Se trata más bien de una crítica política del siguiente tenor: quien ya no sepa quién es competente de qué, si ya no se sabe quién decide qué, entonces será muy difícil de valorar. 
Será muy difícil también defender decisiones pues sólo si se sabe quién está detrás de una decisión se puede aprobar o rechazar desde fuera y por nuestra parte podremos defenderla si es atacada. 
Por ello, estas interferencias, estos sobrelapamientos a los que se refiere la Sra. Müller en su informe y que también ha criticado el Tribunal de Cuentas, son más que una cuestión de clara separación en las finanzas, más que una cuestión de que la financiación y el control de la misma tienen que regularse de otro modo. 
Les ruego que tengan en cuenta que la política exterior y de seguridad común es también nuestro escaparate, el escaparate de la Unión Europea en el mundo. 
Si existe falta de claridad y de transparencia, quizás deberíamos ocuparnos internamente de las cuestiones del control presupuestario, pero deberían ver que la falta de claridad que encontramos aquí es una señal, un síntoma de una falta de claridad mayor, lo que quizás sea también visto en el mundo por personas que ni siquiera saben que existe una Comisión de Control Presupuestario o un Tribunal Europeo de Cuentas. 
Si debido a la falta de claridad y de transparencia surge una pérdida de credibilidad, no surgirá en el campo del control financiero sino en el campo del prestigio político de la Unión Europea. 
En este sentido, ruego a Edith Müller que siga trabajando como hasta ahora. 
Pero también ruego a todos los demás que se ocupen de estas cuestiones mencionadas aquí. 
Antes de que Edith Müller nos abandone- ya sé que tiene unas prisas terribles- quiero decirle lo mucho que saludo su informe, por el que le felicito. Mi grupo político apoya este informe. 
Su tema, la financiación de la política exterior y de seguridad común, se encuentra exactamente en el punto de intersección entre el primer y segundo pilar del Tratado de la UE. 
La ponente ha tratado cuestiones en las que es muy grande la tentación de caer en declaraciones genéricas de principios o en una guerra de religión. 
Edith Müller no ha caído en esa tentación sino que se ha decidido por un trabajo constructivo. 
Pero esto no significa que estemos satisfechos con el resultado de Amsterdam en lo tocante a la política exterior y de seguridad común. 
El informe de la Sra. Müller lo refleja así claramente. 
Como Parlamento habríamos deseado que el Consejo Europeo hubiese mostrado mucho más valor y no hubiese dado sólo unos tímidos pasos. 
Pero tomemos las cosas como están. 
También en el futuro, se encontrará en primer lugar la voluntad política de los Gobiernos para actuar conjuntamente en lo que se refiere a la política exterior y de seguridad común. 
Sin esta voluntad política de los Estados miembros no funciona nada. Donde falta esta voluntad, la política exterior y de seguridad común no es siquiera una hoja de parra. 
Esta es la experiencia que hemos tenido, lamentablemente, en los últimos años. 
Pero, por otro lado, allí dónde existe voluntad de cooperación o, al menos, la oportunidad de desarrollarla, la Comunidad puede realizar una útil aportación. No solamente, pero también cuando se trata de la financiación. 
El Tribunal de Cuentas ha reunido las cifras de los años pasados y el resultado es unívoco: más del 90 % del dinero para acciones conjuntas ha provenido del presupuesto de la Unión. 
En consecuencia, el Parlamento Europeo tiene una gran responsabilidad frente al contribuyente. Queremos hacer honor a esta responsabilidad. 
No queremos tomar las riendas de la política exterior- no es asunto de un Parlamento, ni tampoco del Europeo -, pero queremos ejercer una función de control en este ámbito y cerciorarnos de que se procede con celo y del modo adecuado con el dinero de los ciudadanos de la UE. 
En julio nos hemos puesto de acuerdo con la Comisión y el Consejo sobre un convenio que pretende facilitar la cooperación en estas cuestiones. 
En el informe de la Sra. Müller se muestra claramente y yo sólo puedo subrayar que con la aprobación de este convenio hemos mandado una señal de buena voluntad y un dado una margen de confianza. 
Espero que este convenio no sea el punto final de un largo conflicto latente entre el Consejo y el Parlamento sino la base para un nuevo inicio constructivo. 
Por ello, tenemos que desarrollar este convenio. 
Nuestra mayor atención sigue mereciéndola la antigua Yugoslavia. 
Sólo en el marco de la política exterior y de seguridad común se han gastado allí hasta ahora casi 200 millones de ecus. La parte del león en Mostar. 
Nuestra comisión mantuvo una excelente cooperación con Hans Koschnick, el antiguo administrador de Mostar. 
Carlos Westendorp, el alto representante en Sarajevo ha prometido venir en enero a nuestra comisión. 
Trataremos en primer lugar de la cuestión de los fraudes con los fondos de ayuda. 
A este respecto escuchamos y leemos siempre cosas intranquilizadoras. 
Pero detrás de ello se encuentra también la cuestión de qué debe cambiar en el concepto y trabajo de la Comisión en la antigua Yugoslavia. 
Por decirlo con toda claridad: parece que no todos los responsables de la Comisión han comprendido ni mucho menos qué grandes han sido y son las esperanzas depositadas en ellos ante este desafío. 
Creo que la peor respuesta es reaccionar con rutina burocrática. 
La Comisión está apunto de echar a perder un gran capital de confianza. 
En este contexto, esperamos con interés un informe especial del Tribunal de Cuentas. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento por el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el que debatimos hoy aquí y expresar el deseo de que se nos entregue lo antes posible este informe especial. 
Señor Presidente, al analizar el informe Müller se tiene la impresión de que el dictamen técnico del Tribunal de Cuentas Europeo que enumera las deficiencias en la ejecución de los gastos de la PESC no constituye, en el fondo, más que un nuevo pretexto para que la Comisión de Control Presupuestario reafirme la filosofía de la comunitarización integral, actualmente dominante. 
Por lo tanto, la Sra. Müller tiene razón al denunciar la existencia de un vicio en la propia concepción de la PESC. 
Lo que es particularmente grave es que este vicio ahora está inscrito en el Tratado de Amsterdam. 
De una manera totalmente incoherente, este último reafirma, por una parte, el carácter evidentemente gubernamental de la PESC y, por otra, crea una competencia comunitaria plena en materia de financiación de los gastos operativos de la PESC, invirtiendo de esta forma el orden del artículo J.11 del Tratado de Maastricht. 
A partir de esta constatación, existen dos actitudes posibles. Una de ellas es la contenida en el informe Müller, que, basándose en una aparente finalidad de eficacia, ve en las disposiciones financieras establecidas por el nuevo artículo 28 del Tratado una necesidad de desarrollar la comunitarización del conjunto de la PESC mediante el refuerzo de los poderes de la Comisión y, naturalmente, de los del Parlamento Europeo, en el marco de un nuevo acuerdo institucional. 
Pero si la finalidad de nuestro Parlamento es preocuparse por la eficacia de la PESC, y no sólo por acaparar poderes, debería recomendar otra actitud para superar esta contradicción entre la naturaleza institucional de la PESC y su modo de financiación. 
Si el carácter intergubernamental de la PESC es, como nosotros pensamos, una condición necesaria para que la misma pueda influir en los hechos y ser eficaz, la prioridad es entonces proteger antes que nada este carácter intergubernamental, el control de los Parlamentos nacionales y, por tanto, crear una forma de financiación coherente con dicho carácter, sin que por ello se aumente el importe global de los gastos destinados a la PESC por nuestros diferentes Estados. 
El 25 % de los gastos operativos de la PESC ya están directamente financiados por los Estados. 
Es necesario ampliar este porcentaje hasta que pueda cubrir la totalidad de estos gastos. 
Por consiguiente, será muy importante subrayar, con ocasión de los debates de ratificación que se celebrarán en nuestros diferentes países, la necesidad de corregir lo antes posible el divorcio introducido por el Tratado de Amsterdam, buscando las soluciones técnicas necesarias para adaptar las condiciones de financiación de la PESC a su naturaleza intergubernamental. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Müller por haber afrontado su informe de una manera sencilla y decidida en el que evidencia una vez más la magnífica labor del Tribunal de Cuentas, sin el cual el Parlamento Europeo no podría llevar a cabo su obligada función de control. 
Además, el informe nos da una idea clara de los problemas en la ejecución de la política exterior y de seguridad común. 
Y quiero subrayar la palabra «ejecución» porque hasta ahora el debate en el Parlamento se centraba casi exclusivamente en la puesta a disposición de los créditos y no prestábamos la atención necesaria a los problemas de la ejecución. 
Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario sabemos que hablar de ejecución quiere decir hablar de control. 
Y esta es precisamente la función esencial del Parlamento en el ámbito de la PESC. Por ello, quiero aclarar que no es que el Parlamento quiera hacer la política exterior. 
Nosotros lo que queremos es el derecho a la vigilancia, porque ello implica el control del uso que se hace del dinero del contribuyente. 
Pero tampoco todo es dinero, señor Presidente. 
Así pues, quisiera que fijásemos ahora nuestra atención en el apartado 5 de la propuesta de resolución, que merece una atención especial. 
Así pues, si para la observación de unas elecciones se desplazan al lugar en cuestión unidades especiales, es necesario tener un procedimiento coherente de contratación de personal. 
Este personal no sólo tiene que desplazarse desde sus países respectivos y hacerlo rápidamente, sino que además tiene que ser gente preparada, preparada para el caso concreto, porque de lo contrario llegamos tarde y mal. 
En dicho apartado 5, la Comisión de Control Presupuestario propone la creación de un grupo operacional bajo la responsabilidad de la Comisión Europea. 
Y ello no nos puede extrañar, ya que en Amsterdam se ha decidido la creación de una unidad de planificación y de alerta rápida y estaremos todos de acuerdo en que está muy bien que dispongamos de un cerebro. 
Pero ¿no les parece que estaría muy bien que este cerebro tuviera un cuerpo, así como unos brazos y unas piernas? 
Y este es, en mi opinión, el que debe ser el papel complementario de la Comisión Europea, así como el soporte que puede dar a las delegaciones de la Comisión en países terceros para realizar acciones comunes o bien el soporte que podría dar a enviados especiales de la Unión. 
Señor Presidente, para hacernos una idea de conjunto, y ello es siempre necesario para ser eficaces, tan sólo nos haría falta no sólo conocer el monto de las ayudas comunitarias, sino también conocer las contribuciones de los Estados miembros, así como la de los otros donantes. 
Y acabo ya. 
Y hoy, si se hubiera quedado aquí la Sra. Müller, hubiera dejado en sus manos que ella hiciera una enmienda oral, ya que yo hubiera podido presentarla en tiempo y manera. 
Pero de haberla presentado- ya que iba a pedir que se publicase el informe del Tribunal de Cuentas en el Diario Oficial- resultaría que hubiéramos retrasado seis meses este informe. Y este informe es bueno, y por tanto había que aprobarlo lo antes posible. 
Pero es importante que se conozca el magnífico informe del Tribunal de Cuentas. 
A mí ya sólo me queda decir, como diría un francés, ya que estamos en Estrasburgo: Cour de comptes, Madame Müller, chapeau! 
Señor Presidente, quisiera acoger con beneplácito en nombre de la Comisión el informe de la Sra. Müller, quien ha procurado abordar de forma muy práctica algunas dificultades que hemos de afrontar para aplicar las actividades de la PESC y proponer algunas mejoras. 
Hoy quisiera abordar tres preguntas fundamentales que se pueden formular sobre la PESC y su aplicación práctica, la primera de las cuales es la de qué hemos hecho hasta ahora para abordar las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas en su informe. 
En segundo lugar, ¿cuál es nuestro criterio para la aplicación del acuerdo interinstitucional de julio de este año? 
En tercer lugar, ¿qué queda por hacer para mejorar las actividades conjuntas en materia de PESC? 
Al examinar el marco general de la PESC, no debemos olvidar que la competencia para adoptar decisiones en materia de PESC corresponde al Consejo. 
Al fin y al cabo, es el Consejo el que decide sobre las acciones conjuntas y después sobre la forma de su financiación. 
La Presidencia es la encargada de aplicarlas, como queda muy claro en el artículo 15 del Tratado de la Unión. 
Sólo porque los costos de las acciones se sufragan con cargo al presupuesto general de la Comunidad corresponde la función de administrarlas a la Comisión, con arreglo al artículo J11 del Tratado de la Unión. 
Esa división de atribuciones ha creado problemas en el pasado y el Tribunal de Cuentas los ha señalado en su informe. 
Conque, ¿qué hemos hecho en 1997 para abordar las observaciones hechas por el Tribunal? 
En primer lugar, la Comisión ha pedido a la Autoridad Presupuestaria que se asignen créditos para preparar adecuadamente cada una de las acciones conjuntas y los ha obtenido. 
En el presupuesto para 1998 figurarán 500.000 ecus en la línea B 8014. 
En segundo lugar, la Comisión ha preparado, además, una ficha financiera especial para la PESC que codifica el marco global de cada acción, incluidas las contribuciones financieras de los Estados miembros y también de otras organizaciones internacionales. 
Después la Comisión ha podido hacer mejoras en la gestión de los enviados especiales. 
Acojo con beneplácito el reconocimiento que la Sra. Müller ha dado a ese aspecto en el párrafo 4 de su informe y también ha habido una referencia a los enviados especiales durante el debate. 
Ahora paso a la cuestión de nuestro criterio para la aplicación del acuerdo interinstitucional. 
Gracias al acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la PESC, el retraso en la aplicación de una acción común se reducirá- al menos eso creo yo- considerablemente. 
Por ejemplo, ya no hay una reserva presupuestaria. 
No obstante, la Comisión sigue considerando deseable que la Autoridad Presupuestaria ejerza un control inicial de los gastos cuando se decida una acción común. 
Creemos que se debe hacer a partir de la ficha financiera específica preparada por los servicios de la Comisión. 
Por último, ¿qué más hay que hacer para mejorar las acciones conjuntas en materia de PESC? 
La Sra. Müller subraya en el considerando Q de su informe la necesidad de que la Comisión participe al comienzo mismo de la preparación de cada acción común. 
Esa es una observación hecha también por el Tribunal de Cuentas. 
Lo único que puedo hacer es repetir que, a nuestro juicio, tiene sentido operativo que la Comisión participe mucho antes de la aprobación de cada acción común. 
Existe cierta superposición en el presupuesto entre los créditos para la PESC y otros créditos, tales como los destinados a la retirada de minas o las acciones en materia de procesos electorales. 
A veces la Comisión desea hacer un gesto político concediendo recursos a organizaciones internacionales. 
No debemos permitir que el Consejo olvide que se debe controlar, supervisar y evaluar eso detenidamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.55 horas) 
Aprobación del Acta 
Señoras y señores colegas, les deseo a todos muchas felicidades, que pasen una feliz Navidad y tengan un feliz Año Nuevo. 
El Acta de la sesión anterior ya ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, desde el principio pedí la palabra para una cuestión de orden. 
Solamente quería decir que en la página 26 del acta se dice que ayer, antes de la votación sobre la urgencia, llamé la atención del Sr. Cot sobre el hecho de que las resoluciones conjuntas estaban en todos los idiomas pero no en los textos originales. 
A ello, el Sr. Cot dijo que se trata de una excepción y que ha habido dificultades de traducción. 
A continuación, me he dirigido a la oficina de distribución y allí se me ha dicho expresamente que se ha previsto una nueva regulación para el futuro, según la cual los textos originales de las resoluciones conjuntas ya no van a ser traducidos y expuestos. 
Aunque estoy a favor de medidas de ahorro, tengo que protestar contra esto pues puede perfectamente ocurrir que se rechacen aquí resoluciones conjuntas, lo que ya ha pasado con frecuencia, y que luego se sometan a votación los textos originales. 
Así pues, debemos insistir en que los textos originales se traduzcan y expongan a tiempo. 
Señor Rosselt, he tomado nota de su observación y voy a solicitar que se vuelva a examinar dicho asunto. 
Votaciones 
Señor Presidente, comentábamos ayer por la noche que el informe de la Sra. Müller es un gran informe, pero también tengo que subrayar que el informe del Tribunal del Cuentas, al cual se refiere, merecía ser publicado en el Diario Oficial. 
Por tanto, mi enmienda se convertiría en un punto nº 7 y diría y leo en francés: 
" Pide al Tribunal de Cuentas que asegure la publicación de su dictamen 1/8117 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que presente a más tardar dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam un informe especial sobre la ejecución de los gastos en el marco de la PESC». 
Y yo, señor Presidente, le rogaría que invitase usted a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario a que pueda darnos el consentimiento que daría, si estuviese aquí, la ponente del informe, Sra. Müller. 
Señor Presidente, del debate de ayer se dedujo que es deseable la publicación de la opinión en el Diario Oficial. 
No cambia el texto en nada. 
Tal como se me ha informado, en el punto 7 se ha intercalado un pasaje también en el sentido de la ponente. 
He hablado con otros miembros de la Comisión de Control Presupuestario al respecto. 
Este pasaje que el Sr. Fabra Vallés ha expuesto mediante una enmienda oral no ocasiona ninguna dificultad ni choca con ninguna resistencia. 
Yo recomiendo que aprobemos esta enmienda oral. 
La Sra. Müller me ha pedido que les comunique que está completamente de acuerdo con la enmienda oral. 
¿Hay alguna objeción en la Asamblea a que se someta a votación la enmienda oral presentada por el Sr. Fabra Vallés? 
No observo ninguna. 
Voy a someterla a votación junto con la propuesta de resolución completa y a la que no han sido presentadas más enmiendas. 
Es aceptada. 
Señor Presidente, se nos propone una enmienda oral. 
Usted pregunta si hay alguna objeción. 
No la hay. 
Pero creo que sería más correcto votar primeramente esta enmienda oral antes de votar el informe. 
Estoy personalmente a favor de dicha enmienda, pero tengo serias reservas en cuanto al conjunto del informe. 
Por lo tanto, le pediría procediera a la votación del informe, como es habitual, e hiciera lo mismo con respecto a la enmienda oral. 
¡Aunque sea el último día del período de sesiones del año! 
Señor Fabre-Aubrespy, intento facilitar la labor de la Asamblea y no insistir en el cumplimiento exhaustivo de las formas cuando veo que hay un consenso general. 
Pero no tengo objeción alguna en proceder a una votación más para confirmarlo. 
Porque, como ocurre muchas veces, ha tenido lugar la votación incluyendo la enmienda oral. 
He visto que la Asamblea estaba por completo de acuerdo y que no había objeción alguna. 
Por favor, procedamos también a la votación de la enmienda. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Apoyo la comunicación de la Comisión sobre la comparación de resultados en materia de competitividad, así como el trabajo al respecto de mi colega el Sr. Murphy. 
Al convertir el reconocimiento y la resolución de ineficacias en su funcionamiento en parte central de su trabajo, las empresas pueden tomar el control de la mejora de su competitividad. 
Por lo tanto, la idea de la Comisión de contar con un grupo de alto nivel que asesore en este sentido es bien recibida, aunque es adecuado pedir que las empresas más pequeñas también participen junto con las de mayor tamaño, los sindicatos y los consumidores. 
Me alegra que el Sr. Murphy señale cómo puede utilizarse la comparación de resultados para averiguar qué funciona bien en algunos sectores en los que en la UE obtenemos mejores resultados que nuestros rivales americanos y japoneses añadiendo valor a productos y servicios tales como alimentos, bebida y muebles. 
En el mundo actual, muchos países pueden producir bienes o prestar servicios a menor precio que lo hacemos en Europa. 
Pero nosotros aún podemos generar riqueza y crear puestos de trabajo si nos proponemos seguir mejorando nuestros métodos de trabajo y la calidad de lo que hacemos. 
La comparación de resultados puede ayudarnos a mantenernos por delante de la competencia. 
Espero que la Comisión ayude a la industria a centrarse en las diferentes maneras de hacerlo más eficazmente por medio de su grupo de alto nivel. 
Sobre el informe Müller (A4-0339/97) 
Señor Presidente, las condiciones en las que acabamos de celebrar la votación me obligan a tomar la palabra. 
Le agradezco que haya accedido a mi petición, pero habría sido mejor haber procedido formalmente a la votación a favor o en contra del informe. 
Desearía decir lo siguiente. 
El informe de la Sra. Müller trata sobre un dictamen muy importante del Tribunal de Cuentas relativo al funcionamiento de la política exterior y de seguridad común. 
Se trata de un ámbito de actividad de la Unión Europea en el que los gastos se deciden en el plano intergubernamental. 
Los gastos- repito- se aprueban, al igual que las decisiones más importantes, en el plano intergubernamental, a pesar de que a menudo se recurre al presupuesto comunitario. 
El informe afirma, por otra parte, que alrededor del 75 % de los gastos se deducen del presupuesto comunitario, y nuestro Parlamento, naturalmente, llega a la conclusión de que debería estar asociado no sólo a las tomas de decisión, sino también al conjunto del proceso de control de los gastos; recientemente se ha adoptado, en unas condiciones jurídicas cuestionables, un acuerdo interinstitucional en el marco del Tratado de Amsterdam, tendente a modificar las condiciones de aplicación de dicha política exterior y de seguridad común. 
Nosotros hemos criticado este acuerdo interinstitucional. 
Asimismo, nosotros criticamos el informe de la Sra. Müller porque se sitúa en una perspectiva mucho más ideológica que financiera. 
Muy a menudo, en efecto, los dictámenes del Tribunal de Cuentas, que constituyen una fuente de información que nos permite medir hasta qué punto los fondos comunitarios se emplean a veces de manera poco rigurosa, dan lugar no a críticas en el plano financiero ni a propuestas de reforma en el plano financiero- como sería su cometido -, sino a propuestas de naturaleza ideológica; es lo que ocurre con el presente informe. 
Por esta razón, señor Presidente, hemos votado en contra, aunque esto no haya podido manifestarse debido a las condiciones en las que usted ha celebrado la votación. 
En el informe se exponen una serie de observaciones de naturaleza institucional sobre la política exterior y de seguridad común, además de observaciones de un carácter institucional más general, con las que deseamos manifestar nuestro desacuerdo. 
Se trata, por ejemplo, del comentario sobre el sistema de las presidencias rotativas de seis meses de duración, en el sentido de que complican y dificultan la continuidad de la gestión y el control de las acciones comunes. 
Pensamos unánimemente que es y debe seguir siendo derecho de cada país miembro de la Unión Europea ocupar el cargo de la Presidencia dentro de un sistema rotativo, como es el caso actualmente. 
Todos hemos escuchado la propuesta de una presidencia de la UE de un año de duración, compuesta de un país pequeño, uno mediano y uno mayor. 
No cabe duda alguna de que esta propuesta rompe con el principio de que todos los países están igualmente cualificados para ocupar el puesto de la Presidencia. 
El simple hecho de ser un país grande no significa que se esté más cualificado para detentar el título. 
Por consiguiente, pensamos también que la PESC debe seguir teniendo carácter de cooperación interestatal. 
Además, se recomienda a los Estados miembros que creen una reserva de personal de la PESC para las acciones conjuntas. 
En primer lugar, esto es un escarnio del deseo expreso de varios países miembros de permanecer neutrales, y en segundo, debe ser cada país por separado el que decida si desea participar en una acción conjunta; el proceso no puede funcionar por la vía automática. 
La PESC, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, cuatro años después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht no acaba de arrancar todavía. 
Las experiencias concretas, como el gobierno de la UE sobre la ciudad de Mostar, la unidad de apoyo electoral para las elecciones palestinas y la actuación de la UE en Bosnia Herzegovina hablan por sí solas. 
Por lo que se refiere a esto, el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación en el marco de la segunda lectura del presupuesto de 1998, sobre la puesta en marcha de la financiación de la UE para las acciones relacionadas con el retorno de los refugiados a Bosnia Herzegovina. 
Pero no solamente el Parlamento Europeo está preocupado por la aplicación de la PESC. 
También el Tribunal de Cuentas no titubea al hacer en su recomendación un balance de los tres años de acciones conjuntas en el marco de la PESC, señalando con el dedo las faltas y los puntos débiles aún existentes. 
El núcleo de la problemática de la PESC es el conflicto entre la competencia exclusiva del Consejo para aprobar las acciones de la PESC y la competencia del Parlamento Europeo de destinar los medios necesarios para ellas. 
Ya en 1994, como ponente del informe "La financiación de la PESC» , señalé la" zona de tensión» existente entre la competencia sobre el contenido de la PESC que recae en el Consejo, y la competencia presupuestaria. 
Avisé entonces enérgicamente de que no es beneficioso para nadie que se arrastren unas peleas permanentes entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
A los ciudadanos de la UE no les importa quién tiene la competencia sobre qué, sino que quieren una Unión que trabaje con eficacia, que también hacia fuera asuma sus responsabilidades por medio de una política exterior dinámica. 
¿Esto significa que entre 1994 y hoy no ha pasado nada en absoluto? 
¿Las dificultades en relación con el gobierno de la UE sobre Mostar, la unidad de apoyo electoral para las elecciones palestinas y el control presupuestario del alto comisionado para Bosnia Herzegovina no han dado ningún resultado? 
¿Las innumerables discusiones de la Comisión de Presupuestos en que se le pedía a esta última con una información muy superficial y muy débilmente fundamentada que se destinaran medios financieros para acciones de la PESC no han servido para nada? 
En mi opinión, la respuesta es no. 
El Acuerdo Internacional de Amsterdam supone un progreso en relación con la financiación de la PESC. 
Unas reglas de juego claras tienen que indicar mejor las competencias respectivas de las dos partes de la autoridad presupuestaria, el Consejo y el Parlamento, y tienen que fomentar la interacción entre ambos. 
Así se podrán destinar de ahora en adelante los medios financieros de forma más rápida y eficaz a las necesidades reales de la PESC. 
Sin embargo, ahí no acaba la historia. 
El Tribunal de Cuentas en su bien fundamentada evaluación señala con razón una serie de puntos en que la PESC se queda corta, sobre todo: 
la falta de claridad y de transparencia. 
Se dispone de la información necesaria sobre los gastos de la política pagados del presupuesto de la UE (= 90, 94 %). Los problemas persisten en los gastos administrativos y en las aportaciones de los Estados miembros. 
Respecto a lo último, existe poca o ninguna información, aparte de unas pocas medidas, de las aportaciones que pagan los Estados miembros u otros donantes.-El turno semestral de la presidencia no cuadra con la necesidad de continuidad en el control de las acciones comunes (es una referencia concreta a Mostar).-Quedan todavía deficiencias en la gestión de la PESC por la Comisión.-La falta de criterios claros de separación por lo que se solapan demasiadas veces los objetivos de la PESC y las tareas de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Esto se traduce en una falta de coherencia en la gestión de los medios, lo cual no beneficia la transparencia del presupuesto.Para solucionar estas faltas tal vez se debe precisar y completar más el Acuerdo interinstitucional. 
En este punto suscribo enteramente las conclusiones del informe Müller. 
Lo único que quiero añadir es que esto solamente se puede conseguir sólo y exclusivamente con un enfoque pragmático. 
Aplicando esto específicamente a la autoridad presupuestaria, significa que el Parlamento Europeo no puede abusar de su competencia sobre el aspecto financiero de las acciones de la PESC. 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo (tanto la Comisión de Presupuestos como la Comisión de Control Presupuestario) deben dar forma a una PESC eficaz por medio de una cooperación intensa y constructiva. 
Etiquetado de soja y maíz genéticamente modificados 
Señor Presidente, desearía plantear una cuestión de orden relativa al debate sobre el etiquetado de productos genéticamente modificados. 
Mi cuestión de orden se basa en el artículo 37 de nuestro Reglamento, relativo a las declaraciones y a las preguntas orales, donde se establece que una comisión, un grupo político o veintinueve diputados como mínimo pueden presentar una propuesta de resolución. 
La semana pasada, mis colegas Édouard des Places y Dominique Souchet presentaron una propuesta de resolución, dentro del plazo establecido, de conformidad con el Reglamento, y repentinamente, la Conferencia de Presidentes decide que no habrá propuesta de resolución ni votación. 
Nosotros consideramos que esta decisión es totalmente contraria al Reglamento, y ello es tanto más lamentable por cuanto es la segunda vez que esto ocurre esta semana. 
En efecto, se nos ha negado una votación sobre la declaración de la Comisión sobre la enfermedad de las " vacas locas» , declaración que nos había parecido muy negativa. 
Se trata de un síntoma muy preocupante. 
El Parlamento Europeo pide constantemente mayores poderes, pero no se atreve a votar proyectos de resolución cuando cree que ello podría contrariar a la Comisión. 
Mi Grupo, por su parte, desearía poder expresar claramente su desacuerdo sobre el aplazamiento de la prohibición de los productos de riesgo y sobre la política en materia de organismos genéticamente modificados. 
En consecuencia, señor Presidente, de conformidad con el Reglamento, pedimos una votación sobre la propuesta de resolución que habíamos presentado en regla. 
Señor Berthu, creo que ya hemos desarrollado otro debate sobre este asunto. 
La Conferencia de los Presidentes de los Grupos Políticos ha llegado a esa conclusión, como ha dicho usted mismo. 
Su Grupo está representado en dicha Conferencia y, por supuesto, usted podría, independientemente de la postura de la Conferencia, y que creo que fue unánime según se había informado, presentar una propuesta de resolución sin estar obligado por parte de la Conferencia de los Presidentes de los Grupos Políticos. 
Señor Presidente, la decisión de la Conferencia de Presidentes no fue aprobada por unanimidad. 
Yo mismo representaba a mi Grupo, y me opuse formalmente a la decisión. 
Considero que la Conferencia de Presidentes no tenía derecho a tomar esta decisión, por ser contraria al Reglamento. 
Señor Berthu, como comprenderá no estoy aquí para responder en nombre en nombre de la Conferencia de los Presidentes de los Grupos Políticos. 
Aquí se encuentran presentes varios presidentes de dichos grupos que podrían tomar la palabra. 
Pero tengo la impresión que este debate ha sido ya desarrollado. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha adoptado esta iniciativa pues desde el 15 de mayo está en vigor el Reglamento sobre los Novel Food, desde hace meses la Comisión nos hace esperar con la afirmación de que existe también una regulación para el maíz y la soja transgénicos, pero lo que se ha hecho es... nada. 
¿Cuándo va a finalizar su táctica dilatoria frente a las consumidoras y consumidores y frente al Parlamento? 
¿Cuánto tiempo quiere dejar en la oscuridad a los consumidores? 
¿Cuándo se va a decidir por fin la Comisión y el Comité permanente sobre los alimentos a etiquetar exactamente el maíz y la soja? 
Señora Cresson, veo que está aquí. 
Por lo general, siempre se destacan los progresos más actuales en el campo de la tecnología genética. 
¿Porqué no se propone el análisis del ADN, que es tan actual? 
¿Porqué la Comisión propone en esta ocasión el análisis de las proteínas, que está muy anticuado? 
¿Son ciertos los rumores de que incluso se proyecta sólo un acuerdo voluntario de la industria? 
¿Qué pasa con los alimentos para bebés? 
¿Se va a recoger la opinión del Comité Científico para la Alimentación Humana y excluir los nuevos alimentos para bebés también cuando se trate de maíz y de soja? 
¿Porqué la Comisión no hace que los fabricantes presenten el método de análisis? 
¿Porqué se derrochan aquí millones de los contribuyentes y es el ciudadano el que paga los métodos de análisis? 
¿Porqué no realiza por fin una propuesta? 
¿Cuándo se va a presentar la propuesta sobre los aditivos, aromas y enzimas? 
¿Cuándo pueden contar los consumidores y también nosotros con que se realice una propuesta coherente sobre el etiquetado del maíz y de la soja transgénicos, tal como todos nosotros y también los consumidores queremos? 
Señor Presidente, señoras y señores, hemos colocado este tema en el orden del día porque queremos estar por fin seguros de que las cosas avanzan. 
Ahora, la Comisión ha presentado el 3 de diciembre una propuesta, es decir, después de que nosotros ya lo habíamos puesto en marcha. 
He leído la exposición de motivos del reglamento que se va a aprobar sin el Parlamento, pues es competente el Comité conjunto para la Alimentación Humana. 
Me quedé sorprendida. 
Llevamos debatiendo al respecto casi seis meses con la Comisión. Esta siempre ha dicho que no es necesario realizar aquí ninguna regulación. 
Ahora, en su exposición de motivos ha incluido exactamente en los puntos 8, 9 y 20 los motivos que nosotros siempre hemos defendido. 
No lo entiendo bien. 
Me alegra que la Comisión haya encontrado ahora el camino, pero deberá explicarme porqué se ha enfrentado durante tanto tiempo a lo que ha dicho el Parlamento. 
Naturalmente, apoyamos la revisión del ADN prevista por la Comisión Europea, si bien con el añadido- la Sra. Breyer lo ha indicado también- de que para esta revisión se determine al mismo tiempo el método de análisis a aplicar. 
Sólo entonces será practicable una propuesta de este tipo y garantizará que se realice una información correcta. 
Desde que el Comité permanente para la Alimentación Humana de la Comisión Europea se ocupó ayer muy intensamente de la propuesta bajo la participación de los países miembros, parece que se puede adoptar en enero una decisión de la Comisión y el Consejo. 
De este modo se han creado las condiciones para que al menos las normas del Reglamento del 19 de septiembre de 1997 sobre el etiquetado de la soja y del maíz transgénicos, que ha entrado en vigor el 1 de noviembre del mismo año pero cuya aplicación se hubo de aplazar al 1 de febrero de 1998, puedan ser aplicadas en esta fecha por los países miembros. 
Saludamos todo esto pero preguntamos ¿porqué ahora? 
Tengo que plantear aún algunas preguntas a la Comisión. 
Agradecería mucho si la Sra. Comisaria nos pudiese comunicar y explicar los resultados de la reunión que mantuvo ayer el Comité para la Alimentación Humana. 
Tengo una segunda pregunta: ha concluido la cosecha de soja y de maíz de este año en los EE.UU y es de suponer que productos modificados genéticamente estén en camino hacia Europa o que estén ya aquí. 
¿Como aprecia la Comisión el peligro de que en especial el maíz y la soja transgénicos, mezclados con productos normales, sean exportados a Europa sin que exista la necesaria autorización para la comercialización en los países de la Unión Europea según la parte C de la directiva de 1990? 
¿Cuántas solicitudes de autorización de comercialización se encuentran actualmente en la Comisión Europea? 
¿Qué quiere hacer la Comisión Europea para garantizar que se pueda decidir en los plazos debidos sobre todas las solicitudes pendientes? 
¿Tiene la Comisión una idea global del volumen de los suministros de los organismos mencionados de los EE.UU y el Canadá a Europa? 
¿Cómo evalúa la Comisión el riesgo de conflictos comerciales con los interlocutores comerciales norteamericanos si los productos no se pueden comercializar en la Unión Europea a causa de la falta de autorización por la parte que corresponde a los organismos modificados genéticamente? 
Señora Comisaria, soy consciente de que hoy probablemente no va a poder responder detalladamente a todas las preguntas. 
Sin embargo, se las planteo y le estaría agradecida si recibiese una respuesta a comienzos de enero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hoy le hemos planteado esta pregunta oral porque pensamos que es necesario informar a tiempo y extensamente al Parlamento sobre los alimentos modificados genéticamente, además en un momento anterior al que por lo general siempre se hace. 
Si no puede hacer que el reglamento entre en vigor el 1 de noviembre porque no existen las necesarias normas ejecutivas sino que tiene que aplazarlo a febrero, esto supondrá una desventaja para las consumidoras y consumidores europeos así como también para la industria europea. 
Precisamente en el caso de los alimentos que se van a comercializar en el mercado interior son necesarias normas unitarias, se debe prever la posibilidad de cómo se debe etiquetar en general, además antes de que se produzcan dichos alimentos. 
Esto es necesario para la industria y para la protección de los consumidores. 
Es incomprensible que dure tanto tiempo a pesar de que ya hace un año se terminó el reglamento sobre los novel food en el Comité de Conciliación, de que está en vigor desde mayo y de que ya entonces estaba claro que había que encontrar una regulación transitoria para el maíz y la soja. 
Se plantea también la cuestión de si no se debería informar ya ahora al Parlamento, antes de que entre en vigor un nuevo acuerdo entre las instituciones, tal como es de esperar que ocurra a comienzos del próximo verano, para que el Parlamento no tenga que procurarse mediante rodeos proyectos que se debaten en el Comité permanente para la Alimentación Humana de la Comisión. 
Lo que me gustaría saber de usted- precisamente porque es responsable de los campos de Ciencia y del Centro Común de Investigaciones- es qué avanzados están los trabajos para desarrollar un análisis aplicable en toda la Unión para la prueba de las modificaciones genéticas del ADN y hasta qué punto está vinculado a esto el Centro Común de Investigaciones, que ha desarrollado métodos de análisis en el sector alimentario mediante ensayos cooperativos entre varios laboratorios, de modo que exista una uniformidad dentro de la Unión y no se abran las puertas de par en par a la casualidad. 
No creo que debamos dejar esta decisión sólo en manos de la industria. 
Señora Comisaria, en este contexto quiero plantearle otra pregunta: ¿no es más razonable que en vez de acordar una regulación según la cual en un producto puede figurar la expresión «puede contener partes modificadas genéticamente» , se determine un valor umbral y que sólo por encima de ese valor umbral se prescriba el etiquetado «alimento modificado genéticamente» o «alimento no modificado genéticamente» ? En Austria hemos tenido un caso ocasionado por impurezas. 
Precisamente en la soja y el maíz transportados en vagones de ferrocarril es muy fácil que se acumulen impurezas aunque solamente supongan el 1 %. 
Es mejor decir que existe un valor umbral que desconcertar al consumidor con el etiquetado «puede contener». 
Señora Comisaria, creo que va a ser necesario responder muy rápidamente a todas estas preguntas si realmente queremos que en febrero sea aceptada por todos los Estados miembros esta regulación para que pueda ser aplicada a continuación por la industria. 
Es hora de presentar ya el correspondiente borrador que contenga todo lo que debe saber el consumidor y lo que necesita la industria para la fabricación y etiquetado de sus productos. 
Señor Presidente, yo también me sumo al llanto de mis colegas por este retraso respecto a un asunto tan delicado que implica no sólo el ámbito de la producción, la ciencia y los consumidores, sino, yo diría, también nuestra imagen ética, por lo menos desde que el Parlamento Europeo se ha atribuido el derecho de erigirse en árbitro y juez en materias tan delicadas, que afectan muy de cerca a la salud de los ciudadanos europeos. 
Debo decir que, incluso cuando se adoptará este reglamento, honestamente no creo que vaya a despertar grandes entusiasmos, si tenemos en cuenta las inquietudes que están cundiendo entre los ciudadanos europeos, inquietudes que, entre otras cosas, indican que si se adoptan las disposiciones sobre el etiquetado propuestas por la Comisión, en particular para los alimentos fabricados a base de soja y maíz transgénicos, en el fondo vamos a reglamentar sólo el 30-40 % de los productos derivados del maíz y la soja genéticamente modificados y, en consecuencia, no se controlará ni etiquetará todo lo demás. 
Según el proyecto de reglamento de la Comisión, de hecho, se etiquetarán obligatoriamente como productos a base de soja o maíz genéticamente modificados sólo los productos con proteínas verificadas y analizadas a través de los actuales métodos de análisis. 
Con respecto a este punto, muchos, incluso los círculos científicos, se plantean dudas sobre la eficacia de dichos métodos, su adecuación a los nuevos métodos que, en cambio, la ciencia productiva sabe introducir. 
Hay que hacer también otra consideración: el proyecto de reglamento excluye todos los aditivos alimentarios, los aromas y los disolventes de extracción, pese a que sabemos perfectamente que las sustancias derivadas de la soja, incluso genéticamente modificada, se encuentran en los alimentos, en el chocolate, en la margarina, aunque no debemos olvidar, por ejemplo, que en farmacología la soja se considera una sustancia útil para combatir el colesterol, enfermedad del siglo y, por lo tanto, pueden ustedes imaginar los perjuicios para la salud y no las mejoras, en el caso de que la lecitina de soja careciera de las cualidades requeridas. 
También queremos recordar que hay una gran expectación por parte de los ciudadanos europeos ante este tema. 
El 90 % de los consumidores expresó su viva preocupación en una reciente encuesta, pero también expectación ante lo que la Comisión va a proponer. 
Es por esto que vuelvo a plantear las dos preguntas que figuran en el texto de mi Grupo, Unión por Europa. 
¿Nos puede decir la Comisión por qué no ha comunicado todavía cuáles son las normas a seguir? 
Y, finalmente, ¿cuáles son las disposiciones a aplicar para reconocer más satisfactoriamente el derecho del ciudadano a ser informado? 
Si sumamos estas dudas a las demás que envuelven el mundo de la alimentación- volvamos a plantearnos el problema de la EEB, además de los recientes interrogantes sobre el aceite extra virgen que nadie sabrá nunca hasta qué punto es virgen, y de los aditivos en la enología, etcétera- francamente, también la próxima cena de Nochebuena podría convertirse en un motivo de preocupación más que de alegría. 
¡Felicidades! 
Presidente, ¿puede usted pedirle a la Comisaria que preste atención cuando hablamos? Entonces la comunicación resulta más agradable. 
No solamente el consumidor y la industria siguen confusos sobre el uso de OMG en alimentos. 
También el Parlamento Europeo, todos nosotros aquí, debemos pedir regularmente aclaraciones. 
Por eso celebramos este debate esta mañana. 
Me queda cada vez más claro que la Comisión no sabe todavía muy bien qué política debe seguir en el ámbito de los OMG. 
Hace decretos con calendarios con los que no solamente la industria tiene problemas, sino que tampoco ella misma sabe qué hacer con ellos. 
La pregunta más importante de esta mañana es por lo tanto, porqué la Comisión no ha venido antes con las normas de aplicación que sólo están recogidas en una propuesta provisional. 
Pero para la industria ha surgido ahora una situación insostenible con mucha inseguridad. 
Más importante aún es que el consumidor todavía no tenga la seguridad a la hora de comprar unos productos de si se han utilizado ingredientes genéticamente manipulados o no. 
Por consiguiente, para mi grupo parlamentario se ha creado una situación inaceptable. 
El etiquetado es de muchísima importancia. 
Creemos en la libertad de elección del consumidor siempre y cuando se le informe suficientemente a través de esa etiqueta. 
El consumidor mismo debe poder decidir sí consumir alimentos genéticamente manipulados o no. 
Es tarea de la Comisión procurar que se haga obligatoria la información en la etiqueta y que se pueda comprobar por medio de un método fiable si un producto contiene OMG. 
Justo sobre la elección del método ha surgido mucha confusión. 
En una fase anterior, una mayoría de los Estados miembros y la Comisión misma parecían elegir el denominado método de las proteínas y en la propuesta reciente la Comisión eligió de repente el método del ADN. 
También para su gran sorpresa del comité permanente de los alimentos que se reunió ayer de nuevo. 
Parece que el reciente borrador de regulación es todavía demasiado poco claro para la empresa privada para que pueda adoptar un etiquetado correcto. 
Me gustaría que la Comisión me explicara porqué ha decidido esto, este método nuevo, y cuándo prevé la Comisión poner en marcha los decretos de aplicación. 
Eufemísticamente expresado, Presidente, ya va siendo hora y vuelvo a pedir a la Comisión: asuma su responsabilidad, hasta ahora ha fallado gravemente, muy gravemente. 
Señor Presidente, creo que, a estas alturas del debate y vistas las intervenciones del resto de los colegas que han expresado su inquietud, que no es más que la expresión de la inquietud de los ciudadanos, hay poco más que decir y creo que no voy a consumir el tiempo que tengo. 
Nosotros habíamos presentado también una pregunta que, básicamente, expresa lo mismo que las preguntas de los compañeros, es decir, ¿por qué no poner en práctica esas medidas de aplicación, por qué no tener unos análisis homologados a nivel europeo, por qué no tener un etiquetado correcto que permita a los consumidores poder elegir? 
Los Estados Unidos dicen que la Unión Europea pone inconvenientes a la importación de productos modificados transgénicamente y que la Unión Europea se apoya más en las inquietudes de la opinión pública que en bases científicas. 
A nosotros nos parece que es lógica la inquietud de la opinión pública europea. 
Está sensibilizada por otros problemas de seguridad alimentaria. 
Pero, además, por ejemplo, con motivo de la reciente aprobación de la posibilidad de producción en Francia de maíz transgénico se publicó en la prensa española, y creo que en la prensa europea, que ese maíz va a incorporar tres genes: uno que tiene un producto tóxico que ahuyenta a los insectos, otro que tiene un producto de resistencia a los antibióticos, otro que tiene un producto de tolerancia a los herbicidas. 
Es lógico que la opinión pública europea- y cualquier opinión- esté preocupada por los efectos sobre la salud de cualquiera de estos productos. 
Por eso es imprescindible un etiquetado correcto y una puesta en práctica adecuada. 
Probablemente, señora Comisaria, el cambio que se está produciendo en la DG XXIV para garantizar la seguridad alimentaria vaya en la buena dirección, ya que hay prevista una unidad de análisis de riesgo cuyo objetivo fundamental es analizar los riesgos que, para la salud humana, tienen cada uno de estos productos. 
En todo caso, señora Comisaria, creo que aquí todos los colegas expresamos una inquietud justa de la opinión pública europea, que no quiere pasar por el riesgo de alimentarse con productos que no sean seguros para la salud. 
Señor Presidente, tanto con respecto a los organismos genéticamente modificados como a las " vacas locas» , es decir, con respecto a la seguridad alimentaria de nuestros conciudadanos, nuestro Grupo ha solicitado en dos ocasiones que el Parlamento Europeo adopte una posición clara votando una propuesta de resolución. 
En las dos ocasiones se nos negó esta posibilidad, contrariamente a lo dispuesto en el Reglamento. 
Mi colega Berthu acaba de subrayar esta gravísima anomalía. 
Por lo tanto, resulta muy extraño que el corresponsal de Le Monde, el Sr. Scotto, omita en su reseña del 18 de diciembre las dos iniciativas parlamentarias; las únicas, que sepamos, que exhortaban a nuestra Asamblea a asumir, en el presente período parcial de sesiones, sus responsabilidades sobre estas dos cuestiones esenciales. 
En relación con los organismos genéticamente modificados, ¿cómo podríamos pasar por alto el hecho de que las decisiones tomadas por la Comisión coinciden ampliamente con los intereses económicos de las industrias transnacionales del sector de las semillas? 
¿Cómo podríamos pasar por alto el hecho de que ustedes hayan autorizado la comercialización de soja y de maíz genéticamente modificados presionados por los norteamericanos, sin ni siquiera exigir el requisito de rastreabilidad necesario para garantizar una buena protección del consumidor? 
Actualmente en los Países Bajos se ha comercializado pulpa de remolacha transgénica, a pesar de que dicha comercialización estaba prohibida. 
¿Quién es jurídicamente responsable de esta situación, señora Comisaria? 
¿La empresa Monsanto, que ordenó las pruebas, la empresa azucarera neerlandesa CSM o la Comisión, que lo autorizó? 
El 27 de noviembre pasado el Gobierno francés dio luz verde al cultivo de un maíz transgénico, resistente a la piral, que contiene un gen auxiliar de resistencia a un antibiótico, la ampicilina. 
El Sr. Kouchner, coautor de una propuesta de resolución por la que se solicitaba la prohibición de los OGM cuando aún era diputado de nuestra Asamblea, ha dado, sin embargo, su conformidad a la producción de este tipo de maíz, con el apoyo de la Sra. Voynet, ministra de Medio Ambiente, contrariamente a las recomendaciones expresas del comité francés de prevención y de precaución. 
¿Quién será responsable, señora Comisaria, si en los próximos meses se demuestra que el gen de resistencia a la ampicilina puede transmitirse a bacterias que se hallan en el tubo digestivo? 
¿El Gobierno francés, la empresa que presentó la solicitud de autorización, o la Comisión, que dio la autorización inicial? 
Lo que es seguro, en cualquier caso, es que no han respetado el principio de prudencia. 
Por consiguiente, resulta indispensable crear una comisión de reflexión en el seno de nuestro Parlamento para que lleve a cabo un verdadero debate democrático sobre los riesgos que los OGM podrían representar para el medio ambiente y la salud humana. 
Tengo la impresión de que se está jugando a los aprendices de brujos y que al mismo tiempo se busca tener la conciencia limpia presentando a los consumidores un etiquetado falsamente tranquilizador. 
En realidad, señor Presidente, el hecho de que no votemos una resolución después de este debate ¿no demuestra acaso que nuestra Institución trata de eludir sus responsabilidades y de traspasárselas a los funcionarios? 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para mí es un gran placer estar hoy con ustedes para poder clarificar la situación sobre el etiquetado de alimentos fabricados a base de semillas de soja o maíz genéticamente modificados. 
Ciertamente, se trata de un asunto muy complicado y no estoy segura de poder responder a todas sus expectativas y a todas sus preguntas, pero aprovecharemos esta sesión, si lo desean, para tratar de recapitular sobre la posición de la Comisión, ya que, con razón, ustedes le han formulado preguntas al respecto. 
No insistiré sobre el historial del expediente, que ustedes conocen tan bien como yo, y abordaré directamente las respuestas a sus preguntas, que, en varios casos, se refieren a la misma cuestión. 
Ante todo, hay una primera serie de preguntas sobre la situación jurídica en el momento de la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 1997, del Reglamento (CEE) nº 1813/97 de la Comisión, de 19 de septiembre de 1997. 
El Reglamento nº 1813/97, en vigor desde el 1 de noviembre, establece las normas de etiquetado adicionales aplicables a los alimentos e ingredientes alimentarios fabricados a base de soja y de maíz genéticamente modificados. 
Este Reglamento es directamente aplicable en los Estados miembros; por lo tanto, no hay razón para pensar que podría existir una situación de carencia en este caso. 
Los operadores están obligados, desde el 1 de noviembre, a etiquetar sus productos que no sean equivalentes, en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1813/97. 
En cuanto a la adopción de normas pormenorizadas de etiquetado para estos alimentos o ingredientes alimentarios, la Comisión, que se había comprometido en la reunión del Comité permanente de productos alimenticios del 31 de julio de 1997 a presentarlas lo antes posible, también había indicado en aquella ocasión que consultaría al Comité científico de alimentación humana, para recabar su opinión sobre el concepto de no equivalencia aplicado por dicho Reglamento. 
Esta consulta, así como la voluntad de concertación con los medios interesados y la evaluación de los diferentes enfoques posibles explican el plazo que fue necesario para la aprobación del correspondiente proyecto de reglamento. 
Por tanto, puedo comprender perfectamente la impaciencia, absolutamente legítima, de algunos de ustedes; pero esta manera de proceder llevó, evidentemente, cierto tiempo. 
Otra serie de preguntas se refieren a la interpretación del concepto de no equivalencia y en particular a los criterios decididos para aplicar el etiquetado de los alimentos fabricados a base de soja y maíz genéticamente modificados. 
El artículo 2 del reglamento (CEE) nº 1813/97, el cual recoge el artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 258/97 relativo a los nuevos alimentos, establece que el consumidor final debe estar informado de todas las características o propiedades alimentarias, tales como la composición, el valor nutritivo o los efectos nutritivos, así como el uso al que se destina el alimento. Debido a estas características un alimento o un ingrediente alimentario deja de ser equivalente a un alimento o a un ingrediente alimentario existente. 
Por consiguiente, los alimentos e ingredientes alimentarios fabricados a base de semillas de soja o maíz genéticamente modificados, que no son equivalentes a los productos análogos convencionales, están sometidos a estas obligaciones en cuanto al etiquetado. 
Se ha definido el concepto clave de no equivalencia como la existencia clara de una diferencia evaluable científicamente que va más allá de los límites aceptados de las variaciones naturales. 
Paralelamente, el 23 de julio de 1997 la Comisión hizo públicas las orientaciones generales en materia de etiquetado de los nuevos productos biotecnológicos, las cuales preconizan, por una parte, las obligaciones de etiquetado cuando el origen OGM- es decir, " organismo genéticamente modificado» -de un producto es evaluable científicamente y, por otra parte, la necesidad de definir normas claras sobre etiquetado, para que el control oficial pueda efectuarse sobre bases fiables, reproductibles y accesibles. 
Habida cuenta, por un lado, del concepto de no equivalencia y, por otro, del enfoque preconizado por estas orientaciones de la Comisión, resulta que, en esta fase, el criterio que mejor responde a las obligaciones arriba mencionadas es la presencia de ADN en los alimentos e ingredientes, como resultado de modificaciones genéticas. 
Por consiguiente, el 3 de diciembre pasado la Comisión aprobó, sobre esta base, un proyecto de reglamento por el que se establecen normas pormenorizadas sobre el etiquetado, aplicables a los alimentos e ingredientes alimentarios fabricados a base de semillas de soja o maíz genéticamente modificados. 
Este proyecto ha sido discutido el 18 de diciembre en el seno del Comité permanente de productos alimenticios, cuya votación se propuso, en el mismo Comité, para mediados de enero. 
Debo decirles que en el Comité permanente de productos alimenticios, que se reunió, pues, el día 18 para intercambiar ideas sobre el proyecto propuesto por la Comisión, ¡una mayoría de Estados miembros se opusieron a dicho proyecto! 
Éstos prefieren el criterio " proteínas» y que se establezca una lista de productos que requieran un etiquetado, sin que hasta ahora dicha lista se haya concretado del todo. 
Este proyecto de reglamento propone que los alimentos e ingredientes alimenticios fabricados a base de semillas de soja o maíz genéticamente modificados, que contienen ADN como resultado de modificaciones genéticas, no son equivalentes en el sentido del punto a) del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1813/97, y deben ser objeto, por lo tanto, de etiquetado. 
Por el contrario, aquellos que ya no contienen este ADN, sobre todo debido a su destrucción durante las sucesivas etapas del tratamiento, no están sujetos a ello, ya que deben considerarse como equivalentes a los productos análogos convencionales. 
Sin embargo, como no está excluido científicamente que los métodos de fabricación de los alimentos puedan permitir la purificación del alimento de cualquier indicio de ADN, pero dejando indicios de proteínas, el enfoque ADN ha debido ser completado para poder cubrir este caso, actualmente teórico. 
El proyecto establece una fórmula estándar de etiquetado, sin alternativa posible, para facilitar, por una parte, la elección y la información del consumidor y, por otra, para evitar las interpretaciones divergentes en el seno de la Unión Europea con respecto a la posible equivalencia de las fórmulas, que podrían suponer nuevas dificultades en el mercado interior. 
Esta indicación se formulará de la manera siguiente, cito: "Fabricado a base de soja genéticamente modificada» o, cito nuevamente :" Fabricado a base de maíz genéticamente modificado» , según el caso. 
La misma deberá figurar en la lista de ingredientes, entre paréntesis, a continuación del nombre del ingrediente de que se trate. 
Esta mención podrá también añadirse de manera perfectamente legible al pie de la lista de los ingredientes, impresa con letras de un tamaño, al menos, equivalente al utilizado para la lista de los ingredientes propiamente dichos. 
Tratándose de productos que carezcan de la lista de los ingredientes, la información necesaria debe figurar claramente en el etiquetado del producto. 
Este Reglamento se aplica sin perjuicio del derecho de los operadores de incluir en el etiquetado de todos sus productos indicaciones voluntarias distintas de las que establece dicho Reglamento, con la condición de que las mismas se adecuen a las disposiciones de la Directiva 79/112/CEE, la cual establece que este tipo de indicaciones no debe inducir a error al consumidor. 
Esto también es válido respecto a las indicaciones sobre la ausencia de alimentos o ingredientes fabricados a base de soja o de maíz genéticamente modificados, o a las indicaciones sobre la presencia de determinados alimentos o ingredientes, en caso de que ésta no sea comprobable científicamente, pero que pueda demostrarse por otros medios. 
La reglamentación no prohíbe la mezcla de productos que contengan OGM con productos convencionales. 
El Reglamento (CEE) nº 258/97 del Consejo y del Parlamento Europeo establece, por otra parte, esta posibilidad, sobre todo con respecto a la venta a granel, en cuyo caso se considera que la información al consumidor sobre la posible presencia de OGM en los alimentos satisface las obligaciones sobre etiquetado de dicho Reglamento. 
De acuerdo con este mismo enfoque, el proyecto de reglamento sobre el etiquetado de los alimentos e ingredientes alimenticios fabricados a base de soja o maíz genéticamente modificados establece la posibilidad de hacer constar en la etiqueta la mención " puede contener» , con respecto a aquellos productos en los que la presencia de sustancias fabricadas a base de soja o maíz genéticamente modificados no está excluida, pero tampoco puede ser demostrada. 
Dicha mención se adecua, además, a las orientaciones generales de la Comisión en materia de etiquetado en el ámbito de las nuevas biotecnologías. 
Esta fórmula permitirá evitar la discriminación de productos y establecer la obligación de comprobar los envíos de productos que podrían contener diversos grados de mezclas, dejando a la libre elección del consumidor el hecho de adquirir o no dichos productos. 
Respondiendo a la importante pregunta relativa a las importaciones de productos genéticamente modificados de los Estados Unidos o de Canadá, de conformidad con las disposiciones del artículo 43 de la Directiva 90/220/CEE, los Estados miembros están obligados a velar por el respeto de dicha Directiva, es decir, que son responsables del control de la conformidad de los productos que contienen OGM, comercializados en la Unión Europea. Deben velar asimismo por que las autoridades competentes organicen adecuadamente inspecciones y, en su caso, otras medidas de control. 
En su vigésima segunda reunión, organizada el 3 de diciembre pasado, el comité competente para la Directiva 90/220/CEE solicitó a la Comisión que aplicara medidas de control y de inspección armonizadas. 
Se ha creado un grupo técnico ad hoc de trabajo sobre las inspecciones y las medidas de control relativas a los organismos genéticamente modificados. 
El 16 de diciembre pasado, este grupo de trabajo examinó la disponibilidad y la aplicabilidad de los métodos técnicos específicos capaces de detectar o identificar los organismos genéticamente modificados, así como sus productos derivados, que no habrían recibido autorización de liberación intencional con miras a su comercialización. 
Actualmente existen trece productos que son objeto de una notificación con arreglo a la parte C de la Directiva 90/220/CEE. 
En el marco de la revisión de la Directiva 90/220/CEE, la Comisión ha decidido que cualquier producto pendiente de autorización a título de la directiva actual debe ser examinado por los comités científicos competentes, antes de su aprobación por los Estados miembros en el seno del comité de reglamentación de la citada directiva. 
Como los dictámenes de los comités científicos no estarán disponibles antes de finales del próximo mes de enero, por una parte, y como será conveniente seguir el procedimiento del comité reglamentario de la Directiva 90/220/CEE, por otra, parece difícil que la Comisión se proponga aprobar decisiones de autorización de estos productos antes de mediados de marzo de 1998. 
Entre el cuarto trimestre de 1996, fecha del primer cambio, y el 31 de mayo de 1997, se ha indicado que habían entrado en Europa 8.300.000 toneladas de semillas de soja y 650.000 toneladas de soja en polvo procedentes de los Estados Unidos, de las cuales el 2 % son de origen OGM, o sea, 166.000 toneladas de semillas de soja y 13.000 toneladas de soja en polvo. 
La importación de maíz Novartis correspondería aproximadamente al 0, 6 % del total del maíz importado de los Estados Unidos, o sea, 4.422 toneladas. 
La Comisión se ha esforzado siempre en garantizar la conformidad de la legislación comunitaria con las obligaciones internacionales, lo que permite evitar, en la medida de lo posible, el peligro de que se planteen desavenencias en materia comercial. 
No corresponde a la Comisión comentar la interpretación de la normativa sobre comercio internacional de nuestros socios comerciales, así como tampoco sus opiniones sobre la conformidad de la legislación de la Unión Europea con dicha normativa. 
Estas son, señoras y señores Diputados, las respuestas que puedo dar a una serie de preguntas muy importantes. 
Evidentemente, el debate no está cerrado. 
Continuará. 
Desearía decirles, a pesar de todo, que la Comisión está muy vigilante. 
Naturalmente, estas diferentes consultas llevan tiempo, pero continuaremos juntos, así lo espero, trabajando sobre este punto- en esta última consulta hemos visto que existen divergencias en el seno de los Estados miembros- y uniendo nuestros esfuerzos para encontrar una solución globalmente satisfactoria. 
Doy las gracias a la Sra. Cresson por las clarificaciones que acaba de hacernos. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, aunque las opiniones no siempre coincidan en tales o cuales aspectos, el Parlamento Europeo ha expuesto desde su punto de vista todo sobre la necesidad de un etiquetado claro e íntegro de los alimentos y aditivos en los que se emplea la tecnología genética. 
Visto así, el debate de hoy sería superfluo y una pérdida de tiempo por repetitivo. 
Pero desde mi punto de vista y del de mi grupo político es urgentemente necesario este debate. 
No admitimos el modo con que la Comisión trata el sensible tema del etiquetado de alimentos modificados genéticamente y la poca seriedad con que, al menos a veces, se toma los reglamentos del Consejo y del Parlamento. 
En todos los lugares los diputados del Parlamento Europeo recibimos palos a los que es acreedora la Comisión. 
La Comisión Europea ha decepcionado a las ciudadanas y ciudadanos confundiéndoles sobre el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente. 
No se puede admitir que en los reglamentos se incluya la obligación de etiquetado que se exige con toda razón y que luego no se aplique. 
Como consumidora, esta primavera supuse que con el reglamento sobre los novel food el asunto quedaba solucionado pues los nuevos alimentos, en especial los modificados técnicamente, quedaban claramente etiquetados. 
¡Gran equivocación! 
Productos de gran importancia en el mercado, como el maíz y la soja modificados genéticamente, ya no se consideran como nuevos. 
La mejora del reglamento que ha entrado en vigor el 1 de noviembre no ha servido de nada. Faltan las directrices para la aplicación con el objetivo de lograr un nivel de protección igualmente elevado para los consumidores en toda la Unión Europea y de proporcionar seguridad jurídica a los productores y comerciantes. 
Pero aún es peor. 
El Reglamento 81/13 no llega siquiera a aplicarse sino que es sustituido por una nueva versión. 
¿Cómo se puede explicar esto a un ciudadano medio, a las consumidoras y consumidores, o hacérselo comprender? 
Señora Comisaria, el tipo de etiquetado que nos ha expuesto me parece que es el correcto, pero no ha respondido a la siguiente pregunta: ¿porqué no pudo entrar en vigor ya el 1 de noviembre después de más de cinco años de debates sobre el etiquetado y sobre el reglamento de los novel food? 
Ha habido suficiente tiempo para aclaraciones y para mantener conversaciones previas aunque no se pudiese saber de antemano con total exactitud cuál iba a ser el resultado. 
Pero lo que sí estaba totalmente claro de antemano era que el etiquetado iba y tenía que venir. 
Así pues, ¿porqué no fue posible? 
¿Porqué sólo se va a hacer a partir del 1 de febrero o de marzo, cuando ya estén en el mercado muchos nuevos productos? 
Cuando entre en vigor este reglamento, ¿va a ser aplicable a esos nuevos productos? 
Ruego también que no se ignore el tercer punto, relativo a la problemática de la prueba y a los métodos de análisis. 
Hay métodos adecuados para demostrar las intervenciones genéticas también en los productos que tienen maíz y soja. 
Una irresoluta Comisión no tiene el derecho a privar durante más tiempo a los consumidores de un etiquetado completo y unitario en todos los países. 
Desde el punto de vista del consumidor, no hay nada que se oponga a un etiquetado sin lagunas de nuestros alimentos sino que todo habla a su favor. 
Por ello, mi grupo político insiste en que la decisión de la compra debe dejarse en manos de consumidores informados que no dependan de actos de magnanimidad de una burocracia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en el Parlamento Europeo hemos decidido etiquetar por completo los nuevos alimentos con la entrada en vigor del reglamento sobre los novel food, de modo que los consumidores puedan decidir qué es lo que quieren comprar. 
Recuerdo que hemos acordado informar al consumidor sobre todas las características y propiedades alimenticias de los productos así como sobre su composición, valor nutritivo y finalidad así como en qué se diferencia un alimento transgénico de un alimento normal. 
El etiquetado, en especial de los alimentos elaborados con procedimientos de ingeniería genética, no es para mí en absoluto una llamada de advertencia. 
Por el contrario, es una condición previa para que la población acepte y confíe en una nueva tecnología. 
No obstante, quien por los motivos que sea quiera renunciar a productos elaborados con tecnología genética, con el etiquetado tiene la posibilidad de renunciar a estos productos. 
Indico de nuevo que nuestro mandato supremo debe ser excluir para el consumidor cualquier riesgo para su salud o carencia alimentaria por el consumo de nuevos alimentos o aditivos. 
Por ello, los productos solamente pueden salir al mercado si se cumplen tres condiciones: primera, los productos no deben representar ningún peligro para los consumidores; segunda, no deben confundir y tercera, no deben diferenciarse de los productos convencionales de tal modo que si se consumen normalmente puedan ocasionar carencias alimentarias. 
A causa de la variedad y diversidad de los productos a los que se refiere el reglamento sobre los novel-food, por lo general es necesario analizar caso por caso. 
La Comisión ha intentado exponer en su proyecto de reglamento la regulación del maíz y de la soja transgénicos. 
Según la propuesta de la Comisión, los productos modificados genéticamente tienen que indicarse en el etiquetado si contienen ADN modificado mediante tecnología genética. 
Este método hace sin duda que se deba etiquetar un número mayor de alimentos que si solamente se tomasen en consideración las proteínas. 
Los alimentos que contienen ADN o proteínas modificadas mediante tecnología genética tienen que llevar en la etiqueta, en la lista de componentes o en otro lugar visible, la indicación: » Elaborado en base a maíz/soja modificados genéticamente». 
Sin embargo, el método de análisis propuesto por la Comisión no es compatible con el Reglamento sobre los «novel-food» y la declaración de la Cumbre de Luxemburgo. 
Insto por ello a la Comisión para que modifique su propuesta en el sentido de que se aplique plena y totalmente la regulación del etiquetado que realiza el Reglamento sobre los «novel-food». 
No se puede aceptar una limitación de la regulación sobre el etiquetado que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ya se ha expuesto con todo detalle en el transcurso de este debate, el etiquetado de la soja y el maíz modificados genéticamente se ha convertido en un problema muy serio, una circunstancia cuyo origen debería haber evitado la Comisión, y que ahora exige urgentemente una solución. 
A este respecto, era necesaria la respuesta de la Sra. Comisaria acerca de las acciones que se han emprendido recientemente y del calendario de medidas, si bien cabe señalar que restan aún numerosísimas cuestiones abiertas y mucho trabajo por hacer antes de que podamos hablar de seguridad por lo que respecta a este grave cuestión. 
Ha sido sin lugar a dudas un error no retrasar la entrada en vigor de la legislación relativa a los nuevos productos alimenticios hasta la entrada en los mercados del maíz y de la soja sometidos a manipulaciones genéticas. 
Ahora es posible, pues, comercializar estos productos sin que se vean sometidos a normas claras en materia de etiquetado, lo cual ha dado lugar a una enorme desinformación, confusión y a una preocupación justificada, ya que, ante esta situación, los diversos países miembros han emprendido sus propias medidas nacionales, lo que, a su vez, no ha hecho sino aumentar aún mas la confusión en el mercado único. 
Tal como ha afirmado la Sra. Comisaria, el reglamento en vigor a partir del 1 de noviembre pasado era realmente imprescindible e importante, si bien hay que señalar que, al no haber propuestas relativas a su aplicación, la Comisión ha dejado claramente la mitad de su trabajo por hacer. 
No se recoge realmente ni una sola propuesta de este tipo. 
Al igual que otros muchos de mis colegas, también yo creo justificado preguntarme por qué no se elaboraron estas propuestas y directrices antes de que entrara en vigor el reglamento. 
Ahora la situación es confusa y complicada tanto para la industria como para los consumidores. 
Los productores no saben muy bien lo que deben indicar en el etiquetado y cómo han de hacerlo. 
Resulta igualmente problemático tener una idea clara de los criterios científicos que permiten determinar, por ejemplo, si un producto modificado por medios genéticos es exactamente equivalente al producto tradicional; o lo que es lo mismo, estas exigencias en materia de etiquetado deberán basarse en evaluaciones científicas. 
En su respuesta, la Sra. Comisaria ha hecho hincapié en que se debe proporcionar al usuario final una información más amplia y clara. 
Con toda seguridad, se trata de algo en lo que todos estamos de acuerdo. 
Una información clara y fácilmente comprensible para los consumidores acerca de la calidad y el contenido constituye una condición indispensable para permitirles realizar una elección libre y consciente. 
Desde la perspectiva de la información al consumidor, es importante disponer de un método de etiquetado uniforme y lo más sencillo posible. 
Por otro lado, una excesiva información podría llegar a esconder la información que es fundamental para el consumidor. 
Sin embargo, un etiquetado complementario de carácter voluntario puede también proporcionar información necesaria, especialmente cuando el producto alimenticio o algún componente del mismo pueda contener productos modificados genéticamente, aun en el caso de que sea imposible demostrar o desestimar con seguridad esta circunstancia. 
Esta posibilidad debe, en cualquier caso, señalarse en el etiquetado del embalaje. 
En resumen, tanto los productores como los usuarios de los productos alimenticios tienen el derecho a obtener una información más amplia y detallada a fin de alcanzar una mayor seguridad en lo relativo a estos productos. 
También sigue siendo necesaria una investigación continua sobre la interacción de las sustancias y los productos modificados genéticamente, así como sobre las repercusiones que se van acumulando en toda la cadena alimenticia. 
Señor Presidente, hace cerca de un año que nuestro Parlamento aprobó los trabajos del Comité de conciliación sobre el reglamento sobre los nuevos alimentos. 
En aquel momento, nuestro Grupo político fue el único en emitir serias reservas, hasta tal punto que ello supuso, por nuestra parte, un voto negativo con respecto a este reglamento. 
Después de un año, observo que nuestras dudas, que más que dudas eran verdaderamente severas críticas, se han confirmado. 
La Sra. Comisaria ha corroborado lo que nosotros decíamos, es decir, que existía una noción absolutamente confusa y no definida: la de sustancia equivalente. 
¿Qué es un alimento equivalente en cuanto a la sustancia? 
Aún hoy seguimos sin saberlo. 
Por lo tanto, nuestros temores se han confirmado. 
Segundo punto, con respecto al etiquetado. 
El artículo 8 de este Reglamento está lleno de lagunas, y hoy estas lagunas son aún más evidentes que hace un año. 
No desearía decir, como es natural, que nosotros seamos necesariamente protagonistas en esta materia, pero me alegro de que ahora todo el mundo diga lo mismo que nosotros. 
Por consiguiente, en relación con la situación actual, se ha confirmado que nos encontramos en una situación de vacío jurídico, y en eso no puedo estar de acuerdo con la Sra. Cresson. 
Hoy existe un vacío jurídico, ya que no sabemos lo que significa la noción de sustancia equivalente. 
Así pues, nos esforzamos en correr detrás de un tren de alta velocidad, pero sin abrigar ninguna esperanza de cogerlo si no se cambian radicalmente las cosas. 
Desearía llamar la atención sobre el hecho de que, por parte de los consumidores, nadie pide alimentos genéticamente modificados. 
Por lo que a mí respecta, no conozco a ningún consumidor que desee alimentos genéticamente modificados, sobre todo modificados para resistir a los herbicidas. 
¿Y los científicos? 
Y bien, después de un año muchos científicos formulan nuevas preguntas y plantean nuevas dudas: la tolerancia a un herbicida, concretamente, significa que los vegetales afectados acumulan estos herbicidas en su organismo. 
¡Nada se dice al respecto! 
Los reglamentos tampoco, no se conocen las consecuencias que esto puede acarrear para la salud humana ni para el medio ambiente. 
Dos Estados miembros, Luxemburgo y Austria han adoptado una posición valiente. 
Observo que otros están dudando, y ponen en entredicho su reflexión anterior. 
En cuanto a las ONGs y a las asociaciones que se preocupan por la salud y el medio ambiente, multiplican sus intervenciones negativas. 
¿Qué dice hoy la Comisión? 
Agradezco en este sentido a la Sra. Cresson, puesto que ha realizado una exposición que considero perfectamente correcta, sobre todo en cuanto a información, ya que se trata de una información actualizada. 
Pero ella propone un etiquetado basado en la detección de ADN modificado o de proteínas modificadas. 
Ahora bien, ¿cuántos alimentos fabricados a base de soja y de maíz tratados mediante ingeniería genética serán etiquetados? 
¡Desearía poder disponer de una cifra! 
Debo señalar que este año el 2 % de la soja genéticamente modificada que normalmente nos llega del exterior ha pasado, según mis informaciones, al 15 %. 
Por consiguiente, los cargamentos de soja ya están aquí, y los de la próxima cosecha; así pues, el problema se extiende. 
Aún no se ha solucionado el problema de los aditivos, de los aromas y de los disolventes de extracción. 
Finalmente, la conclusión que saco es que creo que nos estamos equivocando al adoptar un método basado en el análisis de los productos acabados. 
Es necesario- y es nuestro leit motiv- un sistema de certificación de origen, que tome en cuenta la rastreabilidad de los productos, con objeto de informar realmente al consumidor sobre el origen o sobre la fabricación mediante ingeniería genética de los productos que tiene finalmente en su plato. 
Lo considero indispensable. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los organismos genéticamente modificados han entrado a la Unión Europea y el Parlamento no puede sino deplorar esta situación de hecho. 
En este contexto, la propuesta sobre el etiquetado es realmente una medida mínima. 
Dos aspectos de la cuestión requieren una mayor vigilancia por nuestra parte. 
Por un lado, el etiquetado de los OGM, su respeto y su control, por otro lado, la liberación de los OGM vivos, su cultivo y los riesgos que pueden causar al medio ambiente, del que formamos parte. 
Con respecto al etiquetado, sabemos que para informar al consumidor es necesario disponer de los medios para detectar un OGM en un producto, es necesario poder evaluar la cantidad que contiene. 
Ahora bien, a pesar de las excelentes precisiones que nos ha hecho, señora Comisaria, concretamente en relación con el enfoque sobre el ADN, debo decir que artículos científicos fiables y recientes revelan que los métodos que permiten controlar estos alimentos no están perfeccionados, que son muy costosos y que dependen de la información proporcionada por los inventores. 
Y- no nos engañemos- toda investigación hecha a ciegas será arriesgada. 
Sin querer ser pájaro de mal agüero, pienso que este Reglamento, que mi grupo aprueba, porque es necesario, será difícilmente aplicable. 
En cuanto al fondo, con respecto a la liberación de los OGM, éstos, junto con los métodos transgénicos, crean una situación inédita en la historia humana: la introducción de genes modificados por el hombre en las plantas de cultivo y, de rebote, en las plantas silvestres. 
Si bien los riesgos de hibridación son escasos con respecto al maíz, que carece de un " primo hermano» silvestre, al menos en nuestras regiones europeas, no ocurre lo mismo con la colza, vecina, por ejemplo, de la col y de la mostaza, ni con la soja, que pertenece a la familia de las leguminosas, en cuyo caso el riesgo de hibridación es total. 
Además, la introducción de genes resistentes a los insectos hará que estos parásitos se habitúen cada vez más rápidamente al producto, hasta que nos encontremos sin armas biológicas para luchar. 
No dejemos que estas técnicas nos invadan con demasiada facilidad en nombre del progreso y del provecho de algunas multinacionales, sin haber evaluado realmente sus incidencias y sin aplicar el indispensable principio de precaución. 
Esto es lo que piden, con razón, los consumidores europeos. 
Mucho me temo que este etiquetado no sea más que un emplasto en una pata de palo. 
El hecho de crear tecnologías distintas para los OGM parece bastante iluso para cualquiera que conozca un poco la producción, el transporte, el almacenamiento y la trasformación de los productos agrícolas. 
En nombre de la sacrosanta globalización de los intercambios, de aquí a cinco años los OGM estarán en todas partes, en nuestras hortalizas, en nuestros cereales. 
Así pues, para que los consumidores europeos aún puedan aspirar a la elección legítima de una alimentación natural, lo menos que todavía puede hacer la Unión Europea, por el momento, es apoyar, de manera consecuente, la producción biológica. 
Mientras tanto, escondamos la cabeza como el avestruz: etiquetemos. 
Señor Presidente, en el breve espacio de tiempo de que dispongo sólo quisiera decir que todo el ámbito que rodea el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy día en la Unión Europea. 
Hemos de estar preparados para afrontar el máximo reto de esos países, especialmente Norteamérica, que claramente tienen intereses creados en el desarrollo y promoción de este nuevo campo. 
Personalmente me opongo a que dicha política se adopte en la Unión Europea. 
No necesitamos esta nueva tecnología para producir más alimentos en un mercado que ya está saturado. 
Como alguien que ha tenido experiencias de primera mano en la crisis de la EEB, durante la cual se añadieron ingredientes en piensos compuestos que no alcanzaban los niveles que cabía esperar, me cuesta creer que ahora vayamos a crear un nuevo monstruo con los alimentos genéticamente modificados. 
No creo que en ninguna parte de la Unión Europea exista demanda alguna para el empleo generalizado de estos alimentos genéticamente modificados. 
Creo que debemos poner un cuidado extraordinario en cualquier decisión relativa a este campo. 
También debemos asegurarnos de que el cereal o cualquier otro material desarrollado en este ámbito no sea importado a la Unión Europea. 
Señor Presidente, me alegro mucho de que este debate se esté celebrando esta mañana. 
También estoy muy satisfecho de que, a la vez que se extreman las precauciones en cuanto al planteamiento adoptado sobre los alimentos genéticamente modificados, este Parlamento esté dispuesto a separarse sustancialmente de la postura totalmente negativa adoptada por casi todos los diputados hace dos años. 
En este contexto de mentalidad más abierta, quisiera comentar algunas cosas. 
En primer lugar, desde el punto de vista medioambiental, el empleo de variedades cuyas modificaciones genéticas las hacen más resistentes a enfermedades transmitidas por el suelo y el aire ha reducido drásticamente la necesidad de herbicidas, fungicidas y otros productos fitosanitarios que dejan residuos muy dañinos en el suelo. 
Estas variedades genéticamente modificadas harán una contribución decisiva a alimentar una población mundial en rápida expansión. 
En segundo lugar, los productos genéticamente modificados son ahora un hecho, nos guste o no, en los EE.UU. y en Japón, y han sido comprobados en ciclos multigeneracionales, se les ha dado el visto bueno en seguridad y eficacia y, desde luego, hace ya tiempo que se introdujeron en la cadena alimentaria y en el mercado internacional de comercio de alimentos. 
En tercer lugar, la ingeniería genética está alcanzando, en muy poco tiempo, resultados aún mejores de los que podrían obtener los cultivadores mediante métodos convencionales de propagación y cruzamiento a lo largo de varios años de pruebas, mejorando así el valor alimentario, las proteínas, los almidones, el contenido oleico y la producción y, lo que es más importante, ofreciendo la perspectiva de un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, lo que supone una menor necesidad de fertilizantes. 
Sin embargo, el presente debate es sobre el etiquetado. 
Reconozco que ya se han tomado decisiones, pero el etiquetado podría ser sólo una solución a corto o, como mucho, a medio plazo, para el uso de productos genéticamente modificados. 
No estoy seguro de su valor a largo plazo. 
A mí me parece que tiene dos defectos fundamentales. 
En primer lugar, etiquetar alimentos como las semillas de soja, que aparecen en miles de preparados alimentarios, no resulta práctico. 
A veces se emplean cantidades muy pequeñas de soja, por ejemplo en salsas y sopas. 
Estas pequeñas cantidades se diluyen luego hasta casi lo inexistente. 
Señalar este componente en circunstancias de este tipo carecería de sentido y, en mi opinión, sería imposible de detectar o evaluar en prueba alguna. 
Si no es posible hacer la medición, la norma del etiquetado quedaría desacreditada. 
En segundo lugar, establecer requisitos especiales de etiquetado para productos en los que se han hecho pruebas de todo tipo y en los que se ha comprobado que son plenamente seguros a mí me parece equivocado y una mala política. 
O bien hay algo malo con los alimentos en cuestión, en cuyo caso debieran prohibirse, o bien son seguros, en cuyo caso no son necesarias normas especiales. 
La modificación genética ha sido parte de la producción de alimentos desde el comienzo de la agricultura. 
Las razas de ganado son diferentes porque el conjunto genético al que pertenecen ha sido modificado mediante la selección de determinadas características. 
La modificación genética en sí misma no es perjudicial y no está bien que confundamos a la opinión pública sugiriendo que sí lo es. 
Finalmente, creo que en un mercado mundial en continua expansión regulado por las normas de la OMC, a la que, por cierto, apoya firmemente la UE, esta diferenciación será irrelevante, si no completamente absurda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión dice que necesitamos más tiempo, pero yo digo que se nos ha acabado. 
El desarrollo industrial y de la investigación nos ha superado a los políticos. 
Los consumidores tienen todo el derecho a saber qué es lo que ingieren. 
La historia lo demuestra. 
Tenemos a nuestras espaldas la crisis de la EEB, al menos en su mayor parte, y hemos adquirido unas experiencias a raíz de esta crisis. 
Por eso es natural que los consumidores planteen estas exigencias. 
En nuestra calidad de representantes democráticos hemos de procurar que al consumidor le llegue una información razonable. 
La cuestión es, no obstante, si hoy por hoy es realista pensar que vamos a lograr un sistema de etiquetado completo. 
Voy a extenderme sobre lo que ha dicho el Sr. Lannoye sobre la equivalencia. 
Seguimos sin saber qué es lo que equivale a un alimento normal. 
El problema es además que ya tenemos tantos organismos modificados genéticamente dentro del sistema, que seguramente pronto nos veremos obligados a etiquetar prácticamente todos los alimentos, al menos los compuestos, con la observación de que pueden contener organismos modificados genéticamente. 
Naturalmente, esto no es satisfactorio, puesto que los consumidores han dicho hace mucho tiempo ya que desean saber si hay GMOs en los alimentos, y si los hay, qué grado de peligrosidad tienen. 
No se ha podido responder a estas solicitudes. 
También deseo decir unas palabras sobre otro aspecto, algo grandilocuente, de lo que ha mencionado el Sr. Gillis, quien sostiene que en el fondo hemos estado modificando genes en las plantas de cultivo y los animales domésticos desde que abandonamos el estadio de cazadores y recolectores, hace aproximadamente 10.000 años. 
Siempre hemos desarrollado organismos artificiales que fueran mejores que los que ya teníamos. 
La sola existencia del maíz constituye un ejemplo. 
También hemos oído decir a la Sra. Barthet-Mayer que el maíz no tiene primos. 
No, si cultivamos el maíz es pura casualidad; de hecho no debería existir, pero también la naturaleza se comporta a veces de un modo extraño. 
Creo que es importante para la agricultura europea que utilicemos los mismos medios de producción, los mismos métodos que otros países para poder competir a largo plazo. 
Pero si vamos a aplicar la modificación genética en la producción de alimentos, los consumidores deben sentirse seguros, o no será posible hacerlo. 
Por culpa de la lentitud y de la ambigüedad, consumidores, productores e investigadores se encuentran en un atolladero, por lo que ni el consumidor sabe qué es peligroso, ni los productores e investigadores saben qué hay que buscar. 
Señor Presidente, no puedo evitar realizar la observación de que fue el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo quien dijo en enero que no apoyaba este reglamento porque no existían disposiciones ejecutivas y porque no se había aclarado cómo se quería aplicar. 
Si algunos compran en arca cerrada, como es el caso aquí de las y los colegas, no hay que admirarse luego que la liebre sea gato. 
Señora Comisaria, me parece vergonzoso cómo se pisotea el deseo de los consumidores. 
Usted no ha dicho hoy claramente cuándo va a existir un etiquetado. 
Usted ha introducido de nuevo en el debate la equivalencia y esto me hace temer que se va a mantener de nuevo abierta una puerta trasera para engañar a los consumidores. 
Tampoco ha dicho cuándo va a existir un etiquetado claro de los aditivos, aromas y enzimas. 
Si no lo tenemos, esto significa que más del 80 % de estos alimentos, incluso aunque exista el análisis del ADN, seguirán estando sometidos al Reglamento sobre mantenimiento de secreto. No puede ser en el sentido de los consumidores que no se les ofrezca transparencia y la posibilidad de poder decidirse libremente a favor o en contra. 
La Sra. Schleicher ha preguntado además qué productos han sido dados de alta y autorizados según el Reglamento sobre los novel food. 
Usted ha respondido con la Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente o que estén compuestos de ellos. 
Pero no era esta la pregunta en absoluto. Le ruego de nuevo que nos diga aquí qué productos han sido dados ya de alta y con qué productos habrá que contar próximamente junto al maíz y a la soja transgénicos. 
Además, no ha respondido a nuestra pregunta sobre el etiquetado positivo. 
Hay muchas empresas y muchos comerciantes que quieren atender el deseo de los consumidores de un claro etiquetado, inclusive de los productos que no están manipulados genéticamente. 
¿Cuándo vamos a poder por fin contar con que se presenten los criterios sobre el modo de etiquetado de estos productos? 
Un último punto. Señora Cresson, usted ha dicho que no tenemos ninguna regulación porque los Estados miembros se oponen a ello. 
Mencione por su nombre a los Estados miembros que se oponen para que el Parlamento Europeo junto con aquellos Estados miembros que sí lo quieren, podamos convencer a aquellos que siguen bloqueando la protección del consumidor y pisotean la protección de la salud. 
Señora Comisaria, señor Presidente, estimadas y estimados colegas. En Austria, la ingeniería genética choca contra un amplio frente de rechazo. 
La magnitud de la protesta se reveló últimamente en un referéndum contra la ingeniería genética que fue apoyado por 1, 3 millones de personas. 
La población austríaca ha reaccionado siempre en el pasado con la máxima sensibilidad ante las regulaciones de la UE que facilitaban el empleo y liberación intencionada de plantas modificadas genéticamente. 
La causa de esta desconfianza con frecuencia justificada es evidente, pues las modificaciones genéticas afectan a una parte directamente visible de su vida, la alimentación. 
El consumidor quiere sabe qué es lo que come, de lo contrario perderá su confianza en los productos alimenticios. 
Un importante paso para evitar esto es crear un sistema de etiquetado de alimentos modificados genéticamente para que cualquier consumidor pueda reconocer inmediatamente y con claridad qué es lo que pone en la mesa de sus hijos. 
Dentro tiene que haber lo que pone fuera. 
De eso se trata. 
Por ello, pregunto si no es equivalente a un engaño al consumidor considerar necesario el etiquetado a partir de una cantidad detectable de proteínas modificadas, es decir, a partir de un determinado valor umbral. 
¿Va a tener que realizarse el etiquetado tan pronto como exista una diferencia con los productos naturales o sólo si ésta es comprobable? 
Como los productos modificados genéticamente deben constituir en cualquier caso una excepción, pregunto además si va a haber también un etiquetado positivo para productos convencionales o si está previsto un etiquetado unitario sin lagunas y a nivel europeo sólo para productos modificados. 
Señor Presidente, señoras y señores, he escuchado con mucha atención sus observaciones sobre este importantísimo asunto, y también les doy las gracias por su participación en esta discusión. 
A veces he tenido la impresión de que, quizá porque este debate es muy apasionado- lo cual es normal, ya que afecta a un problema fundamental, cual es el de la salud pública -, no siempre se ha escuchado lo que yo he dicho. 
Repetiré, por lo tanto, lo que he dicho hace un momento, es decir, que los operadores están obligados, desde el 1 de noviembre, a etiquetar sus productos no equivalentes en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1813/97. 
Evidentemente, corresponde a los Estados miembros velar porque estos productos sean etiquetados. 
Para responder a lo que se acaba de decir: no hay un límite establecido. 
Desde el momento en que existe simplemente un indicio, se debe etiquetar, aun cuando éste sea poco visible. 
Las indicaciones están claramente formuladas de la manera siguiente, cito: " Fabricado a base de soja genéticamente modificado o fabricado a base de maíz genéticamente modificado». 
No se puede ser más claro. 
Simplemente un indicio, sin establecer un límite. 
Y esta fórmula que explica claramente, y en letras lo suficientemente visibles, que el producto está fabricado a base de maíz o de soja genéticamente modificados me parece lo suficientemente precisa. 
Hace un momento, he oído decir que no existían indicaciones positivas. 
Sí, y lo he dicho antes. 
Existen indicaciones positivas con respecto a la ausencia de alimentos o de ingredientes alimenticios fabricados a base de soja o de maíz genéticamente modificados, o las indicaciones referentes a la presencia de un determinado alimento o ingrediente alimenticio, en caso de que ésta no sea evaluable científicamente y de que se pueda detectar por otros medios. 
Por lo tanto, también se busca la indicación positiva. 
Para responder a otras observaciones, desearía decir que el etiquetado no se refiere al producto acabado, sino a los ingredientes. 
Por lo tanto, cada vez que en la composición de un producto acabado exista un ingrediente que contenga simplemente un indicio- repito- de una sustancia que pueda considerarse genéticamente modificada, el etiquetado lo mencionará. 
La Comisión ha optado por el criterio científicamente más seguro, el del ADN, que es el más específico con respecto al producto. 
Desgraciadamente, los Estados miembros no comparten este punto de vista, como hemos podido observar en la reunión que acaba de celebrarse. 
Por lo tanto, es verdad que las discusiones de los Estados miembros pueden prolongar el debate. 
Es evidente que el reglamento será difícilmente aplicable, como se acaba de decir. 
Será difícilmente aplicable porque nos encontramos en un terreno difícil, pero debemos avanzar en el ámbito científico para desarrollar métodos de detección. 
Ahora bien, la ciencia no cesa de progresar, y a medida que se producen nuevos descubrimientos se constatan los aspectos positivos y también a veces, fatalmente, los aspectos negativos. 
Este en el gran problema, por otra parte. Y, en mi opinión, este será el gran problema de los próximos años. 
La confianza en la ciencia ha sido total durante las últimas décadas, pero ya no es así. 
La ciencia y sus avances, que son ampliamente positivos- lo vemos muy bien con la prolongación de la vida humana -, pueden también suponer amenazas. 
Los consumidores deben estar informados de estas amenazas, y comparto totalmente el punto de vista de ustedes al respecto. 
Por consiguiente, creo que la Comisión- siempre puede criticársele, está acostumbrada; la Comisión es una especie de chivo expiatorio- ha cumplido con su deber al insistir frente a los Estados miembros en favor del criterio del ADN, que es más amplio, en que el etiquetado debe ser claro, en que se debe actuar rápidamente, en que aun cuando sólo haya indicios del producto éste deberá mencionarse. 
Naturalmente, todo esto lleva tiempo, porque los diferentes comités deben reunirse, porque no se puede reunir a los Estados miembros de la noche a la mañana, porque no se ponen de acuerdo. 
Pero pueden estar seguros de que la Comisión estará, por su parte, muy vigilante respecto al principio de precaución en aquello que afecta a la salud de los consumidores. 
Señor Presidente, sólo quiero preguntar brevemente a la Comisión si va mandar que se compruebe donde tienen lugar las violaciones de esta norma de etiquetado. 
Si la Sra. Cresson quiere responder, tiene la palabra. 
Efectivamente, como he dicho hace un momento, son los Estados miembros los encargados de aplicar el reglamento. 
Por lo tanto, en cuanto a las posibles infracciones, son ellos los que deben actuar. 
Naturalmente, si se comprobara la existencia de carencias, la Comisión intervendría, como de costumbre. 
Queda cerrado el debate conjunto. 
Acuerdo interino con la República de Uzbekistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0304/97) del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea del Acuerdo Interino entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio (COM (96) 466-10521/96- C4-0082/97-96/0236 (CNS) ). 
Tiene la palabra la Sra. Mann como ponente suplente. 
Señor Presidente, me alegra poder presentar el informe en nombre del colega Wiersma, a quien aprecio mucho pero que hoy no puede estar presente pues tiene que solucionar importantes asuntos en Holanda. 
Ruego le disculpen. 
El 21 de junio se firmó un Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Uzbekistán que solamente entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por el Parlamento Europeo y por los Parlamentos de todos los Estados miembros de la UE. 
El 17 de julio de 1996 se articuló un Acuerdo interino y el Consejo solicitó del Parlamento Europeo un dictamen consultivo sobre ese Acuerdo en el marco de una consulta simple. 
Uzbekistán es un importante interlocutor para la Unión Europea en el área de Asia central. Es conveniente desde un punto de vista político y económico tener una acuerdo comercial con Uzbekistán que haga más fiable la evolución y que permita hasta un cierto grado unas relaciones reguladas. 
Tras Kazajastán, la República de Uzbekistán va a ser el segundo Estado de Asia central con el que firmamos un Acuerdo interino. 
Los productos comerciales y económicos más importantes de Uzbekistán son algodón, oro, petróleo y gas natural. 
Las empresas de la Unión Europea se encuentran ya hoy en dura competencia con empresas de los Estados Unidos, Corea, Turquía e Irán. 
El comercio con la Unión Europea aumentó en 1996 en un 30 %, si bien el punto de partida era muy bajo. 
Las exportaciones de la Comunidad aumentaron en más del 60 %, de modo que se produjo un saldo acreedor de la balanza comercial de aproximadamente 180 millones de ecus. 
Para Uzbekistán sería de especial interés tener una balanza comercial equilibrada 
Existen considerables problemas en la reforma del sector financiero. 
El FMI y el Banco Mundial han suspendido provisionalmente el pago de los préstamos concedidos. 
La Unión Europea apoya en el marco del programa TACIS proyectos que pueden apoyar de modo ejemplar las necesarias reformas. 
Aquí se incluye el apoyo del programa por la democracia TACIS. 
El 14 de noviembre de 1996 la Comunidad Europea y la República de Uzbekistán firmaron un Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio que pretende garantizar una rápida ejecución de las disposiciones comerciales del Acuerdo de Colaboración y Cooperación que, como he dicho, se firmó el 21 de julio de 1996. 
El Acuerdo interino es de la competencia exclusiva de la Comunidad mientras que el Acuerdo de Colaboración y Cooperación debe ser realizado por los Estados miembros, lo que, según la experiencia, dura mucho tiempo. 
Existe un problema que, como es usual, radica en el campo de la realización de la democracia y de los derechos humanos. 
La Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad o su ponente, la Sra. Anne André-Léonard, ha recomendado el aplazamiento de una decisión sobre el Acuerdo de Colaboración y Cooperación hasta la primavera de 1998, ya que la situación de la democracia y de los derechos humanos en Uzbekistán es considerada como extremadamente insatisfactoria. 
Tanto la situación de los medios, de las diversas organizaciones no gubernamentales como también de la figura islámica muy popular de Obidkhon Nazarov es considerada como extremadamente insatisfactoria y ha sido valorada también muy negativamente en el último informe del Human Rights Watch. 
Nos encontramos pues ante una situación en la que tenemos que decidir en este Parlamento cómo se puede encontrar una relación proporcionada entre la necesidad de fomentar la estabilización económica en un país de la Europa oriental y de apoyar a los movimientos democráticos y la estabilización democrática. 
Ya hemos debatido al respecto en varias ocasiones, por lo que la situación no es nueva para nosotros. 
Ahora bien, la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad considera necesaria la entrada en vigor del Acuerdo interino, ya que una mejora y estabilización de las relaciones comerciales puede conducir a una mejora y estabilización en el campo de la democracia. 
La Comisión de Presupuestos comparte por lo demás esta apreciación y pueden estar también seguros de que es compartida también por el ponente, Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Por lo demás, el Acuerdo interino contiene de modo análogo al Acuerdo de Colaboración y Cooperación la llamada cláusula sobre los derechos humanos. 
Al tratarse de un acuerdo sobre cuestiones comerciales, no ofrece formalmente un marco para un diálogo político sobre democracia y derechos humanos, ya que no se han transmitido poderes para ello a la Comunidad, tal como el Comisario van den Broek ha comunicado en una carta a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, la Sra. Castellina. 
Sin embargo, la comisión mixta ofrece perfectamente la posibilidad de mantener un diálogo democrático, sólo que aún hay que encontrar el marco correcto para ello. 
Por lo demás, va a ser una importante tarea de la Comisión y del Consejo formular y definir este marco. 
Sabemos que en el caso de Kazajastán no hemos encontrado una solución muy afortunada. 
Ruego a la Comisión y al Consejo que trabajen con plena dedicación para utilizar las posibilidades que la comisión mixta ofrece. 
No obstante, ruego que presten atención al hecho de que el Acuerdo interino contiene una llamada cláusula suspensoria, una novedad frente al Acuerdo del año 1989 realizado con la URSS. 
Esta cláusula permite a la Comunidad iniciar la suspensión del Acuerdo si se produjese un empeoramiento fundamental de la situación de los derechos humanos en Uzbekistán. 
Solamente debemos hacer uso de esta cláusula de suspensión si realmente se produce un empeoramiento fundamental. 
No debemos considerarla como un vehículo ni emplearla con cualquier motivo. 
Ya lo he dicho en una ocasión: el ponente, Sr. Wiersma, recomienda al Parlamento que apruebe la conclusión del Acuerdo a pesar de todas las objeciones. 
Este Acuerdo nos permite una cooperación más estrecha así como aproximar valores comunes. Esto es algo que queremos lograr. 
Por tanto, espero que mis estimadas y estimados colegas puedan apoyar en este caso al ponente Wiersma. 
Señor Presidente, el ponente Wiersma y la Sra. Mann han formulado de manera convincente sus recomendaciones de firmar un acuerdo interino sobre comercio con Uzbekistán. 
Dicho acuerdo contribuiría a que entrara en vigor lo más rápido posible el Acuerdo de Asociación y Cooperación que fue firmado en julio de 1996. 
El acuerdo interino contiene una referencia a un modelo de estado democrático y a los derechos humanos. 
Esto es normal para nosotros, pero las noticias que nos llegan sobre esto, no son positivas. 
Creo que los miembros de la comisión desean que la Comisión Europea nos facilite lo más rápido posible más información sobre esto. 
El acuerdo interino puede reforzar la colaboración europea para conseguir esos objetivos. 
Una aplicación de sanciones en caso de una incesante violación de los derechos humanos sigue siendo posible. 
La cuestión en que quiero reparar está relacionada con la mejora de la situación económica gracias al acuerdo interino. 
Cuando pregunté a un compatriota qué le parecía, resumió su opinión, basada en su experiencia, en una frase. Dijo: " Tener negocios con Uzbekistán está muy bien, tener negocios en el país está muy difícil». 
Uzbekistán se está especializando en la exportación de materias primas. 
Sabemos todos que se trata de gas natural, petróleo etc. Pero la balanza de pagos está determinada en gran medida por el precio del oro y del algodón en el mercado mundial. 
Las reservas extranjeras, si embargo, permiten más reformas en el país mismo. 
La mayoría de las aseguradoras europeas de crédito público no cubren Uzbekistán. Si se hace, se hace a cuenta del estado. 
La inflación sigue alta, los tipos de interés también, los pagos no funcionan bien, el sistema bancario deja mucho que desear, el banco central no parece darse cuenta del todo de su papel, el comercio progresa poco, la influencia del estado en la economía sigue siendo fuerte, la economía de mercado está todavía subdesarrollada. 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos estar de acuerdo con el ponente y aprobar el acuerdo interino sobre comercio. 
La aprobación del Acuerdo de Asociación y Cooperación necesita mucho tiempo. 
Puede tardar mucho todavía. 
El acuerdo interino puede ayudar a agilizar la evolución en el buen sentido. 
Es de gran importancia tanto para Uzbekistán como para Europa. 
Señor Presidente, Uzbekistán por los tesoros de su subsuelo como el petróleo y el gas natural, pero aún más por su cultivo de algodón, constituye un socio comercial interesante. 
El país ha sacado todavía poco provecho de este potencial por causas políticas y económicas. 
Sin embargo, apoyamos con el ponente la propuesta de reforzar las relaciones comerciales con Uzbekistán. 
Hay, no obstante, un gran obstáculo. 
En ese país no se respetan en absoluto suficientemente los derechos humanos ni la democracia. 
Por eso estamos ante una consideración seria. 
El acuerdo interino da una base para llamarles la atención a las autoridades por sus responsabilidades. 
Al mismo tiempo, la cooperación comercial da ventajas a Uzbekistán. 
Optamos con el ponente por la aprobación del acuerdo interino y por el aplazamiento del acuerdo de asociación. 
Este último sólo se divisa si la situación de los derechos en Uzbekistán mejora considerablemente. 
Nuestro apoyo al acuerdo interino supone que tanto el Consejo como la Comisión convenza a las autoridades uzbekistanas de que el punto 1 es esencial para el acuerdo. 
Pido que el Consejo y la Comisión presten una atención especial a las limitaciones que imponen las autoridades uzbekistanas a los cristianos. 
La legislación prohibe la evangelización y sólo permite las reuniones en las iglesias después de estar inscritas en el registro administrativo oficial. 
Un ejemplo chocante al principio de este año fue la confiscación por la aduana uzbekistana de 25.000 biblias, que sociedades bíblicas rusas y turcas habían regalado a la sociedad bíblica uzbekistana. 
Después de un largo período de mediación de la Comisión Europea, entre otras, afortunadamente se desbloquearon estas biblias. 
Querría darle las gracias al Comisario Van den Broek y a sus colaboradores por su ayuda en esta " liberación». 
Resumiendo, que quede claro que es necesaria una mejora considerable en el ámbito de la libertad religiosa y de otras libertades fundamentales en Uzbekistán. 
Apoyamos este acuerdo interino con la esperanza que contribuya a ello. 
Sólo cuando las libertades fundamentales y la democracia estén garantizadas, se podrá hablar de un apoyo a un acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se ha decidido unánimemente a favor de apoyar el informe del Sr. Wiersma y, en consecuencia, del Acuerdo interino, ya que opina que sería un craso error y enormemente peligroso aislar a Uzbekistán en su grave crisis. 
Tenemos que utilizar cualquier ocasión para desarrollar este país y estrechar los lazos con él. Esto no sólo tiene motivos económicos a pesar de que éstos también sean importantes. 
Uzbekistán posee materias primas esenciales. 
Tras años de crisis, en 1996 se ha producido un modesto crecimiento de un 1 %. 
Pero más allá de los motivos económicos hay otros políticos de gran peso. 
Se ha hablado aquí en repetidas ocasiones de la cuestión de los derechos humanos. Naturalmente que tenemos que presionar para que se respeten la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 
Pero no debemos olvidar que en el caso de Uzbekistán- al contrario que en Ucrania, país del que tanto la Sra. Mann como yo nos preocupamos siempre en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, o en el de Bielorusia, que da motivos para preocuparse muy seriamente, son países europeos -, mientras que Uzbekistán ha sido una colonia del Asia central de Rusia y luego de la Unión Soviética y siempre ha padecido bajo las clásicas condiciones coloniales. 
Uzbekistán muestra los fenómenos clásicos de una situación directa postcolonial: una monoestructura caracterizada por el algodón, una dependencia extrema de los mercados mundiales, un déficit absoluto de industria transformadora, una necesidad de exportar materias primas que no puede utilizar ella misma. 
Junto a decenios de dictadura de un sistema totalitario, todo esto hace que este país no se pueda medir con nuestros estándares. 
Por ello, creo que debemos ser menos arrogantes y decir claramente que se trata de un país que podemos medir con los baremos que aplicamos por ejemplo a los países ACP. 
A pesar de que estos países tienen ya una larga experiencia en el desarrollo y cooperación con Europa, se revela que existen aún gravísimas carencias y que las democracias están aún en minoría. 
Por ello, es necesario que aprobemos este Acuerdo interino, que entremos en un diálogo e intercambio comercial lo más intenso posible con Uzbekistán, pero que, por otro lado, utilicemos sistemáticamente nuestra influencia para apoyar la democracia, los derechos humanos, los derechos de las nacionalidades y la libertad de religión. La cláusula sobre los derechos humanos, en combinación con la cláusula suspensoria, nos concede esa posibilidad. 
Señor Presidente, quiero adherirme a las palabras del Sr. Posselt. 
No voy a hablar en contra de estas propuestas pero, sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que en este Parlamento quizás no comprendemos suficientemente qué gigantesca influencia podemos ejercer y todo lo que podemos hacer al respecto. 
Quiero llamar en especial aquí la atención sobre el caso de Mikhael Arzinknow. 
Como era un activista islámico, en su día se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir y cuando pidió que se lo devolvieran se le dijo que no lo obtendría antes de someterse a un reconocimiento psiquiátrico. 
Señor Presidente, estos son hechos que describen la política del Presidente Islam Karimov. 
Como el Sr. Posselt ha dicho con toda razón, hay que reconocer que se trata de un pueblo asilvestrado por la represión que ha sufrido durante tanto tiempo, por lo que tenemos que tener comprensión con él. 
Pero el hecho de que después de que nuestra delegación interviniese, al menos se le devolviera el pasaporte, muestra que podemos lograr algo. 
Por ello, quizás sería de importancia decisiva vincular la aprobación de este Acuerdo, que yo apoyo, con la constatación de que hay que hacer aún muchísimo en el terreno de los derechos humanos. 
Especialmente también en los derechos religiosos pues el Islam es reprimido brutalmente. 
Si uno se imagina que, por ejemplo, las llamadas del muecín han sido prohibidas, es una señal de persecución religiosa extrema. Independientemente de que toda una serie de personalidades islámicas, como el Sr. Nazarow, son continuamente encarceladas e incluso amenazadas en sus casas sometiendo a presión a sus familias. 
Pero esto es también aplicable a los cristianos. Por ejemplo, el representante de los baptistas, el Sr. Rashid Durebajew, ha sido llevado ante los tribunales y posiblemente será encarcelado durante tres años. 
Es conocido que en estas cárceles las circunstancias son tan indescriptibles que las personas mueren en un tiempo relativamente corto por enfermedades y malos tratos. 
Ruego por ello que digamos sí a este acuerdo, pero que utilicemos esta decisiva influencia que podemos tener. 
El caso expuesto por mí muestra que Uzbekistán se comporta inadecuadamente en las cuestiones religiosas así como también en todos los demás problemas relacionados con los derechos humanos. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión da las gracias al Parlamento Europeo y al ponente, el Sr. Wiersma, por este informe que permitirá la entrada en vigor del acuerdo interino celebrado con Uzbekistán. 
La Comisión acepta el enfoque positivo que dicho informe propone en el sentido de avanzar sin reparar en obstáculos, a pesar de la determinación de aplazar una decisión sobre el acuerdo de asociación. 
El objetivo del acuerdo interino con Uzbekistán es dar cumplimiento a las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación, firmado el 21 de junio de 1996, al margen del Consejo Europeo de Florencia, en espera de la ratificación de dicho acuerdo de asociación por el Parlamento Europeo y por todos los Parlamentos de los Estados miembros. 
Hasta ahora este acuerdo de asociación ha sido ratificado por cinco Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Les diré cuáles: Grecia, España, Austria, Finlandia y Suecia. 
Uzbekistán es un polo de estabilidad en una región que podría ser importante en el plano estratégico y que podría, próximamente, formar parte de una Europa ampliada. 
Ha demostrado ser un socio fiable y previsible, lo cual ha sido bien acogido por otros socios, como los Estados Unidos, Japón o Corea. 
Para afirmar su independencia, sobre todo frente a Rusia, Uzbekistán busca hoy fortalecer sus relaciones con la Unión Europea. 
La entrada en vigor del acuerdo interino permitirá y favorecerá el desarrollo de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Uzbekistán. Éstas son ya muy prometedoras. 
Durante el año 1996 los intercambios bilaterales aumentaron alrededor del 30 % con respecto al año anterior y las exportaciones comunitarias acusan una subida superior al 60 %, consolidando de este modo un excedente comercial de alrededor de 180 millones de ecus. 
Por otro lado, es probable que, con sus 22 millones de habitantes y sus recursos ricos en algodón, oro y gas natural, Uzbekistán se convierta en los próximos años en un socio importante para la Unión Europea. 
Muchas de nuestras empresas ya lo han entendido así y han iniciado en aquel país una dura competición con las empresas norteamericanas, asiáticas, turcas, iraníes, etcétera. 
Una entrada en vigor inmediata del acuerdo interino reviste mayor importancia en este contexto. 
El acuerdo interino contiene asimismo en su artículo 1 disposiciones relativas al respeto de la democracia y de los derechos humanos. 
Muchos de ustedes han mencionado este punto. El Sr. von Habsburg, a quien agradezco su intervención, lo ha hecho con particular elocuencia. 
Gracias a estas disposiciones, el acuerdo interino permitirá discutir sobre el respeto de los derechos humanos y, en su caso, presionar a las autoridades de aquel país en caso de que se produzcan desviaciones en este ámbito en el tan joven y frágil país que es hoy Uzbekistán. 
El acuerdo interino podrá ser utilizado, en caso de necesidad, como un incentivo para impulsar a las autoridades de Uzbekistán por la buena dirección. 
En efecto, la cláusula de suspensión incluida en el acuerdo interino permite que la Comunidad amenace a Uzbekistán con suspender el acuerdo si la situación de los derechos humanos se deteriora. 
En tal caso, las cuestiones relativas a los derechos humanos podrán examinarse formalmente en las reuniones de las comisiones mixtas establecidas por el acuerdo interino. 
La reunión de las comisiones mixtas brinda, en efecto, una ocasión de llevar a cabo, paralelamente, un diálogo político con el comisario competente, el Sr. Van Den Broek, con los servicios de la Comisión y con los representantes de las demás instituciones. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Me pide la palabra la Sra. van Bladel para una cuestión de orden. 
Presidente, como vicepresidente de derechos humanos acabo de recibir la noticia de la organización de derechos humanos en Angola confirmada por la ONU de que han sido torturadas y han muerto personas en una decena de provincias. 
El Comisario Brittan dijo ayer al final del debate de actualidad y urgencia que los derechos humanos constituyen una parte esencial del Convenio de Lomé. 
Presidente, estamos a punto de iniciar los días navideños, llamados silencio político y mediático. 
Esos presos corren más peligro. 
Me procuraría usted unas Navidades más pacíficas si usted, la Comisión o el Consejo, quisieran pedir a todas las partes de Angola que respetaran los derechos humanos y el proceso de paz. 
Le deseo también un feliz año nuevo, Presidente. 
Puede usted tener la seguridad que toda la Asamblea comparte su preocupación, que sus palabras constarán en acta y que haré llegar esta preocupación directamente al Presidente de nuestro Parlamento. 
Decisión de la UEFA respecto a los vencedores de la Copa Coca-Cola 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la decisión de la UEFA de no permitir a los vencedores de la Copa Coca-Cola la participación en las competiciones de las copas europeas. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión es consciente de los problemas que la decisión de la UEFA- de no permitir, en lo sucesivo, a los vencedores de la Copa Coca-Cola la participación en la copa UEFA- acarrea a los clubes pequeños y medianos que participan en esta competición nacional. 
La Comisión confirma que lleva a cabo investigaciones para restablecer los hechos en su propio contexto económico. 
Estas investigaciones se efectúan debidamente, en el marco de los procedimientos establecidos por el Reglamento nº 17 del Consejo del 6 de febrero de 1962. 
Dichas normas de procedimiento están destinadas a garantizar los derechos de las partes de ser oídas y a ofrecer a terceros, cuyos intereses pueden verse lesionados por una decisión de la Comisión, la oportunidad de hacer valer previamente sus observaciones. 
La Comisión ya ha recibido las observaciones de la UEFA sobre la denuncia, así como la respuesta a algunas preguntas que se le han formulado para clarificar las razones en las que se basa la adopción de la norma que se pone en entredicho. 
La apreciación de la respuesta de la UEFA ha puesto en evidencia la necesidad de pedir a The Premier Ligue y a The Football Association of England que presentasen sus observaciones tanto sobre la denuncia como sobre la respuesta de la UEFA. 
También se les pidió que explicasen las razones por las cuales el conflicto en cuestión no podría solucionarse en el plano nacional. 
Al mismo tiempo, se solicitó a The Football Ligue que presentara comentarios sobre esta misma respuesta de la UEFA. 
La Comisión aún no ha recibido una respuesta del denunciante ni de las otras dos organizaciones. 
Por lo tanto, hasta que no se examinen a fondo los argumentos de las partes en conflicto no se podrá adoptar una posición sobre la orientación que hay que seguir en este asunto. 
Habida cuenta de las normas de procedimiento que deben observarse y de los recursos limitados de la DG IV, esta posición no se podrá estudiar antes de varios meses. 
En cualquier caso, la Comisión desea señalar a Sus Señorías que, desde el punto de vista de la aplicación de la normativa sobre competencia contenida en el Tratado, su objetivo no puede ser el de erigirse en árbitro de conflictos de intereses privados. 
La Comisión velará, en primer lugar, por el respeto del interés público, que va unido al restablecimiento de una situación conforme, de hecho y de derecho, a los artículos 85 y 86 del Tratado. 
Esta forma de actuar de la Comisión (autoridad administrativa) se diferencia de la del juez de lo civil, cuyo cometido es salvaguardar los derechos subjetivos de las personas privadas en el ámbito de sus relaciones recíprocas. 
Señor Presidente, el Sr. Ford, que ha planteado este tema en varias ocasiones, ha tenido que ir a hablar a Luxemburgo, así que intervengo en su nombre. 
La UEFA exigía a la Liga de Primera inglesa reducir el número de equipos de 20 a 18. 
Como no estaban dispuestos a ello, se retiró a los ganadores de la Copa Coca-Cola, la Copa de la Liga, de las competiciones de la UEFA. 
La Copa Coca-Cola depende, sin embargo, de la Liga de Fútbol, no de la Liga de Primera. 
Por lo tanto me parece ridículo impedir que esta competición lleve un equipo a la Copa de la UEFA cuando en realidad es con la Liga de Primera con la que la UEFA tiene una disputa. 
Es una gran injusticia y creo que va en contra de la letra y el espíritu del Derecho europeo. 
Pero no sólo es injusto, sino sumamente perjudicial y voy a explicar por qué. 
Los grandes clubes de Inglaterra, y me dice el Sr. Miller, mi colega de Glasgow, que lo mismo sucede en Escocia, están enviando equipos más flojos a esa competición porque no tendrán plaza en la UEFA cuando termine. 
Como resultado, se perderá inevitablemente poder de convocatoria, se obtendrán menos ingresos de la televisión, menos patrocinadores y, como resultado final, aumentará la carga financiera para los clubes menores. 
Ahora bien, la Sra. Cresson no estaba realmente en lo cierto al decir que eran los clubes menores los que estaban en esta competición; ciertamente, están en ella clubes como el Manchester United, el Liverpool, el Tottenham, el Leeds y otros. 
Pero tal y como ha evolucionado el campeonato, debido a que no se tendrá plaza en la UEFA cuando termine, puede que estos clubes no sólo envíen equipos más flojos, sino que en una momento dado se retiren. 
Ello ocasionará dificultades, problemas e incertidumbre financiera a los clubes menores. 
Son clubes vecinales y también hay puestos de trabajo en juego. 
Por lo tanto, aunque esto pueda sonar a historia de fútbol, es un tema muy serio. 
Pensamos que es una gran injusticia, que es ilegal y vemos que a menos que se haga algo pronto- y espero que se haga pronto- algunos de esos clubes menores, por la pérdida de ingresos, pueden de hecho ir a la ruina. 
Ya hemos visto como les ocurrió a algunos de estos clubes en el pasado y, por lo tanto, quisiera instar a la Comisión a actuar lo más rápidamente posible para resolver este tema de modo que en el futuro en Inglaterra, Escocia y quizás en otras partes del Reino Unido, tengamos una plaza para los ganadores de la Copa Coca-Cola, de modo que el campeonato tenga prestigio y con él consigamos un nivel adecuado de patrocinio y dinero de la televisión por el bien de todos los clubes pequeños. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Cresson por su declaración. 
Pero en mi intervención voy a hablar en un tono muy similar a las observaciones del Sr. Cunningham. 
Éste quizá sea el último debate de la semana e incluso el último debate del año en este Parlamento, pero no es sobre un tema oscuro o carente de importancia. 
Toca de hecho temas que revisten una importancia de primer orden para Europa y los europeos: se refiere al fútbol. 
Nos engañamos si pensamos que los asuntos de este Parlamento interesan más que el fútbol a millones de nuestros conciudadanos. 
En las vacaciones de Navidad habrá millones de ciudadanos europeos que irán a ver un partido de fútbol. 
Es vital y crucial para ellos. 
Estarán esperando- desde luego, en el Reino Unido- que este Parlamento y la Comisión se ocupen de este problema. 
El fútbol está en Europa. 
El desarrollo de las competiciones europeas de fútbol no sólo crea buen deporte que, una vez más, disfrutan nuestros ciudadanos, sino que hace a Europa más real para muchos de ellos. 
En este Parlamento, por lo tanto, e- insisto- en la Comisión, tenemos la responsabilidad de velar por que el fútbol pueda seguir estando en Europa y por que todos los clubes tengan la oportunidad de participar en campeonatos europeos. 
El fútbol es un gran negocio. 
No estamos hablando tan sólo de personas que dan patadas a un balón de cuero. 
Estamos hablando de cantidades de dinero muy sustanciosas y de grandes decisiones que van a tener repercusiones serias en los clubes. 
Tenemos que dejar claro que no estamos hablando tan sólo de pequeños clubes futbolísticos locales. 
Estamos hablando de negocios bastante considerables que se dan ahora en las distintas ligas de fútbol del Reino Unido. 
Allá donde hay deporte profesional hay mucho dinero por medio. 
Las reglas comerciales que esperamos sean de aplicación en otros negocios tienen que hacerse asimismo de aplicación, justa y adecuadamente, en el fútbol. 
Tras estudiar este tema queda bastante claro, desde mi punto de vista, que la UEFA está abusando claramente de su posición dominante. 
Cuando me puse en contacto con ellos y pedí información, lo único que estuvieron dispuestos a darme fue la dirección de su abogado. 
Esto siempre me suena a una organización que no está segura al 100 % de su posición o de sus hechos. 
En el Reino Unido, tanto la Asociación de Fútbol como la Liga abogan por mantener al ganador de la Copa CocaCola en el campeonato europeo. 
Por supuesto que el fútbol desea y necesita un campeonato de liga, pero no debemos olvidar que a los equipos de base en las divisiones inferiores, que también quieren participar en el fútbol europeo, les gusta esa oportunidad. 
Como europeos debemos decir que eso es bueno. 
Pero también necesitan los ingresos procedentes de la Copa Coca-Cola. 
Se calcula que en torno al 20 % de sus ingresos- unos 32 millones de libras esterlinas- provienen de la Copa Coca-Cola. 
Si no está el premio del fútbol europeo al final entonces corren el riesgo de perder el dinero de la televisión, o de perder el patrocinio de Coca Cola en esa competición. 
Por lo tanto para ellos es un tema serio. 
Con la máxima seriedad, hoy he recibido una carta del Portsmouth Football Club. Dice: " Aquí en Portsmouth nos parece que debe haber otra plaza en Europa para los ganadores de la Copa Coca-Cola. 
Cualquier actuación que pudiera ejercer presión sobre la UEFA contará con nuestro apoyo.» 
Cualquier cosa que cuente con el apoyo del Portsmouth Football Club cuenta también con el mío. 
Señor Presidente, no estoy seguro de que la Comisión entienda del todo cuál es la cuestión que aquí se está tratando, y sólo quisiera dejarla absolutamente clara a la Sra. Cresson. 
Una organización- la Football League (Liga de Fútbol) -va a ser castigada por la actuación de otra organización- la Premier League (Liga de Primera) -sobre la que carece de control. 
Esta discriminación es contraria a los principios del Tratado de Roma y a los principios del mercado único. 
En esto es en lo que debemos fijar nuestra atención. 
Tal como han dicho muy acertadamente tanto el Sr. Cunningham como el Sr. Perry, no debemos infravalorar el daño económico que causará esta decisión. 
Claramente, jugar en una competición, que al final trae consigo una plaza en Europa, supone un gran incentivo económico para los clubes. 
Para los grandes clubes de fútbol como el Manchester United en el Reino Unido, quizás no sea tal motivación. 
Pero clubes como el Bolton Wanderers, por ejemplo, necesitan los ingresos que podrían derivarse de una buena marcha en la copa y de una plaza en Europa, lo cual es sumamente lucrativo, porque no sólo genera participación y competición, sino también derechos televisivos. 
Igualmente, los clubes menores de la liga de fútbol, por ejemplo el Bury Football Club de mi circunscripción, dependen de jugar partidos contra los clubes de prestigio tanto como de la perspectiva de llegar ellos mismos a la final. 
Si los clubes de prestigio no participan, como puede suceder, o envían deliberadamente equipos más flojos, está claro que no van a obtener por esos partidos los ingresos de los que dependen para su supervivencia. 
Teniendo en cuenta la sentencia Bosman, que apoyo por completo, los clubes pequeños del Reino Unido luchan por sobrevivir debido a la pérdida de primas por traspasos. 
Espero que la Comisión se tome esto con la seriedad que merece, porque es un tema económico muy importante. 
Gracias, señor Titley, pero esta Presidencia, aprovechando las características del día de hoy, quiere decirle que siente que, cuando usted ha nombrado como gran equipo al Madrid, se le ha olvidado a usted el club de fútbol Barcelona. 
Pero en todo caso, ya estoy aquí yo para recordarlo. 
Tiene ahora la palabra por el tiempo de un minuto el Sr. Wynn. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Sra. Cresson por haber contenido la risa cuando leía el escrito. 
Estoy seguro de que a un montón de gente le parece muy cómico, pero éste es un asunto extremadamente serio. 
Para puntualizar otra cosa, a aquéllos que no son conscientes de la cuestión, no es una oportunidad para hacer publicidad gratis a Coca Cola en esta Asamblea. 
La pregunta que deseo plantear a la Sra. Comisaria se refiere a los comentarios finales que hizo acerca de que la Comisión no puede erigirse en árbitro en conflictos privados- esto es lo que tengo anotado de lo que dijo. ¿quiere esto decir que, cuando la Comisión haya recibido la información de las partes implicadas, no se va a emprender ninguna actuación? ¿es esto lo que voy a decir a los seguidores del Wigan Athletic? 
Señor Presidente, no tengo mucho que añadir a lo que he dicho hace un rato, como no sea, quizá, para repetirlo y aclararlo. 
He dicho que hemos formulado preguntas a las partes en conflicto y que la Comisión aún no ha recibido ninguna respuesta del denunciante ni de las otras dos asociaciones. 
Así pues, ¿cómo quieren que la Comisión pueda adoptar una posición, cuando todavía no ha recibido ninguna respuesta? 
La Comisión señala que, en aplicación de las normas sobre competencia- ya que se trata de un problema de competencia que afecta al Tratado -, su objetivo no puede ser el de erigirse en árbitro de conflictos de intereses privados, sino que debe velar por el respeto del interés público con miras al restablecimiento de una situación conforme, de hecho y de derecho, a los artículos 85 y 86 del Tratado. 
Puesto que no disponemos de información no podemos responder. 
Cuando tengamos informaciones, veremos en qué medida la Comisión puede, en su caso, responder a lo que parece ser, hasta ahora, un conflicto de intereses privados. 
Añado que debido a las normas de procedimiento que es necesario observar y de los recursos limitados de la DG IV, que tiene un número considerable de expedientes pendientes, esta posición no podrá estudiarse antes de varios meses. 
Desearía aprovechar que el Presidente me ha dado la palabra para desearles a todos y a todas una feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
Queda cerrado el debate. 
Señorías, permítanme que, antes de levantar la sesión, aproveche el privilegio que me da el presidir esta sesión y que les recuerde a ustedes que hoy, coincidiendo con el final de nuestro trabajo en el año 1997 se cierra también en Luxemburgo el Año contra el racismo en Europa. 
Nuestro trabajo habrá tenido sin duda muchas deficiencias, pero tiene aspectos positivos, y entre ellos está la contribución que hemos hecho a la lucha contra el racismo durante este año. 
También es justo, Señorías, que subrayemos que la aportación más importante ha venido de los ciudadanos europeos, de las organizaciones no gubernamentales. 
Pero, al abrir la puerta de 1998, quedan cosas pendientes y, entre ellas, seguir luchando contra el racismo. 
No somos tan ingenuos para creer que un año de lucha terminará con esta lacra. 
Sabemos que es una lacra que tiene muchas causas y que hemos de seguir luchando en esta dirección. 
También en el año próximo, Señorías, entre otras cosas, vamos a tener que seguir trabajando, preparando nuestra casa para los nuevos vecinos, es decir, de completar nuestro funcionamiento democrático y también tener en estos días un recuerdo para estos millones de ciudadanos europeos que no tienen trabajo y decirles que esperamos que el Consejo Europeo sobre el empleo de Luxemburgo no sea sólo meras palabras sino el inicio de un camino que les permita que el próximo año celebren las fiestas de Navidad y el Año Nuevo con una perspectiva de trabajo. 
Señorías, ahora me corresponde esta grata función, la de agradecer a nuestros colaboradores su trabajo durante este año y, al mismo tiempo, desearles lo mejor, empezando por los ujieres, por su trabajo aparentemente modesto pero con una atención que es clave en el funcionamiento de nuestra Asamblea. 
A los servicios de interpretación... 
(Aplausos )... este sutil filtro que hace posible que, a pesar de que hablamos 11 lenguas distintas, podamos dialogar e incluso, algunas veces, entendernos. 
A nuestros colaboradores aquí en la presidencia, a los que además algunos vicepresidentes, entre los que me encuentro yo, hemos de pedirles disculpas porque, muy a menudo, a la hora de presidir estropeamos su extraordinario buen trabajo. 
Pero también, Señorías, creo que debemos dedicar unas palabras de afecto y de reconocimiento a aquellos funcionarios que no vemos. 
En primer lugar, a los funcionarios que trabajan en el Acta literal de las sesiones, que nos dan la sorpresa de que, cuando leemos nuestra intervención, sin que hayan tocado nada nos da la impresión de que suena mejor que cuando la hemos dicho. 
A los funcionarios del Info-sesión que tienen esta capacidad y esta sabiduría de escoger lo mejor y de presentarlo a la opinión pública. 
Pero hoy, permítanme que haga un subrayado especial: el de los servicios de traducción de nuestro Parlamento. 
Señorías, cada día se traducen en nuestro Parlamento 4.400 páginas. 
Digo bien: 4.400 páginas, que es el reflejo del trabajo de 32 lingüistas y 18 secretarias y secretarios. 
Esto es casi un milagro que les obliga a trabajar, a veces, durante muchas noches. 
Creo, Señorías, que es bueno que les mandemos un mensaje de agradecimiento y de felicitación con motivo de la Navidad y el Año Nuevo. 
(Aplausos) Y por último, Señorías, les deseo a todas y a todos ustedes lo mejor y yo sí que les agradezco que me permitan presidir estos viernes tan plácidos, tan agradables y, al mismo tiempo, tan fraternales. 
Señorías, felices fiestas. 
Señor Presidente, usted nos ha deseado a todos unas felices fiestas y un feliz Año Nuevo. 
Permita que esta modesta luxemburguesa- ya que usted ha hablado tanto de las cumbres luxemburguesas- le desee también, en nombre de todos los miembros del " club de los viernes» , un feliz Año Nuevo y unas felices fiestas. 
Muchas gracias señora Lulling. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.41 horas) 
Señorías, les deseo un feliz año nuevo, y declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 19 de diciembre de 1997. 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, la pasada sesión plenaria la iniciamos con una declaración por parte de diversos diputados de diversos grupos políticos condenando el asesinato de un concejal en el País Vasco, José Luis Caso, y también en esa semana recibimos en esta sede y aplaudimos en esta Asamblea a los familiares de otro concejal, Miguel Ángel Blanco, también asesinado meses antes, después de 48 horas de secuestro. 
El viernes, señor Presidente, José Ignacio Iruretagoyena, concejal en el Ayuntamiento de Zarautz, fue asesinado. 
Todos ellos eran vascos, culpables de haber sido elegidos democráticamente para representar a su pueblo, el pueblo vasco. 
En otras regiones de la Unión se han producido también a lo largo de estos días actos de terrorismo y a los representantes de los pueblos europeos se nos exige no solamente una condena, señor Presidente, sino además un compromiso de iniciativa e impulso de políticas comunitarias en la lucha antiterrorista. 
Nos jugamos el más esencial de los derechos humanos, señor Presidente, el derecho a la vida. 
Señor Presidente, no es cuestión de insistir demasiado en un tema pero, evidentemente, la pérdida de una vida humana- el asesinato vil de un representante popular, el Sr. Iruretagoyena, la semana pasada en Zarautz- nos obliga al Grupo Socialista a insistir en nuestra repulsa a este tipo de actos y en la necesidad de que en Europa se forme una conciencia pacifista que evite la repetición de este tipo de actos. 
El pueblo español se ha manifestado repetidamente al respecto. 
Creo que el resto de Europa nos apoya- y nos apoyan también los Gobiernos europeos- en la lucha contra los actos terroristas. 
Esperemos que en la construcción europea se erradique completamente este tipo de acciones que no tienen justificación. 
Señor Presidente, Señorías, es doloroso iniciar una vez más una de nuestras sesiones recordando, desde la fuerza de la palabra, que estamos en contra de la fuerza de las armas, en contra de la fuerza de los asesinatos. 
Señor Presidente, una vez más la intolerancia, la violencia, el fascismo ha arrebatado una vida. 
Y siempre es doloroso arrebatar una vida, pero además ha arrebatado la vida de un representante democrático del pueblo. 
Es un doble asesinato: un asesinato de la persona y un asesinato de la democracia. 
Pero yo quisiera decir en este momento que en el País Vasco, en Euskadi, hay una amplísima mayoría que está en contra de la violencia, que está en contra del fascismo; que son testigos de que en Euskadi y en España pueden defenderse todas las ideas desde la democracia y desde la convivencia. 
Y hay que decirles a los fascistas minoritarios que conocemos ya el fascismo en este siglo, disfrazado de derechas y también disfrazado de izquierdas, y que no nos engaña cuando viene disfrazado de nacionalismo. 
Respetamos la voluntad de defender la identidad de todos y cada uno de los pueblos, pero a través de la democracia. 
Señor Presidente, yo también, como diputado que representa al País Vasco, a Euskadi, quería primeramente transmitir la solidaridad con la familia del asesinado, José Ignacio Iruretagoyena, y transmitir también desde mi partido mi solidaridad con los miembros del Partido Popular, al cual pertenecía el asesinado Iruretagoyena. 
Pero además, este representante popular, además de pertenecer al Partido Popular, era un representante electo del pueblo vasco; por tanto ETA, además de la vileza de asesinar a una persona, ha cometido otra complementaria que es la de asesinar a un representante del pueblo. 
Nadie, ni ETA siquiera, va a poder, ni con las pistolas ni con bombas, acallar la voz y la voluntad de un pueblo. 
Por tanto, además de mostrar la solidaridad con los compañeros del Partido Popular y con la familia, yo quisiera terminar con un canto de esperanza: que la voz del pueblo, la democracia, la libertad y la dignidad humana podrán definitivamente vencer la violencia, las bombas y las pistolas. 
Señor Presidente, el Grupo Unión por Europa hace suyas las afirmaciones que acaban de hacer nuestros colegas españoles. 
Compartimos sus emociones y su indignación. 
Ninguna causa política- no hemos cesado de decirlo y repetirlo en esta instancia- puede justificar el asesinato y, evidentemente, somos solidarios de todos los elegidos por el pueblo, elegidos democráticamente, que caen salvajemente asesinados por quienes ponen en tela de juicio las raíces mismas de la democracia, como ha recordado antes el Sr. Gutiérrez Díaz. 
Le pido, señor Presidente, que tenga la amabilidad de transmitir al pueblo vasco, a los familiares de la víctima, nuestro muy sincero pésame. 
Señor Presidente, después de nuestra última reunión nos enteramos de que habían detenido al ex Presidente Kenneth Kaunda de Zambia y que le habían tratado de mala manera. 
Varios gobiernos han pedido al Gobierno de Zambia que le ponga en libertad o que diga de qué se le acusa; por el momento, el ex Presidente no parece estar en condiciones de contestar. 
Quisiera saber si podría escribir usted una carta al Sr. Kaunda, transmitiéndole el apoyo de este Parlamento, así como a las autoridades de Zambia, indicándoles que otros gobiernos sienten también las mismas preocupaciones. 
Gracias, señor Wynn. 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, como todos sabemos, la Comisión es políticamente responsable ante el Parlamento Europeo. 
Esto constituye una parte esencial del equilibrio democrático de la Unión. 
En el marco de este equilibrio, quisiera rogar a la Comisión que esta semana hiciera una breve declaración. 
Como se desprende de diversas notas de prensa, en la Comisión Europea existen discrepancias sobre si sus miembros tienen derecho a aceptar mandatos políticos durante su pertenencia a esta institución. 
Concretamente, según las noticias de prensa, el Comisario de Silguy tiene el propósito de presentarse como candidato en Bretaña en marzo. 
Según las mismas noticias de prensa, el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Santer, se opondría rotundamente a que el Sr. de Silguy se presentara a semejante mandato y lo aceptara. 
Mi pregunta es si la Comisión tiene la intención de hacer una declaración al respecto en la que explique su posición. 
La cuestión es tanto más importante, señor Presidente, por cuanto no solamente atañe a las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. 
Según el Financial Times de esta mañana, el Presidente de Francia, el Sr. Chirac, habría intervenido personalmente a favor del derecho del Sr. de Silguy a presentarse a un mandato político. 
Si el Presidente de Francia se involucra en esta discusión, me parece que la Comisión, en tanto institución, no puede callarse. 
Quisiera rogar a la Comisión que, a fin de aclarar su posición, hiciera una declaración esta semana. 
Doy la palabra a la Comisión para expresar su opinión al respecto. 
Señor Presidente, quisiera sencillamente indicar al Parlamento que sería natural que se examinase la cuestión. 
Esto redundaría en interés de este Parlamento democrático y, naturalmente, sería una prueba de cortesía respecto de la Comisión. 
Señor Presidente, todo lo que sé sobre esta cuestión, lo he leído esta tarde en algunos télex de agencias de prensa. 
Creo que es importante que la Comisión Europea dé una explicación ante el Parlamento Europeo. 
He leído que se deliberará en el seno de la Comisión Europea; al menos entre el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, y el Sr. de Silguy. 
Sin embargo, es verdaderamente importante que seamos informados cuanto antes en el Parlamento. 
Por tanto, estoy de acuerdo con esa pregunta, pero debo insistir en que se dé la oportunidad a la Comisión Europea de fijar su posición. 
Como saben ustedes, el hacer una declaración es un derecho que corresponde a la Comisión, según el artículo 37 de nuestro Reglamento. 
Queda claro que al menos dos grupos políticos, el Grupo PPE y el Grupo ELDR, han pedido a la Comisión que haga uso de ese derecho. 
Se me indica que también el Grupo PSE y el Grupo GUE/NGL apoyan esa misma petición. 
La Comisión sacará las conclusiones oportunas, y en su mano está hacer esa declaración en el momento en que esté dispuesta para ello. 
Tengo la seguridad de que, para las buenas relaciones entre el Parlamento y la Comisión, será muy importante que pueda hacerse a la mayor brevedad. 
(El orden de los trabajos queda aprobado) 
Libro Blanco sobre los ferrocarriles y las superpistas de transporte de mercancías 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0412/97) del Sr. Sarlis, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Estrategia para la revitalización de los ferrocarriles comunitarios» y la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre las superpistas ferroviarias transeuropeas de transporte de mercancías (COM (97) 0242- C4-0269/97). 
Señor Presidente, señores colegas, el Libro Blanco de la Comisión es un documento inteligible, claro y conciso. 
Está basado en sólidos cimientos y, por supuesto, este elogio no significa que no haya desacuerdos en cuanto al análisis y a las propuestas que hace la Comisión. 
Como primera observación, deberé subrayar que las ideas, las propuestas y las conclusiones del Libro Blanco no deben sorprender, ya que en gran medida son coherentes y están armonizadas con los principios que se fijaron por primera vez con la Decisión nº 271 del Consejo de 1965 y con el Reglamento 1191/69. 
El cómo y por qué estos dos actos legislativos, fijados hace 25 años, no se han aplicado nunca es otra historia. 
Dos son los puntos principales en los que la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento está en desacuerdo con las propuestas de la Comisión: Primero: la Comisión de Transportes no acepta la propuesta de la Comisión; por una parte, por la liberación inmediata e incondicional del acceso a la infraestructura ferroviaria; por otra, por una solución posterior de los problemas- tipo Big Bang- que surjan de la liberación total. 
Por el contrario, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento opina que la liberación del acceso a la infraestructura ferroviaria no debe ser inmediata sino progresiva, por etapas, con una toma paralela de las medidas de acompañamiento imprescindibles, tal como se aplicó en los transportes aéreos y marítimos y en las telecomunicaciones. 
Un segundo punto con el que la Comisión de Transportes y Turismo está en desacuerdo es el sector de la política social: La Comisión de Transportes y Turismo considera que el Libro Blanco carece de propuestas para solucionar problemas que surgirán a los trabajadores, y que también carece de la seguridad de los transportes ferroviarios por la liberación del libre acceso. 
La Comisión de Transportes y Turismo, con su votación, propone distintas medidas: para el reciclaje del personal, para un reconocimiento de títulos y diplomas, para la armonización de las condiciones de trabajo, que esperamos que la Comisión y el Consejo aprueben. 
La Comisión de Transportes y Turismo, sin embargo, señores colegas, está de acuerdo con muchas de las propuestas del Libro Blanco, como son las propuestas en los sectores de las medidas económicas y del saneamiento de los ferrocarriles, en el sector de los servicios de interés general, en el de la unificación de los sistemas nacionales y, principalmente, en el sector de las superpistas ferroviarias de transporte de mercancías. 
Especialmente, sobre las superpistas, nos declaramos a favor de su creación en cuanto sea posible, pero querríamos llamar la atención de la Comisión y sobre todo del Consejo en cuanto a la tremenda necesidad de una atención y un cuidado especiales en la elección y en el fomento de las primeras para excluir la posibilidad de dicotomía ferroviaria de la Unión Europea. 
Por esta razón, subrayamos con nuestra votación la necesidad de que en este sector no haya, en especial en la primera fase de creación de superpistas ferroviarias, un punto de partida o de llegada que sea delimitado por un sólo puerto. 
Consideramos que los superpistas ferroviarias deben estar abiertas a todos y tener la posibilidad de conexión Norte- Sur, o Este- Oeste. 
Por esta razón, repetimos, el tema de los superpistas ferroviarias, que consideramos urgente y sobre el que compartimos la premura de la Comisión, deberá confrontarse con mucha atención, con mucho cuidado; ya que es muy fácil que éstas perpetúen la dicotomía ferroviaria de la Unión Europea. 
Y debemos saber que la red ferroviaria en Europa continental básicamente es el reflejo, aún hoy, de los desacuerdos y las diferencias que había en Europa en el siglo XIX. Por consiguiente, al crear superpistas ferroviarias de transporte de mercancías debemos ser extremadamente cuidadosos para que sean el núcleo de la creación de una red ferroviaria unificada y no, como he dicho anteriormente y no me cansaré de repetirlo, el principio de una dicotomía ferroviaria en nuestro continente. 
Señor Presidente, señoras y señores, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales nos hemos ocupado del tema de los aspectos sociales de las medidas generales de revitalización de los ferrocarriles. 
Como ponente de la opinión celebro poder decir que en el Informe Sarlis se han contemplado los aspectos sociales generales que conciernen a los medios públicos de transporte, así como las cuestiones que afectan al personal. 
Permítanme que en este contexto haga todavía algunas puntualizaciones generales. Aquí hay que retroceder un poco en la historia de los ferrocarriles europeos. 
Lamentablemente han sido las muchas negligencias las que ahora han hecho necesaria la revitalización y el consiguiente tratamiento de la cuestión social. Permítanme sólo algunos breves comentarios al respecto. 
La base de todo proceso de revitalización es la verdad sobre los costes. 
Precisamente ésta no siempre ha sido utilizada correctamente por el sector público en los Estados miembros. A su vez esto ha conducido, sin duda, a una competencia desleal entre el ferrocarril y el transporte por carretera. 
Con esto luchamos hoy, en un tiempo en el que, al menos, se entiende ya correctamente la compatibilidad con el medio ambiente, en el que todo habla en favor del ferrocarril y en el que no se han creado siquiera las condiciones marco adecuadas para el transporte de mercancías en Europa. 
Aparte de esto no quisiera dejar de mencionar que ahora, una vez que se ha decidido de hecho la ampliación de la UE hacia el este, aparece también prioritario dar a este proyecto una dimensión paneuropea. 
Si contemplamos las tasas de crecimiento, pronosticadas ya hoy, en este sector, esta cuestión es de particular importancia para el futuro desarrollo del transporte, sobre todo, del transporte de mercancías. 
Junto con la creciente importancia de esta cuestión y la absoluta necesidad de una revalorización de los ferrocarriles en la UE, la seguridad juega, naturalmente, un gran papel. 
Es necesario colocar en primer término la mejora de la formación del personal y, en concreto, a nivel transfronterizo. 
Esto es acertado y, en realidad, estas propuestas faltan aún en el Libro Blanco; ésta es una deficiencia que afecta a muchas medidas necesarias de acompañamiento y al personal en los grandes programas de revitalización y que debe ser corregida rápidamente. 
Señor Comisario, esto no debe quedar en un deseo bienintencionado, sino que debe verse reflejado en la política. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Sarlis por el gran esfuerzo que ha consagrado a este informe. Quisiera dar gracias también a la Comisión y al Comisario Kinnock por la labor que han realizado. 
Lo cierto es que aunque todos queremos que haya ferrocarriles y reconocemos que es necesario que los haya, en el seno de la industria ferroviaria europea hay graves problemas de los que todos tenemos que ocuparnos. 
Hay muchas esferas en las que podemos estar de acuerdo con la Comisión y con el Sr. Sarlis. 
Podemos admitir que es necesario revitalizar nuestra red ferroviaria, particularmente por lo que se refiere al sector de transporte de mercancías. 
Podemos admitir que es necesario que haya libre acceso a esa red ferroviaria, particularmente por lo que se refiere a las mercancías que intervienen en el tráfico transfronterizo internacional. 
Tenemos que apoyar sin reservas el principio de la libre circulación de mercancías, y la Comisión se ha esforzado mucho y bien por establecer ese principio. 
Admitimos también que es necesario velar por que las directivas vigentes, en particular la Directiva 91/440, por la que siento interés personal, se incorporen a la legislación nacional y se apliquen en el sector ferroviario. 
El único aspecto en el que discrepamos ligeramente de la Comisión es la velocidad o el calendario que hay que seguir para introducir esas propuestas. 
A ese respecto estamos muy en favor del enfoque gradual que preconiza el Sr. Sarlis, pues tenemos que velar por que toda liberalización vaya acompañada de las medidas sociales que se necesitan para proteger a los que trabajan para esa industria. 
No alimentemos falsas esperanzas: a menos que adoptemos medidas en el sector ferroviario, corremos el peligro de que dentro de veinte años no haya transporte de mercancías por ferrocarril en nuestro continente europeo. 
Ésa es una situación que nos obliga a adoptar las medidas trascendentales que necesitamos. 
Si podemos equilibrar la situación nos situaremos al principio de una fase muy necesaria de renovación de los ferrocarriles, y podremos contribuir decisivamente a devolver a los ferrocarriles la prioridad que se merecen. 
Señor Presidente, el gran salto adelante que se consuma con este informe que hoy debatimos consiste en que ya estamos más cerca de la tan conveniente liberalización de los ferrocarriles comunitarios, de forma que se va a posibilitar su revitalización en competencia con el resto de los modos de transporte. Eso mismo es lo que ha venido propugnando la Comisión Europea en su correspondiente Libro Blanco y estamos de acuerdo con ello. 
Es de toda justicia felicitar al ponente, Sr. Sarlis, porque ha sabido conjugar en su trabajo sabias dosis de realismo con el voluntarismo que muchos sentimos en nuestro anhelo por que nuestros ferrocarriles, con la mayor rapidez posible, se modernicen. 
Prueba de ese realismo es su insistencia y su conclusión de que tal liberalización debe realizarse de una manera progresiva, sin contratiempos de aceleraciones contraproducentes. 
Por lo mismo, muy razonable es el orden de prelación propuesto de una forma sucesiva, comenzando con los transportes internacionales de mercancías, siguiendo con los transportes nacionales de mercancías y continuando con los servicios internacionales de pasajeros. 
Aquí es preciso dar una llamada de atención. 
Nunca se conseguirá un servicio internacional de viajeros de categoría, digno de una Unión Europea moderna, si no se atienden y se desarrollan las pertinentes infraestructuras. 
Es impensable una Unión Europea pionera del mundo, concordante con las exigencias de evolución que cabe esperar del siglo XXI, si no se consigue tener enlazadas mediante corredores de alta velocidad para viajeros todas las capitales de los Estados miembros, por lo menos. 
Me toca, por razones de residencia geográfica, comprobar día a día las deficiencias del enlace ferroviario entre Madrid y Lisboa, y se podrían citar otras capitales de la Unión aparte de estas dos. 
Quiero decir que hasta que no se dé la batalla por conectar vía de alta velocidad, enlaces y corredores de ese tipo, como el de Madrid-Lisboa, no entraremos ferroviariamente en el siglo XXI. 
Termino, señor Presidente, dejando constancia también de que el ponente acierta igualmente cuando pone todo su énfasis en los aspectos sociales, fundamentalmente en todo lo que afecta a la adaptación de los ferrocarriles a las personas con minusvalías, a los niños y a las personas de la tercera edad. 
Señor Presidente, señor Comisario, una vez más se nos brinda la oportunidad de abordar un informe técnico bien planteado- el informe del Sr. Sarlis- un grito de dolor y también, si lo preferimos, una ocasión de estímulo para tratar de encontrar la solución a algunos problemas. 
Todos sabemos que los ferrocarriles, en Europa en general y, por desgracia, en mi país en particular, están encarándose con crisis siempre más profundas. 
Lo revelan también las estadísticas: en los últimos 25 años, los ferrocarriles han perdido el 58 % del transporte de mercancías y pasajeros, mientras que el transporte por carretera ha crecido el 150 % y el porcentaje de pasajeros ha bajado al 4 % del transporte global y el de mercancías al 9 %. 
Ante esta situación, creo que el amplio y profundo plan de transportes de las líneas transeuropeas ya no es suficiente para indicar los caminos a tomar. 
Ahora bien, tenemos que preguntarnos cómo se ha llegado a esta situación. 
La primera causa es el surgir de otros modos de transporte, sin duda, más ágiles y también más económicos; la segunda, la falta de autonomía de gestión; la tercera, la mala gestión, sobre todo cuando está en manos públicas. 
¿Cuáles son las soluciones? 
Ante todo es preciso abrir el sector a la libre competencia y a los operadores privados; a continuación, hay que llevar a cabo un saneamiento empresarial y una reorganización general del sector y, desde este punto de vista, mi Grupo ha señalado en algunas enmiendas casos concretos respecto a los cuales hay que actuar; asimismo, es necesario garantizar la plena aplicación de la Directiva 91/440, así como fomentar el desarrollo de corredores ferroviarios para el transporte de mercancías y conseguir una mayor interoperabilidad entre los sistemas; por último, hay que realizar obras como túneles ferroviarios y proyectos transeuropeos, que son el eje de muchos otros problemas. 
En cuanto a esto último, pienso en particular, por lo que se refiere a la zona centroeuropea, a dos grandes líneas- Lyon-Turín-Venecia y Múnich-Verona, o sea, el eje norte-sur- que resolverían muchos problemas. 
Hace falta, sin embargo, que todos los Gobiernos se esfuercen en este sentido. 
Señor Presidente, senatu deliberante perit Saguntum, nos encontramos todos aquí y ante nosotros se derrumba el proyecto que la Comisión tan bien nos ha presentado, del que ya hemos hablado tantas veces y sobre el que, en el fondo, estamos de acuerdo. 
En Europa padecemos un colapso del tráfico; todos estamos completamente de acuerdo en que queremos desplazar el tráfico de la carretera al ferrocarril cuanto antes y en la medida de lo posible y, sin embargo, no sucede nada. 
Las freight freeways, si aún son una buena idea de la Comisión, están ya condenadas al fracaso porque cada empresa de ferrocarril sigue a fin de cuentas su propio camino y dice: no, no cuenten con nosotros. 
Usted lo niega, señor Comisario, SNCF doesn't want to participate, Ferroriale Statale, que tiene una deuda de 6 billones de liras con el estado italiano, no quiere que se pare en ningún trayecto del FS, sino que se continúe exclusivamente hacia el sur de Italia. 
La freight freeway Rotterdam-Génova está, mientras tanto, condenada al fracaso. 
El anterior orador ya lo ha dicho: el transporte por carretera ha aumentado un 150 por ciento y el tráfico ferroviario ha disminuido un 75 por ciento. 
A pesar de toda la consideración hacia el informe del Sr. Sarlis, a pesar de las buenas intenciones de la Comisión y a pesar de que aquí estemos todos de acuerdo, con la excepción de la Sra. Moreau, si bien sus enmiendas son una mera formalidad y completamente contrarias a la verdad; no podemos lograr nada. 
La responsabilidad recae sobre usted, señor Comisario. 
Señor Presidente, la revitalización de los ferrocarriles es una necesidad, habida cuenta de su papel estructurador en nuestras sociedades. 
Dicha revitalización es indispensable para presentar una opción diferente de la representada por el tráfico exclusivamente por carretera, cuyos perjuicios para el medio ambiente y peligros que representa para la seguridad están alcanzando un límite que resulta insoportable para la población. 
Por desgracia, la única vía considerada por la Comisión para revitalizar los ferrocarriles es la de liberalizar completamente el ferrocarril. 
Por su parte, el informe del Sr. Sarlis propone, que se haga en dos etapas y al final no se mantenga fuera de la apertura a la competencia sino el transporte nacional de viajeros. 
No podemos dar nuestro acuerdo a esa propuesta. 
Ese empecinamiento liberal, ya sea en una o dos etapas, no es apropiado para afrontar el imperativo que se plantea. 
El sector ferroviario ya ha perdido en la Unión Europea 500.000 puestos de trabajo desde 1985. 
Ahora bien, el Libro Blanco dedica tan sólo unas líneas anodinas a las consecuencias sociales de la política aplicada, cosa que critica con razón el Sr. Sarlis. 
A ese respecto, es necesario hacer un balance de la aplicación de la Directiva 91/440 y subscribimos la reivindicación que figura en el informe del Sr. Sarlis, al pedir que se haga dicho balance democráticamente junto con los sindicatos y las asociaciones de usuarios. 
Al dar preferencia a los trayectos más rentables, la apertura a la competencia amenaza con hacer estallar la coherencia de las redes nacionales y el libre acceso de los corredores de fletes a cualquier empresa- pedidos en el informe- va en ese sentido. 
Se debe adoptar una orientación muy diferente substituyendo la lógica destructiva de la competencia por la lógica constructiva de la cooperación. 
En eso radica la eficacia y no es casualidad que el primer corredor de flete puesto en servicio- e inaugurado hoy, creo- sea fruto de la cooperación entre las redes públicas francesa, belga y luxemburguesa. 
Interesaría sobremanera a la Unión Europea promover esa óptica que permitiría mejorar el servicio y la oferta de transporte. 
A ese respecto, igual que el Gobierno francés, nos oponemos a que se sobrepase el ámbito de la Directiva 91/440. 
Por lo demás, los ferroviarios rechazan las orientaciones ultraliberales de la Comisión. 
Ha habido numerosos movimientos sociales, apoyados por la opinión pública, y el pasado mes de noviembre 10.000 ferroviarios de la Unión Europea se manifestaron en Bruselas contra las orientaciones del Libro Blanco. 
Nuestro Grupo seguirá atento permanentemente a esas exigencias, que subrayan la urgencia de concebir una política de transportes basada en el desarrollo del servicio público y en cooperaciones que contribuyan a la existencia de unos transportes ferroviarios de calidad, asequibles para la mayoría, que respeten el medio ambiente y creen puestos de trabajo. 
Señor Presidente, la revitalización de los ferrocarriles es de crucial importancia para una convivencia duradera en Europa. 
El desarrollo del transporte no nos inspira todavía mucho optimismo, a pesar de que, desde hace años, sabemos lo importante que es que se cambie algo y que lo organicemos de otra manera. 
En los centros densamente poblados de Europa, el tráfico se colapsa diariamente. 
Las emanaciones, principalmente de CO2, no disminuyen, tal como nosotros creemos que debería suceder, sino que aumentan. 
En el futuro próximo, no sólo se debe viajar en tren, en lugar de hacerlo en coche; sino que también se deben transferir mercancías de la carretera al ferrocarril. 
Desgraciadamente, nuestros ferrocarriles, que todavía son muy nacionales, no están preparados para tal operación. 
La total liberalización parece una buena solución, pero provoca tensiones, sobre todo en el transporte de viajeros, por la cuestión de la prestación de un servicio publico. 
Además, la liberalización únicamente puede tener un efecto positivo si todos los modos de transporte también se responsabilizan de forma efectiva de los costes reales, incluyendo los costes sociales y medioambientales. 
Por tanto, no puede ser que un medio de transporte espere no pagar IVA o impuestos sobre el consumo y los otros sí, porque entonces se mantiene una gran disparidad. 
Se puede celebrar, sin más, que en el Libro Blanco aparezcan las propuestas para las freight freeways. 
Su desarrollo tendrá un efecto positivo en el aumento de la cantidad de mercancías que se transportan por ferrocarril. 
Ello significa, después de todo, aunque todavía no hemos llegado a ese punto, el derrumbamiento de las barreras nacionales y la creación de un espacio para esta forma de transporte. 
La prioridad en el desarrollo de estas freight freeways debería recaer ahora en el transporte transalpino, de manera que, por fin, se llegue a una firme solución del problema; y en el transporte creciente de mercancías entre el este y el oeste de Europa. 
Señor Presidente, el Libro Blanco muestra claramente la delicada situación de las compañías ferroviarias europeas. 
En 1970, el transporte por ferrocarril suponía todavía un 31, 7 % respecto del transporte total de mercancías en la Unión Europea. 
En 1994, había descendido hasta el 14, 9 %, ¡menos de la mitad! 
El aumento del transporte de mercancías ha ido a parar en su totalidad al transporte por carretera. 
Esta tendencia debe variar. 
Los ciudadanos de los países de la UE se enfrentan cada vez más a las consecuencias negativas del transporte por carretera para el medio ambiente. 
En las grandes ciudades, el transporte por carretera llega, además, al límite de su espacio; las carreteras llegan a estar sencillamente llenas. 
Debemos constatar que el problema principal del transporte por ferrocarril es el funcionamiento de las compañías ferroviarias. 
A pesar de que desde 1993 existe el mercado interior europeo, los ferrocarriles tienen todavía una fuerte orientación nacional. 
Además, muchas veces no actúan a favor del mercado y de los usuarios. 
Apoyo, por tanto, la solución recomendada en el Libro Blanco, es decir, » más competencia en el ferrocarril». 
El informe Sarlis, más que la Comisión Europea, señala justificadamente las consecuencias sociales de la reestructuración de las compañías ferroviarias europeas. 
No por nada, miles de empleados ferroviarios de la Unión Europea se manifestaron el 19 de noviembre de 1996 en Bruselas contra el Libro Blanco de la Comisión Europea. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta dos aspectos. 
En primer lugar, la reestructuración es necesaria para la supervivencia de las compañías ferroviarias y el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
En segundo lugar, las consecuencias sociales no deben ser soportadas por la Unión Europea, sino por los Estados miembros. 
El informe Sarlis sugiere, al menos, que es posible una solución europea para el problema social y con ello despierta falsas esperanzas. 
Dejando aparte el mucho tiempo que le ha costado al ponente elaborar un informe, otro motivo de crítica son las limitaciones que quiere imponer al transporte por carretera. 
La limitación solicitada en el párrafo 7 sobre el peso de carga y la velocidad en el transporte por carretera no permite que el transporte ferroviario sea más eficiente. 
La limitación del peso de carga es, además, perjudicial para el medio ambiente, ya que por ella aumentará el número de trayectos. 
Lo que más llama la atención en la propuesta de la Comisión es el proyecto de corredores libres de ferrocarril para carga. 
El primero, de Rotterdam a Milán, debería empezar a funcionar por estas fechas. 
Mientras otros Estados miembros se mantienen al margen, la Comisión debería adoptar medidas para lograr una liberalización limitada, a la que los Estados miembros ya están obligados por la directiva de 1991. 
Señor Presidente, el Libro Blanco de la Comisión muestra claramente la necesidad de un gran dinamismo. 
Los proyectos que derivan del Libro Blanco, con el objeto de crear vías libres para el transporte de mercancías, prueban que esta cuestión no puede por más tiempo quedar solamente en palabras. 
El informe de la Comisión de Transportes y Turismo, a la que nuestro colega Sarlis ha dedicado sus mejores esfuerzos, comparte el análisis del Libro Blanco, pero hace alguna reserva respecto a la velocidad de la necesaria reestructuración. 
Quiero con ello señalar una vez más, que las medidas que la Comisión tiene previstas y que, en sí mismas, son apoyadas por el informe del Sr. Sarlis, pueden modificar las perspectivas de los ferrocarriles. Con esto, la administración pública desempeñará otro papel, aunque no menos importante. 
El grato acuerdo de cooperación sobre el que la Sra. Moreau ha hablado hace un instante podría ser un ejemplo. Esto podría tener consecuencias funestas para los cargadores, para los transportistas y también para la sociedad. 
Señor Presidente, huelga decir que comprendo bien el miedo que hay ante las consecuencias sociales de una reestructuración progresiva. 
Sin embargo, el comisario Kinnock tiene razón. Sin sus pretendidas medidas, se producirá una gran pérdida de puestos de trabajo; no solamente en el propio ferrocarril, sino también, por ejemplo, en el ya retrasado complejo industrial ferroviario. 
No obstante, noblesse oblige. 
La exigencia de la renovación no puede ensombrecer la preocupación por las consecuencias sociales. 
Si tanto los Estados miembros, como la Comisión y este Parlamento, quieren dar al ferrocarril el futuro que se ha sugerido en importantes discursos y en trascendentales documentos políticos, debe evitarse que los empleados de ese sector sean las víctimas, y hay que encontrar soluciones adecuadas. 
Una economía de mercado sin contenido social no tiene cabida en la Unión Europea. 
Por último, las discusiones políticas sobre la política de transportes son interesantes, pero al menos igual de interesantes son las opiniones de otros participantes en el debate. 
En la revista de la organización de cargadores de los Países Bajos EVO, la portavoz de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas, leí el siguiente texto, con el título de «transporte ferroviario» , en un resumen sobre las tendencias en el sector del transporte. Cito: » la política de ferrocarriles europea se encuentra en una fase crucial. 
El cargador puede esperar poco del transporte ferroviario en los próximos años. La política, por esa razón, tampoco puede dar la lata por el aumento del transporte por carretera». 
Final de la cita. 
Son palabras, pero palabras que proceden del sector afectado, señor Presidente, y para ese sector se celebra el debate. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi satisfacción por el Libro Blanco de la Comisión y por el informe Sarlis. 
En particular, hago míos sus principales objetivos encaminados a conseguir que haya menos tráfico por carretera y más tráfico por vía férrea. 
Todo el mundo en este Parlamento agradecerá las ventajas ambientales que ese cambio puede brindarnos. 
Es necesario liberalizar más el sector ferroviario. 
Como ha indicado el Sr. Simpson, estamos pendientes de que pasen a incorporarse a la legislación nacional las directivas de la Comisión ya adoptadas. 
En mi opinión debería haber una clara separación entre la gestión de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios, a fin de que haya transparencia. 
Quizá la Comisión pueda guiarse a este respecto por el modelo del Reino Unido. 
La libertad de acceso debe extenderse a todos los servicios internacionales de transporte de mercancías y de pasajeros. 
Es especialmente importante que insistamos en que la reestructuración de las finanzas de la red ferroviaria se rija por los criterios normales de la ayuda estatal. 
Es absolutamente indispensable que no haya distorsión alguna del mercado a ese respecto. 
Al apoyar el concepto de la introducción de superpistas de transporte de mercancías por ferrocarril, considero que es un primer paso hacia la creación de libertad de acceso a las redes ferroviarias de los Estados miembros. 
Ahora bien, es importante que ese primer paso vaya acompañado de propuestas sobre reestructuración financiera y sobre el desarrollo de una metodología para la determinación de las tarifas de acceso. 
Recomiendo el informe Sarlis al Parlamento y felicito a la Comisión por haber presentado su Libro Blanco. 
Señor Presidente, como solía decir el difunto Senador Tip O ' Neill: » Todo lo que es política, es local». 
Ése será mi lema al hablar de este documento. 
El transporte urbano de Irlanda se halla en una situación de caos. 
En mi propia circunscripción de Dublín, la congestion del transporte es tal que merece se la considere como una prioridad nacional. 
El bloqueo es el pan nuestro de cada día. 
Con una economía irlandesa en pleno desarrollo, no podemos permanecer indiferentes y dejar que las ineficiencias del transporte puedan llegar a limitar ese desarrollo. 
Hay que adoptar ahora graves decisiones políticas. 
Es hora de que los dirigentes políticos den pruebas de firmeza. 
Es indispensable que, antes del milenio, empecemos a ocuparnos del sistema de luces de tráfico de Dublín, denominadas las Luas. 
Ya se le han asignado nuevos fondos estructurales, que se transferirán a otros proyectos si la labor no comienza de aquí al año 2000. 
El proceso de las Luas tiene que comenzar con carácter de urgencia. 
El sistema de semáforos tiene que ser parte de un sistema de transporte integrado. 
No puede funcionar bien sin otros proyectos primordiales de infraestructuras de transportes como la importante carretera de circunvalación C, el túnel portuario de Dublín y el mejoramiento de las principales carreteras extraurbanas. 
Más del 30 % de la circulación que entra en Dublín es circulación de tránsito, y ha llegado el momento de adoptar una firme decisión política a fin de resolver de una vez para siempre los problemas del transporte. 
Todos esos sistemas tienen que estar vinculados con una red ferroviaria moderna que cuente con material rodante perfeccionado. 
Las necesidades de Irish Rail en materia de inversiones y para la modernización son considerables. 
En mi opinión no es justo echar la culpa a los trabajadores por las constantes averías y los retrasos en el servicio ferroviario. 
La verdad es que hemos descuidado nuestros sistemas ferroviarios y de transporte en el plano nacional. 
Mientras la economía está en pleno apogeo tenemos que invertir con sensatez en las redes ferroviarias y de carreteras y en otras infraestructuras de transporte. 
Es importantísimo que en Irlanda no quedemos retrasados con relación a nuestros vecinos del continente europeo en lo que se refiere a las cuestiones del transporte, que son de importancia económica y social vital. 
Por último, estimo que es intolerable que en una capital importante como Dublín sigamos teniendo un mal servicio de autobuses entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. 
Eso forma parte de los defectos de nuestro sistema de transporte. 
Señor Presidente, los ferrocarriles y los medios de transporte que no dañan el medio ambiente y son duraderos constituyen, sin duda, una de las más importantes materias a las que los parlamentarios podemos dedicarnos en el Parlamento Europeo y, obviamente, también en otros Parlamentos. 
Pero entonces nosotros, que representamos al pueblo en la UE, tenemos que decidirnos si queremos apostar por los ferrocarriles antes que por el trafico aéreo, las carreteras y los puentes como, por ejemplo, el puente sobre Oresund en Suecia. 
Tenemos que dar prioridad a los ferrocarriles. 
Sin embargo, no lo hacemos sino que le tratamos como a una parte de la totalidad los medios de transporte. 
Tenemos que dar prioridad a los medios de transporte de bajo consumo energético, que no dañan el medio ambiente y son duraderos. 
Entre esos está el ferrocarril. 
No obstante, no estoy tan seguro de que sea justamente la liberalización el mejor medio de hacerlo, sino que existen otras medidas que son mucho mejores. 
Además, tenemos que encargarnos de que se reacondicionen antiguas vías de ferrocarril. 
También hay que tomar en cuenta muchos otros factores como, por ejemplo, eficacia, consideraciones regionales, aspectos energéticos, medioambientales y de empleo, para que el ferrocarril llegue a ser un medio de transporte competitivo en Europa. 
Señor Presidente, el Libro Blanco de la Comisión aspira a la liberalización inmediata de los transportes ferroviarios y especialmente al acceso incondicional de las empresas privadas a la infraestructura ferroviaria. 
Nuestro ponente, el Sr. Sarlís, claramente intranquilo por las consecuencias, hace un notable esfuerzo por retrasar el ritmo y por dar a conocer una serie de problemas que, en su opinión, imponen un fomento gradual de la liberación. 
Sin embargo, no debe afrontarse así la intensa preocupación. 
Por fin debe hacerse un balance de las consecuencias de la liberalización total en otros sectores como son los transportes aéreos, los marítimos, la industria naval europea, etc. Los ciudadanos europeos deben darse cuenta de las consecuencias en los servicios públicos y en los generales, del dramático deterioro de la seguridad de los transportes y de la calidad de los servicios. 
Tienen que concienciarse de las tremendas consecuencias en el empleo, en las condiciones laborales y en los derechos sociales de los trabajadores. 
Si vemos así las cosas, comprenderemos los peligros que implica la liberación que fomenta la Comisión y, naturalmente, asumiremos nuestras responsabilidades y actuaremos en consecuencia. 
Señor Presidente, abogamos por un ferrocarril eficaz y moderno. 
Manifiestamente, existen varias formas de conseguirlo y no estoy segura de que estemos totalmente de acuerdo con la que propone el Libro Blanco. 
¿Por qué abogar por la causa de unos ferrocarriles eficaces? 
Porque, en el arbitraje entre los diferentes modos de transporte, concedemos una prioridad totalmente esencial al ferrocarril respecto de la carretera, por ejemplo, por razones sociales, económicas, de ordenación del territorio, de coherencia de una política de transportes. 
Desde ese punto de vista, la Directiva 91/440 establecía un punto de partida que en aquella fase nos parecía suficiente. 
No obstante, cuando el debate pasó al Consejo de Ministros para ir más allá de esa directiva, ciertos Gobiernos, entre ellos el de Francia, claramente, se opusieron a esa perspectiva. 
Por eso se lanzó la idea de un Libro Blanco que permitiera abordar la cuestión de la liberalización en conjunto. 
Por desgracia, el Libro Blanco no sólo mantiene íntegramente la propuesta de modificación de la Directiva 91/440, sino que, además, la amplía. 
Así, pues, nos parece que el Libro Blanco, tal como se presenta, no constituye una forma realista de abordar el futuro del ferrocarril. 
¿Cómo se puede pensar que el Libro Blanco va a permitir resolver el problema de ese sector, cuyas consecuencias sociales son inmensas- ya se han recordado las cifras: 500.000 puestos de trabajo, es decir, la tercera parte de sus efectivos, se perdieron entre 1985 y 1995 y la Comisión confirma esa tendencia para el futuro -, cuando resulta que no aporta ninguna solución y se contenta con remitir a la responsabilidad de los Estados miembros? 
Sin embargo, me parece que experiencias recientes nos muestran que el hecho de tratar la cuestión de los transportes únicamente desde el punto de vista de la competencia y la liberalización, pasando por alto deliberadamente su dimensión social, puede constituir un grave error. 
En su informe, el Sr. Sarlis no aprueba el Libro Blanco en su forma actual. 
Más que una liberalización inmediata, propone una liberalización por etapas. 
Nos parece que eso no es realista y que- al menos de momento- se ha de rechazar toda nueva liberalización, mientras no haya habido una evaluación de los resultados de la Directiva 91/440 sobre una base objetiva. 
Hay que explorar las posibilidades de la Directiva 91/440 antes de modificarla y fomentar la cooperación entre empresas ferroviarias. 
Ésa es la razón por la que algunos de mis colegas y yo hemos firmado varias enmiendas y no votaremos a favor de ciertos párrafos del informe del Sr. Sarlis. 
Señor Presidente, en primer lugar, muchas gracias al ponente, nuestro colega, el Sr. Sarlis, que ha comentado de manera cuidadosa y completa todos los problemas y ha elaborado unas buenas conclusiones con las que estoy de acuerdo. 
Permítanme que me refiera de una manera más concreta a algunos hechos. 
Es lamentable que la Comisión excluya la cuestión social, aunque hayamos perdido ya hasta ahora 500.000 puestos de trabajo en el sector de los ferrocarriles europeos: los ámbitos que deben ser cubiertos de la manera más rápida posible por la Comisión a través de propuestas son los siguientes: 
En primer lugar: los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento comunitario de los títulos y diplomas del personal de ferrocarriles. 
En segundo lugar: la reescolarización del personal despedido para que pueda asumir los nuevos puestos de trabajo que ofrecen las nuevas empresas ferroviarias. 
En tercer lugar: la armonización comunitaria de las condiciones de trabajo de los empleados en los ferrocarriles, y en cuarto lugar: las necesarias cualificaciones formales y sustantivas así como la garantía de una específica formación del personal que emplean las nuevas empresas ferroviarias. 
Por lo demás, quiero instar a la Comisión a que proponga las modificaciones estructurales necesarias, relativas al modo de funcionamiento del Fondo Social Europeo, para que aquella pueda atender los problemas, relacionados con el desempleo y con la jubilación anticipada del personal de los ferrocarriles, que se están produciendo en numerosos Estados miembros como consecuencia de la reestructuración del transporte por ferrocarril. 
Quiero destacar que el transporte por ferrocarril debe desempeñar un papel central, en concreto, el ejercicio del derecho a la movilidad técnica por parte de muchos ciudadanos socialmente débiles que no se pueden permitir un vehículo propio. 
Señor Presidente, señores colegas, el Libro Blanco presenta la estrategia de la Comisión Europea sobre la revitalización de los ferrocarriles comunitarios. 
Mi grupo está de acuerdo en que la Comisión tendrá que elaborar, lo más rápido posible, el calendario de la liberación gradual de los ferrocarriles de la Unión Europea. 
Sin embargo: 
primero, como también ha dicho el ponente, a quien felicitamos por su muy cuidado, realista y razonable informe, esta liberación deberá ser progresiva y planificada muy cuidadosamente; -segundo, deberá estar seguida de medidas sociales de acompañamiento para los trabajadores en este sector; en este punto debemos decir que mi grupo no considera satisfactorias las garantías que se incluyen sobre las medidas sociales en el Libro Blanco. Las compañías ferroviarias deberán adquirir el derecho de libre acceso a las infraestructuras para poder efectuar los transportes internacionales de mercancías; -tercero, debe garantizarse el mismo tratamiento en todos los medios de transporte, especialmente en cuanto al impuesto sobre el valor añadido y a las ventas libres de impuestos; -cuarto, debe darse gran importancia a la seguridad de los pasajeros y de las mercancías; -quinto, habrá que tomar medidas para el acceso de las personas con deficiencias y adaptarlo a las necesidades de las familias con niños.En un principio, en estas condiciones mi grupo da su apoyo al Libro Blanco y al informe del Sr. Sarlis. 
Sin embargo tenemos nuestras reservas sobre bastantes enmiendas y, básicamente, esperamos escuchar los compromisos de la Comisión Europea sobre los dos desacuerdos básicos del Sr. Sarlis, con los cuales nosotros estamos de acuerdo. 
Señor Presidente, buena es la unificación y el intento de revitalización de los ferrocarriles, pero hay pendientes algunas opciones, aparte de las que mis srs. colegas ya han subrayado, especialmente en ámbito social. 
Primero, el ferrocarril padece, literalmente de forma escandalosa, la competencia desleal que procede de los camiones. 
¿Qué directriz sigue la Comisión? 
¿Vamos a cargar el coste de las carreteras a los camiones o vamos a sustraer de los ferrocarriles el coste de la infraestructura? 
Pero entonces tomarán las directrices los Estados miembros y ¿qué sucederá con sus deficits? 
Quiero una directriz clara. 
¿O es que vamos a poner peaje en los ferrocarriles? 
Las cosas, algunas veces, deben simplificarse. 
Segundo, los ferrocarriles en Europa tiene básicamente el problema de la administración, en la parte occidental, y también el problema del desarrollo y de integración hacia Oriente y principalmente hacia el Sur. 
Y estoy pensando en los Balcanes, en Grecia, etc. Allí el problema, repito, no es tanto la administración, es la organización de la infraestructura y su conclusión. ¿Cuál es la directriz de la Comisión? 
Los marcos comunitarios de apoyo que he visto, señor Presidente, no me convencen. 
Dan otra vez prioridad a los coches y a las carreteras, y dejan las migajas a los ferrocarriles. 
Hace falta cambiar de política también ahí. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que somos conscientes que no debemos ignorar la cuestión social. 
Sin embargo, si dejamos los ferrocarriles tal como están, vamos a perder credibilidad. 
Hay que tener en cuenta el grado de dificultad que los ferrocarriles encuentran en este momento en Europa y en cada uno de los Estados miembros. 
Debemos recuperar la competitividad del sistema ferroviario, lo que es posible si nos basamos en el análisis propuesto, aunque, evidentemente, no podemos centrarnos tan sólo en el sistema ferroviario y el modo de trasporte relacionado con los ferrocarriles. Es preciso tener en cuenta también los demás modos, el papel que puede desempeñar dicha competitividad en el intercambio de mercancías y el transporte combinado y, como es obvio, cómo los diferentes modos de transporte se complementan entre sí. 
Desde este punto de vista, no podemos aislar la revitalización del sistema ferroviario de las demás cuestiones examinadas por la Unión Europea. 
Pienso, por ejemplo, en el tema de la internalización de los costes que justamente se ha planteado. 
Creo que, en este sentido, es importante abordar los temas de la siniestralidad, la congestión, la contaminación y el ruido. 
Los modos de transporte pueden ser competitivos si, junto con el Libro Blanco sobre los ferrocarriles, también se tratarán estos aspectos con objeto de que los varios modos de transporte puedan competir de forma realmente leal. 
En este sentido, en mi opinión, no hay que considerar este proyecto como un proyecto aislado, sino que debemos tener en cuenta que existen graves problemas en Europa: me refiero a los 50.000 muertos en accidentes de tráfico, a los 7.800 muertos al año en Italia siempre en accidentes de tráfico y a los grandes problemas originados por la contaminación atmosférica. 
Eso sí, hay que hacer frente a la cuestión social, de lo contrario, corre el riesgo de ser afrontada aisladamente, porque, si el sistema ferroviario deja de ser competitivo, ya no podemos garantizar el empleo a los que en la actualidad trabajan en el sector de los ferrocarriles. 
Por lo tanto, debemos asumir esta responsabilidad y lo tenemos que hacer ante todo como izquierda. 
Desde esta óptica, la respuesta puede ser más significativa. 
¿Quién va a gestionar el sistema ferroviario? 
Éste es un punto muy importante. 
Hay que intentar que en la competitividad y en la competencia el acceso al sistema ferroviario no se reserve únicamente a las grandes compañías y a los grandes grupos. 
Debemos procurar que también el acceso a la gestión del sistema ferroviario sea democrático y que sea posible que intervengan las formas y los modos de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y estructuras sociales, prestando garantías contra el dumping social, y respetando el horario de trabajo y la seguridad. 
Me parece que sólo así conseguiremos relanzar el sistema ferroviario. 
Señor Presidente, muchas gracias por darme la palabra. Antes que nada quisiera desearles un felicísimo Año Nuevo a usted y a todo el Parlamento. 
Señor Presidente, el informe Sarlis que el Parlamento tiene ante sí representa una contribución realmente valiosa al debate sobre la revitalización de los ferrocarriles de la Unión Europea. 
La Comisión y el Parlamento están de acuerdo en que es esencial efectuar grandes reformas si queremos que los ferrocarriles puedan sobrevivir como medio importante y esencial de transporte por toda Europa, que es lo que todos queremos por razones económicas, de empleo y ambientales sumamente válidas. 
El informe, como era de esperar viniendo de quien viene, es positivo y constructivo por lo que se refiere a la revitalización del transporte ferroviario y, aunque me alegra decir que apoya la política general que ha propuesto la Comisión, diré también que formula valiosas recomendaciones acerca de la forma en que hay que efectuar los cambios necesarios. 
Por eso felicito calurosamente al ponente, Sr. Sarlis, que ha sabido preparar un informe con visión estratégica y carácter práctico. 
El ponente y el Parlamento pueden tener la seguridad de que las propuestas que se formulan en el informe se examinarán con cuidado y ánimo favorable. 
Señor Presidente, me parece que no peco por exceso de simplificación si digo que el informe contiene dos mensajes fundamentales. 
Uno es que la liberalización ha de ser progresiva, y otro es que hay que adoptar medidas adecuadas para facilitar el cambio, a medida que va teniendo lugar dicha liberalización. 
Por lo que se refiere al primer mensaje, acepto que hay que introducir progresivamente las leyes del mercado a fin de dar tiempo a los ferrocarriles para que se adapten y para que la Comunidad pueda establecer una amplia red. 
Nunca se ha tenido la intención de que la liberalización de los ferrocarriles europeos se lleve a cabo según lo que se ha descrito como enfoque " Bing Bang» , y nunca se ha propuesto semejante cosa. 
Ahora bien, permítanme que haga hincapié en que el cambio no puede ser demasiado lento ni demasiado gradual, por la sencilla razón de que el tiempo no está a favor de los ferrocarriles. 
Hay que dejar bien sentado que si el cambio no se efectúa con un sentido de urgencia mayor que el que tiene en la actualidad, quizá no haya " Bing Bang» pero el único sonido que oiremos será el repique de las campanas en el funeral de los ferrocarriles. 
Y esto no sucederá dentro de 20 años: sucederá apenas dentro de una docena de años a no ser que nos decidamos urgentemente en favor del cambio y lo llevemos a cabo sin pérdida de tiempo. 
En el curso de algunas intervenciones que merecen mi respeto, incluida la de la Sra. Berès, se ha dicho en el debate de hoy que en los quince últimos años se han perdido medio millón de puestos de trabajo en las redes ferroviarias. 
Es trágico, y es cierto. 
Una parte de nuestra estrategia, en realidad una parte fundamental de la conciencia social de nuestra estrategia, es la absoluta determinación de seguir políticas que salven por lo menos una parte sustancial del millón de puestos de trabajo que sigue habiendo en la industria ferroviaria y otras industrias relacionadas con los ferrocarriles, a lo largo de los diez o doce próximos años. 
Si no cambiamos nada, la lista de bajas en los doce próximos años podrá ser incluso mayor que la de los quince últimos años. 
Así de sombría es la situación, y así de urgente es la necesidad de cambiarla. 
La mayor parte estamos de acuerdo en que el cambio es urgente y en que es preciso efectuarlo de forma gradual, sin dramas ni brutalidades; ahora bien, es indispensable que sepamos qué dirección vamos a tomar. 
Por eso es imperativo que iniciemos el cambio con una manifestación de energía, por ejemplo liberalizando los transportes ferroviarios internacionales lo antes posible, como el Sr. Simpson, el Sr. Baldarelli y el Sr. Castricum han destacado, no solamente hoy sino también en muchas ocasiones anteriores. 
Es evidente que habrá que estudiar con sumo cuidado el momento preciso para efectuar la liberalización. 
Una vez que la Comisión haya presentado todas sus propuestas y que el Consejo y el Parlamento hayan comenzado los debates, habrá llegado el momento de decidir qué períodos de transición se necesitan y qué medidas conviene introducir al mismo tiempo. 
Sería prematuro hablar ahora de un calendario exacto pues no sabemos cómo podrán reaccionar el Consejo y el Parlamento a la propuesta de la Comisión. 
Lo único que diré es que nadie, y estoy escogiendo con mucho cuidado mis palabras, nadie que aprecie realmente la contribución y el potencial del ferrocarril en Europa y nadie que quiera que el ferrocarril prospere en el futuro, provocará deliberadamente retrasos innecesarios en la materialización de los adelantos esenciales. 
El informe del Sr. Sarli señala acertadamente que la liberalización de los ferrocarriles debe ir acompañada por otras medidas. 
El Sr. Sarli indica que el enfoque que sigue la Comisión prepara el camino a ese respecto, y ahora estamos considerando las medidas que darán efecto práctico a las propuestas que se hacen en nuestro Libro Blanco. 
Este año, por ejemplo, presentaremos tres series de medidas relacionadas con los ferrocarriles: la primera, en la primavera, tratará de la infraestructura e incluirá propuestas para separar más la gestión de la infraestructura y las operaciones de transporte. 
También incluirá propuestas relativas a directrices sobre tasas infraestructurales y directrices sobre la asignación de itinerarios ferroviarios. 
La segunda serie de medidas que se preparará este verano abarcará en particular los contratos de servicios públicos. 
También abarcará las ayudas estatales, no solamente en el sector ferroviario sino también en el transporte terrestre en general. 
Más adelante, a finales de este año, la tercera serie de medidas tratará de la interoperabilidad ferroviaria y de la integración de sistemas nacionales en términos más generales, incluidas las aptitudes del personal ferroviario. 
Además, en el primer semestre de este año se presentarán dos propuestas que abarcarán el transporte en su conjunto, con particular atención, evidentemente, a los ferrocarriles: una se referirá a la ampliación del ámbito de la Directiva sobre tiempo de trabajo para que abarque a todos los trabajadores del transporte, y la otra revestirá la forma de un Libro Blanco sobre tasas infraestructurales en el sector de los transportes en general. 
Por último, quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda la respuesta al informe del Sr. Sarli para comunicar al Parlamento, no sin placer, que la primera superpista de transporte de mercancías por ferrocarril ha entrado en servicio, a pesar de las profecías sombrías y negativas que algunos sectores de este Parlamento han vuelto a repetir esta tarde, por razones que comprendo pero que no tengo que aceptar. 
Es necesario que pensemos en los viajes con esperanza y con energía, pues si adoptamos cualquier otra actitud firmaremos el acta de defunción de los ferrocarriles. 
Huelga decir que hay diversas formas de desarrollar la reforma que está en curso en el sector ferroviario, y que hasta el momento no hay disposiciones concretas y concluyentes respecto de cuestiones como, por ejemplo, los precios. 
No hay nadie en este Parlamento ni en otro lugar que hubiera podido esperar razonablemente una reforma perfecta en estos días iniciales de las superpistas de transporte de mercancías por ferrocarril. 
El hecho de que esas superpistas estén ya en servicio y que puedan demostrar su capacidad de conseguir que el transporte de mercancías por ferrocarril pueda competir con otros modos de transporte, a pesar de las inhibiciones basadas en la tradición y de las reservas que aún tienen algunos sectores, es un tributo a todos los que han trabajado por el progreso. Es, además, una fuente de estímulo para seguir trabajando en la misma dirección en el futuro. 
Naturalmente, estoy de acuerdo en que las superpistas deben extenderse por toda la Comunidad cuando sea necesario, y estoy de acuerdo en que las conexiones con los puertos son importantes, como se ha indicado una vez más en el curso del debate de hoy. 
La Comisión seguirá insistiendo en lo que acabo de decir, al mismo tiempo que reconoce que las decisiones de política en materia de superpistas tienen que ser adoptadas por los Estados miembros y por los administradores de las infraestructuras, y no por la Comisión cuyo papel consiste en promover la idea y en ayudar a superar las dificultades. 
Si empezásemos a abogar por instituir el grado de centralización que haría que la responsabilidad de la asignación de superpistas ferroviarias recayera en el edificio Breydel de Bruselas, entonces estaríamos creando una situación en la que lo lógico sería que se nos dijera que nuestra actitud es absurda. 
Somos promotores, lo único que hacemos es esforzarnos por conseguir que otros puedan aprovechar plenamente todos los cambios que nos esforzamos por introducir. 
Para acabar diré que acojo calurosamente este informe y que estoy seguro de que este Parlamento examinará las propuestas que se van a presentar con la misma actitud positiva que ha tenido respecto del Libro Blanco sobre revitalización y respecto de la comunicación sobre superpistas de transporte de mercancías por ferrocarril. 
Quedo agradecido al Parlamento por su actitud y por el hecho de que comparte la determinación de la Comisión, que procura ayudar a crear ferrocarriles que puedan competir con otros modos de transporte, que trata de recuperar mercados perdidos, y que trata de atender las demandas de personas y empresas en estos tiempos modernos. 
Si los ferrocarriles tienen éxito en todos estos empeños, habrán conseguido ofrecerse un futuro próspero y sin trabas, un futuro del que también se beneficiarán los que trabajan para los ferrocarriles. 
Si el cambio no se efectúa según las pautas indicadas en este informe, y también en el Libro Blanco de la Comisión, ese futuro será muy sombrío. 
Señor Presidente, para empezar quisiera agradecer al Sr. Comisario las buenas palabras que me ha dirigido a mi y a mi informe. 
Sólo querría añadir que el informe, tal como se ha presentado en la Sesión Plenaria, es el resultado de una labor conjunta de mis S.S. colegas en la Comisión de Transportes y Turismo, los cuales han trabajado realmente sobre el tema de los ferrocarriles, han participado en los congresos, en los debates, y así hemos podido tener el resultado que hay ante la Sesión Plenaria. 
Debo decir igualmente que me alegro de la respuesta de la Comisión a mi informe y de que el Parlamento reconozca esta respuesta, lo que percibo por el interés que se ha mostrado en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Si me lo permiten, tengo dos cuestiones que exponer al Sr. Comisario. 
Un tema es la tan grata noticia de que llega, en poco tiempo, la modificación de la extensión de las horas de trabajo en todos los medios de transporte. 
Considero que esta medida es muy importante, como medida que va a solucionar la distorsión de la competencia que hay en este momento entre transportes por carretera y por ferrocarril. 
Y finalmente querría pedir que se preste atención también al tema de las líneas directrices, si está previsto, en cuanto a los acuerdos de colaboración que se firmarán entre los administradores de las infraestructuras. 
Porque también ahí hay un tema delicado, a saber: no sea que se considere que estos acuerdos de colaboración son contrarios al artículo 85 del Tratado. 
Señor Comisario, son dos puntos a los que querría que usted prestara atención. 
Señor Presidente, es posible que se me haya pasado algo o que tengamos definiciones completamente diferentes de lo que es una superpista de transporte de mercancías; si estamos hablando de infraestructura ferroviaria caracterizada por la libertad de acceso y la competencia de tarifas, entonces es posible que haya una superpista del transporte de mercancías. 
Por lo demás, no quiero que el Comisario se quede en el edificio Breydel: lo que tiene que hacer es salir y convencer a los operadores de... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, quisiera dirigirme muy brevemente al Sr. Sarlis para manifestarle mi agradecimiento por la referencia que ha hecho a la extensión de la Directiva sobre tiempo de trabajo. 
Puede confiar en que en el próximo futuro tendrá noticias positivas sobre el particular. 
En cuanto a las directrices relativas a los acuerdos de cooperación, es muy probable que esa formalidad no sea necesaria. 
Para conseguir el progreso indispensable quizá baste, como ha dicho el Sr. Wijsenbeek, con trabajar en conjunción práctica con los administradores de las infraestructuras. 
Naturalmente, esta cuestión se examinará muy minuciosamente. 
Si estimamos que la adopción de nuevas medidas podría ayudar a desarrollar con más rapidez las superpistas de transporte de mercancías por ferrocarril, responderemos a la situación con urgencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Limitación del uso de aviones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0404/97) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-0530/97-96/0209/SYN) ) con vistas a la adopción de una directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE relativa a la limitación del uso de aviones objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988) (Ponente: Sr. Van Dam). 
Señor Presidente, el informe sometido a examen es el fruto del profundo debate llevado a cabo en el seno de la comisión y considero que las enmiendas presentadas ulteriormente tienen en cuenta algunas incongruencias que no fueron aceptadas por el Consejo. Evidentemente, yo también me refiero a la flota de Arabia Saudí que, en definitiva, se clasifica como flota de un país en desarrollo, lo que nos parece anacrónico. 
En este sentido, se propone una enmienda que se refiere a la clasificación de la OCDE y que, por lo tanto, debería excluir la flota de Arabia Saudí de los beneficios que se derivan de la resolución sobre los aviones contaminantes que producen ruido y tienen más de 25 años. 
Desde este punto de vista, en consecuencia, se volvería a establecer una condición positiva, ya que, en definitiva, la propuesta afectaría a los países que, realmente, están en dificultades y se garantizarían la seguridad, así como la calidad de vida de los ciudadanos que viven cerca de los aeropuertos. 
Otro punto que me parece importante y que, sin embargo, no se ha planteado, es el de la competencia. 
Me gustaría que se resaltara- y no sólo por parte de la Comisión- este aspecto, es decir, que la posibilidad de tener un slot no debe ser objeto de cesión porque, evidentemente, la posibilidad de que tener un slot con un avión autorizado, hoy por hoy, es muy importante en la competencia entre los distintos países, ya que existe el riesgo de que dicho slot pueda ser cedido a terceros países y, en consecuencia, el peligro de una verdadera comercialización de los slot efectuada con aviones que están autorizados, contaminan y, además, producen ruido. 
Todo esto, al final, podría implantar un sistema de mercado no muy correcto. 
Señor Presidente, señoras y señores, nos encontramos, igual que en la primera lectura, en un campo de tensión entre la eficacia y el medio ambiente. 
Nosotros, los del PPE, celebramos el informe de hoy y también las propuestas de modificación, aunque lamentamos que de las nueve propuestas que se hicieron en la primera lectura tan sólo dos hayan sido tomadas en cuenta; estas dos propuestas, a mi modo de ver, son importantes. 
Evitan, en efecto, el alquiler de aeronaves y pertinentemente afectan también directamente el problema de competencia que se acaba de mencionar. 
Yo me alegraría también si la Comisión aclarase en este punto un poco más este concepto y declarase que está realmente descartado que se utilicen, sea cual fuere la manera, en sentido contrario a lo previsto en la directiva, las excepciones que existen en determinados países en el ámbito de la competencia y en el ámbito del medio ambiente. 
En cualquier caso, lamentamos que no hayan sido aceptadas en general determinadas propuestas de endurecimiento. 
A nuestro modo de ver, lo que hagan los países miembros en este ámbito no puede situarse en ningún caso por debajo de las disposiciones de la directiva, a lo sumo, por encima de lo que prevé la directiva. 
Es decir, no puede ocasionar ninguna fractura en el campo de tensión de la directiva entre la eficacia, el medio ambiente y también la competencia. 
La versión actual constituye un compromiso razonable. 
Aporta pequeñas correcciones. 
Sin embargo, ayudaría a los intereses de todos si pudiéramos aclarar de algún modo el concepto de «países en vías de desarrollo». 
Creo que, visto así, lo que se ha presentado aquí en la propuesta logra ya el acuerdo de la Comisión. 
Me alegraría que todavía hoy la Comisión pudiera manifestarse brevemente una vez más al respecto. 
Pero sería también una buena cosa para todos nosotros que el Consejo pudiera incluir también en este concepto qué significa «país en vías de desarrollo» , para no dejar aquí ningún margen amplio de interpretación. 
En todo caso se trata de aeronaves que no sólo son ruidosas, se trata de aeronaves que en conjunto tienen más de 25 años y, en mi opinión, en este punto un país como Arabia Saudita tampoco debería disfrutar realmente de ninguna excepción en este contexto. 
Por lo que respecta a los otros países, no hay que enjuiciar realmente el problema con arreglo a qué aspecto tiene la carga en los diferentes aeropuertos europeos, sino que hay que considerar más bien que en el marco de diversas acciones- y esta Asamblea concede también ayudas al desarrollo- se conceda una ayuda en esta ámbito a determinados países que están directamente afectados, para que los aeropuertos europeos y también los aeropuertos propios no se vean molestados más tan fuertemente por el ruido. 
Señor Presidente, me referiré muy brevemente a los antecedentes de esta medida particular que el Parlamento tiene hoy ante sí y que es el tema de sus debates. 
Cuando se adoptó la Directiva de 1992, había aeronaves de países en desarrollo que no habían sido notificadas a la Comisión con arreglo al procedimiento apropiado y que, por lo tanto, no se incluyeron en el anexo del texto, por lo que, a fin de identificar a esas aeronaves, la Comisión entabló negociaciones con la organización regional apropiada, que es la Organización Árabe de Transportistas Aéreos. 
El tema principal de las negociaciones era, naturalmente, la capacidad técnica de las aeronaves sobre la base de los criterios estipulados en el Artículo 3 de la Directiva, y la designación de los países como países en desarrollo corresponde enteramente a los criterios fijados por la organización internacional competente, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, de la OCDE. 
Sobre la base de lo que acabo de decir quisiera responder a las enmiendas presentadas por el ponente, Sr. van Dam y secundadas por otros diputados. 
En primer lugar, la Comisión puede aceptar las enmiendas 2 y 3 que representan ajustes técnicos de utilidad para el anexo. 
Al Parlamento le interesará saber que también tienen el apoyo del Consejo. 
Me hago cargo perfectamente de los motivos en que se inspiran las enmiendas 1 y 4 pero he de decir que la Comisión no puede aceptarlas por la sencillísima razón de que Arabia Saudita está incluida en la lista internacional oficial de países en desarrollo que se utilizó para preparar el anexo original de la Directiva 92/14 del Consejo. 
Además, las aeronaves incluidas en el anexo cumplen los criterios estipulados en el Anexo 3 de la Directiva 92/14 del Consejo, según queda enmendada por la presente Directiva. 
Si queremos cambiar las reglas, como se ha sugerido, por razones que comprendo perfectamente, tendríamos que establecer, a efectos únicamente de la presente Directiva, una nueva definición de lo que realmente es una nación en desarrollo; esto originaría un volumen de trabajo que no guardaría ninguna relación con el esfuerzo realizado, ya que en este caso estamos refiriéndonos a siete aeronaves. 
Por último, la Comisión quisiera señalar que, debido al limitado uso de las aeronaves de que se trata, la inclusión de Arabia Saudita en la lista tendría un efecto muy marginal en términos de aumento del ruido en los aeropuertos o cerca de ellos, aunque es evidente que lamentamos todo aumento, por pequeño que sea. 
Comprendo sin duda alguna la motivación en que se han inspirado las enmiendas relativas a las aeronaves matriculadas en Arabia Saudita, pero espero que el Parlamento acepte que realmente no podemos cancelar acuerdos concertados anteriormente en buena fe con otros, y que no podemos razonablemente modificar definiciones internacionalmente reconocidas que, de todos modos, no afectarían más que a media docena de aeronaves que están quedando fuera de servicio paulatinamente. 
Teniendo en cuenta todo lo antedicho, y agradeciendo al Sr. van Dam su informe muy competente, que me parece es el primero que ha presentado a este Parlamento en el escaso período de tiempo que lleva aquí, espero que el Parlamento reflexione sobre el particular y comparta la opinión de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Competitividad industrial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0384/97) del Sr. Desama, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «La Unión Europea y el espacio: fomento de las aplicaciones, los mercados y la competitividad industrial» (COM (96) 0617- C4-0042/97). 
Señor Presidente, señor Comisario, la sesión de hoy resulta muy singular. 
En efecto, después de haber hablado de problemas inherentes a los ferrocarriles y al transporte aéreo, ahora examinamos la política europea del espacio. 
Pese a ese brillante ascenso, temo que, con nuestro conocimiento actual de la física espacial, no nos quede más remedio que volver a bajar a la Tierra. 
Voy a procurar hacer un rápido resumen del informe sobre el espacio. 
Ante todo, recordemos que Europa no es una novata en materia de conquista espacial. 
En efecto, en los últimos años hemos logrado mantener nuestra autonomía y nuestra independencia en el plano del acceso al espacio y esencialmente gracias a dos esfuerzos: en primer lugar, un esfuerzo de cooperación intergubernamental, gracias al OEE y, por otra parte, también una política de inversiones públicas voluntarista por parte de algunos Estados europeos. 
Pero, pese a ese esfuerzo y a esa independencia de acceso, no queda más remedio que reconocer que respecto de los Estados Unidos seguimos siendo un enano del espacio. 
El sector del espacio emplea a 200.000 personas en los Estados Unidos frente a unas 40.000 en Europa; el 7 % de la financiación de la política espacial de los Estados Unidos corre a cargo de inversiones privadas y de aspectos comerciales, frente el 38 % en Europa, lo que da idea de la importancia del esfuerzo de reequilibración que debemos hacer. 
No se trata necesariamente de poner un tigre en el motor, sino, en todo caso, de poner un aditivo en la política europea, de añadir al ámbito intergubernamental un poco de política comunitaria o incluso supranacional, para no despertar ciertos demonios antiguos. 
Así, pues, hoy es necesario que la Unión Europea tenga su política espacial, no totalmente aislada de las demás, sino que precisamente aporte esa plusvalía europea a un conjunto de políticas de cooperación espacial en Europa. 
Naturalmente, no es el Parlamento quien va a formular esa política, sino la Comisión, que, por lo demás, acaba de dar un primer paso con esta interesantísima comunicación, y el Consejo. 
Pedimos que se dedique un Consejo Europeo especialmente al espacio. 
Tal vez la Presidencia británica oiga mi llamamiento. 
Esa política, esa plusvalía europea, deberían basarse- me parece a mí- en dos condiciones básicas. 
La primera condición es la de que se tengan en cuenta todos los imperativos, a la vez estratégicos y comerciales, es decir, reconocer de una vez por todas que una política espacial es necesariamente una política global, que no hay, por una parte, una política estratégica y, por otra, una política comercial, sino que todo lo que se haga debe atañer a todos los imperativos de esa política espacial. 
La segunda condición es la de que los Estados miembros y la Unión Europea dediquen más medios públicos a la aplicación y al desarrollo de la política espacial. Pues, pese a su importancia y a su necesidad, las inversiones privadas no bastarán. 
Respetando esas condiciones e inspirándonos en el excelente informe de mi colega el Sr. Malerba, habremos colocado una serie de hitos en la vía de lo que debería ser esa política espacial. 
En primer lugar, mantener el alto nivel de competencia tecnológica gracias a un instrumento como el quinto programa-marco, pero también mediante nuestra participación en ciertas grandes aventuras científicas, como la estación espacial, por ejemplo, y muchas otras más. 
En segundo lugar, concentrando la industria del espacio. 
No se trata de hacer una sola empresa europea del espacio- un elefante nunca ha corrido más rápido que una cebra -, sino, esencialmente, de agrupar todas la empresas que hoy se entregan a una competencia irrisoria a escala mundial, en proyectos federadores: la conquista de ciertos grandes mercados comerciales, pero también el suministro de grandes servicios. 
En tercer lugar, reforzar nuestros puntos fuertes, la industria de los vehículos de lanzamiento y de los satélites. 
En cuarto lugar, garantizar nuestros medios de independencia, en particular mediante la formulación de un sistema europeo de navegación que sea fruto de la tecnología europea. 
Y, por último, organizar una cooperación extraeuropea no sólo con potencias espaciales ya antiguas, como el Japón o Rusia, sino también con nuevas potencias espaciales en ascenso. 
Pienso en China y la India, en particular. 
Por último, quisiera señalar a la atención de la Comisión la necesidad de desarrollar los medios para una educación sobre el espacio. 
Si queremos aplicar esa política ambiciosa, necesitaremos el apoyo de la opinión pública. 
Pero es necesario que ésta esté informada y, a ese respecto, la educación es la forma mejor para lograrlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate en el Pleno tiene lugar con algo de retraso respecto a la Comunicación de la Comisión y, en cierto sentido, los informes objeto de examen- el excelente informe del Sr. Desama y el mío- casi han quedado obsoletos a raíz de los eventos. 
En los últimos meses, se han producido acontecimientos de gran interés como el viaje del Mars Pathfinder, el éxito del lanzamiento del ARIANE 5 y, ahora, el del Lunar Prospector. 
Sobre las alas del éxito del Pathfinder, la NASA, teniendo en cuenta lo mucho que a la opinión pública americana le interesan la exploración planetaria y el enigma de la vida en el cosmos, ahora planea utilizar la estación espacial como plataforma para un vuelo tripulado a Marte y piensa en un módulo hinchable que se acoplará a la estación espacial y se llamará transhub. 
Realmente, el espacio es el lugar de la innovación y de la imaginación creativa por excelencia. 
Un ejemplo de esto es la navegación por satélite. 
Hace diez años, no se sabía qué era. 
Hoy está aplicación ofrece seguridad a la navegación aérea y soluciones a la eficiencia de las flotas de taxis en las ciudades, y nosotros reclamamos un sistema de navegación por satélite europeo. 
En este mar y espacio del próximo milenio, los grandes protagonistas son los Estados Unidos, lo acaba de decir el Sr. Desama, y su liderazgo en el sector económico, militar, tecnológico y cultural, se demuestra también a través del dinamismo científico e industrial en el sector espacial. 
No es fácil comparar el sector espacial americano y el europeo, ya que la inversión anual de los Estados Unidos es aproximadamente 4 veces superior a la europea y la mayor industria europea del sector va a la zaga de los tres gigantes americanos Lockheed, Hugues y Boeing. 
La Comunicación de la Comisión no se adentra en los problemas de una verdadera estrategia europea para el espacio y propone un conjunto de medidas concretas, ampliamente aceptables, para tres sectores en los cuales las aplicaciones espaciales están abriendo nuevos mercados de alto valor económico y estratégico como las telecomunicaciones multimedia, la navegación por satélite, la observación de la tierra. 
Estas orientaciones son ampliamente compartidas por el Parlamento Europeo y fueron objeto de una Comunicación sobre los satélites de telecomunicaciones sobre la cual fue ponente el Sr. Hoppenstedt y fueron retomadas de alguna forma en el Quinto programa marco. 
Aquí, por otra parte, debo recalcar que en las sucesivas revisiones de las innumerables enmiendas al informe, y debido a la falta de tiempo, acabaron consolidándose la mayor parte de los temas relativos a la investigación espacial en una acción aeronáutica y astronáutica más que en los distintos capítulos referentes a transportes, medio ambiente y sociedad de la información, tecnologías genéricas de los materiales, y considero que esta consolidación deberá volverse a plantear en segunda lectura manteniendo, en cambio, la distribución en los distintos capítulos. 
Quedan en el aire muchas preguntas de carácter más político y estratégico, y es sobre las mismas que deseo detenerme por un instante. 
En los últimos tres años, las empresas americanas se han fusionado en tres únicos grupos de dimensiones mundiales, mientras que, por el contrario, el proceso de consolidación europeo es lento. 
¿Seguirán teniendo un papel en el futuro las Agencias espaciales nacionales? 
¿Y la ESA? 
¿Y el papel de la Comisión? 
Mi razonamiento me lleva a imaginar a la Comisión desempeñando en un próximo futuro un papel más abierto a las estrategias espaciales, de cara al Consejo Europeo y al Parlamento, y también a escala internacional con objeto de participar en las negociaciones para las asignaciones de frecuencias y las posiciones de satélites. 
Por eso, he sugerido en mi informe que la Comisión pida que se celebre un Consejo sobre el tema del espacio al menos para sondear el terreno. 
Confiamos en volver a hablar de estos temas en el Parlamento y esperamos una Comunicación sobre los sistemas de navegación mientras que en el intergrupo «espacio» y en la task force «espacio» vamos a seguir multiplicando los contactos con la Comisión, la ESA y la industria. 
¡Realmente, este capítulo sólo acaba de empezar! 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar al ponente. Una vez más se ha mostrado dispuesto a incorporar las ideas de sus colegas, lo que es de apreciar. 
También apreciamos las opiniones autorizadas del Sr. Malerba. 
Este informe destaca la importancia del espacio, la necesidad de obtener apoyo con cargo a fondos públicos- estaría totalmente fuera de lugar recurrir a empresas comerciales- y el verdadero valor añadido que engendra la labor de la Unión Europea. 
El informe compara la posición de los Estados Unidos y la Unión Europea en términos de puestos de trabajo, efectos secundarios y desarrollo de una cultura científica. 
No estamos hablando de investigación y desarrollo militares: esta cuestión queda claramente resuelta. 
Principalmente nos ocupamos de las aplicaciones de los satélites. 
No estamos recomendando ninguna injerencia en el campo de acción de la Agencia Espacial Europea. 
Todo esto reviste un valor enorme para los ciudadanos de la Unión Europea y también para el Tercer Mundo. 
El Sr. Desama menciona la planificación regional, la agricultura, la pesca, el transporte, la lucha contra el fraude y los síntomas y las dificultades referentes al cambio climático. 
Comparto su opinión de que la industria espacial tiene que lanzarse resueltamente por el camino hacia una concentración que la permita competir con los fabricantes americanos. 
Me agrada la referencia que hace a "Star Trek» en lo de" lanzarse resueltamente». 
Aunque se hace hincapié en la cuestión de los satélites, tenemos que percatarnos de que hay enormes sinergias con actividades desarrolladas por el hombre- o, si queremos ser más " políticamente correctos» , desarrolladas por personas -, cosa que es esencial. 
Tenemos que abordar el problema de los residuos espaciales. 
Por el espacio andan sueltas muchas y muy diversas cosas: vehículos espaciales, elementos de equipo, herramientas, cafeteras. 
Éste es un problema que va a revestir graves proporciones, y hay que ocuparse de él. 
Algunas de las enmiendas plantean el problema del plutonio, y lo mejor sería que investigáramos la utilización de células solares. 
Su uso nos ayudará a obtener energía aquí en la Tierra, y estoy seguro de que tendrá otros efectos positivos, pero de momento no podemos abandonar la utilización de la energía nucleoeléctrica para alimentar algunos de los instrumentos utilizados a grandes alturas. 
Como mis colegas, quisiera hacer hincapié en el papel de la educación espacial. 
Deberíamos ir todos a Toulouse y visitar la Ciudad Espacial. Esa visita nos inspiraría. 
De todas las ciencias que inspiran a los jóvenes, la del espacio es primordial. 
Es una ciencia que en el pasado ha hecho fijarse a mucha gente en la física, y sería muy grave que disminuyera el número de personas que se interesan por esa disciplina. 
El espacio es algo que fascina a todos los seres humanos y quizá sea la clave para la supervivencia de nuestro planeta. 
Apoyo firmemente la estrategia definida en el informe Desama y en la opinión Malerba, en particular la necesidad de que el Consejo tenga en cuenta que es necesario que haya una reunión del Consejo dedicada al espacio en el contexto europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el hecho de que el Parlamento Europeo se esté ocupando esta noche de la navegación aérea y espacial, reviste una gran importancia porque estamos tratando realmente de un planteamiento europeo. 
Yo mismo procedo de una región en la que la industria aérea y espacial ha desempeñado un papel importante y en la que hoy cada cual tiene claro que sólo a través de una cooperación europea podemos mantener, o podemos tener la posibilidad de recuperar, la competitividad, en especial, frente a los Estados Unidos. 
Desde este punto de vista, también desde nuestro grupo, quisiera dar las gracias al ponente por un informe tan completo. 
Creo que se han sido contemplados pertinentemente todos los aspectos que deben tratarse aquí. 
De manera consciente no hemos presentado ninguna enmienda, pues no queremos perjudicar una directiva que ha sido aprobada por mayoría en la comisión. 
No quisiera enumerar una vez más con cuántos problemas importantes tiene que enfrentarse la industria aeronáutica y espacial. 
Nuestros colegas, los Sres. Desama y Malerba, y nuestra colega, la Sra. McNally, han citado muy claramente las cosas. 
Pero quisiera referirme aquí y ahora a otro punto, en concreto, a que debemos llegar a una completa igualdad de oportunidades en el crecimiento del mercado de la navegación aérea y espacial, en especial, frente a los Estados Unidos. 
No puede ser que en los Estados Unidos de América la investigación y el desarrollo se financien sustancialmente a través del presupuesto de defensa, logrando así ventajas sobre la industria europea de navegación aérea y espacial. 
Ya hemos abordado estas cosas en este Parlamento en relación con otro informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Ciertamente, he presentado las correspondientes enmiendas en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Lamentablemente, la mayoría se ha pronunciado en contra, pero no deberíamos perder esto de vista. 
No puede ser que en Europa no tengamos un sector único de adquisiciones- y ésta es también la base de una comunicación de la Dirección General XII -, mientras los Estados Unidos reúnen, evidentemente, en una mano investigación, desarrollo y adquisición, y adoptan para el ámbito civil numerosos desarrollos procedentes del ámbito militar, originándose así ventajas claras frente a la industria europea de navegación aérea y espacial. 
No debemos cerrar los ojos ante esto. 
Espero que con la ratificación del Tratado de Amsterdam y con el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común suceda que podamos solucionar a escala europea estos aspectos. 
Señor Presidente, Comisario, estimados colegas, quiero, en nombre del Grupo Liberal, felicitar al Sr. Desama por su excelente informe. 
El mercado europeo para las aplicaciones espaciales está fragmentado. 
Hay muchas pequeñas empresas y no cooperan lo suficiente. 
La reestructuración de la industria espacial, es decir, la integración de varias empresas en una o la agrupación de las mismas, es necesaria para poder competir en el mercado mundial. 
Tanto la cooperación europea como la transatlántica constituye una exigencia absoluta en las actividades espaciales. 
El quinto programa marco puede suponer un estímulo en este sentido; especialmente ahora que, durante la última cumbre celebrada en Washington, se ha firmado con USA un programa de cooperación en los campos científico y tecnológico. 
Mi segunda observación se refiere a la posición de la industria de satélites europea. 
La importancia estratégica de contar con una industria de satélites propia es, desde el final de la guerra fría, comercial. 
El sector crece a un ritmo del 10 % cada año y con ello contribuye a la creación de puestos de trabajo. 
Si la Unión Europea no quiere perder el tren, la Comisión y los Estados miembros deben fomentar la competitividad de esta industria. 
Por ello, mi grupo no piensa ayudar a un sector específico sino estimular la investigación y cooperación comunitarias. 
Los sistemas de satélite son la forma de anticiparse a la globalización de la sociedad de la información. 
Sin embargo, en Europa se ha invertido sobre todo en las redes terrestres regionales. 
Además, la industria de satélites europea trabaja demasiado aislada, sin mucha interacción con la industria de ordenadores, redes, software y aparatos periféricos. 
Por ello, esta industria pierde cada vez más cuota de mercado a favor de las empresas de los Estados Unidos. 
Es necesaria una mayor cooperación y fusión de las empresas, así como respaldar políticamente el desarrollo tecnológico y abordar la gestión de los riesgos. 
Señor Presidente, en el grupo V nos hemos visto obligados a presentar cinco propuestas de enmienda a este informe de Desama para aclarar, y en algunos puntos también resaltar, posiciones de principios en cuanto a la UE y el espacio. 
En primer lugar, ¿no usa Desama un vocabulario erróneo cuando en la parte b del informe dice que vamos a " conquistar» el espacio? 
La palabra conquistar despierta en mí asociaciones totalmente equivocadas. 
De lo que se trata es de que vamos a investigar para saber qué nos puede dar el espacio y nada más. 
Conquistar se usa en contextos militares, cuando se va a conquistar algo. 
Pero aquí no se trata de eso, sino que vamos a investigar, ya que no puede ser otra la intención de la política espacial de la UE. 
En segundo lugar, tratándose de grandes proyectos internacionales de cooperación en el espacio, estimamos que en cuanto al proyecto espacial Casini y su "paseo» alrededor de la Tierra, el Parlamento Europeo debe instar a ESA y NASA para que, por razones de seguridad, suspendan el" paseo» por la Tierra, ya que la sonda está dotada de 32 kilos de plutonio de gran radioactividad. 
En diferentes informes del Parlamento se ha dicho anteriormente que esto es peligroso por razones de seguridad. 
¡Esta sonda va a pasar a una distancia de 500 millas inglesas de la Tierra y a una velocidad de 68.000 km/h! 
Opino que tenemos que impedir esto desde el Parlamento Europeo. 
En tercer lugar, en el punto 10 se debe agregar, además de que no vamos a usar el programa marco para investigación militar, que tampoco vamos a usar material radioactivo en el espacio. 
En cuarto lugar, tenemos que investigar la energía solar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta hoy. 
ESA ha llegado muy lejos en esto y podemos llegar aún más lejos en esta investigación. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Desama abarca plenamente el ámbito de los problemas científicos, etnológicos y financieros apoyándose útilmente, para aleccionarnos, no sólo en la comunicación de la Comisión- lo mínimo que podía hacer -, sino también en las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo entre 1979 y 1994. 
La densidad de este informe es una ventaja, porque nos permite delimitar nuestra intervención. 
Quisiera permitirme en primer lugar dos observaciones preliminares. 
La primera es la de que parece seguir siendo fuerte la tentación de apreciar la política especial europea en comparación con la de los Estados Unidos, en particular comparando los compromisos públicos y dejando constancia de lo que queda reservado al sector privado. 
Tal vez convendría recordar que los Estados Unidos son un único Estado, aunque sea federal, y que la Unión Europea está compuesta de quince países, con las diferencias culturales que ello supone, además de diferencias desde el punto de vista de la representación del papel y del peso de la ciencia y la tecnología, de las relaciones con las actividades de investigación e innovación y de la jerarquía en las prioridades. 
La segunda observación es la de que parece difícil obtener los componentes de una concepción dinámica que precisara las sectores de cooperación y los sectores de competición- como sana emulación -, así como la política de partenariado, en particular con los Estados Unidos, pero también con Rusia- por ejemplo, sobre la cuestión de los vehículos de lanzamiento muy pesados- o con los países en ascenso, tales como la India, China o Brasil. 
Ahora bien, quisiera mencionar la necesidad de fortalecer la dimensión social de la política espacial europea. 
Sabemos que las orientaciones tecnológicas no son neutras. 
El actual debate relativo a los vuelos habitados no es simplemente un debate sobre si, por una parte, hay que optar por una combinación de la robótica y lo humano o, por otra, elegir la «automatización total» ; se trata también del problema de la proyección que hacemos en nuestras sociedades para los decenios futuros. 
Así, pues, la cuestión de las aplicaciones es esencial y la cuestión de la utilidad social reviste importancia decisiva en sí misma. 
Si avanzamos en la observación de la Tierra, es para mejorar nuestra conciencia de los equilibrios del ecosistema y de la necesidad de preservarlos. 
Si se desarrolla la telecomunicación, es, en particular, para luchar contra el aislamiento y hacer avanzar la telemedicina. 
Si se desarrolla la teledetección, es porque es un instrumento para la ordenación del territorio. 
Por último, si se desarrolla la navegación, es porque los océanos serán una ubicación preferente de los imperativos geoestratégicos. 
Un antiguo jefe de división de la Agencia Espacial Europea nos recordaba que había una relación de 1 a 15 entre el mercado de vehículos de lanzamiento de satélites, por una parte, y los equipos terrestres y el empleo, por otro. 
Por mi parte, yo vivo en Guayana y en Kourou, a lo largo de toda la carretera, se ven carteles que proclaman: » Kourou, puerto espacial europeo». 
Puedo asegurar a Sus Señorías que la relación de 1 a 15 no se da ni en el caso de los equipos terrestres ni en el del empleo. 
Probablemente tampoco en el de las demás bases espaciales. 
Creo que debemos reflexionar sobre un esquema integrado. 
La coyuntura social en nuestros países lo exige. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, el informe del Sr. Desama pone de manifiesto claramente la diferencia en la valoración del sector de la navegación espacial en esta parte y en la otra parte del Atlántico. 
Sólo el número de personas empleadas- 200.000 en los EE.UU. frente a solamente 40.000 en Europadice mucho. 
El crecimiento del sector comercial en Europa es sencillamente impresionante. 
Sin embargo, el avance tecnológico y el desarrollo de nuevas actividades en la investigación del espacio no van a ser soportadas, sin duda, por el sector comercial. 
Hay que ser consciente de esto. 
Apoyo la necesidad, expresada en el informe, de considerar la política europea de navegación espacial como un conjunto. 
Quisiera subrayar expresamente la necesidad de tomar en consideración los aspectos científicos y los aspectos de los vuelos espaciales tripulados y de no limitarse solamente a la aplicación comercial. por consiguiente, es imprescindible que en el Quinto Programa Marco se habiliten con arreglo a los puntos de interés recursos destinados a la investigación espacial y, en concreto, en el sentido de la sociedad de la información, de la observación de la Tierra y de la navegación. 
La Presidencia inglesa o la austriaca podrían mostrarse abiertas al desarrollo tecnológico de Europa si complementariamente al Consejo de ministros de la AEE convocase una reunión específica del Consejo Europeo sobre el tema de la política de navegación espacial, tal como recomienda el ponente. 
El urgente mejoramiento de la competitividad de la industria europea convierte absolutamente la política espacial en un tema obligado del Consejo Europeo. 
A este respecto le cabe a la observación de la Tierra una importancia especial. 
Ella constituye, si se aplica responsablemente, un servicio a los ciudadanos. Garantiza el progreso en muchos ámbitos, y no en último término en el sector de medio ambiente. 
De esta manera se produce la necesidad de una intensiva financiación pública. 
Sería un error creer que la observación de la Tierra vaya a adoptar a corto o largo plazo un puro carácter comercial. 
Europa está comenzando a perder este mercado a manos de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, Europa no debería cejar en sus esfuerzos, sino que debería convertir la observación de la Tierra en un subámbito prioritario de la política espacial y debería elaborar y presentar un programa de acción muy reflexionado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, quiero comenzar mi intervención sobre el informe de Claude Desama, que versa sobre Europa y el espacio, agradeciendo y felicitando a Claude Desama por la extraordinaria labor que ha llevado a cabo en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Junto con algunos de nuestros colegas y contra ciertos grupos de intereses, las modas y sobre todo las timoratas, defiende el interés industrial y tecnológico de Europa, su investigación y sus créditos, sin olvidar la seguridad de nuestras energías. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, estoy con mucha frecuencia en contacto con esos asuntos en la elaboración de mis propios informes y trabajos. 
Por lo demás, estoy trabajando en este momento sobre la competitividad industrial y conozco la importancia de los créditos públicos para la investigación y la importancia del espacio en nuestros dispositivos, en nuestras fuerzas y en nuestras esperanzas industriales europeas. 
Así, pues, apoyo sin reserva, como europeo, como socialista, como francés, todas las propuestas de Claude Desama. 
En primer lugar, sobre la necesaria reactivación de las inversiones, sobre los retrasos y la supresión de los retrasos acumulados en ciertas esferas, sobre la necesidad de concentración de ese sector, sobre el lugar que debe ocupar el quinto programa-marco de investigación en esos dispositivos, sobre el fortalecimiento de nuestro potencial técnico y económico para mejorar las competencias tecnológicas y las capacidades financieras del sector espacial, militar y civil. 
Me adhiero también, claro está, a su petición de que se utilice el sector espacial para la protección del hombre frente a las catástrofes naturales y otros riesgos importantes. 
Por último, como él, no olvido las acciones necesarias para controlar y eliminar la contaminación provocada por los desechos espaciales. 
Sí, vuelvo a decirlo, señora Presidenta, es un buen informe, muy importante para Europa. 
Esperemos que se voten sus propuestas y que después se las recoja y se las ponga en práctica. 
Quiero terminar como he comenzado, insistiendo en la necesidad de no reducir la intervención financiera pública europea en ese sector. 
No olvidemos que los vehículos chinos de lanzamiento están financiados esencialmente por el Estado chino. 
Sin llegar hasta ese extremo, habría que evitar las distorsiones de la competencia y, por tanto, no desmovilizar a la Unión Europea. 
Simplemente, si se me permite expresarme así, debemos concentrar mejor nuestros esfuerzos, fijar mejor nuestros objetivos y no marrar al diminuto blanco que tenemos ante nosotros. 
No lo olvidemos nunca- y con esto termino, señora Presidenta -: si el sector espacial europeo está hoy comercialmente floreciente, es porque en su momento hubo verdaderas voluntades políticas, públicas, en particular francesas. 
Esas voluntades y esos créditos siguen siendo hoy totalmente necesarios para preparar el sector espacial del futuro. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, como cristianodemócrata y miembro del PPE celebro, naturalmente, el informe de Claude Desama y de Franco Malerba, pues puedo constatar- ya lo ha hecho mi amigo Markus Ferber- que aquí se han incluido elementos procedentes de nuestras intervenciones en las comisiones. 
Celebro, naturalmente, también la buena cooperación con la Comisión, en este caso con la Sra. Cresson, con el Sr. Bangemann y con el Sr. Kinnock, en lo que respecta a la sistemática central. 
Creo que los grupos que se han encontrado en el Parlamento- aquí en esta Sala, en el intergrupo «Navegación Espacial» y también en la «task force» «Navegación Espacial» que está integrada por la Comisión de Asuntos Económicos y por la Comisión de Investigación- se convertirán en un gran movimiento y que la fascinación que puede proceder de la navegación espacial ocupará, ojalá, un gran espacio en el conjunto de este Parlamento y, más allá de éste, en la opinión pública. 
Quien regrese luego a casa, observe el cielo estrellado y contemple la hermosa luna llena, se verá poseído aún más por esta fascinación. 
Lamentablemente tenemos aquí, como todos vemos, un espacio sin ventanas y no podemos apreciar esta imagen maravillosa. 
No quiero repetir lo que se ha dicho aquí; todo está dicho. 
Creo que el importante planteamiento para el futuro, que constituye también el objeto del próximo informe, que ya se nos ha entregado y cuyo ponente soy yo mismo, en concreto, la industria aeronáutica y espacial, dará respuestas a estos desafíos globales. 
¿Qué volumen de instalaciones necesitamos? 
¿O, qué funcionamiento necesitamos? 
¿Qué empresa necesitamos para poder tomar parte de manera competitiva en toda la actividad del mercado? 
Creo que deberíamos dejar claro que, en el futuro, precisamente este ámbito, ya mencionado, de los sistemas de navegación, de los sistemas de navegación aérea, y las organizaciones derivadas del GLONASS y del GPS constituirán una aportación importante de la Comisión. 
Esperamos urgentemente un plan de acción sobre este tema para poder tender precisamente ahora, en este año, los primeros raíles. 
Permítanme decir aún una última cosa: se ha mencionado aquí la basura espacial. 
Aquí deberíamos encontrar realmente una empresa europea de desechos que modificase esta situación de chatarra que se encuentra en órbita y deberíamos levantar el dedo en señal de advertencia ante los esfuerzos de algunas personas que querrían esparcir por la Luna sus propias cenizas. 
El polvo lunar es suficientemente evidente; a éste no se le debe añadir todavía nuestros desechos procedentes de la cremación de las personas aquí en la Tierra. 
Espero que esta Luna no sea luego el lugar preferido de Franco Malerba. 
Creo que deberíamos dirigir nuestra atención precisamente a este tema. 
Señora Presidenta, las Naciones Unidas celebran en la actualidad el Decenio internacional para la reducción de los desastres naturales con el objetivo, entre otros, de desarrollar la aplicación de la cartografía por satélite para la predicción, la detección y la prevención de las catástrofes, así como para mitigar sus consecuencias y mejorar las actividades de salvamento. 
Resulta conveniente en este punto expresar el apoyo que la UE brinda también a esta iniciativa. 
Tal como subraya el Sr. Desama, hay que entender las actividades en el campo espacial desde una perspectiva global, compuesta tanto por los aspectos científicos y tecnológicos como por las aplicaciones civiles y militares. 
Sin embargo, no creo que merezca la pena hacer hincapié en los aspectos civiles y militares relacionados con la colonización del espacio, ya que los vuelos tripulados resultan extremadamente caros y, para Europa, no revisten una importancia mayor que la que tienen los vuelos sin tripulación, dotados de robots y de instrumentación automática. 
Además, la colonización del espacio propiamente dicha queda aún muy lejos, habida cuenta de que apenas acaban de comenzar los preparativos para construir la primera estación espacial de carácter internacional. 
Se espera la puesta en marcha de dicha estación para principios del próximo milenio, por lo que la construcción de hipotéticas estaciones en los planetas se sitúa en un futuro aún más lejano. 
Especialmente por lo que concierne a los países más pequeños de Europa, los satélites no deberán ser de un tamaño excesivamente grande. 
Los proyectos de grandes dimensiones y larga duración entrañan también importantes riesgos, y, además, sus resultados se hacen esperar numerosos años. 
Sería mejor dedicar una mayor atención a las lanzaderas más pequeñas y a los minisatélites. 
En este tipo de proyectos puede haber espacio para todos y cada uno de los países europeos. 
Además, gracias a las pequeñas lanzaderas es posible obtener resultados razonables en un menor espacio de tiempo, así como evitar que los fondos se destinen exclusivamente a aventuras científicas. 
En cuanto fuente de financiación de la investigación espacial, el Quinto Programa marco para la investigación desempeña un papel importante e imprescindible. 
Se deberán destinar créditos al mencionado Programa marco para financiar la investigación espacial, por ejemplo, mediante acciones relacionadas con la sociedad de la información y la teledetección. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Modificación del Reglamento (nuevo artículo 79 bis) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe A4-0006/98 del Sr. Fayot, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la inclusión de un nuevo articulo 79 bis (procedimiento de dictamen a tenor del artículo 109 J del Tratado CE). 
Señora Presidenta, formulo una cuestión de no ha lugar al comenzar el debate, de conformidad con el artículo 128 de nuestro Reglamento. 
En efecto, la propuesta de decisión que figura en el informe y las modificaciones del Reglamento que entraña no son admisibles por una razón de procedimiento y también por una razón de fondo. 
En el plano del procedimiento, el texto propuesto al Pleno no es conforme al texto aprobado en comisión. 
En efecto, el texto que aprobamos en comisión es el siguiente, al final del apartado 2: » A continuación el Parlamento votará conjuntamente estas recomendaciones, sin que se pueda presentar ninguna enmienda» , y el texto que se nos presenta dice: » A continuación el Parlamento votará recomendaciones y no se puede presentar enmienda alguna». 
Ahora bien, este texto totalmente diferente es, por añadidura, el de una enmienda- la enmienda nº 11que fue desechada por la Comisión de Reglamento, porque se trataba de una enmienda oral. 
Así, pues, no se ha respetado el artículo 150. 
Sobre el fondo, el texto propuesto reproduce la redacción actual del apartado 1 del artículo 180 del Reglamento, establecido para un dictamen conforme, pero no para una consulta. 
Ahora bien, el artículo 109 J del Tratado es el apropiado para una consulta del Parlamento y no para un dictamen conforme. 
Ésa es la razón por la que planteo mi cuestión de no ha lugar. 
Gracias, señor Fabre-Aubrespy, el ponente, Sr. Fayot, se manifestará en contra. 
Señora Presidenta, quisiera expresarme muy brevemente a favor de la petición del Sr. Fabre-Aubrespy. 
Al escucharlo, he descubierto que el texto presentado hoy al Parlamento Europeo no es conforme al que fue votado por la comisión. 
Me parece un motivo totalmente esencial para la devolución a comisión del proyecto de modificación del artículo. 
Por otra parte, transformar en cierto modo un dictamen simple en dictamen conforme reduce enormemente los derechos de los diputados. 
Ahora bien, me parece un poco paradójico que el Parlamento Europeo reduzca motu proprio sus propios derechos a ese respecto. 
Así, pues, deseo que este proyecto de revisión de nuestro Reglamento sea sometido de nuevo a la comisión competente. 
Señor Presidente, pido el rechazo de esta cuestión de no ha lugar por dos razones. 
La primera se refiere al texto propuesto a la Asamblea. 
Según el Sr. Fabre-Aubrespy, no es el que se votó en comisión. 
Efectivamente, la comisión votó la adición en la que se dice que el Parlamento vota conjuntamente y, en el momento en que se examinó y decidió eso en comisión, se anunció claramente que se debería integrar esa adición al texto. 
Así, pues, eso exactamente fue lo que se hizo. 
En cuanto al segundo argumento, el Sr. Fabre-Aubrespy dice que se trata del texto del dictamen conforme, pero la Comisión de Reglamento no opinó así. 
Ese debate ya se celebró en comisión y ésa es la razón por la que el texto que se presenta a Sus Señorías aquí corresponde perfectamente, tanto en el espíritu como en la letra, a lo que votaron la gran mayoría de los miembros de la comisión. 
Pido, pues, a la Asamblea que rechace esta cuestión de no ha lugar. 
(El Parlamento rechaza la petición de devolución a la comisión.) 
Señor Presidente, el artículo 109 J del Tratado define el procedimiento según el cual se designará a los países miembros de la Unión Monetaria. 
Se aplicará los días 1 y 2 de mayo de 1998. 
Dada la importancia de ese imperativo político, es esencial que las instituciones participantes en dicho procedimiento actúen con la mayor claridad posible. 
La solidez de la Unión Monetaria, junto con su crédito ante los mercados financieros y el público, dependen también de la transparencia y del rigor con los que se adopten esas decisiones capitales. 
El Parlamento Europeo habrá de desempeñar un papel en ese procedimiento. 
El Tratado dispone, en el último guión del apartado 2 del artículo 109 J- y cito- lo siguiente: » El Parlamento Europeo será consultado y transmitirá su dictamen al Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno». 
No me corresponde comentar aquí el carácter bastante particular de todo el procedimiento. 
Pero deseo señalar que el Parlamento interviene, por su parte, en dos ocasiones y que esa doble intervención constituye, a mi juicio, un conjunto desde el punto de vista político. 
La primera intervención se producirá cuando el Parlamento emita su dictamen sobre los informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo, que estarán listos el 24 de marzo de 1998. 
Esa primera intervención es propia de una «buena política» , ya que el Parlamento, mediante el debate público sobre los criterios de convergencia y sobre toda la situación monetaria, da una garantía democrática al proceso. 
A ese respecto existe acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Esa primera etapa permite al Parlamento elaborar un informe minucioso a propósito del cual funcionarán plenamente las reglas parlamentarias normales. 
Las conclusiones se votarán probablemente el 30 de abril o incluso antes, pero, en cualquier caso, bastante cerca del fin de semana de 1 y 2 de mayo de 1998 para que estén a disposición del Ecofin del 1º de mayo. 
Si bien esa primera intervención del Parlamento no está establecida en el Tratado, la segunda lo está, al contrario, claramente, como he subrayado al principio. 
En realidad, es obligatoria y, por tanto, se debe aplicar con arreglo a un procedimiento que no debe adolecer de ninguna incertidumbre, so pena de nulidad de todo el proceso encaminado a la Unión Monetaria. 
Además, se debe aplicar con tales apremios temporales, que no se puede aplicar ninguno de los procedimientos actualmente establecidos por nuestro Reglamento. 
Así, pues, ha habido que innovar y para ello modificar el Reglamento introduciendo en él un procedimiento nuevo. 
Esos apremios no son fruto de nuestra imaginación, sino que se nos han impuesto como condición previa ineludible a raíz del intercambio de cartas entre el Presidente del Parlamento, con arreglo al mandato que le encomendó la Conferencia de Presidentes, y los Presidentes del Consejo y de la Comisión. 
Son el resultado de la voluntad política de determinarlo todo durante el fin de semana citado, cuando los mercados financieros estarán cerrados desde el jueves por la noche hasta el lunes por la mañana. 
Se trata de una condición esencial para el éxito de la operación. 
De modo que el Parlamento no dispondrá de las recomendaciones del Ecofin hasta primera hora del 2 de mayo. 
Como el Consejo Europeo se celebrará por la tarde de ese mismo día, no será materialmente posible utilizar el procedimiento del informe escrito con enmiendas. 
Así, pues, la gran mayoría de la comisión optó por un procedimiento oral, sin enmiendas, con votación conjunta de la lista de países propuestos para formar parte de la Unión Monetaria. 
El texto aprobado es meridianamente claro y unívoco y no se presta a debate de procedimiento alguno. 
Así, pues, estoy convencido, señora Presidenta, de que el texto que proponemos al Parlamento es totalmente conforme a la voluntad de la gran mayoría de nuestro Parlamento para llevar a cabo esa misión extraordinariamente compleja e importante de la realización de la Unión Monetaria. 
Señora Presidenta, el plazo para la presentación de enmiendas se ha aplazado hasta esta noche, pese a que los Grupos políticos tenían a su disposición- quisiera subrayarlo- el texto de la modificación el martes pasado, al final de la mañana, después de la votación celebrada por la Comisión de Reglamento aquella misma mañana. 
Esta tarde, a las 19 horas, me han anunciado que se ha introducido una sola enmienda. 
Es una enmienda del Grupo de los Verdes que pide que, en lugar de votar conjuntamente, se vote por separado sobre uno u otro país de la lista de países que deberán formar parte de la Unión Monetaria. 
Como ponente, debo oponerme a esa enmienda, porque el Parlamento no puede comenzar en esa fase a distribuir notas individuales a los países seleccionados por el Ecofin. 
Creo que, si el Parlamento quiere hacerlo, puede hacerlo durante la primera etapa, pero, una vez que se haya llegado a esa fase del procedimiento, pretender expresarse por separado sobre uno u otro país no haría otra cosa que infundir confusión al mensaje político que debemos transmitir. 
Señora Presidenta, ruego a la Asamblea que tenga a bien aprobar el texto del Reglamento tal como lo ha propuesto, en su inmensa mayoría, la Comisión de Reglamento y quisiera terminar subrayando la excelente colaboración de la Comisión de Reglamento con el servicio jurídico, pero sobre todo también con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La Conferencia de Presidentes no había pedido que tratáramos esa modificación del Reglamento en concertación con esa comisión. 
Quisiera agradecer en particular al Presidente de dicha comisión, Sr. Von Wogau, así como a la Sra. Randzio-Plath, presidenta de la subcomisión monetaria, su interesantísima contribución. 
Una vez más, pido a la Asamblea que tenga a bien aprobar en masa esta modificación del Reglamento. 
Felicito al Sr. Fayot por su informe. 
El Grupo Socialista, del que soy portavoz, apoyará el informe en su totalidad y sin enmiendas. 
Era necesario modificar nuestro reglamento para hacer constar que podemos ser consultados con rapidez y sin trabas sobre las opiniones manifestadas en virtud del Artículo 109j con respecto a la Unión Económica y Monetaria. 
El informe del Sr. Fayot es un informe conciso, magro y cándido. 
Es corto, es incisivo y es directo. 
El debate del Parlamento se basará en un informe verbal de la correspondiente comisión parlamentaria. 
A continuación habrá una sola votación colectiva sobre las recomendaciones, sin enmiendas. 
De esta forma el Parlamento podrá hablar con voz clara y penetrante, y al mismo tiempo frustará los intentos de los que están dispuestos a utilizar todos los medios posibles para obstaculizar la progresión de Europa. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, en primer lugar quisiera decir que tanto en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial como también en nombre del Grupo del PPE celebro y apoyo el informe del ponente. 
En el Grupo del PPE y en la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial existe una amplia mayoría a favor del Informe Fayot y, por mi parte, quisiera también dar las gracias por la buena cooperación con la Comisión de Reglamento. 
¿Por qué es necesario hacer este añadido al Reglamento? 
Porque el procedimiento por el que vamos a adoptar este acuerdo reviste una importancia extraordinaria y porque, en segundo lugar, nos vamos a encontrar en una situación que es relativamente nueva. 
¿Que prescribe el Tratado? 
El Tratado prescribe que el Parlamento Europeo emita su opinión sobre la propuesta de los ministros de Finanzas. 
Sin embargo, la propuesta de los ministros de Finanzas no se aprobará hasta el 1 de mayo por la tarde. 
En consecuencia, no va a ser posible un procedimiento por escrito, sino que tendremos que emitir nuestra opinión sobre esta propuesta de los ministros de Finanzas el día 2 de mayo en esta sesión especial del Parlamento Europeo que probablemente ocupará toda la mañana. 
Por esta razón hemos elegido un procedimiento de dos fases. 
El 25 de marzo el Instituto Monetario Europeo y la Comisión Europea presentarán sus recomendaciones. 
Sobre esta base la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios redactará después un informe, respecto del cual se darán en la comisión todas las posibilidades de presentar enmiendas. 
A continuación en la sesión del 29 y del 30 de abril se elaborará una primera opinión del Parlamento Europeo. 
Como ha dicho ya nuestro colega, el Sr. Fayot, esta opinión no está prevista expresamente en el Tratado, pero tampoco se encuentra expresamente excluida en el Tratado. 
Al mismo tiempo los Parlamentos de los países miembros emitirán su opinión sobre las propuestas de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo. 
Una vez agotadas estas posibilidades y después de presentada una opinión del Parlamento, recibiremos la propuesta de los ministros de Finanzas y emitiremos en un procedimiento oral nuestra opinión sobre la propuesta. 
Teniendo en cuenta el hecho de que habremos tenido antes un mes de tiempo para preparar nuestra opinión por un procedimiento realmente democrático, considero justificado que nos concentremos en votar con un sí o con un no la propuesta de los ministros de Finanzas. 
Éste es un procedimiento que, por un lado, satisface todas las exigencias democráticas y que, por otro lado, asegura también que el Parlamento Europeo pueda cumplir su tarea en esta situación histórica. 
Sra. Presidenta, no puedo mostrarme tan entusiasta como los anteriores oradores. 
Por supuesto, mi grupo apoyará el informe, pero debemos preguntarnos si no hacemos demasiadas concesiones como Parlamento al decir que esto es correcto. 
Tenemos un primer debate basado en el informe de la Comisión Económica y Monetaria y, a continuación, una importante votación como Parlamento el sábado 2 de mayo. 
Éste es un artículo un poco especial para una ocasión especial, ya que tampoco veo que después lo vayamos a utilizar mucho. 
Podemos preguntarnos cuál será la utilidad de la recomendación del Parlamento y podemos suponer que el Consejo no le prestará atención. 
Debemos realmente imponer la limitación que decidamos: votamos a favor o en contra, no podemos introducir ningún matiz. 
Creo incluso que es una lamentación porque en la versión actual del informe Fayot sólo podemos trabajar con la recomendación oral. 
Quisiera que esta recomendación oral se viera como algo más bien facultativo. 
También reflexionaremos sobre si no debemos celebrar una votación separada sobre esta cuestión. 
Sabemos que uno de los Estados miembros cumple todos los criterios para ingresar en la UEM y, aunque sobre eso no se ha hecho ninguna reserva en el tratado de adhesión, sin embargo, no participará. 
Formalmente deberíamos decir que, con ello, la recomendación del ECOFIN no es válida, puesto que no tendrá en cuenta a este país. 
No obstante, podremos aceptar que se inicie la UEM, pero no podremos mencionar que este país, en el fondo, debería participar. Lo lamento. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la débil posición del Parlamento en la legislación constituye el núcleo del déficit democrático de la Unión Europea. 
Este déficit es a su vez el núcleo de la deficiente aceptación de la integración europea entre los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. 
No obstante, ante esta situación anómala debe parecer absolutamente incomprensible que el Parlamento recorte además sus propios derechos sin necesidad. 
Con esto no dejo de reconocer la urgencia y las circunstancias especiales que empujan al Parlamento a emitir su opinión sobre las recomendaciones del Consejo ECOFIN en tan breve período de tiempo. 
Sin embargo, está totalmente injustificado que renunciemos a un informe por escrito, que eliminemos voluntariamente el derecho elemental de los diputados a presentar enmiendas en el Pleno y que, además, tengan que votar en bloque. 
Esto limita con una autolesión política del Parlamento. 
Me parece de la máxima importancia que el Parlamento pueda emitir una opinión diferenciada antes del acuerdo definitivo sobre la implantación de la Unión Monetaria. 
Por consiguiente, pido de manera amable pero urgente que apoyen nuestra enmienda y que mediante el split vote hagan posible que se puedan votar por separado las recomendaciones del Consejo ECOFIN. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, también el Grupo de Coalición Radical Europea va a votar favorablemente el informe del Sr. Fayot, agradeciéndole la celeridad con la que nuestra comisión ha plasmado lo que parecía coincidir con el interés general. 
Lo dije en el seno de la comisión y lo vuelvo a repetir ahora en el Pleno para que conste en acta: creo que, en este procedimiento, evidentemente, ante una serie de contingencias generales y en interés de la Unión, fuimos un poco más allá del límite de la autonomía, la independencia del derecho de los diputados y del Parlamento que está garantizado por nuestro Reglamento. 
Eso sí, tratamos de tener en cuenta la necesidad de que este procedimiento fuera rápido y permitiera a la Unión, sin perjudicar a los mercados, conseguir una decisión que contemplara el dictamen del Parlamento, sin embargo, haciéndolo- el Sr. Fabre-Aubrespy en el fondo intenta interpretarlo, aunque, a mi entender, exagera cuando dice que se han violado algunos derechos- qué duda cabe de que, efectivamente, tenemos menos garantías en cuanto a derechos en dos o tres puntos. 
Por eso, votando el informe que nos presenta el Sr. Fayot, considero que en el diálogo tripartito y el diálogo que mantenemos con las demás Instituciones, el Presidente debe hacer valer nuestra voluntad de cooperación leal que, sin embargo, debe mover también las demás Instituciones; por ejemplo, hay que decir claramente al Consejo que el Parlamento admite otras formas de cooperación como la cooperación con las comisiones de investigación y con otros sectores que merecen una cooperación leal, esa colaboración que demostramos estar prestando y que nos gustaría encontrar también en las demás Instituciones, el Consejo y- permítame, señor Comisario Kinnocktambién en la Comisión. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el informe que nos ha propuesto la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades es jurídicamente discutible y políticamente inoportuno. 
Yo he expresado las razones en una opinión minoritaria, que figura en el informe. 
En el plano jurídico, mantengo que el dictamen que se pide al Parlamento es diferente de un dictamen conforme. 
El dictamen que pide el artículo 109 J del Tratado, dictamen emitido sobre un texto del Consejo Ecofin, en ese caso, transmitido al Consejo reunido en el nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno, debe ser emitido por el Parlamento a partir de un informe escrito que comprenda una explicación de motivos y una propuesta de resolución y que reconozca el derecho de presentación de enmiendas, ya sea en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial o en el Pleno. 
No es posible derogarlo sin violar deliberadamente el Tratado y su artículo 109 J. 
Se me dice: el Parlamento se reunirá y emitirá su dictamen en la fase de las recomendaciones de la Comisión, pero la Comisión no es el mismo órgano que el Consejo de Ministros. 
El texto que elaborará será jurídicamente diferente. 
El dictamen que emitirá el Parlamento- que es un dictamen no obligatorio- es jurídicamente diferente. 
El informe es inoportuno políticamente. 
Es inoportuno porque el Parlamento- y resulta paradójico que nuestro Grupo se vea obligado a defender los derechos del Parlamento en un asunto tan grave- se niega, en realidad, a ejercer las competencias que le otorga el Tratado. 
Los argumentos técnicos no lo son. 
Se puede encontrar un procedimiento que permita al Parlamento expresarse. 
¿Cómo imaginar que una decisión tan transcendental como la entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria se adopte a partir de un informe oral? 
¿Cómo imaginar que los diputados, en conjunto e individualmente, no tengan derecho a la presentación de enmiendas? 
¿Cómo imaginar, por último, que los representantes de los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea no puedan pronunciarse sobre cada una de las recomendaciones que comprenderán las conclusiones del Ecofin? 
Lo que se pretende es amordazar al Parlamento. 
No lo aceptaremos y emplearemos todos los medios jurídicos que nos permitan obtener satisfacción al respecto. 
Señora Presidenta, la última intervención me ha sorprendido porque los que han observado el proceso de unión económica y monetaria a lo largo de los siete años y medio últimos saben que este Parlamento ha seguido muy de cerca todo el proceso. 
Se diría que el debate que vamos a sostener el 2 de mayo es el primer y único debate que el Parlamento ha consagrado a la cuestión de la unión económica y monetaria. 
Ésa es una cuestión que discutimos todos los meses en la Comisión de Asuntos Económicos. La discutimos por lo menos cada dos meses en este Parlamento y así lo hemos hecho durante los siete años y medio pasados. 
Me parece que alguna de las intervenciones de hoy indican que los oradores sencillamente no entienden el proceso desarrollado desde 1990, año en que comenzó la primera fase de la UEM. 
Hay dos oportunidades para que el Parlamento Europeo pueda estudiar el proceso de la UEM. 
La primera será el informe que Karl von Wogau escribe para nosotros, en el que resumirá detalladamente la información procedente del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión. 
El Parlamento podrá formular entonces todas las cuestiones políticas que necesite plantear. 
Podrá integrar en ese informe todas las nuevas cuestiones que desee incorporarle. 
Podemos deliberar extensamente en las diversas comisiones parlamentarias y en el Parlamento acerca de todos los aspectos de los criterios de convergencia: los efectos para el empleo, los efectos para el tipo de cambio exterior. 
Todas esas cuestiones se podrán discutir y no tengo duda alguna de que en el debate participarán todos los grupos que tanto se preocupan por obtener más asesoramiento jurídico. 
Ahora bien, lo más importante que podemos hacer, habiendo aprobado el informe von Wogau en las sesiones plenarias del 29 y el 30 de abril en Bruselas, es percatarnos de la decisión histórica que vamos a tener que adoptar en 2 de mayo. 
Lo que han hecho la Comisión de Reglamento y el Sr. Fayot- y me gustaría darle gracias en nombre de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos; me gustaría sumarme a Karl von Wogau para darle gracias a él y a sus colegas- es brindar al Parlamento la oportunidad de estampar su sello histórico de aprobación, tras los prolongados y minuciosos debates que hemos sostenido, y adoptar una decisión que pasará a la historia. 
Si en este Parlamento hay grupos políticos que prefieren aprovechar la oportunidad para apuntarse un tanto político barato el 2 de mayo, no les olvidaremos en este Parlamento y espero que tampoco les olvide el pueblo de Europa. 
Señora Presidenta, primero permítame decir que opino que Fayot ha conseguido una solución muy elegante para un problema muy difícil. 
Realmente creo que ésta es la única solución posible dada la prisa con que debemos trabajar. 
Sin embargo, lamento que a través de este procedimiento forzado, hagamos de nuestro informe una mera formalidad que en realidad no puede llevar a nada más que a una aprobación de la recomendación de Ecofin. 
Tal como está la situación, creo que casi habría sido mejor que no hubiésemos emitido un segundo informe antes de la decisión del Consejo, simplemente por la sencilla razón de que temo que esto pueda ser tomado y tenido como un gesto vacío del Parlamento Europeo y no como una forma real de ejercicio del poder parlamentario. 
También temo que vaya a reforzar la impresión de que todo el proyecto de UEM tiene un dudoso, por no decir insuficiente, fundamento democrático. 
Esto no es, obviamente, nada que Fayot puede remediar. 
Su informe y su solución eran las únicas posibles y yo sólo deseo que tantos como sea posible voten mañana a favor del informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Modificación del artículo 75 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A-04400/97) del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Reglamento, verificación de Credenciales e Inmunidades, por el que se modifica el artículo 75 del Reglamento del Parlamento Europeo (Delegación en el Comité de Conciliación). 
Señora Presidenta, le prometo que la presentación de mi informe no me llevará más de cinco minutos. 
Como ha dicho usted, éste es un informe sobre la modificación del Artículo 75 del Reglamento, que trata de la conciliación. 
En el pasado se ha dicho en esta sala que el Parlamento no se ha volcado con toda su fuerza en la esfera de la conciliación y respecto de su papel en el Comité de Conciliación. 
A raíz de la cuestión que planteó el Presidente del Parlamento a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, el Comité de Conciliación se ocupó de la cuestión y no creemos que los representantes del Parlamento no hayan hecho todo lo posible por dejar bien sentada la posición del Parlamento en el Comité, con miras a conseguir que el Parlamento tenga todas las facultades de opinión posibles en ese importante Comité. 
Sin embargo se ha comprobado que podían efectuarse algunos pequeños cambios de procedimiento en nuestro Reglamento que serían favorables a la actitud del Parlamento. 
Tienen ante ustedes tres propuestas de enmienda de procedimiento, una de las cuales incorpora dos pequeños cambios. 
En primer lugar, con respecto a la enmienda 2 proponemos que en vez de decir que se pueden designar sustitutos se diga que se designarán sustitutos, pues en el pasado hemos tropezado con problemas cuando los grupos habían nombrado a sustitutos que no estaban disponibles. 
La segunda enmienda suprime las restricciones respecto de los sustitutos que están asistiendo a reuniones a las que el miembro de pleno derecho ha asistido durante parte del tiempo; dicho con otras palabras, en el Comité de Conciliación seguiremos el procedimiento que se aplica actualmente en nuestras comisiones parlamentarias. 
En tercer lugar, proponemos que las reuniones no sean a puerta cerrada sino que se limiten sencillamente a no ser públicas, lo que permitirá la participación de representantes de otras instituciones y, en ocasiones, que participen más adelante los sustitutos. 
Por último, instamos a la Conferencia de Presidentes a que estipulen normas de procedimiento pues estimamos que hay otras cuestiones que no son del campo de acción de la Comisión de Reglamento que podrían facilitar el funcionamiento del Comité de Conciliación. 
Insto al Parlamento a que de momento apoye estos cambios del Reglamento y a que más adelante, después de las próximas elecciones para el Parlamento Europeo, vuelva a ocuparse de esta cuestión para ver si se precisan nuevos cambios. 
Señora Presidente, tomo la palabra con sumo agrado para apoyar el informe del Sr. Ford. 
Se trata únicamente de pequeñas modificaciones del Reglamento, pero son modificaciones pequeñas que tienen mucha importancia. 
Con ellas se conseguirá que el Parlamento esté en igualdad de condiciones con el Consejo en el propio procedimiento de conciliación. 
Hasta ahora, el Consejo ha tenido una ventaja y es que el Tratado especifica que el Consejo o sus representantes asisten a las reuniones de conciliación, y de hecho, cuando ha sido necesario, en los casos en que las reuniones han durado más de lo previsto- como sucede a menudo en el procedimiento de conciliación, en el que se convocan reuniones extraordinarias con muy poca antelación -, el Consejo ha podido cambiar a sus representantes. 
En el Parlamento, en cambio, nos hemos atado de pies y manos al no aprovechar plenamente la posibilidad de sustituir a los diputados que forman parte del Comité de Conciliación. 
Muy a menudo es indispensable cambiar de representante a última hora debido al carácter intrínseco de las negociaciones que tienen lugar en el procedimiento de conciliación. 
Los pequeños cambios propuestos permitirán que el Parlamento pueda hacerlo y, por lo tanto, nos colocarán en igualdad de condiciones con el Consejo en el Comité de Conciliación. 
Es oportuno que se introduzca ese cambio en estos momentos porque el Tratado de Amsterdam modifica el procedimiento que se sigue con arreglo al Procedimiento de Codecisión del Tratado, que es el procedimiento de codecisión en el que culminan los poderes legislativos del Parlamento. 
Las disposiciones de Amsterdam impedirán que se adopten normas legislativas a las que se aplique el Procedimiento de Codecisión sin el acuerdo explícito del Parlamento Europeo. 
Incluso ahora, la mayor parte de los casos de codecisión no exigen la aplicación del procedimiento de conciliación. 
Las dos lecturas que se efectúan en cada institución bastan para llegar a un acuerdo, pero cuando la cuestión tiene que someterse al procedimiento de conciliación, con arreglo al Tratado de Amsterdam tendrá que haber acuerdo en el Comité de Conciliación para que se puedan adoptar esas normas legislativas. 
Con arreglo al Tratado de Maastricht era posible que el Consejo siguiera su propio camino y adoptara unilateralmente su propio texto, desafiando al Parlamento a que lo rechazara. 
Eso ya no será posible. 
Por lo tanto, la importancia del Comité de Conciliación será aún mayor. 
Es perfectamente lógico que en esta etapa ordenemos debidamente nuestros procedimientos para cerciorarnos de que podemos aprovechar al máximo la situación. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. El Grupo del Partido Popular Europeo lo apoyará en su totalidad. 
Como ya es tarde y somos pocos los que estamos aquí reunidos, podré permitirme el lujo de ser breve y de hablar con toda franqueza. 
Mi opinión es que el Parlamento Europeo pierde demasiado tiempo diciendo que desearía tener más poderes, y no consagra demasiado tiempo a aprovechar con eficacia los que tiene. 
Lo que está haciendo el Sr. Ford tiene una importancia simbólica e institucional. 
Está ayudándonos a utilizar de forma coherente y lógica los poderes de que disponemos. 
Eso representa una verdadera contribución a la reducción del déficit democrático. 
Quizá no sea tan atractivo en términos intelectuales y políticos como todas las cosas de que hablamos en la Comisión de Asuntos Institucionales, pero es posible que a la larga resulte más eficaz e incluso más importante. 
Por eso nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo, apoyamos con entusiasmo este informe, no simplemente por razones administrativas y técnicas, sino también por razones políticas e institucionales. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Ford y a los demás oradores que han participado en este acalorado debate. 
Mi contribución al impulso de unanimidad consistirá en coincidir con todo lo que se ha dicho hasta ahora. 
El Parlamento ha luchado durante mucho tiempo por la conciliación y la codecisión, que constituyen un reconocimiento del papel del Parlamento. 
Representan un importante paso adelante. 
Hablando en términos generales se puede decir que la asistencia del Consejo a esas reuniones fue buena, mientras que, por las razones que sea, las delegaciones del Parlamento no siempre se han distinguido por su asistencia a esas reuniones. 
Este cambio del Reglamento facilita y estimula una mayor participación. 
Como ha explicado el Sr. Ford, la lógica en que se inspira, sus motivos y su clarísima redacción ejercen presión en los grupos políticos y les obligan a ofrecer un sustituto para que el Parlamento esté mejor representado y pueda desempeñar plenamente el papel que le corresponde en todos los debates. 
La asistencia mejorará, y también mejorarán las decisiones. 
Al final, desde el punto de vista parlamentario lo consideraremos como uno de los mejores informes presentados este año al Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas.) 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ayer hubo un accidente desafortunado en Asturias, en España, que causó la muerte de un minero. 
Si planteo este asunto aquí es porque los paros y la huelga en la minería asturiana se pueden extender, pues la tensión está subiendo. 
El asunto tiene conexión comunitaria porque, justamente, el problema de fondo en dicho conflicto es que la Comisión Europea no ha aceptado el plan que ya había negociado el Gobierno con los sindicatos. 
Yo le ruego, señor Presidente, que transmita a la Comisión la conveniencia de examinar de cerca lo que está sucediendo en España porque la tensión, me temo, está subiendo. 
Quisiera que se expresara nuestra condolencia y que se hiciera una llamada de calma a los sindicatos mineros y al Gobierno españoles, pero es también necesario que la Comisión se dé cuenta de que tiene que respetar lo que ya se ha acordado entre sindicatos y Gobierno español, no sea que, por la lejanía geográfica entre Bruselas y esas zonas, se esconda la Comisión en una actitud autoritaria. 
Señora García Arias, hoy hemos visto en los periódicos este triste suceso. 
Tomo nota de sus observaciones. 
Señor Presidente, por ser breve me limitaré a decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de plantear la Sra. García Arias. 
Los que vivimos en Asturias estamos muy preocupados por la actitud de la Comisión con respecto al plan minero firmado por el Gobierno español y las fuerzas sindicales en Asturias. 
Cuando transmita nuestro pésame, transmita también nuestra preocupación a la Comisión Europea por lo que está ocurriendo. 
Se puede extender el conflicto y no sabemos a dónde puede llegar. 
Señor Presidente, es relativo a la página 15 del Acta, sobre la cuestión planteada por los Sres. de Vries y Martens. 
Veo que el Comisario de Silguy está en la Asamblea, y me pregunto si estaría dispuesto a hacer una declaración ahora sobre lo que está ocurriendo o, al menos, si tendrá en cuenta la petición del Parlamento de que haga una declaración. 
Hará hoy una declaración personal o será el Presidente Santer el que informe a la Asamblea sobre ¿por qué es importante que en estos momentos en que hay tanto desempleo en Europa los Comisarios desempeñen dos cargos? 
Señor McMahon, después de aprobar el Acta iba a informar al Parlamento sobre la postura de la Comisión en cuanto a la cuestión de si sus miembros tienen el derecho de aceptar el compromiso de los deberes políticos siendo también miembros de la Comisión; la Comisión me ha hecho saber que su Presidente está dispuesto a proceder a una declaración relativa en nuestras sesiones de los días 28 y 29 de enero en Bruselas. 
Por consiguiente, la petición del Sr. de Vries y del Presidente, el Sr. Martens, con la que están de acuerdo los grupos del Partido de los Socialistas Europeos y Coalición de Izquierda, se verá satisfecha. 
Esta declaración se hará en Bruselas. 
Señor Presidente, en el punto 11 del Acta, se ha omitido mi nombre, como último orador del debate sobre el Libro blanco sobre los ferrocarriles y superpistas ferroviarias de transporte de mercancías. 
Yo le ruego, por lo tanto, que me incluya en la lista de oradores. 
Señor Presidente, simplemente deseo volver sobre el tema planteado ayer por el Sr. de Vries, del que se ocupó usted. 
Espero que la Comisión dé muestras de su discreción y haga dicha declaración. 
Señor Presidente, asistí a la sesión de ayer, pero me olvidé de firmar la lista de asistencia. 
(El Acta queda aprobada) 
El euro, el mercado de capitales, el consumidor y la UEM 
Señor Presidente, la introducción del euro plantea dos problemas fundamentales: el de su valor interno y de la estabilidad de los precios dentro de la Unión y el de su valor externo y de la estabilidad de su paridad. 
El segundo aspecto es el objeto de este informe. 
El mismo examina sucesivamente las previsibles consecuencias de la introducción del euro en los mercados; los problemas que ésta plantea a la política de la Unión en materia de cambio; las perspectivas que abre a una nueva etapa de cooperación monetaria internacional y el problema específico de la utilización de las reservas en dólares que podrán considerarse en exceso. 
En cuanto al primer punto, actualmente, no se puede tener una idea clara de las reacciones de los mercados ante la introducción del euro, especialmente a corto plazo. 
Hoy, existe una división de opiniones entre los que están convencidos de que el euro adquirirá desde el principio las características de una moneda internacional potencialmente rival del dólar, debido a la ampliación y la potencia del área económica que el mismo representa, y los que prevén que el euro deberá afrontar, por el contrario, una fase de recelo y debilidad a causa de la heterogeneidad de dicha área. 
Todo pronóstico no es sólo arduo, sino vano. 
Habida cuenta de que la credibilidad del euro estará vinculada en gran medida a la política monetaria, es mucho más útil centrarse en esta última. 
A dicho propósito, el informe distingue dos ópticas: la del corto y medio plazo y la del largo plazo. 
Asimismo rechaza plantear la cuestión de la política monetaria de la Unión en términos de una elección entre un euro fuerte y un euro débil, éste es un falso problema. 
El verdadero problema estriba en garantizar un euro estable, sin intervenciones de blindaje artificiales y sin intentos, por contra, de fomentar la competitividad de la economía europea a través del debilitamiento de su moneda. 
Un euro estable y creíble en condiciones de equilibrio estable de las finanzas públicas permitirá contener los tipos de interés y, por ende, agilizar el desarrollo de las inversiones absorbiendo ese superávit de ahorro que hasta ahora se ha empleado para financiar los déficit públicos, y fomentando así una más amplia tasa de crecimiento. 
Evidentemente, la estabilidad del cambio depende también de la política monetaria americana y de imprevisibles choques externos. 
Esto plantea dos problemas: el de promover una estrecha cooperación monetaria con los Estados Unidos en interés mutuo y el de garantizar una clara responsabilidad de la política en materia de cambios dentro de la Unión. 
Con relación a este último punto, el informe observa que sigue existiendo una ambigüedad institucional. 
En lo que respecta al largo plazo, es deseable que la política monetaria de la Unión facilite la progresiva transformación del euro de moneda regional europea en moneda mundial en un plano de igualdad con el dólar. 
Esto dependerá del grado en que el cambio entre el euro y el dólar reflejará las relaciones económicas fundamentales entre las dos áreas y del grado en que los operadores de fuera de la Unión lo utilizarán en las transacciones en divisas y financieras. 
La tercera cuestión se refiere a las implicaciones del euro de cara al Sistema Monetario Internacional. 
La eliminación de una parte substancial del comercio internacional y de divisas y la introducción de una moneda totalmente nueva van a cambiar radicalmente el sector monetario mundial reduciéndolo a tres monedas fundamentales, hecho que inaugurará una nueva etapa totalmente inédita en la historia monetaria con fuertes riesgos de volatilidad y conflictividad, pero también con grandes oportunidades de cooperación. 
Dichas oportunidades pueden plasmarse en el marco de un nuevo acuerdo que promueva un sistema monetario mundial más ordenado. 
El informe sugiere a la Unión Europea que se encargue de una iniciativa política en este sentido. 
Es probable, por último, que con la introducción del euro una parte importante de las reservas en dólares que hoy acumulan los bancos centrales europeos, se convierta en objetivamente disponible. 
Se trata, pues, de elegir entre una política de hiperprotección del euro que implicaría la esterilización de dichos recursos, y una política de sabia utilización en función de los objetivos de desarrollo y ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, queridos colegas, faltan 352 días para el inicio de la tercera fase de la Unión monetaria. 
Hasta ahora, las sucesivas fases del calendario fijadas en el Tratado se van cumpliendo conforme a las previsiones, y hoy podemos afirmar que, con toda probabilidad, el euro comenzará a funcionar el 1 de enero de 1999, en las condiciones marcadas en el Consejo Europeo de Madrid, y que en esta tercera fase participarán desde su inicio 11 de los Estados miembros, es decir, prácticamente todos aquéllos que no se han autoexcluido. 
Lo cual significa que, desde esa fecha, el euro pasará a ser la moneda común para unos doscientos millones de ciudadanos europeos. 
La actitud de estos ciudadanos con relación a la moneda única es crucial para asegurar el éxito definitivo de la empresa. 
A lo largo de las diferentes fases de la Unión monetaria los protagonistas de la misma han ido cumpliendo sus cometidos: los Estados han preparado sus programas de convergencia; la Comisión y el Consejo han cumplido sus tareas de supervisión y de elaboración de los instrumentos normativos; el Instituto Monetario Europeo ha sido creado y ha venido funcionando de manera regular; el Parlamento ha colocado la cuestión del euro entre las prioridades de sus debates; la industria, las entidades de crédito, los mercados de capitales se preparan para la nueva realidad que creará la introducción del euro. 
Existe, sin embargo, una serie de incógnitas respecto de los consumidores, que son los usuarios finales del euro. 
El dinero, la moneda, no es sólo un concepto económico, sino que es también un factor simbólico, social, un elemento básico de la vida en sociedad, cuyos protagonistas últimos son los ciudadanos, y estos ciudadanos, habituados a sus monedas nacionales, son a su vez de muy diferente condición, tienen diversos niveles de formación y hábitos y costumbres muy diversos en relación con el uso del dinero, con los medios de pago. 
Para estos ciudadanos, para los consumidores en general, la introducción del euro plantea una serie de problemas: la cuestión del uso del euro durante el período de transición; la cuestión del cambio entre monedas nacionales participantes en el euro durante esa fase de transición; la del paso definitivo a los billetes y monedas en euros al final de esta fase; la cuestión de la continuidad de los contratos y, especialmente, de los llamados contratos de adhesión con las empresas de suministros, de teléfono, electricidad, etc. 
Al abordar estas cuestiones hemos procurado acercarnos a las posiciones más favorables a los consumidores, tal como nos las han hecho llegar sus organizaciones representativas, e incluso en algunos casos se han presentado enmiendas que refuerzan esta posición y manifestamos nuestra disposición a votarlas favorablemente. 
Como punto de partida, debemos resaltar la importancia del cambio que se va a producir el 1 de enero de 1999. 
Aunque los billetes y monedas no circularán hasta tres años después, en el 2002, el gran cambio se va a producir ya en 1999. 
Es necesario aprovechar el período de transición para asegurar la efectiva introducción del euro, para que los consumidores vayan habituándose a pensar en euros. 
El euro será utilizable como medio de pago, desde el próximo 1 de enero, en forma de cheques o mediante el uso de cartas de crédito o de dinero electrónico, y es preciso estimular este uso y asegurar que el mismo no comporte gastos adicionales para los usuarios. 
Una cuestión que preocupa especialmente es la de los costes o comisiones de cambio en la conversión final al euro. 
Entendemos que debe quedar claramente establecido que la conversión se hará libre de costes o comisiones; a este respecto hay que decir que el reglamento del Consejo es ambiguo sobre ese punto y por eso, en nuestra resolución, pedimos que la Comisión proponga la modificación oportuna para dejar clara esta cuestión que afecta, no solamente a los consumidores en cuanto tales, sino a la credibilidad en sí misma de la nueva moneda. 
Igualmente proponemos que se establezcan normas precisas respecto de la doble indicación de precios en la fase final. 
Para concluir quisiera resaltar algo que en este Parlamento se ha repetido muchas veces: el éxito del euro para los ciudadanos se encuentra ligado a la percepción, por parte de estos propios ciudadanos, de que la moneda única va acompañada de progresos en el funcionamiento de la economía, en el bienestar de los ciudadanos, en la solución de los problemas fundamentales que a éstos les preocupan, empezando por el problema del empleo. 
Quiero expresar, para finalizar, mi confianza en que este debate, así como el de los otros informes de que estamos tratando esta mañana, se encuentre presidido por este afán. 
Ya que es ponente, daré ahora la palabra al Sr. Stevens, que se había retrasado, cosa que no suele hacer. 
De todos modos, los Sres. colegas deberán estar aquí a la hora a la que son convocados, porque, de otro modo, se crean problemas. 
Me ha retenido una entrevista sobre el presente informe y mi reloj andaba mal. 
Este informe trata de las limitaciones de la tecnología, algo que puede resultar apropiado. 
Se da la curiosa coincidencia de que el calendario para la entrada de Europa en la moneda única coincide con una revolución tecnológica en el ámbito de la prestación de servicios financieros y puede que incluso de la propia definición del dinero. 
La llegada del dinero electrónico es una revolución tan grande como la propia moneda única. 
La cuestión que se analiza en mi informe, aunque me temo que no la ha resuelto, es la posibilidad de combinar estos dos procesos. 
Las empresas europeas invertirán fuertemente en tecnología de la información con vistas a la introducción del euro. 
Sería lógico combinar dicha inversión con un paso más hacia el dinero electrónico, ya sea en la forma de " dinero Internet» o monederos electrónicos con una tarjeta inteligente. 
Desde el punto de vista del ciudadano, las dificultades que entraña el paso de sus billetes y monedas nacionales a los nuevos billetes y monedas en euro podrían haberse reducido creando unas condiciones en las que los billetes y las monedas apenas tuvieran importancia y en las que la mayor parte del dinero se conservaría en forma electrónica. 
Además, en el caso de las tarjetas inteligentes electrónicas, existiría la posibilidad de disponer de una función de cálculo que permita a los ciudadanos comprobar el equivalente en marcos alemanes o francos franceses de los nuevos importes en euro que tendrán ante sus ojos en las tiendas. 
Naturalmente, el dinero electrónico tiene toda una serie de otras implicaciones para el sistema bancario central y la supervisión bancaria. 
No obstante, lamento tener que afirmar que la Comisión y el Instituto Monetario Europeo parecen muy reacios a admitir la indudable ocasión que se abre en este ámbito. 
Parecen haber llegado a la conclusión de que el paso a la moneda única supone un paso de tal magnitud para nuestros ciudadanos, que complicar el tema con una revolución tecnológica sería pedir demasiado. 
Han llegado a la conclusión de que el ritmo al que probablemente se introducirá el dinero electrónico en las economías europeas no es lo suficientemente rápido para que pase a ser un factor antes del 1 de enero de 2002. 
Es probable que acierten en esa evaluación si adoptan una actitud pasiva hacia esta tendencia. 
No obstante, deseo decir que si hubieran adoptado una actitud más activa y hubieran reconocido el enorme potencial de esta tecnología, la historia podría haber sido diferente- pero así sea. 
La función de mi informe, por lo tanto, es bastante modesta. 
Lo que en un principio se previó como un estímulo para que la Comisión, el Consejo y el Instituto Monetario Europeo pasaran a la acción, debe ser considerado ahora como una simple advertencia. 
El euro revolucionará la economía europea. 
Incrementará enormemente la capacidad competitiva de nuestra economía a nivel mundial, pero la introducción del dinero electrónico también tiene ese potencial. 
El ritmo al que Europa se convierta en un mercado electrónico determinará el ritmo al que Europa pase a ser una auténtica sociedad de la información. 
En definitiva, la posición competitiva de Europa en el mundo dependerá de la rapidez con que lo llevemos a cabo. 
Opino, por consiguiente, que estamos perdiendo una oportunidad en este sentido. 
Personalmente creo que los cálculos del ritmo, bastante modestos, al que el dinero electrónico se introducirá en la economía pueden resultar equivocados. 
Si contemplamos la introducción del " dinero Internet» en los Estados Unidos, observamos que se ha hecho con mucha más rapidez. 
Mi modesto deber es alertar a nuestros interlocutores de la Comisión, del Consejo y de los gobiernos de los Estados miembros de que este nexo entre la introducción del euro y la llegada del dinero electrónico es algo a lo que debemos mantenernos muy atentos. 
Espero que mi evaluación, más bien pesimista, no resulte ser cierta a la luz de los hechos. 
Señor Presidente, teniendo, naturalmente, presentes primordialmente los intereses de la Unión Europea, la creación del euro podría ser también de gran importancia para los demás espacios mundiales. 
Así podría suceder, porque, como todo indica, se tratará de una moneda con gran implantación. 
Ya hoy se hacen cerca del 30 % de los pagos mundiales con la suma de las diversas monedas europeas. 
Pero será sin lugar a dudas mayor el relieve de una moneda única, con un atracción mayor, además de los pagos, en aplicaciones financieras y en la constitución de las reservas de los bancos emisores. 
En la línea, por lo demás, del aumento en la utilización de las principales monedas europeas que se ha ido produciendo en los últimos años con la simultánea atenuación de la prevalencia mundial del dólar: del 50 % al 42 % en los pagos entre 1990 y 1995, de 67 % a 40 % en las aplicaciones financieras entre 1981 y 1995 y de 76 % a 6, 5 % como moneda de reserva entre 1973 y 1995. 
De modo que las perspectivas que se perfila para el euro son un motivo suplementario de responsabilización de la Unión Europea, por lo que importa que sea una moneda fuerte y estable, con un equilibrio correcto que evite, además, que, por estar sobrevalorada, castigue nuestras exportaciones, así como, al contrario, que, por estar infravalorada, pierda crédito y tenga consecuencias inflacionistas. 
Con vistas a su deseable aceptación mundial, conviene también que se haga de inmediato una amplia campaña de divulgación en las diferentes zonas del mundo, aspecto que quisiera señalar en particular a la atención del Comisario, como indiqué en la opinión para la que fui ponente en la Comisión REX. 
Es sin duda importante la campaña europea que se está llevando a cabo, pero no se puede demorar una campaña mundial acompañada de otras acciones de ejecución que resulten aconsejables. 
Se trata de una campaña y de acciones que no podrán ser uniformes ante realidades muy distintas, por lo que poco dicen los números globales mencionados en el informe sobre la utilización general del euro. 
Más concretamente, no se pueden confundir, por ejemplo, zonas como la Europa que no forme parte de la del euro y buena parte de África, que forman parte, de hecho o de derecho, de una amplia zona euro, como América Latina, América del Norte o Asia, donde son, en cualquier caso, relevantes las perspectivas que se abren en las esferas de los pagos, de las aplicaciones financieras y de la constitución de reservas de los bancos emisores, de lo que constituye un anuncio emblemático la intención ya manifestada por el Banco de China de tener el 30 % de sus reservas en euros, en un continente en el que el propio yen no consigue tener prevalencia. 
Así, pues, conviene llevar a cabo acciones dirigidas a cada uno de los espacios del mundo. 
Para terminar, son significativas las perspectivas que se abren en un horizonte en el que el euro propiciará que Europa desempeñe un papel mayor, lo que redundará en beneficio suyo y de la economía mundial. 
Señor Presidente, intervengo sobre el informe del Sr. Friedrich, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Quisiera felicitar al Comisario por el trabajo que ha realizado, y quizá todavía más al Grupo Giovannini que, en mi opinión, ha sabido reflejar perfectamente la cuestión en su conjunto. 
El Sr. Friedrich propone una resolución ambiciosa, larga y substancial. ˇMe alegro de que sea así! 
Este informe plantea pocas cuestiones realmente jurídicas. 
El problema de la continuidad de los contratos ya ha sido resuelta por los reglamentos que examinanos no hace tanto, y básicamente se trata de cuestiones reglamentarias que deberán adoptar ya sea las autoridades nacionales de los Estados miembros, ya sea las organizaciones profesionales. 
De ahí que nuestras observaciones se refieran principalmente al marco jurídico más amplio que debe acompañar la puesta en marcha del euro y que, en términos de mercado, deberá incidir, sobre todo, en el estatuto de la sociedad europea. 
Sería útil que éste pudiera por fin ver la luz, al igual que los organismos de inversión colectivos de valor mobiliaria y, ulteriormente, la armonización fiscal. 
En lo tocante a la protección de los consumidores- se trata del párrafo 23 de la resolución del Sr. Friedrich, y este tema se aborda evidentemente en el informe del Sr. Pérez Royo -, permítanme volver a ello. 
Señor Comisario, sabrá que me siento muy apegado a la protección de los consumidores contra los fraudes, pero también contra las confusiones, y creo que es importante incitar los Estados miembros a que creen estructuras ligeras de solución para los pequeños litigios. 
Además, no se logrará evitar la necesidad de volver, tarde o temprano, al problema de la represión penal a través del tercer pilar, incluso a través de convenios. 
Ahora que ya se ha lanzado el euro, va siendo hora de preocuparse de él. 
De ahí que me gustaría que se pronunciara al respecto. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a los ponentes por su trabajo. 
Me incorporé a este Parlamento en 1989 y, junto con el Sr. Cox, fui el primer ponente del Parlamento sobre la Unión Económica y Monetaria. 
Hemos recorrido un largo camino en lo que se refiere al trabajo técnico para realizar por fin este importante proyecto. 
Si contemplamos estos informes y la labor que hemos desarrollado sobre la Unión Económica y Monetaria, a pesar de las dificultades que hemos encontrado, incluida la crisis económica a comienzos de los años noventa, nos damos cuenta de que ya hemos llegado a un punto en el que el impulso que hay detrás de la Unión Económica y Monetaria es imparable. 
Si contemplamos a los principales protagonistas del sector de los servicios financieros, veremos que éstos han basado sus decisiones estratégicas durante estos últimos años en la hipótesis de que la UEM seguiría adelante. 
Recientemente hemos asistido a una oleada de fusiones y hemos visto cómo la reconversión se extendía a través de todo el sector de los servicios financieros. 
En el sector privado, en su conjunto, ha habido inversiones a gran escala en la actualización de los sistemas de información y en la nueva formación del personal. 
Todo ello marca la transición a la Unión Económica y Monetaria que tendrá lugar el 1 de enero de 1999. 
Ello demuestra que cuando la Unión Europea se fija objetivos claros y se impone calendarios realistas, podemos alcanzar grandes logros en este Europa. 
Desde que comenzó su primera fase en 1990, el proyecto de la UEM ha tenido objetivos claros. 
Ha tenido un calendario viable y, naturalmente, este es el motivo por el que la moneda única será una realidad el 1 de enero de 1999. 
Faltan menos de cuatro meses para que el Consejo adopte esa última decisión importante y, como Parlamento, hemos de poner nuestra mirada más allá de esa decisión del 2 de mayo y de la entrada en vigor de la UEM el 1 de enero de 1999, y fijarnos una nueva agenda en el seno del Parlamento Europeo. 
De nada sirve permanecer aquí sentados, satisfechos de nosotros mismos por el hecho de que hayamos creado la moneda única, debemos buscar la forma de aplicar esa moneda única y el papel que ésta tendrá en nuestras vidas. 
Hoy quisiera exponer algunas de las prioridades que mi Grupo se ha fijado para los próximos años. 
Necesitamos aprender una importante lección de las turbulencias financieras que sacuden al Sudeste asiático. 
Una moneda debe ser estable y debemos poder demostrar su estabilidad. 
Por ello, el pacto por la estabilidad y el crecimiento es de la máxima importancia. 
En este Parlamento debemos asegurarnos de que el pacto se aplica rigurosamente de manera que podamos proteger la estabilidad de nuestra moneda. 
En segundo lugar, nuestro Grupo desea ver mayores avances en la coordinación económica. 
Deseo decir hoy al Comisario, porque sé que sus servicios están elaborando en estos momentos el Informe económico anual, que nos gustaría saber exactamente qué aspecto tendrá el Informe económico anual. 
¿Cuáles serán las grandes orientaciones económicas en lo que respecta a la construcción de esta nueva coordinación económica fortalecida? 
Nos gustaría mantener un diálogo con usted durante las próximas semanas para asegurarnos de que las grandes orientaciones económicas para el futuro se ajustan realmente a nuestras necesidades en este nuevo entorno europeo. 
Queremos asegurarnos de la independencia del Banco Europeo. 
Nadie en esta Asamblea discutiría este extremo, pero no existe ningún motivo por el que un banco independiente no deba también dar cuenta de su gestión. 
Debemos plantearnos con sumo cuidado, especialmente en el contexto del informe de la Sra. Randzio-Plath, el modo en que podemos pedir cuenta a dicho banco. 
El Parlamento Europeo tiene el deber de hacerlo. 
Eso significa, señor Presidente, y me dirijo a usted en su calidad de miembro del la Mesa del Parlamento, que debemos llevar a cabo una reestructuración de las comisiones del Parlamento Europeo. 
Necesitaremos una Comisión de Asuntos Bancarios del Parlamento Europeo que se encargue de los servicios financieros y se ocupe del Banco Central Europeo, del mismo modo que países como los Estados Unidos de América tienen un poderoso Comité de Asuntos Bancarios. 
Nuestro Grupo se propone perseguir este objetivo durante los próximos meses. 
¿Cuál será el papel de los Parlamentos nacionales en todo este nuevo contexto? 
¿Seremos tan arrogantes como para creer que no necesitamos mantener relaciones con los Parlamentos nacionales? 
Debemos, al menos con carácter informal, entablar relaciones con los Parlamentos nacionales, y durante las próximas semanas tomaré medidas en este sentido, espero que con la ayuda de colegas de toda la Asamblea. 
Debemos crear un Foro Económico Europeo en el que puedan reunirse los Parlamentos nacionales y los diputados a este Parlamento Europeo con el fin de controlar atentamente la coordinación económica y el papel del Banco Central Europeo. 
Espero que algunos de los presentes en esta Asamblea se unan a esta empresa. 
Mi última observación es relativa a los ciudadanos y al consumidor. 
Hemos llevado a cabo el trabajo técnico, pero aún no hemos vendido el mensaje al público. 
Nuestro deber como Parlamento Europeo, nuestro deber como Comisión y el deber del Consejo es garantizar que a partir de ahora y hasta el 1 de enero de 1999, y en particular en el 2002, los ciudadanos acepten y acojan de buen grado toda la labor que hemos llevado a cabo y la creación de esta moneda única. 
Señor Presidente, Señorías, mi intervención se dirige sobre todo al Sr. Ruffolo, y se refiere al informe que tan brillantemente ha presentado. 
Hay que reconocer que el problema de las relaciones entre el valor interno y el valor externo de la moneda se ha resuelto relativamente mal en el Tratado. 
En efecto, el Tratado dispone que el Banco Central determinará su valor, que tiene por objetivo estabilizar los precios interiores y, por lo tanto, el valor interno de la moneda, y da a entender que compete al Consejo de Ministros o a los Gobiernos decidir las relaciones con el valor exterior, con el valor externo. 
Sin embargo, esta hipótesis se ha esfumado de modo muy espectacular puesto que, en el futuro, las relaciones entre el euro y las demás monedas estarán únicamente dictadas por los mercados. 
Ya no estamos en un sistema de paridades fijas. 
Sin duda, entre los "in» y los" out» subsistirá este problema, pero será la hipótesis menor. 
Las relaciones entre el dólar, el yen, las grandes monedas internacionales y el euro constituirán el problema principal. 
Los mercados tendrán un papel determinante en esta materia, al igual que el Banco Central y su tipo de interés. 
La relación entre el valor externo y el valor interno será fijado por el Banco Central. 
La unificación del mercado interior limitará la dependencia respecto al exterior y, por lo tanto, podremos llevar a cabo una política monetaria principalmente centrada en las necesidades interiores, sin tener que preocuparnos constantemente por las relaciones de estabilidad con el exterior, puesto que el comercio exterior seguirá representando en ese momento entre el 10 y 12 % del productor interior bruto, lo cual es relativamente desdeñable respecto a la cifra actual. 
Hoy por hoy, cada gobierno debe velar por la perfecta adecuación de las relaciones entre el valor interno y el valor externo con las paridades de cambio para no crear enormes distorsiones ni perturbar la economía. 
Esta cambio radical implica que el Banco Central sea poderoso. 
Su poder ya es más grande que el del Bundesbank y sólo puede modificarse mediante una decisión por unanimidad de los quince Estados miembros. 
Además, no se prevé ninguna sanción en su contra, lo que plantea de modo totalmente acuciante el problema de su responsabilidad financiera. 
Ésta, por cierto, quedó mal definida en el Tratado que nada dice de los objetivos ni define la estabilidad monetaria, que es un concepto muy relativo. 
El hecho de ser juez y parte refuerza todavía más sus poderes. 
El Banco Central, que ya es muy poderoso y que podrá prácticamente hacerlo todo, no será o apenas será responsable, y no podrá ser sancionado. 
Pues bien, el principal problema consiste en exigir que los responsables del Banco Central fijen los objetivos previamente, y que digan " he aquí un tipo de inflación y una estabilidad de los precios aceptable para nosotros y compatible con los demás objetivos». 
Si contraen este compromiso, podremos decirles al cabo de seis meses o un amo: " Se fijaron tal objetivo. 
Lo han alcanzado. ˇBravo! » o bien " No lo han realizado, así que explíquennos lo que tienen previsto hacer.» 
A partir de ese momento se crea un diálogo que garantiza la responsabilidad y la legitimidad democrática del Banco. 
Es éste uno de los aspectos esenciales que deberemos solventar en el momento de las audiciones a los distintos candidatos. 
Se lo preguntaremos. 
Por esta razón, la audición es capital, y doy las gracias tanto a la Mesa como a nuestros colegas que han permitido que ésta se haya podido llevar a cabo en las mejores condiciones. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo UPE, desearía intervenir acerca del excelente informe de nuestro colega Ingo Friedrich. 
La propuesta de la Comisión parte del principio de que la armonización de los mercados, que irá aparejada a la introducción del euro, es un tema de interés capital para el mercado financiero. 
Esta propuesta llega en muy buen momento, y quisiera felicitar aquí al Sr. Friedrich por el contenido de su informe. 
En el apartado 11, la resolución recuerda atinadamente que el dividendo y los reembolsos de fondos de jubilación, de seguro de vida y de fondos inmobiliarios se realizan en divisa local, es decir que una gran parte de estas cantidades debe permanecer en el propio país, según el principio de la congruencia. 
En realidad, gracias a la Unión Monetaria, el conjunto del espacio monetario de la Unión se convertirá en un único territorio. 
Esto amplia considerablemente el campo de acción para las inversiones de capital, y aquí aparece toda la importancia del desafío que debe arrostrar la Unión frente a los Estados Unidos en lo referente al mercado de capitales y el futuro del ahorro a nivel mundial, a medio y largo plazo. 
Es vital para el futuro de Europa que los Estados miembros de la Unión reexaminen, por poner un ejemplo, una limitación cuantitativa y rigurosa que ellos imponen a sus fondos de pensión, con la perspectiva de la puesta en marcha inminente del euro. 
Si tomo el ejemplo de Francia, un mecanismo como el mercado interno de los instrumentos financieros nos muestra aquí toda su importancia. 
El MATIF (contrato de futuros financieros) , que es el más importante o uno de los más importantes de Europa, debe poder seguir desarrollándose y compitiendo con el de los Estados Unidos. 
También deberá tenerse en cuenta la importancia determinante del euro en lo que se refiere a la mensualización de la deuda. 
Por otro lado, el mercado interno de capitales, que se emitirá en euros, supone evidentemente el mantenimiento de la calidad financiera de los empréstitos ya emitidos, lo que justifica ampliamente la utilidad del pacto de estabilidad con el fin de que el reembolso de los empréstitos ya emitidos quede garantizado, para los prestamistas, con un valor constante. 
El informe del Sr. Friedrich trata específicamente del impacto de la introducción del euro en los mercados de capitales. 
A la luz de las recientes dificultades del TLCAN, se puede concluir que una zona semejante de librecambio y únicamente de librecambio puede conducir a un callejón sin salida. 
Esto justifica la práctica comunitaria de un espacio económico y monetario integrado, mediante todo un conjunto de políticas precisas y coordinadas, que hallan en la persona del Comisario de Silguy un infatigable defensor. 
Debemos mirar a la UEM tanto como prolongación lógica del mercado único como un instrumento pedagógico de la integración europea y de la ampliación. 
Para los países de la Europa occidental, el euro representa un dinamismo que es el de la obtención del orden competitivo. 
El acto decisivo de este logro es la adhesión al orden monetario. 
La Unión Monetaria también supone, y estoy pensando con esto en nuestros amigos de la Europa del Este que, bajo ciertas condiciones, acabarán todos adhiriéndose tarde o temprano a la Unión, que la convergencia paneuropea vendrá a la vez de la flexibilidad internacional y del proyecto que la Unión Económica y Monetaria le haya brindado a los países de Europa, que hayan sabido superar el escepticismo para emprender resueltamente el camino del futuro. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas deseo referirme al informe del Sr. Ruffolo. 
La Unión ha atravesado una etapa bastante larga de introspección en términos económicos a medida que intentábamos crear la convergencia necesaria para la Unión monetaria. 
El informe ha sido presentado ahora, cuando nos disponemos a alcanzar nuestro objetivo, y es oportuno preguntarnos cuál será el objetivo y el papel del euro de cara al exterior. 
De algo no hay duda: el nuevo espacio monetario europeo, aunque completamente abierto al comercio, tendrá un grado de apertura muy diferente para las distintas economías de los Estados miembros. 
De hecho, es precisamente en ese contexto, en un mercado global, en el que el euro ofrece quizás su mayor potencial a Europa de cara al futuro y al mercado único en particular. 
En lo relativo a los tipos de cambio, estoy de acuerdo con el ponente. 
Un aspecto crucial para el papel del euro en el exterior es la estabilidad. 
En este contexto, los políticos tienen el deber de analizar los principios fundamentales de la economía real; los políticos tienen el deber de alcanzar un nivel adecuado de convergencia; el deber de los políticos consiste en definir cuál es el nivel deseable de estabilidad interna de los precios. 
Pero una vez que hayan quedado establecidos estos elementos, el Banco Central deberá encargarse de la combinación de las políticas monetarias, y ahora no conviene volver a abrir viejos debates. 
La cantidad desconocida en lo relativo al valor exterior del euro está clara: es la rapidez y el alcance de la capacidad, en función del mercado, que tendrá el euro de convertirse en una divisa de reserva y las implicaciones que ello pueda tener en términos de retroacción para la política interna, que en estos momentos es coyuntural. 
Resumiendo la posición del Grupo de los Liberales, quisiera decir, en lo relativo al deber de los políticos de cara al Banco, que demos al César lo que es del César y al Banco lo que establece el Tratado. 
Señor Presidente, no creo que sea exagerado afirmar que nos encontramos ante una revolución. 
Los protagonistas de esta revolución son las cuestiones que nos ocupan en el día de hoy, la entrada en vigor del euro y el dinero electrónico. 
Desearía añadir aún dos factores más a esta lista: el creciente intercambio comercial que está teniendo lugar en Internet- que podría llegar a representar una amenaza para los Estados, al poner en peligro las posibilidades de que éstos disponen para recaudar impuestos y financiar el Estado de bienestar- y, finalmente, los problemas que podría ocasionar el año 2000 en los sistemas informáticos. 
Todos estos factores influirán de manera conjunta en un cambio en el comportamiento de todos los agentes económicos. 
Igualmente, en todo ello hay un gran componente psicológico, que afectará con toda seguridad a las empresas, al sector público y a los consumidores. 
Por todo lo dicho, existen numerosos factores imprevisibles que podrían poner en peligro la economía de la Unión Europea. 
Por consiguiente, apoyo sin reparos la propuesta del Sr. Donnelly para que se dote a este Parlamento de una comisión para asuntos bancarios, encargada de abordar todos estos temas. 
Esta comisión sería igualmente importante puesto que actuaría como un cierto revulsivo para concienciarnos de los riesgos, que es precisamente lo que se necesita de manera especial en estos momentos. 
El Sr. Friedrich hace mención en su informe de un factor que suscita cierta esperanza: con la desaparición del riesgo que entrañan las divisas nacionales, desaparecerá también, naturalmente, un factor que ocasiona aumentos diferenciales en los tipos de interés, lo cual podría tener unas consecuencias estabilizadoras. 
Finalmente, querría decir que la Unión Europea debería atreverse ahora a crear una política económica común que sirviera de contrapeso a la unión monetaria, especialmente por lo que respecta al ámbito tributario, para permitir igualmente defender el modelo político y económico europeo. 
Este modelo difiere en una medida cada vez mayor de los modelos de las otras regiones. 
En este orden de cosas, sería muy importante crear mecanismos que permitieran garantizar que los países del euro que, como consecuencia de una falta de sincronía en su desarrollo, se vean inmersos en una fase de recesión, no deban hacer frente a dificultades económicas de desmesuradas dimensiones. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo concretamente sobre el informe Stevens. 
Ya casi nada se opone al lanzamiento de la moneda electrónica en Europa, si no fuera por el mutismo y la actitud tancredista de los que toman las decisiones a nivel económico y político en Europa. 
Felicito, pues, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y a su ponente, el Sr. Stevens, por esta incitativa de una reflexión sobre lo que aparece como uno de los más claros e importantes desafíos para las sociedades del mañana, esto es, el control del dinero electrónico. 
En efecto, a la luz de las dos revoluciones que están poniendo patas arriba muy rápidamente las prácticas financieras europeas- me estoy refiriendo a la instauración de la moneda única y al desarrollo del dinero numérico -, ¿cómo no imaginar el surgimiento de nuevas formas de pago, y sobre todo una redefinición de la propia moneda, del papel de los bancos y de las autoridades de control? 
Estos últimos años, el maelström en el sector de las telecomunicaciones ha modificado profundamente la actividad bancaria. 
La electronic banking ya se ha instalado en las prácticas de consumo en Bélgica con la utilización masiva de la tarjeta " Proton». 
Ocurrirá pronto lo mismo en Francia con el monedero electrónico comercializado por los servicios de correos. 
Como ya lo han dicho mis colegas, sólo cabe felicitarse por pasar de la tarjeta magnética a la tarjeta con " chip» de usar y tirar, recargable, o con función reactualizable. 
El monedero virtual debería tener un futuro halagüeño; las ventajas que tiene son múltiples. 
Además de ser funcional para el cliente y el comerciante europeos, tiene también la ventaja de ser fiable para el utilizador a la hora de alimentar la cuenta virtual mediante transferencias de su tarjeta de crédito. 
Ya no será pues necesario dar el número de " carte bleu» o tirar el ticket imprimido por un cajero automático cuando se proceda a una retirada de efectivo. 
Sin embargo, si Europa está actualmente a la cabeza de la tecnología de las tarjetas con chips- como lo recuerda el ponente en su exposición de motivos -, ¿acaso la clave en la guerra de monedas electrónicas no está bajo su control? 
Contrariamente al ponente- me estoy refiriendo al considerando C -, considero que la batalla comercial causará estragos más en el terreno de Internet que en el ámbito del monedero virtual, por la sencilla razón de que el jefe de orquesta es norteamericano. 
Por lo tanto, ¿acaso correremos el muy importante el riesgo de ver cómo las autoridades bancarias nacionales o el futuro Banco Central Europeo quedan despojados de su poder de control por las multinacionales de las telecomunicaciones en los próximos veinte años? 
En el mismo instante en que estamos reflexionando sobre la cuestión, y nuestros gobiernos permanecen callados, las grandes maniobras ya han empezado al otro lado del Atlántico; las alianzas que se forman entre las grandes multinacionales americanas de los multimedia y los principales establecimientos mundiales especializados en el tratamiento de las transacciones bancarias mediante tarjeta bancaria- ya se trate de la alianza entre Netscape Communication y First Data, o la alianza entre Microsoft y Visa International- sólo tienen un objetivo: imponer a todo el mundo, europeos incluidos, su hegemonía. 
En los Estados Unidos, las multinacionales, con el aval de la Casa Blanca, han entendido desde hace tiempo que el control de la cibereconomía mediante la apropiación del control tecnológico, les permitiría ganar la única batalla que parece contar: la de la revolución informática. 
Así pues, aprieto el botón de alarma cuando todavía se está a tiempo: la buena marcha de la moneda única, la competitividad de la Unión, la estabilidad del sistema financiero europeo implican que nuestros gobiernos tomen medidas de urgencia. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Pérez Royo es interesante, ¿pero acaso no es pecar de ingenuidad llegar a la conclusión precipitada de los efectos positivos del euro respecto al consumidor? 
La comparación de precios en el mismo seno de la Unión será, de hecho, más fácil. 
De eso a deducir que en el momento de dicho cambio, el nivel de los precios será revisado a la baja en beneficio del consumidor, es hacer gala de un optimismo que yo no puedo compartir. 
Me temo incluso que no sea ésta una ocasión de redondear los precios pero al alza. 
No olvidemos asimismo el hecho de que en Francia, treinta y cinco años después de la creación del nuevo franco- que correspondía al céntuplo del antiguo- muchos franceses siguen hablando y calculando en francos anteriores a 1960. 
Imagínense entonces lo que significa para estas personas una conversión de su moneda nacional sobre la base de 6, 05 francos, con tres cifras detrás de la coma. 
Tampoco debemos minimizar las complicaciones que surgirán por este tránsito al euro para las personas de edad o las personas iletradas. 
Cuando el ponente nos habla de la función que deberán desempeñar los grandes prestatarios de servicios, parece olvidar que resulta relativamente fácil firmar un título interbancario de pago para abonar la factura de electricidad en la que está inscrita una cantidad en moneda nacional y otra en euros; pero para el ama de casa será mucho menos fácil calcular sus compras diarias. 
Además, tenemos que plantearnos las siguientes cuestiones: en primer lugar, ¿de qué modo evaluar de manera precisa para cada empresa de cada sector de actividad, los costes reales- y no ficticios- generados por el paso al euro, con el fin de reducirlos al máximo? 
En segundo lugar, ¿cuál es campo de aplicación exacto del control de proceso de conversión? 
En tercer lugar, ¿cómo garantizar una auténtica competencia entre los prestatarios e impedir todo aumento injustificado de los precios? 
Y en cuarto lugar, ¿cómo garantizar a todos los consumidores, de manera uniforme, una ausencia total de repercusión de los costes? 
Todos estos interrogantes siguen, hoy por hoy, sin respuesta o bien suscitan respuestas vagas. 
Para acabar diré que además del entusiasmo mostrado por los partidarios del " euro a cualquier precio» -sin querer hacer juegos de palabras -, sería el momento de aportar ciertas garantías a los consumidores cuyo poder adquisitivo ya se ha visto afectado de manera significativa por la búsqueda de los criterios de Maastricht. 
Señor Presidente, este informe lleno de optimismo no debe hacernos olvidar que el inicio de la moneda única ha obligado a nuestros países a poner en práctica una política de austeridad, política bien recibida después de los años de laxismo presupuestario que han acarreado- sobre todo en Bélgica- una deuda pública astronómica. 
Sin embargo, esta austeridad ha penalizado duramente a los más desfavorecidos, para quienes el euro no deja prever ninguna mejora de sus condiciones de vida. 
Al mismo tiempo, si damos crédito a las promesas realizadas el pasado verano por el Presidente de la República Francesa al Príncipe de Mónaco, el Consejo y la Comisión se plantean seriamente conceder el beneficio del euro al Principado- cuando éste favorece una gigantesca evasión fiscal en detrimento de los Estados miembros de la Unión- sin que se exija a los residentes monegascos el menor esfuerzo financiero. 
Este regalo para los ricos constituiría un acto inmoral y un insulto para los más desfavorecidos, que deberán seguir estrechándose el cinturón durante mucho tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, dentro de un año ya habremos entrado en la era del euro. 
Ésta debería llegar a ser una edad dorada en la que las monedas internacionales permanezcan vinculadas en un clima de estabilidad monetaria. 
Si bien coincido con el ponente, Sr. Ruffolo, en que será muy difícil alcanzar en un corto plazo unas relaciones monetarias equilibradas y estables, sin embargo es preciso- y la crisis asiática lo demuestra con toda claridad- que el mundo disponga muy pronto de mecanismos políticos de regulación que contribuyan a evitar que la economía real esté expuesta al riesgo de las turbulencias monetarias, en detrimento de los asalariados y del desarrollo económico del bienestar en el mundo. 
Por esto yo pienso que la Unión Monetaria Europea puede contribuir efectivamente, no sólo a que se establezca una situación de competencia razonable entre las dos monedas internacionales actuales, sino a la vez también a la consecución de una estabilidad monetaria internacional y a la normalización de una correlación entre las monedas que responda a la situación comercial y económica. 
El Parlamento Europeo, al igual que la Comisión Europea, concede, por lo tanto, justificadamente un gran valor a la estabilidad y también a la dimensión internacional del euro. 
Yo lamento muchísimo que el Consejo de Ministros no haya podido dejar claro hoy que, en la era del euro, la Unión Europea hablará monetariamente con una sola voz. 
En efecto, no podemos establecer una Unión Monetaria y seguir hablando con varias voces en las instituciones financieras internacionales o en las reuniones del G-8 o el G-10. 
Hemos tenido que pasar por la amarga experiencia de que así ocurriese, en nuestro detrimento, en el marco de la " ronda Uruguay» y también de la Organización Mundial de Comercio. 
No deberíamos repetir estos errores en el ámbito monetario. 
Por consiguiente, yo espero que también se refuerce el papel de la Comisión en relación con la dimensión internacional del euro. 
Es adecuado asimismo que el Parlamento Europeo demuestre mediante el presente debate que, además de la voluntad de establecer la Unión Monetaria Europea, también es importante una cuidadosa preparación de la misma que permita disipar los temores de la gente, temores que pueden ser explotados fácilmente por los detractores de la Unión Monetaria Europea creando la imagen de que ésta equivale, de hecho, a una reforma monetaria y, por lo tanto, la población debe temer por el valor del dinero y por su poder adquisitivo. 
En este sentido, la preparación debe dejar claro que la Unión Monetaria consiste, de hecho, en la confluencia de varias monedas igualmente sólidas, cuyo objeto es que en toda la Unión Europea pueda pagarse con una misma moneda igualmente sólida. 
Así, los ciudadanos y ciudadanas que están preocupados por la estabilidad de la moneda y que naturalmente también necesitan tener asegurados sus ahorros, sus ingresos, podrán constatar que en la preparación de la Unión Monetaria también se está tomando en consideración esta preocupación. 
Por esto es sumamente importante que desde el Parlamento Europeo nos comprometamos también en favor de la defensa de los consumidores en el marco de la Unión Monetaria. 
También es importante que la Comisión complete al fin la actual normativa sobre el euro mediante un reglamento que establezca que la conversión de las monedas nacionales a euros será gratuita, que garantice la ausencia de cualquier posible fraude o abuso en este contexto y, sobre todo, que también regule la doble indicación de los precios y valores. 
Debemos incluir realmente a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso que ha de conducirnos hacia la UEM, en vez de alimentar sus temores. 
Esto sólo será posible si el valor en euros y en la moneda nacional de una mercancía, de un servicio y también de las tasas de los servicios públicos se indica efectivamente de manera visible y comprobable en la fase previa a la introducción del euro y durante toda la fase de coexistencia del euro y las monedas nacionales. 
El Parlamento Europeo ya lo solicitó el año pasado, señor Comisario. 
Yo pienso que la Comisión debe presentar al fin este reglamento, también en interés del éxito de la Unión Monetaria, el cual no debe medirse sólo por la aceptación de los mercados, sino también por la de los ciudadanos y ciudadanas. 
El euro se introducirá en definitiva para todos y debemos apresurarnos a contribuir a que así sea por medio de la legislación de ámbito europeo. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera retomar el debate a partir del punto en que lo ha dejado la Sra. Randzio-Plath, concretamente con los temas que se consideran en el informe del Sr. Pérez Royo: el euro y la protección de los consumidores. 
Me parece adecuado que también se contemple en un grado suficiente la protección de los consumidores por parte de la Comisión, pero yo creo que sería un error rebasar dicho objetivo. 
Sra. Randzio-Plath, usted sabe tan bien como yo, que el régimen obligatorio de precios dobles y su ampliación a partir del inicio de la tercera fase, o sea, a partir del 1.1.1999, tal como se pide en el Informe Pérez Royo- posiblemente con carácter voluntario primero, si bien luego se impondría mediante un reglamento si los resultados no son satisfactorios -, tendrá obviamente considerables repercusiones sobre los costes comerciales y seguramente los elevará. 
Por esto yo quisiera advertir de los riesgos que supone incorporar esta dimensión a la protección de los consumidores. 
En el apartado 14 del proyecto de resolución del colega Pérez Royo, que en muchos aspectos es adecuado y correcto y que yo apoyo plenamente, se insta a la Comisión a que establezca observatorios regionales. 
¿A qué viene esta propuesta? 
¿Necesitamos observatorios regionales? 
Formular esta propuesta- que podría llegar a ser aprobada por mayoría en la votación del mediodía- significa no haber comprendido que el Reglamento europeo, adoptado de conformidad con el artículo 235 del Tratado CE, ya contempla todos los aspectos jurídicos de carácter civil: la continuidad de los contratos, la relación de conversión 1: 1 entre el ecu y el euro, las normas de redondeo. 
Quiero decir que, en todos los ámbitos donde impera la competencia- como es el caso del comercio en toda Europa -, donde los vendedores deben responder a las exigencias del mercado, a la larga no les será posible actuar de manera torticera, pues los consumidores lo detectarían. 
Yo soy más bien reacio a que se presente al comercio en general como infractor potencial y a que se trate a los consumidores como necios potenciales. 
Para cada consumidor existirá sólo un valor de conversión de su antigua moneda nacional al euro. 
¡Uno solo! Todos los consumidores conocerán dicha relación a partir del 4 de mayo de 1998 y ésta no estará abierta a la negociación voluntaria. 
Se dispondrá de calculadoras de bolsillo provistas de una tecla adicional, las cuales ya existen. 
Por lo tanto, no se planteará ningún problema y yo me atrevería a anticipar que los consumidores habrán aprendido cuál es el valor de conversión en un plazo de 48 horas, y puede que hasta de 24 horas, y nadie podrá engañarles. 
Existe una excepción en aquellos ámbitos donde existen monopolios, sobre todo en el sector público. 
En este caso es preciso velar por que la introducción del euro no vaya unida a subidas encubiertas de precios. 
En este sentido, aun reconociendo que es necesario proteger a los consumidores, no deberíamos rebasar este objetivo. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a los ponentes por sus respectivos informes. 
Creo que el éxito de la Unión Económica y Monetaria dependerá en buena medida del modo en que preparemos a nuestros ciudadanos para la introducción de la moneda única. 
Basta con hablar con nuestros electores para comprobarlo. 
Nuestra sociedad siente preocupación. 
Por ello existe la necesidad de garantizar que se explique el euro y se aclaren los posibles malentendidos al respecto. 
Esta obligación, naturalmente, recae sobre la Unión y los gobiernos de los Estados miembros. 
Hoy hago un llamamiento a la Comisión para que dé su aprobación y financie un " teléfono de información sobre el euro» a nivel nacional y europeo, con vistas a proteger los intereses de los consumidores y las empresas a medida que nos embarcamos en esta gran iniciativa. 
Es fundamental poner en marcha campañas de información, formación y enseñanza para todos nuestros ciudadanos y todas las empresas. 
Hay que convencer a los ciudadanos europeos de que la moneda única no irá en contra de sus intereses ni de los intereses de sus países respectivos. 
Debemos asegurarles que el euro fortalecerá nuestras economías y pondrá de manifiesto el auténtico poder de Europa en el mundo, lo que tendrá como resultado unos tipos de interés más bajos, que a su vez llevarán más dinero a los bolsillos de nuestra sociedad. 
Para la presentación del euro será fundamental que existan garantías de que el coste de su introducción no recaerá sobre el consumidor. 
Será necesario redondear a la baja en favor del consumidor. 
Cuando se conviertan los precios, hay que enseñar también a los consumidores cómo calcular fácilmente la conversión de la moneda del Estado miembro en cuestión en euros. 
Es fundamental que los precios aparezcan en ambas divisas, y esta práctica debería introducirse antes del 1 de enero de 1999. 
Es importante que los consumidores se habitúen a esta nueva presentación de los precios antes del 2002. 
Es de vital importancia que se detecte todo el dinero falsificado, incluida la utilización de monedas falsas en las máquinas. 
Una de las claras ventajas del euro es que permitirá a los consumidores de mi país y de otros países comparar los precios de bienes y servicios, incluidas las ofertas turísticas. 
El coste de unas vacaciones en el Oeste y el Norte de Irlanda aparecerá como muy ventajoso. 
También potenciará las ventas transfronterizas. 
Creo que el euro dará un impulso muy positivo a la competencia. 
Garantizará la transparencia de los precios; garantizará la estabilidad de los tipos de cambio y los tipos de interés, ahogará la especulación con divisas y fomentará el crecimiento y el empleo. 
Creo que las autoridades nacionales deben garantizar la existencia de información adecuada e inteligible sobre el coste real de la introducción del euro, junto con la información adecuada para los consumidores que garantice la competencia, y deben detectar y poner fin a subidas de precios injustificadas- de aquí mi llamamiento a favor de un " teléfono de información sobre el euro». 
En definitiva, como ya he declarado anteriormente ante esta Asamblea, los billetes en euro deben poder ser identificados por las personas con discapacidades de visión. 
Todos tenemos la obligación de garantizar este aspecto. 
Señor Presidente, a medida que se van acercando los plazos, el sentido de algunas medidas se modifica a veces. 
La tercera fase de la UEM se planificó hace ahora unos diez años. 
Desde entonces, se han producido algunas modificaciones, sobre todo tecnológicas, que hacen que quepa interrogarse sobre el realismo de esta tercera fase, y en particular, sobre la viabilidad de un periodo de tres años durante el cual deberemos vivir una especie de desgarramiento- me atrevería a hablar incluso de esquizofrenia- monetaria entre una vida cotidiana en moneda nacional y la utilización de monedas fiduciarias ya ampliamente dominadas por el euro. 
Por esta razón me pregunto si no habría que reflexionar acerca del medio de acelerar el proceso, sobre todo cuando la gran cita informática del año 2000 precisará una puesta a punto de todos los sistemas informáticos, y que se puede esperar que, incluso por razones económicas, se produzca una especie de acelerón de hecho en el uso y, en todo caso, en la aparición del euro en cierto número de aspectos de la vida cotidiana. 
Por ello creo que sería interesante que la Comisión pudiera examinar los obstáculos políticos y técnicos que se pudieran oponerse a la perspectiva de una aceleración, y que pudiera proponer, o en todo caso, tener a disposición del Consejo y de quienes deben tomar las decisiones, los elementos de una elección más cercano. 
Seor Presidente, acabaré diciendo que hay situaciones en las cuales la prudencia nos lleva, a veces, a acelerar. 
Esto es válido para un orador; esto también puede funcionar en materia de política monetaria. 
Quisiera aclarar algo una vez mas. 
Comprendo que es imposible, señor Nordmann, incluso para un orador como usted, desarrollar sus puntos de vista en un minuto. 
Pero he pedido repetidamente a los grupos políticos que no den tiempo de uso de la palabra de un minuto a los Sres. colegas. 
Lo considero cuestión de dignidad para los Sres. colegas. 
Desgraciadamente les dan un minuto y nos encontramos en una difícil situación tanto ustedes como la Presidencia. 
Igualmente, tenemos un programa que no se está manteniendo. 
Sin embargo un minuto no puede convertirse en dos. 
Señor Presidente, los cuatro informes sobre los que estamos debatiendo se destacan por una euforia general ante la moneda única. 
Sin embargo, no se nos debe escapar que el intento de fomentar o consolidar el euro como moneda internacional y la garantía de su estabilidad en los mercados internacionales pasa por la aplicación, a tiempo indeterminado, de los programas de austeridad, de la severa disciplina presupuestaria, de los cheques del Tratado de estabilidad y, finalmente, de la desarticulación total del mercado de trabajo y la reducción de los derechos sociales y de seguridad de los trabajadores. 
Al mismo tiempo, la evolución en los mercados monetarios mundiales ratifican la intensa intranquilidad sobre la marcha de la economía de los países en declive. 
La Comisión tiene la obligación de estudiar las consecuencias y los fuertes efectos secundarios en las economías más débiles, como por ejemplo en Grecia y en otros países dentro y fuera del euro, que son más sensibles a presiones especulativas internacionales. 
Los trabajadores y los pueblos de Europa no pueden admitir que su futuro se hipoteque en nombre del euro y de los objetivos de adquirir el capital financiero europeo una moneda firme para jugar con éxito sus juegos especulativos en los mercados de capitales del mundo. 
Y por esta razón se reaccionará, señor Presidente, y por eso deberá tenerse en cuenta la intranquilidad de los trabajadores y de los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, deberíamos decir algo sobre el contenido económico de la revolución que aquí se está invocando desde todos los sectores. 
Yo pienso que se trata de la deslocalización directa del dinero a plazo, que al mismo tiempo demuestran su vulnerabilidad local universal. 
La amenaza a escala mundial que en estos momentos se cierne sobre el dinero a plazo a causa de la crisis asiática es sólo una manifestación de ese hecho. 
Con ello hemos alcanzado un nuevo nivel de autonomía de los circuitos monetarios con respecto a la economía real y a la renta primaria que sólo de ésta puede obtenerse y, por lo tanto, también de la capacidad material de reproducción de las estructuras económicas, como parte integrante de una sociedad mundial diferenciada, con unos problemas globales y una responsabilidad planetaria crecientes. Precisamente en este contexto nos disponemos a introducir el euro. 
La estabilidad y credibilidad del euro, Sr. Ruffolo, no se dirimirá exclusivamente a medio y largo plazo y tampoco dependerá primordialmente de los aspectos relacionados con la política monetaria. 
Dependerá de la credibilidad de la Unión Europea, que en este contexto es equivalente a su capacidad para ofrecer respuestas democráticamente sólidas frente a los problemas del futuro. 
Yo sigo teniendo el convencimiento de que el proyecto neoliberal de microeconomización de la sociedad, tal como acaba de exponerlo el Sr. Stevens, el cual aspira a convertir todas las relaciones en relaciones de compraventa, en relaciones entre acreedores y deudores, o sea, en relaciones de mercado, no es adecuado para garantizar esta capacidad de futuro. 
En otras palabras, que no debemos considerar a las ciudadanas y ciudadanos únicamente como consumidoras y consumidores. 
Sabemos, Sr. Donnelly, que el proyecto ya es imparable. 
¡El euro se introducirá! 
De lo que ahora se trata es de hacer lo que todavía está a nuestro alcance, a pesar de los resultados insatisfactorios de las cumbres de Luxemburgo I y II, o sea, de corregir las condiciones en las que se introducirá el euro. 
Sólo podré exponerlas de manera telegráfica. 
Necesitamos una política de empleo europea eficaz. 
Necesitamos una coordinación de la política económica que vaya más allá de la producción de papeles y que establezca un auténtico marco de condiciones y unos verdaderos objetivos. 
Necesitamos poner fin a todas las formas de dumping y de competencia basada en la localización en el ámbito del mercado interior, ya sea a través de los impuestos, de los criterios ecológicos, de la protección social o de las subvenciones. 
Necesitamos englobar el Banco Central Europeo y el sistema bancario europeo dentro de un proceso políticosocial y políticoeconómico amplio. 
En otras palabras, en lugar de una revolución microeconómica, necesitamos tener el valor de ampliar la democracia, precisamente también en el ámbito de la política económica y social, con objeto de dotar de capacidad y de una perspectiva a los ciudadanos y ciudadanas que ahora se están movilizando. 
Señor Presidente, con este debate sobre la UM el Parlamento podría dar una buena impresión. 
A Europa le va viento en popa en el aspecto económico. 
El número de miembros de la UM que se esperan nunca ha sido tan alto. 
Para Italia, España y Portugal el ingreso está en el futuro. 
Francia y Alemania deben esforzarse al máximo, hacer todo lo posible, pero también lo conseguirán, porque ellos son, en el aspecto político, miembros imprescindibles de la UM. 
El espíritu optimista de la UM es muy previsible, pero igualmente muy peligroso. 
Este reside sobretodo en los políticos, funcionarios y banqueros. Sin embargo el votante neerlandés piensa de una forma muy diferente al respecto. 
El 47 % espera un aplazamiento. Escasamente un 18 % espera que la UM arranque el 1 de enero de 1999 con un gran número de países. 
Esto supone un abismo enorme entre la decisión que habrá que tomar el 2 de mayo de 1998 y la decisión que la población piensa que se tomará. 
Quien piense que la UM sigue adelante porque se da una buena convergencia económica se equivoca. 
Satisface los criterios formales del Tratado. Pero en la esfera real existen grandes diferencias en los desarrollos económicos y coyunturales. 
Tampoco los resultados en el ámbito de las finanzas de las administraciones están basados en medidas estructurales. 
La UM tampoco sigue adelante por la convergencia alcanzada, sino porque importantes políticos han unido su destino a este hecho. 
Cuatro catedráticos alemanes han hecho pública su opinión sobre este punto recientemente. Han advertido de cambios inestables si el euro se convierte en algo inverosímil para la participación de los países más débiles económicamente. 
Los efectos del empleo se ven favorecidos también. 
Supondrán un efecto positivo para las regiones prósperas, pero para las regiones débiles cabe más bien esperar un efecto negativo. 
De igual manera otras regiones económicas de la UM quedan fuera de consideración. 
Si esto se hiciese manifiesto la UM tendría un problema. 
Se cuestionaría la confianza en el euro. 
Me será difícil explicar, como europarlamentario, por qué el euro es tan bueno para el consumidor europeo. 
Señor Presidente, yo voy a referirme sólo al informe del Sr. Stevens. 
Dicho informe constituye una iniciativa sumamente valiosa, a mi parecer, si bien no debe contemplarse imprescindiblemente sólo en el contexto de la introducción del euro. 
Lo cierto es que Europa ocupa un lugar de vanguardia en el ámbito de la tecnología de las tarjetas electrónicas. Es evidente que debemos aprovechar esta situación. 
Una mayor utilización del dinero electrónico supondría un nuevo paso hacia la sociedad de la información y sería positiva desde la perspectiva del nivel de vida de los ciudadanos. 
Dada la multifuncionalidad de dicha tecnología, ésta permitiría racionalizar al mismo tiempo las tareas administrativas en el ámbito de los servicios públicos y conseguir, por lo tanto, un ahorro presupuestario considerable a medio plazo. 
De hecho, sería sumamente importante que esta iniciativa del Parlamento consiguiese promover la voluntad de cooperación en el Consejo y que las diversas iniciativas nacionales en el ámbito de las tarjetas electrónicas fuesen al menos compatibles. 
La inversión destinada a fomentar el uso del dinero electrónico es un proceso que está en consonancia con el espíritu de los tiempos. 
A la vista de lo cual, resulta aún más sorprendente que este proceso de transformación tecnológica de los procedimientos de pago de los ciudadanos apenas se contemple dentro de la estrategia global básica para la introducción del euro. 
El desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación también tendrá rápidas repercusiones sobre las formas de manejo del dinero. 
En efecto, el desarrollo de los medios electrónicos de pago modifica sencillamente el concepto de dinero. 
Es preciso que afrontemos los retos de carácter fiscal, jurídico, económico, político, en suma, que esto plantea. 
En este sentido, yo acojo con satisfacción el informe del Sr. Stevens. 
No obstante, sería bueno que al menos una parte del presupuesto que se dedicará a la promoción del euro se destine a preparar a los ciudadanos para los cambios tecnológicos en el ámbito monetario. 
Señor Presidente, dentro de 11 meses, 11 países ingresarán en la Unión Económica y Monetaria aquí en Europa. 
El primer equipo de 11 jugadores marcará el gol de las aspiraciones de nuestra moneda única, mientras cuatro países aguardan en el banquillo, calentando y preparándose para incorporarse más tarde al partido, quizá antes de la próxima Copa del Mundo del 2002. 
Pero cuando el reloj marca las once, es mucho lo que aún queda por hacer para garantizar que los palos de la portería se mantienen firmes e inamovibles, que el terreno está nivelado y apto para el partido y que el balón está lo suficientemente duro para marcar goles a favor de Europa desde el primer saque. 
Estos cuatro informes que hoy tenemos ante nosotros tratan de algunas de las angustias y las esperanzas de última hora. 
El informe Pérez Royo identifica con acierto las inquietudes de algunos de los espectadores que contemplan la moneda única. 
Habrá que asegurar a los consumidores, por ejemplo, que una vez que el balón de la moneda única esté en juego, la doble presentación de los precios en euros y en la divisa nacional será la regla, no la excepción. 
Si el sector minorista no está dispuesto a ayudar a los clientes a orientarse ante estos cambios históricos, el Parlamento debe tocar su silbato y disponerse a legislar para que se garantice la doble presentación de los precios. 
Lo mismo ocurre con los posibles costes de conversión ante la llegada del euro. 
Tanto si hablamos de la fase B, en la que podrán cambiarse las monedas nacionales, o de la fase C, en la que las nuevas monedas en euros pueden cambiarse por las denominaciones en extinción, sería un desastre cobrar al hombre o a la mujer de la calle o de la avenida por el cambio de divisas, especialmente porque hemos vendido el euro a los ciudadanos como la moneda que elimina esos gastos superfluos de cambio. 
Debemos cuidarnos de marcar un gol semejante en nuestra propia portería. 
Además, es fundamental que las autoridades públicas controlen de cerca el paso hacia el euro. 
Las sospechas de los consumidores de que el euro se utilice para enmascarar subidas de precio deben ser atajadas celosamente y disipadas. 
Hay muchas personas mayores en Gran Bretaña que todavía recuerdan el paso al sistema decimal en 1971 como una época en la que había que pitar falta contra la reventa por querer lucrarse a costa de los que todavía desconocían la nueva moneda. 
Espero que la Comisión esté dispuesta a elaborar propuestas de reglamento relativas a la reconversión de los costes de dichos billetes y monedas. 
Si el informe Pérez Royo trata sobre el futuro próximo, el ensayo del Sr. Stevens sobre el dinero electrónico trata de un futuro que avanza a grandes pasos hacia nosotros. 
La utilización de tarjetas inteligentes y de monederos electrónicos no tardará en convertirse en algo habitual para todos nosotros. 
Quizás, como el ponente ha sostenido en debates anteriores, podría haberse promocionado la aceptación de la UEM conjuntamente con las nuevas tecnologías como el dinero electrónico. 
Menos sensata es su propuesta de que una única organización del sector privado asuma la responsabilidad de emitir este tipo de dinero codificado. 
Cualquiera que sea el futuro de estas tendencias, el Parlamento deberá insistir ante las autoridades competentes para que se encarguen de que los emisores de dinero electrónico, ya sea un banco o cualquier otra institución, cumplan los requisitos de confianza del público, interoperabilidad y la continua estabilidad de los sistemas financieros. 
En lo relativo al informe Ruffolo sobre determinados aspectos del euro de cara al exterior, quisiera corroborar el interés del ponente en lo que se refiere a la representación exterior de la Comunidad Europea en organismos como, por ejemplo, el FMI. 
Conviene aclarar cuanto antes cuáles son las responsabilidades entre ECOFIN y el Banco Central. 
Un comentario para terminar: la grave crisis por la que actualmente atraviesan los mercados financieros asiáticos hace tanto más necesario que la UEM se lance desde una base sólida. 
Un euro estable será bueno para Europa y bueno para el mundo. 
Seor Presidente, Seorías, quisiera hablar sobre el informe Ruffolo, que invita a plantearse tres cuestiones en cuanto a los aspectos externos del euro. 
En primer lugar, ¿acaso el euro va a convertirse en una moneda internacional en el sentido pleno del término? 
En segundo lugar, ¿qué política de cambio habrá que adoptar en la gestión de la moneda única? 
Y en tercer lugar, ¿en qué medida puede incidir el euro en la estabilidad del sistema monetario internacional? 
A la primera cuestión cabe contestar que parece muy probable que el euro se utilice cada vez más como moneda de facturación en los intercambios internacionales, habida cuenta de la importancia de la economía europea; es menos evidente que pueda llegar a sustituir al dólar como moneda de reserva, al menos a corto plazo. 
Cualquier sistema monetario da muestras de inercia. 
Resulta difícil destronar una moneda instalada desde hace tiempo como moneda internacional. 
En lo referente a la segunda cuestión, que es para nosotros aquí más importante, la de la política de cambio y del valor del euro, considero que hay que evitar algunos malentendidos fundamentales. 
No se trata de saber si debemos establecer un euro fuerte o un euro débil, sino que se trata de saber de qué modo va a reaccionar el mercado ante las políticas monetarias del Banco Central Europeo y de la FED norteamericana y las políticas presupuestarias y fiscales de estas dos grandes zonas. 
Dicho en otras palabras, debemos ser claros. 
Ningún político, e insisto en ello, determinará el valor del euro. 
Eso lo harán los mercados. 
Desde esta óptica, la política del BCE tendrá una función capital. 
Si consigue llevar a buen puerto su objetivo de estabilidad de los precios, tendremos un euro estable- que es, sin duda, el objetivo principal- cuyo valor corresponderá en promedio a la evolución de los elementos fundamentales de la economía y a las anticipaciones relativas a dicha evolución. 
De ahí la gran importancia, no sólo de la política monetaria, sino también de una coordinación inteligente de las políticas presupuestarias y fiscales en Europa, cosa que no desarrollaré aquí, puesto que ya se ha hecho en otros foros. 
Por último, en lo referente a la tercera cuestión, la del impacto del euro sobre el sistema monetario internacional, quisiera decir algunas palabras sobre la propuesta de zonas-objetivo que indica el informe del Sr. Ruffolo. 
Nada tengo yo en contra de las zona-objetivo, siempre que los márgenes de fluctuación que propongan sean amplios. 
En este marco, pueden contribuir a la coordinación de las políticas económicas de los distintos países, determinando algunas pautas y, por lo tanto, haciendo que comuniquen entre sí los responsables económicos de los distintos Estados, sobre bases concretas y claramente determinadas; en definitiva, estableciendo una mejor comunicación entre los que toman las decisiones económicas. 
Sin embargo, resultaría ilusorio creer, como algunos parecen hacerlo, que se puede volver a un sistema monetario internacional del estilo de Bretton Woods, con tipos de cambio fijos entre el euro, el dólar y el yen. 
Esto es actualmente imposible y tendría efectos perversos enormes y nefastos sobre la economía mundial. 
Señor Presidente, Señorías, me refiero al informe Friedrich, a cuyo autor felicito, que aborda una de los más importantes sectores de la institucionalización del mercado de capitales. 
En el momento actual está fragmentado y hay competencia entre cada una de las plazas financieras europeas y entre éstas y las mundiales. 
De ese informe parece desprenderse que la introducción del euro en las transacciones y cotizaciones de las bolsas de valores a partir del 1º de enero de 1999 resolverá todos los problemas y todas las distorsiones que subsisten entre los diversos inversores de los Estados miembros de la Unión y corresponde a una importante etapa de armonización del proceso de materialización del mercado europeo. 
Es un informe muy optimista, porque no todos los problemas de los mercados financieros llegarán a resolverse. 
No compartimos enteramente esa visión nominal y formal, pero sí que compartimos una concepción según la cual las diversas convergencias deben ser reales. 
Y realmente siguen existiendo barreras jurídicas y fiscales que no están superadas, como el propio informe reconoce, por lo demás, por lo que no puede ser que el euro por sí solo las supere. 
En cuanto a las barreras fiscales, lo que nos parece importante subrayar es que cada país manipula y pretende seguir manipulando sus tasas internas del impuesto y sus sistemas de recaudación por retención en origen o, a fin de cuentas, en función exclusivamente de sus necesidades de captación atractiva de préstamos entre el público mediante títulos de emisión pública o de obligaciones. 
¿Resolverá esa cuestión el euro? 
Creo que no. 
Se me dirá: » Es una consecuencia de la regla de la unanimidad». 
¿De verdad? 
¿Desde cuándo no se resuelven los intereses que son comunes, aunque ello obligue a buscar consensos y sobre todo unanimidad? 
Lo que sucede- y este informe no aborda ese asunto- es que cada uno de los países captadores de inversión sobrepuja sus intereses respecto de los otros que carecen de ellos. 
En el momento en que se cumplan estos objetivos, sí que se alcanzarán los desiderátums constantes de este informe. 
Señor Presidente, el dinero electrónico es un asunto muy serio y realmente merece una consideración aparte, en vez de ser aglutinado en un debate general sobre el euro. 
Me complace que el Sr. Stevens y el PPE, por fin, hayan podido aceptar las enmiendas de los Liberales que obtuvieron el respaldo de la comisión, porque sin esas modificaciones era dudoso que estuviéramos en condiciones de apoyar hoy su informe. 
Este informe llega en un momento importante del desarrollo del dinero electrónico. 
La nueva tecnología que ya está en fase de desarrollo en muchos Estados miembros, es tema de debate en el seno de la Comisión, del Instituto Monetario Europeo y de los Estados miembros. 
Pero con la aprobación ahora de este debate, adelantándonos al resto de las instituciones, el Parlamento Europeo puede enviar una fuerte señal en el sentido de que el desarrollo del dinero electrónico no debe verse obstaculizado por un exceso de regulación y normas incompatibles. 
La finalidad de mis enmiendas era enviar dicha señal y eliminar los elementos anticompetitivos presentes en el primer proyecto del ponente. 
El informe proporciona ahora un marco regulador que garantizará la confianza del público en el dinero electrónico, la estabilidad y la solidez de los emisores y el buen funcionamiento del mercado único. 
Debemos garantizar que un marco semejante permita a todas las entidades debidamente reglamentadas, banco y no bancos, emitir dinero electrónico sobre una base competitiva, y que no se restrinja la competencia a través de un sistema de franquicia o limitando el mercado únicamente a los bancos. 
La interoperabilidad será un factor crucial en el desarrollo del dinero electrónico. 
Debemos garantizar que los diferentes monederos electrónicos y las tarjetas inteligentes estén basados en normas de interoperabilidad para evitar la fragmentación del mercado y el desarrollo de un cartel anticompetitivo. 
Por último, en las políticas de precios no debe interferir ningún régimen regulador. 
Si las compañías han invertido en el desarrollo de este tipo de dinero, no les puede obligar a emitir productos con carácter gratuito. 
El mercado debe determinar los precios, y dejar a los clientes la libre elección. 
Con estas condiciones, me complace respaldar el presente informe. 
Señor Presidente, tengo tres comentarios. 
En primer lugar, con el euro las crisis y trastornos en la economía se van a extender más rápidamente a los mercados de capital y Europa corre el riesgo de llegar a una situación asiática. 
En segundo lugar, la democracia se desmorona. 
Los políticos elegidos por el pueblo se transforman en lacayos cuya función es servir y facilitar movimientos en los mercados de capital. 
Llegamos a un sistema que nadie controla y que nunca se controla a sí mismo. 
En tercer lugar, este debate es una prueba de un masivo conformismo de opinión. 
¿Qué clase de Parlamento es éste en que el 95 por ciento del debate consiste en loas a una sola idea? 
Aquí no se da lugar a un análisis crítico y científico más profundo. 
Esta ortodoxia es espantosa teniendo en cuenta todos los intentos hechos entre 1873 y 1993 para crear este tipo de construcción de moneda y que han llevado a depresiones y colapso. 
Seor Presidente, los informes que hoy examinamos sobre la introducción de la moneda única muestran que los técnicos llevan a cabo su trabajo de manera imperturbable y que, al menos, sobre el papel, los mecanismos del futuro mercado del euro empiezan a perfilarse. 
Sin embargo, hay una cuestión fundamental todavía sin resolver. 
¿Acaso se dan las condiciones económicas y sociales de entrada en vigor de una moneda única en Europa? ; y, además, concretamente las dos subcuestiones siguientes: ¿son las economías lo bastante convergentes, y los pueblos afectados apoyan lo suficiente el proyecto? 
Nosotros respondemos negativamente a ambas preguntas. 
Las economías europeas siguen estando diferenciadas, y no deberíamos dejarnos llevar por las apariencias de un criterio de déficit que nada nos dice en cuanto al fondo, o por un criterio de tipos de interés que sólo convergen porque los mercados anticipan las consecuencias de una decisión que consideran ya tomada políticamente. 
Y sobre todo, no se debería perder de vista que los ciudadanos de los países de Europa siguen sin estar muy convencidos- esto es un eufemismo, pues sólo hay un 47 % de personas favorables en el conjunto de Europa, según los últimos sondeos -, y que por consiguiente no hay ningún entusiasmo por el proyecto, e incluso el porcentaje de personas favorables tiende a reducirse a medida que se aproxima el plazo de 1999. 
Debemos decir que las últimas encuestas muestran que en Francia cerca un tercio de la población no se ha dado cuenta de que el euro va a sustituir completamente al franco. 
Se entiende que pueda cambiar de opinión cuando tome conciencia de una realidad que no se les había explicado con honestidad en el momento de Maastricht; cuando se de cuenta de que moneda nacional va a desaparecer y que deberá soportar sacrificios en su vida cotidiana a cambio de ventajas abstractas, lejanas y globales, cuyo interés inmediato y práctico resulta difícil de probar. 
Tomamos nota de este modo de un desfase cada vez mayor entre los expertos, que siguen con su trabajo, y los ciudadanos, que no tienen la sensación de que se ocupan de sus necesidades reales. 
Entre los dos, los políticos defienden, hasta la fecha, a los expertos. 
Confiemos en que se den cuenta de que están perdiendo su base. 
Seor Presidente, Seorías, no se ha ventilado la cuestión previa. 
Antes de llegar a los aspectos técnicos, tendríamos que estar seguros de que los pueblos de Europa desean de verdad entrar en el euro. 
Por lo tanto, una reforma de tal importancia debería someterse a referendum nacional en todos los países, aunque sólo fuera por el respecto que merecen todos los votantes y las votantes. 
Por otro lado, conocemos sobradamente las consecuencias de la ampliación del deutsche mark a la antigua RDA: desempleo en el Este y aumento de los impuestos en el Oeste; éste es el balance, extremadamente gravoso y que durará varios aos. 
Esto es lo que ocurre cuando se impone una moneda única a dos países con diferentes grados de competitividad. 
Y ni siquiera entro en la vertiente moral de esta experiencia: el desprecio del Oeste por el Este, en una sociedad en la que el dinero es la medida de todas las cosas. 
Corremos el riesgo de que se repita esta situación en Europa. 
En los países en los que las empresas tienen problemas de competitividad se producirá un aumento del desempleo. 
Los países con mayor nivel de productividad tendrán, tarde o temprano, que aceptar un grado mínimo de solidaridad, y los impuestos subirán. 
El cambio de nominal monetario tendrá también un impacto inflacionista en el consumidor. 
En la Europa oriental, la creación de monedas nacionales, en Estonia, en Eslovaquia, en Eslovenia y en otros países, supuso en su momento una liberación. 
Efectivamente, permitió que estos países pasaran a una economía de mercado en mejores condiciones. 
Curiosamente, en la Europa occidental se está haciendo lo contrario. 
Sin embargo, la buena salud monetaria de Suiza o de Noruega es una buena prueba del interés que tienen las monedas nacionales. 
En definitiva, no sirve de nada entrar en un debate técnico sin haber resuelto la cuestión previa del principio mismo de la creación del euro, y esta cuestión sólo podrá resolverse de verdad con un debate democrático que exige la organización de referéndums. 
Seor Presidente, seor Comisario, Seorías, muy a pesar de la extrema derecha y de sus aliados, el euro llega ahora a su última fase. 
Dentro de unas semanas todo estará en marcha, y dentro de un ao el euro será la moneda legal de más de 200 millones de europeos. 
Por esta razón es tan importante el debate de hoy, y me gustaría dar las gracias y felicitar a nuestros ponentes por su trabajo y sus contribuciones. 
Al igual que el Sr. Friedrich, creo que hay que permitir una integración completa de los mercados financieros. 
Pero también digo que es preciso armonizar el marco legislativo y fiscal, tratando de no contentarse con satisfacer únicamente los mercados especulativos. 
Asimismo, nosotros debemos favorecer también, e incluso sobre todo, las inversiones directas, generadoras de empleo, y hay que reducir, cuando no suprimir, los escondites fiscales y los paraísos fiscales que se hallan en el propio corazón de nuestra Europa. 
Éste es uno de los requisitos para que los ciudadanos acepten el euro. 
En lo tocante al euro y los consumidores, suscribo la propuesta del Sr. Pérez Royo de una doble mención de los precios, pero desearía que se realizara lo más rápidamente que se pueda con vistas a que el sistema sea lo más breve posible. 
Siempre en lo referente al ciudadano consumidor, me sumo a la muy firme y enérgica demanda de que la conversión moneda nacional/euro sea gratuita para el ciudadano. 
Debemos velar por que esto sea así, pues se nos dice que algunos bancos podrían tener la enorme tentación de cobrar este servicio a sus clientes. 
Respecto al informe Ruffolo, quisiera decir, en nombre de los defensores de la competitividad industrial europea- tema sobre el que estoy trabajando actualmente- que hay que hacer todo lo posible para evitar un euro sobreevaluado, que sería negativo en términos de empleo. 
Es indudable que no son las políticas las que fijan los valores sino que son las decisiones que tomamos las que pueden actuar al alza o a la baja. 
Además, evidentemente soy favorable a un control democrático del Banco Central Europeo y, por lo tanto, como mínimo a un control del Consejo Ecofin sobre la política de tipos de cambio. 
Por último, y por lo que respecta a las relaciones entre el dinero y las nuevas tecnologías, objeto del informe del Sr. Stevens, quisiera decir que yo también deseo que se pudiera reducir el tiempo necesario de fabricación de las monedas y de los billetes, y ganar de este modo tiempo en relación con esa fecha del 1 de enero del 2002. 
Tres aos, en efecto, es demasiado. 
Antes de acabar, me gustaría aprovechar estos informes para pedirle al Sr. de Silguy, aquí presente, que nos explique su postura sobre las consecuencias de la crisis asiática en nuestras perspectivas de crecimiento y respecto al calendario del euro. żConsidera que esto debería acelerar el calendario? 
¿Acaso sigue pensando que podemos esperar al 1 de enero de 1999 para poder tener el valor del euro, mientras que la zona euro y las paridades entre las monedas se fijarán los días 2 y 3 de mayo? 
Estaría bien, seor Comisario que nos lo dijera aquí, además de en las radios y las televisiones que últimamente tanto visita. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya se han dicho muchas cosas y se dirán muchas más a lo largo de esta mañana y esta tarde. 
La Subcomisión de Asuntos Monetarios y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento han realizado una labor extraordinaria en los últimos años. 
La prudencia de sus presidentes nos ha permitido establecer, en efecto, relaciones cada vez más fluidas con los representantes del ámbito de la economía monetaria, de la política financiera, y también con las asociaciones. Éstas incluyen las asociaciones de consumidores, pero también las federaciones industriales y otras. 
La información obtenida por el Parlamento puede servir de modelo y el debate de hoy debería transmitirse en todos sus aspectos a muchas personas, de manera que antes de mediados de año puedan alcanzarse nuevas decisiones positivas sobre la base de su contenido. 
Yo pienso que es posible disipar los temores en este contexto; el alarmismo no cundirá. 
No cundirá el alarmismo de algunas intervenciones de hoy, ni tampoco el de los intentos de los profesores del Estado miembro de la República Federal Alemana para impedir la introducción del euro. 
Yo creo que el debate de hoy es una medida generadora de confianza. 
Hoy se debaten cuatro informes. El informe sobre la posición del euro en los mercados mundiales y el Informe Ruffolo tienen un carácter un poco explosivo debido a las turbulencias en la zona del Sureste asiático. 
Yo pienso que es importante que insistamos en la necesidad de que la política monetaria, crediticia y de subvenciones vuelvan a discutirse intensamente en el contexto económico mundial. 
Lo que estamos haciendo en la Unión Europea, lo que debemos hacer en cumplimiento del Tratado de Maastricht y que, además, hacemos de buen grado, también debe hacerse en ese contexto, pues lo que ocurre en el Sudeste asiático viene repercutiendo desde hace años sobre nuestros mercados de trabajo y nuestros mercados competitivos, y las medidas que allí se han adoptado en el marco de la política de subvenciones, la política de reducción de intereses y la política monetaria nos han costado muchos puestos de trabajo. 
Hemos prestado demasiado poca atención a este tema y ahora nos vemos obligados a redoblar nuestros esfuerzos insuflando enormes cantidades de dinero en dichos mercados- también dinero europeo, a través del FMI- para evitar mayores turbulencias, si es que esto todavía es posible. 
Ya se han hecho algunas observaciones sobre el informe Pérez Royo. 
Werner Langen ha expresado con toda claridad qué espera el consumidor y cómo debemos contemplar a los consumidores. Por otra parte, también ha expuesto claramente- y la Sra. Thyssen sin duda también lo repetirá- qué medidas prevemos para la información a los ciudadanos. 
Con una participación estatal del 50 %, es importante que el Estado ya proceda a la doble indicación de precios, en los casos en os que sea posible, durante los próximos tres años. 
Yo considero absolutamente indispensable que fomentemos la confianza de los consumidores, tal como también se señala en el Informe Pérez Royo, mediante la introducción de billetes que estén a salvo de falsificaciones, con las mismas normas en cuanto al tipo de papel y en cuanto a la impresión. 
Presidente, el tratamiento combinado de estos informes sobre el euro presupone que el ciudadano ya es partidario del euro, pero a mi modo de ver no lo es ni mucho menos. 
Es cierto que la introducción del euro supone la coronación al mercado interno. 
Es cierto que con ello Europa se procura un importante papel en el ámbito internacional. 
Es cierto que las relaciones de competencia se clarifican y que el consumidor se puede beneficiar de ello. 
Pero el ponente Pérez Royo ha indicado directamente que el éxito en el ciudadano depende de la percepción que el ciudadano tenga del euro y del bienestar que le incorpore a su vida. 
Por lo que percibo de conversaciones con los ciudadanos se desprende que el ciudadano ve al euro esencialmente como una medida tecnocrática que los políticos, nosotros, queremos hacerle tragar. 
Por lo tanto, señor Presidente, lo que ahora procede básicamente es la información al ciudadano. 
El ciudadano ya tiene dificultades con la globalización y la pérdida de la identidad. 
Es absolutamente necesario un buen asesoramiento del proceso europeo por parte de las autoridades nacionales. 
El éxito del euro proporciona la oportunidad de realizar una mayor política de colaboración, tan necesaria, en Europa. 
Un fracaso puede significar realmente el caos y el final de la armoniosa colaboración europea en distintos terrenos. 
Por lo tanto, hay que atenerse a los criterios, informar y conducir al camino del euro al ciudadano y, sobre todo, a aquellos que disfrutan de pensiones o están en la víspera de hacerlo, como yo misma. 
Entonces podré recomendar el euro con toda tranquilidad al ciudadano y entrar en el siglo XXI como una amante del euro, con la ayuda de la euro-hotline que ha propuesto mi colega Gallagher si fuera necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, me limito al informe de Pérez Royo. 
Mis colegas ya han tratado otros puntos o lo harán después. 
El colega Pérez Royo ha mencionado en su meritorio informe las diversas facetas relacionadas con el euro y el consumidor. 
Entre tanto, la Comisión ha prometido hacer una serie de propuestas en su comunicado sobre los aspectos prácticos en relación a la implantación del euro. 
Señor Comisario, cito dos puntos importantes sobre los que todavía surgen preguntas que no han encontrado una respuesta satisfactoria, es decir, la doble indicación de los precios y los costes de la conversión. 
En lo que concierne a la doble indicación de los precios, me habían informado mediante una decisión de cuál es la situación: la Comisión decidiría antes de finales de 1997 si era necesario introducir normativa comunitaria en todos los países participantes. 
Me uno a aquéllos que consideran que la doble indicación de los precios no debe imponerse obligatoriamente. 
Dejemos que el mercado haga su trabajo, demos cabida a la flexibilidad, a los compromisos voluntarios o a los códigos de conducta. 
Señor Comisario, tengo una segunda pregunta: en qué medida deberán los bancos cargar los costes de la conversión a los clientes. 
También aquí la Comisión prometió decidir antes de finales de 1997 si, por una parte, era conveniente adoptar normativa comunitaria o legislación nacional, o si, por otra, la cuestión podía dejarse en manos de las fuerzas del mercado ¿Podría prohibir la Comisión el cargo eventual de los costes de conversión? 
Preferimos que el propio sector bancario formule códigos de conducta. 
Doy las gracias al Comisario por sus respuestas. 
Señor Presidente, en esta panoplia de informes subrayo que uno de ellos esté dedicado a los consumidores. 
Y, pese a las justificadas preocupaciones que refleja, el informe no aclara cómo es que los consumidores no acabarán soportando los costos. 
Parece haber consenso en el deseo de que no sean los consumidores los que los soporten, pero, como dichos costos existirán y serán cuantiosos, ¿quién los soportará entonces? 
No basta con desear que no sean los consumidores y aprobar resoluciones con esa piadosa afirmación. 
También es necesario no olvidar que los consumidores son, sobre todo, al menos todavía, asalariados y en este proceso reviste la mayor importancia estudiar los reflejos en los salarios reales y en la transparencia resultante de una mejor comparabilidad. 
Hay todo un problema de credibilidad y de confianza que está bien planteado en la explicación de motivos, cuando se advierte que puede haber la idea de que el euro sea tan sólo para los ricos o que sólo a éstos servirá, ya sea en el nivel de los consumidores o en el de las empresas, con lo que las PYME tendrán muchas mayores dificultades por lo que se refiere a la gestión administrativa y contable, a la gestión de los costos de la introducción de una moneda única en algunos países. 
Por otro lado, sigue ausente la reflexión seria, al menos aquí en Europa, sobre las consecuencias de la introducción del euro en los países y regiones con zonas monetarias creadas a consecuencia de las relaciones metrópoli/colonias, ampliadas, por lo demás, a las antiguas colonias de otras metrópolis, como en el caso de la CFA y de Guinea Bissau. 
Última observación: hay atraso relativo en la concepción de un mecanismo de compensación que pueda responder a choques asimétricos, necesariamente diferentes de los creados por el FMI, tal como está interviniendo en el nivel planetario con consecuencias que se agravan, porque habitualmente pasa por alto las causas. 
Señor Presidente, Señorías, la introducción de nuestra moneda común no sólo exige que se adopten las medidas de acompañamiento más adecuadas en el ámbito de la política monetaria y que se tomen en consideración todas las magnitudes que influyen sobre los mercados de capitales, al igual que los aspectos externos de la Unión Económica y Monetaria, sino que, además, también requiere que se fomente de la manera más adecuada posible la aceptación del euro por parte de nuestra población. 
Ésta también se reforzará si es posible hacer visible cómo se trabajará con el euro. 
En este contexto, sería particularmente importante procurar que las derramas y los reintegros- de los fondos de pensiones, por ejemplo- que se realicen en el mercado de capitales estén sujetos a unos criterios de inversión apropiados. 
Debe respetarse el principio de la congruencia, es decir, que la parte más importante de los fondos debe permanecer en el territorio nacional, o sea, en la Unión Europea- valga esto como comentario al Informe Friedrich -, sobre todo ahora que las inversiones en la Unión Europea son más importantes que nunca para controlar la situación en el ámbito del empleo. Este aspecto es de una importancia prioritaria. 
El euro, la economía monetaria se juzgarán en adelante sencillamente según este criterio. La economía monetaria no debe ser sólo un concepto abstracto. 
Por otro lado, también son particularmente importantes los aspectos relacionados con la política de protección de los consumidores. 
La introducción del euro no debe costarles nada a los consumidores, la fase de transición no debe ocasionarles ningún coste. 
No deben cargárseles los costes de la transición y la conversión. Debe garantizarse la continuidad de los contratos existentes. 
Esto requerirá medidas de acompañamiento, una de las más importantes de las cuales es la doble exhibición de precios. 
Ésta requiere a su vez una regulación jurídica, un reglamento. Dicho reglamento es necesario para garantizar la transparencia y ofrecer posibilidades de control a los consumidores. 
No se trata de una desconfianza hacia el mercado, sino de fomentar la confianza en el euro entre los consumidores. La obligatoriedad legal también contribuye a ello. 
Lo que interesa es que se desarrolle una actitud favorable hacia la moneda en general. Ésta generará credibilidad y también contribuirá al necesario prestigio de nuestras instituciones y sobre todo del Banco Central Europeo. 
Para alcanzar la estabilidad se requerirán muchas medidas de acompañamiento, pero sobre todo también mucha, mucha sensibilidad. 
Éste es sencillamente el reto político. ¡No podemos dejar este tema exclusivamente en manos de la tecnocracia monetaria! 
Señor Presidente, esta mañana se está procediendo a un debate muy importante que recalca el activo papel que el Parlamento Europeo está desempeñando en esta etapa de puesta a punto de la última y definitiva fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Quiero hacer algunas consideraciones que, en cierto sentido, afectan a los excelentes informes presentados por el Sr. Friederich sobre los mercados de capitales y el Sr. Ruffolo sobre el papel exterior del euro, partiendo de un interrogante: ¿Es suficiente marcar el objetivo de la estabilidad como tarea fundamental de cara a la independencia del futuro Banco Central Europeo, así como insistir en las exigencias de responsabilidad para lograr un buen sistema de gobierno de la economía europea? 
Qué duda cabe de que la política monetaria interactúa con todo el resto de la política económica y depende de ésta, dado que, en particular, interactúa con la política fiscal, la política presupuestaria, la política tributaria, con lo que podemos llamar el gobierno no monetario de la economía. 
Pues bien, el tema de fondo que se nos plantea es el del futuro sistema de gobierno económico para la Unión Europea en la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que las decisiones adoptadas por la reciente Cumbre de Luxemburgo, en principio favorable a la creación del llamado Eurocouncil, van en la dirección correcta y sintetizan la necesidad de una autoridad de gobierno no monetario de la economía que, de alguna manera, sirva de contrapeso al monetario del Banco Central Europeo. Un sistema basado en dos autoridades independientes de política económica, aunque, inevitablemente, relacionadas entre sí en el entramado que, de hecho, existe en el ámbito de la política económica en general en un sistema como el europeo, y no sólo esto, sino dos autoridades con la misma dignidad y autoridad que deben establecer- sobre todo el Eurocouncil- la necesidad de imprimir una aceleración a la solución a algunas cuestiones de fondo que se nos plantean, si constatamos- como, por otra parte, es evidente- que la Unión Económica y Monetaria se compone, como una moneda, de dos caras imprescindibles: la parte monetaria y la parte no monetaria. 
Desde este punto de vista, las decisiones del Consejo ECOFIN del día 1 de diciembre son muy alentadoras y creo que el Parlamento Europeo tendrá ocasión de volver a tratarlas y realizar ulteriores progresos. Basta citar, para finalizar, un aspecto que interactúa con los subrayados por el Sr. Friederich, o sea, el acuerdo respecto a una directiva relativa a la imposición sobre los rendimientos financieros de las personas físicas no residentes, un tema que reviste una importancia fundamental para permitir al futuro mercado de capitales funcionar de forma apropiada ante la presencia del euro. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el impulso principal del informe Pérez Royo, porque reconoce la necesidad de aplicar medidas reales y tangibles para proteger los intereses del consumidor en la recta final de la introducción de la moneda única europea. 
Permítame decir, desde una perspectiva irlandesa, que no queremos que se produzcan los errores que se cometieron con la introducción del sistema decimal a comienzos de los años setenta, época en que reinó una confusión general. 
Aunque reconozco que los billetes y las monedas propiamente dichos no entrarán en los bolsillos de 340 millones de consumidores hasta el año 2002, el tiempo sigue siendo un factor esencial en lo que respecta a las campañas de información que deberán ser financiadas con cargo a la Unión Europea y en este sentido. 
Antes de la fecha del 2002, muchas transacciones bancarias y comerciales podrán hacerse en euros. 
La Comisión Europea, junto con los gobiernos nacionales, deberán financiar las campañas de información relativas específicamente a la presentación de los precios de los productos en euro y en la moneda del Estado miembro que se disponga a entrar en la UEM. 
Las campañas del doble precio deben formar parte de este proceso y deberán llevarse a cabo en la totalidad de supermercados y tiendas importantes de toda Europa. 
Por último, los precios de los productos deberán aparecer en euros y en la moneda nacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, en la discusión sobre el euro se pasan a menudo por alto los aspectos externos de la Unión Económica y Monetaria. 
Injustamente, porque las implicaciones externas de la UM tendrán importantes consecuencias tanto para la UE misma como para nuestros socios directos e igualmente, para todas las relaciones económico-monetarias internacionales. 
El euro jugará indiscutiblemente un papel importante como moneda internacional y proporcionará mayor equilibrio en el sistema monetario internacional, sobre todo, de cara al dolar. 
La UM hará que la UE pueda plantear mejor resistencia contra los golpes exteriores como los causados por los flujos de capital especulativos. 
La UM representa un importante paso en el camino hacia un sistema internacional nuevo y más equilibrado que vaya de un sistema unipolar hacia uno multipolar en el que es de esperar que la Unión Europea pueda jugar un papel influyente. 
La Unión Europea adquirirá a través de la UM una mayor responsabilidad dentro de las organizaciones económico-financieras internacionales. 
La interpretación concreta de esto se desea con urgencia entre otras dentro de la IMF y del G7. 
Para concluir, quisiera llamar la atención sobre el riesgo de querer regular y encasillar demasiado de antemano con la mirada puesta en el arranque de la tercera fase de la UM. 
Lo que debe determinar el curso del euro no es tanto nuestra dirección anticipada como, sobre todo, el funcionamiento del mercado, se entiende que influido por una política macro económica creíble y acertada. Un rumbo que también tenga una repercusión positiva hacia el exterior en la posición económica de Europa y en la colaboración y estabilidad económica mundial. 
Señor Presidente, estimados colegas, hace diez años surgió la voluntad política para este ambicioso proyecto del euro. 
En los pasados años se ha mejorado la convergencia económica de una forma bastante espectacular a pesar de los difíciles efectos coyunturales que ha habido en ocasiones. 
Hoy nos encontramos en la víspera del periodo de transición que puede ser importante y de gran significado para la credibilidad de la nueva moneda europea. 
En primer lugar la pelota está demasiado pronto en el campo de las autoridades nacionales. 
Ellas proporcionarán más credibilidad a la nueva moneda no solamente acuñando los nuevos préstamos en euros sino también reconvirtiendo al euro, en lo posible, las deudas nacionales pendientes. 
En segundo lugar el euro dará respuesta a otros países a los que les gustaría diferenciar más las reservas, como las mencionadas. 
No digo que el euro vaya a sustituir al dolar, digo que el euro puede convertirse en un importante factor de diversificación. 
En tercer lugar, es evidente que la suma de las reservas de los países miembros es mayor que lo que se necesita para apoyar la moneda europea única. 
Apoyo la solicitud del ponente Ruffolo para que la Comisión Europea estudie cuál es la mejor forma en la que se pueden emplear esas reservas sobrantes. 
En cuarto lugar, en la fase de transición debe jugarse el todo por el todo en cuanto a la información del público. 
El tiempo de la inseguridad cesará en cuanto haya pasado el dos de mayo. 
Todos los recursos, todos los recursos presupuestarios que tenemos para información, debemos destinarlos a informar al ciudadano para la introducción del euro. 
En quinto lugar, se ha reservado un importante papel para el sector bancario. 
El sector bancario que en el pasado reciente también demostró en nuestro país no merecer la confianza en su comportamiento hacia el consumidor. 
No cuento con las fuerzas de mercado tal y como acaban de decir la Sra. Kestelijn y el colega De Clercq. 
Considero que la Comisión Europea, y si fuese necesario los miembros nacionales, deben regular y garantizar legalmente la conversión gratuita de las monedas nacionales al euro. 
Para concluir, la implantación del euro ofrece, a un nivel más amplio, nuevas posibilidades y nuevas perspectivas. 
Emprendamos hoy la iniciativa para la coordinación económica europea, tal y como se acordó el 1 de diciembre en el último ECOFIN, la iniciativa para la coordinación económica a fin de utilizar juntos un único camino que evite las desventajas y las consecuencias de la crisis que los mercados asiáticos corren el riesgo de producir hoy en Europa. 
Este es, en lo que a mí respecta, el primer testcase para una mejor coordinación económica que debe ir unida a la implantación del euro. 
Señor Presidente, cuanto menores son las cantidades, mayores son los costes. 
Este verano estuve de vacaciones en Italia con mi hija y ella cambió 100 chelines austriacos en un cajero automático. 
A cambio recibió 9.600 liras. 
Cuando regresamos a Austria, yo le devolví esa cantidad redondeada: 10.000 liras. 
Adivine usted, señor Comisario, cuánto dinero obtuvo del cajero automático austriaco: ¡exactamente la mitad, un 50 %! 
Yo creo que esto representa un coste muy elevado en el ámbito del turismo y en muchos otros ámbitos en Europa. 
Si consideramos, por otro lado, que nuestros bancos tienen aproximadamente un 50 % más de empleados que en Estados Unidos y, además, con unos costes de personal más elevados- que de hecho son necesarios para cubrir todo este ámbito de los cambios y los riesgos -, es evidente que en el futuro deberemos estar atentos a nuestro sistema bancario y tendremos que considerar también cómo debería funcionar la inspección bancaria. 
Sabiendo como sabemos que el mundo bancario es una de las principales causas desencadenantes de la crisis en los Estados de la ASEAN, deberíamos prestar especial atención a la salud de los bancos europeos en el contexto de la transición al euro. 
En definitiva, cuanto mayor es la cuantía de las operaciones, mayor es el riesgo, y yo creo que nuestro cometido principal debería ser limitar ese riesgo. 
Si se considera que, entre 1985 y 1995, el dólar nos ha costado alrededor de 1, 3 millones de puestos de trabajo en Europa- según un estudio del Instituto Austriaco de Investigación económica (WIFO) -, salta a la vista cuán importante es para nosotros una moneda común. 
Por lo que respecta a la solidez del euro, yo debo decir que quizás llegue a ser una moneda más sólida de lo que desearía más de un exportador. 
Señor Presidente, dedicaré mi atención al informe del Sr. Friedrich y en nombre de mi grupo parlamentario diré que estamos de acuerdo con el Sr. Friedrich en que es posible que tras la instauración del euro se forme en Europa el mayor mercado de obligaciones. 
En este punto existen posibilidades para Europa. 
Pero constatar esto no es suficiente. 
Precisamente en el terreno de la política que crea circunstancias favorables la Unión tendrá que iniciar muchas cosas, por ejemplo en el terreno del Derecho mercantil, disposiciones relativas a la contabilidad y normas relativas a las bolsas de valores. 
Es realmente escandaloso- y ya lo he mencionado en esta sala anteriormente- que aún no hayamos conseguido establecer un estatuto para las empresas. Este sigue arrastrando, sencillamante, después de los esfuerzos tan enormes que se han realizado en este punto, incluso por parte de la Comisión Davignon. 
Para concluir, al igual que el Sr. Friedrich, quisiera llamar también la atención sobre los fondos de pensiones en los distintos Estados Miembros. 
Dadas las obligaciones existentes, por las que la mayor parte de las inversiones deben hacerse en el país de establecimiento, se están desaprovechando también oportunidades. 
Llamaré personalmente la atención sobre este punto en mi informe sobre el Libro Verde de las pensiones para la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Pero a mi parecer, la Comisión Europea también debería intervenir en este punto para hacer ver a los Estados miembros que no pueden seguir sujetándose a la política anticuada en esta materia. 
Señor Presidente, ayer las televisiones de todo el mundo nos mostraban la imagen de cuatro expertos alemanes que presentaron ante el Tribunal Constitucional de su país una petición contra la entrada de Alemania en el euro y nos informaban sobre un sondeo en el que el 60 % de los alemanes parecen estar en contra de la nueva moneda. 
¿Por qué serán noticia sólo las malas noticias? 
El Parlamento Europeo da hoy ejemplo de su perseverancia en la creación del euro en la fecha prevista, al examinar cuatro importantes, importantísimos, informes, por los cuales quiero felicitar ahora mismo a sus ponentes, los Sres. Friedrich (sobre las consecuencias de la introducción del Euro en los mercados de capitales) , Ruffolo (sobre los aspectos externos de la Unión Económica y Monetaria) , Stevens (sobre el dinero electrónico y la UEM- y Pérez Royo, sobre el euro y el consumidor). 
¿Qué atención dedicarán los medios de comunicación a este debate nuestro? 
Dada la exigüidad del tiempo de que dispongo, he optado por centrar mi intervención sólo en este último informe, pues, como se dice en Portugal, consumidores somos todos. 
Ahora bien, esa enorme revolución que constituirá la introducción del euro en todo el mundo, y no sólo en los países de la Unión Europea, requiere, para ser bien aceptada y dar pleno resultado, que los ciudadanos estén bien informados y... 
(Disculpe, señor Presidente, interrumpo mi intervención, porque he advertido que el Comisario no tiene puestos los auriculares y, que yo sepa, el Comisario no sabe portugués).... sobre todo que las instituciones se ocupan de la moneda y de los consumidores tengan normas de funcionamiento clara y perfectamente formuladas. 
También el personal de esas instituciones que entra en contacto directo con los consumidores tiene que contar con la formación suficiente para que pueda aclarar cabalmente al público en general y no aumentar dudas injustificadas. 
Esas acciones deberían comenzar lo más rápidamente posible, ya que a partir del 1º de enero de 1999 el euro puede pasar a ser utilizado como moneda fiduciaria en términos contables o en forma de cheques, tarjetas de crédito y de débito. 
Si su utilización hasta el 1º de junio de año 2002, año en que empezarán a circular los billetes y las monedas, no es obligatoria, está, sin embargo, permitida y es deseable y será muy conveniente para el consumidor que se la estimule. 
Deseable, porque la transparencia que la existencia de precios en una moneda única entrañará y la necesidad de practicar una política financiera rigurosa que reduzca los tipos de interés y la inflación sólo entrañará ventajas para el consumidor. 
Se podrán dinamizar, desde luego, muchos servicios de venta a distancia, así como la realización de operaciones financieras. 
Ahora bien, hay que dar a los consumidores garantías reales. 
Para ello, pregunto a la Comisión si está dispuesta a avanzar a ese respecto: acciones de información de los consumidores y formación de los empleados, apoyos a programas específicos, a escuelas, a Universidades, a organizaciones no gubernamentales, en particular las vinculadas con las mujeres, que representan el 70 % de los consumidores, y que haya exención del costo de la conversión de la moneda nacional en euros y viceversa. 
Esta última medida puede ser fundamental, pues el éxito del euro radica no sólo en sus méritos propios, sino también en la forma como las personas lo acepten y la exención del costo de conversión me parece un principio esencial para la confianza del público en la nueva moneda. 
Señor Presidente, a la Sra. Peijds le sucede lo mismo que al euro, está en el aire, y por esta razón me cabe actuar en su lugar, cosa que hago gustosamente porque así puedo volver a hablar de mi propia materia. 
En primer lugar, tengo una observación sobre el informe Stevens. 
La tecnología de la comunicación y de la información avanza a grandes pasos. 
Por este motivo el comercio y los consumidores esperan que Europa creará nuevas formas de pago que sean más sencillas y electrónicas en la futura zona del euro. 
En este momento el 90 % de los pagos tienen lugar dentro de los Estados miembros. 
La expectativa es que dichos pagos electrónicos transfronterizos se multipliquen de forma explosiva en el futuro. 
Muchas personas utilizan ahora las tarjetas de crédito, también en las vacaciones. 
El comercio minorista busca sistemas más económicos. 
Una tarjeta electrónica europea con el euro en el chip será probablemente más barata. 
Por esto las empresas querrán ofrecer en el futuro tarjetas con chip transfronterizas. 
En el informe Stevens el Parlamento declara por primera vez dónde quiere llegar con los fututos sistemas de pago. 
Me alegra que el Parlamento tome, al parecer, una dirección que deja sitio a la competencia entre varios oferentantes bajo la supervisión del Banco Central Europeo. 
Afortunadamente se ha abandonado la línea elegida anteriormente de una única propuesta en la que finalmente un único ofertante pondría la tarjeta en circulación. 
La presencia de varios ofertantes reforzará los estímulos para la innovación y la rebaja de los costes tanto para el consumidor como para el comercio. 
Esto es precisamente lo que se necesita para el mayor desarrollo y estimulación del uso de la tecnología. 
Después de esto, paso al informe " El euro y el consumidor». El éxito del euro dependerá en primer lugar de la confianza del consumidor en la nueva moneda. 
Por este motivo, el informe es muy importante. 
Confiar en una moneda significa confiar en el valor del euro. 
Los consumidores tendrán que acostumbrarse al uso y aprender a valorar los nuevos precios. 
El ponente piensa que el 1 de enero de 1999 se debe empezar con la doble regulación de precios (fijación de precios). 
Estoy completamente en desacuerdo. Esto apremia a la mediana y pequeña empresa y, sobre todo, al comercio a costes enormemente elevados que repercutirán inevitablemente en el consumidor. 
Es importante una buena información, precisamente para la propia vida de la empresa. 
Un consumidor indeciso que duda del precio deja el dinero en el bolsillo. 
No dictemos exactamente al comercio cómo deben informar a los clientes, si no que dejemos esta comunicación de precios a la creatividad del propio sector. 
Una directriz europea rígida es la peor solución al asunto. 
El observatorio que, según el ponente, debe ejercer el control del cambio a euros me parecen absolutamente excesivo. 
La legislación del cambio de junio del año pasado es suficiente para garantizar la seguridad del consumidor. 
Si el sector empresarial u otras organizaciones hacen un mal uso inesperado de la situación, por consecuencias ilegales el tema puede defenderse y se hará jurídicamente. 
Naturalmente hay que explicarle al consumidor lo que el euro va a significar para él. 
Junto a esto son imprescindibles las campañas de información de las autoridades para el gran público. 
Pero las reglamentaciones legales que conduzcan a un aumento de los costes volverán como un bumerang a la cabeza del consumidor y esto, sin duda, no es lo que se pretende. 
Señor Presidente, estimados colegas, el euro será una moneda fuerte y digna de confianza. 
Pero la confianza del mercado no es suficiente, también es necesaria la confianza de los ciudadanos. 
Esto implica una mayor democracia, un control del Banco Central y responsabilidades por parte de los órganos democráticos. 
En Finlandia, las grandes empresas van a comenzar a utilizar el euro en cuanto dé comienzo la tercera fase. 
A este respecto, el 64 % de las grandes empresas declarado haber emprendido ya los trabajos preparatorios a este fin. 
En las empresas del sector de servicios, las perspectivas son aún más sombrías. 
Las PYME son las principales creadoras de empleo en Europa, a pesar de que no disponen de los recursos necesarios para desarrollar nuevos sistemas informáticos, para contar siempre con personal cualificado o para adquirir servicios. 
Así pues, la Comisión debería elaborar un programa de información dedicado al sector de las PYME. 
Para evitar que los costes del periodo transitorio recaigan en el monedero de los sufridos contribuyentes, debemos actuar para que los costes derivados de la entrada en vigor del euro tampoco corran a cargo de los consumidores. 
El euro es el proyecto del siglo, a pesar de lo cual su presentación se está llevando a cabo en los distintos Estados miembros de una manera casi somnolienta. 
La formación y la información al ciudadano en lo relativo al euro revisten una importancia absoluta, lo cual no es óbice para que se registren ya retrasos en numerosos ámbitos. 
La información confusa e insuficiente ha ofrecido una imagen marcada por las dudas y el secretismo, lo cual alimenta la oposición al euro en momentos de grave desempleo. 
Pensando en las enormes devaluaciones y en los desorbitados montantes de los billetes de la posguerra, los ciudadanos presentan una actitud seria ante los asuntos monetarios. 
Cuanto más escaso es el dinero, más valor tiene. 
Por ello, la información relativa a la nueva unidad monetaria deberá ser sólida y exhaustiva. 
Propongo que en los noticieros de las televisiones de todos los Estados miembros se incluya una campaña de información que vaya haciéndose eco, paso a paso, de la situación en cada momento. 
No es posible que estemos más al tanto del poder de absorción de los pañales para bebés que de la capacidad de atracción de la moneda única. 
Comparto la opinión del Sr. Pérez Royo cuando afirma que las compañías de electricidad, gas, agua y teléfono deben contribuir a las campañas de información especificando sus tarifas también en euros en las facturas que envían a los consumidores. 
Sin embargo, no hay razones para suponer que, por ejemplo, las empresas de ámbito comercial- y no me refiero a los supermercados- puedan permitirse instruir a sus empleados como personal de información del euro de cara a los ciudadanos, tal como aquí se ha dado a entender. 
Ésta es una tarea que corresponde al sector público y, por supuesto, también a todos nosotros. 
Señor Presidente, la implantación del euro provocará cambios para todos los agentes de mercado y estamos convencidos de que los efectos positivos superarán con creces a los negativos, también para el consumidor. 
No nos debemos preocupar demasiado de los aspectos positivos pero sí debemos explicárselos a la gente. 
Aún quedan muchísimas cosas por hacer en este campo. 
En lo que respecta a los inconvenientes, tenemos que ocuparnos de que sean lo más reducidos posibles, aunque se trate principal y esencialmente de una cuestión de transición. 
Para irrumpir en ello debemos ocuparnos igualmente de la información, pero tenemos que ser muy conscientes de que la información es necesaria pero insuficiente, de que se necesita un marco que se ocupe de prevenir la falsificación de billetes, de que las conversiones se hagan al cambio adecuado y según la fórmula de cálculo correcta. Que la implantación del euro no afecte a la continuidad de los contratos, que el periodo de confluencia del papel moneda en distintas unidades sea lo más breve posible y de que la información se dé de tal forma que el consumidor sepa que hay motivos para confiar. 
La mayoría de las cuestiones, señor Presidente, han sido reguladas legalmente pero, lamentablemente, no de una forma óptima. 
Mi grupo parlamentario está convencido de que los contratos de afiliación no deben servir para desviarse del principio de continuidad. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda en la cual solicitamos a la Comisión que presente una propuesta para modificar el decreto 1103. 
Me gustaría saber si el Comisario está dispuesto a estudiar una iniciativa en este sentido. 
Aún queda la cuestión de la doble indicación del precio. 
A nuestro modo de ver, la polarización de los intereses del consumidor, por una parte, y del comercio al por menor, por otra, no es realista. 
Dichos intereses van mucho más paralelos de lo que algunos nos quieren hacer creer. Por esta filosofía es por la que hemos presentado la enmienda 8. 
Una enmienda en la que pedimos que se espere un poco. Esperar hasta después de 1999 para ver lo que hacen los mercados espontáneamente. 
Entonces podremos determinar sobre la base de las reacciones fácticas de los agentes del mercado dónde están las necesidades o si necesitamos una reglamentación detallada para la doble indicación del precio. En caso afirmativo, decidir cómo podemos vincular ésta con las necesidades reales de cada uno de los agentes. 
Señor Presidente, deseo felicitar a los ponentes por los excelentes informes sobre la introducción del euro. 
La llegada del euro es una realidad. 
Anuncia una nueva era y ciertamente es el mayor proyecto económico que jamás ha presenciado el mundo. 
Por este motivo es evidente que su éxito es de la máxima importancia. 
Todos los informes tienen un tema en común. 
El tema es que beneficiará enormemente a los usuarios, ya sean éstos consumidores, empresas o simplemente aquellos que operan en los mercados financieros internacionales. 
El informe del Sr. Stevens, en particular, analiza la introducción de la nueva tecnología y ofrece una solución en la forma de dinero electrónico. 
Este sistema facilitará a las personas sus desplazamientos por la Unión Europea con dinero electrónico y resaltará uno de los principios del Tratado con respecto a la libre circulación, en particular, la circulación de los trabajadores. 
Proporcionará dinero seguro y favorecerá a las industrias como las del sector del turismo, que es una de las industrias de más rápido crecimiento en la Unión Europea. 
Es una pieza muy importante del rompecabezas económico y unirá a Europa más que nada hasta ahora. 
Mejorará el funcionamiento del mercado único y estabilizará la economía de la UE, en particular cuando se produzcan turbulencias en los mercados financieros del mundo. 
Propiciará asimismo una época de nueva cooperación económica y, junto con ésta, me gustaría que se introdujera el concepto de la obligación democrática de rendir cuentas. 
Coincido con los colegas que han hecho referencia a la introducción de una Comisión de Asuntos Bancarios, porque necesitamos mantener un diálogo con el Banco Central Europeo, necesitamos que exista vigilancia y un estrecho control del Banco Central Europeo y necesitamos que el Banco Central Europeo dé cuenta, de manera que el Parlamento pueda emitir su dictamen. 
Pero, junto con mis colegas, creo que nunca debemos comprometer la independencia del Banco Central, de lo contrario, los mercados financieros se lanzarían sobre el euro. 
Tenemos una enorme oportunidad y está en juego un enorme premio. 
Aprovechemos esta oportunidad, conduzcamos a Europa al siglo XXI y llevemos prosperidad a la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, hemos oído cuatro informes muy interesantes sobre un tema que reviste una importancia fundamental. 
En torno al euro y a la llegada de la moneda única se jugará el futuro de la credibilidad de Europa. 
La moneda única es al mismo tiempo instrumento y fin para que los ciudadanos entiendan que forman parte de una colectividad dentro de la cual, precisamente gracias a la moneda única, podrán viajar, comprar, desplazarse, etcétera. 
Hay unos problemas prácticos abordados por los ponentes, a quienes mostramos nuestro agradecimiento, así como existen otros problemas que todavía no han aflorado y que, inevitablemente, la moneda única obligará a aclarar mejor a lo largo de los próximos meses o quizás ya en las próximas semanas. 
El euro es una revolución pacífica de finales de siglo; es una condición imprescindible para lograr un sistema económico uniforme y común que la Unión Europea debe utilizar como gran instrumento para llegar a comprender su propia función. 
Evidentemente, existen algunos problemas prácticos vinculados a la funcionalidad de la relación entre quien debe difundir el euro y el usuario final que es el ciudadano, sobre todo en su calidad de consumidor. 
Los demás colegas ya han recordado que el ciudadano descubrirá el euro en los bancos, pero ante todo en el sistema de distribución comercial, será en las tiendas, los supermercados, los restaurantes, las agencias de viaje que va a encontrar el euro y allí deberá tener como interlocutor comercial- un pequeño empresario, un dependiente- dispuesto a aclarar y a hacer comprender cómo funciona el euro. 
En consecuencia, tendremos que trabajar para poner en marcha una acción de información al consumidor y de formación del comercio. 
Igualmente, no habrá que hacer soportar a los ciudadanos ningún coste bancario en el paso, en el cambio de moneda nacional a moneda única europea. 
Por último, queremos referirnos a algunos aspectos que están relacionados con la operatividad de la moneda única. 
Es en el sistema comercial que el euro encontrará su mayor difusión y conocimiento por parte del ciudadano en su calidad de consumidor. 
En este campo, el comercio deberá responder en términos breves, claros, sintéticos a las solicitudes de información acerca de esta gran innovación monetaria. 
Debemos, en consecuencia, capacitar al comerciantes, sin importar si es pequeño o grande, para ofrecer respuestas claras, de lo contrario, el coste de la introducción del euro acabará por convertirse en algo desconcertante para todos los componentes del sistema económico: industria, producción y consumidor. 
Lo que debemos y queremos evitar por encima de todo es que el coste final de la introducción de la moneda única pueda recaer únicamente en el consumidor. 
Señor Presidente, Señorías, el actual debate se produce tras el último Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Ha sido especialmente rico, pues he contabilizado cuarenta y ocho intervenciones que clasificaré en dos categorías: las intervenciones de tipo general y político que se plantean la razón de ser del euro, y las intervenciones de carácter práctico, que responden al objeto de los cuatro informes sometidos a debate. 
Así pues, me voy a contentar con responder a las cuestiones prácticas, aunque con dos excepciones, puesto que el Sr. Caudron y la Sra. Torres Marques están presentes. 
En lo relativo a la crisis asiática mencionada por el Sr. Caudron, la Comisión considera que ésta no debería tener impacto, salvo " marginal» en el crecimiento. 
Por supuesto, debemos seguir atentos, puesto que no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro. 
Sin embargo, tenemos que constatar que las bases de la economía europea siguen siendo sólidas. 
El euro ya está integrado en los mercados financieros y desempeña su función protectora, tal como nos lo demuestra la estabilidad del sistema monetario europeo desde hace varios meses, a diferencia de lo ocurrido en 1995. 
En mi opinión, la crisis asiática- cuya evolución, por supuesto, habrá que seguir de cerca- no tendrá incidencia sobre el lanzamiento del euro en la fecha prevista. 
La Sra. Torres Marques ha planteado una cuestión de alcance general, que me parece importante, aludiendo a una queja presentada por unos universitarios alemanes ante un tribunal alemán. 
No le compete a la Comisión interferir en un debate de política interior. 
En nuestros países, cualquier ciudadano tiene afortunadamente derecho a interponer recursos ante los tribunales. 
Pero les puedo garantizar que el euro será realidad el 1 de enero de 1999. 
Los jefes de Estado o de Gobierno tomarán la decisión el 2 de mayo. 
Ésta se producirá después de un periodo de sesiones de este Parlamento y, además, sobre la base de una aplicación estricta del o de los Tratados. 
Considero que una mayoría de Estados miembros debería estar en condiciones de participar en el euro a partir del 1 de enero de 1999. 
Dicho esto, el actual debate demuestra que esta Asamblea se preocupa, con razón, de las modalidades y de las consecuencias prácticas de la introducción del euro así como del buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1 de enero de 1999. 
Tiene razón, pues los verdaderos problemas y el auténtico debate radican ahí. 
Me esforzaré en contestar brevemente al conjunto de los problemas planteados pasando en revista sucesivamente los cuatros informes presentados ante la Asamblea. 
En primer lugar, el informe Friedrich, sobre el impacto de la introducción del euro en los mercados financieros. 
Sí, Señor Friedrich, la Comisión, al igual que usted, considera que la introducción del euro y el desarrollo de un auténtico mercado europeo de capitales deberían ir a la par. 
Éste es el objetivo que nos llevó a solicitar al Grupo Giovannini que elaborara un informe, que dio lugar a la comunicación del pasado 2 de julio, que usted ha mencionado. 
Este documento de la Comisión examina, en definitiva, algunos cambios que sufrirán los mercados financieros y describe los preparativos técnicos necesarios. 
Estos cambios deberían garantizar la transparencia y la fluidez óptimas de los mercados en euro. 
Entre las cuestiones suscitadas, me gustaría citar la conversión en euros de los títulos negociables que, en la actualidad, se emiten en moneda nacional, las convenciones de mercado, por ejemplo respecto al cálculo de los intereses o los períodos de pago así como las emisiones de referencia. 
En estos campos, la normativa es competencia, prioritariamente, de las autoridades nacionales y, sobre todo, depende de los mercados como tales. 
La Comisión ha elaborado recomendaciones en respuesta a una demanda repetidamente expresada por los operadores de mercado. 
Además, si he entendido bien al ponente, también eso es lo que él deseaba. 
La armonización de los mercados de capitales deben realizarla los propios mercados, sobre la base de dos reglamentos en torno al estatuto jurídico del euro, aprobados en el Consejo Europeo de Amsterdam de junio. 
Los operadores ya han llegado a un amplio consenso, y me refiero en especial a las prácticas de mercado. 
Asimismo, se han alcanzado progresos en materia de conversión de la deuda en función de los índices de referencia. 
Me parece admitido por todos que la deuda pública negociable se convertirá a principios del mes de enero de 1999, para toda la zona euro. 
Ése es además el deseo del ponente. 
Por otro lado, los organismos encargados de calcular los índices de referencia nacionales han tomado todas las disposiciones para proceder a las transformaciones necesarias el 1 de enero de 1999. 
Las asociaciones bancarias y europeas y la asociación cambista internacional acaban de definir el futuro índice de referencia del mercado monetario europeo precisamente en estas mismas fechas. 
Hay otras cuestiones que son objeto de un análisis profundo. 
Me refiero, en concreto, a la protección de los inversores, al marco reglamentario relativo al nivel de "productos financieros» y al nivel de" tipos de establecimientos financieros». 
La Comisión trabaja actualmente en ello. 
Veamos ahora el segundo informe, éste del Sr. Ruffolo, sobre los aspectos externos de la Unión Económico y Monetaria. 
Desde que la Comisión presentó el pasado 23 de abril una comunicación sobre las consecuencias de la introducción del euro en las relaciones económicas y monetarias de la Unión con países terceros, el Consejo Europeo reunido en Luxemburgo el pasado mes de diciembre ha clarificado las modalidades de puesta en práctica de las disposiciones del Tratado. Me refiero al artículo 109, relativo a la política de cambio, a la definición de la posición exterior de la Unión y a la representación de la zona euro. 
En lo que respecta a la política de cambio- aprovecho para contestar al mismo tiempo a las preguntas que a menudo se han planteado fuera de este recinto sobre este tema -, el Consejo europeo, destacando la responsabilidad que recaerá sobre la Comunidad debido a la introducción del euro, recuerda la necesidad de aplicar plenamente en su totalidad las disposiciones del Tratado para garantizar, entre el Consejo y el Banco Central Europeo, un intercambio de opiniones y de informaciones sobre el tipo de cambio del euro. 
La Comisión garantizará un seguimiento permanente de la evolución de los mercados. 
La cuestión se examinará regularmente en el Comité económico y financiero, que sustituirá a partir del 1 de enero al Comité monetario. 
Con la recomendación de la Comisión o del Banco Central Europeo, el Consejo podrá, en circunstancias excepcionales, formular orientaciones generales de política de cambio, respecto a monedas no comunitarias, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 del Tratado. 
Asimismo, a propuesta de la Comisión, el Consejo deberá determinar la postura de la Comunidad sobre las cuestiones internacionales que revistan un interés particular para la Unión Económica y Monetaria, en aplicación del apartado 4 del artículo 109 del Tratado. 
Creo que las conclusiones que acabo de formular responden ampliamente a la pregunta planteada por el ponente sobre la interpretación del articulo 109. 
Después de asistir al debate de esta mañana y escuchar la opinión de unos y otros, me gustaría simplemente subrayar dos aspectos del informe del Sr. Ruffolo. 
En primer lugar, respecto a la necesidad de evaluar las reservas excedentarias en dólares del sistema europeo de bancos centrales, diría que la propia existencia de este excedente está por demostrar. 
De todas formas, la Comisión considera que no le corresponde a ella dar indicaciones al Banco Central Europeo acerca del modo de gestionar las reservas de cambio, pues, en efecto, esto podría interpretarse como un intento de limitar su independencia. 
El segundo aspecto que quisiera subrayar se refiere al deseo expresado, en especial, por algunos de ustedes esta maana, en el sentido de fijar un valor de referencia para el tipo del euro frente al dólar. 
Les recuerdo que la paridad de una divisa no es algo que pueda decretarse. 
Por supuesto, no se trata de crear una moneda sobreevaluada o infraevaluada, seor Rübig, debemos esforzarnos en poner en funcionamiento una moneda estable. 
Estoy de acuerdo con la intervención oral del Sr. Ruffolo así como con las observaciones de los Sres. Fourçans y Harrison sobre este punto. 
Sea como sea, la Comisión considera que la introducción de un régimen de cambio que se apoya en bandas de fluctuación parece más que prematuro en vista de la configuración actual del sistema monetario internacional. 
Estoy de acuerdo, en este aspecto, con las observaciones del Sr. Fourçans respecto a las zonas objetivo. 
Creo que los actuales acontecimientos en Asia nos obligan a mantener una prudencia especial en la materia, sin olvidar nunca que el tipo de cambio es el resultado, o el instrumento de la política económica, pero no su objetivo. 
Nadie ha sacado a colación esta maana, según creo, la representación de la Comunidad a nivel internacional. 
A pesar de todo, quisiera decir algo al respecto pues me parece un punto importante. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno destacaron en Luxemburgo que la Comisión estaría asociada a la representación exterior en la medida en que fuera necesario para poder ejercer la función que le asignan las disposiciones del Tratado. 
Estas conclusiones del Consejo Europeo confirman, según el deseo de esta Asamblea, la necesidad de un enfoque común acerca de la zona euro respecto a la cuestión de su representación en los foros monetarios internacionales. 
La Europa monetaria deberá tener una sola voz. 
Hay que plasmar en hechos este objetivo reafirmado por el Consejo Europeo, determinando caso por caso la mejor representación posible de la Comunidad en todas las instancias internacionales, en función de sus intereses. 
Este es el trabajo de los próximos meses, y puedo asegurarles que la Comisión no ha escatimado y seguirá sin escatimar ningún esfuerzo para garantizar su lugar dentro de esta representación, a pesar de los intentos- por llamarlos de algún modo- en sentido contrario de algunos Estados miembros. 
El tercer informe es el del Sr. Stevens sobre la moneda electrónica y la Unión Económica y Monetaria. 
La reflexión que nos propone el Sr. Stevens sobre la concomitancia entre la aparición de productos de moneda electrónica y la introducción del euro es especialmente interesante, pero yo no comparto su pesimismo. 
Le diría al Sr. Nordmann que no posible abreviar el plazo de tres años, entre 1999 y 2002. 
No entraré en detalles, pero consideren tan sólo que hay que acuñar setenta mil millones de monedas y emitir entre doce y quince mil millones de billetes. 
Material y físicamente necesitamos tiempo para poder hacerlo. 
Esta reflexión del Sr. Stevens se inscribe perfectamente, creo yo, en el marco de los actuales trabajos de la Comisión. 
Haré una constatación: el desarrollo de la moneda electrónica es una opción de mercado y, al igual que el ponente, la Comisión considera que las cuestiones más importantes son las siguientes. 
En primer lugar, la cuestión del control. 
El Sr. Scarbonchi ha insistido sobre este punto y tiene razón, el desarrollo de la moneda electrónica suscita el problema del alcance y las modalidades de su supervisión por parte de las autoridades competentes, sobre todo en lo que se refiere a la política monetaria. 
Hay que definir un marco apropiado de supervisión. 
En 1998 la Comisión hará una propuesta de directiva sobre este tema. 
A continuación se plantea la cuestión de la aceptabilidad. 
Es esencial garantizar la comprensión y la confianza del público frente a los nuevos medios de pago. 
Asimismo, deberán garantizarse la estabilidad y la integridad de los sistemas que se creen. 
Luego viene la cuestión de la libe competencia; este principio, que asegura el buen funcionamiento del mercado interior, deberá también prevalecer en este sector. 
Cualquier eventual prerrogativa concedida de jure o de facto a tal o cual tipo de establecimiento, para la emisión de moneda, deberá ser objeto de un examen exhaustivo. 
No se trata de restringir la competencia, señor Watson, sino de aclarar la aplicación de las reglas de competencia. 
Esto será también objeto de nuestra propuesta de directiva el año que viene. 
Por último, hablaré de la seguridad. 
El desarrollo del comercio electrónico y la seguridad en los pagos exigen tanto productos fiables, de fácil manejo y eficaces como seguros. 
Deberemos proteger estos cuatro imperativos contra el fraude, reseñados por el ponente. 
Por otro lado, están incluidos en la comunicación de abril de 1997 de la Comisión sobre la iniciativa europea en el ámbito del comercio electrónico. 
Al igual que su ponente, la Comisión es favorable al principio de un marco reglamentario que garantice la interoperabilidad y la estabilidad del sistema financiero, así como la confianza del público, al mismo tiempo que garantice la pluralidad de los emisores de moneda electrónica. 
Ya en junio de 1997, la Comisión aprobó una recomendación que determinaba cierto número de reglas en materia de transparencia, responsabilidad y vías de recurso aplicables a la relación entre el emisor y el titular de un instrumento de pago. 
En el marco de la promoción del comercio electrónico y de la sociedad de la información, la Comisión tiene previsto elaborar a principios de 1998, una propuesta de directiva sobre la emisión de moneda electrónica, que responderá a los criterios que acabo de citar. 
Además, pensamos en las cuestiones relativas al fraude y a las falsificaciones en el marco de estos nuevos medios de pago. 
Algunas de estas cuestiones son delicadas, y los debates se suceden; no solamente se producen en Europa sino también en los Estados Unidos y en Japón. 
Dicho esto, la existencia de productos de moneda electrónicas transparentes y seguros facilitará, qué duda cabe, el paso al euro, y éste es un aspecto positivo. 
Para acabar, el cuarto y último informe, el de Sr. Pérez Royo sobre el euro y el consumidor. 
Señora RandzioPlath, estoy de acuerdo con usted, el euro no es la moneda de los ricos, el euro no es la moneda de los mercados financieros, el euro es la moneda de los europeos y de todos los europeos; ellos deberán poder saber cómo funciona su moneda. 
Por esta razón, el informe del Sr. Pérez Royo se inscribe de modo útil en el marco de los trabajos en curso sobre los aspectos prácticos del euro. 
Recuerdo, especialmente, una doble preocupación expresada en el informe del Sr. Pérez Royo: la información del consumidor y los riesgos ligados al coste del paso al euro, que se han citado varias veces esta mañana. 
Sepan que la Comisión comparte las mismas preocupaciones que su ponente y que por esta razón ha decidido celebrar una nueva mesa redonda el próximo 23 de febrero con el conjunto de los interlocutores sociales y de las organizaciones interesadas del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, para encontrar precisamente de forma consensuada una solución a los problemas y a las posturas que están aún en suspenso. 
Veamos la primera preocupación: la información del consumidor. 
El Sr. Gallagher, el Sr. Fitzsimons y la Sra. Cardona han mencionado los problemas de las campañas de información. 
Estas campañas, lanzadas por esta Asamblea, junto con la Comisión, responden precisamente a la preocupación expresada de satisfacer las necesidades y las demandas de los consumidores, y, en el marco de estas campañas, se pueden examinar cualquier tipo de ideas, como las líneas telefónicas que ha nombrado usted. 
Señor Paasilima, si los fabricantes de pañales son tan buenos para vender sus mercancías, ˇquizá podríamos acudir a ellos para que nos ayuden en la promoción del euro! 
Debemos estar preparados para hacer un llamamiento a la buena voluntad, pero al igual que el Sr. Hoppenstedt, creo que es importante destacar la necesidad de la confianza. 
En este sentido, el ponente destaca tres cuestiones: las acciones de formación, las de educación y las de información. 
Además de sus recomendaciones a las administraciones públicas nacionales, la Comisión presentará una recomendación relativa al euro y al mundo educativo. 
Creo que esto tranquilizará a la Sra. Torres Marques. 
Esta acción indicará a los Estados miembros el tipo de actuación que podría llevarse a cabo. 
Se ha hablado mucho de la doble indicación de precios esta mañana. 
Sin duda es importante, pero no es el único medio de información para los consumidores. 
Dicho esto, la Comisión ha tomado nota de su sugerencia, según la cual deberían tomarse medidas legislativas si la doble indicación voluntaria resultara insuficiente. 
Sin embargo, en esta fase, quiero precisar que preferimos un enfoque voluntario y no burocrático, que es el único capaz de tomar en consideración las especificidades de cada sector o sistema de distribución. 
En efecto, no hay que debilitar inútilmente al pequeño comercio e imponer costes que deberían a la larga, al menos en parte, ser soportados por el consumidor, o que serían de una índole tal que aumentasen la confusión en las mentes. 
Sepan también que hoy por hoy se ha constatado la intención de bancos y comerciantes de recurrir a la doble indicación con modalidades distintas en función de los productos y las tecnologías utilizadas. 
Por otro lado, -esta mañana muchos de ustedes han hablado de los observatorios, locales o nacionales- la Comisión examinará esta propuesta, que no suscita unanimidad a juzgar por las palabras del Sr. Langen. 
Estos observatorios serían posteriores a la introducción del euro desde la perspectiva de la evolución de los precios y la buena información de los consumidores. 
Quiero destacar, no obstante, que las competencias de estos observatorios deberían circunscribirse al ordenamiento jurídico nacional. 
Por lo tanto, es preciso velar por que sean compatibles con las estructuras de cada uno de los Estados miembros. 
Por último, diré algo respecto a la segunda preocupación de su ponente. 
Esta mañana, en distintas ocasiones, muchos oradores han insistido en la necesidad de reducir al mínimo para los consumidores los costes del paso al euro. 
No es otro el objetivo de la Comisión, que habíamos propuesto desde mayo de 1995 en nuestro Libro verde. 
Los consumidores no deberán sufrir ningún perjuicio con el paso al euro- me uno al Sr. Harrinson en este punto -; ningún coste para el consumidor en todo lo que sea obligatorio en este proceso. 
La Comisión toma buena nota de la sugerencia que propugna un enfoque de tipo legislativo, ya se trate del cambio entre los billetes, las monedas, los Estados participantes durante el período de transición, o de la conversión de billetes y de monedas nacionales en euros, el 1 de enero del año 2002. 
La Comisión ha creado un grupo de expertos para estudiar la cuestión de los gastos bancarios vinculados a la conversión al euro. 
Y, en esta fase, al tiempo que comparte el objetivo del ponente, este Grupo se orienta hacia una solución más flexible, que se basaría en un compromiso de los profesionales y, en especial, en la eventualidad de un código de conducta suscrito por los establecimientos de crédito, o sobre la base de una recomendación de la Comisión a los establecimientos de crédito a los que los bancos se unirían de manera voluntaria. 
Pero sobre todas estas cuestiones, la gestión de la Comisión es pragmática. 
Hay que ofrecer a los actores la posibilidad de que hallen por sí mismos las soluciones convenientes. 
Se trata de un principio de responsabilidad, y sólo si se tarda mucho en poner en práctica las soluciones, o éstas no resultan satisfactorias, habrá que prever medios más apremiantes. 
Para terminar, la protección de los consumidores ha salido a relucir en numerosas ocasiones esta mañana. 
En cuanto a las sanciones penales, les recuerdo que no existe derecho penal europeo. 
Por ello la responsabilidad de las sanciones corresponde esencialmente a los Estados miembros, aunque el tercer pilar abra perspectivas en la materia. 
Los dos reglamentos sobre el estatuto jurídico del euro ofrecen, en opinión unánime de los Estados miembros y de los profesionales competentes, todas las garantías necesarias en materia de contratos. 
Conviene garantizar la transparencia y exclusión de las cláusulas abusivas en los contratos y, si resulta necesario adaptar las directivas de protección del consumidor, hagámoslo; yo ya lo sugerí y lo propuse en octubre de 1996. 
Para concluir, permítanme decirles que la Comisión se congratula por la participación activa de esta Asamblea en el análisis de las consecuencias prácticas de la introducción del euro y en la búsqueda de soluciones apropiadas para los ciudadanos, y tendrá muy en cuenta sus ideas y sugerencias en la continuación de los trabajos. 
Debemos fijarnos como objetivo que el próximo 2 de mayo, cuando los jefes de Estados o de Gobierno aprueben la lista de países, todos los ciudadanos europeos tengan una información completa sobre todas las consecuencias y sobre todas las soluciones que se pueden dar a los problemas prácticos que se planteen. 
Señor Comisario, yo sólo quisiera insistir una vez más en que no está de ningún modo en el ánimo de ninguno de los oradores y oradoras que se han manifestado en favor de un régimen de dobles precios, como medida de protección de los consumidores, en el curso del debate contraponer los intereses de las consumidoras y consumidores a los de las pequeñas y medianas empresas y de los comerciantes individuales. 
Deseamos que este aspecto se regule por principio y que esto se haga de la manera más pragmática, con los costes más favorables y menos burocrática posible. Pero la Comisión tiene la obligación de velar también por la protección de los consumidores. 
Presidente, he formulado una pregunta muy concreta al Comisario y no creo haber recibido una respuesta. 
Había preguntado concretamente si el Comisario estaría dispuesto a tomar la iniciativa para modificar el decreto 1103 de 11 de junio de 1997. Dicho decreto regula una serie de disposiciones sobre la implantación del euro. 
Dicho decreto establece el principio de continuidad de los contratos pero el decreto deja margen para los contratos de afiliación que difieren de este principio, para los contratos de afiliación que afectan a esta continuidad. 
Nosotros seguimos teniendo alguna dificultad con esto. 
Es por este motivo por lo que hemos presentado una enmienda. 
El Parlamento solicita una modificación de este decreto y me habría encantado constatar del Comisario si estaba dispuesto a tomar una iniciativa en este sentido. 
Considero que es estrictamente necesario si queremos conservar o ganar la confianza del consumidor. 
Estoy de acuerdo con ella en cuanto al objetivo y, así lo espero, también sobre los medios para alcanzarlo. 
Me gustaría contestarle a la Sra. Thyssen. 
Creo que en la actualidad hay que darse cuenta de que, en primer lugar, el reglamento sobre el estatuto jurídico del euro- aprobado por unanimidad- no se puede, en mi opinión, modificar pues no conseguiría en el Consejo otra unanimidad que permitiese modificarlo. 
En segundo lugar, constato que todas las opiniones coinciden en el carácter satisfactorio de este reglamento y en las garantías necesarias que ofrece en materia de continuidad de los contratos. 
En tercer lugar, señora, si se plantea un problema en lo que se refiere a las cláusulas abusivas, creo haber dicho que estoy dispuesto a examinar una modificación, una adaptación de las directivas de protección del consumidor, de manera que se garantice la transparencia y la exclusión de las cláusulas abusivas que existen en los contratos. 
Si tiene problemas prácticos no dude en comunicárnoslos por escrito. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, sobre el apartado 17 debo decir que la traducción al griego tiene determinados errores y pido a los servicios del Parlamento que corrijan estos errores de la traducción griega del apartado 17. 
La misma observación vale para el apartado 31. 
La traducción del texto al griego debe corregirse. 
Consiguientemente, los apartados 17 y 31 necesitan un corrigendum en lo que se refiere a su traducción al griego. 
También quisiera hacer una enmienda oral al artículo 33 para corregir un error que también hay en ese punto; en concreto, el texto que tienen los Sres. colegas dice: " recuerda que los acuerdos cooperativos referidos anteriormente entre empresas ferroviarias deben contener órdenes... ». 
Ruego que se corrija y diga " no deben contener órdenes». 
La Comisión de Transportes y Turismo votó el documento tal como se lo presento ahora, es decir, diciendo "no deben contener órdenes... ».En este momento, el documento dice" deben contener órdenes... » algo que cambia por completo el sentido de esta frase. 
Por consiguiente, propongo oralmente que se modifique el apartado 33 añadiendo la palabra no. 
En inglés la formulación es "must contain... » y debe ser" must not contain... » 
Señor Sarlis, lo hemos entendido muy bien todos, en todas las lenguas. 
Sencillamente, cuando nos dice que se trata solamente de añadir una negación, todos somos conscientes de que eso modifica totalmente el sentido de lo que nos disponemos a votar. 
Me gustaría saber, y el Sr. Wijsenbeek sin duda nos aclarará este punto, si se trata de una corrección, es decir, que lo que se va a someter a votación llevaría efectivamente la negación pero que, debido a un error, el texto que tenemos no lleva dicha negación, o si se trata de una enmienda oral que pretende añadir esta negación, en cuyo caso la enmienda oral es muy importante. 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente. 
¿Hay objeciones para que sea tomada en consideración la enmienda oral del Sr. Sarlis, apoyada por el Sr. Wijsenbeek? 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El informe es un homenaje a las liberalizaciones y a la desregulación del acceso a la infraestructura ferroviaria. 
Yo no puedo en absoluto estar de acuerdo con la línea política que contiene el informe. 
La desregulación va a afectar al empleo, disminuir la eficiencia, dañar el interés de " public service» , destruir una distribución solidaria de los costos entre los consumidores de las regiones poco pobladas y las grandes ciudades y deteriorar la situación jurídico- laboral para el personal involucrado. 
Para nosotros, socialdemócratas, es totalmente imposible apoyar semejantes tendencias en la sociedad. 
Los transportes por vía férrea son un servicio a la sociedad en los que el afán de lucro no debe serlo todo. 
Los obstáculos a la libre circulación de las personas en la Unión Europea han sido progresivamente eliminados. 
La supresión de las fronteras se ha acelerado. 
Para acompañar este proceso jurídico irreversible y completarlo, debemos actualmente desarrollar una política ambiciosa y de calidad en materia de transporte ferroviario en Europa, para las personas y las mercancías. 
Para ello, ya no es posible razonar a escala de nuestras compañías nacionales, a menudo muy endeudadas. 
Deben elaborarse a escala europea redes transeuropeas concebidas como sistemas nerviosos, dentro de la filosofía de la Directiva 91/440: interconexión de las redes existentes (incluidos los países escandinavos) , ampliación de los grandes ejes, tránsito y acceso al tráfico. 
Todo esto sólo será posible en la práctica si se definen las orientaciones complementarias a las disposiciones actuales. 
Paulatinamente, deberá conseguirse una gestión más flexible y mejor adaptada a la clientela y una competencia abierta en un mercado libre. 
Si no se toman rápidamente estas medidas, no se podrá garantizar a los ciudadanos europeos la supervivencia de los transportes ferroviarios, en condiciones financieras aceptables para los contribuyentes. 
Así pues, comparto las conclusiones del Libro blanco de la Comisión Europea y, al mismo tiempo, apruebo las orientaciones y el calendario provisional del informe Sarlis. 
La introducción de un mínimo de competencia, especialmente para el transporte de flete de larga distancia, reequilibraría el mercado único, creando para el ferrocarril algo que ya tiene a su favor la carretera. 
Con su Libro blanco sobre la revitalización de los ferrocarriles, la Comisión Europea vuelve a adoptar una filosofía por la que siente debilidad: solamente una liberalización inmediata e incondicional garantizará la viabilidad del sector ferroviario. 
Nosotros no podemos compartir dicho análisis; la competencia no debe ser un criterio y un fin en sí misma. 
Con la publicación de este Libro blanco, se han producido reacciones muy vivas condenando la voluntad liberal de la Comisión. 
En mi opinión, el informe que se nos somete a examen no ha sabido valorar en su justa medida las inquietudes de los profesionales del ferrocarril. 
Este informe defiende- a semejanza de lo que se hizo con el sector aéreo- una liberalización por etapas. 
Sin embargo, este proceder no es conveniente. 
Al forzar el ritmo de la liberalización, aunque sea por tramos, se corre el peligro de perjudicar más que de revitalizar al sector ferroviario. 
La Comisión deberá, en colaboración con las partes interesadas, elaborar un balance de la aplicación de la directiva de base antes de contemplar su modificación en un sentido más liberalizador. 
Por último, me preocupa la ausencia de disposiciones relativas a la dimensión social. 
En diez años, este sector ha perdido más de 500.000 puestos de trabajo. 
Aceptar el principio de una liberalización, tal como se explicita en este informe, no hará sino aumentar las reducciones de efectivos. 
Por todas estas razones, no puedo más que oponerme a este informe. 
Como socialista francesa, no podré votar a favor del informe Sarlis al igual que no puedo aprobar la propuesta de la Comisión Europea. 
Efectivamente, concedemos una prioridad esencial al desarrollo de los ferrocarriles, sobre todo por razones sociales, ecológicas y de concepción del espacio. 
Sin embargo, ¿cómo aceptar una liberalización inmediata o incluso por etapas que supondrá inevitablemente su parte de despidos y de marginación? 
Se trata de una visión puramente económica que no tiene en cuenta en absoluto la dimensión humana, y por esta razón no puedo aceptarla. 
La Compañía SNCF está empezando a salir del pozo, así que sin duda no es el momento de volverla a meter en él. 
¿Acaso podemos aún correr el riesgo de aumentar el índice de desempleo en Europa? 
Les planteo la pregunta, pero para mí la respuesta está clara: no podemos. 
El informe trata muchos aspectos estructurales de los ferrocarriles y del tráfico en general dentro de la UE. 
Está claro que el ferrocarril tiene que expandirse y mejorarse para hacer frente a la competencia. 
No hay nada que perder si se aumenta el tráfico ferroviario en los países de la UE, tanto el transporte de mercancías como de personas. 
No obstante, no considero que la desregulación del mercado sea la solución más indicada para los problemas del tráfico ferroviario. 
Creo que se debiera poner algo de acción concreta tras las constantes palabras huecas sobre fomento a los ferrocarriles de la Comisión y el Consejo. 
Transformen esas palabras vacías en acciones concretas, entre otras cosas con un fuerte aumento de las ayudas económicas de modo que los ferrocarriles reciban el mismo aporte económico que el transporte vial y dejando que éste asuma todos sus costos, es decir, también los costos medioambientales, lo cual el grupo V anteriormente ha propuesto. 
El ferrocarril es un medio de transporte excelente para obtener el mínimo impacto medioambiental, especialmente tratándose del transporte de mercancías y hoy el costo del ferrocarril sería fácilmente reintegrado si se considera lo que cuesta recuperar el medio ambiente de toda la suciedad emanada del tráfico por carreteras. 
A pesar de la alarmante pérdida de puestos de trabajo en los ferrocarriles europeos (casi 500.000 en diez años, una tercera parte del empleo total en el sector) , a pesar del papel fundamental que ese medio de transporte puede llegar a desempeñar en la preservación del medio ambiente, a pesar de la pérdida de importancia de los ferrocarriles, que tiene que ver con el aumento de ofertas opcionales, con el aumento de una competencia poco leal de cierto gran transporte por carretera y con la falta de inversiones, en el nivel nacional y comunitario, que no ha permitido mejorar y renovar infraestructuras, que ha olvidado las adaptaciones de gestión a las nuevas necesidades y ha permitido la degradación deliberada de la calidad de los servicios prestados, a pesar de enunciar la situación y algunas de esas causas, la Comisión pretende que la «estrategia para revitalizar los ferrocarriles europeos» requiere la profundización y aceleración de la privatización y liberalización del sector. 
La Comisión no propone abordar las causas, no piensa en proponer opciones substitutivas. 
No presta atención a las consecuencias sociales de la orientación que pretende, aunque reconozca que va a agravar el desempleo. 
Basa su estrategia en el apoyo entusiasta que le da la gran patronal del sector, ávida de los enormes lucros que vislumbra, ampliados con la perspectiva de la ampliación de la Unión al Este. 
Aboga por la modificación inmediata de la Directiva 91/440/CEE- cuyo balance se niega a hacer- para permitir que haya, no sólo ya una separación contable entre la gestión de las infraestructuras y la gestión del transporte, sino también una separación jurídica que acelere la privatización de la explotación del transporte, es decir, de los componentes rentables de las actuales empresas ferroviarias. 
No quiere reflexionar sobre recientes experiencias de privatización de ferrocarriles (en la Inglaterra thatcheriana) , donde, junto con el desempleo, no se registraron mejoras de la calidad y los servicios públicos empeoraron a pesar de que los privados pasaron a recibir subvenciones para su ejecución. 
El informe Sarlis, a su vez, se limita a apoyar la estrategia del Libro Blanco. 
Tampoco estudia ni propone opciones substitutivas que pudieran consistir en el fortalecimiento de la inversión pública en todos los niveles, el aumento de la cooperación de las empresas nacionales en la creación y explotación de corredores de alta velocidad y en la mejora de la calidad de la oferta. 
El informe Sarlis se limita a introducir la progresividad en la estrategia privatizadora de la Comisión y a abogar por más medidas sociales para atenuar las nefastas consecuencias que prevé para el empleo. 
En este marco, no nos quedaba más remedio que votar contra el informe y denunciar la estrategia propuesta por la Comisión, con la esperanza de que el Consejo no la apruebe. 
Ha de señalarse con satisfacción que la comisión correspondiente ha logrado alcanzar una postura razonable y equilibrada ante el Libro Blanco de la Comisión sobre la estrategia para la revitalización de los ferrocarriles. 
Da gusto ver cómo el Parlamento y la Comisión han compartido desde el primer momento el deseo de asegurar la supervivencia de los ferrocarriles. 
El ferrocarril hoy está perdiendo la batalla frente a los coches, camiones y autobuses. 
Sin embargo, Europa no puede resistir la desaparición del ferrocarril como medio de transporte, especialmente, en atención al medio ambiente y por el mayor transporte de mercancías entre la Unión Europea, Europa del Este y Asia Central. 
En primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Sarlis por su informe. Ha puesto el dedo en la llaga de numerosos problemas que deberían ser motivo de reflexión para todos los interesados. 
Es importante hacer que la política ferroviaria en la Comunidad Europea progrese y más que eso si fuera posible. 
Es absolutamente necesario acelerar los transportes por ferrocarril, si deseamos que este medio de transporte se desarrolle. 
Para ello, están sobre todo los corredores de flete, y me complace que, por una vez, una parte de los ferrocarriles europeos haya conseguido vencer en velocidad a todo el mundo político, creando estos " pasillos de flete». 
En el momento en que hablamos del informe del Sr. Sarlis, algunos de esos pasillos de flete ya funcionan entre Bélgica, Francia, Luxemburgo e Italia con prolongaciones hacia Espaa, y hay que hacer constar que se ha firmado un acuerdo similar entre Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia. 
Debería entrar en vigor dentro de unos meses. 
Este nuevo enfoque de colaboración entre los ferrocarriles es un buen augurio, y quiero felicitar a los responsable por su valor. 
Espero que reciban el apoyo de los gobiernos y también de los sindicatos. 
Sigue pensando que el Libro blanco sobre la revitalización de los ferrocarriles defiende una liberalización que no puedo aceptar. 
Cuando leemos que desde 1985 se han suprimido 500.000 puestos de trabajo en los ferrocarriles y que aún se quieren suprimir más, me parece que se está llegando a un punto en el que la seguridad de los ferrocarriles, un medio de transporte hasta ahora muy seguro, está en peligro. 
Por otro lado, lamento que la Comisión se limite a apuntar las repercusiones de la reestructuración. 
Creo incluso que las considera como un mal menor en relación con la hipótesis del avance de la degradación del sector. 
De este forma, silencia el hecho de que se corre el peligro de que las repercusiones sean muy diferentes según los Estados miembros, pues la liberalización favorecerá a las empresas establecidas en un medio social restrictivo. 
Se derivarán de ello redistribuciones importantes de la actividad en detrimento de los países con un elevado nivel de protección social. 
Por lo tanto, pienso que la Comisión debería prever que el acompañamiento que la liberalización del sector ferroviario de la UE fuese realizado mediante medidas de armonización al alza de las condiciones de competencia y, en particular, de las condiciones sociales. 
A pesar de estas observaciones, votaré a favor del informe del Sr. Sarlis. 
Señor Presidente, hoy doy mi apoyo al presente informe ya que puede ayudar a nuestros ferrocarriles a sobrevivir y prosperar en el futuro. 
Es crucial no sólo para aquellos que trabajan en el sector del ferrocarril, sino también como parte de nuestros esfuerzos por desplazar el tráfico de mercancías de nuestras congestionadas carreteras hacia un ferrocarril más respetuoso con el medio ambiente. 
El informe establece un equilibrio delicado y justo entre la concesión del libre acceso a los ferrocarriles de las empresas que operan en el negocio del transporte internacional, sin olvidar que deben garantizarse unas condiciones de trabajo decentes y la formación del personal. 
El informe también es acertado en su llamamiento a favor de dar un trato equitativo en materia de IVA para todas las formas de transporte, que permita al ferrocarril competir en igualdad de condiciones con las empresas de transporte. 
En el futuro deberemos garantizar también la existencia de conexiones entre las diferentes redes de autopistas para el transporte de mercancías para que pueda crearse una auténtica red de transporte internacional. 
Nuestra economía, nuestro medio ambiente y los puestos de trabajo de nuestros trabajadores del ferrocarril y del transporte podrán beneficiarse todos ellos si ahora tomamos medidas para garantizar la viabilidad de las empresas de transporte por ferrocarril. 
Informe Desama (A4-0384/97) 
Los proyectos espaciales no se deben llevar a efecto si precisan material radioactivo, si pueden tener efectos en el clima a través de la destrucción de la capa de ozono o problemas derivados de residuos en el espacio. 
Informe Friedrich (A4-0383/97) 
Suecia ha elegido no participar en la UEM a pesar de que se ha calificado para ello. 
El proyecto de moneda única es un juego de alto riesgo en el que se apuestan el empleo, la seguridad social y el bienestar de los ciudadanos. 
La Comunicación de la Comisión relativa al "impacto de la introducción del euro en los mercados de capitales» , así como el informe Friedrich del Parlamento Europeo, es más bien decepcionante pues trata este amplio tema bajo un ángulo técnico bastante reductor: nadie duda de que habrá problemas para" reemitir» la deuda en euros, para asegurar la continuidad de los índices de referencia, para armonizar los convenios de mercado y para modificar el valor de las acciones; pero nadie duda tampoco que los técnicos sabrán resolver estos problemas. 
Nos hubiese gustado que los documentos que se nos presentan hoy diesen una visión más amplia del impacto de la introducción del euro en los mercados de capitales. 
En efecto, está claro que si la moneda única se introduce según lo previsto, el trabajo de los profesionales de las finanzas, el funcionamiento de los mercados de capitales, el centro de gravedad de los centros financieros y el propio paisaje financiero europeo se modificarán. 
Sin duda, no será el año I de una gestión europea de las inversión en las carteras de los ahorradores, como algunos pretenden creer. 
Hace mucho tiempo que los inversores diversifican sus inversiones y que los OICVM han puesto esta diversificación al alcance de los particulares. 
Muchos de los propietarios de una cartera de inversiones, incluso modestas, poseen hoy SICAV europeos. 
Es cierto, por el contrario, que la puesta en funcionamiento de una moneda única puede azuzar la innovación financiera, hacer un poco más fácil la diversificación mediante la desaparición del riesgo de cambio y empujar hacia la reducción de las diferencias jurídicas y fiscales entre mercados. 
Por esta razón, esperaba que el informe del Parlamento Europeo presentase pruebas espectaculares, como se vieron en su día, por ejemplo sobre la reducción del coste del dinero, gracias a un mercado de capitales más amplio y con mayor liquidez. 
Si intentamos una visión aún más amplia, no podremos sino constatar que las innovaciones financieras y las economías de escala en la gestión de los mercados de capitales, después de la introducción del euro, tendrán poco interés si, paralelamente, la economía se disloca. 
Ésa es la auténtica cuestión. 
Hay que ser prudentes frente al espejismo tecnicista que reflejan hoy la comunicación de la Comisión y el informe del Parlamento. 
A fin de cuentas, la unificación monetaria nos hará perder más en nuevas rigideces y en turbulencias económicas en relación con los beneficios que aportará gracias a las simplificaciones técnicas. 
Del informe de hoy y de su posterior discusión, se desprende claramente que los técnicos y economistas trabajan a toda máquina para solucionar los problemas prácticos a que da lugar la construcción de la UEM. 
Esto, a pesar de que la idea de una moneda única no es deseada y es muy abstracta para los pueblos de Europa que, en cambio, se inquietan por el bienestar social y las posibilidades de crear una sociedad ecológica sostenible. 
Lo único correcto sería detener inmediatamente el proceso y en su lugar iniciar una profunda discusión con los ciudadanos. 
El cambio a una moneda única es un tema de tal trascendencia que sin la menor duda debe ser sometido a plebiscito. 
Puesto que los informes nombrados más arriba tratan de la introducción, a nuestro parecer errónea, de una moneda única, no podemos votar a favor de ellos. 
Para terminar, queremos decir que compartimos la opinión del economista sueco que compara al que contempla la introducción de la moneda única con el que está en el muelle y observa al Titanic que pone rumbo a su destino en el horizonte. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Ingo Friedrich, el cual trata los efectos en los mercados de capitales europeos de la implantación del euro. 
Cuando la UEM se ponga en práctica, se creará el tercer mayor mercado de acciones tras los EE.UU. y Japón, que por ello será un mercado muy atractivo para los inversores tanto dentro como fuera del ámbito de la UEM. 
El informe menciona que tendrá lugar un resurgir de la cultura de las acciones como consecuencia del euro. 
Los socialdemócratas daneses pueden sumarse al informe, sin embargo, advierten sobre el hecho de que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
La Unión Económica y Monetaria, UEM, es un gran proyecto de riesgo. 
La UE no es un territorio óptimo para las monedas y las economías de los diferentes países miembros son demasiado distintas para que se pueda llevar a cabo una moneda única. 
La moneda única es también más un proyecto político que económico y que lleva a un aumento del centralismo orientado a un " Estado UE». 
Hay también un elevado riesgo de que la UEM, con su unilateral orientación hacia el combate de la inflación, nos lleve a un aumento del desempleo y a crecientes desequilibrios regionales. 
El Partido del Centro ha dicho que no a la participación en la UEM en una serie de decisiones de asamblea. 
A la luz de estos hechos, me he abstenido o he votado por el rechazo de los cuatro informes sobre el euro. 
Informe Ruffolo (A4-0338/97) 
Señora Presidente, quisiera intervenir de manera más general sobre el problema del euro ya que, en un mercado mundial, la moneda va ser regional, y ni siquiera completamente, puesto que al menos la Gran Bretaña no participa en éste. 
Es decir, que nos encontramos ante una moneda continental, un especie de Anschluß monetario, y recuerdo que en la introducción del Anschluß, por lo menos hubo un referéndum. 
Una moneda, es un poco como el budismo, es un pequeño vehículo que transmite información. 
En este caso, el euro transmitirá información sobre una sociedad que cuenta con 17 millones de parados, 50 millones de pobres, sobre un continente que envejece, sometido a los Estados Unidos, basta con ver la Organización Mundial del Comercio. 
¿En qué cambiará el euro la posición de la Unión Europea en las negociaciones comerciales mundiales del año 2000? 
En el fondo, el Sr. de Silguy es un poco como los africanos, confunde el significante y el significado. 
La virilidad no aumenta por consumir cuerno de rinoceronte molido. 
Quizás el significante, pero no el significado. 
En el fondo, quizás el euro haga soñar hormonal y mediáticamente, pero no cambia nada desde el punto de vista económico. 
Es interesante comprobar que este informe confirma nuestros argumentos en Suecia en contra de la adhesión a la UEM. 
La Unión Económica y Monetaria va a llevarnos a que aumenten las exigencias de una política financiera y de impuestos cada vez más común. 
El informe trata en el punto N la necesidad de una coordinación de las políticas de impuestos y en el punto 8 se habla de una armonización de las obligaciones tributarias. 
Estamos convencidos de que una coordinación de las políticas financiera y tributaria va a conducirnos a que el modelo escandinavo de bienestar general pierda frente a la política demócrata cristiana, en cuanto a una baja presión tributaria que dé una " libertad de elección» que únicamente beneficiará a los más ricos de la sociedad. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Giorgio Ruffolo, el cual trata los aspectos externos de la Unión Económica y Monetaria. 
El informe advierte de lo deseable de llevar una política monetaria que modere los tipos de interés a largo plazo sin que el requisito de la estabilidad de precios se vea debilitado. 
El señor ponente hace hincapié en la necesidad de que el valor del euro frente a las divisas de terceros países corresponda al verdadero valor intrínseco. 
Los socialdemócratas daneses se suman al informe, sin embargo, advierten de que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Monetaria y Económica. 
Informe Stevens (A4-0417/97) 
Señora Presidenta, el informe Stevens llama nuestra atención sobre la doble revolución que van a experimentar las finanzas europeas en los próximos años. 
Una, dirigida por las autoridades, sería la de la moneda única; la otra, espontánea, la del dinero electrónico. 
La segunda, producto de las iniciativas de las empresas, podría extenderse muy rápido si se le da un marco reglamentario adecuado, ya que los servicios que prestará en la vida cotidiana serán muy importantes. 
En efecto, una sólo tarjeta inteligente permitiría efectuar los pagos de todos los días en varias monedas, asegurando al mismo tiempo otras funciones. 
Sin embargo, de hecho se percibe que la concomitancia de estas dos revoluciones ha parecido demasiado ambiciosa a las autoridades europeas, que pensaron que corrían el riesgo de trastornar demasiado las costumbres de los ciudadanos, pedirles demasiados esfuerzos y, debido a ello provocar reacciones de rechazo. 
Por tanto, se prefirió concentrar los esfuerzos en la moneda única, aunque se retrasara el dinero electrónico. 
Esta elección es sumamente lamentable, ya que los países desarrollados se han lanzado actualmente en una competencia feroz para ocupar los primeros lugares en este mercado. 
Europa tiene muchas bazas en este ámbito. 
No obstante, la ausencia de movilización por parte de las autoridades a este respecto corre el riesgo de ceder el primer lugar a los estadounidenses. 
Peor aún. 
Si se hubiera estimulado el desarrollo del dinero electrónico, se habría caído en la cuenta de que responde a muchas de las interrogantes que se supone que la moneda única ha de resolver, especialmente los problemas de cambio para las personas que viajan por varios países. 
Al eliminar estas dificultades prácticas de la pluralidad de las monedas, y ello mucho más allá de la zona euro, el monedero electrónico preservaría la flexibilidad de los tipos de cambio nacionales, que siempre nos parece indispensable para el ajuste flexible de nuestras economías, y que el euro tiene precisamente por objeto suprimir. 
Así, la torpeza de la moneda única corre el riesgo de retrasar, en Europa, la revolución del dinero electrónico, a cambio de un beneficio que, retrospectivamente, se revelará ilusorio. 
Puesto que Suecia no participará en la introducción de la UEM, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
La introducción del euro beneficiará enormemente a los consumidores ya que permitirá una mayor competencia y, en definitiva, unos precios más bajos de bienes y servicios. 
Además evitará la necesidad de las transacciones monetarias y sus costes. 
También será inevitable una mayor eficiencia en las transacciones financieras. 
Como consecuencia, la moneda única proporciona una oportunidad ideal para hacer un mayor uso de las transacciones electrónicas y las tarjetas inteligentes. 
Por ello acojo con satisfacción el informe del Sr. Stevens como una contribución de gran utilidad a cómo puede establecerse un marco regulador adecuado que garantice un paso sin sobresaltos a la introducción del dinero electrónico a nivel europeo. 
Hay que reconocer, no obstante, que a pesar de los beneficios de la moneda única, algunos consumidores sienten una inquietud considerable. 
Un modo de mitigar esos miedos es asegurar que en lo relativo a la utilización del dinero electrónico, existen las más estrictas medidas de seguridad para prevenir el fraude y el abuso de la intimidad. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Fernando Pérez Royo que trata del euro y los consumidores. 
El informe hace hincapié en que la transición de las monedas nacionales al euro no debe ocasionar gasto alguno a los consumidores. 
El señor ponente propone que la conversión de billetes y monedas en la unidad monetaria nacional a billetes y monedas en euros sea gratuita para los ciudadanos. 
Los socialdemócratas daneses se suman a este punto, sin embargo, advierten que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Informe Pérez Royo (A4-0415/97) 
Este informe no nombra el gran riesgo a que se somete a los consumidores con una moneda única en un terreno que no es óptimo. 
El informe tampoco nombra los grandes costos de adaptación que conlleva la introducción de la moneda única por el cambio de máquinas accionadas por monedas, sistemas de ordenadores, etc. Está claro que serán los consumidores- los ciudadanos- quienes tendrán que pagar todo esto en forma de tarifas y precios más elevados. 
El informe Pérez Royo presenta para el consumidor un balance de costes/ventajas del euro que carece de capacidad movilizadora. 
En efecto, las ventajas sólo quedan claramente individualizadas para las personas que viven en las fronteras (aproximadamente 40 millones de los 370 que cuenta toda Europa) , y para las personas que viajan frecuentemente en el marco de su trabajo. 
Para los demás, que van al extranjero una media de cada cinco o seis años, el ahorro realizado en el cambio parece ser de menor interés. 
Lo mismo puede decirse de la facilidad de comparación entre «los precios relativos de los bienes y servicios de los distintos Estados miembros» , según la formula del informe Pérez Royo. 
Incluso si puede preverse una determinada aceleración de las compras transfronterizas con el euro, no hay que olvidar que ya los intermediarios están muy al tanto de la diferencia de precios entre los países y los explotan en la medida de lo posible. 
Por último, el informe cita como tercera ventaja que se obtendrán tipos de interés bajos gracias a una política monetaria saneada. 
Sobre este punto, sería preciso revisar las argumentaciones, ya que una moneda semejante, que resultaba atractiva en la época de Maastricht, ahora parece bastante desfasada ya que los tipos de interés han vuelto a estar a un nivel muy bajo. 
Globalmente, de todos modos no cabe duda de que el euro va a estimular la competencia y que el consumidor, en una primera aproximación, debería salir ganando. 
Sin embargo, no hay que olvidar que para el consumidor el balance no se detiene allí. 
Por una parte, se le pide que abandone, en lo inmediato, su moneda nacional, con los esfuerzos que ello implica, algo que según parece todavía no había entendido. 
Por otra parte, el consumidor, que también es un productor, y a veces también, lamentablemente, un desempleado, se pregunta cuál será el efecto del euro sobre la economía mundial. 
Sobre este punto, las demostraciones entusiastas en la época de Maastricht, cuando se nos prometían millones de puestos de trabajo, son hoy más prudentes. 
Economistas muy serios publican incluso advertencias contra un riesgo de desorganización de los países y recrudecimiento del paro debido al euro. 
En estas condiciones, es probable que conforme se acerca la fecha de dar el paso, los ciudadanos se plantearán más preguntas y manifestarán más reticencias. 
Se corre el gran riesgo de que las dificultades que va a imponerles el período de transición les haga centrar en éste todos los descontentos. 
El Consejo Europeo de Madrid decidió, en diciembre de 1995, las modalidades de introducción de la moneda única. 
Esta es la exigencia con la que debemos preparar, desde ahora, de la mejor manera posible a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Tal como lo destaca el ponente, tenemos derecho de esperar de la moneda única numerosas ventajas, entre las que se encuentra, especialmente, una mayor transparencia a nivel de los precios para los distintos bienes y servicios en los Estados miembros. 
Transparencia que debería suscitar una aceleración de la competencia y, como lo deseamos, una baja de los precios. 
Por otra parte, los consumidores que viajan a otro Estado miembro se beneficiarán de la supresión de los costes relacionados con el cambio. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que la introducción de la moneda única implica ciertas interrogantes en lo relativo a su puesta en práctica. 
La introducción del euro va a entrañar, en efecto, cambios fundamentales en la vida de todos y cada uno de los consumidores de la Unión. 
Este es el contexto, marcado por un cierto escepticismo por parte de nuestros conciudadanos, en el que vamos a iniciar las fases más delicadas del establecimiento de la moneda única. 
Por tanto, debemos tener muy presente la carga afectiva que implica para los ciudadanos de un determinado Estado la moneda nacional. 
Tratar de que el euro no se convierta, durante este período, en el «chivo expiatorio» de todos los males de nuestra sociedad, y pienso muy especialmente en el paro, ¡se nos impone como una exigencia fundamental! 
El hecho de que algunos puedan, durante el período de transición, recurrir al euro en los mercados financieros y en la bolsa cuando los demás ciudadanos no tienen la posibilidad de hacerlo, podrían dar pie a cierta frustración, ¡el sentimiento de una moneda a dos velocidades! 
El informe que hoy nos ocupa insiste, en este sentido, en las vías que hay que seguir y en las medidas imperativas por adoptar. 
En primer lugar, cabe destacar los aspectos esenciales que representan la educación y la formación, y ello en todos los sectores de la vida social, comenzando por los centros escolares, las universidades, las asociaciones de consumidores, las asociaciones de personas mayores, etc. 
En segundo lugar, pienso, al igual que el ponente, que el sistema de precios dobles «euro/moneda nacional» debería ponerse en práctica lo más rápidamente posible en los comercios minoristas. 
Debemos acostumbrar a nuestros ciudadanos a pensar «euro». 
En tercer lugar, debemos velar, durante el período de transición, a la supresión de costes relacionados con las operaciones de conversión entre las monedas nacionales. 
En este sentido, deseo, tal como la ha destacado el ponente, que la Comisión garantice, a través de una propuesta de reglamento, que la conversión de los billetes y las monedas (de la moneda nacional) en euros se efectúe sin coste para el ciudadano. 
Verdadero acto simbólico de unificación, el euro nos exige más que nunca, a nosotros diputados, ser sobre el terreno los relevos de una Europa que avanza. 
El informe del Sr. Pérez Royo aboga de manera persuasiva y convincente por la introducción de la moneda única. 
No obstante, el Parlamento Europeo no necesita ser persuadido sobre el particular. 
Son los ciudadanos europeos en general los que deben ser informados sobre los beneficios del euro, y debemos esforzarnos más para explicarles los argumentos y la utilidad que se les presentan. 
Me alarma la ignorancia generalizada y la falta de preparación que existe, incluso en mi propio país, especialmente entre las PYME. 
Estoy de acuerdo con las propuestas del Sr. Pérez Royo, especialmente aquéllas relativas a la pronta introducción de la doble indicación de precios en las tiendas y la utilización de la " facturación dual» entre los principales proveedores de servicios y los bancos. 
Las instituciones de enseñanza también tienen un papel que desempeñar, y creo que es mucho más lo que podríamos hacer para facilitar información en nuestros colegios y universidades. 
La confianza del consumidor es fundamental para el éxito de la moneda única. 
No obstante, el mensaje en estos momentos es que debemos esforzarnos mucho más si queremos alcanzar nuestro objetivo. 
Nosotros, miembros del Partido de la Izquierda de Suecia, hemos votado en contra de este informe. 
Somos contrarios a la UEM y a la introducción de una moneda única. 
Estimamos que las ventajas de la UEM que se han señalado para los consumidores, son francamente exageradas. 
También nos oponemos a la propaganda de la UEM que lleva a efecto la UE a través de sus llamadas campañas de información. 
La UEM es un proyecto antidemocrático cuyo destino se debería decidir por los propios pueblos en plebiscitos. 
Agradezco al Sr. Pérez Royo el haber llamado mi atención sobre los múltiples problemas con lo que va a encontrarse el consumidor a la hora de la introducción del euro. 
Por mi parte, quisiera comentar dos aspectos particulares. 
El primero concierne la repercusión de los costes para los usuarios del euro desde el 1 de enero de 1999. 
Estamos de acuerdo en decir que una de las condiciones del éxito de la introducción de la moneda única es conseguir a la mayor brevedad posible el máximo número de consumidores que utilicen el euro desde la primera etapa, en este caso, tener una cuenta bancaria en euros, utilizar cheques en euros, hacer transferencias en euros desde el 1 de enero de 1999. 
En Luxemburgo, los bancos han anunciado que las conversiones necesarias del franco luxemburgués en euros, e inversamente, se harán gratuitamente. 
Esto es un punto positivo. 
No sé lo que ocurre en otros países, pero este ejemplo debería cundir en todos lados. 
Por lo demás, de 1999 a 2002, los costes resultantes de las operaciones de cambio en el interior de la Unión Monetaria deberán ser mínimos y, en todo caso, su importe no podrá ser superior a los costes actuales. 
Sin embargo, sería bueno para el euro que los consumidores estén convencidos, desde ahora, de que la nueva moneda es más ventajosa que el antiguo sistema. 
Por último, es importante decir desde este momento que la conversión de la moneda fiduciaria nacional en euros después del 1 de enero de 2002 se hará sin coste para los usuarios. 
Estas son las respuestas que interesan al consumidor. 
Incluso si los costes ocasionados por la introducción de la Unión Monetaria deberán asumirse de una manera u otra, el éxito de la Unión Monetaria depende de la exoneración a gran escala de los consumidores finales. 
El segundo aspecto que me interesa es la estrategia de la que habla el Sr. Pérez Royo respecto a los grupos desfavorecidos. 
Las campañas publicitarias, Internet, o los medios de comunicación no llegan a aproximadamente una tercera parte de la población. 
Es preciso desarrollar estrategias particulares dirigidas a esta población. 
A este respecto, me alegro de los esfuerzos de la DG XXIV de la Comisión que ha desarrollado proyectos piloto destinados a elaborar medios de información sobre el euro con las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, a menudo analfabetas y con problemas de cálculo. 
En lo que a esta población se refiere, no será posible recurrir a la lectura. 
Dicho sea de paso, será preciso velar por que se prevean este tipo de proyectos en el presupuesto de la Comisión, a más tardar en 1999. 
La ideas desarrolladas por el Sr. Pérez Royo en lo que se refiere a la difusión de la información sobre el euro a través de la práctica económica directa son esenciales. 
El principio de la participación de los consumidores en la elaboración de la información en relación directa con la acción económica presenta asimismo un interés capital. 
Después de las consideraciones políticas y más bien teóricas, la cuestión será entrar en las consideraciones prácticas y ser lo más concreto posible con vistas a arraigar el euro en la conciencia de todos y crear una nueva cultura monetaria común. 
El informe del Sr. Pérez Royo me satisface en su conjunto. 
En efecto, contribuye a destacar las ventajas directamente palpables para el consumidor que se derivarán de la introducción del euro. 
Tal como lo precisa nuestro ponente con toda razón, las primeras ventajas provendrán de la comparación de los precios que será más cómoda gracias a la introducción del euro, lo que facilitará la vida del consumidor. 
Luego, la segunda ventaja será la de viajar con gran facilidad en el seno de toda la Unión sin necesidad de efectuar operaciones de cambio, engorrosas y, sobre todo, costosas. 
Por último, el descenso de los tipos de interés debido al saneamiento de las finanzas públicas así como gracias a una política monetaria bien equilibrada dará un impulso vital a las inversiones en Europa, fuente de empleo. 
Una vez dicho esto, para que la introducción del euro se lleve a cabo sin contratiempos, es conveniente tener bien informados a los consumidores, y sobre todo prepararlos a pensar en euros. 
Par ello, el Sr. Pérez Royo recomienda que desde el inicio de la tercera fase, es decir, dentro de poco menos de un año, las empresas editen sus nóminas en euros, los bancos publiquen sus estados de cuenta en la moneda europea. 
Asimismo, desea que se haga especial hincapié en la formación en los centros escolares. 
En cambio, me permito emitir una reserva en lo que se refiere a la necesidad de imponer mediante una directiva la práctica de los precios dobles, debido al coste que esto podría suponer para algunos comercios. 
Claro está, a mi juicio, la práctica de los precios dobles se hará necesaria para permitir una adaptación paulatina de los ciudadanos a la nueva moneda. 
A pesar de esa pequeña reserva, voy a votar en favor del informe del Sr. Pérez Royo. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Fernando Pérez Royo que trata del euro y los consumidores. 
El informe hace hincapié en que la transición de las monedas nacionales al euro no debe ocasionar gasto alguno a los consumidores. 
El señor ponente propone que la conversión de billetes y monedas en la unidad monetaria nacional a billetes y monedas en euros sea gratuita para los ciudadanos. 
Los socialdemócratas daneses se suman a este punto, sin embargo, advierten que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
A pesar de las reservas danesas hacia la tercera fase de la UEM, no me cabe ninguna duda de que debe celebrarse la llegada del euro en toda Europa. 
Hay muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente en Dinamarca, que tienen problemas con la inseguridad que proporciona el comercio entre divisas diferentes. 
No obstante, los consumidores y ciudadanos de la Unión Europea naturalmente también deberán acostumbrarse al uso del euro. 
Estoy así de acuerdo con el señor ponente, cuando solicita mejores mecanismos de transición y propone, por ejemplo, imprimir las facturas tanto en euros como en las monedas nacionales. 
La votación queda cerrada. 
(La sesión, interrumpida a las 12.53 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Relaciones Europa- Estados Unidos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0410/97 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa relativa a la comunicación de la Comisión: Europa y Estados Unidos: rumbo al porvenir (COM (95) 0411- C4-0411/95) ; -A4-0403/97 de la Sra. Mann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el comercio y las relaciones económicas transatlánticas. 
Señor Presidente, siempre es agradable hablar ante una gran audiencia. 
Mi breve experiencia como diplomático europeo en los Estados Unidos me permitió descubrir algunas peculiaridades de sus relaciones con Europa. 
He aquí algunas observaciones. 
La política exterior de los EE.UU. está basada en el hecho de que Europa no habla con una sola voz y menos aún actúa como un solo país. 
No existe una política común europea excepto en el folclore. 
La política exterior de los EE.UU. no desea una fuerte participación europea en Oriente Medio ni en ningún otro lugar, a pesar de algunas promesas verbales en ese sentido. 
En la Costa Oeste de los EE.UU., donde me encontraba destinado, China y el Lejano Oriente constituyen los principales intereses de los EE.UU. Como única superpotencia militar del mundo, que invierte cerca de 300.000 millones de dólares USA al año en operaciones secretas y no secretas, los EE.UU. desean conservar su liderazgo militar y no están dispuestos a renunciar a él. 
En lo relativo a la economía, cabe afirmar lo siguiente: las empresas norteamericanas, tras haber invertido fuertemente en Europa, acogerán con satisfacción la llegada de la moneda única en Europa. 
Por otro lado, en los propios EE.UU. sigue predominando el pensamiento proteccionista. 
Los EE.UU. se proponen mantener su hegemonía en sectores como programas informáticos, programas audiovisuales, el cine y la TV. 
La Unión Europea mantiene un alto perfil en Washington y Nueva York, pero a excepción de visitas ocasionales a la Costa Oeste, su presencia en la zona es inexistente. 
De aquí la enmienda al informe Souchet sobre el mantenimiento de una presencia en la Costa Oeste. 
Creo que son pocos los europeos que comprenden la naturaleza fragmentada de la sociedad norteamericana. 
Si comparamos Florida, Tejas, Alaska, Minnesota y California, comprobaremos que se trata de mundos muy diferentes. 
Por último, aunque no por ello menos importante, el norteamericano medio no tiene el más mínimo conocimiento de la Unión Europea. 
Comprendo perfectamente que así sea tras haber comprobado con qué desgana atienden a sus tareas muchos de los diplomáticos de la Unión destacados en Washington. 
Señor Presidente, señor Comisario. Sin duda Europa debe mucho a América. 
Sin embargo, y también sin duda, América debe mucho a Europa. 
Como ambas comparten los principios básicos del mundo libre, contribuyeron conjuntamente a su defensa y a su salvaguarda durante el larguísimo y peligroso periodo de la guerra fría. 
No fueron siempre buenas sus relaciones. 
Por un lado los Estados Unidos se quejaban a menudo de que cargaban con las responsabilidades más pesadas sin encontrar la correspondiente comprensión. 
Por otro, también los países europeos a menudo detectaban arrogancia en el comportamiento de los americanos hacia ellos. 
Cuando cesan la guerra fría, la separación en dos polos y la rivalidad de las dos superpotencias tras el seísmo de 1989, la necesidad de librarse, tanto América como Europa, de lo que obstaculiza un entendimiento más sincero, es más acuciante. 
Porque, ¡pobres de los Estados Unidos si aumentan, como la única superpotencia superviviente, lo que los europeos- y no sólo ellos- les atribuyen como arrogancia. 
La arrogancia de la potencia la había denunciado ya, en plena guerra fría, un americano famoso, el Senador Foolbrait. 
Y justamente, la recordó recientemente en Washington el Presidente de la República Checa Vaklav Havel. ¡Que Dios nos ayude si al borde de la nueva época globalizada los Estados Unidos creen que tiene en exclusiva la responsabilidad de todo el globo terráqueo, que deben jugar el papel del guardián del orden y de la seguridad internacional. 
Porque, ni se legitimizan en esto, ni tienen la posibilidad de hacerlo. 
Afortunadamente, de la Cumbre extraordinaria Clinton-González-Santer en Madrid en 1995, tenemos indicios de que la creciente colaboración euroamericana y no la rivalidad ni el desmembramiento de los esfuerzos puede consolidar las instituciones y las condiciones del orden internacional en bien de todos. 
El informe que estamos debatiendo hoy, bastante retrasado, precisa- y quizás con redundancia en detalles- los temas sobre los que se va a juzgar la nueva evolución, la sinceridad, la reciprocidad y la paridad de las relaciones euroamericanas. 
Y más que suavizar los problemas económicos actuales en los que se manifiestan los desacuerdos, subrayará la gran importancia que tiene el marco general en el que deben situarse, también al otro lado del Atlántico, los continuos esfuerzos por un entendimiento más honesto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el nuevo orden geopolítico mundial instaurado tras la caída del muro de Berlín, las relaciones entre los Estados Unidos y Europa pueden y deben fortalecerse. 
Los Estados Unidos disfrutan del liderazgo mundial en los cuatro sectores estratégicos- economía, fuerza militar, competencia tecnológica y cultura en sentido amplio- sin embargo, tanto por razones geográficas como por razones ideales, su modelo de liderazgo se basa en sistemas de alianzas de carácter cooperativo y competitivo alrededor del mundo y la alianza con Europa fue y es la más fuerte y estable de todas, especialmente porque son comunes los valores en que se fundan nuestras sociedades: la defensa de los derechos humanos, el modelo de sociedad liberal, basada en la igualdad de oportunidades, la economía de mercado y el libre cambio. 
Es, en consecuencia, interés de los Estados Unidos que Europa se fortalezca, por ejemplo, con la moneda única, que se amplíe hacia el Este ensanchando el área de la democracia y de la economía de mercado; es interés común que la zona OTAN se amplíe en sintonía con la ampliación de la Unión aumentando, por otro lado, el compromiso y el rango europeo en la Alianza, así como que se establezcan relaciones positivas entre la Unión Europea y Rusia. 
Existe, por lo tanto, una convergencia de intereses globales entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que nosotros podemos tratar de reequilibrar en sentido más paritario y que no debe encontrar cortapisas en los contenciosos bilaterales o multilaterales, relacionados con los intereses económicos específicos de ambas partes. 
Por esto, la propuesta de la nueva Agenda Transatlántica, enriquecida por el informe del Sr. Mann, señalan y abarcan de forma muy amplia los numerosos sectores en los que es necesario intensificar la cooperación. 
Deseo ahora subrayar, junto con la cooperación en los sectores tradicionales- la lucha contra la delincuencia organizada, la solución de los contenciosos comerciales y aduaneros, el diálogo entre las empresas- dos aspectos especialmente actuales. 
En primer lugar, señalaría el empeño en construir junto con la sociedad de la información, esa sociedad que aún no se ha definido del todo y que representa nuestro futuro: las reglas sobre las redes, las infraestructuras y los accesos, los estándares, la protección de la propiedad intelectual, las modalidades del comercio electrónico, las disposiciones relativas a las inversiones y la cooperación entre las empresas; como segundo punto de actualidad, el empeño en materia de cooperación monetaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo en la fase, que ya se ha acometido con fuerza, de la moneda única europea, con objeto de garantizar la estabilidad a los mercados y de fortalecer las perspectivas comunes de crecimiento y desarrollo. 
Señor Presidente, colegas, por segunda vez en dos meses, el Parlamento toma una resolución sobre la relación con los EE.UU.. 
Es de gran importancia que nos mantengamos consistentes en la línea de nuestra política frente a los EE.UU.. 
El informe Souchet, en su forma actual, no contribuye a ello. 
Dicho informe se concentra injusta y únicamente en el problema de esta relación y, en lugar de esto, deberíamos poder hacer uso de las posibilidades de colaboración y solventar las diferencias de opinión a través de un diálogo y no mediante amenazas. 
El Parlamento debe acoger de buen grado la intensificación de la relación transatlántica, y la Nueva Agenda Transatlántica y el nuevo plan de acción conjunta son instrumentos útiles para ello. 
Debemos aprovechar las oportunidades que estos instrumentos ofrecen. 
Una única voz a ambos lados del océano podrá tener una influencia decisiva. 
Allí donde el colega Souchet culpa a los americanos de la inexistencia de una identidad europea en materia de seguridad y de defensa europeas debería hacer examen de conciencia. La propia Europa ha desaprovechado las oportunidades durante el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Los liberales abogan por un reforzamiento de la relación de esta Asamblea con el Congreso Americano en lo que respecta a los derechos humanos. 
Para concluir, quiero referirme, señor Presidente, al mercado de armas. 
Ahora que la Presidencia británica está desarrollando planes para concretar las normas de exportación de armas comunitarias, deberíamos intensificar también el diálogo con los EE.UU. en este terreno. 
La política de exportación de armas constituye un elemento integrante de la política exterior. 
Los intentos individuales por ambas partes para regular el comercio de armas tienen mayor posibilidad de éxito si se ajustan entre sí. Hago un llamamiento a la Presidencia británica para que lleve este tema al diálogo transatlántico. 
Para acabar, señor Presidente, el grupo parlamentario liberal ha presentado algunas enmiendas más y espero que dichas enmiendas sean aprobadas. En caso contrario deberemos retener nuestro apoyo al informe Souchet. 
Señor Presidente, la claridad, la profundidad de análisis y la visión que caracterizan a estos informes relativos a la Comunicación de la Comisión sobre las relaciones de Europa y los Estados Unidos han logrado superar nuestras reservas y objeciones iniciales. 
No podemos más que apreciar el enfoque pragmático y crítico del creciente desequilibrio en las relaciones transatlánticas. 
El remedio propuesto es la urgente necesidad de replantearnos, sobre la base de unos términos más equitativos y unos parámetros más ventajosos, una concepción amplia de una asociación que funcione debidamente entre Europa y los Estados Unidos de América; especialmente en la actual coyuntura, en la que el dogma de la globalización está originando disturbios sociales y económicos; la gripe asiática se está convirtiendo en una neumonía para los mercados financieros del mundo, y la fórmula habitual de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas a través del Fondo Monetario Internacional no parece funcionar y entraña unos costes inaceptables, no sólo para Europa, sino también para el Congreso de los Estados Unidos. 
El informe Souchet es digno de alabanzas por su crítica a algunos casos disparatados de la unilateralidad norteamericana en muchos ámbitos que ya están regulados mediante acuerdos internacionales o en los que la cooperación con otros interlocutores debería haber estado al orden del día. 
El caso más ominoso es la decisión arbitraria y unilateral del Congreso, aprobada por la Administración, de cancelar una parte considerable de las deudas en concepto de la contribución financiera de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, y de someter sus operaciones al control de instituciones norteamericanas como el General Accounting Office (GAO). 
Esto, naturalmente, es obra del Senador Jessie Helms del Comité del Senado para Asuntos Exteriores. 
El principal objetivo de las enmiendas que hemos presentado es formular el apoyo inequívoco europeo a la reforma alternativa de las Naciones Unidas, promovida por el Secretario General Kofi Annan, para preservar la independencia en el papel universal de la organización tal y como establece su propia Carta. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el diálogo es, sin duda, el primer y más noble recurso de la política. 
Por consiguiente, que en el orden del día figure la Nueva Agenda Transatlántica en lugar de la OTAN sólo puede merecer mi plena aprobación. 
En un mundo cada día más estrechamente interrelacionado, la paz mundial, la justicia social y un desarrollo ecológicamente sostenible no pueden conseguirse por medio de la intimidación, sino sólo a través de una actuación conjuntamente debatida. 
La Unión Europea y EE.UU. tienen precisamente, en virtud de su potencia económica, una especial responsabilidad en relación con el bienestar mundial. También tienen posibilidades de poner en práctica iniciativas. 
En cualquier caso, el objetivo no debe ser eludir los foros internacionales, sumiéndolos en el descrédito. 
El asunto de la legislación Helms-Burton constituye un posible ejemplo negativo con respecto a lo que nosotros entendemos por diálogo. 
A la vista de este ejemplo, Estados Unidos debería proscribir explícita y claramente la ampliación extraterritorial de las disposiciones legislativas nacionales. 
Es urgente que la seguridad jurídica sustituya a la arbitrariedad en el ámbito de la política exterior. 
Estados Unidos debería esgrimir también la Agenda en relación con temas como el de los plátanos o la EEB, a fin de dejar claro ante los gigantes económicos estadounidenses que la máxima prioridad internacional no debe ser el crecimiento económico y los intereses de las grandes empresas, sino la salud y la protección social de la población. 
La OMC, que es claramente un fruto común del deseo de la UE y EE.UU., está particularmente necesitada de reformas en este sentido. 
Justamente a la vista de los nuevos temas, es urgente una transformación social y ecológica de la OMC, y que ésta sea transparente para todos sus miembros. 
La NAT podría realizar un trabajo previo adecuado en este sentido con vistas a la próxima reunión ministerial. 
La NAT no debe convertirse, por otra parte, en un club de grandes industriales que impongan a puerta cerrada el orden del día a los políticos. 
Al contrario, debe ofrecer posibilidades de comunicación transatlántica a la sociedad civil. 
En la era de las empresas multinacionales, también los asalariados deben tener la oportunidad de ponerse de acuerdo para presentar sus propuestas en materia de formación inicial y continua, de seguridad social y de salud laboral. 
El informe de la colega Erika Mann indica el camino que debe seguirse y, por consiguiente, lo apoyaremos sin reparos. 
Lamentablemente, el tenor del informe del Sr. Souchet sobre la política exterior todavía no es el que desearíamos, sobre todo por lo que se refiere a la gestión de las crisis y la utilización de fuerzas de combate, aunque se las embellezca con el nombre de fuerzas de mantenimiento de la paz. 
El ámbito de los derechos humanos debería merecer decididamente una mayor atención, no sólo por lo que se refiere a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. 
Nosotros esperamos que la enmienda en este sentido logre obtener la mayoría necesaria. 
Tampoco podemos comprender porque habría de quedar excluida en el futuro la posibilidad de adoptar medidas como las del estado de Massachusetts contra Birmania, por sus atentados contra los derechos humanos. 
Lo acertado sería todo lo contrario. En lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos humanos, debe seguir siendo posible y legal el recurso a mecanismos normativos estatales. 
Como ya he señalado, los derechos humanos tienen prioridad frente a los intereses de las empresas. 
Es un engaño crear la impresión de que la libertad de elegir entre 27 tipos de pastillas contra el dolor de cabeza es equivalente a la libertad de poder optar por un sistema de salud al alcance de todos los bolsillos, accesible para todos sin limitaciones y en igualdad de condiciones. 
Nosotros nos abstendremos en la votación del Informe Souchet y daremos un claro voto afirmativo al informe de Erika Mann. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quisiera felicitar a la Sra. Mann y al Sr. Souchet por estos dos muy buenos informes. 
Quisiera decir que, personalmente, estoy un tanto de acuerdo con el Sr. Bertens en la medida en que pienso más bien- y allí diverjo un poco con el Sr. Lambrias- que nosotros debemos a nuestros amigos americanos más de lo que ellos nos deben, al menos en el curso de estos 40, 50 o 60 últimos años. 
Creo que es importante recordarlo. 
Considero, -y lamentablemente me temo que mi amigo Manisco no se enfade un poco más conmigo por ello- que no se puede reprochar a los estadounidenses su unilateralidad. 
Pienso que, muy a menudo, se han encontrado solos frente a responsabilidades importantes y felizmente hemos contado con ellos. 
El problema, una vez más, es nuestra carencia de Europa, de una Europa capaz de hablar al unísono, de tener una sola política: se ha visto de nuevo en casos importantes, tales como la actitud hacia la República Popular de China, en donde la posición que prevalece siempre es la de la oposición de un Estado de la Unión Europea contra otro. Este es el verdadero problema. 
Quisiera coger la palabra al Sr. Souchet cuando dice que no hay que titubear en abordar los temas delicados. 
Considero- y pienso que mi amigo Manisco estará de acuerdo- que hay un tema delicado que me concierne mucho o, en todo caso, concierne a numerosos diputados de este Parlamento: se trata de la cuestión de la pena de muerte en los Estados Unidos. 
Por ello, mi Grupo presentó dos enmiendas: una para el informe del Sr. Souchet, y otra para el de la Sra. Mann. 
La enmienda al informe del Sr. Souchet pide a los Estados Unidos la abolición de la pena de muerte; no porque ésta sea incompatible con la democracia- eso es lo que yo pienso y decimos en la enmienda que es importante destacarlo- sino porque la abolición de la pena de muerte constituye una ampliación de la esfera de los derechos fundamentales y sería deseable que nuestros amigos americanos la integraran en su Constitución que representa siempre un ejemplo de democracia. 
Pienso también que nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a nuestro Parlamento. 
No podemos permitirnos formular este tipo de demandas solamente a los países llamados pobres, a los países en vías de desarrollo: debemos tener el valor de hacerlo también con un gran país como los Estados Unidos, por tanto, pido encarecidamente al Sr. Souchet que acepte esta enmienda. 
La enmienda al informe de la Sra. Mann es un poco más complicada. 
Existen 10 o 12 Estados de los Estados Unidos que han abolido la pena de muerte y, en este caso, se trataría de internarse en una vía un poco difícil, que consistiría en favorecer no solamente las inversiones de nuestras empresas, sino también la presencia de nuestras instituciones así como las representaciones de nuestros Estados y, a través de estas representaciones y las de nuestras regiones, favorecer las relaciones económicas y culturales con los Estados que hayan abolido la pena de muerte, para hacer comprender a los demás que esta abolición significa algo importante para nosotros, europeos. 
Señor Presidente, el Presidente Kennedy pronunció en 1963 las siguientes palabras históricas: " Ich bin ein Berliner!. 
Que reflejaban la relación especial entre los Estados Unidos y Europa durante la guerra fría. 
Los Estados Unidos salieron como fiadores para la defensa de la libertad en Europa occidental. 
La identificación automática con nuestros intereses ya pasó, aunque no debemos dramatizar al respecto. 
Los Estados Unidos y Europa también estarán estrechamente vinculados en el futuro. 
No podemos estar sin la alianza americana ni en el campo económico ni en el terreno de la seguridad. 
Para optimizar la relación con los Estados Unidos hay que sentar las siguientes prioridades: la Nueva Agenda Transatlántica, sobre todo la supresión de los obstáculos comerciales; sintonización en nuevos campos como el del medio ambiente, salud pública y energía; solución de los conflictos comerciales respetando los acuerdos de la OMS tanto por parte de los Estados Unidos como por la de la Unión Europea. Para concluir: trazar una línea única frente a los regímenes hostiles, sin que los países europeos propugnen sus propios intereses comerciales con el riesgo de que la Unión Europea y los Estados Unidos acaben siendo enfrentados. 
Una mayor aportación de los países europeos a la seguridad en nuestro continente tendría su mejor forma transformando la Unión Europea Occidental en un pilar europeo dentro de la OTAN. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Souchet nos presenta un buen trabajo, equilibrado, cuyo mérito, sin obviar las formalidades diplomáticas, es rechazar la enfeudación actual de nuestras naciones con respecto a los Estados Unidos. 
Se trata de un hecho bastante raro en este recinto como para que sea destacado. 
Quién, en efecto, salvo mis compañeros diputados de la derecha nacional, rechaza esta servidumbre. 
En Francia, los pretendidos herederos del General de Gaulle, así como se han adherido al eurofederalismo, quieren poner hoy al ejército francés bajo las órdenes estadounidenses, una vez desaparecida la amenaza soviética. 
Por lo demás, son apoyados por los comunistas, que decididamente no pueden vivir sin una tutela extranjera. 
Thorès y Marchais iban a buscar sus órdenes a Moscú. 
Hue va en adelante a Washington. 
Nosotros, patriotas franceses, no confundimos el país real americano, en el que contamos con numerosos amigos, con el Gobierno de los Estados Unidos, dirigido por los defensores de la ideología mundialista. 
Este Gobierno, desgraciadamente con la complicidad de los nuestros, pretenden imponer un nuevo orden mundial en el que las naciones, las familias, serían aplastadas, los seres humanos se convertirían en objetos clonables a voluntad. 
Para imponer este mejor de los mundos, los dirigentes estadounidenses están dispuestos a todo. 
Matan de hambre desde hace ya casi ocho años al pueblo iraquí, en realidad para preservar sus intereses petroleros. 
Asimismo, apenas resulta sorprendente que Clinton y su administración apoyen a la Europa burocrática y supranacional, plegándose a todos sus dictados. 
Esta Europa federal de las regiones, destructora de las naciones, responde a los deseos de los mundialistas. 
Claro está, la realidad de las relaciones entre los Estados Unidos y Francia no es exactamente la descrita por François Mitterrand en estos términos: » Francia no lo sabe, pero estamos en guerra con los Estados Unidos, una guerra sin muertos y, añadía grave, » aparentemente». 
Estas duras palabras referidas por el Sr. Georges Marc Benamou y citadas por Arnaud Aaron Upinsky en su notable obra Le syndrome de l ' ortolan, contienen, no obstante, una gran parte de verdad. 
¿Qué debemos hacer? 
¿Continuar con la política actual de servidumbre? 
En modo alguno. 
Sin embargo, preconizar una separación total de los Estados Unidos con Europa también sería un funesto error. 
Error cometido, por lo demás, primero por los Estados Unidos, cuyos dirigentes, desde 1776, no han dejado de querer cortar los vínculos que tienen con la civilización europea. 
Esta es la doctrina Monroe, en 1820, que prohibía el continente americano a los europeos. 
Es la Guerra de Secesión, en 1863. 
Hoy día, además de sus mercancías, Estados Unidos exporta a nuestros países lo que tiene de peor y que rechaza su pueblo auténtico: la comida rápida, el rap, la bandas étnicas, en resumen, la cultura «raptaglang». 
No obstante, quiérase o no, las dos Américas, la del norte, pero también la del sur, están ligadas a las naciones europeas en una comunidad de civilizaciones. 
Son nuestros pueblos los que crearon el Nuevo Mundo, especialmente los españoles, los portugueses, en América Latina; los franceses, en Canadá. 
En cambio, es preciso, como lo observa Dominique Souchet, restablecer un equilibrio en nuestras relaciones con América. Claro está que deben ser relaciones de igualdad, de equilibrio en la propia América. 
Esta se ha convertido en un mundo bajo la dominación anglosajona. 
Ahora bien, existen otras Américas, con las cuales debemos reforzar nuestros lazos y ayudarlas a librarse de la tutela de Washington: una América francesa que en Quebec, desde 1763, gracias a su fe y su vitalidad, ha sabido conservar su identidad; una América Latina. 
Permítanme decir que con nuestras hermanas latinas, España, Portugal e Italia, Francia debe aplicar esta política de la razón y del corazón. 
Señor Presidente, el informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos no puede menos que provocar un interés especial, y aún más porque lo ha elaborado con una especial atención mi distinguida colega, la Sra. Erika Mann. 
Es un hecho el que la nueva realidad que surge de la universalización de la economía y de la política impone nuevas formas de colaboración, acuerdos multilaterales y una consolidación de las obligaciones económicas, sociales y políticas entre los pueblos. 
Desde este punto de vista, nadie tiene derecho a oponerse a que se tienda un puente sobre el Atlántico si realmente va a haber una opinión común sobre la evolución viable y la cohesión social, sobre el fomento de la paz y de la democracia, sobre la igualdad de los sexos, sobre la salvaguarda del bienestar y de la seguridad en el mundo, sobre el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, sobre la defensa de la vida y del medio ambiente. 
Sin embargo, nuestro socio, al otro lado del Atlántico, se ve privado del testimonio favorable del extranjero porque está sobrecargado con acciones de su pasado, reciente y lejano, que demuestran que a menudo infringe las normas internacionales, ambicionando, y normalmente consiguiendo, acuerdos leoninos a costa de los países menos desarrollados. 
Incluso, siendo vanguardista mundialmente, intenta imponer este orden legal americano en empresas de países terceros. 
En concreto me refiero a las leyes extraterritoriales Helms- Burton y d ' Amato- Kennedy, que encuentran su mejor aplicación en el bloqueo comercial de Cuba y éste, a pesar de la protesta mundial y de la condena de la Asamblea General de la ONU hacia los Estados Unidos. 
Con todo, el Congreso americano, no sólo es insensible a las protestas, sino que el 11 de junio de 1997 reforzó aún más este absurdo enredo legislativo con ocho enmiendas que fueron aprobadas en sesión plenaria. 
Aparte de esto, intenta desviar el rechazo de la política comercial de los Estados Unidos del mecanismo de la solución de las diferencias de la Organización Mundial del Comercio. 
Estas actividades son características de la mentalidad de los Estados Unidos, mentalidad de la que deja constancia en todos sus intercambios internacionales, incluso con sus vecinos, con los vecinos de la puerta de al lado, con América Latina y América central. 
Está claro que los Estados Unidos aceptan y adoptan un sistema doble para si mismos: defensa legislativa para sus empresas y para sus intereses y exigen que sólo los demás respetemos las normas de la competencia y del libre mercado. 
¿Cómo podemos, entonces, no ser suspicaces frente a un socio así? 
En el ámbito social, la venta progresiva que provoca el modelo laboral americano conduce a grandes sectores de la población a la marginación y a la sociedad de los Estados Unidos, con paso lento pero seguro, a su conversión en tercermundista. 
Allí encontramos una paradoja mas: el porcentaje de empleo en trabajos mal pagados aumenta al mismo ritmo que el número de los que viven por debajo de los límites de la pobreza. 
Se trata de una paradoja americana mas que estamos a la espera de que sea importada a Europa, como otro producto transatlántico de cuantos inundan la Unión. 
También está el tema de la pena de muerte: quisiera decir que no es posible que el Parlamento Europeo pida la abolición de la pena de muerte a los estados del Golfo y que vacilemos al pedir lo mismo a Estados Unidos. 
Finalmente, querría sostener que debe intensificarse el control parlamentario en todo lo relativo a las relaciones y la colaboración entre Europa y los Estados Unidos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quiero dar las gracias a ambos ponentes por sus informes. 
Me alegra el optimismo que ha expresado la colega Mann y coincido con ella en lo esencial, de manera que no será necesario que repita nada de cuanto ya ha dicho. 
Cualquiera que se queje de Estados Unidos, debe comprender que el comercio entre la Unión Europea y EE.UU. supera los 250 millardos de dólares anuales. 
¡Calculen lo que esto significa traducido a puestos de trabajo! 
Somos los mayores inversores en los respectivos mercados y la Unión Europea y Estados Unidos han obtenido en cada caso los máximos beneficios del orden mundial liberal. 
Por otra parte, en ningún ámbito político resulta tan evidente como en el de las relaciones entre la UE y EE.UU. que una política exterior y de seguridad común tiene una importancia decisiva para la Unión Europea. 
Aun reconociendo los esfuerzos de la Comisión- tanto los que usted mismo ha realizado, Sr. Bangemann, como los de Sir Leon Brittan y muchos otros- y del Parlamento Europeo, la influencia de los organismos europeos sobre la política exterior de Estados Unidos es relativa. 
Mientras los Estados miembros individuales de la Unión Europea compitan entre sí en su relación con Estados Unidos y creen la impresión de que a la política europea le resulta muy difícil manifestarse con una sola voz en relación con los temas fundamentales, frente a los problemas actuales en el ámbito de la política exterior y de seguridad, será difícil que la política americana comprenda nuestra voluntad política. 
En los últimos meses, hemos podido constatar sobradamente, por el contrario, la suficiencia rayana con la arrogancia con que el Congreso de Estados Unidos adopta decisiones esenciales, sobre todo en materia de política exterior, sin preocuparse un ápice por la opinión que merecen al resto del mundo. 
La legislación Helms-Burton-d ' Amato constituye sólo un ejemplo de ello. 
En este contexto, es preciso tener presente que este tipo de política no escandaliza sólo a los europeos; Estados Unidos actúa también frente a Canadá, México, Suramérica y cualquier otro país sin encontrar una oposición decisiva. 
La actuación prepotente de Estados Unidos se ha reforzado tras el derrumbe del comunismo, sobre todo porque durante largo tiempo ha sido la única potencia mundial que aun subsiste y ha tenido que hacerse cargo de resolver los problemas porque nosotros, naturalmente, hemos esperado que lo hiciera. 
Incluso frente a problemas europeos acudimos a la ayuda de los americanos para resolverlos, debido a nuestra excesiva cautela en este sentido. 
Tenemos que llegar conjuntamente a la conclusión de que en el futuro será necesario que nos manifestemos con una sola voz si queremos hacer valer la política de defensa de los intereses europeos en los numerosos organismos transatlánticos. 
En Singapur demostramos en el marco de la OMC que esto puede ser muy favorable; sin embargo, en cuanto se hubo celebrado el Consejo de Amsterdam, ya no nos fue posible encontrar una solución en el ámbito de la política exterior que vaya más allá de lo inmediato y nos vemos obligados a apelar a la tolerancia, con los resultados que ya sabemos. 
Señorías, existe la posibilidad de que la Delegación parlamentaria para las relaciones con Estados Unidos establezca algún tipo de contacto con el Congreso de Estados Unidos y el Sr. Donnelly se está esforzando por conseguirlo. 
En cualquier caso, debemos preguntarnos, en principio, qué fuerza puede estar en condiciones de influir aún sobre el Congreso americano en relación con los temas de política exterior y de política económica exterior, cuando su propio Presidente tiene grandes dificultades para hacerse comprender e imponer su opinión allí. 
El mayor error pasado que reprochan a los europeos los conocedores del tema en Estados Unidos es el de haber mantenido una posición demasiado respetuosa y una excesiva predisposición al compromiso en el contexto de unas relaciones cambiantes. 
Yo pienso que todos debemos comprender que, con 370 millones de consumidores y con los intereses que tiene Estados Unidos en Europa, podemos manifestar con mayor firmeza que en el pasado cuáles son nuestros intereses y no acceder tan rápidamente al compromiso, lo cual no nos ayudará a avanzar con paso más firme. 
Lo cierto es que Estados Unidos y Europa están obligados a entenderse. 
El Tercer Mundo, África, Asia, necesitan que mantengamos una posición común para evitar que nadie pueda aprovecharse de nuestra rivalidad o que asumamos de un modo diferenciado la responsabilidad por lo que allí sucede. 
Yo espero que los dos informes contribuyan a que se comprenda este hecho y a que podamos emprender muchas más actuaciones conjuntas que en el pasado, a la vez que contribuimos al éxito de la Comisión en este ámbito. 
Señor Presidente, George Washington había dejado a sus compatriotas la obligación de no permitir a nadie que se mezclara en sus asuntos internos, y que ellos no se metieran en los asuntos del resto del mundo. 
Este era el famoso dogma del aislamiento americano del que los americanos salieron por primera vez en la Primera Guerra, lo abolieron completamente con la Segunda para ser ahora los Estados Unidos, tras la caída de los muros, una superpotencia universal presente en todas partes. 
A menudo hemos hablado de la desigualdad que existe en las relaciones euroamericanas. 
La verdad es que los Estados Unidos deciden y Europa paga tremendas cuentas. 
Y no sólo en zonas como Yugoslavia u Oriente Medio. 
La falta de una política exterior común y de una política de seguridad en la Unión es la responsable, y en gran medida también es responsable nuestra debilidad al no imponer relaciones económicas de igualdad con los Estados Unidos. 
Quizás porque también hay grandes diferencias entre nosotros. 
Esta debilidad está puntualizada en el informe Souchet, en el que se subraya la necesidad de una colaboración reforzada e igualitaria, así como la necesidad de que exista una identidad europea en cuanto a la seguridad y la defensa. 
La obligación de Europa de expresar su oposición al carácter unilateral con el que se eligió a los nuevos miembros de la OTAN, a la indisponibilidad de los Estados Unidos de firmar la declaración de Otawa sobre las minas antipersonal, a las intrigas por parte del Congreso hacia la ONU, a leyes como la ley Helms- Burton y D ' Amato- Kennedy, así como a la indisponibilidad de los Estados Unidos a aceptar las decisiones sobre la protección del medio ambiente; todo esto está correctamente puntualizado. 
El punto crucial sobre el que se llama a responder a la Comisión Europea es la demanda de abolir, claro, en la medida de lo posible, la desigualdad existente en todos los niveles de la colaboración euroamericana. 
Y si es inevitable que tengan la primacía mundial los Estados Unidos por lo menos en esta coyuntura histórica y hasta nueva orden- y no sabemos qué sucederá con el paso del próximo siglo- al menos Europa debe poder tener, en este momento, una palabra decisoria en lo que concierne a su casa y debe poder desempeñar un papel más importante a nivel mundial. 
Señor Presidente, el Sr. Souchet ha elaborado un informe meritorio en mucho aspectos, y puedo mostrarme de acuerdo con él en numerosos puntos del mismo. 
Sin embargo, este informe presenta asimismo deficiencias en la medida en que presta una atención excesiva a los problemas que tenemos en nuestras relaciones con los Estados Unidos de América. 
Por este motivo, he elaborado en nombre del Grupo de los Liberales unas enmiendas que recogen puntos de vista positivos y constructivos para el desarrollo de la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Abordo también la cooperación en las regiones septentrionales, la cual representa un nuevo ámbito de actuación. 
Los Estados Unidos y tres Estados miembros de la Unión Europea han participado en la creación del Consejo Ártico, y, además, la decisión de la Cumbre de Luxemburgo hace posible la creación de una dimensión septentrional en la política de la Unión Europea. 
Sin embargo, no es posible ya mejorar de una manera decisiva el informe que ahora nos ocupa. 
Por este motivo, querría finalizar manifestando mi esperanza por que, con ocasión de futuros informes, hagamos esfuerzos por dotar a las relaciones entre la UE y los Estados Unidos de un carácter más constructivo. 
La UE y los Estados Unidos deberán asumir de manera conjunta la principal responsabilidad del futuro de la humanidad. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar al ponente por su informe. 
Ha sido bien meditado en toda su extensión y tiene plenamente en cuenta los numerosos asuntos que afecta a las relaciones de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
El colapso del comunismo en la Europa oriental fue acogido con satisfacción por los demócratas de todo el mundo, y no menos en la Europa occidental. 
Comprendimos que a menos que se establecieran relaciones internacionales para tener en cuenta la situación, surgirían problemas graves para la estabilidad mundial. 
Con el final de la Guerra Fría, resultaba inevitable un cambio del orden establecido en las relaciones EuropaEE.UU. Actualmente nos encontramos en medio de dicho cambio. 
A veces resulta bastante difícil. 
Debemos reconocer que la buena voluntad de los Gobiernos nacionales de la Unión Europea y de la Administración norteamericana han garantizado que las tendencias hayan sido generalmente positivas. 
No obstante, en Europa no faltan quienes perciben que los Estados Unidos continúan dominando las relaciones de lo que, en realidad, debería ser una asociación equitativa. 
Con demasiada frecuencia se pone de manifiesto el deseo de los EE.UU. de anteponer sus propios intereses a unas buenas relaciones con la Unión Europea. 
Esto resulta más evidente en el ámbito del comercio internacional, en el que contrastamos con la política de los EE.UU. a través de la determinación de otros Estados miembros de la Unión Europea de contribuir a un entorno justo para el comercio internacional. 
Los EE.UU. ciertamente pueden contribuir en mayor medida a la construcción de una condiciones comerciales justas. 
Me gustaría que juntos trabajáramos para alcanzar este objetivo. 
Señor Presidente, en mi calidad de posiblemente el único diputado del Parlamento Europeo con doble residencia en Estados Unidos y en Europa, yo quisiera hacer una advertencia contra el estereotipo y la presunción de que los americanos no entienden nada sobre Europa. 
Quizá en otro tiempo fuera así, pero actualmente desde luego ya no es cierto. 
El fundamento para una mejor colaboración entre la UE y EE.UU. es el interés común en los ámbitos de la política económica y la seguridad. 
Éste se concreta en una competencia equitativa en el mercado mundial, en igualdad de condiciones, y en una especial responsabilidad por lo que se refiere a la estabilidad monetaria entre el dólar y el futuro euro. 
Una mala preparación de la introducción de la Unión Monetaria Europea consolidaría todavía más la posición actualmente dominante del dólar. 
El sentimiento de inferioridad de los europeos frente a Estados Unidos, que ha resonado repetidamente en diversas intervenciones, no podrá disiparse mediante el debate, sino sólo como resultado de una auténtica fortaleza económica y una política de seguridad inequívoca. 
Yo pienso que la crítica en lo que se refiere a la vinculación de los problemas en el ámbito de los derechos humanos con las relaciones económicas con los diferentes países no es pertinente, sino que los europeos deberíamos sumarnos, por el contrario, a la posición de Estados Unidos. 
Señor Presidente, en cierta ocasión, George Bernard Shaw hizo la observación de que Inglaterra y los Estados Unidos son dos países divididos por una lengua común. 
Yo cada vez estoy más convencido de que la UE y los EE.UU. son dos entidades políticas divididas por un sistema político y económico común. 
Nuestras relaciones se caracterizan con demasiada frecuencia por los malentendidos y las confusiones. 
Estoy de acuerdo con la observación del Sr. Donner de que tal vez eso sea más cierto en lo que se refiere a los EE.UU. que a la UE. 
Tuvimos ocasión de comprobarlo durante el debate sobre la ampliación, en el que los Estados Unidos adoptaron un enfoque francamente de lo más simplista del ritmo y la naturaleza de la ampliación de la UE, especialmente del papel que jugaba Turquía en todo esto. 
Me asombró oír a políticos norteamericanos veteranos hablar alegremente de la incorporación de Turquía a la Unión Europea, como si fuera un asunto de lo más sencillo. 
Sospecho que la reacción tan exagerada de Turquía a las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo se debieron en parte a los ánimos que le habían infundido algunos políticos norteamericanos; al menos les hicieron creer que obtendría más de la Unión Europea. 
Precisamente por este motivo es tan importante este diálogo. 
Deseo respaldar las observaciones de la Sra. Erika Mann sobre las garantías de que exista un elemento parlamentario eficaz para este diálogo, de manera que podamos aclararnos unos a otros cuáles son exactamente nuestras posiciones. 
Este es ciertamente el caso del ámbito de las relaciones exteriores, en el que han desaparecido las antiguas incertidumbres de la Guerra Fría y han pasado a ser sustituidas por una situación de mayor incertidumbre e inseguridad. 
No hay duda de que necesitamos una cooperación más estrecha, si bien ésta debe inscribirse en un marco internacional. 
Algunos de los debates de hoy tienen francamente un tufillo a imperialismo UE-EE.UU. Deberíamos actuar en una situación de seguridad que sea multinacional e internacional, y no simplemente bilateral. 
Bosnia, más que cualquier otro caso, ha demostrado dónde pueden salir mal las cosas, a menos que corrijamos estas relaciones. 
También ha demostrado que una vez que conseguimos que las relaciones vayan bien, se pueden lograr avances considerables. 
Pero para que eso suceda, Europa debe dejar de dedicar tanto tiempo a desarrollar una retórica fuerte y dedicar un poco más de tiempo a actuar en el ámbito de los asuntos exteriores. 
Señor Presidente, Señorías, al igual que muchos de los oradores que me han precedido, yo quiero manifestar que en estos momentos debemos contemplar las relaciones transatlánticas desde una perspectiva distinta. 
Éste es un hecho generalmente reconocido, pero no todos han sacado las debidas conclusiones del mismo. 
Las relaciones transatlánticas se han visto marcadas sobre todo, a lo largo de este siglo, por el hecho de que los Estados Unidos de América han sido el factor decisivo para poner orden en Europa. 
Ahora ha llegado el momento de plantearnos en qué medida siguen esgrimiendo los americanos su fuerza frente a y cómo podríamos realizar un esfuerzo para establecer una asociación en igualdad de condiciones con los Estados Unidos de América. 
Yo creo que los Informes Souchet y Mann ofrecen buenos puntos de apoyo para ello. 
Las cosas ya no son tan sencillas como en el pasado, pues la conciencia de una amenaza potencial entre nuestra población promovía el acercamiento entre las naciones de ambas orillas del Atlántico. 
Esta conciencia de una amenaza se ha reducido drásticamente a partir de 1990 y, por lo tanto, existe el riesgo de que pequeños enfrentamientos en el ámbito de la política comercial adquieran una dimensión emocional tal vez podría ensanchar la distancia entre Europa y Estados Unidos. 
Por esto tenemos que volver a complementar en cierto modo la gran comunidad de valores, basada en el principio del Estado de Derecho y la democracia, con una vinculación de intereses que no estén marcados únicamente por la política de seguridad. 
Por consiguiente, yo pienso que la Agenda Transatlántica, los esfuerzos de la Comisión y del Gobierno americano, y todos los aspectos que usted ha impulsado en los últimos años, señor Comisario Bangemann, en el ámbito comercial e industrial, para ayudarnos a avanzar hacia un mercado transatlántico, son señales fundamentales de que las diferencias de intereses no se traducirán en un mayor distanciamiento, sino que las concebimos bajo la forma de una competencia equitativa entre socios con igualdad de derechos, en el marco de una concepción multilateral del comercio mundial, y no como antagónicas. 
Para esto es necesario, por otra parte, que además de desarrollar nuestra capacidad con vistas a mejorar nuestro potencial en el ámbito de la política exterior y de seguridad, de manera que nos permita establecer una asociación en condiciones de igualdad, esto también se entienda en Estados Unidos. 
El método de la aplicación extraterritorial de las normas legislativas, tal como se expresa por ejemplo en la legislación Helms-Burton o en la OTAN, indica que Estados Unidos todavía no ha llegado a ser capaz de ejercer de manera equitativa su papel de única potencia mundial, sino que esta posición conlleva el peligro de que se crean autorizados a imponer también su dominio. 
Por este motivo, yo pienso que los planteamientos en materia de política comercial deben ir acompañados también de unas mayores posibilidades en el ámbito político, aunque no como una alternativa a la OTAN. 
Yo pienso que el Acuerdo de Washington y su contenido deben tener continuidad y que todos estos aspectos deben considerarse complementarios de la OTAN, en consonancia con la ampliación de las competencias de la Unión Europea. 
Por consiguiente, también pienso que debe aprovecharse el impulso de la Agenda Transatlántica, del Diálogo Comercial Transatlántico y del desarrollo de un mercado de estas características para establecer finalmente un acuerdo euroamericano que obligue al Congreso de Estados Unidos. En efecto, sólo mediante una vinculación del Congreso y del panorama político americano en general podremos alcanzar un acuerdo para crear un mecanismo de cooperación y de consulta que haga posible un acercamiento entre europeos y americanos, y que a la vez nos permita defender conjuntamente nuestros valores en el mundo. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al ponente por la elaboración de un informe excelente. 
Soy irlandés y siento un gran respeto por la labor que desarrollan los Estados Unidos para promover la paz y la estabilidad en el mundo, y no menos por su apoyo al proceso de paz en Irlanda. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para alabar la labor de los Estados Unidos y del Presidente Clinton, en particular, en sus intentos de resolver el trágico conflicto de la isla de Irlanda. 
Siento una preocupación especial, no obstante, por las diferencias existentes en la política agrícola entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que han dejado a la agricultura europea y a los agricultores europeos en desventaja. 
Por ejemplo, el consumidor europeo se opone rotundamente a la utilización de hormonas en la producción de carne, y la agricultura europea ha adoptado sus prácticas en consecuencia. 
Del mismo modo, parece existir mayor oposición verbal al consumo de organismos genéticamente modificados en Europa que en los Estados Unidos. 
También existen diferencias de énfasis sobre la utilización de la biotecnología en la producción alimentaria. 
Además, la Política Agrícola Común impone determinadas restricciones a la producción que no cumplen los agricultores norteamericanos. 
En el contexto de la aplicación de las normas del mercado mundial, pido mayor transparencia en el cumplimiento de las mismas. 
En definitiva, a los Estados Unidos siempre parece irles muy bien- si no demasiado bien- en relación con lo que está sucediendo en la agricultura europea, y no siempre estoy seguro de que en Europa seamos conscientes de lo que sucede en todo momento al otro lado del Atlántico. 
Señor Presidente, colegas, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Mann por su excelente informe. 
La Unión Europea y los Estados Unidos tienen un estrecho vínculo desde hace mucho tiempo. 
Los vínculos económicos bilaterales generan los mayores flujos comerciales del mundo. 
Además la Unión y los Estados Unidos son los mayores inversores mutuos. 
La UE representa el 58 por ciento de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos y el 44 por ciento de las inversiones americanas tienen lugar en la Unión Europea. 
A ambos lados del océano dichas inversiones generarán tres millones de empleos. 
Es una lástima que las poblaciones europea y americana sean tan poco conscientes de lo crucial que es nuestra colaboración para su empleo y por consiguiente para su bienestar. 
Los ciudadanos europeos y americanos deben ser mucho mejor informados de la importancia de nuestras relaciones comerciales para ambas economías. 
La deliberación a nivel de gobierno es esencial pero sin la superficie de apoyo de los ciudadanos y sus representantes, el Congreso Americano y el Parlamento Europeo, dicha deliberación no genera resultados. 
Por esta razón es tan necesario el control parlamentario a través del Parlamento Europeo. 
La construcción de puentes en el marco de la Nueva Agenda Transatlántica, como pretende y hace el proyecto TIES, implica a los ciudadanos directamente en las relaciones transatlánticas. 
La calidad de esta relación tiene gran influencia en el mercado mundial, ahora y en el futuro. 
Por este motivo es de gran importancia que la Unión y los Estados Unidos concilien sus diferencias. 
La Unión no puede aceptar bajo ningún concepto la actuación extraterritorial de la legislación americana. 
El próximo viernes volveré a dejar claro este tema durante la deliberación con los miembros del Congreso americano en Bruselas. 
Señor Presidente, con seguridad los distintos aspectos de las relaciones de la Unión Europea y Estados Unidos no se encuentran al mismo nivel. 
Hay partes como la económica y la comercial, en donde vemos una reivindicación por parte de la Unión Europea; hay partes como la del medio ambiente, donde hemos visto en Kioto el esfuerzo de la Unión Europea por configurar una estrategia distinta. 
Pero en el centro, en el núcleo de las relaciones, que son las relaciones de estrategia política, podemos decir que el predominio de los Estados Unidos es pleno, hay hegemonía americana. 
Esta hegemonía se sirve menos de la sensación de fuerza que tienen los Estados Unidos que de su arsenal nuclear, de su presencia mundial y, mucho más, se sirve del complejo de inferioridad que tiene la Unión Europea por el hecho de que los máximos dirigentes en Europa funcionan como empleados de los Estados Unidos, por la incapacidad de la Unión Europea de formar una identidad propia y una estrategia propia que, al basarse en ella, conversará- y no se enfrentará- a los Estados Unidos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Titley en que esto lo vemos últimamente en el tema de Turquía: ¿Cuál fue la postura de los Estados Unidos ante todo lo que sucedió en Luxemburgo? 
Insistían en que Turquía podía entrar en la Unión Europea a pesar de su deficiencia democrática, que es algo que existe. 
¿Cuál fue la postura de los Estados Unidos en cuanto al gran problema de los refugiados kurdos? 
Absoluto silencio, tolerancia y cubrir a Turquía. 
¿Cual es la postura de Estados Unidos en cuanto a las diferencias greco-turcas? 
Hace poco hemos visto, con gran sorpresa, al portavoz del gobierno americano apoyando las pretensiones más extremas y expansionistas de Turquía en el espacio aéreo del Egeo, cuando decía que Grecia no tiene derecho a tener un espacio aéreo de 10 millas. 
Quisiera tener esperanzas en que la Unión Europea va a tener una presencia más intensa y creo que la ausencia del Consejo, señor Presidente, en un tema político tan grave, muestra también la seriedad con la que se enfrenta a él la Unión Europea. 
Señor Presidente, estamos debatiendo la agenda transatlántica, una agenda a gran espectro, que había sido adoptada en diciembre de 1995, cuando el Presidente Clinton vino a Madrid y determinó 150 temas en el marco de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. 
Estas son relaciones ambiguas, como todas las relaciones familiares. 
Cuando uno de los miembros es el pariente pobre, cuando ha sido vencido, cuando ha debido aceptar la limosna del Plan Marshall, es evidente que el diálogo es más difícil para éste, de modo que hasta ahora las dos expresiones que han presidido nuestras relaciones han sido «mimetismo espontáneo» y «guerra impuesta». 
El alineamiento mimético y unilateral de Europa se da en todos los ámbitos. 
Hemos retomado de los Estados Unidos la violencia en la sociedad, las drogas generalizadas, los suburbios pluriétnicos, las ciudades y sus guetos, el modelo agrícola a base de química, las prácticas alimentarias que hacen de nuestros adolescentes unos Boteros, el «juridismo» procesal, el pensamiento único, el orden moral, las sectas, incluido el ultraliberalismo, la política clasificada, » etnizada» , presionada por el grupo de presión prusiano alrededor de Nixon, el grupo de presión irlandés de Kennedy, el grupo de presión de las armas de fuego y el grupo de presión por encima de todos los grupos de presión, el grupo de presión proisraelí, en acción especialmente en el Oriente Medio y en la Guerra del Golfo. 
Incluso hemos adoptado la bandera americana, ya que la bandera europea es la bandera de la Paramount, la empresa cinematográfica americana, la Paramount con sus estrellas. 
Segunda palabra clave de nuestras relaciones: la guerra impuesta. 
Se nos ha impuesto la guerra del trigo, la guerra de las carnes, la guerra de los productos de sustitución de los cereales, la guerra de los plátanos, la guerra de las proteínas, la guerra en pro del arma alimentaria, la guerra aeronáutica, con el Comet, el Concorde francobritánico, Mac Douglas, Boeing, la guerra de las imágenes, con el audiovisual, el cine, la guerra de las patentes, la guerra comercial de la Ronda de Uruguay, tanto y tan bien que la Agenda 2000 es quizás algo bueno, a condición de llegar a la edad adulta, es decir acabar con la enfermedad infantil del atlantismo que había atacado al personal político italiano, francés, belga y del cual, todavía hace un momento, uno de nuestros compañeros del Grupo de la Coalición Radical Europea sostenía el discurso, el de la cabaña del tío Tom. 
Todos estamos de acuerdo en tener relaciones equilibradas, pero un equilibrio sin el imperialismo de la ley d ' Amato, sin el imperialismo de la ley Helms-Burton, sin la imposición unilateral que practica el Estado californiano respecto a nuestras empresas, un equilibrio sin la ambigüedad sobre el islamismo de la política exterior de los Estados Unidos que se somete a veces al sol de Allah. 
Estamos de acuerdo en un puente transatlántico, pero no en una cabeza de puente. 
Un diálogo implica dos personas, dos lenguas, dos discursos. 
Por ende, primero debemos reconquistar nuestra identidad, nuestra personalidad cultural, artística, lingüística. 
Nuestra civilización es una gran civilización que debe brindar la posibilidad a los Estados Unidos de evitar por fin la suerte que es la suya, la de ser la única nación en la historia a pasar, en un siglo, de la inexistencia jurídica a la decadencia, sin haber conocido el estado intermediario de la civilización. 
Señor Presidente, pensaba que éste estaba siendo un debate bien documentado e inteligente hasta que oí la última intervención. 
Deseo referirme, en particular, al informe de la Sra. Erika Mann y expresar mi agradecimiento a los dos ponentes por su labor. 
Pero quisiera también hacer referencia a algunos comentarios de la Comisión. 
Lo primero que me gustaría decir al Sr.Bagemann es que creo que sería de gran utilidad que la Comisión proporcionará un paquete de información a todos los diputados al Parlamento Europeo sobre la nueva agenda transatlántica. 
Fue establecida en 1995 y algunos de nosotros que sentimos un gran interés por los asuntos EE.UU.-Unión Europea la hemos seguido con mucha atención. 
Pero sospecho que muchos miembros de esta Asamblea no se dan cuenta del grado de participación ni del papel de liderazgo que ha desempeñado la Unión Europea en muchas de estas negociaciones. 
Asimismo, sobre el nuevo diálogo comercial transatlántico al que se ha referido la Sra. Mann en su intervención, sería de gran utilidad, una vez más, que en dicho paquete de información expongamos exactamente lo que ha sucedido y, una vez más, el importante papel de liderazgo que hemos desempeñado especialmente en los acuerdos sobre el reconocimiento mutuo. 
Eso no hubiera sido posible sin el papel de liderazgo de la Unión Europea. 
A aquellos que parecen afirmar que somos esclavos de los Estados Unidos, les digo que por favor lean la información y se enteren del crucial papel que estamos desempeñando para hacer avanzar esta agenda. 
Quiero mirar al futuro y no al pasado. 
En el pasado hemos mantenido unas relaciones basadas especialmente en la política de seguridad. 
Este aspecto se mantendrá con la ampliación de la OTAN. 
Pero quiero referirme a un par de otros asuntos. 
Por ejemplo, el colapso de los mercados financieros en el Lejano Oriente significa que las relaciones comerciales estables y equilibradas entre Europa y los Estados Unidos serán absolutamente decisivas en los próximos años. 
Aquellos norteamericanos que quizá dirigieron su atención hacia el Lejano Oriente- al igual que algunos inversores de la Unión Europea, que también han dirigido su atención hacia el Lejano Oriente- volverán y confiarán ciegamente en unas relaciones estables entre los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Debemos aprovechar esta oportunidad para profundizar en el diálogo comercial transatlántico y profundizar también en las relaciones en materia de inversión. 
Luego tenemos la creación del euro. 
Dentro de unos 4 o 5 años, el 40 % de toda la facturación del comercio mundial se hará en euros. 
Debemos analizar las relaciones entre el dólar y el euro. 
¿Qué mecanismos vamos a establecer para el mantenimiento de estas relaciones? 
Pongamos nuestra mirada en el futuro y asegurémonos de que éste es el tipo de diálogo que mantendremos de aquí en adelante. 
En lo relativo a los asuntos del tercer pilar- la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado ¿cómo podemos fortalecer el diálogo también en ese ámbito? 
¿Qué sugiere la Comisión para tratar de estas cuestiones? 
Quisiera hablar brevemente sobre la reunión de la cumbre transatlántica. 
Se trata de una cumbre muy especial que se reúne dos veces al año. 
Debemos encontrar la forma de seguir mejorándola. 
Sugiero hoy a la Comisión que, por favor, encuentre la forma de incluir de algún modo a los diputados en dicha cumbre. 
No existe absolutamente ningún motivo por el que representantes del Congreso y del Parlamento Europeo no puedan participar dos veces al año en la cumbre. 
Si lo hacemos, significará que podamos oponernos a algunos sin sentidos que han salido del Congreso sobre la legislación Helms-Burton e ILSA, porque los representantes del Congreso estarían presentes en la mesa de negociación y participarían en ese diálogo. 
Invitemos en mayo a miembros del Congreso y de esta Asamblea a la reunión de la cumbre transatlántica que se celebrará en Londres, y asegurémonos de que estas relaciones especiales se extienden más allá de la Comisión, el Consejo y la Administración para incluir también a los legisladores. 
Señor Presidente, el final de la Guerra Fría y el creciente fortalecimiento de la Unión Europea han conducido inevitablemente a una nueva definición de las relaciones entre nosotros y los Estados Unidos. 
Por motivos históricos y culturales han existido lazos comunes entre los Estados Unidos y Europa, especialmente cuando existía un adversario común que había que combatir o un objetivo común que había que perseguir. 
En ningún otro país es esto más cierto que en el caso del mío, en el que los Estados Unidos han apoyado incesantemente a los Gobiernos irlandés y británico en su búsqueda de una solución pacífica al antiguo conflicto de Irlanda del Norte. 
En Irlanda, agradecemos sinceramente el compromiso personal del Presidente Clinton con el proceso de paz de Irlanda del Norte. 
No obstante, en lo que respecta a las relaciones con Europa en general, debemos reconocer en honor a la verdad que han sido unas relaciones de partes desiguales. 
En el pasado, por motivos perfectamente comprensibles, Europa dependía excesivamente de los Estados Unidos y, como consecuencia de ello, nuestra independencia y libertad de acción de forma diferente de nuestros aliados norteamericanos se vieron seriamente comprometidas. 
Para que las futuras relaciones tengan éxito, deberán estar basadas sobre una auténtica asociación entre partes iguales, independientemente de que la acción conjunta sea en el ámbito de la seguridad mundial, el mantenimiento de la paz, la gestión de las crisis, la lucha contra los barones internacionales de la droga o contra el terrorismo. 
Debe tratarse de acciones conjuntas aprobadas de común acuerdo sobre la base del respeto mutuo con una consulta plena. 
La UE no puede limitarse a desempeñar el papel de tesorero subordinado. 
Además, habida cuenta de la política de los Estados Unidos de reducción de su presencia militar en Europa y otras partes del mundo, debemos replantearnos el nuevo papel y la nueva responsabilidad de Europa. 
Debemos desarrollar una identidad europea en materia de seguridad y defensa. 
A pesar de que, lamentablemente, se evitó adoptar una decisión sobre este asunto en el reciente Tratado de Amsterdam, no podemos rehusar durante mucho más tiempo tomar una decisión semejante. 
Debe establecerse un pilar de defensa europeo en el contexto de la Unión Europea Occidental que, en el supuesto de que se desate una crisis, nos garantice la disposición de nuestros propios medios de intervención, independientes de la posición que adopten los Estados Unidos. 
Europa debe continuar manteniendo unas relaciones cordiales, constructivas y cooperativas con los Estados Unidos. 
Debemos proceder a la creación de mecanismos institucionales que aten firmemente dichas relaciones. 
No obstante, también debemos poder aplicar las políticas que garanticen a Europa la libertad de disentir con nuestros amigos norteamericanos, por ejemplo, en ámbitos en los que debemos intervenir para proteger el comercio de la Unión Europea, sin olvidar el ámbito de la agricultura; o en ámbitos de política exterior- como nuestras diferentes opiniones sobre la prohibición de las minas antipersonales, la abolición de la pena capital o el papel de las Naciones Unidas. 
Los amigos deben poder disentir sobre una base del respeto mutuo, sin dejar por ello de trabajar juntos en temas globales como el mantenimiento de la paz mundial, la seguridad y la democracia y en la protección de los derechos humanos. 
Cuando podamos hacer todo eso, habremos alcanzado una auténtica relación de igual a igual. 
Permítanme concluir rindiendo homenaje a los dos ponentes por la elaboración de estos informes y su contribución al presente debate. 
Presidente, la construcción del puente transatlántico presenta fisuras. 
América, como estado federal, aguarda con una única voz hacia el exterior a cómo terminan las reformas institucionales europeas y a como le va al euro. 
Por esto es bueno que los ponentes, Souchet y Mann, pongan énfasis en una composición activa de la Agenda Transatlántica. 
Es evidente que los contradicciones entre el viejo y el nuevo mundo se van a manifestar cada vez más en los terrenos económico y comercial, sobre todo si el euro se convierte en un éxito y si se consiguen la adaptación de la política agrícola común y la expansión. 
El Parlamento Europeo tiene su sede en Bruselas en un edificio que por su diseño, al menos a mi parecer, está claramente inspirado en el Capitolio de Washington. 
A nuestros colegas norteamericanos les resultará muy agradable deliberar allí con nosotros en el futuro acerca de cómo podremos prevenir una repetición de una legislación extraterritorial. 
¿Por qué no podemos acordar discutir con nuestros colegas americanos antes de finales de 1998 cómo hay que seguir con el SFOR en la antigua Yugoslavia?. Discutir con ellos y convencerles de que permitir productos culturales audiovisuales europeos está dentro del marco de un mercado comercial libre. 
Las relaciones entre los Estados Unidos y Europa siguen siendo una base fundamental para la estabilidad de este mundo. 
Dicha relación puede seguir construyéndose. 
Yo misma soy partidaria del atlantismo. 
Yo, nacida antes de 1940, sigo considerando la garantía común de la paz y estabilidad internacional como lo fundamental de nuestra relación. 
La Agenda Transatlántica tal y la manera en que ha sido desarrollada en los informes Souchet y Mann, ofrecen, a mi parecer, una buena oportunidad. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente de la Comisión, el debate sobre las relaciones entre la Unión y los Estados Unidos de América contiene siempre elementos de gran interés político. 
Dotar a las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea de un marco político, económico y comercial que sea capaz de desarrollar todos los campos posibles de cooperación, es un objetivo y una necesidad para el futuro cercano, como se ha puesto en evidencia esta tarde. 
Sin embargo, conviene recordar, en primer lugar, que la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo. 
En segundo lugar, que el establecimiento del euro debería ser un acicate para la negociación de la nueva agenda transatlántica y, en tercer lugar, que, en el marco de la globalización- que favorecerá sobre todo a las economías más competitivas -, la Unión Europea no puede olvidar sus compromisos con los países en dificultades ni modificar su tradicional sistema de negociación bilateral, recortar sus presupuestos para cooperación, o blindarse, como hacen los Estados Unidos, bien como medida de represalia exterior bien como resultado de hipotéticas presiones internas. 
Todos reconocemos a los Estados Unidos el importante papel que han jugado en la defensa de la democracia. 
Otra cosa es que su concepto de democracia haya coincidido siempre con el nuestro, y que sus afanes, legítimos por otra parte, de cooperar para la libertad de los pueblos, se hayan concretado en ocasiones en leyes excepcionales bajo la sacrosanta excusa de su seguridad nacional o de las amenazas exteriores que, por ejemplo, en el caso cubano, han llevado a la relación bilateral a una situación delicada. 
Hay que reconocer que la Unión tiene una cierta desventaja frente a los Estados Unidos a la hora de tomar decisiones en situaciones de excepción. 
La puesta en marcha de mecanismos de defensa comercial, como respuesta a extorsiones exteriores, es difícil, tal como hemos podido comprobar, pero no es imposible. 
El desarrollo de la concepción de la Unión Europea como ente político fortalecerá nuestra posición negociadora en las instituciones internacionales y, muy fundamentalmente, en la Organización Mundial del Comercio, organismo al que deberían someterse todos los litigios, en vez de intentar resolverlos por la puerta de atrás, cediendo siempre los europeos en aras de la pax americana. 
La Unión Europea no puede desistir y dejar de jugar el papel que le corresponde como primera potencial comercial del mundo; debe plantear en la agenda otras cuestiones que pueden ser quizás más antipáticas, como las medioambientales, o las cuestiones de carácter social. 
Quiero, por último, felicitar a la Sra. Mann por su magnífico trabajo y recordar a la Comisión que la nueva agenda transatlántica debe tener en cuenta, además, por nuestra parte, el desarrollo de todo el continente americano, al que nos une, con distinto rango, una panoplia de acuerdos que facilitarán el gran mercado atlántico, en el que los Estados Unidos también están interesados y quieren impulsar. 
Lo que no podrá figurar nunca en esa agenda, es, como en algunas ocasiones se ha planteado, un supuesto reparto de poder político, como zonas de influencia, para que América del Sur y América Central sean una parte más de la influencia clara de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, tras felicitar- como han hecho otros colegas- a los ponentes, quisiera decir que somos todos conscientes del peso real que tiene la Unión Europea en la escena internacional y de las insuficiencias que, en este ámbito, todavía no ha podido subsanar el Tratado de Amsterdam. 
Mientras nosotros, en la Unión, estamos discutiendo nuestras posiciones en largos y premiosos procedimientos, los Estados Unidos son capaces de tomar una decisión de la noche a la mañana y de convocar a las partes en conflicto, ya se trate de Bosnia o, como va a suceder la semana que viene, de los protagonistas principales del proceso de paz en Oriente Medio. 
Lo cierto, señor Presidente, es que en la Unión Europea seguimos poniendo encima de la mesa el grueso de la contribución económica, al igual que sucede con el conjunto de la ayuda al desarrollo en el resto del mundo- por cierto, sin ninguna o muy poca visibilidad- y en realidad nos estamos limitando a jugar el honroso papel de pagar la nota de los grandes dramas contemporáneos. 
Pero si en el aspecto político somos un enano, en el ámbito económico, cuando actuamos unidos, somos la primera potencia comercial, financiera e industrial del planeta. 
Y este protagonismo- como lo han indicado otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra- es susceptible de intensificarse tras las ventajas que va a comportar la Unión Monetaria. 
Y pienso que es sobre la base de este dato, el de nuestro poderío económico, donde deben enmarcarse las relaciones con los Estados Unidos, a las que hay que situar en una perspectiva global y fijarse un nuevo panorama de los objetivos en liza sobre la base de la distinta configuración bajo la que se presentan hoy las amenazas. 
Estos objetivos se encuentran perfectamente delimitados en el informe de los ponentes, tal y como resulta de sus trabajos y yo coincido con la opinión de los ponentes, en concreto, de que dichos objetivos son un poco vagos. 
Creo que la Unión Europea debe dejar de practicar ya una diplomacia puramente declarativa. 
Y es en este punto de la concreción donde quisiera referirme a uno de los casos más reveladores: el de la ley Helms-Burton. 
Con la máxima cordialidad y siempre en el espíritu de la más fraternal amistad- como debe corresponder a socios leales- los Estados Unidos han sido implacables en el panel del plátano e implacables en el panel de las hormonas. 
No seamos ingenuos y actuemos con la misma determinación que ellos pues, desgraciadamente, el único lenguaje que entienden en los temas comerciales es el de aprovechar todos los resquicios legales existentes. 
Ahí están los ejemplos de algunas fusiones y concentraciones- sometidas en estos momentos al control de la DG IV de la Comisión -, los códigos de conducta de los sistemas informatizados de reservas en el caso de American Airlines, o el reciente contencioso entre una importante empresa de la Unión Europea del sector de la energía y el gigante americano Arko. 
Amigos y socios sí, señor Presidente, pero a la hora de defender nuestros intereses, tan firmes como ellos. 
Señor Presidente, éste es un debate muy oportuno porque a final de semana, el Congreso de los Estados Unidos viajará a Europa para asistir a nuestras reuniones semestrales, y estoy seguro de que un buen par de resoluciones contribuirán a dar una idea al Congreso norteamericano de cuáles son nuestros sentimientos. 
Aunque espero que no presten demasiada atención a algunas de las observaciones, algo excesivas, que hasta ahora han hecho algunos participantes en el debate. 
No obstante, creo que los norteamericanos nos tomarán algo menos en serio si prestan atención a la resolución del Sr. Souchet, especialmente a sus apartados 10, 11 y 14 que hacen referencia a una legislación de la que yo no tenía conocimiento hasta ahora y que se denomina la ley Amato-Kennedy. 
Permítame apelar al ponente para que corrija este extremo en las enmiendas orales de mañana, cuando votemos, porque de lo contrario los norteamericanos pueden pensar que se trata de algún tipo de cohabitación de nuevo cuño entre los Demócratas de la Cámara de Representantes, por un lado, y el Congreso y los Republicanos, por otra. 
Ni que decir tiene que la cohabitación no es del todo desconocida en el Parlamento Europeo. 
Cuando hace un momento se hacían referencias a la hostilidad por parte de la población de los Estados Unidos hacia la Unión Europea, no esperaba oír tanta hostilidad hacia los Estados Unidos de boca de diputados al Parlamento Europeo, en particular, del Sr. Antony, que está sentado detrás de mí, y de la Sra. Ainardi, que está sentada enfrente. 
Me pregunto si se trata de algún tipo de cohabitation à la française. 
Muy acertadamente se ha llamado la atención sobre los peligros derivados de las relaciones, en particular por parte de la Sra. Mann. 
Se trata de proteccionismo, y ambas partes somos igual de culpables en esto, como puede comprobar cualquiera que lea los informes que cada año elabora la Oficina Europea en Washington y el representante de comercio de los Estados Unidos sobre las barreras comerciales. 
Lo curioso sobre estas barreras comerciales es que a menudo se quejan de lo mismo, del vino, por ejemplo. 
Los norteamericanos se quejan de que no autoricemos la libre circulación del champán californiano, el clarete californiano, el jerez californiano, etc. aquí en la Unión Europea- con toda la razón, cabría decir, porque al fin y al cabo son todas denominaciones de origen de las que todos nos sentimos muy orgullosos. 
Luego, si leemos los informes sobre las barreras comerciales que elabora la oficina de la Comisión Europea, podemos leer lo siguiente: " ¿Sabía que los norteamericanos tienen la impertinencia de producir champán californiano y clarete californiano, etc.?» 
Esto demuestra, en otras palabras, que somos igualmente culpables de proteccionismo. 
Espero que se llegue a una conclusión sensata de nuestro debate. 
Las relaciones son de vital importancia para ambas partes, pero, por favor, un poco menos de arrogancia por parte de "nosotros los europeos» para con" esos norteamericanos». 
Señor Presidente, al igual que han hecho otros, quisiera felicitar a ambos ponentes que con sus excelentes documentos han contribuido a este debate. 
En la presentación de mis comentarios, quisiera, en primer lugar, analizar la perspectiva histórica de este debate. 
Actualmente, nuestras relaciones con los Estados Unidos siguen dos líneas paralelas, la primera- las relaciones en el seno de la OTAN- está basada sobre la seguridad política y tiene el más alto perfil. 
Es la línea de predominio norteamericano y en la que existen problemas importantes a medida que nos acercamos al 50 aniversario de la OTAN; por ejemplo, cómo debemos proceder en Bosnia, nuestras relaciones con Rusia, la ampliación de la OTAN y las compras de empresas de armamento. 
Todas ellas cuestiones delicadas. 
Resulta interesante comprobar que la mayor parte del informe del Sr. Souchet trata de asuntos económicos, y aunque se habla de la OTAN en el memorándum explicativo, no se dice nada sobre cuál es nuestro planteamiento de cara al futuro. 
El informe de Erika Mann muestra un interés mucho mayor por la filosofía de asociación, por los asuntos políticos y económicos en los que la Unión Europea tiene capacidad de acción y en los que estamos construyendo un nuevo puente transatlántico para el siglo XXI. 
No es sorprendente que los que participan en este tipo de debate se muestren más optimistas que aquellos que intervienen en los debates de la OTAN. 
En segundo lugar, ¿qué posibilidades de éxito tiene la nueva agenda transatlántica? 
Yo diría que son muchas. 
Estamos tratando de asuntos que afectan a las comunidades políticas y económicas de ambos lados, con los argumentos de la globalización y con intereses comunes. 
El diálogo comercial transatlántico avanza hacia la idea del nuevo mercado transatlántico. 
El resumen ofrecido por el grupo de alto nivel en la Cumbre UE-EE.UU. del 5 de diciembre está tan lleno de prioridades e ideas, que me sorprendería que las administraciones puedan avanzar demasiado durante los próximos seis meses. 
Hay declaraciones sobre Ucrania, el cambio climático, el comercio en el sector de la electrónica y la regulación de la cooperación. 
Todo está aún por hacer y nadie sabe bien cómo hacerlo. 
Como han dicho algunos oradores, la próxima vez deberemos tratar del diálogo monetario, intentar lograr un nuevo consenso entre las políticas monetarias nacionales e internacionales a ambos lados del Atlántico. 
Por último, ¿hacia dónde nos dirigimos a continuación? 
Tanto la UEM como la ampliación de la UE y la OTAN darán una nueva dimensión a las relaciones transatlánticas. 
Pos-Guerra Fría, existe un nexo claro que está en pleno desarrollo entre los aspectos económicos, políticos y de seguridad y el ejercicio de la política. 
Por consiguiente, la OTAN y la UE están condenadas, inevitablemente, a mantener el diálogo aunque- como decía un embajador norteamericano- vivan en la misma ciudad, pero en planetas diferentes. 
Necesitamos una asociación transatlántica eficaz en el siglo XXI que esté basada en un marco institucional coherente que incluya una mayor cooperación parlamentaria y el concepto del nuevo mercado transatlántico. 
Irónicamente, mientras mayor sea la capacidad de Europa de asumir sus responsabilidades, más fuertes serán las relaciones transatlánticas en el siglo XXI. 
Señor Presidente, Señorías, con el cambio político mundial de 1989/90 desaparecieron las antiguas coordenadas de la política mundial. 
En tiempos de la guerra fría lo que estaba en juego era la gestión del statu quo, mientras que ahora se trata de controlar el cambio. 
La dinámica de esta transformación también ha repercutido sobre todos los ámbitos de la cooperación transatlántica. Por esto es conveniente y adecuado que el Parlamento Europeo examine hoy las relaciones entre Europa y Estados Unidos. 
Éstas incluyen algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo la cooperación en materia de política de seguridad o en el contexto de la economía mundial y del comercio exterior. 
Es deseable y necesario que Europa desempeñe un papel autónomo en el ámbito de la política de seguridad. Sin embargo, la importancia de la colaboración de Estados Unidos nunca había quedado tan clara como en los últimos años en los Balcanes. 
Una participación activa de Estados Unidos también será necesaria, por otra parte, para la solución del conflicto grecoturco y del problema de Chipre. 
Una mayor eficacia de la política exterior y de seguridad común de los Estados de la UE también sería importante, por otro lado, desde la perspectiva del fortalecimiento de las relaciones transatlánticas. 
También nos une a los Estados Unidos de América el interés por la liberalización de los mercados y del comercio mundial. 
Deberíamos partir de la premisa de que el mundo sólo podrá avanzar por la vía del crecimiento económico y el bienestar si no volvemos a caer en las viejas formas de proteccionismo y no nos aislamos los unos de los otros, sino que por el contrario nos abrimos a la competencia mundial y las economías nacionales se desarrollan en el marco de unos mercados mundiales de libre competencia. 
A la vista del debate y de algunas de las aportaciones al mismo, yo constato que Colbert no tiene ni tendrá ningún futuro. 
Nuestro punto débil es muchas veces la insuficiente competitividad de Europa. 
La afinidad cultural, intelectual y religiosa une a América y Europa por encima de cualquier tipo de tensiones económicas y políticas. 
En el futuro, debemos prestar mayor atención a estas raíces comunes. Éstas pueden ayudarnos a mantener la cohesión también, y sobre todo, en el futuro. 
El fundamento de la comunidad europeo-atlántica no son los intereses contrapuestos, sino los aspectos que tenemos en común. 
Si las sociedades del mundo occidental, y me refiero a todo el mundo occidental, con su diversidad de experiencias, no se apoyan mutuamente en el futuro y si no abordan conjuntamente la reordenación de la economía mundial y de las relaciones políticas mundiales, habremos desperdiciado un incalculable caudal de energías políticas, económicas, sociales y culturales. 
Señor Presidente, Señorías, en estos momentos nos enfrentamos con una enorme crisis en los Estados de la ASEAN, que sin duda tendrá consecuencias de alcance mundial. 
Esto me lleva a preguntarme: ¿cómo pueden actuar lo más pronto posible la Unión Europea y América en este caso? 
Yo pienso que lo que debe hacerse es desarrollar un instrumental que permita estabilizar la situación en esos países. 
Quizás podríamos aportar lo más pronto posible una ayuda en forma de unos criterios de convergencia, de unos programas de evaluación, de las mejores prácticas. Yo creo que si no aportamos una ayuda rápida, la situación puede volverse peligrosa también para nosotros. 
El segundo punto que me preocupa especialmente por lo que se refiere a las relaciones entre Europa y Estados Unidos es que Austria ha puesto a disposición de América una valiosísima coleción de obras de arte que pertenece a una fundación. 
Dos cuadros de esta coleción han sido incautados unilateralmente y, con toda sinceridad, a mí me resulta personalmente inconcebible que después de haber puesto a su disposición una coleción que pertenece a una fundación, nos lo agradezcan con la incautación de dos cuadros fundamentales de la misma. 
Señor Presidente, yo quiero dar las gracias a ambos ponentes en nombre de la Comisión y también en nombre de Sir Leon Brittan, a la vez que les ruego que comprendan la ausencia del Sir Leon, que no ha podido estar hoy aquí pues otras tareas le mantienen ocupado muy lejos, con motivo de la cumbre con Japón. 
Él me ha rogado que exponga los puntos de vista de la Comisión y los suyos propios. 
Así lo haré gustosamente, pero antes quisiera expresar mi impresión sobre el debate. 
Se han planteado una serie de temas que deberíamos aclarar primero entre nosotros, mediante un debate europeo, antes de incorporar nuestras posiciones y puntos de vista al debate con nuestros interlocutores americanos. 
Para empezar, yo tengo la impresión de que existe una diferencia- que Alan Donnelly ha señalado muy claramente- entre el alcance e intensidad de los debates que tienen lugar entre los órganos ejecutivos, por un lado, y entre los organismos parlamentarios, por el otro. 
Es muy evidente que los miembros de la Comisión y de la administración americana, que no participan sólo en los debates comerciales, sino también en los debates políticos más amplios, tienen una percepción ostensiblemente muy distinta de la que han manifestado hoy muchos diputados de esta Cámara, aunque no todos. 
Con ello no quiero decir en absoluto que el debate haya ofrecido una visión uniforme, pero aun así tengo la impresión- basada sobre todo en mi experiencia en el ámbito del diálogo comercial transatlánticode que muchos de los oradores que hoy han intervenido lo han hecho sin tener suficientemente en cuenta el entendimiento que de hecho han alcanzado los órganos ejecutivos en el contexto de estas discusiones y debates continuados. 
Consideremos, por ejemplo, la legislación Helms-Burton-d ' Amato. 
A mí me parece que si se tienen presentes los resultados de nuestros debates con los representantes del Ejecutivo americano en el marco del diálogo comercial transatlántico, el problema procede más bien del Congreso que no del Ejecutivo americano. 
Lo digo con toda la cautela, ya que unas conversaciones que a veces ni siquiera están destinadas a hacerse públicas no comprometen, naturalmente, a nadie, pero esto constituye un problema. 
Por consiguiente, no puedo dejar de apoyar la petición que ha formulado en particular la Sra. Mann, esto es, la de una mayor participación parlamentaria en dicho diálogo. 
¡Ésta no puede dejar de ser útil! 
Todavía recuerdo el momento- ya muy distante- en que se formalizaron los primeros contactos entre el Parlamento Europeo y el Congreso. 
Esto tuvo efectos muy favorables y los encuentros entre los miembros más destacados del Congreso y el Parlamento Europeo fueron incrementándose de año en año. 
Todavía recuerdo que fuimos invitados por el portavoz del Congreso. 
Aceptamos la invitación y naturalmente le comunicamos que en el Parlamento Europeo teníamos también un presidente de Grupo comunista, Guido Fanti, un europeo convencido y un importante miembro del Parlamento. 
Tuvimos enormes dificultades para explicar al Congreso que la delegación de los presidentes de los Grupos políticos del Parlamento Europeo tenía que incluir naturalmente también a un comunista. 
¡Al principio la idea resultaba inconcebible incluso para los miembros progresistas del Congreso! 
Sin embargo, al final lo aceptaron cuando yo le expliqué a Tom Fowley, que entonces era el portavoz, que la única diferencia política entre Guido Fanti y yo, que entonces era presidente del Grupo Liberal, era que Guido Fanti se manifestaba mucho más partidario de la OTAN que yo. 
Es decir, que a todas luces merece la pena establecer contactos entre los parlamentarios de ambas partes con objeto de disipar estos malentendidos. 
La Comisión procura sostener siempre las posiciones de la Unión Europea y defenderlas siempre que tenemos el derecho y también el deber de hacerlo. 
Por lo tanto, nunca hemos reconocido, por ejemplo, el principio de la extraterritorialidad. 
Y también ahora nos reservamos, obviamente, el derecho a apelar a los tribunales de la OMC en caso necesario, si tiene lugar cualquier acción contra las empresas europeas que no sea conforme con los acuerdos multilaterales. 
Con esto entro en el segundo punto que me ha llamado la atención en el debate. 
Podemos y debemos defender la multilateralidad, puesto que es la única posibilidad de regular las relaciones económicas y políticas globales de manera que nadie pueda ejercer un predominio injustificado. 
Sin embargo, cuando ésta se reivindica, es preciso aplicarse también el mismo patrón de medida. 
Es decir, que no me parece coherente que, al mismo tiempo que se afirma que los americanos manifiestan una tendencia a la unilateralidad, no se reconozca que también nosotros podemos no tener razón en los temas relativos a la política agraria, en el caso de los plátanos, por ejemplo. 
No podemos exigir ambas cosas a la vez. 
No podemos decir que los americanos deben cumplir los compromisos multilaterales, pero apelar en cambio, cuando éstos redundan en detrimento nuestro, a la perspectiva de los consumidores, sanitaria y otras para eludir dichos compromisos. 
Esto tampoco es de recibo y minaría considerablemente nuestra credibilidad en relación con estos temas. 
Reconozco que en el caso de los plátanos yo fui desde el principio del parecer- ésta es una declaración personal, con la que no puedo comprometer a la Comisión- que nuestra manera de proceder fue sumamente insensata, pues ni siquiera favorecía a nuestra propia producción de plátanos. 
Pero no es mi intención debatir ahora esta cuestión. Sólo quiero señalar que quien defienda el principio de la multilateralidad, también debe aplicárselo cuando el caso no se dirima tal vez como habría deseado. 
Una tercera observación que también me parece muy importante es que entre todos tenemos que recuperar mucho más terreno de lo que algunos piensan por lo que se refiere al entendimiento mutuo. 
La observación es válida para ambas partes. 
Seguramente sería muy interesante- y la Sra. Mann ha presentado una serie de propuestas muy interesantes en este sentido- que reflexionásemos sobre lo que podemos hacer en este ámbito. 
El Sr. Martínez ha expuesto una vez más sus puntos de vista sobre el retraso de la cultura americana comparada con las elevadas manifestaciones culturales que tenemos en Europa. 
Esto es un prejuicio- permítanme que lo diga con franqueza -, una idea que no corresponde en absoluto a la realidad si se consideran los valores culturales que se están generando también en América, en parte con la colaboración europea, y si se considera lo que puede incluirse bajo la denominación de cultura entre nosotros. 
Esto también es válido, por otra parte, por lo que respecta a la cultura democrática. 
Yo recuerdo muy bien cuánto tiempo tardamos en alcanzar una posición unánime en relación con la pena de muerte en el Parlamento Europeo y en Europa, en general. 
Yo he sido contrario a la pena de muerte durante toda mi vida. Toda mi vida política ha estado marcada en gran parte por la lucha contra la pena de muerte. 
Recuerdo muy bien que en el Parlamento Europeo mantuvimos enconados debates con diputados de los Estados miembros que podían preciarse de haber alcanzado un nivel absolutamente democrático y cultural, y que todavía lo tienen, y que entonces afirmaban con toda sinceridad que la pena de muerte no sólo era compatible con dicho nivel, sino que incluso era una expresión del mismo. 
O sea, que también deberíamos plantearnos alguna vez si no sería conveniente conceder a la otra parte el mismo tiempo que nosotros nos concedimos para completar dicha evolución. 
Permítanme, finalmente, una cuarta observación. No deberíamos cometer el error, que tan bien describió Freud, de reprochar a los otros nuestras propias debilidades. 
Esto es válido, por ejemplo, por lo que se refiere a la política de defensa, la política de seguridad, la presencia de la Unión Europea en los intentos de resolver de manera pacífica los problemas internacionales. 
Cuando nos quejamos con razón de la intervención de Estados Unidos en algunos problemas europeos en los que, de hecho, deberíamos intervenir nosotros, debemos recordar que esto también se debe a veces a que no podemos llevar a cabo dicha intervención. 
En algunos casos no estamos en condiciones- por razones exclusivamente políticas, no lo digo ahora como una crítica; sólo constato el resultado- de poner fin mediante una intervención militar a un conflicto que no es posible acabar de otra manera. 
Por consiguiente, yo les rogaría que no cometamos el error de eludir nuestras flaquezas, criticando a otro por asumir unas cargas que nosotros mismos no queremos asumir. 
Sin embargo, dejando de lado ahora estas observaciones o considerándolas sólo como un comentario introductorio, podemos reseñar gran cantidad de nuevos elementos positivos. 
La posición de la Unión Europea en relación con Estados Unidos no puede suscitar recelos de fondo. 
Hemos conseguido muchísimas cosas. 
Alan Donnelly y la Sra. Mann lo han dejado bien claro y yo sólo quiero ratificarlo. 
Si se considera cuántas de nuestras posiciones hemos conseguido que prevalezcan en curso de estos debates y que no hemos cedido absolutamente en nada, es falso afirmar que nos hemos puesto de rodillas obligados por cualquier persona de Estados Unidos, con el enorme poder de que dispone en su calidad de primera potencia mundial. 
Esto incluye también el caso Boeing-Mac Donnell/Douglas. 
Yo no comprendo que vuelva a repetirse esta crítica. 
No incluye, en cambio, en absoluto el tema de la fusión entre American Airways y British Airways, que hasta ahora no hemos autorizado. 
O consideren el caso del consenso en el seno de la OCDE sobre las subvenciones en el sector de la construcción naval, que conseguimos impulsar junto con la administración americana. 
Éste es otro ejemplo de que el problema reside el Congreso, en la representación democrática, y no en el Gobierno americano. 
Fue un acuerdo que alcanzamos conjuntamente y ahora no es posible conseguir su ratificación en el Congreso, lo cual no nos ha llevado a renunciar, sin embargo, a nuestra posición. 
Al contrario, hemos iniciado una nueva política en este ámbito, con la clara conciencia de que hasta ahora no ha sido posible conseguir la ratificación en Estados Unidos. 
Afirmar que los europeos siempre hemos salido perdiendo cuando no hemos logrado ponernos de acuerdo me parece que no corresponde a la realidad. 
Los informes ofrecen, no obstante, una serie de consideraciones razonables y nosotros estamos dispuestos a impulsarlas gustosamente, en particular por lo que se refiere a la participación de los parlamentarios en las actividades. 
Yo valoro muy positivamente lo que han manifestado la Sra. Mann y Alan Donnelly en sus intervenciones. 
Tiene que ser posible- se trata, por otra parte, de un problema general del proceso de globalización- una mayor participación de los parlamentos y de sus diputados en la elaboración y decisión de dichos acuerdos. 
Si no lo conseguimos, sucederá- y esto es un problema que no sólo afecta a Estados Unidos, sino que se generalizará con la globalización- que en los Gobiernos, en las administraciones, en las organizaciones internacionales- la OMC, la UIT y cualquier otra de este ámbito- habrá muchas personas que tomarán la delantera, que querrán avanzar y lo conseguirán, pero luego toparán con la objeción de los parlamentarios, que les preguntarán justificadamente qué se ha hecho del control democrático, de la participación ciudadana, que sólo puede garantizarse por medio de la participación parlamentaria. 
Debemos evitar que esto suceda. 
Por lo tanto, será necesario desarrollar un proceso- y yo creo que Sir Leon Brittan y toda la Comisión están absolutamente dispuestos a hacerlo- que impida que se produzca una separación entre los que toman la delantera en virtud de sus competencias ejecutivas y que tienen una visión completamente distinta de los problemas, y los parlamentarios que se quejan con razón de que sus posibilidades de control y de participación se ven socavadas, y como resultado tienden a responder con reacciones emotivas, que sólo pueden ser negativas. 
Yo también considero que éste es un problema muy importante y la Comisión está absolutamente dispuesta a ocuparse de él en un sentido muy positivo. 
Yo quiero agradecer también ambos informes, que son positivos y contienen perspectivas activas e innumerables recomendaciones que estamos dispuestos a hacer nuestras. 
Tenemos algunos puntos fuertes. 
Es un error suponer que la Unión Europea se encuentra en una posición de debilidad y tampoco debe olvidarse que en el presente proceso de globalización, sobre todo a la vista de la desaparición del enfrentamiento Este-Oeste, lo decisivo no será ya el poder militar, sino las cuestiones económicas, los aspectos culturales, la disposición a cooperar con los demás. 
Ésta será la verdadera aportación que la Unión Europea sin duda puede hacer al debate global. 
¡Ésta debe ser nuestra fuerza! 
Si somos conscientes de ello, no tendremos que negociar a partir de un complejo de inferioridad, sino con la confianza de que las condiciones son favorables para lograr resultados positivos. 
Señor Presidente, sólo deseo decir brevemente que me doy cuenta de que el Comisario Bangemann no ha podido dar una respuesta clara a mi petición relativa a la reunión de la cumbre transatlántica. 
Quisiera rogarle que, al menos, recoja la idea y la discuta con el Presidente de la Comisión y el Consejo, porque considero que es una forma de poner fin a algunos de los malentendidos que existen a ambos lados del Atlántico en ambos cuerpos legislativos. 
Como ha reconocido acertadamente el Sr. Donnelly, en estos momentos no puedo comprometer a la Comisión en su conjunto. 
No obstante, estoy completamente seguro de que ha tocado un problema actual que necesita una solución ahora y, como decía, no dudo de que la Comisión, como tal, y el Presidente serán mucho más abiertos a esa petición de lo que tal vez fueron en el pasado. 
Transmitiré el mensaje a la Comisión, y Sir Leon Brittan le dará una respuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productos alimenticios 
Señor Presidente, vamos a debatir sobre los productos del desayuno a una hora inadecuada, pero creo que a todos nos preocupa la calidad de estos productos y también que vamos a tener un debate de calidad. 
Recuerdo que el objetivo de la Comisión, cuando presentó sus cinco propuestas de modificación, era la de modernizar dos directivas que databan de los años setenta sobre la base de un principio: precisar las únicas exigencias esenciales necesarias para asegurar la libre circulación de los productos correspondientes, en este caso, los azúcares, la miel, los zumos de frutas, las confituras y jaleas y las leches de conserva deshidratadas total o parcialmente. 
Esto es, sin duda alguna, un objetivo loable, siempre que se tome seriamente en cuenta el interés del consumidor. 
La reflexión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores es que se imponen retoques importantes a las propuestas de la Comisión. 
A este respecto, nos basamos sobre dos principios: por una parte, es preciso instaurar una dinámica de mejorar la calidad de los productos y, por otra, el consumidor tiene derecho a una información correcta, es decir, que es preciso evitar cualquier equívoco en la denominación de los productos y adoptar un etiquetado claro. 
Señalo algunas lagunas o debilidades de los textos, que han dado lugar a enmiendas ampliamente adoptadas por la Comisión, ya que en lo relativo al informe global, fue aprobado por unanimidad. 
La primera observación se refiere a la información. 
Al igual que con el chocolate, nos encontramos, en el caso del zumo de frutas y las leches de conserva, ante legislaciones nacionales distintas, especialmente en lo relativo a la posibilidad de añadir vitaminas. 
Cuando estas legislaciones son distintas- y que deberían seguir siéndolo de conformidad con la propuesta de la Comisión- el consumidor va a encontrarse potencialmente, en cada Estado miembro, ante dos tipos de productos ligeramente diferentes pero etiquetados de la misma manera, o en todo caso llamados de la misma manera. 
Pensamos que no es aceptable y que es preciso modificar ligeramente la denominación añadiendo el adjetivo «vitaminado» llegado el caso. 
La segunda observación se refiere a la calidad de los productos. 
En los textos figuran un determinado número de lagunas, especialmente en lo relativo a los azúcares. 
Es preciso tener en cuenta las evoluciones técnicas que permiten disminuir el contenido residual de anhídrido sulfuroso, que de todos modos es un elemento absolutamente poco deseable en el azúcar. 
Por tanto, se puede disminuir el contenido de 15 a 10 microgramos por kilo, lo que confirman, por lo demás, los industriales. 
Esta segunda observación se refiere también a los zumos de frutas. 
Ustedes saben que éstos pueden ser completos o bien obtenerse a través de la rehidratación después de la deshidratación. 
En este caso, lo que importa es que la calidad del agua que se añade para obtener el producto final, es decir, » zumo de frutas rehidratado» esté claramente codificada, lo que no ocurre en la propuesta. 
Una enmienda de la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores está destinada a paliar esta laguna. 
Por lo demás, en lo que se refiere a la posibilidad de añadir azúcar en el zumo de frutas, puede sorprender que no se indique ningún valor límite en la propuesta. 
Por esta razón, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores propone fijar un valor límite, que consiste sencillamente en no sobrepasar las concentraciones que existen naturalmente. 
Recuerdo que la mitad de la miel consumida en Europa es miel importada, por tanto, proviene del exterior de la Unión Europea, en condiciones de calidad que no están absolutamente garantizadas. Por ello, pensamos que, para las mieles importadas, es preciso una obligación de etiquetado y no una facultad que ha de dejarse a los Estados miembros. 
Quisiera formular dos preguntas al señor Comisario. 
Primeramente, ¿qué piensa de las que yo considero las enmiendas más importantes, es decir las enmiendas 19 y 28 sobre la miel y la enmienda 42 sobre el zumo de frutas? 
Luego, ¿cuál es su posición sobre el fundamento jurídico propuesto sabiendo que varios compañeros del Grupo del Partido Popular Europeo han presentado enmiendas destinadas a modificarlo mediante el artículo 100 A? 
Personalmente, esta modificación me conviene, pero todos los elementos de información de los que disponemos hasta el día de hoy indica que se encuentra con una gran hostilidad de la Comisión. 
Presidente, estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su, -bueno cómo puedo llamarlo -, su quíntuple informe y quiero felicitar el año nuevo a nuestro Comisario. 
Nos habría gustado desearle una bienaventurada fiesta navideña con motivo del debate sobre el chocolate pero no tuvimos entonces la suerte de encontrarle. 
Con alguna demora, feliz año nuevo. 
El ponente ha explicado en gran profundidad las enmiendas más importantes. 
Respecto de los colegas, me gustaría formular también una pregunta al Comisario en relación con el fundamento jurídico. 
En nuestro grupo parlamentario estábamos un poco asombrados, señora Schleicher, de que hayan aparecido estas enmiendas durante el tratamiento en el Pleno. 
Pero esté usted tranquila: nosotros no estamos en contra de dichas enmiendas a priori, a pesar de lo cual tenemos una pregunta ya que este asunto fue tratado en profundidad por la Comisión de Asuntos Jurídicos y por la sección de asuntos jurídicos de este Parlamento. 
Ambos han llegado a la conclusión de que para estos cinco casos que hoy estamos tratando el fundamento jurídico adecuado tendría que ser el artículo 43. 
Nosotros bien como miembros individuales del Parlamento, bien como comisión parlamentaria, bien como Parlamento estamos siempre a favor de un procedimiento que esté sujeto al procedimiento de codecisión, porque así se preservan mucho más los derechos del Parlamento y porque consideramos que nosotros, como única institución democrática elegida, estamos más cerca del consumidor y por lo tanto nos encontramos mejor situados- creeemos- para defender los intereses de dicho consumidor. 
Por otra parte, tenemos que ser un poco honestos. Tenemos que mostrar que una enmienda de ese tipo, si qieremos imponerla, está también fundamentada jurídicamente, ya que de otra forma estaríamos tal vez demasiado ocupados trabajando para el escaparate y tal vez también nos estaríamos engañando un poco a nosotros mismos. 
Tengo la impresión, señora Schleicher, señor ponente y otros colegas, que el problema no es en realidad el problema del artículo 43 o del artículo 100A. 
El problema es que el artículo 43 no está fundamentado en el procedimiento de codecisión y lamentablemente el Tratado de Amsterdam no nos ha proporcionado ningún alivio. 
No obstante no queremos desaprobar esas enmiendas. 
Si vamos a acompañarle a usted un trecho nos gustaría recibir del Comisario una respuesta, fundamentada jurídicamente, a las enmiendas de los colegas del PPE. 
El ponente ha tratado ya sobre una base muy fundada otra serie de observaciones en relación con las enmiendas. 
Si se analiza el paquete de los cinco productos, se ve que se trata en realidad de enmiendas que están inspiradas en su totalidad en la preocupación extrema por el consumidor, por la protección al consumidor y por la información de la que dispone dicho consumidor. 
El Parlamento parece ser que no se encuentra dividido en esto. 
Si se trata del origen de los productos derivados de la miel nos parece que esto tiene que ser etiquetado de forma manifiesta. Si han de añadirse vitaminas a los productos nos parece que ello ha de etiquetarse de manera manifiesta. 
La cohesión en este Parlamento muestra un contraste violento con la falta de cohesión cuando se trata de chocolate. 
En esto no podemos informar suficientemente al consumidor. 
Cuando se trata de chocolate este Parlamento se muestra particularmente reservado de repente. 
Lo dejaré en un ambiente de año nuevo y concluiré que en el país de la leche y de la miel estamos todos muy de acuerdo pero que en el momento en el que discutimos sobre chocolate, nos volvemos todos de pronto un poco amargos. 
Mi colega Graenitz comentará después las enmiendas en relación a la miel y, por lo demás, pienso que votaremos todas las enmiendas en gran paz y armonía. 
Estas significan progreso. 
Esperamos que, además de las enmiendas relativas al fundamento jurídico, la Comisión apruebe también las otras enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Informe Lannoye fue aprobado en comisión por una gran mayoría y nuestro Grupo político apoya las enmiendas presentadas. 
Sr. De Coene, usted se ha lamentado un poco por la falta de lógica que demostramos a veces. 
Yo creo que forma parte de la naturaleza humana que no siempre actuemos de una manera lógica. 
Aun así, soy del parecer que deberíamos procurar proceder lógicamente; por consiguiente, a mí se me plantea un problema fundamental, con el que nos enfrentamos repetidamente- en los últimos tiempos, cada vez con mayor frecuencia -, a saber, el del fundamento jurídico. 
En las propuestas de directiva relativas a la producción y comercialización de productos agrícolas, tal como se enumeran en el Anexo II del Tratado CE, se aplica habitualmente el fundamento del artículo 43, que trata de la realización de los objetivos de la política agrícola común, o bien el artículo 100a, sobre el procedimiento de codecisión. 
Este fundamento jurídico tiene por objeto la realización y el funcionamiento del mercado común mediante la aproximación de las disposiciones legislativas y administrativas de los Estados miembros, o sea, la armonización. 
Las directivas de armonización se proponen garantizar la libre circulación de los productos en cuestión. 
La propuesta de la Comisión, que es el objeto del Informe Lannoye, se refiere a cinco productos: el azúcar, la miel, los zumos de frutas, la leche y las confituras. 
En todos los casos se trata de productos elaborados y transformados, en los que los productos agrícolas intervienen sólo como materias primas. 
Incluso en el caso de la leche, se trata de tipos de leche parcial o totalmente deshidratada. 
La Comisión ha escogido el artículo 43 como fundamento jurídico. 
Nosotros consideramos que el fundamento jurídico adecuado sería el del artículo 100 A, aunque en el pasado se haya procedido siempre de otro modo. 
Sin embargo, también la jurisprudencia evoluciona, no en último término debido a la modificación de los Tratados y lamentablemente también por efecto de los sucesos reales. 
Como resultado de la crisis de la EEB, la Comisión aseguró que en adelante todos los actos jurídicos relevantes para la legislación sobre productos alimenticios y la política sanitaria se apoyarían en el artículo 100 A del Tratado CE. 
La propuesta de la Comisión relativa al azúcar, la miel, los zumos de frutas, la leche y las confituras también incluye, no en último término, disposiciones en materia de protección de los consumidores y de prevención sanitaria, como por ejemplo, sobre el etiquetado, el contenido residual de anhídrido sulfuroso de los azúcares, el empaquetado, el contenido de aromas y vitaminas, la calidad del agua añadida a los zumos de frutas, los valores límite de nitratos, sodio, calcio, etc., o sea, disposiciones sobre las características de los zumos de frutas, productos lácteos y confituras enriquecidos con vitaminas. 
Entre tanto, toda la legislación comunitaria relativa a los productos alimenticios se está desarrollando sobre la base del artículo 100 A del Tratado CE. 
Por consiguiente, nosotros solicitamos encarecidamente que se aplique dicho fundamento jurídico en la propuesta de la Comisión y yo quiero preguntarle una vez más, Sr. Bangemann, en su calidad de representante de la Comisión Europea, si van a apoyar esta propuesta del Parlamento Europeo. 
De lo contrario, si la Comisión todavía no se ha decidido a aceptar dicha propuesta, yo anunciaría que solicito la devolución a comisión. 
Ahora prácticamente ya se ha iniciado el procedimiento de conformidad con el artículo 43 y si va a modificarse el fundamento, necesitamos tener también verdaderas garantías de que así se hará. 
No podemos dejar que las cosas sigan sencillamente su curso y esperar a ver qué pasa. 
Ésta es nuestra petición y yo espero que la Comisión no sólo la considere detenidamente, sino que también se decida a proceder de manera coherente, o sea, lógica. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a Lannoye por un buen producto. 
Esto de los alimentos no es cosa fácil. 
En la propuesta de la Comisión se dice que se van a simplificar las directivas, pero la sencillez a menudo está en contra de la seguridad. 
Sabemos que cuando los mercados de todos los productos, y en especial los de alimentos, crecen, se transportan éstos a sitios cada vez más distantes de los lugares de producción. 
Es por cierto una idea en la UE y en una economía de libre mercado, que esto sea posible. 
Sin embargo, ocurre algo muy distinto, es decir, que la información directa que en los viejos tiempos estaba asociada a quienes vendían alimentos, el que producía alimentos, desaparece. 
En su lugar, compramos algo que no sabemos qué es si no pone lo que es. 
Por eso creo que necesitamos encontrar un equilibrio entre simplicidad y seguridad que esté más cerca de los aspectos de seguridad que la propuesta que ha presentado la Comisión. 
Si se prescinde de esto, se corre el riesgo de que los consumidores no reciban suficiente información. 
Quisiera destacar también algo que está en una de las propuestas de enmienda, o sea, que independientemente de si un producto está fabricado en la UE o fuera de ella, deberán regir las mismas normas, pensando además en el debate que hemos tenido en esta Asamblea. 
Señor Presidente, he pedido la palabra para subrayar un aspecto de principios, extraordinariamente importante, en el informe sobre las directivas de alimentos, donde el ponente da a la Comisión un merecido suspendido. 
Se trata de dos puntos que tienen casi el mismo contenido, donde la Comisión quiere dejar establecido que los Estados miembros " para evitar que se alcen nuevas barreras para la libre circulación van a abstenerse de dictar normas más detalladas». 
Lannoye quiere, en cambio, dar a los Estados miembros derecho a dictar o mantener normas más detalladas. 
Según Lannoye no se requiere, por lo tanto, que la Comisión apruebe estas reglas más severas. 
Tampoco se necesitan muchas otras limitaciones, en contraposición a lo que está en el Tratado de la Unión en el artículo 100a.4, que por cierto en su nueva forma, según el Tratado de Amsterdam, ha perdido totalmente su carácter a través de una serie de recortes de la llamada garantía medioambiental y se ha encogido hasta llegar a ser una restringida posibilidad de dispensa. 
Pero en el informe Lannoye se formula ahora, por tanto, algo que empieza a parecer una garantía medioambiental y de salud, es decir, un derecho y no solamente una posibilidad para los Estados miembros de ir más allá cuando se trate de agudizar las normativas encaminadas a proteger la salud, el medio ambiente y los intereses de los consumidores. 
He querido subrayar esto puesto que es muy importante. 
Espero que este importante principio también tenga repercusión en otras normas de la UE. 
Por cierto que hay motivos para una normativa común mínima, pero prohibir a los Estados miembros tomar iniciativas y adoptar aún mejores normas en aras de la libre circulación, es una muestra de las peores caras de la UE. 
Por eso, espero que el Parlamento apruebe el informe y que éste también tenga repercusión en la política oficial de la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, en los últimos meses he hablado sobre la legislación relativa a los productos alimenticios con muchas personas de los más diversos ámbitos y Estados miembros y no he encontrado ninguna que comprenda por qué en una disposición legislativa vertical se aplica a los extractos de achicoria un fundamento jurídico distinto al que se aplica a las mermeladas, los zumos de frutas o determinados azúcares. 
Por lo tanto, yo también pienso que debemos examinar mucho más detenidamente el tema del fundamento jurídico, en vez de limitarnos a decir que se trata de productos fabricados con materias primas agrícolas. 
Aquí interviene un proceso de transformación y también una dimensión suprarregional, la cual también se reconoció finalmente en el debate sobre la adición de vitaminas que desarrollamos en nuestra comisión y que- a mi parecer- también debería desarrollarse con mucho mayor detalle en la Comisión. 
Yo creo que no podemos permitir que se añadan vitaminas a los zumos de frutas o a los productos lácteos, y quizás también a las confituras y mermeladas, sin una verdadera información de los consumidores y con una regulación distinta en los diferentes Estados miembros, puesto que esto nada tiene que ver, sin duda, con las costumbres regionales o los productos locales. 
Finalmente, yo quisiera añadir algunas consideraciones al debate en relación con la miel. 
Por un lado, es muy importante que siempre tengamos presente que la miel es un producto alimenticio natural y, por lo tanto, no sólo su análisis debería ser igual en toda la Unión, sino que la legislación debería incluir también la advertencia de que la miel tiene otros componentes además de determinados azúcares, fundamentalmente glucosa y fructosa. 
Con estos dos azúcares podría fabricarse una miel falsa, que no sería la que los apicultores obtienen de las abejas. 
El trabajo de los apicultores debe valorarse muy especialmente en la Unión, puesto que no sólo está asociado a la producción de miel, sino que su contribución también es valiosa- y creo que la Sra. Lulling se referirá más ampliamente a este tema- para la conservación de la naturaleza y la producción de la fruta que luego deseamos encontrar en los zumos de frutas y mermeladas, la cual no sería posible sin la intervención de las abejas. 
Señor Presidente, la Comunidad Europea financia costosos anuncios en las revistas ilustradas para hacer publicidad de la miel de calidad con denominación de origen producida en los Estados miembros, en los que se pregunta al consumidor si saborea la miel con el mismo respeto que San Ambrosio. 
San Ambrosio es el patrón de los apicultores porque fue un gran amante de la miel y un arzobispo fascinado por la laboriosa actividad de los enjambres de abejas, en los que se inspiró para la organización de los numerosos monasterios de su diócesis. 
Lamentablemente, en su propuesta relativa a la simplificación de la directiva sobre la miel, la Comisión no ha seguido el consejo que dirige a los consumidores en sus costosos anuncios sobre papel glacé. 
Sr. Bangemann, la situación es la siguiente: en sus propuestas no muestran ustedes el debido respeto por el producto natural que es la miel. 
Yo agradezco a la Comisión de Medio Ambiente y a su ponente, Sr. Lannoye, que haya incluido en su informe las numerosas enmiendas que yo presenté en la Comisión de Agricultura. 
En efecto, lo primordial es ofrecer al producto agrícola de gran calidad que es la miel producida en nuestros Estados miembros una protección frente a la miel de importación más barata y de menor calidad, para lo cual en la etiqueta debe indicarse imprescindible y obligatoriamente si se trata de un producto fabricado en la Comunidad o en un tercer país. 
Lamentablemente, en varios Estados miembros hasta un 80 % de la miel que se comercializa está adulterada, por lo cual es imprescindible, además, que se prohíba el filtrado de miel, que destruye las huellas genéticas e impide verificar la procedencia regional. 
No debemos escuchar al lobby de los envasadores, sino a los apicultores, y garantizar así que, en vez de disminuir, en la medida de lo posible cada vez sea mayor el número de apicultores que estén dispuestos a producir miel de alta calidad, a pesar de los costes mucho más elevados. 
Esto también permitirá garantizar, obviamente, tal como he insistido repetidamente en mis informes sobre la situación de la apicultura en Europa, que en la Unión Europea siga habiendo suficientes abejas, cuya labor de polinización permite la conservación de más de 80.000 variedades distintas de plantas. 
Por otra parte, yo también quisiera añadir que considero imprescindible que nuestras enmiendas sean aceptadas. Éstas indican que la denominación de origen no se aplicará a la miel que responda íntegramente, sino predominantemente a las cualidades establecidas. 
Ya no dispongo de tiempo y el resto lo expondré en mi explicación de voto. 
Señor Presidente, como ocurre en todas las ocasiones en que en la Asamblea se debaten disposiciones relativas a productos alimenticios, tenemos que plantearnos qué compromisos debemos alcanzar. 
Lo mismo debe ocurrir sin duda también los Parlamentos nacionales. 
Yo tengo la impresión de que olvidamos una cosa, en efecto, no nos paramos a pensar que la humanidad ha podido vivir durante siglos sin necesidad de aditivos y suplementos químicos. 
Yo creo- y el debate de hoy también lo indica- que estamos perdiendo una cosa, concretamente el respeto a los productos naturales. 
En este contexto, también pienso particularmente en la manipulación genérica, mediante la cual nos creemos capaces de sustituir a Dios. 
El segundo aspecto es que la producción de alimentos, sobre todo la de alimentos de alta y máxima calidad, está relacionada con el empleo, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también en el comercio. 
Esto es particularmente cierto en el caso de las regiones periféricas poco explotadas turísticamente. 
Por esto es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de tratar con miramiento a la región de que se trate, mediante denominaciones propias, y de aplicar un criterio de calidad propio, superior al criterio general europeo que se establece en la directiva. 
Naturalmente, los diversos aditivos deben estar indicados claramente de manera comprensible para el consumidor, al igual que la procedencia geográfica, y deben declararse de una manera que sea práctica. 
Es una medida que debemos adoptar no sólo en favor de los consumidores, sino también de los productores que apuestan por la producción de productos de calidad, la cual resulta naturalmente un poco más cara que la producción masiva. 
Señor Presidente, yo creo que la mejor manera de agradecer al ponente será que siga su sugerencia y exprese mi posición sobre las diferentes enmiendas, pues la propuesta es tan técnica que sin duda no sería conveniente entrar en las consideraciones filosóficas que también se han expuesto en el curso del debate. 
Por lo que se refiere a los azúcares, las enmiendas 1 y 4 proponen la reintroducción de normas sobre la oferta de los productos ya embalados. 
No podemos aceptar estas enmiendas por el mismo motivo por el que las rechazamos en el marco del debate sobre la propuesta relativa al café y los extractos de achicoria. 
Ustedes participaron hace poco en el procedimiento de conciliación en relación con la Directiva sobre la indicación del precio por unidad de medida. 
Dicha Directiva es aplicable también a los azúcares, con lo cual deja de ser necesario regular la oferta de productos embalados, puesto que el consumidor estará informado del precio por unidad de medida. 
Las enmiendas 7 y 8 proponen que el contenido residual de anhídrido sulfuroso en la materia seca de determinados azúcares se reduzca de 15 mg/kg a 10 mg/kg. En este aspecto topamos con una limitación institucional, dado que el valor de 15 mg es el que establece la Directiva sobre aditivos, adoptada sobre el fundamento del artículo 100 A y aprobada por lo tanto con la participación del Parlamento. 
La Sra. Schleicher lo recordará y, puesto que ella misma votó afirmativamente la propuesta, sin duda acogerá con gran satisfacción mis palabras. 
Por lo que respecta a la enmienda 10, que se refiere a los métodos de análisis del azúcar, compartimos su opinión de que los actuales procedimientos de análisis, que datan del año 1969, han quedado anticuados y es preciso encontrar una solución que tenga en cuenta los nuevos procedimientos. 
Pasemos ahora a la propuesta relativa a la miel. 
Las palabras de la Sra. Lulling llenarían sin duda de satisfacción al Sr. Aigner, a quien ella seguramente debe recordar. 
Esto demuestra que existe una continuidad en la defensa parlamentaria de los intereses más fundamentales. 
La Sra. Lulling ha vuelto a reiterar lo que el Sr. Aigner sostuvo durante años. 
(Exclamación procedente de la Sra. Lulling) Sí, pero se ha expresado de manera muy convincente. 
No obstante, yo debo decirle que el objetivo fundamental de la propuesta relativa a la miel es establecer las normas para la comercialización y el etiquetado de estos productos. 
Su finalidad no es regular las cuestiones relativas a la calidad de los productos, ni adoptar medidas de apoyo para los apicultores. 
Ésta es una problemática totalmente distinta que debe tratarse en otro contexto. 
Varias de las enmiendas propuestas son de carácter técnico o de redacción. 
No voy a detenerme ahora en ellas. 
La enmienda 19 plantea, en cambio, un tema fundamental que también ha mencionado la Sra. Lulling; se refiere a la indicación obligatoria del país de procedencia de la miel, independientemente de que el producto haya sido fabricado en la Comunidad o en un tercer país. 
En principio, podemos aceptar parcialmente esta enmienda. 
El país de procedencia de la miel puede ser un dato útil para el consumidor. 
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, la obligatoriedad de la indicación del país de origen de la miel procedente de la Comunidad no es lícita. 
En este caso debemos atenernos, obviamente, a lo establecido por el Tribunal de Justicia Europeo, dado que estamos en una Comunidad de Derecho, y yo estoy seguro de que el Sr. Martínez no lo pondrá en duda. 
Por otro lado, yo soy partidario de que por fin se indique correctamente el origen de la miel procedente del departamento de Les DeuxSèvres, dado que se trata de la miel más pura que existe. 
Espero que el Sr. Martínez sabrá dónde se encuentra el departamento de Deux-Sèvres. 
Precisamente por este motivo ya no se incluyó esta indicación en la Directiva de 1976. 
Por lo que respecta a la indicación de origen de la miel procedente de terceros países, la Comisión puede aceptar que se añada este dato. 
Podemos admitirlo, si bien naturalmente de manera que no entre en conflicto con nuestros compromisos internacionales. Pero esto es posible. 
Ya he dicho cuanto había que decir sobre los procedimientos de análisis. 
Pasemos ahora a los zumos de frutas y la leche deshidratada. 
En este caso se trata del etiquetado de los productos enriquecidos con vitaminas. 
En estos momentos estamos examinando esta cuestión. 
Por un lado, lo cierto es que el cuerpo no puede absorber normalmente un exceso de vitaminas; por el otro lado, esto puede generar problemas en algunos casos particulares. 
Por lo tanto, tenemos que examinar qué podemos hacer al respecto. 
Pasemos ahora a las confituras y a la enmienda 55 relativa a las confituras fabricadas con frutas sulfatadas. 
La indicación de este dato puede ser útil para los consumidores. 
Por consiguiente, podemos aceptar dicha enmienda, al igual que las enmiendas 53, 64, 65, 67 y 6, pero no, en cambio, la 62. 
Con esto llegamos al tema realmente importante del fundamento jurídico. 
Yo comprendo muy bien la posición del Parlamento. 
La Sra. Schleicher también ha recordado una vez más la declaración de principios del Presidente de la Comisión. 
La codecisión del Parlamento es lógica y también un método razonable y adecuado en todos los casos en que de hecho está en juego la capacidad de convencer a la opinión pública. 
Sin embargo, en este aspecto no podemos actuar libremente. 
Yo no puedo actuar libremente. 
Como ya he dicho, comprendo muy bien su posición. Sin embargo, después de debatir esta cuestión, la totalidad de la Comisión optó por el fundamento del artículo 43 y no sin motivo. 
Yo me remito a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
No sé si usted confía en ella, Sra. Schleicher, aunque seguramente más que en la Comisión. 
Dicha comisión recuerda con razón la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo- que no ha quedado derogada por el Tratado de Amsterdam -, de la cual se desprende claramente que siempre que se trate de productos agrícolas que figuren en el Anexo II del Tratado, aun en los aspectos relativos a la comercialización, debe aplicarse el fundamento del artículo 43. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo así lo ha establecido invariablemente y la Comisión escogió por este motivo la citada disposición legislativa, el citado fundamento jurídico. 
Obviamente, el Parlamento es muy libre de decidir la devolución a comisión si considera tan importante este tema. 
No obstante, permítame que le recuerde, Sra. Schleicher, que con ello no resolverán ustedes el problema, ¡al contrario! 
No se introducirán todas las mejoras que hemos propuesto. 
Pero ésta es una responsabilidad que ustedes tendrán que asumir. 
Sintiéndolo mucho, yo no puedo eximirles de ella. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0001/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 44 caduca. 
Pregunta nº 45 formulada por Clive Needle (H-0988/97): 
Asunto: Financiación del tratamiento del VIH/SIDA en los países en desarrollo 
¿Podría manifestar la Comisión cuál es su posición en relación con las propuestas presentadas recientemente por el ministro de Sanidad de un Estado miembro en una conferencia celebrada en Côte d ' Ivoire en diciembre de 1997 de crear un «fondo para medicamentos para las personas con VIH/SIDA en los países en desarrollo? 
¿Está de acuerdo la Comisión en que esta idea políticamente «oportuna» , aunque desastrosa en potencia, no tiene lugar en las excelentes orientaciones comunitarias sobre el VIH/SIDA en los países en desarrollo presentadas recientemente al Parlamento Europeo por el Comisario Pinheiro? 
¿Podría la Comisión garantizar claramente a los Estados miembros que no se va a conceder ninguna ayuda comunitaria a este proyecto sin realizar previamente un análisis pormenorizado de sus repercusiones y que las conclusiones de dicho análisis se presentarán al Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, permítame que, antes de hacer uso de la palabra para responder a la pregunta, la primera vez que vengo al Parlamento en el año de 1998, desee a todos los diputados un año lleno de éxitos. 
Las propuestas recientes presentadas por un Estado miembro con ocasión de la Conferencia de Abidjan sobre el Sida, celebrada en diciembre de 1997, y relativas a la creación de un fondo para mejorar el acceso al tratamiento de las personas contaminadas con el virus VIH-sida en los países en desarrollo tiene el mérito de desencadenar un debate sobre un problema real. 
En efecto, actualmente existe una injusticia evidente entre la toma a cargo de los enfermos de sida en los países del Norte, donde se dispone de medicamentos antirretrovíricos, y, en el extremo opuesto, en los países del Sur, donde la mayoría de los enfermos no tienen acceso a las atenciones básicas de la salud. 
Ahora bien, la creación de un fondo de este tipo plantea una serie de cuestiones muy importantes a las que se debe dar respuesta. 
De conformidad con la petición hecha por el Consejo Europeo de Luxemburgo del pasado mes de diciembre, los servicios de la Comisión van a estudiar las modalidades de creación de un fondo de solidaridad terapéutica bajo la égida del ONUSIDA y destinado a la lucha contra el sida en los países en desarrollo. 
Los resultados de este estudio deben profundizar los diferentes hipótesis posibles y sus consecuencias, tanto en los planos ético y de equidad como en los planos técnico, económico y financiero. 
Quiero garantizar a Su Señoría que los resultados de este estudio serán comunicados al Parlamento Europeo. 
He de añadir que, en mi opinión, la creación de un fondo de este tipo plantea tres cuestiones fundamentales. 
La primera cuestión es la de la dimensión y el acceso a ese fondo teniendo en cuenta el costo anual del tratamiento con la terapia triple, que se calcula entre diez y veinte mil dólares. 
La selección de los enfermos plantea inevitablemente problemas éticos y de no discriminación entre las personas contaminadas por el virus del sida. 
Una segunda cuestión se refiere a las modalidades de acceso al tratamiento, en la medida en que existe un peligro real de crear un sistema paralelo orientado únicamente a los enfermos de sida, lo que sería simultáneamente ineficaz y oneroso y podría resultar contraproducente para los otros enfermos con paludismo, tuberculosis, sarampión, etc. 
La tercera cuestión a la que habrá que responder es la de que la eficacia, a plazo, de los medicamentos antirretrovíricos no está aún totalmente comprobada. 
Además de eso, no existen aún las medidas de acompañamiento necesarias de terapia antirretrovírica en la mayoría de los países africanos, tales como facilidad de laboratorios, capacidad de personal médico y paramédico. 
Por todas estas razones, señor Presidente, Señorías, aguardamos este estudio que la Comisión emprenderá con cierta prudencia respecto de las conclusiones que de él se podrían desprender. 
Muchas gracias, señor Presidente, y permítame unirme al Comisario Pinheiro y desearle a usted y a él un feliz Año Nuevo. 
Expreso asimismo mi agradecimiento al Comisario por lo que ha sido una respuesta muy buena y completa a esa pregunta que recorrió un largo camino para justificar los motivos por los que había sido presentada. 
Existe preocupación entre las organizaciones no gubernamentales, así como entre varios diputados, y en parte nos sentimos tranquilos con su respuesta sobre el estudio. 
Ciertamente esperamos con interés que el informe vuelva al Parlamento. 
Creo que está en lo cierto al mostrarse cauteloso sobre las repentinas iniciativas de este tipo, por muy valiosas o bien intencionadas que éstas puedan ser y por mucho que conozcamos todos la magnitud del problema. 
Permítame que le pregunte muy brevemente si estaría dispuesto a reconocer que la cuestión que aquí nos ocupa no es si las personas de los países en vías de desarrollo deben tener el mismo acceso a los tratamientos del VIH/SIDA que las personas de los países desarrollados- todo el mundo coincide en que ello es necesario -, sino cómo lograr ese objetivo. 
Tal y como están las cosas, el enfoque vertical a favor de las personas con SIDA, según propone uno de nuestros Estados miembros, podría poner en serio peligro los actuales sistemas de salud pública con la creación de sistemas paralelos. 
Ello podría, posiblemente, beneficiar a las compañías farmacéuticas del mundo desarrollado y desplazar el énfasis de la prevención hacia el tratamiento. 
Me pregunto si, en su opinión, el estudio podría ofrecernos una respuesta clara sobre este aspecto. 
Sólo deseo destacar que, en lo relativo al sector sanitario o la situación de la salud en los países en desarrollo, la Comisión siempre sugiere que procuremos darle lo que denominamos un enfoque horizontal. 
Intentamos fortalecer el propio sistema, la formación de médicos y demás personal sanitario, para intentar desarrollar un flujo de medicamentos que sean propiedad del país etcétera, etcétera. 
Quizá el VIH/SIDA sea la única excepción a este enfoque, debido principalmente a su relación con determinados modelos de conducta. 
Un reciente estudio llevado a cabo por la Comisión, las Naciones Unidas y el Banco Mundial ha puesto de manifiesto una clara correlación entre las enfermedades de transmisión sexual y la transmisión del virus VIH. 
Eso significa que la educación y la prevención son quizá la mejor forma de intentar reducir la incidencia de la enfermedad, al menos en África. 
Por todos estos motivos, esperamos que el estudio que la Comisión llevará a cabo junto con expertos de los Estados miembros y de otros países que puedan colaborar con nosotros, sea de gran ayuda para formular una nueva estrategia o bien para confirmar la que venimos siguiendo. 
De algo no hay duda, si tenemos en cuenta los costes actuales del tratamiento de un paciente que son de 10.000 a 20.000 dólares, eso supone, si no me equivoco, una suma superior a los 100 millones de dólares al año sólo para esto, lo que evidentemente está fuera de nuestras posibilidades. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta, y le deseo un feliz Año Nuevo a usted en las once lenguas de trabajo de la Unión Europea. 
En primer lugar, permítame decir que el Sr. Needle y yo hemos presentado preguntas similares al Consejo, y éste las ha agrupado. 
Resulta extraño que la Comisión no haya hecho lo mismo. 
No obstante, volviendo al fondo que nos ocupa, señor Comisario, si se creara un fondo de esta naturaleza, ¿se haría con nuevas asignaciones? 
Porque de no ser así, resulta difícil imaginar cómo podría funcionar sin transferir las asignaciones existentes a proyectos igual de necesarios. 
Espero con interés la publicación del estudio y espero que considere este extremo. 
¿Podría decirme si, en caso de que se cree dicho fondo, se le destinarán asignaciones nuevas? 
Por lo que a mí me consta, las nuevas asignaciones procederían de los Estados miembros, ya que el presupuesto de la Comisión está bien definido, y a menos que los diputados a este Parlamento decidan que debemos hacer uso de asignaciones adicionales, no se dispondrá de nuevos fondos. 
En cualquier caso, las respuestas de los líderes políticos de los Estados miembros indican que están dispuestos a destinar nuevas asignaciones a dicho fondo. 
No obstante, en estos momentos creo que es prematuro sacar conclusiones sobre si se creará o no el fondo, sus dimensiones y el modo en que deberá funcionar. 
Es lo que intentaba decir en mi respuesta al Sr. Needle. 
Pregunta nº 46 formulada por John Cushnahan (H-1018/97): 
Asunto: Mercado único 
Ante el reciente fallo del Tribunal de Justicia contra el Gobierno francés y el reciente bloqueo de la carne de vacuno de los puertos del Reino Unido, ¿qué medidas está examinando la Comisión para garantizar que no se produzcan nuevas perturbaciones del mercado único? 
Señor Presidente, la Comisión aprobó el pasado 18 de noviembre una propuesta de reglamento del Consejo que instituye un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinadas trabas al comercio. 
Dicha propuesta da respuesta a una petición del Consejo Europeo de Amsterdam, de junio del año pasado, que consistía en sus conclusiones sobre el plan de acción en pro del medio ambiente. 
Esta propuesta da respuesta asimismo a la preocupación expresada por Su Señoría en su pregunta en cuanto al seguimiento que la Comisión piensa dar al fallo del Tribunal de Justicia del 9 de diciembre, emitido en el proceso «Comisión contra Francia». 
Según el mecanismo de intervención propuesto, la Comisión solicitará al Estado miembro de que se trata, mediante una decisión, que adopte las medidas necesarias y proporcionadas para poner término a una traba manifiesta, calificada y no justificada, de conformidad con los artículos 30 y 36 del Tratado, y que perturba gravemente la libre circulación de las mercancías en el Mercado Interior. 
He de añadir que, partiendo de la experiencia del pasado, los casos más representativos de esta situación podrían ser, por ejemplo, la prohibición intempestiva e injustificada de la importación de productos de otros Estados miembros, medidas que establezcan o restablezcan formalidades para la importación, como, por ejemplo, licencias o aprobaciones técnicas, destrucción de importantes cantidades de productos de otros Estados miembros, por ejemplo, en las carreteras, en centros de comercio o en depósitos de mercancías o, incluso, la inmovilización de los productos, sin permitir el acceso al territorio nacional o su circulación en este último, por ejemplo, bloqueo de medios de transporte en las fronteras, en las autopistas, en los puertos o en los aeropuertos. 
Mediante una decisión, si el Consejo llega a probar este Reglamento, una intervención de la Comisión confiere fuerza vinculante, tiene efecto inmediato en el ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, lo que permite a los particulares que se sientan perjudicados actuar inmediatamente para exigir el respeto de los derechos que sientan que se les están negando. 
Y ésta, señor Presidente, es la respuesta que quisiera dar a Su Señoría. 
Quisiera corresponder a los buenos deseos del Comisario y desear a él y a sus colegas, especialmente a mi colega irlandés, el Comisario Flynn, y al Presidente del Parlamento un feliz Año Nuevo. 
Creo que estará dispuesto a reconocer, señor Comisario, que el fallo del Tribunal de Justicia en contra del Gobierno francés ha marcado un hito que nos ayudará a seguir la política acordada en la Cumbre de Amsterdam. 
Deseo dirigirle una serie de preguntas al respecto. 
En primer lugar, puede garantizarnos que cuando se produzca una nueva perturbación del mercado único, la Comisión actuará con urgencia y rapidez para garantizar que los Estados miembros cumplen con sus obligaciones de asegurar que no se producen perturbaciones del mercado único. 
En segundo lugar, ¿qué acciones ha emprendido la Comisión para dar a conocer sus opiniones al Gobierno del Reino Unido en lo relativo al reciente bloqueo ilegal de los puertos del Reino Unido que ha afectado a los agricultores, transportistas y exportadores irlandeses, ocasionando grandes pérdidas con esta acción ilegal? 
En lo relativo a si la Comisión actuará con rapidez, ése es el objetivo de la regulación que proponemos. 
Si tuviéramos que seguir los procedimientos tradicionales, se tardaría tanto tiempo que algunos productos alimenticios se perderían por completo. 
En cuanto a los sucesos ocurridos en el pasado, quisiera diferenciar entre dos situaciones. 
La primera es cuando se produce un bloqueo, a pesar de que el Estado miembro hace todo lo que está en sus manos para evitarlo. 
En ese caso no hay necesidad de que la Comisión intervenga. 
La segunda es cuando existen dificultades para el cumplimiento de las condiciones del mercado único como consecuencia de que un gobierno no toma medidas o de la acción deliberada de un gobierno. 
En este segundo supuesto interviene la Comisión. 
El tema de la compensación está implícito en lo que he dicho de que ésta se aplicará para los individuos particulares que consideren que se han destruido sus productos o de lo que se trate. 
Por consiguiente- si el Consejo aprueba nuestra propuesta -, el hecho de que se haya tomado una decisión, permitirá que los intereses particulares reciban apoyo directo del Tribunal. 
Su efecto legal será inmediato en el Estado miembro afectado. 
Por tanto, la compensación no es asunto de la Comisión, sino de las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión, y son éstas las que deberán intervenir. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, esta propuesta de directiva de la Comisión ha levantado una gran expectación en mi país, ya que se considera que limita el derecho de los trabajadores a la huelga. 
No se trata únicamente de introducir mejoras en las actividades del mercado único, sino también de garantizar un derecho de los ciudadanos que se considera sagrado en mi país, el derecho a la huelga. 
Desearía preguntar al Sr. Comisario si está limitando el libre derecho a la huelga con la excusa que depara el funcionamiento del mercado único, y si tiene previsto actuar en este sentido sin antes recabar la opinión del movimiento sindical y haciendo caso omiso del denominado principio tripartito. 
Señor Presidente, quisiera decir que también para la Comisión, Señoría, el derecho de huelga es un derecho inalienable y que en ninguna circunstancia la Comisión se podría permitir, por las razones del Mercado Único, hacer una derogación de un derecho fundamental de los trabajadores en un Estado democrático. 
Por esa razón, le puedo decir explícitamente que en ninguna circunstancia se verá afectado el derecho de huelga por este reglamento, o cualquier otro derivado, por razones similares. 
Pregunta nº 47 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0977/97): 
Asunto: Transfusiones de sangre 
Según publicaciones de toda la prensa europea, existen sospechas fundadas de que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que afecta a los seres humanos, se transmite por la sangre y sus derivados. 
¿Puede indicar la Comisión si los Estados miembros efectúan controles de la sangre utilizada para transfusiones? ¿Cuáles son los Estados miembros que los realizan? 
¿Está considerando la Comisión proponer de inmediato la instauración de un control obligatorio de la sangre destinada a transfusiones en todos los Estados miembros? 
Antes de referirme específicamente al tema de la enfermedad CreutzfeldtJakob (ECJ) , deseo informar a su Señoría de que los Estados miembros sí efectúan controles de la sangre y del plasma para detectar una serie de agentes patógenos. 
Un estudio realizado recientemente por la Comisión sobre regulación y prácticas en los Estados miembros de la Comunidad Europea en materia de idoneidad de los donantes de sangre y plasma y control de sus donaciones confirma que todos los Estados miembros realizan sistemáticamente la prueba de anticuerpos de los virus de hepatitis C, de inmunodeficiencia humana de tipo I y II y del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. 
En lo que respecta a la creciente preocupación de que la sangre y derivados sanguíneos puedan transmitir el agente responsable de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, en primer lugar, hay que hacer una distinción entre la ECJ clásica o esporádica y la nueva variante de la enfermedad, la nueva ECJ, que ha sido muy relacionada con la EEB. 
De los estudios realizados hasta ahora, especialmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, no se desprende ninguna evidencia de que la transmisión a pacientes del agente responsable de la ECJ clásica o esporádica se produzca a través de la sangre o sus derivados. 
La opinión que han dado a la Comisión los comités científicos relevantes, especialmente el Committee for Proprietary Medicinal Products, sobre el riesgo de estas formas de ECJ, es que no existe ningún motivo concreto para proceder a una posible devolución o poner en cuarentena los lotes de derivados del plasma. 
No obstante, este asunto volverá a ser examinado a intervalos regulares, a medida que vayamos disponiendo de datos epidemiológicos y de su evaluación científica. 
En lo que respecta a la nueva ECJ, existe realmente la preocupación de que los preparados de sangre y derivados sanguíneos procedentes de donantes infectados puedan representar un nuevo riesgo adicional. 
Debido a dicha preocupación y como medida preventiva, el CPMP ha aconsejado la retirada del mercado de los lotes de productos medicinales a base de derivados de plasma cuando a un donante de una unidad de plasma se le diagnostique posteriormente la nueva ECJ. 
Muchos Estados miembros ya han comenzado a seguir este consejo. 
El Reino Unido también sigue los consejos de su Comité sobre la Encefalopatía Espongiforme Bobina. 
Además, en la Comunidad existe un procedimiento de alerta precoz para proceder a la retirada de productos defectuosos. 
En el Reino Unido se ha comenzado una evaluación para determinar el riesgo de una posible transmisión de la nueva ECJ a través de las transfusiones sanguíneas. 
Este análisis se está llevando a cabo de forma paralela con una evaluación de los aspectos operativos y científicos de la introducción de la leucodepleción de los glóbulos blancos. 
En cuanto al control obligatorio de la sangre relativo a la nueva ECJ, estoy seguro de que su Señoría está al corriente de que aún no existe ninguna prueba para detectar esta enfermedad. 
Los científicos y la industria trabajan actualmente para desarrollar dicha prueba y un análisis de diagnóstico. 
A los diputados al Parlamento Europeo les interesará conocer que el 15 de enero se celebrará un seminario ad hoc de especialistas en la nueva ECJ bajo los auspicios del CPMP. 
Dicho seminario, que reunirá a expertos en la materia, se centrará en la distribución infecciosa entre la nueva variante y la clásica ECJ, el riesgo de transmisión por la sangre y las fracciones sanguíneas, una revisión del trabajo publicado y del que se está llevando a cabo actualmente, así como en la identificación de cualquier nuevo estudio que pueda ser necesario. 
Se presentará un informe sobre la reunión. 
La Comisión está recabando asesoramiento del Scientific Steering Committee y del Comité Científico de Medicamentos, y ya ha presentado una propuesta para una recomendación del Consejo sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y la realización de pruebas de la sangre que se dona en la Comunidad Europea, con vistas a descartar permanentemente a aquellas personas en cuyas familias se hayan dado casos de la ECJ. 
A la luz de los resultados de las evaluaciones y análisis que se están llevando a cabo y del asesoramiento recibido, la Comisión presentará su consideración para la propuesta de medidas específicas para la nueva ECJ, relativas a la sangre y al plasma como materia prima de preparados medicinales. 
En lo que respecta a las transfusiones sanguíneas, sin embargo, en estos momentos no existe ningún fundamento jurídico que permita el establecimiento de requisitos vinculantes a nivel comunitario. 
Espero que esta insatisfactoria situación cambie con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el artículo 152, en particular. 
Lamento haber utilizado tanto tiempo, pero se trata de un asunto muy delicado e importante. 
Quería ofrecer una respuesta lo más completa posible. 
Señor Presidente; a usted y a los, en mi opinión, dos amables Comisarios, al Sr. Silguy y al Sr. Flynn, les deseo un feliz año. 
Igualmente les deseo salud, a los mismos, y a todos los ciudadanos europeos. 
Pero, ya sabe, para tener salud no bastan los buenos deseos y las buenas intenciones, hacen falta también determinadas medidas. 
Señor Comisario, le agradezco mucho su respuesta, ha sido realmente satisfactoria. 
Simplemente debo recordarle que en 1980 había sospechas, como también las hay ahora, de que el virus del SIDA se transmite por la sangre, con las transfusiones. 
Entonces no tomamos las medidas obligatorias que debíamos, las tomamos en 1983. 
Las consecuencias de este retraso de tres años, desgraciadamente, las conocemos todos nosotros. 
Este es, pues, mi miedo. 
Y les estoy hablando como médico: a pesar de haber sólo sospechas, realmente prefiero, como usted ha dicho, que se tomen ahora medidas obligatorias y que quizá se demuestre en el futuro que son superfluas, a que pase lo mismo que con el SIDA cuando ya sea muy tarde 
Agradezco los buenos deseos de su Señoría al Comisario. 
Debo decirle que sí, este es un asunto que recibe nuestra considerable y considerada opinión en todo momento. 
Como usted sabe, nos sentimos completamente limitados por la evidencia científica de que disponemos en un momento determinado. 
Pero, ciertamente, se están estudiando y aplicando medidas de prevención en los Estados miembros. 
Estamos hablando aquí de los donantes, el tema de los análisis, de evaluación y controles y también de la cuestión de la investigación y de las pruebas de diagnóstico. 
Todos los asuntos que le preocupan están siendo tenidos en cuenta de manera sistemática y éste es el motivo por el que vamos a celebrar esta reunión tan especial el 15 de enero, que permitirá aunar toda esa información que nos permita adoptar las medidas necesarias en base a los buenos consejos de dicho comité. 
También yo deseo manifestar mi satisfacción por la propuesta que está en la mesa del Consejo y a la que se remite la Comisión. 
He tomado conocimiento de esa recomendación y entiendo que, a través de ella, vamos a obtener una prohibición para que las personas que sufren esta enfermedad puedan donar sangre. 
¿Cuándo cree el Comisario que va a ser aprobada esta recomendación por el Consejo y cómo fue la discusión en la reunión del Consejo del mes de noviembre cuando, según lo que se ha dicho, se discutió el asunto? 
Además, me pregunto si la Comisión tiene alguna idea sobre la cantidad de " sangre con riesgo» que ha habido en el mercado europeo, sangre del tipo que ahora hay que recuperar. 
¿Está convencida la Comisión de que se ha recogido toda la " sangre con riesgo»? 
Gracias, señora Thors. 
Me alegra que respalde la reunión que se celebrará el 15 de enero bajo los auspicios del CPMP. 
Será un seminario de gran importancia que reunirá a los expertos en la materia y se centrará, especialmente, en la distribución de la infectividad contagiosa, incluida la distribución en el tejido, entre la clásica ECJ y su nueva variante. 
Quiero decir también que la sangre encierra un cierto riesgo- de ello no cabe la menor duda. 
Por lo que sabemos, dicho riesgo es muy limitado. 
La Comisión sólo podrá intervenir directamente en el caso de los productos medicinales que hayan obtenido autorización para su comercialización en la Comunidad a través del procedimiento centralizado. 
Hasta la fecha, ningún producto medicinal derivado de sangre o plasma ha obtenido dicha autorización. 
La situación es diferente en lo que respecta a los procedimientos descentralizados. 
En este caso actuamos en virtud del artículo 12 de 75/3/90/CEE, que nos permite proponer, mediante el procedimiento de comitología, una decisión para retirar la autorización de comercialización y, por consiguiente, para la retirada del producto. 
En lo que respecta a los productos que usted menciona que están implicados en la nueva ECJ, el CPMP ha discutido este extremo y ha recomendado la retirada de los lotes de productos implicados que aún se encuentren en los estantes, lo cual se ha hecho. 
El vehículo está en el procedimiento descentralizado, pero hasta el momento no se ha concedido ninguna licencia a través del procedimiento centralizado. 
Pregunta nº 48 formulada por Sören Wibe (H-0964/97): 
Asunto: Pacto de estabilidad y exigencia de equilibrio presupuestario 
El pacto de estabilidad incluye una exigencia de equilibrio presupuestario en el marco de los ciclos coyunturales. 
¿Se refiere esta exigencia a un equilibrio real o a un equilibrio nominal? 
¿Ha calculado la Comisión, por ejemplo, las consecuencias sobre el empleo de la contracción efectiva de la demanda como consecuencia de un equilibrio financiero nominal en los distintos Estados miembros? 
Tiene la palabra el Sr. de Silguy, a quien deseo un feliz 1998. 
Aprovecho esta ocasión para expresar a mi vez, a usted como a todos sus compañeros y a sus familias, mis mejores deseos de salud, felicidad y éxito. 
La Comisión agradece al Sr. Wibe el haberle dado la oportunidad de precisar una vez más el contenido y la significación del pacto de estabilidad y crecimiento. 
El pacto de estabilidad y crecimiento, aprobado por su Asamblea, no es sino la traducción, ni más ni menos, de las disposiciones del Tratado sobre la Unión Europea. 
Es de cierta manera el reglamento interior de la zona euro. 
Adoptado por el conjunto de los Estados miembros, está destinado a asegurar el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, precisando las modalidades operativas del artículo 103 y del artículo 104 C del Tratado. 
Añado que también es un factor de credibilidad del euro. 
Para restablecer el margen de maniobra presupuestario de los Estados miembros, este pacto pide a los Estados miembros, cito, » respetar el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria próxima al equilibrio o excedentaria». 
Por tanto, el pacto de estabilidad y crecimiento no impone ninguna restricción suplementaria. 
Fija un objetivo. 
Se trata, claro está, de un equilibrio o de un excedente, en el sentido de la contabilidad nacional, es decir de un equilibrio expresado en porcentaje del PIB y, por tanto, calculado a partir de la talla nominal. 
Este objetivo fue retenido por los Jefes de Estado y de Gobierno con el fin, cito, » de reforzar las condiciones propicias a un crecimiento sostenido de la producción y del empleo». 
En efecto, la búsqueda del equilibrio a medio plazo de los presupuestos nacionales sólo podrá acarrear consecuencias positivas sobre el empleo. 
Sólo las situaciones presupuestarias saneadas son propicias para favorecer un crecimiento durable y, por tanto, una creación significativa de empleo. 
El saneamiento de las finanzas públicas es un requisito previo para poder beneficiar de tipos de interés bajos, que son favorables a la inversión y, por tanto, al crecimiento y a la creación de empleo. 
Añado que Europa ha saneado sus finanzas públicas desde 1993 y que ahora empieza a recoger los frutos. 
Añado que según las previsiones de la Comisión, Europa creará cerca de 4 millones de puestos de trabajo en tres años, entre 1997 y 1999. 
Permítanme empezar igual que todos los demás, deseándoles un feliz año nuevo y agradeciendo al Comisario por esta respuesta. 
He formulado esta pregunta para investigar si ustedes han discutido la diferencia entre un déficit real y uno nominal. 
Un déficit real es el déficit del presupuesto más el cambio en la situación de capital del estado, es decir, que si un país tiene, digamos, una deuda pública del 150 por ciento de su PNB y un dos por ciento de inflación internacional, o inflación en las monedas en que está basada la deuda pública, quiere decir que, a pesar de que hay un equilibrio presupuestario, en la realidad hay una reducción, un ahorro real. 
Esto implica, Comisario de Silguy, que si tenemos una exigencia de equilibrio presupuestario nominal y los países tienen deuda pública, y suponemos que tenemos una inflación que normalmente está entre el 1 y el 3 por ciento, entonces el pacto de estabilidad va a llevarnos a una real disminución de la demanda. 
A pesar del optimismo del Comisario de Silguy de que ahora esto va a crear empleo, ¿no están de acuerdo ustedes en que una disminución real de la demanda conduce a una baja en la producción y aumento del desempleo? 
) Pienso que no. 
Pienso que la experiencia de estos diez o quince últimos años nos demuestra lo contrario. 
En cuenta se han alcanzado, en efecto, niveles de déficit público demasiado importantes- y por encima del 3 %, se vuelve muy importante- se asiste, en primer lugar, a un aumento significativo de la deuda y, en segundo, a un alza de los tipos de interés. 
Tomo un ejemplo claro, sencillo. 
Cuando se constate, digamos, dentro de dieciocho meses a un año, en Europa, que el 50 % del ahorro de los hogares sirve para financiar los déficits públicos, es preciso concluir que este ahorro se utilizaría mejor si pudiera financiar inversiones productivas. 
Como consecuencia, la reducción de los déficits públicos debe significar la liberalización del ahorro en beneficio de la demanda interior, ya sea la inversión o el consumo, al menos de bienes semidurables. 
Señor Presidente, yo me voy a quedar en el tema del empleo porque creo que es un hecho que las políticas son políticas de deflación y deberíamos escuchar un poco a los Estados Unidos cuando hablan del peligro, no ya de inflación y sobrecalentamiento, sino de la congelación de la economía, y no sé a dónde nos va a llevar la UEM con las condiciones actuales. 
Pero querría decir que aquí, en Estrasburgo, para referirme al tema del empleo, centenares de jóvenes celebraron la víspera del año nuevo con acciones desesperadas. 
Y hoy en Grecia, la noticia central es el suicidio de una persona de 60 años, que había dejado una nota " me suicido porque estoy parado». 
Y desde este punto de vista querría preguntar: en el marco de esta explosión de nuevos datos sobre el paro en Alemania, de los suicidios, del comportamiento agresivo de la juventud que está desesperada, ¿existen nuevos problemas para la Comisión? 
Estoy convencido de que el euro posee la capacidad de crear un marco económico que va a generar más crecimiento y, por ende, generar más empleos en Europa. 
Por lo demás, estoy totalmente consciente de que el euro no va a arreglar el problema del paro, que la solución del problema del paro impone poner remedio desde sus raíces profundas, que se debe a toda una diversidad de razones y causas que ustedes conocen. 
El año de 1997 permitió, en definitiva, una avanzada, al menos a nivel conceptual. 
El Consejo Europeo del mes de noviembre en Luxemburgo estableció un nuevo método. 
Creo que este método, que es un método por objetivos, es portador de esperanza. 
Fijamos en común, a nivel europeo, un determinado número de objetivos concretos, por ejemplo, que en cinco años, ya no haya un solo joven que, al cabo de seis meses de su salida del sistema universitario o escolar, se encuentre sin ocupación. 
Este es, pues, un objetivo que se ha fijado a nivel comunitario. 
Luego, cada uno de los Estados miembros debe, con arreglo a sus especificidades, sus tradiciones, sus normas, poner en práctica, proponer planes para alcanzar este objetivo. 
Y, luego, una vez por año, a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno, se hace el balance, se hace una supervisión multilateral. 
En esta etapa, los gobiernos se verán obligados a responder de su acción ante la opinión pública, ante sus asociados, para ver si han alcanzado o no sus objetivos. 
Por tanto, pienso que es preciso atacar el problema del paro mediante reformas profundas, no dirigidas contra los asalariados, sino a la par de ellos. 
Por ello, el diálogo social es un elemento importante del éxito en un determinado plazo de la lucha contra el paro. 
Señor Comisario, ¿cree usted que la crisis de la ASEAN tendrá repercusiones para el equilibrio de los presupuestos? 
Pregunta nº 49 formulada por Tommy Waidelich (H-0968/97): 
Asunto: UEM 
En la última Cumbre celebrada en Luxemburgo se decidió que los Estados miembros que no participan en la tercera fase de la UEM podrán participar en el Consejo Euro-X excepto cuando se debatan cuestiones directamente relacionadas con el euro. 
¿Puede indicar la Comisión de qué tipo de cuestiones se trata? 
El Consejo Euro fue creado efectivamente por los Jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo Europeo reunido en Luxemburgo en diciembre pasado. 
Los ministros de los Estados participantes en la zona euro podrán reunirse entre ellos de manera informal para discutir asuntos relacionados con las responsabilidades específicas que comparten en materia de moneda única. 
Se trata de asuntos que atañen la gestión común y solidaria de una misma moneda, en la medida en que sólo conciernan a los Estados euro. 
Por ejemplo, la política de cambio del euro, los aspectos disuasivos, es decir las sanciones del pacto de estabilidad y crecimiento, o la preparación de los reacondicionamientos en el seno del nuevo sistema monetario europeo. 
Sin embargo, éstos son sólo ejemplos. 
Además, de conformidad con el deseo expresado por su Asamblea, la Comisión participará en todas las reuniones del Consejo Euro y, llegado el caso, el Banco Central Europeo podrá ser invitado a estas reuniones. 
Como lo menciona el Sr. Waidelich, los Jefes de Estado y de Gobierno han precisado no obstante que, » cada vez que se trate de temas de interés común, serán debatidos por los ministros de todos los Estados miembros». 
Pienso, por ejemplo, que los temas relacionados con la coordinación de las políticas económicas, las cuestiones relativas a las grandes orientaciones de política económica serán y deberán ser debatidas entre quince. 
Lo mismo ocurre con todo lo relativo al mercado único, la armonización fiscal y los problemas sociales. 
Por lo demás, y ello es esencial, el Consejo Europeo ha recordado que el Consejo «Ecofin» (Consejo de Ministros de Finanzas de los Quince) a diferencia del Consejo Euro, es la única instancia habilitada para tomar decisiones con arreglo a las normas y los procedimientos previstos por el Tratado. 
Este papel central que el Consejo «Ecofin» ha de desempeñar a petición expresa del Consejo Europeo, con el apoyo de la Comisión y a propuesta de ésta, este papel en materia económica, consagra la unidad y la cohesión de la Comunidad. 
Quisiera dar las gracias por la respuesta. 
No quiero ser peor que los demás y les deseo también un feliz año, saludo dirigido también al Comisario. 
Tenemos ante nosotros un interesante año en el que vamos a echar a andar el euro y el Comisario va a tener una importante participación en ello. 
Yo soy uno de los parlamentarios suecos que ve este acontecimiento muy positivamente, es decir, que ahora vamos a tener un euro y posibilidades de evitar especulaciones con divisas obteniendo, a través de esto también, una mayor independencia para elaborar una política económica a la sombra del euro. 
En la respuesta se nos dijo, además, que se realizarían muchas reuniones informales en el llamado Consejo del Euro. 
Según mi parecer, esto significa que no se tratará de discusiones formales sobre decisiones por mayoría y cosas semejantes. 
El Comisario tendría que confirmarlo en ese caso. 
Desearía que este Consejo del Euro llegase a ser un foro que ofreciese un contrapeso político al Banco Central, más control democrático y también una coordinación de la política económica. 
Señor Presidente, gracias por sus deseos que acepto también para el éxito del lanzamiento del euro. 
Puedo asegurarle que actualmente no escatimamos esfuerzos para conseguir el éxito de esta operación. 
Si, el Consejo Euro es una instancia útil, en la medida en que jamás hablamos bastante todos juntos. 
Tenemos una política monetaria común, federal, empleamos las palabras que convienen, y ante ello, tenemos políticas nacionales que siguen siendo de competencia nacional. 
Es necesario reforzar la coordinación y nuestra acción común. 
De allí el interés de multiplicar los contactos entre los ministros de Finanzas. 
Sin embargo, no hay que trastornar el equilibrio del Tratado. 
Creo que este Consejo Euro será útil para la sensibilización y el análisis. 
Pero debemos velar- y la Comisión lo hará en la medida que le corresponde- por que la integralidad de los poderes previstos por el Tratado, en las condiciones previstas por el Tratado, es decir propuesta de la Comisión, opinión del Consejo Europeo, decisión del Consejo, que estos poderes se ejerzan en las instancias previstas para ello por el Tratado, es decir el Consejo Ecofin. 
Participo también de los buenos deseos para el nuevo año que han expresado mis predecesores. 
Igual que Waidelich, soy de los que en Suecia ve muy positivamente la introducción del euro y espero que todo este proceso, bastante difícil, llegue a buen término. 
Cuando se forme el Consejo del Euro, es obvio que participen en él y en las reuniones informales los países que son parte de la UEM. 
Sin embargo, los países que han elegido quedarse afuera pueden tener, de todos modos, interés en ser informados acerca de lo que ocurre en las reuniones del Consejo del Euro. 
¿Hay algunas ideas para informar a los pocos países que están fuera de la UEM, cuando ella se concrete? 
Ante todo, permítame, Sr. Andersson, puesto que es usted partidario del euro y pertenece a un país que ha manifestado el deseo de no formar parte del euro por ahora, de darle dos argumentos, o dos pistas de reflexión, que podrían ser útiles en su país. 
¿Piensa usted, razonablemente, que un país que no forma parte del euro pueda aplicar una política monetaria totalmente independiente de la zona euro que, por definición, será sumamente poderosa? 
Personalmente, pienso que cabe interrogarse sobre este aspecto, porque ello quiere decir, en este caso, que si no se forma parte del euro, se verá obligado a seguir la política monetaria sin haber participado en su definición. 
Segundo elemento de reflexión: las empresas. 
Incluso si sus administraciones nacionales permiten, en los países que no participan en el euro, trabajar en euros, ¿no tendrán, no obstante, que soportar un coste suplementario? 
En efecto, será preciso que alguien asuma, de una manera u otra, el riesgo de cambio entre el euro y la moneda no euro. 
Este riesgo de cambio va a desaparecer para los países euro, y por tanto, trátese de empresas o de bancos, ya no tendrán que facturarlo. 
El problema, me parece, puede plantearse totalmente para los países no euro, pero, Sr Andersson, se trata meramente de dos ideas o dos pistas de reflexión que, a mi juicio, merecen examen. 
Para responder precisamente a su pregunta, diré que es claro que si este órgano es informal, no por ello es menos importante que los trabajos deban ser transparentes. 
La presencia de la Comisión y el hecho de que el recinto de decisión sea el Consejo Ecofin, dan todas las garantías de que la información se dará de manera transparente en todos los países europeos, sean o no sean miembros del euro. 
No se puede impedir a los países euro discutir entre ellos, sin embargo, el interés de esta resolución del Consejo Europeo, es que este debate se vea así enmarcado en un procedimiento y en un sistema que permita a la vez asegurar la transparencia y garantizar la unidad de la Unión Europea. 
Pregunta nº 50 formulada por Jan Andersson (H-0970/97): 
Asunto: Posibilidad de introducir en el futuro nuevos criterios para la cooperación económica y monetaria 
La cooperación económica y monetaria en la Unión Europea está actualmente orientada a asegurar la estabilidad de los precios. 
No obstante, en el debate sobre el desarrollo de la UEM se han presentado ideas que prevén la posibilidad de introducir nuevos criterios para la cooperación. 
Uno de estos criterios, que merece una detenida consideración, se refiere al crecimiento económico. 
¿Qué piensa la Comisión de la posibilidad de introducir este criterio en la cooperación económica y monetaria? 
La pregunta del Sr. Andersson brinda la oportunidad de disipar cualquier malentendido entre dos conceptos distintos, a saber los criterios, los medios y los objetivos. 
En efecto, están los criterios, para la realización y el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Por otra parte, están los objetivos y los medios, para la coordinación de las políticas económicas. 
Los criterios para la introducción de la Unión Económica y Monetaria se definen en el artículo 109 J del Tratado sobre la Unión Europea. 
Deben permitir a la Comisión- se lo recuerdo- y al Consejo verificar si, cito: » la consecución de un alto grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumplimiento de los siguientes criterios por parte de cada uno de los Estados miembros». 
Entre estos criterios figura, cito: » el logro de un alto grado de estabilidad de precios». 
Asimismo, esta es la misión principal que se ha asignado al sistema europeo de los bancos centrales. 
Se trata del artículo 105 del Tratado, y este artículo prevé, cito: » El objetivo principal del SEBC sará mantener la estabilidad de precios. 
Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 2. 
¿Qué contiene, pues, el artículo 2? 
«La Comunidad tendrá por misión promover» -sigo citando- «un crecimiento sostenible y no inflacionista». 
El crecimiento no se decreta. 
Es el resultado de la política económica y ésta es necesaria para permitir una importante creación de empleo. 
Por lo demás, la política de empleo es la prioridad política de la Unión Europea. 
Ahora bien, la estabilidad de los precios es indispensable para asegurar el carácter sostenible del crecimiento y, por tanto, un nivel elevado de protección social. 
La mejor prueba de ello es el retorno del crecimiento en Europa, puesto que este reciente retorno ha ido a la par con la reducción de la inflación. 
Le recuerdo que en 1996, tuvimos el 2, 6 % de inflación y solamente una tasa de crecimiento de 1, 8 %. 
En 1997, la inflación descendió al 2, 1 %, la tasa de crecimiento aumentó al 2, 6 % y la inflación debería grosso modo mantenerse en 1998 y el crecimiento aumentar al 3 %. 
Los interlocutores sociales han comprendido bien esta estrategia puesto que la apoyan, como lo demuestran sus opiniones comunes sucesivas, especialmente la que emitieron para el último Consejo Europeo. 
Por tanto, no se prevé, en estas condiciones, modificar criterios que son buenos. 
Sólo un crecimiento sostenido y una inflación controlada proporcionan un marco apropiado para la creación de empleo, incluso si la lucha contra el paro impone el establecimiento de otras medidas, más fundamentales, yo diría más estructurales. 
Esa es la vía que ha abierto el Consejo Europeo de Luxemburgo en el mes de noviembre y que mencioné hace un momento en mi respuesta a una pregunta anterior. 
Permítanme comentar, en primer lugar, lo que dijo el Comisario en relación con mi intervención anterior, es decir, que los países fuera de la UEM no pueden tener una política monetaria independiente. 
Estoy de acuerdo con este criterio, es una quimera creer que se puede realizar una política monetaria independiente desde afuera. 
También estoy de acuerdo en que las empresas en los países que estén fuera de la UEM serán, evidentemente, dependientes de lo que ocurra en el territorio del euro. 
De todos modos, hay una crítica en contra de la UEM y ella es su insuficiente arraigo popular en Europa. 
Esto no se puede desatender. 
Una de las causas de esto es que, simultáneamente con la introducción del euro, tenemos un desempleo demasiado alto. 
No se puede negar que, tal vez, ha influido el hecho de que se tienen unos objetivos generales para crear estabilidad en los precios a los que se han supeditado todas las demás metas. 
Yo desearía que hubiera un mayor equilibrio entre estabilidad en los precios y crecimiento. 
No estoy en contra de la estabilidad de los precios, al contrario. 
El equilibrio entre los objetivos de crecimiento y las metas de estabilidad en los precios debería, no obstante, ser mejor. 
Responderé muy rápidamente que, a mi juicio, los criterios de convergencia, o los criterios de estabilidad, no son obstáculos al crecimiento. 
Al contrario, le sirven de apoyo y sostienen el crecimiento incluso si debemos darle a éste un contenido más rico en empleo. 
Si no se explica a la opinión pública europea este nuevo proceso, este nuevo advenimiento, ésta no lo aceptará. 
Creo que es preciso prever un esfuerzo de explicación importante. 
En segundo lugar, es preciso tranquilizar, y para ello es efectivamente necesario que la lucha contra el paro, que se ha convertido en una prioridad política en el seno del Consejo Europeo, en el seno de Consejo de Ministros, encuentre un contenido, una aplicación concreta. 
Este es el compromiso que el Consejo Europeo manifestó en Luxemburgo, en el mes de noviembre. 
Ahora es preciso reunir estas condiciones. 
Creo que está abierta una pista prometedora. 
Refleja un enfoque que fue retenido con éxito por la Unión Económica y Monetaria, que es el enfoque por objetivos. 
Es preciso perseverar en esta vía. 
A diferencia de quienes formularon preguntas anteriormente, yo pertenezco a la parte de la representación sueca en el Parlamento que es crítica frente a la UEM. 
Pregunto por qué no se podrían desarrollar también otros criterios además de la estabilidad de los precios, no se ha nombrado para nada el empleo, se ha señalado el crecimiento. 
La norteamericana Fed tiene esos tres criterios en la definición de lo que es su actividad. 
El otro día participé en un foro en la subcomisión de asuntos monetarios, de la que soy miembro. 
Fue un foro muy interesante, en el que los expertos que participaron preguntaron precisamente sobre el insuficiente equilibrio en el BCE, es decir, que es sólo la estabilidad en los precios lo que vale. 
Otra pregunta que también surgió fue la falta de democracia cuando no se sabe a ciencia cierta quién ha encargado al BCE su misión. 
Mi pregunta a ustedes sería ¿podrían decirme si es el Parlamento o el Consejo de Ministros u otro que ha dado delegación al BCE? 
Estoy de acuerdo con el Comisario en cuanto a que las saludables finanzas públicas y los bajos intereses son buenos para el crecimiento. 
También creo que el euro, a través de una estabilidad monetaria, es bueno para el crecimiento y el empleo en la UE, para los países con euro en ese momento. 
Sin embargo, creo que es necesario ver otras posibilidades. 
Creo que un objetivo de crecimiento, tal como la Reserva Federal lo es en los Estados Unidos, puede ser un paso adelante. 
Me pregunto si he interpretado correctamente al Comisario y quiero preguntarle lo siguiente: ¿Es posible formalmente posponer un criterio de crecimiento si los jefes de gobierno están de acuerdo en ello? 
En efecto, yo no creo personalmente que pueda oponerse a medio o largo plazo, la política de la Federal Bank en los Estados Unidos y la política del Bundesbank en Alemania. 
Si observa las cifras en un período de 10, 15 o 20 años, verá que en definitiva los resultados no son muy distintos, incluso si, en ciertos momentos, pueden aparecer efectivamente diferencias de apreciación. 
En segundo lugar, el crecimiento no puede ser un criterio en el sentido del Tratado, porque una vez más, el crecimiento no se decreta: es la consecuencia de una buena política económica. 
Lo que puede decirse, es que el crecimiento es un objetivo en la gestión de nuestras políticas económicas con, en el núcleo de estas políticas, el empleo. 
Al haberse agotado el tiempo previsto a este bloque, las preguntas núms. 51 a la 55 se contestarán por escrito. 
Quiero recordar a su Señoría las conclusiones del Consejo de 24 de noviembre de 1997. 
Ahí se precisó que la Comisión debe enmarcar la presentación de propuestas en favor de la música en el ámbito de la decisión adoptada el 22 de septiembre de 1997 sobre el futuro de la acción cultural en Europa, que prevé la posibilidad de un instrumento único para la cultura. 
En ese sentido hemos hecho una experiencia a lo largo de estos años, desde el momento en que se ha inscrito en el artículo 128 el tema cultural; y la hemos hecho a través de tres programas: el programa Ariane, el programa Kaleidoscopio y el programa Raphael. 
Pero tanto el Parlamento como el Consejo han considerado que éste ha sido probablemente un camino para un ensayo; en el futuro es preferible fijar un marco global, un marco único para tratar de todos los temas culturales. 
Por esta razón, las propuestas que la Comisión presente próximamente- en las que se concederá especial atención al tema de la música- reunirán en ese marco único a los distintos sectores culturales y artísticos, de acuerdo con el deseo expresado por el Parlamento y por el Consejo. 
En cuanto al empleo en el ámbito cultural, la Comisión recuerda que presentará en las próximas semanas un Libro Verde sobre la cultura, las industrias culturales y el empleo, y se referirá concretamente a la música. 
Tenemos muy avanzado ya el estudio- todavía no está terminado- pero quiero tranquilizar a la Sra. Izquierdo Rojo diciéndole que la música va a ocupar un lugar especial. 
Respecto a la ayuda comunitaria obtenida por la música en estos últimos años, la Comisión tiene a disposición de su Señoría el inventario que a afectos informativos ha distribuido con ocasión de la audiencia dedicada a ese tema por el Parlamento Europeo el 18 de junio. 
Quiero recordar también que para la Comisión los proyectos de cooperación en el campo musical pueden y deben recibir apoyo, pero en la medida en que cumplan las condiciones de los programas e iniciativas comunitarias existentes. 
Estos son, para 1998, el programa Kaleidoscopio y la convocatoria de propuestas que se va a publicar en los próximos días a partir de la línea B3-2003 denominada «Apoyo comunitario a los proyectos de desarrollo cultural». 
Considerando además que los programas e iniciativas mencionados están abiertos a una gran variedad de disciplinas artísticas y que la calidad cultural de los proyectos es uno de los criterios determinantes para la selección, hay que comprender que la Comisión no esté en condiciones, en estos momentos, de prever el importe de las ayudas económicas que puedan otorgarse a ese sector en 1998. 
Pero, sobre todo, lo que me interesa es recordar que las ayudas directas a las orquestas de los Estados miembros que atraviesan dificultades económicas son- como sabe muy bien la Sra. Izquierdo Rojoresponsabilidad de los Estados miembros. 
Es a estos a los que corresponde determinar la prioridad en cuanto a las ayudas públicas a las instituciones musicales, mientras que la acción comunitaria- con arreglo al artículo 128 del Tratado y al principio de subsidiariedad- va dirigida a fomentar la cooperación entre Estados miembros. 
Sin embargo, quiero recordar la ayuda que la Comunidad presta a orquestas como, por ejemplo, la «European Youth Orchestra» y la «Orquesta Barroca» a través del programa Kaleidoscopio. 
Es decir, que a esos programas y a esas orquestas en las que se agrupan los distintos Estados miembros sí les prestamos ayuda. 
Puedo decirle, además, que personalmente he creído que hay que impulsar este tipo de ayudas. 
Me parece que es algo enormemente simbólico el que existan estas orquestas en las que hay representantes de todos los Estados miembros. 
Para el futuro, la reflexión sobre la música estará integrada en el programa marco de política cultural europea. 
Aprovecho esta oportunidad para llamar especialmente la atención sobre este asunto, porque creo que, aunque va a servirnos de referencia para lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tenemos que innovar. 
Tenemos que saber realmente qué queremos hacer con la cultura en el ámbito de la Comunidad. 
Es una cuestión que no está clara, que se ofrece a mucho debate todavía, a mucha incertidumbre; y ello debido a que hay Estados miembros que consideran que este es un asunto que sólo mínimamente debe ser tratado en el ámbito comunitario. 
Otros Estados tienen problemas de tipo constitucional, es decir, que la propia Constitución de esos Estados dificulta el que de la cultura pueda proyectarse en el ámbito comunitario. 
Esa es la razón por la que creo que tanto el Parlamento como el Consejo han demostrado muy buen juicio y, con la convicción de la Comisión, vamos a preparar ahora bien ese gran programa marco, ese gran programa cultural. 
Y ahí es donde tendrá cabida el tema de la música. 
En ese sentido, vamos a celebrar un foro los días 29 y 30 de septiembre, donde habrá una representación muy significativa del Parlamento. 
Yo me estoy reuniendo cada dos o tres semanas con un grupo de representantes del mundo de la música y de otros ámbitos de la cultura, por ejemplo, con el Sr. Gutiérrez Aragón, que ha sido uno de los muchos que han pasado por estos encuentros. 
Todos los países han estado representados y me he reunido con una docena de personas cada vez. 
Sobre todo, para recibir aliento y para saber qué es lo que piensa la sociedad europea de lo que se puede hacer en el ámbito cultural. 
Este resultado es el que nos va a permitir preparar ese documento que nos ha pedido el Consejo, que nos reclama también el Parlamento y que tenemos que presentar antes del 1 de mayo. 
Por lo tanto, tenemos un trabajo muy intenso que realizar de aquí al 1 de mayo y, desde luego, puede estar segura, Sra. Izquierdo Rojo, que vamos a tener muy en cuenta lo que significa la actividad cultural y, evidentemente, también- dentro del mundo de la música- en qué medida todo ello puede contribuir a la creación del empleo. 
Quisiera agradecerle al Comisario esta respuesta amplia, tan positiva y sobre todo tan alentadora. 
Me tranquilizaría todavía más si, ante esa insuficiencia de la política realizada hasta el momento, pudiéramos cargar las tintas en los aspectos innovadores. 
Precisamente por ello, y atendiendo a la necesidad de que la subsidiariedad no sirva de freno en la próxima etapa, quisiera preguntarle si, con el fin de llegar a esas orquestas prestigiosas y reconocidas que aún no han recibido el apoyo suficiente (y ese es el problema: que no nos sirve lo que hemos hecho hasta ahora, porque no llega para ese fomento de la música) , se prevé el establecimiento de acuerdos y de convenios con diferentes entidades para que no sea la propia subsidiariedad- por la falta de cultura musical- la que nos impida alcanzar ese objetivo. 
Efectivamente, yo creo que hay que intentar esos acuerdos. 
Lo que le pediría- puesto que es bien conocida la sensibilidad de la Sra. Izquierdo en estos temas -, es que aporte cualquier iniciativa o cualquier idea que tenga al respecto, ya que este es el momento de intentar ponerla en marcha, porque precisamente empezaremos la redacción del proyecto a partir del día 1 de febrero. 
En este momento, de aquí al 1 de febrero y, sobre todo, en el marco de ese gran foro, lo que queremos es, ante todo, escuchar. 
Hemos querido evitar la tentación que puede tener la Comisión de encerrarse en un despacho y preparar un proyecto. 
No hemos querido hacerlo así; en ningún ámbito hay que hacerlo, pero muchos menos en la cultura. 
Por eso, lo que queremos es dirigirnos a los actores, a los creadores, a los poetas, a los artistas, a los parlamentarios, a los gobiernos, y que entre todos, dentro de ese marco que va a ser ese foro, podamos recibir ideas. 
Puede estar segura también de que, antes de la presentación formal, el día 1 de mayo, yo trataré de reunirme con la Comisión de Cultura para poder intercambiar puntos de vista en relación con este tema. 
Me parece que la cuestión que ha planteado es importante y yo quisiera plantearla ya concretamente, con soluciones muy precisas, cuando tengamos más esbozado el programa marco, que presentaremos finalmente el 1 de mayo. 
Señor Comisario, yo quiero agradecerle ante todo su respuesta a la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo. 
Sin embargo, quisiera hacerle dos preguntas adicionales. 
Desde que estoy en el Parlamento, se ha conseguido, de hecho, un solo éxito decisivo en el ámbito de la música. 
Éste fue la celebración del Año de la Música, como fruto de una iniciativa de nuestro colega Hahn. Éste fue un verdadero éxito. 
¿Se han apoyado en este éxito para elaborar los planes para el futuro que se proponen presentar el 1 de mayo? 
Pasando al segundo punto, yo estoy muy preocupado por la decadencia de nuestra música tradicional. 
Lo cierto es que los diferentes medios de comunicación de masas están matando progresivamente dicha música. 
¿Se proponen incluir también en su programa estos aspectos muy esenciales, se proponen promover los instrumentos tradicionales mediante un apoyo para dicha música? 
¡Ésta es una medida necesaria para el futuro! 
Quiero decirle, Sr. von Habsburg, que soy especialmente sensible a la mención que ha hecho de la música tradicional. 
Precisamente yo creo que uno de los factores que caracteriza a Europa es la riqueza de la diversidad. 
¿Qué es en definitiva Europa? y ¿qué es la unidad europea? 
La unidad europea está formada por la diversidad de sus distintos pueblos, de sus tradiciones, de sus formas de vida, de sus hábitos. 
Esa es la gran diferencia con respecto a ese melting pot que son los Estados Unidos. 
La diferencia fundamental es que nosotros tenemos que salvaguardar la riqueza de nuestra diversidad y, dentro de esa diversidad, está, evidentemente, la música, las canciones populares... 
Por lo que se refiere al Año Europeo de la Música, recuerdo muy bien que estando yo en esta sede, pero en una función distinta, en el Consejo de Europa, se lanzó el Año Europeo de la Música. 
Efectivamente, fue un gran éxito; y lo fue porque no se intentó solamente la alta cultura, sino que se intentó llegar precisamente al respeto de esa diversidad cultural. 
Vamos a tener esto en cuenta y, para ese programa que vamos a presentar el 1 de mayo, tomo buena nota de este deseo que ha sido expresado y que hago absolutamente mío. 
Pregunta nº 57 formulada por Hugh McMahon (H-1001/97): 
Asunto: Transmisión de los principales acontecimientos deportivos por televisión terrestre en la UE 
¿Podría informar la Comisión al Parlamento de los progresos que se han realizado en las conversaciones mantenidas con los Estados miembros con vistas a la elaboración de una lista de los principales acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, como por ejemplo el torneo Cinco Naciones de rugby, el Open Golf y el torneo de Wimbledon, que podrán seguir siendo vistos por todos los ciudadanos de la UE? 
En el procedimiento de codecisión para la modificación de la Directiva «Televisión sin fronteras» , el Parlamento aprobó una enmienda con el objeto de garantizar al público el acceso a determinados acontecimientos deportivos de especial importancia en la televisión de libre acceso en todo el territorio de la Unión Europea. 
Yo no había incluido esto en la propuesta de directiva. 
Yo presenté una propuesta de directiva el 22 de marzo de 1995 y no incluí una propuesta en relación con el acceso a determinados acontecimientos deportivos. 
Sin embargo, cuando escuché en el Pleno la iniciativa que nacía del Parlamento de incluir esta posibilidad de garantizar al público el acceso a determinados acontecimientos deportivos, me pareció que era una idea interesante, y la retuve inmediatamente. 
Puedo decirle que en la fase de conciliación que se celebró- puesto que no hubo acuerdo después de la segunda lectura -, se comprobó- y en eso yo estaba de acuerdo- que no era posible llevar a cabo lo que podríamos llamar una relación armonizada de los grandes acontecimientos a nivel comunitario. 
Era importante que se recogiera de alguna forma la opinión de que había acontecimientos que había que retransmitir con libre acceso, pero lo que no creíamos posible algunos- y yo, ciertamente, entre ellos- es que pudiese haber una relación armonizada de los acontecimientos a nivel comunitario. 
Por eso, la nueva directiva contiene unas disposiciones que están encaminadas a garantizar que los Estados miembros puedan adoptar medidas para proteger el derecho a la información y asegurar un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de acontecimientos nacionales, o no nacionales, de gran importancia para la sociedad. 
Y los ejemplos que solemos poner habitualmente son los juegos olímpicos, el campeonato del mundo de fútbol y el campeonato europeo de fútbol. 
Estas disposiciones figuran en un nuevo artículo 3 bis de la Directiva. 
Consisten en un sistema que se llama de reconocimiento mutuo y está dirigido a evitar la posibilidad de que se eludan las medidas nacionales que garantizan el acceso a la retransmisión televisiva de los acontecimientos de importancia. 
En primer lugar, los Estados miembros pueden establecer una lista de acontecimientos de gran importancia y adoptar medidas para que no se prive a una parte sustancial del público de la posibilidad de seguir estos acontecimientos en directo o en diferido en la televisión de libre acceso. 
En segundo lugar, estas medidas tienen que ser notificadas a la Comisión. 
La Comisión comprobará si se ajustan al Derecho comunitario y recabará el dictamen de un comité que se ha creado en esta Directiva, denominado Comité de contacto de los representantes de los Estados miembros. 
Cada conjunto de medidas nacionales, en el caso de que se consideren compatibles con el Derecho comunitario, deberá comunicarse a todos los demás Estados miembros y publicarse en el Diario Oficial. 
En tercer lugar, los Estados miembros deberán garantizar que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no incumplan las listas de acontecimientos establecidos por otros Estados miembros de conformidad con este procedimiento. 
Por último, quiero recordar que la nueva directiva se publicó y entró en vigor el 30 de julio de 1997. 
Y los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 1998 para incorporarla a sus respectivos ordenamientos nacionales. 
En el Comité de contacto ha tenido lugar una amplia discusión sobre la aplicación del artículo 3 bis y hasta la fecha la Comisión no ha recibido ninguna notificación oficial de los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión tiene conocimiento de que la gran mayoría de los Estados- si no todos- han adoptado o piensan adoptar medidas para garantizar un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de los grandes acontecimientos y espera recibir estas notificaciones a lo largo del año 1998. 
En conclusión, y concretamente en respuesta a la pregunta, muy específica, del Sr. McMahon, puedo decirle que en relación a los tres acontecimientos que menciona será necesario que el Reino Unido proponga estos acontecimientos en la lista que presente a la Comisión y que ésta aprecie que las mismas reúnen la condición de grandes acontecimientos deportivos. 
Por lo tanto, este es el mecanismo tal y como está previsto en la directiva en la que, insisto, no se trata de una armonización, es decir, no se trata de una lista única, sino de las listas que emanan de cada uno de los Estados miembros, y cada uno de los Estados miembros acepta la lista de los demás en virtud de un principio de mutuo reconocimiento. 
Y finalmente es la Comisión la que tiene que dar su visto bueno y comprobar la concordancia con el Derecho comunitario. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su explicación tan completa- 6 minutos y 47 segundos de respuesta; una respuesta muy amplia y completa. 
Lo que resulta evidente de su respuesta, y que quizá cabría destacar, es que ningún Estado miembro le ha enviado ninguna información. 
¿Piensa presionar a los Estados miembros para que le faciliten información, para que le presenten una lista? 
¿Con que frecuencia prevé que se reunirá el comité, y piensa iniciar un procedimiento de incumplimiento si los Estados miembros no le presentan una lista? 
Señor McMahon, un Estado miembro no está obligado a presentar una lista. 
Un Estado miembro puede no presentar lista. 
Ese es su problema. 
Lo que ocurre es que si un Estado miembro presenta una lista, digamos, excesiva, por el número y, sobre todo, excesiva por el tipo de acontecimientos- por ejemplo, todos los partidos de fútbol- evidentemente, esto no sería aceptable para la Comisión. 
Ahora, nada impide que un Estado decida que no quiere incluir ningún acontecimiento en la lista. 
Y eso es perfectamente respetable. 
Por tanto, no voy a hacer nada. 
No voy a hacer más que esperar a que me envíen la lista. 
Y estoy seguro de que casi todos los Estados van a mandar la lista. 
Pero puede ocurrir que un Estado no presente lista- sé, por lo menos, de un Estado que, hasta este momento, no tiene intención de presentar lista, y quiero advertirle que no es el Estado que yo mejor conozco, es otro -, pero eso es posible. 
En cuanto al Comité de contacto, nos ha parecido que era bueno que la Comisión no quedase aislada sino que pudiera consultar. 
¿A quién? 
A un comité de contacto. 
Pero, al final, será la Comisión la que adopte la decisión. 
Y evidentemente, en el caso de que la decisión de la Comisión no sea respetada por un Estado miembro, ésta abrirá el procedimiento correspondiente. 
Tengo una pregunta muy breve. 
Quisiera saber si la Ryder Cup entra dentro de este plan. 
La Ryder Cup que, como usted sabe, se celebró recientemente en España por primera vez, es probablemente la única competición en la que la práctica totalidad de Europa anima realmente al equipo europeo. 
En otras competiciones se puede animar a Inglaterra, Francia, Alemania o a cualquier otro país, pero cuando toda Europa se enfrenta a los Estados Unidos en golf, es una ocasión en la que la gente de Europa se siente realmente unida durante dos o tres días, todo el mundo apoya al equipo europeo. 
Sin embargo, en el Reino Unido se transmitió vía satélite y la mayoría ni siquiera pudo verla. 
Por tanto, ¿dónde entra la Ryder Cup en este modelo concreto? 
Señor Cunningham, puedo tener un criterio respecto a la pregunta que usted me hace- creo que ese es un acontecimiento importante -, pero no quisiera, en este momento, dar una respuesta individualizada. 
En estos momentos tenemos que esperar a una cosa: a que vengan las listas de los distintos Estados. 
Una vez que lleguen las listas de los distintos Estados, la Comisión consultará al comité de contacto, recibirá la respuesta de este y, a la vista de esa respuesta, la Comisión adoptará una decisión. 
Se trata de que haya un criterio restrictivo, pero eso no quiere decir que los grandes acontecimientos no estén incluidos. 
Y quiero decirle también una cosa que me parece importante: lo que puede ser un acontecimiento importante en un país puede no serlo para otro. 
Es decir, usted piense, por ejemplo, en el derby. 
Evidentemente, el derby es un acontecimiento muy importante en el Reino Unido pero, probablemente, en España o en Grecia es un acontecimiento que interesa menos. 
Pues bien, el criterio que se va a seguir- y de ahí el reconocimiento mutuo- es que cada Estado decida cuáles son sus acontecimientos importantes y que los demás respeten esa decisión. 
Pregunta nº 58 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-1009/97): 
Asunto: Estudio de la Comisión sobre los niños y la publicidad 
Esta es la tercera vez que formulo una pregunta al Comisario Oreja sobre el estudio sobre los efectos de la publicidad en los niños, prometido en numerosas ocasiones por la Comisión. 
Algunos estudios independientes han demostrado que los niños no pueden ser considerados consumidores puesto que hasta los 12 años son incapaces de diferenciar entre un mensaje publicitario y una información objetiva. 
¿Puede informar el Sr. Oreja en qué situación se halla el estudio de la Comisión y cuándo piensa que podrá presentar un resumen, aunque sea informal, ante la Comisión de Cultura? 
Creo que puedo ser breve en la respuesta a la Sra. Ahlqvist. 
No es la primera vez que se plantea esta cuestión y conozco la sensibilidad de la Sra. Ahlqvist sobre este asunto. 
Quiero recordarle que, para tener en cuenta la solicitud de una delegación en el Consejo durante el procedimiento de revisión de la Directiva de televisión sin fronteras, la Comisión se comprometió a llevar a cabo un estudio sobre la incidencia de la publicidad televisiva y de la televenta a los menores con vistas a reexaminar este tema en la próxima revisión de la directiva. 
Quiero repetirle a la señora Ahlqvist lo que ya le dije la última vez. 
Soy muy sensible a su preocupación, que comparto plenamente. 
Lo que ocurre es que yo tengo las limitaciones que tengo y esta es una responsabilidad que ha asumido la Comisión dentro de un plazo determinado. 
Es decir, la Comisión tiene que hacer esta revisión a más tardar el 31 de diciembre del año 2000. 
¿Qué tiene que hacer? 
Un informe sobre el cumplimiento de la directiva al que se adjuntarán en su caso las correspondientes propuestas de adecuación. 
Eso es, por consiguiente, a lo que nos hemos comprometido. 
Este informe se presentará evidentemente también al Parlamento Europeo, por supuesto. 
Desgraciadamente ese estudio no puede comenzarse en el año 98- aunque yo lo habría preferido -, ya que la autoridad presupuestaria- y ya sabe lo que quiero decir con eso, Sra. Ahlqvistha recortado los créditos propuestos por la Comisión para este tipo de estudios. 
La Comisión tiene en este momento otra prioridad que estoy seguro que también le importa a la Sra. Ahlqvist. 
Se trata de la investigación sobre el chip contra la violencia, contemplado expresamente en el artículo 22 de la nueva directiva. 
Teníamos que optar, y como tenemos una prioridad que es el programa del chip, esto significa que la Comisión no podrá iniciar el estudio en cuestión hasta principios de 1999. 
Así pues, espero tener resultados en el curso de 1999 o, en todo caso, a más tardar, muy a principios del año 2000. 
Yo quiero- me comprometí a ello la última vez y se lo repito ahora- que esto pueda hacerse no al final, sino antes del final y, si es posible, en esa fecha. 
Por tanto, debemos hacer ese estudio con tiempo para incluirlo en el informe de aplicación a que se refiere el artículo 26. 
Si la situación cambiara- por ejemplo, en el marco del procedimiento Noteboom -, yo puedo asegurarle, Señoría, que tomaríamos las medidas oportunas para intentar relanzar este estudio. 
En este sentido, como le he dicho, comparto plenamente la preocupación de su Señoría. 
Voy a ser muy breve. 
Agradezco al Comisario por la respuesta. 
Sé que el Comisario está de acuerdo en que se haga este estudio. 
Nunca antes había tenido una respuesta tan concreta en relación con el tiempo, que se hará en 1999. 
Por eso doy las gracias por esta respuesta. 
En Suecia crece, sin embargo, la irritación y las críticas respecto de la publicidad dirigida a menores. 
Se llama a boicotear y se considera que hay que hacer algo. 
Ahora se me ha dado esta respuesta sobre el año 1999. 
Aunque ella es negativa, en cualquier caso, es más clara que las dos respuestas anteriores, así es que doy las gracias al Comisario. 
Pregunta nº 59 formulada por Maj Theorin (H-0965/97): 
Asunto: Situación en Birmania 
La situación en Birmania es muy grave. 
En 1990 la LND (Liga Nacional para la Democracia) ganó las elecciones parlamentarias libres con más del 80 % de los votos. 
El resultado de las elecciones no se ha respetado. 
El régimen militar se mantiene en el poder por medio del estado de excepción. 
El 27 de septiembre de 1997, la Liga Nacional para la Democracia celebró su primer congreso autorizado. 
Poco tiempo después, un número considerable de delegados al congreso fueron detenidos por la dictadura militar SLORK. 
¿Qué iniciativas se propone adoptar la Comisión para apoyar la lucha de la oposición en favor de la democracia en Birmania? 
Respecto a la posición política de la Unión Europea en relación con la cuestión birmana, quiero confirmarles en primer lugar que la posición común adoptada en octubre de 1996 ha sido renovada. 
En este sentido, la Unión Europea mantiene exactamente la misma posición respecto a lo acontecido en este país. 
En segundo lugar, se ha mantenido y se sigue manteniendo la exclusión de Birmania de los beneficios del sistema de preferencias generalizadas, que fue una iniciativa de la Comisión, como bien sabe el Parlamento. 
En tercer lugar, en el mes de noviembre la Comisión presentó al Consejo una propuesta para que se pospusiera la reunión de alto nivel con el grupo ASEAN, precisamente porque el grupo ASEAN insistía en que Birmania estuviera presente. 
La Unión Europea no aceptó esta situación y la reunión fue pospuesta. 
Creo que es sumamente positivo que no aceptemos proseguir nuestro trabajo dentro del grupo ASEAN hasta que no se clarifique la posición de Birmania en este grupo. 
Y luego, en lo concreto, quiero decirle que en relación con los derechos humanos y la democracia, la Comisión ha establecido una oficina Europa-Birmania en Bruselas, precisamente con la finalidad de llevar a cabo una operación pública de concienciación sobre lo que está ocurriendo en Birmania y también, en la medida de lo posible, con el fin de formar futuros líderes y ayudar a la oposición birmana. 
El importe global de la financiación es de aproximadamente 950.000 ecus. 
Esperemos que esta oficina pueda poner siempre en evidencia que la Unión Europea tiene un compromiso muy firme con Birmania y con lo que allá está aconteciendo. 
Doy las gracias por esta clara posición de la Comisión. 
No tenemos opiniones contrapuestas, nosotros estimamos que Birmania no cumple con los criterios que tienen que existir para poder tener relaciones económicas y comerciales y beneficios aduaneros con este país. 
Esto es muy importante ya que hay empresas europeas, posiblemente en mi propio país, que hoy están pensando en invertir en Birmania, lo que sería bastante grave si sucediera. 
En Estados Unidos existe desde mayo de 1997 una prohibición de nuevas inversiones, motivada porque en Birmania la situación no ha cambiado. 
La UE tiene ahora herramientas en el plano judicial y posibilidades de ejercer presiones económicas. 
Por esto es importante que la UE dé el ejemplo y muestre voluntad política. 
Está bien que el Comisario esté de acuerdo conmigo en que nosotros, obviamente, no podemos aceptar que empresas europeas saquen provecho de la represión a que el estado birmano somete a sus habitantes. 
Como sabe muy bien la Sra. Theorin, la Comisión, y yo creo que eso ha sido valorado por el Parlamento, ha tomado una medida muy firme y muy clara hacia el gobierno birmano. 
Carecemos de competencia, en una economía globalizada, para determinar dónde se hace una inversión por parte de una empresa privada, pero en cualquier caso y visto cómo está la situación en el sudeste asiático, hablar en este momento de inversiones europeas me parece de un cierto riesgo. 
No por la situación birmana, sino por la situación general del mercado en este momento en el sudeste asiático. 
Quisiera preguntar al Comisario si reconoce la legitimidad de las elecciones de 1990 en Birmania en las que la NLD, liderada por Aung San Suu Kyi, fue la clara y legítima vencedora. 
Si en efecto las reconoce, ¿estaría de acuerdo conmigo en que en el supuesto de que la junta militar convocara nuevas elecciones en Birmania, éstas no podrían ser aceptadas como legítimas y, por consiguiente, nunca se reconocería su capacidad para anular los resultados de 1990? 
La respuesta es obvia. 
No se reconocerán nunca, ni en Birmania ni en ningún otro país, unas elecciones que no sean libres, democráticas, transparentes y bajo observación internacional. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 60, 61 y 62 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 60 formulada por Marianne Eriksson (H-0996/97): 
Asunto: Derechos humanos en Colombia 
En ese país no existe realmente democracia política ya que todos los partidos y movimientos progresistas son objeto de persecución. 
Solamente el partido Unidad Popular ha perdido miles de afiliados, entre los que se encuentran varios alcaldes democráticamente elegidos, víctimas de crímenes políticos: un ejemplo actual de esta persecución es el alcalde José Antonio Bula, democráticamente elegido en la ciudad de Apartado, que fue objeto de falsas acusaciones y encarcelado y sigue en la cárcel a pesar de que, el 22.7.1997, un tribunal lo declaró inocente de todas las acusaciones. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para protestar contra las graves violaciones de la democracia y de los derechos humanos en Colombia? 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión, en el caso concreto de José Antonio Bula, para que sea puesto en libertad? 
Pregunta nº 61 formulada por Jörn Svensson (H-0998/97): 
Asunto: Derechos humanos en Colombia 
Las fuerzas Convivir operan en Colombia como verdaderas fuerzas paramilitares y constituyen un problema muy grave. Convivir opera como una fuerza civil en un conflicto armado y es responsable de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. 
A pesar de que, según un tribunal colombiano, las fuerzas Convivir son conformes con la Constitución del país, tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el comisario de derechos humanos, Almodena Mazarassa, han declarado que la existencia de las fuerzas Convivir constituye una violación del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos. 
¿Qué se propone hacer el Consejo para denunciar la existencia de las fuerzas Convivir? 
¿Cómo deberá actuar la UE para contribuir a la disolución de las fuerzas Convivir? Pregunta nº 62 formulada por Richard Howitt (H-1004/97): 
Asunto: Derechos humanos en Colombia 
¿Está de acuerdo la Comisión en que el funcionamiento de grupos paramilitares ilegales en Colombia es uno de los principales obstáculos a las conversaciones de paz globales propuestas recientemente por el gobierno de ese país? 
Teniendo en cuenta que el gobierno prometió hace dos años crear grupos armados especiales para combatir a los paramilitares, promesa reiterada recientemente, ¿qué contactos mantiene y se propone mantener la Comisión con el gobierno colombiano para ayudarle a cumplir dicha promesa? 
Por otra parte, teniendo en cuenta el asesinato de al menos 19 activistas de los derechos humanos en Colombia en 1997 y que las organizaciones en favor de los derechos humanos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el problema de la impunidad, se propone la Comisión incrementar su apoyo político y financiero a dichas organizaciones? 
La Comisión comparte con el Parlamento su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia. 
Yo creo que la actitud de la Comisión y, en general, de la Unión Europea en esta materia es sumamente reconocida. 
Respecto a la Oficina de derechos humanos que existe en este momento en Bogotá- en Colombia -, debo decir que si esta Oficina existe es gracias a la intervención de la Unión Europea; no sólo por el concurso político que ha dado, sino por el concurso financiero, teniendo en cuenta que, debido a las dificultades que tienen las Naciones Unidas, hemos tomado la decisión de prorrogar la financiación comunitaria para este año que viene al objeto de permitir que esta Oficina y la Embajadora Mazarrosa continúen trabajando. 
Por lo que se refiere a los grupos paramilitares y especialmente a las llamadas cooperativas «Convivir» , deberían ustedes saber que yo mismo, en mi última visita oficial a Colombia, y en la rueda de prensa pública que hice, dejé clara cuál es la posición de la Unión Europea a este respecto. 
Entendemos que toda la actividad paramilitar, y en concreto este tipo de cooperativas, está fuera de lo que consideramos como normal dentro de la responsabilidad que tiene un Estado de garantizar una situación normal en cualquier país. 
Para nosotros, el elemento principal consiste en- de aquí a las elecciones generales, que serán en mayofavorecer la paz y las negociaciones de paz, pensando, como ya tuve oportunidad de decir en Colombia, que el principal objetivo político del nuevo gobierno, gane quien gane en el mes de mayo, tiene que ser la negociación de la paz y la búsqueda de la paz para un país que está sufriendo los inconvenientes, no sólo del narcotráfico, sino también de la guerrilla- que también es corresponsable -, de los paramilitares y de la propia situación política interna. 
Es una situación muy compleja y difícil, donde yo pienso que la Unión Europea puede hacer bastante cosas ayudando al proceso de paz y a la negociación interna. 
Doy las gracias por la respuesta. 
Estoy de acuerdo en que la situación en el país es, cuando menos, difícil. 
Es por eso que tampoco puedo decir que me llenó de alegría oír que tenemos una oficina allí. 
También he formulado una pregunta respecto a una persona determinada. 
Pregunto si se me puede dar una respuesta. 
Por lo demás, pienso retomar este asunto más tarde. 
No debería sorprenderle que la Unión Europea sea el principal financiador y el que ha determinado la instalación, en Bogotá, de una Oficina de derechos humanos, la primera que existe en América Latina. 
Ésta fue una decisión del Comité de Derechos Humanos en Ginebra, en colaboración con la Sra. Robinson, que es la nueva responsable de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que está trabajando perfectamente con nosotros. 
No recuerdo ahora la dirección, pero es público y notorio que esta oficina existe desde hace un año. 
En el otoño de 1977 tuve motivos para manifestar mis críticas en contra de la resolución parlamentaria que unilateralmente elogiaba las iniciativas de paz del gobierno colombiano sin pronunciarse, al mismo tiempo, sobre los bombardeos a civiles que simultáneamente realizaba el gobierno colombiano. 
Ahora, otra vez se nos ha recordado el doble juego del gobierno colombiano a través del uso y apertrechamiento de los grupos paramilitares. 
Por esto es muy valioso poder interpretar la respuesta de la Comisión en el sentido de que no comparte la anterior opinión, algo inocente e ilusionada, de la mayoría del Parlamento sobre el gobierno colombiano, sino que tiene una posición más crítica hacia este gobierno. 
Esto lo agradecemos. 
No, no, mi posición sigue siendo la misma. 
Yo estoy de acuerdo con aquella resolución del Parlamento Europeo. 
En materia de derechos humanos, en Colombia, que es un país que conozco bien, y donde estamos trabajando mucho en el tema de los derechos humanos, estos han sido conculcados por el Gobierno. 
Esto lo he dicho yo en Bogotá. 
Han sido conculcados por los militares, pero han sido conculcados también por la guerrilla. 
No hay que pensar que hay espíritus puros y asépticos en lo que ocurre en Colombia. 
Sí, yo sé que esta respuesta no le gusta, pero todos son responsables de esa situación. 
Estoy de acuerdo con el Comisario en que todos somos responsables de nuestros propios actos, pero usted parece haber hecho declaraciones generales sobre el tema de los derechos humanos en Colombia, sin responder a ninguna de las preguntas específicas que le han sido dirigidas. 
Le preguntaba, señor Comisario, qué piensa hacer, en términos de debates directos, sobre el hecho de que se hayan constituido grupos armados para luchar contra los paramilitares. 
Le preguntaba si solicitará un incremento de los fondos que van destinados directamente a las organizaciones colombianas de defensa de los derechos humanos. 
A lo que tampoco me ha respondido. 
Francamente, sus palabras sobre el apoyo a la Oficina de la ONU serían mejor recibidas si, durante una de sus conferencias de prensa en Colombia, no hubiera dicho que creía que Convivir podía ser neutralizado y que, en determinadas circunstancias, podía seguir existiendo. 
O el informe que he leído está equivocado o usted ha ido directamente en contra de lo que recomienda el responsable de la Oficina de la ONU, que nosotros financiamos. 
Por favor, denos respuestas concretas ahora y no sólo ámbitos generales de preocupación. 
Todos somos responsables de nuestros propios actos. 
Seré muy breve, señor Howitt, porque yo no sé si no le entiendo a usted, o usted no quiere entenderme a mí. 
Lo único que no haré será presentar un programa para luchar contra los paramilitares utilizando a las ONG. 
No sé si le he entendido bien. 
Yo no sé si usted sabe lo que es un paramilitar en Colombia. 
Tengo la impresión de que no lo sabe. 
Pero me resulta de una ingenuidad fuera de todo discurso político pretender que a los paramilitares, o el fenómeno de los paramilitares, en Colombia, en Argelia o en cualquier otro país, se pueda combatir financiando o no a las ONG. 
Lamento tener que decírselo con esta claridad. 
Y, en segundo lugar, no creo que yo haya atacado en absoluto la Oficina de Derechos Humanos. 
Aquí ha debido de haber un malentendido; al contrario, la estamos financiando. 
En consecuencia, yo les pido a ustedes que sigan de cerca la política que estamos haciendo en relación con Colombia y los progresos que estamos realizando en una situación difícil. 
Pero, por favor, no nos propongan a la Comisión formas de proceder o de trabajar que realmente son difíciles de aceptar. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 63 a 82 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.26 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-406/97) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0538- C4-0139/97-96/0276 (SYN) ) relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas instalaciones industriales. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, la propuesta de directiva del Consejo que esta noche examinamos está encaminada a reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que denominaremos COV, unas emisiones ocasionadas por la utilización de disolventes, que a su vez son orgánicos y volátiles y se emplean en numerosas actividades industriales. 
El exceso de estos COV en las capas bajas de la atmósfera, mezclados con los óxidos de nitrógeno y bajo la influencia de los rayos solares da lugar a un aumento del ozono en el aire, con ocasionales aumentos paroxísticos denominados picos de ozono. 
¿Qué provocan estos picos de ozono? 
El exceso de ozono en el aire representa importantes riesgos y problemas para la salud. 
En Francia, un observatorio regional de la salud ha llevado a cabo un estudio en la región parisina que ha demostrado que entre 1987 y 1992, los picos de ozono originaron un aumento de las consultas y los ingresos hospitalarios por asma, afecciones respiratorias, enfermedades de los ojos, dolores de cabeza, además de algunas muertes, aunque raras y entre individuos especialmente delicados. 
Estos son los motivos que justifican un intento de reducir dichas emisiones peligrosas. 
¿De dónde provienen estas emisiones? 
Provienen de la utilización de determinados disolventes en múltiples sectores, una veintena, tan diversos como la industria del automóvil, la imprenta, el del caucho, el textil, la industria de la madera, etc. El problema incumbe a más de 400.000 empresas, pequeñas y medianas en su mayoría, que dan trabajo a un total de más de diez millones de personas y aplican técnicas muy diferentes. 
Con esto está dicho todo sobre la importancia económica, financiera y social de este problema, pero además de la complejidad de esta directiva tan técnica. 
¿Qué se propone la directiva? 
Se propone reducir en un 67 % dichas emisiones con respecto al índice de 1990 y exigir la adecuación de las instalaciones antes del 2007. 
¿Cómo podemos lograrlo? 
La propuesta de directiva contempla varias soluciones, que somete a la elección de las empresas. 
Primera, respetar unos valores límite de emisión, recogidos en el Anexo 3A de la propuesta y que difieren en función de los distintos sectores industriales. 
Segunda, utilizar disolventes que contengan menos COV. 
Tercera, modificar los procedimientos y materiales de tratamiento, que se explican en el Anexo 3B. 
Por último, en lugar de aplicar los valores límite previstos en el Anexo 3, los Estados miembros pueden poner en marcha planes nacionales que conduzcan globalmente a los mismos resultados, pero a través de otros medios. 
Así, la propuesta de directiva hace una contribución importante a la solución de este problema de contaminación y merece un examen atento. 
Pero este examen nos ha permitido descubrir algunas imprecisiones, ambigüedades o lagunas que justifican las enmiendas que presentamos. 
Dichas enmiendas se dividen en cinco categorías principales y están encaminadas, primero, a la simplificación y la clarificación del texto; segundo, a una homologación con la Directiva 96/61/CEE, relativa al mismo tema, pero en el contexto de la industria pesada; tercero, a la flexibilidad de elección y aplicación de los métodos de reducción, para permitir a las múltiples y diferentes empresas afectadas adaptarse de la mejor manera posible al objetivo de la directiva, ya sea sobre la base del concepto de las mejores técnicas disponibles y económicamente viables, o sobre la base de la toma en consideración de las particularidades, tan diferentes, de cada sector y de cada empresa. 
De este modo se evitará agobiar a algunas empresas con cargas demasiado pesadas, que limitarían su competitividad con respecto a las de terceros países. 
En este sentido, hay que destacar que no se ha hecho una evaluación auténtica de los costes, habida cuenta de que la Comisión los ha evaluado en cuatro mil millones de ecus, pero el Instituto franco-alemán de la Universidad de Karlsruhe sitúa esta cifra en 80.000 millones de ecus, con una inversión de base de 30.000 millones de ecus. 
Si queremos que la directiva se aplique, habrá que ser realista y exigir únicamente aquello que es financieramente viable. 
Las enmiendas de la cuarta categoría insisten en el interés de los planes nacionales. 
Éstos deben ser transparentes y serán presentados regularmente no sólo a la Comisión, sino también al Parlamento. 
Por último, conviene suplir una laguna de esta directiva, que sólo va dirigida a determinadas actividades industriales y artesanales, aunque es cierto que son responsables del 70 % de las emisiones de COV. 
Pero el 30 % de dichas emisiones ha pasado por alto, porque la directiva no contempla las pinturas utilizadas en la construcción ni a los pintores domingueros que se dedican al bricolaje en su tiempo libre. 
La Comisión Europea, por consiguiente, debería completar su propuesta con una auténtica iniciativa relativa a estos dos responsables. 
Asimismo debería promover una mejor información y una mejor educación del consumidor, la sensibilizar a los profesionales para que produzcan pinturas que contengan menos disolventes, y promover el escalonamiento durante todo el año de los trabajos de pintura por parte de los aficionados que trabajan principalmente en verano, con mucho calor, lo que contribuye a los picos de ozono y, evidentemente, a los peligros que hemos señalado. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas, deseo apoyar al Sr. Cabrol y expresarle mi agradecimiento por su informe sobre la propuesta de la Comisión. 
Esta directiva para controlar las emisiones de COV procedentes de los complejos industriales cuenta con el apoyo de mi Grupo y quisiera agradecer personalmente al ponente la ardua labor que ha llevado a cabo y lo que ha realizado hasta ahora. 
Resulta cada vez más evidente que las emisiones de COV tienen repercusiones adversas sobre la salud humana y el medio ambiente en general, ya sea por su contribución a la creación de smog fotoquímico, de ozono en las capas bajas de la atmósfera o por el agravamiento de los casos de asma o incluso de cáncer entre nuestra población. 
Tenemos buenas razones para intentar reducir y controlar, e incluso eliminar, la emisión de estos compuestos por parte de los sectores industriales en los que se utilizan. 
Su utilización está muy extendida y son muchas y variadas las actividades en las que dichos compuestos desempeñan una función, por lo que nos hemos propuesto fijar nuevos límites más estrictos para su emisión en toda una serie de grandes complejos industriales. 
En cuanto a su función más amplia en empresas más pequeñas, esperamos que la Comisión presente lo antes posible una propuesta para garantizar la utilización de las nuevas pinturas con bajo contenido en disolventes, así como la introducción de otras sustancias menos nocivas. 
Nos damos perfecta cuenta de las dificultades de algunos sectores industriales para reducir la utilización de los COV o cambiar a alternativas eficaces y, por consiguiente, hemos concedido un plazo generoso para el cumplimiento de la directiva, que consideramos será suficiente para llevar a cabo los cambios necesarios. 
Opinamos que la votación de la Comisión de Medio Ambiente refleja plenamente nuestras opiniones y apoyaremos todas las enmiendas aprobadas en comisión, especialmente aquéllas que aclaran las disposiciones de la directiva y reducen el ámbito de aplicación de los planes nacionales, que dan a la propuesta un nivel europeo y un mayor enfoque al mercado único. 
Por ello no podemos aprobar las enmiendas adicionales al informe, presentadas por algunos colegas en la sesión plenaria. 
Para terminar, espero que el Consejo y la Comisión acepten nuestras opiniones, las incluyan en la propuesta y las conviertan en una parte realmente merecedora del esfuerzo de la Unión Europea destinado a proteger el medio ambiente y que sirva de faro brillante a todo el mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hoy estamos tratando una aportación a la protección del medio ambiente y del clima extremadamente importante. 
El Profesor Chabrol y el Sr. Bowe acaban de hacer hincapié en el hecho de que los compuestos orgánicos volátiles son sustancias químicas que escapan fácilmente a la atmósfera. 
Las así denominadas sustancias precursoras pueden, en tanto tales, reaccionar con otras sustancias y resultar tanto creadoras como destructoras de ozono. 
Por consiguiente, participan tanto en la creación como en la destrucción de la capa de ozono. 
Se podría decir: demasiado poco arriba produce el agujero de ozono, demasiado abajo, el efecto invernadero. 
Puede realizarse una aportación determinante a la protección del clima reduciendo estas sustancias en su origen. 
Ampliando la intervención de mi colega Rübig quisiera señalar lo siguiente: casi el 51 % de los COV se genera por el uso de disolventes. 
La legislación europea afecta a cerca de 400.000 empresas de la Unión Europea, pero el 90 % de ellas son pequeñas y medianas empresas con cerca de 10 millones de trabajadores. 
Estas cifras ilustran la importancia de un reglamento europeo tanto para la protección del medio ambiente y del clima como para los efectos económicos en la industria europea. 
Hasta el año 2007 se deberá reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles en la Unión Europea en 1, 4 millones de toneladas, es decir, en un 67 %. 
La iniciativa más importante es la reducción de emisiones en instalaciones nuevas de los sectores concretos. 
Las instalaciones ya existentes serán incluidas paso a paso. 
Excepciones como los llamados planes de reducción, deberían permitirse sólo cuando se demuestre que se emplea sustancias alternativas con un contenido muy bajo o inexistente de disolventes. 
La propuesta de la Comisión ha dado así un paso adelante en la dirección correcta. 
Los programas de medidas nacionales, que están previstos por la Comisión Europea como tercera posibilidad, se han revelado en el pasado como poco productivos. 
Existe el gran peligro de que estos programas puedan ser utilizados para evadir las rigurosas restricciones a las emisiones. 
Por esta razón la Comisión para Medio ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se ha pronunciado mayoritariamente a favor de la eliminación de estas posibilidades. 
En opinión de mi grupo la Comisión Europea ha presentado, después de un largo período de preparación, una propuesta con un alto potencial de consenso. 
Por tanto, estamos en contra de cambios importantes tanto en el sentido de un debilitamiento como en el de un endurecimiento poco realista de las condiciones. 
Sin embargo, hay particularidades nacionales, en Austria y en España principalmente, por lo que agradecería a la Comisión que se ocupase nuevamente de ellas, porque no queremos que se llegue a desarrollos inadmisibles. 
Quería además observar que en los últimos años se ha impuesto la convicción en los países miembros pero también en Europa en general, que no todo los problemas se dejan atajar rápidamente. 
Nosotros damos mucha importancia a las medidas voluntarias. 
Las empresas que antes y de forma espontánea, es decir, antes de que la ley lo exija, hagan algo en esta dirección deberían recibir apoyo. 
Por lo tanto, pido encarecidamente que podamos reducir el trabajo administrativo dentro del burocratismo. 
A tal propósito he presentado, entre otras cosas, una propuesta de enmienda. 
Estaría agradecido de que nuestras propuestas de enmienda obtuviesen respaldo. 
Presidente, en esta " repleta» sala de juntas quiero afirmar en nombre del Grupo Liberal que el puzzle europeo de directivas que tienen que mejorar la calidad del aire en Europa se va completando despacio pero con seguridad. 
Ya hemos avanzado bastante con el programa Auto-oil. 
En el mes pasado se firmaron rígidos acuerdos en Kioto. 
Hoy estamos hablando aquí de la limitación de la emisión de substancias orgánicas volátiles. 
En un puzzle es importante que por una parte esté completo el número de piezas y que por otra se tengan las piezas adecuadas. 
Desde el punto de vista de las substancias orgánicas volátiles no es este el caso completamente. 
Lo que le falta a este puzzle es la pieza que regule los disolventes de pintura. 
Hemos presentado la enmienda 8 y solicito a la Comisaria si puede repetir hoy aquí la promesa que ha hecho en el Consejo a raíz de mi información de venir este año con una propuesta para los productos de pintura. Ya que estos disolventes son demasiado nocivos para la salud como para que sigan estando por más tiempo en el mercado. 
En la directiva sobre las substancias orgánicas volátiles debemos tener la precaución de no renegar de antemano de los exitosos programas nacionales actuales, tal y como se propone en la enmienda 22. 
En los Países Bajos, en mi país, existe un acuerdo voluntario con la industria para la reducción de vertidos, con el cual se están consiguiendo muy buenos resultados. 
Sería muy lamentable si esta Cámara rechazase este tipo de programas nacionales, mientras que la Comisión y el Consejo les ha dado su aprobación. 
Mi grupo parlamentario por lo tanto no apoyará la enmienda 22. 
Solicito a mi colega que apruebe la enmienda 3. 
No deben regir requisitos menos estrictos para instalaciones más pequeñas. 
En este sentido el vertido de SOV es demasiado grave para estos países. 
Estoy constatando que con estas adaptaciones el puzzle de la calidad del aire se aproxima a su culminación.. 
Señor Presidente, me parece una muestra de pobreza de la política europea de medio ambiente que nosotros, 20 años después de que un Estado miembro, Alemania, haya aprobado leyes para los compuestos orgánicos volátiles, nos dispongamos ahora a hacer lo mismo a nivel europeo. 
He oído hoy muchas cosas acerca de los problemas de la industria. 
Muchos colegas han hablado de las condiciones de la competitividad. 
Pero ¿por qué no hablamos- y esto es igualmente vergonzoso- de los seres humanos, que los hay, dañados por sustancias químicas? 
Conozco a muchas personas que han sufrido daños por disolventes. 
Creo que ha llegado la hora de crear valores para reducir los daños a la salud, porque estos aspectos también merecen nuestra consideración. No hay sólo costes para la industria, sino también para la salud pública, pues también está presente el dolor y la desgracia de las personas afectadas por esas sustancias nocivas para la salud. 
Hay una cuestión que nos interesa de manera especial, por lo que le rogaría señora Comisaria que entrase en ella: la de las sustancias que se utilizan en la industria química. 
Sabemos que producen cáncer, sabemos que hay sustancias endocrinas. Cuestiones que nos parecen fundamentales y de las que también se está ocupando el Parlamento. 
Justamente por su poder cancerígeno y sus efectos similares a los de los estrógenos, deberíamos, de una vez por todas, empezar a reducir lo más posible estas sustancias y crear además estímulos para que las industrias las sustituyan. 
También ésta es una cuestión de competitividad. 
Deberíamos presionar para que las sustancias peligrosas, dañinas para la salud y el medio ambiente, fuesen retiradas del mercado. 
Con esto podríamos ganar ventaja en la competitividad en la medida que se lleven al mercado menos sustancias peligrosas. 
Sobre todo nos debería preocupar especialmente que estas sustancias se reduzcan en la industria química. 
Señora Comisaria, le ruego que intente entrar en los pormenores de por qué la Comisión no está dispuesta a secundar al Parlamento Europeo en su forma más dura de proceder, y de por qué la Comisión se esconde en este tema detrás de la industria. 
Resumiendo, deseo nuevamente abogar para que se ofrezcan estímulos a la industria encaminados a una reducción lo más rápida posible de las sustancias nocivas para la salud. 
No deberíamos olvidar que hay muchas personas en la Unión Europea que han sufrido daños por agentes químicos, que nos deberían preocupar tanto o más que los intereses de la industria. 
Señor Presidente, hay que celebrar que tengamos aquí una propuesta enfocada a los disolventes orgánicos. 
Estas sustancias volátiles tienen un efecto especialmente tóxico sobre las personas y el medio ambiente. 
De ahí que debamos procurar limitar su uso lo más posible. 
Desde hace muchos años se ha sospechado que los disolventes podían provocar daños cerebrales. 
Esto resulta evidente- como mencionó el Sr. Blokland- entre los pintores, quienes están en contacto diario con estas sustancias. 
De aquí proviene el término " síndrome del pintor». 
Estas experiencias deben incluirse en esta Directiva que hoy tramitamos, puesto que la salud pública no sólo es un concepto para el ocio, sino que, ciertamente, también es un aspecto a tomar en cuenta en el medio laboral. 
En otras leyes se admite la correlación entre el medio ambiente interior y exterior, y de ahí que parezca extraño que la Comisión no quiera reconocer en este texto esta correlación, sin embargo, es de esperar que el miembro de la Comisión de cuenta de ello más detenidamente. 
Además, veo una clara relación con la Directiva de agentes químicos, de la cual es ponente el Sr. Freddy Blak. 
Apoyo totalmente las enmiendas que la Sra. Maartje van Putten planteó y logró aprobar en la Comisión de Medio Ambiente y que incluyen los riesgos sanitarios de la exposición por motivos de trabajo y también la propuesta que prepara el que los Estados miembros, los cuales están más adelantados que la Comunidad en cuanto a la sustitución de los disolventes orgánicos peligrosos, puedan mantener restricciones más estrictas. 
Sólo puede representar una ventaja el que haya algunos que sigan adelante logrando por ello experiencias que redundan en beneficio de todos. 
Señor Presidente, al hilo de lo que ha dicho mi colega la Sra. Breyer, quisiera añadir algunas observaciones. 
Primera observación. La Comisión hace hincapié en los problemas de contaminación atmosférica y en el papel de los COV como precursores del ozono troposférico, pero como ya han observado varios colegas, los riesgos son múltiples. 
Los efectos negativos de los compuestos orgánicos volátiles son múltiples. 
Hago hincapié, en particular, en los riesgos en el puesto de trabajo, pero también en los riesgos difusos, especialmente en sus efectos sobre la reproducción, que hasta ahora han sido ampliamente subestimados. 
En una palabra, esta directiva es muy oportuna. 
Es una lástima que sea tan tímida en su propuesta, pero volveré sobre este punto dentro de unos momentos. 
Segunda observación. El ponente, acertadamente, llama la atención sobre el hecho de que el 40 % de las emisiones son el resultado del do it yourself, el trabajo de los pintores domingueros. 
Quizá deberíamos contemplar una medida que permita favorecer la utilización de pinturas que contengan pocos disolventes, o en todo caso, disolventes menos nocivos, por ejemplo, a través de la introducción de una " ecotasa». 
Tercera observación. El texto de la Comisión evoca a menudo los costes de la operación, que son enormes. 
Pero, apenas se habla de los gastos sanitarios. 
Tras consultar la literatura reciente, me he dado cuenta de que, en la mayoría de los países europeos, la suma en francos constantes de los gastos sanitarios se ha multiplicado por 3, 5 en 25 años. 
Es enorme, porque el nivel de salud no es netamente mejor que hace 25 años. 
En consecuencia, sin riesgo de equivocarnos demasiado, podemos afirmar que los estragos provocados por la contaminación del medio ambiente pesan cada vez más sobre la salud de los europeos, lo que justifica perfectamente la adopción de medidas de urgencia. 
Formularé mi última observación en forma de una pregunta a la Comisaria, Sra. Bjerregaard. 
Al parecer, el Consejo ya ha aprobado su posición común. 
Resulta bastante sorprendente, ya que el Parlamento la está debatiendo. 
¿Es eso cierto? 
Presidente, yo también quisiera comenzar agradeciendo mucho al Sr. Cabrol por su excelente trabajo en este tema y también quisiera tomar en consideración específicamente aquello que ya han hecho una serie de colegas, conociendo los efectos en los trabajadores que trabajan con disolventes. 
Estos son utilizados, hasta donde podemos saber, en cerca de 20 sectores económicos entre los cuales se encuentra la industria química, las fábricas de pintura, la industria del metal y la industria gráfica, incluso se utilizan en la industria alimentaria y de estimulantes y en la industria textil. 
La exposición a estos medios puede conducir a cansancio, nauseas, taquicardias etcétera. 
La exposición de larga duración puede conducir a un daño irreversible del sistema nervioso, el cual se puede manifestar entre otras formas en falta de memoria, trastornos en la concentración en incluso en modificación de la personalidad, o bien en el síndrome psicoorgánico, el SPO. 
En otoño de 1997 la administración neerlandesa tomó medidas para defender a los trabajadores de una serie de sectores en los que se trabaja con disolventes. 
También en otros Estados miembros europeos como Suecia, Dinamarca y Finlandia existe una clara legislación para la defensa de los trabajadores. 
Desde la entrada en vigor de esta legislación el número de víctimas del SPO ha bajado, más concretamente en los países mencionados. 
En otros Estados Miembros sigue sin existir algún tipo regulación. 
En algunos países el SPO es reconocido como una enfermedad laboral pero en otros Estados Miembros no se le concede ninguna atención. 
Es precisamente por esta razón por lo que hemos presentado una enmienda a esta directiva. 
Yo mismo he presentado una serie de estas enmiendas y estoy muy satisfecho de que se hayan sido recibidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor. 
Opino que en la propuesta de la Comisión, en la que sí se trata de la salud pública pero en la que este apartado está por completo ausente, debe tratarse la defensa de las víctimas del SPO. 
Se trata de una oportunidad que debe aprovechar ahora la Comisión anticipándose a lo que la Comisión tendrá que hacer entre 1999 y 2003, un programa de acción comunitario para enfermedades que guardan relación con la polución, según tengo entendido. 
Espero que el Comisario también pueda tomar en consideración nuestras enmiendas y me gustaría recibir una respuesta al respecto. 
Señor Presidente, me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y particularmente a sus ponentes, los Sres. Cabrol y Rübig, el concienzudo trabajo en la tramitación de esta complicada propuesta. 
Es cierto, como se ha dicho, que es una propuesta muy importante como también una propuesta muy técnica. 
El objetivo principal de la Directiva es reducir las emisiones de COVs de una larga serie de actividades industriales en las que se emplean disolventes. 
Las emisiones- como también se ha subrayado en este debate- de muchos de los COVs representan un peligro directo para la salud humana y de ahí que deban reducirse tanto como sea técnicamente posible. 
Los disolventes se emplean, como se ha puesto de relieve en este debate, en pinturas, productos para limpieza, en la industria de impresión y en otras muchas cosas, en total son 20 sectores los afectados. 
En el caso de la mayoría de los sectores, las exigencias consisten en valores límites de emisiones y límites a la emisión difusa. 
Las empresas pueden, sin embargo, ser eximidas de estas exigencias, siempre que alcancen la misma reducción de emisiones de otro modo, por ejemplo, reemplazando los productos de alto contenido en disolventes con productos de bajo o ningún contenido en disolventes. 
Y la propuesta da también a los Estados miembros la posibilidad de lograr los mismos objetivos con los medios más adecuados a sus circunstancias nacionales y reglamentados dentro un plan nacional. 
La Comisión ha valorado las 32 enmiendas planteadas por la Comisión de Medio Ambiente junto a las 15 nuevas enmiendas propuestas por el Parlamento. 
El resultado de esto ha sido el que la Comisión pueda aceptar 11 de estas enmiendas, bien totalmente bien parcialmente. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 13, 15, 17, 18, 21, 25 y 31, puede aceptar en principio la enmienda 23 y parcialmente la enmienda 26, y finalmente puede aprobar en parte la enmienda 37 (nota a pie de página 1). 
Éstas mejoran el texto con un soporte adicional, más exigencias lógicas y sensatas, la retirada de posibles interpretaciones incorrectas, una mayor transparencia y un mayor nivel de protección. 
No entraré en detalles con cada una de estas enmiendas. 
Sin embargo, me gustaría explicar los motivos de nuestra actitud ante algunas de las enmiendas y con ello dar cuenta del pensamiento de la Comisión. 
La Comisión opina que los Estados miembros deben disponer de una cierta libertad de acción en cuanto a la manera de obtener los objetivos medioambientales de la Directiva, y esto lo han tratado aquí esta tarde varios oradores. 
Por ello no podemos apoyar las enmiendas 6, 19 y 22, que eliminan por completo la posibilidad de confeccionar planes nacionales. 
No obstante, el Parlamento se ha percatado claramente de que el Consejo tiende a reducir el campo de aplicación de los planes nacionales y por ello, la Comisión puede seguir trabajando con este pensamiento, y por supuesto lo abordaremos en el procedimiento ulterior. 
La enmienda 16 relativa a la obligación de reemplazar con la mayor brevedad posible las sustancias R40 por sustancias menos dañinas no es apoyada por la Comisión, puesto que las sustancias R40 no son lo suficientemente peligrosas para exigir tales medidas. 
La Comisión opina que los muy estrictos límites de emisiones fijados para estas sustancias constituyen incitamento suficiente para la búsqueda de sustitutivos a las sustancias R40. 
Puesto que el riesgo de daños profesionales- esta cuestión fue planteada, entre otras personas, por las Sras. Kirsten Jensen y van Putten- no compete al campo de aplicación de esta propuesta, las enmiendas 2 y 20 no pueden ser aceptadas de manera inmediata. 
Por otro lado, la Comisión debe organizar un intercambio informativo, y me parece que ciertamente se debe considerar utilizar los datos sobre este importante aspecto en este intercambio informativo, de ahí que pueda aceptarse la enmienda 17. 
La enmienda 7 no puede ser aceptada puesto que el tratado ya contiene las necesarias disposiciones por las que los Estados miembros pueden aprobar exigencias más rigurosas. 
La mayoría de las enmiendas relativas a los aspectos del procedimiento pueden aceptarse, sin embargo, dos enmiendas plantean proponer que el procedimiento de autorización sólo haya de ser empleado en las plantas comprendidas por la Directiva IPPC. 
Se trata de las enmiendas 10 y 14. 
De acuerdo con el principio de proximidad, los Estados miembros podrán decidir libremente qué procedimiento, i. e. aprobación y registro, debe seguirse en el caso de las instalaciones no IPPC. 
En dos nuevas observaciones, se pide a la Comisión que tome iniciativas adicionales. 
La primera observación es la enmienda 8, la cual trató, entre otras personas, el Sr. Eisma, y atañe a la cuestión de una directiva sobre productos disolventes tales como pinturas y productos de bricolaje. 
La Comisión está de acuerdo en que tal modo de proceder puede resultar útil, y se propone poner en marcha este trabajo preliminar en este año. 
Sin embargo, en nuestra opinión es demasiado pronto para comprometernos antes de que las análisis estén concluidos. 
En la otra observación, la enmienda 9, se pide a la Comisión que examine la manera por la que las instalaciones por debajo de los valores umbral fijados en la Directiva puedan ser reguladas en el ámbito comunitario. 
No es intención de la Comisión suplir esta propuesta con medidas complementarias para las plantas de menor tamaño. 
La Comisión ha prestado especial atención para que no se impusieran cargas innecesarias a las pequeñas y medianas empresas. 
Por lo tanto la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3 junto a las 28-30, que introducen valores límite de emisión más estrictos o modifican el campo de aplicación de la propuesta. 
Las enmiendas 36, 37 (con la excepción de la nota a pie de página 1) , 38, 42, 43, 45-47 bien disminuirán la protección medioambiental planteada en la propuesta bien reducirán el campo de aplicación de la propuesta. 
De ahí que estas enmiendas no puedan ser apoyadas por la Comisión. 
La Comisión está convencida de que su propuesta mejorada con las añadiduras de muchas de las enmiendas del Parlamento proporciona una base efectiva y equilibrada a la limitación de la contaminación de la troposfera con ozono. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.000 horas. 
Vigilancia epidemiológica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0004/98) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la puesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0437/97-96/0052 (COD) ) por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea (Ponente: Sr. Cabrol). 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al ponente por su detallada exposición de la situación a la que nos enfrentamos en la segunda lectura, que no tengo intención de duplicar esta noche. 
En cambio, por respeto a las pocas almas diligentes que a estas horas aún permanecen en la tribuna de invitados, quisiera ilustrar, de una manera que es especialmente relevante para los diputados, por qué necesitamos avanzar realmente esta noche y durante las próximas semanas para crear una red europea significativa para la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles. 
Hay algo que la mayoría de los diputados hacen con mayor frecuencia que la mayoría de nuestros conciudadanos: viajamos en avión. 
Cuando dos diputados se juntan no tardan en comenzar a hablar las salas de embarque y de los horarios de las compañías aéreas. 
No sólo volamos a través de Europa, sino que también viajamos a menudo a la mayoría de los rincones del globo. 
En dicho globo existen lugares llenos de riesgos, y algunos de los riesgos para el desprevenido o el desprotegido suponen la enfermedad. 
La enfermedad puede propagarse por aire, líquidos, organismos, mercancías o insectos. 
Mientras que en algunos Estados miembros de la Unión Europea existen normas sanitarias en los puntos de entrada, otros tienen normas muy diferentes, a pesar del frecuente tránsito transfronterizo. 
Algunas compañías aéreas adoptan medidas para proteger a los pasajeros- desinfectando la cabina, por ejemplo -, otras no. 
En algunos Estados se facilita información que puede ser precisa, asequible y en varias lenguas diferentes sobre la base de una amplia serie de datos. 
En tales circunstancias tiene sentido una cooperación y coordinación estrechas, no sólo para pasajeros y parlamentarios, sino para todos nuestros ciudadanos que necesitan protección de muchas más maneras que el pequeño y simple ejemplo que acabo de exponer. 
No obstante, la posición común que ha sido devuelta a este Parlamento ofrece una serie de mínimos denominadores comunes. 
A pesar de que la aprobación de la red de vigilancia entraña obligaciones para los Estados miembros, el Consejo ha aprobado por unanimidad únicamente un marco general más flexible para el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos. 
Aún reconociendo las limitaciones del Tratado, existen serias preocupaciones de que esta posición común será del todo insuficiente. 
Al fin y al cabo, el pobre status quo originado por estas propuestas tras los informes iniciales ha puesto de manifiesto sus carencias. 
Cuando han transcurrido cinco años, seguimos necesitando avanzar. 
De aquí la fuerza de las votaciones casi unánimes en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor a favor de las recomendaciones del ponente. 
El Sr. Cabrol ha defendido sus propuestas adicionales con su habitual rigor y diligencia. 
Será muy interesante comprobar si, suponiendo que el Parlamento en su totalidad aprueba la recomendación, como espero que lo haga, en las subsiguientes negociaciones de conciliación será posible conciliar la posición minimalista del Consejo y el enfoque más progresivo y realista de la Comisión- que según me consta atribuye una importancia considerable a estas propuestas, hasta el punto de reservarse su posición, algo inusual- con las propuestas más vanguardistas de este Parlamento. 
Es posible que algunas se adelanten demasiado a su tiempo, y puede que las estructuras específicas europeas tengan que esperar a las lecciones de futuros informes que ahora recibiremos a intervalos aún más regulares que los que sugerimos en la primera lectura. 
Me alegra que al menos algunas de nuestras sugerencias ya hayan sido incluidas. 
No obstante, mi Grupo apoyará el argumento a favor de un papel mejor definido para la Unión Europea, que vaya más allá de un par de funcionarios vigilando el avance de las enfermedades dentro de nuestras fronteras o la simple ampliación de las redes de la OMS o de los Estados que pueden o no ser aplicadas eficazmente. 
La Comisión desea el poder para ser constructiva, para estudiar y actuar cuando surjan brotes importantes independientemente de donde surgen, y habida cuenta de los compromisos del proyecto de Tratado sobre políticas de salud pública coherentes a nivel europeo, poder adoptar las medidas adecuadas y coherentes allí y cuando éstas sean necesarias. 
La Comisión necesita asegurarse de que dispondrá de datos precisos, rápidos y comparables, y de que no hay ningún eslabón defectuoso en la cadena. 
Por último, espero que toda la Asamblea agradezca al Sr. Cabrol la defensa de su caso. 
Espero que tanto el Consejo como la Comisión negocien seria y urgentemente sobre la totalidad de las enmiendas que apoya el Parlamento para contribuir a la creación de una red que tenga sentido, que sea práctica y eficaz, no para ampliar la burocracia, sino para ayudar a atajar algunas de las peores enfermedades del mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos los Grupos políticos, coherentes con la posición ya aprobada en la primera lectura, también en esta ocasión respaldaron en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor el excelente informe del Sr. Cabrol que se refiere a la decisión que debería crear una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades infecciosas en la Comunidad. 
Tal como ha indicado el señor ponente, la posición común es inaceptable y, de hecho, la misma Comisión afirmó que no podía aceptar su actual formulación, dado que el texto propuesto por el Consejo ya no contemplaba los instrumentos necesarios para conseguir el objetivo de este programa, es decir, la recogida de informaciones sobre las enfermedades infecciosas, procedentes de las redes de vigilancia que existen en los Estados miembros. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor adoptó las 22 enmiendas propuestas por el ponente casi por unanimidad, y esto nos hace confiar en el firme empeño unitario de la delegación del Parlamento de cara al procedimiento de conciliación que, inevitablemente, va a ponerse en marcha con respecto a este informe. 
En mi calidad de ponente sobre el programa de acciones en materia de control sanitario- cuyo procedimiento finalizó el año pasado- pude constatar, también entonces, una posición dura y miope del Consejo y fue necesario mantener en la conciliación, en dicha ocasión, un verdadero pulso debido a la resistencia del Consejo a la idea de realizar un estudio de viabilidad para la creación de una estructura permanente que actuase como Observatorio Europeo de la Salud, y por la insuficiencia de la financiación propuesta. 
Una estructura central y permanente a escala europea para una red de vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas es indispensable ante el surgir de epidemias viejas y nuevas y para disponer de un sistema de alarma rápida que permita a los Estados miembros adoptar las necesarias medidas debidamente coordinadas. 
Por desgracia, el artículo 129 del Tratado, incluso en su nueva formulación de Amsterdam, es contradictorio, ya que, por una parte, en el primer apartado declara querer garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, y por otra, más adelante, el mismo artículo prohíbe, de hecho, cualquier tipo de armonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros, eliminando así los instrumentos que podrían actuar con contundencia. 
Sin embargo, es sabido que los agentes patógenos, los microbios, los virus no se detienen ante las fronteras de los Estados y no respetan los reglamentos. 
A pesar de esto, la propuesta del ponente, con quien me congratulo de nuevo de la claridad, el esfuerzo y la decisión, no supone en realidad ninguna modificación de los reglamentos, sino que solicita únicamente la creación de una estructura que recoja los datos disponibles sobre las enfermedades infecciosas con objeto de transmitirlos a los Estados miembros, a fin de que protejan lo mejor posible la salud de los ciudadanos europeos. 
Por eso, el Grupo del Partido Popular Europeo va a votar favorablemente las enmiendas y el programa. 
Señor Presidente, me complace que el Tratado de Amsterdam sobre el futuro de la Unión Europea declare que, en la introducción de las nuevas disposiciones sobre la protección de la salud pública, se hará especial hincapié en el compromiso de la Unión Europea de mejorar el nivel de la salud pública. 
Esta disposición- artículo 152 del Tratado de Amsterdam- es un reconocimiento claro de que la Unión Europea debe introducir medidas que infundan confianza en el ámbito de la salud pública y humana, a la luz de las dificultades surgidas a raíz de los problemas relativos a la EEB y los derivados sanguíneos contaminados en muchos Estados europeos durante los últimos años. 
De hecho, la acción comunitaria que complementa las políticas nacionales deberá ir dirigida hacia una mejora de la salud pública, que evite enfermedades en los humanos y prevenga las causas de peligro para la salud pública. 
Dicha acción debe incluir la lucha contra los principales azotes para la salud mediante una mejora de la investigación de las causas, su transmisión y prevención, así como de la información y educación en materia sanitaria. 
La Comunidad debe complementar la acción de los Estados miembros en la reducción de los daños para la salud relacionados con las drogodependencias, incluida la información y la prevención. 
En particular, la Unión Europea debe adoptar medidas que establezcan los niveles más altos posibles de la calidad y seguridad de los órganos y sustancias de procedencia humana, la sangre y los derivados sanguíneos. 
No obstante, las medidas de la Unión Europea adoptadas en este ámbito no privarán a ningún Estado miembro de mantener o introducir medidas de protección más estrictas sobre este particular. 
Por último, me complace realmente que el Tratado de Amsterdam otorgue al Parlamento Europeo el poder de codecisión, junto con el Consejo Europeo de ministros de Sanidad, sobre todas las nuevas propuestas de legislación europea en el ámbito de la salud pública y la salud humana. 
Quisiera felicitar al Sr. Cabrol por su minucioso y excelente informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, desearía, en primer lugar, decir que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está totalmente a favor del informe del Sr. Cabrol, un excelente informe que ha puesto en evidencia contradicciones profundas, graves, en este proceso tan importante de la construcción europea. 
Es inconcebible que, cuando hay oportunidad para poder poner en marcha políticas comunitarias, instrumentos comunitarios y respuestas comunitarias a problemas que siente la población, no se aproveche esa oportunidad y se tomen como argumentos pegas que nada tienen que ver al respecto. 
Pensamos que es inconcebible que, ante un problema de esta naturaleza- el del creciente peligro y aumento de las enfermedades infecciosas de todo tipo que están surgiendo dentro y fuera de Europa- no se pongan de acuerdo el Consejo y la Comisión con el Parlamento para, precisamente, diseñar instrumentos comunitarios adecuados. 
Creemos también que el informe que ha presentado el Profesor Cabrol especifica de forma muy clara, y con el respaldo de toda nuestra comisión, los puntos relevantes que deberían tomarse en consideración para poder avanzar en esa dirección y, por ello, no entendemos las reticencias que hay para la construcción comunitaria europea en ámbitos que no plantean mayor problema; porque, efectivamente, tanto en el Tratado de Maastricht como en el Tratado de Amsterdam ya se reconoce la competencia europea en materia de salud pública. 
Por ello, pensamos que debería hacerse un esfuerzo para dar una respuesta a lo que la población europea está precisando. 
Y por último, creo que habría que señalar con todo énfasis que un problema añadido es el de que el modelo socioeconómico europeo está creando estos problemas dentro y fuera de Europa y también debería revisarse para crear un modelo de solidaridad y no de competitividad y desigualdad. 
Señor Presidente, en Francia hay una canción que dice: la libertad guía nuestros pasos. 
Y el precio de la libertad es el riesgo y la responsabilidad. 
La libre circulación en el seno de la Unión va acompañada de un riesgo, el de la propagación de las enfermedades transmisibles y, desde luego, necesita la creación de una fuerza con capacidad de reacción rápida. 
Se trata no solamente de crear una red de vigilancia, sino también un centro europeo de vigilancia que se encargue de animar dicha red y de prevenir las tentaciones de repliegue nacional ante una situación de crisis, como hemos podido presenciar y que corremos el riesgo de volver a experimentar, estallando como un trueno en medio de la calma. 
Lo que hay que preconizar es la instauración de procedimientos de vigilancia armonizados, la recogida de datos y la creación de un sistema de alerta precoz, en estrecha colaboración con las instancias internacionales. 
En este sentido, debemos saludar el excelente trabajo realizado por la Oficina europea de la Organización Mundial de la Salud de Copenhague. 
Asimismo habrá que apoyarse en el Centro europeo de vigilancia epidemiológica del SIDA, y aprovechar los resultados alentadores de dicha institución para ampliar la experiencia y hacerla extensiva a otras enfermedades transmisibles. 
El Parlamento Europeo se mostró completamente unido en el transcurso de la primera lectura. 
La Comisión ha tomado el relevo en la acción del Parlamento. 
La posición común del Consejo, hay que decirlo, es increíblemente apocada, pusilánime y el resultado de una conjunción de egoísmos mercantiles. 
Debemos mostrarnos una vez más unánimes en el apoyo de lo que hoy se nos propone en el excelente trabajo de Christian Cabrol, sobre problemas que no pueden seguir resolviéndose en el secreto de cada uno a lo suyo. 
Por consiguiente, habrá que ayudar al Consejo a que dé muestras de discernimiento con el fin de que asegurar a todos los ciudadanos de la Unión que puedan vivir en buenas condiciones sanitarias. 
Señor Presidente, cualquiera que se ocupe de la sanidad sabe que la mejor manera de ahorrar recursos financieros y, evidentemente, vidas humanas es hacer obra de prevención; la prevención no se hace sólo con las vacunas, se hace a través de la educación sanitaria y de la información, aunque, sin duda, se hace sobre todo cuando se trata de enfermedades infecciosas reconociendo a tiempo el peligro e intentando reducir sus consecuencias. 
Curiosamente, esto no lo sabe el Consejo de Ministros que prefiere ahorrar algún dinero hoy para que, luego, los Estados miembros tengan quizás que correr el riesgo de hacer frente a una epidemia con ingentes gastos. 
Como es obvio, esto es muy grave y lo es sobre todo porque una vez más se desaprovecha la ocasión de ofrecer una imagen de Europa, la única que interesa a los ciudadanos, es decir, la de una entidad supranacional que se ocupa de su bienestar. 
Podemos seguir haciendo pagar a los ciudadanos las consecuencias que se derivan de los criterios de Maastricht para el euro y decirles, por otro lado, que no podemos gastar para proteger su salud. 
Creo que esto es un error grave. 
Me satisface que en el seno de la comisión el Parlamento fuera capaz de votar el informe del Sr. Cabrol y todas las enmiendas que aprobamos por amplia mayoría. Espero que el Pleno haga lo mismo y que el Comisario respalde la tarea del Parlamento, a fin de que esta vez logremos convencer de manera conjunta al Consejo para que haga lo que debe hacerse en nuestra Europa. 
Señor Presidente, yo creo que a esta altura del debate han quedado claras varias cuestiones. 
Una, que este Parlamento ha tenido la suerte de tener un excelente ponente que, a su capacidad profesional, ha unido su autoridad política para preparar este informe que han compartido todas las fuerzas políticas. 
Creo que también es muy importante este mensaje para la Comisión Europea. 
Todos confiamos mucho en la capacidad de gestión del Comisario Flynn, quien, en muchas ocasiones, ha mostrado su entereza y su negociación dura con el Consejo. 
Aquí no le va a faltar el apoyo de este Parlamento. 
Al Consejo hay que transmitirle también un mensaje claro. 
No comprendemos que se muestre poco predispuesto a aumentar estas exigencias, que van a favor de todos los ciudadanos y que constituyen una necesidad práctica, sentida. 
El Consejo no debe ver la cesión de competencias como una pérdida, sino como lo que es- y así está en los Tratados- como una forma compartida de ejercer esas competencias para ayudar y proteger mejor el derecho a la salud de todos los ciudadanos. 
Esto es una obligación de todos los gobiernos y figura en todas nuestras constituciones. 
También debe ser una llamada a los gobiernos en relación con lo que dedican en sus presupuestos a la medicina preventiva, un porcentaje que en estos momentos es muy bajo; en el mejor de los casos llega a un 2, 4 % y, en algunos países, está alrededor del 0, 4 % de los presupuestos sanitarios. 
Esto es muy poco. 
Si a ello se suma el que los ciudadanos han bajado la guardia, porque han confiado demasiado en los medios farmacológicos, sobre todo en la eficacia de los antibióticos, y que, incluso en los hospitales, los propios sanitarios habían trivializado las infecciones cruzadas, por lo que se registra una recrudescencia muy importante en este ámbito, nosotros tenemos la obligación de transmitir a los ciudadanos el mensaje de que la Unión Europea puede ser eficaz en este ámbito. 
El tema de la expansión exponencial del sida es un ejemplo de que no se han aplicado los principios de la medicina preventiva ni de la seguridad obligatoria. 
Señor Comisario, le pido que, por favor, en el momento de aprobar el convenio sobre la frontera exterior común- si es que algún día somos capaces de aprobarlo -, se incluya el reglamento de sanidad exterior obligatoria, que es esencial en esta red que se está programando. 
Señor Presidente, deseo rendir el debido homenaje al Sr. Cabrol, cuya labor en comisión ha sido destacada. 
Al fin y al cabo es un hombre que hoy sólo ha pedido una red de ferrocarril, mientras que nosotros y el Consejo no ofrecemos ni siquiera luz verde en el semáforo. 
Realmente no basta. 
No creo que la posición común del Consejo refleje seriamente las enmiendas del Parlamento. 
Quisiera que aprendiéramos la lección que ya deberíamos haber aprendido de las crisis de la ECJ y la EEB. 
Era algo de lo que no teníamos ningún conocimiento previo. 
De repente nos vimos enfrentados a una enfermedad, o a la variante de una enfermedad, que hasta entonces había permanecido oculta a la ciencia. 
¿Dónde estábamos? 
Estábamos sumidos en la confusión. Estábamos en un lío. 
Hemos asistido a la destrucción de la industria del vacuno en Europa y a la justificada empresa de proteger la salud pública de los ciudadanos europeos. 
Es algo de lo que debemos sacar lecciones, y la más evidente es la necesidad de que exista una red de vigilancia. 
Como afirma el Sr. Cabrol, la información recogida sobre las enfermedades transmisibles no se aunará por arte de magia: debe existir un mecanismo que se encargue de ello. 
Sostengo que eso debe hacerlo un centro y es fundamental para el informe del Sr. Cabrol. 
Necesitamos dicho centro para que coordine la información. 
Está también la observación de la Sra. Marinucci sobre los costes y los costes comparativos. 
¿Qué sucederá si no hacemos nada? 
¿Vamos a esperar una vez más que declare otro brote del tipo de la ECJ y volver a sufrir todas las consecuencias? 
¿Qué clase de críticas nos harán a los diputados, a la Comisión Europea y, de hecho, al Consejo? 
Deberíamos aprender esa lección y dar luz verde al informe del Sr. Cabrol. 
En primer lugar, agradezco al Parlamento la labor que ha llevado a cabo en esta materia. 
Deseo, en particular, expresar mi agradecimiento a usted, señor Cabrol, por la valiosa labor que ha realizado desde que se inició este proceso. 
Todos estamos convencidos de la necesidad de que la Unión Europea desarrolle sus actividades en este ámbito y, en particular, introduzca un mecanismo formal no sólo para compartir la información sobre las enfermedades transmisibles, sino que además garantice que se adopta un enfoque coherente con respecto a las medidas de control. 
Nadie duda de que la Comunidad Europea necesita esta red. 
La necesidad de disponer de datos comparables y fiables sobre la evolución de enfermedades como la enfermedad Creutzfeldt-Jakob a través de toda Europa es un ejemplo evidente de la importancia de crear debidamente una red integral. 
Pero permítanme que les dé otro ejemplo que he tomado de las últimas ediciones de numerosos periódicos europeos que reflejan las inquietudes y los temores por nuestros ciudadanos: se trata de la nueva gripe del pollo de Hong Kong. 
A pesar de que hasta ahora sólo se ha visto afectado un número limitado de personas, existe una enorme preocupación por este nuevo tipo de gripe. Se le denomina gripe AH5N1. 
Al parecer nadie es inmune a esta variante específica. 
No está incluida entre las vacunas elaboradas en 1998 con el asesoramiento de la OMS. 
Sin una red comunitaria, no existiría ninguna posibilidad de vigilar nuevos casos a nivel comunitario ni ninguna posibilidad de definir y coordinar medidas de control para los pasajeros procedentes de la región de Hong Kong. 
Además, en caso de que se produjera una epidemia, no sabemos con qué rapidez puede elaborarse una vacuna a gran escala y si habría que distribuir, como medida preventiva, los únicos medicamentos específicos disponibles. 
Este ejemplo ilustra por qué creemos firmemente que esta red no debe limitarse a la mera vigilancia, sino que además debe entrañar también medidas de control. 
Necesitamos crear un sistema que permita adoptar medidas rápidas y eficaces. Necesitamos un sistema que permita a la Comunidad definir las medidas de protección oportunas, sobre todo en situaciones de emergencia. 
Necesitamos un sistema que no sólo sea integral sobre el papel, sino que además funcione realmente en la práctica. Eso significa que debe ser construido de manera gradual y pragmática. 
En vista de todo esto y a pesar de algunas mejoras concretas añadidas por el Consejo, nos hemos visto obligados a adoptar una reserva general en lo que respecta a la posición común, ya que el texto no nos ofrecía los medios para responder, con eficacia y de manera coordinada, a las epidemias o brotes de enfermedades transmisibles en una Comunidad en la que no existen fronteras interiores. 
Por ello, la Comisión ha examinado muy atentamente las opiniones propuestas, así como la totalidad de las enmiendas. 
Me complace comprobar que éstas coinciden ampliamente con las opiniones de la Comisión sobre cómo debe ser el texto definitivo de esta decisión. 
Puedo informar a la Asamblea que estamos dispuestos a aceptar en su totalidad o en parte 17 enmiendas; 14 pueden ser aceptadas íntegramente. 
Son las enmiendas 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20 y 22. 
En cuanto a las tres restantes- las enmiendas 14, 18 y 21 -, la Comisión seguirá las sugerencias del Parlamento, pero con un texto mejorado. 
Permítanme que explique el motivo por el que consideramos inadmisibles las cinco enmiendas restantes. 
La enmienda 1 hace referencia a un considerando que, en nuestra opinión, no refleja debidamente la variación de la capacidad de vigilancia en los Estados miembros. 
En lo relativo a la enmienda 3, la Comisión, como ya declaró con ocasión de la primera lectura, cree que en vez de restringir la elección de las metodologías a las ya establecidas, debe dejarse abierta la posibilidad de que se desarrollen metodologías nuevas y más eficaces. 
En cuanto a la enmienda 16, la Comisión estima necesario que la coordinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros se ajuste al procedimiento de comitología mencionado en el artículo 6. 
Por consiguiente, en el cuarto apartado del artículo 5 debe hacerse una referencia en este sentido. 
Con respecto a la enmienda 17, la Comisión opina que deben formar parte del comité dos representantes de cada uno de los Estados miembros, al objeto de garantizar la representación de las dos ramas de vigilancia y control de las autoridades nacionales. 
Permítanme pasar a la enmienda 5, que ha sido mencionada específicamente por el ponente y que es relativa a un Centro europeo de vigilancia de enfermedades transmisibles. Comprendo perfectamente y me hago cargo de la motivación y las preocupaciones expuestas. 
Comparto el objetivo de querer reforzar la capacidad de la Comunidad para hacer frente a las enfermedades transmisibles. 
No obstante, este objetivo debe alcanzarse de la manera más práctica y directa posible y, en particular, debe tener en cuenta el trabajo ya realizado y las estructuras existentes en la Comunidad. 
Ya existen centros nacionales, muchos de los cuales cuentan con una experiencia y unos conocimientos considerables en este ámbito. 
También existen varias redes eficaces en materia de enfermedades que pueden intervenir con toda rapidez; algo crucial para el control de enfermedades transmisibles, especialmente en emplazamientos locales específicos. 
En nuestra opinión es mucho mejor ampliar y reforzar algo que ya existe y ha demostrado funcionar bien, que comenzar de cero y construir una organización completamente nueva y experimental. 
Razón de más con la llegada de las potentes tecnologías de la información que mejoran nuestra capacidad de comunicarnos eficazmente. 
La Comunidad está invirtiendo fuertemente en la conexión de las administraciones nacionales para toda una serie de funciones. 
La vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles es una de ellas. 
Por estos motivos no podemos aceptar la enmienda. 
Permítanme que repita una vez más mi profundo agradecimiento al Parlamento y a usted, señor Cabrol, por sus esfuerzos y por su estrecha colaboración con la Comisión en este asunto en particular. 
Espero haber dejado clara la posición de la Comisión. 
Confío en que antes de que pase mucho tiempo contaremos con esta nueva red. Ciertamente supondrá un gran avance para el desarrollo de la salud pública en la Comunidad tan pronto como entre en vigor. 
Señor Presidente, deseo preguntar algo acerca de lo que el Comisario acaba de decir. 
Quisiera que el Comisario me dijera ¿cómo se piensa coordinar dicha red a nivel de toda la Unión, y quién se encargará de ello? 
Señor Presidente, en un comienzo será la Comisión la que se encargue de su coordinación. 
Admito su argumento, señor White, de que más tarde, cuando tengamos más experiencia, puede ser necesario desarrollarla de la manera que usted ha sugerido. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.000 horas. 
Productos biocidas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0011/97) de la Sra. K. Jensen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0679/97- COD00/0465) relativa a la comercialización de los productos biocidas. 
Señor Presidente, cuando previsiblemente mañana el Parlamento Europeo apruebe la recomendación del Comité de Conciliación sobre esta Directiva, aseguraremos en el ámbito europeo la valoración de riesgo de productos químicos que hasta la fecha no había sido incluida por otras normas medioambientales. 
Puede decirse que ésta es el último eslabón de importancia en la cadena de Directivas de productos químicos que la UE se propuso promulgar, no obstante, también es la última Directiva de productos químicos de aquella época antes de que verdaderamente se comenzara a tomar postura sobre los productos químicos que se comportan como hormonas. 
Éste es un tema al que regresaremos con el informe sobre sustancias similares a hormonas. 
El que mencione este aspecto del problema se debe naturalmente a que albergo una pequeña duda que me atormenta sobre hasta qué punto las Directivas de las que disponemos en este momento son suficientemente amplias en su protección medioambiental. 
La Directiva de productos biocidas quiere dar una mayor seguridad, puesto que los ciudadanos lo tienen más fácil con un correcto trato de los productos químicos, y también las aguas y la tierra deberían verse afectadas positivamente por la protección medioambiental que va a entrar en vigor. 
La transparencia en la Unión también debería salir ganando con esta Directiva. 
El Consejo de Ministros fue cogido infraganti cuando envió la posición común al Parlamento sin las 14 declaraciones en total que el Consejo o el Consejo y el Parlamento habían adoptado al unísono para el protocolo. 
Este tipo de cosas no tiene cabida en una Unión abierta y en la que la legislación se aprueba entre el Consejo y el Parlamento. 
Tras el procedimiento de conciliación queda claro que estas declaraciones no tienen ningún valor con relación a la Directiva de productos biocidas y de ahora en adelante esto se entenderá como que la legislación aparece recogida en la ley y no en ningún otro sitio fuera de lugar. 
Esto representa una ventaja evidente para el público, incluida la industria. 
Durante el procedimiento de conciliación hemos recalcado que debe presentarse un expediente técnico completo para los llamados productos de bajo riesgo y que no pueden contener sustancias de posible riesgo. 
Al mismo tiempo hemos conseguido concretar la postura con respecto a las sustancias básicas que en algunos casos son utilizadas como biocidas y entonces deben ser marcadas como tales, i. e. anhídrido carbónico, nitrógeno, etanol, acetocianidrina (acetone cyanohydrin) , ácido acético y diatomita. 
Hemos sido también complacidos con respecto al rellenado de los nuevos anexos, que el Consejo intentó implantar con la posición común. 
Los anexos ya no pueden calificarse de cheques en blanco, pues el modus vivendi de las instituciones en lo que se refiere a la información del Parlamento Europeo debe cumplirse plenamente, sin embargo, uno por supuesto puede extrañarse de que pudiera llevar algún tiempo corroborar esto. 
La Directiva hace historia en un campo especial, la valoración alternativa. 
Mediante la cual se garantiza que las sustancias muy peligrosas no salgan al mercado si existe una sustancia menos dañina que puede utilizarse para los mismos fines. 
Esta perspectiva debe introducirse en todas las Directivas de productos químicos, puesto que protege nuestro entorno y salud al mismo tiempo que promueve el desarrollo tecnológico. 
La Directiva de productos biocidas es criticada en ciertos sectores de la industria por resultar demasiado cara. 
A esto hay que decir que muchos de los datos sobre las sustancias y productos ya se encuentran en manos de la industria. 
Se han incorporado a la Directiva disposiciones transitorias a largo plazo, y el Parlamento encima ha logrado implantar un fast track procedure que no debería quedar en un compromiso en lo que respecta a las necesarias exigencias medioambientales. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la ponente, Sra. Jensen, el trabajo que ha realizado durante meses, un trabajo que siempre ha tenido nuestro apoyo. 
Ella ha mencionado el tema de las declaraciones del Consejo, que están siendo ya frecuentes en los procedimientos de codecisión. 
Y una vez más, aquí en este Parlamento, tenemos que rechazarlas de plano, porque van en contra del espíritu y la letra de los Tratados y constituyen una clara desnaturalización que nunca podremos aceptar en este Parlamento. 
En segundo lugar, yo creo que todas las instituciones tenemos que sacar algunas enseñanzas de las negociaciones derivadas de la codecisión. 
Aquí, en el Parlamento, quizás, teníamos que haber presentado menos enmiendas en la primera lectura para centrar más la atención sobre los puntos esenciales. 
La Comisión, por su parte, no terminó de ver ni de asumir lo que significa el procedimiento de codecisión y la nueva responsabilidad del Parlamento Europeo. 
Hasta el último momento se ha resistido a satisfacer las exigencias- elementales- que formulaba el Parlamento. 
Este no podía entregar un cheque en blanco en un aspecto tan esencial como es la determinación de las sustancias activas. 
Creo que también el Consejo tendrá que ir cambiando sus métodos de trabajo. 
El procedimiento de codecisión es bastante revolucionario y el Consejo tendrá que cambiar la forma en que viene trabajando, pues siempre va buscando el perfil más bajo, aunque esté en contra del espíritu de los Tratados; tendrá que acostumbrarse a decidir por mayoría, aunque sea mayoría cualificada, y así podrán aligerarse los procedimientos y no retrasarse. 
También creo que hay un mensaje muy claro- y es muy importante para nosotros transmitirlo a todos los ciudadanos- y es que este Parlamento hace uso de los poderes y responsabilidades que le van concediendo- cada día más- los Tratados. 
Los ciudadanos pueden sentirse tranquilos de que las promesas de los artículos del Tratado, que hablan de que se aprobarán normas de las más alta protección de la salud de las personas y del medio ambiente, se van a ir haciendo realidad, en cada una de las propuestas; y, por supuesto, la libre circulación de mercancías tiene que ser también una realidad. 
Establecer determinados mecanismos centralizados, como la aprobación de las sustancias activas, es bueno para todos, puesto que se evita la repetición de ensayos, incluidos los ensayos sobre animales, se da mayor garantía a los procedimientos de aprobación y evitamos también discusiones y suspicacias entre los Estados miembros. 
Por lo tanto, el mutuo reconocimiento es otro valor añadido del procedimiento comunitario. 
Finalmente, creo que el mensaje a todos los ciudadanos es que, aunque nuestro procedimiento sea complejo, aunque estemos pidiendo que se mejore y se aligere el procedimiento de codecisión- como ha hecho parcialmente el Tratado de Amsterdam- a pesar de todas las dificultades, la relación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, en el procedimiento de codecisión, sigue funcionando cada vez mejor, y esto es un mensaje muy positivo para todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, distinguidos miembros, la Comisión querría agradecer al Parlamento, y especialmente a la excelente ponente, Sra. Kirsten Jensen, y al Consejo por los avances realizados en el procedimiento de conciliación con relación a esta propuesta de directiva que añade un elemento esencialmente nuevo a la legislación comunitaria sobre productos químicos. 
La finalidad de la Directiva es, como sabemos, armonizar el mercado interior de productos biocidas, incluidas las sustancias activas presentes en estos productos, y garantizar un alto nivel de protección para las personas y el medio ambiente. 
En relación con la segunda lectura el Parlamento aprobó cinco enmiendas. 
Ni la Comisión ni el Consejo pudieron aceptar tres de estas enmiendas. 
No obstante, el procedimiento de conciliación posterior a ésta ha resultado fructífero- tal y como también se ha subrayado esta tarde- y el Comité de Conciliación ha logrado un acuerdo sobre una solución de compromiso, que ahora es presentada al Parlamento. 
El Consejo ya le ha otorgado su adhesión y tengo la impresión y espero que el Parlamento hará lo mismo. 
En cuanto a las enmiendas 18 y 19 sobre los procedimientos simplificados referidos al anexo 1A y 1B estoy convencida de que la solución de compromiso propuesta cumplirá los objetivos de estas dos enmiendas, i. e. simplificar la administración de la directiva, sin que se reduzca el nivel de protección sanitaria y medioambiental. 
El Parlamento ha querido asegurarse de que el modus vivendi se cumpla en relación con el procedimiento del comité para la inclusión de sustancias activas en estos anexos. 
La Comisión está completamente de acuerdo con el Parlamento en que el proceso de decisión debe ser absolutamente transparente y hará todo lo posible para poner esto en práctica. 
La Comisión ha prometido presentar una propuesta por la que se revisa el procedimiento de comitología a principios del mes de junio de 1998. 
Opinamos que con esta promesa, que el Presidente, Sr. Santer, reiteró en una carta fechada el 11 de noviembre de 1997 dirigida al señor Presidente del Parlamento, hemos satisfecho las reservas del Parlamento en este terreno, tal y como subrayó el Sr. Valverde López. 
Finalmente, en lo que respecta a la enmienda 17, estoy satisfecha con el hecho de que el Comité de Conciliación haya llegado a un acuerdo de un plazo de 24 meses para la implementación de la Directiva en el derecho nacional. 
Resumiendo, me gustaría volver a subrayar el hecho de que la Comisión puede adherirse totalmente a la solución de compromiso, sobre la que se ha llegado a un acuerdo mediante el procedimiento de conciliación, y una vez más querría concluir dando las gracias a la ponente, Sra. Kirsten Jensen. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cohesión y la sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0399/97) de la Sra. Sierra González, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión (COM (97) 0007- C4-0044/97) relativa a la cohesión y la sociedad de la información. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cualquier reflexión sobre la instauración de la sociedad de la información en la Unión Europea debe partir del hecho de que en la actualidad se observan asimetrías que pueden conducir en un futuro cercano a desequilibrios competitivos y anticohesivos, desvirtuando los beneficios que, en materia de costes, pueden otorgar el uso de las nuevas tecnologías. 
Esas asimetrías atañen a la infraestructura básica de las tecnologías de la información y de la comunicación, al coste y a la fiabilidad de los servicios avanzados. 
Y con dichas asimetrías se están engendrando desigualdades cuantitativas y cualitativas, particularmente en los «países de la cohesión» , en los cuales se parte de situaciones deficitarias. 
La disponibilidad y el fácil acceso constituyen un requisito previo para poder participar en los beneficios del desarrollo de la sociedad de la información. 
Y justamente la disponibilidad y los costes son los factores que en este momento juegan a favor de las asimetrías entre las regiones europeas, consagrando una situación de desigualdad entre zonas ricas y pobres de carácter cuantitativo. 
Un ejemplo lo demuestra: se ha alcanzado un nivel prácticamente universal de acceso a la red telefónica pública conmutada, pero sigue habiendo diferencias sustanciales en los niveles de la calidad de los servicios. 
En lo que concierne a los servicios avanzados, ha habido progresos en los teléfonos celulares- incluido el GSMpero siguen existiendo grandes desniveles en la posibilidad de disponer de líneas alquiladas o de líneas conmutadas avanzadas, como en la red digital del servicio on line. 
Las tarifas son en general más altas en los «países de la cohesión» que en los más avanzados de la Unión e igualmente es menor el porcentaje de penetración de ordenadores personales. 
Así, en 1995 había 15, 2 ordenadores personales por cada 100 habitantes en las regiones más desarrolladas de Europa, frente a 3, 1 en Grecia, 8, 6 en España, 6 en Portugal y 8, 9 en Italia. 
Esta debilidad estructural y los elevados costes inciden negativamente en la evolución de las pequeñas y medianas empresas de carácter regional, cuya capacidad de iniciativa es menor que las grandes y que tienen menos posibilidades de información estratégica. 
Las compañías telefónicas, eléctricas, de cable, etc. que comercializan la aplicación de las TIC, se han orientado hacia el máximo rendimiento económico a corto plazo, repercutiendo costes al consumidor que no se corresponden con los costes reales y frenando con ello la expansión de las nuevas tecnologías, especialmente en las regiones menos favorecidas y específicamente en los «países de la cohesión». 
En la cualificación de los recursos humanos, también se registran asimetrías. 
La sociedad de la información abre nuevas posibilidades en la cualificación de los recursos humanos, porque supone no sólo la aparición de nuevos instrumentos pedagógicos, sino, particularmente, la disponibilidad casi universal de las fuentes de conocimiento, poniendo fin a la situación desigual en la que se encuentra un estudiante de una pequeña ciudad, respecto de otro de una gran metrópoli que dispone de bibliotecas técnicas, científicas e históricas. 
En gran medida, la apertura de estas posibilidades aboca a una descentralización de las fuentes de la cultura y a una creciente pluralidad de los centros de irradiación de la misma, y este hecho puede significar a medio plazo un factor de cohesión social. 
Pero, si no se tienen en cuenta las debilidades estructurales de los sistemas escolares, se pueden agrandar las desigualdades. 
La posibilidad de que las inversiones se retrasen en determinadas regiones hace factible una polarización entre poseedores de la información y desposeídos de la misma. 
Para evitar esta polarización hace falta una acción política que emprenda los profundos cambios estructurales que, en los métodos de trabajo, los modos de organización empresarial y la Administración pública, impone la sociedad de la información. 
La ausencia parcial de esa política la evidencia el hecho de que sólo un 2 % de los Fondos estructurales se destinen a inversiones en el sector de las telecomunicaciones. 
El gasto de la sociedad de la información debe formar parte del mainstreaming de los Fondos estructurales. 
De hecho, los Fondos estructurales han jugado un papel central a pesar de la inversión deficitaria en la cimentación de la sociedad de la información. 
Pero sería preciso un enfoque integrado de modo que se pueda dar satisfacción a la Administración pública, al sistema de enseñanza, a la industria y a los consumidores. 
Para concluir, quiero señalar que la cohesión hace necesario el establecimiento de tarifas asequibles para los consumidores y costes razonables para los empresarios, e igualmente hace necesario que el acceso a las herramientas modernas de información, en particular a Internet, no pueda basarse en la adquisición privada de ordenador personal o equipos alternativos, sino que exige estaciones de trabajo fácilmente accesibles en lugares de uso colectivo y de acceso público, y la financiación consecuente de una red abierta de telecomunicaciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la oportuna comunicación de la Comisión sobre la cohesión y la sociedad de la información ha tenido una importante respuesta por parte del Parlamento, a cargo de la Sra. Sierra González, enormemente precisa, prolija y creo que absolutamente centrada en la problemática que nos ocupa. 
Para mí no ha sido extraño que el orden lógico del informe de la Sra. Sierra González ataque ya lo que creo que es el corazón del problema y la preocupación de la Comisión, cuando nos envía esta comunicación en relación con la sociedad de la información y la cohesión. 
Porque la Sra. Sierra González inicia su informe hablando, precisamente, de competitividad. 
Y hoy el fondo de la cohesión, el eje fundamental de la cohesión- mal entendido para muchos interlocutores- es la capacidad de generar competitividad en aquellas regiones que tienen un retraso estratégico para poder ponerse a la altura de las demás. 
Y por tanto, ese es el ingrediente fundamental, y no algunos caracteres semireligiosos que algunos quieren atribuir al concepto de cohesión. 
Estamos hablando de un instrumento fundamental- las tecnologías de la información y la comunicación- de cara al desarrollo de la competitividad en el futuro, de cara al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Competitividad que inmediatamente hace referencia a la necesidad de que, en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas puedan estar perfectamente equipadas para soportar los retos de la competitividad, para estabilizar el presente y el futuro de esas empresas, para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo y, en último término, para generar cohesión, es decir, competitividad. 
Es difícil comprender que cualquier pequeño comercio de una región desfavorecida pueda sobrevivir al reto sin introducir, por ejemplo, el comercio electrónico. 
Es muy difícil pensar que una pequeña o mediana empresa pueda dotarse de investigación y de innovación sin tener perfectamente consolidado el sistema de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Ahora bien, todos estos discursos que hacemos en el Parlamento, ¿qué eficacia tienen? 
¿Cuál es el ingrediente fundamental para arraigar la sociedad de la información en la sociedad europea? 
Seamos realistas. 
Son evidentes y muy loables los deseos de la Comisión de incorporar, como un ingrediente sustancial de los Fondos estructurales, las actuaciones en relación con las tecnologías de la información y la comunicación, pero el mercado no se agota en las posibilidades de actuación de la Comisión ni en las posibilidades de actuación de los Fondos estructurales. 
El mercado va por libre y tiene una fuerza descomunal, es una auténtica megapotencia, comparada con las posibilidades de subvención de las instituciones europeas. 
Por eso, hay que hablar claro y decir que el enemigo fundamental, en estos momentos, de la incardinación y la socialización de la sociedad de la información, son los costes, los costes provocados por empresas- telefónicas, eléctricas, del cable- que van al beneficio máximo en el menor espacio de tiempo. 
Y ahí es donde yo quiero invitar a la Comisaria a que hagamos esa reflexión, que no será nueva para ella: en qué medida la Comisión Europea está en condiciones de sentar en una mesa a estos interlocutores- como agente demandante de sus servicios en unas proporciones importantísimas para ellos- y les hace bajar a costos reales que permitan multiplicar la demanda, que permitan el acceso fácil de todos los ciudadanos, estén en la región europea que estén; en qué medida la Comisión asume sus responsabilidades, no solamente abriendo a los Fondos estructurales las posibilidades de actuación, sino enviando un mensaje, con mucha seriedad, y logrando que esas empresas pongan al alcance de todos los ciudadanos unos servicios vitales para el presente y el futuro. 
Si no lo logra, estamos ya dibujando la nueva desigualdad europea. 
La Comisaria lo sabe muy bien y, por tanto, no me dirijo a ella en plan de queja sino pidiéndole ayuda y colaboración. 
Señor Presidente, señora Comisaria, iba a decir que somos una banda bastante selecta de polemistas esta noche, pero por el fondo comienzan a aparecer los colegas; quizá la sociedad de la información funciona realmente. 
En primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el gran empuje de su informe a la cohesión y a la sociedad de la información. 
Nadie duda de la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación- la sociedad de la información- para nuestra economía y nuestra forma de vida. 
Especialmente porque abre toda una serie de posibilidades a las zonas rurales remotas, las islas ultraperiféricas y las regiones más pobres y desfavorecidas con baja densidad de población y una infraestructura de transportes limitada. 
En mi circunscripción Devon and East Plymouth, en la que existen ciudades y comunidades agrícolas aisladas, se han puesto en marcha numerosos proyectos de TIC: para la enseñanza a distancia, los intercambios de información con las universidades de otros Estados miembros, la formación y los negocios, como la conexión de vídeo ISDN vía satélite para las subastas de ganado en las que se pueden hacer ofertas a distancia o las operaciones de venta a distancia. 
En nuestra parte del mundo se está extendiendo rápidamente la utilización de Internet tanto para el estudio recreativo como para los negocios. 
Todo esto favorece la posibilidad de crear puestos de trabajo y empresas que no necesitan ser subvencionadas, lo que me lleva a afirmar que si tuviera que disentir con alguna parte del informe de la Sra. Sierra González, sería cuando sugiere algún tipo de intervención en el mecanismo de los precios y la comercialización de la sociedad de la información, o cuando pide asignaciones adicionales en el presupuesto europeo por encima de las líneas existentes para los Fondos estructurales y el Fondo de cohesión. 
La mejor forma para que las TIC se extiendan por Europa es dejar que las fuerzas del mercado y la tecnología sigan su curso. 
La competencia y los clientes son fuentes poderosas para el crecimiento y la mejora de los servicios. 
En el presupuesto europeo no hay fondos para pagar todos los artículos de la lista de compras, o debo decir la " lista de deseos» , para pagar las propuestas de este informe. 
Estoy de acuerdo con que se dedique una mayor proporción de los Fondos estructurales a este fin, en vez de a algún otro, pero seamos realistas y no pidamos más fondos cuando no los hay. 
En cambio, debemos reconocer que las TIC entrañan una gran promesa para las regiones menos favorecidas y que las fuerzas de la competencia y la tecnología harán realidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que debemos felicitarnos por el hecho de que la Comisión de Política Regional hable de la sociedad de la información y del efecto que tendrá dicha sociedad en la cohesión europea. 
Hay que destacar la incidencia que la sociedad de la información tendrá en las nuevas actividades que se desarrollarán en el ámbito industrial, en el ámbito comercial, en el ámbito de los servicios, así como sus efectos para la superación de las fronteras y de los límites entre los Estados europeos. 
Tampoco hay que olvidar lo que comportará para el proceso de formación, hoy que se habla de la formación a lo largo de toda la vida, de la formación continua. 
Tengamos en cuenta que, a través de la sociedad de la información, no hace falta la coincidencia en espacio y tiempo para adquirir la formación. 
Es posible adquirir la formación desde el propio domicilio con un profesor que no coincidirá en lugar y momento. 
La sociedad de la información ofrece amplias posibilidades, pero dichas posibilidades deben ser para todos los ciudadanos si deseamos realmente una cohesión a nivel europeo. 
Deben ser unas posibilidades para todo el territorio de la Unión, incluidas las zonas rurales, las zonas periféricas y las zonas insulares. 
Se habla mucho de las autopistas de la información. 
Yo preferiría hablar de los caminos de la información o de las carreteras de la información. 
Las autopistas son a menudo autopistas de peaje- no en Alemania -, señora Comisaria, pero en otros países son autopistas de peaje. 
Si queremos que la información llegue a todos los lugares, debe ser por caminos que no tengan peaje, caminos libres que puedan ser utilizados por todos. 
Por esto me ha complacido enormemente el informe de la Sra. Sierra González, porque habla de las posibles limitaciones que puede tener esta sociedad de la información, en el sentido de que no beneficie a todos los ciudadanos, en el sentido de que aquéllos que la van a desarrollar la busquen únicamente por la rentabilidad económica. 
Ya sabemos que esta rentabilidad económica, como las autopistas de peaje, unirán únicamente los grandes e importantes núcleos de población y muchos núcleos quedarán marginados, y esto es lo que no debe ocurrir en la sociedad de la información que deseamos para la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden- nadie lo duda- tener efectos positivos en la educación y la formación, en la modificación de la jornada y la organización laboral, en la modernización empresarial en los más diversos niveles y, por consiguiente, en el aumento de la disponibilidad individual del hombre para el tiempo libre y para el ocio. 
Ahora bien, quisiera plantear algunas reservas en cuanto a la tónica un poco de color de rosa que la Comisión adopta cuando trata de las relaciones entre la cohesión y la llamada sociedad de la información, sobre todo porque en un marco decreciente de responsabilización del Estado, mediante la privatización de las empresas y de los servicios que, si fueran mejor orientados desde el punto de partida, podrían servir para atender los problemas que pueden afectar a las regiones menos desarrolladas, resulta difícil ver cómo se compatibiliza la óptica del lucro, la óptica del gran lucro y la óptica del fácil lucro con la universalidad y la equidad de los derechos de los ciudadanos y con los objetivos de cohesión entre las regiones y entre los Estados de nuestra Unión. 
El informe señala atinadamente los peligros que el crecimiento incontrolado y no reglamentado de dicha sociedad de la información puede ocasionar, al crear nuevas y aún más profundas diferencias en el desarrollo económico y social entre regiones ricas u regiones pobres, ya consistan en diferencias en las infraestructuras y en el acceso a la información o en discrepancias relativas a las posibilidades de acceder a la educación y a la formación, al promover y acentuar, por el contrario, nuevas formar de exclusión, o estriben en las diferencias de los costos que pueden afectar a las pequeñas y medianas empresas de los países de la cohesión y de sus regiones más atrasadas, al acentuar las tendencias a los traslados de empresas industriales o las dudas que inspira sobre las consecuencias, la calidad y la estabilidad del empleo, sobre la masificación de la información disponible que podría no atender a las culturas, las tradiciones y las necesidades específicamente regionales o nacionales en aspectos que van desde el contenido de la información disponible hasta la utilización lingüística adecuada. 
Las recomendaciones del informe de mi colega Ángela Sierra González- a la que aprovecho para felicitar efusivamente, aunque no estemos aquí más de media docena -, las recomendaciones del informe, decía, de que los Fondos estructurales intervengan de forma mucho más substancial en la materialización y la construcción de las infraestructuras, en la educación, en la formación y en los aspectos relacionados con la investigación, merecen, naturalmente, nuestro apoyo total. 
Como también merece nuestro apoyo la propuesta de que la determinación y la reglamentación del ámbito en que se debe garantizar el acceso a la información y a la prestación del servicio público debe incumbir a los Gobiernos de los Estados miembros, con la articulación y el respeto de sus poblaciones. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a la ponente por su excelente informe y a la Comisaria por su interés y también por su participación en este importante asunto. 
Quiero agradecer a la ponente que haya sabido captar la importancia de las tecnologías de la información para aligerar la carga ambiental de las acciones de desarrollo, por ejemplo, reduciendo la necesidad de desplazarse o la necesidad de infraestructuras de transportes. 
Me refiero en particular al apartado 20 en el que se recomienda que la sustitución total o parcial de las inversiones " físicas» por el suministro de servicios de telecomunicaciones adecuados con vistas a minimizar los costes de inversión y los condicionantes sobre el medio ambiente, sean incluidas sistemáticamente como parte del proceso de evaluación de las inversiones financiadas con cargo a los Fondos estructurales, y se convierta en una parte sustancial de los programas nacionales tal y como se presenta en el marco de dichos Fondos. 
Quisiera hacer hincapié también en que las tecnologías de la información no deben crear mayores desigualdades regionales ni sociales; deben contribuir a la reducción de las mismas. 
En consecuencia, los desequilibrios y las desigualdades existentes entre las regiones centrales y periféricas deben verse compensadas haciendo especial hincapié en la creación de autopistas de la información y de servicios para las regiones periféricas. 
A menos que tomemos medidas en este sentido, existe el peligro de que en las regiones periféricas no se tenga acceso a estas oportunidades y que las diferencias se hagan aún mayores. 
Por ello necesitamos tomar medidas positivas y constructivas al respecto. 
La sociedad de la información debe continuar siendo considerada como un servicio de interés general, y las inversiones en infraestructuras de la información deben ajustarse a los principios de igualdad, continuidad y accesibilidad, de manera que la lógica del mercado no discrimine a las regiones periféricas ni a los grupos sociales vulnerables que necesitan poder acceder a la información. 
Si queremos potenciar al máximo los beneficios que la sociedad de la información pondrá al acceso de todos los ciudadanos de la Unión Europea, hay que establecer los costes a un nivel razonable. 
Recojo el argumento del Sr. Chichester en este sentido, pero debemos garantizar que los precios se fijan a unos niveles razonables. 
Quisiera pedir en particular, no sólo a la Comisión, sino también al Consejo, que intervengan aquí y garanticen que los responsables de impartir la enseñanza, especialmente en los colegios, tengan acceso gratis. 
El equipo es una cosa y los programas, otra; pero los proveedores de las telecomunicaciones suelen ser el Estado o algún tipo de monopolio, y pueden perfectamente permitirse proporcionar a los colegios el acceso a bajo coste o incluso gratuito. 
Sería un logro de una gran importancia para toda la Unión que nuestros ciudadanos jóvenes tengan acceso gratuito a estos servicios durante su formación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, procedo de un país que no es especialmente rico, y que además, se encuentra en el extremo de Europa. 
Nací en una isla, en donde, por las propias condiciones, los niños no tenían las provisiones que tenían los niños que habían nacido por ejemplo en Atenas, la capital de Grecia, o aún más, en otras capitales de Europa. 
En esta isla, como en el resto de las islas de Grecia, una enfermedad era un problema mucho mayor de lo que era en Atenas o en otro gran centro urbano europeo. 
¿Por qué estoy diciendo todo esto? 
Lo estoy diciendo porque creo que la sociedad de la información da algunas respuestas a este tipo de problemas. 
Los chicos ya pueden conectar con INTERNET y tener acceso a informaciones, algo que no podían siquiera imaginar hace algunos años. 
La telemedicina puede dar respuesta a algunos problemas de salud graves. 
Con las nuevas perspectivas sobre el comercio y la vida económica, la gente puede quedarse en las regiones. 
Con todo, esto no es nada que pueda darse automáticamente. 
La sociedad de la información no estará presente mañana por la mañana en las zonas apartadas o en las islas sólo porque nosotros estemos debatiendo sobre ello aquí. 
Son necesarias algunas políticas que lleven al máximo los beneficios que derivan de la sociedad de la información y, al mismo tiempo, limiten cualquier peligro, convirtiendo finalmente la sociedad de la información en una sociedad humana, una sociedad de igualdad de oportunidades; creo que esto es lo que, cuantos estamos en esta sala, estamos buscando. 
¿Qué es, entonces, lo que creo? 
Creo que quizás sea necesario avanzar a paso más rápido hacia la liberalización de las telecomunicaciones, ya que esto será de ayuda a un acceso más rápido y barato de todos a las oportunidades de la sociedad de la información. 
Y no olvidemos que cuanto más masiva sea la utilización tanto más barata será la compra. 
Igualmente creo que debemos garantizar la existencia de material informativo en el mayor número de lenguas posibles, ya que es un tema que tiene relación con la igualdad de oportunidades, para que podamos tener todos acceso al nuevo mundo que se está creando. 
Igualmente creo que debemos explotar los recursos de los Fondos estructurales, especialmente los del nuevo periodo 2000 a 2006, para poder introducir la informática en las escuelas y en los servicios del sector público- es un paso básico para la modernización de la educación y de la administración pública -, fomentar las nuevas tecnologías en las islas y en las zonas alejadas y de difícil acceso, poniendo énfasis en la teleeducación y en la telemedicina; explotar los recursos de los que disponemos y la formación profesional, de tal modo que haya una familiarización en el nuevo mundo de los conocimientos y de la información. 
Creo que la agenda 2000 constituye una oportunidad de ver este tema en serio; porque creo que, esencialmente, el segundo paquete Delors ha terminado- termina en 1999- a la vista del paquete Santer. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la tecnología en el campo de la información y de las comunicaciones ofrece enormes posibilidades para superar las distancias y otros obstáculos, por lo que, en teoría, favorece la descentralización y la igualdad entre las regiones. 
Sin embargo, para lograr alcanzar este objetivo también en la práctica, es necesario contar con una estrategia clara en materia de acciones y una fuerte voluntad política. 
Las estructuras básicas relativas a la información han de estar a disposición de todas las regiones y de todos los ciudadanos. 
Tanto la posibilidad de acceder en instalaciones públicas- como las bibliotecas o las escuelas- a los nuevos utensilios de las tecnologías de la información como, por ejemplo, Internet, como la posibilidad de disponer de versiones multilingües de programas y utensilios de ayuda constituyen requisitos esenciales en el seno de una sociedad de la información igualitaria. 
Además, es necesario garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una formación eficaz, tanto sobre el uso de los utensilios informáticos, como sobre la evaluación de los contenidos. 
Creo que reviste una gran importancia la formación de profesionales del sector informático que puedan ayudar al resto de los ciudadanos en la búsqueda y en la aplicación de información esencial para éstos últimos. 
Desde el punto de vista del desarrollo regional, es importante también velar por las necesidades en el ámbito de las comunicaciones que tienen las pequeñas empresas, así como por su disposición a transformar la información en conocimientos que tengan demanda y que, por lo tanto, pudieran crear puestos de trabajo. 
A este respecto, los Fondos estructurales deberían prestar un mayor apoyo a las posibilidades de que disponen las regiones más débiles para beneficiarse de la sociedad de la información. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo agradecerle a la Sra. Sierra González su ponencia sobre el valor para la cohesión política de la sociedad de la información. 
Está conforme tanto con el análisis como también con las conclusiones de la Comisión. 
La sociedad de la información, desde el punto de vista de la Comisión, tiene también un significado estratégico para la cohesión económica y social así como para el empleo. 
Puede ser sin duda una importante tecnología clave para el desarrollo regional, si se logra que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación esté asegurado también para los que carecen de estructuras y para las regiones agrícolas y periféricas. 
Merece la pena, por tanto, aprovechar en primer lugar las oportunidades ofrecidas por la información y las best practices, sobre todo dando a conocer en un principio tales posibilidades y promoviendo el inicio de un proceso correspondiente de toma de conciencia. 
Sin embargo, el desarrollo tecnológico sólo constituye una parte del problema. 
Nuestro empeño principal ha de ser el de capacitar a las regiones, a sus habitantes y a sus empresas para explotar las posibilidades de la sociedad de la información de cara al fortalecimiento de la competitividad de la economía y del desarrollo regional en general, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 
Para ello se necesita un marco de ordenación política que asegure unas condiciones justas de acceso y de costes para el servicio universal, y que lo adapte a las transformaciones sociales y a los cambios tecnológicos. 
Para ello necesitamos ayuda práctica, que contemple tanto las inversiones en infraestructura como la cualificación de los ciudadanos por medio de una oferta correspondiente en cursos de formación y formación continua. 
Se necesita el fomento de actividades científicas orientadas hacia una sociedad de la información al alcance del usuario y, también, del desarrollo continuado de posibilidades de trasferencia y aplicación para la economía y los ciudadanos. 
Para disminuir la brecha en infraestructuras entre las regiones centrales y periféricas que hay hoy, necesitamos estímulos para que por parte de los empresarios se ofrezcan servicios avanzados en las regiones menos desarrolladas. No se consiste sólo y primordialmente en ayudas a la inversión, sino también, como ya se ha pedido y nos muestra el Proyecto IRISI, en la organización de la demanda y en la oferta de acceso público a las modernas redes de información desde escuelas, bibliotecas, ayuntamientos y oficinas de empleo. 
La Comisión está tratando de unificar sus actividades sobre la base de su informe sobre cohesión y sociedad de la información, de aprovechar la sinergia entre las distintas iniciativas, de poner más claramente de manifiesto la cohesión económica y política en la política científica y de telecomunicaciones y de integrar en el Programa estructural mainstream la transición hacia la sociedad de la información. 
La Comisión ha creado para este fin el Centro de Acción para la Sociedad de la Información, cuya principal tarea es la coordinación del abanico de las distintas actividades dentro del ámbito de la sociedad de la información. 
En el ámbito de la competencia de ese Centro de Acción está prevista la inmediata constitución de una Comisión de Cohesión y Sociedad de la Información, para asegurar que la dimensión de la cohesión social se incluya en todas las políticas comunitarias relevantes para la sociedad de la información. 
La sociedad de la información es uno de los ámbitos temáticos del próximo V Programa Marco de Investigación. 
En torno al 25 % de todos los medios previstos para el V Programa de Investigación y Desarrollo deben fomentar la investigación relevante para la sociedad de la información. 
Además, la Comisión ha extendido hacia el este el debate que está teniendo lugar en el marco del Fórum sobre la Sociedad de la Información con el fin de implicar en las discusiones a los candidatos al ingreso, puntos todos ellos que son también exigencias de su propia postura. 
Actualmente se está cerrando el primer informe sobre el servicio universal y la Comisión, como ustedes saben, ha establecido algunas directivas relativas a la financiación de servicios universales en un medio orientado a la competitividad. 
Por último, la Comisión, en la revisión intermedia de las regiones de objetivo 1 y en el marco del segundo período de Planificación de un Programa para el objetivo 2, ha apremiado a los Estados miembros para que aprovechen las oportunidades estratégicas de la sociedad de la información para el desarrollo regional. 
No basta con la opinión de la Comisión de que éste sea un instrumento importante de desarrollo, sino que hemos de convencer de ello a las regiones y a los Estados miembros, pues dentro de los Programas se pronuncian a favor de los proyectos fomentados. 
Si queremos que se promuevan cada vez más proyectos de información, hay que ayudarles, antes de nada, a transformar sus prioridades y a superar sus recelos frente a la sociedad de la información todavía presentes. 
Con toda seguridad será la sociedad de la información uno de los temas clave para la próxima generación de programas relativos a Fondos estructurales. 
La Comisión ayuda a las regiones a mejorar su planificación en el ámbito de la sociedad de la información para que en un futuro puedan beneficiarse en buenas condiciones de los proyectos adecuados y de las prácticas garantizadas. 
Más de treinta regiones participan o participaron en la campaña que tenía como objetivo mejorar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, precisamente para que en ese sector no surja una mentalidad subvencionista, sino una mentalidad que apoye realmente las nuevas oportunidades, que descubra y estructure las necesidades de los agentes regionales presentes activamente en el ámbito de la sociedad de la información y que respalde a las regiones para conseguir un buen entendimiento entre los agentes regionales más importantes. 
Estoy seguro de que podemos confiar, si conseguimos hacer avanzar este proceso, en que el mercado reaccionará a los intereses de la demanda, pero también a la organización de los intereses de la demanda, que no surge espontáneamente, sino que hay que fomentarla un poco. 
Espero que ustedes sigan apoyando nuestro esfuerzo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en el acta se dice que en los últimos diez años debido a la depreciación del dólar norteamericano se ha perdido el 50 % del valor y un total de 18 millones de puestos de trabajo. 
Pero solamente se han perdido 1, 3 millones de puestos de trabajo. 
Tengo la impresión, señor Rübig, de que usted hace referencia al Acta literal de las sesiones. 
Pero verificaremos la cuestión. 
(El Acta queda aprobada) 
Les comunico que el Sr. Kerr forma parte del Grupo de los Verdes con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 1998. 
Señor Presidente, tan sólo quería agradecerle ese anuncio y señalar que en el Acta de ayer aparezco como miembro del Grupo Socialista. 
Sé que eso resultará muy violento a quien encabeza mi Grupo, Pauline, por lo que le pido que lo corrija. 
Muchas gracias, señor Kerr. 
Se corregirá el Acta. 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre los escritos de objeción relativos al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Señor Presidente, una petición de observancia del Reglamento antes de la votación sobre los escritos de objeción introducidos a propósito de la urgencia por el Grupo de los Verdes, sobre el Tíbet, y por el Grupo de los Liberales sobre Kenia. 
Nuestro grupo se sumará a estos escritos, pero al no haberlo anunciado en la Conferencia de Presidentes, no hemos podido someter a consideración las resoluciones de nuestro grupo sobre los mismos temas. 
Por tanto, desearía, si ustedes están de acuerdo, que con respecto al Tíbet se sometan a la votación, que va a tener lugar, nuestra resolución B4-1476/98 y, con respecto a Kenia, nuestra resolución B4-0084/98. 
Trataremos el asunto de inmediato. 
Programa de la Presidencia británica y la situación en Argelia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de la Presidencia británica y la situación en Argelia. 
Tiene la palabra el Sr. Cook. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión y Señorías, la Presidencia de Luxemburgo demostró una vez más que las naciones más pequeñas de Europa son iguales a las grandes. 
Su Presidencia fue competente, eficiente y dinámica. 
Resultará difícil emularla. 
Según tengo entendido, es tradicional que la Presidencia entrante comience su discurso ante el Parlamento Europeo diciendo que en este momento Europa está en una fase particularmente importante de su desarrollo. 
Entiendo por qué se hace. 
Al fin y al cabo, siempre es cierto. 
Y está bien que las sucesivas Presidencias se planteen su misión con ese entusiasmo, porque la ventaja para Europa de una Presidencia rotatoria es la de que toda nueva Presidencia aporta su propio impulso nacional, una nueva variedad de experiencia y una nueva determinación de dejar su marca. 
Gran Bretaña tiene el privilegio de ocupar la Presidencia cuando Europa da dos auténticos pasos históricos. 
En los próximos seis meses nuestra Presidencia hará de piloto tanto para la Unión Económica y Monetaria como para el proceso de ampliación con la Europa central y Chipre. 
Se trata de proyectos transcendentales. 
La Presidencia británica trabajará en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo para que tanto la Unión Económica y Monetaria como la ampliación tengan los mejores comienzos posibles. 
Los dos- el Parlamento y la Presidencia- tenemos un deber para con Europa y para con nuestros electores de trabajar en cooperación para lanzar con éxito los dos proyectos. 
En el pasado mes de mayo, cuando el nuevo Gobierno laborista británico fue elegido, prometimos que transformaríamos nuestras relaciones con Europa. 
Lo hemos hecho. 
Ahora Gran Bretaña es un participante comprometido en Europa. 
(Aplausos) Creemos que, cuando Europa trabaja conjuntada, el resultado es mejor para cada uno de los países que la componen. 
Los del calentamiento de la atmósfera y la delincuencia internacional no son problemas que nación alguna pueda resolver por sí sola. 
Hoy las naciones son tan interdependientes como independientes eran en tiempos. 
El mundo ha cambiado desde los tiempos de Monnet, Spaak y Schuman, pero cada uno de los cambios ha hecho su visión de la cooperación europea más imperiosa que antes. 
Gran Bretaña quiere utilizar su Presidencia para crear una Unión efectiva y no excluyente, que esté abierta a toda Europa. 
Ésa es la razón por la que estamos tan interesados en lograr que la Unión Económica y Monetaria y la ampliación sean un éxito. 
También queremos construir una Unión que responda a las preocupaciones reales de los pueblos europeos. 
Ésa es la razón por la que queremos hacer avanzar la labor en materia de empleo, medio ambiente y delincuencia. 
Queremos hacer que la Unión sea eficiente, por lo que nos centraremos en el orden del día de la reforma y empezaremos a preparar a la Unión Europea para los imperativos del próximo siglo. 
Y queremos que tenga una voz más eficaz en el mundo, por lo que trabajaremos para mejorar el funcionamiento de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El nuevo Gobierno británico está decidido a hacer que la cooperación europea tenga éxito y nuestra Presidencia será una afirmación al respecto. 
La Unión Económica y Monetaria será un paso de lo más transcendental. 
Durante nuestra Presidencia, se adoptará la decisión fundamental sobre los países que cumplan los requisitos para pasar a la tercera fase de la UEM: las divisas que quedarán agrupadas en la moneda única. 
Naturalmente, el Parlamento Europeo desempeñará un papel decisivo en esa decisión. 
Gran Bretaña ocupará la Presidencia cuando se adopte esa transcendental decisión en el próximo mes de mayo. 
Desempeñaremos ese cometido lo mejor que podamos, plena y escrupulosamente, de un modo que presente a Europa en su faceta más constructiva. 
Queremos que la Unión Económica y Monetaria sea un éxito. 
La propia Gran Bretaña no formará parte de la primera tanda, pero eso no significa que no tengamos interés en el éxito de la Unión Monetaria. 
Nuestra economía está ligada a la del continente y tenemos tantos motivos como cualquier otro país del continente para laborar en pro de un lanzamiento con éxito. 
También estamos decididos a hacer que la ampliación sea un éxito. 
La Cumbre de Luxemburgo abrió la vía para la ampliación. 
Ahora nos corresponde a nosotros poner el proceso en marcha por dicha vía. 
Durante la Presidencia británica lanzaremos el proceso de adhesión de todos los candidatos, además de iniciar las negociaciones con los países que quieran incorporarse a la Unión Europea. 
Es un proceso en el que el Parlamento Europeo habrá de desempeñar un papel decisivo. 
Debemos procurar trabajar en colaboración, porque la ampliación de la Unión Europa es una oportunidad histórica tanto para Europa como para los nuevos miembros. 
Potenciará inmensamente todas nuestras economías. 
Creará una Europa mayor y más fuerte. 
Representará el cumplimiento del difícil objetivo fijado hace ocho años, cuando cayó el Telón de Acero, y nos permitirá crear una Europa próspera, más estable y con confianza en sí misma. 
Nos hemos liberado del Telón de Acero. 
Es importante que no toleremos en su lugar un telón de terciopelo que separe las naciones ricas de la Europa occidental de sus vecinos fronterizos más pobres de la Europa central y oriental. 
Los cincuenta últimos años de división en Europa han sido una aberración en nuestra historia. 
En la historia de Europa sus grandes figuras culturales, tales como Mozart, Chopin, Goethe o Voltaire, no habrían reconocido la idea de una Europa dividida como lo ha estado en los cincuenta últimos años. 
Corresponde a nuestra generación la gran oportunidad de acabar por fin con esa división abriendo las puertas de la Unión Europea a las nuevas democracias de la Europa central y oriental. 
Tenemos dos objetivos importantes, pero prácticos, para la Presidencia británica en relación con la ampliación. 
En primer lugar, comenzar con buen pie las negociaciones efectivas. 
Y, en segundo lugar, ayudar a los que tienen que recorrer un trayecto más largo... para velar por que todos los candidatos se sientan incluidos en el proceso. 
Seguiremos prestando apoyo a lo largo del camino a todos esos candidatos: apoyo para ayudarlos a reformar sus economías, privatizar sus empresas de propiedad estatal y fortalecer sus administraciones públicas. 
Por eso, la propia Gran Bretaña prestará asistencia en forma de formación a algunos de los negociadores por parte de los países candidatos de la Europa central. 
Vamos a prestar asistencia a la formación de sus negociadores, porque creemos que no se trata de negociaciones entre bandos opuestos o enemigos. 
Esas negociaciones tienen un objetivo común: lograr que la ampliación tenga éxito. 
La sesión inaugural de la Conferencia Europea se celebrará el 12 de marzo en Londres. 
Será una demostración visible de la Europa no excluyente que queremos construir. 
También queremos que sea una sesión esencial, en la que se examinen cuestiones que interesan a todos nuestros pueblos tanto de los Estados miembros como de los países candidatos: sobre el medio ambiente, las drogas y la delincuencia organizada. 
La posibilidad de que Chipre se incorpore a la Unión Europea nos ofrece la oportunidad de contribuir a la paz y la prosperidad de todos los pueblos de esa isla. 
La Unión Europea apoya firmemente al Secretario General de las Naciones Unidas en sus gestiones para encontrar una solución política sobre Chipre. 
Esperamos que los dirigentes de las dos comunidades reanuden las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas después de las elecciones. 
Acogemos con beneplácito la buena disposición del Gobierno de Chipre para incluir a turcochipriotas en la delegación para las negociaciones de adhesión. 
Nos gustaría que se incorporara a la Unión Europea un Chipre federal con dos zonas y dos comunidades. 
Pero Chipre tiene derecho a que se examine su solicitud de adhesión por sus méritos y sus avances no deben estar condicionados a una solución para la división de la isla. 
También nos esforzaremos intensamente por fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Turquía cuenta: como protagonista destacado en una región importante y también como aliado antiguo de Europa. 
Reconocemos la vocación europea de Turquía y la necesidad de atraerla al proceso de ampliación. 
Hemos establecido criterios para todos los Estados que deseen incorporarse a la Unión Europea: la necesidad de una economía de mercado, un gobierno democrático y la observancia de los derechos humanos. 
La candidatura de Turquía a la adhesión a la Unión Europea se debe juzgar con los mismos criterios que la de cualquier otro país. 
Gran Bretaña quiere volver a poner en contacto a los ciudadanos de Europa con la Unión Europea que sus Gobiernos están intentando crear. 
Nuestros ciudadanos deben saber que la Unión Europea es pertinente para sus vidas. 
Para ellos, la Unión Europea a veces parece dedicar demasiado tiempo a debatir sobre cosas que no afectan a sus vidas: abstracciones y teorías, en lugar de un orden del día concreto. 
Nuestros pueblos deben estar convencidos de que sus preocupaciones dictan nuestro orden del día en Europa. 
Tres cuestiones revisten interés primordial para los ciudadanos de Europa: el empleo, los puestos de trabajo, la delincuencia y el medio ambiente. 
Sé que son las prioridades de Sus Señorías. 
También serán las nuestras. 
En primer lugar, el empleo. 
No importa en qué país se formule la pregunta. Si se pregunta a los ciudadanos qué es lo que más les preocupa, la respuesta es la misma en todos nuestros países: los puestos de trabajo. 
Estoy seguro de que eso es lo que oyen Sus Señorías decir a sus electores en sus circunscripciones. 
Más de 18 millones de personas están desempleadas en la Unión Europea. 
Cinco millones de ellas tienen menos de 25 años de edad. 
Eso significa que uno de cada diez jóvenes de Europa carece de un puesto de trabajo. 
Cada uno de ellos es no una cifra, sino una tragedia, un derroche de talento y una alienación respecto de nuestras sociedades y nuestras economías. 
La economía moderna es muy apasionante para los que están preparados para ella, para quienes tienen las aptitudes y la confianza con las que prosperar en el nuevo mercado. 
Pero muchos se sienten intimidados por ella y muchos están excluidos de ella. 
Nuestra misión debe ser la de construir en Europa una economía de mercado moderna, pero con sociedades justas y no excluyentes. 
Yo creo que se puede conseguir y que Europa puede mostrar cómo. 
En la Cumbre de Cardiff, una de las máximas prioridades será la de examinar los avances logrados en los planes de acción sobre el empleo que ahora están formulando cada uno de los Estados miembros con arreglo a las directrices acordadas en Luxemburgo. 
Una parte decisiva del mantenimiento de la competitividad debe ser la de realizar el Mercado Único y hacer que funcione. 
Vamos a trabajar intensamente en el plan de acción sobre el Mercado Único aprobado en Amsterdam y, junto con la Presidencia austríaca, nos proponemos haberlo completado al final de 1998. 
El plan de acción nos ofrece todo un programa. 
Queremos que se apliquen rápidamente las normas relativas al Mercado Único y que se imponga mejor su cumplimiento. 
Queremos que la Comisión y el Parlamento Europeo se empeñen en formular una legislación mejor y más sencilla. 
Queremos eliminar las barreras para que Europa pueda beneficiarse plenamente de las enormes posibilidades de la sociedad de la información y del comercio electrónico. 
Nuestro objetivo es un Mercado Único eficaz, libre de barreras ocultas o de ayuda estatal desleal, que propicie la prosperidad real. 
Entonces tendremos una Europa que pueda trabajar en pro de los ciudadanos y los devuelva al trabajo. 
La segunda preocupación importante para los ciudadanos es la delincuencia. 
El tráfico de drogas asciende a 400.000 millones de dólares al año en todo el mundo, sólo superado en valor por el comercio del petróleo. 
Es uno de los comercios más integrados de Europa. 
Para que aprehendamos a los delincuentes que llevan a cabo ese tráfico, debemos poder sobrepujar su actividad transfronteriza y su cooperación internacional. 
Debemos sobrepujarla con una labor en equipo y la cooperación internacional propias. 
(Aplausos) Como Presidencia, queremos poner en marcha Europol lo antes posible, para que las fuerzas de policía de Europa puedan trabajar juntas y eficazmente. 
Adoptaremos una nueva iniciativa contra la delincuencia que utiliza la tecnología más avanzada. 
Los nuevos medios de comunicación transfronteriza, tales como la red Internet, ofrecen enormes posibilidades nuevas para el acceso a la información y la libertad de expresión. 
Pero también se prestan a que se haga un uso indebido de ellos, que sólo juntos podremos combatir. 
Atacaremos el tráfico de drogas en su propio núcleo ayudando a los países productores de drogas del Asia central a atajar ese flujo. 
Debemos mostrar a los ciudadanos que la Unión Europea comparte sus temores y preocupaciones y puede actuar para abordarlos. 
La última de las preocupaciones es el medio ambiente. 
Los ciudadanos de Europa quieren que seamos serios en el cumplimiento de nuestro deber de cuidar el planeta y transmitirlo a nuestros hijos en buen estado. 
En toda la Unión Europea las actividades deben garantizar una Europa sostenible. 
Utilizaremos la Presidencia británica para colocar las consideraciones medioambientales en el centro de la escena del proceso de adopción de decisiones de la Unión Europea. 
Deben ser el núcleo de todas nuestras políticas. 
No una ocurrencia en el último minuto ni un apéndice. 
La política de transportes de la Unión Europea tiene repercusiones importantes en el medio ambiente. 
Debemos velar por que sea positiva. 
Para hacerlo realidad, celebraremos en junio un Consejo de Transportes y Medio Ambiente. 
Sacaremos adelante las propuestas de normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos a fin de lograr una mayor calidad de aire puro para nuestros ciudadanos. 
Vinculando las dos políticas, podemos contribuir a que la política de transportes de Europa sea inocua para el medio ambiente de Europa. 
La Presidencia británica se produce al mismo tiempo que tres proyectos internacionales importantes sobre el medio ambiente: el seguimiento de las negociaciones sobre el cambio climático de Kyoto, las negociaciones en las Naciones Unidas sobre el suministro de agua potable y las conversaciones sobre la gestión de los bosques del mundo. 
Kyoto demostró que la Unión Europea puede ponerse a la cabeza del mundo en materia de medio ambiente. 
Pero en Kyoto no pudimos llegar hasta nuestra meta final. 
En los casos en que se lograron acuerdos, ahora debemos sacar adelante su aplicación y en aquellos en que no los logramos se deben celebrar debates para lograr un acuerdo posterior con nuestros interlocutores a escala mundial. 
Los puestos de trabajo, la delincuencia y el medio ambiente. 
Ésas son las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. 
Ésas son las prioridades para la Presidencia británica. 
Pero también debe haber avances en el programa de reforma de la propia Europa. 
El acelerado mundo del futuro será de quienes respondan más rápidamente, cambien más rápidamente y se modernicen. 
Los ciudadanos quieren una Unión Europea que labore con eficacia y lealtad en pro de su beneficio. 
Las reformas propuestas por la Comisión en la Agenda 2000 constituyen un programa apasionante para modernizar la Unión Europea. 
La Unión Europea tiene que cambiar para afrontar los imperativos que plantea la ampliación, pero también los que plantea un mundo en transformación. 
La Unión Europea tiene que inclinarse por algunas opciones difíciles. 
Tal vez el ejemplo más claro de ello sea la Política Agraria Común. 
En el decenio de 1950 tuvo sentido en una situación de escasez de alimentos. 
Una política común sigue siendo igualmente pertinente hoy, pero necesita modernización. 
En Luxemburgo la Comisión recibió el mandato de presentar propuestas legislativas. 
Durante nuestra Presidencia velaremos por que se lleve a cabo esa labor. 
Sé que existe mucha susceptibilidad respecto de la reforma de la Política Agraria Común y divergencia de opiniones al respecto. 
Pero hay muchos aspectos sobre los que podemos llegar a un acuerdo. Una política agraria que siga apoyando a nuestros agricultores, pero con un costo menor para nuestros contribuyentes y para los consumidores, al tiempo que preserve las comunidades rurales y también el medio ambiente rural. 
Sé que existen muchos diputados al Parlamento Europeo que desean un cambio en nuestra política para que podamos dedicar una parte mayor de nuestros recursos a los sectores más pertinentes para las preocupaciones de hoy. 
(Aplausos) Vamos a utilizar nuestra Presidencia para trabajar en colaboración con Sus Señorías a fin de velar por que se gaste bien nuestro dinero. 
Los ciudadanos quieren que se comparta la carga de forma justa, que la ayuda regional vaya destinada a ayudar a las zonas más pobres, las zonas que más la necesitan. 
Quieren que se adopten medidas estrictas respecto de la mala administración y el fraude, para tener la seguridad de que no se derrocha su dinero. 
Nuestra prioridad será la de hacer que la Unión Europea trabaje más eficientemente en pro de los ciudadanos. 
Otra será la de volverla accesible a los ciudadanos. 
Propondremos medidas para hacer más transparente la Unión Europea, incluida una transparencia aún mayor del Consejo de Ministros. 
Para que los ciudadanos crean que la Unión Europea les pertenece, deben saber como mínimo lo que se está examinando y cómo adoptamos nuestras decisiones. 
(Aplausos) También quiero que la Presidencia británica contribuya a restablecer la confianza de los ciudadanos en que la Unión Europea puede hablar y actuar por ellos en el mundo. 
Digo deliberadamente «hablar» y «actuar» a un tiempo. 
Es importante que se oiga rápidamente la voz autorizada de la Unión Europea. 
Pero también es importante que nuestras palabras vayan acompañadas de hechos y revelen que las medidas adoptadas por la Unión Europea pueden tener repercusiones. 
La Unión Europea puede y debe ser un protagonista importante en el escenario mundial. 
Utilizaremos nuestra Presidencia para lanzar un Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, para establecer normas acordadas sobre todas las exportaciones de armas por parte de los miembros de la Unión Europea. 
Aplicaremos la nueva Acción Común de la Unión Europea en materia de minas terrestres, que reafirma el compromiso de la Unión con una prohibición mundial completa y con su programa de retirada de minas terrestres y ayuda a las víctimas de dichas minas. 
(Aplausos) Laboraremos en pro de un planteamiento europeo coherente en materia de derechos humanos y velaremos por que tenga efectos reales trabajando en colaboración con otros países y dialogando con ellos. 
Proseguiremos las gestiones de la Unión encaminadas a fortalecer sus relaciones con el resto del mundo. 
Mañana me trasladaré a Washington y Ottawa para informar a los Estados Unidos y al Canadá de nuestros planes para la Presidencia. 
En mayo celebraremos cumbres con esos dos países. 
En febrero viajaré a América Latina para presidir las reuniones ministeriales Unión Europea/Río y Unión Europea/San José. 
Tony Blair presidirá la Segunda Reunión Asia-Europa, que se celebrará en abril en Londres, primera cumbre con Asia de ese tipo que se celebrará en territorio europeo e importante hito en nuestras relaciones con Asia. 
Otro objetivo de nuestra Presidencia será el de alcanzar un acuerdo sobre el mandato de la Unión Europea para las negociaciones relativas al futuro Convenio de Lomé. 
Durante nuestra Presidencia la Unión Europea seguirá trabajando junto con nuestros asociados para contribuir a la aplicación de los acuerdos de paz en Bosnia. 
Procuraremos mejorar la rapidez y la eficacia de la prestación de ayuda de la Unión Europea a esa región. 
Procuraremos que la Unión Europea siga haciendo una contribución positiva al proceso de paz del Oriente Medio. 
Nos inquieta el estancamiento actual, asunto que preocupa profundamente a la Unión Europea y al resto del mundo. 
Por esa razón, contribuiremos a complementar las gestiones de los Estados Unidos para organizar conversaciones entre ambas partes y examinaremos de qué forma puede Europa facilitar el avance hacia la consecución de medidas prácticas, tales como el aeropuerto y el puerto de Gaza. 
También quisiera decir que compartimos la profunda preocupación del Parlamento Europeo por los recientes acontecimientos de Argelia. 
Sus Señorías han expresado sus opiniones con claridad, muy en particular mediante la concesión del Premio Sajarov de 1997 a Selima Ghezali. 
La labor de ésta, en las circunstancias más difíciles, sirve para recordar al mundo de forma contundente los problemas que afronta Argelia. 
Las últimas matanzas y el grado de ferocidad que han entrañado han sido atroces. 
Los ciudadanos de toda Europa están unidos en la repulsa y el horror ante las crónicas de Argelia que han leído en la prensa en las últimas semanas. 
El embajador británico, en nombre de la Presidencia, ha pedido permiso a las autoridades argelinas para visitar los lugares en que se cometieron recientemente esas espantosas atrocidades. 
No hemos visto pruebas que avalen las alegaciones de participación de las autoridades argelinas de seguridad. 
Los medios de comunicación del mundo están muy interesados en esos acontecimientos dramáticos. 
Conviene a las autoridades argelinas permitir a la prensa ver por sí misma lo que está sucediendo en su país y quién es responsable del terrorismo. 
Los gobiernos de la comunidad internacional tienen también un interés legítimo al respecto. 
Con demasiada frecuencia hemos comprobado en el pasado que, si permitimos que el terrorismo arraigue en un país determinado, puede ser exportado con gran rapidez a otros países. 
(Aplausos) Esa es la razón por la que la Presidencia británica acogió favorablemente la propuesta de enviar una misión de la troika a Argelia. 
Dicha misión examinará cómo puede la Unión Europea contribuir a acabar con el terrorismo y también demostrar la indignación de los ciudadanos de Europa ante el terror y los sufrimientos del pueblo de Argelia. 
Aseguro a Sus Señorías que la Presidencia mantendrá plenamente informado al Parlamento Europeo al respeto. 
En conclusión, quisiera decir que incluso en un discurso largo sólo se puede ofrecer una instantánea de un programa para seis meses de Presidencia. 
Es un programa ambicioso y completo, un programa de demostración de cómo quieren Gran Bretaña y el Parlamento Europeo que sea Europa. 
Una Europa no excluyente, próspera, abierta y pacífica, una Unión eficiente y que coopere eficazmente en relación con las cosas que interesan a nuestros ciudadanos y hable en su nombre en el mundo con claridad y energía. 
El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel decisivo en esa visión. 
El Gobierno británico ha trabajado para intensificar nuestros vínculos con el Parlamento- vínculos que el Gobierno británico anterior tal vez no mantuviera con el mayor vigor- y hemos formulado nuestro orden del día de la Presidencia en estrecha consulta con usted y con otros diputados a este Parlamento Europeo. 
Queremos que nuestra Presidencia vele por que Sus Señorías tengan la mayor oportunidad posible de desempeñar su importante papel en las decisivas decisiones que habremos de adoptar en el futuro. 
La de Sus Señorías será una voz importante en el debate sobre la Unión Económica y Monetaria. 
Sus Señorías deben emitir su dictamen conforme a la ampliación. 
Cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, Sus Señorías tendrán competencias más amplias en materia legislativa. 
La Presidencia británica está decidida a entablar un diálogo en igualdad de condiciones con Sus Señorías respecto de todos esos sectores desde los debates en pleno hasta las reuniones en comisión. 
Pero el papel de Sus Señorías abarca un ámbito aún mayor. 
Creo que el Parlamento Europeo debe desempeñar un papel decisivo en relación con nuestra misión de devolver la Unión Europea a los ciudadanos de Europa, explicarles las cuestiones decisivas, velar por que tengan oportunidad de hablar y que se escuche su voz. 
Como Gobierno convencido de la necesidad de una Europa abierta y transparente y que refleje las opiniones de los ciudadanos de a pie y tenga en cuenta sus preocupaciones en su actuación, creemos que Sus Señorías han de desempeñar un papel decisivo. 
No siempre estaremos de acuerdo, pero puedo asegurarles que siempre se escucharán sus opiniones. 
Estamos en el umbral de la creación de una Europa más amplia y más fuerte, una Europa que se extienda desde Varsovia hasta Edimburgo, una Europa pacífica, próspera y confiada, una Europa que pueda hablar con una sola voz en el mundo, pero que respete las culturas nacionales diferentes y estimule su florecimiento dentro de la Unión. 
Ha correspondido a Gran Bretaña desempeñar la Presidencia cuando esas oportunidades están al alcance de nuestra mano. 
Para aprovechar dicha oportunidades, necesitamos la ayuda de Sus Señorías y sé que nos la prestarán. 
(Vivos aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tiene la palabra la Sra. Green. 
(EN) Señor Presidente en ejercicio, me complace inmensamente darle la bienvenida hoy en el Parlamento Europeo. 
Como diputada laborista británica al Parlamento Europeo, tengo mucho gusto en dar la bienvenida a esta Asamblea a un ministro del primer Gobierno británico laborista en más de dos decenios. 
(Aplausos de la izquierda) Como Presidenta del Grupo socialista en esta Asamblea, sé que los socialistas, los socialdemócratas- y también algunos otros diputados a esta Asamblea- se sintieron extraordinariamente aliviados al ver salir al gobierno anterior, que fue de lo más hostil a la Unión Europea y de lo más falso y obstruccionista para con ella. 
(Aplausos de la izquierda) El 4 de mayo, tan sólo tres días después de las elecciones generales británicas, el periódico The Observer publicó el siguiente titular: » Adiós a la xenofobia». 
El primer mensaje positivo del nuevo Gobierno y del Presidente en ejercicio en particular fue para la Unión Europea. 
El secretario del Foreign Office merece la mejor acogida aquí. 
El 16 de diciembre de 1992, al concluir la última Presidencia británica, mi colega y predecesor Jean Pierre Cot se dirigió al entonces Primer Ministro británico y dijo: » Al comienzo de la Presidencia británica, me sentí confiado y convencido de que las tradicionales características británicas de juego limpio y eficiencia harían que fuera un éxito». 
Y concluía: » En lugar de actuar como un intermediario honrado, la Presidencia británica ha adoptado una actitud partidista ferviente». 
Hoy pido al Secretario del Foreign Office que vele por que esta Presidencia británica demuestre ese juego limpio y esa eficiencia y restablezca el amor propio y la dignidad británicos en esta Asamblea y en Europa. 
Pero más aún: esperamos que esta Presidencia, al intentar aplicar sus prioridades, demuestre el empuje, el vigor, la imaginación, la actitud y la lucidez que han caracterizado los ocho primeros meses de la administración de Gran Bretaña por parte del Gobierno. 
No ha de sorprender al Secretario del Foreign Office ni a esta Asamblea que mi Grupo haga suyas las prioridades más importantes que ha dispuesto en líneas generales hoy ante nosotros como plan de trabajo para los seis próximos meses. 
Los colegas de mi Grupo abordarán ese orden del día- puestos de trabajo, drogas, medio ambiente, programa de asuntos exteriores- en detalle durante el debate de hoy. 
Quiero plantear tan sólo dos cuestiones en particular. 
En primer lugar, la ampliación de la Unión a Chipre y a la Europa central y oriental. 
Acogemos con beneplácito el compromiso del Presidente en ejercicio de iniciar en marzo el proceso de ampliación de forma transparente y no exclusiva en Londres. 
Sé que el Gobierno británico está convencido de la necesidad de inclinarse por opciones difíciles. 
Quiero pedir al Presidente en ejercicio que siga la difícil opción que, en nuestra opinión, acompaña a la inauguración de la conferencia, es decir, la de iniciar el proceso de examen de la compleja cuestión que no se concluyó en Amsterdam y que la cumbre de Luxemburgo tuvo al menos la elegancia de reconocer que se había de abordar. 
No es popular ni fácil plantear las condiciones de la reforma institucional que con frecuencia se consideran como un mirarse el ombligo. 
Pero la pura y simple verdad es que la Unión Europea no funcionará sin un mayor número de votaciones por mayoría cualificada... 
(Aplausos )... y no digamos la nueva ponderación de votos, número de Comisarios y demás. 
Asimismo, corre el rumor de que las reformas tanto de la Política Agraria Común como de los Fondos estructurales, que ha mencionado usted, no comenzarán, sencillamente, hasta el final de este año, cuando hayan pasado las elecciones alemanas. 
Nadie espera que se puedan resolver esas cuestiones en los seis próximos meses, pero, por favor, que no se haga como si no existieran. 
La segunda cuestión que quiero plantear es la decisión que se debe adoptar sobre el Euro durante los primeros días de mayo de este año. 
Este Parlamento, como ha dicho el Presidente en ejercicio, tiene que desempeñar un cometido excepcional y muy particular. 
Es el único Parlamento de Europa que puede tener una relación directa con el Banco Central Europeo y que ya tiene una relación directa con el Ecofin. 
Este Parlamento puede ejercer un control democrático del Euro y de las instituciones que determine su éxito o lo contrario. 
En este sector de la Asamblea estamos decididos a que se desempeñe ese papel con obstinación. 
Pedimos al Consejo que examine en serio las propuesta procedentes del Parlamento para dar legitimidad democrática al Euro. 
La actitud de la Presidencia británica al apoyar el derecho de este Parlamento a dar su opinión acerca de las recomendaciones del Ecofin sobre qué países deben formar parte de la primera tanda de la UEM ha enviado un mensaje claro de compromiso democrático que agradecemos profundamente. 
Espero ahora que el Presidente en ejercicio inste a sus colegas a apoyar un Euro democrático. 
Esta Presidencia se produce en un momento decisivo: aunque el secretario del Foreign Office no lo hubiera dicho, yo lo habría dicho. 
Lleva consigo las esperanzas de los interesados en el futuro de Europa y, en particular, en nuestros jóvenes. 
Le deseamos suerte. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, le agradezco su declaración y más particularmente el compromiso que toma de escuchar la voz de este Parlamento. 
Ha recordado que su Presidencia quedará marcada por dos acuerdos históricos. 
El 30 de marzo comienzan las negociaciones con once Estados miembros candidatos y durante el primer fin de semana del mes de mayo se tomará la decisión acerca del euro. 
Estas medidas históricas fueron anticipadas en los Tratados y se prepararon ya hace tiempo en los Consejos Europeos. 
Ilustran nuevamente el método que ha puesto en marcha la Comunidad Europea, basándose en un creativo proceso continuo y constante, donde la paciencia y también la disponibilidad son los mejores y más seguros motores. 
También, señor Presidente, si las balizas se han limitado ahora, es usted responsable de determinar y gestionar la agenda y también y sobre todo de crear el clima político. 
Acaba de hablar acerca de la transparencia de sus decisiones y del llamamiento a la opinión pública. 
Creo que durante su Presidencia el apoyo de la ciudadanía será un elemento clave en aquéllos países donde se va a introducir el euro, pero también en los Estados miembros candidatos que quieren pertenecer por fin a una comunidad de pueblos libres y democráticos. 
Nunca fueron las decisiones de la Comunidad Europea tan concretas ni calaron tan hondo en la vida diaria de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente del Consejo, sabemos que la tradición británica, convencida plenamente de su sentido de la democracia, da gran valor a la participación de todos en las grandes decisiones colectivas. 
Por eso es paradójico que su gobierno haya anunciado que no quiere pertenecer al primer grupo de Estados miembros que van a introducir el euro. 
Jean Monnet dijo acerca de los británicos lo siguiente: somos conscientes de que respetaréis los hechos y no las hipótesis. 
La historia le dio la razón cuando predijo que el Reino Unido tras dudar largamente se presentaría como candidato a la CECA y a la CEE tan pronto como estas dos Comunidades obtuviesen los primeros logros sin que se modificase nada en sus principios federativos. 
Por mi parte tengo confianza en su pragmatismo. 
Tan pronto como el euro sea la moneda fuerte, estable y atractiva, entrará también en su país y contribuirá a su irradiación. 
Esperamos de su Presidencia que durante una fase delicada en la que decisiones formales y drásticas van a trastocar costumbres antiguas, usted utilizará todo su talento y energía para transmitir a la población de toda la Unión un mensaje de esperanza y confianza. 
Ya que, estimados colegas, cada nuevo día se refuerza nuestro convencimiento de que a pesar del escepticismo y la resistencia el euro se aproxima. 
Se trata de una nueva oportunidad para garantizar el nivel de vida de nuestra población, una nueva oportunidad para el crecimiento de nuestra economía, condición absoluta para la creación de nuevo empleo. 
Nunca antes fue tan sólida y estuvo tan próxima la esperanza en una paz duradera en nuestro continente. 
Por eso debemos convencer a nuestros conciudadanos de que tienen que esperar de forma generosa y agradecida la gran ampliación a los países del centro y este de Europa y de que en la cumbre de Cardiff, a mediados de junio de este año, se sentarán las primeras bases para las reformas de la Agenda 2000. 
Allí tendrá que utilizar toda su creatividad para impedir que los 15, tras las históricas decisiones sobre la ampliación y el euro, se sumerjan en la impotencia y se dividan por cuestiones secundarias de interés económico. 
Debe prevalecer el interés común por encima de la defensa fría de los derechos adquiridos o el populismo de egoísmos nacionales o de clases. 
Para ello existe el método en el que ha confiado la Comunidad Europea. 
Esto es, la integración comunitaria, la clave del éxito de la Comunidad Europea, dar preferencia a la pertenencia a un todo fuerte que defienda nuestros intereses al exterior y al mismo tiempo que sea solidario internamente de modo que cada uno se sienta comprometido. 
Tenemos que proseguir en este camino y le apoyamos en las acciones que ha anunciado. 
Ha anunciado el empleo, la fuerza de la competitividad, la lucha contra el fraude y el crimen, la protección del entorno vital y la sanidad pública, la cultura, la sociedad de la información, el comienzo de la unidad de planificación y prevención de la política común extranjera y de seguridad, la renovación de la Convención de Lomé, la divulgación de los Derechos Humanos en el mundo, y yo le hago la pregunta, señor Presidente del Consejo, de si va a emprender acciones en Nigeria, en Birmania, y en relación a la solución del problema chipriota. 
La Sra. Green ha hecho hincapié en esto, yo lo hago una vez más. 
De igual modo la reforma institucional, que no se ha llevado a cabo en Amsterdam, es una misión necesaria para toda Presidencia, también para la suya. 
Me conmovió especialmente cuando hace poco leí una entrevista del anterior Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que decía que la integración europea se ha llevado a cabo en base a la economía. 
Ahora vamos a emprender una gran empresa, esto es, la ampliación a los países del centro y este de Europa. 
Pero, dice Jacques Delors y le cito: 
«Ello supondría que, de aquí al año 2010, todos los países miembros tendrían las mismas ambiciones por lo que respecta a la Europa unida y los medios para satisfacerlas. 
Ahora bien, lo dudo mucho. 
Temo que si, no reflexionamos seriamente sobre esta cuestión, el proyecto político de Europa se desvanezca poco a poco, en beneficio de una gran zona de libre cambio.» 
(NL) Este mensaje de Jacques Delors debemos retenerlo bien en nuestros oídos, en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad y en nuestro espíritu. 
A usted que se caracteriza por su pragmatismo le apelo para que haga un esfuerzo por tener creatividad y para que deje vivir a esta Unión Europea en el próximo siglo. 
(Aplausos) 
(EN) Señor Presidente, acojo esta mañana con el mayor beneplácito en el Parlamento al Secretario del Foreign Office del Reino Unido como Presidente en ejercicio del Consejo. 
En nombre de los ciudadanos de Europa le deseo, toda clase de éxitos en su Presidencia. 
Le agradezco su extenso discurso ante el Parlamento. 
Hago mías las prioridades de la Presidencia, que ha expuesto en líneas generales y con claridad. 
Apoyo con entusiasmo la prioridad que la Presidencia se propone conceder al objetivo de demostrar a los ciudadanos de Europa que la Unión Europea está trabajando por ellos de forma práctica. 
Sólo si se puede demostrar con claridad a la mayoría de los ciudadanos que la Unión Europea es pertinente para sus preocupaciones cotidianas y que la Unión puede contribuir a encontrar soluciones para los problemas de nuestra sociedad, se alcanzará ese objetivo. 
La cuestión que más preocupa en este momento es la delincuencia. 
Hay pocas personas en cualquiera de nuestros países que no hayan sido víctimas de actos delictivos o cuyas familias no se hayan visto afectadas por la delincuencia de una forma o de otra. 
Prácticamente todas las noches los telediarios transmiten crónicas a nuestras hogares de delitos cada vez más horrendos perpetrados por personas perversas y con frecuencia contra personas indefensas de nuestra sociedad, tales como niños pequeños o personas ancianas. 
Gran número de nuestros ciudadanos están preocupados por su seguridad personal o la seguridad de su familia. 
En muchas de nuestras comunidades se consideran más comunes que hace años los robos en las casas, los atracos y los ataques violentos. 
La causa subyacente de una gran proporción de dichos delitos es la drogodependencia y el uso indebido de drogas ilegales. 
En la actualidad las drogas ilegales parecen estar fácilmente al alcance de cualquiera en cantidad y variedad, en particular para los jóvenes. 
El uso indebido de dichas drogas supone un riesgo grave para la salud de jóvenes impresionables a los que se convence para que experimenten con ellas. 
La drogodependencia y la adicción en que en última instancia acaban muchas de esas personas sólo se pueden satisfacer mediante ingresos procedentes de delitos. 
Ese tipo de delito relacionado con las drogas es el que está planteando un riesgo grave a muchas de nuestras comunidades. 
Creo que la Unión Europea puede hacer una contribución importante para abordar el flagelo del uso indebido de las drogas concentrando sus recursos de forma coordinada con las autoridades nacionales con vistas a abordar el tráfico internacional de drogas. 
El tráfico de drogas ilegales es ahora un negocio internacional complejo. 
Para que sea eficaz, la lucha contra dicho tráfico debe ser compleja y de ámbito internacional. 
Quienes participamos en las negociaciones sobre el Tratado de Maastricht habíamos abrigado la esperanza de que Europol fuera el organismo que facilitara información a las autoridades nacionales sobre el blanqueo de dinero y la producción y el contrabando de drogas ilegales que necesitaban para poder procesar a los responsables de la distribución de drogas a nuestras comunidades. 
Muchos años después, me siento decepcionado de que otra Presidencia haya fijado como uno de sus objetivos el de acabar los preparativos para la creación de Europol. 
Las únicas personas que pueden alegrarse de esos vergonzosos retrasos son las que se dedican al tráfico de drogas ilegales. 
No obstante, acojo con el mayor beneplácito el compromiso de la Presidencia británica de conseguir la creación de Europol y su interés en promover medidas internacionales para abordar el tráfico de drogas ilegales. 
Apoyaré cualesquiera de esas propuestas que se presenten ante este Parlamento. 
Durante la Presidencia británica se adoptarán decisiones sobre los países que formarán parte de la primera tanda de participantes en la moneda única. 
Si bien comprendo que Gran Bretaña no vaya a ser uno de esos países, es importante que todos los países, incluso los que no forman parte de la moneda única desde el primer día, participen en las fases de preparación y planificación para el lanzamiento del Euro por las posibles repercusiones de dicha moneda en todas nuestras economías, ya estén dentro o fuera de la zona de la moneda única. 
Un aspecto sumamente importante del lanzamiento de la nueva moneda será la actitud de los ciudadanos particulares ante el Euro. 
El Presidente en ejercicio recordará la renuencia, la preocupación e incluso la temerosa respuesta de mucho ciudadanos británicos y, de hecho, irlandeses ante la conversión de nuestras respectivas monedas al sistema decimal durante el decenio de 1960. 
En el período que precedió a la adopción del sistema decimal, tal vez no se comprendiera plenamente la importancia de lograr la mayor confianza por parte de los consumidores. 
Creo que el mismo riesgo existe hoy. 
Reviste importancia decisiva que las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales emprendan un proceso amplio de educación en todos los sectores de la población y no sólo en la comunidad financiera y comercial, como parece estar ocurriendo ahora principalmente. 
Cuando se lance el Euro, será necesario cambiar el dinero en monedas actuales por la nueva moneda. 
Ese requisito puede constituir perfectamente una útil oportunidad para que las autoridades identifiquen los activos de los delincuentes y adopten las medidas apropiadas al respecto. 
Espero que la Presidencia vele por que se adopten las iniciativas necesarias para determinar los activos delictivos y se haga a tiempo para aprovechar esa oportunidad. 
El programa de trabajo presentado por la Presidencia indica que en los seis próximos meses también procurará lograr avances en las negociaciones sobre la reforma de la Política Agraria Común. 
Es evidente que la Comisión deberá hacer sus propuestas detalladas antes de que se puedan lograr avances importantes a ese respecto. 
Un acuerdo final sobre la reforma de la PAC debe ir precedido de un debate largo y completo a lo largo de varias Presidencias. 
Esa reforma tendrá una gran importancia política no sólo para nuestras futuras relaciones con los países de la Europa oriental, sino también para nuestras zonas rurales, para la política en materia de alimentos y para los millones de agricultores y trabajadores afectados. 
Por último, la Presidencia ha seleccionado la política medioambiental como una de sus prioridades. 
A ese respecto espero que preste la debida atención a la resolución de un problema medioambiental que existe desde hace mucho y preocupa profundamente a sus vecinos de Irlanda: el problema de los continuos vertidos de material radioactivo al mar de Irlanda desde el complejo de Sellafield. 
Presidente, tras años de agrio negativismo la postura positiva del nuevo Gobierno británico viene como una mejora refrescante. 
Pocas Presidencias han mostrado tan buena voluntad. 
Pocos son los que por cierto han organizado una campaña de relaciones públicas tan grande para generar esa buena voluntad. 
Sea como fuere doy la bienvenida a Inglaterra. 
Aunque hay que hacer una advertencia. 
No bastan buenas intenciones. 
Una Presidencia tiene que dejar ver resultados. 
Esto sirve sobre todo para dos campos: asuntos monetarios y política extranjera. 
La decisión más importante para la Unión bajo la Presidencia británica es la del euro. 
Es una lástima que el Gobierno británico no estuviese dispuesto a aclarar si Inglaterra participará y cuándo en la moneda europea. 
La Presidencia debe entablar estas cruciales negociaciones con una mano puesta en la espalda. 
Tony Blair quiere dirigir en Europa, pero no puede esperar que se pueda dirigir a partir de la línea lateral. 
Quisiera pedir no obstante al Reino Unido que se preocupe de que los Estados miembros respeten el Tratado cuando nombren al primer presidente del Banco Central Europeo. 
Según el Tratado este nombramiento es válido para un período completo de ocho años y por lo tanto no para dos períodos de cuatro años. 
Manipular el Tratado en este punto dañaría la credibilidad del euro incluso antes de que se lance. 
Presidente, la crisis financiera en Asia sume a Europa en una sombra creciente. 
Aunque no existe ninguna razón para el pánico, hay motivo para preocuparse seriamente. 
La devaluación en Hong-Kong o China, o una crisis financiera en Japón alcanzaría tanto a América como a Europa. 
Al contrario que América hasta ahora la Unión no ha contribuido directamente a encontrar soluciones. 
La ausencia del bloque económico más fuerte del mundo llama la atención. 
¿Por qué no ha enviado la Unión Europea un grupo de personas a los países implicados para ofrecer solidaridad política y apoyo? 
Naturalmente, los países asiáticos tienen que delegar poderes en su economía y reformar su sector financiero y el Presidente británico tiene que dejar esto claro en los países ASEAN y en Japón. Sin embargo debemos expresar a máximo nivel político nuestra confianza en las economías asiáticas. 
Esta no es la época en que la Unión deba despertar la impresión de volverse hacia dentro, siendo egoísta e irrelevante. 
Junto a esto la política extranjera es un terreno donde se necesita del liderazgo británico. 
Sobre este punto se enjuiciará a la Presidencia británica. 
Es necesario imperiosamente que exista una diplomacia europea efectiva en el Mediterráneo y en los Balcanes. 
Apoyo el propósito de la Presidencia de dejar a la Unión jugar un papel activo en Oriente Medio y en Argelia. 
Ahora que el Gobierno argelino no está dispuesto o preparado para terminar con los crímenes contra las personas de su país, la comunidad internacional debe considerar seriamente que se establezca un tribunal de castigo para Argelia. 
Esta podría ser la manera más efectiva de presión internacional. 
La Unión tiene que mejorar su colaboración con Turquía. 
Naturalmente no puede ingresar en la Unión ningún país que atente contra los derechos humanos. 
Mientras que no exista una libertad de expresión real y mientras que la policía siga torturando incluso a niños no puede hablarse de negociaciones con Turquía. 
Pero entre tanto repercute en beneficio europeo colaborar con Turquía en cuestiones como seguridad regional y emigración. 
En marzo de 1995 el Consejo de Asociación decidió profundizar el diálogo político con Turquía. 
La Presidencia tiene que ocuparse de que estas decisiones se implanten finalmente y que se reanude la colaboración financiera. 
Pacta sunt servanda. 
Dos observaciones acerca de los Balcanes. 
Cada vez me preocupa más que Kosovo explote próximamente en los Balcanes. 
Quizás no sea todavía demasiado tarde para prevenir la guerra en Kosovo, pero el tiempo pasa. 
Es esencial que la UE y EEUU presionen aún más a Milosevic. 
La comunidad internacional tendría que nombrar a un delegado de alto cargo para la cuestión Kosovo. 
Kosovo tiene que ser una de las prioridades de la Presidencia británica. 
Mi grupo pide también prioridad para el asunto de los arrestos de criminales de guerra en Bosnia. 
Las naciones no cometen crímenes de guerra, sino los individuos. 
Por eso los culpables deben ser juzgados. 
Sólo de este modo se acaba con el ciclo de violencia. 
1998 tiene que ser el año en que Karadzic y Mladic sean juzgados. 
El Reino Unido tiene unas importantes tropas militares en la ex-Yugoslavia. 
Apelo a la Presidencia británica para que utilice todos los medios políticos y militares para arrestar y expulsar a estos dos criminales. 
Finalmente una observación acerca de la calidad democrática de la Unión. 
Una de las formas de ampliar el control democrático en la Unión es que el Consejo introduzca un sistema electoral común en base a representación proporcional. 
Si nuestros ciudadanos europeos quieren contar en 1999 con un sistema como este, entonces en junio de este año como muy tarde tienen que tomarse las decisiones necesarias, no más tarde. 
Esto significa que la Presidencia tiene que hacer las propuestas como muy tarde a finales de marzo. 
Confío en que el Gobierno británico comparta nuestro deseo de llevar a cabo este año esta importante reforma democrática. 
Presidente, mi grupo aplaude de todo corazón los objetivos y las palabras de esta Presidencia. 
La Presidencia ya se ocupará de que dentro de seis meses vitoreemos también sus hechos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como usted ha dicho muy bien, las decisiones relativas al euro y al inicio de las negociaciones para la ampliación definen la tarea y la importancia de la Presidencia británica. 
¿Y qué pueden esperar los diputados europeos de una Presidencia británica? 
Sin duda alguna, que tenga, hoy, convicciones europeas, tenacidad, optimismo, sentido práctico y, si es posible, sentido del humor. 
Y si la Presidencia viene caracterizada por ser laborista, también hay que esperar y, sobre todo nosotros, desde la izquierda, que tenga un sentido social. 
Por eso, yo querría exponerle, de forma coloquial- de ninguna manera de forma declarativa o solemne -, algunas observaciones sobre determinadas reflexiones suyas. 
Porque en este momento de ampliación y de culminación de la Unión Económica y Monetaria y del desarrollo próximo del Pacto de Estabilidad, cuando va a ser tan difícil llevar a cabo políticas sociales- a veces las circunstancias van a ser un obstáculo para ello -, es necesario dar un sí rotundo a la ampliación, pero es necesario dejar claro- y usted lo ha dicho- lo imprescindible de la lucha contra el desempleo. 
Es necesario que la lucha contra el desempleo no consista solamente en buenas intenciones sino que tenga el mismo rango que la moneda y que la lucha contra la inflación, que nosotros compartimos. 
Pero son necesarias más cosas. 
Para construir una Europa equilibrada, democrática y justa es necesario que se mantenga el gran objetivo de la cohesión económica y social, y la aspiración a una Europa, no solamente de libertades, sino de gran igualdad entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. 
La pregunta es evidente: ¿cómo conseguir esta cohesión? 
¿Qué proponemos? 
Pues proponemos que se sigan utilizando inteligentemente los Fondos estructurales sin despilfarros, con transparencia, pero manteniendo esa solidaridad interna entre el Norte y el Sur de Europa, que no debe ser contradictoria con la política de ampliación. 
Usted se ha referido a la Política Agrícola Común y yo me atrevo a decirle que es necesario superar los desequilibrios de los apoyos a diferentes producciones agrícolas. 
Es necesaria una reforma, pero una reforma que vaya en la dirección de igualar las oportunidades de los diferentes países y de los diferentes agricultores que hay en Europa. 
Si queremos financiar la ampliación y, a la vez, la solidaridad interna, no podemos estar de acuerdo con los planteamientos que nos ha hecho la Comisión en la Agenda 2000. 
No es posible funcionar con un límite de recursos propios del 1, 27 % del Producto Interior Bruto comunitario. 
Le voy a hablar en términos que entiendan los ciudadanos: lo que propone la Comisión es que de cada 10.000 ecus del Producto Interior Bruto se destinen 127 ecus al presupuesto comunitario. 
¿Qué pide el Parlamento Europeo? 
Que de cada 10.000 ecus del PIB comunitario se destinen al presupuesto comunitario 4 ecus más- es decir, 131- para poder hacer frente, a la vez, a la ampliación y a la solidaridad. 
¿Cómo va a ser imposible emplear 4 ecus más de cada 10.000? 
No lo puedo comprender, y no le hablo a título personal sino en nombre de muchos ciudadanos europeos. 
Por otra parte, queremos luchar contra el despilfarro y la falta de transparencia, pero apoyamos el Estado del bienestar como una seña de identidad europea. 
El mercado debe ser transparente, pero debe estar subordinado a los valores democráticos y a los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. 
Estoy seguro de que un Presidente laborista, con todas las renovaciones y puestas a punto que necesite cada opción política, tiene que ser muy sensible a esta pretensión de mantener el Estado del bienestar como una seña de identidad europea. 
Y para terminar, yo querría decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que estamos de acuerdo con que haya un diálogo razonable con Turquía, pero desde una visión europea, como usted ha dicho. 
Turquía tiene que cumplir las condiciones de los demás países. 
No puede amenazar en el norte de Chipre, no puede estar en contra, continuamente, de los derechos humanos. 
No podemos aceptar una visión norteamericana, vinculada a la importancia de Turquía en la OTAN. 
Tenemos una visión europea y queremos que el Consejo la defienda. 
Finalmente, y con la tolerancia del Sr. Presidente del Parlamento, yo quisiera decirle que, en el caso de Argelia, estamos todos comprometidos. 
Quizás con visiones diferenciadas, pero estamos de acuerdo en que vaya la troika a ese país, en que vaya también una importante delegación del Parlamento Europeo, en promover no solamente la claridad de lo que pasa, sino el diálogo entre todas las fuerzas que condenan el terrorismo y están dispuestas a desarrollar el Estado de Derecho en Argelia. 
Para todas estas tareas, para una Europa democrática y solidaria, y también social, puede usted contar con el apoyo del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estimada Presidencia británica del Consejo, ayer por la tarde estuve recapacitando largo tiempo sobre qué es lo que se me ocurre cuando pienso en la Presidencia británica del Consejo y de repente surgió algo en mi cabeza pero sobre todo en mis entrañas: el «rock ' n roll». 
Un grito por la justicia, la democracia, la solidaridad y la ruptura imaginativa con todos esos viejos esquemas. 
Esto es para mí el «rock ' n roll». 
Time is on my side es lo que nos transmite Tony Blair, es decir, » talking about my generation». Señor Cook, coincido con usted y deberíamos recapacitar sobre lo que esta Europa necesita en su «long and winding road» , pues Europa está enferma. 
No va a estar más sana ratificando su estado, aceptándolo y consintiéndolo. 
Europa está enferma y la idea europea se debilita pues esa misma idea es declarada como una amenaza. 
Antes, Europa estaba a favor de la libertad y de la paz. Hoy, la apertura de las fronteras se convierte en un peligro y 2.000 refugiados kurdos son declarados como una amenaza para el orden y la seguridad. 
Sí, señor Cook, coincido con usted: hay que superar la división en lugar de levantar nuevos muros. 
Europa está enferma. 
La destrucción ecológica se expande y no sólo el bosque se muere. 
Europa está enferma. 
Padece bajo el desempleo en masa y bajo una política que habla de estabilidad pero que sólo piensa en el dinero, que se aferra al euro pero no atiende a las europeas y europeos. 
La democracia se nutre en sus esfuerzos por lograr la igualdad de oportunidades, la justicia social, la tolerancia, la protección y ayuda a los débiles. 
Mal le va a la democracia europea cuando 30 millones de personas están sin trabajo. 
Personas que son arrastradas a la exclusión social. 
Personas que en su caída son excluidas cada vez más de la participación social y política y que son abandonadas a su suerte. 
Personas que ya como niños han tenido la experiencia de una vida en la pobreza y en la falta de perspectivas. 
Estas personas necesitan algo más que words. 
Words are all I have to take your heart away. 
Esto no es suficiente para estas personas. 
Como las personas tienen que saber porqué tienen que aceptar a Europa, es necesaria una clara perspectiva de futuro para la europeización de la política, para que los problemas que no son solubles a nivel nacional sean atacados a nivel europeo. 
La persona no vive solamente de dinero. 
Necesita trabajo para ganarlo. 
Necesita igualdad de oportunidades para obtener trabajo. 
Necesita dignidad para creer en sus oportunidades. 
La justicia social no es todo, pero sin justicia social Europa no es nada. 
Este tiene que ser el programa de la Presidencia británica. Para Europa, pero también para la propia casa. 
Que nadie diga que esto es anticuado o que no es posible. 
Francia y el consciente movimiento de los desempleados demuestran lo contrario. 
You can't always get wath you want. 
But if you try, sometimes you may find that you get waht you need! 
La UE solamente será una Unión de las ciudadanas y ciudadanos si se convierte también en una Unión social y medioambiental que se comprometa con la sostenibilidad y se base en la democracia. 
La democracia no es una quimera, la democracia es de importancia vital para esta Unión Europea. 
Una democracia que descanse en el principio de la participación, en los mismos derechos para todas las personas, en el respeto de los derechos fundamentales y humanos, derechos como el de asilo que solamente tienen un sentido si se garantiza su uso en lugar de agitar continuamente el espantajo de su abuso. 
Democracia significa transparencia, luz y taquígrafos, pues tras puertas cerradas los principios se agostan. 
Pero transparencia, luz y taquígrafos no significa big brother is watching you en los mentideros oficiales de los Gobiernos amigos ni tampoco significa Europol en mi esfera privada. 
Queremos una Europa que se sustente sólidamente en una Europa democrática, social y ecológica y esto es lo que debe hacer la Presidencia británica. 
We can work it out, we can work it out! 
Life is very short and there is no time. 
Les prometo «I will ask you once again». 
Gracia a los Stones, los Beatles y los Bee Gees por haber participado en mi intervención. 
(EN) Señor Presidente, éste es para mí un día muy memorable, veintiún años después de aquel en que fui la primera diputada que habló aquí sobre la primera Presidencia del Reino Unido en la Historia: la última Presidencia laborista del Reino Unido. 
Veo en el Acta que el Sr. Tomlinson habló en el siguiente debate y aquí sigue, pero habló como Presidente en ejercicio del Consejo, no como diputado. 
Conque se trata de algo memorable y quisiera comenzar con una observación agradable lanzando algunas flores al Presidente en ejercicio, que podrían sorprenderle. 
La primera flor que le lanzo se debe a la introducción de la RP para las elecciones europeas, una mejora de nuestra situación esperada durante mucho tiempo. 
La decisión de participar en la política social rechazada por el Gobierno anterior, la promesa formulada hoy de hacer trasparentes las deliberaciones del Consejo, algo de lo que yo hablé hace veintiún años, al indicar, igual que ahora, que se debería invitar a los presidentes de las comisiones del PE a las deliberaciones del Consejo relativas a asuntos relevantes: esperaré a ver si habrá que esperar veintiún años para verlo. 
Más que un rock and roll, es un fox-trot lento. 
Quisiera elogiar también el enorme valor de la colega de gobierno del Sr. Cook, Mo Mowlam, por sus valerosísimas acciones en relación con Irlanda del Norte. 
(Aplausos) Quisiera elogiar los sonidos europeos que llegan del sector situado enfrente. 
Pero ahora comienzo con una crítica sobre la UEM. 
Resulta, desde luego, irónico que en el momento en que se ha de adoptar la decisión sobre quién va a formar parte de la primera tanda, el Reino Unido haya decidido mantenerse al margen, pese a que cumple los criterios, y no vaya a formar parte de la primera tanda. 
Para mí, se trata de una oportunidad perdida. 
Quisiera decir al Presidente en ejercicio que el tren se pondrá en marcha y avanzará perfectamente, ¿y no será más difícil subirse a él cuando avance a buena marcha? 
La Confederación de Sindicatos británica, la CBI, los exportadores, de los cuales hay muchos en Escocia, están a favor, todos, de la UME. 
Conque creo que es una gran lástima y me pregunto si aún no sería posible que el Gobierno del Reino Unido cambiara de opinión. 
Esto es lo que decía el Presidente Crosland hoy hace veintiún años: » Siempre hubo en el marco de la UEM una esperanza generalizada de que la adopción de políticas financieras pasara de los Estados miembros a la Comunidad y la Comunidad se transformase de una unión aduanera en una unión económica completa y plenamente integrada con su Banco Central, un tipo de cambio fijo y una armonización en aumento de los impuestos». 
Es un fox-trot lento, ¿verdad? 
Mientras el Reino Unido, carente de visión, vacilaba, el reloj ha continuado avanzando y creo que actualmente constituye una tragedia que el Reino Unido no participe en la UEM. 
Respecto de la política social, he de formular otra crítica. 
¿Tiene sentido poder acogerse a las ventajas de la política social, que en el partido que yo represento aquí siempre hemos apoyado, si se va a abandonar la posición del antiguo Partido Laborista de defender a los desfavorecidos? 
Impedidos, madres solteras, estudiantes: existe una eurojerga que los ciudadanos critican, pero también hay una jerga del nuevo Partido Laborista que yo critico. 
Lo que antes se llamaba «comprobación de los medios de vida» ahora se llama «comprobación del bienestar económico». 
La «estrategia a largo plazo» va encaminada a excusar los despiadados recortes de hoy. 
Quisiera pasar a ocuparme de algunas cuestiones prácticas sobre las prioridades. 
Todos tenemos nuestras cuestiones medioambientales favoritas, pero quisiera instar a que apliquemos el código de conducta aprobado por este Parlamento con los buques-cisterna que amenazan todas nuestras costas y, por no cumplir las normas, han causado, de hecho, enormes daños a muchos de nuestros Estados miembros. 
Sobre el desempleo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la que yo formaba parte, ha hecho la propuesta de que exista una norma vinculante sobre el retraso en los pagos. 
Eso contribuiría en verdad a la resolución de los problemas de las pequeñas empresas, de las que debemos ocuparnos, pues en ellas se pueden crear puestos de trabajo reales en gran número. 
El Presidente en ejercicio no ha mencionado hoy la pesca. 
Hemos tenido un desastre que ha durado decenios por culpa de la capitulación del Gobierno anterior ante España en relación con la pesca. 
Pero recientemente hemos tenido otro con la capitulación de este nuevo Partido Laborista ante el informe Fraga. 
De modo que pregunto al Presidente en ejercicio si aún está comprometido con el principio de la estabilidad relativa. 
Ésa es la pregunta fundamental. 
¿Y se va a permitir que los barcos con pabellón sigan haciendo que resulte absurda toda la PCP, tal como se formuló originalmente? 
¿Ha leído la crítica hecha esta semana por el Duque de Edimburgo sobre el carácter leonino de los acuerdos de pesca entre la UE y los países en desarrollo pobres? 
Los diputados de todos los sectores de esta Asamblea y de todos los países acogen con beneplácito el referéndum, que es otra flor que lanzo a este Gobierno representado por el Presidente en ejercicio. 
Pero existe una profunda tristeza por las promesas incumplidas: se ha atenuado la relación directa ofrecida al nuevo Parlamento escocés con Europa, se ha atenuado el estatuto de los «Länder» , se ha atenuado el derecho a asistir a reuniones en las que se hablara de intereses predominantemente escoceses. 
Tengo interés al respecto por proceder de una zona de objetivo 1. 
Justo ahora el objetivo 1 está empezando a contribuir a reparar las consecuencias de cientos de años de abandono de mi zona. 
Por último, en los veintitrés años que llevo aquí he visto la reconciliación de los protagonistas de antiguas rivalidades en Europa que causaron guerra, horror y devastación y durante decenios de diálogo paciente hemos creado el hábito de la cooperación. 
Se trata de un hábito que nunca debemos dar por sentado. 
(Aplausos) 
(EN) Señor Presidente, yo también doy la bienvenida aquí al Presidente en ejercicio esta mañana. 
Quisiera decir simplemente que esta mañana el programa que ha presentado aquí en líneas generales es muy ambicioso y, por mi parte, lo acojo con beneplácito y lo felicito. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al actual Gobierno del Reino Unido por su entusiasmo. 
Espero simplemente que su entusiasmo sea realista, si tenemos en cuenta lo que se puede lograr en el breve período de seis meses de que dispone. 
Me preocupa que se insista continuamente en el papel de la Unión Europea para resolver el problema del desempleo. 
Yo he expuesto con claridad en este Parlamento la opinión de que la única forma de abordar ese grave problema, que todos afrontamos, corresponde- creo yo- al nivel nacional y desde una posición más cercana a los ciudadanos. 
Si bien no me opongo a la participación de la Unión Europea en la lucha contra el desempleo, debe ser realista y aceptar los límites de su capacidad en ese sector. 
Lo que podemos lograr en el nivel de la Unión Europea es un mayor apoyo a la formación, en particular en el sector de nuestros jóvenes desempleados, y la reorientación profesional de quienes han tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo. 
También podemos lograr más resultados compartiendo y mancomunando nuestros logros mediante nuestros programas de investigación e innovación. 
Quisiera pedir a la Presidencia que estimule más las actividades de investigación e innovación para subrayar su importancia con vistas al futuro. 
Como ha dicho el Presidente en ejercicio, estamos entrando también en la fase decisiva de las propuestas relativas a la Agenda 2000. 
Más en particular, se plantea la cuestión de otra reforma de la Política Agraria Común, que está sumida en un gran caos, y en ningún lugar más que en su propio país, el Reino Unido. 
Se debe levantar la prohibición que pesa sobre la carne de vacuno del Reino Unido, pues está destruyendo la industria. 
Confío en que el Presidente en ejercicio durante su mandato labore en pro del levantamiento de esa prohibición y la aplicación del plan de «reses nacidas después de determinada fecha». 
En el mismo frente, tiene que adoptar una actitud categórica para reparar el desequilibrio creado por una libra fuerte y por el hecho de que el Gobierno del Reino Unido no haya solicitado el apoyo de Bruselas a que tiene derecho para poder aliviar el problema. 
Me ha impresionado el entusiasmo de la Presidencia por la protección medio ambiental. 
Pese a los avances logrados, siguen existiendo niveles inaceptablemente altos de contaminación. 
En Europa hemos intentado asumir nuestras responsabilidades mediante una acción positiva. 
Ahora debemos convencer a otros países de fuera de la Unión Europea que asuman sus responsabilidades. 
El Presidente en ejercicio tiene por delante una muy ardua tarea. 
Le deseo suerte y estoy deseoso de colaborar con él estrechamente para llevarla a cabo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, para un diputado es difícil intervenir sobre un discurso que acaba de oír. 
Le falta tiempo para reflexionar. 
Por tanto les comunicaré solamente algunas impresiones, de las cuales la primera tiene relación con la imprecisión de las intenciones que ha formulado con respecto a los temas mencionados: sobre los países del este de Europa y Chipre, desea usted que se adhieran; sobre el paro, el Consejo quisiera una Europa de pleno empleo; sobre la delincuencia, quisiéramos una Europa segura y sin drogas; sobre el medio ambiente, quisiéramos una Europa sin contaminación, ni del aire ni del agua; sobre Argelia, sería preciso que se acabara el terrorismo. 
Pero, ¿y después? 
Examinemos un poco más en concreto estas cuestiones. 
He observado que el Presidente del Consejo se fijaba como objetivo participar en la privatización de la economía en los países de la Europa del Este. 
Se trata de un objetivo importante y peligroso. 
Me permitirán ustedes señalar con ironía que es bastante agradable que sea el Ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno laborista el que acabe con la esperanza de las tesis económicas estatales de las que su propio partido fue valedor durante décadas. 
Digo esto con amabilidad, en atención a la Sra. Green. 
En realidad, como lo prueba el ejemplo de Suiza o Noruega, no es la Unión Europea la que crea la prosperidad, sino la libertad de la economía. 
En cuanto a la adhesión de Chipre, no podría tener solución en la actual situación política. 
Si esta solución no se encuentra antes de la adhesión, ésta, lejos de ser un factor de paz, corre el riesgo de ser un factor de guerra. 
Con respecto al desempleo, el Sr. Presidente del Consejo se ha limitado a hacer una constatación dramática y a formular un deseo bastante formal. 
Sin embargo los remedios a esta situación son conocidos. 
Es preciso tener coraje para afirmar que la falta de protección razonable del mercado europeo con respecto a importaciones de productos fabricados en condiciones de dumping social en el resto del mundo es una de estas causas. 
O bien construimos un conjunto regional coherente que se base en preferencias entre los Estados miembros, y entre ellos solos, o bien nos insertamos completamente en un librecambismo a escala mundial. 
Ambas posibilidades son perfectamente incompatibles. 
En el plano internacional, ha hecho mención a sus desplazamientos, señor Presidente del Consejo: lamento sencillamente que comiencen por Washington. 
No digo que no sea preciso ir a Washington; digo que no es necesario comenzar por Washington, so pena de dar a los demás interlocutores la impresión de que nuestra política va a remolque de los Estados Unidos. 
Finalmente, por lo que respecta a Argelia, estoy muy sorprendido de que sea preciso enviar misiones parlamentarias como si nuestros servicios secretos no dispusieran de información en este sentido. 
Quisiera reafirmar que todos estos acontecimientos comenzaron cuando se encarceló a los vencedores de la primera vuelta de las primeras elecciones libres que este país conocía desde hacía treinta años. 
Señor Presidente del Consejo, creo que su política tiene buenos sentimientos. 
Los buenos sentimientos hacen que le aprecie todo el mundo, pero no hacen una buena política. 
(EN) Señor Presidente, la última vez que Gran Bretaña ocupó la Presidencia de la Unión Europea fue en el segundo semestre de 1992. 
Entonces la Presidencia británica se caracterizó por una actitud vacilante y por carecer de rumbo, determinación y lucidez. 
Esta vez va a ser diferente, muy diferente. 
El Gobierno laborista británico tiene un programa claro y bien elaborado, como hemos oído esta mañana, un programa encaminado a lograr una vinculación esencial con las preocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos y con la cooperación europea. 
Lo propio de Europa no debe ser una burocracia remota y teorías abstractas. 
Lo propio de Europa debe ser planteamientos conjuntos de problemas comunes y que se aborden las cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos de a pie en todos los Estados miembros. 
Precisamente porque el Gobierno británico reconoce eso es por lo que la Presidencia británica está- creo yo- tan decidida a poner en práctica las prioridades que el Ministro a expuesto en líneas generales. 
Muy acertadamente, en el primer puesto del orden del día de la Presidencia está el deseo de alcanzar un acuerdo sobre los países que cumplirán los criterios para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Un comienzo logrado del Euro redundará en beneficio de todos. 
También en un punto destacado del orden del día está la creación de puestos de trabajo y, si hay alguna cuestión que resulta ser una pesada carga para los ciudadanos de Europa, no cabe duda de que es el hecho de que haya más de 18 millones de personas desempleadas en toda la Unión. 
Nunca podrá haber una auténtica Unión Europea con tan altos niveles de desempleo. 
El desempleo causa sufrimiento personal, socava la cohesión social, roe el alma misma de Europa. 
Lo que tenemos que hacer es aplicar las directrices sobre el empleo acordadas en la Cumbre sobre el Empleo de Luxemburgo para que dispongamos de planes de acción concretos. 
Planes que conviertan las buenas palabras en hechos prácticos: fomento del espíritu de empresa, promoción de la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mejora de la empleabilidad, aumento de la igualdad de oportunidades. 
Eso es lo que se necesita y estoy seguro de que eso es lo que la Presidencia británica promoverá con vigor y determinación. 
Para que Europa tenga éxito en la economía mundial, no podemos ser complacientes ni conservadores. 
Para vencer en el mundo debemos convertir el proceso de cambio en una costumbre. 
Para ser competitivos debemos ser innovadores y para ser innovadores debemos ser radicales y tener amplitud de miras. 
Eso significa que tenemos que crear un mercado único más eficaz, un mercado que, por ejemplo, abarque las telecomunicaciones y el sector energético. 
Significa acabar con las desleales ayudas estatales. 
Significa estimular las pequeñas empresas, luchar contra el papeleo y velar por que las actividades de investigación e innovación sean la vanguardia de nuestro avance económico. 
Otra prioridad para la Presidencia es la de lanzar el proceso de ampliación de la Unión Europea. 
Debe quedar claro que éste reviste enorme importancia para todos los ciudadanos de Europa. 
La ampliación aportará beneficios reales a los Estados miembros actuales y los Estados candidatos. 
Aportará recompensas económicas mutuas y brindará una mayor seguridad y estabilidad. 
Pero, como todos sabemos, para que funcione la ampliación, la propia Unión Europea tiene que cambiar. 
La Agenda 2000 es un buen punto de partida. 
Ahora debemos celebrar un debate serio sobre cómo podemos formular una nueva política regional para satisfacer las necesidades futuras y cómo vamos a reformar, naturalmente, la Política Agraria Común. 
Si en algo hace falta modernización es en eso. 
El hincapié que la Presidencia hará en la ampliación indica- creo yo- cómo quiere que sea la Unión Europea cuando supere sus fronteras actuales. 
Asimismo se debe felicitar a la Presidencia por su determinación para mejorar la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, el hincapié que está haciendo en la necesidad de acordar un nuevo mandato negociador para el Convenio de Lomé y su deseo de prestar a los derechos humanos la atención que merecen. 
La verdad es que la Presidencia británica se ha fijado un orden del día ambicioso. 
Comprende una gran diversidad de cuestiones que preocupan profundamente a los ciudadanos. 
Según mi experiencia, la amenaza internacional del tráfico de drogas es sin lugar a dudas una de esas cuestiones que preocupan profundamente a los ciudadanos de Europa y, por mi parte, acojo con el mayor beneplácito su compromiso, señor Secretario del Foreign Office, de lanzarse a esa lucha en serio. 
Ha resultado alentador, la verdad, oírle esta mañana exponer también su compromiso para colaborar con el Parlamento Europeo. 
Puedo asegurarle que el Parlamento Europeo tendrá mucho gusto en colaborar con usted. 
Partenariado, consenso, cooperación son nuestras palabras comunes, compartimos un criterio común sobre el desarrollo de Europa. 
Por último, me gustaría concluir con una observación personal. 
Al final de la Presidencia, se celebrará la Cumbre Europea en mi circunscripción, en Cardiff, la capital de Gales. 
Me encanta que vaya a ser así y confío en que al final de la Presidencia nos encontremos con una Europa más confiada, más dinámica, más pertinente y que una vez más cuente con el apoyo total de nuestros ciudadanos. 
Hemos de colaborar todos para velar por que la Cumbre de Cardiff sea la cumbre de los ciudadanos. 
(EN) Señor Presidente, acojo con gran beneplácito el comienzo de la Presidencia británica de la Unión Europea. 
Aunque, desde que nos incorporamos a la Unión Europea hace veinticinco años, el Partido Laborista ha cambiado de opinión seis veces sobre nuestra pertenencia a ella, en los últimos años su actitud ha sido bastante coherente. 
Espero que la Presidencia del Reino Unido sea un gran éxito. 
Antes de pasar a ocuparme de la Presidencia, quisiera referirme a una o dos observaciones hechas por el Sr. Cook en su discurso. 
Resulta asombroso que hable de acercar más el Parlamento Europeo a los ciudadanos cuando su Gobierno va a imponer un sistema de representación proporcional en el Reino Unido consistente, según tengo entendido- y todavía estamos esperando que se formule exactamente esa propuesta -, en un sistema de listas cerradas. 
Aunque es pertinente para el Parlamento Europeo y aunque sé que hace mucho que el Sr. Cook propone el sistema proporcional, ¿convendría con la opinión expresada por su colega el Sr. Straw, Ministro de Interior, de que las regiones electorales serán muy extensas y será muy improbable que un candidato sea conocido por todo el electorado de su región? 
Así, pues, no se podrá esperar que los votantes elijan con conocimiento de causa entre candidatos del mismo partido. 
Eso por sí sólo resulta muy revelador sobre la actitud del Partido Laborista respecto del Parlamento Europeo. 
También quisiera decir que el hecho de que dos diputados al Parlamento Europeo tengan que abandonar ahora el Partido Laborista para ejercer la libertad de expresión, uno en el Grupo de los Comunistas y otro en el de los Verdes- uno, que según me ha contado esta mañana, fue expulsado por fax -, me indica que ahora los ciudadanos de Europa están empezando a conocer la tendencia al control fanático del Partido Laborista. 
Quisiera añadir que, como a todos nos interesa la selección de los candidatos, resulta oportuno citar lo que dice el manual sobre la selección de candidatos del Partido Conservador: » Las palabras de Edmund Burke siguen siendo válidas hoy. 
El representante del ciudadano le debe no sólo su aplicación, sino también su capacidad de juicio, y lo traiciona, en lugar de servirlo, si la sacrifica dicha capacidad ante la opinión del ciudadano. 
Las órdenes autoritarias, que el diputado está obligado a obedecer ciega y implícitamente, aunque sean contrarias a las convicciones más profundas de su juicio y su conciencia, son profundamente ajenas a las tradiciones de nuestro país y se oponen al tenor de nuestra constitución». 
El Partido Conservador se atendrá a esos principios, a diferencia del Partido Laborista, que... 
(Murmullos de disconformidad) según tenemos entendido, permitirá que el Comité Ejecutivo Nacional confeccione en secreto las listas, el orden de las listas y las selecciones in toto e imponga esos candidatos al Reino Unido. 
(Murmullos de disconformidad) Voy a volver a ocuparme de la Presidencia, porque de eso es de lo que debo hablar hoy. 
Los conservadores convienen en gran medida con las prioridades del Gobierno para la Presidencia: ampliación, puestos de trabajo, limpieza del medio ambiente y lucha contra la delincuencia. 
Son, todos ellos, objetivos importantes que también nosotros habríamos colocado en un puesto destacado del orden del día. 
Esperamos que se logren avances en relación con la ampliación. 
Es un imperativo histórico. 
Tenemos el deber moral de abrazar a los pueblos de la Europa central y oriental que vivieron bajo una tiranía cruel y ajena durante tanto tiempo. 
La ampliación redundará en beneficio de todos, porque aumentará espectacularmente el Mercado Único. 
De hecho, una de las numerosas razones por las que el Tratado de Amsterdam dejaba tanto que desear fue su total fracaso a la hora de abordar ese imperativo. 
Sobre la ampliación, el Partido Laborista tiene un objetivo claro para la Presidencia y la fijación de un calendario detallado para los candidatos que formen parte de la primera tanda. 
Espero que tenga éxito, pese al fracaso que supuso el trato dado a Turquía en Luxemburgo. 
La ejecutoria de Gran Bretaña en materia de puestos de trabajo es mucho mejor que la media europea. 
Por desgracia, el planteamiento por parte de los laboristas de esta cuestión probablemente provocará más desempleo, no menos. 
Cualquier partido capaz de sostener que subscribir el capítulo social y la reglamentaciones que en él figuran y las que se harán con arreglo a él aumentará la flexibilidad en el mercado de trabajo no merece ser tomado en serio. 
Europa debe abordar frontalmente la desagradable realidad de que, si no reducimos los costos sociales y liberamos nuestros mercados laborales, el resto del mundo nos superará en precios y resultados y persistirán niveles inaceptables de desempleo. 
El papeleo y la reglamentación son lujos que Europa ya no se puede permitir. 
Durante esta intervención me he visto interrumpido. 
He provocado mucha más reacción de esta Asamblea que el Sr. Cook, cuyo discurso se ha escuchado en silencio casi total. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, sin duda la Unión Europea se verá en los días próximos y en el futuro cercano en un periodo de grandes cambios e importantes retos: el Euro, la ampliación, la aplicación del Tratado de Amsterdam y también la definición de un cuadro político institucional más apropiado y valiente, como al menos se espera. 
En este semestre se pondrán en marcha las primeras gestiones para la reforma de los Fondos Estructurales y de Cohesión, y ésta es para nosotros una tarea muy importante, pues el cambio de las condiciones de muchas regiones de la Unión, a menudo negativo, exige una atención especial e incluso mayor. 
También será el semestre en que se pongan en marcha las acciones decididas por la Cumbre sobre el Empleo, el semestre en el que los Estados miembros deberán elaborar sus planes de acción para el Consejo de Cardiff; confiemos en que el pragmatismo británico sepa descartar las soluciones demagógicas peligrosas, para que se alcancen los urgentes objetivos de empleo que nos hemos fijado. 
Igualmente confiamos en que, con idéntico pragmatismo, la Presidencia británica sabrá conseguir que se cumplan las reglas de funcionamiento del mercado interno, por lo que entendemos que la desreglamentación y la simplificación de las normas legislativas tendrán que estar entre los objetivos prioritarios que se deben perseguir. 
Creo que ésta sería la verdadera ayuda que podemos y debemos ofrecer a nuestros ciudadanos, a los que la Presidencia británica, al parecer, quiere dedicar una atención especial. 
Me pregunto si la Presidencia no podrá incluso intervenir ante los gobiernos nacionales para pedirles una simplificación generalizada de las normas que inciden en la vida de los ciudadanos y de las empresas y, en términos amplios, de la sociedad civil. 
Además, se ha acordado el calendario de las actividades e iniciativas de este semestre según la programación legislativa que ya ha discutido esta Cámara, en especial por el intento del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Cook, de organizar una acción seria y decidida contra la droga. 
Para concluir, me urge recurrir al Consejo para que se lleve adelante una acción más firme y vigorosa, a fin de afrontar las emergencias que, por serlo, no se pueden prever en un calendario legislativo. 
Me refiero a los aspectos de política de seguridad y política exterior, que a menudo encuentran poco preparados tanto a nuestros respectivos países como a nuestras instituciones comunitarias. 
La ausencia de la Unión, o su grave retraso, en el momento de enfrentarse con problemas como los de los refugiados, de los genocidios, de las tensiones internacionales y de los conflictos en general, ya no son tolerables en una Europa que queremos presentar fuerte y unida a los ojos de la opinión pública mundial. 
Por consiguiente, también llamo la atención de la Presidencia sobre la oportunidad de continuar sin demora una política mediterránea seria y responsable, que pueda ofrecer una contribución de estabilidad a la región y de desarrollo de nuestras relaciones, recordando que también este Parlamento organizará dentro de poco un foro parlamentario euromediterráneo. 
Como diputado de este Parlamento, como copresidente de la UPE y ciudadano europeo, deseo que la Presidencia británica quiera y sepa dar, más que un cambio de dirección, un fuerte viraje a la política de la Unión, precisamente gracias al proverbial pragmatismo anglosajón, una vez que- me parece- la propia Albión ha pasado del inicial euroescepticismo a un convencido y leal europeísmo. 
Yo mismo, como responsable para las relaciones institucionales internacionales de la Fundación " Laboratorio Mediterráneo» , me complazco en poner a disposición de todos los resultados del segundo foro civil EUROMED, que la Fundación ha realizado en Nápoles el pasado mes de diciembre, después de haber recogido el testimonio español de Barcelona 1995, a la vez que estoy dispuesto a hacer una presentación oficial ante la Presidencia del Consejo, con la esperanza de que en un futuro, a la par que otras Instituciones comunitarias, sobre todo las próximas Presidencias brinden también ellas una continuidad en la atención y el apoyo a la acción del foro civil EUROMED. 
(EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, no hace falta un meteorólogo para saber de dónde sopla el viento. 
Existen pruebas de que el Estado argelino lucha contra el terrorismo, que ha habido elecciones pero que no existe un estado de derecho, que la tortura es algo generalizado, que hay lugares de detención secretos, que hay campos de internamiento y desaparecidos. 
Todo esto, para decir que la Troika ha de ir a Argel, que debe ir a Argel o a Argelia una delegación del Parlamento, pero para discutir ¿sobre qué? 
Hemos de discutir sobre la cultura y la democracia y sobre el Estado de derecho con los argelinos, con el poder argelino, con los partidos políticos argelinos, con los representantes de la sociedad civil argelina que se oponen a la cultura de la violencia. 
Si es eso lo que queremos, hemos de tener la lucidez de decir que las elecciones no bastan para construir la democracia, que la democracia es una cultura de la libertad y una cierta cultura del poder. 
Hemos de preguntar a los que luchan en Argelia contra ese poder que digan qué poder, qué cultura del poder desean. 
Hemos de preguntar al poder argelino si la falta de libertad de prensa, tanto si el derecho de imprenta está en manos del Estado como si no, forma parte de su concepto de la democracia. 
La falta de derechos, la falta de derechos en las prisiones, la falta de derechos en algunos lugares ¿es democracia? 
Hemos de ser intransigentes con respecto a los que luchan, ya estén de un lado o del otro. 
Europa es el núcleo duro de la democracia, de la libertad y del Estado de derecho. 
No debemos ir a Argelia y olvidar quién es el interlocutor. 
Ya se trate de islamistas, de locos o de representantes del Gobierno, no tenemos derecho a sacrificar, por oportunismo político, nuestra razón de ser en Europa, que es el estado de derecho. 
Si la Troika lo olvida, hablará de terrorismo, pero olvidará la libertad y el Estado de derecho. 
Señor Presidente, estimado señor Robin Cook, hay aspectos positivos en el programa de la Presidencia sobre apertura y calidad de la legislación, sin embargo, la tarea- y la resistencia- es tan grande que no se logrará a menos que la Presidencia haga hincapié en nuevos métodos. 
En lo que concierne a la apertura, la Presidencia debe asegurarse la adhesión de otros siete países en el Consejo a fin de modificar el reglamento de manera que cualquier sesión y documento automáticamente sean públicos, a no ser que las dos terceras partes del Consejo decidan algo diferente. 
Así son los que quieren cerrar una sesión o un documento los que retienen la carga de la prueba. 
Este principio ha sido aceptado por unanimidad en la Comisión Institucional del Parlamento, y aparece en el informe del Sr. David Martin, Presidente de la Sesión y colega del New Labour, el cual fue aprobado por mayoría en esta asamblea. 
El mayor problema en la actualidad está relacionado con la calidad de la legislación comunitaria. 
La legislación comunitaria es imposible de entender por un elector normal. 
Una ley comunitaria consta de manera típica de una directiva o un reglamento seguido de una larga serie de enmiendas ilegibles. 
Nunca se sabe si no se omite nada. 
La presidencia debe insistir en que nunca más se aprueben enmiendas a leyes existentes sin que las enmiendas se presenten en una escritura especial en una edición consolidada y compilada. 
Cualquier sección que precise una modificación, se verá obligada a poner la legislación al alcance de otros distintos a aquellos que disponen de despachos de abogados especializados en Bruselas. 
Y el número existente de leyes, cifrado en 20.000 directivas, reglamentos y otras actas, se verá reducido a la mitad simplemente registrando las enmiendas. 
Se puede seguir así compilando las leyes sobre los mismos temas y aclarar la maraña legal. 
Por último, unas palabras sobre la descentralización. 
Si se va a llevar a cabo un proceso de descentralización en Bruselas, debe incorporarse a cada norma una prescripción automática tras, por ejemplo, cinco años. 
A continuación, una ley... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, después de haber oído la declaración del Ministro Cook, que agradezco por su claridad, querría poder repetir lo que recientemente afirmaba el Primer Ministro Blair en una entrevista concedida al Financial Times: la Presidencia británica es una gran ocasión para demostrar que el Reino Unido pretende desempeñar un papel constructivo en Europa y por Europa, y que la agenda de las reformas económicas de la Unión Monetaria sigue adelante. 
Querría que este mensaje fuera también la expresión de mi deseo de que el Reino Unido desarrolle un papel constructivo en este semestre de Presidencia. 
Están lejanos, creo, los tiempos del antieuropeísmo británico; está lejana la época de los escaños laboristas vacíos durante unos meses en esta Asamblea, tras unas elecciones por sufragio universal directo. 
El episodio, más que histórico ha de considerarse un emblema de cierto modo ideológico de hacer política. 
Los procesos históricos, como en este caso, no pueden ser sofocados por actitudes sectarias y facciosas, y la revancha de la historia determina- de lo que nos alegramos- que hoy sean los responsables laboristas los que nos aseguran el sentido constructivo de sus acciones, en bien de Europa. 
Este papel constructivo se deriva de las prioridades fijadas por la Presidencia británica y, en particular, del destacado éxito de la Unión Económica y Monetaria, de la puesta en marcha de una auténtica política exterior de la Unión, de la lucha contra el crimen organizado y de la defensa del medio ambiente. 
Somos sensibles a este compromiso para la definición de una política exterior común, y ofrecemos todo nuestro apoyo a las iniciativas que se tomarán para poner fin a las masacres de Argel, que trágicamente continúan produciendo decenas de millares de víctimas inocentes. 
La acción de la Presidencia será de gran valor si consigue comprometer seriamente a la Unión contra la expansión del fundamentalismo fanático y asesino, y contribuye a pacificar a un país amigo, con el que nos unen nexos culturales, políticos y económicos, y a instaurar valores auténticos basados en la defensa de los derechos humanos. 
El listado de las cosas por hacer es largo y se relaciona con distintos sectores de la actividad de la Unión. 
Sólo dos observaciones: la primera se refiere al modo de preparar la ampliación de la Unión. 
No permitamos que con la reforma de la política agraria resulten penalizadas zonas y regiones que tienen el privilegio de que el fruto del trabajo de siglos brinda productos alimenticios típicos y nobles. 
La segunda concierne a la reforma de los Fondos estructurales, que no debería incidir negativamente en zonas y regiones ya abrumadas por graves problemas sociales derivados de situaciones estructurales y de la crisis económica. 
En los dos casos, el riesgo de crisis más profundas es real, y los ciudadanos no comprenderían la función de la Unión ante los objetivos de la política regional. 
Estos temores y dudas nacen también de la incertidumbre y de la incomprensión de los ciudadanos, características de la construcción europea, en esta fase. 
La moneda única, que querríamos fuese instrumento federativo, en realidad despierta temores. 
El Reino Unido mismo, aunque está a favor de la UEM, ya ha decidido no integrar el primer pelotón del euro. 
Nuestros electores se preguntan por qué. 
Esta incertidumbre nace del temor de riesgos probables, ante los que la Unión no tendrá instrumentos políticos que le permitan hacer frente a cualquier eventualidad. 
Sea como sea, Señor Presidente, nos preguntamos cuál es la Unión Europea que se quiere hacer y si aún se quiere llevar adelante la unión política europea. 
Debemos dar una respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como austríaco- mi país va a ser el sucesor de la Presidencia británica- quiero expresar mi agradecimiento al señor Presidente del Consejo por sus claras declaraciones en favor de una Europa de los ciudadanos, una Europa próxima a los habitantes, a sus ciudadanos, y una Europa que se preocupe preferentemente por los puestos de trabajo. 
Como portavoz para cuestiones de política exterior de mi grupo político, el Grupo del PSE, voy a ocuparme de dos focos de crisis muy cercanos a nosotros que afectan de modo muy concreto a nuestros intereses de seguridad. 
Señor Presidente del Consejo, le pido, le insto que haga hoy en esta Asamblea lo que ya ha anunciado con frecuencia, es decir, mostrar un elevado compromiso para influir en los acontecimientos del Oriente Medio y de Argelia. 
No se trata de injerencia sino de la legítima participación de Europa en la configuración de un medio ambiente común y de la preservación de nuestros intereses de seguridad más básicos. 
El Cercano Oriente, señor Presidente del Consejo, es sin duda un punto central de su Presidencia. 
Lamentablemente, el proceso de paz se ha interrumpido. 
La Unión Europea paga muchísimo dinero, la mayoría del dinero, con un resultado a la postre negativo en Palestina, si bien de ello no tenemos la culpa. 
No debemos seguir siendo los «paganos» según el lema «Europa paga y los demás, en especial los Estados Unidos, obtienen los frutos» tal como ocurre en Bosnia y en el Cercano Oriente. 
Quiero apoyar plenamente sus esfuerzos, señor Presidente del Consejo para mover a los norteamericanos en las conversaciones que se celebran allí para que cooperen más intensamente en interés de la paz en el Cercano Oriente. 
No queremos impedir todo lo que han hecho los Estados Unidos sino apoyarlo. 
Pero, señor Presidente del Consejo, queremos también hacer una cosa: precisamente en nuestros esfuerzos en el Cercano Oriente, en Israel y también en Palestina, tenemos que ocuparnos de los derechos humanos y declarar la guerra a la corrupción. 
Este tiene que ser nuestro objetivo en todos los lugares donde se emplee nuestro dinero. 
En lo que se refiere a Argelia, es una tragedia lo que allí está pasando. 
También aquí se trata de que nos ocupemos de un espacio común, de los intereses económicos y políticos comunes, del control de los movimientos migratorios; pero, sobre todo, se trata de que tenga lugar un desarrollo humano. 
Nadie de nosotros puede quedar indiferente ante los estremecedores acontecimientos en Argelia, los brutales y feroces asesinatos o el horror de las noches argelinas. 
Es una vergüenza que el Gobierno afirme que tiene todo bajo control. 
No tiene nada bajo control. 
Hay afirmaciones y sospechas de que partes del Gobierno o del ejército se encuentran directa o indirectamente detrás de estos asesinatos. 
No tenemos pruebas, sólo declaraciones anónimas. Esto hace aún más urgentes los contactos y las conversaciones en Argelia. 
El Parlamento deberá trabajar en este sentido igual que usted. 
Son nuestras hermanas y hermanos los que están siendo allí asesinados. 
No podemos ser indiferentes. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que esto prosiga. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la primavera de 1988 es de importancia esencial para la Unión Europea. 
Ahora se va a trazar el camino para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
En el punto central se encuentra la cuestión del círculo de participantes, la determinación de los tipos de cambio entre los países miembros participantes y el nombramiento de los puestos dirigentes del Banco Central Europeo. 
El 25 de marzo, la Comisión Europea y el Instituto Monetario Europeo, en base a los datos estadísticos existentes, presentarán sus informes sobre qué países miembros cumplen los criterios de estabilidad. 
En abril comenzarán los debates del Parlamento Europeo y de los Parlamentos de los países miembros. 
En Alemania, el «Bundestag» y el «Bundesrat» y previsiblemente también diversos Parlamentos regionales emitirán sus opiniones. 
En este sentido, el mes de abril va a ser el mes de los Parlamentos. 
En su reunión del 1 de mayo, un viernes, tras el cierre de las Bolsas, el Consejo de Ministros de Economía y de Hacienda realizará su recomendación sobre qué países miembros deben pertenecer al círculo más estricto de la Unión Monetaria. 
En la mañana del día siguiente, el 2 de mayo, un sábado, el Parlamento Europeo emitirá su dictamen consultivo sobre esa propuesta en una sesión extraordinaria. 
Esta sesión es necesaria pues el Tratado prescribe expresamente que el Parlamento emita su dictamen sobre la propuesta del Consejo. 
La decisión definitiva sobre el círculo de participantes se realizará en la tarde del mismo día en la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
En la tarde del 2 de mayo se sabrá entonces definitivamente qué países miembros pertenecen al círculo más estrecho de participantes en la Unión Monetaria. 
Pero el calendario para la Unión Monetaria prevé que en ese fin de semana se adopten otras dos resoluciones. 
Por un lado, la determinación definitiva de los tipos de cambio entre las monedas de los países miembros participantes y, por otro, el nombramiento de la persona que va a presidir el Banco Central Europeo. 
Por ello, los Ministros de Hacienda, cuya actividad, como se sabe, no devenga impuestos sobre espectáculos, se reunirán previsiblemente de nuevo el domingo 3 de mayo para determinar definitivamente los tipos de cambios bilaterales y realizar una propuesta sobre las personas que deban ocupar el Consejo de Administración del Banco Central Europeo. 
Desde el Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo participa directamente en las decisiones sobre el nombramiento del Presidente, Vicepresidente y demás miembros del Consejo de Administración del Banco Central Europeo. 
El Tratado de Maastricht le ha concedido estos derechos que han sido configurados de modo similar a los derechos del Senado de los Estados Unidos y que no tienen ningún antecedente en la tradición parlamentaria de Europa. 
El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración está determinado con exactitud: propuesta del Consejo, dictamen consultivo del Parlamento Europeo y finalmente la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que pertenecen al círculo más estrecho de la Unión Monetaria. 
La prevista audiencia de los candidatos tendrá lugar en la comisión competente del Parlamento Europeo en la semana del 11 al 14 de mayo y el Parlamento Europeo votará probablemente el 14 de mayo sobre su dictamen. 
A continuación, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes adoptan la decisión definitiva. 
Esto significa que se conocerá la composición del Consejo de Administración del Banco Central Europeo al final de la Presidencia británica y que el Banco Central, tal como estaba previsto, podrá comenzar su trabajo en el segundo semestre del año. 
Esta semana, cuatro catedráticos alemanes han presentado un recurso contra la Unión Monetaria ante el Tribunal Constitucional Federal con el objetivo de, al menos, aplazarla si no de renunciar totalmente a ella. 
Expertos constitucionales han constatado que el interés de los medios de comunicación en esta demanda es inversamente proporcional a sus perspectivas de éxito. 
El Tribunal Constitucional Federal solamente deberá examinar si se cumplen los criterios iniciales, tal como se contienen en el Tratado de Maastricht y en los correspondientes protocolos y abre expresamente a las instituciones de la Unión Europea unos márgenes de actuación en lo que a la apreciación, valoración y pronósticos se refiere. 
El Tribunal Constitucional federal solamente podría fallar negativamente sobre la participación de Alemania en la Unión Monetaria si, en su decisión sobre los países participantes, los Jefes de Estado y de Gobierno atentasen contra el Tratado de Maastricht. 
Pero como todos los participantes quieren respetar el Tratado en todos sus detalles, podemos contemplar despreocupadamente tales demandas; no van a tener éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, debo de ser hoy el único diputado representante del país más antiguo aliado del Reino Unido que habla aquí. 
Desde la época de John of Gaunt somos aliados; por tanto, conocemos bien a los británicos y su pensamiento. 
Quisiera felicitarlo por el nuevo cargo que ha ocupado, pero debo también decir aquí muy clara y francamente que el euroescepticismo británico también ha ayudado a Europa a reformarse en muchos aspectos. 
¡Quisiera ser sincero al decir lo que pienso! 
La verdad es que Europa no ha conseguido modificar sus instituciones para aproximarse a los ciudadanos. 
Ésa es una realidad indiscutible. 
Falta hacerlo. 
Es verdad también que no ha conseguido armonizar sus leyes penales para que se castiguen la corrupción y el fraude en el nivel económico y en el nivel alimentario. 
No basta con hablar de controlar. 
Es preciso encontrar formas penales de intervenir y castigar a quienes prevarican. 
Hablar es fácil, castigar es difícil y muchas veces no es políticamente correcto. 
Espero que la actual Presidencia tenga el valor de afrontar ese problema, que es uno de los problemas que también tienen importancia económica, en la medida en que los robados no son sólo los Estados ni se trata sólo del dinero de la Unión, sino que es también una forma de hacer la competencia desleal, que no corresponde, desde luego, al modelo económico que todos nosotros pretendemos conseguir incluso en una economía mundial. 
Por otro lado, también ha sido fácil obligar a los países, incluso a los más débiles, a acceder a todos los principios y obligaciones de la convergencia monetaria. 
Nada se ha hecho para que haya una convergencia de la educación, de la formación profesional que aproxime efectivamente a los ciudadanos al progreso y que vuelva efectivamente a Europa más abierta, más capaz de defenderse contra las amenazas de una economía mundial. 
Por último, por lo que se refiere al respeto a la Política Agraria Común, se tiene que reformar sin duda, se tiene que modular sin duda, pero, por «amor de Dios» , señor Presidente, no deje que caigamos en el extremo de hacer un junk food, una comida-basura, que es lo que en este momento se ve en los países que hablan en nombre del consumidor, pero nada hacen por su salud. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, estimados colegas, mi grupo, como otros, ya se ha expresado sobre el contenido del programa de la Presidencia británica, pero también yo querría hacer un comentario sobre algunos de los puntos que me parecen más significativos. 
En especial, Señor Presidente del Consejo, me habría gustado que usted hubiera desarrollado y profundizado- entre otros que, a decir verdad, a menudo sólo ha mencionado- el tema de la lucha contra la droga que, además, en estos días se discute precisamente aquí, en el Parlamento Europeo. 
Creo que durante el semestre, por supuesto, tendremos ocasión de comparar nuestras posiciones y dialogar sobre un tema muy importante, créame, que no se puede enfocar a la ligera y que, cada día más, en una Europa cada vez más integrada y cada vez más evidentemente convertida en mercado único, también necesita un enfoque coordinado en el campo europeo. 
Sin embargo, Señor Presidente, en mi intervención quería tocar un solo punto, con la esperanza de que usted lo aceptara y de que, por lo tanto, pueda constituir otro frente en el que medir, en cierto sentido, la Presidencia británica, incluso porque es un tema que importa mucho al Parlamento Europeo y sobre el cual querría felicitar a la Presidencia británica, en especial a su gobierno, por la posición que ha asumido como Presidencia. 
Me refiero al tema del Tribunal Penal Permanente, Señor Presidente, tema que como se sabe está en proceso de negociación en las Naciones Unidas y que precisamente este año, al final de la Presidencia británica, del 15 de junio al 17 de julio, será objeto de una conferencia diplomática internacional que se convocará en Roma y tendría que dar nacimiento al Tribunal Penal Permanente. 
Su gobierno, en el último comité preparatorio de la ONU, ha adoptado una posición valiente e importante, al decidir que sostendrá con energía no sólo la creación del Tribunal, sino también la de un Tribunal justo, imparcial, no sometido al veto del Consejo de Seguridad. 
Son ustedes el primer miembro permanente del Consejo de Seguridad que ha asumido una posición más avanzada, la que se llama posición de los like-minded countries; sabemos cuántas reticencias muestra, en cambio, otro Estado miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente además de miembro de la Unión Europea, y también sabemos que es muy fuerte la voluntad de otros países como Alemania, Italia, etcétera. 
¿La Presidencia británica tratará de coordinar a la Unión Europea para conseguir que la voz de la Unión sea una sola y única en favor de un Tribunal imparcial y eficaz en junio de 1998? 
Señor Presidente, Señorías, he aquí el librito titulado «El estatuto de los monjes» , de Ibn Taymiyya. 
Este opúsculo está en venta en Bruselas; también está en venta en París, en la calle Fossés-StBernard. 
Es la justificación de la masacre de los monjes de Tibéhirine. 
El traductor de este librito es Nasredin Lebatelier: podríamos quizá preguntar al Sr. Jean Michot, presidente de la comunidad musulmana de Bélgica y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, ¿cuál es el verdadero seudónimo del Sr. Nasredin Lebatelier? 
Señor Presidente, Señorías, la ignorancia que existe sobre el Islam es trágica. 
Hace unos momentos, oía al Sr. Cohn-Bendit hablar como Raymond Barre, que nos decía: » Es preciso apelar a un Islam a la francesa, un Islam en el que la mezquita funcione de acuerdo con los principios de la República». 
Eso es no conocer para nada el Islam. 
Eso es no haber leído el Corán, ya que no hay Corán alternativo: el Corán ignora la diferencia producida por el cristianismo entre lo espiritual y lo temporal. 
Es no conocer nada, aquí, sobre una realidad que viví a lo largo de 15 años en Beirut, donde pude observar cómo poco a poco los barrios se transformaban y donde se sometía a la policía, después al ejército, y finalmente a los propios ministros, a controles de identificación. 
En nuestros barrios, en 400 barrios de mi país veo cómo se crea el Tahl Zaatar que conocí en Beirut: es el Dar-elIslam lo que se impone y, además, es el Dar el Harb, pero ustedes no conocen nada de todo esto. 
Un viaje en Argelia no les abrirá los ojos, sin duda, ya que tenemos la información. 
Un poco de cultura islámica sería bueno para los ignorantes que llenan esta Asamblea. 
(EN) Señor Presidente, permítaseme explicar al Presidente en ejercicio del Consejo que la última intervención representa a una minoría muy exigua de diputados a esta Asamblea y no representa en sentido alguno las opiniones del Parlamento Europeo. 
Quiero plantear las cuestiones de la Unión Económica y Monetaria y de la coordinación económica. 
Uno de los papeles principales de la Presidencia será, naturalmente, el de hacer de guía cuidadoso en las fases finales de la Unión Económica y Monetaria. 
Pese a que el Gobierno del Reino Unido ha decidido que Gran Bretaña no se incorpore a la moneda única en la primera fase, creo que la inmensa mayoría de los diputados a esta Asamblea reconocen que el nuevo Gobierno y la Presidencia están firmemente decididos a realizar con seguridad la fase final de la UEM. 
Lo que nos preocupa profundamente en esta Asamblea es la responsabilidad y las obligaciones del Banco Central Europeo, el papel que desempeñará dicho Banco Central después de la realización de la UEM y, de hecho, del Euro en general. 
Quisiéramos iniciar un diálogo con la Presidencia británica, que después continuará con la Presidencia austríaca, sobre el papel de la coordinación económica y la responsabilidad y las obligaciones de dicho Banco. 
Nos preocupa mucho que el Banco Central Europeo vaya a estar casi totalmente desconectado de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Si bien el Tratado de Maastricht consagra la independencia del Banco Central, eso no significa que no deba rendir cuentas ante los ciudadanos de la Unión Europea. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo si entablará un diálogo con el Parlamento Europeo durante los seis próximos meses para velar por que el Banco Central Europeo tenga la obligación de rendir cuentas debidamente y por que los fines de la Unión Económica y Monetaria promuevan el objetivo del empleo en la Unión Europea. 
El 1º de enero de 1999 se producirá la Unión Monetaria, pero muchos de nosotros no creemos que el 1º de enero de 1999 vaya a existir la Unión Económica y Monetaria. 
Quisiera preguntar, en nombre de mi Grupo, al Presidente en ejercicio del Consejo qué medidas se pueden adoptar durante la Presidencia británica para velar por que sea una auténtica Unión Económica y Monetaria. 
En su discurso, el Presidente en ejercicio ha dicho que el empleo es una meta fundamental del Gobierno británico. 
¿Podría explicarnos- tal vez cuando responda al debate- qué más se puede hacer durante la Presidencia británica, dado que la UEM va a existir dentro de unos meses, para velar por que las metas de la UEM sean compatibles con la de la creación de más puestos de trabajo en la Unión Europea? 
También reconocemos que es esencial convencer a los ciudadanos de la Unión Europea de la necesidad del Euro. 
En un momento en que estamos concluyendo la labor técnica de la Unión Económica y Monetaria, los ciudadanos de la UE no entienden, sencillamente, nada de ese proceso. 
Es esencial que la Presidencia británica dé un gran impulso a la campaña de información para los ciudadanos de toda la Unión Europea en el sentido de que se trata de su proyecto, no sólo el proyecto de los políticos, y de que es algo importante para sus vidas. 
Así, pues, permítaseme, en conclusión, pedir también al Presidente en ejercicio que diga algo sobre la campaña que se debe organizar durante este año para velar por que los ciudadanos entiendan el proceso de la UEM y comprendan que la realización idónea de ese proyecto redundará en beneficio de sus vidas y del futuro. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha dicho usted, con humor, al principio de su intervención, que toda presidencia dice encontrarse ante un momento histórico. 
Y es verdad. Pero también dice otra cosa: promete cooperar siempre estrechamente con el Parlamento Europeo. 
Nosotros- algunos llevamos ya aquí algún tiempo -, después de seis meses, le juzgaremos por los hechos y no por los buenos deseos. 
Pero yo le agradezco, de momento, la intención. 
Su intervención, Sr. Cook, me ha producido la misma impresión que algunas composiciones de Sir Edward Elgan: me parecen agradables de escuchar, son elegantes y se tararean con facilidad, pero vamos a ver qué hay detrás. 
Dice usted: » queremos una Europa eficaz». 
Este Parlamento también. 
Y este Parlamento, el 19 de noviembre, en el dictamen sobre el Tratado de Amsterdam, dio unas recetas, que le ha recordado hoy la Sra. Green: para que haya una Europa eficaz será necesario que se fortalezca la Comisión, que se extienda la codecisión, que se extienda la mayoría cualificada y que se haga una reponderación de votos en el Consejo. 
Ha dicho usted, Sr. Cook: » queremos una Europa fuerte, que actúe y hable unida en el mundo». 
Es verdad. 
También nosotros la queremos. 
Y para lograrlo en el marco de las relaciones económicas internacionales tiene usted un arma, la extensión a la Comisión del poder de negociar, establecido en el antiguo artículo 113 del Tratado. 
Dice usted: » queremos hacer una política de lucha contra la droga; eso es lo que le preocupa a la gente». 
Y a nosotros también. 
Y me permito hacerle una pregunta, Sr. Cook: ¿Cree usted que el informe de la Sra. d ' Ancona- por cierto, miembro de su tendencia política- va en la dirección de las preocupaciones de la gente? 
Tienen ustedes- el Gobierno británico- el derecho a optar no estar. 
No hay nada que objetar. 
Ustedes dicen que hay muchos riesgos, hay demasiadas incertidumbres, vamos a practicar la política del wait and see. 
Pues mire usted, por lo que respecta al Grupo del Partido Popular Europeo, todos los gobiernos vamos a dar ese paso el 3 de mayo; vamos a correr los riesgos y vamos a soportar el coste político de las incertidumbres. 
Ustedes tendrán el derecho a optar, pero tengo que decirles, que eso es una posición cómoda, el esperar que se disipen los riesgos y las incertidumbres, y, como toda posición cómoda, tendrá un precio que ustedes en su momento tendrán que pagar. 
Ha hablado usted de atacar el fraude, de evitar el que el dinero se malgaste. Tiene usted razón. 
Nosotros estamos de acuerdo y este Parlamento ha estado siempre a la cabeza en esa lucha; pero me parece que no es inteligente el extender la sospecha de que el dinero de los contribuyentes se malgasta en la Unión Europea. 
Investíguese y sanciónese. Pero no se extienda esa sospecha, porque, además, no es verdad. 
Y finalmente, Sr. Cook, ha hablado usted en su discurso de mucha cooperación, mucho mercado, mucha eficacia, mucho pragmatismo. 
El mundo ha cambiado desde Monnet y Schuman, ha dicho usted, y es verdad. 
Pero no han cambiado los ideales de ese mundo. 
Europa no es solamente un mercado, Sr. Cook, para eso ya hicieron ustedes en los años sesenta la EFTA, Europa es mucho más que un mercado. 
Cuando ustedes, el pueblo británico, aprobaron en el año 74 la incorporación a las Comunidades Europeas, precisamente en un referéndum convocado a instancias de un gobierno socialista, ustedes se incorporaron no sólo a un mercado, sino a un importante, importantísimo, proyecto político. 
Y a mí me gustaría escuchar a la Presidencia británica hablar más de Europa como un proyecto político y no sólo como un proyecto de mercado. 
Eso es muy importante, porque este Parlamento cree que la Unión Europea es un proyecto político, y nos gustaría que la Presidencia británica no se equivocara en eso, porque- citando a Lord Halifax- no nos gustaría que le pase lo que le ocurre a aquél que no sabe a dónde va y que, por ello, puede llegar a cualquier parte. 
Que eso no sea así, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y que su Presidencia sea fructuosa y fructífera para todos. 
Señor Presidente, el Reino Unido ocupa la Presidencia del Consejo en un momento significativo de la trayectoria de la Unión. 
Debe comenzar la negociaciones para la adhesión de los nuevos candidatos y esta vez cada candidato tiene características diferentes. 
Por una parte, están los países que permanecieron detrás del " telón» , como se decía en la época de la guerra fría, y por otra se encuentra Chipre. 
La historia del Reino Unido y la historia de Chipre han estado estrechamente vinculadas y hasta cierto punto han sido paralelas durante siglos. 
Potencia colonialista y más tarde garante de la seguridad de Chipre, el Reino Unido ha influido sobre la marcha de la isla, de manera positiva en muchas ocasiones, pero en otras, de forma negativa; ahora tiene una obligación hacia ella: ha de inaugurar las negociaciones de la adhesión con el Gobierno de la República de Chipre, sin vulnerar el espíritu de las decisiones que han sido adoptadas en repetidas ocasiones en esta sala, en la Comisión y en el Consejo, es decir, que la solución de la cuestión chipriota no puede considerarse una condición para la adhesión. 
Así que, como ha señalado el Comisario Sr. Van den Broek, Chipre no puede ser un rehén perpetuo de los turcos. 
Además, si he entendido bien, eso insinuó también en su discurso quien preside el Consejo. 
Pero en el umbral del nuevo siglo, la Unión Europea se enfrenta con muchos y variados problemas y también con muchos sueños. 
Tras la exitosa Presidencia luxemburguesa, que demostró que los argumentos institucionales aducidos para desplazar a los países más pequeños de la Presidencia semestral del Consejo eran infundados, el Reino Unido debe abordar el expediente del empleo y tiene la obligación de continuar la Cumbre Extraordinaria de Luxemburgo. 
Debe trabajar sobre la Agenda 2000 y dar un nuevo impulso tanto a la política interior como exterior de la Unión, en un mundo donde ya casi no existen fronteras. 
La UEM es otro capítulo trascendental del que se ha hablado extensamente. 
Y no son sólo esos. 
La igualdad de oportunidades, la política sobre la juventud, la salud, la cultura, los transportes, las telecomunicaciones, la agricultura, el turismo, la energía y otros tantos que es necesario promover. 
La Presidencia británica comienza con los buenos deseos de todos para el bien de todos. 
Presidente, Robin Cook ha recordado las palabras de todo Presidente cuando comienza, la ambición, etc. Quizás viene bien recordar el discurso final de cada Presidente, esto es, la queja de que medio año ha resultado ser terriblemente corto. 
Quizás sea conveniente recordar esto tras esa lista de deseos. 
Me quiero concentrar en la oportunidad de trabajo y política social. 
Me baso para ello en un folleto publicado por la Presidencia con el título Europe working for the people en el que aparecen dos prioridades que tienen que ver con la oportunidad de trabajo. 
La primera es la que hace referencia al llamado tercer camino en Europa: la reforma económica basada en employability. 
La segunda es formación y no regulación. 
Me quisiera detener por un momento en el segundo punto. 
Según mi opinión con eso no se trata con suficiente justicia el significado de la combinación flexibilidad y seguridad, una combinación que aquí en el Parlamento Europeo nos parece bastante importante. 
Tampoco se hace suficiente justicia al significado económico de una buena política social con buenas reglas de juego sociales. 
Esto no es ninguna defensa de la inflexibilidad y burocracia, pero la reforma de la economía encuentra ahora por fin el mejor lugar y el más flexible si los individuos también tiene seguridades. 
Esto se ha demostrado ya en muchas estudios. 
Los mismos estudios también demuestran por cierto que la formación adicional se efectúa mejor si a la gente se la remunera adecuadamente. 
Es casi una contradicción trágica: cuánto peor se paga menos ambiciones para formación y menos ambición por parte de los empresarios para invertir en ello. 
El ingreso en la cláusula social significó para nosotros un gran alivio y seguramente también para los miembros del grupo socialista que trabajan en el sector social. 
Nosotros vimos la firma de la cláusula social como una elección del Reino Unido por otro modelo, otro modelo también para el Reino Unido, con un diálogo social y una mejor organización y reparto más fiable del tiempo de trabajo. 
Apelo a la Presidencia para que no deje que caiga la sombra sobre este punto de vista, dejándose llevar por un llamamiento demasiado escalofriante sobre flexibilidad y liberación. 
Liberación que en mi país ha conducido en el campo de la sanidad a que crezca la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. 
Estoy extraordinariamente contento por el hecho de que usted quiera hacer de Cardiff más que una fecha tope. Y de que usted quiera que tenga lugar una primer evaluación de los planes nacionales. 
Pero puedo señalar que Luxemburgo significaba mucho más que aprender, aprender, aprender y ¿la UEM? 
Luxemburgo eligió una combinación de políticas, un desplazamiento de cargas de la mano de obra a otras fuentes y un reparto del tiempo de trabajo. 
Cardiff tendría que ser por eso más que la recopilación e incluso evaluación de planes. 
En el seguimiento de Luxemburgo la primera atención parece encaminarse hacia la formación de un gobierno económico equilibrado en la Unión y el desarrollo de una estrategia de empleo europea bien coordinada, incluidos los impuestos. 
Siento constatar que los mensajes del Reino Unido sobre estos aspectos son en este momento muy vagos. 
Espero que hoy se extraiga mayor claridad en lo relativo a esto. 
Presidente, las acciones concretas parecen ser el hilo candente para la Presidencia británica. 
Por eso tengo unas cuantas preguntas para el Sr. Cook al que por cierto le deseo mucha suerte en esta dura e histórica tarea. 
Punto uno, Argelia. 
Es justo que la UE extienda su mano de ayuda pero ¿la Presidencia británica puede indicar cómo puede examinar las actividades de grupos procedentes de Argelia, Bahrein y Egipto, que de forma simple a través de un fax en Londres propagan sus planes agresivos? 
Y ¿qué va a hacer la Presidencia británica contra esto? 
Punto dos, la crisis asiática. 
En junio del pasado año propuse al Consejo en una petición por escrito que se nombrase a un embajador especial de la UE para la zona asiática. 
¿Cuándo voy a recibir respuesta? 
Esta persona ha debido estar ya desde hace tiempo en la zona asiática para ayudar a resolver la crisis. 
Ayer discutimos aquí en relación con la Agenda Transatlántica. 
En la víspera de su visita a Washington le pido que hable con los americanos el futuro de la SFOR y que propugne el acceso de productos audiovisuales y culturales procedentes de Europa al mercado americano. 
¿Va a hacer algo para que las instituciones europeas se adapten adecuadamente para que la ampliación sea posible realmente? 
Punto seis, Turquía. 
La relación con este país no debe supeditarse según mi punto de vista a la cuestión chipriota. 
¿Qué hace usted para levantar el bloqueo financiero contra Turquía? 
Utilizamos a Turquía como miembro de la OTAN, pero no están preparados para ser más transparentes sobre su oportunidad de ingreso en la Comunidad. 
Señor Cook, usted no quiere ser abstracto sino concreto. 
Aquí tiene usted una oportunidad en lo que respecta a la estabilidad de Europa. 
(EN) Señor Presidente, no sé cómo expresar mi alegría, al ver aquí hoy al Presidente en ejercicio y advertir la presencia durante todo este debate del Comisario Kinnock, lo que recuerda la eficaz cooperación entre esos dos caballeros en cierta campaña de 1983 en la que se dilucidaba el liderazgo. 
Me encanta que el Presidente en ejercicio se haya comprometido a lograr una política exterior y de seguridad más eficaz. 
Así, pues, quisiera instar al Consejo a que empiece a trabajar ahora sobre las disposiciones establecidas en el Tratado de Amsterdam para hacer más eficaz la PESC, en particular la unidad de planificación y alerta temprana. 
De modo que, en cuanto se ratifique el Tratado, podemos ponernos a trabajar con vistas a lograr una PESC más eficaz. 
Es evidente que la prioridad inmediata debe ser Argelia, país que parece estar ahogándose en su propia sangre. 
Pero también hemos de reconocer que sólo conseguiremos algo en Argelia mediante una diplomacia sigilosa, mediante la creación de confianza y diálogo. 
Y eso, naturalmente, es lo que el Parlamento ha estado precisamente intentando lograr con su audiencia sobre Argelia y su intención de enviar una delegación para hablar con los diputados de Argelia. 
Eso demuestra- creo yo- que el Parlamento, al abordar cuestiones como éstas y las relativas a los derechos humanos en general, pueden desempeñar un papel responsable y eficaz. 
Espero que la Presidencia aproveche este año, el quincuagésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para entablar un diálogo o conversaciones tripartitas con la Comisión y el Parlamento a fin de velar por que la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos sea más amplia y tenga más coherencia que en el pasado. 
Quisiera también instarlo a que preste atención a dos zonas que corren peligro de quedar perdidas en la algarabía de otros debates. 
En primer lugar, en la antigua Yugoslavia existe una situación potencialmente explosiva en Kósovo que parece deteriorarse día tras día. 
Espero que la Presidencia pueda adoptar iniciativas en esa esfera. 
Asimismo, en Ucrania, espero que presionemos para que se ponga en práctica adecuadamente el Acuerdo de Asociación y Cooperación y hagamos todo lo que podamos para alentar reformas en ese país, donde la situación se deteriora día tras día. 
Por último, acojo con beneplácito el compromiso con la ampliación, pero espero que podamos prestar atención a la Conferencia Europea, porque ofrece- creo yo- la oportunidad de una zona política europea auténtica que nos permitirá desarrollar el diálogo con los países que aún no están preparados para incorporarse a la Unión Europea, o están negociando al respecto, a fin de que podamos hacerlos sentirse parte de nuestra familia lo antes posible. 
Reconozco los compromisos con Turquía y espero que podamos incorporarla, siempre que esté dispuesta a aceptar las ambiciones y la vocación de la Unión Europea desde el punto de vista de la ampliación, en particular en relación con Chipre. 
Dedicaré diez segundos a formular mis deseos más sinceros de éxito para sus seis meses de Presidencia, y para saludar sus esfuerzos por acercar su país a la construcción europea. 
Nos quedan ciento seis segundos para exponer cuatro reflexiones, basadas en las declaraciones que usted mismo, o su Primer Ministro, ha hecho hoy o en las últimas semanas. 
La primera concierne a su preocupación, muy loable, por aproximar Europa a los ciudadanos. 
Creo que hasta ahora no se ha reflexionado lo suficiente sobre las nociones de «proximidad» y «subsidiariedad» , que no quieren decir lo mismo. 
La elección de las cuestiones a resolver de forma prioritaria, el buen nivel al que hay que responder, son más importantes que una Europa que, pretendiéndose ciudadana, se ocupara diariamente de todo. 
Espero que su pragmatismo consiga que esta situación avance de forma inteligente. 
Segunda observación: quiere usted jugar un papel dirigente en Europa. 
¿Quién podría quejarse? 
Pero, ¿no piensa que al rechazar la entrada inmediata en el euro e incluso en el SME, cuando su economía lo permitiría tan bien o mejor que a otros, debilitaría considerablemente la voluntad de la que hace ostentación? 
Si es usted demasiado europeo para Londres y no lo suficiente para Bruselas, tome la vía del futuro y del coraje y no espere a que los demás hayan despejado el camino. 
Tercera constatación: juzga usted muy severamente la política agrícola común. 
Sin embargo, prefiere una tercera vía entre el liberalismo y el proteccionismo. 
Esto quiere decir que, frente a la globalización que implica más ventajas que inconvenientes, pero cuya lógica conduce, en cualquier caso, a la uniformización, está usted de acuerdo en construir un proyecto de civilización, un proyecto que sea propiamente europeo. 
Una de las piezas de este proyecto es una determinada concepción de la agricultura, del desarrollo rural y del medio ambiente, no lo olvide. 
Cuarta y última observación: en la construcción de Europa, cada una de las naciones europeas aporta su experiencia histórica. 
Con frecuencia, esta experiencia provoca entre los demás miedos y estereotipos. 
El continente tiene la impresión a veces, en materia de política internacional de que, para usted, la Mancha es más grande que el Atlántico. 
Piense en ello, ya que va a dirigir Europa. 
Finalmente, señor Ministro, si tiene un poco en cuenta estas cuatro observaciones, los franceses le perdonarán que haya lanzado su Presidencia a partir de Waterloo. 
Señorías, como he estado intentando indicar durante toda esta mañana, tenemos un problema grave: ahora debemos acomodar treinta minutos de tiempo de uso de la palabra en los trece minutos de que disponemos. 
Es evidente que resulta imposible. 
Tenemos dos opciones. 
Todos los oradores que faltan son del PPE y socialistas. 
O bien los que disponen de tres minutos acceden a hablar durante dos minutos y los que disponen de dos minutos acceden a hablar durante un minuto y medio o bien concluimos ahora el debate con el Presidente en ejercicio. 
¿Convendrían en ello los Grupos? 
Sé que no es demasiado satisfactorio, pero ésas son las dos opciones. 
Se me indica que los diputados preferirían disponer de menos tiempo para hablar ante el Presidente. 
Señor Presidente, hablo algo más rápidamente y ruego a los intérpretes que me disculpen. 
Señor Presidente del Consejo, la evolución de las últimas semanas en el campo de la política de asilo en la Unión Europea nos preocupa mucho. 
Rogamos que durante su Presidencia del Consejo le dedique una especial atención. 
En los últimos días tuve la ocasión de visitar los campamentos de refugiados kurdos en Italia y he comprobado que lo que se dice ante la opinión pública sobre el flujo de refugiados en la Unión Europea no coincide con la realidad. 
Es esta una comprobación amarga, pues en la opinión pública europea se ha despertado la impresión de que masas provenientes de Turquía y del Irak nos desbordan. 
En realidad se trata de algunos centenares de personas que son vigiladas y controladas rigurosamente por la policía y autoridades italianas y cuyos procedimientos de asilo se llevan a cabo estrictamente según el derecho y la ley con el control más estricto y sin libertad de movimientos. 
Esta es una primera constatación, de la que deduzco una segunda: en la Unión Europea se profundiza cada vez más el ámbito económico y se entrelaza jurídicamente el mercado interior, pero falta algo análogo en la legislación de las libertades cívicas fundamentales y en su organización. 
Falta una clara definición de las fronteras exteriores y de las competencias de las autoridades para proteger dichas fronteras. 
Tampoco tenemos un derecho de inmigración en la Unión Europea, lo que hace que el derecho de asilo sea continuamente la clave para la inmigración y que, a la postre, descienda la aceptación de un derecho fundamental como el del asilo. 
No necesitamos un plazo de cinco años para armonizar el derecho de asilo, de inmigración y de las fronteras exteriores. 
Por el contrario. 
Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que se ha de adelantar. 
Le estaríamos muy agradecidos si lo tuviese en cuenta en su Presidencia del Consejo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente del Consejo, permítanme que le diga que me ha alegrado mucho escuchar que en su lista de prioridades se encuentran los grandes sectores medioambientales como el agua, el aire y los residuos. 
Si la Presidencia británica del Consejo ayuda en esta tarea al Parlamento, será una de las Presidencias progresistas y con éxito. 
Lo que usted menciona de un modo general como integración en otros campos políticos, significa que en la nueva redacción del Reglamento sobre los Fondos estructurales usted ve muy claramente que la política de medio ambiente se aplica en todos los Fondos estructurales y que en el próximo semestre le va a prestar mucha atención. 
Cuando veo afirmar con la cabeza al Sr. Comisario de Transportes, expreso al mismo tiempo mi satisfacción por que usted vincule la política de transportes y de medio ambiente, pues son campos importantes. 
Le estaría agradecido si impidiese emisiones de sustancias contaminantes. 
Naturalmente, no es ninguna sorpresa que yo espere que usted coloque la protección del consumidor en el primer punto de su agenda. 
No ha dicho nada al respecto, pero sé que es su más íntimo deseo. 
Es hasta tal punto su íntimo deseo que el viernes va a seguir muy atentamente cómo va a decidir el panel de la OMC la cuestión de las hormonas. Estoy seguro de que en su Presidencia usted va a garantizar que la Unión Europea recalque la prohibición de hormonas y de estimuladores del crecimiento. 
Voy a decir otra cosa sobre la protección del consumidor y esto es lo que todos esperan ahora de mí: la EEB. 
Naturalmente, voy a decir algo al respecto. 
Es sin duda una casualidad que hoy la Comisión recapacite sobre un levantamiento parcial de la prohibición de exportación coincidiendo con el comienzo de la Presidencia británica del Consejo y sé, señor Kinnock que usted ha luchado con especial vehemencia a favor de ello. 
Estoy a su lado si la protección del consumidor y la seguridad desempeñan un papel al respecto. Señor Presidente del Consejo, le ruego que muestre muy claramente que Gran Bretaña- aunque tenga la Presidencia del Consejo o precisamente por tenerla- va a prestar atención de un modo totalmente desinteresado a que la seguridad y el seguimiento se van a encontrar en el primer lugar, que por ejemplo, se va a combatir el fraude en el comercio de carne y otras cosas y que no va a poner en peligro en el Parlamento Europeo y entre las personas la confianza que usted ha vuelto a restablecer en Europa. 
(EN) Señor Presidente, acogemos con beneplácito la decisión del Gobierno británico de colocar la lucha contra la delincuencia organizada en el centro mismo de su orden del día para la Presidencia. 
Si bien toda delincuencia es inquietante, la delincuencia organizada es particularmente repugnante, porque se infiltra en la sociedad y se alimenta de ella. 
Ningún país civilizado ni ninguna unión de países civilizados puede ser complaciente ni tolerante con la delincuencia organizada y, en nuestra opinión, los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a esperar que se adopten las medidas más enérgicas en el nivel europeo. 
Si bien no quiero adelantarme al debate de mañana sobre el informe d ' Ancona, al que ya se ha hecho referencia, no puedo dejar de lado la cuestión de las drogas, en nombre de mi Grupo, porque estamos completamente convencidos de que el tráfico de drogas forma parte del núcleo de la delincuencia organizada. 
No se puede luchar contra la delincuencia organizada, si no se lucha contra las drogas. 
Así, pues, como Grupo, expresamos nuestra unánime y vigorosa oposición a las propuestas que figuran en el informe d ' Ancona de establecer la legalización de la cannabis y un suministro con mayor libertad de todas las drogas con receta médica. 
Si el tiempo lo hubiera permitido, me habría extendido más sobre este aspecto, pero, al parecer, el tiempo no me lo permite. 
Además, mi Grupo apoya también y alienta los objetivos de la Presidencia de promover la cooperación policíaca y aduanera contra las drogas y de concluir la creación de una Europol con poderes y recursos reales e interceptar las rutas de abastecimiento de drogas a la Unión Europea. 
Nuestro mensaje al Consejo es el de que no basta con formular políticas adecuadas y crear organizaciones idóneas: las políticas y las organizaciones deben recibir apoyo, estar coordinadas y contar con suficientes recursos. 
Por último, una referencia a la política de asilo, sobre la que esperaba poder extenderme más. 
Se trata de otro sector en el que la Presidencia debería mostrarse más activa, adelantarse a la incorporación del acuerdo de Schengen a la Unión Europea. 
Tengo que cortar aquí, pero hemos de hacer una distinción clara entre refugiados políticos y emigrantes económicos. 
Señor Presidente, en el semestre de la Presidencia británica de la Unión, tendrán que adoptarse una serie de decisiones importantes respecto a la cooperación con los países en vías de desarrollo. 
Además de los informes sobre los que el Consejo tendrá que deliberar, me parece que hay un asunto esencial sobre el que habrá que concentrar la atención: la definición del mandato negociador de la Comisión acerca del futuro de las relaciones con los países ACP. 
Como ya ha expresado el Parlamento europeo con amplísima mayoría el mes de octubre pasado, la renovación del Convenio de Lomé adquiere una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista simbólico como en sus aspectos concretos. Simbólicamente, porque según las decisiones que se adopten, se podrá juzgar si el compromiso de la Unión frente a nuestros pares de las partes más pobres del mundo se volverá a confirmar o bien se reducirá o incluso anulará; concretamente, porque de la forma en que se vuelvan a definir los objetivos y las reglas de la cooperación al desarrollo europeo, y en particular de su instrumento más importante, dependerán muchas de las posibilidades de la Unión para influir positivamente en la situación mundial. 
Nuestra Asamblea ya ha dicho que sería oportuno convocar, para después del año 2000, un quinto Convenio de Lomé. 
Sin embargo, lo que corresponde hacer, con mucha mayor coherencia que en el pasado, es llevar al Convenio los objetivos y los conceptos que se han reafirmado en las grandes Conferencias de las Naciones Unidas de los últimos años, e incluso en nuestros documentos comunitarios, aunque sólo pocas veces hayan impregnado las prácticas de la cooperación. 
El objetivo es el desarrollo humano participativo y sostenible, que dé fuerza al crecimiento de la sociedad civil y de los recursos humanos en todos los países del sur del mundo. 
También adquiere relevancia la forma en que los intereses legítimos de los países y de los ciudadanos de los países más pobres se toman en cuenta en la elaboración de los instrumentos de política comercial y en los acuerdos económicos internacionales. 
Es decisiva la manera en que la Unión Europea participa en las instancias internacionales, como la Organización Mundial del Comercio. 
Hasta hoy, algunos principios de nuestra cooperación tuvieron que batirse en retirada ante otros fuertes intereses prevalecientes. 
Lo ocurrido con el grupo especial del plátano es quizá el ejemplo más significativo de ello. 
El Consejo tendrá que pronunciarse sobre el nuevo reglamento platanero que, por lo que sabemos, corre el riesgo de aplicar fuertes penalizaciones a algunos países ACP productores tradicionales de plátanos, en particular Somalia. 
Habrá que evitar esta situación y garantizar a esos países su permanencia en el Grupo Comunitario Especial del plátano. 
Pedimos que se tome en la debida consideración la opinión del Parlamento Europeo acerca de los expedientes legislativos, como los referidos a las ONGs, a la cooperación descentralizada, a los derechos humanos y a los asuntos corrientes sobre los que la Presidencia y el Consejo tengan que expresarse. 
En general, lo que corresponde reconstruir es una capacidad, privativa de la Unión Europea, de desarrollar un diálogo político y una " alianza estratégica» con nuestros pares de los países en vías de desarrollo, para poder afrontar juntos los retos de la globalización. 
Señor Presidente del Consejo, no le ocultaré mi sorpresa. 
Hace unos instantes, cuando ha mencionado las iniciativas para Argelia, no ha señalado que el Parlamento Europeo había sido el primero en impresionarse con la situación en este país. 
Desde 1995 se han votado varias resoluciones con carácter de urgencia. 
Fue a iniciativa del Parlamento como en el mes de septiembre se planteó la posibilidad de enviar una delegación a Argelia. 
Hemos procedido, durante 48 horas, a una audición de las fuerzas hostiles en unas condiciones que, a pesar de todo, han sido saludables y serenas, y estamos esperando desde hace semanas poder viajar a Argelia. 
Y así es como la Troika, representada en este momento por altos funcionarios, va a viajar a Argel. 
Deseamos- y mañana por la mañana se reunirá la delegación de parlamentarios- llegar a Argel lo más rápidamente posible, es decir, el próximo 7 u 8 de febrero, de tal suerte que podamos mantener entrevistas con todos los representantes de las formaciones políticas con representación en el Parlamento argelino. 
Tenemos la confianza de que a este nivel político, que excluye la ingerencia ya que discutiremos de Parlamento a Parlamento, los contactos que podamos mantener sean diversos, no solamente con los políticos, sino con la sociedad civil, y que podamos viajar a aquellos lugares en los que la población sufre el martirio. 
En medio de la piedad y la compasión generalizadas, cuando las masacres están produciendo una gran consternación en todo el mundo, creo que sería el momento de reconocer que el Parlamento ha sido la única institución que, desde hace meses, ha manifestado su conmoción, pero hoy deseamos... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, como ya ha dicho la Presidenta de nuestro grupo, sabemos muy bien que el vivo debate sobre " Agenda 2000» acerca de los temas de la PAC llegará a la segunda mitad del año, incluso porque habrá elecciones en Alemania. 
Sin embargo, afirmamos, no se podrá sólo estar a la expectativa en un tema que, además, es muy urgente. 
Sobre el futuro de la Política Agraria Común, nuestro grupo ha celebrado una conferencia, los días 13 y 14 de noviembre; hemos hablado de un nuevo pacto social a renovar, un pacto entre la agricultura y la sociedad, que ponga en evidencia que la inercia es el mayor enemigo de una PAC que quiere ser más moderna y renovarse. 
Estamos preocupados por el tiempo, porque desde 1995, cuando en Barcelona se adoptó el Documento de Estrategia de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC, aún seguimos con los enunciados generales, quizá demasiado generales y genéricos, acerca del modelo de agricultura europea. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cook, ha hablado del contribuyente, del consumidor y de las comunidades rurales. 
Sí, es verdad, estos tres son los temas de fondo. 
No creo que se deba poner al contribuyente ante el dilema de aumentar las partidas para la financiación de la Política Agrícola Común. 
Más bien se trata de motivar mejor la financiación ya existente para la PAC, motivarla con ayudas mejor contempladas, más transparentes, que respondan mejor a las exigencias de defensa y valoración de la calidad. 
Este tema es el que también interesa a los consumidores. 
No se defiende mejor al consumidor desmantelando la Política Agraria Común, en la estela de una marcha pura y simple hacia la liberalización salvaje, sino con la política de defensa de la calidad que la experiencia de la EEB nos ha enseñado a todos. 
A mi juicio, Señor Presidente, éstos son los puntos fundamentales. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Argelia es un enfermo muy grave, sin diagnóstico de su enfermedad y, por lo tanto, con una terapia muy difícil de aplicar en este momento. 
Por lo tanto, desde mi punto de vista, es urgente acometer dos cuestiones fundamentales: 
Primero, convencer al Gobierno argelino de que es absolutamente prioritario poner todos los medios necesarios para detener la horrible matanza de tantos seres inocentes que allí se está produciendo. 
La Unión Europea debe colaborar y cooperar en ese objetivo prestando todas las ayudas materiales, políticas y diplomáticas necesarias y que requiera y demande el Gobierno argelino. 
Segundo, para atender al conflicto se hace necesario un diagnóstico urgente de esa enfermedad. 
La visita de la troika comunitaria y la posterior que realizará el Parlamento Europeo- a la que ha hecho referencia mi compañero Soulier- deben ayudar a que los europeos podamos entender algo de lo que allí está ocurriendo. 
Argelia, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sólo es un país productor de gas y petróleo. 
Es un país mediterráneo con un gran potencial humano y que demanda unas relaciones privilegiadas con la Unión Europea. 
El flujo de emigrantes argelinos hacia Europa es constante. 
Su historia está vinculada a la historia de países mediterráneos europeos. 
Su cultura y religión es compartida por millones de seres humanos. 
Nada de lo que allí ocurre es ajeno a la cultura, a la economía y a la sociedad europea. 
La Unión Europea y el Gobierno argelino deben reflexionar conjuntamente en el ámbito de sus respectivas instituciones y poderes, con absoluto respeto a los mismos, sobre la solución a un conflicto cuyas repercusiones son extremadamente graves para la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos mediterráneos. 
Ahora concedo el uso de la palabra al Presidente en ejercicio para que responda al debate. 
. (EN) Señor Presidente, el debate de esta mañana me ha parecido verdaderamente interesante. 
Ha habido mucho apoyo que en los seis meses que tenemos por delante podremos- creo- aumentar. 
He de confesar también una fascinación particular al intentar entender cómo es que unas personas reciben un minuto y medio, otras dos minutos y otras tres minutos. 
Aún no he encontrado una explicación para ese principio, pero estoy seguro de que lo acabaré comprendiendo durante los seis próximos meses. 
(Risas) Según mi cálculo, ha habido 37 oradores a lo largo de las tres últimas horas. 
Aunque me gustaría mucho, no puedo intentar remontarme hasta cada una de las 37 contribuciones, todas las cuales han sido igualmente interesantes. 
Si lo intentara, sólo podría dedicar diez segundos a cada una de ellas. 
Conque voy a intentar resumir lo que se ha dicho y mi respuesta al respecto. 
Mi punto de partida debe ser el de que, tal como yo he interpretado el debate que he estado escuchando, mis observaciones preliminares han obtenido un aprobado. 
Espero no equivocarme al decir eso, ¡aunque voy a tener la suficiente prudencia para no someterlo a votación! 
Ha habido muchas contribuciones muy cálidas y acogedoras. 
He considerado incluso como una aprobación la observación de que el programa de nuestra Presidencia ha recordado a una diputada al rock and roll. 
Incluso el Sr. McMillan-Scott ha acogido con beneplácito la Presidencia británica, aunque más adelante parece haberse desdicho. 
(Risas) Si no respondo ahora a todas las preguntas que se han formulado y las observaciones que se han hecho, no piensen Sus Señorías que no he tomado buena cuenta de ellas y que no vaya a tenerlas presentes en los próximos meses. 
Ha habido un amplio acuerdo entre los diputados presentes sobre mis observaciones preliminares sobre nuestro programa. 
En primer lugar, me anima mucho la gran cantidad de contribuciones que han acogido con beneplácito la importancia que atribuimos a un programa de interés directo para los ciudadanos y los electores de Europa. 
Si queremos restablecer la legitimidad del proyecto europeo entre nuestros ciudadanos, debemos procurar demostrar en qué sentido es pertinente dicho proyecto para las vidas de nuestros ciudadanos. 
Durante la Presidencia británica lo haremos mediante la participación directa de nuestros ciudadanos en ella. 
Por ejemplo, ya hemos hecho participar a niños de toda Europa en el diseño de nuestro emblema. 
Tenemos un plan para enviar algunos jóvenes de Gran Bretaña a recorrer Europa como embajadores por un día. 
Me complace que algunos de mis homólogos, como Klaus Kinkel, hayan accedido a que un estudiante británico los acompañe durante una jornada como embajador por un día. 
Observaré muy detenidamente qué tal lo hacen, ¡porque siempre andamos a la caza de buenos embajadores! 
(Risas) Cuando acudamos a Cardiff- que, como Wayne David ha dicho con razón, será una importantísima ocasión para Europa, para Gran Bretaña, pero también para Gales -, albergaremos también otra cumbre de organizaciones no gubernamentales y de otra índole, que se reunirán durante dos días en la víspera de la cumbre oficial, para que puedan explorar por sí solas los temas de una Europa de los ciudadanos y posteriormente poner a disposición de la cumbre de Jefes de Gobierno que seguirá sus recomendaciones y conclusiones. 
Nada de todo esto servirá para lograr lo que deseamos, a no ser que demostremos que sobre las cuestiones de fondo reales la Unión Europea y la Presidencia británica pueden trabajar en pro de los ciudadanos de Europa. 
La observación más común hecha en los muchos discursos que he escuchado en este debate ha sido la repetida declaración de que Europa debe conceder prioridad a la victoria en la guerra en contra el tráfico de drogas y los magnates de las drogas. 
Resulta trágico que el año pasado 6.000 personas de toda Europa murieran a consecuencia del uso indebido de drogas: jóvenes en su inmensa mayoría, un despilfarro enorme. 
Además, esa tragedia no se limita a esas personas. 
La prevalencia de las drogas en nuestra sociedad amenaza con corromper sectores de nuestra sociedad civil y a todos nos interesa atajar esa amenaza de las drogas. 
Aseguro a Sus Señorías que ésa será una de las máximas prioridades de la Presidencia británica. 
(Aplausos) Otra de nuestras importantes prioridades será la cuestión de los puestos de trabajo, que muchos de los que han contribuido al debate han puesto de relieve también. 
Cardiff brindará una oportunidad excelente al Consejo y al Parlamento para examinar los avances logrados con los planes de acción formulados con arreglo a las directrices de Luxemburgo. 
¿Cuántos avances estamos logrando, en realidad, en Europa en materia de formación? 
¿Cuántos avances con vistas a brindar oportunidades a los desempleados de larga duración? 
¿Hasta qué punto estamos invirtiendo y utilizando bien los fondos suplementarios que se asignaron en Luxemburgo para la creación de oportunidades de empleo? 
¿Y qué otras medidas más hemos adoptado para eliminar los obstáculos al Mercado Único, para brindar prosperidad y oportunidades a nuestros ciudadanos? 
Pero la Europa de los ciudadanos tiene otra dimensión. 
Uno de los beneficios más importantes que Europa puede ofrecer a sus ciudadanos es el de la paz y la seguridad. 
La ampliación será un factor esencial de ese proceso. 
Pero también, como han señalado varios oradores en este debate, debemos adoptar medidas activas para infundir estabilidad a las zonas fronterizas con Europa en las que existe la amenaza de conflicto. 
Convengo enteramente con la observación hecha por varios oradores de que la situación en Kósovo es inaceptable y profundamente inestable. 
(Aplausos) No hay otro lugar en Europa ni en los Balcanes en que las universidades lleven seis años cerradas y eso no es aceptable en la era moderna. 
Lo trágico es que en la política exterior la labor encaminada a prevenir conflictos nunca recibe la misma atención pública que la reacción ante los conflictos, cuando no hemos podido prevenirlos. 
Eso no debe hacernos pasar por alto la importancia que reviste la adopción de todas las medidas posibles para estabilizar la situación en los Balcanes y, en particular, evitar que una mayor violencia se extienda por Kósovo. 
Como parte de ese programa general de fomento de la seguridad y la estabilidad, espero que en esta Presidencia logremos ese acuerdo sobre un código de conducta y las licencias para las exportaciones de armas a que se han referido varios oradores, de modo que podamos tener en Europa una norma clara, firme y común sobre la exportación de armas y que en ninguno de los países de Europa se encuentre en la situación de adoptar una postura sobre una cuestión de derechos humanos y verla debilitada por la actitud de un socio. 
Debemos procurar afrontar juntos esa importantísima cuestión y tener una norma común en materia de exportaciones de armas y derechos humanos. 
(Aplausos) Sería oportuno decir que uno de los otros temas más frecuentes de las contribuciones ha sido la preocupante y profundamente inquietante situación existente en Argelia. 
Acepto la observación hecha por varios de los oradores. 
Por sí misma, la misión no puede resolver el problema. 
Pero tiene que ser el punto de partida. 
Espero que la misión acuda allí a tiempo para informar al Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 26 de enero y que a partir de entonces podamos adoptar cualesquiera medidas concretas y específicas que Europa pueda adoptar para poner fin al terrorismo. 
Entretanto, como se me ha reprendido respecto de esta observación en mi discurso preliminar, permítaseme decir que entiendo plenamente el protagonismo digno de beneplácito del Parlamento Europeo a ese respecto. 
El comunicado publicado al final de la reunión del Comité Político celebrada ayer alienta concretamente un mayor contacto parlamentario entre Europa y Argelia. 
Creo que ésa es una parte muy importante de la labor encaminada a lograr que Argelia sea un estado más abierto y democrático. 
Aunque se ha dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo y pocas con las que discrepo, sería un error por mi parte que concluyera mis observaciones sin señalar como objeto de discrepancia la observación del Dr. Gollnisch sobre comercio. 
Debe quedar muy claro que en el próximo siglo y en el próximo milenio no existe una vía por la que avanzar a partir de la vuelta al proteccionismo del siglo pasado. 
(Aplausos) Millones de nuestros ciudadanos de Europa dependen en sus puestos de trabajo de sus exportaciones al resto de mundo. 
No podemos pedir el libre comercio a los lugares a los que exportamos y al mismo tiempo insistir en el proteccionismo para nosotros en nuestro territorio. 
(Aplausos) Tampoco debemos considerarlo una amenaza. 
A consecuencia de la progresiva liberación del comercio mundial, otras partes del mundo están volviéndose más ricas. 
Al contrario, eso es una oportunidad para nosotros. 
Mientras otros pueblos sigan reducidos a la pobreza, no podemos venderles nuestras exportaciones. 
Si, a su vez, logran tener una economía próspera, eso significará un mercado mayor para Europa y para las personas que trabajan en nuestras fábricas. 
Conozco muy bien, señor Presidente, la notable eficiencia con que interrumpe usted a las personas que superan el tiempo asignado. 
No deseo sufrir la misma suerte. 
Permítaseme concluir mi intervención comentando algunas de las observaciones que se han hecho sobre la posición de Gran Bretaña. 
Acudo ante Sus Señorías no como Secretario del Foreign Office británico, sino como Presidente del Consejo de Asuntos Generales. 
Así, pues, no sería adecuado que abordara los asuntos desde un punto de vista nacional particular. 
Pero permítaseme decir una o dos cosas sobre las observaciones que se han hecho acerca de la posición británica concreta. 
En primer lugar, vamos a llevar adelante la Política Agraria Común no porque sea una política británica, sino porque es un asunto que redundará en beneficio de toda Europa y sobre el cual hemos recibido un informe de la Comisión. 
(Aplausos) De hecho, existe un alentador grado de consenso sobre esa reforma. 
Cuando se reunió en noviembre el Consejo de Agricultura, 14 de los 15 Estados miembros se mostraron dispuestos a sacar adelante los propuestas de la Comisión. 
Ése es un buen comienzo en el que nos gustaría basarnos. 
En segundo lugar, respecto de la moneda única, hemos examinado esa cuestión muy detenidamente. 
La conclusión a la que hemos llegado desde nuestro punto de vista nacional está basada firmemente en un análisis económico, a saber, el de que en este momento estamos en un punto muy diferente del ciclo económico respecto de la mayoría de los países de Europa y no existe una convergencia correcta para que podamos incorporarnos con seguridad. 
Pero no es una objeción de principio ni tampoco es en modo alguno una crítica a los países de Europa que desean pasar a tener una moneda única. 
Durante nuestros seis próximos meses en la Presidencia, procuraremos actuar coherentemente respecto de nuestro deber como Presidencia, para hacer las disposiciones competentes, eficaces e imparciales a fin de que los países que deseen pasar a la moneda única lo hagan con la mejor perspectiva posible de éxito. 
(Aplausos) También procuraremos, naturalmente, que ninguna de las dificultades existentes respecto de la carne de vacuno se convierta en un asunto que se interponga entre nosotros como Presidencia y nuestros deberes de Presidencia. 
Como uno o dos colegas lo han planteado, permítaseme responder a lo que se ha dicho del modo siguiente: hemos adoptado una actitud absolutamente transparente respecto de la situación relativa a los riesgos de la EEB y sus consecuencias sanitarias en Gran Bretaña. 
De hecho, comparezco ante Sus Señorías como miembro de un Gobierno que revocó la anterior negativa a examinar esta cuestión con el Parlamento Europeo 
(Aplausos) Una de las primerísimas medidas adoptadas por nuestro nuevo Ministro de Agricultura fue la de acudir ante el Parlamento Europeo y examinarla con la comisión parlamentaria competente. 
Puedo prometer a Sus Señorías, no sólo en esta ocasión, como Presidente en ejercicio, sino también como Secretario del Foreign Office británico, que como Presidencia y como Gobierno británico procuraremos siempre cooperar y adoptar una actitud transparente con el Parlamento Europeo. 
Si nos oponemos unos a otros en lugar de compartir transparente y sinceramente el planteamiento de los problemas con la esperanza de poder llegar mejor a una solución común, nunca tendremos éxito. 
Concluyo con un último pensamiento nacional. 
Me ha interesado que muchos de los oradores de diferentes países y de diferentes partidos dentro de dichos países representaban con frecuencia una posición nacional común sobre Europa. 
Los británicos constituyen una nación muy abierta y sincera. 
Exhibimos nuestros desacuerdos incluso ante todo el mundo en el Parlamento Europeo. 
(Risas) Espero que la Presidencia británica logre alcanzar tan sólo un objetivo nacional, que ninguna otra nación representada en el Hemiciclo nos envidiará: espero que la Presidencia británica haya avanzado, al final, con vistas a construir un consenso nacional en Gran Bretaña sobre nuestro futuro en Europa. 
(Grandes aplausos) y que, al final de dicha Presidencia, el público británico esté más satisfecho con nuestro lugar en Europa y más cómodo con nuestro futuro en Europa y reconozca que podemos trabajar en cooperación con Europa para nuestro mutuo beneficio. 
(Grandes y prolongados aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio. 
Gracias por su cooperación esta mañana y permítame desearle, personalmente, en nombre de la Asamblea, toda clase de éxitos en los seis próximos meses. 
El debate queda cerrado. 
Votaciones 
Perdone que sea repetitivo, señor Presidente, pero hago la misma petición que en la votación anterior, para el párrafo 2º del artículo 60. 
Quisiera añadir, en aras de una mayor precisión, que hemos votado una solicitud de cambio de la base jurídica, algo que en cualquier caso es un elemento importante del debate. 
Quisiera insistir, para los expedientes siguientes, en el hecho de que el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos se emitió, sobre las cinco directivas, en septiembre de 1996, es decir, en una época diferente, desde el punto de vista político, de la que vivimos en el día de hoy. 
Todo lo que afecta a la alimentación se ha convertido en algo claramente más sensible, por tanto creo que nuestra solicitud está justificada. 
El Parlamento aprueba la propuesta de aplazamiento de la votación de la resolución legislativa) -propuesta de directiva del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares (COM (95) 0722- C4-0404/96-96/0115 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión, así modificada) 
Solicito igualmente la aplicación del párrafo 2º del artículo 60. 
El Parlamento aprueba la propuesta de aplazamiento de la votación de la resolución legislativa) -propuesta de directiva del Consejo relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada (COM (95) 0722- C4-0405/96-96/0116 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión, así modificada) 
Solicito de nuevo la aplicación del párrafo 2º del artículo 60, es decir, la suspensión de la votación final. 
El Parlamento aprueba la propuesta de aplazamientode la votación de la resolución legislativa) -propuesta de directiva del Consejo relativa a las confituras, jaleas y mermeladas de frutas, así como a la crema de castañas (COM (95) 0722- C4-0406/96-96/0118 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión, así modificada) 
Señor Presidente, una vez más, solicito el aplazamiento de la votación final. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de aplazamiento de la votación de la resolución legislativa) 
Señor Presidente, al contrario que mi grupo, yo sí he votado a favor del informe del Sr. Fayot, ya que la vida que se desarrolla fuera de este Parlamento exige que nuestra institución esté en condiciones de adoptar decisiones con celeridad a este respecto. 
Lo fundamental en esta decisión es la aprobación o el rechazo del documento. 
Por ello, considero que, en términos prácticos, la propuesta del Sr. Fayot es favorable. 
No se trata de una postura que vaya a dictar de antemano actitudes futuras ante cuestiones completamente diversas. 
Seguramente, dispondremos más en adelante de numerosas oportunidades para sacar a colación otras cuestiones que afecten al tema de hoy, cuestiones que algunos desearían abordar ahora con motivo de la declaración relativa a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Al igual que mis colegas del Grupo de los Independientes por la Europa de las Naciones, he votado contra el nuevo artículo 79 bis del Reglamento, tal como lo propuso la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
La primera razón para este rechazo reside en las numerosas irregularidades de este texto: irregularidad, en primer lugar, del procedimiento de adopción ya que, como he dicho al plantear la cuestión de no ha lugar a deliberar, la versión propuesta en sesión plenaria no es la que se adoptó en comisión y corresponde además, al texto de una enmienda descartada por la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Irregularidad también del contenido mismo del nuevo artículo 79 bis, cuya redacción es la de un dictamen conforme- ya previsto en el artículo 80 del Reglamento- y no en la de la consulta obligatoria prevista por el artículo 109 J del Tratado de la CE. 
Además, el paralelismo que puede establecerse con las consultas habituales del Parlamento Europeo es esclarecedor. 
En efecto, la consulta al Parlamento Europeo prevista por el artículo 109 J, párrafos 2º y 4º del Tratado de la CE es una consulta obligatoria de tipo particular, en la que se pide al Parlamento Europeo que remita su dictamen al Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, sobre unas conclusiones presentadas en forma de recomendaciones por el Consejo, es decir, en este caso, el Consejo Ecofin. 
En este desdoblamiento de las formaciones en el seno del Consejo, el Consejo Ecofin desempeña, frente al Parlamento Europeo, la función habitual de la Comisión y el Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, la del Consejo. 
Las modalidades aprobadas por el Parlamento Europeo para fijar el procedimiento de su consulta hubieran debido prever, al igual que para las consultas legislativas habituales del Parlamento en el proceso de decisión comunitario, un informe que incluyera una exposición de motivos, junto con una propuesta de resolución legislativa que concluyera con la aprobación o rechazo de las «conclusiones en forma de recomendaciones» del Consejo, o también propusiera enmiendas a estas conclusiones. 
Igualmente, no debería haberse descartado la posibilidad de presentar enmiendas a esta propuesta de resolución. 
Esta solución es tan lógica que- y esto es revelador- es la que el Parlamento Europeo adoptó cuando, el 28 de noviembre de 1996, remitió su dictamen al Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, sobre la recomendación formulada por el Consejo Ecofin en aplicación del artículo 109 J, párrafo 2º del Tratado. 
Se trataba entonces de la decisión que aplazaba la fecha de entrada en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria: la comisión competente había redactado un informe, en concreto el Sr. Alman Metten, que incluía una propuesta de resolución, y doce enmiendas habían sido presentadas en el Pleno. 
¿Cómo aceptar que lo que se había permitido en el momento de la decisión que aplazaba la entrada en vigor del euro fuera rechazado en el momento de la decisión- fundamental para los países de la Unión Europea- de esa entrada en vigor propiamente dicha? 
En este caso hay una violación flagrante de las reglas elementales de la democracia por la mayoría de este Parlamento, que está denunciando con frecuencia el déficit democrático de la Unión Europea y reclamando sin cesar más democracia en muchos países del mundo. 
Cuando se le consulta sobre un texto que incluya además varias recomendaciones, una Asamblea parlamentaria ha de poder manifestarse, modificar, añadir, suprimir, y cada uno de sus miembros tiene derecho a poder enmendar sus recomendaciones y votar de forma separada cada una de ellas. 
Desde hoy apuesto a que el Parlamento lamentará, cuando llegue el momento, haber adoptado una posición tan estricta que le prohibirá discutir las recomendaciones del Consejo Ecofin, ya que deberá aceptarlas o rechazarlas en bloque. 
Ahora bien, éstas podrán, por razones políticas, separarse sensiblemente de las posiciones adoptadas por la Comisión, sobre las cuales el Parlamento habrá tomado tiempo para pronunciarse en detalle sin que el Tratado lo prevea. 
El Parlamento Europeo, habitualmente preocupado por defender, incluso por ampliar, sus prerrogativas- sobre todo con respecto al Consejo- ha adoptado por tanto una posición muy paradójica. 
Nuestro grupo ha de estar necesariamente satisfecho, y llevará a cabo todas las actuaciones útiles que permitan preservar los derechos de los diputados. 
El informe sobre la inclusión de un nuevo artículo 79 bis, presentado por el presidente de la Comisión de Reglamento, Sr. Fayot, ha sido objeto de una extensa y profunda discusión en el seno de la comisión, tras la cual se ha llegado a un amplio consenso, en el que no ha participado nuestro Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que partía de un principio distinto, basado en que el procedimiento mediante el cual el Parlamento Europeo debía emitir su dictamen sobre la lista de Estados que cumplen las condiciones necesarias para la transición a la tercera fase de la Moneda Única, había de comportar la elaboración de un informe escrito y la posibilidad posterior de presentar enmiendas. 
Por el contrario, la posición ampliamente mayoritaria que ha conseguido hacer el amplio consenso necesario para su aprobación, establece que el Pleno deliberará sobre la base de una propuesta presentada oralmente por su comisión competente, sin que se pueda presentar enmienda alguna. 
Nuestro Grupo ha renunciado a presentar de nuevo al Pleno las enmiendas que defendió en comisión, entendiendo que el consenso se ha formado en base a otro procedimiento que si bien permite al Parlamento Europeo pronunciarse, no lo hace en la forma y jerarquía que nosotros consideramos necesarias. 
En consecuencia, si bien hemos renunciado a formular de nuevo ante el Pleno unas enmiendas que sabíamos de antemano rechazadas y pese a que entendemos que la propuesta del Sr. Fayot dota al Parlamento Europeo de un procedimiento para pronunciarse, al considerarlo por nuestra parte como insuficiente hemos optado por la abstención, entendiendo que este voto es el que mejor expresa nuestra posición global. 
No hay razones para abandonar el Tratado y modificar el orden de trabajo solamente porque se ha hecho un calendario que obliga a este tipo de cambios, con el fin de que las decisiones sobre el euro se puedan tomar como se ha planificado. 
Lo que se dice de la independencia del Parlamento resultan palabras huecas si no se pueden presentar proposiciones de enmienda ni tampoco proponer votaciones parciales. 
Si se puede dejar de cumplir el Tratado tan fácilmente en este caso, sentamos jurisprudencia para que se haga lo mismo también en otras circunstancias. 
sobre el informe Ford (A4-400/97) 
Hemos votado a favor del informe Ford sobre modificaciones en el orden de trabajo, para facilitar la labor de la delegación del Parlamento en las conciliaciones con el Consejo. 
El informe implica pequeñas mejoras de carácter práctico. 
No obstante, queremos al mismo tiempo subrayar nuestra posición crítica fundamental a este tipo de procedimientos. 
El procedimiento de conciliación conlleva que una parte central del proceso legislativo real tiene lugar a puertas cerradas en forma de negociaciones. 
Esto va en contra de principios democráticos fundamentales, según los cuales la legislación siempre debe realizarse a la luz pública por los elegidos por el pueblo. 
He votado en contra del informe del Sr. Ford por las siguientes razones: 
En nada corresponde a las cuestión suscitada por la Mesa del Parlamento sobre la necesidad de aumentar de tres a cinco el número de Vicepresidentes, tal como la suscitó el señor Presidente Gil-Robles, al proponer la modificación del apartado 3 del artículo 75; se consideraba esa modificación el presupuesto fundamental de la distribución de funciones hecha por el señor Presidente y que está en vigor desde el principio de la segunda parte de la Legislatura. 
Al proceder a la modificación de detalle de otros artículos del Reglamento distinto del que suscitó la petición de dictamen del Presidente del Parlamento, el informe significa la hipocresía de agitar y cambiar alguna cosa para que todo quede como está. 
Así, carece de sentido, a fin de cuentas, el nombramiento hecho por el Presidente de dos Vicepresidentes más, que, en la práctica, no tendrán función alguna en el Comité de Conciliación. 
Además de la evidente discriminación que significa mantener Vicepresidentes para las mismas funciones, unos de primera y otros de segunda, en este caso independientemente de las nacionalidades de los nuevos miembros propuestos por el Presidente, cosa que en ningún momento parece haber sido la intención inicial del Presidente del Parlamento, hay que hacer constar que la solución global presentada es el resultado de la presión «corporativa» de algunos diputados al Parlamento que a veces intervienen en la Conciliación y que no quieren desaprovechar la oportunidad de llamar la atención ocasionalmente. 
Como también, independientemente de su competencia en el ejercicio de la Presidencia del Comité de Conciliación, el informe viene a reflejar una reacción de defensa de la «ciudadela» y de la inercia del status quo que los presidentes de los Grupos políticos más importantes no tuvieron voluntad política para contrariar o siquiera aclarar. 
Desde este punto de vista, el informe Ford es un informe importante para la estadística de la Comisión de Reglamento y del ponente, pero carece de la menor importancia para el futuro de la institución. 
sobre el informe Lambraki (A4-0001/98) 
El grupo socialdemócrata sueco se ha abstenido en la votación de este informe. 
Nuestra posición básica es que la política agrícola común tiene que reformarse desde los cimientos. 
Este informe propone, sin embargo, un aumento de las subvenciones, aunque se trata de un sector muy limitado. 
La propuesta implica un aumento de la carga para el presupuesto de la UE de 30 millones de ecus al año. 
Tememos que para los actuales productores se cree un cepo basado en el sistema de subvenciones. 
sobre el informe Filippi (A4-0002/98) 
El grupo socialdemócrata sueco se ha abstenido en la votación de este informe. 
Nuestra posición fundamental es que la política agrícola común debe reformarse desde los cimientos. 
Este informe trata detalles de la producción de arroz. 
sobre el informe Chesa (A4-0003/98) 
Considero que la política agrícola común debe reformarse desde los cimientos. 
Incluso esta subvención para arrancar viñedos es muy dudosa. 
Pagar subvenciones que van encaminadas a la ausencia de producción no encierran garantías de que esta producción termine. 
Ella puede trasladarse, cambiarse, volver a empezar, etc. 
Me abstengo en la votación de este informe puesto que considero que todo el proyecto de cierre de actividades, no puede considerarse como dinero bien utilizado. 
sobre el informe Cabrol (A4-0004/98) 
Hemos votado en contra del informe de Cabrol sobre una red de control epidemiológico de enfermedades contagiosas en la comunidad. 
Cabrol quiere reemplazar la red entre estados que se ha propuesto, por una estructura permanente en el ámbito de la UE. 
El ponente también quiere estandarizar los métodos de los Estados miembros y las definiciones en este terreno. 
Todo esto es, según nuestro parecer, una manifestación de innecesario centralismo. 
Una colaboración directa en forma de red entre los Estados miembros es, con seguridad, suficiente para cumplir los objetivos en esta materia. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe sobre vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad. 
Pensamos que es importante que se colabore en este terreno teniendo en cuenta las numerosas enfermedades que no respetan las fronteras formales. 
No obstante, dudamos que un auténtico EuroCenter de enfermedades transmisibles sea el camino adecuado, a no ser que semejante centro encaje de lleno en el foro internacional. 
Un EuroCenter que funcione de manera independiente de, por ejemplo, la OMS, no vale la pena. 
Evidentemente, aquí se satisface un buen propósito, esto es, el establecimiento de un centro para el control de las enfermedades contagiosas. 
Sin embargo, tengo muchas dudas acerca del valor que puedan tener estos institutos que continuamente se crean " en el ámbito comunitario». 
Suecia ya ha desarrollado sus redes para este objeto, entre otros en colaboración con la OMS. 
Si se va a establecer una red en Europa, ella debe ser una estructura que comprenda a toda Europa. 
Esas continuas instituciones dentro de la UE necesitan recursos y esos recursos tienen que sacarse de algún sitio. 
Decir que sí a una institución de la UE hace necesario quizá, por consiguiente, decir que no en el plano nacional o global, especialmente pensando en la actitud negativa frente a los impuestos que existe dentro de la Unión. 
sobre el informe Cabrol (A4-0406/97) 
Desde hace unos veinte años, el asma no ha dejado de desarrollarse y de provocar una mortalidad creciente, lo que implica un coste humano, económico y social. 
Los últimos datos médicos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan a pensar que la difusión del asma se encuentra ampliamente vinculada al medio ambiente y a los factores de alergia presentes en la atmósfera. 
Todo contribuye entonces a producir el desencadenamiento de la enfermedad cuando hay una predisposición hereditaria. 
Como médico que soy me siento tentado a decirles que hoy es primordial estudiar este problema. 
Eso es precisamente lo que hace el informe Cabrol al tomar en consideración los diferentes datos humanos, sanitarios y económicos vinculados a la reducción de las emisiones de disolventes. 
Los diez millones de empleos afectados, en más de 400 empresas europeas procedentes de cerca de 20 sectores de la actividad económica, son materialmente adaptables a normas de emisión más bajas que las autorizadas en la actualidad. 
Por ello es importante en este ámbito armonizar los valores límite de emisión para la totalidad de Estados miembros y en todas las empresas, cualesquiera que sean sus dimensiones. 
Si no se garantiza este rigor en la aplicación, dejaremos el campo libre a la instalación de una competencia desleal, con el pretexto de subsidiariedad o de apoyo a las PYMES. 
Por consiguiente, votaré a favor del informe Cabrol, sobre todo porque el plazo de transposición y de aplicación en las diferentes legislaciones nacionales permite, por su flexibilidad y modulación, una adaptación en el tiempo en función de los esfuerzos ya iniciados por las empresas para la protección de los trabajadores usuarios y de sus pueblos. 
) Como tengo hijos que padecen asma, acojo con beneplácito la elaboración de este informe y muchas de las propuestas que hace. 
Los compuestos orgánicos volátiles y otros disolventes industriales contribuyen a la formación de ozono en el nivel del suelo. 
Por desgracia, ello intensifica en particular los problemas de quienes padecen asma, pero también contribuye a los dolores de cabeza, los problemas oculares y las enfermedades cardíacas. 
Así, pues, apoyo las propuestas del Sr. Cabrol para modificar las formuladas por la Comisión. 
Está en lo cierto cuando rechaza la propuesta de la Comisión de eximir a los Estados miembros que hayan formulado planes nacionales. 
El planteamiento más correcto es el de la armonización a escala de la UE. También garantiza condiciones de igualdad para todos y previene la competencia desleal. 
Espero que después de la votación de hoy los Estados miembros pasen rápidamente a cumplir sus propuestas, antes incluso de que venza el plazo de octubre del año 2007. 
El Quinto programa de acción en materia de medio ambiente fijaba entre sus objetivos la reducción de la contaminación atmosférica. 
Esta directiva se inscribe dentro de esta política. 
Es conocido que el incremento de las emisiones de determinados gases está vinculado al recalentamiento de nuestro planeta. Por ello, la Comisión quiere reducir igualmente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades industriales y comerciales, que resultan perjudiciales para la salud. 
Estando de acuerdo con este criterio hay que tener también en cuenta que la adopción de estos nuevos límites, supone un esfuerzo de inversión importante, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 
Por ello echamos en falta un estudio de la relación entre costes y beneficios estimados por la reducción de estas emisiones. 
Esta es la razón de las enmiendas presentadas que explican el sentido de mi voto 
El rechazo de la enmienda nº 40 es absolutamente inaceptable para la PYME. 
Por ello, rechazo de la totalidad del informe. 
Esta Directiva está motivada en su base por una verdadera necesidad de reducir las emisiones de los llamados COVs. 
Especialmente en las regiones con una fuerte presencia industrial supone una tarea importante para la salud pública luchar contra la contaminación atmosférica, una tarea que yo sólo puedo respaldar. 
Que los COVs también contribuyan a reducir la capa de ozono y con ello a exponernos a un serio cambio climático sólo aumenta aún más la necesidad de un esfuerzo activo. 
Sobre esta base resulta con todo inquietante que poniendo en práctica la presente Directiva se impongan a las pequeñas empresas y a las autoridades regionales una larga serie de cargas administrativas de cuya efectividad no se puede estar seguro. 
Me parece problemático que se base el control en muestras sacadas al azar, pues con ello se penaliza a las empresas que llevan a cabo un control escrupuloso y por ello tienen mayores posibilidades de detectar violaciones de los valores límites. 
Pienso que debe valorarse si este control y esta administración establecidos en la Directiva resultan rentables con relación a los costes y si no había posibilidades alternativas. 
El deterioro de la capa de ozono es un problema que traspasa fronteras. 
Por ello es positivo que busquemos soluciones comunes al problema de las emisiones. 
También se ha de ser consciente de que precisamente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles tienen repercusiones regionales. 
En las regiones con gran número de empresas que emplean estas sustancias, las emisiones a la atmósfera contribuyen a la aparición de la contaminación y los posteriores problemas sanitarios debidos a ésta. 
Con este trasfondo sólo me cabe respaldar la propuesta de la Comisión por la que se permite a los estados nacionales elaborar planes autónomos para reducir esta contaminación. 
Los problemas no son los mismos en toda Europa. 
Mientras insistimos en la exigencia de una reducción en las emisiones a la atmósfera, sería provechoso que las autoridades que se encuentran cerca de los ciudadanos pudieran arbitrar métodos más efectivos. 
Respaldo calurosamente las enmiendas núm. 2, 17 y 20 de la Comisión de Medio Ambiente, que señalan la existencia también de aspectos sanitarios ligados a las emisiones de COVs. 
No hemos de olvidar que las personas que diariamente trabajan con los disolventes orgánicos se exponen a un grave riesgo sanitario. 
Esta Directiva mejorará también el día a día laboral de estas personas. 
Por ello también me gustaría insistir en que la disminución en las emisiones se produzca por medio del hallazgo de productos alternativos. 
Señor Presidente, respondiendo a nuestras intervenciones de ayer sobre el informe Lannoye y, en especial, sobre la propuesta relativa a la miel, el Comisario Bangemann ha respondido que el objetivo del etiquetado no es regular cuestiones relacionadas con la calidad de los productos ni adoptar medidas para apoyar a los apicultores. 
Tengo que decir que me han sorprendido algo las declaraciones, pues yo- quizás sea demasiado ingenuosiempre he supuesto que el etiquetado tiene como objetivo informar a los consumidores también sobre la calidad y el origen. 
Si se hace así, el consumidor estará automáticamente informado sobre la calidad del producto. 
Esto supone también implícitamente un apoyo a la miel de alta calidad de nuestros apicultores y la denominación de origen protegida, en favor de la cual la misma Comisión hace publicidad con caros anuncios en papel satinado. 
Por cierto, un buen empleo del dinero de los contribuyentes, tanto más cuando la Comisión advierte que se tome la miel con tanto respeto como San Ambrosio. 
Implícitamente, esta es una medida que puede contribuir a que se críen suficientes abejas para garantizar la valiosa polinización. 
Me alegra que los colegas hayan apoyado tan masivamente nuestras enmiendas para garantizar también que el consumidor pueda diferenciar el producto de alta calidad que es la miel proveniente de nuestros países miembros, frente a la miel de importación de menor calidad. 
Me alegra que el Sr. Lannoye y el Parlamento hayan acordado que no se vote sobre la resolución legislativa. 
De este modo nos ahorramos lo que le pasó en junio a mi informe sobre la mejora de la producción y comercialización de la miel. 
Al Consejo le ha importado un rábano que hayamos aprobado aquí unánimemente 22 enmiendas y mi informe. 
Algunos días más tarde, como punto A aprobó el reglamento en una auténtica acción por sorpresa, tal como lo había propuesto la Comisión. 
En conversaciones mantenidas con Ministros de Agricultura en septiembre me enteré de que la mayoría de ellos no tenían ni idea de que habían rechazado nuestras propuestas. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Como aprecio en mucho su presencia en esta sala, le he concedido el doble del tiempo de palabra que usted se merecía. 
Así pues, no exagere. 
no he exagerado. 
Quería decirle simplemente, señor Presidente, cómo ha tratado nuestras enmiendas el Consejo de Ministros. 
No quise decirlo ayer porque no tenía tiempo del uso de palabra. 
Cuando se trata de problemas importantes relativos a la naturaleza, el medio ambiente o la producción, no tenemos la palabra. 
Tenemos tiempo para dedicarlo a todo lo que pasa en el mundo, excepto para los asuntos que interesan a los ciudadanos. 
En ese caso, señora Lulling, podría reconocer que aborda usted una cuestión seria, pero es preciso que luche usted en su grupo y en los demás para que esto cambie. 
Yo debo aplicar el Reglamento. 
Desafortunadamente. 
Este Reglamento lo ha votado usted, no yo. 
Para comprender bien el problema de la miel, es necesario, en un primer momento, recordar que las abejas desempeñan una función fundamental en la polinización de las plantas, que Francia es el segundo productor europeo de miel y, finalmente, que la miel es un producto tradicional. 
Así, nuestro grupo ha votado una serie de enmiendas en este sentido, propuestas por el Sr. Lannoye en su informe. 
Con respecto a la preservación del sector francés de la apicultura, sabemos que importamos cada vez más miel procedente de China, de los países del Este y de América del Sur, y que se vende a precios muy bajos. 
Por ello consideramos que la miel es un producto alimenticio de origen agrícola, vinculado a una noción de terruño. 
Por consiguiente, hemos querido que fuera obligatoria la indicación del país de origen, para que se respeten criterios de calidad y al mismo tiempo se preserve la producción europea de miel, al igual que la francesa. 
Por encima de la relevancia económica de este sector en términos de empleo, tanto a nivel de la producción como de la valoración y la distribución, es necesario recordar la importancia medioambiental de esta producción. 
Existe un gran número de especies vegetales, que no son susceptibles de autofecundación, y que sólo pueden multiplicarse mediante la dispersión del polen a través de las abejas. 
Un territorio sin apicultura es un territorio en el que el biotopo está en peligro. 
Quisiera aprovechar esta intervención para alertar a la Comisión contra los efectos nefastos de algunos insecticidas con los que se tratan las semillas. Tienen como efecto la muerte de las abejas. 
Como alcalde de Luçon, he sido alertado personalmente por los apicultores de la región, que han observado que la utilización de algunas semillas tratadas provocaba una disminución del volumen de los enjambres así como una disminución en la producción de miel. 
A título experimental, hemos prohibido la utilización de este tipo de semillas en el departamento de la Vendée. 
Creo que este ejemplo muestra la importancia de las interacciones entre algunos productos de la agroquímica y del medio ambiente. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que tome en consideración este estado de cosas al conceder las autorizaciones de comercialización. 
Finalmente, es necesario, tanto en el ámbito de la legislación comunitaria como de los acuerdos internacionales negociados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, preservar el principio de las denominaciones, así como la calidad intrínseca de los productos comercializados bajo estas denominaciones. 
Debo recordar que nos sentimos vinculados al principio de que la miel ha de clasificarse en la categoría de los productos agrícolas. 
En ningún caso se ha de considerar un producto industrial tal como proponían algunas enmiendas del ponente, a las que nos hemos opuesto. 
En efecto, si la miel llegara a considerarse un producto industrial, asistiríamos inmediatamente a una deriva en términos de obligaciones administrativas (lista de ingredientes, etc.) y a un desvío de las denominaciones en beneficio de las marcas comerciales, que debilitaría cualquier efecto en la asociación de la producción de miel a un territorio. 
Resolución UEFA y copa Coca-Cola 
Hemos votado en contra de la resolución porque estimamos que los deportes no están dentro del ámbito de competencia del Parlamento ni de la UE, y deberán continuar estando fuera. 
) Señor Presidente, como promotor en el pasado mes de diciembre de la petición de una declaración de la Comisión sobre este asunto de la retirada de un puesto en la competición europea de los vencedores de la Copa Coca-Cola, y autor, junto con mi colega el Sr. Tony Cunnningham, de la resolución del Grupo Socialista, me encanta que el Parlamento apoye a la Liga de Fútbol en su disputa con la UEFA. 
La acción de la UEFA amenaza el bienestar de docenas de clubes de fútbol del Reino Unido con la perspectiva de que la Copa Coca-Cola pierda sucesivamente interés, espectadores, cobertura televisiva y patrocinadores. 
¿Por qué? 
Como castigo porque la presidencia no haya acatado la imposición de la UEFA sobre el tamaño de la división. 
Pero la Copa Coca-Cola está dirigida por la Liga de Fútbol y no por la presidencia. 
Resulta absolutamente ilógico y constituye una clara violación del derecho comunitario relativo al abuso de una posición dominante. 
El fútbol es un deporte, pero también es una importante industria europea. 
No puede escapar a las consecuencias de la legislación europea. 
Cuanto antes se dé cuenta de ello la UEFA, mejor será para ella, para el fútbol y para sus hinchas.- sobre el informe Souchet (A4-0410/97) 
sobre el informe Souchet (A4-0410/97) 
Lo esencial del tema está tratado en el considerando B y en el capítulo 8, que solicita que las relaciones entre los Estados Unidos sean menos asimétricas y desiguales, lo que es cierto en el plano comercial principalmente, pero también en materia de seguridad y defensa. 
Planteo una reserva sobre el considerando H que se felicita por la cooperación entre Europa y Estados Unidos en el marco de las crisis en la ex Yugoslavia y en Oriente Próximo. 
En nuestra opinión, los Estados Unidos no tienen ningún papel que jugar en la antigua Yugoslavia, que es un asunto interno de Europa en sentido amplio, pero no de América. 
En cuanto al Próximo Oriente, condenamos la política que los Estados Unidos llevan a cabo en Irak, que provoca el hambre entre la población civil. 
Finalmente, es cierto que existen valores comunes entre Europa y los Estados Unidos y también diferencias entre ambos: el humanismo clásico europeo ha de defenderse contra una sociedad exclusivamente basada en el dinero, como sucede con mucha frecuencia en los Estados Unidos. 
Además, parece necesario asociar estrechamente la Europa del Este, de confesión ortodoxa, a los destinos de Europa, Rusia incluida. 
El refuerzo de los lazos con los Estados Unidos sólo está justificado si, paralelamente, se pone en práctica un refuerzo de los vínculos con la Europa del Este. 
De otro modo, el mundo será unipolar y dominado en exclusiva por la potencia americana. 
Me abstendré en lo que me concierne sobre este informe. 
Los cambios de calado que el panorama internacional ha venido experimentando desde la década de los ochenta han alterado también las relaciones entre la UE y los EE.UU.. 
El constante aprecio americano, que marcó la mayor parte de la posguerra, ya no se ve acompañado por el deseo sistemático de intervenir en caso de crisis en Europa. 
La nueva posición americana exige mayor autonomía europea. 
El informe reconoce la nueva situación, sin embargo, constata al mismo tiempo que aún es precisa una estrecha colaboración por encima del Atlántico de cara a garantizar la paz y la estabilidad en el mundo y el respeto hacia valores como la democracia y los derechos humanos. 
Las diferencias de opinión entre Europa y Norte América se refieren especialmente al terreno económico y comercial. 
Los EE.UU. y la Unión Europea deben trabajar en reducir estas desavenencias al mínimo, como el señor ponente señala tan acertadamente. 
Me alegro enormemente de la adopción, por esta Asamblea y por una amplia mayoría, del informe que he presentado sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea, sus Estados miembros y los Estados Unidos de América. 
El éxito del diálogo económico trasatlántico, que será el centro de nuestras relaciones con los Estados Unidos, me parece subordinado a varias condiciones. 
En primer lugar, es indispensable que los europeos sepan discernir y formular con claridad sus intereses propios. 
Es también esencial que los intereses comunes euroamericanos estén definidos con precisión, pertinencia y realismo, que sean identificados específicamente y que se definan de forma rigurosa y concertada los temas de diálogo. 
Posteriormente, los dos socios deberán mostrarse aptos para hacer que progrese la consecución de esos intereses mediante el diálogo, principalmente sobre la cuestión de los obstáculos residuales y sobre la de la gestión óptima de las numerosas fricciones que una imbricación de intereses así implica forzosamente. 
La gestión de los desacuerdos es una cuestión que habrá de ser abordada claramente y a fondo, no quedando limitada a un simple mecanismo de alerta. 
El éxito del diálogo trasatlántico supone igualmente una participación activa de los Estados miembros y de los medios financieros. 
A falta de una participación así, este instrumento corre el riesgo de ser mejor aprovechado por los americanos que por los europeos, habida cuenta de la importante diferencia de naturaleza y de modo de funcionamiento que separa a la Unión Europea de los Estados Unidos. 
La especificidad del diálogo trasatlántico es, probablemente, que está mejor provisto que otros para abordar todos los temas, incluidos los más delicados, ya se trate por ejemplo de los servicios financieros, de las normas sociales o medioambientales, o de las legislaciones extraterritoriales, que son elementos de inseguridad jurídica para las inversiones extranjeras. 
Podemos observar que estos diferentes temas se han evitado cuidadosamente hasta ahora con diálogos más recientes y frágiles que han impulsado los Estados Unidos, principalmente en el marco de la APEC, o de la Cumbre de las Américas. 
El diálogo trasatlántico sólo será verdaderamente fructífero si los europeos saben defender con cohesión y firmeza los intereses que hayan determinado como intereses comunes. 
Nuestros socios americanos saben defender con tenacidad sus intereses nacionales. 
Esperan que nosotros hagamos lo mismo. 
Por ello, la Comisión ha de velar escrupulosamente, cuando negocie con los Estados Unidos en materia de relaciones comerciales exteriores, por una estricta reciprocidad de las concesiones, por la simetría de las ventajas otorgadas y por la globalización de las negociaciones. 
Es igualmente esencial que la Unión Europea pueda disponer de instrumentos permanentes susceptibles de constituir, en caso necesario, una amenaza creíble de represalias con respecto a nuestros socios. 
Habida cuenta, finalmente, de la función esencial que desempeña el Congreso americano en materia de política exterior, el diálogo interparlamentario con los Estados Unidos reviste una importancia muy particular: bien conducido, y decidido a abordar todos los temas, puede jugar un papel muy útil de información directa recíproca y prevención de los conflictos. 
Si se reúnen todas estas condiciones, podemos augurar un hermoso futuro para el nuevo diálogo trasatlántico. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Formación continua 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0405/97) de la Sra. Waddington, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y empleo, sobre el acceso a la formación continua en la Unión Europea (COM (97) 0180- C4-0208/97). 
) Señor Presidente, Señorías, como hoy es un día especial para la Presidencia del Reino Unido, resulta apropiado citar un pasaje de una declaración titulada «Socios en Europa: aprender y trabajar juntos». 
Las primeras palabras son las siguientes: » El éxito en la tarea de fomentar la empleabilidad y abordar el desempleo será una prueba decisiva de si la UE está haciendo que Europa funcione para los ciudadanos. 
La empleabilidad es decisiva tanto para un mercado laboral competitivo como para proporcionar a los ciudadanos seguridad en materia de empleo preparándolos con la educación y las aptitudes que necesitan para adaptarse a un mercado laboral en transformación». 
Así, pues, es muy oportuno que el Parlamento Europeo y la Comisión estén estudiando ahora un informe sobre el acceso a la formación continua que se elaboró como resultado de las recomendaciones formuladas por el Consejo en 1993. 
En dichas recomendaciones se señalaban 15 sectores en los que se consideraba que los Estados miembros debían adoptar medidas para fomentar el desarrollo del acceso a la formación. 
Sin embargo, el informe de la Comisión elaborado como resultado de dicha recomendación no nos aporta los datos necesarios par determinar si se han logrado progresos ni tampoco evalúa las repercusiones que han tenido los programas europeos de formación y los recursos con cargo a los Fondos estructurales dedicados al desarrollo del acceso a la formación y sus repercusiones en la empleabilidad en los Estados miembros. 
El informe se limita a aportar principalmente ejemplos de procedimientos idóneos recogidos en los Estados miembros en 1993. 
En realidad, los últimos datos estadísticos que tenemos sobre la participación de adultos europeos en la formación fueron elaborados por Eurostat en 1996. 
Eurostat examinó la participación en la formación de personas de edad superior a los 30 años durante un período de cuatro semanas en 1996 y descubrió que sólo el 3, 6 % de los europeos habían participado. 
Había considerables desigualdades de acceso y muchos otros estudios corroboran este testimonio de desigualdad. 
Lo más probable es que las personas que consiguen tener acceso a la formación tengan un puesto de trabajo, desempeñen tareas profesionales o de dirección, sean más jóvenes y tengan más aptitudes, sean europeos septentrionales y trabajen para grandes empresas. 
No cabe duda de que la Unión Europea, los Estados miembros y los interlocutores sociales reconocen claramente la necesidad de un mayor acceso a la educación y la formación para adultos a fin de aumentar la empleabilidad, la seguridad en el puesto de trabajo, la flexibilidad y la competitividad. 
Así, pues, es necesario abordar las cuestiones de los niveles bajos y desiguales de participación en la formación y determinar las medidas que se deben adoptar para lograr avances. 
A ese respecto la Comisión debe desempeñar un papel decisivo. 
En el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales figuran algunas propuestas muy concretas que la Comisión está en condiciones de aplicar y creo que el Parlamento Europeo espera que la Comisión las adopte inmediatamente. 
En resumen, la Comisión debe presentar propuestas sobre un conjunto común de indicadores cualitativos y cuantitativos a fin de poder crear un sistema de observación sobre el acceso a la formación en toda la UE, calibrar los avances y hacer comparaciones de los resultados. 
En segundo lugar, se deben emprender investigaciones para evaluar la calidad y la cantidad de la formación disponible para los desempleados y los trabajadores no especializados, incluidas las personas de edad avanzada y las que tienen el clásico empleo inseguro. 
En tercer lugar, se debe formular una estrategia de difusión para que se puedan compartir de forma más eficaz las iniciativas adoptadas por los Estados miembros y las adoptadas con recursos de la UE. 
La Comisión de Empleo propone que se presenten ejemplos de procedimientos idóneos en exposiciones relativas a la educación y la formación en toda la UE. 
En cuarto lugar, se deben formular con recursos europeos proyectos experimentales para alentar a las personas a evaluar sus futuras necesidades en materia de formación y recibir orientación y permitir a las empresas elaborar sus sistemas de previsión en materia de actitudes y sus planes de formación. 
En quinto- y muy importante- lugar, se deben coordinar la labor y los programas y la planificación prospectiva de la Comisión en las esferas de la formación y el empleo. 
El resultado de ello podría y debería ser un planteamiento concertado entre programas relacionados con el mercado laboral, como el Fondo Social Europeo, y los programas relacionados con la formación, como Leonardo da Vinci. 
En el futuro no se debe examinar la formación en el nivel de la UE aislada de otras cuestiones relacionadas con el empleo, tales como la organización del trabajo y la creación de puestos de trabajo. 
Por último, ya es hora de que los interlocutores sociales concierten un acuerdo marco sobre el acceso a la formación. 
Se los debe alentar a hacerlo, ya que existe considerable coincidencia entre ellos sobre la necesidad de lograr avances al respecto y la Cumbre sobre el Empleo de Luxemburgo les ha brindado otro incentivo. 
Sin embargo, si los interlocutores sociales no logran avances, la Comisión debe presentar propuestas propias sin demora. 
La verdad es que no ha habido un momento mejor para que la UE aproveche la oportunidad de colaborar con los Estados miembros y los interlocutores sociales con vistas a hacer realidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida para los adultos europeos, empleados y desempleados. 
La Presidencia del Reino Unido ha prometido centrarse en procurar lograr avances hacia mercados laborales adaptables que se atengan al cambio económico y velar por que los individuos puedan adquirir las aptitudes que necesitan en una economía competitiva moderna. 
Creo que la recomendación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el acceso a la formación aporta un plan de acción y unas ideas nuevas para lograr avances reales. 
Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer estoy contento con el informe de la Sra. Waddington. 
En buena colaboración con la ponente, y eso se lo agradezco, y en buena colaboración con la Comisión Social se han adoptado en la resolución la mayoría de las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
La crítica constructiva ejercida por la Comisión de Derechos de la Mujer a la Comisión Europea afecta sobre todo a los siguientes puntos. 
En primer lugar, lamentamos profundamente que en el informe de la Comisión Europea no se haya realizado ningún estudio en una serie de sectores que son especialmente importantes para la mujer, tales como la administración pública, el sector de la sanidad y el de la educación. 
En segunda lugar, el acceso a la formación para los trabajadores de tiempo parcial y otras formas de trabajo flexibles quedan insuficientemente expuestas. 
Nos parece muy lamentable porque esto afecta en su gran mayoría a las mujeres. 
Requerimos una política intensiva en la que, entre otros, se organicen cursos dirigidos a las mujeres. 
En tercer lugar, se debe prestar más atención a las mujeres en la pequeña y mediana empresa y a las mujeres empresarias en lo que se refiere a la formación profesional y la formación continua. 
Hay que estimular a las mujeres a través de una formación dirigida a que comiencen su propia empresa y empleen para ello la nueva tecnología de forma óptima. 
Para concluir, la Comisión Europea siempre está hablando de mainstreaming y todavía quedan sobre la mesa planes buenos tales como la integración de igualdad de oportunidades en la política general. 
Me pregunto entonces por qué durante la lectura del informe de evaluación tuve la sensación desagradable de que la atención a la mujer en cuanto a su formación está apoyada en argumentos como envejecimiento o en factores demográficos. 
Las mujeres no son sillas plegables que en función de la escasez o sobrante en el mercado de trabajo puedan abrirse o cerrarse. 
Las mujeres son al igual que los hombres una valiosa fuente de ayuda humana que deben ser utilizadas ahora para darles buenas oportunidades en formación y educación continuas. 
Creemos que mientras las mujeres se mantengan en una posición rezagada hay que seguir tomando acciones positivas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente. 
Su tarea no era fácil, pero la ha solucionado muy bien. 
El acceso a la formación profesional continuada es de importancia decisiva para todos los trabajadores. 
A la inversa, unos trabajadores bien formados son la base del éxito económico para cualquier patrono. 
Informaciones totalmente insuficientes y datos estadísticos anticuados no pueden ser los garantes de un análisis correcto y adecuado. 
Por ello, el informe de la Comisión no es de gran valor informativo. 
Por otro lado, la Comisión no ha realizado en sus iniciativas ninguna evaluación de la aportación de los programas comunitarios. 
Aunque los interlocutores sociales están de acuerdo a nivel europeo sobre los factores que son de importancia para impulsar el acceso a la formación profesional continua, sin embargo existe un grave obstáculo porque no existe acuerdo sobre las medidas y niveles de ejecución. 
En este aspecto, debe ocurrir algo. 
Esto dificulta la determinación de condiciones previas comunes y de los indicadores de rendimiento propuestos por la ponente. 
Es absolutamente necesario tener en cuenta en los correspondientes programas de formación la financiación de proyectos piloto. 
En las medidas se debe incluir en especial a las mujeres así como a las pequeñas y medianas empresas. 
Actos de información con la participación de los interlocutores sociales podrían ser de gran ayuda. 
Es necesario realizar una coordinación de los proyectos en el ámbito del empleo con los del ámbito de la formación profesional continua. 
Sin duda, también es deseable un acuerdo marco sobre la apertura de la empresas a la formación profesional. 
No obstante, me atrevo a dudar sin son absolutamente necesarios unos servicios propios de valoración y asesoramiento, que a su vez originan costes. 
En opinión de los interlocutores sociales, las recomendaciones del Consejo de 1993 sobre el acceso a la formación profesional continua apenas han tenido repercusiones sobre la evolución en los Estados miembros. 
En opinión de la CES existe solamente un número muy limitado de ejemplos con éxito. 
Es decir, la falta de unas estructuras y mecanismos fiables y estables impide un trabajo con éxito en este campo. 
Los interlocutores sociales no están de acuerdo hasta hoy sobre si es necesaria una directiva. 
Hay que recapacitar al respecto pues se trata además de una cuestión que afecta al principio de subsidiariedad. 
Para que se apliquen con éxito las directrices de este informe de la Comisión hay que salvar aún algunos obstáculos. 
En interés de los trabajadores y empresarios tienen que superarse lo antes posible. 
(EN) Señor Presidente, yo también deseo sumarme a las felicitaciones a Sue Waddington por su informe y decir que el Grupo Unión por Europa tendrá mucho gusto en prestar pleno apoyo al informe y a todo su contenido, porque es muy equilibrado. 
En particular, quisiera felicitar a la Sra. Waddington por algunas de las medidas innovadoras que presenta, pero también por no tener miedo a criticar en los casos en que la Comisión no ha cumplido con su deber y su cometido de reaccionar ante la urgente necesidad de formación en nuestra sociedad. 
El antiguo dicho «si das un pescado a un hombre, lo alimentas un día; si le enseñas a pescar, lo alimentas toda la vida» es muy sabio. 
Ahora, con el avance de la tecnología, en particular la sociedad de la información, lo que hace falta es mejorar las actitudes de las personas e impartir nuevas aptitudes a las personas que actualmente trabajan, impartir aptitudes suplementarias a los que están desempleados y necesitan buscar tipos nuevos de trabajo y también que haya menos reglamentación en el mercado laboral para permitir un acceso más flexible a la formación. 
Los ejemplos citados por muchos oradores aquí son muy pertinentes y es importante que recordemos que debemos dar significado real a la formación profesional, es decir, impartir a las personas las aptitudes que necesitan para poder aprovechar las nuevas oportunidades que surgen. 
En Irlanda en los últimos años ha habido un enorme aumento en el número de empresas que han utilizado el programa ADAPT, lo que les ha permitido no sólo brindar nuevas oportunidades a sus trabajadores, sino también extenderse a otros sectores de la tecnología y contratar a otras personas que estaban desempleadas o eran desempleados de larga duración. 
La participación de los interlocutores sociales en todo ese sector es decisiva, porque, a no ser que consigamos un amplio acuerdo entre los sindicatos, los empleadores y otros interlocutores sociales, los elementos esenciales que participan en todo el sector del empleo y la formación no estarán dispuestos a unirse para encontrar soluciones. 
Por último, deseo referirme a otros dos aspectos suplementarios. 
En primer lugar, es esencial para el éxito de cualquier programa que las personas que impartan la formación- los expertos, ya sea en materia de educación o de formación profesional- participen en la adopción de decisiones sobre los tipos de programas que se deben ejecutar. 
Me parece un absoluto derroche de inteligencia valiosa que en las negociaciones sobre nuevos programas no participen los servicios y foros educativos. 
En segundo lugar, se debe preguntar a las propias personas que han seguido cursos- ya se trate de planes de empleo o planes de formación profesional de la comunidad- si creen que los cursos impartidos atendieron sus necesidades y cuáles eran las perspectivas a largo plazo. 
En conclusión, la necesidad de uniformización general de las aportaciones de los informes nacionales es esencial para obtener una idea completa y clara de la situación en toda Europa. 
Presidente, señora Comisaria, quisiera por supuesto agradecer también al ponente extraordinario trabajo y también a los ponentes de las demás Comisiones sus buenas aportaciones. 
Me gustaría plantear sin embargo una pregunta fundamental. 
Me pregunto si la Comisión Europea puede dirigir este gran problema de la forma más correcta. 
De hecho tenemos que ver con un asunto de subvenciones. 
Algunas personas de alto rango de diversos Estados miembros hablan de competencia política. 
Tengo la impresión de que la forma en que se piensa llegar con la educación a una competencia política en cierta medida juega un papel en la propagación de la información. 
Los informes de los Estados miembros contienen muy poca información. 
La Comisión Europea ha dejado de tratar a este respecto ciertos asuntos tales como la administración, sanidad, enseñanza y la formación continua, programas como ADAPT y el Año Europeo de la Educación y de la Formación a lo largo de toda la vida. De eso no tenemos realmente información. 
Si nos fijamos en la cifras por ejemplo de EUROSTAT tenemos que constatar que de ahí resulta que las personas que trabajan en grandes empresas tienen más posibilidades de recibir cursos de formación pagados por socios sociales que aquéllas que trabajan en la pequeña y mediana empresa. 
La Comisión Europea junto con los Estados miembros deberían desarrollar las estrategias conjuntamente. 
Según mi opinión en este momento falta todavía mucho a este respecto. 
Quizás como consecuencia de la cumbre sobre el empleo se pueda hacer alguna que otra cosa. 
Todos tenemos la boca llena acerca de employability. 
Si hay algún asunto que de la oportunidad a las personas para retornar al mercado de trabajo y dejar que sean más competentes con personas que han concluido una formación completa, es sin duda la formación continua, teniendo que prestarle pues más atención. 
Es tarea de la Comisión conseguir que los Estados miembros dejen de lado sus propios intereses en beneficio del interés común europeo. 
Apelo a la Comisaria para que siga dando forma a este punto principalmente. 
Señor Presidente, la Sra. Waddington ha vuelto una vez más a elaborar un excelente informe sobre una cuestión de gran importancia. 
Las posibilidades de los adultos para recibir formación continua revisten una importancia cada vez mayor, a medida que envejece la población y aumentan las exigencias de la vida laboral. 
De hecho, en el informe se afirma que la formación ha de prestar especial atención a las mujeres, los desempleados, los trabajadores con una formación básica deficiente y los trabajadores de mayor edad. 
Por mi parte, yo desearía recordar de manera especial el derecho de los trabajadores de mayor edad a recibir formación continua. 
En cierta medida, una persona de 45 años se halla en mitad de su carrera profesional, por lo que merece la pena realizar esfuerzos en su formación. 
Debemos tener presente que, por lo general, la formación de los mayores de 45 años presenta mayores deficiencias que la de los ciudadanos más jóvenes. 
Otro colectivo que también se enfrenta con dificultades a la hora de acceder a la formación continua es el que componen los trabajadores que desempeñan una actividad laboral atípica, la mayor parte del cual está formado por mujeres. 
Se debe potenciar de manera especial la formación de estas personas con objeto de evitar una división permanente de los trabajadores en dos castas: los profesionales con trabajos fijos y los reservas que trabajan de vez en cuando. 
Señor Presidente, quiero adherirme a los agradecimientos a Waddington por su excelente informe. 
Quiero felicitar a toda la comisión social, en parte por este informe y en parte por el informe que aprobamos hace un par de meses y que trataba de la educación continua. 
Ambos informes son muy importantes. 
Se escribe muy favorablemente acerca de la educación continua, de los cursos de perfeccionamiento profesional y de los estudios en general. 
No hay un gran desacuerdo respecto al valor y necesidad de los cursos de perfeccionamiento. 
Además, este asunto ha recibido mucha atención ahora en relación con la Cumbre de Luxemburgo, donde también se habló y se prestó atención a la importancia del perfeccionamiento laboral en la formación profesional. 
La realidad es, sin embargo, un poco diferente. 
Nos podemos preguntar si realmente los estudios se han mejorado. 
Todos sabemos que los estudios básicos son una condición para poder realizar cursos de perfeccionamiento. 
A pesar de esto, se hacen diariamente reducciones en los estudios básicos, en la escuela general básica. 
Por ejemplo, hay lecciones sin profesores y los materiales escolares escasean. 
Las clases son demasiado grandes de modo que los alumnos que necesitan ayuda para aprender a leer, escribir o contar no pueden tener la asistencia que necesitan. 
Esos alumnos están, por tanto, ya marginados cuando salen del colegio. 
Quiero puntualizar que todos debemos asumir nuestras responsabilidades políticas para abogar por una buena enseñanza básica como requisito para poder sacar provecho de una educación continua. 
Después, tratándose de las partes del mercado laboral a las que se refiere el informe, parece que sus debates acerca del nivel en que se va a decidir sobre los cursos de perfeccionamiento, se han detenido. 
Soy algo de escéptico respecto del tenor del punto 15, o sea, que si las partes del mercado laboral no se pueden poner de acuerdo, se pasará por encima de ellas para decidir en una directiva dónde estará ese nivel. 
No creo que sea un buen camino puesto que se va a demostrar que los países, o sociedades, que no apuesten por el perfeccionamiento laboral y por una buena enseñanza básica, serán los grandes perdedores. 
Opino que esto está claramente formulado en el informe. 
Señor Presidente, este debate sobre el acceso a la formación continua en Europa, sobre la base del documento de la Comisión y del informe Waddington, necesitaría al menos de una triple reflexión, económica, social y cultural. 
Frente al drama del paro que todos anteponemos a cualquier otro, sería preciso examinar más de cerca lo que quieren decir las expresiones «carrera por la competitividad en el mercado mundial» e «intensificación de la competencia». 
¿Qué economía de mercado tenemos? ¿Qué economía de mercado queremos? ¿La queremos más de acuerdo con la cultura, con el interés personal y social en nuestros diferentes países? 
Pero no tengo tiempo para abordar este punto. 
Por ahora, quisiera completar sobre un punto particular las interesantes observaciones que contiene el informe de la Sra. Waddington. 
En este sentido, me dirijo a la Sra. Comisaria, que se mostró sensible a este punto cuando yo lo desarrollé en su presencia, hace dos años, en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Si es normal tomar en consideración la interrupción de la vida profesional para las madres de familia que desean volver al mercado de trabajo, para las que vuelven habría de tenerse en consideración también- y éste es el punto al que ha estado usted más sensible, señora Cresson- el problema de las mujeres jóvenes que, habiéndose casado jóvenes y habiendo tenido niños después de haber iniciado una formación, cuando estaban incluso a punto en ocasiones, de ver que justificaban esa formación, se ven verdaderamente excluidas de todas las propuestas que se han mencionado precisamente por estar casadas y haber criado a sus hijos. 
¿No es ésta una injusticia real que hay que reparar? 
Ellas también deben tener derecho a la formación continua. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es en nuestra actual y acelerada sociedad industrial una necesidad absoluta para poder superar los nuevos desafíos que se presentan. 
Donde se puede ver más claramente esta evolución es en el mundo del trabajo, donde la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y la adquisición de conocimientos especializados es condición previa para el ascenso profesional del individuo y también para el mantenimiento de la competitividad de la empresa. 
Es tarea de la política conservar el acceso a la formación inicial y continuada y que sea igual para todos. 
No puede ser que se reserve la formación profesional continuada solamente a los que ya poseen las mejores y más elevadas cualificaciones. 
¿No deberíamos mostrar las posibilidades de la formación continuada también a los trabajadores con un nivel menor de formación para darles la oportunidad de tener un puesto de trabajo fijo y abrirles perspectivas de ascenso? 
¿No debemos salir al paso de las mujeres, que con frecuencia tienen que renunciar a sus carreras debido a la sobrecarga que significa la familia y la profesión, tener más en cuenta sus necesidades e integrarlas mejor en la formación continuada? 
Los Gobiernos deben exponer estas situaciones y adoptar medidas en contra. 
Sólo mediante una amplia información sobre las posibilidades de formación continuada y el fomento de la misma mediante la creación y ampliación de estímulos profesionales y la supresión de todos los obstáculos para acceder a ella, se podrán dar más pasos contra el creciente desempleo y para mantener la paz social. 
Señor Presidente, quisiera felicitar y agradecer a nuestra ponente, la Sra. Susan Waddington, por su excelente informe, caracterizado, como lo es siempre su trabajo, por su integridad, inteligencia y sensibilidad política y social. 
Estamos hablando de la formación laboral, de su rentabilidad y de su conformación democrática, es decir, de cómo se puede hacer asequible a todos los ciudadanos de Europa. 
La formación continua debe ser no una mera coartada o pretexto de cara a nuestros países o a la Unión Europea, sino un componente fundamental del esfuerzo verdadero y valiente de la lucha contra el desempleo. 
Ahora circulan nuevos términos, polémicos, tales como la ocupacionalidad, la adaptación o la flexibilidad laboral, términos completamente novedosos y que precisamente por eso necesitan una definición clara, porque es natural que tales términos, dentro del clima actual de desempleo, asusten a nuestros conciudadanos. 
La desorientación acerca de cómo afrontar la cuestión laboral, hace que la formación sea una exigencia de los tiempos. Es una consecuencia de las necesidades modernas. 
Naturalmente, el peso de nuestra responsabilidad en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea en relación con la pesadilla del desempleo no permite celebraciones. 
A pesar de ello, quisiera subrayar la feliz coincidencia del debate de hoy acerca de esta cuestión, que se celebra tras la presentación del programa de la Presidencia británica donde dicho asunto tiene la máxima prioridad, cuando hace poco se ha celebrado la conferencia especial sobre el desempleo y a la espera de que se aplique la especificación de las actuaciones para abordar el desempleo y, precisamente, a la expectativa de la Cumbre del Consejo de Cardiff. 
Dos reflexiones a modo de epílogo: creo que a través de este esfuerzo, al que se hace referencia de forma detallada, serán elaborados métodos e investigaciones especiales y podríamos ver, y usted también señora Comisaria podría ver, el aprovechamiento del CEDEFOP en Salónica para la realización de tales investigaciones. 
Y por último, que en el ámbito de la Europa del este, con vistas a la ampliación, tanto en esta fase transitoria del proceso reforzado de la preadhesión como a largo plazo con la perspectiva futura de los nuevos países, deberemos contemplar la expansión de la formación laboral para que sea asequible a todos. 
Señor Presidente, de nuevo puedo exponer mi opinión sobre un informe elaborado por Sue Waddington. 
Apoyo la precisión de su trabajo así como su constructiva crítica a los puntos flacos del documento de la Comisión. 
Señora Comisaria, es de saludar el enfoque realizado y que sea el primer intento de analizar los avances en la formación profesional en la Unión y en los Estados miembros. 
Es comprensible que haya fallos cuando los sistemas y las medidas son demasiado diferentes tanto en la calidad como en la cantidad. 
Sin embargo, lo que no se puede aceptar es que falte una clara separación por ramos empresariales y grupos objetivo- desde los empleados en activo hasta los más mayores. 
Hay que aplicar aquí mucho más intensamente CEDEFOP y EUROSTAT. 
Hay que plantear de modo especial la situación de las mujeres. 
Ante sus actividades por tiempo parcial y de temporada, con frecuencia están excluidas del aprendizaje de nuevas tecnologías y de la adquisición de nuevos conocimientos, a pesar de que disponen del potencial intelectual así como de una elevada flexibilidad. 
En el informe de la Comisión falta el balance de los programas comunitarios, es decir, el Año Europeo, LLL lifelong learning o la iniciativa ADAPT. 
Algunas y algunos colegas ya han llamado la atención al respecto. 
También falta una coordinación de los programas de formación- como LEONARDO DA VINCI- con los programas de los Fondos estructurales. 
Otros importantes actores son los interlocutores sociales. 
Están de acuerdo en el apoyo especial a las PYMES, en los nuevos métodos de formación y en la mejora del reconocimiento de las titulaciones. Pero no están de acuerdo sobre los niveles de decisión. 
Hay que dar prioridad absoluta a un acuerdo marco que esté orientado a los requerimientos de la moderna organización del trabajo. 
En tiempos de crisis, la formación profesional continuada es considerada también en el sector público algo de lo que se puede prescindir. Grave error. 
¿Cómo se puede subsanar de otro modo la carencia de trabajadores especializados que existe en las empresas? 
Ante unos ciclos de productos cada vez más cortos, la modificación de las producciones y unos requerimientos superiores que se plantean a los mercados, ¿cómo pueden estar los trabajadores a la altura de estas circunstancias y estar en buenas condiciones para el siglo XXI? 
En la competencia global es esencial un fomento consecuente del recurso más importante, es decir, del humano, mediante la formación continuada. 
Independientemente de ello, es insustituible para la movilidad física y espiritual y el desarrollo personal del individuo. 
Señor Presidente, el Consejo extraordinario sobre el empleo, que ha tenido lugar en Luxemburgo, ha dado claramente una prioridad a la formación en la lucha contra el paro, y los Jefes de Gobierno se han comprometido a mejorar el acceso y la formación de los parados de larga duración. 
En ese contexto analizamos este primer informe de evaluación que constituye un primer intento sistemático de análisis y de confrontación de las situaciones en los Estados miembros. 
Sin embargo, como dice la Sra. Waddington, es importante establecer indicadores cualitativos y cuantitativos comunes. 
El informe propone también pistas de acción para favorecer la difusión de buenas prácticas. 
Quisiera incluso que el Comisario insistiera en la importancia de la formación para las PYMES. 
Sabemos hoy que la creación de empleos cada vez más competitivos necesita de una mano de obra muy especializada, formada en las nuevas técnicas, sobre todo en materia de comunicación. 
Por consiguiente, es importante que se pongan en práctica, y con mucha rapidez en las PYMES, dispositivos particulares que faciliten el acceso a la formación, y que se creen sistemas nacionales de formación que respondan a las necesidades de las empresas innovadoras que creen los empleos del mañana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, tal como se hace hincapié en el excelente informe de la Sra. Waddington, y como ha quedado de manifiesto en numerosas ocasiones en este debate, necesitamos información real acerca del buen funcionamiento de los Fondos estructurales en lo relativo a la educación y a los programas de formación comunitarios, y todo ello antes de que adoptemos ninguna decisión para reformar y proseguir los mismos. 
La formación, la situación del empleo y la competitividad están estrechamente relacionadas entre sí. 
Por este motivo, se debería también lograr una mejor coordinación de las acciones comunitarias en estos ámbitos. 
No obstante, la Unión Europea no debería aspirar a conseguir un sistema o un programa únicos en materia de formación continua, sino que, por el contrario, creo que, también en este ámbito, la pluralidad y la diversidad de soluciones en materia educativa de los Estados miembros representa una riqueza que podría beneficiar a todos. 
En lugar de un sistema homogéneo, deberíamos potenciar las estructuras de cooperación. 
De este modo, podríamos aprender del resto difundiendo eficazmente la información acerca de las prácticas óptimas e intercambiando nuestras propias experiencias. 
Desearía hacer especial hincapié en tres cuestiones relativas a la disponibilidad y a la calidad de la formación continua: la igualdad, el carácter emprendedor y la buena disposición de la sociedad de la información. 
Se debe prestar una mayor atención a la igualdad de acceso a la formación continua y de reconversión por lo que respecta a las mujeres. 
Naturalmente, la calidad de la formación elemental constituye una cuestión clave de cara al aprovechamiento de la formación continua. 
La formación básica debería ya dotar a las personas de la capacidad y la voluntad para adquirir conocimientos para toda la vida. 
Al mismo tiempo, la formación básica debería también fomentar la diversificación profesional de las mujeres. 
Los trabajadores de las PYME y los futuros empresarios necesitan un apoyo especial para la organización de la formación continua más adecuada. 
Una formación apropiada podría alentar especialmente a las mujeres a fundar sus propias pequeñas empresas y a adquirir conocimientos encaminados a la producción. 
Los agitados cambios que están produciendo las tecnologías informáticas en la vida laboral representan un desafío crucial para la formación continua. 
La formación en este campo ha de ser especialmente flexible y versátil, teniendo presentes muy diversos puntos de partida y necesidades de carácter específico. 
El rápido desarrollo en el campo técnico representa una dura prueba para la capacidad de adaptación y, además de las capacidades puramente profesionales, una buena formación continua debería potenciar la capacidad de las personas para sobrellevar los cambios que tienen lugar en sus vidas. 
En tal caso, una formación global abarcaría también las vivencias culturales e implicaría una mejora de la participación activa y del intercambio de aptitudes. 
Señor Presidente, quisiera decir que considero muy positivo el informe de la Sra. Waddington, especialmente cuando uno examina los elementos obsoletos de los documentos de la Comisión y cuando recuerda la situación burocrática y las carencias, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de la formación continua en los Estados miembros, al menos en Grecia. 
Además, junto con sectores frágiles y sensibles, como el de las mujeres, quiero destacar otros tres colectivos entre los que han citado otros colegas. 
Primero, los trabajadores que, llegando al término de su vida productiva, se quedan sin empleo, tienen problemas para actualizarse y, además, les queda un pequeño tramo de su vida activa por recorrer. 
Un ejemplo característico de este grupo lo constituyen los radiotelegrafistas que han abandonado los barcos.-Segundo, los jóvenes recién licenciados de las universidades y de la enseñanza de tercer grado, pero que no han recibido formación laboral.-Tercero, los inmigrantes. 
Sería preciso contemplar tanto una formación en el conocimiento de la lengua del país de acogida, como en el conocimiento de las leyes y en otros elementos de la formación para su incorporación al mercado de trabajo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo también quiero comenzar expresando mis felicitaciones a Sue Waddington por su informe que, como siempre, es de excelente calidad. 
Ha visto exactamente los puntos flacos del informe de la Comisión y yo comparto su crítica a la Comisión. 
Señora Comisaria, sin duda, su intención es buena, pero creemos que su concepto de futuro es demasiado defensivo. 
Con todos los respetos a la subsidiariedad, pero el entrelazamiento entre la economía, el mercado interior y también el euro hacen necesaria una estrategia europea. 
Esto no es ninguna contradicción sino un alegato en favor de una mayor cooperación. 
La insuficiente participación de los Estados miembros que también constata la Comisión, revela que no se piensa a nivel europeo, tal como sería de desear. 
Sobre algunos sectores incluso no existían datos, curiosamente tampoco sobre el sector de la formación. 
Interesantes son también las cifras sobre la participación en medidas de formación continua. 
Especialmente negativas son las cifras de desempleados. 
Creo y espero que esto cambie ahora con las directrices de Amsterdam. 
Todos sabemos- quiero llamar de nuevo la atención al respecto- que más del 50 % de los desempleados de larga duración en Europa están mal formados o de modo insuficiente. 
Esto muestra la especial importancia de la formación continua en Europa, en especial, en relación con la lucha contra el paro. 
El acceso a la formación profesional está garantizado formalmente en los 15 Estados miembros, pero en la realidad las oportunidades para las ciudadanas y ciudadanos son muy diferentes. 
Me remito muy en especial a las exigencias planteadas por la Sra. Waddington en los puntos 10 y 11 del informe. 
Diferentes son también los ramos, por ejemplo, el de la construcción, que necesita muy urgentemente una mayor cualificación pues los materiales de construcción y los métodos son nuevos y se desarrollan continuamente. 
En este ramo de la construcción solamente un 15 % participa en cursos de formación continua mientras que en el ramo de los seguros y de la Banca lo hace el 57 %. 
En muchos países hay buenos enfoques y posibilidades, también en Alemania. 
He constatado que todos los proyectos que he visto tienen un contexto europeo, lo que sin duda es interesante. 
O son cofinanciados mediante iniciativas comunitarias o consisten en prácticas europeas que transmiten profesores previsores. 
Hace poco el Presidente Federal, Roman Herzog, ha realizado una notable intervención, que no comparto en todos los puntos. 
Pero, en cualquier caso, comparto su crítica a la mentalidad provinciana de Alemania y de otros Estados miembros. 
No alcanzaremos la competitividad en Europa reduciendo los derechos sociales sino sólo impulsando el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Señor Presidente, también yo felicito sinceramente a la ponente por su excelente trabajo. 
El tema de la formación y aprendizaje es, sin duda, uno de los más fascinantes e importantes para la cohesión y el relanzamiento de toda sociedad evolucionada y, en vísperas del siglo XXI, creo que se deben enfrentar de un modo nuevo algunas de las tensiones y contradicciones que tenemos por delante, y que sólo la formación y la instrucción nos ayudarán a superar. 
Ante todo, está la relación entre el proceso de globalización, cada vez más extendido e inevitable, y la defensa de los valores, de las raíces de cada cual, de los valores de las comunidades locales. 
Después, hay que saber zanjar el conflicto entre tradición y modernidad, porque sólo con un justo equilibrio entre estos factores es posible dirigir aun las transformaciones más globales. 
Un tercer elemento central es la relación entre la necesaria competitividad y la preocupación de la igualdad y de las oportunidades que se deben garantizar a todos, en especial a los más débiles y excluidos. 
Y el análisis correcto de estos tres elementos puede, al menos, permitir una reflexión más nuclear sobre el problema de la formación y del aprendizaje continuos, que debe convertirse en el objetivo central de la acción de la Unión Europea y de la iniciativa que se ha de adoptar en todos los niveles, europeo y nacional. 
Este concepto de aprender durante toda la vida puede ser una de las claves de la entrada en el próximo siglo; se habla mucho de él, pero todavía se hace demasiado poco al respecto, y la comunicación de la Comisión que hoy discutimos así lo demuestra. 
Es preciso traducir rápidamente este concepto en elecciones operativas, en incentivos contractuales, en inversiones. 
En la Cumbre de Luxemburgo, el Consejo aceptó un compromiso específico en esta dirección; en Cardiff verificaremos si los Estados miembros demuestran coherencia. 
También espero que la Comisión acepte para su propio trabajo futuro todas las indicaciones preciosas e importantes contenidas en el informe Waddington. 
Muchas gracias, señora Comisaria Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.000 horas. 
Participación de los trabajadores en los beneficios (PEPPER II) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0292/97) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre el informe de la Comisión (COM (96) 0697- C4-0019/97) sobre el fomento de la participación de los trabajadores asalariados en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital) en los Estados miembros 1996- PEPPER II. 
Señor Presidente, el informe que le presento en el día de hoy se inscribe en el seguimiento de la recomendación del Consejo de 1992 relativo a la promoción de la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, siendo continuación de un informe de la Comisión que hacía un análisis de la situación en 1990. 
En este instrumento no vinculante, el Consejo hacía ocho recomendaciones a los Estados miembros para promover la participación y solicitaba a la Comisión que elaborase en los cuatro años un informe sobre la evolución de los regímenes de participación en Europa. 
Es este informe PEPPER II el que constituye la base de nuestra reflexión del día de hoy, base que ha de verse enriquecida sin embargo ya que, si nos alegramos de la existencia del informe y de su contribución al relanzamiento del debate europeo sobre la participación financiera, es obligado constatar que suscita, señor Comisario, un sentimiento de frustración, en la medida en que señala el escaso seguimiento de las recomendaciones del Consejo en los diferentes Estados miembros y no propone acciones concretas para la Unión Europea. 
Ésta es la razón por la que nuestra comisión ha deseado presentar una serie de propuestas concretas con vistas a estudiar las condiciones de aplicación y los efectos de los regímenes PEPPER, con el fin de promocionarlas en Europa. 
Las fórmulas tan diversas de participación financiera van desde la participación en los beneficios al accionariado, pasando por fórmulas fijas o planes de empresa. 
Por otra parte, sabemos todos que la legislación es también muy variable en función de los países: se puede decir que son Gran Bretaña y Francia los que tienen quizá las legislaciones más avanzadas en estos ámbitos, mientras que, en muchos países, la cuestión se ha dejado a la discreción de los interlocutores sociales. 
La participación financiera persigue al mismo tiempo tres objetivos: asociar mejor a los trabajadores al funcionamiento de la empresa; favorecer la constitución de un ahorro colectivo y, finalmente, desarrollar las inversiones. 
En este contexto, ésta satisface a la vez a los empresarios y a los trabajadores en un interés mutuo bien entendido y, a otro nivel, al Estado. 
¿Por qué a los empleadores? 
Porque constatan con mucha frecuencia una mejora de la productividad y de la competitividad. 
¿Por qué a los trabajadores? 
Porque perciben un suplemento en su remuneración con respecto al salario, tienen la posibilidad de constituirse un capital evolutivo y se sienten más implicados en el éxito de su empresa. 
Finalmente, a nivel del estado, se puede constatar que la participación refuerza la competitividad de la economía así como la satisfacción de los trabajadores y podría eventualmente constituir una forma de respuesta al problema de la modernización del sistema del seguro de vejez en Europa por la financiación de fondos de pensiones complementarios. 
En este sentido, la discusión merece al menos plantearse sobre esta posibilidad. 
Finalmente, parece que los regímenes PEPPER pueden tener un efecto positivo sobre el empleo, en la medida en que la participación de los trabajadores implica comportamientos y equilibrios nuevos en el seno de la empresa. 
Esta cuestión del empleo está en el centro de nuestras preocupaciones de hoy. 
Ésta es la razón por la que solicitamos a la Comisión que lleve a cabo con rapidez un estudio sobre los efectos de los regímenes PEPPER sobre el empleo, la producción y la flexibilidad salarial. 
Este estudio deberá concentrar igualmente una parte de su análisis en la participación financiera en las PYMES. 
En este sentido, quisiera decir al Sr. Menrad que estoy totalmente de acuerdo con la enmienda que él mismo ha presentado, con la reserva de algunas inexactitudes en la versión francesa. 
En mi opinión, la cuestión de la participación en las multinacionales ha de ser también objeto de un examen atento. 
Ésta es la razón por la que, señor Comisario, hemos propuesto, en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales, la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de los interlocutores sociales, de los miembros del Parlamento Europeo y de expertos de la Comisión. 
Desearíamos que nos diera su opinión sobre esta propuesta y que presentase, si procede, el calendario así como las modalidades prácticas de la constitución de este grupo de trabajo. 
Finalmente, hemos propuesto poner en práctica un programa que tenga por objeto la promoción de intercambios de información y buenas prácticas. 
En este sentido, se ha incluido un comentario relativo a este programa en una línea del presupuesto para 1998, relativa al diálogo social. 
En este espíritu, quisiera señalar que el 7 o el 8 de mayo próximos tendrá lugar, en Bruselas, la primera reunión del conjunto del accionariado de trabajadores, que dará lugar a la constitución de una federación europea de accionistas trabajadores. 
Deseamos que este programa pueda ser financiado en el marco de la promoción de intercambios de informaciones. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Hermange por su excelente informe. 
Ha recogido las sugerencias de los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, lo que ha permitido que nadie cuestione la totalidad del informe. 
Mi grupo político está en contra de las tres primeras enmiendas y a favor de la nº 4 pues complementa adecuadamente el informe. 
En julio de 1992, el Consejo emitió una recomendación para impulsar los sistemas de participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. 
Acordó- lo digo de modo resumido- crear estructuras legales para la introducción de tales sistemas de participación, examinar la posibilidad de si se pueden introducir estímulos fiscales, impulsar los sistemas mediante la información y tener en cuenta las experiencias de otros Estados miembros. También acordó adoptar las medidas adecuadas para que las normas jurídicas y administrativas permitan que se disponga de un amplio abanico de sistemas y sean objeto de consultas entre los trabajadores y empresarios y, en especial, sean tenidas en cuenta en las negociaciones para los convenios colectivos. 
Al cabo de tres años, todos los datos nacionales se deberían poner a disposición de la Comisión para realizar un nuevo análisis. 
Estos resultados nacionales se encuentran ahora en el informe de la Comisión y, dicho de un modo suave, son bastante deficientes. 
Exceptuando a Francia y Gran Bretaña, prácticamente ningún país miembro ha adoptado iniciativas de ningún tipo y falta totalmente un intercambio de informaciones transfronterizo. 
Lamentablemente, este resultado del informe demuestra de nuevo que el Consejo solamente aprueba recomendaciones, que no tienen ninguna vinculatoriedad jurídica, de cara a la galería. 
Una vez aprobadas, los miembros del Consejo realizan nebulosas declaraciones de prensa y meten las recomendaciones en los últimos cajones de sus escritorios. 
Pero nosotros queremos ver hechos. 
Precisamente la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa va unida a una mejora de la productividad. Anima a los trabajadores a cualificarse, al menos estas son las experiencias de Francia y Gran Bretaña. 
Precisamente en unos tiempos de elevado desempleo, la introducción de sistemas de participación en las pequeñas y mediadas empresas podría contribuir a un empleo mejor y más seguro. 
Por ello, esperamos del Consejo que se atenga a sus propias resoluciones de 1992. 
Pero de la Comisión esperamos algo más que un informe con una descripción de hechos. 
Debe realizar estudios sobre las repercusiones de los sistemas Pepper, poner en marcha un programa sobre el intercambio de informaciones, crear un grupo de trabajo para impulsar sobre todo el empleo de sistemas Pepper, en especial en las empresas transfronterizas, y examinar una iniciativa comunitaria sobre la política patrimonial para solucionar también el problema de los derechos de participación de los trabajadores estacionales. 
Además, habría que desarrollar proyectos piloto para los países de la Europa central y oriental. 
Esperamos también de los interlocutores sociales que informen y se informen sobre los sistemas Pepper y que los tengan en cuenta en sus negociaciones. 
Señor Presidente, esta es una recomendación de 1992 que, según la comisión y el informe, no ha dado lugar a muchas medidas nacionales. 
Ahora la comisión apoya en general este informe y las propuestas de medidas que se quieren adoptar, apoyo estatal para los impuestos, subvenciones y otras semejantes para aumentar las ganancias de las empresas y las influencias de los empleados. 
¡Eso está bien! 
Con todo, creo que hay que decir muy claramente que no se puede ir más rápido que lo que los Estados miembros quieran. 
No se puede venir desde arriba y decir que así se debe hacer y esperar a que todo, por supuesto, salga de esa manera. 
Especialmente quiero mencionar algunos ejemplos que han funcionado bastante bien en mi país, Suecia. 
Desde hace mucho tiempo tenemos sociedades cooperativas, tanto cooperativas de productores, por ejemplo dentro del movimiento de agricultores, como cooperativas de consumidores, que funcionan muy bien. 
Se entra con una cuota y se tiene un voto. Por lo tanto, no funciona de la misma manera que el sistema de acciones en que se entra comprando una gran cantidad de votos si se compran muchas cuotas. 
Esas cooperativas funcionan muy bien. 
La mayoría de ellas son desarrollables. 
Además, existe la posibilidad de usar asociaciones económicas, como se llaman formalmente, sociedades cooperativas por tanto, también para sociedades más pequeñas. 
Estimo que es importante subrayar esto y quisiera denotar que quizá se debiera apostar por más medidas de este tipo. 
Personalmente creo mucho en la ayuda que se da a empresas que están totalmente en manos de sus trabajadores. 
Esto da otras posibilidades de crear solidaridad en la empresa y una sensación de que esto es algo que se hace en conjunto. 
Esto apenas se nombra en el informe. 
Con todo, el informe es en general positivo y nuestro grupo opina que es importante que se vaya hacia ese terreno. 
Creemos también que esto puede crear empleo en los países miembros de Europa en el futuro, si está estructurado de manera correcta. 
Sin embargo, tiene que llevarse a efecto al ritmo y de la manera que cada Estado miembro desee. 
También podemos complementar las propuestas de enmienda con alguna excepción. 
Señor Presidente, quiero empezar recordando a todos que la izquierda, tanto la política como la sindical, nunca, de ninguna manera, ha estado en contra de que las personas que trabajan en empresas también tengan una influencia muy, pero muy grande en la gestión empresarial, en los aspectos ambientales de la empresa en general y en el uso de las ganancias. 
Pero empezar de este modo a dar énfasis únicamente a cuotas individuales, carteras de acciones individuales, como motor para aumentar la productividad, opino que es muy unilateral y falto de perspectiva. 
En lugar de esto, lo que necesitamos es un desarrollo dinámico y creativo de la democracia empresarial. 
Habría estado bien, creo, si tanto la Comisión como el ponente hubiesen considerado la necesidad de que las empresas inviertan en fondos para el futuro y en educación continua, de la que hace poco hablábamos, de manera que no sólo se apueste por la propiedad individual, sino que también por los que tienen estudios de corta duración para mejorar la calificación, no sólo del individuo, no sólo de la empresa, sino que también de toda la sociedad. 
Creo que hay que tenerlo claro. 
Señor Menrad, no se trata de la cuestión general de cooperación o lucha de clases. 
No puedo evitar repetir que quien no puede luchar no es tampoco tomado en serio como interlocutor. 
De lo que se trata es de cómo se pueden desarrollar sistemas de participación al margen del sistema Ford, es decir, de la vinculación existente en las grandes empresas que tienen codecisión u otra forma de participación de los trabajadores a través de la actividad sindical. 
Sabemos que la acción popular no es ninguna respuesta. 
El accionista se ve arrastrado de un lugar a otro entre el shareholder value que apoya los despidos y su interés como trabajador que está a favor del empleo. 
Esto es así en la Volkswagen, en la Renault y en todas las acciones populares que se han distribuido entre los trabajadores. 
Es urgentemente necesario que examinemos hasta qué punto podemos ampliar un concepto de empresa que se base en una relación funcional en lugar de en una mera creación de propiedad. 
Precisamente las modernas cadenas de empresas de franquicia deben tenerse aquí en cuenta así como la nueva determinación de las fronteras de la democratización empresarial y social. 
En este aspecto, tengo una pequeña diferencia con el Grupo del GUE pues también la coordinación local y regional exige nuevas formas de inclusión, por lo que es muy razonable apoyarse en la propiedad. 
Pero en concreto se trata de una auténtica participación en los beneficios y no en un salario pagado durante más tiempo; también se trata de la necesidad de un aseguramiento público de las participaciones de los trabajadores. 
Hemos presentado las correspondientes enmiendas. 
También podemos apoyar las enmiendas del Sr. Menrad pues nos parece razonable asegurar adicionalmente las necesarias privatizaciones con las correspondientes estrategias de participación. También nos parece razonable una consideración específica de las pequeñas y medianas empresas si se tiene en cuenta adecuadamente su contexto. 
Pero en el fondo se trata de cómo se trata la cuestión planteada en Suecia por el plan Meitner en la época dorada del " fordismo» : ¿cómo puede instalarse eficazmente un mecanismo que impida el automatismo por el que los poseedores del capital acumulan la riqueza social y los trabajadores por cuenta ajena en el mejor de los casos pueden reproducir su propia fuerza de trabajo? 
Esta es la cuestión ante la que nos encontramos y el informe Pepper realmente es sólo un precursor, a pesar de que agradecemos mucho a la Sra. Hermange que haya hecho algo de él junto con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Señor Presidente, estimados colegas, el reconocimiento a los trabajadores por cuenta ajena de su derecho a participar de los beneficios y resultados de la empresa siempre ha sido uno de los objetivos prioritarios de la derecha política italiana. 
Desde hace cincuenta años sostenemos que la superación de la lucha de clases y la eliminación del conflicto entre capital y trabajo deben pasar, esencialmente, a través de la participación de los trabajadores en el capital empresarial. 
Por esto, el Grupo Parlamentario de Alianza Nacional saluda con complacencia que se proponga otra vez este tema, y felicita a la ponente, aunque hacemos notar que han pasado casi seis años desde la recomendación del Consejo Europeo y que nada, o poco, ha cambiado en los distintos Estados miembros. 
Tenemos la sensación definida de que en Europa los temas de la ocupación y de la democracia industrial, de tener un papel diverso y específico entre los asalariados, pasaron a ser lugares comunes, consignas que se usan sólo para mostrar buena voluntad y que después no encuentran una respuesta concreta. 
De hecho, si se exceptúan Francia y el Reino Unido, donde en los últimos cinco años se han producido avances en el terreno de la participación financiera de los trabajadores, en el resto de la Unión Europea se continúa un debate estéril para determinar si esos nuevos regímenes de participación son de competencia del Gobierno o de los sectores sociales. 
La Unión Europea debe mostrar más valor, más decisión en este delicado asunto: es decir, hay que pasar de las palabras a los hechos, tal vez mediante la constitución de un Consejo europeo de la participación, que asuma la tarea de promover la instauración de los regímenes de participación en condiciones comparables en toda la comunidad. 
Es necesario instar a los sectores sociales para que inserten ese sistema en sus negociaciones y hacer que se prevea una normativa marco en los Estados miembros. 
En el momento en que el paro sigue siendo el problema económico más grave de la comunidad europea de este fin de milenio, Europa debe hacer toda clase de esfuerzos para inducir a los Gobiernos de los Estados miembros a transitar por un camino seguro, ya recorrido con buenos resultado pero hasta hoy usado por pocos. 
¡Las grandes intenciones ya no bastan! 
Se centra en las ventajas que puede acarrear la participación de los empleados en los beneficios de las empresas. 
La participación en los beneficios puede aumentar la satisfacción y motivación de los empleados, subir la cifra del cheque a fin de mes y crear un mejor ambiente laboral psíquico. 
Esto puede hacer que aumenten los beneficios de las empresas europeas si aumenta la productividad y puede contribuir quizá a que el empleo en Europa mejore, lo cual hace falta. 
La participación en los beneficios puede presentarse de mil maneras distintas. Reparto de beneficios económico, económico democrático o en acciones de empleados. 
Muchas formas hay de llamarlo. 
El modelo que se elija en los Estados miembros dependerá de la manera en la que esté organizado el mercado laboral del país en cuestión. 
El que, como se dice en el informe de la Comisión, no exista participación en los beneficios en Dinamarca, no es exacto, señor Flynn. 
Una gran parte de las empresas danesas sí disponen de cajas de pensiones para los empleados. 
Esto significa de hecho que los asalariados en Dinamarca tienen una gran participación en el capital. 
De ahí que no debamos aferrarnos a una imagen inamovible de lo que implica la participación en los beneficios o a un estrecho modelo europeo. 
Debemos tomar como base las diferentes tradiciones de los países y así aprender de las buenas y malas experiencias mutuas. 
Quiero por ello apoyar un análisis del modo en que funcionan los diferentes convenios en los Estados miembros. 
Es también una buena idea crear un grupo de trabajo que debe incluir a las partes del mercado laboral. 
Este grupo de trabajo, entre otras cosas, puede examinar cuestiones de un carácter que transcienda fronteras, por ejemplo, la participación en los beneficios en sociedades multinacionales. 
En Dinamarca no pensamos que sea necesario un acto legislativo comunitario, sin embargo, celebramos que de esta manera pueda incorporarse este tema al orden del día comunitario. 
Éste es un campo en el que debemos seguir el camino de la voluntariedad. 
Sería perfecto que advirtiéramos a las empresas de las ventajas existentes en la participación en los beneficios a través del intercambio de experiencias y análisis, no obstante, las decisiones relativas a la participación en los beneficios y a la realización de ésta deben o bien confiarse a cada empresa o bien convertirse en objeto de acuerdo entre las partes del mercado laboral. 
) Señor Presidente, en primer lugar permítaseme agradecer a la Sra. Hermange y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la concienzuda labor que ha llevado a cabo sobre el informe PEPPER II. 
El informe PEPPER II ofrece un panorama general sobre la forma como los Estados miembros han fomentado la participación financiera de los empleados en los beneficios y en los resultados de las empresas desde 1992, a raíz de la aprobación de una recomendación del Consejo sobre esta cuestión. 
Desde la aprobación del informe PEPPER el pasado mes de enero, se ha examinado, entre muchos otros temas, la participación financiera en el marco del Libro Verde sobre el partenariado para una nueva organización del trabajo. 
Las orientaciones sobre el empleo que se aprobaron en diciembre piden también a los interlocutores sociales que negocien acuerdos para modernizar la organización del trabajo con el fin de hacer que las empresas sean productivas y competitivas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad. 
En ese marco, la participación de los empleados en los beneficios y en los resultados de las empresas podría cobrar mayor importancia. 
Como muestra el informe PEPPER, la participación en los beneficios va unida en todos los casos a mayores niveles de productividad, sean cuales fueren los métodos de especificación de los modelos y los datos que se utilicen. 
Otros efectos positivos de esos planes afectan a la flexibilidad de los salarios, el empleo y la participación de los empleados. 
La Comisión conviene con el Parlamento en que se deben estudiar más a fondo las repercusiones de los planes de participación financiera en el empleo, la productividad y la flexibilidad de los salarios. 
Convenimos con el Parlamento a ese respecto: en muchos casos la evaluación de las repercusiones exactas de dichos planes puede resultar muy difícil, en particular dados los diferentes sistemas fiscales y de seguridad social que existen en los Estados miembros. 
Sus Señorías han de conocer la gran diversidad existente al respecto y resulta muy difícil llevar a cabo la evaluación adecuada y el análisis de los datos comparables. 
Además, como parece que la falta de información comparable puede ser un obstáculo para la promoción de los planes de participación financiera, la Comisión apoya la idea de lanzar medidas incentivadoras para promover los intercambios de información entre los Estados miembros, siempre y cuando se disponga de los fondos adecuados para ello. 
Creo que esta petición que hacen hoy el ponente y el Parlamento es esencial. 
También se podría pedir a los países candidatos que participaran en esa labor de comprensión por lo que se refiere al intercambio de información y procedimientos idóneos. 
Por lo que se refiere a otras medidas propuestas por el Parlamento, la Comisión preferiría esperar hasta que se puedan examinar los resultados finales de la consulta lanzada a partir del Libro Verde sobre la organización del trabajo, más la cuestión de la creación de un grupo de trabajo, en el marco de las posibles medidas complementarias del Libro Verde. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00. 
Refugiados kurdos 
De conformidad con el orden del día se procede a las explicaciones a cargo del Consejo y de la Comisión de la situación de los refugiados kurdos y la reacción de la Unión Europea. 
) Señor Presidente, gracias por su introducción y por la oportunidad que se me brinda de dirigirme al Parlamento esta tarde. 
Ésta es mi primera oportunidad y me encanta poder hacerlo. 
La cuestión que se está debatiendo hoy es muy importante y constituye un privilegio para mí participar en el debate de Sus Señorías. 
La Presidencia comparte muchas de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo. 
Las escenas que hemos contemplado todos durante las últimas semanas de gran número de personas angustiadas y vulnerables que llegaban a las costas de Europa son profundamente inquietantes. 
Algunas de esas personas son auténticos refugiados que tienen derecho a la protección de la comunidad internacional. 
Pero muchos son migrantes económicos que no corren peligro real de persecución en sus países de origen y simplemente buscan una vida mejor en la Unión Europea. 
Parece que esas dos categorías se ven explotadas por mafias sin escrúpulos que se quedan con su dinero a cambio de intentar introducirlos ilegalmente en la Unión Europea. 
Como Presidencia estamos decididos a abordar este difícil y complejo problema de forma eficaz pero humanitaria, compatible con nuestras obligaciones internacionales para con los refugiados auténticos. 
No se trata de un simple problema relativo a Schengen; es un problema común de la Unión Europea. 
Es un problema que pone a prueba nuestra capacidad para actuar juntos desde el punto de vista de la política interior y la política exterior de la Unión Europea. 
En el frente interior, las políticas de inmigración y asilo de los Estados miembros deben ser justas y firmes. 
Se deben aplicar rigurosamente los controles fronterizos externos. 
Estamos examinando qué otras medidas podemos adoptar en la Unión Europea. 
Hemos indicado que podríamos ser más rigurosos en la aplicación de sanciones contra las compañías aéreas y otros transportistas que trasladen a pasajeros indocumentados a la Unión Europea. 
Podemos velar por que las embajadas y los consulados en los que ciudadanos iraquíes soliciten visados tengan una formación apropiada. 
Podemos impartir información al personal de las compañías aéreas para la detección de documentos falsos. 
Pero eso en sí mismo no será suficiente. 
Tenemos que localizar y presentar ante la justicia a los delincuentes organizados que se dediquen al tráfico de seres humanos animando a las personas a abandonar sus países y marcharse con sus ahorros para intentar entrar ilegalmente en Europa, con frecuencia en condiciones atroces. 
La reunión de jefes de policía celebrada en Roma el 8 de enero fue un paso importante en esa dirección. 
Varios representantes de los organismos de la Unión Europea encargados de imponer el cumplimiento de la ley más directamente afectados por ese problema pudieron mancomunar sus conocimientos. 
Seguiremos velando por que los organismos encargados de imponer el cumplimiento de la ley tengan el apoyo político que necesitan para poder trabajar todos juntos y sin trabas a fin de afrontar ese tipo de delincuencia internacional. 
Como Presidencia, haremos lo que podamos para lograrlo. 
Como algunas de las personas a las que se introduce ilegalmente en Europa son refugiados auténticos que huyen de la persecución en sus países, nuestras medidas deben ser coherentes con nuestras obligaciones internacionales para con esas personas. 
Mantendremos informada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre cualesquiera medidas previstas. 
A su vez, la Presidencia ha pedido- y seguirá haciéndolo periódicamente- asesoramiento a la OACNUR sobre la situación humanitaria en las regiones de las que proceden los migrantes. 
Pero, a no ser que seamos también eficaces en el plano de la política exterior, las medidas que adoptemos en el plano interior no serán suficientes para contener la oleada humana. 
Tenemos que examinar las causas más profundas de esas presiones migratorias: la situación humanitaria y en materia de derechos humanos en la región y el carácter represivo del régimen iraquí, así como los combates en que se ven envueltos muchos civiles en el Iraq septentrional y en la Turquía sudoriental. 
Tenemos que esforzarnos para ver lo que podemos hacer juntos con vistas a resolver esos problemas. 
En particular, debemos apoyar las gestiones de los mediadores en el proceso de reconciliación entre los bandos kurdos del Iraq septentrional. 
Debemos contribuir mediante la intervención humanitaria a crear las condiciones en el Iraq septentrional que eliminen el incentivo para que las personas abandonen su país. 
Corresponde a Turquía un papel importante en la tarea de afrontar esta crisis. 
La Presidencia ha examinado este asunto con el Gobierno turco, que está tomándose muy en serio el problema y ha reforzado las medidas de seguridad en los puntos de entrada en el país. 
La Presidencia ha concedido la máxima prioridad a la labor relativa al plan de acción sobre inmigración ilegal procedente de Iraq encargado en el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Esta crisis es un auténtica prueba de la capacidad de la Unión Europea para adoptar medidas rápidas y eficaces en el marco de los pilares segundo y tercero para abordar un problema grave. 
La Presidencia se propone hacer todo lo posible para que salgamos airosos de esa prueba. 
Presidente, la Comisión también da la bienvenida a la ocasión de poder discutir este importante asunto en su Parlamento. 
Si queremos ser justos por una parte con los que en su derecho reclaman la protección como refugiados y por otra parte queremos proteger a nuestros ciudadanos de las molestias de los inmigrantes ilegales, entonces la Unión Europea tendrá que reforzar en medida creciente su colaboración y deberá armonizar y coordinar determinados asuntos, especialmente en la política de asilo, inmigración y visado. 
Presidente, es comprensible que la Unión Europea ejerza una gran fuerza de atracción en muchos países fuera de la Unión que se encuentran oprimidos económica o políticamente. 
Si la Unión Europea no ofrece como compensación ninguna política común, la presión ejercida por la inmigración de ilegales sólo crecerá por lo que a consecuencia de esto el refugiado real se convertirá en víctima con demasiada facilidad. 
Esto no se puede aceptar. 
En lo que respecta a los Estados miembros que en la actualidad llevan la carga más pesada en lo que se refiere a la acogida de refugiados estamos obligados a tener una política más efectiva. 
Presidente, cuando hablamos del reciente flujo de kurdos nos parece que esto no se debe en primer lugar a nuevas causas políticas o económicas. 
El problema kurdo es ya viejo como todos nosotros sabemos y desgraciadamente hay que reconocer que no se espera una solución en un tiempo razonable. 
Sin embargo la Comisión Europea por su lado intenta mejorar in situ las condiciones de vida a través sobre todo del programa MEDA, por ejemplo en el Sureste de Turquía, pero también en el Norte de Irak por medio de la ayuda humanitaria ECHO, teniendo como objetivo prevenir la migración como primera opción. 
Especialmente y en cuanto a los programas MEDA, su Parlamento sabe cuánto estamos luchando para que haya colaboración acerca de este asunto. 
La dimensión extremadamente negativa que observamos en este momento, precisamente la Presidencia se ha referido también a esto, es una práctica de contrabando cada vez a mayor escala en la que organizaciones de criminales ganan dinero en abundancia a costa de miles de personas desgraciadas que por la razón que sea quieren establecerse en Europa occidental. 
Esta práctica criminal no se puede combatir con la fuerza suficientemente. 
Por consiguiente aprobamos de sumo grado la deliberación policial acerca de esto que recientemente ha tenido lugar en Roma. 
Presidente, en el campo de asuntos con respecto al tercer pilar donde la contribución nacional de nuestros Estados miembros lleva naturalmente la voz cantante, la Comisión ha tomado las necesarias iniciativas concretas y ha hecho las propuestas de las que yo aquí quiero mencionar algunas. 
De este modo la Comisión ha hecho la propuesta para el programa ODYSSEUS que aspira a fomentar activamente el intercambio y práctica de funcionarios en el campo de la emigración, fronteras exteriores y cuestiones de asilo. 
Esta propuesta se discute en este momento todavía en el Consejo de ministros. 
Llamamos la atención a la acción conjunta de marzo del año pasado para el reconocimiento de protección temporal de los refugiados para lo que su Parlamento ya dio su apoyo. 
Los sucesos recientes se refieren a la necesidad de una posibilidad como esa de protección temporal y la Comisión espera que el Consejo llegue rápidamente a una conclusión. 
Para la colaboración entre la Unión Europea y Turquía en el campo de justicia y asuntos interiores ya se adoptó un marco institucional, pero desgraciadamente todavía no se han implantado mecanismos para la introducción de esto debido a motivos políticos ya conocidos. 
El comunicado el 16 de julio del pasado año acerca de la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía comprende también propuestas para colaboración en el futuro en el campo de la policía y aduanas, también apoyado por medios financieros. 
El Consejo de Europa de Luxemburgo ha tomado en consideración las consecuencias de los grandes flujos posibles de inmigrantes y también la cuestión de los kurdos en Irak y, tal como se sabe, el Consejo prepara en este momento un plan de acción en el que se reúnen el segundo y tercer asuntos pilares. 
En este marco la Comisión quiere referirse al carácter complementario de las iniciativas de la Unión por una parte y acciones en el marco de Schengen por otra. 
Esto es importante porque el acuerdo de Schengen se tomó en el Tratado de Amsterdam y porque los desarrollos actuales podrían poner en peligro la implantación de uno de los objetivos del Tratado, la supresión de controles aduaneros. 
Por cierto ayer se reunió un destacamento especial para discutir toda una serie de medidas prácticas para el control de las fronteras exteriores con motivo de una lista que se redactó el 15 de diciembre por el comité representante de Schengen. 
Presidente, finalmente la Comisión quisiera expresar también su apoyo en los esfuerzos de Italia por reaccionar adecuadamente a la presión de cientos de nuevos inmigrantes y hacer esto de acuerdo con las obligaciones de los convenios internacionales, tal como el ofrecer ayuda humanitaria y la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, para lo que cumple también sus obligaciones de proteger lo mejor posible las fronteras exteriores. 
Presidente, el plan de acción común que está preparando el Consejo, tratará de reunir todos los aspectos políticos. 
La Comisión por su parte apoyará enérgicamente los esfuerzos de la Presidencia para que se llegue a acuerdos en este campo entre los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, creo que los dos " statements» han mostrado que entre las instituciones de la Unión Europea existen muchos puntos de coincidencia. 
En primer lugar, se trata de que se preserve totalmente el derecho de asilo en esta Europa. 
En segundo lugar, tenemos que impedir el negocio a las organizaciones criminales por las que no podemos mostrar ningún perdón ni comprensión, pues hacen lo peor, aprovecharse de la miseria de las personas para enriquecerse. 
En tercer lugar, quiero apoyar plenamente lo que ha dicho el Presidente del Consejo: se trata de combatir las causas de la emigración. Usted, señor Comisario, también lo ha dicho. 
Creo que no debemos escatimar esfuerzos para solucionar el problema económico, social, político y cultural de los kurdos no solamente en Turquía, pero sobre todo en Turquía. 
Quiero aprovechar esta ocasión para decir con toda claridad lo siguiente: a muchos no les parece una casualidad que esta migración haya tenido lugar pocas semanas después de la cumbre de Luxemburgo. Me parece que esta reacción no es casual. 
No puede haber ocurrido más que con conocimiento de las autoridades turcas. 
Debemos ser pacientes. 
Debemos proseguir el diálogo con Turquía a pesar de todos los problemas existentes, porque un problema como el de los kurdos a la postre sólo se puede solucionar conjuntamente con apoyo y ayuda mutua. 
Debemos convencer también a Turquía de que no se trata sólo de un problema interno, un problema soluble sólo políticamente ni mucho menos militarmente, sino que se trata de un problema económico, social y cultural que se debe solucionar, que Europa quiere ayudar y no actuar contra Turquía sino mostrar a Turquía el camino para la ayuda. 
Cuarto: las cargas. 
El Sr. Comisario se ha referido también a ello así como otros. Si queremos combatir la xenofobia que desgraciadamente existe y la histeria derivada de aquella, tendremos que recapacitar sobre cómo podemos repartir mejor las cargas y la responsabilidad que van unidas al asunto de los refugiados. 
Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa le hemos preguntado también al respecto. 
Creo que debe hacerse más y mostrar claramente que si algunos países- Italia se ha comportado correctamente en muchos aspectos- se ven afectados directamente por flujos de refugiados, otros países en Europa no puedan decir que no les afecta y que no se trata de su problema o incluso reaccionen negativamente. 
La responsabilidad debe ser común en Europa y se debe establecer también conjuntamente una razonable política de asilo en Europa. 
Esto aún no ha ocurrido y los colegas hablarán aún al respecto. 
La política exterior común debe garantizar que en esta Europa se garantice el derecho de asilo, que Europa no se convierta en un recinto amurallado y que una inmigración controlada razonablemente contribuya a que se reduzca la xenofobia y que seamos una Europa acogedora, pero para aquellos que realmente necesitan nuestra ayuda y apoyo. 
Señor Presidente, Señor Comisario, creo que ha hecho bien el Comisario Van den Broek al reconocer que el problema de los kurdos no se puede considerar únicamente como una operación de control policial o de seguridad que haya que llevar adelante tan sólo con medidas de control, pues se trata de una cuestión eminentemente política que, precisamente, debe tratarse de raíz. 
Veinte millones de personas, divididas entre cinco Estados, un pueblo sin tierra, una antigua identidad cultural desgarrada, hombres sin ciudadanía, sometidos a una dura represión y a regímenes autoritarios: todo esto no se puede eliminar de la conciencia europea. 
Creo que la cuestión se debe enfocar con la debida cautela pero, también, dando su debida proporción a los problemas. 
Sólo son 2.646 los kurdos desembarcados en las cosas italianas, de los cuales 1.500 son turcos y 1.384, iraquíes. 
Italia ha reaccionado, y quiero decir que es meritorio que el Comisario Van den Broek lo haya reconocido, según los acuerdos internacionales y dentro del respeto al Acuerdo de Schengen, reforzando los controles, expulsando a los clandestinos- 54.000 y 38.000 en 1997 -, adhiriendo a todas las obligaciones necesarias pero también adoptando las medidas que se han de tomar para poder respetar el derecho de asilo, sin descargar sobre otros países las propias responsabilidades. 
Pero se debe enfrentar el problema de una manera unitaria y política, incluso procurando asumir una política distinta ante Turquía que, precisamente, sigue siendo un país central en las decisiones que se refieren al Oriente Medio. 
Quiero decir que Europa no es sólo la que se ve horizontalmente, como ha hecho esta mañana el Ministro Cook, enfocándola desde Edimburgo a Viena, sino también la que va de Edimburgo a Barcelona, a Nápoles, a Atenas. 
Sólo si se mira a Europa en términos de unidad se pueden resolver estos problemas, con la debida conciencia y, también, con la debida humanidad que se impone ante ellos. 
Señor Presidente, estimados colegas, cuando en días pasados desembarcaron en Italia los refugiados kurdos, y a la llamada a la solidaridad hecha por mi país para poner en marcha una acción común europea se respondía que el problema era exclusivamente italiano, nuestros ciudadanos europeos tuvieron la prueba, una vez más, de su pertenencia a una Unión acéfala, una Unión que impone reglas sobre todo lo que es regulable en la vida diaria, pero que después se vuelve rebelde cuando los acontecimientos de alcance mundial toman carácter de urgencia para nuestro continente. 
El desembarco de los kurdos en Calabria y Puglia es sólo el último en el tiempo, y cada día más los pueblos fugitivos considerarán a la Unión como una meta privilegiada. 
Hay dos consideraciones que me parecen fundamentales: la primera es de orden político; la segunda, de naturaleza jurídico-institucional. 
Nosotros, que contribuimos a la disolución de los regímenes del Este; nosotros, que pusimos en marcha acciones destinadas a fortalecer las débiles democracias de esos países; nosotros, que abrimos la Unión para ampliarla a otros países, con lo que de hecho hicimos una selección que, de un modo u otro, abre nuevas fracturas, no podemos, precisamente nosotros, retirarnos ante tales emergencias. 
Por lo tanto, es necesaria una política coherente y concreta para favorecer incluso el desarrollo económico de las regiones del Asia Menor, del Mediterráneo y de sus pueblos. 
En cuanto al aspecto jurídico-institucional, recuerdo que el título IV del nuevo Tratado pide al Consejo que, en el término de cinco años, defina las reglas comunes para el paso por las fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración. 
En vista de que las costas meridionales de la Unión ya no son límites nacionales sino fronteras de la Unión, pedimos que se encuentren con urgencia soluciones comunes y duraderas. 
Señor Presidente, la Presidencia del Consejo y el Comisario Van den Broek, creo, tienen bien claro lo absurdo de pensar que se puede contener la ola migratoria de los kurdos sin un cambio radical de la situación de los lugares en que hoy está este pueblo. 
Ante todo, pienso en Turquía y en Irak. 
Hay que comprender- se ha dicho- las causas de la ola migratoria. 
Las causas son simples: en Irak hay operaciones de guerra contra los kurdos, y en Turquía se producen masacres, a cargo del ejército turco, en las aldeas habitadas por kurdos. 
Éstas son las causas de esta huida: causas políticas, sobre todo políticas, que plantean la cuestión kurda como problema político. 
Creo que todo esto hace urgente y necesario convocar una Conferencia internacional sobre el tema kurdo. 
Esta necesidad está bien presente y la Unión Europea puede y debe hacerse cargo de este problema. 
Sólo quiero añadir que yo también considero importante que hoy se reconociera el papel positivo asumido por el gobierno de mi país. 
No ha sido bonito el espectáculo de ver a otros gobiernos diciendo que el problema de los refugiados era sólo italiano; creo que ahora corresponde plantear el asunto de una política común de asilo político. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en este debate se trata de responsabilidad en la política. 
Se trata de un trato responsable del tema de los " refugiados» y de una responsabilidad europea en la ayuda a los refugiados que buscan protección. 
En este debate se trata de refugiados, de ayudar a los refugiados y no de impedir que se refugien. 
Estamos siendo testigos exactamente de lo contrario. 
Los refugiados son criminalizados de modo general. Señor Wiebenga, el medio Eurodac es un medio para criminalizar de modo general a los refugiados. 
Per definitionem se les convierte en inmigrantes ilegales y ahora se introduce un concepto totalmente nuevo en el debate, el de el viaje de salida ilegal. 
Lo conozco como un antiguo uso lingüístico de la RDA y el Sr. Swoboda lo utiliza cuando exige de Turquía, por así decirlo, que impida que los refugiados puedan huir de Turquía. 
Con exigencias de que se derogue Schengen, lo que solamente es posible si se produce realmente una amenaza para el orden público y la seguridad interna, 2.000 personas en fuga son declaradas como una amenaza para 370 millones de ciudadanos de la UE. 
Esto es demagógico y una manipulación de la miseria de las personas que están en fuga para objetivos partidistas y electoralistas y para otros objetivos muy diferentes a los de adoptar las medidas necesarias para que el derecho de refugiados se aplique. 
Si ahora sobre todo el Ministro alemán del Interior, que en los últimos días se ha comportado como el preceptor de Europa, critica a Italia, se trata de un llamamiento directo para infringir el derecho de refugiados en vigor. 
Llama a infringir el Convenio de Ginebra sobre Refugiados y llama a infringir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
¡Hasta dónde hemos llegado si la responsabilidad europea solamente significa que se socave al máximo el derecho de refugiados! 
El problema kurdo no es un problema policial. 
Por favor, permítanme que diga otra cosa: hace cuatro semanas el Sr. Juncker ha dicho en esta Asamblea que no se sienta en una mesa con torturadores. Se refería al Gobierno turco. 
Cuatro semanas después se coopera exactamente con ellos, con la policía turca, se negocia con ella sobre cómo los autores pueden combatir a las víctimas. 
(Aplausos) Esto es de doble moral y cínico y muestra claramente cómo se entiende aquí la política de derechos humanos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, muchos colegas han señalado la malsonancia de que dieron prueba Europa y algunos Estados miembros ante el problema de la llegada de refugiados kurdos a Italia. 
Me asocio a estas críticas, afirmo que las autoridades italianas han obrado bien y han mostrado, en este asunto, un gran sentido de responsabilidad, pero en cambio permítaseme señalar el hecho de que, como no pensamos a tiempo que estas fronteras y estas medidas de asilo a los refugiados son medidas que hay que tomar en el nivel europeo, lo único que podemos comprobar es que ni el Tratado de Amsterdam ni la acción del Consejo, que desde 1991 tiene bloqueado un proyecto de convención sobre las fronteras exteriores, nos dan señales alentadoras. 
Europa está ahí, ¡pero cuando se la necesita, está ausente con demasiada frecuencia! 
Es una obligación que sin duda la Presidencia británica tendrá que considerar, para poner orden en una materia que no se puede dejar a los Gobiernos nacionales. 
Dicho esto, acerca del texto que se votará, me permito señalar, Señor Presidente, que nuestro voto será unilateral, sin detenernos ni un segundo sobre el tema turco que quedó en suspenso en Luxemburgo, y votar un texto de este tipo representa el riesgo de asestar otra bofetada a esa voluntad de retomar el diálogo para la participación de Turquía en la Conferencia europea que todos auspiciamos y en la que se está trabajando pero que, lamentablemente, no tiene respuesta ninguna del Parlamento. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera en primer lugar desear suerte a la Presidencia británica. 
Señor Presidente, Señorías, la afluencia a Europa de cientos de refugiados kurdos nos da ocasión para preguntarnos sobre el funcionamiento de la cooperación policial prevista por los acuerdos de Schengen y del apartado que prevé la supresión total de los controles de personas en las fronteras. 
La constatación es clara. 
Esta disposición es inadecuada. 
Mientras Italia ha entrado en el espacio Schengen el pasado 26 de octubre, cerca de 10.000 inmigrantes clandestinos cruzan todos los meses por el sur de Italia en dirección al resto de Europa aprovechando la permeabilidad de las fronteras interiores. 
Austria, que ingresó en Schengen el 1 de diciembre de 1997, acaba de invocar la cláusula de salvaguarda para incrementar sus controles a lo largo de la frontera con Italia. 
Francia, que ha hecho ya uso de esta cláusula en sus fronteras del norte, ha reforzado claramente sus controles a lo largo de la frontera con Italia, sin intentar siquiera beneficiarse de la cobertura jurídica de la cláusula de salvaguarda. 
De todas formas, en el punto en que se encuentra Schengen, hay que reconocer que todo el mundo se burla. 
Como representante electo de una región fronteriza, sé que un control fronterizo no constituye en ningún caso un obstáculo a la libertad de circulación. 
Como el hecho de mostrar la tarjeta de diputado o de funcionario no constituye un obstáculo a nuestra entrada en los locales de este Parlamento. 
Como representante de una región fronteriza, conozco los daños socioeconómicos y políticos de una emigración no controlada. 
Cada país ha de ser libre para determinar quién puede residir en su territorio, para proteger y respetar a aquellos que acoge y para negar este derecho a aquellos que no respeten sus leyes. 
Es justamente en este contexto en el que el Tratado de Amsterdam prevé, en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor, la supresión de todos los controles de personas en las fronteras interiores de la Unión, incluidos los nacionales de países terceros. 
Y, ¿se pretendería que Francia modificase su constitución en este sentido? 
Espero simplemente que los franceses, y en particular los alsacianos, puedan manifestar sus impresiones sobre este tema y rechazar el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, una vez más me pregunto qué quiere Europa y qué papel desempeña ante los hechos cotidianos de la inmigración extraeuropea de pueblos enteros. 
Por una parte tiende la mano a los recién llegados y estimula estos movimientos masivos; por otra, pisotea con indecencia los derechos de los pueblos de los Estados miembros: la Padania es un ejemplo de esto. 
Turquía e Irak se dividen el territorio de Kurdistán, mientras Italia y los Estados miembros se dividen el pueblo kurdo apartado de su propia patria. 
Me pregunto si la Unión no tendrá la fuerza política para reaccionar o no querrá reaccionar ante el gobierno turco, que habla de democracia y, en la realidad, bombardea y asesina a los kurdos y en su país obliga a los ciudadanos a indicar en el documento de identidad la religión que profesan. 
¿Qué Europa queremos construir si una vez más no demostramos la capacidad ni la voluntad de combatir con eficacia la criminalidad que genera éxodos masivos, especulando con la piel de los pobres desesperados? 
Sin duda las organizaciones criminales conocen la ineficacia de Europa, de esta Unión, mejor de lo que la Unión conoce a las organizaciones criminales. 
A este paso, una vez más, querida Europa, demostraremos nuevamente nuestra incapacidad o, peor aún, nuestro verdadero objetivo: hacer exactamente lo contrario de lo que decimos. 
Señor Presidente, también yo creo que debo señalar este hecho que ha sacudido a todos: la Europa que descubrimos cuando llegaron los refugiados kurdos a Italia ha sido la Europa de los nervios a flor de piel y la mala conciencia. 
Nervios a flor de piel, porque bastaron sólo poco más de dos mil fugitivos para que algunos pidieran sin más la rescisión de un pacto, de un acuerdo, de un tratado que costó tantos años de trabajo y ha dado la posibilidad de la libre circulación. 
Por otra parte, la mala conciencia, porque esa misma Europa, esas mismas fuerzas son las que no han querido llegar a la única conclusión posible que exigen los ciudadanos: una política común en cuanto a la inmigración y el asilo, de inmediato y no dentro de cinco años. 
Por fortuna, frente a esta Europa existe otra: una Europa a la que hemos visto, con una delegación del Partido de los Socialistas Europeos encabezada por mi colega Schultz, en Puglia y en Calabria; Europa, esos pueblos, esos administradores, esas organizaciones gubernativas, la Iglesia católica en primera fila, que está pidiendo en voz alta políticas comunes de inmigración y de asilo, piden que Schengen se vea como lo que es, como un pacto de solidaridad y no como un recurso para endosar la responsabilidad a otros, sobre todo a los que tienen la ventura de que la madre naturaleza les haya dado un bellísimo mar: el mar, no los estrechos límites de un Estado como Luxemburgo. 
Y además nos piden, nos han pedido, empezando por el arzobispo de Lecce, al que hemos entrevistado, que formulemos una política en materia de asilo. 
No estamos ya en presencia de emigraciones, estamos en presencia de migraciones que, cada vez más, se parecerán a las que se producen en otras partes del mundo. 
Pedimos una cosa más, que la piden ellos, pero también nosotros: una lucha contra la criminalidad. 
Sepan que actualmente, por ejemplo en Puglia, se esperan en los meses próximos otras llegadas, pero ya no en las grandes naves inmortalizadas en el film de Amelio; se esperan lanchas muy veloces que de noche dejen algunas personas en la playa en cada viaje. 
Para controlar 120 kilómetros de costa europea, quizá haya que contribuir a la operación de nuestro gobierno en Albania meridional, para impedir que grupos criminales organicen estos éxodos. 
Hemos hablado con los fugitivos kurdos, tamiles, cingaleses: cuatro mil dólares cada uno para llegar a Hamburgo y a Amsterdam. 
Les explicamos que, correctamente, el gobierno italiano, por razones humanitarias e incluso por razones prácticas, había decidido aplicar el derecho de asilo. 
Digo razones prácticas, porque con la ley anterior, incluso ante hechos que no hubiéramos querido- expulsiones -, habría habido vía libre para llegar al norte. 
Desde este punto de vista, permítanme, el que ha cargado contra nuestro gobierno se ha equivocado dos veces, pero sobre todo ha cometido un grave error: el de demostrar que esta Europa de los nervios a flor de piel y de la mala conciencia está viva en su persona y en su comportamiento. 
Señor Presidente, señoras y señores, es de temer que los europeos tengamos aún con frecuencia la ocasión de hablar sobre la corriente de refugiados hacia Europa. 
Por ello, primero hay que constatar que lo que está ocurriendo actualmente en Italia no es un problema italiano, ni alemán, ni mucho menos germanoitaliano, sino que el movimiento de refugiados kurdo tiene su núcleo en Turquía. 
Por ello, la primera exigencia debe dirigirse al Gobierno turco para que supere el conflicto kurdo pacíficamente y con medios de Estado de derecho. Por otro lado, hay que perseguir a las organizaciones criminales que extraen capital de la miseria de las personas y que utilizan Turquía como base de operaciones. 
Esta es la primera exigencia. 
En segundo lugar, se ha dicho que hay que derogar el Acuerdo de Schengen. 
Señorías, debemos perder la costumbre de exigir la derogación de normas europeas cada vez que hay dificultades. 
Schengen contiene todas las posibilidades para solucionar tales situaciones. 
Precisamente por ello hemos concluido este Tratado. 
Acepto que el Gobierno italiano haga lo suyo para cumplir estos compromisos y hay que reconocer que en Italia es más difícil que en otros países. 
Debemos reconocer que en lo tocante a la inmigración ilegal cada vez se decide menos sobre el aseguramiento de las fronteras exteriores. 
Como en la era de la movilidad no podemos ni queremos que Europa se convierta en un recinto amurallado, hay decidir en los países sobre la inmigración ilegal. 
Tenemos que decidir si los refugiados pueden quedarse entre nosotros o no y esto hay que hacerlo con rapidez y conforme al Estado de derecho. 
Si llegamos al convencimiento de que no pueden quedarse, entonces deberán ser devueltos a sus países. 
Esto es también parte de la normativa sobre la inmigración y no solamente el aseguramiento de las fronteras exteriores sobre que se discute en estos momentos. 
Un último punto: todo lo que ahora vemos en relación con la situación en Italia exige una regulación europea. 
No podemos creernos que tales problemas solamente pueden ser solucionados por los países que se ven afectados en ese momento. 
Son necesarios unos esfuerzos comunes europeos, tal como se refleja en el Tratado de Amsterdam. Por ello, deben ser aplicados con rapidez y no una vez pasado el plazo de los cinco años. 
Debemos comenzar enseguida. 
Esto es lo que nos advierte el caso de Italia, el caso de los refugiados kurdos. 
Señor Presidente, es muy triste que la Unión Europea haya empezado ha ocuparse de forma más intensa del destino de los kurdos cuando una mínima parte del problema ha empezado a llegar a occidente. 
Si no nos hubiésemos limitado sólo a palabras cuando se estaban bombardeando poblaciones enteras y se exterminaba a un pueblo en la frontera entre Irak y Turquía, e incluso dentro del territorio iraquí, es posible que Europa no se encontrase hoy ante una nueva oleada de inmigrantes del este. 
Las sospechas de que Ankara pueda estar implicada en los últimos envíos a occidente de inmigrantes ilegales en represalia por la decisión adoptada en Luxemburgo cambian poco la situación general. 
Los kurdos siguen siendo exterminados dentro de su propio país, que está repartido entre cuatro estados; y, como se ha señalado ya, estamos hablando de 20 millones de personas. 
Antes de que Europa occidental se empezara a alarmar por los últimos sucesos, los griegos llevábamos años enfrentándonos a los modernos traficantes de esclavos que transportan a los inmigrantes ilegales. 
Pero al principio nadie mostró signos de preocupación. 
A principios de siglo Europa perdió la oportunidad de solucionar la cuestión kurda de una vez por todas. 
Ahora la situación es bien diferente. 
Sin embargo, siempre hay formas de combatir el genocidio y de detener la oleada de inmigración ilegal. 
No se trata sólo de Schengen. 
Europa, más allá de Schengen, tiene una profunda tradición humanitaria, y estamos ante un asunto político y humanitario. Y esa dimensión humanitaria es la que no debemos olvidar. 
Señor Presidente, Señor Comisario, los italianos somos grandes expertos, históricamente, en materia de flujos migratorios. 
En efecto, durante siglos, los pueblos de Europa central y septentrional, después de atravesar los Alpes, encontraron en Italia un lugar tan feliz que lo convirtieron en su imperio. 
Añado, también en el plano histórico, que la actual tragedia turca es una consecuencia de las hipocresías y del egoísmo de muchos de los llamados países civilizados y progresistas que han contribuido- y a menudo han sido tolerantesa que a este pueblo le esté negado aún un país seguro, único y pacífico. 
Estoy de acuerdo con todos los que hasta ahora han sostenido que el problema de los kurdos no es un problema exclusivamente italiano, aun cuando nosotros seamos expertos en materia de emigración y de ocupación, sino un problema sobre todo y únicamente europeo, si no por otra cosa, porque son europeas las muchas fábricas de armamento que venden armas a esos países para que se puedan matar pacíficamente entre sí: por consiguiente, el problema es europeo aun desde este punto de vista. 
Señor Presidente, Señorías, ni la declaración del Presidente del Consejo ni la suya, señor van den Broek, me han satisfecho. 
Estamos hablando sobre el destino de personas que tienen que huir porque su integridad y sus vidas están amenazadas, porque su propiedad está amenazada, porque son expulsados de su país, porque sus familiares son asesinados o porque su fundamento de vida es destruido. 
Aunque es cierto lo que nos expone el Sr. Presidente del Consejo y usted mismo y no se puede objetar nada pues todo es cierto, sin embargo, no es suficiente. 
Ante estos fenómenos no podemos reaccionar exclusivamente de un modo tecnocrático. 
Señor van den Broek, usted ha tocado el punto clave en lo que se refiere al espíritu imperante en la Comisión y el Consejo cuando ha dicho: " Tenemos que proteger a las personas frente a la persecución, pero tenemos que proteger a los ciudadanos de la Unión Europea frente a las avalanchas de refugiados». 
¡No! 
¡No tenemos que hacerlo! Pues los ciudadanos de la Unión Europea actualmente no están amenazados por ninguna avalancha de refugiados. 
Se trata de 800 personas que yo mismo he podido visitar en campamentos, de los cuales la mayoría proviene del Kurdistán iraquí. 
¿De qué huye el 50 % que se encuentra actualmente en campamentos en el sur de Italia? 
Huyen de Saddam Hussein y también de los turcos. 
Pero si Saddam Hussein ocupa Kuwait, si este hombre produce armas que son condenadas y están prohibidas internacionalmente, entonces se crea una alianza internacional para someterle, lo que es correcto. 
Estamos hablando aquí sobre las víctimas de la política de este hombre como si tuviésemos que defendernos de ellas. 
Este espíritu es peligroso, envenena el clima en la Unión Europea y con este tipo de política y de debate contribuimos a fortalecer a aquellas fuerzas de la Unión Europea que quieren lo que no quiere el Sr. Nassauer. 
No queremos que Europa se convierta en un recinto amurallado. En esto estamos de acuerdo, pero nosotros no somos la mayoría. 
Hay toda una serie de personas también en este Parlamento que no piensan como usted, señor Nassauer, ni como yo y que sí quieren que Europa se convierta en un recinto amurallado y que toman este tipo de debate que mantenemos como justificación y legitimación de que tienen razón. 
Por ello, soy de otra opinión. 
No debemos limitarnos a decir que necesitamos un derecho armonizado en la Unión Europea, sino que necesitamos algo más. 
Por ejemplo, una detención de la exportación de armas a tales regiones. 
Necesitamos también una condena internacional de los países que imponen su política despreciando el derecho internacional, tal como hace Turquía en el norte de Irak, y de aquellos países que reprimen sin rubor a las minorías en sus territorios, les niegan la autodeterminación cultural y étnica, pues estas son las auténticas causas de que huyan. 
Por favor, junto a las cuestiones técnicas, debatamos también aquí sobre estas cuestiones de contenido político. 
Señor Presidente, me parece un poco pesimista el Sr. Schulz cuando dice que no tenemos mayoría. 
Creo que casi todos estamos de acuerdo y también en gran medida con lo que han dicho el Presidente del Consejo y el Comisario. 
Tengo que decir que estaba encantado con el hecho de que ambos situaran el problema en un marco amplio y que no cediesen a la tentativa de lanzarse a un incidente con una reacción de pánico, sino por el contrario mirar el problema que se desarrollan en el segundo y tercer pilares y que en realidad son la causa de lo que sucede. 
Lo chocante es que mientras el Parlamento Europeo no hace mucho en el marco de la ampliación de la Unión ha acentuado que somos una liga de estados de derecho y democracia, y que sólo los Estados que cumplan las condiciones pueden ingresar en la Unión, recae el acento inmediatamente en ese estado de derecho que se muestra como justo tras la llegada de barcos con algunos cientos de refugiados de Turquía e Irak, países donde no se puede ni hablar en este momento de estado de derecho y democracia. 
Ya se ha dicho que es posible que se hayan producido una clase de represalias precisamente por nuestro rechazo de los deseos turcos en lo que respecta a ingresar en la Unión Europea. 
Quizás sea positivo que el representante del Consejo pueda contradecir esto. 
Puesto que se trataría de un asunto extraño si un país con un chantaje como ese intentara ser miembro de la Unión Europea. 
Pero la historia continúa y pienso que merece la pena poder refutarlo. 
En segundo lugar me gustaría hacer hincapié en el hecho de que también existen problemas en el ámbito de la política extranjera. 
Mi colega Nassauer ha expuesto espléndidamente la cuestión de Schengen. 
Nuestra política extranjera pienso que es a menudo causa de migraciones de masas, de movimientos en masa de refugiados. 
Esto ocurrió en sentido directo en Bosnia. 
Ahora puede ser en sentido indirecto porque no poseemos una política preventiva extranjera. 
Lo mismo puede ocurrir en lo que respecta a Argelia en el futuro. 
Creo que nos tenemos que esforzar para conseguir realmente una política extranjera común en lo que respecta a los países afectados. 
Ocurre ya a menudo que los Estados miembros no están siempre de acuerdo en cuanto al asunto de zonas con problemas. Pienso que esto es un grave peligro. 
Esto se va a pagar de forma que se van a presentar en gran número refugiados a nuestras fronteras y frecuentemente también refugiados que llevan correctamente el nombre de refugiados, porque desde hace tiempo no siempre ha sido el caso naturalmente. 
He recibido siete propuestas de decisión, presentadas con arreglo al apartado 2 del artículo 37 del reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00. 
Doy así la palabra al Señor Henderson, quien tiene permiso para hablar brevemente de la situación en Argelia. 
) Señor Presidente, le agradezco que me brinde la oportunidad de hacer algunas observaciones en respuesta al debate. 
El debate ha sido algo acalorado y he disfrutado de las diversas opiniones expresadas por Sus Señorías. 
Creo que, dentro de ese acaloramiento, ha habido muchos puntos en común que todos podemos aprovechar con vistas al futuro. 
Se ha reconocido que existe la necesidad de la adopción urgente de medidas en el nivel de la Unión Europea. 
No se trata de un problema que afecte sólo a una parte de la Unión; afecta potencialmente a toda la Unión. 
También es digno de beneplácito que se comprenda que existe la necesidad de que haya cooperación entre los Estados miembros. 
Todos afrontamos este problema y la máxima solidaridad sería, naturalmente, útil. 
También ha sido alentador que haya habido una completa condena al cínico comercio con los sufrimientos humanos perpetrado por esos delincuentes que dirigen las mafias e intentan apoderarse del dinero de víctimas inocentes hablándoles de un futuro que podrían tener en la Unión Europea y que no es posible. 
También ha sido importante que se haya reconocido en el debate que también se deben adoptar medidas en los países de los que huyen esas personas. 
Permítaseme que me disculpe ante el Sr. Alavanos por no haber escuchado toda su contribución. 
Como resulta de antiguo corriente en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, estaba intentando hacer dos cosas a la vez, recibiendo información sobre el próximo asunto, mientras seguía debatiéndose el actual. 
Pero he de decirle que la Presidencia informará sobre el debate al Consejo de Asuntos Generales del 26 de enero. 
No excluyo nada del debate, no he visto que hubiera demasiado apoyo para la propuesta conferencia como eje para abordar los problemas que afrontamos, pero el 26 de enero examinaremos las posibles formas de abordar esos asuntos. 
El Sr. Oostlander se ha referido a la cuestión de Argelia y, naturalmente, podría haber un problema similar provocado por los disturbios y las dificultades existentes en ese país. 
Se me ha pedido que comente los informes según los cuales las autoridades argelinas han rechazado la propuesta visita de la troika. 
La Presidencia está pidiendo aclaraciones esta tarde a los argelinos de su respuesta. 
Nos sorprenden esas noticias, ya que los argelinos nos habían indicado previamente que aceptarían una visita de la troika. 
Estamos en contacto urgente con nuestros interlocutores de la Unión Europea y seguiremos haciendo gestiones urgentes para encontrar formas de poner- o contribuir a que se ponga- fin a esas atrocidades consternadoras. 
Además, en las próximas horas y días entablaremos un diálogo directo con las autoridades argelinas. 
Una breve observación por parte de la Sra. Aelvoet. 
Presidente, quiero hacerle la observación a la Presidencia que no es injusto que las autoridades argelinas reaccionen al hecho de que la comisión que se envió estaba formada por diplomáticos y no por ministros cuando se trata de una materia tan delicada y políticamente muy sensible. 
Ese es el asunto y ante eso han reaccionado. 
Gracias. 
¿Desea el Presidente en ejercicio del Consejo reaccionar ante esta intervención? 
) Examinaremos diferentes formas de abordar esta dificultad. 
No excluimos nada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0001/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Freddy Blak (H-0940/97): 
Asunto: Belarús 
El régimen dictatorial de Belarús dirigido por el Presidente Lukachenko es responsable de violaciones sistemáticas y continuadas de los derechos humanos. 
Hay una brutal represión de la oposición. 
Recientemente, el jefe de la liga para los derechos humanos de Belarús, Jevgeni Novikov, ha tenido que pasar a la clandestinidad después de haber sido objeto de graves vejaciones sin que la policía del país interviniera. 
Su oficina ha sido confiscada y ha pasado a manos de una organización estatal, y sus colaboradores fueron agredidos. 
¿Conoce el Consejo la suerte de Jevgeni Novikov? y ¿está dispuesto a iniciar las gestiones pertinentes para investigar el caso? ¿Qué repercusiones tendrán las violaciones de los derechos humanos en Belarús para las relaciones de este país con la UE? 
) El Consejo conoce los acontecimientos que se han producido en torno a la ocupación de la Oficina de la Liga de Derechos Humanos de Belarús en Minsk. 
No está claro aún quién fue responsable de la ocupación. 
El Sr. Novikov estaba en el extranjero durante la ocupación de sus oficinas. 
Posteriormente regresó a Minsk y celebró reuniones con el embajador británico en noviembre y diciembre de 1997. 
Aunque las autoridades lo habían interrogado, el Sr. Novikov no había sido detenido. 
Ahora las autoridades belarusas han hecho pública una resolución para que se devuelva al Sr. Novikov su local y se ha notificado el desahucio a quienes actualmente ocupan la oficina. 
El Consejo no ve la necesidad de intervenir en este momento ante las autoridades belarusas en nombre del Sr. Novikov. 
El Consejo recuerda a Su Señoría que la Unión desea la incorporación de Belarús a la comunidad de naciones democráticas y está dispuesta a apoyar el proceso de democratización en Belarús. 
No obstante, durante 1997 el Consejo tomó nota con preocupación de que Belarús no había logrado avance substancial alguno en esa dirección y resultó evidente que las autoridades belarusas habían cometido numerosas violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales, en particular en lo relativo a la libertad de los medios de comunicación. 
En las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 24 de febrero, en la declaración del 29 de abril y en las conclusiones del 15 de septiembre se reflejaron dichas preocupaciones. 
El Consejo, en cooperación con la OSCE y el Consejo de Europa, ha reaccionado ante esos acontecimientos con celeridad y determinación y proseguirá sus gestiones para instar a las autoridades belarusas a respetar los derechos humanos y los principios democráticos. 
Ha sido un anuncio increíblemente feliz el que ha llegado del Consejo. 
La presión ejercida sobre Belarús a la que se ha sumado, entre otros, el Parlamento ha ayudado así a que Jevgenij Novikov quizá recupere sus derechos y oficina. 
No obstante, el señor Presidente mencionó también las vejaciones a las que se ven sometidos los periodistas, y me gustaría preguntarle si sabe cuántos periodistas se han visto procesados, puesto que la libertad de expresión es reprimida de manera realmente burda en Belarús. 
Se reconoce de forma general que se ha impedido a los periodistas de Belarús informar sobre los acontecimientos que se producen en ese país. 
Se me han dado a conocer ejemplos concretos al respecto. 
En este momento no puedo dar detalles particulares, pero tendría mucho gusto en escribir a Su Señoría en un momento posterior y facilitarle la información de que dispongo en mi despacho. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero plantearle la siguiente pregunta adicional: lo que aquí se ha descrito es sólo un caso aislado. 
Hay muchos más. 
Hay organizaciones que son obstaculizadas en su actividad o sencillamente excluidas de Bielorrusia, ya se trate del IRI de los Estados Unidos de América o de la Unión Paneuropea de Europa, que no pueden ejercer allí su actividad. 
Todos sabemos hasta qué punto la misma Rusia está implicada en Bielorrusia y qué posibilidades tiene de influir en este país. 
¿No cree que es hora de que la Unión Europea, que entrega tales cantidades de dinero a Rusia, llame a su puerta para decirle que, dado que tiene tan gran influencia sobre Bielorrusia, la haga ejercer allí para que se controlen por fin de alguna manera estas cuestiones de derechos humanos y para que podamos hacer valer también nuestra influencia de algún modo? 
Mi pregunta se trata justamente de lo mismo. 
Como saben, la pasada primavera se formó una unión entre Bielorrusia y Rusia. 
Bielorrusia tiene importancia estratégica para Rusia como país limítrofe hacia el oeste y como un símbolo que muestra que la Unión Soviética no sólo no se ha desarticulado sino que, de algún modo, ha rebrotado geográficamente. 
Obviamente que estoy muy interesada en que el Consejo y sus miembros utilicen todos los medios a su alcance para que, en sus contactos con Jeltsin y otros miembros del Parlamento y el gobierno ruso, influyan por esa vía a Bielorrusia y el país por lo menos entienda parte de nuestras críticas contra el sistema antidemocrático que allí impera. 
¿Qué iniciativas en este sentido piensa tomar el Consejo? 
Señor Presidente, agradezco su ayuda, pero probablemente no tanto como los intérpretes. 
Quisiera decir a Su Señoría que creo que, esencialmente, ha planteado una cuestión muy similar a la del autor de la pregunta anterior. 
Si no me equivoco, a veces se tiene la sensación de que los rusos siempre pueden hacer su voluntad en lugares como Belarús. 
En algún momento del pasado puede haber sido cierto. 
En el periodo posterior a 1989 probablemente Rusia pudiera aún influir considerablemente en ese país. 
En época más reciente no ha sido así, pero he asegurado a su colega que plantearía esa cuestión en la futura reunión de cooperación con los rusos y espero que puedan ejercer alguna influencia en la situación. 
Pregunta nº 2 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0941/97): 
Asunto: Exclusión de los parados españoles de los beneficios de las nuevas políticas de empleo 
La autoexclusión, en solitario, del Presidente Aznar en el Consejo Europeo de Luxemburgo (20-21 de noviembre de 1997) de los principales acuerdos para combatir y prevenir el desempleo juvenil y el de larga duración, ¿no tiene repercusiones negativas para los propios parados que no podrán así beneficiarse de las ofertas de empleo y formación profesional previstas? 
¿Cuántos parados españoles dejarán de beneficiarse de las medidas adoptadas? 
¿No cabría elaborar un calendario apropiado para la aplicación de dichos acuerdos, que permitiera a los parados españoles beneficiarse de las medidas acordadas? 
¿Cómo evitar que resulten perjudicados por esta decisión negativa del Presidente Aznar? 
) En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre empleo celebrada en Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de 1997, los Estados miembros acordaron unánimemente un nuevo criterio coordinado para abordar el problema del desempleo a escala comunitaria, sin dejar de respectar el principio de subsidiariedad y aceptando que no haya diferencias en función de las diferentes situaciones de los países. 
Las medidas acordadas en Luxemburgo, aprobadas oficialmente por el Consejo de Asuntos Sociales celebrado el 15 de diciembre de 1997, se aplicarán a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Los Estados miembros formularán políticas para velar por que se ofrezca en su momento a toda persona desempleada la oportunidad de comenzar de nuevo en forma de un puesto de trabajo, formación, prácticas de readiestramiento u otras medidas de empleabilidad antes de que lleve más de seis meses en el desempleo y a todos los adultos sin trabajo la posibilidad de un nuevo comienzo antes de que lleven doce meses de desempleo. 
El Consejo Europeo acordó que esos objetivos se aplicarían durante un período no superior a cinco años. 
Es cierto que en Estados miembros con un desempleo particularmente elevado se puede prorrogar ese período de aplicación, pero en su momento las conclusiones de Luxemburgo se aplicarán plenamente en toda la Unión Europea. 
De modo que Su Señoría habrá de reconocer que de las conclusiones de Luxemburgo no se desprende exclusión alguna. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como es sabido, la autoexclusión de España, que formuló el Sr. Aznar, tiene efectos discriminatorios sobre los parados españoles. 
Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que el Consejo Europeo no es una institución comunitaria, le pregunto si secundará el Consejo de Ministros este error del Sr. Aznar o recomendará, por el contrario, su corrección. 
No es cierto que va a aplicarse a todos de la misma manera. 
Nadie mejor que usted- como británico -, señor Presidente en ejercicio del Consejo, para comprender nuestros fundados temores, ya que el modelo que sigue el Sr. Aznar en esto es nada más y nada menos que el modelo de la Sra. Thatcher y, consecuentemente, deja fuera de los beneficios de las nuevas políticas de empleo al país que más lo necesita. 
Creo que hay cierto mal entendido. 
Aunque el Sr. Aznar expresó cierta preocupación sobre algunas de las orientaciones del debate en el Consejo de Luxemburgo, el acuerdo alcanzado no exime a ningún Estado miembro. 
Sin embargo, el Consejo reconoció que, en circunstancias particulares, podría ser necesaria una escala temporal más larga para la aplicación de algunas propuestas. 
En esta fase no ha habido exención, por lo que se esperará que España y las regiones españolas como Andalucía en la que hay un desempleo elevado apliquen las decisiones de Luxemburgo del mismo modo que otras de toda la Unión Europea. 
Veo que la Sra. Izquierdo Rojo me pide la palabra. 
Lamentablemente, según el Reglamento no se la puedo conceder. 
Tiene la palabra el señor Hernández Mollar. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo- y su misma formulación- no se entiende si no es como intento de hacer con ella, en el Parlamento Europeo, un irracional ejercicio de la demagógica oposición que su partido hace en España. 
Demuestra, además, que no se ha molestado en leer las conclusiones de la Cumbre extraordinaria sobre el Empleo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿hay algún país que se haya excluido de presentar su plan de acción nacional para el empleo en el próximo Consejo Europeo de Cardiff y que haya anunciado alguna cláusula de exclusión de las directrices emanadas del Consejo? 
Señor Presidente, pido el amparo porque me están interrumpiendo. 
Usted ha tenido su minuto, ha intervenido. 
Ahora le pido que usted respete la intervención de los demás miembros de la Asamblea, como es costumbre y también en usted. 
Lo contrario me llama la atención, porque estoy acostumbrado a su cortesía parlamentaria. 
Señor Presidente, recuerdo además que el Gobierno socialista de Felipe González- que dejó como herencia al Gobierno del Sr. Aznar 3 millones de parados- se negó a presentar en 1996 el plan plurianual de empleo establecido en la Cumbre de Essen, y eso figura en las actas de este Parlamento. 
El Gobierno del Sr. Aznar, por el contrario, hoy mismo ya está discutiendo con las centrales sindicales el plan de acción que debe presentar en el próximo Consejo Europeo de Cardiff. 
Gracias a usted, señor Hernández Mollar. 
Señor Henderson, puede ver usted también que, como en la Cámara de los Comunes, aquí también tenemos discusiones animadas. 
Señor Presidente, estaba a punto de decirle que me parecía estar de regreso en la Cámara de los Comunes de Londres. 
Lo único que puedo decir a los diputados españoles es que está muy claro que no hay exenciones respecto de la decisión adoptada en Luxemburgo. 
Se ha reconocido que en algunos casos, todavía no determinados, pueden ser necesarias escalas temporales ampliadas en algunos casos, todavía no determinados, pero que se deben aplicar en toda la Unión Europea los principios de las conclusiones de Luxemburgo. 
La Presidencia británica espera que todo miembro de la Unión Europea presente planes de acción, lo que permitirá celebrar un debate sobre esos planes en los órganos del Parlamento y del Consejo antes de la Cumbre de Cardiff, con la esperanza de que los diferentes miembros tengan la oportunidad de obtener enseñanzas de algunas de las propuestas de los demás miembros y también de las reflexiones del Parlamento, que son muy apreciadas, y, de hecho, de los comités del propio Consejo. 
Pregunta nº 3 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0944/97): 
Asunto: Libertad de circulación entre Suecia y Finlandia 
La libertad de circulación constituye un principio fundamental de la Unión, establecido no sólo en el preámbulo del Tratado de Roma, sino también en la letra c) del artículo 3 de dicho Tratado, y confirmado posteriormente como tal en más de una ocasión. 
Sin embargo, y a pesar de su aceptación del acervo comunitario, el Gobierno finlandés pretende imponer en este momento al ciudadano sueco Peter Enbuske derechos de aduana y el impuesto sobre el valor añadido a su vehículo, alegando que sus frecuentes desplazamientos a Finlandia (donde reside su prometida) hacen de él un residente finlandés, poseedor de un vehículo importado. 
La norma que se invoca es el subapartado 2 del apartado 1 del folleto informativo sobre la utilización temporal de vehículos en Finlandia, que establece que un ciudadano es residente en el lugar donde pasa 185 días al año. 
Ahora bien, Peter Enbuske está domiciliado en Suecia, es titular de un pasaporte sueco y paga todos sus impuestos en Suecia. 
Por lo tanto, se trata de una violación flagrante del derecho a la libre circulación. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para resolver esta situación y evitar que se vuelva a producir en el futuro? 
) La cuestión planteada por Su Señoría es indudablemente de considerable importancia no sólo para la persona citada en su pregunta, sino también porque es probable que tenga repercusiones directas en otros ciudadanos de la Unión que se encuentran en una situación similar. 
Sin embargo, lo que está en juego en este caso- y Su Señoría así lo ha insinuado en su pregunta- es si un Estado miembro determinado está aplicando correctamente las disposiciones pertinentes del derecho comunitario. 
Quisiera señalar que no se trata de una cuestión que incumba al Consejo, sino que incumbe a la Comisión. 
Según el primer guión del artículo 155 del Tratado CE, » la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado». 
Para ese fin, el artículo 169 del Tratado dispone que la Comisión puede incoar procedimientos de infracción ante el Tribunal Europeo de Justicia contra un Estado miembro que no observe cualquiera de sus obligaciones en virtud del Tratado. 
Los particulares tienen también a su disposición el artículo 177 del Tratado como recurso para plantear, por ejemplo, una cuestión en actuaciones ante un tribunal nacional, que después se puede remitir al Tribunal de Justicia para que emita un fallo preliminar sobre la interpretación correcta de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario. 
Quiero agradecer al Presidente y al Consejo de Ministros por la respuesta. 
Éste no es un asunto de importancia solamente para Suecia y Finlandia sino que es, como lo ha manifestado el Presidente, una violación al principio de libre circulación en la UE. 
Según mi modo de entender, el Tribunal de las Comunidades Europeas ha subrayado esto anteriormente en un caso análogo entre Dinamarca y Finlandia, el llamado caso Ryborg. 
También me alegra escuchar que hay caminos abiertos, es decir, que la Comisión o un particular pueden llegar a los tribunales con esto. 
Finalmente, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué quiere usted, señor Presidente del Consejo, decir a esos ciudadanos de la UE? 
) Quisiera decir a la Sra. Ahlqvist que no puedo dar una opinión sobre el caso particular planteado por Su Señoría, pero quisiera señalar el fallo, ya emitido por el Tribunal de Justicia en un caso de 1991, que ya se ha mencionado: » El mero hecho de que un ciudadano de un Estado miembro B, que se haya trasladado a un Estado miembro A, en el que haya encontrado empleo y alojamiento, haya pasado, a partir de determinada fecha y durante más de un año, casi todas las noches y un fin de semana con una amiga en el Estado miembro B, mientras conservaba su empleo y su alojamiento en el Estado miembro A, no es suficiente para justificar la conclusión de que ha trasladado su residencia normal al Estado miembro B». 
Quiero agradecer al Consejo por la respuesta que me ha dado. 
También entiendo que es misión de la Comisión controlar que esas reglas se cumplan. 
Al mismo tiempo, es éste un problema muy grave. 
Ahora hay muchos ejemplos de algo parecido a " hostigamientos» contra ciudadanos suecos. 
Hay un matrimonio que tiene una casa de campo en Finlandia y a quienes la aduana finlandesa les ha requisado su coche por haber viajado con demasiada frecuencia a su casa. 
Como sabemos, es el Consejo quien ha aprobado la directiva que sirve de base a la acción de la aduana finlandesa. 
El Consejo tiene que tener, al fin y al cabo, alguna idea acerca de cuál fue la intención de la directiva, es decir, si se pretendía con ella impedir a los novios que se junten con sus novias y a un par de ancianos visitar su casa de campo. 
Mi pregunta es, por tanto, si ustedes estiman que es éste el propósito de la directiva que ha aprobado el Consejo. 
He de volver a lo esencial de mi respuesta original, que es la de que no se trata en realidad de un asunto que deba reparar el Consejo. 
Quienes desean impugnar esta situación, si creen que se está infringiendo el Derecho comunitario, disponen de vías para ello. 
Si existe alguna duda sobre la interpretación del Derecho comunitario, sería oportuno planteárselo a la Comisión. 
No sería apropiado que yo formulara observación alguna al respeto. 
Esto no va a ser una competición entre países, sino que un esfuerzo mancomunado para trabajar por los mismos objetivos que nuestros amigos del otro lado de la bahía. 
Quiero decirles que he entregado personalmente una queja a la Comisión sobre el impuesto a los coches en Finlandia. 
La pregunta que deseo hacer al Consejo de Ministros es si no fuese esencial que el Consejo de Ministros y los Estados miembros se pusiesen de acuerdo sobre directrices comunes, primero en relación con los impuestos a los vehículos y, en segundo lugar, acerca de la determinación de cuál es la residencia de una persona según la legislación impositiva, algo que a menudo se ha tratado en la Comisión de Peticiones. 
Esto también debiera armonizarse, ya que hemos visto muchos casos de personas que son " hostigadas» precisamente por lo que Ahlqvist y Sjöstedt han descrito aquí. 
¿Está dispuesto el Consejo de Ministros a adoptar medidas legislativas? 
Quisiera decir a la Sra. Thors que la libre circulación no se ve afectada por los niveles de fiscalidad aplicados a los vehículos. 
La fijación de los niveles de fiscalidad no es competencia de la Comunidad. 
Así, pues, sólo puedo repetir que, si se considera que la situación actual no se ajusta al Derecho comunitario, corresponde a los interesados impugnarla por las vías apropiadas. 
Corresponde a quienes crean que la posición actual se debe mantener dar a conocer sus opiniones y presentar la necesaria queja, que podría ser contraria a las presentadas por otros. 
Entonces correspondería a los tribunales decidir. 
Pregunta nº 4 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0948/97): 
Asunto: Representación política de Grecia en el Comité de las Regiones 
El artículo 198 A del Tratado de la Unión Europea prevé la creación de un Comité de las Regiones compuesto por representantes de los entes regionales y locales. 
Los miembros del Comité son nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de sus respectivos Estados miembros. 
El Gobierno griego ha propuesto al Consejo para el nuevo período de cuatro años seis representantes de entes locales y seis de entes regionales. 
No obstante, al igual que ocurre en el Parlamento Europeo, los miembros del Comité de las Regiones se organizan en grupos políticos. 
Del total de 12 miembros permanentes que tiene nuestro país, el Gobierno griego ha propuesto 10 miembros provenientes del partido en el poder y de la izquierda en general, y únicamente 2 (un alcalde y un prefecto) del partido de la oposición que representa (de conformidad con los resultados de las últimas elecciones legislativas) al 38 % del pueblo griego. 
Ningún otro Estado miembro ha aplicado una táctica similar que consiste en la transposición a escala europea del partidismo arbitrario con lo que se distorsiona la más elemental representación política de nuestro país en el Comité de las Regiones. 
¿Puede indicar el Consejo qué medidas tiene intención de adoptar antes del 22 de enero de 1998 para evitar la falsificación de la expresión política de Grecia en la institución europea que representa a los entes locales y regionales? 
) Los miembros del Comité de las Regiones son nombrados por el Consejo por unanimidad. 
En un futuro próximo el Consejo examinará las candidaturas para el próximo mandato de cuatro años de sus miembros. 
La selección de los candidatos a miembros corre a cargo de los Estados miembros. 
El único criterio del Tratado que los candidatos deben cumplir es el de ser representantes de órganos regionales y locales. 
Señor Presidente, señor Ministro, conozco lo que establece el Tratado y hago referencia a ello en mi pregunta, es decir, que no existen unos criterios concretos. 
Pero hay que recordar que la Unión Europea se estructura en torno a los principios de la democracia y la representatividad. 
También, debemos tener en cuenta que el Comité de las Regiones se organiza en grupos políticos, al igual que el propio Parlamento Europeo. 
¿Qué ocurre en este caso concreto? 
Grecia tiene doce representantes. 
El propio gobierno socialista ha establecido hace cuatro años, conforme a los resultados de las elecciones municipales, la representación de Grecia y que, de acuerdo con ella, a nuestro partido, el mayor de la oposición, le correspondían cuatro representantes. 
Ahora, en la nueva representación, el partido socialista, con un 41 % de los votos, tiene siete representantes y nosotros sólo dos. 
Como comprenderá esto es claramente injusto. 
Comprendo que su posición es muy comprometida, pero espero que al menos haya una intervención entre bastidores para arreglar el asunto. 
Por último, señor Presidente, quisiera preguntar al señor Ministro si no cree que así se sienta un precedente para que cada uno haga lo que quiera y si conoce otro caso en el que ocurra algo similar a lo que estoy denunciando. 
) Señor Hatzidakis, la verdad es que debo remitirme a mi respuesta original a la pregunta. 
Como había afirmado Su Señoría mismo en la pregunta, el único criterio que el Tratado de la Unión Europea establecía, en el artículo 198 A del Tratado- la creación del Comité de las Regiones, compuesto de representantes de comunidades regionales y locales -, para el nombramiento de los miembros del Comité de las Regiones era el de que fueran miembros de órganos regionales y locales. 
El Consejo no tiene por qué impugnar la afiliación política de los seleccionados. 
Yo no considero que se siente precedente alguno y, en cuanto a los otros ejemplos, no sé quienes han sido nombrados en el pasado. 
Me parece que el autor de la pregunta tiene las mismas posibilidades que yo al respecto. 
Si desea una respuesta, puede indudablemente plantearlo en fecha posterior, cuando yo haya tenido conocimiento previo de la pregunta. 
Señor Presidente, ya he oído la respuesta del Presidente en funciones del Consejo y no soy de los que quieren una injerencia en los asuntos internos de mi país, especialmente por parte de representantes británicos, porque tenemos una triste y amarga experiencia de su intromisión. 
Pero el problema es otro. 
La Unión Europea requiere de este órgano representatividad. 
Por ello dice que deben ser elegidos. 
Pero ¿qué ocurre entre los elegidos, es el gobierno el que propone a unos y no propone a otros, según sean o no miembros del partido? 
Entonces se puede falsificar la representatividad de la institución comunitaria, por la que usted debe velar, al igual que se ocupa de asuntos de poca monta y persigue a los pequeños productores por fraude. 
Aquí se trata de una estafa política de primera magnitud y debe intervenir. 
Señor Presidente, la verdad es que no tengo nada que añadir a mis dos respuestas anteriores, que espero hayan dejado clara la posición. 
La obligación es que los candidatos sean miembros de órganos regionales y locales y no es cometido nuestro evaluar sus afiliaciones políticas. 
Señor Presidente en funciones del Consejo, comprendo y comparto su perplejidad en este debate. 
Señor Henderson, en otra fase del debate de hoy ha dicho que se ha sentido como si estuviera en el Parlamento de las Comunidades. 
Algo parecido podría decir yo también, es como si estuviese en el Parlamento griego. 
Creo que este asunto si tuviera la importancia que le da el Sr. Hatzidakis debería haberse debatido allí. 
Además, es algo novedoso que las autoridades municipales, locales y regionales se midan en fuerzas políticas y partidistas. 
Creo que la representatividad de las autoridades locales es diferente. 
De todos modos, señor Henderson, probablemente encuentre alguna manera de ocuparse de una pregunta similar en el futuro, cuando, como ha dicho, obtenga mayor experiencia en estos asuntos. 
Pero no creo que exista un asunto como el que el colega, Sr. Hatzidakis, ha intentado traer aquí, algo que no debería haber hecho. 
) Con frecuencia se dice que no es prudente verse envuelto en discusiones familiares, pero a veces resulta bastante divertido contemplarlas desde fuera. 
Veo que en algunas de las preguntas se insinúan las diferencias políticas locales en el debate. 
La verdad es que no puedo añadir nada a lo que ya he dicho en relación con la pregunta original. 
(EN) No es exactamente una cuestión de orden, señor Presidente. 
Me gustaría saber si tendría a bien el Presidente en ejercicio comentar el hecho de que se trate de un problema no sólo en Grecia, sino también en varios Estados miembros y si se comprometerá su Gobierno a revisar el equilibrio político de la representación del Reino Unido en el Comité de las Regiones. 
Pregunta nº 5 formulada por Gary Titley (H-0950/97): 
Asunto: Terminación del mandato de la SFOR y desarrollo del proceso de paz en Bosnia 
De cara a la terminación del mandato de la SFOR en junio de 1998, ¿cómo se plantea el Consejo el desarrollo del proceso de paz en Bosnia? 
(EN) El proceso de paz ha logrado importantes avances desde que se firmó el acuerdo de Dayton hace dos años. 
En particular se han aplicado muchas de las disposiciones militares de Dayton. 
En el año entrante se prestará cada vez más atención a la aplicación civil, pero es evidente que seguirá siendo necesario mantener la seguridad y la estabilidad. 
El Consejo de Aplicación de la Paz, en el que participan activamente la Unión Europea y los Estados miembros, consideró, en la Conferencia de Bonn, celebrada los días 9 y 10 de diciembre, indispensable una presencia militar continua para ello y acogió con beneplácito los planes de la OTAN de que la SFOR sea substituida por una fuerza multinacional a partir de junio de 1998. 
La Unión Europea ha expresado con claridad su apoyo al Alto Representante en la aplicación de las conclusiones del Consejo de Aplicación de la Paz de Bonn. 
(EN) Deseo comenzar dando una cálida acogida al Sr. Henderson como Presidente en ejercicio para deleite de los participantes en el turno de preguntas del Parlamento Europeo. 
Quisiera formularle tres cuestiones rápidas. 
En primer lugar, ¿existe alguna indicación de si mantendrán los americanos fuerzas en Bosnia y, en caso positivo, si estarán estacionadas en Bosnia o al otro lado del horizonte, en Hungría? 
En segundo lugar, ¿acaso no es hora ya de que la retórica europea sobre la identidad europea en materia de defensa tenga alguna realidad y que nosotros mismos empecemos a asumir más cometidos en el proceso de paz de Bosnia a largo plazo? 
En tercer lugar, ¿conviene en que, a no ser que logremos que los aspectos civiles de Dayton funcionen, acabará convirtiéndose en otro Chipre, donde tenemos una presencia militar permanente en un país dividido? 
Agradezco encarecidamente a Su Señoría sus amables observaciones y su pregunta. 
He de decirle que el Gobierno americano aún no ha adoptado una decisión, si bien está examinando ese asunto. 
Varios Estados miembros han hecho declaraciones a ese respecto y en próximos días de esta semana se celebrarán en Washington reuniones entre la Presidencia y el Gobierno de los Estados Unidos. 
Estoy seguro de que éste será uno de los temas que se examinarán. 
Convengo en que es importante que se desempeñen más cometidos y de eso es de lo que la Presidencia espera ocuparse en los seis próximos meses como prioridad importante de la política exterior. 
En cuanto al largo plazo, Su Señoría tiene toda la razón al decir que es muy importante que- dicho sea en términos coloquiales- «no se nos vaya de las manos» la situación en términos políticos, diplomáticos y militares. 
Reviste importancia decisiva que sigamos logrando avances, si bien a veces lentos, para que quienes se encuentran en esa situación sobre el terreno, en particular la población civil, vean que el fin está a la vista y sigan prestando apoyo al proceso de paz. 
Es de esperar que haya resultados- si no a corto, a medio plazo- y no se deteriore y se convierta en una de esas situaciones internacionales que, en lugar de resolverse, se prolongan durante muchos años y en las que resulta muy difícil lograr avances. 
Señor Presidente del Consejo, la duración del mandato de la SFOR depende naturalmente también de la evolución interna en Bosnia-Herzegovina. 
Me voy a referir a dos puntos. 
El primero es la cuestión del retorno de los expulsados. 
En todos los lugares hay problemas, en los tres Estados, pero fundamentalmente en la República de Srpska, donde hasta ahora no se ha producido ningún retorno. 
Quiero preguntarle si al menos no se ha podido acordar con la Sra. Plavsic que en el área de Banja Luka se establezcan por fin las circunstancias para el retorno de refugiados. 
El obispo de Banja Luka estuvo hace poco en Estrasburgo y nos ha planteado exactamente esta exigencia. 
El segundo punto se refiere a la cuestión de los criminales de guerra, sobre todo, el Sr. Karadzic, pero también otros. 
Hay que lograr aquí un avance pues mientras no se aclaren estos dos puntos no podrá finalizar el mandato de la SFOR. 
El autor de la pregunta plantea la importantísima cuestión de que un elemento fundamental del proceso de Dayton es el de que haya regresos de refugiados. 
La Presidencia ejercerá toda la influencia que pueda para instar a los interesados a que sigan esa vía. 
(EN) Como complemento de la pregunta del Sr. Titley al Presidente en ejercicio, acojo con beneplácito la confirmación del Sr. Henderson de que la cuestión de la participación de los Estados Unidos en Bosnia-Herzegovina figurará en el orden del día de la reunión ministerial UN-EE.UU. que se celebrará en Washington. 
Quiero plantear otra cuestión. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio indicar la prioridad que concede a la mejora de la entrega de la ayuda de la UN a Bosnia-Herzegovina? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
Quisiera simplemente que quedara claro que el asunto a que me he referido no era un punto del orden del día oficial de la visita de la Presidencia. 
Sin embargo, es algo que varios Estados miembros han tratado en diversas ocasiones y está constantemente en examen. 
La cuestión de la ayuda es importante. 
Una vez más, espero poder tranquilizar a Su Señoría en el sentido de que haremos lo que podamos durante la Presidencia para intentar dar vía libre a la entrega a sus beneficiarios de la ayuda que allí se encuentra. 
De lo que se trata es de aclarar lo más rápidamente posible con quienes se encuentran sobre el terreno qué será de dicha ayuda: si se va a utilizar para los fines para los que se concibió y si existen estructuras que velen por que así sea. 
Es de esperar que no se tarde en dar garantías y que se puedan confirmar. 
Entonces espero que sea posible hacer antes la donación de la ayuda. 
Pregunta nº 6 formulada por Bernd Posselt (H-0951/97): 
Asunto: Derechos humanos en Cuba 
¿Cómo valora el Consejo, a la luz de su dictamen crítico de diciembre de 1997, la situación política en Cuba y, más concretamente, la situación de los derechos humanos, incluida la cuestión de la libertad de conciencia y de religión? 
¿Cuál es, en este contexto, la posición del Consejo acerca de una adhesión de Cuba al Convenio de Lomé? 
(EN) En la segunda evaluación de su posición común sobre Cuba de diciembre de 1997, el Consejo concluyó que no había habido cambio substancial alguno en la situación política y económica de Cuba en los seis meses transcurridos desde la última evaluación. 
El Consejo reiteró que el objetivo de la Unión Europea para con Cuba sigue siendo el de alentar un proceso de transición pacífica a la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la recuperación económica sostenible y la mejora del nivel de vida del pueblo cubano. 
La Constitución cubana no garantiza expresamente a los ciudadanos la libertad de conciencia y de religión, por lo que las autoridades cubanas la aplican atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. 
Cuba no ha solicitado su adhesión al grupo ACP. 
El Consejo no ha examinado la posibilidad de que Cuba se adhiera al Convenio de Lomé. 
La adhesión al Grupo ACP incumbe primordialmente a los propios países ACP. 
Sin embargo, es evidente que, para que se pudiera examinar la posibilidad de que Cuba se adhiriera a ese grupo, ese país tendría que cumplir las disposiciones, firmemente arraigadas, del Convenio de Lomé, entre las que figuran el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley y la democracia. 
Señor Presidente, muchas gracias por su muy precisa información. 
Solamente me quiero referir a dos aspectos complementarios. 
El pasado domingo se celebraron elecciones en Cuba, donde se eligió al Parlamento a 601 de 601 candidatos. Quiero preguntar al Consejo dónde se puede constatar una evolución hacia la democracia. 
La segunda pregunta que quería plantear es la siguiente: creo que la próxima semana va a ir el Papa a Cuba y somos testigos de que se niega la entrada en Cuba a la prensa internacional, es decir, que no se concede la acreditación para Cuba a grandes periódicos para que sigan este acontecimiento. 
Quiero llamar la atención del Consejo al respecto. 
Creo que los diputados al Parlamento pueden emitir los juicios que consideren apropiados sobre Cuba, del mismo modo que puedo hacerlo yo, como individuo. 
Como Presidente en ejercicio, no me parece que tenga información especial alguna que me permita hacer una evaluación diferente. 
Una cosa que vale la pena mencionar es que en cualquier definición de la democracia es evidente que las elecciones desempeñan un papel muy importante. 
Son una condición importante de una democracia, pero no son una condición suficiente. 
En la democracia hay otras condiciones que se deben cumplir: libertad de prensa, respecto de los derechos humanos y otras cuestiones. 
No tenía conocimiento de las circunstancias particulares que se me han señalado en relación con la cobertura informativa de la propuesta visita. 
Lo único que puedo decir es que examinaré lo que ocurra en la realidad, cosa distinta de lo que ahora se indica que podría suceder, y reflexionaré sobre las noticias que reciba al respecto. 
Esas reflexiones ayudarán a la Presidencia a sacar conclusiones sobre la situación actual en Cuba y sobre la actitud que debemos adoptar respecto de los diversos acontecimientos que se producen en ese país. 
(EN) También yo quisiera dar la bienvenida al nuevo Presidente en ejercicio y preguntarle si no conviene conmigo en que el boicoteo comercial de Cuba por los Estados Unidos fortaleció, en realidad, los vínculos entre Cuba y la antigua URSS. 
Al forzar la dependencia económica de ese país, fue en realidad contraproducente desde el punto de vista de la democracia. 
Hay países que se benefician de los acuerdos comerciales con arreglo al Convenio de Lomé que tienen gobiernos muy alejados de la democracia parlamentaria, tal como lo entendemos en Europa. 
No obstante, se les conceden preferencias comerciales. 
No cabe duda de que es más probable que Cuba avance hacia una forma de gobierno más democrático, mediante el fortalecimiento de los vínculos comerciales con países democráticos y el fin de su aislamiento que si se sigue manteniéndolo en la condición de Estado paria. 
Permítaseme agradecer a Su Señoría la pregunta complementaria. 
Desde luego, es cierto que hubo un boicoteo americano y Sus Señorías sacarán sus propias conclusiones sobre sus efectos a lo largo de un largo período. 
Creo que vale la pena señalar que la Unión Europea nunca aprobó dicho boicoteo, sino que prefirió el debate y la persuasión como medios de intentar conseguir un cambio. 
De hecho, sé que hubo muchas visitas a Cuba de los representantes de las naciones que componen la Unión Europea para participar en conversaciones e intentar convencer al Gobierno cubano a fin de que adoptara una opinión diferente sobre diversos asuntos políticos y económicos. 
(EN) Permítaseme que agradezca al Sr. Morris que me conceda este minuto. 
Me gustaría saber si el Presidente en ejercicio convendrá conmigo en que los derechos humanos de los niños cubanos se vieron afectados por ese mismo embargo económico al que se ha referido la Sra. Hardstaff. 
Los niños se han vistos privados de alimentos y medicinas por culpa del embargo de los Estados Unidos. 
¿No cree usted que una importante contribución al aumento del nivel de vida del pueblo cubano sería el levantamiento inmediato del embargo americano? 
Es contrario a todos los tratados internacionales, a todo el Derecho internacional y, de hecho, ha sido condenado, como la ley Helms-Burton, por la Unión Europea. 
Sepa el Sr. Posselt que puede leer todo lo relativo a la visita del Papa a Cuba en The Morning Star. 
Pregunta nº 7 formulada por Glenys Kinnock (H-0953/97): 
Asunto: Negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Sudáfrica 
¿Podría confirmar el Presidente en ejercicio si la celebración de negociaciones comerciales de la Unión Europea con Sudáfrica es una prioridad de la Presidencia británica? 
¿Podría adelantar si van a poder resolverse los problemas que existen en relación con los productos agrícolas, los vinos y las bebidas espirituosas y la pesca? 
) La Presidencia quisiera expresar su satisfacción por el gran avance logrado en las negociaciones con Sudáfrica que se celebraron a finales de 1997, cuando Sudáfrica presentó su detallada oferta comercial a la Unión Europea. 
Ahora la Comunidad está preparando una oferta comercial igualmente detallada que presentará a Sudáfrica lo antes posible. 
El Presidente en ejercicio puede confirmar que la conclusión de las negociaciones comerciales con Sudáfrica es una prioridad para la Presidencia del Reino Unido. 
La Presidencia conoce la susceptibilidad de algunos Estados miembros respecto de algunos productos. 
Naturalmente, habrá que tener en cuenta esas susceptibilidades y los intereses de la Comunidad en otros sectores al negociar con Sudáfrica. 
La Presidencia procurará obtener resultados satisfactorios respecto de todas esas cuestiones. 
(EN) Una vez más, bienvenida sea la Presidencia en ejercicio laborista británica. 
Quisiera abundar en lo que ha dicho usted sobre los productos polémicos incluidos en esas negociaciones y preguntar si podría la Presidencia examinar la posibilidad de formular protocolos aparte sobre esos productos a fin de lograr algunos avances en las negociaciones, en particular en relación con los vinos y los licores y, naturalmente, la perspectiva de un acuerdo sobre pesca. 
¿No sería más sensato en este momento, anticipando el resultado positivo, como hace usted, de las negociaciones, formular inmediatamente una invitación al Presidente Nelson Mandela para que asista a la Cumbre de Cardiff a poner su firma en los acuerdos que se alcanzarán, según esperamos, y, naturalmente, ofrecerle la primera oportunidad de venir a probar las delicias que Gales, en particular, puede ofrecer? 
) Agradezco a Su Señoría sus amables observaciones y su pregunta. 
También yo creo que es muy importante que se logren avances para intentar llegar a un acuerdo con Sudáfrica durante la Presidencia británica y ésa es una de nuestras máximas prioridades en ese sector. 
Deseo decir que no excluyo forma alguna de abordar las diversas cuestiones que tenemos ante nosotros en esas conversaciones. 
No excluyo la posibilidad de formular protocolos aparte, pero, evidentemente, eso es algo que debería examinar la Comisión y estamos esperando con gran expectación las propuestas de la Comisión, que después serán objeto de debate en el Consejo. 
Espero poder garantizar a Su Señoría que deseamos lograr avances lo antes posible. 
En relación con las observaciones de Su Señoría sobre la Cumbre de Cardiff en Gales, sería una idea muy buena que el Presidente Mandela pudiera acudir. 
Faltan cinco meses para la celebración de dicha cumbre, por lo que espero que se pueda dar una respuesta más autorizada a esa pregunta en su momento. 
(EN) Acojo con beneplácito la respuesta, prudentemente optimista, del Presidente en ejercicio a ese respecto. 
Sin embargo, he de decir que en esta Asamblea hemos oído interminables declaraciones de buena voluntad para con Sudáfrica desde el fin del apartheid, pero se ha hecho relativamente poco, en particular en las conversaciones sobre comercio y cooperación. 
En cierto modo, se está acabando el tiempo, porque, después de la Presidencia británica, otros acontecimientos- renegociación de Lomé, ampliación y demás- se agolparán rápidamente en el orden del día. 
De modo que, para que se llegue a un acuerdo, resulta absolutamente decisivo que así sea durante la Presidencia británica. 
Hasta ahora el problema se ha planteado en el Consejo, no en la Comisión, y, desde luego, no en el Parlamento, y, si el Gobierno sudafricano vuelve a dirigirse al Consejo con el deseo de renegociar un mandato, la Presidencia británica deberá concederle la máxima prioridad para poder lograr el asentimiento de los Estados miembros más reacios. 
De modo que espero que se tenga en cuenta que podría haber un mandato renegociado y que la Presidencia británica le conceda la máxima prioridad, en caso necesario. 
) Gracias por la pregunta complementaria. 
Creo que se centra en un aspecto muy importante. 
En los cinco próximos meses existe la oportunidad de intentar concertar un acuerdo. 
Después de ese período, habrá muchos otros asuntos que aparecerán en nuestros órdenes del día. 
Yo mismo me he sentido tranquilizado por las declaraciones de los negociadores de ambas partes, según las cuales se podría llegar a un acuerdo a mediados de 1998. 
Eso me infunde optimismo y puedo asegurar a Su Señoría que haremos todos los esfuerzos posibles durante nuestra Presidencia para hacer que la Unión nos acompañe en el intento de buscar un pronto acuerdo para que todo el mundo pueda beneficiase de él, en particular, quienes más lo necesitan en los sectores más pobres de la Comunidad y de Sudáfrica. 
(EN) Doy la bienvenida al Presidente en ejercicio. 
Para el acuerdo comercial con Sudáfrica, ésa es una buena noticia, evidentemente, pero he de plantear dos posibles problemas sobre uno de los asuntos polémicos o difíciles a los que se han referido la Sra. Kinnock y él. 
En primer lugar, la pesca sudafricana. 
En varias ocasiones me he reunido con el embajador y los Ministros de Pesca de Sudáfrica y espero que me asegure que la comisión no presionará para que los sudafricanos abran sus aguas a las flotas de la Unión Europea antes de que lo deseen o así lo decidan. 
Espero que se respete eso. 
La pesca es un asunto extraordinariamente difícil. 
En segundo lugar, está el problema de Sudáfrica en la región. 
Evidentemente, es la fuerza política y económica dominante en el África meridional y me preocupan las consecuencias de un acuerdo- espero que se tenga bien presente- en los Estados vecinos, en particular Namibia y su industria pesquera. 
Pregunta nº 8 formulada por Nikolaos Papakyriazis (H-0954/97): 
Asunto: Premio Sajarov en el Parlamento Europeo- Encarcelamiento de Leyla Zana en Turquía 
El miércoles 17 de diciembre tuvo lugar en el Parlamento Europeo el acto de entrega del premio Sajarov 1997 a la periodista argelina Salima Ghezali por su lucha en favor de los derechos humanos y por la solución pacífica del conflicto argelino. 
En 1995 se distinguió con el premio Sajarov a Leyla Zana, la diputada al Parlamento turco de origen kurdo, por su lucha implacable, por la que fue duramente inculpada y encarcelada por el Gobierno turco. 
Actualmente, dos años después, Leyla Zana sigue encarcelada en Turquía, a pesar de haber sido mostrada ante el mundo como símbolo de la mujer que lucha pacíficamente por la supervivencia de un pueblo que sigue encontrándose bajo la opresión y sangrienta represión de Turquía. 
Ahora que Turquía intenta el acercamiento a la Unión Europea y se plantea la cuestión de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía, el símbolo de Leyla Zana adquiere una fuerte relevancia. 
Para la Unión Europea, constituye siempre una condición previa e indispensable el respeto de los derechos humanos, del Derecho internacional y de la democracia. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para exigir al Gobierno turco que respete sus obligaciones esenciales y proceda a la excarcelación inmediata de la diputada Leyla Zana? 
) El Consejo Europeo que se reunió en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 subrayó la necesidad de que el Gobierno turco cumpla con sus obligaciones fundamentales en la esfera de los derechos humanos y la democracia. 
Recordó, en consonancia con la posición del Consejo expresada el 29 de abril de 1997 en el Consejo de Asociación con Turquía, que el fortalecimiento de los vínculos de Turquía con la Unión Europea dependía también de la realización por parte de ese país de reformas políticas, incluido el alineamiento de sus normas y métodos en materia de derechos humanos con los de la Unión Europea, así como el respeto y la protección de las minorías. 
El Consejo lamenta la posición del Gobierno turco sobre el caso de la Sra. Leyla Zana y puede asegurar a Su Señoría que la situación de los derechos humanos y la democracia, incluidos los derechos de los miembros de la población kurda de Turquía, seguirá ocupando un lugar prominente en su orden del día. 
Esas cuestiones siempre están presentes en nuestras relaciones con las autoridades turcas. 
Señor Presidente en funciones del Consejo, aprovecho esta oportunidad para felicitar a través de usted al gobierno laborista británico encargado de la presidencia, así como al Sr. Cook, por la reciente presentación del programa de la presidencia británica; un programa creativo, dinámico y muy ambicioso. 
Le agradezco su respuesta a mi pregunta. 
La considero muy completa y satisfactoria, en la medida en que concierne a las autoridades generales. 
Pero mi pregunta se refiere en concreto a la excarcelación de Leyla Zana, nuestra colega diputada, que recibió el gran premio Sajarov del Parlamento Europeo por su lucha en favor de la democracia. 
Comprendo, señor Presidente en funciones, que catorce días después del inicio de su mandato no puede tener una postura ni una opinión " personal» sobre este asunto. 
Pero formulo la pregunta debido a la urgencia del excarcelamiento inmediato de Leyla Zana y espero que hoy, o en un futuro próximo, obtenga una respuesta precisa de la presidencia. 
) Agradezco al Sr. Papakyriazis sus amables observaciones sobre mi respuesta. 
La verdad es que tengo muy poco más que añadir, excepto decir que la Presidencia seguirá vigorosamente la vía que he esbozado en mi respuesta original. 
(EN) Si bien agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta, que ha sido muy válida, le ruego que tenga presente que, cuando examinamos en esta Asamblea la Unión Aduanera con Turquía, se nos dio a entender a muchos de nosotros que, si se aprobaba, Leyla Zana y otros presos serían liberados automáticamente en su momento. 
Sencillamente, no ha sido así. 
En este momento no es sólo Leyla Zana, aun siendo importante, sino que hay muchos otros presos kurdos que se encuentran en una situación semejante. 
¿Trasmitirá con claridad el Presidente en ejercicio a las autoridades turcas que, mientras no haya novedades respecto de esta y otras cuestiones, será completamente imposible que logremos mejora alguna en la relación entre Turquía y la Unión Europea, que todos nosotros desearíamos ver mejorar en gran medida? 
) Espero poder transmitir a su Señoría la seguridad de que la cuestión de los derechos humanos es una parte muy importante de nuestra política exterior presidencial. 
Hay situaciones que se han examinado en el pasado respecto de las cuales se han ofrecido compromisos. 
Nosotros seguiremos vigorosamente por la vía que he indicado en mi respuesta a la pregunta original. 
Yo, como Su Señoría y otros, espero que tengamos éxito. 
Una mejora en la situación en materia de derechos humanos de Turquía es una parte muy importante del diálogo permanente con el Gobierno y el pueblo turcos. 
Agradezco las respuestas que hemos recibido hasta el momento respecto de este asunto. 
Creo que la Presidencia inglesa podría hacer grandes cosas durante estos seis meses. 
Una de ellas es el asunto de los derechos humanos y los kurdos encarcelados, incluida Leyla Zana. 
Sin embargo, me pareció que en el discurso de apertura del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores esta mañana, se dijo muy poco sobre Turquía. 
Sin embargo, se dijo mucho sobre Chipre. 
Tengo una pregunta complementaria que quizá no pueda ser contestada directamente, lo cual comprendo. 
¿Podrían ustedes como representantes de la UE durante seis meses proponer que se enviase a Turquía a una delegación de la UE, OSCE o NU para investigar lo que allí ocurre y crear buenas relaciones con ese país? 
Es una pregunta clara que me gustaría que se me respondiera. 
) Como he dicho a otros diputados, ésta es una importante prioridad de la Presidencia. 
Está vinculada a otros importantes asuntos de política exterior que se examinarán durante nuestra Presidencia. 
Constituye una prioridad de nuestra Presidencia intentar lograr avances. 
No me hago ilusiones sobre las dificultades que entrañan algunas de esas cuestiones, pero espero poder tranquilizar a su Señoría diciéndole que estamos decididos a intentar lograr avances. 
Personalmente, he participado muy estrechamente a ese respecto, he visitado Turquía muy recientemente, sigo atentamente lo que sucede para ver cuál es la situación y en muchas ocasiones he expuesto, en nombre de Gran Bretaña, al Gobierno turco los cambios que yo y otros deseamos que se lleven a cabo. 
Espero seguir durante la Presidencia exponiendo opiniones semejantes al Gobierno turco con la esperanza de que reconozca que tiene que haber cambios y que, cuando se produzcan, redundarán en beneficio no sólo de los que sufren las consecuencias de una falta de respeto de los derechos humanos- y que, en algunos casos, están encarcelados -, sino también potencialmente de Turquía y del pueblo turco, que trabarán, así, vínculos más fuertes y más eficaces con la Unión Europea. 
Pregunta nº 9 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0955/97): 
Asunto: Convenio Eurodac 
El Consejo de Ministros deberá adoptar una decisión sobre el funcionamiento de Eurodac, el sistema común de la UE para el control de la identificación dactiloscópica de los solicitantes de asilo. 
¿De qué manera podrá corregir un solicitante de asilo registrado en este sistema los datos erróneos sobre su persona que figuren en el mismo? 
Una vez que se le haya concedido el permiso de residencia en un Estado miembro a un solicitante de asilo, ¿desaparecerán automáticamente sus datos del registro? 
Habida cuenta de que los Estados miembros están obligados a comunicar sus datos al registro, ¿implica esta circunstancia que, en casos extremos, se recurrirá a la fuerza para llevar a cabo la identificación dactiloscópica? 
) Respecto del proyecto de Convenio Eurodac, en primer lugar quisiera subrayar que el Consejo presentó este texto al Parlamento Europeo el 6 de octubre de 1997 para que emitiera su dictamen. 
Actualmente están en marcha los debates del Consejo y en este momento resulta difícil predecir qué dirección seguirán. 
Más difícil aún resulta decir cuándo podrán llegar a concluir. 
Sin embargo, en este momento dos cosas son seguras. 
En primer lugar, cualquier toma de impresiones dactilares sólo se puede hacer en cumplimiento pleno y completo de la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
En segundo lugar, el Consejo espera con interés el dictamen del Parlamento Europeo sobre este proyecto de Convenio, que se le transmitió hace algo más de dos meses. 
De hecho, el Consejo aún no ha llegado a un acuerdo sobre la totalidad del texto y se propone continuar sus debates a la luz del dictamen del Parlamento Europeo. 
Agradezco al Consejo de Ministros por la respuesta. 
Entiendo que no se pueden dar todas las respuestas hoy. 
Sin embargo, opino que es importante debatir esto ahora, ya que sería demasiado tarde hacerlo después que se haya tomado la decisión. 
En la propuesta de resolución que se presentó al Consejo de Ministros en la reunión de diciembre hay una reserva inglesa y una alemana, precisamente en lo concerniente a la posibilidad de eliminar los datos personales de los refugiados que han obtenido permisos de residencia. 
Opino que esto es esencial para que no se registre a personas que residen legalmente en un país. 
Me pregunto si ustedes llegaron a alguna conclusión en este punto en la reunión del Consejo de Ministros de diciembre. 
Otra cosa que me gustaría resaltar son las experiencias del Tratado de Schengen, que tiene una estructura semejante a la de Eurodac. 
Allí se puede ver que los derechos de los refugiados están muy poco protegidos; no se les informa cuando solicitan asilo y, en la práctica, tienen muchas dificultades para recurrir las resoluciones. 
¿Cómo se puede evitar que se produzca en Eurodac el mismo desamparo legal que hoy existe en Schengen Information System? 
Además, opino que es absurdo tomar las huellas dactilares a todos, de manera sistemática, incluso a niños de 14 años, y que se pueda llegar a usar la fuerza para conseguirlo. 
No se trata de criminales sino que de refugiados, es decir, de personas que buscan protección. 
Debo remitir a Su Señoría a mi respuesta original. 
En el Consejo de diciembre, se llegó al acuerdo de congelar el texto de varios artículos. 
Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el resto. 
De forma que puedo decir que esos asuntos están esencialmente en estudio. 
Puedo comprometerme firmemente ante Su Señoría en el sentido de que el Consejo respeta el derecho de los refugiados. 
Eso ha quedado claro en muchas ocasiones. 
Espero haberlo dejado claro en mi intervención anterior de hoy tras el debate relativo a la cuestión kurda. 
Si bien la Unión, junto con los Estados miembros tiene, por una parte, que adoptar medidas para proteger las fronteras y velar por que haya una regulación de la emigración, igualmente importante es que la Unión respete los principios que figuran en la Convención sobre los Refugiados y que los Estados miembros respeten también dichos principios. 
Espero que, cuando alguien se presente en un Estado de la Unión Europea y diga que podría sufrir persecución y aduzca razones convincentes para pedir asilo político, se le brinden todas las oportunidades de ser oído y, si se comprueba que sus razones son válidas, se le conceda asilo político. 
En los casos en que los refugiados consideren que no se han examinado adecuadamente sus razones, el refugiado o su representante debe poder adoptar medidas en todos los Estados miembros para poder reafirmar los derechos de los refugiados auténticos. 
Así sucede en la legislación de todos nuestros Estados miembros, lo que no quiere decir que en todas las ocasiones se haga todo adecuadamente. 
A veces hay fallos. 
Espero que, en los casos en que haya fallos, puedan los refugiados auténticos recurrir. 
Puedo asegurar a Su Señoría que la Presidencia hará todo lo posible para contribuir al respeto de esos importantes principios. 
Me sumo al recibimiento dado a la Presidencia británica y he de decir que me resulta muy agradable que un Ministro laborista británico esté respondiendo a las preguntas, cosa que he estado esperando con paciencia- o impaciencia- durante 14 años. 
La cuestión del Convenio Eurodac pone de relieve que a veces las preocupaciones legítimas y la seguridad nacional pueden entrar en conflicto con los derechos humanos y las libertades públicas. 
Mañana el Parlamento debatirá un informe sobre el Convenio Eurodac y posteriormente votará sobre él. 
Quisiera referirme a la cuestión de por cuánto tiempo se mantendrán las impresiones dactilares. 
Remito a una información que he recibido del Ministerio de Interior de Gran Bretaña. 
Dice que, en el plano interior, el Reino Unido actualmente borra las impresiones dactilares de aquellos a quienes se ha concedido asilo sólo cuando han obtenido el permiso indefinido para permanecer en el país. 
Quisiera preguntar si la Presidencia aceptará otra prórroga una vez transcurrido el período establecido actualmente en Gran Bretaña. 
) Esta cuestión se plantea en muchos Estados miembros. 
Lo único que puedo decir al Sr. Elliott esta tarde es que la Presidencia no tiene competencia para hacer lo que propone. 
Para ello haría falta un consenso entre los Estados miembros en el Consejo y en otros foros. 
Lo único que puedo hacer es animar al Sr. Elliott a que defienda esa importante y válida causa en todas las oportunidades posibles para recordar constantemente a quienes adoptan las decisiones sobre esos asuntos la importancia de esas consideraciones. 
Eso tendría relación concreta con la pregunta de por cuánto tiempo se mantienen esos archivos. 
Pregunta nº 10 formulada por Gérard Caudron (H-0956/97): 
Asunto: Pago atrasado de la deuda comercial 
El pago atrasado de la deuda comercial constituye un obstáculo desmesurado para las PYME que participan en el mercado único. 
¿Qué piensa hacer el Consejo en este ámbito de tanta importancia? 
Como puede que sepa Su Señoría, la Comisión publicó una Recomendación el 12 de mayo de 1995 sobre el pago atrasado de la deuda comercial, Doc. 95/198/CE, y publicó una Comunicación sobre esa cuestión el 17 de julio de 1997. 
La Comisión ha anunciado también que en el próximo futuro transmitirá al Consejo una propuesta de directiva sobre el pago atrasado. 
El Consejo iniciará el examen de dicha propuesta en cuanto la reciba. 
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente del Consejo por su respuesta, pero puede imaginar que tenía conocimiento tanto de la existencia de esta recomendación, que data de hace algo más de dos años, como de la existencia de la comunicación, que data de hace seis meses. 
Ahora bien, ocurre que a pesar de estos dos textos hoy no ha cambiado nada y que los plazos de pago siguen siendo extremadamente heterogéneos, ya que varían de 19 a 75 días, con retrasos suplementarios de 6 a 41 días. 
Por tanto, espero de la Presidencia un calendario y unos compromisos firmes, ya que existen distorsiones de competencia, incluso a veces mecanismos de preferencia nacional, que son totalmente contrarios al mercado único. 
Permítaseme decir a Su Señoría que entiendo sus preocupaciones. 
Las expresan muchos en toda la Unión Europea. 
Con frecuencia y siempre existe un debate en los Estados miembros sobre las medidas que se pueden adoptar a ese respecto, en particular en el sector de las pequeñas empresas. 
En algunos casos es evidente que puede ser apropiado adoptar medidas en el nivel de los Estados miembros, pero, cuando se trata de contratos internacionales, se debe examinar muy detenidamente para ver si podemos acordar el marco y los reglamentos concretos que podrían ayudar a esas pequeñas empresas a hacer sus gestiones transfronterizas dentro de nuestra Unión. 
Estoy de acuerdo en gran medida con la observación que ha hecho Su Señoría y, como él, espero con interés la propuesta de la Comisión. 
Espero poder tranquilizarlo en el sentido de que, cuando la Presidencia la reciba, la examinará con carácter de urgencia. 
Quisiera preguntar si sabe el Presidente en ejercicio que el Foro de la Empresa Privada británico, pero radicado en Cheshire, calcula que las pequeñas empresas se ven privadas de 20.000 millones de libras esterlinas por el problema de los pagos atrasados, fondos que, de lo contrario, se podrían utilizar para desarrollar las empresas y, por tanto, crear puestos de trabajo. 
Si así es en el Reino Unido, imagínese la situación en toda la Unión Europea. 
Quisiera saber qué otras medidas propone, en concertación con su colega la Sra. Barbara Roche y el Comisario Papoutsis, para velar por que se realice apropiadamente el Mercado Único. 
) Quisiera decir a Su Señoría que no conocía esa estadística del Foro de la Pequeña Empresa de Cheshire, si bien conocía la tendencia general en ese importante sector de la Unión Europea. 
Lo único que le pudo decir es que hay ciudadanos en mi circunscripción de Newcastle-upon-Tyne- otro importante sector de la Comunidad Europea- que también se quejan enérgicamente al respecto. 
Sé que no se trata de un asunto que afecte sólo a una región o un país, es algo que afecta a las empresas de toda nuestra Unión. 
Por eso espero con interés que la Comisión presente reglamentos que determinen claramente si es conveniente que exista un cometido en el nivel de la Unión Europea y tal vez, respecto de algunas cuestiones, sea mejor dejar que se encarguen de dicho cometido los Estados-nación. 
Es importante que procuremos encontrar una fórmula cuya eficacia reconozcan los pequeños empresarios de toda la Unión Europea para que puedan gestionar sus empresas con mayor eficacia. 
Naturalmente, resulta de importancia decisiva para la creación de empleo en toda nuestra Unión. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 11 a 43 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Deslocalizaciones e inversiones en los terceros países 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0392/97) del Sr. Sainjon, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas extranjeras en los terceros países. 
Señor Presidente, como sabe usted, el informe sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas ha vuelto el pasado mes de diciembre a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que ha aprobado de nuevo, por una amplia mayoría, su filosofía general. 
Este informe intenta tener en cuenta el entorno en el que vivimos y tiene claramente visión de futuro. 
Estemos de acuerdo o no, para abordar el problema de las deslocalizaciones no podemos hacer abstracción, por ejemplo, de los acuerdos de la Ronda Uruguay, de la globalización, de la puesta en marcha del euro y de la revolución tecnológica que estamos viviendo. 
No podemos tampoco subestimar las fluctuaciones del dólar y sus consecuencias. 
La llegada del euro será, pues, un factor de estabilidad monetaria y contribuirá a evitar devaluaciones competitivas, por tanto a limitar algunas deslocalizaciones en el marco de la Unión. 
Pero todo el mundo comprende también que la sobrevaloración del euro sólo reforzaría la tendencia ya presente a la deslocalización en países de moneda infravalorada. 
Por consiguiente, creo que, en el marco del Consejo del euro, las autoridades políticas europeas habrán de reflexionar sobre las consecuencias de la fijación de la paridad del eurodólar sobre las deslocalizaciones y las inversiones extranjeras directas. 
Además, se plantea un interrogante relativo a los países que no accedan a la moneda única el 1 de enero de 1999. 
Señor Presidente, verdaderamente, el informe se sitúa en la parte opuesta a las tesis proteccionistas y defiende una idea determinante: la de una mayor lealtad en el marco de la globalización, como respuesta a ciertas deslocalizaciones. 
La conquista de nuevos mercados es un imperativo para las empresas, y son necesarias inversiones para acompañar esta estrategia. 
Por consiguiente, la Comisión ha de continuar detectando los obstáculos de todo tipo que impiden a las empresas europeas adoptar esta política. 
La base de datos puesta en marcha con este fin está teniendo un gran éxito. 
Por tanto, no se trata de rechazar las deslocalizaciones que yo llamaré ofensivas. 
Por el contrario, se trata de ver cómo podrían evitarse algunas deslocalizaciones salvajes que no tienen por objeto conquistar un mercado sino recurrir a la subcontratación, lo que lleva con mucha frecuencia a una mayor explotación del trabajo humano y a una destrucción masiva de empleos en Europa. 
La lealtad debería, por tanto, ser la regla para todos, comenzando por la Unión Europea. 
Esta lealtad ha de ejercerse con respecto a los asalariados europeos, que tienen derecho a una mejor información, sobre todo antes de cualquier decisión de deslocalización o de cierre de emplazamiento, de ahí la revisión solicitada de la Directiva 94/45 C. La lealtad ha de practicarse igualmente con respecto a la Unión Europea por las empresas que, cuando reciban ayudas comunitarias o nacionales, no han de tener la posibilidad de ocasionar deslocalizaciones unos meses más tarde. 
En este sentido, nuestras propuestas tienen por objeto que todos vayamos en la misma vía en el reglamento de los fondos estructurales relativo al fraude, para instituir la obligación de un reembolso de las ayudas en caso de una salida prematura de la empresa. 
Finalmente, ha de reinar la lealtad entre los grandes distribuidores europeos, los fabricantes y los subcontratistas, mediante un contrato de confianza que estimule un mejor intercambio de información y por consiguiente una mayor fidelización. 
Con ello esperamos limitar las presiones ejercidas por algunos distribuidores a favor de la deslocalización. 
Las multinacionales europeas que se implanten en el exterior han de ser verdaderos vectores de desarrollo social. 
Por consiguiente, proponemos la instauración de un código de buena conducta basado en el respeto por los convenios de la OIT relativos a la lucha contra el trabajo forzado y a la promoción de la libertad sindical. 
Este código no estaría provisto de sanciones, pero una empresa que se comprometiera a respetarlo podría ver su nombre publicado en el Diario Oficial de las Comunidades o en Internet. 
Hoy, sabemos todos que el poder de la información es tal que permite hacer presión sobre las multinacionales. 
Por otra parte, en un momento en el que la administración de los Estados Unidos se esfuerza por desarrollar un código de buena conducta de las sociedades americanas, ¿no le conviene a la Unión Europea, cuna de los derechos del hombre, ser muy ofensiva en este campo? 
Es evidente que, incluso reduciendo al máximo las cargas, nunca podrá reducirse el salario de un trabajador europeo al nivel del de un trabajador chino. 
Las cargas, evidentemente, son demasiado elevadas en nuestros países pero, repito, no es en el ámbito de los costes de la mano de obra donde residen las ventajas de la Unión: las ventajas de Europa se basan principalmente en la tecnología y en la formación. 
Al lanzar una gran política europea en estos dos ámbitos, la Unión podrá no solamente evitar algunas deslocalizaciones sino, mejor aún, contribuir a las relocalizaciones, es decir, a una vuelta a Europa. 
Cuento además con las decisiones tomadas en la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo para dar un nuevo impulso a esta política. 
Por otra parte, solicitamos igualmente la instauración de un código de buena conducta en materia fiscal. 
Es seguro que la supresión de ventajas fiscales sería una solución frente a las deslocalizaciones salvajes, pero eso sería largo y difícil. 
En cuanto a la armonización social, la carta social constituye, al igual que el protocolo social integrado en el Tratado, una buena base para una nueva apertura de la Europa Social. 
Pero queda aún mucho camino por recorrer para llegar a una armonización de los sistemas de jubilación y de protección social, único medio eficaz para evitar algunas deslocalizaciones. 
Esto es, señor Presidente, lo que deseaba decir esta noche. 
Señor Presidente, el ponente ha resaltado acertadamente en su ponencia las problemáticas relaciones que pueden darse entre las inversiones directas en el extranjero y las deslocalizaciones de empresas. 
También ha situado en un amplio contexto los mismos temas que un día tras otro se discutieron en el Parlamento Europeo al tratar temas pertenecientes al ámbito del comercio mundial de bienes y servicios. 
No podemos llegar, por un lado, a una liberalización, a una globalización, a un aprovechamiento de todas las oportunidades de los medios de transporte modernos y de las tecnologías de la información, si, por el, no abordamos también la tarea de crear una regulación. 
Esto vale tanto a nivel del mercado interior europeo, para el comercio, tan importante para todos nosotros, como también para el mercado mundial. 
Pienso que la interdependencia entre el comercio y las inversiones directas justamente bajo los auspicios de la globalización será cada vez más estrecha, porque los agentes económicos de hoy tienen la oportunidad de actuar globalmente, independientemente por completo del hecho de que sean multinacionales, grandes, pequeños o medianos empresarios. 
Quiero hacer hincapié en que las inversiones directas la cosa es distinta que en el caso de la exportación pura y simple o de la concesión de encargos, pues ahí los agentes económicos se comprometen a largo plazo. 
Por ello, las inversiones directas han de ser estudiadas más detenidamente en relación a sus efectos posteriores que los problemas que dependen del comercio. 
A ello se suma la cuestión de los flujos de inversión que pueden tener un efecto contrario para el crecimiento y el empleo. 
Afortunadamente, podemos decir que en el mundo de hoy la globalización no está tan avanzada como para que nosotros por nuestra cuenta podamos constatar realmente un balance de inversiones desequilibrado. 
Precisamente en la Unión Europea podemos constatar todavía que somos una zona atractiva para invertir, que ganará aún más con la introducción del Euro y con el mercado interior asentado del todo. 
Visto así se trata seguramente de una cuestión que incidirá en Europa primeramente en sectores y ramas muy concretos o incluso en empresas individuales, afectándoles en el empleo o en su actividad económica. 
El tema, sin embargo, es hasta qué punto hemos de actuar aún más. 
Acertadamente, el ponente no ha resaltado sólo que hay una necesidad de regulación, que hemos de añadir cláusulas de carácter social y medioambiental y más justicia en la competitividad, sino que hay que culminar la integración global de la economía, el comercio y las inversiones, así como crear puestos de trabajo, que son el material detonante, mediante una regulación de las relaciones con empresas privadas. 
No necesitamos sólo un ordenamiento internacional de la competencia, sino que hemos de tener también un código de conducta debido al crecimiento de la producción extranjera y de la internacionalización y globalización. 
Finalmente, de las grandes corporaciones que actúan en el mundo han surgido monopolios que controlan no sólo un tercio del producto social mundial, sino que las cien corporaciones más grandes ocupan al 16 % de la fuerza de trabajo. 
Considero importante, por tanto, que no dejemos que el debate se vaya por derroteros tales como las limitaciones privadas a la competitividad o los monopolios, sino que nos centremos en conseguir que la creación de valor económico en todo el mundo y los avances en el bienestar no sean distribuidos unilateralmente, creando un código de conducta y regulaciones no sólo a nivel de la OCDE, sino también de la OMC. 
Pienso que el informe Sainjon posee perspectiva y mira al futuro, porque los problemas de empleo y de adaptación de los países industrializados aparecen articulados claramente, reciben una respuesta, y porque no se habla en nombre de un nuevo proteccionismo sino que, al contrario, se aboga por una apertura amplia al mercado y por una regulación internacional. 
Por todo ello, este informe debe ser respaldado sin más, y constituirá un modelo de cara a sucesivos pasos a nivel europeo e internacional que necesariamente se darán por parte de la Comisión y del Consejo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, las deslocalizaciones de empresas son instrumentos empresariales que atienden a determinadas condiciones de enclave dentro de la economía social de mercado; no son algo reprochable en sí mismas. 
Se vuelven problemáticas cuando las condiciones del nuevo enclave contravienen condiciones legales, como por ejemplo en los casos extremos de trabajo infantil o forzoso, o cuando las mujeres son discriminadas profesionalmente en las empresas deslocalizadas o cuando, por ejemplo, hay blanqueo de dinero. 
Las deslocalizaciones pueden ser a veces necesarias para abrir mercados de otros continentes más cerca del consumidor y también para producir más cerca de él. 
La totalidad del enclave europeo, también el de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, incluido mi país, continúa mejorándose y resultará todavía más atractivo con el Euro y con las reformas concretas a corto plazo. 
A medio y largo plazo, los empresarios deberían pensar por su propio beneficio si las deslocalizaciones de empresas hacia fuera de Europa son medios adecuados para abastecer al mercado europeo desde una cierta distancia geográfica. 
Hay muchas razones- también logísticas- contra un comportamiento semejante. 
Algunos empresarios han sacado sus consecuencias y comienzan ahora a trasladar parte de sus empresas desde Asia de vuelta hacia Europa. 
Estamos por tanto por un análisis económico-mercantil diferenciado de los muy diversos factores responsables de deslocalizaciones y actividades productivas, y también contra decisiones intervencionistas que sean gravosas para los empresarios. 
De modo que todas las medidas contra las deslocalizaciones deberían ser examinadas cuidadosamente para evitar al final intervenciones perjudiciales para la economía. 
Determinadas condiciones básicas y un cierto compromiso por parte de la economía respecto a las deslocalizaciones de empresas pueden ser deseables para, según las reglas de la Unión Europea, implantar con sensatez subvenciones garantizadas desde los poderes públicos o para evitar estafas. 
Por ello queremos apoyar expresamente la recomendación a la Comisión Europea en favor de proponer un código de conducta para empresas europeas y multinacionales basado en tales principios económico-mercantiles. 
Después de que el informe original fuese remitido el 6-11-1997 a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, pudimos añadir modificaciones esenciales para nosotros en las constructivas discusiones posteriores que tuvimos con el ponente del informe. 
Muchas gracias Sr. Sainjon por la sensibilidad con que ha acogido nuestras propuestas de modificación y que, en su gran mayoría, ha aceptado. 
Pero debo referirme por otra parte a que usted presentó una propuesta de modificación en el tema del Euro, concretamente la número 22a (nuevo) , cuyo contenido es que las autoridades políticas europeas- sean quienes sean- deberían plantearse en el marco del Consejo Europeo los efectos de la paridad euro/dolar sobre las inversiones directas en el extranjero. 
Según mi opinión, esto es una recomendación que va en la dirección equivocada y que además fue rechazada ayer por el Comisario Silguy en el debate sobre el informe Ruffolo. 
El actual Artículo 111, antes Artículo 109, párrafos 1 y 2 del Tratado del Mercado Común Europeo, no puede ser interpretado en el sentido de una potestad del Consejo Europeo para dirigir la política monetaria, sea cual sea el modo en que se articule, en el ámbito de los tipos de cambio. 
La problemática aludida ahí relativa a un acuerdo formal sobre sistemas de tipos de cambio es completamente distinta y supondría, si se llegase a ello, un nuevo Bretton Woods, pero no estar al cuidado de la cotización del tipo de cambio euro/dolar. 
Para ello nada más que el Banco Central Europeo es competente, en cuya objetividad no debe interferirse. 
El Artículo 109 subraya expresamente que el Banco Central Europeo no recibe indicaciones ni recomendaciones de ningún órgano resolutivo, órgano de otro tipo o institución de la Comunidad, ni de gobiernos de los Estados miembros o de otras instancias. 
Esto es válido también, de acuerdo con lo anterior, para la evolución de los tipos de cambio entre el euro y el dolar, el seguimiento de la cual- si ustedes así lo quieren- incumbe sólo al Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, desearía explicar las razones que me han llevado a pronunciarme en contra del presente informe durante su votación en comisión. 
El Sr. Sainjon habla de la sociedad de la información. 
El ponente se sirve de este término para hacer desaparecer el sistema económico del capitalismo global. 
En el informe se hace referencia a las leyes de la vida económica sin especificar cuáles son éstas en realidad. 
Se olvida que las leyes de la vida económica no son otra cosa que la lógica del capital, es decir, que se debe siempre lograr el mayor beneficio posible. 
El capitalismo es tanto un proceso de valor añadido del capital como el orden de la sociedad que se ha construido en torno a éste. 
La Unión Europea representa el estado actual del capitalismo en Europa. 
El desempleo masivo es parte de este sistema en el que los políticos europeos dan rienda suelta a su capital para despojar y especular. 
Y estamos exportando esta mentalidad a otros países mediante el traslado de empresas y a través de las inversiones directas. 
En el informe se mistifica la lógica del capital, es decir, el afán por lograr un beneficio, a la vez que se consagra el mercado. 
El ponente ha olvidado que, en numerosas ocasiones, la libertad del mercado se presenta en contradicción con la dignidad humana, llegando, incluso, a implicar un «dumping» de esta dignidad. 
Esto explica la deslocalización de las empresas hacia aquellos lugares donde se registra el mejor beneficio posible. 
El último en aprender el carácter unificador y homogeneizador del capitalismo ha sido el continente asiático, donde este sistema ha sido extraño a su propia cultura. 
El capitalismo no es civilización ni humanismo, sino un afán salvaje por lograr beneficios sin reparar en los medios. 
Hagan una reflexión sobre el hecho de que en el mundo circula en la actualidad una cantidad de dinero sesenta veces superior a la que sería suficiente para efectuar los pagos del comercio mundial. 
Las transferencias de las empresas son parte del día a día del capitalismo electrónico, un casino a nivel mundial, en el que la apuesta a menudo no es otra que la dignidad humana de los pobres. 
Señor Presidente, señoras y señores, si por un empresario fuera, ha dicho hace poco un sindicalista, la fábrica textil ideal del año 2000 se hallaría en un barco que siempre arribaría allí donde los salarios fuesen más bajos y donde la protección laboral y los derechos sindicales fuesen mínimos- lo que ha sido constatado ampliamente -, los costes sociales y la seguridad social fuesen mínimos, los beneficios máximos y el mercado prometedor. 
Contra esto último: a nadie es fiel el mercado. 
Es lógico que los empresarios busquen el camino más corto hacia el consumidor, pero no podemos desear de ningún modo que el barco europeo actúe como un pirata global. 
Cualquier mecánico de una empresa automovilística europea tiene derecho a un puesto de trabajo social, limpio y no contaminado, tanto si la fábrica se encuentra en Stuttgart o en la ciudad brasileña de Campinas. 
Tampoco es imaginable que un empleado de una multinacional pueda ser presionado con el argumento de que en otro enclave se podría producir más barato. 
Por ello necesitamos reglas, y por ello hemos organizado una audiencia con la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y presentado hoy el informe para su aprobación en la segunda vuelta. 
Sin duda es lamentable que en la primera votación una serie de diputados se hayan dejado arrastrar por el monstruoso argumento de que en el informe aparece tanto lo social que debe rectificarse en la Comisión. 
Así ocurrió. 
Lo hemos rectificado y, sorprendentemente, se ha puesto de manifiesto que las rectificaciones han tenido en cuenta aún más al ámbito de lo social. 
De esto se ha hablado también. 
Al fin y al cabo, los coches no compran coches. 
Pero permítanme hacer referencia aún a un par de temas. 
Las empresas multinacionales necesitan un código de conducta que cumpla las Convenciones esenciales de la OIT y las directivas de medio ambiente. 
Todos los empresarios que acaten esto deben aparecer con su nombre en el Diario Oficial de la UE. 
Yendo más allá pedimos que los empresarios que no adopten esas reglas de juego sean excluidos de las subvenciones de la UE, por lo que pido la aprobación de nuestra propuesta de enmienda. 
Lo mismo vale para los seguros para créditos a la exportación, pues sólo debería brillar el espíritu empresarial de quien también respeta verdaderamente los derechos humanos. 
Permítanme decir todavía un par de palabras a mi colega Plooij-Van Gorsel. 
Encuentro bastante contraproducente que alguien que ha presentado enmiendas no estuviera presente en la audiencia ni en la votación final del informe para explicarlas. 
¡Así no se puede tratar a nuestra Comisión! 
Puede repasarse esta parte en los Actas literales de las sesiones, pues usted sabe muy bien alemán. 
El informe Sainjon me parece excelente. 
También estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho el Sr. Schwaiger. 
Desde la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aprobamos este informe. 
Señor Presidente, la ida y vuelta del informe Sainjon sin modificación significativa, entre el Pleno y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores vuelve a situarnos ante el planteamiento minimalista del fenómeno de las deslocalizaciones, que ha considerado el ponente y que nosotros habíamos deplorado. 
Este informe se presenta, por otra parte, de manera paradójica ya que tiende, en la exposición de motivos, a minimizar el impacto social y territorial de la práctica de las deslocalizaciones y, en el dispositivo de la resolución, a multiplicar los paliativos diversos, considerando que obstaculizan las consecuencias más graves. 
Este conjunto de medidas que, sin duda, no son interesantes- código de buena conducta, etiquetas socioglobales, contratos de confianza entre fabricantes y distribuidores, dispositivos de lucha contra el trabajo forzado- constituye ante todo el reconocimiento de la amplitud de los efectos perversos del proceso de deslocalización. 
Sin duda, la realidad del fenómeno es difícil de comprender estadísticamente, pero el planteamiento fijado por André Sainjon parece singularmente restrictivo. 
Cuando se contabilizan los empleos destruidos en nuestros países por las deslocalizaciones, es preciso tener en cuenta no sólo los productos reimportados de países con bajos salarios sino también los productos procedentes de países altamente desarrollados, que incorporan una media de un 30 % de componentes fabricados en países de bajos salarios. 
Además, el fenómeno de las deslocalizaciones no puede analizarse de forma aislada de la presión a la baja de los salarios, que estimula, para los empleadores, la decisión del librecambismo sistemático, viéndose las empresas empujadas a paliar, mediante la automatización de la producción, la exposición de los mercados a productos procedentes de países con bajos salarios. 
Es el conjunto de estos costes, por tanto, el que ha de integrarse en el análisis de los efectos sociales de la deslocalización: únicamente entonces podremos tener una visión amplia del fenómeno. 
Las medidas correctoras que propone el Sr. Sainjon no están a la altura de esta amplitud. 
Es una lástima, sobre todo que no haya intentado explorar el campo de las medidas susceptibles de reducir el atractivo de las reimportaciones; ahí se encuentra, sin duda, una de las vías más fecundas para reducir en el futuro- si realmente se quiere- la importancia del fenómeno perverso de las deslocalizaciones. 
Señor Presidente, quisiera empezar elogiando el trabajo realizado por el Sr. Sainjon en este informe. 
En prime lugar, engloba de manera muy completa el tema básico y las cuestiones que se plantearon en la audiencia pública organizada por la Comisión REX el año pasado. También es un reflejo bastante fiel del abanico de opiniones en la Comisión REX. 
Por mi parte, yo sólo querría hacer hincapié y abundar en algunos de los aspectos significativos apuntados por el ponente. 
Acojo con agrado el llamamiento a favor de un código de conducta aplicable a las multinacionales europeas, que deberá elaborar la Comisión. 
Debemos asegurarnos de que sea aplicable asimismo a las empresas filiales y subcontratistas. 
Para que sea realmente eficaz, los sindicatos deben intervenir en controlar su eficacia. 
He de confesar que no soy del todo partidario de los códigos voluntarios. 
Dudo mucho de que puedan ser eficaces y espero que las empresas interesadas tomen nota de ello. 
Aparte, quiero insistir en la petición del ponente de que se incluyan clausulas sociales y medioambientales, acuerdos internacionales y normas de la OMC. 
En la Comisión REX llevamos mucho tiempo apoyándolo. 
Puesto que estamos en una fase de lento crecimiento y de aumento del empleo en Europa, es esencial que abordemos todos los aspectos relativos a las inversiones directas extranjeras y a las deslocalizaciones. 
El Sr. Sainjon plantea algunas interesantes preguntas sobre las posibles consecuencias que puede producir la introducción de una moneda única; estoy deseando escuchar qué respuesta da a esto la Comisión. 
Hay, sin embargo, otro tema de vital importancia que creo debiera ser abordado en relación con las deslocalizaciones, y es el tema de la transparencia. 
Yo digo que las grandes empresas que hacen presión ante la Comisión, que esperan una legislación benigna o incluso una desregulación, o que se benefician de los programas de formación, tienen el deber y la obligación de comunicar sincera y abiertamente sus planes de inversiones a largo plazo en deslocalizaciones. 
Creo que no es mucho pedir que nos informen con suficiente antelación no sólo de dónde van a ser sus inversiones extranjeras previstas, sino también de a qué mercado pretenden abastecer y qué repercusiones probables van a tener sobre el empleo o el desempleo en la Unión Europea. 
Espero que cuando la Comisión mantenga conversaciones con las empresas multinacionales, como sabemos que mantiene, les plantee estos puntos porque, en ausencia de dicha información, cualquier plan para atacar sistemáticamente el desempleo queda reducido a un mero ejercicio de ir apagando fuegos. 
Tan pronto se sofoca uno, surge otro al lado. 
Por último, unas palabras acerca del acuerdo multilateral sobre inversiones que se ha propuesto. 
Si se considera que el acuerdo propuesto restringe la legislación social o medioambiental o que obstaculiza el progreso socioeconómico de los países en desarrollo, entonces recibirá una oposición feroz y rigurosa y yo aconsejaría a la Comisión que tomara buena nota de la creciente preocupación en torno al AMI. 
Señor Presidente, hay que considerar el traslado de inversiones con realismo y de modo constructivo con vistas a la atenuación de los riesgos y al posible aprovechamiento de las oportunidades que se crean, como subraya debidamente el ponente, Sr. André Sainjon, al que quiero por ello felicitar, sin perjuicio de la reserva planteada por mi colega el Sr. Schwaiger. 
Está bien que se empiece recordando que en el marco mundial la Unión Europea es el destino preferido para las inversiones directas extranjeras- el 45 % del total -, con unas repercusiones económicas plasmadas en un saldo que nos es ampliamente positivo. 
Por eso, debemos aceptar como normal que también sean importantes las inversiones europeas en el exterior, aunque debamos ser especialmente sensibles en relación con las inversiones en países con mano de obra más barata y con producciones que provocan el desempleo en nuestros territorios. 
Pero, además de deber preocuparnos por el desarrollo de tales países, sin duda con la exigencia a los países y a las multinacionales del cumplimiento de las normas mínimas en las esferas social y medioambiental, las inversiones hechas se pueden transformar en oportunidades para nosotros mismos. 
En particular, con la apertura de los mercados para productos finales intermedios en cuya producción podamos seguir estando a la cabeza, gracias al progreso tecnológico que nos puede proporcionar una posición única en el mundo. 
En la situación que se nos impone con un ámbito más amplio, resulta particularmente oportuna la referencia del ponente a que los Fondos estructurales deberían centrarse, más que en el pasado, en el fomento de la investigación y la innovación tecnológica de las empresas implantadas en las regiones menos favorecidas de la Unión con el fin de aumentar su competitividad y capacidad para afrontar la competencia de los países en desarrollo de economía en ascenso. 
De hecho, sólo una Europa equilibrada, sin los costos de las grandes concentraciones y aprovechando todas las posibilidades nacionales y de las regiones, podría afrontar la competencia de un mundo al que, por nuestro propio interés, debemos estar cada vez más abiertos. 
Se trata de una exigencia para toda la Unión y para cada uno de los países, en particular para Portugal, mi país, donde hay tanto por hacer en la esfera del desarrollo regional. 
Señor Presidente, empezando por constatar- como mi compañero Esko Seppänen decía- que estamos en un sistema capitalista, a mí me gustaría, en todo caso, hacer hincapié en un aspecto del informe al que otros compañeros se han referido y que me parece fundamental: aquel considerando en que el ponente, el Sr. Sainjon, considera que la justicia social y el desarrollo sostenible deben estar al mismo nivel que la eficacia y la estabilidad económica. 
También quiero hacer hincapié en lo que otros compañeros han dicho: el código de conducta debe aplicarse también a las multinacionales. 
En definitiva, ese código de conducta recoge el acervo comunitario: la lucha contra el trabajo forzado, contra el trabajo infantil, contra la discriminación laboral entre hombre y mujer, y en pro de un desarrollo sostenible. 
Todo esto, que se encuentra en la base de las políticas europeas en pura teoría, es imprescindible que sea también un código de conducta para las multinacionales. 
Hace poco se nos informó de que hay cerca de 200 millones de niños que trabajan desde los 5 años. 
La Unión Europea no puede permitir que eso ocurra en las multinacionales con las que se relaciona. 
También es necesaria una revisión de la Directiva 94/45/CE, porque nos parece que no exige suficientemente, como dice muy bien el ponente, el que haya que consultar a los trabajadores en el momento de la deslocalización de una multinacional. 
Nosotros, ahora mismo, en España, tenemos ejemplos de sectores con futuro, como son las telecomunicaciones. 
Pero hay una empresa sueca, Ericsson- y otras empresas siguen el mismo ejemplo -, que venden parte de su producción a pequeñas empresas sin garantizar los derechos de los trabajadores y sin garantizar el futuro de esos trabajadores en esa pequeña empresa. 
Nosotros creemos que hay que ir por el camino de evitar que las multinacionales hagan lo que quieran con los derechos de los trabajadores, y la Unión Europea tiene en su mano armas suficientes para evitarlo. 
Presidente, al tratar el primer informe del Sr. Sainjon sobre este asunto ya hemos expuesto nuestra valoración y crítica. 
La mayoría de las observaciones son válidas todavía pero la resolución sí que se ha mejorado en determinados puntos. 
Así pues, se han rozado justamente las manifestaciones acerca de armonizar las condiciones de impuestos y un código de conducta fiscal al tratar el informe en la Comisión REX. 
También es bueno que se haya debilitado la opinión de que las multinacionales tengan el deber de erigirse como propagadoras del desarrollo social. 
Sin embargo la resolución está caracterizada todavía por intervencionismo. 
La Comisión Europea tiene que redactar un código de conducta para las multinacionales europeas. 
Tiene que producirse una calidad social europea y una relación de confianza entre distribuidores, fabricantes y proveedores. 
Además nosotros ponemos en otro lugar el límite entre el terreno público y el privado a diferencia del colega Sainjon. 
El ve la administración parece ser como una especie de salvadora de todos los problemas. 
De este modo mezcla el ámbito de derecho público y privado, niega el carácter propio y las responsabilidades de por una parte la administración publica, y de por otra parte la vida empresarial. 
Una empresa es en primer lugar una organización económica, aunque lleve consigo responsabilidades en muchos terrenos como preocupación por el medio ambiente y política social. 
A las empresas no se las debe reconocer ninguna competencia de derecho público y no pueden ni deben comportarse como administración pública. 
Las posibilidades de dirección están limitadas según su carácter para las instituciones públicas. 
Las autoridades deben crear condiciones para que funcionen las relaciones sociales. 
El ponente pide como si fuera natural que la Comisión Europea tome toda clase de medidas sin considerar si esta es una misión de la Unión Europea. 
Visto desde el principio de las subvenciones, se trata aquí sobre todo acerca de asuntos de los Estados miembros. 
Las instituciones europeas no son después de todo órganos de estado sino autoridades por encima de las naciones a quienes se les ha delegado unas serie de competencias limitadas. 
Es una lástima que el ponente pierda esto de vista. 
Por eso nosotros tampoco podemos apoyar este informe. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el ponente cuando dice, en el considerando C, que la deslocalización de empresas representa un fenómeno que sigue la lógica económica y que no debe ser ideologizado. 
Pero hay que poner límites a la lógica económica por razones humanitarias, de política social y de política del mercado laboral. 
Un código de conducta para multinacionales sería bienvenido. 
Pero cuando se trata de la lucha contra el trabajo infantil o el trabajo forzado, esto es, contra la esclavitud moderna, un código de conducta es demasiado poco. 
Ninguna empresa europea debería ganar en competitividad a costa de abusar de los niños. 
Europa, dejando a un lado las infracciones contra los derechos humanos, contra las cuales combatir tiene la más alta prioridad, debería poner todo su empeño en convertirse en una zona económicamente más atractiva mediante una elevación sustancial del gasto en investigación. 
Europa no puede hacer frente al problema del desempleo recurriendo al aislamiento y al proteccionismo. 
Los Fondos estructurales habrán de ser dedicados en un futuro a la investigación y a la innovación tecnológica en mayor medida que hasta ahora. 
El objetivo, lograr costes de producción competitivos para Europa a pesar de tener costes laborales altos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cuestión de las deslocalizaciones es una cuestión especialmente candente en la opinión pública europea. 
Aquí mismo discutimos ampliamente sobre esto una tarde de noviembre, durante la semana del período parcial de sesiones. 
Hubiéramos debido, en aquel momento, fijar nuestra posición en el momento de la votación y no es más que una pequeña maniobra, por cierto bastante mediocre y de último minuto, la que ha provocado su devolución a la comisión. 
Al haber intervenido ya en aquel momento, deseo simplemente esta noche, en primer lugar, aprobar las propuestas del ponente en materia de investigación e innovaciones tecnológicas en particular, ya que, como he dicho, son factores de relocalización de nuestras industrias en Europa, y lo hago como ponente para un informe sobre la competitividad industrial europea en el que trabajo en la actualidad. 
Deseo también confirmar mi acuerdo con la reivindicación de una cláusula social en el comercio internacional, para luchar contra todas las formas de explotación, si no de esclavitud, en los países del tercer mundo. 
En tercer lugar, deseo tachar de falsa esta afirmación habitualmente extendida, según la cual los costes de la mano de obra europea son los primeros responsables de las deslocalizaciones. 
Finalmente, deseo recordar lo que decía ya el pasado mes de noviembre, sobre las deslocalizaciones en el interior de la Unión. 
En efecto, no se las puede prohibir, pero es preciso hacer todo lo posible para acelerar la armonización fiscal y social, una armonización por arriba. 
Es imposible aceptar un mercado único en el que las reglas de juego, y por tanto los costes, seguirían siendo fundamentalmente diferentes. 
Finalmente, lo decía y lo vuelvo a decir, no es posible aceptar que unas empresas que se benefician de ayudas europeas, procedan posteriormente a deslocalizaciones, y aún mucho menos aceptar que unas ayudas europeas provoquen deslocalizaciones en el interior de Europa. 
Los casos son, con frecuencia, conocidos. 
Creo que sería el momento de que, en este ámbito, haya también una verdadera voluntad política europea. 
Podríamos así mostrar de forma muy concreta a la opinión pública que luchamos contra las deslocalizaciones salvajes, económica y socialmente insoportables. 
Señor Presidente, este informe trata un interesante fenómeno que ilustra las dificultades de Europa para crear una economía expansiva y pleno empleo. 
El informe habría ganado, sin embargo, si en mayor medida hubiese recordado cómo pueden aumentar las inversiones totales dentro de la UE. 
Esto es lo importante. 
Las deslocalizaciones son sólo una pequeña parte. 
La orientación del informe es defensiva: tratar de defender un poco en lugar de crear algo mucho. 
No ayuda a dar la imagen de una Europa dinámica sino que confirma una perspectiva que se ha detenido. 
Esta impresión se ve reforzada por las propuestas que se presentan para impedir las deslocalizaciones, las que no se basan tanto en la forma cómo hacer Europa más atractiva sino que cómo hacer menos competitivos a otros países. 
Se extiende una serie de reglas y códigos para darles vigencia en otros países. 
Podemos preguntarnos cuán eficiente es este modo de actuar. 
Con todo respeto por las negociaciones dentro de ILO, códigos en OECD, reglas para subvenciones, normas para la competencia desleal, fondos estructurales, subvenciones para investigación y cláusulas sociales, se transforman al fin en una larga lista de todos los esfuerzos que muchos políticos ponen en fila para parecer enérgicos e interesados, pero que, con todo, no dan los resultados esperados. 
Esto casi no va a disminuir las deslocalizaciones y, en cualquier caso, no va a aumentar las inversiones totales en Europa.. 
No se puede crear empresas ni empleo por decreto, es necesario que el Parlamento Europeo lo entienda. 
Para lograr el objetivo se necesitan medidas generales que faciliten el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas, aumenten la rentabilidad de los nuevos proyectos, mejoren los programas educacionales y de investigación y la competitividad en Europa. 
Como ejemplo, permítanme tomar el punto 15 del informe. 
Allí se dice que los fondos estructurales deben orientarse, en mayor medida, a la creación de un ambiente que estimule la innovación y la investigación en grandes y pequeñas empresas en el campo de la informática, y que el programa Adapt va a acelerar la educación de los empleados para reaccionar mejor frente a los cambios técnicos. 
Esto es excelente y muy bien intencionado, pero es realmente riesgoso si se confunden estos programas de subvenciones dirigidos por los políticos con medidas reales para crear la base de un sector privado proclive a las inversiones. 
Este informe contiene detalles de mucho interés, pero en general proporciona una perspectiva incompleta. 
Los 25 puntos pueden dar la impresión de algo muy grande, pero faltan puntos esenciales acerca de cómo se puede aumentar la competitividad europea y, consecuentemente, la base que se necesita para combatir las deslocalizaciones y, todavía más importante, estimular las nuevas inversiones. 
Señor Presidente, voy a centrarme en la repercusión de las decisiones sobre deslocalizaciones europeas, en la medida en que influyen en los países en desarrollo. 
Tal como dice acertadamente el informe, las inversiones europeas han influido mucho en los países en rápido desarrollo de América Latina y Asia. 
Pero la rápida afluencia de capital internacional a estos dos continentes ha sido una fuente importante de inestabilidad, mientras que las ideas de fiscalizar dichos movimientos de capital siguen sobre la mesa. 
Mientras tanto, en los países africanos más pobres no se están produciendo inversiones y las multinacionales han sacado da África 380 millones más de libras esterlinas en los últimos 20 años de lo que han invertido en ella. 
En general, todos sabemos que la inversión extranjera directa, tanto en magnitud como en potencial, podría tener una repercusión positiva mucho mayor en el mundo que la ayuda al desarrollo. 
Y sin embargo, hoy en día, los procesos de mundialización agravan con demasiada frecuencia la desigualdad social. 
Ese es el motivo, como dice con razón el ponente, de que debamos apoyar el movimiento en favor de la ética comercial. 
Pero al suscribir estos principios, no debemos tener miedo de nombrar a aquellos que no han avalado unas normas justas. Como los indígenas que forzaron a British gas de detener las prospecciones petrolíferas en la selva ecuatoriana, o los trabajadores bananeros costarricenses que llevaron a Shell a los tribunales por la esterilidad causada por el uso de pesticidas no seguros. 
O quizá el ejemplo más notorio de boicoteo de los consumidores a escala mundial sea contra Nestlé por su comercialización irresponsable de sustitutos de la leche materna. 
El ponente pide acertadamente un código de conducta europeo para las multinacionales que se desarrolle conjuntamente con las instituciones internacionales. 
Estoy orgulloso de que el Libro Blanco de desarrollo internacional del nuevo gobierno de mi propio Estado miembro, el Reino Unido, se haya hecho eco de estas peticiones. 
Pero esta noche debemos pedir que el Parlamento estudie este tema con mucho más detenimiento y, en particular, que lo estudie haciendo mucho más hincapié en las repercusiones y en la colaboración con los pueblos del mundo en desarrollo. 
En la sesión plenaria de noviembre en Bruselas, Sir Leon Brittan comentó pormenorizadamente el primer informe. Ello me permite ser muy breve puesto que los elementos centrales del informe básicamente no han cambiado. 
Quisiera referirme a dos puntos que la Comisión acoge con satisfacción. 
En primer lugar, en el informe se señalan los beneficios que aportan las inversiones hacia el exterior, tanto para la Unión Europea como para los países que reciben esas inversiones extranjeras directas. 
Se ponen de relieve los beneficios, como he dicho, y también se insiste en los costes más reducidos. 
Sin embargo- y esto es importante- no sólo se desestiman los costes, sino que se admiten las preocupaciones que están manifestando una gran parte de la opinión pública y el sector industrial sobre las deslocalizaciones. 
A la Comisión le parece que el informe recomienda una solución útil, que potenciará aún más las ventajas de la deslocalización a la vez que combatirá los efectos negativos. 
Yo comentaría dos puntos. 
En primer lugar, el código de conducta. 
La Comisión recibe favorablemente la idea pragmática de un código de conducta, en especial en terceros países, relativo a los criterios sociales. 
Sin embargo, no considera que su papel sea idear ni imponer dicho código de conducta a las empresas. 
Es un trabajo que corresponde a las propias empresas. 
Es un código de conducta pragmático y voluntario en el que la información es el arma fundamental, y no las sanciones, que normalmente o funcionan. 
Así que la idea de publicar una lista en el Diario Oficial o, aún mejor, en Internet, a la Comisión le parece buena. 
En segundo lugar, quisiera recordarles que la Comisión ha estado intentando mejorar las normas laborales y de medio ambiente internacionales. 
Como ustedes saben, la Comisión propuso la iniciativa específica sobre comercio y normas laborales antes de la conferencia ministerial de la OMC en Singapur. 
Esta iniciativa, lamentablemente, no se aprobó, pero la Comisión seguirá apoyando el trabajo de la OIT y pensando en otros medios, por ejemplo, medidas asociadas con el SPG, para mejorar aún más dichas normas. 
Tengo dos cosas más que decir. 
Una se refiere al tipo de cambio. 
Tengo entendido que hubo un gran debate en comisión. 
La Comisión observa que el Parlamento aprobó ayer el informe Ruffolo. 
Creemos que es el tipo de texto con el que debiera tratarse, y posiblemente resolverse, este tema. 
Respondiendo a una observación del Sr. Smith, la Comisión puede darle por seguro que defendemos la disposición del acuerdo multilateral sobre inversiones que dice explícitamente que los países no debieran rebajar sus criterios medioambientales o sociales a fin de atraer inversiones. 
Las posibilidades de incluir dicha cláusula son buenas. 
Dicho esto, la Comisión acoge favorablemente el informe. Estamos deseosos de continuar trabajando con el Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las islas Canarias y de Guyana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0385/97) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0389- C4-0451/97-97/0200 (CNS) ) por el que se establece un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las islas Canarias y del departamento francés de Guyana debido al carácter ultraperiférico de estas regiones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada quisiera dirigir unas palabras de agradecimiento y aprecio por el empeño que nuestro colega el Sr. Medina ha puesto en la defensa de los intereses de las regiones ultraperiféricas, de lo que es ejemplo el informe que ahora estamos examinando. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el reconocimiento por parte de la Unión Europea de la necesidad de crear condiciones equitativas para la comercialización de determinados productos de la pesca, a fin de compensar las desventajas resultantes de la ultraperificidad, se ha consustanciado desde 1992 mediante un régimen de ayudas sistemáticamente prorrogadas hasta 1997. 
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea presentan características comunes en el nivel estructural con su situación en el grupo de las regiones abarcadas por el objetivo 1 y caracterizadas, como bien saben Sus Señorías, por presentar un PIB por habitante inferior al 75 % de la media comunitaria. 
El gran alejamiento de las zonas de comercialización de productos de la pesca, la pequeña dimensión de los mercados para la comercialización de dichos productos y el aumento de los costos de producción relacionado con el elevado costo de los transportes, al que se asocian fenómenos de competencia desleal resultantes de acuerdos comerciales que la Unión Europea ha concertado con tercero países, que obtienen ventajas comerciales en relación con dichas regiones, hacen que la supervivencia de las industrias de transformación y de toda una cadena de trabajadores con ellas directa o indirectamente relacionada dependa del régimen de ayudas compensatorias. 
Por lo que se refiere a Madeira y a las Azores, gracias a las políticas de incentivos, ha sido posible no sólo consolidar, sino también en algunos casos aumentar de forma armoniosa, el tejido industrial, lo que ha permitido dar salida a los excedentes de la producción local, sobre todo el atún, la caballa y el pez espada negro, y ha propiciado para las empresas de transformación un desarrollo sostenible. 
De modo que acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión, así como las enmiendas introducidas por el ponente e instamos encarecidamente al Parlamento y al Consejo a que las aprueben a fin de que se mantenga la estabilidad en este sector de la pesca y que con ello se estimule también la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo, consideramos justas y justificadas estas medidas, que ahora se nos presentan. 
En el fondo, van encaminadas a continuar medidas ya existentes en reglamentos anteriores y cuya validez concluyó en diciembre del año pasado. 
Su objetivo, como todos sabemos, es el de compensar a las regiones ultraperiféricas por los costos de producción suplementarios que tienen, así como por los costos de transformación y, principalmente, por los costos de comercialización de especies de pescado cuyo mercado se encuentra fuera de esas regiones, que son normalmente mercados muy pequeños, muy limitados y, por tanto, tienen que exportar normalmente al continente europeo o al mercado común. 
Nos referimos, como todos sabemos, a regiones bastante pobres, ultraperiféricas, con niveles bajísimos de renta, todas ellas clasificadas entre las regiones de objetivo nº 1- como ya ha dicho el Sr. Correia- y nos referimos también a situaciones estructurales permanentes, es decir, de un grado de desventaja que, por desgracia, no se elimina a corto plazo. 
Por eso, en nuestra opinión, se deben considerar permanentes esta ayudas y no sólo coyunturales. 
Debe ser ayudas sujetas a una evaluación periódica, que debe tener siempre en cuenta la evolución de las capturas, de las poblaciones de peces existentes, y también, naturalmente, la evolución de los propios mercados y permitir que en cualquier momento se puedan aumentar esos niveles permitidos de ayuda, en caso de que haya una evolución favorable de la producción y de las capturas y también de los mercados. 
Ha habido propuestas de varios colegas para que se hicieran extensivas algunas de esas ayudas al pescado procedente de la isla de la Reunión; nos parece comprensible, aprobamos esas pretensiones, pero consideramos que se debe encontrar financiación para esa isla y para esa situación, financiación adecuada, sin perjudicar a los actuales beneficiarios de estas ayudas, situados, como sabemos, en Guinea, en las Azores y en las Canarias. 
El Grupo del Partido Popular quiere agradecer al Sr. Medina Ortega el trabajo que ha hecho, que ha sido fantástico, ha sido un trabajo muy positivo, muy dialogante y muy eficaz. 
Está de acuerdo con las enmiendas votadas por la Comisión de Pesca, pero vota en contra de algunas enmiendas especiales presentadas posteriormente en el Pleno, principalmente las enmiendas núms. 10 y 12. 
Espero que en el futuro la señora Comisaria, aquí presente, siga con atención, como, por lo demás, siempre hace, la situación de esas regiones periféricas y proponga unas medidas especiales a ellas dirigidas, ya que la pesca es, en esas regiones ultraperiféricas e insulares, el recurso estratégico y endógeno para su desarrollo. 
Señor Presidente, las regiones ultraperiféricas sufren el problema de la lejanía. 
Al provocar costes adicionales el transporte de sus productos con destino al mercado, es conveniente, para que estos productos sean competitivos con relación a otros procedentes de países terceros, concederles algunas medidas compensatorias, tal como ha recordado el Sr. Medina Ortega. 
Precisamente porque los problemas con que se han encontrado los productores de la Reunión son exactamente de esta naturaleza, hemos propuesto incluirla en el campo de aplicación del régimen de compensación. 
La Reunión es la región ultraperiférica más alejada de Europa. 
Situada en el corazón del Océano Índico, en una zona en la que las reservas no están explotadas en exceso, posee unos recursos abundantes en atún y pez espada, recurso accesible a la pesca palangrera local, revalorizable en el mercado internacional e importante, si no vital, en términos de empleo, en esta región gravemente afectada por el paro. 
Pero la comercialización de los productos frescos, a Europa en particular, se ve dificultada por el precio del flete y por el del acondicionamiento. 
Esta situación lleva a los pescadores palangreros de la Reunión a volcarse al mercado local, lo que provoca una competencia directa entre la pesca palangrera y la pesca artesanal. 
Con el fin de garantizar la coexistencia de estos dos sectores, conviene favorecer la exportación de los productos de la pesca palangrera. 
Ésta es la razón por la que debo dar las gracias al Sr. Medina Ortega por su enmienda 14 que tiene en cuenta esta situación. 
Por otra parte, en el marco de las discusiones de este informe en la Comisión de Pesca, hemos recibido a una delegación de pescadores artesanales guyaneses, llegados especialmente para llamar nuestra atención sobre los problemas que sufren en esta región. 
En ella, algunos equipos industriales no dudan en pescar gambas en la proximidad de las costas, en fondos inferiores a 30 metros. 
Al hacerlo, ponen en peligro los recursos devastando las reservas de gambas juveniles, que se encuentran precisamente en esa franja litoral. 
Otra consecuencia desastrosa, esta práctica implica capturas anexas cuya venta desestabiliza el mercado local. 
Éstas son las razones que nos han movido, a mi colega Blaise Aldo y a mí mismo, a que propongamos condicionar la concesión de ayudas, para la gamba de la Guyana, a productos de una talla razonable, es decir, adulta, y cuya pesca no pone en peligro la totalidad de las reservas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de la Comisión para renovar el régimen de compensación para los productos de la pesca en regiones ultraperiféricas merece, naturalmente, nuestro apoyo, como también lo merece el informe y las enmiendas propuestas en el ámbito de la Comisión de Pesca. 
Con todo, la propuesta de la Comisión viene a demostrar hoy, en 1998, que teníamos razón cuando, hace tres años, se examinó una propuesta igual de renovación para el período que concluyó el 31 de diciembre de 1997. 
Se demuestra ahora que habría sido posible, que constituía un acto de justicia elemental, haber instituido ya entonces, en 1995, compensaciones para quienes llevaban a cabo sus actividades en la pesca de especies de altura de las Azores y del pez espada y de la caballa en Madeira, además de la renovación natural que se proponía de las compensaciones al sector atunero. 
Los sectores que ahora van a recibir apoyo en esas islas periféricas portuguesas ya reclamaban entonces, hace tres años, compensaciones y nos hicimos eco de ellas, pues entonces conseguimos la aprobación de enmiendas que reflejaban tales anhelos. 
Por eso, conviene no olvidar, hoy que estamos todos de acuerdo, en 1998, la responsabilidad de las autoridades regionales que hace tres años se olvidaron de los pescadores de las especies de altura de las Azores, del paz espada y de la caballa de Madeira y no dieron continuidad a las necesidades de esos sectores económicos locales ante la Comisión. 
Como también está bien no olvidar cierta insensibilidad de la propia Comisión, que entonces no aceptó modificar su propuesta, aunque podía y debería haberlo hecho, en mi opinión. 
Como, por último, convendría no olvidar ciertas omisiones y obstrucciones o maniobras de diversión que aparecieron o se introdujeron aquí durante el debate que entonces se celebró en este Parlamento. 
Ahora se va a restablecer, señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la justicia, aunque con tres años de retraso. 
De modo que, naturalmente, no podemos por menos de congratularnos de ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, este Reglamento se apoya de hecho en una legitimidad extremadamente profunda. 
Esta legitimidad está inscrita en los textos desde el Tratado de Roma, reproducida en el Tratado de adhesión de España y Portugal, reconducida de nuevo en las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental de Maastricht y retomada finalmente en el Tratado de Amsterdam, incluso aunque éste no haya sido ratificado. 
Dicho de otro modo, hay una continuidad en el espíritu mismo de este texto y de este sistema de ayudas. 
Por otra parte, la Unión Europea, y el Parlamento Europeo en especial, reconocieron la necesidad de tener en cuenta especificidades de estos territorios extremadamente alejados y adoptaron los programas POSEI en 1989 y 1991. 
Finalmente, se puede señalar que no hay ninguna sospecha particular con respecto a este dispositivo, lo que le otorga una legitimidad suplementaria. 
La Unión Europea, y el Parlamento Europeo en especial, pueden por tanto enorgullecerse de la ayuda significativa que han aportado a estos territorios y a unas actividades que constituyen a veces la primera fuente de ingresos a la exportación. 
Cuando se considera este planteamiento, señal al mismo tiempo de generosidad, pero también de racionalidad económica y de preocupación por la justicia orientada a corregir las realidades que se nos imponen- y sobre todo la realidad geográfica -, se tienen dificultades para comprender que a partir del momento en que se integra legítimamente un territorio, se deduce de otros la ayuda que se le va a aportar. 
Las intervenciones anteriores han demostrado que no podía ser defendible pensar en deducir sobre la totalidad de los departamentos franceses de Ultramar, incluso sobre todas las regiones ultraperiféricas, las necesidades financieras, para ayudar a los pescadores de la Reunión a compensar sus dificultades. 
Por otra parte, por lo que respecta a la Guyana en particular, quisiera reclamar la atención de ustedes- y sé que la Comisión de Pesca me entenderá perfectamente, porque es una comisión dinámica y abierta- sobre la necesidad de considerar los diferentes planteamientos. 
Si hemos de perpetuar este sistema, es importante también animar a los diferentes operadores económicos a trabajar juntos, a ampliarse y organizarse juntos para gestionar, en el interés común, unos recursos que, sin duda, no son inagotables pero también tienen sus leyes etológicas. 
Hemos de interrogarnos sobre los resultados de la investigación, sobre el conocimiento que tenemos de las reservas, sobre la percepción de los intereses, no solamente para un solo recurso- la gamba en este caso- sino también para otros recursos, y ver en qué situaciones pueden surgir contradicciones, incluso antagonismos cuando hay zonas superpuestas de pesca de la gamba y de otros tipos de pescado. 
Es por tanto un trabajo de largo alcance, del que la comisión podrá hacerse cargo, y lo hará admirablemente. 
El informe, sobrio, preciso y convincente del Sr. Medina Ortega, sólo puede persuadirnos de que este trabajo se hará en interés de todos. 
En lo inmediato, es seguro que este sistema ha de mantenerse, que ha de imponerse la justicia- y que, sin duda, no se puede empobrecer a unos para hacer justicia con respecto a otros- y que hemos de asegurar, en el futuro, una gestión común de los recursos, por profesionales de la pesca para comenzar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con la presente propuesta de la Comisión y el presente informe elaborado con la sabiduría y la ponderación evidenciadas por el Sr. Medina Ortega, se abre la puerta a un marco de apoyos financieros a la comercialización de productos de la pesca de altura en las Azores y se mantienen los apoyos a la industria del atún. 
Viene a cuento un dicho portugués: » Tanto cae la suave agua sobre la piedra dura, que al final la horada». 
La atribución de apoyos a la pesca de altura fue defendida por nosotros en febrero y marzo de 1995 contra la opinión del entonces ponente y del entonces gobierno regional de las Azores. 
En aquella ocasión, el gobierno regional de las Azores achacó la responsabilidad de que no se incluyera la pesca de altura a la Comisión, al afirmar públicamente que la Comisión no estaba de acuerdo con la concesión de apoyos a la pesca de altura. 
Ahora, con nuevos gobiernos en la región y en Portugal, se aplica lo que nosotros propugnamos en 1995. 
Felicito al gobierno de la región por la estrategia de diálogo y exigencia responsable seguida ante la Comisión, cuya propuesta ahora debatida, al tiempo que mantiene el apoyo a 10.000 toneladas de atún, amplía por primera vez el apoyo a 3.500 toneladas de especies de altura. 
Siempre es posible pedir más, pero éste ya es un paso adelante. 
Las repercusiones económicas y sociales de la pesca, en particular en el empleo, y las condiciones especiales de la ultraperiferia de la región de las Azores así lo justifican. 
También lo entiende así el Consejo de Ministros, instancia que en definitiva tiene ahora la competencia para la aprobación final de estos apoyos, reforzados con la inclusión, de conformidad con lo dispuesto en Amsterdam, del concepto de ultraperiferia en el Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el detallado y clarificador análisis de los condicionantes económicos que soportan las regiones ultraperiféricas que el Sr. Medina Ortega ha incluido en su informe nos evita tener que extendernos sobre lo adecuado de esta propuesta de la Comisión. 
Cualquiera que lea la exposición de motivos de dicho informe podrá comprobar lo justificado de estas ayudas y la necesidad de que permanezcan. 
La insularidad en sí misma, y más cuando va acompañada de una especial lejanía respecto de los principales centros económicos, contribuye a crear de forma más o menos extrema unas ciertas singularidades en las producciones de las islas y en su intercambio comercial con el resto del mundo. 
Ello ha producido, sin duda, unas determinadas especializaciones en cuanto a los productos que son básicos para la economía de estas islas, entre los que, evidentemente, los productos pesqueros son una parte importantísima. 
Los atunes de las Azores, los cefalópodos de Canarias o los crustáceos de Guyana son algunas muestras de hacia qué industrias han vuelto los ojos los habitantes de sus respectivas islas para asegurar su futuro. 
Como base tradicional de la economía de estos pueblos, dichas especializaciones deben ser respetadas y consolidadas. Ello no puede hacerse sin instrumentos financieros especiales que permitan a las islas moverse en los mercados en pie de igualdad, compensando el diferencial de costes que produce, por ejemplo, el transporte de dichos productos hasta los centros de distribución y de consumo. 
Por otra parte, las ayudas contenidas en los programas POSEICAN, POSEIMA y POSEIDOM han permitido la evolución de las industrias de la mera extracción a la exportación en forma de productos semi o totalmente transformados, creando nuevas expectativas de desarrollo y de riqueza. 
Sería deseable, no obstante, que la Comisión estuviera más atenta a peculiaridades propias de algunas de estas regiones cuya extrema lejanía, en muchos casos, puede hacer que su voz sea más difícil de oír. 
Así ha ocurrido en este caso con las ayudas a la Guyana, que no han tenido en cuenta, como habría sido necesario, la real protección de los intereses de su pesca artesanal. 
La presencia de los representantes de Guyana en la Comisión de Pesca demostró la preocupación de esta región por obtener un sistema de ayudas que asegure el respeto biológico de los recursos pesqueros, algo que la Comisión debería defender por principio. 
Esperemos que las enmiendas presentadas por distintos Grupos para solventar esta cuestión, y que nosotros apoyamos, contribuyan a paliar esta situación que no debe producirse en el futuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las medidas propuestas en este reglamento son simplemente actualización y continuidad de las medidas adoptadas en los años 1994 y 1995 en el marco de los programas POSEIMA, POSEIDOM y POSEICAN. 
Esas medidas sólo pretendían subsanar los perjuicios causados en el sector pesquero por los costes suplementarios provocados por las circunstancias particularmente limitadoras de las regiones ultraperiféricas. 
Y son medidas que han demostrado, en el curso del tiempo, una cierta eficacia. 
Parece que son medidas de sentido común. 
Hay terceros países que gozan de acuerdos ventajosos con la Unión Europea y sería difícil no darle un apoyo estable al sector pesquero comunitario cuando se le presta a terceros países que no son comunitarios. 
En concreto, sin estas medidas el sector pesquero canario, cada vez- por otro lado- más minoritario, estaría abocado a la desaparición. 
Lo mejor que se me ocurre decir en defensa de estas medidas es que sin ellas la mayor parte del sector pesquero de las regiones ultraperiféricas estaría abocado a su final y que en esas economías tan frágiles ningún sector es despreciable. 
Ya ve usted, señora Comisaria, que desde todos los grupos políticos y desde todos los países apoyamos su propuesta. 
Por tanto, quiero empezar felicitando al ponente, Sr. Medina Ortega, y a usted misma, señora Bonino, por el éxito y lo ajustado de su propuesta de reglamento. 
Coincido especialmente con las propuestas que se hacen en materia de cefalópodos y de acuicultura y comprendo la preocupación que usted, señora Bonino, expresa al Gobierno de Canarias por el cumplimiento del paro biológico en las aguas territoriales del Reino de Marruecos en su carta del pasado 27 de diciembre. 
El propio epígrafe de la propuesta de reglamento es ya por sí mismo afortunado. Habla de compensación de los costes adicionales. 
A lo largo de años hemos venido preconizando la necesidad de que las regiones ultraperiféricas vieran reconocidos sus déficit y desventajas naturales para integrarse y beneficiarse de su participación en el mercado interior. 
Hemos recorrido un largo camino, no sin obstáculos, pero al final exitoso. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que estos costes adicionales que la Comisión quiere compensar no son coyunturales sino estructurales. 
De ahí que yo considere la necesidad- que la Comisión reconoce- de mantener este tipo de ayudas también en el futuro. 
Para algunos territorios ultraperiféricos- como pueden ser la isla de Pico, en las Azores; o Lanzarote, en las Canarias- la pesca no es sólo un renglón más de sus recursos económicos, sino que forma parte de su propia vida, de su cultura, de sus tradiciones. 
Por su importancia económica, por los puestos de trabajo que genera, esta no es una cifra sin más, sino que forma parte de un recurso estratégico indispensable para que estas ayudas permitan la supervivencia del sector en las regiones ultraperiféricas, que padecen las mayores tasas de paro dentro de la Unión y son todas ellas regiones del Objetivo 1 por su menor nivel de renta. 
De ahí la necesidad de mantener las actuales políticas, que es lo que en definitiva pretende el reglamento que hoy debatimos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el excelente informe ahora en debate se refiere a los apoyos por conceder a uno de los sectores de la actividad económica de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europa que tal vez no sea el de mayor expresión en algunas de esas regiones. 
Sin embargo, si atendemos a la importancia estratégica medioambiental y social del sector de la pesca, de su producción, transformación y comercialización, no es el menos necesitado de apoyos. 
Se trata de un sistema especial de compensaciones financieras para los costos suplementarios que entraña la perifericidad, instituido en el marco de POSEIMA. 
Resulta oportuno poner de relieve la conquista alcanzada en la última revisión del Tratado de la Unión Europea, que propició la inclusión en dicho Tratado del articulado apropiado para las regiones ultraperiféricas o, lo que es lo mismo, el reconocimiento dado a las especificidades que caracterizan regiones alejadas del continente, alejadas del mercado europeo, al que exportan la mayor parte de sus productos, y la adopción de medidas pertinentes en materia de política de pesca establecidas en el apartado 2 del artículo 229. 
Algunas de las razones aducidas y otras que se podrían formular justifican plenamente que no se deban considerar las medidas ahora adoptadas una situación transitoria o temporal, sino que, al contrario, se deben entender con una lógica de las condiciones geográficas- y no sólo geográficas- constantes y sumamente adversas, por lo que merecen medidas permanentes y definitivas. 
Es justo que se amplíen los apoyos a otras regiones ultraperiféricas tal vez aún no abarcadas, pero es fundamental y oportuno señalar que no se deben hacer nunca esas ayudas a costa de las regiones ultraperiféricas ya beneficiadas de alguna forma. 
En la región autónoma de Madeira el atún, el pez espada negro y la caballa son las especies que merecen el apoyo concedido, que por ahora no supera los 1.600 millones de ecus. 
Esa política de incentivos ha permitido la implantación y la consolidación de un tejido industrial armonioso, que permite dar salida a los excedentes de la producción local. 
Es necesario que se haga una revisión adecuada de las especies y de las cuotas por apoyar en función de la evolución de la producción y de los costos de producción, transformación y comercialización. 
El informe y la mayor parte de las enmiendas en debate merecen nuestro aprecio y acuerdo. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a nuestro colega el Sr. Medina Ortega y a la propia señora Comisaria por el trabajo de uno y otra, que realmente es excelente. 
Respecto de Amsterdam, para mí, como comprenderán Sus Señorías, una de las novedades más relevantes es la inclusión en el Tratado de la Unión Europea del artículo relativo a las regiones ultraperiféricas, en el que se reconoce que a sus características muy propias deben corresponder medidas específicas. 
Se trata de una decisión justa, en pro de la cual el Parlamento Europeo se manifestó desde el principio. 
Cuando algunos se preguntan ahora sobre cómo dar expresión a las nuevas posibilidades brindadas por el Tratado, la respuesta es fácil. 
Hay experiencias logradas que constituyen un buen punto de partida. 
Ejemplos de ello son la iniciativa comunitaria REGIS y POSEIMA, exactamente el instrumento que permite la adopción de la medida que estamos analizando. 
El programa POSEIMA ha contribuido, de forma positiva pero insuficiente, a que en las Azores nos sintamos más Unión Europea. 
En este marco se integra la medida que ahora estamos examinando y que no puede tener carácter temporal, pues las condiciones estructurales de desventaja de esas regiones resultan del alejamiento en relación con el mercado europeo al que exportan los productos. 
Por eso, se les debe dar carácter definitivo, ya que la geografía no cambia. 
En cuanto a la intervención del Sr. José Apolinário, me gustaría decirle que la memoria es corta, porque en aquella época el Parlamento Europeo aprobó sus propuestas de enmienda, con las que no estuve yo de acuerdo, y fue la Comisión la que no las introdujo en su informe. 
Por otro lado, su propuesta no es la que tenemos ahora ante nosotros. 
Lo que ahora tenemos ante nosotros es mucho más lo que yo propugnaba que su propuesta, porque yo propugnaba que se mantuviera intocable el apoyo al atún y se aumentase a las especies de altura y Su Señoría insistía en que se retirase al atún para dárselo al pez espada. 
Y, por tanto, lo que ha dicho es una verdad a medias. 
Una observación final: con la referencia expresa a las regiones ultraperiféricas en el propio Tratado de la Unión Europea queda claro que se deben desarrollar soluciones como ésta que examinamos y otras, de entre las que destaco las relativas al sector de la agricultura, pues han dado resultados excelentes. 
Es el camino correcto. 
Por eso, no se comprende la ausencia de referencias a REGIS y a POSEIMA en la Agenda 2000, situación que urge modificar, a lo que podría contribuir el Sr. José Apolinário. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
IVA sobre las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0376/97) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre una propuesta de Directiva del Consejo (COM (97) 0004- C4-0100/97-97/0030 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios de telecomunicaciones. 
Señor Presidente, esta es una propuesta breve de la Comisión Europea- respecto a los informes de los que he sido ponente durante varios años, quizá sea la más breve de todas. 
Es también uno de las más complejas. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial cree que la propuesta de la Comisión es oportuna y en ese sentido la da la bienvenida. 
Es una respuesta útil ante una revolución mundial de las telecomunicaciones que, en sustancia, ha soslayado en parte la pertinencia y naturaleza del actual sistema de IVA aplicable al sector. 
Ciertamente, la tecnología ha dejado desfasado el diseño del IVA. Con la propuesta se pretende abordar un problema fundamental, concretamente, que los proveedores de telecomunicaciones de la Unión Europea pagan un impuesto sobre el valor añadido con respecto a sus clientes de la UE, pero los proveedores de terceros países no pagan dicho impuesto con respecto a sus clientes de la UE. 
Al menos así era en el momento de presentarse la propuesta. 
Esto quería decir que había una distorsión injusta del mercado que perjudicaba a los proveedores de telecomunicaciones de la UE y que había una pérdida de ingresos de los Estados miembros. 
Era una pérdida dinámica por ser un sector en expansión y, con el tiempo, los problemas se ahondarían, especialmente en el contexto del mercado liberalizado que se nos presenta a partir de ahora. 
Sin embargo, la gran urgencia que encerraba la propuesta de la Comisión fue superada en parte por 15 excepciones idénticas y paralelas aprobadas por el Consejo el 17 de marzo del año pasado. 
Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial fue de la opinión de que ello deja una pausa para pensar, una oportunidad para aclarar preguntas y cuestiones espinosas, y después ver cómo profundizar y quizá aportar un valor añadido a la propuesta básica de la Comisión que hemos estado examinando. 
La ventaja de la propuesta de la Comisión era que habría un único registro de IVA para los proveedores. 
Pero esto se ve contrarrestado en la práctica- el informe se extiende bastante en algunos ejemplos- por los lentos y costosos trámites de recuperación del impuesto previstos en la Octava Directiva del IVA. 
La Comisión ha hecho una recomendación en contra de un mecanismo de cobro revertido y la consecuencia, por lo tanto, si se mira con detenimiento el informe, es que los clientes, si adquirieran servicios de proveedores de otro Estado miembro de la UE, tendrían que financiar anticipadamente las facturas de IVA y esperar varios meses a la devolución. 
Puesto que el Consejo ha tratado en parte el asunto- aunque sé que la Comisión ha afirmado ante nuestra comisión parlamentaria que no lo ha hecho de un modo que pueda resultar satisfactorio a la larga -, creemos que ahora la Comisión dispone de tiempo para reflexionar y quizá para hacer uno o dos añadido a la propuesta. 
En primer lugar, solicitaríamos a la Comisión que revisara la Octava Directiva del IVA en lo que respeta al lento y costoso procedimiento de devolución. 
Es un momento oportuno para hacerse cargo de esta preocupación concreta, la cual era sin duda una gran preocupación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que hablaron conmigo como ponente y que tuvieron contactos con compañeros de la comisión parlamentaria. 
En segundo lugar, porque ahora se ha liberalizado el mercado, porque la Comisión sustenta la opinión de que las excepciones del Consejo no pueden sostenerse a la larga y que, de hecho, podrían incluso crear ciertos problemas en cuanto a las condiciones de la OMC. Creo que merece la pena intentar precisar con exactitud dónde están los puntos débiles y dónde hay que reforzarlos. 
Por último, examinamos si quizá no era conveniente considerar para las telecomunicaciones la idea pionera de un tipo único de IVA. 
Hemos pedido a la Comisión que reflexione sobre estos aspectos y presente después una propuesta modificada que mejore la propuesta básica actual. 
En esencia, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial considera positivo lo que ha propuesto la Comisión, cree que lo que ha hecho el Consejo permite hacer un alto para reflexionar y quisiera que ese tiempo se empleara en dar más valor a la propuesta y en hacerla más comprensible y aceptable. 
Yo recomiendo las enmiendas a la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Cox tanto por su informe como por la explicación que ha hecho del mismo en este Hemiciclo. 
Creo que es un tema sumamente complejo y difícil de explicar. 
Me interesaría mucho, señor Comisario, oír cuál es su respuesta a las propuestas que ha hecho el Sr. Cox. 
A mí me parece que tanto la propuesta de la Comisión como la del Consejo presentan algunas desventajas a corto y medio plazo. 
El Sr. Cox ha explicado muy claramente que la tecnología ha dejado atrás los sistemas del IVA. 
Ello ha acarreado grandes desventajas para las empresas de telecomunicaciones de la Unión Europea y una distorsión grave y desventajosa de la competencia. 
Podemos entender bastante bien porqué el Consejo ha establecido las excepciones que ha explicado el Sr. Cox. 
Según la propuesta de la Comisión- un cambio en la Sexta Directiva del IVA -, el lugar de imposición se trasladaría del lugar de establecimiento del proveedor, o base de la empresa de telecomunicaciones, al lugar de establecimiento del receptor de los servicios, o base del cliente. 
Los problemas que ha señalado el Sr. Cox sobre los lentos y costosos procedimientos de recuperación del IVA, sobre los que yo y muchos otros diputados recibimos numerosas cartas, constituyen claramente un gran obstáculo. 
Creo que el planteamiento del Sr. Cox es correcto, pero mí me interesaría saber cómo responde el Sr. Comisario a la cuestión de cómo evolucionar hacia un sistema de IVA definitivo y cómo recuperar el IVA sin unos costes y una burocracia innecesarios, a la cuestión de cómo repercute la liberalización de las telecomunicaciones en los ingresos fiscales- porque este es un mercado en rápida expansión y las consecuencias fiscales para Hacienda son bastantes considerables. 
Quisiera además que el Comisario comentara los efectos de las excepciones del Consejo. 
El Sr. Cox ha mencionado posibles conflictos, que creo son más que probables, con las cláusulas del GATT y con el acuerdo específico de la Organización Mundial de Comercio. 
Aunque, claramente, la propuesta del Consejo puede sostenerse a corto plazo, lo que, en cierto sentido, alivia parte de la presión tanto sobre este Parlamento como sobre la Comisión, el problema, sin embargo, se agudizará en lugar de disminuir. 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial recibirán con gran interés unas propuestas claras de la Comisión. 
Señor Presidente, mi Grupo da su apoyo al informe del Sr. Cox y también a las propuestas de enmiendas presentadas. 
Estábamos a este respecto ante un caso preocupante: la desventaja de Europa en relación con su competencia del exterior. 
Así se comprenden las exenciones establecidas por el Consejo. 
Curiosamente, al final se impuso una solución con arreglo a la «lógica del destino» , pues sólo así se evitan distorsiones del mercado, además de evitarse de ese modo los problemas resultantes de la falta de armonización de los impuestos y de la ausencia de un mecanismo de compensación de los ingresos, indispensable en una tributación encaminada a gravar el consumo. 
Podría preguntarse, a fin de cuentas, si no se tratará de virtualidades que convendría seguir aprovechando en relación con el IVA en general y si no se debería aplazar la adopción del régimen definitivo de acuerdo con el «principio del origen» para cuando haya una completa armonización de los impuestos y esté garantizado el sistema seguro de compensaciones. 
En el caso concreto que aquí nos ocupa, estaría justificada la aceptación de lo que propone la Comisión con el aumento de la nueva letra s) en el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 77/88/CEE, pero haciendo depender su aplicación- cosa con la que convenimos- de la presentación por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de un informe en que el debería explicar detalladamente todos los avances logrados hacia el régimen definitivo, las repercusiones de la liberalización de las telecomunicaciones en los ingresos fiscales y los efectos habidos con las exenciones entretanto introducidas. 
Señor Presidente, hasta hace poco hemos trabajado con un régimen del IVA que era perjudicial para la competitividad europea y dentro de esto para los admiradores de las telecomunicaciones. 
Repetidas veces se han hecho referencias en esta Casa a la problemática futura de la recaudación de impuestos en este sector y tendremos que intercambiar opiniones frecuentemente acerca de esto. 
El informe del Sr. Cox comprende un análisis claro de ventajas y desventajas de la propuesta de la Comisión y de la regulación temporal que el Consejo ha adoptado. 
En estos momentos se trabaja con quince exenciones idénticas para todos los Estados miembros con las que se puede vivir a corto plazo. 
La propuesta actual de la Comisión comprende también una serie de cepos y trampas tal como procedimientos costosos para reclamar el IVA. 
Por ello es especialmente razonable poner en funcionamiento la 5ª enmienda del informe del Sr. Cox, para lo que se pide a la Comisión que dirija seriamente su atención a la problemática de las demandas en relación con una regulación definitiva del IVA sin burocracia innecesaria, al efecto de la liberación y al efecto de las quince disposiciones, y en base al análisis que de ahí resulte presentar una nueva directriz a este Parlamento y al Consejo. 
Presidente, pienso que nos podemos permitir este tiempo para conseguir conjuntamente una regulación buena y decisiva que pueda superar la prueba de las siguiente negociaciones de la OMC. 
Mi grupo entiende perfectamente la difícil situación en la que se encuentra la Comisión porque nadie realmente ha encontrado totalmente la solución para resolver esta problemática. 
El informe del Sr. Cox señala sin embargo cómo podríamos llegar a una mejor solución que la que tenemos actualmente y pienso que es importante seguir el informe Cox en lo que a esto respecta. 
Señor Presidente, la Comisión se encuentra, por así decir, entre dos problemas: por un lado, todavía no hemos creado un IVA en la Unión que funcione. 
En efecto, sería muy ventajoso para el desarrollo del mercado interno y de la Unión. 
El Sr. Cox ha expuesto las desventajas que conlleva esta carencia. 
Nos puede llevar a paradojas como, por ejemplo, que un operador extranjero no esté obligado de repente a pagar el IVA mientras que uno europeo sí, lo que resulta paradójico y nada deseable. 
El segundo problema es la revolución tecnológica en ese ámbito, que hace que la oferta de este tipo de servicios de telecomunicaciones esté prácticamente desvinculada territorialmente, de modo que en el fondo puedan ser ofrecidos ese tipo de servicios a escala planetaria. 
Pienso que, en esa dirección, la propuesta del Sr. Cox es una propuesta para ganar tiempo. Lo cual, probablemente, es acertado. 
Pero pienso que debemos intentar, no obstante, encontrar una solución en el sentido de un IVA definitivo y en relación también con una mayor vinculación local por lo menos en relación al uso de los servicios de telecomunicaciones, pues ahí todavía es posible la vinculación territorial. 
Esto podría ir en la línea de la propuesta de directiva de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, el interés del informe del Sr. Cox sobre este régimen del IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones, está en señalar una cuestión mucho más amplia, que apasiona a toda la doctrina mundial del derecho fiscal, y los estudios de la OCDE lo demuestran. 
Yo mismo estoy dirigiendo la tesis de un joven investigador francés, el Sr. Huet, sobre la cuestión del comercio internacional y su fiscalidad, es decir, todo el problema de los riesgos de la ciberevasión, de una fiscalidad del ciberespacio que aún no se ha inventado; los servicios de Internet, el call back, la telecarga, las prestaciones inmateriales, y toda la dificultad de estos flujos digitalizados que no se pueden regular o controlar, junto con un comercio del que se dice que podrá alcanzar los 70.000 millones de dólares en el horizonte del año 2000. 
Está la pista en la que el servidor podría ser un establecimiento estable; para el IVA, la pista de las ventas a distancia, o el artículo 9, párrafo 1º, de la sexta directiva, o también el artículo 9, párrafo 2º, también de la sexta directiva, que tiene relación con las prestaciones de servicios culturales. 
El problema es conocido: evitar las distorsiones de competencia. 
En el régimen anterior, era el prestatario el que definía el lugar del impuesto, a lo que se añadía la distorsión de competencia fuera o en el interior de la Comunidad, y se pretendió asociarle el sistema de la Comisión, relativamente coherente, en el que el cliente definía el lugar de la imposición, antes que operase esta propuesta; finalmente están las soluciones de marzo de 1997, que se han generalizado en todos los países- Francia, Alemania las han aplicado a partir de enero de 1997; en Francia tenemos una instrucción de mayo de 1997 sobre el tema- pero surge una dificultad, ya que se mezcla el lugar del prestatario, el lugar del beneficiario de la prestación y si está o no sujeto al IVA. 
Por consiguiente, me doy por satisfecho con hacer un esquema. 
No estoy contra las soluciones transitorias que se han esbozado. 
Me pregunto- una vez no hace hábito- si no sería necesario en este caso una reflexión doctrinal a nivel mundial y si, quizá, la pista de la exención completa, con todos los riesgos entre comercio tradicional y comercio virtual que implica, o la pista de un impuesto específico, no merecerían ser estudiadas. 
Creo que, tal vez en ese caso, la solución sería una gran conferencia que reflexionara sobre esta cuestión totalmente nueva; sería la pista correcta pero, mientras tanto, reconozco que las soluciones desarrolladas por el Sr. Cox a título transitorio son aceptables. 
Señor Presidente, estimados colegas, un régimen de IVA para las telecomunicaciones que distorsione y debilite la competencia conducirá a las empresas europeas que operan en este campo a una situación desfavorable con respecto a las de terceros países. 
De acuerdo con la legislación actual, los servicios de telecomunicaciones se gravan hoy en día en el lugar donde esté domiciliado el proveedor, lo cual implica que los operadores que actúan dentro de la Unión Europea están obligados a pagar el IVA, mientras que los que operan fuera de la Unión no lo han de pagar. 
En el propio seno de la Unión se registra una gran diversidad por lo que respecta al IVA, lo cual también se traduce en una distorsión de la competencia. 
El buen funcionamiento del mercado interior exige igualmente un buen funcionamiento de las estructuras. 
Por este motivo, la armonización de los regímenes fiscales representa un paso en la dirección adecuada. 
Se debe prestar una mayor atención a las prioridades fiscales y al establecimiento de un régimen de IVA único, no sólo en el plano nacional sino también a nivel europeo. 
Las economías públicas de todos los Estados miembros se verán de todos modos sometidas a un estricto control comunitario cuando entre en vigor la tercera fase da la UEM y sea una realidad la moneda única, así que, ¿por qué no podría servir este mismo control a efectos fiscales? 
Desde una perspectiva global, el mayor problema en la actualidad con que se enfrenta la imposición tributaria europea es la presión fiscal, cada vez mayor, que se ejerce sobre los denominados agentes inmóviles, es decir, sobre la mano de obra. 
Por alguna razón, la gente se imagina que las empresas que crean puestos de trabajo tienen más medios, ya que la presión fiscal a la que se ven sometidas es desmesurada en comparación con la de las empresas automatizadas. 
En vez de recompensar la creación de empleo, lo que se hace es castigarla. 
En la elaboración de un régimen tributario se debe proceder a corregir la deformación fiscal. 
Naturalmente, el requisito mínimo debería ser que las empresas creadoras de puestos de trabajo se encontraran, por lo menos, en una situación de igualdad con las empresas automatizadas. 
El Consejo ha aprobado un sistema excepcional de carácter provisional, con arreglo al cual los operadores de telecomunicaciones de todos los Estados miembros pagan el IVA directamente a la administración tributaria nacional del Estado miembro del cliente. 
En caso de que el cliente opere fuera de la Unión Europea, este impuesto no se percibe de ninguna manera. 
No cabe lugar a dudas de que esta laguna constituye una invitación a las grandes empresas en el campo de las telecomunicaciones para que se trasladen a mercados de terceros países y a paraísos fiscales. 
Y esto es lo que debemos remediar entre todos. 
Señor Presidente, desde el 1 de enero de 1998 la liberalización de los servicios de telecomunicaciones se ha convertido en una realidad en la Unión Europea. 
Ha llegado el momento de completar el marco reglamentario que acompaña dicha liberalización con el régimen del IVA. 
En realidad, tanto nuestras sociedades de telecomunicaciones como las empresas de otros países, necesitan conocer las obligaciones fiscales a las cuales deben enfrentarse en los próximos años. 
Éste es el objetivo general de la propuesta. 
Los objetivos más específicos de esta Directiva son dos. 
El primero se refiere a la modificación del concepto territorial del IVA comunitario y precisa que el IVA debe aplicarse obligatoriamente cuando un servicio de telecomunicaciones se presta a un cliente comunitario: el consumo, de hecho, tiene lugar en la Comunidad. 
El segundo objetivo específico viene a confirmar la vigente norma de la Sexta Directiva, según la cual un operador de telecomunicaciones comunitario tiene obligaciones fiscales sólo en el Estado miembro donde está establecido. 
Por obvios motivos, imponerle estar dado de alta en cada uno de los Estados miembros en que tenga un cliente, acabaría dejando sin efecto la mayor parte de las ventajas relacionadas con la liberalización, ya que debería llevar una contabilidad específica o incluso recurrir a un representante fiscal en cada uno de los Estados miembros. 
Lógicamente, de esto se deriva que no podemos discriminar a los operadores de los terceros países pidiéndoles que se den de alta en todos los Estados miembros; también ellos deben beneficiarse de la ventaja de una única alta en la Comunidad. 
Su ponente, Sr. Cox, ha examinado perfectamente las consecuencias de este enfoque y en su informe, aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, propone varias enmiendas. 
Puedo decirles que la Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 1, 3 y 4. 
Por el contrario, a juicio de la Comisión, las enmiendas 5, 6 y 7 no pueden aceptarse, porque aplazan la entrada en vigor de la propuesta de directiva hasta la elaboración de un informe sobre aspectos que, de hecho, no están relacionados con la presente propuesta. 
En efecto, los avances hacia la implantación de un nuevo sistema común de IVA son independientes de la creación de un régimen fiscal aplicable a los servicios de telecomunicaciones. 
La liberalización de dichos servicios tendrá ciertamente un menor impacto sobre las entradas del IVA que la ausencia de un régimen del IVA sobre el éxito de la liberalización. 
Los efectos de las excepciones actualmente aplicadas por los Estados miembros serán, sin duda, tomados en cuenta cuando se lleven a cabo las negociaciones en el Consejo, pero sabemos también que estos regímenes no podrán ser prorrogados o generalizados, habida cuenta de sus inconvenientes e imperfecciones que también el Sr. Cox ha recalcado tan claramente. 
Por otra parte, las consecuencias de la aplicación de un tipo de gravamen único a los servicios de telecomunicaciones quedan, en definitiva, sin efecto, ya que entiendo que el Parlamento no solicita la introducción de este tipo de gravamen único. 
Teniendo en cuenta que el enfoque de la Comisión por sí mismo no se discute y, a falta de sugerencias concretas para mejorarlo, la Comisión considera especialmente inoportuno que la señal dirigida a los operadores parece privarles de la posibilidad de tener, a corto plazo, un marco fiscal capaz de permitirles aprovechar plenamente la liberalización de los servicios de telecomunicaciones, en beneficio de nuestras empresas y de todos los consumidores. 
Por último, la enmienda 2 que no he mencionado hasta ahora, tampoco puede ser aceptada, ya que, de hecho, no es correcta. 
Sin embargo, en el fondo, la misma queda incluida en la enmienda 4, cuya aprobación por parte de la Comisión ya he señalado. 
Se ha pedido, entre otras cosas, a la Comisión que aclarara los motivos que impiden mantener en vigor los principios previstos por la excepción, por no decir, por las 15 excepciones, insertándolos directamente en la Sexta Directiva. 
En el fondo, la respuesta ya ha quedado clara en el informe del Sr. Cox. 
Son inconvenientes que tienen una triple naturaleza: el sistema previsto de la excepción, de hecho, no es viable, el control plantea problemas concretos y existe también un elemento crítico, puesto de manifiesto por algunos de ustedes, con relación al contraste entre el mecanismo de las excepciones y la estructura de las condiciones y las cláusulas previstas en el ámbito del GATT. 
Finalmente, señor Presidente, Señorías, quiero hacer una observación respecto a la cuestión de «por qué precipitarse tanto, tenemos tiempo». 
En realidad no se dispone de tanto tiempo, porque las excepciones agotan su vigencia al final de 1999 y el nuevo sistema deberá adoptarse antes de finales del año 1998 con objeto de permitir su transposición en las legislaciones nacionales. 
Por lo tanto, es posible que quede entre nosotros esta diferencia de opinión sobre la urgencia de la cuestión y sobre el tiempo del que disponemos. 
Señor Presidente, en vista de lo tarde que es, no deseo abrir de nuevo ninguno de los puntos sustanciales del debate. 
Sin embargo, me ha intrigado una observación del Comisario que me da que pensar sobre cómo tendríamos que proceder en la votación de mañana. 
Si le he entendido bien, ha dicho, con respecto a estudiar un tipo único del impuesto sobre el valor añadido para el sector de las telecomunicaciones, que al final podría no servir de nada, pero que, en cualquier caso, el Parlamento no está pidiéndolo y, puesto que no hay ninguna propuesta, la Comisión, en cierto sentido, no está admitiendo la posibilidad. 
Permítame preguntar sin rodeos: es una hipótesis, yo soy el ponente y no el Parlamento, pero, si acaso el Parlamento se dirigiera al Comisario y le dijera: " queremos en una propuesta no sólo una revisión de la Octava Directiva del IVA sino que también queremos un tipo único para las telecomunicaciones» , ¿se podría interpretar, como implícito en la respuesta del Comisario, que respondería de forma afirmativa? 
Señor Presidente, en respuesta al Sr. Cox, sobre la armonización de los tipos impositivos es cierto que dentro de cualquier régimen fiscal en el que el impuesto se devengue en el lugar de establecimiento del proveedor o en el lugar único de registro dentro de la Unión Europea pueden producirse algunas distorsiones de la competencia debido a la diferencia de tipos entre Estados miembros. 
La Comisión estaría dispuesta a proponer la aplicación de un tipo uniforme para los servicios de telecomunicaciones que no está previsto en la propuesta actual y podría estudiar en profundidad, y probablemente con una disposición favorable, una indicación del Parlamento Europeo en esa dirección. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.07 horas) 
Presidenta, presento una moción de orden. 
En el " Aftenbladet» , un diario vespertino sueco, del 9 de enero, se publicó un artículo en la portada con tres hechos incorrectos, de los cuales el Parlamento puede comprobar dos. 
Se acusa a diecisiete parlamentarios de este Parlamento de seis grupos parlamentarios diferentes de estar involucrados en unas prácticas mafiosas y de formar parte de la mafia de las drogas en la Unión Europea. 
Dado que se creó un sistema y una unidad para actuar contra este tipo de artículos escandalosos, quisiera preguntarle si la Oficina de Información sueca ya ha creado una " fiche d ' alerte» y si ya se ha recibido en nuestra unidad del Parlamento y cuáles van a ser las consecuencias de esto. 
Porque está muy claro que esto perjudica extraordinariamente a este Parlamento y que además es un completo disparate que se acuse a diecisiete miembros de participar en la mafia de las drogas y que aparezcan con foto y todo en el periódico. 
Me gustaría mucho saber si usted y nuestra unidad que se creó para esto, actúan de alguna forma y si ya se ha hecho una " ficha d ' alerte». 
Señora van Dijk, contestando a su pregunta, puedo decirle que la Mesa examinó en la reunión de la víspera la manera más apropiada de responder a tales ataques y calumnias, y decidimos la creación de una unidad para contestar lo más rápida y razonablemente posible a estos ataques absolutamente inadmisibles. 
Aprovecho la oportunidad para informar de ello a nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, pido mis sinceras disculpas por molestarle con un problema personal. 
Suelo empezar animado y en buena condición con el período mensual de sesiones de Estrasburgo, pero casi en cada período de sesiones cojo un resfriado fuerte. 
Resulta que muchos padecen problemas de este tipo. 
Creo que tiene que ver con el sistema de climatización. 
Mi pregunta es si usted está dispuesta a pedir a los servicios correspondientes que investiguen lo que se puede hacer. 
Porque, Señora Presidenta, realmente ya no se puede aguantar- hablo por mi- al final de la semana. 
Señor Cornelissen, no podemos iniciar un debate sobre este asunto. 
No me ha molestado en absoluto que me haya planteado esta cuestión. 
Creo que todos acabamos la sesión con problemas debido al mal funcionamiento de la instalación de aire acondicionado. 
Los servicios técnicos se ocupan de esta cuestión y haremos lo imposible para que la temperatura de este hemiciclo se adapte a nuestras necesidades. 
Ya me he ocupado de este problema, porque muchos colegas han hecho la misma observación que usted. 
Creo, señor Cornelissen, que la explicación es mucho más sencilla. 
Estamos reuniendo los últimos virus y bacterias de los cuatro puntos de Europa todos los meses, trayéndolos aquí e intercambiándolos. 
Es nuestra contribución al Mercado Único Europeo y a la libre circulación de las bacterias. 
Le doy las gracias, señor Corbett, por haber puesto un poco de buen humor en esta cuestión. 
Es sobre la misma cuestión, señora Presidenta. 
No suelo coger constipados en Estrasburgo, pero si sus técnicos son competentes podría enviarlos a Bruselas. Con frecuencia he regresado de Bruselas con un constipado. 
Tenemos los mismos problemas, molestias en los ojos, etcétera. 
Drogas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0359/97) de la Sra. d´Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, con la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de drogas. 
Señora Presidenta, mi problema no es tanto inmunológico como de orden del día. Usted ha llamado el informe de la Sra. D´Ancona. 
En base al artículo 129 del Reglamento, quiero solicitar que se devuelva el informe de la Sra. D´Ancona a la comisión. 
(Agitación) Quiero justificar mi solicitud como sigue: nuestro grupo político junto con la Sra. ponente, la colega d´Ancona, ha hablado muy intensamente con los diversos grupos políticos de esta Asamblea. 
Teníamos que debatir sobre 36 enmiendas que se presentaron entre la aprobación del proyecto del informe en la comisión y la sesión plenaria. 
Señora Presidenta, entre estas 36 enmiendas una serie de ellas si se aprobasen no solamente modificarían ligeramente el informe sino que lo convertirían en lo contrario. 
Durante la pausa de Navidad... 
(Agitación) Estimadas y estimados colegas, existen unas normas mínimas de cortesía entre las personas y si no las han aprendido, las pueden conocer esta mañana. 
Estas enmiendas no han podido ser suficientemente discutidas durante la pausa de Navidad entre la ponente y los autores de las mismas. 
Por ello, la colega d´Ancona y mi grupo político solicitamos que nos dé la oportunidad de hacerlo y realizar el intento de llegar a un compromiso en un tema tan sensible como la política relativa a las drogas. 
(Aplausos) 
Señor Schulz, usted acaba de hacer una solicitud en virtud del artículo 129 del Reglamento. 
Para aplicar estrictamente este artículo deseo saber si hay un orador a favor de esta solicitud. 
No es el caso. 
Señora Presidenta, Señorías, esta solicitud es una llana moción de censura contra la estimada colega d´Ancona. 
No se debe ocultar este hecho. 
Por lo visto, no se atreven a someter hoy esta solicitud a debate y a votación. 
También deben saber que- al contrario que mi estimado colega Schulz que nos lo ha intentado hacer creer- no le mueve a ello el haber conocido nuevos datos, sino que tras esta solicitud se encuentra el largo brazo de Tony Blair. 
En Londres se le ha dictado lo que ha dicho aquí. 
Tony Blair le ha dirigido. 
Hay una declaración del Gobierno británico del siguiente tenor: But the UK government has made clear, that it has no intention of legalization or decriminalization of any currently controlled drug. 
Por ello, sienten que su mayoría se tambalea y quieren devolverlo a la comisión. 
Decimos que una política europea sobre las drogas debe plantearse una única pregunta: ¿facilita o dificulta que los jóvenes y niños accedan a las drogas? 
Esto lo podemos afirmar ya hoy con un voto negativo. 
Por ello, rechazamos esta enmienda. 
El Sr. Nassauer no se ha extendido más tiempo que el Sr. Schulz en el uso de la palabra. 
Les aseguro que estoy muy atenta a estas cosas. 
De conformidad con el Reglamento, yo había propuesto la intervención de un orador a favor. 
Nadie se ha manifestado. 
Señor Dell´Alba, ¿desea pronunciarse a favor? 
Hemos escuchado a los oradores, según establece el Reglamento. 
Concedo ahora la palabra a la Sra. Green por alusiones personales. 
Señora Presidenta, la verdad es que no puedo resistirme. 
Gracias por su invitación a hablar y también por reconocerme como Pauline Green. 
Quisiera decir simplemente que, cuando el Sr. Nassauer ha leído un fragmento de las instrucciones del Ministerio del Interior británico, no ha leído, naturalmente, todos los demás pasajes en que se expresa apoyo al informe y a lo que intentaba hacer y algunos de los elementos de los que intenta ocuparse la Sra. d ' Ancona. 
Señor Schulz, supongo que la Sra. d´Ancona no desea intervenir, ya que usted se ha expresado por ella. 
Lo digo porque según el Reglamento el presidente de la comisión, o el ponente, pueden intervenir. 
Así que usted ha hablado en su nombre. 
De acuerdo. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (sistema " Eurodac») 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0402/97) de la Sra. d´Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo relativo a la creación de "Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y del proyecto de" Convenio Eurodac» , celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la creación del sistema " Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (11079/97- C4-0506/97-97/0915 (CNS) ). 
Señora Presidenta, el tema que puedo abordar en este momento es muy importante. Tal vez no suscite tantas emociones como el otro tema que hemos debatido esta mañana. 
Podemos hablar de esto entre nosotros con más tranquilidad pero tengo que decirle sinceramente que abordo este tema con sentimientos contradictorios. Le explicaré el porqué. 
Ayer por la tarde tuvimos aquí un debate muy bueno sobre la política de refugiados y sobre la situación que ha surgido a raíz de que1200 Kurdos pidieran asilo en Italia en las últimas semanas. 
De todas las intervenciones de ese debate, y se lo digo de nuevo, fue un buen debate que no dividió tanto a la derecha de la izquierda como cuando hablamos de las drogas, resultó que todos éramos de la opinión de que lo que falta en este momento es una política común de inmigración y asilo. 
Todos nuestros colegas expresaron aquí su decepción sobre el hecho de que el Tratado de Amsterdam no nos haya traído esa política común de inmigración y asilo. 
Quizá más adelante pero no en este momento. 
Observamos que un incidente como el que ha ocurrido en el caso de los Kurdos nos juega una mala pasada y que realmente no sabemos cómo reaccionar. 
Ahora bien, digo que tengo unos sentimientos contradictorios, y me parece extraordinariamente difícil empezar a hablar de unos instrumentos que tienen una buena función en el ámbito de una política común de inmigración pero que tomados por si solos parecen servir nada más que para dejar la puerta cerrada a los solicitantes de asilo. 
Ahora bien, ¿porqué pese a todo he estimado importante que opináramos sobre esto? 
En primer lugar, y eso quiero volver a decirlo aquí, me parece una señal de muy buena voluntad por parte del Consejo que haya decidido involucrar al Parlamento en la toma de decisiones en torno a la creación de ese instrumento de Eurodac. 
Para hacer justicia a la idea de que es peligroso manejar los instrumentos fuera de su contexto, presenté un gran número de enmiendas a la propuesta del Consejo y espero, naturalmente, que mis colegas las apoyen. 
Todas ellas parten de que hay que crear la mayor seguridad posible para aquellas personas que están en una situación de emergencia. Se trata de los solicitantes de asilo. 
Un instrumento puede tener un significado positivo, tomar las impresiones dactilares cuando se trata de impedir que se manden personas de un Estado miembro a otro porque no queda claro quién debería a tramitar su solicitud de asilo. 
Para eso es un buen instrumento, pues eso ya no volverá a ocurrir. 
En segundo lugar, creo que se excluye así el envío a un tercer país fuera de la UE, donde rigen otras normas, posiblemente más negativas para el solicitante de asilo. 
Eso también es bueno. 
Avisé también en una de las enmiendas que tiene que quedar explícitamente claro que la comparación de las impresiones dactilares no puede ser utilizada para otros fines que no sean la comprobación de la responsabilidad del Estado miembro de origen. 
Por lo tanto, no se puede utilizar para otro fin que para el que esté diseñado. 
Asimismo, creo que es importante que el registro de las impresiones dactilares se conserve sólo durante un tiempo reducido, de modo que de verdad no se pueda hacer abuso de él. 
Lo que también me parece importante es que la Comisión Europea se encargue de la gestión de Eurodac, y no uno de los Estados miembros. 
Me parece que también se ha de crear una especie de protector de datos en Europa, ya que tenemos cada vez más bases de datos y creo, en vistas a la intimidad de la gente, que debemos tratarlas con el mayor cuidado posible. 
En última instancia he propuesto que el Tribunal de Justicia Europeo fuera, y que siguiera siendo, la institución indicada en caso de quejas sobre estos asuntos. 
Bueno, para terminar, Señora Presidenta, ya le he dicho que es realmente una pena que el instrumento se anteponga a la política total. 
Es una pena pero tengo la esperanza, cuando se modifiquen algunos puntos de lo propuesto por el Consejo, que el Eurodac pueda desempeñar aún una función útil. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, aunque el informe de mi colega d´Ancona sobre la elaboración de un convenio para la creación de " Eurodac» es más bien un informe objetivo y técnico- sobre lo que ya ha llamado la atención mi colega- su ejecución es de gran importancia para las personas afectadas. 
Las personas que se quiere registrar en este sistema han abandonado sus países por diferentes motivos y utilizando también muy diferentes rutas de viaje. 
En gran parte lo han hecho porque quieren huir del terror, las torturas y la persecución, pero también- no lo debemos olvidar- porque tienen un trasfondo social y económico sin perspectivas. 
Todos han elegido la fuga en la esperanza de que allí donde encuentren un día un refugio puedan encontrar también un futuro mejor y seguro, ante todo una protección para sus vidas. 
Sin embargo, la avalancha de refugiados en la Unión Europea ha hecho que se reduzca rápidamente en los últimos años la disposición a acogerlos en los Estados miembros. 
Con las numerosas normas comunes y acuerdos entre los Estados miembros surge, por un lado, la impresión de que se amplía el recinto amurallado de Europa y, por otro lado, de que Europa se entrelaza cada vez más y las fronteras interiores tienen cada vez menor importancia. 
Hay que encontrar una regulación común sobre todo en el campo del tercer pilar. 
En cualquier caso sería necesario que cuando hablemos de política de asilo y de inmigración lo hagamos también sobre una política común de asilo e inmigración. En este contexto, tengo que reconocer el excelente trabajo realizado por la Sra. D´Ancona en su informe. 
No puede ser que, tal como ocurre actualmente, existan numerosas regulaciones diferentes en los Estados miembros que sean reducidas a continuación a un mínimo por el Consejo, limitando también a un mínimo la protección para los refugiados. 
Estoy pues a favor de desarrollar un concepto común. 
Pero sobre este informe quiero decir aún algunas cosas que considero importantes. 
Lo más importante es que se garantice la protección de los datos de las personas afectadas. 
Una vez que se ha determinado que debe existir un organismo central pero no cómo debe trabajar el mismo, es necesario que lleguemos a un acuerdo para que esta unidad central, tal como ha dicho la Sra. D´Ancona, se encuentre en la Comisión Europea. 
También es importante para mí que los Estados miembros solamente puedan tener un acceso limitado a esta unidad central, en concreto, durante un período máximo de tres meses, ya que ellos mismos tienen la posibilidad de crear un registro. 
Por ello, en mi opinión es necesario que se limite el acceso de los países miembros a este registro central. 
Señora Presidenta, Señorías, el aspecto central de este sistema automático de procesamiento de datos consiste en que en el futuro se van a tomar las huellas dactilares a todos los solicitantes de asilo en la Unión Europea tan pronto como entren en un país miembro de la Unión y si tienen 14 años de edad. 
Quiero decir de antemano que el grupo del PPE apoya este proyecto por motivos que voy a exponer aún y que consideramos un sin sentido la crítica que se hace de que los solicitantes de asilo quedan automáticamente criminalizados pues la toma de huellas dactilares es una medida que se emplea para la persecución de delincuentes. 
Existen necesidades objetivas que voy a exponer brevemente. 
Es importante que los procedimientos de asilo se decidan rápidamente en Europa. 
Los solicitantes tienen un derecho a ello, independientemente de si solicitud está justificada o no, de si son perseguidos políticamente o no. 
En cualquier caso, deben tener pronto claridad sobre si pueden permanecer en Europa o no. 
En segundo lugar, deben existir competencias claras. 
Debe estar claro qué Estado es competente para tratar un procedimiento de asilo, es decir, quién examina una solicitud de este tipo. 
En tercer lugar, hay que evitar que los solicitantes de asilo sean llevados de un lugar a otro entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Estas son las exigencias de un procedimiento adecuado, justo y humano y para ello hay que determinar la identidad de los solicitantes de asilo y, en caso necesario, también la de sus familiares, para lo que es adecuado este sistema. 
Por supuesto, aquí se aplican las normas sobre la protección de los datos. 
En el acuerdo correspondiente se dice de modo expreso que se aplicará ilimitadamente el convenio sobre la protección de los datos del Consejo Europeo de 1981. Entre otras cosas, allí también se dice que las huellas dactilares se borrarán si, por ejemplo, el solicitante obtiene la nacionalidad de un Estado miembro o si es reconocido como refugiado por un Estado miembro. 
Pero no solamente hay perseguidos políticamente que buscan asilo. 
En la República Federal de Alemania se han publicado ayer las cifras de solicitantes de asilo del año pasado. 
Han sido más de 104.000 y de esos 104.000 se ha reconocido como perseguidos políticamente a apenas un 5 %. 
Por supuesto, existe un considerable número de solicitantes de asilo que no presenta su solicitud sólo una vez, sino dos o varias veces, para acceder a la ayuda social. 
Esta es una lamentable realidad que no se puede ignorar. 
Por ejemplo, en Alemania se han realizado a este nivel estudios para el período entre enero de 1993 y septiembre de 1996 y se han constatado 46.000 casos de abusos de este tipo, lo que representa una cuota de aproximadamente el 10 %. 
Después de introducir en Alemania un sistema automatizado de huellas dactilares, esta cifra se ha reducido claramente. 
Entretanto existe una comparación de las solicitudes de asilo entre Suiza y Alemania. Se ha revelado que de los principales países solicitantes- de Turquía el 12 %, Pakistán el 19 %, Zaire el 12 % y el Líbano el 12 %- existen solicitantes dobles que perciben una ayuda social también doble, lo que no se puede sencillamente ignorar. 
Por ello, es adecuado disponer de un procedimiento de este tipo. 
Favorece a aquellos que realmente son perseguidos políticamente, por lo que el Grupo del PPE apoya este acuerdo del Consejo y tiene algunas objeciones contra la ponencia limitadora de la colega d´Ancona. 
Señora Presidenta, examinamos hoy el informe de la Sra. D ' Ancona sobre la propuesta del Consejo de un sistema automatizado para el reconocimiento de las huellas dactilares del solicitante de asilo. 
Estamos de acuerdo con la ponente en la necesidad de potenciar al máximo la seguridad jurídica del ciudadano, con medidas claras y procedimientos breves, para el reconocimiento del derecho de asilo. 
Por otra parte, apoyamos la idea de designar un protector europeo de los datos, visto el número creciente de sistemas que permiten el intercambio de datos relacionados con la persona, y vista la dificultad que presenta la defensa contra los abusos de las personas incluidas en los sistemas. 
El asilo es un derecho fundamental de la persona. 
Conceder o rechazar el acceso al procedimiento de asilo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, tal como se señala en el informe. 
Esta circunstancia se ha de tener presente en todos los casos, y han de tomarse las precauciones necesarias para que las personas afectadas se beneficien de las mejores condiciones de seguridad jurídica. 
En este contexto, me gustaría recordar la pasividad manifiesta del Gobierno español ante las peticiones de asilo y refugio de más de 270 inmigrantes argelinos que siguen a la espera, en Melilla, -desde hace más de dos años, en algunos casos- de que se resuelvan peticiones de amparo legal frente a la amenaza terrorista de la que son objeto en su país de origen. 
Mientras tanto, las autoridades españolas consideran, de manera incomprensible, que Argelia no es una zona de conflicto. 
La necesaria coordinación de las políticas de asilo en la Unión Europea no debe erosionar el sistema de protección internacional de los solicitantes de asilo. 
En este sentido, la futura unión política deberá mantener y desarrollar la tradicional política europea del derecho de asilo. 
Abogamos por un concepto evolutivo del derecho de asilo, sujeto a todas las convenciones internacionales, y por la aplicación evolutiva de ese derecho a los nacionales de los países de la Unión. 
No obstante, cuando se realice plenamente la unión política, este derecho sólo tendrá sentido cuando se refiera a nacionales de terceros Estados. 
Señora Presidenta, en estos días se rememora una palabra que Emile Zola lanzó contra su Gobierno hace exactamente 100 años: J´accuse- yo acuso. 
Era expresión de una desesperada resistencia contra la arbitrariedad del poder que, por una mera conveniencia política, convirtió en culpable a un inocente, despreció a la justicia y a la dignidad del hombre y lo arrojó para que fuese devorado por una opinión pública enardecida. 
Cien años más tarde creemos estar seguros de haber superado definitivamente esta forma de poder y de haberla sometido al imperio del derecho. 
Pero de nuevo vemos como en las mentes y corazones de miles de personas, que son impedidas en su derecho humano al asilo con trabas caprichosas, la denegación y la infracción del derecho, vuelve a surgir esta acusación en las fronteras de Europa contra esa arbitrariedad del poder. 
Somos testigos de cómo el derecho y la política retroceden ante una opinión pública histérica y ante el fenómeno de masas de la xenofobia. 
Ninguna otra región del mundo ha producido en el siglo XX más y mayores flujos de refugiados que este continente. 
Millones de europeos han sido acogidos en innumerables países en todo el mundo, con mucha frecuencia, por países afectados ellos mismos por la destrucción y la miseria. 
Hoy, en la era de nuestro mayor bienestar histórico, una cifra incomparablemente menor de perseguidos viene a nosotros y ¿qué hacemos? 
Negamos cada vez más a las personas el derecho a tener un refugio. 
En lugar de concedérselo, son registradas con medios técnico- criminalistas; la cooperación europea ve su única tarea en la defensa y, en caso necesario, en la expulsión. 
Ante solamente 2.000 kurdos que huyen, los políticos desatan imágenes apocalípticas de masas de refugiados que nos invaden. 
Europa, que tiene que agradecer su riqueza cultural a su apertura al mundo se convierte en un recinto amurallado. 
Si ante los muros de este recinto surge en las mentes y corazones de las personas aquel " j´accuse- yo acuso» , somos nosotros los acusados. 
Señora Presidenta, Señorías, la actualidad nos recuerda de manera trágica la importancia que reviste la política de asilo para cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y para la Unión Europea, en general. 
Si bien es evidente que la cooperación interestatal en este ámbito no sólo es útil, sino también necesaria, eso no es óbice para que el problema de la acogida de los refugiados, el derecho de asilo, sea esencialmente una cuestión que afecta a la soberanía nacional, como, por otra parte, lo ha decidido recientemente el Consejo Constitucional francés. 
Estos principios nos remiten al informe sobre Eurodac, que es ante todo un informe técnico, aunque también político. 
La ponente propone que la responsabilidad de la gestión del sistema " Eurodac» sea asumida por la Comisión, y no por un Estado miembro, bajo la responsabilidad del Consejo. 
Pensamos que es preferible que el Consejo siga responsabilizándose de la gestión de este sistema, en lugar de confiarlo a la Comisión. 
En efecto, puesto que emana de los Estados, el Consejo percibe de un modo más claro los objetivos concretos, reales, relacionados con las dificultades vinculadas a la acogida de los refugiados, mientras que la Comisión podría tener una visión más " desencarnada» , más ajena a los problemas concretos, a las realidades concretas existentes en cada uno de los Estados que deben hacer frente a la afluencia de refugiados. 
Por eso nosotros votaremos en contra de las enmiendas de la Comisión de Libertades Públicas. 
El problema de los refugiados es un problema humano extremadamente grave, pero la política es el arte de lo real. 
Hace algunos años nuestro colega Michel Rocard dijo que: " Francia no puede acoger toda la miseria del mundo». 
Creo que Europa tampoco puede acoger toda la miseria del mundo y que nuestro objetivo es saber organizar políticas de cooperación y de desarrollo para los países pobres, de tal modo que sus habitantes puedan lograr en sus países un pleno desenvolvimiento. 
Presidenta, el tema de los refugiados kurdos nos recuerda estos días que el problema de los solicitantes de asilo va a ser tal vez uno de los mayores desafíos, quizá el mayor desafío, de Europa en los años venideros. 
Por cierto, añado que el problema kurdo es muy limitado en comparación con el flujo multitudinario que amenaza acercarse si la situación en Argelia, por ejemplo, se recrudece aún más. 
Me pregunto ya ahora qué gobierno europeo tendrá o tendría el valor de parar este flujo multitudinario, que, dicho con todo el respeto, desactualizaría completamente este debate sobre el registro de las impresiones dactilares de solicitantes de asilo. 
Por lo tanto, apoyamos naturalmente la propuesta Eurodac del Consejo para la creación de un registro central de impresiones dactilares de solicitantes de asilo. 
A mi juicio, es una de las muy pocas medidas que pueden reducir en algún grado, demasiado poco, pero en algún grado las consecuencias negativas de la supresión de los controles fronterizos en los países de Schengen, una medida por cierto, la de la supresión de los controles fronterizos, que seguimos cuestionando. 
Ni que decir tiene que también rechazamos las enmiendas del informe de nuestra colega d ' Ancona, enmiendas que por una parte tienen como fin dificultar el funcionamiento del tan necesario registro de las impresiones dactilares y que por otra parte otorgan un lugar en las decisiones de la política de asilo a la Comisión Europea que no le corresponde en absoluto. 
Al fin y al cabo, es también mi deber ampliar el debate un poco y recordarles que la experiencia nos enseña que después de haberlas investigado, más de un 90 por ciento de las solicitudes de asilo resultan ser completamente infundadas. 
Sí que se puede decir ahora que muchos políticos en mi país y fuera de él siguen abogando por una especie de política de Reyes Magos que al final se hace a costa de los menos afortunados y de los más pobres de nuestra propia población. 
Repito por lo tanto, como punto final, que en mi opinión los refugiados políticos de verdad deben ser acogidos en los países vecinos de los países de origen, con formas de vida y culturas similares en esencia, y por lo tanto no en Europa, y que estamos dispuestos a apoyar esta política materialmente. 
En segundo lugar, los estafadores de asilo, o sea un 90 por ciento de los solicitantes, deben ser expulsados enérgicamente de forma humana. 
Sólo entonces se encontrará de nuevo una aprobación de Europa para ayudar a todos los refugiados auténticos. Hoy en día, lamentablemente, pero por razones comprensibles, ya no es el caso. 
Señora Presidenta, este convenio Eurodac es fundamental para lograr que funcione el Convenio de Dublín. 
Estamos obligados a colaborar en Europa en la cuestión de los refugiados. 
La actual y trágica situación de los refugiados kurdos es un ejemplo. 
Es necesario disponer de una política sobre refugiados efectiva y responsable. 
La cuestión no es quién tiene derecho a asilo en la UE. La cuestión es por el contrario lograr una mejor distribución de la responsabilidad sobre los refugiados en Europa. 
Simplemente se pretende disponer de un mejor instrumento por medio del cual decidir qué Estado miembro tiene la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada dentro de la Unión. 
Por un lado debemos evitar que los solicitantes de asilo se conviertan en juguetes en manos de países diferentes, porque nadie quiera asumir la responsabilidad de examinar su caso. 
Existen muchos ejemplos de casos trágicos en los que los solicitantes de asilo esperan durante años a que se examine su solicitud o son enviados de un país a otro de Europa pues nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad. 
No podemos ofrecer esto a personas que en muchos casos han huido de la tortura y la represión. 
Es importante que todos los países se comprometan a tomar las huellas digitales. 
Sólo de esta manera podemos impedir que los solicitantes de asilo cambien de identidad tras haber sido rechazados en un Estado miembro. 
Sólo si disponemos de una base de datos de huellas dactilares, podemos descubrir inmediatamente el abuso y el fraude. 
Esto supondrá también una ventaja para los solicitantes de asilo que no tengan nada que ocultar. 
Celebro mucho que el señor ponente haga hincapié en que la creación de esta base de datos no ha de implicar un término medio en lo referente a la protección legal de los solicitantes de asilo. 
Los solicitantes tienen derecho a la protección de los datos. 
Ha de existir seguridad y control de los datos tanto en cuanto a quién tiene acceso a ellos como en cuanto a quién puede utilizarlos. 
Señor Presidente, las recientes oleadas de refugiados en Europa han servido para dirigir la atención a los problemas de los solicitantes de asilo en la Unión Europea. 
El sistema " Eurodac» , presentado por la Comisión, responde a un aspecto de esta cuestión. 
El Convenio de Dublín establecía que un refugiado debía presentar su solicitud de asilo en el Estado miembro de origen y estarse a la decisión de éste; decisión que se aplicaba en toda la Unión. 
El sistema " Eurodac» intenta ahora poner en práctica este principio, para evitar que esos cientos de personas, indocumentadas, viajen de país en país al capricho de las ventajas sociales que se les concedan, mientras esperan una decisión. 
La toma de las impresiones dactilares permitirá saber rápidamente, dentro de un plazo breve, si la persona de que se trata ha presentado efectivamente su solicitud en el país miembro de origen. 
La rapidez es la mejor ventaja de este sistema, que beneficiará a los verdaderos refugiados, que presentan su solicitud legalmente, e impedirá a los demás abusar de la hospitalidad de los Estados miembros. 
Eurodac no es un instrumento destinado a la represión o a la expulsión. 
Como se dijo ayer por la noche, Europa no debe cerrarse a los refugiados, sino permanecer abierta a las poblaciones necesitadas. 
Eurodac debe, por el contrario, contribuir a mantener esta capacidad de hospitalidad, impidiendo los abusos del sistema. 
Estos abusos los cometen a menudo delincuentes muy bien organizados e informados que, a cambio de grandes sumas de dinero, transportan a personas necesitadas y les informan sobre las lagunas y las fisuras de las legislaciones de la Unión. 
Quienes ponen el grito en el cielo cuando oyen pronunciar la palabra " represión» no toman en cuenta el hecho de que para todas las mafias el paso ilegal de fronteras es la empresa delictiva más lucrativa, inmediatamente después de las drogas. 
El debate sobre los refugiados kurdos ha puesto de manifiesto la necesidad de una armonización europea en materia de política de asilo. 
Eurodac es un elemento de esta cooperación europea, una herramienta para poder hacer frente en mejores condiciones a la afluencia de refugiados. 
Si bien el sistema " Eurodac» debe acogerse favorablemente como un instrumento técnico para evitar los abusos, no hay que perder de vista las raíces del problema, es decir, la situación en los países de origen. 
Es ahí donde la política interior y la política de asuntos exteriores europeos deben unirse para permitir un enfoque global y, por tanto, más eficaz. 
La Unión Europea debe abarcar más consideraciones sobre los derechos humanos en las relaciones con estos países, apoyar la reconciliación de las poblaciones en el marco del Estado de Derecho, denunciar la opresión política, económica y cultural de las minorías. 
La Unión Europea es uno de los mayores distribuidores de ayuda económica en el mundo. 
¡También tiene que ocupar un lugar destacado en materia de respeto de los valores democráticos! 
Señor Presidente, Eurodac es una parte de la restrictiva y brutal política de refugiados que hoy estamos viendo extenderse en Europa occidental. 
Los países de la UE se cierran cada vez más frente a gran parte del mundo. 
Demasiado a menudo se trata a los refugiados de una manera indigna, como si fuesen delincuentes y no personas que buscan protección. 
La base de Eurodac es que una solicitud de asilo sólo deberá ser tratada en un país miembro. 
No estoy de acuerdo con este criterio y por eso apoyo el punto 18 del informe, que a mi juicio es concluyente. 
Cada solicitud de asilo deberá ser tratada separadamente, independientemente si se está en tales registros o no. 
Es un punto fundamental. 
Hay numerosos ejemplos de solicitantes de asilo que no lo han obtenido en un país de la UE pero que después lo han podido solicitar y obtener en otro. 
Personalmente, tengo muchos amigos que se las han arreglado de este modo. 
Me pregunto qué les va a suceder a éstos cuando el sistema empiece a funcionar en la práctica. 
Tomar las huellas dactilares es un atropello a la integridad individual. 
Un sistema obligatorio de impresión de huellas dactilares se basa, al fin, en que los que se nieguen a hacerlo pueden ser obligados a ello, en casos extremos con violencia. 
Esto rige para niños de 14 años en adelante. 
Esto es un grave atropello a la integridad individual. 
Mi opinión es que esto no es necesario. 
En Suecia teníamos antiguamente un sistema que implicaba que aquél que no podía probar su identidad de una forma verosímil, tenía la obligación de imprimir sus huellas dactilares. 
Este método es absolutamente suficiente para disipar quién es el solicitante de asilo. 
En la práctica, los solicitantes de asilo no pueden decir que no, ya que sus posibilidades disminuirían si no dejaran sus huellas dactilares. 
La propuesta de convención contiene además otros muchos puntos débiles. 
Estimo que el límite de edad de 14 años es muy bajo, debiera ser por lo menos 18 ó 21 años, u otra edad a que una persona pueda ser considerada adulta. 
Las exigencias de que se borren los datos del sistema son incompletas. 
Hay riesgos claros de que pudiera haber personas registradas que residan de manera totalmente legal en diferentes países miembros. 
Sabemos que hay una reserva alemana e inglesa a la propuesta que se discutió en el Consejo de Ministros de diciembre. 
En ésta se deja en claro que las personas que tengan permiso de residencia en un país miembro no deberán figurar en el registro. 
Opino que es una exigencia absolutamente lógica que se ha formulado a propósito de esas negociaciones, es una exigencia de seguridad jurídica. 
A pesar de que está formulado en la propuesta de convención, todavía no está claro qué posibilidades tiene el solicitante de asilo de obtener información y de poder presentar recursos y hacer valer sus derechos. 
Un sistema semejante de control de registro existe en Schengen Information System, se llama JSA, Joint Supervisory Authority, y funciona vergonzosamente mal. 
Sabemos que el control es poco, la seguridad jurídica frágil y las posibilidades de interponer recursos limitada. 
Estimo que hay un gran riesgo de que tengamos en Eurodac las mismas debilidades de que hoy adolece el sistema Schengen. 
Es un sistema que en la práctica significa que el refugiado siempre está en desventaja. 
Con estas palabras quiero dejar en clareo que comparto muchas de las críticas de la ponente. 
Ella señala graves deficiencias que existen en el sistema actual. 
No comparto la opinión de que la Comisión adquiera influencia sobre esto. 
Es un asunto interestatal, para los Estados miembros. 
A pesar de esta crítica, votaré a favor del informe de d ' Ancona puesto que trata puntos de vista tan importantes del sistema Eurodac. 
Señor Presidente, desearía señalar ante todo a mi colega Buffetaut, que ha intervenido hace un momento, que su cita de Michel Rocard era incompleta. 
Desearía completarla. 
Michel Rocard había dicho, efectivamente, que Francia no podía acoger toda la miseria del mundo, pero había añadido que Francia tenía que cumplir íntegramente con la parte que le correspondía. 
Pienso que es importante. 
La discusión del informe sobre Eurodac nos sitúa en el meollo de los problemas que plantea la armonización de nuestras políticas de inmigración y de asilo. 
Ayer tuvimos una discusión sobre la llegada de refugiados kurdos a Italia y pudimos comprobar hasta qué punto es difícil tratar los problemas en caliente. 
Si bien se subrayó, con razón, la actitud digna de encomio del Gobierno italiano, comprobamos que, en conjunto, los países de la Unión se habían mostrado indecisos, que su comportamiento había sido discutible, por no haber decidido de común acuerdo las medidas que debían tomarse en un caso como este. 
El proyecto " Eurodac» se inscribe en esta búsqueda de una armonización de las prácticas de asilo. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con el principio, con la condición de que estemos muy vigilantes en relación con el respeto de los derechos humanos, como ha subrayado la Sra. d´Ancona. 
Su informe se orienta en este sentido y lo apoyo. 
Pero desearía sobre todo insistir en la necesidad de avanzar rápidamente por la vía de la armonización de las prácticas de asilo. 
Señora Comisaria, usted ha presentado una propuesta para garantizar la protección temporal de las personas desplazadas, y ya he tenido la oportunidad de felicitarla por ello. 
Pero usted sabe que esta iniciativa, una vez que el Consejo la apruebe, sólo resolverá una parte de los problemas. 
En efecto, ¿qué es lo que podemos comprobar desde hace algunos años con respecto a las solicitudes de asilo en la Unión? 
El número de solicitudes de asilo conoció un auge en 1992, para descender luego año tras año. 
Muchos Estados han adoptado disposiciones nacionales para desanimar a las personas que, al no poder entrar en Europa debido a que la inmigración estaba cada vez más controlada, intentaban obtener el estatuto de refugiado, buscando con ello un futuro mejor. 
Estas nuevas disposiciones explican, en gran parte, el descenso de las solicitudes. 
Pero, consecuentemente, parece evidente que las solicitudes actuales deberían dar lugar a un nivel de reconocimiento más elevado. 
Ahora bien, señor Presidente, señora Comisaria, lo que ocurre es exactamente lo contrario, este nivel tampoco cesa de descender. 
¿Acaso el mundo se ha convertido de pronto en un remanso de paz y de prosperidad? 
A diario podemos comprobar que esto no es así. 
La razón es más simple: debe buscarse en la creciente pusilanimidad de los Estados y en la política cada vez más represiva que se aplica. 
Las jurisprudencias de algunos Estados miembros interpretan la Convención de Ginebra en un sentido contrario al espíritu de sus autores. 
Existen personas que son realmente perseguidas y a quienes se les niega el estatuto por la razón de que aquellos que las persiguen no son agentes estatales, y el Consejo ha aceptado esta interpretación restrictiva en su Resolución de marzo de 1996. 
Como se conocen los riesgos que se corren en caso de retorno, estas personas son toleradas en el territorio de la Unión, pero sin estatuto, sin derechos, en muchos de nuestros Estados miembros. 
Algunos han creado estatutos de protección complementaria, otros están trabajando en ello, como mi país. 
¿No sería preferible, señora Comisaria, poder contar también en este punto con una política común y estudiar la creación de un estatuto de protección subsidiaria en el plano Europeo? 
Señor Presidente, el objetivo de la Unión Europea es que practiquemos una política de asilo que ayude a los auténticos refugiados, es decir, a aquellas personas que según la Convención de Ginebra son acreedoras a un status de refugiado. El segundo objetivo es impedir el abuso del derecho de asilo. 
Amsterdam ha marcado las pautas de una política de asilo común. 
El Convenio de Dublín, que ha entrado en vigor, es un primer paso muy importante hacia una " comunitarización» de la política de asilo. 
El instrumento sobre el que ahora debatimos, el sistema " Eurodac» es un instrumento que garantiza que se ayude realmente a aquellos que necesitan ayuda y que imposibilita a los que abusan del derecho de asilo que lo hagan. 
Se trata, pues, de un buen instrumento. 
La propuesta que nos ha presentado el Consejo es un instrumento aceptable y que contribuye a alcanzar los objetivos de la Unión Europea en lo que a la política de asilo se refiere. 
Pero lo que ha hecho de ello la comisión, con sus limitaciones y constataciones tendenciosas, no contribuye a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. 
Si piensan que, a pesar de un rechazo en un Estado, hay que examinar de nuevo en todos los demás Estados miembros al mismo solicitante con todos sus argumentos si presenta de nuevo su solicitud, esto supone unos dispendios enormes. 
Nuestros sistemas están sobrecargados y, a la postre, no podemos ayudar ni conceder asilo. 
Debemos constatar que en total solamente una parte muy pequeña de los solicitantes obtiene realmente asilo. Son porcentajes con una cifra antes de la coma, es decir, que, a la inversa, se presentan injustificadamente muchas solicitudes. 
Sé de casos en los que se han presentado hasta diez solicitudes de asilo en diferentes Estados. 
Para que luego venga uno diciendo que no se abusa del derecho de asilo en Europa. 
Debemos hacer algo en contra. 
Es una señal y un camino erróneo alimentar la tendencia por la que a todos los que están a favor de que se tomen huellas dactilares se les supongan malas intenciones. 
Necesitamos el sistema " Eurodac» pues supone un apoyo para una política de asilo buena y correcta y está orientada a evitar los abusos. 
Por ello, vamos a apoyar este instrumento tal como lo ha propuesto el Consejo. 
No puedo apoyar las propuestas provenientes de la comisión, lo que es aplicable también al Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, hay que saludar la posibilidad que ofrece el sistema " Eurodac» para combatir los abusos existentes por la razones más diversas en las solicitudes de asilo. 
Si es posible impedir mediante sistemas de huellas dactilares, mediante el almacenamiento de huellas dactilares, que se produzcan solicitudes múltiples, por los motivos que sean, sociales, económicos, familiares o porque no se quiere permanecer en un lugar y presentar luego en otro lugar una solicitud, está bien. 
Pero siempre reducimos los debates que mantenemos sobre el asilo a debates técnicos. 
Lo hemos hecho ayer y lo hacemos hoy de nuevo. 
Deberíamos plantearnos la pregunta de porqué estamos obligados a hablar sobre el sistema " Eurodac». 
¿Porqué cuando se trata del asilo suponemos siempre enseguida que se abusa del mismo poniendo en primer plano los motivos ocultos de los delincuentes? 
Señor Pirker, desde hace once años soy alcalde de una ciudad alemana situada en la frontera con los Países Bajos y Bélgica. 
La ciudad de la que soy alcalde tiene la mayor proporción de refugiados de guerra bosnios. 
La mayoría de ellos han venido a mi ciudad de Srebrenica y de Gorazde, han sido acogidos y les hemos tenido que rogar que se declaren como solicitantes de asilo pues la República Federal de Alemania no conoce ningún derecho para los refugiados de guerras civiles. 
En Alemania no existe ningún fundamento jurídico para los refugiados de guerras civiles. 
Les he rogado que digan por favor asilo a pesar de que ellos decían: no se nos persigue políticamente, huimos de una guerra civil y queremos regresar a nuestra tierra cuando la guerra haya finalizado. 
Por cierto, es lo que están además haciendo tras el Acuerdo de Dayton. 
Les tuve que pedir que se considerasen como solicitantes de asilo, lo que hizo que solamente pudiesen quedarse en mi ciudad. 
Si hubiesen ido a otro lugar, de lo que me habría alegrado pues así la caja de mi ciudad se habría visto más aliviada, habría venido uno como el Sr. Pirker y habría dicho: un momento, Eurodac, sistema de huellas dactilares para solicitantes de asilo, no podéis ir allí. 
En base a este pequeño ejemplo, quiero mostrar que en la política de refugiados de la Unión Europea necesitamos considerar diversos aspectos políticos. 
Es un hecho que hay personas que dicen: quiero emigrar a la Unión Europea. 
A priori, esto no está prohibido. 
Aunque no es recomendable porque aquí existe un enorme frente en contra, pero si alguien quiere inmigrar aquí en principio debería poder hacerlo y para ello necesitamos crear un fundamento jurídico. No lo tenemos. 
No tenemos un derecho europeo sobre inmigración ni leyes nacionales sobre inmigración. 
Obligamos a las personas que quieren inmigrar a que recurran al status del solicitante de asilo. 
Este es el peligro que nosotros mismos creamos con el derecho de asilo. 
En la Unión Europea tenemos el mismo enfoque; negamos que Europa sea un continente de inmigración, consecuencia además del desnivel de riqueza que nosotros mismos hemos contribuido a crear, ante todo de Norte a Sur y de Oeste a este. Existe además una ausencia de disposición por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea a compartir la riqueza existente. 
Esto lo vamos a ver aún muy claramente en el debate sobre la ampliación. 
Naturalmente, nuestra riqueza ejerce una fuerza de atracción sobre las regiones más pobres que nos rodean. 
La respuesta a ello no puede ser la defensa sino la regulación de tres sectores jurídicos relacionados entre si: cuotas de inmigración, normas claras para la acogida de refugiados de guerras civiles que precisan de una protección provisional y finalmente queda el núcleo de los perseguidos políticamente, que no es problemático y no precisa de ningún Eurodac. 
Estimadas y estimados colegas del PPE, si creen que esto se puede solucionar a nivel interestatal, les digo que bajen por fin de su pedestal. 
Creamos el espacio económico europeo, creamos de facto el Estado de la UE, pero ustedes quieren cortarlo, despedazarlo y proseguirlo al nivel de unos pasos de armonización hace mucho tiempo necesarios. 
Si no terminamos con este debate, Europa fracasará ante sus propios ciudadanos en este desequilibrio. 
Por ello, deberíamos tener una actitud más armonizadora cuando se trata de la integración y no sólo cuando se trata de la defensa. 
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a la ponente d ' Ancona por este informe, bueno y bien preparado, sobre la Convención de Eurodac. 
Me complace también el rápido tratamiento que se le ha dado al asunto aquí en el Parlamento. 
Cuando discutimos la Convención de Eurodac tenemos que hacerlo a la luz de la Convención de Dublin, ya que allí encontramos los criterios para determinar qué país miembro tiene la responsabilidad de estudiar una solicitud de asilo. 
Allí están también las reglas sobre cómo hay que reenviar a un solicitante de asilo al país que tiene que estudiar la solicitud. 
La Convención de Dublin se firmó en junio de 1990. 
Después de siete años, en septiembre del año pasado por tanto, entró en vigor. 
Sin embargo, no basta con un sistema jurídico para entender el principio de asilo y para que éste funcione. 
Por esto la Convención de Dublin se remite al artículo 15 párrafo 12 y a que necesitamos informatizar los datos de identificación de los solicitantes de asilo. 
Es en este contexto que Eurodac surge como un complemento. 
Es decir, que Eurodac debe entenderse como un complemento de la Convención de Dublin. 
A través de Eurodac será posible descubrir si una misma persona presenta solicitudes de asilo en muchos lugares. 
Es importante que sepamos esto para que la Convención de Dublin pueda funcionar eficazmente. 
A su vez, esto sólo es posible a través de un sistema informatizado de huellas dactilares, lo que también se encuentra en la Convención de Eurodac. 
Aquí trabajamos dentro de un marco institucional que cambia continuamente. 
La propuesta de Convención de Eurodac que hoy debatimos aquí, se presenta dentro de las reglas del Tratado de Maastricht. 
La Comisión está consciente de que el Tratado de Amsterdam implica otro marco institucional, pero consideramos que no podemos esperar hasta que el nuevo Tratado entre en vigor, sino que necesitamos el sistema Eurodac ahora si queremos que la Convención de Dublin sea digna de crédito y eficaz. 
Igual que Nassauer, considero que es importante que apliquemos procedimientos rápidos y que las personas reciban información rápida sobre su situación. 
Opino también que los últimos sucesos en Italia lo demuestran, es decir, que necesitamos sistemas diferentes de lo que tenemos hoy. 
Al mismo tiempo, quiero subrayar que si la Convención de Eurodac no está en vigor cuando el Tratado de Amsterdam se ratifique, es obvio que la Comisión volverá al tema y presentará un instrumento comunitario. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que la Convención debe subordinarse a las reglas sobre protección informática, lo cual yo estimo que ya se cumple en el estado actual. 
Durante el debate de la propuesta, ha abogado la Comisión para que los principios de protección informática estén en concordancia con las reglas comunitarias en la materia, aunque el reglamento de protección informática no es aplicable en materias del tercer pilar. 
Estimo que actualmente hemos alcanzado un nivel aceptable de protección informática. 
Por eso debemos apoyar el compromiso del artículo 6 que prescribe que el Consejo de Ministros, después de un período de cinco años, decidirá si todavía es necesario mantener datos de personas a quienes se les ha otorgado la condición de refugiado. 
La Comisión da la bienvenida también a una serie de propuestas de enmienda que se han presentado. 
Especialmente se trata de las propuestas nr. 1, 11, 16, 19, 20, 27, 29, 30 y 34 que actualmente se debaten. 
La propuesta de enmienda 20 contiene partes que podemos aceptar, especialmente el principio sobre decisión en cuanto a las medidas de implementación y a que ellas deberán ser aprobadas por mayoría. 
Finalmente quiero subrayar que la acción de Eurodac va a depender totalmente de la forma cómo se financie, tanto en cuanto al establecimiento del sistema como a su actividad en sí. 
Tengo la esperanza de que el principio de la financiación comunitaria sea aprobado, y eso es también lo que apoya la Comisión. 
Si llega a ser así, el Parlamento Europeo va a tener un rol muy importante en la actividad futura de Eurodac. 
La Comisión espera con entusiasmo poder tratar el asunto de la financiación de Eurodac junto con el Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Libro Verde sobre el papel del Auditor legal de cuentas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0373/97) de la Sra. Sierra González, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde «Función, posición y responsabilidad civil del Auditor legal en la Unión Europea» (COM (96) 0338- C40451/96). 
Señor Presidente, señora Comisaria, una serie de fracasos financieros sucedidos últimamente, con graves consecuencias para los inversores, ha colocado en primer término la cuestión de la fiabilidad de las cuentas financieras y, con ello, el papel que juega el auditor. 
La cuestión merece una particular atención en la medida en que el auditor se ha convertido en garante de la exactitud de los estados financieros y en la medida en que no existe en la Unión Europea un marco legislativo homogéneo sobre su función, posición y responsabilidad civil, al amparo del cual se pueda dar una respuesta a la demanda social de una mejor y más transparente información de la situación contable de las empresas. 
Con la aparición de nuevos modelos societarios y empresariales, así como de nuevos productos financieros, el informe del auditor ha cobrado un singular valor y, de igual manera, lo han cobrado los aspectos concernientes a su independencia y profesionalidad. 
En el Libro Verde se valora como un hecho negativo la falta de un punto de vista unificado y de una acción común en la Unión Europea. 
Sobre la función del auditor legal no hay una directiva comunitaria específica que regule todos los aspectos legales. 
Esta carencia está suplida por referencias a cuestiones parciales contenidas en diferentes directivas, y a esta situación dispersa y heterogénea contribuyen las legislaciones básicas de ámbito nacional de los Estados miembros, que contienen regulaciones no siempre específicas. 
En el escenario de las relaciones diseñadas por el mercado único y por la moneda única parece pertinente evolucionar hacia una acción común. 
Sin embargo, la Comisión, en el Libro Verde, se muestra dubitativa respecto al fondo y a la forma del instrumento jurídico apropiado para plasmar la acción común. 
Unas veces se refiere a la necesidad de establecer unos principios mínimos y otras a la posibilidad de formular una simple recomendación a los Estados miembros. 
En esta situación es obligado pedir a la Comisión que concrete sus objetivos a corto y medio plazo para la creación y el funcionamiento de un mercado interior de auditoría así como el calendario y las medidas que deben proponerse o descartarse. 
En todo caso, lo que resulta inaplazable es la necesidad de proponer una acción legislativa para armonizar el contenido mínimo de los informes de auditoría. 
El Libro Verde parece decantarse por una noción común de auditoría o por el establecimiento de un conjunto de objetivos que debe asumir este tipo de actividad en toda la Unión Europea, a partir de la cual se definan las obligaciones o los requisitos legales que deberá cumplir el auditor en el desempeño de su función. 
El carácter problemático de la cuestión radica en que, si bien entre los Estados miembros se reconoce a la auditoría un objetivo común, a saber, garantizar que las cuentas y los estados financieros y patrimoniales publicados ofrezcan una imagen fiel e imparcial de la situación de una empresa, la legislación, las costumbres y las prácticas varían considerablemente entre los Estados miembros, y esa diversidad de posiciones afecta a la eficacia de la verificación contable. 
Por otro lado, tengo que señalar que la fidelidad de los informes está en relación de dependencia con la veracidad de la información recibida por el auditor. 
La idea de la Comisión de presentar un proyecto de recomendación para mejorar la gestión de las empresas en los Estados miembros es, en este sentido, absolutamente pertinente. 
Y por último, quisiera expresar la queja de que no hemos tenido acceso al estudio que la Comisión ha empezado sobre el impacto de las diferentes legislaciones nacionales en materia de responsabilidad civil ni a las conclusiones provisionales de la conferencia celebrada en diciembre de 1996 en torno al Libro Verde. 
Es obvio que el Parlamento no podrá pronunciarse sobre esta cuestión sin conocimiento de causa. 
Ciertamente, en todos los países de la Unión Europea, el auditor está potencialmente expuesto a responsabilidad civil, criminal y a sanciones profesionales, pero los tipos de responsabilidad y los plazos para exigirla varían sensiblemente de un país a otro de manera que, mientras no se disponga de elementos de juicio suficientes, parece que para amparar a los usuarios- entendiendo a estos en el más amplio sentido del término- habría que estudiar la posibilidad de que todos los auditores contaran con un seguro obligatorio mínimo, equivalente en todos los Estados miembros, o que estuvieran afiliados, con carácter preceptivo, a un fondo de garantía. 
Y para concluir, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de que al subcomité técnico- dentro del comité de contacto de las directivas contables que se pretende crear- debería asociarse la representación de una amplia categoría de usuarios de los informes de auditoría, porque no sólo a los auditores profesionales les compete el resultado de los informes contables. 
Señor Presidente, éste es un informe importante sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la auditoría legal y deseo agradecer a la Sra. Sierra González la completitud y la meticulosidad de su informe. 
Se trata de un tema importante: garantiza la solvencia y la probidad financiera de las empresas y resulta particularmente importante en vista de la responsabilidad limitada de las empresas. 
El hecho de que se pueda confiar en las cuentas de éstas ha de redundar en beneficio de los consumidores, de los inversores y de las propias empresas. 
El informe versa sobre cinco temas principales, a mi juicio: el papel del propio auditor, la responsabilidad de los auditores, las aptitudes de los auditores y la reglamentación profesional, la movilidad de los auditores en la Unión Europea y la necesidad de normas universales para la auditoría legal. 
Convengo en particular con las recomendaciones de la ponente que figuran en el párrafo 11 de que los auditores tengan un nivel mínimo de seguro obligatorio y estén obligados a incorporarse a un fondo de garantías. 
Mi Grupo apoyará el informe y, en particular, las enmiendas de la Sra. Palacio Vallelersundi, que contribuyen a la claridad y la certidumbre del párrafo 7. 
Deseo poner de relieve una preocupación particular: se cree que el artículo 51 de la Cuarta Directiva relativa a las cuentas anuales no se ha aplicado adecuadamente en la legislación italiana. 
Se calcula que 100.000 empresas no se someten a una auditoría legal en Italia, lo que hace peligrar la confianza que pueden inspirar las cuentas de dichas empresas. 
Sería útil que la Comisión abordara esa cuestión y, según tengo entendido, la Comisión ya ha enviado a Italia un dictamen motivado respecto de la Octava Directiva sobre el derecho de sociedades en relación con las aptitudes profesionales de los auditores. 
En conclusión, puede parecer un tema árido, pero, en realidad, reviste gran importancia para el funcionamiento idóneo de la economía de la Unión Europea; es un criterio para apreciar la protección de los consumidores y los inversores y merece apoyo por esas razones precisamente. 
Señora Comisaria, es difícil añadir nada más sobre lo que los oradores precedentes han dicho respecto de la importancia del auditor legal. 
Es difícil porque en una sociedad cada día más compleja, indudablemente las interpretaciones al límite de la ley por parte de las empresas son frecuentes. 
Y por no citar más que dos ejemplos, que ha apuntado desde luego con la pulcritud que ha caracterizado todo su trabajo, la señora ponente, por retomar dos de los ejemplos que ella ha mencionado, la ingeniería financiera- lo que se llama ingeniería financiera- o la calificación de créditos pueden dar al traste con lo que es la imagen de un patrimonio- imagen, fiel, real- que es el cometido de las cuentas de las sociedades. 
Esa ambigüedad, pues, hace que sea necesario reclamar para la seguridad del tráfico mercantil, para la sociedad entera, entre los servicios de estos profesionales que, para prestarlos en la medida requerida, tienen que responder a las características de independencia, de libre competencia, de responsabilidad y de reglas claras que se han mencionado. 
Pero son éstas, preocupaciones, que conciernen a todo el mundo, a los Estados, a las empresas, a los consumidores. 
Asimismo resulta necesario añadir que existe una competencia desde los tratados, que es la competencia de configurar el mercado interior. 
En primer lugar, esa competencia es exclusiva, no estamos en áreas de competencia compartida, donde el principio de subsidiariedad juega como principio de atribución de esas competencias. 
Aquí la competencia es de las Instituciones Europeas. 
Y eso hay que dejarlo bien claro. 
Se ha apuntado, pero hay que resaltarlo. 
En segundo lugar, indudablemente, esto ha de matizarse con ¿hasta dónde es necesario actuar? 
Por mucho que la competencia sea exclusiva, nadie considera conveniente actuar más de lo que resulta estrictamente necesario para conseguir los objetivos de armonización y de consolidación del mercado interior que marcan los Tratados. 
Por ello, si se produjera una armonización espontánea de estas reglas que se han señalado que hoy por hoy son absolutamente dispares en los Estados miembros, esta labor de reglamentación- que es competencia comunitaria- no necesitaría ejercitarse. 
Y en este caso, como en tanto otros, la mejor autoridad es aquella que no necesita llegar a actuar, que puede inducir a esa actuación. 
Y en este sentido quiero resaltar que los sectores concernidos están haciendo un importante trabajo de concienciación, en los Estados miembros, de la necesidad de llegar a esa armonización espontánea. 
Así pues, tenemos esa competencia comunitaria que hay que ejercitar. 
De hecho ya se ha ejercitado. 
No sólo la Cuarta directiva de contabilidad que se ha mencionado, también la séptima directiva, y las directivas sectoriales bancarias y de seguros hacen referencia a la función del auditor legal. 
Y es cierto, como también se ha dicho, que en algunos casos- concretamente en el artículo 51 de la cuarta directiva relativa a las cuentas anuales- no está bien aplicado, pero hoy hablamos de otra cuestión: de lege ferenda, de lo que hay que normar. 
Es este un asunto- como, por cierto, el asunto de la excesiva concentración de las grandes empresas auditoras, proceso en el que estamos inmersos, ya no son las grandes seis, ahora son aún menos y en los últimos tiempos hemos tenido ocasión de escuchar o de leer en los medios de comunicación esta noticia con una cierta frecuencia- que no concierne a este Libro Verde, son cuestiones que conciernen a la División de Competencia de la Comisión y, en definitiva, a la misión que tiene la Comisión de velar por la estricta aplicación de los Tratados. 
Aquí hablamos de otra cosa. 
Aquí hablamos de lo que hay que hacer, de lo que hay que normar para conseguir ese mercado interior, para conseguir que esas reglas sean coherentes y armónicas en los distintos Estados miembros y, el informe de la Sra. Sierra que retoma la idea de la Comisión, que el Grupo del PPE- en nombre de quien estoy hablando- va a apoyar con el matiz que representa la enmienda planteada sobre el párrafo 7, de la que ya hablaré, concierne, fundamentalmente, al contenido de los informes de auditoría- no puede ser que en un Estado miembro ese contenido obligatorio sea uno y en otro diferente -; a la relación de auditor externo y auditor interno; al ejercicio de la profesión- esto es, libre establecimiento, creación de filiales y garantías para la libre circulación de estos servicios-. 
Asimismo resalta la idea de ese comité técnico- que ya se ha mencionado- y, por último, la necesidad de delimitar claramente lo que son los servicios paralelos, que en lógica expansión empresarial y mercantil las empresas auditoras tienen tendencia a prestar. 
Esa necesidad de ser independientes, esa necesidad de proyectar una visión externa, absolutamente desvinculada de la empresa que están auditando, hace que haya que observar- y en ese sentido va la enmienda del PPE -, no prejuzgar las soluciones; pero es preciso que la Comisión se proyecte sobre el problema de cómo establecer o garantizar esa independencia, en particular, con relación a los servicios legales ya que, el consejero legal es un profesional independiente pero que toma partido, que está dentro de la empresa, que tiene sus intereses. 
Su función tiene que estar bien y claramente delimitada de la función de auditor, que, y con ello termino, si tiene que ser algo, es totalmente independiente. 
Presidente, déjeme comenzar agradeciendo a la ponente su informe tan minucioso y profundo. 
El orador anterior ha dicho: estamos inmersos en un proceso de concentración de las empresas auditoras. 
La ponente dice que no tiene nada que ver con esto. 
Pero, en efecto, sí tiene algo que ver con esto. 
Tal como se han venido uniendo las grandes conglomeraciones financieras, los bancos y las compañías aseguradoras, notamos que en los servicios también se van a unir toda clase de sectores profesionales. Los abogados, los notarios, los asesores fiscales y los consultores. 
Ahora resulta que el auditor, antes el prototipo de una figura íntegra e intachable, que trabajaba en solitario, que exclusivamente venía a mirar si las cifras de los libros eran correctas, se ha convertido en alguien que asesora a las empresas sobre qué hay que hacer, y es ahí donde la Comisión tiene la responsabilidad, por la falta de uniformidad en la legislación fiscal en Europa. 
Resulta que esa concentración de grandes empresas auditoras con consultores traspasando las fronteras, efectivamente ha surgido por eso y es, por lo tanto, otra vez una negligencia de la Comisión no llegar a una armonización fiscal que juegue un papel en ello; o de los Estados miembros, porque son ellos los que no quieren, la Comisión sí querría. 
Eso significa también que los riesgos profesionales que corren los auditores ahora, difieren mucho. 
Porque oscilan de muchos miles de millones en el caso BBCI hasta un riesgo legalmente limitado de 500.000 marcos alemanes en la República Federal. 
Es tanta la diferencia, Señor Presidente, que habrá que hacer algo. 
No queremos una acumulación. 
Por eso hemos presentado nuestra enmienda al punto 7. 
Creo que la enmienda de la Sra. Palacio se excede un poco, deja demasiado espacio otra vez. 
Es de la mayor importancia para el consumidor y también para las empresas pequeñas que, aparte de un control puro, pueda seguir habiendo alguna forma de asesoramiento. 
Nos gustaría defenderlo en beneficio del consumidor. 
Señor Presidente, la Sra. Sierra González ha abordado diversas cuestiones complejas en su informe. 
Sin embargo, creo que nuestra misión al hacer observaciones sobre el Libro Verde de la Comisión, es la de formular preguntas y señalar orientaciones más que abordarlo como si fuera un instrumento legislativo. 
Los problemas que aborda presentan un macroaspecto y un microaspecto. 
El microaspecto abarca las normas mínimas para el ejercicio de las funciones de auditor. 
Creo que los informes financieros de cualquier empresa, incluidas las sociedades fiduciarias y las instituciones benéficas, deben estar sujetos a normas similares en toda la Comunidad y que debe haber un reconocimiento mutuo de los títulos de quienes estén autorizados para firmar informes de auditorías. 
Creo que la Comisión no ha tenido mucho éxito a la hora de intentar lograr la aplicación de todas las directivas que ya figuran en las recopilaciones legislativas. 
Dos colegas han mencionado el artículo 51 de la Cuarta Directiva y creo que la aplicación de la Octava Directiva en todos los Estados miembros requiere también una mayor labor de la Comisión. 
Naturalmente, sería útil que todos los Estados miembros tuvieran las mismas obligaciones legales respecto de los informes financieros, pero aún no es así. 
Desde el punto de vista del macroaspecto, hay que reconocer que la economía se ha mundializado durante el período en el que hemos estado intentado lograr normas uniformes sobre las auditorías. 
Las empresas multinacionales, las empresas internacionales y algún día- esperémoslo- las empresas europeas habrán de cumplir normas uniformes en materia de auditoría para poder funcionar. 
Naturalmente, las propias profesiones han avanzado con los tiempos y varias empresas auditoras han mundializado sus actividades. 
Personalmente, siento preocupación por la concentración de esas empresas en unas pocas manos. 
Estoy convencido de que debería haber al menos cinco grupos multinacionales de auditoría en el mundo. Resulta más necesario, ahora que esas empresas ofrecen asesoramiento. 
Los accionistas deben saber que el asesoramiento prestado a sus empresas es de verdad independiente. 
La teoría de las murallas chinas no basta. 
Naturalmente, sé que la Comisaria Gradin me dirá que los reglamentos relativos a esos problemas no forman parte de esta operación, pero creo que esos problemas se nos van a echar encima y se deben ventilar y entender. 
El párrafo 7 ha causado algunos problemas y la redacción de la enmienda nº 1 de la Sra. Palacio no expone, en realidad, claramente lo que se propone, pero la explicación que ha dado esta mañana en el debate ha revelado claramente que podemos apoyar la enmienda. 
Este Grupo apoya el informe de la Sra. González. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.000 horas. 
Tránsito alpino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-1009/97- O-0111/97, del Sr. Simpson, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza- transportes terrestres; -B4-1014/97- O-0138/97, del Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza en el sector de los transportes terrestres; -B4-1105/97- O-0180/97, del Sr. Jarzembowski, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza en el sector de los transportes terrestres; -B4-1106/97- O-0181/97, del Sr. Santini, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1107/97- O-0183/97, del Sr. Wijsenbeek, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1108/97- O-0184/97, de la Sra. Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1015/97- O-0185/97, de los Sres. Puerta y Papayannakis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el tránsito alpino. 
Señor Presidente, mis observaciones irán dirigidas en gran medida a la Comisión. 
Esta cuestión- la del acuerdo sobre el tránsito con Suiza- ha entrañado una larga serie de negociaciones. 
Se parece bastante a la subida de una escalera: parece que hemos subido uno o dos peldaños y después sucede algo y hemos resbalado uno o dos peldaños y acabamos donde habíamos comenzado. 
En este momento, el problema parece centrarse en torno al nivel de recargo fiscal que se impondrá a los vehículos de transportes pesados que atraviesen el territorio suizo. 
Debemos reconocer que la inexistencia de ese acuerdo plantea otros problemas. 
La congestión en Austria e Italia por la ruta del Brenner es ya tan grave, que se está destrozando totalmente el medio ambiente y quienes evitan pasar por Suiza afrontan grandes retenciones. 
Pero también hay congestión en la vertiente francesa de los Alpes. 
Los Estados miembros de la UE afrontan problemas, porque no hemos llegado a un acuerdo con los suizos. 
También deberemos reconocer la necesidad de proteger el medio ambiente alpino, incluidas las zonas alpinas de Suiza. 
En las últimas semanas el Gobierno suizo ha dado algunas muestras de flexibilidad en las negociaciones. Eso es digno de beneplácito. 
Sin embargo, necesitamos un acuerdo urgentemente- no a cualquier precio, conviene declararlo- que reconozca las necesidades y aspiraciones de la Unión Europea y de Suiza. 
Agradezco las gestiones llevadas a cabo en el pasado por el Comisario Kinnock y las recientes Presidencias de los Países Bajos y Luxemburgo. 
El hecho de que la Presidencia del Reino Unido se haya hecho cargo de esa cuestión del acuerdo revela lo importante que es. 
Necesitamos efectivamente un acuerdo. 
Podemos lanzarnos todos a las barricadas y defender las posiciones en las que nos hayamos atrincherado. 
Los suizos pueden ocultarse tras los Alpes. La Unión Europea puede ocultarse tras su necesidad de ese tránsito. 
Pero, si lo hacemos, el peligro es que no lleguemos a un acuerdo y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos de Austria, en el Brenner, de Francia y de Italia. 
Así, pues, pido que intensifiquemos nuestras gestiones para intentar lograr que se firme y se selle ese acuerdo con Suiza. 
Presidente, mi grupo parlamentario querría saber de la Comisión, y en este caso del Comisario Van den Broek, si la apuesta europea en las negociaciones con Suiza está de acuerdo con las obligaciones a las que se había comprometido la Unión Europea en una fase anterior. Me refiero, naturalmente, por una parte al acuerdo de tránsito con Suiza, pero por otra parte al Acuerdo alpino. 
Según ese Acuerdo alpino que han ratificado todos los Estados miembros y que, por lo tanto, también es vinculante para nosotros, la Unión se comprometió a esforzarse por un cambio de transporte por los Alpes de la carretera al ferrocarril. 
En el acuerdo de tránsito pone que se tiene que cobrar a los camiones que circulan a través de Suiza también los costes externos y sobre todo los costes de medio ambiente. 
A la luz de esas obligaciones no me parece justificable que la Comisión y el Consejo se resistan a la aspiración suiza de imponer tasas al transporte pesado que son lo suficientemente altas para llevar a cabo de hecho el cambio del transporte por carretera al ferrocarril. 
Quiero recordarles de nuevo el referéndum suizo de 1994 que estableció que el transporte de mercancías tiene que hacerse por ferrocarril antes del 2005. 
En las negociaciones que se están llevando a cabo con Suiza, la Unión muestra escandalosamente poco respeto por la constitución de la siempre soberana Suiza. 
Se sacrifica de forma cínica la buena vecindad por los intereses del grupo de presión del transporte de carretera. Debo añadir que en este caso se trata sobre todo del transporte por carretera neerlandés. 
La ministra Jorritsma, a mi pesar, se deja utilizar por los Países Bajos, país distribuidor, como una especie de marioneta. 
El martes pasado este Parlamento subrayó de nuevo en el informe del Sr. Sarlis, que el transporte alpino ha de realizarse por ferrocarril en la mayor medida posible. 
Debemos ser consecuentes, debemos procurar que eso se realice de verdad y eso significa que deberíamos dar pasos hacia Suiza. 
Señor Presidente, no puedo dar totalmente la razón a la oradora anterior a pesar de que me gustaría hacerlo. 
No se trata aquí de los intereses de los holandeses- me encontrarían de su lado -, sino de los intereses de los griegos, italianos, austríacos, alemanes, franceses e ingleses. 
Podría mencionar muchos Estados miembros. 
Sencillamente necesitamos el tránsito por los Alpes. 
No podemos aceptar que Suiza diga que es la isla de la felicidad y que hagamos lo que queramos en el Brénero o en Francia pero que ella cierra sus pasos. 
Estimada colega, se podría indicar también a los suizos que quien nos hace económicamente imposible el paso por Suiza debe tener cuidado de que no se le haga también imposible económicamente la salida de Suiza, por decirlo de un modo claro. 
No puede ser que los intereses de nuestros empresarios y consumidores se traten de un modo que nos obliga a humillarnos continuamente. 
Por el contrario, tenemos el doble enfoque. 
Queremos la protección del medio ambiente. 
Queremos que se trasladen las mercancías al ferrocarril, pero no veo aún que se haya realizado lo que el Gobierno suizo quería hacer para hacer realidad el traslado al ferrocarril. 
Sinceramente dicho, tampoco veo que los austríacos, los alemanes y los italianos hayan avanzado tanto como querían en el túnel de base del Brénero. 
Pero del hecho de que no hayamos avanzado en el ferrocarril no tienen la culpa los empresarios de camiones y no se les puede gravar con unas tasas totalmente exageradas. 
Lo digo sinceramente: no puede ser que Suiza espere de nosotros que estemos agradecidos si reduce su exigencia de 410 a 360 francos suizos por el tránsito. 
Sigue siendo inaceptable. 
Tenemos que decírselo a los suizos y también tenemos que decirles que son una parte de un paquete global en la cuestión del transporte terrestre. 
Hay otras muchas cuestiones que desempeñan un papel en las negociaciones. 
Nuestros colegas suizos deben recapacitar qué es lo que quieren. 
Quiero defender al Gobierno suizo. 
Debido a su Constitución, se encuentra en una situación extremadamente difícil. 
Pero creo que no pueden introducir una tasa para camiones en función de la potencia, alegando que esa es su norma y que toda Europa tiene que aceptarla porque los suizos así lo han aprobado. 
Así no se puede convivir en Europa. 
Espero que los suizos reconozcan que precisamente los trabajadores en Grecia o en Italia tienen un interés en llevar sus mercancías al mercado. 
Por ello, creo que debemos decir a los suizos que no podemos ni vamos a aceptar unas tasas exageradas. 
Lo digo también a algunos en esta Asamblea, también a mi colega van Dijk: con frecuencia se dice que para nosotros sería suficiente si se redujese al menos al nivel de Brénero austríaco. 
A esto digo que no. 
Si recuerdo bien, este Parlamento ha apoyado a la Comisión en la presentación de una demanda a causa de la última elevación del peaje en el Brénero. 
Quiero recordarlo para que la Comisión no lo olvide. 
Trabajemos conjuntamente para llegar pronto a un acuerdo con Suiza. 
Pero no a cualquier precio, tal como ha dicho Brian Simpson. 
Señor Presidente, parece claro que en este partido hay dos personajes principales: por una parte, los ciudadanos europeos que con este tipo de normas procuran defender su propio territorio, el medio ambiente y, por lo tanto, su propia vida; por otra- y se trata de una preocupación que no debemos desdeñar -, también están las exigencias de otros personajes que son, por ejemplo, los trabajadores del transporte automotor y todos los sectores económicos relacionados con esta actividad. 
En este caso, si no hay que defender vidas, sin duda hay que hacerlo con los puestos de trabajo. 
Por lo tanto, es un papel delicado el que corresponde a la Comisión en las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea. 
A nadie se le oculta que de los resultados de estos tratos dependen también las condiciones de tránsito por todos los puertos alpinos comunitarios, empezando por el de Brenner, seguramente el más comprometido, el punto clave del gran enlace norte-sur, sobre todo cuando se realice, esperemos que en el menor tiempo posible, el gran eje ferroviario que- es una visión un poco optimista- prácticamente unirá Estocolmo y Palermo. 
Bien, pero ahora debemos llevar todo esto al campo de los puertos alpinos. 
En un documento de la Comisión, escribí que incluso en lo que respecta a las negociaciones con Suiza, el monto del futuro peaje tendrá que estar relacionado directamente con los costos efectivos de las infraestructuras. 
Estos costos comprenden el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras, pero no la construcción de otras nuevas ni los costos externos del transporte por carretera. 
Paralelamente, la Unión Europea mantiene la exigencia de que el nivel de fiscalidad viaria en Suiza sea siempre comparable con el que se aplique en el Brenner. 
Están claros los nexos entre estos dos dossiers. 
Incluso hay que decir que el propio Comisario Kinnock ha pronosticado que podrá concluir las negociaciones con Suiza antes de que haya un acuerdo de los Quince sobre la eurotasa de circulación. 
En realidad, es lo que pronostica también Austria que, en pocas palabras, está esperando conocer a cuánto ascenderá el peaje suizo para poder aplicar uno más alto en el Brenner y, por lo tanto, estorbar el paso de los camiones pesados hacia Suiza. 
Es un partido en los límites de la corrección, se podría decir en un plano deportivo, en el que la Comisión tiene que estar muy atenta para ejercer su propio papel de árbitro, porque se está jugando el acuerdo con Suiza y también la credibilidad interna. 
El paso del Brenner ya obtuvo un tratamiento particular en la gran controversia de los puertos alpinos, y recordemos que ha sido gracias a un proyecto de compromiso basado sobre cuatro puntos fundamentales: una tarificación distinta, con vehículos denominados Euro-0, Euro-1 y Euro-2; una reducción del 50 por ciento para algunos Estados como Grecia e Irlanda que, por su situación geográfica, han pedido esta tarifa especial; derogaciones temporales hasta fines de 1999 para España, Francia, Italia, Portugal y Grecia; pero también hay una cláusula alpina general, con un régimen fiscal específico para el Brenner, ya organizado. 
Pregunto, entonces, al Comisario qué fin tendrán estas indicaciones, de qué modo el trato con Suiza podrá modificarlas, pues también se conocen cifras indicadas por la Comisión: por ejemplo, se habla de 72 ecus por el paso de un camión Euro-0, es decir, un camión de la categoría de cuatro ejes o más, durante el día y 165 ecus para el tránsito nocturno. 
Esta situación se vuelve más comprometida si echamos una mirada a las estadísticas, que tienen su importancia, según las cuales en el 2001 sólo el 15 % del tránsito se hará por ferrocarril y por agua y el 1, 81 % por carretera; en este momento la relación equivalente es del 72 %. 
Urge, pues, una solución, junto a la de hacer las infraestructuras ferroviarias, tantas veces recordada aquí, Señor Comisario, para permitir, para dar al transporte automotor una alternativa concreta. 
Señor Presidente, Señor Comisario, es hora de que se haga algo. 
Porque mientras no haya acuerdo, habrá un innecesario desvío del tráfico. 
Eso significa también que, cuando los camiones pasan por el Brenner, les damos la oportunidad a los austriacos de desplumarnos unilateralmente. 
Es bueno que la Comisión haya iniciado ahora un procedimiento en contra. 
La Sra. Van Dijk y el Sr. Voggenhuber no paran de gritar todo el tiempo: hay que hacerlo por ferrocarril, pero no existe esa posibilidad. 
No hay alternativas suficientes para poner los camiones en el ferrocarril. 
Los túneles de Lötsch y de Gotthard no tienen todavía la altura necesaria y en Austria no se ha hecho nada de nada con la línea de ferrocarril del Brenner. 
Eso significa sencillamente que nos encontramos en una situación en la que tenemos que llegar simplemente a un acuerdo. 
Esto también es debido a los Estados miembros que no han dejado suficiente margen de maniobra a la Comisión en el mandato. 
Resumiendo, estamos de acuerdo con que tenemos que empezar con unos criterios correctos en las negociaciones con Suiza. 
Por lo tanto, como Comunidad debemos contribuir al hecho de que los suizos estén adaptando dos túneles a la altura adecuada, como nos habían prometido en la NEAT. 
Sin embargo, han parado mientras tanto las obras en uno de esos dos túneles y no existe todavía la posibilidad de subirse al tren en Basilea y bajarse en Chiasso. Esto sí lo habían prometido los suizos. 
En resumen, quiero hacer un llamamiento a la Comisión para que afronte las negociaciones con toda tranquilidad y con toda franqueza. 
Señor Presidente, la cuestión que hoy nos reúne es importante. 
El problema del transporte bloquea desde hace meses las negociaciones con Suiza. 
Por lo tanto, es urgente hacer el balance sobre el estado de nuestras relaciones con nuestro vecino alpino. 
Al parecer, las autoridades helvéticas han aceptado hacer concesiones. 
Desearíamos, pues, que la Comisión nos informara y nos diera detalles sobre los avances, de los que se ha hecho eco la prensa. 
En efecto, el problema del paso por Suiza afecta al tráfico por carretera en toda la zona alpina. 
Por eso considero, al igual que mi Grupo, que las relaciones con Suiza en materia de transporte no pueden aislarse del contexto global del tránsito alpino y que es urgente tomar en cuenta los efectos desastrosos que el aumento del tráfico por carretera supone para el medio ambiente. 
Pondré solamente un ejemplo: la contaminación del valle de Chamonix, que, como consecuencia de la apertura del túnel del Mont-Blanc, alcanza proporciones análogas a la de una gran ciudad. 
Por consiguiente, es comprensible la preocupación de los habitantes de las regiones del Mont-Blanc, así como también la de los habitantes del Valle de Aosta, ya que se habla de la posibilidad de abrir un túnel alternativo. 
No obstante, existen soluciones. 
En primer término, hay que resolver el contencioso con Suiza y aplicar una estructura arancelaria que fomente los equipamientos anticontaminantes. 
En segundo término- y se trata de un elemento importantísimo -, hay que fomentar el transporte ferroviario y desarrollar el transporte combinado por tren y carretera. 
Naturalmente, el paso del transporte por carretera al transporte ferroviario supondrá un coste importante y requerirá un importante volumen de inversiones. 
Pero no olvidemos que se trata de la solución de futuro. 
En este contexto, el enlace por AVE Lyon-Turín, incluyendo el transporte de mercancías, facilitaría el transporte combinado en la región alpina. 
Así pues, convendría concretar este proyecto y comprometer a los Estados miembros a que realicen las infraestructuras necesarias. 
Por otro lado, habría que prestar una atención especial al proyecto ferroviario para enlazar Ginebra, vía Mâcon, Bourg-en-Bresse o Chambéry. 
El nuevo Presidente de la República de Suiza ha efectuado declaraciones optimistas sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y este país. 
Esperemos que ello nos permita desbloquear esta difícil situación. 
Muchas gracias, señora Leperre-Verrier. 
Señorías, quisiera que prestaran atención a una petición que voy a hacerles. 
Me pide el Sr. Baldarelli que adelante su intervención, en vista de la necesidad que tiene de salir inmediatamente para Italia. 
No tengo competencia para modificar el orden de inscripción y el orden de prelación en el uso de la palabra, pero, si ningún diputado se opusiera, podría dar satisfacción a la petición del Sr. Baldarelli con la recomendación de que abrevie su intervención. 
Si no hubiera objeción, así lo haría. 
Señor Presidente, creo que deberíamos escuchar al Comisario y a nadie más pues, de lo contrario, deberíamos prever una ronda adicional. 
No puede ser que se dé preferencia a uno. 
Propongo que el Comisario hable y nadie más y que votemos. 
No puede ser que después del Comisario hablen otros oradores. 
Muchas gracias, señor Jarzembowski. 
Como, naturalmente, habrán advertido Sus Señorías, hay una objeción. 
Señor Baldarelli, no puedo acceder a su petición. 
Presidente, este debate tiene lugar en un momento interesante, tanto por la fase en la que se encuentran las negociaciones con Suiza como por la fase en la que se encuentra la discusión interna dentro de la Unión sobre la tarificación en el transporte por carretera. 
Como saben los estimados miembros del Parlamento, se progresó realmente en el último consejo de transporte del mes pasado. 
La Comisión sigue esperando que, durante la presidencia del Reino Unido, se culminen satisfactoriamente nuestras actividades relacionadas con los escollos más importantes. 
Quiero señalar, aunque este debate se concentra en la problemática del transporte, que las negociaciones con Suiza abarcan un gran número de otros temas y que se ha acordado dentro de la Unión, a lo que quiere atenerse también la Comisión, que las negociaciones sobre los diversos sectores tienen que ser llevadas a un final equilibrado, tanto dentro de estos sectores como entre los diferentes temas. 
En lo que respecta al transporte terrestre, siempre nos hemos esforzado por crear las bases para el desarrollo paulatino de una política coherente y por la realización de unas condiciones comparables para un transporte duradero por los Alpes. 
Hemos progresado considerablemente hacia un acuerdo con los suizos y, por lo tanto, estamos de acuerdo con Suiza sobre los siguientes puntos. 
Una subida en dos fases del peso máximo de 28 a 40 toneladas para los camiones en Suiza, que se inicia en el 2001 y que tiene que culminarse en el 2005. 
Una y otra cosa se combina con la introducción de un nuevo sistema de tarificación basado en el kilometraje para el transporte por carretera en Suiza. 
El segundo punto de nuestro acuerdo es la ampliación y la adaptación de los compromisos en el ámbito del desarrollo infraestructural en beneficio de unos corredores ferroviarios a través de Suiza. Asimismo, una ampliación de los compromisos referentes a la capacidad ferroviaria y referentes a la calidad y el precio de los servicios, sobre todo para el transporte combinado y aparte de esto, también unos compromisos más amplios en relación con la integración del sistema ferroviario suizo en el marco de la regulación que también está vigente en la Unión. 
Asimismo, se han acordado unas adecuadas medidas liberalizadoras para corregir los desequilibrios del transporte alpino, tanto dentro de la Unión como en Suiza. 
Finalmente, hay también un acuerdo sobre una serie de mejoras que se pueden llevar a cabo inmediatamente en las posibilidades de acceso y de tránsito para camiones de 40 toneladas. 
Como es bien sabido, hay todavía muchas diferencias de opinión sobre algunos detalles no carentes de importancia. Sobre todo sobre la tarifa que se va a establecer en el 2001 y en el 2005, respectivamente, para el uso de las carreteras suizas. 
Otros problemas complejos tienen que ver con el posible peaje en los cuatro puertos más importantes de los Alpes suizos, con la prohibición de las carreras nocturnas y con las cuotas de tránsito para camiones de 40 toneladas. 
Sin embargo, los suizos han manifestado su comprensión por la preocupación de la Unión y se han mostrado dispuestos, a medida que avanzaban las negociaciones, a esforzarse por acercar sus posiciones en muchos puntos. 
Ahora que existe una disposición política real por ambas partes, lógicamente se puede afirmar que las demás diferencias de opinión podrán ser solucionadas. 
En lo que respecta a la llamada igualdad de trato, la Comisión puede confirmar que el principio de la no discriminación formará parte integral del futuro acuerdo con Suiza y que ambas partes están de acuerdo sobre este punto. 
El año pasado, en las conversaciones sobre la propuesta de una directiva de la Comisión referente a los derechos de uso de las carreteras, el llamado problema euro-viñeta, el Consejo de transporte no estaba dispuesto a aceptar las opiniones de la Comisión sobre el concepto de regiones vulnerables. 
Sin embargo, el Consejo estudia ahora la posibilidad de adoptar una cláusula sobre los Alpes según la cual, naturalmente dentro de unos límites determinados y con unas condiciones determinadas, se aplicaría un derecho de uso más alto a la ruta austriaca correspondiente, un derecho de uso más alto que la tarifa media. 
Esta cláusula, en combinación con un resultado satisfactorio de las negociaciones con Suiza, contribuiría a que se llegara en toda la región alpina a un reparto duradero del tráfico y que se mantuviera. 
Sin embargo, tanto la Comisión como el Consejo han señalado enérgicamente que no podemos estar de acuerdo con un resultado, ni en las negociaciones con Suiza, ni en las negociaciones de la cláusula sobre los Alpes, por el cual se encareciera excesivamente la ruta alpina. 
La Comunidad Europea naturalmente es parte en el Convenio alpino, así le contesto a la Sra. Van Dijk. 
El Parlamento puede confiar en que la Comisión vigile que la Comunidad cumpla con sus obligaciones en virtud del Convenio alpino y que armonice su política de transporte con los objetivos de este convenio. 
La Comisión opina sin embargo, que se consigue poco con declarar toda la región alpina como una región vulnerable. 
Sería mucho más útil si se consiguiera un acuerdo dentro de la Unión sobre el protocolo de transporte del Convenio alpino. 
Lamentablemente un Estado miembro no ha podido dar su visto bueno hasta ahora a las propuestas que para todas las demás partes involucradas en el convenio sí son aceptables. 
Como punto final, Presidente, se debe hacer mención de que la Comisión quedó muy contenta con el resultado del Consejo de transporte del mes pasado, en el que los Estados miembros pidieron a la Comisión que continuara las negociaciones sobre la base de la más reciente propuesta suiza y que preparara un convenio que recogiera unas tarifas basadas en los costes infraestructurales y que recogiera una subida de las cuotas de camiones de 40 toneladas para el período 1999-2005. 
Sin duda se examinará de nuevo esta cuestión en el siguiente Consejo de transporte de marzo próximo, después del cual la Comisión informará naturalmente al Parlamento de esas últimas evoluciones a través de las vías habituales. 
Debido a la magnitud de la problemática y a la falta de tiempo, Presidente, no quiero entrar en detalle en todos los otros aspectos. 
Espero que los estimados miembros del Parlamento lo comprendan y por mi parte intentaré, por supuesto, formular una respuesta al final del debate a las preguntas concretas. 
El debate continuará esta tarde a las 15.000 horas. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Corre el rumor de que ha habido que tirar a la basura una edición reciente del Diario Oficial, publicado en lengua finlandesa, y que se va a reimprimir. 
Quisiera pedir a la Presidencia que examine ese asunto e informe al Parlamento sobre todas las circunstancias al respecto. 
Parece tener que ver con un anuncio del Parlamento, en lengua finlandesa, en el Diario Oficial finlandés con vistas a la contratación de un A3 para nuestro Servicio Jurídico- y cito, en la medida en que entiendo el finés» para que se encargue de un grupo de idiotas». 
Yo he calificado nuestro Servicio Jurídico de toda clase de formas, pero eso no ha entrado en mi vocabulario. 
¿Podría pedir usted una investigación para ver cómo ocurrió y qué medidas se están adoptando para que el culpable pague la reimpresión? 
Gracias, señor Tomlinson. 
Pediré al Secretario General que busque a alguien de los servicios que no sea un idiota para que responda a Su Señoría. 
Votaciones 
Señor Presidente, éste es un informe breve, pero muy complicado, que obtuvo un gran consenso en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
La comisión respaldó por unanimidad siete enmiendas. 
La Comisión consideró aceptables algunas, como se indicó anoche, y se opuso a otras. 
Creo que del debate, al que hubo bastante asistencia anoche a las 23.30 horas, se desprende que hay margen para una exploración más a fondo y un diálogo más intenso entre el Parlamento y la Comisión sobre algunos aspectos delicados. 
En lugar de profundizar más en el fondo de la cuestión en este momento, preferiría disponer de más tiempo para la reflexión, devolver el informe a comisión y después volver a representarlo aquí con un tenor aceptable para las dos instituciones. 
(El Parlamento devuelve el informe a comisión) 
Presidente, me gustaría pedir una votación separada sobre las palabras " que está condenado penalmente y» y a continuación tengo todavía una enmienda oral. 
En el resto de la enmienda de la Sra. Roth pone 21 años y me gustaría cambiarlo por 18 años. 
Si pusiera 18 años, entonces nuestro grupo parlamentario estaría de acuerdo. 
Estos son los dos cambios a esa enmienda. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, después de haber hablado con mi colega, el Sr. Schwaiger, propongo una enmienda oral que simplificará la enmienda que yo había presentado: se trata simplemente de suprimir la palabra " fijación». 
Acepto, por consiguiente, quitar la palabra " fijación» de la enmienda que había presentado. 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
Señor Presidente, una vez que se ha suprimido la palabra " determinación» , de modo que el Consejo Europeo no puede determinar los tipos de cambio, podemos dar nuestro voto favorable a esta enmienda y a todo el informe. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Queremos dar las gracias al ponente por el informe. 
No obstante, estimamos que hay razones para ser escépticos respecto a la construcción del sistema de compensación que propone el informe. 
Es una posición que no debe ser entendida como una insuficiente comprensión del papel que representa para las Azores, Madeira, las Islas Canarias y el departamento de Guyana la venta de productos pesqueros, ni tampoco de la necesidad de solidaridad con las zonas periféricas de la comunidad. 
Sin embargo, opinamos que construcciones de esta naturaleza dificultan las reformas necesarias de la política comunitaria de pesca. 
La propuesta de la Comisión de Pesca no ayuda a que esta situación cambie sino que, más bien, todo lo contrario. 
Informe d ' Ancona (A4-0402/97) 
Señor Presidente, la finalidad del denominado Convenio " Eurodac» es crear una base de datos europea con las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo, para poder determinar, de conformidad con el Convenio de Dublín, de 15 de junio de 1990, cuál es el primer Estado miembro de origen y, en consecuencia, el que se hará cargo de estudiar el expediente. 
El Grupo Europa de las Naciones es globalmente favorable a este Convenio, que se sitúa en el marco del régimen intergubernamental del actual artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea. 
Deseamos solamente que se tenga presente que el Consejo no ha explicado claramente todos los motivos de su decisión, lo cual es de lamentar, ya que no hay razón para no hacerlo y para que los ciudadanos no los conozcan. 
Existen, en efecto, personas que suelen presentar falsas solicitudes de asilo, personas a quienes se les ha rechazado su solicitud en un Estado y que son capaces de intentarlo, sucesivamente, en los demás, aprovechándose de alguna fisura. 
Es útil descubrirlos para evitar que un mismo expediente sea estudiado dos, tres, cuatro veces. 
Pero como estas personas cambian cada vez de identidad, es difícil descubrirlas, como no sea por sus impresiones dactilares. 
Sin embargo, el Consejo ha tenido la mala idea de poner un dedo en el engranaje comunitario, al establecer una competencia del Tribunal de Justicia, una financiación a través del presupuesto comunitario y al consultar finalmente al Parlamento Europeo, cuando, en nuestra opinión, no estaba obligado a hacerlo, de conformidad con el artículo K.6. 
El resultado es que nuestra Asamblea ha aprovechado la ocasión para votar enmiendas que vuelven a poner el sistema en manos de la Comisión, que comunitariza su gestión a ultranza e intenta debilitar su alcance. 
Naturalmente, nosotros nos oponemos a estas enmiendas. 
Queremos dar las gracias a la ponente por un informe muy bien hecho. 
Deseamos resaltar que la instauración de un sistema para cotejar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo no es en sí una garantía de que se logre una política de asilo humana y generosa, en que los países miembros solidariamente den derecho a refugio a quienes lo soliciten. 
Para alcanzar semejante política de asilo se necesitan otras medidas y acciones más profundas, que aúnen los criterios de los países miembros sobre la necesidad de una política de asilo humana y generosa. 
Con todo, estimamos que la instauración de Eurodac tiene que ser entendida a la luz de las posibilidades de alcanzar esa política de asilo humana y generosa dentro de la Unión Europea. 
Las propuestas de enmienda del Consejo que se manifiestan en el informe, significan que se refuerza el obvio derecho a la integridad individual de los solicitantes de asilo, lo que vemos como una razón poderosa para apoyar el informe. 
Tenemos una posición muy crítica frente a la propuesta del Consejo de instaurar el registro de Eurodac. 
Eurodac puede llegar a transformar la política de refugiados de los Estados miembros de la Unión Europea, haciéndola cada vez más restrictiva y brutal. 
Cada solicitud de asilo debe ser tratada por separado, independientemente de si el solicitante ha pedido anteriormente asilo en otro país de la UE o no. 
Consecuentemente, tenemos una posición crítica frente al motivo para instaurar el registro de Eurodac, es decir, que una solicitud debe ser tratada solamente en un país. 
Nuestra opinión es que los refugiados deben tener el mismo derecho a la integridad individual que nuestros ciudadanos. 
Nos oponemos a que se tomen las impresiones dactilares de los refugiados de forma habitual. 
La consecuencia de esta norma implica también, en casos extremos, que esto sería exigible con medidas coercitivas y violencia a personas desde los 14 años. 
Las normas existentes sobre la supresión de datos en el registro central es también insuficiente. 
En los sistemas informáticos de hoy, las garantías de que todos los datos han sido borrados son insuficientes. 
También tiene que ser obvio que no deben quedar en el registro los datos de las personas que han obtenido permiso de residencia en alguno de los Estados miembros de la UE. 
Además, es necesario aclarar más la competencia de las autoridades de control. 
Lo mismo vale también para la posibilidad que tiene el solicitante de asilo a recibir información sobre los derechos que le asisten y poder controlar la exactitud de los datos obtenidos. 
La propuesta de informe contiene importantes críticas contra Eurodac, con las que estamos de acuerdo. 
Por eso votamos a favor del informe en su totalidad en la votación final. 
Sin embargo, hemos votado en contra de ciertas partes del informe. 
En primer lugar, no nos gusta que se proponga en el informe que la Comisión será la responsable del registro. 
La Comisión Europea es una institución dirigida por funcionarios, con un control democrático muy débil. 
En segundo lugar, reaccionamos con energía en contra de que el Consejo podrá tomar decisiones con mayoría calificada para la instauración de Eurodac. 
Nuestro juicio es que la colaboración en este tipo de asuntos tiene que tener lugar en el plano interestatal. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de un informe que trata de la creación de un registro (Eurodac) con las huellas dactilares de los solicitantes de asilo. 
Opinamos que tal registro es un instrumento necesario cuando debe decidirse qué Estado miembro tiene la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada en la UE. 
Eurodac puede ayudar a impedir que los solicitantes de asilo se conviertan en juguetes a merced de los diferentes países, porque nadie quiera asumir la responsabilidad de examinar de su expediente. 
Puede ayudar también a impedir el fraude, es decir, que los solicitantes de asilo cambien de identidad tras haber sido rechazados en un Estado miembro. 
Apoyamos el informe de la Sra. d ' Ancona, pues hace hincapié en que en la base de datos no ha de alcanzarse un término medio en lo que respecta a la protección legal de los solicitantes de asilo. 
Opinamos también que puede ser positivo en relación con tanto la efectividad como la protección de datos involucrar a la Comisión en la administración de la base de datos. 
El Frente Nacional siempre ha luchado y continúa luchando contra la inmigración ilegal. 
Uno de los medios para contener el flujo migratorio es un control eficaz de las solicitudes y de los criterios para conceder asilo. 
El sistema automatizado de Eurodac para reconocer las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo permite reunir las informaciones judiciales o penales sobre estos últimos, de tal modo que un Estado pueda ejercer cierto control sobre las solicitudes de asilo. 
A la vista de los datos personales que recoge sobre un individuo, este Estado puede conceder o denegar definitivamente la solicitud de asilo. 
En su informe, la Sra. d´Ancona propone quitar a los Estados su soberanía en la materia. 
Considera que el sistema " Eurodac» debe ser gestionado por la Comisión y no por los Estados miembros y establece asimismo limitaciones más severas con respecto a la utilización del mismo. 
Se trata, una vez más, de la relajación del Estado y de su soberanía en un ámbito que, en esencia, le debe estar reservado. 
La aberración impuesta por el Tratado de Amsterdam, a través de la comunitarización de los ámbitos de interior y de justicia entre los Estados miembros, cobra una vez más todo su esplendor. 
El gran " colador» europeo se está haciendo realidad. 
Después de la Europa de Schengen, con la eliminación de las fronteras interiores de la Unión Europea, ahora le toca a la Europa de Amsterdam, con la eliminación de las fronteras exteriores. 
Los abajo firmantes somos muy críticos en relación con el registro de Eurodac que el Consejo quiere instaurar. 
Eurodac es una parte de la política de refugio, cada vez más restrictiva y brutal, que crece en la UE, una política que a menudo implica que los refugiados sean tratados como si fuesen delincuentes. 
Estimamos que cada solicitud de asilo debe ser cursada por separado, independientemente de si el solicitante de asilo ya lo ha hecho en otro país de la UE. 
También cuestionamos la base del sistema de Eurodac, cuyo objetivo es que una solicitud de asilo sólo podrá ser estudiada en un país. 
Opinamos que los refugiados tienen los mismos derechos a la integridad individual que otras personas. 
En consecuencia, es inaceptable que se tomen las impresiones dactilares a los refugiados de manera rutinaria. 
Es especialmente grave que semejante norma en casos extremos también significa que se puedan usar medidas coercitivas y violencia contra personas desde los 14 años. 
Estimamos que las normas existentes sobre la supresión de datos en el registro central es también insuficiente. 
Obviamente que no deben quedar en el registro los datos de las personas que han obtenido permiso de residencia en alguno de los Estados miembros de la UE. 
Además, estimamos que la competencia de las autoridades de control no es clara y es insuficiente. 
Lo mismo vale también para la posibilidad que tiene el solicitante de asilo a recibir información sobre los derechos que le asisten y poder controlar la exactitud de los datos obtenidos. 
En el informe de d ' Ancona se contienen importantes críticas contra Eurodac, las que corresponden con nuestros criterios. 
Con todo, hemos votado votamos en contra de todas las partes del informe que implican que la Comisión tenga la responsabilidad del registro. 
La Comisión Europea es un órgano sometido a un control democrático muy débil. 
Además, consideramos que la colaboración en este tipo de asuntos tiene que tener lugar en el plano interestatal. 
Informe Erika Mann (A4-0403/97) 
Hemos votado a favor de la resolución puesto que estimamos justo que se desarrollen las relaciones económicas y comerciales con los EE.UU. 
Al mismo tiempo consideramos, sin embargo, que la resolución evita criticar a los EE.UU. en aspectos en que habría sido necesario hacerlo. 
Sería, por ejemplo, apropiado en relación con el tema de los derechos humanos, resaltar que muchos estados de la unión aplican la pena de muerte. 
En relación con el medio ambiente, se podría destacar la resistencia de los EE.UU. en contra de acuerdos internacionales más amplios en materia medioambiental, manifestada ahora último en Kioto. 
En cuanto al mercado laboral, se podrían señalar las violentas acciones que realizan muchos patronos norteamericanos contra los sindicatos, a menudo con el beneplácito de las autoridades. 
Informe Sierra González (A4-0399/97) 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Sierra González pretende poner la sociedad de la información, es decir, para ser más claro, los medios telemáticos como Internet, al servicio de la cohesión económica y social y de la lucha por el empleo. 
No podemos menos que estar de acuerdo en que la sociedad de la información pueda beneficiar a todos, incluyendo en primer lugar a las regiones menos desarrolladas y a las personas más desfavorecidas. 
Asimismo, somos receptivos a la propuesta de incentivar la formación de las personas durante su trayectoria profesional y también a la voluntad de respetar el plurilingüismo en el seno de la sociedad de la información. 
Por otra parte, el informe subraya, con razón, las consecuencias positivas que la sociedad de la información puede ofrecer a las regiones rurales. 
Gracias al " teletrabajo» , que permitirá conservar muchas actividades profesionales en las zonas rurales, la sociedad de la información puede constituir un vector importante de ordenación equilibrada del territorio. 
Sin embargo, tendremos que procurar que la sociedad de la información no se convierta en un arma de doble filo. 
Deseamos insistir una vez más en el peligro de que estas nuevas tecnologías faciliten la deslocalización de una parte del sector terciario de la Unión Europea hacia países con salarios bajos y débil protección social. 
En este momento ya existen empresas europeas que confían la gestión de su contabilidad, o el seguimiento de sus clientes, en la India o en Singapur. 
Existe en ello un grave peligro para el empleo comunitario, que debemos evitar por medio de medidas adecuadas. 
Comprobamos con satisfacción que la ponente ha sido sensible a nuestra preocupación en este ámbito. 
Por eso el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones se felicita de las cualidades de consenso de la Sra. Sierra González y ha decidido apoyar su informe. 
En la introducción de su informe, la diputada Sierra González afirma que la sociedad de la información es el reto económico, cultural y político más significativo de estos años de fin de siglo. 
Comparto este criterio, aunque me preocupa mucho el proceso actual de globalización e interdependencia de las economías. 
Temo que la cohesión interna de la Unión Europea pueda correr peligro a causa de la desigual división de los beneficios del progreso tecnológico. 
Sin duda existe el riesgo de que en algunas zonas las inversiones se hagan con retraso. 
La difusión de la tecnología no significa una división automática de las posibilidades y de los enormes beneficios. 
El desarrollo de la sociedad de la información debe completarse, por fuerza, con una acción política adecuada, que garantice un desarrollo igual en todas las regiones de la Unión Europea. 
Esto, porque hay países en los que la cultura de la sociedad de la información está más difundida que en otros, y es normal que en ellos haya más posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías, de progresar y de prosperar en este nuevo ambiente de trabajo. 
El gran reto para la Unión Europea en su conjunto es que el 30 % de los americanos están interesados en este desarrollo, mientras en Europa ese porcentaje sólo llega al 2. 
De este modo, Estados Unidos está en una posición de absoluta ventaja respecto a nosotros, que nos limitamos a seguirlo. 
Es una lástima, porque tenemos muchas posibilidades, pero no conseguimos aprovecharlas y, así, perdemos posiciones y puestos de trabajo respecto a Estados Unidos. 
Necesitamos mantenernos más unidos y, sobre todo, destinar más recursos a investigación y desarrollo. 
Un factor esencial de competitividad será el uso continuado de la tecnología por parte de las PYMES. 
La sociedad de la información ofrece a las PYMES la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo altamente especializados y reducir el paro. 
En especial en las regiones menos favorecidas y en las zonas rurales, las PYMES representan la columna vertebral de la economía local. 
La rápida evolución de las tecnologías de nuestros tiempos y la globalización de los mercados influyen en las condiciones de competitividad y crean nuevas oportunidad de las PYMES, que por lo tanto tienen que cumplir una función esencial para aumentar la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Señor Presidente, muchas de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea padecen las consecuencias del problema de la perifericidad. 
El avance tecnológico, en particular en el marco de la sociedad de la información, es un método para superar el problema del desplazamiento geográfico. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación han de hacer una contribución importante para aumentar la competitividad global de Europa y también la cohesión regional. 
Por desgracia, las diferentes regiones avanzan, sin embargo, a ritmos diferentes por culpa del desequilibro en su respectiva utilización de la tecnología de la información. 
Para atajar ese desarrollo desigual, es importante que se invierta más financiación estructural en ese sector. 
También se pueden obtener grandes beneficios compartiendo la experiencia en esa esfera. 
Quisiera señalar a la atención de la Comisión un experimento innovador que se está introduciendo en mi circunscripción en Ennis, Co. Clare. 
Ennis fue seleccionada en un concurso por Telecom Eireann y designada «Ciudad de la era de la información» y con ese proyecto se examinarán los ventajas que entraña la aplicación de muchos aspectos de la tecnología de la información y de la comunicación. 
Espero que la Comisión siga atentamente ese proyecto y otros similares de otros países para descubrir qué lecciones se desprenden de ellos que se puedan aplicar en otras partes de la Unión Europea con vistas a intentar contribuir a la cohesión regional. 
La Sra. Sierra González nos presenta un excelente trabajo y sólo me queda abundar en su concepción de la utilidad y del reparto de beneficios de la sociedad de la información. 
En efecto, como diputada de la región Norte-Pas-de-Calais observo que la puesta a disposición de las nuevas tecnologías de la información y su utilización por las empresas, naturalmente, pero también por los " simples» ciudadanos, permiten que una región desfavorecida, afectada por una elevada tasa de desempleo, pueda recuperar su retraso económico y social. 
Es lo que está ocurriendo en mi región. 
Por lo tanto, nuestra ponente tiene razón en insistir en la necesidad de ofrecer a todas las regiones las posibilidades de invertir en las infraestructuras de telecomunicaciones e información. 
Se trata de un ámbito tan importante como la formación y las cualificaciones profesionales o el papel que desempeña el sector público y privado. 
Esto debe constituir una prioridad tanto nacional como europea. 
Es un medio de lucha contra la exclusión. 
Debo decir una vez más que, basándonos en el ejemplo vivido en mi región, sin la ayuda de programas europeos como Web for school y Net days no hubiésemos podido, solos, nuestras colectividades territoriales y locales, proporcionar a nuestros jóvenes los medios de información de que hoy disponen. 
Por eso apoyo a la Sra. Ponente para que la ayuda que exige pueda generalizarse e incluso ampliarse. 
Las verificaciones y valoraciones de la Comisión, y especialmente el informe de la Sra. Sierra González, reflejan la realidad actual sobre el desigual reparto de las posibilidades de acceso y uso de la sociedad de la información entre las regiones europeas. 
Pero las propuestas contenidas en el Libro Verde de la Comisión no se corresponden con las necesidades que resultan del desarrollo tecnológico, ni con las esperanzas de los pueblos de Europa para su aprovechamiento; ni se encaminan a reducir o hacer desaparecer las desigualdades regionales y mejorar el nivel de vida de los trabajadores. 
Al contrario, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones propuesta conducirá a infravalorar los servicios prestados, en especial en las regiones menos desarrolladas, y dificultará el acceso de los ciudadanos, de organismos y de empresas, a las redes, con lo que aumentarán las desigualdades que ya existen. 
La falta de infraestructuras y de equipamientos adecuados para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los sistemas electrónicos y multimedia actuales, de manera especial en las regiones remotas donde existen graves dificultades para conectarse a las redes centrales, debido al elevado coste, pero también por la falta de formación para el uso y aprovechamiento, son factores negativos para su desarrollo, que provocarán el incremento de las diferencias entre los que poseen información y los que se ven excluidos de ella. 
El objetivo fundamental de esas propuestas es fomentar el aumento de los beneficios de las grandes empresas del sector a costa de los servicios públicos y del papel social que debieran desempeñar. 
La supresión de los servicios públicos y de la obligación que corresponde al estado de asegurar el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios no puede ser sustituida por engañosas manifestaciones sobre servicios integrales, cuyo contenido es desconocido, y que en realidad ocultan el deseo de despejar el camino a una super concentración de capitales y de los medios que controlan el tráfico y la difusión de la información, de forma que se llegue finalmente a la formación de una gigantesca industria de fabricación de noticias e información, como muchas veces ocurre ya en los medios de comunicación de masas. 
Para alcanzar esos objetivos se sigue la táctica de hacer desaparecer las reacciones sociales y crear una nueva organización del trabajo. 
Un elemento de esa organización es, desde luego, la propuesta de generalización del teletrabajo, que va a suponer un ataque decisivo a los derechos sociales y sindicales. 
¿Cómo es posible que empresas con medios obsoletos y acceso limitado a los capitales puedan competir con los gigantescos medios multinacionales? 
La supresión de las ayudas estatales y los limitados subsidios comunitarios, que financian las telecomunicaciones sólo con un 2 % a través de los fondos estructurales, van a funcionar de forma excluyente para el acceso de todos sin discriminaciones a la red y para lograr la igualdad de condiciones de interconexión e interfuncionalidad. 
Pero los pueblos y los trabajadores no permitirán la materialización de planes que tengan como resultado el aumento drástico de las diferencias existentes. 
Se opondrán a los riesgos ya visibles de desestructuración, de aislamiento y de postración de las regiones remotas y con estructuras débiles y no van a consentir que las expectativas del capital para extender sus tentáculos y vampirizar su sustancia gris logren la supresión de los derechos, los logros y las libertades de los ciudadanos. 
Informe Waddington (A4-0405/97) 
He leído con mucho interés el informe de nuestra colega Waddington, a quien deseo felicitar. 
No hay duda de que cuando el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre una cuestión atinente al empleo, ésta provoca siempre discusiones encendidas entre las fuerzas y corrientes políticas. 
Mientras que la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, del mes de noviembre, estuvo centrada esencialmente en la formación, la ponente pone de relieve, con razón, el importante desfase que existe entre los compromisos políticos y las propuestas de la Comisión en este ámbito. 
A veces me planteo interrogantes sobre la voluntad de algunos de nuestros comisarios, siempre dispuestos a lanzarnos cada vez más lejos por la vía del liberalismo, y sobre esta relativa parálisis cuando se trata de luchar contra el desempleo. 
No quiero creer que exista una falta de voluntad para luchar contra esta plaga. 
Por lo tanto, apoyo sin reserva las exigencias de la Sra. Waddington a la Comisión, y espero que esta última responda. 
Apruebo la orientación del informe, tendente a vincular estrechamente el acceso a la formación y la organización del trabajo. 
Las diferentes problemáticas que afectan al empleo no deben- ni pueden- ser tratadas aisladamente. 
Las soluciones no son eficaces sino con la condición de que sean interdependientes. 
Comparto, por tanto, la preocupación de la Sra. Waddignton sobre la necesaria diversificación profesional de las trabajadoras. 
Pienso que hay que ir más lejos en esta diversificación, que no debe limitarse a las mujeres; " igualdad obliga »... 
Conviene tener cuidado para no caer en la trampa de las formaciones basadas esencialmente en los empleos que dependen de las nuevas tecnologías y de servicios. 
Muchos de ellos son de escaso valor y no pueden multiplicarse hasta el infinito. 
Las decepciones nos acechan. 
Deseo felicitar una vez más a la Sra. Waddington. 
Como ella, yo también espero propuestas importantes de la Comisión. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de un informe sobre el acceso al reciclaje profesional en la Unión Europea. 
Es muy importante enfocar el tema de la formación continua en nuestros días, en los que la capacidad de adaptación y la flexibilidad son de una importancia fundamental para las posibilidades de los asalariados de defenderse en un mercado laboral en constante cambio. 
La capacidad competitiva de las empresas europeas depende en gran medida de nuestros esfuerzos en el campo del reciclaje profesional. 
Si no prestamos atención a estos desafíos, costará puestos de trabajo en Europa. 
De ahí que apoyemos un informe que busca una estadística comparable sobre el reciclaje profesional en los Estados miembros y recomienda la creación de un sistema de notificación sobre el acceso a la formación. 
Celebramos especialmente que la señora ponente haya puesto gran énfasis en los aspectos de la igualdad y los problemas que pueden tener las mujeres en relación con el acceso al reciclaje profesional. 
Por último queremos sumarnos a la petición de que los integrantes del mercado laboral en el ámbito europeo contraigan convenios marco sobre formación. 
Informe Hermange (A4-0292/97) 
Hay motivos para agradecer al ponente por el trabajo realizado en este informe. 
El informe trata un asunto que tiene trascendencia para reforzar la productividad y el empleo, algo que también se subraya en la propuesta de resolución de la comisión. 
Criticamos los estímulos estatales en forma de rebajas de impuestos en conformidad con lo que señala el informe en el punto 9, primer párrafo. 
En cuanto a la posibilidad de los empleados y obreros de participar en los beneficios de las empresas, estimamos que es una asunto que corresponde a las partes del mercado laboral y el deber de la sociedad es mantenerse neutral y no involucrarse a través de subvenciones de impuestos. 
Votamos desfavorablemente esta resolución. 
La izquierda sueca siempre ha considerado que las personas que trabajan en una empresa deben tener mucha mayor injerencia, tanto en el ámbito general de la empresa como en el destino de las ganancias. 
Estimamos que es una profunda equivocación enfatizar de esta manera unilateral la posesión individual de acciones como fuente de aumento de la productividad. 
Deseamos, en cambio, un desarrollo creativo y dinámico de la democracia empresarial. 
Queremos enfatizar la necesidad de fondos para el futuro y de capacitación profesional de largo plazo, especialmente para trabajadores que tienen cortos estudios, en lugar de un régimen de sociedad. 
El Frente Nacional siempre ha defendido y defiende tanto el lugar como el papel que debe desempeñar el hombre en las empresas, y se niega a asimilar esta cuestión a una variable o a un simple elemento económico, como lo hacen todas las políticas de izquierda o de derecha que se suceden hasta ahora, invariablemente y sin ningún resultado positivo o alentador con miras al futuro. 
Con este informe, la Sra. Hermange otorga a los trabajadores de las empresas una verdadera dimensión económica, por lo que no podemos menos que felicitarnos. 
Es conveniente fomentar esta forma de capitalismo popular, desarrollar aquellas medidas que favorezcan la participación de los trabajadores en el capital de la empresa. 
Para luchar contra el desempleo, es necesario, en efecto, devolver la confianza a los trabajadores para lograr una mayor productividad, una mayor flexibilidad laboral y salarial. 
Pero para alcanzar estos objetivos de estabilidad del empleo y de crecimiento es necesario proteger el mercado, dejar completamente de lado los falsos preceptos de Maastricht y de Amsterdam, detener el flujo migratorio y recuperar el consumo. 
De este modo, y sólo de este modo, se crearán nuevos empleos. 
Nuestras reservas sobre este asunto no se deben a dudas de detalle o de forma, que no nos resultaría difícil encontrar y que servirían fácilmente para justificar nuestro voto. 
Ahora bien, el enunciado de esas reservas sería también una forma de quedarnos en una posición superficial, epidérmica, lejos del verdadero meollo del asunto y de lo que fundamenta nuestra posición al respecto. 
Sería en cierto modo un escape a la hora de decir lo que se debe decir, substituido por observaciones formales. 
Y tampoco se trata de confiar o no en la bondad de las políticas y medidas que se proponen y para lo cual se elaboran informes en este Parlamento. 
Con toda claridad, nuestra concepción de las relaciones sociales no es compatible con la ilusión en que otras concepciones- o falta de ellas- insisten de que no hay clases sociales o que, habiéndolas, sus intereses y objetivos en la actividad económica empresarial privada son coincidentes, convergentes o tan sólo no conflictivos. 
Por eso mismo, independientemente de los juicios de valor sobre las intenciones de quien propone las políticas y las medidas y también de quien asigna los informes para opinión- que pueden ser excelentes y en algunos casos lo son -, esas políticas y medidas pueden tener el efecto perverso de desviar la atención, de alejar a los hombres y a las mujeres de las cuestiones reales que les atañen como trabajadoras y trabajadores, cosa que nunca dejarán de ser porque se les conceda una mitigada participación en ciertos sectores limitados de gestión y en los resultados financieros que son la apropiación de los frutos de su actividad laboral. 
Tampoco es nueva esa estrategia y la ya amplia reflexión sobre estos asuntos nos hace recordar que hace cerca de 30 años, cuando semejantes políticas y medidas eran presentadas como panaceas, leíamos y escribíamos que la participación (de los trabajadores en la gestión y en los resultados) era como una «linterna roja» en la cola de un conjunto de circunstancias configuradoras de una situación social muy degradada que reclamaba soluciones de fondo o que suscitaba meras maniobras de diversión, cosa que tenía antecedentes y tuvo repeticiones. 
Revisaríamos esta posición, si la realidad no la confirmase. 
Pero la realidad ha demostrado que es (a) justa (da). 
También sucederá así ahora. 
Por eso, nuestro voto no es contra las excelentes intenciones- de quien las tiene -, como tampoco puede ser a favor de una ilusión que se renueva y que se pretende transmitir a quien no las necesita o que incluso debería huir de ellas, como gato escaldado. 
Resolución sobre la situación de los refugiados kurdos 
Presidente, en nombre del grupo parlamentario de los verdes quiero protestar enérgicamente contra el vaciamiento completo del derecho de los refugiados en general, del que estamos viendo en los últimos meses continuamente los ejemplos. 
En cuanto a los refugiados kurdos es evidente que hemos constatado, por una parte, que la presidencia de la UE y el Consejo de Ministros de la UE dicen claramente en el mes de diciembre que no hay perspectivas concretas para que Turquía ingrese en la Unión, en mi opinión con razón, entre otras cosas por el hecho de que la cuestión kurda no se aborda de forma política. 
Por otra parte, cuando pequeños grupos de refugiados, porque no se trata de flujos de refugiados, sólo se trata de unos centenares de refugiados, se ponen en marcha, vemos entonces que la misma Unión Europea adopta una postura muy defensiva. 
En mi propio país, en Bélgica, el ministro de Asuntos Exteriores, porque ahora hay una huelga de hambre, dice: " Vamos a investigar la cuestión política que origina este problema» , mientras que por otra parte ya se manifestó hace tiempo que se trata de un problema político. 
En otros países empieza entonces la lucha entre Italia y Alemania, etcétera. 
Pero en todo caso, la línea maestra adoptada por la Unión Europea no fue el reconocimiento del hecho de que pudieran venir refugiados políticos de allí. 
Encontramos esto muy lamentable. 
Lo mismo está ocurriendo en relación con el drama que se recrudece cada vez más en Argelia. 
Todavía esta mañana hemos podido escuchar a unos ministros alemanes que manifestaban públicamente: " Sí, debemos hacer algo con Argelia porque si no, nos vendrán otra vez oleadas encima». 
Si vamos a hacer política internacional y política interna dentro de la UE en esos términos, entonces vamos por el camino completamente equivocado. 
Europa se enfrenta hoy con el problema de los miles de kurdos que desembarcan ilegalmente en las costas italianas, al término de un viaje visiblemente organizado por mafias y pasadores profesionales de fronteras. 
¿Se trata realmente de refugiados, y, en caso afirmativo, de refugiados políticos, o económicos? 
Además, ¿proceden de Turquía, o de Irak? 
¿Puede reconocerse la calidad de refugiado a personas que, a su vez, persiguen- o han perseguido- a otras personas? 
No olvidemos que los kurdos siempre han sido grandes asesinos de cristianos siriacos, caldeos, nestorianos u otros armenios y que aún recientemente- desde 1984- han perpetrado crímenes en el sur de Anatolia. 
La afluencia de estos refugiados, o falsos refugiados, plantea a Europa el problema de sus propias incoherencias. 
Primeramente, no es por casualidad que este problema salga hoy a luz, ya que Italia es parte integrante del espacio de Schengen sólo desde el 26 de octubre pasado. 
Está claro que para los inmigrantes clandestinos la perspectiva de poder viajar, sin pasar controles de fronteras, del extremo sur al extremo norte de Europa representa un poderoso incentivo. 
En cuanto a los países de entrada de los inmigrantes, Italia en este caso, ¿por qué resistirse ya que sabe que los recién llegados no permanecerán en su territorio, sino que sólo estarán de paso? 
¿Por qué empañar su imagen desde el punto de vista humanitario sin sacar ningún provecho a cambio y para beneficiar solamente a sus vecinos? 
Esta experiencia nos demuestra que Schengen suscita a la vez un incentivo más para los clandestinos y una forma de quitarse las responsabilidades para el Estado miembro de origen. 
El hecho de restablecer verdaderos controles de personas en las fronteras internas resolvería una parte del problema. 
En segundo lugar, se nos dice que este género de situaciones no se produciría si el derecho de asilo estuviese armonizado en toda Europa. 
Es cierto que Italia lo utiliza de forma demasiado extensiva, al aplicar, como se da a entender, el régimen de la Convención de Ginebra a simples refugiados económicos. 
Pero, por otro lado, ¿cuál es el tipo de armonización del derecho de asilo del que se nos quiere dotar, a cambio, en el plano europeo? 
En realidad, es exactamente el mismo; es decir, un derecho de asilo extensivo, como lo demuestra la propuesta sobre los refugiados sometida recientemente por la Comisión al Consejo. 
No vemos en absoluto cuál es el interés de llevar a cabo una armonización en el plano europeo si, además, debe desembocar en un aumento del laxismo. 
Si un país quiere ser laxista, sólo tiene que comportarse de esa manera por su cuenta y riesgo, sin intentar trasladar el problema a sus vecinos o a Europa. 
En tercer lugar, las propuestas de política europea sobre los refugiados- la resolución que hoy ha aprobado el Parlamento Europeo nos proporciona un buen ejemplo- consisten ante todo en repartir entre los Estados miembros la carga de su acogida y su sustento. 
No es una solución seria a largo plazo. 
¿Qué haremos si mañana, como desgraciadamente puede ocurrir, llegan cientos de miles de refugiados de todo el planeta, atraídos a Europa por una acogida, un estatuto y unas ayudas financieras? 
Si queremos comportarnos responsablemente, hay que aplicar hoy soluciones que podrán funcionar mañana. 
Por eso la política europea sobre refugiados debería consistir en: 
1) mantener controles en las fronteras internas para responsabilizar a los Estados miembros; 
2) conservar una definición estricta del derecho de asilo; 
3) organizar una cooperación para ayudar financieramente a los Estados miembros que asuman una carga desproporcionada para garantizar la vigilancia de sus fronteras exteriores; 
4) buscar soluciones distintas de la instalación en la Unión de refugiados cuando procedan de países alejados de nuestra zona inmediata; es necesario, por el contrario, dirigir a estos refugiados hacia terceros países que les brinden un asilo adecuado, sin perjuicio de ofrecer nosotros mismos una ayuda a dichos países. 
Si la Unión Europea aplicara otro tipo de política, como hoy parece estar dispuesta a hacerlo, dañaría gravemente, a largo plazo, los intereses de nuestras naciones y no merecería ninguna confianza por parte de los ciudadanos. 
La cuestión kurda va a seguir empeorando y estando ante nosotros mientras las autoridades turcas continúen sin respetar los derechos humanos fundamentales de un pueblo entero y se nieguen con insistencia a buscar una solución política y pacífica a la cuestión kurda mediante negociaciones directas con las organizaciones representativas del pueblo kurdo. 
Mientras los grandes intereses económicos y político-petrolíferos mantengan su apoyo a la intransigencia turca, los grupos criminales que se benefician de la tolerante postura turca continuarán con el tránsito ilegal de kurdos bajo condiciones inhumanas; al tiempo, los Estados miembros, "gobernados por las leyes» y tan" sensibles» a los derechos humanos, intentarán explotar la tragedia de los refugiados de un modo inaceptable y tomarán más medidas represivas y policiales. 
Es hora de presionar al gobierno turco para que cambie su política, para que detenga las operaciones hostiles contra el pueblo kurdo y que reconozca sus derechos. 
Es necesario que la cuestión de la violación de sus derechos y la postura de Turquía se plantee durante la próxima reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos del Hombre y en la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para reforzar la lucha contra las redes criminales de tráfico de inmigrantes ilegales y refugiados, pero, a la vez, es necesario alcanzar las condiciones necesarias para que se respete de forma íntegra el derecho de los refugiados a pedir asilo político, de acuerdo con el Tratado de Ginebra, y que se les proporcione una ayuda material y moral eficaz. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de una decisión sobre los refugiados kurdos. 
La trágica y desgraciada situación de los refugiados kurdos ha actualizado la necesidad de una colaboración en la política comunitaria de refugiados. 
Con todo, queremos también pedir que se enfríen los ánimos. 
El ejemplo kurdo de nuevo confirma que el debate se ha caldeado más de la cuenta. 
En realidad hablamos de menos de 1000 kurdos y la cifra global de solicitantes de asilo ha descendido de hecho en 1997. 
Es una lástima y una vergüenza que personas en situación de necesidad se unan a los opositores a la Unión en Dinamarca. 
Claramente es necesario un instrumento como Eurodac, sobre el que hemos votado también en el día de hoy. 
Nos ayuda a determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo en la UE. 
Además, debe hallarse un reparto responsable de las cargas de los refugiados entre los países de la Unión. 
He votado contra la resolución común porque asume el planteo del gobierno italiano, que decidió examinar con actitud favorable las peticiones de asilo de los ciudadanos de origen kurdo. 
De esta manera se ha introducido el peligroso precedente de la concesión de asilo político por motivos étnicos. 
En el caso que nos ocupa, se trata en cambio de una clásica primera afluencia de inmigrantes kurdos provenientes de distintos países- sumados a otros inmigrantes clandestinos del Magreb, China, Sri Lanka, Egipto, etcétera- movidos por razones económicas. 
Además, después del primer desembarco importante de la nave Ararat, asistimos al goteo diario de desembarcos de pequeños grupos de inmigrantes kurdos organizados por los " lancheros» albaneses. 
El asilo político basado en motivos étnicos constituye un atractivo evidente, de uno de los países de la UE, para todos los kurdos, atraídos por la posibilidad indiscriminada de asilo, basada tan sólo en el hecho de que sean kurdos. 
El principio del asilo por motivos étnicos no es aplicable ni en el caso de los kurdos, que son una etnia de más de veinte millones de personas, ni en el caso de los numerosos pueblos que por razones religiosas, lingüísticas, políticas o económicas son perseguidos por otros pueblos u otras mayorías. 
Baste recordar el caso de los tibetanos en China, de los tamiles en Sri Lanka, de los tutsis en África central, de los indios de Chiapas en México, y demás. 
El caso de los inmigrantes ilegales kurdos se ha de considerar con otros criterios, racionales y humanitarios. 
El criterio étnico-político, con las excepciones individuales de los verdaderos perseguidos políticos, por ejemplo, Leyla Zana o Vej Jing Sheng, se está abandonando porque es un motivo de desarrollos imprevisibles e incontrolables. 
La Unión Europea tiene que poner la mira en la internacionalización política de la tragedia kurda, sin recurrir al insostenible principio del derecho de asilo garantizado: debe presentar el problema en la ONU, basándose en la violación de los derechos humanos por parte de Turquía, Irak e Irán. 
Informe Sainjon (A4-0392/97) 
El informe Sainjon presenta una concepción tranquilizadora de las deslocalizaciones, quizá porque desde el principio había optado por una definición demasiado restrictiva de este fenómeno: habría deslocalización, según el mismo, cuando quien emite la orden (el empresario) elige deliberadamente desplazar su producción, a través de la inversión directa, la subcontratación o el negocio, hacia un país donde los costes sociales son menos elevados. 
Esta definición demasiado restringida conduce a discutir hasta el infinito la amplitud de un flujo, imposible de evaluar en cifras- y del que pueden citarse excepciones -, pero que se pone cuidadosamente en evidencia para dar la impresión de un movimiento en los dos sentidos. 
Este es el callejón sin salida en el que se ha metido el informe Sainjon. 
En realidad, visto en perspectiva, nos damos cuenta de que el aumento del desempleo en Europa es concomitante con la apertura internacional. 
Naturalmente, existen países que logran escapar a ello gracias a una fuerte política liberal, como el Reino Unido. 
Es efectivamente una vía que puede seguirse. 
Pero hay que subrayar que el éxito británico en la lucha contra el desempleo (actualmente el 5 %) se debe, en parte, a la atracción de actividades económicas que antes estaban emplazadas en los países continentales vecinos. 
Dicho de otro modo, la experiencia sería sin duda menos convincente si Francia y Alemania aplicaran también la misma política. 
Para tener una visión de conjunto del fenómeno de las deslocalizaciones, la definición debe ser amplia: hay deslocalización cada vez que el proceso de la competencia internacional conduce a crear empleo en los países emergentes y a destruirlo en los nuestros. 
Nosotros pensamos que un proceso saneado debería, por el contrario, crear trabajo en las dos zonas a la vez. 
Así definida, la deslocalización muestra su verdadero rostro: es el reverso de una competencia internacional ejercida sobre bases falsas, sin que los países de Europa, paralizados por ideas erróneas, logren crear una política mínimamente voluntarista para defenderse. 
Considerando, sobre la base de la definición restringida, que todo evoluciona espontáneamente en el buen sentido, el informe Sainjon presenta, pues, unas propuestas mínimas: un código de buena conducta flexible para las multinacionales, un contrato de confianza entre distribuidores, fabricantes y subcontratistas, la creación de una etiqueta social global por la OIT, etcétera. 
Estas propuestas son interesantes, pero, en nuestra opinión, no son capaces de enderezar el timón. 
La propuesta del Grupo Europa de las Naciones es simple y enérgica: hacer disminuir el interés con respecto a las deslocalizaciones, haciendo disminuir, a su vez, el interés con respecto a las reimportaciones cuando éstas nos perjudican. 
Para ello hay que exigir que en el próximo ciclo de negociaciones comerciales internacionales, que se abrirá en 1999, se discuta sobre la equidad de la competencia mundial y la legitimidad de las zonas de preferencias regionales, en aquellos casos en que los pueblos afectados opten democráticamente por éstas. 
El informe que se nos presenta ignora en demasía los aspectos conflictivos de la vida económica mundial y los efectos dominantes ejercidos por una gran potencia, a la que le interesa que se aplique un librecambismo desmedido. 
La verdadera causa de las deslocalizaciones se basa en esta política, mientras que las condiciones de producción y de remuneración en el mundo son profundamente heterogéneas. 
El informe sólo aporta un análisis superficial de las consecuencias de las deslocalizaciones con respecto al empleo en Europa y subestima las consecuencias negativas de estos fenómenos. 
Resta importancia al papel que representan en Europa las cargas fiscales y sociales demasiado elevadas, que son causa de procesos de deslocalización, a los que se les presta muy poca atención. 
El ponente cifra sus esperanzas en la firma de los códigos de conducta voluntarios, lo que es a todas luces insuficiente. 
Así pues, es necesario volver a examinar la cuestión de las deslocalizaciones desde una óptica que no sea unilateralmente librecambista. 
Por consiguiente, votaré en contra del informe. 
Cada semana se anuncian deslocalizaciones al extranjero por parte de firmas europeas; por lo general, sin ningún preaviso ni consulta con las organizaciones sindicales. 
Estas deslocalizaciones hacen que los pueblos compitan entre sí, especulando con las diferencias sociales y salariales. 
Los empresarios también las utilizan como medio de influencia y de chantaje para mantener la presión sobre los salarios y el empleo. 
A menudo estas deslocalizaciones destruyen empleo. 
En Francia, los tres sectores más afectados- textil, calzado y electrónica- han perdido en quince años la mitad de sus plantillas. 
Pero también existen otros sectores afectados, como el del automóvil, y los servicios practican cada vez más las deslocalizaciones. 
Éstas obedecen a la lógica de liberalización y de desreglamentación en el marco de la mundialización. 
En lugar de emprender la lucha y la resistencia contra los perjuicios de esta mundialización, la Unión Europea contribuye a fortalecerlos, sometiéndose a la dictadura de los mercados financieros. 
Pueden y deben adoptarse medidas en el plano comunitario frente a la desregulación de los mercados financieros y a la volatilidad de las inversiones, que pueden orientarse a cada momento a actividades provechosas a corto plazo, sin tener en cuenta a los asalariados y la economía de regiones enteras. 
La imposición de los movimientos de capital permitiría controlar y limitar esta situación. 
El informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que apruebo, avanza otras propuestas que pueden contribuir a frenar estas deslocalizaciones, o al menos a evitar sus consecuencias más perjudiciales para el empleo y el poder adquisitivo. 
Me felicito, en este sentido, de que el informe haya recogido las enmiendas de nuestro Grupo; por una parte, con respecto a la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales en los acuerdos internacionales y en la normativa de la OMC y, por otra, para que el acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI) , actualmente en curso de negociación en el marco de la OCDE, no obstaculice el derecho de los Estados de controlar el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente frente a las empresas multinacionales que operan en su territorio. 
A la vista de la gravedad de lo que está en juego, sería indispensable ir aún más lejos y exigir que este acuerdo AMI reconozca la excepción cultural, para que la cultura no sea considerada como una simple mercancía sometida a la ley del mercado, dominada por las firmas norteamericanas. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. André Sainjon, el cual trata de los traslados de empresa e inversiones directas en terceros países a la luz de la globalización del comercio, la producción y las inversiones. 
El informe pide a la Comisión que prepare un código de conducta para las multinacionales que tome como base una serie de compromisos sociales. El código de conducta toma como base los puntos siguientes: 
el fomento de la libertad de asociación-la lucha contra el trabajo forzoso-la lucha contra el trabajo infantil-la abolición de la discriminación en empleo y profesiones y la garantía de igualdad salarial para hombres y mujeresLos socialdemócratas daneses ven positivamente esta propuesta, pues ésta puede contribuir a un mercado laboral más justo en terceros países además de garantizar la limpia competencia en una economía globalizada. 
El informe menciona la obligación de impulsar la armonización social. 
Los socialdemócratas daneses advierten que la política social es un asunto nacional. 
Las propuestas del informe Sainjon no son más que una especie de emplasto en una pata de palo. 
Cuando se ha aceptado la mundialización de la economía, la libertad total de inversión, cuando su tejido industrial y productivo compite en una carrera desenfrenada orientada a la productividad, cuando existe la obstinación de creer que las firmas multinacionales no son entidades apátridas que sólo buscan sacar provecho, cuando se está persuadido de que la eficacia gobierna una división internacional del trabajo... , no hay que sorprenderse de que las empresas se adapten al medio que se les impone y reaccionen de acuerdo con sus propios intereses. 
La etiqueta social no es más que una gran hipocresía para que los consumidores europeos tengan la conciencia limpia; el código de buena conducta de las multinacionales es sólo un cuento; la libre circulación generalizada de capitales es el anuncio de crisis regionales que pueden poner en peligro el conjunto del sistema financiero mundializado y, de rebote, el conjunto de las economías. 
El ponente escribe: " las deslocalizaciones constituyen un fenómeno que responde a la lógica económica y que no deberían abordarse sólo desde el punto de vista ideológico». 
Hagamos justamente un ejercicio ideológico: si estamos en este punto es porque ustedes consideran que la economía en un fin en sí misma. 
Nosotros pensamos que la economía es sólo un medio al servicio de los fines políticos, cuales son el empleo y el bienestar de las poblaciones, la protección del medio ambiente, la estructuración de la sociedad. 
Nosotros opondremos siempre el aspecto humano a esta visión contable y aritmética del mundo. 
Los traslados de empresas están relacionados con la dinámica de la llamada mundialización que resulta de una mayor movilidad de factores. 
Pero esa movilidad no observa los mismos ritmos en relación con los diferentes factores y actividades, la producción se traslada a una velocidad condicionada por todos los aparatos y exigencias de combinaciones complejas, el comercio ya puede beneficiarse de mayores facilidades y rapidez en los transportes y el capital financiero aprovecha los cambios que merecen el calificativo de revolucionarios en la comunicaciones, en un marco jurídico, además, de liberalización de la circulación que alcanza caracteres de libertinaje. 
Así, en la actualidad los traslados de empresas son consecuencia sobre todo de la vertiginosa circulación de capitales en busca de los lugares y las situaciones en que más y mejor se reproduzcan y acumulen, lo que aumenta perturbadoramente su ya desproporcionado volumen respecto de las necesidades de la economía real. 
Sobre el terreno pueden quedar, abandonadas o cedidas en condiciones precarias o de subutilización o ambas cosas a la vez, instalaciones productivas importantes, de empleo y situaciones sociales degradados. 
Ésta es una caracterización que, por desgracia, no es caricaturesca y este informe aborda esa cuestión mediante un análisis de lo que llama la «inversión extranjera» y de una división de los traslados de empresas en ofensivos (vinculados con la inversión directa) , defensivos (vinculados principalmente con la subcontratación) y de «negocio internacional» (vinculados con las dinámicas de grupos transnacionales). 
Ahora bien, nos parece que ese concepto de inversión extranjera tiene contornos y contenidos diferentes de los que lo definían al principio. 
Con los traslados de empresas, una inversión puede corresponder- y muchas veces y cada vez más así es- a una desinversión en otro lugar por abandono, como ya hemos dicho. 
Y es muy positivo que el informe enuncie (o denuncie) los posibles efectos perversos de los traslados de empresas y subraye cuatro elementos con una base social que conviene que se introduzcan en esta problemática (organización sindical y negociación colectiva, prohibición de trabajo forzado y de trabajo infantil, igualdad de trato) que corresponden a las cláusulas sociales mínimas y a la valorización del papel de la OIT, como organización de las Naciones Unidas, que la OMC, en la deriva ultraliberal con la que nació, ha procurado someter y hacer que se pase por alto. 
Aunque esperamos poco de las recomendaciones sobre códigos de conducta para las transnacionales, el enunciado/denuncia de esta caracterización de los traslados de empresas y de la inversión extranjera es positivo. 
Puesto que el contenido del informe Sainjon no ha variado, ni con respecto al diagnóstico ni a la terapéutica de la deslocalización, no hemos podido votar a favor del mismo. 
El informe refleja un análisis del fenómeno, análisis que la mayoría de los economistas ponen cada vez más en entredicho. 
Y las medidas- por lo general facultativas- que propone para corregir los efectos negativos de las deslocalizaciones no parecen estar a la altura de los dramas económicos y sociales generados en nuestros países por un fenómeno estrechamente ligado a la adopción del librecambismo integral. 
Hemos visto que para apreciar realmente las consecuencias de la deslocalización en nuestros países, era indispensable adoptar un enfoque mucho más amplio del fenómeno que el elegido por el ponente. 
Asimismo, hay que evitar dar la impresión- al mencionar el caso de algunas operaciones que se ejercen en sentido inverso, pero que no son representativas de tendencias importantes- que todo se equilibra y que existe un movimiento equivalente en ambos sentidos. 
Así, la instalación de Toyota en Valenciennes- acompañada de fuertes repercusiones mediáticas- parece más bien una ventana falsa y una implantación temporal, cuando la mayoría de las empresas asiáticas que se habían instalado en Europa tienden, frente a la apertura total de los mercados europeos al exterior, a repatriar sus instalaciones y a efectuar exportaciones clásicas, en lugar de seguir produciendo en Europa. 
El fenómeno de deslocalización es, en realidad, fundamentalmente unilateral. 
Por lo tanto, las medidas correctivas deben ajustarse rigurosamente a dicha característica. 
Es sorprendente comprobar que la única política reguladora que el ponente se niega a examinar es, sin embargo, la que podría proteger mejor, de un modo flexible, las industrias de mano de obra europeas frente a competidores desleales, y que nuestros socios saben, por otra parte, aplicar: las cuotas de importación. 
Cuando la Comisión se ve obligada a recurrir a esta política, es lamentable que tienda a hacerla inoperante, al aplicar, a su vez, una política de excepciones en todas direcciones, como se ha visto en el sector del automóvil. 
Desgraciadamente, el Sr. Sainjon no propone corregir las incoherencias actuales, puesto que sugiere a la vez desarrollar el programa comunitario para la erradicación del trabajo infantil (IPEC) , que desempeña un papel de incitación a la deslocalización, y concentrar en el futuro los Fondos estructurales en las regiones más afectadas por las deslocalizaciones, lo que significaría subvencionar las deslocalizaciones y los estragos que éstas producen. 
Hubiera sido más oportuno examinar el modo de limitar el incentivo que suponen las reimportaciones, que tantos empleos destruyen en nuestros países. 
(La sesión, interrumpida a las 20.05 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Señor Presidente, debo denunciar un hecho muy grave que se está produciendo a estas horas en Italia. 
El gobierno italiano, después de haber traicionado las legítimas expectativas de los ganaderos, está empleando métodos policiales y represivos contra ellos, de modo que en este momento centenares de ganaderos son detenidos y se secuestran sus tractores y todas sus herramientas de trabajo. 
Estamos indignados y pedimos la solidaridad del Parlamento Europeo. 
Queremos decir al Parlamento que, para entrar en la moneda única no es suficiente falsificar los datos del presupuesto... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Tránsito alpino (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se continuará el debate conjunto sobre el tránsito alpino. 
Señor Presidente, después de la fracasada adhesión de Suiza al espacio económico europeo, las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza abarcan varios sectores. 
Por consiguiente, es importante llegar a resultados equilibrados, tanto en el conjunto de las discusiones como en el campo de cada uno de los sectores implicados. 
Se han concluido positivamente cinco importantes negociaciones, y hay que hacer toda clase de esfuerzos para llegar a un entendimiento también en el sector de los transportes. 
El gobierno italiano tiene un enorme interés en llegar a un acuerdo equilibrado. 
Se comparte el objetivo a largo plazo de un paso progresivo del tránsito por carretera al ferrocarril y, en este sentido, se aprecia mucho el esfuerzo financiero del gobierno suizo, así como son compartibles las preocupaciones suizas en cuanto al medio ambiente, aspecto sobre el que, además, el Parlamento Europeo se ha pronunciado muchas veces. 
Sin embargo, creo que en el conjunto de la negociación es necesario puntualizar algunas cosas. 
Los interesese económicos italianos que están en discusión no deben ver perjudicada su situación actual. 
No se discute aquí sólo el costo para los transportistas, sino la competitividad de los productos italianos en el mercado europeo; por lo tanto, no puede ponerse en práctica una fiscalidad que proyecte sobre los transportistas los costos externos antes de que éstos se definan con exactitud en el campo comunitario, sino que corresponde buscar sistemas de peaje que estén en coherencia con las disposiciones comunitarias y, en cierto modo, relacionados con el costo implícito de las infraestructuras usadas y de su gestión y mantenimiento. 
Además, aun con la correspondiente e importante atención a los problemas del medio ambiente a los que, repito, el Parlamento Europeo es particularmente sensible- hemos discutido muchas veces esos aspectos -, hay que tener claro que pasar en poco tiempo al transporte ferroviario es ilusorio, porque no existen las condiciones infraestructurales necesarias. 
Es preciso, por lo tanto, acelerar lo más posible las soluciones infraestructurales previstas y, en este sentido, dentro de la negociación habrá que pedir al gobierno federal suizo que obre en esta dirección. 
Por otra parte, hay algo " tácito» en la actitud de Suiza; se trata de sus interesese en el tráfico aéreo, y si se quieren encontrar soluciones a los problemas, habrá que poner sobre la mesa todos los intereses, para tener un cuadro completo y buscar soluciones a todos. 
Para concluir, el acuerdo hoy vigente llegará a su fin en el 2004. 
Por consiguiente, tenemos tiempo para enfrentar los problemas, aun cuando personalmente creo que se debe tratar de hacerlo en tiempos razonables, incluso para encontrar un acuerdo equilibrado que tome en cuenta todos los aspectos y que, en particular, prevea reciprocidad en la comprensión de las respectivas razones. 
Señor Presidente, en la Unión Europea hay una extraña obsesión de armonizarlo todo, independientemente de las diferencias geográficas, medioambientales o climáticas. 
Por eso no se quieren ver las diferencias entre el tráfico pesado a través de los puertos alpinos y el mismo tráfico pesado en las llanuras de Flandes. 
En todo caso, debiera ser obvio, tan obvio como que no se debe permitir el mismo ruido de tráfico en una zona residencial como en una vía rápida de tránsito, o conducir a la misma velocidad dentro de una ciudad y en una autovía. 
La Unión Europea sufre también de otra obsesión, que es el querer dirigir e imponer la política interior y las circunstancias en otros países y obligarlos a acatar las malas normativas que se tienen en la Unión. 
Suiza es, como se sabe, un estado libre y soberano. 
Suiza no es miembro de la Unión ni de EES, the European Economic Space. 
Si Suiza desea ahora cuidar el medio ambiente de sus ciudadanos, es un asunto interno suizo. 
Resulta profundamente chocante someter a un país a presiones para que dé un paso atrás en su política medioambiental. 
La Unión debería en cambio ver a Suiza como un ejemplo en política medioambiental y de tráfico, ya que Suiza ha elegido el camino que todos, poco a poco, tendremos que seguir si queremos salvar el medio ambiente en nuestro continente. 
El hecho de que Suiza en esta materia esté avanzada y vaya adelante de la Unión depende, entre otras cosas, de que Suiza es una verdadera democracia donde la conciencia de los ciudadanos en política medioambiental puede ser expresada. 
La Unión, con sus instituciones herméticas es, por el contrario, demasiado accesible, por lo menos en su forma actual, para grupos internos de presión que representan, por ejemplo, los intereses del tráfico por carreteras. 
Por eso, en muchos asuntos medioambientales la Unión tiene hoy una posición poco evolucionada. 
Es hora de que se tome otro grado de responsabilidad, tanto dentro de la Unión como en actitudes hacia otros países más avanzados, aquellos países donde el dichoso mercado no tiene la misma posición que, desgraciadamente, ha alcanzado dentro de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, el Tratado de tránsito entre Austria y la UE fue para mi país prácticamente una condición previa para la adhesión a la UE. 
La población austríaca ha depositado en este Tratado de tránsito grandes esperanzas. 
Esperanzas en que finalice la destrucción ecológica, esperanzas en que finalicen las cargas para la salud debido a las exorbitantes emisiones de ruidos y de gases. 
La población de Austria, animada por el Gobierno, tiene también la esperanza de que este Tratado conduzca a un cambio de actitud ecológica en la Unión Europea y que sea un impulso para una nueva política sostenible de transportes. 
Pocos años después comprobamos que millones de personas en nuestro país han hecho sus cálculos sin contar con la Comisión. 
Millones de suizos se han adherido a ello y han modificado su derecho mediante un referéndum. 
Estos dos países son un modelo de una moderna política de transportes y no un obstáculo mientras que la Comisión no es un ejemplo de una moderna política de transporte sino un obstáculo. 
Sigue estando envuelta en los intereses de los lobbys de transporte y sigue aferrándose a la idea de una división del trabajo sin límites sin tener en cuenta los costes sanitarios, ecológicos ni de ningún otro tipo que provoca este absurdo transporte. 
El diputado Ferber ha abandonado la sala. 
Me habría gustado explicarle cuáles son los aspectos fundamentales de este problema. 
Los Alpes no son una barrera artificial que cualquier político o ecologista haya plantado con su desconocimiento en medio del mercado interior, sino una barrera natural en una región muy sensible ecológicamente. 
En su día, la Comisión anunció grandes cosas en las negociaciones sobre el tráfico de tránsito. 
Nada de ello, pero en absoluto nada de ello se ha hecho realidad hasta hoy. 
La Comisión demanda a Austria a causa del importe de los peajes, a pesar de que están en consonancia con el Libro Verde de la Comisión. 
Retrasa la inclusión de los costes externos. 
No ha realizado ningún intento de aplicar el Convenio de los Alpes. 
Lo que aquí está ocurriendo es casi una adoración seudo religiosa de un mercado interior sin prestar atención a los fundamentos necesarios para la vida y salud de las personas. 
Señor Presidente, como puede usted comprender, haré esta intervención en nuestro idioma, incluso en vista del tema, que nos toca muy de cerca. 
Desde este punto de vista, me asombra- aun cuando saludo la presencia del Comisario Van den Broek- que, después de contar durante más de dos días con la presencia asidua del Comisario Kinnock, en representación del gobierno británico- y subrayo que me dirijo con buen talante a la Comisión -, precisamente en el momento en que se habla de un asunto que se refiere a las competencias específicas del Comisario Kinnock, tengamos en cambio la autorizada presencia del Comisario Van den Broek. 
No puedo sino destacar la preocupación que sentimos ante la lentitud con que avanza este acuerdo, el modo secreto, opaco con que se nos informa, el modo en que este acuerdo puede proyectarse más o menos sobre el problema alpino en su conjunto. 
Me parece entender- y trataremos de entenderlo mejor gracias a este debateque el acuerdo está aún lejos de alcanzarse y, por lo tanto, el tránsito tendrá que circular por otras zonas, por otras vías de comunicación, como la muy importante que une el Valle de Aosta con Francia y que, si siguen así las cosas, podría llevarnos al " puro camión» y favorecer de esa manera la alternativa de la autopista del Monte Blanco, catastrófica para los pueblos, los valles y los ciudadanos que viven en las regiones que atravesaría la autopista. 
Propongo que los grandes grupos acepten las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Radical Europea, por las que, en un problema y en un debate referidos al tránsito alpino- lo hemos definido así y no como un acuerdo con Suiza -, se acepte incluso la posibilidad de incluir dos o tres párrafos que amplíen el contexto y dejen clara la exigencia del transporte combinado y no una mera visión sectorial del problema. 
Presidente, la libre circulación de bienes, servicios y personas es de una gran importancia económica para la Unión Europea. 
Su política se dirige, por lo tanto, a la eliminación de los obstáculos para la circulación, tanto por la supresión de los obstáculos administrativos en las fronteras, como por la construcción de una nueva infraestructura, las Redes Transeuropeas. 
Que esta política ha tenido efecto, lo demuestra el gran aumento del transporte de mercancías, sobre todo por carretera. 
Esta problemática del tránsito por los Alpes refleja que también esta libre circulación de mercancías tiene sus límites. 
En la ecológicamente muy vulnerable región alpina se llega antes a los límites de la capacidad de aguante del medio ambiente que en otras regiones. 
También por eso Austria multiplicó las tarifas del túnel del Brenner, escuchamos las protestas en Francia contra la construcción de carreteras en el Mont-Blanc y la población suiza expresó en el " referéndum de los Alpes» de 1994 que en un plazo de diez años el transporte de mercancías por su país se debe hacer por ferrocarril. 
Suiza tiene esa posibilidad porque no está vinculada, como Francia y Austria, a la legislación de la Unión Europea. 
Austria se está dando cuenta mientras tanto, que el ingreso en la UE no sólo trae beneficios. 
El país ya ha sido citado para comparecer ante el Tribunal de Justicia por la subida del peaje del Brenner. 
La política europea, afortunadamente, sí se fija en el daño ecológico a causa del transporte por carretera. 
El ya famoso Libro Verde "Hacia unos precios justos y eficientes en el transporte» , demuestra que se tendrían que incorporar en el precio también los factores" externos» del transporte. 
En la revisión de la euro-viñeta se habla de las denominadas rutas " sensibles». 
En estas rutas se permiten impuestos extras para luchar, entre otras cosas, contra la contaminación del aire. 
Según una noticia en " Agence Europe» del 12 de diciembre de 1997, la Unión no desea permitir de momento a Suiza que ponga en práctica este tipo de principios. 
El Comisario Kinnock y la Ministra de Transporte de Luxemburgo, la Sra. Delvaux, manifestaron después en el Consejo de transporte que el futuro peaje suizo ha de basarse en los costes de la infraestructura existente. Los costes de una nueva infraestructura, ni con mucho los costes externos, no se pueden contabilizar en esto. 
Pregunto al Comisario Van den Broek si esta noticia es correcta. En ese caso me gustaría saber de él cómo se combinan estas observaciones con el Libro Verde y las propuestas recientes sobre la euro-viñeta. 
Como punto final, ¿comparte el Comisario mi convicción de que la libre circulación de mercancías debe respetar los límites que impone el medio ambiente? 
Señor Presidente, señor Comisario, el punto de partida de nuestras conversaciones son las negociaciones con Suiza. 
Suiza ha pensado que al no ingresar en la Unión Europea puede seguir siendo una especie de Isla de los Afortunados. 
Pero Suiza ve que está en una posición aislada. 
No obstante, quiero rechazar con toda decisión lo que se ha dicho aquí- el Sr. Ferber y otros antes de él- de que aquí se trata de salteadores de caminos. 
Como ya se ha dicho, Suiza tiene una política de transportes y de medio ambiente muy concreta y perfectamente comprensible. 
Pero Suiza tiene que insertarse también en un concepto global europeo. 
No hay otra alternativa. 
En segundo lugar, sin duda este paisaje es muy característico. 
Puede que otros paisajes también merezcan ser protegidos. 
Pero esto no debe impedir que protejamos especialmente este paisaje singular y la especial situación de la población de la población que vive en estrechos valles, tanto si se trata de Suiza, Austria, Francia o Italia. 
En tercer lugar, en la Unión Europea tenemos unos principios de política de transporte. 
Algunos oradores lo han debido olvidar. 
Yo rechazaría totalmente dejar así sin más el principio del trayecto más corto, que por lo demás apoyo, sin mencionar que existen otros principios, que tenemos que ocuparnos de un transporte consciente y orientado al medio ambiente y que, naturalmente, se trata también de costes externos. 
No es cierto que queramos hacer recaer los costes externos sobre los camiones sin ninguna justificación, sino que los costes externos han surgido como consecuencia de un transporte excesivo de camiones. 
El traslado paulatino del transporte de la carretera al ferrocarril es un principio básico de la política de transportes europea. 
No podemos ignorarlo, tanto en interés de nuestro medio ambiente como de nuestra población. 
Pero también tiene que quedar claro- por lo que tenemos que incluir a Suiza en un concepto global- que el transporte que se desvía actualmente dando un rodeo- y que en mi país, Austria, representa entre el 30 y el 40 % del tráfico, sobre todo en el Tirol- debe suprimirse mientras no pueda trasladarse al ferrocarril. 
Naturalmente, el objetivo debe ser una reducción general del tráfico por carretera. 
Pero este objetivo no se puede lograr cerrando sencillamente más o menos un país y desviando el tráfico por otros países. 
A finales de siglo, debe ser posible crear en Europa una política de transportes realmente común. 
¿Dónde están los objetivos que, en consecuencia, deben seguir la Comisión, el Parlamento y el Consejo? 
Me permito indicar que no quiero echar toda la culpa a la Comisión. 
El Parlamento fue muy precavido en sus diversas resoluciones y coincide a grosso modo con lo que el Comisario Kinnock ha dicho. 
Hay algunos países que están representados en el Consejo que oponen una mayor resistencia en este campo. 
En primer lugar, el objetivo debe ser incluir paulatinamente de nuevo a Suiza en una política de transportes paneuropea, acuñada por la UE, además lo más rápidamente posible. 
En segundo lugar, no se debe desviar más tráfico. 
En tercer lugar, allí donde sea necesario se debe deshacer ese transporte desviado. 
En cuarto lugar, no puede ser que un país de la UE esté en condiciones peores que Suiza, por ejemplo, en lo que se refiere al cobro de tasas, peajes, etc. 
Reconocemos que deben existir tasas, que el peaje tiene allí un sentido y que funciona como instrumento de dirección, pero debe estar claro que no se deben conceder mayores posibilidades a países no perteneciente a la UE que a países que sí pertenecen a ella. 
Si se respetan estos principios, debería ser posible establecer una razonable política de transportes europea y emplear los instrumentos que existen para ello, entre otros el peaje, para crear una política de transportes orientada al medio ambiente y, en consecuencia, a las personas en toda Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi alegría por el hecho de que Suiza se aproxima cada vez más a la Unión Europea y que ésta también se esfuerza por acercarse a este país situado en el corazón de Europa. 
Sin embargo, tiene que haber los mismos derechos y obligaciones para todos. 
Creo que debe haber un Tratado y no varios. 
Sin duda, los Alpes son una región sensible; así lo sienten ante todo los que allí viven, como es mi caso. 
Si actualmente soportamos una gran sobrecarga a diario debido al tránsito, para la población que vive a lo largo de la línea del Brénero, en el Trentino, en el Tirol del Sur o en el Estado Federado de Tirol, sería incomprensible e inaceptable que Suiza obtuviese unas condiciones especiales y nosotros saliésemos peor parados en este campo. 
Sin duda, la política consiste en proteger una región sensible- mediante peajes o mediante un apoyo positivodotándola de nuevas posibilidades, como la ampliación del ferrocarril o un tunel de base. 
Hay aún una gran necesidad de actuar. 
El acercamiento de Suiza a la Unión Europea, de la forma que sea, es un factor positivo, pero sin priviliegios sino con el mismo derecho para todos. 
Tampoco se puede entender que los privilegios se introduzcan por un plazo determinado. 
Señor Presidente, los Verdes exigimos a la UE y al Gobierno de Alemania que apoyen expresamente los planes de Suiza para introducir una tasa para el transporte pesado y una tasa de tránsito por los Alpes, para proteger este área vital y desplazar por fin el transporte de mercancías por carretera al ferrocarril. 
Asimismo, aparte de los costes viales, hay que hacer recaer sobre el tráfico por carretera también los costes externos, en especial los de medio ambiente y tenerse en cuenta aquí los costes especialmente elevados en la región de los Alpes. 
Pues nosotros tenemos una especial responsabilidad frente a las personas y su área de vida que son los Alpes. 
Sin embargo, parece que, en especial, los colegas Jarzembowski y Ferber no lo han entendido del todo. 
No se puede chantajear a Suiza, como hacen ellos, con el argumento de que si no hacen lo que la UE quiere, los suizos no podrán salir de su propio país y serán retenidos en su recinto. 
Esto no son más que actitudes imperialistas y fanfarronadas. Hay que decirlo claramente. 
El proyecto de Suiza consiste en desarrollar por fin un concepto sostenible de transporte. 
Esto no está dirigido contra la UE. 
Ante este trasfondo, no se puede comprender en absoluto la actitud de bloqueo de Baviera, del Gobierno Federal alemán y de Italia. 
Los Verdes vamos a celebrar una conferencia sobre estos temas con representantes de los países afectados el 1 de febrero en Lindau. 
Me dirijo a los Países Bajos: si se destruye el área vital de los Alpes no deberán construir diques contra las olas del mar sino contra el Rin. 
Pues si los Alpes se destruyen, podrán declarar inundaciones en su país durante todo el año. 
Los Alpes son una reserva de agua potable que necesitamos. 
Si los Alpes siguen destruyéndose, entonces quizás se pueda esquiar en toda su extensión, pues ya no habrá árboles. 
Pero si este es el sentido, entonces quizás sería mejor practicar el patinaje en Holanda. 
Les ruego que dirijan de nuevo su mirada con atención a este área vital. Como agricultor les digo una cosa: vivimos de 30 cm de esta tierra y si estos se destruyen entonces no tendremos que ocuparnos más del libre comercio, del tránsito ni del transporte de mercancías. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quien hoy busque avances sostenibles en la política de transportes en el área de los Alpes, llegará a la conclusión de que en Europa todos los días son domingo. 
Pues grande y prometedora es la cifra de los discursos dominicales en los que se exige una política de transportes común y transfronteriza que sea compatible con el medio ambiente y las personas. 
Pero, en el fondo, no se hace nada. 
Solamente se intenta impedir algo. Cuando veo las negociaciones y escucho las informaciones que nos ha dado hoy el Comisario, debo constatar que no ha salido nada concreto. 
Las declaraciones y estos comunicados en el fondo no son ningún paso adelante. 
Hasta en el Parlamento Europeo- pues somos una Comunidad Europea- celebramos por el contrario esta circunstancia con frases sacadas de las tertulias del bar de la esquina. 
Los diputados alemanes que han hablado hasta ahora han competido para ver quien pronuncia las palabras más necias. 
Así no podemos construir Europa. 
Así no podemos avanzar. 
La Comisión de la UE debería entender su papel como motor de la Comunidad precisamente en la política de transportes. 
Es meritorio exponer los costes externos del transporte. 
Es también un avance si, junto con el Parlamento Europeo, se determina una cláusula de los Alpes, pero en la Comisión falta también el valor para aplicar realmente estas cosas y poner en marcha por fin algo. 
La Comisión de la UE y el Consejo deben hacer algo al respecto. Deben hacer también algo allí donde se encuentra el centro de Europa, en el área meridional de Alemania próxima a los Alpes. 
Aquí incluyo también las regiones austríacas. 
Lamentablemente, sabemos que la fecha de la terminación de este proyecto en si necesario sigue sin conocerse. 
Tenemos que hacer que el Tribunal de Cuentas intervenga y practicar por fin una política razonable que puedan entender las personas, la economía y también los ecologistas en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, el tramo Norte-Sur a través del Brénero es uno de los más importantes para el tránsito de camiones. 
Las cargas que como consecuencia de ello tiene que sufrir Austria son enormes. 
Son desproporcionadamente elevadas si se comparan con Suiza. 
A través del Brénero circula aproximadamente un 30 % más de camiones que por los pasos suizos. 
Muchos transportistas eligen el trayecto más largo a través del Brénero pues sigue mereciendo económicamente la pena. 
No debe seguir siendo así. Este rodeo tiene que acabar. 
Junto con nuestros colegas austríacos del Partido Socialdemócrata, exigimos por ello a la Comisión en una enmienda adicional oral que adopte las medidas necesarias para que ningún país miembro de la UE esté en una situación peor que Suiza en lo tocante al tránsito. 
Esta carga desigual tampoco debe seguir existiendo en el sentido de la protección de la población afectada. 
Para suprimir las ventajas financieras que existen en el tramo del Brénero se debería establecer una regulación equiparable de tasas para Austria, Suiza y Francia. 
Una reducción de las tasas para el tramo del Brénero, que ya son menores que las de Suiza, sería la medida errónea y no contribuiría a llevar el tráfico de camiones a las carreteras suizas. 
Sólo si las tasas que debe pagar un transportista por utilizar tramos que pasan por los Alpes son iguales, existirá la posibilidad de que se elijan otras rutas diferentes a las del Brénero. 
En sus negociaciones con Suiza, la Comisión debería insistir en esta igualación de las tasas y en la autorización de los camiones de 40 toneladas. 
La Comisión no debe sustraerse a la responsabilidad que tiene frente a los Estados miembros y a la población, precisamente cuando se trata de un campo tan sensible como el de los Alpes. 
Señor Presidente, como continuación a mi aportación anterior, tal vez son convenientes unas réplicas a las intervenciones de los estimados diputados. 
En primerísimo lugar, el asunto del Brenner sobre el cual quedan preguntas. 
En primer lugar si se permite a Austria mantener esos peajes más altos de la autopista del Brenner. 
Es sobradamente sabido que se está negociando este punto para ver si se puede alcanzar un acuerdo entre las partes para encontrar una solución sobre la base de la denominada cláusula alpina. 
Si no se consiguiera, la Comisión se sentiría obligada naturalmente a esperar la sentencia del Tribunal ante el cual se ha presentado este caso, como usted sabe. 
Pero naturalmente, preferiríamos un acuerdo entre las partes implicadas y seguimos trabajando en ello lógicamente. 
Por otra parte, Presidente, las observaciones que se han hecho en cuanto a la contabilización o no de los costes externos. Que quede claro que la Comisión, naturalmente, ha de basarse en este momento en el derecho comunitario que no permite la contabilización del total de los costes externos, sino solamente de una parte. 
Pero en relación con esto, tenemos que decir que actuamos basándonos en el derecho comunitario existente y no según lo que la Comisión quisiera ver. Lo cual sería más amplio como atestigua también lo que la Comisión observó en el Libro Verde. 
Como punto final, Presidente, una respuesta relacionada con las tarifas del transporte de mercancías. Como he observado en primera instancia, no estamos todavía del todo de acuerdo sobre las cifras. 
Uno de sus más importantes puntos es el tipo de tarifas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2005. 
El Parlamento comprenderá sin duda que, dado que estamos todavía en negociaciones, no puedo comunicarles todavía ningún detalle sobre las estrategias que estamos siguiendo. 
El Parlamento tendrá la ocasión de pronunciarse sobre esto cuando se le consulte sobre la decisión de la Unión referente a la ratificación del acuerdo 
He señalado, por cierto, y el Consejo me apoya en esto unánimemente, que la tarifa que Suiza ha propuesto ahora, es aún inaceptable. 
Estamos hablando todavía de unos importes de 410 francos suizos para una carrera Basilea-Chiasso con un camión de 40 toneladas. 
Pero dado que Suiza ha indicado que desea actuar todavía también con la flexibilidad necesaria, confío en que podamos llegar a un acuerdo en un determinado momento. 
Déjeme decir, como consuelo, al Señor Dell ' Alba, que se sorprendió de no encontrar aquí detrás de la mesa al Sr. Kinnock, que simplemente no es posible que la Comisión organice sus actividades de tal forma que el Comisario más competente conteste todas las preguntas del Parlamento. 
Pero las palabras de consuelo que me gustaría pronunciar son, que dentro de la Comisión este Comisario es el responsable de las relaciones con Suiza. 
Comunico que, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas 
Ayuda comunitaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0388/97 del Sr. Goerens, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la mejora de la eficacia de la ayuda comunitaria, -A4-0391/97 del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 2/97 del Tribunal de Cuentas relativo a la ayuda humanitaria aportada por la Unión Europea (19921995) -Comisión de Control Presupuestario (C4-0219/97). 
Señor Presidente, Señorías, hoy se nos presenta la ocasión para poner un punto final a la discusión del informe de nuestro Parlamento sobre la mejora de la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
Abordar el tema del desarrollo significa referirse a una de las tareas más nobles que existen. 
Sin embargo, ello no es óbice para dejar de mencionar algunas normas y principios de acción elementales. 
Pienso sobre todo en la necesidad de tender a la complementariedad entre las ayudas comunitarias y las de los Estados miembros. 
Puesto que el desarrollo implica a muchos actores, es necesario hacer todo lo posible para evitar las duplicidades. 
Una ausencia de coordinación entre los diversos actores en el terreno acarrearía inevitablemente efectos nocivos. 
Medidas tales como una mejor coordinación capaz de implicar a todos los actores del desarrollo, una buena coherencia interna entre los diversos instrumentos de la política de desarrollo, así como una mejor visibilidad, no constituyen fines en sí mismas, sino más bien medios para aumentar el número de ciudadanos europeos que suscriban la idea de que es necesario proseguir el esfuerzo de cooperación entre la Unión Europea y los países en vías de desarrollo. 
Esto es particularmente importante en este momento, en que asistimos a un relajamiento del esfuerzo de desarrollo, tendencia que en ningún caso debería dejarnos indiferentes. 
Por lo tanto, es necesario remediarlo. 
Es lo que intenta este informe, al plantear ante todo el problema de los instrumentos de evaluación y, en segundo lugar, el problema de los criterios sobre la eficacia del esfuerzo en la materia. 
¿La ayuda al desarrollo es eficaz con respecto a qué? 
El Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE responde a ello de manera más o menos satisfactoria, proponiendo adoptar como criterios de evaluación de la ayuda, la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto del desarrollo y la durabilidad. 
La pertinencia responde al interrogante sobre la definición de los problemas que deben ser resueltos y sobre los objetivos de un programa. 
El criterio de eficiencia se traduce por la aptitud para alcanzar estos objetivos con el menor coste posible. 
La eficacia se evalúa en función del resultado logrado y de la situación de los beneficiarios, pero también en función de los resultados imprevistos o de los efectos nocivos. 
El impacto de un programa de desarrollo debe establecerse tanto a medio como a largo plazo. 
Finalmente, el tercer criterio se refiere al carácter duradero y sostenible del desarrollo iniciado. 
Señor Presidente, del conjunto de las evaluaciones de programas de desarrollo a las que se refiere mi informe escrito se desprenden algunas tendencias interesantes y sobre todo- cito tres ejemplos- el impacto débil pero positivo del esfuerzo de desarrollo de la Comisión Europea con respecto al crecimiento económico de los países beneficiarios, el aumento de las expectativas de vida media como consecuencia de la mejora de los indicadores de salud- lo cual es apreciable- y, tercer ejemplo, el carácter poco duradero del número de programas de desarrollo. 
Esta lista no es exhaustiva, pero he citado algunos ejemplos que ilustran suficientemente la necesidad de proseguir el esfuerzo de evaluación. 
Otra lección que podemos sacar de la evaluación: los microanálisis, proyecto por proyecto, resultan útiles en la medida en que ponen de manifiesto las realizaciones ejemplares financiadas por la Comunidad Europea. 
Debemos comprobar, sin embargo, que el enfoque sectorial en materia de evaluación es más fiable, ya que establece una apreciación más global sobre la eficacia o ineficacia en el ámbito del desarrollo. 
Por consiguiente, creo atinado interrogarnos sobre otro aspecto: ¿existe una concepción del desarrollo propia y específicamente europea? 
En caso afirmativo, ¿cuál? 
Las medidas en favor de los derechos humanos y de la democracia, que en lo sucesivo emprenderá la Comisión, confieren no sólo una orientación deseable a la política europea de desarrollo, sino que también plantean, en cierto modo, la cuestión de la ayuda condicional. 
En efecto, la buena gestión de los asuntos públicos y de desarrollo no escapa a esta regla. 
Ésta es en gran parte tributaria de la naturaleza del régimen político imperante, de la honestidad y de la calidad de la administración local, del grado de movilización democrática de la población, así como de la calidad de la política que se persigue. 
Señor Presidente, desearía ahorrarle los pormenores. 
Por otra parte, los colegas que intervendrán han leído sin duda mi informe, que nadie pone en entredicho desde el momento en que no estoy al corriente de ninguna enmienda. 
No querría concluir sin enumerar algunas conclusiones que considero particularmente importantes. 
En primer término, pedimos la inscripción del Fondo Europeo de desarrollo en el presupuesto, lo cual constituye una antigua reivindicación de nuestro Parlamento, encaminada a mejorar considerablemente la visibilidad de la política europea en la materia. 
En segundo término, nos parece indispensable tomar en cuenta los resultados de la evaluación, para poder influir en los futuros programas. 
En tercer término, la Comisión carece de recursos humanos para tratar y gestionar desde el punto de vista administrativo los proyectos de cooperación. 
Hay que poner remedio a ello. 
En cuarto término, hay que reconocer por fin el papel crucial que desempeña la mujer en los países en vías de desarrollo. 
En el marco del programa de desarrollo, concretamente, el papel de la mujer es capital, aunque más no fuese por su influencia positiva en materia de control de natalidad. 
En quinto término, es indispensable intensificar el diálogo con las ONGs. 
Creo que el Sr. Fabra tendrá la oportunidad de extenderse sobre esta cuestión. 
Hemos discutido ampliamente sobre la utilidad de crear una Agencia para el desarrollo. 
Aún no estamos preparados para ello. 
De acuerdo con las discusiones mantenidas con la Comisión conviene pasar por una fase intermedia. 
Me refiero a ello en mi informe escrito, y creo que el compromiso alcanzado es un buen compromiso. 
El mismo nos permitirá elaborar proyectos aún más sustanciales en materia de evaluación, lo cual me parece indispensable y constituye la propia esencia de este informe. 
Señor Presidente, antes que nada, quisiera subrayar que cuando se habla de ECHO se habla de una organización muy joven, y que en muy poco tiempo ha sabido forjarse un renombre excelente. 
ECHO se creó en 1992, por lo que apenas cuenta con cinco años de experiencia. 
Ya desde un principio, ECHO se ha enfrentado a desafíos considerables: la guerra en Yugoslavia, Rwanda, los refugiados en el norte del Irak, y ello por no dar más que tres ejemplos que han exigido esfuerzos muy particulares y sin que ECHO pudiera permitirse un largo período de aprendizaje. 
En su informe especial, el Tribunal de Cuentas constata que el resultado ha sido un éxito. 
ECHO, durante estos cinco años de existencia, ha adquirido un importante capital en experiencia que le asegura estar en primera línea junto a las organizaciones internacionales que se dedican a las cuestiones de ayuda humanitaria. 
Asimismo, ese papel en primera línea se constata a través de las cifras: en 1996, la cuota de participación de ECHO fue superior al 20 % en el conjunto de la ayuda humanitaria mundial. 
Si a ese porcentaje le añadimos los esfuerzos de los Estados miembros, constatamos que la Unión Europea es, con diferencia, el primer donante mundial. 
La Unión Europea ha proporcionado cerca de la mitad de la ayuda humanitaria mundial, más de 1, 6 millardos de ecus en 1996. 
Desgraciadamente, estos esfuerzos se llevan a cabo de forma dispersa. 
El Tribunal de Cuentas ha constatado que, sencillamente, hay una ausencia de coordinación y de cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros, así como entre los mismos Estados miembros. 
El resultado es que la Unión y sus Estados miembros a menudo malgastan sus fuerzas y no pueden ejercer el peso que ellos podrían y deberían representar. 
Es en este contexto donde la propuesta del Tribunal de Cuentas de una Carta de la ayuda humanitaria adquiere toda su importancia. 
Tal Carta podría servir para iniciar un debate sobre la necesidad de una cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros, así como sobre los principios que deberían regir dicha cooperación. 
Todo ello es urgente y necesario, ya que el Tratado de Amsterdam no hace ninguna referencia a la ayuda humanitaria, lo que significa, por el momento, la ausencia de un verdadero documento base. 
Hay que añadir que el camino para llegar a una tal Carta, así como el consecuente debate, sería tan importante como el resultado. 
Se trataría de un proceso al que se deberían asociar intensivamente los parlamentos nacionales. 
Por ejemplo, en el marco de una conferencia interparlamentaria. 
En un ámbito mucho más general, se trata de tomar conciencia del hecho de que la ayuda humanitaria a menudo tiene lugar en situaciones de crisis complejas. 
Y dichas crisis no sobrevienen de repente y de manera inesperada, como las catástrofes naturales. 
Más bien son originadas por tensiones políticas, económicas y étnicas. 
Como reacción a estas crisis, una ayuda de urgencia rápida, pero necesariamente puntual, no es suficiente. 
Vista la existencia de tales crisis, sólo una aproximación integrada, que coordine las medidas políticas, económicas, militares y humanitarias, puede asegurar el éxito. 
Una Carta de la ayuda humanitaria podría ser la fórmula para una mayor sensibilización sobre este fenómeno. 
Por todo ello, esperamos que la Comisión haga una utilización plena de sus poderes de iniciativa y proponga tanto al Consejo como al Parlamento la ya tantas veces referida Carta. 
Y permítanme resaltar que es la Comisión quien puede y debe darle un impulso político importante. 
Asimismo, hay una serie de otro tipo de acciones que también esperamos de la Comisión. 
Y citaré, según mi opinión, las tres más importantes: 
Como primera, la Comisión debería reemplazar progresivamente el sistema de ayuda orientada hacia las operaciones individuales y puntuales por una aproximación a más largo plazo con un programa concreto. 
Y a este fin, los servicios de la Comisión deberían establecer relaciones estratégicas con socios clave- por supuesto, las grandes ONG y las mismas Naciones Unidas- a fin de elaborar y de poner en funcionamiento conjuntamente una estrategia común global para las situaciones de urgencia crónicas y complejas. 
Me estoy refiriendo, como ejemplo, a la situación en la región de los Grandes Lagos, en África. 
En segundo lugar, cerca del 45 % de los créditos puestos a disposición por ECHO son utilizados por organizaciones no gubernamentales. 
El Tribunal de Cuentas ha hecho un estudio de los créditos en función del origen nacional de estas ONG. 
El resultado de dicho estudio revela que existen importantes desequilibrios. 
La Comisión debe hacer esfuerzos para rectificar dichos desequilibrios, ya que hay fuertes compromisos con ONGs de Francia y Bélgica, cuando deberían intensificarse dichos compromisos con ONGs de Alemania y Portugal, por ejemplo. 
En tercer lugar, es necesario que la Comisión ponga en funcionamiento una unidad central de evaluación de sus programas para el desarrollo, incluyendo a ECHO, MEDA, PHARE y TACIS. 
Dicha unidad debería velar por el control de calidad apropiado así como por la comparación de resultados de la evaluación interna, comprometiéndose a mejorar el intercambio de experiencias, no sólo en el seno de la Comisión sino también con otros institutos encargados de la ayuda al desarrollo. 
La palabra clave lanzada por el Tribunal de Cuentas en este contexto de la evaluación es la de independencia. 
Para que esta independencia sea real y como resultado también su credibilidad, dicha unidad de evaluación debería estar localizada fuera de las Direcciones Generales operativas. 
Y termino ya, señor Presidente, resaltando con satisfacción que el informe Goerens pide exactamente lo mismo que yo. 
Sr. Goerens, le felicito por su informe y agradezco su apoyo en la opinión que he dado. 
Lo que queda demostrado es que si la Comisión de Desarrollo y la de Control Presupuestario estuviésemos más veces juntas, muchas más cosas tendríamos que decir. 
Todo ello, por supuesto, con la ayuda de los informes del Tribunal de Cuentas. 
Quiero comunicar a los colegas que, en vista de que a las 16.00 horas empezará el tiempo destinado a las urgencias, daré la palabra sólo a dos diputados y a continuación se interrumpirá este debate. 
Presidente, colegas, Comisario, en primer lugar quiero felicitar al Señor Goerens por su informe y sobre todo por su resolución muy equilibrada. 
La eficacia de la ayuda comunitaria al desarrollo, lamentablemente, deja a menudo mucho que desear. 
Porque a pesar de años de ayuda por parte de países occidentales, los ciudadanos de los países menos desarrollados no pueden ganarse el sustento y el crecimiento económico es mínimo. 
Para aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo en todas partes, soy de la opinión que hacen mucha falta cambios en tres puntos. 
La OCDE ha señalado que la mejor ayuda a los países menos desarrollados es la formación de las mujeres, no en último lugar por la relación inversa que existe entre el nivel de estudios de las mujeres y la tasa de natalidad. 
Por lo tanto, estimados colegas, ¿cómo podemos frenar el crecimiento explosivo de la población en estos países y con ello la pobreza constante y el hambre? Mediante la formación de las mujeres, por lo tanto. 
Un crecimiento de población más lento es la única manera de romper el círculo vicioso. 
Sólo entonces puede llevarse a cabo un desarrollo duradero. 
Esto ha sido el primer punto. 
Mi segundo punto, también el conocimiento y la información son importantes para el desarrollo duradero. 
Para crear una base de apoyo en el país mismo y en la población, las universidades locales y los centros de investigación nacionales deben ser involucrados en la transmisión de tecnología y conocimiento. 
En tercer lugar, las inversiones en el empresariado y sobre todo en la pequeña y mediana empresa en el sector privado y un mejor desarrollo del mecanismo de mercado, son de una esencial importancia para el progreso económico y social. 
En este aspecto tampoco podemos olvidarnos de las mujeres como empresarias potenciales. 
Tengo entendido que también los bancos internacionales están colaborando en este momento para que se desarrollen iniciativas para ello. Espero que Europa no se quede atrás. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, este debate nos brinda la ocasión de comprobar la ayuda sin precedentes que la Comisión ha logrado llevar a cabo en lugares de crisis cada vez más problemáticos, con medios relativamente limitados, mientras que los Estados miembros se liberan lentamente, dejando gravitar una presión cada vez más fuerte sobre la Comunidad. 
Este debate también permite comprobar el progreso considerable que habrá supuesto la creación de ECHO con respecto a la gestión de la ayuda humanitaria. 
Todos están de acuerdo en reconocerlo, incluyendo el informe del Tribunal de Cuentas, que es preciso, metódico, y que está perfectamente elaborado. 
Ya que menciono este informe, permítanme subrayar que el mismo no revela fraude ni irregularidades en cuanto a la gestión de la ayuda por la Comisión. 
Así pues, en un contexto de debilitamiento, debido a las dificultades sociales que existen en la mayoría de nuestros países de Europa, nuestras opiniones públicas son cada vez más exigentes. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario adecuar lo más posible nuestra ayuda, procurar que sea lo más eficaz posible. 
Este es el sentido del informe Goerens, que suscribo totalmente. 
Con respecto al informe Fabra Vallés y al informe del Tribunal de Cuentas, el tiempo de que dispongo sólo me permite efectuar algunas observaciones. 
Ante todo, la Comisión debe aumentar urgentemente el nivel de trasparencia. 
Es necesario simplificar los procedimientos internos, mejorar la coherencia entre los distintos instrumentos de la política de desarrollo. 
A ello se añade la necesidad de mejorar la complementariedad de las ayudas- no cesamos de señalarlo- con los Estados miembros, con las Naciones Unidas. 
La Unión Europea no podría contentarse con ser el principal proveedor de fondos. 
Nuestra vocación es hacer oír nuestra voz en el escenario internacional, y tanto el Consejo como la Comisión deben tomar sus disposiciones. 
Se dice que para ello necesitamos una estrategia global. 
Se nos propone una Carta sobre la ayuda humanitaria, que considero intelectualmente interesante. 
Pero aparte del hecho de que no se sabría muy bien cuál sería su estatuto jurídico, creo que los reglamentos del Consejo y la Comunicación de la Comisión de 1996 pueden constituir un dispositivo coherente. 
Para concluir, prefiero personalmente que la Comisión se esfuerce por iniciar una verdadera reflexión sobre el futuro papel de ECHO, sobre la relación con el conjunto de sus socios y en particular con las ONGs, sobre la reorganización de la ayuda humanitaria que debería resultar de dicha reflexión, y pido a la Comisión que, en este sentido, asocie plenamente al Parlamento Europeo, ya que tenemos cosas que decir en la materia. 
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 18.00 horas. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de problemas de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Señor Presidente, en materia de derechos humanos no caben medias tintas y, en el caso concreto del derecho a la vida, que cuando se pierde no se recupera jamás, usted sabe, señor Presidente, que la moderación se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse. 
Por eso es importante que este Parlamento- lo dije el 24 de diciembre, lo repetí el 6 de enero en la Comisión de Asuntos Exteriores, lo volví a plantear ante mi Grupo político después y lo reitero hoy ante el Pleno- este Parlamento tiene que alzar su voz para condenar, con toda firmeza y sin paliativos, esta matanza que ha sacudido a la opinión pública del mundo entero. 
Y junto a la condena enérgica de este acto de barbarie y su manifestación de solidaridad con las familias de las víctimas, este Parlamento debe condenar también todas las formas de violación de los derechos humanos y de violencia, cualesquiera que sean los responsables de tales actos criminales. 
México, bajo el mandato del Presidente Zedillo, se encuentra hoy inmerso en un complejo e inacabado proceso de reformas. 
Muchas cosas han cambiado en este país desde las elecciones del pasado 6 de julio, pero hay otras que no han cambiado tanto: la violencia, la inseguridad y la impunidad. 
Es cierto que las medidas tomadas por el Gobierno- en el caso de la matanza de Acteal o de los sucesos de Ocosingo- se sitúan en la línea de intentar restaurar la confianza y la credibilidad del país, dentro de los límites del Estado de Derecho y del imperio de la ley, al que deben estar sujetos todos por igual, empezando por el Gobierno y acabando por el último de los ciudadanos. 
Pero esto no es suficiente, señor Presidente, no basta con reaccionar, pues la pérdida de la vida, de una sola vida humana, es irreparable. 
Estas medidas no deben ser consideradas como excepcionales, pues constituyen pautas de comportamiento habituales en cualquier Estado de Derecho. 
Porque cuando se viola la libertad- que empieza por el respeto del derecho a la vida- hay que aplicar estrictamente la justicia, señor Presidente. 
Por eso, este Parlamento, por medio de su resolución, solicita del Gobierno- que es a quien le corresponde la obligación primaria de velar por la seguridad de sus ciudadanos- que movilice todos sus esfuerzos para evitar que hechos tan lamentables y tan luctuosos puedan repetirse. 
Y reitera su opinión de que el diálogo y la erradicación de la violencia, de toda violencia, constituyen el mejor camino- mejor dicho, el único camino- para alcanzar una solución perdurable del conflicto y una paz justa y duradera para todos. 
Presidente, el viento del cambio en México hacia más democracia y transparencia no ha surtido ningún efecto, o al menos, no suficiente efecto en la situación de Chiapas. 
La masacre de 45 indígenas a finales de diciembre y los problemas persistentes desde ese momento, demuestran que los problemas en torno a las acciones paramilitares y a la impunibilidad no se han solucionado todavía. 
La desaparición del ministro de Asuntos Interiores y el gobernador de Chiapas es un buen asunto, pero hará falta más para exculpar completamente a las autoridades y al ejército. 
Dado que hay indicios de relaciones entre esos grupos paramilitares y los círculos políticos, el gobierno debe estar extremadamente alerta y debe actuar para castigar a estos grupos paramilitares y a los culpables. 
Como señal de buena voluntad, México debe dar su visto bueno al establecimiento de una oficina de derechos humanos del Alto Comisionado de la ONU. 
Hemos presentado una enmienda en ese sentido a la resolución. 
El gobierno méxicano se ha comprometido a eso en el marco del acuerdo al que se ha llegado recientemente entre la Unión y México. 
Como punto final, Señor Presidente, quiero hacer una observación sobre la situación en Chiapas. 
El acuerdo de San Andrés debe respetarse y se debe reanudar el diálogo entre el EZLN, los zapatistas, y el gobierno. 
La solución militar no existe y pondría en juego la estabilidad del país entero. 
Por eso, se debe reanudar el diálogo que ha estado interrumpido desde 1996 para lograr una solución política duradera. 
Señor Presidente, la muerte violenta de 45 personas indefensas- la mayoría de ellas mujeres y niños- en la población mexicana de Actual, el pasado 22 de diciembre, volvió a situarnos frente a un México que manifiesta sus contradicciones más agudas en el Estado de Chiapas, donde malconviven un México rico y un México profundo, desigual y pobre. 
Condeno sin reservas un hecho de gravedad tan extrema y expreso mi solidaridad con las víctimas y sus familias. 
La realidad del Estado de Chiapas hoy requiere ser analizada con rigor y con sinceridad. 
No se puede despachar lo que ocurre en Chiapas con un análisis simplista o con parámetros occidentales, porque se pueden cometer errores muy graves. 
Desde el rechazo al uso de la violencia como instrumento político, desearía que el Presidente Zedillo y su Gobierno lideren una solución al conflicto de Chiapas y a las causas culturales, sociales, económicas y políticas que están detrás de ese conflicto; que la Procuraduría de la República mantenga abierta la investigación, hasta el total esclarecimiento de los hechos, y evite que estos queden impunes; que los partidos políticos mexicanos busquen acuerdos sobre programas de Estado y alcancen una definición jurídica común sobre la autonomía indígena, como un paso importante para implementar una parte de los acuerdos de San Andrés; que se elimine la presencia de grupos paramilitares en Chiapas y que los insurgentes zapatistas se integren- mejor pronto que tarde- en la vida política mexicana como organización civil; que, en colaboración con las autoridades federales mexicanas, la Comisión apoye programas urgentes de ayuda a los desplazados chiapanecos. 
Puedo reconocer el papel del Ejército mexicano en el proceso de desarme de los grupos paramilitares y su actividad en la distribución de la ayuda a los desplazados; pero deben intensificarse todos los esfuerzos, para que no haya enfrentamientos armados entre el Ejército regular mexicano y los insurgentes zapatistas. 
Si ese enfrentamiento desgraciadamente se produjera, sus consecuencias serían imprevisibles. 
Hoy lo que importa es salvar ese difícil mosaico de soluciones y de paz que se quiere y se debe construir. 
La sociedad mexicana debe percibir en la Unión Europea, más que un dedo acusador, un aliado leal en la cooperación para solucionar conflictos. 
La resolución que hoy queremos aprobar es una modesta contribución a esa alianza para compartir juntos problemas y soluciones. 
Señor Presidente, cuando presentamos esta resolución aún podían caber dudas sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la matanza de Actual. 
Hoy ya no cabe ninguna duda al respecto. 
Se ha reconocido que las autoridades locales estaban, al menos, informadas de la implicación de miembros del Partido Revolucionario Institucional y de policías en su preparación. 
Lejos de valorar la consternación que suscita la matanza, y que ha volcado a 100.000 manifestantes a las calles de México, las autoridades mexicanas perseveran por la vía de la represión, y la policía acaba de asesinar a una joven de origen indio. 
Por eso considero que nuestro Parlamento debe hacer suya esta cuestión, y aun cuando somos muchos los que no compartimos la fascinación romántica de algunos por los arcaísmos izquierdistas del movimiento zapatista, nuestro Parlamento debe condenar enérgicamente a las autoridades mexicanas y exhortarlas a iniciar por fin un diálogo sobre los numerosos problemas, sobre todo territoriales, que se plantean en Chiapas. 
Señor Presidente, la execrable matanza de Actual y los acontecimientos posteriores, ponen de manifiesto los graves problemas por los que pasa la transición democrática en México. 
También evidencian la ausencia de respeto a los derechos humanos en ese país y, desde luego, la explosiva situación en el Estado de Chiapas. 
Europa debe contribuir a que México sea una democracia plenamente respetuosa de los derechos humanos, y eso se lo tenemos que demandar, antes que nada, al presidente Ernesto Zedillo y a su Gobierno. 
A las autoridades de México tenemos que pedirles que se detenga y se juzgue a los culpables de la matanza de Actual; que se desarme a los grupos paramilitares que, como ya se había advertido, actuaban en Chiapas antes del crimen del Actual, y que los disuelvan; que cesen las operaciones militares en Chiapas y se retire el Ejército; que se cumplan los acuerdos de San Andrés y se establezca un verdadero diálogo con el Ejército Zapatista; que se respeten los derechos humanos y que la democratización se lleve hasta sus últimas consecuencias. 
Esa democratización que registró un notable impulso con la limpia elección, como gobernador de la ciudad del Distrito Federal, de Cuahutémoc Cárdenas. 
Sin duda alguna coincidiríamos así con lo que piden la mayoría de los mexicanos- y lo acaban de hacer miles y miles en las calles de sus ciudades- y luego también la mayoría de los europeos. 
Nuestros ciudadanos no quieren paños calientes sobre México, quieren claridad. 
E igual claridad tenemos que demandar desde aquí al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, y tenemos que pedir que haya un seguimiento internacional del respeto de los derechos humanos en México y que la Comisión nos informe de ese tema de una manera regular y organizada. 
Y por todo ello, no solamente valen las buenas palabras; las palabras tienen que estar fundadas en hechos, y si queremos que todas esas demandas se cumplan, tenemos que utilizar los instrumentos a nuestra disposición. 
Esta es la razón por la que nuestra resolución pide que este Parlamento suspenda el procedimiento de ratificación del acuerdo bilateral, suscrito el pasado mes de diciembre entre la Unión Europea y México, hasta que el Presidente Zedillo acceda a las demandas que expresaba antes, y creo que igual medida deberíamos pedir a los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, además del obligado pesar por las víctimas, quiero expresar una profunda preocupación por los episodios de violencia que se producen y han producido en Chiapas, donde grupos paramilitares, apoyados por las autoridades locales, están aterrorizando y masacrando a la población indígena. 
Sobre este asunto es útil leer lo que afirma Amnistía Internacional: estos episodios demuestran que es necesario, en el menor tiempo posible, abrir una investigación pública, exhaustiva e independiente sobre el desarrollo de los grupos paramilitares que, de acuerdo con muchas fuentes de información, operan con el apoyo de las fuerzas de seguridad, de las autoridades locales y de los políticos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el partido que tiene el poder en México. 
Por estas razones, creo que es evidente que la deseada paz en Chiapas no puede producirse sin que el gobierno mexicano tome claramente distancias respecto de esas fuerzas paramilitares que, hasta hoy, ha utilizado a discreción. 
No habrá paz si no se restablecen los derechos humanos. 
Por estas razones, nosotros, los Verdes, aunque apoyamos la resolución común, consideramos nuestro deber recordar la cláusula democrática prevista por el acuerdo bilateral con México y suspender la firma del acuerdo comercial. 
Señor Presidente, la cruel matanza de 45 personas en Actual, en el Estado mexicano de Chiapas, horrorizó a las personas que se ocupan de los derechos humanos en todo el mundo. Esta resolución refleja una indignación muy amplia. 
La pronta condena de la matanza por parte del Presidente mexicano y las medidas adoptadas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, como se declara en la resolución, es digna de beneplácito. 
Pero las autoridades mexicanas deben reconocer que cualquier fallo en el sistema que permitiera a los culpables evadir el juicio dañaría gravemente su reputación. 
En el pasado los mexicanos han sufrido gravísimas violaciones de sus derechos humanos sin que se descubriera a los culpables ni se los castigara. 
Pero en esta ocasión reviste importancia decisiva que no se permita a quienes cometieron un crimen tan atroz evitar las consecuencias de sus actos. 
Además, el Gobierno de México debe reiterar su compromiso declarado con una resolución pacífica de los conflictos con el EZLN. 
Debemos instar enérgicamente a los dos bandos a renovar sus gestiones para velar por que se alcancen plenamente los objetivos de los acuerdos de San Andrés, sin que haya más heridos ni pérdidas de vidas, y, para ese fin, sean acogidos con voluntad de obtener éxito, pase lo que pase. 
Si los terribles acontecimientos del 22 de diciembre animan a quienes ocupan cargos de responsabilidad a adoptar las medidas necesarias no sólo para resolver el conflicto, sino también para abordar los problemas de la pobreza, la privación y la discriminación subyacentes a la rebelión zapatista, las víctimas de Actual no habrán muerto en vano. 
En este momento no creo que debamos obstaculizar el acuerdo UE-México de diciembre de 1997, que comprende la cuestión de los derechos humanos, ya que el Gobierno mexicano está adoptando medidas sobre las cuestiones relativas a esa matanza. 
Sin embargo, si las violaciones de los derechos humanos aumentasen o no se las abordara, no sería posible oponerse a una actitud mucho más dura en el futuro. 
Señor Presidente, puesto que he estado en Chiapas y he conservado relaciones continuas tanto con militantes zapatistas como con muchos progresistas mexicanos, puedo dar testimonio de la esperanza que habían despertado en este país los Acuerdos de San Andrés, de febrero de 1996. 
La cultura de los pueblos indígenas debería estar reconocida como parte integrante de la diversidad de México, y su participación en la vida política del país, garantizada. 
Tengo la convicción de que es fundamentalmente el no respeto de estos acuerdos la causa principal del deterioro dramático de la situación en Chiapas. 
Hoy ha sucedido lo peor que nos podíamos temer, con la matanza de Actual, que el 22 de diciembre pasado ha producido 45 muertes. 
La misma constituye una grave acta de acusación contra aquellos que, en la cumbre del Estado, toleran estos grupos paramilitares, y con mayor razón contra los dirigentes locales del PIR, que apoyan directamente a estos asesinos. 
Desgraciadamente, es posible que los dirigentes del país hayan dejado deliberadamente que la situación se envenenara para intentar aislar a los zapatistas o empujarlos a la ilegalidad, con el fin de justificar la vuelta a la opción militar. 
En este contexto, quiero transmitir la petición expresa de numerosas personalidades de Chiapas y de México, en general: la suspensión del acuerdo de cooperación y de colaboración firmado el 8 de diciembre pasado entre la Unión Europea y México, con la finalidad de obtener de las autoridades del país la disolución de estos grupos paramilitares, la condena de los asesinos, la retirada del Ejército mexicano de los territorios indígenas y, en general, el respeto de sus compromisos, es decir, la aplicación de los Acuerdos de San Andrés, a fin de que las poblaciones de Chiapas puedan conocer por fin la paz, la justicia y la democracia. 
Presidente, la Comisión Europea comparte por supuesto el espanto y la consternación con motivo del asesinato de 45 personas en el pueblo de Actual en el estado federal mexicano de Chiapas. 
Con ello se ha disminuido más la esperanza de llegar a una solución pacífica en el conflicto de Chiapas, pero naturalmente no nos podemos resignar. 
El 22 de diciembre la Comisión Europea, en un comunicado de la presidencia luxemburguesa, hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas para que iniciaran inmediatamente una investigación de los autores de la matanza y les llevara a juicio. 
Asimismo, la Unión Europea señaló que en los acuerdos entre la Unión Europea y México que se firmaron el 8 de diciembre en Bruselas, ambas partes se habían comprometido al respeto incondicional de los derechos humanos y de los principios democráticos. 
Se ha puesto en conocimiento de la Comisión, mientras tanto, la promesa del presidente Zedillo de utilizar todos los medios necesarios a nivel federal para encontrar y castigar a los autores, y de intensificar las consultas para una solución pacífica del conflicto. 
Se ha cumplido esta promesa. 
El ministro de Asuntos Interiores ha dimitido. 
El presidente ha encargado al fiscal general de México que dirija personalmente la investigación. 
El gobernador del estado federal de Chiapas ha sido cesado de su cargo y un número de personas sospechosas de haber participado en las matanzas, han sido detenidas ya. 
La Comisión defendió y sigue defendiendo una solución pacífica a la que tienen que llegar el gobierno y el EZLN de mutuo acuerdo. 
Seguimos con atención la evolución de la situación en Chiapas, por supuesto. 
Nuestra delegación en México sigue comunicándonos todas las evoluciones y mantiene también regularmente contactos con todos los implicados. 
La Comisión facilitará a los estimados parlamentarios toda la información que sea útil en este contexto. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
El Grupo Socialista acoge con el mayor beneplácito la iniciativa adoptada por la Presidencia británica para intentar establecer un código de conducta sobre las exportaciones de armas. 
Creemos que es esencial para el futuro, porque, naturalmente, no se puede tener una política exterior y de seguridad común dedicada a abordar las crisis y prevenir los conflictos, mientras las grandes empresas arman a los propios países responsables de la inestabilidad. 
También es esencial para la propia industria de defensa, porque la falta de un código de conducta está frenando la consolidación que la industria necesita y que la hará menos dependiente de las exportaciones, como señalé en mi informe a este Parlamento hace unos meses. 
En este debate no debemos permitir que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Debemos centrarnos en dos principios esenciales. 
En primer lugar, necesitamos principios claros y adoptados de común acuerdo que rijan el comercio. Eso significaría distinguir entre la venta de armas a los países que las utilizarían para violar los derechos humanos y la venta de armas a los países que, aunque cuenten con una ejecutoria dudosa, tengan una preocupación legítima por su seguridad exterior. 
Por desgracia, las resoluciones que tenemos ante nosotros no hacen una suficiente distinción entre esas dos cuestiones. 
La segunda cuestión que debemos abordar es la de que no debe haber competencia desleal. 
Una vez que un país decida a partir de esos principios no exportar armas, no se debe permitir a ningún otro país llevar a cabo esa venta y socavar el principio al respecto. 
También debemos reconocer otras tres cuestiones esenciales para el funcionamiento eficaz de un código de conducta. 
En primer lugar, tiene que haber la máxima transparencia, es decir, que el Consejo tiene que informar sobre lo que esté haciendo y permitir al Parlamento Europeo hacer observaciones al respecto. 
En segundo lugar, necesitamos una nueva iniciativa, en particular a la luz de la cooperación policial intensificada en el Tratado de Amsterdam, para poner fin a la venta ilegal de armas. 
En tercer lugar, debemos intensificar nuestras gestiones para hacer que éste sea un código internacional de conducta, no un simple código europeo de conducta. 
Señor Presidente, nosotros, los liberales, estamos muy contentos con la iniciativa de la presidencia británica de endurecer los criterios comunitarios para la exportación de armas. 
La presidencia británica ha anunciado un código de conducta, pero ese código de conducta no puede convertirse en un compromiso flojo. 
No nos sirve un código de conducta voluntario. 
Debemos llegar a unos acuerdos comprometedores y controlables. 
Los acuerdos bilaterales no son la solución porque ofrecen demasiadas posibilidades de arreglos secretos. 
Para hacer posible una efectiva verificación, los Estados miembros deben hacer una regulación interna para conseguir una gran transparencia y control público y parlamentario de las licencias de exportación de armas. 
Un registro de la ONU de la venta de armas es un instrumento útil para aumentar la transparencia mundial en cuanto a los suministros de armas. 
Por eso habrá que incorporar un criterio nuevo que prohiba la exportación a países que no cumplan las condiciones de ese registro de la ONU. 
Por consiguiente, nosotros, los liberales, apoyaremos las enmiendas de los Verdes. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo opina que un código de conducta que regule las exportaciones de armas es un paso positivo y, sobre todo, lo debemos considerar como una necesidad si queremos construir una PESC eficaz. 
Regular y controlar las exportaciones de armas a países en guerra, a países que no respetan los derechos humanos y a regiones inestables nos permitirá intervenir de forma indirecta evitando un aumento de los conflictos en dichas zonas. 
Si además contamos con un código claro, sin ambigüedades, que delimite el tipo de armas y tecnologías que pueden exportarse, así como el compromiso de otros países exportadores- sin olvidar a las empresas y a otros países comercializadores -, habremos dado un importante paso adelante. 
Bueno será que el Consejo, además de elaborar dicho código, nos informe de su cumplimiento. 
Señor Presidente, la fabricación, venta y exportación de armas son actividades que nunca han tenido muy buena prensa, pero que reportan en todo caso sólidos beneficios a aquellos que las practican. 
También se trata de una industria que procura cierto peso político y que conserva empleos, lo que no es despreciable en los tiempos que corren. 
Por lo tanto, es necesario adoptar un código de conducta en el seno de la Unión Europea. 
También es necesario preparar su extensión a otros países; pero desearía llamar la atención de ustedes sobre la lista de mercancías. 
Naturalmente, los vehículos blindados pesados, los bombarderos supersónicos o los artefactos altamente sofisticados deben incluirse en la misma, pero hay que recordar que las armas más mortíferas, particularmente en los países donde reina la inestabilidad, son las armas de pequeño calibre, las armas automáticas o las pistolas. 
Estas armas matan a los campesinos, a los manifestantes, a los oposicionistas, mucho más a menudo que la artillería pesada de un portaviones nuclear. 
Admitamos, en todo caso, que un día u otro deberán incluirse en dicho código de conducta. 
Señor Presidente, saludamos la iniciativa de la Presidencia británica del Consejo de actuar y de poner por fin en el orden del día este punto crítico. 
Naturalmente, es necesario que el Parlamento Europeo participe; pero, en este caso, debe hacer propuestas progresistas que funcionen. 
Por ello, quisiera que el Parlamento Europeo se concentrase en los acontecimientos actuales y en la situaciones de crisis. La situación es tal que las armas ligeras y pequeñas desempeñan el principal papel, por lo que no podemos dejarlas de lado sino incluirlas. 
Cualquiera que se encuentre en regiones donde hay conflictos sabe la importancia que tiene. 
La cooperación en lo tocante al armamento exige que se conceda especial atención a las tecnologías de doble uso. 
Quiero decir que debe incluirse. 
Me alegra que se tenga en cuenta nuestra propuesta de introducir un noveno criterio para excluir los suministros de armas a países que no se adhieran al registro de armas de la ONU. 
Naturalmente, también hay que aplicar un código de este tipo. Esto significa que los negocios de armas deben ser controlados por los Gobiernos nacionales. 
Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida a la acción conjunta, que es como debe ser tratándose de la exportación de armas desde la UE. 
El hecho de que la mayoría de los países miembros de la UE hayan mostrado, por lo menos, estar preparados para el code of conducts, es algo que alegra. 
Por el contrario, es extraño que mi país natal, Finlandia, no haya discutido esto ni haya apoyado la iniciativa. 
Es extraño, ya que para un pequeño país es verdaderamente más provechoso tener un mercado de armas reglamentado que uno sin reglamentar. 
También llama la atención ya que Finlandia ha estado dispuesta a discutir colaboración de producción. 
¿Por qué no se está preparado para discutir colaboración y reglas comunes para la exportación? 
Esto es grave. 
Necesitamos rápidamente nuevas reglas, puesto que el comercio de armas ha aumentado durante 1995-1996. 
En el código necesitamos normas sobre sitios delicados, donde o tenemos embargo total, o restricciones selectivas o donde los estados negocian entre sí. 
Todos los países deben participar en esas negociaciones. 
Presidente, la Comisión agradece que el Parlamento haya puesto de nuevo este tema en la agenda y este debate tiene lugar en un momento relativamente sensible para la industria europea de defensa y en un tiempo de rápidos desarrollos internacionales. 
A causa de los conflictos violentos en muchas partes del mundo, la cuestión de un mejor control de la exportación de armas está puesta como una prioridad en la agenda internacional y la opinión pública lo sigue con mucha atención. 
Las regulaciones actuales de la UE referentes a la exportación de armas, basadas en los ocho puntos que se acordaron en 1991 y 1992, no han resultado muy eficaces. 
Estos puntos son demasiado ambiguos y no se manejan bien como línea maestra. 
La Comisión es claramente partidaria de unas reglas más severas que constituyan un marco claro para la discusión sobre el negocio de armas. 
También somos partidarios de una mejora del intercambio de información y de los procedimientos de consulta entre los Estados miembros. 
La aportación del Parlamento al debate sobre la industria europea de armas fue importante por la adoptación de una resolución basada en el informe del Sr. Titley que apoya en general las conclusiones y recomendaciones de la comunicación de la Comisión de enero de 1996. 
En la resolución se pide a la Comisión que redacte un Libro Blanco de la exportación de armas y los servicios de la Comisión están trabajando actualmente en este Libro Blanco. 
Espero que este proceso se pueda culminar en las próximas semanas. 
Este documento evalúa la posición de la Unión Europea en el negocio de armas, y plantea el papel de la Unión en la política de exportación de armas hasta ahora y presenta unas opciones para acciones futuras. 
También prestará atención a la cuestión cada vez más importante del comercio ilegal de armas cortas y ligeras. 
La presidencia británica está firmemente decidida a progresar en el camino de una política más restrictiva y más transparente de exportación de armas de la Unión Europea. 
Tiene el propósito de presentar un código de conducta de la UE para la regulación del negocio de armas. 
Con ello se exigirá a los Estados miembros un compromiso político, probablemente en forma de una declaración del Consejo. 
Yo mismo puse el tema sobre el tapete en la visita reciente de la Comisión Europea a la presidencia británica en Londres y allí el ministro Cook me aseguró que él mismo actualmente está en un debate bilateral con algunos Estados miembros para agilizar lo más posible el proceso en aras de este código de conducta. 
La Comisión, por su parte, está dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que conduzca al establecimiento de dicho código de conducta y el Libro Blanco está ideado para contribuir a este esfuerzo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Clonación de seres humanos 
Señor Presidente, estimados colegas, la semana pasada suscitó graves temores el anuncio del Profesor Richard Seed, sobre la intención de continuar con la investigación para aplicar las técnicas de clonación de seres humanos, por las consecuencias éticas que esto implicaría. 
El Parlamento Europeo ya se expresó con la máxima firmeza contra toda forma de clonación aplicada a la reproducción humana al aprobar, el 12 de marzo de 1997, una clara resolución al respecto. 
Si se toma en cuenta el derecho a la identidad genética, y se considera que el principio de la igualdad presupone la paridad de derechos- y, por lo tanto, la aceptación de las diferencias individuales -, lo que prohíbe la discriminación y, por consiguiente, implica que son inadmisibles los individuos genéticamente iguales y la selección genética, se considerará necesaria la prohibición mundial y explícita de la clonación de seres humanos, y se pedirá a las autoridades competentes que elaboren una normativa legal adecuada sobre el tema. 
Además, sería importante promover una conferencia mundial sobre este asunto, para llegar a una posición común de condena de la clonación de seres humanos. 
Dar incentivo, ayuda y sostén a la investigación científica es una obligación moral para la sociedad en su conjunto. 
Pero las noticias que llegan desde Estados Unidos nos preocupan no poco. 
Tienen el sabor de la falta de respeto a la dignidad de la especie que, aunque lo haga entre mil dificultades y errores, gobierna este planeta. 
La investigación científica- como es justo que sea- avanza por su camino e incluso a gran velocidad. 
Nuestra tarea, en cambio, consiste en encuadrar lo mejor posible la investigación en un contexto legislativo, vetando la clonación humana con medidas penales disuasorias para los individuos y financieras para los Estados que la consientan. 
De todas maneras, vamos con retraso y mi personal deseo es que todos los gobiernos del mundo puedan establecer juntos reglas seguras para un desarrollo correcto y en armonía con todo lo que afecta a la naturaleza, a los animales y, de ningún modo en último término, a los seres humanos. 
Señor Presidente, la reprobación general del proyecto de un investigador norteamericano de realizar la clonación humana, así como las iniciativas del Consejo de Europa en la materia, demuestran indiscutiblemente que nuestra capacidad de indignación y la de algunos Estados no se ha disipado totalmente. 
No obstante, más allá de esta cuestión cuya gravedad nadie negará, es necesario llevar a cabo una reflexión más profunda sobre los límites de la ciencia o, mejor dicho, de las responsabilidades de los científicos. 
El hecho de querer establecer hoy, en medio de la inquietud creada por este asunto, en nombre de una moral o de una ética naturalista, unos límites a la investigación y a la actuación sobre el genoma, incluyendo quizá mañana dentro de estos límites determinadas formas de clonación, es inaceptable. 
Se trata de la eterna lucha de Galileo. 
Por el contrario, también sería totalmente inaceptable crear un ser humano, en nombre de la libertad absoluta de la ciencia, con la finalidad de efectuar trasplantes, sin dotar a este ser humano, resultante de una clonación, de los mismos derechos que un ser humano nacido por reproducción natural. 
La clonación del ser humano no es, contrariamente a lo que dice su autor, una aventura científica. 
Es ante todo una operación mediática y comercial que pone en evidencia el peligro que entraña una investigación que hoy ya no encuentra en los fondos públicos los medios necesarios para poder desarrollarse de una forma socialmente aceptable. 
Ahí reside el verdadero peligro. 
La presión comercial ahoga, indudablemente, una investigación centrada ante todo en el bienestar social. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la revolución sobre la clonación, que hoy debatimos, no es nada nuevo. 
Ya en marzo de 1997 y en el proyecto de directiva sobre patentes se había discutido ampliamente esta cuestión. 
Creo que si volvemos a iniciar el mismo debate cada vez que un investigador declare a los medios de comunicación que rebasa los límites de lo que es moralmente admisible, habrá que clonar una resolución a partir de la resolución anterior en cada período parcial de sesiones. 
Porque en Europa el instrumento existe. 
Me refiero- ya se ha citado- al Convenio europeo sobre bioética y a su protocolo adicional, que prohíbe toda intervención que tenga como finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, vivo o muerto. 
La decisión de aprobar este protocolo corresponde a cada uno de los Estados miembros, y lo que impide que algunos Estados suscriban y ratifiquen el Convenio es precisamente su gran rigidez, al prohibir, por ejemplo, la manipulación de células germinales y la utilización de embriones, con fines científicos. 
Por querer prohibirlo todo, se impide la aplicación del Convenio. 
Finalmente, en nuestra opinión, es necesario impedir estas desviaciones, pero no por ello se debe interrumpir la investigación científica y su exploración de la vida. 
Comparto el punto de vista del Sr. Desama al respecto. 
Si bien la clonación de seres humanos es contraria a la dignidad humana, la clonación de células o de tejidos permite luchar contra las enfermedades hereditarias. 
Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir. 
Es inaceptable. 
La humanidad necesita que se produzcan avances científicos. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se ha pronunciado siempre con claridad en contra de la clonación de la persona humana, para lo que ha expuesto no solamente motivos meramente técnicos sino de fondo. 
Por ello, tampoco estamos a favor de una moratoria de la clonación de personas sino de una prohibición general. 
Creo que en el Parlamento seguimos estando de acuerdo sobre esta exigencia. 
Pero ¿qué significa clonar personas? 
Esta es la cuestión a la que se ha referido el orador anterior y que ahora tenemos que definir. 
El PE siempre ha defendido una posición muy clara al respecto. 
Tanto en la votación sobre la directiva de las patentes en julio como también en el marco del quinto programa marco de investigación en diciembre hemos encontrado una definición clara. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Investigación se han ocupado intensamente de ello y en esta última se produjo incluso una votación unánime sobre este punto mientras que otros puntos eran muy debatidos. 
Creo que es muy importante que sigamos defendiendo esta posición. 
Este es también el motivo de porqué el PPE ha añadido la enmienda nº 8. 
Prohibir el clonado de personas no significa prohibir trabajar en las células humanas, por ejemplo, para hacer posible un transplante de piel. 
Sin embargo, significa que tienen que excluirse tanto bebés clonados como la producción de embriones humanos, por ejemplo, como almacén de piezas de repuesto para transplantes de órganos. 
Por ello, estamos muy sorprendidos por la enmienda nº 1 de los Sres Bowe, Monfils y otros, que pretende excluir la clonación solamente para finalidades de reproducción. 
Pero esto podría significar que si se produce o se clona un embrión humano o, en una interpretación más amplia, un bebé sin cerebro y no se emplea para reproducción sino como almacén de órganos de repuesto, esto no quedaría claramente excluido. 
Tenemos que ser muy claros. 
El protocolo del lunes sobre la clonación del Consejo Europeo no habla expresamente del clonado reproductivo, por lo que va más lejos que esta exigencia que se acaba de mencionar aquí. 
Por ello, es un paso en la dirección correcta. Voy a finalizar. 
A pesar de ello, debemos prestar atención para que no se realicen interpretaciones defectuosas de este protocolo de la clonación. Este peligro existe y lo ha descrito muy sugestivamente la Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. 
Por ello, hemos presentado la enmienda nº 9 para cerrar cualquier puerta trasera. 
Señor Presidente, naturalmente, todo el mundo está en contra de la clonación de seres humanos, y con razón. 
Todos saben que esto es así, salvo algunos negociantes disfrazados de científicos, que olfatean negocios lucrativos. 
¡Y la concurrencia del afán de lucro con el desprecio de las personas debería hacernos mantener firmes! 
Por lo tanto, votaremos a favor de este texto, pero insistiremos en un elemento primordial. 
La importancia que reviste la convocatoria de la conferencia mundial a la que se ha referido nuestra colega Monica Baldi. 
Esta conferencia debería tener lugar después de una moratoria, de una reflexión conjunta del mundo científico, los comités éticos, los responsables políticos de esta cuestión, que es tan grave y tan nueva incluso para todos nosotros y que a muchos nos deja perplejos, sin ninguna referencia fiable en la materia. 
Señor Presidente, aquí no estamos hablando de la investigación con fines terapéuticos, a la que nadie se opone. 
Hablamos de la clonación de seres humanos, de personas; pero, en la actualidad, lo más que puede uno decir, es que nadie puede garantizar la salud y la evolución natural de los individuos producidos en el nuevo mundo que algunos nos prometen. 
Tenemos razones para estar preocupados por ello y desear la prohibición. 
Sin embargo, señor Presidente, no tiene ningún sentido nuestra decisión ni las actuaciones que quisiéramos emprender en el futuro si no tienen un alcance mundial y si sobre todo si no participan en ellas los países que tienen la capacidad de llevar a cabo tales prácticas, y sobre todo los Estados Unidos de América, donde existe un vacío legislativo. 
Las llamadas del Sr. Clinton para prohibirlas están relacionadas sólo con las partidas federales y no con el sector privado. 
Sobre ello quiero preguntar a la Comisión, o al Consejo de Ministros, si están dispuestos a acordar una política común sobre esta cuestión y saben cómo y hasta dónde pueden negociar con Estados Unidos. 
Señor Presidente, no hay duda de que hoy todos experimentamos perplejidad ante las declaraciones llegadas de Estados Unidos y, agrego yo, también por lo que hemos oído que afirma un Comité de bioética inglés, que ha abierto amplias puertas hacia la posibilidad de la clonación de seres humanos con fines terapéuticos. 
Al respecto existe una perplejidad, una oposición, pero nosotros, los Verdes, estuvimos en lo cierto el año pasado, cuando decíamos que aceptar la clonación de animales era abrir la puerta a la de seres humanos. 
Y hoy, aquí dentro, todavía hay quien abre nuevas puertas hacia la clonación de seres humanos porque, cuando se afirma que este procedimiento puede ser aceptable para fines terapéuticos, se está dando otro enorme paso hacia el destino final que inevitablemente será el de la clonación de seres humanos. 
Pero cuando se habla de seres humanos, se ha de tener claro que debemos definir de un modo explícito qué son los seres humanos y decir que la clonación debe prohibirse desde el principio de la fecundación y a través de todas las etapas embrionarias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la actitud del Parlamento Europeo es clara y unívoca. 
La dignidad de la persona se opone a cualquier tipo de clonado. 
En la votación sobre el quinto programa marco de investigación hemos negado también la puesta a disposición de créditos para la investigación del clonado de personas. 
El respeto ante nuestros semejantes y otras consideraciones hacen que el clonado de animales sea al menos extraordinariamente cuestionable. 
Informes sobre un lunático ávido de dinero, que se califica de científico, nos obliga hoy a aclarar ciertos extremos en este debate. 
Esta aclaración es necesaria para que una manipulación perversa no ponga en descrédito a toda la biotecnología, en la que depositamos grandes esperanzas. 
Pero también tenemos que plantearnos una pregunta: ¿hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que este nuevo campo de investigación y de tecnología no se nos escape de las manos y se dirija contra las personas o incluso la Humanidad? 
Ya se ha realizado el intento. 
Hoy tenemos una amplia red de leyes y de directivas que regulan y protegen, pero que también ofrecen escondrijos y puertas traseras para el uso indebido de la biotecnología. 
Por ello, considero que es necesaria una directiva marco que encuadre este campo y aporte transparencia a las numerosas regulaciones individuales. 
Debe cubrir todos los aspectos. Aquí se incluyen normas unitarias de derecho penal que apliquen castigos sensibles al quebrantamiento de las normas y a la transgresión de las prohibiciones. 
Debemos realizar este difícil trabajo por las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea. 
No debemos escabullir el bulto y tenemos que exigir a los Estados miembros que firmen el documento del Consejo de Europa. 
Por un lado, el llamado Convenio sobre la Bioética no soluciona el problema y, por otro, el principio de la subsidiariedad nos indica que los Estados miembros son los que deciden sobre la ratificación. 
Permítanme por ello que extraiga el punto 2 de la resolución común. 
Señor Presidente, debemos tener en cuenta, desde el punto de vista científico, que el experimento de la clonación de humanos mediante el método utilizado para conseguir la creación de la famosa oveja Dolly ha sido el único que tuvo éxito entre numerosos fracasos. 
Por lo tanto, el método científico no está perfeccionado, no han sido estudiadas sus consecuencias a medio y largo plazo y no se han investigado todas las consecuencias que pueda sufrir el organismo del animal clonado. 
Sorprende que un científico manifieste que va a realizar la clonación de humanos. 
Porque eso no sólo no se atiene a la realidad científica, sino que equivale a peligrosos experimentos, criminales diría, con humanos. 
Además estamos obligados, señor Presidente, a examinar los aspectos morales, jurídicos y sociales de la cuestión, porque al aplicar la clonación a los humanos se abre el camino de la selección genética. 
Los ecos de la creación de una raza aria y del superhombre no han desaparecido hasta hoy. 
¿Quiénes y bajo qué condiciones van a aplicar la clonación? 
¿Será asequible a todos? 
¿Serán necesarias licencias especiales? 
Hay más preguntas similares que muestran no sólo la complejidad del asunto, sino el riesgo de deformaciones en las sociedades humanas. 
Es verdad que ante el progreso científico desenfrenado, los sistemas jurídicos de nuestros estados no están preparados. 
Por lo tanto, es preciso adaptar con rapidez las legislaciones de forma que garanticen la protección del individuo, la salvaguardia de los intereses colectivos y los valores de la sociedad. 
Esta inquietante perspectiva de la clonación humana debe bloquearse lo antes posible, porque de lo contrario creará problemas insolubles en nuestras sociedades. 
Señor Presidente, toda revolución científica provoca distintas reacciones y origina situaciones de inseguridad. 
Galileo ya fue acusado ante la Santa Inquisición. 
La fecundación in vitro como método de reproducción también ha sido cuestionada; la opinión pública internacional sigue afrontando con escepticismo la eutanasia. 
Pero la clonación remite al médico nazi, Dr. Mengele, y sus trágicos experimentos. 
Sólo la idea de producir copias fieles de humanos es repulsiva porque cada individuo es único y en eso consiste la esencia del pensamiento y de la creatividad. 
Además, la falta de un marco jurídico a escala internacional, así como la posibilidad de la peligrosa explotación inmoral y política de la clonación de humanos, hacen que la comunidad científica internacional reaccione con reservas. 
El deber del Parlamento Europeo es descubrir la fina línea que determina lo moralmente aceptable y lo permitido y beneficioso socialmente. 
Pero las normas, señor Comisario, deberán ser severas, con el fin de impedir la materialización de fenómenos morbosos. 
A la vez, han de tener alcance internacional. 
Quisiera preguntarle, si ha pensado, dentro de este marco, promover, juntamente con el Organismo de la Naciones Unidas, la internacionalización de la legislación relativa a la clonación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hay científicos que dicen que van a clonar al hombre. 
Esto es un ataque en toda línea contra la dignidad humana. 
Diques y tabúes éticos se están violando de modo irresponsable. 
La ausencia de límites éticos sería un horror para la Humanidad. 
Disponer de conocimientos y carecer de escrúpulos es un escenario de una película de horror. 
Nos encontramos ante un delirio insospechado ante lo que es factible. 
La pesadilla de una persona a la medida o la cría de personas como almacén de piezas de repuesto es algo cada vez más realista y se está impulsando una ética insospechada. 
La Comunidad mundial no dispone aún de una regulación vinculante y en la Unión Europea no se ponen tampoco límites éticos a la ciencia. 
Por el contrario, los científicos son los que colocan cada vez más los límites éticos a la sociedad. 
El clonado de animales crea el necesario " know-how» para el posterior clonado de las personas. 
Así pues, necesitamos- y pregunto a la Comisión si está dispuesta a ello- un Tratado mundial de no difusión de técnicas de clonado. 
Necesitamos la condena del clonado a nivel mundial, pues lo que es técnicamente factible en alguna ocasión se hace. 
Lo que me parece esencial es que tenemos también que ejercer presión económica. 
Creo que en el marco de la OMC debemos boicotear a las asociaciones internacionales y a los países que no están dispuestos a crear disposiciones vinculantes para la prohibición del clonado. 
Me gustaría también saber si la Comisión está dispuesta a no quedarse sólo en declaraciones y comunicados no vinculantes y si está dispuesta a dar un paso hacia una mayor obligatoriedad y condena del clonado a nivel mundial. 
Señor Presidente, ¿qué vamos a anteponer en la discusión sobre las posibilidades de la ciencia: la viabilidad de una técnica o su conveniencia moral? También aquí esta pregunta está de nuevo en el punto de mira. 
Dadas las muchas reacciones de espanto a los planes del científico americano Richard Seed, parece que en este caso la inconveniencia moral de la clonación humana se está imponiendo al afán de progreso científico. 
Y con razón se impone. 
La técnica de la clonación no deja nada al azar y solamente hace una copia. En realidad no añade nada. 
Si se da un paso más y se mejora un gen determinado en el clon, entonces hemos llegado al peligroso terreno de la mejora racial. 
O sea, no se puede esperar nada bueno de esta técnica. 
¿Cómo está entonces el tema de la clonación? 
En la discusiones sobre derechos humanos nuestro grupo parlamentario ha observado ya varias veces que la libertad de uno está limitada por la libertad del otro. 
Esto también se aplica en esta materia. 
La dignidad humana, la individualidad y la integridad del ser humano están en juego aquí y se le reduce a un artículo de consumo. 
Por lo tanto, es bueno que haya un protocolo listo para firmar en el Consejo de Europa por lo cual se prohibe la clonación de seres humanos. 
Sin embargo, tengo mis reparos para el futuro. 
Reconozco a Dios como el Creador del hombre. 
La nueva vida humana que nace de la unión entre el hombre y la mujer la veo como un regalo único de Dios. 
Por mí se trazarían unos límites muy claros. 
Esto significa una prohibición absoluta de la clonación humana. 
Para unos países esta prohibición no parece ahora ya tan absoluta. 
Es preocupante que los Países Bajos, Inglaterra y Alemania no hayan firmado todavía el protocolo. 
Debemos presionar a estos países. 
Espero sinceramente que hoy decidamos adoptar una posición absoluta y firme en contra de la clonación humana. 
Esto es de una importancia vital. 
Señor Presidente, en el mes de abril pasado, más de veinte países firmaron en Oviedo el Convenio del Consejo de Europa que, aun cuando constituye la mejor contribución que Europa podía hacer al debate mundial sobre la biomedicina y sobre la investigación médica, no obstante sólo representa un primer paso para regular el tema. 
En el momento en que la ciencia y las nuevas técnicas de laboratorio se identifican como un poder capaz de condicionar al hombre contemporáneo y también al futuro, nos parece esencial que este debate sea abierto y democrático. 
La investigación médica es indispensable para aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del hombre, pero- y lo digo como médico y no como político- debe tener límites que no se puedan franquear: los límites de la dignidad y de la propia identidad del hombre. 
Los experimentos sobre la clonación, pero también el comercio de embriones, gametos y material genético, se llevan adelante no sólo en Europa sino en el mundo entero sin control alguno, y demuestran que ya es urgente enfrentarse a los temas de la bioética y darles una solución. 
La firma y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa, en el pasado abril, y de su Protocolo adicional, que prohíbe precisamente la clonación de seres humanos, podrían ser esa pieza que falta para poner en marcha la solución, pero tendrían que ponerse a trabajar, con urgencia, los países miembros de la Unión. 
Una defensa no obcecada de los derechos humanos servirá para mejorar la dignidad de las personas, su libertad, su integridad y su derecho a la salud. 
En este sentido, la delegación de Alianza Nacional considera un deber mostrar su solidaridad y aprobación a la resolución propuesta. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Seed es un bucanero que está intentando crear una oportunidad de mercado que después explotará sin permiso y sin responsabilidad. 
También es significativo que, cuando se pidió al grupo de asesores de la Comisión que examinara la cuestión de la oveja Dolly y su clonación, lo hiciera después de que hubiese nacido Dolly y ahora el peligro más grave es el de que, aunque sabemos que la clonación humana puede ser científicamente posible, estamos logrando avances científicos sin que se logren los mismos avances en nuestras consideraciones éticas. 
Así las cosas, debemos crear un comité ético. 
La posición común del Consejo respecto del informe Rothley deja mucho que desear. 
No creo que la posición común refleje lo que el Parlamento ha votado y, por consiguiente, en la segunda lectura del informe Rothley volveré a presentar la enmienda original del Parlamento, con lo que, si la aprobamos, constituirá una condición previa de la directiva sobre patentes la creación de un comité ético satisfactorio. 
Si no lo hacemos, se producirá la clonación y en un mercado abierto. 
Señor Presidente, me pregunto si podría añadir algo original a este debate en el que ya se ha dicho prácticamente todo. 
Me parece oportuno señalar la aversión general a la clonación de seres humanos en todas las fases de su desarrollo. 
Subrayo " seres humanos». 
La clonación no se centra tan sólo en las células que podrían reproducirse para curar, por ejemplo, una enfermedad de la piel, es decir, en la reproducción de las células epiteliales. 
Ésta es mi primera observación. 
Segunda observación: no existe hasta hoy un documento internacional o interno de los distintos Estados europeos que consienta la clonación de seres humanos. 
El propio Parlamento Europeo se ha pronunciado repetidamente sobre este tema, hasta la última propuesta de directrices sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, pero ya en 1989 había quedado todo muy claro con las dos resoluciones sobre los problemas éticos y jurídicos de la procreación artificial humana y de la ingeniería genética. 
Me complace recordar respecto a esto último que, en el informe presentado por el Sr. Rothley en 1989, para indicar la razón jurídica que se esgrime contra la clonación, se usa una expresión muy fuerte: destrucción de la personalidad. 
En rigor, con la clonación de seres humanos se ponen en discusión dos principios fundamentales del derecho: el principio de la dignidad humana y el principio de la igualdad, igualdad que supone la diversidad, porque la igualdad está en la dignidad, a pesar de las diferencias que nos hacen, a cada uno, irrepetibles. 
Paradójicamente, hacernos iguales implica una destrucción de la igualdad. 
La última observación es la siguiente: es verdad que se puede preguntar si es justo o no que un Parlamento se ponga en marcha y se movilice para repetir cosas ya dichas con motivo de declaraciones para la televisión o la prensa. 
Creo que es justo. La gravedad del asunto nos obliga a estar alerta. 
Mucho mejor habría sido hablar de la bomba atómica antes de fabricarla. 
No está en juego la ciencia, está en juego la técnica, y la técnica son las manos del hombre que deben saber por qué caminos han de moverse. 
Señor Presidente, como soy el último orador sobre la cuestión, me será quizá más difícil ser original. 
Pero desearía llamar la atención de todos los colegas sobre la deriva provocada por la noticia de Dolly, que ha suscitado una inquietud considerable en la opinión pública, incluso en este Parlamento. 
Inmediatamente después votamos una resolución sobre la prohibición de la clonación humana, temiendo que Dolly condujera a esta práctica- lo que, evidentemente, es real-. 
Pero lo más grave es que la inquietud ha decaído considerablemente y que actualmente se oyen, incluso en este Parlamento, declaraciones más matizadas, ya que se aceptarían determinadas formas de clonación humana. 
Por consiguiente, creo que hoy se necesita una resolución libre de toda ambigüedad. 
Hay que ser claros. 
La clonación de seres humanos debe rechazarse totalmente por las razones que ya se han discutido ampliamente y que están basadas en la dignidad del ser humano y en el peligro de la desviación eugenista. 
República de Ingushetia 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir lo mucho que me alegro de que hablemos hoy sobre Ingushia. 
Muchas personas han olvidado que hace pocos años hemos hablado en repetidas ocasiones sobre el conflicto en Chechenia-Ingushia. 
Los ingushios son el mismo grupo étnico que los chechenos. 
Actualmente existe una situación muy difícil en ese país, sobre todo porque allí no existe una zona de asentamiento cerrada sino dos grandes enclaves, a saber, Wladikawkaz y Progorodnij. 
Los ingushios que vivían en Osetia del Norte fueron expulsados prácticamente de allí debido a la masiva presión de los rusos y tuvieron que retirarse a Ingushia. 
Hoy constituyen allí un gran y grave problema de refugiados, del que tenemos que ocuparnos de algún modo pues no queremos que el conflicto de Chechenia se vuelva a reproducir. 
Naturalmente, otro problema es que los rusos dicen que los ingushios han ayudado a los chechenos, por lo que deben ser castigados. 
Continuamente constatamos que existe una fuerte desventaja- quiero evitar aquí emplear la palabra bloqueo- de Ingushia, lo que hace que en este país no exista un desarrollo económico adecuado. 
El invierno está presente y está provocando situaciones muy difíciles entre la población, precisamente entre los más débiles, las mujeres y los niños, que son los que más padecen. 
La ACNUR nos ha pedido que proporcionemos allí ayuda y que empleemos nuestro dinero sobre todo para construir viviendas, para que estos refugiados no tengan que padecer bajo estas circunstancias y que intervengamos para que estos refugiados puedan volver de nuevo a sus regiones de origen. 
Señor Presidente, no queda mucho que añadir después de la exposición que acaba de efectuar el colega Carl Habsburg-Lothringen. 
Él conoce perfectamente la situación; se trata de una situación muy difícil. 
Desearía, no obstante, subrayar que el problema afecta a toda una región y no sólo a Ingushetia. 
También hay que mencionar Chechenia y las consecuencias de la guerra que tuvo lugar en esta república. 
Hay otras regiones anejas, como el Daguestán. 
La Unión Europea y, por consiguiente, la Comisión deberían quizá prestar más atención a esta región, ya que, en mi opinión, será fuente de nuevos conflictos. 
Es urgente buscar soluciones. 
Pienso que los rusos han demostrado que no tenían muchas intenciones de cambiar las cosas y que la Unión Europea debería quizá hacer algunas sugerencias en este sentido. 
Queda por resolver un grave problema humanitario, que no puede esperar. 
Considero que la Comisión está en condiciones de hacer frente a este género de situación y espero que muy pronto la Unión Europea se implique firmemente en esta región. 
Señor Presidente, el conflicto ingusho-osiético del Norte es un conflicto olvidado. 
Los 60.000 desplazados que desde 1992 viven en alojamientos provisionales, niños que desde entonces apenas pueden llevar una vida normal, apenas son tenidos en cuenta por la política europea. 
Aunque se ha acordado el retorno, sin embargo, debido a la situación de seguridad, en la práctica no ha sido posible. 
Cualquier ataque difunde de nuevo el pánico entre los que esperan y reaviva el odio. 
Hasta ahora no se ha reducido el potencial de conflicto en la región. 
La potencia de orden que es Rusia no goza de aceptación y el ACNUR es el único que tiene un mandato para superar el conflicto de Prigorodnij. 
Es urgentemente necesario prevenir la escalada. 
He llamado con frecuencia la atención en informes sobre el hecho de que es necesario que la UE participe no sólo esporádicamente con su ayuda humanitaria sino de modo continuado. 
Por ello, pido que el mandato de ECHO se amplíe a Prigorodnij y que la UE contribuya a que una fact finding mission de la OSCE intente allí lograr apoyo para solucionar el conflicto en la región. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de resolución de nuestros colegas Habsburg y OomenRuijten no es muy difícil de redactar. 
Es cierto que un bloqueo siempre genera sufrimientos lamentables. 
No es ciertamente a posta que hoy el Gobierno de la Federación Rusa se vea obligado a restringir la circulación en esta zona del norte del Cáucaso. 
La Federación Rusa trata de evitar una nueva guerra frente a maquinaciones terroristas y mafiosas. 
Todos lamentarían haber votado a favor de la propuesta de resolución de nuestros colegas si estallara un nuevo conflicto tras una liberalización irreflexiva de la circulación. 
Se repetiría entonces la frase que el poeta Esquilo pone en boca de Casandra: " Mientras tú formulas deseos, ellos se disponen a matar». 
Así pues, el Parlamento Europeo debe confiar en el Gobierno de Rusia, que se esfuerza, en unas circunstancias difíciles, por hacer reinar la paz y el orden público, primera condición para que las poblaciones de esta región puedan vivir decorosamente. 
Algunos parecen jugar a un juego peligroso que consiste en favorecer todo tipo de separatismos en Rusia, con fines comerciales o al servicio de una superpotencia extranjera. 
No es con estos métodos como se consolidará la paz en el norte del Cáucaso. 
República Democrática del Congo 
Señor Presidente, si mi colega Leo Tindemans y yo hemos presentado- a propósito de la detención arbitraria del Sr. Arthur Ngoma- una propuesta de resolución sobre la situación política en la República Democrática del Congo, es ante todo porque nosotros conocemos y estimamos al Sr. Ngoma, quien trabajó mucho tiempo en la UNESCO, y que, después de haber luchado contra la dictadura de Mobutu, es uno de los primeros responsables políticos del antiguo Zaire que ha denunciado valientemente la política de represión y violencia que aplican las nuevas autoridades. 
Sin embargo, más allá del caso personal del Sr. Ngoma y también del Sr. Nsala, Secretario General del Centro de los Derechos Humanos, nuestro deseo, así como el de los demás signatarios de dicho texto, es llamar la atención de esta Asamblea y de quienes orientan la opinión pública de nuestros diferentes países sobre la verdadera naturaleza del régimen que se está instalando bajo la denominación engañosa de República Democrática del Congo. 
Naturalmente, hubiera sido iluso pensar que un país que, durante muchísimos años, ha estado dominado por la arbitrariedad y la corrupción, iba a poder transformarse en pocos meses en un país capaz de rendir honores a los principios democráticos, a los valores del humanismo y al respeto de los derechos humanos. 
Sin embargo, muchos congoleños y observadores internacionales han creído en la buena fe y en la buena voluntad del Sr. Kabila cuando, después de la toma de poder, anunció el calendario de cierto número de reformas que conducirían al país a unas elecciones legislativas y presidenciales en abril de 1999. 
Ahora bien, no sólo las tres primeras reformas previstas no se han cumplido, sino que el poder se endurece progresivamente: los partidos políticos han sido prohibidos, las detenciones arbitrarias se multiplican, muchos miembros de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos se hallan detenidos en condiciones inhumanas y la tortura es una práctica generalizada. 
En estas condiciones, la Unión Europea no puede permanecer indiferente, sino que debe manifestar su indignación; debe exigir la liberación inmediata de todos los presos de opinión; debe presionar- tiene los medios para ello- para que el Presidente Kabila respete sus compromisos, restablezca las libertades fundamentales y inicie inequívocamente un proceso de democratización. 
Muchos países, entre los cuales se cuenta Francia, pero no sólo Francia... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, Si intervengo en este debate no es para introducir una nota discordante frente a la indignación que suscitan las violaciones de los derechos humanos más elementales perpetradas en la República Democrática del Congo. 
Nuestro Grupo, que es uno de los autores de la resolución que votaremos dentro de un momento, condena sin reservas los gravísimos actos intimidatorios dirigidos a todos aquellos que se atreven a expresar la menor crítica contra el régimen de Kinshasa. 
En este sentido, comparto totalmente la opinión de nuestro colega Bernard Stasi. 
Yo desearía llamar la atención de la Presidencia de la Unión y de la Comisión sobre la suerte de dos ciudadanos nuestros, Jean-Marie Bergesio, empresario de obras públicas, de nacionalidad francesa, y Antoine Declercq, uno de sus colaboradores, de nacionalidad belga. 
Los dos fueron detenidos el pasado 10 de septiembre por los servicios de seguridad de la República Democrática del Congo, sin que se haya expresado ningún motivo respecto a su detención. 
Además, se les niega sistemáticamente la asistencia de un abogado. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a la Presidencia de Unión para que demuestre la mayor determinación y firmeza, con el fin de obtener de las autoridades de este país respuestas claras en cuanto a la situación de estos dos ciudadanos europeos y a las acusaciones que recaen en ellos, cuyo único delito, señor Presidente, habría sido el ser testigos de matanzas de refugiados hutus en el este del Zaire. 
Señor Presidente, estimados colegas, hay dos cosas necesarias y fundamentales en nuestro enfoque de los problemas surgidos de los recientes hechos en la República Democrática del Congo. 
La primera: es imprescindible que cualquier ayuda de la comunidad internacional a este Estado se subordine a los progresos reales que haya en materia de respeto de los derechos humanos y en la verdadera activación de un proceso democrático en ese país. 
La segunda: se debe sostener con firmeza este proceso democrático y ayudar en especial a las ONG que defienden los derechos humanos en la República Democrática del Congo. 
Es redundante que se deba hablar de este tema en ciertos aspectos; reconocemos las indudables dificultades que enfrenta el gobierno del Sr. Kabila pero, en ningún sentido ni para ninguna autoridad, incluso fuera de la Unión Europea, esto puede justificar que se baje la guardia. 
Poblaciones aborígenes de Australia 
Señor Presidente, esta resolución no se refiere sólo a Australia, sino también al problema mundial de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. 
La relación de los pueblos indígenas de todo el mundo con la tierra tal vez sea una descripción más exacta, porque la tradición en la parte del mundo a la que nos referimos es la de que el pueblo indígena tiene una relación colectiva con la tierra, en lugar de la propiedad individual, típica del mundo occidental. 
Tuvimos una experiencia de ello en Escocia cuando el sistema basado en los clanes fue substituido por la propiedad individual. 
Lo hemos visto en el Lejano Oeste de los Estados Unidos. Se pueden ver ecos de ello en el pueblo sami de la Escandinavia septentrional. 
En Australia, los aborígenes dicen que la tierra no les pertenece a ellos ni a los blancos, sino que ellos pertenecen a la tierra. 
Hay que comprender que, cuando dicen eso, están hablando sobre tendencias migratorias tradicionales a las que corresponden los lugares sagrados a los que deben su identidad. 
Permítaseme acabar con una cita del Senado australiano. Hace tres meses, dije que el Gobierno australiano no debía seguir adelante con la propuesta sobre el uranio de Jabiluka. 
Señor Presidente, éste es mi primer discurso como miembro del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y espero que Sus Señorías sean indulgentes conmigo. 
También es muy apropiado que sea sobre Australia y Nueva Zelanda, pues fui presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Australia y Nueva Zelanda y acabo de regresar de Australia, donde la cuestión de la tierra de los aborígenes y los derechos nativos está dividiendo al país por el medio. 
Este año se va a celebrar una elección sobre esa cuestión precisamente, que esta resolución pone de relieve hoy desde el punto de vista de las minas de uranio, pero que, en realidad, afecta a todo el país en relación con el acceso de los aborígenes a su tierra nativa. 
Conque se trata de una resolución muy oportuna. Espero que la aprobemos por una mayoría abrumadora y enviemos, así, un mensaje al Gobierno australiano. 
El Viceprimer Ministro de Australia se alegrará al enterarse, pues me denunció en dos ocasiones en el Parlamento australiano durante los diez días de mi vista a Australia, cuando hablé en pro del derecho de los aborígenes a la tierra en toda Australia. 
Quiero que conste en acta en este Parlamento que Europa está observando a Australia muy detenidamente a ese respecto y espero que podamos volver a abordarlo en los próximos meses. 
Presidente, Señor Comisario, Corea del Sur está pasando por unos tiempos difíciles. 
Allí la crisis financiera tiene efectos en todos los aspectos de la vida. 
Un cambio político radical, por ejemplo, ha llevado a un anterior disidente al poder. 
La ejecución masiva de 23 presos que tuvo lugar a finales de diciembre, no fue una noticia nada buena. 
Hay otros cincuenta presos condenados a la pena de muerte. 
Naturalmente, la pena de muerte nunca es justificable para mi grupo parlamentario. 
Justo ahora que hay tanto movimiento en Corea, esta es una señal equivocada a la población de ese país y a las poblaciones de otros países. 
La democratización, la transparencia y unas penas humanamente dignas son la respuesta a esta situación en la que se ha llevado un pueblo en gran escala a la duda. 
Penas humanamente dignas en vez de la pena capital es uno de los importantes símbolos del estado de derecho y de una verdadera democracia. 
Hay más países que van por este camino y hacemos un llamamiento al gobierno de Corea del Sur para que siga ese ejemplo. 
Señor Presidente, el Sr. Bertens se ha referido a Corea del Sur, pero también existe el caso de los Estados Unidos, y el de uno de sus Estados en particular- Texas -, donde se llevan a cabo la mitad de las ejecuciones de las condenas a la pena capital en Norteamérica. 
Al igual que el Sr. Bertens, desearía recordar el eslogan de una campaña que estamos realizando con mi Partido, el Partido Radical, y que consiste en que si no podemos salvar individualmente a estas personas, debemos tratar de salvarlas a todas. 
Por eso trabajamos, en el marco de esta campaña, en favor de la institución de una moratoria universal de las ejecuciones. 
Aprovecho que el Comisario van den Broek está presente, para preguntarle si, a falta de iniciativas por parte de los Estados miembros, la Comisión no podría, en cierta medida, coordinar los deseos que se manifiestan en muchos Estados miembros para que el próximo otoño se presente una iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de una resolución y, por lo tanto, de una votación en pro de una moratoria universal de las ejecuciones de las condenas a la pena capital. 
Señor Presidente, creo que es una gran lástima que un país que se llama civilizado como los Estados Unidos tenga que ser criticado en este Parlamento. 
Se considera a sí mismo la fuerza de policía moral del mundo y, sin embargo, comete el crimen más atroz, básicamente un crimen contra la Humanidad, al imponer la pena de muerte. 
Convengo totalmente con el último orador respecto de que se vaya a sentenciar a muerte a una mujer el 3 de febrero. 
Pido a los americanos y a las autoridades de Texas que conmuten la sentencia y suspendan su ejecución. 
Resulta inaceptable que se aplique esa clase de castigo en un país que se considera avanzado. 
Resulta más que evidente que esa forma de castigo no disuade a los criminales. 
De hecho, si se observa el aumento de las cifras sobre la delincuencia en los Estados Unidos, resulta claro que un castigo tan abominable no funciona y ya es hora de que los americanos comprendan en realidad que van muy rezagados respecto del resto de la comunidad internacional y no pueden señalar con el dedo a otros países más primitivos- podríamos decir- a los que criticamos en relación con la pena capital. 
Mientras no comprendan que van totalmente errados en eso, creo que no pueden señalar con el dedo a nadie. 
Debemos hacer todo lo posible para lograr que se conmute la sentencia a esa mujer y que se suspenda su ejecución. 
Tibet 
Señor Presidente, desearía decir ante todo a la Comisión, con respecto a este punto, que el contencioso que nos enfrenta comienza a agravarse. 
Ello no concierne, evidentemente, al Comisario van den Broek, sino a su colega Sir Leon. 
Nuestro Parlamento ha acumulado desde hace tres años algunas resoluciones muy concretas sobre el problema del Tíbet y de la República Popular de China. 
Hemos recibido a menudo cumplidas respuestas por parte de Sir Leon, pero nuestros requerimientos no han suscitado ningún tipo de acción ni de seguimiento: no se nos ha dado ninguna respuesta sobre el Sr. Wang Dan ni tampoco sobre la importante cuestión de la apertura del diálogo con el Dalai Lama. 
Ya sería hora de que la Comisión utilizara sus poderes. 
Si el Sr. Brittan destinara el 1 % de la inventiva y de la creatividad que utiliza para los aspectos económicos y comerciales de estas cuestiones, estoy seguro que obtendría resultados. 
Considero, por lo tanto, que en estos momentos es urgente que la Comisión y que Sir Leon, en particular, empiecen a darnos respuestas concretas sobre todos estos requerimientos en los que el Parlamento viene insistiendo desde hace dos años. 
Una de las peticiones centrales de la resolución común que se ha presentado a este Parlamento es que se iba designar, que se iba a nombrar un enviado de la UE para el Tíbet. Hay dos buenas razones para ello. 
En primer lugar, el Dalai Lama mismo lo pide y, en segundo lugar, y es importante que mis colegas se den cuenta, también en los Estados Unidos existe la figura del enviado especial para el Tíbet. 
Este podría contribuir, entre otras cosas, a la normalización de las relaciones y el Dalai Lama manifestó que estaba muy interesado en eso, en la normalización de esas relaciones. 
Por lo tanto, sabemos también que, si un enviado llegara a trabajar allí, se desbloquearían por fin muchos asuntos. 
O sea, contaríamos con un instrumento para estar presentes de forma permanente. 
Como último punto, tengo que mostrar mi pleno apoyo al colega Dupuis cuando señala las futilidades del Parlamento, entre otras por ejemplo la asignación de fondos para el proyecto Panam cuando se sabe que en ese ámbito no se respetan las relaciones con la población tibetana. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos han nombrado un representante especial para el Tibet. 
Me parece un hecho político importante, y creo que la Unión Europea también debe nombrar a una persona en funciones similares. 
En mi opinión, este elemento es el núcleo de esta resolución. 
Ha llegado el momento de abrir las negociaciones directas entre China y el Dalai Lama. 
Ante la tragedia del pueblo tibetano, el Dalai Lama no pide la independencia, como tantas veces lo ha repetido, en especial en el discurso que pronunció con motivo del aniversario de la ocupación china, sino una autonomía amplia dentro de la nación china. 
Considero que esta posición es sabia y valiente y deja sin coartada a China. 
Además, el cambio de la situación internacional ha eliminado toda amenaza real o supuesta a las fronteras de ese país. 
En mi opinión, por lo tanto, esto interesa a China, que quiere insertarse en el contexto internacional y enfrentar y resolver los problemas que obstaculizan esa inserción; Taiwán, el Tibet: en general, hoy los derechos humanos son los principales argumentos de la crítica que la comunidad internacional hace a China. 
Aprecio el tono del documento que se ha preparado y que, por primera vez, suma a la denuncia y a la crítica también una propuesta concreta. 
Este paso adelante ayudará al Parlamento a ser más operativo políticamente. 
Como es natural, esta actitud del Parlamento- menos propagandística y políticamente más eficaz- hace responsables sobre todo a los órganos de la Unión Europea, en especial a la Comisión y al Consejo. 
Nosotros, a la verdad, con esta iniciativa pedimos que, sobre el tema del Tibet, tanto la Comisión como el Consejo- como lo han recordado algunos de mis colegas- asuman una actitud más eficaz y más operativa. 
No vemos bien que en declaraciones de carácter general tanto la Comisión como el Consejo o sus representantes sean críticos y, naturalmente, hablen del respeto de los derechos humanos, mientras las cosas, en la realidad, siguen estando tal como hasta ahora. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la colega Aglietta por haber introducido en su propuesta de resolución la idea de un enviado especial de la UE para el Tibet y que esto se refleje a su vez en la resolución conjunta. 
En noviembre del año pasado realicé la misma propuesta en el turno de preguntas de la Presidencia luxemburguesa del Consejo y constaté lo bien que el Sr. Wohlfart acogió esta idea. 
Prometió introducirla en el Consejo. 
Deberíamos hablar sin demora con la Presidencia británica del Consejo para que lo aplique realmente. 
Creo que necesitamos un enviado especial como el que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. 
Con frecuencia tenemos motivos para criticar la política exterior norteamericana, pero en este caso ha marcado el camino. 
En el caso del Tibet se trata de un problema de derechos humanos muy grave que afecta al derecho de autodeterminación de los pueblos. 
Los chinos piensan en espacios de tiempo muy dilatados, por lo que no podemos reaccionar expresando ritualmente nuestro disgusto sino con una estrategia a largo plazo y para ello necesitamos un enviado. 
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que me sumo a las palabras de la Sra. Aelvoet y del Sr. Dupuis cuando se trata de las reacciones bastante inconsecuentes de la Comisión en los últimos años referentes al Tíbet. 
Una política clara, unánime desde Europa es necesaria para causar cierta impresión a las autoridades chinas. 
Me alegra la gran atención, por lo menos por escrito, hacia los derechos humanos que el Presidente del Consejo nos ha prometido y cuento con que esto implique también un mayor esfuerzo para el Tíbet, que precisamente también acaba de pedir el Sr. Posselt. 
El diálogo reanudado con China en materia de derechos humanos puede ser utilizado para ello y el grupo parlamentario liberal cree que debemos dar un paso más y pide a la Unión, por lo tanto, un representante especial de la Unión para el Tíbet. 
Además, espero que el comisario me pueda aclarar lo relacionado con el proyecto Panam. 
La Comisión sabe qué condiciones puso el Parlamento y nos gustaría oír si se han cumplido y si no, entonces tendremos que congelar los fondos. 
No me ha quedado claro lo que se decidió exactamente en las votaciones presupuestarias y por eso pusimos nuestros interrogantes incluso en el punto correspondiente en la resolución sobre el Tíbet. 
Señor Presidente, por como transcurrieron las elecciones en Kenia no fueron nada perfectas. Nunca lo han sido en Kenia desde que el país se independizó. 
Por lo tanto, no hemos podido observar ninguna mejoría. 
Lo más curioso realmente de estas elecciones era que el entusiasmo de la población fuera tan grande. 
También en Kenia debería valer: " Erst kommt das Fressen und dann die Moral». 
Arap Moï ha logrado siempre bajar la renta per cápita de la población y a pesar de todo ha quedado el entusiasmo hacia la democracia. 
Creo que la Comisión Europea debe hacer uso de esto. 
El problema más urgente de Kenia en este momento es: ¿cómo combatimos la corrupción? 
La Comisión tendrá que apoyar por todos los medios posibles a los periódicos que la denuncian. 
Puesto que en Kenia se leen los periódicos con mucha atención. 
También tendrá que apoyar sobre todo a las organizaciones no gubernamentales que quieren fomentar la democracia en todos los niveles. 
Estas son las pequeñas cosas que, en mi opinión, pueden tener un gran efecto. 
Señor Presidente, en el marco de este procedimiento denominado de urgencia, nuestro Parlamento se ve a menudo inducido a deplorar, lamentar, condenar, y- ¡pase por esta vez! -ahora nos vemos obligados a considerar como un hecho positivo el desarrollo de las elecciones que acaban de tener lugar en Kenya, en un país que hace algunas semanas todo el mundo creía que estaba al borde del estallido social y que, ciertamente, no ha salido del mal paso. 
Los observadores están de acuerdo, salvo algunas irregularidades, en reconocer que las elecciones han sido libres y sinceras. 
A pesar de lo que se piense del Presidente Arap Moï, de su longevidad política, de su concepción del diálogo o incluso de su papel regional en algunas crisis recientes, el hecho es real. 
No corresponde al Parlamento Europeo sustituir a una oposición incapaz de unirse para dar paso a una alternativa política. 
Por eso el Grupo de Coalición Radical Europea se contenta con alentar- y pide a la Comisión que se ocupe de ello- a las autoridades kenianas a luchar contra la corrupción y a consolidar los derechos humanos, sobre todo las libertades de asociación, de manifestación y de expresión, a menudo vilipendiadas. 
Este es el sentido de nuestra propuesta de resolución. 
Señor Presidente, lo primero que quisiera decir es que el Presidente Moi debe cumplir sus promesas anteriores a las elecciones de reforma constitucional. 
Ahora sabemos que los resultados de las elecciones estuvieron tan igualados, que se debe conceder un papel en el gobierno a la oposición para reflejar el apoyo popular en masa con que ahora cuenta. 
También se le debe permitir, evidentemente, un acceso imparcial a los medios de comunicación. 
Quiero sumarme a quienes han condenado las alegaciones de pucherazo en el reciente proceso electoral. 
Quisiera repetir la petición hecha por la Presidencia el 6 de enero de una investigación pública sobre las supuestas irregularidades electorales. 
Al parecer, se han empleado cantidades ingentes de dinero para fomentar la corrupción electoral, lo que tendrá consecuencias adversas para la delicada economía de ese país y provocará un aumento de la inflación. 
Es una noticia muy mala para la población local, al producirse después de las inundaciones del año pasado, los problemas de la industria turística, afectada por los enfrentamientos étnicos, y la reciente bajada de los precios de los productos básicos de exportación. 
El Presidente Moi tendrá que atender el mensaje, dado que el FMI y el Banco Mundial ya han suspendido su ayuda. 
Debe ver la clara vinculación existente entre los préstamos y la ayuda necesarios, que son decisivos para el bienestar económico del país, y las reformas democráticas y constitucionales que todos esperamos de él. 
Señor Presidente, a finales del mes de diciembre, el Presidente Daniel fue reelegido Presidente de Kenya. 
Con algo más del 40 % de los votos, mejoró cuatro puntos sus resultados de 1992. 
Los catorce candidatos de la oposición se repartieron el 60 % restante, pero sus divisiones, alimentadas por incesantes disputas, les han conducido al Parlamento en orden disperso, donde el partido del Sr. Arap Moï conserva la mayoría absoluta por dos escaños. 
Era de esperar que estas elecciones fueran cuestionadas; y en este hemiciclo hemos aludido tantas veces al problema de Kenya, que hoy no nos sorprende que reine cierta confusión en la proclamación de los resultados. 
Dicho esto, deseo aclarar que el Grupo UPE apoyará el texto común de los radicales y de los liberales por dos razones. 
La primera consiste en que aceptamos el visto bueno dado a estas elecciones a la vez por parte de los observadores y por el Presidente de Uganda, quien ha declarado- aunque espero que se trate de una broma- que si el Presidente keniano había hecho trampa, era un muy mal tramposo, ya que sólo ha obtenido la mayoría por dos escaños. 
El apartado 7 de la resolución se hace parcialmente eco de esta primera razón. 
Por lo tanto, imagino que nuestra Asamblea está dispuesta a demostrar su indulgencia con respecto a Kenya y que para muchos de nosotros la bendición ugandesa es suficiente para levantar, en relación con este país, la vigilancia escrupulosa de la que otros países no han sido objeto. 
La segunda razón consiste en que, en la medida en que en 1998 tendrán lugar otras elecciones en África, esta gran moderación con respecto a países que pasan del partido único al pluripartidismo podrá aplicarse a todos por igual, y que los países francófonos no recibirán peor trato que los países de habla inglesa. 
Presidente, doy las gracias a los estimados diputados por sus valiosas intervenciones. 
Me gustaría empezar con una réplica al debate sobre la clonación humana. 
Es alentador poder constatar que prácticamente todos sin excepción se distancian en este Parlamento de esta práctica y que alertan contra los desarrollos en este campo. 
La Comisión Europea ya se pronunció antes sobre esto y demostró su firmeza para contribuir a la prevención de cualquier desarrollo en este campo. 
Considera la clonación de seres humanos como infrahumano e incompatible con la unicidad humana. 
Esto ha quedado también muy claro en el debate de esta tarde como opinión en el Parlamento. 
No encontrará, por lo tanto, en el programa marco de investigación, el cuarto o el quinto, ningún programa que fomente de alguna forma este tipo de actividades, ni mucho menos que lo financie. 
Nos distanciamos de esto claramente. 
También el grupo de asesores en materia de las implicaciones éticas de la biotécnica se ha pronunciado sobre la clonación humana y la rechaza. 
La Comisión es consciente de que no tiene competencias en el terreno específico de la ética en el marco de los programas de investigación, pero cuando se trata de asuntos éticos, me parece que también la Comisión Europea al menos debe pronunciarse y eso entonces lo volvemos a hacer ahora de forma clara. 
También el Consejo Europeo de junio del año pasado en Amsterdam fue muy claro al respecto y manifestó que debemos distanciarnos de la clonación humana. 
Viendo además lo que hay de las discusiones en esta materia en el ámbito internacional, entonces podemos constatar con aprecio que incluso la cumbre del G8 en Denver de mediados del año pasado se pronunció en contra de la clonación humana. 
Durante el debate de hoy se ha hecho mención del protocolo adicional de una convención del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biotécnica. Un protocolo que mientras tanto ha sido firmado por nueve Estados miembros. 
Sigue siendo de gran importancia, en opinión de la Comisión, que en un contexto internacional más amplio se llegue a una prohibición mundial de la clonación humana. 
Parece que las Naciones Unidas serían el foro más indicado para esto. 
En todo caso, la Comisión intentará estimular cualquier paso en esa dirección. Intentará contribuir a esto. 
La situación en Ingushetia se puede llamar preocupante sin más. 
Seguimos los acontecimientos a través de nuestra delegación en Moscú y a través de nuestros contactos con las Naciones Unidas, la OSCE y otras organizaciones internacionales; además, estamos en contacto con las organizaciones no gubernamentales que están operativas en esa turbulenta región. 
Usted sabe que la ECHO financió los últimos años la ayuda humanitaria a Ingushetia. 
En 1997 " Médicins sans frontières» llevó a cabo un programa de 200.000 ecus. Principalmente para la población desplazada. 
Naturalmente seguimos con estos programas y mantenemos regularmente contacto con el Alto Comisionado para los Refugiados acerca de la situación en el lugar. 
Sólo puedo comunicarles que últimamente la realización de los proyectos humanitarios no se puesto más fácil por la situación a menudo arriesgada para nuestros cooperantes humanitarios. 
La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo sigue acaparando la atención de la Comisión Europea. 
Es positivo que el gobierno del Congo haya dado luz verde para las labores de la comisión de investigación de las Naciones Unidas y que haya creado también una comisión constitucional. 
La Comisión Europea, como apoyo a esta evolución positiva, ha decidido desbloquear determinadas acciones de reconstrucción en beneficio directo para la población. 
Pero estas acciones las llevarán a cabo las organizaciones o empresas no gubernamentales en virtud del contrato firmado con la Comisión. 
En relación con el tema de los aborígenes de Australia, la Comisión parte de la idea de que una eventual realización del proyecto Jabiluka, del que también ha hablado la Sra. Aelvoet, se vincula a una regulación y a unas normas de control rigurosas como pidió, por otra parte, el ministro australiano de Medio Ambiente, el senador Robert Hill. 
El cuidado de la salud de la comunidad local de aborígenes y del medio ambiente es muy importante. 
Como usted sabe, la Comisión comparte las consideraciones del Parlamento Europeo en cuanto a la pena de muerte de la que se ha hablado esta tarde también. 
Ya no estoy hablando de Australia. Hablo de las ejecuciones lamentables que recientemente tuvieron lugar en Corea y por las que se ha cambiado de nuevo la práctica de los últimos dos años en que no se ejecutaban las penas capitales. 
La Comisión manifestará su preocupación en sus contactos con Corea referente al cambio de la política de la república de Corea del Sur. 
Demos paso a China y Tíbet. Me limitaré a las siguientes observaciones, ahora que el Presidente del Consejo mismo también ha señalado claramente cuánta importancia se otorga a una intensificación del diálogo con China, especialmente sobre asuntos como los derechos humanos. 
Es alentador en sí que se haya progresado claramente en unos puntos en los encuentros que tuvieron lugar en la segunda mitad del año pasado tanto a nivel ministerial como a nivel de altos cargos. 
Sabemos mientras tanto que China está preparando la ratificación del convenio de la ONU de derechos sociales y económicos, pero que también está dispuesta a considerar si procederá a la firma del conocido convenio de la ONU de derechos civiles y políticos. 
Aparte de esto, hay una promesa china por la que la Alta Comisaria para los Derechos Humanos, la Sra. Robinson, puede esperarse una invitación para ir a China. 
En cuanto al Tíbet se ha dado también una señal positiva relacionada con la petición de la Unión Europea de mandar a ese país una misión de embajadores, en la primavera de 1998. 
Son todos pasos hacia adelante que indican que el debate y el diálogo sobre los derechos humanos con China no están bloqueados. 
La Unión Europea, apoyada por la Comisión Europea, está firmemente interesada en proseguir por este camino con China. 
Como punto final, la situación en Kenia. 
Uno se puede alegrar de la gran participación en los últimos comicios de Kenia y del hecho que constataron los observadores de que se hubiera expresado la voluntad del pueblo keniata de forma bastante fiable. 
Al mismo tiempo, a nadie se le escapa que se produjeron también algunas irregularidades en las elecciones. 
Pero pese a ello, las elecciones no fueron calificadas como menos representativas según los observadores oficiales. 
Este hecho en sí es positivo entonces. 
Queremos subrayar que la reforma constitucional en Kenia forma ahora un elemento importante y que se ha de iniciar lo más rápidamente posible. 
Es importante que todos los grupos de la sociedad estén representados en este proceso y que tengan lugar las consultas necesarias con todos esos grupos y que se persiga también la transparencia de forma efectiva. 
La importancia de los derechos humanos en nuestras relaciones con Kenia les ha quedado absolutamente clara a sus autoridades y se ha manifestado una y otra vez. 
Estamos de acuerdo con las observaciones, que se han hecho esta tarde, referentes a la necesidad de actuar con fuerza contra la corrupción relativamente extendida en Kenia. 
Esto pesa mucho en relación con la confianza que se debe inspirar en organizaciones financieras internacionales y, por cierto, también en la Unión Europea cuando se trata del apoyo que se ha solicitado para la puesta en marcha y el desarrollo de la economía. 
Es por supuesto una situación profundamente triste que en un país como Kenia la renta per cápita actual sea más baja que hace diez años. 
Eso dice algo sobre la situación de allí. 
Estas han sido las observaciones un poco fragmentarias que he querido hacer en este momento sobre todos estos importantes temas. 
También en vista del tiempo muy limitado a que estaban sometidos los estimados diputados, no quiero hacer más abuso de su condescendencia. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, un nuevo atentado contra la vida ha sido perpretado en la Unión Europea. 
Un ciudadano europeo, comprometido con su pueblo y elegido democráticamente para defender la paz, la libertad, el Estado de Derecho y la tolerancia ha sido ejecutado por los enemigos de la sociedad vasca, por quienes defienden lo contrario: la muerte, el terror, la extorsión y el chantaje. 
José Ignacio Iruretagoyena, casado, padre de dos hijos de muy corta edad, concejal del Ayuntamiento de Zarautz, ha sido vilmente asesinado, víctima de un atentado terrorista de la banda criminal ETA. 
Vaya, en primer lugar, nuestra condolencia a su viuda, a sus huérfanos y a todas las familias de cuantos viven sufriendo la muerte y la opresión de la banda terrorista ETA. 
Este, Señorías, es un problema que no sólo afecta a los vascos o al conjunto de los españoles. 
Esta continuada violación de los derechos humanos fundamentales afecta al conjunto de la Unión Europea y, por eso, este Parlamento vuelve a alzar su voz para resaltar, una vez más, la gravedad de este problema terrorista y su dimensión absolutamente europea. 
Quiero recordar aquí el permanente apoyo y solidaridad que esta Asamblea ha mostrado en relación con este grave problema. 
Recientemente, esta sede ha recibido la visita de la familia del concejal Miguel Angel Blanco, cuyo asesinato por ETA, el pasado mes de julio, llenó las plazas y los pueblos de toda Europa de grandes manifestaciones de repulsa y de apoyo a la paz. 
También recibió a la familia de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, durante su secuestro de más de 500 días. 
El propio Parlamento Europeo se ha desplazado al País Vasco para mostrar allí, ante las instituciones vascas, la dimensión europea de este gravísimo problema, la más flagrante violación de los derechos humanos que vive hoy la Unión. 
No podemos olvidar cómo se agolpan, en estos últimos meses, el secuestro y la liberación de Ortega Lara, o los asesinatos de concejales democráticamente elegidos, como Gregorio Ordóñez, en San Sebastián; 
José Luis Caso, en Rentería; 
José Ignacio Iruretagoyena, en Zarautz; o el fallido atentado contra la concejal de San Sebastián, Elena Azpiroz. 
Mañana se reúne en Vitoria la Mesa de Ajuria-Enea. 
Desde aquí queremos mandar a sus miembros nuestro apoyo incondicional para que sepan encontrar las vías que conduzcan a la pacificación, dentro de los límites que ofrece el Estado de Derecho que tanto combaten los terroristas. 
Esta secuela de sangre y de terror tiene que acabar. 
Señor Presidente, una vez más seres humanos- aunque la razón se resista a llamarlos así- han acabado con la vida de otro ser humano, como parte de su lucha contra la democracia de todos. 
La democracia es el único sistema político y moral capaz de acabar con los terroristas y ellos lo saben bien. 
Sí, desgraciadamente europeos, hijos directos de los tiranos que angustiaron a Europa en este siglo, suprimiendo la vida de los hombres o despreciando su dignidad. 
Los socialistas españoles, señor Presidente, compartimos los sentimientos de dolor, de repudio y también de esperanza que mi colega ha expuesto. 
En este caso los compartimos con la familia y con los paisanos de José Ignacio Iruretagoyena, con los miembros del Partido Popular heridos en su propio cuerpo, con todos los demás partidos democráticos que hemos sentido esta muerte como propia, con los ayuntamientos vascos y con los del resto de España. 
Quien ha representado- como yo- durante muchos años a sus conciudadanos desde un ayuntamiento, imaginamos bien con qué fuerza y con qué generosidad trabajaba Iruretagoyena para solucionar los problemas de todos. 
Compartimos estos problemas con el pueblo vasco y con el resto de los españoles y estamos seguros de que, a través de esta resolución, los vamos a compartir también con nuestros colegas europeos, igual que compartimos con ellos valores contra los que luchan ETA y Herri Batasuma y que forman el alma de Europa, como son el respeto de la vida y la defensa de la libertad. 
Señor Presidente, los actos de terrorismo en España han mostrado en especial en las provincias vascas, que conozco especialmente bien y que son realmente unas de las provincias más bonitas y mejores de España, que una organización terrorista trabaja contra su propio pueblo y asesina a aquellos que lo representan. 
Por ello, creo que para nosotros, como europeos, es importante no solamente mostrar nuestra solidaridad sino hablar al respecto y esperar de nuestros Gobiernos que se inicie una acción internacional que no esté orientada contra el pueblo vasco ni contra el español sino, por el contrario, que defienda a estos pueblos frente a más acciones. 
No debemos olvidar que lo que allí está ocurriendo repercutirá contra nosotros si no encontramos la unidad de todas las fuerzas democráticas y luchamos contra este terrorismo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera sumarme, en nombre de mi Grupo, a las muestras de solidaridad expresadas hacia la familia, compañeros y amigos de José Ignacio Iruretagoyena. 
Estas palabras de condolencia se han convertido- desdichadamente- en habituales, como muestra de solidaridad con las víctimas de la violencia terrorista en Euskadi y expresión de repulsa de la misma. 
Una violencia que usted, señor Presidente, conoce bien por haber presidido la delegación del Parlamento que estuvo en Euskadi y donde pudo comprobar que la violencia terrorista no es un problema local sino un problema europeo. 
Como aquí se ha dicho, la voz de un pueblo no puede ser ahogada por el ruido de las armas. 
Desde este Parlamento, como un representante más de la voz ciudadana, condenamos sin ningún tipo de reservas este atentado y reiteramos nuestro rechazo absoluto a todo tipo de violencia. 
Una vez más y todas las que hagan falta, porque haciéndolo ejercemos el derecho europeo a la libertad, a la democracia, a lo que bajo ninguna presión podemos renunciar. 
Pero nuestra participación no se limita a condenar los atentados en debates como este, pasa por demandar lo acordado en otros Plenos. 
En este Parlamento rechazaremos el diálogo con todos aquellos que colaboren, permitan, susciten y ejecuten actos criminales. 
Porque toda tolerancia con estos atentados criminales ayuda a su repetición. 
Apoyamos la pacificación de Euskadi y apoyamos la pacificación de Europa. 
Porque la pacificación de Euskadi es la pacificación de Europa. 
Señor Presidente, con pertinaz criminalidad, ETA continúa asesinando a aquellos y aquellas que no están de acuerdo con sus objetivos o se oponen a sus métodos. 
Desde hace algunos meses, los representantes locales parecen ser su blanco preferente. 
Que no se espere de nuestro Parlamento la menor indulgencia, la menor comprensión para los asesinos y los verdugos de ETA. 
No hay nada, absolutamente nada, que justifique los crímenes que cometen. 
Ahora bien, una opinión pública y una prensa a veces ambigua, a veces cegada por la pasión, parecen denunciar cada tanto la estrecha colaboración que se ha puesto en marcha entre la policía francesa, la policía autónoma vasca y la policía española. 
En este ámbito es necesario ser particularmente claros y recalcar muy bien las fórmulas. 
Esta cooperación en la persecución y el castigo de los crímenes se reforzará progresivamente. 
¡Qué aquellos cuyas supuestas acciones militares se concretan en disparar una bala en la cabeza de un concejal, desarmado y desprotegido, empiecen a tener cuidado! 
La democracia es frágil, ciertamente, pero en Europa ha logrado hasta ahora ganar todas las batallas contra las tiranías de grupúsculos que intentaban imponer por la fuerza su ideología o su visión del mundo. 
Nuestro Parlamento es y sigue siendo solidario con el pueblo vasco y sus representantes, y no hará concesiones a los enemigos de la libertad. 
Señor Presidente, un joven, José Ignacio Iruretagoyena, ha sido asesinado por la barbarie de ETA. 
Nuevamente, una familia destrozada y un pueblo que lucha por su libertad y quiere la paz, como es el pueblo vasco, ha sido agredido en uno de sus cargos públicos. 
La dictadura franquista no pudo acallar la voz de nuestro pueblo, y tampoco lo van a conseguir los que pretenden suplantar su voluntad mediante la violencia, porque en la historia la voluntad de los pueblos, la libertad y la democracia siempre terminan venciendo sobre las pistolas. 
Y es innegable el apego del pueblo vasco, de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, a estos valores. 
Queremos manifestar la solidaridad a la familia y amigos de Iruretagoyena, y también toda nuestra solidaridad con el Partido Popular, familia política a la que pertenecía el asesinado. 
La lucha contra la violencia, la pacificación, es tarea de todos. 
Por ello, debemos trabajar desde el acuerdo los que creemos en la democracia, desde la unidad, en la medida que sea posible. 
Y aunque los que matan no lo quieran y lo obstaculicen, debemos ir con la fuerza de nuestra palabra convenciendo a los que todavía hoy apoyan a los violentos de que han de incorporarse a la democracia. 
Por ello, pido a la Asamblea que vote «no» al punto quinto de la resolución, que dificulta estas vías e incorpora una visión unilateral y partidista del camino hacia la paz, porque han segado una vida humana- y ello es terriblepero no dejemos que maten la esperanza de todo un pueblo. 
Hagamos posible la paz con las armas que tenemos, sin renunciar a ninguna de ellas: la acción policial, la democracia y también la palabra. 
Presidente, sólo intervengo para sumarme en nombre de la Comisión al espanto, a la indignación y a la condolencia expresada a los familiares del concejal vasco asesinado. Presidente, nos da que pensar. 
También los representantes del pueblo pueden convertirse en víctimas de este tipo de atentados terroristas. 
Es de nuevo un impulso para todos nosotros, para la Comisión, para los Estados miembros, para las instituciones de la Unión Europea para luchar en unión y con solidaridad contra el azote del terrorismo con una fuerza renovada. 
Le doy las gracias, señor Comisario. 
Ustedes permitirán que el Presidente de sesión abandone por una vez su neutralidad, y se asocie plenamente a todo lo que acaba de manifestarse con motivo de este odioso asesinato. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Ayuda comunitaria (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la ayuda comunitaria. 
Señor Presidente, querría dar las gracias y mi enhorabuena a los ponentes y también a los ponentes para opinión, de las Comisiones implicadas en este debate, pues se trata de una discusión importante, que se refiere a aspectos cualitativos de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión Europea. 
Es un debate importante porque la cooperación comunitaria, sumada a la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea, representa ya más del 50 % de la ayuda pública mundial al desarrollo, en la que tienen un papel creciente, aunque a menudo sólo sea en términos relativos, los fondos gestionados en común mediante los instrumentos de la acción comunitaria. 
Ahora, cuando tenemos que definir la eficacia y valorar la cooperación y la ayuda humanitaria, debemos tomar en cuenta algunos rasgos específicos que caracterizan la intervención comunitaria frente a la de los Estados miembros: ante todo, el hecho de que, incluso por iniciativa del Parlamento Europeo, en especial a través del presupuesto, la Comunidad haya llevado adelante una diversificación extraordinaria, en el curso de los últimos años, tanto de los instrumentos de acción como de los interlocutores, que pueden ser oficiales, es decir, el Estado en terceros países, o bien son las organizaciones y las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, las empresas y otras. 
En segundo lugar, una diversificación de objetivos, de extrema importancia, que hoy quizá habrá que volver a considerar y a organizar, pero que de todos modos ha permitido intervenir en distintos temas y en distintos sectores. 
En tercer lugar, es un hecho que la Comunidad, a diferencia de todos los demás donantes bilaterales, trabaja ya en todas las regiones del mundo pero también- y quiero subrayar este dato- el hecho de que a menudo se produce una vinculación con procedimientos decisorios de extrema complejidad, en los que el peso de la comitología, de la intervención y de las presiones a veces excesivas y a veces no positivamente rechazadas por los Estados miembros juega un papel no siempre positivo, y a menudo incluso contradictorio y negativo. 
Por último, está el hecho de que la Comisión y, de manera particular, las Direcciones Generales implicadas en la ayuda internacional dispongan de personal bastante limitado, que además tiende a disminuir. 
En los últimos años se ha producido un proceso de definición de nuevas bases jurídicas, en especial la que versa sobre la ayuda humanitaria, que- creo- resolverá muchas de las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas respecto de la gestión de la ayuda humanitaria en el periodo 1992-1995. 
Se puso en marcha, y aún lo está, un proceso de nueva definición de algunos procedimientos, muy importantes, sobre todo los referidos a los contratos marco de ECHO y a las nuevas condiciones de cofinanciación de las ONGs, y así nació un proceso de reorganización interna en la Comisión y en sus servicios de gestión de los instrumentos de cooperación externa, sobre los que francamente querríamos saber algo más y querríamos ser consultados. 
Es verdad, la eficacia de la ayuda pública al desarrollo es un tema complejo, como se ha reivindicado justamente en las propuestas de resolución, configurado por una red de condiciones internas e internacionales y no sólo por el impacto de cada proyecto aislado y de cada instrumento en sí mismo. 
Lo que en sustancia pedimos, y éstos son los mensajes importantes de este debate, es que haya una mayor integración y coordinación entre la ayuda gestionada directamente por la Comunidad y la de los Estados miembros, que se refuercen y se hagan más independientes las estructuras, tanto internas como externas, encargadas de la valoración y del control de calidad, que se refuerce la capacidad institucional de la Comisión en lo que comparte en el partenariado con las ONG, que se trabaje por un desarrollo de las capacidades de gestión en los países en vías de desarrollo y, sobre todo, que se consulte y se asocie plenamente al Parlamento en el proceso de reorganización interna de la Comisión. 
En lo que se refiere al funcionamiento de ECHO- un dato que proviene de un informe específico -, mi opinión es que se necesita avanzar hacia un fortalecimiento de sus capacidades, y no hacia una dilución de las funciones para las que se creó y que, en lo que respecta a las ONGs, se debe no sólo preservar sino también reforzar de inmediato la aplicación de criterios específicos a sus necesidades y a las características de su acción. 
Señor Presidente, éste es un informe extraordinariamente oportuno, cuando avanzamos hacia el año 2000. 
Se está creando una nueva organización para administrar la ayuda a los países en desarrollo ACP. 
Debo felicitar al Sr. Goerens por la perspicacia que ha demostrado sobre cómo mejorar la eficacia de la ayuda de la Comunidad a las naciones en desarrollo. 
Digo «oportuno» , porque, si miramos atrás y vemos que desde 1975 se ha gastado en ayuda entre 40.000 y 50.000 millones de ecus y, sin embargo, muchos países candidatos están peor hoy que al iniciarse la aplicación del Convenio de Lomé, algo debe de fallar en el sistema. 
Hay muchas razones para ello: inestabilidad de los gobiernos, corrupción y, en muchos casos, países que soportan una carga de la deuda de la que, sencillamente, nunca se recuperarán. 
Así, pues, en un momento en que muchas naciones están reduciendo la ayuda bilateral y en que se limita la financiación de la UE, resulta decisivo que se haga un uso mejor de los fondos disponibles. 
Existe una necesidad real- creo yo- de un planteamiento regional para conseguir una mejor integración de los proyectos a fin de velar por que la ayuda no se estire tanto, que resulte ineficaz. 
Existen muchas formas de utilizar mejor los fondos existentes. 
Tiene que haber una relajación de las normas para permitir a los delegados de la UE en el terreno tener más capacidad para adoptar decisiones. 
Los delegados conocen los problemas y las soluciones en el nivel local sin necesidad de consultar constantemente a Bruselas. 
Los delegados podrían organizar una coordinación mucho mejor de la ayuda bilateral y de la ayuda comunitaria para evitar la duplicación. Con ello mejorarían los efectos- el poder adquisitivo- y se podrían hacer estudios de viabilidad adecuados y detallados y estudios de las repercusiones medioambientales para supervisar la situación más estrechamente. 
Hay muchos casos en que no se ha hecho un estudio de las repercusiones medioambientales, con los consiguientes daños a la ecología de la zona. 
El informe pide también que se aplique el principio de condicionalidad. 
La democracia, el respeto de los derechos humanos y unas normas mínimas de eficiencia y transparencia en la gestión financiera deben ser una condición previa para la concesión de ayuda financiera. 
Las naciones dependientes deben resolver sus problemas financieros mediante el comercio. 
Sólo si los gobiernos son estables y buenos gestores contribuirán los inversores exteriores a crear el medio propicio para el desarrollo industrial. 
Lo lógico es que África sea el siguiente continente para esa clase de desarrollo. 
Muchas naciones en desarrollo no tienen la capacidad en los niveles locales para aplicar importantes programas de desarrollo. Veo una auténtica oportunidad para trasladar a personal desde Europa a fin de que contribuya a esa labor. 
Éste es un informe muy equilibrado y presenta muchas propuestas concretas y espero que la Comisión no se limite a examinarlo, sino que lo ponga en práctica. 
Mi Grupo apoya plenamente este informe. 
Señor Presidente, como siempre, el Sr. Goerens ha presentado un informe muy bueno, bien pensado y lleno de ideas. 
Además es actual ya que nos encontramos ante una nueva organización de la política de desarrollo. 
Pero ¿de qué nos sirven tales buenos informes si las condiciones marco de esta política no son las adecuadas? 
Estamos confrontados al hecho de que cada vez tenemos más catástrofes, más hambrunas, más catástrofes naturales; cada vez es más urgente una política de desarrollo. 
A pesar de ello, en esta Asamblea nos encontramos ante la situación de que todos los años tenemos que luchar en el marco del procedimiento presupuestario para que no se reduzcan los créditos sino que al menos alcancen el nivel del año anterior. 
Además, todos los años existe escasez de personal en la Comisión. 
Cuando hace dos años fui ponente, la Comisión prometió colocar más personal dentro de la DG VIII para las ONG. 
Creo que precisamente para la política de desarrollo y de cara a la eficiencia, el trabajo de las ONG es fundamental. 
Tienen un efecto multiplicador, conocen muy bien las circunstancias y están establecidas in situ. 
Pero hay demasiado poco personal para poder trabajar realmente con eficacia. 
Acabo de recibir de Alemania de la campaña farmacéutica una carta repleta de lamentaciones. 
Han tenido que suprimir tres puestos porque no ha venido el dinero de la Comisión. 
Algo similar ocurre con Mozambique, ahora este fin de semana un acto cultural o la próxima en Fráncfort. 
Tampoco sirve de nada sacar personal en los Estados a los que llega una ayuda. 
Creo que la Comisión debe organizarlo ella misma. 
Se trata de una ayuda europea al desarrollo y espero que en los próximos años esto cambie, que seamos realmente eficaces, independientemente del marco político. 
Espero que las deudas dejen de obligar arrodillarse a los países del Tercer Mundo, si bien debo indicar en este contexto que la política financiera mundial que vemos en el Sudeste asiático hace el mercado cada vez más brutal, lo que provoca catástrofes naturales y hambrunas. 
Señor Presidente, no haré gala de excesiva originalidad, ya que yo también desearía felicitar a nuestro ponente por su excelente trabajo, extremadamente completo, y manifestar que el Grupo de Coalición Radical Europea comparte totalmente su punto de vista sobre la inscripción del FED en el presupuesto; sobre la mejora de la visibilidad de la ayuda europea y su interés político; sobre la coherencia interna aún insuficiente entre los instrumentos y los distintos tipos de acción, y los diferentes ámbitos de nuestras intervenciones; sobre una mejor complementariedad, finalmente, entre la política de ayuda al desarrollo y las demás políticas europeas. 
Nosotros estamos plenamente de acuerdo, en todos estos puntos, con el informe y con la propuesta de resolución. 
En cambio- y ya he expresado esta preocupación durante el examen del informe que había elaborado nuestro colega, el Sr. McGowan, sobre una cuestión similar -, considero que hoy urge mejorar la complementariedad entre la ayuda europea y las ayudas nacionales. 
Lo prioritario, lo verdaderamente urgente, en nuestra opinión, es renunciar al neocolonialismo, que a menudo se esconde detrás de las cooperaciones bilaterales, y avanzar decididamente hacia la comunitarización total de la política de desarrollo. 
Nosotros estamos aquí mayoritariamente interesados en que nuestra Unión progrese desde el punto de vista institucional y en una integración siempre más avanzada de los grandes ámbitos de la acción pública. 
Por otra parte, la Unión está siempre a la búsqueda de una verdadera política exterior y no logra expresarse con una sola voz sobre las grandes cuestiones que interesan a la sociedad internacional. 
Ahora bien, con la ayuda al desarrollo se nos abre un campo inmenso en el que el proyecto político de una Europa basada en los valores comunes del humanismo podría encontrar por fin una dimensión concreta. 
Más allá de las divergencias históricas y culturales- casi anecdóticas- o de los cálculos erróneos de un enfoque a corto plazo, los europeos no tienen ninguna oposición de intereses en la materia. 
Desearía, además, insistir en ello como diputado francés, y felicitarme al mismo tiempo de que nuestro Presidente de sesión sea hoy un antiguo ministro francés de cooperación. 
Desearía insistir en ello como diputado francés, ya que es preciso reconocer que la comunitarización de la ayuda al desarrollo está a mil leguas de las costumbres, de la práctica actual y de la doctrina, incluso renovada, de Francia. 
Sin embargo, creo que Francia, tomada aquí como un simple ejemplo, tendría todo por ganar poniendo en el pozo común de una ayuda europea su experiencia y sus medios de cooperación, para volver a dotarlos de una dimensión significativa. 
Existen mil argumentos humanitarios, financieros, en favor de este análisis. 
Pero si sólo me quedara uno, elegiría, para volverlo del revés, el del cinismo, al que generalmente se alude. 
¿Cuál es el interés nacional desde el punto de vista de la influencia política o de la contrapartida económica? 
Creo que, si no es rápidamente sustituida por la de la Unión Europea, la influencia francesa desaparecerá detrás de la de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo han demostrado varias crisis recientes. 
Entonces, aun cuando mi punto de vista pueda parecer hoy ligeramente utópico- tengo conciencia de ello -, manifiesto muy enérgicamente a los dirigentes franceses: por su propio interés, Francia debe renunciar por fin a su insignificante política bilateral, para entrar en una vasta empresa europea de ayuda al desarrollo. 
Señor Presidente, dentro de los necesarios esfuerzos por hacer la ayuda comunitaria más efectiva la palabra clave debe ser optimizar al mismo tiempo que los malos ejemplos de la falta de efectividad no deben provocar reducciones en esta ayuda. 
Lamentablemente hay muchas fuerzas que aspiran a ello. 
Aplaudo muchas de las propuestas del Sr. Goerens. 
La transición al análisis específico por sector implica un enfoque necesario por medio del cual también las prioridades de los países beneficiarios resultan más claras. 
Además, existe la imperiosa necesidad de buenas investigaciones preliminares, una mayor involución de las ONGs y de los países beneficiarios y mejoras en la capacidad de los países beneficiarios. 
Los problemas de la Comisión con respecto a la falta de personal no deben ser tampoco puestos en duda. 
La coherencia de las políticas comunitarias y la coordinación entre los Estados miembros impulsan también la efectividad. 
La coordinación es provechosa, sin embargo, la palabra cooperación no suena bien. 
La ayuda comunitaria debe ser un suplemento a la ayuda de los Estados miembros, aunque también posee tenga sus características propias. 
La redacción en el punto 5 no es por ello afortunada. 
Las necesidades evaluadoras son demasiado diferentes, y los Estados miembros no deben por ello someterse a los métodos comunitarios, aunque una aproximación sea lógica. 
He de oponerme también a la idea de separar la toma de decisiones política de las tareas de gestión del proyecto. 
Los problemas en la organización han de ser solucionados de otra manera, como ya se ha empezado. 
Aunque no sea de hecho portavoz de los comités, estoy convencida de que los comités de gestión del Consejo apenas tienen que ver con los retrasos en la puesta en práctica. 
Los retrasos se deben por el contrario a los largos procedimientos de la Comisión. 
Al contrario, estos comités de gestión representan un control de calidad. 
Difícilmente habrían sido llevadas a cabo en el volumen actual mejoras en cuanto al aspecto medioambiental y de género, de no haber sido por la presión constante de los Estados miembros en estos comités y de este Parlamento. 
Además, la referencia a la ayuda alimenticia en el punto 7 es desafortunada, considerando que la evaluación de ésta era extremadamente crítica y conduce a que esta forma de ayuda se limite. 
Señor Presidente, éste es un informe muy amplio y hay muchos elementos en él con los que podemos estar de acuerdo, entre ellos la necesidad de una evaluación comparativa entre los proyectos de desarrollo de la UE y los de los Estados miembros por separado, nuestra petición de antiguo de que se incluya el FED en el presupuesto general y la necesidad de hacer públicos los numerosos logros de los programas europeos de ayuda. 
Una omisión, a la que se ha referido el Sr. Vecchi, es el funcionamiento oneroso, despilfarrador, hermético y lentísimo de los procedimientos de comitología, que en lugar de aumentar la calidad de nuestra ayuda, la reducen sin lugar a dudas. 
Sin embargo, permítaseme centrarme en dos aspectos del informe. 
Primero, hemos de entender las incoherencias de los programas europeos de desarrollo por la distribución geográfica de los cometidos dentro de la Comisión. 
Ya se trate de un proyecto en el Cuerno de África, las montañas del Nepal o la selva brasileña, toda nuestra ayuda debe observar un criterio común coherente con las normas reconocidas en materia de derechos humanos. 
Entre esos principios figuran la debida diligencia, la no discriminación, la conveniencia, la participación y la rendición de cuentas. 
Cuando se producen fallos, es necesario corregirlos. 
Pido al Comisario que considere hasta qué punto los acuerdos existentes le permiten confiar en que se cumplan dichas normas en todos los casos. 
Segundo, estoy de acuerdo con muchos colegas que han señalado el problema crónico de la escasez de personal de la Comisión. En vista de ello, su personal se dedica a las extrañamente llamadas operaciones de «relleno» , centradas en grandes proyectos para alcanzar las metas presupuestarias y prestando demasiado poca atención a la calidad. 
El año pasado una tercera parte de los puestos superiores de gestión de la DG IB, encargados de Asia y América Latina, permanecían vacantes; el 40 % del personal de la DG I, la IA y la IB tiene contrato temporal, mientras que gran número de tareas básicas corren a cargo de consultores externos. 
Gran Bretaña y Alemania emplean más del doble de personal, libra por libra, marco por marco, para gestionar sus programas de ayuda. 
Mientras los Estados miembros no acuerden conjuntamente una solución para el problema de la dotación de personal en la Comisión, las resoluciones en pro de la calidad de la ayuda contribuirán a ella tan poco como el papel en el que están impresas. 
Señor Presidente, el informe Goerens trata sobre todo de medidas que la Unión Europea puede tomar para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
Con las medidas propuestas en sí podemos estar de acuerdo, pero en el Libro Verde de la Comisión Europea se señala que la causa del bajo rendimiento hay que buscarla en primer lugar en los países mismos en vías de desarrollo. 
Si ese análisis de la Comisión es correcto, entonces los estudios de viabilidad y evaluaciones de impacto en la Unión no mejorarán la eficacia de la ayuda sino que, en primer lugar, habrá que tomar medidas en los países mismos en vías de desarrollo. 
En mi opinión, se hace insuficientemente eco de esta idea en el informe Goerens. 
La defensa, en el informe Fabra Vallés, de una mejor armonización de la ayuda humanitaria de urgencia de Europa con la de los Estados miembros la suscribo. 
La Comisión Europea puede desempeñar un papel de coordinador en ello. 
Pero no tengo necesidad de una Carta con los principios generales de la política de la cooperación al desarrollo, como tiene ideado el ponente. 
Sobre todo cuando se trata más de la ayuda estructural al desarrollo, se debe dar prioridad a los programas de ayuda de los Estados miembros. 
Muchos países europeos tienen unas relaciones especiales con determinados países en vías de desarrollo. La Unión debe respetar esos vínculos especiales. 
En relación con esto es llamativo que en el informe Fabra Vallés se eche la culpa de la deficiente cooperación a los Estados miembros unilateralmente. 
Estos harían un uso insuficiente de la experiencia de los servicios de la Comisión. 
Puede que así sea, ¿pero no podemos con el mismo derecho poner el asunto al revés? ¿Ha hecho la Comisión suficiente uso del conocimiento y de la experiencia de los Estados miembros? 
Me parece que los Estados miembros, por sus relaciones durante años con determinados países en desarrollo, han acumulado un caudal de experiencias, de las que una oficina como ECHO, que con sus seis años de funcionamiento acaba de nacer, puede aprender todavía mucho. 
Señor Presidente, voy a referirme sólo al informe Fabra Vallés, como miembro que soy de la Comisión de Control Presupuestario. 
En primer lugar, quisiera recordar al Parlamento que este informe versa sobre la necesidad de velar por que se gasten de la mejor forma posible los fondos de la Unión Europea. 
La Comisión de Control Presupuestario no pretende en absoluto usurpar el papel de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Al fin y al cabo, el informe es la respuesta de la Comisión de Control Presupuestario al informe especial del Tribunal de Cuentas. 
Algunos dirán que se trata simplemente de que la comisión se pone de parte del Tribunal de Cuentas y contra la Comisión. 
No es así. Es un intento serio de infundir cierto sentido común a un sistema muy complicado. 
El sistema tiene muchos aspectos válidos que debemos elogiar y así lo hacemos en la explicación de motivos. 
Pero, a juicio de nuestra comisión, aún tiene fallos. 
El informe Fabra Vallés es un intento de conjuntar mejor los conocimientos especializados, la experiencia y los procedimiento óptimos no sólo de la Unión Europea, sino también de los Estados miembros para substituir los actuales dieciséis sistemas diferentes y descoordinados. 
No olvidemos que estamos hablando de ayuda humanitaria, no de la ayuda total para el desarrollo. 
Cuando hablamos de ayuda humanitaria, recuerdo cuando estuve en Addis Abeba antes de la caída del régimen de Megistu. 
Era una época en que Etiopía era el centro de la atención mundial por diversas razones. 
Un funcionario superior etíope me dijo: » Lo malo de ustedes, los europeos, es que sus intereses creados parecen ser su prioridad. 
No nos consultan lo que queremos en realidad. 
Procuran que las que quieren darnos sean las cosas que necesitamos». Y me puso un ejemplo. 
«Cuando necesitábamos medios de transporte para trasladar alimentos y agua, los Estados miembros de la Unión fueron muy buenos con nosotros. 
Los alemanes nos dieron camiones Mercedes Benz. 
Los franceses nos dieron camiones Renault. 
Los italianos nos dieron camiones Fiat. 
Y los británicos nos dieron camiones Leyland. 
Lo que no nos dieron fue formación para nuestros mecánicos y piezas de recambio. 
Teníamos una flota de camiones, todos ellos diferentes, y muchos de ellos nos resultaban inutilizables». 
También dijo: » El día en que Bob Geldorf acudió a Addis Abeba en un camión que encabezaba su convoy con ayuda alimentaria, se me cayó el alma a los pies. 
Miré el camión en el que iba sentado y pensé: 'Ése es otro que no teníamos'». 
Esa anécdota verdadera dice mucho sobre la falta de coordinación y cooperación entre los Estados miembros y la Unión. Eso es lo que el informe Fabra Vallés reconoce. 
Resulta comprensible por qué hacen eso los Estados miembros. Tienen efectivamente intereses creados. 
Pero, a fin de cuentas, ése no es el mejor método para la ayuda humanitaria. 
Sé que va a ser necesario un inmenso esfuerzo para lograr cambios, pero eso es lo que pretende el informe. 
No es un ataque contra la Comisión en sí: eso debe quedar claro. 
Más que nada, es un intento de hacer comprender a los Estados miembros que la subsidiariedad no siempre consiste en descender de nivel, sino en hacer las cosas en el nivel idóneo. 
En el caso de la ayuda humanitaria, la subsidiariedad puede significar perfectamente subir de nivel y hacer la coordinación en el nivel comunitario en lugar de que los Estados miembros intenten hacerlo por delegación. 
Lo que me preocupa es que, cuando hayamos votado sobre este informe, se quede en un estante muerto de risa. 
Por eso, pido a la Comisión que ponga en práctica este informe, en particular los párrafos 4 y 7, en los que pedimos medidas concretas de la Comisión. 
Quiere decir que es necesaria una declaración política para adoptar medidas reales, no simplemente presentar un reglamento, sino empezar a hacer algo. 
Si podemos lograr una organización correcta entre los Estados miembros y la Comisión, imagínense Sus Señorías lo que podríamos hacer con todo ese dinero. Se gastaría muchísimo mejor. 
Presidente, en este debate sobre la eficacia de la ayuda de la Unión Europea a los países en vías de desarrollo y sobre la necesidad de una ayuda complementaria a los países en vías de desarrollo con fuertes deudas, debemos constatar, para empezar, que esos temas tienen mucho que ver entre ellos. 
Es decir, los países pobres que sufren unas insoportables deudas elevadas y que por eso tienen que dedicar una parte demasiado alta de su presupuesto anual al pago de los intereses, se quedan con demasiado poco dinero para su propia política, empobrecen y dependen por eso cada vez más de la ayuda al desarrollo, de la Unión entre otras. 
Es, por lo tanto, un asunto muy bueno que la Unión colabore con la iniciativa del Banco Mundial y el FMI para aliviar las deudas. 
Este es el primer punto que quiero mencionar. 
Por otra parte, sí me parece importante en este marco que se llegue a acuerdos con los países para evitar que se vuelvan a endeudar fuertemente o para evitar que los países aumenten las deudas con la esperanza de que tarde o temprano se condonen. 
Me gustaría saber del Comisario si se dan esas garantías. 
Presidente, mis observaciones referente al informe Goerens las quiero hacer sobre todo acerca de la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
Estoy convencida de que aquí no se puede hacer una historia en la que todo sea en blanco o negro. 
La realidad es que en algunos casos la ayuda ha funcionado de manera positiva y en otros casos no, y que ni con mucho es siempre una cuestión de la calidad de la ayuda sino que también otros factores juegan un papel determinante como los desastres naturales, la mala gestión, la desestabilización política o las guerras. 
Eso no quita el hecho de que siempre es bueno incrementar al máximo la eficacia de la ayuda y por eso los siguientes cinco puntos nos parecen importantes. 
No habrá que lanzar la ayuda en paracaídas. 
Tiene que conectar, y en este aspecto me sumo a uno de los anteriores oradores, con el carácter y las circunstancias del país correspondiente y la implicación de la población ha de ser máxima. 
Si no, se crean los llamados elefantes blancos. Esos son proyectos que están en algún lugar y que ya no se utilizan nunca. 
Los donantes deben coordinar bien los programas de ayuda para que haya un apoyo mutuo y que cada uno no trabaje por su lado. 
La multitud de programas de las ONG de los diversos países occidentales, del Banco Mundial, del FMI, de la ONU, dan una imagen a veces tan caótica de cada país que no es de sorprender que el efecto común no sea eficaz y una armonización a nivel de la UE, entonces, resulte extraordinariamente importante. 
Una gestión buena y democrática respetando las minorías y los derechos humanos es también una condición para incrementar la eficacia de la ayuda. 
Si esto no se cumple, habrá que tener también el coraje de suspender la ayuda. 
Esto no significa que no se pueda dar ayuda humanitaria, pero lo que es la ayuda al desarrollo simplemente ya no se puede dar. 
La ayuda debe estimular a la gente para que emprenda las cosas por si misma y no debe funcionar como una adicción. 
En unos países el exceso de ayuda ha sido realmente desastroso. 
Pensemos en un país como Zambia que dependía por tres cuartos de la ayuda al desarrollo. 
Como punto final, un país que recibe ayuda al desarrollo debe estar abierto a los principios de una economía social de mercado. No para imponer a un país una ideología, pero sí para ayudar al país a elegir un rumbo positivo en un mundo de globalización. 
Presidente, he aquí unos elementos para reforzar la eficacia, y si estos se recogen en una Carta o en otra regulación, no nos parece tan importante. 
Nos parece importante que estos principios se plasmen en la política. 
Agradecemos el informe Goerens y queremos desear suerte al Comisario Pinheiro con la ejecución de esta política pero pido al Señor Van den Broek que comunique estas observaciones al Sr. Pinheiro. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en un documento de trabajo de nuestra Comisión de Presupuestos sobre SEM 2000 presentado hace poco, nuestro colega Colom i Naval constata que las financiaciones directas de la Comisión Europea deberían ser un ejemplo de transparencia, corrección y eficiencia. 
Lamentablemente, con frecuencia no es así. 
En relación con el informe de nuestro colega Fabra Vallés, que me parece muy bueno, quiero indicar que siempre constatamos esto en nuestros informes sobre los programas de ayuda de política exterior. 
Cuando uno lee el informe Fabra Vallés, se podría aplicar perfectamente la conclusión de nuestra colega Hoff, que dice lo siguiente sobre los problemas en el campo del programa TACIS: mala coordinación y división poco clara de las responsabilidades entre la Comisión, las organizaciones de ayuda extranjeras, las empresas de asesoramiento, los contratantes y las organizaciones interlocutoras ucranianas. 
Todo esto coincide en gran medida con la crítica del Tribunal de Cuentas al programa ECHO o al programa de ayuda de la Unión, si se deja de lado el adjetivo " ucraniano». 
Me parece muy lamentable pues siempre llamamos la atención de la Comisión sobre estos problemas. 
En el diario " Frankfurter Allgemeinen» el día 14 de enero se pudo leer exactamente lo mismo sobre la valoración de los programas de ayuda de la UE en Bosnia, donde sabemos que ha ido a parar una gran parte de nuestra ayuda destinada a la ex Yugoslavia. 
Cito: la valoración de los programas de ayuda de la UE alcanzaba desde no buena, pasando por lamentable hasta peligrosa. 
Esta es la valoración que la opinión pública presenta a nuestras conciudadanas y conciudadanos por nuestro trabajo de ayuda que, por su importe, es tan fantástica. 
Por ello, ruego que la Comisión se ocupe por fin decididamente del apartado 16 del ponente, en el que se exige la creación de una unidad central que se haga cargo dentro de la Comisión de dirigir y evaluar los programas de desarrollo y de ayuda, inclusive ECHO, MEDA, PHARE y TACIS. 
Aquí se incluye que se analice con detalle el apartado 14 en el que nuestro colega Fabra Vallés constata que hay que acabar por fin con el reclutamiento directo de personas, si se sabe que en parte existen unas relaciones muy estrechas entre los servicios afectados y determinadas organizaciones de ayuda. 
Ustedes saben que uno de cada tres ecus que se gasta a través de organizaciones no gubernamentales, se tramita a través de organizaciones de ayuda francesas. 
Si se colocan las cosas en este contexto, sería una aportación a la transparencia y a una ejecución con éxito de estos programas de ayuda seguir en este punto a nuestra apreciada ponente. 
Presidente, me gustaría felicitar a los ponentes Fabra Vallés y Goerens por sus presentes informes. 
Permítame primero entrar en detalle en el informe del Sr. Fabra Vallés y a continuación en el informe Goerens. 
No solamente quiero agradecer al ponente y a la ponente para opinión la Sra. Carlotti por este informe, sino también quiero expresar mi aprecio por la contribución constructiva de los miembros de las comisiones parlamentarias implicadas en relación con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su informe sobre la ayuda humanitaria en el período 1992-1995. 
Los distintos intercambios de opinión tan constructivos han contribuido, por la aportación de ideas, al enriquecimiento de la discusión sobre el futuro de la ayuda humanitaria. 
La Comisión comparte la mayoría de las conclusiones que están redactadas en la propuesta de resolución y sobre todo la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes agentes en el ámbito de la ayuda humanitaria incluyendo los Estados miembros. También por la importancia de proveer de un marco propio a los expertos en este campo por su importante papel coordinador y controlador. 
Con miras a esto, la Comisión está ocupada en la elaboración de un marco de referencia en forma de un manual. 
El siguiente punto es la conveniencia de proveer a la ayuda humanitaria de una base jurídica de derecho primario. La Comisión lamenta que el Tratado de Amsterdam no haya podido incluir estas medidas específicas en un dominio tan importante como el de las relaciones internacionales de la Unión. 
Pasamos ahora a la necesidad de desarrollar relaciones estratégicas sobre todo en el caso de grandes crisis humanitarias con los otros agentes en el terreno de la ayuda humanitaria, tanto gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales y también las agencias de la ONU. 
Quiero señalar que la Comisión está trabajando actualmente en la definición de una nueva asociación efectiva para mejorar al máximo los resultados de las operaciones humanitarias. 
Además, la Comisión investiga las posibilidades de evaluar mejor los efectos de las acciones humanitarias. 
Pero permítame entrar en detalle en dos recomendaciones de la propuesta de resolución en las que la Comisión no comparte la opinión del Parlamento Europeo. 
La elaboración de una Carta humanitaria para definir las orientaciones y los principios de la política humanitaria de la Unión, no nos parece necesaria. 
El decreto del Consejo de 20 de junio de 1996, pero también la comunicación de la Comisión sobre la relación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo cubren esta laguna, pensábamos, y constituye un marco jurídico claro. Creo también que la Sra. Carlotti, la ponente para opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, también comparte de hecho la opinión de la Comisión. 
Por otra parte, cuando el Tribunal de Cuentas redactó su informe, todavía no se daba el caso, es decir, la cuestión de la comunicación de la Comisión sobre la relación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo. De ahí que en ese informe no se pudo entrar en detalle al respecto. 
En cuanto a la creación de una unidad central en la Comisión encargada de la evaluación de los programas de ayuda externos, ECHO, MEDA, PHARE y TACIS, quiero señalar que la Comisión decidió el pasado 15 de octubre crear una nueva estructura para la gestión y la evaluación de estos programas. 
La participación de la oficina humanitaria en esta nueva estructura estará limitada por el carácter específico de la ayuda humanitaria, las circunstancias urgentes y los procedimientos especiales para la ejecución de esos proyectos. 
Finalmente, la Comisión mantendrá al Parlamento Europeo al tanto del debate que se hará dentro de poco sobre la ayuda humanitaria en vistas del año 2000, de modo que esta institución estará al corriente de los temas de interés común que requieren una atención especial como la seguridad del personal humanitario o la ética humanitaria. 
Ni que decir tiene que la Comisión seguirá informando al Parlamento sobre las actividades emprendidas tanto en relación con las operaciones y los agentes responsables como las evaluaciones de los resultados. 
En este aspecto, la Comisión cree poder presentar en breve el informe del año 1997 a la comisión parlamentaria competente para hacer el balance y reflexionar juntos sobre las orientaciones generales para el año que viene. 
Me gustaría añadir dos observaciones al respecto. 
En primer lugar, los diferentes diputados han hablado de la situación del personal dentro de la Comisión y sobre todo de los que están encargados de la elaboración y ejecución de programas de ayuda. 
Esta es una discusión que vuelve año tras año y en los informes del Tribunal de Cuentas podemos leer la observación año tras año de que si no se hace nada respecto a la situación del personal, se sentirán sin duda obligados a repetir de nuevo la misma observación el año que viene. 
Es verdad. 
Si se hace una comparación entre el número de colaboradores que están a disposición de algunos Estados miembros y también de otras organizaciones internacionales encargados de la ayuda humanitaria, si se compara esto con la Comisión, llegamos a una relación de tres a uno, cuatro a uno en que la Comisión está en desventaja. El ejemplo de Alemania, que tiene 5, 7 colaboradores por cada gasto de diez millones de dólares cuando nosotros tenemos 2, 7. 
Podemos quejarnos de ello. 
A continuación podemos decir que todo el sistema de la contratación de expertos con contratos de tres años fomenta, naturalmente, el movimiento de los colaboradores y cosas por el estilo. 
Ni siquiera estamos autorizados a prorrogar esos contratos, por lo tanto y con otras palabras, el know-how se pierde rápidamente. 
Al mismo tiempo se nos impone claramente una limitación cuando se trata de ampliar la plantilla fija de colaboradores dentro de la Comisión. 
Yo diría: habrá que hacer de la necesidad una virtud. Intentemos, por lo tanto, hacer el trabajo lo mejor posible con la plantilla de la que disponemos y no nos quejemos demasiado de la falta de personal. 
No se puede hacer mucho al respecto. Pero sí se puede ser crítico cuando se trata de contratar al personal y de su calidad. 
La segunda observación antes de abordar el informe del Sr. Goerens, tiene que ver con el denominado enfoque de programas por el que se ha abogado. 
La Comisión comparte en principio la opinión de que sería oportuno optar por un enfoque más global y sobre todo en los casos en que se trata de crisis que por su envergadura y también por su complejidad tienen un carácter más duradero y en los que no se trata tanto de una intervención ad hoc, sino de una intervención más estructural. 
A pesar de todo, la Comisión opina que este enfoque individual de los proyectos, sigue teniendo prioridad sobre todo en el ámbito de las crisis que siguen después de unos desastres naturales o de epidemias repentinas,. 
O sea, dicho de otra forma, no se excluye el enfoque global pero en la mayoría de los casos se dará prioridad a un enfoque por proyecto y menos, digamos, al enfoque programático. 
He anotado otra observación sobre una queja de que a determinadas organizaciones no gubernamentales de un Estado miembro determinado se les facilitaba en menor grado la participación en la realización de programas que a otras. 
Déjemelo decir bien y breve: yo mismo tengo esa experiencia con este tipo de observaciones que se hacen cuando se trata de los programas de ayuda TACIS y PHARE. 
No puedo sino decir que la eficacia y la calidad de la realización tienen que ser determinantes a la hora de la adjudicación de los proyectos de ayuda. 
En este aspecto, creo que, en beneficio de todos, éste debe seguir siendo el punto de partida. 
Si los Estados miembros, cuyas ONG o empresas están menos familiarizadas con una región o con los países donde tiene lugar la realización, puntúan por esta circunstancia, digamos, un poco menos en la licitación de proyectos, entonces se puede hacer algo en relación a este atraso por medio de " workshops» o información por parte de la Comisión. 
Pero, por lo que se refiere a esto, siempre estoy dispuesto a mantener una discusión abierta y no estoy muy convencido de que estas quejas, que se expresan siempre en este punto, sean tan justas y fundamentadas. 
Pasamos a la propuesta de resolución del Sr. Goerens y su informe. 
La Comisión se alegra de la propuesta de resolución en la que, tal como se hace en el informe, se subraya la necesidad de mejorar continuamente la eficacia y " efficiency» de nuestros programas de ayuda. 
Esta necesidad se ha reconocido desde hace mucho y se han llevado a cabo muchos estudios para comprobar la eficacia de la ayuda. De estos se desprende claramente que la ayuda es eficaz cuando tiene como objetivo apoyar una buena política de desarrollo y no sustituir tal política. 
También se ha hecho esta tarde esa observación y con razón. 
La ayuda no puede ocupar el lugar de una gestión económica sana, no puede ocupar el lugar del respeto de los derechos humanos y de una democracia libre. 
Los flujos de ayuda sólo pueden ser eficaces si nuestros países asociados se encargan del marco económico, social y político correcto para el desarrollo. 
A lo largo de los años hemos progresado lentamente en la integración de este principio en nuestros procedimientos de programación. 
Ya en Lomé III se introdujo la concentración de la ayuda programable en un número reducido de ámbitos o sectores. 
Este principio se ha seguido cada vez más en el último decenio. 
En los últimos años, los procedimientos para la elaboración y evaluación de las actividades financiadas por nosotros se han hecho más detallados, pero también más sistemáticos. 
La propuesta de resolución aquí presente, remite por lo tanto, en mi opinión con razón, al uso de un marco lógico en todas las fases del ciclo del proyecto. 
La propuesta de resolución subraya también determinados temas que van a desempeñar un papel cada vez más importante en nuestra política de ayudas y en la metodología de la elaboración de los proyectos. 
Dentro de la Dirección General VIII se ha creado un grupo de fomento de la calidad que se encarga de que las propuestas de financiación presentadas coincidan completamente con dicha política. 
La propuesta de resolución constata que las actividades de la Comisión se ven limitadas en importante medida por la falta de personal. 
Ya estamos con el mismo tema. 
Europa puede tener voz propia y puede jugar un papel importante en el debate internacional sobre la eficacia de la ayuda. Sin embargo, sí debemos contar entonces con suficiente personal para poder dar cuerpo a dicho papel. 
He hecho antes unas observaciones al respecto pero también he señalado las limitaciones. 
Después de las discusiones con los Estados miembros en 1995, ahora se llevan a cabo unas evaluaciones detalladas de todas nuestras actividades de cooperación en el mundo con el mundo más pobre. 
En la mayoría de los casos la fase preparativa ha terminado y el trabajo sobre el terreno está en proyecto. 
Probablemente, los resultados estarán disponibles al final de este año. 
La nueva estructura de los programas de ayuda externos jugará también aquí un papel esencial en un futuro próximo, como ya he observado antes cuando hablábamos del informe Fabra Vallés. 
Como ya se señaló en el informe Fabra Vallés, quiero volver a subrayar la importancia de una coordinación intensiva entre los donantes pero sobre todo entre los Estados miembros y la Comisión. 
Me temo que esta coordinación, y lo digo también con motivo de las observaciones del Sr. Blokland, va demasiado a menudo en una única dirección, en la que el flujo informativo va de la Comisión hacia los Estados miembros. 
Deberíamos ser capaces dentro de la Unión Europea de mejorar la cooperación mutua, no solamente para mostrar un perfil político más claro a nuestros países asociados, sino también para incrementar el rendimiento de nuestra ayuda. 
Para terminar, Presidente, quiero abordar la observación que se ha hecho especialmente sobre la prestación de ayuda a la antigua Yugoslavia. Efectivamente, es realmente una historia aparte. 
No entraré en detalle pero en vistas de que el " Frankfurter Algemeinne» ha conseguido de mis servicios un informe de evaluación interno y también un informe que habíamos encargado a la consultora Bereschot, quiero decir que ya durante el último semestre hemos estado ocupados, también en parte con motivo de las discusiones que hemos tenido con el Parlamento pero también con otros donantes, en analizar cómo podemos mejorar la ayuda y hacerla más eficaz, en especial a la reconstrucción de Yugoslavia. 
Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de los retrasos que se hayan producido como consecuencia de la organización de nuestro propio trabajo. 
Al mismo tiempo, quiero pedir comprensión por el hecho de que en Bosnia dependamos naturalmente en gran medida de la colaboración de las autoridades de allí. 
Y eso es todo un decir. 
Los meses que tuvimos que esperar para el permiso, la aprobación, la firma de " memorandums» o acuerdos con las autoridades de allí han sido múltiples. 
A pesar de todo, ahora hemos reforzado nuestra delegación en Sarajevo, hemos vuelto a examinar nuestra organización en Bruselas, tenemos preparada una propuesta que se mandará la semana que viene al Consejo, y en la que por cierto se le pide también su colaboración más adelante, para flexibilizar sobre todo el decreto relacionado con la ayuda a la reconstrucción por lo cual vamos a tener más posibilidades de trabajar con más rapidez. Porque no olviden una cosa. 
Trabajamos basándonos en decretos jurídicos que en realidad están fijados por el Consejo y que también contienen un montón de elementos que, por una parte, quieren garantizar una transparencia absoluta hacia los Estados miembros pero que, al mismo tiempo, contienen unos procedimientos muy largos. 
Este también es un elemento a tener en cuenta en la lentitud de la realización de la ayuda. 
Como punto final, le prometo a la Sra. Maij que le deseará al Sr. Pinheiro la necesaria fuerza para que lleve a cabo sus programas, sobre todo para los países ACP. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.15 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre el orden del día. 
Ayer el orden del día decía bien claro que, después del debate de urgencia, la votación empezaba a las 17.30 horas. 
Puesto que ahora los diputados van a ser electrónicamente identificados a partir de febrero, sugeriría encarecidamente que nuestra Asamblea intente imponer cierta disciplina en el turno de votaciones. 
Muchos diputados tuvieron que irse ayer a las seis de la tarde cuando la votación debiera haber finalizado. 
Por lo tanto, yo pediría que en el futuro empecemos a intentar mantener cierta disciplina en lo que se refiere al tiempo. 
Muchas gracias, señor Sturdy, pero su observación no se refiere al Acta. 
No obstante, tomamos nota de la observación y la transmitiremos a la Mesa. 
Señor Presidente, mi nombre no aparece en la lista de diputados que asistieron ayer, aunque sí aparezco en todas las listas de resultados de las votaciones. 
Quedaría agradecida si se pudiera corregir esta situación. 
Muchas gracias, señora Hardstaff. 
Su palabra es suficiente. 
Se corregirá el Acta correspondiente. 
Mi nombre no aparece, aunque participé en todas las votaciones y en la Conferencia de Presidentes. 
Muchas gracias, señor Pasty. 
La repito lo que ya he dicho a la Sra. Hardstaff. 
Su palabra es suficiente, y se corregirá el Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señor Presidente en el debate de ayer ya se habló de esta cuestión y la Sra. Stenzel, que no se encuentra presente hoy, me ha pedido que la exponga. 
Se trata de una enmienda oral al número 4, que se concluyó de acuerdo con los otros grupos, especialmente con el Sr. Swoboda. Se solicita añadir lo siguiente: "... pide a la Comisión que se ocupe de que, en la cuestión del tránsito, no se sitúe a ningún país miembro de la Unión Europea peor que a Suiza.» 
Señor Presidente, esta enmienda representa la concepción fundamental que ha tenido esta Asamblea y, sobre todo, también la comisión, y por ello voy a apoyarla. 
Señor Presidente, como no me queda nada claro qué se quiere decir con eso, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el tránsito por Irlanda con Suiza? 
Me parece una añadidura innecesaria. 
El Sr. Wijsenbeek se opone a la enmienda oral. 
¿Hay 12 miembros del Parlamento que se opongan a esta enmienda oral? 
(No habiendo 12 miembros del Parlamento que se opongan a la enmienda oral, el Presidente la somete a votación) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me pide la palabra el Sr. Rehder para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, perdóneme que comente, muy brevemente, lo que aparece en las actas. 
Lamentablemente se ha transcrito algo de forma errónea. 
Se dice que ayer hubo un concurso de los dichos más necios que se pueden decir en una tertulia. Naturalmente esto no se refería a los diputados alemanes y tampoco a todos los diputados del PPE. 
Lo debo decir para salvar el honor de muchos, se refería a dos diputados que han intentado con artes de bandolero hacer una política medieval en una Europa moderna. 
Segundo punto: ese megatúnel del que he hablado no tiene 20 Kms, sino 50 Kms de longitud. 
Ese es el problema, que esos tubos tétricos sean tan largos e impracticables. 
Perdóneme que me haya inmiscuido, pero para mí era de gran importancia. 
Señorías, antes de pasar al informe Goerens, permítanme que, aprovechando que se me ha informado que hoy es el cumpleaños de la Sra. Nicole Fontaine, le exprese, en nombre de toda la Asamblea, nuestros mejores deseos y una vez más subrayamos su extraordinaria capacidad para dirigir las sesiones de este Parlamento. 
Señora Fontaine, que pueda usted dirigir el Pleno durante muchísimos años, y esperemos también que su cumpleaños caiga en viernes, para poder felicitarla aquí. 
Deseo fervientemente que se logre alcanzar un acuerdo sobre el tránsito alpino. 
Reconozcamos que nuestros amigos helvéticos han demostrado una sensibilidad ecológica que hoy en día comparten en gran medida todas las regiones alpinas afectadas. 
Nada sería peor que echar al vecino el tráfico contaminante por una acumulación de medidas unilaterales. 
La solución final será la del transporte combinado por los túneles suizos, pero también el Brenner y el túnel del Fréjus entre Francia e Italia. 
Son indispensables tanto una financiación prioritaria en el marco de las grandes redes europeas como un calendario de realización. 
Su aprobación repararía la relación entre Suiza y la Comunidad gracias a la definición común de una solución respetuosa con los intereses de las poblaciones afectadas y con el patrimonio europeo que representa la cadena de los Alpes. 
Las actuales negociaciones entre la UE y Suiza son motivo de inquietud. 
Estimo que la UE debe respetar la posición de Suiza en mayor grado, especialmente en consideración a la protección del medio ambiente alpino. 
A propósito del Libro Verde de la Comisión Europea sobre el impacto del tráfico en el medio ambiente y del Libro Blanco sobre el desarrollo futuro de una política de transportes común, se ha declarado, en reiteradas oportunidades, que es necesario dar a la UE una política de transportes que respete los aspectos medioambientales. 
Es hora de que la Comisión lleve esas bellas palabras a la práctica política. 
La UE debería por eso tomar la posición de hacer esfuerzos especialmente grandes para disminuir la contaminación del aire, haciendo pasar en ferrocarril todo el tráfico de tránsito a través de los Alpes. 
La UE también debe dar su apoyo a las propuestas suizas sobre cobro de derechos al tráfico pesado, dependiendo de su capacidad, y una tarifa especial de tránsito para el tráfico a través de los Alpes, de modo que el objetivo de traspasar los transportes al ferrocarril realmente pueda alcanzarse. 
Por eso, no deben acrecentarse las autovías en las regiones alpinas. 
El ferrocarril, en cambio, debe extenderse inmediatamente. 
Informe Goerens (A4-0388/97) 
El informe de nuestro colega Goerens es bueno. 
Lo apruebo en sus grandes líneas. 
Comparto la idea de que en los programas intervengan los beneficiarios y las ONG. 
Esta medida favorecerá una mayor transparencia y permitirá una mejor gestión de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. 
En ese sentido, suscribo el establecimiento de una unidad central cuya misión sea evaluar los programas de ayuda al desarrollo. 
Pienso que este instrumento debiera trabajar en estrecha colaboración con las ONG sobre la pertinencia de las actividades emprendidas. 
Igualmente, es deseable una gestión interna de los proyectos que neutralice los fenómenos de inercia inherentes a toda disociación de funciones. 
Acerca del contenido y las propuestas del Sr. Goerens, tengo una objeción y una petición que expresar. 
Me pregunto, en efecto, sobre la idea de " rentabilidad económica y social».Qué realidad abarcará? 
Me parece importante que las ONG intervengan en la formulación de indicadores coherentes y legitimados por ellas. 
Así se verá más claro y las decisiones futuras tendrán mayor calidad. 
Esta reflexión sobre la eficacia de las ayudas comunitarias es saludable, pero hemos de tener cuidado de no caer en las cuentas del Gran Capitán. 
No olvidemos nunca que el objetivo final es la existencia de unas formas de desarrollo equilibradas y adaptadas a cada país y a cada región. 
La ayuda humanitaria debe permitir que llegue un momento en el que ya no les sea necesaria. 
Habremos triunfado cuando ya no la necesitemos, es decir, cuando haya desaparecido. 
La Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores prestadores de ayuda al Tercer Mundo. 
Nuestras aportaciones superan en mucho a las de EE.UU. o Japón. 
Obviamente, es de gran importancia tanto para aquellos a quienes ayudamos como para nosotros mismos obtener el máximo provecho posible de este gran esfuerzo. 
A pesar de los elevados índices de desempleo y de los niveles inaceptables de pobreza en nuestros propios países, hay un apoyo generalizado en favor de la ayuda a los países en desarrollo. Este es un grato reflejo de la generosidad del ciudadano de a pie europeo. 
La ayuda directa a los gobiernos del Tercer Mundo a menudo se despilfarra a causa de la ineficacia y, a veces, de la corrupción. 
Este método de ayudar a la gente de los países en cuestión con frecuencia fracasa y no hace sino enriquecer a unos pocos gobernantes. 
Es el método menos eficaz de distribuir la ayuda y debiera evitarse siempre que sea posible. 
Hemos comprobado el gran éxito de algunos programas europeos de ayuda y estos éxitos son los que tenemos que aprovechar. 
También hemos de asegurarnos de poder verificar que la ayuda llegue a sus objetivos previstos. 
Europa ha tenido mucho éxito en su programa de ayuda alimentaria. 
Se han salvado millones de vidas gracias a estos esfuerzos y, con el alto grado de experiencia que ahora existe en este campo, estoy seguro de que podremos aprovechar estos éxitos. 
La ayuda de emergencia debe darse cuando y donde se necesite, sin condición alguna. 
Sin embargo, en lo que respecta a la ayuda general al desarrollo y estructural, creo que debemos insistir en que los países interesados acepten respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidas las minorías, y promover la democracia. 
No podemos permitir que dictaduras corruptas y crueles desvíen la ayuda de los necesitados a sus propios bolsillos. 
No todos nuestros esfuerzos han tenido éxito. 
Las importaciones a Europa procedentes de los países en desarrollo han disminuido considerablemente durante los últimos 20 años más o menos. 
Este fenómeno debe estudiarse con detenimiento, porque sólo a través de los intercambios se puede esperar que los países pobres se desarrollen y atiendan a las necesidades de sus ciudadanos. 
Las organizaciones no gubernamentales ocupan, por lo general, un lugar fundamental de la política de desarrollo. 
Las ONG presentan una muy elevada tasa de eficacia que es reflejo de la experiencia adquirida en el tema. 
En vista del continuo problema respecto a los flujos de intercambios con los países en desarrollo, creo que diéramos pedir a las ONG que examinen el tema y propongan soluciones aceptables para todos los interesados. 
Acojo con agrado el Libro Verde de la Comisión sobre ayuda al desarrollo. En él se precisan claramente los logros y fracasos de nuestras políticas. 
Quisiera elogiar a la Comisión por esta gran contribución al desarrollo del Tercer Mundo. 
Ha logrado excelentes resultados con unos recursos limitados de personal. Sus esfuerzos se aprecian en todo el Tercer Mundo. 
Veo con mucho recelo que la UE vaya a asumir la actividad de ayudas al desarrollo de los países miembros. 
La experiencia hasta el momento es que las ayudas al desarrollo de la UE van en gran medida a ex colonias de algunos países miembros, lo cual hace que algunos países que necesitan ayuda se tengan que poner en otra cola. 
Esto es lamentable. 
Sin embargo, es importante que haya una mejor coordinación entre los países de la UE, ya que puede dar mejores resultados para los países/regiones que necesitan ayuda. 
Una mejor coordinación, sin que por eso vaya a estar reglada por la UE, también puede coadyuvar a que disminuyan los gastos de administración de los que aportan las ayudas. 
Tratándose de los problemas que, entre otros, se señalan en el informe de auditoría, es verdad que hay irregularidades. 
Obviamente que se tienen que tratar de evitar, pero al mismo tiempo se debe entender que fácilmente se pueden cometer irregularidades en regiones " desordenadas» , donde el sistema social, en mayor o menor medida, se ha derrumbado. 
Las ayudas al desarrollo que la UE administra actualmente tienen que concentrarse más en medidas preventivas para impedir catástrofes. 
Finalmente, me opongo al argumento del ponente de que " una mejor coordinación haría más visible la ayuda al desarrollo de la UE. 
Este hecho escapa, sin embargo, a menudo a la atención de la opinión pública». 
Opino que no se debe tratar de hacer política con la ayuda a las personas necesitadas. 
" Actuar sin ser visto» puede ser, en este caso, una mejor pauta de acción. 
Señorías, acabo de enterarme de que hoy es también el cumpleaños del Sr. Telkämper, por lo que quiero felicitarle, como ya he hecho a la Sra. Fontaine. 
Muchas felicidades, señor Telkämper. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0382/97) del Torres Couto, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión «Ayuda al ajuste estructural y al alivio de la deuda de los Estados ACP altamente endeudados- Respuesta comunitaria a la iniciativa por la deuda de los PPAE» y sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una asistencia extraordinaria a los Estados ACP altamente endeudados (COM (97) 0129- C4-0243/97) 
Tiene la palabra el Sr. Vecchi, que suple al Sr. Torres Couto como ponente. 
Señor Presidente, a través del debate de hoy, el Parlamento Europeo quiere mostrar su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, la Comisión lanzara una iniciativa para empezar a intervenir concretamente en el problema de la deuda exterior multilateral de los países ACP más pobres y más fuertemente endeudados. 
Deseo recordar que se trata de una solicitud que tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Paritaria ACP-UE formularon hace ya muchos años y que hasta ahora no encontró el apoyo del Consejo y de los Gobiernos de los Estados de la Unión. 
Todos saben que ya desde finales de los años setenta, la carga de la deuda exterior ha condicionado fuertemente la vida de muchísimos países del Sur del mundo y ha obstaculizado realmente e impedido, en la mayoría de los casos, el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. 
El pago del servicio de la deuda fue y es para muchos países el gasto principal, en divisa valiosa, de las arcas públicas, lo que ha determinado al principio una situación de» transfert negativo neto» de ingentes recursos financieros desde el Sur hacia el Norte, o sea, de los pobres a los ricos. 
Qué duda cabe de que, en principio, las deudas deben satisfacerse. 
Ciertamente muchas de las causas de la falta de desarrollo de los países del Sur se deben a la mala gestión que ha caracterizado a muchos Gobiernos y grupos de poder en los países del Tercer y del Cuarto Mundo. 
Sin embargo, es preciso recordar también que dichos Gobiernos con frecuencia han gozado del apoyo de los Gobiernos y de los grupos políticos y económicos de los países más desarrollados y que la gestión de los créditos internacionales no siempre se ha distinguido por la honestidad y la corrección. 
En realidad, en muchos casos, los importes reembolsados por los países del Sur, bajo la forma de pago de intereses, son ya muy superiores a los recibidos en su día en concepto de préstamo. 
Por otra parte, muchas de las causas internacionales que han fuertemente contribuido a agravar la deuda y las cargas de su gestión, indudablemente, no fueron producidas por los países del Sur. 
Recuerdo estos elementos para subrayar que las iniciativas para aligerar el peso de la deuda no son una limosna gratuita, sino una necesidad urgente y que, desde muchos puntos de vista, intentan restablecer condiciones de mayor equidad. 
Se trata luego de tomar nota de que los países más pobres jamás podrán extinguir su deuda exterior en las actuales condiciones y que de cualquier modo su existencia o, incluso, su incremento automático no va a permitir afrontar seriamente las raíces del subdesarrollo ni tampoco reinsertar dichos países en el comercio internacional y en una dinámica de relaciones económicas y comerciales, respecto a las cuales, por otra parte, los países europeos están altamente interesados. 
Con el voto de hoy el Parlamento dará vía libre a la adhesión de la Unión a la iniciativa internacional, promovida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dirigida a apoyar el ajuste estructural y las políticas de amortización de la deuda, tanto porque se trata de una iniciativa en su conjunto positiva- aunque ciertamente insuficiente- como porque consideramos que la Unión debe desempeñar un papel político importante en la misma. 
Es una buena ocasión para demostrar que el enfoque más humano y racional, que debe tener en cuenta los objetivos prioritarios de la lucha contra la pobreza y del desarrollo humano y sostenible que reiteramos siempre en nuestros textos comunitarios, puede convertirse en un punto de referencia también para las grandes instituciones financieras internacionales. 
Se trata luego de construir, también gracias a este instrumento, una estrategia de diálogo político y de colaboración concreta que pueda ver a la Unión Europea, junto con los socios del Sur del mundo, en particular con los países ACP, empeñada en el relanzamiento de políticas de cooperación al desarrollo efectivas. 
La deuda de los 11 países ACP para la que se prevé la iniciativa comunitaria, con respecto a la propia Comunidad, asciende a una cifra relativamente limitada. 
La iniciativa prevé la posibilidad de utilizar con flexibilidad diferentes formas de remisión, de amortización o de reducción de la deuda. 
El Parlamento pide a la Comisión que le mantenga informado y le consulte constantemente sobre los desarrollos futuros de la acción comunitaria a la que prestamos nuestro apoyo, supeditándolo, sin embargo, a los objetivos de reforma democrática, de desarrollo y de justicia en cuya consecución Europa debe participar activamente. 
Esta iniciativa deberá ser el primer paso importante para abordar más en su conjunto los problemas ligados a la deuda exterior, incluida la deuda multilateral, de los países más pobres a escala mundial, como condición para el restablecimiento de las condiciones mínimas de solvencia y viabilidad económica y financiera para muchos países del mundo. 
En este contexto, el papel de la Unión y de sus Estados miembros tanto directamente como en los foros internacionales es, sin duda, decisivo. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la ayuda al ajuste estructural y al alivio de la deuda de los Estados ACP altamente endeudados ha recibido la aprobación de la Comisión de Presupuestos por razones evidentes. 
Es del más elemental sentido común, dentro de la cooperación con estos países, proporcionarles los medios para que vuelvan a comenzar con buen pie y evitar que todos los esfuerzos que han realizado- algunos de ellos por lo menos- no queden anulados por el peso de una deuda excesiva. 
El apoyo que les prestamos con este informe va encaminado, por lo tanto, a dar una respuesta duradera a sus problemas, y la Unión Europea, que es el donante más importante de estos países, podrá actuar en tres direcciones: conceder un apoyo suplementario al proceso de ajuste estructural caso por caso; contemplar, en cada caso, una ayuda destinada a reducir la deuda comercial y a reforzar el apoyo a la gestión de la deuda; adoptar las medidas adecuadas para reducir el actual valor neto de la deuda con la Comunidad de los países que cumplan las condiciones. 
Concretamente, el artículo 3 prevé que la ayuda, en forma de ayudas no reembolsables, contemplada en el artículo 1 se extraiga de una cuenta única, productora de intereses, que se abrirá con este fin en el Banco Europeo de Inversiones y se denominará en lo sucesivo " cuenta para el alivio de la deuda». 
Pedimos que la Comisión haga constar anualmente, en el documento de información financiera sobre los fondos europeos de desarrollo, el importe de los intereses producidos por la cuenta abierta en el BEI. 
Señor Presidente, esta iniciativa- que esta Asamblea sin duda aprobará- nos debería llevar a hacer una consideración inicial: la necesidad de que en el presupuesto comunitario figure el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Con ello se insistiría en el propósito de la Unión de hacer cada vez más congruente su acción exterior. 
El control presupuestario directo de estos fondos daría a la acción de la Unión Europea una mayor eficacia. 
Qué duda cabe que una política de desarrollo sostenido o eficaz exige, en muchos casos, la condonación de la deuda cuando esta hace imposible que un país pueda devolver su deuda y los intereses sin poner en juego su futuro desarrollo económico. 
Empeñarse en obligar a determinados países a que realicen desembolsos imposibles hace inviable la ayuda al desarrollo e incluso la ejecución de reformas económicas. 
El alto endeudamiento de algunos países tiene, además, un efecto disuasorio sobre las inversiones, provoca fuga de capitales, hace que sus explotaciones se dirijan excesivamente hacia la exportación provocando desequilibrios, desertificación en zonas rurales e incluso desabastecimientos internos. 
También tiene efectos sobre la propia estabilidad política de estos países del Tercer Mundo. No hablemos ya de aquellas democracias salidas de un régimen anterior autoritario. 
Por eso, creo que- como propone la Comisión- el mantener esta ayuda a Estados como Burundi, Etiopía, Guinea Bissau, Madagascar, Mozambique, Níger, Uganda, Santo Tomé y Príncipe, la antigua Zaire, Zambia y Uganda, es algo que esta Asamblea debe apoyar. 
No podemos exigir a estos países del Tercer Mundo que antepongan la devolución de la deuda a su propio crecimiento económico. 
Tenemos que lograr que la devolución de la deuda sea compatible con el desarrollo autónomo de estos países si no queremos que lo que tomamos por una mano tengamos que darlo por otra, a base de aumentar la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo Unión para Europa en nombre del cual intervengo, acoge favorablemente la participación de la Unión Europea en la iniciativa sobre la deuda de los países más pobres, lanzada en 1996, con ocasión de la Cumbre del G7 celebrada en Lyon. 
En efecto, a pesar de las medidas de reducción de la deuda ya concedidas a algunos de esos países, algunos de ellos, la mayoría de ellos situados en el África subsahariana, afrontan un nivel de endeudamiento total que corre el riesgo de desalentar los esfuerzos de ajuste y de reformas estructurales, absolutamente necesarias para su desarrollo. 
Así, pues, la Unión Europea debe contribuir a ese esfuerzo concertado de los principales donantes internacionales, en el sentido de reducir la deuda, problema de intensidad particular en nuestros países asociados ACP. 
También nosotros, como el ponente, manifestamos nuestro apoyo claro a la respuesta comunitaria. 
Creo, como el ponente, que es indispensable fortalecer el compromiso de la Unión Europea en el proceso de ajuste estructural llevado a cabo en los países ACP. 
Creo, como el ponente, que será necesario subrayar el problema fundamental del desarrollo económico y social y tener en cuenta los indicadores del desarrollo humano. 
Por último, consideramos- como el ponente- importante que el Consejo adopte la propuesta de decisión en el más breve plazo posible y que los Estados miembros de la Unión puedan hacer una contribución rápida con su participación financiera a las instituciones encargadas de sacar adelante esta iniciativa. 
Señor Presidente, la deuda contraída por los países ACP con los Estados miembros de la Unión Europea, así como con la propia Unión Europea, representa en muchos sentidos un paradigma de esa heterogénesis de los fines, cuyo mecanismo nos explicó tan bien el economista austríaco Von Misses. 
No sólo ha ido aumentado el nivel de la deuda global, sino que la carga de los intereses supera con frecuencia el principal originariamente otorgado y acaba por obstaculizar ese desarrollo que, por otra parte, se afirma querer fomentar. 
A estos inconvenientes de carácter económico se han ido añadiendo otros. 
A menudo no se ha implicado a la población, sino sólo a los Gobiernos y se ha propiciado la consecución de los fines de estos últimos y no de aquella. 
Con frecuencia, incluso, se ha tratado de favorecer pura y simplemente los intereses de la clase política en el poder. 
De ahí los ambiguos fenómenos de coparticipación entre la clase política europea y la clase política de los países ACP, fenómenos que van siempre en detrimento de los pueblos que, por el contrario, se afirma querer favorecer. 
De ahí también los fenómenos de profunda desconfianza hacia los países europeos precisamente de los pueblos de los países en desarrollo, los cuales tenían que haber estado, por ende, más vinculados a sus hermanos europeos. 
De ahí, por último, una especie de dependencia económica y financiera de los países en desarrollo con respecto a los de Europa que tiene un sabor netamente neocolonialista. 
Se impone, por lo tanto, la reducción de la deuda, pero con algunas condiciones. 
La primera es que esto no debe afectar a la regla fundamental expresada por la máxima latina pacta sunt servanda; la reducción de la deuda, en definitiva, debe servir para permitir a los países en desarrollo cumplir sus compromisos dentro de sus posibilidades reales. 
La segunda es que los países en desarrollo demuestren su buena y concreta voluntad a través de una buena gestión de las finanzas y de las reformas estructurales de sus economías. 
Sólo así contribuiremos a ayudar a los países en desarrollo a salir realmente de lo que, de lo contrario, seguirá siendo, desde luego, un estado de inferioridad. 
Señor Presidente, Señorías, comenzamos apoyando la reclamación con que el ponente inicia la propuesta de resolución exigiendo que el Parlamento sea consultado formalmente sobre esta comunicación de la Comisión, no sólo porque trata de política comunitaria en el ámbito del Convenio de Lomé, sino también porque existe una Asamblea Paritaria de la Unión Europea con los países ACP. 
Sentada esta cuestión previa, se plantearía después otra provocada por el título de la comunicación, pero la dejamos para el final de la intervención, pues nos parece muy importante comenzar caracterizando la situación a que esta comunicación pretende responder. 
Hubo un tiempo en que se utilizaba mucho la imagen de la bomba con efecto retardado para representar la deuda del llamado «tercer mundo» y el caso es que ha habido que hacer funcionar mecanismos de seguridad para que la situación explosiva no redunde en tragedia incontrolable desde el punto de vista social. 
Éste es más el momento en que parece que las válvulas de escape o boyas de salvación, como se dice en la explicación de motivos, habrán de funcionar y la respuesta comunitaria pretenderá ser eso mismo, después de que los reescalonamientos bilaterales han agotado las virtudes de la panacea, y, por lo demás, más que resolver los problemas reales del endeudamiento, han reforzado mucho más las relaciones de dependencia. 
El análisis de la situación ha de parecer más bien un diagnóstico, pues los datos de que se dispone y de que la propia explicación de motivos da algunas muestras configuran tal desequilibrio, que se puede afirmar que el mundo está enfermo. 
Sólo así se puede caracterizar la agravación en aumento del foso abierto entre los países ricos y los pobres, entre los países pobres y los aún más pobres, entre países endeudados y países sumamente endeudados, países empobrecidos y endeudados de fuera adentro, por deterioro de las relaciones de intercambio, por fomento y estímulo del endeudamiento por parte de los acreedores con exceso- o incontinente producción- liquidez. 
Los diagnósticos auxiliares son verdaderas denuncias. 
Aunque los números requieran actualización, resulta significativo que los últimos referidos registren el ingreso de seis nuevos países en el tristemente llamado «club de los muy endeudados» y que sólo uno de los antiguos haya conseguido salir de esa indeseable categoría. 
La situación se ha agravado peligrosamente en algunas regiones, sobre todo en el África subsahariana, donde ha alcanzado proporciones técnicas que plantean la opresiva cuestión de la sostenibilidad. 
Por eso, la propuesta de la Comisión se refiere sólo a los países cuya deuda para con la Comunidad está considerada insoportablemente elevada. 
Son once y a un portugués le duele mucho- como al ponente, seguro, que también lo es- que tres de esos países tengan como lengua oficial la nuestra. 
Pero el diagnóstico, si es estático, si se queda en la situación, es siempre insatisfactorio y sobre todo lo es cuando no determina con toda claridad las causas, o rehuye hacerlo, y por eso no puede servir para atacar las raíces del mal. 
Esta analogía con un cuadro clínico será pertinente, entre otras cosas porque las recetas y el tratamiento que la Comisión prescribe, además de dirigirse sólo a los enfermos en fase terminal o casi, como ayuda de emergencia llamada «asistencia excepcional» a quien está al borde de la inanición para que no muera de hambre y para que con hambre siga viviendo, con otra imagen, oportuna en esta semana de Pleno, se asemeja también a la actitud de decir a un drogado que se haya endeudado y esté desesperado por no tener ni droga ni dinero: » Te vendí mi producto a crédito, incluso cuando no lo querías comprar, y ahora no tienes dinero para pagarme, entre otras cosas porque fui aumentando los precios a la par que la dependencia. 
Estás lo que se dice necesitado, pero no te mates, no mates a nadie, no robes, te perdono parte de la deuda y te presto algún dinero más que te saque y así podrás comprar unas nuevas dosis y al precio que yo he establecido, por ahora; después ya veremos cuándo lo aumentaré». 
Que quede, por lo demás, muy claro que no se habla de extinción de la duda. 
Se trata sólo de reducción y hasta estaría justificado que felicitáramos a la Comisión y más aún al colega que procura mejorar la propuesta, cuando el Consejo, por lo que nos consta, como se dice en la citada explicación de motivos, no atribuye gran prioridad a este proyecto, si es que le presta atención alguna. 
Y este viernes del Pleno del Parlamento Europeo no se considera un momento para una operación catártica. 
Esta perspectiva no nos mueve a desistir ni a abdicar de tan largo tiempo de uso de la palabra de que esta vez inhabitualmente disponemos. 
Pero hace que en este marco casi pierda significado una cuestión fundamental: la de que, como propone la Comisión y como opina el informe, no se pone en tela de juicio mínimamente el origen de esta situación que actualmente se afronta. 
Más aún: toda la estrategia económica seguirá- y se quiere que siga- basándose en los mismos presupuestos o incluso reforzándolos. 
Toda la citada recuperación económica, todo el crecimiento económico de esos países (y ni siquiera se puede hablar de desarrollo económico) están supeditados a las recetas del Banco Mundial y del FMI, ya en muchas oportunidades experimentadas, con los resultados que ahora tenemos ante nosotros y que entrañan la propuesta de aumento de las dosis. 
Por eso mismo dejamos para el final la observación sobre el título de la comunicación: este título no da prioridad a la respuesta comunitaria relativa a la deuda de esos países, que se remite al subtítulo. 
Sí que da prioridad al apoyo, al ajuste estructural y sólo después a la reducción de la deuda de los Estados ACP sumamente endeudados. 
Por orden: primero el tratamiento, después el diagnóstico y por último el enfermo. 
Bien sabemos que esta época no es propensa a las solidaridades y cooperaciones. 
Ahora bien, desde nuestro punto de vista ni siquiera se trata de eso. 
Pero aquí nos quedamos, sin adelantar más. 
Y tal vez hasta tengamos que darnos por satisfechos por haber podido estar tanto tiempo hablando de un asunto y con un criterio que desearíamos en vías de extinción, pero que la realidad y los niveles de insoportabilidad imponen que se traigan a la plaza pública y que se afronten, aunque en la Comisión y en este Parlamento haya la costumbre de huir hacia adelante, tal vez incomodidad y algún hastío por parte del Consejo. 
El nivel de conciencia de la gravedad de los males aún no ha propiciado la búsqueda de grandes remedios. 
Subrayamos de nuevo y para terminar el aspecto positivo de que haya que afrontar una situación, aunque en los límites de la soportabilidad, y tan sólo en la búsqueda de panaceas y de continuidad y refuerzo de lo que consideramos sus causas. 
Señor Presidente, estimados colegas, este informe analiza la problemática de la deuda de distintos estados del Sur; tal como todos sabemos, ésa es una pesada carga para el desarrollo positivo y dinámico de estos países. 
El Parlamento Europeo y también la Asamblea paritaria de los ACP-Unión Europea se han declarado muchas veces a favor de distintas iniciativas. 
En este caso concreto, es la propia Comisión Europea quien lanza una interesante propuesta que consta de una concesión importante, a cargo del presupuesto de la Unión Europea, destinada a once países ACP que soportan la carga de una pesada deuda. 
Estamos completamente de acuerdo en que la Unión Europea debe adoptar semejante iniciativa, especialmente porque sabemos que demasiados proyectos llevados a cabo en algunos estados ACP resultan finalmente imposibles, ya que fracasan una y otra vez por la pesada amortización de la deuda que corresponde a estos países. 
Nos alegramos de que este informe apoye enteramente la iniciativa de la Comisión y, asimismo, pensamos que es importante que se tengan en cuenta algunas modificaciones de la propuesta originaria de la Comisión; por ejemplo, es necesario hacer hincapié en la importancia de establecer un nivel aceptable de la carga de la deuda, en el que se integren los indicadores sociales. 
El ponente puede contar con el apoyo del Grupo de los Verdes a este informe. 
Señor Presidente, quisiera presentar las disculpas de mi grupo por la ausencia del Sr. Scarbonchi, que ha sufrido un impedimento de última hora. 
Señor Presidente, la iniciativa del HIPC destinada a la condonación de la deuda de los países en vías de desarrollo señala una nueva orientación por parte del FMI y del Banco Mundial. 
Se ha reconocido que los problemas de la deuda representan un serio obstáculo a un verdadero desarrollo de los países más abrumados por la deuda. 
Lo que respaldo sin ningún tipo de reservas. 
Es importante que la UE participe activamente en la tarea de remediar los problemas de la deuda. 
Tanto porque la deuda obstaculiza el crecimiento de los países en vías de desarrollo como porque envía una señal política a los Estados miembros y a otros acreedores de que Europa toma en serio el problema de los países en vías de desarrollo. 
Por ello, a la condonación de la deuda también deben seguir otras formas de ayuda a la lucha contra la pobreza. 
En este contexto el resultado de la tramitación del Consejo es decepcionante. 
En lugar de asignar fondos extras a la condonación de la deuda sólo se ha podido alcanzar un acuerdo para emplear fondos del presupuesto existente. 
Esto implica que sólo habrá fondos para los primeros cinco países de los once países ACP para los que es necesaria la condonación de la deuda. 
Debemos encontrar nuevos fondos cuando a los seis países restantes les sea aprobada la condonación de su deuda. 
Estoy de acuerdo en los puntos 6 y 7 del informe del Sr. Torres Couto, porque en ellos no se pide un rígido cumplimento de las premisas como requisito para ser aprobado para el HIPC. 
Por supuesto, deberán producirse ajustes estructurales en los países en vías de desarrollo y, en general, con la retirada de consideraciones políticas y medioambientales. 
Sin embargo, si se subordina la condonación de la deuda al éxito de los programas de reforma trienales, se excluye a los países más débiles. 
Precisamente en estos países un alivio de las cargas de la deuda facilitaría la ejecución de los programas estructurales. 
Pienso que los programas estructurales deben ir acompañados de un alivio de la deuda y no ser meramente una premisa. 
Tanto las reformas estructurales como la condonación de la deuda son fundamentalmente premisas para lo esencial: remediar la pobreza y las malas perspectivas económicas. 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, quien haya leído detenidamente el Informe Torres Couto, llega al convencimiento, por lo menos parcialmente, de que el ponente observa los problemas excesivamente desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo. 
Desde hace años, por no decir decenios, la cuestión de la deuda externa de los países pobres es uno de los problemas de nuestra cooperación. 
Por una parte, para algunos países tener acceso a los créditos supone una gran ayuda. 
Por otra, las situaciones imprevisibles que se dan en esos países son la causa que conduce a caer en la trampa de la deuda. 
No debemos pasar por alto que, lamentablemente, en este ámbito el conflicto este-oeste también ha dejado su huella. 
La propuesta de la Comisión de instituir un fondo para la liquidación de la deuda de los países pobres no puede más que recibirse favorablemente. 
Sin embargo no debería tenerse en cuenta solamente el estado actual de la deuda, sino que también deberían considerarse los esfuerzos dirigidos a establecer una buena administración. 
También hay que señalar que los países con grandes recursos naturales reciben el mismo apoyo que otros como, por ejemplo, Etiopía. 
Bien es cierto que a Kabila, en la República Democrática del Congo, se le quiere aplicar un plazo de prueba, pero nos surge la pregunta de si se tiene en cuenta que sólo un cambio claro de una dictadura a la democracia podría constituir una razón para la remisión de deudas. 
Y aun quedaría por subrayar que la deuda no podría reducirse sin condiciones, ya que en una forma de gobierno más o menos democrática aun debería hablarse de corrupción y de excesivos gastos en defensa. 
En el informe de nuestro colega Torres Couto hay que señalar especialmente aquellas enmiendas que versan sobre la inclusión del Parlamento Europeo. 
Es cierto que la propuesta atañe a dineros de los fondos de desarrollo y éstos no estarían bajo el control presupuestario del Parlamento Europeo. 
Por ello la participación del Parlamento Europeo sería absolutamente necesaria para asegurar un control democrático. 
Además, se podrían encontrar dificultades si en las conversaciones con los países en vías de desarrollo la democratización tuviese un lugar destacado y, entre tanto, del lado europeo no se dejase participar al Parlamento Europeo. 
La propuesta de decisión apunta en la dirección correcta si no se debilitan demasiado los planteamientos de la Comisión. 
Espero, por le bien de la humanidad, que las ideas fundamentales de la comunicación puedan ponerse en práctica, rápidamente y con éxito, en los países en vías de desarrollo correspondientes. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las buenas intenciones del informe TorresCouto. 
Quiero, sin embargo, matizar un par de cosas. 
Antes que nada, me pregunto si este planteamiento, que tiene cierto parecido con lo que en los Países Bajos llamamos «habrá que ir tirando» , nos permite salir del círculo vicioso de la deuda. 
Aquí se habla ya del 5 % de la deuda total. 
Es bastante dinero, de acuerdo, pero considero un poco neocolonial ligar el alivio de la deuda a una buena política medioambiental. 
No se puede exigir esto a países que se encuentran en semejante situación. Todavía no. 
Asimismo, aparece la referencia al 7 % del Producto Nacional Bruto, que se promete desde hace más de veinte años. 
Todos sabemos que la mayoría de los países deliberadamente no lo quieren lograr. 
El alivio de la deuda no se toma en consideración en el caso de los países que tienen deudas retrasadas; no creo que sea bueno. 
En mi opinión, sería mejor que nos esforzáramos lenta, pero seguramente por la condonación de la deuda; entonces podríamos poner algunas condiciones. 
Debemos abrir nuestros mercados a sus productos, exigirles un gasto mínimo en armamento y dejar que los expertos educados en el mundo occidental regresen a estos países. 
Solamente entonces, tienen una verdadera posibilidad de desarrollo. 
Señor Presidente, la deuda de los países en desarrollo se eleva en la actualidad a dos billones de dólares estadounidenses. 
El informe que ahora se somete a debate afecta a once países ACP, once países pobres enormemente endeudados. 
Los créditos correspondientes a estos Estados se elevan a 5 600 millones de dólares, mientras que el coste para la UE de esta iniciativa será de 150 millones de ecus. 
El punto de partida de la Comunicación de la Comisión es el adecuado, ya que propugna la contribución parcial en los préstamos. 
Los países pobres en desarrollo se enfrentan a una situación espantosa. 
No sólo se ven obligados a amortizar los préstamos en dinero, sino también, y de manera primordial, en bienes a bajo precio. 
Cuanto más grave es el motivo que obliga a vender, más bajo es el nivel de precios. 
Los países pobres se enfrentan a necesidades imperiosas, y su situación se ve tremendamente dificultada por la coyuntura. 
No pueden realizar inversiones, a pesar de que el mínimo esfuerzo inversor se traduciría en un considerable beneficio. 
A su vez, este callejón sin salida complica seriamente el desarrollo de los países pobres. 
Una pobreza implacable, que llega incluso a niveles de miseria, paraliza de por sí cualquier desarrollo. 
Por otro lado, las estructuras sociales no pueden evolucionar al no disponerse de los recursos suficientes, con lo que incluso se produce un retroceso en materia de educación. 
Esta situación pone también en peligro el desarrollo de la democracia y de la paz. 
Cuando la población se da cuenta de que su dinero va a parar a los acreedores de los países ricos en mayor medida que a los enfermos de sus propios países, es posible que se produzca todo tipo de agitaciones y que se mermen así las posibilidades de crecimiento democrático. 
La situación también es grave por lo que respecta a la agricultura de los países pobres. 
Se obliga a dirigir una producción agrícola orientada a la exportación y de carácter no alimentario, al mismo tiempo que la población de estos mismos países sufre de desnutrición. 
Por esta razón, doy todo mi apoyo a los planteamientos propuestos en la Comunicación de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Torres Couto, y al Sr. Vecchi por su intervención, y agradecer a este Parlamento su interés y su apoyo a la propuesta de la Comisión de una participación comunitaria en la iniciativa sobre la deuda de los países fuertemente endeudados. 
Esta iniciativa representa un avance importante, en la forma en que la comunidad internacional ha abordado- hasta el momento- los problemas de la deuda de los países más pobres. 
Por primera vez existe un marco que permite llevar a cabo una acción global y coordinada, por parte de todos los prestatarios, para ayudar a los países pobres fuertemente endeudados que se están esforzando por aplicar los programas de reforma económica. 
Este marco incluye no sólo la reducción de la deuda, en el caso de la deuda comercial bilateral, sino también medidas adoptadas individualmente en cada caso y destinadas a reducir la carga de la deuda multilateral en estos países. 
La Comunidad Europea ofrece donaciones a los países pobres fuertemente endeudados en forma de ayudas no reembolsables. 
Y aunque la suma es escasa, la Comunidad no puede en modo alguno quedar al margen de estas iniciativas. 
Es evidente que la importancia política de una participación de la Comunidad en esta iniciativa sobre la deuda es muy superior a su contribución en cifras absolutas. 
La propuesta de la Comisión ha sido debatida en profundidad con los Estados miembros, quienes han manifestado su pleno apoyo a la participación de la Comunidad en esta iniciativa. 
No obstante, durante los debates, hemos buscado una solución alternativa a la financiación de la reducción de la deuda a escala comunitaria, que responde a preocupaciones de los Estados miembros que no desean crear una carga adicional sobre los presupuestos nacionales, pero garantizando, al mismo tiempo, que los recursos aportados a la iniciativa sean adicionales. 
Tengo la satisfacción de anunciar que actualmente se ha alcanzado un acuerdo. Por consiguiente, esperamos que el Consejo adopte sus conclusiones en breve. 
Y este acuerdo incluye varios elementos favorables. 
El Consejo se ha comprometido a una participación plena de la Comunidad en esta iniciativa. 
En el caso de los países que cumplían las condiciones para beneficiarse de esta iniciativa en 1997- o que las cumplan en 1998 -, la financiación de la reducción de la deuda, por parte de la Comunidad, estará garantizada mediante una asignación de los ingresos anuales procedentes de los intereses de los fondos del FED. 
Esta financiación se atiene al principio de adicionalidad de los recursos y garantiza que la Comunidad prestará asistencia por encima de los niveles actuales de ayuda destinada a estos países. 
A lo largo del año 1998, y sobre la base del informe de la Comisión, el Consejo reconsiderará las necesidades de financiación posteriores y adoptará una decisión en lo referente a la financiación de la participación futura de la Comunidad en esta iniciativa, incluida la posibilidad de financiación mediante las amortizaciones de anteriores préstamos del Fondo Europeo de Desarrollo. 
Señor Presidente, nuestras dos instituciones, Parlamento y Comisión, apoyan una participación comunitaria en esta iniciativa, pero la propuesta de resolución parlamentaria requiere una aplicación más flexible, con objeto de incluir un grupo de países más amplio y garantizar una reducción de la deuda más rápida y profunda. 
En sus contactos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos acreedores, la Comisión ha propugnado siempre una aplicación de la iniciativa, basada en criterios amplios, de forma que se aporte un apoyo adecuado y oportuno a los países pobres fuertemente endeudados que se están esforzando por aplicar las reformas económicas, con la esperanza de aumentar el crecimiento económico y reducir la pobreza. 
Por consiguiente, resulta alentador comprobar que esta iniciativa ha seguido evolucionando y que el enfoque se ha perfeccionado. 
La iniciativa quizá no sea perfecta, pero está fundada en un amplio consenso internacional de asistir a un grupo de países, cuyos esfuerzos de desarrollo siguen estando limitados por la pesada carga de la deuda. 
Es más, esta iniciativa debe ser percibida como una parte de la colaboración internacional destinada a asistir a los países pobres fuertemente endeudados. 
Por consiguiente, la reducción de la deuda debe ir acompañada de un nivel de asistencia al desarrollo que sea continuo y que sea suficiente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, ayer debatimos en esta Casa la efectividad de la ayuda al desarrollo. 
La ayuda no es por sí misma efectiva porque en muchos países en desarrollo las circunstancias macroeconómicas no son favorables. 
Uno de los motivos es la enorme deuda con la que cargan los países en desarrollo. 
Se señala acertadamente en el excelente informe Torres-Couto, con el que estoy totalmente de acuerdo, que la responsabilidad de la deuda no recae solamente en los países en desarrollo. También los acreedores son responsables por haber concedido créditos de forma irreflexiva a dictaduras corruptas o haber otorgado préstamos a dudosos proyectos económicos. 
Aunque se reconocía que era imposible que los países en desarrollo pudieran pagar estas deudas, no se admitió nunca la discusión sobre la condonación o el reajuste de, especialmente, la deuda multinacional. 
Afortunadamente, con la incitativa del Banco Mundial y del FMI esto ha cambiado y esta iniciativa ha sido acogida en la Unión Europea mediante la propuesta de la Comisión. 
Al igual que el ponente, opino que el concepto de «deuda soportable» no debe calcularse solamente mediante indicadores macroeconómicos, sino que también deben tenerse en cuenta factores sociales. 
Los países ricos no pueden continuar contribuyendo con una mano a la ayuda al desarrollo de los países pobres y con la otra cobrando los intereses de esta enorme deuda. 
Además, la condonación de la deuda de los países en desarrollo es el punto de partida del reajuste económico. 
Está bien que la UE tome en serio los problemas de los países en desarrollo y ayude a disminuir las deudas. 
Sin embargo, esto no basta para conseguir un desarrollo solidario en los países pobres. Hay medios para sanear las deudas en sólo cinco de los once países. 
No obstante, no basta con el saneamiento de las deudas. 
El objetivo tiene que ser eliminar todas las deudas para que esos países puedan escapar del círculo vicioso en el que han caído. 
Además, el saneamiento de las deudas tiene que ir de la mano de programas políticos estructurales para el crecimiento, empleo y desarrollo permanente y duradero a través de relaciones comerciales sólidas. 
En todo caso, he votado favorablemente el informe. 
Señor Presidente, puesto que mi propio Gobierno está asumiendo un papel protagonista en la aspiración de reducir la deuda de los países más pobres del mundo como forma positiva de comenzar el próximo milenio, me alegro de apoyar aquí este informe en el día de hoy. 
En el Reino Unido, el ministro de Hacienda Gordon Brown y Clare Short, la primera ministra de gabinete del recientemente creado Ministerio de Desarrollo Internacional, se han reunido con personalidades eclesiásticas y otras personas para debatir temas relativos al alivio de la carga de la deuda. 
Espero que mis muchos colegas de esta Asamblea que gozan de influencia en sus respectivas iglesias les pidan que hagan presión sobre los gobiernos de sus respectivos países, pues no todos han seguido hasta ahora a los británicos en nuestro entusiasmo por esta importante labor. 
El informe es acertado al relacionar la necesidad de una reforma económica sostenible de los países más pobres con el alivio de la deuda por parte de los países más desarrollados. 
Tanto el Norte como el Sur pueden trabajar en colaboración en este sentido para que, por ejemplo, el trabajo medioambiental y de reducción de la pobreza por parte de los países endeudados vaya de la mano del alivio de la carga de la deuda. 
Los muchos votantes que me han planteado este importante tema se alegrarán de ver que el Sr. Torres Couto y el Parlamento suman sus voces a la campaña de reducción de la deuda. 
Relaciones pesqueras con Letonia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe del Sr. Macartney (A4-0397/97) en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo I del Acuerdo sobre relaciones pesqueras entre la Comunidad Europea y la República de Letonia, en el que se establecen las condiciones relativas a las empresas conjuntas cubiertas por dicho Acuerdo (COM (97) 0323- C4-0364/97-97/0177 (CNS)) 
Señor Presidente, con el mismo espíritu con el que usted está felicitando a la gente por su cumpleaños, quisiera felicitar al pueblo de Letonia por los logros que han conseguido anotarse en beneficio de la libertad de Europa. 
Tendríamos que felicitarles, y a los estonios y lituanos. 
A su manera, han ayudado a mantener encendida la llama de la libertad y de la democracia en una zona de Europa en la que ha habido muchas dificultades. 
Es importante que enfoquemos el acuerdo letonio con este espíritu. 
Todos queremos animar al pueblo de las Repúblicas Bálticas a pensar desde la óptica de su identidad europea y de prepararse para la pertenencia a la Unión Europea. Esto es particularmente importante cuando las señales emitidas por la Comisión en las últimas semanas han sido algo confusas. 
La idea de que una de las tres estaría en la primera tanda de conversaciones de adhesión mientras que las otras dos podrían esperar detrás fue recibida con cierta consternación en las capitales de las repúblicas vecinas. 
No podían exactamente ver la lógica de ello, como tampoco podía verla yo. 
Lo que resulta alentador es que, posteriormente, la idea de algo más que un " sistema de regata» prevaleció en el Consejo de Ministros. 
Es muy importante en ese contexto que acojamos favorablemente todas las acciones propuestas, incluido este acuerdo pesquero, para incluir a todos los países de Europa oriental, desde Estonia, pasando por Letonia y Lituania, hasta Eslovaquia y Bulgaria, etc.; que no digamos que hay dos clases de Estados miembros potenciales, pero que invitamos a todos ellos a dialogar con nosotros. 
El contexto de este informe es que en 1993 hubo acuerdos con las tres Repúblicas Bálticas. 
Hubo acuerdos aparte con Finlandia y Suecia, que, en ese momento, no eran miembros de la Unión Europea. 
Nos satisface que Suecia y Finlandia votaran unirse a la UE y ahora están plenamente integrados. 
Pero, evidentemente, tenía que producirse una renegociación en la que la Unión Europea negociara en nombre no sólo de los Estados miembros originales, sino también de Suecia y Finlandia, que son vecinos de Letonia a través del Mar Báltico. 
La lógica renegociación tuvo lugar en 1996 y, en lo que respecta a Lituania, ésta procedió inmediatamente a adoptar un protocolo que ya ha entrado en vigor. 
Ahora es el turno de Letonia. 
Los lituanos han mostrado el camino y los letonios son los siguientes de la fila. 
Letonia tiene una flota relativamente pequeña. 186 barcos en la flota de bajura en el último recuento y 15 buques de pesca de altura que faenan principalmente en las aguas cercanas a Mauritania. 
No estamos hablando de una flota inmensa y es importante recalcar que a la flota de Letonia no se le está proponiendo un añadido neto en este acuerdo. 
Lo importante es que la propuesta traerá consigo la creación de empresas conjuntas entre la Comunidad Europea y también que habrá una subvención de 2, 5 millones de ecus para ayudar al proceso de modernización. 
Quizás resulte sorprendente, pero digno de mención, que los letonios no han agotado toda la cuota que les corresponde dentro de sus propias aguas. 
Así que, hay allí alguna pesca disponible que no perjudica los objetivos globales de conservación que todos tenemos en gran estima. 
En el acuerdo se ha previsto un comité conjunto- una señal muy positiva que hay que transmitir- para hablar de la transferencia de barcos de la CE, la modernización de la flota letona, etc. 
Quisiera destacar dos objetivos que podrían recibir una mayor dedicación. 
Uno es que tendría que haber un informe anual a este Parlamento. Nosotros tenemos un interés especial en la fase de preadhesión de esos países. 
El segundo es que habría que dedicar más recursos a la investigación. 
No son puntos polémicos y espero que en su respuesta el Comisario confirme que esto coincide con las ideas de la Comisión. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera felicitar al ponente Sr. Macartney por su excelente informe, que expone muy claramente todo lo que implica este acuerdo pesquero con Letonia. 
También quisiera asentir a sus observaciones de esta mañana a propósito de todos los países bálticos y su avance común hacia la pertenencia a la UE. 
Es importante que logremos un equilibrio entre permitir que los Estados bálticos que solicitan ingresar en la Unión Europea modernicen sus flotas- en el caso de Letonia, como se ha dicho, los barcos tienen una media de 20 añosy la necesidad de mantener las reservas pesqueras globales y no aumentar la capacidad pesquera global. 
Este sistema de vender barcos de la Comunidad, que deben tener al menos cinco años, para que cambien al pabellón letón, debiera contribuir a lograr dicho equilibrio, siempre que haya un cuidadoso seguimiento para garantizar que dichos barcos no se reintegran después a las flotas comunitarias y, también, que se respeten las cuotas. 
Por ello necesitamos un informe anual al respecto. 
Si se pueden desarrollar empresas conjuntas y proyectos bilaterales entre Letonia y la UE en el proceso de modernizar y privatizar la envejecida flota letona, no podrá ser sino beneficioso para el avance de Letonia hacia la total pertenencia a la Unión Europea. 
Con este espíritu, nos congratulamos por las propuestas de la Comisión y esperamos una rápida confirmación del protocolo que permita iniciar dicha cooperación a escala comunitaria, además de las iniciativas bilaterales de Estados miembros aislados. 
Señor Presidente, fue hace casi siete años y también era viernes. 
En aquel entonces hice mi primera intervención en el pleno sobre pesca. 
En Alemania decimos que el viernes es día de pesca. 
Es después, en domingo, cuando hacemos la sabrosa parrillada de carne. 
¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? 
En lo que respecta al día de la semana, no mucho. 
Eso ya me produce suficiente decepción. 
Y si echamos un vistazo al orden del día de las sesiones plenarias durante el próximo medio año hasta julio de 1998 tampoco cambia gran cosa desde el punto de vista de la agenda. 
Esto no puede ser. 
¿Por qué no? 
Observen simplemente el informe de hoy. 
Se trata de un informe que señala el futuro para la Unión Europea más allá del año 2000. 
¿Cómo podría convencerles de ello? 
Antes del inicio de las negociaciones para la conclusión de un nuevo acuerdo o para su prolongación, la Comisión debería exponer un dictamen acerca de los elementos esenciales. Estos elementos son el estado de las reservas de pesca, los efectos del acuerdo en el presupuesto comunitario y el reparto de la participación financiera de la Comunidad Europea y los armadores. 
El presente acuerdo con Letonia prevé en su protocolo esa participación financiera especialmente a través del establecimiento de empresas mixtas. 
Con el Tratado de Amsterdam la ampliación de la Unión se convierte en una realidad. 
Ésta incluye, por supuesto, junto a los estados bálticos de Estonia y Lituania, a Letonia. 
Con el trasfondo del Tratado de Amsterdam los acuerdos de pesca suscritos hasta la fecha, es decir los acuerdos de la UE con esos terceros países, adquieren un nuevo significado. 
En el proceso de ampliación es importante el fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales, pero también la consecución de puestos de trabajo competitivos para superar a medio plazo las debilidades estructurales, el fomento de la pequeña y mediana empresa y también la mejora de la calidad medioambiental europea. 
Esta última deja aun mucho que desear en el Este. 
La experiencia adquirida en la administración de dinero de la UE y el empleo de procedimientos comunitarios, así como la introducción de empresas mixtas, estoy seguro que van a ayudar a Letonia a situarse en el camino de un rápido proceso de privatización y, por lo menos, que sus esfuerzos sean recompensados y que su administración de la pesca esté suficientemente preparada para la futura adhesión. 
El acuerdo de pesca con Letonia es un factor importante de la estrategia de aproximación para los países candidatos y no sólo debería ser contemplado por la actual Comunidad con agrado, sino que debería ser explícitamente celebrado. 
Espero que ahora estén convencidos de que no debiéramos comparecer aquí únicamente un viernes. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Macartney por la elaboración y presentación de su informe. 
Por supuesto, cualquier informe del que él sea responsable está bien elaborado, y ésta no es una excepción. 
En el acuerdo pesquero entre la UE y Letonia firmado el 16 de diciembre, las partes contratantes acordaron fomentar el establecimiento de empresas conjuntas según se establece en las condiciones del protocolo. 
Creo que es de vital importancia que existan dichas empresas y creo que los que contribuyen desde dentro de la UE pueden desempeñar un importante papel en el desarrollo del sector en Letonia. 
Esto es importante para el país y, como ocurre en el mío propio, importante para las regiones costeras periféricas en las que no hay fuentes alternativas de empleo. 
El protocolo supondrá importantes ventajas para la Unión y para Letonia. 
El establecimiento de empresas conjuntas y la participación financiera de la Unión ayudarán al país a alcanzar algunos de sus principales objetivos para el sector, que son: modernizar la flota, mejorar la administración de las pesquerías e impulsar las importaciones para su sector de procesado. 
La UE se beneficiará de la transferencia de buques al pabellón letón y, lo que es más importante, tendrá acceso a sus zonas pesqueras. Ello aliviará, aunque sea mínimamente, la presión sobre las flotas y sobre las reservas, teniendo en cuenta sobre todo que no están agotando sus cuotas de pesca. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al Sr. Macartney por su informe. 
Este protocolo está pensado para transferir capacidad de la Unión Europea a Letonia haciendo más sencillo el establecimiento de empresas conjuntas. 
Los barcos van a cambiar de pabellón, supuestamente sujeto a la condición de que no ello no dé lugar a un aumento de la capacidad total de la flota letona. 
Pero la cuestión aquí es cómo puede garantizarse esto en la práctica. 
Como media, la flota letona tiene unos 20 años, mientras que los barcos de la UE que van a ser transferidos pueden tener tan sólo cinco años. 
Aunque el arqueo bruto registrado de la flota no se incremente con la transferencia de buques, la sustitución de buques viejos por otros más modernos conducirá, inevitablemente, a un incremento de la capacidad pesquera efectiva de la flota letona. 
Una de las lecciones que puede sacarse de mi informe sobre el control de la política pesquera común es que incluso los registros de barcos de la UE no son exactos. 
Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la capacidad actual de la flota letona y de que esas transferencias no conllevarán un incremento y más sobreexplotación pesquera? 
En comparación con los acuerdos firmados con los países ACP, éste es mucho más equitativo en el sentido de que no hay una explotación del país en cuestión; a los letones se les dará empleo. 
Éste es un aspecto muy importante que debiera transferirse a los acuerdos con los países ACP ya que es mucho más equitativo. 
Señor Presidente, mis felicitaciones al Sr. Macartney. 
Siempre hay que dar la bienvenida a la firma de acuerdos de pesca, cuando estos parten de la base de que deben ser beneficiosos y equitativos para ambas partes. 
Lamentamos, por tanto, que el artículo 6 del Protocolo con Letonia arruine lo que podría ser un buen comienzo en la nueva fase de relaciones pesqueras con los países bálticos y, más grave aún, que siente un grave precedente para el futuro. 
Dicho artículo, que la Comisión nunca debió aceptar por discriminatorio y claramente perjudicial para los intereses comunitarios, establece que las empresas mixtas están obligadas a llevar tripulación exclusivamente residente en Letonia. 
Los actuales tripulantes de dichos buques perderán, por tanto, señor Presidente, su puesto de trabajo. 
Cuando se acaba de celebrar una Cumbre sobre el Empleo que ha puesto de relieve que este es uno de los más graves problemas de la Unión y su solución nuestro objetivo prioritario, no se puede entender que las autoridades de pesca acepten cláusulas para fomentar el número de parados. 
Por otra parte, está en avanzada fase de preparación un nuevo reglamento sobre los Fondos estructurales fuertemente vinculado a la creación de empleo. 
Podría darse, por tanto, la contradicción de que cualquier empresario interesado en principio en promover una sociedad mixta, no tuviese acceso a fondos comunitarios ya que, como en el caso de Letonia, no sólo no se crearían empleos sino que se destruirán con las sociedades mixtas. 
Que las autoridades de pesca no sólo hayan calibrado estas consecuencias sino que, además, las fomenten con acuerdos de este tipo, señor Presidente, es lamentable y peligroso. 
Tanto más cuando estamos hablando, señor Presidente, de un país- Letonia- que es un exportador neto de productos pesqueros a la Unión, con cuya producción entra en competencia directa. 
Por tanto, señor Presidente, creo que en el futuro no deberíamos admitir ese tipo de cláusulas e instamos a la Comisión a que, en el futuro, no las incluya en los acuerdos de pesca. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Macartney por su informe y me complace que acoja con satisfacción la celebración de este Protocolo. 
Como bien saben sus Señorías, tras la ampliación de la Comunidad en 1995, la Comisión negoció nuevos acuerdos de pesca con una serie de terceros países. 
Las directivas de negociación del Consejo contemplaban el establecimiento de empresas comunes y sociedades mixtas del sector pesquero como un nuevo elemento de los nuevos acuerdos de pesca. 
La presente propuesta consiste en un Protocolo sobre el establecimiento de empresas conjuntas con Letonia en aplicación del acuerdo de pesca que fue ratificado el año pasado. 
Y una vez aprobado el presente Protocolo se actualizarán todos los acuerdos de pesca con los Estados bálticos de conformidad con las directivas de negociación del Consejo. 
De este modo contribuiremos a ese alineamiento, al que se refería en su intervención de esta mañana el Sr. Macartney, en la negociación de adhesión a la Comunidad Europea de todos los países que lo han solicitado y puedo decirle también que contemplamos favorablemente su propuesta sobre la investigación. 
En relación con la intervención de la Sra. Fraga Estévez, quiero decirle que, de acuerdo con el plan de empresas conjuntas permanentes, los buques se retiran del registro comunitario y pasan a enarbolar el pabellón de un tercer país. 
Por consiguiente, están sujetos a la legislación de dicho país. 
Letonia declaró de forma explícita que la tripulación y el capitán de los buques letones deberían ser ciudadanos letones o residentes permanentes en Letonia, de conformidad con la legislación de ese país. 
Disposiciones similares están incluidas en el Protocolo negociado con Lituania. 
Puesto que ese Protocolo fue aceptado por los Estados miembros, y ratificado sin mayores dificultades, la Comisión ha llevado a cabo las negociaciones con Letonia de conformidad con la misma línea que la seguida con Lituania. 
Pero quiero tranquilizar a la Sra. Fraga Estévez diciéndole que la Comisión tiene la firme intención, cuando negocie protocolos similares en el futuro, de hacer cuanto esté en su mano para salvaguardar el empleo comunitario en la mayor medida posible. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Zonas de montaña y Fondos estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-1016/97 del Sr. Ebner, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre la toma en consideración de la especificidad de las regiones de montaña en la reforma de los Fondos estructurales; -B4-0008/98 de los Sres. Azzolini, Podesta y Santini, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre las zonas de montaña; -B4-0009/98 del Sr. Ephremidis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre los problemas cada vez mayores de las regiones de montaña en la UE; -B4-0006/98 de los Sres. 
Señor Presidente, normalmente cuando se habla de regiones de montaña y de zonas de montaña se piensa en la agricultura. 
Ésta, sin embargo, representa sólo una parte de los problemas que afectan a la montaña, ya que existen muchas otras problemáticas como la cuestión del medio ambiente y del empleo y muchos problemas más. 
Hay que señalar que la montaña no comprende únicamente el arco alpino, tal como se afirma a menudo y se dijo también ayer. Las zonas de montaña se encuentran en todos los Estados de la Unión. 
El debate en torno a la reforma de los fondos estructurales de la UE para el período que comienza en 1999 ya está en pleno desarrollo. 
Considerando el inmediato vinculo así como el impacto de las políticas regionales y estructurales, además de la creciente y marcada importancia de las regiones en el marco de la subsidiariedad, parece correcto y necesario desarrollar esos esfuerzos mediante la formulación e introducción de objetivos regionales específicos. 
Toda una serie de acuerdos, tratados y convenios, entre ellos, por ejemplo, la Convención Alpina, entre cuyos signatarios se encuentra la UE, hace evidente la especificidad del espacio alpino y apunta hacia la toma de medidas integrales específicas para garantizar su conservación y desarrollo como espacio de vida, espacio económico, de reposo y, sobre todo, natural. 
La realización de esas directrices demanda una actuación concreta en el ámbito de la UE y como condición para un desarrollo sostenido e integral el fomento y aprovechamiento de la dinámica interna de la región montañosa. 
El Parlamento europeo aprobó el último informe sobre regiones montañosas en 1988, es decir, hace diez años. 
El sistema existente hasta ahora, que limitaba las subvenciones de los fondos estructurales a las regiones fijadas, ha impedido la determinación de una zona objetivo propia de las zonas montañosas. 
En la Agenda 2000 la Comisión ha abandonado sus planes relativos a la anteriormente referida reforma para el próximo periodo entre los años 2000 y 2006. 
Es positivo, no obstante que se haya aumentado el marco financiero y que para el citado periodo vaya a haber más dinero disponible que para el anterior de 1993 a 1999. 
En la provisión de medios, según los nuevos objetivos, habría que tener en cuenta que la globalización de los mercados agrícolas y de alimentación amenaza a las pequeñas explotaciones de montaña, que ejercen una función ecológica esencial y que peligran si no se prevén programas de larga duración y acciones específicas para la agricultura de montaña. 
A tenor de la intervención de ayer del Comisario van den Broek sobre el tránsito alpino, el Consejo de Ministros de transporte ha decidido introducir una cláusula para los Alpes. 
Se quiere concluir un acuerdo alpino y una declaración de " zona sensible» para los Alpes en su conjunto. 
Según el comisario la Comisión a acogido favorablemente esta decisión del Consejo de Ministros. 
De esta manera también se colocaría a la Comisión en situación de poder vigilar la protección de los Alpes. 
Se puede apreciar que en este punto también hay un cambio de tendencia. 
Sólo queda repensar y llevar a sus últimas consecuencias esta concepción. 
Y en este sentido, Sr. Comisario, le pediría que nos aclarase como pretende la Comisión ocuparse de las zonas montañosas para preservar esos espacios de vida, económicos, de reposo y naturaleza, en la próxima revisión de los fondos estructurales y regionales de marzo de este año. 
Señor Presidente, el debate en curso sobre la reforma de los Fondos estructurales tiene dos objetivos fundamentales. 
El primero es mejorar el funcionamiento de los propios Fondos y preparar a la Unión de cara a los grandes retos que la esperan y que todos ya conocemos de memoria: la ampliación, la reforma de la PAC, las políticas en materia de medio ambiente, empleo, formación y circulación de los jóvenes, la lucha contra los males del siglo como el cáncer, el sida, la droga, incluyendo un nuevo mal, es decir, el de tratar de legalizar la droga. 
Además de estos problemas que son objeto de otros debates, sin embargo, es justo subrayar aquí que la reforma de los Fondos estructurales afecta directamente a las zonas de montaña. 
En efecto, el segundo objetivo es incluir las zonas llamadas desventajadas o desfavorecidas en el reparto de los Fondos. 
Y, sin duda, la montaña figura entre ellas, en particular ese tipo de montaña donde la degradación, el abandono y la fuga de los jóvenes se han convertido en un mal endémico y, hasta hoy, aparentemente imparable. 
El último informe del Parlamento Europeo sobre las regiones de montaña se remonta al año 1988. 
Diez años son muchos para una política frágil y delicada como la que atañe a las zonas de montaña. 
Ante la reciente aprobación del Convenio Alpino y junto con las importantes reformas de la Agenda 2000, hay que implementar nuevas ideas y esto le corresponde a la Comisión. 
En consecuencia, ¿nos puede informar la Comisión acerca de las medidas que va a tomar para aplicar el Convenio Alpino, para reconocer la especificidad de las regiones de montaña y ante todo para crear un serio conjunto de medidas específicas que al menos ofrezcan un enfoque adecuado a los problemas de las zonas de montaña? 
Lo digo con vistas a la reforma de los Fondos estructurales que despierta una gran preocupación en quienes vivimos en la montaña: de siete fondos nos hemos reducido sólo a tres y, por desgracia, han desaparecido los dos fondos especialmente destinados a la agricultura, es decir, el 5a y el 5b, este último destinado a la agricultura en zonas desfavorecidas y de montaña. 
Entre los tres objetivos y el objetivo 2, que debe ocuparse al mismo tiempo de reforma y reestructuración en los sectores industrial, urbano y agrícola, de 13 iniciativas sólo quedan 3; queda LEADER, pese a las muchas críticas, y sobre todo, en lo que respecta al presupuesto anual, de 30 millardos de ecus hay que recuperar 2, que constituían el fondo del antiguo 5b. 
Por lo tanto, pido a la Comisión, al Comisario Sr. Oreja que transmita este mensaje a su colega, el Sr. Fischler, con objeto de que por lo menos estos 5 millardos sigan destinándose a la agricultura de montaña. 
Señor Presidente, mucho estamos debatiendo acerca de los Alpes y de las regiones montañosas y corremos el riesgo de crear la falsa impresión de que en la regiones llanas no hay problemas, que todo marcha bien. 
¡Nada más falso! 
La cuestión es que en las regiones montañosas los problemas son diversos y graves y que se deben afrontar de forma inmediata y directa. 
Sabemos que tienen unas características comunes; las regiones montañosas, a pesar de su diversidad y peculiaridad, presentan algunas desventajas naturales que se deben al clima y a la conformación del relieve. 
Por otra parte, tienen algunos elementos positivos; suponen una reserva medioambiental y son como unas arcas que contienen unas tradiciones históricas y culturales que deben salvaguardarse. 
Hasta ahora todo eso se lleva a cabo de forma insuficiente y fragmentaria. 
Dichas regiones tienen unas infraestructuras deficientes o inexistentes, especialmente en lo que se refiere a la atención social, al estado del bienestar social, a la educación, a la salud y ha comenzado el despoblamiento de las mismas, el abandono y su desertización, algo que puede tener consecuencias catastróficas para el medio ambiente, no sólo en ellas sino en un ámbito más amplio y general y pueden hacer desaparecer esas raíces de la tradición cultural. 
Nuestra pregunta a la Comisión es si ahora, con los cambios que se están llevando a cabo en los fondos estructurales, se van a tener en cuenta las considerables y urgentes necesidades de las regiones montañosas y para poder afrontar las especificaciones desfavorables y las limitaciones que introduce la Agenda 2000 y porque con la ampliación hacia el Este las regiones montañosas aumentarán. 
Estoy hablando, señor Presidente, a partir de la experiencia obtenida en mi país, donde los llanos escasean y donde hay muchas regiones montañosas y semimontañosas. 
Se ruega, pues, al Sr. Comisario que asegure si se va a tener en cuenta en las modificaciones de los fondos estructurales una ayuda integral para apoyar a esas regiones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mi colega Bontempi- que me ruega pida disculpas por él, ya que hoy se encuentra retenido en la Península Ibérica por cuestiones que afectan indirectamente a los problemas de montaña- y yo mismo hemos comprobado, como los demás diputados, la ausencia de un debate general en este Parlamento sobre la política de montaña desde hace unos diez años. 
Es cierto que otras instituciones se han preocupado, en particular, el Comité de las Regiones en 1995, pero hemos observado cambios importantes en el panorama de la montaña, al igual que en el marco más general que rodea nuestra pregunta: la modificación de la política agrícola común y las nuevas transformaciones previsibles a raíz de la Agenda 2000, el Convenio Alpino y su protocolo en materia de tránsito, relacionado con el debate de ayer sobre tránsito alpino y, por último, la importante reforma de los fondos estructurales, objeto primordial del debate de hoy; primordial porque los problemas de montaña son problemas de carácter trascendental, transversal, a los que afectan todas las políticas comunitarias. 
En primer lugar, le afecta la política agrícola común, porque, sin la agricultura de montaña, no conservaremos nuestro patrimonio. 
Hay que evitar que nuestra montaña se vea invadida por los terrenos baldíos, degradada por las avalanchas y los corrimientos de tierras. 
Por ello hay que garantizar unos ingresos adecuados a sus agricultores. 
Un reciente estudio de los servicios franceses del " Plan» (Plan general de ordenación del territorio) impulsado por el Sr. Bazin, acerca de los efectos de la reforma de la política agrícola común sobre la renta agraria, plantea algunos problemas a este respecto. 
El estudio pone de manifiesto el efecto globalmente favorable de la reforma de la política agrícola para todas las zonas agrarias, pero los grandes ganadores en este asunto son las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas no montañosas. 
En segundo lugar vienen las explotaciones situadas en zonas llanas. 
En cambio, se observa un gran desfase de las explotaciones situadas en zonas de montaña, cuya renta media se aleja de la media nacional, es decir, que la desventaja " montaña» no es suficientemente compensada. 
Una ligera modificación de los mecanismos de asignación de las ayudas permitiría, sin duda, poner fin a esta distancia y tendría, además, un efecto favorable sobre el empleo agrario. 
Será un placer comunicar estas indicaciones a la Comisión. 
La segunda cuestión que deseo mencionar se refiere a la intensificación de la política de calidad. 
Es evidente que en la montaña hay que jugar a una política de calidad de nuestros productos, porque es imposible competir con las fábricas lecheras de la llanura. 
Esta observación es válida para nuestros quesos, pero también para nuestra miel, nuestros jamones o incluso para la artesanía artística. 
Esta política ha sido fomentada, en Francia, por la ley para la montaña de 1985, que estableció una denominación de origen " Montaña». 
La denominación fue declarada contraria al Tratado por el Tribunal de Luxemburgo, por la sentencia Pistre del 7 de mayo de 1997, que señaló, de forma justa por otro lado, una discriminación contra los productos no franceses. 
Hay que encontrar, por lo tanto, otra manera de fomentar los productos de calidad, y ello a un nivel europeo; así que, ¿por qué no una denominación " Montaña europea»? 
Es una fórmula que proponen los profesionales de mi país. 
Deseo que la Comisión examine esta vía. 
Finalmente, los Fondos estructurales deben tener como objetivo compensar las desventajas naturales. 
Hoy por hoy se excluye la introducción de un objetivo específico " montaña» , pues esto se opondría a la concentración de los Fondos estructurales. 
Pero al menos es necesaria una afirmación del carácter específico de la identidad de la montaña dentro del Objetivo 2 y una mayor conexión con la desventaja física, por oposición al simple criterio de los ingresos, pues algunas actividades económicas pueden tener efectos nefastos sobre la conservación del medio ambiente o el mantenimiento de la agricultura de montaña. 
Es el caso del transporte por carretera o incluso de ciertas formas de turismo intensivo. 
Habría que admitir una flexibilidad de las condiciones de adjudicación de las ayudas dentro del respeto a las disposiciones del Tratado, en especial las relativas a la competencia. 
Por último, para concluir, señora Presidenta, señor Comisario, unas palabras acerca de los programas transfronterizos, que afectan a varias cadenas montañosas; no a todas las montañas europeas, pero sí a varias cordilleras, en particular los Alpes y los Pirineos. 
La Comisión ha decidido desarrollar estos programas y dedicarles una mayor dotación. 
LO celebro y deseo que los programas tengan plenamente en cuenta el carácter específico del medio montañoso como tal, porque nuestra montaña es un patrimonio común a toda Europa. 
Es un patrimonio frágil. 
Hay que protegerlo, es decir, apoyar a los hombres y mujeres que lo cuidan, en el marco de una verdadera política de desarrollo rural continuo. 
Esto es lo que deseamos y lo que esperamos que logre establecer la reforma de los Fondos estructurales. 
Señora Presidenta, quisiera decir, antes que nada, lo mucho que agradezco las iniciativas adoptadas por otros diputados que se han unido a nosotros en plantear este tema, que claramente reviste una gran importancia. 
Además, la oportunidad del momento es considerable, ya que afrontamos una revisión de la idea de la financiación estructural y regional en conjunto. 
Uno de los problemas con el que nos encontramos es de la definición. 
Permítanme tan solo leer la pregunta que presenté, junto con la Sra. Ewing: " ¿Qué es exactamente una montaña? ». 
Esto parece algo a lo que un geólogo podría responder fácilmente, pero las características económicas de la montaña dependen de la latitud tanto como de la altitud. 
El criterio fundamental, afirmaría yo, es el límite de la vegetación arbórea. 
Los árboles indican a qué altura pueden crecer las cosas en la montaña. Insto a la Comisión a que tenga esto presente cuando estudie la propuesta. 
El segundo problema de definición se refiere a los datos concernientes a las áreas montañosas. 
Es muy fácil, desde luego, con la poca densidad de población de las áreas montañosas, que la situación de desventaja que sufren sus habitantes se pierda dentro de una zona de definición mucho mayor. 
Sé que la Comisión se está esforzando enormemente por resolver el problema de la delimitación de zonas. Yo me pronunciaría en contra de que la desventaja de esas zonas se pierda dentro de una mucho mayor sólo por conveniencia administrativa. 
Ésta es una batalla que tendremos que librar, y muy duramente, en toda Europa. 
Espero que la Comisión sea capaz de considerar pragmáticamente la cuestión en su totalidad y que comience a tener en cuenta la cuestión climática, y no sólo algunos de los indicadores macroeconómicos. 
Algunos podrán pensar que es una difícil tarea, pero hay un precedente alentador, y es lo que sucedió en las negociaciones de adhesión con Suecia y Finlandia cuando los suecos y finlandeses defendieron, con mucha razón, que había que reconocer el Objetivo 6, como ahora lo llamamos, es decir, que las desventajas climáticas del norte de esos países tenía que ser objeto de un objetivo específico. 
Esto está abocado a repetirse en el Objetivo 1. 
Esto está bien dentro de sus límites. 
Pero " dentro de sus límites» no es suficiente. Tenemos que abogar por que el mismo principio sea aplicado en toda Europa para que los que tienen que hacer frente a un clima muy frío en algunas épocas del año o, si me apuran, de forma permanente tengan derecho al mismo tipo de trato. 
Ciertamente esto sería de aplicación a las tierras altas de Escocia. La gente va allí a entrenarse para atacar las cumbres del Himalaya y por lo tanto, por definición, las montañas se consideran bastante frías y retadoras. 
También es aplicable a otras partes, que han mencionado los colegas, de Francia, Italia y el Tirol meridional. 
Todo ello significa que tenemos que dar un nuevo enfoque al tema de corregir las desventajas, que claramente es el núcleo mismo de toda la idea de la política regional y estructural. 
Recomiendo a la Asamblea que tome estas iniciativas. Espero que la Comisión las haga suyas y responda positivamente. 
Señora Presidenta, es muy provechoso que el Parlamento centre su atención en la especial situación y en los problemas que tienen las regiones de montaña de la UE. 
Tenemos muchos territorios, entre otros, en Europa del Sur, en Grecia, España e Italia, que aquí se han nombrado. 
También tenemos regiones de montaña en Europa Central y en Europa del Norte. 
Además, posiblemente las tendremos también en los nuevos países miembros. 
Tal como dijo Macartney, merece la pena observar que no es el mismo problema. 
Creo que es muy importante definir lo que queremos decir con región de montaña. 
El tema del clima no es menos importante. 
Como sueco, obviamente siento pasión por los problemas que tienen los territorios escandinavos y que actualmente están comprendidos en el Objetivo 6. 
En pocas palabras: ¿Qué queremos decir con regiones de montaña? 
Creo que tenemos que empezar por esta definición. 
Las regiones de montaña son la herencia ecológica más grande de Europa, pero es una herencia sensible cuyo carácter biológico único puede destruirse fácilmente por mucho tiempo, quizá para siempre. 
También constituyen en muchos lugares de Europa las más grandes reservas de agua potable, algo que todos sabemos que debemos cuidar. 
En algunos sitios, las grandes amenazas son el turismo masificado que destruye y sobrecarga la ecología y la biología. 
Son las ampliaciones de grandes y pequeñas vías: caminos, autovías, túneles de los que hemos hablado aquí, y no en menor proporción, de las redes transeuropeas en su totalidad. 
La contaminación del aire y del agua aumenta. 
Los problemas de las zonas poco pobladas hacen que la gente las abandone, los territorios de pequeños propietarios y de explotación forestal se destruyen y con ellos desaparecen la singular cultura y herencia cultural de muchos lugares. 
Pienso en la única minoría étnica que hay en la UE, o sea los lapones en el norte de Escandinavia. 
Allí han desarrollado una relación armónica entre la naturaleza y el hombre. 
Con todo, los Verdes no apoyamos la creación de programas especiales o regiones con objetivos especiales tratándose de las regiones de montaña. 
Corremos un riesgo evidente de inundarnos de diferentes regiones con objetivos especiales como por ejemplo, islas, marismas, regiones de montaña, ciudades, etc. No creemos en este modelo. 
La política regional del futuro tiene que tomar en consideración, en todo caso, ciertas regiones de manera distinta a como lo hace hoy, pero en su totalidad y no parcialmente. 
En este caso, vale también para las regiones de montaña. 
Veremos si damos apoyo a esas regiones cuando desarrollen un estilo de vida y una producción ecológica y respetuosa por el medio ambiente. 
Tal vez se podría pensar si se pudiera, digamos, etiquetar ciertas regiones donde la gente vive y trabaja de una manera respetuosa con el medio ambiente y también darles entonces ayudas por medio de los fondos estructurales. 
Quizá es posible desarrollar y ampliar Natura 2000. 
Hay muchas cosas en las que se puede pensar, pero preguntamos: ¿Qué quiere la Comisión? 
Señora Presidenta, Señorías, esta pregunta permite a la Comisión precisar su posición sobre la reforma de los Fondos estructurales y, más concretamente, sobre la forma en la que tendrá en cuenta las características específicas de las regiones de montaña. 
Dentro del marco de las reflexiones sobre la adaptación de la política agrícola y estructural, recogidas en la Agenda 2000, las preguntas dirigidas a la Comisión tratan, fundamentalmente, de la posibilidad de elaborar medidas específicas para las zonas de montaña. Por ejemplo, mediante la creación de un objetivo denominado «montaña» , que se sumaría a los demás objetivos estructurales. 
A este respecto, la Comisión destaca que la adaptación a las necesidades locales debe tener en cuenta la necesidad de no complicar excesivamente la política estructural y la necesidad de asegurar una mejor concentración de los Fondos estructurales. 
El sistema propuesto en la Agenda 2000 permite, a nuestro juicio, conciliar la necesaria simplificación con una mayor consideración de los problemas específicos de las zonas de montaña, y lo hace por partida doble: 
En primer lugar, porque la reorganización de la política de desarrollo rural debe conllevar una importante descentralización de las políticas de apoyo- cuestión a la que se ha referido antes el Sr. Macartney en su intervención- y una mayor integración de los distintos instrumentos existentes, lo que permitirá, mediante la aplicación de programas regionales integrados, una adaptación más adecuada a las necesidades específicas de las distintas regiones de la Unión Europea. 
Las zonas de montaña deberían resultar especialmente beneficiadas en relación con sus necesidades concretas y en razón de las mismas. 
En segundo lugar, porque la atención prestada a las medidas agroambientales en las propuestas de la Agenda 2000 permitirá también aprovechar de manera óptima las características específicas de las regiones de montaña. 
El fomento de la conservación y la valorización del medio ambiente, que responden a la toma de conciencia social de las amenazas que éste sufre y que encuentra un campo de aplicación único en las regiones de montaña, se podrá realizar en dos direcciones: por una parte, mediante el fortalecimiento del mecanismo de las indemnizaciones compensatorias, que podría convertirse en un instrumento de apoyo básico para las prácticas agrarias extensivas respetuosas del medio ambiente; y por otra- y con ello trato de contestar a la preocupación que manifestaba hace un momento el Sr. Cot -, mediante el fomento de medidas agroambientales dedicadas a unos objetivos concretos- pienso, por ejemplo, en el mantenimiento del pastoreo alpino, entre otros -, los cuales podrán recibir mayor apoyo financiero y, en su caso, porcentajes de cofinanciación más elevados. 
Con respecto a este último punto, debo señalar que otras zonas ecológicamente sensibles, como por ejemplo las zonas húmedas, también podrán recibir un mayor apoyo. 
Al margen de este planteamiento general, se han planteado a la Comisión dos preguntas más concretas relativas a las zonas de montaña: la primera se refiere al Convenio Alpino y a las medidas que la Comisión tiene intención de poner en funcionamiento para aplicarlo; y la segunda, a los futuros criterios de clasificación de las zonas de montaña y, en concreto, a la altitud. 
Respecto al Convenio Alpino, quiero señalar que aunque la Comunidad Europea lo ha ratificado y ha firmado algunos de sus protocolos- entre los cuales se encuentra la agricultura de montaña -, antes de iniciar el proceso de ratificación de los mismos es necesario esperar a que se realice la armonización lingüística de los protocolos. 
Y dada la situación, la actuación de la Comisión consiste por el momento en la participación activa en los trabajos del Comité Permanente del Convenio Alpino y en la coordinación del sistema de observación e información de los Alpes. 
Por último, en lo que respecta a los criterios de clasificación de las zonas de montaña, la Comisión prefiere esperar a que se determinen los principios básicos de la reforma de los Fondos estructurales antes de abordar problemas más concretos de este tipo. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, estimados colegas, las intervenciones y argumentaciones de los diferentes grupos han evidenciado la diversidad con la que pueden ser observadas las montañas. 
Esto comprende desde Escandinavia hasta Grecia y parto del supuesto de que el primer orador se refirió principalmente a los Alpes. Como yo mismo también vivo en los Alpes me voy a concentrar un poco más en esa zona. 
Al mismo tiempo quisiera indicar, y en eso coincido con la intervención inmediatamente anterior a la mía de la Sra. Lindholm, que deberíamos guardarnos, llegado el momento y a causa de la Agenda 2000, de concentrarnos en las políticas estructurales y, con consentimiento de esta Asamblea, ocuparnos del asunto con la debida extensión. 
Creo que deberíamos quedarnos con que ese momento decisivo para las políticas estructurales y las subvenciones para este sector suponen en última instancia el bienestar de esas regiones y, gracias a Dios, los Alpes no se encuentran necesariamente entre las regiones más pobres de la Unión. 
Por eso al final de este tipo de debates surgiría la pregunta de ¿quién va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? 
¿Recortamos de algún sitio o hay que aportar más? ¿Quién lo pondrá? 
Lo que necesitamos y, gracias a Dios esto ha sido expresado en repetidas ocasiones esta semana, es una verdadera política alpina de la Unión. 
En relación con el tránsito en los Alpes se escucha con frecuencia y se tiene la sensación de que para muchos políticos europeos los Alpes no son más que una especie de obstáculo artificial. 
Quiero citar las palabras de un colega de los Verdes que ayer tomó la palabra, en concreto el Sr. Kreissl-Dörfler, que entre otros dirigió sus palabras a Holanda: " si se destruye el hábitat de los Alpes, no necesitarán más, de hecho, construir diques contra las oscilaciones del mar, sino contra las del Rin, ya que cuando los Alpes sean destruidos, podrán ustedes declarar en sus países el nivel de crecida a lo largo del año, pero lo harán en todo el país.» 
Creo que en este ejemplo se comprueba lo enredadas que están las cosas y como, oportunamente, el principio del libre mercado dentro de la Unión colisiona con condiciones vitales propias de este continente. 
Me parece que deberíamos aprovechar este debate suscitado por el Sr. Ebner, ocuparnos de principios como el enunciado, también en el marco de las futuras políticas de la Unión y no cultivar tanto esa contradicción economía-ecología, sino entender que la una no es posible sin la otra. 
Creo que la ciudadanía apenas sabe lo mucho que trabajamos en el Parlamento Europeo, que ni siquiera podemos tomarnos libre el día de la fiesta nacional. 
Además los diputados que están de cumpleaños también están muy activos. 
El siguiente orador es uno de los tres que celebran cumpleaños. 
Dicho esto, tiene la palabra el Sr. Bernard-Reymond en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, el proyecto europeo es un proyecto de civilización. 
Esto quiere decir que, si bien es cierto que Europa acepta el juego y desea responder al reto de la mundialización, se niega a considerar que, bajo el efecto de un liberalismo puro y duro, el mecanismo exclusivo de las reglas del mercado conduzca a un planeta uniforme, modelado únicamente por las leyes de la competencia. 
El liberalismo, al conectar entre sí nuestras economías, al estimular la innovación, al arrastrar a nuevos países hacia el crecimiento, es un potente motor de progreso. 
Pero también sabemos qué desequilibrios puede producir en el plano social, así como en el territorial. 
Es la razón por la que cada pueblo se esfuerza por introducir en él las correcciones que mejor se correspondan con su cultura. 
Y ésta es la óptica desde la que se hace necesario cambiar la política social europea, por supuesto, pero también la política de ordenación del territorio, uno de cuyos aspectos es el de la montaña. 
La montaña es un lugar específico, más bien frágil, dónde nunca se encontrará nada mejor para cuidarla que desarrollar en ella una agricultura muy viva. 
Es un lugar en el que es esencial la idea de equilibrio entre diversas necesidades. 
Está la ruptura del aislamiento- y no dudo en decirlo todavía hoy, a riesgo de pasar por un viejo anticuado. 
Ruptura del aislamiento mediante la carretera o incluso mediante las autopistas, a las que no se tendría por qué renunciar donde todavía faltan. 
En segundo lugar, también, por supuesto, mediante el ferrocarril, mediante las telecomunicaciones. 
Están el desarrollo agrícola de calidad, la recepción turística, el respeto del medio ambiente, aspectos que han de poder conjugarse en planes para los sistemas montañosos transfronterizas a escala europea. 
Por ello, es indispensable reconocer el carácter específico de la montaña, conceptual, jurídica y financieramente hablando. 
No se trata de llenar el espacio europeo de un mosaico de categorías. 
No se trata de esconder la montaña detrás de protecciones o privilegios. 
Se trata simplemente de ayudarla a innovar, a invertir en un desarrollo sostenible y a que pueda participar plenamente en la aventura de construir una sociedad europea equilibrada y, por lo tanto, de calidad. 
Señor Presidente, Señor Comisario, he escuchado atentamente su respuesta dirigida a los ponentes de la pregunta conjunta sobre las regiones montañosas. 
Pero me van a permitir decirles que ha sido muy general. 
No se han contestado a las preguntas concretas formuladas por los colegas, como por ejemplo la del Sr. Santini, ni las de otros grupos políticos. 
Además de todo lo que han dicho otros colegas, con lo que estoy de acuerdo y corroboro, quisiera preguntarles si la Comisión Europea ha pensado cómo afrontar otros dos problemas más que pueden aparecer en el futuro. 
Me refiero a los problemas que puedan surgir tras la liberalización de los servicios postales, especialmente en las zonas montañosas, y a los que puedan resultar de la liberalización de los ferrocarriles. 
Ya saben que el Parlamento Europeo ha presentado y ha votado, dentro de los informes expuestos, propuestas concretas respecto a estos dos asuntos y saben también que la Comisión Europea no las ha aceptado todas, al menos las relativas a los servicios postales. 
Quisiera que me dijeran si han vuelto a reflexionar sobre el asunto y cómo van a afrontarlo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me alegro profundamente de que se esté celebrando en el pleno este debate que se inscribe en la perspectiva de la reforma de la política estructural y de la PAC, porque me parece especialmente importante que podamos reflexionar juntos, en este hemiciclo, sobre cómo puede la Unión Europea, al lado de los Estados miembros, contribuir mediante una política voluntarista a proteger las zonas de producción agraria ecológicamente sensibles. 
Ciertamente, si nos limitamos a dejar actuar únicamente la presión del mercado mundial, no se ve nada claro cómo una agricultura a la vez viva y responsable podrá mantenerse en las regiones con unas exigencias específicas, las cuales constituyen unas características comunes a esas diversas zonas y que tienen que ver con la naturaleza de su suelo, su clima, el carácter especialmente sensible de su ecosistema o de su red hidráulica, la lejanía y los problemas de acceso. 
Evitar a toda costa una desertización humana de estas zonas, impedir su progresivo despoblamiento favoreciendo la conservación de unas actividades agrarias sostenibles suficientemente remuneradas y apoyando el desarrollo de un turismo no agresivo, ¿no es el doble objetivo que tendría que perseguir una política específica para estas regiones, para equilibrar positivamente unas difíciles exigencias de desarrollo?. 
Lejos de criticar las disposiciones propias de la política en favor de las zonas de montaña, las reformas que se realicen debieran considerarlas, por el contrario, como una primera base positiva que habrá que perfeccionar y completar después, a fin de superar la fase de las acciones puntuales y experimentales para pasar, en el marco del nuevo objetivo 2, a un verdadero dispositivo duradero, por ello previsible y, por lo tanto, incentivador, que permita atraer sobre todo a jóvenes activos. 
Me alegro profundamente, a este respecto, de las palabras del Comisario Oreja cuando ha dicho que, como las zonas húmedas son igualmente zonas agrícolas ecológicamente sensibles por las que nuestra Asamblea se interesa especialmente, debieran beneficiarse, al igual que las zonas de montaña, de un apoyo específico y mayor dentro de la reforma de la política estructural. 
Señora Presidenta, las zonas de montaña de la Unión Europea- ya se ha puesto de manifiesto en el debate- tienen características similares, y tienen características también parecidas las regiones o zonas de montaña de los próximos países de la ampliación. 
Son zonas vinculadas en muchos casos al mundo rural, en alguna ocasión también con cierto desarrollo en el sector turístico, tienen poca y dispersa población y objetivos y dificultades para su desarrollo y eso les impide una sostenibilidad de la población con dotaciones, infraestructuras y servicios suficientes. 
Son, simultáneamente, zonas de enorme atractivo por su entorno natural o por las posibilidades de su patrimonio y de su entorno. 
Han existido iniciativas comunitarias en relación con otras regiones europeas con características comunes, las regiones ultraperiféricas o marítimas, etc., pero las zonas de montaña apenas si han tenido en el pasado iniciativa alguna concreta; si acaso, alguna muy puntual relacionada con algún aspecto de la política agrícola. 
En vísperas del debate sobre la próxima reforma de los Fondos estructurales, esta pregunta, que hoy estamos debatiendo, es oportuna y ya hemos escuchado cómo la Comisión ha hecho ya alguna reflexión al respecto. 
Y sería útil, precisamente, que la Comisión presentara una comunicación sobre posibles experiencias innovadoras, donde se hayan utilizado los Fondos estructurales en estas zonas de montaña en los últimos años- en los diferentes países de la Unión-. 
Ello permitiría comprobar si ha existido un valor añadido al aplicarse los Fondos estructurales en esas zonas. 
En la reforma de los Fondos estructurales habrá que contemplar las especificidades de estas regiones, cómo actuar para mantener, proteger y potenciar el entorno de las mismas, aprovechando su desarrollo endógeno, y teniendo muy en cuenta la propia fragilidad de ese entorno natural cuando se ve agredido por la inclusión o el abuso de elementos extraños y ajenos que pueden degradar el territorio y sus características naturales. 
La misma preocupación debiera estar presente, no solamente en los Fondos estructurales, sino en la reflexión y en las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común. 
Las regiones con importantes zonas de montaña- yo vivo en una de ellas, donde conviven zonas muy cercanas al mar y zonas eminentemente de montaña- son una parte importante de la realidad de esta Unión Europea. 
Por eso, será necesario que los reglamentos que en el futuro regulen los Fondos estructurales, en la dirección que ha expuesto el Comisario o en una forma ampliada, contemplen cómo actuar de forma positiva e integral en ese patrimonio común, en el marco de una política regional rigurosa, y con el objetivo de progresar en la cohesión de nuestras regiones y de nuestros pueblos. 
Señora Presidenta, la verdad es que estamos en un momento de definición de las nuevas políticas comunitarias de desarrollo regional, en el marco de la Agenda 2000, y es el momento oportuno para hablar de este tema y de formular propuestas para que esta especificidad de las regiones de montaña se vea incluida en las políticas comunitarias de desarrollo regional. 
Son regiones con un problema de despoblamiento, en algunos casos faltas de alternativas económicas y con una necesidad de desarrollo, que además debe ser equilibrado con su medio natural, para que se pueda seguir manteniendo el equilibrio en el futuro. 
Efectivamente, no ha existido hasta el momento un objetivo propio para estas zonas. 
Hablaba el señor Comisario de la necesidad de no complicar en exceso las políticas regionales comunitarias pero, dentro de esta sencillez, sería interesante potenciar estas áreas, como la Comisión- estoy seguro- llevará a cabo en sus nuevas propuestas. 
En ellas deberán incluirse medidas integrales, especiales, para el desarrollo de estas áreas como entornos vitales, a través de su desarrollo económico, el desarrollo del ocio y el desarrollo natural. 
Además, muchas de estas áreas son transfronterizas, porque si bien las cadenas montañosas han dividido los Estados, a ambos lados de ellas han seguido existiendo entornos de convivencia, entornos naturales y de poblaciones; en ese sentido, sería interesante también la potenciación de estas experiencias transfronterizas de colaboración en las regiones de montaña. 
Actualmente existen numerosas experiencias piloto que la Comisión Europea podría aprovechar para potenciarlas en sus propuestas y tomarlas como modelo. 
Me estoy refiriendo a casos de colaboración en el área pirenaica. 
Estoy seguro de que el señor Comisario- que además de vasco es buen conocedor de su país- las conoce. 
Efectivamente, existen modelos en la montaña alavesa, en los valles pirenaicos, navarros o del País Vasco francés, etc., que pueden ser tomados como modelo de lo que puede ser la generación de actividad económica respetuosa con el medio natural. 
En este sentido, quisiera felicitar al señor Comisario especialmente por ese comentario que ha hecho en su última intervención sobre la potenciación también del pastoreo de montaña, en la medida en que, además de generar actividad económica, ayuda a conservar el medio natural y determinados ámbitos culturales. 
Señora Presidenta, este es un debate que trata de política regional y de una Europa igualitaria. 
Son materias que están en el tema de la solidaridad. 
Todos tienen que poder vivir una vida plena en nuestra Europa. 
También son materias que, como ya lo han expuestos otros, tienen condiciones especiales. 
En mi caso se trata de Suecia, Finlandia y Europa del Norte, 2000-2500 kilómetros al norte de aquí. 
Se trata en gran medida de regiones ecológicamente sensibles, con muchísimos recursos naturales y una enorme diversidad biológica. 
Por eso, todas las discusiones sobre ayudas deben basarse en esas particularidades locales y regionales, ya que es muy fácil que las ayudas a gran escala y las explotaciones que no se adecuan a las regiones, causen más daños que beneficios. 
Obviamente que esto es válido también para otras regiones de montaña. 
A continuación describiré un poco de cómo es la situación en mi tierra. 
Evidente estamos muy interesados en la ayuda del Objetivo 6 que ahora desaparece con las modificaciones que se hacen en los fondos estructurales. 
¿Qué pasa con la ayuda del Objetivo 6 para Suecia y Finlandia, cuando las regiones del Objetivo desaparecen como tal y pasan al Objetivo 1? 
Es algo muy especial. 
Obtuvimos esas posibilidades de ayuda a través del Objetivo 6 cuando negociábamos, antes de la adhesión a la UE, sobre todo porque el clima es muy duro; en este momento hay entre 30 y 40 grados bajo cero en el norte de Suecia. 
Es muy difícil para quien no ha estado allí imaginarse un territorio que puede ser aproximadamente así: puede haber 100 kilómetros hasta el próximo lugar habitado; en promedio hay una población de 1 a 3 habitantes por kilómetro cuadrado; la gente vive de trabajos ocasionales, agricultura y explotaciones forestales en pequeña escala que dan poco dinero; allí viven suecos, finlandeses y lapones; se vive en contacto con la naturaleza y de la naturaleza; se es dependiente de la sobrevivencia de los recursos naturales para la propia supervivencia; el estancamiento y la emigración son considerables. 
Desgraciadamente, la política agrícola de la UE se ha concentrado demasiado en las grandes explotaciones agrícolas, tanto en Europa como en el sur de Suecia, mientras que los pequeños agricultores en el norte de Suecia tienen enormes problemas. 
Tengo una pregunta que estoy muy interesado en que la Comisión me responda, si el Comisario me está escuchando. 
Mi pregunta es: ¿Qué propone la Comisión para la región del Objetivo 6 cuando ahora se establezcan nuevos criterios al término del período en 1999 y al comienzo del nuevo? 
Estoy muy interesado en que se me dé una respuesta. 
Señora Presidenta, debo decir que celebro que tengamos hoy el debate general sobre la especificidad de las regiones de montaña. 
En definitiva éstas son las más sensibles y por ello precisan también nuestro apoyo si queremos conservarlas en su plenitud y multifuncionalidad. 
Para ello el alto grado de consideración del espacio rural incluido en la agenda 2000 debe ser asegurado. 
De manera concreta necesitamos el desarrollo del fondo de compensación para zonas desfavorecidas, la intensificación la protección de las marcas y la denominación de origen de productos típicos de esas regiones así como fomentar más decididamente la silvicultura. 
Otro punto digno de ser fomentado es, sin duda, el mejor del aprovechamiento de las energías renovables. 
No debemos olvidar que, precisamente en esta cuestión, cualquier forma de interrupción de la explotación de una superficie cultivable supone la bancarrota de nuestro sistema. 
La agricultura no se deja manipular como, por ejemplo, una explotación industrial, y hay que tener siempre en cuenta una perspectiva de larga duración. 
Por eso deberían ser incluidas estas superficies entre las consideraciones relativas a las energías renovables. 
Junto con remuneraciones reforzadas por los rendimientos agrícolas y ecológicos habría que compensar también las desventajas naturales permanentes para asegurar la explotación de las regiones de montaña. 
Estas tampoco serían las consideraciones menos importantes desde el punto de vista del turismo. 
Austria es el país de la Unión Europea que tiene el porcentaje mayor de agricultores con ganancias adicionales. 
La mayoría de los agricultores también ejerce alguna actividad turística y así propician, con ambas actividades, que se conserve el poder de atracción y la productividad de las regiones de montaña y se impida, de ese modo, un continuo éxodo del espacio rural y se pare la despoblación de las regiones de montaña. 
Esto muestra la profunda significación social y la multifuncionalidad de la agricultura. 
En Austria el 70 % de la superficie cultivable, unos 2.323.000 de hectáreas, entran en la categoría de zonas desfavorecidas de la Unión Europea. 
La media de la UE está en torno al 56 %. 
De manera concreta esto significa que al rededor de 150.000 explotaciones están sitas en una zona desfavorecida. 
Teniendo en cuenta la ampliación de nuestra comunidad hacia el este lo mejor sería que se prolongase la directiva agrícola. 
Sólo de esa forma se garantizaría que los costes de ésta no vayan a ser soportados por nuestros agricultores, y por contra, todos los involucrados en este camino de unificación europea lleven su correspondiente peso. 
Señora Presidente, antes de nada quería agradecerle al Sr. Ebner que haya suscitado esta cuestión, y en segundo lugar quisiera hacer una observación. 
Es evidente que las sesiones de los viernes tienen sentido, porque los viernes se habla de cosas serias en lugar de hacer demagogia y, además, suele reinar un mayor consenso entre los partidos que en cualquier otro momento. 
Quiero adherirme a lo que ha dicho el Sr. Macartney. 
Ha aportado un punto muy interesante, en concreto que en la calificación de las regiones no deben ser empleados únicamente criterios burocráticos, es decir, que no se haga depender sólo de la altura o profundidad sino que también se observen cuestiones como el clima o los factores sociales. 
En segundo lugar también quiero subrayar que no es la economía sola- esto ha sido mencionado por parte de todos- el factor decisivo. 
Sólo la función social de la economía es verdaderamente fundamental para el futuro. 
Esto es especialmente cierto entre nosotros, en las regiones montañosas- hay muchas regiones de éstas en donde vivo, aunque generalmente se desconoce, la Alta Baviera se compone parcialmente de zonas de montaña -, donde los pequeños agricultores deben ser conservados a toda costa, ya que sin estas personas tampoco se conservarían las zonas de montaña. 
Y entonces todo se deteriora como se puede comprobar en demasiados lugares de los Estados Unidos. 
En segundo lugar, en el diseño del transporte tenemos que tener como prioridad el punto de vista ecológico, ya que cuando vemos como han contribuido al deterioro general los efectos de determinadas carreteras, por ejemplo las que transcurren por el sur del Tirol, cuando se sabe que determinados proyectos pueden ser muy perjudiciales, entonces hay que imponer el punto de vista ecológico, pues será ésta la única manera de conservar lo que es el corazón de Europa. 
Señora Presidenta, Austria es famosa por sus bellísimos Alpes y sus nuevos parques nacionales. 
No obstante se produce en esa región un importante cambio estructural. 
Por una parte nos esforzamos en conservar las tradiciones, la belleza del campo, la naturaleza y el tipismo, por otro lado pensamos concienzudamente en el futuro, sobre como asegurar el futuro y sobre las posibilidades que el futuro deportará. 
Creo que en ese campo debemos intensificar el estudio. 
Debemos comprobar con qué productos y servicios podemos mirar hacia el futuro, tenemos que hacer un análisis del mercado, para ver qué visitantes pueden acercarse a estas regiones y qué es lo que se piensa de ellas, qué servicios pueden ofrecerse y qué productos de esas regiones pueden ser exportados. 
Un segundo punto y quizá más importante es la formación continuada y el reciclaje en estas regiones. 
Deberíamos preguntarnos acerca de las estructuras de formación que podemos ofrecer a estas zonas. 
Señora Presidenta, dos palabras nada más. 
En primer lugar para decir a sus Señorías que he tomado nota de las intervenciones que han tenido lugar aquí esta mañana. 
Me he hecho eco de algunas de ellas en la intervención que he tenido en medio de la sesión, y de todas formas daré traslado al Colegio de Comisarios y, muy particularmente al comisario responsable, Sr. Fischler, de todas ellas. 
El Sr. Kaklamanis se ha referido a unos temas distintos de los que están planteados en la pregunta, puesto que aquí estamos tratando de los Fondos estructurales y de la agricultura, y él se ha referido a la liberalización de los correos y a las redes ferroviarias. 
Estos son dos temas que nos preocupan, objeto también de preguntas por el Parlamento, y la Comisión, siendo consciente de sus problemas, dará en su momento las correspondientes y oportunas respuestas a los mismos. 
Sobre las zonas alpinas quiero poner de manifiesto dos cuestiones: por una parte, todo lo que se refiere al fortalecimiento de las indemnizaciones compensatorias de las zonas desfavorecidas, y por otro, al mayor apoyo al pastoreo alpino dentro de las medidas agroambientales. 
Al Sr. Lindqvist quiero tranquilizarle, pues aunque tenga solamente uno de los auriculares puestos, le oigo, y además con mi apellido no tengo más remedio que escuchar. 
De manera que usted comprenderá que yo sigo con mucha atención todas las intervenciones y muy especialmente las suyas, Sr. Lindqvist, cuando se ha referido a todos los problemas que se plantean en las regiones nórdicas y ha puesto de manifiesto el contraste entre las regiones alpinas y la región nórdica. 
Hay un tema muy concreto, que ha planteado, al cual no le puedo dar una respuesta- pero sí le he escuchado -, que es el que se refiere a los criterios de clasificación de las zonas de montaña, que no están aún definidos. 
Pero vamos a proceder a ello. 
Como usted sabe, Sr. Lindqvist, estamos en este momento examinando la reforma de los Fondos estructurales. 
El Sr. Imaz se ha referido, por ejemplo, a la idea de simplificación- ha hecho una mención, a la que soy especialmente sensible, a unas montañas de la zona, de la región común, de la patria común que tenemos en el ámbito vasco -, y él sabe que yo he recorrido todas esas montañas, he subido hasta lo alto de ellas a lo largo de toda mi vida y realmente soy muy sensible a los argumentos que él utilizaba. 
Y en ese sentido, yo quiero decirle que si bien hay el propósito por parte de la Comisión de buscar una mayor simplificación de los Fondos estructurales, eso no quiere decir que no sea posible conciliar la simplificación con una mayor consideración de los problemas específicos relativos a las zonas de montaña. 
A ello el Dr. von Habsburg ha hecho una mención específica y yo quiero recogerla también. 
Vamos a tener especialmente en cuenta estos temas y así voy a trasladarlos al Sr. Fischler, y a los otros comisarios correspondientes, en la medida en que a ellos les afecta. 
Creo que es muy útil- efectivamente, el Dr. von Habsburg lo decía hace un momento- que también en viernes se pueda tratar cosas importantes. 
Señoras y señores parlamentarios, muchas gracias. 
Señora Presidenta, tengo una cosa que decir bastante preocupante porque, en este día en el que estamos hablando del problema de las zonas marginales de Europa, acabo de oír que Escocia va a perder un miembro en el Comité de las Regiones, y lo mismo va a suceder con Gales. 
Me parece muy preocupante y quisiera hacer constar una protesta en esta Asamblea. 
También quisiera preguntar al Comisario Oreja, quien sé que tiene un profundo interés por estas cuestiones, si no está de acuerdo en que esto debilitará la voz de Escocia y Gales, sobre todo en este momento en que estamos hablando del futuro desarrollo de la Agenda 2000 y de todas estas cuestiones esenciales. 
En lo que concierne al lugar de Escocia, a los Estados miembros les ha sido comunicado el número de personas que pueden ser enviadas al Comité de las Regiones, y cómo se organicen estos representantes en el Comité de las Regiones es una decisión que compete a los estados nacionales. 
No obstante, Sr. Oreja, ¿desea usted insistir en la cuestión? 
Señora Presidenta, no puedo más que estar de acuerdo con lo que usted acaba de decir- y lo digo en calidad de Comisario encargado de asuntos institucionales -: la decisión corresponde a cada uno de los Estados miembros. 
Así se compone el Comité de las Regiones. 
Personalmente, en la Conferencia Intergubernamental, he sido siempre un gran defensor del Comité de las Regiones. 
Creo que juega un papel de suma importancia. 
Me parece muy importante que una región tan importante como Escocia tenga una presencia suficiente y significativa en el Comité. 
Pero esta es una decisión que corresponde a los Estados miembros. 
Son ellos los que definen cuáles son los componentes de ese Comité. 
Señora Presidenta, sé que el Sr. Oreja siempre ha defendido el Comité de las Regiones, su composición y el fortalecimiento de esa institución, y quisiera agradecerle esta actitud. 
Sé también que este es un tema de competencia de los Estados. 
Quisiera simplemente decir que sería conveniente que, desde esta Asamblea y con vistas al futuro, en próximas reformas, trabajásemos para que este Comité de las Regiones diese una cabida más importante- dentro del respeto a todas las regiones y a todos los ámbitos europeos- a la participación y presencia de aquellas regiones que cuentan con asambleas legislativas y, por tanto, con una fuerza democrática que mana de ellas. 
Y estoy seguro, además- desde la convicción de que el Sr. Oreja, Comisario responsable de este área, defiende estos planteamientos- de que haremos notables avances en el futuro. 
El debate queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.29 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 16 de enero de 1998. 
Señor Presidente, quisiera agradecerle las palabras que pronunció usted después del terrible drama que ha enlutado la montaña francesa, a raíz del desencadenamiento de una avalancha que quitó la vida a unos alumnos del colegio Saint-François d ' Assise de Montigny-le-Bretonneux, a su profesor y a una acompañante. 
Estoy seguro de que el Parlamento expresará unánimemente, por mediación de usted su pésame a las familias de las víctimas y nuestra pena y nuestra solidaridad a los supervivientes, a las familias y a la comunidad docente. 
Gracias, señor Bernard-Reymond. 
Creo que los aplausos hablan por sí solos. 
Señor Presidente, pido que este Parlamento dé las gracias al Santo Padre por su visita a Cuba, que dé las gracias a este hombre que ha querido unir idealmente a los pueblos del mundo para que todos tengan su propia dignidad. 
Además, Señor Presidente, querría que se dejara de hablar de Italia en términos de " pizza». 
¡Italia ha conseguido que la pizza se coma y se aprecie en todo el mundo! 
Señor Mezzaroma, como usted comprenderá el Parlamento no puede pronunciarse sobre cada uno de los viajes que haga el Santo Padre. 
No es ésta nuestra función. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención y la del Parlamento sobre un episodio que considero muy grave, ocurrido en estos días. 
A una delegación compuesta por varios parlamentarios europeos- entre ellos el que habla- de distintos grupos políticos, que, si bien no era una delegación oficial, había nacido al calor de la resolución aprobada por unanimidad el jueves pasado en Estrasburgo, respecto de la condena a muerte de la señora Karla Tucker, a esa delegación el gobernador y las autoridades penitenciarias de Texas le impidieron el acceso al pabellón de la muerte de la cárcel de Gatesville, en Austin; se lo negaron a una delegación que había llegado con una misión de carácter puramente humanitario. 
Denuncio esta circunstancia ante esta honorable Asamblea, Señor Presidente, como un hecho muy grave, un desaire y una muestra de desprecio, no tanto a cada uno de los parlamentarios que habíamos decidido integrar esta misión humanitaria sino, más bien, al Parlamento Europeo en su conjunto. 
Señor Caccavale, tomo nota y averiguaré qué es lo que ha pasado para tomar las medidas que, en su caso, procedan. 
Señoras y señores, a raíz de la invitación de su Secretario de Estado, visité Irlanda del Norte los días 19 y 20 de enero. 
Tuve ocasión de comprobar por mí mismo cómo la Unión Europea está contribuyendo a aportar nueva vida a las zonas deprimidas de Belfast y, a través del Fondo Internacional para Irlanda, a crear empleo en algunas de las zonas más conflictivas de la ciudad. 
Asimismo tuve ocasión de reunirme con algunas de las familias de las víctimas del conflicto, que están recibiendo un apoyo muy necesitado en el marco del programa de Asociación especial de la Unión Europea. 
En unos momentos en que el proceso de paz atraviesa por una fase muy delicada, mi visita brindó al Parlamento Europeo, en representación de los pueblos de Europa, la posibilidad de demostrar su solidaridad con todas las personas de Irlanda del Norte que trabajan por la paz y la reconciliación. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para informar a la Asamblea del auténtico sentimiento de gratitud que manifestó Irlanda del Norte por la ayuda de la Unión Europea y, en su nombre, manifestar nuestro apoyo a los Gobiernos británico e irlandés en su incesante búsqueda de la paz. 
Señor Presidente, pido la observancia del Reglamento en virtud de los artículos 127 y 52. 
Recordará que, en septiembre del pasado año, esta Asamblea decidió enviar a comisión todo el asunto de la intrusión de la prensa y la protección de la vida privada de las personas. 
Entonces se consideró un asunto demasiado delicado para ser debatido en la Asamblea. 
Se trata de un grave problema europeo. 
Han transcurrido cinco meses desde la muerte de Diana, Princesa de Gales, y casi cinco meses desde que el Parlamento lo enviara a comisión. 
Por lo que a mí me consta, ninguna comisión de este Parlamento lo ha sometido a debate. 
¿Podría asegurarme que este importante asunto será debatido en dichas comisiones a la mayor brevedad? 
Señor Perry, no le puedo asegurar nada en nombre de la comisión. 
Lo que puedo hacer y haré inmediatamente, es recordar a los presidentes de la comisión interesada este asunto que les fue remitido, e instarles a tomar las medidas necesarias y, en su caso, a que presenten propuestas a la Conferencia de Presidentes 
Señor Presidente, usted puede escribir una carta al presidente de la comisión implicada, pero ¿significa eso, a su vez, que el presidente de la comisión implicada o esta última obtiene también el consentimiento de la Conferencia de presidentes para poder presentar una iniciativa? 
Señora Oomen-Ruijten, como ha saltado usted rápidamente a hacerme esa observación pertinente, no ha escuchado usted mis últimas palabras al Sr. Perry, que eran precisamente éstas: que, en su caso, se solicitaría la autorización de la Conferencia de Presidentes. 
Por tanto, confirmo lo que usted acaba de decir. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 16 de enero de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, desearía hacer constar que mi nombre no figura en el acta de la sesión del viernes del período parcial de Estrasburgo, por lo que espero que se corrija este error, ya que he firmado en la lista y he participado en las votaciones a mano alzada, todo lo cual se puede comprobar. 
Se trata de un problema serio, precisamente por el hecho de que se haya distribuido a la prensa esta acta sin confirmar y que no recogía mi nombre. 
En Finlandia se ha suscitado una gran polémica a este respecto. 
Desearía preguntar de qué manera se codifica el acta con arreglo a la lista nominal, quién es el responsable de ello y cómo se garantiza que todos los nombres que se han escrito en la lista pasan a figurar igualmente en el acta que se hace pública y se distribuye a la prensa. 
Señora Matikainen-Kallström, se tendrá en cuenta su observación y se incluirá en el Acta. 
Señor Presidente, yo también quisiera hacer una observación sobre el Acta, lamentablemente en sentido crítico. 
En la anterior sesión del viernes, en Estrasburgo, yo recordé las intervenciones realizadas en el curso del debate sobre el tránsito alpino para hacer una aclaración, que lamento tener que decir que no ha quedado recogida. 
Voy a repetirla, no porque sea de una gran trascendencia histórica, sino porque responde a la realidad. Después de escuchar las intervenciones de dos diputados alemanes del Grupo del PPE, yo me vi obligado a señalar que esto parece una competencia por ver quién lanza la consigna de tertulia más necia. 
Yo quise aclararlo el viernes, entre otras cosas, porque sé que un gran número, quizás incluso la mayoría, de los diputados del Grupo del PPE y de los diputados alemanes saben mirar más allá de su entorno inmediato en materia de política de transporte y están a favor de una política común de transporte. 
Es una satisfacción para mí poder manifestar hoy que la caravana europea también ha dejado de lado estas nimiedades en el último acuerdo celebrado con Suiza. 
Yo le ruego que incluya en el Acta esta observación. 
Señor Rehder, en primer lugar, debo decirle que usted no se refiere a un acuerdo. 
En Acta constan los acuerdos o los incidentes que tienen que constar en el Acta, no las manifestaciones de los diputados. Las manifestaciones de los diputados se encuentran en el Acta literal, donde usted podrá encontrar su intervención. 
En segundo lugar, le recuerdo que los diputados, al expresarse dentro de este Parlamento, deben guardar el respeto y la cortesía necesarias a los demás diputados. 
Pueden realizar las manifestaciones críticas que crean oportunas, pero dentro de la cortesía que debe imperar. 
Y por tanto, naturalmente, algunas de las palabras que ha utilizado, o al menos que se me han traducido, no son palabras que, en ningún caso, sean admisibles. 
Señor Presidente, yo lo lamento mucho, pero si la intención del colega era ridiculizar aquí y en la Neue Züricher Zeitung a dos respetables colegas del Grupo del PPE con su referencia a las " consignas de tertulia» , sólo puedo replicarle, en primer lugar, que este término resulta chocante viniendo de él y, en segundo lugar, que lo que está en juego no son consignas de tertulia, sino los intereses de los trabajadores y de las empresas de la Comunidad Europea, y él se ha equivocado de bando. 
Si lo que defiende es la posición de Suiza, está subestimando el hecho de que muchos trabajadores y muchas empresas ya están sufriendo extremas dificultades como resultado del compromiso actual, ¡y esto también hay que decirlo! 
(Exclamación: ¡Pero sin consignas de tertulia si es posible!) 
Esto no es algo que haya que incluir en el Acta. Ya estará en el Acta literal. 
(El Acta queda aprobada) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la crisis financiera en el Sudeste asiático y sus posibles repercusiones sobre la Unión Económica y Monetaria, seguida de preguntas. 
Señor Comisario, como ha dicho usted hace un instante, todos los países europeos no se ven afectados del mismo modo, es decir, ni en los mismos sectores ni en las mismas proporciones, por la crisis asiática. 
La conmoción asiática coloca a los encargados de formular la política económica de la Unión ante una alternativa con las dos consecuencias posibles de la interdependencia entre la flexibilidad y el crecimiento: una consecuencia negativa, en la que se combinan la euroesclerosis y un crecimiento mediocre, y una consecuencia positiva, en la que se combinan la liberalización de la economía y un crecimiento sostenido. 
¿No cree usted que en esas condiciones ha llegado el momento de reflexionar sobre la posibilidad de examinar los criterios establecidos en Maastricht y que fueron consolidados en Amsterdam, mediante un índice sintético que permitiera a cada política nacional capacidades de ajuste más rápidas en caso de una nueva crisis después del 1º de enero de 1999? 
Hay que distinguir los problemas. 
En primer lugar, no va a ser la crisis asiática la que brinde la oportunidad de modificar los criterios, establecidos en el Tratado de Maastricht, y, como he dicho a Sus Señorías que la crisis asiática había revelado el euro, creo, al contrario, que nuestros criterios son válidos, ya que hoy somos una zona de estabilidad en el mundo. 
Al contrario, el saneamiento presupuestario, el control de la inflación tienen, desde luego, mucho que ver con ello. 
En segundo lugar, no creo que se pueda decir que los países europeos vayan a verse afectados globalmente de forma diferente. 
En tal o cual sector, ciertos países están seguramente más comprometidos en Asia. 
Efectivamente, tal vez se vea más afectado que tal o cual operador italiano o español que tal vez no haya invertido en el mismo sector de Asia. 
Así, pues, la implicación dependerá de los diferentes sectores, pero ha de ser por fuerza global. 
En definitiva, hay que comprender que esta crisis debe ser una oportunidad para proseguir las medidas que estamos adoptando en nuestros países, pero también para ver en qué medida tenemos nuevas posibilidades de apertura de esos mercados. 
En efecto- y esto es muy importante -, en todas las negociaciones en curso con esos países insistimos en todos los niveles- Fondo Monetario Internacional, contactos en el nivel de la Comisión, nivel bilateral- en la necesidad de que tengan más transparencia, más apertura, menos reglamentaciones, para permitir a nuestros operadores, a nuestras empresas, interesarse por esos mercados, ya sean financieros o de bienes y servicios y tener acceso a ellos. 
Bienvenida 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la mitad de la declaración del Sr. Harrison. 
Estoy de acuerdo, cuando dice que la Unión Europea no tiene la importancia que merece. 
En cambio, no estoy de acuerdo, cuando dice que la Comisión es ligera. 
Podría divertirme ante Sus Señorías haciendo todas las conjeturas catastróficas posibles e imaginables. 
Cuando era joven, me decían: con «sis» y «peros» , se mete a París en una botella. 
Si París fuera más pequeño, pero la botella fuese más grande, se metería a París dentro de una botella. 
Por tanto, me niego a entregarme a ese tipo de conjeturas catastróficas. 
Prefiero reaccionar, actuar y analizar con datos. 
En materia comercial, habrá repercusiones sectoriales pero, en el estado actual de cosas, no se puede considerar que se trate de un efecto importante en la economía europea para todos los sectores industriales delicados. 
Las exportaciones de esos sectores en conjunto hacia Asia representan menos del 1 % del PNB comunitario. 
Segundo foco de propagación: el sector financiero. 
Antes he mencionado, efectivamente, el compromiso de los bancos europeos en Asia. 
Es evidente que hoy esos bancos se ven lanzados a procesos de renegociación, de escalonamiento, de las deudas de esos países y la mayoría de ellos, en todo caso, la gran mayoría incluso, tienen una superficie financiera que les permite soportar varias sacudidas. 
Por consiguiente, cuando considero que lo esencial de nuestro compromiso bancario está en Hong Kong, en Singapur, en China, es decir, en los países menos afectados, los más sanos y los mejor gestionados, y que los otros países- Tailandia, Indonesia, Corea del Sur- son precisamente los que se han beneficiado de medidas de ayuda del Fondo Monetario Internacional, he de decir hoy que la crisis es» manageable» , como diría Su Señoría en su lengua natal, pero no quiero hacer castillos en el aire. 
Señor Presidente, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Comisario sobre el tamaño de las consecuencias de la crisis para la Unión Europea. 
No debemos exagerar en cuanto a los hechos y es totalmente justo que examine los temas como quiera. 
Yo querría preguntarle otra cosa: Estamos hablando de Asia sudoriental. 
Si se me permite, ¿Qué pasa con Japón? 
Porque allí las cosas tienen unas perspectivas de desarrollo que nos pueden presentar sorpresas. 
Quisiera preguntar al Sr. Comisario: ¿Ha empezado a combatirse, desde el punto de vista de la coordinación de los organismos financieros europeos y americanos y, naturalmente, de los bancos centrales, la posibilidad de luchar de una forma organizada contra la probabilidad de que Japón empiece a liquidar sus inversiones, y principalmente en forma de valores, estatales u otros, especialmente en el mercado americano? 
¿Es algo que se esté debatiendo en este momento en la Comisión Europea? 
¿Se ha tomado alguna iniciativa en este sector, para el caso en que la evolución sea tal, que posiblemente, nos cree un problema? 
Señor Presidente, quisiera retomar la última observación del Comisario y situarla en el contexto de su análisis inicial. 
El Comisario ha presentado un análisis de los efectos de la crisis asiática sobre la economía europea, a través de las cuotas de exportación europea a Asia en proporción a nuestro PIB. 
Permítame que le pida que dedique algo de atención al aspecto de las importaciones. 
Está la cuestión de las exportaciones asiáticas a Europa y la competencia asiática con los productos europeos en países terceros que tienen unos tipos de cambio devaluados. 
Su macroanálisis es demasiado parcial, si se limita exclusivamente a las exportaciones o se refiere a los aspectos sectoriales de las importaciones. 
Es un tema crucial en lo que respecta a sus repercusiones sobre la economía europea. 
Lamento decir que no comparto el presunto optimismo de la respuesta del Comisario a la última pregunta. 
Ha dicho que espera que las economías asiáticas no intenten negociar su salida a esta crisis en nuestros mercados y que, en cambio, espera que desarrollen su demanda interna. 
La solución más rápida consiste en utilizar sus tipos de cambio más bajos para inundar nuestros mercados. 
El Comisario ha dejado este factor fuera de la ecuación y debería incluirlo. 
El Sr. Harrison ha planteado la cuestión de que nuestra intervención está por debajo de nuestro peso. 
Tenemos un treinta por ciento del FMI, señor Presidente, y un cero por ciento de perfil. 
Señor Presidente, señor Comisario, siempre se nos ha presentado engañosamente a las economías de los tigres asiáticos como las vacas sagradas del neoliberalismo. 
Ahora se revelan como economías especulativas de casino, que tampoco han sido capaces de ahuyentar de manera definitiva el fantasma de la deflación. 
Esto nos remite al problema del control bancario como responsabilidad pública. 
Hasta ahora se ha hablado sólo de las deudas del sector público. 
Sin embargo, lo que está en juego en esta crisis es el endeudamiento privado. 
A la vista de ello, ¿no debería ser motivo de gran preocupación que en la futura zona de la moneda única se prevea una división entre las competencias en materia de política monetaria y en materia de control bancario? 
El Banco Central Europeo será competente para la política monetaria. 
Los bancos centrales nacionales seguirán siendo competentes, como máximo, en lo que se refiere al control bancario. 
¿No creen que éste es un punto débil de la construcción que deberíamos anticiparnos a reparar ya? 
¿No creen que para resolver la tarea que nos plantea la introducción de la moneda única deberíamos establecer una coordinación del control bancario y mejorar la coordinación de nuestra política económica en general? 
Señor Presidente, me resulta enojoso responder al Sr. Wolf. 
Van a volver a decirme que diversifico mis esfuerzos hacia algo distinto a mi trabajo. 
Ahora bien, se trata de una pregunta que se debe formular al Banco Central Europeo y al Instituto Monetario Europeo. 
Yo no quisiera hacer otra cosa que lo que se me pide como Comisario para realizar el euro. 
La pregunta de Su Señoría plantea, en definitiva, un problema mucho más amplio. 
Pues en Europa, ya se encarguen del control y de la vigilancia el Banco Central o los bancos nacionales, se hacen con criterios y normas satisfactorios y muy protectores. 
El problema estriba en cómo hacer extensivas esas normas a los países del Asia sudoriental y cómo se pueden crear organismos como el Banco de Pagos Internacionales u otros mecanismos para tener la garantía de que la crisis actual se saldará mediante la adopción en esos países de normas de supervisión y normas de reglamentación suficientes para garantizar la seguridad de todo el mundo. 
Señora Randzio-Plath, tomo buena nota de su propuesta sobre Singapur y Malasia. 
Se la comunicaré a mis colegas los Comisarios encargados directamente de esa cuestión. 
Quisiera responder a su pregunta sobre el FMI: ¿hay que establecer un sistema de seguro internacional? 
Me parece, de todos modos, que ése es el papel del Fondo Monetario Internacional. 
Su Señoría puede considerar que no va demasiado rápido o que ha ido demasiado rápido, que no hay suficientes condicionalidades o que hay demasiadas condicionalidades. 
Ésa es otra cuestión. 
Y ese papel, que, por lo demás, desempeña, es efectivamente un papel de asistencia, de bombero- iba a decir- en caso de fuego. 
Creo que la verdadera solución para esos países estriba, en primer lugar, en la ruptura del vínculo, demasiado estrecho, existente entre los Gobiernos y los bancos. 
En segundo lugar, la solución estriba en la formulación de normas de supervisión financiera y de instituciones ad hoc, que deben ser las mismas en esos países que en los nuestros. 
En tercer lugar, que la solución radica en la recapitalización de esos bancos, operación que se debe completar al mismo tiempo con la limpieza de sus activos. 
En cuarto lugar, que es indispensable, para solucionar la cuestión independientemente de los seguros, dar más transparencia al sistema, en las cuentas de esos bancos. 
Y, por último, conviene liberalizar- ésa es, por lo demás, la vía por la que nos internamos, pues se habla mucho de crisis, pero no se habla bastante de los planes que se están aplicando actualmente- los sectores financieros de esos países para que las instituciones extranjeras tengan la posibilidad de operar en ellos. 
Una vez más, no paso por alto las consecuencias en nuestras economías de importaciones baratas- dicho sea para simplificar- procedentes de esos países. 
Pero, contrariamente a lo que se cree, la depreciación de su moneda no es únicamente una ventaja para ellos ni mucho menos. 
En primer lugar, van a pagar más caros los bienes que importen y los necesitan: pienso en los coreanos, por ejemplo, para fabricar acero, mientras no se demuestre lo contrario, chatarra o mineral de hierro o carbón. 
Tienen por fuerza que importarlos. 
Y, si han devaluado, van a pagarlos más caros. 
Así, pues, van a perder desde el punto de vista de la competitividad. 
En segundo lugar, van a perder desde el punto de vista de la inflación, porque sus tasas de inflación van a aumentar. 
En tercer lugar, tal vez se vean obligados a producir menos. 
En efecto, ¿qué garantía tenemos hoy de que puedan seguir exportando tanto, si los vínculos financieros y el crédito que reciben de sus propios bancos, por razones vinculadas con la situación de su sistema financiero, desaparecen y si la posibilidad del crédito desaparece y se agota? 
Podría continuar multiplicando los ejemplos así. 
Por eso, no hay que dramatizar, hay que tener confianza. 
Estamos emprendiendo un estudio sector por sector y, en el tiempo de que dispongo, no puedo enumerar a Sus Señorías detalladamente los ocho o diez sectores, pero, cuando haya concluido dicho estudio, estoy totalmente dispuesto a transmitírselo. 
Verán en detalle que, sector a sector, hay efectivamente esferas que se verán más afectadas que otras, pero desde ahora mismo hago constar, en particular en materia financiera, en materia de implantación de ciertas grandes empresas europeas, que ya han cubierto con sus reservas para ese fin lo que consideran una pérdida. 
Por consiguiente, eso afectará un poco a su rentabilidad, pero no pondrá en entredicho su existencia en Europa. 
Señor Presidente, constatamos con satisfacción que la Comisión sigue muy de cerca la evolución, pero no nos podemos librar de la idea de que el gran ausente de Asia, hoy en día, es Europa y, más concretamente, la Unión Europea. Esto contrasta con las preocupaciones de los Estados Unidos en esta parte del mundo. 
Nos mantenemos llamativamente al margen, pero también tengo la impresión de que algunos Estados miembros, por supuesto los más grandes, sí intentan individualmente proteger sus propios intereses ante la crisis asiática. 
Sin embargo, para Europa como tal, están en juego grandes intereses financieros y económicos, sin olvidar los aspectos políticos; ya que nadie discutirá que la actuación individual de los países europeos y la ausencia de la Unión Europea como tal, ciertamente no fomenta la imagen en Asia de Europa como conjunto sólido, como bloque homogéneo. 
Ese sentimiento seguramente no existe y debemos lamentarlo. 
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. De Clercq. 
Comparto totalmente su análisis y voy a abundar en ello incluso citando otro ejemplo que me parece revelador de la situación que ha descrito Su Señoría. 
El pasado mes de diciembre, cuando se preparó el conjunto de medidas de urgencia para Corea, el día de Nochebuena, en las horas que precedieron a la Natividad, cuatro de los Estados miembros de la Unión, los cuatro miembros del G7, se movilizaron para prestar una ayuda bilateral al país afectado, que fue indispensable a Corea para permitirle cerrar el año. 
Ahora bien, esa contribución fue, al parecer, tan importante probablemente como la contribución de los americanos. 
Sin embargo, se tuvo la impresión de que habían sido los americanos los que habían solucionado la crisis. 
Ésa es la razón por la que he dicho, señora Presidenta, antes al Sr. De Clerq que así como el euro nos ha ofrecido una protección, antes incluso de existir, así también deberemos ser, cuando exista el euro, lo bastante fuertes y capaces de expresarnos con una sola voz a fin de desempeñar un papel no sólo constructivo- no ser sólo proveedores de fondos -, sino también de influencia real, a la altura, en primer lugar, de nuestra aportación financiera, que es importante y continuará, y, en segundo lugar, a la altura de la importancia que tenemos en materia económica, financiera y comercial en el mundo. 
Ése es el imperativo más importante- me parece a mí- del euro para Europa y los europeos a partir del año próximo. 
Señora Presidenta, quisiera formular dos preguntas. 
Acaba usted de decir, señor Comisario, que será indispensable hablar con una sola voz, cuando exista el euro. 
¿Quiere decir eso que los Estados miembros que estén vinculados al euro abandonarán su representación en el FMI en pro de una representación de la Unión Europea o de una representación de los «países del euro»? 
Mi segunda pregunta es la siguiente: la semana pasada, en la Comisión de Desarrollo, oímos al Director General del FMI y al Presidente del Banco Mundial. 
El Director General del FMI habló de su terapia, que probablemente aporte resultados tangibles desde el punto de vista macroeconómico. 
Pero el Presidente del Banco Mundial nos dijo que, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del desempleo, desde el punto de vista del aumento de la pobreza, habrá también situaciones catastróficas. 
Quisiera preguntar si la Comisión va a examinar ese problema y si estamos dispuestos a participar en los programas sociales y humanos del Banco Mundial. 
Señor Comisario, tengo, naturalmente, el optimismo relativo de que hace usted alarde en cuanto a las consecuencias de la crisis asiática en la economía europea. 
Ya lo ha dicho usted en varias ocasiones. 
Aun así, noto variaciones que me hacen preguntar qué pesa más: si la sugestión o la convicción profunda. 
No obstante, mi pregunta es más industrial y más relativa a la competencia internacional. 
Antes hemos mencionado la competencia del sector textil. 
Quisiera plantear el problema de la construcción naval. 
Como usted sabe, actualmente estamos en el período de prórroga de una directiva europea sobre la ayuda a la construcción naval, habida cuenta de que no se ha ratificado un acuerdo internacional. 
¿No cree usted que la crisis actual tendrá también en ese problema de los acuerdos, ratificados o no, consecuencias importantes y que habría que precaverse al respecto en el nivel de nuestros propios textos y de nuestras propias decisiones de ayuda a nuestras industrias en Europa? 
Una vez más, parecería totalmente inaceptable hacer no sólo que la situación se degradara en Corea, sino también que, además, nuestros astilleros tuviesen que sufrir un efecto directo. 
Ahora bien, por lo que se refiere en particular a la construcción naval, hoy resulta verosímil que la industria coreana se vea obligada a aplicar un programa de reducción de su capacidad, aunque sólo sea porque algunos astilleros pueden encontrarse en una situación financiera difícil, si carecen en adelante de la financiación necesaria. 
En efecto, existe el acuerdo con el FMI, existen, desde luego, ciertas condiciones previas más o menos vagas, según las cuales no es posible acuerdo gubernamental y sectorial alguno de transferencia financiera en tal o cual sector industrial. 
Además, dicho acuerdo establece explícitamente que, en el caso particular de Chaebol, hay una nivelación de los criterios, de las cuentas, de las normas y de los ejercicios contables de esa sociedad. 
Así, pues, están ya establecidas ciertas condiciones previas, tal vez no suficientes, desde luego, a juicio de Su Señoría, pero que se orientan a la vez hacia una mayor liberalización del mercado financiero en esos países, pero también hacia la supresión de las ventajas concretas que los astilleros coreanos tienen respecto de los demás. 
Hay que comprender que una de las consecuencias de la crisis en Corea será precisamente la de que queden en entredicho los vínculos personales, financieros, estructurales, e incluso políticos, existentes entre el sector industrial y la banca. 
Será el fin de esos grandes conglomerados, que deben entrar efectivamente en un proceso de desmantelamiento del que nosotros nos beneficiaremos. 
Por lo demás, he de añadir que hoy muchos propietarios o armadores parecen bastante reacios, por razones evidentes, a hacer nuevos pedidos a Corea. 
Pero a ese respecto también seguimos de cerca la situación y es, en particular, uno de los sectores delicados en los que estamos centrando nuestros estudios actualmente. 
Señora Presidenta, lo único que se desprende con claridad esta tarde es que la Comisión es, en gran medida, un observador desinteresado. 
Hemos asistido a un ejercicio muy cosmético por parte del Comisario de Silguy, a quien deseo dirigirle algunas preguntas. 
¿Existe el peligro de que se produzca un dumping en la economía europea, como consecuencia de la devaluación de dichas monedas en el Lejano Oriente? 
¿Está en peligro alguna industria específica, por ejemplo, la industria de la microelectrónica y del microchip? 
¿Ha recibido la Comisión algún tipo de manifestación por parte de alguna industria europea concreta sobre la devaluación? 
¿Ha hecho la Comisión Europea algún tipo de manifestación a los chinos con respecto a la devaluación de su moneda, que fue la chispa que desató esta crisis? 
¿Existe el peligro de que se produzcan más devaluaciones? 
¿Cuáles son exactamente las disposiciones especiales que están adoptando la Comisión Europea y la Unión Europea para intervenir con rapidez en el caso de que se produzcan repercusiones en cascada en los mercados de los EE.UU. e incluso en los mercados europeos? 
Señor Comisario, le agradecemos las respuestas que ha dado a las preguntas de Sus Señorías. 
Queda cerrado este punto. 
Compatibilidad entre mandato político y función de Comisario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión acerca de la compatibilidad entre el ejercicio de un mandato político y la función de miembro de la Comisión. 
Señora Presidenta, Señorías, apruebo totalmente los términos de la declaración que acaba de hacer el Presidente de la Comisión. 
Por eso, voy a limitarme a hacer tres breves observaciones y comentarios. 
Primera observación: quisiera felicitar al Sr. de Silguy por la elegancia de su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones regionales, cuando efectivamente, como ha recordado el Presidente Santer, ningún texto lo obligaba, formalmente, a renunciar a esa elección. 
El Sr. de Silguy ha colocado sus cometidos europeos, y, en particular, el papel esencial que desempeña actualmente en la creación del euro, por encima de ambiciones políticas. 
Y creo que debemos rendirle un homenaje particular por ese comportamiento. 
Tanto más cuanto que otros, situados ante la misma alternativa, en un período anterior, no tuvieron la misma actitud ni la misma elegancia. 
Antes se ha citado la situación de otro Comisario francés, que siguió siendo alcalde de Châtellerault y consejero general de Vienne, lo que constituye una situación totalmente comparable a un mandato de consejero regional, mandato al que dicho Comisario, hace poco tiempo, renunció. 
Hay otro caso, tal vez menos conocido, pero que es aún más preocupante, el de su predecesor, el señor Presidente de la Comisión. 
Éste no vaciló, cuando ejercía las eminentes funciones que ejerce usted hoy, en encabezar una lista municipal en las elecciones de Clichy, ciudad cercana a París y que no carece de importancia, ser elegido alcalde y después dimitir, evidentemente. 
Pero había sido candidato, se había comprometido en la campaña electoral con todo el peso que le daba su función de Presidente de la Comisión y observo que, a ese respecto, estoy de acuerdo con la Sra. Green, quien ha considerado que, si bien los Comisarios tenían derecho a continuar con una actividad política, en caso de que la tuvieran antes, no debían comprometerse demasiado claramente en las campañas nacionales y las campañas electorales. 
Hago constar, efectivamente, que ese comportamiento que acabo de recordar no era conforme a lo que era de esperar. 
Mi tercera observación es la de que me felicito efectivamente de que, a raíz del gesto que ha hecho el Sr. de Silguy y de este debate- pero me habría gustado que se hubiera celebrado este debate sobre los casos anteriores -, podamos dictar una regla clara. 
La ha enunciado usted, señor Presidente, y deseo que en adelante se imponga dicha regla clara a todos y no sólo al Comisario que ha propiciado esta nueva regla de deontología, sino que sea una regla uniforme que en adelante cumplan todos los Comisarios. 
Señor Presidente, estimados colegas, para nosotros se trata claramente de una cuestión de principios y, en absoluto, de personas. 
En ese sentido, estamos satisfechos con la declaración realizada por el Comisario Santer y suscribimos plenamente su tendencia general. 
Resulta bastante evidente que no se puede vincular el mandato de Comisario europeo con los mandatos nacionales, regionales e incluso locales, porque así se crean obligaciones que conducen a que esa fidelidad regional, local o nacional pueda entrar en conflicto con la tarea europea asignada. 
Sí tengo que decir, en línea con lo aquí declarado hace un momento por el Sr. Brinkhorst, que también somos partidarios de que la Comisión elabore su propio código de conducta con un contenido que sea bastante específico. 
El Sr. Santer ha sido muy explícito en cuanto a los mandatos nacionales y regionales, pero mucho menos respecto de los locales; sin embargo, ya se ha dado el ejemplo. 
También el mandato de una alcaldía de una ciudad importante es, en nuestra opinión, incompatible con la función de Comisario europeo. 
Una última cuestión, estimados colegas. Me parece muy lamentable que todos los grupos, salvo el nuestro, hayan decidido retirar sus resoluciones. 
No porque la cuestión de las personas haya pasado a la historia, deja de ser importante una declaración de principios del Parlamento. 
Todas las exigencias presentadas en las diversas intervenciones que he escuchado se reflejan perfectamente en nuestra propuesta de resolución. 
Quisiéramos, por tanto, pedir en grado sumo su respaldo, y estamos abiertos a las enmiendas orales por si algún detalle no cuadra. 
Es importante que el Parlamento no siempre hable, sino que también decida a través de un texto. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, se plantea esta cuestión a raíz del ejercicio por un Comisario de un mandato político o más exactamente de la voluntad de uno de ellos de aspirar a un mandato político. 
El Sr. de Silguy ha renunciado, por razones que ha explicado con lealtad y franqueza, a aspirar a dicho mandato. 
Se podría pensar que ha dejado de plantearse esa cuestión. 
En realidad, la cuestión planteada es la del ejercicio por los Comisarios de funciones diferentes de aquellas para las cuales han sido nombrados, ya se trate de mandatos políticos o de actividades profesionales. 
A ese respecto, las actividades pasadas o actuales de otros Comisarios plantean, de todos modos- me parece a mí -, un problema grave. 
En efecto, los Comisarios son funcionarios encargados de velar por la aplicación del Tratado y elegidos por sus competencias generales y deben ofrecer garantías plenas de independencia. 
Eso es lo que dice el apartado 1 del artículo 157 del Tratado. 
El apartado 2 precisa que los miembros de la Comisión ejercen sus funciones con plena independencia y en pro del interés general de la Comunidad, que no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo y que se abstienen de cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. 
Su predecesor, el Sr. Delors, fue consejero municipal. El Sr. Pasty ha hablado de ello. 
Participó activamente, durante su mandato de Presidente de la Comisión, en la vida política francesa, hasta el punto de que se habló de que iba a aspirar a la Presidencia de la República en 1995. 
La Sra. Cresson fue candidata en 1995 a un tercer mandato de alcaldesa. 
Sigue manteniendo una gran actividad en las instancias del PS. 
Dicen que uno de sus Comisarios participa en ciertas reuniones de su Gobierno, que muchos Comisarios participan en las reuniones del PPE y del PSE, además de las que se celebran en el Parlamento Europeo, que otro preside una universidad de su país, lo que le obliga a trasladarse varias veces al mes a su país. 
Recientemente, me disgustó que la Sra. Bonino pudiera participar en un Foro del Pacífico, en el que se habló de la independencia de Nueva Caledonia, que forma parte integrante de uno de los Estados miembros: Francia. 
Le pido, pues, señor Presidente, que proceda a un examen atento de la situación personal de cada uno de los Comisarios para que respeten plenamente el Tratado. 
Los Comisarios, pagados con cargo al presupuesto de la Comunidad y, por tanto, por los contribuyentes de todos los Estados miembros, deben ejercer sus funciones con dedicación exclusiva, como ha dicho usted, sin tener otras actividades políticas que las de simple ciudadano y sin tener una actividad profesional. 
Señora Presidenta, yo también acojo con satisfacción la declaración del Sr. Santer. Lo ha aclarado todo de la manera correcta y no de la forma que acaba de decir el Sr. Fabre-Aubrespy, que se equivoca al afirmar que los Comisarios son simples funcionarios. 
El Sr. Fabre-Aubrespy debería leer el Tratado y los Estatutos. 
El Tratado hace una clara distinción entre los funcionarios de las instituciones y los miembros de la institución. 
Los veinte Comisarios forman un ejecutivo político. 
Son políticos y, en realidad, el título del debate y de la declaración de hoy en este sentido no es correcto. 
Dice que es una declaración sobre la compatibilidad del cargo político con los deberes como miembro de la Comisión. 
Pero la pertenencia a la Comisión es un cargo político, del mismo modo que los ministros son nombrados por los Primeros Ministros. 
Para asumir el cargo, necesitan la confianza de esta Asamblea a través de un voto de confianza. 
Mientras desempeñan su cargo, tienen que responder a preguntas ante esta Asamblea y pueden ser cesados mediante un voto de no confianza del Parlamento- y sólo mediante un voto de no confianza del Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, la Comisión constituye un ejecutivo político que está obligado a dar cuenta a esta Asamblea, y es importante que esta Asamblea sea reconocida como tal. 
No hay funcionarios trabajando para el Consejo, como quieren hacernos creer algunos euroescépticos. 
Esas personas, a su vez, tienen la obligación política de rendir cuentas. 
El debate, por tanto, no es sobre si son o no políticos, sino sobre qué otros cargos políticos pueden desempeñar. 
Es una cuestión de los dobles mandatos. Es una cuestión de acumulación de mandatos. 
Debemos analizar este aspecto con sumo cuidado, como se ha hecho en el debate. 
Nadie oculta que los Comisarios sean miembros de partidos políticos. 
Ellos participan en los partidos políticos y acuden a nuestras reuniones de grupo. Es un hecho perfectamente aceptado. 
Existe un cierto debate sobre si deberían ser alcaldes de ciudades pequeñas. 
Existen precedentes en este sentido. 
Es discutible y creo que el debate se está inclinando actualmente en contra de esta práctica. 
Pero ciertamente existen fuertes dudas acerca de que puedan asumir la presidencia de una importante región europea que recibe fondos de la Unión Europea. 
Y me sorprende que el Sr. de Silguy haya llegado incluso a plantearse esa posibilidad. 
Felicito al Sr. Santer por haber puesto orden en su equipo de la Comisión y por haber hecho hoy una declaración muy clara. 
Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi opinión personal. 
Me parece que el problema, en parte, radica en que cada Comisario haya tomado sus propias decisiones a título personal, por lo que ahora necesitamos una normativa. 
Cabría contrastar la favorable acogida, por parte del Presidente Santer, de la decisión del Sr. de Silguy de renunciar a su candidatura al Consejo Regional Bretón y que, en palabras del Presidente Santer, " es una decisión que le honra» , con la posición de Sir Leon Brittan, por ejemplo, que se dirigió personalmente por carta a todos los ciudadanos británicos residentes en Bruselas en vísperas de las pasadas elecciones pidiéndoles el voto para los Conservadores y apoyo monetario al partido Conservador. 
Quizás alguien debería atribuirle el mérito de haber intentado lo imposible, pero sin embargo, pone en cuestión su discernimiento. 
No podemos permitir que los Comisarios decidan de una manera aleatoria sobre lo que piensan hacer y sobre lo que es aceptable. 
Hemos escuchado las declaraciones de varios grupos políticos. 
Los Socialistas afirman que es incompatible desempeñar un cargo político en el partido o participar en las campañas políticas de su partido, aunque- según hemos podido oír del Sr. Corbett- al parecer no hay nada malo en que asistan a las reuniones del grupo. 
El Sr. Méndez de Vigo ha dicho que la Comisión es política, pero que los Comisarios no deben hacer política partidista. 
El Sr. Brinkhorst, del Grupo de los Liberales, afirma que no se puede permitir una política partidista. 
Tenemos, por tanto, toda una serie de opciones y va siendo hora de que la Comisión ponga orden en sus filas. 
La Comisión que aprobamos mediante votación necesita la confianza de esta Asamblea y, lo que es más importante, Europa necesita estar segura de que los Comisarios no son políticos a tiempo parcial durante unos años, sino personas que sitúan a Europa en el centro de su trabajo y que están dispuestos a renunciar a todo durante el desempeño de su cargo. 
El Sr. Macartney era el último participante en este debate, por lo que concedo el uso de la palabra al Presidente Santer para que pueda concluir. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera solamente expresar mi agradecimiento a los diputados y felicitarme por la serenidad con la que se ha debatido esta declaración. 
Efectivamente, podemos plantearnos una serie de cuestiones, pero creo que los miembros de la Comisión deben ser independientes. 
Lo que no comparto es la idea de que los miembros de la Comisión deban ser altos funcionarios. 
No, son hombres políticos, que tienen un mandato político y son responsables ante el Parlamento Europeo 
y, por esa razón, asumen responsabilidades políticas. 
Además, quisiera decir que nunca se me habría ocurrido aceptar el cargo, incluso de Presidente de la Comisión, si, después de haber pasado 25 años como miembro del Gobierno de mi país, 11 de ellos como Primer Ministro, me hubieran dicho que después sería un alto funcionario. 
No, nunca habría aceptado. 
Por eso, conforme a la voluntad unánime del Consejo Europeo que me designó Presidente de la Comisión, ejerzo mi cargo como mandatario político ante un parlamento responsable, ante el Parlamento Europeo. 
Creo que eso es esencial. 
Por lo demás, tampoco comparto en absoluto las tendencias que pretenden negar a los miembros de la Comisión los derechos elementales reservados a los ciudadanos. 
Los propios ciudadanos tienen derecho a profesar una convicción política, a adherirse a un partido político, a presentarse como candidatos a elecciones. 
¿Por qué no habrían de poder hacerlo los funcionarios o incluso los hombres políticos o los miembros de la Comisión con los mismos derechos que los ciudadanos? 
No estamos en una torre de marfil. 
Nunca he considerado un palacio el edificio Breydel, como han dicho algunos. 
Siempre lo he considerado más bien un hospital. 
Por otra parte, tampoco quisiera que se vuelva una torre de marfil en la que los Comisarios se aíslen, lejos de todo contacto con las realidades políticas. 
Creo que tenemos un mandato político y debemos ejecutarlo en relación con nuestras convicciones, con el ejercicio de los derechos fundamentales reservados a nuestros ciudadanos. 
Así es como hay que entender- creo yo- mi declaración. 
Por una parte, está el deber de independencia del Comisario y del Presidente de la Comisión, sancionado por el artículo 157 del Tratado, pero, por otra parte, existe también la posibilidad de que el Comisario, como el Presidente de la Comisión, manifieste sus opiniones políticas y salga fiador de sus opiniones políticas ante Sus Señorías. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Racismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, al Consejo (B4-1010/97) y a la Comisión (B4-1011/97) sobre el debate anual relativo al racismo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a mi compatriota, el Sr. Mohamed Alí, por el trabajo realizado. 
Desde el principio, debo decir que el racismo y la xenofobia se oponen diametralmente a los principios que constituyen el punto de partida de la integración europea. 
Dentro de la Unión, debemos defender los principios de respeto mutuo y solidaridad, aspectos que no deben estar determinados por la raza, las creencias, el color o el origen. 
Esos han de ser los objetivos fundamentales de esta Unión, y debemos pronunciarnos para decírselo claramente a los ciudadanos de Europa. 
Debemos congratularnos, como aquí ya se ha dicho, de los avances contenidos en el Tratado de Amsterdam, que introduce la posibilidad de adoptar acciones adecuadas para la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico y que, al mismo tiempo, fija por primera vez como objetivo de la Unión la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia con el fin de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad y de justicia. 
No obstante, no debemos olvidar que el principal instrumento de protección que tienen los amenazados por el racismo es, naturalmente, la ley, y que esta protección corresponde primordialmente a la competencia de los Estados miembros. 
Sin embargo, la Unión debe contribuir a esta lucha mediante los medios que nos brindan sus competencias y que se han venido constatando en el Año Europeo contra el Racismo con la financiación de proyectos que tenían como finalidad la información y la divulgación. 
Estas medidas adoptadas contra el racismo deben seguir aplicándose, e incluso deben ampliarse a los países de Europa del este candidatos a la adhesión con el fin de seguir consiguiendo efectos positivos, tomando como base la actuación de la Unión en el Año Europeo contra el Racismo. 
El racismo es una amenaza para la sociedad. Por ello, merece toda nuestra atención. 
Como políticos, y como representantes de los ciudadanos europeos, debemos hacernos cargo, con responsabilidad, de este problema. 
En la lucha contra el racismo es fundamental prestar atención a la cuestión de la enseñanza, que implique informar bien a las nuevas generaciones sobre lo que está sucediendo cuando se habla de racismo y de discriminación. 
Son las nuevas generaciones de jóvenes los que van a construir la Europa del mañana, y hacia ellos es hacia donde se debe dirigir todo nuestro esfuerzo. 
Es fundamental e imprescindible llevar a cabo una adecuada política de educación y formación, dirigida a funcionarios, a agentes de policía, a los estamentos judiciales, así como a los educadores, para la vida y el trabajo en una sociedad multirracial, debiendo también incluirse la formación para actuar en situaciones prácticas difíciles. 
Una educación adecuada que fomente la tolerancia, la no discriminación y la convivencia entre culturas, sabiendo aprovechar el enriquecimiento que ello supone. 
La comprensión mutua parte del intercambio y el encuentro entre culturas. 
El conocimiento nos lleva a una aceptación positiva de la diversidad y el pluralismo cultural. 
Y este es el objetivo que debemos conseguir en todos y cada uno de nuestros Estados miembros de la Unión. 
Esperemos que en los próximos debates en esta Asamblea podamos felicitarnos por haber logrado avances significativos en esta materia y que el problema del racismo desaparezca para siempre de nuestra agenda por haber desaparecido igualmente de nuestra sociedad. 
Señor Presidente, hace un año exactamente, la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo organizó una audiencia pública sobre el siguiente tema: » Los puntos de convergencia entre Europa y el Islam» , durante la cual uno de los invitados, Jean Yaya-Michot, director del Centro de Filosofía Árabe de la Universidad Católica de Lovaina, tuvo el gusto de monopolizar el debate para dirigirse a mí en términos insultantes, de carácter racista. 
Unos meses después, el mismo Yaya-Michot publicó en Beirut un opúsculo en el que justificaba, a partir de trabajos teológicos, el asesinato de los siete monjes de Tibehirina. 
Me atrevo a esperar que, en el marco de un nuevo año contra el racismo, el Parlamento Europeo velará por librar a sus miembros de agresiones verbales por parte de agentes del extranjero, que predican la exterminación, en su forma más bárbara, de los europeos de pura cepa, porque son de raza blanca y con frecuencia cristianos. 
Por lo que se refiere al profesor Yaya-Michot, habrá de transcurrir mucho tiempo antes de que volvamos a sufrir sus insultos, pero habrá hecho falta mi intervención ante el Vaticano para que esa persona, recientemente naturalizada belga, se vea obligada a callarse o a abandonar mi país. 
Señor Presidente, muy brevemente, deseo hacer algunas observaciones en respuesta al debate. 
Me congratulo por el tono positivo que, en términos generales, ha adoptado el debate y por la buena acogida que ha tenido la labor del ponente sobre este asunto en particular. 
Elegiré, brevemente, un par de cuestiones concretas. 
Algunos oradores han hecho referencia a la enseñanza, y quisiera decir que el Consejo reconoce plenamente la importancia que tienen la enseñanza y el trabajo con los jóvenes para el fomento de una sociedad en la que exista igualdad de oportunidades. 
Como el Parlamento sabrá, el 21 de marzo ha sido proclamado el día en que se conmemorarán las diferencias culturales y se fomentará la tolerancia entre los jóvenes y en los centros de enseñanza. 
Sé que el Sr. Goerens, que ha intervenido hace un momento, se ha esforzado mucho en recordar a la juventud de hoy los peligros del nazismo y el antisemitismo del pasado. 
Estoy de acuerdo con él en que sigue siendo muy importante recordar a las víctimas del Holocausto. 
El Sr. Mohamed Ali y el Sr. Andrews se han referido específicamente a los riesgos de la islamofobia. 
Estoy muy de acuerdo con los comentarios que han hecho. 
Todos tenemos la responsabilidad de rechazar este prejuicio incongruente contra cualquier colectivo. 
Por ello, en nombre del Consejo, quisiera decir que he tomado buena nota de los distintos argumentos que se han expuesto en el transcurso de este debate. 
Ciertamente me parece que es un ámbito en el que las tres instituciones- Parlamento, Comisión y Consejo- pueden colaborar estrechamente en la promoción de una acción práctica y eficaz para el futuro. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Política y derecho de asilo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-1012/97- O-0136/97, al Consejo, y B4-1013/97- O-0137/97, a la Comisión, de la Sra. Lindeperg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el derecho de asilo; -B4-1017/97- O-0166/97 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el respeto del derecho de asilo; -B4-1018/97- O-0174/97, al Consejo, y B4-1019/97-O-0175/97, a la Comisión, de los Sres. Nassauer y OomenRuijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el Convenio de Dublín relativo a los procesos de asilo; -B4-1020/97- O-0176/97, de la Sra. Schaeffner y del Sr. Caccavale, en nombre del Grupo Unión por Europa, al Consejo, sobre la política de asilo; -B4-1021/97- O-0178/97, a la Comisión, y B4-1104/97- O-0179/97, al Consejo, del Sr. Wiebenga, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el derecho de asilo: -B4-0002/98- O-0162/97, al Consejo, y B4-0003/98- O-0163/97, a la Comisión, de la Sra. Roth, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la protección de las personas perseguidas por agentes no estatales; -B4-0004/98- O-0167/97, al Consejo, y B4-0005/98- O-0168/97, a la Comisión, del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la justicia y los asuntos de interior. 
Señor Presidente, Señorías, yo le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra después de pedirla con tan poca antelación. 
He vuelto a solicitarlo porque pienso que debemos tener oportunidad de responder a algunas de las declaraciones de la extrema derecha en esta Asamblea. 
Cuando estamos celebrando un debate sobre el racismo en Europa y sobre el hecho de que éste se está propagando bajo formas extremas en Europa, y nos encontramos aquí con expresiones extremas... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Schultz, me había pedido el uso de la palabra para una cuestión de orden. 
El debate que pretende reanudar ya ha quedado cerrado. 
No puedo volver a iniciarlo. 
Si me pide el uso de la palabra para una cuestión de orden, se la concedo, pero no para continuar el debate. 
Señor Presidente, quisiera expresarme a favor del informe, como acaba de pedir el Sr. Shultz. 
En efecto, el problema del asilo es un asunto de una gran importancia y la resolución común, tal como resultó del debate ayer, versaba sobre un punto tan limitado, sobre un punto tan preciso, un punto que, por lo demás, formaba parte del programa del Consejo, como ha dicho Martin Schultz, que yo preferiría que nos concediéramos tiempo para ver cómo es posible llegar a un acuerdo al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, yo voy a intervenir en contra de la solicitud de aplazamiento del presente debate. 
Según la información de que yo dispongo, ningún Grupo ha insistido en presentar su propio texto como el criterio de referencia absoluto. 
El Grupo del Partido Popular Europeo propuso, por ejemplo, que las negociaciones se desarrollasen tomando como base el proyecto de resolución del Grupo liberal. 
Esta propuesta fue rechazada. 
El resultado de las negociaciones ha determinado que nuestro Grupo no haya suscrito de antemano dicho proyecto de resolución. 
Por lo tanto, disponemos al menos del proyecto de resolución de los liberales y el del Grupo del Partido Popular Europeo para el presente debate y también para someterlos a votación. 
Por consiguiente, no nos parece justificado que se retire un punto del orden del día y se devuelva el tema a comisión cada vez que los socialistas crean que no disponen de mayoría. 
¡Nosotros pedimos que se cumpla el orden del día previsto! 
Señoría, se ha pedido que se aplace este debate y se deje la fijación de la fecha a criterio de la Conferencia de Presidentes. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplazamiento del debate) Queda, por tanto, aplazado el debate para la fecha que indique la Conferencia de Presidentes. 
Estoy en contra del aplazamiento porque los motivos que han aducido cuantos lo han solicitado no tienen, en ningún caso, razón de ser. 
Se trata de distintas maniobras que no tienen relación con la necesidad de un debate urgente del tema y de la existencia de una decisión mas del Parlamento Europeo para forzar todo lo posible la ampliación de los términos y de las condiciones para proporcionar asilo. 
Señor Presidente, una curiosidad. 
Desde que oímos el timbre hasta que llegamos al hemiciclo, ¿cuánto tiempo tenemos? 
Porque hemos salido corriendo del despacho, dejando a la gente con la palabra en la boca y no hemos llegado a tiempo. 
¿Podemos saber, por favor, de cuánto tiempo disponemos y si tenemos que ir al galope, al trote o al paso? 
Señora Díaz de Rivera, de conformidad con nuestro Reglamento, sólo puedo mandar tocar el timbre a partir del momento en que me entero de que se ha invocado el Reglamento para presentar una petición. 
Antes no puedo. 
Y el tiempo disponible es el intervalo que media entre el momento en que se hace el anuncio y aquel en que debo someter la solicitud a votación, después de oír a Sus Señorías manifestarse a favor y en contra. 
En cualquier momento puede haber una votación de procedimiento en estos términos. 
Aplicación del Derecho comunitario- CELEX 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0008/98) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Decimocuarto informe anual de la Comisión (COM (97) 0299- C4-0312/97- SEC (97) 1082- C4-0313/97) sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1996) y sobre el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión titulado CELEX 1996 (Sistema interinstitucional de documentación automatizada del Derecho comunitario); 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Sistemas de pagos y de liquidación de valores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0005/98) en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pago y de liquidación de valores (C4-0534/97-96/0126 (COD) ) (Ponente: Sr. Lehne) 
Señor Presidente, tal como ya ha señalado el ponente, los Grupos demócrata cristiano y socialista alcanzamos una posición común en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
El ponente ha realizado un excelente trabajo. 
En particular, ha sido posible conseguir que las presentes disposiciones no se limiten a los sistemas de pagos, sino que también sean aplicables a los sistemas de liquidación de valores, de créditos y de compensación. 
¡Éste es un aspecto muy importante! 
El otro aspecto que yo considero especialmente significativo es el principio de igualdad de trato entre los acreedores en caso de quiebra. 
Con esto hemos conseguido maximizar la estabilidad del marco jurídico y la publicidad, dentro de los límites de lo políticamente factible en estos momentos. 
Éste es un resultado que sin duda se lo debemos a usted, Sr. Lehne, y que yo le agradezco sinceramente. 
Nosotros apoyaremos dicha posición común en el Pleno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Telecomunicaciones conectadas- Comunicaciones móviles e inalámbricas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0023/98 de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los equipos de telecomunicación conectados y al reconocimiento mutuo de la conformidad de determinados equipos (COM (97) 0257- C4-0275/97-97/0149 (COD) ); -A4-0027/98 del Sr. Camisón Asensio, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el futuro desarrollo de las comunicaciones móviles e inalámbricas- Retos y opciones para la Unión Europea (COM (97) 0217- C4-0271/97). 
Antes de proseguir, me gustaría dar un aviso y espero que todos los que van a participar en el debate de la tarde o han pensado en asistir a él oigan lo que voy a decir. 
Como es sabido, la intención era hacer una pausa a las 20.00 horas, sin embargo, puesto que sólo nos queda aproximadamente un debate de hora y media, sugiero que continuemos el debate hasta las 20.30 horas y luego concluyamos por hoy. 
Celebro que el Sr. Herman y otros parezcan conformes. Lo doy así por aprobado. 
Señor Presidente, durante la gestación de nuestro informe nos hemos percatado de que la maduración del sistema UMTS, tanto globalmente como dentro de la Unión Europea y en el ámbito de los sectores industriales más afectados, es ya un hecho y un hecho que, además, lleva trazas de convertirse en una necesidad acuciante. 
Ahí estriba la razón por la que este Parlamento debe reaccionar y sumarse a este salto hacia el futuro. 
Y ello justifica nuestra conclusión principal: la que aboga por un claro compromiso político en favor del nuevo sistema, esperando que la industria europea, a través del ETSI, produzca una única norma para poder disponer de un espectro de frecuencias en el momento oportuno. 
La verdad es que el proyecto bien merece el esfuerzo de todos y de este Parlamento también. 
Estamos ante algo que hace pocos años hubiera parecido ciencia-ficción a lo James Bond. 
Pero ya al alcance de la mano está disponer de un terminal móvil dotado de sonido, imagen y datos de alta calidad con acceso rápido a Internet y con eliminación de las barreras entre sistemas fijos y móviles, de modo que los usuarios, a través de un solo número, estén servidos con independencia del lugar del mundo en que se encuentren, del terminal utilizado o de la red de la que se estén sirviendo. 
Sin embargo, ante la perspectiva de un mundo tan «feliz» , debemos expresar aquí, hoy por lo menos, que alguna sombra preocupante aparece en el ambiente. 
Nos estamos refiriendo a las disputas industriales dentro de la Unión Europea, disputas sobre la normalización a adoptar para esta tercera generación de comunicaciones móviles. 
Sería una lástima que, como consecuencia de falta de consenso, Europa perdiera el liderazgo mundial frente a los Estados Unidos y al Japón en comunicaciones digitales que tan meritoria y deportivamente conquistó con el resonante éxito que ha supuesto el sistema GSM, la segunda generación de comunicaciones móviles. 
No debiéramos olvidar aquí que este éxito ha sido posible precisamente porque aquí sí hubo acuerdo europeo a través del ETSI. 
Precisamente hoy, durante la reunión que está celebrando en París el grupo especial del ETSI, sería una magnífica ocasión para tan conveniente acuerdo sobre el interface aéreo. 
No debiera desperdiciarse la ocasión, ya que no procedería soslayar la circunstancia de que en el próximo mes de junio, durante la decisiva reunión que celebrará en Ginebra la International Telecommunication Union (ITU) , el Japón y los Estados Unidos pondrán las cartas sobre la mesa y no sería deseable que cogieran a Europa desprevenida. 
Tengo muy claro, señor Presidente, señor Comisario, que no es misión mía, como ponente, intentar inclinar la balanza en un sentido u otro y no voy a hacerlo. 
Para mí, ambas posturas mayoritarias merecen el máximo respeto, tanto el de aquellas industrias enroladas en el sistema CDMA de banda ancha y enlazada con gigantes orientales del sector, como la otra alternativa más próxima a la tecnología GSM. 
Y por tanto, tampoco voy a profundizar en si unos sufren 1.700 patentes y otros gozan sólo de 170. 
Lo que sí hago es hacer votos por que se logre ese 71 % de mayoría necesaria en la presente y próximas reuniones del ETSI para conseguir el consenso deseado. 
Nuestra postura de independencia es congruente con toda nuestra trayectoria durante el pertinente debate del informe, en el sentido de que el advenimiento de las UMTS debe estar regulado exclusivamente por las fuerzas del mercado. 
Sin embargo, instamos a la Comisión- y hoy es una gran ocasión para hacerlo, aquí frente al Comisario- para que haga lo razonablemente necesario para resolver la disputa y conseguir el consenso en cuanto al estándar, de forma que los intereses europeos salgan reforzados de la referida reunión de la ITU del próximo junio. 
Ocasiones va a haber antes de junio, ya que el ETSI se reunirá también en marzo y celebrará sesión plenaria en abril. 
Para terminar, sólo querría dejar constancia de que sería deseable que tal consenso se materializase antes de que se formalice la esperada propuesta de directiva sobre licenciamiento y distribución del espectro para el nuevo sistema y, por supuesto, antes de que entre en debate la anunciada decisión UMTS sobre itinerancia, frecuencias y normalización. 
Oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0013/98) de la Sra. Read, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (modificación de la directiva 95/62/CE del Consejo y del Parlamento Europeo) (C4-0003/98-97/0226 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, después de lo que acaba de decir la Sra. Read, no me queda gran cosa que añadir. 
Quisiera también yo felicitar a la Comisión y a la Presidencia del Consejo por haber tenido la paciencia de negociar punto por punto con el Parlamento para lograr algo que fuera aceptable para la industria, los operadores y los consumidores. 
Creo que la transacción lograda es buena. 
Ya era hora de que se lograra, porque hemos superado la fecha límite. 
Todo debería haber estado listo el 1º de enero de este año. 
Llevamos unas semanas de retraso, pero no creo que sea irreparable. 
Lo importante es continuar por esa línea, por esa dirección, y me congratulo de que el Parlamento- creo que ahora puedo decirlo- vaya a apoyar prácticamente por unanimidad las conclusiones del Comité de Conciliación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A-0012/98) de la Sra. Pack, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 819/95/CE por la que se crea el programa de acción SÓCRATES (C4-0002/98-97/0103 (COD) ). 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comprueba con alegría que ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre el programa SÓCRATES dentro del procedimiento de conciliación. 
Este resultado está motivado, entre otras cosas, por la disposición del Parlamento a dar prioridad al programa para los años 1998 y 1999. 
En nombre de la Comisión, me gustaría expresar un agradecimiento especial a la Comisión de Cultura y, en particular, al señor presidente de la comisión, Sr. Pex, pero, por supuesto, ante todo, a la señora ponente, Sra. Pack, por el tesón demostrado y también a los responsables de asuntos presupuestarios, especialmente, el Sr. Samland y la Sra. Dührkop Dührkop, quienes han llevado a cabo un gran trabajo como también hemos oído esta tarde durante el debate. 
El procedimiento de codecisión ha conducido así por lo demás en un tiempo bastante corto a un resultado al que todas las instituciones pueden adherirse. 
Muestra el gran éxito que tiene el programa y la voluntad de mejorarlo para que cumpla los objetivos establecidos. 
Naturalmente dista mucho de tratarse de lujos, sin embargo, se trata de una suma considerable y podrá palparse con relación a las acciones comunes bajo los auspicios del programa. 
El programa SÓCRATES constituye una base sólida para el futuro. 
De ahí que apreciemos el esfuerzo que ustedes han hecho durante el procedimiento de conciliación para alcanzar un resultado que claramente indica el deseo de la Unión de crear una unión aún mucho más estrecha con sus ciudadanos. 
Mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0010/98) del Sr. White, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos (COM (95) 0619- C4-0103/96-95/0333 (SYN) ). 
Señor Presidente, nuestro Grupo felicita a la Comisión Europea por su propuesta y felicita también al ponente, Sr. White, por los esfuerzos en favor de la protección de los animales salvajes que están en los parques zoológicos, esfuerzos que son importantes y muy de alabar. 
El Grupo PPE está a favor de las medidas que tienden a mejorar la protección de los animales. 
El nuevo protocolo, en el Tratado de Amsterdam, sobre la protección y el bienestar de los animales muestra que éste es, más que nunca, un tema donde la Unión Europea y sus Estados miembros tienen el deber de reaccionar y tenerlo en cuenta en el marco de todas las demás políticas comunitarias. 
Por lo que concierne al tema específico de este informe, estamos convencidos de que es necesario asegurar las mejores condiciones en todos los parques zoológicos de la Unión Europea y que, además, esto es posible. 
Hay, asimismo, que asegurar el fin del sufrimiento inútil de los animales a causa de hechos o de negligencia de los seres humanos. 
Pero queda la cuestión de saber si este objetivo se alcanza mejor mediante una recomendación o mediante una directiva. 
Aquellos que toman el principio de subsidiariedad como razonamiento dirán que, aun reconociendo la importancia del objetivo, son los Estados miembros los competentes y los que deben tomar las medidas necesarias y apropiadas, según sus situaciones individuales. 
Tal ha sido la decisión tomada tras las discusiones de la Cumbre de Edimburgo en 1992 sobre el principio de subsidiariedad, y esa ha sido también la razón por la cual la Comisión Europea ha retirado su propuesta de directiva inicial para sustituirla por la presente propuesta de recomendación. 
Aquéllos que continúan llorando por una directiva dirán que, incluso comprendiendo los argumentos, tan fuertes, que abogan por que un sujeto tal deba ser tratado únicamente a nivel nacional, el hecho es que ha pasado el tiempo y se ha progresado poco desde la Cumbre de Edimburgo, y esto muestra que, en efecto, el solo instrumento capaz de realizar un verdadero progreso y de poner fin al sufrimiento de los animales en los zoos es una directiva europea. 
Aunque estamos todos de acuerdo sobre el fondo y sobre la importancia y el valor del objetivo, los puntos de vista quedan divididos- este es el caso de mi Grupo- sobre la mejor forma de alcanzarlo. 
Personalmente, pienso que el principio de subsidiariedad no debe ser olvidado, pero garantizando la protección de los animales y tratando de conseguirlo de la mejor forma posible. 
Dicho esto, reconozco que la experiencia hasta ahora mismo podría llevarnos a la conclusión de que la legislación europea será probablemente la forma más eficaz y rápida de asegurar una mejora real en la situación del bienestar de los animales en los zoos en toda la Unión Europea. 
Esta es la razón por la cual mi Grupo dispondrá de libertad de voto sobre la propuesta legislativa en lo que concierne a la conversión de la propuesta de recomendación en propuesta de directiva. 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna objeción? 
Señora Presidenta, durante la reunión de ayer se solicitó el aplazamiento de la deliberación conforme al artículo 131. 
El debate versó sobre el derecho de asilo y el aplazamiento fue pedido por el Sr. Schulz. 
Naturalmente, alguna vez puede solicitarse un aplazamiento, pero tenemos la impresión de que el grupo socialista recurre frecuentemente a esta clase de trucos. 
Vimos la semana pasada, durante el período de sesiones celebrado en Estrasburgo, como el debate sobre la política de drogas se aplazaba por idénticos motivos y, ayer, tuvimos que presenciar la utilización de este mismo truco con el derecho de asilo. 
Tenemos la impresión de que el grupo socialista hace eso cuando no puede ganar un debate. 
Estaba claro que en la política de asilo, la opinión del grupo socialista no participaba de la mayoría de esta Casa. 
Utilizar, a continuación, el artículo 131 para sorprender al Parlamento no es la costumbre de esta Casa.Tras el debate, he tenido conocimiento de las excusas del grupo socialista, pero considero que en esta cuestión debemos ponernos de acuerdo de antemano. No se debe coger por sorpresa a los restantes grupos. 
Señora Oomen-Ruijten, le he permitido continuar hablando más tiempo de lo que está permitido. 
Sin embargo, quisiera pedir a los oradores que han pedido la palabra que respeten el tiempo establecido. 
Supongo que va referirse al mismo tema Sra. Fontaine. 
Señora Presidenta, en efecto, quiero intervenir sobre el mismo tema, el del envío a Comisión relativo a los asuntos de derecho de asilo, que se decidió ayer por la tarde. 
Como es natural, no rechazo la petición de envío, que es perfectamente reglamentaria, sino las condiciones en que se ha hecho la votación: sólo 51 diputados consiguieron participar en esa votación y yo, Señora Presidenta, tengo la idea de que ese número no es muy representativo de nuestra Asamblea, en particular sobre un tema tan delicado. 
Sin embargo, me parece que esto tuvo, al menos, un elemento positivo, pues nos permitió hacer unas prácticas muy instructivas: las de medir el tiempo y la distancia que separa a nuestros despachos del hemiciclo. 
Pido que este detalle conste en Acta. 
Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en los ascensores, que se detenían en todas las plantas, y es lógico, porque nuestros colegas se precipitaban también a ellos, y nos encontramos muchos en esas condiciones, de modo que llegamos apenas unos minutos antes de la votación. 
Señora Presidenta, querría pedir a los cuestores que establezcan una reglamentación para determinar que entre la primera llamada y el momento de la votación deben transcurrir 15 minutos. 
Esta propuesta me parece muy razonable y voy a someterla a los cuestores. 
Señora Presidenta, apruebo lo que acaban de decir las señoras Oomen-Ruijten y Fontaine. 
En la página 15 del Acta, leo que el Presidente de la sesión responde a los oradores que habían expuesto las argumentaciones que acaban de mencionarse, que se produjo la intervención de dos oradores, lo que daba tiempo suficiente para llegar al hemiciclo. 
Considero falsa esta afirmación, pues sin duda que algunos colegas, en el momento en que oyeron el timbre colgaron el teléfono, en muchos casos con cierta brusquedad para con sus interlocutores, pero ni siquiera así estuvieron en condiciones materiales de poder votar. 
Esto es un escándalo, sin más. 
Hago notar que en los Parlamentos nacionales no se hace una sola llamada; por cierto que algunos colegas llegaron a creer que se trataba de la señal de alarma de incendio. 
En realidad, los despachos de los diputados deberían tener- y así se ha pedido- señales luminosas, como las hay en algunos Parlamentos, indicadoras de que se anuncia una votación, para dar a los diputados tiempo material de llegar al hemiciclo. 
Pido que la Mesa y el Colegio de cuestores se ocupen de este asunto. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con lo dicho por la Sra. Fontaine y el Sr. Pasty, pero querría ampliar el tema en lugar de limitarlo. 
Aceptamos lo que ocurrió ayer en el hemiciclo de esta Casa porque se produjo dentro de las normas en vigencia. 
Lo desafortunado ha sido que no se dio tiempo a los diputados para llegar hasta aquí. 
Lo que se debe hacer es revisar los artículos 126, 128, 129, 130, 131 y 132 del Reglamento. 
En esos artículos se dice con toda claridad que la votación se celebrará de inmediato. 
¿Qué significa de inmediato? 
Cuando suena el timbre, normalmente eso quiere decir que tenemos diez minutos para llegar a la sala donde se celebra la sesión. 
Ayer sonó el timbre pero, como el Sr. Pasty ha dicho con acierto, no hubo ninguna otra indicación de lo que ocurría en la cámara. 
Reconozco que acabamos de instalarnos en un edificio nuevo y que todavía no podemos ver en las pantallas de televisión todas las salas, pero se trata de un asunto que la administración debe abordar. 
Quizá el Comité de Reglamento deba ocuparse de la verificación de credenciales e inmunidades, para que se cambie el Reglamento a fin de evitar lo que ocurrió ayer. 
Señora Presidenta, también yo quiero quejarme de lo ocurrido ayer. 
No sólo no pude llegar a la votación, sino que además estaba fuera de la Casa, en actividades parlamentarias, y volvía para hablar. 
El mundo, que estaba esperando para oír mis palabras sobre el programa SÓCRATES, se vio privado de ellas. 
El cambio de los hábitos parlamentarios tal como se hizo ayer es totalmente contrario al espíritu de la democracia. 
En nombre del Grupo de los Verdes, condeno enérgicamente lo sucedido ayer. 
(Reacciones diversas) 
Señora Presidenta, en primer lugar, yo, lógicamente, rechazo cuanto ha dicho la Sra. Oomen-Ruijten sobre la actitud de los socialistas. 
Y voy más lejos: en la página 14 del Acta consta que la Sra. Díez de Rivera, es decir, yo misma, ayer cuando llegué al hemiciclo después de que nos llamasen por el timbre para la votación, manifesté, en aquel mismo momento, mi protesta porque no habíamos tenido el tiempo suficiente para llegar a la votación, cuando era una votación excepcional. 
Por lo tanto, señora Presidenta, comparto cuanto han dicho el Sr. Pasty, la Sra. Fontaine y el Sr. Provan, pero yo sí que llegué tarde pese a salir corriendo de mi despacho. 
Por lo tanto, rechazo, una vez más, cuanto ha dicho la Sra. Oomen-Ruijten contra el Grupo Socialista y ahí está la prueba de que lo intentamos todos. 
Señora Presidenta, tal y como ha quedado claro, los socialdemócratas también han tenido sus dificultades para llegar a la votación de la que aquí se habla. 
Por supuesto que siento los problemas sufridos por los otros grupos, sin embargo, tratamos de avisarles anticipadamente de que queríamos una votación de acuerdo con el artículo 131, pues nos parece que, después de que el Grupo Liberal hubiera retirado su firma a la propuesta común, necesitábamos más tiempo para elaborar un texto común sobre el derecho de asilo que pueda alcanzar un amplio apoyo en este edificio. 
Señoras y señores, creo que estamos todos de acuerdo en que el artículo 131 del Reglamento ha sido la base jurídica de esta votación. 
Con ello estimo que se ha procedido correctamente y de acuerdo con el Reglamento. 
Pero también reconozco a aquéllos que se han manifestado en sentido contrario que no les falta razón al decir que la distancia hasta aquí es demasiado grande. 
Creo que no deben ser los Cuestores, sino la Comisión de Reglamento, Verificación de credenciales e Inmunidades la que se ocupe y reflexione sobre este artículo y como puede regularse para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. 
De todos modos tengo que decir que yo misma tengo mi despacho en el piso 12 y también fuí avisada por el timbre, entré aquí en el momento en que se estaba votando. 
Esto ya fue muy justo y no puede seguir haciéndose así en el futuro. 
Hoy declaro que lo que ocurrió ayer fue correcto. 
En la próxima semana de sesiones la Conferencia de Presidentes tiene que decidir en qué posición del orden del día se coloca esta cuestión. 
Sin embargo traslado la crítica que aquí se ha expresado tanto a la Mesa como a la Conferencia de Presidentes y después veremos si se envía a la Comisión de Reglamento, Verificación de credenciales e Inmunidades o si, tal y como ha propuesto la Sra. Fontaine, encontramos con anterioridad una medida sencilla que en el futuro regule correctamente una situación como ésta. 
Señor Presidente, es muy grave lo que dice la Sra. Jensen. 
Me cae bien, pero no puede ser que cuando otro grupo retira su firma de una resolución del Parlamento, ya no se vote el texto. 
Ahora sucede eso por segunda vez. 
Primero fueron las drogas, ahora, la política de asilo. El grupo socialista no logra su objetivo y dice con naturalidad: pues, entonces nos retiramos. 
Ése no es un comportamiento parlamentario. No forma parte de las costumbres de esta casa. 
Sra. Oomen-Ruijten, también se ha dicho antes, creo que ha sido el Sr. Provan que uno debería ser informado de que se va a votar y sobre qué cosa. 
Sólo puedo decir que cada uno de nosotros tiene la obligación de consultar el orden del día. 
Todo el mundo podía haber sabido qué es lo que se incluía en el orden del día y se tiene que tener en cuenta que si hay artículos como ese en el Reglamento cualquiera puede, en cualquier momento, presentar una enmienda. 
Creo que esto debe decirse y tenerse muy en cuenta. 
Señora Presidenta, querría sugerir una simple manera de superar el problema de la distancia entre los despachos de sus Señorías y el hemiciclo. 
Es la que algunos colegas míos ya han adoptado: sería muy sencillo para el Parlamento proporcionar bicicletas a todos sus miembros. 
ˇMuchas gracias, Sr. Watson! 
Formación en profesiones marítimas 
Conforme al orden del día procede el debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0411/97) en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo concerniente a la posición común del Consejo con respecto a la promulgación de una directiva del Consejo para la reforma de la directiva 94/58/EG sobre la formación en profesiones marítimas (ponente: Sr. Parodi). 
Señora Presidenta, estimados colegas, la modificación de la directiva sobre los requisitos mínimos de formación en profesiones marítimas, que es el tema de la presente recomendación, nace de la necesidad de adaptar la formación de la gente de mar a las condiciones reales del transporte marítimo, en particular a los nuevos desarrollos tecnológicos que se han incorporado a los barcos y a los nuevos métodos de formación profesional. 
No olvidemos que el 80 % de los accidentes en el mar se debe, esencialmente, a errores humanos u omisiones. 
La revisión del Convenio STCW y la modificación parcial de la directiva 94/58 tienen como objetivo el de remediar esta situación y, en lo posible, reducir el efecto del factor humano en los accidentes marítimos. 
Se podrá alcanzar esta meta si se establecen los requisitos mínimos para la formación profesional, la titulación y la guardia de los marinos, para asegurar un control eficaz de la aplicación de las disposiciones internacionales y evitar que, como ha ocurrido en el pasado, la credibilidad misma de las titulaciones emitidas se ponga en tela de juicio a causa de la escasa observancia de las disposiciones de este Convenio. 
A mi juicio, pues, esta revisión es positiva, representa un paso adelante hacia una mayor seguridad, refuerza los poderes de la OMI en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los métodos de formación y de titulación. 
En la primera elaboración, el hilo conductor que seguí al redactar mi informe, con el apoyo decisivo de la Comisión de Transportes y Turismo, fue el de mejorar y consolidar, en la medida de lo posible, la propuesta de la directiva, eliminando los probables vacíos legales y los conflictos jurídicos en relación a las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a emisión y reconocimiento de las titulaciones de formación de los marinos, para evitar que se recurra al empleo de tripulaciones escasamente cualificadas. 
Considero, en efecto, que una racionalización o una armonización de los criterios de reconocimiento de las cualificaciones, sumada al respeto de criterios estrictos de calidad, puede contribuir a elevar el nivel de idoneidad de la gente de mar, a mejorar la seguridad y la competitividad de la flota comunitaria y a reducir el número de los barcos que no cumplan con las normas. 
Está en juego la seguridad, como he dicho, y además debo añadir que, a la luz de esa primera versión, la Comisión modificó su propuesta inicial. 
La posición común del Consejo ha captado el sentido, el concepto, los objetivos, que se integraron en las modificaciones aportadas a las disposiciones contenidas en la propuesta original. 
El Consejo se ha ocupado de volver a formular algunos párrafos de la propuesta inicial; a la vez, ha introducido otros nuevos que siguen la dirección auspiciada por el Parlamento y cuyo objetivo es una mayor seguridad. 
Los nuevos artículos se refieren a los principios que rigen la navegación de cabotaje, las sanciones y las medidas disciplinarias, las normas de calidad, las normas sanitarias, la emisión y registro de los certificados, la responsabilidad de las compañías, el control del Estado del puerto; todos estos artículos, junto a las otras modificaciones aportadas, tienen la virtud de eliminar ambigüedades y simplificar la interpretación. 
Considero, en resumen, que el Consejo ha mostrado una amplia receptividad ante la posición comunitaria y la expresada por el Parlamento Europeo, inspirador de las enmiendas. 
Gracias a estas modificaciones y a las presentes mejoras, se dará un paso más hacia una mayor seguridad en el mar, objetivo que persigue desde hace años, y seguirá persiguiendo, este Parlamento. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, empezaré por expresar mi apoyo incondicional a la propuesta de una directiva que enmiende la directiva original sobre el nivel mínimo de formación para los profesionales del mar. 
Este es otro paso positivo en la mejora de la seguridad en el mar y de la protección de nuestro medio ambiente marino. 
Si tenemos presente que en el último decenio hemos perdido unas 12.000 vidas en todo el mundo y que, por cierto, seguimos perdiendo más de 200 buques al año en todo el mundo, nosotros, en la Unión Europea, debemos mantenernos en constante guardia para reforzar y mejorar el nivel de seguridad en el mar. 
La esencia misma de esta directiva es ocuparse del factor humano. 
Como el ponente, Sr. Parodi, ha señalado muy bien, aproximadamente el 80 % de los accidentes marítimos nacen del error humano y, por lo tanto, este asunto clave debe desempeñar un papel importante en nuestra estrategia marítima, para fortalecer la seguridad y proteger el medio ambiente. 
Es vital que los marinos reciban la formación y la titulación de grado superior necesarias para llegar al nivel de competencia y aptitud imprescindible, mientras sirven en el mar, para comunicarse con eficacia con la tripulación, respetar las instrucciones y el asesoramiento y, en ciertas ocasiones- demasiado frecuentes, me temo -, enfrentar las situaciones de crisis. 
Los barcos deben estar tripulados por marineros que tengan el conocimiento teórico y práctico adecuado. 
Esta propuesta que nos ocupa pretende incorporar todos los requisitos del Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, de 1995. 
Quiero felicitar a la Comisión no sólo por mantenerse a la par de la legislación marítima internacional, sino también por reflejarla en la legislación comunitaria, para asegurar su aplicación en nuestras aguas europeas. 
Espero que la Comisión mantenga el ritmo para mejorar la seguridad en el mar. 
Esta propuesta de directiva procura incluir los nuevos requisitos de formación y titulación, también los relativos a la guardia, y quiere introducir criterios comunes para el reconocimiento de las titulaciones de marineros obtenidas en terceros países. 
Como al Sr. Parodi, me complace que el Consejo, con el apoyo de la Comisión, haya incorporado la mayor parte de las ideas y objetivos del Parlamento Europeo expresados en la primera lectura. 
Tengo el placer de decir que el Sr. Parodi ha esclarecido y destacado la propuesta de la Comisión, al eliminar las ambigüedades y simplificar el texto. 
Me ha impresionado en especial el énfasis con que el ponente ha expresado la necesidad de llevar a los jóvenes a la profesión de marineros y promover el empleo en ella. 
En su reciente comunicación " Hacia una estrategia marítima» , la Comisión indicaba que en todo el mundo hay escasez de marineros cualificados y capaces. 
El desarrollo de una política europea para que los jóvenes se interesen por esta profesión es un medio vital tanto de formar marineros de gran capacidad como de contribuir a la solución de los problemas de desempleo en Europa, sobre todo en nuestras comunidades marineras. 
Quiero aprovechar esta ocasión también para felicitar al ponente por la importancia que ha dado a un lenguaje de trabajo común, que pueda funcionar con eficacia y, sobre todo, hacer frente a las situaciones de crisis. 
Espero que la aplicación de esta directiva en los Estados miembros sea otro paso adelante en nuestra campaña de seguridad en el mar. 
Termino exhortando a la Comisión a que se asegure de que en la directiva se incluirá esta enmienda, se llevará a todos los Estados miembros y en ellos será aplicada. 
Tal vez el Comisario quiera comentar cuál sería el mejor modo de asegurar que esta meritoria directiva no se apoye sólo en esta Sede y sea sólo aplicada por el Consejo, sino que también se aplique realmente en todos los Estados miembros y los organismos correspondientes. 
Me gustaría también arbitrar algún mecanismo por el que recibamos una información regular que nos permita saber que las normas de seguridad en toda la UE se mantienen y que, además, es alto su nivel de aplicación obligatoria. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo debo subrayar que también nosotros apoyamos la posición común tal como se modifica con las tres enmiendas de la Comisión de Transportes y Turismo, que también hemos votado en dicha comisión. 
Debo decir que la Directiva bajo criterio del Parlamento es la modificación de otra Directiva, de la Directiva 94/58 que había aprobado este Parlamento e, igualmente, que es una Directiva que se ha incorporado en las legislaciones nacionales en gran medida. 
Por consiguiente, soy optimista en cuanto a que también las modificaciones de esta primera Directiva, sobre la que tenemos esta posición común, van a seguir la misma incorporación rápida en las legislaciones nacionales. 
Ciertamente constituye una gran avance esta nueva Directiva modificadora. 
Y especialmente el punto que tiene importancia es que introduce medidas que pueden ser incentivos para la atracción de nuevos marinos. 
Por otra parte, la nueva Directiva ha aclarado el paisaje porque ha hecho una clara distinción entre los temas de atracción y de formación de los marinos y temas relacionados con cómo funcionan las tripulaciones en los barcos. 
Por tanto, debo decir que, aunque todos celebramos este avance que se lleva a cabo con la nueva Directiva complementaria, debemos señalar, en el mismo momento, que la Comisión Europea no ha avanzado en iniciativas en el ámbito de las medidas positivas a favor de la navegación europea. 
Estamos avanzando en los temas de seguridad, estamos extendiendo los controles de los barcos en los puertos europeos incluso en relación con la capacidad de las tripulaciones de los barcos, de cualquier barco, y los conducen a los puertos europeos; pero aún no hemos avanzado en proponer medidas positivas tales que podamos detener la huida de los barcos de las banderas europeas. 
Ahí hay una deficiencia por parte de la Comisión Europea. 
Parece que se han agotado las ideas de la Comisión, que no tiene nada que proponer. 
Hay, por supuesto, una propuesta sobre estrategia de navegación que, por la cantidad de problemas que causaba, ha estancado de alguna manera toda la imagen de la política naviera europea. 
Pero quisiera decir que ya es hora y que estamos esperando un nuevo espíritu, un nuevo enfoque en los temas de las medidas positivas a favor de la navegación porque seguimos avanzando malamente; o bien por medio de segundos registros de puertos; y ya cada país crea un segundo registro de puerto, o con la continua reducción de las banderas europeas en beneficio de banderas improbables, y esto lo subrayo. 
Hay islas pequeñas que cuentan con grandes flotas. 
No es propio del momento señalar los peligros; pero desde la tribuna del Parlamento, invito una vez más, a la Comisión a meditar sobre cómo va a enfrentarse al problema llamado " medidas positivas para la navegación». 
Señora Presidenta, yo también creo que el informe del Sr. Parodi contribuye significativamente a la mejora de la Directiva del Consejo, que modifica la Directiva 94/58, y tiene el apoyo de nuestro Grupo. 
Claro, querría referir dos reservas- preguntas que resultan por lo menos de la experiencia que tenemos en la navegación griega, que es una de las más fuertes en la Unión Europea. 
La primera reserva tiene que ver con la comprobación de que el 80 % de los accidentes se deben a errores humanos. 
La experiencia que tenemos en Grecia es que, claramente, el error humano juega un papel importante; pero una gran parte de los accidentes se debe a que están funcionando naves antiguas que difícilmente pueden hacer frente a dificultades atmosféricas u otras. Y podría aceptar la postura del Sr. Parodi si en el error humano incluyéramos también la tolerancia, la tolerancia criminal y la cobertura criminal que se da muchas veces al funcionamiento de estas naves. 
La segunda reserva que tengo está relacionada con la atracción de jóvenes a los barcos. 
Como Directiva es muy importante, pero, una vez mas, el problema que tenemos en Grecia no es que los jóvenes no se sientan atraídos por la formación con vistas a tener una carrera en el mar. 
La situación que tenemos en Grecia es una estrechez continua y una reducción del mercado laboral en los barcos a pesar de que Grecia tiene una flota muy fuerte. y, en mi opinión, esto se debe a que los propietarios siguen una política de atracción de tripulaciones baratas y no formadas de terceros países, de países de Asia etc; algo que tiene como resultado no sólo la reducción del mercado laboral en el ámbito comunitario, sino también la falta de seguridad en el funcionamiento de los barcos. 
Las tres enmiendas en las que insiste el Sr. Parodi tienen nuestro apoyo en lo relativo a la adecuación médica, a las condiciones de guardia en el puente de mando y en cuanto al temas de limitación del periodo de descanso. 
Sin embargo, debemos prestar especial atención al tema de la comunicación lingüística. 
Muchas veces hay un gran problema en la comunicación entre la tripulación que conduce a accidentes. 
Y quisiera decir que Grecia soporta la carga de dos grandes accidentes navales sucedidos durante las fiestas, en los que se ahogaron muchas personas en el mar. 
Señora Presidenta, quiero unirme a las felicitaciones dirigidas al Sr. Parodi por su excelente trabajo y saludar el carácter constructivo de todo el debate. 
También me hago eco de lo señalado por el Sr. Watts acerca de la naturaleza peligrosa de la navegación. 
Apoyamos ampliamente la orientación de este informe. Sin embargo, comparto con los Sres. 
Sarlis y Alavanos la preocupación acerca de las tripulaciones de terceros países que son un fenómeno creciente en el ámbito del transporte marítimo europeo: algo que causa inquietud no sólo en Escocia, que es mi tierra, sino en buena cantidad de países europeos. 
Será útil que los Estados de puertos tengan un papel en esto. 
Serán cruciales a la hora de aplicar las normas que con razón esperamos impongan los países europeos. 
Quiero decir a la Comisaria Bjeregaard que el desafío, desde el punto de vista de los ciudadanos europeos, es ahora velar por que las normas adecuadas se apliquen a esas tripulaciones de terceros países. 
En caso contrario, existe el grave riesgo de que la falta de fluidez en el idioma necesario, la incapacidad de comunicación, ponga en peligro muchas vidas. 
En un año en el que tiene un gran éxito de taquilla una película cuyo tema es el hundimiento del Titanic, no necesitamos recordar lo tremendos que son los naufragios, y queremos hacer todo lo posible para evitarlos. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en el mar son numerosos los accidentes debidos a un fallo humano que tienen graves consecuencias para la vida e incluso para la fauna y la flora. 
En demasiados casos se trata de barcos que enarbolan un pabellón de conveniencia y llevan una tripulación no comunitaria, lo que les permite tener una mano de obra barata. 
El Frente Nacional siempre ha denunciado estos desplazamientos, que consisten en emplear una mano de obra no europea y no cualificada. 
Esto es no sólo nefasto para el empleo, sino también peligroso para la seguridad de los barcos y de nuestras costas. 
Es nuestro deber, por tanto, oponernos al dumping social, que consiste en pagar a un marinero polaco o chino 2.500 francos por mes, mientras que a un marinero francés se le paga más de 10.000 francos. 
Una política sistemática, preferentemente nacional, para la contratación de marineros y el apoyo financiero directo o indirecto de su flota marítima por parte de cada Estado será lo que dé nueva vida y amparo a este sector. 
Nos felicitamos por el informe del Sr. Parodi, que tiene el fin de promover un nivel lo bastante alto y concertado de formación y de cualificación profesional en bien de un aumento de la seguridad en la navegación europea. 
Señora Presidenta, estimados colegas, estimada Comisaria, considero esto como un buen ejemplo de la forma en la que cooperan el Consejo de ministros y el Parlamento. 
Sobre una buena propuesta de la Comisión, en dos lecturas nos hemos puesto básicamente de acuerdo en la manera de fortalecer la formación en profesiones marítimas, precisamente para dotarlas de mayor protección y también para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente. 
Porque, como ya han dicho varios diputados- no estoy seguro, querido colega griego, de si cuestionaría a los barcos viejos- los barcos substandard son el punto de fractura. 
Los barcos pueden ser muy viejos, pero si han sido bien cuidados y tienen una buena dotación pueden seguir siendo empleados de forma excelente. 
Creo firmemente que el factor humano es una de las causas principales de los accidentes, y- en este caso nos encontramos ante la Comisaria adecuada- los accidentes en el mar suelen tener como consecuencia una contaminación enorme que ponen considerablemente en peligro a la naturaleza y al mar. En este sentido la cuestión de la formación en las profesiones marítimas para prevenir accidentes, es una aportación indirecta a la prevención de la contaminación marina y la protección del medio ambiente. 
Considero especialmente importante que se hayan reforzado las prescripciones referidas al servicio de vigilancia. 
En cualquier caso puedo decirles a mis colegas, no sé si el ejemplo del Titanic es un buen ejemplo, que creo que ellos sabían lo que se hacían. 
Sólo debían haber reaccionado de la forma correcta. 
Pero el interés económico de la empresa se impuso sobre el interés en proteger a los ciudadanos. 
Nos tenemos que encargar de que eso no vuelva a ocurrir. 
Por tanto estimo que esos preceptos sobre el servicio de vigilancia son excelentes. 
No obstante, permítanme indicar que aun no hemos acabado con las cuestiones relativas a la vigilancia. 
El Sr. Parodi ha vuelto a vuelto a extraer una muy buena propuesta de la primera lectura. 
Señora Comisaria, sería estupendo que apoyara esta enmienda adicional del Parlamento, que apunta a la intensificación de las cláusulas de excepción para el servicio de vigilancia, porque creo que la seguridad en el mar es simplemente prioritaria. 
En el último ámbito me quiero adherir a la posición de mis colegas. 
No sirve de nada que, nosotros, el Parlamento y el Consejo en consonancia con la Comisión establezcamos la mejor de las legislaciones si, después, los Estados Miembros, aunque promulguen la legislación que transponga las medidas sobre formación, no se ocupan, en el marco de los controles de los estados portuarios, de comprobar que a bordo sólo hay marineros verdaderamente cualificados. 
Creo que en este punto debemos pedirle a la Comisión que controlen- teniendo en cuenta la subsidiariedad en el sentido que sea- si las medidas de formación también son cumplidas en el marco del control por los estados portuarios. 
Señora Presidenta, celebro mucho que el señor ponente, Sr. Parodi, esté satisfecho con las líneas centrales de la posición común del Consejo relativa a la formación de marinos, tal y como lo están la mayoría de los oradores. 
Por ello, espero también que el Parlamento la apruebe en la sesión plenaria. 
La Comisión encuentra la posición común totalmente aceptable, ya que concuerda con los principios de la propuesta inicial que fue apoyada por el Parlamento. 
Además, entraña una puntualización y especialmente mayores consecuencias en cuanto a los requisitos reconocidos internacionalmente existentes en el convenio STCW revisado de 1995. 
Añádase a esto que, como el Sr. Parodi cita en su introducción a la posición común, se ha tenido en cuenta la sustancia de las enmiendas más importantes aprobadas por el Parlamento en la primera lectura. 
Por ello, me gustaría exhortar al Parlamento a que no insista en las enmiendas presentadas en el informe, pues de hecho están reñidas con tres principios fundamentales de la directiva. 
La posición común está plasmada de tal manera que coincide en lo más posible con el convenio STCW de 1995. 
La enmienda 1 perjudica esta situación puesto que modifica un tenor que cuidadosamente responde a la norma 1/9, núm. 1, del convenio. 
Espero que el Parlamento pueda reconocer que no tiene ningún sentido desviarse de este principio. 
Otro principio básico tiene por fin que la directiva que modifica no pueda convertir la parte B no vinculante del código STCW, que sirve como pauta para las autoridades nacionales, en vinculante. 
El añadido que se propone en la enmienda 2 responde, no obstante, al tenor de la parte B no vinculante, mientras que la posición común concuerda plenamente con la parte A vinculante. 
El Parlamento, en cualquier circunstancia, estará familiarizado con que la cuestión de las pautas no vinculantes se trata en la séptima consideración de la posición común. 
El tercer principio pretende conservar el espíritu de la Directiva 94/58, la cual trata de los estándares para la formación de marinos. 
Nunca fue la intención que la directiva debiera tratar de la guardia como tal. 
Dentro de los límites de la directiva la Comisión y el Parlamento han logrado persuadir al Consejo para que incorpore ciertas disposiciones sobre la guardia en el artículo 5 H, que atañe a la idoneidad para el servicio, de la posición común, i. e., disposiciones relativas a la prevención del cansancio y los riesgos para la seguridad ligados a éste. 
Se trata de la cuestión relativa a los períodos mínimos de descanso sobre la que también algunos de los oradores han hablado. 
Espero que el Parlamento en este contexto esté de acuerdo en que la disposición sobre la guardia incluida en la enmienda 3 no casa con esta directiva. 
Señora Presidenta, he intentado dar cumplida cuenta de las razones por las que la Comisión no puede apoyar las enmiendas planteadas. 
Aprovecho así para pedirle al Parlamento que reconsidere su actitud preliminar con respecto a la propuesta de manera que este acto legislativo pueda ocupar su lugar lo más pronto posible. 
Señora Presidenta, si la Comisaria nos pide, después de las largas deliberaciones, repensar nuestras enmiendas, entonces le diría que preferiría que aprobásemos las tres enmiendas y le pedirle a la Comisión que reconsidere su postura, porque lo que ha expuesto no puede ser llevado a cabo. 
Señora Presidenta, varios diputados han planteado un asunto clave: está muy bien que este Parlamento, la Comisión y el Consejo se hayan puesto de acuerdo en determinada legislación pero, ¿cómo aseguraremos que se respetarán esas leyes, no sólo en los Estados miembros sino también en los barcos que navegan con bandera de conveniencia? 
Comprendo que es difícil para la Comisaria reaccionar de inmediato, pero en una ocasión próxima nos gustaría tener una respuesta de la Comisión acerca de la forma en que podemos asegurar que esta excelente legislación se aplique con uniformidad en los barcos que surquen aguas europeas, sin tomar en cuenta su bandera. 
, ponente. (IT) Señora Presidenta, muy brevemente quiero decir a la Comisión que he advertido cierta dureza en su actitud. 
Me explico: estamos dispuestos a resolver un problema gravísimo, que sin duda merece una mayor atención; en mi opinión, no es a nosotros a quienes hay que pedir que retrocedamos, más bien debe ser la Comisión quien mire hacia el futuro y tome decisiones que estén en consonancia con la voluntad de quince países que están pidiendo esto. 
Señora Presidenta, es evidente que transmitiré el mensaje dado hoy por el Parlamento, sin embargo, como es sabido, no es sólo la Comisión quien decide si un acto legislativo debe o no realizarse. 
Sobre lo que en mis observaciones finales me mostré esperanzada fue sobre la posibilidad de una rápida ejecución de la legislación propuesta. 
Me siento plenamente convencida de que mi compañero, el señor comisario Neil Kinnock, prestará mucha atención a que los Estados miembros también cumplan la legislación que sea aprobada y de que también empleará los medios a nuestro alcance con vistas a la puesta en práctica de la legislación aprobada. 
No obstante, la petición trataba de nuestro deseo de ver cómo rápidamente aprobamos un acto legislativo. 
ˇMuchas gracias, Señora Comisaria! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Redes hidráulicas transeuropeas 
Según el orden del día a continuación procede el debate sobre el informe (A4-0407/97) del Sr. Izquierdo Collado en nombre de la Comisión Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la viabilidad tecnológica de redes hidráulicas transeuropeas. 
Señora Presidenta, en este Parlamento se han efectuado discursos muy importantes, e incluso yo diría que bellos, en relación con el agua, con el agua como recurso y como ingrediente fundamental de la cultura, que diferencia incluso la cultura de los distintos pueblos. 
Ese carácter de recurso fundamental va cobrando intensidad a medida que pasa el tiempo, y el próximo siglo se puede ya visualizar como un momento de importancia creciente precisamente para los recursos de agua. 
La Unión Europea debe estar muy atenta precisamente a esta característica fundamental del desarrollo sostenible y de la convivencia en el ámbito europeo para el que estamos trabajando en este Parlamento. 
¿Qué ha hecho la Unión Europea en relación con el recurso agua? 
Ha hecho cosas importantes, pero permanentemente centrada en la calidad de las aguas. 
Es evidente que en este momento en que estamos dando una importancia fundamental a la contaminación atmosférica y en que se celebran cumbres mundiales para proteger la capa de ozono, el recurso agua necesita una defensa en materia de calidad, una defensa firme y fuerte. 
Y yo creo que la Comisión tiene una idea clara al respecto. 
Está elaborando, en estos momentos, una directiva que, por desgracia, es una directiva inconclusa. 
Nos ha llegado una comunicación, así como una rectificación, y está en marcha otra rectificación que quizá no da la mejor imagen de la directiva pero, indudablemente, la Unión Europea se está ocupando de la calidad del agua. 
No se le puede negar esto. 
Y yo creo que la protección de nuestras aguas es fundamental y es el camino por el que hay que continuar. 
Ahora bien, señora Presidenta, además de la calidad, se necesita hablar de la cantidad de las aguas. 
Cuando estábamos tramitando un estudio al respecto, a través de STOA, y durante la iniciativa parlamentaria, la Sra. Comisaria que nos acompaña- y que en estos momentos no escucha mi intervención porque no tiene los auriculares puestos -, la Sra. Bjerregaard, digo, tuvo realmente el acierto de hablar, casi por primera vez, en nombre de la Unión Europea, de la cantidad del agua. 
Fue después de su visita a Andalucía, a Sevilla, donde pudo comprobar que solamente hablando de calidad de las aguas no se solucionan los múltiples problemas que tiene la Unión Europea al respecto. 
Y, efectivamente, la Unión Europea puede aportar ese ingrediente de valor añadido para que la optimización del recurso agua, a nivel de la Unión Europea, sea una realidad. 
Es evidente que los Estados están trabajando en los planes de cuenca, y dichos planes son necesarios para racionalizar el recurso agua en aquellos lugares donde, geográficamente, es necesario ese ingrediente fundamental: racionalizar las distintas cuencas. 
Pero hay que dar un salto más y hay que efectuar trasvases intercuencas si queremos dar soluciones a problemas estructurales que se plantean en la Unión Europea, como son las inundaciones, la sequía y la desertización. 
Por eso, en gran medida, mi informe de iniciativa pretende llamar la atención sobre la necesidad y la obligación de empezar ya a diseñar un plan hidrológico europeo, un plan que contemple las necesidades globales de la Unión Europea y que, por tanto, administre el recurso agua con estrategia, con capacidad y permanentemente, manteniendo, por supuesto, la defensa medioambiental y posibilitando que el agua sea precisamente un recurso de reactivación y de mejora medioambiental. 
Y dentro de ese plan hidrológico europeo se podrían efectuar múltiples actuaciones, tanto en zonas que son susceptibles de inundaciones como en zonas donde se sufren sequías. 
En el informe propongo un ejemplo, que puede ser aplicado a otros ámbitos, que es cómo conectar las cuencas del centro y norte de Europa con cuencas del sur que son deficitarias, sin que ello suponga un detrimento siquiera apreciable para las cuencas del centro y norte, porque ese valor añadido que pueden aportar ciertas transferencias cuantitativas de agua puede ser la solución para mejorar los planes hidrológicos necesarios en los Estados del sur y que no se ponen en funcionamiento porque las sequías prolongadas de 6 y hasta 7 años impiden que las cuencas excedentarias del sur puedan transferir agua a las cuencas deficitarias de los propios Estados del sur de Europa. 
Quiero terminar diciendo que el informe es muy comprensivo con el hecho de que el tema del agua es enormemente sensible y manifiesta con toda claridad que no se podrá hacer ninguna toma de agua de ningún Estado sin el consentimiento expreso de éste. 
Señora Comisaria, creo que tenemos la posibilidad de trabajar en esta dirección y hay muchas esperanzas centradas en que la Comisión, si el Parlamento aprueba este informe, pueda trabajar en su continuidad. 
Como ponente para opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, debo felicitar al ponente, Sr. Izquierdo Collado, por la calidad de su informe, que pone en evidencia los problemas de desequilibrio del recurso agua existentes en los países de la Unión Europea, además de otros, entre el norte y el sur de Europa. 
Por lo tanto, es importante no descuidar la perspectiva de un estudio sobre la factibilidad técnica de una red determinada, que podría resolver con eficacia los déficits de agua de ciertas regiones europeas. 
Sin duda, un estudio de esa índole deberá demostrarnos que hay una solución viable, y por ello afirmo que es importante que la Comisión Europea se comprometa a realizar este estudio prospectivo. 
En Europa no tenemos experiencia. 
Simplemente conocemos el proyecto de estudio que existe entre la región Languedoc-Rosellón, en el sur de Francia, y la región de Barcelona en España. 
Por esta causa, como francesa, estoy particularmente interesada en este tema. 
Un estudio prospectivo por el que se concretara un trasvase hidráulico entre dos regiones europeas debe definir, por una parte, las necesidades y, por otra, las posibilidades, a la vez que los diferentes impactos y los distintos potenciales existentes en Europa. 
Este estudio, pues, ha de tener un obligado carácter global, que tome en cuenta todas las incidencias de este tipo de redes en la gestión del agua. 
El ponente ya lo ha explicado a fondo. 
En el campo del ambiente, es obvio que necesariamente este estudio ha de ir acompañado por otros, específicos, que tomen en consideración todos los aspectos medioambientales: impacto sobre el paisaje, los medios naturales, los ecosistemas, las actividades humanas. 
Asimismo, por la importancia que esto tiene, debo subrayar ante todos nuestros colegas, como lo ha hecho el ponente, que un proyecto como éste, si es factible, no se puede llevar adelante si no es con el consentimiento del país que se verá en situación de transferir una parte de sus aguas a una región que carece de ellas. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Izquierdo Collado por su exhaustivo trabajo, pero también por su agudeza al elegir un tema de enorme importancia y por enfocar su tarea con un espíritu de investigación científica y tecnológica. 
Ha empleado una investigación de STOA, que es exactamente lo que deberíamos hacer en este Parlamento para probar la validez de nuestros puntos de vista. 
Este estudio de STOA deja bien sentado que se trata de un asunto que la Unión Europea debe abordar. 
Sí, sin duda, se trata de un tema de importancia abrumadora. 
Se impondrá a nosotros en el siglo XXI. 
No debemos considerar tan sólo la calidad del agua sino también su localización, su disponibilidad y la forma en que se gestiona. 
Necesitamos una auditoría europea de los recursos hídricos de nuestra Comunidad. 
El agua se identificó como uno de los espacios fundamentales cuando la Sra. Cresson organizó su grupo de tareas. 
Necesitamos que se hagan estudios de reforestación. 
Tenemos que aprender de los errores de estos dos o tres últimos siglos, que han dejado regiones de todo el mundo convertidas en desiertos. 
Tenemos que ocuparnos del modo en que se puede almacenar el agua. Tenemos que ver dónde está el agua y cómo se pueden usar las infraestructuras. 
Al hacer estos estudios, también debemos considerar el impacto que tendrán sobre el medio ambiente. 
El loable plan piloto del informe del Sr. Izquierdo Collado sería una muy buena forma de ver en la práctica cómo se puede realizar todo esto. 
Nuestro continente tendrá que estudiar muy pronto el tema del agua. 
No esperemos a que se produzcan nuevas crisis. 
Son imprescindibles estudios del impacto antes de aplicar cualquiera de esos planes. 
Esta es una de las condiciones. 
La otra, como ha dicho el Sr. Izquierdo Collado, es el consentimiento sincero y documentado de todo Estado miembro cuyo abastecimiento de agua esté implicado en las redes hidráulicas. 
Señora Presidenta, yo quiero decir, en primer lugar, que nos parece muy oportuno este informe de iniciativa del Sr. Izquierdo Collado, pero que, de momento, se trata simplemente de una evaluación tecnológica sobre la viabilidad de estas redes hidrológicas transeuropeas. 
Estamos trabajando en este Parlamento, en la Unión Europea, en el quinto programa marco de investigación y desarrollo y allí se ha dado gran importancia al tema del agua. 
Y se le ha dado mucha importancia, Señorías, porque la mayoría de los diputados estamos convencidos- otros no, pero lo verán muy pronto- de que el agua es mucho más importante que el petróleo, que el gas o que cualquier otra energía, porque no hay vida sin agua. 
Pero es cierto que todo lo que se pueda derivar de este estudio debe enmarcarse en la política de gestión del agua que, como ha puesto de manifiesto el Sr. Izquierdo Collado, está en sus balbuceos, en sus inicios, en la Unión Europea. 
Quien haga este estudio, naturalmente, deberá tener en cuenta el analizar, en primer lugar, las alternativas, y la primera es un mejor uso del agua. 
Podemos ahorrar mucha agua si hacemos un mejor uso de ella. 
En segundo lugar, hay que considerar otras fuentes, como por ejemplo la desalinización de agua de mar, que, para la Unión Europea, es fundamental, produciendo equipos de tecnología que pueda exportar a otros países, dado que en el siglo XXI el gran problema será el agua, y es posible que haya guerras por el agua, Señorías. 
Así que estamos hablando de una cuestión tecnológica de inmensa importancia. 
En tercer lugar, habrá que hacer balances energéticos. 
A mí me parece que la gran dificultad que van a encontrar estas redes son los balances de energía. 
Si consumimos demasiada energía, si los resultados energéticos no son admisibles, de poco van a servir estas redes. 
Pero, en cualquier caso, hay muchas cuencas hidrológicas ya conectadas y se están haciendo trasvases de unas a otras. 
Pero es natural que primero hagamos estas conexiones y estos trasvases dentro de nuestros países. 
El país al que pertenecemos el Sr. Izquierdo Collado y yo, España, señora Presidenta, tiene muchísima agua pero mal repartida en el tiempo y en el espacio. 
La tenemos toda en el norte, en el Cantábrico, y muy poca en el sur. 
Por lo tanto, nosotros estudiaremos debidamente estas actuaciones en el interior de nuestro país y, en caso de que sea conveniente y de que la Unión así lo decida, nos incorporaríamos a una política del agua en redes hidráulicas. 
Naturalmente, habrá que estudiar los aspectos económicos. 
El agua está mal tratada, mal considerada, no tiene los recursos económicos suficientes, sobre todo las municipalidades. 
Y pienso que quien haga el trabajo de evaluación tecnológica tendrá que tener esto en cuenta. 
Es obvio que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, lo obliga la legislación europea. 
Pero también habría que hacer una evaluación estratégica de los propios planes. 
Yo quiero decirle al ponente que el Grupo del Partido Popular Europeo apoyará su informe, si bien algunos de nuestros miembros tienen ciertas dudas, quiza porque enfocan de otro modo esta importante cuestión. 
Pero le felicito en todo caso. 
Señora Presidenta, éste podría considerarse como un asunto un poco insólito para nosotros en el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, el agua es un elemento necesario para la vida de todos. 
Es un recurso natural que todos necesitamos para sobrevivir. 
Por eso no es extraño que se discuta aquí también. 
En todo caso, tengo que hacer dos preguntas. 
La primera es si éste es un asunto que compete a la Unión Europea o queda naturalmente bajo el principio de la subsidiariedad, es decir, que es de responsabilidad de los Estados miembros. 
La otra pregunta es si las propuestas que se presentan en este informe son buenas. 
¿Son buenas las propuestas de gran escala para la conexión de las redes de agua europeas? 
Trataré de contestar ambas preguntas desde la perspectiva del Grupo Liberal. 
En primer lugar, las normas que actualmente rigen los recursos naturales son de carácter nacional, por ejemplo, en todos los países tenemos legislación nacional para los bosques, las tierras y las aguas. 
Y esto es natural, ya que los campos y los bosques están en los estados nacionales. 
También tenemos legislación nacional para las aguas. 
Sin embargo, hay una diferencia, y es que las aguas atraviesan muchos países, los ríos cruzan diferentes países, los sistemas de lagos son comunes. 
Por eso hay interés común de proteger las aguas como recurso natural, tanto en lo que respecta a su calidad como a que todos deben tener acceso a ella. 
Entonces la cuestión es si la propuesta de conexión de sistemas de aguas es buena. 
Realmente caben dudas de que éste sea el mejor camino. 
¿Es adecuado que los seres humanos intervengan en los sistemas de aguas naturales con explotaciones y soluciones a gran escala? 
Nada sabemos acerca de las consecuencias que esto pueda tener para las aguas subterráneas, el clima y el medio ambiente. 
Incluso muchos de los problemas que hay como consecuencia de la escasez de agua, de las sequías e inundaciones, y que nosotros tratamos de solucionar aquí, han sido ocasionados por la actividad humana, por ejemplo, la tala de bosques, plantaciones y antiguas regulaciones de aguas. 
Si vamos a hacer algo, en primer lugar tenemos que mejorar las instalaciones existentes para así usar mejor el agua en Europa. 
Conclusión: principalmente es un asunto de carácter nacional, con cierta responsabilidad común en la utilización apropiada del agua, y que todos tengan acceso a ella. 
El Grupo Liberal acepta un estudio pero que, en primer lugar, debe orientarse a las instalaciones existentes. 
Personalmente, no votaré. 
Señor Presidente, en este informe de Izquierdo Collado se destaca que en los países de la UE hay diferentes situaciones en lo que concierne a la disponibilidad de agua. 
En una región puede haber escasez de agua mientras que en otra, en un determinado momento, hay gran abundancia de ella. 
Rigen simplemente las leyes de la naturaleza. 
Entonces, proponer, como lo ha hecho el ponente, que tomemos iniciativas para intentar someter las leyes de la naturaleza y redistribuir las aguas para que se repartan más igualitariamente entre los países de la UE, me parece absolutamente inusitado. 
La verdad es que con frecuencia encontramos la mano del hombre tras los grandes problemas de aguas, entre otras cosas, mediante la agricultura o la construcción de diversos proyectos de infraestructura. 
Un ejemplo de esto es Hallandsåsen en Suecia donde el nivel de las aguas subterráneas fue reducido bajo los criterios establecidos para posibilitar la construcción de un túnel a través de las colinas. 
Mediante la forma de vivir de la gente se explican en parte los problemas de escasez y superabundancia de agua. 
Parece que actualmente se cree que la solución está en manipular, aún más, los cursos de agua. 
Semejante medida implica intromisión en la naturaleza. 
Fundamentalmente es irreversible y por eso no debe realizarse en consideración al principio de la prudencia. 
Obviamente que tenemos que tratar los asuntos de aguas aquí en el Parlamento ya que es de vital importancia a qué clase de agua tenemos acceso. 
Entonces, es principalmente la calidad del agua que puede ser un asunto de la UE y que es en este ámbito donde tenemos que tratar de hacer algo. 
No se deben realizar obras en la naturaleza con el objeto de modificar o manipular los cursos de las aguas. 
El Grupo V no va a apoyar este informe y por eso votará desfavorablemente en la votación final, tal como lo hicimos cuando se debatió en la comisión. 
Señor Presidente, yo quiero manifestar, en primer lugar, nuestro más decidido apoyo al informe presentado por el Sr. Izquierdo Collado y, especialmente, por el mensaje implícito que se lanza en ese informe- y creo que, además, todo el mundo lo ha captado- porque la realización efectiva de las redes hidrológicas transeuropeas representa un agente importante dentro del punto de vista de la cohesión económica y social. 
Yo creo que no se trata, como se ha dicho aquí, de gobernar la lluvia, sino, de alguna manera, de reutilizar o de estar perfectamente preparados para no perder ni una gota de ese elemento líquido tan vital y, por otra parte, evitar esas inundaciones a las que muchas veces también nos hemos referido aquí. 
Yo creo que en esta línea se ha pronunciado también la UNESCO, señalando que hoy en día mueren 12 millones de personas al año por falta de agua y advirtiendo que en 25 años serán más de 50 los países que padezcan la escasez de este líquido vital, alcanzando incluso situaciones potencialmente graves como consecuencia de esa necesidad. 
Debemos ser conscientes, efectivamente, de que la legislación internacional al respecto es insuficiente e incluso muchos países ignoran la capacidad de sus recursos hídricos. 
En este sentido, quisiera mencionar la propuesta que en estos momentos está estudiando y debatiendo la UNESCO para que el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia pudiera adoptarse en el futuro como punto de referencia internacional y evitar así alguno de los posibles conflictos que podrían producirse en el siglo XXI. 
La carencia de agua en determinadas regiones supone un problema natural añadido y, para superarlo, debemos, entre todos y desde este Parlamento, instar a la solidaridad de todos los pueblos de Europa y promover un auténtico desarrollo sostenible en todas las regiones europeas, desarrollo en el que las redes hidráulicas, señor Presidente, tienen mucho que ver. 
Por ello, una buena forma de contribuir al desarrollo de estas regiones será la creación de una red hidráulica transeuropea donde un bien común, como es el agua, participaría en un objetivo común como es Europa. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Izquierdo Collado trata un tema cuya importancia quizá aún no se haya percibido con claridad: el agua probablemente sea en los próximos decenios una apuesta cada vez más geoestratégica. 
Tampoco hay que perder de vista que, si este recurso disminuye en exceso, sobre todo en el sur de Europa, aunque no únicamente allí, se debe en primer lugar a las actividades humanas, a menudo realizadas de un modo irresponsable. 
Antes de saber si es factible construir redes hidráulicas transeuropeas, hay que preguntarse si es lo deseable. 
Sí, es verdad, no todos los países son iguales en cuanto a recursos hídricos. 
Pero sería un error considerar que, para ciertos países este recurso resultará, en cierta forma, ilimitado. 
Al querer compartir una riqueza, se correría el riesgo de compartir una carencia. 
El transporte de agua potable a través de centenares, de miles de kilómetros, quizá sería apetecible para ciertos industriales, pero sobre todo sería una dejación por parte de las regiones importadoras, la renuncia a una verdadera política hidrológica. 
Esta política sólo puede ser local, y se concretará en la protección de los humedales, en la preservación de los estuarios, en una agricultura y en industrias más económicas, en un reciclaje eficaz de las aguas residuales y, si es necesario, en una tecnología perfeccionada de desalinización del agua de mar. 
Este recurso debe gestionarse lo más cerca posible de los lugares de consumo. 
El agua de lluvia tiene que ser captada, almacenada, y habrá que facilitar su filtración hasta las capas freáticas. 
Es todo lo contrario de lo que los métodos intensivos de producción y de aprovechamiento de la tierra vienen haciendo en los últimos 50 años. 
Dejemos ya de arrancar setos, de desecar lagos, de cubrir con hormigón los cursos de agua. 
También debemos recuperar el bosque mediterráneo- tan diezmado por los incendios -, porque tiene un papel importante en la reconstitución de las reservas de agua. 
Por el contrario, una red continental de transporte de agua sería un factor de derroche, un modo de eludir la responsabilidad y, por tanto, de escasez, si no tomamos medidas. 
Dicho sea al pasar, en este informe compruebo con sorpresa la ausencia de toda mención del uso de las redes hidrológicas para transportar mercancías, cuando sea posible, en vista de que las redes ferroviarias y de carreteras están saturadas, o incluso para el transporte de pasajeros, en el marco de las actividades turísticas. 
Para terminar: debo insistir en el hecho de que, para mejorar las situaciones de déficit hídrico real, ante todo habrá que atacar las causas de la desertización: algo posible, pues esas causas, en su mayoría, son humanas. 
También es importante otorgar prioridad a las respuestas locales, más que emprender obras faraónicas. 
La solidaridad comunitaria debe expresarse en ese ámbito. 
Señor Presidente, Señoras y Señores, nos cercioraremos de la importancia del agua cuando nos empiece a faltar y por ello no es ninguna casualidad que haya sido nuestro colega español el que haya traído el tema a colación. 
Hoy ha habido también una cierta inquietud entre los colegas del norte que temen que el sur les quiere arrebatar el agua. 
Pero esto es ciertamente al contrario, ya que con cada tomate, con cada naranja que proviene del sur y nos comemos en el norte, somos nosotros los que les sustraemos el agua a los del sur. 
Cada turista que viaja a España o a los países del sur consume agua. 
Si calculamos que cada uno de notros necesita de 1 a 3 litros de agua al día, eso significa teniendo en cuenta el índice turístico de España un consumo adicional de 1 a 3 millones de metros cúbicos. 
Quiere decirse que ya tenemos un intercambio de agua, aunque sea de forma oculta. 
Piensen ustedes en las muchas botellas de agua mineral Perrier, Apolinaris, San Pellegrino y otras muchas que se distribuyen por todo el mundo. 
Todo esto es intercambio comercial de agua que se realiza con botellas en lugar de hacerse a través de acueductos. 
Los romanos tenían en Colonia, cuando aun gobernaban, un acueducto de 70 km de longitud. También tenían cosas similares en otras ciudades. 
¿Por qué no podemos pensar ahora también en instalaciones hidráulicas que rebasen las fronteras? 
Yo considero esto algo de lo más normal. 
Lo que ha dicho el Sr. Pinel anteriormente es verdad. 
No nos tenemos que ocupar únicamente de las instalaciones hidráulicas, sino también de la gestión racional del agua existente, pero creo que esto es tan evidente que ni siquiera hay que decir que es lo que hay que hacer por encima de todas las cosas. 
En una Europa sin fronteras el agua también tiene que desempeñar un papel importante y no solamente el petróleo, el gas o la electricidad, redes transeuropeas con las que ya contamos. 
¿Por qué no puede el agua desempeñar un papel parecido? 
Sin duda creo que según el Tratado de la UE también se trata de una mercancía o servicio que en cualquier caso entra en el ámbito del tratado y que no se excluye de las mercancías normales. 
Señor Presidente, en Europa hay zonas donde falta el agua y regiones donde, de vez en cuando, sobra. 
El resto de los recursos naturales- como bosques, canteras, yacimientos minerales o aceites- se encuentra igualmente distribuido de manera irregular. 
¿Resultaría apropiado exigir, por ejemplo, el reparto equitativo de los recursos de aceite de oliva previa indemnización formal? 
¡No es pequeña la zona de Europa donde falta el aceite de oliva! 
La disposición de los recursos acuíferos ha provocado siempre transformaciones radicales en el ecosistema. 
La referencia a los canales de la Provenza o California carece de argumentos y de todo examen crítico. 
En aras de la igualdad, también se podría mencionar aquí la catástrofe ecológica ocasionada por las transformaciones en el sistema acuífero realizadas en el mar de Aral. 
Antes de que se adopten decisiones en uno u otro sentido y se emprendan las medidas oportunas, habría que elaborar un estudio a nivel mundial sobre las repercusiones en los ecosistemas de las transformaciones y las canalizaciones de los sistemas acuíferos, con todo lo que éstas conllevan, junto con una evaluación simultánea de sus consecuencias socioeconómicas. 
En el caso de Europa, esta cuestión se complica por el hecho de que las repercusiones se dejan sentir en territorios pertenecientes a diversos Estados. 
Disponemos de numerosas experiencias, algunas de ellas recogidas durante largos periodos de tiempo, en todos los sentidos, pero estos resultados casi nunca han sido objeto de minuciosos análisis. 
Se debería encargar esta investigación a un centro de investigación o a una empresa consultora independiente. 
Además, el derecho de la propiedad relacionado con el agua y la tierra difiere considerablemente entre los distintos países. 
Hay Estados donde las aguas subterráneas pertenecen a la zona de tierras, convirtiéndose así en una propiedad plenamente privada. 
No resulta oportuno que la Unión Europea se inmiscuya en las disposiciones nacionales relativas al derecho de la propiedad. 
Entre otros puntos positivos de la resolución, cabe reseñar la propuesta de creación de un mercado del agua. 
Se trata de una cuestión a la que se tendría que prestar una mayor atención, y deberíamos encaminar nuestros esfuerzos para que esta propuesta se materializara en el marco del libre mercado. 
Hasta los turistas en España compran su agua. 
En cualquier caso, se debería realizar un inventario de los recursos acuíferos y proteger y, ante todo, prestar atención a las legislaciones nacionales mediante directivas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, uno de los oradores que me ha precedido, el Sr. Linkohr ha preguntado por qué no se puede pensar en un intercambio hidráulico y también a señalado que el agua es con toda seguridad una mercancía. 
Creo que ha expresado en alguna medida su asombro por la intensidad de la agitación que este tema suscita en los países ricos en agua. 
Yo vengo de Austria, la inquietud en mi país es muy grande y por ello quizá pueda serle de ayuda en esta cuestión. 
Así se contempla la clonación, así se está debatiendo la fijación de los precios de los libros en Alemania, todo es una mercancía y se puede pensar en todo. 
Mi pregunta es: ¿cómo se reflexiona al respecto? ¿por qué no se reflexiona sobre las causas de la escasez de agua? ¿por qué no se piensa en una estrategia europea basada en un derecho de aguas europeo, en una estrategia jurídica, política y técnica para el saneamiento de sistemas hidráulicos sobrecargados, para el ahorro, para el reciclaje? 
¿Por qué no habla de las deficiencias de la agricultura y los monocultivos que contribuyen a esta escasez de agua? 
Reforma de la agricultura- lo importante es que la confianza de los ciudadanos de los países ricos en recursos hidráulicos y el valor de esa mercancía sea reconocida por algunos políticos, Sr. Linkohr, que sepan, por ejemplo, como un derecho de aguas centenario ha contribuido en Austria a que las reservas de agua tengan aun la calidad que tienen. 
En el nivel europeo no se puede hablar de esto. 
En su lugar, esto es lo que hay: allí donde impera la escasez de agua, sin importar los motivos, allí donde la calidad del agua es deficiente, sin importar por qué, hay que construir una canalización para llevar el agua desde donde aun queda algo y se cree que el problema está resuelto. 
Esto genera desconfianza y es motivo de agitación y tenemos que reflexionar sobre la cuestión de una forma diferente si queremos que el agua no sea solamente una mercancía y la gente sea consciente del valor de tal mercancía. 
Señor Presidente, desde luego puedo comprender la problemática de los países que han gestionado sus aguas de otra manera y ahora les son escasas. 
Pero siempre que enfrentamos problemas sistemáticos o estructurales los intentamos corregir con embistes titánicos a la naturaleza. 
Ese es, con toda seguridad, el camino erróneo. A largo plazo no puede funcionar. 
Antes de que se llegue a reflexionar acerca de sistemas de distribución a gran escala habría que pensar cómo pueden asegurarse las aguas in situ. 
Necesitaríamos urgentemente estudios sobre el impacto del microclima y la vegetación en las inmediaciones de las reservas de aguas. 
Creo firmemente que, no sólo nos es posible influir en la lluvia sino que ya lo hacemos con nuestras actividades. 
Creo que disponemos de un enorme margen para provocar en el recurso del agua cosas muy positivas, también en aquellos países donde existen actualmente problemas. 
Creo que deberíamos aprovechar la ocasión para reflexionar sobre medidas de solución concretas. Éstas no pueden aparecer como si hubiéramos organizado una nueva red y creer con una medida ficticia que hemos solucionado el problema. 
Por ello no nos podemos adherir en este momento al informe. 
Sin embargo quisiéramos señalar de forma constructiva que debemos aprovechar el debate para pensar en la inversión de fondos en estructuras hidráulicas descentralizadas, porque cada ECU que en ello se ponga se multiplicará a medio y largo plazo, de eso estoy absolutamente convencido. 
Señor Presidente, habrá observado que el tema que ha suscitado públicamente este informe es un tema muy austríaco, y la verdad es que hubiera estado personalmente agradecido si mi predecesor del partido liberal hubiera empleado las mismas palabras que empleó en Austria para referirse al informe, en concreto, que, ahora en la UE, se había desencadenado la batalla del agua. 
Así se llega a situaciones totalmente diferentes y se aleja uno del camino de las contribuciones constructivas o aparentemente constructivas, algo a lo que luego se acomoda esta Cámara. 
Somos conscientes de la calidad de este informe. Sabemos que no se está descubriendo en ningún lugar de la UE un nuevo derecho. 
También sabemos, algo que ha señalado el ponente, que hay un punto 18 en este informe, según el cual no se puede llegar a un trasvase de agua en el seno de la UE sin el consentimiento explícito de los Estados miembros. 
Así nos vamos a situar en el plano de los acuerdos europeos y dudo que tengamos serios problemas con ellos. 
Aunque el informe me suena un poco español, lo saludo en el sentido que ya han señalado alguno de los intervinientes anteriores, como el Sr. Linkohr o el Sr. Voggenhuber, de que ya va siendo hora de que en este Parlamento nos ocupemos un poco más de uno de los bienes más preciados, concretamente, el agua. 
También ha mencionado, de forma muy razonable, una colega conservadora que en los países del sur aun quedan posibilidades para hacer un uso y un reparto del agua más eficiente. 
Pero nos tiene que quedar claro que si estamos hablando de agua limpia en el futuro tendremos que hablar de mucho dinero. 
Consideren por un momento que si nos adentramos en esta problemática del agua, ello supondrá diseñar nuevas políticas en Europa, una nueva política agrícola, que actualmente no contempla el agua desde ningún punto de vista, o también, por ejemplo, nuevas políticas de transporte que hoy tampoco consideran que el agua sea algo problemático. 
Señor Presidente, puedo comprender los acuerdos bilaterales en relación con este asunto, y les deseo a España y a Francia lo mejor. 
Estoy muy agradecido a los diputados de mi grupo, sobre todo, a la Sra. Grossette, que hayan votado a favor de una enmienda que creo que tiene un extraordinario valor, en concreto, que queda completamente excluido el acceso a las aguas de cualquier Estado miembro sin su consentimiento explícito para ello. 
Sólo podremos votar favorablemente si se adopta esta enmienda. 
Creo que en cada estado existen ya unas reglas internas muy tajantes sobre quien y como se puede acceder al agua y, desde luego, disposiciones de tal naturaleza tienen que estar presentes en las relaciones bilaterales. 
Permítanme dirigir una pregunta a aquellos países que bizquean hacia el agua de sus vecinos: ¿realmente gestionan ustedes sus aguas de forma cuidadosa? 
¿Qué se aporta desde la industria, las fábricas, los hogares? 
Sin que se aclare el agua es vaciada en nuestros ríos y mares en un estado grisáceo, sucio y peligroso. 
¡Esto no puede ser! 
En primer lugar cada uno tiene que conservar sus propias reservas de agua limpias y así también tendrá el derecho moral a acudir al vecino. 
Creo que cuando todos los países actúen de la forma más cuidadosa posible podremos hablar de redes transeuropeas del agua. 
Pero algo tiene que quedar claro: no queremos, Sra. McNally, le tengo en muy alta estima, empezar ninguna guerra, tampoco a causa del agua. 
Para ello deberíamos no perder de vista los derechos de propiedad. 
Señor Presidente, en breve todos los austríacos en esta cámara habrán dicho algo respecto a este tema, pero no todos han dicho todo. 
Quiero decirle al Sr. Bösch que lo que aquí expongo lo digo en la misma forma en Austria y desde luego no se trata de asustar a nadie, es simplemente mostrar una preocupación por los problemas que existen en otros Estados miembros de la Unión europea. 
La filosofía básica de este informe parte de la idea de que los recursos naturales desigualmente contenidos en los Estados soberanos de la Unión Europea pueden ser distribuidos en el plano supranacional. 
El agua no es ningún recurso natural de la Unión Europea como se dice en el considerando D, sino un recurso del que se pueden servir exclusivamente los habitantes de aquellas regiones que se encuentren dentro de los límites del territorio estatal. 
La idea de convertir aspectos cuantitativos de la política hidráulica común en una política prioritaria de la Unión Europea la rechazamos con toda decisión. 
El informe propone algunos puntos que aportan la correcta perspectiva para solucionar los problemas en países con una reserva de agua deficitaria, por ejemplo, introducir medidas técnicas para mejorar el mal estado de las conducciones de agua o desalinizar agua marina. 
Sobre todo es necesario optimizar las instalaciones locales lo que conduciría a una mejora sustancial del estado de las regiones con escasez de agua. 
Una acción de la Comisión en aspectos cuantitativos de la política hidráulica iría en contra del principio de subsidiariedad y supondría la asunción de competencias supranacionales innecesarias, que sólo conducirían a aumentar la tensión en el seno de los Estados miembros. 
Los aspectos cuantitativos de la política hidráulica son y deben permanecer como una exclusiva cuestión de los Estados soberanos. 
Señor Presidente, distinguidos miembros, ante todo quiero agradecer la iniciativa de la comisión. 
Refleja el cada vez mayor interés de los ciudadanos por la cuestión de los recursos hídricos. 
No sólo es cuestión del agua potable, sino en general del agua como un recurso escaso, para cuya conservación debe realizarse un esfuerzo común. 
Puedo corroborar totalmente lo que el señor ponente, Sr. Collado, dijo sobre la gran impresión causada en todos los ministros al visitar Andalucía y experimentar la gran falta de agua. 
Afortunadamente puede decirse que posteriormente- precisamente he vuelto a visitar la zona de Doñana- el agua ha llegado a la zona de modo que la situación no es tan desesperada como lo era en aquel entonces. 
Por lo tanto entenderán ustedes que ponga mucho énfasis en las cuestiones relativas a la gestión del agua y la protección de los recursos hídricos y, como ustedes saben, la Comisión aprobó en febrero y noviembre de 1997 una propuesta de Directiva marco sobre aguas que debe desempeñar el papel de agente central en la política europea de aguas. 
De hecho fue la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento la que junto a otras instituciones tomó la iniciativa para llevar a cabo una reestructuración de la política hidráulica europea con el simposio sobre el agua en junio de 1995. 
Muy brevemente un par de consideraciones sobre la propuesta de Directiva marco sobre acuíferos, puesto que actualmente es tramitada tanto en el Parlamento como en el Consejo y puesto que contiene una serie de innovaciones esenciales. 
En primer lugar, ampliará la protección para incluir a todos los recursos hídricos y además fomentará la viabilidad en relación con la explotación de estos recursos. 
En segundo lugar, su objetivo será alcanzar un buen nivel de calidad para todos los acuíferos. 
El medio es combinar los valores límites de vertidos con un objetivo de calidad del agua. 
Donde las regiones o los Estados miembros comparten las redes hidrológicas, éstos deben determinar sus objetivos en común. 
En tercer lugar, está la cuestión del caudal hidrológico y la protección de los acuíferos. 
También se toma postura ante esto. 
La captación de agua está sometida a autorización y se plantea como objetivo garantizar que haya un equilibrio entre la recuperación y la extracción natural de agua. 
Y en último lugar, aunque no por ello menos importante, la Directiva marco sobre aguas aumentará la transparencia y garantizará la participación de todas las partes y ciudadanos afectados, cuando sean elaborados los planes de gestión o las redes hidrológicas. 
Esto quiere decir que materias esenciales, que se plantean en la propuesta de resolución, ya están recogidas en la propuesta de Directiva marco sobre aguas. 
Y permítaseme mostrar un par de ejemplos: protección de tanto la calidad del agua como del caudal de agua, pago por la utilización del agua cubriendo completamente los gastos, examen de las obras existentes y optimización de su utilización, mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión del agua. 
No obstante, hay algunas cuestiones recogidas en la propuesta de resolución que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento contempla con una cierta reserva para expresarlo ahora de esta manera. 
Esto se refiere especialmente a la interconexión de las redes hidrológicas mediante canales artificiales. 
En la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, y cito textualmente, " se insiste en el hecho de que, por el momento, la Unión Europea no dispone de los conocimientos necesarios y de la experiencia indispensable para crear tales redes». 
He de admitir que comparto el escepticismo de la Comisión de Medio Ambiente en este punto. 
La Comisión está convencida de que los problemas ante todo deben zanjarse en su origen. 
De ahí que la propuesta de Directiva marco sobre aguas obligue a los Estados miembros y a las regiones a la búsqueda en común de soluciones a sus problemas hídricos dentro de las redes hidrológicas comunes, no obstante, no está encaminada a los trasvases de agua entre las redes hidrológicas. 
Actualmente los Estados miembros y sus regiones muestran- y de ello también han hablado varios oradores durante el debate- modelos totalmente diferentes de los problemas relacionados con el agua y también estrategias completamente diferentes para la solución de éstos. 
Esto es, a mi modo de ver, una de las razones para que tanto las instituciones, Estados miembros y organizaciones no gubernamentales estén de acuerdo en que hace falta una nueva política hidráulica europea y comparto muchas de las manifestaciones hechas durante el debate relativas a que ésta será una de las grandes cuestiones en el futuro. 
Si se obligara en esta fase a la Comunidad a establecer una red hidráulica, según mi opinión, no se seguirían los principios sobre desarrollo sostenible y sobre lucha de los problemas medioambientales en su origen recogidos en el tratado y que son también uno de los pilares fundamentales de la Directiva marco sobre aguas propuesta. 
Además, -y aquí quiero volver a señalar la opinión de la Comisión de Medio Ambiente- es demasiado pronto para acometer un estudio que cubra toda la Comunidad. 
Sólo cuando la Directiva marco sobre aguas esté aprobada y se hayan planteado objetivos similares, dispondremos de los datos necesarios. 
Me siento apoyada en esta posición por la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y por el punto 8 de la propuesta de resolución, en el que se hace referencia a las posibilidades de, y cito textualmente, "una optimización de la utilización de las obras existentes» , y la importancia de" administrar mejor antes de invertir». 
Sin embargo, la Directiva marco propuesta no prohibirá en modo alguno tales soluciones en ciertas regiones, en las que las cosas están claras en lo que respecta a los hechos y las valoraciones, se respetan los objetivos medioambientales y se ha llegado a un acuerdo entre las partes. 
Durante el desarrollo de una nueva política hidráulica mi intención como Comisaria de Medio Ambiente desde el primer momento ha sido consultar con todas las partes afectadas e interesadas. 
Cuando recuerdo este proceso de consultas, he de considerarlo especialmente acertado, tanto porque hemos obtenido un input muy valioso como porque ha habido una adhesión generalizada al punto de vista de que es necesaria una nueva política hidráulica y a la estructura que ha obtenido en la propuesta. 
Y es también con esta perspectiva con la que contemplo el muy interesante debate que ha tenido lugar en el Parlamento en la mañana. 
Estoy convencida de que la Directiva marco sobre aguas propuesta será una buena base para una colaboración sobre una gestión hidrológica viable entre las instituciones comunitarias, los Estados miembros y sus regiones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Acuerdo de cooperación CE- República del Yemen 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-007/98) del Sr. Pettinari, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre la CE y la República del Yemen. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Yemen es un país que en estos años ha hecho una serie de esfuerzos importantes en cuanto a democracia y reformas económicas. 
Todo ello merece un apoyo por parte de la Unión Europea. 
Si se observa la situación política de la Península Arábiga, Yemen representa una experiencia ejemplar, sin duda con contradicciones, a pesar de lo cual merece un compromiso de la UE ante las autoridades de Sana. 
Por esto recomiendo la ratificación del acuerdo de cooperación económica y comercial que constituye el tema del informe que he preparado y que se votará dentro de poco. 
Desde 1990 en Yemen se ha producido un proceso de reunificación del norte y el sur del país, lo que ha cambiado la geografía y la política. 
Tras la derrota de las fuerzas secesionistas en 1994, el país vivió una aceleración del proceso democrático, que llevó a organizar elecciones generales libres y democráticas. 
Incluso una delegación del Parlamento Europeo acudió a controlar el desarrollo de las elecciones para dar testimonio de la corrección del proceso electoral. 
Hoy, Yemen tiene un parlamento compuesto por 301 diputados, donde la normal dinámica mayoría/oposición favorece la maduración de la conciencia democrática del pueblo. 
Para comprender bien mis juicios positivos es necesario tener muy en cuenta el contexto regional en que se encuentra Yemen: en la Península Arábica, la experiencia democrática yemení es, probablemente, la más avanzada y se ha desarrollado entre obstáculos y enfrentamientos externos, en particular con Arabia Saudita que, por obvios motivos políticos y económicos, siempre trató de obstaculizar el desarrollo de la democracia en Yemen. 
Además, las decisiones que en política exterior adoptó Yemen durante la guerra del Golfo no contribuyeron a crear un clima propicio para la inserción del país en la comunidad internacional, y ha tenido que esperar hasta ahora para encontrar su justa inserción en el tablero regional y mundial. 
Quiero señalar sobre todo la constante y obstinada búsqueda de relaciones pacíficas con los Estados vecinos. 
Es este otro testimonio de la existencia de una elección democrática convencida que, creo, debemos apoyar: con Omán existe un tratado global de buena vecindad, que puso fin a los antiguos enfrentamientos territoriales del este del Yemen. Del desacuerdo con Eritrea, relativo a las islas Hanish, se está ocupando directamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con lo que a través de la discusión diplomática pacífica se pondrá fin a una situación que no debe ensombrecer inútilmente las relaciones entre dos países importantes; por último, también con Arabia Saudita se están produciendo nuevos contactos para resolver los conflictos territoriales del norte del Yemen. 
En mi opinión, se trata de opciones políticas importantes, positivas, que la Unión debe apoyar. 
Es verdad- lo sé muy bien, todos lo sabemos muy bien- que en Yemen subsisten muchos problemas: baste mencionar, entre otros, los inaceptables raptos que en varias ocasiones han sufrido incluso turistas de mi país. 
Pero Yemen está en plena evolución y hasta sus críticos comprenden el contexto en que estas cosas suceden. 
En Sana he discutido directamente con las autoridades más importantes del país sobre las acusaciones de violación de los derechos humanos, de las que también este Parlamento se ha hecho portavoz, y he encontrado una total disponibilidad para el diálogo, además de un gran interés de aportar todas las aclaraciones necesarias. 
De igual modo, las autoridades yemeníes advierten las diferencias del enfoque europeo sobre el tema de la mujer, que no se debe resolver con anatemas sino mediante una profundización de las relaciones culturales y sociales que aun en Yemen deben llevar a una necesaria liberación de la mujer. 
Puedo dar testimonio directo de la existencia de una seria y probada voluntad de diálogo por parte de las autoridades yemeníes que piden precisamente la ayuda de programas específicos para mejorar en consecuencia los derechos humanos y la situación de la mujer en Yemen. 
En resumen, creo que la aprobación del Acuerdo Unión Europea-Yemen será lo que permita la profundización de las relaciones políticas y económicas euroárabes en una región que es básica para la seguridad internacional. 
La UE a menudo ha desatendido al mundo árabe y mediterráneo y, en vista de las dificultades que hoy vive el proceso de paz en Oriente Medio, podemos comprender cuánta importancia tiene la consolidación de las relaciones con el mundo árabe, precisamente. 
Yemen es miembro activo de la Liga Árabe y la experiencia democrática que está viviendo, con mayor razón, debe situarlo como asociado político de la UE. 
Por su historia y su estructura económica, Yemen tiene una natural vocación de relacionarse con la UE, una vocación que no debe ser frustrada. 
En este sentido, el Acuerdo de cooperación económica y comercial, que invito a ustedes a aprobar, no puede ser sino un punto de partida para una profundización de las relaciones de ese país con la Unión Europea: algo conveniente para Yemen y también para Europa, a mi parecer. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Pettinari por su informe y felicitarle por las conclusiones a las que llega en el mismo. 
Sé que por su conocimiento personal de la situación de Yemen le ha sido posible aportar muchas cosas. 
Por esta razón, más aun, quiero señalar que me entristece un poco comprobar que el acuerdo se firmó en septiembre y que ahora nosotros acometemos una especie de ejercicio obligatorio en el que daremos nuestra aprobación al acuerdo, sin que puedan introducirse ni tengan la menor influencia, las propuestas que el Sr. Pettinari y otras personas que han colaborado en el informe habían hecho. 
En este marco considero muy importante que el acuerdo se caracterice por la presencia de una cláusula evolutiva. 
Esto quiere decir que el acuerdo establece únicamente una base, una base que deberá ser desarrollada en el futuro. 
Aunque en relación con el acuerdo de 1984 el nuevo acuerdo supone un desarrollo muy considerable, es un muy importante que éste sólo establezca una base. 
Es muy positivo que se hable del fomento del turismo, de la modernización y transformación de la agricultura y la pesca, porque eso denota que en los últimos años han cambiado muchísimas cosas en este país, Yemen. 
Hay que ver lo que se ha hecho allí en pocos años: en un país que antes era un centro de entrenamiento para terroristas, una esclusa para dinero que fluyó al terrorismo internacional, ha emprendido una transformación interna increíble que, desde luego, tiene mucho que ver con la reunificación del país. 
Está claro que los habitantes de Yemen, en esta situación, esperan signos y símbolos muy nítidos de nuestra parte, que por supuesto no van a faltar y van a mostrar como puede seguir desarrollándose en el futuro la relación entre la Unión Europea y Yemen. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al Sr. Pettinari por su informe. 
Mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y yo misma nos congratulamos por el acuerdo especial firmado con la República de Yemen en diciembre. 
Todos sabemos, y ya se ha dicho, que Yemen ha hecho grandes progresos, recientemente, en materia de democratización y de respeto de los derechos humanos. 
El apoyo que hoy le ofrecemos es esencial. 
Aun cuando sea tardío, es importante que este Parlamento extienda su apoyo, si la Unión ha de verse a sí misma como un verdadero bastión de los derechos humanos y de las libertades que queremos presentes en todo el mundo. 
Es un ejemplo y un mensaje para otros países de la región donde no hay gran respeto por los derechos humanos y ninguno por los métodos democráticos. 
El voto universal en las elecciones al Parlamento yemení tiene enorme valor en el contexto de los electorados exclusivamente masculinos de los Estados vecinos de esa región. 
El año pasado fui uno de los observadores de nuestro Parlamento a las elecciones yemeníes. 
Hubo algunos fallos, pero vimos que las elecciones fueron libres y limpias, a pesar del hecho de que las mesas estaban separadas y de que me dejó consternada comprobar que el recuento del voto femenino se hacía aparte. 
También tuvimos el problema de que no nos permitieron visitar ciertas zonas por razones de seguridad. 
Perdura una cantidad de problemas, y algunos de ellos ya se han citado. 
Por ejemplo, la pena de muerte: aunque no se ha aplicado desde hace varios años, sigue existiendo en el código penal yemení. 
El salario básico existente y las normas del trabajo de menores deben reforzarse y mejorarse. 
También deberán crecer los porcentajes de alfabetización: en especial dentro del contexto de las elecciones el analfabetismo fue un problema enorme. 
Se debe actuar contra la práctica habitual de la ablación del clítoris. 
Varias ONG de dentro y fuera de la República de Yemen se acercaban a mí y a mis colegas, una y otra vez, con críticas sobre ciertas prácticas corruptas y la ineficacia del sistema judicial, sobre los abusos individuales en materia de derechos humanos, a veces perpetrados por las fuerzas de seguridad, y sobre el encarcelamiento arbitrario de miles de ciudadanos, sin que se celebre un proceso legal. 
Estas personas van a la cárcel sin que haya una documentación adecuada y sin que se les imputen cargos concretos. 
Existen estos problemas, pero al añadir la cláusula acerca de los derechos humanos y la de suspensión de las ejecuciones en este acuerdo, tenemos un elemento más para presionar con el fin de que se respeten esos derechos. 
Por último, a pesar de los problemas, recibo con entusiasmo el enfoque positivo adoptado por el ponente. 
Estoy segura de que los beneficios de la cooperación traerán más cooperación y democratización. 
Considero que el Parlamento debe continuar insistiendo en que el Yemen ratifique los más importantes convenios internacionales sobre derechos humanos y ocupándose de los casos individuales de violación de los derechos humanos que se presentan ante nosotros. 
El Gobierno yemení nos escucha y toma nota de lo que dice el Parlamento. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Pettinari por su informe y lamento, al igual que nuestro colega el Sr. Habsburg-Lothringen, que sea ahora cuando lo debatamos una vez que todo está consolidado. 
Yemen es un país muy interesante ya que pertenece a ese grupo de países de la tierra que está dividido e intentan superar las consecuencias de tal división. 
El proceso de unificación no ha transcurrido en Yemen sin retrocesos ni problemas. 
El acuerdo, del que hoy nos ocupamos, corona una excelente cooperación de la UE con este país que comenzó en 1979, porque el apoyo a Yemen con proyectos comerciales y de cooperación por valor de 58 millones de Ecus ha propiciado que este país se haya colocado paulatinamente en situación económica y estratégica en la que parece que se ha asegurado un desarrollo positivo. 
A este positivo desarrollo quisiera añadir algo que ya ha mencionado nuestra colega la Sra. Malone, en concreto la democracia plural que parece estar en este caso bien encarrilada, a pesar de las críticas vertidas y la cautelosa política económica que impide iniciar algunas de mandas sociales. 
Pero toda la situación se estabilizará cuando la conferencia de donantes haga realidad su promesa de donar dos mil millones de Ecus en los próximos dos años para inversiones y éstas se realicen rápidamente. 
Y con éste hemos conseguido prácticamente cerrar todos los acuerdos en la zona mediterránea. 
Además creo que Yemen va a aprovechar la oportunidad para demostrar que las tradiciones religiosas y el respeto de los derechos humanos pueden ser compatibles. 
Señor Presidente, estimados colegas, la votación del informe Pettinari sobre el acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la República de Yemen destaca razones que, globalmente, son de tres tipos y se inscriben en los planos político, económico y humano. 
En el campo político, hay que considerar tres elementos principales. 
En primer lugar, la unificación del Yemen y la búsqueda de una reducción de las fracturas internas entre el norte y el sur. 
En segundo lugar, y dentro de este mismo campo, el carácter democrático del régimen, probado por las elecciones del 27 de abril de 1997 y presente desde entonces. 
Por último, la tercera razón política: el estímulo obligatorio de la Unión Europea en este ámbito de la responsabilidad personal y colectiva. 
En lo que respecta al campo económico, comprobamos la iniciación de reformas progresivas, que procuran evitar los choques internos, en un contexto económico aún difícil. 
En segundo término, también en este caso, la búsqueda y aplicación de políticas económicas concertadas. 
Y un último punto económico: el interés por un equilibrio del intercambio, equilibrio hoy roto ampliamente en provecho de la Unión, y que debe permitir a Yemen dar salida a una producción tan peculiar como la suya. 
Por fin, en el campo humano, tomamos nota de la obligada consideración de las necesidades del pueblo yemení, extremadamente pobre en comparación con nosotros, y de la importancia de la formación y la asistencia técnicas; además, el mantenimiento obligatorio de la ayuda para contribuir a mejorar el desarrollo rural local y el nivel de vida de los grupos menos favorecidos. 
Este conjunto de razones nos lleva a decir que la cooperación ha de ser total, y que el Grupo UPE votará favorablemente el informe del Sr. Pettinari sobre el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la República de Yemen. 
Señor Presidente, durante muchos años, antes de que en 1990 se unificaran Yemen del Norte y del Sur, el desarrollo se vio impedido por guerras fronterizas entre ambos Estados y por las duras luchas internas que periódicamente derivaron a guerras civiles. 
Desgraciadamente, aun después de la unificación, Yemen ha sido víctima de la guerra civil entre abril y junio de 1994. 
Es de esperar que ya no se produzcan este tipo de hechos y que el país sea capaz de alcanzar un nivel de crecimiento económico importante en el futuro. 
Así se podrían obtener los medios para elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos yemeníes, pero en particular el de los que padecen pobreza, privaciones y miseria, así se conseguiría que esa gente no quedara librada a las fuerzas del libre mercado. 
Con estos elementos a la vista, debemos felicitarnos por este Acuerdo de cooperación que hoy tenemos delante, y que puede significar una contribución importante para que Yemen progrese. 
Sin embargo, esto también exigirá una verdadera mejora en el campo de los derechos humanos. 
El año pasado, este Parlamento aprobó una resolución relativa a la violación de los derechos humanos, a pesar de que Yemen ha reconocido algunos convenios sobre tales derechos y los ha incorporado a sus leyes. 
Desde abril se han producido muchos arrestos, si bien algunos de los arrestados por razones inaceptables han sido puestos en libertad. 
Uno de los problemas es que las fuerzas políticas de seguridad actúan de un modo totalmente arbitrario y son responsables sólo ante el presidente. 
También hay sanciones draconianas en el código penal de 1994. 
Los derechos de la mujer están restringidos, aunque su situación es mucho mejor que en otros países árabes. 
Este Parlamento debe aprobar el Acuerdo y, asimismo, exigir que la situación de los derechos humanos sea motivo de una atención permanente. 
Es de esperar que incluso los acusados de participar en la guerra civil de 1994 sean amnistiados, porque este sería un paso importantísimo hacia la reconciliación nacional. 
En estas condiciones, apoyo el informe y el Acuerdo. 
Señor Presidente, el nuevo acuerdo de cooperación celebrado entre la Comunidad Europea y la República del Yemen debe ser analizado en su contexto histórico. 
La unificación del Yemen fue mayoritariamente apoyada por la población de ambos Estados, pero el nuevo Gobierno tuvo que enfrentarse a los obstáculos de la reconciliación nacional y al retraso económico considerable creado por la guerra civil. 
Como ustedes saben, el Yemen ha abordado estos retos con éxito. 
El Yemen es hoy un solo país, un país unificado, y el Gobierno está haciendo todo lo posible por reconciliar a la opinión pública en el sur, si bien todavía determinados elementos, tanto del interior como del exterior del Yemen, se siguen oponiendo. 
Un Yemen unido representa una pieza angular importante, y la Unión Europea lo apoya plenamente. 
Consideramos que el proceso de democratización del Yemen es irreversible. 
El Yemen celebró elecciones generales democráticas en 1993, seguidas de una segunda convocatoria electoral el año pasado. 
Ambas elecciones, como señalaba la Sra. Malone, fueron consideradas justas y libres, en general, por los observadores internacionales, con independencia de que se pudieran detectar ciertas imperfecciones. 
El proceso democrático aún es joven y va a requerir apoyo, y quiero destacar que la Comisión Europea ha prestado su ayuda a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en ambas elecciones y se están programando más ayudas para reforzar esta joven democracia. 
El Gobierno del Yemen no sólo ha iniciado el proceso de transformación de una economía fuertemente controlada por el Estado en una economía libre de mercado, sino que está llevando a cabo reformas importantes en un marco ya acordado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Precisamente durante una reunión celebrada en Bruselas en junio de 1997 se llegó a comprometer para esta operación una cantidad de 1.300 millones de ecus en tres años, y ahí los donantes internacionales manifestaron su apoyo y su aprecio a los esfuerzos del Gobierno. 
Paralelamente a esta evolución positiva, el Gobierno del Yemen ha explorado en esta última década las posibilidades de establecer nuevas relaciones de cooperación ampliadas y actualizadas con la Unión Europea. 
El nuevo acuerdo se elaboró siguiendo el modelo de los acuerdos de cooperación de la Comunidad con los países en vías de desarrollo, y el Consejo aprobó, en febrero de 1997, las directrices de negociación propuestas por la Comisión, y el 25 de noviembre se firmó el acuerdo. 
Considero que este acuerdo puede contribuir considerablemente al proceso de modernización y desarrollo económico a los que se ha comprometido el Estado yemení. 
El acuerdo incluye la promoción del sector privado y el establecimiento de un diálogo económico permanente en diversos sectores. 
Y el acuerdo, como ya ha señalado alguno de los oradores, incluye la cláusula habitual de respeto de la democracia y los derechos humanos como un principio fundamental de nuestra cooperación. 
Y a este respecto quisiera poner de relieve, señor Presidente, que el Gobierno del Yemen ha aceptado este compromiso plenamente y sin reservas. 
Yo quiero agradecer tanto a la Comisión de Desarrollo y Cooperación como a la de Asuntos Exteriores y a la Comisión REX que hayan valorado como la Comisión Europea la importancia de este acuerdo y lo hayan así apoyado y vayan a apoyar con su voto favorable. 
Señor Comisario, muchas gracias por su intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de unos minutos. 
Votaciones 
Señor Presidente, ayer durante el debate sobre esta cuestión parecía que una gran mayoría de grupos compartía la misma opinión. Eso también se infiere de las diferentes resoluciones que originariamente presentaron los distintos grupos aquí representados. 
Lástima que la mayor parte de ellos decidiera retirar las resoluciones; sabemos que por cuestiones de rigidez no fue ya posible que los grupos, a pesar de estar en gran parte de acuerdo con nosotros, respaldaran nuestra resolución. 
Deberíamos encontrar ridículo que el Parlamento vote mayoritariamente en contra de algo con lo que en el fondo está de acuerdo. 
Por tanto, retiramos ahora nuestra resolución. 
No obstante, señor Presidente, decimos claramente que, aunque es humano, carece de estilo. 
La conciliación que es la base del presente informe ha alcanzado un nivel de compromiso aceptable respecto a las demandas del Parlamento Europeo relativas al concepto de precio razonable, al coste del servicio universal, la protección del consumidor y la calidad del servicio, la protección de los usuarios discapacitados y la portabilidad del número. 
Por lo tanto, podemos apoyar este informe. 
Sin embargo, se debe decir que una situación satisfactoria de las Ofertas de Red Abierta es una condición necesaria de la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y que, sin una firme intervención del Parlamento, se habrían quedado muy por debajo de las normas de regulación necesarias. 
Sería muy útil, sin duda, que la Comisión y el Consejo preparasen futuras acciones en campos afines, con mayor cuidado y mucha más atención a las necesidades de regulación concomitantes. 
Informe Pack (A4-0012/98) 
En 1994-1995 fueron necesarias largas y difíciles negociaciones para determinar cuál sería la dotación financiera del programa SÓCRATES. 
El Parlamento Europeo había desempeñado un papel decisivo para fijar esa financiación en el razonable nivel de 850 millones de ecus y para añadir una cláusula de revisión de los créditos hacia la mitad del recorrido. 
Hoy, el programa SÓCRATES ha dado pruebas de su valor. 
El apoyo a la formación a lo largo de toda la vida se ha organizado en torno a este programa único que va desde la etapa preescolar hasta el ciclo universitario superior. 
Gracias a su vasta gama de actividades, las posibilidades que se ofrecen a jóvenes y enseñantes se han decuplicado y, en consecuencia, se ha desarrollado un verdadero sentimiento de identidad europeo. 
Una gran parte de los 119 millones de personas de menos de 25 años y 4 millones de docentes obtuvieron resultados positivos, reconocidos unánimemente. 
Esta gran popularidad dentro de la comunidad educativa europea no debe quedar comprometida a dos años del final del programa, en el momento en que once nuevos países llaman a la puerta de la Unión Europea para nuestro enriquecimiento recíproco. 
Es decir que se necesita una financiación apropiada y una apertura lo más amplia posible, que tome en cuenta los últimos avances tecnológicos, en especial en el campo de la información. 
Por consiguiente, apruebo el informe Pack y el refuerzo de la financiación que prevé para el programa SÓCRATES, con un total de 70 millones de ecus para 1998 y 1999. 
Como la mayoría de mis colegas, lamento simplemente que el compromiso final no se haya hecho sobre la base de los 100 millones suplementarios propuestos en junio pasado por el Parlamento Europeo. 
La educación y la formación se han convertido en el punto principal del porvenir económico y social europeo. 
Favorecer los intercambios de estudiantes y de ideas es, también, dar apoyo a Europa, a la moneda única, a la Unión monetaria y económica. 
No lo olvidemos en el momento de las decisiones presupuestarias. 
Si hay un campo en el que nuestro Parlamento es unánime a la hora de ampliar su alcance, es, sin duda, el de la educación y con más exactitud el de la movilidad dentro de la educación. 
La Sra. Pack y otros lo han subrayado con razón, el programa SÓCRATES es un instrumento capital para los jóvenes europeos, para su educación, para su enfoque " europeo» de los estudios y, en términos más generales, para una actitud más abierta ante los demás. 
Este programa constituye incluso una " referencia» para los ciudadanos que, muy a menudo, se enteran de lo que hace la Comunidad Europea sólo a través de lo que se refiere a su mundo particular o al de sus hijos. 
Por este motivo voto a favor del informe y del aumento presupuestario finalmente decidido por el Consejo de Ministros: ¡nada de educación, sólo presupuesto! 
¡Qué ironía del destino, no lo pasemos por alto, los ministros de economía casi siempre recortan, en primer término, el sector de la educación y la cultura! 
Hagamos votos por que esta decisión " histórica» se reproduzca en otros ámbitos y por que así se ponga fin a la hipocresía generalizada de los discursos. 
El Consejo y el Parlamento han estado de acuerdo en asignar una suma complementaria de 70 millones de ecus al programa de formación SÓCRATES de manera que éste suba a los 920 millones de ecus. 
En la Europa de la actualidad es importante apostar por el intercambio de jóvenes, por lo que el programa de formación SÓCRATES es una medida sensata. 
Éste posibilita que jóvenes de toda Europa puedan estudiar en otros países y conocer a otros jóvenes del resto de Europa. 
Por ello otorgo al informe mi total respaldo. 
SÓCRATES es un caso ejemplar de lo que puede ser el valor añadido de una intervención comunitaria. 
Una decisión política lúcida sólo puede ir encaminada a fortalecer este programa de intercambio entre estudiantes y profesores de todos los grados de la enseñanza. 
Ahora bien, contra esa evidencia, los Estados miembros vacilaron mucho antes de atribuirle los medios financieros necesarios para permitir lo que ellos mismos habían decidido: la ampliación de los programas a países candidatos a la Unión. 
La Comisión propuso un aumento de 50, el Parlamento pidió 100 y el Consejo decidió 25. 
Por eso, el resultado de la conciliación ha sido sorprendente, ya que el Consejo, al optar por 70, ha acabado decidiendo un aumento superior al que la propia Comisión proponía. 
¿A qué se ha debido ese desenlace inhabitual? 
A dos cosas muy importantes: la concertación entre la Comisión de Cultura y la Comisión de Presupuestos, que hicieron causa común y la plasmaron en el presupuesto de 1998; la actuación comprometida e informada de una diputada que no ha vacilado en presionar directamente a los Gobiernos y en agitar a la opinión pública. 
Hacer política exige pasión personal y actuación diplomática bien orientada. 
Por eso voto con gran satisfacción a favor de este informe emblemático. 
Informe Read (A4-0023/98) e Informe Camisón Asensio (A4-0027/98) 
La Comisión ha elaborado una propuesta de directiva sobre equipos de telecomunicaciones que debe reemplazar a las dos directivas del Consejo sobre equipos de terminales y de equipos de estaciones terrestres conectados con satélites. 
Además, la Comisión propone ampliar el campo de aplicación de la directiva, de modo que también los equipos para radiocomunicaciones queden recogidos en las normas. 
No obstante, es fundamental tener en cuenta que los radioaficionados, cuyos equipos de emisión se construyen ellos mismos, no tienen ninguna oportunidad de cumplir los altos requisitos relativos a los estándares técnicos exigidos por la directiva. 
No obstante, éstos tampoco son necesarios ya que los equipos de radioaficionados no están destinados a la venta. 
A la luz de la garantía obtenida por mí, como protector de los radioaficionados daneses, de la Comisión acerca de que los equipos de los radioaficionados no están incluidos por la directiva, doy al informe todo mi apoyo. 
De la forma más breve sea dicho que este informe- precisamente con al crisis financiera asiática de trasfondo y que esencialmente que tiene su origen en deudas privadas- se enmarca en el ámbito de la vigilancia a los bancos, cuya coordinación así como armonización deberán ser urgentemente acometidas teniendo en cuenta el mercado interior y la moneda única. 
Esto atañe al Informe Lehne, ya que previsiblemente y especialmente en relación con la enmienda 2 se suscitará la cuestión de si la " obligación de vigilancia y aprobación» que corresponde introducir a los Estados miembros requiere una regulación marco europea. 
Éste no es ningún motivo para no votar a favor del informe que es indiscutible. 
La Comisión nos propone actualizar la directiva 94/58, sobre la base del Convenio Internacional STCW, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. 
Cuando en mayo pasado se hizo nuestra primera lectura, pedimos al Consejo que tomara en cuenta 35 enmiendas destinadas a reforzar la propuesta inicial. 
De este conjunto de enmiendas, 20 obtuvieron el reconocimiento del Ejecutivo comunitario y podemos darnos por satisfechos de ello. 
Nuestro trabajo consiste en aportar las propuestas referidas a la formación de la gente del mar. 
Es obvio que hay que tener en cuenta el factor humano en los accidentes marítimos, pues el 80 % de esos accidentes se debe a errores humanos. 
Apoyo con entusiasmo la propuesta de mi colega, que pide la creación de un Instituto europeo de formación. 
Los profesionales del mar de la Unión Europea disponen de una formación altamente cualificada. 
Es preciso aumentar, conservar y comunicar este saber. 
Nuestra industria marítima, que emplea esta mano de obra, podrá así ser más competitiva aún. 
Para terminar, pienso en los miles de jóvenes aspirantes a esta noble tarea de la gente del mar. 
Debemos ofrecerles las perspectivas de una formación seria. 
La propuesta de nuestro colega va por el buen camino. 
Informe White (A4-0010/98) 
Debemos abandonar la idea de que si algo va mal en los Estados miembros, Europa debe implicarse. 
Por supuesto, reconozco que las condiciones de vida de muchos animales de los zoológicos son malas. 
Comparto la posición recientemente adoptada por la Sra. Mckenna: » para muchos animales, el zoológico es completamente inadecuado». 
Sin embargo, ésa es otra discusión. 
El informe de nuestro colega White analiza si deben adoptarse reglas para los zoológicos en el ámbito europeo. 
Creo categóricamente que no y, por tanto, he votado en contra del informe. 
Los argumentos a favor de una legislación europea para zoológicos no están sólidamente fundados. 
Ésta es una de las cuestiones en las que la Comisión Europea se ha dado demasiada prisa. 
Con razón, en Edimburgo, el Consejo llamó al orden a la Comisión. 
Sin embargo, nuestro colega, el Sr. White, quiere volver en su informe a la situación anterior a Edimburgo: quiere una directiva, no una recomendación y, además, una directiva que tenga como base jurídica el 100A y el 130S. 
Hace poco, he puesto este ejemplo a un grupo de concejales neerlandeses que visitaban el Parlamento. Coincidieron en seguida: » sobre esto, Bruselas no tiene nada que decir» , ¡y el grupo no era de los míos! 
Desde la perspectiva jurídica, el Parlamento Europeo tampoco mantiene una posición firme. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Unión no es aquí competente y, por consiguiente, en este caso concreto, no debe actuar. 
La discusión sobre el instrumento jurídico es, por tanto, absolutamente superflua. 
A los sumo, podemos reflexionar sobre si es necesaria una recomendación. 
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en muchos zoológicos, este instrumento me parece adecuado. 
El detallado proyecto de recomendación de la Comisión (casi una directiva) es más que suficiente. 
Con eso los Estados miembros y los zoológicos tienen bastante, por no hablar de la previsión de los costes. 
No dudo de las buenas intenciones de muchos, pero una directiva sobre esta cuestión resulta realmente excesiva. 
-El nuevo protocolo sobre el bienestar de los animales incluido en el Tratado de Amsterdam obliga a la Comunidad y a los Estados miembros a tener en cuenta dicha exigencia, a la par que invalida la decisión sobre la incorrecta aplicación del principio de subsidiariedad en este tema. 
De todos es conocido que las condiciones del bienestar de los animales confinados en zoológicos distan de ser las más adecuadas, incluso dichas condiciones tampoco están suficientemente garantizadas en las propias legislaciones de los Estados. 
No resulta sencillo tampoco el poder facilitar el entorno adecuado a muchos animales: orcas, delfines, osos, etc. sin mencionar además el sufrimiento y cambio de hábitos que se le impone a las especies en esta cautividad de claro carácter comercial. 
En su momento, ya me manifesté en este sentido con el informe del Sr. Scott-Hopkins, a quien tuve el honor de acompañar en el zoo de Madrid y, evidentemente, hoy vuelvo a apoyar cuanto dice el Sr. White; porque una recomendación, por sí misma, como bien sabe la Comisión, no soluciona nada y de lo que se trata es de dar respuesta a este problema. 
Como el tiempo apremia, comparto con el ponente que sólo una directiva podrá conseguir que los animales confinados en los parques zoológicos de la Unión consigan la protección que se merecen, con lo que además la Comisión adecuaría las palabras a los hechos y daría así cumplimiento al Tratado de Amsterdam. 
Hemos optado por abstenernos en la votación final del informe. 
Pensamos que la UE no debe tener una legislación detallada en todas las materias. 
Por eso rechazamos la propuesta de la comisión para modificar la base jurídica y que tenga la forma de una directiva. 
Por otra parte, estimamos que es valiosa la amplia colaboración que tiene lugar en materia de protección a los animales. 
Lo mejor sería, sin embargo, que esta colaboración se plasmara en recomendaciones y convenciones en todo el ámbito europeo. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de la aparición de una directiva sobre el mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos en lugar de la recomendación propuesta por la Comisión, ya que consideramos importante disponer de normas uniformes en toda la Unión Europea. 
Los parques zoológicos son de propiedad, bien privada, bien pública, y la calidad puede fluctuar mucho. 
Los parques con experiencia cumplen muchas funciones, tales como la investigación científica, la formación, la conservación de especies. 
Los parques explotados únicamente por dinero deben ser vigilados. 
Hay demasiados ejemplos de parques en los que los animales sufren y hay razones suficientes para vigilar el pleno cumplimiento de los convenios internacionales sobre conservación y tráfico de animales salvajes en las que la Unión Europea participa. 
De ahí que aboguemos por normas y apoyemos el informe, aunque sepamos perfectamente que hay muchos que quieren invocar el principio de subsidiariedad y dicen que la Unión no tiene competencias en este asunto. 
En cualquier caso, a nosotros nos gustaría haberlo sometido a prueba. 
El tráfico e intercambio de especies salvajes amenazadas o protegidas está protegido por el convenio sobre comercio de plantas y animales salvajes amenazadas de peligro de extinción. 
Los parques zoológicos tienen derecho a importar, exportar o intercambiar cualquier animal con relación a su trabajo en la conservación de especies. 
Las normas comunitarias en este terreno pueden ayudar a controlar que los acuerdos internacionales sean respetados. 
Desgraciadamente es verdad que las condiciones en los parques zoológicos en Europa en general dejan mucho que desear. 
La Comisión presenta por eso una propuesta de recomendación para mejorar la calidad en los parques zoológicos de la Unión, lo cual es muy provechoso. 
En el informe White se quiere cambiar la recomendación, que no es obligatoria, por una directiva de carácter obligatorio, lo cual no puedo apoyar. 
Es muy ventajoso que se destaquen las malas condiciones mediante la redacción de recomendaciones. 
Debería ocurrir mucho más frecuentemente y afianzaría las numerosas leyes y directivas que se crean en la UE, lo cual, creo yo, gustaría a los ciudadanos. 
La existencia de un conjunto de orientaciones tendentes a sistematizar y armonizar el marco legislativo de los diversos Estados miembros en lo relativo al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos constituye, naturalmente, un paso positivo. 
Tanto más positivo cuanto que también hace algunos años se esperaba la materialización normativa de ese marco legislativo, que se fue demorando sucesivamente por diversas razones. 
El informe va encaminado esencialmente a transformar el marco orientador propuesto por la Comisión dándole el carácter de directiva, lo que recoge la opinión, en gran medida consensual, expresada por parte de las múltiples asociaciones y organizaciones que llevan a cabo su actividad en pro de la preservación y protección de los animales en la Unión Europea. 
El informe merece nuestro acuerdo, aunque podría haber ido más lejos. 
De hecho, podría y debería haber comprendido también las colecciones privadas permanentes, aun cuando el público no tenga acceso a ellas, ya que las condiciones de mantenimiento de los animales deben ser uniformes y universales. 
Del mismo modo podría haber atendido los aspectos relativos a los componentes educativo y pedagógico a fin de desincentivar el mantenimiento de animales salvajes fuera de su hábitat, aspecto que se debería haber tenido en cuenta, asimismo, en la propia autorización de nuevos establecimientos públicos y privados de exposición. 
Espero que nuestro voto favorable contribuya a que sea posible colmar las lagunas y mejorar el texto cuando haya condiciones para su revisión. 
Voto a favor del informe White relativo al mantenimiento de animales salvajes en cautiverio, pues ya es hora de remediar una situación de descontrol, sufrimiento y falta de transparencia. 
Sin poner en entredicho el amor a los animales que los propietarios y gestores de muchos pequeños «zoos» manifiestan, es evidente que muchas de esas instalaciones no cuentan con las condiciones mínimas y que la propia asistencia médico-veterinaria no reviste el carácter técnico especializado que requieren los animales de especies «exóticas». 
Lo que el Parlamento Europeo ha venido exigiendo y ahora refuerza mediante la votación en el Pleno de este informe es la exigencia de un conjunto de normas obligatorias en todo el territorio de la Unión- durante el transporte inclusive- y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, transparencia y bienestar animal. 
Todas las propuestas que mejoren la vida de los animales en general y en los jardines zoológicos en particular, merecen apoyo. 
Básicamente estamos de acuerdo con las propuestas contenidas en el informe White. 
Sin embargo, estimamos que es una materia que, por el principio de la cercanía, debiera ser reglada por los Estados miembros. 
La intención de este informe es digna de encomio. 
Estimo, sin embargo, que es un asunto de los Estados miembros. 
La democracia y la soberanía nacional son supra ideologías. 
No se puede hacer recortes a la democracia alegando que se trata de una buena causa. 
Por eso he votado en contra de la propuesta del informe (propuesta de enmienda nr 1) que plantea una directiva en esta materia. 
Recomendación sobre el racismo (B4-0108/98) 
Hemos votado a favor de la resolución para mostrar nuestra repulsa hacia el racismo, sin embargo, no podemos apoyar la redacción en pro de Más Unión. 
La propuesta de resolución del Sr. Mohamed Alí toca un tema grave: el racismo, la xenofobia, el antisemitismo. 
En ella ha incluido los resultados del Año Europeo contra el Racismo, un tema secundario que, por lo visto, no se sitúa en el mismo plano. 
Un asunto semejante merecería elecciones morales claras y rigurosas, a la vez que mucha seriedad en la exposición de los hechos y de las ideas. 
Pues bien: el texto que se propone no corresponde en nada a estas exigencias. 
De ningún modo se recordaron los fundamentos morales y espirituales del rechazo absoluto con el que se debe responder al racismo: la idéntica dignidad de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, sea cual sea no sólo su raza sino también su condición social, alta o modesta, su religión, su estado de salud, su edad. 
No recordar estos principios básicos debilita el alcance de la resolución. 
Además, el texto mezcla propuestas que no se pueden suscribir: por ejemplo, la de exigir un comportamiento ejemplar a los enseñantes, con criterios ideológicos inaceptables, como la idea de " discriminación positiva» que, sin duda, va en detrimento de la lucha contra la discriminación. 
Por otra parte, el ponente confunde nociones que nada tienen que ver entre sí, como el racismo y el nacionalismo. 
También manipula nociones peligrosas como la detección preventiva de posibles tendencias racistas, xenófobas o nacionalistas que pueden abrir la puerta a una inaudita inquisición del pensamiento. 
Algunos considerandos son oscuros, y el H o bien enuncia un hecho obvio, o bien implica segundas intenciones incomprensibles. 
Por último, hace referencia al Acuerdo de Amsterdam que, hasta que se pruebe lo contrario, no integra el orden jurídico comunitario porque ningún Estado miembro lo ha ratificado. 
Por estas razones, nos es imposible votar esta resolución. 
Nadie se sorprenderá al saber que como socialista y francés me adhiero sin reserva a los asuntos propuestos por nuestro colega Alí. 
¡Lo felicito por ello! 
Asimismo, me sumo a sus preguntas acerca de las intenciones de la Comisión, por una parte, sobre las manifestaciones eventuales relacionadas con el Año Europeo contra el Racismo y, por otra, sobre la puesta en marcha del Observatorio europeo contra el racismo. 
Estos temas son fundamentales y añado que no son políticamente neutros; en gran parte están ligados a la miseria que cada vez llega a mayor número de nuestros conciudadanos, lo cual no es una justificación. 
Al respecto, pienso que en ningún caso se puede disculpar a esta minoría de europeos que muestra su simpatía por una extrema derecha hundida en la xenofobia y el nacionalismo más reaccionarios: es algo demasiado grave. 
También yo quiero advertir a ciertos grupos de los representantes conservadores de derecha que, piensan, pueden preservar sus posiciones aliándose con los partidos más extremos o alineándose en sus mismas posiciones. 
Que no olviden que están haciéndole el juego a la extrema derecha, pero sin reconquistar a los electores que los abandonaron. 
La historia nos enseña que esos partidos de la extrema derecha llevan en su interior los gérmenes de la violencia, y que esta violencia provoca siempre dramas. 
Este resurgimiento del odio en la mayoría de los Estados nos demuestra que la " bestia inmunda» que nuestros padres y algunos de nosotros combatieron no ha muerto y que, por tanto, el mejor modo de brindar un homenaje a aquellos a quienes debemos nuestra libertad es continuar su lucha. 
Hemos votado favorablemente la resolución sobre racismo. 
Apoyamos totalmente el espíritu básico de antirracismo y humanismo de la resolución. 
A pesar de ello, tenemos objeciones respecto de tres puntos. 
1.Estimamos que las políticas de asilo de los Estados miembros no deben armonizarse2.Estimamos que los asuntos de Derecho Penal, por ejemplo la penalización de las organizaciones racistas, no se deben decidir en el ámbito de la UE3.Queremos enfatizar que el trabajo por los derechos humanos se desarrolla principalmente dentro del marco del Consejo de Europa y que la UE no debe aspirar a sustituir en estos asuntos a una institución de todos los países europeos. 
Los diputados liberales votan en la votación final a favor de la decisión, pero esto no significa una aprobación al contenido de determinados puntos. 
Igualmente rechazamos una carta europea de los inmigrantes, así como una unificación del derecho penal o la derogación del principio de punibilidad recíproca para determinados delitos. 
Informe Thors (A4-0008/98) 
En el informe se da cuenta de ciertas deficiencias en cuanto al cumplimiento de algunas normas comunitarias en determinados países miembros. 
Allí se describe también el cumplimiento que se hace en ciertos países miembros de los convenios internacionales celebrados por la UE. 
La cantidad de normas comunitarias aumenta continuamente. 
Las señales anteriores sobre mejores y menos reglas no han sido sino palabras. 
Las numerosas reglas comunitarias hacen que sea difícil tener una vista de conjunto del sistema normativo y es una causa de las dificultades para aplicar y hacer valer las reglas en los países miembros. 
Otra causa puede ser que las reglas no son consideradas importantes o necesarias sino que superfluas y por eso no se aplican, o se aplican tarde. 
Las propuestas del informe son en todo caso generalmente buenas y por eso he votado favorablemente. 
Informe Izquierdo Collado (A4-0407/97) 
He votado contra el informe Izquierdo Collado sobre las redes hidrográficas transeuropeas porque, al propugnar una política del agua basada en los trasvases, contraría, a mi entender, el sentido y el alcance de los debates en curso sobre la directiva marco del agua, así como las normas en vigor del Derecho internacional de las aguas, en particular las que figuran en el Convenio de Helsinki y de Espoo, encaminadas a salvaguardar la posición de los Estados ribereños. 
Además de esa opción exclusiva a favor de los transvases, pone en entredicho la propia legislación europea sobre repercusiones medioambientales. 
No se puede separar una política de cantidad del agua, muy importante en el sur de Europa, de una perspectiva de calidad y solidaridad y, sobre todo en cuencas hidrográficas que abarcan varios Estados miembros, la compatibilización de intereses es la piedra angular de la política que se debe adoptar. 
Próximamente el Parlamento Europeo tendrá oportunidad de pronunciarse sobre la directiva marco en proceso legislativo. 
Pero no he querido dejar de subrayar este aviso de principio para indicar, a fin de cuentas, las diferencias desde ahora mismo. 
¿Cómo es posible negar el voto al informe del Sr. Izquierdo sobre las redes hidráulicas transeuropeas? 
Quienes llevamos tiempo trabajando en temas ambientales sabemos que toda obra de envergadura requiere las debidas evaluaciones de impacto y que ya no pueden ser soslayadas. 
Por tanto, utilizar este argumento para votar en contra de este informe no tiene razón de ser. 
Lo que sí es una realidad es que extensas regiones comunitarias tienen ciclos de sequía agobiantes y que sin agua no hay vida ni progreso ni solidaridad. 
El problema del agua no radica sólo en su calidad sino también en su cantidad y precisamente este problema sólo tiene una solución que son las redes hidráulicas europeas. 
Mi voto positivo es pues el voto de la solidaridad. 
Los socialdemócratas daneses se atienen a la lista de votaciones del grupo del PSE a favor del informe del Sr. Izquierdo Collado sobre la viabilidad tecnológica de las redes hidráulicas transeuropeas. 
Sin embargo, nos gustaría subrayar la necesidad de poner un cuidado extremo a la hora de emprender proyectos que tienen por objeto el desarrollo de estas redes. 
Siempre será necesario realizar antes estudios a fondo de los casos concretos en los que un proyecto semejante pudiera venir al caso. 
Ante todo debemos cerciorarnos de que el problema no pueda ser solucionado mediante una gestión más adecuada de los recursos ya existentes. 
Esto debe entenderse en sentido amplio y de ahí que deban incluirse consideraciones sobre la posibilidad de llevar a cabo una reestructuración de la agricultura y de la producción industrial. 
La reestructuración agraria es necesaria, entre otras cosas, en los casos en los que se cultivan ciertas variedades que precisan agua en áreas asoladas por la sequía y en las que, además, el cultivo de estas variedades se prolonga muy por encima de su campaña natural. 
Esto expresa un pensamiento erróneo y debe ser modificado antes de abordar soluciones alternativas al problema de la falta de agua. 
Sin lugar a dudas es verdad que la distribución de los recursos hidráulicos es variable dentro de la UE. 
También lo son las superficies de tierras cultivables, los yacimientos de hierro y carbón, la cantidad de horas de sol, el frío y la nieve. 
Cuando se crearon el clima y los recursos naturales europeos nadie pensaba en una Unión Europea, por suerte. 
Imaginemos qué Europa tan uniforme tendríamos si se hubiera hecho una distribución equitativa. 
Los países miembros, sus gobiernos y los contribuyentes, con mayores o menores esfuerzos, han usado recursos y nivelado diferencias en la conciencia de que merece la pena hacer inversiones a largo plazo y con contenido ecológico. 
En el informe se propone la creación de un marco institucional para las redes de aguas transeuropeas, cuyo objetivo sería una distribución más homogénea de los recursos hidráulicos dentro de la Unión. 
Es un pensamiento absurdo. 
Los recursos naturales de un país son y seguirán siendo un asunto de carácter nacional. 
La distribución y las apuestas económicas de un país miembro o una región deben decidirse en el Parlamento del país y financiarse por los contribuyentes. 
Obviamente, como siempre, es provechoso que dos o más países colaboren, celebren acuerdos y hagan apuestas económicas. 
Pero las decisiones y las obligaciones tienen que establecerse, como de costumbre, mediante convenios interestatales. 
La manipulación de los recursos naturales de los países miembros no es de competencia de la UE, en tanto la UE no tenga la intención de convertirse en una estado. 
Estamos tratando uno de los mayores asuntos estratégicos europeos. 
El agua, sin duda, será el recurso fundamental del siglo XXI. 
Estará en el centro de los conflictos entre los países que sufran sequía y los países que puedan continuar con sus cultivos de regadío. 
Dicho de otro modo: tratamos sobre la fuente de la vida. 
¿Cómo podríamos negar esta fuente de todas las riquezas a nuestros vecinos, y en especial a España, que en las colinas de Murcia e incluso ya en Cataluña muestra todos los estigmas de una desertificación que va en aumento? 
España, la de la Huerta valenciana, la del Tribunal de las Aguas o la del genio que domina el agua de Sierra Nevada para llevarla hasta esa joya que es Granada, tiene una historia que se resume en la lucha por el agua. 
Así es como Francia, su vecina, y en especial la región Languedoc-Rosellón, querría ayudar espontáneamente, acudir en socorro, compartir, ofrecer. 
Allí están los recursos hídricos del Ródano y es tentadora la idea de desviar una parte hacia la cuenca del Ebro. 
Es el sentido del proyecto de las redes hídricas transeuropeas, del que emana el del Languedoc-Rosellón para conducir el agua del Ródano, a través de 320 km, al Pirineo antes de dejarla fluir por gravedad hasta las puertas de Barcelona. 
Es un proyecto faraónico. 
Se trata de inversiones de más de 7 mil millones de francos franceses. 
Es algo hermoso, grande, seductor y, sin embargo, es el portador de toda clase de peligros. 
Peligro ecológico para el milagro de La Camargue, pues no se sabe si sufriría o no un aumento de la salinidad, una vez que la presión de la masa hídrica del Ródano disminuyera. 
Pero sobre todo peligro de un casus belli en ciernes, el día en que Francia, a su vez afectada por la sequía, cortara el grifo de alimentación. 
Además, se nos dice que " las tomas de agua así efectuadas serían «irreversibles '. No se podrían recuperar a corto ni a medio plazo». 
Mañana, Francia no tendrá más elección que declarar una guerra del agua contra España, o bien privar a nuestros hortelanos, a nuestros arboricultores, a nuestros labradores y a nuestra gente del Languedoc del agua que necesitan pero que se ha ofrecido a otros. 
En nombre del porvenir cercano y de las buenas relaciones con el vecino, ahora mismo preferimos decir no. 
Estamos obligados a pensar en los nuestros antes que en los otros, aunque sean amigos fraternos. 
El debate queda cerrado. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12h 10) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 29 de enero de 1998. 
Señorías, desde nuestra última sesión plenaria, se han producido nuevos atentados terroristas en tres Estados miembros de la Unión Europea: el pasado 6 de febrero era asesinado en Ajaccio Claude Erignac, prefecto de Córcega, representante del Estado en la región; el 30 de enero, la banda terrorista ETA asesinaba en Sevilla a un concejal más del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y también en este caso a su mujer, Ascensión García; asimismo el proceso de paz en Irlanda del Norte ha sido nuevamente atacado mediante repetidos atentados contra ciudadanos del Ulster. 
Aun a costa de caer en la reiteración, creo que nuestra institución tiene el deber de elevar su voz de condena una vez más. 
Todos estos atentados deben provocar en nosotros- representantes de los ciudadanos europeos- la misma repulsión clara y contundente, así como un interés renovado en aumentar la cooperación antiterrorista en el seno de la Unión. 
El terrorismo, sean cuales sean los fines políticos que persiga, no es más que una forma gravísima de conculcar el derecho a la vida, que es el primero y más importante de los derechos humanos. 
He enviado los correspondientes telegramas de pésame y solidaridad a los gobiernos respectivos, haciéndome intérprete del sentir de esta Asamblea. 
Les ruego que se unan a mí en un minuto de silencio de homenaje y recuerdo a las víctimas. 
(El Parlamento guarda un minuto de silencio) 
Turismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0040 del Sr. De Luca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre el informe especial nº 3/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la política del turismo y su promoción; -A4-0049/98 de la Sra. Wemheuer, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la actuación de la Comisión en relación con el supuesto de fraude y las irregularidades en el sector del turismo. 
Señor Presidente, Señorías, la profundización de los métodos de gestión de la política del turismo ha venido a confirmar lo que temíamos o sabíamos desde hace mucho. 
A menudo, demasiado a menudo, la Unión Europea hizo un uso, para decirlo con suavidad, muy suelto de los recursos financieros que se le confiaron: desorden administrativo, mala gestión, corrupción e incluso fraude fueron, infortunadamente, una norma en el campo de la política del turismo. 
Tiempo atrás el Parlamento había concentrado su propia atención, con una preocupación creciente, en ese sector y había lanzado además reiteradas señales de alarma. 
El informe especial Nº 3/96 del Tribunal de Cuentas puso a la vista carencias, formas de mala gestión y casos de verdadera y estricta malversación, con particular referencia al Año Europeo para el Turismo. 
En la explicación del mandato recibido de la Comisión de Control Presupuestario, el ponente que les habla advirtió con estupor y desconcierto tal nivel de desorganización y tal falta de norte en la Dirección General XXIII, aplicada a este particular sector, que no sorprende que puedan haberse observado despilfarros y fraudes, en número excesivo respecto de la cuota de fondos destinados a las acciones realmente ejecutadas en bien del desarrollo del turismo. 
Todo esto, Señor Presidente, es gravísimo para la imagen de la Unión Europea respecto a la opinión que de sus estructuras burocráticas lleguen a hacerse los ciudadanos, pero también es mortal para todo lo referido a la política del turismo, que debería considerarse prioritaria y que, por consiguiente, impondría asignaciones presupuestarias muy superiores a las actuales. 
Por lo tanto, la primera observación obligada sobre el tema es que se ha equivocado la Comisión ejecutiva al tratar de mantener oculta la gravedad de las disfunciones y de las complicidades, además de la amplitud de la corrupción hallada en el sector, hasta el punto de generar momentos de verdadera discordia con el Parlamento. 
Es indiscutible que todo el comportamiento de la Comisión se ciñó a una inaceptable actitud reticente, que pretendía atenuar la responsabilidad de los propios funcionarios y, en particular, del Director General, independientemente de la naturaleza penal o administrativa de las responsabilidades mismas. 
De otra parte, la circunstancia de que no se pusiera en marcha un procedimiento disciplinario en los términos previstos por el Estatuto de los funcionarios es una confirmación explícita de estos hechos. 
Al mismo tiempo, también la acción de UCLAF, apreciable en varios aspectos, resulta poco eficaz porque está unida a una relación de subordinación funcional respecto a la Comisión ejecutiva, lo que no le asegura la independencia necesaria. 
El informe que me permito someter a la atención de todos ustedes, estimados colegas, no pretende dar una solución radical de los problemas que se han detectado y, no obstante, constituye un primer esfuerzo concreto para evitar que en el futuro se produzcan episodios análogos y, sobre todo, para impedir que las disfunciones y los fraudes se puedan mantener ocultos por largo tiempo a los ojos del Tribunal de Cuentas, del Parlamento y de las autoridades judiciales. 
En el campo del turismo se descubrieron graves irregularidades, que van desde el abuso de las subvenciones directas a la adopción de procedimientos poco claros para la selección de los proyectos en los casos de licitaciones para la concesión de servicios, además de la escasa formación del personal, tanto en el campo de la gestión como en el del control financiero. 
Las repetidas advertencias del Tribunal de Cuentas y del Parlamento no produjeron más que una tardía reorganización para el saneamiento administrativo de la Dirección General XXIII, pero no hay seguridad de que hayan desaparecido los problemas de fondo descubiertos por el informe especial del Tribunal y por el análisis profundo que al mismo tiempo hizo la Comisión de Control Presupuestario. 
Por tanto, al Parlamento sólo le queda condicionar los pagos de 1996 a una exhaustiva y, sobre todo, convincente demostración de se han adoptado, por parte de la Comisión, medidas administrativas nuevas y eficaces y de que se ha puesto en marcha una acción decidida para la recuperación de las sumas pagadas indebidamente. 
Además, el caso del turismo replantea en todo su rigor actual el tema de la inmunidad profesional de los funcionarios y del modo- que hace pensar en un verdadero y real privilegio- en que la Comisión ha gestionado su propio poder de retiro. 
Al mismo tiempo, se ha visto con claridad que las informaciones proporcionadas a las autoridades judiciales responsables, incluido el Parlamento, han sido tardías e incompletas. 
Esto determina la necesidad de introducir, para el futuro, una clara obligación de brindar íntegras todas la informaciones de las que disponga el Ejecutivo, con lo que se reforzará el control parlamentario. 
El remedio no puede limitarse a esperar la buena marcha de los procedimientos penales, que deben seguir su curso mientras se colabora con las autoridades judiciales, sino que deberá fortalecer los procedimientos disciplinarios para sancionar los comportamientos que, por ligereza o por incompetencia, puedan haber favorecido la corrupción o el despilfarro, aun independientemente de una posible índole penal. 
O sea que hemos llegado a la certidumbre de que es necesaria una comisión de investigación, no tanto para verificar el estado de la corrupción en el limitado sector del turismo sino, más bien, porque nos preocupa que una situación análoga se pueda encontrar también en ese mucho más amplio 20 % de las financiaciones, que la Comisión Ejecutiva gestiona directamente sin que exista una forma de verdadero control institucionalizado. 
Por esto, aun en lo que se refiere al futuro, somos partidarios de la solución propuesta por una enmienda socialista, que prevé se atribuyan a la Comisión de Control Presupuestario poderes estables de vigilancia y de información, análogos a los de las comisiones investigadoras. 
Para terminar, Señor Presidente, doy las gracias a los colegas que colaboraron en este trabajo; por todo esto, para lograr un refuerzo de los poderes del Parlamento como órgano de control, pido que se apruebe este informe. 
Señor Presidente, este fraude concreto en el sector del turismo ha arrojado una sombra muy oscura, no sólo sobre el sector del turismo, sino sobre toda la Unión Europea. 
Debemos condenar este fraude, no existe ninguna otra alternativa, y debemos condenar el fraude allí donde lo descubramos. 
El fraude daña no sólo al sector del turismo, sino a todo el fundamento de muchas de nuestras instituciones. 
Por ello quiero dejar perfectamente clara nuestra condena. 
No obstante, también quiero reconocer el progreso que ha realizado la sección de turismo durante estos últimos años bajo su nuevo Comisario, Christos Papoutsis. 
Muchas de las mejoras se las debemos a él y a las personas que trabajan en este sector. 
Debemos, por consiguiente, equilibrar la condena con el progreso realizado y seguir avanzando. 
Recordemos que el turismo es una de las principales industrias de la Unión Europea en su conjunto y que crea millones de puestos de trabajo, en muchos, muchos países de toda la Unión Europea. 
Ahora debemos condenar lo que ha estado sucediendo en el pasado, pero al mismo tiempo, debemos seguir avanzando. 
Debemos trabajar con la Comisión en el fomento de la industria del turismo. 
Hasta cierto punto, ésta ha sido la industria Cenicienta de la Unión Europea durante demasiado tiempo y debe ser alentada para que siga creando más puestos de trabajo, más estabilidad y más crecimiento en las economías de nuestros países. 
Es importante que sigamos avanzando juntos en beneficio de todos nuestros ciudadanos, porque el crecimiento del sector del turismo se traducirá en la creación de puestos de trabajo. 
Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega, la Sra. Wemheuer por su dedicación a su labor en la elaboración del informe que nos presenta hoy. 
Tomo la palabra para destacar que, tras el debate exhaustivo que tuvimos en el marco del Grupo del Partido Socialista Europeo, confirmamos que la Comisión se enfrentó a los antiguos temas de fraude que conciernen al turismo, tal como apunta también nuestra ponente, tanto con cambios administrativos como con la relegación de los temas a la justicia con la iniciativa de la propia Comisión y del Comisario competente, del Sr. Papoutsis, pero las decisiones relativas están pendientes. 
Consideramos obligación nuestra hacer esta declaración, porque este informe no concierne sólo al turismo, como indica el título. 
Concierne, en general, al tema de la indispensable transparencia y del funcionamiento prudencial de los servicios de la Comisión. 
Y en éstas observaciones sobre el modo de funcionar la Comisión y el modo de colaborar la Comisión y el Parlamento estamos todos de acuerdo y es seguro que todos haremos nuestra aportación en esta dirección. 
Señor Presidente, este problema viene de lejos y ha tardado demasiado tiempo en llegar a esta fase, y de no haber sido por la labor de la Sra. Wemheuer probablemente seguiría extraviado en la oscuridad. 
El Sr. McMillan-Scott dio la voz de alarma en 1989 ante lo que estaba ocurriendo entonces, y durante los cinco años siguientes, sus informes, en buena medida, fueron ignorados y pasados por alto. 
El anterior informe de la Comisión de Control Presupuestario no consiguió exonerar a la DG XXIII, aunque sí la saco del apuro. 
No hay necesidad de repetir aquí lo que iba mal, porque ya lo ha reconocido todo la Comisión, que ha dicho que, aunque la mayoría de las acciones se realizaron o estaban en marcha antes de que el actual Colegio asumiera el cargo, la Comisión reconoce que, como institución, es responsable de informar de dichos actos al Parlamento y de tomar las medidas oportunas para corregir las irregularidades detectadas. 
La Comisión reconoce que varios aspectos del programa de turismo podían y debían haber sido gestionados de forma diferente. 
La Comisión lamenta no haber reaccionado a las señales de alarma con la rapidez y de manera retrospectiva, como hubiera sido su deber. 
La Comisión ha aprendido las lecciones del pasado.» 
Creo que el pasado ya es pasado. 
Naturalmente deberemos ocuparnos aún de la recuperación de algunos fondos que hasta ahora no han sido devueltos a la Comisión y, al menos en dos países, las autoridades policiales están investigando y ocupándose de estos asuntos. 
Quiero destacar a la Comisión que las dificultades que el Parlamento ha experimentado con la Comisión han sido debidas a una malentendida lealtad a sus predecesores. 
Creo que la lealtad estaba fuera de lugar y ha sido el origen de gran parte del retraso. 
El Sr. De Luca, acertadamente, observa que el resultado de esta investigación ha servido para estrechar lazos entre la Comisión y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento a la hora de abordar los distintos problemas. 
La DG XXIII ha sido examinada detenidamente, y la buena y eficiente gestión que el Sr. Liikanen ha traído consigo, creo que evitará que este tipo de cosas se repitan en otras Direcciones Generales, por lo que hemos progresado. 
Como ya han afirmado dos oradores, la política de turismo ha sufrido las consecuencias y hay que permitir que vuelva a ponerse en marcha. 
En definitiva, los informes Wemheuer y De Luca han reivindicado por completo a dos personas. 
En primer lugar, al propio Sr. McMillan-Scott, cuya perseverancia e insistencia han sido la causa de que prosigan estas investigaciones que, de no haber sido por él, quizá habrían sido interrumpidas, y también se ha reivindicado al periodista de investigación; su trabajo ha sido muy constructivo para la labor que hemos desarrollado. 
Señor Presidente, Señorías, frente a la magnitud del problema del fraude, que adquiere proporciones extremadamente preocupantes en el territorio de la Unión, se está elaborando gradualmente una nueva estrategia a impulsos del Parlamento Europeo. 
Desde hace varios años, el Parlamento Europeo no escatima esfuerzos para obtener mayores medios del Consejo y de la Comisión. 
A fin de luchar contra esta plaga y de permitir que la Comunidad proteja mejor sus intereses financieros, es necesario que estas políticas no se aparten de su objetivo, así como garantizar a los ciudadanos de Europa que los fondos serán bien utilizados desde el punto de vista del interés público. 
El excelente informe del Sr. De Luca es una importante contribución para entender los factores que han generado el fraude en el sector turístico y su concomitancia. 
No basta con deplorar y condenar. 
Es cierto que la Comisión ha cometido fallos con respecto a la gestión de una de sus políticas internas más significativas, pero lo más importante es analizar pormenorizadamente los fallos que han permitido que se produjese esta serie de irregularidades en las operaciones atinentes a la política del turismo y elaborar propuestas constructivas para superar la actual situación. 
El Sr. De Luca ha llevado a cabo esta labor. 
¿Cómo no nos vamos a sorprender o a escandalizar al enterarnos de que la manera en que se gestionaba la política del turismo permitía el pago de ayudas a organismos con los cuales no existían relaciones contractuales, de que se han autorizado y aceptado firmas de personas no habilitadas, de que existía una falta de precisión para determinar los gastos subvencionables, de que había discordancias entre los beneficiarios designados en los contratos y los beneficiarios reales de una subvención o financiación? 
¡Estas disfunciones y fallos son inaceptables! 
Si se quiere avanzar, hay que trabajar para descubrir la manera en que los mismos han comprometido el normal funcionamiento de dicha política, la manera en que han podido producirse y desarrollarse las anomalías e irregularidades, cuyo grado de paroxismo ha llegado a conmocionar a los medios de comunicación. 
Reconocer el error es ya una forma de vislumbrar la verdad. 
Lo que ahora importa es que la Comisión esté a la altura de sus ambiciones y ponga en práctica las soluciones propuestas por el informe De Luca y por el Parlamento. 
No basta con ponerse de acuerdo en las palabras, hay que convertirlas en acciones. 
Esperamos actos significativos que demuestren la determinación de los responsables de la Unión. 
Señor Presidente, estamos hablando de problemas que ocurrieron antes de la entrada de Finlandia en la Unión Europea y, por tanto, no se refieren a nosotros, sino a los países de la UE situados más al Sur. 
No me refiero a ningún país en particular, dado que todos los países, vistos desde Finlandia, quedan más al Sur. 
Las investigaciones revelan que en la Unión Europea existe un gigantesco problema de control. 
Ha quedado claro que la Unión Europea se caracteriza por un desorden administrativo. 
Dicho desorden administrativo resulta patente no sólo en la administración del turismo, sino también y de modo especial, como lo indica nuestra experiencia, en la administración de la política agraria, por ejemplo, en el sector de la política energética. 
Las investigaciones han revelado que la Comisión es responsable de fallos graves. 
La Comisión parece haber funcionado como la policía belga. 
Es muy grave que se acuse a la Comisión de haberse opuesto a las investigaciones y de ocultar informaciones al Parlamento y de que haya habido irregularidades que no procuró esclarecer. 
Existen razones para no conceder la aprobación de la gestión correspondiente al año 1996, si la Comisión no facilita al Parlamento los documentos solicitados. 
Resulta sorprendente que haya tanta gente incompetente al servicio de la Comisión. 
Me parece que con los salarios que paga la Comisión debería ser posible emplear también a personas competentes. 
En mi opinión, los ponentes han hecho un trabajo muy bueno, pero no han prestado la atención necesaria a los fallos cometidos por las entidades nacionales de control. 
Ha habido fallos tanto en el nivel de la distribución como en el de la recepción del dinero. 
Creo que, si empezamos a cazar a los ladrones, deberemos atraparlos en ambos lados. 
Por eso, me gustaría que las autoridades nacionales asumieran también su responsabilidad y que el Parlamento advirtiera a las entidades nacionales la necesidad de que mejoren la eficacia del control. 
¿Puede realmente ocurrir algo semejante en la Comisión? 
¿Qué está en realidad tratando de esconder la Comisión? 
Algo tiene que haber, ya que de no ser así no habría actuado de esta manera, es decir, cerrándose y tratando de proteger a sus empleados y de oscurecer la transparencia. 
Porque parece que la transparencia es algo que está bastante mal en el sistema de la UE. 
Obviamente que la Comisión se niega a mirar a los ciudadanos a los ojos y explicar que " esto no ha funcionado, esto lo hicimos mal, pero esto otro hemos tratado de hacerlo de esta manera». 
Tales confesiones de la Comisión son sumamente difíciles de obtener. 
Deseo preguntar a los miembros de la Comisión que se encuentran aquí: ¿No hubiera sido mejor tener una auténtica transparencia en la Comisión? 
Es como dijo Thors, o sea, que el mejor órgano de control que tenemos es la transparencia y la publicidad, y que debiéramos tener mucho de ambas cosas. 
Ésta es una historia que lleva ya casi diez años. 
Por eso lo mejor habría sido poner todos los papeles sobre la mesa ahora para no tener que seguir machacando este asunto una y otra vez. 
Nosotros, en el Parlamento, no vamos a olvidar las preguntas que hemos formulado. 
El Parlamento Europeo sólo cumple con su deber y obligación de ser el órgano de control de la UE. 
El Grupo V va a apoyar el informe Wemheuer en todas sus partes. 
En la Comisión de Presupuestos no nos contentamos, sin embargo, con controlar y encontrar errores sino que también presentamos muchas propuestas constructivas sobre cómo se debe proceder en el futuro. 
Realmente espero que la Comisión lea nuestro informe y trate de hacer lo mejor en el futuro. 
Señor Presidente, deseo comenzar con mi felicitación a estos dos valientes ponentes que han expuesto todos estos hechos bastante desagradables con tanta claridad y sin andarse por las ramas. 
También quisiera rendir homenaje al Sr. McMillan-Scott, porque ahora recuerdo que cuando esto comenzó, en 1989, estaba prácticamente solo- aunque yo siempre le he apoyado- en su búsqueda de la verdad de este sórdido asunto, en el que algunos se llenaron los bolsillos y en el que esas personas que se llenaron los bolsillos, por lo que a mí me consta, no han devuelto nada aún ni se les ha pedido oficialmente que lo hagan. 
Todos sabemos que debemos seguir adelante y que los actuales titulares de la Comisión no son los responsables de dichas depredaciones. 
Todos reconocemos la importancia del turismo. 
El turismo sigue siendo un gigante dormido en buena parte de los Estados miembros. 
Sabemos que puede crear más puestos de trabajo- se ha mencionado la cifra de 100 millones, pero sabemos que pueden ser incluso más si se incrementa la cooperación y la comercialización interestatales y se alargan las temporadas en algunos Estados miembros. 
Hablo aquí un poco de oídas, porque la región de la Comunidad de donde procedo no siempre garantiza las mejores condiciones climatológicas, pero sí es un lugar excelente para determinadas vacaciones. 
No queremos golpear en la cabeza a nuestro gigante dormido. 
Pero eso nada tiene que ver con querer solucionar las cosas que han ido mal en el pasado y asegurarnos de que no vuelven a repetirse. 
Es la posición de la mayoría de nosotros. 
Opinamos que aún quedan muchas cosas por esclarecer y que debemos hacer preguntas como, por qué motivos se retuvo o se ocultó la información y por qué se toleraron durante años las prácticas irregulares, quizá, como dijo el Sr. Kellett-Bowman, debido a un exceso de lealtad. 
Pero cuando existen actos delictivos o fraudulentos, ningún diputado electo al Parlamento Europeo puede tolerar ningún exceso de lealtad. 
¿Se intentará recuperar los fondos mediante una compensación? ¿Han prescrito los procedimientos penales en los dos Estados miembros mencionados o no? 
He oído que existía esa posibilidad, por lo que es otra vía que puede no estar abierta para solucionar este problema. 
No he oído nada de suspensiones, despidos ni multas. 
El Parlamento está interesado en conocer si se tomarán este tipo de medidas. 
La aprobación de la gestión representa un arma muy poderosa para el Parlamento, pero resulta muy difícil hacer el trabajo si a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento no se les presenta la información. 
Realmente debemos asegurarnos de que recibimos la información antes de dar la aprobación de 1996. 
Debe ser condicional hasta que obtengamos respuesta a todas las preguntas que estamos formulando aquí. 
¿Llegará la Comisión a un acuerdo de cara al futuro? 
En el apartado 9, el Sr. De Luca pide a la Comisión que en el plazo de tres meses presente un informe sobre la marcha de las gestiones emprendidas para recuperar los pagos realizados indebidamente. 
¿Está la Comisión de acuerdo con esta petición? 
¿Reconoce la Comisión que debe existir total transparencia a partir de ahora y que estas prácticas no deben repetirse, aunque esté en juego la lealtad? 
Estas son las preguntas que dirijo a la Comisión. 
Espero que recibamos respuestas. 
Señor Presidente, los presuntos fraudes e irregularidades en el sector turístico es una de las cuestiones más preocupantes que la Comisión de Control Presupuestario ha tenido que examinar, ya que implica una voluntad deliberada de la Comisión de evadir sus responsabilidades y de ocultar al Parlamento- institución que, como conviene recordar, representa a los pueblos de la Unión Europea- la realidad y la gravedad de las disfunciones de la DG XXIII. 
No hace falta recordar que las primeras sospechas de fraude se formularon en 1989. 
Con posterioridad a esta fecha, sucesivos informes, auditorías internas e informes especiales revelaban graves lagunas administrativas e irregularidades flagrantes. 
Ahora bien, la Comisión ha llevado a cabo, manifiestamente, una política de obstrucción para evitar que el escándalo se hiciera público y que se informara ampliamente al Parlamento. 
¿Cómo puede explicarse que el Jefe de la Unidad de Turismo tuviera que dar explicaciones sobre sus actuaciones cinco años después de que se pusiera sobre aviso a los máximos responsables de la Comisión? 
Desgraciadamente, existen otros expedientes, de los que la Comisión de Control Presupuestario ha tenido conocimiento, que demuestran que estos hechos no son en absoluto fenómenos aislados. 
Se trata de una señal preocupante de que la Comisión es muy a menudo una administración deficiente, que se ve afectada por el fraude, las irregularidades e incluso la corrupción. 
La Comisión no debe comportarse más como un Estado dentro del Estado, para emplear una expresión francesa, o como un Estado adicional en la Unión Europea, como se ha dicho hace un momento, pero que no estaría sometido a ningún control político, ni interno, ni de nuestro Parlamento. 
Los informes De Luca y Wemheuer representan una toma de posición valiente. 
La aprobación de la gestión de 1996 está ahora condicionada a las respuestas que dará la Comisión a estos dos informes. 
Nuestro Parlamento debe recordar a la Comisión que la actitud consistente en eludir la verdad perjudicaría gravemente la imagen de la Unión, así como la reputación de nuestro Parlamento, que da, entonces, la impresión de ser ineficaz e inútil. 
Señor Presidente, si el llamado caso del turismo se ha convertido en una piedra de toque para la Comisión, las instituciones europeas, y sobre todo el Parlamento Europeo, deben hacer todo lo que esté en su mano para que este escándalo no dé al traste con toda la política de turismo europea. 
Por ello, las propuestas del ponente, que van a contribuir a la aclaración y mejora, deben llevarse a la práctica lo antes posible y crearse urgentemente una comisión de investigación parlamentaria. 
Por un lado, se trata de mejorar en general la cultura administrativa de la Comisión y no sólo en el turismo. 
Pero, por otro lado, también se trata de liberar al turismo de una imagen dañina y negativa. 
El turismo es tratado como un niño huérfano por la Unión Europea, careciendo de fundamento jurídico en el Tratado. 
Una política de turismo inteligente podría contribuir como en apenas otro sector económico a la creación de puestos de trabajo. 
Hay que tener en cuenta que Europa aunque sigue estando a la cabeza a nivel mundial en el turismo, sin embargo está perdiendo desde hace años porciones del mercado. 
Por ello, es necesario erradicar totalmente estos aspectos negativos pero también colocar a la Comisión en un aspecto personal y presupuestario en situación de realizar un buen trabajo para el turismo. 
Señor Presidente, Señorías, si alguien creía que es mejor ocultar las cosas en la administración europea que descubrirlas, ha tenido que constatar que no es así a más tardar con la presentación de estos dos informes sobre los que debemos debatir hoy. 
Hoy no podemos cuantificar la magnitud de los daños materiales reales originados en el turismo en la Unión Europea como consecuencia de estos descuidos- por decirlo de un modo precavido. 
Pero al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que como diputados nos comprometemos en gran medida en ambos informes. 
No solamente porque vinculemos la aprobación de la gestión para 1996 a que la Comisión resuelva satisfactoriamente este asunto sino además es que no excluimos explícitamente la posibilidad de una comisión de investigación. 
Pero lo que casi es aún es más importante: nosotros mismos nos encargamos reformar del modo correspondiente la actividad de nuestra Comisión de Control Presupuestario. 
Es tan importante porque los dos informes presentes, en relación con otros informes- como por ejemplo, el del colega Fabra Vallés sobre el MED o el de la colega Kjer-Hansen sobre PHARE- nos han revelado claramente que con las informaciones sin duda insuficientes que nos llegan no estamos en situación de atender plenamente nuestras obligaciones como representación política de los intereses de las y los contribuyentes europeos. 
En el futuro esto no va a ser posible en la forma de una así denominada comisión neutral. 
Bajo este aspecto y ante las resoluciones que debemos adoptar sobre estos informes, por ejemplo, tendremos que preguntarnos también- además como Asamblea y no como Comisión de Control Presupuestario -, cuál es el mejor lugar para ubicar nuestra Secretaría. 
Todas estas son cuestiones prácticas de las que tenemos que ocuparnos en base a este informe de hoy. 
Como autoridad de control presupuestario hemos concedido al Tribunal de Cuentas los créditos correspondientes para que en el futuro pueda realizar mejor su trabajo. 
Por ello, como Parlamento debemos ser plenamente conscientes de este trabajo. 
Estamos inmersos en definir de nuevo nuestra tarea como órgano de control de la burocracia europea. 
Debemos tener claro que los intereses de la Comisión y de sus miembros no son necesariamente los nuestros y creo que, bajo este aspecto, podemos dar nuestro pleno asentimiento a los dos informes. 
Señor Presidente, señores Comisarios, el Sr. De Luca y el Sr. Wemheuer han presentado desde un ángulo nuevo lo que está sucediendo en la esfera del fraude, asunto que desde que llegué a este Parlamento siempre me ha preocupado. 
Esta vez lo que está en entredicho no son los operadores nacionales, esta vez no son los Estados miembros, esta vez es lo que un funcionario poco apreciado por la Comisión llamó» the rotten heart of Europe». 
De hecho, hay aspectos que no se pueden minimizar, hay disfunciones que no se pueden pasar por alto, hay aspectos legales que no se tratan, hay lo que se llama la transparencia- y que yo llamaría probidad- que no se respeta. 
La verdad es que hay que luchar contra el vicio- el fraudeevitando el propio vicio. 
Cuando se produce, hay que castigar y hay que preparar armonizaciones de las leyes penales de los Estados miembros para poder, de hecho, encontrar la forma de castigar severamente a quienes han actuado fraudulentamente. 
La verdad es que el planteamiento de De Luca me parece extremadamente positivo y nos muestra lo que ha ocurrido en la Dirección General XXIII en lo referente a ese instrumento de riqueza tan importante que es el turismo en Europa. 
Por tanto, hay que actuar, desde el punto de vista legal, antes que se cometa el fraude, hay que actuar en el origen y hay que actuar después en las etapas finales para encontrar la forma de castigar a quienes hayan infringido las normas de lo que se llama «el buen comportamiento». 
De hecho, creo que ahí es donde se debe luchar, creo que la Comisión de Control Presupuestario va por el buen camino y me siento muy honrado de intervenir aquí hoy, en la medida en que conozco a sus miembros y el excelente trabajo que hasta ahora han hecho. 
Señor Presidente, las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la administración financiera en el sector turístico en el período 1990-1995 son desconcertantes. 
En las licitaciones faltó una definición clara de los objetivos y de presupuestos aceptables, así como tampoco hubo una garantía de imparcialidad de la comisión de selección. 
La cualificación de los funcionarios era insuficiente. 
La aprobación de los proyectos tuvo lugar sin el visto bueno del controlador financiero, se pagaron subvenciones sin recibo. 
Resumiendo, había un marco que facilitaba las irregularidades y las prácticas fraudulentas. 
Constatamos con satisfacción que la Comisión actual trabaja en una mejora de la administración financiera en el marco del SEM-2000. 
También merece elogio la constitución por parte de la Comisión de un " Task Force» para investigar el supuesto fraude en el sector turístico. 
No obstante, el Parlamento seguramente no puede cerrar aún el asunto sobre el fraude. 
Todavía no está garantizada la imparcialidad de la comisión de selección y todavía no se han tomado medidas disciplinarias contra los altos funcionarios responsables. 
La constitución de una comisión parlamentaria es una medida política severa. 
Pero si la Comisión no presta suficiente oído a las peticiones del informe De Luca, el Parlamento tendrá que utilizar este instrumento. 
Quiero pedir también a la Comisión que mire detenidamente la utilidad de los programas comunitarios de turismo. 
Es una falta grave que hasta ahora los proyectos no hayan sido evaluados eficazmente. 
Si la Comisión no va a trabajar enérgicamente en esto, el Parlamento tendrá que sacar sus conclusiones en la elaboración del presupuesto para 1999. 
No podemos seguir destinando indefinidamente créditos a proyectos cuya eficacia no se puede demostrar. 
Además de la evaluación de la eficacia habrá que comprobar si los programas europeos tienen de hecho un valor añadido en relación con la actuación nacional. 
Según nuestro colega De Luca, la importancia del turismo en el marco de las tareas administrativas comunitarias sería indiscutible. 
Ahora bien, algo es indiscutible cuando todo el mundo está de acuerdo. 
Le puedo asegurar que este no es el caso en este sector. 
Nadie me ha podido convencer nunca de la necesidad ni de la utilidad de una política europea de turismo. 
Y no estoy solo en esto. 
Señor Presidente, es un viejo asunto el que hoy debatimos. 
No obstante, aunque he tenido conocimiento del caso desde hace mucho tiempo, aún me subleva el modo en que éste ha transcurrido. 
Asuntos como éste apoyan los numerosos mitos y mentiras que circulan sobre las instituciones comunitarias. 
Cada vez más personas de toda Europa creen que la Comisión es un sistema cerrado que se niega a someterse al mundo exterior y a las reivindicaciones ciudadanas. 
Que es una burocracia gigantesca, en la que una parte de los funcionarios engaña y defrauda mientras que la otra parte debe tratar de encubrir las ilegalidades. 
La gente se vuelve sospechosa y alienada ante la colaboración europea. 
Como miembro de la Comisión de Control Presupuestario sé que estos mitos no son ciertos. 
Sé que la Comisión funciona bastante mejor de lo que dice su fama. 
Es nuestro trabajo llamar la atención de los ciudadanos sobre los numerosos aspectos positivos de la colaboración europea, sin embargo, también debemos tomar en serio los problemas que haya. 
Debemos ser receptivos con respecto a los problemas y reaccionar rápidamente cuando surgen. 
Desgraciadamente hay gente en la Comisión que no ha hecho correctamente su trabajo en este asunto, y aquí no pienso meramente en aquéllos que han participado en el propio fraude, sino también en aquéllos que después han examinado el caso y cuya responsabilidad era informar al Parlamento. 
Aquéllos que no han hecho correctamente su trabajo cargan con una gran responsabilidad sobre sus hombros. 
Contribuyen a alimentar el escepticismo y la alienación ante la Unión Europea presentes en muchos Estados miembros. 
Con todo, también hay cosas de las que alegrarse. 
El trabajo en este tema especialmente de la Sra. Wemheuer ha sido modélico. 
Quiero también expresar mi satisfacción con nuestro Comisario de Presupuesto, el Sr. Liikanen. 
Siento que hablamos el mismo idioma cuando están en juego la administración y la sinceridad de las instituciones comunitarias. 
Creo que la Comisión ha escarmentado de este deplorable asunto sobre el turismo, no obstante, lo veremos cuando el próximo caso de fraude aflore. 
Es de esperar que no se vuelvan a cometer los mismos errores. 
Señor Presidente, estimados colegas, la votación que introduce la Sra. Wemheuer, tal como se ha modificado, no constituye una acusación contra una persona, sino contra procedimientos sospechosos y oscuros que alimentan las operaciones ilegales desde hace décadas. 
A causa de estos procedimientos se ha retrasado y se retrasa aún la finalización de casos penales y disciplinarios y se prescriben demandas. 
Las víctimas de todo este retraso son los sectores productivos de la economía europea que se han visto, y se ven privados del apoyo comunitario por la suspicacia que hay en el ambiente sobre la financiación de estos sectores; en este caso concreto, del turismo. 
Un ejemplo claro es el programa PHILOXENIA, cuya financiación se garantizó en el último momento, el pasado diciembre, precisamente porque nadie quería apoyar un programa de apoyo al turismo que, por otro lado, es excepcional. 
Un segundo tema que querría subrayar, señores colegas, es que la Comisión de Control Presupuestario no puede llevar a cabo su labor sobre la exoneración o no de la Comisión de la responsabilidad de ejecución del presupuesto por la sencilla razón de que la Comisión no procura datos al Parlamento Europeo. 
¿Cómo vamos a recomendar a la Sesión Plenaria que conceda o no la exoneración a la Comisión si la propia Comisión no nos proporciona datos? 
Por esta razón existe una enmienda relativa que se ha presentado, con la cual pedimos que se de a la Comisión de Control Presupuestario el status de comisión examinadora para que podamos recibir datos de la Comisión cuando los pidamos. 
Otro dato que es esencial, señor Presidente, y en el que su ofrecimiento personal será importante, es que deben reestructurarse las estructuras de la Comisión de Control Presupuestario. 
No puede ser que esta comisión funcione con los medios que se le proporcionan en la actualidad, ni con su actual estructuración- Este dato lo han señalado también otros srs. colegas. 
Este debe ser un tema de prioridad absoluta para la Presidencia y para usted personalmente, señor Presidente. 
Querría pedir también que se hiciera una corrección, porque algunas de las traducciones de la votación de la Sra. Wemheuer a distintas lenguas no son correctas Me refiero, más concretamente, a la traducción al griego. 
Rogaré que se hagan determinadas correcciones especialmente en cuanto al punto 4 de la propuesta de votación. 
Señor Presidente, saludo a los dos ponentes y estoy de acuerdo con lo que hasta ahora se ha dicho aquí esta noche. 
Mis escasas palabras son relativas al informe De Luca sobre la política de turismo en el seno de la Unión. 
El actual programa operativo sobre el turismo para mi país, Irlanda, asciende a 369 millones de libras irlandesas, que es más del 8 % del total de los gastos de los Fondos estructurales. 
De acuerdo con la evaluación a medio plazo de la utilización de los Fondos estructurales en Irlanda, llevada a cabo por el Instituto de Investigación Económica y Social, en Irlanda se crearán más de 30.000 puestos de trabajo en el sector del turismo entre 1994 y 1999. 
Unos de los principales problemas que debemos resolver en lo que respecta a la industria del turismo irlandesa es cómo hacer frente a la introducción de la moneda única en la Unión Europea. 
En primer lugar, la introducción de la moneda única europea dará lugar a una bajada de los tipos de interés que, a su vez, conducirá a un aumento del consumo, lo que significa una mayor proporción de gastos en productos relacionados con el turismo irlandés. 
En segundo lugar, la moneda única europea entraña una zona sin fronteras para el capital, en la que las casas de cambio dejarán de existir. 
Por último, la desaparición de los costes de las transacciones es un buen augurio para la industria del turismo irlandesa, puesto que bajarán considerablemente los costes de los desplazamientos y los costes de las vacaciones. 
El futuro es esperanzador, y la moneda única europea traerá consigo más turistas, lo que se traducirá en más puestos de trabajo en el turismo irlandés y en una industria próspera en el próximo siglo. 
Señor Presidente, los informes del Sr. De Luca y de la Sra. Wemheuer, ambos excelentes, han dejado algo perfectamente claro: que el turismo, además de haber sido el problema es también el síntoma de un problema mucho más grave. 
Tenemos que atajar ambas cosas: el problema en que se convirtió el Año Europeo del Turismo y los sistemas totalmente inadecuados de la Comisión- como demuestra la escasa atención que recibió el informe del Tribunal de Cuentas. 
Esta saga se remonta a casi diez años atrás. 
Evidentemente es anterior a la actual Comisión. 
Pero ésta, en su calidad de institución, ha sido lenta en reconocer su culpabilidad institucional, y debo decir que si la Comisión hubiera aplicado debidamente los principios de contabilidad legal, la saga en que se convirtió el Año Europeo del Turismo habría quedado resuelta en cuestión de días o semanas. 
Y sin embargo, hemos tenido una saga que en vez de unos meses, ha durado diez años. 
Debemos sacar de este caso lecciones institucionales, además de las lecciones del propio Año Europeo del Turismo. 
En ese proceso, debo decir a la Comisión, en su calidad de institución- y me estoy refiriendo aquí a la Comisión anterior -, que ha demostrado graves insuficiencias en lo que respecta a la información que proporcionó al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. 
En cualquier otro contexto que no fuera esta reunión cortés, diría que fue deliberadamente engañosa: hablando en cristiano, que mintió y que hubo una actitud de engaño deliberado a las instituciones, y que fue lo que condujo al Parlamento a elaborar el informe Holzfuss. 
La nueva Comisión ha sido lenta en reconocerlo, pero siempre se produce una gran alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, aunque el arrepentimiento llegue tan tarde. 
Por consiguiente, reconocemos y aceptamos la actitud penitente del Sr. Liikanen en nombre de las instituciones, aunque todos sabemos que él no fue el responsable directo. 
Pero esta saga es un rosario de fracasos. 
Es el rosario de una política defectuosa, de la falta de control de los contratos, de la falta de control financiero, de no desvelar los errores, de no haber puesto remedio a las insuficiencias, de no haber asumido la culpabilidad y, sobre todo, de no haber depurado responsabilidades a la primera oportunidad que se presentó. 
En este proceso se han dañado seriamente dos cosas: la propia política de turismo ha quedado dañada, pero además la reputación de la Unión Europea, en general, y de la Comisión, en particular. 
La actitud de muchas personas ha sido que, si armamos tanto revuelo por tener que declarar los resultados de una investigación acerca del que, al fin y al cabo, es un caso relativamente pequeño, un caso relativamente sencillo, en el que está en juego una suma de dinero relativamente pequeña, ¿cómo puede la opinión pública sentir confianza en cuanto a que esa misma institución está capacitada para gestionar sumas de dinero mucho más importantes en ámbitos políticos mucho más complicados y con unas disposiciones legislativas mucho más complejas? 
Creo que la opinión de la sociedad en general va en el sentido de que, si una empresa comercial hubiera salvaguardado sus intereses y los intereses de sus accionistas con la misma incapacidad caballerosa con que la Comisión ha protegido al contribuyente, lo único que florecería serían las suspensiones de pago. 
Debemos, por tanto, examinar la lección que conviene sacar de todo esto. 
La lección es clara: hay que investigar, examinar y mejorar los sistemas. 
Si va a haber debates en las comisiones de investigación, éstos deberán ser en este ámbito; analizar el sistema que utiliza la Comisión para examinar las alegaciones de falta de adecuación, de deshonestidad, de irregularidad que se hacen contra la propia Comisión y contra su personal. 
La Comisión de Control Presupuestario tiene que ser reformada, y no sólo en lo relativo a su personal, su ubicación y sus poderes, aunque todos ellos son aspectos importantes. 
Debemos analizar de nuevo las estructuras y los procedimientos para que la Comisión de Control Presupuestario se asemeje cada vez menos a una especie de entorno formado por familias interinstitucionales felices, y sea más inquisitiva con un filo más cortante, aunque a veces pueda hacer menos cosas, pero que las haga mejor. 
Si ésta es la lección que hemos aprendido de los informes Wemheuer y De Luca, estos dos informes habrán prestado un gran servicio al Parlamento y a los contribuyentes europeos. 
Señor Presidente, éste es uno de aquellos asuntos que, por el mero hecho de que se tratan repetidamente en el Parlamento, indican que hay algo que no funciona. Y ello a pesar de que el Parlamento está cumpliendo con su función de control, el Tribunal de Cuentas ha elaborado sus informes, la UCLAF ha llevado a cabo sus investigaciones, e incluso, señores Comisarios, no me cabe ninguna duda del gran esfuerzo que está haciendo la Comisión por mejorar su control sobre los hechos que estamos debatiendo. 
Pero de poco nos servirá todo esto si sigue subsistiendo una falta de coordinación adecuada entre la Comisión y los servicios nacionales competentes. 
Además, sigue haciendo falta que la Comisión nos garantice que recurrirá automáticamente a las autoridades judiciales nacionales pertinentes en los casos de sospecha fundada de fraude, corrupción o cualquier otro delito que implique a funcionarios. 
Ni la Comisión ni el Parlamento podrán estar satisfechos hasta que éste sea el procedimiento habitual. 
Señor Presidente, tal vez sea oportuno que sea yo el último en intervenir en este debate, antes de que lo haga la Comisión. 
Permítanme decir que durante los primeros seis años que pasé en el Parlamento Europeo, me esforcé por que el turismo fuera subiendo en el orden de prioridades. 
En 1990, dicho esfuerzo se vio compensado con la celebración del Año Europeo del Turismo. 
La Comisión se apuntó un rotundo fracaso en la organización y cuando descubrimos irregularidades, también fue incapaz de organizar una coartada adecuada. 
Éste es el motivo por el que hoy, ocho años más tarde, celebramos este debate en el Parlamento Europeo sobre dos informes sobre las irregularidades y el fraude. 
Las conclusiones que saco de todo esto son que (a) no debe haber inmunidad para los agentes de la Comisión; (b) que la UCLAF debería separarse del todo de la Comisión y convertirse en un organismo independiente; y (c) que el Tribunal de Cuentas debería avergonzarse de los dos informes que ha elaborado sobre este asunto. 
También creo que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento debe ser fortalecida. 
Al igual que las comisiones de vigilancia del Congreso de los Estados Unidos, debería tener capacidad para autorizar sus propias investigaciones y presentarlas a continuación al Tribunal de Cuentas o a la UCLAF, según el caso. 
Por último, no estoy satisfecho con la acción judicial en dos Estados miembros a los que se ha hecho referencia- Francia y Bélgica -, porque no ha sido lo suficientemente rápida. 
Han transcurrido dos años desde que se presentaron los cargos. 
Ayer hablé con el magistrado belga, y me ha confirmado que los procedimientos siguen su curso en Bélgica. 
En Francia, los procedimientos se iniciarán el 13 de marzo. 
Es decir, dos años después de haber presentado los cargos. 
Es demasiado lento. 
Ésta no será la última palabra del Parlamento sobre este asunto. 
En 1994 se mantuvo abierta la puerta sobre el tema de una enmienda que yo presenté. 
Ruego al Parlamento que en su votación de mañana mantenga la puerta abierta en esta ocasión. 
Señor Presidente, para esta Comisión, la lucha contra las irregularidades, el fraude y la corrupción es una prioridad política. 
Este mensaje debe quedar perfectamente claro a aquellos que se plantean la posibilidad de manipular indebidamente el dinero de los contribuyentes en beneficio propio. 
En lo que respecta a este objetivo general, estoy completamente de acuerdo con los dos ponentes, la Sra. Wemheuer y el Sr. De Luca. 
Un sistema eficaz para atajar este tipo de problemas es, asimismo, de crucial importancia para la Comisión, como institución, y para el servicio civil europeo. 
Para comenzar, deseo rechazar la noción de que la Comisión ha proporcionado información engañosa en el caso del turismo. 
Esta Comisión no ha escatimado esfuerzos para arrojar luz sobre este complicado asunto. 
Se ha propuesto ser lo más transparente posible, y su objetivo es proporcionar una imagen fiable de los hechos acaecidos durante estos últimos años. 
Mis servicios han recibido instrucciones de cooperar con el Parlamento de una manera abierta y constructiva, ya se trate del turismo o de cualquier otro ámbito. 
He dejado claro que cualquier sospecha de comportamiento delictivo será perseguido con todo rigor. 
En el caso del turismo, mis servicios han participado en las investigaciones desde el principio. 
Los resultados de dichos esfuerzos han proporcionado la base para la acción emprendida contra determinados agentes. 
La UCLAF estableció de inmediato contactos de carácter informal con las autoridades penales en julio de 1994 y en diciembre del mismo año y solicitó formalmente que se iniciara una investigación judicial. 
El Parlamento ha sido informado puntualmente. 
Evidentemente hay límites a la cantidad de publicidad que se le puede dar a un caso que está sub júdice. 
Generalmente a la Comisión se le impone una restricción cuando las autoridades judiciales del país en cuestión declaran el secreto del sumario. 
Teniendo esto presente y por lo que a mí me consta, al Parlamento se le ha facilitado la información relevante y correcta. 
Permitan que pase, a continuación, a lo que la Comisión ha hecho y a lo que se propone hacer con el fin de estar mejor preparada para atajar el fraude y la corrupción. 
Cuando entré en funciones en 1995, la tarea de combatir el fraude estaba dispersa entre varios servicios en el seno de la Comisión. 
Mi primera medida fue asegurarme de que todas las unidades antifraude quedaban agrupadas bajo un solo techo en la UCLAF. 
Como consecuencia, la UCLAF se ha convertido en un servicio operativo integral. 
Durante estos últimos años, la UCLAF ha investigado más de 150 casos en el ámbito de los gastos directos, incluidas investigaciones en una serie de casos relativos a irregularidades dentro de la Comisión. 
Desde 1995, el Control Financiero ha realizado más de 500 auditorías de beneficiarios y 20 auditorías del sistema financiero en el seno de la Comisión. 
Los informes pueden conducir a correcciones financieras o a propuestas para introducir mejoras administrativas. 
En el marco del ejercicio Theme 2000 se están introduciendo actualmente una serie de nuevas medidas en el ámbito de la gestión eficaz y acertada. 
Dichas medidas incluyen el fortalecimiento de los aspectos preventivos y una mayor atención a las auditorías y al seguimiento financiero de los resultados. 
La Comisión ha expuesto detalladamente los reglamentos, las prácticas y los procedimientos en un documento que fue transmitido al Parlamento en noviembre de 1997. 
Ese mismo documento anunciaba, asimismo, una serie de líneas de acción que serán introducidas. 
Permítanme explicar el seguimiento que he hecho de la acción en mi ámbito de competencia. 
En primer lugar, estoy preparando en estos momentos una decisión de la Comisión que establecerá unas normas claras y completas relativas a las pesquisas internas por parte de la UCLAF. 
Esto permitirá a la UCLAF actuar con mayor rapidez y sin obstrucción. 
En segundo lugar, se reforzará la independencia operativa de la UCLAF. 
Ello se logrará proporcionando a la dirección de la UCLAF una categoría similar a la de un interventor independiente. 
Esto significa, entre otras cosas, que la dirección de la UCLAF puede exigirme, en mi capacidad de Comisaria responsable, que presente un caso determinado ante el Colegio de Comisarios. 
En tercer lugar, se potenciará la independencia organizativa de la UCLAF. 
Transformaré la dirección actual en una taskforce en el seno de la Secretaría general. 
Además, propondré que se refuerce la cooperación con las autoridades judiciales mediante una unidad de enlace en el seno de la UCLAF, que estará formada por expertos en el Código penal procedentes de los Estados miembros. 
Esta medida fue propuesta en el informe Tomlinson sobre tránsito. 
Pero debe quedar claro que esta unidad sólo se hará realidad, si las autoridades presupuestarias la apoyan. 
En cuarto lugar, también mejoraré las conexiones entre la UCLAF y los Estados miembros. 
En la práctica, esto significa que la UCLAF será un interlocutor privilegiado de la Comisión para ocuparse de asuntos delictivos relacionados con el fraude y la corrupción. 
También se discutirá una serie de cuestiones de este tipo el mes próximo, en relación con el informe del Sr. Bösch. 
El informe Wemheuer pide que la Comisión presente regularmente información relativa a las investigaciones de la UCLAF, así como las auditorías especiales realizadas por el Interventor. 
En lo que respecta a las investigaciones de la UCLAF, tengo intención de analizar cómo se puede mejorar el flujo de información de una manera sistemática. 
Haré esto en el respeto de los derechos de las personas y las obligaciones de confidencialidad en las investigaciones y en relación con los procedimientos judiciales. 
En cuanto a la lista de informes de auditorías especiales realizadas por el Interventor, tomaré las medidas pertinentes para que dicha lista sea presentada al Parlamento con regularidad. 
Creo que las medidas que he enumerado fortalecerán nuestra capacidad de atajar el fraude y las irregularidades. 
No obstante, tengo la firme intención de mantener el diálogo con el Parlamento sobre cómo podemos seguir mejorando nuestra actuación en la lucha contra el crimen. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ante todo quisiera agradecer a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, y especialmente a los ponentes, al Sr. De Luca y a la Sra. Wemheuer, el examen analítico que han realizado concerniente al tema de la ampliación de las acciones a favor del turismo. 
Espero que ustedes estimen nuestros esfuerzos en colaboración con la Comisión por sacar adelante este asunto especialmente difícil que, sin embargo, nos ha enseñado mucho y nos ha ofrecido muchas experiencias. 
Para empezar voy a referirme al tema de la aclaración de los expedientes del pasado. 
Como saben, decidimos volver a examinar todas las acciones directas que se emprendieron a favor del turismo desde 1989 hasta 1995, a pesar de que el Consejo de Control había pedido sólo el re-examen de las acciones que se emprendieron durante el Año Europeo del Turismo. 
Entonces, quiero informarles de que a finales de mes se habrá completado esta labor, especialmente, difícil del examen analítico y de las 800 acciones que se emprendieron hasta 1995. 
De un total de pagos de 31.4 millones de ecus, hasta el momento se han verificado pagos en exceso por valor de 4.7 millones de ecus. 
Ya se han publicado órdenes de devolución de pagos por valor de 2 millones de ecus y hemos preparado órdenes por valor de 2.3 millones de ecus, mientras paralelamente hemos recibido en devoluciones aproximadamente medio millón de ecus. 
El proceso que hemos emprendido se hace especialmente difícil por los diferentes factores, como el tiempo que ha transcurrido desde entonces, la naturaleza de los objetivos y la dificultad de la evaluación de algunos resultados. 
Paralelamente, muchos de estos casos pueden acabar en los tribunales, puesto que ya el 40 % de los que han recibido orden de devolver este dinero han puesto en tela de juicio estas órdenes. 
Sin embargo, estamos decididos a continuar esta labor y a presentar, lo más rápido posible, un balance completo de los resultados. 
Pero cuanto he referido hasta el momento forma la parte de la contabilidad de la cuestión. 
Con todo, hay una serie de cuestiones más políticas que quisiera mencionar. 
Una pregunta básica que han presentado muchos miembros del Parlamento es la siguiente: " ¿Qué enseñanzas han recibido de este asunto y qué medidas han tomado e, igualmente, cuáles son las consecuencias sobre el turismo? ». 
Además, muchos de los ponentes de hoy se han referido a estas tres cuestiones. 
Quisiera, pues, mencionar nuestras conclusiones: 
Conclusión primera: las acciones a favor del turismo no nos han dado sólo enseñanzas negativas, sino también positivas. 
Así pues hemos aprendido, y creo que la mayoría hemos aprendido que el turismo es, y se prevé que siga siendo en las próximas décadas, la mayor industria europea y uno de los sectores más prometedores para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Conclusión segunda: el objetivo de la calidad y de la competitividad del turismo europeo debe apoyarse en acciones concretas y coordinadas en colaboración con los Estados miembros y también con la industria. 
Acciones con objetivos realistas que se evalúen en base continua y en ex ante y ex post base. 
Conclusión tercera: Se exige una coordinación sistemática de las acciones comunitarias que afectan al turismo. 
También en este marco, ya el Director General de la XXIII Dirección General de la Comisión Europea preside un grupo interservicios de todas las direcciones que emprenden acciones a favor del turismo. 
Conclusión cuarta: Si queremos ser eficaces en la acción a favor del turismo necesitamos un marco legal que condicione que la dimensión turística se tome en cuenta en la determinación y también en la ejecución de las otras políticas. 
Algunas de estas conclusiones las hemos aplicado; en primer lugar en el proceso de adopción y también en el contenido de la propuesta de la Comisión sobre el primer programa plurianual PHILOXENIA, un programa que el Parlamento Europeo, la Comisión Económica, Monetaria y de Política Industrial, el Comité de las Regiones la industria turística y los 13 Estados miembros han puesto a prueba en repetidas ocasiones. 
Con todo, considero que es un gran contrasentido que las instituciones europeas proclamen que quieren transparencia, que quieren efectividad en los gastos, que ambicionan colaborar con los Estados miembros y que el Parlamento y el Consejo lleven a cabo el control institucional de las acciones, y, a la vez, que haya determinados Estados miembros que retrasen la aprobación de un programa que precisamente consolida objetivos con los que todos estamos de acuerdo. 
Hay quienes hablan de hipocresía. 
Yo hablo simplemente de un contrasentido político que alguna vez habrá de resolverse. 
La segunda cosa que hemos hecho es reorganizar plenamente la Dirección General XXIII. 
Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario ya han recibido una nota analítica sobre todos estos cambios. 
Y estos cambios que empezaron hace exactamente 18 meses, en estrecha colaboración con mi colega el Sr. Liikanen, incluyen entre otras cosas la creación de dos nuevas unidades, una de las cuales se dedica a los recursos y al control y la segunda a los contratos. 
Los estrictos procedimientos que aplicamos sobre la elección, el seguimiento y la evaluación de las acciones ya reflejan las recomendaciones que se incluyen en el informe del Sr. De Luca. 
El resultado de estos procedimientos es que hoy la Dirección General XXIII se encuentra entre las mejores direcciones en cuanto a la aplicación del programa SEM 2000. 
Sin embargo, señor Presidente, lamento que; a pesar de que el turismo sea muy importante para el empleo y para el desarrollo, como también reconocen los ponentes, este caso tenga consecuencias negativas inevitables en cuanto a las perspectivas de aplicación de una política eficaz a favor del turismo. 
Señor Presidente, señores diputados, termino mi intervención en este momento del debate. 
Creo que me he referido a las cuestiones más importantes que conciernen a mis competencias y que se mencionan en los dos informes. 
Con todo, estoy siempre a disposición del Parlamento, como bien saben, con vistas a mantenerles informados sobre los progresos de nuestra labor. 
Sólo quiero añadir algunas observaciones a las intervenciones de mis colegas. 
En primer lugar, ustedes han dicho que no se tomaron medidas disciplinarias en este asunto relativo al turismo. 
Eso no es cierto. 
En 1995 y 1996 se tomaron medidas disciplinarias contra agentes de la Comisión. 
En segundo lugar, es importante recordar que el año pasado, la Comisión redactó una comunicación sobre medidas financieras y administrativas, comunicación que fue presentada a la Comisión de Control Presupuestario. 
Un aspecto fundamental en este sentido es que hemos establecido un sistema para investigar cualquier sospecha. 
Dicha investigación dará lugar a una decisión, que podrá ser en el sentido de que no existe fundamento para proseguir la acción o que deben iniciarse procedimientos disciplinarios. 
Esto no siempre ha funcionado debidamente, pero nuestros nuevos procedimientos permitirán que lo haga. 
En tercer lugar, debemos recordar también, incluso en este tipo de casos, que hay que respetar el Estado de derecho. 
Siempre existen la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. 
Quiero decir esto aquí, porque hoy están presente muchos agentes de la Comisión que se sienten amenazados por este asunto. 
Debemos ser siempre muy claros a la hora de identificar los problemas con el fin de no crear incertidumbre entre aquellos agentes que desempeñan sus actividades debidamente en todos los sentidos. 
En cuarto lugar, la principal lección que debemos sacar de esto es que hay que poner orden en nuestra casa. 
A la hora de decidir cómo ejecutar los programas, debemos planificar también: que el número de objetivos sea limitado, simplicidad administrativa, reglas claras sobre el derecho a acogerse a las prestaciones y, lo que es muy importante, transparencia y apertura durante todos los procedimientos. 
Estoy de acuerdo con los que afirman que la transparencia es el control más económico, porque así las personas que no recibieron las ayudas controlarán a aquellos que sí las recibieron. 
Este tipo de simplicidad, claridad y transparencia es la mejor herramienta de que podemos disponer. 
Naturalmente necesitamos una buena cooperación con todos nuestros controladores. 
Tenemos el Tribunal de Cuentas, con el que colaboramos. 
No siempre es fácil, pero es un esfuerzo que vale la pena. 
Tenemos la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, que es la voz del pueblo europeo y sus representantes elegidos. 
Estamos dispuestos a seguir cooperando con ustedes en el futuro. 
He visto proyectos de informes sobre los programas SEM 2000. 
Hay muchos nuevos desafíos a los que debemos enfrentarnos, relativos a cómo gestionaremos el gasto comunitario a partir del año 2000. 
Debemos centrarnos en estos desafíos, sin olvidar las lecciones aprendidas en el pasado. 
La Comisión está preparada para esta cooperación. 
Señor Presidente, sobre una información, la Sra. Gradin ha declarado que la Comisión llamó a la policía en relación con el caso de la DG XXIII. 
La policía belga ha confirmado que no fue la Comisión, sino yo, quien llamó a la policía. 
Es una cuestión fundamental, y las cartas están a disposición del Parlamento, en caso de que alguien desee verlas. 
Permítame repetir una pregunta que dirigí a la Comisión el 23 de noviembre: ¿en cuántas ocasiones ha recurrido la Comisión a la policía en relación con casos de fraude interno durante sus 41 años de historia? 
Va siendo hora de que obtengamos una respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente, quiero hacer una precisión muy importante. 
El Comisario Liikanen nos ha dicho, hace unos minutos, que se han tomado medidas disciplinarias con respecto a algunos funcionarios; sin embargo, esta declaración contrasta con lo afirmado hasta ahora por la Comisión ante la Comisión de Control Presupuestario. 
Por lo tanto, querría que el Comisario fuera más exacto y nos dijera cuáles son los funcionarios sancionados y cuándo y por qué motivos lo han sido. 
De otra manera se perpetuaría la situación increíble de que alguien acuda al Parlamento a dar una información y después lleguen los Comisarios a decir lo contrario. 
No querría que sólo se tratara de un lapsus por parte del Comisario Liikanen. 
Señor Presidente, por lo que a mí me consta, la Comisión contactó a la policía belga en septiembre de 1994, mientras que el contacto de su Señoría se produjo en febrero de 1995. 
Señor Presidente, el texto está en francés. 
Se lo leeré: " La Autoridad investida del poder de nombramiento (AIPN) , por decisión de 22 de junio de 1995, con efecto a partir del 1 de agosto de 1995, ha aplicado a un funcionario la sanción de destitución, sin pérdida de los derechos de pensión. 
Posteriormente, la AIPN, por decisión de 28 de julio de 1995, ha aplicado a un funcionario la sanción de resolución del contrato de agente temporal, con efecto a partir del 1 de agosto de 1995». 
Puedo entregarle al Sr. De Luca el texto completo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Asistencia macrofinanciera a Ucrania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Sra. E. Mann (A4-0025/98) , en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se concede asistencia macrofinanciera adicional a Ucrania (COM (97) 0588- C4-0614/97-97/0312 (CNS) ). 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar expresamente a la Sra. Mann por el informe que ha elaborado así como por el gran trabajo que realiza de modo general para Ucrania en su actividad en la delegación. 
Ha indicado al principio que se trata de un informe técnico. 
Se ve inmediatamente en la cifra de diputados presentes aquí en el Pleno cuando se encuentra en el orden del día un informe realmente técnico. 
Por otro lado, en este informe entran en juego sin duda unos trasfondos enormemente humanos que no se tienen suficientemente en cuenta. 
Es un país que ha encontrado una vía relativamente estable para salir de ese ámbito global de la antigua Unión Soviética, por lo que es tan importante que en la Unión Europea les mostremos que apoyamos esa vía autónoma y que lo hacemos a pesar de las dificultades existentes: como ha subrayado la Sra. Mann, Ucrania ha aceptado ciertos compromisos en relación con el Banco Mundial y otras instituciones que están dispuestas a proporcionar ayuda financiera. 
Considero muy importante que se incluya el concepto de Chernobil y su revisión en este contexto general. 
La Sra. Mann lo ha apoyado también hasta un cierto grado. 
Antes existía la tendencia de decir que apoyamos a Ucrania en la construcción de los reactores ROVNO II y CHMELNITZKY IV si en contrapartida cierran Chernobil. 
No creo- y lo digo también como austríaco- que esta línea sea la correcta. 
Tenemos que apoyar a Ucrania y hacerla capaz de ampliar su infraestructura de modo que esté en situación de alejarse de modo general de esos reactores rusos tan terriblemente peligrosos. 
Apoyar a Ucrania en la búsqueda de una vía independiente es un importante objetivo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera, también yo, felicitar a la ponente, a la Sra, Mann. 
En segundo lugar, querría decir que el informe tiene un claro carácter técnico; pero un carácter técnico revestido, interior y exteriormente, de un contenido político muy concreto. 
Tanto mi Grupo como yo vamos a apoyar este informe; es decir, vamos a votar a favor de la propuesta sobre la necesidad de una concesión de un nuevo préstamo a Ucrania, puesto que este nuevo préstamo tiene dos objetivos: primero, el desarrollo económico de este país, y segundo, la estabilidad política del mismo, un elemento que es absolutamente imprescindible. 
Estos dos objetivos son componentes para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven allí. 
Sin embargo, independientemente de que tanto mi Grupo como yo apoyemos este informe, querría expresar mi desacuerdo con las condiciones que ha impuesto la Comisión de Control Presupuestario, y más concretamente sobre el reactor nuclear de Chernobil. 
Querría informarle, señora Mann- lo he dicho también a la Comisión de Control Presupuestario- de que en tres ocasiones que pregunté si el dinero que ya se había dado a Ucrania para este objetivo, es decir para cerrar el reactor nuclear de Chernobil o para la mejora del medio ambiente exterior, si se había gastado para esto realmente, la Comisión, el Comisario competente Sr. Van den Broek me contesto diplomática y claramente que había sospechas de que no se había utilizado con este fin. 
Por eso, digamos, La Comisión de Control Presupuestario ha sido especialmente estricta en cuanto a las condiciones de la concesión del segundo plazo del nuevo préstamo. 
Reconociendo las demás necesidades de este país, a pesar de todo esto, tanto mi Grupo como yo vamos a votar a favor del informe. 
Sin embargo, será la última vez que aprobemos una forma de préstamo sin haber recibido respuestas claras, no sólo respecto a los otros temas que usted ha expuesto tan correctamente, sino también en cuanto al reactor nuclear de Chernobil. 
Presidente, Señora Comisaria, en primer lugar quiero también felicitar a la Señora Mann por su excelente informe. 
Desde la independencia, Ucrania ocupa una posición estratégica como puente entre el Este y el Oeste. 
Es por eso de gran importancia que la Unión Europea ayude a Ucrania, donde sea posible, en su camino hacia el libre comercio y la democracia. 
Lamentablemente, las reformas económicas y políticas necesarias sólo se llevan a cabo con dificultades. 
Para el desarrollo de una situación estable, el crecimiento económico es de gran importancia. 
A pesar de una disminución sustancial de la demanda de energía, este sector se encuentra con grandes problemas en Ucrania. 
Por eso, la Unión presta un considerable apoyo en el marco de TACIS. 
Muchas de estas subvenciones europeas se pueden emplear con más eficacia. 
Esto concierne en primer lugar a la elección de proyectos. 
Sobre todo en el campo energético se opta a menudo por la extensión de viejas tecnologías ya existentes como la tecnología nuclear. Y es justo ahí donde la Unión Europea puede jugar un papel iniciador y propulsor para fomentar la eficiencia energética y estimular la búsqueda de soluciones respetuosas con el medio ambiente. 
En segundo lugar, se debe estudiar en la concesión de los préstamos si el proyecto al que se destinan los fondos, ofrece económicamente la solución más rentable. 
Mi grupo parlamentario no está convencido aún de que la construcción de las dos centrales nucleares en Ucrania, como sustitución de la pérdida de capacidad por el cierre de Chernobil, sea la opción menos costosa económicamente. 
La inversión en eficiencia energética y fuentes de energía limpias son preferibles al mantenimiento a cualquier precio de centrales nucleares. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, lo de la ayuda financiera suena muy bien. 
Pero, lamentablemente, tenemos que dar nuestra aprobación a un procedimiento que mantiene en vida todo este tiovivo internacional financiero. 
Este dinero no está previsto para programas públicos. 
Coincido con ustedes en que Ucrania necesita urgentemente programas generosos de ayuda para la estabilización de la vía democrática. 
Pero con esta ayuda financiera se emplean fondos públicos de los contribuyentes europeos para pagar las deudas que el FMI y el Banco Mundial han organizado en Ucrania. 
Sus llamados programas de estabilidad no tienen de ningún modo en cuenta la realidad de las dificultades sociales y económicas en el proceso de transformaciones sino que arrojan a Ucrania a la insolvencia de pagos. 
La llamada ayuda macrofinanciera de la UE es más bien una ayuda de transferencia al FMI y al Banco Mundial a través del presupuesto ucraniano. 
La propuesta de la Comisión de Presupuestos es una consideración digna de ser apoyada y que nosotros vamos a secundar. 
Pero no puede funcionar ante el " deal» financiero internacional real que aquí está en juego. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la presente propuesta relativa a la concesión de asistencia macrofinanciera adicional a Ucrania por un importe máximo de 150 millones de ecus responde al acuerdo de principio formulado por el Consejo ECOFIN en enero de 1997. 
La presentación de la propuesta de la Comisión se ha visto retrasada por las razones siguientes. 
En primer lugar, se han producido retrasos considerables en el desembolso del segundo tramo del anterior préstamo macrofinanciero de la Comunidad a Ucrania, debido a problemas jurídicos por parte de este país. 
En segundo lugar, se han producido desajustes en la aplicación del programa económico para 1997-1998, apoyado por un acuerdo del FMI que asciende a 549 millones de dólares. 
La aplicación de este programa, que acaba de revisarse, ha sido considerada satisfactoria. 
Actualmente, la economía ucraniana debe hacer frente a retos internos y externos particularmente difíciles. 
Los retrasos que se han registrado en la aplicación de las reformas estructurales vitales pueden echar por tierra los resultados obtenidos estos últimos años desde el punto de vista de la estabilización macroeconómica, en particular la reducción drástica de la inflación y la introducción, en condiciones satisfactorias, de una nueva moneda estable. 
Además, en la esfera de influencia de la crisis monetaria del sudeste asiático, las perspectivas de financiaciones exteriores de Ucrania se han deteriorado. 
La Comisión considera que, en este contexto, la decisión de conceder una asistencia macrofinanciera adicional sería para Ucrania una señal clara de que la Comunidad sigue dispuesta a prestar una asistencia significativa adicional si las autoridades ucranianas adoptan medidas enérgicas de política económica, necesarias para mantener el proceso de reforma en este país. 
El objetivo de dicha asistencia es lograr un mayor fortalecimiento de la posición de Ucrania en términos de reservas exteriores, así como contribuir a reducir los costes sociales ligados a la aplicación de las necesarias reformas estructurales. 
También se espera una asistencia financiera adicional por parte de otros donantes bilaterales, en particular de los Estados Unidos y el Japón. 
A semejanza del Parlamento, la Comisión considera como punto esencial el compromiso de las autoridades ucranianas de aplicar un plan de cierre de la central nuclear de Chernobil, de conformidad con las modalidades apoyadas por el Grupo de los Siete y la Unión Europea. 
El preámbulo de la propuesta de asistencia macroeconómica adicional contiene una referencia congruente con dicho cierre. 
La Comisión puede, en este sentido, aceptar la enmienda del Parlamento Europeo. 
Para concluir, debo observar que, en este contexto, la Comisión saluda la intención de las autoridades ucranianas de considerar el programa económico actual como un programa provisional, así como su firme voluntad, al más alto nivel político, de preparar un programa pormenorizado y completo de las reformas económicas y estructurales que deberán realizarse a medio plazo, y que permitirán encauzar el país por el camino de una economía sostenible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
I+D tecnológico (informe Anual 1997) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0031/98) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el informe anual 1997 sobre las actividades de investigación y de desarrollo tecnológico de la Unión Europea (COM (97) 0373- C4-0435/97). 
Señor Presidente, cuando hoy debatimos sobre el informe anual 97, relativo a la actividad de la UE en el campo de la investigación y desarrollo tecnológico, debemos recapacitar también sobre algunas cuestiones básicas. 
¿Es realmente necesario tener un informe anual si lo que exigió el Parlamento Europeo en el informe anual anterior no fue aplicado según el lema de " aunque los perros ladren la caravana sigue su marcha»? 
Hay que reconocer que la Comisión se ha esforzado en algunos puntos mediante la evaluación estadística del fomento de los proyectos realizados y mediante una clara exposición del cuarto programa marco. 
Pero siguen faltando algunos puntos importantes, como el engranaje con otros programas y la ejecución de nuestro CCI. 
Falta un esquema de evaluación de los resultados del fomento y de las actividades del programa I + D tecnológico que pueda servir de base para los futuros informes anuales. 
También falta un capítulo propio de evaluación sobre el papel de la ayuda en diversos programas para grandes empresas industriales, ante todo una evaluación de los posibles efectos de arrastre. 
Las declaraciones de la Comisión obre los costes de personal y administrativos deben ser calculados y expuestos más exactamente pues, de lo contrario, surge la sospecha de que estos costes son demasiado elevados en comparación con lo que se ha logrado. 
En resumen: el informe anual 97 es en muchos campos una exposición de hechos. 
En muy pocos casos contiene un análisis fundamentado o unas valoraciones propias como, por ejemplo, en la descripción de los resultados científico-técnicos dentro del cuarto programa marco. 
La Comisión habla aquí de éxitos revolucionarios o de resultados significativos: desde el control por satélite de los incendios forestales, los conocimientos obtenidos sobre las consecuencias de la erupción volcánica en Islandia o el desarrollo de un robot para profundidades de hasta 6.000 metros en el mar. 
Estos no son realmente proyectos que puedan contribuir de modo destacado a alcanzar los objetivos comunitarios de mejora de la calidad de vida de la población y de desarrollo económico. 
Los campos de la modificación global del clima, de tecnologías de la información y de la comunicación, del desarrollo de tecnologías energéticas limpias y de la eficiencia energética son más adecuados para contribuir a mejorar la calidad de vida. 
En todas las actividades de investigación, deberíamos preguntarnos siempre si son de utilidad para las personas y si son defendibles éticamente. 
Este punto tan decisivo se olvida con demasiada facilidad y la investigación se independiza sirviendo solamente a los conocimientos especiales de algunos pocos, escondiendo además el peligro de ser antidemocrática y de contribuir a la alienación. 
En muy pocos casos, el más alto, más rápido y más lejos hace realmente feliz a la humanidad. 
Para finalizar, permítanme que me refiera brevemente a las PYME, que tanto nos preocupan. 
Sería urgentemente necesario buscar un procedimiento simplificado para estas empresas. 
Los procedimientos de solicitud y de presentación de propuestas son demasiado complicados, precisan de mucho tiempo y, por estos motivos, llegan muy raramente a este grupo objetivo. 
En mi opinión, tendría mucho más éxito crear directamente en la Comisión un departamento que ayude solamente a las pequeñas empresas en sus solicitudes- no a las medianas, pues tienen hasta 500 trabajadores. 
La misma industria tiene propios departamentos para ello. 
Esto conduciría a innovaciones reales y a puestos de trabajo e impediría los efectos de arrastre. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el lector imparcial de este informe se podría plantear la pregunta de porqué se ha elaborado. 
Se responderá con rapidez que porque así figura en el Tratado. 
Pero esto no es para mí una justificación suficiente. 
Quiero saber con más exactitud si se trata solamente de un informe descriptivo o de una evaluación. 
Si se trata solamente de un informe descriptivo, se puede deducir con facilidad qué resultado va a tener. 
Solamente hay que echar un vistazo a la sociología de la organización en el primer curso de carrera: si se pregunta a una organización cuál es la situación, la respuesta que nos llega es que la situación es buena. 
No. No puede ser el sentido de este informe que solamente se haga una descripción. 
Yo quiero tener una evaluación, un análisis de la política de investigación de la Unión Europea. 
Quiero una brújula, un mapa del triángulo de las Bermudas de la política europea de investigación. 
Si veo este informe de investigación en comparación con el anterior, se puede constatar una ligera evolución. 
Se ha elaborado una gran cantidad de nuevos titulares. 
La división regional de los fondos de investigación ha sido clasificada también en función de los destinatarios. 
Pero para mí siguen sin resolverse tres cuestiones centrales. 
Si se habla con solicitantes de ayudas en la investigación europea, domina más bien la frustración que el ánimo pues muchos procedimientos de autorización son opacos y las motivaciones de los rechazos no son transparentes. 
No se puede constatar un impulso de la investigación europea. 
Me gustaría que se analizase a qué se debe. 
No quiero que sólo se me asegure que se quiere crear más transparencia y simplificar los procedimientos. 
En segundo lugar, la política de investigación de la UE es un samelsurio de lo más variopinto con 20 programas específicos. 
También quisiera saber cuál de esos programas es el que más destaca, dónde se logran los mejores efectos y dónde hay que dedicar más atención. 
Y no solamente una descripción de que hay tal y cual programa y que gastamos tanto y cuanto dinero. 
No; tenemos que evaluar qué es lo que pueden mover los diversos programas y esto según un esquema lo más unitario posible para que se puedan comparar. 
Un tercer aspecto: se trata de las task forces para la investigación que se crearon con unos considerables gastos financieros, lo que se refiere al " Manpower» en la Comisión así como también a las publicaciones, el elemento innovador de la política de investigación de la UE. 
Si leo este informe de investigación, en dos líneas se dice que estas task forces han existido. 
Creo que el entierro que se está dando a estas task forces es de tercera categoría y no de primera. 
Creo que se debería analizar precisamente el enfoque que apoya el Parlamento. 
No es malo que diversas direcciones generales y departamentos de la Comisión hablen entre si. Por el contrario, esto se debería impulsar así como su cooperación. 
Se puede uno expresar sin duda críticamente sobre las task forces, pero se debería analizar realmente el enfoque para poder tener puntos de orientación. 
Repito: ¿porqué realizamos este informe? ¿porqué sacrificamos árboles inocentes por este informe? 
Creo que no puede ser que desarrollemos una mentalidad Titanic del siguiente tenor: todo va a las mil maravillas, las escotillas están estancas, los remaches están bien y nos alegramos de que todo funcione tan bien. 
No, precisamente quiero conocer las dificultades, los posibles riesgos, para analizar y desarrollar lo que podemos hacer mejor o de nuevo. 
Pues realmente nada está tan bien que no se pueda mejorar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nosotros también creemos, igual que los dos diputados que han intervenido antes, que este informe debería tener un enfoque muy distinto para que fuera útil para la Comisión, para los Estados miembros, para los centros de investigación, para el Parlamento y para todo el mundo. 
Nosotros vamos a apoyar el informe de la Sra. Bloch von Blottnitz en su totalidad, excepto el considerando A, porque no se ajusta a la realidad- son juicios de valor -, y el apartado 16, porque no es realista. 
Es muy difícil que ustedes puedan presentar el informe el 31 de marzo porque muchas cuentas no están cerradas. 
Nos parece que sería útil que ustedes hicieran e incorporaran al informe un benchmarking, una comparación, de los resultados que obtenemos con respecto a lo que hace el Japón o lo que hacen los Estados Unidos. 
También quiero mencionar el apartado 10 del informe de la Sra. Bloch von Blottnitz: qué solapamientos hay entre los programas de los distintos países y el de la Unión y cómo ser algo más eficaces. 
Hay centenares o miles de proyectos, centenares y miles de expedientes administrativos, con un coste administrativo muy alto, que entendemos que tiene que ser así porque hay muchos proyectos, pero eso debe reducirse. 
Confiamos en que el 5º Programa marco se concentre en proyectos más importantes, más grandes, menos dispersos. 
No estamos muy contentos- nadie- con la dotación presupuestaria, y mañana y en días futuros hablaremos de la financiación del 5º Programa marco. 
Pero esto nos va a obligar a todos a ser mucho más eficaces y a utilizar muchísimo mejor los recursos. 
El Centro Común de Investigación, con sus siete centros, también requiere unas directrices diferentes, señora Comisaria. 
En primer lugar, me parece que hay que dar libertad a los investigadores, pero no tanta como para que cada uno haga lo que quiera, y debería haber un programa indicativo, que quizá podría hacer el Instituto de Prospectiva de Sevilla. 
El 5º Programa marco nos plantea muchas posibilidades y yo espero que todos las aprovechemos. 
En cualquier caso, apoyaremos este informe. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Bloch von Blottnitz por su informe, y comentar algunas de las observaciones que hace la ponente. 
En el apartado G existe una cierta incongruencia en sus comentarios sobre beneficios y competitividad. 
Lamento que la ponente parezca no aprobar que haya empresas del sector privado que aún obteniendo beneficios, deseen potenciar su competitividad. 
En mi opinión, los beneficios son el mejor baremo de la competitividad. 
Acojo con satisfacción las declaraciones de la ponente en el apartado I, en el sentido de que las PYME son la principal fuente de innovación tecnológica, pero como han dicho otros colegas, debemos recordar que a las PYME les resulta más difícil participar y no debemos esperar demasiado de ellas. 
Comparto las opiniones de la ponente que aparecen en el apartado 6, sobre la ausencia de toda revisión de aquellas famosas taskforces a las que dedicamos tanto tiempo en comisión. 
Quizá la Comisaria desee ocuparse de este asunto en algún momento del futuro próximo. 
En el apartado 12, la ponente presenta una larga lista de tareas administrativas adicionales para la Comisión a la hora de elaborar los informes, y quisiera sugerir que nos abstengamos de criticar que los procedimientos son complejos y burocráticos para, acto seguido, pedir más de lo mismo. 
Por último, retomando un argumento de la exposición de motivos, no veo ningún mal en que I+D verse sobre el crecimiento económico, ya que es así como mejoramos las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, para Europa la competitividad en la esfera de la ciencia y de la investigación es fundamental. 
La Unión necesita preservar su lugar en las esferas en las que lleva la delantera y necesita también recuperarla en aquellas en las que pierde terreno acaloradamente frente a los otros interlocutores mundiales. 
Pero ese objetivo de volver competitivo el sector de la investigación y el desarrollo tecnológico no puede hacer olvidar otros tres objetivos que son el fundamento mismo de sus políticas: el de acelerar la cohesión económica y social entre sus Estados miembros y entre regiones europeas en esa esfera, el de orientar la investigación y las acciones prioritarias en el sentido de crear una mejor calidad de vida y el de abrirse a la cooperación con países de economías en ascenso, adaptando las estrategias a las condiciones existentes. 
En el informe de la Comisión se menciona con optimismo el porcentaje de participación de Estados miembros de objetivo 1 en los proyectos europeos, pero se silencia la calidad de esa participación y la evaluación de los resultados. 
En efecto, de los 25.000 participantes en la investigación y de las tres mil publicaciones y patentes resultantes de la investigación comunitaria en 1996, ¿cuántas se han plasmado en resultados reales para los miembros más débiles de la Unión? 
La gran dificultad para las pequeñas y medianas empresas estriba en conseguir plasmar los resultados de la investigación en innovación aplicada. 
En los países menos desarrollados esa dificultad se multiplica aún más. 
El trabajo de las seis tasks-forces relativo a grandes proyectos ejecutados por empresas e instituciones de Estados miembros tecnológicamente fuertes sólo darán los resultados esperados para la Unión, si al mismo tiempo se refuerzan los eslabones débiles de la propia Unión. 
Por otro lado, me habría gustado que se hubiera presentado en el próximo Informe Anual un verdadero estado de la Unión en lo relativo a la totalidad de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico, en vez de limitarse, como hasta ahora, a los proyectos apoyados por fondos comunitarios. 
Ese retrato de la capacidad científica y tecnológica de Europa es urgente como base para la planificación futura. 
Y termino felicitando a la ponente por su informe y señalando dos prioridades estratégicas para el futuro: una reformulación de las políticas estructurales para acoger, como dimensión prioritaria, la investigación de las PYME y la apuesta de ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia en la gestión de sus políticas de investigación. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, desearía agradecer ante todo a la Sra. Bloch von Blottnitz por el interés que ha demostrado por el Informe Anual 1997 sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea, así como por la seriedad con que ha examinado dicho documento. 
Su informe contiene sugerencias que resultarán muy útiles en el futuro. 
Pero antes de referirme con mayor detalle a este informe, desearía dar a conocer a ustedes los recientes desarrollos que han tenido lugar con respecto al V Programa marco, que actualmente discuten el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta cuestión suscita, cuanto menos, opiniones divergentes. 
El aspecto positivo es que el Consejo, durante el Consejo de Investigación del jueves 12 de febrero, logró un acuerdo político- que no estaba ganado de antemano, ni mucho menos- sobre una posición común relativa al V Programa marco. 
Si bien existe siempre el peligro de que se interrumpa la continuidad del esfuerzo de investigación de la Unión, éste parece estar bajo control, a poco que consigamos mantener el impulso que se ha dado. 
Desgraciadamente- y este es el punto preocupante -, la mencionada posición común se aleja sensiblemente de lo que ha propuesto el Parlamento y la Comisión. 
Una vez más- y espero que sea la última -, la regla de la unanimidad ha demostrado sus efectos negativos, ya que principalmente dos Estados han obligado a los demás a decidir a la baja sobre la cuestión presupuestaria. 
La decisión adoptada dificulta la toma de posición formal de la Comisión. 
Ésta se ha encontrado en la obligación de solidarizarse con las posiciones decididas en el Consejo y de expresar su desacuerdo y su preocupación sobre varios puntos. 
El primero guarda relación con el importe global. 
En el Consejo se adoptó un acuerdo sobre la cifra de 14 millardos de ecus, que están muy lejos de los 16, 3 millardos de ecus propuestos por la Comisión, que sigue convencida de la validez de su cifra, y, a fortiori, de los 16, 7 millardos de ecus en favor de los cuales se pronunció el Parlamento Europeo en su dictamen en primera lectura. 
Este importe es inferior en 500 millones de ecus a lo que supondría la simple prórroga, en términos reales, del IV Programa marco. 
Si finalmente se aprobara, asistiríamos por primera vez en la historia de la Unión a un retroceso del esfuerzo de investigación. 
En el momento que el Presidente de los Estados Unidos, en su discurso sobre el estado de la Unión, anuncia un aumento sin precedentes del esfuerzo público norteamericano de investigación, a los ciudadanos europeos les resultaría difícil de entender que la Unión dude en movilizar plenamente una de sus mayores bazas- su potencial intelectual y sus recursos humanos- para fortalecer su competitividad y crear empleos. 
La reducción de medios que se produciría en este supuesto repercutiría en la totalidad de las actividades. 
No obstante, afectaría en particular al Centro Común de Investigación; éste se vería privado de los medios para cumplir su misión al servicio de las políticas de la Unión, a pesar de haberse logrado un consenso sobre la misma. 
La Comisión estaría entonces obligada a examinar seriamente el cese de algunas actividades, a pesar de que se consideran esenciales. 
La posición común del Consejo contiene, por otra parte, disposiciones en materia de comitología, que dificultan inútilmente esta cuestión; hace un momento, algunos de ustedes han subrayado la complejidad de los procedimientos. 
Si la apoyamos, la decisión del Consejo aumentará aún más esta complejidad. 
La constitución de comités diferentes para la energía y el medio ambiente, así como para la investigación socioeconómica, supone crear prácticamente de facto programas distintos en estos ámbitos. 
Finalmente, el Consejo establece, entre la aprobación del V Programa marco y la de sus programas específicos, por una parte, las futuras perspectivas financieras de la Unión y, por otra, un mecanismo condicional que significa poner en entredicho el principio de plurianualidad y de previsibilidad de los recursos, que constituyen la esencia y el interés mismo del programa marco. 
Una vez más, Parlamento y Comisión coinciden, al compartir la voluntad de construir la investigación comunitaria y de dotarla de los medios necesarios. 
La Comisión sabe que el Parlamento luchará para poner a punto, a su debido tiempo, un programa marco acorde con las necesidades de la Unión, y cuenta con esta institución para ayudarla a corregir la línea de tiro y obtener la aprobación final de un V Programa marco más cercano a lo que nuestras dos instituciones habían propuesto. 
Paso, a continuación, a lo que hoy nos preocupa: el proyecto de informe y de resolución referente al Informe Anual 1997 sobre las actividades de investigación de la Unión Europea. 
Su ponente subraya el carácter altamente informativo de muchos puntos de este informe. 
La ponente señala las mejoras introducidas con respecto a las ediciones anteriores, y toma nota en particular del hecho de que se han tomado en consideración algunas recomendaciones del Parlamento Europeo. 
La Comisión se felicita de que sus esfuerzos para que este documento sea un instrumento útil y para mejorarlo permanentemente sean tomados en cuenta. 
El proyecto de resolución formula, no obstante, algunas críticas y recomendaciones que revelan un malentendido sobre la propia naturaleza del informe anual. 
Éste no puede y no debe considerarse como un informe de evaluación. 
Se trata, fundamentalmente, de un documento informativo. 
Su cometido es dar, con la ayuda de elementos objetivos lo más exhaustivos y precisos posible, una visión de conjunto de la actividad de la Unión en el ámbito de la investigación y del desarrollo tecnológico durante el período cubierto: proyectos puestos en marcha, resultados obtenidos, desarrollos proyectados. 
Por lo tanto, creo que el Informe 1997 da una imagen bastante detallada y completa de lo que ha sido la política de investigación durante el año 1996 con respecto a la aplicación de programas específicos del IV Programa marco y las primeras etapas de la preparación del V Programa marco. 
El punto que hay que tener siempre presente es el siguiente: este informe forma parte de un dispositivo más amplio que incluye asimismo todos los informes de seguimiento elaborados para cada programa específico y el programa marco, en conjunto, así como los informes de evaluación quinquenales. 
Por consiguiente, se han elaborado y publicado dos series de informes de seguimiento, para 1996 y 1997. 
Se ha iniciado la elaboración de los informes relativos al año 1997. 
En el contexto de la preparación del V Programa marco se han elaborado asimismo los informes de evaluación quinquenales de todos los programas específicos y del programa marco. 
El último ha sido redactado por un grupo de expertos dirigido por un excelente especialista de la investigación comunitaria, el ex comisario Étienne Davignon. 
Comparto con la ponente la opinión de que es indispensable efectuar una evaluación rigurosa del contenido de los programas y de la manera en que éstos han contribuido a la realización de los grandes objetivos políticos de la Unión. 
No obstante, esta apreciación figurará en los informes de evaluación. 
Dicho esto, la Comisión toma buena nota de las numerosas sugerencias que se formulan en la resolución, y podrá tenerlas en cuenta en el marco de la aplicación del conjunto del dispositivo. 
Indudablemente, éste es susceptible de ser mejorado. Debe reforzarse la complementariedad de los tres componentes: informe anual, informe de seguimiento e informe de evaluación. 
Las informaciones contenidas en todos estos documentos y las conclusiones de estos diferentes ejercicios deben, por otra parte, difundirse de tal modo que todos los que pueden servirse de ellos, comenzando por el Parlamento Europeo, los conozcan a su debido tiempo y en las mejores condiciones. 
La Comisión intentará mejorar el sistema en este sentido y, naturalmente, recibirá cualquier sugerencia que pueda servirle de ayuda. 
El objetivo es el mismo que perseguimos con el V Programa marco. 
Por definición, la política de investigación de la Unión está al servicio de los ciudadanos europeos. 
La misma debe aplicarse a la vez en interés de estos últimos y con toda transparencia con respecto a ellos y a la institución que los representa, es decir, el Parlamento Europeo. 
Puesto que a menudo comparten los mismos puntos de vista, la Comisión y el Parlamento deben luchar juntos para dotar a esta política de los medios acordes con sus ambiciones. 
Estoy segura de poder contar con ustedes en este sentido y les agradezco sus esfuerzos. 
Con razón, ustedes han llamado nuestra atención sobre varios puntos. 
Por ejemplo, sobre la complejidad del procedimiento. 
El V Programa marco ha sido concebido para concentrar las acciones. 
La concentración es esencial para mejorar la gestión. 
Hemos pasado de 22 programas a cuatro, cuatro grandes programas que, seguidamente, dan lugar a acciones claves. 
Pero existe un esfuerzo de concentración evidente, que va en el sentido que ustedes piden. 
Los problemas éticos, que con razón ustedes han subrayado, son realmente preocupantes. 
Se ha iniciado una gestión para movilizar los comités nacionales de ética- en aquellos casos en que los hay, ya que, como saben, no existen en todos los Estados miembros- para que exijan el respeto de los principios éticos fundamentales. 
Las propuestas de la Comisión para la aplicación del V Programa marco recogen esta exigencia. 
Muchos de ustedes han subrayado la importancia de las pequeñas y medianas empresas, y soy muy sensible a este problema. 
Como ustedes saben, aunque al principio ha sido baja, la participación de las pequeñas y medianas empresas en los programas de investigación de la Unión no ha cesado de aumentar. 
Una etapa fundamental ha sido la inclusión en el IV Programa marco de las denominadas medidas de estímulo tecnológico especialmente destinadas a las pequeñas y medianas empresas. 
Naturalmente, estas acciones se proseguirán y se reforzarán sustancialmente en el marco del programa de innovación y participación de las pequeñas y medianas empresas, el cual establece en particular un sistema de asistencia en materia de propiedad intelectual y de financiación de la innovación, mecanismos de incitación a la creación y al desarrollo de empresas innovadoras, nuevos enfoques en materia de transferencia tecnológica y, finalmente, redes y servicios de información. 
Con el fin de facilitar la participación de las PYME en el programa marco, de aumentar la eficacia de las acciones que las afecta y de acortar los plazos, se crearían redes autorizadas, pero no exclusivas, de información y de asistencia mediante el refuerzo y la racionalización de las estructuras existentes. 
Como ven, ya se ha progresado en este punto particular de las PYME, pero, naturalmente, aún es insuficiente; y para responder mejor a las expectativas de las pequeñas y medianas empresas se adoptarán medidas estructurales y administrativas dentro del V Programa marco. 
Señora Comisaria, permítame que le plantee una pregunta adicional. 
El colega Chichester y yo nos hemos referido a las task forces, que en el informe no aparecen o solamente en dos líneas. 
En su Dictamen, la Comisión tampoco ha dicho nada sobre la valoración del trabajo de las task forces. 
En la respuesta al Dictamen de la última vez sobre el informe de investigación, la Comisión dice: El informe anual sirve para exponer al Parlamento los aspectos considerados más importantes». 
¿Estoy en lo cierto si deduzco que las task forces no se incluyen entre los aspectos considerados más importantes? 
Les recuerdo que las task-force no estaban incluidas en el IV Programa marco, ya que cuando yo llegué a la Comisión el IV Programa marco ya había sido aprobado, y yo las he creado con algunos de mis colegas de la Comisión, en particular con Martin Bangemann y Neil Kinnock. 
Estas task-force han estudiado algunos problemas que nos parecían esenciales, sobre todo para la competitividad de las empresas europeas, en aquellos sectores en que Europa es particularmente competitiva- pero en los que también está particularmente expuesta a la competencia -, y hemos delimitado algunos temas, alrededor de las cuales hemos reunido a los investigadores, a los industriales y a los usuarios, para poder tener una visión global. 
Esto nos ha conducido, por otra parte, al enfoque pluridisciplinar del V Programa marco, que obedece a una filosofía algo diferente de la del IV Programa marco. 
Por lo tanto, el trabajo realizado en las task-force no ha sido en vano. 
Por el contrario, ha sido extremadamente útil y ha permitido que interlocutores de diversos ámbitos, de todos los Estados miembros, se reunieran y discutieran diferentes aspectos de un determinado tema. 
Esto nos ha servido de guía para el IV Programa marco. 
Con respecto al V Programa, ya no existen task-force, sino acciones claves. 
Estas acciones claves funcionarán de la misma manera, según el mismo enfoque pluridisciplinar. 
Pongo como ejemplo una acción clave del V Programa marco denominada " la ciudad del futuro» , en la que se incluyen, por ejemplo, los problemas relativos al transporte, a la contaminación, a la vivienda, al trabajo a distancia, así como también los problemas urbanísticos, es decir, los problemas socioeconómicos, sobre todo los que afectan a los centros de las ciudades o a las periferias. 
Por lo tanto, hemos optado por un enfoque en torno a diversos temas, lo que permitirá la confluencia de diferentes disciplinas. 
Dicho de otra manera, las task-force se convierten en acciones claves y el enfoque es pluridisciplinar. 
El mismo se inspira de la experiencia de las task-force y se desarrollará dentro del V Programa marco. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Riesgos relacionados con los agentes químicos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40051/98) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la posición común (C4-0531/97-00/0459 (SYN) ) aprobada por el Consejo con vistas a la aprobación de la Directiva del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 126 de la Directiva 89/391/CEE. (Ponente: F. Blak). 
Señor Presidente, es para mí una alegría y un orgullo poder comparecer aquí como ponente en la segunda lectura de la propuesta de directiva sobre agentes químicos. 
Celebro que hayamos logrado romper un bloqueo de tres años en el Consejo. 
Celebro que ahora podamos proseguir creando mayor seguridad y mejores condiciones laborales para los trabajadores europeos. 
Y me enorgullezco de que en la Comisión de Asuntos Sociales nos hayamos puesto de acuerdo sobre una serie de enmiendas, que en áreas importantes mejorarán aún más la iniciativa del Consejo. 
Han transcurrido casi cuatro años desde la última vez que debatimos esta propuesta. 
Es triste que hayamos tenido que esperar tanto tiempo pues la directiva sobre agentes químicos es una pieza importante de un gran conjunto legislativo. 
Es una parte del proceso que comenzó en 1989 con la Directiva marco sobre mejoras en la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. 
El rompecabezas de directivas del que aquí se trata convertirá a Europa en un lugar aún mejor, especialmente para los empleados. 
Sobre todo será más seguro y saludable trabajar en los Estados miembros de la Unión Europea, y tanto las empresas como los trabajadores podrán disfrutar en toda la Unión de normas análogas y transparentes en el ámbito del medio laboral. 
Sin embargo, también puede alcanzarse, además, una ganancia colateral muy importante creando normas conjuntas en este campo. 
Es decir, es también una manera efectiva de luchar contra el social dumping. 
Esto es lo que sucede cuando las empresas se trasladan de un país a otro para evitar dar a sus trabajadores condiciones laborales adecuadas. 
A la luz sobre todo de la próxima ampliación es importante tomar el problema del social dumping en serio. 
La propuesta de directiva tiene, a mi modo de ver, dos importantes componentes. 
Por un lado, incluye una clara fijación de las obligaciones que competen a los empresarios con relación a las sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud y seguridad de los trabajadores. 
Por otro lado, la propuesta de directiva establece procedimientos para las iniciativas comunitarias encaminadas a limitar las sustancias químicas en el medio laboral. 
Uno de los instrumentos más importantes en este campo es la posibilidad de establecer valores límite. 
Permítaseme ser franco y decir que los valores límite no me gustan lo más mínimo. 
Por principio, se debe procurar conseguir un medio laboral tan limpio que no sean en absoluto necesarios valores límite. 
Desgraciadamente, la realidad es distinta. 
A menudo es peliagudo fijar de manera exacta la peligrosidad de una determinada sustancia y puede ser necesario presionar a la gente que no quiere permitir que la duda redunde en beneficio de los asalariados. 
De ahí que haya casos en los que la fijación de valores límite puede ser necesaria. 
La mayor carencia en la posición común del Consejo, a mi modo de ver, es que la falta de control suficiente sobre la implementación de los valores límite indicativos. 
Falta un mecanismo que garantice que esta implementación sea evaluada y, dado el caso, se presente una propuesta por la que se fijen valores límite vinculantes. 
Nuestra enmienda 4 está precisamente encaminada a solucionar este problema. 
Será un gran paso adelante si mañana es aprobada en esta sala y posteriormente aceptada en el Consejo. 
No quiero examinar en detalle todas las enmiendas de mi recomendación. 
De todas formas son explicadas en la exposición de motivos de la recomendación. 
Ya las hemos discutido con detenimiento en la comisión. 
Hay, sin embargo, dos temas que me veo obligado a abordar. 
Es decir, hay dos enmiendas de mi recomendación que me veo obligado a modificar ahora durante el debate. 
En primer lugar está la enmienda 10 que tiene por objeto potenciar la formación como un medio por el que minimizar los riesgos en el lugar de trabajo. 
La enmienda es un compromiso en el que por error hemos llegado a borrar una frase, aunque ésta de hecho refuerza el requisito relativo a la formación y la información. 
Por ello me gustaría exhortar a todos a que voten a favor de la enmienda de nuestro grupo, el PSE, que vuelve a insertar esta disposición. 
En segundo lugar, hay problemas con la enmienda 11. 
En la traducción inglesa se dice que la vigilancia de la salud se concertará con The workforce. 
Esto de hecho da a entender que todos los trabajadores en un determinado lugar de trabajo deben avalarlo antes de que uno de ellos pueda someterse a vigilancia sanitaria. 
Naturalmente no estamos interesados en esto y por ello nos gustaría plantear una enmienda oral que sustituya la palabra workforce por workers concerned. 
Por último, me gustaría aprovechar la ocasión para expresar mi enorme agrado ante el trabajo de la presidencia británica en este asunto. 
Ha sido una gran alegría ver cómo se ha trabajado de manera activa y constructiva en lograr sacar adelante la directiva. 
Parece como si uno ahora se atreviera a admitir una responsabilidad social e internacional. 
No sé por qué, pero uno sí puede tratar de hacer conjeturas. 
Si la directiva sobre los agentes químicos es aprobada en el Consejo en la próxima sesión del Consejo, no sólo será un triunfo para la presidencia británica, sino también un triunfo del que todos pueden disfrutar. 
A largo plazo no hay vencidos cuando se tiene por fin crear una Europa más humana y más social, sólo habrá vencedores. 
Señor Presidente, deseo felicitar muy cordialmente a Freddy Blak por el formidable trabajo que ha realizado en la elaboración del presente informe para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
El ponente ha reconocido la fragilidad de la posición común que tanto tiempo ha tardado en llegar al Consejo y, en vez de intentar enmendar todo lo que está a la visa, ha tenido el buen criterio de centrarse en una breve lista de asuntos que realmente importan. 
Uno de los más importantes, desde mi punto de vista, es la enmienda 4. 
Comprendo la lógica que ha llevado a la Comunidad a establecer unos valores límite indicativos, a exigir a los Estados miembros que difundan información sobre dichos valores indicativos y además, a exigir a los Estados miembros a tenerlos en cuenta a la hora de establecer sus propios valores límite de exposición en el puesto de trabajo a nivel nacional. 
Pero eso no equivale a exigir a los Estados miembros una aproximación a los valores indicativos establecidos a nivel comunitario ni, incluso, que avancen en esa dirección. 
Me preocupaba, por tanto, que esto pudiera conducir a una continua desigualdad, y me alegra que la enmienda 4 lo corrija y permita una revisión regular que esté basada en la información proporcionada por los Estados miembros en virtud del artículo 15, permitiendo, en caso necesario, que la Comisión adopte las medidas oportunas para hacer realidad una mayor armonización. 
Tengo entendido que la Comisión está dispuesta a aceptar dicha enmienda o una fórmula similar a la misma. 
Otro punto importante, en vista de los recientes casos de los que me he ocupado en relación con el tricloroetileno y la reciente reunión que hemos celebrado en comisión con los representantes de la Comisión, es la enmienda 7 relativa a la sustitución. 
Creo que está muy claro que algunas de las dificultades que estamos experimentando proceden del hecho de que no nos estamos ocupando debidamente del cumplimiento de la directiva sobre la evaluación del riesgo y las secciones relativas de la directiva marco. 
Eso está conduciendo, por ejemplo, a que algunos Estados miembros prohíban el tricloroetileno, un disolvente peligroso, mientras que en otros Estados miembros aplican unos límites de exposición muy por encima de los establecidos en otros Estados miembros. 
Debemos trabajar en favor del pleno cumplimiento de la directiva marco pero, mientras tanto, es necesario destacar en la presente directiva la importancia de la sustitución, y Freddy Blak, acertadamente, así lo ha hecho en la enmienda 7. 
Es una buena noticia comprobar que esta directiva ha sido resucitada después de tanto tiempo. 
No obstante, me pregunto cuáles son las perspectivas para otras directivas que siguen bloqueadas en el Consejo, por ejemplo, la directiva sobre los distintos modos de transporte y la directiva sobre los agentes físicos, que abarca el ruido, la vibración, la radiación óptica y los campos y ondas magnéticos. 
Me preocupa, en particular, el tema del ruido. 
La directiva original de 1986 relativa a la protección de los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición al ruido en el lugar de trabajo tiene unos niveles de exposición y de actuación que han quedado irremisiblemente obsoletos. 
El Gobierno británico de entonces estaba muy orgulloso de haber logrado imponer el nivel de 90 decibelios para la utilización obligatoria de protectores de oído en el lugar de trabajo. 
Pero para muchos miles de trabajadores, el precio se ha medido en términos de pérdida de audición y de sordera laboral. 
Estaba previsto que el Consejo volviera a analizar esa directiva de 1986, sobre la base de una propuesta de la Comisión antes de enero de 1994. 
Estamos en febrero de 1998 y a menos que se revise esa directiva sobre los agentes físicos, en cualquier caso debemos revisar esa otra directiva anterior sobre el ruido. 
Espero que la Comisión nos garantice este extremo. 
No sería justo esperar una respuesta de la Sra. Cresson, pero espero poder plantear esta cuestión al Comisario Flynn. 
Espero que el Comisario pueda participar en la comisión, en una audición que se celebrará durante las próximas semanas, sobre la aparición de nuevos riesgos para la salud. 
Hemos logrado tratar aquí sobre algunos de los riesgos pendientes- los más antiguos -, pero tenemos otros nuevos de los que deberemos ocuparnos juntos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que estamos debatiendo sobre la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación de una directiva que ofrece un marco de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores reviste la mayor importancia y utilidad para los trabajadores que, en cualquier Estado miembro, puedan estar expuestos a agentes químicos. 
No se debe ni se puede aplazar esa directiva por más tiempo. 
Su objetivo merece la mayor urgencia e interés por parte de todos: Estados miembros, interlocutores sociales e instituciones de la Unión Europea. 
El texto de esta posición común del Consejo que ahora examinamos es más claro, es más explícito, se presta menos a las ambigüedades y a crear situaciones de irresponsabilización. 
La estructura del documento es más conforme con una mejor formulación y sistematización de los objetivos y del ámbito de la directiva. 
La introducción de la definición de agente químico peligroso, el mecanismo para el establecimiento de valores-límite- ya se trate del de la exposición profesional o del biológico- han recibido en este texto una mejor definición y una posición más destacada. 
Están mejor formuladas las obligaciones de la entidad patronal, la necesaria vigilancia de los trabajadores, su consulta, información y participación. 
Se ha hecho hincapié en la obligación que compete a los Estados miembros de promulgar disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas para cumplir la directiva. 
El informe refleja algunas preocupaciones que aún suscita y probablemente seguirá suscitando la posición común. 
Pero las enmiendas ahora presentadas por el Parlamento completan, mejoran y aclaran el documento que estamos examinando. 
En el texto que ahora debatimos se han introducido muchas de las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura, lo que ha contribuido a su franca mejoría. 
Dos simples apuntes en relación con las enmiendas propuestas. 
La nº 1 insiste en los mayores cuidados que deben merecer las mujeres embarazadas y los jóvenes. 
En esta, como en otras circunstancias, es fundamental salvaguardar a los trabajadores en el presente, pero sin dejar de pensar nunca en el futuro. 
La enmienda nº 10 se refiere a la importancia que se debe conceder siempre a la formación- y no sólo a la información- de los trabajadores. 
Por estas razones y otras que no caben en estos apuntes, el informe que estamos examinando es francamente bueno y merece nuestra conformidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, colegas, efectivamente se ha tardado mucho hasta que apareciera el punto de vista común del Consejo. 
Pero en este momento es mejor que la propuesta de la Comisión. 
Estoy también extraordinariamente contento con la colaboración que se ha podido llevar a cabo con el ponente, el señor Blak. 
No hacía falta, por consiguiente, presentar enmiendas, aunque sí tengo la intención de apoyar la enmienda 16 de los democratacristianos. 
¿Cuál es la importancia de esta directiva? 
Unas normas diferentes son perjudicales para la regulación en los Estados miembros. 
Porque siempre jugarán un papel principal los argumentos de competitividad. 
Es malo para los trabajadores y es malo para las víctimas. 
Y esas víctimas están muchas veces muy graves. 
Por lo tanto, lo mejor es una política europea con normas vinculantes y como Comisión y como Parlamento hacemos un llamamiento a ello en la enmienda 4. 
En el fondo, tendríamos que estar dispuestos a prohibir algunos disolventes como el xileno, el tolueno, el tricloroetileno y respecto a esto, la enmienda 7 nos indica el camino hacia donde debemos ir. 
De este modo se estimulará a la industria a que busque un sustituto y se puede encontrar por ejemplo un sustituto haciendo uso de disolventes reactivos. 
En este contexto quiero mencionar el ejemplo de los disolventes que se pueden encontrar en la caléndula. 
Con ella se ha hecho un experimento con muy buenas perspectivas, que incluso fue financiado por la Comisión Europea. 
Por ello, señor Presidente, señora Comisaria, quisiera proponer que nosotros, como Parlamento, recibamos una información períodica sobre los progresos. 
Porque no estoy completamente tranquilo en cuanto a la implementación. 
Como punto final, quiero decir alguna palabra sobre la formación, la preparación y la concienciación de la gente en el lugar de trabajo. 
También sobre este punto hemos presentado una enmienda. 
No sólo se trata de prohibir esas substancias, también se trata de manejar estas substancias. 
Si tenemos para ello un buen paquete de propuestas, entonces creo que podremos dar un paso hacia adelante con esta directiva para luchar contra el gran problema que está por detrás, entre otros por ejemplo, pintores y otros empleados. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Blak el trabajo que ha hecho respecto de esta cuestión tan importante y al mismo tiempo muy difícil y compleja. 
Las cuestiones de la seguridad en el trabajo son aquellas en que la legislación de la Unión Europea está bastante vinculada con la vida diaria de los ciudadanos. 
La seguridad en el trabajo está vinculada con la vida de los ciudadanos, con su salud y su capacidad para trabajar. 
Pocos asuntos hay tan importantes como éste. 
La Unión Europea debe ser capaz de establecer un nivel mínimo de seguridad en el trabajo con una base sólida, para que no se pueda utilizar la falta de seguridad en el trabajo como elemento de la competencia. 
La seguridad en el trabajo interesa no sólo a los trabajadores, sino también a la patronal y a toda la sociedad. 
Por esa razón, resulta absolutamente lamentable que las cuestiones de seguridad en el trabajo hayan quedado completamente paralizadas en el Consejo durante tanto tiempo, como ya se ha dicho aquí en muchas intervenciones. 
Esta directiva llegó al Parlamento para una primera lectura hace ya cuatro años. 
Esperamos que la posición común ahora adoptada por el Consejo sea una indicación de que las cuestiones acumuladas empiezan por fin a resolverse en esa instancia, a ser posible durante la Presidencia británica. 
El Sr. Blak ha presentado propuestas de enmienda a la posición común del Consejo y yo estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. 
En cualquier caso, sigo sin compartir la posición negativa que el informe adopta ante el establecimiento del valor-límite biológico. 
En el informe se dice que sólo se puede definir el valor límite biológico en condiciones excepcionales, es decir, cuando los otros medios no sean suficientes. 
Ahora bien, en nuestro país, en Finlandia, la actitud ante la biosupervisión de los productos químicos no es tan reservada. 
Al contrario, en nuestro país se considera que en muchos casos es una forma eficaz de controlar la exposición de los trabajadores y proteger su salud. 
Es natural que se deba acordar siempre el principio de biosupervisión previamente con los representes de los trabajadores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, creo que hay que afilar de nuevo el argumento. 
Stephen Hughes lo ha utilizado aquí. 
Se habla mucho de ahorro de costes en relación con la protección y seguridad en el trabajo. 
Pero no se habla de qué costes podrían ahorrarse los afectados y nuestras economías si se protegiese realmente. 
Es decir, de nuevo nos encontramos con un escándalo permanente. 
La protección y la seguridad en el trabajo en la Unión no marchan paralelos con el desarrollo del mercado interior y con el desarrollo del avance tecnológico. 
Stephen Hughes ha llamado la atención sobre dos directivas que aún se deben aprobar. 
En esta directiva hay que discutir sobre qué ventajas y desventajas tiene la estrategia elegida por la Comisión para enfrentarse al problema: una cierta elegancia en la formulación de los principios, progresos sin el principio de proporcionar acompañamiento. 
Se puede añadir a posteriori a las diferentes directivas y avanzar con una, pero el precio es también elevado. 
La dificultad es lo que figura en la directiva marco. 
Hay que prestar atención a que las directivas individuales no se queden por detrás de la directiva marco. Y existe el problema del modo de actuar coordinado entre las diferentes directivas marco, lo que supone más o menos una atmósfera explosiva- y que surge aquí de modo concreto- que complica todos los casos individuales y dificulta continuamente los progresos. 
Sólo quiero subrayar aquí de nuevo que el colega Blak ha realizado un excelente trabajo. 
No veo que la enmienda nº 16 sea mejor que la nº 3 y en lo tocante a la enmienda nº 18 tengo que preguntar a Freddy Blak porqué se quiere hacer de la valoración del riesgo el punto de partida del modo de información. 
Existe una cierta contradicción con lo que ha dicho en su enmienda nº 6. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a Freddie Blak por la labor que ha realizado en el presente informe. 
Ha librado una dura batalla en defensa del informe, y sus esfuerzos han sido muy apreciados por todos en el seno de la comisión. 
Aunque es técnico, también es muy real. 
Diez millones de personas de la Unión Europea sufren algún accidente o padecen alguna enfermedad laboral. 
Es un hecho bien conocido y, lamentablemente, ocho mil de esas personas mueren cada año en la Unión Europea. 
Hay muchos otros casos de accidentes, enfermedades y muertes no son comunicados y pasan desapercibidos. 
Muchas des estas muertes y enfermedades son el resultado de la ignorancia y de asumir unos riesgos inaceptables. 
Mientras dichos riesgos estén mal definidos, es justo que la Comisión introduzca legislación para señalarlos debidamente. 
¿Por qué asumen las personas riesgos innecesarios? 
Todos lo hacemos alguna vez. 
Todos cruzamos la calle quizá sin mirar, y todos tomamos precauciones inadecuadas. 
Es una mala actitud ante la vida, y desde luego una mala actitud ante el trabajo, pero es posible deponer dichas actitudes y aunarlas de manera progresiva y positiva para atajar el tipo de problemas a los que nos enfrentamos en el lugar de trabajo. 
Por ello, el presente informe que, como ha observado Freddie, ha sido desbloqueado mediante una iniciativa de la Presidencia británica, aspira a poner fin a las prácticas inadecuadas relativas a la utilización de agentes químicos nocivos, que son algunos de los peores agentes químicos que pueden utilizarse en el lugar de trabajo. 
Hay que evaluar los peligros relativos a la utilización de agentes químicos en términos del riesgo que encierran para los trabajadores, y no sólo por sus efectos inmediatos, sino también a largo plazo. 
Las advertencias durante la formación deben tener un efecto importante, al igual que la propia formación. 
A ello se debe que en el presente informe se haya concedido tanta importancia a la formación, quizás hasta el punto de ampliar la interpretación que hace la directiva marco de la formación, lo que sin duda merece ser celebrado. 
En las pequeñas empresas, por ejemplo, los trabajadores tienen un 50 % más de probabilidades de sufrir un accidente laboral. 
¿Por qué? 
Porque las empresas más grandes proporcionan una mejor formación, así como las advertencias adecuadas, lo que, evidentemente, no ocurre en las empresas más pequeñas. 
Además, las grandes empresas se toman los riesgos muy en serio, porque consideran que la salud y la seguridad son un factor productivo y rentable para el futuro de toda estructura empresarial. 
Por ello, el proyecto de Acciones de Seguridad para Europa, que lamentablemente no consigue superar la cuestión del fundamento jurídico, habría sido muy adecuado para las pequeñas empresas. 
Freddie ha mencionado también la deslocalización de la producción y las empresas químicas. 
Recuerdo el caso de Bhopal, en la India. 
Se apuntó a los bajos costes sociales como la causa de lo ocurrido. 
Eso significó que Bhopal sea recordado como uno de los mayores desastres y por la total explotación de los trabajadores de aquel país. 
No debemos olvidar que si esta directiva contribuye al total de los derechos de los trabajadores europeos, quizá podríamos exportar este tipo de modelo a otras partes del mundo. 
Ciertamente debemos impedir que el capital se limite a exportar los peligros y desastres que, como sabemos, rodean a este campo de minas en este continente en particular. 
El informe es lo suficientemente progresista como para que pensemos que será importante para la protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, también es lo suficientemente realista como para que produzca resultados. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mi colega Mendoça ha realizado ya una excelente exposición sobre este tema en nombre de mi grupo político. 
Permítanme por ello que me refiera a algunas cuestiones generales. 
El Consejo se ha tomado tres años y seis meses de tiempo hasta presentar al Parlamento tras la primera lectura una posición común. 
Esto muestra quién es el que retrasa la legislación a nivel europeo. 
El ponente se ha esforzado en que el resultado en el Parlamento no se aleje demasiado de la posición común para no seguir retrasando o incluso poner en peligro la Directiva sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ante el peligro derivado de los agentes químicos en el trabajo. 
El colega Blak no tiene ninguna culpa de esta situación. Ha realizado un buen trabajo. 
Sin embargo, espero que acepte la enmienda que he presentado de nuevo en el Parlamento. 
Permítanme que me refiera a un importante aspecto. 
Estas directivas técnicas son realmente de gran importancia para los trabajadores y su salud pero aún falta una serie de directivas aún mucho más importantes como, por ejemplo, sobre el teletrabajo y otros aspecto relacionados con el trabajo por tiempo parcial. 
¿Cuándo piensa la Comisión hacer por fin algo al respecto? ¿O quiere desviar nuestra atención de los temas realmente importantes con cuestiones técnicas? 
¿Quiere el Consejo esperar aún durante más tiempo para presentar las directivas mencionadas por el colega Hughes? 
Los que sufren las consecuencias en todos estos retrasos son las trabajadoras y trabajadores en Europa y como políticos responsables del Parlamento Europeo no podemos aceptarlo. 
Esperamos que se logren por fin avances en esta dirección y que la Comisión y el Consejo den realmente los necesarios pasos para ello. 
Señor Presidente, el objetivo tiene que ser que ninguna persona se lesione en la vida laboral. 
El asunto contenido en esta recomendación de segunda lectura se abordó por primera vez hace cuatro años. 
La existencia de reglas mínimas es una exigencia para obtener condiciones algo uniformes en esta materia en la UE. 
Especialmente deseo subrayar el principio de la prudencia, es decir, que debe haber un buen margen para que no se someta a riesgos a los trabajadores. 
Es mejor prevenir que descubrir los riesgos cuando es demasiado tarde. 
Hay una fuerte opinión política tras este informe; lo pudimos ver en el primer debate y lo vemos también hoy. 
Detrás de esas quince enmiendas hay una comisión unánime. 
Por tanto, lo que proponemos son mejoras a las posiciones del Consejo. 
Las tres más importantes que yo quisiera señalar son: la evaluación de las aplicaciones en los Estados miembros, la información a los trabajadores sobre riesgos y peligrosidad de los productos y los cursos de protección laboral. 
Además, hay que tratar de conseguir una coordinación entre esas medidas. 
El Grupo Liberal apoya esta recomendación de segunda lectura de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Señor Presidente, principio de sabiduría es una visita a los nombres quiere decir en griego clásico que empiezas siempre por definiciones para dar esencia a la acción. 
Creo que hoy somos testigos de una marcha así en un tema excepcionalmente importante que llega a un feliz cumplimiento intermedio. 
Es decir, se continúa más allá. 
Se habló de sabotaje, pero aceptemos que fue un retraso; de todas formas han tenido que pasar algunos años, desde que se hizo la primera lectura, para que llegara la segunda hoy aquí. 
Señor Presidente, fueron los cargos anteriores quienes hicieron la primera lectura; hoy nosotros hacemos la segunda. 
Justifico que, tal como se ha demostrado, el desarrollo de esta directiva haya mostrado que era necesaria una reformulación esencial. 
Esta directiva por si misma, la razón causativa, las declaraciones que la acompañan, creo que son tan importantes como para caracterizarla, permítanme, de documento histórico. 
El tema es que los artículos concretos vienen a materializar esta intención Con todo este procedimiento de la posición común, ha habido tales aproximaciones que dan exactamente la esperanza y la perspectiva en esta dirección. 
Comparto la moderada satisfacción de nuestro ponente, el Sr. Black. 
Creo que con las enmiendas que volvemos a traer con insistencia y con firmeza al Parlamento Europeo, considerando que pueden ser aprobadas hoy, damos un paso importante, esencial, un primer paso y diría que no es simplemente un primer paso, sino un avance tangible, palpable en relación con las situaciones y con las opiniones que había hace cuatro años. 
Firmo yo también el llamamiento a la Presidencia británica que deberá acelerar, promover, completar esta posición común con decisión porque así podremos ganar tiempo al tiempo. 
Se dijo, se firmó, y lo vuelvo a decir también yo, que las instrucciones que se refieren son sabias porque no son totalmente comprometedoras. 
Creo que realmente hoy no podemos decir cuáles son las sustancias peligrosas, porque llegarán otras nuevas sustancias que no conocemos, o que descubriremos su peligro. 
Creo que esta posible extensión en el tiempo, que precisamente no deberá permitir tampoco intervenciones con criterios actuales en esta directiva, es uno de sus puntos fuertes. 
Es pues, una directiva- marco, en aplicación de la gran directiva 391, pero tiene como marco pasos adicionales, es el punto de partida importante en esta fase. 
Señor Presidente, señoras y señores, deseo agradecer al Sr. Blak por la calidad del trabajo realizado sobre esta propuesta, así como al conjunto de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, por sus esfuerzos continuos con vistas a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. 
La Comisión aprecia mucho el enfoque constructivo adoptado con respecto a la posición común. 
Ante todo querría subrayar la importancia política de la posición común del Consejo. 
La Comisión está convencida de que los principios de protección de la salud y la seguridad deben continuar profundizándose en el plano comunitario. 
El Consejo lo ha reconocido en esta posición común, y, si bien el texto no es perfecto, constituye un progreso considerable en el ámbito de la salud y la seguridad. 
La mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo al texto de la posición común representan mejoras efectivas y, por lo tanto, la Comisión puede aceptarlas. 
Me refiero a las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 (primera parte) , 6, 9, 11, 12, 13 y 18. 
Querría ahora comentar algunas enmiendas que plantean ciertos problemas a la Comisión y que, por consiguiente, no pueden ser aceptadas. 
La segunda parte de la enmienda 5 exige a los empresarios registrar de forma adecuada la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la legislación y la práctica nacionales. 
Sin duda, esta disposición debilitaría la posición común, que establece que la evaluación del riesgo deberá documentarse de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 
Estoy convencida de que no puede caber dentro de las intenciones del Parlamento Europeo el hecho de permitir una apreciación discrecional del respeto de la legislación. 
Por lo tanto, esta idea no puede aceptarse. 
La enmienda 7 hace hincapié en el principio de sustitución para eliminar el riesgo. 
La Comisión puede, ciertamente, estar de acuerdo con este principio tendente a sustituir el uso de los agentes químicos peligrosos por otros que no sean peligrosos, o sean menos peligrosos, para los trabajadores. 
No obstante, para fomentar una acción preventiva óptima de los empresarios, la exigencia más práctica de reducir el riesgo a su mínima expresión debe mantenerse, ya que la eliminación completa de cualquier tipo de riesgo es imposible. 
La enmienda 8 es políticamente delicada. 
Los Estados miembros y la Comisión se han puesto de acuerdo sobre este texto después de difíciles negociaciones. 
Como el añadido propuesto va más allá del compromiso, y aunque la Comisión entienda la posición del Parlamento Europeo, ésta prefiere mantener el texto actual, considerando que sobre la base de la enmienda 4, que puede ser aceptada, es posible replantear esta cuestión con ocasión de la evaluación quinquenal. 
En el caso de la enmienda 10, la Comisión estima que la supresión del apartado sobre la naturaleza de la información no facilitaría la tarea del empresario sobre este importantísimo punto. 
Una última observación sobre la enmienda 14. 
La Comisión no puede aceptar la supresión de los términos " y los nuevos hallazgos» entre los casos que exigen una adaptación de los anexos al progreso técnico. 
Los nuevos hallazgos constituyen, en efecto, la razón principal de las modificaciones técnicas. 
Este principio, por otra parte, fue aprobado por el Consejo en su posición común y en muchas otras ocasiones. 
Espero que el Parlamento Europeo no intente, de este modo, limitar el derecho de iniciativa de la Comisión. 
Ésta no pretende en absoluto saltarse al Parlamento con el pretexto de los ajustes a los progresos técnicos, como parece dar a entender el ponente. 
Con respecto a las enmiendas 16 y 17, la Comisión no está en condiciones de aceptarlas, puesto que considera que la enmienda 3, que acepta, es mejor que la 16 y que la enmienda 17 no añade ninguna información complementaria al artículo 8 de la posición común. 
Señor Presidente, oí decir que la señora Comisaria, Sra. Cresson, no había incluido la enmienda 11 entre las enmiendas que la Comisión podía aceptar. 
No obstante, he presentado una enmienda oral, de hecho en colaboración con la Comisión, de manera que espero pues que la Comisión no se eche ahora atrás en el último momento. 
Esta modificación llegó algo tarde, así que espero que sólo se trate de un olvido. 
Estoy muy de acuerdo con usted- esto también representa en realidad una pequeña novedad para mis colegas- en que no hay razón alguna para votar sobre la enmienda 16, cuando la Comisión y el Consejo aceptan la enmienda 3. 
Debemos tener cuidado de no poner el listón tan alto que perdamos el contacto con la tierra, así que de hecho celebro mucho los comentarios realizados por usted. 
No obstante, espero de todas formas, señora Cresson, que usted sueñe esta noche que le gustaba ponerse una vez más a examinar estas cosas, puesto que así podremos sacar adelante una directiva que ha permanecido paralizada durante cuatro años. 
He cedido mucho, el Consejo ha cedido mucho y así espero que también la Comisión pueda acercarse un poco a nuestras posiciones. 
Estoy completamente seguro de que usted esta noche soñará con esto y así mañana podremos obtener un buen resultado. 
Señor Diputado, mi intervención será breve. 
La Comisión acepta la enmienda 11. Creo haberlo dicho hace un momento; quizá haya habido simplemente un problema de traducción. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, lamento tener que decirle que dos diputados del Grupo Liberal nos olvidamos de firmar ayer. 
Lo siento, pero puede usted comprobar que estaba aquí. 
Señor Haarder, sé que estuvo ayer aquí porque participó en la sesión de la Presidencia y le escuché intervenir algunas veces. 
Por consiguiente no se somete a debate. 
Le anotamos. 
Señor Presidente, a veces me ha hecho gracia oír a los diputados anunciar que habían olvidado firmar la lista de asistencias. 
Ahora me ha ocurrido a mí exactamente lo mismo. 
Cuando he entrado en la sala, había una larga fila ante la lista de asistencias. 
He pensado que podría firmar más tarde, pero he olvidado hacerlo. 
En cualquier caso, he estado en la reunión del Grupo ELDR desde las 16.00 horas y he participado en la sesión de la noche. 
Pido que conste en acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, permítame que diga que esta solicitud de urgencia formulada por el Consejo es innecesaria y hasta impertinente. 
Incluso si se guía por su propio calendario, el Consejo sabe que no necesita nuestra opinión hasta las sesiones plenarias de marzo. 
El Consejo sabe perfectamente bien que los 10 ponentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa llevan muy adelantada la preparación de comentarios sobre esos acuerdos de asociación. 
Esta labor incluye importantes cuestiones de participación parlamentaria y de supervisión del proceso de ampliación, pero se trata de un debate para el mes que viene. 
No se trata de un debate para este mes. 
Espero que todos los colegas, incluidos los del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, coincidirán conmigo en que se trata de una solicitud de urgencia que debemos tratar con la indiferencia que se merece y cuyo examen debemos aplazar para el próximo mes. 
Quisiera decir a mis colegas del Grupo Laborista, con toda mi amistad, que comprendo el atractivo y la afección que suscita un Gobierno Laborista, pero no redunda en favor de la credibilidad de este Parlamento el que se dé la impresión de que el Grupo Socialista está siendo utilizado como filial de propiedad exclusiva de la Presidencia británica. 
Dejemos de momento esta solicitud de urgencia y ocupémonos de la cuestión el mes próximo. 
Señor Presidente, los acuerdos de adhesión constituyen los cimientos de la estrategia de ampliación muy extensa cuya prioridad política reconoció por mayoría aplastante este Parlamento. 
La Cumbre de Luxemburgo resolvió que todos los elementos tenían que estar en su lugar el 15 de marzo a más tardar para seguir adelante con la ampliación. 
Si no concedemos hoy la urgencia a esta cuestión, no podremos exponer nuestra opinión hasta el 11 de marzo, exactamente un día antes de la Conferencia Europea. 
En esas circunstancias, y teniendo en cuenta que hay un plazo de tiempo fijado, no cabe pensar que se pueda oír la voz de este Parlamento, y menos aún que la escuchen. 
Si damos nuestra opinión este mes, nuestro mensaje llegará con toda claridad al Consejo con tiempo suficiente para que pueda examinarlo. 
También corremos el riesgo de que se considere que estamos entorpeciendo la ampliación. 
Sentimos inquietudes de las que el Consejo y la Comisión han procurado ocuparse, pero hemos de tener cuidado de que no se nos vea como participantes en divertidos juegos institucionales, que fuera de esta sala no puede entender nadie, precisamente en los momentos en que nuestra voluntad de dar prioridad política a la ampliación debe percibirse con claridad y sin ambigüedades. 
Si no se pronuncia a favor de la urgencia, este Parlamento no ganará nada pero podrá perder mucho en lo político. 
Por lo tanto, insto a que apoyemos la solicitud de urgencia. 
Señor Presidente, es posible que piense usted prolongar este debate hasta las 9.15 de la mañana, pero la cuestión que quiero plantear es que el orden del día indica que vamos a votar a esa hora. 
Todavía no ha llegado el momento, pero como la Mesa concede gran importancia a que los diputados estén presentes y voten, no estaría bien que aplazáramos la votación hasta un momento diferente del indicado. 
De hecho, el orden del día, por error- y voy a llamar la atención de los servicios para que no se repita esta equivocación- dice, ciertamente, "de las 9 a las 9.15 horas: Anuncio de la lista de propuestas de resolución presentadas sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia (art. 47) » y" de las 9.15 a las 12.00 horas: votación sobre la solicitud de urgencia siguiente: Propuesta de reglamento del Consejo... » 
Debería posponer la votación para dentro de 7 minutos. Esto tiene como objetivo la protección de nuestros colegas para que sepan cuándo votarán. 
Pero me pregunto, puesto que veo que hay pleno en la sala, y por consiguiente, los seores colegas han venido antes, si podría pedir el permiso del Parlamento para acelerar la votación y por supuesto haré la observación a nuestros servicios para que la próxima vez sean más cuidadosos en estas cosas. 
(El Parlamento expresa su acuerdo) 
Señor Presidente, deseo simplemente comunicar, de conformidad con las nuevas disposiciones aplicables en la materia, que no he querido participar en la votación. 
Se tomará nota, señor Hory. 
Presidente, a mi pesar falta mi tarjeta de voto. Por lo tanto no he podido participar en la votación. 
¿Quiere tomar nota de esto también? 
(El Parlamento aprueba la solicitud del procedimiento de urgencia) 
Programa de acción contra la delincuencia organizada (programa FALCONE) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0017/98) del Sr. Orlando, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Internos relativa a la propuesta de acción común aprobada por el Consejo sobre el programa de intercambios, de formación y de cooperación para responsables de la lucha contra la delincuencia organizada (programa FALCONE) (COM (97) 528-11778/97- C4-0572/97-97/0916 (CNS) ). 
Señor Presidente, estimados colegas, esta mañana el Parlamento debe aprobar una decisión que cierra una primera e importante fase del compromiso europeo contra el crimen organizado. 
El Consejo Europeo reunido en Dublín, en diciembre de 1996, expresó con claridad la decisión de combatir la delincuencia organizada con un enfoque coherente y coordinado en toda la Unión Europea. 
Esta opción marca un giro, marca el paso de la etapa de las intervenciones episódicas a la de las intervenciones orgánicas. 
El grupo de alto nivel, instituido especialmente, ha establecido un plan de acción global, un plan que se esbozó antes del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, reunido en Luxemburgo el 28 de abril de 1997, y que se incluyó después en el planteamiento general del Consejo Europeo celebrado en Amsterdam en junio de 1997. 
Con fecha 20 de noviembre de 1997, el Parlamento expresó su propia opinión sobre algunas importantes propuestas de acción común, y en particular sobre el carácter punible de la participación en una organización criminal y sobre la institución de un mecanismo para valorar, en el plano nacional, la proyección de las iniciativas internacionales adoptadas en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Por otra parte, el Consejo de Ministros, en diciembre de 1997, aprobó la propuesta de acción sobre el mencionado mecanismo de valoración, y aún se espera que se apruebe la propuesta sobre el carácter punible de la participación en una organización criminal. 
Sin duda, pues, estamos frente a un fortalecimiento de la estrategia de la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia organizada, y a un reconocimiento de los esfuerzos hechos en solitario por algunos países, en especial Italia, durante los últimos años. 
El programa del que tengo el honor de ser ponente lleva el nombre del juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia en 1992, junto a su mujer y a los hombres de su escolta, y convertido en símbolo de la lucha contra la delincuencia organizada incluso fuera de Italia. 
El programa se propone reforzar la cooperación judicial y de policía entre las personas responsables de la lucha contra la mafia y se dispone a financiar cursos, seminarios y proyectos operativos, además de actividades de investigación y de formación. 
La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores propone algunas enmiendas destinadas a incluir en el programa, junto a las figuras institucionales y de policía, también a las personas responsables del clima cultural y de diversas expresiones de la sociedad civil, con lo que se subraya la importancia de la dimensión cultural y social en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Por lo tanto, se considera importante que se comprometan las escuelas, universidades y organizaciones no gubernamentales, pero también se cree que es importante el compromiso de notarios, abogados, contables y revisores de cuentas. 
En los casos en que se recurra a figuras no institucionales, también se piensa prever la aportación financiera de las autoridades de los gobiernos locales con fines de control. 
Considero particularmente significativo que algunos diputados del Grupo del Partido Popular Europeo propongan dar ayuda específica a las iniciativas de los países candidatos, y esto condicionado por la confirmación de la exigencia de garantizar, en este delicado sector, una armonía de legislación y de sensibilidad cultural no sólo entre los Estados miembros sino también entre los Estados que son candidatos a ingresar en la Unión Europea. 
Para concluir, me permito subrayar la importancia de esta decisión: una importancia que sin duda es concreta, pero que también es simbólica, porque asume en cierto modo, como punto de referencia, las muchas experiencias positivas en cada uno de los Estados, y entre ellas considera como elemento positivo la experiencia italiana. 
De todas maneras, creo que hoy lo que se debe señalar con énfasis no es ya una experiencia singular en un Estado aislado, sino la percepción y la sensibilidad en el campo europeo de que estamos ante un fenómeno- el de la mafia y la delincuencia organizada- que representa una batalla que, si no se libra entre todos, se perderá irremediablemente. 
Señor Presidente, la idea de reunir, de formar y de que adquieran conjuntamente experiencia las personas que cooperan en la lucha del crimen organizado en Europa, es sin duda tan correcta e incluso tan necesaria que apoyo tanto este programa como el informe del colega Orlando. 
No obstante, ante el trasfondo de esta actitud de fondo positiva, quiero realizar algunas observaciones críticas sobre los proyectos de este tipo y no tanto sobre este programa. 
Este programa abarca un círculo de personas relativamente grande en la Unión Europea: jueces, fiscales, funcionarios de policía, de aduanas, etc. No cabe esperar que con los escasos créditos previstos para este programa se pueda llegar a un número apreciable de personas de estos grupos objetivo. 
Por ello, en primer lugar se debería limitar el posible círculo de personas y emplear los créditos del modo más dirigido posible. 
En segundo lugar, hay que evitar describir los temas de un modo demasiado amplio. 
Personalmente tengo dudas de que tuviese mucho sentido financiar proyectos de investigación con los reducidos créditos disponibles. 
También hay que evitar que, por ejemplo, los encuentros tan deseados del fin de semana puedan coincidir con un programa de este tipo. 
En tercer lugar, hay que pensar que ya tenemos toda una serie de programas de naturaleza similar. 
No deben producirse sobrelapamientos. 
Por ejemplo, tenemos MATTHÄUS, un programa para los funcionarios de aduanas. 
Además, tenemos TAX, GROTIUS, STOP, EUSIN, etc. Habrá que prestar mucha atención al respecto para que estos programas no se entrecrucen y para que ciertas personas que han desarrollado una habilidad especial en el seguimiento de tales programas, no accedan, por así decirlo, al beneficio múltiple de tales proyectos. 
Respecto a la financiación, originariamente estaba previsto que la cofinanciación europea fuese del 80 %. 
La Comisión de Presupuestos ha propuesto que se quede en el 60 %. 
Personalmente, yo habría preferido que cada uno financiase el 50 %, de modo que aquellos que quieran hacer uso de los créditos tengan que participar con una parte considerable en tales medidas. 
Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Presupuestos, lo hemos dejado en el 60 %. 
Un último punto: hay que agudizar y precisar aún más el control de lo que se hace con tales créditos y el éxito que se logra con ello, a lo que debe contribuir no en último lugar nuestra Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, también yo quiero subrayar la importancia de este programa y de la votación que haremos dentro del marco de un gran crecimiento de la atención e incluso de propuestas en el asunto de la lucha contra la delincuencia organizada. 
El nombre que lleva el programa, FALCONE, es el de un juez al que se conoció sobre todo después de su muerte y que fue asesinado en el momento en que pasaba por mayores dificultades, en que estaba más aislado. 
Se debe tener presente siempre que en la lucha contra la delincuencia organizada, junto a una eficaz acción policial y judicial, es muy importante también crear el clima de compromiso y de alerta ante la delincuencia organizada. 
En este sentido, debo decir que Italia ha estado aislada durante mucho tiempo. 
Como lo han demostrado no sólo el caso Falcone sino también el caso Borsellino y muchos otros, nuestro país tuvo que padecer en sus propias carnes los efectos de la actividad de la delincuencia organizada, y además tuvo dificultades para convencer a Europa de la necesidad de esta tarea prioritaria. 
Por fortuna hoy comprobamos que esta convicción existe a pesar de que, en cuanto a los resultados, aún estamos muy lejos de sentirnos satisfechos. 
Por ejemplo, se han puesto en uso instrumentos muy importantes a la hora de enfrentar el crimen organizado, pero las acciones habituales siguen siendo ineficaces. 
Al aprobar este programa, querría recordar al Consejo y a la Comisión la importancia de valernos de los instrumentos elegidos, aunque no sea de todos, pues no se puede poner todo en marcha de inmediato; sin embargo, lo que se ha seleccionado se aplicara sin demora, porque de ello depende la credibilidad de una acción europea que por fin se está convirtiendo en una acción común, en un compromiso común contra la delincuencia organizada. 
Sobre el programa, sólo me limitaré a subrayar el gran valor de los dos agregados que se han propuesto, tanto el de los colegas del PPI, sobre la extensión a los países en vías de adhesión, como el del Sr. Orlando, que sugiere utilizar este programa para dar apoyo a las experiencias que se adquieren sobre el terreno y provienen de asociaciones e instituciones locales, lo que contribuirá a crear el clima del que hablaba antes. 
Hace unos pocos meses, la agrupación italiana " Libera» , en la que ser han unido unas seiscientas asociaciones, emitió un programa muy importante y útil, en el que supimos que el trabajo de educación, prevención y sensibilización en la lucha contra la criminalidad tiene una importancia capital para que dentro de la sociedad se creen alianzas decisivas cuyo objetivo sea una lucha eficaz de las fuerzas del Estado. 
Señor Presidente, la delincuencia organizada se orienta activamente en la actualidad hacia Europa. 
Si no la combatimos rigurosamente hoy, lo tendremos que hacer con métodos drásticos más adelante. 
El plan de acción contra la delincuencia organizada demuestra que la conciencia acerca de esta grave amenaza contra Europa está adquiriendo una expresión concreta. 
En mi informe sobre la delincuencia organizada que se trató en el Parlamento en el mes de noviembre pasado, señalé diferentes campos en los que debe reforzarse la colaboración. 
Éste es uno de los más importantes, es decir, la colaboración práctica entre los países. 
La colaboración práctica encaminada a metas comunes tiende, después de un tiempo, a demostrar qué métodos son los más eficaces. 
Los países nórdicos han colaborado, desde hace muchos años, en materias judiciales. Esto ha llevado a que los sistemas, aunque no son idénticos, no obstante son compatibles entre sí. 
Hemos logrado, en los tres países nórdicos de la Unión, muchos de los objetivos que ahora conjuntamente ella intenta alcanzar. 
El programa Falcone es un paso importante para conseguir la sucesiva coordinación de las legislaciones penales y las medidas. 
Una coordinación de esta naturaleza tiene que crecer desde abajo, mediante la colaboración práctica. 
Por eso apoyo la propuesta de la Comisión que se refiere a los cursos e intercambios entre jueces, fiscales, funcionarios aduaneros y policías. 
Es importante que sean precisamente esas categorías profesionales las que gocen de este apoyo que asciende a la suma de 10 millones de ecus durante cinco años, suma que, en este contexto, es bastante prudente. 
En el largo plazo, la distribución actual de los fondos estructurales no es razonable y por esa razón la infraestructura judicial también debería obtener una parte de los fondos estructurales tradicionales. 
Tengo objeciones respecto de algunos detalles del programa, entre otros el modelo de financiación. 
La Comisión propone que los costes se financien con recursos comunitarios en un 80 por ciento. 
Pero el modelo habitual es, en otros casos, cincuenta y cincuenta, es decir, 50 por ciento de la comunidad y 50 por ciento de los Estados miembros que participen. 
Este modelo tiene ventajas ya que se reparte la responsabilidad financiera y, aún más importante, se comparte el control pudiendo hacerse más enérgico. 
Es un punto de vista importante en una Europa donde los ciudadanos a veces dudan de la justicia y la eficacia de los subsidios de la UE. 
Con todo, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores se ha puesto de acuerdo para complacer a la Comisión y proponer un 60 por ciento de recursos comunitarios. 
Estimo que hay motivos para mirar hacia adelante y preparar el informe Falcone para que tenga vigencia no sólo respecto de países participantes que solicitan la adhesión, sino que también de aquellos países con los cuales éstos tienen fronteras comunes. 
Finalmente, es importante subrayar que el programa Falcone sólo es una iniciativa entre una serie de medidas que se van a necesitar para mejorar la calidad del sistema judicial, pero también para aumentar la comprensión y la colaboración entre el personal que combate la delincuencia y la autoridad que imparte justicia, en los Estados miembros y en los países solicitantes de adhesión. 
Si no se cumple el propósito de crear sistemas judiciales confiables en todos los Estados miembros de la Unión, podríamos llegar entonces a que se pierdan los grandes beneficios que todas las partes involucradas pueden obtener con la ampliación de la Unión. 
La estructura judicial dentro de la Unión tiene que ser exitosa, lo que implica que debemos apostar por ella. 
Voy a repetir por decimoquinta vez mi observación a los Grupos políticos: ¡No pueden dar a los Srs. colegas tiempo de intervención de un minuto! No es digno. 
Que se haga una elección. 
¡No puedo admitir que sea posible interrumpir a un orador en un minuto! 
Señor Presidente, le doy las gracias por esta muestra de solidaridad con quien habla sólo un minuto. 
Ante todo, quiero agradecer al Sr. Orlando por el compromiso evidenciado en este trabajo al recordar a un magistrado. 
El programa lleva el nombre de un juez mártir en la lucha contra la mafia, asesinado de un modo brutal. 
También yo creo que la adopción del programa FALCONE será un notable paso adelante, sobre todo en lo relativo al intercambio de informaciones entre los que se ocupan de la lucha contra la delincuencia organizada, que siempre es internacional, que ha borrado las fronteras, las policías, a los magistrados y a tantas otras cosas. 
Es importante que los nuevos países que quieren adherirse a la Unión Europea se decidan a comprometerse, pero asimismo es muy importante el control de su democracia. 
Esto se dice con claridad en el programa FALCONE: que se establezca el control del Parlamento Europeo y que no se olviden jamás los principios de las garantías personales, de las libertades individuales, del equilibrio entre acusación y defensa, aun en la lucha contra la delincuencia organizada. 
De otra forma, se corre el riesgo de que las leyes excepcionales, usadas para combatir la delincuencia organizada, se conviertan en leyes ordinarias, y esto, obviamente, sería un tremendo paso atrás para la libertad y la democracia de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, según una encuesta del Eurobarómetro, casi un 70 % de los ciudadanos en Europa opina que es mejor que las decisiones relacionadas con la lucha contra las drogas, la criminalidad y el terrorismo se tomen a nivel europeo que a nivel nacional. 
Los ciudadanos tienen razón, por supuesto. 
Los problemas que traspasan las fronteras, como el terrorismo y la lucha contra el crimen, requieren un enfoque global y conjunto con unas medidas eficaces y coherentes. 
El proyecto Falcone pertenece sin duda a ello. 
Es, como ya se ha dicho, una de las medidas de ejecución del programa de acción contra la delincuencia organizada que se pone en marcha ahora con el contenido concreto. 
Con motivo de los dramas que tuvieron lugar en mi país, Bélgica, se constituyó una comisión parlamentaria de investigación con la tarea principal de averiguar lo que falló en las distintas investigaciones judiciales. 
Una de las conclusiones finales de esta comisión de investigación fue que los fallos en la política judicial en Bélgica se deben sobre todo a la defectuosa organización de nuestro aparato judicial, a una tremenda falta de colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos de policía y al hecho de que el intercambio de datos sobre delitos entre las instancias judiciales de instrucción sea casi nulo. 
Debemos evitar por lo tanto que en Europa se cometan los mismos fallos que en mi país llevaron a estos hechos. 
Justamente por eso este proyecto Falcone es tan importante. 
Este programa de cinco años está ideado para luchar en común contra la delincuencia organizada en los Estados miembros europeos por medio de un intercambio, formación y cooperación de las personas que son responsables de esta lucha que traspase las fronteras. 
Es hora de que se dé a la Unión Europea los medios necesarios para actuar enérgicamente contra uno de los mayores problemas de nuestro tiempo: la garantía de nuestra seguridad. 
Señor Presidente, no podemos sino recibir positivamente el programa FALCONE que, yo también quiero recordarlo, lleva el nombre de un excepcional juez italiano, bárbaramente asesinado hace algunos años. 
Este programa, como plan de acción común contra la delincuencia organizada, representa en primer lugar una contribución de gran valor e interés a un proceso de verdadera unificación europea que, además de la moneda, asimismo tiene que prever una política común interior de seguridad y de tutela de los ciudadanos. 
No obstante, no sólo en mi opinión sino también en la de otros colegas, el programa necesita una definición más rigurosa y concreta de los objetivos, de los campos de aplicación, de las modalidades de participación y de financiación, para evitar la dispersión de las iniciativas y los dispendios. 
En segundo lugar, es preciso recordar que, para tener el efecto que se espera, el programa FALCONE tiene que inscribir sus iniciativas en el ámbito de la coordinación de EUROPOL, en especial para el tráfico de drogas. 
Si se aplica sin demasiadas conferencias y seminarios, pero siempre con la mira puesta en la operatividad, en la innovación de los sistemas informativos, en la formación profesional de quienes trabajen en él y en la investigación, el programa FALCONE podrá representar una gran posibilidad de modernización y de potenciación de los sistemas de lucha contra la delincuencia y, sobre todo, un gran servicio a los ciudadanos europeos y, como he dicho ya, a la unificación europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, se han dicho muchas cosas correctas sobre el programa en si y sobre las propuestas presentadas por el colega Orlando. 
Por ello, quiero realizar una observación de fondo sobre la siguiente cuestión: ¿cómo debemos plantear a largo plazo la lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea? 
El programa FALCONE indica que, respetando estrictamente las competencias nacionales en la lucha contra el crimen, funcionarias y funcionarios que son competentes a nivel nacional de estas cuestiones, intercambien las experiencias que han tenido a nivel nacional para volver a continuación a casa y proseguir a nivel nacional allí donde estaban antes de iniciar el viaje para el intercambio de opiniones. 
A largo plazo, esto no nos va a servir de ayuda. 
Sin duda, se trata de un buen programa y el intercambio de experiencias es algo correcto. 
Pero el Sr. De Clerq ha realizado una observación muy importante. 
Se trata de que los miembros de esta Asamblea puedan debatir en todo momento que las posibilidades de movimientos del crimen organizado, las actividades transfronterizas que practican cada día son factibles cada vez de un modo más amplio, ya que existe una actividad económica sin fronteras dentro de este gran espacio económico que es la UE, a la que vamos a dotar además de una moneda única. 
A la profundización de tipo económico y comercial viene a sumarse una profundización de la política financiera. 
Las posibilidades de abusar de estas estructuras crecen y crecen pero nosotros no oponemos una estrategia europea dentro de las competencias de la Unión. 
Por ello, el programa FALCONE es en mi opinión correcto si se considera como una fase previa a una europeización posterior de la lucha contra el crimen o como una competencia para hacerlo a nivel de la Comunidad. 
Entonces será un paso correcto que naturalmente nosotros saludamos, pero sólo en ese caso. 
Indico que debemos tenerlo en cuenta también para los próximos debates. 
Señor Presidente, Señorías, comparto la opinión de todos los oradores anteriores que han confirmado que el crimen organizado no solamente se ha establecido firmemente en la Unión Europea sino en todo el mundo. Me permito indicarles una cifra que arroja luz sobre esta dramática situación: el Fondo Monetario Internacional calcula que anualmente el crimen organizado obtiene unos 550.000 millones de ecus que se vuelven a introducir en el circuito económico legal. 
Todo el mundo se puede imaginar lo que significa para las empresas legales, para la administración estatal y para nuestra sociedad que fondos ilegales en tal volumen sean introducidos en el circuito legal. 
Es una amenaza directa para todos nosotros. 
Los ciudadanos esperan que la policía y la justicia controlen por fin esta red internacional que el crimen organizado ha tejido. 
Comparto la opinión de mi colega Schulz en el sentido de que debemos recapacitar sobre si no debemos colocar en segundo término las soberanías nacionales en favor de una justicia y una cooperación europeas en la lucha contra el crimen. 
El ciudadano no debe tener nunca la sensación de que la integración europea hace que los criminales sean los beneficiarios y no los ciudadanos. 
Debemos trabajar para que la señal sea: cooperación europea en interés de la seguridad de los ciudadanos. 
Este programa supone un inicio y creo que será aún mucho más valioso en relación con los otros muchos programas que tenemos, como ODYSSEUS, GROTIUS o SHERLOCK. 
Si logramos obtener efectos sinergéticos de estos programas entonces el ciudadano tendrá la sensación y notará que Europa hace algo realmente en interés de su seguridad, de que no solamente somos un espacio de economía común sino que paulatinamente también nos convertimos en un área de derecho y seguridad comunes. 
Presidente, la iniciativa para llegar a una actuación conjunta contra la delincuencia organizada bajo el nombre simbólico de Falcone, es bienvenida por supuesto. 
Sin embargo, me pregunto cómo se puede explicar al ciudadano en las próximas elecciones locales y nacionales que se celebran por toda la UE que un plan de acción con quince líneas generales, treinta recomendaciones específicas, con una evaluación después de cinco años, con la creación de una comisión con poco presupuesto, que se aplica a una amplia gama de personas, cómo dicha actuación puede dar el golpe definitivo al sector criminal, que justamente se caracteriza por su creatividad y flexibilidad. 
Hubiera preferido, como el Sr. Nassauer, que se hubiera quedado más limitado, por ejemplo, exclusivamente a la gente que captura a los malhechores auténticos. 
Porque entonces puedes llegar y decirle al ciudadano europeo que esta actuación contra la criminalidad es exitosa. 
Señor Presidente, primero deseo felicitar a Orlando por un excelente informe. 
Aprecio el apoyo que el ponente da a la Comisión para esta importante iniciativa. 
Evidentemente que la Comisión espera, igual que el diputado Schulz, que el programa simbolice un nuevo paso hacia una mejor cooperación europea en el ámbito judicial, puesto que Falcone va a tener trascendencia en muchos aspectos. 
Entre otras cosas, el programa ofrecerá un marco financiero dentro del que van a realizarse muchas de las recomendaciones que se decidieron en la Cumbre de Amsterdam en relación con el plan de acción contra la delincuencia organizada, y podrá evaluarse cómo se han realizado. 
Como es sabido, el Consejo de Europa también examinará en Cardiff la forma cómo se desarrolla el plan de acción. 
Por esto es especialmente importante que el programa Falcone se ponga en marcha muy pronto. 
Además, el programa Falcone va a mejorar ostensiblemente las condiciones para la colaboración más allá de las fronteras entre los funcionarios que, de diferentes maneras, combaten la delincuencia organizada en nuestros Estados miembros. 
De este modo, puede multiplicarse el contacto entre prácticos y expertos. 
Desde el punto de vista de la Comisión, puedo notar con satisfacción que las propuestas de enmiendas que se contienen en el informe, todas ellas, parecen encaminadas a reforzar la propuesta. 
Evidentemente que sería deseable que las personas que son víctimas de la delincuencia organizada se interesasen, puesto que esas personas cumplen una función trascendental, cuando menos tratándose de la divulgación de conocimientos acerca de las consecuencias de la delincuencia internacional. 
Creo que lo importante en este momento, sin embargo, es que el programa Falcone se lleve a efecto y que, de ese modo, hagamos aún más esfuerzos para la realización del plan de acción existente desde la Cumbre de Amsterdam. 
Señora Comisaria, tomo nota del hecho de que, dando ejemplo, ha utilizado el menor tiempo posible para su intervención, cosa que no ocurre siempre con todos sus colegas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
Derechos humanos en la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0034/98) de la Sra. Pailler, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Internos, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996). 
Señor Presidente, Señorías, el punto de partida de esta opinión fue la crítica ejercida sobre el informe de derechos humanos en el año 1997. 
En aquella ocasión nos pusimos de acuerdo en encargar a comisiones especializadas los diversos campos temáticos debatidos y que nosotros deberíamos limitarnos a las violaciones reales de los derechos humanos porque este modo de actuar sería más beneficioso para los derechos humanos en general. 
Por ello, en el marco de un proyecto de informe he elaborado una opinión que tiene en cuenta este objetivo y que he presentado a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
He estudiado qué violaciones se han presentado en 1996 y he constatado que en el campo de los derechos sociales, en relación con la no discriminación, solamente en un único país se ha producido una violación del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos: en este caso, una prestación social estaba vinculada a la exigencia de la Fiscalía. 
Entretanto, este malentendido se ha corregido en el país en cuestión. 
He analizado además hasta qué punto la Carta Social del Consejo de Europa ha sido violada en los puntos correspondientes y he podido comprobar que en todos los países se han producido transgresiones por parte de los sindicatos y de los trabajadores, pero debo decir al respecto que esta Carta Social solamente tiene carácter declaratorio, es decir, el rango de una recomendación. 
Debido a estas transgresiones he extraído dos conclusiones. 
La primera es que deben evitarse las transgresiones allí donde se producen y que deben realizarse adaptaciones de las normas jurídicas intraestatales; la segunda consiste en instar a los Estados miembros para que realicen recomendaciones para que la Carta Social sea respetada en los campos del trabajo forzoso, la libertad de asociación y el derecho de huelga. 
Esta propuesta se ha aceptado en el primer debate mientras que en el segundo se presentó un gran número de enmiendas orientadas todas ellas en la misma dirección que en años anteriores. 
En consecuencia, he votado en contra de mi propio informe por los siguientes motivos, lo que digo como diputado del PPE. Con estas enmiendas no se ha logrado el objetivo de limitarse a debatir realmente sobre las violaciones de los derechos humanos. 
Se ha iniciado el mismo camino que en años anteriores. 
El informe sobre los derechos humanos ha sido utilizado como instrumento para hacer llegar al menos a la opinión pública parlamentaria posiciones ideológicas de izquierda que ya nadie quiere oír, pues son irreales, en parte oscuras y, sobre todo, sin éxito. 
Los derechos humanos son demasiado valiosos como para manipularlos ideológicamente. 
Si el informe sobre los derechos humanos desemboca en un despliegue teórico de teorías económicas marxistas, si exige vías inaceptables en la política de migración y califica como leyes antihomosexuales las normas de protección para los jóvenes, entonces este informe debe rechazarse. 
Señor Presidente, Señorías, hasta hace pocos segundos pensaba que me podía alegrar por poder mantener un debate con nivel. 
Señor Pirker, con las observaciones que ha realizado al final ha estropeado su, en si, buena intervención. 
Me alegro por ello por otras intervenciones, pues no me parece justo mantener el debate sobre los derechos humanos a un nivel de taberna de barrio de ciertas pretensiones. 
No se puede enfrentar uno a la problemática que cada año se nos plantea tal como acaba de intentarlo el colega Pirker. 
Reconozco que todos los años en esta Asamblea estamos profundamente divididos sobre el informe de los derechos humanos, sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea. 
En la votación que tenemos ante nosotros, vamos a mantener de nuevo una lucha de trincheras difícilmente comprensible para las personas que nos contemplan desde fuera. 
Difícilmente comprensible pues la mayoría de las personas son de la opinión de que no sería necesario debatir sobre los derechos humanos ya que por principio se debería poder partir del hecho de que entre políticos democráticos- no todos, pero sí la mayoría en esta Asambleaexiste un consenso básico. 
Pero en la realidad ya no existe ese consenso porque hace algunos años algunos grupos políticos de esta Asamblea están realizando el intento de encontrar, más allá de la comprensión ciudadana tradicional de los derechos humanos, unas definiciones de derechos humanos tal como existen en los Estados modernos, en los Estados miembros de la Unión, lo que nosotros mencionamos como derechos fundamentales ecológicos, sociales y culturales. 
En nombre de mi grupo político, quiero mostrar claramente una cosa: como Estados altamente desarrollados, modernos, ricos, administrados eficientemente, en lo tocante a los estándares de formación que podemos proporcionar, nosotros nos diferenciamos naturalmente de los Estados sobre los que elaboramos informes de derechos humanos. 
El colega Goerens ha dado hace algunos días un buen ejemplo de mortalidad infantil. 
No podemos formular un derecho fundamental a la protección de la vida recién nacida frente a todos los peligros en un país como Guinea-Bissau porque allí las condiciones de infraestructura, higiénicas y sanitarias no son financiables por el Estado. 
Pero en un Estado como la República Federal de Alemania sí lo son. 
Se puede atender a cada niño recién nacido bajo unas condiciones óptimas. 
Por ello, una familia en mi país tiene el derecho a reclamar una protección de este tipo, independientemente de la propia situación social individual, al contrario que una familia en ese país africano. 
Ya solamente esta diferencia de bienestar muestra que tenemos que abrirnos a un nuevo debate. 
Si lo que aquí exigimos, al final conducirá a que se establezcan tales derechos fundamentales en algún lugar es otra cuestión. 
Pero no debatir sería erróneo. 
En especial, el Grupo del PPE de esta Asamblea quiere impedirlo todos los años con el argumento de que esto no tiene nada que ver con los derechos cívicos o humanos. 
Pero tiene muchísimo que ver. 
Lo que tampoco podemos permitirnos- se ha repetido también con frecuencia pero tiene que repetirse- es andar por aquí con el dedo índice levantado, denunciar todas las violaciones posibles de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y adoptar resoluciones. 
Pero no querer hablar sobre torturas, violaciones, represión, malos tratos o terror sicológico, que también practican autoridades de la Unión Europea y de sus países miembros, significa perder toda legitimación moral para denunciar las violaciones de los derechos humanos en otros lugares. 
Por ello debemos vigilar muy atentamente las violaciones de los derechos humanos en el interior de esta Unión. 
Sé que es desagradable autoalabarse como Estado democrático de derecho y comprobar que el respeto de los derechos fundamentales en la práctica es más difícil que reflejarlo en los documentos de la Constituciones. 
El Estado democrático de derecho que no se esfuerce a diario en aplicar en la vida cotidiana lo que en su Constitución expone, pierde su propia legitimación. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más nos enfrentamos a un informe que lamentablemente no se centra en los aspectos jurídicos y reales del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea. 
Volvemos a encontrarnos ante un proyecto desvirtuado en su contenido y estructura, que responde probablemente a otras motivaciones, quizá políticas, que no son las que deberían guiar los objetivos de este documento. 
Parece necesario recordar que las resoluciones del Parlamento son resoluciones de una Asamblea legislativa, y no podemos aprobar informes que carecen de fundamento jurídico y que responden solamente a fines políticos y programáticos. 
Es nuestro deber dotar a estas resoluciones de un riguroso respeto a la imparcialidad ideológica y al Derecho en su más amplio sentido. 
Por ello, desde el Grupo Popular, venimos reivindicando el absoluto respeto a nuestro Derecho originario: el Tratado. 
Y desde siempre hemos defendido la obligación de utilizar como base el Convenio europeo de Roma sobre la protección de los derechos humanos. 
Sin embargo, desafortunadamente, nos encontramos ante un informe en el que se confunden los más elementales principios del Derecho, en el que no se distingue entre el Derecho fundamental y las obligaciones de los Estados con sus ciudadanos. 
Nosotros, desde el Grupo Popular, confirmamos nuestra tradición de vanguardia en la defensa de los derechos humanos. 
Reiteramos el absoluto respeto a la dignidad y el valor de la persona humana, y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 
Y reafirmamos que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e independientes. 
Por eso, en este informe, votaremos a favor de los apartados en los que efectivamente se reflejan los problemas relacionados con los derechos humanos, como las libertades individuales, los derechos del acusado, los derechos políticos o el derecho a la vida. 
Compartimos la preocupación por promover y proteger los derechos de los niños y garantizar que se protejan los derechos de las personas que puedan ser particularmente vulnerables al maltrato o al abandono, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidades, o las personas de edad. 
Sin embargo, tendremos que oponernos a aquellos apartados del informe que no respetan el concepto de derechos humanos. 
No puede utilizarse esta Asamblea para aprobar resoluciones, sobre todo en temas tan delicados como los derechos fundamentales, que pretenden hacer una utilización política de los mismos. 
En un futuro deberemos replantearnos la estructura y el contenido de este tipo de informe para que en un tema tan serio como éste podamos actuar con el mayor consenso posible. 
Quizás será necesario que para ello podamos organizar audiencias con los jueces del Tribunal Europeo de los derechos humanos para que nos indiquen cuáles son los recursos más frecuentes de nuestros ciudadanos ante el Consejo de Europa, y evaluar las sentencias dictadas en el año del cual se ocupa el informe, o establecer otros mecanismos de diálogo que nos permitan estudiar los derechos humanos desde una perspectiva común. 
Por ello no quisiera terminar, señor Presidente, sin afirmar que espero y confío en que el sentido común prevalezca en futuros debates sobre esta problemática y en que los grupos políticos seamos capaces de abandonar nuestras diferencias, en beneficio de los ciudadanos, en una materia tan importante como son los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, el Año Europeo contra el Racismo fue para nosotros una ocasión más para afirmar que nunca nada está definitivamente ganado en el ámbito del respeto de los demás, de su dignidad, de sus diferencias y de su identidad cultural. 
Esta es una de las principales razones que justifican la celebración del debate anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea. 
La segunda razón guarda relación con la situación de Europa en el mundo. 
Los derechos de las minorías, la afluencia de solicitantes de asilo, la situación de los indocumentados, hacen de Europa un campo de trabajo permanente y un ámbito en el que debe afirmarse el respeto de los derechos humanos. 
En este ámbito, Europa debe tender a ser intachable, ya que no basta con incluir una cláusula relativa al respeto de los derechos humanos en todos los acuerdos entre la Unión Europea y los terceros países. 
La Unión, que desea incluir dicha cláusula en los acuerdos, debe antes demostrar una buena conducta dentro de sus propias fronteras. 
Los liberales siempre han sido favorables a un amplio debate sobre la inclusión de los derechos humanos de la segunda y de la tercera generación en los informes relativos a los derechos humanos. 
Habida cuenta de su carácter evolutivo y de la exigencia de codificación, nosotros preconizamos esta inclusión, así como la continuación de la redacción de los informes que hemos presentado en este ámbito. 
La Unión Europea sólo tiene credibilidad en este terreno en la medida en que acepta hacer su autocrítica. 
En efecto, los mecanismos de control y de seguimiento aplicados por el Consejo de Europa en el ámbito de los derechos humanos constituyen una llamada permanente a la vigilancia por parte de los Estados miembros y de sus ciudadanos. 
Nuestra voluntad de respetar los derechos humanos se mide frente a los débiles, a los excluidos, a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. 
Visto desde este ángulo, el trabajo realizado por la Sra. Pailler es excelente y merece toda nuestra consideración. 
Señor Presidente, quisiera ante todo felicitar a la ponente por su excelente informe y manifestar mi total apoyo a todas y cada una de las propuestas que en él se incluyen. 
Dicho esto, me gustaría centrar esta breve intervención en el tema de la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
El racismo constituye un delito y, sin perder de vista esta afirmación, es necesario que en los Estados miembros se refuercen las leyes para combatir todo tipo de actos o declaraciones racistas. 
Se suele decir que el desempleo y la crisis económica son el mejor caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia, y esto no es falso. 
Pero no debemos olvidar que la exclusión social tiene un fuerte componente cultural. 
Ambos factores deben tenerse en cuenta en la lucha contra el racismo. 
Por último, me gustaría destacar la propuesta novedosa de la Sra. Pailler, que solicita en su informe que el propio Parlamento Europeo pueda actuar contra los diputados que de alguna manera fomenten el racismo y la xenofobia. 
Es preciso desmontar lo que algunos llaman xenofobia institucional, y con medidas como ésta yo pienso que vamos por el buen camino. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, millones de personas durante un período de tiempo indeterminado que quizás quede limitado por su propia muerte, solamente tienen algunos pocos derechos, el derecho a la miseria o a una miseria más o menos próxima, con frecuencia el derecho a la pérdida de un techo sobre sus cabezas y a la pérdida de cualquier respeto y autorespeto así como a una identidad no segura o frustrada y el derecho a la sensación más ignominiosa que existe, a la vergüenza. 
Así se expresa Viviane Forester. 
Lo que necesitamos es un renacimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos aquí en la Unión Europea. 
Hay que acabar con la facilidad con que se cuestionan los principios democráticos fundamentales. 
De hecho, vivimos en unos tiempos de pérdida de democracia y de solidaridad. 
El fundamento de los derechos humanos entre nosotros no es sólido. 
Tiene grietas y se ha vuelto quebradizo. 
Por ello es aún más importante el informe anual y más incomprensible el ya tradicional debate sobre la definición de los derechos humanos y el repetido intento de vaciarlo de contenido y de relativizarlo. 
Un informe sobre los derechos humanos tiene que enfrentarse a la realidad sin paliativos y no a otras cosas. 
Desearía realmente que los colegas demócrata-cristianos como el colega Pirker, tuviesen en cuenta lo que las grandes Iglesias exigen como derecho, como derecho fundamental. 
Exigen el derecho al trabajo, a un trabajo digno. 
Demandan justicia en una sociedad que debe incluir la justicia distributiva y participativa. 
Un Estado que no reconoce a las personas sin techo el derecho electoral, es decir, el derecho a codecidir, les niega también el derecho a la dignidad humana, pues una parte esencial de la idea democrática es precisamente que el derecho a participar no se vincule a ningún otro criterio que el de ser una persona, es decir, que no se vincule al sexo, al color de la piel o al estado de la cuenta corriente. 
Los derechos deben existir para que puedan ser usados. 
Es una manipulación cínica hablar de abuso de los derechos y desacreditar el uso como abuso. 
El llamado abuso está experimentando una inflación: el llamado abuso de asilo, el llamado abuso social, el llamado abuso del derecho a abstenerse a declarar por parte de los periodistas. 
El Sr. Pirker incluso ya habla de abuso aquí en nuestra Asamblea si hablamos sobre los derechos humanos. 
De lo que se trata pues es de garantizar el uso de los derechos en lugar de desacreditarlo como abuso. 
Tiene algo que ver con democracia. 
Señor Presidente, me falta el tiempo para mencionar casos concretos. 
Me habría gustado hablar sobre Austria y la discriminación de los homosexuales. 
Me habría gustado hablar sobre Alemania, siempre Alemania, y el trato infamante que se da a los refugiados. 
Este es el sentido de un informe sobre derechos humanos y no mostrar fatas morganas. 
Muchas gracias y gracias también a Aline. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, nosotros votaremos a favor, naturalmente, del informe de Aline Pailler. 
Es cierto que es necesario promover los derechos humanos, en cuya definición todos están de acuerdo, y que debemos estar en la primera fila de los que luchan para exigir su respeto. 
Pero también hay que insistir en la importancia primordial de los derechos económicos y sociales. 
No es muy decente valerse del pretexto de que la ponente pertenece a un determinado grupo para poner en entredicho el contenido de los apartados que tratan de estos derechos. 
Si a nadie se le ocurre cuestionar el derecho de la pareja de tener o no hijos, qué podemos decir entonces del derecho de esta familia de darles la educación indispensable, de garantizarles una buena salud física y mental y de procurarles los medios necesarios para el completo desarrollo de su personalidad. 
La organización de nuestro mundo, que produce cada vez más dinero y cada vez más pobres en el seno de la Unión, debe ser vigilada muy de cerca, ya que la violación de estos derechos fundamentales es hoy el pan nuestro de cada día de la vida en la Unión Europea. 
Ahora bien, para promover los derechos que en cierto momento se hayan podido calificar de formales, se requiere una base mínima de respeto a los hombres y a las mujeres. 
A partir de este afianzamiento es como podrá desarrollarse una sociedad armoniosa. 
El derecho de vivir dignamente es un mínimo estrictamente necesario. 
Señor Presidente, el informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea es un rito al que todos los miembros de esta Asamblea deberían ajustarse sin titubeos, y sobre todo nosotros, los franceses, puesto que fue un francés, el rey Luis XVI, el primero en promulgar una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. 
Desgraciadamente, la lectura del informe que se nos ha sometido nos deja escépticos. 
¿Se trata de un texto sobre el respeto de los derechos humanos o del manifiesto político de una compañera de fatigas del Partido Comunista francés? 
La Sra. Pailler insiste en los derechos económicos y sociales, pero curiosamente no dice nada sobre el derecho de empresa y el derecho de propiedad, a pesar de ser fundamentales en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
Dicho esto, aparte de los puntos relativos a los derechos de los niños, que pueden ser aprobados sin reserva, y de algunos puntos sobre las libertades de expresión y las libertades individuales, el informe que se nos somete está compuesto sobre todo de afirmaciones ideológicas más o menos tendenciosas, fuertemente teñidas de marxismo-leninismo... 
(Reacciones diversas )... ideología criminal que desde 1917 es responsable de más de 100 millones de muertos en Europa. 
En estas condiciones, está claro que nos será imposible votar positivamente la mayoría de los apartados de este informe, que mezclan las afirmaciones políticas con las cuestiones que verdaderamente guardan relación con los derechos humanos. 
Apoyaremos, en cambio, las enmiendas del Grupo UPE y del PPE. 
En conclusión, nosotros consideramos que un texto de esta naturaleza, lejos de confirmar el papel del Parlamento Europeo de guardián de los derechos humanos, sólo da de éste la imagen de una Asamblea irresponsable, cuya falta de seriedad es dramática. 
Señor Presidente, el símbolo pasa de la raya y, como lo ha subrayado mi colega Buffetaut, es escandaloso. 
Nuestro Parlamento ha encargado el informe anual sobre los derechos humanos a la Sra. Pailler, diputada comunista, cargo electo de las listas del Partido Comunista francés, que sigue postulando una definición marxista de los derechos. 
Así, la lección sobre los derechos humanos nos la ha dado la representante de una formación que aprobó el confinamiento de Solzhenitsin en el gulag, los disparos de la policía popular contra los berlineses que huían del paraíso soviético y la invasión militar de Afganistán. 
Y el Partido Comunista no se ha retractado. 
Continúa defendiendo sus posiciones, ya que en los municipios que dirige existen calles con el nombre de Lenin, es decir, calles, paseos, avenidas, que honran a uno de los mayores criminales que ha conocido la humanidad, el creador de la policía soviética, la Cheka; el teórico del método del hambre, que también puso en práctica, para reducir a adversarios políticos o a las clases que se consideraban hostiles. 
Así pues, queridos colegas, el debate de hoy es digno de " 1984» , la novela de ficción de Orwell. 
Estamos inmersos dentro de una lógica orweliana, en que la verdad es la mentira, ya que, con el pretexto de defender los derechos humanos, de lo que en realidad se trata es de privar a los adversarios políticos de la libertad de expresión. 
Puesto que la libertad de expresión no consiste en la libertad de pensar como los demás, se trata precisamente de la libertad de pensar distinto que los demás. 
Voltaire decía: " No comparto sus ideas, pero lucharé para que pueda expresarlas». 
De igual modo, de lo que en realidad se trata en el informe de la Sra. Pailler, con el pretexto de defender los derechos humanos, es de impedir que los pueblos sean dueños de sí mismos, y controlen su política de inmigración. 
Presidente, sólo tengo unos pocos minutos y esos minutos desde luego no los utilizaré para prestar mucha atención a los lamentables comentarios del Sr. Buffetaut y del Sr. Le Gallou que utilizan año tras año este estrado para ofender a la ponente en vez de limitarse a lo que figura en el informe de la Sra. Pailler. 
Es bueno que tengamos cada año tal informe. 
En primer lugar, porque queremos demostrar que somos una parte del mundo decente. 
En segundo lugar, porque siempre estamos tan alerta para señalar a otros allí donde la política de derechos humanos no es correcta. 
En tercer lugar, justamente en esta semana, porque no solamente hablamos aquí de Birmania, Senegal y China, lo cual es estupendo, sino que también miramos lo que no va bien aquí y hay un montón de cosas que no van bien. 
Es bueno que se preste atención a eso. 
Es una pena y es vergonzoso, he de decirlo también, que año tras año haya discrepancias sobre la definición de los derechos humanos. 
Por eso, creo que es bueno que la comisión, de la que soy presidenta, haya decidido ponerse de acuerdo el año que viene sobre esa definición primero, y eso será factible porque en junio se presentará una nueva generación de derechos humanos. 
Sería bueno que miráramos muy bien a la redacción que se maneje allí. 
Pero antes de llegar a ese punto, quisiera recomendar a todo el mundo que mire muy bien los capítulos sobre el asilo y la inmigración, que mire detenidamente la situación en las cárceles, que mire muy bien los capítulos dedicados al racismo y a la xenofobia. 
Si este informe se toma en serio y si se quiere que el mundo exterior entienda que el Parlamento Europeo también está dispuesto a autoexaminarse, entonces ya sólo sobre la base de estos tres capítulos habrá que decir sí a este informe. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, tengo que decir que el informe de la Sra. Pailler es un informe muy amplio, incluso demasiado amplio, con los problemas que obviamente acarrea este mamotreto de derechos que se discuten todos a la vez. 
No obstante, debo referirme a algunos puntos importantes del informe, por ejemplo los que se refieren a la cuestión de las cárceles- con un enfoque que comparto por completo -, o lo relativo al abuso de la prisión preventiva, a la falta de igualdad entre acusación y defensa en juicio, puntos todos estos en los que concordamos con el informe. 
En cambio, no me adhiero al debate ideológico sobre si es necesario incluir en el informe otros derechos- ampliando el campo de los derechos humanos -, como los económicos y sociales o los ecológicos. 
En este punto me dirijo a los amigos del Partido Popular, para decirles que no se trata de esto. 
Creo que los derechos humanos están en evolución, que hay que discutir los contenidos que la Sra. Pailler pone de manifiesto, por ejemplo en lo que se refiere a los derechos económicos y sociales, que las respuestas dadas por la Sra. Pailler en esta parte son completamente erróneas y obsoletas y están superadas por la historia. 
Pensar que la pobreza es el fruto de las políticas de mercado significa que no se advierte lo que es la realidad y que se da una respuesta contraria a la realidad misma. 
Sobre esto, pues, tenemos que discutir. 
Presidente, me quiero sumar al coro de los que opinan que es bueno que aquí hablemos y tomemos decisiones sobre la situación de los derechos humanos dentro de la Unión Europea. 
Me gustaría añadir: sería importante que llegáramos aquí, en esta Casa, a una gran mayoría sobre este punto. 
Desde mi punto de vista hay muchas cosas buenas en el informe- que no haya malentendidos sobre esto- pero también hay algunos temas que impiden llegar a una gran mayoría. 
Mencionaré algunos. 
No demasiados ya que no hay tiempo para ello. 
Un tema de principios es por ejemplo el punto 14; trata del derecho de nacionalidad, del ius soli o el ius sanguinis. 
Estos son temas que tienen una dimensión constitucional en los diferentes Estados miembros y mi pregunta es la siguiente: se puede decir que se debe estar a favor del ius soli, pero ¿constituye una violación de los derechos humanos en el año 1996, porque el informe trata de ese año, que un país tenga el otro sistema de derecho de nacionalidad? 
La respuesta es naturalmente: " no». 
Hay algunos puntos buenos sobre el derecho de inmigración y de asilo, pero también hay algún punto controvertido, como por ejemplo sobre la legalización de los extranjeros ilegales. 
La no legalización en sí, no supone una violación de los derechos humanos en el año 1996. 
Espero que sea posible, cambiando el informe, conseguir finalmente una mayoría considerable. 
Señor Presidente, la Sra. Pailler ha hecho un trabajo realmente valioso en la preparación de este informe. 
El informe anual sobre los derechos humanos es en cierto modo un barómetro de la situación en los Estados miembros. 
Los rom, los gitanos y los sinti son importantes minorías paneuropeas. 
Esos pueblos viven en Europa desde hace centenares de años. 
Aun así, aún hoy se siguen violando gravemente sus derechos humanos en muchos Estados miembros. 
No se respetan debidamente los derechos fundamentales de carácter económico, social y educativo en el caso de esos pueblos. 
Resulta muy lamentable que el Consejo de Europa y la Unión Europea no sean capaces de lograr una cooperación más eficaz para mejorar las condiciones de vida de los rom. 
El Consejo de Europa tiene muchos conocimientos sobre la situación de los rom en toda Europa, pero sus recursos son bastante insuficientes. 
Combinando sus gestiones y sus recursos, la Unión Europea y el Consejo de Europa podrían lograr resultados importantes. 
Hago un llamamiento al Comisario Van den Broek para que se garantice una mejor cooperación entre esas instituciones. 
Señor Presidente, en mi país la solicitud de asilo de una joven africana, a la que amenaza por parte de su familia violencia sexual y mutilación corporal, ha sido rechazada como evidentemente injustificada. 
En el Estado Federal de Baden-Württemberg, la expulsión que se califica en el presente informe como de doble penalización es una práctica generalizada incluso aunque afecte a ciudadanos de la Unión. 
Pero de esta injusticia no tienen la culpa los funcionarios o los tribunales sino que es resultado de una legislación indigna que ha transformado los derechos fundamentales en privilegios. 
Pero quien transforma los derechos fundamentales en privilegios, los suprime. 
Quien suprime los derechos fundamentales, socava el orden jurídico que descansa en los derechos fundamentales y elude la responsabilidad por el respeto de estos derechos fundamentales tal como hace la cláusula de terceros Estados. 
No puedo comprender que esta Asamblea no pueda hablar con una sola voz en el rechazo y condena de tal política y esto lo digo como alguien que ha leído a Soljenitzyn y que conoce a los " vopos» por propia experiencia. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, junto con aspectos que son indiscutibles y ciertas observaciones muy oportunas, este informe sobre los derechos humanos en la Unión Europea contiene graves lagunas y algunos puntos inadmisibles. 
Por ejemplo, el concepto engañoso de prostitución libre, que constituiría una verdadera regresión para el humanismo europeo- por entender que el cuerpo no es exterior a la persona, y no puede ser objeto de comercio -, y que si fuera aceptado contribuiría a extender la plaga que representa cualquier forma de prostitución. 
Por ejemplo, la reivindicación de un contrato de unión civil para las personas homosexuales. 
¿Acaso hay que recordar lo que resulta evidente? 
La vida y el desarrollo de la sociedad, de toda sociedad, se basan en la diferencia de sexos. 
La orientación homosexual, que es una práctica individual, no puede, por tanto, pretender un reconocimiento social, generador de derechos particulares, desdibujando así, para los jóvenes, el punto de referencia fundamental de la diferencia de sexos. 
¿Qué podemos decir, en fin, del derecho actualmente más vilipendiado en nuestros países, y especialmente en el mío, en Francia, derecho gracias al cual estamos aquí, ustedes y yo, porque nos fue reconocido: el derecho de desarrollarse y de nacer? 
Sí, verdaderamente, en este informe, señora, hubiéramos preferido un enfoque menos selectivo y más coherente. 
Señor Presidente, me parecería positivo para la finalidad que perseguimos si el informe sobre el respeto de los derechos humanos se ocupase de casos concretos y no intentase articular un abanico de exigencias políticas. 
Ya solamente su artificialmente inflado volumen lo debilita. 
Las preocupaciones de la ponente se alejan en muchos aspectos de la realidad. 
La crítica que se realiza a los funcionarios de prisiones, por escoger solamente un ejemplo, en muchos países no tiene sentido. 
Precisamente en Austria se produjo hace poco un grito de ayuda de los funcionarios de justicia que se ven sometidos a un exceso de presión por la continua práctica de tolerancia y cuyas condiciones de trabajo cada vez peores no se estudian. 
Si el informe pide, por un lado, una mejor protección frente a los criminales peligrosos pero, por otro, exige más derechos para los delincuentes y alternativas a la prisión, esto muestra su contradicción intrínseca. 
Precisamente en unos tiempos en los que saludamos de modo general la participación de los Parlamentos nacionales, me parece poco oportuno intervenir en las competencias legislativas nacionales y ejercer una crítica injustificada. 
Por estos motivos, no vamos a dar nuestro voto afirmativo al informe. 
Señor Presidente, es evidente que con este informe sobre derechos humanos vamos a tener el mismo tipo de problemas en la Unión Europea que en ocasiones anteriores. 
Insto a todos los de los grupos PPE y ELDR que tengan algo de flexibilidad mental a que reflexionen sobre si no deberían apoyar un informe que destaca acertadamente que los derechos humanos son algo más que derechos civiles fundamentales como la libertad de religión y la libertad de expresión. 
Cuestiones como la pobreza, la falta de hogar y el desempleo son otras tantas denegaciones de derechos humanos, y así debemos decirlo. 
Quisiera referirme en particular a tres párrafos que tratan de lo que son quizá cuestiones de menor importancia pero que, a pesar de todo, son muy importantes para las personas afectadas por ellas, cuestiones que me place sobremanera haber encontrado en el informe. 
En primer lugar, el párrafo 57 habla de la triste situación de muchos empleados domésticos importados al margen de las normas de inmigración por personas con mucho dinero que les mantienen después en una situación casi de esclavitud, en malas condiciones y con sueldos miserables, cuando les pagan algún sueldo. 
Para ellos es muy difícil luchar contra esta situación, pues si abandonan a su empleador se les deportará del país. 
Ésta es una situación que hay que corregir. 
También tenemos el párrafo 89 que habla del problema de los niños que residen legalmente en la Unión Europea pero cuyos padres no son ciudadanos de ella. 
A menudo tropiezan con dificultades considerables en los puestos fronterizos cuando van en viajes escolares, y ello les da motivos para envidiar la posición de sus condiscípulos. 
También hay que corregir esa situación. 
Por último, me referiré al párrafo 99 que destaca las dificultades que experimentan a menudo personas mantenidas durante largos períodos en condiciones de libertad condicional en países diferentes del suyo propio, por sospecharse que han cometido un delito. 
Es evidente que si lo han cometido habría que enjuiciarlos y sancionarlos, pero no está bien que se les retenga durante períodos prolongados y que después, a menudo, se les libere por problemas burocráticos como las dificultades de traducción o lo difícil que es reconciliar los sistemas judiciales de los Estados miembros. 
También ésta es una importante consideración. 
Hay muchos aspectos de este informe que merecen nuestro apoyo, y espero que el Parlamento lo apruebe. 
Señor Presidente, las primeras palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo quincuagésimo aniversario celebramos este año, son el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo, porque reconocen la dignidad de cada ser perteneciente a la familia humana. 
Estas primeras palabras de la Declaración se comentaron ya muchas veces, para señalar su originalidad frente a las anteriores declaraciones de los derechos en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, proclamadas desde 1215; esta Declaración quiere ser un proyecto de paz y no sólo un límite jurídico al poder del rey, y también quiere dar una respuesta al milenario problema de la justicia a menudo confundida con la fuerza de los prepotentes. 
Por lo tanto, es muy importante interrogarse a fondo sobre el significado de estas palabras. 
El informe que nos disponemos a votar contiene, en mi opinión, muchas partes positivas pero también una negativa, porque calla la pregunta fundamental acerca de quiénes son los miembros de la familia humana a los que se refieren estas primeras palabras de la Declaración Universal. 
Sólo si respondemos a esta pregunta podremos dar fuerza y certidumbre al principio de igualdad. 
Todos son iguales pero, ¿quiénes son los iguales? 
Se ha dicho que no cuentan la riqueza, la salud, la inteligencia y tampoco la edad y la grandeza. 
Sin embargo, en este Parlamento debemos tener el valor de hablar de los hombres al principio de su vida: de los niños que aún no han nacido; al usar esta expresión " niños que aún no han nacido» , empleo el lenguaje de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo preámbulo habla del deber de dar una atención particular a los niños antes y después del nacimiento. 
Este lenguaje es, pues, el de las Cartas internacionales y el silencio no es aceptable. 
Es evidente que esto no significa de ningún modo que no haya que revisar las legislaciones polémicas, sino que implica que mientras tanto se deben fortalecer los derechos y hablar al menos de educación, de asistencia y de la posibilidad de compartir. No basta con declarar que estamos contra la discriminación: debemos evitar la discriminación de aquellos a los que la Madre Teresa de Calcuta llamó los más pobres entre los pobres. 
Señor Presidente, los derechos humanos tienen que ser una de las piedras angulares de la Unión Europea. 
El caso de Roísin McAliskey, que actualmente se halla en régimen de libertad condicional en un hospital psiquiátrico vigilado, no puede pasarse por alto y este informe no lo ha pasado por alto. 
Acogemos con satisfacción el párrafo 106 de la resolución. 
La práctica de tener atadas y esposadas a las presas durante los reconocimientos ginecológicos o después de dar a luz, es abominable. 
No hay lugar para ello en nuestra sociedad, y prácticamente equivale a la tortura. 
Han llevado a Roísin, que estimo que es inocente, al borde de la locura. 
Los sufrimientos físicos y mentales que ha sufrido equivalen realmente a la tortura. 
Ya ha sufrido bastante. 
Insto a la Presidencia británica y al Gobierno alemán a que la pongan inmediatamente en libertad. 
En cuanto a la cuestión de los derechos humanos, exhorto una vez más a la Presidencia británica a que no rompa las conversaciones de paz en Irlanda, por muchas provocaciones que haya, y hay que reconocer que las ha habido en ambos lados. 
Los derechos humanos exigen que todos los que participan en la búsqueda de la paz sigan buscándola en las conversaciones. 
Desde el fondo de mi corazón y en nombre de toda la población irlandesa, insto a la Presidencia británica a que no rompa las conversaciones que se están desarrollando en estos momentos en Dublín. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar a la Sra. Pailler, pero también quisiera agradecerle especialmente la perfección del informe que presenta al Parlamento Europeo. 
Creo que lo que molestó y aún molesta a algunos seores colegas es la referencia a los derechos económicos, sociales, culturales, porque consideran que no son derechos humanos. 
Permítanme decir que el tema no es técnico; es ideológico, es político es, finalmente, humano. 
Y esto molesta, mientras que a mi me molesta, estimados colegas, la hipocresía que se manifiesta muchas veces dentro de esta sala cuando observamos a nuestro alrededor la violación de los derechos humanos más básicos y no reaccionamos. 
En este momento se esta intentando un nuevo genocidio con los niños del pueblo de Irak. 
¿Cuándo vamos a gritar? 
Puesto que este ataque coincide con el debate sobre los derechos humanos en el Parlamento Europeo, ¿Cuándo vamos a dar un grito? 
¿Cuándo vamos a repeler este ataque que viola los derechos humanos? 
Señor Presidente, quiero, a mi vez felicitar a la Sra. Pailler por su informe. 
El siglo XX está terminando y confirmamos, con verdadera pena, que la violación de los derechos individuales no es un " privilegio» deprimente de unos nuevos estados alejados sino que, desgraciadamente, se presenta también en nuestros países. 
Señores colegas, diariamente la propia vida y principalmente el desarrollo de la tecnología da a conocer nuevos aspectos de la violación de derechos individuales y sociales básicos de los ciudadanos que tienen relación con el derecho al trabajo y a la vida privada. 
Por eso estamos obligados, si queremos mantener un nivel de respeto a los derechos individuales, a ampliar, con sensibilidad y una mente abierta, el sentido de los derechos individuales para enfrentarnos a las nuevas formas de violación de estos derechos. 
Y en este sector la Sra. Pailler ha hecho una gran aportación. 
Incluso debe ocuparnos la forma y el tiempo en la redacción de nuestros informes. 
Muchas veces nos superan cronológicamente los acontecimientos, y el resultado es que nuestros informes no son oportunos y por eso el interés de la opinión general disminuye y, principalmente, damos a los gobiernos la posibilidad de ignorar los informes y de no adaptarse a las puntualizaciones del Parlamento Europeo. 
A parte de esto, creo que es necesario que el informe anual tenga continuidad y que controlemos el modo en que los gobiernos responden a nuestras observaciones para mejorar la situación o para avanzar en la toma de medidas legislativas. 
Hoy, que las nubes del fascismo y de la xenofobia aumentan en nuestros países y ponen en peligro derechos democráticos adquiridos por los ciudadanos, el Parlamento Europeo no puede conformarse con un informe anual. 
Necesitamos encontrar mecanismos de presión sobre los gobiernos de aquellos que ignoran nuestras posturas y nuestras opiniones. 
Quisiera decir a la Sra. Pailler, que ha escuchado hoy determinadas voces por la parte de enfrente, que alguna vez Liebknecht escuchó lo mismo. 
Dicen que estaba realizando una ponencia en el parlamento alemán y le aplaudieron sus adversarios. 
Y cuando bajó de la tribuna dijo: " ¿Qué error he cometido?» 
Usted, señora Pailler, no ha cometido ningún error. 
Señor Presidente, Señorías, el tema de los derechos fundamentales es decisivo, incluso como factor primordial de la identidad y la integración europeas. 
A este respecto debo, por lo demás, congratularme de tres hechos recientes que van bien encaminados, a saber, los avances logrados en Amsterdam, en particular en materia de no discriminación, la celebración este año del «Año Europeo contra el Racismo» , el reciente éxito de la acción de Juan Pablo II en Cuba, en nombre, a fin de cuentas, de una libertad que tal vez sea incluso la primera de todas: la libertad de opinión y la libertad espiritual. 
Aunque inspirado por una filosofía diferente de esta última, el informe de la Sra. Pailler subraya muchas reivindicaciones positivas y que podríamos subscribir. 
El problema es que en otros aspectos va demasiado lejos o se basa en una perspectiva que no es la más adecuada para el tipo de informe anual del Parlamento Europeo, que debería ser más informativo que prescriptivo, más jurídico que político, más balance y acto de transparencia, más consensual aunque igualmente exigente. 
De otro modo, es imposible hacer que contribuya a esa verdadera identidad europea en una esfera tan decisiva como la de los derechos fundamentales. 
Considero también que el informe debería centrarse más en los derechos de carácter personal, que son los que constituyen la espina dorsal del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Nosotros también apreciamos los derechos económicos y sociales. 
Pero sabemos por trágicas experiencias históricas que, siempre que se han antepuesto y superpuesto a los derechos de carácter personal, las cosas han acabado mal para la libertad en conjunto. 
Es peligroso mezclar recetas contra el desempleo y derechos fundamentales. 
Por eso, consideramos que se deberían abordar esos derechos, como, por lo demás, también los derechos medioambientales, en otro informe. 
Como compensación, tendría todo sentido incluir en este informe mayor atención al derecho a la vida, al derecho de los nascituros, al derecho de las víctimas, al derecho de las familias, que incomprensiblemente se han omitido. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Pailler por su informe, que ha sido redactado en difíciles circunstancias. 
Me gustaría hacer cuatro breves observaciones. 
Coincido con mi colega Martin Schulz cuando dice que no tenemos más remedio que producir un informe sobre derechos humanos en la Unión Europea. 
Cada mes dedicamos mucho tiempo a hablar de los derechos humanos fuera de la Unión Europea y nunca se nos ocurre hablar de lo que ocurre en ella- nunca vemos la viga en nuestros ojos, en comparación con lo que está sucediendo fuera de la Unión -; es lógico que se nos critique por tener una visión del mundo que es más bien eurocéntrica. 
En segundo lugar, diré que es evidente que cuando se ratifique el Tratado de Amsterdam, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores va a tener un papel mucho más importante. 
Podremos hablar con autoridad, a condición de que consigamos cierto grado de consenso. 
Me ha agradado el comentario de la Sra. d ' Ancona, Presidenta de esa Comisión, cuando ha dicho que en el futuro deberíamos esforzarnos por conseguir cierto grado de consenso respecto de este informe en vez de tener dos bloques políticos luchando uno con otro. 
Me parece que esa situación debilita considerablemente lo que decimos. 
En tercer lugar, me gustaría que los futuros informes fueran más positivos. 
En el mundo están sucediendo cosas dignas de aprecio. 
Por ejemplo, la ciudad de Badolato, en Italia, ha acogido con entusiasmo a gran número de refugiados kurdos. 
El alcalde de la ciudad dará una conferencia de prensa esta tarde a las 3. 
Hay muchos otros sucesos similares que nos gustaría ver registrados en el informe, en vez del enfoque ligeramente negativo que le caracteriza. 
También hay omisiones. 
Hubiera querido encontrar una referencia al Observatorio Europeo para la vigilancia del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, que implícitamente tratará de los derechos humanos en la Unión Europea vistos desde el exterior. 
Ahora bien, he de decir que me asombró la hipocresía de algunos de nuestros colegas- el Sr. Le Gallou llegó a citar a Voltairecuando afiliados de su partido en Orange, Vitrolles, Marignane y Toulon van de biblioteca en biblioteca destrozando los libros y las revistas con que disienten. 
Por último, me gustaría referirme a la " eugenesia de talonario de cheques» que se practica en esas ciudades en las que se paga a la gente para que tenga niños blancos. 
Me parece que eso es también una violación de los derechos humanos. 
Señor Presidente, he pedido que se me conceda de nuevo la palabra porque creo que hay que rechazar los ataques personales sobre nuestra colega Pailler. 
Se puede discutir sobre la opinión de Aline Pailler. 
Se puede ser de una opinión diferente a la suya, pero calificar su informe como emanación de una ideología criminal, tal como ha hecho el representante del Front National, es una desvergüenza que debería haber sido rechazada por la Mesa. 
Si alguien tiene derecho en esta Asamblea a atacar de este modo a la Sra. Pailler, sin duda no es este hombre, fanático seguidor de un Le Pen, quien ha calificado a Auschwitz como un detalle de la historia mundial, quien hasta hoy sigue lamentablemente sin castigo, ni tampoco alguien que es representante de un partido en cuyas reuniones de vez en cuando un joven marroquí cae por descuido al agua. 
Creo que ya está bien con los extremistas de derecha en este Parlamento. En los últimos meses han comenzado a ofender de un modo tan absolutamente desvergonzado a diputados democráticos de este Parlamento que exijo a la Mesa que en el futuro intervenga decididamente ante tales casos. 
(Aplausos) 
Presidente, permítame comenzar agradeciendo a la Señora Pailler su informe y sumarme a aquellos que han dicho palabras de elogio por este esfuerzo, pero sobre todo por el hecho de que también este año se haya presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos dentro de la Unión. 
Eso no quiere decir, y eso se ha desprendido también clarísimamente en este debate, que los puntos de vista que hay en el informe, los comparta ni siquiera una mayoría en este Parlamento. 
En ese sentido me siento muy identificado con lo que los estimados diferentes diputados han dicho, a saber, la deseabilidad de intentar llegar en esta Casa a un mayor consenso, tanto sobre la definición de los derechos humanos como sobre los temas que se abordan en tal informe. 
Presidente, la Comisión no está aquí para dar lecciones al Parlamento sobre qué son los derechos humanos, qué tendrían que ser y en qué medida se respetan o no. 
Usted sabe que la Comisión Europea tiene realmente muy poco que decir, como el Parlamento, en materia de la situación de derechos humanos dentro de la Unión. 
Pero la Comisión sí se siente aludida por el planteamiento de que no es correcto que se intercambien opiniones en cada sesión plenaria sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo, y esta sesión plenaria tampoco querrá hacer una excepción a esta buena costumbre, pero que a continuación se quiera cerrar completamente los ojos ante las faltas que se producen en el ámbito de los derechos humanos dentro de la Unión. 
Sí me gustaría añadir que nos podemos congratular de que todos nuestros Estados miembros como miembros de ese gran Consejo de Europa estén vinculados a la Convención europea de derechos humanos. 
No hay ninguna declaración en el mundo con tantos instrumentos de imposición en el ámbito de las violaciones de derechos humanos como en la Convención europea de derechos humanos. 
Dicho de otra forma, cuando hay aquí un debate entre nosotros, cuando intercambiamos opiniones sobre este tipo de fallos, existe en todo caso esa válvula de seguridad del Consejo de Europa que en el fondo debe ser el símbolo de la democracia y de la protección de los derechos fundamentales y de las libertades dentro de Europa. 
Presidente, repito, eso no quiere decir que con ello la responsabilidad de esta Casa o de la Comisión Europea, ni mucho menos la del Consejo y de su presidente, ya no estén a la orden. 
No, Presidente, también nosotros nos sentimos aludidos para aportar algo, incluso por medio de estos debates, a la progresiva concienciación sobre el respeto de los derechos humanos también dentro de la Unión. 
La Unión está fundada sobre los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y como usted recordará, el Consejo Europeo puso por primera vez en 1993 como condición para la entrada en la Unión Europea tener instituciones estables, lo cito: que garanticen la democracia, el orden judicial, los derechos humanos y el respeto por y la protección de las minorías. 
Es evidente que las condiciones que se ponen a los que quieren entrar, deben ser respetadas completamente por los propios Estados miembros. 
Como en años anteriores, en el informe de 1996 se abordan los problemas a los que los ciudadanos de la Unión y todos los que se han establecido aquí pueden ser confrontados. 
Pero también se han redactado en el informe unas peticiones que se dirigen principalmente a los Estados miembros. 
Evidentemente, la justificación está en el hecho de que los Tratados no otorguen competencias generales a la Unión para garantizar el respeto. 
La Comunidad por su parte, sólo está autorizada para lo relacionado con la aplicación de las normas comunitarias que se basan en el respeto de dichos derechos. 
En el informe se dirigen unas peticiones a la Comisión. 
Luego volveré sobre ello. 
Quiero volver a subrayar lo que se ha dicho sobre la universalidad y la indivisibilad de los derechos humanos. 
Los derechos políticos y públicos por una parte y los derechos socioeconómicos y culturales por otra parte. 
Este principio constituye a mi juicio la piedra angular del esfuerzo de la Unión por el respeto de los derechos humanos. 
Por consiguiente, puedo aceptar, que el Parlamento se haya comprometido a abordar esos derechos en su conjunto a la hora de valorar los esfuerzos que los Estados miembros han hecho en beneficio del respeto de esos derechos. 
En lo que respecta a las peticiones específicas a la Comisión, Presidente, puedo comunicar en relación con el derecho de asilo que seguramente estamos de acuerdo con que los solicitantes de asilo que se extraditen a terceros países seguros, deben tener acceso a procedimientos de asilo justos, eficaces y transparentes. 
Esto será casi seguro una de las condiciones que se incluirá en la próxima propuesta de la Comisión para un tratado de asilo. 
Sin embargo, estamos investigando si para ello hacen falta disposiciones particulares para los solicitantes de asilo, es decir, sin hacer uso de los tratados corrientes de readmisión. 
Nos parece probable, y esa también es la opinión del Alto Comisionado para los refugiados, que nuestra conclusión sea que sí harán falta unas disposiciones particulares. 
Por lo que respecta a la petición de tener en cuenta sistemáticamente las consecuencias de la política comunitaria para los aspectos culturales, se puede decir que esto concuerda con el artículo 128, apartado 4 del Tratado de Maastricht, en el que esto está dispuesto como una obligación. 
Por esa razón la Comisión aprobó en abril de 1996 un informe sobre el respeto de los aspectos culturales en las actuaciones de la Comunidad. 
Actualmente se está trabajando en un nuevo informe. 
A continuación, la mejora en el acceso a los datos de las instancias nacionales y comunitarias para periodistas y público es también una preocupación permanente de la Comisión. 
Con este objetivo a la vista, se facilita información específica y clara a los canales de información que están cerca del ciudadano. 
También hay una unidad especial encargada de mejorar el acceso a la información procedente de las instituciones de la Comunidad. 
Presidente, me gustaría terminar señalando que los Estados miembros de la Unión deben dar ejemplo en cuanto al respeto de los derechos humanos. 
La Unión declara asiduamente que ese respeto constituye un factor esencial en las relaciones internacionales. 
Forma la base para la cooperación europea y las relaciones con terceros países. 
La Unión se esfuerza por el respeto universal de esos derechos humanos y lo ha demostrado muy claramente incluyendo sistemáticamente en todos los acuerdos con terceros países referencias al respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que, como se dice, forman una parte esencial de estos tratados. 
Además, estos acuerdos contienen una cláusula de suspensión para los casos en que se trate de violaciones graves y este tema se enfoca sistemáticamente como una parte importante del diálogo político con aquellos terceros países. 
La Unión sólo podrá consolidar su actuación a favor del respeto de las obligaciones internacionales a las se han comprometido terceros países en este ámbito cuando se pueda realizar un debate sereno sobre los fallos, también dentro de nuestra Unión. 
Señor Presidente, le ruego que tome nota de lo siguiente: el colega Nassauer se ha referido durante su exposición a una parte de mi intervención. 
Si no me hubiese expresado correctamente, lo voy a corregir. 
He hablado de presión psicológica que ejercen no autoridades de la Unión Europea sino de los países miembros de la Unión Europea, quienes ejercen presión psíquica que en parte llega al terror. 
Me reafirmo en lo dicho porque en mis 11 años de actividad como alcalde de una ciudad en la República Federal de Alemania sé exactamente de lo que hablo cuando, por ejemplo, hablo de expulsiones de Alemania de personas que viven desde hace 17 años en mi país, han hecho allí su formación y ahora se ven expulsados porque sus padres en alguna ocasión presentaron una solicitud de asilo no sostenible. 
El modo como se actúa con estas personas lo califico como de psíquicamente insoportable. 
El anterior Ministro del Interior del Estado Federado de Hesse, el Sr. Nassauer, lo sabe. 
Si aquí actúa como si no supiese nada, hay que rechazarlo decididamente. 
Que como coordinador del segundo grupo político más grande no esté siquiera presente al final de este debate muestra la importancia con que se toma este tema. 
Señor Presidente, ¡el Sr. Schulz me ha acusado personalmente como consecuencia de un error, si bien es verdad que él acusa a muchas personas! 
En mi intervención, no he formulado ningún ataque personal contra la Sra. Pailler: he puesto en tela de juicio la ideología que reivindica la Sra. Pailler y el partido por el que fue elegida, partido que honra en sus municipios el nombre del criminal Lenin. 
Se trata, por tanto, de una intención política. 
Se ve muy bien el razonamiento del Sr. Schulz y de algunos extremistas que están enfrente: intentar prohibir la libertad de expresión de los diputados que no piensan como ellos. 
¡Y bien, deben saber que la libertad política consiste en permitir que se expresen aquellos que no piensan como ustedes! 
Usted se ha referido a la censura en las bibliotecas de Tolón, Orange y Marignane. 
¡Es falso! 
No se han retirado libros de esas bibliotecas. 
Simplemente, se han adquirido libros que están prohibidos en las bibliotecas de las ciudades controladas por el Partido Socialista y el Partido Comunista. 
¡Hemos introducido nuevas libertades! 
Señor Presidente, voy a hacer una declaración personal. 
He de quejarme de la conducta del Sr. Le Gallou. 
El Sr. Schulz no hizo ninguna referencia al Sr. Le Gallou, y no comprendo sobre qué base se le ha permitido que haga una declaración personal. 
Si se admite que utilice esta estrada para responder a las críticas políticas, diré entonces que todos podemos unirnos a él en ese proceso. 
No sé si el Sr. Le Gallou quisiera decirnos algo sobre el hecho de que el Sr. Le Pen haya sido citado en acta diciendo que cree que fueron los americanos los que construyeron las cámaras de gas de Buchenwald después de la guerra: ¿Es eso revisionismo histórico o no lo es? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas. 
Ejecución de los créditos de los Fondos estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0016/98) , del Sr. Berend, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la ejecución de los créditos de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el informe por propia iniciativa sobre la ejecución de los créditos de los Fondos estructurales tiene como objetivo mostrar los motivos de las dificultades en las transferencias de los créditos estructurales de la UE desde Bruselas a los beneficiarios finales in situ, extraer conclusiones de ello y ofrecer soluciones para el nuevo período de planificación de programas desde el 2000 hasta el 2006. 
Después de que el período de 1989 a 1993 transcurrió de un modo general satisfactoriamente para los proyectos estructurales en la Unión Europea, el nuevo período de planificación 1994 a 1999 comenzó muy dubitativamente. 
Uno de los motivos de ello fue en parte una serie de proyectos aún no concluidos del período anterior; se había que pagar aún 13.000 millones de ecus. 
Además, en la aprobación de las nuevas medidas legislativas se produjeron considerable retrasos por parte de Bruselas. 
Estos retrasos condujeron a su vez a crear inseguridad entre las autoridades nacionales, regionales y locales y, en consecuencia, a un flujo muy lento de los créditos a los beneficiarios potenciales. 
El planteamiento real de la tarea por parte de los Ministros de los países y de los jefes de los proyectos se puso en marcha meses después. 
Debido a las prisas y precipitaciones, las solicitudes eran en parte de una calidad muy cuestionable. 
Con frecuencia tuvimos que renegociar, lo que supuso otro retraso en el flujo de los créditos. 
Desde 1996 la situación se ha normalizado. 
Los créditos estimados son pagados en principio en sus plazos. 
Pero con este informe, el Parlamento Europeo quiere advertir a la Comisión y al Consejo para que no se produzca de nuevo un mal arranque para el próximo período. 
No debe ocurrir de nuevo que, como a finales de 1996, se acumule un importe total de 26.700 millones de ecus de créditos no utilizados del último período de programas. 
El informe muestra otras causas de la ausencia de empleo de los créditos. 
Una parte importante se debe a las iniciativas comunitarias, que por motivos administrativos y potenciales se aplicaron con considerable retraso a nivel europeo. 
En lo tocante a la revisión en curso de los Fondos estructurales y a la preparación de un nuevo período de planificación de programas, llego a las siguientes conclusiones en mi informe. 
Primera: si las decisiones de política regional se adoptan descentralizadamente, la planificación es en general de mayor calidad y los créditos se utilizan mejor. 
Segunda: lo esencial de una tramitación con éxito de los programas es el aseguramiento de la cofinanciación, debiéndose tener en cuenta al respecto que la autonomía financiera regional tiene efectos positivos. 
Tercera: se debe perseguir una mejora de la coherencia entre las políticas nacionales y europeas, es decir, una mejor coordinación de los objetivos, estrategias y medidas entre los diferentes niveles, el europeo, el nacional y el regional. 
Cuarta: de importancia excepcional es el factor tiempo, sobre lo que ya he llamado la atención. 
A principios de 1998 hay que decretar los reglamentos y aprobarlos con rapidez para que las instancias locales, regionales y nacionales tengan tiempo suficiente para preparar los programas, es decir, que no se repita lo de 1994. 
Actualmente estamos en la buena vía con los preparativos. 
Quinta: debe rechazarse el recorte de los créditos por parte del Consejo desde un punto de vista técnico-presupuestario, ya que no soluciona de ningún modo la cuestión de la no utilización. 
Sexta: debe seguir siendo posible la " represupuestación» y creo que no se deberían proseguir las primeras y precavidas consideraciones al respecto en la Agenda 2000. 
Séptima: sería muy ventajoso introducir el principio de dirección de cada fondo, es decir, una Dirección General, un Ministerio por cada Estado miembro debería ser responsable y dirigirlo. 
Permítanme que dirija mis felicitaciones a los colegas de la Comisión de Política Regional por su constructiva cooperación. 
Muchas gracias por las numerosas propuestas de mejora que han venido de los colegas así como a las comisiones participantes que han contribuido a la mejora del informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a nuestro colega Berend por el importante trabajo que ha realizado para la investigación del período corriente de programación de los fondos estructurales. 
Desde el Fondo Social Europeo y en nombre de la comisión social quiero añadir unos elementos. 
A finales de 1995 hubo dos mil millones de ecus no comprometidos de los que tres cuartos estaban destinados al Fondo Social Europeo. 
Mientras tanto, la investigación ha demostrado que se trataba principalmente de iniciativas comunitarias y sobre todo de cuatro Estados miembros que tenían un atraso en la ejecución, a saber, España, Italia, Francia y Alemania. 
A finales de 1996 disminuyó la infrautilización de los fondos que había aumentado al principio, que el Fondo Social Europeo pudo realizar la plena liquidación de todos los fondos disponibles, pero que las iniciativas comunitarias y los cuatro países mencionados más el Reino Unido seguían dando problemas. 
Hace medio año más del 72 % de los pagos para 1997 resultaron haber sido utilizados. 
Esto debería desmentir que haya una especie de problema de ejecución crónico del Fondo Social Europeo. 
Sí sigue habiendo problemas en relación con los créditos del año 1994 y 1995. Pueden causar problemas hasta el final del período del programa. 
También es un hecho que en términos relativos se ha previsto una parte considerable de los recursos para el final de este período. 
Por eso hemos de considerar, señora Comisaria, si se puede incluir un año de transición a fin de ofrecer una solución para estos importantes excedentes. 
Por lo tanto, se impone una doble pregunta en cuanto a la gestión en relación con el grado de liquidación del Fondo Social Europeo: ¿cómo vamos a remediar la acumulación de los fondos no utilizados en 1999 y cómo vamos a intentar evitar que se repita este fenómeno después de 1999? 
Entonces llegamos a las cuestiones de eficiencia y eficacia; cuestiones relacionadas con los objetivos y con la definición de regiones que no se pueden vincular demasiado estrechamente y con la aplicación de los principios de adicionalidad y cofinanciación por lo que respecta a los Estados miembros y a las regiones. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Berend por un informe bien estructurado que es muy informativo. 
Demuestra que el problema de la infrautilización que tantas inquietudes suscitó hace un par de años ha perdido impulso y ya no es tan grave. 
La Comisaria y la Comisión merecen que se les felicite por haber conseguido un importante incremento, una duplicación de los fondos estructurales, sin ningún incremento significativo en los costos administrativos; hemos aprendido mucho acerca de la forma de seguir adelante con la próxima fase. 
En el sector de la pesca la principal preocupación es la deficiencia de los recursos, más bien que la magnitud de las capturas. 
En los años 1994 y 1995 la utilización era muy satisfactoria, mejor que el promedio. 
Aunque en 1996 se registró una disminución, no creemos que vaya a haber problemas de subutilización en la parte principal del programa de orientación pesquera durante el período que abarca el programa. 
Sí que hay problemas con el programa de pesca, que es objeto de críticas principalmente porque es demasiado pequeño para alcanzar los objetivos ambiciosos que se le habían asignado; la mitad del programa es para regiones del Objetivo 1. 
La intención era diversificar la actividad económica en las regiones que dependen mucho de la pesca. 
Ese objetivo se podría alcanzar fácilmente sin desviarnos de la dirección principal de nuestra política regional para regiones periféricas. 
De lo contrario, se podría devolver el dinero a la parte principal del programa de pesca, desarrollar más posibilidades de acuicultura y conseguir mejores precios para el pescado mediante una mejor comercialización. 
Después del año 2000 nos gustaría ver una sola medida global en el sector de la pesca con un porcentaje superior al 1, 5 por ciento que tenemos en la actualidad. 
Todas las regiones de pesca son periféricas y están desfavorecidas, y la Comunidad sólo tiene una autosuficiencia del 50 por ciento por lo que se refiere a los productos de la pesca, de forma que hay muchísimo margen para las actividades de educación y capacitación y para el desarrollo de la acuicultura. 
Señor Presidente, Comisaria y diputados del Parlamento, me agrada que estemos deliberando hoy sobre el informe Berend, que es un informe presentado por iniciativa propia y que, de hecho, responde a la petición de mi Grupo de que nos esforzáramos más en esta esfera y encargáramos el informe de investigación sobre la no utilzación de fondos. 
Todos los aquí presentes hoy pueden reseñarnos situaciones en su propia zona o región en las que los fondos estructurales no llegan a poder de los beneficiarios finales, lo que origina graves problemas de corrientes de efectivo e incluso pone en peligro la viabilidad de los proyectos. 
El Sr. Berend plantea algunas cuestiones fundamentales que requieren soluciones para la reforma futura de los fondos. 
En relación con el problema perenne de la equiparación de aportaciones, necesitamos un enfoque innovador y flexible por parte de todos los asociados y quizá necesitemos más apoyo para las asociaciones entre los sectores público y privado, por ejemplo en forma de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones. 
Si es posible construir el hotel Hilton de París con préstamos " suaves» , seguramente será posible también apoyar más la infraestructura pública y el desarrollo del comercio comunitario con fondos del mismo tipo. 
Comisaria, quisiera aprovechar esta oportunidad para formular unas cuantas observaciones acerca de su propuesta de reserva de eficacia, y éste es el momento de hacerlo, particularmente con las actuales ideas sobre eficacia y las noticias de ayer en el Financial Times sobre la intención de la Unión Europea de recompensar a los frugales. 
Esperamos con gran interés sus propuestas detalladas y los criterios para el establecimiento de esta nueva reserva. 
Ahora bien, hasta la fecha no hemos examinado en la comisión parlamentaria los detalles exactos del funcionamiento de la reserva y, por lo tanto, no es de extrañar que en nuestro informe no la aprobemos incondicionalmente. 
Creo que debemos considerar esta cuestión con precaución. 
Es difícil concebir de qué forma puede establecer criterios objetivos la Unión Europea. 
También será difícil que la Unión Europea sea el árbitro final de la eficacia, y la eficiencia de los criterios que tiene que reflejar, naturalmente, el funcionamiento y los objetivos de los agentes regionales y locales. 
Quizás sea mejor sumarse a la opinión del Sr. Berend de que la descentralización es el orden del día y dejar que las regiones y los Estados miembros juntos se ocupen del funcionamiento de esa reserva de eficacia. 
Naturalmente, también nos preocupa que la eficacia pueda ir vinculada a una rápida aplicación que beneficie a los grandes patrocinadores sin tener en cuenta la calidad y la innovación. 
Por último, me limitaré a decir que no podemos extender carta blanca en el caso del párrafo 32 del informe del Sr. Berend, en el que se esfuerza por reasignar todos los recursos no desembolsados a Estados miembros con capacidad para absorber recursos sin ofrecer ningún criterio claro sobre esa cuestión. 
Hemos de cuidarnos de no sancionar a los interlocutores locales y regionales que son víctimas de las malas estructuras administrativas, y me sorprende que el Sr. Berend, que representa al Gobierno de un Estado miembro que tiene poco de mecenas, reparta alegremente el dinero entre España y Grecia si su propio país no puede gastar esos fondos. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, el dinero de los Fondos estructurales representa para los ciudadanos de la Unión y, sobre todo, para los menos favorecidos de entre ellos, la señal más visible de que la Unión se toma en serio el objetivo de solidaridad y que es algo más que un club para el capital y la economía. 
Visto así es especialmente importante que el dinero de los Fondos estructurales llegue allí donde hace falta. 
Condición previa para ello- y esto lo demuestra el informe Berendt de modo excelente -, es que los créditos de los Fondos estructurales se planifiquen bien, se cofinancien del modo correspondiente y se empleen también a tiempo. 
Aquí quedaban algunas cosas por desear. 
Unas reglas y estructuras demasiado complicadas y unos plazos demasiado cortos han hecho que ante todo en los años 1994 y 1995 la utilización de los fondos fuese insatisfactoria. 
1996 ha aportado unas claras mejoras. 
Sólo podemos esperar que prosiga así en los años restantes. 
Para los tres nuevos Estados miembros, la situación ha sido un poco diferente que para los doce restantes. 
Nuestros períodos de planificación eran aún más cortos. 
En nuestros países los plazos de aplicación han sido comparativamente aún más exiguos. 
A pesar de ello, los tres nuevos han proyectado bien sus Fondos estructurales y los han gastado con rapidez. 
Lo veo como otra prueba de algo que indiqué hace algún tiempo en mi informe sobre la política estructural en los nuevos Estados miembros, a saber, que también en Estados miembros con un bienestar proporcionalmente elevado existen problemas que justifican el empleo de los Fondos estructurales. 
En este contexto me remito a algo que es objeto asimismo del debate actual. 
Los Estados miembros en la frontera oriental de la UE se incluyen sin duda entre los ganadores en el proceso europeo de unificación y ampliación. 
Pero en las regiones fronterizas con los PECO existen también problemas y hay también allí perdedores. La Comunidad y la política estructural nacional deben contribuir a solucionar estos problemas. 
Señor Presidente, estimo que el informe Berend es un análisis realista y objetivo de los motivos de la infrautilización de los fondos estructurales. 
El Sr. Berend dice que los fondos estructurales son una de las contribuciones más importantes a la visibilidad de la Unión Europea y a una estrecha relación con sus ciudadanos. 
Estoy de acuerdo con ello. 
Dicho lo que antecede, he de manifestar que dudo sobremanera de que esos mismos ciudadanos comprendan las sutilezas políticas y administrativas que se utilizan para explicar, y en muchos casos justificar, la subutilización de los fondos comunitarios disponibles. 
La solución del problema de los niveles inaceptablemente altos de desempleo en la Unión constituye una prioridad primordial para todos nuestros Estados miembros. 
El ponente tiene razón cuando destaca que la intervención de los fondos estructurales contribuye a la creación de puestos de trabajo, a pesar de lo cual hay subutilización de los fondos estructurales disponibles. 
Los fondos sirven para fortalecer la cohesión económica y social; sirven para estimular "la actividad económica en las regiones rurales y menos favorecidas más vulnerables» y, cosa no menos importante, sirven para" reducir las discrepancias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones». 
A pesar de ello sigue habiendo subutilización de los fondos estructurales disponibles. 
El Consejo de Ministros utiliza siempre ese argumento para justificar las reducciones de las consignaciones, y continuará haciéndolo a no ser que consigamos establecer la debida cooperación. 
Hay quien quisiera que los fondos no utilizados se devolvieran a sus ministerios de finanzas; eso no es aceptable, ni ahora ni en el futuro. 
En este contexto diré que apoyo particularmente el párrafo 32 del informe Berend, en el que sugiere que el dinero que no se haya gastado se reasigne a los Estados miembros que muestren que pueden absorber recursos de la Unión Europea. 
La Comisaria no se sorprenderá si digo que Irlanda es un caso especial. 
Mi país tiene un notable historial de aprovechamiento de fondos estructurales no asignados. 
Sin embargo, en Irlanda seguimos estando lejos de haber hecho todo lo que había que hacer: durante años y años seguiremos necesitando continuamente fondos estructurales para consolidar lo que ya hemos conseguido y para acabar lo que aún queda por hacer. 
Señor Presidente, señora Comisaria, querría, en primer lugar, felicitar al Sr. Berend porque ha hecho un buen informe- que llega en un momento oportuno -, dado que no se trata tanto de ver cómo ha sido la gestión de los Fondos estructurales durante los seis últimos años, sino de analizar cómo se puede mejorar su gestión en los siete años que van a venir. 
Creo que, en este sentido, es importante destacar la necesaria descentralización en su administración, atendiendo al principio de subsidiariedad y al importante papel que deben desempeñar las autoridades regionales y locales. 
En este sentido, valoro positivamente el hecho de que se premie la eficacia en la gestión de los Fondos, y me parece positiva la propuesta de una reserva especial para aquellos lugares donde los Fondos sean bien gestionados, y también que se hable de una autoridad de gestión que permita la máxima eficacia en su administración. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, este informe no aborda una de las razones fundamentales que han determinado una aplicación a veces insatisfactoria de los medios financieros destinados a los Fondos estructurales. 
De hecho, las restricciones presupuestarias destinadas a obtener resultados impuestos por la convergencia nominal para integrar la tercera fase de la UEM han hecho que ciertos Estados miembros no puedan aportar los recursos propios requeridos por las cofinanciaciones comunitarias. 
A eso se debe también el retraso en la ejecución de las acciones estructurales, cosa que no se puede ni se debe confundir en estos casos con la ausencia de proyectos, con la ausencia de necesidades y mucho menos con desaparición alguna de las profundas disparidades infraestructurales existentes. 
Una mejor aplicación de los Fondos estructurales será más consecuencia de una modificación de esas orientaciones macroeconómicas que de obstáculos inadmisibles que se pongan a la nueva presupuestación automática de las dotaciones o de obstáculos que se pretendan poner a la distribución indicativa de los medios financieros de los Fondos estructurales por los Estados miembros. 
Señor Presidente, una relación de cooperación solamente funciona si todos respetan los acuerdos. 
Esto es aún más aplicable a los acuerdos entre los Estados miembros y la Unión, para superar la división entre los países de la Unión Europea. 
Coincidimos con el ponente en que la calidad es el criterio decisivo. 
No puede ser que el Consejo reaccione ante las dificultades de aplicación en los Estados miembros suprimiendo ilegítimamente en el presupuesto los créditos estructurales impidiendo de este modo un flujo uniforme de la ayuda estructural. 
Al final del período de ayuda, las regiones se encuentran ante la tarea de aplicar en el tiempo más breve este dinero que se ha acumulado. 
Por ello, una conclusión importante para el nuevo período es que las cooperaciones locales y regionales, que son decisivas para una aplicación con éxito, participen a tiempo. 
Tenemos que darles la oportunidad de que puedan participar a tiempo y ante el retraso actual que se está acumulando en la nueva ayuda esto significa que necesitamos una solución interina. 
La necesitamos para regular ya ahora los derechos de participación, pues en las instancias oficiales ya se está proyectando y el resultado sería que los interlocutores sociales, las corporaciones territoriales regionales y locales se encontrarían de nuevo ante hechos consumados. 
Una última observación: para la flexibilidad que es imprescindible, necesitamos el comité de seguimiento. 
Es absolutamente necesario fortalecer sus competencias y entonces se podrá evitar un retraso de este tipo en el futuro período de ayudas. 
Señor Presidente, en mi zona del Objetivo 1 esas doce estrellas sobre fondo azul en carreteras, puertos y puentes son el signo más visible para la población de que Europa se esfuerza por aportar verdaderas ventajas a las zonas periféricas. 
A menudo los fondos estructurales tienen por finalidad abordar un problema inmediato, como por ejemplo las dificultades de la industria siderúrgica. 
Sin embargo, en el caso presente, de lo que estamos hablando es de las dificultades de un pueblo: las tierras altas y las islas han perdido la mitad de su población este siglo. 
El reconocimiento como zona del Objetivo 1 es un intento por resolver ese problema y, por vez primera, empezamos a retener a nuestros jóvenes en la zona en cuestión. 
El Sr. Berend habla de una transición sin problemas. 
Por lo que se refiere a la subutilización, quisiera destacar que las tierras altas y las islas poseen un historial excelente en materia de aprovechamiento del dinero que se les ha dado. 
La Comisión puede comprobar lo que acabo de decir. 
Quisiera asociarme con el nuevo Secretario de Estado para Escocia, Donald Dewar, que está esforzándose por mantener el estatuto de zona del Objetivo 1 para que pueda haber esa transición sin problemas de que habla el Sr. Berend. 
Señor Presidente, entre las causas estructurales que impiden un uso racional y satisfactorio de los fondos, las que con mucho son más dañinas son las de tipo administrativo y las de procedimiento. 
Todas ellas dependen de la calidad de las administraciones y de su coordinación, de la calidad de los programas y de su ejecución. 
El reparto de las competencias y la subdivisión de los tres niveles administrativos hacen necesaria una mayor coordinación. 
La naturaleza múltiple de las iniciativas presentadas, la complejidad del tema, la falta de una información detallada, la rigidez de las normas comunitarias dificultan el pleno conocimiento y el equilibrio satisfactorio de los Fondos estructurales por parte de los agentes públicos y privados. 
El principio de asociación, por tanto, se ve muy reforzado con el fin de facilitar nuevas soluciones y aumentar la cooperación y la coordinación en todos los niveles. 
Su consecuencia directa serán una mayor transparencia de los procedimientos y una mejor adecuación de las medidas adoptadas a los objetivos particulares, a través de un mayor compromiso de los agentes locales y regionales. 
Por último, quiero expresar una posición absolutamente contraria a cualquier hipótesis de reducción de las asignaciones de pago para el ámbito estructural, por parte del Consejo de Ministros. 
El problema del empleo de los Fondos no se resolvería así y esta actitud del Consejo estaría en total contraste con las decisiones de Edimburgo y pondría en discusión la propia política de cohesión económica y social. 
Señor Presidente, señoras y señores, señora Comisaria, en esta Unión Europea tenemos 18 millones de parados y, a pesar de ello, hace poco hemos sido testigos de que más de mil millones de ecus de créditos de los Fondos estructurales, que estaban a disposición para aplicar las correspondientes medidas correctoras, han sido devueltos a los Estados nacionales para solucionar allí problemas presupuestarios, entre otros, a Estados que son considerados normalmente como los más fuertes de esta Unión. 
Motivo suficiente para mirar por qué no ha tenido lugar este flujo de créditos. 
¿Por qué no se puede avanzar con mayor rapidez y qué hay que hacer? 
El colega Behrend ha presentado un informe muy bueno para acercarse a estas cuestiones. 
¿Qué se puede hacer? 
En primer lugar- este es uno de los puntos centrales- debemos tomar las medidas necesarias para que la adopción de resoluciones sobre los futuros Fondos estructurales se lleve a cabo lo antes posible. 
Es decir, deberemos prestar atención a que el próximo debate sobre los Fondos estructurales concluya más rápidamente. 
Pero soy realista. 
Sé lo difícil que va a ser pero creo que hay que avanzar con rapidez. 
Como Parlamento advertimos también que debemos poder participar del modo adecuado, al menos según los derechos que tenemos según los Tratados de Amsterdam, incluso aún más intensamente. 
Por ello, exijo a todos que nos concedan el derecho de participación. 
En segundo lugar, tenemos que colocar bajo la lupa las estructuras administrativas y presupuestarias y mejorarlas. 
En el debate actual sobre los Fondos estructurales no puede tratarse solamente de saber cuánto dinero va adónde sino que, si queremos que se nos tome en serio, debemos hablar de cómo mejorar la correspondiente distribución. 
En tercer lugar, tenemos que hablar sobre cómo podemos fortalecer la cooperación en las regiones y los comités de seguimiento para que el dinero vaya realmente allí donde es necesario, donde se emplee y haga falta. 
Sin duda, esto se puede enjuiciar mejor in situ que desde una perspectiva europea, por lo que tenemos que mejorar los comités de seguimiento con los interlocutores económicos y sociales así como con los regionales y locales, como interlocutores con los mismos derechos. 
En cuarto lugar, hay que crear también un sistema de estímulos, tanto en forma de una reserva de prestaciones como propone la Comisión o en forma de un mid-term review. 
Debemos prestar atención a que se empleen los créditos y hay que discutir y considerar seriamente que se penalice a aquellos que se abandonen, por ejemplo, entregándoles menos dinero. 
Esta cuestión me parece muy importante para el posterior desarrollo de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, deseo iniciar mi intervención felicitando al ponente por la calidad de su informe, dada la difícil tarea de analizar precisamente los defectos en la ejecución de los Fondos estructurales. Dificultad que viene dada por la heterogeneidad de la problemática, al afectar a distintos Estados y distintas regiones, a distintos fondos, distintos objetivos y distintos sistemas administrativos, lo que dificulta su estudio y dificulta también el establecimiento de orientaciones generales. 
No obstante, hay que señalar que el informe es muy bueno y que destaca, entre otras cosas, que en el período de programación 1989-1993 los créditos de pago alcanzaron un 84 % en los marcos comunitarios de apoyo y sólo un 70 % en las iniciativas comunitarias. 
Sin embargo, en el período actual, tras un comienzo decepcionante (1994-1995) , se ha producido una notable mejora en 1996, aunque hay que matizarla por instrumento y por objetivo. 
Es más satisfactoria en el FEDER y el FEOGA-Orientación que en otros fondos- las iniciativas comunitarias presentan sólo una ejecución del 90 %-, pero me interesa destacar que es precisamente el Objetivo nº 1 el que presenta una ejecución más positiva frente a los restantes objetivos. 
Las experiencias acumuladas deben servir para mejorar el sistema actual ante el reto inmediato de su reforma. 
El informe Berend constituye, por tanto, una oportuna y valiosa aportación de la que destacamos la necesidad de establecer un calendario preciso con la debida antelación, desde la publicación misma de los Reglamentos, a fin de que en 1999 las distintas administraciones puedan adaptarse a la nueva programación. 
La necesidad de una mayor concentración, simplificación, descentralización y cooperación con los interlocutores sociales y los poderes locales y regionales exigirá más tiempo para una correcta programación y es, por tanto, preciso tenerlo en cuenta. 
La evaluación continua y un control eficiente, con incentivos- como se propone- para los Estados que ejecuten óptimamente sus créditos, serán también medidas positivas que habrá que tomar en cuenta. 
En definitiva, pues, deseo señalar que queda mucho e importante trabajo por delante, pero que el informe Berend llega en un momento muy oportuno y que hay que felicitar al ponente por ello. 
Señor Presidente, en la reforma de los Fondos estructurales que tenemos ante nosotros es indispensable corregir las deficiencias en la utilización de dichos Fondos que causan infrautilización, ineficacia y retrasos y debemos hacerlo simplemente porque no podemos permitirnos el lujo de mantener las políticas estructurales funcionando de una forma que no surte el efecto deseado. 
Es que los imperativos en la política regional y estructural resultan cada vez más apremiantes. 
Los mayores problemas están relacionados con la administración fragmentada, con la burocracia y con las dificultades para la entrada en funcionamiento de las diferentes fases de los programas. 
La entrada en funcionamiento presupone que las entidades locales participen desde el principio de la planificación. 
Se debe fortalecer el principio del partenariado y mejorar la coordinación interna de la administración. 
No podemos perder más tiempo y energía con una burocracia compleja que al final da un resultado bastante insignificante, con lo que sólo aumenta el trabajo de las empresas de formación y consultoría. 
La situación es particularmente crítica en las zonas agrícolas en riesgo de desertización tanto en Finlandia como en los demás países. 
Si no se consigue frenar ahora la disminución de la población en esas zonas, dentro de poco será demasiado tarde. 
En ese sentido, el punto de partida de la Comisión es correcto. 
Hay que poner de relieve el desarrollo de sus regiones a partir de su propia iniciativa. 
Señor Presidente, la infrautilización de los créditos de los Fondos estructurales constituye un problema muy grave, habida cuenta de que la dificultad de ejecución de los créditos conduce a los agentes sociales a buscar soluciones costosas de financiación intermedia que afectan a la eficacia general de los proyectos. 
Es obvio que esta situación no puede continuar y ha de cambiar, y en esto coincidimos con el Sr. Berend. Pero algunas de las medidas que él propone para resolver esta dificultad nos parecen contraproducentes. 
En concreto, nos parece contraproducente la medida recogida en el apartado 32- la reasignación de recursos a favor de aquellos Estados miembros que hayan demostrado ser capaces de absorber los recursos de la Unión Europea que se les ha asignado- pues ello, en realidad, equivale a establecer un nuevo sistema penalizador. 
Creo que sería necesario abordar la cuestión de manera más flexible. 
De lo contrario, el fin que se pretende favorecer- la cohesión económica y social- podría verse más dañado que favorecido. 
Señor Presidente, la sesión pública que tuvimos el año pasado en nombre de la Comisión de Política Regional para el Este y el Sudeste de Inglaterra coincide con las principales conclusiones del informe del Sr. Berend. 
Los consejos de Essex, Bedfordshire y Hertfordshire dijeron que los actuales sistemas de gestión desaniman realmente a los que estarían dispuestos a formular proyectos. 
Una excelente propuesta de proyecto de nuevas ciudades, formulada en el marco de la Estrategia para el desarrollo económico del Sudeste, no suscitó más que indiferencia durante más de un año. 
Las autoridades de Inglaterra oriental involucradas en ese programa de desarrollo rural de 5b hablan de una miríada de complejas interrogaciones que se formulan siempre a última hora. 
La Asociación de universidades del Este indica que el carácter anual de la financiación social europea es una verdadera pesadilla burocrática, mientras que los comercios cooperativos de la región oriental dicen que en cada uno de los nueve últimos años ha habido siempre retrasos y subutilización de fondos. 
Los Estados miembros y los asociados locales tienen que hacerse cargo de la parte de responsabilidad que les corresponde, pero hoy tenemos que instar a la Comisión a que ponga término a ese círculo vicioso de retrasos y infrautilización de fondos y a que publique de antemano criterios de evaluación y luego se atenga a ellos, cosa que ha constituido un problema particular en nuestro programa 5b. 
Tiene que velar también por que se preste asistencia para que los fondos vayan a parar a las organizaciones voluntarias y a que haga todo lo posible por romper el molde y por lograr que el nuevo período de programación a partir de 1999 comience a tiempo. 
Señor Presidente, creo que la iniciativa del Parlamento de ver el tema de la ejecución de los créditos de los Fondos Estructurales ha sido una iniciativa muy buena y la labor que ha llevado a cabo el Sr. Berend sobre esta cuestión esencial ha sido buenísima y sinceramente creo que merece felicitaciones. 
Del trabajo que han realizado el Sr. Berend y todos los srs. colegas que han ayudado con sus enmiendas a este informe, lo que se demuestra es que, en general, los problemas con el paso de los años se han limitado a la ejecución de los créditos, pero siguen existiendo. 
Son característicos los problemas que hay en el Fondo Comunitario y en las iniciativas comunitarias y es igualmente característico que hay 3.400 millones de ecus indisponibles, un número que, por sí sólo, dice muchas cosas. 
Aparte de lo anterior quiero referirme también a la idea de la reserva que es una idea que la Comisión pone en la AGENDA 2000. 
Para empezar es una idea que nosotros creemos que no debe desecharse, porque puede impulsar una mayor competitividad entre las instituciones interesadas por la absorción de los recursos. 
Sin embargo, la Comisión deberá concretar, par que deje de ser una autorización en blanco como está siendo hasta el momento. 
El Parlamento no va a estar de acuerdo con una autorización en blanco. 
Queremos más detalles sobre esta idea por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, creo que debemos admitir que hay algo podrido en la política regional de la Comunidad en relación con los recursos financieros de que se dispone para ésta. 
Por un lado hay múltiples problemas muy agudos, y por otro hay una reserva indisponible, que no se ha absorbido de mas o menos 25 ó 26.000 millones de ecus. 
He aquí la irregularidad, he aquí lo podrido. 
Esto se puntualiza en el informe del Sr. Berend, especialmente en la exposición de motivos, así como en los informes de la Comisión de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural y en los de la Comisión de Presupuestos. 
Ciertamente, estas dos comisiones añaden el punto especial, a saber: que no se menciona en ningún sitio propuesta alguna en esta política para el futuro de la gente de la agricultura en el marco de la AGENDA 2000, mientras la Comisión de Presupuestos señala que es deficiente el interés por las zonas fronterizas. 
Quiero añadir que igualmente hay un interés reducido, desprecio, en las islas; allí, ciertamente hay una excepción exasperante, es decir, las islas del Egeo no participan en los programas operativosde explotación en temas que conciernen a los transportes, la energía, la comunicación, etc. Y finalmente, señor Presidente, y en este punto finalizo, hay una distribución desigual. 
La política regional ha descubierto que Alemania se ha hecho más pobre que Grecia y Portugal, por eso recibe de los fondos un aumento del 45 %, mientras que estos dos países más pobres tienen una reducción de un 17 hasta un 20 % respectivamente. 
Esto es inadmisible y, si no se corrige, no espere ningún avance hacia la cohesión comunitaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, una Europa con distancias tremendas entre sus distintas zonas en el bienestar no puede ser ni verosímil ni viable. 
Por eso la política de cohesión económica y social constituye la opción cumbre de la Unión. 
Los recursos comunitarios que apoyan las acciones estructurales han dado frutos especialmente alentadores en las zonas menos desarrolladas de la Unión, fomentando la competitividad, el desarrollo y el empleo. 
En nuestros días, seguro que hay necesidad de una mejora adicional y de la eficacia de los Fondos Estructurales. 
Sin embargo, en mi opinión, es una aproximación errónea centrar los esfuerzos y la atención en la absorción y no en la capacidad. 
Sabemos que en el pasado había zonas de la Unión que presentaban un 100 % de absorción, pero sin revelar a la vez un aumento per cápita del producto nacional bruto. 
El tema, pues, es cómo explotar los recursos de los Fondos Estructurales del modo más seguro y eficaz. 
Cada ecu de que se dispone debe dar un resultado positivo en los sectores del desarrollo, de la competitividad, y del empleo. 
Creo que Grecia hoy es un muy buen ejemplo de usuario y de utilización eficaz de los recursos de los Fondos Estructurales. 
Por supuesto, quisiéramos formular nuestras más serias reservas sobre las propuestas de la Comisión de administrar en blanco el 10 % de los recursos de los Fondos Estructurales para próximo periodo de programación 
Señor Presidente, el ponente ha dirigido con razón una de sus críticas centrales contra los considerables retrasos en la fase de puesta en marcha de los programas. 
Quiero apoyarle en este aspecto. 
Hay algunos motivos de gran peso para que no permitamos tales retrasos en los próximos años 1999-2000. 
En primer lugar, la lucha contra el creciente paro en nuestros Estados miembros exige un empleo más rápido de todos los créditos de los Fondos estructurales europeos. 
En segundo lugar, sólo así podremos oponernos mejor a la creciente presión de adaptación que vamos a experimentar en algunos ramos pero también en las regiones como consecuencia de la introducción de la moneda única. 
En tercer lugar, con la próxima ampliación de la UE hacia el Este, los instrumentos europeos para reducir los atrasos en el desarrollo se van a encontrar ante su auténtica prueba de fuego. 
Una cosa está clara: las voces de advertencia de nuestros conciudadanos de la UE que están en el paro deben provocar que se acelere la marcha tanto en el sector nacional como en el europeo. 
Señor Presidente, en muchas intervenciones anteriores, como también en el informe que estamos examinando, se ha dicho que los resultados de la política regional y estructural de la Unión Europea no son completamente satisfactorios. 
El informe del Sr. Berend aborda también muchos problemas que requieren soluciones. 
Como se ha dicho aquí, sería muy importante que se pudiera hacer la reforma de los Fondos estructurales dentro del plazo establecido. 
Eso significa que se deberían adoptar las decisiones necesarias al final de 1998, a más tardar. 
De hecho, en el informe se dice claramente que los mayores problemas relacionados con este período del programa son consecuencia del retraso de su inicio, provocado por la lentitud del proceso de adopción de decisiones. 
No se puede repetir eso y éste debería ser el mensaje que transmitir a la Comisión. 
Ahora bien, gastar dinero no es lo más importante. 
Lo más importante es la calidad de los programas y que éstos propicien un desarrollo real mensurable. 
Se debe considerar un imperativo para las regiones y los agentes que se beneficiarán de la futura reforma de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame que exprese mis felicitaciones al Sr. Berend por su profundo análisis y el muy acertado informe sobre la utilización de los créditos de los Fondos estructurales. 
La Comisión es consciente de que en los años 1994 y 1995 se logró una tasa de empleo relativamente reducida, por lo que existe el peligro de que el flujo de fondos se concentre al final del período de planificación de los programas. 
Estas experiencias son un motivo esencial para reorganizar la gestión financiera de los Fondos estructurales en el nuevo período de planificación de programas a partir del año 2000. 
No obstante, quiero indicar que el retraso en la ejecución en los conceptos comunitarios de ayuda- sobre los que recae al fin y al cabo el 90 % de los créditos totales -, en 1996 y 1997 se ha reducido considerablemente, lo que habrán podido comprobar hasta el año 1996. 
Por el contrario, en las iniciativas comunitarias, el ritmo de ejecución sigue provocando preocupación aunque un motivo esencial de ello haya que buscarlo en el hecho de que muchos de estos programas se aprobaron en 1995 y 1996. 
La Comisión está comprobando actualmente las posibles y necesarias reprogramaciones de iniciativas comunitarias y ha llamado ya la atención al respecto de los Estados miembros. 
Así, en diciembre me dirigí a los Estados miembros y les solicité informaciones detalladas sobre el estado de ejecución de las iniciativas comunitarias in situ. 
Ante las capacidades de absorción hay que recapacitar sobre posibles modificaciones de contenido de programas, transferencias de créditos dentro de programas y entre programas. 
A mediados de 1998, la Comisión presentará propuestas para realizar a nivel de la Unión una redistribución de las iniciativas comunitarias e intentará también tener en cuenta las exigencias provenientes de las filas del Parlamento. 
En el debate sobre la distribución de la reserva han quedado algunos puntos abiertos. 
Los grandes problemas administrativos en la ejecución han movido también a la Comisión a proponer en la Agenda 2000 una drástica reducción de las iniciativas comunitarias e integrar sus actividades ampliamente en los programas " Mainstream». 
En lo que se refiere a los compromisos todavía por liquidar el nivel actual es totalmente normal. 
Ante las sumas crecientes de año en año para los créditos de compromiso y unas sumas no igualmente elevadas para los créditos de pago es lógico un aumento de los compromisos a liquidar. 
Al fin y al cabo, en los últimos años los pagos del correspondiente ejercicio presupuestario se han empleado cada vez más para liquidar los compromisos de ejercicios presupuestarios anteriores. 
Los compromisos todavía por liquidar del tiempo anterior a 1994, que a finales de 1997 ascendían a 3.260 millones de ecus, afectan a acciones consideradas como justificadas y autorizadas para una prórroga del período de ejecución o a acciones suspendidas por razones jurídicas, por lo que no se pudieron concluir. 
Como solamente se concedieron prórrogas de los plazos de pago hasta finales de 1997, ahora solamente se trata de liquidaciones finales y no de compromisos que debido a su vencimiento vayan a gravar aún durante varios años el presupuesto de la Comunidad. 
Me refiero sobre todo al apartado 30, sobre el que han preguntado con razón cómo se interpreta eso. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión piensa intervenir ya al inicio de cada período de planificación de programas para que se reclamen totalmente los créditos y evitar retrasos de cualquier tipo, tal como han expuesto aquí. 
En lo tocante a la preocupación del Parlamento sobre la magnitud del importe que hay que emplear de nuevo en el marco del procedimiento presupuestario de 1999, debo recordar que según el Acuerdo Interinstitucional y el Reglamento marco de los Fondos estructurales, los órganos comunitarios están obligados claramente a poner a disposición de los Fondos los importes acordados por el Consejo Europeo de Edimburgo. 
Quiero subrayarlo de nuevo. 
Por lo demás, quiero indicar que una prórroga del actual período de planificación de programas se opondría tanto al reglamento marco de los Fondos estructurales como al Acuerdo Interinstitucional. 
Por ello, la Comisión ha declarado sin ningún género de dudas que no debe producirse ningún cruce entre los dos períodos de planificación de programas. 
La Comisión presentará en marzo sus propuestas de reforma legislativa. 
Dependerá del Parlamento y del Consejo que se debatan y aprueben con rapidez estas reformas. 
La Comisión hará todo lo que esté en su mano para que los nuevos programas se apliquen con celeridad a partir del año 2000. 
Por ello, la Comisión cree que de cara a un debate y aprobación rápida de los reglamentos y programas, sería contraproducente plantear ahora consideraciones para soluciones transitorias. 
La Comisión comparte de modo general las opiniones del Parlamento para la simplificación del sistema de ejecución. 
También por motivos de una mayor eficiencia, es absolutamente necesaria una descentralización más intensa y participación de las corporaciones territoriales locales y regionales así como de los interlocutores sociales ya desde el comienzo de la planificación de los programas. 
Las nuevas propuestas de reglamento contienen una clara distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos actores, una revalorización del papel de los comités de seguimiento y un fortalecimiento de la Comisión en lo tocante a las posibilidades de control y de sanción en caso de producirse contravenciones. 
En este aspecto, coincidimos plenamente no sólo con las exigencias del informe sino también con las intervenciones que se han realizado aquí al respecto. 
La Comisión considera la creación de una reserva financiera que dependa de la eficiencia, con lo que se pretende aumente también la eficiencia de las medidas estructurales. Expreso mi agradecimiento por el apoyo que he encontrado en muchas intervenciones. 
Naturalmente, no se puede firmar un cheque en blanco antes de que hayamos debatido a fondo sobre este tema con los criterios objetivos que pensamos proponer y naturalmente, una reserva de este tipo tampoco puede ser un cheque en blanco para la Comisión sino que debe seguir unas reglas transparentes. 
Pero creo que esto sería una posibilidad para hacer realidad lo que se dice en la propuesta, es decir, en caso necesario emplear los créditos necesarios para otros destinos, en lugar de devolverlos a los presupuestos de los Estados miembros. 
Por ello, creo que merece realmente la pena mantener un debate a fondo al respecto, oferta que hago extensiva expresamente a la Comisión de Política Regional. 
La nueva estructura presupuestaria propuesta por el Parlamento, con una ejecución articulada por períodos de planificación, haría que hubiese un número mayor de líneas presupuestarias. Esto complicaría la administración, como ocurre ahora con las iniciativas comunitarias, y se opondría al principio de simplificación. 
Para finalizar, permítanme que indique de nuevo que la Comisión va a presentar sus propuestas el 18 de marzo. 
Estamos convencidos de que las propuestas allí realizadas facilitarán la simplificación y descentralización así como un empleo más eficaz de los créditos financieros y la Comisión incluirá intensamente como hasta ahora al Parlamento desde el principio en este proceso. 
Le doy las gracias, Sra. Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, he pedido la palabra siguiendo las instrucciones de los Cuestores con anterioridad a la primera votación nominal. 
¿Va a haber ahora una votación nominal? 
Con el fin de clarificar las cosas y de no interrumpir el desarrollo de las votaciones, le propongo tratar en seguida la cuestión reglamentaria que usted plantea. 
Señor Presidente, estoy obrando de conformidad con las instrucciones de los Cuestores. 
¿Tendrá usted la amabilidad de darme la palabra antes de la primera votación nominal? 
Señoría, soy yo y no los Cuestores quien preside la sesión. 
Tiene ahora la palabra. 
Señor Presidente, si es como usted dice, haga el favor de indicar que yo estaba presente en esta sala en cada una de las votaciones nominales, de conformidad con la nota de la Junta de Cuestores que recibimos la semana pasada. 
Le agradeceré que indique también a la Mesa que, en mi opinión, el Parlamento es soberano y que una simple reunión de 13 personas no puede decidir por su propia cuenta en qué debe consistir el Reglamento de este Parlamento. 
Tengo la esperanza y la convicción de que cada uno de mis colegas que piensa como yo, seguirá mi ejemplo. 
Uno no tiene que participar en las votaciones nominales, lo único que tiene que hacer es cerciorarse de que conste en acta que uno estaba presente en la sala. 
Señor Presidente, la cuestión que voy a plantear es muy parecida a la del Sr. Falconer: ésta es la primera sesión de este Parlamento en que vamos a tener una votación nominal. 
Espero que se publique pronto un fascículo con las nuevas normas que está elaborando la Conferencia de Presidentes para que los diputados puedan enterarse de lo que está sucediendo. Hay muchos diputados que no están al corriente. 
Esta mañana se planteó una situación en la que una votación tuvo lugar cinco minutos antes de la hora prevista. 
Deberíamos tener normas para que los diputados no pierdan la oportunidad de votar. 
Señor Presidente, quisiera asociarme a lo que ha dicho el Sr. Falconer y plantear la misma cuestión que él ha planteado. 
Soy como quien dice la madre de este Parlamento, y estimo que es lamentable que los diputados permitan que se les trate sin dignidad. 
Esto coloca a la Tesorería en una situación muy difícil porque, por ejemplo, un grupo, en una sesión de media noche, podría duplicar el número de votaciones nominales que hubo a la hora de votar; eso significaría que los diputados sólo percibirían la mitad de sus dietas de asistencia. 
¿Pueden imaginarse ustedes el caos que semejante cosa provocaría? 
Por lo tanto, deseo que se haga constar mi presencia, tanto si participo en una votación nominal como si no participo. 
Me veo obligada a protestar con la mayor firmeza posible y a preguntar a cada uno: ¿son ustedes corderos, o son diputados de un Parlamento? 
Señor Presidente, quisiera asociarme a lo que han dicho mis colegas y que se haga constar mi presencia hoy, independientemente de que participe o no participe en una votación nominal. 
Señor Presidente, como presidente en funciones de los Cuestores, quisiera comunicar a los diputados, y en particular al Sr. Falconer, que las instrucciones que le transmitieron la semana pasada los Cuestores se las había dado a ellos la Mesa. 
Quisiera que quedara bien claro lo que acabo de decir. 
Que la totalidad y cada uno de los diputados de este Parlamento sepan que los Cuestores estábamos aplicando la norma según lo decidió la Mesa. 
Señor Presidente, las observaciones que acaba de hacer el Sr. Killilea parecen contradecir lo que usted nos había dicho anteriormente. 
En respuesta a mi petición de que se me llamara cada vez que hubiera una votación nominal, y con referencia a la nota de los Cuestores, dijo usted que los Cuestores no dirigían esta reunión. 
Estoy de acuerdo con usted. 
El Sr. Killilea ha indicado con toda claridad que los Cuestores obraban siguiendo las instrucciones de la Mesa, o sea que es la Mesa la que dirige esta reunión aunque está usted en la Presidencia. 
Reitero mi petición de que quiero que se me conceda la palabra antes de cada votación nominal. 
Señor Presidente, tuvimos ejemplos de parlamentos rabadillas, hoy se quiere crear un Parlamento de marionetas. 
Todo diputado es libre de votar o no. 
Con las instrucciones formalistas y burocráticas que ustedes crean, están desprestigiando totalmente este Parlamento. 
Señor Presidente, después de estas intervenciones, querría hacer una propuesta. 
Creo que en esta sesión plenaria no podremos enfrentarnos con serenidad a esta nueva normativa ni aplicarla: por ello pido que, al menos, se someta a votación la propuesta de remitir a la próxima sesión la aplicación de esta norma o incluso discutirla en el Parlamento antes de que se convierta en ejecutiva. 
Señorías, desearía agradecer primeramente a todos los oradores, que han hecho posible la celebración de un debate sobre esta importante cuestión. 
En segundo lugar, querría precisar, para tranquilizar a algunos diputados, que evidentemente cada uno es libre de votar o no, lo cual es fundamental para cada diputado y cada diputada. 
El derecho de votar o de no votar es un derecho elemental de los diputados. 
En tercer lugar, me sorprende, sin embargo, que critiquen estas formas de estímulo para que la presencia de los diputados en las votaciones sea nutrida, ya que el voto no es sólo un derecho, sino también un deber para los diputados. 
Me alegra comprobar que la presencia ha aumentado, lo cual no ocurría desde hacía cierto tiempo. 
La Mesa tendrá en cuenta todas las intervenciones, en el entendimiento de que reexaminará la cuestión dentro de algunos meses, como establece en su decisión. 
Por lo tanto, les propongo comprobar el funcionamiento del sistema, ponerlo a prueba, y veremos en la práctica cómo se presentan las cosas. 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad, de la Decisión PARCOM 96/1 sobre el abandono del uso del hexacloroetano (HCE) en la industria de metales no férreos (COM (97) 0540- C4-0636/97-97/0297 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señor Falconer, no debe preocuparse; como ya le he indicado, he tomado nota de su intervención y su nombre quedará registrado en todas las votaciones nominales. 
Pero, por lo demás, no dejaré que este uso abusivo del procedimiento distraiga mi atención. 
Sobre las enmiendas 10 y 18 
En el texto inglés puede haber dudas sobre la redacción. 
Nos gustaría haber modificado workforce por workers concerned. 
Si mantenemos workforce, esto da a entender que son todos los empleados de la empresa quienes deben decidir si un simple trabajador debe someterse a un examen de salud. 
Si lo modificamos por workers concerned, entonces es el propio trabajador quien decide. 
Luego es meramente una modificación de la redacción lingüística para evitar que surjan dudas. 
¿Hay alguna oposición a esta enmienda oral? 
(El Presidente comprueba que no hay oposición a la presentación de la enmienda oral) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, no me queda más remedio que indicar que usted no está siguiendo ni siquiera las normas establecidas por nuestra estimada Mesa. 
No me ha dado usted la oportunidad de indicar que estaba presente en la sala. 
Quiero formular también una objeción por el hecho de que se nos está " encajando» una forma de proceder. 
Si quiere usted someter algo a prueba, empiece por preguntar lo que este Parlamento opina de la Mesa. 
Esto es discriminatorio. 
Si quiere usted someter algo a prueba, vea si las nuevas normas establecidas por la Mesa cuentan con la aprobación de este Parlamento. 
No debe preocuparse, el servicio de la sesión ha registrado su presencia. 
No vamos a complicarnos con una burocracia inútil. 
Las exigencias burocráticas ya son lo suficientemente complejas. 
Señor Presidente, lo que ha sucedido es característico de lo que va a suceder. 
Tanto Eddie Newman como yo apretamos nuestros botones pero no sucedió nada. 
Con esa nueva norma no tenemos más remedio que interrumpirle para decírselo. 
No debe preocuparse, señora, no se trataba de una votación nominal, por lo tanto no forma parte de nuestro complicado sistema de recuento. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, existe una dificultad. Se deduce de los dos informes que se han presentado aquí, es decir, el informe De Luca y el informe Wemheuer. 
En ambos informes se encuentra el mismo pasaje. 
En el informe Wemheuer se ha presentado una enmienda a dicho pasaje pero no se ha hecho así en el informe De Luca. 
Ahora podría ocurrir que el Parlamento acordase en un informe una formulación y en el otro informe exactamente lo contrario. 
Esto lo complica algo. 
Por ello, pedí que pudiese realizar la observación de que se realizase una votación por separado en este lugar. 
Lo que así se ha solicitado con la finalidad de realizar una modificación de la formulación. 
La dificultad radica en que la Asamblea primero vota sobre un informe y luego sobre la enmienda al segundo informe. 
El orden inverso lo habría simplificado pues habríamos sabido dónde nos encontramos. 
Entonces no habría surgido el problema en el informe del Sr. De Luca. 
Sería más sencillo si mandase votar primero sobre el informe Wemheuer. 
Sabríamos cuál es el resultado y adaptaríamos del modo correspondiente el informe De Luca. 
Bien, si el Sr. De Luca está de acuerdo, propongo votar en primer lugar el informe de la Sra. Wemheuer, lo que nos permite dar una solución airosa al problema. 
Señor Presidente, he pedido la palabra precisamente para hablar de este punto. 
El que plantea el Sr. Samland no es un problema real, porque en efecto ambos informes, el mío y el del Sr. Wemheuer, piden que se cree eventualmente una comisión investigadora. 
La enmienda que se ha propuesto se refiere a algo bien distinto, que no está en contradicción con la comisión de investigación, porque en ella se pide que se examine la posibilidad de atribuir a la Comisión de Control Presupuestario poderes permanentes análogos a los de la comisión de investigación. 
Es decir que la contradicción no existe. 
Por esto me ha asombrado la petición de voto por partes separadas que se presentó sobre el punto 10 de mi informe. 
Ayer nos sentimos todos muy de acuerdo en denunciar un comportamiento de obstrucción respecto del Parlamento por parte de la Comisión. 
Pero después, la que debía ser la consecuencia lógica, o sea organizar una comisión investigadora, se desecha. 
Pues bien, me parece un poco hipócrita por parte del Parlamento asumir ciertas actitudes ante la Comisión y después no ser consecuente. 
De modo que, en vista de que no son contradictorios la comisión de investigación y los nuevos poderes para la Comisión de Control Presupuestario, no creo sea necesario modificar el orden de los dos informes ni introducir una enmienda análoga en mi informe; incluso invito a retirar la demanda de votación por separado del punto 10, que es el más definitorio del informe. 
Le doy las gracias, señor De Luca. 
Propongo, no obstante, comenzar por el informe de la Sra. Wemheuer, porque todo depende de lo que ocurra con la enmienda. 
Señor Presidente, usted acaba de decirlo: el Sr. De Luca acababa de indicar que no quería ninguna votación por separado. 
Insistimos en que se vote por separado sobre el punto 10. 
Precisamente después del resultado del informe Wemheuer y tras la contestación del Sr. De Luca como ponente, insistimos en que se vote por separado sobre el punto 10. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, he votado respecto de algunos de los informes pero no respecto de otros, y lo único que quiero es que sepa usted que estaba presente. 
Tuve que ir a los aseos en un momento dado y después tuve que salir a tomarme un café. 
Señor Presidente, si lo que quiere usted es reírse de este Parlamento, he de decir que usted y los funcionarios que le aconsejan están siguiendo el buen camino. 
Le están aconsejando erróneamente. 
Éste es un órgano democrático, no estamos en Corea del Norte ni en Penang. 
Le recuerdo, señor Andrews, que en este Parlamento el voto es nominal. 
Señor Presidente, quiero sencillamente indicar que he votado a favor en la votación final. 
Apreté el botón pero la luz no se encendió. 
Quiero sencillamente hacer constar que en la votación final voté a favor. 
Señor Presidente, he votado con sí a ambas partes. 
En la primera parte no ha funcionado la luz. 
Señor Presidente, le agradeceré que tome nota de que estoy esperando con ansiedad para ir a los aseos, y de que en la votación final voté a favor, aunque mi máquina me dejó plantado. 
Señor Presidente, hace tanto tiempo que hemos votado que ya se me ha olvidado si mi máquina funcionaba o no funcionaba. 
¿Puede hacer constar usted que yo estaba presente? 
Mi máquina tampoco ha funcionado en la última votación. 
Mi voto es a favor. 
Señor Presidente, mi máquina funcionaba pero quisiera explicar que llegué algo tarde a la votación porque mi vuelo tenía retraso. 
¿Tengo que reclamar el pago de mis dietas a Sabena? 
Señor Presidente, deseo hacer una sugerencia. 
En el siglo XVIII, cuando los sermones del obispo Bourdaloue eran muy largos, se distribuía un recipiente, que en francés se bautizó " bourdaloue». 
Quizá, si distribuyéramos uno de estos utensilios, evitaríamos que nuestros colegas tuvieran que levantarse para ir al aseo. 
Señor Presidente, he seguido con atención y registrado con respeto que usted no ha votado en ambas votaciones y, por tanto, tampoco en las nominales. 
Creo que la Asamblea coincide conmigo en que, a pesar de ello, usted ha merecido hoy sus dietas. 
Le doy las gracias, señor Rack. 
He hecho uso del privilegio de no participar en la votación. Según los usos parlamentarios franceses, cuando se preside la sesión no se participa en la votación. 
Señor McMillan-Scott, se tomará nota de su observación y, naturalmente, de todas las observaciones de nuestros colegas. 
La Mesa estudiará este problema. 
Señor Presidente, lo único que quiero hacer constar en acta es que estoy presente en la sala pero no participo en la votación. 
Señor Presidente, los miembros del Grupo UPE han participado en todas las votaciones, pero no lo harán en la votación final ya que en este informe hay puntos que son aceptables y otros inaceptables. 
No podemos, por lo tanto, formarnos un juicio global. 
Así pues, le pido que el nombre de los diputados que no participen en la votación quede registrado, empezando por el mío. 
Señor Presidente, quisiera felicitar por su conducto a la Mesa por haber ridiculizado aún más a este Parlamento, gracias a este ejercicio tan infantil como patético. 
Espero que la Mesa reconsidere de nuevo su resolución. 
Señor Presidente, le ruego tome nota de que estoy presente en la Sala pero no participo en la votación. 
Señor Presidente, deseo solamente señalar que hemos aprobado un informe sobre los derechos humanos y que hemos menoscabado, durante toda la mañana, el derecho imprescriptible de hombres y mujeres de ir al aseo sin ser sancionado por ello. 
Señor Presidente, querría, sin más comentarios, señalarle mi presencia, puesto que no deseo participar en la votación final. 
Señor Presidente, comparto el resentimiento de nuestros colegas por esta medida trivial. 
Quisiera indicar que no es solamente esta medida trivial lo que irrita y humilla a los diputados: hay muchas más razones. 
Si vamos a protestar, ruego a todos que no seamos tan selectivos, y que examinemos todas las restricciones mezquinas que se han impuesto a los parlamentarios y que recientemente nos han humillado. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, sin duda se pueden tener diferentes opiniones sobre la cuestión de qué importancia tiene esta nueva regulación para nosotros como diputados y de cómo actuamos internamente con ella. 
Pero creo que de lo que no se puede ser de diferente opinión es sobre lo que el Parlamento puede considerar ya como un éxito: si recuerdo bien, en los últimos años no se ha producido nunca una votación un martes a la una y media en la que estuviesen presentes 500 diputados de esta Asamblea. 
Esto es un éxito hacia el exterior que no debemos infravalorar, independientemente de la cuestión de si nos quedamos con esta regulación o no. 
Señor Presidente, tengo hambre, ¿podríamos proceder a la votación final y marcharnos? 
Señor Presidente, como el Sr. Happart, yo también quisiera votar e ir luego a comer. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quiero hacer notar que estoy presente pero que, como mis colegas, no he participado en la votación. 
Señor Presidente, estaba presente en la sala durante todas las votaciones. 
Por una cuestión de principio no quise votar en ninguna de ellas, pero desearía que tomara nota usted de que estoy aquí, en cumplimiento de la nueva norma. 
Señor Presidente, usted no me ha concedido antes la palabra y, por tanto, contra mi criterio, me he visto obligado a votar " abstención» para registrar mi presencia. 
Habría preferido no participar en la votación, porque este informe, tal como queda modificado tras tantas votaciones, no me convence del todo. 
En cualquier caso, Señor Presidente, quiero señalar que el hecho de que hoy la presencia en la sala sea más numerosa, no es una señal de mayor dignidad por parte de este Parlamento, porque la circunstancia se debe a sistemas que, por cierto, no exaltan la libertad del diputado. 
Señor Presidente, quisiera que se hiciera constar en acta que apoyo enteramente la nueva decisión de la Presidencia. 
Ésta ha sido una de las votaciones más concurridas de este Parlamento. 
Señor Presidente, es evidente que no estoy de acuerdo con el Sr. Hallam. 
El Parlamento tiene sus derechos en estas cuestiones. 
Se trata de una cuestión de soberanía. 
En la primera votación nominal yo no voté pero mi máquina si que lo hizo. 
No sé por qué sucedió así, quizás alguien decidió votar en mi nombre. 
En cuanto a la segunda cuestión, ha impedido usted que ejerciera el derecho de declarar en qué votaciones deseaba participar. 
Le diré de todos modos que participé en algunas votaciones nominales, en particular las referentes a la cuestión de los derechos humanos. 
En tercer lugar, estoy seguro de que tendrá usted en cuenta el sentimiento de esta sala, excepción hecha del Sr. Hallam, de que algo no funciona en el Reino de Dinamarca; hay algo que es absolutamente erróneo. 
En cuarto lugar, he podido observar que el Presidente Gil Robles no estaba presente en la sala durante las votaciones. 
Supongo que se le descontará el 50 por ciento de sus dietas. 
Por último, le felicito por la forma en que ha dirigido usted estos debates de hoy. 
Señor Presidente, una cuestión de orden con arreglo al artículo 163. 
El artículo 163 dice con toda claridad que todo diputado podrá proponer modificaciones del presente Reglamento, pero que las propuestas de modificación serán traducidas, impresas, distribuidas y remitidas a la comisión competente, que las examinará y decidirá si las somete o no las somete al Parlamento. 
En este caso se trataría de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Quisiera indicar asimismo que la votación tiene que ser la cuestión más fundamental que pueda afectar a un diputado del Parlamento. 
Esa cuestión incluye el derecho a votar y el derecho a no votar. 
En un momento dado, señor Presidente, dijo usted que teníamos " la obligación de votar». 
No estoy de acuerdo. 
No tenemos ninguna obligación de votar. 
Tenemos la obligación de saber de qué trata la votación. 
A continuación, es de nuestra incumbencia el decidir si votamos o no votamos. 
Eso representa una interferencia con un derecho fundamental y es una cuestión muy grave. 
No se trata sencillamente de una cuestión administrativa: se trata de una cuestión que tiene ramificaciones políticas que pueden influir en nuestro derecho a ser reelegidos por los ciudadanos. 
Dicho sea de paso, en la extraña nota que hemos recibido de nuestros grupos no se hace ninguna excepción en el caso de las personas que ocupan la Presidencia. 
Pido que esta cuestión se presente a la Comisión de Reglamento, y que se presente inmediatamente. 
Ha podido apercibirse usted de lo que piensa el Parlamento, no soy yo la única en ese caso. 
No se nos puede decir que tenemos que estar aquí y que tenemos que votar. 
Ésa es nuestra decisión y son nuestros electores los que decidirán si cumplimos o no cumplimos nuestras obligaciones, no la Mesa de este Parlamento. 
Señora Ewing, creo que casi estamos de acuerdo. 
Como a usted, a mí también me alegró ver que tantos diputados estaban aquí y ejercían su derecho a votar o a no votar. 
He mencionado el ejemplo de lo que tiene que hacer un diputado que no desee votar. 
Basta con que se lo comunique a los servicios del período de sesiones, y a que siga adelante con la sesión. 
Pero me parece que conviene usted conmigo- y usted no es solamente la madre del Parlamento, sino también uno de sus diputados más activos- en que es un placer ver a tantos colegas presentes con ocasión de una votación importante. 
(Interjección de la Sra. Ewing) Señora Ewing, no cabe duda de que puede proponer usted una modificación del Reglamento. 
Hasta ahora no se ha hecho ninguna modificación. 
También hoy, como siempre, participando normalmente en todo el procedimiento parlamentario, he tomado parte en las votaciones (entre ellas también en las nominales). 
Pero hoy siento que me hallo (bajo el "Nuevo Sistema» de control de asistencia) en una situación inaceptable: que se vea que voto sólo para estar yo" en orden» !! ! y que así no pierda algo de dinero! !! 
Considero que esta situación mina el prestigio y las perspectivas políticas del Parlamento Europeo. 
Protesto enérgicamente. 
Abandono del uso del hexacloroetano 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del documento de la Comisión sobre el hexacloroetano en la industria metalúrgica no ferrosa, puesto que es importante restringir la utilización de estas sustancias en atención a nuestro medio ambiente. 
No obstante, es lamentable que la propuesta inicial de la PARCOM, que incluía una limitación más estricta en lo que respecta a la comercialización y empleo del hexacloroetano, se haya visto empobrecida por las excepciones. 
¡Es especialmente triste que haya sido la propia mayoría del Parlamento Europeo quien propusiera estas excepciones! 
Me alegra votar hoy a favor de este informe. 
La protección de la persona contra los riesgos relacionados con los productos químicos en el lugar de trabajo es una cuestión vital de salud y seguridad, en vista del número de nuestros ciudadanos que trabajan cada día con productos químicos. 
Es natural que la Comisión determine hasta qué punto los gobiernos de la Unión Europea han instituido niveles indicativos de seguridad para la exposición a productos químicos en el lugar de trabajo. 
Tenemos que comprobar ahora si es preciso imponer niveles obligatorios de seguridad para cerciorarnos de que se cumplen las normas. 
El informe tiene también razón cuando pide que las personas que trabajan reciban información adecuada y capacitación en materia de seguridad sobre los productos químicos que utilizan. 
Los mejores cumplidores de las leyes de seguridad son las personas bien informadas cuya propia seguridad está en juego, así como el público en general que vive cerca de las empresas en las que se utilizan productos químicos que pueden ser peligrosos. 
Nada de lo que se haga en el plano de la Unión Europea debe impedir que los Estados miembros, si lo desean, fijen niveles de seguridad más rigurosos para el lugar de trabajo. 
Ahora bien, nuestro mercado único requiere normas de seguridad mínimas y comunes, así como libre competencia. 
Las empresas que se caracterizan por su seguridad suelen ser también las empresas que tienen éxito. 
Informe E. Mann (A4-0025/98) 
Tras el desmembramiento de la Unión Soviética, Ucrania y las demás Repúblicas de la antigua URSS fueron conducidas a la catástrofe de su entretejido industrial y social, y al rápido aumento del déficit del balance de pagos teniendo como consecuencia que sus pueblos ahora se encuentran en una situación económica lamentable. 
La necesidad inmediata de la inversión de esta marcha no puede cubrirse con la continúa concesión de préstamos que, por el contrario, a largo plazo aumentan el déficit del balance de pagos y reducen las posibilidades productivas del país. 
La concesión de préstamos que se enfrenta a corto plazo con el problema, básicamente se lleva a cabo para cubrir las exportaciones de las empresas europeas en Ucrania. La tercera ayuda en serie a Ucrania en los últimos años tiene como principal y fundamental objetivo exportar el modelo europeo de desarrollo, la penetración de este país en el mercado y el control de la evolución política y social por medio de los términos que se imponen para la concesión de estos préstamos y el control posterior de su utilización. 
No es casual que este préstamo se de- o la Unión Europea promete dar- justo unas semanas antes de las elecciones parlamentarias en Ucrania y el objetivo es la inmediata intervención en la vida política del país y el control de la política económica que se aplique. 
Tampoco es casual que se introduzca en un momento de agravamiento de las confrontaciones sociales por el retraso en el pago de muchos meses. 
Con la experiencia de nuestro pueblo en préstamos semejantes, debemos subrayar: ˇ " Teme a los dánaos y a los que traen regalos»! 
Finalmente, la situación y la seguridad del sarcófago de la sección destruida de Chernobil así como el funcionamiento de sus restantes secciones no puede ser la coartada, tanto de la Unión Europea para intervenir en los asuntos internos de Ucrania como del gobierno ucraniano y de la mafia ucraniana para exprimir los recursos que se suponen destinados a la defensa de la seguridad y de la salud de los ciudadanos y al desarrollo del país, ni puede ser la coartada para una ayuda a la guerra económica que han emprendido empresas occidentales de tecnología nuclear con el pretexto de la seguridad de los ciudadanos. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe de la Sra. Mann sobre ayuda a Ucrania. 
La situación económica en Ucrania sigue siendo peliaguda y en la Unión Europea tenemos la obligación de ayudar a Ucrania a solucionar sus problemas. 
No obstante, nos gustaría subrayar nuestra gran preocupación ante el hecho de que Ucrania no cumpla con su compromiso de abolir la pena de muerte. 
Los datos de Amnistía Internacional muestran que 264 personas esperan su ejecución en prisiones ucranianas. 
Y entre tanto los tribunales siguen condenando a muerte a más personas. 
Esto no es aceptable de ninguna manera. 
Queremos pedir nuevamente al gobierno ucraniano que suprima la pena de muerte e inmediatamente tome las medidas necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en Ucrania. 
He votado favorablemente el informe pero estimo que los pagos del préstamo deben hacerse después de una evaluación de cómo se lleva a efecto el desmantelamiento de Chernóbil, es decir, que Ucrania tiene que cumplir con su parte del tratado de cierre de Chernóbil antes de que se le pague. 
Ucrania está inmersa en un proceso dificultoso de transformación económica. 
Es positivo que se hayan liberalizado los precios, que los tipos de cambio se hayan desvinculado, que el déficit haya disminuido considerablemente, que se haya reducido la inflación y que se haya iniciado un extenso programa de privatizaciones. 
No obstante, nuestra colega Mann expresa con razón en su informe las dudas sobre la actual situación económica en Ucrania. 
Sobre la evolución de las reformas en Ucrania las opiniones están divididas. 
El FMI se mostró muy positivo en noviembre del año pasado sobre la situación en Ucrania y reanudó por eso la concesión de créditos. 
El EBRD, en cambio, se mostró menos positivo y sacó la conclusión de que las reformas en Ucrania se habían estancado. 
Las dudas sobre el saneamiento de la economía ucraniana están seguramente justificadas. 
El cambio de una economía planificada a una economía de libre mercado no depende sólo de factores económicos. 
Se necesita sobre todo apoyo político suficiente y se carece de eso en este momento en Ucrania. 
La controversia entre el presidente Kutsma, de índole reformista, y el parlamento obstruye la evolución del proceso de reformas. 
Cabe hacer una observación a la propuesta de la Comisión. 
Se debe plantear la pregunta de si es razonable prestar la ayuda en forma de préstamos. 
¿No corre Ucrania el riesgo de meterse en problemas de pago a largo plazo? 
En nuestra opinión, se puede considerar la posibilidad de prestar una parte de la ayuda en forma de donaciones. 
Esto no quita el hecho de que pudiéramos aprobar el informe Mann y por ello también la propuesta de prestar de nuevo ayuda macroeconómica a Ucrania. 
Esta última para complementar la ayuda que se pone a disposición por parte de las instituciones financieras internacionales y los donantes bilaterales. 
Esperamos que Ucrania disponga de esta forma de un margen mayor para continuar con más empuje la reforma de su economía. 
Informe Orlando (A4-0017/98) 
Quiero agradecer al ponente por un excelente trabajo en una materia trascendente en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Con esta explicación de voto quiero subrayar mi apoyo a la propuesta de enmienda 29 referente a las consideraciones financieras especiales para los países solicitantes. 
Me place la disposición del Tratado de Amsterdam que da a la Unión Europea, en su calidad de entidad política, verdadero poder para luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. 
En una Unión Europea que tiene un mercado interior con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital, se precisa una mayor cooperación policial y judicial para luchar contra los traficantes de drogas, que pueden desplazarse libremente por una Europa sin fronteras. 
Desde el Tratado de Maastricht de 1992 se ha registrado un grado sustancial de cooperación en asuntos de justicia y nacionales entre los Estados miembros de la Unión. 
Ahora bien, esas disposiciones han sido reestructuradas y readaptadas debidamente por el Tratado de Amsterdam para tener en cuenta el carácter evolutivo de la delincuencia internacional. 
El Tratado de Amsterdam lanza una ofensiva contra los barones de la droga en tres frentes diferentes: mayor cooperación policial entre los Estados miembros de la Unión Europea, mayores facultades para Europol (el Organismo europeo de policía) , y mayor cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE. 
Esas disposiciones rigurosas para luchar contra los barones de la droga en Europa cuentan con todo mi apoyo, pero el Tratado de Amsterdam da también a la Unión Europea facultades extensas e importantes para financiar los programas de prevención e información sobre la droga en relación con sus peligros para la salud pública. 
Hay que convencer al pueblo de Europa de que un voto a favor del Tratado de Amsterdam es un voto favor de dar a la Unión Europea los poderes necesarios para derrotar a dos flagelos interrelacionados: el tráfico internacional de drogas, y la delincuencia organizada. 
La Presidencia irlandesa concedió alta prioridad a la lucha contra la delincuencia organizada. 
Las propuestas que estamos discutiendo actualmente forman parte del plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada que se inició en el Consejo Europeo de Dublín. 
Es indispensable que ofrezcamos oportunidades para intercambiar experiencia, particularmente en las esferas de la cooperación, la reunión de datos secretos y la capacitación, a los encargados de hacer frente a las actividades penales internacionales en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, aunque ha habido contactos sistemáticos y regulares entre oficiales y funcionarios de diferentes Estados miembros en esferas de competencia tradicional de la Unión Europea como la agricultura, el medio ambiente, las cuestiones sociales, etc., no cabe decir lo mismo de los que trabajan en los ministerios de justicia y del interior de los diversos Estados miembros. 
Este programa ayudará a corregir la situación. 
Apoyo también la recomendación del Sr. Orlando de que participen representantes de los países que han solicitado el ingreso. 
Por último, sería natural que este programa conmemorase al juez italiano Giovanni Falcone, asesinado por delincuentes internacionales porque defendía la democracia y el Estado de derecho en contra de sus atroces actividades. 
Su legado inspirará a otros y les ayudará a seguir luchando contra el mal, donde quiera que se halle. 
Estimamos que el peso fundamental de la delincuencia organizada debe darse a la prevención y consideramos básica la necesidad de buscar las causas en el invernadero que crea el régimen económico, social y político que predomina en nuestros países con las decenas de millones de parados, de personas sin domicilio, de personas hambrientas y de ciudadanos degradados general, social e individualmente. 
La solución unilateral del problema, es decir sólo por parte de la represión, no sólo ha demostrado ser ineficaz durante los años de su adaptación, sino que esencialmente es indiferente, eso si no fomenta las implicaciones de los policías, de los jueces de las autoridades administrativas y de otras autoridades incluso a niveles superiores en la delincuencia organizada. 
Las propuestas que hay en el marco del informe del Sr. Orlando sobre el programa de acción común FALCONE, aunque son interesantes, no cambian la esencia de la propuesta que, bloqueada en la concepción más general de la decisión de Amsterdam, está caracterizada por la ineficiencia, por la burocracia, por la cobertura de competencias y de actividades con otras acciones comunes mientras contiene también órdenes sospechosas y peligrosas que si se interpretaran como una nueva base jurídica podrían ampliar el ámbito de aplicación que prevén los Tratados y los contratos internacionales de trabajo y de acción común de las autoridades policiales. 
Somos especialmente contrarios a cada intento de implicación directa o indirecta, por parte de las empresas privadas y de los órganos de seguridad en los procesos que prevén las acciones comunes y a que los financien la Unión Europea y los Estados miembros, y principalmente en los esfuerzos por su participación en el inadmisible proceso de la ficha policial electrónica. 
Es necesaria la formación superior de los responsables sobre la ampliación, el control y la represión del fraude económico que pasa por la alta tecnología, por los concursos públicos, por el soborno o el chantaje en determinadas profesiones, por el blanqueo de dinero negro por medio de la legalización de ingresos con actividades ilegales y, es necesario el intercambio de experiencias con vistas a la mayor efectividad de las órdenes nacionales relativas y de la evaluación de su aplicación. 
Sin embargo, desgraciadamente estos esfuerzos, incluso cuando no son para manipular la opinión pública o con objetivos demagógicos, chocan con la ley implacable del beneficio de los grandes intereses y de las empresas internacionales, que desempeñan un papel determinante en la orientación, la proyección y los límites de estas intervenciones. 
Informe Wemheuer (A4-0049/98) 
Quiero hacer constar, en este debate sobre el informe de Rosemary Wemheuer acerca del fraude en la Dependencia de turismo de la DG XXIII de la Comisión Europea, mi más profunda preocupación e inquietud: tal y como este debate se ha desarrollado, me temo que los representantes de la Comisión hayan seguido induciendo en error a este Parlamento. 
Las declaraciones hechas por la Comisión tergiversan los hechos reales y constituyen una continuación de la política de encubrimiento por parte de la Comisión que no quiere aceptar que funcionarios superiores se hayan esforzado por evitar indagaciones penales de la policía que les consideraba sospechosos de mala conducta y de mala administración. 
Esto contribuirá escasamente a que confiemos en las medidas que pueda adoptar la Comisión en el futuro, y el acta tiene que indicar que, a pesar de que los diputados del Parlamento Europeo son reacios a la idea de establecer una comisión de encuesta, sigue habiendo graves dudas. 
Me refiero concretamente a la carta confidencial enviada por el Sr. D.F. Williamson, que entonces era Secretario General de la Comisión, a los embajadores de Francia y Bélgica ante la Unión Europea, que la utilizaron en apoyo de su aseveración de que habían llamado a la policía. 
La policía de Bélgica lo niega. 
La carta fechada Bruselas, 13 de diciembre de 1994, no es más que un aviso oficial a las autoridades nacionales de que la Comisión estaba al corriente de irregularidades cometidas en relación con las subvenciones en la esfera del turismo. 
Como las autoridades nacionales de los dos países han explicado claramente a representantes de este Parlamento, la carta no daba instrucciones ni pedía oficialmente que se adoptaran medidas y, por lo tanto, no se tomó ninguna medida a su respecto. 
La primera denuncia clara hecha a la policía la hice yo y la dirigí al Sr. Dirk Merckz, Fiscal adjunto del Reino de Bélgica, en carta de fecha 11 de febrero de 1995. 
Los mecanismos que facilitaron el fraude son administrativos: abuso de subvenciones directas en lugar de licitaciones, procedimientos de selección poco claros, escasa formación del personal, exceso en la concesión de las delegaciones de funciones decisorias. 
También son de naturaleza administrativa los factores que obstaculizaron la claridad necesaria en los casos de corrupción. 
Al mismo tiempo que los ponentes, denunciamos la actitud de la Comisión, que ha demostrado no sólo ser lenta, sino también disponer de una serie de informaciones incompletas y tendentes a limitar la extensión de un fraude que, en realidad, tiene el carácter de una corrupción propiamente dicha dentro de los servicios mismos de la Comisión Ejecutiva. 
Infortunadamente, esto se inscribe en una cultura de la función pública y administrativa comunitaria que procura evitar las críticas en bien de una imagen a la que, como lo demuestran los hechos, al fin y al cabo se ha dañado doblemente. 
La opinión pública se aleja cada vez más de las Instituciones. 
Por consiguiente, consideramos necesario que el Parlamento Europeo, como organismo de representación democrática, sea dotado efectivamente de nuevos poderes de control democrático (por ejemplo, pensemos en conferir a la Comisión de Control Presupuestario poderes de información e investigación similares a los de la comisión de investigación) , que sirvan para restaurar en el seno del Ejecutivo, ya acostumbrado a una cultura burocrática carente de transparencia, el principio de responsabilidad que servirá para darle una imagen de eficacia y la autoridad debida. 
Con el reparo de las presentes consideraciones, nos declaramos dispuestos a votar favorablemente los informes de nuestros colegas. 
Informe Pailler (A4-0034/98) 
Señor Presidente, el principal menoscabo de los derechos humanos, hoy, en Europa, es el de las libertades de aquellos que no se adhieren a la ideología dominante, ya sea económica, cultural o mediática. 
El principal menoscabo de los derechos humanos lo constituye, por lo tanto, la dictadura de lo " políticamente correcto» , que limita las libertades políticas de aquellos que desean defender su identidad nacional. 
En Francia, en Bélgica, en los Países Bajos, en Austria, en Alemania sobre todo, se menoscaban las libertades políticas de los nacionales mediante persecuciones por delito de opinión, intrigas policiales o político-judiciales, la prohibición de reuniones públicas, ataques violentos a casetas de grupos políticos o a militantes políticos que distribuyen octavillas en los mercados o en el centro de las ciudades, la prohibición de sindicatos que no se avienen a la ideología oficial. 
El estado de los derechos humanos en un país se mide en virtud de las libertades que se reconocen a la oposición. 
En muchos Estados europeos, la oposición padece una falta de libertad. 
A la Unión Europea, que da lecciones al mundo entero, le convendría a veces recibirlas. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha protestado regularmente contra el abuso de los derechos humanos en otras partes del mundo. 
Para que podamos hacerlo necesitamos tener la necesaria autoridad moral, así como autoridad política. Es importante determinar si se han cometido abusos en materia de derechos humanos en nuestros propios Estados miembros. 
En mi país hay una serie de cuestiones que me preocupan. 
En primer lugar, la forma en que tratamos a los refugiados y a los solicitantes de asilo deja mucho que desear. 
En segundo lugar, me inquietan mucho también las repercusiones del actual conflicto industrial en Ryan Air. 
A los trabajadores de Ryan Air se les niega la oportunidad de organizarse y de tener una representación sindical. 
La empresa ha reaccionado ante una petición razonable legítima con una actitud que nos hace pensar en los empleadores de los tiempos de Dickens. 
Me defrauda mucho que ni la legislación de la Unión Europea ni la legislación irlandesa consagren directamente el derecho básico a la representación o afiliación sindical. 
Insto al Comisario Flynn a que intervenga en este conflicto. 
Debería convocar una reunión de las autoridades nacionales competentes de los países de la Unión Europea a los que vuela Ryan Air para determinar si su legislación nacional se puede o no se puede utilizar para proteger los derechos de los empleados de Ryan Air. 
En su calidad de Comisario de asuntos sociales, podría examinar qué otro curso de acción podría adoptar para poner término a ese conflicto, teniendo en cuenta particularmente que representa una amenaza para la asociación social irlandesa que ha desempeñado un papel tan importante para el éxito de la economía irlandesa. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe de los derechos humanos a pesar de que el concepto de derechos humanos que se hace en dicho informe no coincide con el concepto exacto, más bien jurídico, que yo tengo al respecto. 
Pero me parece perfectamente aceptable que en un debate político incluyamos en un informe objetivos políticos de cara a los derechos humanos. Este es el motivo por el que he apoyado y he votado a favor de este informe. 
Queremos agradecer al ponente por este informe, importante en muchas aspectos. 
Estimamos que se debe prestar atención al respeto por los derechos humanos en la Unión Europea. 
Opinamos que el Parlamento Europeo tiene que procurar una mayor concentración en futuros debates sobre el tema. 
El presente informe abarca muchas materias, haciéndolo demasiado general en muchos aspectos. 
Lo que se puede considerar como crítica fundada de las condiciones que imperan en uno o varios países miembros puede parecer, a otros países miembros, apreciación sin fundamento y que no explica lo que realmente se quiere decir. 
Algunas materias relativas al asilo político y el asunto de no permitir que los ayuntamientos prohíban la mendicidad, son ejemplos de esto. 
Somos fervientes partidarios de una política de asilo humana y generosa. Además, opinamos que hay que combatir los problemas sociales que generan en las personas la necesidad de mendigar para poder vivir. 
Con todo, las deficiencias en la política de asilo en uno o más países miembros no deben constituir una base para exigir medidas que afecten a todos los países miembros. 
A esto hay que añadir que las diferencias entre los países miembros son demasiado grandes. 
Del mismo modo tienen que respetarse las diferentes capacidades de los países miembros para encarar los problemas derivados de la pobreza, en la forma de ver la mendicidad. 
Especialmente, queremos destacar nuestro apoyo a las propuestas de enmienda 36 y 41. 
El criterio que se manifiesta acerca de la prostitución en el punto 68 del informe es absolutamente inaceptable. 
Finalmente, deseamos subrayar nuestro apoyo al rotundo rechazo al racismo y la xenofobia que se contiene en el informe. 
El respeto de los derechos humanos en la Unión es un asunto serio. No en último lugar porque nuestra credibilidad hacia los estados de fuera de la Unión estaría en juego si nosotros mismos no respetáramos los derechos humanos. 
Por lo tanto, me parece lamentable que hoy, como otros años, me vea obligado a votar en contra de este informe. 
No he votado en contra de este informe por estar en desacuerdo con todo el contenido, sino porque a mi juicio su planteamiento mina la credibilidad de la Unión en este ámbito. 
El informe ha venido teniendo tal coloreado contenido político a lo largo de los años, que ya no tiene mucho que ver con el control neutral y honesto del respeto de los derechos humanos que conocemos del TEDH. 
Los derechos humanos clásicos se colocan en el mismo montón que los derechos sociales, culturales y económicos. 
Los derechos sociales y económicos se presentan por medio de una coloreada interpretación política como derechos humanos fundamentales. 
Lo mismo ocurre con el derecho de asilo. 
Atención, reconozco el derecho de asilo como un derecho humano fundamental, pero su interpretación en detalle no debe formar parte de este informe. 
De hecho, los Estados miembros mantienen cierta libertad política en este aspecto. 
Estos son sólo algunos ejemplos. 
El derecho al divorcio, el derecho al aborto; ¿son de verdad los derechos humanos más fundamentales que queremos enseñar al mundo? 
¿Dónde está el derecho a la vida, que nos ha dado Dios? 
¿Qué normas y escala de valores se desprenden de este enfoque tan parcial? 
Me podría imaginar que los países en desarrollo no nos pueden tomar absolutamente en serio después de haber leído tal informe. 
Yo mismo por lo menos, no puedo. 
Falta cualquier relativización y los pensamientos políticos partidistas se elevan a derechos humanos fundamentales. 
La noción de derechos humanos que se maneja aquí, es muy distinta a la que yo sigo. 
Vemos los derechos humanos en primer lugar como unos derechos otorgados por Dios, en cuyo concepto los derechos nunca se pueden exigir sin cumplir con la noción de las obligaciones. 
Por ello mi colega Rijk van Dam y yo hemos votado en contra de este informe. 
Apruebo ampliamente el informe, aun cuando a veces da la impresión de ser una especie de cuarto trasero, en el que caben todas las buenas intenciones del mundo. 
Pero es evidente que, a la vista de las preocupantes tendencias políticas que existen en algunos Estados miembros (tendencias xenófobas, racistas, nacionalistas) , es oportuno que el Parlamento Europeo realice cada año una reflexión profunda sobre todos estos problemas. 
Por mi parte, desearía felicitarme concretamente por la parte del informe referente a la pobreza. 
Con un 16 % de pobres (o sea, más de 57 millones) en la UE, según la definición de pobreza (renta inferior a la mitad de la renta media de un país) , la UE, una de las zonas más ricas del mundo, alcanza un nivel de pobreza inaceptable. 
La pobreza está relacionada con la exclusión social, es decir, con el desempleo, que Europa no logra vencer. 
Estoy de acuerdo con la ponente cuando denuncia enérgicamente a algunos Estados, en particular a Alemania, que rechazan los programas de acción de la UE sobre la pobreza. 
Esto es un mal augurio con respecto a la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. 
También estoy de acuerdo con su reivindicación de una política de crecimiento y de recuperación del poder adquisitivo y del empleo. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de un informe que toma la temperatura a la situación de los derechos humanos en la Unión Europea en 1996. 
Es una muy buena tradición que el Parlamento Europeo cuide de que una vez al año atendamos en la Unión a nuestras cosas. 
No obstante, para que no quede en agua de borrajas, debemos centrar nuestra crítica y atenernos a los casos graves y actuales. 
Es muy lamentable que en dos de los casos en los que Dinamarca es criticada, los asuntos no sean actuales. 
Las disposiciones relativas a los trabajos forzados en el Código Penal danés nunca han sido utilizadas y están siendo abolidas. 
El régimen que no incluye el derecho a huelga para los funcionarios está siendo también modificado. 
Dinamarca también es criticada por permitir acuerdos del tipo " closed shop». 
Merece la pena señalar que, por una parte, Dinamarca no ha recibido recomendación alguna del Comité de Expertos del Consejo de Europa, y que, por otra parte, los acuerdos del tipo " closed shop» precisamente acaban de ser declarados legales en un fallo judicial en Dinamarca. 
Los acuerdos del tipo "closed shop» versan sobre el derecho a fijar convenios colectivos, del derecho fundamental de los asalariados a recibir aviso antes de su despido, a un salario mínimo, a una jubilación laboral, etc. Los acuerdos del tipo" closed shop» son una de las razones de que Dinamarca tenga un mercado laboral tranquilo y eficaz con el índice más bajo de días de trabajo perdidos. 
De ahí que sea lamentable que las fuerzas ciudadanas en el Parlamento Europeo recurran a un populismo político en un informe tan importante como éste sobre los derechos humanos en la Unión Europea. 
Hay un número terrible de serios ejemplos de violaciones de los derechos humanos dentro de la Unión. 
Conciudadanos comunitarios son discriminados diariamente por razón de su etnia, credo religioso, orientación sexual o minusvalía. 
Es esta discriminación sobre la que debemos llamar la atención con el informe anual sobre derechos humanos en la Unión Europea. 
La lucha por los derechos humanos es uno de los cometidos más importantes de la UE y del Parlamento Europeo. 
El ponente Pailler ha realizado un trabajo muy meritorio en el campo de los derechos humanos en la UE. 
No obstante, el informe amplía el concepto de derechos humanos a algunos campos políticos, tomando la forma de programas políticos, como por ejemplo los problemas sociales y económicos. 
Aunque se puede estar de acuerdo con casi todo esto, también fácilmente puede restar importancia a las críticas a las deficiencias en los derechos humanos formuladas según la manera cómo la ONU y el Consejo de Europa definen el concepto. 
El programa debería haber considerado en mayor grado los derechos de las minorías, como por ejemplo el tratamiento que Austria da a los homosexuales, el tratamiento de Eslovaquia a los húngaros, las deficiencias de Suecia en asuntos de reunión familiar, el tratamiento que da Hungría y Rumania a los gitanos, etc. No se ha mencionado un derecho humano obvio como es la seguridad en lugares públicos. 
En todo caso, he votado favorablemente el informe ya que las críticas son de carácter formal. 
El Consejo tiene un proyecto de inmigración masiva organizada hacia la UE. 
Un éxodo desproporcionado, que se organiza contra natura y que se presenta bajo el falso nombre de solidaridad y respeto a los derechos humanos. 
La Unión nos propone la salvaguarda de los derechos de los pueblos no europeos, y a la vez pisotea los derechos igualmente sacrosantos de los pueblos de Europa. 
Esta Unión defiende con fuerza las minorías, los grupos nómadas, su libertad de expresión, de prensa y de información. 
¡Todo eso me parece muy bien! 
Pero también querría que con idéntica fuerza se defendieran los derechos y las libertadas de todos los pueblos europeos y de los ciudadanos que nos han elegido para representarlos en esta Asamblea. 
Demasiado a menudo la Unión se olvida de los pueblos europeos, los irlandeses, los escoceses, los flamencos, los vascos, los catalanes, los corsos, los padanos, y de sus legítimas exigencias de libertad y de autodeterminación. 
¿Cuándo, amada Europa, empezaremos a defender y salvaguardar también los derechos de nuestros pueblos? 
Pronto presentaré una propuesta de resolución al respecto, para comprender y ver cómo se comportará la Unión respecto a los derechos y a las libertades de todos los pueblos de Europa. 
El informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea no se puede transformar en el cumplimiento rutinario de un ritual. 
Por eso acogemos con beneplácito el excelente informe de la Sra. Aline Pailler, que impide, de forma muy expresiva, que así sea. 
Y por esa intención suya tan loable fue aprobado en la Comisión de Libertades Públicas por sólo un voto y llegó al Pleno con tantas enmiendas, unas que procuraban valorizarlo y muchas otras encaminadas a desnaturalizarlo. 
Eso no quiere decir que la propuesta de resolución no deba merecer la aprobación de este Pleno, por haber preferido la confrontación y la polémica a la búsqueda de consensos y conseguir llegar a una resolución que posibilite un refuerzo de las acciones y las medidas con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos en una región del mundo en la que hay quienes, olvidando los tejados de vidrio que tienen, se consideran con derecho a dar lecciones sobre derechos humanos a quienes viven en otras zonas. 
La prueba de ese esfuerzo para que el Parlamento Europeo llegase a una resolución que lo dignificara y tuviese efectos prácticos está en lo que se puede considerar un desequilibrio entre la exposición de motivos y la propuesta de resolución. 
Se ha procurado no incluir en la propuesta de resolución lo que podría resultar de las referencias explícitas en la exposición de motivos. 
En particular por lo que se refiere a países y situaciones concretos. 
Por ejemplo, Portugal aparece mencionado varias veces en la exposición de motivos- en cuanto al trabajo infantil, en cuanto a la situación de los detenidos, sobre todo en relación con la toxicodependencia, en cuanto a la excesiva duración de los procesos -, pero se ha procurado no transponer en el articulado de la propuesta de resolución la referencia explícita a lo que lo fundamenta, con lo que se posibilita el voto de quienes aceptan los principios y recusan las situaciones en abstracto, pero se resisten a condenarlas cuando se sienten corresponsabilizados... o merecen la censura. 
Por último, quisiera subrayar un aspecto que el debate- ya sea en comisión o aquí, en el Pleno- ha vuelto muy claro. 
Se trata del concepto de derechos humanos. 
Estamos totalmente de acuerdo con la perspectiva de la autora del informe cuando adopta ese concepto en su sentido más amplio y no deja los derechos humanos a la puerta de la economía, como si los derechos sociales- tales como los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la protección social y a la cultura- nada tuvieran que ver con la política económica por la que se ha optado al servicio de intereses económicos y financieros muy determinados y privados. 
Como tampoco aceptamos que se procure anular la posición de la autora mediante una capciosa simetría que equipara el derecho humano al trabajo con los llamados derecho y libertad de empresa basados en la explotación de la fuerza de trabajo, como si dicha explotación fuera un derecho de algunos hombres y mujeres con estatuto equivalente al derecho que todos los hombres y mujeres tienen a una vida digna a partir de su contribución a la totalidad social. 
Los firmantes de esta explicación de voto apoyan totalmente el contenido de los puntos 52 y 59 del informe de la Sra. Pailer salvo los elementos que tratan de la reivindicación relativa a la libertad de asociación y sindical. 
En realidad, la puesta en práctica de estas disposiciones constituirá un menoscabo del eficaz sistema sindical danés y de los derechos vinculados a él. 
Por esta razón no podemos votar a favor de los puntos 52 y 59 a pesar de su, por lo demás, buen contenido. 
Nos parece también que no tiene sentido que la Unión Europea deba sumarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues esto asimilará a la Unión con los estados independientes europeos. 
De este modo, sólo será otro intento de hacer que la Unión Europea aparezca como un estado independiente, una evolución que no podemos apoyar. 
Al mismo tiempo una ratificación por parte de la Unión del Convenio Europeo de Derechos Humanos equivaldrá a una dilución del status del Convenio y llevará aparejado que los estados europeos puedan prestar menos atención a controlar si cumplen sus requisitos. 
Es ilustrativo de la falta de seriedad de este Parlamento en general y de la comisión de libertades públicas en particular que se le confíe un informe sobre los derechos humanos en la Unión Europea a una diputada del partido comunista francés. 
Este comentario no es personal; sólo constato que la ponente estimaba necesario entreverar este informe con un rollo marxista-leninista que no forma parte de esto. 
Una vez más se aboga- encima en nombre de los derechos humanos- por una limitación de la libertad de expresión para todos aquellos que no estén de acuerdo con el dogma multicultural. 
La Sra. Pailler por lo visto no ha aprendido de las lecciones de la aberrante realidad de la ideología comunista que ella representa. 
En cambio, solamente quiere garantizar la libertad de expresión para los que están de acuerdo con ella. 
Los otros, en el mejor de los casos, pueden callarse, o se les castiga. 
Cuando leo todo esto no me extraña que el partido comunista francés no se haya distanciado hasta ahora de los crímenes comunistas más graves de la historia reciente. 
Como tampoco me extraña que el grupo parlamentario socialista de este Parlamento apoye el informe Pailler. 
Los socialistas siempre han sido los perfectos " fellow travelers» de los comunistas- unos por convicción, los otros muertos de miedo por infringir lo políticamente correcto. 
La Sra. Pailler quiere limitar ahora también la libertad de expresión dentro de este Parlamento en nombre de los derechos humanos. 
Como a sus colegas Schultz y Ford le molesta que unos diputados del "Vlaams Blok» o del" Front National» dejen oír en este hemiciclo de vez en cuando durante unos pocos minutos una voz disidente. 
Es particularmente ilustrativo que justo en un informe sobre derechos humanos se abogue por poner un bozal a parlamentarios democráticamente elegidos incluso dentro del Parlamento mismo. 
Es aún más ilustrativo que en este debate ninguno de los representantes de los democratacristianos o de los liberales se haya opuesto a estas propuestas. 
Tal vez votarán en contra, pero no tienen el valor de decirlo abiertamente. 
Es esta cobardía la que hace posible la constitución de regímenes totalitarios. 
Un informe en esta materia debe tratar, en mi opinión, de las violaciones a los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y la libertad de organización. 
Del mismo modo, debe investigarse y denunciarse si, por ejemplo, el derecho a asistencia judicial o el derecho a prestaciones sustitutorias del servicio militar no se acatan en los Estados miembros de la UE. 
Pero ampliar el concepto haciendo que se debata la instauración de fechas especiales en Europa para, entre otras cosas, manifestar por los derechos de los menores o conmemorar el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud, es ajeno a esta materia. 
La instauración de días especiales en Europa solamente tiene por objeto crear una cultura común que facilite la construcción de los " Estados Unidos de Europa». 
Esto no viene al caso aquí. " Los derechos humanos» tienen un contenido relativamente parecido en el contexto internacional. 
En el punto 56 de la propuesta de informe se censura a los ayuntamientos que prohíben la mendicidad en su territorio. 
Si el informe se expresa de esta manera es porque se acepta la mendicidad como una actividad generadora de ingresos para ciertos ciudadanos. 
Esto no lo puedo aceptar. 
La mendicidad no debe existir en la sociedad. 
Cada ciudadano debe tener garantizada su seguridad básica a través de los servicios sociales. 
En el punto 85 de la propuesta de informe se exhorta a los Estados miembros a modificar las actuales normas que permiten la esterilización forzada y se exige que se establezca una moratoria provisional hasta que se haya finalizado la revisión. 
En este contexto cabe destacar que Suecia prohibió las esterilizaciones forzadas en el año 1975. 
Existen por lo demás otras formulaciones en este extenso informe que definitivamente no debieran estar aquí o, en cualquier caso, tendrían que haberse redactado de otro modo. 
Expresiones tales como exhortar a los Estados miembros y al Consejo a " planificar medidas para proteger a las personas adultas que voluntariamente eligen la prostitución como profesión y /... /eventualmente sopesar reglamentar esta actividad». 
En Suecia esta actividad estuvo reglamentada de manera parecida a la que se propone en el informe hasta comienzos de este siglo. Se ha demostrado que es una política totalmente desafortunada. 
Ha finalizado el turno de votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reaunuda a las 15.00 horas) 
No debería haber ninguna otra reunión del Parlamento en estos momentos concretos en que estamos reunidos en sesión plenaria, a punto de escuchar una declaración de gran importancia del Presidente en funciones del Consejo. 
Por lo que veo- basta con mirar en torno a uno- debe haber muchas otras reuniones en este momento. 
Eso, sin hablar de las reuniones intergrupos: el intergrupo sobre franquicia aduanera, por ejemplo, que está procurando socavar una posición normativa que la Unión Europea tiene desde hace mucho tiempo. 
¿Podría investigar usted esta situación para que, en el futuro, ningún órgano del Parlamento y, de ser posible, ningún intergrupo oficioso, pueda reunirse en momentos estratégicos en que hayamos decidido que no debe haber reuniones de ese tipo? 
Señor Corbett, tiene usted mucha razón: ningún órgano del Parlamento debería reunirse en estos momentos pero, como usted sabe, la Presidencia no tiene control alguno sobre los intergrupos, que son organizaciones oficiosas. 
Política de medio ambiente tras la cumbre de Kyoto 
De conformidad con el orden del día la próxima cuestión es la declaración del Consejo y la Comisión sobre política ambiental, en particular el cambio climático, tras la Cumbre de Kyoto. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, empezaré por decirles que, como marino que he sido, me colocan ustedes ante un dilema. 
En relación con el transporte he de decirles que me preocupa la cuestión de las tiendas libres de impuestos y sus consiguientes efectos. 
Por eso, aunque me gustaría que escucharan las declaraciones que vamos a hacer acerca de Kyoto, también quisiera que se fijaran en las repercusiones de la norma de la franquicia aduanera respecto del público que viaja. 
No diré nada más porque no quiero suscitar la animosidad de los ministros de finanzas en esta esfera, pero se me ha brindado la oportunidad de decir lo que he dicho y espero que la Comisaria lo tenga en cuenta. 
Me place e incluso me honra esta oportunidad de dirigirme a ustedes como Presidente en funciones y también como antiguo dirigente del Grupo Laborista británico, vicepresidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, aunque admito que lo fui hace tiempo, en momentos en que no había elecciones para esos cargos. 
Gran Bretaña tiene el privilegio de ostentar la Presidencia de la Unión Europea en un momento importante, en particular por lo que se refiere a los problemas ambientales, de importancia creciente. 
Como todos sabemos, esos problemas a menudo han sido causados por el hombre. 
Por lo general sólo se pueden resolver mediante una acción concertada. 
Kyoto nos ha indicado de qué forma la Unión Europea puede indicar al mundo el camino para resolver problemas de ámbito mundial. 
He sido uno de los que participaron con otros diputados en la Troika y en el Consejo Europeo sobre el medio ambiente, y no quisiera que hubiera la menor duda de una cosa: como asociada en esas negociaciones, Europa fue una considerable fuerza que se unió a los demás para conseguir una solución de ámbito mundial. 
Creo que su papel no se puede subestimar. 
La Comisión confirmará que Europa ejerció una importantísima influencia en la consecución de este acuerdo. 
Trabajando en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo estimamos que podemos influir mucho más en la situación ambiental y que podemos mejorar la calidad de la vida de los pueblos de la Unión Europea. 
Admiro mucho a su Comisión de Medio ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por sus informes constructivos y muy completos. 
Por ejemplo, esa Comisión está concediendo gran prioridad al ambicioso programa encaminado a examinar y actualizar la legislación en materia de calidad del agua. 
De hecho, siento gran interés en volver ante el Parlamento durante nuestra Presidencia. 
Con Ken Collins en la Presidencia sé que esa comisión parlamentaria seguirá manteniendo al Consejo en estado de alerta. 
(¿No es eso lo que tenía que decir, Ken? ). 
Como temas esenciales de la Presidencia británica tenemos tres cuestiones de verdadero interés para el pueblo de Europa: puestos de trabajo, delincuencia, y medio ambiente. 
Queremos que las consideraciones ambientales estén en el centro del proceso decisorio de la Unión Europea. 
La integración de las cuestiones ambientales en todas las esferas normativas de la Unión Europea representa una labor considerable, pero es una labor que tenemos que ejecutar. 
Va a ser un proceso interesante, más efectivo a largo plazo que la introducción de un concepto más riguroso de la rendición de cuentas. 
Va a sacudir a fondo las ideas que se tienen tradicionalmente acerca de nuestro proceso decisorio. 
Es lo mismo que se trate de parlamentos nacionales o que se trate del proceso decisorio de la Unión Europea. 
Hemos dado un importante paso adelante con el Tratado de Amsterdam, y espero con interés el momento en que la Comisaria Bjerregaard informe en junio al Consejo Europeo de Cardiff. 
Más adelante volveré a ocuparme de esta importante cuestión. 
Hemos determinado también seis cuestiones ambientales de importancia respecto de las cuales queremos hacer progresos durante nuestra presidencia: los transportes y el medio ambiente, esfera que me interesa sobremanera por ser el Secretario de Estado de mi propio país en cuestiones de transportes y de medio ambiente, entre otros numerosos títulos que me dan de cuando en cuando; la contaminación atmosférica; la diversidad biológica; la pesca; la ampliación de la Unión Europea, y el cambio climático. 
En el debate de hoy me concentraré en el cambio climático pero también me referiré brevemente a otras cuestiones. 
En relación con el transporte y el medio ambiente diré que el nuevo Gobierno británico ha fusionado nuestros dos departamentos. 
Estimamos que podemos sustentar una política sostenible de transporte. 
He puesto esta iniciativa en conocimiento de nuestra presidencia, y proyectamos celebrar un consejo conjunto de transportes y medio ambiente en junio, precedido por una reunión oficiosa en abril, en Chester 
Esta mañana en Estrasburgo he podido ver por mí mismo lo bien que un sistema de tranvías ayuda a resolver los problemas de congestión y de contaminación que afligen a tantas de nuestras ciudades y grandes poblaciones, y fomenta una mayor utilización de los transportes públicos y una menor utilización de los vehículos particulares. 
Tenemos que seguir un enfoque a base de dos vías de acción gemelas. 
Necesitamos reducir las repercusiones ambientales de la utilización de vehículos. 
Por eso el programa " auto-petróleo» tendrá importantes consecuencias para la reducción de las emisiones. 
La Presidencia lanzará también una nueva iniciativa en nuestro consejo oficioso de Chester. Estimulará la producción y utilización de vehículos sin emisiones contaminantes o con pocas emisiones de ese tipo. 
Agrupará a las ciudades europeas que estén dispuestas a dar derechos de acceso preferentes a esos vehículos. 
En Chester habrá también una exposición de tecnologías automóviles " limpias». 
Todos estamos de acuerdo en que es esencial que reduzcamos las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los medios de transporte, sector en el que esas emisiones están aumentando más rápidamente que en cualquier otro sector. 
Tenemos que promover la estrategia de la Comisión encaminada a reducir las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos vehículos de motor. 
Sin embargo, las negociaciones de la Comisión en favor de un acuerdo voluntario de la industria automovilística europea siguen estancadas. 
El ofrecimiento de la industria de reducir las emisiones es insuficiente y así tenemos que decirlo con toda claridad. 
Si no conseguimos que funcione el enfoque voluntario, hemos dicho que tendremos que examinar la adopción de alternativas reglamentarias o fiscales. 
Me alegra mucho que Michael Meacher, Ministro británico del medio ambiente, y la Comisaria estén aquí mañana en un taller de trabajo sobre emisiones de dióxido de carbono procedentes de automóviles. 
La segunda cuestión es la contaminación atmosférica. 
Para conseguir una reducción, hay que tomar medidas en los planos comunitario, nacional y local, y la directiva sobre la calidad del aire debe revestir la principal prioridad, como el programa " autopetróleo» que ya he mencionado. 
Por lo que se refiere a las lluvias ácidas, se requieren nuevas medidas en el plano comunitario para reducir el contenido sulfúrico de algunos combustibles líquidos. 
La consecución de un acuerdo será una de las prioridades para nuestro Consejo de junio sobre el medio ambiente. 
La tercera cuestión en la que queremos hacer progresos es la diversidad biológica, esfera en la que ahora tenemos una estrategia de la Unión Europea. 
Examinaremos esta cuestión en el Consejo del medio ambiente de marzo, cuando preparemos la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en Bratislava, en mayo. 
Por lo que se refiere a la pesca, la integración ambiental es absolutamente importante. 
Tenemos que examinar las medidas adoptadas en seguimiento de los compromisos contraídos en la reunión de marzo de 1997 de los Ministros de medio ambiente y pesquerías del Mar del Norte. 
Esto incluirá las medidas adoptadas para detener la pesca excesiva en el Mar del Norte, y es particularmente importante que este año, que es el Año Internacional del Océano, suprimamos la utilización de redes de deriva en alta mar, que matan a tantos delfines y otras especies que no se querían capturar. 
(Aplausos) Nuestra quinta cuestión, que es la de la ampliación, tratará principalmente de la integración de consideraciones ambientales en las correspondientes negociaciones. 
Por último, acerca de la cuestión más importante, que es la del cambio climático, quisiera referirme a las conversaciones sostenidas en Kyoto el pasado mes de diciembre. 
Como el Parlamento había previsto, la Conferencia de Kyoto fue realmente la línea divisoria del debate mundial sobre el cambio climático. 
Los esfuerzos por conseguir un consenso entre 160 países acerca de cuestiones que no se podían resolver por votación tropezaron siempre con dificultades, cosa fácil de comprender en una asamblea democrática como ésta. 
La Comisaria y muchos de nuestros colegas sostuvieron conversaciones con países de importancia fundamental antes de Kyoto. 
Yo mismo di dos veces la vuelta al mundo para reunirme con dirigentes de países desarrollados y países en desarrollo, y fui objeto de críticas que me hicieron las organizaciones no gubernamentales por generar tanta contaminación. 
En Kyoto, a pesar de que al principio las posiciones de cada uno de los principales participantes estaban separadas por todo el terreno de juego, después de negociaciones agotadoras conseguimos lo que, en mi opinión, es un acuerdo histórico. 
No conseguimos todo lo que queríamos, pero dimos un primer paso tan importante como histórico. 
No hay que subestimarlo, ni tampoco el papel desempeñado por la Unión Europea para encauzar el encuentro. 
Convinimos en reducciones, jurídicamente vinculantes, de más del 5 por ciento de las emisiones de gases de invernadero en los países desarrollados. 
Como ya he dicho, Europa puede estar orgullosa del papel de líder que ha desempeñado. 
Los ministros de la Troika y la Comisaria han contado con un apoyo tremendo por parte de nuestros funcionarios. 
Les agradeceré que no subestimen ese apoyo: ningún equipo de negociaciones hubiera podido contar con un equipo oficial de apoyo mejor que el nuestro. 
Quiero hacer constar lo mucho que hemos apreciado su intervención, pues el papel que han desempeñado no ha sido insignificante para la consecución del acuerdo. 
Quisiera rendir homenaje también a todos los ministros de la Unión Europea en Kyoto- los ministros de medio ambiente -, pues su solidaridad y su voluntad han desempeñado un papel esencial para la contribución de Europa a la consecución de un acuerdo. 
No fue cosa fácil: no todos estábamos de acuerdo, teníamos diferentes puntos de vista. 
En una ocasión el Ministro del Japón me dijo: "Señor Prescott, usted no lo comprende» , cuando estaba tratando de obligarle a aceptar propuestas mejores en el sentido preconizado por la Troika, y luego me dijo :" Tengo que explicárselo a mi Primer Ministro». 
Tuve que explicarle que yo tenía 15 representantes de 15 Primeros Ministros en la sala adyacente, y que para mí sería mucho más difícil convencerles. 
Pero su solidaridad fue un factor esencial para poder hablar en nombre de una Europa unida, lo que nos dio el papel de líder en esas discusiones y esos acuerdos sobre el medio ambiente. 
En realidad, si se fijan ustedes un poco en lo sucedido, verán que conseguimos que los Estados Unidos pasaran de 0- y la mayor parte de los participantes decían que no se moverían de 0, que ésa era su posición final- a 7 por ciento. 
El Canadá y el Japón pasaron del 2, 5 al 6 por ciento de reducción, y la Unión Europea fijó la reducción más elevada con un 8 por ciento, cifra que acabó de ser adoptada por un total de 26 de los otros 38 países que tomaban parte en las discusiones. 
Adoptaron nuestra cifra como objetivo y, porque lo hicieron, pudimos conseguir una considerable reducción en los gases de invernadero durante el plazo previsto en las negociaciones y el acuerdo. 
El éxito de Kyoto condujo a un consenso entre los gobiernos en el sentido de que el cambio climático era algo real y que había que hacer algo a su respecto. 
Nadie pone ya en duda a la ciencia. 
Es evidente que tenemos que hacer algo. Así se vio con toda claridad en Kyoto. 
Como ya he dicho, no se trata más que de un primer paso, pero un primer paso importante. 
Aún falta mucho para poder resolver el problema a largo plazo. 
Incumbirá a la Presidencia británica y a nuestros sucesores, Austria, la preparación de la importante cuarta Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Buenos Aires en noviembre. 
La primera prioridad debe ser finalizar las cuestiones que no pudimos terminar en Kyoto, particularmente la delimitación de las flexibilidades del protocolo. 
Esto sigue siendo lo más importante que queda por hacer a la Unión Europea. 
La cuestión del comercio de derechos de emisión, los depósitos de carbón, la aplicación conjunta, las modalidades de un mecanismo de desarrollo " limpio» , son otras tantas cuestiones que hay que elaborar y en las que hay que convenir. 
Hay graves sospechas de que esas flexibilidades brindan la oportunidad de que algunos grandes países se desentiendan de sus obligaciones sin hacer nada en favor de sus economías nacionales. 
La Unión Europea tiene que dejar bien sentado que se trata de una propuesta inaceptable; cada país tiene la obligación- en particular las naciones desarrolladas- de aportar su propia contribución en términos de reducción en el marco de sus propias economías nacionales. 
En consecuencia tenemos que velar por que aporten beneficios ambientales verdaderos, verificables y efectivos en función del costo, y que no creen posibilidades de escape que se puedan explotar y utilizar indebidamente y que socaven los objetivos del protocolo. 
Mi opinión es que si esas normas no son satisfactorias, los países se negarán a ratificar. 
No conseguiremos finalizar lo que tan bien comenzó en Kyoto si no tenemos el valor de dejar bien sentado que lo acordado no tiene puerta de escape, que no hay trampas que permitan soslayar la obligación de efectuar cambios en nuestras economías nacionales para conseguir la reducción de los gases de invernadero a fin de poder contar con los beneficios en términos de cambio climático que se derivarán de ello. 
Por eso es por lo que apoyamos la iniciativa europea- lo que denominamos " rendija de credibilidad» -en favor de dejar tiempo para poder instituir un marco adecuado. 
El concepto de la " rendija de credibilidad» se basa en que nos dimos cuenta de que en aquellos momentos no podíamos convenir en esas normas, pero el período que medie entre la firma en marzo y la ratificación, sea cual fuere su duración, nos brinda la oportunidad de elaborar esas normas. 
El próximo desafío consiste en ver si podemos conseguir lo que queremos dentro del margen de la " rendija de credibilidad». 
Ahora tenemos que demostrar que esas normas son viables. 
Aparte de eso, tenemos que empezar a discutir con los países en desarrollo sobre la forma de reducir sus emisiones para que no sean incompatibles con sus aspiraciones de crecimiento económico y de erradicación de la pobreza. 
Los países en desarrollo sospechan que queremos imponerles un nivel diferente de crecimiento económico y un proceso diferente de industrialización que redundarían en su desventaja. 
Ahora bien, muchos de esos países pueden ver que la producción de gases de invernadero, que caracteriza a las primeras fases de la industrialización, contribuye tan gravemente a un cambio climático como en el caso de los países desarrollados. 
Hemos empezado por demostrar que estamos dispuestos a adoptar medidas, pero no nos equivoquemos: los países en desarrollo que crecen como China tienen su propia contribución que aportar. 
Ésta es una importante cuestión de la que tendremos que ocuparnos. 
Es natural que nosotros, en nuestra calidad de países desarrollados, nos pongamos a la cabeza en Kyoto al comprometernos a alcanzar esos objetivos jurídicamente vinculantes, pero lo cierto es que China, dentro de 20 a 30 años, emitirá más gases de invernadero que los Estados Unidos. 
Tenemos que encontrar la forma de ocuparnos muy objetivamente de las emisiones en los países en desarrollo. 
En consecuencia, la Unión Europea tiene una oportunidad de actuar como intermediaria entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
El Reino Unido utilizará sus seis meses de presidencia para convencer en los próximos meses a la Unión Europea de que acepte tan exigente programa de trabajo. 
Vamos a ser anfitriones de varias reuniones internacionales: la Cumbre Unión Europea- ASEAN en abril; la Cumbre del G8 en mayo; y la Cumbre Unión Europea- Estados Unidos el mismo mes. 
Nos esforzaremos por conseguir que el cambio climático figure en un lugar destacado del orden del día de los debates. 
Para los dos Consejos de Ministros de medio ambiente que tendrán lugar durante nuestra presidencia, tenemos tres prioridades en materia de cambio climático: en primer lugar, tendremos que repartir entre los Estados miembros la cifra del 8 por ciento fijada para las reducciones en la Unión Europea, con arreglo a las normas que rigen en nuestro ámbito europeo. 
Someteré una propuesta a la aprobación del Consejo de junio. 
En segundo lugar, tenemos que decidir qué políticas y qué medidas son necesarias en el plano europeo para cumplir esa cifra del 8 por ciento fijada como objetivo. 
Una cosa es fijar un objetivo, y otra cosa muy diferente es instituir las normas necesarias para alcanzarlo. 
Tenemos que empezar a darnos cuenta de ello. 
La estrategia de la Comisión será de importancia absolutamente crítica a ese respecto. 
En tercer lugar, tenemos que preparar la posición de la Unión Europea para las negociaciones internacionales con Buenos Aires, en un momento ulterior de este año. 
Se incluirán las cuestiones que quedaron sin finalizar en Kyoto. 
Asuntos como el comercio de derechos de emisión, los mecanismos de desarrollo " limpio» , los depósitos y las aplicaciones conjuntas, suenan como una serie de frases hechas pero son de importancia absolutamente crítica si queremos que Kyoto pase de declaración de objetivos y metas jurídicas a base de ejecución de medidas encaminadas a conseguir la reducción de las emisiones de gases de invernadero a fin de afianzar los cambios ambientales que nos hemos comprometido a conseguir. 
Espero también que la Comunidad pueda firmar el protocolo durante nuestra presidencia. 
La Comisión va a presentar una propuesta para conseguirlo. 
La ratificación es una cuestión de plazo más largo y dependerá, entre otras cosas, de que progresemos satisfactoriamente en cuestiones como las normas pertinentes. 
Todo esto representa una labor considerable pero, si hay una cooperación estrecha y una finalidad común, que ya existe entre los Estados miembros, junto con la Comisión y otras instituciones comunitarias, creo que podemos y debemos tener éxito. 
Se recordará a Kyoto como el lugar en que el mundo se enfrentó con una decisión esencial, eligió el curso de acción apropiado, y demostró su voluntad de adoptar medidas colectivas y de reconocer también que este mundo no pertenece únicamente a nuestra generación: lo tenemos en depósito para los hijos de nuestros hijos. 
Ésa es la obligación: dejarles un mundo seguro en el que las circunstancias ambientales sean sostenibles. 
El cambio climático indica únicamente lo importante que es que las cuestiones ambientales se enfoquen desde una amplia gama de puntos de vista. 
Subraya la importancia de la nueva estrategia que ya he mencionado, y acerca de la cual diré unas cuantas palabras. 
La situación constituye casi un reto para nuestros procesos decisorios. 
Podemos fijar los objetivos, podemos determinar las normas, podemos conseguir los objetivos que nos hemos fijado, pero, como en el caso del cambio, hay también un desafío para todo nuestro proceso decisorio. 
Podemos salir ganando si cambiamos nuestro proceso decisorio, y también si cambiamos nuestras normas y fijamos objetivos más ambiciosos. 
El Tratado de Amsterdam reconoció todo esto e introdujo un nuevo requisito para la integración del nuevo ambiente y de otras políticas. 
Permítanme que recuerde mis primeros días en este Parlamento, a finales del decenio de 1970, como diputado. 
Entonces solíamos discutir acerca de si éramos una asamblea o un parlamento. 
No volveré a plantear ahora el tema de esa discusión, pues se trata claramente del Parlamento Europeo. 
Recuerdo los debates de aquellos tiempos, cuando hablábamos de política regional, y yo provenía de un puerto de pesca que había perdido todas sus posibilidades pesqueras al ingresar en la Comunidad Europea: habíamos perdido nuestras aguas lejanas, y queríamos volver a estructurar la industria pesquera en Hull. 
A lo mejor iba a un departamento en el que me decían que yo podía conseguir algo de dinero no utilizado y destinarlo a la pesca, o a la capacitación, o a la reestructura, o que buscara en otra institución, pero no nos era posible combinar esos fondos en una forma integrada que nos ayudara a desarrollar las posibilidades que cada vez eran más superfluas como consecuencia del cambio industrial. 
Ése es el desafío con el que nos enfrentamos en materia de cuestiones ambientales. 
La Comunidad posee ya un quinto programa de acción ambiental que le ayuda en ese sentido, y sé que desde aquellos tiempos se ha hecho mucho para mejorar la situación, razón por la cual felicito al Parlamento por lo que ha conseguido. 
Es probable que después del año 2000 haya un mecanismo sucesor del quinto programa de acción ambiental. 
Entre tanto la presidencia del Reino Unido está esforzándose por que las cuestiones ambientales se discutan en Consejos como el de agricultura, el de pesca y el de energía, y va a celebrar un Consejo conjunto de ministros de transporte/medio ambiente que comenzará a integrar las políticas necesarias para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y para determinar lo que hemos de hacer en el marco de las políticas que decida la Unión Europea. 
Los Jefes de Gobierno han pedido a la Comisión que prepare una estrategia concreta sobre integración y que la presente en junio a la Cumbre de Cardiff, cosa que hará la Comisaria. 
Sé que la Comisaria Bjerregaard está ocupándose de esta cuestión y quisiera manifestarle mi profunda apreciación de la Comisión y del papel que la Comisaria y su departamento han desempeñado en la consecución del acuerdo de Kyoto. 
Ha sido un excelente ejemplo de la forma en que las fuerzas políticas y la Comisión pueden trabajar en unión para conseguir un objetivo, no sólo para beneficio de Europa, sino para beneficio de todo el mundo. 
Por consiguiente, en mi opinión se necesita una estrategia que dé un impulso político de alto nivel a la integración. Espero que esa estrategia ponga de relieve alguna de las principales esferas de política en las que el medio ambiente tiene que quedar plenamente integrado. 
Esferas como el cambio climático, la energía y el transporte, por ejemplo, están tan integradas que uno no puede tomar una decisión en una de ellas sin que repercuta en las demás. 
Es importante que comprendamos el proceso de integración en virtud del cual uno puede conseguir objetivos más elevados que si uno se ocupa separadamente de cada uno de ellos. 
Mi esperanza es que sugiramos también un nuevo mecanismo integrado para continuar nuestra labor de promoción. 
Estimo que esa estrategia será la primera fase, y que luego necesitaremos una segunda fase y una tercera fase. 
Necesitamos contar con algo que nos dé la seguridad de que los Jefes de Gobierno y el Consejo de Ministros vuelven a ocuparse de esta cuestión con regularidad, y para que podamos juzgarles por lo que hagan. 
Podría ser un programa repetitivo de auditoria ambiental, y espero poder discutir esta cuestión con la Comisaria. 
Espero también discutirla con las tres próximas presidencias, lo que nos lleva hasta el año 2000. 
Los que asumen la dirección política tienen que ver el panorama íntegro y tienen que establecer las relaciones entre las cuestiones económicas, ambientales y sociales. 
Tenemos que romper con la costumbre de tratar de estas cuestiones de forma fragmentada. 
Nos hemos fijado un programa ambicioso para la presidencia, que es lo que dicen siempre las presidencias, pero en este caso refleja la gran importancia que concedemos al estudio de las cuestiones ambientales. 
El éxito dependerá muchísimo de la relación entre la Comisión, el Consejo y este Parlamento. Espero que se trate de una relación estrecha y productiva. 
Tengo motivos de sobra para creer que lo será. 
Mucho me ha agradado esta oportunidad de hablar hoy con ustedes, y les doy las gracias por haberme escuchado. 
(Fuertes aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría agradecer al Sr. John Prescott sus observaciones sobre las prioridades de la Presidencia británica en el terreno medioambiental. 
Son muchas e importantes, y me hace mucha ilusión la futura colaboración. 
No obstante, también me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer al Sr. John Prescott su contribución en la cumbre climática celebrada en Kioto. 
Dio al debate climático color y contenido, y con su esfuerzo personal contribuyó a que obtuviéramos el resultado que ahora discutimos por segunda vez en este Parlamento. 
Tuve la oportunidad- como ustedes recordarán- de debatir el resultado nada más haber regresado en el mes de diciembre. 
Dí mi primera valoración de lo que habíamos alcanzado y me parece también que entonces ya tuvimos un buen debate, de manera que intentaré no repetir las cosas que debatimos en aquella ocasión. 
Es evidente que el protocolo implica un primer paso decisivo en dirección a una solución global de la problemática del clima. 
Es la primera vez que los países industrializados han aprobado un texto que implica límites jurídicamente vinculantes a sus emisiones de gases de efecto invernadero y de ahí que ahora se trate de que cuidemos de que el protocolo se convierta en ley y que los instrumentos de su puesta en ejecución sean efectivos. 
Esto supone, como es sabido, que los grandes países industrializados ratifiquen el acuerdo. 
Es importante- y así fue subrayado también por el Sr. John Prescott- que en el proceso no olvidemos a los países en vías de desarrollo. 
También se ven afectados por la cumbre de Kioto. 
Como sabemos, no son culpables de la actual acumulación de gases de efecto invernadero, sin embargo, desde luego deben vivir con las consecuencias de nuestra política, y de ahí que estos países se den cuenta de la necesidad de un desarrollo sostenible y esperen- con razón, me parece- que los países industrializados den los primeros pasos. 
No obstante, dejando aparte la ratificación y, por lo demás, también las reflexiones sobre cuándo será el momento político adecuado para tal ratificación, quedan aún muchos aspectos marcados por la incertidumbre que deben explicarse. 
¿Qué ha sucedido desde la última vez y qué hacemos para garantizar que Kioto se cumpla de manera rápida y efectiva? 
La primera tarea es preparar la firma del protocolo por parte de la Comunidad. 
El protocolo estará disponible para su firma desde el 16 de marzo de 1998 hasta el 1 de marzo de 1999. 
Y es de una importancia fundamental que en Europa, quien ha liderado las negociaciones, cuidemos de que la Comunidad firma el protocolo lo más rápidamente posible. 
Con ello enviamos las señales adecuadas a otras partes, alguna de las cuales bien pudieran estar tentada de dar largas al asunto. 
Esto también podrá dar a la industria y a otros actores económicos y a los ciudadanos comunitarios una mayor claridad sobre el estado de las cosas. 
La Comisión está lista con una propuesta para la firma, y ésta será presentada al Consejo con tiempo suficiente para que los ministros puedan aprobarla en la próxima Reunión del Consejo de Medio Ambiente el 23 de marzo. 
Y así, por supuesto, podemos esperar que los Estados miembros también firmarán rápidamente el protocolo. 
El resultado positivo que alcanzamos en Kioto se debe en gran parte al liderazgo comunitario y también- como ha sido subrayado aquí hoy- a la sobresaliente colaboración entre la troica y los Estados miembros. 
Es importante mantener este liderazgo, especialmente cuando consideramos la situación en los EE.UU.. 
Hemos de negociar en dos planos. 
De puertas adentro hemos de garantizar que nuestros propios arreglos, como, por ejemplo, el reparto de cargas, alcancen su forma definitiva en la Reunión del Consejo en junio y que podamos disponer una estrategia para el cumplimiento de nuestros compromisos. 
De puertas afuera hemos de cuidar de que nuestra posición concuerde con la posición negociadora que debemos establecer con vistas a la reunión de Buenos Aires. 
Semejante posición consecuente y coherente puede también contribuir a ayudarnos en nuestras relaciones con otras partes en los meses venideros, y de ahí que quiera explicar brevemente los diferentes elementos presentes en esta estrategia. 
Me gustaría ver, como el Parlamento, cómo la Unión Europea se plantea objetivos más ambiciosos y prosigue con una reducción del 8 %. 
Es importante que la Unión persista en su papel de liderazgo. 
La Presidencia ha manifestado su esperanza de que se alcance un acuerdo en la Sesión del Consejo de Medio Ambiente en junio, y así también lo ha subrayado el Sr. John Prescott aquí hoy. 
En este contexto ha de prestarse atención a las consecuencias de la inclusión de tres nuevos gases. 
Antes de la conferencia de Kioto envió la Comisión una comunicación que demostraba que la Comunidad disponía de un claro potencial de reducción en las emisiones que no tendrá consecuencias negativas para la economía. 
Llamamos la atención sobre los CO2 y demostramos que era posible llevar a cabo un consumo energético más sostenible y limpio mediante políticas y medidas más rigurosas y los incitamentos adecuados. 
Me propongo presentar una comunicación que pueda ser examinada en la Sesión del Consejo en junio. 
En ella explicaré todos estos elementos y la recomendación de la Comisión relativa a las disposiciones sobre flexibilidad. 
De este modo habremos trazado las líneas directrices para la Comunidad cuando sea hora de comenzar a cumplir los compromisos del protocolo. 
En este contexto hago hincapié en la disposición del protocolo que exige que todas las partes industrializadas en el año 2005 deben poder demostrar que han hecho avances en el cumplimiento de sus compromisos. 
Esto da a entender que hemos de esforzarnos por poner en práctica políticas y medidas nacionales. 
Los países que piensen que pueden fiarlo todo al comercio de cuotas de emisión, que ni siquiera se han fijado, no podrán cumplir sus compromisos. 
Los mecanismos de flexibilidad no podrán dar grandes resultados- sí, quizá ningún resultado en absoluto- hasta esta fecha. 
En el protocolo ha quedado claro que estos mecanismos suplen los propios esfuerzos de los países. 
Este concepto no está definido más detenidamente bajo la forma de porcentaje. 
Sólo uno de los mecanismos de flexibilidad, i.e. el ahorro de créditos bajo el mecanismo de clean development fund puede entrar en vigor antes del primer período de compromiso que comienza en el año 2008. 
Las disposiciones relativas a la flexibilidad versan- como mencionó también el Sr. John Prescott- sobre el comercio de cuotas de emisión, ejecución común y el mecanismo para un desarrollo limpio, el llamado clean development fund. 
La Comisión está ocupada preparando un análisis del protocolo para la Sesión del Consejo de Medio Ambiente en marzo. 
En él, serán examinadas una serie de estas cuestiones con mayor detenimiento. 
Sin embargo, el análisis no contendrá todas las respuestas puesto que el trabajo económico y jurídico más específico aún no está concluido. 
Hemos de asegurarnos tanto de que las normas internacionales relativas a las medidas de flexibilidad sean justas como de que la Comunidad y la posición específica del mercado interior sean atendidas completamente. 
Es extremadamente importante que la Comunidad y sus Estados miembros solucionen en lo más posible estas cuestiones antes de la reunión preparatoria de Bonn en junio y la conferencia de parte en Buenos Aires en noviembre. 
El protocolo entrará por primera vez en vigor cuando sea ratificado por 55 partes, entre ellas sobre todo los países industrializados que firman más del 55 % de las emisiones de estos países de CO2 en 1990. 
Aquí las posiciones de los EE.UU. y Rusia son de trascendental importancia. 
Estos dos países firman aproximadamente el 45 % de las emisiones de CO2 de los países industrializados provenientes del consumo energético en 1990. 
Si estos países no se incorporan, esto pondrá en peligro la entrada en vigor del protocolo. 
La reacción de Rusia es de esperar que dependerá de la de los EE.UU., y las noticias que nos llegan de Washington no son buenas. 
Los EE.UU. deben cumplir con su responsabilidad y ratificar el protocolo, y hemos de emplear nuestras fuerzas conjuntas para influir sobre ellos. 
Es importante convencer a la administración, congreso y población estadounidenses de que, a largo plazo, el protocolo redunda en su propio interés y de que los EE.UU. deben firmar y ratificarlo lo más pronto posible. 
De un modo similar hemos de recurrir a todas las posibilidades existentes para conseguir que Rusia comparta nuestros puntos de vista, y celebro mucho las observaciones hechas por el Sr. Prescott sobre los planes de la Presidencia de retomar esta cuestión en las diferentes reuniones que tendrán lugar bajo presidencia británica. 
Los diputados al Parlamento Europeo tienen también un importante papel que desempeñar en este contexto. 
Constituirá un factor clave para la ratificación en estos países que hallemos una solución a una serie de importantes cuestiones que aún permanecen abiertas en el protocolo, las llamadas disposiciones sobre flexibilidad, a las que he aludido anteriormente. 
En cuanto a los países en vías de desarrollo, la Comunidad siempre ha tratado de tomar en consideración su especial situación y necesidades. 
Hemos recalcado todo el tiempo que de acuerdo con el mandato de Berlín no esperábamos que los países en vías de desarrollo debieran contraer compromisos de reducciones. 
Esta es la razón de que, por lo que a mí respecta, celebre que el intento de alcanzar una promesa de los países en vías de desarrollo no tuviera éxito. 
Sin embargo, hemos de reconocer que el cambio climático es un problema global y que posteriormente habremos de involucrar a los países en vías de desarrollo en el proceso. 
Aquí pienso que es necesario que la Comunidad haga de puente entre los países industrializados que exigen una mayor participación en este momento y los propios países en vías de desarrollo. 
A tal efecto hemos de explicar nuestra postura. 
Hemos también de reconocer que no podemos tratar a los países en vías de desarrollo como un grupo uniforme. 
Hemos de tomar en cuenta sus diferentes puntos de vista y prioridades. 
También en este punto desempeña un importante papel el Parlamento, por ejemplo, a través de la Asamblea Paritaria UE/AVS. 
Señor Presidente, con estas explicaciones espero haberles dado algunas de las respuestas que ustedes querían. 
He tratado de darles datos sobre los que reflexionar con vistas a una serie de cuestiones que deben solucionarse, cuando ahora debemos garantizar que el Protocolo de Kioto obtenga el efecto deseado. 
Pienso que en virtud del trabajo actual de la Comisión podré darles a ustedes una visión ulterior de la evolución en los meses venideros. 
Confío que el Parlamento seguirá apoyando la posición de la Comunidad y de la Presidencia, como hemos oído aquí hoy, y deseo trabajar mano a mano con tanto la Presidencia como el Parlamento antes de la Conferencia de Buenos Aires. 
Señor Presidente, antes que nada quiero dar la bienvenida a este Parlamento al Presidente del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, Primer Ministro adjunto del Reino Unido, y agradecerle las amables palabras que ha dirigido a la Comisión de Medio Ambiente. 
No hay duda de que es muy reconfortante ver que el Reino Unido ha hecho del medio ambiente una prioridad de su Presidencia. 
Me parece que es muy acertado y que todos podemos apoyar esa decisión. 
Ahora bien, aunque, si se me permite la expresión, no tengo deseo alguno de dar una ducha fría a las ambiciones del Presidente para los seis próximos meses, sé que se hace cargo perfectamente de que la actividad de una presidencia sólo puede tener éxito si involucra a las actividades de las presidencias siguientes. 
Por lo que ha dicho y por lo que había declarado antes veo que está muy al corriente de lo que acabo de decir, así como de la necesidad de cooperar con Austria, Alemania y después con Finlandia. 
De todos modos hay que hacer hincapié en que las presidencias desempeñan una importante función de ayuda. 
Quisiera ocuparme ahora de las cuestiones del cambio climático y de la calidad del aire, y sé que esta última cuestión suscita un considerable interés en mi amigo y colega, el Sr. Miller. 
Es evidente que la protección ambiental es una cuestión multisectorial e internacional. 
El cambio climático es un ejemplo sumamente apropiado para ilustrar el caso. 
Si se queman combustibles fósiles en un Estado miembro no sólo se afecta al medio ambiente local, sino también a las pautas climatológicas mundiales. 
El fenómeno de El Niño es un ejemplo gráfico de las repercusiones potenciales del cambio climático en el medio ambiente mundial. 
En el Parlamento nos satisface mucho que se haya llegado a un acuerdo en Kyoto acerca de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
Ahora bien, me parece que hay que mencionar una o dos cuestiones. 
Es una lástima, desde nuestro punto de vista, que los límites convenidos para las emisiones de dióxido de carbono no hayan sido más rigurosos, aunque me hago cargo plenamente de lo difícil que ha debido de ser la labor con que se enfrentaban los negociadores europeos. 
Lo que necesitamos ahora es que la Comisión examine de qué forma vamos a desglosar las responsabilidades por la reducción de las emisiones de CO2. 
Hay que preparar propuestas concretas que determinen de qué forma los Estados miembros pueden alcanzar los niveles fijados, y hay que establecer límites concretos para cada Estado miembro a fin de que sepamos de qué forma vamos a conseguir nuestros objetivos. 
Ésa es una cuestión de la máxima urgencia. 
De lo contrario, existe la posibilidad de que haya una serie de niveles convenidos en la Unión Europea sobre la base de un acuerdo según el cual cada Estado correrá con la obligación de alcanzar límites- la denominada " burbuja» -que algunos Estados miembros que no cuentan más que con sus propios dispositivos, apenas se esforzarán por cumplir. 
Si permitimos que suceda eso no alcanzaremos los objetivos fijados para la Unión Europea. 
Esas consideraciones tienen que tenerse también en cuenta en un plano mundial más amplio, en el contexto del acuerdo sobre comercio de derecho de emisión. 
En todo esto está involucrado el programa " auto-petróleo». Esto quiere decir que hemos de combinar nuestras políticas de energía y transporte, así como nuestras políticas agrícolas. 
Realmente no hay duda de que deberíamos integrar más las consideraciones ambientales en todas las esferas de política. 
El proyecto de Tratado de Amsterdam brinda un primer paso de importancia capital para esa integración. 
Tenemos que empezar a prepararnos ahora para Buenos Aires, para que tengamos lista una estrategia clara y coherente cuando llegue la Cuarta Conferencia de las Partes. 
La declaración del Sr. Prescott constituye un buen primer paso en la buena dirección, y demuestra que la presidencia sabe que hay que hacer progresos. 
Para acabar, espero que cuando vayamos a Buenos Aires la delegación del Parlamento Europeo esté más cerca de la posición esencial de la delegación de la Unión Europea que en Kyoto, pues el Parlamento tiene un papel que desempeñar en la política ambiental aún más importante en el futuro que en el pasado. 
Señor Presidente, empezaré por dar gracias a la Comisaria por su declaración de hoy y por las amables palabras que dirigió a los miembros de GLOBE por nuestras actividades en Kyoto cuando tomó la palabra ante este Parlamento en diciembre. 
A continuación me dirigiré al Presidente en funciones y le agradeceré su declaración y le diré que me coloca, siendo como soy una persona que considera que la tradición es importante, en una posición prácticamente imposible. 
La tradición a la que me refiero es, naturalmente, la honorable tradición de Westminster que se esfuerza siempre por oponerse a la persona que está sentada frente a uno. 
Me encuentro en la posición embarazosa de tener que decir que prácticamente apoyo todo lo que el Consejo está haciendo en relación con el cambio climático. 
Incluso veo en usted a una especie de peso pesado como John Gummer, arrugando el entrecejo de la misma forma que John y el gobierno anterior lo arrugaban al ocuparse de esta cuestión. 
A pesar de ello, y para no perder la tradición, me permitiré dirigirle dos observaciones de suave crítica, aunque en realidad ninguna de ellas sea suave. 
La primera es para decirle que comparto la considerable inquietud que suscita en mi circunscripción la confusión, para usar un eufemismo, que se siente cuando vemos de qué forma enfoca este Gobierno la cuestión del cinturón verde. 
Represento a Surrey, que es el condado que inventó los cinturones verdes; esta cuestión es de enorme importancia para nosotros, y le agradeceré que, cuando se dirija a nuestro electorado, procure que, si esa inquietud no está justificada, tenga usted ocasión de visitarlos y de darles rápidamente las seguridades que necesitan. 
En segundo lugar, he de manifestar cierta preocupación por el cambio de actitud del gobierno anterior en lo que respecta a la utilización de carbón y a la generación de energía. 
Me parece que los objetivos que vamos a tener que fijarnos para reducir la utilización de combustibles fósiles van a ser tan rigurosos que la menor señal de debilidad o que parezca desviarnos del incremento de la utilización de gas en vez de carbón será algo que pagaremos caro en el futuro. 
Habiendo dicho lo que precede, me ocuparé de nuevo de la cuestión de Kyoto. 
Como ha indicado Ken Collins, Kyoto fue algo así como un cubo con agujeros. 
Sé que hay mucho que hacer en los meses venideros, particularmente para conseguir que la labor de los órganos subsidiarios del convenio se lleve a cabo con suficiente antelación a la reunión de Kyoto. 
Como ustedes y yo recordaremos si pensamos en las primeras horas de Kyoto, hay un límite para lo que uno puede hacer en esas últimas horas de negociación, si la labor no se ha realizado a su debido tiempo: los esfuerzos por colmar las vías de agua, los esfuerzos por determinar cuál es la mejor manera de hablar con el mundo en desarrollo, los esfuerzos por fijar, por ejemplo, de qué forma hay que tratar del comercio de los derechos de emisión. 
Me parece que ese comercio va a ser la cuestión más difícil para nosotros, ya que representa una revolución en nuestra forma de enfocar la situación. 
Como europeos que somos, fuimos a Kyoto en plan de " chicos buenos» , resueltos a conseguir que los objetivos fueran lo más rigurosos posible. 
Los americanos iniciaron un ejercicio sumamente cínico y estaban decididos a instituir el sistema de comercio de derechos de emisión. 
Creo que vale la pena de tener un buen sistema de comercio de derechos de emisión, pero eso significa que ese comercio necesita un marco institucional adecuado y controles apropiados. 
Nada de eso se está haciendo por el momento. 
Esta Unión es el grupo que más interés tiene actualmente en todo el mundo en conseguir que se haga esa labor. 
Les deseo a todos mucha suerte y espero que sigan dando pruebas de un interés sostenido en esta cuestión, no solamente durante la Presidencia británica sino también durante los meses o años que aún le queden al Gobierno laborista. 
Señor Presidente, estimados colegas, también yo doy las gracias a la Sra. Comisaria y al Consejo por haber tomado en cuenta los trabajos de nuestro Parlamento. 
Sin duda, el cambio climático tiene consecuencias graves y desestabilizadoras para todo el planeta y para la vida de todos los seres vivos. 
En estos últimos días, El Niño ha provocado un recalentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, el contraste entre las aguas cálidas provenientes del Sur y las frías del Norte produjo tempestades muy intensas con vientos de velocidades excepcionales. 
Verdaderas catástrofes se abatieron sobre las costas del Pacífico, azotadas por olas que en San Francisco han alcanzado alturas de hasta 8 ó 9 metros. 
Además, es sabido que en semejantes situaciones es difícil alertar a la población a causa de la rapidez con que se forman los imprevisibles tornados. 
Es decir que es de urgente necesidad llegar, mundialmente, a resultados concretos y más satisfactorios en lo que se refiere a la reducción de los gases de efecto invernadero y al fenómeno del recalentamiento del planeta. 
En la Cumbre de Kyoto de diciembre de 1997, se dieron varios pasos adelante en ese sentido, pues se reconoció la necesidad de una intervención a escala mundial, si bien el protocolo contiene resultados que, aunque se puedan considerar como suficientes, no son por completo satisfactorios. 
Algunos países aún se muestran reticentes respecto a la necesidad de reducir los gases que producen el efecto invernadero. 
La Unión, en esta tercera conferencia, llegó a un acuerdo más vinculante que el anterior, pero la Unión debería ratificar el protocolo de Kyoto tras los progresos registrados y determinados por acciones concretas, antes de la próxima reunión, que se celebrará en Buenos Aires, en noviembre de 1998. 
El Parlamento considera importante registrar desarrollos positivos para alcanzar los objetivos fijados en cuanto a los parámetros, los principios y las modalidades, y considera fundamental que la Unión Europea continúe desempeñando un papel primordial en las negociaciones internacionales para tratar de establecer una política común, destinada a detener el cambio climático que está en marcha. 
Por último, sería oportuno que el Parlamento Europeo enviara a Buenos Aires una delegación más consistente, tomando en cuenta los trabajos desarrollados en otras sedes institucionales e internacionales, como el grupo de países de África, Caribe y Pacífico, en las que participan pequeños Estados insulares que en este momento están sufriendo las nefastas consecuencias de los cambios climáticos. 
Presidente, en diciembre ya expresamos nuestro elogio del papel de la Comisión y del Consejo durante las negociaciones de Kioto y lo repetimos. 
Pero no estemos demasiado tiempo satisfechos con los resultados conseguidos en esas negociaciones. 
Ahora hay que ponerse manos a la obra. 
Aguardamos intrigados el informe de la Comisión sobre la puesta en marcha de Kioto por parte de la Comisión. 
Porque seis gases son más de los tres que teníamos al principio ideados. 
Cuándo podremos ver este informe, es mi pregunta a la Comisión. 
El hilo conductor de esto ha de ser que las primeras negociaciones de la Unión Europea tienen que seguir siendo el punto de partida. 
La Comisaria ya lo dijo: tendremos que poner el listón para Europa un poco más alto con respecto a lo acordado en Kioto. 
Para alcanzar este objetivo en cada país mediante el " burden sharing» , se exigirán unas medidas muy costosas y harán falta grandes esfuerzos sociales y avances tecnológicos. 
Para los Países Bajos por ejemplo, las cuentas demuestran que hacen faltan diez mil millones de ecus, junto con una reducción de la velocidad máxima hasta 100 km por hora, con el doble de los impuestos de gasolina, etcétera, etcétera. 
Incluso así se espera que en nuestro país la emisión esté en el 2010 un 13 % por encima del nivel de 1999, mientras que falta una reducción del10 %. 
Es una diferencia de un 23 %. 
Necesitamos cambios de tendencia en el uso energético, soluciones caras para el CO2 del suelo y una gran subida de los gastos estatales en este terreno. 
Nos veremos enfrentados a esta inimaginablemente dura tarea si queremos cumplir lo que hemos prometido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión, en su comunicación de últimos de año, ya planteaba- fue líder en Kyoto- que era necesario tomar medidas urgentes y eficaces, y que era posible económica y socialmente reducir en 800 millones de toneladas las emisiones de CO2 para el año 2010. Eso coincide más o menos con el 15 %. 
Es cierto que, al haber seis gases de efecto invernadero, el tanto por ciento puede variar. 
Como decía el Sr. Eisma, es probable que sea necesario tener ese estudio en la mano. 
También saludamos el que haya una comunicación de la Comisión sobre la preservación de la biodiversidad. Y también que la Sra. Comisaria vaya a defender en Cardiff la integración de la política medioambiental en todas las políticas europeas. 
Sin embargo, nosotros creemos que está todo interrelacionado y que, si no somos capaces de llevar a Argentina, de nuevo, una posición líder en favor de una reducción clara y transparente de los gases de efecto invernadero, si, a la vez y paralelamente, no somos capaces de tener en el 2000 la red NATURA, ya claramente delimitada, así como medidas para la preservación de la biodiversidad y, sobre todo, si no somos capaces de incluir las medidas de carácter medioambiental en las otras políticas de la Unión Europea, será muy difícil avanzar en cualquiera de los objetivos previstos. 
Día a día, nosotros vemos que en transportes, en agricultura y en otros sectores, se toman medidas que entran en flagrante contradicción con la preservación del medio ambiente. 
Y día a día, en nuestros propios países, vemos también cómo se toman medidas puntuales que van en contradicción con nuestro objetivo final. 
Por lo tanto, yo creo que la Comisaria, que acostumbra a ser enérgica, debiera defender en Cardiff claramente, de una vez por todas, que la Unión Europea incluya las medidas de carácter medioambiental en todas las políticas europeas, que no sea otra vez un mero enunciado y que se lleve a la práctica efectivamente. 
Señor Presidente, todos los oradores, o casi todos, han señalado el hecho de que, por primera vez, disponemos de un marco obligatorio de compromiso en el plano internacional, y yo suscribo esta constatación positiva. 
Dicho esto, dicha constatación debe ser de inmediato relativizada con respecto al objetivo, que debería ser el de estabilizar el clima. 
Las cifras sobre las que se ha logrado un consenso son realmente muy tímidas. 
Razón de más para estar vigilante desde el punto de vista de la observación, el examen y la definición de los elementos que pueden constituir verdaderas evasivas a este marco obligatorio. Me refiero a las medidas de flexibilidad (comercio de los derechos de emisión, evaluación de los precios del carbono) , que es muy difícil determinar. 
Incumbe, por tanto, a la Comisión y al Consejo, desempeñar un papel activo en la continuación de las negociaciones. 
Creo que si queremos gozar de credibilidad en el plano de la Unión Europea, es importante respetar los objetivos que nos hemos fijado, y no veo por qué- se trata, en todo caso, de la posición de mi Grupo- no podríamos adoptar como posición inicial la declaración de la Comisión del pasado mes de octubre, en la que ésta afirmaba: "Podemos fácilmente lograr una reducción del 15 % de las emisiones de aquí al 2010, con un bajo coste económico, siempre que se apliquen tecnologías y políticas adecuadas». Y añadía :" Incluso es posible sacar un beneficio económico». 
Sobre esta base, nosotros consideramos que es necesario definir inmediatamente compromisos vinculantes para los Estados miembros y no contentarse con un Libro Blanco, con recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, sino fundarse realmente en directivas. 
Creo que de esta manera gozaremos realmente de credibilidad frente a nuestros interlocutores internacionales. 
Desearía añadir dos palabras sobre el hecho de que en las negociaciones internacionales, comenzando por las negociaciones sobre la ampliación, es absolutamente primordial integrar aquellas obligaciones que queremos respetar en relación con los Acuerdos de Kioto; y pienso concretamente en una gran negociación, de la que hoy se habla mucho, sobre el acuerdo multilateral relativo a las inversiones, puesto que no se hace ninguna referencia a este enorme problema al que nos estamos refiriendo desde hace algunos minutos. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes que nada quisiera recordar al Presidente en funciones del Consejo que el objetivo de la Unión Europea en Kyoto no era el 8 por ciento sino el 15 por ciento. 
Es importante que la Unión Europea se atenga a su objetivo inicial del 15 por ciento de reducción de los gases de invernadero para el año 2010. 
Se trata de un objetivo que es técnicamente viable y que se puede administrar en el plan económico. 
Lo único que hace falta es tener la voluntad política de pasar a la acción. 
Eso no lo he dicho yo: estoy citando la publicación oficial de la Comisión en Kyoto. 
Quisiera hacer algunas observaciones acerca del artículo 3 del Protocolo de Kyoto que trata de la modificación del uso de la tierra, la silvicultura y, especialmente, la repoblación forestal, la desforestación y la reforestación desde el año 1990. 
Permitiendo que los países del Anexo B para los cuales la actividad forestal y la modificación del uso de la tierra constituían una fuente neta de emisiones de gases de invernadero en 1990, incluyan esos factores en su base de emisiones de 1990 a efectos de calcular su cantidad asignada, el Protocolo de Kyoto acusa una deficiencia considerable. 
El párrafo 3 permite la utilización de la repoblación forestal y la reforestación como medio de absorber carbono y cumplir los compromisos, y también la desforestación se tiene en cuenta de una forma negativa. 
¿Qué significa eso en la práctica? 
A los países que están convirtiendo sus bosques primarios en plantaciones se les estimula para que sigan haciéndolo. 
Se les estimula para que sustituyan bosques primarios con plantaciones de especies de crecimiento rápido, a fin de absorber el máximo de CO2. 
Eso no ha favorecido en absoluto la diversidad biológica de las zonas de que se trata. 
¿Cuáles son los países que formulan esas peticiones? 
Se trata de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Rusia. 
Si esos países no continúan su desforestación, se hallarán en situación ventajosa porque no tendrán que desplegar tantos esfuerzos como los otros países para conseguir la eficiencia energética. 
Países de la Unión Europea como Finlandia y Austria, que han conseguido supresiones netas de CO2 gracias a una utilización sostenible de los bosques- en realidad han suprimido un porcentaje inferior al crecimiento o incremento anualquedan desfavorecidos por ese sistema estipulado en el Protocolo de Kyoto. 
Cuando se trata del mecanismo de desarrollo " limpio» , los países del Anexo E pueden incluso, por ejemplo, beneficiarse de un proyecto que financien en los trópicos, por ejemplo para convertir bosques primarios en plantaciones para la producción de aceite de palma- y todos sabemos lo que ha sucedido en Indonesia- al mismo tiempo que se benefician del comercio de derechos de emisión en su propio país. 
Para acabar, diré que el Protocolo de Kyoto tiene muchas deficiencias y se presta al abuso. 
Hay que modificarlo. 
Ejerzamos nuestro derecho a modificarlo. 
Señor Presidente, quiero ampliar en una idea el debate sobre la futura política del clima de la Unión Europea. 
Siempre que hablamos sobre objetivos para la reducción de los gases con efecto invernadero se nos pregunta que cuánto cuesta. 
Creo que debemos invertir esta pregunta para aproximarnos al tema. 
Debemos preguntar: ¿qué nos cuesta no reducirlos? 
Llegaremos entonces muy rápidamente a la conclusión de que una reducción es muy económica y si se mira detalladamente, incluso es un buen negocio. 
En este contexto, quiero llamar la atención sobre los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 de la propuesta de resolución de los colegas Collins y Roth-Berendt, que deben considerarse a este respecto como especialmente eficaces y positivos. 
Yo tampoco comparto el entusiasmo sobre el comercio con certificados de emisiones. 
Lo considero más bien inmoral. 
No es una vía constructiva que en los Estados industrializados no trabajemos en nuestras estructuras para modificarlas sino que plantemos árboles de repuesto en el Tercer Mundo o en cualquier otro sitio. 
Lo considero como un moderno comercio de rebajas. 
Ya en el año 1517, Martín Lutero estampó sus tesis contra este modo de proceder en la iglesia de Wittemberg. 
No podemos aceptar un mundo con dos clases, una clase de derrochadores que destruye el medio ambiente y, por otro lado, una clase de tomadores, que reciben de nosotros o de los Estado industrializados limosnas renunciando de este modo a su propio desarrollo. 
Lo que necesitamos es un sistema económico sostenible y renovable. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero dirigir al Sr. Kronberger la siguiente observación: desde Martín Lutero tenemos otro problema. 
No creemos que todo lo que esté impreso en papel sea al mismo tiempo correcto. 
Este es nuestro problema con Kioto. 
Por el momento sólo tenemos papel impreso pues en realidad el consumo de energía aumenta también en Europa. 
A pesar del cálido invierno, aumenta. 
Esta es la realidad. 
Si queremos alcanzar el objetivo que hemos aprobado en Kioto, deberemos realizar un esfuerzo formidable que vaya mucho más allá de lo que hasta ahora nos hemos imaginado. 
Tenemos que operar contra el mercado con un precio del petróleo que por el momento es de 14$ el barril. 
Es una cuestión totalmente abierta- ni la Sra. Comisaria ni el Sr. Presidente del Consejo nos han respondido- qué es lo que vamos a hacer si los EE.UU.. no firman en Kioto o si no lo ratifican. 
¿Seguiremos a pesar de ello solos estos objetivos o diremos que vamos a esperar hasta que lo firmen? 
Esta es también una pregunta que debe responderse. 
La última gran cuestión sobre la que quiero llamar la atención es la siguiente: si nos tomamos Kioto en serio, significará el fin de la política energética nacional. 
Pues entretanto todos somos corresponsables. 
En el futuro, ninguno de los 15 Estados miembros puede practicar una política- en cualquier caso en cuestiones que afectan al clima- que vaya en contra de este mainstream. 
Hay que preguntarse entonces si hay algo así como sanciones contra Estados o empresas que no se atengan a estos objetivos. 
¿Cómo se van a lograr dichos objetivos? 
¿Cómo se va a gestionar? 
¿Qué marco institucional necesitamos para ello? 
El mensaje de Kioto es que tenemos que desarrollar también en Europa una estrategia energética común. 
Vuelvo de nuevo sobre una propuesta que he realizado antes en varias ocasiones: necesitamos algo así como una gestión europea del clima. 
Me refiero al concepto de una Agencia del Clima que disponga de potestades ejecutivas reales. 
Quizás puedan dar una respuesta el Consejo o la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos aquí una vez más para debatir el cambio climático y lo que se debe hacer con los acuerdos de Kyoto. 
Se han dicho muchas cosas y quiero destacar tres aspectos. 
Primero: la necesidad de verificación rigurosa de los datos y las metodologías seguidos por los países y los Estados miembros al declarar los valores de sus emisiones a la atmósfera. 
Varios países han revisado recientemente los inventarios de emisiones y, curiosamente, todas las revisiones los han «beneficiado» , al presentar valores de las emisiones en el año de referencia de 1990 más elevadas que las originalmente presentadas. 
Si cada trozo del pastel europeo aumenta, no cabe duda de que la famosa european bubble aumentará como un soufflé en el horno. 
Segundo: la cuestión de las policy and measures. 
Es necesario poner en pie medidas y políticas internas que reduzcan las emisiones en Europa. 
Hasta ahora nuestros programas de energía, conservación de energía y demás no han pasado de ser meras demostraciones de los programas experimentales. 
Es necesario dar un impulso serio a la utilización de energías renovables y a su posibilidad de venta y conexión con la red, aplicar la conservación y eficiencia energéticas en serio, dar mayores facilidades a la cogeneración, modificar la carga fiscal sobre el consumo de energía y la contaminación (como ya en 1992 propugnaba el ex Presidente Jacques Delors) , cambiar la forma como utilizamos el sector de los transportes imponiendo nuevas normas que reduzcan el consumo y castiguen la contaminación automovilística. 
Sabemos lo que se debe hacer, la mayor parte de la tecnología existe. 
No se ha hecho porque los Gobiernos no han querido. 
¡Ésa es la verdad! 
Por último, hay que continuar las negociaciones internacionales que recibieron un impulso importante en Kyoto. 
No voy a extenderme, porque otros ya han hablado de ello. 
Quiero apoyar la idea de la Presidencia de llevar a cabo una auditoría de la forma como cada país está aplicando su programa nacional de lucha contra el cambio climático y de defensa del medio ambiente. 
No podemos admitir que se utilice lo que se dejó pendiente en Kyoto- por ejemplo, la cuestión del emissions trade- como forma de evitar los cambios profundos que son exigibles a quienes utilizan y consumen energía- o sea, nosotros, Europa, los Estados Unidos- y que, por tanto, más se deben esforzar. 
Señor Presidente, agradecemos la comunicación de la Comisaria y del Presidente del Consejo sobre la ejecución del protocolo de Kioto y la importancia que otorga la presidencia del Consejo a esto. 
Estamos de acuerdo con que primero se debe firmar lo antes posible el protocolo y ratificarlo después para presionar a los Estados Unidos y a los otros socios. 
La ratificación, sin embargo, no es posible sin que se elaboren antes las reglas referentes a los diferentes sistemas y técnicas como la comercialización de los derechos de emisión, la evaluación de los vertederos, la definición de los mecanismos del " clean development» , etcétera. 
Los Estados Unidos no se han definido claramente sobre este punto a propósito. 
La Comisión debe presentar rápidamente propuestas al respecto y preparar la legislación procurando que se integren la política energética y la medioambiental. Pero también la política de agricultura y la de transporte, ya que estos ámbitos administrativos están muy entrelazados. 
También habrá que establecer un nexo con el Quinto programa integral para investigación y desarrollo. 
La Unión siempre ha señalado que la aplicación de nuevas tecnologías constituye la base para unos métodos de producción más eficientes y que por lo tanto se acerca al axioma " no pain but gain». 
Queremos apoyar a la Comisión y al Consejo para que continúen con el papel pionero que desempeñaron y para que pongan el listón un poco más alto de lo que se acordó en Kioto. 
Señor Presidente, creo que en la votación común hemos puesto los elementos básicos que merece la pena debatir, por eso querría mencionar sólo tres puntos: 
El primero es la centralización de la política del desarrollo, de la ayuda etc. en las ciudades y lo que ésto significa, esto es: traslados alternativos, comunicaciones alternativas, funcionamiento alternativo de las ciudades. 
El segundo es el énfasis en las fuentes de energía renovable. 
El objetivo que tiene la votación por el 15 % de la demanda hasta el 2010 es excepcionalmente ambicioso y, para tener éxito, deberíamos haber empezado ya. 
No hemos empezado. 
El tercer tema son las soluciones alternativas en las grandes líneas y medios de transporte y el fomento de los medios respetuosos con el medio ambiente, trenes, etc. esto tampoco se ve en nuestra política. 
Porque nuestra política tiene dos aspectos: uno es todo lo que concierne a la fiscalidad, a la incorporación del coste en los precios etc; el otro son las inversiones que hacemos, los famosos paquetes para la cohesión, para el desarrollo etc. 
Señor Presidente, ¿Puede el Sr. Comisario garantizarnos que, por ejemplo, en los próximos paquetes para la cohesión y el desarrollo del 2000 en adelante se incluirán términos tales que favorezcan estos puntos? 
Y me refiero a formas alternativas de transporte, centralización del funcionamiento de las ciudades y fuentes renovables de energía. 
Señor Presidente, mientras nosotros estamos hablando, el clima cambia y sigue cambiando día a día. 
Sólo el lobby de la industria petrolera parece no haber advertido el fenómeno. 
Pero ya no estamos en el tiempo de las palabras, sino en el de los hechos, y los hechos dicen que, en el ámbito de los países de la OCDE, sería necesario reducir al 50 % el volumen de las emisiones de CO2 registradas en 1990. 
El objetivo de la Unión Europea ha sido del 15 % hasta el 2010. 
El resultado de la Cumbre de Kyoto prevé un 5 % para el periodo 2008-2012, con muchas posibilidades de escapatoria y con países que aún no se adhirieron. 
En realidad, no sabemos cuál será el verdadero resultado. 
Por lo tanto, pido al Presidente en ejercicio del Consejo y a la Comisaria, Sra. Bjerregaard, que la Unión se comprometa unilateralmente a una reducción del 7, 5 % hasta el 2005, del 15 % hasta el 2010 y que imponga una tasa sobre el CO2, para que la carga impositiva favorezca los procesos que impliquen el uso de energías de bajo impacto en el medio ambiente. 
Es decir, es preciso que las decisiones tomadas en Kyoto se conviertan en una directiva, o sea que tengan valor vinculante. 
Las opciones que hará la Unión Europea serán decisivas para garantizar a todos los hombres el derecho a la utilización igualitaria y correcta del ambiente. 
Señor Presidente, si al final de una Conferencia, una vez concluidas las negociaciones, todavía hay que cumplir una gran cantidad de tareas que han quedado abiertas, es oportuno citar a Brecht, quien dijo: tras los esfuerzos de la subida nos quedan los esfuerzos del llano. 
El camino que deberemos seguir tras Buenos Aires y después no va a ser sin duda llano y creo que para poder gozar de credibilidad nos espera una tarea doble en la Unión Europea. 
Por un lado, tenemos que actuar hacia el exterior, tener en cuenta las relaciones globales y actuar de modo también global tal como hemos hecho ya en Kioto. 
Por otro lado, dentro de la Unión hay que hacer política y aplicar las medidas necesarias en conjunción con la Comisión, Consejo y Parlamento. 
Ya se han mencionado las medidas que son necesarias en el campo legislativo. 
Quiero subrayarlo. 
Necesitamos fundamentos jurídicos para poder aplicar la European bubble y mover realmente a todos los Estados miembros a que cumplan los compromisos que han adoptado y para poder controlar si se cumplen dichos compromisos. 
Además, necesitamos medidas que muestren claramente a los ciudadanos de la Unión que el cambio climático afecta a todos y que se trata también de cosas muy sencillas como, por ejemplo, cuánta energía ahorran los aparatos eléctricos que emplean, qué medios de transporte eligen o cómo está regulado el tratamiento de las basuras. 
Creo que en los preparativos de Buenos Aires debemos realizar propuestas concretas, claras, comprensibles y controlables. Debemos indicar cómo se debe manejar la emission trading, cómo debe ser el " clean-development fund» y, cómo países industrializados, creo que podemos tomar sobre nosotros estas tareas, en especial, si se piensa que esta evolución nos va proporcionar a la postre un impulso innovador que va a aportar más de lo que va a costar. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, como solamente dispongo de un minuto, me permito plantear algunas preguntas al Consejo y a la Comisión. 
¿Creen realmente que tras este flojo compromiso que se ha adoptado en la Conferencia sobre el Clima es posible realmente detener el cambio climático que está ya en marcha? 
Personalmente, no lo creo. 
¿No creen que, ante la muy deseable industrialización de los países en vías de desarrollo- incluso aunque alcanzásemos los objetivos de la Conferencia de Kioto- se produciría una emisión adicional de gases. 
Como políticos sinceros, ¿no se debería decir claramente a la población que probablemente no va a ser posible detener el cambio climático? 
A lo sumo, podremos lograr una estabilización de los valores actuales. 
Pero no creo que sea posible reducirlos. 
¿No creen que deberíamos ocuparnos de las consecuencias de esta evolución y no decir algo a la población que no podemos cumplir? 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente en funciones por la declaración que ha hecho hoy en esta sala. 
La importancia de las cuestiones ambientales en la Unión Europea queda corroborada por el sincero interés que suscitan en toda la Unión, particularmente entre los jóvenes. 
Me alegró sobremanera que el Presidente en funciones diera prioridad a la cuestión del transporte en el medio ambiente, y a esa cuestión voy a referirme en mi intervención. 
Los efectos del transporte por carretera para las emisiones y la calidad del aire están bien documentados. 
Es necesario estimular otras formas de transporte de pasajeros y mercancías que sean más sostenibles en el plano ambiental. 
Este objetivo se puede conseguir mediante la adopción de medidas que promuevan el transporte público y un cambio fundamental de la situación, para que haya menos transporte por carretera y más transporte por otros métodos como los ferrocarriles, las aguas interiores y la navegación de cabotaje. 
Ésos son métodos de transporte que actualmente se utilizan menos de lo debido en la Unión Europea pero que revisten importancia fundamental si queremos alcanzar los objetivos convenidos en Kyoto y mencionados por el Presidente en funciones. 
Ése es el desafío con que nos enfrentamos. 
Es indispensable que las tres instituciones de esta Unión colaboren para instituir los cambios que todos deseamos. 
También es indispensable que en el sector del transporte trabajemos todos juntos para integrar nuestro sistema de transporte de forma que podamos ofrecer una alternativa creíble, segura y eficiente a la utilización de camiones y vehículos privados. 
Ahora bien, como ha dicho hoy el Presidente en funciones, es preciso que en nuestra labor de planificación y de análisis interrelacionemos más los sectores. 
El transporte, el medio ambiente y la planificación están interrelacionados y tienen que trabajar juntos. 
Durante demasiado tiempo, tanto en el plano nacional como en el plano europeo, cada esfera ha fijado y seguido sus propios ideales; eso ha sido la causa de que se haya enfocado de forma poco coordinada un problema que es muy verdadero. 
Como ha dicho el Sr. Collins, tenemos que velar también por que el transporte y el medio ambiente ocupen un lugar destacado en nuestras futuras decisiones normativas. 
Sé que la UEM y la ampliación son temas importantes, pero para ampliar la Unión Europea y para gastar ecus en ella, es preciso que, antes que nada, tengamos un continente con un medio ambiente limpio. 
Estoy seguro de que la mayor parte de los diputados de este Parlamento, incluso los de Surrey, acogen con agrado la labor que se ha iniciado en Kyoto. 
Ahora tenemos que dar pruebas de que poseemos la voluntad política de seguir luchando y de asegurar el futuro, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros jóvenes, que es mucho más importante. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio y a la Comisaria por su brillante intervención en Kyoto, que fue decisiva para llegar a un acuerdo y para demostrar la fuerza de la negociación colectiva. 
Todos sabemos lo difícil que es el camino que lleva a la ratificación del acuerdo de Kyoto y los grandes esfuerzos que tenemos que desplegar en Europa para poder alcanzar nuestros objetivos. 
Al mismo tiempo sabemos que todo esto no es más que el principio de los esfuerzos encaminados a poner coto en todo el mundo a los efectos de los gases de invernadero. 
Ahora es esencial y urgente que la Comisión desarrolle un nuevo conjunto de medidas y políticas detalladas, particularmente a la luz de las noticias de que las emisiones de CO en la Unión Europea acusan una curva ascendente. 
Todos sabemos que las deficiencias y ambigüedades que quedaban al acabar Kyoto requerirán nuevas e intensas negociaciones para la preparación de la Cuarta Conferencia de las Partes en Buenos Aires: la forma de llevar a la práctica el comercio de derechos de emisión, por ejemplo. 
Tenemos la obligación de utilizar nuestra firme posición europea para ayudar a algunos de los países del G 77 y a China a desarrollar medios energéticos limpios. 
Hay que hacerlo de una forma que sea un incentivo para ellos. 
Aquí es donde es esencial la asociación con la industria, utilizando la política exterior de Europa para promover inversiones en tecnología limpia y encauzarlas hacia las zonas apropiadas. 
En este contexto la inclusión del cambio climático en el programa de trabajo de la Cumbre Asia-Europa es importantísima y en particular, la estrategia de la Unión Europea en materia de bosques tropicales tiene que estar estrechamente coordinada con la estrategia dimanada de Kyoto a fin de conseguir la máxima eficacia. 
El Presidente en funciones ha dicho que hay que romper con la costumbre de pensar de forma fragmentada. 
Me gustaría que hubiera una integración más estrecha de las políticas. 
Por ejemplo, es indispensable que, para el éxito a largo plazo de la lucha contra el cambio climático, se inserte en el acuerdo multilateral sobre inversiones una claúsula enérgica de protección ambiental. 
Por falta de tiempo mi intervención ha tenido que estar muy resumida, pero insto al Consejo y a la Comisión a que tengan en cuenta las numerosas cuestiones que se exponen en la resolución del Parlamento. 
Señor Presidente, doy gracias al Presidente en funciones por venir hoy aquí. 
Es de apreciar. El lema de hoy es, evidentemente, " integración» , y el propio Parlamento Europeo debería esforzarse más por integrar la labor de las diversas comisiones parlamentarias. 
Voy a hablar de la energía. 
El mundo de la energía es un mundo duro y desagradable, colmado de intereses creados y de enormes poderes de presión, pero la mayor parte de las decisiones individuales afectan a la esfera energética. 
En el Reino Unido, el año pasado el 33 por ciento de la energía se destinó al transporte y el 30 por ciento al sector doméstico, principalmente para la calefacción. 
Ésas son decisiones que los particulares pueden adoptar. 
La Unión Europea tiene obligaciones muy grandes, pero poderes muy pequeños, y esto es un reproche para los Estados miembros que no le han dado los instrumentos necesarios para la labor que debería realizar. 
Hay que tener en cuenta dos cosas en la esfera energética. 
Hay que utilizar la energía de forma más racional, y hay que recurrir más a las fuentes renovables de energía. 
Si somos serios, procuraremos que la directiva de planificación racional, que brinda a los clientes domésticos la oportunidad de tomar decisiones sensibles en cuanto a la energía que van a utilizar, sea aprobada y salga de esa cima negra en que parece haber caído. 
Dedicaremos más dinero al programa SAVE II y ayudaremos al Quinto Programa Marco. 
Si somos serios en materia de energía renovable, procuraremos que haya una base jurídica para que la Unión Europea pueda hacer en favor de la energía renovable en 1997 lo que hizo por la energía nuclear en 1957. 
Un Tratado análogo al Tratado de la Euratom nos capacitaría para obrar racionalmente en materia de energías renovables. 
Tenemos que ocuparnos también de la forma en que dicha energía puede ingresar en la red de distribución. 
La mayor parte de las cosas que sucederán como consecuencia de Kyoto no sucederán en el plano de este Parlamento sino en el plano de los Estados miembros. 
Pueden contar con nuestro apoyo en este Parlamento para esas pocas cosas que podemos hacer de aquí al final de la Presidencia británica y más allá. 
Son demasiado importantes para abandonarlas ahora que hemos empezado con tanto éxito en Kyoto. 
He recibido varias propuestas de resolución con arreglo al apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, también yo me congratulo del debate hoy celebrado y me parece que también hemos recibido una amplia serie de impulsos que pueden ser utilizados en el trabajo ulterior. 
El Sr. Eisma tenía una pregunta a la que en realidad creo que el Sr. John Prescott ya contestó, no obstante, voy a tratar también de contestarla. 
Versaba sobre la comunicación que es- si así puede decirse- un seguimiento de la comunicación de octubre y que gira en torno a la situación tras Kioto. 
Contamos con tener lista esta comunicación, que considera seis gases en lugar de tres, para que pueda ser debatida en la reunión del Consejo en junio, lo cual quiere decir que también podrá incluirse en el orden del día del Parlamento antes de las vacaciones de verano si esto es posible para el Parlamento. 
Contamos así con trabajar de manera activa en esta comunicación y puedo decir tranquilamente que muchos de los medios que hoy se han nombrado aquí, van a entrar en ella, tal como también entraron en la comunicación precedente- ante todo los comentarios hechos referentes a todo el aspecto energético. 
Así, quiero subrayar una vez más que esto no es posible sin seguir transfiriendo los objetivos que teníamos antes de Kioto o las cifras anuales que entonces manejábamos. 
El acuerdo afecta ahora a seis gases y seis gases no son lo mismo que tres, por lo que los objetivos no pueden ser meramente transferidos. 
Hasta la fecha hemos realizado muchísimos cálculos diferentes en la DG XI, y el último que yo he visto- no obstante éste puede también en efecto variar a medida que el trabajo avanza- va encaminado, en lugar de a un 15 %, más bien a un 12 %, y así, la cuestión es por supuesto si debemos superar el 8 % acordado o si debemos atenernos al 8 %. 
No obstante, el 15 % en todo caso no es algo que puede utilizarse en el debate ulterior. 
También me gustaría recalcar- el Sr. Tamino hizo algunas observaciones sobre esta cuestión- que no ha habido ninguna duda de ningún tipo por parte de la Comisión sobre la utilidad del instrumento impositivo. 
Hay propuestas sobre la mesa que puede ser recogidas por el Consejo. 
Todos conocemos el destino del impuesto sobre el CO2. 
Y allí está todavía. 
También puede recogerse, es decir, si existiera la voluntad para ello, hay excelentes razones para emplear este instrumento. 
Quiero finalizar diciendo que al igual que el Sr. Prescott celebro que la gran mayoría de los oradores hoy aquí haya reconocido el resultado alcanzado en Kioto. 
No cabe ninguna duda de que nos habría gustado alcanzar objetivos más altos, no obstante, hubiera carecido completamente de interés de haber sido un objetivo europeo y no un objetivo que hubiera incluido a países con los que nos comparamos, es decir, sobre todo los EE.UU. y Japón. 
Un objetivo semejante no se alcanza por supuesto sin negociar y sin voluntad para ceder en los propios objetivos de uno. 
Lo diré de otra manera, me parece que tenemos un resultado que constituye un buen punto de partida, no obstante, de ninguna manera nos encontramos al final del camino. 
Celebro que hoy la Presidencia haya subrayado tan claramente que aún nos queda mucho trabajo por delante. 
Tanto la Presidencia como la Comisión están dispuestas a acometer esta tarea. 
Sólo un momento, Presidente, para aclarar lo dicho por la Comisaria Bjerregaard. 
En diciembre dijo la Comisaria que el Parlamento iba a recibir un documento post-Kioto en marzo. 
¿He entendido bien que ese documento post-Kioto se ha retrasado de marzo a junio? 
Señor Presidente, lo que dije en el mes de diciembre fue que empezaríamos a realizar un estudio de las consecuencias del acuerdo de Kioto, es decir, un documento más técnico. 
Sobre su base haremos una comunicación que ante todo trate de los medios políticos a emplear para que poder alcanzar nuestros objetivos. 
Por supuesto, en este contexto los medios políticos son los más interesantes. 
Como dije también en diciembre, he prometido que esta comunicación estará acabada para la reunión del Consejo en el mes de junio. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Contaminación atmosférica causada porlas emisiones de los vehículos de motor- Calidad de la gasolina y el gasóleo 
Señor Presidente, señora Comisaria, el aire debe estar limpio en Europa. 
Esta es la piedra angular para lograr la calidad de vida y del medio ambiente en Europa. 
Se trata de una cuestión europea, pues la contaminación no se detiene en las fronteras. No es una cuestión de intereses individuales ni tampoco una cuestión de derechas o izquierdas. 
Tampoco es una cuestión de intereses nacionales. 
No, es de interés para las ciudadanas y ciudadanos de Europa, un interés directamente vital. 
Por ello, como diputados europeos debemos ocuparnos y tratar esta cuestión también a nivel europeo. 
Sabemos que actualmente en la Unión Europea hay 200 millones de coches. 
Sabemos que el coche va a seguir determinando nuestra movilidad durante un tiempo previsible. 
Sin embargo, hay algunos que piensan que el mejor sistema de limpieza de gases es el pulmón humano. No. 
Tenemos que hacer los automóviles lo más compatibles posibles con el medio ambiente. 
Podemos poner los semáforos en verde. 
Creo que los hechos se han puesto sobre la mesa. 
Aunque los coches son más limpios desde 1970- por lo demás, no de un modo totalmente voluntario, sino debido a nuestra legislación- sin embargo, todo el mundo utiliza el coche, con lo que los efectos se compensan. 
Existe una creciente carga derivada del ozono, problemas circulatorios provocados por el tráfico, enfermedades asmáticas también entre los niños, problemas pulmonares provocados por partículas y la acidificación del medio ambiente. 
Por otro lado, hay respuestas. 
Digo legendario, pues se trata de una historia legendaria desde 1993 y de ello se puede deducir cuánto tiempo ha requerido para si este debate. 
Si alguien me dice ahora que necesitamos un segundo programa "Auto/Oil» , solamente le puedo decir lo siguiente :" Mira el tiempo que ha sido necesario hasta que se ha dispuesto de un resultado. 
Por tanto, hagamos ahora cosas razonables». 
No queremos abandonar este enfoque del programa " Auto/Oil» pues es positivo y tiene un enfoque integrado, ni tampoco queremos apretar las tuercas todo lo que sea posible técnicamente, sino mirar dónde podemos reducir del mejor modo las emisiones y los medios para lograrlo, tanto en los carburantes, mediante la técnica automovilística mediante medidas de control del tráfico. 
Así pues, hay respuestas y el Parlamento ha constatado en la primera lectura que también existen algunos puntos flacos en la propuesta de la Comisión basada en el estudio " Auto/Oil». 
Por lo demás, el Consejo ha aceptado algunas de estas observaciones sobre los puntos flacos y ha seguido al Parlamento. 
Solamente quiero recordar que el Consejo ha introducido también el arranque en frío para automóviles como condición previa para la autorización del tipo. 
Tiene poco sentido que un auto tenga unos valores de emisiones de gases estupendos a 20 -, pero no cuando arranca en el frío de la mañana- y en muy pocas regiones europeas existe una media de 20-. Por ello, tiene sentido que se tengan en cuenta las emisiones de gases de un vehículo a bajas temperaturas. 
Pero queremos algo más. 
Queremos mejoras en los carburantes. 
Precisamente unos estudios muy recientes han mostrado que la calidad del carburante tiene una influencia directa sobre la calidad del aire. 
" London Transport» ha realizado una investigación que ha mostrado que los mismos autobuses, sin modificarlos técnicamente, sólo con el uso de mejores carburantes, con menos azufre, emiten un 40 % menos de hidrocarburos y de partículas de hollín, solamente como consecuencia del carburante empleado. 
¿Cómo puede decir alguien que conozca ciudades como Madrid, Lisboa, Atenas, Fráncfort o Londres que no es necesario un carburante mejor a pesar de que sabemos que la emisión de partículas se reduce en tal medida? 
Pero también necesitamos un carburante mejor para el desarrollo tecnológico del futuro. 
Sin duda, el azufre es un asesino de los catalizadores y si queremos unas normas mejores para la emisión de gases para el año 2005, necesitaremos un carburante mejor. 
Todos los estudios sobre la efectividad y duración de los catalizadores así lo demuestran. 
Por ello, debemos hacer algo en lo que a los carburantes se refiere. 
También queremos hacer algo en los automóviles. 
La Comisión ha propuesto valores indicativos para el 2005. 
Nosotros decimos que los datos son suficientes para prescribir ahora valores vinculantes para el 2005 y damos también a la industria un marco temporal para que pueda impulsar los desarrollos. 
Por lo demás, una gran parte de la industria europea del automóvil ha dicho entretanto que aunque la idea no le entusiasma, sí que puede aceptar valores vinculantes para el 2005. 
Un segundo aspecto importante en la técnica del automóvil es que debemos tener más en cuenta la práctica. 
No se pueden reducir a cero los valores de emisión de gases. 
Nunca va a ser posible que el aire que salga por detrás sea mejor que el que entra por delante. 
Pero debemos prestar atención a que un auto no solamente tenga unos buenos valores de emisión en el momento de la autorización del tipo sino que esos valores deben mantenerse de modo permanente en la práctica. 
Por ello, queremos un control razonable no burocrático y que los Estados miembros puedan revisar los vehículos sobre los que existe una sospecha. 
Auto ¿mantienes aún los valores límite que mantuviste hace 3 años? 
Y si no es así ¿porqué no? 
También queremos introducir un sistema de diagnóstico a bordo, de modo que se pueda comprobar permanentemente qué valores de emisiones existen y si las funciones aún son correctas. 
También queremos mantener abierta la posibilidad de que talleres libres y clubs de automóviles puedan mantener y reparar los vehículos y que también fabricantes libres puedan ofrecer piezas de repuesto. 
La industria del automóvil me dice en todas las ocasiones que quiero revelar todos los secretos posibles de carácter tecnológico. 
No, no se trata de eso. 
Solamente se trata de que se puedan proporcionar las informaciones que son necesarias para las reparaciones. 
Algunos dicen que sí pero que todo figura en las exenciones por categorías. 
A este respecto, solamente puedo decir- precisamente ante el debate de los últimos tiempos- que en lo que se refiere al futuro de las exenciones por categorías prefiero una legislación razonable a un reglamento de exenciones por categorías. Recuerdo la multa impuesta a la Volkswagen y la cuestión de cómo ha tratado esta empresa a sus representantes. 
Los motores de los vehículos industriales ligeros proceden de los motores de vehículos de turismo. 
Tienen tecnologías similares, por lo que para mí se incluyen en el mismo grupo, son parte integral. 
Habría sido mejor si desde un principio hubiésemos podido tratar ambos como un paquete. 
Hemos intentado integrarlo algo y hacerlo vinculante también para los vehículos industriales ligeros, en especial en lo que se refiere a la obligatoriedad de valores en el 2005. 
El Parlamento Europeo no solamente quiere más sino también algo menos: quiere eliminar obstáculos innecesarios. 
Hay un test permanente por el que un auto se encuentra 80.000 kms en el banco de pruebas. 
Queremos suprimir este test. 
Esta legislación es una aportación a la política de empleo pues los fabricantes europeos obtienen ventajas competitivas como consecuencia de ello. 
Naturalmente, en los EE.UU. y en el Japón prosigue el debate. 
Se conservan y se crean puestos de trabajo para esta tecnología y se desarrollan industrias totalmente nuevas. 
Quiero recordar que en la industria de los catalizadores en los últimos 10 años- antes no existía en absoluto- se han creado 15.000 nuevos puestos de trabajo. 
Naturalmente, hay algunos que quieren pisar el freno. 
Notamos los lobys en todos los pasillos, en especial los de la industria petrolera europea. 
Ha habido momento en que me he sentido inclinado a quitarme el sombrero y pedir limosna para esta industria petrolífera que está pasando tantas necesidades. 
No, esto no puede ser; necesitamos un diálogo constructivo. Una actitud cerrada no conduce aquí al objetivo. 
Precisamente tras las experiencias con el Brent Spar se debería mantener una actitud más constructiva y no decir siempre " niet». 
Pero también hay muchas personas que apoyan nuestras propuestas como, por ejemplo, asociaciones completas de automovilistas como el ADAC. 
40 millones de conductores apoyan las propuestas porque ellos también quieren unos automóviles limpios y compatibles con el medio ambiente. 
Por ello, estoy seguro de que el Parlamento se va a oponer a estas personas que pisan el freno, va a atajar su influencia y, a la postre, va a pasar la prueba y no va doblar la rodilla. 
Señor Presidente, agradezco a todos los diputados la buena colaboración que prestaron para el desarrollo de este trabajo, que presenta, de hecho, dos aspectos: las normas comunitarias contra la contaminación del aire causada por las emisiones procedentes de los vehículos de motor y la calidad de la gasolina y del combustible para motores diesel. 
Fui yo quien abordó esta última parte, después de que nuestro colega Mamère fuera elegido diputado al Parlamento francés. 
Según la OMS, en la Unión Europea mueren todos los años 40.000 personas por culpa de la contaminación atmosférica. 
Últimamente ha aumentado la conciencia de que esos factores son perjudiciales para la salud. 
Por eso, creo que ahora tenemos mejores bases para hablar sobre los objetivos progresivos en materia de calidad de los combustibles que en la primavera pasada, cuando el Parlamento emitió su dictamen en primera lectura. 
Los grandes problemas son, en particular, las emisiones de partículas, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. 
Para reducir esas emisiones, es necesario disponer de combustibles más limpios, en particular cuando se trata de motores viejos y cuando el parque automovilístico está envejecido. 
Esa cuestión está relacionada también con el hecho de que en muchos países de la Unión Europea existen muchos vehículos diesel que fueron considerados más económicos, pero que ahora resultan ser bastante más peligrosos para la salud de las personas. 
Da gusto comprobar que, en particular las organizaciones sanitarias, se han vuelto últimamente bastante más activas frente a las cuestiones relacionadas con el programa Auto Oil. 
También las organizaciones de automovilistas han venido actuando, porque saben que el uso del automóvil es necesario, pero también que, si no se vuelven más limpias sus emisiones, es muy probable que los movimientos contra la utilización del automóvil aumenten cada vez con más fuerza. 
Se ha hablado mucho sobre a quién corresponde pagar estas propuestas y cuál es su costo. 
Estoy perfectamente convencido de que la industria petrolera nos ha presentado cálculos demasiado elevados de la inversión. 
Carece de fundamento la afirmación de que serían necesarios 60.000 millones de ecus durante diez años y me refiero a una investigación de la empresa de consultoría Arthur D. Little. 
De hecho, en esa investigación se revisaron los cálculos anteriormente presentados por la misma empresa, en el sentido de que los costos de la eliminación del azufre de los combustibles fueron sobreestimados en un 55 por ciento y un 17 pro ciento en lo relativo a la gasolina normal. 
Es natural que haya necesidad de invertir y la industria petrolera de Europa no ha invertido mucho en nuevas tecnologías durante los últimos decenios. 
Pero no es correcto acusar a las exigencias medioambientales de ser las responsables de las actuales dificultades de la industria. 
En realidad, la industria petrolera tiene una capacidad potencial muy elevada, 120 por ciento más de lo necesario. 
Es inevitable el cierre de algunas refinerías por razones estructurales. 
Pero es cierto que en este momento sería una actitud sensata invertir, en particular, en tecnologías más limpias. 
Eso es importante no sólo para la propia industria petrolera, sino también para la industria automovilística, que es en cierto modo la más importante utilizadora de esos productos. 
La industria automovilística está convencida de que en el año 2005 los combustibles más limpios estarán disponibles en el mercado en toda la Unión Europea. 
Si observamos los costos por automovilista, confío en los cálculos que indican que el aumento de los costos para un automóvil normal de gasolina sería de unos cinco ecus al año. 
Para los automóviles diesel nuestra propuesta indica un aumento de costos correspondiente al doble, es decir, hasta diez ecus al año. 
En muchos países, el sistema de los impuestos diferenciados y escalonados ha resultado ser una experiencia bastante positiva. 
Así, los Estados han podido en cierto modo salir al encuentro de la industria. 
Al mismo tiempo, ha quedado claro que es posible volver más atrayentes esos productos para el consumidor mediante la reducción de tasas y de ese modo se acortan los plazos de amortización de las inversiones. 
Teniendo en cuenta que, en abril del año pasado, el Consejo de Ministros aumentó claramente el rigor de las propuestas de la Comisión, yo no propongo los valores-límite originales de la primera lectura para el año 2000, porque esa fecha está demasiado próxima. 
En vez de eso, es esencial, en mi opinión, que en el año 2005 los valores-límite que se van a establecer ahora sean vinculantes y no indicativos, como proponen la Comisión y el Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, Señorías, nuestra tarea es la de marcarse objetivos y controlar las desviaciones. 
Con Euro II hemos marcado los objetivos que merecen ser seguidos. 
Con Euro III, tenemos ante nosotros ahora unos objetivos que ambicionamos y que merece la pena seguir. 
Naturalmente, en el marco de la legislación sobre emisiones de gases Euro III es necesario tener en cuenta el enfoque integrado del programa " Auto/Oil» para poder también alcanzar los valores límite de emisión. 
Sólo así se podrá alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del aire en los centros de aglomeración urbana europeos. 
Pero, a pesar de toda la comprensión para con los importantes asuntos del medio ambiente, no se debe ir demasiado lejos ante todo en unos tiempos de paro masivo. 
Como todos sabemos, la industria del automóvil y la petrolífera son un factor económico de gran importancia, por lo que se debería buscar junto con los afectados una solución. 
No se puede marcar uno como objetivo prioritario el domingo la creación y aseguramiento de los puestos de trabajo y el lunes preocuparse exclusivamente de objetivos de política de medio ambiente. 
Creo que nuestra tarea es la de distribuir los pesos proporcionadamente en la balanza, para que no se decante para uno u otro lado con los daños subsiguientes. 
Sin embargo, si las medidas proyectadas se aplican inteligentemente, tengo confianza en que lo agradable se podrá combinar con lo útil. 
Lo agradable sería la mejora de la calidad de vida de nuestras conciudadanas y conciudadanos. 
Bajo lo útil entiendo ante todo los estímulos para la industria del automóvil y de la industria petrolífera para realizar inversiones adecuadas que aporten ventajas competitivas en el futuro, en provecho del medio ambiente y creando al mismo tiempo nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, a la Comisión le gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento hacia la Comisión de Medio Ambiente y los señores ponentes, Sr. Lange y Sra. Hautala, y también el Sr. Rübig por su trabajo en estas tres propuestas, que claramente aspiran a mejorar considerablemente la calidad del aire en Europa y con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 
Como se subrayó en la primera lectura, se trata de propuestas muy amplias y muy transcendentales. 
Nos encontramos ahora en la segunda lectura y como ustedes saben, las dos posiciones comunes fueron aprobadas unánimemente por el Consejo. 
El Consejo reconoció que el proceder de la Comisión está bien fundado, y algunos de los elementos más importantes de las posiciones comunes son: En primer lugar, que la relación coste/eficacia sea confirmada como un criterio en la selección de las mejores soluciones a la hora de alcanzar los objetivos medioambientales, que los estándares para combustibles se endurezcan a partir del año 2000, y que se propongan estándares indicativos para combustibles para el año 2005. 
Los valores vinculantes para el año 2005 deben establecerse tras un estudio del desarrollo tecnológico actual y futuro del Programa Auto Oil 2. Los resultados de este estudio, en el que la Comisión, expertos de los Estados miembros, las ONGs y la industria participan de manera activa en un proceso muy transparente, se conocerán a mediados de 1999, y por ello me hace ilusión, por supuesto, discutir estas propuestas con el Parlamento en la segunda mitad del próximo año. 
La posición de la Comisión con respecto a las enmiendas planteadas será tratada con mayor detenimiento por mis colegas, los Sres. Martín Bangemann y Christos Papoutsis. 
Lo que me gustaría recalcar en estos preliminares es la gran simpatía que la Comisión profesa por los deseos de mejoras medioambientales que yacen tras las enmiendas del Parlamento. 
Precisamente el fuerte aumento en el número de automóviles hace urgente examinar sus consecuencias medioambientales, y la calidad del aire es naturalmente concluyente. 
No obstante, también es evidente que la Comisión ha de cumplir los principios sobre los que están fundadas sus propuestas. 
El programa Auto Oil tiene como premisa mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades y esto lo basamos en consideraciones sanitarias y medioambientales. 
Las normas provisionales relativas a la calidad del aire sobre las que se fundó el programa se han visto desde entonces confirmadas en la directiva de normas relativas a la calidad del aire sobre, entre otras cosas, el monóxido de nitrógeno y otras partículas. 
Me hace ilusión discutir esto con el Parlamento, espero, en el mes de mayo. 
El trabajo en esta propuesta confirmó también que las normas relativas a la calidad del aire que servían de base al programa Auto Oil se compaginan con un alto nivel de protección y con las últimas directrices de la Organización Mundial de la Salud. 
Cuando las normas fueron establecidas, el objetivo del programa Auto Oil era cumplir las normas con los menores costes posibles. 
De ahí que la propuesta descanse también sobre la relación coste/eficacia. 
Permítaseme subrayar que tal y como yo lo entiendo, estamos de acuerdo en el alto nivel de protección medioambiental y en que debemos alcanzarlo. 
El método para alcanzar este nivel por supuesto ha de ser sistemático, ha de ser transparente y ha de llevar aparejado los menores costes posibles. 
Me parece que no estamos especialmente en desacuerdo sobre el objetivo, sin embargo, quizá no estamos de acuerdo en la manera en la que éste debe ser alcanzado. 
El año 2000 no está muy lejos y por ello me gustaría mucho ver cómo estas propuestas se aprueban rápidamente. 
La industria precisa de señales claras con bastante tiempo y de marcos estables dentro de los cuales poder trazar planes y cumplir sus compromisos. 
Espero que estos breves comentarios hayan clarificado un poco más el trasfondo de la posición de la Comisión, y así espero también que esto pueda ayudar a preparar el terreno para la aprobación de las enmiendas apropiadas. 
Señor Presidente, no hay duda alguna de que los ponentes y los colegas en las comisiones del Parlamento se han esforzado mucho. 
Ya hemos tenido ocasión de hablar entre nosotros entre la primera decisión y el debate de hoy. 
Sólo que no debemos engañarnos. 
Lo que hoy debatimos aquí probablemente no va a hacer que cambie la posición del Parlamento. 
Es previsible que el Parlamento apruebe mañana las mismas enmiendas que ya presentó en la primera lectura. 
Creo que no hace falta ser un gran profeta para vaticinar que el Consejo las rechazará de nuevo. 
Solamente esto muestra ya la dificultad que tuvo el Consejo en ambos casos sobre los que se debate aquí para llegar a una posición común, si bien también es muestra de la unanimidad que se alcanzó. 
Esto significa que tenemos que prepararnos- y este es probablemente el método más razonable- para mirar más allá de esta lectura y de la decisión del Consejo y dirigir nuestra atención a la probablemente necesaria concertación. 
Estoy gustosamente dispuesto a leerles mi chuleta y decirles porqué la Comisión no puede aceptar de nuevo las solicitudes que ya no aceptó en la primera lectura. 
Esto muestra lo duradera que es nuestra razón. 
Resiste los mejores argumentos. 
Por ello, quiero realizar dos observaciones básicas. 
Primera: cuando nos ponemos de acuerdo sobre los principios, a la hora de aplicar dichos principios en propuestas concretas, sigue pareciendo difícil saber qué es lo que corresponde o no al principio- de lo contrario no discutiríamos -, pues los principios y el método que se han deducido del programa " Auto/Oil 1» fueron aceptados por todas las instituciones de la Unión. 
El Parlamento también lo saludó, lo que consideramos alentador, pues pensamos que entonces nos podíamos mover en un campo en el que podíamos actuar con una mayor unidad. 
Pero, por lo visto, entre un principio y un detalle existe una distancia tan grande que, a pesar de los principios- el Sr. Lange ha indicado de nuevo que él ha aplicado esos principios de " Auto/Oil» mientras que nosotros pensamos que dichos principios no amparan las enmiendas que él presenta de nuevo- es difícil ponerse de acuerdo en tales cuestiones. 
Por ello, hago la siguiente propuesta: podemos aceptar 6 de las enmiendas y el principio de otras 6. 
Pero estas son las que ya aprobamos en la primera lectura. 
Para ser más exacto, indico los números: la 4, 11, 49, 50, 51 y 53 son totalmente aceptables y la 5, 9, 15, 31, 54 y 69 parcialmente. 
Las restantes no podemos aceptarlas. 
Entonces nos veremos de nuevo y espero, ante todo a la vista de la posición del Consejo, que probablemente será la misma, que podamos ponernos de acuerdo en la concertación sobre una cosa, a saber, que en cualquier caso necesitamos una decisión. 
Si no la logramos o si se produce un no, lo que no se puede excluir en la concertación, entonces no nos haremos ningún favor. 
Nadie podría estar orgulloso de ello. 
Pero esto no debe desalentarles de cara a la votación de mañana. 
Cuando el primer Presidente federal alemán que, como civil convencido tuvo sus dificultades con los militares pero como Presidente federal era naturalmente competente también para esta parte de la vida pública, realizó su primera visita al ejército de entonces, pronunció al final las siguientes palabras que no fueron acogidas muy comprensivamente: " Hala, a vencer». 
Esto le fue recordado durante mucho tiempo pues reflejaba que no comprendía especialmente bien a esas personas. 
Cito este ejemplo, pues si ahora les digo: " Hala, a votar» no quiero caer bajo la misma sospecha. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar querría agradecer a los ponentes, y especialmente a la ponente Sra. Hautala su detallado informe. 
En el marco de la posición común que aprobó el Consejo está previsto que ya desde el primer semestre de 1999 la Comisión presente una propuesta de determinación de prescripciones obligatorias sobre los combustibles teniendo como horizonte temporal de aplicación el año 2005. 
Por tanto, la Comisión no puede aceptar desde ahora prescripciones obligatorias para el año 2005 sin el imprescindible apoyo científico. 
Desde el primer semestre del año que viene y basándonos en el programa Auto-oil 2 dispondremos de las informaciones adicionales necesarias sobre las cuestiones técnicas de este tema. 
Así podremos tomar entonces una decisión documentada sobre los modelos aconsejables de combustibles hasta el horizonte temporal del 2005. 
Por eso, la Comisión considera que es prematuro determinar, ya desde hoy, modelos obligatorios de combustibles para el año 2005. 
Podemos enfrentarnos a los problemas concretos de otras maneras: la posición común da a los Estados miembros la posibilidad de utilizar combustibles especiales, si esto se recomienda, para luchar contra problemas especiales de la calidad del medio ambiente atmosférico en determinadas zonas, especialmente en las grandes ciudades. 
Las características de los combustibles especiales serán dictadas, por supuesto en cada caso, por la naturaleza de los problemas especiales de la calidad de la atmósfera de las zonas concretas en donde probablemente sea necesario utilizarlos. 
La Comisión reconoce igualmente que los incentivos fiscales son el más poderoso mecanismo de aliento del fomento en el mercado y también de la utilización de combustibles más limpios. 
La Comunidad Europea ya dispone del marco en el que los Estados miembros pueden transformar la altura de los impuestos especiales que se impongan en los combustibles especiales de consumo para servir a los objetivos de defensa del medio ambiente. 
Además, ya que hay medidas comunitarias que conciernen a las intervenciones tributarias en los combustibles, la Comisión Europea cree que es útil repetir las órdenes en cuestión en una directiva mas. 
La posición común de hoy incluye también la previsión de la prohibición de la comercialización de gasolina con plomo en el mercado. 
Esta medida está justificada porque el plomo en la gasolina es la fuente más grave de contaminación por plomo. 
Ya desde entrada la década de los 80, la directiva 85/210/CEE obligaba a los Estados miembros a fomentar la utilización de la gasolina sin plomo. 
Por consiguiente la Comisión considera que es aconsejable prohibir después del año 2000 la venta de gasolina con plomo en la Comunidad. 
Sin embargo la Comisión Europea reconoce que por la gran cantidad de vehículos existente, una prohibición así probablemente creará graves problemas comunitarios y económicos en determinados Estados miembros y por esta razón apoyamos la desviación provisional que contiene la posición común del Consejo de manera que demos a algunos Estados miembros algunos márgenes temporales para efectuar las adaptaciones necesarias. 
Los modelos comunitarios sobre la calidad del aire atmosférico están basados en el mantenimiento de niveles elevados tanto para la salud del hombre, como para la protección del medio ambiente. 
Quiero asegurarles aquí que la Comisión garantizará la incorporación de este principio incluso en sus futuras propuestas. 
Señor Presidente, señorías, la Comisión tiene la posibilidad de aceptar determinadas enmiendas que mejoren la posición común del Consejo pero sin transformar su filosofía básica. 
Y me refiero a las enmiendas números 11, 13, la segunda parte de la enmienda 14, la enmienda 17, la tercera y cuarta partes de la enmienda 23 y la primera parte de la enmienda 24. 
La Comisión puede aceptar también la enmienda nº 6, pero con la condición de que añada al final la siguiente frase: "... con la condición de que determinadas prescripciones no retroceda bajo o excedan algunos niveles.». 
Con todo, la Comisión no puede admitir el resto de las enmiendas. 
Y permítanme explicar por qué. 
Las enmiendas 3, 4 y 5 y la primera parte de la enmienda 23 son contrarias al criterio de efectividad en comparación con el coste como bases para la legislación, a pesar de que este criterio se ha instituido con la directiva 94/12/CEE. 
La enmienda 17, la cuarta parte de la enmienda 15 y las enmiendas 25 a 29 introducen medidas que se han mostrado no efectivas económicamente en base al programa Auto- oil 1. 
La enmienda 1, las primeras partes de las enmiendas 14, 15 y 16, la enmienda 19, la segunda parte de la enmienda 23 y las enmiendas 30 a 37 no son compatibles con la metodología del programa Auto- oil, con el cual podremos estudiar y proponer en 1999 medidas económicamente interesantes que empezarán a estar en vigor en el 2005. 
Las enmiendas 8, 9, 18, 38, 39 no toman en consideración las órdenes de la Directiva 92/81/CEE y la ya reciente propuesta de la Comisión con el código numérico COM (97) 0030 relativa a la utilización de los incentivos tributarios en los combustibles. 
La séptima parte de la enmienda 15, las enmiendas 20, 21 22 y la segunda parte de la enmienda 24 no se corresponden tampoco con los procedimientos determinados. 
La tercera y la quinta parte de la enmienda 15 no tienen en cuenta debidamente situaciones especiales nacionales, regionales e incluso locales. 
Las enmiendas 2, 10, 12, la segunda y la sexta parte de la enmienda 15, así como la segunda parte de la enmienda 16 están avanzando en los detalles y hace falta un examen técnico adicional. 
Con todo la Comisión reconoce que el Consejo, durante el examen de la posición común, propone ideas especialmente interesantes. 
Pero quiero garantizarles que las propuestas de ustedes serán, de cualquier manera, objeto de reflexión en la preparación de las propuestas para las futuras directivas. 
Señor Presidente, dentro de 10 años (y necesitaremos 10 años) habrá muchos menos niños europeos que sufran del asma como consecuencia de las emanaciones de gas de los vehículos si logramos los objetivos del Programa auto-petróleo. 
Ciudades tan alejadas como Aberdeen en el norte de Escocia y Atenas en Grecia serán lugares mejores, más limpios y más saludables en los que criar a los niños, vivir y trabajar. 
Ése debe ser nuestro admirable objetivo para hoy. 
Todos tenemos que esforzarnos por conseguir los resultados de las propuestas del Programa auto-petróleo de la Comisión. 
Esos resultados no son más que el principio, las propuestas de la Comisión no son más que la primera fase de un proceso que llevará diez años. 
Ya hemos pasado en segunda lectura ante el Parlamento y espero que en breve pasemos el procedimiento de conciliación y, después de ello, tendremos un proceso auto-petróleo II en perspectiva. Los objetivos claros de este Programa sumamente ambicioso obligarán a los fabricantes de automóviles a fabricar motores más limpios y obligará también a las compañías petroleras a producir combustibles de gasolina y gasóleo más limpios. 
Es parte de nuestra función parlamentaria el velar porque esos objetivos se cumplan a su debido tiempo. 
Por esa razón, el Parlamento está urgiendo a la industria a que proceda con mayor velocidad y más lejos de lo que sugerían al principio las propuestas de la Comisión y el Consejo, con las que el Parlamento coincide en general. 
Reconocemos con toda claridad las dificultades de las industrias automovilística y petrolera para alcanzar esos objetivos y hemos escuchado con sumo cuidado sus opiniones, en particular las de la industria petrolera, cuyos intereses son muy parecidos a los de mi propia circunscripción. 
Ahora bien, por lo que se refiere a las cuestiones que han expuesto, diré que la experiencia de la institución de medidas análogas en otras partes del mundo indica que los costos que las industrias sugieren distan mucho de ser lo que pretenden. 
Por ejemplo, si examinamos informes de consultores independientes, veremos que nos dicen que esos costos son, en realidad, un 17 por ciento más baratos en el caso de la gasolina y un 55 por ciento más baratos en el caso del gasóleo que lo que la propia Comisión propone. 
En cuanto al costo para el consumidor corriente, el automovilista corriente, es algo así como de 5 a 10 libras al año para el automovilista corriente, o de 5 a 8 ecus en algunas otras partes de Europa. 
Sabemos que la industria petrolífera tiene la intención de efectuar cambios estructurales, y sabemos que esos cambios estructurales tendrán lugar independientemente de lo que suceda con las propuestas del Programa auto-petróleo, que no supone gran diferencia para ella. 
Ahora bien, no se puede negar que el Programa ofrece beneficios generales, como por ejemplo la mejora de la calidad del aire, de la salud pública y también la posibilidad de evitar daños para las cosechas y la eutrofización. 
Creo que ha llegado el momento de que nos comprometamos a alcanzar esos objetivos para que dentro de 10 años nuestras ciudades estén más limpias, y los niños y los adultos puedan vivir en ellas sin padecer enfermedades del aparato respiratorio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, me alegra mucho que la Comisión esté representada con un número tan amplio de personas. 
Esto muestra lo importante que es este informe y también qué diferentes son las opiniones no sólo en este Parlamento sino también en la Comisión. 
Señor Comisario, me alegra oírle decir que quizás no podamos adoptar hoy decisiones comunes pero que existen posibilidades de encontrar una vía en el comité de conciliación. 
Me sorprende que en esta Asamblea impere la idea de que si se va al comité de conciliación los resultados puedan ser eventualmente aún mucho peores. 
Estoy convencido de que podemos salir fortalecidos de un procedimiento de conciliación de este tipo si intentamos unificar lo que usted ha descrito como principios. 
Sus principios descansan en el proyecto " Auto/Oil II». Sólo que este matrimonio está divorciado. 
La comunidad existente entre la gente del automóvil y la industria del petróleo se ha roto. 
Por ello, el Parlamento Europeo no puede renunciar a su tarea parlamentaria sino que debemos seguir trabajando. 
Los jueces de familia que han pronunciado el divorcio nos han dado el siguiente estupendo consejo: realicemos ahora " Auto/Oil II». Todo esto son construcciones que parecen muy lógicas a primera vista pero que no nos sirven de ayuda. 
Debemos tener en cuenta una cosa: en esta Comunidad hemos suprimido las fronteras interiores, lo que es acertado. 
Esto aporta flexibilidad para las mercancías, los servicios y las personas. 
En la flexibilidad se incluye naturalmente también la movilidad de las personas. 
Lamentablemente, 200 millones de coches están circulando por Europa. 
No me incluyo entre los que quieren suprimirlos, pero estos vehículos repercuten sobre la economía, el medio ambiente y la salud. 
Por ello no necesitamos propuestas como las que vienen de la industria del petróleo sino propuestas motivadoras que impulsen una política en favor de una industria innovadora. 
Permítanme que mencione dos o tres ejemplos. 
El sistema de diagnóstico a bordo tiene muchas ventajas. 
Yo soy el último que quiere apretar aquí o allá una tuerca pero sí quiero detener la concentración en el sector del mantenimiento. 
No quiero llevar mi coche sólo a la empresa fabricante porque los talleres cualificados y las gasolineras no tienen un acceso ilimitado a este sistema de diagnóstico a bordo. 
Naturalmente, estoy en contra de un capot del motor bloqueado electrónicamente, porque en caso de avería me encontraría impotente ante mi coche, junto con mi club del automóvil, diciendo: ¿qué hacemos ahora si el coche no anda? 
Estos deben tener un acceso ordenado. 
Naturalmente, esto no significa que los constructores de automóviles tengan que entregar inmediatamente los cianotipos. 
Evidentemente necesitan una protección. 
No vamos a actuar sin diferenciar. 
Estamos dispuestos a contraer compromisos. 
La cuestión del arranque en frío ha sido descrita muy sugestivamente. 
Es un error creer que solamente se deben someter a test los vehículos en la zona de Florencia, donde hace una buena temperatura, sino que hay que hacerlo también donde yo vivo, donde hace con frecuencia mucho frío, 7º C y menos. 
Allí los autos tienen que andar pocos kilómetros y allí tenemos que hacer una prueba. 
Creo que esto debe ser perfectamente posible para nuestra innovadora industria. 
En lo tocante a los valores de emisión ¿tenemos realmente unas posiciones tan separadas? 
Me gustaría verlo en los coches. 
Apenas puedo creerlo. 
Estamos separados en lo que se refiere a la obligatoriedad. 
Pero quien haya estudiado Ciencias Empresariales de entre nosotros habrá siempre escuchado: debemos tener objetivos vinculantes para que cuando tengamos dinero en la mano también podamos calcular. 
Si ahora lo hacemos, no está bien. 
Es decir, no puedo comprenderlo y en esta Asamblea no pertenezco sin duda al grupo de los " políticos sociales» sino a aquellos que se ganan el dinero por su cuenta. 
Hay campos como el del enfoque combinado de HC y de Nox sobre los que se puede hablar. 
Se trata de puntos sobre los que siempre estamos dispuestos a adoptar un compromiso. 
Se ha expuesto de un modo convincente el asunto de los controles de conservabilidad. 
También aquí existe una vía intermedia razonable que se puede lograr también en el comité de conciliación. 
Pero ¿porqué no podemos ser ahora tan buenos como los norteamericanos? 
¿Qué nos impide hacerlo? 
Respecto a la cuestión de los costes. 
De los portavoces existentes hasta ahora, soy el que lleva más tiempo en esta Asamblea y he sido testigo del debate sobre el catalizador. 
A las damas y caballeros del lobby de allí arriba y cuyo trabajo sé apreciar les digo lo siguiente: no puedo exponer las cifras correctas pues no dispongo de ellas y si las tuviese no las creería. 
Recuerdo perfectamente los argumentos de los señores de la industria en el pasado, quienes nos dijeron que el carburante sin plomo costaría 18 peniques por litro. 
Señoras y señores de la industria petrolífera ¿dónde nos encontramos hoy? 
¡Por debajo de 1, 8 peniques! 
Tomemos sus cifras, se pueden ver en las actas de esta Asamblea. 
Hoy cuesta diez veces menos que los 5.000 DM pronosticados entonces. 
En lo que se refiere al dinero y a los costes no puedo creerles pues las experiencias tenidas son demasiado negativas. 
Por ello, creo que debemos intentar ir al comité de conciliación. 
Señor Bangemann, usted sabe que cuando se trata del medio ambiente, siempre hemos obtenido unos resultados aceptables, permítame que lo exprese así, cívicos. 
Esta es precisamente una motivación para esta Asamblea. 
No tengo intención de ceder. 
Ahora comienza realmente la lucha. 
Señor Presidente, estamos en la fase final de una discusión que las Instituciones europeas sostienen desde hace varios años. 
Votaremos y así comunicaremos a la Comisión y al Consejo cuál es la orientación que el Parlamento Europeo quiere dar al sector automovilístico y al de los carburantes para el futuro próximo, que tiene dos fechas tope ya decididas, según los informes que se discuten: los años 2000 y 2005. 
Este último límite, el 2005, se debe fijar por ley, no debe enunciarse como un término hipotético: es decir que se ha de dar a las industrias interesadas- la del automóvil y la petrolera- la seguridad temporal, la fecha límite exacta para que ellas mismas puedan planificar sus inversiones, desarrollos e investigaciones exactamente hasta la fecha del 2005. 
En cambio, hay que eliminar todas las medidas que no sean realistas o que sean contrarias al objetivo del mercado único. 
Los señores diputados han recordado varias de ellas. 
Sólo en apariencia lo que hoy tratamos es un dualismo entre los sectores automóvil y petróleo. 
En realidad, los dos tendrán que unirse en la programación futura. 
El objetivo es el de obtener productos- el primer sector, automóviles, y el segundo, carburantes y lubricantes- cada vez menos agresivos para el medio ambiente, y con ese fin han de estar en una simbiosis mutua cada vez mayor. 
Sin duda no se puede pensar, como ha ocurrido en un pasado reciente, que el coche y el petróleo vayan por caminos separados. 
No son enemigos, y difícilmente podrán serlo en el futuro, en la investigación para encontrar productos de uso que impliquen un compromiso social intrínseco: la defensa y la mejora del medio ambiente ante la contaminación. 
Desde un punto de vista económico, debe ser más ventajoso para el usuario final adquirir un producto- coche o gasolinaque sea menos dañino para el ambiente y, en consecuencia, las industrias respectivas deben invertir en la calidad. 
Nuestra tarea, pues, y la de las instituciones nacionales, consiste en secundar, sostener y encaminar los esfuerzos que en materia de calidad hagan las empresas automovilísticas y petroleras. 
Además, hay que resolver otros problemas: por ejemplo, el de la fiscalidad. 
La escena comunitaria está demasiado diferenciada en cuanto a imposición fiscal sobre automóviles y carburantes entre unos y otros Estados miembros, lo que termina por castigar a algunas industrias y a algunos sectores, pues les sustrae recursos que, de otro modo, estarían destinados a la investigación y al mejoramiento tecnológico. 
Con ese fin, expresaremos nuestra opinión contraria a las enmiendas al informe Lange, que cambian la posición común del Consejo en lo referente a los incentivos fiscales. 
En torno al sector automóvil-petróleo, en torno al producto motor, giran enormes oportunidades y posibilidades: ocupacionales, no en cantidad sino en calidad- pensemos en la formación profesional -; científicas, con una investigación y experimentación que evolucionan sin cesar; económicas, porque junto a unas pocas grandes industrias se mueven millares de pequeñas y medianas empresas, desde la fabricación de recambios hasta las reparaciones; por último, sociales. 
La defensa del medio ambiente pasa, en gran parte, por la lucha contra la contaminación que genera hoy el automóvil. 
En estos meses de trabajo, ha habido quien se ha lamentado de las propuestas de los dos ponentes y de la Comisión: alguna industria, alguna región geográfica, alguna vieja refinería que no quiere modernizarse. 
Pues bien, la búsqueda de un ambiente mejor es una batalla que quizá deje heridos en el campo: ya veremos de darles muletas a éstos, pero no podemos escayolar las piernas de los que están sanos y quieren correr. 
Presidente, podría ser muy breve diciendo que me adhiero completamente a las palabras de nuestro colega Florenz. 
Para añadir algo y para utilizar mis dos minutos, me gustaría decir que, si esos 314, como mínimo, 314 colegas adoptan mañana los informes de la Sra. Hautala y del Sr. Lange, el Parlamento Europeo pasará a la historia. 
Significaría que el Parlamento tiene una posición fortísima de negociación frente al Consejo. 
Así podremos demostrar a los ciudadanos de Europa que nos hemos esforzado al máximo para alejar el problema del smog en las grandes ciudades europeas en el futuro. 
Sobre todo, Presidente, porque los ponentes han demostrado que el Parlamento puede asumir sus responsabilidades ya que busca claramente una aproximación al Consejo sobre las normas de combustibles en esta segunda lectura. 
Para conseguir el mejor resultado final sin embargo, también nosotros tenemos que echar agua al vino. 
Tenemos que estar de acuerdo entre otras cosas con la regulación de transición para las regiones donde los problemas socioeconómicos hacen más difícil una ejecución rápida y total de estas directivas y que se enteren bien los españoles y otros habitantes de los Estados miembros del sur y aquí los diputados del Parlamento si mañana aceptan, bajo esas condiciones por favor, las enmiendas de ambos ponentes. 
Sin embargo Presidente, debemos mantener las normas obligatorias para el año 2005. 
La industria se ha mostrado capaz de retrasar unos años la " Auto/Oil I» , por lo cual estas directivas no entrarán en vigor hasta el año 2000. 
La industria automovilística necesita combustibles con bajo nivel de azufre para poder aplicar sus tecnologías más nuevas, como la siguiente generación de catalizadores, y sólo mediante unas normas obligatorias se tiene la seguridad de que estos saldrán efectivamente al mercado. 
Hago un llamamiento a mis colegas para que no se dejen engañar por unos argumentos que abogan por lo contrario. 
Sólo con unas normas obligatorias en el 2005 la industria se puede preparar bien. 
Tanto para nuestro medio ambiente como para la economía, estas normas son de gran importancia. 
Unas normas indicativas volverán a aplazar las mejoras para el medio ambiente. 
Veo con plena confianza la conciliación después de la votación de mañana. 
Queda interrumpido el debate, que se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0017/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La Comisión recuerda a la diputada demandante que, según las disposiciones del nuevo artículo 255 introducido por el Tratado de Amsterdam, el ciudadano obtiene un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, sometido a los principios y a los límites que, conforme al procedimiento de decisión conjunta, el Consejo debe determinar en los dos primeros años desde la fecha en que entre en vigor el Tratado. 
Sobre la base de estos principios generales y comunes a las tres instituciones, a continuación cada una debería elaborar en su propio reglamento interno las disposiciones específicas relativas a la aplicación. 
Por lo tanto, la Comisión presentará una propuesta de legislación, cuando esté vigente el Tratado. 
Hasta ahora no se ha tomado la decisión a causa de las excepciones sobre el derecho de acceso que la Comisión tendrá que proponer. 
Sin ninguna duda, la Comisión considera indispensable el desarrollo de la política de transparencia y acceso a sus documentos, pero la futura legislación en esta materia depende del resultado de los tratos interinstitucionales. 
Naturalmente se respetará la declaración incluida en el Acta final, que permite que un Estado miembro pida a la Comisión o al Consejo que, sin autorización preventiva, no revelen a terceros un documento proveniente de ese mismo Estado. 
Primero, quisiera aclarar lo siguiente: ¿se refiere ese reglamento a todas las instituciones comunitarias o sólo a las tres más importantes mencionadas en el Acuerdo de Amsterdam, es decir, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros? 
Para mí, está perfectamente claro que debería referirse a todas. 
Después quisiera preguntar por asuntos más delicados. 
¿Se habrá tenido en cuenta que también el futuro Banco Central Europeo debería someterse a la legislación relativa a la publicidad de los documentos? 
También la colaboración en el ámbito de Europol ha resultado ser un sector que necesita realmente transparencia. 
Por último, quisiera preguntar si no podría la Comisión preparar algo así como un libro verde sobre la transparencia para que todas las instituciones, incluido el Parlamento, pudieran participar ampliamente en el debate sobre ese reglamento y sobre su contenido? 
En mi opinión, sería un método muy bueno. 
Como marco general a esta respuesta complementaria, debo decir, Sra. Hautala, que los Secretarios Generales de las tres instituciones involucradas ya han mantenido encuentros específicos para discutir este punto y han formado un grupo de trabajo interinstitucional, con la guía de la Comisión, a la que se ha encargado un estudio preliminar del problema. 
Ya empezaron los trabajos del grupo, que en este periodo reflexiona sobre los problemas que hay que abordar en la propuesta de legislación futura. 
Usted pregunta, Sra. Hautala, si se aplicará a las tres instituciones. 
Como ya he recordado, según las disposiciones del artículo 255, se trata de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y serán principios generales y comunes a las tres instituciones, sobre cuya base cada una de ellas elaborará después su propio reglamento interno de aplicación específica. 
Señor Presidente, quiero preguntar al Sr. Comisario si sus estudios se refieren también al trabajo interno del Parlamento, pues aquí tenemos un gremio, la Conferencia de Presidentes de los diversos grupos políticos, que no informa a los diputados, que acuerda todo lo posible en reuniones secretas y de lo que no nos enteramos luego. 
¿Se va a arreglar esto? 
Lo segundo que quiero preguntarle es lo siguiente: ¿qué opina respecto a la idea de que se obligue al Banco Central Europeo a realizar una declaración pública de este tipo, lo que significaría abrir todas las puertas a los especuladores norteamericanos? 
¡Entonces podríamos ver cómo se destruye nuestro dinero! 
En lo que se refiere al Banco Central Europeo, no tengo nada que decir, pues el artículo 255 no se refiere a esta institución. 
En cuanto a la primera pregunta, me parece que, como el propio diputado ha dicho, se refiere a las relaciones internas del Parlamento Europeo y, por lo tanto, no compete a la Comisión pronunciarse sobre el tema. 
Me gustaría preguntar si la Comisión se suma al principio por el cual se da la vuelta a la carga de la prueba, aprobado por la sesión plenaria del Parlamento por mayoría y por la Comisión Institucional del Parlamento por 34 votos a favor y ninguno en contra. 
De ahora en adelante el punto de partida de cualquier decisión debería ser que los documentos y sesiones sean públicos salvo que con una mayoría cualificada de dos tercios de los que participen en la sesión de la Comisión o de los que participen en la sesión del Parlamento o de los que participen en la reunión del Consejo se decida por motivos concretos cerrar una sesión o un documento. 
Es decir, se dará la vuelta a la carga de la prueba y deberá haber así una mayoría cualificada para cerrar un documento. 
¿Puede sumarse la Comisión a este principio aprobado unánimemente por nuestra comisión? 
Se trata de un tema que someteré a la atención del grupo de trabajo constituido por los Secretarios Generales de las tres instituciones. 
No tengo elementos particulares para responder, por lo que tomo nota y transmito la pregunta al grupo de los tres Secretarios Generales. 
Pregunta nº 61 formulada por Julio Añoveros Trias de Bes (H-0048/98): 
Asunto: Internet y Derecho comunitario 
¿Cuándo estará disponible en Internet el servidor EuroLaw? 
¿Tiene previsto la Comisión ofrecer gratuitamente la base de datos CELEX en el Web? 
¿Tienen previsto las instituciones ofrecer una página que informe sobre el proceso legislativo de las normas comunitarias y los funcionarios responsables al público? 
Si existe tal plan, ¿podrían las Instituciones diseñar tal página de forma conjunta para facilitar su funcionalidad? 
El servidor EuroLaw, nombre provisorio que cita el diputado, pondrá a disposición el texto íntegro de la Gaceta oficial, tanto de la serie L como de la serie C, gratuitamente en Internet, página Europa, http: \europa.eu.int, en las once lenguas oficiales de la Unión Europea durante veinte días. 
Esta página está en vías de preparación: la fecha efectiva de su apertura tendría que estar en la primavera de 1998, y la anunciará oficialmente la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
El servidor EuroLaw permitirá que los usuarios tengan acceso gratuito y progresivo a los siguientes servicios: el repertorio de la legislación comunitaria en vigor, enriquecido con textos de las actas que en el sumario figuran sólo con el título, como figuran en la base de datos CELEX; el conjunto de los tratados de la Unión Europea; el texto definitivo de las actas legislativas comunitarias; las sentencias recientes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; los documentos COM. 
Por consiguiente, todos los textos legislativos en vigor se extraerán de CELEX y se pondrán gratuitamente a disposición de los usuarios de EuroLaw. 
En cambio, de momento la Comisión no tiene previsto ofrecer gratuitamente la base de datos CELEX para su consulta en Internet. 
Hay que recordar al respecto que CELEX ofrece una gama muy amplia de posibilidades avanzadas de búsqueda y que los ingresos derivados de la consulta de la base sirven para financiar una parte del importante trabajo de análisis documental necesario para dar a CELEX su valor añadido específico. 
La Comisión comparte el parecer del diputado respecto a la oportunidad de que los ciudadanos tengan información sobre los mecanismos decisorios de la Unión y del funcionamiento de los procedimientos interinstitucionales. 
Con ese fin, precisamente, prevé presentar los principales procedimientos interinstitucionales en forma de gráfico, en bien de la concisión. 
Además, en la medida de la disponibilidad de recursos y en colaboración con los servicios del Parlamento, la Comisión tratará de difundir informaciones sintéticas sobre el estado de los procedimientos en curso, objetivo que se alcanzará sobre todo modernizando y poniendo en Internet el sistema APC que ya es accesible al público. 
Señor Presidente, no quiero hacer ninguna pregunta complementaria, sino simplemente decir que la contestación del Comisario ha sido exhaustiva y se lo agradezco de corazón. 
Agradezco esta respuesta a la Comisión. 
Quisiera formular otra pregunta: ¿cuándo estará clara esta conexión de EuroLaw para que podamos ver cómo se han incorporado las leyes en los Estados miembros? 
Actualmente hay un experimento tratándose de la legislación finesa, pero ¿qué dice la Comisión acerca de las posibilidades de obtener información acerca de la situación en todos los países miembros mediante el mismo servicio? 
Además, creo que es importante que este servidor en el futuro esté dotado de una técnica tal que fácilmente conduzca a las noticias, una llamada " push teknik» , sobre la que su colega el Comisario Oreja ha prometido reflexionar, y que yo espero que se pueda materializar cuanto antes. 
Creo que el hecho de acceder con rapidez a las noticias es importante para una utilización más fácil. 
Quiero decir al Sr. Thors que sería de desear que el servidor EuroLaw estuviera disponible de inmediato en Internet. 
Esto no es posible. 
Para conseguirlo es necesario un trabajo preventivo de adecuación de todos los dispositivos técnicos, en particular los de la Oficina de Publicaciones Oficiales; todo ello estará preparado dentro de unos meses. 
Comprendemos la urgencia y la importancia de este instrumento y se harán todos los esfuerzos necesarios para abreviar ese lapso lo más que se pueda. 
Aprovecho la ocasión y la pregunta específica del Sr. Thors acerca de la importancia que tiene para el ciudadano saber si los Estados miembros han aceptado el ordenamiento comunitario, para señalar otro instrumento de información. 
En toda la amplia gama de los asuntos relativos al mercado interno, desde noviembre de 1997 la Comisión publica un scoreboard, una tabla periódica, que indica la situación de cada Estado miembro de la aceptación de las directivas, de la observancia de los procedimientos de infracción, etcétera: este scoreboard ya está disponible en Internet. 
Como se puede ver, avanzamos con paso seguro y con todos los instrumentos disponibles en la dirección que con razón señala el Sr. Thors. 
Pregunta nº 62 formulada por Ian White (H-0112/98): 
Asunto: Tarifas de la primera escala de peso en envíos postales 
¿Puede informar la Comisión qué Estados miembros equiparan en la actualidad el coste de la correspondencia de primera escala de peso, normalmente cartas de 20 g., para su correo nacional y para el correo interior del territorio de la Unión? 
La tarifa actual del Reino Unido es la misma para la primera escala de peso, pero hay propuestas para cambiar esta situación. 
¿Cabe la posibilidad de que los servicios postales del Reino Unido actúen al margen de lo que recomienda el artículo 6 gravando en mayor medida el correo interior no nacional? 
Más o menos en la mitad de los Estados miembros rige una tarifa unificada por el envío, nacional e intracomunitario, de correspondencia de la categoría normalizada más rápida, perteneciente a la primera categoría de peso. 
En los otros Estados miembros las tarifas varían según el destino, por lo común según se trate de correspondencia nacional o intracomunitaria. 
La Directiva 97/67/CE sobre los servicios postales dispone que los precios de cada uno de los servicios que integran la prestación del servicio universal estén en relación con los costos. 
Esta obligación se aplica al conjunto de la correspondencia en cuestión, ya sea nacional o intracomunitaria. 
Esto podría inducir a algunos Estados miembros a rectificar en ese sentido el actual sistema de tarificación de sus propios servicios postales. 
El Tratado que instituye la Comunidad Europea, en especial en el artículo 6, no veta esta diferenciación tarifaria, siempre que esté acorde con los costos, como prescribe la citada Directiva 97/67/CE. 
Creo que sería mejor que explicara los antecedentes de la pregunta al Comisario. 
El Reino Unido se propone introducir a partir del 6 de abril de este año un cambio de precios en la estructura de la tarifa internacional. 
En la actualidad la primera escala de peso es la misma para el correo nacional y para el correo dirigido a países de la Unión Europea. 
La propuesta es que el correo nacional siga costando 26 peniques pero que el correo dirigido a la Unión Europea cueste 30 peniques. 
También hay una propuesta para que el correo dirigido a países que no son de la Unión Europea baje de 31 peniques a 30 peniques, con lo que en realidad la tarifa de correos para la Unión Europea sería similar a la tarifa para los envíos a otros países extranjeros. 
Lo que yo digo es que este cambio es contrario al Artículo 6 y que, por lo tanto, la Comisión tiene la obligación de pedir a las autoridades postales del Reino Unido que le den una explicación sobre el particular. 
¿Podría usted contestarme detalladamente? 
Ante todo, agradezco al Sr. White que haya aclarado más aún el contexto en que se sitúa su pregunta. 
En efecto, puede haber una contradicción aparente entre tarifa única y precio adecuado a los costos, pero es una contradicción sólo aparente. 
El artículo 12 de la Directiva sobre servicios postales dispone, por una parte, que los precios estén relacionados con los costos y, por otra, que los Estados miembros puedan decidir si aplicarán o no una tarifa única en todo su territorio nacional. 
Estas dos afirmaciones pueden parecer contradictorias; sin embargo, la obligación de mantener la relación con los costos no implica una coincidencia total entre precio y costo, y deja a cada Estado miembro la posibilidad de aplicar una equiparación tarifaria para determinadas prestaciones del servicio universal. 
Agrego que establecer una distinción tarifaria basada en los costos entre los envíos nacionales y los intracomunitarios o, eventualmente, entre los envíos hacia distintos Estados miembros no constituye una violación del artículo 6 del Tratado, pues tal distinción no se basa en la nacionalidad sino en un criterio del costo real que implica la prestación de los diversos servicios. 
Asunto: Trabajos preparatorios para la integración del acervo de Schengen en el Tratado 
En virtud del Tratado, las disposiciones de Schengen relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la cooperación judicial en materia civil dependen del Título IV del Tratado constitutivo de la Unión Europea y las disposiciones relativas a la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal del Título VI del Tratado de la Unión Europea, el tercer pilar. 
¿En qué marco se va a integrar el SIS (y, más tarde, el SIE)? 
El artículo 286 del Tratado estipula que, a partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación a las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo. 
¿Cómo se va a reglamentar la protección de la intimidad en el marco del SIS? 
¿Se aplicará el artículo 286 también a los datos personales recogidos en el marco de iniciativas del ámbito del tercer pilar? 
La pregunta planteada por la Sra. Van Lancker tiene un carácter fundamental y requiere una respuesta breve, pero circunstanciada. 
El principio de la integración del acervo de Schengen dentro de la Unión Europea se ratificó en el Protocolo adjunto al Tratado de Amsterdam. 
Para conseguir tal integración, se adoptaron varias medidas; entre ellas, como se dispone en el artículo 2, párrafo 1 del Protocolo, la decisión del Consejo que determina, según las disposiciones de los tratados, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de Schengen. 
De conformidad con las disposiciones del Tratado de la Unión Europea hoy vigentes, la atribución del acervo de Schengen al primer y al tercer pilar sería una tarea muy ardua, si se piensa que las competencias entre los dos pilares mencionados no están repartidas con claridad. 
No obstante, el Tratado de Amsterdam aporta mayor claridad y el ejercicio de la atribución no tendría que suscitar demasiados problemas. 
En lo relativo a la repartición de las disposiciones sobre el sistema de información establecidas en Schengen, la Comisión considera que se debería determinar una doble base jurídica respecto al primer y al tercer pilar. 
El sistema de información de Schengen, en efecto, recoge datos referidos tanto al primero como al tercero. 
El artículo 96 del Acuerdo de Schengen, que trata de las categorías de los extranjeros a los que se señala entre los no admitidos, hace referencia a los controles en las fronteras externas, a la política de visados y a la inmigración, es decir, a datos que corresponden al primer pilar. 
En cambio, otras categorías de datos- por ejemplo, las indicaciones hechas acerca de la extradición- entran indiscutiblemente en el campo de la cooperación policial y judicial en los temas penales, y por lo tanto son competencia del tercer pilar. 
La determinación de la doble base jurídica no debería comprometer en nada el funcionamiento del sistema de información de Schengen. 
La doble base jurídica no es una novedad. 
Incluso el sistema informativo aduanero se funda en un reglamento del primer pilar y en una convención del tercer pilar de idéntico texto. 
Aun en lo relativo a las disposiciones específicas de Schengen sobre la protección de datos en el campo del sistema de información de Schengen, debería establecerse una doble base jurídica, de primer y tercer pilar. 
Las mismas normas, de este modo, se aplicarían a la protección de datos referidos a los sectores de competencia tanto del primer como del tercer pilar, en el intercambio de información a través del SIS. 
Por último, aún no está decidido si el artículo 286 del Tratado CE se aplicará al sistema de información de Schengen. 
En primerísimo lugar quisiera agradecer al Comisario su interpretación. 
Creo que está enteramente conforme con la mía. 
No puede ser que los instrumentos necesarios para la aplicación del nuevo pilar comunitario en relación con el libre tránsito de las personas se recoja bajo el tercer pilar. 
Pero, señor Comisario, me llegan desde el Consejo continuamente claras indicaciones y no de un Estado miembro del Consejo, sino de diferentes países del Consejo, de que el Consejo tiene una opinión completamente distinta, de que hay una voz muy fuerte en el Consejo para poner todo el sistema de información de Schengen y, por lo tanto, también el sistema de información de Europa en el futuro, bajo el tercer pilar con todas las consecuencias para el control parlamentario y judicial y para el derecho de iniciativa de la Comisión Europea en esta cuestión tan delicada. 
¿Puede decirme el Comisario qué argumentos, jurídicos y políticos, puede aducir la Comisión para convencer al Consejo de que no empiece a hacer trampas con los fundamentos jurídicos que se tienen que utilizar en esta materia para que el protocolo de Schengen se acople bien? 
Debo decir que el trabajo en curso, que he descrito brevemente, aún está en ejecución, a pesar de su complejidad. 
En la declaración referida al artículo 2 del Protocolo de Schengen, los Estados miembros acuerdan que el Consejo adoptará, antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, todas las medidas necesarias que se mencionan en el mismo artículo 2 y por tanto también la recién mencionada, relativa a la integración. 
Con ese fin establece que los trabajos preparatorios se inicien en el momento preciso para que queden terminados antes de esa fecha. 
Tengo que decir que después de la firma del Tratado de Amsterdam, la Presidencia luxemburguesa puso en marcha las tareas en la sede del Consejo, y que la actual Presidencia británica las ha retomado de inmediato. 
Ya están previstas varias reuniones con el fin de respetar el calendario fijado. 
Ya se han conseguido algunos resultados, lo que permite suponer que los plazos se mantendrán. 
Es decir que no hay motivos para ser pesimistas. 
Comprendo muy bien la preocupación de su Señoría, pero es evidente que, de esta manera, la Comisión participa de modo activo y constructivo en los trabajos del Consejo, para asegurar que la integración del acervo de Schengen en el ámbito de la Unión Europea se produzca dentro del pleno respeto de la Comunidad Europea y de la Unión Europea. 
También me parece evidente que el Parlamento Europeo debe comprometerse en la integración del acervo de Schengen, porque gracias a ella se determinará la base jurídica de las futuras propuestas destinadas a modificar este acervo, y el papel del Parlamento implica su intervención en tales propuestas futuras. 
Por lo tanto, me comprometo a proponer al Consejo que, llegado el momento, someta al Parlamento Europeo el proyecto de decisión relativo a la integración del acervo de Schengen. 
Mi pregunta sobre Schengen Information System se refiere a la función de control existente en lo que se llama JSA, Joint Supervisory Authority. 
Esta autoridad controlará que se respeten las normas existentes para este sistema. 
En la primera memoria que ha publicado este organismo se señalan deficiencias muy grandes en el sistema SIS, entre otras, insuficiente información a quienes se registran. Además, se destaca que hay distinta información acerca de una misma persona en las diferentes partes del registro. 
JSA manifiesta también que sus recursos, tanto presupuestarios como de traductores, son totalmente insuficientes para realizar estos controles. 
Se señala también que al menos en una oportunidad se les ha negado acceso al ordenador SIS aquí en Estrasburgo, cuando iban a intentar hacer una inspección in situ con sus expertos. 
Mi pregunta es si la Comisión tiene pensado reforzar los recursos de JSA, tanto presupuestarios como en lo que atañe a las autorizaciones para realizar su trabajo. 
¿Opina la Comisión que debe ser así? 
En cuanto a la autoridad de control común, naturalmente hay que esperar a que entre en vigor el Tratado de Amsterdam; en cambio, en lo que respecta a otros aspectos de su pregunta, considero que sólo los organismos del propio Acuerdo de Schengen estarían en condiciones óptimas para dar respuestas más exhaustivas. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que se ha mostrado claramente la estrecha relación que existe entre el Título IV y el Título VI del Tratado de la CE. 
Quiero preguntarle por la relación existente entre la cuestión de las fronteras exteriores, que está regulada por un lado, y la cuestión de la lucha contra el crimen organizado, que está regulada por otro lado. 
Creo que aquí es necesario abrir del modo correspondiente el sistema de información de Schengen y ver ambas cosas interrelacionadamente. 
Señoría, su observación desvela la finalidad misma de estas construcciones: asegurar al mismo tiempo un espacio de libertad de movimiento y un espacio de seguridad. 
Schengen nació en esta perspectiva y se está desarrollando dentro de esta perspectiva, e incluso su integración en el Tratado de Amsterdam se mueve decididamente en esta perspectiva. 
Las estructuras de información deben reflejar este doble objetivo fundamental. 
Pregunta nº 64 formulada por Graham Watson (H-0147/98): 
Asunto: Sistema de distribución de billetes para la Copa del Mundo de Fútbol de 1998 
Las autoridades francesas han propuesto un sistema de distribución de billetes para la Copa del Mundo de Fútbol de 1998, por el que se limita en todo el mundo la venta de estos billetes al 40 % del total, mientras que el 60 % restante se reserva para el mercado francés. 
Habida cuenta del precedente que supuso el «Cassis de Dijon» , ¿no considera la Comisión que el sistema previsto de venta de billetes supone una violación de la legislación del mercado interior? 
¿Prevé la Comisión investigar la operación prevista de venta de billetes? 
Señor Presidente, la Comisión Organizadora francesa de la Copa del Mundo de Futbol prevé principalmente un sistema de distribución de billetes basado en la exclusividad territorial que básicamente no permitiría la venta de billetes a otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Igualmente preveía la conexión de las ventas de los billetes con otros servicios, como son la estancia y los viajes. 
Tras la gestión de la Comisión Europea, la Comisión Organizadora estuvo de acuerdo en avanzar en algunos cambios que permitieran tanto a los tour operadores concretos como a las agencias de viajes, primero: vender o sólo los billetes o paquetes de servicios y segundo: que vendan también los otros países, y esto garantiza la competencia entre los distintos distribuidores en toda la Unión Europea. 
Tras las denuncias de la Prensa relativas a la infracción de las normas europeas de competencia en cuanto a la venta de billetes para la Copa del Mundo de Futbol de 1998, la Comisión se dirigió a la Comisión Organizadora francesa y a 5 tour operadores que habían sido elegidos para la venta de billetes en la zona de la UEFA. 
Estamos esperando las respuestas en cuestión y creemos que de esta manera la Comisión podrá formar una imagen completa de la forma en que la Comisión Organizadora francesa llevó a cabo la distribución de los billetes y también verificar si se infringieron las normas de competencia y en qué medida. 
Es caso de infracción de la legislación comunitaria estará debida, más bien, a la infracción de las normas europeas de competencia, principalmente de los artículos 85 y 86 del Tratado y no a la infracción de la jurisprudencia relativa al caso Cassis de Dijon que refiere el honorable miembro del Consejo, que incluye la supresión de las limitaciones cuantitativas de las importaciones entre los Estados miembros según el artículo 30 dl Tratado. 
De todos modos, por el momento, no se ha verificado ninguna infracción así en cuanto al la distribución de los billetes para la Copa del Mundo de Futbol de 1998. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Señor Watson, no hay en el Reglamento ninguna norma que prohíba a los diputados entrar en la sala con una pelota, pero lo que sí supongo es que no habrá ninguna marca sobre ella y no habrá publicidad subliminal en esta hermosa pelota que veo desde aquí. 
En todo caso, tiene usted la palabra para preguntar al Sr. Comisario durante el tiempo de un minuto. 
Puedo asegurarles que no tengo la intención de poner en juego la pelota en esta sala, pero éste es un excelente ejemplo que nos hará recordar la Copa del Mundo de fútbol. 
Agradezco al Comisario su respuesta. 
Es evidente que con arreglo al Artículo 7a del Acta Única Europea y con arreglo también a nuestro Artículo 85 cabe alegar que todo producto puesto legítimamente en venta en una parte de la Unión no puede ser objeto de una prohibición para importarlo a otra parte. 
En realidad la Comisión acaba de multar a Volkwagen con 68 millones de libras por infracción de ese principio. 
Según las informaciones que tengo, las autoridades francesas están impidiendo que las agencias que venden billetes y los operadores de viajes organizados vendan billetes fuera de Francia. 
Por ejemplo, un billete para el partido Brasil-Escocia, partido que costaría 50 libras en Francia, se ha vendido en el mercado negro británico por casi 800 libras. 
¿Han consultado las autoridades francesas a la Comisión antes de reglamentar la situación? 
¿No le parece al Comisario que esto es un escándalo? ¿No está de acuerdo en que es una infracción de los principios de la Unión Europea? 
¿Va a tomar medidas contra Francia si se concluye que ha infringido las disposiciones de los Tratados? 
Señor Presidente, para empezar permítame decirle que el balón que hay delante del escaño del Sr. Watson me recuerda mi infancia y la época en que tuve la oportunidad de dedicarme a este maravilloso deporte. 
Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios a las observaciones del Sr. Watson. 
Como ya les he dicho anteriormente, estamos a la espera de las respuestas a las cartas que enviamos a los tour operadores y a las autoridades francesas; hasta el momento no tenemos ningún elemento que nos confirme las denuncias de que realmente se de una infracción concreta. 
Lo que sí debo decir es que, como principio general, la Comisión cree que la competencia entre los distintos proveedores y los distintos productos conduce, con seguridad, al beneficio del consumidor en relación con un sistema de distribución exclusiva y de ventas comprometidas de los billetes. 
Nosotros vamos a insistir en la aplicación de las normas de competencia y creo que lo conseguiremos. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 65 y 66 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 65 formulada por Ludivina García Arias (H-0066/98): 
Asunto: Reducción de producción y empleo en la minería española 
¿En qué criterios cuantitativos se basa la Comisión para exigir el Director General de Energía al Plan de la Minería española, en el caso de las empresas con contrato programa, determinados porcentajes de reducción de producción y empleo? 
¿Cree sinceramente la Comisión que la Decisión 3632/93 CECA autoriza la utilización de un criterio de «esfuerzo comparativo con otros países» , cuando, durante su discusión y aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, se eliminó el concepto de «coste medio comunitario»? 
¿Cree la Comisión que se pueden medir igual deferentes situaciones nacionales de dependencia energética e indicadores de empleo y desarrollo económico? 
¿No es cierto que el abandono o fuerte reducción de la producción de carbón en el Reino Unido, Francia y Bélgica respondió a decisiones soberanas en materia energética de estos países? 
Pregunta nº 66 formulada por Juan Izquierdo Collado (H-0091/98): 
Asunto: El principio del diálogo social 
¿Qué importancia otorga la Comisión Europea al principio del diálogo social contemplado en el Tratado de la Unión Europea cuando desde Bruselas se cuestiona un acuerdo minero firmado entre el Gobierno español y los sindicatos? 
¿Se ha sentido aludida la Comisión Europea a la vista del conflicto social provocado por la carta del Director General de la Energía cuestionando parte del contenido de los acuerdos? 
Señor Presidente, le agradezco que me haya dado la oportunidad de dar una respuesta global a las preguntas que han formulado los ilustres miembros del Parlamento; pero por supuesto, espero contar con su comprensión ya que mi respuesta va a durar algo más de tiempo. 
Ante todo deseo expresar la preocupación de la Comisión por las consecuencias sociales y regionales del declive que castiga a la industria del carbón de la Unión Europea. 
Este declive es la consecuencia de las dificultades geológicas a que se enfrenta el sector y también del excepcionalmente elevado coste de producción que suponen. 
El coste de producción de las minas de carbón españolas, desgraciadamente, no es una excepción a esta norma. 
La Comisión conoce las dificultades que suponen los cambios económicos imprescindibles en algunas regiones. 
Por eso previó, excepcionalmente, en la decisión 3632/93/CECA que los Estados miembros tuvieran el derecho a financiar ayudas, a las empresas que no tengan perspectivas de viabilidad económica, para la limitación de sus actividades, permitiendo de este modo su adaptación gradual a la realidad del mercado en el marco de reducción de sus actividades. 
Sobre este tema, la Sra. García Arias nos ha preguntado si el abandono o la fuerte reducción de la producción de carbón en Francia, en Bélgica y en el Reino Unido fue el resultado de decisiones soberanas de estos mismos países sobre su política energética o no. 
Evidentemente, las decisiones sobre las cuales se hace mención en la pregunta principalmente están fundadas en la concienciación, por parte de los Estados miembros interesados, de que el futuro está muy difícil en zonas concretas. 
Por esta razón han decidido también que el coste que subvenciona el conjunto social deberá estar dirigido a gastos públicos que apoyen actividades con un futuro garantizado y seguro. 
Por parte de la Comisión, todas estas decisiones, unidas al Derecho comunitario, fueron objeto de examen y de toma de posturas. 
La pregunta en concreto, así como otras que han realizado otros miembros del Parlamento, parece que pone en tela de juicio el papel de la Comisión en los temas relacionados con el carbón, cuando las decisiones en este sector tienen repercusión en temas de política energética, de diálogo social y de empleo. 
Querría, pues, recordar que la Comisión Europea tiene en sus competencias inmediatas la aprobación de las ayudas que tienen la finalidad de conceder los Estados miembros a la industria de la minería del carbón, según la decisión 3632/CECA. 
Y en la realización de su labor la Comisión Europea respeta totalmente las particularidades nacionales que refieren los honorables miembros del parlamento y garantiza la colaboración de los estados, respetando sus respectivas competencias. 
Además, la Comisión Europea está dispuesta a escuchar a todas las partes interesadas que tienen derecho a presentar sus ponencias y sus observaciones en virtud del artículo 46 del Tratado CECA. 
En relación con la pregunta de la Sra. García Arias sobre los criterios en los que se basa la Comisión en el marco del régimen comunitario de intervenciones de los Estados miembros a favor de la industria del carbón del 28 de octubre de 1993, no desearía entrar ahora en detalles sobre la investigación de este caso que están llevando a cabo actualmente los servicios de la Comisión y a la que se añaden las cuestiones de competencia en el mercado común del carbón. 
Con todo puedo declarar que en cuanto al análisis de los programas de limitación de las actividades de empresas, los servicios de la Comisión no se basarán en criterios de esfuerzos comparativos con otros países, y creo que la Sra. García Arias está completamente informada sobre el desarrollo de las minas de carbón en los países que menciona en su pregunta. 
En el caso de Asturias, la Comisión toma en cuenta excepcionalmente los factores sociales y regionales que se expresan en el artículo 4 de la decisión 3632/93/CECA. 
Por consiguiente acepta que se produzca el cierre de las unidades después del 23 de julio del 2002; pero en el marco de un programa de reducción gradual y continua de la actividad que prevé una disminución seria antes de la mencionada fecha de cese del Tratado CECA. 
En este marco, los servicios de la Comisión que investigan el expediente relativo a los programas de recorte de la actividad de determinadas empresas han formulado diversas observaciones y han pedido determinadas informaciones, con vistas a que la Comisión esté en posición de dar una opinión concreta. 
Las observaciones que los servicios competentes han formulado están justificadas, por un lado, por las serias divergencias que se señalaron en el cumplimiento de los programas de las empresas concretas de 1994 a 1997 y, por otro, porque tienen como objetivo alinear los programas comunicados hacia los objetivos del artículo 4 de la decisión 3632/93 CECA. 
Entonces, basándose en sus decisiones, la Comisión tiene derecho, cuando formula observaciones o dictamina, a remitir a objetivos cuantificables. 
Creo que las observaciones que han formulado los servicios de la Comisión son observaciones realistas, son observaciones que no mencionan ni las condiciones sociales de los trabajadores que son despedidos de su de trabajo, ni los programas regionales de reorganización que prevén los proyectos. 
Creo que es igualmente útil recordar que en relación con la política del carbón no ha sido posible, según los debates en el Consejo, adoptar el principio del coste de referencia comunitario porque se juzgó que recomendaba una medida técnica excesiva. 
Y, exactamente por esta razón, se logró el consenso para que prevaleciera un principio de no intensificación de las ayudas a la luz de los precios del carbón en los mercados internacionales, elemento que es también un criterio cuantitativo. 
De hecho las ayudas no serían consideradas como transitorias sino para permitir el logro, con el paso del tiempo, de la competitividad o para contribuir en la solución de problemas de carácter social y regional que conectan con el declive del sector. 
El Sr. Izquierdo Collado se pregunta la importancia que otorga la Comisión Europea al principio del diálogo social. 
Debo decir que la Comisión Europea, y lo declaro aquí, da muchísima importancia a este principio que está contenido en el Tratado sobre la Unión Europea. 
Con el mismo espíritu cuida de que los acuerdos que son firmados en los Estados miembros, incluidas sus órdenes legislativas, respondan al Tratado de la Unión Europea. 
Por tanto es lícito que examine los acuerdos que se firman entre el Gobierno español y las organizaciones sindicales y que verifique su adaptación al Tratado antes de su aplicación. 
Ahora, en cuanto al conflicto al que alude el Sr. Izquierdo Collado, en el ejercicio de las competencias que les han sido asignadas con la decisión 3632/93 CECA, los servicios de la Comisión Europea investigan, y esto lo repito, investigan incluso el expediente con los proyectos de reestructuración en el marco en que se analizará la concesión de ayudas estatales a la industria del carbón española. 
Justamente por lo complicado del problema, así como por el clima que prevalece en la actualidad en la industria comunitaria del carbón, los servicios de la Comisión están forzados, según las órdenes de la decisión concreta, a llevar a cabo investigaciones en profundidad para estar en posición de dictaminar sobre el total del caso. 
Si se verifica que esto está de acuerdo con el Derecho comunitario, entonces la Comisión dará luz verde a la concesión de ayudas. 
Y en este marco los procedimientos de investigación de los casos están cubiertos por la confidencialidad y por consiguiente no son fuente de conflicto social, como ha sugerido el honorable miembro del Parlamento. 
Y ya que estamos hablando del Derecho comunitario, es aconsejable subrayar que ninguna de las partes se ha dirigido a la Comisión para investigar a priori las cuestiones que caen sobre las competencias de la Comisión. 
Lamento decir que no me ha contestado el Comisario. 
Yo le estoy pidiendo que me diga cuáles son esos criterios cuantitativos, de forma que me expliquen por qué se decía que a la Comisión no le parecía suficiente la reducción de varios miles de trabajadores, de empleos y de cientos de toneladas y, en cambio, establecía unos porcentajes determinados. 
Yo desconozco esos criterios. Y quería que me contestara. 
Y puestos a ser puntillosos, quisiera preguntar a la Comisión por qué no se ha preguntado en esa misma carta al Gobierno español la razón por la que no ha incluido ya en los presupuestos del Estado todas las ayudas complementarias. 
¿Por qué se aprieta por un lado y se es flexible por el otro respecto al Gobierno español? 
Pero a mí me interesaría mucho saber si, efectivamente, el artículo 4 habla, caso por caso, teniendo en cuenta los criterios regionales, sobre cuáles fueron los criterios en los que se basó la Dirección General de Energía para decir que la reducción tenía que ser de una forma o de la otra, sobre todo teniendo en cuenta que ya había habido una negociación en España. 
Señor Presidente, quiero asegurar a la sra. diputada que la Comisión Europea aplica el Tratado en todos los países y en todos los casos exactamente de la misma manera. 
No hay casos especiales y no hay interpretaciones especiales en cada caso. 
Sin embargo, la Comisión debe dictaminar en qué medida se corresponde con los objetivos generales y particulares de la decisión nº 3632/93 CECA cualquier programa que den a conocer los Estados miembros. 
Es justamente esta la brújula con la que nos orientamos al movernos. 
Naturalmente reconocemos que el futuro de la industria del carbón es un futuro que nos preocupa a todos nosotros. 
No preocupa sólo a las regiones, ni sólo a los Estados miembros. 
Es un tema al que la Unión Europea debe dar un peso especial precisamente por los grandes problemas sociales y económicos que se crean en todos los países. 
Y con este principio también nos moveremos en el futuro. 
En cuanto al caso concreto, no hubo antes ninguna consulta al Gobierno español. 
Lo que sí hubo fue un intento, por parte de la Comisión Europea, de encontrarse cerca del problema, de seguir el desarrollo, de examinar todas las propuestas presentadas. 
Por supuesto tuvimos contactos y colaboramos con los sindicatos y también con los funcionarios. 
Con todo, no ha habido negociación política o preacuerdo político entre la Comisión Europea y el Gobierno español. 
Señor Comisario, me gustaría centrarme en el motivo de la pregunta, para no generalizar. 
Y el motivo de la pregunta es que se produce un acuerdo entre los sindicatos mineros y el Gobierno español; existe una exhibición masiva del acuerdo por todos los medios de comunicación por parte del Gobierno; aparece la Unión Europea criticando e intentando incorporar reducciones de puestos de trabajo complementarias a las ya producidas, y de toneladas. 
Para ello utiliza la mano del Sr. Benavides, español, Director de Energía. 
En Asturias se comenta que el Sr. Benavides está perfectamente incentivado por el propio Gobierno español, que había firmado ese acuerdo en un primer momento. 
Se produce una frustración impresionante, una crispación grande en el sector, extremismos, violencia callejera, un muerto en Asturias, vuelta a la negociación, nuevo acuerdo entre el Gobierno español y los sindicatos mineros, y ahora tiene que volver a hablar la Comisión. 
La Comisión tiene que decir ahora si este segundo acuerdo le gusta o no, aunque es muy parecido al primero. 
¿Cuándo vamos a defender la imagen de la Unión Europea y no vamos a ser tan increíblemente contrarios a nuestra propia imagen, que damos peor imagen de la que tenemos? 
Señor Presidente, para empezar querría aclarar que la Comisión Europea se expresa por medio de sus Comisarios. 
Y las posturas políticas de la Comisión Europea tienen valor cuando las pronuncian los Comisarios de la Comisión Europea y, principalmente, los que tienen competencias en el sector. 
No conozco los comentarios del Secretario General concreto que menciona, del Sr. Benavides. 
El Sr. Benavides hace muy bien su trabajo, y no conozco exactamente qué comentarios hizo como tampoco conozco si se interpretaron correctamente estos comentarios. 
Con todo, lo que quiero asegurarles, y lo que conozco, son mis comentarios, mis declaraciones, y la expresión de mi voluntad política; tanto en relación con el Gobierno Español como con la prensa española. 
Y ustedes saben que mis posturas son muy claras. 
Estamos a la espera de las respuestas, estamos a la espera de la terminación de los acuerdos y examinaremos este acuerdo no sólo bajo el prisma de las consecuencias económicas que tenga sino también de las consecuencias sociales. 
La Comisión Europea no está dispuesta, en ningún caso, ni a crear explosiones sociales, ni a contribuir al fomento de los conflictos sociales que se crean. 
Más bien al contrario; estamos encaminados a encontrar una solución en base al tratado CECA, en base al Tratado de la Unión Europea y, por supuesto, en base a las prioridades del Gobierno español, de la región de Asturias, y de las necesidades locales. 
En cualquier caso, estamos preparados no sólo a debatir el acuerdo en cuestión entre los sindicatos, el gobierno y las empresas; sino también a acordar los programas que podrían contribuir al desarrollo de la región en los próximos años, a las formas alternativas de empleo, a la creación de otras formas de desarrollo económico; y en esta dirección estamos junto al pueblo de Asturias, y por supuesto, junto a todas las potencias sociales y económicas de la región. 
En esta dirección pues, y repito: basándonos en la legalidad que crean el Tratado CECA y el Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea colaborará tanto con el gobierno como con los sindicatos. 
Señor Comisario, me temo que incidimos en las mismas preguntas. 
La Sra. García Arias, el Sr. Fernando Morán, el Sr. Alonso Puerta y yo misma habíamos presentado una pregunta en la misma dirección, porque es verdad que hay una carta del Sr. Benavides, es verdad que esa carta se hizo pública, y es verdad que esa carta produjo un conflicto de consecuencias serias en Asturias. 
La pregunta plantea que no sólo hay que tener en cuenta la situación de la minería- la situación de la minería es muy grave en Asturias -, sino también la situación de la siderurgia, la de la construcción naval, la del campo y la de la fabricación de armas. 
Es decir, que confluyen una serie de sectores industriales en declive que hacen de Asturias una región problemática. 
La pregunta es: no sólo teniendo en cuenta el Tratado CECA y la situación de la minería, sino teniendo en cuenta todos estos aspectos de declive industrial asturiano, ¿tendrán en cuenta en este nuevo acuerdo al que acaban de llegar los sindicatos, que es nuevo y que parece que por lo menos satisface las esperanzas de las zonas mineras, esa situación de declive? 
Señor Presidente, quiero garantizar una vez mas al Parlamento que la Comisión Europea, con una atención especial y con una sensibilidad política especial estudia a fondo el expediente concreto sobre la industria del carbón en la región de Asturias. 
Y repito que estamos preparados para colaborar en la aplicación de programas especiales con vistas a crear nuevos puestos de trabajo. 
Sin embargo, en cuanto al acuerdo, la Comisión aún no ha concluido su examen. 
Al contrario, estamos esperando todos los detalles, todas las informaciones para preparar nuestra ponencia hacia la Comisión Europea porque, como ya saben, la decisión de la Comisión es el resultado de una labor conjunta y será una decisión conjunta del Cuerpo de los Comisarios. 
Con todo, deberemos tener todos los datos, todos los detalles para evaluar el acuerdo que se ha logrado. 
Sinceramente, deseo que se demuestre que el acuerdo se encuentra dentro de la legalidad y que, por consiguiente, la Comisión Europea apruebe este acuerdo. 
En ningún caso- lo repito- en ningún caso desea la Comisión Europea echar leña al fuego. 
En ningún caso la Comisión Europea va a contribuir a la creación de conflictos sociales. 
Más bien al contrario; estaremos al lado del Gobierno español, de las potencias productoras y sociales del país y de la región de Asturias para encontrar la mejor solución posible. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 67 caduca. 
Señor Presidente, según la propuesta de la Comisión para la revisión del programa comunitario de concesión de la marca ecológica, la Organización Europea de la Marca Ecológica (EMO) recibirá ayuda financiera de la Comisión los primeros cuatro años. 
La EMO tendrá, además, derecho al 50 % de las tasas medioambientales anuales de los organismos responsables. 
Los organismos responsables cubrirán posibles gastos adicionales. 
Es exacto que la Comisión no seguirá apoyando financieramente a la organización. 
La EMO se financiará, sin embargo, a través de las tasas medioambientales anuales y los organismos responsables continuarán contribuyendo económicamente a la EMO. 
Los ingresos provenientes de la tasa del programa comunitario dependerán del éxito del programa. 
Puede ser útil mencionar que la dirección de la marca ecológica británica ha recibido durante el año fiscal 1994-95 por un simple producto, la lavadora Hoover New Wave, más de 25.000 ecus. 
De acuerdo con la estimación de los organismos responsables, los ingresos globales provenientes de los impuestos comunitarios durante mayo de 1997- se trata de 30 licencias- fueron de 210.000 ecus. 
Desde enero de 1998 hemos expedido ya 35 licencias para un total de 192 productos. 
De ahí que sea extremadamente probable que la EMO llegue a autofinanciarse. 
Una evolución positiva irá unida a la capacidad de la EMO para establecer más grupos de productos y al mercado potencial de licencias de los organismos responsables. 
En este sentido es importante recalcar que se ha instaurado un techo para las tasas anuales, esto es, un techo de 40.000 ecus. 
La Comisión piensa que esto no tendrá consecuencias financieras para las marcas ecológicas nacionales, por cuanto se ha fijado un periodo transitorio de cinco años en el que será posible comercializar el régimen comunitario. 
Además, las mismas autoridades que están involucradas en los programas nacionales participan en el programa comunitario. 
Al recibir las tasas europeas que habitualmente son más altas que las nacionales, las autoridades sacarán provecho del nuevo programa. 
Y finalmente, las organizaciones ecologistas no gubernamentales estarán involucradas en la EMO en mayor medida que en el actual programa. 
Agradezco a Bjerregaard por su respuesta. 
Tengo dos preguntas complementarias. 
La primera se refiere a lo que sucederá después del período transitorio de cinco años, es decir, cuando la marca común, donde las haya, sustituya a las marcas nacionales. 
Si no he entendido mal, se prohibirán en la práctica las marcas nacionales en los lugares cubiertos por las marcas comunes de la Unión. 
Esta prohibición va a regir, además, aunque la marca ecológica nacional contemple mayores exigencias para los productos que la marca europea. 
¿Es ésta una apreciación correcta? 
La otra pregunta trata de la influencia de los movimientos ecologistas. 
Hay grandes variaciones en los distintos países sobre la influencia de los movimientos ecologistas en materia de marcas ecológicas. 
¿De qué manera podría una organización nacional ecologista influir sobre las nuevas marcas ecológicas? 
¿Cómo se puede tomar parte activa en este proceso? 
Creo que es muy importante pensando en la credibilidad de las marcas. 
Respondiendo a esta pregunta, diré que en este momento existe una propuesta de la Comisión, que aún no ha sido tratada en el Consejo. 
Esto quiere decir que por de pronto hablamos de la propuesta que hemos presentado y ha habido por supuesto algunas reflexiones sobre cómo sería la evolución con programas nacionales y cómo con un programa europeo. 
Cuando consideramos los exitosos y acertados programas nacionales existentes- el programa alemán del sello azul y el programa nórdico del cisne- es de hecho bastante obvio que los programas nacionales ante todo conceden la marca ecológica a productos nacionales. 
Hay un sesgo muy evidente en la concesión. 
Si una marca ecológica debe tener algún significado en el ámbito europeo, debe entonces evidentemente cubrir toda Europa en conjunto. 
De ahí que hayamos imaginado que un período transitorio de cinco años haría posible adaptar los programas nacionales a un programa europeo, de modo que obtuviéramos una situación mejorada y no empobrecida, tal y como el orador afirma en su pregunta mencionando una situación en la que se tenían estándares más altos de los que se tendría en el programa europeo. 
De ningún modo es nuestro propósito que éste vaya a ser el resultado. 
No se ha tomado postura alguna sobre cómo se reaccionará respecto a lo que suceda después de los cinco años. 
Es un período de adaptación y contamos con que pueda transcurrir tranquila y sosegadamente. 
Con la nueva estructura planteada en la propuesta, pensamos que las asociaciones ecologistas tendrán de por sí mayores posibilidades de participación de las que tuvieron en el antiguo programa. 
No obstante, soy consciente de que ésta no ha sido la opinión de las propias asociaciones ecologistas y de ahí que hayamos establecido contacto con ellas para en cualquier caso garantizar que no sigan produciéndose tales malentendidos. 
Pregunta nº 69 formulada por Antonios Trakatellis (H-0056/98/rev. 1): 
Asunto: Infracción de la legislación ambiental comunitaria por el previsto traslado de tenerías a la región de Dafni (Beocia) 
¿Está informada la Comisión de todo lo referente al traslado de plantas de curtido de pieles a la región de Dafni (Beocia) y a la aprobación ilegal por el Gobierno griego de la construcción en dicho lugar de un «Parque del curtido» ? ¿Sabe, en concreto, de las denuncias formuladas por las instancias competentes y los ciudadanos sobre el lugar de construcción y sobre la infracción de las Directivas relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente, a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a la conservación de las aves silvestres así como de la decisión relativa a la red Natura? 
¿Cómo se aprobó el expediente de cofinanciación del proyecto sin que incluyera mención alguna a la oposición manifiesta de la opinión pública y a los riesgos de degradación de la calidad de vida y del entorno? ¿Es posible que se financie a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional un proyecto que infringe la legislación comunitaria? 
La Comisión está informada del proyecto relativo al traslado de tenerías, pues éste está incluido en la financiación comunitaria dentro del programa operativo en favor de la industria dentro de los marcos de las ayudas comunitarias para Grecia. 
El objetivo de este programa es establecer un " Parque del curtido» en Beocia, Grecia, al que las antiguas tenerías diseminadas por otras zonas, entre ellas, la zona del Gran Atenas, puedan ser trasladadas con arreglo a los nuevos requisitos técnicos y medioambientales. 
En una fase anterior se han realizado una serie de estudios y de este modo puede disponerse de los datos necesarios para la ejecución de los proyectos cuya construcción aún no ha comenzado. 
Las autoridades griegas responsables consideraron que era necesario emprender una evaluación de impacto ambiental basándose en el carácter del proyecto. 
Esta evaluación se preparó con arreglo a las disposiciones nacionales para la puesta en práctica de la Directiva 85/337. 
Y el Ministerio adoptó la decisión, como conclusión al procedimiento, en el mes de junio de 1997 de aprobar el proyecto e incluir una serie de requisitos medioambientales que deberían cumplirse. 
La Comisión no dispone de datos detallados sobre la evaluación antes mencionada, pues este procedimiento compete a las autoridades nacionales y los servicios de la Comisión sólo intervienen en caso de infracción. 
El 22 de enero de 1998 llegó a la Comisión una denuncia formal relativa al proyecto antes mencionado y especialmente a la EIA. 
Los servicios de la Comisión están examinando esta denuncia conforme a los procedimientos en vigor, mientras que al mismo tiempo el asunto será planteado en la próxima junta de seguimiento del programa operativo en favor de la industria. 
Las autoridades griegas deberán por lo tanto presentar los datos necesarios. 
En relación con la tramitación de la denuncia, los servicios de la Comisión recabarán más datos sobre la ubicación exacta del proyecto en cuestión para determinar si una zona que está señalada o podría ser señalada por las autoridades griegas con arreglo a la Directiva 74/409, o que ha sido propuesta como una zona de especial vigilancia de interés comunitario en virtud de la Directiva 92/43 con vistas a su inclusión en la red NATURA 2000, debería verse afectada por el proyecto. 
Agradezco a la sra. Comisaria su contestación a mi pregunta. 
O sea; si he entendido bien, mientras se presentan estos estudios sobre el medio ambiente, que aún no se han hecho, y haya consecuencias en él, no habrá cofinanciación y el trabajo no va a avanzar. 
Si he entendido bien, porque no puedo entender cómo se ha decidido una cofinanciación sin haberse dado un estudio relativo a las repercusiones el medio ambiente mientras hay una gran oposición de la opinión pública y se sabe que el lugar es un biotopo. 
El Golfo de Eubea, al cual se derraman los vertidos de los parques de curtido, es mar cerrado. 
Entonces, ¿Cómo es posible que se haya aprobado la cofinanciación sin existir los proyectos que ahora nos menciona la sra. Comisaria? 
Y quisiera, si hay- que las hay- repercusiones en el medio ambiente, que se detuviera la financiación. 
Como dije en mi respuesta, la situación es la siguiente, la Comisión ahora ha recibido una denuncia y estamos obligados a atenernos a los procedimientos existentes, esto quiere decir que estamos ocupados en recabar los datos necesarios, y si la denuncia tiene base, hemos de tomar por supuesto las medidas necesarias con relación al proyecto. 
Sin embargo, tal como está ahora la situación, no puedo decir si hay o no base. 
Puedo decirle al Sr. Trakatellis que hemos recibido la denuncia y que estamos ocupados tramitándola. 
Pregunta nº 70 formulada por Anna Karamanou (H-0058/98): 
Asunto: Contaminación ambiental del Egeo 
El equilibrio ecológico de toda la región del Mediterráneo oriental se ve seriamente amenazado por la instalación en las costas turcas de cientos de industrias contaminantes que, según datos de las Naciones Unidas, la OCDE y el Ministerio del Mar Egeo, no disponen de dispositivos de tratamiento de residuos, en vulneración de las normas internacionales. 
Los contaminantes vertidos en el archipiélago del Egeo superan los límites internacionalmente admitidos y representan una verdadera bomba tóxica para la región. 
A esta pesadilla viene a añadirse la reciente decisión de Turquía de instalar una central nuclear en su costa meridional, en la región de Akköy, proclive a los movimientos sísmicos. 
¿De qué modo piensa intervenir la Comisión y qué medidas adoptará para proteger el equilibrio ecológico de la región? 
La situación a la que se refiere su Señoría afecta a problemas medioambientales que tienen su origen fuera del territorio comunitario. 
De ahí que las directivas comunitarias no sean de aplicación. 
Ya en 1995 propuso la Comisión iniciar una colaboración con Turquía dentro del campo energético. 
Las restricciones anejas a la puesta en marcha de la cooperación financiera con este país no han hecho posible, sin embargo, avanzar en este punto. 
En la comunicación de la Comisión del quince de julio de 1997 relativa a una desarrollo más amplio de las relaciones con Turquía se propone también reforzar la colaboración en el campo energético para de este modo estimular un desarrollo sostenible en este país e integrar este sector dentro de las otras políticas económicas. 
Semejante colaboración requiere la provisión de medios por la vía del presupuesto comunitario. 
Turquía, no obstante, es parte contratante en el Convenio para la protección del Mediterráneo contra la contaminación, lo que llamanos el convenio de Barcelona, y especialmente, el Protocolo de protección del Mediterráneo contra la contaminación de origen telúrico. 
Turquía está por lo tanto obligada a cumplir con las disposiciones de estos acuerdos internacionales en la medida en la que sean de aplicación en los casos en cuestión. 
Sin embargo, le compete exclusivamente al gobierno turco tomar las medidas necesarias con vistas a remediar la nociva acción de la contaminación que amenaza el ecosistema del Mar Egeo. 
Por lo que se refiere a los planes turcos de construir una central nuclear en la región de Akköy, debe recordarse que una decisión al respecto, de la cual sólo Turquía es responsable, está condicionada por una valoración de las necesidades energéticas globales del país. 
No obstante, se trata de un proyecto que tiene transcendencia para las empresas industriales comunitarias. 
El plazo del concurso internacional de licitación convocado por las autoridades turcas para la construcción de la central de Akköy expiró el 15 de octubre de 1997. 
Turquía está ocupada en la actualidad examinando las ofertas de los diferentes consorcios. 
El señor Ministro de la Energía turco ha informado que la decisión definitiva sobre la selección será tomada en abril de 1998. 
El señor Ministro dijo también que se cuenta con que la producción de energía se inicie en el año 2006. 
De los datos que la Comisión ha recabado se desprende que las autoridades turcas han elegido la región de Akköy tras una serie de estudios a fondo de las circunstancias sísmicas, geológicas y medioambientales realizados por los departamentos especializados de varias universidades turcas. 
Señora Comisaria, muchas gracias por sus respuestas. 
Sin embargo, conociendo su sensibilidad, esperaba que nos comunicara algunas medidas concretas para proteger el Egeo; esta única belleza del archipiélago que es una valiosa herencia para la Unión Europea. 
Por supuesto, sabemos que los vertidos contaminantes no conocen fronteras; pero creemos que la Unión Europea, con los acuerdos de colaboración con Turquía, puede presionar para que este país se adapte a sus obligaciones internacionales. 
Turquía ha firmado el Acuerdo Internacional de Barcelona y no se justifica que tenga unos límites de contaminación tan elevados. 
Por ejemplo, el límite que pone Turquía al cadmio es de 2 mg, es decir, diez veces más elevado que el límite de la Unión Europea. 
Igualmente sólo el 20 % de sus industrias dispone de las instalaciones adecuadas contra la contaminación. 
Creo que la Unión Europea puede presionar a Turquía para que se adapte a sus obligaciones internacionales como lo hacemos con otros países mucho más alejados de la Unión Europea, con países que no forman frontera con la Unión Europea, a los que imponemos cláusulas de protección del medio ambiente. 
Soy consciente de que varias veces se han planteado en este Parlamento preguntas sobre este asunto, y me temo que tengo pocas novedades que añadir. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Karamanou en que desde luego debemos emplear todas las posibilidades existentes en los acuerdos internacionales y es evidente por supuesto que los compromisos contenidos en el convenio de Barcelona deben también utilizarse con relación a Turquía. 
Mis informaciones son que también lo serán, no obstante, en vista de la pregunta y las observaciones complementarias habidas, me gustaría asegurarme una vez más de que empleamos todas las posibilidades disponibles. 
Señora Comisaria, aparte del tema que le ha presentado mi colega, la Sra. Karamanou, hay otros dos problemas relacionados con esta fábrica. 
El primero es que estos reactores del tipo Kantou, de origen canadiense, según las opiniones de los científicos canadienses y de los profesores de la universidad de Ankara, los Srs. Kilik y Kantiroglou, con un método muy concreto pueden enriquecer sus deshechos radioactivos con plutonio y transformar esta fábrica en una fábrica de armas nucleares. 
Este es el primero de los temas. 
El segundo es que tanto la Comisión Internacional de Energía Nuclear de Viena como las comisiones correspondientes en Canadá y en los Estados Unidos de América proceden a una crítica muy severa sobre la calidad de las centrales Kantou en cuanto a la seguridad nuclear. 
¿Cómo es posible que la Unión Europea dé dinero para cerrar la fábrica de Chernobil y de Kozlonduy y no se interese por los reactores nucleares que ya presentan problemas, como se subrayó en la Conferencia sobre el Medio Ambiente en Kyoto, en la que participó también Europa, y en la que Argentina y Corea del Sur, estados que tienen este tipo de reactores, decidieran cerrarlos por razones de seguridad? 
Les ruego se ajusten al tiempo de que disponen. Si no lo hacen así, ello será en detrimento de otras preguntas, que no podrán recibir respuesta oral. 
Señora Bjerregaard, tiene usted la palabra para contestar, también lo más brevemente que pueda. 
Yo en cambio puedo hacerlo brevemente, pues no tengo en sí nada que añadir a la respuesta que dí anteriormente. 
No tomo en cuenta los problemas particulares que la señora miembro ha mencionado en sus preguntas. 
No está demostrado por ningún material que haya tenido a mi disposición, así que lamentablemente no puedo entrar en detalles en las preguntas planteadas. 
Señor Presidente, el año pasado estuvimos en Atenas con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Allí existe una excelente instalación depuradora de aguas y actualmente se está construyendo una segunda fase. 
¿Puede decirnos cuándo va a terminarse esta segunda fase? 
He de decir que el Sr. Rübig tiene gran confianza en mi habilidad para conocer todo lo que acontece en la Unión Europea. 
No obstante, debo decir que sin previo aviso no estoy en condiciones de contestar a la pregunta planteada. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Me han pedido la palabra para una cuestión de orden los Sres. McMahon y Eisma. 
Les voy a conceder la palabra de conformidad con el Reglamento, pero les recuerdo que el tiempo que ustedes utilicen irá en detrimento de otras preguntas, a las que la Comisión no podrá responder sino por escrito. 
Señor Presidente, he de plantear una cuestión de orden y no hay razón alguna para que me disculpe por ello. 
Me parece que debería haber más equidad en la forma de tratar los casos sobre los cuales se pronuncia usted. 
Llevo esperando bastante tiempo. 
El Comisario Papoutsis necesitó 12 minutos para contestar la pregunta de la Sra. García Arias. 
Creo que los Comisarios deben saber- y si consulta usted el Reglamento encontrará la respuesta en el apartado 7 del anexo II- que las respuestas de la Comisión deben ser breves. 
¿Van a discutir sus servicios esta cuestión con la Comisión? 
No deja usted pasar la ocasión de reprochar a los diputados que han rebasado en un minuto su tiempo de palabra, y permite usted que los Comisarios utilicen impunemente hasta 12 minutos. 
A los diputados que han presentado preguntas o que están sentados esperando pacientemente la oportunidad de formularlas, se les ha negado la oportunidad de recibir una respuesta a los problemas de sus circunscripciones de la Unión Europea. 
Gracias, señor McMahon. 
Tomo nota de su observación, pero me permito recordarle que el Sr. Papoutsis ha respondido simultáneamente a dos preguntas, la de la Sra. García Arias y la del Sr. Izquierdo Collado. 
Por lo tanto, estos doce minutos hay que repartirlos en dos preguntas. 
El señor Eisma tiene la palabra para una cuestión de orden. 
En primer lugar quisiera recomendar a mi colega griego, si están tan preocupados por la contaminación del Mar Egeo por las pequeñas industrias de Turquía, que procuren lo antes posible que se pueda aplicar el programa MEDA a Turquía y que también Turquía declare aplicable el protocolo financiero de la Unión aduanera. 
Entonces tendríamos dinero para ayudar a Turquía. 
Mi pregunta al Comisario es: ¿está dispuesto a incluir tantos proyectos medioambientales como sea posible en el programa MEDA? 
Señor Eisma, por favor, es que usted seguramente estaba hablando con el Sr. Lindqvist y no ha escuchado el problema que teníamos planteado, y es que habíamos agotado las preguntas complementarias relativas a dicha pregunta. 
Por lo tanto, les ruego a ustedes que estén atentos y ayuden a esta Presidencia. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a este bloque, las preguntas núms. 71 a 74 se contestarán por escrito. 
Respondiendo a esa pregunta, le comunico que hasta ahora Belgrado ha rechazado la solicitud de la UE de establecer una representación en Pristina. 
Las autoridades de Belgrado sostienen el criterio de que la cuestión de Kosovo es un asunto interno y rechazan cualquier intento de la comunidad internacional que tenga como objetivo la reducción de las tensiones internas. 
Una tras otra vez se le insiste, también por parte de la Unión Europea, al presidente Milosevic para que inicie un diálogo constructivo con los albaneses de Kosovo, a fin de que se llegue a unos acuerdos sobre un importante nivel de autonomía para Kosovo. 
Mantener dicho diálogo es una de las condiciones que la Unión Europea puso para el desarrollo de las relaciones con la antigua república de Yugoslavia. 
Estas condiciones, que están recogidas en el denominado enfoque regional, vigilan también la ejecución de las obligaciones resultantes de los acuerdos de Dayton, el desarrollo de buenas relaciones con los países vecinos, el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías, y la libertad de expresión de los medios de comunicación. 
Mientras no se cumplan debidamente estos criterios, no está en el orden del día una eventual ampliación de la relación con la Unión Europea. 
El último informe sobre la situación de las condiciones, a finales del año pasado, nos llevó a no prorrogar temporalmente las denominadas medidas autónomas de comercio. 
Por consiguiente, no se puede hablar todavía de ningún apoyo financiero por ejemplo en el marco del programa PHARE. 
Señor Comisario, creo que debemos intentar por fin ejercer presión sobre Belgrado, tal como hacemos también en otros lugares, pues desde hace años se nos considera como unos ridículos tigres de papel ya que, al contrario que los Estados Unidos de América, no estamos siquiera en situación de abrir una oficina. 
Si no adoptamos sanciones no podremos imponer siquiera esta exigencia mínima. 
Quiero decir además que en mi opinión no se trata de derechos de minorías sino del restablecimiento de la autonomía de Kosovo, donde el 90 % de los habitantes son albaneses. 
Allí no se trata solamente de derechos humanos sino de la negativa elemental de los derechos humanos, se trata de asesinatos y de represión brutal y sobre todo de que próximamente va a estallar allí una guerra y no estamos siquiera en situación de abrir una oficina a la que se puedan dirigir las personas necesitadas. 
Tendremos por ello parte de la culpa si allí corre la sangre. 
Para llegar a una solución del problema de Kosovo, es imprescindible un diálogo entre Belgrado y Pristina. 
Es precisamente ese diálogo el que se ha pedido a nivel internacional a Milosevic. 
Le señalo la iniciativa franco-alemana. 
Le señalo la carta de la Unión Europea y de los Estados Unidos al presidente Milosevic. 
Le señalo la declaración de la conferencia PIC en Bonn. 
Le señalo la constitución, por el grupo de contacto, el pasado 8 de enero del grupo de trabajo de Kosovo. 
Una medida importante que despertara confianza podría ser por ejemplo la aplicación del acuerdo de enseñanza al que se llegó entonces entre Belgrado y Pristina, que la Comisión por otra parte está dispuesta a apoyar, también materialmente si fuera necesario. 
Dado que no mantenemos relaciones especiales con Belgrado, también es extraordinariamente difícil hablar de sanciones. 
Las preferencias comerciales autónomas no se prorrogaron la última vez. 
¿Cómo tendríamos que presionar más de lo que hemos hecho hasta ahora con nuestras iniciativas? 
Esto no quiere decir que no esté de acuerdo con el Sr. Posselt de que la situación en Kosovo es extremadamente explosiva y que, efectivamente, puede conducir fácilmente a un conflicto y que debemos seguir haciendo todo para intentar prevenirlo y que debemos seguir reflexionando sobre cómo podríamos lograrlo. 
Pero el camino a recorrer no es fácil. 
Sobre todo no lo es porque Milosevic no ha cumplido todavía las condiciones que se recogieron entonces en el informe González y que cada vez se vuelven a verificar de nuevo y por basarnos en ellas, se rechazan de hecho también unas relaciones más estrechas con Yugoslavia. 
Como punto final, la Comisión enviará en marzo, o sea el mes que viene, de nuevo un informe al Consejo, en el cual se hace una evaluación de la situación y de la evolución en las antiguas repúblicas yugoslavas y, sobre la base del cual, se estudiará más de cerca si son posibles unas medidas más drásticas, alentadoras o sancionadoras. 
Hablaremos entonces también de la situación de Croacia, de la situación de Bosnia y ya veremos entonces. 
Una vez más, esta respuesta no tiene la intención de menospreciar de ninguna manera la preocupación que con razón ha expresado el Sr. Posselt. 
Señor Comisario, en primer lugar quiero decir que estoy muy satisfecho de que usted haya dicho que hay que adoptar todos los medios para hacer algo en favor de Kosovo, pero que nuestros recursos son algo limitados. 
Creo que si se contempla la situación en Albania y se ve cómo se agudiza, a nadie le puede convencer decirle que la situación en Kosovo puede mejorar. 
La situación allí se agudiza cada vez más con el régimen socialista que adopta ya tendencias bastante fascistas y que realmente es algo problemático. 
¿Ve usted allí una relación y qué podemos hacer en este sentido? 
La segunda pregunta es la siguiente: si queremos crear realmente una oficina de la UE para Kosovo- y esta resolución y la voluntad para ello existen- y no lo podemos abrir actualmente en Pristina ¿existiría una posibilidad de establecer aquí esta oficina al menos provisionalmente para llevarla más adelante directamente a Pristina tan pronto como podamos hacerlo, para que al menos exista una oficina que sea un interlocutor para los albaneses en Kosovo y que se ocupe directamente de sus preocupaciones? 
No creo que el Sr. Habsburg haga justicia a la postura del gobierno albanés, sobre todo cuando se trata de la postura en relación con la situación actual de Kosovo según lo que el gobierno albanés, creo, no nos da ningún motivo para suponer que se alentaren desde Tirana los elementos separatistas o violentos de Kosovo. 
La verdad es justo lo contrario. 
De nuestras conversaciones con los albaneses y también con el primer ministro ha resultado que sienten una responsabilidad compartida para intentar prevenir una explosión en Kosovo. 
Que no ven con buenos ojos cómo Belgrado rechaza de hecho cualquier diálogo entre Belgrado y Pristina, está claro. 
En lo respecta a la oficina en Pristina, recibimos regularmente delegaciones de Kosovo en Bruselas. 
Francamente, no veo directamente el sentido de abrir aquí en Bruselas dicha oficina. 
Se trata justamente de una presencia en Kosovo, que nos facilita empezar programas allí, organizar programas intercomunales. 
Pero Kosovo con su autonomía limitada o ampliada, es y sigue siendo parte de esa república de Yugoslavia. 
Eso significa por lo tanto también, que sí nos hace falta por lo menos un visto bueno de Belgrado para la elaboración de programas. 
Pregunta nº 76 formulada por Angela Kokkola (H-0011/98): 
Asunto: Instalación de una central nuclear en Turquía 
Turquía se dispone a instalar reactores nucleares para la producción de electricidad en la región de Akkuyu, apenas a 477 km de Rodas y 150 km de Nicosia. 
La construcción de dichos reactores presenta un alto riesgo para la Europa suroriental y el Asia occidental, debido a la elevada incidencia de seísmos en la región así como a la fuerza de las corrientes atmosféricas. 
Huelga decir que ello entraña un considerable riesgo ambiental. 
Asimismo, conviene señalar que dicha central sólo cubrirá el 2 % de la demanda de energía eléctrica del citado país. 
¿No piensa intervenir de inmediato la Comisión Europea, dado que la instalación de los citados reactores nucleares supone una carga ambiental para un Estado miembro de la Unión Europea así como para un país candidato a la adhesión, como es Chipre? 
¿Qué medidas tiene intención de tomar la Comisión para establecer una normativa referente al comercio de la tecnología nuclear? 
La instalación de una central en Akkuyu en Turquía depende de una decisión de un estado soberano sobre el que la Comisión no puede ejercer ninguna influencia. 
Las instalaciones se encuentran fuera del territorio comunitario y, por consiguiente, las normativas comunitarias no son aplicables. 
Por otra parte, Turquía no ha solicitado a la Comunidad ninguna aportación financiera para este proyecto. 
Las autoridades turcas han lanzado una licitación internacional para la construcción de la central que se cerró el 15 de octubre. 
Actualmente, Turquía está estudiando las ofertas de los diferentes consorcios y el ministro turco de energía ha anunciado que en abril de 1998 se tendrá que tomar la decisión final. 
De la información recogida por la Comisión, resulta que las autoridades turcas eligieron Akkuyu después de que los departamentos especializados de una serie de universidades turcas hubieran hecho una investigación a fondo que se concentraba sobre todo en los aspectos sísmicos, geológicos y medioambientales. 
Una evaluación de los aspectos de seguridad nuclear de la central sólo será posible cuando las autoridades turcas hayan optado por una de las diferentes ofertas de modo que se sabrá qué tecnología se utilizará. 
Señor Comisario, lo siento muchísimo pero por mucha amabilidad que reúna no puedo decir que me haya satisfecho su respuesta. 
¿Es posible que estemos debatiendo sobre Turquía, que queremos que venga, que llegue al nivel de entrar en la Unión Europea, y que digamos que la Comisión Europea no puede intervenir en un país como Turquía, cuando crea un reactor nuclear que va a causar tanto mal no sólo a Grecia, como ha dicho el Sr. Eisma? 
El daño que va a causar lo hará en la zona sudoriental de Europa y llegará también a Asia. 
No olvidemos Kozlonduy y no olvidemos las armas químicas que llegarán desgraciadamente hasta el Egeo, de una guerra próxima en Irak. 
Quiero añadir aquí que no me satisfizo tampoco la respuesta de la Sra. Bjerregaard, porque incluso en Turquía, en donde sabemos que los derechos humanos son tan violados, se han puesto en marcha organizaciones ecologistas y protestan por la desaparición de muchas especies como la foca monachus-monachus y otras. 
Muy brevemente, Presidente, porque en el fondo no es posible contestar esta pregunta mientras no sepamos qué tipo de central se va a construir allí. 
No existe ninguna prohibición de construir centrales nucleares, tampoco para los países que aspiran a entrar en la Unión Europea. 
O sea, ¿no es un poco prematuro, antes de que se conozca algún detalle de ese proyecto, expresar ahora ya una especie de veto, sin tener en cuenta el hecho de que, y lo repito, la Unión Europea no tenga ningún derecho a influir de hecho en la construcción de esa central? 
Esa es una decisión del gobierno turco. 
Pero una vez más, cuando se sepa más y si se tratara de datos preocupantes, estaríamos muy dispuestos a expresar nuestra reacción en nuestros contactos regulares con Turquía. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms 77 a 144 se contestarán por escrito. 
Agradezco a los servicios de la sesión plenaria y a los intérpretes la paciencia de que han dado muestras al haberse prolongado la sesión unos minutos más de la hora prevista. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor- Calidad de la gasolina y el gasóleo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, continúa el debate conjunto sobre la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. 
Señor Presidente, ante todo tengo que decir que la intervención de los Comisarios me ha dejado la sensación de que, infortunadamente, sobre estas directivas todavía existe poca disposición al diálogo entre la Comisión y el Consejo, por una parte, y el Parlamento por otra, de modo que, por desdicha, no encontramos aún esas aperturas que esperábamos. 
Por otro lado creo, como ya se ha dicho, que la gran cantidad de muertos y los graves daños provocados por la contaminación atmosférica, en gran medida derivada del tráfico automotor- en cuanto a los daños, pensemos en la lluvia ácida -, imponen decisiones firmes en plazos breves, aunque estemos convencidos de que no podremos resolver el problema ocupándonos sólo de las gasolinas y de los automóviles. 
Por supuesto que se necesitan otras iniciativas, por ejemplo la introducción de nuevos carburantes, la utilización de sistemas de transporte innovadores, pero sobre todo hay que incentivar el transporte colectivo y desviar a pasajeros y mercancías hacia medios de transporte menos contaminantes: todas estas cosas están fuera de esta disposición, pero si no pensamos en ellas difícilmente llegaremos a nuestro objetivo. 
En lo que respecta a las dos directivas en cuestión, los Verdes compartimos sin duda la visión de los problemas planteados por los ponentes y las soluciones propuestas en sus informes. 
En particular, pensamos que se debe rebajar el nivel de los sulfuros en las gasolinas, reducir hasta valores seguros la cantidad de aromatizantes y poliaromatizantes, eliminar por completo el plomo y, en cuanto a los sistemas automovilísticos, introducir un sistema de garantía de equipamiento de diagnóstico incorporado para todos los medios. 
Sin embargo, es evidente que no se debe decir que las disposiciones a adoptar hacia el 2000 están demasiado cercanas, para demorarlas hasta el 2005 y decir a continuación que no son obligatorias: ¡o son obligatorias o no tienen ningún sentido! 
Señor Presidente, esta tarde estuvimos hablando de la Cumbre de Kyoto y de las emisiones de CO2. 
El debate que vamos a tener ahora tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando esta tarde. 
De hecho, en la comunicación de la Comisión de últimos de 1997 sobre la Cumbre de Kyoto se hace referencia a aquellos sectores que producen más CO2- que es uno de los gases de invernadero más peligrosos- y se dice claramente que el transporte, si no se toman medidas, aumentará en el año 2010 en un 31 % su participación en las emisiones de CO2. 
Por lo tanto, vamos a hablar ahora de esto. 
A mí me parece que el enfoque del ponente es un enfoque acertado. 
Prevé medidas integradas globalmente, es decir, que no se actúe sólo sobre el empleo de técnicas más avanzadas en la producción de motores, sino que se actúe sobre una mejor calidad del carburante, que se actúe en terrenos como el control del tráfico, que se actúe en terrenos como la potenciación del transporte público- no se está haciendo demasiado en ese terreno -, que se tengan en cuenta las redes transeuropeas de transporte, que se tengan en cuenta los combustibles alternativos. 
Es decir, propone una serie de medidas integradas que es muy importante tener en cuenta. 
También se menciona en el informe que la calidad de los carburantes tendría efectos inmediatos si se pusiera en práctica- más allá de los propios avances en la producción de motores -, porque afectaría a todo el parque automovilístico europeo, pues, como muy bien dijo el ponente, hay países- como el mío, España- que tiene un parque automovilístico muy viejo y que costará mucho renovar. 
Y en definitiva, señor Presidente, a mí me parece que este Parlamento necesita mañana una clara mayoría para aprobar estos informes, y el Parlamento tendrá más capacidad de discusión en ese proceso de codecisión si tiene una postura firme y clara, como la que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Si se fijan ahora de forma vinculante los valores para el 2005, se da claridad a la industria. 
En este punto estoy completamente de acuerde con ambos ponentes. 
Valores vinculantes para el 2005, tanto para los vehículos como para los carburantes, son sin duda necesarios. 
Bien es verdad que harán falta unas inversiones considerables, pero técnicamente es realizable y para la calidad del aire es una necesidad. 
Sólo en el punto del catalizador DeNox hace falta un poco de paciencia. 
La enmienda 28 que reduce el contenido de azufre hasta 100 ppm en el 2000 me parece muy realista. 
Cuando el nuevo catalizador esté en producción, también tendrá que estar disponible por lo menos el carburante de bajo contenido de azufre. 
Apoyo enérgicamente las enmiendas referentes al " On-Board-Diagnostics» y al arranque frío. 
También suscribo las pruebas de resistencia después de diez años. 
Algo se mueve en el frente de las exigencias de CO2, como leí, aunque las señales no sean tan positivas. 
Ahora que se reducen considerablemente las emisiones de gases altamente contaminantes, es hora de que se haga algo más para la reducción del consumo de carburantes en general. 
Sobre todo cuando ahora resulta que con pequeñas mejoras tecnológicas se pueden conseguir grandes ahorros en carburantes. 
Pienso al respecto en el coche de fricción, con el que se puede conseguir una reducción del veinte por ciento. También señalo el desarrollo del coche de cinco litros. 
¿Toma en consideración la Comisaria la posibilidad de imponer una legislación vinculante a nivel europeo? 
Nuestra opinión es que ya es hora para ello. De esa forma los acuerdos de Kioto podrían ser alcanzables. 
Señor Presidente, el comienzo del próximo milenio verá, por fin, la puesta en marcha de una política de los transportes europeos por carretera centrada en la lucha contra la contaminación atmosférica derivada del tráfico automotor, y si tuviéramos que medir su eficacia, habida cuenta de la gran cantidad de medidas previstas, sin duda tendríamos que declararnos más que optimistas. 
El programa común del Ejecutivo y de las industrias automovilística y petrolera de la Unión, Auto/Oil, ha definido una estrategia directa para la reducción de las emisiones de gas de los vehículos de motor, para mejorar la calidad del aire, y ha fijado dos plazos, el año 2000 y el 2005, fechas hasta las cuales tendrían que quedar determinados la calidad de los carburantes y los valores límite de las emisiones. 
En los dos informes que se discuten, de la Sra.Hautala y el Sr. Lange, entre los puntos importantes del programa Auto/Oil se advierte una sutil contradicción entre el hecho de que mejorar la calidad de los carburantes desencadenará efectos inmediatos tanto sobre los vehículos nuevos como sobre los más viejos, y el hecho de que los valores máximos y la mejora de los motores, por el contrario, tendrán que aplicarse sólo a los vehículos nuevos. 
Nos parece oportuno señalar tres puntos: primero, conjugar el respeto hacia el ambiente con el respeto hacia el trabajo y la investigación industriales; segundo, fijar por completo hasta el 2005 el régimen definitivo; tercero, establecer con firmeza el principio del " quien contamina paga» , y a la vez prever desgravaciones fiscales a quien invierta con el fin de mejorar la calidad; es justo que se premie a los capitales invertidos en la investigación y a los dedicados a la posibilidad de servir un producto adecuado y menos contaminante. 
En nuestra opinión, también habría que prohibir la comercialización de la gasolina que contiene plomo en todos los Estados miembros ya desde el 2000, independientemente de los problemas económicos que la prohibición pudiera causar, que en nuestra opinión podrían evitarse si se interviene ahora, tempranamente. 
En todo caso, se debería reproducir la decisión del Consejo que fija valores obligatorios para el 2000 y valores indicativos para el 2005. 
En lo que se refiere al carburante diesel, hacemos nuestra la propuesta del Presidente del PSA Citroën-Peugeot, que hace poco habló de la posibilidad de usar biocarburantes sin aumento de costos para la industria automovilística, en especial el dister, un diesel de alta concentración y gran protección ambiental. 
Una mejor concepción de los motores, un mejor control técnico, controles más frecuentes y la aplicación de nuevos tipos de carburante, junto a una gestión más eficaz del tráfico y de los transportes públicos son también elementos importantes en la campaña de reducción de las emisiones. 
Además consideramos que toda una serie de nuevas tecnologías podría ponerse a punto para combatir con eficacia la contaminación: me refiero, por ejemplo, al equipamiento con sistemas de diagnóstico incorporados. 
En nuestra opinión, se podrá poner a punto toda una serie de nuevas tecnologías para combatir con eficacia la contaminación: me refiero, por ejemplo, al equipamiento con sistemas de diagnóstico incorporados. También pensamos que es importante perfeccionar la directiva sobre las emisiones de CO2 debidas a los vehículos de motor, en la actualidad en la fase de trámite, al mismo tiempo que la propuesta de instaurar un sistema de incentivos fiscales, que no tiene que significar una nueva imposición fiscal sino un control y una verificación más eficaz que los existentes. 
Señor Presidente, todo ciudadano- y no uno sí y otros no- tiene derecho a respirar aire limpio y a proteger su salud. 
Este criterio y el incremento de la contaminación atmosférica debido al doble sistema de los combustibles utilizados por el tráfico llevaron al Parlamento Europeo a votar, en primera lectura y por mayoría absoluta, la modificación de esta Directiva para mejorar la calidad del aire que respiramos. 
No cabe duda de que el derecho a la salud, contemplado en el Tratado de Amsterdam, y la posición del Parlamento Europeo encontraron eco en el Consejo, aunque este eco aún resulta insuficiente al ser algunos valores límite meramente indicativos. 
Por lo dicho, no dudamos de que, como ya lo ha hecho el sector del automóvil, algunas empresas petroquímicas, a pesar de la inmisericorde presión a la que nos han sometido, harán las inversiones necesarias para ofrecer combustibles de mejor calidad cuando así lo requiera la salud de sus accionistas y clientes. 
Por cierto, también ciudadanos. 
Sería grave que primasen los intereses privados sobre la calidad del aire que respiramos, máxime tras la Cumbre de Kyoto. 
A todos nos consta el alarmante aumento de la contaminación atmosférica en los núcleos urbanos: incluso en ciudades como París, Atenas o Bolonia tuvieron que prohibir ocasionalmente el tráfico para solucionar este grave problema de salud, y algunas ciudades- y me importa subrayarlo- son del sur de la Unión. 
Yo, desde mi responsabilidad y cumpliendo con el artículo 2 de nuestro Reglamento que dice así: » Los diputados al Parlamento Europeo ejercerán su mandato con independencia, no estarán sujetos a instrucciones ni a mandato imperativo alguno» , votaré a favor del informe de la Sra. Hautala, es decir, a favor de la salud y del medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, lamentablemente el Comisario Bangemann ya se ha ido pero no quiero que en la conciliación se quede muy sorprendido. 
No venimos con las antiguas enmiendas sino que nosotros también nos hemos movido, lo mismo que el Consejo se ha alejado de la Comisión. 
Creo que es una buena señal para la conciliación. 
No son nuevos los esfuerzos por lograr una reducción de las emisiones de sustancias dañinas de los vehículos. 
En los últimos años se han logrado muchos avances pero no son suficientes. 
Para garantizar también en el futuro la movilidad ilimitada del ciudadano son necesarias medidas complejas. 
Por ello, hay que saludar el enfoque del presente programa " Auto/Oil». 
Por un lado, hay que optimizar la técnica del vehículo para reducir las sustancias dañinas y, por otro, hay que mejorar la calidad de los carburantes de tal modo que no se produzcan tales sustancias o se reduzcan y no impida que se aplique una moderna técnica de motor. 
En el programa " Auto/Oil» ha ocurrido esto por primera vez y es de lamentar que la originaria cooperación entre las compañías petrolíferas y la industria del automóvil haya finalizado con la propuesta de la Comisión. Habría sido de gran importancia que estas dos ramas europeas de la industria cooperasen cuando se trata de la producción o mantenimiento de la competitividad de la industria europea. 
De este modo, sólo podemos constatar de nuevo que las medidas legislativas son necesarias para lograr progresos. 
Es ciertamente una verdad de Perogrullo que son necesarios unos carburantes mejorados para reducir las emisiones de la flota existente de vehículos y hacer posible la utilización de futuras tecnologías de motores de menor consumo. 
Esta Asamblea expuso claramente su opinión en la primera lectura. 
Es totalmente incomprensible la posición de una parte de la industria petrolífera europea, que se defiende con manos y uñas contra las mejoras esenciales en los carburantes. 
Alega los elevados costes que se derivarían par ella y las reducidas ventajas para el medio ambiente. 
Ambas cosas son falsas. 
Los costes para la eliminación del azufre en los carburantes y otras medidas no son, según cálculos más actuales, ni mucho menos tan elevados como se suponía al principio. 
Además, se repercutirían sobre el consumidor. 
Quiero indicar de qué estamos hablando. 
Estamos hablando de 0, 004 ecus por litro de gasolina y de 0, 009 ecus por litro de gasoil si partimos de los estrictos valores de la primera lectura. 
¿Y los beneficios para el medio ambiente? 
En cualquier caso son muy elevados. 
Un fabricante europeo de vehículos ha sometido a test a sus vehículos en California, donde están ya en el mercado carburantes con esos valores límite. 
Se ha constatado una reducción de las emisiones de hidrocarburos en aproximadamente un 40 % y de óxido de nitrógeno en aproximadamente un 30 %. 
Califico esto como de un beneficio decisivo para el medio ambiente. 
Tampoco es honesto que se amenace con el cierre de refinerías en relación con el programa " Auto/Oil». 
Un nuevo estudio de la Comisión demuestra de nuevo lo que ya es conocido entre los círculos especializados. 
En Europa tenemos un exceso de capacidad de producción en las refinerías. 
Actualmente, la industria petrolífera está invirtiendo fuera de Europa. 
La demanda de un carburante limpio volvería a atraer estas inversiones y a garantizar la competitividad del ramo en Europa, lo que creo queremos lograr por fin todos. 
Aunque el presente compromiso queda muy por detrás de lo que se acordó en la primera lectura, lo apoyo expresamente. 
Se refiere en especial a los valores para el año 2005 y su obligatoriedad. 
El Sr. Florenz ya lo ha dicho hoy: la industria tiene que realizar inversiones. 
Lo sabemos. 
Tiene que invertir dinero. 
Entonces les garantizaremos que este dinero se ha invertido correctamente en lugar de hacerlo para el año 2000 y decirles luego de repente que hemos llegado a otros valores muy diferentes y que la inversión no ha servido para nada. 
No podemos hacer algo así. 
En cualquier caso, no lo pretendemos como Parlamento. 
No obstante, debo decir también que técnicamente se podría imaginar uno aún más de lo que aquí proponemos. 
En el futuro se verá si las condiciones marco legales son suficientes para hacer realidad lo que es necesario y factible. 
Si no, el presente informe deja abierta también la posibilidad de una mejora. 
Quizás lo tomen como advertencia. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias y la bienvenida a la Comisaria. 
Quiero agradecer a ambos ponentes sus aportaciones en este importante ámbito. 
También yo debo declarar un interés en este asunto, porque la única refinería que existe en Irlanda se encuentra en mi circunscripción de Munster, en mi distrito natal de Cork, y los representantes de la refinería se han dirigido a mí seriamente preocupados por algunas de las propuestas presentadas. 
No obstante, quiero señalar algunas cosas. 
En primer lugar- y creo que todos los diputados a este Parlamento coincidirán conmigo -, debemos lograr el mejor medio ambiente posible para todos nuestros ciudadanos, que les permita disfrutar plenamente de la salud y la seguridad. 
Cualquier acción que tomemos aquí debe perseguir la aplicación de las mejores prácticas e ideas. 
En segundo lugar, también tenemos el deber de garantizar un entorno laboral y la capacidad de competir y conseguir un puesto de trabajo en el seno de nuestra Comunidad de la manera más accesible posible. 
Si analizamos algunas de las sugerencias de los informes relativas a los niveles máximos permitidos y tomamos el caso de Irlanda como ejemplo, la calidad del aire en Dublín, la capital, comienza a alcanzar los niveles que establece el presente informe. 
La ciudad de Cork, de la que procedo, es un 50 % mejor que Dublín, y el resto de Irlanda, lo que denominamos la Irlanda rural, es aún un 10 % mejor. 
No hay duda de que la imposición de una directiva europea y una legislación a nivel europeo tendrá serias consecuencias sobre estas zonas, y como ya han reconocido algunos diputados, la medida entraña el factor de los costes: unos costes que serán trasladados directamente al consumidor y unos costes que afectarán a nuestra capacidad de producción, así como a nuestro margen competitivo. 
¿Cómo se compagina esto con la idea del mercado único? 
No utilizaré más tiempo y me limitaré a decir que mañana votaré en contra de los informes y espero que podamos llegar a una sugerencia más razonable a través de la conciliación. 
Señor Presidente, todo nuestro modo de vida actual, basado en el principio de usar y tirar, constituye una amenaza para las generaciones futuras y a ese respecto una de las mayores amenazas causantes de cambios climáticos es el constante aumento de la utilización de los automóviles. 
Hay que luchar de todas las formas posibles contra las emisiones producidas por el tráfico. 
Hay que disminuir las fuentes de emisión, es decir, que hay que modernizar los motores de los automóviles. 
Hay que mejorar los combustibles que utilizan los automóviles. 
Es importante también crear catalizadores que sirvan para los vehículos diesel y mejorar la calidad del combustible diesel. 
La industria petrolera europea es una industria anticuada del capitalismo de las chimeneas que, además de basarse en la explotación del hombre, se basa en la explotación de la naturaleza y en la destrucción del medio ambiente. 
La industria petrolera, aunque no todas las empresas, es contraria a la limitación de las emisiones con el argumento de que ello va a requerir nuevas inversiones. 
La industria funciona como si fuera ella misma la que pagase las nuevas inversiones. 
Ahora bien, todos sabemos que la factura recae siempre sobre los consumidores. 
El contaminador debe pagar. 
En este caso, representaría un aumento importante en el precio del combustible. 
Si el contaminador no paga, las que pagan son las personas que enferman. 
Sólo si no fuera competitiva la industria petrolera europea, no se podrían repercutir los costos de las inversiones en los precios. 
El Parlamento Europeo no debe aceptar que se sostenga una industria petrolera mediante subvenciones cualitativas de los combustibles. 
Una industria que no consigue vender su productos sin sacrificar la naturaleza puede muy bien ir a la quiebra. 
Señor Presidente, considero muy importante que se aprueben los informes tanto del Sr. Lange como de la Sra. Hautala. 
Es muy importante desde el punto de vista de la mejora de la calidad del aire. 
Señor Presidente, es muy importante ser consciente de que el Programa Auto Oil, en el fondo, trata de mejorar el medio ambiente y la salud humana. 
Varios estudios han demostrado que la contaminación atmosférica afecta la salud humana. 
Hay por lo tanto una relación directa entre la creciente mortalidad y la contaminación atmosférica causada por el tráfico de automóviles. 
Estos estudios muestran con toda claridad que han de fijarse límites claros a las emisiones de los vehículos a motor, y que han de establecerse normas firmes para la calidad de la gasolina. 
De ahí la importancia de que los valores sean vinculantes y no indicativos. 
Sólo mediante normas firmes es realista alcanzar la deseada calidad del aire. 
Por la misma razón es importante limitar a los casos estrictamente necesarios las disposiciones de excepción a las normas. 
Esto naturalmente no implica que se vayan a ignorar los aspectos económicos. 
Las nuevas tecnologías y estándares más elevados están unidos a mayores costes, sin embargo, en primer lugar, es importante examinar todas las magnitudes pertinentes. 
La relación coste/eficacia no puede servir sólo de criterio para las medidas aisladas. 
Hemos de evaluar los costes con relación a las mejoras y ahorros para la sociedad en conjunto. 
Por ello estoy muy de acuerdo en que las propuestas de directiva deben contener las mejores soluciones para los ciudadanos y su estado de salud como para la economía. 
Por lo demás, experiencias provenientes de California demuestran que los cálculos de la Comisión sobreestiman los costes que irán unidos a los nuevos requisitos relativos a la calidad de la gasolina y los límites de emisión. 
Pienso que ejerce un efecto estimulante sobre la innovación el que se planteen exigencias a la industria. 
Es de esperar que la directiva actual estimulará el interés de la industria por seguir desarrollando vehículos que funcionen con fuentes de energía renovables. 
Apoyo por lo tanto calurosamente la posición común del Consejo con todas las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, los informes de la Sra. Hautala y del Sr. Lange representan sin duda un momento estelar ecológico para este Parlamento. 
Lo que a primera vista parece ser una limitación para la industria del automóvil, es sin duda una gran oportunidad. 
Esto se ha visto también en el caso del catalizador, sobre el que se dijo al principio que iba a suponer la decadencia de la industria del automóvil. 
En realidad representó un avance técnico. 
Al amurallarse en sus antiguas posiciones, la Comisión impide un diálogo constructivo. 
Esta oportunidad sería importante y si no se usa el auto seguirá siendo el enemigo número 1 para el medio ambiente. 
Se deberá intensificar el debate sobre la autenticidad de los costes en el tráfico por carretera. 
El Parlamento ha ofrecido un compromiso que, lamentablemente, no ha sido recogido. 
En caso de producirse una confrontación no habrá vencedores, ni el medio ambiente, ni la industria del automóvil, ni tampoco la del petróleo. 
Solamente habrá perdedores. Es una lástima. 
Mientras que el Parlamento va a pasar mañana sin duda mañana su test, la Comisión ya lo ha perdido. 
Señor Presidente, la opción del Parlamento Europeo, en primera lectura, había sido la correcta. 
Éste ha permitido que la posición de la Comisión evolucionara de manera significativa, puesto que el Consejo ha empezado a presentar propuestas más favorables. 
Es posible ir más lejos, y es lo que esperan nuestros conciudadanos. 
Cada día leemos en los periódicos que la contaminación de las ciudades aumenta y que el efecto invernadero nos amenaza. 
Ya está inscrito en la conciencia colectiva que se puede utilizar el progreso técnico para resolver estos problemas de civilización y de calidad de vida y de salud de nuestros conciudadanos. 
Por consiguiente, es fundamental establecer normas obligatorias para el 2005; y deben ser normas severas, porque ello representará una apuesta para la industria del automóvil. 
Naturalmente, los fabricantes dudan, pero deben comprender que la credibilidad del sector reside precisamente en esta posibilidad de lograr normas que se adecuen totalmente a nuestras expectativas. 
Ello es tanto más importante por cuanto el mercado del sector automovilístico europeo conoce una dificultad, es decir, la renovación del parque. 
Sólo los automóviles limpios, los automóviles seguros, podrán legitimar una renovación del parque automovilístico y, por lo tanto, una recuperación del empleo en dicho sector. 
También sabemos que la cuestión del parque antiguo, que ya han planteado muchos colegas, es esencial. 
Desde este punto de vista, los esfuerzos que se exigen a la industria petrolera son absolutamente indispensables, ya que el parque antiguo sigue siendo importante; pero deseo que Europa reflexione también en la manera en que se podría acelerar la eliminación de los automóviles viejos, que a menudo pertenecen a personas económicamente débiles. 
Necesitamos una estrategia común para acelerar esta transformación del parque antiguo. 
Finalmente, el medio ambiente no es enemigo del empleo: ¡esta evolución del automóvil constituye una oportunidad para la industria de este sector! 
En cuanto a los industriales del sector del petróleo, que nos hacen chantaje con las refinerías, estos años han acumulado beneficios considerables, los cuales se deben reinvertir para modernizar su industria, con el fin de responder al interés general. 
Qué no invoquen, pues, el problema medioambiental para justificar cierres, que desgraciadamente habrían programado, independientemente de nuestras opciones actuales. 
Señor Presidente, podemos comprobar con alegría en el Parlamento que el Consejo ha mejorado la primitiva propuesta de la Comisión acercándose a la posición del Parlamento. 
En compensación, la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente ha apoyado las modificaciones referentes a los carburantes hechas por el ponente Hautala. 
Ésas han sido enmiendas adecuadas tomando en consideración el corto tiempo que falta para la puesta en marcha el año 2000. 
Es importante estimular el avance tecnológico encaminado a desarrollar una avanzada técnica de limpieza de gases contaminantes y motores más económicos, a través de garantizar el acceso a carburantes con índices muy bajos de azufre hasta el año 2005. 
Durante el período transitorio conseguiremos, además, notables mejorías de los gases provenientes de coches antiguos. 
Simplemente es un atajo para mejorar la calidad del aire. 
Por otra parte, considero que la Comisión de Medio Ambiente ha ido demasiado lejos tratándose de las sustancias aromáticas en la gasolina el año 2000. 
Pienso que aquí el Consejo ha adoptado una posición más realista. 
En muchas refinerías modernas existe un conflicto entre las exigencias del azufre y las de las sustancias aromáticas. 
Desde un punto de vista medioambiental, las exigencias del azufre son mucho más importantes y por eso deben tener primacía. 
Además, se sabe que la técnicas modernas de catalizadores eliminan las sustancias aromáticas. 
También es importante que se permita a los países miembros ir más lejos y se les dé derecho a usar herramientas económicas de gestión para mejorar el medio ambiente. 
En una gran parte de Suecia se usa un carburante que responde a las exigencias del año 2005; puedo garantizarles que el medio ambiente se ha mejorado en esos sitios. 
Además, las herramientas económicas de gestión son fáciles de usar y de evitar que se empleen de manera que lesionen la competencia. 
Finalmente, es gratificante comprobar que la evolución hacia coches sin emisión de gases contaminantes es tan rápida. 
Podemos vislumbrarlos, no solamente como una fantasía, sino como una realidad. 
Señor Presidente, mañana el Parlamento Europeo se pronunciará sobre dos propuestas de directiva. Lo que en ellas se juega es considerable tanto en el plano del medio ambiente como en el plano industrial y del empleo. 
Nuestra posición, pues, debe establecer un justo equilibrio entre el deseo de mejorar la calidad del aire, de fomentar nuevas tecnologías, pero también de proteger la competitividad y el empleo en las industrias europeas del automóvil y del petróleo. 
Se trata, en cierto modo, de la cuadratura del círculo, me dirán ustedes, pero desearía hacer algunas observaciones: primeramente, hay que dar plazos razonables a las empresas para que se adapten a las nuevas normas; luego, hay que saber si un entorpecimiento excesivo no acarrearía consecuencias exactamente contrarias a nuestros objetivos, o sea, un encarecimiento de los automóviles, lo que provocaría un envejecimiento del parque automovilístico y supondría un agravamiento de la contaminación, de los riesgos en materia de seguridad y dificultades económicas para los fabricantes. 
La posición del Consejo parecía más avanzada que la de la Comisión. 
El Parlamento desea normas más severas. 
Algunas de ellas podrían ser aceptadas por el Consejo. 
Por lo tanto, es posible encontrar un equilibrio satisfactorio que no sea maximalista, y capaz de demostrar que nuestro Parlamento sabe asumir sus responsabilidades tanto en el plano del medio ambiente como en el de la industria. 
Señor Presidente, el presente debate quedó condicionado hace mucho por los argumentos económicos. 
La industria petrolera, por un lado, con condiciones técnicas y financieras muy dispares entre países del Sur y del Norte y la industria automovilística, por otro, nos expusieron sus razones. 
Por nuestra parte, preferimos centrarnos en la perspectiva del medio ambiente y de la salud pública. 
La calidad del aire es indispensable para la salud pública: del 7 % al 10 % de las enfermedades respiratorias en los niños, el 19 % de las deficiencias pulmonares, entre otros datos, son atribuibles a la contaminación atmosférica. 
Está demostrado que el exagerado nivel de partículas de plomo en la atmósfera afecta al coeficiente de inteligencia de los niños. 
Para luchar contra la contaminación atmosférica se limita la velocidad de circulación en algunas capitales europeas, cuando no se prohíbe incluso el tráfico. 
Estamos demostrando aquí y manifestando el apoyo a la posición de la Comisión de Medio Ambiente, porque este problema también existe en el sur de Europa. 
Pero sobre todo queremos centrarnos en tres aspectos. 
En primer lugar, la lucha contra la gasolina con plomo. 
Es urgente acabar con la gasolina con plomo. 
La Unión y los Estados miembros deben lanzar una gran campaña de información de los ciudadanos sobre las ventajas medioambientales de la gasolina sin plomo. 
En segundo lugar, porque defendemos el establecimiento de valores obligatorios para el año 2005, en contra del Consejo y de la industria petrolera, porque es la única forma de comprometer seriamente a la industria con un contrato medioambiental con toda la sociedad. 
Por último, a nuestro entender, el papel del Parlamento Europeo ahora y en la primera lectura, es el de subir el listón en relación con la propuesta inicial y dejar para la negociación con el Consejo, en el Comité de Conciliación, valores-límite de emisión de azufre, pues reconocemos que hay casos, como el de Portugal, en los que por ausencia de inversiones medioambientales en ese sector se han aplazado reformas que hoy resultan ineludibles. 
Señor Presidente, hoy nos encontramos ante un desafío. 
O el Parlamento es capaz de asumir coherentemente la defensa de la salud pública y del medio ambiente, manteniendo los valores relativos a la calidad de los combustibles y a la exigencia de mejores tecnologías en los vehículos automóviles, como se votó en los informes Hautala y Lange en la Comisión de Medio Ambiente, o cedemos ante las múltiples presiones de los sectores económicos afectados. 
No discuto que lo que hoy pedimos aquí entraña esfuerzos financieros y de investigación por parte de la industria petrolera y automovilística. 
Lo que no se puede negar es que la contaminación del aire en nuestras ciudades, incluidas Lisboa y Oporto, alcanza con frecuencia valores peligrosos para la salud pública y que estudios recientes confirman que el contenido de plomo en la sangre de los niños en las zonas de riesgo y en las zonas urbanas supera lo admisible. 
No hay duda de que las partículas, el benceno y otros contaminantes resultantes de la combustión automovilística son sumamente cancerígenos. 
Así, pues, necesitamos automóviles mejores y combustibles mejores, entre otras cosas porque, con las actuales contenidos de azufre en la gasolina y en el gasóleo, no es posible evolucionar tecnológicamente de forma significativa, ya sea en lo relativo a la introducción de una nueva generación de catalizadores como en cuanto a una nueva generación de motores- de inyección directa en el caso de la gasolina, por ejemplo- con consumos bastante inferiores, que pueden serlo un 25 % en el ciclo urbano. 
Unos consumos inferiores significarán gastos inferiores para los consumidores, menos contaminación y menos emisión de CO2, el principal gas que altera el clima. 
Por tanto, puede que se eviten los costos anuales calculados por automóvil (1.000 escudos) y por vehículo diesel (1.800 escudos) gracias a la evolución tecnológica de unos mejores coches con menos consumo. 
Además, hay que destacar que unos mejores combustibles entrañan inmediatamente menos contaminación, pues incluso los coches actuales funcionarán mejor, con menos emisiones. 
Los casos particulares de CEPSA, REPSOL y PETROGAL no pueden obligar a toda Europa, y en particular a los españoles y los portugueses, a seguir respirando un aire contaminado que pone en riesgo la salud de todos. 
Si esas empresas tienen problemas particulares, compete a sus Gobiernos negociar con ellas acuerdos-marco- covenants- que establezcan los calendarios y mecanismos. 
Como diputado, estoy dispuesto a analizar con amplitud de miras posibles solicitudes de dispensa. 
Con todo, no puedo vacilar a la hora de apoyar aquí los informes Hautala y Lange, que son la única forma posible de que haya una conciliación, en el sentido de que este Parlamento se afirme democráticamente defendiendo los derechos de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, a pesar de que, tanto en el diseño de la circulación como en la planificación regional, existe una voluntad positiva y justificada para reducir la necesidad del tráfico, con especial atención al tráfico de vehículos, la dura realidad es que va a crecer el número de coches tanto a nivel europeo como, sobre todo, a nivel mundial. 
Esta circunstancia supone un riesgo aún mayor para la naturaleza, ya de por sí frágil, y para la salud de las personas. 
Teniendo presentes estos hechos, hay que acoger favorablemente el programa Auto-Oil. 
El Parlamento Europeo ha adoptado en su primera lectura una posición claramente más avanzada que la Comisión por lo que respecta a los objetivos de aquí a los años 2000 y 2005 en materia de emisiones de gases. 
Los únicos objetivos significativos en este ámbito son aquellos con carácter vinculante. 
Las recomendaciones propuestas por el Consejo no ejercen una presión suficiente a la industria petrolífera para lograr que ésta desarrolle los productos mejores y menos contaminantes que permite el avance de la tecnología. 
El Consejo tampoco ha comprendido todavía el poder que tiene la orientación fiscal, la denominado progresión impositiva, que permite guiar a los consumidores para que opten por combustibles de mejor calidad. 
Sin embargo, con este modelo ya se han registrado experiencias favorables. 
En aquellos lugares donde se ha adoptado este sistema se han conseguido rápidamente buenos resultados. 
La creación de empleo constituye una cuestión clave en Europa. 
Frenando la adopción de tecnologías menos contaminantes no se contribuye a lograr este objetivo, sino que puede llegar a ocurrir lo contrario. 
Las exigencias de los consumidores muestran una preferencia por las refinerías con productos respetuosos con el medio ambiente. 
Si no es posible disponer de estos productos en Europa, también existe la posibilidad de que los empresarios y los productos de otras procedencias se hagan con el mercado europeo. 
Las consecuencias de una circunstancia como ésta serían imprevisibles para el empleo. 
Debemos proteger nuestra competitividad y velar por que los productos del petróleo tengan en Europa los niveles más elevados. 
Señor Presidente, la calidad del aire nos concierne a todos. 
Hoy queremos pedir a los fabricantes de automóviles y a los industriales del sector del petróleo que realicen esfuerzos. 
Hablemos, en primer lugar, de los fabricantes de automóviles. 
En estos últimos treinta años les hemos pedido esfuerzos importantes, ya que han contribuido en un 90 % a mejorar la calidad del aire por lo que respecta a las emisiones de sus vehículos. 
Hoy les pedimos medidas aún más severas. 
Yo soy particularmente favorable a la posición común, al considerar que las obligaciones impuestas en el marco de la posición común son lo suficientemente importantes. 
Los valores indicativos para el 2005 deberían, en mi opinión, ser obligatorios para que nuestros industriales puedan conocer con exactitud e incluso definir sus estrategias de desarrollo. 
Creo, por lo tanto, que es muy importante que las medidas se conviertan en obligatorias de aquí al 2005. 
Pero la evolución de las tecnologías en el sector de la fabricación de automóviles no podrá realmente dar sus frutos si no se produce una mejora notoria de la calidad de los carburantes. 
En este sentido, es imprescindible que los industriales del sector del petróleo realicen los esfuerzos necesarios. 
Hasta ahora, ellos no han sido los que más han participado en la mejora de la calidad del aire. 
Por consiguiente, es importante que realicen esfuerzos, entre otros, en el plano de la reducción de azufre. 
Sabemos que esto es básico para el catalizador de NOX. 
En mi opinión, se trata de una cuestión muy importante. 
Por eso deseo apoyar plenamente el informe Hautala y votar a favor del mismo, puesto que creo que es absolutamente incoherente pedir esfuerzos a los fabricantes de automóviles y no pedir los esfuerzos indispensables a los industriales del sector del petróleo para que las nuevas tecnologías sean totalmente eficaces. 
Esto es lo que quería decirles. 
Añado que si se mejora el carburante, veremos inmediatamente los efectos a corto plazo, ya que ello afectará a todos los vehículos y comprobaremos avances con respecto a la calidad del aire. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el automovil es una parte de nuestra libertad. 
No queremos renunciar a él y además el automovil es irrenunciable para la economía. 
Pero se trata de un medio de transporte muy joven que se encuentra al inicio de su evolución. 
Para mí es algo fascinante ver lo que la industria del automóvil puede hacer ya hoy día. 
Sin duda, es grande la lucha competitiva sobre quien va a sacar antes al mercado el vehículo mejor, el menos contaminante, el auto del futuro. 
Pero no es nuestra tarea, no es tarea de los diputados colocarse de modo protector delante de las industrias que creen que tienen que producir sin tener en cuenta el mercado o la salud de la población. 
Me parece fascinante que precisamente el experto para la técnica de emisiones de la Renault, monsieur Hublain, exija a los eurodiputados que planteen unas exigencias mayores para la gasolina y el gasoil. 
Un carburante mejor es la clave para menos emisiones y esto solamente lo podemos apoyar plenamente. 
Los consorcios petrolíferos temen las elevadas inversiones. 
En primer lugar, el carburante deseado por el Parlamento existe ya en varios países. 
Nadie pone en duda que para ello serán necesarias unas elevadas inversiones. 
Pero los balances de la industria petrolífera son tranquilizadoramente positivos. 
Los beneficios que obtienen son enormes y podrán soportar sin duda esas inversiones. 
Para que no se me maliterprete, estoy a favor de que se logren elevados beneficios, también por parte de los consorcios internacionales, pero nuestra tarea es la de proteger la salud de la población y proteger a ésta es objetivo declarado de la Comunidad. 
Creo que los diputados estamos obligados a cumplir las tareas contractualmente determinadas de la Comunidad. 
En la votación de mañana podremos mostrarlo. 
Señor Presidente, este debate ha sido una especie de batalla entre la industria del automóvil y las petroleras en un intento de ganarse al Parlamento Europeo para su propia causa. 
Lo lamento porque la posición se complica bastante más debido a la química del propio Parlamento. 
Hay que reconocer que el Parlamento Europeo ha ido acumulando- y lo apreciamos en las personas de nuestros ponentes- una cierta experiencia en este campo. 
El Parlamento es reacio a renunciar a su papel en el proceso de conciliación que es lo que haríamos si nos limitáramos a decir " muy bien» a la posición común. 
Quisiera pedirles que recuerden que éste es el último debate abierto que se celebrará sobre estos temas, antes de que desaparezcan en el Comité de Conciliación. 
Mis colegas Conservadores británicos y yo probablemente apoyaremos las enmiendas de la Sra. Hautala, pero tenemos nuestras dudas acerca de algunas de las que propone el Sr. Lange. 
Reconocemos que algunas enmiendas del Sr. Lange exigen modificaciones en la producción de los vehículos, algo que sería muy difícil, sino imposible, de realizar dentro del precipitado plazo propuesto. 
Por otro lado, consideramos que las enmiendas de la Sra. Hautala pueden introducir mejoras con cierta rapidez y que afectarán a todos los vehículos que circulan por las carreteras, y no simplemente a los más nuevos. 
No obstante, quiero tocar la señal de alarma sobre la cuestión de la gasolina con plomo. 
No debemos mostrar ninguna consideración con la legislación que, por un lado, afirma que toda la gasolina con plomo estará prohibida a partir del 1 de enero del 2000, pero que también dice que si un país puede alegar dificultades de tipo socioeconómico, la prohibición no tendrá efecto hasta el año 2005. 
Este tipo de cosas dificulta enormemente defender el argumento de que todos nos preocupamos por igual por el medio ambiente europeo. 
En algunas de nuestras antiguas ciudades con mayor población, las emisiones procedentes de los motores que utilizan gasolina con plomo están ocasionando enormes daños a la salud de las personas. 
La cláusula de exclusión para dichos países permitiría que esta situación continuara durante siete años más. 
Acogemos con satisfacción la prohibición a partir de enero del 2000, pero les debemos una explicación a los millones de personas que tienen un coche que funciona con gasolina con plomo sobre qué sucederá entonces. 
En Gran Bretaña, habrá, como mínimo, 1, 3 millones de automóviles circulando en el 2000 que fueron concebidos para funcionar con gasolina con plomo. 
Imaginen los titulares: " Bruselas nos expulsa de la carretera». 
Compete ahora a las petroleras y a los gobiernos de los países que no tienen ningún plan de contingencia encontrar alguna salida que ofrecer a las personas que tienen coches de este tipo, ya sea a través de la comercialización de aditivos de plomo o a través de la comercialización de una gasolina de nueva fórmula. 
Se lo debemos a las personas afectadas, y la Comisión, los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo deben encontrar una solución. 
Señor Presidente, Sres. Comisarios, los ciudadanos europeos piden con razón la posibilidad de respirar aire puro en sus ciudades, y el programa Auto/Oil, que el Parlamento Europeo se apresta a votar en segunda lectura, propone una estrategia global para tratar de alcanzar objetivos precisos en cuanto a calidad del aire, respetuosos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Estamos ante dos disposiciones importantísimas, que tendrán un efecto importante en el ambiente y también en las estrategias industriales de nuestros países: por un lado, con el informe Hautala, se va a establecer para el periodo 20002005 la nueva reglamentación para las gasolinas, en especial los porcentajes de reducción de los bencenos, los productos aromáticos y el azufre contenido en los carburantes, todos ellos elementos responsables de enfermedades tan graves como el cáncer. Por otra parte, por el informe Lange se espera aportar, para las mismas fechas, modificaciones determinadas en los motores, a los que se agregará un especial sistema de diagnóstico, el OBD, para controlar los valores máximos de las emisiones. 
De acuerdo con el informe Lange, la industria automovilística estará obligada, en tiempo realista y en condiciones de factibilidad técnica, a adecuarse a los límites precisos indicados por la directiva; en lo que se refiere al informe Hautala, se puede superar la posición común, sosteniendo las modificaciones introducidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, destinadas a fijar los límites más severos para las gasolinas y el gasoil. 
Italia se anticipó a la directiva comunitaria, pues hace ya tiempo se impuso severos límites para los bencenos (1 %) , para los hidrocarburos aromáticos (35 %) , los oxigenados (2, 7 %) y, aparte de algún problema en lo relacionado con el azufre y el plomo- cuyos límites más severos, con todo, tendrán que alcanzarse hasta el 2005 -, y es así como tiene en este momento la mejor gasolina de Europa. 
Espero que estas directivas, mejoradas por acuerdos alcanzados a través del Parlamento, se aprueben y apliquen lo más pronto posible. 
Señor Presidente, Señorías, al final de una larga lista de oradores, también de mi grupo político, me veo en la obligación de añadir algo nuevo. 
No es muy sencillo, pero creo que puedo hacerlo. 
En primer lugar, una aclaración. 
¿Cuál es ahora la posición del Grupo del Partido Popular Europeo? 
Ha habido sin duda diferencias, lo que se ha podido ver en el debate. 
Nos ha costado mucho, pero puedo comunicarles que el Grupo del Partido Popular Europeo está a favor de los informes Lange y Hautala. 
En algunos puntos no hemos podido apoyar todos los detalles pero en ambos informes estamos ante todo a favor de la obligatoriedad de los valores en el año 2005 y creo que este es el punto clave. 
Me alegra que hayamos logrado este resultado y que lo aprobemos también mañana en el Pleno con 314 votos. 
Quiero realizar una observación sobre el tema de la competencia. 
Creo que es acertado discutir sobre la competitividad de la industria alemana y de otros países miembros, que dichas industrias planteen sus problemas y que veamos este asunto relacionado de un modo general con Europa. 
No obstante, aquí existe una diferencia esencial respecto a lo que por lo demás debatimos. 
Gravamos con frecuencia a nuestra industria con unas condiciones que no tienen que cumplir otras en el mercado mundial, por lo que representan un obstáculo para la competencia. 
En este caso es diferente, pues si una empresa, una refinería fuera de la UE, quiere vender su gasolina dentro de la UE, deberá cumplir nuestras condiciones. 
Por tanto, aquí no se puede hablar de una distorsión de la competencia que haga dispararse hacia arriba nuestros costes de producción, sino de una medida razonable para proteger el medio ambiente y mejorar la capacidad de innovación. 
Para finalizar, una observación dirigida a la Comisión. 
Lamento que el Sr. Bangemann no esté aquí. 
Me gustaría dirigirme personalmente a él, pero se lo puede comunicar la señora Comisaria Bjerregaard. 
Tenemos una nueva política sanitaria en la Unión Europea. 
Este Parlamento ha logrado que tengamos una nueva política sanitaria. 
Incluso el Sr. Bangemann ha cambiado. 
En los alimentos para bebés ha realizado buenas propuestas así como en el etiquetado del maíz y de la soja. 
Dígale que si en este asunto adopta la línea del Parlamento, estaremos entusiasmados. 
Quizás le ayude a abrir los ojos, de modo que en el comité de conciliación lleguemos realmente a un buen resultado. 
Señor Presidente, ahora sólo quiero dar las gracias por el debate. 
Me ha parecido apasionante escuchar las numerosas intervenciones que ha habido entorno a los problemas planteados en estos informes. 
También ha sido manifiesto para la Comisión el gran respaldo obtenido por los informes de tanto el Sr. Lange como de la Sra. Hautala. 
Ahora no podemos hacer otra cosa que aguardar la votación de mañana y disponernos luego a emprender un procedimiento de conciliación. 
Únicamente expresaré mi deseo de que rápidamente nos pongamos manos a la obra. 
Me parece que las propuestas se merecen que lleguemos a un acuerdo de forma que puedan ser puestas en práctica. 
Según interpreté el debate de hoy, en cualquier caso estamos de acuerdo en los objetivos, luego debería ser también posible que dentro de un plazo de tiempo razonable alcancemos un resultado. 
Gracias por el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas. 
Agencia Europea de Medio Ambiente y red europea de información y de observación sobre el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0030/98) , del Sr. K. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) del Consejo nº 1210/90 de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (COM (97) 0282 C4-0363/97-97/0168 (SYN) ). 
Señor Presidente, el reglamento de la Agencia que, espero, vamos a concluir esta noche, entró en vigor en octubre de 1993. 
No necesito reiterar la historia del mismo. 
Fue una historia bastante agitada, y en aquel entonces se previó una revisión del reglamento para dos años más tarde. 
No obstante, la revisión fue aplazada a dos años más tarde para permitirle a la Agencia ser totalmente operativa. 
De haberse hecho antes, no habría sido operativa. 
La llegada de la propuesta de la Comisión apenas despertó controversias, y el objetivo de las enmiendas a la propuesta es fortalecer las actuales disposiciones y permitir así a la Agencia consolidar el trabajo realizado hasta ahora. 
No obstante, creo que muchas personas siguen sin conocer cuáles son las funciones de la Agencia. Este extremo se puso de manifiesto durante los debates en comisión. 
Por consiguiente, esta noche deseo explicar cuáles son los objetivos de la Agencia y, a continuación, describir cómo mis enmiendas los potenciarán. 
El motivo principal por el que se creó la Agencia de Medio Ambiente fue, en primer lugar, para facilitar la recogida de datos comparables sobre el medio ambiente a escala europea. 
Antes de la constitución de la Agencia no disponíamos de ningún medio para comparar el estado del medio ambiente en los distintos países, a pesar de que la comparabilidad de los datos es un claro requisito para la eficacia de la política de medio ambiente. 
En otras palabras, todos los Estados miembros recogen información sobre el medio ambiente, pero no se podía comparar España con Portugal, ni Portugal con Grecia, ni Grecia con Alemania, ni Alemania con el Reino Unido. 
Por lo tanto, no podíamos tener una visión global del estado del medio ambiente en la Comunidad. 
Este fue el principal motivo por el que se creó la Agencia. 
El objetivo a largo plazo es que los datos suministrados a la Agencia sean utilizados por la Comisión y le ayuden en la tarea de controlar el estado del medio ambiente de la Unión Europea y también en la de aplicar con mayor eficacia las políticas de medio ambiente. 
La Comisión ha revisado la actuación de la Agencia hasta la fecha. Básicamente, su resultado es bastante favorable. 
La Comisión sugiere algunos ámbitos nuevos en los que la Agencia debe intervenir y, en términos generales, se muestra partidaria de que la Agencia aumente su cooperación con terceros países, especialmente, con los países de la Europa central y oriental. 
Acogemos con gran satisfacción esta medida, de cara a la ampliación que se avecina. 
No obstante, la revisión presenta algunas lagunas, que he intentado colmar con las enmiendas que he presentado. 
Por ejemplo, la propuesta de la Comisión omite el importante papel del Parlamento. Dice muy poco al respecto. 
Tiende a exagerar el papel que desempeñan la Comisión y el Consejo. Puedo entender a qué se debe, pero considero conveniente que lo corrijamos. 
Creo asimismo que la Agencia y la Comisión deben establecer un marco que facilite una mayor cooperación entre ambas instituciones y evite la duplicación de los trabajos. 
La Comisión no debe realizar el trabajo que realiza la Agencia, y la Agencia no debe realizar el trabajo que realiza la Comisión. 
Habida cuenta de la función clave de la Agencia como recopiladora de información en la Comunidad para ayudar a la Comisión en el ejercicio de aplicar y hacer cumplir la legislación, deberíamos alentarla a cooperar más con organismos como IMPEL, porque el cumplimiento y la ejecución son características clave del desarrollo de la política de medio ambiente en la Comunidad. 
Es evidente que para proporcionar información al gran público, la Agencia necesita publicar documentos en más idiomas, siempre que sea posible. 
Éste es uno de los motivos por los que apoyo plenamente, por ejemplo, la enmienda de la Sra. Díez de Rivera Icaza. 
Creo que la provisión del banco de información y un registro de datos permitirán a la Agencia difundir mejor la información al gran público. Es además una característica muy importante de la política de medio ambiente de la Comunidad. 
Por último, si vamos a exigir, y exigimos, a la Agencia que elabore un programa de trabajo plurianual, éste deberá verse completado por un presupuesto plurianual. 
Creo, y así lo cree también la comisión, que hacer una cosa sin la otra es completamente incoherente. 
Esta última observación es muy importante porque, según cree la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, el principal desafío al que se enfrenta la Agencia durante los próximos años será el reto presupuestario. 
Colegas, deberíamos advertir que el simple hecho de que la Agencia no haya expandido considerablemente sus funciones, no significa que su presupuesto deba ser congelado o recortado. Necesitamos consolidar su trabajo. 
Al fin y al cabo, es una Agencia que hace una importante contribución a la política de la Unión Europea y que, en el futuro, podría tener una contribución aún mayor. 
Por consiguiente, necesita un cierto grado de autonomía. Necesita poder contar con el apoyo del Parlamento. 
La Agencia necesita consolidar su trabajo hasta la fecha y, a continuación, que se le permita expandirse siempre y cuando sea necesario. 
Pero sólo podrá hacerlo si recibe el presupuesto apropiado. 
Francamente, algunas de las actitudes manifestadas en algunas de las enmiendas que hemos recibido de una comisión importante del Parlamento no sugieren que todos la conozcan debidamente. 
Es una Agencia funcional. No es grupo de expertos. 
Es necesaria para la Comunidad. Es una parte funcional de la Comunidad y necesita ser tratada como tal. 
Señor Presidente, el presente informe forma parte de una revisión quinquenal de la Agencia Europea de Medio Ambiente sita en Copenhague. 
La revisión de la Comisión tiene por objeto decidir si la clasificación y las tareas de la Agencia necesitan ser mejoradas. 
Evidentemente, la naturaleza y la esencia de su trabajo atañe más a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que a la Comisión de Presupuestos. 
A la luz de los condicionantes financieros que se aplican a nivel de la Unión Europea, las implicaciones presupuestarias para esta Agencia son fundamentales para su futuro. 
Antes de proseguir, quisiera felicitar al director y al personal de la Agencia de Medio Ambiente por haber conseguido ejecutar con éxito los objetivos trazados en el reglamento constitutivo y expresar mi reconocimiento por la manera en que la Agencia ha apoyado las iniciativas del Parlamento por la transparencia y la responsabilidad y la armonización de los reglamentos. 
El proyecto de informe elaborado por el Sr. Collins ha incluido una de las tres enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos, aquélla relativa al apartado 6 del artículo 1. 
La iniciativa que recomienda dicha enmienda proporcionará al Parlamento, en su calidad de autoridad política y presupuestaria, el derecho de evaluar por primera vez la relación calidad precio de la política de medio ambiente de la Unión. 
Hay que definir con toda claridad las tareas que están descentralizadas y son ejecutadas por un organismo satélite, y aquellas otras que son gestionadas a un nivel centralizado por la Comisión, con el fin de garantizar la complementariedad y evitar la duplicación. 
Por otra parte, en el marco del procedimiento de 1998, el Parlamento ha declarado principios claros para todas las agencias. 
Puesto que el presupuesto y el organigrama son publicados en el presupuesto y, por consiguiente, pertenecen a las observaciones presupuestarias, cualquier modificación de los mismos deberá ser comunicada a la autoridad presupuestaria. 
La Comisión de Presupuestos ha sido coherente con la decisión del Parlamento y ha presentado su enmienda 1 en este sentido. Ha sido una oportunidad para permitir a la Agencia de Medio Ambiente disponer de recursos para las líneas presupuestarias alternativas y podrían haber ayudado a la Agencia a recibir pagos adicionales por los servicios prestados, posibilidad que contempla su reglamento, a condición de que la transparencia esté garantizada. 
Si la Comisión de Medio Ambiente hubiera mantenido esta enmienda, habría dado cobertura legislativa a esa posición presupuestaria. 
Lamentamos que no se haya incluido. 
La Comisión de Presupuestos se inquieta asimismo por la anualidad del procedimiento presupuestario en la enmienda 8 de la Comisión de Medio Ambiente. 
Asimismo, en lo relativo a la relación entre el programa de trabajo y el presupuesto aprobado, existe actualmente un principio horizontal aprobado por el Parlamento que es aplicable a todas las agencias y les da un cierto sentido de flexibilidad a la hora de elegir sus prioridades. 
Por lo tanto, la Comisión de Presupuestos ha introducido este principio en la propuesta legislativa. 
Señor Presidente, no nos cabe ninguna duda sobre el buen comienzo de actividades que ha tenido la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague. 
Ahora esperamos que con estos puntos de vista podamos mejorarla aún más. 
El punto de partida para la Comisión de Investigación ha sido, en parte, no exigir demasiados cambios, ya que la Agencia Europea de Medio Ambiente acaba de empezar con su cometido. 
Con todo, hemos propuestos algunas pequeñas modificaciones. 
La misión de la Agencia es proporcionarnos datos acerca de la política medioambiental para que podamos hacer una buena política medioambiental. 
En la Comisión de Investigación opinamos que debe existir un departamento dentro de la Agencia Europea de Medio Ambiente para controlar la calidad de los datos y apreciar la inseguridad que hay en el material que se recoge en los diferentes países miembros. 
El principal deber de este departamento sería cautelar continuamente la calidad de los informes que se entregan y expresamente responder por la identificación y descripción de la incertidumbre que de hecho se contiene en los antecedentes que se recogen. 
Además, el departamento también debería tener facultades para cuestionar los datos nacionales que se recojan, cuando haya dudas acerca de su calidad, y recursos suficientes para buscar y obtener información alternativa, si fuese conveniente. 
Es sólo con la ayuda de información relevante como podemos tomar decisiones adecuadas y necesarias en el sector medioambiental. 
En la Agencia Europea de Medio Ambiente también se ha alcanzado gran competencia en el terreno medioambiental. 
Por eso sería un gran error si esta capacidad no se utilizase. 
La Comisión de Investigación propone en consecuencia que la Agencia Europea de Medio Ambiente no sólo trabaje en las misiones encomendadas en lo concerniente a consultas y dictámenes de expertos, sino que también pueda iniciar proyectos por cuenta propia. 
Además, se trata evidentemente de que podamos difundir la información que la Agencia Europea de Medio Ambiente haya reunido, de modo que todos puedan usarla, incluso los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, investigadores, estudiantes, etc. para hacer el material, y consecuentemente la política medioambiental de la UE, tan buenos como sea posible en el futuro. 
Señor Presidente, nada resulta más satisfactorio, para los parlamentarios que luchamos por la creación y fijación de la sede de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que el informe Collins sobre la evaluación y revisión de competencias de la citada Agencia. 
En estos años, a pesar de la brevedad de su existencia, la Agencia ha cumplido ampliamente con los objetivos establecidos por el entonces Presidente Jacques Delors, como pone de manifiesto el propio Sr. Collins, al haber proporcionado con rigor y competencia información objetiva y comparable sobre la situación del medio ambiente europeo para que tanto el Parlamento, la Comisión como los Estados miembros puedan actuar en consecuencia. 
Dicho esto, quisiera detenerme sólo en un aspecto de las nuevas competencias en el campo del reforzamiento de su función informativa. 
Y ello es que siempre que sea posible la Agencia debería intentar que sus publicaciones se difundieran en todas las lenguas oficiales de la Unión, como ha dicho ya el Sr. Collins. 
Sin ello, la valiosa labor divulgativa de la Agencia se vería reducida y dejaría de cumplir con su principal objetivo. 
Ya sé, señor Presidente, que ello supone un coste adicional. 
Pero mayor es el coste de la degradación ambiental, y precisamente uno de los objetivos de la Agencia Europea, como decía hace un momento, es esta prevención. 
En este sentido, se ha presentado una enmienda y confío en que la Comisión y el Consejo puedan asumirla. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, la Agencia de Medio Ambiente ha perdido al principio mucho tiempo pues se ha tardado tres años hasta decidir su sede. 
Ahora nos falta ese tiempo. 
Pero hay que decir que, si se tienen en cuenta todos los problemas derivados de ello, la Agencia ha realizado un trabajo muy positivo. 
Quiero destacarlo como se merece. 
Es también realista que las modificaciones previstas del reglamento sobre la creación de la Agencia Europea de Medio Ambiente tengan en cuenta en lo esencial las necesidades objetivas surgidas entretanto y que se lleve a cabo una modificación de las tareas de un modo moderado. 
Se ha previsto una ampliación de las tareas de la Agencia ya que ésta debe apoyar a la Comisión en los campos del control de la compatibilidad medioambiental y de elaboración de informes, a difundir informaciones sobre investigación de medio ambiente y ayudarla en la creación del archivo de medio ambiente. 
Apoyamos en especial la propuesta de que la Agencia ayude a la Comisión en el campo de la elaboración de informes. 
Pero objetivo de la inclusión de la Agencia en las funciones informativas debe ser, por un lado, evitar la duplicación de trabajos a la hora de pedir datos e informes a los Estados miembros por parte de la Comisión y, por otro, garantizar que la Comisión y la Agencia se basen en los mismos datos. 
En el control del trabajo de la Agencia de Medio Ambiente, debemos insistir en especial en que se alcance el objetivo a largo plazo de la armonización de los sistemas intraestales de información de medio ambiente con la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente, que tenga lugar una estrecha cooperación entre la Agencia y los Estados miembros en lo tocante al objeto, métodos o registro de datos y, finalmente, que no se creen cementerios de datos por la recogida y archivo de datos no demandados y carentes de utilidad. 
Debo criticar formalmente de nuevo que la Comisión Europea no nos presente una propuesta consolidada, dificultando de este modo considerablemente el asesoramiento bajo la dirección del Sr. Collins. 
Señor Presidente, felicito a nuestro ponente por el meditado y sereno análisis que hace del modo en que la Agencia desarrolla sus actividades. 
Es excelente y felicito también a la Comisión por ello. 
Debo decir que hasta que la Agencia no consiga helicópteros e introduzca el concepto de personas que vienen de Copenhague a arreglar las cosas, con los helicópteros descendiendo en zonas que han sufrido graves daños ambientales, nadie la tomará en serio. 
Pero si viéramos un helicóptero, todos la tomarían en serio, y no estoy bromeando del todo, porque, a pesar de que ya he mantenido este debate con mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, soy consciente de que nuestras aspiraciones para la Agencia son completamente diferentes de los objetivos que se fijaron para ella. 
Como decía la Sra. Schleicher, es un insubstancial cementerio de datos, y eso realmente no basta. 
Deberíamos aspirar- lo que necesariamente supondría un cambio de la clasificación y de los estatutos de la Agencia- a una agencia que sea capaz de realizar inspecciones a nivel internacional. Esto significa prestar mucha atención al tema de la vigilancia del cumplimiento que, lamentablemente, en estos momentos se pasa por alto. 
No disponemos de un mecanismo que nos permita vigilar el cumplimiento de la legislación y la política de medio ambiente a escala de la Unión, en parte debido a que esto se sigue haciendo a nivel estatal. 
Nadie respetará las agencias estatales; pero sí se respetaría, en mi opinión, una agencia que fuera internacional en su composición y fuera una inspectora de inspectores. 
Aún falta mucho hasta llegar a eso y quizá hasta entonces no deberíamos hacer este tipo de evaluación de la labor de la Agencia, pero a menos que alguien diga de vez en cuando que ésas deberían ser las aspiraciones de la Agencia, sin duda no tenía ningún sentido que Copenhague librara la comprensible batalla que libró para que la institución tuviera su sede en aquella ciudad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la decisión, en 1990, de fundar una Agencia Europea de Medio Ambiente, científicamente independiente, para la recogida, elaboración y análisis de los datos medioambientales a nivel europeo constituyó un desarrollo importante en la persecución de la elaboración de una política conectiva y fiable en el sector del medio ambiente en la Unión Europea. 
Cuatro años después del inicio del funcionamiento de esta Agencia, somos llamados a juzgar aquellas modificaciones en el reglamento de su fundación que mejoren su labor basándonos en la experiencia y en la evaluación. 
El objetivo principal de la modificación debe ser la extensión y la ayuda en la recogida y la elaboración de datos fiables y especialmente en la función informativa sobre la formación de medidas y de políticas, tanto en relación con los órganos institucionales como en relación con los Estados miembros. 
Estamos pues, a favor del reforzamiento de la función informativa y de la interconexión de la labor de la agencia con los órganos institucionales, y especialmente con el refuerzo de la relación entre la Agencia y el Parlamento Europeo. 
Esto es porque la aportación del Parlamento en la preparación de directrices políticas, así como su participación en la elaboración legislativa es determinante y cada vez aumenta más en la formación final de la política del Medio Ambiente en la Unión Europea. 
Este hecho no lo debe omitir la Comisión. 
Además debemos subrayar que la política de la mayor difusión de la información por medio de redes y de aplicaciones telemáticas hacia todos los centros de decisiones y también al amplio público va a hacer una aportación positiva en la evaluación de soluciones y en la sensibilización respecto a la evaluación y uso de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
Conocemos que en la actualidad la aplicación correcta del Derecho comunitario constituye el talón de Aquiles de la política de defensa del Medio Ambiente en la Unión Europea. 
La Agencia puede desempeñar un papel importante en la recogida de datos, así como en el seguimiento de la observación del Derecho comunitario tras el refuerzo y la ampliación de la red IMPEL. 
En cuanto a incorporar el apoyo de la Comisión a los deberes de la Agencia para el proceso del intercambio de informaciones y del desarrollo de criterios para la valoración de las consecuencias medioambientales, estamos a favor porque los graves problemas han surgido en todos los Estados miembros por la aplicación incorrecta de esta Directiva. 
Creo que las modificaciones que se propones son indispensables para la continuación de la valiosa labor de la Agencia a nivel europeo, y, sobre todo, ante los retos a los que se tiene que enfrentar la Unión Europea por la ampliación venidera. 
Señor Presidente, a modo de introducción me gustaría agradecer al Parlamento Europeo el que haya introducido esta modificación del reglamento de la Agencia Medioambiental en el orden del día. 
Me parece importante que se apruebe esta propuesta lo más rápidamente posible de manera que la Agencia pueda llegar a funcionar con su base de trabajo revisada. 
Me gustaría también dirigir un especial agradecimiento al señor ponente, Sr. Ken Collins, por el trabajo realizado en el informe. 
La Agencia ha salido airosa desde el principio y su trabajo ha avanzado bien, como se ha subrayado también en este debate. 
Da gusto, y lo sé, que el Parlamento haya concedido a la Agencia una gran importancia. 
Nos hemos llevado también en el debate público una gran alegría con los informes que la Agencia ha hecho públicos, por tanto, la intención es seguir adelante. 
Y permítaseme por ello comenzar señalando una importante posibilidad de desarrollo. 
Tendrá una gran importancia que la Agencia tenga ocasión de desempeñar un papel en la ampliación hacia la Europa del Este y Central. 
Hemos de cuidar de que los países que lo deseen también puedan participar en el trabajo de la Agencia, tal y como señaló el señor ponente, Sr. Collins. 
Encuentro muy positivas las enmiendas del señor ponente y me alegro de las constructivas observaciones a la propuesta de la Comisión. 
La enmienda 1 afecta al apoyo de la Agencia a la elaboración y puesta en ejecución de la política medioambiental. 
La Comisión acepta tanto la propuesta por la que se vuelve al tenor inicial del reglamento como la recomendación de modificar las instituciones comunitarias. 
Tampoco hay problemas con la recomendación de programa de actuación. También estamos de acuerdo en que debe existir una estrecha colaboración y en ella trabajamos. 
La enmienda 2 dice que el repertorio de información propuesto debe incluir un registro de datos. 
La Comisión se suma a esto, sin embargo, me he enterado de que pueden existir algunos obstáculos jurídicos al texto subsiguiente sobre información de legislaciones medioambientales nacionales y comunitarias y así hemos de examinarlo más detenidamente. 
La enmienda se refiere asimismo a la vigilancia y disciplina y aquí sí que volvemos en realidad a una antigua discusión. 
El papel principal de la Agencia es proporcionar a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros información sobre lo que sucede con nuestro medio ambiente. 
Esto se puede hacer mediante una estrecha colaboración con los Estados miembros. Si comenzamos a mezclar el papel de informar con un papel de vigilante y garante y esto queda fijado en el reglamento, nos arriesgamos a socavar la colaboración y con ello la efectividad de la Agencia. 
Simplemente nos arriesgamos a no recibir los datos que precisamos y por lo tanto esto debería explicar también el que yo no comparta la opinión expresada por el Sr. Ian White en su intervención. 
Me parece que no debemos añadir la vigilancia y la disciplina a las tareas de la Agencia, ya que queda implícito que las conclusiones a las que llegue la Agencia sobre la situación medioambiental nos ayudarán a comprender mejor si nuestras legislaciones y medidas son efectivas. 
Y como sabe el Parlamento, no me he quedado quieta cuando se trata de la vigilancia y la disciplina. 
Las enmiendas 3 y 6 son propuestas útiles que la Comisión acepta. 
Sin embargo, con respecto a la enmienda 4 podríamos aceptar la redacción en la que se dice que la Agencia debe garantizar una difusión amplia de información medioambiental, si añadimos la nota según la cual esto englobaría especialmente las informaciones relativas a la situación medioambiental. 
Esto contribuiría a centrar la tarea en la competencia y los conocimientos de la Agencia sin impedir el trabajo en otros campos. 
Aceptamos el requisito relativo a la utilización en los trámites de, en lo posible, todas las lenguas oficiales, tratado tanto por el Sr. Collins como por la Sra. Díez de Rivera. 
La referencia a un nuevo artículo 2.14 nos parece, sin embargo, innecesaria. 
Con respecto a la enmienda 5, se nos ha informado por parte de los servicios jurídicos de que el dictamen del Parlamento no debería proponer modificaciones a los artículos que todavía no han sido modificados en la propuesta de la Comisión. 
Una vez dicho esto, podemos, sin embargo, apoyar el punto relativo a la red IMPEL, como hizo también el Sr. Collins hoy en su discurso, y puedo informarles a ustedes de que la colaboración ya se produce, habiendo sido ésta ratificada en la última sesión plenaria del IMPEL. 
Puedo decirles también que el grupo de trabajo sobre medio ambiente del Consejo asimismo está pensando la manera de que esta referencia específica pueda ser incorporada al reglamento. 
Las enmiendas 7 y 8 son bastante comprensibles, sin embargo, nos parecen innecesarias. 
Y por último, la enmienda 9. Podemos sumarnos a la nota en la que se pide que la próxima revisión de las tareas de la Agencia se efectúe en conexión con la evolución de la política comunitaria medioambiental global. 
La Agencia puede ser una gran ayuda para todos nosotros afianzándose en su posición de proveedor independiente y objetivo de datos fiables. 
Ya sean sobre emisiones de gases de efecto invernadero, los depósitos de carbono, etc. Visto de esta manera, no rechazo el concepto de la evaluación de la rentabilidad y por ello la propuesta de la Comisión incluye la pretensión de llevar a cabo una evaluación de los resultados y la eficacia durante 1999. 
La rentabilidad debe, sin embargo, ser estudiada con relación a los propios objetivos, papel y resultados de la Agencia y no en un contexto más amplio como los objetivos de la Comisión. 
Finalmente debe mencionarse que también podemos aceptar la observación de la enmienda 9 relativa a que también el Parlamento recibirá el informe sobre efectividad y resultados antes del quince de septiembre de 1999. 
Como conclusión quiero dar las gracias una vez más por el debate celebrado hoy y agradecer al señor ponente el gran trabajo hecho en la propuesta. 
Su labor ha centrado la atención una vez más en el trabajo de la Agencia, y lo ha hecho bien. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, hace ocho años y medio el Parlamento debatió sobre la Directiva ejecutiva " Radiación de alimentos». 
En aquella ocasión, por buenas razones, llegamos a la conclusión de autorizar solamente las especias. 
El Consejo ha necesitado a su vez ocho años y medio para llegar a una posición común. 
Ha salido la directiva sobre las especias pero además una directiva marco. 
Ahora nos encontramos en la absurda situación de tener en segunda lectura una directiva marco sin haber tenido una primera lectura al respecto, lo que a su vez significa que, según la resolución del Presidente, no se pueden presentar nuevas enmiendas porque en la primera lectura no hemos presentado ninguna. 
Esto adquiere tintes kafkianos. 
En aquella ocasión no presentamos enmiendas al procedimiento de control y al procedimiento de análisis normalizado. 
Pero no pudimos hacerlo porque, en primer lugar, no teníamos la directiva marco en la que pudiese figurar esto. 
Pero mucho peor es que en ese tiempo no existía en absoluto. 
¿Cómo podía exigir el Parlamento algo que entonces no existía? 
Esto para empezar. 
Nadie cuestiona que necesitamos una regulación común, pues en algunos países miembros está permitida la radiación y en otros está prohibida. 
Como no tenemos ninguna regulación no tenemos ninguna obligación de etiquetado, lo que significa que el consumidor no sabe en absoluto si lo que compra está radiado o no. 
Pero debe tener la elección, la oportunidad de elegir, pues mediante la radiación se pierden vitaminas. 
Cree que está comprando fruta fresca pero no es así sino que tiene el mismo valor alimenticio que los congelados o la fruta en conserva. 
Nadie cuestiona tampoco que, por ejemplo, se pierde valor alimenticio. 
Nadie cuestiona que se producen modificaciones toxicológicas sobre cuyos efectos no sabemos nada en absoluto. 
Naturalmente, se puede uno preguntar que porqué necesitamos esto. 
Se alega el hambre en el mundo. 
Cierto. 
No obstante, debo constatar que, por un lado, sacamos del mercado toneladas de frutas y verduras para equilibrarlo y, por otro, queremos irradiar la fruta y verdura para que duren más tiempo. 
Algo no encaja. 
En segundo lugar, apenas se puede reducir el hambre de este mundo irradiando ancas de rana, gambas, mejillones, etc., pues no les sirve de nada a las personas que pasan hambre en el mundo. 
Creo que me darán la razón si digo que la radiación de alimentos para su conservación solamente se puede permitir si es inocua para la salud, absolutamente necesaria para el consumidor y si podemos demostrar que el alimento ha sido radiado pues, de lo contrario, no necesitamos ningún " labeling». 
Si no lo puedo demostrar, nadie escribirá que está radiado pues muy probablemente el consumidor no querrá comprarlo. 
Quiero indicar además que, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha logrado que el Parlamento participe de modo general según el artículo 100 a, al menos en la lista positiva que va a venir. 
Antes lo hacía el comité permanente para los alimentos, pero como todos sabemos, se reúne de modo no democrático a puerta cerrada. 
Por todos los motivos que les he expuesto les ruego que acepten las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En la votación de mañana deberemos mantener aún un debate especial sobre lo que ya he indicado al principio y que para mí es absurdo: que se han rechazado las enmiendas relativas al procedimiento de análisis y de control alegando que es la segunda lectura y que en la primera no se había presentado ninguna. 
En la primera lectura no se pudieron presentar porque, en primer lugar, no ha existido y, en segundo lugar, no existía la tecnología. 
Con ello llegamos al último punto relativo al logotipo que vamos a poner. 
El logotipo que se ha previsto hasta ahora es una broma. 
Lo he sometido a test con diferentes personas. 
Lo he pintado y he escrito al lado: ¿qué piensa usted que es? 
¿Es verdura de un cultivo biológico, es un juguete apto para los niños o qué piensa usted? 
Les digo que ni una sola persona ha dicho que se trate de radiación de alimentos. 
Esto es un engaño al pueblo que no se puede superar. 
¿De qué sirve que figure con letra muy pequeña " con radiaciones ionizantes»? 
¿Quién sabe lo que realmente significa? 
Nosotros quizás lo sepamos, pero ¿lo sabe el ciudadano de a pie? 
¿Y tiene que llevar siempre consigo una lupa? 
Creo que este logotipo, tal como se ha propuesto- tengo una enmienda al respecto- no podemos dejarlo pasar pues opino que es tomar al pueblo como tonto. 
Sea como sea, este asunto ha tenido un inicio desafortunado. 
Es algo absurdo que no se permita algo que es urgentemente necesario. 
Debemos además recapacitar qué hacer si el Consejo necesita años para una posición común. 
Entretanto el mundo ha dado muchas vueltas, imperan otras relaciones políticas, se han desarrollado desde hace mucho tiempo otras tecnologías y se nos empapuza con una segunda lectura que, coherentemente, no debería existir. 
Les ruego que modifiquen nuestro reglamento para que podamos proteger al consumidor y no ignoremos la protección del consumidor con trucos legales. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Bloch von Blottnitz por su larga dedicación a este asunto que data de mucho antes de mi llegada a este Parlamento y que posiblemente seguirá durante mucho tiempo después de que yo me haya ido. 
Aparentemente, el símbolo internacional " radura» está dejando ciega a la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Hay muchas cosas que pueden dejarnos ciegos, pero nunca hubiera sospechado que este inocente etiquetado fuera una de ellas. 
Es uno de los temas sobre los que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en su debate interno, defendió una opinión diferente de aquella que la ponente ha presentado hoy. 
La opinión sigue estando dividida sobre cuándo y cómo se puede recurrir a la irradiación para conservar los alimentos. 
Lo que, naturalmente, ha cambiado en estos ocho años- y nos impide volver a una nueva primera lectura- es la llegada del mercado único. 
Es probable que muchos Estados miembros que se han mostrado reacios a la irradiación se vean ahora obligados a aceptar productos alimenticios irradiados, les guste o no. 
En mi país, Tesco ha demostrado que un porcentaje nada despreciable de productos alimenticios que no estaban declarados como irradiados han resultado estarlo. 
Por ello creo que uno de los primeros principios recogidos en las propuestas que nos han devuelto en esta posición común aplazada durante tanto tiempo y con la que hemos sido obsequiados, es que debemos dar prioridad a la seguridad del consumidor y a la información ante todo. 
Los principios por los que deberíamos guiarnos hoy han estado claros desde aquel debate en primera lectura. Éstos son: recurrir a la radiación ionizante únicamente cuando favorezca a la salud pública y beneficie al consumidor; etiquetar con precisión, pero sin histeria; y limitar estrictamente los productos irradiados, debiendo someter la inclusión de cada nuevo producto a la codecisión. 
Las ancas de rana, a las que se ha referido la Sra. Bloch von Blottnitz, han sido tachadas de la lista de productos, y con toda la razón. 
Actualmente nos hemos quedado con tres productos. No queremos que vengan a sumarse nuevos productos sin que se siga un procedimiento específico que esté sujeto a la codecisión, una vez más, antes de ser admitidos. 
Es precisamente lo que persiguen las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
El consenso que hemos logrado al respecto, que esta noche se verá completado, espero, por el acuerdo sobre el símbolo " radura» -y espero con interés oír lo que el portavoz del PPE tiene que decir al respecto, porque han sido muy reacios a la introducción de un etiquetado de aviso propiamente dicho- es el enfoque acertado, mejor que el enfoque de la calavera y dos huesos cruzados que nos ha presentado la ponente. 
No sé cuál de las enmiendas será incluida en el reglamento, porque varias fueron suprimidas en la Comisión de Medio Ambiente. 
Resulta difícil, por tanto, argumentar una hipótesis. 
No sabemos qué aprobará el Parlamento en esta ocasión. 
No podemos apoyar las enmiendas 29, 31, 32 y 33, porque las palabras clave de precaución que contienen- lo que la ponente quiere que diga- han sido retomadas en las otras enmiendas de la comisión, en símbolos alternativos o en la cuidada formulación que hemos puesto en nuestra enmienda 30. 
En conclusión, lo que queremos es un marco preventivo y no una diatriba de prohibiciones. 
Apelo a los colegas para que apoyen las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, puedo comprender a la ponente cuando expresa su insatisfacción por el rechazo de enmiendas que nos han sido impuestas solamente por motivo del nuevo informe del Consejo. 
Quiero advertir a la Presidencia que lo considere de nuevo, pues nos hemos visto obligados a presentarlas. 
Se trata de aspectos nuevos y debemos votar también al respecto. 
Esta es mi opinión. 
Por ello, creo también que ya es hora de que avancemos con la directiva sobre el tratamiento de alimentos. 
Hace muchos años ya existían enfoques. 
Los oradores anteriores ya lo han mencionado: ocho años ha necesitado el Consejo para adoptar una decisión. 
Es cierto que las normas nacionales alcanzan desde la prohibición total hasta una aplicación libre por lo que, naturalmente, existen problemas para encontrar un denominador común, pero ocho años me parece demasiado tiempo. 
En el punto central de las consideraciones debe encontrarse el consumidor, que es quien a la postre toma los alimentos. 
Creo que el consumidor debe poder reconocer si se trata de un producto radiado o no. 
La obligación de etiquetado lo tiene en cuenta, por lo que es una parte esencial de esta directiva. 
Señor Whitehead, en este contexto deberíamos seguir con toda claridad la directiva del etiquetado pues nos dice cómo se debe proseguir. 
Señora ponente, ya ve lo que aportan las nuevas señales o símbolos. 
No aportan nada. 
Sigamos con lo que está acostumbrado el consumidor, escribámoslo. 
Por mí, podemos determinar también los centímetros o cualquier otro detalle. 
Pero está acostumbrado a que se indique cómo ha sido tratado un producto. 
Estoy pues a favor de que procedamos según la directiva sobre el etiquetado. 
Me parece sensiblemente mejor. 
Otro enfoque extraordinariamente importante en este contexto es la prueba de la radiación. 
Si se autoriza la radiación de alimentos, por consideración al consumidor se debe garantizar que se pueda ejercer un control. 
Esto se garantiza en la propuesta. 
Debemos insistir además en que las medidas higiénicas y sanitarias, una buena producción así como unos procedimientos de cultivo que correspondan a los estándares europeos, deben tener en cualquier caso preferencia frente a la radiación de alimentos. 
Es absolutamente necesario evitar los intentos de realizar una radiación posiblemente sólo por motivos de gastos menores. 
La responsabilidad por el consumidor y su salud está hoy en nuestra manos. 
Hagamos justicia a esta responsabilidad abogando por la obligación de etiquetado, el control de los productos radiados y, en consecuencia, la protección de los consumidores europeos. 
Naturalmente, como Parlamento queremos participar en las posteriores decisiones fundamentales. 
No hay nada que pueda proporcionar al consumidor mayor confianza que la publicidad que significa que se ha tratado en el Parlamento. 
Tendremos aún que debatir bastante sobre la lista que se debe elaborar y en la que deben figurar los diversos alimentos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta propuesta sobre alimentos tratados con radiaciones ionizantes fue presentado inicialmente en primera lectura en 1989. 
La misma planteó tantos problemas y dudas en el público, en el Parlamento y en el Consejo, que éste no aprobó una posición común hasta el 27 de octubre de 1997, ¡es decir, ocho años más tarde! 
Para clarificar el debate, se han propuesto dos partes bien diferenciadas: por un lado, una directiva marco relativa a las condiciones generales para la irradiación de alimentos y, por otro, una directiva de aplicación, que establece la lista de alimentos que pueden tratarse, lista que actualmente está compuesta por una sola categoría de productos: especias y hierbas aromáticas (todos están de acuerdo, nadie se queja, pero dicha lista debe completarse en sucesivas etapas antes del 31 de diciembre del 2000, previa consulta al Comité Científico de la Alimentación Humana). 
Podemos felicitarnos por la adopción de esta Directiva, cuyo primer objetivo es el respeto de la salud, pero también la correcta información del consumidor. 
En efecto, todos los estudios llevados a cabo hasta hoy han demostrado, sin ambigüedad, que la radiación de los alimentos no supone ningún riesgo desde el punto de vista de la seguridad y la salud del consumidor. 
La aplicación de la irradiación en los alimentos, en aquellos alimentos que podrían ser susceptibles, por ejemplo, de contaminación, puede incluso ser beneficiosa para el consumidor por razones de seguridad sanitaria y porque conservan mejor que otras técnicas la calidad nutritiva del producto. 
Este método no debe servir, sin embargo, para cubrir la preparación defectuosa de un alimento, ni utilizarse cuando no reporte ninguna utilidad. 
En conclusión, esta Directiva garantiza una información clara y un control de las diferentes fases del tratamiento con radiaciones ionizantes. 
La misma puede aprobarse sin las enmiendas propuestas por la ponente, las cuales no introducen ninguna mejora y pueden, por el contrario, introducir una lamentable confusión debido al símbolo, injustamente preocupante, que se denominaría " radura» , cuando ya se ha previsto un etiquetado claro. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a la ponente por su informe. 
En la posición común se aprueba la radiación como un posible medio de conservación de alimentos. 
Aunque actualmente es sólo una categoría, lo cual se ha dicho anteriormente, es decir, especias y hierbas, la idea es, en todo caso, que se podrá aplicar a muchos más alimentos. 
Creo que es esto lo que se debe tomar en consideración cuando se decida este asunto. 
La Comisión de Medio Ambiente se ha fijado en los aspectos sanitarios. 
Opino que es importante y pido a los miembros de la Asamblea que apoyen las propuestas de enmienda de la Comisión de Medio Ambiente. 
Entonces habrá posibilidades de afinar un poco más los puntos de vista en la posición común. 
Sabemos que en la actual UE está permitido que ciertos países irradien los alimentos mientras que en otros no lo está, por ejemplo, en Suecia y Alemania. 
Personalmente considero que las radiaciones no se avienen con las comidas y alimentos. 
Por eso no se deberían hacer. 
Probablemente sea verdad, como se ha dicho aquí, que no implica ningún riesgo para la salud humana. 
También existen severas exigencias de que no debe importar ningún riesgo. 
Sin embargo, hay también otro aspecto, a saber la sensación de falsa frescura que pueden dar los alimentos irradiados. 
Un alimento puede tener un aspecto muy fresco aunque en el fondo esté viejo y francamente malo. 
Esta es una forma de confundir a los consumidores. 
En este contexto no ayuda el poner marcas en los alimentos, puesto que el aspecto confunde al consumidor de manera directa. 
Por mi parte, voy a apoyar las propuestas de enmienda de la ponente aquí en la Asamblea aunque mi grupo se limita a apoyar principalmente las propuestas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Yo lo veo como dos etapas: antes que todo apoyamos a la Comisión de Medio Ambiente, al mismo tiempo no sería mala idea presionar un poco más y apoyar las propuestas presentadas por Los Verdes al debate parlamentario. 
Señor Presidente, el hecho que algunos países miembros hayan practicado una prohibición contra la radiación de alimentos durante muchos años, y que haya funcionado espléndidamente, demuestra que la radiación es, en el fondo, innecesaria como método de conservación. 
También se presentan desventajas manifiestas, como pérdidas de valores nutritivos, cuando se prolonga la vida útil de los alimentos. 
Lo mejor sería si en esta situación se pudiera tomar una decisión de prohibición de radiación de alimentos, con excepción de las especias, pero, como es sabido, aquí no existe esa posibilidad. 
Puestos a elegir entre la posición del Consejo y la de la Comisión de Medio Ambiente, la elección es sencilla. 
La Comisión de Medio Ambiente hace más rigurosa la normativa existente en este terreno, entre otras cosas en lo referente a marcas, criterios de higiene y medidas sanitarias, que no se pueden sustituir por radiaciones, y de métodos de análisis. 
Por esto, mi grupo va a votar favorablemente no sólo las propuestas de enmienda de la Comisión de Medio Ambiente sino que también la mayoría de las propuestas de enmienda presentadas por el Grupo V. 
Señor Presidente, en octubre de 1989, yo fui uno de los que votaron a favor del informe de mi colega, la Sra. Blon von Blottnitz, que fue sustituida por la Sra. Quistoudt-Rowohl, aunque había sido ella la autora del informe. 
Aprobado por amplia mayoría, dicho informe proponía una prohibición de principio de la irradiación de alimentos, con excepción de las especias y las hierbas aromáticas secas. 
Ahora bien, la posición del Consejo- que es doble- y que nos llega con ocho años de retraso, aplica la lógica inversa. 
Ahora instaura dicho método como método de conservación, con la posibilidad, en una primera fase, de irradiar las especias y las hierbas aromáticas. 
Considero, por lo tanto, dado el enorme lapso de tiempo trascurrido, que hubiese sido lógico aceptar todas las enmiendas que preconizaban restablecer la posición de la primera lectura. 
Compruebo que algunas enmiendas no se someterán a votación, a menos que la Presidencia cambie de opinión de aquí a mañana, sobre todo la enmienda 27, pero también dos enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, la 10 y la 13. 
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente ha rechazado algunas enmiendas y ha aceptado otras, y la Presidencia del Parlamento toma una posición diferente. 
Deben admitir que esto implica cierto desorden. 
En estas condiciones, la prudencia exigiría aceptar todas las enmiendas y someterlas a votación, sabiendo de antemano que algunas no se aprobarán. 
A pesar de todo, desearía defender dos tipos de enmiendas. 
Primeramente, aquellas que preconizan un logotipo. Yo he suscrito, con mi colega von Blottnitz, una enmienda exigiendo un logotipo muy claro. 
En efecto, todos sabemos que el etiquetado previsto es insuficiente, y no permite una información seria del consumidor. 
En segundo lugar, creo que es necesario disponer sistemáticamente de un método analítico. 
¿Cómo puede aceptarse que se comercialicen productos irradiados, sin que exista para los mismos un método analítico normalizado y eficaz? 
Es inaceptable. 
No puede existir un reglamento sin que se establezca algún método que permita comprobar si dicho reglamento se respeta o no. 
Es incoherente. 
Por lo tanto, propongo que se voten dichas enmiendas por razones de coherencia, y concretamente la enmienda 27. 
Señor Presidente, unas normas comunitarias comunes de consumidores son por principio buenas puesto que la circulación de mercancías es considerable. 
Cuando los productos se mueven por encima de fronteras, surge el riesgo en la práctica de tener que aceptar productos irradiados salvo que el campo se regule. 
Los alimentos irradiados no han de convertirse en la solución a los problemas del transporte a distancia o de un mal almacenamiento. 
Una manzana irradiada puede parecer fresca, y en realidad estar pasada. 
Alimentos que están para tirar pueden seguir vendiéndose en las tiendas si se autoriza la irradiación. 
El Consejo propone que muy pocos alimentos puedan ser tratados con radiaciones- sólo las especias. 
Esto me satisface. 
No obstante, el asunto es que una ampliación gradual de una lista positiva puede modificar esta situación. 
Los requisitos son duros, hay que admitirlo, sin embargo, es importante que las cosas sucedan a la vista de todos, con el concurso del Parlamento y del público en general y con el cumplimiento de los importantes principios sanitarios y de los consumidores. 
Un importante principio de la legislación de consumidores es que los consumidores no pueden ser inducidos a engaño. 
Lo serán en gran medida si permitimos la irradiación, puesto que los alimentos aparentan ser algo distinto de lo que son. 
La necesidad de la irradiación como conservante es también difícil de ver. 
Europa tiene mucha comida. 
Los alimentos tratados con radiaciones autorizados deben marcarse si llega el caso. 
Los consumidores deben tener una alternativa, incluso en los casos en los que se supera el test sanitario. 
Apoyo los estudios de los riesgos sanitarios en el proceso de irradiación. 
La irradiación no neutraliza todas las toxinas de los alimentos. 
Algunas de ellas por el contrario se ven reforzadas. 
También es importante tomar postura ante los métodos con los que puede llevarse a cabo la irradiación. 
Es un aspecto que el Consejo menosprecia, pero que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo recoge. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con mi colega de partido Bloch von Blottnitz. 
La radiación de alimentos es arriesgada e innecesaria, en cualquier caso para todos los alimentos exceptuando, tal vez, a algunas especias. 
Ésta es también la postura oficial del gobierno de Suecia. 
Las normas vigentes suecas prohíben las radiaciones, exceptuando justamente a algunas especias. 
Este asunto es muy especial para Suecia. 
Una de las promesas más importantes que se hicieron antes de la adhesión de Suecia a la UE fue, en la realidad, que no se necesitaría menoscabar ninguna norma de protección al medio ambiente y la salud. 
Insisto: ninguna de esas normas necesitaría menoscabarse. 
Si ahora el Parlamento no aprobase las propuestas de enmienda de Bloch von Blottnitz, se obligaría a Suecia a realizar cambios perjudiciales. 
Esto acentuaría aún más la crisis que en realidad hay entre Suecia y la UE por muchos motivos. 
En este caso, estaríamos ante el más grave deterioro de las normas de salud suecas, así es que espero, de verdad, que el Parlamento apoye las propuestas de enmienda de Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, tengo que debatir y votar en una segunda lectura sobre una propuesta cuya primera lectura tuvo lugar en un momento en que mi país aún no era miembro de la Unión Europea, por lo que yo ni ninguna persona de mi país tuvo la posibilidad de introducir en esa lectura ideas o modificaciones que en cualquier caso se podrían haber presentado de nuevo ahora como enmiendas. 
Creo que ante el hecho de que hay muchas modificaciones y ampliaciones dentro de nuestra Comunidad Europea, es necesario recapacitar de nuevo sobre las normas según las cuales tienen lugar la primera y segunda lecturas, para que se pueda hacer justicia a todos los Estados miembros. 
Respecto al asunto en si, quiero decir que se debe evitar la radiación de alimentos pues me temo que con ella se aparentará un frescor inexistente y se sustituirán otras medidas higiénicas confundiendo de este modo a los consumidores. 
A pesar de ello, creo que es necesario que llevemos a cabo esta segunda lectura y que votemos aquí en el Pleno sobre esta directiva en el sentido de lo que se votó en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pues la información, el etiquetado y sobre todo, las medidas de control para los productos irradiados son necesarias y se deben prescribir también en el sentido de los consumidores en la totalidad del mercado interior. Sólo esto hará que los consumidores puedan elegir libremente los alimentos. 
Por ello, creo que es especialmente importante que podamos seguir también públicamente las decisiones del comité permanente de los alimentos, que podamos participar y que no sólo podamos codecidir qué alimentos deben añadirse a la lista de las hierbas y especias ya recogidos sino que estemos informados sobre la duración e intensidad de la radiación de los diversos alimentos, pues esto es también importante. 
Sólo la publicidad y el etiquetado pueden transmitir a los consumidores que el Parlamento Europeo y la Unión Europea están interesados en una protección preventiva de la salud y que trabajan en ello. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de 1989 pretendía crear un sistema de estricta vigilancia sobre los alimentos tratados con radiaciones desde el uso del proceso a cargo del productor hasta la venta del producto al consumidor final. 
Para facilitar la aprobación de la legislación en este asunto, el Consejo ha partido la propuesta en dos, es decir, una directiva marco y una directiva de aplicación con una lista de los ingredientes que pueden tratarse con radiaciones. 
Las ocho categorías de ingredientes de las propuestas modificadas de la propuesta de la Comisión se han reducido en la posición común a una, i. e. las especias aromáticas y secas, entre las especias y condimentos vegetales. 
En cuanto a la recomendación del borrador relativa a la necesidad de emplear métodos de control estandarizados para descubrir el tratamiento con radiaciones de los ingredientes, he de señalar que el control sobre muchos otros procesos conservantes consiste en el administrativo y no en el control de laboratorio. 
El trabajo de estandarización se lleva a cabo, como es sabido, por un órgano independiente, el CEN. 
Al igual que otros ingredientes, los ingredientes tratados con radiaciones están incluidos dentro de las directivas de vigilancia, es decir, la Directiva 89/397 y la Directiva 93/99. 
De ahí que las enmiendas 9, 11, la segunda parte, 13, 27 y 32 a la directiva marco no puedan ser aceptadas, ni tampoco las enmiendas correspondientes a la directiva de aplicación, es decir, la 2, 3 y la segunda parte de la 1. 
En cuanto al procedimiento del comité, debe recordarse que todas las enmiendas de contenido político deben ser aprobadas en esta asamblea. 
Por ello, la crítica al borrador de la recomendación al efecto de que el comité de reglamentación influye demasiado en esta directiva no está justificada. 
El Comité Permanente sólo tiene posibilidad de adoptar una decisión política en los casos en los que un Estado miembro ha aprobado medidas de protección. 
De ahí que la Comisión deba insistir en el texto del Consejo y rechazar las enmiendas 8 y 19. 
Para el manejo de las cuestiones técnicas se exige en la recomendación que el Comité Permanente tenga competencias consultivas, como la Comisión originariamente había propuesto. 
Para que la aprobación de la directiva, la cual ya debería haberse producido según el Libro Blanco, no se viese bloqueada, la Comisión ha tenido que aceptar un comité de reglamentación. 
Por esto no es posible aceptar las enmiendas 14, 16 y 17 que tratan del procedimiento del comité ni tampoco la núm. 15 relativa a las normas internas del comité que el propio aprueba. 
En cuanto a la obligación de escuchar al Comité Científico de Alimentación Humana del artículo 13, ésta no ha de confundirse con el procedimiento de codecisión que la directiva establece para la aprobación de disposiciones adicionales que afecten a la salud pública. 
Por lo tanto las enmiendas 6 y 18 son innecesarias y han de rechazarse. 
Puesto que el marcado es ahora obligatorio en todos los casos, los consumidores siempre podrán hacer una elección calificada entre los productos que contienen o no ingredientes irradiados. 
Las enmiendas 5, 26 y 29 que introducen un símbolo que hace referencia a la manipulación realizada son por ello superfluas y no pueden aceptarse. 
Varias de las enmiendas enriquecen y clarifican el texto. 
Hablamos de las enmiendas núm. 1, 2, la primera parte de las núm. 3, 4, 7 y 12 a la directiva marco y de la primera parte de la enmienda 1 a la directiva de aplicación. 
Las enmiendas 30, 31 y 33 no pueden aceptarse pues no se pone en duda que el proceso sea seguro. 
La enmienda 10 liga los requisitos para autorizar el tratamiento con radiaciones de los ingredientes a la obligación de los Estados miembros de presentar datos a la Comisión. 
Puesto que no existe relación alguna entre los dos temas, la propuesta no puede aceptarse. 
También la primera parte de la enmienda 11 es inaceptable puesto que la cuestión está incluida en el primer apartado del artículo 1. 
El período disponible para retirar los productos que no cumplan la directiva se reduce en la enmienda 20 de 24 a 12 meses. 
Un período tan corto hará muy difícil la puesta en práctica de la directiva y la enmienda ha de ser por lo tanto rechazada. 
Las enmiendas 21, 22 y 28 limitan las posibilidades de empleo y utilización de la irradiación de los ingredientes. 
Sin embargo, es difícil explicar los motivos por los que los consumidores, quienes en última instancia deben evaluar qué les resulta favorable o necesario, no deben tener derecho a tomar sus propias decisiones, sino que se les imponen determinados criterios. 
Estas enmiendas por lo tanto no pueden ser aceptadas. 
Le doy las gracias, Sra. Comisaria. 
He sabido que varios colegas hicieron comentarios a propósito de las enmiendas que el Presidente no ha admitido. 
Creo que el tema también se tocará mañana, de modo que quiero recordar a todos los colegas de qué se trata. 
El artículo 125 dice, precisamente, que " el Presidente decidirá sobre la admisibilidad de las enmiendas» : Sr. Lannoye, no decide la Presidencia sino el Presidente, es decir, no quien en ese momento preside sino el Presidente del Parlamento. 
" La decisión del Presidente sobre la admisibilidad de las enmiendas no se fundará- se aclara al final del artículo 125únicamente en los apartados 1 y 2 sino en las disposiciones del Reglamento en general». 
El artículo 72, además, dice que " la decisión del Presidente sobre la admisibilidad de las enmiendas será inapelable» , por lo que las puertas parecen efectivamente cerradas. 
Sin embargo, yo querría leer también- a título informativo y como curiosidad- el parágrafo 2 del artículo 70, que dice: " A la vista de las conclusiones del Comité de Conciliación, la delegación del Parlamento podrá recomendar que se reanude el examen de la posición común y de cualesquiera enmiendas presentadas a la misma o, previa consulta con la comisión competente, proponer nuevas enmiendas para su consideración en el Pleno, de conformidad con el artículo 72.» 
Naturalmente, detrás de este párrafo del Reglamento hay una cuestión por entero político-institucional, relativa a la marcha de la conciliación, al valor del resultado de la conciliación, pero me parece entrever que aún existe una posibilidad, al menos reglamentaria, para más adelante. 
He leído estos artículos, además, porque creo que tendré que presidir la conciliación, Sra. Bloch von Blottnitz, y entonces nos encontraremos para volver a discutir este problema. 
Señor Presidente, me alegra que estemos sentados juntos en el comité de conciliación. 
Esto me hacer albergar esperanzas. 
No obstante, debo decirle sinceramente que lo que la Comisión me ha comunicado me parece escandaloso. 
No recoge ni una sola enmienda alegando que no puede hacerlo. 
Lo que me parece incomprensible, escandaloso y desvergonzado es que nos diga a la cara que ya no participamos en el posterior procedimiento según el artículo 100 a. 
Pero precisamente es esto lo que queremos con la enmienda nº 19, que el Parlamento participe según el artículo 100 a tras la entrada de la lista positiva. 
Señora Comisaria, usted lo acaba de negar aquí. 
Esto significa que en la continuación del juego solamente vamos a ser espectadores pero que en la calle tendremos que defender en la campaña electoral cosas que se han trapicheado tras puertas cerradas. Yo no quiero participar en este juego. 
Se lo puedo decir. 
Esto no puede pasar. 
Me parece una desvergüenza. 
Se dice que participamos. 
Se dice que el Parlamento tiene sus derechos y siempre se nos quitan ladinamente esos derechos. 
Toda esta radiación de alimentos sólo sirve a la postre a los bebedores de whisky, porque el whisky envejece antes. 
Y ahora ¿debemos además defenderlo? 
Hasta ahora he participado en este juego porque he dicho que puede que haya buenas razones para radiar. 
Pero ahora, después de que ustedes los de la Comisión dicen supongo, no supongo, ¡se acabó! 
Quizás me pueda corregir, quizás sólo haya comprendido tonterías. 
Estamos desempeñando aquí el papel del tonto que tiene que limpiar cosas en las que no hemos podido codecidir. 
¡Esto no puede ser! 
¡Esto no tiene nada que ver con democracia, con la codecisión ni tampoco con el mercado interior! 
Siempre recibimos los palos por cosas que ustedes hacen. 
¡Digo que no! 
O usted me dice que le he entendido mal. 
Respecto a usted, señor Presidente: nos ha dado unos buenos consejos pero mañana antes de la votación me voy a permitir exponer el segundo guión del artículo 62. 
No lo quiero citar ahora pues es demasiado tarde pero mañana me voy a permitir exponerlo. 
Allí se dice que sí se pueden presentar enmiendas sobre temas que no se han tratado antes en la primera lectura. Se puede y lo vamos a hacer. 
Sé que usted no puede decidirlo. 
No tiene la culpa de ello. 
Usted solamente está sentado aquí. 
Muchas gracias por su paciencia. 
Hasta la vista. 
Señor Presidente, por insistir en esto del whisky: también me parece interesante. 
Mediante esta radiación se puede envejecer artificialmente el whisky. 
Me he enterado de ello esta tarde. 
Usted no tiene la culpa, pero a pesar de ello quiero rogarle que actúe por así decirlo como portador de un estado de ánimo de esta Asamblea al Presidente competente. 
Me remito al artículo 72, pero no a la frase a la que se remite usted sino al artículo 72, 2c. 
Allí se dice que las enmiendas solamente serán permitidas si están dirigidas a modificar una parte de texto que no estaba contenida en la propuesta presentada para la primera lectura, etc. 
Varios colegas de diversos partidos han confirmado aquí que se contienen realmente nuevas partes porque en los últimos años se ha producido una evolución en este campo. 
Lo que hoy existe no existía entonces, probablemente ni siquiera en los sueños más atrevidos. 
Por ello, no solamente es lógico, es decir, posible, sino necesario que podamos presentar enmiendas. 
Esto lo han dicho todos, aquí no hay divergencias. 
Ruego que se lo transmita al Presidente. 
En segundo lugar, le ruego que aclare qué es lo que pasa en una situación donde el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, en virtud de su elevada función y de su personalidad, aprueba no permitir enmiendas y a continuación el Presidente, en el ejercicio de sus prerrogativas, no permite enmiendas totalmente diferentes. 
Hay algo que no es coherente. 
¿Qué pasa allí? 
Entre esos dos señores existe por lo visto un desbarajuste. 
Le ruego que lo aclare. 
¿Qué es razonable hacer en este caso? o ¿no hay que consideralo de nuevo desde el principio? 
En tercer lugar, me refiero al artículo 125. 
Allí se dice que el Presidente decide y que sus decisiones son inapelables. 
Le pregunto seriamente: ¿hay una frontera como lógica, inteligencia o evidencia si se recapacita? 
¿Estamos como en un cuento de los hermanos Grimm, el de los nuevos vestidos del Emperador? 
Todos dicen: mirad qué estilo, el Presidente tiene una ropa muy bonita, hasta que alguien viene, un niño pequeño y dice: ¡pero si está totalmente desnudo! 
¿Existe en algún lugar un límite a esta irrevocabilidad de las decisiones del Presidente? 
Se lo pregunto porque sé que usted es muy democrático, señor Presidente de la sesión. 
Señor Presidente, no quiero poner a prueba su paciencia. 
Creo que ya está demostrando una tolerancia considerable- al menos en lo que se refiere a escuchar, aunque no tanto en sus decisiones. 
Lo que quiero decir al representante de la Comisión y a usted, como nuestro representante aquí, es que si esta propuesta no va a la conciliación, en la que se pueda oír la opinión del Parlamento, incluidas las opiniones de los Estados miembros que no eran miembros de la Unión cuando esta propuesta fue presentada por primera vez, estaremos haciendo una burla de nuestro derecho a ser consultados y de la participación en este debate. 
Siempre nos hemos mostrado contrarios a las enmiendas cuyo único objetivo es involucrar al Parlamento. 
Sería totalmente absurdo que el Parlamento no fuera consultado o no tuviera la debida voz en la siguiente fase de los procedimientos, y espero que mañana lo tengamos en cuenta cuando el Parlamento emita su dictamen y cuando la Comisión reflexione sobre lo que ha dicho al retirar del libro la práctica totalidad de dichas enmiendas. 
Para concluir este debate no previsto, debo añadir que comprendo el estado de ánimo de la Sra. Bloch von Blottnitz, incluso porque a sus anteriores observaciones se ha agregado una respuesta de la Comisión que, seguramente, no ha sido del todo aceptada en su esencia. 
Todos sabemos qué significa un desacuerdo de la Comisión sobre alguna enmienda: toda la fase de conciliación se vuelve más complicada para el Parlamento. 
En lo que se refiere al Reglamento en sentido estricto, quiero decir al Sr. Roth que el Presidente Gil-Robles es tan democrático como yo, y que por supuesto será informado sobre el debate de esta tarde. 
De todas maneras, me parece que debo decirle que el tema planteado por los Sres. Graenitz y Whitehead no se debe subrayar una y otra vez, porque no tiene ninguna importancia fuera de un plano general y, sin duda, tampoco la tiene en el campo reglamentario. 
De entonces a hoy han entrado nuevos Estados miembros y esto no incide desde el punto de vista del debate que sostenemos acerca del Reglamento: el Reglamento no cambia con cada nueva adhesión. 
Más bien- y no vale para este momento sino para el futuro -, tomen en cuenta que existe una discusión abierta después de Amsterdam, pues la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades ya está discutiendo las modificaciones al Reglamento posteriores al Tratado de Amsterdam y derivadas de él. 
Ya aludió la Sra. Bloch von Blottnitz que se hará referencia al artículo 62, y no parece que haya demasiado margen; de todas formas, obviamente está dentro de sus facultades tratar mañana este problema con el Presidente, en el momento en que se pase a la votación. 
Aun así, repito que el Presidente será informado de este debate para que asuma las decisiones del caso, para las que no hay más límites que los reglamentarios, y de ningún otro tipo, Sr. Roth. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11, 30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0026/98) de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a los vertidos de residuos (COM (97) 0105- C4-0160/97-97/0085 (SYN) ). 
Señor Presidente, la política de residuos de la Unión Europea se encuentra en una fase de desarrollo anterior a la política europea sobre la calidad del aire y del agua. Observamos las características de la que, en buena medida, sigue siendo la política experimental de la directiva relativa al vertido de residuos. 
Debo formular algunas preguntas bastante fundamentales sobre esta directiva, a las que espero obtener respuestas de la Comisión. 
En primer lugar, es importante reconocer que si esta directiva se aplica en su totalidad- y se trata aquí de un gran " si» desplazaría el énfasis alejándolo de los vertederos como medio de eliminar residuos. Ello se debe a que incluye una introducción progresiva de unas metas relativas al volumen de residuos biodegradables que se destinan al vertedero, según establece el artículo 5. 
Es una nueva sección de la directiva, que fue introducida después de que el Parlamento la rechazara en 1996. 
En muchos países, dichas metas significarán tener que recurrir a la incineración. 
Mi pregunta fundamental aquí es si una directiva que impulsaría un cambio tan universal en el énfasis se ajusta plenamente al principio de subsidiaridad. 
No creo que lo haga. 
Los objetivos fijados en el artículo 5 son muy precisos, a pesar de que son nacionales y está prevista la exclusión de determinados lugares. 
Una consecuencia de eludir la subsidiaridad es que se propone una solución universal para situaciones muy diferentes, como las que existen en los Estados miembros. 
Algunos países cuentan ya con sistemas sofisticados de vertederos y estructuras geológicas que convierten los vertederos en una opción sostenible y, quizá, en la mejor opción medioambiental viable. 
En otros países, los vertederos no reglamentados y en lugares inadecuados representan un peligro para la salud. 
A pesar de todas sus críticas a la opción local, la directiva traslada demasiadas decisiones clave al nivel nacional y local, en detrimento del europeo. 
En segundo lugar, es importante reconocer que la directiva, si se aplica íntegramente, significará que varios Estados miembros deberán destinar considerables sumas de dinero a la búsqueda de medios alternativos de eliminación de residuos e introducir los sistemas de control que les permitan demostrar que cumplen la directiva. 
Mi pregunta fundamental aquí es si existe alguna esperanza de que los Estados miembros cumplan la directiva, según la propuesta, dentro de los plazos establecidos. 
La respuesta a todas luces es no. 
El 99 % de los residuos de Irlanda van destinados a vertederos. No existe ninguna perspectiva de pasar rápidamente a otro sistema en ese país. 
El 54 % de los residuos de Portugal tienen un " destino desconocido». 
En Grecia, la Comisión nos dice que existen entre 3.000 y 6.500 vertederos ilegales. 
Ninguno de estos países podría cumplir la directiva tal y como recoge la propuesta. 
Si se aprueba la directiva según dicha propuesta, la Comisión deberá perseguir a estos países a través del Tribunal de Justicia durante años. 
En mi país, el Reino Unido, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Sr. Prescott, ha estimado que habría que construir nada menos que 70 incineradores de residuos, por un valor cercano a los 7.000 millones de libras. 
¿De dónde sacará ese dinero el Sr. Blair? 
En mi calidad de ponente, debo informar que mi comisión ha apoyado la directiva y ha endurecido una de sus disposiciones fijando el cumplimiento de las metas en el 2002, en vez de dejarlo opcional. 
Si eso fuera todo, posiblemente me resultaría difícil continuar representando la opinión de mi comisión, pero ésta hizo algo más. 
Por primera vez, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha aprobado en cada fase enmiendas para obligar a los Estados miembros a cumplir el compromiso que asumirán al aprobar dicha directiva. 
Queremos que los Estados miembros destinen sus fondos a lo que ellos mismos deciden. 
En nuestras enmiendas, queremos servirnos de la directiva, primero, para obligar a los Estados miembros a cumplir la legislación vigente y clausurar los vertederos ilegales que no cumplen las directivas actuales. 
Queremos servirnos de la directiva para garantizar que los Estados miembros informan regularmente del cumplimiento de la ley, en particular, durante la aplicación progresiva de los objetivos para reducir la cantidad de residuos biodegradables destinados a vertederos. 
También queremos asegurarnos de que no nos olvidamos de los vertederos que están exentos del cumplimiento de las disposiciones de la directiva. También la información sobre estos últimos debe ser enviada a la Comisión y, por consiguiente, puesta a disposición del Parlamento. 
Por último, no debemos olvidar que los Estados miembros aprobaron por unanimidad la versión anterior de esta directiva que, efectivamente, excluía al 50 % del territorio de la UE de su cumplimiento. 
Si la directiva era aceptable entonces para los Estados miembros, cómo podemos esperar realmente que ahora cumplan plenamente esta directiva mucho más estricta. 
No creo que el Parlamento deba consentir la aprobación de unas leyes que son poco más que aspiraciones autocomplacientes de los ministros de Medio Ambiente. 
Espero que el Parlamento vigile de cerca lo que sucede con esta directiva y yo misma tengo intención de hacerlo. 
Espero también que en algún momento la Sra. Bjerregaard decida realmente involucrarse en un debate sobre esta directiva, quizá con nosotros aquí esta noche. 
Tiene muy poco sentido venir hasta Estrasburgo para actuar como una de esas sofisticadas básculas parlantes, que es todo lo que oímos de la Sra. Bjerregaard cuando se limita a leer en voz alta las listas de enmiendas que son aceptables y aquéllas que no lo son para la Comisión. 
Esto es un Parlamento y a un parlamento se viene a debatir. 
Señor Presidente, todos conocemos lo que esta propuesta significa para muchos sectores industriales en el seno de las economías de los Estados de la Unión, lo que puede ser una de las razones por las que hemos tardado tanto en alcanzar un acuerdo sobre las disposiciones de la propuesta y por las que nos encontramos en este punto del procedimiento legislativo. 
Creo, sin embargo, que nos acercamos al comienzo del fin, más que al final del comienzo. 
La nueva propuesta de la Comisión responde a muchas de las inquietudes expresadas por el Parlamento la última vez que le fue presentada. 
Ha resucitado de sus cenizas como el ave Fénix, y el Parlamento debe felicitar a la Comisión, en parte, por la propuesta. 
Al mismo tiempo, quisiera hacer extensiva mi felicitación a la ponente, Sra. Jackson, por la labor que le ha dedicado. 
En respuesta a algunas de las observaciones que ha hecho la ponente, quisiera decir, en primer lugar, que existe absoluta necesidad de unas normas que puedan aplicarse a escala europea para regular lo que, en realidad, es en muchos casos un negocio de dimensiones europeas. 
La incineración no es inevitable. 
Tenemos otras muchas tecnologías a nuestro alcance y, en particular, los pasos dados durante los últimos años en el desarrollo del compostaje a gran escala como alternativa para gestionar los residuos orgánicos la convierten en una alternativa real y auténtica, si dedicamos energía y esfuerzo- además de otros recursos- a convertirla en una práctica regular en toda la Unión. 
Debo corregir a la ponente y decirle que la última vez que el Consejo de Ministros se ocupó de esta propuesta, éste no la aprobó por unanimidad, motivo por el que cuando nosotros la rechazamos en el Parlamento, ellos no pudieron volver a presentarla. 
El acuerdo fue por mayoría. 
Esta vez, cuando analicemos el acuerdo político al que han llegado- que guarda un parecido sorprendente con una posición común- es posible que nos resulte más difícil modificarlo. 
No obstante, los Socialistas y yo pensamos que necesitamos una serie de normas viables, inteligentes y aplicables a nivel comunitario, que nos proporcionen una industria de vertidos capaz de eliminar muchos de los males del pasado. 
Deberíamos reconocer asimismo que esta directiva no sólo tiene una importancia económica, sino que además es importante para la protección del medio ambiente y la salud pública. 
En particular, las nocivas repercusiones que las prácticas incorrectas de vertido tienen sobre los recursos de aguas freáticas y sobre el calentamiento del planeta, como consecuencia de las emisiones de metano procedentes de los vertederos son, por sí solas, una buena y sólida razón que apunta a la necesidad de emprender las medidas que proponemos en la presente propuesta. 
Quisiera instar al Parlamento a que apoye las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente que mañana tendremos ante nosotros. 
Supone un paso adelante en este procedimiento que dura ya demasiado tiempo, pero es además un paso adelante hacia lo que espero que sea una propuesta completada antes de que finalice este año. 
Presidente, el tratamiento de residuos debe basarse en una clara jerarquía. 
" The ladder of Lansink as we call it in the Netherlands» , porque el Sr. Lansink, un parlamentario al Congreso de Diputados, inventó que había que aplicar de verdad esa jerarquía. 
Dicha jerarquía consiste en primer lugar en la prevención, luego la reutilización y luego el tratamiento, y verter los residuos en esa fase de tratamiento es de verdad la última opción. 
Para alcanzar esto y para que se reduzca lo máximo posible el vertido de residuos biodegradables, el informe de nuestra colega Jackson contiene importantes objetivos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha expresado su confianza en las normativas originales de la Comisión Europea. Solamente de esa manera podemos llegar a unas medidas uniformes europeas. 
Pero no todos los Estados miembros han llegado tan lejos en su legislación como para cumplir con la última opción, a saber, el vertido de residuos. 
Algunos Estados miembros tendrán que hacer las maniobras de adelantamiento necesarias para poder cumplir con esos objetivos. 
Solamente de esa manera podemos ofrecer una alta protección medioambiental que la Unión Europea pretende conseguir. 
También forman parte de esto los estímulos económicos. 
Todo esto no significa naturalmente que no pueda haber excepciones. 
Los lodos de dragado no peligrosos son un buen ejemplo de ello. 
Determinados países, entre otros mi propio país, los Países Bajos, poseen buenos métodos de tratamiento respetuosos con el medio ambiente que hacen posible una excepción. 
Como punto final, Presidente, expresamos nuestro apoyo al informe. 
La política medioambiental ocupa un lugar central en la legislación europea. 
Esta directiva relacionada con el vertido de residuos seguramente debe formar parte de ella. 
Señor Presidente, esta propuesta sobre el vertido de residuos ha tenido un largo tiempo de preparación, pero esperamos que se vislumbre el final. 
Sin embargo, creo que se ha premiado el tiempo de espera. 
Porque lo que pone la Comisión ahora sobre el tapete es una mejora considerable en comparación con el desaprobado punto de vista común de 1995. 
Se han tomado en cuenta los nuevos progresos de diferentes maneras. 
La separación de los residuos biodegradables se ha incorporado y el territorio donde está vigente la directiva, abarca casi toda la Unión. Esas mejoras son importantes. 
Otros puntos de mejora son la introducción del aspecto de los costes y el posterior mantenimiento de los vertederos. 
Y ahora la práctica. 
¿Cómo funcionará todo esto? 
La directiva sobre el material de embalaje y esta directiva contienen incentivos para quedarse en lo más alto de la jerarquía de residuos, pero la vida muchas veces es más caprichosa que la doctrina. 
Resumido, dependerá del esfuerzo de las administraciones nacionales y locales que se dé de verdad prioridad a la prevención y al reciclado. 
Lo que nos preocupa sobre todo son los transportes de residuos a las incineradoras baratas y a los vertederos demasiado baratos. 
La introducción de un nuevo cálculo de costes para el vertido tiene que ponerse en marcha rápidamente en los Estados miembros. 
Aunque esta directiva tiene mejor aspecto que las versiones anteriores, debemos darnos cuenta de que miles de millones de toneladas de residuos se vierten todavía de forma ilícita o que se incinera con demasiadas emisiones de gases contaminantes. 
En un plazo muy corto hemos de revisar la directiva de incineradoras con nuevas normas sobre la emisión de gases. 
Mi pregunta a la Comisaria es: ¿cuándo estará preparada la propuesta al respecto? 
Actualmente hay demasiada desigualdad entre las incineradoras. 
Da gusto ver que el Consejo de Ministros toma nota de las modificaciones del Parlamento Europeo en su acuerdo político en otras circunstancias un poco dudoso. 
La propuesta inicial por parte de la Comisión eximía prácticamente a la mitad de Europa de los objetivos de la directiva, lo que resultaba bastante absurdo. 
Los vertederos se sitúan en la base de la pirámide de residuos y normas similares tratan de limitar el depósito, limitar el turismo de desechos y garantizar un depósito compatible con el medio ambiente cuando no hay más remedio que el depósito. 
La Comisión de Medio Ambiente propone que, cuando se buscan nuevos emplazamientos para un vertedero, en primer lugar se tomen en cuenta las aguas subterráneas. 
Puesto que los recursos de las aguas subterráneas representan el suministro de agua potable de algunos países es importante que éstas se protejan lo más posible. 
En Dinamarca aproximadamente el 90 % del agua potable proviene de las aguas subterráneas. 
Es una alegría que la propuesta contenga requisitos sobre el tratamiento de la basura biodegradable. 
En los vertederos ésta puede desarrollar gases y en realidad este tipo de basura debe clasificarse y parte de ella transformarse en abono orgánico. 
Es también una alegría que la propuesta se encuentre ahora en camino a través del proceso de decisión, puesto que la basura es uno de los campos en los que la protección por la vía de la legislación todavía no está concluida totalmente. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales está a favor de una reducción del volumen de residuos y de hacer más segura la gestión de los mismos. 
Existen dos alternativas para la eliminación de residuos: la incineración, cuando las condiciones geográficas y la densidad de la población hacen de los vertederos una práctica inadecuada, y los vertederos. 
Ambas prácticas entrañan problemas. 
La incineración puede ocasionar contaminación atmosférica, y los vertederos pueden contaminar las aguas freáticas y producir metano, un gas de efecto invernadero. 
Pero la tecnología está minimizando dichos problemas. 
En mi opinión, esta directiva se inclina a favor de la incineración, pero permite que se prosigan ambas prácticas. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha adoptado una posición bastante unilateral, y algunas de sus enmiendas apuntan efectivamente a un cambio de la política hacia la incineración como única alternativa. 
Mi Grupo está a favor de un avance gradual hacia la incineración, especialmente en el caso de los residuos no biodegradables. 
Pero no deseamos pasar por alto la nueva industria de compostaje que incluye la recuperación del metano y la producción de energía a partir de los residuos. 
El documento publicado recientemente por la Comisión sobre el gas metano reconoce la importancia de esta práctica. 
El Grupo de los Liberales votará en contra de algunas enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente: aquellas encaminadas a que se declaren ilegales los vertederos, las que consideramos excesivamente preceptivas y aquellas otras que consideramos poco viables. 
No obstante, apoyamos los objetivos de la directiva y el trabajo que la Comisaria le ha dedicado. 
Lamentamos la postura adoptada por la ponente, así como sus observaciones poco consideradas durante el debate de esta noche. 
Creemos que esta directiva constituye un avance para la Unión en lo relativo a una gestión de los residuos más eficaz y un mayor respeto del medio ambiente. 
Señor Presidente, esta directiva es un buen ejemplo de la influencia cada vez mayor del Parlamento Europeo en la legislación del medio ambiente, dado que el rechazo de la propuesta inicial obligó, oportunamente, a la modificación por parte de la Comisión y a un nuevo planteamiento, una nueva estrategia, por parte del propio Consejo de Ministros. 
Estrategia tanto más necesaria cuanto que en Estados miembros como Portugal, el 54 % de la basura, como se ha dicho aquí, acababa hasta hace muy poco en vertederos sin control, cerca del 10 % en vertederos controlados y tan sólo el 36 % se enterraba. 
Pero resulta que, entretanto, un nuevo gobierno ha entrado en funciones, una nueva mayoría ha asumido el poder legislativo y el poder ejecutivo y hay una nueva orientación estratégica, como sabe la Comisión, con la presentación de un nuevo plan nacional de gestión de los residuos, que está en ejecución y gracias al cual algunas regiones del país, en particular la primera región turística que es el Algarve, llegarán al próximo verano ya con toda la basura enterrada. 
Pero sobre la propuesta que ahora estamos examinando quisiera subrayar los objetivos de reducción de las emisiones de gas metano, de prohibición del vertido conjunto de residuos peligrosos y no peligrosos y de la obligatoriedad del tratamiento previo con aspectos positivos dignos de destacar. 
Quisiera también subrayar la divergencia entre la posición del Parlamento Europeo, en el sentido de una reducción en un 25 % hasta el año 2002, y la posición del Consejo, que propondrá el año 2006. 
Por último, quiero subrayar el régimen transitorio concedido a las islas. 
Por ejemplo, en el caso portugués, las islas Azores y Madeira, con dispensa de tratamiento previo de la basura en el primer vertedero enterrado de cada isla hasta el límite de 15.000 toneladas... y quiero subrayar el régimen transitorio, porque, al ser las islas un inmenso patrimonio natural con marcada orientación turística y medioambiental, por fuerza han de beneficiarse, a fin de cuentas, de la aplicación de políticas medioambientales no basadas en la excepción. 
La candidatura al Fondo de Cohesión del primer vertedero enterrado de la región autónoma de las Azores es un buen ejemplo de la política que se debe seguir. 
Señor Presidente, he pensado que también yo deseo felicitar a todo el mundo esta noche. 
Permítame comenzar felicitando al sonriente Sr. Bowe, que en el anterior Parlamento demostró un valor al rechazar la anterior directiva sobre vertidos que había que verlo para creerlo. 
En aquellas ocasión se apuntó un tanto al afirmar que no aprobaríamos una directiva defectuosa. Su actitud fue acertada. 
Felicito asimismo a la Comisión. Ha presentado algo que, decididamente, es más sólido que la vez anterior. 
Felicito a la Sra. Jackson. 
Aunque no sé si ella desea mis felicitaciones. Por el tono de su intervención al comienzo de este debate, me pareció algo reacia a presentar el informe. 
No obstante, es justo que la felicitemos, porque ahora ha aceptado plenamente el principio de abolición de la eliminación conjunta. Es un argumento presentado y aceptado tanto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, como por el Parlamento en su conjunto. 
No obstante, para el Reino Unido, ello supondrá enormes cambios en la gestión de los vertidos. 
Una de las razones por las que es importante hacer hincapié en ello, es que el Parlamento Europeo, cuando finalmente esto se convierta en una directiva, habrá sido responsable de una modificación en la gestión interna del Reino Unido de la que, hasta ahora, muy pocos tienen noticia. 
Por ello es importante que, en la exposición de motivos, la Sra. Jackson pida una estimación de los costes para que el Parlamento se la facilite a los operadores de vertederos y a las autoridades locales del Reino Unido, que deberán contemplar esta directiva como una propuesta progresiva. 
La Sra. Jackson, acertadamente, nos dice que en comisión siempre recibimos la respuesta que es cuesta más no hacer nada que hacer algo. 
A pesar de las observaciones tan poco consideradas que ha hecho, como decía el Sr. Watson, acerca de que la Comisaria parecía una de esas básculas parlantes, pido a la Comisaria que, por su parte, muestre más consideración y nos diga cuánto dinero hay en el banco de los vertederos y cuál será el coste de esta propuesta. 
Señor Presidente, de modo general se puede afirmar que en su forma actual la directiva sobre el tratamiento de residuos en vertederos es satisfactoria. 
Ahora bien, los medios para alcanzar los objetivos en el nivel de la Unión Europea son bastante deficientes. 
La creación de un impuesto o tasa para la basura es un medio indispensable mediante el cual se puede orientar a los consumidores- ya sean productores grandes o pequeños de basura- para que disminuyan la cantidad de basura que se lleva a los vertederos. 
Se debería fijar la base del impuesto o tasa de modo que la basura limpia y separada costara menos al consumidor y la basura mezclada costara más cara. 
Naturalmente, eso presupone que los municipios u otras autoridades con responsabilidad al respecto creen medios suficientes para garantizar la separación de las basuras. 
La Unión Europea debe avanzar a ese respecto y debe seguir el ejemplo de los países comunitarios más avanzados. 
Se debe apoyar el aprovechamiento de la basura de los vertederos incluso como fuente de energía o como fertilizante de la tierra y al tiempo se deben crear nuevas tecnologías para garantizar que ese proceso no entrañe riesgo alguno para el medio ambiente ni para la salud. 
En el tratamiento de los vertederos, tanto en los viejos como en los nuevos, hay que velar por que se traten las aguas residuales de forma que no afecten a los depósitos de agua ni a las aguas subterráneas. 
Considero muy importante que en la votación de mañana se aprueben las propuestas de enmienda aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, es una gran alegría que el Parlamento Europeo haya incluido la eliminación de los desechos en el orden del día de la sesión de hoy. 
La Comunidad debería haber aprobado hace mucho tiempo una directiva que garantice que el depósito de los residuos se produzca de manera respetuosa con el medio ambiente. 
Es, como también se ha mencionado, la segunda vez que debatimos una propuesta de directiva sobre el depósito de los residuos. 
La Comisión presentó su primera propuesta en el mes de julio de 1991 y, como podemos recordar y como se nos ha recordado también durante el debate, el Parlamento la rechazó en el mes de mayo de 1996 con la argumentación de que el nivel de protección medioambiental no era suficientemente alto y había demasiadas excepciones. 
La propuesta que hoy nos ocupa ha sido modificada totalmente. 
No fue una tarea fácil en absoluto, sin embargo, me parece que podemos estar bastante satisfechos con el resultado. 
La nueva propuesta contiene muchos elementos nuevos que reflejan la evolución que ha tenido lugar desde la anterior propuesta de la Comisión. 
En varios Estados miembros se han producido grandes cambios en los procedimientos, los métodos y las estrategias empleadas en el almacenamiento de las basuras. 
En línea con la estrategia comunitaria de gestión de residuos muchos Estados miembros piensan ahora que el almacenamiento debe ser el último recurso para la eliminación de residuos. 
Los elementos nuevos más importantes en la propuesta de la Comisión son los siguientes: objetivos de reducción en el depósito de basuras biodegradables con vistas a reducir el efecto invernadero global, tratamiento, aunque no incineración, sino tratamiento de todo residuo antes de su depósito, prohibición del depósito de cubiertas usadas, y por fin- y también lo trató al final la Sra. Myller- un mayor coste del depósito, prohibición del depósito común de residuos peligrosos y no peligrosos, como era parte de la propuesta anterior, criticada por el Parlamento, y por último, disposiciones más estrictas para los vertederos existentes. 
Estoy convencida de que la nueva propuesta nos facilitará la tarea de prevenir y reducir las cargas medioambientales de la eliminación de los desechos. 
Y ha de ponerse manos a la obra en este campo lo antes posible. 
Las numerosas denuncias recibidas por la Comisión relativas a la eliminación de los desechos subrayan la necesidad de que la Comisión actúe. 
Por supuesto he examinado con gran interés el borrador del informe que la Comisión de Medio Ambiente aprobó. 
Hay muchas enmiendas importantes y útiles que extremarán aún más la propuesta de la Comisión y harán más claros los procedimientos. 
Constituye, por tanto, una alegría poder decir que la Comisión puede aceptar 16 de las enmiendas. 
No obstante, también he de admitir que me preocupan ciertas partes del informe y en ello me veo obligada a emplear una pizca de tiempo. 
Veo con satisfacción que el Parlamento Europeo apoya nuestros esfuerzos en aras de reducir el depósito de residuos biodegradables. 
Hemos establecido objetivos de reducción a largo plazo para los Estados miembros. 
Sin embargo, estos objetivos deben permanecer inalterados para garantizar que los Estados miembros disponen de las mejores condiciones posibles para planificar e implantar métodos de gestión alternativos para estos residuos. 
De ahí que la Comisión no pueda aceptar la enmienda 16. 
Con respecto a las enmiendas 12 y 31 me gustaría subrayar que la Comisión piensa que no está bien adherirse a más excepciones de las ya incluidas en la propuesta. 
Me inquieta particularmente excluir el depósito subterráneo. 
No hay ninguna razón de interés medioambiental para excluir esta forma de depósito. 
Todos los vertederos- ya sean de superficie ya subterráneos- deben cumplir con las disposiciones de la directiva y por lo tantos ser seguros y estar controlados. 
No puedo conformarme con el modo habitual de proceder en Alemania, donde 1, 7 millones de toneladas de residuos, de las que 350.000 toneladas correspondían a residuos peligrosos, fueron almacenadas en antiguas minas durante 1994. 
En Alemania esto es definido como una operación de reciclaje y no como una operación de eliminación y así la legislación sobre eliminación de los desechos no sirve en este caso. 
Esta práctica no es respetuosa con el medio ambiente. 
Generalmente no estoy en contra del almacenamiento de los residuos bajo tierra, sin embargo, me parece que debemos estar seguros de que los almacenes subterráneos en cuestión sean incluidos en las disposiciones de la propuesta relativa a los vertederos. 
Y por lo tanto no puedo aceptar que se introduzcan disposiciones de excepción para el depósito subterráneo. 
La anterior posición común del Consejo fue rechazada precisamente por el Parlamento Europeo a causa de las numerosas excepciones y por lo tanto, francamente, me resulta difícil entender por qué querría ahora el Parlamento introducir más excepciones. Con la enmienda 13 el Parlamento quiere una excepción más. 
A estas alturas no puedo aceptar que se exima la difusión de yeso y calcio, sin embargo, quiero prometer entonces al Parlamento que la Comisión examinará más detenidamente esta enmienda y estudiará las posibilidades que ofrece. 
La Comunidad tiene hoy un problema muy serio con los vertederos incontrolados. 
Lo demuestra claramente el gran número de denuncias y peticiones que la Comisión recibe. 
Los vertederos existentes deben cumplir con las nuevas exigencias de la propuesta de la Comisión y así obtener una nueva autorización para poder seguir funcionando. 
Los requisitos de aprobación de la antigua Directiva marco sobre residuos no casan con la evolución habida en este campo y no pueden garantizar que la eliminación de los desechos se produzca bajo condiciones seguras y controladas. 
Y por lo tanto la Comisión no puede aceptar la enmienda 25. 
Finalmente están las enmiendas 27, 30, 33 y 36, donde la Comisión opina que las disposiciones de los anexos deben ser establecidas por el Comité Técnico, sobre el que versa el artículo 16 de la propuesta de la Comisión. 
También tenemos la núm. 7. 
No se puede obligar a la Comisión a que reexpida los informes de los Estados miembros, sino que ésta podrá elaborar los informes sobre la base proporcionada por los datos de los Estados miembros y reexpedirlos al Parlamento Europeo, Es posible que haya algunos que piensen que esto quizá sea un poco una cuestión de semántica, sin embargo, de esta manera pensamos que zanjamos un problema. 
Luego están las enmiendas 2 y 3 relativas a unos cambios en los considerandos al efecto de que la Comisión presente nuevas propuestas dentro de un plazo fijado más detenidamente. 
Tenemos ya planes para presentar una propuesta sobre la incineración de residuos no peligrosos y de acuerdo con el programa de trabajo presentaremos una propuesta sobre fabricación de abono orgánico. 
Con todo, no puedo aceptar el modo en que está formulada en estas enmiendas la obligación de la Comisión. 
Hay todavía una larga fila de enmiendas que bien pudieran ser motivo de comentario, sin embargo, es tarde y voy a dejarlo así, si no hay alguna enmienda especial sobre la que alguno de los parlamentarios presentes desee un comentario específico. 
El Sr. Ian White me peguntó si podía facilitar datos sobre los costes globales, sin embargo, no estoy lamentablemente en condiciones de hacerlo. 
Por supuesto, esto está unido a que la evolución de los diferentes Estados miembros sea como es ahora. 
Y he de decirle a la Sra. Jackson que me parecieron unos comentarios especialmente poco amables los que hizo al final de su intervención. 
Tras haber estado en este Parlamento desde las tres de la tarde, donde no he hecho otra cosa que debatir con los miembros del Parlamento, no hallo explicación a sus comentarios. 
Señor Presidente, me pregunto si podría pedirle ayuda para la enmienda 16. 
La enmienda 16 es una de las que la Sra. Bjerregaard ha dicho que no está dispuesta a aceptar. 
En realidad, la enmienda 16 se compone de dos elementos: uno es la cuestión de las metas para el 2002, y el Parlamento y la comisión quisieran retirar las palabras " en lo posible» , de manera que las metas para el 2002 sean vinculantes y no opcionales. 
El resto de la enmienda es relativo a la notificación. 
En dicha enmienda hay dos partes claramente diferenciadas, y me pregunto si la Sra. Bjerregaard podría aclarar qué parte no está dispuesta a aceptar. 
Creo que es muy triste que la Comisión no acepte- incluso en esta temprana etapa- enmiendas relativas a los requisitos de notificar cuando el caso lo requiera, y por una vez estoy de acuerdo con su asesor, en otras palabras, que el Parlamento debería reforzar la notificación. 
Quisiera rogar a la Comisaria que la acepte, pero si no lo hace, espero que el Parlamento haga uso de sus poderes y acuda a la conciliación sobre estos puntos. 
Le estaría muy agradecida si me aclarara este extremo. 
Pido a la Comisaria Bjerregaard que haga una aclaración. 
Tanto la enmienda nº 16 como la enmienda nº 23 contienen partes que se refieren a textos cambiados. 
Querría que la Comisaria precisara si se refiere al conjunto de las enmiendas o sólo a una parte cuando dice que la Comisión no acepta las enmiendas nº 16 y 23. 
Señor Presidente, de hecho hice la distinción pues en mi respuesta me referí en dos ocasiones a la enmienda 16. 
En cuanto a la presentación de datos, hablé de nuestra preocupación ante la redacción que la cuestión de la presentación de datos había recibido. 
No obstante, veré si en la comunidad podemos hallar alguna otra fórmula. 
En lo que se refiere a la cuestión de hacerla obligatoria en el año 2002, pensamos que no estamos en condiciones de decidirlo en el momento actual. 
Pensamos que de esto modo tendríamos que imponer a los Estados miembros una política- visto de esta manera, esto está en línea con la argumentación empleada por la propia Sra. Jackson- y por ello apoyamos no hacerla obligatoria en el año 2002. 
En cuanto a la presentación de datos, tal y como se dijo, nos gusta la idea. 
¿Cuál era la opinión de la Comisión respecto a la enmienda 23? 
Es fundamental, porque se trata de los vertederos que estarán exentos del cumplimiento de la directiva. 
Es muy sencillo. 
¿Acepta la Comisaria la enmienda 23 o no? 
Estaba a punto de retirar la observación que hice antes, aunque no creo que lo haga. 
Ya había preguntado a la Sra. Comisaria su parecer sobre la enmienda nº 23, pero no llevaba los auriculares, como tampoco ahora los lleva, y por lo tanto no podía oírme. 
Fue una de las enmiendas que pasé por alto porque me parece que el tiempo se había echado un poco encima. 
Podemos aceptar sin problemas la enmienda 23. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, remito a las páginas 12 y 13 de la versión inglesa del Acta y a los asuntos que se plantearon posteriormente. 
Se hace referencia a la preocupación expresada por algunos diputados sobre las repercusiones para la Asamblea de las nuevas disposiciones que vinculan el pago de los gastos de los diputados al cumplimiento de los requisitos relativos a las votaciones. 
No es mi intención impugnar toda esa cuestión, decir si se trata de un sistema apropiado o no. 
No creo que lo sea, pero no es ése mi objetivo. 
El Sr. Falconer planteó varias cuestiones de orden y me preocupó mucho que el Vicepresidente que ocupaba la Presidencia ayer pareciera concederle algún tipo de dispensa global de las normas que, según tenía yo entendido, se habían decidido. 
El Sr. Falconer preguntó muy atinadamente si sería oportuno que manifestara su intención antes de cada votación en la que no participara. 
El Presidente declaró que no debía ser así. 
Le concedió una dispensa global, que ridiculizaría todo el sistema. 
Lo único que pido es que todos los Vicepresidentes sigan una política coherente, observen las normas establecidas para los diputados y les den una oportunidad en cada momento de plantear la cuestión de si van a votar o no. 
Para que este sistema funcione, se tiene que ver que funciona adecuadamente y con el acuerdo de todos los Vicepresidentes. 
Señor Megahy, no quiero reanudar de nuevo el debate de ayer. 
Usted ha ocupado la vicepresidencia de este Parlamento, puede comprender muy bien que cuando comienza a aplicarse una nueva medida, es imposible regular a priori todos los detalles. 
Lo que le puedo asegurar, y así lo he podido constatar durante la presidencia de ayer del sr. Jean-Pierre Cot, es que hay la intención de aplicarla de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, después de escuchar la intervención del colega Megahy y de lo ocurrido ayer, yo quisiera rogarle que, aprovechando la ocasión, la Mesa busque el modo de evitar por la vía reglamentaria futuros incidentes de este tipo en interés de todo el Parlamento. 
Lo que significa que el Parlamento debería aprobar una norma que evite que se repitan incidentes y sucesos de este tipo. 
Yo le ruego que se encargue de cursar cuanto antes esta petición. 
Señora Hoff, no dudo de que la Mesa examinará el problema al que se ha referido y espero que tome las decisiones correctas. 
Señor Presidente, al haber deseado esta reforma la Conferencia de Presidentes, especialmente algunos presidentes de grupo- no he dicho todos los presidentes de grupo-y al haberla votado la Mesa por la estrecha mayoría que conocemos, ya vimos en el día de ayer lo que esto podía dar de sí, y todos somos muy conscientes de que es preciso revisar las condiciones de la votación. 
Tengo la sensación de que la solución propuesta por nuestro colega no sería muy eficaz y correría el riesgo de retrasar las cosas. 
A la espera de que la Mesa vuelva a examinar la cuestión, propondría que, antes de las votaciones, todos los colegas que no desearan participar en algunas votaciones nominales nos dieran su nombre y que nosotros tomáramos nota, lo que evitaría prolongar indebidamente el desarrollo de las votaciones. 
Los colegas podrían decir así que no participarían en todas las votaciones y no se verían afectados. 
Ello a la espera de una solución que sea satisfactoria. 
Esto es, señor Presidente, lo que propongo. 
Señor Presidente, quisiera hacer una o dos correcciones muy simples al Acta. 
Remito al primer párrafo de la página 12. 
Yo no dije que no tuviera intención de participar en la votación. 
Convine con la posición del Sr. Falconer, pero dije que podía participar o no en la votación. 
En la página 22 se dice que no voté. 
En realidad, voté en todas las ocasiones, excepto una en que la máquina no funcionaba. 
En la página 11, mi nombre debería figurar junto al del Sr. Macartney, por haberme abstenido en la votación nominal. 
Señalé a la atención de la Presidencia que mi máquina no funcionaba. 
Se me contestó con una seña de la cabeza y pensé que todo estaba en regla, pero es evidente que la seña de la cabeza no significaba que estuviera en regla. 
Por último, en la página 17- y esto es un poco más complicado -, en el último párrafo se dice, erróneamente, que pedí «que se remitiera el asunto a la Comisión de Reglamento». 
Lo que dije fue que ese cambio equivalía a una modificación del Reglamento, por lo que se tendría que remitir a la Comisión de Reglamento. 
También corregí lo que dijo el Vicepresidente, cuando declaró que teníamos la obligación de votar. 
Dije que no tenemos la obligación de votar, tenemos el deber de entender sobre qué versan las votaciones. 
Tenemos derecho a votar o a no votar, como gustemos. 
Quisiera que se corrigiese el Acta en ese sentido. 
Señora Ewing, tomo nota de lo que ha dicho. 
Señor Presidente, quiero dejar claro ante esta Asamblea que no es competencia de la Conferencia de Presidentes establecer el modo de control y transparencia; que fuimos invitados a una reunión en Luxemburgo para poder dar nuestra opinión, pero que no nos quedamos en la sala porque fuimos invitados a abandonarla cuando la Mesa del Parlamento tomó la decisión. 
Y yo tengo que declarar que en mi Grupo no estamos de acuerdo con este sistema de control que no garantiza la transparencia y el buen funcionamiento del Parlamento. 
Estaríamos dispuestos a firmar por la mañana y por la tarde, -ese es el control razonable que puede haber en la Asamblea. 
Pero no queremos hacer demagogia. 
Que se vuelva a reunir la Mesa; que reflexione y que tome una medida razonable que pueda ser avalada por la gran mayoría de este Parlamento. 
Señor Presidente, estimados colegas, esta reforma la preparó durante largo tiempo el grupo de trabajo del que ha hablado la Sra. Green. 
Cuando la Mesa de este Parlamento tuvo que tomar una decisión en Luxemburgo nos pidió ayuda. 
Los Presidentes de cada Grupo participaron en efecto en la negociación de la Mesa del Parlamento. 
Hemos luchado y abogado en favor de que se produzca una reforma en espera de una estatuto para los miembros del Parlamento Europeo. 
Está claro que tras los sucesos de ayer el cumplimiento de esta medida debe ser discutido de nuevo. 
Pero también me gustaría decir que estoy a favor de una reforma en espera de un estatuto y que esto no le quita nada a la responsabilidad que tomé en la materia anteriormente y que mantengo todavía. 
Pero en nombre de nuestro Grupo soy igualmente de la opinión que tras los sucesos de ayer el sistema debe ser revisado, adaptado y perfeccionado, sin quitar nada a la responsabilidad que todos nosotros debemos adoptar. 
Presidente, está claro que el sistema técnico que entró en vigor ayer no funciona correctamente y conduce a debates que dañan la dignidad y la reputación de esta Asamblea. 
Está claro, por tanto, que las medidas concretas que se han tomado deben revisarse de nuevo. 
Le recuerdo que el vicepresidente de mi Grupo, el Sr. Haarder, ha hecho una propuesta a la Mesa que es sencilla, transparente, clara y no burocrática, esto es un sólo control en cada periodo de votaciones y no unos cuantos controles por término medio. 
Quisiera pedir a la Mesa que se analice esto una vez más. 
Me atrevo a decir a los colegas que la ejecución de esta medida de reforma debe ser revisada, pero no el principio de esa medida. 
Esta Asamblea hace mucho bien. 
Tenemos una influencia legislativa creciente. 
La visita de nuestros delegados a Argelia fue un éxito. 
Las Comisiones de Investigación que creó el Parlamento sobre la EEB y sobre el fraude a los cigarros tuvieron gran éxito. 
Pero en los medios de comunicación no se nos ve como un Parlamento de éxitos importantes y con autoridad. 
¿Por qué no? 
Porque los medios de comunicación reprochan a los miembros de la Asamblea que se tomen a la ligera los escarmientos financieros. 
Tenemos que ser valientes para hacer examen de conciencia. Tenemos que ser valientes para revisar los asuntos que dañan la reputación de nuestra Asamblea. 
Claro que sí colegas, también ustedes, también ustedes. 
Presidente, la regulación debe ser revisada con todo detalle. 
Pero me niego a entrar a discutir su principio. 
Esta Casa tiene que renovarse, de tal modo que el elector pueda tener la confianza de que todo lo que ocurre en esta Casa es correcto y transparente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, creo que los incidentes a los que hemos asistido en el día de ayer eran perfectamente previsibles; lo que discuto es el método. 
Creo que esos incidentes hubieran podido ser evitados si se hubiera procedido de otra manera, es decir, si se hubiera buscado un consenso más amplio en el seno de esta Asamblea. 
Creo que, si el sistema se hubiera aplicado primeramente a título experimental, se hubieran podido constatar una serie de imperfecciones antes de poner en práctica algo definitivo. 
Sugiero también que se celebre una reunión conjunta de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa una vez que los presidentes de grupo hayan mantenido debates en profundidad en el seno de sus grupos, y que se decidan en conjunto modalidades que sean prácticas, aceptables, transparentes y que no perjudiquen la imagen de este Parlamento. 
Señor Pasty, quisiera señalar que el Presidente del Parlamento Europeo será informado sobre los puntos de vista de los presidentes de los Grupos políticos y de todos los colegas. 
Los aquí presentes hemos seguido con mucha atención todo lo que se ha dicho y no dudo que vamos a examinar el asunto con la intención de llegar al mejor resultado posible. 
Señor Presidente, admiro el elitismo de esta Asamblea, cuando alguien hace uso de la palabra para plantear una cuestión relativa al Acta y después se convoca a los presidentes de Grupos a un confesionario, en cierto modo, para que reconozcan sus pecados. 
La Sra. Hoff ha estado atinada cuando ha dicho: » Examinemos el Reglamento para ver si podemos prevenir lo que ocurrió ayer». 
Bueno, pues, examinemos el Reglamento para velar por que se consulten a los diputados cualesquiera cambios que les afecten y por que tengan derecho a votar sobre ellos. 
Eso prevendría el absurdo ocurrido ayer. 
Vuelvo a los asuntos de hoy: el Acta. 
En la página 12 hay un error. 
Por lo que a mí respecta, pedí que se me nombrara, como acaba de decir muy atinadamente la Sra. Ewing, en cada votación nominal. 
El Presidente no me dio esa oportunidad. 
En la página 22 se vuelve a decir que no voté. 
He de recordar al Presidente que sí que participé en ciertas votaciones, en particular la relativa a los derechos humanos. 
Participé y así ha quedado recogido. 
El Acta está equivocada en esos dos casos. 
Pido que se corrijan. 
Por último, si va a haber una norma que nos va a llegar desde arriba, desde la Mesa, la Asamblea tiene que aplicarla. 
La norma de la Mesa era la de que, antes de cada vocación nominal, los diputados indicarían si deseaban participar en ella o no. 
Eso es lo que espero que sigamos haciendo hasta que esta Asamblea empiece a tener algún sentido de la realidad y recupere cierta normalidad. 
Señor Falconer, según tengo entendido, el Vicepresidente que ocupaba la Presidencia ayer no le concedió el uso de la palabra todas las veces que lo pidió. 
Pero en el Acta ha quedado registrado que Su Señoría no participó en todas las votaciones. 
De modo que, en la práctica, el resultado fue exactamente el mismo. 
Señor Presidente, sólo quería decir que ayer estuve aquí, pero no voté. 
Como se dice en la página 22, el Sr. Cassidy señaló que los diputados de este Grupo no votarían en la votación final. 
Mi nombre no está incluido en la lista de diputados que figura en el Acta. 
Quisiera pedirle que lo corrija, por favor. 
Señor Presidente, uno de los problemas que plantea este procedimiento es el de que señala que los diputados asisten a las votaciones, porque para eso se les paga, pero no a los debates. 
Remito a lo que dice el Acta de anoche. 
Si los diputados hubieran asistido al debate de anoche sobre el informe final, que era mi informe sobre los vertederos, habrían oído a la Comisaria decir que no se sentía inclinada a pronunciar su discurso íntegro con todas las opiniones de la Comisión sobre las enmiendas presentadas por los diputados a esta Asamblea, porque era tarde y estaba bastante cansada. 
Eso no basta. 
Señor Presidente, quisiera que se pusiese usted en contacto, si puede, con la Comisaria esta mañana para decirle que, antes de que celebremos la votación a las 12.00 horas, es esencial que la Comisión me dé a conocer a mí, la ponente, a los presidentes de comisiones y a todos los diputados a esta Asamblea cuál es exactamente su opinión sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
No basta con que la Comisaria diga que estaba cansada, por lo que no podía intervenir ante nosotros. 
Señora Jackson, tomo nota de su observación. 
Como sabe- no hace falta que se lo diga, ya que es una veterana y experta colega- si no pudiésemos disponer de esa explicación, usted, como ponente, tiene la posibilidad de replicar. 
Señor Presidente, sobre la misma cuestión en el Acta. 
Como estuve presente durante todo el debate sobre el informe de la Sra. Jackson anoche y fui la última persona que abandonó la Asamblea, no recuerdo esas palabras de la Comisaria. 
Sepa la Sra. Jackson que, para desempeñar de verdad su función de ponente, lo único que debe hacer es pedir el texto de la intervención de la Comisaria. 
Señor Presidente, forma parte de los misterios de este sistema que el Vicepresidente Cot, pese a que ayer estuvo presente y presidió la sesión, no pueda percibir sus dietas por no haber firmado la lista de asistencias. 
En nombre del Sr. Cot, propongo que se inscriba su nombre en la lista de los asistentes que no votaron. 
Efectivamente, solicito que se añada su nombre a la lista de asistencia. 
Eso es lo más divertido. 
Señor Presidente, desearía hacer una sugerencia. 
Al final del Acta, quizá sea útil redactar la lista de diputados que no respondan a los criterios, de forma que al día siguiente estemos prevenidos sobre lo que nos espera, podamos justificar un problema eventual y rectificar las cosas, lo que evitaría tener los resultados sólo a fin de mes o después de varias semanas. 
Señor Presidente, es conveniente consultar con la almohada, y yo he reflexionado. 
Esta fórmula es realmente excelente. 
Así, propongo que podamos instalar en cada pupitre un pequeño aparato, de forma que cuando votemos caigan las piezas. 
Esto sería agradable y nos estimularía mucho. 
Señor Presidente, he pedido la palabra hace veinte minutos, he presionado el botón y todavía está encendido y lo puedo demostrar. 
Me gustaría que se terminase el debate sobre los céntimos y que podamos comenzar con el debate sobre Irak. Para eso estamos esta mañana aquí. 
En segundo lugar me gustaría decir que estoy de acuerdo 100 % con las manifestaciones del colega De Vries. 
Compruebo que escasea el ánimo para que se realice una reforma en esta Asamblea, sobre todo entre los miembros. 
¡Lo constato con vergüenza! 
(El acta queda aprobada) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
Señor Presidente, yo creo que ésta es la primera vez que en esta Cámara no se admite a trámite en el momento mismo de su presentación una propuesta presentada de conformidad con el Reglamento. En efecto, nuestra intención inicial era presentarla como punto adicional del debate sobre derechos humanos, pero se nos denegó esta posibilidad y sólo se nos ofreció la alternativa de presentarla en sustitución del punto sobre las pruebas nucleares. 
Yo pienso que debe preocuparnos es que los diputados y nuestros colaboradores tienen miedo. 
Tres colaboradores de mi oficina han sido atacados en las últimas semanas. 
Hemos hablado con muchos diputados que también han sufrido ataques y yo creo que tenemos que debatir este tema. 
No basta con extender un manto de silencio, sino que tenemos que afrontar abiertamente y con sinceridad el problema. 
Para ello es necesario que celebremos un debate en esta Cámara y yo creo que la decisión del Presidente de no permitirlo no contribuye en absoluto a garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. 
Señor Rübig, debo informarle, ya que usted es de los más nuevos en esta Asamblea, que no es la primera vez que un escrito de objeción es rechazado. 
Ha habido más casos. 
El Presidente del Parlamento me ha comunicado por carta que la petición que presenté en nombre de mi grupo no se admite en base al artículo 47, párrafo 2 del Reglamento. 
El Presidente del Parlamento añade a esto: " comparto sin embargo su preocupación y prometo con respecto a esto que se lleven a cabo los pasos necesarios dentro de las autoridades belgas para llegar a una solución satisfactoria para el problema de la seguridad de los miembros y el personal del Parlamento Europeo». 
Señor Martens, el Presidente del Parlamento, en la carta dirigida al Sr. Rübig y cuya copia envié al Presidente Martens, dice que efectuará todas las diligencias necesarias ante las autoridades belgas para encontrar una solución satisfactoria al problema de la seguridad y que comparte la preocupación expresada por los colegas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión acerca de la situación en Iraq. A continuación procederemos al debate. 
Señor Presidente, gracias por esta oportunidad de dirigirme al Parlamento sobre esta importante cuestión. 
Se celebra el debate en un momento decisivo en la crisis con el Irak. 
Los Estados de la Unión Europea están unidos en su profunda preocupación ante esta crisis. 
La Presidencia ha velado por que se abordara con frecuencia la cuestión del Irak durante las reuniones de la Unión Europea. 
En la ocasión más reciente, el Secretario del Foreign Office informó a sus interlocutores durante una sesión oficiosa celebrada en Panamá al margen de la auténtica reunión del grupo de la Unión Europea, celebrada el 12 de febrero. 
El mismo día, examinaron esa cuestión los directores políticos de la Unión Europea en una reunión del Comité Político. 
También se examinó la cuestión del Irak en reuniones del Comité Político celebradas el 13 de enero y el 3 de febrero y en el nivel del grupo de trabajo de expertos. 
Además, la Presidencia ha mantenido contactos de alto nivel con muchos interlocutores de la Unión Europea. 
El Primer Ministro y el Secretario del Foreign Office han estado en frecuente contacto con sus homólogos europeos para examinar esa cuestión. 
Yo he estado en contacto con mis homólogos de otros Estados de la Unión Europea en los últimos días. 
Seguiremos promoviendo el examen de esa cuestión y mantendremos informados a los interlocutores de la evolución de los acontecimientos en las Naciones Unidas. 
Los Estados miembros de la Unión Europea están unidos en la creencia de que el Irak debe permitir a la Comisión Especial de las Naciones Unidas proseguir su decisiva labor, establecida en la Resolución 687 del Consejo de Seguridad, aquella en la que se estableció un cese del fuego para poner fin a la guerra del Golfo. 
De conformidad con lo dispuesto en dicha resolución, que el Irak aceptó, los inspectores de las Naciones Unidas que componen la UNSCOM, tienen encomendado el mandato de destruir todas las armas de destrucción en masa del Irak. 
La UNSCOM y las inspecciones asociadas llevadas a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica han logrado éxitos importantes en la eliminación de las armas iraquíes de destrucción en masa. 
Han puesto fin al programa de misiles de largo alcance del Irak que habría podido situar a Europa dentro del alcance de los arsenales de Sadam. 
Han desmantelado el programa nuclear que habría podido propiciar la fabricación de una bomba nuclear por parte del Irak. 
Mediante un proceso de inspección y destrucción verificada, la UNSCOM ha demolido más capacidad en materia de armamento que la que destruyeron las fuerzas aliadas durante toda la guerra del Golfo. 
Sin embargo, hay otros sectores del armamento de destrucción en masa de Sadam que requieren una labor suplementaria: a saber, las armas químicas y biológicas. 
Entre las armas químicas de Sadam, figura el agente neurotóxico VX. 
El Irak no ha dado cuenta ante la UNSCOM de 600 toneladas de precursores químicos para ese agente neurotóxico. 
Una sola gota de dicho agente basta para matar. 
Las víctimas mueren presa de una agonía de asfixia, porque su sistema nervioso no obedece a las señales para respirar. 
Entre las armas biológicas de Sadam figura el ántrax. 
Los expertos dicen que 100 kilogramos de ántrax lanzados desde la cima de un edificio alto podrían matar a tres millones de personas. 
Sadam ha producido también aflatoxina, que produce cáncer de hígado, y clostridium, que produce gangrena gaseosa. 
Todas esas armas representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 
Hace tres años, los yernos de Sadam Husein- Husein y Sadam Kamil- escaparon a Jordania. 
Llevaron consigo pruebas de que Sadam tenía un programa coordinado y sostenido de ocultamiento de sus armas químicas y biológicas. 
Desde entonces, la UNSCOM ha estado trabajando para descubrir los puntos fundamentales en la cadena de abastecimiento de los programas de armamento. 
Sadam ha estado igualmente decidido a obstruir su labor. 
En los 20 últimos meses la UNSCOM ha solicitado el acceso a 63 instalaciones en las que pensaba que se estaba llevando a cabo el ocultamiento. 
Ha padecido obstáculos y demoras para llevar a cabo inspecciones en 38 instalaciones y se le ha negado categóricamente el acceso a otras 14 instalaciones. 
Pese a lo dispuesto en la Resolución 687 del Consejo de Seguridad, Irak sólo permitió el acceso inmediato al 20 % de las instalaciones sospechosas. 
Debemos recordar que la única razón por la que el régimen de la UNSCOM y las sanciones para imponer su cumplimiento siguen vigentes siete años después de la guerra del Golfo es la de que Sadam se niega a desmantelar armamento de destrucción en masa y tampoco permite a la UNSCOM llevar a cabo la labor que le encomendó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Naturalmente, los ciudadanos se preguntan: ¿por qué es eso importante? 
Creo que la respuesta es clara. 
Sadam Husein ha utilizado armas de destrucción en masa anteriormente. 
Lo hizo contra su vecino, el Irán, durante la guerra Irak-Irán en el decenio de 1980. 
Lo hizo contra su propio pueblo. 
El mes próximo hará diez años que lanzó armas químicas sobre una ciudad del Irak nordoriental. 
Los 5.000 habitantes de la ciudad de Halabja, incluidas muchas mujeres, niños y ancianos, murieron. 
Los Estados de la Unión Europea están unidos en su esperanza de que se pueda encontrar una solución diplomática para la presente crisis. 
Desde luego, apoyamos todas las iniciativas encaminadas a lograr ese fin. 
Esta mañana, ahora, el Secretario General de las Naciones Unidas ha recibido el respaldo del Consejo de Seguridad para su misión a Bagdad, todos le deseamos éxito. 
Pero sabemos que hasta ahora Sadam no ha parecido buscar una solución diplomática. 
Persiste en su obstrucción de la labor de la UNSCOM. 
Persiste en su obstrucción de la voluntad de la comunidad internacional. 
Pide que la inspección de las instalaciones presidenciales se haga en una sola ocasión y no de forma continua, como exige la Resolución 687 del Consejo de Seguridad. 
Los Estados miembros de la Unión Europea creen que cualquier solución diplomática debe permitir a la UNSCOM el acceso total y sin condiciones a todas las instalaciones, de conformidad con el mandato que le encomendaron las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Creemos que Sadam Husein debe cumplir las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La presente controversia sobre las instalaciones presidenciales desenmascara la propaganda iraquí de que son las sanciones las que causan las dificultades y los sufrimientos del pueblo iraquí. 
No hay ni ha habido sanciones que impidan la importación de alimentos y medicinas. 
Ésos son artículos que escasean en el Irak porque Sadam Husein se ha negado sistemáticamente a gastar dinero para su propio pueblo y ha preferido gastarlo en comodidades para él y en sus programas de armamento. 
La Unión Europea está unida en su preocupación por el sufrimiento del pueblo iraquí. 
Los países de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad en Nueva York han tomado la iniciativa para intentar aliviar los más graves de dichos sufrimientos. 
En el verano de 1991, se ofreció por primera vez al Irak, como indica la Resolución 706 del Consejo de Seguridad, el programa de alimentos por petróleo, en virtud del cual se permite al Irak exportar cantidades limitadas de petróleo a cambio de artículos para fines humanitarios. 
Sadam Husein tuvo la desvergüenza de tardar cinco años en aceptar la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estableció el actual programa de alimentos por petróleo. 
Los Estados miembros de la Unión Europea que en este momento forman parte del Consejo de Seguridad han tomado la iniciativa en relación con las recientes recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas de más que duplicar la cantidad de petróleo que el Irak puede vender en virtud de dicho programa y conseguir que se formulara un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad al respecto. 
Espero encarecidamente que se apruebe dicha resolución esta semana. Aportará nuevos beneficios humanitarios al pueblo iraquí. 
Sin embargo, no debemos olvidar que las atribuciones al respecto corresponden a las Naciones Unidas y no a Sadam. 
No es de extrañar. No hace falta esforzarse mucho para encontrar pruebas de la brutalidad del régimen de Sadam Husein. 
Recomiendo a Sus Señorías que estudien el informe de Max van der Stoel, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el Irak. 
Durante los seis últimos años, ha catalogado una lista aterradora de violaciones de los derechos humanos por parte de Sadam Husein y su camarilla. 
El informe más reciente del Sr. Van der Stoel califica de «terrible» la situación de los derechos humanos en el Irak. 
Concluye así: » El sistema de dictadura militar exige efectivamente la comisión de violaciones de los derechos humanos para que se puedan mantener la posición y los privilegios de quienes ocupan el poder. 
El asesinato es algo cotidiano. 
El precio de la crítica al régimen es la ejecución. 
Recientemente Sadam Husein llegó a la conclusión de que sus cárceles estaban atestadas. 
Su solución fue la de ejecutar a los que cumplían penas de más de quince años. 
Más de mil personas fueron asesinadas». 
Permítaseme reiterar que los Estados miembros de la Unión Europea están unidos en su deseo de que se resuelva diplomáticamente la presente crisis. 
Ése es el mensaje que Kofi Annan lleva a Bagdad en nombre de todos nosotros. 
Esperemos que Sadam responda y coopere plenamente con la Comisión Especial de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, el punto de vista de la Comisión sobre este conflicto es que todos consideramos que la primera prioridad, en este momento, de la comunidad internacional es que se pueda llegar en los próximos días a un acuerdo con el Gobierno de Irak, que permita evitar una intervención militar que en principio nadie desea. 
La instancia apropiada para resolver el contencioso es sin duda las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, la Comisión, como acaba de señalarse por parte de la Presidencia del Consejo, también apoya plenamente las actividades del Consejo de Seguridad de la ONU y particularmente de su Secretario General, en el sentido de garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de las autoridades iraquíes. 
Esperamos y deseamos que la negociación del Secretario General, que está en marcha, pueda evitar el conflicto, de manera que la Unscom pueda reanudar, sin restricciones, inspecciones eficaces en cumplimiento de las mencionadas resoluciones. 
Señor Marín, hace mucho tiempo que no se oye en esta Asamblea una declaración tan breve. 
Creo que todos los colegas están asombrados por el laconismo de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, mi Grupo es perfectamente consciente de la responsabilidad que le corresponde en este debate de hoy. 
Dentro de este Grupo tenemos diputados al Parlamento que representan a nueve Gobiernos encabezados por socialistas y socialdemócratas de esta Unión y esos partidos gobiernan en tres más de los Quince. 
No pretendemos afirmar que sea fácil encontrar una posición común, dada la diversidad de opiniones representadas no sólo en esos 12 Gobiernos, sino también entre los ciudadanos de la Unión Europea a los que representamos. 
Pero quiero rendir un homenaje a mis colegas que se han esforzado por encontrar principios comunes a todos nosotros y que nos unen respecto de esta decisión, una de las decisiones más difíciles- de vida o muerte- que el presente Parlamento ha tenido que afrontar desde 1994. 
En primer lugar, hemos de recordar que en el Parlamento Europeo no disponemos de ejércitos, aeroplanos, bombas ni portaaviones. 
Seamos totalmente sinceros; ni siquiera tenemos una política exterior y de seguridad común digna de ese nombre. 
En los últimos años hemos expresado con total claridad nuestras críticas sobre la falta de avances de la PESC y, en particular, nuestra insatisfacción ante las disposiciones del Tratado de Amsterdam a ese respecto. 
Así, pues, creo que debemos dar muestras de un poco de humildad en lo relativo a la adopción de decisiones en esa esfera y demostrar algún apoyo a aquellos de nuestros colegas, de todas las orientaciones políticas, que habrán de afrontar la adopción de decisiones sobre esta cuestión en los parlamentos nacionales, los que tendrán la formidable responsabilidad sobre las vidas de sus conciudadanos de las fuerzas armadas y de las de los numerosos ciudadanos iraquíes que están en peligro. 
Teniendo todo eso presente, mi Grupo quiere formular tan sólo tres observaciones estratégicas principales en este debate. 
En primer lugar, insistimos absolutamente en que Sadam Husein debe cumplir plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y permitir acceso ilimitado y sin condiciones de los equipos de inspección de armas de las Naciones Unidas a todos los emplazamientos del territorio iraquí. 
A ese respecto no puede haber transacción. 
Dichas resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Irak representaron un auténtico paso adelante, al iniciar el proceso de supervisión y verificación del desarme. 
Las Naciones Unidas mostraron lo que el futuro podía ofrecer a la hora de determinar un mundo más seguro. 
Si nuestra actitud de entonces era seria y la de ahora también, no debemos permitir que Sadam Husein desobedezca a la comunidad internacional. 
En segundo lugar, mi Grupo cree que el único órgano que tiene atribuciones legítimas para la aplicación de esa política es las Naciones Unidas. 
Queremos dar nuestro total apoyo a las Naciones Unidas y, en particular, agradecemos al Secretario General la denodada labor y el compromiso de que ha dado muestras en su intento de resolver esta crisis mediante la presión política y diplomática. 
Le deseamos éxito en su misión en Bagdad. 
Creemos que la función del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la de mantenerse unido para volver a examinar el problema iraquí. 
He de decir a Sus Señorías que en mi Grupo hay quienes creen apasionadamente que las Naciones Unidas, y sólo ellas, deben decidir el paso que se debe dar a continuación. 
Están en contra de acción militar alguna sin la sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Si bien no representan la mayoría de mi Grupo, no debe caber la menor duda de que su argumentación no se debe a una debilitación de la determinación de imponer el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, ni a que quieran infundir a Sadam Husein esperanza alguna de que pueda escapar a nuestra determinación de privarlo de cualquier posibilidad de perjudicar a la región y al mundo con sus armas de destrucción en masa. 
Antes bien, son partidarios de que se encomiende un nuevo mandato a las Naciones Unidas, porque temen infligir la muerte y la destrucción a civiles iraquíes, que son los auténticos perjudicados en esta situación, porque tampoco entienden los objetivos de un ataque militar contra el Irak y porque sinceramente temen que un ataque militar precipitado inicie una conflagración en el Oriente Medio que provocaría muerte y destrucción en una escala como no se veía en muchos años. 
No hay un solo miembro de mi Grupo que no comparta esos temores. 
Sin embargo, la gran mayoría del centro de nuestra acción parlamentaria en este momento debe ser el impulso de las Naciones Unidas en pro de una solución política y diplomática. 
En tercer lugar, mi Grupo esta comprometido con el programa de alimentos por petróleo y el programa complementario que Kofi Annan ha propuesto para ayudar al pueblo iraquí. 
Sé que en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el próximo martes, 23 de febrero, figura la situación del Irak. 
He oído al Presidente en ejercicio decir que la Presidencia ha mantenido informados a sus interlocutores de la Unión Europea. 
En nuestra opinión, la información no es suficiente. 
El Parlamento necesita que el Consejo alcance una posición común para la Unión Europea. 
Reconocemos las dificultades existentes; reconocemos la falta de precisión y de competencia real en el Tratado de la Unión Europea, pero, si algo es nuestra Unión, es un auténtico modelo de resolución de conflictos. 
Rogamos a la Presidencia que utilice todas las facultades de fuerza y clarividencia que pueda acopiar para infundir a la Unión Europea un papel de vanguardia en el mundo a ese respecto, que nos dé una Unión Europea de la que sus ciudadanos puedan estar orgullosos y que nos muestre que la Unión Europea significa algo más que las palabras de un Tratado. 
Señor Presidente, Señorías, la brevedad de la intervención del Comisario Marín ha sido quizás una manera simbólica de expresar que ya no disponemos de mucho tiempo. 
Señor Presidente del Consejo, yo creo que no deberíamos perder de vista que si a la Unión Europea le fuese posible alcanzar una posición común, tal vez esto permitiría hacer llegar claramente a Sadam Hussein el mensaje de que no puede jugar con la comunidad internacional. 
Nos encontramos ante una nueva prueba de que nuestra incapacidad para formular una política exterior y de seguridad común no sirve para evitar la guerra, sino que por el contrario la hace más probable. 
Por consiguiente, una mayor capacidad de los europeos para actuar en relación con estos temas supondría un logro en favor de la paz. 
Yo espero que los responsables políticos y los Ministerios de Asuntos Exteriores por fin lo comprendan así y se puedan establecer mecanismos razonables para desarrollar una política exterior y de seguridad común. 
Todos desearíamos soluciones diplomáticas. 
Debe evitarse un enfrentamiento bélico. 
Por esto mi Grupo político también es absolutamente partidario de que la misión que debe iniciar Kofi Annan el viernes reciba pleno respaldo, con objeto de cerrar el paso a la posibilidad de un enfrentamiento bélico. 
Nosotros le deseamos todo el éxito. 
Sin embargo, debe quedar claro que el resultado final ha de ser que se cumplan todas las resoluciones de las Naciones Unidas y que no es admisible ningún compromiso en lo que se refiere a la realización de las inspecciones destinadas a eliminar las armas de destrucción masiva del Iraq. 
Allí hay almacenadas armas de destrucción masiva, de carácter químico y biológico, asociadas al desarrollo de programas de misiles, que no sólo constituyen una amenaza para el entorno inmediato del Oriente Medio, sino que a largo plazo también pueden representar un grave peligro para nosotros y para nuestros pueblos. 
Su supresión es, por lo tanto, del máximo interés. 
Nos enfrentamos con la dificultad de tener que escoger entre diversas opciones, que son todas incómodas. 
Sin embargo, a mi parecer, no hacer nada y permitir que Sadam Hussein continúe intentando engañar a la comunidad de naciones, tal como ha venido haciendo desde hace siete años, tendría como resultado la propagación de los medios de destrucción masiva y nosotros apareceríamos como tigres de papel que han perdido toda autoridad en el mundo. 
Por esto, debe quedar abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas para obligar a Sadam Hussein a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, si en un futuro inmediato no se consigue el pleno reconocimiento y aplicación de las mismas. 
Si esto desembocase en enfrentamientos militares, la responsabilidad no recaería sobre quienes defienden el cumplimiento de las decisiones de la comunidad de naciones, sino sobre quienes no cumplen las decisiones de las Naciones Unidas, o sea, sobre Sadam Hussein. 
Tenemos que dejar absolutamente clara dicha responsabilidad y respaldar las citadas resoluciones. 
Señor Presidente, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, Señorías, creo que voy a dar un ejemplo de coherencia, así como de cohesión emulando, por un lado, al Presidente Sr. Marín y por otro, suscribiendo todo lo que ha dicho, palabra por palabra, la colega Sra. Green, a cuya resolución hemos adherido, a pesar de que elaboramos una resolución sobre el mismo asunto, ya que nos parecen ineludibles la bondad y el fundamento de lo que ha dicho. 
Por otra parte, no podemos dejar de ser firmes, conscientes y responsables con respecto a ciertos temas en este Pleno. 
Pese a los ejercicios de dialéctica y la capacidad de cada uno de nosotros de aportar al conocimiento de los demás colegas elementos y valoraciones que, sin duda, enriquecen el debate, finalizado el mismo, la solución es una sola: inducir a todo el mundo a que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Creo que la vulneración por parte de Sadam Husein de dicha resolución pondría en grave peligro los equilibrios de nuestra convivencia y perjudicaría aún más, si cabe, a una población que ya sufre restricciones y contingencias. 
Éste es otro aspecto que no podemos soslayar. 
No cabe duda de que debemos evaluar estos aspectos en otro momento, sin embargo, en éste debemos reiterar ante todo que las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben ser respetadas por parte de todos. 
La ocasión que nos ofrece este día de debate y de profundización también me obliga a añadir otra consideración que no será ni la primera ni, por desgracia, me temo que tampoco la última: como nos recordó la Sra. Green, la falta de una política exterior y de defensa común. 
Éste es un grave carencia que nuestra Institución debería absolutamente paliar sobre todo por la complementariedad que expresa la Unión. 
Debemos invitar a cada una de las cancillerías de nuestros Estados miembros a reflexionar y a darse cuenta de que los acontecimientos que se van produciendo nos hacen reparar en dicha necesidad. 
¿Qué hacer, entonces? 
En nombre de mi Grupo, confío en el éxito de la misión del Sr. Annan y, sobre todo, en una reflexión dentro de nuestras Instituciones, a fin de que pueda ser colmado este déficit. 
Podemos hacernos eco de todas las dificultades que está viviendo nuestro continente, pero también podemos ser un ejemplo significativo y cualificado de lo que suponen la dialéctica y, por encima de todo, la paz y la cohesión política y social. 
Señor Presidente, el Grupo liberal da mucha importancia al respeto por el orden de derecho internacional y las manifestaciones y resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Esto no sólo es válido para el caso de Irak sino también para todos los demás casos, principalmente en los alrededores de Irak. 
A Saddam Hussein se le tiene que dejar ver claro, de forma convincente, que tiene que conceder acceso incondicional e ilimitado a los equipos de inspección. 
La integridad e autonomía de la UNSCOM debe ser respetada completamente por Irak. 
Saddam tiene que haber comprendido que se llega a un límite, aunque aún consigue escaparse tras años de obstrucción. 
La Comunidad Internacional debe mantenerse tan unida como sea posible para que la presión diplomática pueda obtener su efectividad máxima. 
La intervención militar puede ser evitada, pero la presión efectiva sobre personas o dictadores como en Irak no es posible sin un acicate militar creíble y precisamente la amenaza militar es la que puede hacer posible un éxito diplomático. 
Europa tiene que jugar su papel en un planteamiento internacional exitoso. 
No puedo por menos que decir que es un poquito vergonzoso constatar que Europa está totalmente dividida. 
Con todo el respeto por la Presidencia Británica, en este momento no se está jugando completamente el papel tal y como habíamos pensado que debía ser. 
El Consejo General no hablará hasta el lunes sobre Irak y hasta ahora parece ser que la Presidencia no creyó necesario que la Unión fuera el foro para esta ocasión. 
Naturalmente todavía no tenemos ningún PESC y la unidad europea ha hecho posible la diferencia. 
Entretanto se ríen Irak y Saddam para sus adentros. 
Dejemos que la conversación de hoy en esta Casa sea un primer impulso para una política de una actuación común europea que se predique efectiva y fidedigna, también en el marco de la ONU. 
Francia y Rusia deben entender que no podemos esperar eternamente a concesiones que no vienen de parte de Irak. 
Esto debilita las órdenes de derecho internacional, crea un precedente peligroso y endosa al mundo con gran cantidad de armas de destrucción de masas. 
Por eso la Unión en su totalidad debe apoyar con franqueza a la ONU, ejercer una presión fidedigna sobre Irak y hacer un plan contingente y una estrategia clara para el caso de una intervención militar. 
Una estrategia a largo plazo exige por eso también atención a los otros países de la zona. 
Para una intervención de este tipo ya no es necesario una nueva resolución de la ONU. 
Señor Presidente, si el bombardeo y la invasión del Irak por los Estados Unidos y fuerzas aliadas sigue adelante unilateralmente, como está planeado, constituirá una múltiple injusticia. 
En primer lugar, tendrá como consecuencia la muerte de muchos ciudadanos iraquíes que son totalmente inocentes de delito alguno contra los Estados Unidos o sus intereses reales o imaginados. 
En segundo lugar, si se afirma que el carácter dictatorial del régimen es el motivo de la acción militar, resulta que hay un número importante de otras dictaduras contra las que no se preparan acciones. 
Asimismo, si el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas fuera el criterio para declarar la guerra, resulta que hay muchos otros Estados a los que se podría hacer el mismo reproche. 
En tercer lugar, una acción unilateral socavará y desacreditará a las Naciones Unidas, porque sólo una decisión del Consejo de Seguridad puede legitimar la acción contra cualquier Estado miembro. 
Las misiones de castigo selectivas y unilaterales nada tienen que ver con el desarrollo del Derecho internacional. 
Además, si no se estudia la posibilidad de adoptar decisiones comunes por parte de la Unión Europea, se desacredita y debilita a la Unión y se expone a la institución de la Presidencia en ejercicio a un grave reproche. 
En este caso la Presidencia ha optado unilateralmente por actuar sin tener en cuenta opinión alguna que pueda haber en otros Estados miembros. 
Todos esos graves problemas están socavando las instituciones del Derecho internacional. 
El Grupo GUE ha propuesto una resolución común con los Verdes y estamos lanzando un llamamiento a los diputados de otros Grupos políticos de este Parlamento y a partidos políticos, asociaciones civiles, iglesias y órganos culturales de toda Europa para que se opongan a esta escalada militar y para instar a todos los Estados miembros de la CE a que se nieguen a apoyarla. 
Se va a pedir a todos los partidarios de ese llamamiento que se unan para acordar sus planes a fin de hacer campaña en pro de la condena de las acciones violentas e ilegales por parte de Estados particulares y establecer la soberanía del marco de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, durante la Guerra del Golfo Estados Unidos y sus aliados lanzaron 277.000 toneladas de bombas sobre Irak en un período de 42 días. 
Esto no destruyó el régimen totalitario basado en la fuerza de Sadam Hussein. 
Durante los siete años que siguieron, Irak se ha visto expuesto a un bloqueo internacional masivo. 
Tampoco esto ha destruido la dictadura militar de Saddam Hussein. 
Por el contrario, estas medidas, según informes de Unicef, son la causa de que cada mes mueran 4.500 niños menores de 5 años. 
La mortalidad infantil ha aumentado de 24 a 98 por mil nacimientos. 
Se han multiplicado las enfermedades como el cólera, polio e ictericia. 
En un informe reciente, el Middle East Council of Churches afirma: Occidente desea castigar a los líderes de Irak, pero los que soportan todo el peso de la carga son los ciudadanos rasos. 
Actualmente, Estados Unidos desearía echar tierra sobre los problemas internos de su Presidente lanzando una nueva guerra aérea contra Irak, sin tener en cuenta a unas Naciones Unidas a las que Estados Unidos de hecho ya boicotea sistemáticamente, una guerra que aumentará los sufrimientos de la población civil sin por ello resolver el problema de las armas de destrucción en masa. 
Los Verdes apoyamos naturalmente a Kofi Annan. 
Evidentemente, pensamos que Irak debe respetar las Resoluciones de las Naciones Unidas, pero esto se aplica en igual medida a los otros Estados que también son objeto de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Deseamos naturalmente que se eliminen las armas de destrucción masiva del Estado de Irak, también deben eliminarse en todos los demás países. 
Trabajamos por una concertación mundial equitativa allí donde sean necesarias unas intervenciones de tipo policial. 
No obstante, éstas deben producirse bajo los auspicios de las Naciones Unidas y no de Estados Unidos unilateralmente. 
¿En cuántas ocasiones no se han quejado los representantes de los Grupos que ahora apoyan el texto mayoritario insípido y beligerante de la hegemonía mundial de Estados Unidos? 
Con cúanta obstinación no han exigido una alternativa eficaz representada por la UE? 
Pero ahora, a la hora de la verdad, cuando el jefe americano da la señal, la Sra. Green y el Sr. Brok, el Sr. Bertens y los demás le siguen la corriente. 
Esto significa que la UE participa en la guerra de civilizaciones: Occidente contra el mundo árabe-musulmán, porque esto es lo que va a pasar. 
Todo el mundo árabe, incluyendo al enemigo inmemorial de Siria, apoya a Irak no porque esté a favor de Sadam Hussein, sino porque considera lo que está sucediendo como un ataque de Occidente a la totalidad de la cultura árabe-musulmana. 
La UE podría haber jugado un papel estratégico en favor de la paz. 
Podría haber representado una alternativa real de contenido a la " diplomacia de cañón» de Estados Unidos. 
Pero inevitablemente asoma la pata de lobo colonial de determinados países de la UE. 
Surge el odio histórico hacia los árabes. 
Se multiplican los críticos religiosos enmohecidos del Islam, y convierten a la élite del poder de la UE en esclavos dóciles del carro triunfador americano. 
Esto quiere decir que también el buen nombre de la UE- que de hecho goza de buena reputación en el mundo árabe- desaparecerá. 
Se sacrificará la confianza de que goza la UE en Palestina, donde se han realizado unas acciones constructivas. 
Se pone en peligro toda la cooperación del Mediterráneo. 
Esto es trágico, es deplorable, es vergonzoso. 
Y se podría evitar apoyando la Resolución común de los Verdes y del Grupo GUE/NGL. 
Señor Presidente, todos sabemos, ante la importancia de nuestro debate, que algunos grupos políticos de esta Asamblea miden su responsabilidad, que es excepcional. 
Este Parlamento tiene el poder efectivo para influir sobre la paz o sobre la guerra y quiero decir por qué el Grupo de Coalición Radical Europea ha decidido, sin entusiasmo, pero con plena conciencia de las diferentes implicaciones, sumarse a la resolución que reúne a cuatro grupos. 
En primer lugar, rechazamos la descripción caricaturizada que presenta por un lado la dictadura iraquí, y, por otro, el imperialismo americano para no dar la razón a ninguna de las dos partes. 
En segundo lugar, consideramos que la Unión Europea no es neutral en el conflicto desatado en 1990 y que está en juego también nuestro concepto fundamental de la libertad. 
En tercer lugar, aunque nos cueste, pensamos que si, bajo la presión de la diplomacia, Irak no cumple las resoluciones de la ONU, será necesario recurrir al uso de medios militares, de otro modo no se aplicará el derecho internacional. 
Y, sin embargo, nuestras reticencias son grandes, al igual que las de muchos de los Estados miembros, pero también como las de los aliados árabes o turcos de los Estados Unidos. 
Sabemos que aquellos que quieren desarmar a Irak son los mismos que lo armaron, que los que han condenado la aventura iraquí en Kuwait se conforman con el doble protectorado planteado sobre Líbano, que la misión de la Unscom es, ante los ojos de muchos observadores, un pseudópodo americano en lugar de un instrumento de las Naciones Unidas, que el embargo hoy y la guerra mañana afectan, o afectarían a la población civil mucho más que a los responsables de uno y otro lado y que los aliados de los Estados Unidos se resentirían mucho más que América ante una nueva crisis internacional. 
Sabemos todo esto y deploramos también que la Presidencia británica haya creído poder expresar, sin ni siquiera una reunión formal del Consejo «Asuntos Generales» , su prejuicio nacional, y señalar así la vacuidad de la diplomacia de la Unión. Sabemos todo esto, pero asumimos nuestras responsabilidades al votar la resolución y al insistir en los puntos siguientes. 
En segundo lugar, ninguna intervención militar sería legítima si no se viera precedida de una decisión del Consejo de Seguridad. En tercer lugar, la Unión ha de aportar todo su apoyo a la misión del Secretario General de la ONU y reafirmar la prioridad absoluta que concede a la acción diplomática. 
Será con estos tres puntos como nuestro grupo aprobará un texto que incluye explícitamente la solución militar como la única capaz de dar credibilidad a la presión diplomática. 
Señor Presidente, las naciones han de ser respetadas y no se ha de humillar a los pueblos, ésta es la regla básica de la vida internacional. 
Ha de aplicarse a todos y, especialmente, a las naciones más frágiles y a los Estados menos firmes. Estados y naciones que la comunidad internacional no tiene por misión debilitar o desestabilizar, sino al contrario, confortar y que, en el mundo árabe-musulmán, son los mejores contrapesos que pueden oponerse al desarrollo del islamismo. 
Por encima de la persona de Sadam Husein, la comunidad internacional ha de tomar en consideración, antes que nada, a Irak y su integridad, al pueblo iraquí y su soberanía. 
La comunidad internacional ha de velar por no lanzarse a acciones irresponsables, que serían percibidas como una extraña singularización de Irak, como un encarnizamiento sospechoso, como una violación desproporcionada de su soberanía. 
Ésta aglutinaría aún más a la población iraquí y a una gran parte de la opinión árabe en torno a Sadam Husein. 
Provocaría, en el seno del mundo árabe, reacciones muy hostiles hacia Occidente y correría el riesgo de irritar a los territorios ocupados. 
Consecuencias desproporcionadas con respecto a los objetivos buscados por las inspecciones y que no se alcanzarían con una intervención militar. 
Si el objetivo realmente perseguido es la aplicación íntegra, por parte de las autoridades iraquíes, de las resoluciones de las Naciones Unidas, que decretaron el desarme completo del país, es preciso comenzar constatando que Irak no representa hoy una amenaza para la seguridad de sus vecinos. 
Ya no tiene ninguna capacidad nuclear y su potencial balístico está bajo control. 
Si el Consejo de Seguridad considera necesario reforzar las inspecciones y los controles para detectar, en la medida en que se pueda, las posibles armas químicas y biológicas de las que dispondría Irak, esta cuestión residual ha de poder solucionarse mediante el diálogo político. 
Ello no impide ni las presiones, ni las amenazas, que pueden ser útiles para la negociación, sobre un dictador retorcido e inquietante, pero al que se mantuvo en el poder en 1991. 
Estas presiones serán más eficaces en la medida en que los iraquíes sean estimulados positivamente a cooperar con las Naciones Unidas, y qué mejor que hacerlo proponiendo poner fin de manera programada al aislamiento malsano de Irak, provocado por un embargo que afecta con mucha dureza a la población civil desde hace siete años y del que ya es el momento para certificar su completo fracaso. 
Este embargo ha desestabilizado a la sociedad, pero no a Sadam Husein ni a la élite político-militar del régimen. 
Al mismo tiempo, ha destruido los circuitos comerciales y de producción, estrechando los lazos entre Sadam Husein y su pueblo. 
Por tanto es indispensable el levantamiento del embargo y es acertado que algunas democracias europeas lo propongan, al mismo tiempo que participan activamente en el diálogo político con Irak, recordando que corresponde sólo al Consejo de Seguridad juzgar sobre el grado de aplicación por parte de Irak de las resoluciones que ha aprobado y extraer las consecuencias. 
Estas diplomacias, sin duda, no hablan todas con la misma voz, pero hablan fuerte, y por ello Europa, en su diversidad, es un actor importante en esta crisis. 
Se hace oír e interviene, a través de sus Estados miembros más activos, de manera mucho más eficaz que si hubiera intentado definir a toda costa una posición común para todos, que hubiera corrido el riesgo de ser demasiado pobre y lenta para salir adelante cuando una situación de crisis como la que vivimos en la actualidad exige un juicio y una reacción rápidos. 
Señor Presidente, Señorías, es lamentable constatar que una vez más estamos abocados a repetir un rito estéril y que corre el riesgo de convertirse, si ya no lo ha hecho, en algo inútil por la falta total de una política exterior creíble y común de los quince Estados miembros. 
Nos damos cuenta de que no es fácil compatibilizar las estrategias políticas de unos Estados que tuvieron historias e intereses a menudo encontrados e incluso hostiles hace unas décadas, aunque lamentamos la falta de cualesquiera esfuerzos para atenuar las diferencias sobre la base de principios comunes e irrenunciables. 
Primero: respeto de los tratados y de los acuerdos internacionales. El aliado americano no puede ser utilizado cuando conviene, para luego prescindir de él en el momento oportuno. 
Se suele decir «cuentas claras conservan la amistad» , pues bien, cuentas claras con todos nuestros aliados. 
Segundo: respeto de los derechos humanos, piedra de toque de este Parlamento que debería convencerse aún más, si cabe, de que los acuerdos bilaterales entre cada uno de los Estados y los países que no ofrecen ninguna garantía en este sentido, tienen que dejar de celebrarse, sobre todo tratándose de países como Irak que poseen arsenales militares destructivos que ponen en peligro a las poblaciones de una región entera. 
Tercero: una función cada vez más significativa e importante, especialmente en el plano diplomático, de la ONU, cuyas prerrogativas deben permanecer intactas y cuyas resoluciones deben ser aceptadas sin vacilación o dilación por todos lo que firmaron la adhesión. 
Dicho esto, es evidente que la delegación de Alianza Nacional no puede más que confiar en el éxito de las iniciativas diplomáticas en curso, sobre todo de la llevada a cabo casi in extremis por el Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, que nadie puede considerar que actúa por mandato de alguien. 
Y ello para evitar ante todo los catastróficos efectos de un conflicto que perjudicaría enormemente a la población civil, en particular a las capas más débiles, niños y ancianos, que siguen pagando duramente los efectos de la guerra anterior. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Vicepresidente Marín, yo creo que todas y todos los presentes en este hemiciclo abominamos de Sadam Hussein y su régimen. 
No merecen ninguna comprensión. 
Sin embargo, dado el clima político, sobre todo en el mundo árabe, tenemos que dejar claro en qué momento y en qué condiciones puede tener éxito un ataque militar. 
A mi parecer, Europa debe insistir sobre todo en tres aspectos, en solidaridad con la política americana, pero desde luego sin subordinación a la misma. 
Primero: el objetivo de un posible ataque militar debe estar claro. 
Hasta ahora a mi no me ha quedado demasiado claro este aspecto. 
También debe existir la máxima probabilidad de que la situación posterior será más favorable, más favorable para la paz y más favorable para el desarrollo en toda la zona del Oriente Medio. 
Segundo: es indiscutible- la UE y, en particular, el comisario Marín, pero también el Presidente del Consejo, ya lo han señalado muchas veces- que la situación en el Oriente Medio no está mejorando, sino deteriorándose. 
Hace unos años todavía fue posible organizar al mayor número posible de países árabes en una coalición contra Sadam Hussein, cosa que ahora es imposible. 
El hecho es que nos encontramos ante una política obstruccionista del Gobierno de Netanyahu, el hecho es que- sin intentar establecer comparaciones- Israel tampoco reconoce ni está cumpliendo una resolución de la ONU relativa al Líbano. 
Esto genera un clima negativo en el mundo árabe y tenemos que tener claro que cualquier ataque que no esté muy bien pensado, muy meditado, y que no cuente con un buen respaldo, deterioraría todavía más este clima. 
Europa debe estar atenta a ello. 
Finalmente, el último aspecto es el papel de las Naciones Unidas. 
Yo no quiero decir que es imprescindible que el Consejo de Seguridad adopte una resolución. 
Sin embargo, todos tenemos que tener claro que cuanto más débil sea el consenso en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas, más negativos serán los posibles efectos, sobre todo para la relación entre Occidente y el mundo árabe. 
Es misión de Europa inducir a América a que dé su pleno respaldo a las Naciones Unidas, ahora, con ocasión del presente viaje, pero también procurando promover un consenso lo más amplio posible en el Consejo de Seguridad. De lo contrario, el ataque militar sería una afrenta para los árabes y en definitiva también para los europeos que desean mantener una buena relación con dicha región. 
Señor Presidente, me gustaría decir que ha sido especialmente agradable oír como el Presidente del Consejo nos da una exposición informativa acerca de lo que se está tratando. 
Eso ya lo sabíamos por el periódico. Hubiéramos preferido realmente haber oído otras cosas. 
Puesto que es una lástima que cuanto más de peso y acuciante es un tema menos se pone de manifiesto el Consejo de Asuntos Exteriores. 
Esto es un asunto peligroso. 
Si algo viene del Consejo son compromisos frágiles que de hoy a mañana pueden ser de otra forma, que no son realmente compartidos. 
En vista de que el mundo espera algo mucho mejor de la Unión Europea, ya que nosotros precisamente somos un coloso económico, es especialmente peligroso que el Consejo se ponga tan poco de manifiesto. 
Los ciudadanos de Europa piensan, en vista de los sondeos, que la Unión Europea lleva sobre todo la responsabilidad de los asuntos exteriores. 
Esto es realmente una idea totalmente lógica. 
Pero por desgracia un malentendido ya que el Consejo de Asuntos Exteriores y la Unión no toman esa responsabilidad en realidad. 
Por eso el Consejo no forma parte en general de las soluciones sino del problema. 
La Presidencia británica- habíamos esperado un enfoque nuevo y refrescante- ha podido hacer un intento para evitar esto, es decir ser parte del problema. 
Desgraciadamente la Presidencia se ha limitado a asuntos nacionales y se ha olvidado en realidad de su misión como dirigente de la política exterior de la Unión. 
Ahora camina Gran Bretaña como un orgulloso foxterrier junto al elefante americano diciendo: escucha como caminamos juntos dando golpes. 
Si hay algo que pueda contribuir a que se evite la guerra es una sólida actuación de la Unión Europea. Esto puede hacer algo. 
Esto no estaba tan claro en el caso de Bosnia. 
El punto de vista británico está más claro ahora. 
Hay petróleo en juego. 
En Bosnia, tal como me dijeron los oficiales británicos por aquel entonces no había petróleo en juego. 
Entonces era un punto de vista de basura, ahora se trata de un punto de vista claro. 
Afortunadamente. 
Pero sólo como país aparte. 
No existe una posición de la Unión Europea y del Consejo respecto a Irak ni respecto a Argelia. 
La resolución del Parlamento tiene que atender ahora la situación anómala para poder llenar de alguna forma este vacío. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es un eufemismo afirmar que es algo dudosa la legitimidad del régimen de Bagdad, sospechoso de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio. 
En un contexto más general, Sadam Husein trata de erigirse ante los ojos de la opinión pública mundial y, en particular, de los países en desarrollo, en paladín de la lucha contra el imperialismo americano y, más en general, del imperialismo occidental, con una visión maniquea del mundo, propia de otros tiempos. 
Hay que recalcar con fuerza que en Europa nadie desea ni puede desear la guerra con Irak. 
La solución diplomática a la crisis es, sin duda, preferible, aunque precisamente por eso es absolutamente necesario, tal como se ha reiterado, que la Unión Europea y cada uno de los Estados que la componen suplan con todo su peso la culpable e interesada inercia de algunos autorizados Estados miembros de la comunidad internacional. 
Al mismo tiempo, es preciso que la Unión Europea no deje en manos de los Estados Unidos y del Reino Unido el monopolio de la gestión de la crisis por parte occidental. 
Por eso, me sorprenden las evasivas del Consejo «Asuntos Generales» , así como el laconismo- permítanme decirlo- de las declaraciones del representante de la Comisión. 
La política, en especial la internacional, teme el vacío; no contribuyamos a crearlo también nosotros; de lo contrario, si dicho vacío lo ocuparan los demás, la culpa sería sólo nuestra. 
Señor Presidente, que Iraq debe cumplir las resoluciones internacionales, lo tenemos todos claro. Pero a mí me gustaría saber si también compartimos la idea de que deben ser las Naciones Unidas, única y exclusivamente, quienes lo consigan, y también si estamos de acuerdo en que deben hacerlo pacíficamente, por métodos políticos y diplomáticos. 
Apoyamos, desde luego, las gestiones del Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, pero yo espero que esas gestiones no terminen siendo víctimas del fuego amigo. 
Es decir, que el Secretario General Annan vaya a Bagdad para terminar sirviendo de excusa a una acción militar norteamericana que, desde todo punto, es inaceptable, tanto por las consecuencias que tendría en la población civil como, desde luego, por los efectos que conllevaría en la estabilidad de Oriente Medio. 
En este marco, el papel de la Unión está siendo, sencilla y llanamente, lamentable. 
La Presidencia del Consejo está poniendo en marcha un ejercicio de confusión para garantizar su política nacional que, sencilla y llanamente, es servidora de lo que le está dictando la Casa Blanca. 
¿Y qué decir de otros países miembros de la Unión Europea, empezando por el mío, España, cuyo Presidente del Gobierno ha visto cómo a sus ciudadanos se les explicaba la participación de Madrid en una hipotética operación norteamericana vía Tony Blair a través de la CNN? 
En este caso, desde luego, la Unión debería tener una posición común que incluyera la oposición a cualquier acción unilateral norteamericana y, desde luego, el levantamiento de un embargo que está causando sufrimientos indecibles a los ciudadanos iraquíes de a pie, quienes, por lo tanto, sufren la doble penalización de soportar un régimen dictatorial brutal y carecer de alimentos y medicinas con los que hacer frente a la vida cotidiana. 
Deberíamos apoyar a la oposición democrática en Iraq, desde luego. 
Y este Parlamento debería evitar que, si Clinton pone en marcha una operación militar sin poder echar mano de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyarla, al final pueda terminar echando mano de una resolución de este Parlamento. 
¡Qué triste sería esta situación! 
Señor Presidente, permítaseme primero decir con toda claridad, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que no defendemos a Sadam Husein. 
Algunos de nosotros nos opusimos cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban armándolo, entre otras cosas con los medios para la guerra química y biológica de que ha hablado Doug Henderson esta mañana. 
Sabemos que los tienen, porque se los vendimos nosotros. 
Acabemos con todas las formas de hacer la guerra química y biológica y destruyamos todas las armas del mundo. 
Inspeccionemos todos los emplazamientos del mundo, incluidos los de los Estados Unidos y de Gran Bretaña que aún existen. 
Ésta es la guerra del pene del Sr. Clinton, encaminada a reafirmar su prestigio ante las alegaciones sobre su carácter en su país. 
Así, pues, resulta muy irónico que el principal respaldo del Sr. Clinton sea el Sr. Blair, Don Limpio, el cristiano socialista, y resulta vergonzoso que el Sr. Blair, el Presidente de la Unión Europea, no haya intentado representar las opiniones de Europa, sino que intente imponer las del Sr. Clinton a Europa. 
Resulta triste y patético ver a Robin Cook, el Secretario del Foreign Office británico, en lugar de viajar por Europa para contribuir a detener la guerra, recorrer cansinamente los Estados del Golfo para convencerlos de que dejen a los Estados Unidos y Gran Bretaña bombardear Bagdad. 
¡Qué final para un hombre que se hizo famoso como participante en la Campaña por el Desarme Nuclear y organizador de campañas por la paz! 
El Financial Times de esta mañana informa de que funcionarios del Foreign Office cuentan que Gran Bretaña está dispuesta a utilizar bombas nucleares contra el Irak, si Sadam responde. 
Este Parlamento debe pronunciarse claramente contra esta guerra innecesaria. 
La resolución común del PPE y del PSE es insuficiente. 
Tengo entendido que Pauline Green ha criticado en privado la beligerancia del Sr. Blair respecto del Irak. 
Debemos criticar claramente que Gran Bretaña no haya actuado como la Presidencia de Europa, en lugar de hacerlo como si fuera el Estado nº 52 de los Estados Unidos. 
Debemos decir que el bombardeo de Bagdad no dará resultado y resulta moralmente injustificable. 
En las enmiendas del Grupo de los Verdes a la resolución conjunta se dirán todas estas cosas. 
Hago un llamamiento al Grupo Socialista y, en particular, a los diputados laboristas británicos para que olviden sus miedos con vistas a la reelección, escuchen a su conciencia y sigan el ejemplo de los diputados británicos que anoche votaron contra la guerra en Westminster. 
Recuerden que no sólo los juzgarán los diputados del Partido Laborista, sino que, además, la Historia juzgará su voto sobre esta cuestión. 
Les hago un llamamiento para que voten en pro de la paz y de una solución diplomática y contra la guerra. 
Señor Presidente, los Estados Unidos de América se disponen a emprender una nueva guerra en el Golfo y a golpear a Irak, sin perturbarse y contra el derecho internacional, contra la Carta de las Naciones Unidas, contra las resoluciones del Consejo de seguridad y, principalmente, contra la resolución 687 que no les concede ningún mandato en este sentido. 
No se ha aportado el más mínimo indicio de prueba sobre este tema. 
A este país, de 20 millones de habitantes, se le está sumiendo metódicamente en el hambre desde hace 7 años. 
Ya no hay piezas de recambio. 
En siete años no ha despegado ningún avión o helicóptero. 
La industria está paralizada. 
Para llegar a la capital hay que cruzar 900 kilómetros de desierto en condiciones horrorosas. 
Ya no hay bombillas, ni pan, ni leche. 
Se ha llegado incluso a confiscar los lápices de las escuelas porque se dice que con las minas de grafito Sadam Husein ¡haría bombas atómicas! 
Lo más lastimoso en todo esto no son las mentiras americanas, sino su servilismo, señor Presidente del Consejo. 
Dispénsenos al menos de su moral repugnante. 
Dispénsenos de su coartada. 
Dispénsenos de los montajes político-mediáticos que se realizaron durante la guerra del Golfo. 
Si quiere usted hacer esta guerra con sus amigos americanos, hágala, pero sin nosotros. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, lamento que el Gobierno británico haya unilateral y repentinamente expresado, sin consultar a los Gobiernos europeos y sin intentar hallar una posición común, su disponibilidad para participar en una acción militar. 
En el momento en que dicho Gobierno es el responsable de la Presidencia de la Unión Europea, éste es un duro golpe para el papel y la credibilidad de la Unión. 
La resolución común de los distintos Grupos políticos les pide que asuman esta responsabilidad, así como que definan una posición común y que respalden cualesquiera vías diplomáticas, en particular las misiones de la ONU y de su Secretario General, así como su propuesta de petróleo a cambio de comida dirigida a las poblaciones. 
Por último, y éste es un punto esencial, la resolución pide que cualesquiera ulteriores acciones que no fueran diplomáticas precisan una decisión formal del Consejo de Seguridad de la ONU, único intérprete de sí mismo. 
Éste es un punto fundamental. 
Estamos convencidos de la gran peligrosidad de Sadam Husein y de que es necesario obligarlo a respetar las resoluciones de la ONU. Sin embargo, debe ser el Consejo de Seguridad quien decida cómo y cuándo, sopesando la situación que militar y políticamente es hoy por hoy diferente de la que se planteó en la guerra del Golfo. 
Hoy, repito, la situación es diferente militarmente. 
Haré dos ejemplos: ¿Qué efectos provocará atacar los depósitos de armas químicas? 
El ministros Sr. Primakov habla de efectos devastadores en toda la región. 
Éste es un aspecto que hay que considerar. 
Segundo ejemplo: fuentes de la ONU revelan que Sadam tiene escondidos misiles y armas químicas en Argelia, Libia y Sudán. 
Si esto es así ¿qué se intenta hacer con respecto a dichos países y qué sentido tiene bombardear a Irak? 
La situación es diferente también políticamente. 
Todos los países árabes y en primer lugar nuestros aliados están en contra. 
¿Por qué? 
¿Podemos actuar contra ellos y cuáles van a ser las consecuencias en todo Próximo Oriente? 
El Consejo de Seguridad debe considerar todo esto y luego se cumplirán sus decisiones. 
Será entonces cuando cada uno de nosotros desempeñará su papel. 
Señora Presidenta, el viaje del Sr. Kofi Annan a Bagdad ofrece un atisbo de racionalidad y de esperanza; de racionalidad, puesto que en las últimas semanas, ante la inaceptable arrogancia de Sadam Husein, la guerra ha sido considerada inevitable por casi todo el mundo. 
Como dijo ayer Clinton, la guerra no es nunca la primera opción, aunque en ciertas ocasiones puede ser la única opción posible. 
Gracias a la obstinación de algunos países, a la actitud de la opinión pública estadounidense, a los fuertes llamamientos de la solitaria autoridad moral del Pontífice de Roma, al inquietante y previsible acuerdo que se está estableciendo entre Rusia y China, y a las resistencias de los países árabes, parece que en las últimas horas la política vuelve a asumir sus responsabilidades. 
Por desgracia, no podemos agradecérselo a Europa, habida cuenta de que, una vez más, la Europa que está a punto de convertirse en potencia monetaria, no logra convertirse en una potencia política, ni siquiera ante una crisis que podría afectarla más que lo que hoy puede pensarse. 
Por eso, me sumo a todos los que censuraron la inexplicable e inaceptable actitud de la Presidencia británica en esta circunstancia. 
Quede claro que nadie tiene dudas acerca de la necesidad de obligar al dictador de Bagdad a respetar todas las resoluciones de la ONU, sin embargo, la utilidad y la eficacia de los medios para conseguir el resultado, el balance de los previsibles costes humanos, la simulación de los escenarios políticos posteriores no pueden nunca considerarse indiscutibles e ineluctables. 
Cuando la alternativa es la guerra, no pueden invocarse límites indiscutibles a la paciencia de la diplomacia y de la política. 
Ésta no es debilidad, sino la fuerza que nos indica la antigua sabiduría moral y política de este viejo continente y la única lección seria que nos lega el siglo que está a punto de terminar. 
Señora Presidenta, no podemos por menos de expresar asombro y consternación ante lo que hoy hemos oído aquí, en particular de labios del caballero que representa al Foreign Office británico. 
Hemos leído los mismos periódicos que él lee sobre las armas de destrucción en masa, el ántrax, inventado por los británicos, y las tan cacareadas amenazas contra la Humanidad. 
También sabemos el papel que ha desempeñado su Gobierno para bloquear primero y obstaculizar después la misión en el Irak del Secretario General Kofi Annan. 
Nos hemos enterado de que la utilización de una fuerza increíble para lograr una solución diplomática hace mucho que ha dejado de ser una amenaza para lograr algo, mientras el gigante del poder militar americano avanza inexorablemente y con fuerza devastadora contra el pueblo iraquí: hay un millón y medio de víctimas del embargo, un embargo que alguien en esta Asamblea quiere prolongar eternamente. 
En este sector de la Asamblea, no sentimos simpatía alguna por el dictador de Bagdad. 
Seguimos abrigando la esperanza de que el Sr. Annan haga un milagro. 
Deploramos, con la mayor firmeza, el velo de hipocresía y mistificación con que se cubre esa matanza planeada de antemano, esa tragedia de las mayores proporciones y, más que nada, el intento de utilizar a esta Unión para apoyar instrumentos ciegos de las políticas exterior y militar angloamericanas en sus manifestaciones más perversas. 
Señor Presidente, Señorías, realmente es reírse del mundo pretender que Irak representa una amenaza para sus vecinos con lo que le queda de un arsenal sobrevalorado deliberadamente por la desinformación israelo-americana. 
Nadie duda de que si este país se lanzara a una guerra de agresión sufriría la terrible respuesta de aniquilación que le infligirían de inmediato los Estados Unidos e Israel. 
Tras haber arrastrado a Sadam Husein a la trampa de la reconquista de Kuwait, los Estados Unidos aplastaron con su gigantesco martillo pilón al irrisorio ejército iraquí. 
Desde entonces, están provocando el hambre del pueblo iraquí y la muerte de cientos de miles, muy pronto dos millones, según un procedimiento que constituye un crimen contra la humanidad, más despreciable en la medida en que está fría, tranquila, clínicamente perpetrado, que se va desarrollando con los años usando como pretexto motivaciones morales pacifistas supuestamente inspiradas en los derechos humanos. 
Sabemos que la realidad es que, cínicamente y disimulando su cinismo bajo una enorme capa de hipocresía, el Sr. Clinton, sin hablar siquiera de sus motivaciones personales viscosas, obedece sobre todo a los fríos intereses del mercantilismo petrolero que no debe verse amenazado por la producción iraquí. 
Finalmente, y ante todo, si Sadam Husein no existiera habría que inventarlo. 
Israel, como los Estados Unidos, piensa que necesitan un enemigo virtual permanente y una guerra siempre posible. 
Ahora Sadam, en el futuro otro. 
Comprender esto es tener la clave de la situación, pero también es comprender el peligro para la paz del mundo. 
¿A quién pueden parecerle ilegítimas la exasperación palestina y la cólera que brota de las corrientes árabes más moderadas y responsables? 
Señora Presidenta, Señorías, en mi intervención yo querría referirme al papel de la Unión Europea y de nuestra Asamblea en el presente conflicto. 
Lo que yo me pregunto es si estamos cumpliendo algún papel y si estamos a la altura del mismo. 
Lo cierto es que no estamos teniendo ninguna intervención activa, pero aun así yo pienso que nuestro debate y la resolución común que hoy se presenta constituyen una aportación importante. En efecto, en el Parlamento Europeo tomaremos una decisión antes de que el Consejo y la Comisión hayan conseguido alcanzar una posición común. 
Ésta es la enésima vez que constatamos que el Consejo y la Comisión no son capaces de alcanzar una posición común y si la Comisión, como hemos escuchado esta mañana, se limita a formular buenos deseos y esperanzas, tal como ha manifestado el señor Comisario Marín, eso parece indicar que la Comisión se encuentra en una posición poco favorable. 
En nuestra resolución no sólo pedimos que se adopte una posición común con vistas a establecer a una política exterior y de seguridad común, sino que también manifestamos cuál pensamos que debería ser su contenido. 
En cualquier caso se trata de una resolución presentada con el apoyo de la mayoría de esta Cámara y que, como ya he dicho, se somete a votación antes de que el Consejo y la Comisión hayan conseguido poner sobre la mesa una posición común. 
Por lo que se refiere a la resolución de la ONU, los americanos piensan que es preciso atacar si fracasan todos los esfuerzos diplomáticos y que así lo harán. 
En nuestra Asamblea, como ya se ha dicho, algunos rechazan esta opinión. 
Sería deseable, ciertamente, que las ulteriores medidas contra el dictador fuesen asumidas por toda la comunidad internacional. 
Por consiguiente, también sería deseable que el Consejo de Seguridad de la ONU ratificase una medida de ese tipo. 
Sin embargo, esta aspiración no debe dar pie a que algunos miembros de la comunidad internacional, como Rusia y China, por ejemplo, conduzcan al Consejo de Seguridad a una posición que pueda reducir la presión sobre Sadam, pues esto supondría el triunfo del terrorismo de Estado en Iraq. 
No deseamos que esto ocurra. 
Deseamos una solución pacífica si es posible, pero en cualquier caso queremos que se alcance solución, a poder ser compartida, que permita acabar con la situación que antes ha expuesto la Presidencia británica del Consejo. 
No se puede aceptar la presencia armas químicas y biológicas en ningún lugar del mundo y menos aún en un país que practica el terrorismo de Estado. 
Señor Ministro, señora Presidenta, Señorías, la negativa de Irak a someterse a las decisiones de la ONU sólo puede recibir por parte de cualquier estado y de cualquier parlamento una condena firme y sin ambigüedades. 
El respeto por las leyes internacionales es la condición para la paz, sobre todo porque se trata en este caso de armas terriblemente peligrosas. 
Pero, ¿quién podría negarse o deplorar que se agotaran todos los esfuerzos diplomáticos y políticos antes de que la fuerza ponga esas armas fuera de toda posibilidad de hacer daño en caso de que las negociaciones fracasen? 
Saludo y apruebo todos los esfuerzos de aquellos que llegan hasta los límites extremos en la negociación, en especial el Gobierno francés y el Secretario General de la ONU. 
Ahora podemos hacer algunas observaciones a propósito de esta crisis. 
En primer lugar, Irak ¿ha sido capaz de fabricar solo estas armas terribles o le han ayudado otros miembros de la ONU? 
En segundo lugar, una vez más, Europa no es capaz de adoptar una posición europea. 
En política internacional, Europa es inexistente y son los Estados miembros los que han de suplir esta carencia. 
Lo hacen en función de sus historias y sensibilidades respectivas, que no son idénticas. 
Se ven así obligados a elaborar políticas con relación a la de Estados Unidos, antes que en función de su análisis común. 
Su actitud, señor Ministro, la de su Gobierno, ha sido especialmente significativa en este sentido y yo desearía saber lo que ha hecho usted, como Presidente del Consejo Europeo, y no como Gobierno británico, con respecto a los países árabes, con respecto a la Unión Soviética, con respecto a China, con respecto a la ONU y, de forma general, en el interior mismo de la Unión Europea. 
En tercer lugar, ¿será necesario hacer una guerra a Irak cada seis años o se van a extraer las enseñanzas de la primera guerra del Golfo y de la situación actual para reflexionar sobre las cuestiones del equilibrio de fuerzas en la región, del derecho de cada Estado a su propia seguridad, de la función del petróleo en esta crisis, de la influencia del bloqueo del proceso de paz en la situación general de Oriente Medio, de la utilidad de un embargo sobre Irak, de la situación de la población iraquí que es al mismo tiempo rehén de su dictador y de Occidente? 
Europa, si existiera, habría podido sin duda orientar la situación durante estos seis últimos años de forma que se pudiera evitar el trágico callejón sin salida actual. 
Pero no nos obstinemos en lamentar nuestra impotencia sin tomar decisiones a la altura de las exigencias. 
¿No piensan ustedes, por ejemplo, que la elección del Presidente del Consejo Europeo por un período de cuatro años sería un primer paso útil para elaborar una verdadera política exterior y de seguridad común? 
Señora Presidenta, el Sr. Clinton ha desenterrado el hacha de guerra acompañado por los tambores de la industria armamentística y por las multinacionales del petróleo; él está cumpliendo con su papel. 
En cuanto a nosotros, me temo que nos perdemos en detalles, que bajo el pretexto de que no existe una política exterior común, la actual Presidencia llega a apoyar el juego bélico del Sr. Clinton. 
Creo, señora Presidenta, que aparte de todo lo anterior, este Parlamento puede votar una resolución que, en primer lugar, se oponga a toda intervención militar contra Iraq- independientemente de su régimen etc.- y en segundo lugar, puede defender, de la misma manera, la solución político-diplomática. 
En lugar de ello, los 4 Grupos tienen una resolución que, muy astutamente, crea, de una u otra forma, las condiciones para ser la tapadera de una intervención militar por parte de los americanos, mientras que, la resolución del Grupo de los Verdes y de nuestro Grupo contienen ese elemento de condena a la intervención militar y de apoyo a la solución político-diplomática y que es el mejor apoyo hacia Annan en su misión emprendida en Bagdad. 
Señora Presidenta, la esperanza que se vislumbra en estas últimas horas no disminuye la gravedad de esta crisis iraquí y considero que el deber del Parlamento Europeo, habida cuenta de la imposibilidad por parte de Europa como tal de lograr una política común, es el de erigirse en intérprete de las exigencias y necesidades de nuestras poblaciones que desean ser tranquilizadas con respecto a muchos puntos. 
Ésta es una crisis inquietante, sumamente inquietante. 
Basta pensar en que hace siete años Sadam Husein hubiera podido ser derrocado tranquilamente, aunque la potencia que podía haberlo hecho no lo hizo. Las cosas luego fueron pudriéndose con los años y hoy nos encontramos frente a esta situación. 
Tenemos la obligación de tranquilizar a nuestras poblaciones de que no habrán catástrofes ecológicas. Sabemos perfectamente como comienzan los bombardeos: desearíamos que fueran quirúrgicos, pero luego son devastadores. 
Tampoco podemos tomar como rehén a un pueblo con la esperanza de que este pueblo derroque al dictador, porque ésta no es la forma acertada de ver las cosas. 
Por desgracia, hoy en el mundo son demasiados los émulos de Sadam Husein y los dictadores que conculcan los derechos de sus pueblos. 
En el caso específico, Sadam, además del riesgo de guerras bacteriológicas o de otro tipo que representa, tiene asimismo la grave responsabilidad de mantener una quinta parte de la población de su país, los kurdos, bajo un régimen humanamente inaceptable. 
Pido que nuestro Parlamento se convierta en el intérprete de esto y en lo que se refiere a los pueblos que yo represento, es decir, los pueblos de Padania, debo manifestar que rechazamos la utilización de cualquier base que se encuentre en nuestro territorio. 
Desde este Pleno, insto al Gobierno italiano a que no utilice las bases de Padania para unos ataques que no podemos aceptar. 
Es bueno que el Parlamento Europea determine hoy su posición con respecto a la crisis en torno a Irak. 
El Consejo no lo ha conseguido todavía realmente. 
La situación de partida en lo que concierne a Irak está bastante claro. 
Un estado paria que no hace caso a la comunidad internacional, negándose a cumplir la sentencia de la ONU que exige la inspección y destrucción de las armas de destrucción de masas. 
Esto es simplemente inaceptable. Esto exige acción internacional. 
Sobre esto hablamos aquí hoy. 
¿Cómo debe actuar el mundo para que Saddam Hussein se deshaga de su mortal arsenal? 
Esta cuestión se la plantea todo el mundo, no sólo los americanos. 
La resolución del pacto que está presente aborda unas cuantas preguntas principales. 
¿Puedes amenazar en una situación así con violencia? ¿Como método extremo, si la diplomacia no funciona? 
¿Tienes que utilizar todas las posibilidades pacíficas para llegar a una solución? 
Eso es lo que yo también pienso y me alegro de que haya consenso en el último intento de Kofi Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas. 
¿Tienes que estar preparado para utilizar la violencia si el camino diplomático no conduce hacia las concesiones pedidas a Saddam Hussein? 
Mi respuesta es que si se hace con desgana sí. 
¿Debe permitir el Consejo de Seguridad una actuación como esta? 
Eso es lo que se desea pero no es una condición absoluta. 
El Consejo de Seguridad debe jugar un papel pero hay diferencias de opinión acerca de la interpretación de las resoluciones de la ONU acerca de Irak. 
Saddam Hussein no debe aprovecharse de esa confusión. 
La resolución del pacto que está presente es una perfecta expresión de esta idea. 
Nosotros no somos partidarios de la guerra, pero hay límites en la paciencia de la comunidad internacional. 
Señora Presidenta, señor Presidente en funciones del Consejo, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo querría decir que, a mi parecer, es muy de lamentar que el señor Comisario Marín ya haya abandonado el hemiciclo. 
Al fin y al cabo también se encontraba aquí para exponer su posición. 
Podría haberse quedado para exponer de manera un poco más detallada, en una intervención final, su posición en relación con determinadas medidas humanitarias y otros temas afines. 
Yo lamento mucho que no haya considerado necesario hacerlo. 
Por otro lado, yo me congratulo, como es lógico, de que hoy se celebre este debate, pues ya va siendo hora, sencillamente, de que los europeos hablemos con una sola voz- me alegra volver a tenerle entre nosotros, señor Comisario Marín -, de que nos expresemos con una sola voz sobre un tema que la CNN ya empieza a describir como el " duelo del Golfo». 
A veces, yo desearía que esta voz fuese un poco más armónica y que sonase un poco más alto. 
Pero, no obstante, es bueno que al menos se manifieste. 
Además, yo estoy seguro de que muchos de los colegas aquí presentes siguieron ayer por la televisión dos temas de interés. 
Por un lado, la despedida del Secretario General Kofi Annan por parte de los miembros del Consejo de Seguridad y los buenos consejos que ha recibido por el camino. 
Por el otro lado, el encuentro del Presidente Bill Clinton con algunos oficiales del Pentágono, con el que mostró claramente el garrote a Sadam Hussein. 
Una cosa debe quedar clara: el viaje del Secretario General no puede volver a ser, desde luego, un fracaso comparable al del viaje realizado por el anterior Secretario General en 1991, que prácticamente fue el preludio de la guerra del Golfo. 
Sólo me queda la esperanza de que se haya aprendido algo de dichos errores. 
Deberíamos expresar nuestra opinión en el sentido de que sólo sobre la base de unas claras concesiones podrán agotarse realmente todas las posibilidades diplomáticas a fin de evitar la guerra. 
No obstante, por otro lado, también tenemos que expresar con toda claridad nuestra posición con respecto a los Estados que están dispuestos a utilizar armas biológicas. 
En este sentido, yo quiero señalar que Iraq dispone, entre otras cosas, de ántrax, entre sus principales armas. 
Quien haya sido testigo de la propagación de los efectos del ántrax en la isla de Anthrax, en Escocia, durante 50 años, comprenderá que es en verdad necesario que hablemos con una sola voz, porque estos efectos son imprevisibles y tampoco queremos tener que preverlos. 
Señora Presidenta, como procedo de Irlanda del Norte, he de decir que tanto el Presidente Clinton como el Primer Ministro Blair pecan de hipocresía. 
Dicen a los terroristas del IRA en mi país que no deben entregar sus armas, que han asesinado a ciudadanos de mi circunscripción, tanto católicos como protestantes, y pueden recibir una buena acogida en la Casa Blanca y en Downing Street. 
Y, sin embargo, a nosotros nos dicen hoy que se deben destruir las armas del Irak. 
Quiero hacer constar que a ninguno de nosotros se nos ocurre olvidar que Sadam ha demostrado, al perpetrar matanzas de su propio pueblo, que utilizaría las armas de destrucción en masa, si tuviera la oportunidad. 
No sé si un ataque aéreo puede acabar con todas esas armas, pero, si volviéramos a empezar y no acabásemos, sería desastroso. 
Eso es lo que ocurrió antes y no debe volver a ocurrir. 
Señora Presidenta, después de la «Tormenta del Desierto» , nos encontramos aquí en vísperas de una nueva intervención en Irak, encabezada por los Estados Unidos de América. 
El dictador iraquí se mofa una vez más de la comunidad internacional. 
Se niega a aplicar las resoluciones de la ONU. Por su causa planea una temible amenaza sobre la región. 
Hasta ahí llega mi paralelismo. 
En 1990, de acuerdo con el capítulo 7, la ONU autorizó el uso de la fuerza. 
La intervención se puso en marcha merced a una amplia coalición que incluía principalmente a los Estados árabes vecinos y a muchos otros Estados no alineados. 
Por fin, Europa estaba presente como tal, activa principalmente mediante la voz de la Presidencia y de la Troika que no escatimó esfuerzos y viajó a Bagdad a pesar de algunas reservas manifestadas especialmente en este Parlamento. 
Hoy estoy constatando la desaparición de Europa, que se ha manifestado de forma espectacular, señor Marín, en el laconismo de sus palabras de hace unos instantes. 
Estoy constatando sobre todo la desaparición de la Presidencia británica, señor Ministro. 
El Primer Ministro Blair es sin duda muy activo y omnipresente, pero el Presidente Blair ha desaparecido. 
Parece que se considera que la política exterior y de seguridad común no existe cuando los asuntos son serios. 
Debo añadir que la coalición es puramente occidental, y finalmente, que los Estados Unidos parecen decididos a actuar fuera de cualquier mandato de la ONU, a pesar de una bendición que dieron con la boca pequeña a la misión de última oportunidad del Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, que, evidentemente, deseamos sea fructífera. 
Una intervención en estas condiciones mostraría un serio debilitamiento de la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas y de la Presencia de la Unión Europea, que ya no tiene peso en el mundo. 
Algunos de los diputados de esta Asamblea no están preparados, en estas condiciones, para extender un cheque en blanco a los Estados Unidos de América para esta operación. 
Señora Presidenta, está totalmente claro que está surgiendo un consenso en la Asamblea y que no me agrada: el de la crítica a la Presidencia. 
Un destacado socialista francés acaba de pronunciar el tipo de palabras que podría utilizar yo mismo. 
Hay confusión. 
Recuerdo la última ocasión en que debatimos la cuestión del Irak a fondo durante la guerra del Golfo. 
En aquella ocasión todos menos seis diputados laboristas firmaron una resolución en la que se condenaba la acción militar en el Golfo. 
Esta vez, sólo seis la firmarían. 
De modo que ése es el cambio que vemos en el sector socialista de esta Asamblea. 
Resulta lamentable y deplorable que hasta ahora la Presidencia no haya logrado una posición común. 
Pero refleja la falta de certidumbre en materia de política exterior, tanto en Washington como en Londres y- lo lamento- en otras partes de Europa: la certidumbre que resultaba tan evidente en la época de la Sra. Thatcher y del Presidente Bush, la que aportó a la Unión Europea Douglas Hurd, cuando era Secretario del Foreign Office, la que hoy necesitamos, en realidad. 
Así, pues, lamento que a Robin Cook no le haya sido posible acudir aquí, aunque pasó toda la tarde de ayer en la Cámara de los Comunes. 
No sabemos cómo van a resultar los próximos días. 
Sabemos que en esa parte del mundo resulta difícil elegir entre dos regímenes despóticos, uno en el Irán y otro en el Irak. 
Se ha criticado el suministro de material a los iraquíes. 
En el caso del Reino Unido, se le puso fin en 1988. 
Pero en este caso hemos de habérnoslas con un dictador que tiene a su disposición armas, algunas de ellas inventadas en la época de la Primera Guerra Mundial. 
Se trata de tecnología de la Primera Guerra Mundial con una mentalidad bárbara, por lo que la comunidad internacional tiene que afrontarlo. 
Así, pues, creemos que la presente misión diplomática de Kofi Annan debe recibir toda clase de apoyo. 
Entendemos la posición reflejada aquí, en mi sector, por el Sr. Castagnetti y el Sr. Bernard-Reymond, de Italia y Francia, y otros países mediterráneos en particular están profundamente preocupados por los peligros de la situación actual. 
Pero no podemos permitir que Sadam Husein siga teniendo la capacidad para amenazar no sólo a su propio pueblo, sino también a los vecinos de su país y a zonas mucho más lejanas con la tecnología que ha estado intentando desarrollar. 
Nos solidarizamos profundamente con el pueblo iraquí. 
Esperamos que se prosigan las gestiones humanitarias y, si en los próximos días es necesario adoptar otras medidas, como se pide en la resolución que vamos a votar, creo que esta Asamblea y los ciudadanos de Europa deben respaldar a esas fuerzas, como lo hago yo, ya sean americanas, británicas o de otro país, si llega el momento- y está llegando- en que debamos concluir la labor iniciada en 1991. 
Señora Presidenta, en los nueve años que llevo en este Parlamento nunca había escuchado un discurso con semejantes tergiversaciones y tonterías como el que el Sr. Kerr ha pronunciado no hace mucho. 
Ya veo que la asistencia social no funciona en el Reino Unido. 
Pido a esta Asamblea que considere por un momento las consecuencias que tendría el lanzamiento de un solo misil Scud con armas químicas apuntado a Israel. 
La conflagración en el Oriente Medio resultante de la caída de ese misil Scud supera la imaginación. 
En esta Asamblea debemos entender con claridad que se debe respetar el Derecho internacional. 
En nuestro debate no debe haber ninguna posición que reconforte a Sadam Husein. 
Él es quien no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas. 
De nada sirve afirmar que en otros sectores las Naciones Unidas han sido menos rigurosas. 
Con dos errores no se logra un acierto. 
También me consterna el llanto y crujir de dientes de algunos diputados al Parlamento sobre la PESC. 
La PESC no significa, como dice el Sr. Bertens, que debamos estar unidos respecto de todas las cuestiones. 
Significa que debemos tener una estrategia común ante amenazas comunes a la Unión Europea. 
No cabe duda de que la Unión Europea ha ido avanzando en esa dirección. 
El texto común que tenemos ante nosotros expresa la unidad respecto de la necesidad de velar por que se reconozca claramente que Sadam Husein no tiene razón, que se tienen que cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Tiene que haber una búsqueda exhaustiva de una solución diplomática. 
Tenemos que apoyar al Secretario General de las Naciones Unidas en su misión. 
¿Podría confirmar el Sr. Henderson si es ésa también la posición común del Consejo? 
¿Podría confirmar también si la Presidencia ha actuado enteramente de conformidad con el artículo J 5 del Tratado de la Unión Europea y, además, que el Gobierno británico ha cumplido con su obligación con arreglo al apartado 4 del artículo J 5, como miembro del Consejo de Seguridad? 
Hemos de decirlo con claridad: hay que parar los pies a Sadam Husein. 
Debemos conseguir una solución diplomática de este problema. 
Pero al final, si no hay posibilidad de una solución diplomática, se debe considerar la opción militar como último recurso. 
Señora Presidenta, Sadam Husein ha infligido enormes sufrimientos a gran número de personas. 
Hay que mantener toda la presión para privarlo de todas las armas de destrucción en masa. 
Sin embargo, sería un considerable error que los Estados Unidos bombardearan el Irak. 
No es seguro que eliminaran el armamento; podrían causar víctimas y mayores sufrimientos a civiles inocentes; se enajenarían a algunos de los que los apoyan, dividirían la Unión Europea y enardecerían en su contra la opinión árabe, ya agraviada por los diferentes pesos y medidas aplicados a Israel; de ello se beneficiarán el fundamentalismo y el terrorismo, que podrían intensificarse. 
En cualquier caso, no se debería adoptar ninguna acción militar sin la conformidad explícita y total del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debe volver a reunirse para abordar esta cuestión. 
También debemos aumentar el suministro de alimentos y medicinas al pueblo iraquí ampliando el programa de alimentos por petróleo. 
La Unión Europea debe formular su propia política exterior y no seguir abúlicamente a los Estados Unidos, en particular cuando no tienen razón. 
Señora Presidenta, yo acojo con satisfacción el mandato otorgado al Secretario General de la ONU para que intente alcanzar una solución pacífica para este peligroso conflicto. 
Debemos rechazar cualquier intento de restringir dicho mandato, como el que está realizando Estados Unidos en estos momentos. 
La tarea y la obligación de la Unión Europea y muy especialmente de su Presidencia británica serán respaldar al Secretario General y demostrar confianza en su capacidad de negociación. 
La opción militar debe seguir siendo realmente una ultima ratio no deseada y sólo en caso de que se cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, el ataque militar no debe ser una acción de castigo y debe ofrecer garantías de que permitirá desactivar las armas de destrucción masiva. 
En segundo lugar, las consultas formales deben culminar con la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad. 
Señor Presidente del Consejo, en las pasadas semanas me ha asombrado la firmeza con que su Gobierno ha expresado su solidaridad y su lealtad hacia Estados Unidos. 
Esto refuerza mi esperanza y mi deseo de que los otros 14 Estados miembros de la Unión Europea también puedan contar muy pronto con la misma solidaridad y lealtad. 
Señora Presidenta, permítanme que añada una observación sobre una cuestión de orden. 
Yo lamento mucho no haber tenido la oportunidad de intervenir esta mañana sobre el tema de la votación nominal y sus consecuencias financieras. 
En efecto, eso me habría permitido disponer también de un minuto y medio de tiempo, como mis 15 colegas que esta mañana han restado media hora a este importante debate sobre Iraq para hablar de la nueva reglamentación y las votaciones nominales. 
Señora Presidenta, acojo con beneplácito la resolución conjunta apoyada por mi Grupo, que la Asamblea tiene hoy ante sí. 
Da una señal clara a Sadam Husein de que Europa está unida en su condena del incumplimiento por el Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Esta Asamblea desea una solución diplomática de la crisis iraquí y acoge con beneplácito la labor que Kofi Annan va a emprender para resolverla. 
Pero el Irak debe saber que, si no permite a la UNSCOM proseguir su decisiva labor, seguirá existiendo una amenaza real de acción militar. 
Sadam debe destruir todos los arsenales químicos y biológicos y los medios para desarrollar otras armas de destrucción en masa, incluidas las armas nucleares. 
Entre ellas figuran 31.000 armas químicas y 45 misiles de los que no ha dado explicaciones. 
Sadam ya ha utilizado esas armas en ocasiones anteriores, como se nos ha dicho, tanto contra su pueblo como contra el Irán. 
No se le debe permitir nunca volver a utilizar armas de destrucción en masa. 
Señora Presidenta, con la ayuda de la ley se construye un país. 
Esto también es válido para la sociedad internacional. 
Todos debemos respetar el Derecho internacional, no sólo unos cuantos. 
Naturalmente, Sadam Hussein ha de ceñirse a las Resoluciones del Consejo de Seguridad. 
En los estatutos de la Naciones Unidas se permite el uso de la violencia como último recurso, pero únicamente como consecuencia de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por eso es importante que ninguna orden de bombardeo parta exclusivamente de Estados Unidos. 
Todo general inteligente debe hacerse estas preguntas: ¿Cuál es el objetivo? 
¿Es eliminar armas o eliminar a Sadam Hussein? 
¿Puede llevarse a cabo a base de bombardeos? 
La respuesta seguramente es no. 
¿Qué pasará después de los bombardeos? 
¿Qué pasará con la población civil de Irak? 
¿No resultará reforzada en la práctica la posición de Sadam Hussein a raíz de los bombardeos? 
Está muy bien que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad apoyen el viaje de Kofi Annan y las soluciones diplomáticas. 
La diplomacia trabaja lentamente. 
Las Naciones Unidas han eliminado muchas armas y van a seguir haciéndolo. 
¡Debemos, como ya ha dicho el ex-presidente Carter, tener paciencia, paciencia y más paciencia! 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, colegas, el desgraciado tema que nos ocupa nos debe llevar a algunas reflexiones y, ciertamente, ninguna es muy útil si se trata del hecho mismo, porque no está en nuestras manos decidir ni casi comentar. 
Pero yo creo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que hay un tema que nos debería preocupar mucho que es la ineficacia con la cual hemos actuado los europeos en esta grave materia. 
Usted, señor Presidente, ha hablado varias veces en su discurso de la Europa unida. 
No cabe duda ninguna de que ésta ha sido la Europa desunida. 
Y me da la impresión de que el Consejo, en su digna Presidencia, no ha dado los pasos necesarios para lograr una cierta posición común y, mucho menos, una acción común. 
Y me parece, como nos parece a otros muchos europeos, que ésta ha sido, en este aspecto, una ocasión perdida. 
Hubiera sido perfectamente posible formar un criterio común porque los intereses de los europeos, al margen de las naturales aventuras empresariales que puedan a veces ser suscitadas por las codicias de los petróleos del Irak, por ejemplo, son sustancialmente los mismos. 
Y yo creo que el Consejo, su Presidente, debe aprovechar esta oportunidad para analizar por qué ante una circunstancia tan dramática y tan acuciante como ésta no ha sido realmente posible formular un primer esbozo con el cual la Europa verdaderamente unida, esa Europa unida que usted ha mencionado tantas veces, señor Presidente, hubiera respondido a la situación de crisis que a todos nos inquieta y nos angustia. 
Señora Presidenta, gracias por la oportunidad de responder a este importantísimo debate. 
En primer lugar quisiera confirmar que nuestra Presidencia ha cumplido con su obligación de conformidad con el apartado 4 del artículo 5 del Tratado de Maastricht, en el sentido de que hemos mantenido a los demás miembros de la Unión plenamente informados de las posiciones sobre las que hemos expresado una opinión y, en los casos en que ha sido posible formular posiciones de la Unión Europea, hemos defendido dichas posiciones en nuestras gestiones. 
En segundo lugar, confirmo que la Presidencia ha hecho muchas gestiones para intentar formular una posición común en la Unión Europea. 
En mi intervención preliminar he expuesto en líneas generales varias iniciativas que se han adoptado, incluidas las del Primer Ministro, el Secretario del Foreign Office, muchos de nuestros funcionarios y yo. 
Ese proceso se ha desarrollado a lo largo de un período de tiempo hasta la precipitación de los acontecimientos de esta semana. 
La semana pasada, el Secretario del Foreign Office, en su calidad de Presidente en ejercicio, celebró en Panamá una reunión con otros Estados miembros que estaban allí representados. 
El objetivo de esa reunión oficiosa fue la de ver la forma de formular una posición común. 
Como no fue un Consejo oficial, no fue posible formular conclusiones oficiales, pero la Presidencia, al representar a la Unión Europea en los diversos foros en los que se ha examinado el problema del Irak, se ha atenido al texto que se acordó al final de aquella reunión, a partir del cual la Presidencia podía expresar una opinión común. 
Si se hubiera escuchado este debate desde fuera del Parlamento, se podría haber tenido la impresión de que había grandes divisiones entre los Estados de la Unión Europea sobre cómo actuar con el irak. 
También se podría haber tenido la impresión de que había profundas divisiones en este Parlamento. 
Pero vale la pena determinar los extensos sectores de coincidencia entre los Estados de la Unión Europea y en este Parlamento señalados en la resolución común que el Parlamento tendrá ante sí más adelante en esta sesión. 
Dicha resolución abarca las mismas coincidencias que se han señalado como importante coincidencia por parte de los miembros de la Unión Europea que componen el Consejo, como, por ejemplo, la necesidad de que se respete el Derecho internacional. 
De lo contrario, todo el orden del mundo internacional se desploma. 
Ése es un objetivo de importancia decisiva con el que todos convenimos. 
A ese respecto no se ha cumplido la Resolución 687 del Consejo de Seguridad, lo que constituye una clara violación del Derecho internacional. 
Además, convenimos en que Sadam Husein tiene muchas armas peligrosas de carácter químico y biológico y en que dichas armas son un peligro no sólo para los Estados vecinos del Oriente Medio y la comunidad internacional, sino también para el pueblo del Irak. 
No habrá solución si no se permite el acceso ilimitado y sin condiciones de los representantes de las Naciones Unidas que componen la UNSCOM y en que se deben hacer- cosa importante- todas las gestiones para intentar lograr una solución diplomática del problema que afrontamos. 
No sólo se trata de un sector muy amplio de coincidencia que compartirán los miembros de la Unión Europea que componen el Consejo y los diputados a este Parlamento, sino que, además, los pueblos de Europa lo considerarán una posición importante y razonable para intentar afrontar los peligros en el Irak. 
Quiero concluir mencionando la otra importante posición común, a saber, la de que todos reconocemos la importancia decisiva del papel que Kofi Annan desempeñará en nombre de todos nosotros para acudir con el respaldo del Consejo de Seguridad a Bagdad a formular todas esas posiciones comunes y decir a Sadam Husein que queremos negociar una solución diplomática. 
Nadie quiere la guerra, pero, para que se logre una solución, el Gobierno del Irak debe dar algún paso para garantizar esos importantes aspectos que he expuesto y que forman parte- lo sé- del respaldo que el Consejo de Seguridad da a Kofi Annan. 
Espero que, cuando se reúna el Consejo de Asuntos Generales el próximo lunes, podamos ver que se han logrado avances reales. 
Entonces podremos entender lo importantes que fueron esas posiciones comunes para lograr- espero- una solución. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señora Presidenta, si el Presidente en ejercicio ha adoptado una posición firme como representante del Consejo, ¿por qué no la hace pública? 
Todo el mundo pide una posición firme, pero en ningún momento se ha visto. 
Señora Presidenta, he pedido al Sr. Henderson que hiciera una declaración sobre si Gran Bretaña está dispuesta- como, según el Financial Times de esta mañana, dicen funcionarios del Foreign Office- a utilizar bombas nucleares en el Irak. 
¿Tendría a bien confirmarlo? 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, yo también desearía saber qué propuestas concretas ha presentado la Presidencia británica en el marco de la Unión Europea con vistas a apoyar y no desvirtuar la misión de Kofi Annan. 
Señora Presidenta, hay, con todo, una serie de preguntas sobre las hubiéramos deseado que se pronunciara el Presidente del Consejo o el Presidente de la Comisión. 
¿Por qué este conflicto súbitamente, ahora, por ejemplo, cuando se nos ha dicho que hace prácticamente tres años que un yerno del Presidente iraquí habría revelado la existencia de esas armas? ¿Por qué un ministro americano ha ido con una caja de azúcar a la televisión americana para decir que una caja así contenía suficientes bacilos como para destruir una ciudad entera? ¿Significa que hay que inspeccionar por siempre todos los armarios en Irak? ¿Qué prueba, qué indicio de prueba, tiene usted de la existencia de esas armas que se finge descubrir ahora? 
Éstas son preguntas interesantes y sobre las que hubiéramos deseado, tanto por parte de la Comisión como del Consejo, algunas aclaraciones. 
Tengo mucho gusto en intentar abordar las cuatro preguntas que se han formulado. 
En relación con la última pregunta formulada por el diputado de allí enfrente- la de por qué ahora -, la respuesta es: porque ya hace siete años que Sadam Husein se comprometió, en 1991, a cumplir las condiciones de la resolución de las Naciones Unidas con la que se puso fin a la actividad militar. 
La UNSCOM ha estado intentando hacer su labor. Se le ha obstaculizado. 
Según todas las pruebas a las que me he referido en mi intervención preliminar y otras, existe gran peligro de que todos esos grandes arsenales de armas muy peligrosas podrían desencadenar un problema. 
Así, pues, hay que adoptar medidas al respecto. 
Espero que se pueda encontrar una solución diplomática. 
En relación con la observación hecha por el Sr. Kerr, el Secretario del Foreign Office- en su calidad de miembro del Gobierno británico- hizo una declaración ante la Cámara de los Comunes en la que descartaba la utilización de armas nucleares en el marco en que se planteó. 
Resulta extraño que el Sr. Kerr no esté al corriente de ello. 
En cuanto a la muy válida observación del Sr. Oostlander, habría sido preferible tener un texto después de la reunión de Panamá, pero, dada la naturaleza del Consejo oficioso, no fue posible tener un texto vinculante. 
Eso será posible en la reunión que el Consejo de Asuntos Generales celebrará el lunes. 
Espero que esa base, que se entendió y reconoció en Panamá, constituya la parte substancial de lo que se acuerde el lunes. 
Los acontecimientos se suceden muy rápidamente. 
El lunes, muchos de nosotros tendremos la mente puesta en la misión de Kofi Annan y en sus posibles resultados. 
Respecto de la pregunta formulada por el Sr. Wolf sobre qué aspectos concretos de las conclusiones de Panamá ha planteado la Presidencia británica en las Naciones Unidas, la respuesta es la de que todos los aspectos tratados forman parte de la posición británica en las Naciones Unidas. 
Como he dicho en mi conclusión, creo que hemos cumplido con las obligaciones que nos impone el Tratado de Maastricht a ese respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señorías, quisiera reclamar toda su atención. 
Como saben ustedes, esta mañana tenemos una sesión de votaciones bastante delicada que dirigir en la medida en que, como se ha anunciado, hemos de interrumpirla a las 12.00 horas exactamente para recibir al Presidente de la República de Portugal, y reanudarla a continuación. 
Las cosas serán menos fáciles en la medida en que, como saben ustedes, tenemos una serie de votaciones muy sensibles. 
Así pues, desearía, para que podamos resolver la situación, en la medida de lo posible, retomar la propuesta que hice esta mañana y que ha sido enmendada muy oportunamente por algunas reflexiones que algunos colegas me han transmitido. 
Para esta mañana y sólo para esta mañana, lo aclaro bien, y esperando, una vez más, que resolvamos las cosas- estoy segura de que todo el mundo es muy consciente de que esto es necesario, y por otra parte considero excelente la sugerencia hecha por un colega esta mañana, de que los presidentes de Grupo y los miembros de la Mesa se reunieran para revisar la situación- antes pues de que reorganicemos las cosas, les propongo sólo para esta mañana, que al final de las votaciones- me oyen bien- todos aquellos y aquellas de ustedes que hayan considerado, en conciencia, que no deben participar en algunas de las votaciones, simplemente lo indiquen a lo largo del día al servicio de la sesión. 
Esto nos permitiría votar con dignidad los informes muy importantes que hemos de votar esta mañana. 
Por supuesto, queda claro que si hay colegas que prefieren, en cada votación nominal, señalar su intención, tienen pleno derecho y lo respetaré. 
Mi propuesta, de nuevo, tiene como único objetivo permitirnos trabajar tan eficazmente como sea posible esta mañana. 
Señora Presidenta, puedo entender su deseo de acelerar el desarrollo del orden del día, pero mi problema es el de que, si aceptamos ahora lo que usted propone, sentará un precedente para el futuro. 
No me cabe duda de que la Mesa, con su leal saber y entender, al oír esa confesión de esta mañana, deseará reconsiderar ese asunto. 
Quisiéramos que se nos asegurara que se aplicará sólo a este período parcial de sesiones y que tendremos derecho a atenernos otra vez a las directrices anteriores de la Mesa. 
En segundo lugar, nos gustaría que se nos asegurara que la Mesa no esperará tres meses para examinar esos asuntos, sino que lo hará en los tres próximos días. 
Sería otra garantía que contribuiría mucho, en mi opinión, a pacificar esta Asamblea y permitirnos continuar con nuestros trabajos. 
Señor Falconer, creí haber sido muy clara, pero le agradezco que me dé nuevamente la ocasión para aclararlo. 
La propuesta que les he hecho, siendo muy consciente de que no es perfecta, pero ningún sistema lo es, no es válida más que para esta mañana, y a pesar de que, habida cuenta de la situación excepcional de esta mañana, que pretende que interrumpamos las votaciones durante media hora, por las razones que todos conocemos. 
Señora Presidenta, tiene usted toda la razón, no tiene sentido continuar el debate, pero existe una solución muy fácil. 
Puede recordar a los diputados que consideren que no pueden votar a favor ni en contra de determinada propuesta que, en realidad, tenemos un tercer botón en nuestra máquina de votar, a saber, el botón de la abstención. 
Es muy fácil alargar la mano y pulsar ese botón, por lo que no debe resultar difícil a ningún diputado. 
No, señor Corbett, la abstención y el hecho de no tomar parte en la votación no tienen el mismo significado. 
Creo que esto está muy claro, y cada cual debe ser muy consciente de ello. 
Señora Presidenta, yo quisiera referirme al incidente de esta mañana, cuando no se ha admitido a trámite nuestra propuesta de resolución sobre la delincuencia en Bruselas, presentada por el procedimiento de urgencia. 
Tenemos que tomarnos en serio el temor de los diputados, de nuestros colaboradores y de la población. 
Unos 50 diputados firmaron la petición de que esta propuesta se debatiera en el Parlamento. 
Dicha petición fue rechazada. Yo solicito, por lo tanto, que se someta esta cuestión a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Gracias, señor Rübig. 
Tomo nota gustosamente de su moción. 
(El Presidente constata que no hay objeciones a su propuesta) 
Votaciones 
Señora Presidenta, hicimos ayer una propuesta para poder votar primero sobre el informe Hautala. 
Señorías, tengo una solicitud de modificación del orden de la votación de los informes Lange y Hautala. 
Voy a someterla a votación. 
La Asamblea es soberana. 
(El Parlamento da su aprobación al cambio de orden de las votaciones) 
Señora Presidenta, quisiera preguntarle si el hecho de haber escuchado la excelente alocución del Presidente de Portugal puede tomarse en consideración para el cálculo de las dietas y cómo va a ocuparse de ello la Presidencia. 
Por ejemplo, los que han aplaudido van a registrarse como presentes, y los que no han aplaudido no se registrarán. 
Señor Dell ' Alba, lo siento, pero tenemos exactamente veinte minutos para llevar a cabo votaciones muy importantes. 
Señora Presidenta, durante la intervención del Presidente de la República de Portugal, por lo menos dos veces han sonado teléfonos dentro del hemiciclo. 
Uno de ellos hasta nueve veces. 
Creo que esto es bochornoso y es una falta de respeto a esta Asamblea el que puedan funcionar teléfonos mientras está dilucidando. 
Señoría, tiene usted toda la razón, y puedo decirle que los cuestores han hecho ya una recomendación en este sentido a todos los diputados. 
Le han oído y sin duda van a reiterar esta recomendación con más firmeza aún. 
Señora Presidenta, me disculpo por hacerle perder el tiempo, pero dado que uno de los dos teléfonos era el mío y, siendo una de los culpables, deseo excusarme con el Pleno. 
Salí del hemiciclo por unos instantes, ya que fui llamada urgentemente, y dejé aquí mi bolso por lo que estaba ausente en el momento en que sonó el teléfono. 
Por otra parte y por norma, cuando entro en el Pleno, lo desconecto, sin embargo, esta mañana, por desgracia, no lo hice. 
Vuelvo a pedir perdón a todas sus Señorías. 
Gracias, Señoría. 
Me permito decir: pecado confesado, pecado perdonado. 
Señora Presidenta, no creo que le sorprenda que en este momento yo me vea obligada expresar mi más enérgica protesta, no contra usted, señora Presidenta, sino contra nuestro Presidente, pues el procedimiento que se ha seguido me parece absolutamente inaceptable. 
Voy a explicar por qué. 
Me remito a la letra c) del apartado 2 del artículo 72, según el cual sólo se admitirán enmiendas a una posición común- éste es el tema que ahora nos ocupa- si éstas se proponen modificar una parte del texto de la posición común no incluida en la propuesta presentada en primera lectura o cuyo contenido sea distinto de la misma y que no suponga una modificación sustancial en el sentido del artículo 62. 
Yo quiero señalar, en primer lugar, que ésta es la segunda lectura de la directiva marco, pero que no ha habido una primera lectura, pues en su momento no se presentó una directiva marco. 
Esto como primera observación. 
En segundo lugar, si en aquel momento hubiésemos presentado enmiendas a la directiva de aplicación sobre las especias encaminadas a exigir la detección analítica de la irradiación o unos métodos normalizados de análisis, todos nos habrían acusado con razón de haber perdido el juicio y todos me habrían dicho- yo también fui entonces la ponente -: la Sra. Blottnitz se ha vuelto loca, pues entonces, hace ocho años y medio, esos métodos no existían, y muchos creen que todavía no existen. 
Por consiguiente, no podíamos pedir su regulación. 
Ahora los pedimos porque son absolutamente necesarios y porque se trata de una directiva marco. 
No podemos admitir la irradiación sin establecer también requisitos en cuanto a los procedimientos de detección analítica. En efecto, ¿de qué nos sirve una etiqueta, si no controlamos si el producto ha sido irradiado o no? 
Esto es sumamente importante. 
No en el caso de las especias, pero sí por lo que se refiere a la lista positiva que se establecerá una vez promulgada la directiva marco y que se aplicará a partir de ese momento. 
Ya no podremos volver atrás, tanto si ahora protestan como si no. 
Lo que está en juego... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora Bloch von Blottnitz, la hemos oído bien. 
Cada cual ha comprendido el problema ante el que nos encontramos y que se debe a que el Consejo ha empleado varios años antes de enviar la posición común tras nuestra primera lectura. 
Creo que todo el mal ha venido de ahí. 
Desearía oír, por supuesto si él lo desea, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, Sr. Kenneth Collins. 
Señora Presidenta, he de decir que no se puede por menos de admirar la tenacidad de la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Sin entrar en el fondo de la cuestión, el problema estriba en los artículos 72 y 62. 
La parte pertinente del artículo 62 dice así: » Cuando, por el transcurso del tiempo o el cambio de las circunstancias, hubiere variado sustancialmente la naturaleza del asunto a que se refiere la propuesta de la Comisión» , podemos adoptar una orientación determinada. 
En comisión consideré que la naturaleza del problema no había cambiado entre la primera lectura y ahora: seguimos teniendo problemas con la radiación, sabemos cuáles son las posibles consecuencias de dichos problemas y necesitamos una directiva para controlarlos. 
De modo que la naturaleza del problema no ha cambiado. 
Después pasamos al artículo 72, que se refiere a las enmiendas a la posición común del Consejo. 
No se nos permite aceptar enmiendas que no obtuviesen mayorías en primera lectura, salvo que se trate de nuevos asuntos planteados por el Consejo al alcanzar su posición común. 
En comisión opiné que, aunque resultara lamentable para la Sra. Bloch von Blottnitz, las enmiendas que deseaba presentar no obtuvieron mayoría en primera lectura, no fueron introducidas de nuevo, no han sido introducidas ahora por el Consejo, no se referían a un cambio de circunstancias o de problemas desde el principio y, por tanto, resultaban inadmisibles. 
Señora Presidenta, quisiera señalar a la atención de la Asamblea y de usted una de las más maravillosas frases del Reglamento. 
Al final del apartado 2 del artículo 72 del Reglamento se dice: » La decisión del Presidente sobre la admisibilidad de las enmiendas será inapelable.» 
Recomiendo la lectura de esa frase a la Asamblea y a usted. 
Señora Presidenta, no deseo retrasar los debates, pero, tras haber oído a los dos oradores que han intervenido antes que yo respecto de los problemas relacionados con las enmiendas y demás, propongo a la Asamblea que devolvamos este informe a comisión hasta que formule un texto adecuado que todos podamos aceptar. 
Señor Crowley, no me han presentado ninguna demanda en ese sentido. 
(El Presidente declara aprobadas las dos posiciones comunes así modificadas) 
Podemos apoyar la iniciativa relativa a aumentar el control sobre los alimentos durante la producción y en el destino. 
Debe primarse la seguridad de los consumidores. 
Con todo es importante que este control no sustituya al control en las fronteras. 
El control fronterizo es importante, como ha demostrado, entre otros, el caso de la EEB, no puede ser reemplazado por un control durante la fase de producción o en el destino. 
He estudiado con atención el informe de nuestra colega Heidi Hautala. 
La felicito por la profundidad de su trabajo. 
Sin embargo, me inclinaría a tomar algunas distancias con respecto a las disposiciones que considero algo maximalistas, y ello a pesar de la importancia que concedo a la defensa del medio ambiente. 
Así, no comparto las especificaciones propuestas por el ponente, ya que el coste soportado por los industriales sería muy superior al beneficio ambiental conseguido. 
Estoy convencido de que hay otras soluciones. 
Por consiguiente, necesitamos aceptar las propuestas que se hacen en el programa «Auto Oil» , las que fijan un marco obligatorio a corto plazo. 
Y lo importante es ponerlas en práctica. 
Necesitamos tomar en consideración el impacto de estas medidas para la industria petrolera que, si es apta para adaptarse a las exigencias iniciales, podría experimentar algunas dificultades si el Parlamento Europeo endureciera las disposiciones del programa. 
Para mí, no se trata de aceptar un chantaje al empleo, sino solamente de afirmar una voluntad de preservar la competitividad industrial de un sector sometido a una competencia mundial encarnizada. 
Considero que es necesario tener en cuenta tres parámetros: el coste, la eficacia y la competitividad, y aplicarlos lo mejor posible en los plazos fijados. 
Además, no se puede perder de vista que el resultado depende del estado del parque automovilístico europeo y que, si son necesarios gastos suplementarios, es principalmente para renovarlo. 
Lamentablemente, no puedo apoyar todas las recomendaciones que figuran en este informe por las consecuencias en materia de costos que tendrían para los consumidores irlandeses. 
La propuesta original de la Comisión, apoyada por el Consejo, era aceptable, pero, con las modificaciones introducidas por este informe, los costos se multiplicarían por seis. 
También he de señalar que Irlanda ya se encuentra dentro de los límites actuales, aunque estoy seguro de que habremos de mejorar aún, siempre que la carga financiera no sea demasiado pesada. 
Me resulta incomprensible el voto de una parte del sur de la Unión, ya que nadie manifestó un sólo argumento sustenatando esta postura negativa en el debate de ayer noche. 
Esta postura brilló por su ausencia. żpor qué?. 
Me ratifico en los argumento expresados ayer en favor de mi voto. 
A petición del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión ha adoptado el llamado programa Auto Oil para mejorar la calidad del aire haciendo los transportes por carretera menos contaminantes en los años venideros. 
Con este objetivo, la Comisión ha presentado dos directivas orientadas, por una parte, a reducir las emisiones procedentes de los automóviles, y por otra, a mejorar la calidad de los carburantes. 
En primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó un gran número de enmiendas orientadas a reforzar las normas propuestas por la Comisión. 
El Consejo ha aprobado una parte de ellas, sin llegar no obstante a aceptar las disposiciones obligatorias exigidas por el Parlamento para el año 2005. 
Actualmente nos encontramos en fase de segunda lectura para llegar a un acuerdo sobre la posición común del Consejo. 
La Comisión de Medio Ambiente, que considera que los avances del Consejo son insuficientes, ha aprobado la casi totalidad de enmiendas adoptadas en primera lectura por el Parlamento Europeo. 
Soy favorable a un refuerzo de las medidas que permitan disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire. 
Pero considero que algunas enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente no tienen suficientemente en cuenta los aspectos económicos y sociales. 
Su aplicación corre el riesgo de tener un coste elevado y de provocar pérdidas de empleos. 
En mi opinión, la posición común del Consejo representa un justo equilibrio entre las necesidades de una mejor protección del medio ambiente y la defensa del empleo, que algunas medidas demasiado vinculantes y costosas corren el riesgo de comprometer. 
Propongo también que se tomen medidas para acelerar la sustitución de los vehículos más antiguos y para desarrollar la investigación, principalmente en lo que se refiere a la concepción de los motores, la mejora del mantenimiento de los motores y el recurso a nuevos carburantes. 
Lo mejor para el medio ambiente y para los habitantes de la UE y del mundo habría sido naturalmente que se hubiera adoptado la propuesta del Parlamento Europeo de la primera lectura. 
Desgraciadamente, tanto el Consejo como la Comisión han cedido ante las presiones de la industria petrolera y no han aceptado los requisitos necesarios. 
Con ocasión de la segunda lectura, la ponente también se ha visto obligada a modificar una parte de los requisitos, sobre todo ante las presiones de los grupos conservadores del Parlamento Europeo, con el fin de lograr la mayoría requerida en el Pleno. 
Por eso la propuesta no es en absoluto óptima en nuestra opinión, pero sí claramente aceptable. 
La votación de hoy ha demostrado claramente que el compromiso goza de un apoyo muy fuerte dentro del Parlamento Europeo. 
Esperemos que el resultado también influya en el Consejo y la Comisión para que abandonen con ello su oposición a la propuesta del Parlamento. 
Suponemos que los representantes del Gobierno sueco en el Consejo de Ministros la respaldarán y votarán en favor de las requisitos del Parlamento Europeo. 
La mejora de la calidad de la gasolina tendrá inmediatamente efectos medioambientales de máxima importancia. 
Las propuestas de la Sra. Hautala reducirán en más de un 20 % la contaminación automovilística. 
No podemos aceptar el discurso de las grandes compañías petroleras que pretenden hacer creer a sus trabajadores que cerrarán refinerías porque nuestras instancias exigirán normas ambiciosas. 
Las estimaciones que han realizado estas empresas están manifiestamente sobrevaloradas. 
Todos los centros de estudio así como los ministerios afectados reducen considerablemente los costes inducidos. 
Pero una cosa es cierta: las grandes empresas han obtenido beneficios sustanciales que les permiten invertir para modernizar las refinerías, que por otra parte han dejado que se conviertan en más o menos obsoletas, respondiendo a las necesidades del medio ambiente. 
Ellas saben bien también que a partir de ahora el mercado mundial de la gasolina no escapará a estas evoluciones (ya en curso en Estados Unidos). 
Europa se vive con demasiada frecuencia como lejana o con muchas obligaciones por nuestros conciudadanos. 
Hoy, sobre un tema de futuro que nos afecta a todos en nuestra vida diaria, ésta puede llevar esperanza a los pueblos, el bienestar y el progreso a la mayoría. 
Es preciso votar los informes Lange y Hautala. 
De este modo, el Parlamento Europeo estará presente en su cita con la historia. 
En este asunto se ha creado la misma situación política que en la cuestión sobre las emisiones de los automóviles: la Comisión frena y el Parlamento presiona en favor de unos requisitos medioambientales más sostenibles a largo plazo para la gasolina y el gasóleo. 
La misma situación ha surgido en este caso en cuanto a la industria: cuando los requisitos de reducción de emisiones y de aditivos se hacen más duros, por ejemplo en relación con el contenido de plomo aceptable en la gasolina, la industria petrolera se adapta rápidamente a ellos. 
La propuesta de la Comisión no es lo suficientemente sostenible y debe ser más rigurosa. 
Son necesarias una mejor normativa en torno a la calidad de los carburantes, unos requisitos estrictos para el tráfico urbano, y unos impuestos diferenciados que estimulen a la utilización de coches eléctricos y de nuevos carburantes respetuosos con el medio ambiente, como es el caso del etanol. 
Igual que para el informe del Sr. Lange, los valores límite y los plazos deben ser obligatorios para los años 2000 y 2005, y las excepciones que se concedan muy estrictas. 
Los requisitos establecidos para los valores límite deben ser lo más duros posibles. 
Para el azufre debería ser de 30 mg/kg tanto para la gasolina como para el gasóleo. 
Considero realista y plenamente viable la propuesta de la ponente, razón por la cual puede llegar a adquirir una gran importancia en la política ambiental. 
La opinión pública francesa y europea está sensibilizada con las consecuencias que tienen para la salud las emisiones contaminantes procedentes de los automóviles. 
Para reducir esta contaminación, es preciso al mismo tiempo mejorar la técnica de los motores y reforzar la normativa impuesta a los carburantes. 
Ha de priorizarse la disminución real de los contenidos de azufre y aromáticos mediante la introducción de compuestos oxigenados, procedentes, entre otros, de los biocarburantes. 
La inclusión de los biocarburantes permite aportar una respuesta inmediata a esta reducción de la contaminación merced a su cantidad nula en azufre y a su capacidad para mejorar la combustión. 
Para el sector agrícola, la producción de materias primas renovables destinadas a la producción de biocarburantes constituye una vía de diversificación determinante que permite utilizar el espacio rural. 
Por todas estas razones, he votado, como la mayoría de mis colegas, a favor de un refuerzo de las normas impuestas a los carburantes, que permitan así un desarrollo de los biocarburantes, con la condición, por supuesto, de que la Unión Europea quiera aceptar que los Estados miembros puedan adaptar su imposición indirecta con el fin de promover una energía más limpia. 
Para luchar contra la contaminación del aire producida por los automóviles, es preciso al mismo tiempo actuar sobre las normas técnicas de los vehículos y sobre la composición de los carburantes. 
La puesta en servicio de vehículos que respondan a nuevas normas técnicas ha de tener necesariamente efectos escalonados a medio plazo, que corresponden a una renovación progresiva del parque automovilístico de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por el contrario, la utilización de carburantes que respondan a normas más respetuosas con el medio ambiente tendrá una incidencia inmediata. 
En este sentido ha de perseguirse de forma prioritaria la disminución real de los contenidos autorizados de azufre y compuestos aromáticos (principalmente benceno) con relación a los contenidos constatados en la actualidad. 
Se ha de impulsar también la introducción de oxígeno de origen fósil o vegetal, habida cuenta de su efecto positivo e inmediato sobre la calidad del aire. 
Como fuente de energía renovable, los compuestos oxigenados de origen vegetal o biocarburantes (éster de aceite vegetal incorporado al gasoil o derivado del etanol incorporado a la gasolina) pueden aportar sin demora una respuesta apropiada a los problemas de contaminación, principalmente en las zonas urbanas sensibles, contribuyendo a limitar el efecto invernadero, cuyas consecuencias han sido recordadas en la Conferencia de Kioto en diciembre de 1997. 
Finalmente, para el sector agrícola, esta producción de materias primas renovables destinadas a la producción de biocarburantes constituye una vía de diversificación importante, que puede contribuir al mantenimiento de una buena ocupación del espacio rural. 
Esta producción de materias primas renovables ha de considerarse como una actividad económica remuneradora para la agricultura y puede contribuir a modificar la imagen negativa que para algunos todavía tienen las actividades agrícolas en lo que se refiere al respeto por el medio ambiente. 
El desarrollo de los biocarburantes permitirá responder a las necesidades de los ciudadanos, favoreciendo la expansión de una agricultura respetuosa con el medio ambiente. 
He votado contra el informe Hautala, no porque no esté de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar, sino porque considero irrealizables sus propuestas. 
Si resulta esencial la mejora de la calidad medioambiental y de sus efectos en la salud pública, se debe compatibilizar con los plazos técnicamente posibles... nunca inferiores a 3 o 4 años para la ejecución de las obras. 
Por otro lado, hay que tener presente la diferencia de inversiones que la utilización de «crudos» de tipos diferentes exige: el sur de Europa utiliza un crudo» hard» , que exige un proceso de refino mucho más oneroso e inversiones mucho más elevadas que el resto de Europa, que utiliza crudo» soft». 
Eso significa que los países del Sur, más pobres, habrán de cargar con al menos el 60 % de las inversiones totales. 
En el caso concreto de Portugal, disponemos de una empresa que es de las mayores del país, tanto en volumen de negocios como en número de personal empleado, en valor añadido y en cuanto a la exportación. 
Añádase que dicha empresa- PETROGAL- utiliza los procesos más modernos y perfeccionados de producción, por lo que tiene perfecta capacidad hasta el 2003 para cumplir los requisitos exigidos en el acuerdo conseguido con el Consejo después de la primera lectura. 
Por último, conviene poner de relieve que esa empresa es de las que más empleo dan en la generalidad de los países de expresión portuguesa, por lo que su actividad es esencial para sus economías, hecho que no puede ser ajeno a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, es esencial que las metas en materia de reducciones de los límites para las emisiones de los automóviles sean rigurosas. 
La calidad del aire mejorará en gran medida con la aplicación de las propuestas que la Asamblea tiene ante sí. 
Las mejoras de las normas relativas a los automóviles y unos combustibles menos contaminantes son imprescindibles. 
Junto con mis colegas de Irlanda del Norte, recientemente propicié una reunión de un representante de una empresa de Irlanda del Norte con funcionarios de la Comisión para que examinaran un nuevo producto que puede reducir en gran medida los niveles de emisiones ahora, con el beneficio suplementario de reducir el consumo global de combustible. 
Eso demuestra el interés existente en Irlanda del Norte en que se adopten lo antes posible medidas a ese respecto. 
Acojo con beneplácito la iniciativa de los ciudadanos de mi circunscripción que están trabajando intensamente en la creación de un producto que cumpla las necesarias exigencias estrictas de la legislación europea. 
El informe de nuestro colega Lange es interesante por más de una razón. 
En efecto, esta reflexión habrá permitido dar luz a los progresos técnicos de la industria automovilística europea, más especialmente en el ámbito del rendimiento de los motores. 
Estas evoluciones, tanto a nivel de los motores diesel como atmosféricos, han tenido indudablemente un impacto sobre la disminución de las emisiones nocivas. 
Nuestra voluntad de pretender legislar en este ámbito es legítima. 
Conviene sin embargo no caer en un escollo, que consistiría en pretender hacerlo demasiado bien. 
Por lo que respecta a la calidad del aire para las emisiones de los vehículos nuevos, se ha hecho la mayor parte del camino. 
Existe un riesgo de ir, a la postre, hacia una degradación de la calidad del aire pretendiendo imponer normas de emisiones demasiado severas. 
Efectivamente, un incremento de éstas tendría como consecuencia un aumento de los costes soportados por el consumidor, poniendo en peligro la renovación del parque automovilístico existente, que es ya globalmente demasiado viejo. 
Este envejecimiento suplementario se traduciría en un impacto negativo en el medio ambiente e iría contra los objetivos fijados, sobre los que todos estamos de acuerdo. 
Por consiguiente, una vez establecidas nuevas normas, es preciso alcanzarlas antes de proponer otras nuevas. 
Es necesario inventar dispositivos financieros para renovar el parque automovilístico europeo: eso será bueno para el empleo y para el medio ambiente. 
El PE expresa con los dos presentes informes su dictamen sobre el Programa Auto Oil elaborado por la industria y la Comisión. 
El objetivo de dicho programa es concretar la mezcla de combustibles más adecuada para evitar la contaminación atmosférica, junto con las medidas técnicas adicionales relativas a la fabricación y mantenimiento de los motores. 
En la UE existen en estos momentos unos 200 millones de automóviles de muy diverso tipo. 
Éstos representa una enorme carga, presente y futura, para el medio ambiente y permiten apreciar los grandes intereses económicos asociados a los vehículos de motor. 
En consecuencia, la elaboración de los informes del Sr. Lange ha estado acompañada de una intensa actividad de grupos de presión, sobre todo de la industria automovilística y también de los fabricantes de combustibles. 
Dichos informes representan, a mi parecer, un compromiso aceptable entre los intereses de la política medioambiental y los intereses económicos. 
El Sr. Lange insiste con razón en la necesidad de una legislación coherente Euro III sobre los gases de escape, con el horizonte del año 2000 para la primera fase A y del 2005 para la segunda fase B. La industria se queja de que los costes asociados a la conversión a nuevos valores límite más altos son supuestamente demasiado elevados. 
No obstante, no tiene en cuenta los costes económicos generales y los efectos perjudiciales para la salud humana de las emisiones de substancias nocivas. 
Yo también comparto el convencimiento de que unas normas medioambientales exigentes plantean un reto técnico y económico para la industria. 
Sin embargo, toda vez que el parque móvil se renueva a un ritmo de un 8 % anual, se requieren muchos años para que una innovación técnica en los motores o en la depuración de los gases de escape surta pleno efecto. 
Por esto es necesario mejorar desde ahora la calidad de los combustibles, que tiene repercusiones directas para todo el parque de vehículos. 
Por lo que se refiere al problema específico del sistema de diagnóstico a bordo existe la preocupación de que los fabricantes de automóviles puedan valerse de dicho sistema para restringir el acceso al mantenimiento y reparación de los automóviles mediante un código secreto, ofreciéndolo sólo a quienes tengan acceso a dicho código. 
Esto restringiría muchísimo el mercado de servicios de mantenimiento y reparación, lo cual ha provocado una oposición contra el plan, por ejemplo entre las empresas de servicios, como la del Automóvil Club de Luxemburgo. 
También en este caso, el PE propugna el libre acceso en condiciones armonizadas a los sistemas DAB, propuesta que cuenta con mi pleno apoyo. 
El curso dado a este informe demuestra la existencia de una fuerte opinión política en favor del aumento de las emisiones de los nuevos automóviles. 
La Comisión representa en este caso al mundo antiguo que apoya la industria automovilística y petrolera, mientras el Parlamento plantea unos requisitos medioambientales y de sostenibilidad a las empresas y los productos industriales del futuro. 
Los antiguos requisitos cara a la industria, por ejemplo en la cuestión de la introducción de los catalizadores, demostraron inequívocamente que, si que los requisitos son claros, la industria se adapta a la realidad y reestructura la producción para cumplir con ellos. 
Este será también el caso para los requisitos en torno a las emisiones de los nuevos automóviles. 
Es por tanto muy importante que las normas se establezcan con claridad en términos de cifras y de plazos. 
En este caso están justificadas unas disposiciones legales vinculantes. 
Son positivos los medios de coerción económica como las deducciones fiscales con el fin de apoyar la producción de automóviles de emisiones mínimas. 
Para que la normativa tenga el efecto deseado, son decisivas unas acciones de control y seguimiento en los Estados miembros. 
Este es uno de los ámbitos de la política medioambiental donde las decisiones de la UE pueden tener una gran repercusión. 
Éste es un informe digno de beneplácito y que pone de relieve nuestro empeño en reducir la contaminación. 
La de reducir la destrucción del medio ambiente es una de las prioridades de la Presidencia británica, por lo que resulta oportuno que estemos examinando este informe ahora. 
En el Parlamento hay un amplio consenso, que representa las opiniones del público, respecto de que se debe reducir en gran medida el daño causado al medio ambiente por las emisiones de los vehículos. 
La propia industria automovilística reconoce que debe haber mejoras y una señal digna de beneplácito es la de que sus argumentos versen ahora sobre los detalles de los calendarios para la reducción de la contaminación. 
La Unión debe adoptar la actitud más dinámica posible al fomentar el desarrollo de medios mediante los cuales se pueda reducir la contaminación provocada por las emisiones. 
Una forma de hacerlo sería la de lograr que la Comisión adoptara una actitud más asequible para con las organizaciones y las personas que consideren que pueden hacer una contribución a la lucha contra la contaminación. 
Recientemente me he ocupado de prestar asistencia a una organización de Irlanda del Norte que está intentando crear un mercado europeo para un aditivo que reduce las emisiones a fin de que se abra paso por el laberinto de la burocracia de la Comisión. 
Dicho aditivo se está utilizando en otras partes y recientemente expertos de la Queen's University de Belfast lo han evaluado positivamente. 
Todos sabemos que la Comisión no puede aprobar ni refrendar productos determinados, pero creo que se deben buscar medios para que resulte más fácil a quienes trabajan en esa esfera que se evalúen sus productos con los menores trámites burocráticos. 
Recomendación para segunda lectura Hautala (A4-0038/98) y Lange (A4-0043/98) 
Estos dos informes son absolutamente indisociables ya que hay un acoplamiento técnico estrecho entre motores y carburantes, de ahí mi explicación de votación común. 
Efectivamente, ¿cómo se podría considerar la construcción de vehículos con un motor «limpio» , que funcionaran con combustible contaminante? 
Resulta inimaginable. 
El Parlamento Europeo ha de ser consecuente consigo mismo y reforzar su votación emitida en primera lectura. 
Es indispensable que los combustibles sean «descontaminados» , es decir, que se reduzca el contenido en azufre. 
Hemos de ir más allá de la posición común del Consejo y pedir valores límites de emisiones obligatorias y no indicativas en el 2005. 
La mejora de la calidad del aire pasa por ahí. 
Paralelamente, el esfuerzo solicitado a los constructores de automóviles ha de ser equivalente. 
Es preciso equipar a todos los coches, a partir de año 2000, con sistemas de diagnóstico de a bordo, previendo un control sobre el sistema de inspección técnica. 
Éstas son exigencias importantes y nosotros somos conscientes de los esfuerzos que se piden, pero hemos esperado demasiado, y lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. 
Apruebo los dos informes presentados por la Sra. Hautala y el Sr. Lange, ya que constituyen una respuesta coherente y ambiciosa al problema de la contaminación automovilística. 
La lucha contra el efecto invernadero y contra la contaminación atmosférica en nuestras ciudades es de una urgencia absoluta. 
En ello está el futuro de nuestro planeta, de la salud y de la calidad de vida de millones de europeos. 
Nuestras sociedades desarrolladas han de desplegar, al servicio de esta causa, toda su preparación científica y tecnológica, y destinarle los medios financieros indispensables. 
El Parlamento, con toda razón, había manifestado en primera lectura su intención de endurecer las normas en el horizonte del año 2000 tanto para la gasolina como para las emisiones de gases de escape, y deseaba fijar un marco de obligado cumplimiento para el año 2005. 
Esta toma de posición de nuestra Asamblea ha permitido al Consejo mejorar el texto inicial de la Comisión. 
Pero el estado de las técnicas, la urgencia social y medioambiental permiten ir más lejos y es responsabilidad del Parlamento Europeo, en el marco de la codecisión, conseguir que se supere una etapa suplementaria. 
Como es demasiado frecuente, se alzan una serie de voces para rechazar que las normas vayan lo más lejos posible, en nombre de la defensa del empleo y de la competitividad. 
En este caso, esos argumentos no están fundados. 
Con respecto a la industria automovilística, muy importante para el empleo y para nuestras economías, la innovación tecnológica es un imperativo y una oportunidad. 
Además, es necesario saludar los esfuerzos y resultados conseguidos desde hace algún tiempo por los constructores. 
Saben que tanto en la competencia mundial como para responder a las expectativas de los compradores, la calidad del medio ambiente será un desafío decisivo. 
La industria automovilística en Europa está confrontada a una relativa saturación del mercado europeo. 
Por tanto, necesita una aceleración de la renovación del parque. 
Ahora bien, ésta sólo puede encontrar una legitimidad real a través de un polo tecnológico significativo con coches más limpios y seguros. 
Las normas exigentes y obligatorias para los vehículos nuevos que propone el informe Lange para el 2005 concretan este movimiento y permiten poner en práctica inmediatamente las medidas de investigación y desarrollo indispensables, con conocimiento de causa. 
La claridad del marco y del objetivo a alcanzar es una garantía para los constructores. 
La contaminación del parque antiguo debe ser objeto de una atención cercana por parte de las instancias europeas. 
En este sentido, una mejora significativa de la calidad de la gasolina es un punto de máxima importancia y las propuestas del informe de la Sra. Hautala permitirán por sí mismas una disminución de más de un 20 % de la contaminación automovilística. 
La mejora de la gasolina afecta al mismo tiempo a los vehículos nuevos y a los antiguos. 
Pero creo que la Unión Europea debería estudiar también las ayudas que podrían concederse a los Estados miembros en favor de la desaparición del parque antiguo, que es muy contaminante. 
Los propietarios de estos vehículos anticuados son frecuentemente de ingresos modestos, y es necesario también encontrar medidas eficaces que no les perjudiquen (subvención por desguace u otras). 
Desearía que este Parlamento promoviese tales propuestas. 
Durante la conciliación, que puede tener lugar después de nuestra votación, convendrá examinar también con mucha atención las dos cuestiones de la durabilidad de las normas impuestas y del control in use, teniendo en cuenta esta perspectiva de una renovación acelerada del parque automovilístico. 
Los nuevos procedimientos aprobados permitirán también la creación de empleos en sectores como la química, la catálisis... 
Este fenómeno fue observado ya con las normas de la gasolina sin plomo y la introducción del catalizador. 
Doy mi aprobación al Informe Lange. 
La reducción de los gases de escape favorece sin duda los intereses de los consumidores, dado el incremento del número de automóviles en Europa y la creciente contaminación del aire. 
Ambos informes examinan dos aspectos de este problema complejo: la calidad de los combustibles y la reducción de las emisiones. 
La industria petrolera rechaza una mejora de los combustibles debido a sus elevados costes. 
Frente a ello es posible replicar que dicha industria también se opuso hace algunos años a los catalizadores y, sin embargo, ahora todos los vehículos nuevos los llevan. 
Los sistemas tecnológicos instalados en los vehículos de motor también tienen, no obstante, una influencia decisiva para la reducción de los gases de escape. 
Los sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) , que controlan las emisiones y advierten al propietario de las deficiencias, cumplirán un importante papel en este sentido. 
No puede considerarse suficiente la adquisición de un vehículo nuevo con catalizador para poder olvidarse luego durante años de cualquier preocupación por el medio ambiente. 
Los sistemas DAB exigirán una mayor disciplina al consumidor, que está obligado a mantener constantemente su vehículo en condiciones óptimas. 
Cuando el DAB detecte un defecto en el sistema de escape, éste deberá subsanarse. 
Como contrapartida, es necesario regular la comercialización de este avance tecnológico de manera que no puedan crearse monopolios encubiertos que perjudiquen al consumidor. 
Es preciso evitar que una codificación de los sistemas de diagnóstico impida el acceso a los servicios de mantenimiento y reparación prestados por talleres independientes. 
Dichos sistemas deben admitir asimismo la incorporación de piezas de recambio no producidas por el fabricante, siempre que respondan a sus normas de calidad. 
Esto garantizará al consumidor la posibilidad de elegir un servicio de precio favorable y alta calidad para el mantenimiento de su vehículo, en interés del medio ambiente. 
La contaminación atmosférica se ha convertido en un asunto político simplemente porque las grandes ciudades, las grandes megalópolis europeas, han vivido o están viviendo este tipo de problemas. 
Ahora bien, el enemigo más visible, el enemigo al que se señala con el dedo es, por supuesto, el automóvil, olvidando de un plumazo los humos de las fábricas, las emisiones de los aviones o qué se yo cuántas cosas más. 
No intento eludir el problema, éste existe y el Sr. Lange y la Sra. Hautala han tenido razón al adoptar una actitud firme en lo relativo a la industria automovilística y petrolera, tanto en primera como en segunda lectura. 
Los constructores de automóviles y las petroleras ¿han llamado la atención inmediatamente sobre las consecuencias que para el empleo podrían tener estas decisiones? 
Pero es preciso que comprendan que responder a las expectativas de la opinión en materia de contaminación es tener una mejor imagen, que puede llevar también de este modo a ganar nuevas cuotas de mercado. 
Por ello, defenderemos los valores límite de emisiones que ha propuesto el Sr. Lange. 
Por ello, apoyaremos también las normas propuestas por la Sra. Hautala. 
Por lo que respecta al diesel, es evidente que su éxito comercial, en algunos países de la Unión, condena esta motorización a reducir su grado de contaminación simplemente para preservar su imagen y sus ventas. 
Por ejemplo, la técnica llamada de inyección debería resolver este tipo de problema. 
La importancia considerable que desempeña el gasóleo en la reducción de emisiones de escape de los motores diesel se ha puesto también en evidencia. 
Los constructores de automóviles, que no eran favorables al principio, se han decidido a hacer esfuerzos nada despreciables en lo que respecta a normas de emisión. 
Sé que existen aún algunos desacuerdos, sobre todo en lo que respecta a la durabilidad: llevar la durabilidad de los vehículos de 80.000 a 160.000 km es poco realista, incluso irresponsable, y me opongo formalmente. 
Hay en este caso un nivel de exigencia muy importante, que se añade a la instauración de valores límite necesarios y que genera costes adicionales suplementarios. 
Otros puntos en litigio son el diagnóstico de a bordo y el sistema de inspección técnica. 
Creo que este tipo de cuestiones podrá regularse en la comisión de conciliación. 
En cuanto a las petroleras, sé que están descontentas con la votación por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada. 
Es cierto que este sector sufre una sobrecapacidad de refinado y de un cierto envejecimiento de su aparato productivo. 
Pero esta difícil situación no se debe en ningún modo a normas medioambientales. 
Es forzoso constatar que el chantaje al empleo no ha salido adelante, simplemente porque los diputados, al igual que la opinión pública, se han movilizado enormemente. 
No debemos agitar el trapo rojo, sino informar, en primer lugar a la opinión sobre las consecuencias que tendrán las medidas que preconizamos, y, en especial, sobre el tema siguiente: en la mente de las personas, desde hace algún tiempo, e incluso en la prensa, diesel= contaminación= asma o= cáncer. 
Esta ecuación era válida cuando se hablaba del antiguo diesel. 
Con estas nuevas medidas, el diesel será mucho menos contaminante que la gasolina sin plomo, lo que supone un giro total a la situación. 
Finalmente, terminaré por ahí, el punto esencial que ha de tratar el Parlamento es el de la renovación del parque automovilístico. 
Ésta es la solución más eficaz para reducir muy fuertemente el grado de contaminación en Europa. 
Se considera que el 20 % del parque es responsable del 80 % de la contaminación por emisiones de automóviles. 
Cualquier medida orientada a acelerar la renovación del parque tendría un efecto inmediato. 
Se trata de reflexionar sobre medidas originales y nuevas, que no se inscriben en la línea de los errores cometidos en Francia. 
No se trata de condicionar una ayuda a la compra de un nuevo vehículo, sino al hecho de entregar el antiguo, todo ello financiado en el ámbito nacional y europeo. 
Esto será objeto de discusiones futuras. 
El Parlamento Europeo, que tiene tendencia a ir más allá que las demás instituciones europeas, exagera un poco, en mi opinión, con las medidas orientadas a hacer los transportes por carretera menos contaminantes. 
Tanto el informe Lange como el de la Sra. Hautala reclaman disposiciones más vinculantes para la protección del medio ambiente. 
Donde yo tengo dificultades para seguirlos es cuando la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento va más lejos, mucho más lejos, que la posición común del Consejo. 
Sin duda, estoy convencido de que lo esencial para Europa es llegar a un equilibrio entre las diferentes propuestas de saneamiento del aire y su verdadero impacto sobre el medio ambiente y, en este sentido, debo constatar que la industria petrolera europea ha hecho mucho hasta el momento, por mejorar la calidad del aire. 
Pero es preciso reconocer que, para alcanzar los objetivos fijados en materia de saneamiento del aire, la Comisión de Medio ambiente del Parlamento Europeo propone normas que están sin duda entre las más ambiciosas del mundo. 
Ahora bien, cuando se conocen los costes de las diferentes propuestas- 11, 5 millardos de ecus para la Comisión, 20 millardos de ecus para el Consejo y 60 millardos de ecus para el Parlamento Europeo- creo que en el actual estado de cosas, no sería razonable ir más allá de las medidas de la posición común del Consejo. 
Estando de acuerdo para apoyar el segundo programa Auto Oil de la Comisión, que debe servir de base al establecimiento de límites de emisión de carburantes para el año 2000, creo que los automovilistas de la mayoría de los países europeos están ya ampliamente sometidos a tipos de impuestos muy elevados por la utilización de sus vehículos, y que es preciso dejar de una vez por todas de aumentar los impuestos o inventar constantemente nuevos supuestos costes ecológicos para el automóvil. 
Este Parlamento siempre ha acogido con gran sensibilidad la problemática del cambio climatológico, la necesidad de limitar el nivel de emisiones y el conseguir una atmósfera más sana para los ciudadanos. 
Sin embargo, a la hora de tomar medidas concretas, la Unión Europea se muestra menos decidida. 
Para los miembros de este Parlamento no es fácil tomar una posición. 
La realidad que observamos es compleja y poco tranquilizante. 
Todas nuestras ciudades, pequeñas y grandes, están colapsadas por los vehículos. 
Algunos días, ciertas ciudades europeas rebasan todos los parámetros de seguridad sanitaria. 
Por otro lado, la calidad de los combustibles es básica para el rendimiento de los motores y para la reducción de las emisiones de los vehículos. 
Siempre hemos defendido en este Parlamento que desarrollo económico y protección del medio ambiente no son dos objetivos antagónicos sino complementarios. 
Sin embargo, parece que los sectores del automóvil y de las refinerías ayudan poco a hacer realidad estos objetivos. 
Es necesario exigir el máximo esfuerzo técnico para defender la salud de los ciudadanos. 
En caso contrario, se dará un enfrentamiento claro entre los intereses de los ciudadanos. 
Ante esta situación, los Gobiernos han llegado a una posición común difícil, indicándonos que en estos momentos no son fáciles los cambios. 
Así lo ha confirmado el Sr. Lange. 
No le quedan muchas alternativas al Parlamento Europeo. Sólo desear que el Consejo esté en esta ocasión en la vía correcta y considere esta posición común como una etapa transitoria hacia medidas más estrictas. 
Señora Presidenta, yo debo decir que hoy hemos hecho un triste favor a la protección de los consumidores. 
Lo que ha ocurrido en esta Cámara es francamente increíble. 
Yo sólo quisiera leerles el texto que ha sido rechazado por una parte de la Asamblea. 
Yo no sé como podemos participar luego con sinceridad en una contienda electoral, en la que continuamente se repite que Europa defiende a las consumidoras y los consumidores. 
Sólo quiero recordarles lo que se ha suprimido: las normas relativas al uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de productos alimenticios- decíamos- tendrán plenamente en cuenta los imperativos de la salud humana. 
Su aplicación no deberá ser peligrosa para la salud y no se utilizará como sustituto de medidas de higiene y medidas sanitarias ni de procedimientos de fabricación o agrícolas correctos. 
Esto es, sin duda, lo mínimo que puede pedirse y lo más lógico. 
En efecto, ni siquiera añadimos que no deberá producirse ninguna pérdida de valor nutritivo, ni ninguna pérdida de vitaminas. 
Ya es suficientemente grave que esto ocurra. 
Pero ni siquiera lo decíamos. 
Pedimos lo más simple y no se ha aceptado. 
Como tampoco se ha aceptado la realización de controles analíticos. 
Yo me pregunto para qué establecemos entonces el etiquetado obligatorio. 
Esto es indignante, ¿qué vamos a decirle a la gente? 
Además, el Comité Permanente de Alimentación Humana ni siquiera se reúne públicamente, sino que sigue celebrando sus sesiones, de manera antidemocrática, a puertas cerradas. 
Yo les pregunto: ¿qué es prioritario para ustedes? 
Siempre repetimos que deseamos lo mejor, que nuestro primer objetivo es la protección de la salud. 
¡Dedicamos un montón de dinero a mejorar la prevención sanitaria y luego no atendemos a las exigencias más primarias! 
Primero se relegan a la segunda generación, mediante argucias jurídicas, unas enmiendas corrientes, o sea, no se admiten y luego también se rechaza una propuesta, que es la más lógica, incluida en el informe. 
¡Francamente yo ya no entiendo nada! 
No sé por qué esto es tan difícil ni como vamos a presentarnos ante la opinión pública en la campaña electoral. 
En todas partes se repite continuamente que Europa lo empeora todo, que empeora nuestra alimentación, etc. Tengo que reconocer que, ante hechos como éste, lamentablemente yo también me veo obligada a decirlo. 
Señora Presidenta, a pesar de que yo pienso que la irradiación de los alimentos debe evitarse por principio, me he decidido a votar a favor del informe de la Sra. Bloch von Blottnitz con objeto de que sea posible mejorar la información, el control y también, por lo tanto, la protección de la salud de los consumidores en el ámbito del mercado interior. 
Yo lamento muchísimo que todos los colegas no hayan escogido esta vía y que la propuesta no haya obtenido la mayoría necesaria. 
Mucho me temo que con ello hemos hecho un triste favor a los consumidores europeos. 
Yo coincido con las conclusiones muy restrictivas del informe, que propone autorizar la irradiación de alimentos exclusivamente como método de conservación aplicable a las especias. 
La irradiación de alimentos para su conservación está totalmente prohibida en Luxemburgo. 
La venta de alimentos irradiados sólo está autorizada en tres países (Bélgica, Países Bajos y Francia). 
Mientras que el PE aspiraba desde el primer momento en que empezó a ocuparse de este problema, o sea, desde 1987, a avanzar progresivamente hacia la prohibición total de la irradiación de alimentos, la Comisión pretendía regular este procedimiento de conservación a escala comunitaria. 
Por consiguiente, se llegó a un compromiso para ampliar la lista de los alimentos para los que estaría permitido el tratamiento por radiación. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores del PE llegó a la conclusión antes citada en relación con la presente posición común, que coincide con la posición sueca en el Consejo y según la cual no debe permitirse la irradiación de alimentos salvo en el caso de las especias. 
Yo comparto esta posición, que ya defendí en esta Cámara en octubre de 1989 y en diciembre de 1993. 
Me inquieta profundamente el método seguido por el Consejo y la Comisión en relación con la presente posición común, que supone la aprobación conjunta de una directiva marco y a la vez también de una directiva de aplicación que incluye una lista positiva (que en estos momentos se limita a las citadas hierbas aromáticas y condimentos) , la cual podrá completarse paulatinamente. 
Al amparo de una regulación positiva, se abre a la vez la posibilidad de ampliar la irradiación al mayor número de alimentos posible. 
Yo no acepto la objeción de que es preferible una regulación mínima a no tener ninguna, pues la presente regulación inducirá a todos los países de la UE a tolerar progresivamente la presencia de alimentos irradiados en sus mercados. 
En el informe de la Sra. Bloch von Blottnitz se acepta la ionización limitada de ciertos productos alimenticios, por ejemplo, en las hierbas aromáticas secas y determinadas especias, con una referencia al aumento futuro de los productos cuya ionización se va a permitir. 
Es excelente que se destaque que la ionización no constituye un sustituto para el tratamiento correcto e higiénico de los productos, pero no se puede aceptar la ionización de productos alimenticios en términos generales. 
Para empezar, soy contraria al tratamiento de los alimentos e ingredientes alimenticios con radiaciones ionizantes. 
Por eso también es positivo que los requisitos del Parlamento para la aprobación sean tan restrictivos y que la lista positiva se limite a las especias e hierbas aromáticas para las que no existen otros métodos de conservación. 
Hemos de insistir en que los alimentos frescos son preferibles y debemos por ello limitar la irradiación a lo estrictamente necesario. 
Puesto que el Parlamento Europeo mantiene la misma posición escéptica hacia la irradiación ionizante, voto a favor de que el Parlamento obtenga las competencias para valorar una eventual ampliación de la lista positiva de los alimentos que pueden irradiarse. 
Sin embargo, también debería ser posible para cada Estado miembro confeccionar normas más duras. 
No puedo apoyar la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente por la cual sólo se aprueba un método de control analítico. 
Hay más métodos utilizables diferentes, y es esencial que la valoración del método a utilizar dependa de lo que se vaya a estudiar. 
En cambio será una ventaja limitar lo más posible el número de los diferentes métodos de irradiación. Con ello facilitaremos la vigilancia. 
Finalmente, quiero subrayar que el marcado de los alimentos irradiados debe ser transparente. 
Si no podemos prohibir completamente la irradiación, al menos podemos asegurarles a los consumidores una verdadera oportunidad de prescindir de estos productos. 
Quisiera en primer lugar saludar la actitud responsable del Presidente del Parlamento Europeo que ha rechazado, tal como por otra parte prevé nuestro Reglamento, la incorporación en segunda lectura de nuevas enmiendas a la propuesta de directiva del Consejo. 
Algunos diputados, deseosos de entorpecer el proceso legislativo y las obligaciones administrativas, han intentado en vano «mezclar las cartas» y castigar a la tecnología de la ionización, mediante una agitación ruidosa. 
Ahora bien, es importante que este debate sobre la ionización de los alimentos se desarrolle con claridad y serenidad. 
Es preciso velar por no mantener ambigüedad en este procedimiento, que no tiene por vocación mejorar la calidad inicial de los productos agrícolas, sino que es una tecnología de conservación como existen otras para facilitar la conservación de los productos perecederos. 
Las ventajas que presenta son hacer la alimentación más segura y permitir una utilización más amplia y duradera de las cosechas destinadas a la alimentación humana. 
La utilización de este procedimiento permite la destrucción de los microorganismos patógenos, la eliminación de insectos y parásitos, la detención en la germinación de los bulbos y de los tubérculos así como el aumento de la duración de conservación de la fruta. 
Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de la Energía Atómica y la FAO estimulan el desarrollo de esta técnica. 
Ahora bien, una serie de diputados de esta Asamblea no parecen estar muy al corriente de los análisis científicos en los que se basa la opinión de las organizaciones internacionales y tienen la tendencia a tratar la cuestión de la ionización de los alimentos de manera emocional, cuando las decisiones políticas han de adoptarse a partir de datos científicos fiables. 
La orientación propuesta por la Comisión pretende la creación de un comité específico independiente sobre el que podrá apoyarse para hacer propuestas de modificación de la presente directiva al Consejo sobre los alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. 
Personalmente, creo que este procedimiento es claramente suficiente y ofrece todas las garantías necesarias, con la única condición, claro está, de que ese comité sea realmente independiente. 
Hemos sufrido demasiado el problema de la EEB para no estar especialmente atentos a estas cuestiones esenciales en relación con los fallos de funcionamiento de la Comisión. 
Recuerdo que, en el expediente de las vacas locas, la Comisión no ha adoptado las medidas necesarias y suficientes porque no ha querido tomarlas como tampoco ha velado por el buen funcionamiento de los comités científicos ad hoc. 
En consecuencia, el procedimiento propuesto, que confía al Consejo la decisión final, parece plenamente satisfactorio, ya que los gobiernos de los diferentes Estados miembros son los mejor situados para proteger a sus propios consumidores. 
El procedimiento de adopción de la presente directiva ha sido excepcionalmente largo- ocho años han transcurrido entre la primera y la segunda lectura- y muestra que el Consejo ha querido priorizar el principio de precaución. 
Por tanto era particularmente inoportuno aprovechar esta segunda lectura para entorpecer aún más el proceso administrativo y legislativo. 
Algunos diputados deseaban integrar la totalidad del procedimiento de aplicación, incorporando la lista de productos ionizables en el corpus mismo de la directiva. 
Así el Parlamento hubiera debido pronunciarse, en el ámbito de la codecisión, sobre esta lista. 
¿No hay, en este caso, confusión y un intento por parte del Parlamento, de aumentar sus poderes intentando sustituir a los científicos? 
Es evidente que los diputados no poseen los conocimientos científicos suficientes para poder autorizar o modificar normas y procedimientos tecnológicos. 
Por tanto, es un acierto que la propuesta de creación de un comité científico independiente haya sido aprobada por la mayoría de esta Asamblea: los responsables políticos podrán de este modo pronunciarse en el futuro sobre esta importante cuestión de la ionización de los alimentos a partir del dictamen argumentado de los científicos. 
Informe Collins A4-0030/98 
Acojo con beneplácito el debate sobre este informe. 
Evidentemente, la comisión está de acuerdo con la evaluación de la Comisión en el sentido de que no sería realista en este momento asignar otras tareas importantes a la Agencia Europa de Medio Ambiente. 
No obstante, la Comisión propone ampliar el ámbito de las actividades de la Agencia con vistas a establecer un Centro Europeo de Información sobre el Medio Ambiente. 
También es importante que se logre una mayor cooperación entre la Agencia y los Estados miembros y, naturalmente, los Estados candidatos. 
Espero que el informe del ponente reciba una acogida positiva con vistas a una más estrecha relación de trabajo entre la Agencia y la Comisión y también con vistas a la creación de un registro de datos por la Agencia que abarque la legislación y la información para mejorar la imposición del cumplimiento de la política medioambiental de la UE, incluido un análisis costo/beneficio. 
Por último, es importante que se complemente el programa multianual de trabajo con un presupuesto multianual para que la Agencia pueda planificar su labor con mayor eficacia. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra por cuestiones de procedimiento: ayer presenté por escrito una explicación de voto sobre el informe Blak y hoy he visto con sorpresa que no aparece en el Acta. 
Señora Presidenta, le ruego que se ocupe de ello ya que considero dicha explicación muy importante. 
Totalmente, señor Papakyriazis, vamos a verificarlo y, si como dice usted, no se ha hecho, vamos a incluir su explicación de voto por escrito. 
(La sesión, suspendida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, antes de que comience el debate deseo que conste en acta un asunto bastante trivial, a saber, que no he podido votar esta mañana- y es de suponer que se me apliquen los nuevos artículos del Reglamento -, porque mi avión debía salir a las 7.55 horas del aeropuerto de Londres y resulta que ha salido a las 10.30, con lo que he llegado cuando estaba concluyendo la votación. 
Pero estoy seguro de que usted, como distinguido miembro de la mesa que es, tras haber adoptado una decisión de lo más sabia, encontrará la forma de ajustar la situación para hacerse cargo de casos como el mío y ésa es la razón por la que me he extendido bastante al respecto. 
Muchas gracias, señor Moorhouse. 
Puede tener la certeza de que la Mesa toma nota de su intervención e intervendrá para que Su Señoría no se vea perjudicado. 
Situación en Nigeria y en Birmania- Comisión deDerechos Humanos de las Naciones Unidas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Presidente, la Unión Europea actúa cada vez con más frecuencia dividida en cuestiones cruciales de política exterior. 
Esto es un mal asunto. 
Lo hemos visto en la cuestión de Irak que ha sido debatida esta mañana de forma extensa, y lo vemos también de nuevo en una cantidad de cuestiones de derechos humanos. 
Esto es nuevamente un mal asunto. 
El año pasado en la reunión anual de la Comisión de la ONU para los derechos humanos en Ginebra vimos un espectáculo lamentable de los 15 países de la Unión Europea en lo que respecta a China. 
Mientras los Países Bajos en la Presidencia intentaba conseguir el apoyo europeo para una postura crítica, cuatro miembros de la Unión Europea abandonaron el proyecto. 
Fue un espectáculo triste de división y puso en evidencia a Europa. 
Por esa razón apelamos urgentemente al Reino Unido para que actúe muy activamente en las próximas semanas, de tal modo que las filas de los Estados miembros de la Unión Europea se cierren en marzo en Ginebra, y que las serias violaciones de los derechos humanos no se sacrifiquen al becerro de oro de las necesidades económicas. 
Queremos prestar atención especial a dos países, Nigeria y Birmania. 
En lo que respecta a Nigeria, el presidente elegido ha sido puesto en prisión mediante un golpe militar. 
Después prosiguió una gran cantidad de intimidaciones y actos violentos en los que partidarios de Abiola, entre los que estaban incluidos políticos, militares, funcionarios y otros ciudadanos, fueron procesados por tribunales secretos y asesinados o maltratados de tal forma que murieron en la cárcel. 
Todos conocemos la historia de Ken Saro-Wiwa y también sabemos que Adua murió de una forma parecida. 
Ahora es el caso de un general que está frente a un tribunal secreto y sabemos cómo se desarrolla esto. 
Entretanto los poderosos se enriquecen a costa del pueblo llano. 
La gran cantidad de personas que vive en el país en total pobreza ha ascendido de 35 a 44 millones. 
Hay 50 millones de analfabetos y 70 millones de personas viven sin agua potable. 
La esperanza media de vida de un nigeriano ha descendido de 54 a 47 años. 
Presidente, creemos que el tema de Nigeria se debe plantear de forma rigurosa y, a pesar de todas las aclaraciones anteriores pedimos que se ponga en marcha un boicot económico. 
Este es el deseo de nuestro Grupo- y nosotros no somos radicales de izquierda- y este es el deseo de una gran parte de este Parlamento. 
Paso a referirme a Birmania, Presidente. 
Allí también un gobierno militar ha dejado de lado a la persona elegida por el 80 por ciento de los electores. 
Aquí también se ha metido en la cárcel a la oposición y se la ha asesinado. 
Aquí también se aterroriza a una parte de la población y lo que es peor todavía, a una parte de los grupos de minorías se les impulsa a la esclavitud. 
Presidente, las Naciones Unidas ya han comenzado con una cumbre sobre inversiones. 
También empresas neerlandesas como eineken se han retirado ya, pero nos irrita muchísimo que otras empresas como Total se establezcan en Nigeria para llenar un hueco en el mercado. 
Aquí también pedimos una actuación dura en lo que respecta a un boicot económico y ciertamente una cumbre de inversión. 
Creemos que en asuntos de derechos humanos la Unión Europea tiene que hablar con una sola voz. 
Creemos que la Presidencia tiene que hacer todo lo posible para llevar a los Estados miembros a una línea común. Creemos que se debe responsabilizar duramente a aquéllos países que no quieren colaborar. 
No queremos en la próxima reunión de Ginebra una repetición del año pasado y esperamos que la Presidencia británica vea la oportunidad de preocuparse una vez más para que se llegue a un común acuerdo y para que se actúe duramente, especialmente en cuanto a los dos países mencionados. 
Señor Presidente, Señorías, muchas, demasiadas veces, la Unión Europea es acusada, y no del todo injustamente, de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, es decir, de recalcar enérgicamente las violaciones de los derechos humanos en los países de escasa relevancia geopolítica y, por el contrario, de dejar pasar por alto las violaciones de los países más fuertes. 
Ahora bien, éste no es ciertamente el caso de Nigeria. 
Se trata, en efecto, de una gran potencia regional, fuerte tanto económica como militarmente; por lo tanto, son mayores, si cabe, sus responsabilidades con respecto a las de los demás países de la región. 
Nigeria, no hay que olvidarlo, intenta continuamente hacer valer su peso político respecto a los demás países de la zona y, en general, de los países en desarrollo, para oponerse a los continuos llamamientos de la comunidad internacional en orden al restablecimiento de la democracia, de un sistema judicial independiente, del Estado de derecho y del respeto de los derechos humanos. 
Nos es posible, por tanto, permanecer en silencio ante las detenciones de los opositores del régimen actual y de los miembros más autorizados de la sociedad civil de ese país, ni tampoco podemos tolerar a la ligera el hecho de que las compañías petroleras internacionales sigan trabajando en la región de Ogoni, a pesar de las violaciones de los derechos humanos y de la contaminación medioambiental. 
Como tuve ocasión de manifestar esta mañana, la política, en particular la internacional, teme el vacío. 
La Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros no pueden dejar de ejercer una fuerte presión sobre el régimen de Abuja para que cambie de rumbo, no dudando, incluso, en privar a la actual junta militar de sus principales medios financieros y decretando el embargo total del comercio del petróleo de dicho país. 
Sólo se puede hacer frente a situaciones extremas como la nigeriana con medidas extremas. 
Señor Presidente, quisiera hacerme eco de las observaciones hechas por mis colegas y resulta grato ver que la Asamblea se une. 
La Sra. Maij-Weggen ha dicho que su Grupo no era radical, mi Grupo se llama Grupo Radical y, naturalmente, nos asociamos con las políticas radicales. 
Creo que lo importante es que hayamos llegado a una transacción para formular una resolución común que la Asamblea apruebe- espero- por mayoría abrumadora. 
También convengo totalmente con las observaciones hechas por mi colega el Sr. Fassa. 
Hemos de recordar a veces la importancia de Nigeria y el importante imperativo que representa. 
Se trata del gigante de África, el país con cien millones de habitantes que domina el continente. 
Como acaba de decir mi colega el Sr. Fassa, si pasamos por alto a los gigantes y nos fijamos en los pigmeos, se sacará la conclusión de que la Unión Europea no es seria en su política exterior. 
Todos hemos estado muy preocupados por los problemas del Irak y la dictadura allí existente, pero sería mucho más fácil derrocar la dictadura de Abacha que la de Sadam Husein. 
Sanni Abacha derrocó al Gobierno democráticamente elegido. 
Gobierna junto con un círculo implacable a su alrededor, pero no cuenta con el apoyo del pueblo de Nigeria. 
Ese pueblo dirige su mirada hacia nosotros en busca de una señal que le indique de qué forma está dispuesta la Unión Europea a anteponer la democracia a sus propios intereses económicos a corto plazo. 
A largo plazo, creo que una Nigeria democrática, con la que podamos comerciar como un miembro de pleno derecho del Convenio ACP de Lomé, redundaría en beneficio nuestro. 
Entretanto, hemos expuesto en esta resolución una serie de medidas prácticas que la Unión Europea podría adoptar y espero que el Consejo de Ministros responda y vea si puede aceptar cada una de ellas. 
Se trata de una serie de propuestas prácticas de este Parlamento concebidas muy detenidamente y creo que constituyen una respuesta muy apropiada para ese imperativo. 
Pero, a fin de cuentas, la sanción final que se debe considerar- y este Parlamento ya la ha apoyado en el pasado- es un embargo de petróleo. 
Eso es lo único que Nigeria teme, por encima de todo. 
Es lo único que podría derribar el régimen, por lo que debemos conservar esa carta como último recurso y entretanto presionar al régimen para que haga una transición al gobierno democrático que es lo que el pueblo de Nigeria merece. 
Sin embargo, los pueblos de esos dos países soportan las juntas militares más tiránicas y sufren violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 
Por desgracia, como han dicho otros oradores, con frecuencia se advierte que la respuesta de Europa está guiada demasiado por nuestros propios beneficios comerciales y no por la necesidad de reaccionar ante el sufrimiento de los habitantes de esos países, en los que corremos el riesgo de socavar el propio crédito de cualquier afirmación sobre que Europa está, en realidad, auténticamente comprometida con los derechos humanos. 
Los pueblos de Birmania y Nigeria, que dicen que las buenas palabras por sí solas no servirán de ayuda para sus luchas, ponen en entredicho también la democracia y el buen gobierno y nuestros compromisos en relación con esas dos cuestiones. 
¿Acaso no debemos responder a los llamamientos reiterados por Aung San Suukyi para que se aísle al SPDC? ¿Acaso no es hora de que otros Estados miembros sigan la iniciativa adoptada por Gran Bretaña, que al menos ha proscrito la promoción del comercio en Birmania? 
¿Haría el favor el Presidente en ejercicio del Consejo de darme alguna información sobre si ha logrado algún avance a ese respecto? 
Además, ¿tendría a bien informarme de si la Unión Europea está haciendo algo respecto del gran número de birmanos que se están viendo repatriados a la fuerza desde Tailandia a consecuencia de la crisis financiera? 
De modo semejante, sobre Nigeria, ¿tendría a bien el Consejo formular ante nosotros el compromiso de que aplicará las medidas ya acordadas en la posición común, en particular sobre los visados, que han sido desobedecidas sistemáticamente por los generales? 
No se ha cumplido el boicoteo deportivo, porque el Gobierno francés ha ejercido presiones para que se permita al equipo de fútbol nigeriano participar en el Campeonato Mundial de Fútbol, que se celebrará en junio. 
Se trata de una iniciativa extraordinariamente lamentable. 
El Presidente en ejercicio ha de saber que en la Conferencia del Commonwealth los Ministros de Asuntos Exteriores acordaron que, si el prometido regreso al gobierno civil en Nigeria no resultaba creíble, se decretarían un embargo de petróleo, una prohibición a las compañías aéreas, un embargo de armas y la congelación de los activos financieros. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio confirmar si el Consejo adoptará medidas similares en ese momento? 
¿Tendría a bien explicar en detalle las condiciones y el calendario según los cuales sería aceptable la propuesta transición, incluido el registro sin trabas de los partidos políticos auténticos, la liberación del Jefe Abiola y de otros detenidos y la supervisión internacional de las elecciones? 
¿Convendrá conmigo el Presidente en ejercicio en que, si el Consejo fijara claramente esos criterios, que hemos expuesto en nuestras resoluciones, evitaríamos el peligro de dar nuestra aquiescencia al proceso claramente iniciado por Abacha con vistas a cubrir con un guante civil el puño militar con el que machaca a su pueblo desde hace tanto tiempo? 
Señor Presidente, el régimen de Birmania ha cambiado ciertamente su nombre pero la política es exactamente la misma. 
El State Peace and Development Council, tal como se llama ahora, continúa con la opresión. 
La historia es conocida. 
Invito a la Presidencia británica a que ponga en claro que la política de derechos humanos se trata de una política común y un elemento importante de su política. 
¿Cómo piensa el Presidente del Consejo hacer esto? 
¿Corresponden a eso nuevas sanciones? 
¿Cómo piensa reaccionar el Presidente del Consejo a las decisiones del Primer ministro Oil para hacer inversiones en Birmania? 
¿Qué instrumentos ofrece ASEM a este propósito? 
El Grupo liberal espera que el Presidente del Consejo se mantenga en la política de la Unión de no invitar a Birmania a Londres. 
Únicamente lo que yo quiero llamar un tratamiento paria puede tener efecto. 
¿Cómo reaccionan los socios de ASEM a esto? 
¿Cómo piensa convencer el Presidente del Consejo a los socios de ASEM de la necesidad de una política que esté basada más en el respeto por los derechos humanos? 
Para finalizar, ¿se ha conseguido algún resultado en el diálogo con los socios de ASEM y será planteado en la próxima reunión de ministros? 
Señor Presidente, hemos solicitado este debate con la Comisión y el Consejo sobre cuestiones de gran relevancia que afectan a la actitud básica y concreta que las Instituciones comunitarias y los Estados miembros de la Unión Europea deben mantener con respecto a los países que violan de forma gravísima los derechos humanos y democráticos más fundamentales de sus ciudadanos. 
No cabe duda de que el caso de Birmania es, hoy por hoy, uno de los más graves en el mundo. 
La «lista» de los problemas es, por desgracia, tristemente conocida e incluye una represión política y social generalizada, la explotación del trabajo forzado y de menores, así como el tráfico de sustancias estupefacientes y la violación de los derechos humanos. 
Dicha situación se está agravando paulatinamente y el régimen no ofrece ninguna señal de querer implementar, por fin, el proceso de democratización del país. 
En el presupuesto del Estado birmano para 1997-98 los gastos de defensa ascienden oficialmente al 43 % de los recursos totales. 
Dichos recursos se emplean para la represión interna y para los intereses de la Junta Militar que ocupa el poder. 
La voluntad democrática de la sociedad civil birmana se ha manifestado en numerosas ocasiones, que siempre han encontrado nuestro convencido respaldo, como lo demuestra la concesión, hace algunos años, del Premio Sájarov a Aung San Suu Kyi. 
Sin embargo, es decisivo lo que logrará hacer la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Por eso, a pesar de apoyar las medidas ya adoptadas por la Comisión y el Consejo, pedimos que se refuerce la presión sobre el régimen birmano acentuando su aislamiento político y económico. 
Es desde dentro de Birmania que se solicita a la Unión Europea que bloquee toda relación económica con el régimen poniendo fin a las inversiones, al comercio y a los flujos turísticos y tomando medidas restrictivas en materia de visados de entrada, así como que controle muy de cerca el embargo de las ventas de armas. 
La actitud de las grandes empresas privadas que tienen numerosos intereses directos o indirectos en Birmania, es decisiva. 
Hace falta una política de presión sobre dichas compañías para que congelen sus actividades en el país, unas actividades que sólo benefician al régimen. 
La opinión que los ciudadanos europeos y los del resto del mundo tendrán sobre la construcción europea depende de la manera firme y responsable con que sabremos hacer frente a la cuestión birmana y a las demás contingencias democráticas del mundo entero. 
Muchas gracias, señor Vecchi. 
Entretanto, la Mesa ha tomado nota de que el Sr. Telkämper, al que yo había declarado ausente, acaba de entrar en la sala y, por tanto, le concedo con mucho gusto el uso de la palabra, si la Asamblea no tiene objeción. 
Señor Presidente, mis preguntas se refieren a Birmania. 
El Parlamento ha presentado y debatido diversas resoluciones sobre Birmania y por regla general hemos coincidido con el Consejo y la Comisión en que tenemos que hacer todo lo posible para impulsar el proceso de democratización. 
Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido. 
Mi pregunta es, por lo tanto, qué se propone hacer la Presidencia británica para concretar una posición común en materia de política exterior en relación con Birmania e intentar promover dicho proceso. 
Mi pregunta se refiere, en particular, a cómo prevé actuar la Presidencia por lo que se refiere al cumplimiento del Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso. 
Sabemos que en Birmania existe el trabajo forzoso. 
¿Cómo podemos conseguir que se cumpla dicha directriz? 
También quisiera hacer una pregunta concreta sobre la compañía petrolera Premier Oil, que anunció en septiembre de 1997 su intención de comprar la participación de la compañía estadounidense Texaco en un proyecto de gas natural. 
¿Se propone aprobar la Presidencia británica dicha operación o piensa recomendar a la citada empresa que renuncie a ella a la vista de las resoluciones adoptadas hasta la fecha? 
El tercer punto es que aquí hemos manifestado que mientras se mantengan las presentes condiciones en Birmania, nos oponemos, sobre la base de los Tratados entre la Unión Europea y los Estados que participan en las reuniones Asia-Europa (ASEM) , a la inclusión de Birmania en las mismas, ya que siempre hemos insistido en la exigencia del respeto de los derechos humanos, que también es una condición o una parte integrante de dichos Tratados. 
¿Cómo se propone seguir impulsando la Presidencia británica las relaciones entre la UE y la ASEM? 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos tengo que reconocer que me siento más cercano al asunto de la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea, que tal como usted sabe es la competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que de la violación de los derechos humanos fuera de la Unión Europea, de lo que mis colegas saben mejor que yo. 
Pero como por casualidad conozco la zona más o menos bien, incluida Birmania, se me ha pedido tomar la palabra. 
He intentado recuperar mi desconocimiento en el campo de la violación de los derechos humanos fuera de la Unión Europea, ya que mi propio país me obliga a una cierta medida de modestia en ese aspecto. 
Si usted sabe que los Países Bajos ya ha sido condenada por el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo porque nuestro poder judicial no era autónomo, porque nuestra defensa no estaba organizada perfectamente, porque la libertad de opinión no servía, entonces digo: estoy perfectamente preparado para examinar los derechos humanos como un problema, pero más un problema nuestro que un problema de vosotros. 
Este es mi punto de partida. 
Cuando Birmania se hizo miembro de la ASEAN hice una visita inmediatamente a Rangún por razones estrictamente personales aprovechando la ocasión para colocar una corona en el cementerio de guerra británico para aquéllos que murieron en el ferrocarril birmano durante la ocupación japonesa. 
Estaba tan impresionado por la educación de la población de ese país- entiendo perfectamente que los británicos hayan considerado este país como una de sus colonias más avanzadas, cuando ejercían el poder colonial- que en Navidades regresé, también regresé a la iglesia anglicana- tengo que recomendárselo a mis colegas británicosdonde en la capilla de la guerra se ha conservado cuidadosamente en un manuscrito qué británicos dieron su vida por la libertad de ese país y de mi propia iglesia, la iglesia anglicana. 
Ahora traigo la petición de ambos obispos de la iglesia anglicana y luterana que dicen que hay que pensar que todas las medidas económicas alcanzan siempre en primer lugar a la población pobre. 
Esto es lo que quería comunicar. 
A esto se une naturalmente que a través de mi estudio intensivo de ayer acerca de la violación de los derechos humanos, me llama la atención que aplicamos una especie de selección- esto lo tengo que preguntar a mis colegas expertos- ya que un país como Brunei, que no tiene parlamento y es uno de los nueve miembros de la ASEAN nunca ha estado en nuestra hitlist. 
Una última observación, señor Presidente, las convicciones religiosas que yo mismo he constatado en Birmania se enjuician siempre despiadadamente por el Parlamento. 
Estas son mis últimas palabras, quizás podamos prestar atención a esto alguna vez desde los círculos cristianos. 
Presidente, quisiera sólo traer a colación que al Presidente de Birmania, elegido por el 80 por ciento de la población, se le ha pedido medidas económicas. 
Pienso que esto es suficiente. 
Muchas gracias, señora Maij-Weggen, por la aclaración. 
Quisiera conceder de nuevo el uso de la palabra al Sr. Bertens y quisiera explicar a la Asamblea que, como ven Sus Señorías, estamos celebrando un debate conjunto sobre diversas preguntas orales. 
Por eso, en la lista de oradores aparece el Sr. Bertens para hablar una segunda vez y también aparecerá una tercera vez. 
Señor Presidente, ya lo ha dicho la Sra. Maij-Weggen al comienzo de este intercambio de ideas: la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pasó a ser el año pasado una página negra en la historia de la política de los derechos humanos de la Unión, bajo la Presidencia neerlandesa. 
Ya fue una lástima que estuviese en el foco de la atención internacional que estuviéramos muy divididos y la división era principalmente causada por beneficios económicos. 
El Consejo prometió mejoras y, en realidad, żpor qué no?. 
La Unión actuando conjuntamente en este terreno a nivel de las Naciones Unidas puede hacer algo todavía. 
Esto sirve principalmente con respecto a los países más grandes, quiero mencionar a China. El año pasado se consiguieron importantes avances por cierto en China. 
Existe un balance equilibrado entre diplomacia abierta y silenciosa pero, ¿traerá esto algún resultado consigo? Pienso que no debemos quedarnos ciegos mirando fijamente a China. 
Tenemos a Nigeria, Birmania, Camboya, Sudán, Afganistán y Argelia. Posiblemente Cuba, ya que el papa no santifica todo. 
Las resoluciones de las Naciones Unidas deben ser cumplidas. 
Mi pregunta al Consejo es: ¿ve oportunidad de llegar a un mejor sistema para guiar las resoluciones de las Naciones Unidas y reforzar la estructura de su cumplimiento? 
Este año debe aprovecharse la oportunidad de reforzar la posición de las Naciones Unidas. Hace cincuenta años se crearon en Lake Success las Naciones Unidas. 
Los intentos que procuran que las resoluciones de las Naciones Unidas no se tomen en absoluto en serio tendría que conseguir, naturalmente, lo contrario. 
¿Cómo piensa el Presidente del Consejo dar un empuje a la realización de una fuerte declaración en defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas? 
Después de todos esos años hay que llegar, por fin, a un acuerdo. 
Los protectores de los derechos humanos se merecen una declaración en valoración de todo su trabajo y los Estados miembros de las Naciones Unidas están obligados moralmente a hacer esto en el importante año de las Naciones Unidas. 
Espero que esta Presidencia le de a esto, en cualquier caso, una justa interpretación. 
Señor Presidente, como Presidente de la Delegación para la China soy el primero en admitir que no es fácil ejercer influencia sobre este gigantesco país. 
A menudo lo debatimos en la Delegación; incluso vamos a celebrar un seminario especial sobre el tema. 
Es evidente que no vamos a interrumpir las negociaciones, es evidente que hay que seguir profundizando en los contactos y continuar el diálogo. 
¿Pero hay que dejar de criticar al Gobierno de China? 
Esta parece ser la opinión del Consejo, dado que se va a dejar de presentar una resolución en Ginebra. 
Ciertamente han pasado cosas en China, se han modificado algunas condiciones, es cierto que se ha adoptado, o al menos firmado, una Convención sobre derechos sociales, es cierto que se ha invitado a Mary Robinson y se ha dejado en libertad al ganador del premio Sacharov, Wei Jinsheng. 
¿Pero es esto suficiente para dar el visto bueno a China? 
La organización Human Rights Watch no lo cree así; tampoco Wei Jingsheng, con el que tuve la ocasión de hablar hace un rato. 
Ambos opinan que hay que mantener también una cierta presión. 
Me permito la siguiente pregunta: ¿Tiene el Consejo una estrategia para el cumplimiento de los derechos humanos en China? 
¿O son exclusivamente los criterios comerciales los que nos han llevado a esta nueva pasividad? 
Señor Presidente, esta resolución del Parlamento es importante. 
Tengo las mismas dudas que el Sr. Gahrton en lo que respecta a la voluntad del Consejo de adoptar una posición que, espero será la del Parlamento mañana. 
Existen precedentes, el del año pasado principalmente. 
Tengo dudas también en lo que respecta a la Comisión. 
Existen una serie de elementos, a propósito de China, bastante preocupantes, algunos proyectos están bloqueados desde hace dos años y acabo de enterarme de que tras una reestructuración de los servicios de la Comisión, algunos proyectos que estaban estudiados y organizados por la DG VIII fueron transferidos a la DG IB, lo que obligará a reiniciar todo el proceso y a perder aún largos meses. 
Existen proyectos bloqueados desde hace dos años. 
Existen las reticencias del Consejo, pero también, parece ser, de la Comisión. 
Hay un punto sobre el que no estoy en absoluto de acuerdo en lo que respecta a la resolución de las Naciones Unidas, es el punto «Argelia». 
En la mañana de hoy, este Parlamento ha conseguido adoptar una posición digna sobre Irak, lo que no ocurre con otras instituciones. 
En lo que hace referencia a Argelia, el Parlamento, merced a la subcomisión presidida por el Sr. Soulier, está evolucionando en el buen camino y adoptando una posición digna. 
Por consiguiente, no se va a contradecir adoptando, mañana, un párrafo que solicita la institución de una comisión de investigación internacional sobre Argelia. 
Ha sido un trabajo enorme conseguir que el Parlamento se moviera; espero, y estoy bastante convencido, de que se ha conseguido. 
Por tanto, será preciso intentar ahora influir en el Consejo y en la Comisión. 
El Parlamento no va a desdecirse mañana solicitando una conferencia internacional, que sería absurda. 
Presidente, los minutos que se me conceden los voy a rellenar lamentablemente con una lista de países que de forma burda violan los derechos humanos, pero nombraré ahora solo un par a quienes se dirige demasiado poco el punto de mira. 
Angola. 
El Gobierno tiene ahora en sus manos el control sobre la mayor parte del país y lamentablemente aumentan las muertes dentro de los miembros de la oposición en la zona de Cabinda. 
La comunidad internacional no hace nada, engolosinada por el petróleo y por la venta espléndida de armas a este país. 
Cuba. 
Se ha dejado en libertad, ciertamente, a siete presos, que por cierto están obligados a abandonar el país inmediatamente, pero, no bastante, aún quedan 500 presos políticos. 
Debido a la división interna en este Parlamento el Parlamento se pronuncia pocas veces acerca de esto. 
A este Parlamento no le mereció nunca la pena conceder el premio Sacharov a ninguno de los disidentes cubanos. 
Incomprensible y selectivo, Presidente. 
Además de mirar de forma crítica a este Parlamento también quiero mirar críticamente al Consejo. 
¿Qué continuación ha dado por ejemplo el Consejo a las resoluciones de los derechos humanos que se adoptaron el pasado año en las Naciones Unidas? 
¿Qué se ha hecho para animar y garantizar a los ponentes especiales? 
¿Cómo va a organizar el Consejo una posición fuerte y conjunta de la Unión Europea en la próxima sesión número 54 de las Naciones Unidas? 
¿Está preparado el Consejo para dar durante esa sesión señales claras a países como China, México, Nigeria, Siria y Cuba, que durante el proceso de negociaciones y durante el proceso de toma de decisiones realicen obstrucciones absolutas? 
¿No se dejará influir el Consejo por la política de China de un paso adelante y dos pasos atrás? 
¿Ve, realmente, el Consejo la exclusión de Birmania en la próxima cumbre ASEM como una contribución sensata al cumplimiento de los derechos humanos? 
Para finalizar, hace más de un año se hizo un llamamiento en varias resoluciones de este Parlamento y por algunas corrientes políticas para que se produjera un boicot petrolífero a Nigeria. 
¿Está el Consejo verdaderamente preparado y tiene pensado poner sobre el tapete este punto de vista en el Consejo de Seguridad? 
Pues, de lo contrario, estamos produciendo palabras vacías y ésta no es la intención de este Parlamento. 
Señor Presidente, la promoción de los derechos humanos constituye y debe constituir un aspecto fundamental de la política exterior de la Unión Europea y, por lo demás, después del Tratado de Amsterdam, la defensa de los derechos humanos fue proclamada fundamento ético-jurídico mismo de toda la acción de la Unión. 
Sobre todo por eso es importante la pregunta oral ahora formulada. 
Se trata de que el Parlamento ejerza su influencia a fin de que el Consejo consiga adoptar posiciones comunes que permitan afirmar los valores de la identidad europea y salvaguardar la autonomía de la Unión, en el momento en que se celebra el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Como todos recordamos, en el último período de sesiones de dicha Comisión la Unión Europea no fue capaz de adoptar posiciones comunes sobre cuestiones de tanta importancia como, por ejemplo, la relativa a China, lo que se plasmó en una inadmisible pérdida de autonomía frente a los Estados Unidos y colocó a algunos Estados miembros en la difícil situación de tener que defender aisladamente los principios de toda la Unión Europea, mientras otros trocaban esos principios por los intereses económicos inmediatos. 
En el año en curso, en que celebramos el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, deberíamos actuar en conjunto para volver eficaz el propio mecanismo de las Naciones Unidas a fin de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
Atendiendo a los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, pedimos una atención especial a las situaciones existentes en China, Nigeria, Birmania, Sudán, Irán, Irak, Afganistán, Camboya y Timor Oriental. 
Entre todos esos casos, el de Argelia cobra una grave y cruel actualidad y una particular complejidad, por no entrañar la responsabilidad exclusiva de un Estado, a no ser por su incapacidad para garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales puestos en entredicho por el terrorismo fundamentalista. 
China, que constituye otra de las prioridades, no registra una mejora sensible pese a las afirmaciones hechas por ese Estado de que tiene intención de ratificar los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, y creo que debemos conceder la debida importancia a eso. 
Pedimos que el Consejo y la Comisión presenten al Parlamento informes escritos sobre el diálogo en materia de derechos humanos recientemente renovado. 
Otra prioridad para todos nosotros es la situación en Timor Oriental, que sigue ilegalmente sometido a la ocupación y la represión ejercida por Indonesia. 
Pedimos que el Consejo haga valer su propia posición común y dé curso a las innumerables resoluciones aprobadas por nuestro Parlamento. 
En nuestra resolución pedimos que se hagan diversas peticiones, sobre todo en el sentido de que se apruebe la declaración sobre los defensores de los derechos humanos, se hagan esfuerzos suplementarios para aplicar la resolución sobre la abolición de la pena de muerte, se adopten iniciativas contra los malos tratos a los detenidos, se mejore el trato de los refugiados y se mejoren las normas de protección de los niños y contra el tráfico de mujeres. 
Pedimos, así, que la PESC funcione en una esfera fundamental en la que la Unión Europea debería evitar dos pesos y dos medidas y hacer la defensa efectiva de los derechos humanos mediante su contribución positiva a la política internacional. 
Señor Presidente, si me permite y abusando un poco de su buena voluntad, quisiera señalar la presencia en la sala de un antiguo colega nuestro, el Sr. van Outrive, que trabajó mucho con nosotros en estos asuntos de los derechos humanos y al que yo, con su permiso, quisiera saludar especialmente aquí. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a Sus Señorías sus preguntas y sus intervenciones. 
Tengo mucho gusto en atender las preguntas que han formulado. 
Me gustaría hacerlo en tres partes con una adición. 
La primera parte versará sobre Nigeria, la segunda sobre Birmania y la tercera sobre los derechos humanos y después haré un anuncio en relación con los derechos humanos en Azerbaiyán. 
En primer lugar, sobre Nigeria: el Consejo ha seguido con preocupación la situación en Nigeria desde la anulación de las elecciones presidenciales el 12 de junio de 1993. 
Desde entonces ha adoptado medidas contra el régimen nigeriano para indicar su preocupación por la falta de respeto de los derechos humanos y del gobierno democrático. 
Dicha preocupación se intensificó durante todo 1995, año en que se produjeron el juicio y la severa condena de 43 supuestos conspiradores golpistas, incluido el antiguo Jefe del Estado general Obasanjo y otros diversos civiles prominentes. El anuncio por parte de Abacha de una transición de tres años al gobierno civil y, por último, la ejecución de Ken Saro-Wiwa y los otros ocho acusados tras un proceso judicial irregular. 
Las dos posiciones comunes adoptadas el 20 de noviembre de 1995 y el 4 de diciembre de 1995 intensificaron las medidas adoptadas por la Unión Europea para incluir, entre otras cosas, restricciones en la concesión de visados a miembros del régimen nigeriano y a sus familias, incluidos los que tenían concedidos visados con largos períodos de validez, un embargo total de armas y una prohibición de participación en competiciones deportivas. 
Como han señalado Sus Señorías, el 28 de noviembre de 1997 el Consejo y la Unión Europea prorrogaron la posición común sobre Nigeria del 4 de diciembre de 1995 hasta el 1º de noviembre de 1998. 
Al mismo tiempo, el Consejo reiteró su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Nigeria, incluido el encarcelamiento de presos políticos, y el lento avance hacia la democratización. 
También subrayó su disposición a apoyar el proceso de transición. 
Desde entonces el Consejo ha seguido con considerable preocupación la evolución de los acontecimientos en Nigeria, incluida la trágica muerte de Shehu Yar ' Adua mientras estaba encarcelado, las detenciones y encarcelamientos sin cargos de otros periodistas y activistas en pro de la democracia, además de la detención el 21 de diciembre de 1997 del general Diya y otras personas en relación con un supuesto intento de golpe de Estado. 
El 26 de diciembre de 1997, la Presidencia luxemburguesa hizo pública una declaración en nombre de la Unión Europea en la que pedía urgentemente a las autoridades nigerianas que trataran a los detenidos de conformidad con los principios jurídicos correspondientes a las normas internacionales. 
En dicha declaración se decía también con claridad que la Unión Europea no podía aceptar una repetición de los acontecimientos de 1995. 
El Consejo ha tomado nota de que se ha constituido un tribunal militar de siete miembros presidido por el general de división Malu para juzgar a 26 personas sospechosas de conspirar para organizar un golpe de Estado. 
El 14 de febrero se permitió a la prensa presenciar la inauguración y ver a los acusados, pero, según tenemos entendido, la vista se celebrará a puerta cerrada. 
La Unión Europea copatrocinó con éxito otras resoluciones críticas sobre Nigeria en el período de sesiones de 1997 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
La resolución de la CDH de las Naciones Unidas propició el nombramiento el 16 de octubre de un relator especial sobre Nigeria con el mandato de mantener contactos con las autoridades y con civiles nigerianos e informar sobre la situación de los derechos humanos en ese país. 
Su primer informe será presentado a la Comisión en su período de sesiones de este año. 
Presionaremos para que se formule otra severa resolución basada en dicho informe. 
Ahora quiero pasar a ocuparme de Birmania. 
Aplaudo el sostenido interés que los diputados al Parlamento Europeo siguen sintiendo por la atroz situación de los derechos humanos en Birmania. 
El Consejo comparte firmemente las preocupaciones de Sus Señorías. 
Sus grupos de trabajo en todos los niveles examinan periódicamente formas de promover un cambio en ese país. 
El mensaje del Consejo sobre Birmania es sencillo. 
El pueblo de Birmania ha expresado democráticamente su deseo de un trato más equitativo y su Gobierno debe escuchar su voz. 
Para reforzar ese mensaje y fomentar la reforma, la Unión Europea ha presentado un conjunto de medidas severas contra el régimen birmano. 
La posición común sobre Birmania, adoptada por primera vez en 1996, comprende, entre otras cosas, un embargo total de armas, la prohibición de expedición de visados a los miembros del régimen y a sus familias, la prohibición de relaciones en materia de defensa y ayuda, excepto la humanitaria, y la prohibición de visitas de funcionarios de alto nivel. 
La Unión Europea ha suspendido también las condiciones comerciales preferentes para las exportaciones birmanas de productos agropecuarios e industriales a la Unión. 
Algunos Estados miembros han adoptado otras medidas de carácter nacional. 
El Consejo examina periódicamente si existe consenso para que las adopten todos los Estados miembros. 
No hay ni que pensar en relajación alguna de dichas medidas sin una mejora substancial en la situación de los derechos humanos en Birmania. 
Somos conscientes de que en algunas circunstancias tales sanciones pueden perjudicar a las propias personas a las que pretenden ayudar. 
Para contribuir a aliviar el sufrimiento que las políticas del Gobierno birmano causan a los ciudadanos birmanos comunes y corrientes, los miembros de la Unión Europea están examinando un conjunto de medidas positivas encaminadas a fortalecer la sociedad civil en Birmania y reforzar la excelente labor humanitaria que ya se está llevando a cabo allí. 
Quiero rendir un homenaje a las numerosas organizaciones no gubernamentales europeas y de otras procedencias que trabajan incansablemente para mejorar las condiciones sobre el terreno. 
El Consejo está cooperando con organizaciones no gubernamentales para abordar el problema de los refugiados de Birmania de ambos lados de la frontera. 
Los embajadores de la Unión Europea en Bangkok están en contacto con el Gobierno de Tailandia respecto de la necesidad de proporcionar vivienda y protección a los refugiados. 
Seguimos observando la situación de cerca y estamos dispuestos a adoptar en seguida otras medidas, si fuera necesario. 
También trabajamos para promover mejoras en Birmania mediante una estrecha coordinación en materia de formulación de políticas con nuestros interlocutores internacionales. 
Birmania ocupa un lugar destacado en el orden del día del Consejo con vistas a los debates intergubernamentales. 
Creemos firmemente que los Gobiernos de Asia han de desempeñar un papel particularmente importante utilizando su influencia sobre el régimen para presionar en pro de la reforma en Birmania y seguimos instándolos a que lo hagan. 
Nuestros interlocutores internacionales cooperan estrechamente en las Naciones Unidas. 
Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre por consenso una severa resolución sobre los derechos humanos en Birmania. 
Varios Estados miembros de la Unión Europea fueron copatrocinadores de ella y su texto es más severo en relación con sectores decisivos que el de la resolución del año pasado. 
Esperamos que las autoridades birmanas respeten sus obligaciones, como miembro de las Naciones Unidas, y apliquen la resolución inmediatamente. 
La Unión presentará el mes que viene también una resolución sobre Birmania en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
El Consejo ha adoptado medidas concretas para abordar las violaciones de los derechos humanos en Birmania. 
Sigue observando periódicamente la situación y está dispuesto a considerar la posibilidad de adoptar medidas, positivas o negativas, según lo requiera la situación sobre el terreno. 
Quisiera pasar a ocuparme de los derechos humanos más en general. 
Desde mediados de marzo hasta el final de abril la Presidencia encabezará la labor de la Unión Europea en el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Esos derechos son una cuestión de la que nos ocupamos durante todo el año y no sólo durante los períodos de sesiones anuales de la Comisión. 
Pero no cabe duda de que la Comisión brinda la oportunidad más importante del calendario internacional para demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos y laborar en pro de su aplicación en todo el mundo. 
Ahora bien, somos conscientes de que la Comisión no siempre es un marco propicio: en ella están representados muchos puntos de vista. 
Habrá quienes intenten frustrar la labor de la comunidad internacional para promover los derechos humanos. 
Muchos países se oponen automáticamente a los mecanismos de intervención y a la aplicación de los derechos inalienables de sus ciudadanos. 
Haremos todo lo posible, junto con otros países que siguen la misma orientación, para velar por que no prevalezca esa oposición perturbadora e indefendible. 
Un tema importante de la labor de la Comisión en este año será el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
La Declaración estableció criterios universales en materia de derechos humanos. 
Cincuenta años después, dichos criterios siguen siendo tan pertinentes como cuando se aprobó la declaración. 
Pero falta mucho para su aplicación plena. 
El quincuagésimo aniversario es un momento para la aplicación de dichos criterios. 
No es un momento para deshacer los textos vigentes, por lo que opondremos firme resistencia a cualesquiera intentos encaminado a ese fin. 
Prestaremos atención particular en la Comisión para velar por que adopte medidas eficaces a fin de promover los derechos de los niños. Con demasiada frecuencia se olvidan o se pasan por alto los derechos de los niños. 
La de los derechos de los niños debe ser una cuestión transcendental en toda la labor de la Comisión. 
Ya existe una ratificación casi universal de la Convención sobre los Derechos del Niño y ya ha llegado el momento de su aplicación. 
Otra cuestión transcendental para el Consejo es la de los derechos humanos de las mujeres. 
Velaremos por que se conceda a los derechos de las mujeres el lugar que les corresponde en la labor de la Comisión, no sólo en las resoluciones que versen en particular sobre los derechos de las mujeres, sino también en otras disposiciones de la Comisión. 
La UE desempeñará un papel pleno en toda la labor de la Comisión. 
En particular, ya existe un acuerdo en la Unión para que la Presidencia, en nombre de la Unión, presente resoluciones sobre Nigeria, Birmania, la República Democrática del Congo, los asentamientos israelíes, el Irán, Timor Oriental y el Irak. 
También adoptaremos la iniciativa respecto de Colombia, donde la decisión, digna de beneplácito, de crear una oficina de derechos humanos en Bogotá fue promovida por la Unión. 
Además, la Unión hará una intervención en la que expondrá nuestra posición sobre otros países que nos inspiran motivos de profunda preocupación en materia de derechos humanos. 
El Consejo está aún examinando cómo abordar las situaciones de otros países en la Comisión, incluida China. 
Lamentamos la ruptura del consenso sobre una resolución de la CDH en 1997. 
Seguimos examinando la posibilidad de promover disposiciones en la Comisión de Derechos Humanos. Pero dependerá de la evolución de los acontecimientos y los avances logrados en los diálogos bilaterales y con la Unión Europea sobre los derechos humanos. 
Esperamos adoptar una decisión en breve. 
Nos preocupa la situación de los derechos humanos en China y pretendemos abordarla en cooperación con el Gobierno chino. 
China ha mostrado buena disposición a examinar la cuestión de los derechos humanos con nosotros y la Unión Europea en conjunto. 
China ha entablado también un diálogo con otras instancias. 
Esas conversaciones han dado resultados, información sobre casos individuales y acuerdo sobre programas de cooperación técnica. 
La Presidencia hará también intervenciones en debates sobre el racismo, la democracia y el desarrollo, cuestiones relativas a los encarcelamientos y al imperio de la ley, derechos de la mujer, servicios de asesoramiento, los derechos del niño, los defensores de los derechos humanos y los asentamientos israelíes. 
Apoyaremos los diversos mecanismos independientes de la Comisión, incluidos los relatores especiales y los grupos de trabajo. 
Desempeñan un papel decisivo en la supervisión de las violaciones y el asesoramiento de los Gobiernos con vistas a las mejoras de la situación en materia de derechos humanos. 
Como pueden imaginar Sus Señorías, el Consejo no espera que vaya a ser un período de sesiones fácil. 
Pero sabemos lo que queremos conseguir- avances reales hacia la aplicación de todos los derechos humanos para todas las personas- y trabajaremos denodadamente para conseguirlo. 
Como he indicado al comienzo de mi intervención, hoy puedo anunciar que, de resultas de las presiones ejercidas por la Unión Europea, Azerbaiyán ha abolido la pena de muerte. 
Creo que se trata de un útil paso adelante en la promoción de los derechos humanos y pedimos a todos los demás países que sigan ese ejemplo. 
Señorías, la Mesa ha recibido varias peticiones de uso de la palabra de diputados que ya habían participado en el debate. 
El criterio de la Mesa va a ser el de que, dado que aún hay más de diez oradores inscritos para este debate conjunto, no debemos menoscabar el orden normal del debate. 
Los diputados que han pedido ahora el uso de la palabra a propósito de la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo podrán formular sus preguntas al final, porque creo que ésta tampoco es la última intervención del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Por tanto, aún tendrá una oportunidad de responderles. 
Señor Presidente, ¿puede asegurarme que el Presidente en ejercicio estará presente aquí, si deseamos formularle preguntas? 
Es que quería pedirle respuesta a una pregunta muy concreta que he formulado. 
Señora Kinnock, creo que Su Señoría no ha tenido oportunidad de oír lo que acabo de decir. 
Además de su petición de uso de la palabra, hay otras peticiones de intervención suscitadas por el discurso del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Pero, además, hay un orden de inscripciones y un conjunto de oradores que aún no han tenido oportunidad de hablar, que tienen tanto derecho a las respuestas del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario Marín como los que han hablado hasta ahora. 
Por tanto, quisiera pedirle, al tiempo que le solicito su comprensión, que formule su pregunta al Presidente en ejercicio del Consejo cuando haya concluido efectivamente el debate, porque aún tenemos más de diez oradores inscritos y no podemos dar preferencia a ningún diputado en perjuicio de otros. 
Quisiera que me comprendiese: no puedo hacer otra cosa. 
Señor Presidente, en términos generales, la Comisión acepta completamente la línea expuesta por la Presidencia del Consejo con respecto a Nigeria y Birmania. 
Me limitaré simplemente a hacer un conjunto de aclaraciones. 
Es verdad que en el caso de Nigeria se está viviendo un momento crítico, ya que dentro de seis meses deberán celebrarse las elecciones presidenciales que, esperemos, conducirán a este país a la instalación de un gobierno civil bajo un presidente civil. 
Es mucho, pues, lo que está en juego. 
Si, por cualquier razón, el proceso de transición democrática llegara a descarrilar, podría volver a aparecer el espectro de la violencia, el derramamiento de sangre, que tal vez se podría extender a otros países con consecuencias humanas y financieras muy graves. 
Estamos convencidos de que la población de Nigeria no aceptaría pacíficamente la prolongación de la sucesión de regímenes militares. 
Las numerosas preguntas que han planteado sus Señorías sobre la cuestión de Nigeria ilustran, por otro lado, la preocupación que existe en la Unión Europea por que el proceso democrático quede firmemente arraigado en este país y que los beneficios económicos resultantes de sus recursos sean por fin distribuidos de forma equitativa entre su población, cada vez más numerosa y cada vez más pobre. 
Nigeria es, como se ha señalado, un país demasiado grande y demasiado importante a escala africana y a escala mundial como para que se le mantenga al margen. 
Permítanme afirmar categóricamente que la Comisión, dentro de sus límites de competencia, hará todo lo que esté en sus manos con el fin de ayudar y de movilizar los recursos necesarios destinados a fortalecer a la sociedad civil nigeriana y, en particular, a sus grupos más vulnerables. 
Los 27 años de sucesivos gobiernos militares han dejado una marca imborrable en la sociedad civil nigeriana, que tardará mucho tiempo en desaparecer. 
La apatía y el fatalismo que caracterizan a gran parte de la sociedad civil deben ser superados, y estamos convencidos de que el conocido espíritu emprendedor y el dinamismo de Nigeria pueden ser espoleados a este fin. 
Por último, quisiera decir que la Comisión tiene la intención de proseguir sus esfuerzos de diálogo con las autoridades de Nigeria, dando una prioridad especial a las medidas destinadas precisamente a combatir las violaciones de los derechos humanos, fortalecer la independencia y formación de la judicatura, de la carrera judicial, mejorar la gobernabilidad y apoyar el proceso de sostenimiento de la democracia. 
Respecto a Birmania- no es la primera vez que discutimos estas cuestiones en el Parlamento -, la Comisión quisiera hacer las siguientes precisiones: hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades y siguiendo la posición común aprobada por el Consejo, establecer lo que se llama un diálogo crítico con las autoridades de la Junta Militar. 
Este pretendido diálogo crítico que hemos intentado, al margen de las reuniones de la ASEAN, en las Naciones Unidas en Nueva York, no ha funcionado y sigue sin funcionar, simplemente porque lo han rechazado. 
Y no hay en este momento ningún contacto significativo entre la Comisión y la Junta Militar. 
Es verdad que la posición común nos pide que iniciemos este diálogo político, pero, insisto, con la Junta Militar no ha sido posible. 
Es distinto con las fuerzas democráticas, poniendo en marcha toda una serie de decisiones que hemos tomado. 
No comprendo al Sr. Dupuis cuando habla de que se han producido retrasos. 
No es cierto. 
La Comisión ha puesto en marcha un programa de apoyo a la oposición, a la disidencia birmana que está establecida en Europa, y, en ese sentido, hemos lanzado un proyecto cuyo objetivo es el reforzamiento de los movimientos democráticos y la formación de los miembros de la oposición y de los futuros líderes. 
Hemos abierto en Bruselas una casa Europa-Birmania. 
Es decir, sí hemos tomado contacto con la oposición y con los disidentes de la oposición que viven en territorio europeo y les estamos ayudando. 
Con respecto a la Junta Militar, yo no les puedo decir nada, simplemente porque no tenemos ningún tipo de contacto. 
La única posibilidad es el viaje que va a hacer prontamente el enviado especial de Kofi Annan, Sr. Álvarez Soto, que tiene precisamente el objetivo, en nombre del Sr. Kofi Annan, de intentar este diálogo crítico. 
Y por último, la posición de la Unión en el tema de la ASEAN es muy clara. 
En primer lugar, que la ASEAN haya aceptado ampliar a Birmania su formación regional es su responsabilidad. 
Lo hicieron pensando que a través de lo que ellos llaman el «constructive engagement» , que viene a ser la traducción asiática en inglés del diálogo crítico, tendrán que demostrar que efectivamente este diálogo ha sido reforzado. 
Por lo que se refiere a la Comisión, quiero señalar de nuevo en el Parlamento, en primer lugar, que Birmania no es parte del acuerdo de cooperación de 1980 que fue ampliado a Brunei y a Viet Nam. La Comisión no tiene, en ningún caso, la intención de proponer al Consejo la ampliación del Protocolo de cooperación regional de 1980 entre la ASEAN y la Unión Europea. 
En ese sentido, mantenemos nuestra posición aparte de que fue confirmada en la posición común por el Consejo. 
Y luego, en todos los programas de cooperación que se están realizando con la ASEAN, Birmania también está excluida. 
En consecuencia no hay que preocuparse por este tema porque, hoy por hoy y hasta que no cambie la posición común, se está siguiendo estrictamente tanto lo que el Consejo pidió en su posición común como lo que repetidas veces ha pedido este Parlamento. 
Y estas son las últimas noticias que les puedo dar respecto a estos dos problemas. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
He recibido veinte propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, más de dos años después de la ejecución de Ken Sara-Wiwa, cuando su hijo, Ken, acudió a Bruselas tres días después y consiguió un apoyo total y absoluto de todos los sectores de esta Asamblea con vistas al regreso a la democracia y al respeto de los derechos humanos en Nigeria, nos vemos obligados una vez más a pedir al Parlamento Europeo que condene la continua indiferencia del régimen de Abacha para con esos principios. 
La candidatura presidencial de Abacha, presentado por cuatro de los cinco partidos, y la continua detención domiciliaria del Jefe Abiola no constituyen, Comisario Marín, una transición al gobierno civil. 
Las detenciones de supuestos conspiradores golpistas el pasado mes de diciembre, las amenazas contra periodistas que informan sobre ellas y la detención de 30 personas consideradas activistas antes de la celebración del día del pueblo ogoni el mes pasado constituyen, todos ellos, testimonios de que el Gobierno nigeriano ha renunciado a hacer ni siquiera gestos simbólicos sobre la transición a la democracia. 
Pido a la Comisión y al Consejo que respondan a las observaciones formuladas por la Sra. Kinnock sobre criterios claros para ese proceso de transición. 
Volvemos a decir hoy que las sanciones sobre el petróleo siguen siendo el único instrumento de que dispone la comunidad internacional para garantizar el cambio; los ingresos debidos al petróleo representan el 96 % de todos los ingresos por exportación de Nigeria y el 40 % de todos los ingresos del Gobierno federal proceden de una empresa europea: Shell. 
El Parlamento Europeo debe condenar al Gobierno nigeriano por el anuncio que ha hecho en este mes de que va a reanudar las operaciones petroleras en Ogonilandia por la fuerza. 
Debemos unirnos a los llamamientos a Shell para que lo denuncie públicamente. 
El año pasado celebramos conversaciones con Shell en esta Asamblea sobre sus principios comerciales. 
Reconocemos que tiene posibilidades de ser una fuerza positiva en Nigeria, pero debe aceptar una mayor responsabilidad ante la última crisis. 
Batom Mitee, hermano del presidente en funciones del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) dijo a The Times: » Los campesinos están luchando por la tierra y el espacio con las prospecciones petroleras. 
No ven al Gobierno. 
Ven a la Shell. 
Quieren que la Shell dé alguna muestra de preocupación». 
El 3 de enero de este año, el automóvil de Batom fue acechado y registrado por miembros de la misma fuerza de seguridad interna creada para reprimir las protestas contra la Shell. 
En el asiento trasero se encontró un informe sobre la lucha contra la Shell. 
Batom fue sacado a rastras de su automóvil y golpeado con saña. 
Fue detenido y torturado con saña, se lo privó de comida, atención médica y acceso a un abogado. 
Ken Saro-Wiwa estaba convencido de que moriría «por culpa de la Shell». 
Ahora debemos actuar, debe actuar la Shell, deben actuar todos los Estados miembros que comercian con el petróleo para salvar la vida de Batom Mitee, de las otras treinta personas detenidas junto con él y de todo el oprimido pueblo de Nigeria al que representan. 
Señor Presidente, por ser uno de los coautores de las resoluciones sobre Nigeria y Birmania, me complace en particular que celebremos este debate esta tarde mediante la pregunta oral con debate en lugar del habitual procedimiento de urgencia. 
Agradezco al Presidente en ejercicio y al Sr. Marín sus respectivas declaraciones, que han abordado esta cuestión- creo yo- exhaustivamente, teniendo presente en particular que el Presidente en ejercicio debe, por decirlo así, representar a los otros catorce Estados miembros. 
Sobre Nigeria, se ha referido a la prohibición de participación en competiciones deportivas. 
Creo que se debe considerar algo irónico, en vista de que se ha dado el visto bueno a Nigeria para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol. 
Con ello se abre un boquete en todo el sistema y se permite a determinado número de nigerianos que acudan a París y a otros lugares para participar en el Campeonato Mundial. 
No sé si podrá dar una explicación, pero creo que se trata de un ejemplo de cómo un Estado miembro puede hacer de su capa un sayo con todo el sistema. 
Sobre Birmania, la única observación que puedo formular en un minuto, ya que no he podido estar presente esta mañana por razones ajenas a mi voluntad, es la amplitud de las inversiones que se están haciendo en ese país. 
Una empresa como Total, por ejemplo, está haciendo importantes inversiones, le hemos escrito y nos ha dado la arrogante respuesta de que no quiere saber nada con nosotros y no nos va a dar información alguna. 
Deseo que el Presidente en ejercicio formule algunas preguntas aceradas a ciertos Estados miembros y a ciertas empresas. 
Hay muchos otros implicados. 
Yo he formulado mis dos observaciones sobre el Campeonato Mundial y la amplitud de las inversiones en Birmania. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado con atención lo manifestado por el Comisario Sr. Marín; con gran atención precisamente porque esto demuestra, una vez más, que Europa es totalmente impotente para hacer frente a dos cuestiones opuestas, o sea, Nigeria y Birmania. 
¿Qué está sucediendo en Nigeria? 
El poderío militar de esta Junta sanguinaria- junta, como la ha definido el señor Comisario Marín, para no decir dictadores- con un presidente que fue elegido y del cual no se sabe nada más, con Ken Saro-Wiwa y los demás representantes de los Ogones asesinados, se está ahora extendiendo por los demás países africanos. 
Es reciente la noticia de que los militares nigerianos han invadido Sierra Leona; las personas desplazadas ya están huyendo de sus tierras ante esta intervención militar, llevada a cabo con el pretexto con son ellos, los nigerianos, los pacificadores de África. 
Señor Comisario, con respecto a esto no he escuchado ninguna referencia por su parte. 
Ahora bien, quisiera llegar a comprender si en este diálogo crítico que la Comisión desea mantener con Nigeria queda implícita también la posibilidad de que Nigeria pueda convertirse en el pacificador de la región africana con las armas de África. 
La segunda cuestión afecta a Birmania. 
Si bien es cierto que no admitimos a este país en la ASEAN y, por lo tanto, no existe un diálogo entre Europa y Birmania, lo cierto es que está produciéndose una paulatina y, a la larga, perjudicial legitimación de la dictadura birmana, en cuya virtud ha sido aniquilada la oposición, también en este caso, a través de torturas, de encarcelamientos, de ejecuciones sumarias, de Premios Nobel sometidos a arrestos domiciliarios, etcétera. 
Con respecto a esto, señor Comisario, ni usted ni la Comisión no nos han tranquilizado en absoluto. 
Presidente, Nigeria es una manzana bastante putrefacta dentro de la cesta de fruta africana no demasiado sana. 
Presidentes elegidos democráticamente son destituidos, adversarios políticos encarcelados o ahorcados. 
Incluso fuera de las fronteras del país el régimen nigeriano es activo. 
Bajo la bandera de ECOMOG luchan soldados nigerianos contra la Junta Militar en Sierra Leona, supuestamente para restituir en su puesto al Presidente Kabbah, elegido democráticamente, pero tendrá que ver sobre todo con los campos de diamantes de Sierra Leona. 
Mi pregunta es qué puede hacer la Unión Europea para derribar al Gobierno en Nigeria. 
En noviembre de 1995 dejó en suspenso el Consejo la colaboración militar y la ayuda al desarrollo. 
En diciembre del mismo año se agravaron algo más las medidas. 
Ahora que esas medidas tras tres años no han hecho ningún efecto, abogan algunos en esta Asamblea por un boicot al petróleo. 
Esto afectaría duramente al régimen ya que depende en un 90 por ciento de los ingresos de la exportación de petróleo. 
Sin embargo, las experiencias que hemos tenido con boicots de esta clase nos muestran que la población es sobre todo la víctima de esto, mientras que el gobierno al que se le quiere dañar con el boicot a menudo puede mantenerse durante años. 
Debido a la enorme pobreza que reina en Nigeria dudo que tenga sentido un boicot al petróleo. 
Por ello apoyo una investigación acerca de la realización y consecuencias de la implantación de un embargo de petróleo. 
Después se puede reflexionar si un embargo como este se debe implantar. 
Sí que soy de la opinión de que las sanciones existentes que el Consejo ha impuesto sobre Nigeria deben cumplirse escrupulosamente. 
Señor Presidente, el pueblo birmano merece que hoy votemos a favor de la declaración que debatimos. 
El régimen de Birmania se encuentra entre las dictaduras más antipáticas del mundo. 
La población es oprimida de manera brutal y la dictadura militar apenas respeta uno solo de los derechos humanos. 
Birmania es el centro del tráfico de drogas asiático. 
Anualmente se producen más de 2000 toneladas de adormidera, suficientes para 250 toneladas de heroína, que son exportadas a Occidente. 
Los ingresos son utilizados por la dictadura para mantenerse en el poder. 
La declaración ante la que hoy nos encontramos exige de manera clara que las empresas extranjeras detengan inmediatamente sus inversiones en Birmania y que la Unión adopte lo antes posible sanciones económicas contra Birmania. 
La receptora del premio Sakharov del Parlamento Europeo, la Sra. Aung San Suu Kyi, ha pedido a la Unión Europea que dé tales pasos. 
Durante el apartheid en Suráfrica fueron también los portavoces de los oprimidos quienes pidieron al mundo que presionara económicamente al gobierno, mientras que las empresas occidentales luchaban de manera furibunda contra ello. 
Ahora las empresas de los países que encabezaron la oposición al apartheid sacan provecho de la nueva situación. 
Ha de saberse que las inversiones en Birmania constituyen un apoyo directo a la dictadura militar. 
Más útil les sería a los birmanos el derrocamiento de este régimen y las sanciones económicas se han mostrado anteriormente como un medio más efectivo que el diálogo crítico con un interlocutor que no entiende los conceptos. 
Oí manifestar al Sr. Marín que el diálogo crítico había resultado un fracaso, así que espero una declaración de la Comisión sobre la puesta en marcha de las sanciones económicas considerando el completo fracaso en este campo. 
Esto le vendría bien tanto a la Comisión como, especialmente, al Consejo pues me parece que fue algo fútil la respuesta del Sr. Henderson sobre Birmania. 
Señor Presidente, el Parlamento, que en repetidas ocasiones ha abordado la cuestión de las infracciones contra los derechos humanos en que ha incurrido la junta militar de Birmania, tiene que volver nuevamente sobre este tema. 
No somos los únicos en criticar en este caso concreto. 
Tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos y muchos otros países han reaccionado nuevamente en los últimos meses. 
Aung San Suu Kyi ha sido elegida democráticamente por una mayoría aplastante, más del 80 por ciento, pero se le impide asumir su responsabilidad y sigue encontrándose detenida en su casa. 
Por motivos políticos siguen en la cárcel muchos políticos y se les niegan sus derechos democráticos. 
Se han prohibido las reuniones políticas y siguen sucediéndose los ataques contra las minorías étnicas, por ejemplo en mayo y junio del año pasado fueron asesinados 400 campesinos. 
Además, existe una estrecha conexión entre el régimen militar y los fabricantes de droga; de hecho la mayor parte de la heroína que se produce en el mundo procede de Birmania. 
Aung San Suu Kyi ha rogado repetidamente a la sociedad internacional que introduzca sanciones políticas y económicas contra Birmania, lo cual hizo el Presidente Clinton en mayo del año pasado al prohibir nuevas inversiones en Birmania. 
Pero las compañías petroleras internacionales, incluso las europeas como Total, siguen apoyando el régimen militar. 
Las inversiones de estas compañías representan la mayor proporción de divisas extranjeras en el país. 
Por eso es importante que el Parlamento condene rotundamente la dictadura de Birmania y exija que se garantice el respeto de los derechos humanos, para que se ponga en libertad a Aung San Suu Kyi y se permita a los observadores de la Naciones Unidas que lleven a cabo sus trabajos sin trabas. 
Es excelente que el Consejo haya decidido no aceptar la participación de Birmania en las reuniones de la UE y la Asean mientras no mejore la situación de los derechos humanos en el país. 
Pero el Parlamento exige ahora que el Consejo defienda las propuestas de Aung San Suu Kyi consistentes en sanciones económicas contra la junta militar, interrumpiendo toda relación comercial y turística entre la UE y Birmania y prohibiendo las inversiones de empresas europeas en Birmania. 
El representante del Consejo, Sr. Henderson, ha dicho que por parte del Consejo se estaba dispuesto a adoptar medidas más amplias. 
¿Qué medidas está dispuesta a adoptar la Presidencia consistentes en unas sanciones económicas eficaces y que promuevan la democracia en Birmania? 
Señor Presidente, Señorías, nosotros no somos el gobierno del mundo, ni somos, en la Unión Europea, la policía del mundo. 
En el momento histórico que atravesamos, esa gobernación y esa labor de policía pertenecen a otra unión. 
Pero, dentro de nuestras limitaciones, mucho hemos hecho, la Unión Europea y principalmente el Parlamento Europeo, en la política de defensa de los derechos humanos. 
Ahora bien, esa política no ha sido coordinada para aparecer como consensual de los partidos que integran la Unión Europea durante los debates en las Naciones Unidas al respecto. 
La suma de pequeñas voces tiene muchas veces menos efecto que una voz unida y más fuerte. 
No ha sido ése el ejemplo que ha dado la Unión Europea. 
Por otro lado, hay una gran inobservancia de las resoluciones de las Naciones Unidas, lo que hace muchas veces poco creíbles sus decisiones. 
El caso actual del Irak y nuestro caso histórico, el de Timor Oriental, son ejemplos que confirman esa inobservancia. 
Podría enumerar algunas decenas de ellos, pero Sus Señorías conocen esa materia mejor que yo. 
Creo que la Unión Europea tiene el derecho y sobre todo el deber de luchar por el prestigio de las Naciones Unidas, al señalar esos hechos. 
Ése es el sentido positivo de las preguntas al Consejo y a la Comisión aquí formuladas por algunos de mis colegas. 
Señor Presidente, Señorías, distinguido señor Comisario. ¿Qué resultados consiguen los debates del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos? 
¿Sólo sirven para dar a conocer los problemas y luego quedan sepultados en los archivos o persiguen con firmeza la aplicación de soluciones mucho más allá de las fronteras de Europa? 
¿Lamentan las violaciones de los derechos humanos, contribuyen a la desaparición de las situaciones injustas, sirven al menos para dar ánimos a las fuerzas cuyo esfuerzo humanitario, ecológico o económico merece nuestro apoyo? 
Las violaciones de los derechos humanos no han disminuido en Birmania. 
Se producen casos de malos tratos, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso y tráfico de esclavos. 
La vencedora de las elecciones democráticas celebradas hace más de nueve años, la Sra. Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, continúa sometida a arresto domiciliario de facto. 
Birmania es actualmente sin duda el mayor productor mundial de opio y dista muchísimo de colaborar con otros Estados en la lucha contra la droga. 
Por consiguiente, yo me veo obligado a repetir la petición que formulé en mi intervención de marzo del año pasado, a saber: la suspensión de las preferencias aduaneras para Myanmar. 
Aunque el peso financiero de esta medida sea muy reducido, es preciso que ésta se prolongue por cuarta vez. 
Sin embargo, esto no basta. 
La Unión Europea es y seguirá siendo una comunidad de valores. 
El respeto de la democracia y de los derechos humanos es uno de nuestros principios supremos. 
No somos una masa manipulable que se deja utilizar en maniobras tácticas. 
Los que atentan contra los derechos humanos no están amparados en ningún caso por el mandato de no injerencia en los llamados asuntos internos. 
Tenemos que presionar políticamente al régimen golpista por medio de la presión económica. 
Tenemos que conseguir la imposición de sanciones de amplio alcance. 
Al igual que hacen los estadounidenses, también los europeos tenemos que obligar al fin a los empresarios a que no sigan invirtiendo en Birmania. 
De todo ello se desprenden tres preguntas dirigidas a la Comisión Europea. 
Señor Comisario Marín: en primer lugar, ¿qué posibilidades estima usted que existen de que se establezca un embargo sobre las inversiones? 
En segundo lugar, ¿están preparadas, a su parecer, las empresas de Europa para unas medidas de este tipo? 
En tercer lugar, ¿qué posibilidades cree usted que existen de impedir que empresas europeas acudan a llenar el vacío que ha dejado la retirada de las empresas americanas? 
Muchas gracias, señor Thomas Mann. 
Como se acordó con Sus Señorías, hay un conjunto de peticiones de uso de la palabra que voy a satisfacer inmediatamente, pero quisiera rogar a Sus Señorías que hagan el favor- entre otras cosas, porque estamos en un proceso relativamente original- de formular preguntas simples, cortas y claras y que preferentemente se refieran a materias sobre las que el Consejo aún no ha dado respuesta. 
Señor Presidente, quisiera simplemente preguntar al Presidente en ejercicio si tendría la amabilidad de responder a mi pregunta sobre la importancia de los criterios con los que juzgaremos el proceso de transición en Nigeria. 
Me ha gustado el relato de lo ocurrido, pero me gustaría, la verdad, saber qué se propone hacer el Consejo a continuación. 
Sé que la Comisión tiene mucho interés en que formulemos esos criterios y me pregunto si el Consejo apoya esa opinión. 
También quisiera preguntar a la Comisión si entiende lo que significa decir que va a haber gran cantidad de actividad de nuevas ONG en Birmania. 
Eso me parece profundamente preocupante y quisiera que el Comisario explique lo que significa eso exactamente. 
Señor Presidente, el Presidente del Consejo tiene bonitos esquemas, hechos, cifras sobre los países que hemos tratado, pero no ha dado ninguna respuesta. 
Espero que lea bien el Informe Completo y que así posiblemente responda de otra manera. 
Pienso que es una lástima que se hayan cometido fallos de esta manera. 
Mi pregunta específica a la que no he obtenido ninguna respuesta en lo que respecta a Birmania es: ¿qué va a hacer la Presidencia con la invitación a los países ASEM en ocasión de la sesión ministerial de ASEM? 
¿Por lo menos que va a hacer con Birmania a este propósito? 
Mi pregunta adicional trata también sobre Birmania. 
Las Naciones Unidas han acordado una cumbre de inversión, es decir un impulso hacia un boicot económico. 
La consecuencia es que las empresas europeas están asumiendo las tareas de las empresas americanas. Allí donde se retiran empresas americanas, entran en juego algunas empresas europeas. 
¿Qué va a hacer el ministro junto con los colegas del consejo de Ministros europeo para combatir esto y para obrar de común acuerdo junto con América en Birmania? 
Señor Presidente, yo también voy a tener que repetir una parte de mi pregunta, pues el Consejo no la ha respondido. 
Mi pregunta era si la compañía petrolera británica Premier Oil declaró en septiembre de 1997 su intención de comprar a la compañía estadounidense Texaco una participación en un proyecto de gas natural en Yetagun, después de que esta última decidiera retirarse de Birmania. 
Ahora todos han vuelto a ratificar la condena de dicho régimen. 
Pero, ¿cuál es la posición de la Presidencia británica- ésta era mi pregunta- en relación con esta posible compra? 
Realmente desearíamos recibir una respuesta. 
Otro tanto puedo decir- en este caso como pregunta adicional a la Comisión- por lo que se refiere al tema de la repatriación forzosa a Birmania de los refugiados en Tailandia. 
¿Se mantiene la ayuda humanitaria otorgada por la UE? 
Señor Presidente, por volver simplemente a las observaciones que he formulado antes, ¿cómo concilia el Presidente en ejercicio la prohibición de participación en competiciones deportivas con el visto bueno para el Campeonato Mundial de Fútbol que ha brindado toda una plétora de contactos con Nigeria? 
¡Debe de ser muy agradable para Abacha! 
Respecto de Birmania, ¿tendría a bien ofrecer alguna explicación sobre las empresas europeas que invierten con fervor en Birmania? 
He citado como ejemplo Total. 
¿Cómo casa eso con la declaración del Sr. Robin Cook respecto de la nueva ética y los derechos humanos? 
Señor Presidente, quisiera adherirme a las preguntas formuladas por la Sra. Kinnock sobre los criterios. 
También en la resolución, que hemos acordado entre los Grupos, había una serie de medidas cuya adopción queremos que acuerde el Consejo Europeo. 
Me refiero en particular al párrafo 9 de la resolución que el Presidente en ejercicio tendrá- estoy seguro- ante sí. 
Quiero saber si vamos a adoptar alguna medida o si vamos a limitarnos a hablar de prolongar la situación actual. 
Señor Presidente, con relación a las precisiones que algunos diputados solicitaban a la Comisión en cuanto a Birmania, no hay ningún problema con respecto a las ONG. 
Se va a seguir trabajando. Incluso le tengo que anunciar que anteayer precisamente hemos empezado a estudiar la forma de intervenir en el problema de los refugiados de Birmania que están siendo expulsados de Tailandia, porque es un nuevo problema que está surgiendo en la zona. 
En consecuencia, la ausencia de diálogo crítico con la Junta Militar de Birmania no va a impedir que la Comisión siga desarrollando sus programas en el interior del país, naturalmente, excepto si la Junta Militar decide simplemente suprimirlo, pero se trataría entonces de otro tipo de conflicto. 
Me preguntaban también, respecto a los derechos humanos, si la Comisión podría estudiar sanciones económicas o embargos. 
En el caso de Birmania, precisamente, la Comisión propuso, como ha dicho el Sr. Henderson, excluir a este país del privilegio del sistema general de preferencias generalizadas. 
Y eso es todo, teniendo en cuenta que el Acuerdo de cooperación con Birmania también está suspendido y que las posibilidades de que Birmania, a través de la ASEAN, pudiera beneficiarse de algún programa comunitario han sido rechazadas por la Comisión y que, como hemos dicho, la Comisión no tomará la iniciativa de ampliar el acuerdo de 1980 en favor de Birmania. 
No lo vamos a hacer, naturalmente, hasta que el Consejo nos ordene lo contrario. 
Pero no habrá iniciativa de la Comisión. 
De manera general, quisiera, señor Presidente, hacer un comentario que me da miedo hacer por temor a ser mal comprendido. 
Hay que mejorar mucho la política de derechos humanos, porque es evidente que el año pasado se produjo una situación muy difícil de explicar a la opinión pública, -saben ustedes a qué me estoy refiriendo. 
Y se tomó una serie de decisiones respecto a un gran país con las que se rompió la unanimidad y la coherencia de la Unión Europea. 
Y la opinión pública considera que los derechos humanos y otras políticas comunitarias se interpretan o deben interpretarse en función del volumen de las inversiones y de la balanza comercial de los Estados miembros. 
Así es la inversión, así es la balanza comercial de los Estados miembros y así hay que interpretar la cláusula democrática. 
Esto que estoy diciendo es algo que tenemos que revisar en el futuro, porque esta es la lectura negativa que se está haciendo en este momento. 
Pero respecto a estos debates, yo estoy de acuerdo con el Sr. Henderson: tampoco el Parlamento Europeo debe repetir ese error- me refiero a su intervención- porque, y es lo que no me atrevía a decir, y lo digo con respeto, para reflexionar, gran parte de ustedes ha solicitado explicaciones de por qué una empresa de otro país, de otra nacionalidad, ha hecho una inversión en un país con problemas. 
Y si el juego de los derechos humanos va a consistir también en el Parlamento Europeo- lo digo con respeto- en decir «la empresa de tu país ha invertido en este país» , y que otro diputado diga «pues la empresa de tu país ha invertido en otro» , yo creo que todos, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, vamos a prestar un mal servicio a la causa de derechos humanos. 
Y como la situación en este momento es muy difícil, porque es verdad que en ciertos momentos se están aplicando dobles estándares, se está aplicando una doble medida, un doble lenguaje, yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es calmar el juego e intentar recuperar, lo más rápidamente posible, una coherencia en materia de derechos humanos. 
Discúlpenme la precisión pero creo que esto es algo que la Comisión debía señalar porque, naturalmente, nosotros no podemos poner en marcha políticas activas sancionando a tal o cual empresa porque al final, ustedes comprenderán, esto se convierte en un asunto que no es susceptible de ser manejado en términos políticos. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Situación en Albania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la situación en Albania y los resultados de la visita de la delegación tripartita. 
Señor Presidente, la Unión Europea se ha comprometido a ayudar a Albania a lograr la reconciliación y la vuelta a la normalidad. 
La reunión celebrada el mes pasado, en la que se mantuvo un diálogo político con Albania. es una señal importante al respecto. 
Pero la responsabilidad primordial con vistas a esa recuperación corresponde a los propios albaneses: el Gobierno, la oposición y, de hecho, el pueblo de Albania. 
La Unión acoge con beneplácito las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno y su compromiso con el restablecimiento del orden, el cumplimiento de la ley y la reforma política y económica. 
El acuerdo con el FMI es un importante paso adelante. 
La Unión alienta el proceso continuo de reforma democrática, incluido el sistema judicial. 
Es importante que se apruebe una nueva constitución después de un debate muy amplio y la Unión acoge con beneplácito el planteamiento constructivo adoptado por Albania en relación con las cuestiones regionales y, en particular, en Kosovo. 
Es importante que el Gobierno se dedique a crear un funcionariado verdaderamente apolítico. 
Las reducciones necesarias acordadas con el FMI deben ser ecuánimes y deben ir encaminadas a promover un alto grado de profesionalidad e imparcialidad. 
Pero preocupa a la Unión Europea la continua negativa de grupos importantes de la oposición albanesa a participar en el proceso democrático y contribuir a un planteamiento común para reconstruir su país. 
La Unión pide al Partido Democrático y a sus aliados que participen plenamente en el parlamento, en particular en la aprobación de una nueva Constitución de Albania. 
La Unión acoge con beneplácito la visita el mes pasado de parlamentarios de la troika a Tirana e insta al Gobierno y a la oposición a que cumplan sus recomendaciones. 
Es importante que la cooperación ofrecida por Berisha sea una realidad. 
Las autoridades albanesas deben cooperar estrechamente con la Unión Europea para garantizar la entrega más eficaz de la ayuda. 
La asistencia de la Comunidad Europea a Albania entre 1991 y 1996 ascendió a 557 millones de ecus. 
La Comunidad Europea prometió unos 100 millones de ecus en la conferencia internacional de donantes de octubre de 1997. 
El programa Phare de 1998 aportará otros 42 millones de ecus. 
La Oficina Humanitaria de la Unión Europea ha contribuido con cantidades importantes de ayuda humanitaria para Albania. 
El pasado mes de diciembre, anunció proyectos de más de 10 millones de ecus para ayudar a sectores vulnerables de la población. 
A ello se suman los millones de dólares de los EE.UU. prometidos en el nivel nacional por Estados miembros de la Unión Europea en la conferencia de donantes celebrada en Bruselas. 
Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente la opinión de la Presidencia del Consejo sobre la situación en Albania. 
Es cierto que ha habido grandes mejoras en la segunda mitad de 1997 en cuanto a la estabilización económica y el orden público. Pero la situación, en materia de seguridad, sigue siendo preocupante, y la recogida de armas no ha sido muy eficaz hasta el momento. 
Ante todo subsisten tensiones políticas importantes entre las principales fuerzas, y hay que reconocer que Albania, por el momento, está todavía lejos de una cultura genuinamente democrática. 
Sin embargo, la participación de la principal fuerza opositora, el Partido Demócrata, en el Parlamento y en la redacción de la Constitución es de crucial importancia. 
Sin la necesaria estabilidad política, todos los esfuerzos de recuperación y de reforma del país, tanto de los propios albaneses como de los donantes internacionales, estarían gravemente amenazados, y en este contexto la Comisión se congratula por la reciente misión conjunta del Parlamento Europeo y de las Asambleas Parlamentarias del Consejo de Europa y de la OSCE, porque pensamos que es una misión necesaria que ha confirmado la aceptación de las elecciones de junio-julio de 1997 y la legitimidad del Parlamento actual, y que ha dado un amplio respaldo al procedimiento de redacción constitucional puesto en marcha por el Gobierno. 
Como resultado de la misión, el Partido Demócrata estudia finalmente su regreso al Parlamento y el Gobierno parece firmemente decidido a contribuir a la normalización política, pero no hay duda de que habrá que mantener la presión sobre todas las partes para avanzar en la cooperación política y parlamentaria. 
La Comisión está plenamente de acuerdo con las propuestas de la misión triparlamentaria. 
Y en el marco del tercer programa conjunto Comunidad Europea/Consejo de Europa para Albania, por valor de 1, 5 millones de ecus, se quiere apoyar las labores de la Comisión de Venecia para la redacción de la Constitución. 
Este programa comprende también la ayuda a la escuela de la magistratura, el desarrollo del marco legislativo, el mantenimiento de la ley, el progreso de las normas en materia de derechos humanos y la reforma del sistema judicial y de la administración local. 
La relación de todo ello con el programa de reforma de la administración, que es otra opción clave dentro del Programa PHARE, es obvia. 
Y en el marco de las medidas acordadas, un primer resultado alentador es la aprobación por el Gobierno de una ley que transforma el servicio estatal en una institución superior de auditoría. 
Y hay también en preparación una ley de bases para la reorganización del Ministerio de Justicia y una Ley Orgánica presupuestaria, que van a ser los dos pasos- justicia y presupuesto- fundamentales de la reforma de la Administración pública. 
Por otro lado, dentro del proceso de la Administración pública, es importante que se realicen los recortes de personal, que han sido ya acordados con las instituciones de Bretton Woods, conservando los necesarios criterios de profesionalidad. 
En este contexto, se está aprobando un decreto de medidas transitorias sobre contratos y despidos que va a ser revisado por los expertos. 
Toda esta legislación- la menciono puntualmente porque forma parte de la condicionalidad establecida dentro de la asistencia presupuestaria del Programa PHARE -, liberaría, si se cumpliera, un primer tramo de 9 millones de ecus. 
Precisamente la semana pasada hubo una misión de identificación por parte de la Comisión al objeto de ver cómo se está produciendo la normalización política del país. 
En lo que concierne a un problema dramático, que fue creado por el juego de la pirámide y el desfalco bancario en Albania, se han nombrado ya administradores y auditores, para estas sociedades que quebraron financieramente, en el marco del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los cuales han iniciado ya su labor. 
Sin embargo, hay que reconocer que existen bastantes problemas para la aplicación de las medidas que se han tomado para remediar esta situación, que fue creada por el juego de la pirámide. 
El control y las auditorías son difíciles por la falta de cooperación entre las sociedades y los administradores y auditorías. 
Y este tema- muy delicado y de gran impacto social- será tratado a fondo en una próxima reunión de coordinación, el 23 de febrero, presidida por el Banco Mundial y en cooperación con el Fondo Monetario Internacional. 
La Comisión está insistiendo ante el Gobierno de Albania para que facilite el trabajo de los administradores internacionales, y es decisivo para que las auditorías produzcan resultados, ya que esto permitiría que el programa de emergencia del Fondo Monetario Internacional y las negociaciones con el Fondo pudieran ser una realidad, lo cual, naturalmente, situaría a Albania en un modelo de normalización, al menos en sus relaciones económicas internacionales. 
Señor Presidente, tuve el honor de participar junto con la Sra. Pack en esta misión que por primera vez, creo, en la historia de nuestro Parlamento fue una misión triparlamentaria. 
Se trata de un hecho extraordinario y seguramente podemos estar satisfechos del mismo, sin embargo, la satisfacción por el resultado de dicha misión no debe confundirse con una tranquilidad de ánimo respecto a la situación interna de Albania, porque, como acaba de recordar el señor Comisario Marín, la situación sigue siendo preocupante tanto desde el punto de vista económico como en materia de seguridad. 
Hay que darse cuenta de ello, ya que en Albania se está realizando una carrera que no se sabe aún quién vencerá. 
Por una parte, hay los que abogan por un proceso de reconciliación nacional y una efectiva normalización democrática y, por otra, hay quien piensa todavía en tomar revancha del proceso electoral. 
Qué duda cabe de que hoy en Albania, respecto a hace un año cuando había una especie de guerra civil, existen un Parlamento y un Gobierno y se intenta activamente arreglar las cosas; qué duda cabe de que la situación ha mejorado, pero lo cierto es que, si dentro del Parlamento no se reconstruye a corto plazo un tejido formado por la colaboración y las actuaciones conjuntas del Gobierno y de las fuerzas opositoras y por la nueva constitución, y si no existe una cooperación parlamentaria, esto supone que en el país se están gestando conflictos fuera del Parlamento y que las armas utilizadas no son las del diálogo y la democracia. 
Cada día aparecen noticias en la prensa que, afortunadamente, no terminan en las páginas internacionales, porque se refieren a sucesos locales con muertos y heridos, así como a enfrentamientos, cuyos responsables a menudo no pueden identificarse fácilmente. 
El bloqueo constitucional en Albania fue la razón fundamental de nuestra misión. 
Para redactar una constitución hace falta la cooperación de todas las fuerzas políticas. 
La oposición, sin embargo, no ha participado hasta ahora en los trabajos de la Comisión de Asuntos Institucionales, aduciendo- y esto es preocupante- el hecho de que el Parlamento carece de autoridad moral para redactar la nueva constitución. 
Ahora bien, con nuestra misión triparlamentaria tratamos de convencer a todos nuestros interlocutores de que un Parlamento constituido tras unos comicios- sin duda, difíciles, pero que fueron considerados aceptables por todo el mundo, es un Parlamento que también está legitimado para redactar la nueva constitución. 
En consecuencia, dijimos que debía superarse este bloqueo y nos pareció que nuestras palabras fueron escuchadas con una atención renovada y tuvimos la sensación, como acaba de manifestar el Comisario Sr. Marín, de que en los días inmediatamente siguientes a nuestra visita se produjeron nuevos acontecimientos políticos. 
Ello no obstante, las declaraciones hechas inmediatamente después de nuestra visita no han tenido todavía un seguimiento efectivo y concreto y, tras nuestra vuelta, todavía no se ha empezado a trabajar en el Parlamento y en la Comisión institucional en la nueva constitución. 
Se trata, por lo tanto, de meras declaraciones y, en consecuencia, hay que insistir para que el Consejo y la Comisión hagan seguir nuevos actos a nuestra misión triparlamentaria. 
He podido escuchar comentarios positivos al respecto. 
Nosotros, como miembros de este Parlamento, debemos cumplir los dos compromisos que allí asumimos: primero, la creación de un grupo internacional de consejeros encargado de contribuir a la definición de las características y contenidos de la nueva constitución; segundo, el seguimiento de los trabajos parlamentarios en Albania que, aunque pueda parecer un compromiso algo insólito, si se tiene en cuenta la situación, se entiende fácilmente por qué se asumió. 
En un contexto, repito, bastante delicado, quisimos aprovechar la necesidad de que las tres organizaciones parlamentarias llevaran a cabo, de acuerdo con el Parlamento albanés, el seguimiento de los trabajos parlamentarios. 
Dicho esto, hace falta algo más. 
A título de ejemplo y dirigiéndome en particular al Comisario Sr. Marín y al Presidente en ejercicio del Consejo, considero que es necesario asentarse en el territorio porque, aunque el Gobierno nacional tiene buenas intenciones, no se da por descontado que sus defensores en todo el país tengan las mismas buenas intenciones de actuar en pro de la reconciliación nacional. 
Para utilizar una imagen, el fuego sigue ardiendo bajo las cenizas. 
Es preciso, en consecuencia, lograr que la democracia se arraigue en el territorio, es decir, a nivel local. 
He oído hablar de iniciativas que la Comisión apoyaría financieramente. Al respecto, sugeriría la hipótesis de una financiación destinada a un específico proyecto de hermanamiento entre todos los ayuntamientos albaneses y los de nuestros Estados miembros con objeto de que, a través de dicho hermanamiento, se cree una red de conexión a fin de que se viva la democracia desde abajo en todo el territorio albanés, se aleje la tentación de recurrir a las armas y se afirme la voluntad de reconciliación común. 
Señor Presidente, Señorías, yo puedo suscribir plenamente el 98 % de sus palabras, Renzo. 
No es muy frecuente que nuestros dos sectores estén tan de acuerdo, pero la verdad es que yo coincido casi por completo con sus consideraciones sobre Albania. 
El lenguaje mismo que emplean ya resulta revelador. 
El Jefe de la oposición se refiere al Parlamento como un ParlamentoKalashnikov. 
El Primer Ministro califica públicamente de grupo terrorista a la oposición y llama criminales a sus dirigentes con impunidad. 
En estas condiciones, difícilmente puede prosperar una convivencia fructífera. 
La actual oposición conservadora boicotea al Parlamento igual que hacía dos años atrás la oposición socialista. 
Nosotros siempre hemos dejado inequívocamente claro que el retorno al Parlamento es indispensable y también un paso importante para el partido de la oposición, pues sólo desde allí podrá tener la oportunidad de que le escuchemos. 
La acción común fue importante, como ya ha manifestado el Sr. Imbeni. 
La cooperación fue excepcional y, por consiguiente, dicha acción tuvo una gran trascendencia para la opinión pública albanesa y para los representantes políticos. 
Escuchamos a todos y tomamos en consideración en nuestras conclusiones todos los puntos de vista en el ámbito de la política interna. 
Los resultados fueron, entre otros, los siguientes. Primero: el espacio democrático de decisión es el Parlamento y, por consiguiente, el Partido democrático debe volver por fin allí. 
Segundo: el Parlamento debe respetar, empero, la dignidad de cada diputado individual y las reglas del juego democrático, objetivo al que puede contribuir la labor de observación de los representantes de la OCSE o del Consejo de Europa. 
Tercero: también esperamos, naturalmente, que el personal del nivel medio de la administración, sobre todo en el ámbito judicial- usted ya se ha referido a ello, señor Comisario -, que en los últimos años ya ha recibido formación financiada por nosotros, no sea despedido arbitrariamente ahora, sino que por el contrario se aproveche su experiencia. 
Cuarto: Albania necesita una Constitución, entre otras cosas precisamente también con vistas a algunos proyectos importantes de inversión. 
Según la legislación vigente, una comisión parlamentaria debe elaborar un proyecto de Constitución, que deberá ser aprobado por los dos tercios del Parlamento y a continuación- éste es el compromiso- deberá ser sometida a la decisión popular mediante un referéndum. 
A mi parecer, todavía es necesario mejorar un poco la composición de la comisión encargada de esta tarea. 
Las noticias recibidas en los últimos días informan, por un lado, de ataques policiales ilegales contra los seguidores del Partido democrático; el mismo incidente se presenta, por el otro lado, como una provocación deliberada de dicho Partido contra la policía. 
Yo no me siento en posición de poder decir cuál de las dos versiones es cierta. 
Resulta muy difícil determinarlo desde aquí, pero en cualquier caso indica que los frentes que separan a ambos campos políticos están muy consolidados y parecen prácticamente insuperables, y que los políticos utilizan el lenguaje de la fuerza. 
Una acción común, como la que llevamos a término, puede ponerse en práctica una vez. 
Pero no vamos a desarrollarla de manera permanente. 
Como usted ha señalado acertadamente, señor Comisario, los políticos responsables de Albania deben coger por fin en sus manos las riendas de su destino y yo pido tanto al Consejo como a la Comisión que, en la medida de lo posible, ejerzan una presión no sólo moderada, sino realmente enérgica, sobre ambos bandos para que por fin se sienten a hablar de reconciliación, en interés del maltratado pueblo albanés. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, quisiera decir que la resolución común presentada es un texto que creo que contará con el apoyo unánime del Parlamento Europeo porque es equilibrado y refleja no sólo las posiciones comunes sino también la preocupación común de todos acerca de lo que se está haciendo en Albania. 
El problema, a mi entender, está centrado simple y llanamente en la restauración de la normalidad en las relaciones entre las fuerzas políticas en Albania. 
Mi opinión es que esto sólo puede ocurrir mediante el funcionamiento correcto del parlamento albanés. 
Los incidentes o las investigaciones acerca de los delitos que tuvieron lugar con anterioridad a los sucesos del año pasado pueden ser utilizados a menudo como medio para perseguir a los adversarios políticos y eso hay que evitarlo. 
Debo decir que es muy importante la propuesta contenida en lo acordado por la delegación en la que participaron la Sra. Pack y el Sr. Imbeni, junto con los colegas del Consejo de Europa y el Organismo de Cooperación y Seguridad Europea, es decir, que es necesario crear un grupo de carácter consultivo. 
Quisiera avanzar más y decir que dicho grupo debe constituirse no por académicos ni catedráticos especialistas, sino por diputados que se alternen y puedan ofrecer, a ser posible diariamente, consultas sobre el funcionamiento del parlamento albanés. 
El acercamiento hacia Albania ha de hacerse con sumo cuidado, principalmente por las diferencias religiosas existentes. 
De todos modos, a pesar de las diversas creencias religiosas, ese pueblo ha vivido durante siglos como una única entidad. 
Conociendo esa región, pienso que si se constituye esa comisión de carácter consultivo podrá ser de gran utilidad en el quehacer diario ofreciendo consejos sobre el funcionamiento de las comisiones parlamentarias, sobre los asuntos de los que ha de ocuparse la Asamblea, etc. También tendrá la oportunidad de establecer contactos y sobre todo de ofrecer consultas acerca de la confección de una constitución que el gobierno actual tiene intención de someter a referéndum. 
Mi deseo es que todo vaya bien. 
Eso espero, soy optimista. 
Ese pueblo se merece una suerte mejor y el apoyo completo y desinteresado por parte de los pueblos y de los gobiernos europeos. 
No basta con que la Comisión y el Consejo nos digan cuánto dinero dan; deben apoyar las iniciativas del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, creo que todos están de acuerdo con este punto, o sea, que Albania sigue encontrándose en una situación de emergencia: los problemas siguen siendo graves, las armas circulan por doquier- un millón y medio aproximadamente -, la mafia sigue obteniendo sus beneficios- se calcula que 6 millardos de dólares están administrados por la mafia albanesa -, la situación es todavía precaria desde el punto de vista de la reconstrucción democrática. 
Creo que hay un camino, indicado por el Sr. Imbeni y apoyado muy firmemente por la Sra. Pack, que consiste en insistir con objeto de que la vía democrática, apenas frágilmente emprendida, pueda seguirse partiendo del Parlamento y, por lo tanto, de la insistencia de que hay ejercer para que el Parlamento pueda desarrollar todas sus tendencias. 
Y me permito decirle al Presidente en ejercicio del Consejo que también se vuelve a la normalidad a través de una política más global y orgánica. 
La cuestión albanesa no puede separarse de otras cuestiones en una región especialmente delicada. 
Cuando en la reciente Cumbre de Madrid, los Balcanes y Albania, fueron, por así decirlo, excluidos de una política de seguridad, de una política de atención que, por el contrario, debería considerarse globalmente, entonces se cometen errores. 
No es que nos falten medios, ya que los medios existen, la OTAN está prestando ayuda a la reconstrucción de la armada albanesa, la UEO y la OSCE están prestando ayuda a la policía con objeto de que vuelva a tener la profesionalidad que había perdido y existen instrumentos para crear esas condiciones de imparcialidad a las que se refería el Comisario Sr. Marín. 
Las demás cuestiones económico-financieras deben orientarse al cumplimiento del programa presentado por el Gobierno. 
Se trata de infraestructuras democráticas sociales que deben llevarse a cabo y creo que, precisamente a través de los instrumentos que hemos puesto a disposición, puede realizarse ese objetivo de presión sobre todas las partes para llevar a Albania a una etapa de mayor estabilidad. 
Señor Presidente, no cabe duda de que, como sus Señorías han señalado, por desgracia, en Albania la situación sigue siendo preocupante. 
La situación no se ha resuelto todavía y, por ello, debemos decir que la misión llevada a cabo por nuestros representantes, los Sres. Imbeni y Pack, junto con la OSCE y el Consejo de Europa, fue una misión excelente, una intervención excelente, y que el acuerdo firmado por las partes, o sea, el Gobierno y las fuerzas opositoras, representa un punto de partida importante. 
Por desgracia, sin embargo, no podemos esperar que esto resuelva los problemas. 
Repito, se trata de un punto de partida indispensable para redactar una nueva constitución que es absolutamente necesaria en este momento. Una nueva constitución, sin embargo, no se redacta sin la participación de la oposición y, hoy por hoy, las señales son, lamentablemente, todo menos que positivas. 
Actualmente, una parte de la oposición está diciendo que dicho acuerdo es un acuerdo parcial, un acuerdo que puede respetarse sólo con la condición de que el Gobierno de Fatos Nano anule todas las disposiciones adoptadas desde cuando está en el poder. 
Evidentemente, se trata de una condición inaceptable por parte del Gobierno, habida cuenta de que el Gobierno se ha comprometido a garantizar la máxima transparencia en la actividad parlamentaria, a fin de que existan plenos derechos en favor de la oposición, una oposición que, de todos modos, tiene derecho a un tercio de las presidencias de las comisiones y a los dos tercios de las vicepresidencias de las comisiones parlamentarias. 
Las señales, hoy por hoy, no son positiva, ya que en el norte se produjeron incidentes y se volvieron a utilizar las armas; en el sur el territorio sigue permaneciendo fuera del control de las fuerzas de policía; la zona alrededor de Tirana empieza a mostrar signos de impaciencia por la falta de bienes de consumo adecuados y porque siguen existiendo los problemas económicos que se esperaban resolver con el nuevo Gobierno. 
Frente a todo esto, creo que la Unión Europea debe emplearse mucho más a fondo para prestar ayudas económicas y ayudas dirigidas a restablecer la democracia y el control del territorio. 
Sin esto, se vuelve a correr el riesgo de que pueda reanudarse la guerra civil. 
Muchas gracias, señor Tamino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana las 12.00 horas. 
Se suspende la sesión a las 17.15 horas, en espera de la celebración del «Turno de preguntas» previsto para las 17.30 horas 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0017/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Jens-Peter Bonde (H-0001/98): 
Asunto: Ratificación del Tratado de Amsterdam 
¿Puede confirmar el Consejo que el Tratado de Amsterdam sólo puede entrar en vigor si lo ratifican todos los Estados miembros, y se propone el Consejo respetar los referéndums que se realicen en los países miembros? 
De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, en particular el artículo N, el Tratado de Amsterdam debe entrar en vigor después de ser ratificado por todos los Estados miembros, con arreglo a los requisitos constitucionales respectivos. 
En ciertos países será necesaria, en efecto, la celebración de un referéndum. 
Me gustaría darle las gracias al Sr. Doug Henderson por una respuesta muy clara que reconozco como una repetición de otra respuesta que el Sr. Henderson dio a una pregunta idéntica en la británica Cámara de los Comunes. 
Resulta naturalmente obvio que el tratado exige la aceptación de todos los países para poder entrar en vigor y que si un país no aprueba el tratado, los países interesados en lograr algo nuevo han de convocar una nueva conferencia intergubernamental y que debe haber quince firmas para llevar a cabo algo nuevo, igual que cuando no se pudo lograr un acuerdo para un protocolo social para todos los países y, sin embargo, con 12 firmas se estableció una colaboración más estrecha para 11 países. 
Me gustaría agradecerle al Sr. Henderson la respuesta tan clara dada hoy. 
Dice usted que el Tratado debe ser ratificado con arreglo a los requisitos constitucionales de los Estados miembros. 
Me gustaría que se supiera que en Irlanda celebraremos un referéndum sobre el Tratado de Amsterdam y la Comisión de la UE ya se está inmiscuyendo con el envío de propaganda al público. 
Quisiera que el Consejo diera alguna seguridad de que no va suceder eso, porque es una injerencia en el proceso democrático de un Estado miembro. 
No debe haber una influencia indebida utilizando el dinero de los contribuyentes europeos para promover propaganda que fuerce a los ciudadanos a votar a favor del Tratado. 
Creo que deben ser los ciudadanos irlandeses por sí solos quienes decidan si quieren votar a favor o en contra. 
Quisiera que el Consejo diese la seguridad de que la Comisión de la UE no se inmiscuirá en ese proceso y permitirá a los ciudadanos adoptar su decisión por sí solos y que se hará de conformidad con la Constitución de Irlanda, que, en realidad, prohíbe la utilización de dinero público para promover una de las opciones en un referéndum. 
Permítaseme decir a la Sra. McKenna que este asunto no es competencia del Consejo; es un asunto que los ciudadanos de Irlanda, incluidos el Gobierno o los partidos políticos, que se sientan afectados deben plantear a la Comisión. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 2 y 3 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 2 formulada por Mihail Papayannakis (H-0004/98): 
Asunto: » Recogida de información» por los Estados miembros 
Según periódicos europeos dignos de confianza, los servicios secretos británicos recogen informaciones de carácter diplomático, económico, tecnológico y comercial en otros Estados miembros de la Unión Europea, informaciones que se utilizan, entre otros fines, para fijar mejor la posición negociadora y los puntos de vista del gobierno en las reuniones de órganos comunitarios. 
¿Puede indicar el Consejo hasta qué punto considera que los resultados finales y las decisiones de los órganos comunitarios y del propio Consejo se ven distorsionadas por prácticas de este tipo que permiten que algunos Estados miembros estén informados por anticipado de las posturas negociadoras de sus socios; si puede asegurar que no se facilitan informaciones delicadas de este tipo a terceros países, en particular informaciones relativas a conversaciones internacionales sobre asuntos comerciales o de otro tipo o sobre los últimos preparativos para el euro (por ejemplo, ideas y propuestas en materia de paridades de las monedas comunitarias con el euro) , informaciones que podrían tener, en caso de hacerse públicas, importantes repercusiones en los mercados financieros internacionales; y cuántos y qué otros Estados miembros se dedican a reunir información de este tipo? 
Asunto: Supuestas prácticas de espionaje del MI6 centradas en los socios europeos 
¿Es cierto que el servicio de inteligencia exterior británico MI6 espía a los socios de la UE con objeto de reunir informaciones de las que pueda sacar partido el Gobierno británico en negociaciones internacionales? 
¿Realiza el MI6 con este fin grabaciones de conversaciones confidenciales y lleva a cabo escuchas telefónicas? 
¿Cómo casan las posibles actividades de espionaje del MI6 centradas en funcionarios de otros Estados miembros de la UE con la aspiración del Gobierno británico de ejercer un 'liderazgo moral' en Europa? 
¿Conviene el Consejo en que un Gobierno que recurre a sus servicios de inteligencia para reunir informaciones confidenciales sobre los socios de la UE y sus posiciones en negociaciones internacionales defrauda la confianza mutua entre Estados miembros y atenta contra la solidaridad mutua que cabe esperar de los Estados miembros en una unión que se supone cada vez más fuerte? 
¿Se dan otros casos de Estados miembros que encargan o permiten a sus servicios de inteligencia que espíen a los socios europeos? 
¿Puede garantizarme el Consejo que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea no son blanco de las actividades del MI6 ni de ningún otro servicio de inteligencia de un Estado miembro? 
Me complace vincular las preguntas. 
En mi calidad de Presidente en ejercicio, he de decir que los asuntos relativos a los servicios de inteligencia son competencia exclusiva de las autoridades nacionales. 
El Consejo no tiene información sobre esos asuntos y no está en condiciones de responder. 
Señora Presidenta, esa forma tan breve de contestar, la del Sr. Presidente en ejercicio, la tenían en mi país los antiguos espartanos. 
Los espartanos no han sido considerados ni modelo de civilización ni mucho menos de diálogo. 
Solicito al Presidente en ejercicio, y no al Ministro británico, que me explique la apreciación del Consejo acerca de prácticas de tal índole; si han tenido lugar, si ha oído alguna vez hablar de ellas. 
¿Cómo las valora el Consejo? 
¿Cómo considera tales actuaciones? ¿Cómo puedo yo, siendo miembro del Parlamento, tener confianza en la exactitud, seriedad y autenticidad de los debates del Consejo? 
No soy espartano, soy ateniense. 
Lo único que puedo decir es que se trata de un asunto que no es competencia del Consejo, ya se trate de los espartanos, de los atenienses, de los nuevos espartanos o de los nuevos atenienses. 
No es competencia del Consejo, por lo que repito mi respuesta anterior. 
Comprenderá que sólo pueda interpretar las manifestaciones del ministro Henderson como que él ni desea confirmar ni negar. 
Quizás tenga que interpretarlo como una afirmación disimulada de lo que sucede. 
Pero ¿no puede ser sin embargo y sobre eso me gustaría escuchar la opinión del Sr. Henderson que la Presidencia de la Unión Europea no tenga nada qué decir, no tenga ningún juicio sobre el hecho de que uno de los Estados miembros espía a otros Estados miembros para determinar su estrategia en las negociaciones? 
Sobre eso quiero tener una respuesta muy clara. 
Si piensa el Sr. Henderson que la Presidencia no tiene ninguna opinión acerca de eso entonces me gustaría saber qué piensan los demás ministros del Consejo. 
En segundo lugar, se ha producido mucha conmoción acerca del nivel donde los Estados Unidos y el Reino Unido se hacen fuertes escuchando a escondidas a todo el mundo. 
¿Tiene algo que ver con esto, Presidente? 
No corresponde al Consejo hacer conjeturas sobre si existe una nueva alianza entre el Reino Unido y los Estados Unidos. 
Lo único que puedo decir es que la cuestión planteada no es competencia del Consejo y que Sus Señorías no deben interpretar que mi respuesta anterior entrañara una confirmación ni una negativa. 
Pregunta nº 4 formulada por Angela Kokkola (H-0008/98): 
Asunto: Clonación de seres humanos 
La decisión del científico americano Richard Seed de proceder a realizar experimentos con el objetivo de crear clones humanos ha conmocionado a la opinión pública. Se trata de una cuestión inaceptable desde el punto de vista ético y científico. 
A raíz de lo anterior, ¿puede indicar el Consejo si en la Unión Europea se dispone de la necesaria legislación que prohíba la clonación de la especie humana? Pero aunque así fuera, ello no es suficiente. 
En consecuencia, ¿tiene intención el Consejo de emprender alguna iniciativa con el fin de lograr un tratado internacional que prohíba la clonación humana, para proteger a los ciudadanos frente a los «geniales descubrimientos» de ciertos científicos que, en aras de su tarea investigadora y su promoción científica, sacrifican la dimensión ética de la cuestión? 
En relación con la pregunta nº 3, tengo mucho gusto en reconocer la importante influencia y responsabilidad del Consejo a este respecto. 
La cuestión de la bioética y, en particular, la protección de la dignidad humana y del individuo, es una consideración fundamental en la política de investigación de la Comunidad. 
La investigación sobre la modificación de los genes humanos es una de las cuestiones éticas más delicadas en la esfera de la ciencia, por lo que requiere un permanente examen riguroso y limitaciones claras. 
Hace muchos años que se ha entendido perfectamente en la Unión Europea y en sus Estados miembros, lo que ha propiciado la formulación de disposiciones sobre la supervisión ética de la investigación de los genes humanos, además de salvaguardias y limitaciones jurídicas. 
En el cuarto programa marco comunitario de investigación figura la disposición explícita de que no se prestará apoyo a proyectos que contravengan el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas o el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina. 
Las disposiciones sobre la ética biomédica establecen que no se podrán hacer investigaciones sobre modificación de la constitución genética de los seres humanos o sobre clonación humana. 
La propuesta de la Comisión para el quinto programa marco de investigación podría ampliar el alcance de esa exclusión. 
La propuesta está aún en estudio en el Consejo, pero Su Señoría puede tener la seguridad de que los derechos y la dignidad de los seres humanos seguirán siendo el principio rector en que se inspiren todas las decisiones. 
Por lo que se refiere a las iniciativas internacionales, el Consejo examinará con interés cualesquiera propuestas que la Comisión haga a ese respecto. 
Gracias, seor Delegado del Consejo, por su respuesta. 
Me permitirá, con todo el respeto, considerarla un poco indefinida. 
Hace referencia a futuros planes. 
El caso es que a diario estamos viendo en la Prensa lo rápido que avanza la experimentación. 
Con todo el respeto que me merecen la investigación, la biología y el desarrollo de la ciencia, le aseguro que me produce un gran pánico cuando éstas plantean cuestiones éticas y la posibilidad de llegar a la clonación humana. 
Esto no me ocurre sólo a mí, muchas personas y numerosos científicos han expresado también sus objeciones. 
Quisiera rogarle, si fuese posible, que a lo largo de su Presidencia acelere el uso de los medios de que dispone antes de que sea demasiado tarde. 
Conozco las preocupaciones de Su Señoría a este respecto y, de hecho, de muchos otros diputados a esta Asamblea y de otras personas. 
Lo único que puedo hacer es señalar a su atención una frase de mi respuesta anterior en la que decía que las disposiciones sobre ética biomédica establecen que no se pueden hacer investigaciones sobre modificación de la constitución genética de los seres humanos ni sobre clonación humana. 
Espero que ésa sea la seguridad que pedía Su Señoría. 
Quisiera que el Presidente en ejercicio comunicara la posición del Consejo sobre la disposición vigente de la Comisión según la cual se ha creado un grupo de asesores en materia de ética de la biotecnología y se ha formulado ya un dictamen sobre la clonación. 
¿Apoya el Consejo el principio de que se cree en su momento un comité de ética a escala europea? 
Digo «en su momento» y no «inmediatamente» a fin de dejar margen para que el Ministro dé una respuesta positiva. 
Puedo decir a Su Señoría que no lo descarto. 
Tal vez sea una forma de actuar que podamos adoptar. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 5 y 6 caducan. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 7, 8 y 9 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 7 formulada por Glenys Kinnock (H-0017/98): 
Asunto: Tráfico de armas en Burundi 
¿Qué medidas está tomando el Consejo para poner fin al flujo de armas enviadas desde la Unión Europea a Burundi, donde es posible que éstas se utilicen para continuar con la lucha fratricida entre grupos armados y para cometer nuevas masacres de civiles? 
Pregunta nº 8 formulada por Tony Cunningham (H-0018/98): 
Asunto: Tráfico de armas en Burundi 
¿Está informado el Consejo de las afirmaciones que aparecen en el informe del Observatorio de Derechos Humanos sobre armamento «Atizar el fuego- Ayuda militar y tráfico de armas en Burundi» (» Stoking the Fires- Military Assistance and Arms Trafficking in Burundi» ) en relación con la exportación de armas y equipamiento militar, con bastante frecuencia a partir de la Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética, a grupos armados de Burundi a través de la Europa Occidental? 
¿Piensa realizar una declaración al respecto? Pregunta nº 9 formulada por Arthur Newens (H-0019/98): 
Asunto: Tráfico de armas en Burundi 
¿Piensa el Consejo investigar las declaraciones que afirman que fabricantes de armas establecidos en la Unión Europea han suministrado armas a grupos armados hutus y tutsis en Burundi y que la fábrica de municiones de Eldoret en Kenya, construida originariamente por la Fábrica de Armas de Guerra, una filial del grupo industrial GIAT con sede en Francia, ha suministrado municiones a la milicia hutu en el este del Zaire? 
El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría sobre las consecuencias para la situación en Burundi de la afluencia de armas procedentes de terceros países y ha tomado nota de la resolución sobre Burundi aprobada por el Parlamento Europeo en su período parcial de sesiones celebrado del 15 al 19 de diciembre de 1997. 
El Consejo ha hecho públicas declaraciones sobre la situación en Burundi, la más reciente de ellas el 7 de enero de 1998. 
El Consejo ha tomado nota también de la resolución sobre un código de conducta en materia de exportaciones de armas aprobada por el Parlamento Europeo en su período parcial de sesiones celebrado del 12 al 16 de enero de 1998. 
El Consejo Europeo de Amsterdam, celebrado los días 16 y 17 de junio de 1997, subrayó el decisivo papel de las medidas internacionales concertadas con vistas a una reglamentación apropiada de las exportaciones de armas y pidió la formulación de una política coherente de control de las exportaciones de armas en toda la Unión a partir de los criterios comunes establecidos en las conclusiones de los Consejos Europeos de 29 de junio de 1991 y de 26 y 27 de junio de 1992. 
Entre dichos criterios figura el respeto de los derechos humanos en el país de destino. 
Para ese fin el Reino Unido, junto con Francia, ha presentado un proyecto de texto de código de conducta de la Unión Europea en el que se establecen normas comunes estrictas para las exportaciones de armas por parte de los Estados miembros. 
El texto consta de dos partes. 
En primer lugar, una ampliación más detallada de los ocho criterios comunes acordados en 1991 y 1992 en consonancia con los criterios nacionales del Reino Unido que después anunció el Secretario del Foreign Office del Reino Unido el 28 de julio de 1997. 
En segundo lugar, un mecanismo de consulta que dispone que los países distribuyan la información sobre las denegaciones de licencias de exportación y exige a un país consultar al que haya denegado la solicitud antes de adoptar una decisión sobre si expedir una licencia de exportación esencialmente para las mismas mercancías y los mismos clientes. 
Las reacciones iniciales han sido muy favorables y el objetivo es el de la aprobación del código mediante una declaración del Consejo durante esta Presidencia. 
Agradezco al Presidente en ejercicio que haya llevado a cabo una labor inestimable durante todo el día aquí, en el Parlamento. 
No creo que haya sido del todo fácil o grata en todas las ocasiones. 
Quisiera volver a la cuestión de Burundi, sobre la que versaba mi pregunta. 
Es un hecho que Burundi gasta actualmente el 36 % de su presupuesto en defensa, mucho más de lo que gasta en la salud y la educación combinadas. 
¿Podría confirmar el Presidente en ejercicio que un Estado miembro que tiene vínculos coloniales con esa región de los Grandes Lagos de África sigue sin estar dispuesto a acceder a un embargo internacional o europeo de venta de armas a Burundi? 
Además, quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si no sería buena idea reactivar la UNICOI, comisión de investigación creada cuando hubo la crisis en Ruanda. 
¿No sería apropiado que hiciéramos extensivo su mandato a Burundi? 
En mi opinión- y espero que sea también la del Consejo -, nos ayudaría en nuestras gestiones para poner fin al tráfico de armas a Burundi y, de hecho, en la región de los Grandes Lagos. 
Agradezco a Su Señoría su amable cumplido. 
Siempre resulta particularmente grato intentar responder a sus preguntas. 
Sobre la pregunta concreta que ha formulado, no sé de ningún país de la Unión Europea que exporte a sabiendas armas a Burundi y que fuese a bloquear cualquier medida adoptada para impedir esas ventas. 
Si la Sra. Kinnock tiene alguna información que pudiera confirmar la observación que ha sugerido, tendría mucho gusto en examinarla. 
También yo quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Quisiera preguntarle si conoce la información facilitada por Human Rights Watch, según la cual ha habido mucha actividad a partir de Ostende. 
¿No cree que es importante que se adopten medidas drásticas inmediatamente para impedir que se suministren más armas desde Europa y que se debe llevar ante los tribunales inmediatamente a las personas implicadas en ese mortífero comercio? 
Hoy hemos hablado ya de las dificultades creadas por los suministradores de armas al Irak. 
Son igualmente graves en este caso. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio seguir de cerca y en seguida este asunto? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
Lo único que puedo hacer es remitirlo a la respuesta que he dado a la autora de la pregunta anterior. 
No tenemos conocimiento de que se esté produciendo venta de armas alguna de las características que ha indicado. 
Si dispone de información, yo tendría mucho gusto en examinarla y evaluarla con vistas a una consideración más a fondo. 
Sé que hay otras preguntas en el orden del día de hoy sobre la cuestión general del control de armamento y podría estar internándome en ese territorio, pero la razón por la que la Presidencia cree que la conclusión de un acuerdo de la Unión Europea sobre armas es particularmente importante es, entre otras cosas, la de intentar abordar la situación indicada por Su Señoría. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 10, 11, 12 y 13 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 10 formulada por Patricia McKenna (H-0020/98): 
Asunto: Propuesta de un código de conducta para la Unión Europea relativo al comercio de armamento 
El Gobierno británico se ha comprometido a trabajar en favor de un código de conducta europeo que «establezca unas normas comunes estrictas que regulen las exportaciones de armamento» durante su Presidencia de la Unión Europea. 
Cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) (Oxfam, Amnistía Internacional, Saferworld y el British American Security Information Council) han publicado recientemente un documento informativo en el que se esbozan las normas esenciales que deberían establecerse en tal código de conducta. 
En dicho documento se argumenta que no debería exportarse material militar a Estados que no respeten los derechos humanos ni a Estados que destinen un mayor porcentaje de su PIB a gastos militares que a gastos de sanidad y educación. 
¿Puede el Consejo facilitar detalles sobre los progresos que ha realizado para elaborar un código de conducta relativo al comercio de armamento? ¿Cuando espera finalizar la elaboración de dicho código de conducta? 
Pregunta nº 11 formulada por Elisabeth Schroedter (H-0116/98): 
Asunto: Introducción por parte de la Presidencia británica de un Código de Conducta de la UE sobre el comercio de armas 
El Reino Unido y Francia han estado elaborando conjuntamente un texto para un Código de Conducta sobre el comercio de armas, que ha sido aprobado ahora. 
El Código propuesto presenta deficiencias en lo que respecta a los mecanismos de consulta, ya que sólo prevé las consultas entre los Estados miembros implicados directamente en exportaciones concretas de armas, y no entre los quince Estados miembros en su conjunto. 
¿Qué repercusiones prevé el Consejo que tendrá el Código sobre las exportaciones de armas desde la UE? 
¿Pondrá fin, por ejemplo, a la transferencia de armas ligeras y vehículos blindados de transporte a Indonesia o de helicópteros de combate a Turquía? 
Si no se llevan a cabo controles rigurosos con respecto al destino final de las armas y de los equipos militares, las exportaciones legales podrán ser desviadas hacia regímenes represivos y países en zonas inestables. 
Los acuerdos sobre el destino final deberían revestir la forma de contratos jurídicamente vinculantes y debería aplicarse un sistema de control del destino final. 
¿Qué medidas de control del destino final de armas y equipos militares se incluirán en el Código de Conducta de la UE? Pregunta nº 12 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0153/98): 
Asunto: Código de conducta de la UE para la exportación de armas 
¿Puede indicar la Presidencia del Consejo qué iniciativas se propone adoptar durante el semestre en curso para garantizar que se elabore un código de conducta común para todos los Estados miembros de la UE en lo relativo a las exportaciones de armamento? 
¿Puede indicar la Presidencia del Consejo el objetivo y el contenido de dicho código? 
¿Puede indicar la Presidencia del Consejo para cuándo puede esperarse que se ponga en práctica un posible código común en esta materia? Pregunta nº 13 formulada por Jan Bertens (H-0161/98): 
Asunto: Política europea en materia de control de exportación de armas 
La iniciativa de la Presidencia británica encaminada a reforzar las normas en materia de control de exportación de armas es loable. 
De hecho, los criterios actuales, que datan de 1991/1992, son objeto de interpretaciones muy amplias y variadas, por lo que no puede decirse que exista una política europea coordinada en materia de exportaciones de armas. 
¿Conviene el Consejo en que los criterios deben ser más concretos y menos susceptibles de interpretaciones múltiples y que su aplicación debe ser vinculante con el fin de evitar las deficiencias de los criterios actuales? 
¿Conviene también el Consejo en que es necesario llevar a cabo una consulta multilateral entre los 15 Estados miembros para lograr una aplicación eficaz de esos criterios? 
¿Qué papel ha atribuido el Consejo al Parlamento Europeo en la realización de la nueva política de control de exportación de armas y en la aplicación práctica de las normas? 
¿De qué forma se propone el Consejo alentar a los Estados miembros a que lleguen a acuerdos sobre el refuerzo de la transparencia y del control parlamentario de la política de exportación de armas? 
La necesidad de una mayor armonización de las políticas nacionales en materia de exportación de armas se ha planteado en varios niveles en el Consejo. 
El Consejo Europeo de Amsterdam, celebrado los días 16 y 17 de junio de 1997, subrayó el decisivo papel de las medidas internacionales concertadas con vistas a la reglamentación idónea de las exportaciones de armas. 
Por consiguiente, pidió que se le prestara una renovada y sostenida atención en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común para formular políticas responsables y coherentes de control de las exportaciones de armas en toda la Unión a partir de los criterios comunes establecidos en las conclusiones de los Consejos Europeos de 29 de junio de 1991 y de 26 y 27 de junio de 1992. 
Entre dichos criterios, figura, en particular, el respeto de los derechos humanos en el país de destino. 
En ese marco, como he indicado antes, el Reino Unido, junto con Francia, ha presentado un proyecto de texto para un código de conducta europeo en el que se establecen criterios comunes estrictos para las exportaciones de armas por parte de los Estados miembros. 
El texto consta de dos partes: una ampliación de los ocho criterios comunes acordados en 1991 y 1992 en consonancia con los criterios nacionales del Reino Unido anunciados por su Secretario del Foreign Office el 28 de julio de 1997. 
En ellos se especifica, entre otras cosas, que se debe denegar la licencia en los casos en que exista un riesgo claramente determinable de que la propuesta exportación pueda ser utilizada para la represión interna o la agresión internacional. 
Además, establecen un mecanismo de consulta para que los países distribuyan la información sobre denegaciones de licencias de exportación y exige a un país consultar al que haya denegado la solicitud antes de decidir si expedir una licencia de exportación para los mismas mercancías esencialmente destinadas al mismo cliente. 
Las reacciones iniciales han sido muy favorables y el objetivo es el de que se apruebe el código mediante una declaración del Consejo durante la Presidencia del Reino Unido. 
Puede que sepan también Sus Señorías que la delegación italiana presentó al Consejo en su reunión del 10 de noviembre de 1997 una propuesta sobre la aplicación de los ocho criterios comunes. 
Por lo que se refiere a ese propuesto código de conducta, presenta bastantes deficiencias: por ejemplo, el hecho de que sólo los países exportadores de armas vayan a tener la última palabra sobre quién compra sus armas, si se aprueba ese código de conducta. 
Eso significa que países como Irlanda, que no tienen una importante industria de armas, tendrán poca voz en la aplicación de la política de la UE en materia de armas. 
Parece una versión del «honor entre ladrones» , en el sentido de que los países que participan en la venta de armas serán los que adopten las decisiones y los países que tienen una posición ética en materia de exportaciones de armas carecerán de voz. 
Además, es necesaria la transparencia, porque la confidencialidad comercial hará que ese asunto siga siendo secreto. 
Respecto de la entrega de armas, se permitiría dicha entrega a países que no han firmado los convenios internacionales de derechos humanos. 
Se permitirían las exportaciones a regímenes con ejecutorias deficientes en materia de derechos humanos, si se van a utilizar las armas para proteger a la policía. 
Hay muchos regímenes opresivos, como los de Turquía e Indonesia, que podrían beneficiarse de ello. 
Quisiera que el Presidente en ejercicio dijese que el Consejo va a abordar esas cuestiones y va a incluir esos motivos de preocupación en un código de conducta; de lo contrario, se trata simplemente de guardar las apariencias. 
La preguntas formuladas por Su Señoría abarcan muchos aspectos. 
No estoy de acuerdo en que el código propuesto presente importantes deficiencias. 
Dicho código es un importante paso adelante que obliga a los países de la Unión Europea a reflexionar sobre su responsabilidad en relación con la venta de armas. 
Establece la transparencia para que esos países sepan qué sucede en relación con las ventas de armas de otros países de la Unión Europea. 
También establece un mecanismo para impedir que un país venda armas a un tercer país cuando otro país de la Unión Europea haya denegado una licencia de importación a dicho tercer país. 
En otras palabras, un mecanismo para proteger la integridad de esa política. 
Siempre habrá quien busque la forma de burlar los reglamentos, los códigos y demás. 
Eso siempre ocurrirá. 
Ahora todos los miembros de la Unión Europea están sometidos a una enorme presión moral, suponiendo que se concluya un código satisfactorio, para que aborden esta cuestión de forma totalmente nueva. 
La cuestión de los criterios que indican si se produce o no una venta de armas es esencialmente una cuestión aparte. 
En los casos en que es probable que se utilicen las armas, por ejemplo, para la represión interna o la agresión externa, esas ventas de armas no deben producirse. 
En este momento el problema es el de que no impide a otro país hacer la venta, si un país llega a la conclusión de que el posible importador no satisface dichos criterios. 
Ahora está vigente un período de consultas en la Unión. 
Es una oportunidad para que cualquier Estado miembro o cualquier grupo de interés en un Estado miembro examine las formas como el código puede ser más eficaz y dé a conocer sus opiniones. 
Creo que el Consejo estará dispuesto a aceptar propuestas de mejora del código. 
Pido a todos los diputados al Parlamento que presenten sus opiniones por los cauces apropiados para darlas a conocer. 
El objetivo es el de que dispongamos de un sistema con integridad interna y creo que lo que ahora se propone constituye un importante paso adelante. 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
El objetivo de que exista una política en el nivel de la Unión Europea es el de procurar que haya coherencia en toda la Unión con vistas a lograr con el tiempo una mayor coherencia fuera de la Unión Europea, cosa igualmente importante. 
En este momento, hay, según tengo entendido, algunos países de la Unión Europea que han adoptado la decisión de que, en los casos en que exista la posibilidad de que las armas vendidas a Turquía sean utilizadas para la represión interna, no se venderán. 
Como ya he dicho antes, el objetivo del código es el de intentar infundir coherencia en todo el nivel europeo. 
Habrá discusiones sobre lo que es represión interna y hasta qué punto existe represión interna. 
Sería imposible eliminar las discusiones entre los miembros de la Unión Europea sobre una cuestión como ésa. 
Siempre habrá decisiones dudosas sobre las que siempre habrá discusiones. 
Lo importante es que el código establece unos criterios comunes y una forma de velar por que se apliquen dichos criterios comunes, aunque para ello siempre habrá un margen de discrecionalidad. 
Creo que quienes participan en los detalles de dichas decisiones reconocerán la necesidad de dicha discrecionalidad. 
Agradezco al Presidente del Consejo su respuesta. Le felicito por el hecho de que la Presidencia británica esté de acuerdo con lo que nosotros habíamos pedido ya hace tiempo. 
Le falta por contestar sólo a una pregunta: ¿qué misión piensa pasar al Parlamento Europeo en la llegada de una nueva política de control de exportación? 
En lo que a esto respecta me gustaría preguntar si la Presidencia británica se hará cargo de esto- ya que me es conocido que los italianos han propuesto redactar un informe anual de exportación de armas-. 
En el caso de que no, ¿por qué no? En el caso afirmativo me parece estupendo. 
Además me gustaría hacer la observación que me parece mejor, cuando se trata de consultas acerca de lo que cada país hace con el otro, que no sea tanto una consulta bilateral, sino más una consulta multilateral. 
Ya que pienso que el código de conducta es un código para todos los países. 
Puedo decir a Su Señoría que estoy de acuerdo con él en que es importante disponer de un planteamiento multilateral, razón por la cual la Presidencia ha propuesto ese código en primer lugar. 
También he indicado que en su momento debe tener una aplicación más amplia y no limitarse sólo a la Unión Europea. 
De lo contrario, seguiría siendo posible socavarlo. 
En una primera fase, es importante que aquellos a quienes estos asuntos preocupan profundamente, incluido Su Señoría, claro está, centren sus gestiones en convencer a los Gobiernos de la Unión para que apoyen un código estricto. 
Una vez que se haya establecido, se podrá ver en qué otras instituciones de la Unión Europea se podrían examinar esas cuestiones, incluido el Parlamento. 
Señor Presidente del Consejo, en primer lugar yo deseo agradecerle que nos haya ofrecido unas respuestas tan claras y concretas. Éstas demuestran que Westminster constituye un buen aprendizaje para todos los parlamentarios, sobre todo cuando cuentan con uno de los mejores presidentes en funciones que ha tenido el Consejo. 
Esto me lleva a decir- perdóneme que añada esta observación- que si esta situación se mantiene, en realidad podríamos suprimir esa norma verdaderamente absurda que sólo permite formular una pregunta en cada sesión plenaria. 
Mi pregunta es la siguiente: A la vista de que la mayor parte de las exportaciones de armamento siguen yendo a parar a los países en desarrollo, ¿no sería más razonable vincular finalmente la ayuda al desarrollo a la compra de armamento y comunicar a los países en desarrollo que ésta se reducirá proporcionalmente a la parte que dediquen a la adquisición de armamento? 
Muchas gracias, señor von Habsburg. 
Debo decirle que soy muy sensible a esta preocupación suya de las dos preguntas. 
He llevado esta cuestión a la Mesa y será examinada en la reunión de la Mesa del mes de marzo. 
En todo caso le agradezco su colaboración, como siempre, para mejorar el turno de preguntas e invito al Sr. Henderson a que responda al Sr. von Habsburg. 
Me pregunto básicamente si éste es realmente un asunto que le incumba a la UE. 
Y si no existe un gran riesgo de que signifique una militarización de la cooperación dentro de la UE. 
No creo que esté en la línea de lo que la mayoría de ciudadanos considera como un asunto que entre dentro de nuestras competencias. 
También deseo preguntar lo que va a significar para los Estados no alineados desde el punto de vista militar, por ejemplo Suecia, que tiene unas normas duras con respecto a la exportación de armamento. 
En la EU se adoptarán normas distintas de las que tenemos, no necesariamente peores, pero naturalmente distintas. 
Tengo además unas preguntas suplementarias que hacer: ¿Qué normativa va a aplicarse? 
¿Se seguirá el procedimiento de las decisiones adoptadas por mayoría o por unanimidad? 
¿Quiénes adoptarán las decisiones? 
Finalmente: ¿El objetivo es que la normativa de la UE sustituya a las nacionales en torno a la exportación de armamento a otros países, o va a incluir también las normativas nacionales? 
Puedo decir al Sr. Lindqvist que en el grupo de trabajo que se reunió ayer hubo, de hecho, cierto debate sobre algunos de esos asuntos. 
Evidentemente, para que llegue a ser realidad un acuerdo marco, sería necesaria la unanimidad entre los miembros de la Unión sobre el funcionamiento del código. 
En caso de que se llegaran a acordar las disposiciones actuales- y hasta cierto punto voy a repetirme -, un país que considerara que, si se llevaba a cabo la exportación de armas, existían posibilidades de que se utilizaran dichas armas para la represión interna o la agresión externa y que, por consiguiente, impidiera la venta de dichas armas estaría en condiciones de decir a los otros países: » Ésta es una posición que hemos adoptado». 
Si después otro país decide hacerse cargo de esos pedidos de exportación, sería obligado por el Tribunal a ponerse en contacto con el primer país, que estimularía un diálogo sobre la oportunidad o no de la venta de esas armas. 
El criterio debe ser el fin para el que se utilizarán las armas, no la situación de la industria nacional de armamento, y se trata de un criterio muy importante que va incluido en el código. 
El problema de la situación actual, en la que no existe un código eficaz, surge cuando un país dice: » Pues no creemos que se deban vender armas a un tercer país, porque es probable que se utilicen para la represión interior o la agresión exterior, pero, si no las vendemos, otros lo harán, con lo que nosotros perderemos puestos de trabajo y ellos los ganarán, por lo que no debemos adoptar la decisión en principio de impedir la venta». 
El objetivo del código es el de superar esa importantísima cuestión, porque la industria de armamento es una industria importante en varios países de la Unión Europea. 
Los trabajadores de esa industria dicen: » ¿Por qué han de ser nuestros puestos de trabajo los que se sacrifiquen, si otros van a aprovechar la ocasión y aceptar el pedido en otro país? ». 
Ese código va encaminado a dar respuesta a esa pregunta. 
No por ello se acabará con esa cuestión. 
Tiene que haber otras políticas industriales que los Estados miembros adopten o que podrían formar parte de una estrategia en materia de empleo para la propia Unión, que abordaría también las necesidades de esos trabajadores que no van a seguir teniendo empleo para hacerse cargo de esos pedidos de exportación y que habrán de someterse a la conversión mediante el reciclaje y demás. 
Es un punto de partida importante, pero no es el fin del asunto. 
Permítaseme decir al Presidente en ejercicio que acojo con beneplácito como primer paso el código de conducta para la venta de armas encaminado a impedir que se utilicen las armas para la represión interna o la agresión externa. 
El Presidente en ejercicio ha respondido a mi pregunta sobre cómo se puede impedir la competencia en los precios entre Estados miembros de la UE, cuando venden armas a un tercer país, pero tal vez quisiera el Presidente en ejercicio examinar la cuestión de la utilización final que con frecuencia ha creado problemas en el pasado a la hora de localizar el posible país beneficiario. 
¿Tendría a bien dar tal vez una respuesta sobre la cuestión de la utilización final? 
Agradezco a Su Señoría esta pregunta, porque plantea otro problema muy real que el código debe abordar. 
Lo que ahora pienso- aunque no tengo formada una posición definitiva al respecto- es que debe haber cierta discreción. 
Ha de haber discrecionalidad no sólo sobre las posibilidades de que se utilicen esas armas para la represión interna o la agresión externa, sino también sobre dónde existen posibilidades de que así sea. 
En otras palabras, ¿se revenderán las armas a otro país y, cuando hayan sido vendidas, existirán muchas posibilidades de que se utilicen para la represión interna o la agresión externa? 
Probablemente sea extraordinariamente difícil abordar eso de otro modo que facilitando la discreción a la nación que haga inicialmente el pedido de exportación. 
Sin embargo, tal vez pueda haber algún medio para mantener un intercambio de opiniones a ese respecto, de modo que siempre se facilite la mayor información posible a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Tal vez haya que incluir en el código la obligación por parte de un Estado miembro que crea que vaya a haber un comercio posterior de las armas de poner esa información a disposición de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Yo también acojo con beneplácito la propuesta de la Presidencia del Reino Unido de establecimiento de un código de conducta de la UE sobre la venta de armas. 
Es la consecuencia lógica de la nueva ética en la política exterior del Reino Unido y, aunque nada es nunca suficientemente bueno para los Verdes, quería que el Presidente en ejercicio del Reino Unido supiera que la mayoría de los diputados a esta Asamblea consideran que es un primer paso muy serio e histórico. 
Quiero saber si la Presidencia transmitirá a la troika el entusiasmo de esta Asamblea en materia de consultas, su deseo de seguir las directrices, de poder ver dónde se están formulando los procedimientos más idóneos, a medida que avance la aplicación del código a lo largo del año. 
Tal vez desee esta Asamblea en algún momento establecer un debate anual sobre el código. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio asegurarnos que transmitirá a la troika nuestro deseo de participar? 
Agradezco mucho a Su Señoría su reconocimiento de que todos los sectores más importantes del Parlamento apoyarían en gran medida los aspectos generales del código propuesto, lo que refleja una comprensión muy práctica de algunas de esas dificilísimas cuestiones. 
Yo mismo soy muy consciente de ellas, pues al borde de mi antigua circunscripción de Newcastle-upon-Tyne, en la Inglaterra septentrional, hay una gran fábrica de tanques. 
Los trabajadores de dicha fábrica y los subcontratistas son muy conscientes de este difícil problema. 
Tienen una idea tan ética de la política exterior como cualquiera, pero lo que está en juego es su puesto de trabajo. 
Siempre he creído personas como ellos y en otras situaciones similares estarán dispuestas a hacer un sacrificio, a buscar la diversificación, si saben que sus esfuerzos no van a resultar socavados por otros. 
Por eso resulta el código, de forma muy práctica, extraordinariamente conveniente. 
Deseo que quienes en esta Asamblea tengan dudas reconozcan la importancia de ese aspecto. 
Puedo asegurar a Su Señoría que volveré a abordar la cuestión que ha planteado, pues creo que es una cuestión importante y digna de la máxima consideración. 
Pregunta nº 14 formulada por Mark Watts (H-0022/98): 
Asunto: Sacrificio de ovinos en Francia con motivo del Festival Eid-El-Kabir 
A la vista de anteriores casos de incumplimiento de la legislación comunitaria y, en particular, lo ocurrido en abril de 1997 cuando un sacrificio ritual masivo de ovinos en Francia causó una enorme indignación popular, ¿qué esfuerzos va a realizar el Consejo para garantizar que no se producen más infracciones ni este año ni en el futuro? 
El Consejo no tiene conocimiento de los acontecimientos mencionados en la pregunta de Su Señoría. 
Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar que corresponde primordialmente al Estado miembro interesado velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria en su territorio y, cuando proceda, corresponde a la Comisión, de conformidad con el artículo 155 del Tratado, adoptar las medidas necesarias para velar por que se castiguen debidamente cualesquiera infracciones de esa legislación. 
Como sin duda deducirá Su Señoría de estas observaciones, se trata de una cuestión que incumbe a la Comisión y no de forma primordial al Consejo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su utilísima respuesta. 
Sé que la Presidencia comparte mi preocupación sobre el bienestar animal, pero reconozco su dilema, que es el de que representa al Consejo, mientras que la Comisión es la garante de los Tratados. 
No obstante, quisiera pedir al Consejo que se familiarice con el escándalo que hubo el año pasado. 
Tememos que vuelva a ocurrir el 7 de abril, aunque el propio Comisario informó a esta Asamblea de que el año pasado hubo infracciones de reglamentos y prometió adoptar medidas al respecto. 
Hasta ahora no lo ha hecho. 
Insto al Presidente en ejercicio a hacer todo lo posible para presionar al Comisario a fin de que cumpla con su deber. 
Señor Presidente, después de escuchar sus amables observaciones y otras amables observaciones de Su Señoría, voy a tener que encargar una mesa de restaurante bastante grande la próxima vez que esté en Estrasburgo. 
Pero tanto mejor, supongo, para el gremio de hostelería de esta hermosa ciudad y los excelentes restaurantes que alberga. 
Creo que ya existe conciencia sobre la cuestión que me ha planteado esta tarde y, a partir de esa información, ha de ser posible adoptar medidas al respecto. 
Me encantaría comer con el Sr. Henderson. 
No estoy tan seguro de que el Sr. Watts vaya a querer comer conmigo después de que haya formulado mi pregunta complementaria. 
Si bien nos oponemos totalmente, claro está, a cualquier forma de crueldad innecesaria con los animales, acojo con beneplácito la precaución del Presidente en ejercicio a este respecto. 
El Ministro sabe perfectamente que gran parte de la indignación pública en el Reino Unido por este tipo de cuestiones es una indignación sintética manufacturada por grupos de la extrema derecha. 
El año pasado en Francia hubo problemas en torno a ese festival, pero fueron muy exagerados por personas como los miembros del Front National de Jean Marie Le Pen, quien se preocupa más por el bienestar animal que por la muerte de seis millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. 
Así, pues, lo insto a que actúe con precaución. 
Sí, debemos velar por que se aborden ese tipo de cosas, pero no permitamos que las utilicen partidos políticos enemigos de la democracia como excusa para atacar a la población inmigrante. 
Agradezco a Su Señoría su contribución. 
Lo único que puedo decirle es que, la próxima vez que comamos juntos, ya sé de qué asunto no hablaremos, si va a causar tan gran división entre buenos colegas. 
Ésta es una cuestión muy difícil, porque plantea un conflicto entre el bienestar animal y la necesidad de respetar las creencias religiosas de las minorías étnicas. 
Pero tiene que haber algún límite. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que nos asegure que el Consejo, teniendo presente lo que se acordó en un nuevo artículo del Tratado de Amsterdam sobre el respeto del bienestar animal, diga con claridad que, si los grupos de minorías esperan que respetemos sus derechos religiosos- y, naturalmente, debemos hacerlo -, también se deben respetar las opiniones de quienes sostienen que la crueldad deliberada con los animales es moralmente ofensiva e inaceptable. 
Fue muy alentadora la visita aquí el mes pasado del ministro británico encargado del bienestar animal, el Sr. Elliot Morley, en el Intergrupo para el Bienestar Animal, en la que oímos la opinión positiva que expresó sobre las iniciativas que adoptará la Presidencia británica. 
De modo que espero una respuesta positiva. 
He de decir a Su Señoría que el Tratado de Amsterdam no está aún en vigor, pero el Tratado incluye- como con razón ha dicho- un compromiso para mejorar el bienestar animal. 
En el Tratado figura también una disposición relativa al reconocimiento de las tradiciones culturales. 
A la hora de adoptar una decisión sobre la legislación relativa a esos asuntos, hay que lograr un equilibrio entre varias cuestiones. 
Pero, una vez que se logre dicho equilibrio y la posición legislativa esté clara, nos corresponde a todos nosotros velar por que se cumpla la ley. 
La Comisión ha de desempeñar un papel importante en relación con la legislación europea a ese respecto. 
Pregunta nº 15 formulada por Jaime Valdivielso de Cué (H-0026/98): 
Asunto: Defensa del consumidor 
Ante el anuncio de que la Presidencia del Reino Unido va a tener como una de sus prioridades el tema de la defensa del consumidor, ¿podría el Consejo concretar qué medidas se van a proponer y en qué dirección van orientadas? 
La Presidencia tiene tres prioridades fundamentales para el Consejo sobre asuntos relativos a los consumidores: la Directiva sobre garantías para los consumidores, una imposición más eficaz de la protección vigente de los consumidores y mejoras del sistema europeo de vigilancia de los accidentes en el hogar y en las actividades de ocio. 
Los avances en esos sectores ayudarán a los consumidores de todos los países. 
En primer lugar, la Directiva sobre garantías para los consumidores concederá derechos fundamentales a los consumidores que no queden satisfechos con los artículos adquiridos. 
Las vías de recurso que brinda la directiva- reparación, substitución, reducción del precio y devolución de la cantidad pagada- son fáciles de entender. 
Los ciudadanos deben entender sus derechos para poder ejercerlos. 
Así, pues, los consumidores deben poder aprovecharse plenamente, igual que las empresas, del Mercado Único. 
En algunos países la directiva mejorará los derechos de los consumidores. 
En los demás, seguirán existiendo los altos niveles de protección. 
Esperamos a la primera lectura de la directiva por parte del Parlamento Europeo y nos proponemos lograr una posición común en el Consejo de asuntos relativos a los consumidores que se celebrará en abril. 
Carece de sentido que haya normas de protección de los consumidores, si no se aplican ni se impone su cumplimiento adecuadamente. 
Queremos que el Consejo de asuntos relativos a los consumidores de abril examine esta cuestión a partir de un informe de la Comisión. 
Por poner un ejemplo: los mecanismos para que los Estados miembros compartan los procedimientos más idóneos han de facilitar la persecución de los fraudes comerciales y la determinación de los productos inseguros. 
Nuestro tercer objetivo es el de mejorar el sistema europeo de vigilancia de los accidentes en el hogar y en las actividades de ocio. 
Se utiliza para reunir datos sobre accidentes a partir de los cuales basar la política de salud y seguridad. 
Al hacerlo a escala de la Unión Europea, se dispone de una muestra de población mayor y de datos más útiles. 
Nos comprometemos a velar por la continuación de ese sistema y su perfeccionamiento a partir de los mejores procedimientos nacionales actuales. 
Espero que podamos contar con el apoyo del Parlamento Europeo para alcanzar esas metas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me ha parecido interesante el marco en el que ha desarrollado lo que pueden ser derechos o medidas respecto a los consumidores en materia de garantías, derechos básicos, legislación, mejora del sistema y consejo de consumidores. 
Pero ¿podría concretar qué medidas específicas piensa tomar la Presidencia británica en favor de los consumidores? 
Agradezco la pregunta a Su Señoría, pero he de decir que no me declaro culpable ante su alegación. 
Hay un programa muy positivo. 
Desde luego, hay un orden del día con muchos puntos para el Consejo sobre asuntos relativos a los consumidores que se celebrará en abril. 
El aspecto fundamental de todas las propuestas es la necesidad de que haya unas normas mínimas, lo que no impide a cualquier Estado miembro promulgar normas más estrictas. 
Debe haber discreción sobre algunos de estos asuntos. 
Lo importante es lograr avances e implantar normas mínimas mejores para que todos los ciudadanos europeos de toda la Unión Europea puedan beneficiarse como las empresas del Mercado Único. 
Se trata de un principio muy importante y creo que recibirá un gran apoyo de los consumidores y de los ciudadanos de toda la Unión Europea. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 16, 17 y 18 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 16 formulada por Sören Wibe (H-0029/98): 
Asunto: Supresión de la venta libre de impuestos y empleo 
La venta libre de impuestos en relación con los viajes entre países miembros de la UE se suprimirá en 1999. 
Un análisis ha demostrado que esto se traducirá en una pérdida importante de puestos de trabajo: en total, unos 50.000 en toda la UE. 
¿Ha examinado este asunto el Consejo y se propone adoptar una iniciativa al respecto? ¿Puede por ejemplo el Consejo hacer que la venta libre de impuestos en los transbordadores se reconozca como una excepción o, mejor aún, reconsiderar la decisión en su totalidad? 
Pregunta nº 17 formulada por Jan Andersson (H-0062/98): 
Asunto: Ventas libres de impuestos 
El Consejo de la Unión Europea ha decidido la supresión de las ventas libres de impuestos en 1999. 
Cuando se adoptó dicha decisión, se prometió efectuar un análisis sobre, entre otros aspectos, sus consecuencias de cara al empleo. 
A pesar de ello, todavía no se ha llevado a cabo ningún análisis al respecto. 
¿Tiene previsto el Consejo hacer posible la elaboración del análisis de consecuencias que prometió antes de que entre en vigor su decisión relativa a la desaparición de las ventas libres de impuestos? Pregunta nº 18 formulada por Pat Gallagher (H-0157/98): 
Asunto: Pérdida de puestos de trabajo a causa de la subida de los impuestos indirectos 
Representantes de los empleados en el sector de la venta libre de impuestos aducen que un número considerable de puestos de trabajo, hasta 140.000, podrían perderse si se prosigue con la eliminación del sector tal y como está proyectada en la actualidad, preocupación de la que quisieron hicieron partícipes a los diputados al PE durante una manifestación llevada a cabo en Bruselas en diciembre del año pasado. 
Dado que la Comisión sigue poniendo en duda la validez de estos argumentos y en un momento en que el empleo es un asunto prioritario en la Unión Europea, ¿podría indicar el Consejo las medidas que ha adoptado para cuantificar el número de puestos de trabajo que podrían estar en peligro y evaluar las posibles medidas paliativas? 
Como han de saber Sus Señorías, cuando el Consejo aprobó directivas que abolían las fronteras fiscales el 1º de enero de 1993, decidió poner fin a las ventas libres de impuestos para los pasajeros de vuelos intracomunitarios, porque el mantenimiento de dichas ventas no habría guardado coherencia con un mercado interior sin fronteras. 
El Consejo, sabedor de que esa decisión requeriría importantes cambios en los sectores afectados, estableció un largo período de ajuste desde el 1º de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 1999, durante el cual se podrían mantener las ventas libres de impuestos para los pasajeros de viajes intracomunitarios. 
El Consejo no tiene actualmente planes para revisar esa decisión. 
El efecto en los puestos de trabajo de la supresión de las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios resulta difícil de calcular y depende en parte de la naturaleza del régimen sucesivo. 
Sea cual fuere la naturaleza del régimen sucesivo, las empresas seguirán pudiendo hacer ventas de artículos no exentos del pago de impuestos y derechos. 
Doy las gracias al Sr. Henderson por su respuesta. 
Es absolutamente cierto que la eliminación de la venta libre de impuestos es un eslabón en la creación del mercado interno, pero el mercado interno se crea para disfrutar de unos beneficios económicos. 
Independientemente de lo que digamos, es cierto que este " ser o no ser» de la venta libre de impuestos tiene muy poco que ver con los beneficios económicos. 
Si suprimimos la venta, en primer lugar vamos a tener unos costes representados por la pérdida de 50.000 a 100.000 empleos. 
En segundo, se eliminarán una serie de transbordadores entre ellos uno que navega de Finlandia a Suecia y que afectará a mi localidad de origen, y que a su vez va a afectar al turismo de los dos países. 
En el concepto de ingresos tenemos unos ganancias económicas abstractas que ascienden tal vez a un porcentaje de centésimas o milésimas del producto nacional bruto. 
Deseo preguntarle al Sr. Henderson: ¿Vale la pena realmente que por esta ganancia mínima se convierta a tantas personas en paradas y se irrite a una gran parte de la población de la Unión? 
Agradezco al Sr. Wibe su pregunta, pero, en realidad, no presenta información nueva alguna. 
Esos asuntos fueron examinados detenidamente a comienzos del decenio de 1990, cuando se produjo el debate al respecto. 
La verdad es que no puedo añadir nada al debate que recuerdo haber seguido en aquella época y que sin duda Su Señoría siguió entonces. 
Puesto que los diversos países de la UE tienen distintos impuestos sobre el consumo inmediato para las bebidas alcohólicas, el tabaco y los perfumes, me pregunto si puede explicarme dónde hay que pagar dichos impuestos cuando un transbordador circula entre dos o tres países. 
¿Hay que hacerlo en el país que tiene los impuestos más elevados o en el que los tiene menos? 
¿O se pueden incluso comprar los artículos en un tercer país de la UE y pagar impuestos en el país que los tenga más bajos? 
Si este es el caso, ¿no existe el riesgo de que se produzca un dumping fiscal, y es ésta la evolución que deseamos? 
Ayer escuché lo que dijo John Prescott. 
Dijo que habiendo sido marinero anteriormente a sus funciones actuales, le preocupan las repercusiones de la eliminación de la venta libre de impuestos. 
Con motivo de sus declaraciones le hago la siguiente pregunta: ¿No es justo que se investiguen las repercusiones en el ámbito del empleo y en el fiscal, para que sepamos con exactitud lo que va a suceder antes de que la decisión entre en vigor? 
El Sr. Anderson, como el Sr. Wibe, me pide que revise las cuestiones que se ventilaron perfectamente cuando se examinaron por primera vez a comienzos del decenio de 1990. 
Actualmente el Consejo no tiene intención de volver a abordar esos asuntos. 
Respecto de la cuestión de la fiscalidad, sí, hay, como ha de saber Su Señoría, niveles diferentes de impuestos al consumo en los diferentes países de la Unión Europea. 
La respuesta en términos teóricos, es la de que el impuesto apropiado se pagaría al comprar el producto. 
Se van a escribir sin duda libros y más libros sobre materias hacendísticas y Derecho mercantil para aclarar esas definiciones. 
Al comienzo quisiera decir que me ha defraudado profundamente la respuesta del Presidente en ejercicio, quien sigue diciendo que no se va a revisar ese asunto. 
Creo que una nueva Presidencia- un nuevo gobierno -, al entrar en funciones, debería al menos examinarlo. 
Se ha referido a los importantes cambios, al largo período de exención debido a los cambios. 
Debe recordar también que durante años se prometió llevar a cabo un estudio. 
Resulta bastante alarmante que el Presidente en ejercicio no esté en condiciones de darnos una idea clara de los efectos que podría tener. 
No me sorprende. 
No creo que político o Presidente en ejercicio alguno pueda hacerlo sin un estudio. 
Se nos ha encomendado ese compromiso y tenemos el deber para con los ciudadanos europeos de ofrecerles dicho estudio. 
Pero ahora está resultando palmario que, si la abolición de las ventas libres de impuestos se lleva a cabo, según lo previsto, a mediados de 1999, surgirán dificultades considerables. 
Las normas de aplicación y recaudación del IVA, los impuestos sobre el consumo de productos vendidos y consumidos, los derechos y tasas pagados a bordo de los pocos transbordadores que siguen haciendo trayectos intracomunitarios- a las que se ha referido- no están claras. 
Hacen falta nuevas disposiciones. 
Díganos el Presidente en ejercicio qué disposiciones son necesarias y se adoptarán en vista de dichos cambios. 
Entiendo la importancia que Sus Señorías atribuyen a esa cuestión. 
Pero en un nivel técnico, la forma como la introducirá el reglamento- que ya se ha notificado a los Estados miembros -, sería posible obtener los detalles de ellos y no de mí. 
La Presidencia no tiene intención de revisar esa cuestión. 
En los últimos meses se han elegido varios Gobiernos nuevos en toda la Unión Europea. 
Cualquiera de esos nuevos Gobiernos podría plantear esa cuestión en el Consejo de Ministros. 
Después correspondería al Consejo dar la respuesta que quisiera dar. 
Para el tráfico de transbordadores entre Suecia y Finlandia en la región báltica la venta libre de impuestos es de gran importancia. 
Al norte de la región de Estocolmo- puede decirse que Estocolmo está situada en el sur de Suecia- sólo existe una línea regular de transbordadores. 
Comunica la hermosa ciudad de Umeå en Suecia con la de Vasa en Finlandia. 
No es en absoluto seguro que este tráfico de transbordadores sobreviva a la eliminación de la venta libre de impuestos. 
Esto supondría que el tráfico pesado de camiones que sigue esta ruta tendría que dejar atrás cientos de kilómetros adicionales con grandes costes económicos y ecológicos para la zona del norte de Suecia y Finlandia. 
Además, se romperían unos lazos históricos my antiguos entre estas regiones. 
Las regiones ya reciben además ayudas del programa Interreg para la colaboración precisamente entre estos lugares. 
Mi pregunta es: ¿Tiene el Consejo alguna objeción a que el Estado sueco y el finlandés concedan ayudas estatales directas para la conservación de este tráfico si no es posible que sobreviva a la eliminación de la venta libre de impuestos? 
Lo que puedo decir a Su Señoría que correspondería a las empresas manifestar si consideraban o no necesaria una subvención. 
Luego correspondería a los Gobiernos finlandés y sueco decidir si se debería conceder una subvención y después correspondería a la Comisión determinar si la subvención era conforme o no a las normas de la Unión Europea. 
Esto me resulta muy gracioso. 
En Suecia a los socialdemócratas les encanta aumentar los impuestos sobre el trabajo y el alcohol. 
Por eso me sorprenden los argumentos que estamos escuchando. 
Sólo quiero decir: Que no ceda el Consejo. 
A determinados sectores no hay que darles ventajas fiscales, sino que deben competir en igualdad de condiciones. 
No puede ser que Europa intente crear empleo a base de que los ciudadanos se embriaguen en todos los viajes por transbordador. 
Lo he interpretado como una observación y no como una pregunta. 
Deseo felicitar al Presidente en ejercicio por la brevedad con que responde a las preguntas. 
Ojalá fueran nuestros colegas igualmente breves al formular sus preguntas. 
La mía es breve. 
Ha de conocer el estatuto de Presidente en ejercicio. 
De hecho, ha empleado las propias palabras que Gordon Brown empleó cuando acudió a la Comisión de Asuntos Económicos: » No hay planes para revisar esa cuestión» , dijo, y espero que la Presidencia se atenga por mucho tiempo a ellas. 
in embargo, mi pregunta se refiere a la declaración hecha ayer por el Sr. Prescott, también Presidente en ejercicio del Consejo, de que le preocupan las ventas libres de impuestos y las consecuencias de su abolición. 
¿Quién habla en nombre de la Presidencia del Reino Unido, el Sr. Prescott, el Presidente en ejercicio presente hoy o el Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda? 
No estoy seguro de que las respuestas breves me ayuden en el futuro, si las preguntas que se me formulan son de este tipo. 
Estoy hablando hoy en nombre de la Presidencia y en toda ocasión en que hay un acto oficial el ministro competente habla en nombre de la Presidencia británica. 
La posición de la Presidencia británica es determinada por el Gobierno británico mediante su relación con sus demás interlocutores europeos en todos los niveles. 
Nuestro colega, el Sr. Sjöstedt, se ha referido a una de las líneas de transbordadores más amenazadas y nos ha hablado de la hermosa ciudad de Umeå- espero que piense usted que también la ciudad de Vasa es hermosa. 
Deseo preguntarle al Consejo si es cierto que dentro de la Comisión existe una lista de las líneas de transbordadores más afectadas. 
¿Se ha hablado de si el Consejo tendría que ocuparse de estas cuestiones? 
Además, deseo preguntarle al Presidente del Consejo sobre la posición de la Presidencia en cuanto a la posibilidad de ayudar a que se conceda un plazo más amplio si otros países hacen referencia a la cuestión en el seno de Ecofin? 
Por ejemplo, el Gobierno irlandés ha expresado su deseo de adoptar una iniciativa en este sentido. 
Espero que usted considere que la situación ha cambiado con respecto a la de 1991, especialmente en lo que hace referencia al desempleo, a lo cual ya ha aludido el Sr. Wibe. 
Puedo decir a la Sra. Thors que no conozco lista alguna, pero tenemos una Presidencia transparente y, si hay una lista, tendré mucho gusto en examinarla. 
Siempre tenemos mucho gusto en examinar cualquier cuestión que cualquier diputado responsable desee plantear. 
En vista de lo que ha dicho el Presidente antes, he de declarar un interés: el de que cené anoche con el Presidente en ejercicio. 
Espero que eso signifique que recibiré una respuesta más detallada incluso. 
El Presidente en ejercicio ha dicho que hace unos años se adoptó la decisión que concedía seis o siete años a las empresas para abandonar progresivamente sus actividades. 
Por consiguiente, ¿convendría en que constituye una gran irresponsabilidad por parte de las industrias tabaquera y de bebidas alcohólicas estar cabildeando como lo están haciendo y gastando millones para procurar que se revoque esa decisión? 
También están intentando incitar a los consumidores para que participen en su campaña. 
¿Conviene en que, si a los Gobiernos les sobra dinero, no deben utilizarlo para conceder exenciones fiscales a las industrias tabaquera y de bebidas alcohólicas, en particular una exención fiscal ridícula que sólo está a disposición de quienes hacen frecuentes viajes internacionales, como yo, quienes se benefician de ella desproporcionadamente? 
¿Conviene en que sería un total despilfarro de fondos públicos? 
Para mí, la conclusión clara es la de que debo llevar a cenar a los diputados después de que hayan formulado las preguntas y no antes. 
He de decir a Su Señoría que, como los colegas que han planteado esas cuestiones al comienzo de este debate- si bien desde un punto de vista diferente -, está revisando cuestiones que se examinaron a comienzos del decenio de 1990. 
El Consejo no tiene otras observaciones que hacer al respecto en este momento. 
Voy a intentar ser útil al Presidente en ejercicio aportándole algunos argumentos sobre las razones por las que se debe revisar ese asunto. 
En primer lugar, no se han armonizado, como se había prometido, los impuestos sobre el consumo. 
En segundo lugar, estudios independientes están revelando ahora que se perderán miles de puestos de trabajo en toda la Comunidad. 
En tercer lugar, ahora el desempleo es nuestra máxima prioridad; no lo era en 1991. 
Aunque reconozco que no puede cambiar la posición del Consejo esta noche, ¿no podría aceptar esta noche buscar espacio en un orden del día del Consejo para brindar a nuestros amigos irlandeses la oportunidad de plantear esa cuestión en el Consejo con esa nueva información a fin de que se pueda revisar a la luz de esa información nueva? 
Si se lleva a cabo la abolición, ¿qué diría a las empresas de transbordadores que operan en mi circunscripción entre Dover y Calais? 
¿Los tipos franceses, los británicos o los internacionales? 
El Consejo aún no ha reflexionado de verdad sobre la situación que se planteará después de 1999. 
Pido al Presidente en ejercicio que lo haga, si puede. 
Su Señoría ha planteado varias cuestiones la mayoría de las cuales suponen volver a los debates que se celebraron a comienzos del decenio de 1990, que la Presidencia abordó en el pasado y sobre los cuales adoptó determinadas posiciones. 
Que yo sepa, no hubo vinculación en la decisión entre el cambio de los reglamentos sobre las ventas libres de impuestos y consideración fiscal alguna. 
Son dos cuestiones distintas sin vinculación alguna entre sí. 
Por eso no creo que se pueda aducir ese argumento. 
Eso no quiere decir que no se deba examinar la cuestión de los diferentes niveles impositivos como cuestión digna de consideración... pero no vinculada con esa cuestión determinada. 
Los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tendrán opiniones distintas sobre esas cuestiones fiscales. 
Cualquier Gobierno de la Unión Europea podría plantear esa cuestión en el ECOFIN o en el Consejo de Asuntos Generales, si lo considerase oportuno. 
Correspondería a los demás miembros del Consejo de que se tratara dar la respuesta que considerasen apropiada en ese momento y en las circunstancias en que se planteara la cuestión. 
Pero, mientras no sea así, he de decir que la Presidencia no tienen intención de replantear esa cuestión que está- creemos- zanjada. 
Señor Presidente, esto es algo que no puede esperar. 
Se me ha invitado a acudir al aeropuerto de Aberdeen el lunes y me gustaría saber si el Presidente en ejercicio podría aconsejarme qué decir a esas personas, ¿o le gustaría acompañarme para explicarles qué va a suceder con su estructura en materia de pasajes y con los puestos de trabajo que temen perder? 
Señorías, yo les rogaría que las invitaciones particulares las hicieran ustedes fuera del hemiciclo porque, si no, perdemos tiempo. 
Nos quedan sólo cuatro minutos y espero que podamos tratar todavía de una pregunta sin que el Sr. Presidente pierda su avión. 
Pregunta nº 19 formulada por Ulla Sandbæk (H-0030/98): 
Asunto: Calidad medioambiental de la ayuda ultramarina de la UE 
¿Qué planes tiene la Presidencia británica del Consejo de Desarrollo para hacer frente a la necesidad de mejorar la calidad medioambiental de la ayuda ultramarina de la UE, en particular para proyectos en sectores como la energía, la minería, el transporte y el sector privado? 
¿Qué medidas propondrá para llevar a cabo esa mejora de la calidad medioambiental a la luz de la actual falta fundamental de capacidad en la Comisión? 
La Presidencia considera que la protección medioambiental es una parte integrante del proceso de desarrollo. 
La eliminación duradera de la pobreza requiere soluciones medioambientalmente sostenibles. 
Los pobres son quienes más dependen de los recursos naturales y los más vulnerables a la degradación y la mala gestión medioambientales. 
Si no se gestionan los recursos naturales racionalmente, no será posible el crecimiento económico continuo. 
Debemos ayudar a los países en desarrollo a integrar las preocupaciones medioambientales en su proceso de adopción de decisiones. 
En particular, apoyaremos sus esfuerzos para preparar planes y políticas con vistas a una gestión racional de sus recursos naturales y estrategias nacionales en pro del desarrollo sostenible. 
Las metas intermedias para el desarrollo sostenible, basadas en los convenios y las resoluciones de las Naciones Unidas, prevén la aplicación de dichas estrategias nacionales en todos los países en el año 2005 a fin de contrarrestar eficazmente las tendencias actuales en la pérdida de recursos medioambientales en los niveles nacional y mundial en el año 2015. 
Entre las medidas pertinentes cuya adopción está prevista durante la Presidencia de la Unión Europea figurará la de procurar que la Comisión y los Estados miembros se comprometan a promover estrategias nacionales en pro del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y adoptar metas mensurables, en particular en materia de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza, y contribuir a aumentar la eficacia de esos fondos. 
Recientemente se aprobó un reglamento del Consejo sobre medidas medioambientales en los países en desarrollo en el marco del desarrollo sostenible, junto con una resolución sobre la evaluación medioambiental en la cooperación para el desarrollo. 
Con ello se integrarán las preocupaciones medioambientales en la preparación de proyectos y programas, además de en los niveles de formulación de estrategias y políticas. 
Me gustaría repetir la última parte de mi pregunta: " A la luz de la falta de capacidad fundamental existente en la Comisión, ¿qué medios se propondrá utilizar para mejorar la calidad del medio ambiente?» 
No hay ninguno de nosotros que esté en desacuerdo con que los programas deban diseñarse de tal modo que el medio ambiente entre como parte integrada- y muchas otras buenas palabras. 
Sin embargo, no me creo que recibiera ninguna comunicación concreta sobre la manera de remediar la situación con la falta de capacidad que hay en la actualidad en la Comisión. 
Dicho brevemente: ¿cómo se garantiza que se dé prioridad a la integración del medio ambiente en la implementación de los programas de ayuda comunitarios ultramarinos y se fomentará en este conjunto la creación de incitamentos que sean lo suficientemente efectivos para que la integración se produzca en la práctica? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta, pero lo único que puedo hacer es remitirla a mi respuesta anterior, que es la de que hay formas diferentes de lograr mejoras. 
La Comisión ha de desempeñar un papel importante en la determinación de cómo puede supervisar los planes en los casos en que tengan un aspecto medioambiental y cómo puede velar por que se adopten los procedimientos medioambientales óptimos. 
Todos nosotros tendremos una oportunidad, cuando comencemos a negociar el mandato de Lomé, de incluir una consideración de los asuntos importantes que Su Señoría ha planteado. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 20 a 59 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Liberalización del transporte aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0015/98) del Sr. Seal, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las repercusiones del tercer paquete de medidas de liberalización del transporte aéreo (COM (96) 0514- C4-0602/96). 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de este informe, tengo que decir que es un informe decepcionante, no por la manera en que está escrito- eso está muy bien- sino porque en mi calidad de ponente no puedo analizar plenamente el éxito o el fracaso de la liberalización del transporte aéreo sin analizar las consecuencias sociales. 
La Comisión prometió publicar los resultados de un estudio que encomendó el pasado mes de octubre. 
Tengo entendido que acaba de ser entregado esta semana. 
De modo que pido a la Asamblea que examine los resultados de este informe, que examine los resultados aparentes de la liberalización, teniendo presente que los efectos sociales de la liberalización todavía está por tomarse en cuenta. 
El resto de la liberalización en la industria del transporte aéreo tiene cosas buenas y cosas malas. 
Tenemos algunas tarifas más baratas, pero también tenemos otras tarifas más elevadas. 
Tenemos una mayor competencia; se ha conseguido que algunas nuevas compañías aéreas respondan a la llamada; pero también se ha conseguido una disminución de la seguridad y se perfilan en el horizonte algunas temibles alianzas. 
En lo relativo a la baja en las tarifas, varias compañías aéreas sin opción a suplementos están ofreciendo tarifas más bajas, tales como Easyjet, Debonair, Virgin Express. 
Incluso British Airways ha creado una compañía aparte para ofrecer ofertas de este tipo sin opción a suplementos. 
Necesitamos extender el número de este tipo de compañías aéreas al resto de la Unión Europea. 
Les deseo suerte y recomiendo lo que están ofreciendo. 
No obstante, estas tarifas más bajas no deben conseguirse a expensas de la seguridad o empeorando las condiciones de trabajo. 
Por ello, es preciso que examinemos los efectos sociales de la liberalización. 
Las tarifas comerciales han caído, incluso tratándose de las compañías aéreas más grandes, en las rutas en las que existe competencia. 
No obstante, al analizar estas tarifas, a pesar de que se hayan reducido drásticamente, todavía siguen siendo demasiado elevadas. 
Sigue existiendo una increíble complejidad de tarifas. 
Tenemos las tarifas PEX, SuperPex, las eurotarifas, la económica, la supereconómica, la tarifa preferente, etcétera, etcétera. 
La compra de un billete de avión debería ser lo más fácil y sencillo posible. 
No es así. 
Los viajeros deberían tener la posibilidad de disponer fácilmente de información sobre los diversos servicios asociadas a las distintas tarifas. 
No tienen esa posibilidad. 
A pesar de que se ha conseguido que el tráfico aéreo aumente globalmente un 7, 9 % anual, la mayoría de los viajeros experimentan un mayor número de dificultades para obtener las tarifas correctas. 
Es preciso garantizar la seguridad. 
Observemos algunos ejemplos: British Airways retiró las puertas de seguridad de algunos de sus aviones para poner más asientos. 
Esta actitud no es buena en términos de seguridad y tuvo desastrosas repercusiones en su contra en lo que concierne a su imagen. 
Actualmente, nos encontramos con una situación en la que los pilotos están volando cada vez un mayor número de horas. 
Algunos de ellos están volando 17 horas en un solo día. 
Esto tiene que afectar a la seguridad. 
El personal de tripulación está trabajando un mayor número de horas a cambio de una retribución más baja y esto debe necesariamente afectar a la seguridad. 
Esta es la cara inaceptable de la liberalización. 
La liberalización tiene sus méritos, pero no carece de defectos. 
Es preciso controlarla. 
Con ello quiero decir que necesitamos establecer medidas preventivas de salvaguardia para evitar la competencia salvaje que conduciría a la creación de monopolios, tal como ha ocurrido en los Estados Unidos y Australia. 
Como consecuencia, sus servicios se han deteriorado. 
Necesitamos una liberalización equilibrada que beneficie a los viajeros, los accionistas y a los trabajadores del sector. 
Es preciso que fomentemos la entrada de nuevos operadores y garantizar que no acaben con ellos las grandes compañías antes de que puedan funcionar bien. 
Para ello, necesitamos resolver el problema de las franjas horarias- los problemas en los aeropuertos que tienen demasiado tráfico aéreo. 
Este tema es objeto de un informe por separado presentado a esta Asamblea, pero es preciso resolverlo si la liberalización ha de continuar. 
Es preciso asegurarnos de que las compañías aéreas recientemente creadas y las que están ofreciendo tarifas reducidas puedan obtener franjas horarias de modo que puedan continuar y también puedan volar entre algunos de los aeropuertos regionales. 
Asimismo, es preciso que examinemos las alianzas propuestas así como las que ya se encuentran en curso entre los operadores estadounidenses y europeos. 
Es necesario asegurarnos de que estas alianzas no destruyen nuestras compañías aéreas europeas. 
Los acuerdos a escala mundial deben permitir la competencia de las compañías aéreas europeas y con ello permitir a los viajeros disfrutar de los beneficios de esta competencia, pero no a costa de sus empleados. 
La liberalización no ha sido tan eficaz como se había prometido. 
Sin embargo, es deseable un enfoque más paulatino y controlado que ha de extenderse a todos los rincones de la Unión Europea. 
Si ha de continuar, es preciso que resolvamos el problema de la asignación de franjas horarias y la protección de los nuevos operadores que entran en el mercado. 
No obstante, no podemos- y yo, en mi calidad de ponente, no puedo- evaluar la repercusión del tercer paquete de medidas de liberalización hasta que no conozcamos las consecuencias sociales que reviste esta etapa de la liberalización. 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, debo dar las gracias y felicitar en nombre de mi grupo al señor ponente, Sr. Barry Seal, por su trabajo y por su informe, aunque éste haya tardado bastante en llegar a su destino. 
El informe trata con detenimiento todos los planteamientos esenciales relacionados con la liberalización. 
La liberalización ha sido varios años el objetivo tanto a escala global, nacional como europea. 
Pasa en muchos sectores, no obstante, uno descubre por doquier que el planteamiento es en realidad el mismo. 
¿Cómo llevar a cabo del mejor modo posible la liberalización y las mejoras en el servicio sin echar por la borda las condiciones de trabajo y la seguridad de los trabajadores, sin deteriorar el derecho al servicio público, incluso el tráfico? 
Este planteamiento es relevante ante todo en el terreno del transporte aéreo. Así se señala en los puntos 1 y 6 del informe. 
Conocer las consecuencias sociales y en lo que al empleo se refiere de la liberalización es tan importante como conocer los objetivos económicos en una situación de competencia. 
Entiendo que el estudio reclamado en el informe se encuentra ahora en camino. 
Hemos de valorar estos resultados sobre las consecuencias sociales y espero que sea una discusión sensata y no una discusión inútil. 
Es muy importante mantenerse sensato ante esta nueva situación. 
Señor Presidente, algunas personas deben de estar nerviosas en Europa, pues me he enterado por la prensa de que la tripulación de cabina de SAS contempla crear un fondo para huelguistas en Panamá. 
Hay que desaprobarlo. 
No veo el motivo. 
¿Quizá sea la diferente situación dentro de una multinacional o si no es eso, qué? 
Si examinamos con detenimiento la situación de la competencia en Europa, ésta se perfila como una imagen abigarrada aunque digamos que la liberalización continúa. 
En algunas rutas el precio es bajo y el nivel de servicio, alto. 
En otras rutas es justamente al contrario. 
Algunas rutas son puras líneas de autobús con gente esperando en la parada. 
La instantánea rectora del modo en que avanza la liberalización no existe. 
Uno de los grandes problemas es- como se ha mencionado- la impenetrabilidad del sistema de tarifas. 
Uno debe estar acostumbrado a viajar para poder manejarse dentro de la maraña de posibilidades. 
Con todo, puedo señalar que en algunas rutas funciona una cosa, a saber, la ley de la oferta y la demanda. 
Cuantos más pasajeros, billetes más caros. 
Debería ser al revés. 
Tengo la impresión de que volar sigue siendo visto en Europa como algo exclusivo. 
Quizá por eso se puede cobrar un precio más alto por kilómetro que en los EE.UU.. 
Si es realmente cierto que los costes de la navegación aérea son un 40 % más altos en Europa que en los EE.UU., entonces es hora de la intervención política. 
¿Porqué es más caro? 
¿Son las ayudas estatales? 
¿No son eficaces los aeropuertos? 
¿Es el servicio de tierra? 
¿O es la búsqueda de beneficios? 
Ahora uno puede seguir en bolsa los beneficios de las diferentes compañías y juzgar uno mismo. 
Es un negocio bien rentable explotar la navegación aérea en Europa. 
Una nueva valoración de los costes podrá dar lugar tanto a reducciones en los precios como a mejoras en el servicio. 
Imagínense si un día podemos viajar pagando por kilómetro. 
Piensen que uno sólo dijera que va a viajar tantos kilómetros. 
Esto cuesta tanto multiplicado por los kilómetros a recorrer. 
Sí, sería justo. 
Vemos cada vez con mayor frecuencia que surgen nuevas compañías, luchan un par de años para posteriormente desaparecer. 
En pocos mercados se requiere tanto capital para ganar cuota de mercado como en la navegación aérea. 
Sin embargo, a menudo la propia existencia efímera de las nuevas compañías pone en dificultades a las compañías establecidas. 
El que sólo unas pocas de ellas sobrevivan es la prueba de que el mercado no está totalmente cerrado. 
Con todo, sigue siendo necesaria una vigilancia. 
Los convenios sobre precios y las alianzas son fenómenos muy comunes que precisan un seguimiento muy cuidadoso. 
Y también está, seor Presidente, la adjudicación de los slots. 
Para nosotros tiene importancia el modo en que el mercado quede configurado en el futuro cuando hablamos de los slots. 
La iniciativa de la Comisión no se hace esperar. 
Sin embargo, ¿no es generalmente cuando se trata de los grandes aeropuertos cuando surge el problema? 
Los problemas relativos al air traffic control y los corredores aéreos deberían ser objeto del mismo interés. 
Me hace ilusión ver la iniciativa de la Comisión y haré todo lo que esté en mi mano. 
Cuando se liberalizaron los vuelos nacionales en Dinamarca, las compañías respondieron subiendo los precios. 
Sólo cuando se abrió el túnel del Gran Belt, que conoce el señor Comisario, y el tráfico ferroviario se volvió efectivo, sólo entonces bajaron las compañías los precios. 
Señor Comisario, señor ponente, debemos vigilar el desarrollo y la liberalización, compartimos con la Comisión una importante tarea encaminada a garantizar un buen vuelo a los pasajeros y correctas condiciones de trabajo a los trabajadores. 
Señor Presidente, agradecemos esta oportunidad de debatir el impacto del tercer paquete de medidas sobre la liberalización del transporte y deseo agradecer en especial al Sr. Seal por el trabajo que ha realizado. 
Acepto que se han hecho algunos progresos, pero quisiera señalar al señor Comisario que todavía no existe un terreno en igualdad de condiciones y el mercado sigue acusando una distorsión. 
La Presidencia británica del Consejo de Transportes habla de una Europa de los ciudadanos. 
De modo que quizás en esta Europa de los ciudadanos podríamos ver que ahora se pone un alto a las ayudas estatales para asegurar que existe un terreno en igualdad de condiciones y una competencia leal entre los operadores. 
En sus informes, tanto el Sr. Seal como el Sr. Sindal han mencionado los problemas de las franjas horarias, y se ha reconocido que en general la capacidad global de las franjas horarias tanto en el aire como en los aeropuertos plantea un problema. 
Voy a hacer una súplica al señor Comisario esta noche sobre la cuestión de los nuevos operadores que entran en el mercado. 
Aunque personalmente acepto que ha de darse prioridad a fomentar nuevas compañías aéreas en las rutas existentes, quisiera sostener que cuando no haya una nueva compañía aérea interesada en competir, debería permitirse a una compañía aérea ya existente operar en una nueva ruta. 
Quizás el señor Comisario podría tenerlo en cuenta en el contexto de sus propuestas de asignación de franjas horarias. 
En mi calidad de diputado que representa el aeropuerto de Stansted en el norte de Essex y el sur de Suffolk, doy especialmente la bienvenida a la entrada del nuevo operador de British Airways, cuyo nombre será «Go» , para operar desde el aeropuerto de Stansted. 
Todavía no estamos seguros de sus lugares de destino, pero estoy seguro de que va a significar mayores alternativas, tarifas más bajas y que será la compañía aérea cuya llegada todos saludamos. 
Todos nosotros quisiéramos ver una Europa de los ciudadanos y una verdadera liberalización del transporte aéreo y espero que tanto el señor Comisario como la Presidencia Británica concluirán el mercado único para junio, brindando una mayor selección de rutas y operadores y tarifas más bajas para los viajeros. 
Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida al señor Comisario y agradecer al ponente su informe. 
Asimismo, deseo decir que esta noche hablo en nombre del Sr. Niall Andrews, que deseaba hablar sobre este tema, pero tuvo que regresar a Dublín inesperadamente. 
La libre circulación de los trabajadores es uno de los principios en los que se fundamenta la Unión Europea y, por ende, nos corresponde a nosotros, los representantes electos de la Unión Europea, asegurar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a un transporte costeable y rápido entre los Estados miembros de la Unión. 
Las tasas de aeropuerto desempeñan un papel fundamental al conceder a las compañías aéreas el alcance financiero necesario para ofrecer a los consumidores viajes a bajo coste. 
Este tema reviste especial importancia para Irlanda, ya que es el único Estado de la Unión situado en una isla y depende enormemente de la disponibilidad de tarifas aéreas a bajo coste. 
A través del programa de liberalización del transporte, la Unión Europea ha tomado medidas destinadas a crear el clima necesario para que las compañías aéreas ofrezcan a los ciudadanos europeos tarifas a un precio competitivo. 
El programa de liberalización del transporte aéreo, que culminó con la liberalización total del mercado en 1997, ha acarreado sin duda alguna muchos beneficios a los consumidores tanto en términos de acceso como de coste. 
No obstante, una compañía aérea irlandesa, con éxito comercial, compitiendo en el mercado europeo, Ryanair, se encuentra envuelta actualmente en un prolongado conflicto sindical con sus empleados debido a la negativa de la compañía a reconocer o negociar con el sindicato elegido por algunos empleados para representarlos, o a cooperar con los procedimientos nacionales de conciliación laboral destinados a resolver dichos conflictos. 
Ryanair, cuyos propietarios y directivos han recibido sustanciales beneficios financieros de la liberalización del transporte aéreo, deben entablar inmediatamente un diálogo con los empleados que quieren ser representados por un sindicato de su elección y utilizar los recursos de los procedimientos nacionales que existen. 
Me preocupa que la conducta de esta empresa pueda ser sintomática de un problema más vasto en el que se estén violando los derechos de grupos vulnerables de empleados como repercusión de la liberalización del mercado y debido a la ausencia de una protección social adecuada a esta situación. 
Podría pedir a la Comisión que concluyera y publicara con toda urgencia su prometida evaluación sobre el impacto social de la liberalización del sector del transporte aéreo, incluyendo el derecho a la libre negociación, la libre asociación y la negociación colectiva. 
Señor Presidente, es una pena que el ponente haya encomiado los aspectos positivos de su informe, de lo contrario yo lo hubiera hecho y, viniendo de mí, hubiera sido todavía más excepcional. 
No obstante, tengo que decir que su informe es excelente, incluso si en su intervención de esta noche posiblemente se ha concentrado quizás demasiado en las consecuencias sociales, visto que el personal de tripulación y los pilotos de las compañías aéreas se encuentran entre los trabajadores mejor pagados del mundo. 
Señor Presidente, quiero llamar todavía la atención sobre un par de asuntos relativos a este sector que, en mi opinión, necesitan alguna mejora. 
En primer lugar está la cuestión de las ayudas estatales. 
Recuerdo la conversación que el Sr. Kinnock mantuvo con nosotros en la Comisión de Transportes y Turismo cuando asumió sus funciones, en la que con insistencia- y, casi diría yo, con el corazón en la mano- prometió poner fin a las ayudas estatales. 
Bueno, señor Presidente, aún continúan esas ayudas de estado y, quiero insistir aquí, se realizan prácticas de competencia desleal. Éste es el caso de empresas como Iberia, que permite que su filial Viva Air trabaje por debajo del precio de coste y, con eso, casi imposibilita la existencia de un mercado abierto a todo tipo de empresas que operan conforme a criterios comerciales y sin ayudas estatales. 
Así mismo, debe decirse que Air France no deja de amargar la vida de forma reiterada a los nuevos integrantes del mercado francés. 
Sin embargo, aquí al menos, la Comisión ha actuado de alguna manera. 
En segundo lugar, -y quisiera además requerir especialmente la atención del excelente personal del Comisario, ya que desearía una respuesta a mi pregunta, si no es ahora, en los próximos días y, si fuera necesario, por escrito- se me ha comunicado que en Italia la utilización de la séptima libertad, es decir, -no hablo del cabotaje, eso funciona de forma razonable- el transporte de una compañía comunitaria a un tercer país sería imposible porque, según los requisitos italianos, eso exclusivamente se puede hacer cuando uno se ha establecido formal y jurídicamente en Italia y, además, también ha establecido allí una presencia material, es decir, aviones y personal. 
Pues bien, eso es incompatible con aquello que se establece en la séptima libertad. 
Si debemos cumplir este tipo de condiciones, preferimos conceder el transporte a compañías de terceros países. Pongo el ejemplo de Egipto y Senegal. 
Señor Presidente, quisiera traer al orden un último punto que tiene que ver con los aeropuertos. 
Opino que cuando se compita en Europa mediante las circunstancias en que se vuela, especialmente en lo relativo al medio ambiente, y como no vamos a tener normas comunitarias respecto de los niveles de ruido sobre y alrededor de los aeropuertos, entonces, éstos competirán entre sí en detrimento del ciudadano, de forma que determinados aeropuertos puedan admitir pasajeros y vuelos extra porque no se preocupan por las normas relativas al ruido y al medio ambiente, y otros no. 
Me gustaría que también sobre esto se llevara a cabo algún tipo de armonización en Europa. 
Señor Presidente, una última observación. 
Ruego que la Comisión, preste más atención en su política de la competencia a las redes que a las líneas específicas. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Seal hace un balance matizado de la liberalización del transporte aéreo, que se ha traducido en reestructuraciones, fusiones, privatizaciones, sin que el usuario obtenga ventajas significativas. 
Por el contrario, la desregulación ha tenido graves repercusiones sociales, con miles de pérdidas de empleos, el desarrollo de la precariedad, reducciones salariales, ataques a los estatutos de los trabajadores. 
Por tanto, debo suscribir la solicitud que contiene el informe del Sr. Seal, que invita a la Comisión a publicar el estudio relativo a las consecuencias de la liberalización en materia social y de empleo. 
Dedicar solamente nueve líneas a este tema, tal como hace la Comisión, es indecente. 
Tanto en el transporte aéreo como en otros, los criterios de rentabilidad financiera, con la bajada de los costes como corolario, conducen a soluciones que son con frecuencia limitadas y que no garantizan las mejores condiciones, tanto por la igualdad de acceso para todos como para la seguridad, cuestión esencial, o para la ordenación del territorio. 
Es preciso también velar para que los desequilibrios con las regiones periféricas e insulares de la Comunidad no aumenten. 
En un contexto sometido a fuertes presiones de competencia, procedentes sobre todo de Estados Unidos, la Unión Europea debería tener como ambición dar prioridad a las cooperaciones de codesarrollo antes que a una lógica de guerra económica. 
Me felicito en este sentido de que se hayan tomado en consideración dos enmiendas de mi grupo: una, que solicita que los acuerdos bilaterales se basen en una reciprocidad real, la otra que llame la atención sobre las deslocalizaciones y el dumping social. 
Más esencialmente, creo que es necesaria otra dinámica del transporte aéreo, que se basa en un control público de este sector, para favorecer una ordenación equilibrada del territorio, para desarrollar los derechos sociales y el empleo, para levantar las restricciones a las libertades sindicales, en resumen, para garantizar el derecho de todos al transporte en buenas condiciones. 
En un objetivo de democracia y transparencia, una instancia pública de concertación debería permitir a todos los actores sociales que tomaran parte en las orientaciones y decisiones que afecten a este sector. 
Éste es el sentido de las enmiendas que hemos presentado. 
Señor Presidente, queremos situar la consideración del medio ambiente en el centro del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. 
La integración de las cuestiones medioambientales en todos los ámbitos políticos de la Unión será una gran tarea, pero tenemos que afrontarla. 
Creemos que puede llevarse a cabo una política de transportes sostenible y estamos todos de acuerdo en que lo esencial es reducir las emisiones de CO2 del tráfico, que aumentan más rápidamente que las de cualquier otro sector. 
Naturalmente, el Grupo de los Verdes da de nuevo la lata con el medio ambiente, ¿verdad? 
La Comisión de Transportes y Turismo, al igual que el ponente, el Sr. Seal, desea de verdad integrar el medio ambiente en la política de transportes. 
Sin embargo, permítame decirle, estimado colega Seal, que no he inventado yo las primeras cuatro frases, sino que ayer fueron pronunciadas en esta sala por su compañero de partido, el Sr. Prescott, quien, como Presidente del Consejo, estuvo aquí presente y se refirió a la cuestión del medio ambiente y del transporte como primera prioridad medioambiental de la Presidencia británica. 
Usted, al contrario, Sr. Seal, logra no mencionar ni una sola vez el término medio ambiente en su informe. 
Usted, que reprocha a la Comisión que solamente dedique nueve líneas a las oportunidades de empleo, tiene una ceguera considerablemente grande cuando se trata del medio ambiente. 
Y que nadie diga que la liberalización del transporte aéreo y el aumento de la contaminación medioambiental por los aviones no tienen nada que ver. 
La competencia ha hecho que volar sea más barato y eso también lo escribe el Sr. Seal en su explicación. 
Está bien para los viajeros, pero son malas noticias para los descendientes de esos viajeros, ya que los billetes baratos conducen a más kilómetros por pasajero y, por tanto, a más contaminación. 
La resolución prevé un aumento anual del tráfico aéreo del seis al siete por ciento. 
Si, siendo optimistas, partimos de que la mitad de este crecimiento puede ser controlado por la innovación tecnológica, hay todavía un aumento de las emisiones de CO2 por los aviones de, al menos, el tres por ciento por año. 
¿No habíamos precisamente convenido en Kioto que las emisiones de CO2 deben disminuir y que también la aviación civil debe aportar su granito de arena? 
Es evidente que todo queda en japonés para el Sr. Seal y mis colegas de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Espero saber por la Comisión si existen propuestas para reducir las emisiones de CO2 del transporte aéreo y cómo le va con los estudios relativos al impuesto sobre queroseno y otras tasas. 
¿Cómo relacionar una mayor liberalización y precios todavía más bajos con la necesidad de reducir el CO2? 
¿También forman parte los acuerdos relativos al medio ambiente de las medidas de acompañamiento que, según la página 22 de la comunicación de la Comisión, faltan en los actuales acuerdos de aviación civil entre los Estados miembros y los EE.UU.? 
¿Pedirá la Comisión al Consejo un mandato para negociar con los EE.UU., no sólo sobre open skys, sino también sobre cleaner skys? 
Quiero saber, además, si el asunto de la aviación civil y el medio ambiente está en la agenda de los dos próximos Consejos de Ministros de Medio Ambiente y de Transportes. 
Si no es así, debo concluir que, mientras intentamos controlar el coche, el avión se convierte en la vaca sagrada de Europa. 
Señor Presidente, el 1 de abril de 1997 se completó, al menos sobre el papel, la liberalización del mercado interior para la aviación civil. 
Tampoco se ha desatado una competencia feroz entre los grandes carriers y los precios de los billetes no se han reducido espectacularmente. 
Sin embargo, la estructura del mercado de la aviación civil ha cambiado fundamentalmente en los últimos diez años. 
Mientras tanto, el número de conexiones ha crecido moderadamente y el mercado se ha vuelto más dinámico. Eso resulta de la aparición, por ejemplo, de compañías aéreas de low budget. 
Así mismo, los billetes de las rutas en las que se ha originado competencia se han vuelto más baratos. 
Que la liberalización haya transcurrido con calma es también consecuencia del espectacular crecimiento que la aviación civil, desgraciadamente, experimenta durante los últimos años. 
Por ello, no se producen despidos a gran escala, pese a los continuos esfuerzos para lograr una mayor eficiencia. 
El informe de la Comisión analiza especialmente la eficiencia y la competencia en la aviación civil. 
Con razón, la Comisión se refiere a los servicios de asistencia en tierra y al control del tráfico aéreo como terrenos en los que todavía pueden conseguirse importantes ahorros. 
Sin embargo, opino que en el futuro también debe verse una verdadera competencia entre las diferentes modalidades de transporte. 
Comparado con el transporte de personas por tren o autobús, el tráfico aéreo está subvencionado de forma encubierta. 
Me refiero aquí, entre otros, a la venta libre de impuestos y al queroseno barato. 
La venta libre de impuestos en los aeropuertos terminará, justificadamente, dentro de poco para los vuelos interiores de la Unión Europea. 
Sin embargo, hace falta algo más para que exista una verdadera competencia entre las diferentes modalidades de transporte. 
Urge, por tanto, la introducción de un impuesto sobre el queroseno en la Unión. En un mercado interior, el queroseno libre de impuestos es, con perdón para los intérpretes, una " locura de cisne.» 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado. 
Considero que el informe nos permite formar un juicio serio sobre los aspectos de la liberalización y, en consecuencia, abordar de forma muy precisa los distintos temas. 
Deseo evidenciar algunos aspectos que considero importantes. 
Se ha dicho que muchísimas empresas han hecho frente al mercado dejando, sin embargo, de ser competitivas. 
En definitiva, se han registrado muchas bajas. 
Si desde el punto de vista económico esto puede ser considerado negativo, desde el punto de vista de la seguridad debe considerarse de forma positiva, ya que significa que la liberalización no ha afectado a los mecanismos de seguridad y garantía social. 
Existen, sin embargo, contradicciones y problemas, en particular problemas en cuanto al horario de trabajo, la deslocalización de las empresas que incide de forma negativa en los recursos humanos procedentes de terceros países, y a la gestión de los servicios con agencias de fuera de la Unión Europea que, evidentemente, debemos vigilar muy atentamente. 
En definitiva, no obstante, el sistema ha funcionado positivamente. 
Estoy convencido de que es preciso tener en cuenta el proceso de reestructuración puesto en marcha por las compañías nacionales. 
Dicho proceso de reestructuración ha sido positivo y ha permitido resistir la competencia de forma puntual, así como ha obligado a adoptar algunas ideas realmente innovadoras. 
Pienso, por ejemplo, en la compañía Alitalia, cuyos operadores y trabajadores están implicados personalmente en la gestión empresarial y participan en las actividades de la empresa. 
Estos son aspectos muy importantes y significativos. 
Si las ayudas estatales han permitido este proceso de reestructuración, creo que fueron una ayudas justas y que se colocan en la óptica de una apertura del mercado y de la capacidad de resistir la competencia. 
Deseo abordar ahora, sin embargo, otro aspecto respecto al cual hay que insistir. 
En cierto modo, la competencia ha incidido más en los servicios de tierra y los servicios aeroportuarios que en el sistema concreto de liberalización de las líneas aéreas. 
Hay que admitir que siguen existiendo grandes problemas en las líneas. No estoy en absoluto convencido de que tengamos que seguir con esta situación, por ejemplo, en lo que respecta a la relación con los Estados Unidos. 
Los tratados Open sky deben continuar de forma mucho más puntual también porque debemos llevar la reestructuración de las compañías aéreas europeas al mercado global y, por ende, a una competencia dentro del mercado americano, que por ahora nos está vetado. 
Considero que esto supone una fuerte restricción del juego de la competencia internacional. 
Por eso son importantes la liberalización del sistema de los cielos abiertos, así como la capacidad de liberalizar el espacio aéreo. 
Nos encontramos ante un espacio aéreo todavía muy limitado por los sistemas militares. 
En estos días, por desgracia, hablamos de la guerra y de las contradicciones que la misma supone. Me refiero naturalmente a Irak; en estos días volveremos a padecer la completa ruptura de nuestro espacio aéreo. 
Éste es un aspecto dramático. 
Sería más oportuno, por el contrario, que el espacio aéreo para el sistema civil fuera cada vez más amplio. 
También se ha hecho hincapié en el aspecto relacionado con el control del tráfico aéreo. 
Ya no se puede seguir así. 
En el sector del control podemos producir un gran ahorro, así como lograr una capacidad de fuerte coordinación. 
Finalmente, señor Comisario, considero positivas las medidas y, en mi opinión, la próxima acción relativa a los derechos aeroportuarios nos ofrecerá una mayor capacidad para afrontar el mercado y mantener los mecanismos sociales de garantía en favor de los trabajadores. 
Señor Presidente, la liberalización de la industria naval se ha estado llevando a cabo durante decenios. 
Se trata de una evolución positiva y necesaria para cubrir las destinaciones cada vez más variadas de los pasajeros. 
Con ocasión de la evaluación que ahora se realiza, la Comisión no ve que se hayan producido unos cambios dramáticos tras la liberalización. 
Esto significa que las grandes líneas aéreas siguen existiendo, que los competidores extranjeros no han penetrado en el sector de los operadores internos en una proporción que sea digna de mención. 
Y que tampoco se han observado unas caídas dramáticas de los precios. 
Es evidente que si esto era lo que queríamos con la liberalización, se puede decir que ha tenido éxito. 
Pero dado que los precios no han bajado, y que el acceso de los pasajeros al libre mercado no ha aumentado, conluyo que la liberalización debe avanzar. 
Se necesita más competencia y más operadores en el mercado aéreo europeo, no menos. 
Actualmente hay muy pocas líneas que acaparan muchas rutas, y estas líneas aéreas concluyen unos acuerdos de cooperación cada vez más sofisticados. 
Con ello neutralizan realmente cualquier posibilidad de que se produzca la competencia en el mercado aéreo. 
Estoy convencido de que la evolución necesaria no ha hecho sino comenzar. 
Para cumplir con los deseos de los pasajeros hay que centrarse en un acceso mayor al mercado y en unos precios más bajos. 
Se trata de abrir el paso a la competencia y de crear unas condiciones que permitan un número sustancialmente mayor de actores dentro del sector aéreo de lo que es el caso hoy en día. 
Todo ello hará posible una evolución que podrá finalmente cumplir con las expectativas de los pasajeros a este lado del año 2000. 
Señor Presidente, a diferencia del Sr. Stenmarck, yo no tengo la misma creencia en las posibilidades que ofrece la liberalización con respecto a las líneas aéreas y al tráfico. 
Creo que existe una confianza ingenua notoria en lo que se puede conseguir desregulando el tráfico aéreo. 
La aviación interna sueca ha tenido una situación de libre competencia durante una serie de años. 
Al principio nos llevó a una gran proporción de competencia en materia de precios. 
Actualmente, no obstante, hemos acabado con una situación totalmente distinta, que entre otras cosas significa que existen dos líneas para las rutas más atractivas, pero que a menudo compiten a base de utilizar los mismos horarios, los mismos precios y también un servicio muy similar. 
En las rutas menos atractivas en cambio hemos acabado con precios más altos y un servicio peor, lo cual refuerza las disparidades regionales que ya eran grandes de entrada. 
Esto sucede en un país que depende mucho de la aviación interna y donde a menudo no existen otras alternativas. 
Pienso además que es importante dejar claro que no se puede tener el objetivo de que aumente el tráfico aéreo. 
Es insostenible, desde el punto de vista ecológico, que se siga con el ritmo de crecimiento que tenemos actualmente. 
He presentado una enmienda especial, la nº 3, que consiste en que la competencia debe producirse a base de unos métodos aceptables desde el punto de vista social. 
Sobre todo he destacado el caso de las líneas aéreas irlandesas Ryan Air, que se ha destacado por su política antiasociativa. 
La empresa se niega a concluir convenios con las organizaciones profesionales, lo cual ha producido un conflicto que se está desarrollando actualmente en el aeropuerto de Dublín con el personal de equipajes. 
Se ha negado a colaborar con el tribunal irlandés, Labour Court. 
Opino que es totalmente inaceptable que se apliquen estos métodos en la competencia entre líneas aéreas. 
Hay que demostrar que no aprobamos una actitud antiasociativa cara a las organizaciones profesionales, o de dumping social, como medio para aumentar la competitividad. 
Sería interesante oír lo que piensa el señor Comisario sobre la actuación de Ryan Air. 
En base a estos datos, defiendo la enmienda del Grupo GUE/NGL y la del Grupo de los Verdes. 
Señor Presidente, evidentemente ésta no es la noche de Ryanair. 
También yo quisiera llamar la atención sobre la lamentable situación que se ha desarrollado en esta compañía aérea. 
El informe del Sr. Seal habla muy a favor de muchos de los aspectos positivos de la industria de la aviación en los últimos años. 
Entre las compañías bienaventuradas, menciona a Ryanair, actualmente la compañía aérea más rentable de Europa, más rentable proporcionalmente en relación con el volumen de negocios del gigante British Airways. 
Como ya mencionaron varios oradores anteriores, se han enfrascado en un conflicto sobre un aspecto que muchos de nosotros deberíamos considerar como uno de los derechos humanos, a saber, el de que los trabajadores se afilien a un sindicato y sean representados por un sindicato. 
Cuando la compañía aérea empezó, estos trabajadores estuvieron dispuestos a trabajar por una tarifa salarial considerablemente más baja que la tarifa en curso reconociendo que la compañía no podía permitirse en ese momento pagar retribuciones elevadas. 
Se trata de una compañía aérea que ha tenido un beneficio de 35 millones de libras el año pasado. 
Su director general obtuvo recientemente una bonificación personal de 17 millones de libras. 
Otras compañías mucho más pequeñas y mucho más grandes están pagando sueldos considerablemente más altos que Ryanair. 
No alabemos una compañía cuyas prácticas en materia de relaciones laborales son injustas y cuyos beneficios se consiguen a costa de la generosidad de sus empleados. 
Este ha sido un debate muy interesante. 
Ante todo, me gustaría agradecer al ponente, Sr. Seal, por su exposición sobre la evolución de la liberalización de la aviación en la Unión Europea. 
Hacer una evaluación justa de un proceso nuevo y que se encuentra en curso siempre se asemeja a una experiencia de ensayo. 
Alabo el enfoque que ha adoptado. 
Como la Asamblea estará enterada, la liberalización de la aviación civil en la Unión ha sido intencionalmente un proceso paulatino, en parte con vistas a tomar en cuenta las condiciones en las que se inició a mediados de los años 1980 y, en parte, para evitar interrupciones y pérdidas semejantes a las producidas por la liberalización en los Estados Unidos de América. 
En otras palabras, esto ha sido y es lo que el Sr. Seal está buscando: una liberalización equilibrada que tras algunos esfuerzos trate de asegurar que se tomen en cuenta los intereses de todos los legítimos participantes. 
Resulta inevitable que si bien en nuestra comunicación de 1996 se determinaron algunos de los principales efectos de la liberalización, otros sólo se han hecho aparentes a partir de entonces, conforme las compañías aéreas han sacado mayor provecho de las posibilidades que se les ofrecían. 
Como reconocimos en 1996, aún quedaba mucho por hacer para asegurar que se cumpliera con el potencial creado por la liberalización y se lograran las condiciones de la competencia leal. 
Esta situación se pone especialmente de manifiesto en lo relativo a la ayuda estatal. 
Como está al tanto la Asamblea, desde el punto de vista de la Comisión, las ayudas a las compañías aéreas por parte de los gobiernos de los Estados miembros sólo pueden justificarse, y únicamente deberían autorizarse, como parte integrante de un programa coherente y de duración definida para restaurar la viabilidad financiera y la competitividad de las compañías beneficiarias. 
Estoy seguro de que este enfoque ha contribuido directamente a dar credibilidad y éxito a los programas de reestructuración. 
Esta mañana, observé los resultados de Iberia en The Financial Times y no dejé de sentir cierta satisfacción. 
El cuidadoso control que hemos aplicado a la hora de poner en práctica los planes de reestructuración y en cómo se cumplen las condiciones estipuladas demuestra los productivos resultados que se están logrando. 
Tomando estos resultados como base pudimos autorizar el pago final de los Gobiernos francés y portugués a Air France y a TAP. 
Lamentablemente, también sobre esta base tuvimos que concluir que Olympic Airways no estaba cumpliendo con las condiciones esenciales establecidas en el momento de concluir el acuerdo con el Gobierno griego en 1994. 
Como consecuencia, en este caso tuvimos que volver a abrir el procedimiento. 
En las últimas semanas también tuvimos que tomar una actitud sumamente estricta hacia el Gobierno italiano y Alitalia por infringir las condiciones esenciales incluidas en la decisión de la Comisión en materia de ayuda estatal, el pasado mes de julio. 
Me complace decir que hemos recibido una respuesta rápida y eficaz del Consejo de Ministros italiano y, dentro de unos días, se tomarán medidas complementarias y vinculantes para resolver estas problemáticas. 
En relación con los demás aspectos mencionados, en las peticiones expresadas en el curso del debate, y relacionadas con las ayudas del Estado en condiciones competitivas, debo decir que si los diputados tienen pruebas en las que puedan basarse irrefutablemente las reclamaciones, perjudican a los demandantes si no les alientan a presentar la demanda correspondiente ante la Comisión Europea. 
Puedo decir lo siguiente: respondemos con celeridad a todas las reclamaciones fundadas. 
La reciente experiencia en el caso de Alitalia es una muestra más de ello. 
Por ende, si los diputados creen saber de quejas que no nos hayan sido notificadas, deben decirlo; no a nosotros, sino a aquellos que les han participado sus preocupaciones. 
Respecto a la globalización, actualmente estamos dedicando nuestros esfuerzos a asegurar que la consolidación del mercado no produzca efectos adversos y contraproducentes. 
El ponente determina la multiplicación de fusiones como parte de la tendencia de la globalización. 
No obstante, cabe observar que debido a las cláusulas restrictivas sobre la propiedad y el control en la mayor parte de los acuerdos bilaterales existentes, las fusiones son prácticamente imposibles, y es por ello que en su lugar presenciamos una proliferación de alianzas entre compañías aéreas. 
La diversidad y la disparidad de regímenes regulatorios inhiben claramente el funcionamiento eficaz del mercado, lo que representa, claro está, un motivo importante para que la Comisión dirija sus esfuerzos a obtener un mandato de negociación sobre los acuerdos relativos al acceso al mercado con países terceros, especialmente los Estados Unidos de América. 
Resulta obvio que si no aprovechamos la oportunidad de negociar un vasto acuerdo sobre el servicio aéreo con los Estados Unidos, la compañía United States Airlines será, intencionalmente o por defecto, la beneficiaria desproporcionada de nuestro mercado único, de nuestra liberalización, cuando nuestras compañías aéreas carecen de derechos efectivos de acceso y operación comparables al mercado único de los Estados Unidos. 
Por ello, espero que todos los Estados miembros tengan en cuenta la realidad y respondan con diligencia al desafío para que podamos negociar en tanto que Unión un acuerdo justo y equilibrado sobre cielos abiertos para cruzar el Atlántico y a ambos lados de éste. 
Resultaría sumamente alarmante si, debido al efecto acumulativo de los acuerdos bilaterales en curso y los futuros acuerdos bilaterales, United States Airlines pudiera operar efectivamente a su guisa en nuestro mercado único cuando no puede hablarse de la más mínima reciprocidad en el mercado único de los Estados Unidos. 
Entre tanto, como la Asamblea está enterada, hemos abierto una investigación sobre tres alianzas de compañías aéreas transatlánticas existentes y sobre una alianza propuesta en 1996. 
Lejos de haber adoptado una actitud dilatoria, como parece sugerir el ponente en su informe, la Comisión se ha mostrado sumamente vigilante acerca de la evolución del mercado que, al convertirse en mundial, podría, a su vez, crear nuevas restricciones que impidan aprovechar plenamente las ventajas de la liberalización. 
El reconocimiento de esta posibilidad, por ejemplo, ha impulsado a la Comisión a tomar iniciativas sobre la gestión del tráfico aéreo (aspecto mencionado por algunos diputados) sobre los servicios de maniobra en tierra (mencionados por otros diputados) y sobre los desafíos que plantean los aeropuertos (de nuevo mencionadas en algunas intervenciones). 
Nuestra propuesta para la revisión de la actual regulación de las franjas horarias en los aeropuertos se hará pública dentro de muy pocos meses. 
El Sr. Seal tiene razón al señalar que nuestra comunicación no dedica mucho espacio a los aspectos sociales de la liberalización. Aunque también sería verdad decir que, por otro lado, la Comisión se ha mostrado especialmente atenta al impacto social de las medidas de liberalización. 
La Asamblea está enterada- y se hizo referencia a ello- de que hemos pedido un estudio para tratar este tema. 
Visto que recibimos los resultados de dicho estudio la semana pasada, puedo expresar la firme esperanza de que el informe final estará disponible para este Parlamento y el público en general durante el mes de abril. 
Actualmente ha quedado claro, evidentemente, que la aviación civil ha sido el único modo de transporte en el que se incrementó el empleo entre 1990 y 1995 y, aunque el crecimiento total fue modesto- aproximadamente el 0, 4 % anual durante este períodoha de observarse que se logró a pesar de una recesión económica general y a pesar de una amplia reestructuración de la compañías aéreas, que ha provocado, en algunos casos, una reducción temporal de personal. 
La mayor eficacia y competitividad de las compañías aéreas ha tenido como efecto estimular, claro está, de nuevo la demanda de empleo- y esta es una buena noticia para todo el mundo. 
Como la Asamblea podía anticiparlo, estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista del Sr. Seal de que la liberalización no debería, realmente no debería, llevarse a cabo a expensas de la seguridad y, por ende, continuaremos activos y vigilantes respecto a todo lo que concierne la seguridad, no sólo a nivel comunitario, sino mundialmente. 
Para demostrarlo prácticamente: en los últimos meses propusimos una directiva para establecer una evaluación en materia de seguridad de los aviones de países terceros que operan en la Unión Europea, y hemos publicado nuestra propuesta para la creación de una Agencia Europea para la Seguridad de la Aviación Civil. 
Además, fuera del ámbito comunitario, la Comisión continúa sus esfuerzos para asegurar y mantener la aplicación efectiva de las normas ICAO. 
Entre tanto, también estamos tratando los temas medioambientales que atañen a la aviación, mencionados por algunos de los diputados que intervinieron en el debate, a través de la comunicación sobre las emisiones y el transporte de dióxido de carbono que publicaremos en primavera y, además, más específicamente en nuestro estudio sobre las repercusiones que tendría para la aviación civil y el medio ambiente la imposición de una tasa sobre el queroseno. 
Quizás la Asamblea esté enterada de que por primera vez hemos reunido los Consejos de Medio ambiente y Transportes convocados por la Presidencia Británica- uno informal y otro formal- y esperamos de estas iniciativas produzcan resultados sumamente positivos para el transporte y el medio ambiente. 
En lo relativo a la protección de los consumidores, la Comisión presentó recientemente una propuesta relativa a la compensación por negativa de embarque, cuando el actual código de conducta sobre los sistemas informáticos de reserva, así como las enmiendas propuestas, ya permiten determinar claramente el operador de un vuelo y que se informe adecuadamente al viajero. 
Hemos tenido algunas quejas de viajeros sobre este tema y espero que los diputados de esta Asamblea, a su vez frecuentes usuarios de vuelos y usuarios de los servicios aéreos liberalizados, se esmerarán para asegurar que si experimentan dificultades a este respecto, comuniquen estas dificultades a la compañía aérea correspondiente con copia para mí. 
Me dará mucho gusto tener información de primera mano. No les quepa duda de que tomaré cartas en el asunto. 
Estas acciones deberían reforzar, en lo que atañe a los consumidores, los requisitos de información y transparencia que con toda razón busca el informe del Sr. Seal. 
La lista de las distintas acciones, que presenté esta tarde, no es exhaustiva, pero muestra claramente que la Comisión no consideraba su trabajo terminado cuando presentamos nuestra comunicación, en octubre de 1996, o cuando se concluyó formal y legalmente el mercado único en la aviación civil, el 1 de abril del año pasado. 
Antes al contrario, reconocimos que era preciso seguir trabajando en ello y desde entonces hemos continuado activamente dando los pasos necesarios hacia adelante. 
Con estos antecedentes, el informe del Sr. Seal representa una gran ayuda al hacer hincapié en las prioridades y destacar la importancia de la dimensión social. 
Por ende, le agradará, espero, saber que con el objeto de prestar toda la atención necesaria al impacto social, y también para tomar en cuenta las nuevas tendencias y el entorno cambiante en el que operan las compañías aéreas una vez totalmente concluido el mercado único de la aviación, publicaremos el informe que mencioné antes y que en un futuro próximo se pondrá a disposición de este Parlamento para ser debatido. 
Espero poder decir con total confianza que el informe brindará una respuesta completa a aquellos aspectos del informe del Sr. Seal relacionados con los temas que no fueron tratados en nuestra comunicación anterior. 
Espero analizar con esta Asamblea este y otros temas en un futuro no muy lejano. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Tripulantes de cabina en la aviación civil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0018/98) del Sr. Grosch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo, relativa a los requisitos de seguridad y certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil COM (97) 0382- C4-0460/97-97/0212 (SYN) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la formación en la seguridad de los tripulantes de cabina en la aviación civil es casi una parte del tema que acabamos de discutir o una consecuencia del mismo. 
La Comisión, en relación a esto, habría podido recibir la normativa de la AAC modificadas o sin modificar, y haberlo llevado al derecho comunitario sencillamente siguiendo el Reglamento 3922/91. 
Pero ha escogido otra vía, concretamente, la de la directiva. 
Obviamente está claro que nosotros como parlamentarios recibimos gustosos esa decisión, no menos que el hecho de que se nos incluya en el proceso de legislación. 
Pero a mi parecer esta no es la razón más importante, pues la propuesta de la Comisión- y esto es lo esencial- sitúa al trabajo de la tripulación en la perspectiva adecuada, esto es, centrándose en las labores de seguridad. 
Por ello es muy importante que la formación fundamental, la formación continua general así como la formación continua según el tipo de avión se desarrolle con más transparencia. 
En mi opinión, esta es una parte importante del trabajo. 
Existe el peligro, que ha sido ya mencionado, de que las compañías aéreas en dura competencia unas con otras puedan considerar justamente estos costes de formación como costes variables y que, por consiguiente, inicien una contención del gasto en ese terreno que sería, a mi parecer, muy desafortunado. 
Por esto consideramos también que los programas propuestos en el Anexo son exigencias mínimas. 
Tanto la formación fundamental como la formación según tipos que son especificadas en él son y serán según nuestra opinión formaciones fundamentales, de las cuales no se puede quitar realmente nada. 
Esto significa también que, en consecuencia, las tripulaciones disfrutan de una protección social que existe en cualquier trabajo similar, y que consiguientemente la entrada en esa profesión o un comienzo en esa profesión ya no es posible sin la formación. 
Si se comparan los problemas de las compañías aéreas uno por uno, se constata ya que esa Directiva es realmente necesaria. 
Aunque la mayoría de las compañías aéreas se toman en serio la formación inicial, descuidan de alguna forma la formación continua y especialmente la formación específica según tipos de avión. 
La propuesta de la Comisión respeta también la subsidiariedad. Da cuenta del deseo de que los Estados miembros, de ahora en adelante, definan ellos mismos la formación; pero debería haber obligación de informar a la Comisión. 
Resumiendo: la propuesta es una respuesta ideal a cuestiones técnico-administrativas, a retos sociales en el mercado libre y a aspiraciones en materia de seguridad que están vinculadas a la profesión de tripulante de cabina. 
En esta discusión no debemos olvidar, aunque no es tan importante, que en la forma de un reconocimiento, aquí se llama certificado, se pueda incrementar la movilidad también en este ámbito profesional. 
Las propuestas de modificación que introduce en este apartado la Comisión de Transportes y Turismo, han de ser entendidas tan sólo como precisiones. 
Regulan las disposiciones transitorias, regulan o, mejor, fijan la obligación de informar por parte de los Estados miembros, y regulan con más claridad los controles médicos. 
En la propuesta de la Comisión se habla sólo de controles regulares, mientras que nosotros en cambio proponemos una frecuencia temporal. 
Desde mi punto de vista, las modificaciones que a posteriori ha introducido el Sr. Simpson son dignas de apoyo. 
Aunque el texto de la Comisión, mis modificaciones y las que fueron propuestas en el seno de la Comisión conservaron la diferencia entre tripulaciones de cabina con y sin formación en seguridad, las modificaciones del Sr. Simson apuntan a la eliminación de esa distinción, o, lo que es lo mismo, a que toda tripulación de cabina haya de cumplir con los mismos requisitos de cualificación. 
Esto tiene la ventaja, en mi opinión, de que no puede haber tripulaciones de cabina con cualificaciones diferentes, lo cual es muy importante, y de que en situaciones críticas todo tripulante de cabina esté preparado para cumplir su tarea. 
Por último quisiera recordar- quizás habría debido decirlo al principio, porque hasta ahora todo parece gozar de consenso- que esa Directiva, naturalmente, no resulta bien vista por las AAC y tampoco por las compañías aéreas. 
Pero no es motivo especial de preocupaciones. 
Más me preocupa el escepticismo- por decirlo suavemente- del Consejo a propósito de estas cuestiones. 
Espero que sólo por los accidentes evitados, por no hablar de la trágica realidad de los accidentes ocurridos, se convenza el Consejo para que este documento no aterrice en algún cajón perdido, sino que sea tratado efectivamente y que además encuentre consenso. 
Señor Presidente, ante todo hagamos una aclaración: esta tarde estamos debatiendo las normas de seguridad para los tripulantes de cabina en la aviación civil y no sobre los controladores del tráfico aéreo. 
Al menos, eso espero. 
Sé que es muy tarde, pero creo que ésta es la directiva que estamos debatiendo, a menos que me haya equivocado de sala. 
Pienso que tenemos un problema con la interpretación, con el debido respeto al Sr. Grosch. 
Deseo agradecerle sus esfuerzos por procurar hacer llegar el presente informe al Parlamento y hacer un trabajo tan completo, y también felicitar a la Comisión por haber previsto presentarlo, especialmente a la luz de lo que acaba de decirse acerca de la liberalización, y los comentarios que hizo el señor Comisario acerca de la necesidad de apuntalar la liberalización con un marco social sumamente sólido. 
Esta es una clara muestra de la situación real, y ésta es una medida que merece todo el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Uno de los puntos que es preciso destacar es que necesitamos hacer comprender al Consejo y, en realidad a nivel comunitario en general, por qué esta medida es tan importante. 
Es preciso dejar muy claro un aspecto, contrariamente a la creencia general, si se sufre un accidente aéreo, en realidad, existe la probabilidad de no morir. 
Efectivamente, muchos accidentes aéreos tienen sobrevivientes. 
Alrededor del 75 % de los accidentes aéreos tienen lugar a la hora de aproximarse, durante el aterrizaje o el despegue. 
Las investigaciones muestran que podría sobrevivirse a aproximadamente un 90 % de todos los accidentes aéreos. 
Se calcula que de las 1.500 personas que mueren como media anual, podría sobrevivir una media de 300 personas cada año si se mejoraran las medidas de evacuación en el avión. 
Estoy convencido de que si tuviéramos una mejor evacuación, más rápida y más eficaz, podríamos salvar vidas- tantas como 300 por año. 
¿Cómo vamos a hacerlo? 
Hay diversos métodos con los que podemos mejorar las medidas de evacuación. 
Primeramente, a través de la conducta y las competencias para controlar a la gente de los tripulantes de cabina durante las evacuaciones de emergencia y, en segundo lugar, gracias al conocimiento de los viajeros de los procedimientos de seguridad y su motivación para familiarizarse con ellos. 
Todos sabemos, debido a nuestra experiencia por viajar en avión, que nadie presta ninguna atención a los tripulantes de cabina cuando hacen las demostraciones de seguridad y, hasta ahora, todas las pruebas sugieren que la información que nos están dando podría hacer la diferencia entre la vida o la muerte. 
Hay varias razones por las que la evacuación es un aspecto de esencial importancia y la formación es, con toda claridad, un medio por el que podemos capacitar y motivar a los tripulantes de cabina a proporcionar una información eficaz a los viajeros antes, durante y después de un incidente. 
Por ello creemos que esta medida es tan importante. 
Técnicamente, puede sobrevivirse a la gran mayoría de los accidentes aéreos, y una evacuación eficaz es muy importante. 
Por ejemplo, las reglamentaciones actuales especifican que un avión debe ser evacuado en un plazo de 90 segundos con sólo la mitad de las salidas abiertas. 
En 1994, se llevó a cabo una investigación por parte de la CAA y la FAA que señaló claramente que la diferencia entre lograr salir del avión o no depende de un personal de tripulación firme, altamente formado y altamente eficaz. 
Deberíamos reflexionar en ello esta noche. 
Esta afirmación sostiene el trabajo del Sr. Grosch y la propuesta de la Comisión. 
Los resultados demuestran con toda claridad que la diferencia la hacen unos tripulantes de cabina con formación. 
Por ello, nos complace mucho apoyar esta propuesta en favor de una directiva sobre la formación de los tripulantes de cabina. 
Hay varios aspectos que nos preocupan y los hemos determinado a través de nuestras enmiendas. 
Pensamos que durante un incidente no se puede diferenciar entre unos tripulantes de cabina que pueden haber tenido una formación en materia de seguridad y otros que no la han tenido. 
Todos los tripulantes de cabina deberían tener las competencias profesionales necesarias para asegurar que el avión, por ejemplo, se evacúe con la mayor rapidez y eficacia posible. 
Por ello hemos presentado las enmiendas núms. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17, con el fin de asegurar que esta medida se aplica a todos los tripulantes de cabina. 
Si hablan con los propios tripulantes de cabina, ellos no quieren crear una situación en la que, posiblemente, algunos operadores de compañías aéreas pudieran hacer diferencias entre los tripulantes de cabina y crear un sistema de dos pisos. 
En la enmienda nº 13 proponemos reconocimientos médicos anuales para el personal de cabina. 
Una vez más, pensamos que es algo perfectamente razonable, visto que la vida de una persona se encuentra efectivamente no sólo en las manos del piloto, sino también en las manos de los tripulantes de cabina. 
Un reconocimiento médico anual es la mejor manera de avanzar en este sentido. 
Dejar sólo la palabra «regulares» no es suficiente. 
Por último, la enmienda nº 18 se refiere a la formación anual para los tripulantes de cabina, incluyendo aspectos tales como la lucha contra el fuego y la utilización de balsas salvavidas. 
Una vez más, resulta extraordinario que un requisito fundamental como la utilización del equipo contra incendios o las balsas salvavidas no se controle anualmente. 
Por ello presentamos esta enmienda, para asegurar que se dé una formación anual. 
En conclusión, conforme se incrementa la demanda de viajes, aumenta el número de aviones, aumenta el número de riesgos, por ende, es de vital importancia que se armonicen las normas de seguridad en toda la Unión. 
Creemos que esta directiva asegurará esta armonización y podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. 
Señor Presidente, me permito empezar dirigiendo mi agradecimiento, que no es menor que el del Grupo PPE, hacia el ponente, el Sr. Grosch, por un trabajo bien realizado. 
Establecer unos requisitos en torno a la seguridad es una de las tareas de la mayor importancia para todos aquellos que nos ocupamos de las cuestiones relativas al transporte en la esfera europea. 
La desregulación y la liberalización del tráfico aéreo nos exigen unos requisitos amplios para que no se menoscabe la seguridad. 
Sabemos actualmente que las normativas en torno a la seguridad difieren notablemente de un país de la UE a otro. 
La AAC, que es la autoridad aérea europea común, es consciente de ello y ha aprobado unos requisitos comunes con respecto a la formación básica y de puesta al día. 
Todo ello es de la mayor importancia y lo será más aun cuantos más sean los actores que en el futuro operen en un mercado del transporte aéreo cada vez más liberalizado. 
Estoy absolutamente convencido de que verdaderamente serán más los operadores que trabajen en este mercado. 
En este sentido, contribuir a que aumente la seguridad y a que no empeore será realmente uno de nuestros objetivos más importantes. 
Será una condición previa para que la liberalización tenga unos efectos reales y duraderos. 
A este respecto no creo que sea muy relevante la cuestión de una licencia a nivel europeo. 
Pero vale la pena hacer que el personal de cabina, que es un grupo que trabaja en gran medida más allá de las fronteras, disponga también de buenas posibilidades de cambiar de empleo y de pasar a otras líneas dentro de la UE. 
Esto puede seguramente producirse de modos diversos, por ejemplo, a través de una licencia de este tipo o de otro modo, pero pienso que es extremadamente importante promover estos cambios. 
Señor Presidente, señor Comisario, la consecución del mercado interior, en relación con la aviación civil, aumenta la necesidad de celebrar acuerdos internacionales sobre las normas de seguridad en los países de la Unión Europea. 
El aumento de la competencia hace que la tentación de economizar en materia de seguridad sea, desgraciadamente, mayor. 
La propuesta relativa a los requisitos de seguridad del personal de cabina ha sido preparada y adoptada en el marco de las Joint Aviation Authorities, a las que dieciocho países europeos se han adherido. 
La Comisión opina que debe incorporarse el certificado de la capacidad profesional del personal de cabina a la propuesta de las AAC. 
El reconocimiento de la formación en un Estado miembro por las autoridades de aviación de otro Estado miembro mejoraría la movilidad de los tripulantes de cabina. 
Esta compensación dada a los sindicatos no tiene en cuenta el hecho de que todas las compañías aéreas cuentan con distintos procedimientos de seguridad que, dentro de cada una de ellas, se diferencian, incluso, según el tipo de aeronave. 
Por tanto, tal certificado no fomentará, en mi opinión, la movilidad del personal, mientras los Estados miembros tengan que cargar con obligaciones administrativas extraordinarias. 
La incorporación de los certificados de seguridad ha dado lugar, además, a que la propuesta cree controversia en el Consejo. No parece que a corto plazo se vaya a discutir sobre ella. 
Por estos motivos, hubiera sido mejor que la Comisión se limitara en este asunto a la propuesta de las AAC. 
Un inconveniente similar es válido para las enmiendas del grupo del PSE. Éste plantea que cada miembro de la tripulación es responsable de las tareas de seguridad y, por tanto, debe seguir una formación. 
Opino que es posible mantener un buen nivel de seguridad en los aviones sin tener que considerar como personal de seguridad a todos los miembros de la tripulación. 
No apoyaré, por tanto, las enmiendas del PSE. 
Respaldo las enmiendas del Sr. Grosch que aclaran la propuesta donde el texto de la Comisión es demasiado vago. 
Señor Presidente, primeramente, todos sabemos que las disposiciones nacionales sobre la formación en materia de seguridad para los tripulantes de cabina varía considerablemente en toda la Unión Europea. 
Con la liberalización del sector del transporte aéreo en su conjunto, es imperativo que tengamos normas comunes en lo relativo a la formación y a la licencia del personal de cabina en toda la Unión. 
Como ya escucharon antes, en Irlanda tenemos la situación de que los manipuladores de equipaje de Ryanair están en huelga sencillamente porque quieren ser representados por un sindicato. 
Están mal pagados, sus condiciones de trabajo son malas y su demanda legítima es ser representados profesionalmente en lo que concierne a las condiciones de paga, higiene y seguridad. 
Tenemos que preguntarnos seriamente acerca de los procedimientos de operación y la formación que realmente proporcionan las compañías aéreas de bajo coste tales como Ryanair, Translift y otras. 
También me preocupan mucho los informes sobre las horas de trabajo de estos tripulantes de cabina y la consecuente fatiga que padecen sin que se les permita hacer una pausa entre los turnos y con 25 minutos como tiempo de espera en el que se les exige que realicen tareas de limpieza. 
La competencia salvaje en el aire parece llevar a una disminución de las normas de seguridad y últimamente hemos visto muchos accidentes que sé que serán investigados, pero ya veremos qué se descubre. 
Los últimos informes de los medios de comunicación donde se afirma que las compañías aéreas están reduciendo los costes de combustible reciclando el aire no filtrado en las cabinas de pasajeros son igualmente alarmantes para todos nosotros que viajamos frecuentemente en avión y, de manera más especial, para el personal de cabina y los pilotos. 
Los tripulantes de cabina son los únicos profesionales de la seguridad que tienen una doble responsabilidad. 
Aunque su responsabilidad primera es la seguridad, se ocupan esencialmente de otras tareas. 
Los cursillos de perfeccionamiento en materia de seguridad deben tener lugar anualmente. 
Por último, quisiera formular esta pregunta en particular: ¿se debe a que la gran mayoría de los tripulantes de cabina son mujeres el que no se hayan introducido las licencias desde hace mucho tiempo? 
Señor Presidente, es obvio que esta propuesta se relacione con las medidas de apoyo al proceso de liberalización en el sector del transporte aéreo con el objeto de garantizar elevadas normas de seguridad. 
Felicito al ponente por su excelente trabajo y a la Comisión por su excelente propuesta. 
Lo que me preocupa de la directiva propuesta es si ¿realmente mejorará la seguridad en el transporte aéreo? 
Nuestro objetivo debería ser sin duda alguna establecer las mejores prácticas de seguridad en toda Europa. 
Actualmente, las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas tratan de conseguir la seguridad de los tripulantes de cabina asignando con toda claridad la responsabilidad de la seguridad de toda la compañía aérea en el operador. 
Actualmente, el operador debe garantizar la seguridad en general de toda la compañía y que el personal de cabina reciba la formación adecuada para que se adapte al sistema específico a dicha compañía. 
La directiva atenúa esta responsabilidad y, por ende, posiblemente sólo socave con ello la seguridad de los tripulantes de cabina. 
Esta noche, el señor Comisario mencionó varias propuestas, incluyendo la del establecimiento de la Agencia Europea para la Seguridad de la Aviación Civil y los esfuerzos para mejorar la puesta en práctica de las normas ICAO en toda la Unión Europea. 
Esta noche, quisiera pedir a la Comisión que llegue a un pronto acuerdo con el Consejo sobre el establecimiento de esta Agencia Europea sobre la Seguridad de la Aviación Civil para asegurarse de que tanto en Europa como en el resto del mundo se garantice la seguridad. 
Las cifras muestran- y se debatieron en una conferencia en Maastricht el día de hoy- que en los últimos diez años, el 70 % del número total de accidentes han implicado operadores que representaban únicamente el 16 % del total del tráfico aéreo. 
Estas compañías aéreas de los países en desarrollo parecen ser las que mayores riesgos presentan. 
Sin esta acción europea que se requiere de toda urgencia, los expertos pronostican que es muy posible que se produzca un accidente aéreo por semana. 
Así, por favor, señor Comisario, y la Presidencia Británica del Consejo de Transportes, actúen ahora. 
Debemos crear esta organización para la seguridad del transporte aéreo europeo con sus propios controles de seguridad en todos los aeropuertos europeos para garantizar la seguridad de los viajeros europeos que utilices estos operadores y de los residentes europeos que viven cerca de los aeropuertos comunitarios que los reciben. 
Estoy encantado de votar en favor de este informe. 
Sin embargo, espero que el señor Comisario pueda darme satisfacción y que el Consejo de Ministros lleve a cabo una acción urgente a través de sus buenos oficios. 
Ante todo, quisiera agradecer al Sr. Grosch y a la Comisión de Transportes y Turismo en particular por el trabajo realizado al examinar esta propuesta y, en general, por la actitud de apoyo que han adoptado. 
En un entorno en constante crecimiento y cambio tal como la aviación civil, evidentemente es de esencial importancia mantener las normas de seguridad más altas posibles. 
Asimismo, es obvio que las personas responsables de cumplir con estas normas de seguridad deben estar bien formadas y bien motivadas. 
El objeto de la propuesta que ocupa hoy a esta Asamblea es lograr estos resultados. 
Sé que los diputados comparten este objetivo, ya que lo han demostrado una vez más en el curso del presente debate. 
Quisiera hacer otras dos observaciones a manera de introducción. 
Primeramente, este proyecto de directiva establece normas mínimas, no máximas. 
Nuestro deseo constante es que los Estados miembros traten de superar estas normas mínimas, aunque tengan un nivel satisfactorio en lo que respecta al objetivo general de mantener la seguridad de los aviones y los viajeros. 
En segundo lugar, sólo como una observación tranquilizadora, pero sin ciertamente sin ningún espíritu de complacencia, nuestra región detenta el 30 % del movimiento mundial del tráfico aéreo, sin embargo, sólo el 10 % de los accidentes de tráfico aéreo tiene lugar en esta región. 
Todos los responsables trabajan para tratar de asegurar que el nivel de accidentes sea incluso menor a éste. 
Nos esforzamos por lograr aunque sea una mínima mejora, naturalmente. 
Sin embargo, es importante poner este elemento en perspectiva de modo que no se extienda la idea general de que existe cierta deterioración en las normas, ya sea de manera inadvertida o deliberada. 
Diría, por ejemplo, a la Sra. McIntosh, que de ninguna manera puede concebirse que este proyecto de propuesta pudiera, inadvertida o deliberadamente, conducir a la disolución de las normas en materia de seguridad aérea. 
Más adelante trataré este punto con más detalle. 
También debo decir a la Sra. Malone, aunque lamentablemente ha abandonado el Pleno, probablemente debido a un asunto urgente, que si tiene pruebas del aumento en el número de accidentes, según afirmó, quiero verlas urgentemente. 
En segundo lugar, si hay pruebas de que ha habido un avión que opera en el espacio aéreo de la Unión Europea que haya estado reciclando el aire no filtrado en la cabina, también quiero las pruebas de ello, ya que sin duda alguna daremos una respuesta activa. 
Respecto a las enmiendas propuestas por el Sr. Grosch, las enmiendas núms. 4 y 5 añaden claridad al texto. 
Por tanto, la Comisión las acepta. Asimismo, me es grato decir que la Comisión comparte el deseo del ponente de defender los derechos establecidos de los tripulantes de cabina experimentados. 
Por ende, podemos aceptar la enmienda nº 8. 
Entiendo la motivación de la enmienda nº 1, pero me parece que es algo superflua debido a que el contenido de los programas de formación figura en los Anexos de la directiva y será universalmente aplicable. 
Centralizar todos y cada unos de los programas a nivel comunitario me parece innecesario. 
Este problema de burocracia inútil también se aplica a la enmienda nº 6. 
En lo que se refiere a la enmienda nº 7, no veo cuál es su valor añadido. 
En práctica, los tripulantes de cabina reciben automáticamente una formación de conversión cuando cambian de un tipo de aeronave a otro y las obligaciones y regulación de la formación continua están establecidas en el artículo 5 y en los Anexos de esta directiva. 
Aunque también comprendo perfectamente los fundamentos de la enmienda nº 2, en la práctica extendería la disposición de la directiva a miembros del personal tales como los especialistas estéticos, secretarias y asistentes médicos que se encuentran a bordo de un avión por razones meramente comerciales y no tienen ninguna formación ni, en general, la competencia necesaria para brindar una ayuda útil en el caso de una emergencia durante el vuelo. 
En muchos aspectos, en realidad se trata a su vez de viajeros. 
No creo que ésta haya sido la intención del ponente- que deban asignarse a las personas responsabilidades para las que no han sido profesionalmente capacitadas. 
Esta observación se aplica igualmente a las diversas enmiendas presentadas por el Sr. Simpson: las enmiendas del nº 9 al 12 y del nº 14 al 17, que tienen el mismo objetivo. 
Entiendo que sea loable, pero no puedo ver cómo puede ponerse en práctica. 
De modo, que no acepto ninguna de estas enmiendas. 
La Comisión tampoco puede apoyar la enmienda nº 3, ni tampoco la enmienda nº 13, que especifican la regularidad de los reconocimientos médicos. 
A la hora de legislar, tenemos que tener presente los costes de nuestra legislación y también tener que reconocer quién va a pagar la factura. 
Si el resultado de la aplicación de la disposición sobre los reconocimientos médicos aparece como demasiado costosa, suscitaría resistencia y con ello socavaría el fundamento mismo de la propuesta. 
Por ende, es mejor dejar la decisión relativa a la frecuencia de los reconocimientos médicos a las autoridades nacionales que, estoy absolutamente seguro, no dejarán que transcurran grandes intervalos entre los reconocimientos médicos del personal de cabina de ningún tipo. 
Sólo queda una enmienda, la enmienda nº 18, que, una vez más, lamento decir que no puedo aceptar. 
Esta enmienda tiene como fin incrementar la frecuencia requerida de la formación continua e ir mucho más lejos que la exigida en los Requisitos Aeronáuticos Conjuntos-Operaciones de Aeronaves en los que se originan nuestra propuesta. 
Diría a la Sra. McIntosh, cuando considera que existe la posibilidad de reducir el nivel de requisitos por debajo de los exigidos por la Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, que la remito a la página 2 de la propuesta. 
Las normas comunes en materia de formación sobre seguridad, tal como las estipulan los Requisitos Aeronáuticos Conjuntos-Operaciones de Aeronaves, se comparan favorablemente con las normas recomendadas internacionalmente y las mejores prácticas de formación de la industria. 
Son adecuadas para asegurar un elevado nivel de seguridad y esta propuesta es totalmente conforme. 
Introducir mayores cambios añadiría una carga innecesaria sobre los operadores sin acarrear por ello mayores garantías en materia de seguridad. 
En conclusión, quisiera agradecer una vez más al Parlamento por su trabajo. 
La aprobación de esta propuesta de la Comisión, con las enmiendas que he señalado, contribuirá directamente, estoy seguro, a conservar la motivación entre el personal y a mantener un elevado nivel en las normas de seguridad para la aviación civil. 
Sé que los diputados de esta Asamblea, junto con la Comisión, apoyan firmemente ambos objetivos. 
Señor Presidente, si puedo tratar de ser útil al señor Comisario acepto su observación acerca del personal auxiliar de cabina, especialistas en estética, etc. Sin embargo, es su propia propuesta, su propia directiva, en la letra b) del artículo 2, con su definición de los tripulantes de cabina la que plantea esta cuestión. 
En realidad especifica que no se aplicará a los tripulantes de cabina únicamente asignados a las tareas que no tienen relación con la seguridad. 
De modo, que la respuesta se encuentra en su propio texto, señor Comisario, espero que podamos analizarlo en este contexto. 
En segundo lugar, en relación con los reconocimientos médicos anuales, tengo entendido que todo el personal de las instituciones europeas tienen que pasar un reconocimiento médico cada año. 
No cabe duda de que si es una medida suficientemente buena para nosotros y nuestras instituciones, debería ser suficientemente buena para los tripulantes de cabina. 
Señor Presidente, si todas las compañías aéreas estuvieran dispuestas, como lo están las instituciones europeas, a asumir el coste de asegurar que sus empleados pasen reconocimientos médicos anuales al igual que muchos otros empresarios de los sectores público y privado, podría compartir la confianza del Sr. Watts. 
Sin embargo, no es así. 
Como dije, si suscitamos resistencia tomando como base la idea de costes innecesarios, tendríamos como consecuencia que conseguiríamos normas todavía menos adecuadas que las establecidas en el presente proyecto de propuesta. 
Tomo nota de la observación del Sr. Watts relativa al demás personal de cabina que se menciona en este proyecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Transporte de mercancías peligrosas por carretera- Signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor- Equipos a presión transportables 
A4-0018/98 del Sr. Le Rachinel, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos de motor y sus remolques destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la homologación de los vehículos de motor y de sus remolques (COM (96) 0555- C4-0665/96-96/0267 (COD) ), -A4-0024/98 del Sr. Le Rachinel, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa al reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y de sus remolques (COM (97) 0366- C4-0419/97-97/0199 (SYN) ).-A4-0039/98 del Sr. Camisón Asensio, sobre la propuesta de directiva del Consejo, sobre los equipos a presión transportables (COM (96) 0674- C4-0068/97-97/0011 (SYN) ). 
Señor Presidente, Señorías, voy a mi primer informe. 
La propuesta de directiva y el informe del que me he hecho cargo tienen por objeto determinar las exigencias técnicas aplicables a los vehículos de motor y a los remolques que aseguran el transporte por carretera. 
Con respecto a la construcción de vehículos que transportan mercancías peligrosas por carretera, algunas exigencias fueron ya fijadas por la directiva de 1994. 
Sin embargo, no se aporta ninguna garantía para el reconocimiento y aceptación, por todos los Estados miembros, de las características de construcción de estos tipos de vehículos. 
Esta nueva directiva prevé disposiciones específicas para la construcción de los vehículos. 
Prevé también especificaciones técnicas en lo que respecta al equipamiento eléctrico, el sistema de frenado, el riesgo de incendio y las limitaciones de velocidad. 
Esta armonización presenta la ventaja de impedir a un Estado miembro que prohíba la venta, el registro o la entrada en servicio de vehículos de motor que ya han recibido la autorización para circular en otros Estados miembros. 
Se ha presentado una sola enmienda a esta propuesta por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Es relativa a la fijación del plazo de entrada en vigor de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a esta directiva. 
Este plazo se ha fijado en doce meses consecutivos a la publicación de la directiva. 
No se ha presentado ninguna otra enmienda y creo que este informe no plantea ningún problema particular y es objeto de un amplio consenso, señor Presidente. 
Señor Presidente, está muy claro que la presente propuesta de directiva se está gestando, fundamentalmente, para rellenar las dos lagunas más flagrantes en la legislación referida a la fabricación, transporte, comercialización, uso y mantenimiento de todos los equipos a presión transportables que cumplan los requisitos de los Convenios ADR y RID. 
Tales convenios, como saben sus Señorías, tienen como objetivo reforzar la seguridad en el transporte de dichos equipos y asegurar la libre circulación de los mismos en el mercado común comunitario. 
Ahora mismo sería muy oportuna una transición ordenada, desde los equipos de presión transportables actuales, de cara al futuro y ello es factible a través de inspecciones periódicas y de evaluaciones de conformidad de tipo modular, si bien el proceso requiere que los organismos de inspección cumplan criterios de calidad suficientes, como pueden ser los que se basan en la norma C N de la serie N45000, desde el momento en que fundamentar aquellos criterios exclusivamente en los contenidos de los referidos convenios pudiera no ser suficiente, en razón a la vocación de ambos prácticamente sólo en la dirección del tráfico, lo que conlleva falta de concreción en determinados aspectos. 
En definitiva, señor Presidente, Señorías, parece claro que el recíproco reconocimiento de las inspecciones es un aspecto esencial para avanzar en el logro del mercado interior, que no se conseguirá plenamente, como lo demuestra la práctica reciente, a través sólo de la aplicación de los Anexos A + B de la Directiva ADR, que sólo asegura el transporte sin impedimentos, pero que, entre otras razones porque no ha previsto marca de identificación, tiene poco que hacer respecto al uso de estos equipos en los países de destino. 
Ahí radica, precisamente, la necesidad de la presente Directiva. 
En consecuencia, una de las grandes ventajas que se consiguen con esta propuesta consiste en que los productos pueden acceder a mayores cotas de mercado, con los inherentes beneficios de captar de las correspondientes homologaciones economías de escala y menores costes administrativos. 
Para ello los equipos afectados han de ser fácilmente identificables, por lo cual el mejor procedimiento, obviamente, es adherirles una marca distinta y diferente de las actualmente vigentes tanto para los equipos a presión estables como para las botellas de gas marcadas. 
Sin embargo, el gran dilema que se presenta en esta propuesta consiste en experiencia frente a independencia. 
Me estoy refiriendo, naturalmente, a los organismos de inspección. 
Es sabido que, durante muchos años, la industria europea ha sido capaz de llevar adelante inspecciones correctas de estos equipos, incluso de la clase 2 de ADR, a través de organismos tipo B, e incluso C, pertenecientes al sector de los usuarios. 
Ello ha sido posible porque han sabido acumular un alto grado de conocimiento acumulado en su contacto diario con el problema. 
Por eso han tenido una gran actuación los pasados años. 
Por el contrario, se pudiera dar el caso de que organismos tipo A circunscriban su experiencia sólo a productos de nueva salida al mercado, en razón a su carácter centralizado, por lo que la experiencia y competencia pudiera ser de tipo general. 
Termino relatando que, como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Transportes y Turismo aprobó por unanimidad este informe y su correspondiente propuesta de resolución. 
Señor Presidente, la filosofía de este segundo informe consiste en reconocer dos placas de matrícula para los vehículos y sus remolques. 
Existe un vacío jurídico real en materia de reconocimiento por los Estados miembros de la Unión Europea de las placas de matrícula. 
Esta propuesta de reglamento de la Comisión tiene por objeto rellenar ese vacío. 
En la actualidad, la situación es la siguiente. Varios Estados miembros se han adherido al Convenio de Viena de 1968, que impone la colocación en los vehículos de un distintivo ovalado con caracteres negros sobre fondo blanco en el que se indica el país donde el vehículo está matriculado. 
No puede comprender más de tres letras sobre fondo blanco y no está incorporado a la matrícula. 
Por otra parte, se ha desarrollado un modelo comunitario en colaboración con especialistas nacionales, tras una resolución del Parlamento Europeo de 1988 en la que se pedía la incorporación de la bandera europea a las matrículas. 
Varios países han añadido este distintivo en la parte izquierda de la matrícula. 
Por el contrario, algunos países que han ratificado el Convenio de Viena no reconocen este distintivo comunitario y sancionan, a través de su policía, a los conductores de vehículos extranjeros que no llevan este último. 
Por tanto, con el reconocimiento de dos tipos de signos distintivos de matrícula, ningún vehículo debería ser sancionado en el futuro. 
Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta de reconocimiento de las matrículas europeas, pero debo emitir formalmente una reserva. 
En efecto, es indispensable, y ello por razones de sensibilidad nacional, que el Estado de matriculación figure en la matrícula. 
Los ciudadanos necesitan puntos de referencia, necesitan identificarse con un país, con una nación. 
Antes de ser europea, cualquier persona pertenece a un país, a una cultura y a unas tradiciones. 
Es necesario que la pertenencia a un país, la nacionalidad de origen, se refleje en la matrícula, como así será. 
Señor Presidente, sobre este informe se han presentado ocho enmiendas. 
Tres proceden de la Comisión de Transportes y Turismo y no me plantean ningún problema. 
Se trata, en efecto, de clarificar y simplificar los textos originales aportando precisiones útiles. 
Por el contrario, sucede de forma diferente con las enmiendas de mi excelente colega Brian Simpson, ya que, al contrario, vienen a mi juicio a complicar y entorpecer inútilmente la propuesta de reglamento y mi propio informe. No se trata, en este informe, de reconocer oficialmente todos los signos particulares de matrícula, sino únicamente la placa europea. 
Cada vehículo que circula en un país extranjero deberá llevar o bien la matrícula de origen o la europea. 
Por supuesto, nada impide colocar otros signos distintivos regionales o locales en el vehículo. 
Sin embargo, no tendrán validez jurídica. 
En cuanto a la enmienda de mis colegas Cornelissen y Pronk, no podré aceptarla tampoco ya que creo que su alcance sobrepasa el marco de este informe y el marco jurídico de la Unión Europea. 
Señor Presidente, apoyo el informe Le Rachinel y debo decir que una de las constantes de esta Comisión ha sido su primordial preocupación en favor de la seguridad, especialmente en nuestras carreteras. 
La presente Directiva está destinada a mejorar la legislación existente en el sector de los vehículos de motor asegurando que las características de construcción de los vehículos que transportan mercancías peligrosas estén armonizadas en toda la Unión en su conjunto. 
A mi juicio, la industria recibirá con satisfacción que se aplique un conjunto de reglamentaciones en toda la Unión Europea para el diseño y la construcción de vehículos que transportan mercancías peligrosas. 
Este es un paso necesario para desarrollar y mejorar la seguridad en nuestras carreteras. 
Necesitamos disposiciones técnicas destinadas a asegurar que las mercancías peligrosas estén salvaguardadas durante el tiempo de su transporte. 
Ello significa que posiblemente sea necesario adoptar normas de equipo eléctrico, sistemas de frenado, disposiciones para prevenir el riesgo de incendio, etc., para sólo mencionar algunas. 
Todo ello ayudará a crear lo que yo considero como un entorno más seguro en nuestras carreteras. 
Se han producido accidentes y, claro está, continuarán produciéndose. 
No permitamos que se transporten mercancías peligrosas, que contaminan y afectan a la salud, en vehículos que la Comisión no considere, y no consideremos nosotros, conformes con las más altas normas posibles. 
Reduzcamos al mínimo los riesgos de horribles accidentes en las carreteras por las que transitan mercancías peligrosas. 
Hagamos que esto sea posible en toda la Unión Europea en su conjunto. 
Para finalizar, sólo un último llamamiento en relación con los signos distintivos. 
Espero que la Comisión conceda cierta importancia a los símbolos que puedan poner de relieve a naciones más pequeñas tales como el País de Gales. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como todos los aquí presentes somos expertos, y teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, haré tan sólo un par de observaciones fundamentales al informe Le Rachinel sobre los tipos de autorizaciones para transportes de carga por carretera así como al informe de mi colega de la Comisión, Sr. Camisón Asensio, sobre equipos a presión transportables. 
Primero: hacer del mercado interno una realidad efectiva parece ser cosa complicada hasta la locura. 
Es una cosa técnica y lo será cada vez más, pero no podremos eludir el trabajo. 
Quizás algún día consigamos que los informes que no sean de gran importancia política concluyan en la Comisión, si ésta nos presenta informes bien preparados de modo que nosotros no tengamos que discutir sobre slots a estas horas. 
Segundo: No obstante, siempre es importante para los miembros de la Comisión estudiar esos informes cuidadosamente. 
El Sr. Le Rachinel estaba, por así decir, en la afortunada situación de decir: sólo necesito una propuesta de enmienda. Y todos asintieron. 
El Sr. Camisón tuvo más dificultades. 
Tuvo que incorporar 28 enmiendas porque en un importante tema de inspección adoptó otra postura tras conversaciones con los afectados en la industria. 
Le estoy muy agradecido por haber elaborado tan bien un tema tan complicado como ese. 
Pero es igual de importante que nos demos cuenta de que ambos informes no son sólo informes para el mercado interior, para desarrollar la economía y el comercio, sino que más bien, como ha dicho mi predecesor en el uso de la palabra, son importantes para la seguridad de la población en las carreteras y con ello para la protección del medio ambiente. 
Pues los accidentes que ocurren no sólo dañan o matan a la gente, sino que precisamente los accidentes con mercancías peligrosas pueden causar daños incalculables en la naturaleza, en el agua y en la tierra. 
Por eso mi más caluroso agradecimiento por estos dos buenos informes. Nosotros nos tomaremos la molestia de discutirlos detalladamente. 
Confío que de las 28 propuestas de enmienda del Sr. Camisón la Comisión no desestime 20. 
Señor Presidente, el mérito de la normativa relativa a la indicación del país en los vehículos es que pone fin a la práctica mediante la que se multa a los automovilistas porque un Estado miembro no reconoce el distintivo nacional de otro Estado miembro. 
El reconocimiento de la matrícula con una indicación integrada del país y la bandera europea es, naturalmente, de mayor importancia a medida que cada vez más Estados miembros introducen el- digamos- distintivo comunitario. 
Por ejemplo, el Gobierno neerlandés planea introducir la bandera europea y las letras NL en la matrícula hacia el año 2000. 
Por supuesto, podría suceder que en los Países Bajos, en una ráfaga de euroescepticismo, la bandera resultara fatal. 
La popularidad del Parlamento Europeo, y con él la popularidad de la Unión Europea como tal, no aumenta con escenas como las que ayer y hoy han tenido lugar en las votaciones, en las que algunos europarlamentarios han declarado que no se les paga por votar. 
Me pregunto entonces por qué se les paga. 
Me molesta sobremanera que nuestra bandera europea también aparezca en vehículos que, sencillamente, no deberían circular por las carreteras europeas. Por ejemplo, los coches sin catalizador. 
Me gustaría ver cómo los Estados miembros, pensando en el principio de subsidiariedad, obtienen el derecho a negar la bandera europea a los coches y motores más contaminantes. Podrían reemplazarla por una bandera que significara ¡cuidado, piratas del medio ambiente! 
Desgraciadamente los servicios del Parlamento Europeo parecen no entender mis enmiendas gráficas y, por tanto, no pude presentarla. 
Señor Presidente, esta noche me limitaré al informe del Sr. Le Rachinel sobre los signos distintivos de los vehículos y, claro está, le felicito por los esfuerzos dedicados a la elaboración de este informe. 
En toda Europa, existe sin duda alguna la necesidad de clarificar la situación, que es increíblemente compleja para el automovilista medio que trata de viajar en el continente, así como también en el Reino Unido e Irlanda. 
Los signos mencionados por Nel van Dijk que los holandeses pueden adoptar o no en el año 2000 actualmente ya son obligatorios en Irlanda y Portugal, facultativos en Francia y Alemania, donde pueden hacerse obligatorios, mientras que todos los demás países tienen el distintivo oval blanco del Convenio de Viena, salvo el Reino Unido, España y Portugal que no tienen ninguno. 
Es necesario simplificar la vida de los automovilistas. 
Eso es precisamente lo que hace la propuesta de la Comisión y yo la apruebo. 
No obstante, como la Comisión está enterada, los automovilistas de toda Europa son mucho más europeos de lo que quizás nosotros pensamos. 
Es obvio que están rebelándose en contra de los Convenios de Viena y Ginebra, y en realidad presentan su propia propuesta al adoptar su propio símbolo de unidad europea. 
Por ende, yo quisiera llamar la atención del señor Comisario y de los diputados sobre nuestras enmiendas núms. 4, 5, 6 y 7 que reconocen la realidad de que a muchos automovilistas no les gusta el símbolo del Convenio de Viena, los caracteres negros más bien pesados sobre un fondo blanco, sino que prefieren el símbolo europeo con los caracteres blancos y amarillos con las estrellas de oro sobre un fondo azul según su particular matriculación nacional. 
Espero que el señor Comisario esté de acuerdo con nuestro argumento de que deberíamos dar a los automovilistas la posibilidad de elegir. 
Por qué los automovilistas de Grecia o del Reino Unido- podría tratarse de mi coche, señor Comisario- tienen que quitar su símbolo europeo y sustituirlo por una pegatina con caracteres negros cuando viajan a Francia. 
A mi juicio, este es un paso hacia atrás. 
Nuestra enmienda está tratando de ser útil dando a los automovilistas esta posibilidad de elección, este derecho adicional a exhibir un símbolo europeo si así lo desean, en lugar del óvalo blanco. 
Le encomiendo esta enmienda a usted, señor Comisario, y la encomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, también querría hablar del segundo informe Le Rachinel. 
Con la presente propuesta de Reglamento se eliminan diferencias entre las distintas normativas legales de los Estados particulares. 
El modelo comunitario para un signo distintivo de cada Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques en el territorio de la Comunidad, aunque lo denominamos abreviadamente signo distintivo nacional europeo, hace ya tiempo que está atrasado. 
Una medida así serviría de inmediato tanto para la sensibilización y la implicación de los ciudadanos de la Unión en la creación de un espacio sin fronteras interiores, como también para la formación y afianzamiento de un sentimiento de identidad europea y contribuiría, indirectamente, al aumento de la seguridad en el tráfico por carretera. 
La obligación de llevar ese distintivo comunitario tanto delante como detrás a la izquierda de la matrícula, será especialmente ventajoso para la policía y otros organismos administrativos y judiciales. 
Aunque en nombre de mi grupo, el PPE, comparto expresamente el informe Le Rachinel y al ponente le agradezco su trabajo, me parece que la propuesta de Reglamento de la Comisión no es completamente consecuente. 
Consideremos tan sólo que en pocas semanas empieza la tercera fase de la unión económica y monetaria europea, que conduce a un mercado común cuyo signo formal exterior es una moneda común e igual para todos. Un logro sobresaliente que revela amplitud de miras. 
En los signos distintivos de matriculación de los vehículos a motor y sus remolques, los europeos no logran esa unificación consecuente en la forma de un principio de diseño común y unificado. 
Si bien los Estados miembros, por medio del principio de subsidiaridad, están obligados a reconocer el modelo común propuesto, la validez de los signos distintivos de matriculación nacionales existentes hasta ahora permanecerá intacta e independiente respecto del modelo comunitario. 
No hay ni siquiera un leve indicio de que en los Estados miembros se vaya a hacer uso preferentemente del modelo comunitario. 
En vista de lo cual podría entender incluso que haya ciudadanos de terceros países que tengan dudas crecientes sobre la capacidad o sobre la seriedad de las aspiraciones de la UE para construir una unión política. 
Para los propietarios de medios de transporte terrestre de los Estados miembros que aceptaron ya en el pasado, voluntaria u obligadamente, usar el modelo combinado- no es ninguna invención de ahora -, la propuesta de Reglamento actual supone una contribución a la seguridad legal largamente esperada y a la, digámoslo personalmente, aprobación de sus gastos añadidos, a menudo voluntarios, debidos la compra de un signo distintivo de matriculación doble, nacional y europeo. 
Sería también deseable que terceros países, sobre todos los del espacio económico europeo, y también los países asociados de Europa Central y del Norte reconozcan de derecho el modelo europeo. 
Recomiendo la aceptación del informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores. Quisiera, brevemente, dar mi opinión sobre el informe Le Rachinel relativo al transporte por carretera de mercancías peligrosas. 
Una de las metas que la Unión se ha propuesto es la puesta en marcha del mercado interior. 
Por ello deberíamos hacer todo lo posible para que mediante medidas adecuadas se pueda garantizar su funcionamiento. 
En este sentido, debería también ser posible el tráfico libre de medios de transporte de mercancías peligrosas. 
Sobre todo me parecería apropiado que hubiese una homologación en sus características de construcción así como en la normativa técnica en relación al dispositivo de frenado, a la limitación de velocidad o al equipamiento eléctrico para garantizar el tráfico libre dentro de la Comunidad. 
La creación de un sistema europeo de permisos según tipos impedirá que, en un futuro, ningún Estado miembro podrá prohibir la venta a un fabricante de vehículos por razones concernientes a sus características de fabricación, o negarle la matriculación o la puesta en circulación. 
Los Estados miembros deberían comprometerse a cumplir con la normativa legal y administrativa exigible en el plazo de 12 meses. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, otra vez estamos discutiendo sobre temas de política de transportes a última hora de la jornada. 
Déjenme hacer dos breves observaciones. 
Una sobre los equipos a presión transportables, que, lamentablemente, han salido poco en nuestro debate. 
Se trata de una oportunidad muy importante, no sólo por razones técnicas- aunque esto a mí como ingeniero me resulta totalmente interesante -, sino que se trata también, como es lógico, de la seguridad de todo lo que circula por nuestras carreteras. 
Se trata del tema del control periódico y de la capacitación para realizar esos controles. 
Pienso que en este punto, el ponente, a quien quiero dar las gracias expresamente, ha logrado presentar un informe muy ponderado. 
Sólo puedo pedirle a la Comisión que escuche al Parlamento con atención. 
Segundo tema: los signos distintivos de cada Estado miembro de la matriculación, es decir, la matrícula común. 
También esto me parece una propuesta interesante. El Sr. Koch se ha referido a todos los problemas que aún quedan por resolver. 
Por fin estamos ante una reglamentación con la que puede hacerse Europa una realidad vivida, porque después del permiso de conducir unificado creamos otro símbolo que transmite un sentimiento europea. 
Es una decisión buena para los ciudadanos que además simplifica la burocracia. 
Quisiera pedirle tan sólo, señor Comisario, que tal vez pueda hablar de esto en las negociaciones con Suiza, para ver si esta matrícula será también reconocida en Suiza, porque me parece insensato e inexplicable que lo implantemos en toda Europa, que sea reconocido en el espacio económico europeo, que se reconozca también en nuestros Estado asociados, y que en el medio de Europa haya una isla de afortunados en la que tendremos que seguir llevando nuestras pegatinas. 
Pido que esto se incluya en las negociaciones. 
Señor Presidente, deseo empezar dando las gracias al Sr. Le Rachinel por sus dos informes, ante todo por la propuesta relativa a la homologación de los vehículos de motor y sus remolques destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera y, en segundo lugar, los signos distintivos para los vehículos. 
En el primer informe, tengo el placer de decir que la Comisión acepta la enmienda única del Sr. Le Rachinel, visto que la redacción que sugiere añadir en el artículo 6 proporciona el término legal correcto para la fecha de entrada en vigencia y en modo alguno contradice o modifica la intención de la propuesta de la Comisión. 
Esta legislación, como esta Asamblea está enterada, representa un paso importante hacia la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre los procedimientos de homologación relativos a los vehículos que transportan mercancías peligrosas. 
Por ende, agradezco el enfoque constructivo del ponente y sus compañeros. 
Compañeros, en realidad, como el Sr. Morris, que en un discurso erudito y convincente, no sólo ha demolido cualquier duda respecto al trasporte de mercancías peligrosas, sino que probablemente ha convencido a todos de que el País de Gales debería contar también con su propia placa de matrícula distintiva. 
Esta posibilidad sería, claro está, aceptable, ya lo demuestra el hecho de que en la República de Irlanda figura el nombre de la región en gaélico, y en Alemania también figura el distintivo convencional del Land en las placas de matrícula. 
Por consiguiente espero ver un draig goch, el dragón rojo, en la placa de matricula del Sr. Morris. 
En modo alguno me vendría a la cabeza intervenir en la subsidiariedad para defender esta idea en público. 
El segundo informe del Sr. Le Rachinel concierne las placas de matrícula. 
Debido a una información errónea de la prensa, que de paso malinformó a la opinión pública sobre el tema de las placas de matrícula de los vehículos y los signos distintivos, pienso que es prudente iniciar mi breve respuesta a este informe tan constructivo diciendo lo que la propuesta no significa. 
En primer lugar, no contiene ninguna sugerencia respecto a que los Estados miembros deban suministrar placas de matrícula al que se incorpore el símbolo de la Unión Europea. 
En segundo lugar, de ninguna manera sugiere que los vehículos deban mostrar el símbolo del país de matriculación. 
Lo especifico porque sé que al Sr. Jarzembowski le interesará saber que hace un par de años el Daily Mail- un diario que no acostumbro comprar- publicó en primera página de la manera más increíble una historia acerca de que íbamos a imponer a todos los confiados ciudadanos de la Unión las matrículas europeas. 
La historia era tan imprecisa, engañosa y maliciosa que demandé al Daily Mail y, me alegra mucho decirlo, con éxito. 
Espero que informen con precisión, lo que significa y lo que no significa esta propuesta. 
El objetivo de la propuesta es sencillamente asegurar que cuando la placa de matrícula trasera de un vehículo muestre el signo distintivo del Estado miembro de matriculación, teniendo como fondo el símbolo de la Unión, el signo distintivo sea reconocido por los demás Estados miembros como una identificación válida del país de matriculación, sin necesidad de que el vehículo muestre ningún otro signo- incluida la pegatina oval que especifica el Convenio de Viena. 
Claro está que, en lo que concierne al Sr. Morris, podría ser la misma forma de pegatina que para el País de Gales, pero esto también lo doy por entendido. 
Sé que los diputados de esta Asamblea lo comprenden y, por tanto, yo quisiera responder a las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo. 
En primer lugar, recibimos la enmienda nº 2 así como la primera parte de la enmienda nº 3, que amplía el reglamento para abarcar a los remolques. 
También podemos aceptar la segunda parte de la enmienda nº 3, relativa a la posición del signo distintivo en el extremo izquierdo de la placa de matrícula. 
Además, podemos aceptar en principio la última parte de la enmienda nº 3 respecto a otros signos oficiales. 
Sin embargo, creemos que la redacción y el propósito de tal reconocimiento- identificar el país de matriculación del vehículo, no podría ser más específica. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 1, destinada a introducir un requisito para pegar el signo distintivo de matriculación en el extremo izquierdo de la placa de matrícula. 
No obstante, la enmienda modifica en realidad el término legal que distingue los signos de matriculación, que sencillamente significa la abreviatura oficial utilizada para designar el Estado miembro. 
El término propiamente dicho y la definición son consecuentes con el Convenio de Viena, que así debe ser. 
Al igual que en el Convenio, el tamaño, la forma y el lugar del signo distintivo de matriculación se especifican en el Anexo, aunque esta disposición figura ahora en la segunda parte de la enmienda nº 3 que, como dije a la Asamblea, hemos aceptado. 
Las enmiendas núms. 4 y 7 han sido presentadas por el Sr. Simpson con el propósito de sancionar o regularizar la práctica de utilizar pegatinas con la forma del símbolo europeo que contienen la abreviatura del país de origen. 
Tengo que decir que en el curso del debate de esta noche el Sr. Watts hizo un trabajo del que cualquier vendedor estaría inmensamente orgulloso. 
Como consecuencia, coincido un poco con la idea. 
No obstante, tengo que decir a la Asamblea que estas enmiendas no satisfacen la necesidad de establecer las especificaciones técnicas con suficiente detalle como para lograr el reconocimiento recíproco. 
Bueno, siempre puedo reconocer recíprocamente al Sr. Jarzembowski, ¡a pesar de que no puedo oír con precisión lo que está diciendo! 
Nuestra propuesta hace posible el reconocimiento recíproco precisamente porque el signo es emitido bajo el control de las autoridades nacionales como parte de una placa de matrícula oficial, y evidentemente este no sería el caso tratándose de una pegatina por separado. 
La octava y última enmienda presentada por el Sr. Cornelissen resulta innecesaria visto que la reglamentación, una vez aprobada, será automáticamente aplicable en el Espacio Económico Europeo. 
Dicho sea de paso, pienso que estamos marcando un hito en la historia. 
Son las once y diez de una noche en Estrasburgo. 
Estamos teniendo un debate sobre el transporte y en realidad el Sr. Cornelissen no está presente. 
Esta debe ser la primera vez en la historia y estoy seguro de que hay una muy buena razón para ello. 
Me refiero ahora al tercer informe y quisiera agradecer al Sr. Camisón el tiempo y el esfuerzo dedicados a esta compleja propuesta técnica relativa a la seguridad en la circulación de equipos a presión transportables. 
Como la Asamblea está enterada, al aprobar las Directivas 94/55 y 96/49, el Consejo ya ha asegurado un alto nivel de seguridad en la circulación de equipo transportable al definir las normas comunes del diseño, los materiales, el llenado y los ensayos periódicos de dicho equipo. 
No obstante, todavía queda por satisfacer una necesidad. 
La situación actual es que el equipo a presión transportable, por ejemplo, las botellas de gas, que circulan de un Estado miembro a otro y luego son utilizados no pueden ser rellenados en el Estado miembro que los recibe y luego ser transportados de regreso al primer Estado miembro sin ser ensayados de nuevo, inspeccionados y aprobados en el país que los recibió. 
Esta situación amenaza la propia existencia del mercado único y por ello es obvio que ha de modificarse. 
En ausencia del reconocimiento mutuo de los procedimientos de conformidad y de los marcados de los organismos de inspección en los distintos Estados miembros, estas condiciones se mantendrán. 
Por tanto, la propuesta presentada a la Asamblea intenta rectificar esta situación. 
Un efecto adicional de esta propuesta es asegurar la libre circulación del equipo a presión transportable en el mercado interno, una facilidad que no es posible actualmente debido a que la Directiva 97/23 sobre el equipo a presión excluye de este campo el equipo a presión transportable. 
4, 6, 7, 11, 12 y 19 son coherentes con los objetivos de la propuesta, la Comisión puede aceptarlas y, a consecuencia de la aceptación de las enmiendas núms. 16 y 19, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
Cuando concluya mi mandato en la Comisión, siempre podré conseguir un empleo para cantar los números de la lotería en la cadena de televisión BBC los sábados por la noche. 
Vengo practicando desde hace tiempo. 
El informe del Sr. Camisón me brinda la ocasión única de ensayar esta habilidad para leer los números. 
La enmienda nº 9 suprime los organismos de inspección tipo C y se plantean cambios de redacción en las enmiendas núms. 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, y 28. 
Es posible aceptarlas todas si se modifica la definición del organismo de inspección tipo B. Por ende, adaptaremos de conformidad nuestra propuesta revisada. 
¡Y luego dicen que los funcionarios de esta DG VII no desquitan lo que ganan! 
Sin embargo, no podemos aceptar las demás enmiendas. 
La enmienda nº 1 se rechaza visto que la cláusula relativa al «considerando» se limita al objetivo principal de la propuesta: la seguridad del transporte. 
Las enmiendas núms. 2 y 3 modifican esencialmente la redacción, pero se rechazan porque el texto original es más preciso. 
La enmienda nº 14 se rechaza porque la limitación aplicada únicamente a los organismos de inspección tipo B existentes también es restrictiva e impediría que los nuevos organismos de inspección tipo B entraran en el mercado. Las enmiendas núms. 
16 y 20 se rechazan visto que la Comisión considera que la frecuencia de los controles de los organismos correspondientes y los detalles caen directamente dentro de la competencia de los Estados miembros. La enmienda nº 22 también se rechaza debido a que no permitiría al mismo organismo realizar el mantenimiento y la inspección periódica siendo por ello, a juicio de la Comisión, demasiado restrictiva. 
Como dije en un principio, esta es una propuesta técnica que no obstante es un contribución más a la seguridad en el transporte y agradezco que el ponente, Sr. Camisón, y en realidad toda la Asamblea, le brinde su apoyo. 
Naturalmente, me complace observar que el gran número de enmiendas manifiesta la atención al detalle que la Comisión de Transportes y Turismo ha concedido a la propuesta, más que una divergencia real de sustancia entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre este tema. 
Tratar tres propuestas distintas en un solo debate obviamente no es fácil, cuanto más que las propuestas y el debate son especialmente técnicos. 
No obstante, sé que la Asamblea está bien preparada para tratar situaciones de este tipo, aparentemente mejor que la Comisión, y ahora espero avanzar en estas tres medidas ante el Parlamento. 
Tengo que decir que se ha marcado un nuevo hito histórico por segunda vez en el curso de este debate. 
No sólo el Sr. Cornelissen no está presente, sino que habiéndoseme concedido 15 minutos del valioso tiempo del Parlamento, me las he ingeniado para terminar en 13 minutos y 58 segundos. 
Señor Presidente, señor Comisario, no quisiera ser un impedimento en su camino como futuro locutor de la lotería en la BBC, pero usted tiene también un pasado como parlamentario, y yo había hecho una pregunta que no ha salido a relucir en el guión de su discurso, concretamente la pregunta de cómo se trata la matrícula de los países en Suiza. 
Creo que es una cuestión importante que se implante en el espacio económico europeo y no en Suiza. 
¿La Comisión ha reflexionado sobre el hecho de hacer una reglamentación unitaria también con las autoridades suizas en el mismo centro de Europa? 
Agradezco al Sr. Ferber su intervención. 
Debo decir que algunos de mis amigos dicen que estoy bastante dotado para algunas cosas, pero todavía no tengo las dotes suficientes para poder leer lo que no está escrito. 
Consecuentemente, visto que las referencias a Suiza no figuran en el informe, estoy seguro de que el Sr. Ferber, que es muy comprensivo, comprenderá por qué no he dado una respuesta. 
Además, si bien me doy perfecta cuenta de las dificultades que puede provocar el que Suiza adopte un punto de vista distinto, no estoy deseoso de introducir ningún nuevo elemento en las negociaciones sobre el transporte terrestre con Suiza, que acabamos de concluir muy satisfactoriamente para la Unión. 
Estoy dispuesto a discutirlo con él en otras circunstancias. 
Me asombra que usted, señor Comisario, no tenga una respuesta sencilla a una pregunta sencilla, pues normalmente tiene usted respuesta para todo, preparada o no. 
Supongo que usted afrontará la cuestión planteada por el Sr. Ferber. 
Pienso que a modo de sugerencia se podría decir que nosotros estaríamos quizás dispuestos a aceptar a cambio del reconocimiento del distintivo una tasa por tránsito a través de Suiza de 236 francos suizos. 
Pero esto deberíamos discutirlo mejor en otra ocasión tomando un whisky. 
Primeramente, estoy enterado de que Suiza forma parte de los Convenios de Ginebra y Viena, de modo que estamos tranquilos a este respecto. 
Asimismo, estoy dispuesto, como una concesión especial al Sr. Jarzembowski, a llamar al Ministro de Transportes suizo y recomendarle que con el propósito de que el Sr. Jarzembowski pueda utilizar las placas de matrícula que desee, puede hacerlo teniendo sólo en cuenta el pequeño detalle de pagar una doble viñeta suiza para atravesar el país. 
Quizás se trate de un privilegio que no desee aprovechar. 
Sin duda alguna, veré al Sr. Ferber para tratar el tema específico que ha planteado. 
Señor Presidente, no quisiera que terminara este debate sin que constara mi profunda felicitación al Sr. Comisario por su tremenda habilidad para frivolizar sobre este tema. 
Yo, realmente, tengo que dejar aquí constancia de que su frivolidad contrasta tremendamente con la seriedad y con la preocupación que muestran muchos sectores de la industria europea. 
Que quede constancia de ese fuerte contraste que me ha llamado la atención. 
Si el Sr. Camisón no puede distinguir entre un poco de humor sobre un texto que tengo que leer en voz alta a esta Asamblea, y tratar un tema con frivolidad, entonces su sabiduría es considerablemente menor que sus años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, sólo quiero decir que estaba presente, aunque no esté incluido en la lista final. 
Presidenta, yo me encuentro en la misma situación. 
Tampoco estoy en la lista. 
Pero he de hacer otra observación. Presidenta, el debate sobre las diferentes preguntas orales transcurrió ayer de manera bastante desordenada. 
Esos debates- y en cada caso los oradores- estaban totalmente entremezclados. 
Eso lleva no sólo a la confusión del Parlamento, sino que también es muy poco cortés hacia los representantes de la Comisión y también con relación a la presidencia, que ya no puede recoger absolutamente nada de las diferentes observaciones que se llevan a cabo de forma tan enrevesada. 
Presidenta, por eso le pido que se mantengan en lo sucesivo las listas de oradores por tema que le hemos presentado como Grupo político. 
Tomo nota de su crítica, Sra. Oomen-Ruijten. 
Examinaremos lo que usted expone y yo tengo la seguridad de que la próxima vez se procederá de manera más adecuada. 
Señora Presidenta, en el Acta del miércoles, Parte I, página 1, subpárrafo, se lee: " el siguiente habló sobre las nuevas normas». 
Eso está en el Acta oficial. 
Afirmé que se trataba de una nueva norma, pero la Presidencia me aseguró que no se trata de una nueva norma. 
Es algo distinto. 
Subrayo la última oración del siguiente párrafo, que dice: " El Presidente contestó que las nuevas normas se aplicaban por primera vez». 
Si se están elaborando nuevas normas, esta Asamblea tiene que aprobarlas. 
Cualquiera se sentiría cansado de plantear cuestiones de orden sobre algo tan claro, pero no obstante eso está en el Acta y es incorrecto. 
Seora Ewing, como es lógico, naturalmente tiene usted razón. 
Suponiendo que se tratase de una modificación del Reglamento, ésta debería haber sido aprobada por el Pleno. 
Pero no es así. 
Se trata de una nueva norma, pero no se ha modificado el Reglamento. 
La anotación que consta en el Acta es incorrecta y tendremos que revisar este punto. 
Su crítica es acertada y se introducirá la correspondiente corrección. 
Señora Presidenta, quiero referirme a la transcripción de la intervención del Sr. Titley en el Acta de ayer sobre el debate acerca de Irak. 
Pido al Presidente que dé una norma sobre si esto exige una declaración personal por mi parte y por parte del diputado aludido, Sr. Titley. 
En su intervención él dijo: " Nunca había oído una intervención con tanta tontería autocomplaciente como la que ha hecho hace un momento el Sr. Kerr». 
Está claro que muchos diputados estarán de acuerdo con eso y que esto es un respetable debate político. 
Sin embargo, prosigue diciendo: " Ahora sé que en el Reino Unido la atención sanitaria no funciona» , lo que es una evidente indicación acerca de mi salud mental. 
Usted puede pensar que eso es así, pero sospecho que, según el Reglamento de esta Asamblea, no le está permitido arrojar calumnias acerca de la salud mental de los diputados. 
Le pediría que se expidiera acerca de si puedo hacer uso de mi derecho a una respuesta personal de tres minutos. 
También puedo indicar que, como se ve en la página 25 del Acta literal, pregunté al Sr. Henderson, Ministro de Asuntos Exteriores, si era verdad lo que decía el Financial Times acerca de que Gran Bretaña está preparada para usar armas nucleares contra Irak. 
En su respuesta, me dijo que el Sr. Cook, Secretario de Asuntos Exteriores, lo ha negado en la Cámara de los Comunes. 
Tengo la transcripción de la intervención del Sr. Cook, en la que no se lee esa negativa. 
Los funcionarios del Foreign Office todavía informan de que Gran Bretaña está preparada para usar las armas nucleares contra Irak. 
Sr. Kerr, yo también fui testigo de lo ocurrido. 
En ese momento no ocupaba la Presidencia, pero escuché su pregunta desde mi escaño. 
También escuché las respuestas del Presidente británico en funciones. 
Es cierto que no respondió exactamente a dicha pregunta, pero lo que yo me pregunto, naturalmente, es por qué no solicitó usted el uso de la palabra ayer, cuando se encontraba presente la Presidencia del Consejo. 
Yo tomo nota de su observación, pero en casos como éste lo más acertado es pedir la palabra y reaccionar de inmediato. 
Señora Presidenta, si el Sr. Kerr consultara el Hansard del 10 de febrero, leería: " ¿Mi muy honorable amigo el Secretario de Exteriores podría descartar la posibilidad de un ataque nuclear contra Irak?» 
El Sr. Cook responde: " Sí, puedo descartarla por completo.» 
Señora Presidenta, permítame recordar que hace dos días, el 17 de febrero, murió a los 102 años el escritor alemán Ernst Jünger. 
Fue unos de los principales exponentes de la revolución conservadora en Alemania y, ciertamente, como ha sido recalcado por toda la prensa internacional en estos días, un importante autor del pensamiento político europeo y de la literatura del siglo XX. 
Falleció a los 102 años y, por lo tanto, fue un testigo excelente del siglo XX, un siglo, como sabemos, lleno de contradicciones. Sin embargo, Jünger, espíritu libre, siguió fiel a los principios de libertad y coherencia intelectual rechazando cualquier servilismo a los regímenes totalitarios de su época. 
En consecuencia, señora Presidenta, sería justo que el Parlamento Europeo homenajeara la memoria de este hombre. 
Sra. Angelilli, todos lamentamos la muerte de Ernst Jünger y sabemos que fue un gran pensador y escritor, pero lo cierto es que su intervención no se refiere al Acta de la sesión anterior. 
Todavía estamos en el punto de aprobación del Acta. 
Señora Presidenta, yo pido excusas por descender de las alturas de Ernst Jünger al terreno parlamentario absolutamente común y corriente del Acta de la sesión de ayer. 
En efecto, en la página 8, bajo el epígrafe "Pruebas nucleares subcríticas» se señala que el Sr. Rübig presentó una moción por la que se solicita que en vez de este punto se trate el titulado" Seguridad en el barrio Léopold, en Bruselas». 
Yo quisiera pedir que esto se rectifique. 
El título no es "Seguridad en el barrio Léopold, en Bruselas» sino" Delincuencia en Bruselas». 
Lo cual es muy distinto, a mi parecer, porque no se trata de promover nuestro propio interés, sino de la defensa de la seguridad en Bruselas por una cuestión de principio. 
A continuación se añade que el Presidente rechaza la solicitud en aplicación del apartado 2 del artículo 47 del Reglamento y que remitirá al Sr. Rübig una carta explicativa. 
El Sr. Rübig ha recibido dicha carta y yo he podido ver una copia. 
En ella no se ofrece más información que la que ya figura en el Acta. 
Yo creo que sería bueno y muy conveniente, y es lo que quiero solicitarle, que esta información se haga llegar también a la Mesa. 
Nosotros agradeceríamos al Presidente que nos comunique con qué instancias de Bruselas se ha puesto en contacto y cuáles han sido los resultados de estas conversaciones, y que esta información se comunique también al Pleno. 
Lo cierto es que la propuesta de resolución está firmada por casi 50 diputados, que están francamente preocupados por lo que ocurre en Bruselas y, por consiguiente, desearían saber qué se está haciendo. 
Yo creo que el Pleno tiene derecho a estar informado. 
¿Sería posible que en el curso de esta semana se nos comunique al menos cuándo recibiremos dicha información? 
(Aplausos) 
Sr. Habsburg-Lothringen, según la información de que yo dispongo, el Presidente manifestó ayer su intención de iniciar dichos contactos. 
Por lo tanto, éstos todavía no han tenido lugar y seguramente todavía no se ha concretado en detalle con quién se celebrarán. 
Yo tengo la plena seguridad de que ustedes serán informados al respecto. 
No obstante, transmitiré su solicitud a la Mesa. 
Por lo que se refiere a su primera observación, en el Acta sólo puede figurar, como es lógico, lo que aquí se dijo. 
Si la descripción o la terminología empleadas fueron erróneas, sólo nos cabe lamentarlo. 
Sin embargo, yo creo que esto ya ha quedado rectificado de manera indirecta con su observación. 
Señora Presidenta, sólo quiero referirme al último punto de la página 4, la declaración de la Sra. Green, líder de los socialistas, en la versión inglesa del Acta. 
No quiero entrar en ninguna clase de guerra, nuclear ni de otro tipo, con la Sra. Green. 
Quiero corregir una declaración que ella hizo ayer con respecto al grupo de trabajo Pery y la nueva norma que se introdujo esta semana. 
Ni la Sra. Nicole Pery, que ha dejado este Parlamento, ni el grupo de trabajo hicieron ninguna sugerencia referida a la aplicación de esta norma. 
Lo que la Sra. Nicole Pery hizo saber a la Mesa fue, sencillamente, que tenía algunos documentos de diferentes grupos y personas y varias y diversas sugerencias sobre este tema particular. 
No se puso de un lado ni de otro ni sugirió nada. 
De modo que volvamos ahora a la Conferencia de Presidentes, porque de allí vino la presión para esta norma particular. 
Mientras me apresto para la discusión sobre este tema, es justo y adecuado que el Parlamento sepa que cuando esta petición llegó a la Junta de Cuestores, la Junta, en su variable postura política, acordó por unanimidad que era imposible ponerla en práctica. 
Entonces recurrí a la Mesa, y la Mesa tomó la decisión basándose en lo que, me figuro, había pedido la Conferencia de Presidentes. 
Para poner todo esto en claro, no involucremos a una tercera organización en este asunto, es decir, al comité especial de Nicole Pery, porque yo era miembro de ese grupo de trabajo y sobre este asunto específico no hizo nada de este tipo. 
Sugerí que es necesaria una reforma y todos estuvimos de acuerdo. 
La dignidad de este Parlamento es una prioridad que está por encima de todo lo demás y la dignidad de este Parlamento quedó de rodillas durante esta semana: es hora de que revisemos el tema. 
Señoría, por lo que se refiere al Reglamento, nosotros nos atenemos a él. 
Todos pueden comprobarlo y cuando no es así, se formula una objeción y se rectifica. 
Usted ha hecho referencia también a sucesos que remontan a julio del año pasado. 
Entonces se presentó, en efecto, el informe en cuestión. 
Yo recuerdo muy bien que esto se debatió en una reunión celebrada en Luxemburgo. 
No voy a poder verificarlo esta misma mañana, pero solicitaré que se compruebe y volveremos a tratar este tema. 
Señora Presidenta, sobre el mismo tema: punto 5 del Acta, que está en la página 9 de la versión en inglés, y su respuesta a la Sra. Ewing. 
Los diputados aplican diversos nombres a este procedimiento de control de asistencia- algunos de ellos bastante descorteses -, pero usted ha hablado de una nueva norma y de un cambio de normas. 
La Vicepresidenta Nicole Fontaine las denominó " medidas de aplicación». 
¿Cuáles son? 
Ahora no dispongo del texto, pero todos estamos al corriente de lo ocurrido y sabemos a qué atenernos. 
Yo creo que ya se ha señalado repetidas veces que la Mesa reexaminará las posibles vías para verificar en adelante las asistencias. 
Por lo tanto, tengamos de momento un poco de paciencia y ya hablaremos de ello cuando la Mesa comunique al Pleno o a los Grupos políticos unas nuevas normas, de aplicación más sencilla, para que puedan debatirlas. 
La verdad es que me parece superfluo que se vuelva a mencionar este asunto por enésima vez con cualquier motivo. Esto nos quita tiempo para otros debates más importantes. 
Ha quedado claro que la Mesa ha decidido que reexaminará esta cuestión y rectificará los posibles errores a fin de contribuir a simplificar en el futuro la verificación de las asistencias. 
Yo creo que deberíamos esperar a haber recibido las nuevas propuestas. 
Señora Presidenta, con respecto a las observaciones del Sr. Kerr, querría someter a su atención una carta abierta enviada a todos los eurodiputados socialistas. 
Citaré unas pocas frases: " Pedimos a todos los socialistas que apoyen esto, en especial a los miembros del Partido Laborista Británico, que tendrán mucho gusto en saber que daremos a conocer en el seno del movimiento laborista británico los nombres de los diputados que votaron esta enmienda y, por lo tanto, en contra de la guerra». 
No tengo la certeza de que se trate de la zanahoria o del palo, pero debo informar a las dos personas involucradas en esto que tengo mi propia conciencia, sé cuál es mi deber para con Irak y sé cómo votaré. 
No necesito las instrucciones de un par de oportunistas políticos. 
Señora Presidenta, comparto el punto de vista del Sr. Smith sobre estos asuntos, pero querría referirme brevemente al Reglamento, a las medidas de implementación, a los procedimientos o a las órdenes de la Mesa. 
Ayer el Parlamento permitió que la Sra. Fontaine, en ejercicio de la Presidencia, condujera la sesión de un modo bastante anormal. 
Todo lo que quiero son garantías de que volveremos a las instrucciones de la Mesa y de que, cuando se celebre una votación nominal, usted me conceda la palabra y tome nota de mi presencia en ese momento si yo así lo quiero. 
Espero, confío, en que usted y los posteriores Presidentes de hoy apliquen esta medida específica, sin hacer caso de las imprudencias en que caen sus asesores. 
Sr. Falconer, ya ha oído usted mi respuesta. 
Yo creo que no hay nada más que añadir. 
Señora Presidenta, sólo para recordar al Sr. Falconer- aunque creo que él lo ha visto en el Acta- que las cosas están perfectamente claras. 
Dije, en efecto, que la manera en que procedimos ayer fue completamente excepcional, habida cuenta de la situación excepcional en la que nos encontrábamos, a raíz de tener que dividir el turno de votaciones en dos partes para dar paso a la intervención del Presidente de la República de Portugal. 
Lo primero que he hecho esta mañana ha sido verificar si el Acta recogía debidamente este procedimiento excepcional. 
El Sr. Falconer ha podido comprobar- al igual que he hecho yo- que así es. 
Creo, por tanto, que las cosas están perfectamente claras. 
Señora Presidenta, espero que ahora abandonemos el asunto discutido en las dos últimas sesiones, que es un desprestigio para el Parlamento. 
En la misma línea que el Sr. Cot, ¿puede usted darme la seguridad de que, cuando estén redactados, los cambios del Reglamento serán transmitidos al Parlamento, para que esta Asamblea pueda aceptarlos o rechazarlos? 
Es todo lo que pedimos. 
Señora Presidenta, acabo de comprobar que mi nombre no figura en la lista de asistencias. 
No puedo descartar la posibilidad de que se me olvidara consignar mi asistencia. 
Habida cuenta de las numerosas votaciones nominales que se celebraron, yo quisiera solicitar que se introduzca esta rectificación. 
Señora Presidenta, veo que mi nombre no aparece en la página 26 de la versión en inglés de la votación nominal del informe Lange. 
Es un informe en el que tenía especial interés y voté en este caso. 
El martes dije lo importante que era, con el nuevo sistema de votación nominal y las nuevas propuestas provenientes de la Conferencia de Presidentes, que los diputados comprendieran todas las reglas y que las hiciéramos circular entre todos. 
También debe quedar muy claro que los diputados mismos deben tener cierto sentido de la responsabilidad para controlar que sus nombres estén registrados. 
Puede haber errores. 
Se introducirá la correspondiente corrección, Sr. Sturdy. 
Señora Presidenta, hice una sugerencia relativa al Acta. 
Solicité que se elaborara una lista de los diputados que no cumplen los requisitos para recibir las indemnizaciones. 
No he obtenido ninguna respuesta a este asunto ni tampoco he visto ninguna lista de este tipo. 
Creo que lo primero que deberíamos hacer es informar a los diputados sobre lo que les espera. 
¡Los milagros tardan un poco más en producirse, Sra Guinebertière! 
Ya he manifestado repetidas veces esta mañana que la Mesa va a reexaminar esta cuestión. 
Yo les ruego que tengan paciencia y que esperen a que se reciba una respuesta, pues todo esto forma parte de una problemática que en realidad no deberíamos debatir tan detalladamente en el contexto de la aprobación del Acta. 
No obstante, en cualquier caso ya lo hemos hecho. 
(El Acta queda aprobada) 
Alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0020/98) de la Sra. Poisson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre: 
I.la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0408- C4-0409/97-97/0208 (COD) ) por la que se modifican la Directiva 93/74/CEE del Consejo relativa a los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos y las Directivas 74/63/CEE, 79/373/CEE y 82/471/CEE; II.la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/69/CE del Consejo (COM (97) 0409- C4-0408/97-97/0213 (COD) ) por la que se establecen los requisitos y normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, las propuestas de directivas presentadas por la Comisión tienen por objeto modificar la Directiva 93/74/CEE relativa a los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos integrando un nuevo dispositivo que permita ampliar su campo de acción a una nueva generación de productos denominados complementos nutricionales para animales y, por otra parte, modificar la Directiva 95/69/CEE relativa a las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal. 
Queda por señalar un elemento importante. 
Tras haberse comprometido ante la comisión de investigación sobre la EEB en lo relativo a la alimentación animal y humana, la Comisión propone por primera vez que se aplique el procedimiento de codecisión en virtud del artículo 100 A del Tratado. 
La Comisión desea reglamentar la utilización de una nueva generación de productos comercializados en todos los Estados miembros, con el fin de definir un marco estricto sobre la naturaleza de dichos productos y su utilización. 
Estos nuevos productos, denominados complementos nutricionales no pueden considerarse alimentos complementarios o mezclas de aditivos. 
No deben contener sustancias medicamentosas y deben ser utilizados en condiciones específicas y sólo temporalmente. 
Los complementos nutricionales están destinados a ajustar los aportes nutricionales a las necesidades de los animales cuando éstos se encuentran en una fase crítica de cría o de vida, que requiera un aumento temporal de las necesidades nutricionales, por ejemplo, en el caso de parición, destete o la entrada en puesta. 
La alimentación animal representa un eslabón importante de la cadena alimentaria humana. 
Por ello es necesario velar por la circunscripción correcta del campo de aplicación de la directiva a través de la definición del complemento nutricional, con el fin de evitar un vacío jurídico entre los productos que se utilizan en la alimentación de los animales entre los alimentos simples o compuestos y los complementos nutricionales. 
En lo que respecta a la Directiva 95/69/CEE, la Comisión establece una serie de obligaciones imponibles a los operadores de la cadena de alimentación animal, con vistas a reforzar las garantías de calidad de los productos destinados a la alimentación animal. 
Los complementos nutricionales deben estar sujetos a reglas equivalentes a la mezcla de aditivos, ya que las concentraciones de aditivos en estas dos categorías de productos son en general similares. 
No obstante, la posición de la Comisión en cuanto a la obligación de registro suscita algunas reservas. 
Así, el dispositivo que propone la Comisión para el registro de los usuarios de complementos nutricionales constituiría en la práctica una identificación paralela de los criadores a aquélla prevista en el artículo 9 de la Directiva 96/23/CE, que tiene por objeto garantizar una utilización correcta de las sustancias durante la cría. 
Entrañaría un pesado procedimiento administrativo adicional tanto para los operadores, como para los servicios de control, sin que en la práctica presente un interés real. 
Por este motivo, en un afán de claridad y de simplificación, no podría aceptar las enmiendas 11 y 12 del Sr. Graefe zu Baringdorf relativas a la lista de componentes y a sus proporciones, debido a que ya existen obligaciones en este sentido. 
En definitiva, estoy a favor de las nuevas disposiciones presentadas por la Comisión que permitirán proporcionar a los consumidores mayores garantías de la calidad de los productos. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Poisson, por la claridad de su informe acerca de la propuesta de enmienda a la directiva del Consejo sobre alimentación animal con fines nutritivos particulares. 
En los dos últimos años, todos hemos tomado mayor conciencia de la necesidad de asegurar que todo lo que entre en la cadena alimentaria humana a través de alimentos animales debe estar cuidadosamente controlado y no presentar peligros, ni para la salud humana ni para la animal. 
Más de una vez he presentado a la atención del Parlamento los peligros de las adiciones indiscriminadas de sustancias como antibióticos u otros medicamentos en la alimentación animal, no para enfrentar algún problema pasajero de un solo animal sino como profilaxis generalizada. 
Por lo tanto, recibo con gusto el elemento preventivo establecido en la propuesta de la Comisión para regular el uso de nuevos productos con altas concentraciones de vitaminas, oligoelementos, ácidos grasos, etcétera, como suplementos nutritivos para la alimentación animal normal. 
Por supuesto que hay momentos en el ciclo de la vida animal en que esos agregados alimenticios pueden ser muy valiosos, por ejemplo durante la preñez de las vacas. 
Hay que apoyar la propuesta de la ponente sobre la necesidad de que haya definiciones muy claras acerca de cuándo se debe permitir el uso de tales productos. 
La propuesta de la Comisión exige que los ganaderos registren el uso de esos productos. En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural esto se consideró excesivamente burocrático. 
Pero es importante establecer directrices estrictas para los ganaderos, pues así se tendrá la certeza de que comprenden los parámetros dentro de los cuales esos productos se podrán usar. 
El primero de ellos es que deben usarse sólo durante un periodo limitado y con una finalidad muy específica, para asegurar que no queden residuos de esos productos en la carne o derivados que se puedan aplicar al consumo humano. 
Además, la composición y cantidad exactas de esos productos tendrán que estar claramente indicadas en la etiqueta. 
Que nunca más puedan decir los ganaderos, sin mentir, que no sabían con certeza qué le estaban dando de comer a sus animales. 
Señora Presidenta, los animales tienen el mismo derecho que las personas a una alimentación sana y de calidad. 
Fomentar ese objetivo y, desde luego, no impedirlo, es lo que procuraremos en esta directriz. 
La directriz trata de los complementos alimenticios que sirven a un objetivo de nutrición determinado, son alimentos de régimen. 
No pueden contener materias medicinales. 
La normativa nacional que se basará en esta directriz debe ser clara. 
Las empresas, que elaboran y comercializan estos productos, deben poder ser responsables de una cadena alimentaria segura en este aspecto basándose en esas normas. 
Entre tanto, parece que se están elaborando varias directrices y, por tanto, también más legislación nacional en este terreno de la alimentación animal, entre las cuales es difícil seguir viendo una constante conexión. 
Por ejemplo, para el pienso compuesto normal o para las llamadas premezclas para el pienso compuesto existe una obligación de registro para las empresas productoras, pero no hay ningún sistema de reconocimiento de esas empresas. 
Por ello es ilógico, y por tanto erróneo, imponer un sistema de reconocimiento a los productores de complementos alimenticios, que no contienen materias farmacológicas. 
Eso es innecesariamente burocrático, sobre todo cuando se utilizan estos complementos alimenticios en la propia empresa ganadera. 
La propuesta del ponente de suprimir el procedimiento de reconocimiento presentado para los productores de complementos alimenticios tiene por tanto nuestro apoyo. 
Sin embargo, en el informe de la Sra. Poisson- a quien me gustaría felicitar por la presentación clara de esta materia compleja- hay un elemento de intervención centralista innecesaria con la utilización de los complementos alimenticios. 
En la enmienda 3 se observa acertadamente en una consideración que es de esencial importancia que la noción «empleo de complementos alimenticios» no se toma como refiriéndose a una duración arbitrariamente determinada, sino que la duración de su empleo debe determinarse en cada caso. 
La disposición de una duración así deberá ser apoyada por un dossier bibliográfico, fundamentada con hechos científicos que justifiquen el objetivo de nutrición y el período de administración. 
Partiendo de esto, la disposición en la enmienda 6- que trata del texto de la ley, en el que la administración de los complementos alimenticios destinados a los animales de granja se encuentra unida a un máximo de ocho días- es completamente errónea y contraria al buen uso ganadero en muchos tipos de empresas dedicadas al ganado en la Unión Europea. 
Ese máximo debe poder diferenciarse según el tipo de empresa y la clase de ganado. 
Por consiguiente, esa disposición de ocho días debe eliminarse. 
Estoy convencido de que la normativa de una alimentación animal responsable en todos sus aspectos nunca llegará a ser realmente un objeto de controversia entre grupos de presión de ganaderos, fabricantes de pienso, consumidores y organizaciones para el fomento del bienestar animal. 
La Comisión podrá por tanto, a mi parecer, abordar una codificación de toda la legislación en la materia. Muchos comprenderían su interés. 
Eso entonces podría realizarse en el procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo, como también es el caso con esta directriz. 
Señora Presidenta, esta semana he podido constatar que la Sra. Poisson no sólo ha escrito un buen informe, sino que también puede escribir una buena hoja informativa. 
Me he puesto bien al corriente de ambos escritos. 
En primer lugar, mi Grupo se alegra de que vaya a decaer esta propuesta sobre el procedimiento de codecisión. 
Nos parece muy importante que después de la crisis del EEB el Parlamento se vaya a preocupar en todos los terrenos posibles de la alimentación que las personas- consumidores- consumen diariamente en la Unión Europea. 
Igualmente somos del mismo parecer de la ponente de que la utilización de medicamentos, complementos alimenticios, etcétera, no puede convertirse bajo ningún concepto en una costumbre en la alimentación del ganado. 
Sabemos que después de la crisis del EEB nunca será suficiente la cautela que empleemos en la alimentación de los animales. 
Por eso apoyamos en principio las propuestas de la Comisión y también las enmiendas de la ponente. Sin embargo, al igual que el Grupo democristiano, ponemos muchos reparos al plazo de ocho días. 
Nos parece difícil fijar para la eternidad que un determinado producto sólo puede ser empleado durante ocho días. 
Si la utilización se lleva a cabo bajo vigilancia experta, quizá fuera necesario para la salud del animal que se empleara durante nueve o quizá diez días. 
Eso debe ser posible, por tanto esos ocho días deben desaparecer según nuestra opinión. 
Quisiera hacer todavía otra observación acerca de algo totalmente distinto que no está relacionado con la propuesta como tal. 
En Europa actualmente estamos exacerbando las normas. 
Hacemos la alimentación más sana, hacemos la carne y los productos animales más sanos. 
¿Pero qué ocurre con las importaciones? 
¿Qué sentido tiene crear en Europa condiciones estrictas y al mismo tiempo importar cada vez más productos bajo las normas de la OMC sobre las que no tenemos ningún control? 
Por tanto, quisiera aconsejar a la Comisión que diga, si se presenta la ocasión, en el marco de la OMC o en cualquier foro con los norteamericanos, que nosotros como europeos tenemos todo el derecho a saber lo que hay en nuestros alimentos y que también podemos exigirlo de las importaciones que llegan a nuestras mesas desde otros continentes del mundo. 
Ése es un aspecto que no aparece en la propuesta de la Comisión, que tampoco se trata en el informe, pero que en opinión de nuestro Grupo necesita toda nuestra atención. 
Señora Presidenta, el tema que ahora nos ocupa son los aditivos alimentarios, que no son productos farmacéuticos, y, por lo tanto, no constituyen un problema de salud de primer orden para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Los problemas más graves están relacionados con la utilización de las hormonas y de los antibióticos, es decir, con el uso de aquellos productos cuyo consumo está prohibido. 
No obstante, en estas cuestiones no podemos fiarnos plenamente de la industria química, la cual puede llegar a producir, escudándose en los aditivos alimentarios, sustancias que constituyen un problema para la salud humana. 
Y es que hecha la ley, hecha la trampa. 
Un buen ejemplo de esto lo constituye la abundancia de medicamentos antiasmáticos en los Juegos Olímpicos que se están celebrando en estos momentos, lo cual implica que los deportistas están gravemente afectados por esta dolencia. 
Exactamente de la misma manera, es posible que ciertos animales necesiten regularmente este tipo de aditivos alimentarios. 
Por estos motivos, creo que se debería controlar el uso de los aditivos alimentarios y, en mi opinión, las propuestas de la Sra. Poisson son demasiado laxas a este respecto. 
La Comisión da mayores muestras de responsabilidad ante este tema al propugnar una investigación sobre el uso de estas sustancias. 
Señora Presidenta, Sra. Poisson, en los aspectos esenciales estamos de acuerdos. 
El informe es adecuado y no voy a entrar en cuestiones de detalle, sino que quiero concentrarme en el punto conflictivo al que hacen referencia mis dos enmiendas. 
Como ustedes saben, la Comisión manifestó en la comisión que la propuesta se refiere a una Directiva en la que se especifica la declaración pública. 
Yo entonces no lo puse en duda y retiré mis enmiendas. 
Ahora vuelvo a presentarlas porque entre tanto he vuelto a examinar la Directiva y he podido comprobar que la información de la Comisión no es correcta. 
La correspondiente Directiva ha sido remitida a la comisión y yo espero que las y los colegas habrán tenido oportunidad de examinarla. 
Ésta establece en efecto que debe hacerse pública una declaración, pero sólo por lo que se refiere al orden de importancia de los ingredientes. 
No en cuanto al valor porcentual de los mismos. Éste debe indicarse, según se indica en la Directiva, en el caso de los alimentos para animales domésticos, como canarios, gatos y perros. 
Pero no en el caso de los animales útiles a los que se refiere la presente directiva. 
Por consiguiente, Sra. Poisson, es urgentemente necesario que aprobemos las citadas enmiendas, sobre todo porque las propuestas se tramitan por el procedimiento de codecisión. 
Si no las adoptamos ahora, ya no tendremos oportunidad de introducirlas en la segunda lectura. 
Si lo que acabo de exponer no responde a la realidad de los hechos, yo estoy dispuesto a retirarlas en la segunda lectura. 
Sin embargo, yo tengo prácticamente la certeza de que lo que les he dicho está bien fundado y cometeríamos un error si no exigimos la declaración porcentual en este caso. 
Señora Presidenta, señora Poisson, por fin comienzo a tranquilizarme en lo que se refiere al ámbito de la alimentación animal, porque se tomará en consideración que aquello que se da de comer a los animales destinados a la alimentación humana, aparece en el plato del consumidor. 
Debemos constatar que la comisión de investigación sobre la enfermedad de las vacas locas comienza a dar resultados concretos. 
¡A buenas horas! También nos permite descubrir que el interés financiero siempre ha primado sobre el interés de la salud humana y sobre el interés de la economía. 
Habrá que volver sobre la totalidad de los ingredientes de la alimentación sólida y líquida de los animales de cría y de engorde, pero también sobre lo que se les administra en forma de inyecciones, ya sean medicamentos, principalmente antibióticos, u hormonas, aunque sea con fines terapéuticos. 
Sin embargo, no podemos considerar la cría por secciones, sino en su conjunto. 
También en este ámbito, guiados como estaban sólo por el afán de lucro financiero, algunos dirigentes y responsables industriales, financieros y políticos han preferido la opción de la cría industrial a la cría armoniosa, que mantiene al animal en su ámbito natural y permite, por ejemplo, criar rumiantes a base de vegetales en vez de a base de harinas de carne procedente del reciclado de cadáveres de animales. 
Y, mientras tanto, se congelan millones de hectáreas de tierras fértiles, se destruyen puestos de trabajo y se aniquila la economía del mundo rural. 
¿Y qué decir de la utilización preventiva de antibióticos en bajas dosis en los centros de producción industrial de carne porcina, de aves o de huevos? 
Se sigue jugando a aprendiz de brujo. 
Algunos pediatras de las zonas deprimidas de Europa están encontrando cada vez más dificultades para curar una simple disentería entre los niños de pecho. 
Aún no hemos sacado todas las conclusiones de la epidemia de las vacas locas. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero expresar mi satisfacción por la favorable acogida dispensada a las propuestas de la Comisión. 
Como cualquier otro producto destinado a la alimentación animal, los suplementos nutricionales deben ser objeto de una reglamentación estricta, en cuanto a las necesidades de las crías. 
Por ello deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y en particular a su ponente, la Sra. Poisson, que ha sido objeto de justos elogios por parte de varios oradores por su constructiva propuesta de resolución y por las modificaciones que nos han sido propuestas. La Comisión suscribe en gran medida las enmiendas presentadas a la propuesta de modificación de la Directiva 93/74: las enmiendas núms. 
2, 3, 4, 5 y 7, cuyo objetivo es reforzar y clarificar las medidas propuestas, pueden ser aceptadas en su totalidad; pueden aceptarse asimismo las enmiendas núms. 1 y 6, a condición de que se haga alguna pequeña modificación para guardar mayor coherencia con las disposiciones de la normativa referida y con algunas de la enmiendas aceptadas. 
Por otro lado, la Comisión puede admitir las tres enmiendas, 8, 9 y 10, destinadas a simplificar la modificación de la Directiva 95/69 en lo relativo a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 11 y 12, que imponen la declaración cualitativa y cuantitativa de los ingredientes, tanto de los alimentos para animales con objetivos dietéticos como de los complementos nutricionales para animales. 
Y en relación con la intervención del Sr. Graefe zu Baringdorf, la Comisión recuerda que ha iniciado ya un estudio sobre la posibilidad de controlar esta declaración por medios analíticos y que, conforme a su compromiso, informará al Parlamento sobre los resultados de este estudio en cuanto se disponga de los mismos, así como sobre sus propósitos en este asunto. 
Por fin, en cuanto a la mención del Sr. Mulder a la Organización Mundial de Comercio, puedo decirle que la posición de la Comisión frente a quienes desean normas más flexibles es que somos partidarios de la adopción de reglas rigurosas, y consideramos que tal criterio debe mantenerse. 
Señora Presidenta, ¿podría preguntarle usted al señor Comisario si la información he expuesto en relación con las afirmaciones de la Comisión es correcta? 
Esto nos permitiría aclarar un poco más esta cuestión. 
El estudio es otro tema completamente distinto. 
Éste se refiere a la declaración en el caso de la alimentación animal y en dicho caso llegamos al acuerdo de esperar los resultados del estudio. 
Yo querría saber si mi información es correcta; en efecto, en tal caso tendríamos que aprobar las enmiendas. 
Todo tiene su origen en una información errónea de la Comisión. 
Señora Presidenta, quiero decirle que entendemos que los datos que ha presentado la Comisión son correctos, pero que, en todo caso, vamos a llevar a cabo ese estudio, que permitirá aclarar cualquier duda que haya al respecto. 
De todas formas, ésta es la posición de la Comisión y así se la transmito al Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Sr. Graefe zu Baringdorf, parece evidente que la aclaración no confirma su punto de vista. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Repercusiones de la biotecnología en la agricultura 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0037/98) de la Sra. KeppelhoffWiechert, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las repercusiones de la biotecnología en la agricultura. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de ponente del informe por propia iniciativa sobre las repercusiones de la biotecnología en la agricultura, yo quiero expresar en primer lugar mi más sincero agradecimiento a cuantos me han prestado una extraordinaria ayuda en mi trabajo. 
Cualquier nueva tecnología entraña riesgos, pero también promete ventajas. 
A mi parecer, las generalizaciones exclusivamente condenatorias o elogiosas son inadecuadas. 
La biotecnología moderna, como tecnología clave para el siglo XXI, supondrá una aportación fundamental para la alimentación de la población mundial. 
En ese contexto, debe concederse una gran importancia a la protección y sostenimiento de los fundamentos naturales de la vida. 
La aplicación de la biotecnología y la ingeniería genética ofrece ventajas para la agricultura. 
Un crecimiento desproporcionado de la población mundial con unas superficies de cultivo que se mantienen prácticamente constantes nos obliga a no cerrar el paso a la aplicación de las nuevas tecnologías, más allá de las diferencias entre partidos. 
Ésta fue también la opinión mayoritaria que presidió el trabajo que realizamos conjuntamente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En opinión de los científicos, la aplicación de la biotecnología podría incrementar en un 20-30 % la producción de alimentos. 
Sin dejar de tener presente en todo momento, no obstante, que cualquier uso de organismos genéticamente modificados debe regirse por el principio de que la salud y el medio ambiente no deben resultar en ningún caso perjudicados. 
No tiene sentido y es una irresponsabilidad política atizar únicamente los temores de los consumidores en relación con este tema. 
Deberíamos conceder una gran importancia a una información y divulgación objetivas en el ámbito de la biotecnología y sus aplicaciones. 
A mi parecer, las consideraciones científicas, por importantes que sean, no deben pasar en ningún caso por delante de la salud de la población. 
Sin embargo, el escepticismo existente en Europa no alterará el hecho de que esta técnica innovadora se está aplicando en todo el mundo. 
Renunciar a la biotecnología y a la técnica genética significaría dejar este importante ámbito en manos de la competencia en el mercado mundial. 
La agricultura europea necesita esta tecnología como un medio irrenunciable para mejorar sus capacidades técnicas y los efectos sobre el medio ambiente. 
Tenemos recuperar cuanto antes la ventaja que nos llevan los países no europeos en la introducción de la biotecnología, a fin de no perder mercados agrícolas frente a la competencia. 
En mi informe yo pido también- y en este sentido me dirijo a la Comisión- que se establezca un marco jurídico vinculante adecuado para que el consumidor pueda adoptar sus decisiones de compra sobre la base de una información previa y de la correspondiente identificación. 
Un amplio aprovechamiento sin riesgos del potencial de la biotecnología exige que se establezca un marco de examen óptimo. 
Éste debe contemplar la necesidad de que en Europa se abran las puertas a un desarrollo innovador y a la vez también responsable de la biotecnología. 
Yo abogo, por lo tanto, por que se establezca un intenso diálogo constructivo y objetivo con la población sobre estas nuevas técnicas. 
La biotecnología y su aplicación contribuirá de manera determinante a configurar el desarrollo de la agricultura. 
Finalmente, yo quisiera recordar que en todos los diferentes ámbitos, pero también muy especialmente en nuestra calidad de políticos, debemos asumir no sólo la responsabilidad de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. 
También quiero pedirle de nuevo al señor Comisario que al final del debate nos diga claramente qué se propone hacer la Comisión en relación con esta temática a la vista del presente informe por propia iniciativa. 
Señora Presidenta, ante todo deseo felicitarme con la Sra. Keppelhoff-Wiechert del trabajo realizado, un trabajo que, a pesar de ser sintético, es muy serio y equilibrado y no olvida ninguno de los puntos fundamentales que afectan al impacto de la biotecnología sobre el sector agrícola. 
Su informe se inspira en una visión positiva de la biotecnología y de su potencialidad para el sector agrícola. 
La acepto y la comparto. 
Una visión positiva no supone, sin embargo, una visión idílica e iluminista que ignora los problemas. 
Considero, por el contrario, que en el informe que estamos a punto de aprobar figuran todas estas problemáticas con extrema claridad. 
Entre ellas despuntan las de orden ético-moral que, no obstante, hay que abordar tratando de darles una respuesta con objeto de ofrecer todas las garantías al consumidor y, al mismo tiempo, lograr un marco favorable al desarrollo de este sector que tiene inmensas posibilidades para la agricultura. 
Existen tres ámbitos de interés para la agricultura. 
El primero es el medioambiental. 
Con las técnicas genéticas se puede reducir el empleo de los fitofármacos y de los productos químicos de síntesis y obtener sensibles ventajas en lo que se refiere a una mayor ecocompatibilidad de los cultivos tanto desde el punto de vista de la contaminación de las capas como de la seguridad de los productos. 
El segundo ámbito de interés es el desarrollo a escala mundial de productos alimenticios para hacer frente a los problemas de la seguridad de los alimentos que originará el incremento de la población. 
Como señaló acertadamente la Sra. KeppelhoffWiechert, hasta ahora se ha prestado suma atención al crecimiento de las superficies cultivables y de las zonas de regadío, así como al aumento de la productividad gracias a los fertilizantes y abonos. 
Hoy el uso responsable de la biotecnología puede paliar la falta de estos factores. 
El tercer elemento es el desarrollo de la biomasa, entendida como fuente de energía renovable. 
Sabemos que la Comisión se muestra muy activa en este sentido y que existen programas y propuestas de trabajo relacionados con este sector. 
Todo este conjunto de posibilidades, sin embargo, no se desarrolla de forma lineal e indolora, como si se tratara de trabajar encerrados en un laboratorio para luego salir del mismo convencidos de que se ha hallado la solución milagrosa de todo. 
El diálogo con los consumidores es decisivo y su actitud tiene la máxima importancia. 
Debo admitir, no obstante, que con frecuencia se ha jugado con fuego, por ligerezas e improvisación o porque, como acaba de recordar el Sr. Happart, se ha sacrificado el interés por la salud del consumidor en beneficio del interés financiero y económico y, a veces, los detractores de la biotecnología han fomentado con mala fe la inquietud de los consumidores. 
Europa no puede encerrarse en una polémica estéril entre los que están a favor o en contra de la biotecnología. 
Existen las condiciones para poder hacer mucho más. 
Señora Presidenta, Sra.Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias a la ponente por su trabajo en este informe. Asimismo, la felicito por la forma tan clara en que ha analizado este tema tan complejo y teñido de emotividad, no sólo en términos generales sino también, y específicamente, en relación con una producción favorable al medio ambiente y sostenible, el abastecimiento mundial de alimentos, los aspectos económicos y las perspectivas futuras de la ingeniería genética. 
En los primeros debates celebrados en esta Asamblea, sostuve que el objetivo de la fitogenética moderna es mejorar la calidad y aumentar la resistencia ante las enfermedades, a la vez que se incrementan los rendimientos de los cultivos. 
La ingeniería genética permite llegar a esas metas con mayor eficacia y en tiempo mucho más breve que el de la reproducción convencional. 
Concuerdo con el punto de vista expresado en el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo de la UE, cuando dice que la biotecnología es una de las tecnologías que determinarán el futuro de la competitividad europea. 
Infortunadamente, los estudios demuestran que en esta etapa más de la mitad de los ciudadanos europeos se opone a la liberación y comercialización de alimentos genéticamente modificados. 
Creo que la gran mayoría piensa así influida por los cuentos de terror o por teorías que no tienen ninguna base científica. 
Los beneficios totales de la biotecnología no se manifestarán a menos que antes estén aseguradas la confianza y la aprobación públicas. 
La única forma de conseguirlo pasa por una investigación continua, en la que haya una seguridad absoluta y una transparencia máxima, incluidas las explicaciones al consumidor sobre los detalles técnicos, para el usuario que quiera conocerlas. 
La composición y la calidad bacteriológica de los alimentos se miden con mayor precisión hoy que en cualquier otra época. 
Los consumidores pueden estar seguros de que esta tecnología, hoy ya muy vigilada y estrictamente regulada, permitirá que el europeo siga siendo el pueblo mejor alimentado en el mundo actual. 
Señor Presidente, desearía felicitar a la ponente, la Sra. Keppelhoff-Wiechert, por el informe tan extraordinariamente equilibrado que ha elaborado. Este documento describe muy bien los indiscutibles beneficios que ha reportado la biotecnología en el campo de la producción alimentaria. 
El informe de la ponente aborda asimismo los problemas y las sospechas que indudablemente continúa suscitando entre los consumidores el uso de la tecnología genética. 
Entre otros logros, esta tecnología ha permitido alcanzar unos objetivos más precisos en la transformación de los vegetales. 
Mediante la transformación, la tecnología genética ha hecho posible el desarrollo de especies más resistentes y productivas, lo cual ha permitido la reducción del uso de abonos y de sustancias para proteger los cultivos, mostrándose, por lo tanto, como una técnica respetuosa con el medio ambiente. 
En el informe se reconoce que los alimentos sometidos a transformaciones genéticas influyen en el comportamiento de los consumidores a la hora de la compra. 
Por este motivo, es necesario disponer de estudios amplios y exhaustivos en torno a la seguridad de los productos manipulados mediante tecnología genética, ya que únicamente podremos atenuar los temores de los consumidores con una información basada en estudios científicos y divulgando eficazmente esta información. 
Por tal motivo, apoyamos la propuesta de la ponente para dotar al sector de la biotecnología de un puesto específico, propio, en el seno de los programas de investigación de la Unión Europea. 
De este modo, la Unión reconocería la importante significación de la biotecnología y se mostraría dispuesta a respaldarla económicamente. 
En este orden de cosas, espero que también el miembro de la Comisión dé a conocer su postura acerca de si, según la Comisión, es posible actuar de este modo. 
La liberalización del comercio en el sector alimentario está teniendo lugar continuamente. 
Con la excusa del libre comercio, no podemos aceptar cualquier medio con el fin de elevar la productividad del sector de los alimentos. 
Nunca podremos competir con una producción extensiva de tipo industrial como la de los EE.UU. Por este motivo, considero absolutamente imprescindible que la Unión Europea no renuncie a su modelo de producción agrícola, basado en los cultivos familiares de alta calidad y en el desarrollo sostenible. 
Es preciso reforzar aún más nuestros puntos fuertes, los que acabo de mencionar, con ocasión de la Agenda 2000. 
Tal como ha afirmado el Sr. Fischler, competimos en calidad. 
Finalmente, y al igual que ya ha solicitado la ponente, a mi también me agradaría enormemente que la Comisión aclarara cuál va a ser ahora su actuación. 
Señora Presidenta, mi Grupo político no comparte el optimismo en relación con los efectos y los beneficios de la ingeniería genética. 
Tenemos grandes reparos por lo que se refiere a la salud de las consumidoras y consumidores y también en cuanto a sus repercusiones sobre el medio ambiente. 
A nuestro parecer, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de los medicamentos, en el cual a veces pueden ser tolerables los efectos secundarios de un producto, esta tolerancia no es admisible en ningún caso en el ámbito de la alimentación. 
Mientras no exista una seguridad en este sentido, debemos ser muy cautos con dicha tecnología. 
Tampoco compartimos las esperanzas por lo que se refiere a la alimentación mundial, Sra. Keppelhoff-Wiechert. 
Es preciso enseñar a las personas a gestionar la agricultura de manera que les permita saciar su hambre. 
A mi parecer, las industrias clave de la ingeniería genética no asegurarán la satisfacción de las necesidades de las personas. 
Cuando hablamos de información objetiva, esto significa que ésta debe exigirse de manera concreta y nuestras enmiendas están encaminadas a obtener de la ciencia, pero también de la Comisión, dicha información objetiva. 
Por ejemplo, la ciencia siempre había declarado que los organismos genéticamente modificados no se reproducirían, no se propagarían. 
Sin embargo, en el caso de la resistencia de la colza a los herbicidas ésta se ha propagado a una mala hierba y yo pienso que esto pone en entredicho las falsas garantías de seguridad que nos ofrecen. 
Por consiguiente, nosotros exigimos que la ciencia garantice primero esta seguridad antes de que podamos empezar a aplicar estas tecnologías de riesgo. 
Todavía nos queda un rayo de esperanza: la Comisión hará suya la propuesta del Parlamento y excluirá el ámbito de los cultivos biológicos de la aplicación de la ingeniería genética. 
Dispondremos de una normativa legal en virtud de la cual la ingeniería genética no podrá intervenir en el cultivo de productos biológicos y esto exige imprescindiblemente una indicación precisa del uso de procedimientos de ingeniería genética en la producción de alimentos. 
Yo aguardo con interés el enfrentamiento entre estos dos ámbitos y los resultados de la competencia entendida en sentido positivo. 
Entonces podremos constatar qué alimentos prefiere la población y yo creo que la línea biológica será la que garantizará a la larga la alimentación a escala mundial. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el excelente informe de la Sra. Keppelhoff-Wiechert sobre las biotecnologías aplicadas a la agricultura me parece, a pesar de todo, un poco moderado, considerando que es un tema que suscita vivas pasiones. 
No obstante, hay que reconocer que constituye una excelente base para la negociación, porque la ponente ha sabido presentar con objetividad en el mismo las oportunidades y los retos de las biotecnologías aplicadas a la agricultura. 
De cara a las expectativas y a las inquietudes de la opinión pública, nos corresponde a nosotros los legisladores y también a los consumidores fijar los límites de lo que esperamos de estas nuevas tecnologías. 
No cabe ninguna duda de que el enorme potencial de desarrollo de las biotecnologías puede llevarnos hacia una nueva revolución verde. 
En nuestra mano está elegir cuál. 
La imagen de la granja mundial, que alimenta a un planeta superpoblado, se nos presenta más como una pesadilla que como el paraíso. 
A pesar de que la concentración y la especialización a ultranza permiten amentar la productividad, lo que es interesante a corto plazo, siguen siendo, no obstante, el origen de la fragilidad del medio ambiente y de la vulnerabilidad de la población. 
¿Alcanzamos a imaginarnos los efectos dramáticos que tendría la enfermedad de una semilla que se hubiera convertido en el único estándar mundial? 
Estas opciones son contrarias a nuestra convicción, a nuestra manera europea de imaginar el desarrollo sostenible. 
La revolución verde hay que dominarla, no sufrirla. 
Este dominio pasa por una orientación de las políticas agrícolas basadas en las bazas de su entorno. 
Este dominio debe pasar también por la creación, en el plano internacional, de un marco legislativo coherente, con el fin de evitar la concentración de cultivos y de tecnologías en las manos de unos pocos privilegiados. 
En vez de intentar alimentar a la población mundial a partir de centros de producción gigantes y ultraespecializados, hay que garantizar la difusión más amplia posible de estas nuevas tecnologías. 
Las reglas que deben introducirse a nivel internacional deben tener como base el máximo nivel de seguridad para el hombre y para el medio ambiente, con el fin de evitar que se establezcan especies de zonas francas sin religión ni moral en las que todo esté permitido, especialmente en materia genética, y de evitar también la aparición de aprendices de brujo ávidos de lucro. 
El dinero no tiene olor, ¿no es así? 
Tengo la profunda convicción de que las biotecnologías no deben avasallar la naturaleza, sino permitirnos beneficiarnos de forma duradera de su diversidad. 
Queridos colegas, debemos tomar una posición política firme y movilizarnos para que la OMC tome en consideración estas reivindicaciones. 
La Unión Europea tiene que imponer la excepción agrícola europea, en beneficio de la salud pública y de los consumidores, de lo contrario necesitaremos más tarde el valor político de rechazar los compromisos ineludibles del futuro. 
Señora Presidenta, ante todo quiero felicitar a la ponente por su excelente informe referido a un tema muy difícil. 
Algunos desarrollos en el campo de la biotecnología representan un tremendo desafío para industrias como la agrícola y otras. 
La cuestión está en si nos movemos con los nuevos desarrollos y tecnologías o nos quedamos a un lado y dejamos que otros marquen el ritmo. 
Personalmente, debo admitir que siento una honda preocupación ante muchas de las nuevas tecnologías y cosas que están ocurriendo. 
También pienso que Europa no perderá la batalla si decimos que no. Este es el resultado final en lo que a nosotros respecta. 
Debemos avanzar con suma cautela. 
Existe una bien definida inquietud en la mente de los consumidores y, si tomamos en cuenta acontecimientos pasados, creo que hay que simpatizar con esa inquietud. 
Los usuarios son escépticos y habrá que convencerlos de que el marco jurídico aplicado para controlar y operar como salvaguarda les asegurará la más estricta de las vigilancias en cuanto a las nuevas disposiciones. 
Sea lo que sea, lo que se aplique no deberá verse como algo débil y carente de lo necesario para controlar los aspectos dañinos que se pudieran desarrollar. 
A este fin debemos asegurarnos dos veces de que todos los alimentos modificados genéticamente estén debidamente identificados, de un modo abierto y transparente, para que los consumidores puedan ver lo que están comprando. De esta manera no surgirán ambigüedades ni motivos para ninguna preocupación en la mente del consumidor. 
En principio, no me parece mal la investigación y desarrollo continuados en este campo. 
Pero, como he dicho, debemos mantener el máximo de transparencia, control y pleno conocimiento de los objetivos finales. 
En la medida en que damos asistencia a la sociedad y al consumidor y en que no usamos ni abusamos de la tecnología para aumentar los márgenes de utilidades de la grandes multinacionales a expensas de la confianza de los consumidores, estoy preparado para brindar un apoyo provisional a los desarrollos actuales. 
Tenemos que hacer una advertencia muy clara: ante todo abuso o uso indebido de estas nuevas tecnologías en desarrollo por parte de quienes están en contacto con ellas, se debe reaccionar con la más firme y severa de las actitudes. 
Aunque no soy una persona feliz, espero ser realista y este realismo me obliga a dar mi apoyo condicional en este momento. 
Creo que hablo por muchos cuando digo que no se puede dar por sentado. 
Señora Presidenta, las propuestas sometidas a esta Asamblea reflejan las lecciones que se han aprendido en Europa tras la crisis de la EEB, que nos enseñó el valor de la cautela cuando se trata de alimentos, en especial en lo relativo a los animales y a la carne destinada al consumo humano. 
Todos los afectados por esta crisis han pasado malos momentos: productores, consumidores e industrias auxiliares. 
Las propuestas de las que estamos hablando son un paso necesario, pero este paso debe darse con gran precaución, como ha dicho mi colega de Irlanda del Norte. 
Existe una evidente necesidad de establecer un estricto marco de normas de obligado cumplimiento, para que rijan la naturaleza de los productos de los que hablamos. 
La nutrición animal desempeña un papel crucial en la cadena alimentaria humana, o sea que éste es un informe vital. 
La confianza es fundamental, pues si no se tiene confianza en las normas sobre alimentos, los cimientos mismos de nuestra industria agrícola corren peligro. 
Una vez más quiero repetir que se necesita una cautela extrema en la biotecnología. 
Se trata de una disciplina de alto riesgo y hay peligros desconocidos por delante. 
El máximo cuidado es esencial. 
Para concluir, debo agregar que el reciente brote de EEB en el Reino Unido afectó a Irlanda del Norte. 
Irlanda del Norte ha sufrido la injusta penalización de que se prohibieran todas sus exportaciones de carne bovina por parte de la UE. Y esto se hizo a pesar de la baja incidencia de la EEB en provincias y de nuestro excelente sistema para localización de casos, que es mejor que el de cualquier otro lugar de la Unión Europea. 
La Comisión propuso levantar esta prohibición en Irlanda del Norte. 
Recibimos la propuesta con beneplácito. Pero los Comités veterinarios permanentes parecen empeñados en tácticas dilatorias. 
Pido a los Estados miembros que por razones políticas continúan bloqueando el levantamiento de la prohibición que empiecen a buscar pruebas objetivas, científicas. 
La prohibición que pesa sobre la carne bovina de Irlanda del Norte es injusta y debe levantarse de inmediato. 
Dado que nuestra industria cárnica mueve más de 50 millones de libras al año, el campo es nuestra mayor industria. 
La Comisión ha decidido que el momento de actuar es éste y yo comparto ese punto de vista. 
Señora Presidenta, yo deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Keppelhoff-Wiechert, por su ponderado informe y, sobre todo, por el contenido convincente del mismo. 
Yo tengo la seguridad de que en el futuro volveremos a debatir con frecuencia sobre este tema. 
En efecto, el debate sobre la biotecnología es en la mayoría de los casos muy polémico y, como muchos otros diputados, yo también veo ventajas y efectos positivos en este ámbito. 
Es posible incluso que también permita crear un mayor número de puestos de trabajo. 
Sin embargo, a pesar de todo, no debemos caer en la ingenuidad de ver sólo las ventajas. 
También existen unos ciertos riesgos. 
Yo no puedo dejar de apoyar explícitamente a la ponente en la exigencia, que figura en el punto 2, de un marco de examen óptimo que tome en consideración las consecuencias para el medio ambiente, para los animales individuales, para la salud y el bienestar de las personas y también los aspectos éticos. 
En efecto, ¿podemos decir que ya lo sabemos todo sobre las interacciones de los organismos genéticamente modificados con el conjunto del sistema ecológico? 
¿Qué haremos con los desechos y productos residuales? 
¿A partir de qué punto no existen riesgos o empieza a haberlos? 
¿Cuáles serán las repercusiones a largo plazo para el metabolismo y otros procesos naturales del organismo vivo? 
De la lectura del artículo sobre el Informe Monsanto, " Grüne Gentechnik» , nº 6, Año 39, del 9.2.98, sólo se desprenden resultados y efectos positivos. 
Los riesgos no parecen existir y no se mencionan. Sin duda, existen algunas ventajas evidentes. 
Pero precisamente por ello es necesaria una conciencia arraigada de la responsabilidad de todos los implicados en relación con estas posibilidades, no en último término también muy rentables. 
Por consiguiente, yo no puedo dejar de apoyar explícitamente la intención anunciada por la Comisión de incluir en su propuesta de modificación de la Directiva 90/220/CEE una amplia evaluación de los riesgos directos e indirectos para la salud humana y para el medio ambiente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, un examen crítico de la aplicación de la ingeniería genética y una evaluación de sus ventajas y también de sus riesgos favorece el interés de los agricultores y de los consumidores de la Unión Europea. 
En efecto, no debe excluirse de entrada la aplicación práctica de la ingeniería genética, pero para ello se requieren unas normas y una actuación claras. 
Es un deseo de todos los agricultores que se fomente la confianza de los consumidores y esto sólo puede conseguirse garantizando la máxima transparencia y con una identificación inequívoca de los alimentos humanos y alimentos para animales producidos con ayuda de procedimientos de técnica genética. 
Sería un error rechazar estos nuevos progresos, dado que en muchas partes del mundo ya se están aplicando profesionalmente dichos procedimientos. 
No obstante, a mi parecer, es necesario que el marco de condiciones legales contemple en la mayor medida posible las necesidades de los consumidores y de los agricultores. 
Debe establecerse un marco de examen óptimo que haga posible una biotecnología responsable en Europa, en otras palabras, necesitamos un marco jurídico eficaz, rápido y transparente, que cumpla a la vez la exigencia de una transparencia lo más completa y exhaustiva posible en relación con todos los problemas de seguridad. 
La situación y la actuación en relación con las importaciones de terceros países también son esenciales para mí en este contexto. 
Por consiguiente, yo solicito que este aspecto se aborde de inmediato. 
Un requisito necesario es que la liberación de organismos genéticamente modificados sea gradual y no debe admitirse una liberalización general de los experimentos de campo en pequeña y gran escala. 
Deberá examinarse individualmente, caso a caso, cuál es la decisión que conviene adoptar. 
En todo caso, deberá exigirse el máximo grado de seguridad y deberán aclararse todos los interrogantes que plantea cada fase de un procedimiento antes de iniciar la siguiente. 
Yo soy contrario a una reducción generalizada de los períodos de prueba. 
Finalmente, yo también quisiera insistir una vez más en la enorme importancia de que el uso de organismos genéticamente modificados no debe suponer un riesgo ni debe resultar en ningún caso perjudicial para la salud de las personas ni para el medio ambiente 
Señora Presidenta, agradezco a la Sra. Keppelhoff su trabajo de elaboración de este informe, que representa un balance razonable entre la importancia y el potencial de la biotecnología en el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos, por una parte, y la comprensible preocupación de los ciudadanos acerca de posibles implicaciones éticas, que compartimos todos los que deseamos que la tecnología se desarrolle en beneficio de la humanidad. 
Para los agricultores y ganaderos, que son los custodios de nuestros recursos agrícolas y los responsables ante la sociedad en cuanto a seguridad y calidad en los alimentos, tiene máxima importancia que en su sector estén disponibles y aplicables los beneficios de la ciencia y la investigación. 
Quienes gestionan nuestros recursos agrícolo-ganaderos tienen el mérito de haber estado en la vanguardia de la aplicación de tecnologías modernas. De ello deriva el notable progreso en la producción agrícola y la calidad y seguridad de los alimentos. 
Apoyo el concepto de sostenibilidad y el desarrollo de recursos renovables, pero también vivo en el mundo real. 
Soy lo bastante realista como para saber que quienes quieren mantener la agricultura en la oscuridad tienen poco que ofrecer a modo de soluciones para terminar con el hambre en el mundo, una realidad que las futuras generaciones de agricultores y ganaderos tendrán que enfrentar. 
Hay que tener en mente que los recursos de las tierras productivas del mundo son constantes y que buena parte de ellos no responden a prácticas agrícolas establecidas. 
Sólo a través de la investigación actual, de la aplicación de la ciencia moderna, incluida la biotecnología segura y probada, la sociedad podrá aprovecharse de todas las posibilidades de la tierra. 
Sin embargo, como otros oradores han dicho, necesitamos de un enfoque equilibrado y sensato. 
Comparto por entero el criterio de los que han expresado preocupación con respecto a la aplicación de la ingeniería genética a los seres humanos, a la que me opongo con firmeza. 
También hay que reconocer que la biotecnología viene haciendo una contribución significativa al desarrollo de la medicina moderna. 
La biotecnología no es un descubrimiento reciente, pues se viene aplicando en distintos grados desde 1970, como ha dicho la ponente. 
Ahora existe una comprensión mayor de su potencial y de sus beneficios para la humanidad. 
Es una de las tecnologías clave del siglo XXI, y tenemos la obligación de usarla de una manera cuidadosa y planificada. 
Como debería ser en la aplicación de toda investigación nueva, la transparencia y la información al consumidor tienen un gran valor. 
Hasta aquí apoyo lo dicho por otros oradores en este debate: el etiquetado de todos los alimentos genéticamente modificados es importante para que al final de la jornada el consumidor pueda elegir. 
Por último, digo que los que ocupan puestos influyentes en la sociedad y los que por sus propias y buenas razones se oponen al desarrollo de la biotecnología deben cuidarse de no enfatizar ni exagerar su posición. 
El futuro de la agricultura mundial, las profesiones del campo, la salud de nuestros ciudadanos y el empleo en el sector de la industria de la alimentación dependen del desarrollo de una agricultura sostenible basada en los beneficios de la investigación actual y en la aplicación de las nuevas tecnologías cuidadosamente probadas. 
Así resulta que el optimismo entre los ciudadanos europeos ha disminuido los últimos años mientras que precisamente el conocimiento acerca de la biotecnología moderna ha aumentado. 
Los encuestados tienen por lo general poca confianza en sus Estados porque éstos se limitan a un análisis del riesgo de nuevos productos para la seguridad del ser humano y de los animales. 
Las administraciones deberían prestar mucha más atención a los aspectos morales de la biotecnología, ésa es la opinión general. 
No quiero con esto minimizar los aspectos positivos de la tecnología genética. 
Lo que quiero es que de esta manera las autoridades nacionales y la Comisión Europea recuerden su responsabilidad. 
La administración está llamada a refrenar la disolución de las personas. El legislador tiene la tarea de indicar claramente los límites que deben observarse. 
Esencial para ello es una profunda reflexión sobre los valores y normas con los que se cotejan las nuevas técnicas. 
La Biblia nos enseña que en la naturaleza estamos tratando con la Creación de Dios. 
La administración bíblica es por tanto para mí un dato fundamental. 
Eso significa que debemos construir y conservar. 
Sólo si utilizamos la creación como Dios quiere, será provechosa para la humanidad. 
No se pueden degradar a las plantas y a los animales hasta convertirlos en factores de producción a los que se puede manipular al antojo. 
Si no se llega a una profunda reflexión sobre los límites de la biotecnología, temo que cederemos el poder por completo al mundo de la investigación y a nuestros socios comerciales. 
Por tanto, no puedo apoyar la defensa de la armonización de las normas de control europeas con las de Japón y los Estados Unidos, realizada en el informe Keppelhoff. 
Desde luego, se puede esperar que las empresas de tecnología se instalen en los países con las condiciones esenciales más flexibles. 
El hecho de que 27 de los 43 productos registrados estén a nombre de los Estados Unidos dice bastante acerca de la facilidad con que allí se tratan estas técnicas. 
Pero eso tampoco puede ser una razón para que Europa también opte por un procedimiento de control menos meticuloso. 
Señora Presidenta, no existe la menor relación entre la manipulación genética y la eliminación del hambre en el mundo. 
Sólo podemos combatir el hambre en el mundo ofreciendo a los países donde prevalecen unas oportunidades de desarrollo equitativas. 
Hace tiempo que se demostró sociológicamente que existe una estrecha relación entre la explosión demográfica y el estado de necesidad social. 
Utilizar el crecimiento de la población como argumento para justificar la necesidad de alimentos genéticamente manipulados es lisa y llanamente un engaño. 
Otro tanto puede decirse de la afirmación según la cual sólo la manipulación genética permitirá reducir el uso de abonos. 
Me parece particularmente preocupante el punto 16 del informe donde se considera adecuado posibilitar la realización de pruebas de campo en todos los países. 
La obligación de comunicar las manipulaciones genéticas también debería incluir la comunicación de los riesgos potenciales de las mismas. 
Señora Presidenta, también yo quiero dar las gracias a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por el informe que por su propia iniciativa ha redactado sobre las consecuencias de la biotecnología en la agricultura, en el que se exponen de un modo muy equilibrado las oportunidades y los riesgos que presenta el desarrollo, en rápida expansión, de los procedimientos biotecnológicos. 
Están en juego intereses creados descomunales. 
Una cantidad de grandes compañías multinacionales están invirtiendo con amplitud en biotecnología, desarrollando productos que podrían tener gran valor para el hombre, en particular para aumentar la producción agrícola y, por lo tanto, para solucionar la carencia de alimentos en las zonas del mundo en que la hay. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia la meta consiste en establecer un monopolio en importantes sectores del mercado para aumentar los beneficios, y así los labriegos más pobres del mundo se ven más empobrecidos aún e incluso arruinados completamente. 
Sí, es verdad, las empresas necesitan obtener beneficios para sobrevivir, y son muchos los empleos que ofrecen las industrias biotecnológicas. 
Sin embargo, como lo han señalado antes otros oradores, estos beneficios han de hacerse dentro de un marco básico ético y regulador, para que todos tengamos la seguridad de que los nuevos productos biotecnológicos son buenos y no nocivos para la salud de los seres humanos y de otras criaturas vivas, y también para el medio ambiente en su conjunto. 
Los Gobiernos y la Comisión de la Unión Europea tienen que desempeñar un papel importante: el de favorecer la aplicación beneficiosa de los productos biotecnológicos a través del apoyo a la investigación, a la investigación básica, que es independiente de las preocupaciones comerciales y tiene como objetivo primordial el descubrimiento de aplicaciones biotecnológicas que, más que dar beneficios a las empresas, beneficien de verdad al mundo. 
Me preocupa mucho que las organizaciones de investigación agrícola y hortícola y los departamentos universitarios que solían financiarse con fondos públicos hoy dependan, cada día más, de compañías multinacionales y, por lo tanto, no puedan continuar la investigación biotecnológica básica, con independencia de la necesidad de producir un rápido beneficio financiero. 
No se debe permitir que los intereses comerciales dominen por completo en este campo tan vital. 
Señora Presidenta, actualmente los problemas de la alimentación mundial son más complejos que hace veinte o treinta años, pues tienen que ver tanto con la cantidad de producción en algunas partes del globo, los casos de África y Asia, como con la calidad, principalmente en el caso de la Unión Europea. 
La biotecnología ha demostrado poder afrontar esas diferentes situaciones, creando desde variedades de mayor productividad hasta variedades resistentes a las plagas, con lo que ha reducido la utilización de productos químicos, casi siempre agresores del medio ambiente. 
Como propone la ponente, resulta necesario acabar con la diabolización que demagógicamente se ha instalado respecto de la biotecnología y la ingeniería genética, porque, en verdad, esas técnicas pueden servir a los consumidores desde el punto de vista del abastecimiento, la calidad del producto y la calidad medioambiental. 
Por otro lado, si la Unión Europea no utiliza también esos recursos técnicos y científicos, no tendrá posibilidad alguna de responder al aumento de la demanda alimentaria mundial, en la que tiene que competir con grandes potencias exportadoras. 
No utilizar esas técnicas frente a sus principales competidores, que las utilizan, es como si la agricultura europea participara en una carrera utilizando una bicicleta frente a otros concurrentes que utilizaran automóviles. 
Así, pues, no podemos tener miedo del recurso a la biotecnología y a la ingeniería genética. 
Pero hemos de ser realistas, disciplinados y prudentes. 
Por eso, es fundamental que la Unión Europea cree un marco jurídico claro y funcional que integre cuestiones tan importantes como las repercusiones medioambientales de esos nuevos productos, sus consecuencias para la salud humana y para el propio bienestar de los animales y, evidentemente, la observancia de normas éticas previamente formuladas. 
Por último, quiero subrayar también que es fundamental que la próxima Ronda del GATT incluya normas claras a ese respecto, so pena de que se creen distorsiones comerciales inaceptables. 
Por último, agradezco a la Sra. Kepperhoff-Wiechert el excelente trabajo que ha hecho. 
Es un informe muy sensato y equilibrado y que puede ser muy útil para la Unión Europea. 
Señora Presidenta, con el problema y el informe de la Sra. Keppelhoff-Wiechert llegamos, evidentemente, al mito de Prometeo o Deméter, y es cierto que las biotecnologías invitan a soñar, aunque a veces son motivo de pesadillas. 
La Sra. Keppelhoff-Wiechert acertadamente nos ha dicho que la biotecnología permite lograr toda una serie de plantas modificadas (la patata, la soja, el arroz, el algodón, el tabaco, etc.) , que ya se cultivan 32 millones de hectáreas, que ya se han realizado 6.000 liberaciones intencionales y que existen elementos positivos. 
Se puede luchar contra las enfermedades víricas de la remolacha, la pirausta del maíz, el hongo de la patata que reduce las cosechas en un 20 %, se producen incluso plantas fábrica. 
Henos aquí llegados a la tercera revolución industrial con una patata a la que se le aumentaría el almidón de la milolepina, un genio de la genética que permitiría aumentar el contenido de ácido oleico de la colza, se fabricarían detergentes, lacas, líquidos refrigerantes, tendríamos incluso álamos transgénicos que producirían más madera, peces de mayor tamaño. 
En fin, el sueño del paraíso terrenal se haría realidad. 
Pero resulta que también existen riesgos. 
En primer lugar, el propio nombre induce al engaño. 
El término "bio» es una palabra favorable y" tecno» recuerda a una especie de música natural que se modificaría. 
Desde el momento en que es tecno y desde el momento en que es bio, los jóvenes estarán todos a favor. 
Hay otra contradicción: una contradicción entre el barbecho y los organismos genéticamente modificados (OGM). 
No podemos mantener el barbecho a causa de la superproducción mundial y producir OGM porque hay que luchar contra el hambre; si existe un problema de hambre, qué esperamos para cultivar las tierras que están en barbecho. 
Existe también una contradicción con respecto a los OGM y las CMG (cantidades máximas garantizadas) , porque no se puede aumentar el rendimiento de colza, para que luego el GATT fije unas cantidades máximas garantizadas para la colza. 
Los riesgos de monopolio de las multinacionales en alza confiscadas por Novartis, Cargyll y Monsanto son, sin embargo, reales, porque dichas multinacionales han almacenado en el desierto de Arizona más de seis millones de plantas de las que guardan la patente. 
Se ha hablado, evidentemente, de la resistencia a los antibióticos. 
Mis colegas no han visto ni un elemento de mecánica, permitan que lo diga, cuántica, un elemento mucho más peligroso que es relativo a la composición molecular de las plantas. 
Todas las plantas y todas las formas de vida se componen de cuatro bastoncitos de azúcar: ATCN. 
Es el alfabeto elemental y este alfabeto vibra en mecánica cuántica. 
Modificar uno de los elementos de esta composición molecular supone modificar la vibración atómica de la planta, y no sabemos cuáles serían las consecuencias de ello. 
Existe, por consiguiente, un riesgo para la gran armonía universal y para la gran partición universal, existe un riesgo de una nota molecular falsa no encontrada. 
En otras palabras, la lección de las " vacas locas» parece un poco olvidada... 
Creo que la Sra. Keppelhoff-Wiechert tiene razón: no debemos ir contra el progreso. 
Pero tampoco hay ninguna prisa. 
Podría, al menos, haber una moratoria para la diseminación en grandes superficies, al aire libre. 
El etiquetado, a pesar de todo, es una ilusión. 
Hay que encontrar, mis queridos colegas, un equilibrio, el viejo equilibrio que viene de la mitología griega, entre la necesidad de progresar y la necesidad de respetar las armonías naturales, porque la vida es bella y no se puede jugar con ella. 
Señora Presidenta, el principio fundamental de funcionamiento de un ordenador es realmente muy sencillo. 
En el fondo se trata de sumar unos y ceros. 
Las máquinas de cálculo mecánico de 1980 eran de hecho mucho más complicadas, pero como los ordenadores suman con tanta rapidez, pueden realizar muchos más trabajos que las máquinas de 1980. Como todos sabemos, los ordenadores han abierto unos ámbitos hasta ahora inéditos a las personas y a la ciencia. 
La biotecnología es una ciencia antigua si pensamos que durante cientos de años hemos estado modificando conscientemente la composición genética de animales y plantas. 
Sin embargo, la relación que existe con los antiguos métodos es la misma que hay entre los ordenadores y las viejas máquinas de cálculo. 
La biotecnología nos abre unas posibilidades nuevas, en parte por su rapidez en la creación de nuevas especies, en parte facilitando unas combinaciones que la naturaleza no puede crear por sí misma. 
En la universidad de donde procedo trabajamos por ejemplo en la aplicación de genes procedentes del pescado, que se inyectan a los árboles para hacer que crezcan más rápidamente. 
Con estas palabras deseo simplemente, además de agradecerle al ponente su gran trabajo, subrayar la importancia de anteponer siempre el principio de la cautela. 
La biotecnología moderna facilita una manipulación de la naturaleza que el hombre nunca ha podido practicar hasta hoy. 
En estos nuevos ámbitos hemos de proceder con gran cuidado. 
¡La naturaleza puede devolvernos el golpe! 
Señora Presidenta, a veces uno recibe informes que son motivo de satisfacción y el que ha elaborado la Sra. Keppelhoff-Wiechert es prometedor, aborda un tema de gran responsabilidad y es muy ambicioso. 
Yo creo que la tecnología alimentaria y la tecnología genética, en particular, también tienen enormes consecuencias para los comerciantes de alimentos, los restauradores y los consumidores. 
La Sra. Schierhuber ya ha señalado que necesitamos un marco jurídico adecuado que permita producir sin riesgos dichos productos. 
La identificación es otro tema importante y yo creo que también en este aspecto existe unanimidad sobre la necesidad de la misma. 
En principio, es preciso decir que no existen alimentos que no contengan genes. 
Todos los alimentos que injerimos contienen genes y cuando consumimos los distintos alimentos- verduras, fruta, leche o carne- dichos genes se introducen con ellos en nuestro estómago y son digeridos allí. 
También sabemos que los alimentos que en estos momentos se producen de manera absolutamente biológica pueden causar muchas enfermedades. 
El Dr. Flande señala que las alergias a determinados alimentos pueden provocar problemas, como migrañas, neurodermatitis, micosis, catarros, asma, fatiga crónica, sobrepeso, prurito, edemas, taquicardia, todos ellos causados por alimentos producidos de manera absolutamente natural. 
Tenemos que procurar encontrar alimentos que nos ofrezcan la oportunidad de mantenernos sanos hasta una edad avanzada en el futuro. 
Ésta es una tarea importante en la que deben colaborar la agricultura, los comerciantes del sector alimentario y finalmente también los consumidores, para que así podamos conservar la salud hasta una edad avanzada. 
Señora Presidenta, los alimentos modificados genéticamente han sido incluidos de nuevo en el orden del día. 
Se trata de alimentos mejorados, no mediante la técnica de antaño sino modificando el propio material genético de, por ejemplo, una verdura. 
El resultado puede ser una manzana que no se pudre o cereales que no precisan cantidades tan grandes de caldos de pulverización. 
Desde un punto de vista medioambiental es muy importante que se investigue dentro de la biotecnología puesto que esto puede contribuir a disminuir el empleo de caldos de pulverización. 
No obstante, hay también razones para pensar en que esta técnica no soluciona todos los problemas. 
Hay también razones para detenerse y reflexionar sobre si esta técnica no traspasa alguna que otra vez la línea de lo éticamente correcto. 
¿Controlamos totalmente las consecuencias de lo que sucede cuando modificamos los alimentos de una manera tan señalada? 
El marcado de los alimentos que contienen productos modificados genéticamente es por lo tanto esencial. 
Es importante que los propios consumidores puedan decidir si quieren consumir estos productos. 
Los consumidores tienen derecho a conocer el método de producción, no sólo de los plátanos cuadrados o de los tomates azules, sino también de los productos aromatizantes o de los ingredientes incluidos en los productos. 
Saludo por ello la llegada de este informe de iniciativa. 
En el informe se reconoce que la ingeniería genética es una herramienta que puede tener cualidades tanto positivas como negativas. 
De ahí que sea necesaria en este terreno una buena legislación que pueda proteger a los consumidores de las consecuencias negativas de esta nueva tecnología. 
Por último, quiero volver a subrayar que el marcado de estos nuevos productos es esencial, de manera que los propios consumidores puedan decidir qué productos quieren consumir. 
En el Parlamento Europeo hemos aprobado una propuesta por la que los productos ecológicos no pueden incluir organismos modificados genéticamente. 
A los consumidores se les garantiza en consecuencia un producto elaborado de modo sano y compatible con el medio ambiente. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión aplaude la iniciativa de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de presentar ante al Parlamento Europeo este informe sobre biotecnología- que considera excelente- y quiere agradecer especialmente a la Sra. Keppelhoff-Wiechert que haya expuesto de forma tan clara los retos que esta nueva tecnología supone para el mundo agrario. 
Por mucho que digan sus detractores, la biotecnología es actualmente una realidad a la que no podemos sustraernos, y renunciar a ella supondría para Europa una pérdida acelerada de competitividad en beneficio de las grandes potencias económicas, que han comprendido muy bien durante esta última década los beneficios que pueden obtenerse de la explotación de las inmensas posibilidades que ofrece esta nueva ciencia. 
Como señala muy acertadamente el informe presentado, la agricultura europea debe mostrarse menos reservada y obtener más ventajas de esta nueva tecnología, cuyas múltiples aplicaciones podrían permitir hacer frente al constante empobrecimiento de sus recursos naturales y al continuo aumento de las necesidades de su población. 
Desde principios de esta última década, la Comisión se ha pronunciado claramente a favor de la biotecnología mediante la creación de un marco reglamentario para la ingeniería genética. 
La adopción de las Directivas 90/219 y 90/220 sobre organismos modificados genéticamente refleja la permanente preocupación de nuestra institución por aceptar la innovación, procurando al mismo tiempo controlarla para así proteger mejor el medio ambiente y la población. 
He observado con mucho interés que la actitud de la Comisión con respecto a la biotecnología es compartida por los autores del informe, que abogan por una producción agraria abierta a esta nueva tecnología siempre que sea respetuosa con el medio ambiente. 
Comparto asimismo la opinión de que debe llevarse a cabo una considerable labor de información a los consumidores sobre los productos alimenticios modificados genéticamente. 
Las reticencias que todavía hoy en día sienten numerosos consumidores con respecto a los productos tanto agrícolas como alimenticios modificados genéticamente sólo pueden cambiarse mediante un diálogo objetivo y una información precisa. 
En mi opinión, el único medio para cambiar determinadas actitudes negativas en relación con la ingeniería genética es una transparencia total en el etiquetado de los productos transgénicos que permita al consumidor elegir libremente. 
En relación con la pregunta planteada por la Sra. Keppelhoff-Wiechert, quiero decirle que he leído muy atentamente las recomendaciones que se hacen a la Comisión, y ya desde ahora puedo decirle que algunas están a punto de hacerse realidad. 
La Comisión va a presentar próximamente nuevas propuestas con vistas a una reglamentación más adecuada de la ingeniería genética y a la mejora del procedimiento de autorización de los organismos genéticos establecidos en la Directiva 90/220. 
También, con la intención de perfeccionar la normativa existente, la Comisión presentará, probablemente durante este primer semestre, una propuesta relacionada con las materias primas destinadas a la alimentación animal que hayan sido modificadas genéticamente. 
Puedo garantizarles que la Comisión estudiará con sumo cuidado todas las recomendaciones formuladas en este informe así como las presentadas oralmente, con preguntas específicas, hechas hoy aquí, esta mañana, y que intentará tenerlas en cuenta en sus futuras propuestas. 
Señora Presidenta, yo no deseo hacer ninguna pregunta, sino que en el fondo sólo quisiera volver a expresar mi agradecimiento a todos en general. 
Ya es tarde y la mayoría de los oradores se han expresado en términos muy positivos. 
Yo espero que esto también tenga una expresión concreta en la votación que tendrá lugar a las 12.00. 
Yo sólo quisiera replicar a quienes siempre repiten que esto no ayudará a las gentes de los países subdesarrollados. 
Ayer mismo por la tarde celebramos un amplio debate en el Parlamento, en el curso del cual el científico Dr. Klaus Amann rebatió justamente esta afirmación. 
Así, por ejemplo, se están desarrollando mediante la cooperación con empresas investigadoras europeas y empresas de Filipinas, variedades de arroz que ofrecen la promesa de un futuro mejor para los habitantes de ese país. 
Por consiguiente, yo tengo que rechazar dicha afirmación. 
También debo decir que la agricultura ecológica y la ingeniería genética no son contradictorias para mí. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
Muchas gracias, señora ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Confianza en los medios electrónicos de pago 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0028/98) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Instituto Monetario Europeo y al Comité Económico y Social, titulada " Impulsando la confianza de los clientes en los medios electrónicos de pago en el mercado único» (COM (97) 0353- C4-0486/97). 
Señora Presidenta, me satisface ver, señora Presidenta, que le gusta a usted llevar joyas finlandesas. 
Este es un informe que forma parte de una larga serie de iniciativas que ha iniciado la Comisión y que seguirá adoptando para que consigamos tener una normativa eficaz en lo referente a los nuevos medios de pago y procedimientos que se imponen a pasos agigantados. 
Durante la huelga de proveedores en Bruselas nosotros también hemos podido experimentar lo que es vivir en una sociedad sin monedas ni billetes, o sea que lo hemos vivido en la práctica. 
Estamos a las puertas del euro, y tenemos estos nuevos medios de pago cuyos límites tampoco conocemos. 
Los bancos centrales no van a seguir regulando la cuantía del dinero. 
Creo que va siendo hora de que admitamos que esto va a alterar mucho las cosas. 
Necesitamos estar preparados y tener una normativa, pero no debemos regular innecesariamente. 
La comunicación que debatimos y la recomendación que incluye no son especialmente dramáticas. 
Se trata de una pequeña actualización de una recomendación que tiene diez años, que en realidad tiene unos requisitos mínimos en cuanto a las condiciones de los acuerdos y de la legislación de los países miembros. 
En primavera el asunto será más interesante, espero, y esperamos que pronto se presente una propuesta por parte de la Comisión en relación con la fecha, lugar y modo en que se va a controlar a todos aquellos que tengan derecho a expedir documentos de pago. 
Aunque soy una usuaria convencida de los nuevos medios de pago, y a menudo administro mis pagos vía Internet, sigo sin comprender si esta recomendación se aplica a este tema. 
También hemos visto cómo el Comité Económico y Social se ha mostrado muy crítico respecto de las definiciones que contienen las recomendaciones. 
Si una recomendación que tiene por objeto aumentar la confianza en el consumidor no es clara, eso nos preocupa. 
¿Qué sacamos de su lenguaje cifrado? 
Por otro lado deseo expresar mi satisfacción por el hecho de que la Comisión hable precisamente en las recomendaciones de la necesidad de un lenguaje más claro en la normativa de los acuerdos. 
Lamentablemente, estas recomendaciones no han tenido en cuenta que varios de los países miembros son bilingües, porque se habla solamente de " la lengua oficial» de los Estados miembros. 
Algo que también considero importante y que también destacamos en el informe, es que todos los clientes deben tener acceso a las condiciones válidas para los medios de pago que se utilicen. 
Se acostumbra en exceso a establecer una condición marco, los detalles se encuentran en otro lugar, y en realidad no se ponen en conocimiento del consumidor que tiene que cerrar el trato. 
Espero que la Comisión sea rigurosa y realice un seguimiento del funcionamiento de la recomendación. 
Además, sabemos que los fallos a este respecto son que no disponemos de unos procedimientos eficaces para el reembolso al consumidor, que existe una ambigüedad con respecto a la responsabilidad en casos de robo, que no está claro cuáles son las evidencias válidas para la carga de la prueba, es decir, quién debe presentar qué cosas, y que la posición de los clientes en casos de suspensión de pagos puede ser poco clara. 
También hemos de ser conscientes de que con la introducción de los nuevos procedimientos para hacer efectivos los pagos pasará algún tiempo antes de que los consumidores tengan presentes cuáles son los problemas nuevos que pueden surgir. 
En lugar de que alguien te pueda robar la tarjeta, ahora puede suceder que alguien descifre tu código, o que te observe mientras lo utilizas. 
Pasa por tanto más tiempo antes no se descubre la sustracción. 
Pienso que este problema exige unas modalidades nuevas de control por parte de todos. 
También debo mencionar que hace unas semanas fuimos testigos de un ejemplo lamentable de cómo pueden ir las cosas cuando no hay claridad en torno a los medios de pago. 
En este sentido me refiero a la tarjeta de pago VISA Electron. 
No parece que los autores de esta tarjeta hayan seguido los principios de la recomendación, en especial el artículo 8.1 b. 
Para el calendario futuro: La Comisión debe hacer un seguimiento de la evolución durante 1998. 
Espero que se realice de un modo más activo de lo que ha sido el caso con la recomendación anterior, para la que se elaboró un estudio muy mecánico. 
Espero que la Comisión invite a los consumidores y a los fabricantes de tarjetas a una mesa redonda, para que se puedan examinar los problemas y ver cómo funciona todo en la práctica, al tiempo que la Comisión debe mantener siempre una línea abierta al consumidor para recibir informes. 
De este modo tendremos realmente una idea mejor y actualizada del modo en que funciona la recomendación. 
Señora Presidenta, felicito a la ponente por este informe, que ha redactado con su habitual minuciosidad y buen estilo. 
Se anuncia, como la ponente lo indica, que hacia fines de este siglo una buena parte del comercio al por menor se hará a través de Internet, un desarrollo que, se espera, será impulsado por el establecimiento de la moneda única. 
Es decir que, si se desarrolla el comercio electrónico, necesitaremos un sistema de pago de fácil utilización y seguro. 
Por lo tanto, la normativa en este sector debe responder a cierto número de inquietudes. 
En primer lugar, ante todo, debe asegurar la protección del consumidor. 
Si no hay garantías contra el fraude, o si los consumidores no creen que existen medidas claras y justas para protegerlos en caso de pérdida o robo, estaríamos sin duda frente a un impedimento para el desarrollo y uso del pago electrónico. 
Si minamos la confianza del consumidor, todo el sistema estará amenazado. 
En segundo lugar, tenemos que asegurar la competencia leal en este sector, sobre todo garantizando la interoperabilidad y, cuando sea necesario, la aplicación firme de las normas de competencia de la Comunidad. 
En tercer término, toda legislación no debe poner en desventaja a la industria europea o a posteriores desarrollos en este campo. 
Europa tiene que mantenerse competitiva a escala mundial. 
No será fácil establecer el equilibrio entre estos tres intereses, que no siempre son compatibles, y por esta causa, como la ponente, apoyo en esta etapa una recomendación, más que una directiva, en este campo. 
Dicho esto, hay que señalar que la recomendación sobre el tema del informe, relativa al sistema de pago y adoptada en 1988, se viola virtualmente en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea, y esto no nos da una base para la confianza. 
Si la Recomendación 97/489/EEC, que estamos discutiendo, tiene el mismo destino, el Grupo Socialista no vacilará en pedir una directiva en este campo particular. 
Remitimos a la Comisión a la promesa hecha en la página 5 de su comunicación, en la que dice que si la nueva recomendación no se aplica de manera satisfactoria a fines de 1998, la Comisión propondrá una directiva en este ámbito. 
Esperamos que gracias a la recomendación, el interés de los consumidores y el de la industria lleguen a equilibrarse. 
Creemos que la forma ideal para avanzar es una reglamentación ligera pero, lo repito, si no logramos un progreso satisfactorio por esos medios, pediremos una directiva y la intervención legal en este campo. 
Señora Presidenta, uno mi voz a la del Sr. Martin para apoyar al Grupo Socialista y para felicitar a la ponente por un trabajo muy completo y, en conjunto, indiscutible sobre un tema muy importante. 
Como ya se ha señalado tanto por parte de la ponente misma como por parte del Sr. Martin, se trata de la protección del consumidor, un campo del que todos debemos preocuparnos para proteger los intereses de los Estados miembros y de nuestros ciudadanos. 
En nombre de mi grupo presento una única enmienda al informe de la Sra. Thors. 
Es una enmienda que retiré en la Comisión. 
La Sra. Thors, como ponente, no se sentía satisfecha con la enmienda- consideraba que no tenía mucha importancia en ese particular contexto -, de modo que la retiré antes de someterla a votación, en gran medida porque yo estoy al frente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y no pude ver lo que ocurría detrás de mí. 
Creo que mi enmienda se habría aprobado de haberla sometido a votación. 
En esta circunstancia, en que todo los demás grupos del Parlamento apoyan esta enmienda, me gustaría preguntar si hay algo que, cuando el empresario de una transacción financiera quiebre, asegure que el consumidor no sufra ninguna pérdida como resultado de ello. 
Sé que la ponente puede estar bien preparada para dejar la decisión al sabio arbitrio de esta Asamblea. 
La Sra. Thors asiente, o sea que es así. 
Espero que todos los otros grupos hoy quieran apoyar la enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Esto es todo lo que tengo que decir en estas circunstancias en nombre del PPE. 
Apoyaremos esta propuesta con toda nuestra buena voluntad. 
Una vez más, enhorabuena a la ponente. 
Se interrumpe el debate con objeto de que puedan comenzar puntualmente las votaciones. 
El debate sobre este punto del orden del día se reanudará esta tarde a las 18.00 horas. 
Bienvenida 
Señorías, señor Comisario, es un placer para mí dar la bienvenida hoy a una delegación de siete diputados del Parlamento de Suiza, presidida por el Sr. Peter Bieri, que se encuentra en la Tribuna oficial. 
La delegación ha venido a Estrasburgo para reunirse con los miembros de la delegación del Parlamento Europeo con ocasión de la 17ª reunión interparlamentaria Parlamento Europeo-Parlamento Suizo. 
Se han celebrado diversas reuniones, ayer y hoy, en las que se han discutido entre otros asuntos la ampliación de la Unión Europea, las perspectivas de la Unión Monetaria Europea, las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y Suiza, las perspectivas de una política exterior y de seguridad común y las relaciones futuras. 
Espero que la delegación haya mantenido discusiones fructíferas y deseo que tenga una agradable estancia en Estrasburgo. 
Me pide la palabra el Sr. Kerr para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Al comienzo de la sesión, esta mañana, el Sr. Alex Smith mencionó una carta que el Sr. Coates y yo mismo enviamos, referida a la votación del debate de hoy. 
La carta pretendía llamar la atención a la enmienda nº 12 presentada por el Grupo de los Verdes, y se le pedía que votara contra la guerra. 
Pero esa carta hizo que el Sr. Smith se sintiera ofendido, por lo que hoy mismo la retiré y pido disculpas al Sr. Smith. 
Votaciones 
Señor Presidente, de acuerdo con las notas, las medidas y normas de aplicación que hemos recibido de la Mesa, le ruego que quede constancia de mi presencia en la sala. 
Señor Presidente, de acuerdo con las normas introducidas por la Mesa, quiero dejar constancia de que estoy presente pero no tomo parte en la votación. 
Señor Presidente, ¿es posible que se registre otra vez mi presencia en la Cámara? 
Muy bien, señor Falconer. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Señor Presidente, en relación con las enmiendas nº 11 y 12, la Comisión quisiera hacer la siguiente declaración: en lo que concierne a la composición de los alimentos con objetivos nutricionales, la Comisión quiere precisar que la actual legislación prevé la declaración de todos los ingredientes presentes, según su orden de importancia pero sin indicación de sus respectivas cantidades. 
A este respecto, la Comisión está realizando una encuesta para ver si técnicamente es posible incluir no sólo el orden de importancia de los ingredientes, sino también la indicación de sus respectivas cantidades. 
Señor Presidente, después de escuchar la declaración de la Comisión, nos vemos obligados a preguntarle a la ponente si mantiene su posición de rechazo. 
En cuyo caso, nuestras dos enmiendas tendrían sentido, pues en ellas se pide que se exija la indicación de la composición porcentual. Hasta ahora, la Comisión había rebatido este punto. 
Después de la anterior declaración, resulta evidente que nuestras enmiendas son acertadas. 
Señora Poisson, ¿puede indicarnos si acepta las enmiendas? 
Señor Presidente, quería responder al Sr. Graefe zu Baringdorf. 
No estoy segura de que las enmiendas que él nos propone apunten a una mayor claridad. 
Sigo siendo escéptica al respecto. 
Muchas gracias, señora Poisson. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, que se anote mi presencia en la Cámara. 
Simplemente les informo de que la Mesa, cuando un diputado ha manifestado su intención de no participar en un voto, pero se comprueba que está en el hemiciclo, naturalmente lo tiene en cuenta para las siguientes votaciones nominales. 
Señor Presidente, se trata de una aclaración muy importante. 
Según el intérprete, usted dijo que mi presencia se registraría en todas las próximas votaciones nominales. 
Esto no es correcto. 
Yo participé en las votaciones nominales sobre Irak y en la relativas a los derechos humanos. 
Tengo la esperanza de que usted registre mi presencia en la Asamblea sólo cuando yo indique que quiero que se registre. 
De vez en cuando puede que me interese ejercer mi derecho a emitir mi voto. 
Muy bien, señor Falconer. 
La mayoría de los señores diputados prefieren no tener que levantarse cada vez. 
Como es lógico, si hacen una indicación, se tiene en cuenta para el resto de la votación. 
Pero si su Señoría prefiere levantarse, tomaremos nota cada vez que se levante y nada más. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Quienes nos dedicamos a temas ambientales sabemos que los vertederos son un medio de eliminación de residuos poco aceptable, máxime si buscamos la sustentabilidad. 
Ello motivó, en 1996, el rechazo de este Parlamento a la posición común. 
La nueva propuesta contiene criterios más claros y estrictos a la vez que introducen algunos elementos nuevos en el proceso de eliminación de vertidos: reducción, tratamiento previo, control de las emisiones de gas metano, reciclado y recuperación, etc. 
Esta nueva normativa supondrá el cierre de los vertederos ilegales y la mejora de los existentes sin por ello recurrir a la incineración. 
Ello obligará a los Estados miembros a elaborar una estrategia nacional para reducir los residuos biodegradables en un 50 % para el año 2005 y a que se depositen en vertedero sólo los residuos que hayan sido objeto de tratamiento, salvo los inertes. 
No cabe duda de que el cumplimiento de estos requisitos tiene un coste y de que se tendrá que establecer un impuesto sobre los residuos destinados a vertedero. 
Lo lógico hubiese sido que la Comisión, al presentar esta Directiva, hubiera aportado una estimación económica del coste de su aplicación. 
De todos modos, es un paso adelante que contará con mi voto. 
Dada la gravedad del problema, tanto en lo relativo a la protección del medio ambiente, la conservación y el respeto del ecosistema, como a la protección de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos, es de hacer notar la gran demora de la Comisión para volver presentar su propuesta sobre el establecimiento de una legislación comunitaria encaminada a regular el vertido de residuos. 
Sin embargo, una vez introducidos los cambios importantes derivados de la intervención definitiva del Parlamento Europeo y la incorporación de nuevos elementos, la nueva propuesta de la Comisión adquiere claramente una orientación más positiva que la del proyecto inicial. 
Se limita la cantidad de excepciones previstas en un principio en su ámbito de aplicación y de desviaciones que la dejan sin efecto- o con efecto negativo- para aquellas regiones que se supone que se enfrentan a problemas de especial gravedad. 
Es positivo que la propuesta contemple finalmente que la obligación de fomentar la prevención de la producción de residuos a la vez de la determinación de normas elevadas de eliminación de residuos mediante métodos alternativos de tratamiento, como el reciclaje y otros procesos de obtención de materiales, en lugar de la incineración y otros métodos de obtención de energía que dañan el medio ambiente. 
Se trata de una mejora considerable porque pone de manifiesto la prioridad del reciclaje y de la compostación en lugar del método de la incineración o la pirólisis o la gasificación. 
Sin embargo debemos llamar la atención de la Comisión sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias, para que el período transitorio que se conceda para la adaptación y modernización de los vertederos existentes, funcione de manera constructiva, que no se permitan demoras y vacíos a costa de la viabilidad del medio ambiente y la salud de los ciudadanos y que se garanticen las condiciones para una mejor organización y para el apoyo al programa. 
Con tal fin, se deberán tener en cuenta la necesidades ambientales locales, las condiciones geológicas e hidrogeológicas y garantizar la mayor especificación posible y la adaptación de soluciones para lograr los resultados más óptimos en cada región. 
El problema de los residuos es consecuencia del estilo de vida, de la mentalidad que conocemos como de " usar y tirar» , propia de la mayoría de los pobladores del mundo industrializado actual. 
Por eso la cuestión de los residuos se hace cada vez más preocupante. 
En consecuencia, siento una gran simpatía por la propuesta presentada por la Comisión de Medio Ambiente, que exige unas medidas rigurosas para en parte disminuir la acumulación de residuos aplicando más la reutilización, en parte procurar que lo que se descarta produzca unas repercusiones mínimas en el medio ambiente. 
No obstante, no estoy seguro que sea conveniente decidir este asunto a nivel de la UE. 
Dado que no afecta a los residuos catalogados como peligrosos, sino a los residuos en general, debería ser competencia de los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, soy consciente no obstante, de que la normativa existente a nivel de la UE no se respeta en el grado que sería deseable, lo cual es muy lamentable. 
Por eso lo mejor sería tener unas normas mínimas dentro del sector de los residuos, de modo que cada país pueda introducir unas normas más estrictas si así lo desea. 
Pienso evidentemente que la UE debe hacer todo lo que esté en su poder para que los Estados miembros se ocupen de la cuestión. 
La propuesta de la Comisión de Medio Ambiente debería sin duda constituir un punto de partida para la puesta en marcha a nivel de los Estados miembros. 
Los vertederos podrían disminuir a través de unas medidas que invitasen a la reutilización y a la disminución de los residuos, lo cual es necesario. 
Evidentemente, pienso que la cuestión de los residuos peligrosos debe seguir ateniéndose a la normativa internacional existente al respecto. 
Elegimos apoyar el informe de la Sra. Jackson pues pensamos que sus aspectos básicos están bien meditados y son razonables. 
Sin embargo, queremos advertir de que hay una debilidad esencial en el informe de la Sra. Jackson. 
La debilidad es que el informe en sus enmiendas a la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 105) no alberga la posibilidad de que los Estados miembros puedan detener los transportes de basuras a través de las fronteras nacionales. 
Seguirá siendo legal considerar la basura como un artículo que puede venderse libremente dentro del mercado interior de la Unión. 
Con ello, en realidad se imposibilita que los parlamentos de los Estados miembros puedan aprobar normas nacionales más estrictas para el tratamiento de los desechos. 
Los que producen la basura seguirán disponiendo de la posibilidad de elegir la solución " más barata» si su parlamento nacional decide ir más allá de las normas mínimas comunitarias y enviar sus basuras a un país de la Unión que cumpla sólo las normas comunitarias. 
Por lo tanto, habrá que considerar la directiva, a pesar de que formalmente sea una directiva de mínimos, en realidad como una directiva de máximos. 
Este informe ofrece propuestas constructivas para la reglamentación del vertido de residuos. 
Los vertederos pueden ser un medio útil para la eliminación de residuos, pero todo esto ha de estar bien regulado para evitar la contaminación del agua, el suelo y el aire. 
En Irlanda del Norte tuvimos una reciente experiencia del problema. 
Se había planeado abrir un vertedero de residuos junto a una ensenada de interés científico, aun cuando se consideraba que se descargarían allí sustancias prohibidas en la actual legislación de la UE. 
Por fortuna, hubo una investigación pública del asunto y se determinó que no se llevaría adelante el vertido. 
Sin embargo, se puso de manifiesto el problema de la normativa inadecuada. 
Se vio que parte del problema estribaba en mala aplicación de la legislación en el ámbito nacional. 
Confío en que los Gobiernos nacionales se esfuercen en el futuro para aplicar la legislación de la UE en este aspecto. 
Y más aún, sostengo que los Gobiernos nacionales deben tomar la iniciativa. 
En lo que se refiere a la eliminación de los neumáticos en vertederos, tendría que haber una excepción en el caso de neumáticos grandes, como los de los tractores. 
En realidad pueden ser de cierta utilidad para rellenar terrenos y son difíciles de eliminar por métodos que no dañen al medio ambiente. 
Quiero felicitar a nuestra colega, la Sra. Jackson, por su informe sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al vertido de residuos, que ha sido examinada en primera lectura. 
Deseo recordar que la presente propuesta de directiva constituye el segundo intento de la Comisión Europea. 
Así, por considerar demasiado floja la posición común adoptada por el Consejo, debido especialmente a las numerosas excepciones previstas en la misma, nuestra Asamblea rechazó la propuesta en segunda lectura en el transcurso de la sesión plenaria del mes de mayo de 1996. 
Me alegra que esta nueva propuesta contenga criterios mucho más precisos y mucho más rigurosos en lo que respecta a las excepciones en el ámbito de aplicación de la directiva, y algunos elementos nuevos, como el tratamiento de los residuos antes de ser vertidos, la prohibición de la eliminación mixta de residuos peligrosos y no peligrosos, etc... 
Estos nuevos elementos contribuirán sin ninguna duda a la aplicación de normas elevadas en materia de eliminación de los residuos en el conjunto de la Unión Europea. 
El trabajo realizado por la ponente en la Comisión de Medio Ambiente es, sin embargo, importante. 
Algunas enmiendas aportan precisiones indispensables, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad durante y después de la explotación de los vertederos. 
He apoyado este texto y deseo realmente que la Comisión Europea dé un dictamen positivo a las enmiendas que acaba de aprobar nuestro Parlamento. 
Informe Grosch (A4-0018/98) 
Con la presente propuesta de directiva, la Comisión trata de establecer especificaciones unitarias relativas a los requisitos de seguridad y competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil. 
Pero este asunto constituye tan sólo una parte del problema general de la seguridad de los vuelos, al que hay que añadir la suficiencia de la tripulación de la cabina de mando, las especificaciones técnicas y los requisitos del mantenimiento de las aeronaves, la política de seguridad y las prioridades de las compañías aéreas, los medios de salvamento de los que se dispone, las normas laborales y la política laboral que aplica (sobre la que no se hace ninguna referencia ni en la propuesta ni en el informe) , etc. Desde este punto de vista, con la política de liberalización y establecimiento de las condiciones de competencia plena en el transporte aéreo que sigue la UE, en combinación con la apertura mundial de los mercados tras el acuerdo del GATT, mina en la práctica la seguridad de los vuelos, al tiempo que la desenfrenada carrera por aumentar los beneficios y la reducción de los gastos de funcionamiento supone, según se desprende del preocupante aumento de los accidentes aéreos, la pérdida de numerosas vidas humanas. 
Una condición fundamental de la seguridad es el empleo de una tripulación de vuelo estable. 
La naturaleza especial de sus funciones deberá excluir el uso de personal con empleo temporal o a tiempo parcial, que, de hecho, no ofrece las garantías necesarias de formación y experiencia. 
Éste es un asunto que nos tiene preocupados, ya que somos testigos de procesos de suspensiones de contratos y de la imposición de relaciones laborales flexibles, tal como demuestra también la reciente enmienda aprobada por el gobierno griego para las DEKO, así como los planes de " saneamiento» de la compañía Olympic Airways. 
Estamos de acuerdo con el establecimiento de un nivel mínimo de formación. 
Consideramos necesaria la formación periódica del personal (incluida en la jornada laboral) para los distintos tipos de aeronaves y que dicha formación, previa celebración de un examen, sea certificada para la renovación o concesión de un nuevo título. 
Pero la responsabilidad del programa, su evaluación y la expedición del título de formación deberá corresponder al Servicio de Aviación Civil de cada país. 
Estamos en contra de la formación a través de organismos privados u " homologados» que, en la práctica, son difíciles de controlar y fomentan el juego de la competencia en un sector de interés público por excelencia. 
Bajo esta circunstancia, sería positivo el principio del reconocimiento mutuo del " certificado de suficiencia laboral» , que acredite la obtención de la formación adecuada y el cumplimiento de los méritos necesarios. 
A causa de los requisitos elevados de salud que han de cumplir los tripulantes de cabina, es necesario someterse a unos exámenes médicos anuales específicos, expresamente predeterminados a escala de la UE, con la consiguiente obtención de un certificado médico, que les habilite para el cumplimiento de sus obligaciones. 
En caso de detectarse un problema de salud (determinado de forma unitaria en la UE) , el trabajador deberá ser destinado al personal de tierra. 
No se prevé la forma de control de la aplicación de la directiva. 
Nosotros consideramos que todas las compañías aéreas que operan en la UE deberían garantizar el control del cumplimiento de los requisitos por parte de su personal. 
Su incumplimiento supondría sanciones que podrían llegar hasta la retirada del permiso o la suspensión del mismo. 
Las compañías aéreas de terceros países también deberían cumplir los mismos requisitos siempre que efectuasen vuelos dentro de la UE. 
Informe Le Rachinel (A4-0024/98) 
Los distintos casos ocurridos recientemente que hemos tenido que lamentar en el conjunto de los quince países de la Unión Europea nos demuestran cada día más la necesidad de reforzar la Directiva 70/156 relativa a la homologación de los aproximadamente dieciocho millones de vehículos de motor y de sus remolques, susceptibles de transportar mercancías peligrosas. 
La aprobación, hasta ahora exclusivamente nacional, de los vehículos no es deseable. 
Armonizando como estamos en todos los ámbitos, se hace indispensable hacer lo propio en este sector relacionado con la seguridad de las personas que transportan mercancías peligrosas y de las víctimas, lamentablemente numerosas, cuando ocurren accidentes de tráfico. 
El proceso que acaba de iniciarse en Andorra (fuera de la Unión Europea) es un triste recuerdo de cerca de dos millones de personas que mueren o resultan heridas cada año en la Unión Europea. 
Ya se han realizado grandes avances, especialmente en materia de unas dimensiones más estandarizadas y en la reducción de la longitud máxima de los vehículos y sus remolques. 
Las consecuencias económicas también han sido tenidas en cuenta. 
Actualmente, el dispositivo de frenado, la prevención de los incendio y la limitación de la velocidad no pueden seguir siendo objeto del más mínimo laxismo. 
De ahí el interés de la armonización que hoy se propone. 
Por tanto, apruebo el informe del Sr. Le Rachinel. 
Esta homologación mediante la agrupación en cinco categorías sigue una buena lógica. 
Para garantizar una interconexión satisfactoria de las redes de carreteras existentes y para hacer posible, con el tiempo, una mejor utilización de los ejes prioritarios, hay que reforzar la seguridad de todos los vehículos, comenzando por aquellos que transportan mercancías peligrosas. 
Informe Le Rachinel (A4-0024/98) 
Nos hemos abstenido de votar porque somos contrarios a los símbolos de la UE que vienen dictados de un modo centralista, y consideramos esta medida como un paso en esta dirección. 
Pensamos que la exposición de motivos, donde se hace referencia a una Resolución del Parlamento Europeo de 1988, en la que se exige que la bandera europea figure en la placa de la matrícula " con objeto de aumentar la conciencia europea de los ciudadanos» en parte confirma nuestra teoría, y en parte es absurda y ridícula. 
Me alegra que, por una vez, las instituciones europeas retomen una idea que procede del país más pequeño de la Comunidad Europea. 
Efectivamente, en 1985, el Gran Duque Jean sugirió a su entonces ministro de Transportes la idea de concebir una placa de matrícula europea para los vehículos matriculados en el Gran Ducado de Luxemburgo. 
A raíz de esta intervención, el Gobierno presentó dos propuestas al Consejo: la primera que corresponde a la propuesta de la Comisión, y la segunda, que en interés europeo, no prevé ningún signo distintivo del país. 
El Gobierno luxemburgués se inclinó por esta última y, tras una modificación del código de circulación, la instauró como placa oficial de los automóviles del Gran Ducado. 
Como algunos países europeos no desean abandonar el signo distintivo del país en las placas de matrícula, no veo ningún problema en que el Gran Ducado de Luxemburgo acepte la propuesta de la Comisión y que en un plazo bastante próximo, los vehículos luxemburgueses sean equipados también de una placa de matrícula con una L en medio de las 12 estrellas sobre un fondo azul. 
Más tarde, la Comisión deberá encontrar los medios para que esta iniciativa europea sea reconocida en los demás países, que continúan exigiendo en la actualidad un signo distintivo blanco ovalado para los diferentes países. 
Opino también que, ahora que la pertenencia a la Unión Europea está señalizada de cara al exterior, se deberían prohibir otras placas de matrícula, como las verdes o las azules, que vemos de vez en cuando y, por qué no, las placas de matrícula que indican que se es funcionario de las instituciones europeas. 
Informe Poisson (A4-0020/98) 
En nombre de los socialdemócratas daneses he planteado una enmienda al informe sobre alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos. 
La enmienda, que fue aprobada en la comisión, trata sobre que este tipo de alimentos para animales, que se dan temporalmente a fin de satisfacer necesidades específicas de los animales, en ningún caso deben contener estimuladores de crecimiento. 
Esta enmienda es un importante paso encaminado a asegurarles a los consumidores alimentos más sanos. 
En casos como éstos, la Unión debe llevar la delantera en el plano global, de manera que los consumidores puedan sentirse seguros de los alimentos que consumen. 
Los reiterados informes sobre las posibles consecuencias para la salud son demasiado serios para ser ignorados. 
Las personas se pueden exponer a volverse resistentes a importantes sustancias medicamentosas si consumen productos tratados con estimuladores de crecimiento. 
Además, es un hecho reconocido que si el agricultor se encarga de mantener una buena higiene estabular, el uso de estimuladores de crecimiento es completamente innecesario. 
Es un paso importante en la dirección correcta establecer una prohibición contra la utilización de estimuladores de crecimiento antibióticos en relación con los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos. 
No debe ser posible para los productores ocultar el empleo de tales sustancias en relación con el suplemento provisional de alimentos para animales. 
La OMC recomienda la prohibición de todas los estimuladores de crecimiento. 
Quiero, por lo tanto, solicitar a la Comisión que apoye esta enmienda y al mismo tiempo exhortar a la Comisión a realizar un análisis de riesgos de todos los estimuladores de crecimiento antibióticos. 
En este sentido, es de esperar que un no a la utilización de los estimuladores de crecimiento antibióticos allanará el camino para una prohibición general en última instancia de la utilización de estas sustancias dañinas para la salud en la Unión. 
Informe Berend (A4-0016/98) 
Señor Presidente, yo he votado a favor del informe, a pesar de que las partes relativas a la evaluación de las subvenciones me parecen insuficientes. 
Aun así yo creo que se trata de un informe fundamentado y lo he votado afirmativamente. 
El informe destaca que la causa primordial de la baja utilización de los Fondos estructurales es la planificación defectuosa y la fragmentación administrativa de que son objeto. 
Apoyamos al ponente en su actitud de aceptación de la concentración, reducción y simplificación del número de las modalidades de ayudas que propone la Comisión en la Agenda 2000. 
Esta simplificación, no obstante, no debe llevarnos a una reducción de las ayudas regionales con destino a Suecia (tengamos en cuenta que Suecia es uno de los mayores contribuyentes netos al presupuesto de la UE) , ni tampoco a las regiones del objetivo 6. 
En cambio, no podemos respaldar el contenido de los apartados 32 y 38, que viene a decir que se intenta evitar todo tipo de restitución a los Estados miembros. 
Actualmente se está debatiendo la reforma de los Fondos estructurales en el marco de un calendario que prevé un nuevo plan a partir del año 2000. 
Es natural y normal, habida cuenta de la experiencia de los planes 89/94 y 94/99, que vuelvan a examinarse los criterios y las modalidades de aplicación de estos Fondos estructurales, y estoy de acuerdo con las solicitudes relativas a garantizar más transparencia, más coherencia, más descentralización y más rigor. 
Mi inquietud se debe al riesgo de que la reforma estuviera orientada a tomar medidas de cara a las consecuencias de la ampliación de la Unión y al rigor presupuestario de los Estados y, por consiguiente, a ayudar a los nuevos Estados del Este sin incrementar suficientemente los presupuestos europeos. 
Como representante de una región que se beneficia del Objetivo 1 desde 1994 y del Objetivo 2 desde 1989, conozco la importancia de estas ayudas y mido las consecuencias, que serían dramáticas, si dichas ayudas desaparecieran bruscamente. 
Ciertamente hacen falta criterios nuevos, pero a condición de que éstos vayan encaminados a mejorar el nuevo sistema, y no a trastornarlo. 
En todo caso, si hay modificaciones para algunas zonas, harán falta medidas provisionales para evitar los " efectos cuchilla» y los efectos de umbral. 
Último motivo de inquietud: la construcción europea siempre se ha hecho sobre una base de solidaridad y de equilibrio. 
Hay que evitar que la ideología liberal dominante rompa nuestros dispositivos en aras de unos principios y de una ley antigua como el mundo, que no es otra que " la ley del más fuerte» y sus consecuencias. 
Felicito al Sr. Berend por la presentación de su informe. 
Evidentemente, los problemas iniciales por los que en 1994 se gastó sólo el 75 % de los fondos se han resuelto en gran medida, pues esa cifra aumentó hasta el 95 % en 1996. 
En parte el problema nace de la innecesaria burocracia existente, y saludo con entusiasmo el hecho de que la reforma de las futuras normas de los fondos estructurales ponga gran énfasis en reducirla aún más. 
También comparto el punto de vista del Sr. Berend cuando dice que la devolución a las regiones proporcionará más mejoras aún. 
Desde un punto de vista irlandés, siempre hemos sido eficaces en el gasto de los fondos estructurales. 
La generosidad de nuestros socios de la UE en este aspecto ha desempeñado un papel significativo en la concreción de lo que hoy se llama economía " tigre celta». 
Aunque no podemos ni debemos esperar el mismo nivel de adjudicación de los fondos estructurales en el futuro, sigue siendo importante que haya un periodo de transición razonable. 
Si se cierra demasiado abruptamente " el grifo de la UE» , la buena marcha de la economía irlandesa se vería perjudicada. 
El presente informe es tan importante, por encontrarnos en vísperas de un nuevo período de programación estructural, el período 2000-2006. 
Debemos aprovecharlo para aprender las lecciones de los errores del pasado. 
Agradezco al Sr. Berend su minucioso trabajo, que nos ha proporcionado un análisis claro y preciso de las disfunciones acaecidas durante el período 1994-1999, así como una descripción de las mejoras alcanzadas. 
Estas disfunciones tienen orígenes múltiples y variados según la organización administrativa de cada Estado miembro. 
En lo que respecta a mi país, al igual que a mi región, el Norte-Paso de Calais, es decir uno de los principales beneficiarios de la ayuda comunitaria, hay que confesar que, en gran medida, los retrasos son imputables a Francia y a la Comisión: retraso en la presentación de los documentos por parte del Estado miembro, retraso en la cofinanciación a cargo del Estado miembro, retraso en el envío de los créditos a los beneficiarios finales... 
La Comisión, sin embargo, tampoco es " virgen» de todo reproche en este proceso. 
Se le puede reprochar la multiplicidad y la opacidad de los reglamentos y de los fondos, la complejidad de los procedimientos y la dificultad a la hora de situarse con respecto a los criterios mantenidos. 
Por ello, sirvámonos de estos errores a la hora de elaborar un nuevo reglamento en el que la descentralización sea preponderante, así como la asociación entre la Comisión y el Estado miembro, pero sobre todo a nivel interno del Estado, con la participación de todos los interlocutores sociales, económicos y medioambientales, con el fin de responsabilizar a todos los agentes. 
Saquemos provecho de ellos para elaborar un nuevo reglamento, con reglas de cofinanciación claramente definidas y cuya aplicación sea competencia de los Estados miembros. 
Esto es a lo que nos invita el informe Berend. 
¡Ojalá que el Consejo y la Comisión nos entiendan! 
Todos vemos con gusto que están en marcha y en una etapa avanzada las negociaciones de distribución de la próxima adjudicación de Fondos estructurales de la UE para el periodo 2000-2006. 
Se han sentado algunos patrones por medio del documento " Agenda 2000» que el año pasado dio a conocer la Comisión Europea, pero queda por hacer el ajuste general de las asignaciones específicas de los Fondos estructurales a cada uno de los Estados miembros. 
Comparto por completo con la Sra. Monika Wulf-Mathies, Comisaria de Política Regional, su afirmación de que los países que ahora están recibiendo Fondos estructurales de la UE continuarán recibiéndolos en la próxima ronda de adjudicación de Fondos estructurales de la UE. 
Desde la perspectiva irlandesa, la región del condado fronterizo y la provincia de Connaught merecen que se les adjudique la condición de Objetivo 1 para el periodo 2000-2006. Así, estas regiones tendrán derecho a la máxima ayuda en fondos europeos regionales, sociales, agrícolas y pesqueros. 
La provincia de Connaught y la región del condado fronterizo no son tan ricas como la costa oriental de Irlanda y no deberían estar en el mismo grupo cuando se trata de otorgar los dineros de los Fondos estructurales de la UE. 
Además, quiero mostrar mi beneplácito por los comentarios de Jacques Santer, quien ha declarado que apoya la continuación del programa de Desarrollo rural Leader II y del programa transfronterizo Interreg II durante el periodo 2000-2006. 
El Leader II es un programa que en este momento representa para Irlanda 100 millones de libras, por los puestos de trabajo que contribuye a crear en la zona rural. 
El programa transfronterizo Interreg II también es una iniciativa importante por los puestos de trabajo que crea en las zonas fronterizas. 
La Comisión Europea pronto expondrá sus propuestas para la futura aplicación de los Fondos estructurales. 
Parece probable que la Comisión proponga una reducción de la cantidad de fondos asequibles para algunas zonas de la Unión, a causa del progreso que se produjo en años recientes en la generación del crecimiento y desarrollo económico, sobre todo en Irlanda. 
Creo que la Comisión debe darnos la seguridad de que sus propuestas de acuerdos de transición para países como Irlanda no afectarán el avance logrado en los últimos años. 
La supresión paulatina de la ayuda económica máxima tendría que producirse en el periodo más largo posible, con el fin de que el efecto de esta reducción sea lo menor posible en la economía irlandesa. 
En segundo lugar, a pesar de que la economía irlandesa en su conjunto ha superado el nivel mínimo del Objetivo 1, muchas zonas del país aún están muy por debajo de ese nivel y todavía deben recibir las ayudas máximas. 
Al formular sus propuestas, la Comisión Europea tendrá que tomar en cuenta las diferentes situaciones que existen en las diferentes zonas del país. 
Las zonas del país que aún no hayan llegado a la cifra mínima del crecimiento económico no deberán ser penalizadas a causa del fuerte nivel de crecimiento registrado en otras regiones. 
La Comisión debe reconocer que son importantes los acuerdos de transición adecuados y que, antes de formular sus propuestas, tiene que definir las diferencias entre las regiones con alto nivel de crecimiento y las de menor nivel dentro de cada país. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Informe Berend sobre los Fondos estructurales se presenta en el momento oportuno. 
Éste ofrece una buena base sobre la cual poder definir constructivamente el futuro de los mismos, precisamente en el momento en que se debate su continuidad y su configuración futura. 
La política estructural europea debe respaldar con eficacia y de manera eficiente los esfuerzos de los actuales Estados miembros, de las regiones y de los demás participantes, con objeto de contribuir a reducir los retrasos en el desarrollo de las zonas económicamente más débiles. 
Sin embargo, dicho política sólo es un complemento de la iniciativa particular en el marco de la necesaria transformación estructural innovadora. 
Este aspecto de factor complementario queda de manifiesto en la actual cofinanciación de los Estados miembros. 
Es sabido que la aportación de recursos propios a menudo obstaculiza la demanda de recursos europeos. 
Aun así, este criterio debe seguir manteniéndose en el futuro. En efecto, sólo quien también contribuye aportando su parte concede un valor al proyecto y, como es sabido, no se concede valor a lo que se obtiene a cambio de nada. 
Un examen de los cuadros de peticiones de fondos permite constatar que en 1996 éstas agotaron el 100 % de los recursos previstos para el Objetivo 5b. 
Dicho Objetivo se concentra especialmente en el ámbito rural. 
Yo constato, por consiguiente, que el ámbito rural también goza de especial valoración en los Estados miembros y en las regiones. 
Debemos establecer, por lo tanto, un enfoque específico y amplio con vistas al futuro de las zonas rurales, que permita promover su desarrollo positivo. 
O sea, la creación de infraestructuras y de empleo. 
Yo procedo de una zona rural. 
Allí damos la mejor formación a nuestros hijos, los enviamos al colegio y a la universidad. 
Pero además de darles una formación, también los alejamos de allí, pues una vez que han adquirido una buena formación no encuentran empleo en las regiones rurales. 
Debemos conceder mayores poderes de decisión a las regiones en relación con la aplicación de los Fondos estructurales y también debemos otorgar mayor capacidad de intervención a los comités de seguimiento regional. 
Las gentes del lugar saben dónde les aprieta el zapato y cómo pueden adaptarlo a su horma. 
El informe da una imagen clara y transparente del modo en que se han gestionado los Fondos estructurales. 
También da cuenta de las dificultades iniciales que han tenido los Estados miembros y que han resultado en una utilización insuficiente de los Fondos. 
Por consiguiente, damos la bienvenida a la propuesta de iniciar el próximo período del programa de un modo distinto. 
Lo que echo en falta, además de un análisis cuantitativo de los Fondos económicos, es uno cualitativo sobre el modo en que se han utilizado. 
En este tipo de análisis también deberían examinarse las posibles repercusiones dinámicas y los efectos secundarios observados en otros sectores- tanto los negativos como los positivos. 
He votado a favor del informe Berend porque es un análisis amplio de las causas de la aplicación escasa de los recursos. 
Las acciones de los Fondos estructurales son la herramienta presupuestaria clave que Europa tiene para combatir el paro, apoyar la creación de puestos de trabajo y fortalecer el objetivo de cohesión económica y social del Tratado. 
La enmienda del Grupo Socialista al párrafo 32 se planteó para no dar carte blanche a la Comisión a la hora de penalizar o sancionar a los Estados miembros por la no utilización de los recursos. 
Nuestro objetivo primordial deben ser la mejora de la forma en que los recursos llegan a los beneficiarios finales y el apoyo a las regiones más necesitadas. 
La eliminación arbitraria de la adjudicación de fondos sin un conjunto definido de criterios puede neutralizar nuestras medidas para conseguir la cohesión económica y social y para combatir el paro. 
Dentro del espíritu de descentralización y subsidiariedad, no tiene cabida un refuerzo de los poderes sancionadores para que la Comisión pueda volver a asignar arbitrariamente los recursos. 
Por consiguiente, todas las sanciones o penalizaciones financieras que tengan consecuencias sobre los programas regionales o de áreas locales tienen que ser consideradas con suma atención por todos los Estados miembros. 
Me complace que el ponente y el Grupo del Partido Popular Europeo se hayan decidido al fin a apoyar la enmienda nº 8 del PSE en la votación plenaria. 
Este informe, muy bien escrito, señala la necesidad urgente de mejoras en la aplicación de las asignaciones de Fondos estructurales. 
Los que representamos regiones donde el desarrollo económico y social cuenta con la amplitud del aporte de los Fondos estructurales hemos pedido mejoras en la aplicación de todo el programa durante largo tiempo. 
Si la adjudicación de Fondos ha de dar un verdadero beneficio, hay que ponerla en práctica con eficacia y transparencia. 
Estoy a favor de que las decisiones se adopten en la medida de lo posible en las propias regiones. 
Cuanto más cerca de la gente se tomen las decisiones, tanto más eficaz y transparente será el programa. 
También subrayo con respecto a los Fondos estructurales lo mismo que en la mayoría de los temas sociales: los conocimientos especializados en el nivel nacional y local deben utilizarse tanto como sea posible. 
Mi preocupación mayor respecto a los Fondos es su infrautilización. 
Si no se consigue usar la totalidad de los recursos disponibles, defraudaremos a nuestras regiones. 
A pesar de todo debemos reconocer que la Comisión ha procurado solucionar este problema con cierto éxito. 
La presentación de este informe sobre la ejecución de los Fondos estructurales es, para nuestro Grupo, la ocasión de esbozar una reflexión sobre el propio futuro de los Fondos estructurales. 
En el marco de la Agenda 2000, la Unión Europea deberá acoger en su seno a un determinado número de PECO, además de Chipre, que- recuerdo- tendrán todos ellos derecho a acogerse al Objetivo 1, al tiempo que se respeta el marco financiero ineludible del 0, 46 % del PIB de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Las propuestas formuladas por la Comisión en la Comunicación Agenda 2000 son engañosas, porque subestiman las consecuencias económicas de la ampliación. 
El futuro de la política estructural, por consiguiente, aparece incierto y será objeto de una reforma importante. 
Para dotar a los Fondos estructurales de la eficacia que les falta, es indispensable simplificar los procedimientos administrativos, alejar el espolvoreamiento y concentrar el esfuerzo en las únicas políticas comunitarias integradas que son la PAC y la PCP. 
Ahora bien, cabe temer que las regiones rurales, aunque sufrirán de forma diferenciada las consecuencias de la PAC y de la PCP, serán las principales víctimas de esta cocina indigesta. 
Según la Comisión, el nuevo Objetivo 2 sólo beneficiaría al 18 % de la población comunitaria. 
En la actualidad, son todas las regiones rurales de la Unión Europea las que se benefician del Objetivo 5a. 
Mañana, la parte de las zonas rurales que se beneficien de las ayudas se llevará a una porción congrua. 
Es necesario recordar que las ayudas estructurales en favor del mundo rural se establecieron en 1992/1993 para compensar la reforma de la PAC y responder a los efectos devastadores de la mundialización del GATT. 
Por este motivo, reclamamos, una vez más, la creación de subobjetivos específicos en el seno del futuro Objetivo 2: uno para las zonas rurales y otro para las zonas marítimas y costeras. 
El reto sobrepasa al de la agricultura; debemos mantener un modelo de desarrollo económico europeo que fomente una gestión equilibrada del territorio a fin de preservar un patrimonio cultural rico y frágil. 
En su informe, nuestro colega Berend se entrega a un análisis minucioso de la ejecución de los créditos de los Fondos estructurales; sin embargo, varias de sus conclusiones, así como algunos postulados subyacentes no pueden recibir nuestra adhesión. 
A título de ejemplo, el ponente intenta poner de manifiesto las razones por las que algunos créditos no siempre se comprometen suficientemente. 
En realidad, existen dos frenos a la utilización de la totalidad de los créditos de los Fondos estructurales. 
El primero proviene de las trabas administrativas impuestas por la Comisión. 
Efectivamente, el procedimiento administrativo requiere, generalmente, entre uno y dos años hasta que se comprometen los gastos. 
Un buen número de autores de proyectos desiste a causa de este procedimiento, que genera a la vez costes complementarios de administración interna y gastos financieros inherentes al desbloqueo de los créditos. 
El segundo freno es mucho más político. 
Con vistas a una mejor utilización de los fondos, la Comisión Europea exige la cofinanciación de los Estados miembros y/o de las autoridades locales o regionales. 
Ahora bien, debido a los criterios de convergencia impuestos por la realización de la Unión Económica y Monetaria (moneda única) , dichos Estados miembros se ven ante la obligación de controlar su déficit presupuestario. 
En consecuencia, prefieren no emprender un programa para no verse obligados a asumir la cofinanciación. 
Por último, debemos recordar que la parte del presupuesto europeo no utilizada vuelve a los Estados miembros en función de su participación presupuestaria, lo que les supone unos " ingresos de bolsillo» que, a su vez, también ayudan a controlar el déficit presupuestario de los Estados miembros. 
En conclusión, si los Fondos estructurales no tienen un nivel de ejecución aceptable, quizá haya que mirar un poco más lejos y analizar las consecuencias reales de la creación de la moneda única sobre las decisiones de los ministros de Economía de los diferentes Estados miembros. 
Propuesta de resolución común sobre la Cumbre de Kyoto 
Pocos meses después de la Cumbre de Kyoto aparecen las primeras muestras de la insuficiencia de este acuerdo para afrontar los graves problemas medioambientales que amenazan a nuestro planeta y a la humanidad. 
El grito desesperado ante las catastróficas consecuencias a corto plazo a las que nos conducen las políticas económicas aplicadas actualmente es un grito ante oídos sordos. 
Las empresas multinacionales y el gran capital no permiten cambios que puedan limitar sus beneficios y su control de los mercados. 
Así cualquier medida adoptada se basa fundamentalmente en las posibilidades abiertas a dichas empresas para que aumenten sus beneficios y consoliden su dominio. 
Estos elementos definen también el intento de comercialización de los derechos de emisión que retrasarán las medidas destinadas a reducir de la contaminación ambiental en los países más desarrollados industrialmente e influirán de forma directa en las posibilidades de desarrollo de los países menos favorecidos. 
Ante la Cuarta Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático no debemos olvidar que la Unión Europea, que supone el 6 % de la población mundial, produce más del 14 % de las emisiones de CO2 y de los restantes gases que producen el efecto invernadero. 
La disminución de dichas emisiones de gases en un 15 % por parte de la Unión Europea debe considerarse una contribución mínima que junto con la aplicación de las políticas adecuadas y de la tecnología podrían suponer un coste reducido. 
El refuerzo de los programas de promoción del uso de fuentes renovables de energía debe constituir el objetivo principal de la Unión y de los Estados miembros, así como la adecuada planificación de la reducción de las emisiones por sectores, como, por ejemplo, en los transportes, la industria, la energía, etc. 
La Unión Europea no debe utilizar las posibilidades del protocolo de Kyoto para distanciarse de los objetivos que ella misma ha establecido y tampoco participar en acuerdos de comercialización de los derechos de emisión. 
La necesidad de reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero se hace hoy necesaria. 
Los países industriales más desarrollados son los principales responsables de este fenómeno y deberán asumir sus responsabilidades y no utilizarlo como medio de perpetuación de su situación económica dominante. 
Actualmente, se impone en el ámbito de otra política que actúe en beneficio de la humanidad, reforzar el desarrollo de terceros países y el traslado a los mismos de los recursos y la tecnología que les permitan combinar su desarrollo con su contribución a la reducción de la contaminación. 
Dichas actuaciones deben constituir elementos orientativos de importancia para la preparación de la Cuarta Cumbre de Buenos Aires. 
Los socialdemócratas daneses han votado a favor de la propuesta de decisión que presiona a la Comisión Europea y al Consejo para que lleven la delantera y den buen ejemplo durante las negociaciones del clima. 
La propuesta inicial comunitaria contenía una reducción de las emisiones de tres gases de efecto invernadero de un 15 % antes del año 2010. 
En Kioto se decidió reducir las emisiones de seis gases diferentes en nuestra parte del mundo en un 8 % en el período comprendido entre el 2008 y el 2012. 
A los socialdemócratas daneses esto les parece positivo. No obstante, también es necesario subrayar dos cosas. 
En primer lugar, es necesario que la Unión presione a los EE.UU, a Rusia y a otros países de la OCDE para evitar retrasos en la ratificación del protocolo de Kioto. 
En segundo lugar, es importante que la Unión lleve la delantera- nos lo podemos permitir y tenemos la posibilidad. 
Hay muchos campos en los que la Unión puede llevar a cabo sus esfuerzos- en la Unión, transportes, abastecimiento energético, etcétera, sin embargo, también en Europa del Este a través de los programas de apoyo a efectos de una mayor efectividad energética y un desarrollo tecnológico más limpio. 
Propuesta de resolución común sobre Irak 
Señor Presidente, al final de la tregua de los Juegos Olímpico, Iraq será bombardeado y sólo se oye el silencio ensordecedor de la Europa de los amigos del Sr. Tony Blair. 
Silencio, en primer lugar, de la Europa de los derechos humanos. 
Se mata a los hombres, se deja que un millón de niños padezcan hambre, se atormenta a las mujeres, se despedaza a un pueblo, y las grandes almas, las voces de los justos, el Sr. Faure y los otros, callan. 
La Europa de las Luces tiene una avería eléctrica. 
Silencio de la Europa del Derecho. 
La guerra es ilegal desde el pacto Briand-Kellog. 
La Carta de las Naciones Unidas ha confirmado la prohibición de que se recurra a la fuerza. 
¿Con qué derecho intervienen los Estados Unidos? 
Pues bien, intervienen en nombre de la ley Helms-Burton, de la ley del big stick, de la ley de Franklin Delano Roosevelt, de la ley del más fuerte. 
Y Europa calla. 
Silencio, por último, de la Europa de la civilización. 
Se va a bombardear Mesopotamia, esa tierra entre el Eúfrates y el Tigris que inventó la escritura en el país de Sumer, la agricultura, la cultura, la civilización en Nínive y Babilonia, y callamos. 
Quizá las multinacionales petroleras podrían crear un premio Judas de los derechos humanos. 
Quizá se lo dieran al Sr. Tony Blair. 
Señor Presidente, en conciencia no puedo votar a favor de la resolución que se ha apoyado hoy aquí, en primer lugar porque los párrafos 4 y 5 me parecen totalmente ofensivos y repugnantes por la forma en que intentan ocultar su intención. 
Estas palabras equívocas pretenden encubrir la legitimación de la fuerza militar y sólo encubren la vergüenza de lanzar un ataque que, lejos de responder a un objetivo militar, producirá la muerte de otros seres humanos que ya sufren bajo el yugo de Sadam Husein y por las sanciones económicas. 
Por supuesto que insisto en que Irak respete las resoluciones de la ONU pero, ¿por qué somos tan selectivos? 
¿Qué pasa con otros países, como Israel y Estados Unidos, que desafían según su capricho las resoluciones de la ONU? 
¿Por qué nos sentimos autorizados a adoptar un tono moralizante? 
La posesión de armas nucleares y de armas de destrucción masiva y la amenaza de usarlas son moralmente indefendibles, sea quien sea el que las posea o el que formule la amenaza. 
Después de dos mil años de cristianismo todavía recurrimos a la bomba para mutilar y matar. 
¡Hasta los nios pequeos son víctimas! 
No podemos apoyar una intervención militar en Irak. 
No obstante, los estatutos de las Naciones Unidas contemplan la posibilidad de utilizar la fuerza militar como último recurso en casos en que la paz se vea amenazada. 
Este tipo de decisión debe, no obstante, adoptarla el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por eso hemos votado en favor de la enmienda nº 1. 
Como la totalidad de mis colegas, naturalmente deseo que se encuentre una solución diplomática para resolver la crisis iraquí. 
Dudo, sin embargo, que la reciente actitud de Sadam Husein vaya en ese sentido. 
Los expertos de la ONU deben poder hacer su trabajo de acuerdo con la resolución 687 del Consejo de Seguridad. 
Mientras Sadam Husein no lo permita, no podrá aceptarse ningún compromiso. 
En primer lugar, debe renunciar a sus proyectos de desarrollar armas químicas y biológicas. 
Debemos este favor a la población iraquí que sufre la situación económica más crítica, debido a que la mayor parte del presupuesto del Estado se destina a armamento. 
Sus deplorables condiciones de vida son imputables únicamente a la actitud de Sadam Husein y no debemos considerarlas como consecuencia directa del embargo internacional. 
Si Sadam Husein se obstina en su actitud, no quedan más que soluciones desagradables de coacción y naturalmente poco satisfactorias. 
Apruebo, por consiguiente, que apoyemos totalmente al Secretario General de las Naciones Unidas en la misión que ha emprendido en Iraq. 
Si, a pesar de todo, se recurriera a la acción militar, toda la responsabilidad moral recaería únicamente sobre Sadam Husein. 
Nos felicitamos de la visita que mañana realizará el Secretario General de las Naciones Unidas a Bagdad, de la que esperamos firmemente que sea un éxito para la diplomacia multilateral. 
Pero, cualquiera que sea el resultado de esta negociación, no aceptaríamos que se emprenda una acción contra Iraq sin un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Cualquier otra solución anularía a un tiempo el principio del Derecho internacional y, sobre todo, la credibilidad de los argumentos que las potencias occidentales hacen valer contra Iraq. 
La opción militar, sobre cuya eficacia existen las mayores incertidumbres, sólo debe preverse en caso de que fracasen todos los instrumentos de la diplomacia. 
Estamos convencidos de que una acción unilateral, y posiblemente militar, no es ni eficaz ni justificada. 
Lamentablemente, en este asunto sólo podemos deplorar la ausencia de una auténtica Política Exterior y de Seguridad Común. 
Europa corre el riesgo de seguir siendo un gigante económico, pero apenas un enano político. 
Cuando se produjo la primera crisis del Golfo, tras la invasión de Kuwait, aprobé la intervención militar contra Iraq. 
Teníamos un mandato de la ONU y un vasto apoyo internacional, incluso del mundo árabe. 
Europa estaba activa y presente. 
Ganamos " aquella guerra» , pero vimos las consecuencias y los límites. 
Las víctimas fueron numerosas en ambos bandos y Sadam Husein siguió en su sitio. 
Por este motivo, si hoy hay que hacer cumplir las resoluciones de la ONU, hay que evitar a toda costa una aventura militar que abarque toda la región. 
Sigue siendo necesario, asimismo, explorar todas las vías diplomáticas y, en todo caso, evitar un enfrentamiento de Occidente con el mundo árabe. 
Hasta entonces, no se debe seguir la estrategia del Sr. Clinton, cuyos motivos internos son demasiado evidentes. 
Europa debe reafirmarse y Tony Blair debe existir por encima de su atlantismo visceral y recordar que preside la Unión. 
Francia debe seguir desempeñando su papel, lo que está haciendo con toda seriedad. 
Si para lograr la paz, a veces hay que saber hacer la guerra, ésta debe ser siempre en caso extremo y como último recurso. 
Esta resolución sobre la situación en Iraq sólo puede llevarnos a lamentar la falta de una política común de seguridad y de defensa de la Unión Europea. 
Cada vez que la situación es seria y grave, Europa parece ausente. 
Lo lamentamos. 
Por ello, como Socialista francesa, sólo puedo favorecer la vía diplomática y apoyar plenamente la misión del Secretario General de la ONU. 
Todos tenemos puestas nuestras esperanzas en su visita. 
Para nosotros, la opción militar sólo puede existir como último recurso, después de que hayan fracasado todas las demás acciones diplomáticas, y sólo cabe preverse sobre la base de un mandato formal y por escrito de las Naciones Unidas. 
Además, si se eligiera la vía militar, ¿de qué serviría? 
¿Qué eficacia tendría? 
Dudo que Sadam Husein fuera su víctima. 
Hace siete años, los estadounidenses, abanderados por su Presidente Bush, se hicieron culpables de una horrible masacre del pueblo iraquí, de una auténtica carnicería, una carnicería que todos los medios de comunicación presentaron a la opinión pública- lo que constituye una perla del humor anglosajón- como una guerra quirúrgica limpia. 
Hoy, la arrogancia estadounidense se mantiene intacta y el pueblo iraquí, que acaba de pasar por siete años de miseria, privado de medicamentos, privado de electricidad, privado de alimentos, que ve que sus hijos mueren de hambre y de enfermedad, está a punto de vivir una nueva tragedia. 
Nada, absolutamente nada, permite afirmar que Iraq representa una amenaza militar para sus vecinos o para el mundo. 
Pero es imprescindible para el Sr. William Clinton hacer olvidar su lamentable comportamiento de "macho» jugando al" facha» y, a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, satisfacer las exigencias de la extrema derecha israelí y del belicoso Netanyahu. 
Tenemos el deber, como europeos, de frenar a Israel y a los Estados Unidos de América en su locura asesina. 
Es hora de que nos dotemos de los medios necesarios para ello. 
El proyecto de resolución sobre la situación en Iraq fija el marco de un compromiso positivo sobre la actitud que los europeos deberíamos defender en el seno de las instancias internacionales, en particular, la idea de que no se iniciará ninguna intervención militar para obligar al cumplimiento del Derecho internacional sin que se hayan explorado y agotado todas las vías diplomáticas. 
No obstante, se debería haber puesto mejor de relieve este requisito absoluto: que la única instancia competente para decidir qué acciones deben emprenderse de cara a la solución de este conflicto es la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Por ello me hubiera gustado que se aprobara la enmienda encaminada a sustituir la palabra "deliberación» formal del Consejo de Seguridad, por" decisión» formal, recordando que se descarta la posibilidad de que los EE.UU. intervengan, decidan actuar, en el caso de que el Consejo de Seguridad se contenten con un intercambio de opiniones o con manifestar sus reservas. 
La Unión Europea debe ser el agente decidido del reconocimiento de la ONU como lugar de decisión, rechazando el liderazgo de facto de un solo país, en este caso los Estados Unidos de América. 
En esta crisis, la Unión Europea habría debido mostrar mayor coherencia y cabe lamentar que algunos Jefes de Estado se hayan precipitado a correr al lado del Presidente norteamericano para apoyar sus intenciones intervencionistas. 
Es obligado constatar, lamentablemente, las terribles y nefastas consecuencias de la falta de progreso institucional en el plano de la PESC: Europa es impotente en el panorama internacional. 
Más allá de los desastrosos efectos humanos que tendría una intervención militar en Iraq, es legítimo que nos preguntemos sobre la eficacia de una decisión semejante si los objetivos perseguidos son realmente los anunciados: el cumplimiento de las reglas internacionales y el rechazo de que Iraq se dote de un arsenal de armas químicas o nucleares. 
Cabe temer que tras una intervención semejante, el régimen iraquí seguiría siendo antidemocrático, los controles se harían más difíciles y se continuaría el armamento del país en su territorio o en otra parte. 
Los únicos castigados serían los que no pueden hacer nada: los habitantes y la población. 
Por ello es necesario explorar la vía diplomática con convicción y hasta el final. 
Por último, en el marco del Derecho internacional y del cumplimiento de los acuerdos suscritos no debería aplicarse la ley del embudo. 
Nuestro Parlamento y Europa deben dedicarse de lleno para que el proceso de paz de Oriente Próximo se desarrolle según lo previsto, y emprender con la ONU las gestiones pertinentes para que se cumplan los compromisos adquiridos. 
No seamos ciegos sobre la pretendida urgencia de una respuesta masiva en Iraq. 
Los Estados Unidos, de repente, se muestran más alarmistas cuando ha transcurrido tan poco tiempo desde la decisión de la ONU de emprender el proceso " petróleo por alimentos» , lo que habría tenido repercusiones sobre el precio del petróleo, y precisamente cuando consideraciones de política interior parecían empujar al Presidente Clinton a emprender acciones espectaculares en el exterior. 
En cualquier circunstancia, Europa debe conservar su autonomía de criterio y su independencia. 
El éxito de la paz en Iraq, en Oriente Próximo, descansa sobre una acción sopesada, perseverante, cuya única preocupación sea la aplicación del Derecho. 
La vía elegida por los Estados Unidos no es la acertada. 
La intervención militar no es aceptable. 
En nombre de mi colega, la Sra. Ewing, y en el mío propio, quiero decir que el Partido Nacionalista Escocés condena la forma en que Sadam Husein hace caso omiso del mandato de la comunidad internacional y continuamente procura evitar que se concreten las inspecciones de armamento controladas por Naciones Unidas. 
Irak debe respetar los términos establecidos por Naciones Unidas y el PNE reconoce que Naciones Unidas tiene el derecho de usar la fuerza para asegurar el cumplimiento de su mandato, como un último recurso si todos los demás medios fallan. 
Sin embargo, el PNE cuestiona la claridad de los fines de esta guerra, según han sido enunciados por los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña. 
El PNE apoya por entero a Kofi Annan, Secretario General de NU, en su misión en Bagdad. 
Además, el PNE pide que se consideren con atención las propuestas de establecer zonas de " no circulación» , que se sumen a las existentes zonas de prohibición de vuelos, y que se establezca en estas áreas una administración provisional como primer paso para que surja un gobierno pluralista y democrático para todo Irak. 
Estas medidas también mejorarían la situación de las tribus de las marismas y de los kurdos, pueblos perseguidos desde hace decenios por el régimen de Bagdad. 
El PNE cree que estas medidas debilitarían la dictadura de Sadam Husein, en lugar de fortalecerla, y evitarían las bajas que entre la población civil podrían producir, por ejemplo, los ataques aéreos contra objetivos militares cercanos a centros poblados. 
Propuesta de resolución común sobre la 54ª sesión de las Naciones Unidas 
Es decepcionante que mientras la UE tomará medidas respecto a Nigeria y Burma y a los derechos de las mujeres y los niños, no haya una iniciativa similar respecto a la violación de derechos humanos en China. 
Produce consternación que no haya acuerdo dentro del Consejo sobre este asunto. 
La razón evidente de semejante situación es que demasiados Estados miembros consideran que los intereses comerciales tienen más importancia que el respeto a los derechos humanos. 
¿Con qué autoridad moral hablaremos del tema de derechos humanos en cualquier parte del mundo, si decidimos ignorar la situación de China? 
Los Estados miembros que se prostituyen por treinta monedas de plata tendrían que avergonzarse. 
Al no decidir ninguna acción en este asunto, la política común exterior y de seguridad de la Unión Europea se convierte en un desatino. 
Hemos votado en favor de la Resolución en todos sus apartados. 
No obstante, queremos hacer algunos comentarios. 
En el apartado 1 se menciona a una serie de países en los que se infringen los derechos humanos, de lo que se desea dejar constancia especial. 
Estamos totalmente de acuerdo en que todos estos países deben ser criticados por estas infraccioness, pero al mismo tiempo pensamos que se podía haber incluído a muchos otros en esta lista. 
Un ejemplo de esto es que se incluya a Cuba. 
Estamos de acuerdo en que en Cuba se producen ataques contra los derechos humanos, pero en Latinoamérica existe una serie de países donde estos ataques son sustancialmente más violentos de lo que es el caso en Cuba. 
Méjico, Brasil y Perú son ejemplos de lugares donde los grupos paramilitares asesinan a civiles, agricultores y trabajadores indefensos que trabajan para organizarse profesionalmente. 
Por este motivo puede cuestionarse la selección que se ha hecho. 
En el apartado 2 se da a Argelia una prioridad especial. 
También pensamos que esto es necesario teniendo en cuenta la grave situación del país, pero se podía haber mencionado también a otros países, por ejemplo Colombia, donde el terrorismo financiado por el Estado contra amplios segmentos la población del país se está recrudeciendo. 
Finalmente, queremos manifestar nuestro acuerdo con las duras críticas de las manifestaciones con respecto a la situación en China. 
Pensamos que es correcto decir que no se han producido progresos en China en el ámbito de los derechos humanos. 
Informe Seal (A4-0015/98) 
Quiero que conste en Acta mi apoyo a la enmienda nº 3, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica. 
Esta enmienda apoya el derecho de los trabajadores de Ryanair para constituir un sindicato y hacer que ese sindicato los represente en las negociaciones con la empresa. 
Como partidario entusiasta del Capítulo Social, me decepciona que el cuerpo de legislación de la UE que emana de él no contenga este derecho: esto es algo que debemos remediar con urgencia. 
La cuesta abajo de la extrema competencia y de la falta de regularización parece no tener fin. 
Antes de finalizar la completa aplicación del tercer paquete de medidas de liberalización, la Comisión, haciendo balance, anuncia el endurecimiento de su postura e ignora de forma provocadora cualquier parámetro social y cualquier concepto de interés y servicio público, se presenta fundamentalmente como mandatario oficial de los poderosos intereses de las multinacionales. 
Los miles de despidos de trabajadores, los procesos de suspensión de los convenios colectivos en nombre de la competitividad, el cierre de empresas, la suspensión de enlaces o la concesión de vuelos al capital privado, las privatizaciones precipitadas, la aparición de empresas con dudosas garantías a costa de la calidad de los servicios, de la seguridad de los vuelos y de las relaciones laborales componen el cuadro del mercado liberalizado del transporte aéreo incluso antes de completarse la operación correspondiente. 
Todo esto, por supuesto, no supone un cambio radical para la Comisión. 
Simplemente tiene conocimiento de las "posibles consecuencias» para el empleo y está" elaborando un estudio». 
Respecto al conocido argumento de que la competitividad conduce a la reducción de los precios, acepta que esto no se ha logrado y niega el hecho de que donde los nuevos competidores han llevado a una diversificación mínima de las tarifas ello se debe a una reducción del coste en detrimento de la seguridad de los trabajadores, empleados en condiciones tercermundistas, y de la calidad de los servicios prestados. 
En su balance ignora las consecuencias que la directiva pueda ocasionar en la liberalización del handling y el reglamento para la liberalización del cabotaje en los aeropuertos y los trabajadores. 
Pide acelerar las privatizaciones y reestructuraciones en el sector, exige la aplicación rigurosa de las normas de la competencia, anuncia la limitación de las subvenciones estatales, cuestiona directamente el principio del servicio global, haciendo referencia al "uso exagerado de las obligaciones de prestación de servicios públicos» y la necesidad de examinar en" qué medida dichas obligaciones constituyen un medio de limitación para la entrada al mercado». 
Naturalmente no se molesta en explicar cómo se van a combinar las exigencias de la administración, basándose en el principio del inversor privado, con el mayor número de obligaciones especiales de los transportistas aéreos nacionales como medios de transporte, de enlace y de desarrollo de las regiones remotas. 
Tampoco se plantea el averiguar si dichas líneas son rentables y, por lo tanto, carecen de interés para los que sólo actúan en función de las condiciones del mercado. 
El ponente acepta completamente la política y toda la lógica de la Unión Europea. 
Además invita a la Comisión y al Consejo a que aceleren "de forma decisiva» la promoción de las medidas pendientes, solicita la aplicación drástica de las directrices acerca de las subvenciones estatales y la suspensión de cualquier" uso específico» de los transportistas nacionales, solicita- a costa probablemente de las empresas más débiles que se encuentran en peligro de quiebra por las obligaciones que tienen de interés público- el refuerzo de la cifra de negocio de las más " poderosas» de Europa y acepta la liberalización del cabotaje al tiempo que admite que la mayoría de los enlaces interiores no son rentables. 
No podemos aceptar la contradicción entre la aceptación global de la competencia extrema y la " preocupación» simple de que ésta es aplicada a costa de la seguridad y del empleo, beneficiando el dumping social. 
No nos basta "comprobar» o" expresar nuestra preocupación» por la marcha hacia atrás que algunos quieren imponernos. 
Consideramos que los intereses de los pueblos, de los trabajadores, de los usuarios de los medios de transporte aéreo están por encima de los intereses de maximización de la cuota de mercado de los poderosos grupos de las compañías aéreas. 
Por ello votaremos contra el informe. 
La liberalización del sector aéreo ha tenido seguramente unas repercusiones excelentes en el mercado. 
Al mismo tiempo, a pesar de que está " controlada» , ha tenido unas repercusiones negativas, las cuales pienso que se mencionan demasiado superficialmente en este informe. 
El ponente escribe claramente que la liberalización ha llevado a un incremento del volúmen del mercado aéreo total y a que los pronósticos para el próximo decenio sean de un aumento anual del 6-7 por ciento (ver respectivamente los considerandos J y L). 
Personalmente, yo pienso que esta circunstancia es preocupante, en parte porque significa un menoscabo mayor para el medio ambiente, dado que el transporte aéreo no constituye un medio de transporte especialmente beneficioso para el medio ambiente, en parte porque el espacio aéreo europeo ya está muy cargado en la actualidad, lo cual puede llevarnos a una disminución de la seguridad aérea si/cuando aumente el tráfico. 
No se presta demasiada atención a las cuestiones sociales, tampoco en el documento de la Comisión, lo cual es lamentable. 
Es evidente que la liberalización ha conllevado en varios casos una reducción de la influencia de las asociaciones profesionales y, con ello, de los empleados. 
Informe Keppelhoff-Wiechert (A4-0037/98) 
Conocemos hoy las consecuencias del uso de la ingeniería genética en la agricultura. 
La exposición de plantas modificadas genéticamente en sistemas naturales abiertos puede provocar efectos dañinos que hoy no tenemos posibilidad alguna de valorar. 
Con este informe el señor ponente pide que se consolide esta práctica. Esto no lo podemos apoyar. 
Varias veces se ha demostrado que el empleo de plantas que se han hecho resistentes a enfermedades o venenosas para los parásitos ha tenido consecuencias directas contraproducentes. 
Por ejemplo, el uso de plantas de maíz venenosas para las larvas de insectos condujo de hecho a que estos parásitos se volvieran resistentes a la planta. 
La pulverización tiene estos casos concretos la ventaja de que sólo es durante un período breve durante el que los parásitos se ven afectados y por lo tanto no se vuelven resistentes. 
Sin tener que en modo alguno vayamos a defender esta forma de lucha contra los parásitos, se ha demostrado que una lucha genética ha hecho más difícil zanjar el problema de los parásitos. 
Este informe promoverá la investigación en ingeniería genética en la agricultura y en el informe aparece que esto se hace para promover su utilización. 
Esto no está de ninguna manera libre de problemas. 
Además de las consecuencias para el medio ambiente mencionadas y de los riesgos de la manipulación genética, no podemos estar seguros de que los organismos modificados genéticamente no puedan tener una influencia negativa sobre la salud humana, aunque hoy no se puedan registrar tales problemas para la salud en relación con los organismos manipulados tecnológicamente. 
Lo que sabemos es que la diversidad biológica puede verse amenazada si se emplea la ingeniería genética y que su empleo supondrá una monopolización del mercado de cultivos. 
No debemos permitir que el interés de lucro en la agricultura prevalezca sobre la salud humana y el medio ambiente. 
En lugar de utilizar los recursos para la investigación en métodos que son tan inseguros como la ingeniería genética, deberíamos centrarnos en un campo en gran medida inexplorado. 
Deberíamos así emplear bastantes más recursos en descubrir cómo los propios mecanismos de la naturaleza combaten parásitos y plantas. 
La agricultura del próximo milenio deberá hacer frente a un doble desafío importante: alimentar a una población mundial que se duplicará durante los próximos treinta años, al tiempo que respeta al hombre y el medio ambiente. 
Para mantener la competitividad de la agricultura europea, pero también la de las empresas relacionadas, es necesario que esta agricultura se beneficie de las tecnologías adaptadas a la competencia mundial. 
En las propuestas de la Comisión sobre la Agenda 2000, vemos claramente una voluntad de desarrollar la mundialización de la agricultura europea mediante una reducción de los precios de suministro y una disminución de las ayudas. 
Debe existir una posición coherente. 
Aquellos que desean una reducción de las ayudas agrícolas, son los mismos que quieren frenar el desarrollo de una agricultura tecnológica. 
Personalmente, no creo que la solución de la mundialización de la agricultura europea sea la solución adecuada. 
Pero, en este contexto que desean desarrollar la Comisión y algunos diputados a este Parlamento, no veo cómo podríamos pasar por alto el desarrollo de la biotecnología. 
Dejar pasar de largo esta revolución tecnológica sin que penetre en nuestras fronteras europeas, al tiempo que se elimina el principio de preferencia comunitaria, entrañaría la destrucción total de nuestra agricultura. 
En el ámbito legislativo, la Unión Europea y los Estados miembros deben garantizar, a un tiempo, una cierta flexibilidad que permita el desarrollo de las iniciativas privadas y públicas, así como la seguridad sanitaria de los consumidores. 
El principio de precaución debe ser el elemento motriz de la legislación y las evaluaciones deben conducirse sobre unas bases científicas rigurosas. 
He votado en contra del informe Keppelhoff-Wiechert. 
Me temo que es demasiado optimista sobre la posibilidad de controlar la biotecnología y sobre el papel que la biotecnología puede desempeñar en cuanto a saciar el hambre en el mundo. 
La biotecnología cuenta para su promoción con el apoyo de enormes intereses económicos que no se controlan adecuadamente. 
En estos momentos, lo más probable es que una expansión de la biotecnología sirva a estos intereses y no al medio ambiente ni a la humanidad. 
Señor Presidente, hoy, en esta Asamblea, vemos que para una persona comprometida es algo muy importante explicar al resto de los diputados por qué vota de un modo determinado. 
Este derecho se ha eliminado. 
Si usted mira a su alrededor, verá que hay sólo dos o tres diputados presentes, cuatro incluyéndolo a usted. 
¿No es una desgracia que se haya arrebatado de esta manera este derecho de los parlamentarios? 
Las únicas personas que están sufriendo son los intérpretes, que se mantienen con lealtad en su puesto para oír una explicación de voto. 
Es una desgracia la forma en que el Presidente y la Mesa están manejando estos asuntos. 
Es tiempo de que usted, que fue elegido para mirar por los derechos de los diputados, empiece a ejercer su autoridad en la Mesa y devuelva sus derechos a los parlamentarios. 
De lo contrario esta Cámara caerá en un descrédito mayor aún. 
Muy bien, señor Falconer, transmitiré sus palabras a la Mesa. 
Además, quedarán reflejadas en el Acta literal de las sesiones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0189/98 del Sr. dell ' Alba y otros, en nombre del Grupo de ARE, sobre la situación en Afganistán; -B4-0191/98 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los V, sobre Afganistán; -B4-0211/98 de las Sras. Lulling y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre Afganistán; -B4-0220/98 de la Sra. André-Léonard y otros, sobre Afganistán; -B4-0228/98 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo de UPE, sobre Afganistán; -B4-0233/98 de la Sra. Sornosa Martínez y otros, en nombre del Grupo de GUE/NGL, sobre la situación en Afganistán; -B4-0253/98 de la Sra. Hoff, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Afganistán. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, estoy muy contento de que, por una vez, nuestro Grupo haya sido el primero en poder expresarse sobre la situación en Afganistán. 
Tenemos ante nosotros las trágicas y raras imágenes del terremoto que ha afectado a cientos de miles de personas y de las dificultades que encuentran las organizaciones humanitarias, por ejemplo, la ECHO, que actualmente está trabajando sobre el terreno para ayudar a esas poblaciones. También tenemos ante nosotros las dramáticas y igualmente raras imágenes de lo que sucede bajo el régimen medieval de los talibanes, sobre todo por lo que se refiere a la situación de las mujeres. 
El haber querido este debate ha sido también un homenaje que el Parlamento ha tributado a la causa de las mujeres afganas, una causa que la Comisión ha querido tan admirablemente volver a impulsar lanzando la campaña «Una flor para las mujeres de Kabul». 
Esta campaña nos parece el gesto más significativo que podía hacerse para no ignorar y no dejar pasar por alto, como algo inevitable, los muchos males que se abaten sobre este mundo: una segregación racial propiamente dicha y, según algunos, incluso un apartheid sexual, que ofenden la conciencia no sólo del mundo occidental, sino también del islámico. 
Por lo tanto, votar una resolución que no sólo condena contundentemente al régimen de los talibanes y a todos los que lo secundan, entre lo que se encuentran insospechables potencias occidentales y que pide con fuerza que se apoye a la Comisión, así como que se haga todo lo posible para derrocar al régimen de los talibanes, contrariamente a lo que hacen algunas organizaciones como la UNDCP que, en cambio, intenta realizar tratos con dicho régimen, no podrá más que ir en la dirección correcta. 
Presidenta, el régimen talibán en Afganistán utiliza argumentos religiosos para conculcar los derechos de la mujer; peor aún, intentan hacer imposible a las mujeres la participación en la vida pública de Afganistán. 
De esta manera, la educación y la atención sanitaria se han convertido en tabúes para las mujeres, y por la calle las mujeres sólo pueden mostrarse en compañía de un hermano, el esposo o el padre. Olvidémonos, pues, de que a las mujeres se les permita o puedan dar su opinión en la vida pública. 
Esto es una flagrante violación de los derechos de las personas- y por tanto también de los derechos de las mujeres -, que se ha convertido en una práctica cotidiana en el territorio de Afganistán, donde los talibanes llevan la batuta. 
No hay ningún otro país en el mundo donde esta forma de violación de los derechos humanos sea tan amplia como en Afganistán. 
Pero los talibanes son de hecho una partida de vulgares bandidos, fanáticos del poder, que persiguen el control completo de la sociedad y mantienen el régimen con el tráfico internacional de heroína. 
Así pues, todo esto no tiene nada, pero absolutamente nada que ver, con la religión. 
Debemos ser conscientes de que las mujeres de Afganistán han conocido mucha más libertad en el pasado reciente y que esto ha alcanzado a todas las mujeres en todas las capas sociales de la población. 
¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional si hubiera algún país en este mundo donde las mujeres reprimieran a los hombres del mismo modo que lo hacen los talibanes con las mujeres en Afganistán? 
Es impensable que eso fuera tolerado en modo alguno. 
Presidenta, sobre todo quiero señalar el artículo 11 de la resolución, porque el régimen de los talibanes se mantiene entre otras cosas en el poder gracias a cierto número de países que reconocen este régimen. Con esos países mantenemos nosotros, la Unión Europea, relaciones políticas y económicas sin demasiada dificultad. 
Hay que poner fin a eso. 
La ayuda humanitaria debe continuar, sobre todo ahora que las consecuencias del terremoto son tan evidentes. 
Pero tenemos que aislar al régimen. 
Señora Presidenta, como mujer- y usted lo sabe -, estamos acostumbradas desde hace siglos a sufrir discriminaciones de todo tipo. 
La imaginación que algunos hombres, ideologías y regímenes han desarrollado desde hace miles de años para vejar a las mujeres, individual o colectivamente, es digan de figurar en el libro de los récords. 
Pero el trato que da a las mujeres el odioso régimen de los talibanes de Afganistán, ese país que durante decenas de años ha estado sometido a la ocupación por parte de la Unión Soviética, sobrepasa los límites de la imaginación en este final de siglo XX. 
Lamentablemente, no nos hacemos demasiadas ilusiones sobre las consecuencias directas de la iniciativa que hemos lanzado desde la Comisión de Derechos de la Mujer, conjuntamente con la Comisión de las Comunidades, de cara al Día Internacional de la Mujer. 
Queremos aprovechar esta celebración del 8 de marzo para sensibilizar a la opinión pública del desamparo de las mujeres afganas, a las que el régimen de los talibanes priva de los derechos humanos más elementales. 
Al privar a las mujeres de la libertad de movimiento, la libertad de expresión, del acceso a la educación y a la asistencia sanitaria básica, los talibanes convierten a las mujeres afganas en los seres humanos más desprotegidos, los más dignos de lástima, los más desgraciados de este mundo, y bien sabe Dios que en este mundo hay miles de otras mujeres que sufren discriminaciones, pero no hasta este punto. 
No podemos callar ante tanta miseria. 
Debemos denunciar este odioso régimen y debemos intentar encontrar el medio de encaminar la ayuda humanitaria, en particular a las mujeres afganas, sin que ello pueda interpretarse como reconocimiento del régimen de los talibanes. 
Queremos que ellas sepan que no están solas en su oposición, tan difícil y peligrosa. 
Habiendo vivido las monstruosidades de la ocupación nazi durante la II Guerra Mundial, conozco perfectamente el valor que los oponentes a un régimen como éste atribuyen al apoyo moral. 
Que sepan las mujeres afganas que sufrimos, que luchamos con ellas y que juntos, conseguiremos liberarlas de un régimen cuyos responsables no merecen el calificativo de seres humanos. 
Señora Presidenta, ¿cabe imaginarse que una mujer no pueda trabajar, porque ganarse la vida va en contra de la ley? 
Imagínense que tuvieran que decir a su hija que no puede ir al colegio. 
Imagínense que tuvieran que vivir en una casa en la que las cortinas deben permanecer corridas y las ventanas cerradas. 
Imagínense que dejaran de tener derecho a recibir asistencia médica. 
Imagínense que las mujeres sólo sirvan para tener hijos. 
Quisiera dirigirme a las mujeres afganas, que son el blanco de un régimen de apartheid sin precedente en la historia de la humanidad y que actualmente se ven privadas de los derechos humanos más elementales. 
Cuando la comunidad internacional se dispone a celebrar el 50 aniversario de la Declaración universal de los derechos humanos, hablar de estas mujeres equivale a adoptar una doble óptica, una para uno mismo y otra para los demás. 
Si queremos ir más allá de la cooperación clásica, debemos conseguir que el tema de la mujer sea ineludible. 
Los interrogantes que plantea esta discriminación están en la raíz del debate sobre la visión del Derecho y del Estado de derecho. 
Quisiera expresar aquí mi solidaridad con las mujeres afganas, que a pesar de la opresión de la que son víctimas y de las amenazas incalificables de los talibanes, no cesan de manifestarse en contra de la violación de sus derechos fundamentales y en favor de su derecho a existir, sencillamente. 
Señor Presidente, ya se han oído muchas cosas. 
Conocemos la situación en la que se encuentran en este momento las mujeres que han tenido la mala suerte de nacer y vivir en Afganistán. 
Este debate se lleva a cabo un poco antes de la fiesta del día de la mujer. 
En el marco de la Comisión de Derechos de la Mujer habíamos decidido tomar una iniciativa para las mujeres de Afganistán; pero creo que el movimiento que se desarrolla aquí es muy correcto. 
El día de la mujer se aproxima, sabemos que todos los años festejamos con manifestaciones, con o sin contenido, hablamos de diversos temas que tantas veces quedan sin constancia. 
Por supuesto que cualquier cosa que despierte la opinión pública y cualquier cosa y que nos pueda llevar a la concienciación son importantes. 
En ese rincón del mundo están ocurriendo cosas espeluznantes que cuando tenemos oportunidad llevamos a debate, luego se nos olvidan y después vuelven a la luz y el destino de las mujeres de Afganistán sigue siendo el peor destino que pueden tener las mujeres oprimidas en todo el mundo. 
La iniciativa de la Comisión es digna de mención y el lema " una flor para las mujeres de Kabul» es muy bonito y muy romántico. 
Pero debemos cuestionarnos cuáles son nuestras responsabilidades- en un sentido muy amplio- ante ese problema. 
Porque muchas veces hablamos acerca de regímenes totalitarios, del destino de las personas que viven bajo dicho regímenes y muy pocas veces pensamos que muchos de dichos regímenes no existirían ni muchas de las torturas que sufren las personas que sufren en dichos países si los llamados países del mundo civilizado y libre no tuviesen una parte de responsabilidad en tales desgracias. 
Es un secreto a voces, se ha escrito en la prensa, no se ha desarrollado ninguna teoría que refute la suposición de que los Estados Unidos han jugado un buen y concreto papel para que los talibanes tomaran el poder. 
Las feministas en Estados Unidos intentaron bloquear últimamente las inversiones en ese país. 
Probablemente las feministas puedan dar una solución, porque muchas veces hablamos de los derechos humanos por una parte y otras muchas en el mundo libre hacemos lo que podemos para que esos derechos no florezcan. 
Señora Presidenta, Afganistán se ha convertido en un reto estratégico del panorama internacional, debido, en particular, a la proximidad de las reservas petroleras de Asia central. 
Esto explica la tolerancia, por no decir la complicidad, de los Estados Unidos, que han permitido que los talibanes se hicieran con el poder, con el apoyo de Pakistán. 
En aras de una interpretación oscurantista y completamente errónea del Islam, los talibanes imponen a las mujeres afganas todo tipo de discriminaciones y les niegan el derecho a llevar una vida normal. 
Las mujeres no tienen derecho a participar en la vida civil, no tienen acceso a la enseñanza ni a la asistencia sanitaria. 
No gozan de la menor libertad de movimiento ni de expresión. 
Para salir a la calle, están obligadas a llevar un velo que recuerda a los barrotes de una prisión, su ropa no es más que un yugo. 
Se le está demostrando un odio sin precedente. 
Esta situación es intolerable. 
Hay que desarrollar la acción para levantar el velo del silencio. 
Me alegra, por tanto, que el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, sea consagrado a las mujeres afganas, para dar testimonio de nuestra solidaridad y sensibilizar a la opinión pública internacional. 
Este 8 de marzo no deberá ser un último combate, sino el punto de partida de una campaña para expresar nuestro apoyo a las mujeres afganas que luchan por su libertad y su dignidad, aplicando a su manera la frase del poeta argelino Jean Senac: La vie traquée invente une autre vie [la vida acosada inventa otra vida]. 
Señorías, yo les ruego- sobre todo a los caballeros- que imaginen por un breve instante que en adelante se les prohibiera mostrar su rostro en público, que los jóvenes ya no pudieran asistir a la escuela, que no se les permitiera seguir utilizando los autobuses públicos, que sólo pudieran salir a la calle acompañados de su pariente más próxima y que ya no pudieran acudir tampoco a los servicios de salud. 
Precisamente esto es lo que les está ocurriendo a las mujeres afganas, un escenario espeluznante que les han impuesto las milicias talibanes que gobiernan en Kabul. 
Al amparo del fanatismo religioso, se priva a las mujeres de sus derechos humanos más básicos y los talibanes no tienen el menor reparo en echar por la borda con increíble brutalidad todas las convenciones internacionales y acuerdos humanitarios, con la financiación y el apoyo del tráfico internacional de heroína. 
Las mujeres de Afganistán están privadas del derecho de expresión y necesitan nuestra solidaridad. 
Ellas ponen en peligro su vida cada vez que intentan denunciar públicamente en el extranjero los atentados contra sus derechos más elementales. 
Las valientes rosas de Afganistán, como me gustaría llamar a esas mujeres, necesitan nuestra solidaridad, y el Parlamento Europeo, sobre todo las mujeres, da su apoyo a todas las organizaciones, todos los proyectos, que puedan mejorar la situación de las mujeres en Afganistán. 
El PE, el Consejo Europeo y la Comisión deben unir sus fuerzas y dedicar a las mujeres, que se ven doblemente afectadas y están doblemente necesitadas, una doble proporción de la ayuda humanitaria recién aprobada, en el marco de los 34 millones de marcos alemanes consignados. 
Los talibanes han prohibido a las mujeres el acceso a la ayuda exterior. ¡Esto es algo que no debemos aceptar! 
Este año, la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tendrá como un tema central la denuncia de los flagrantes atentados contra los derechos de las mujeres en Afganistán y la presión internacional sobre el Gobierno de Kabul. 
Es preciso acabar con la dictadura de los mullahs. 
¡Tenemos que eliminar del escenario mundial la pesadilla del apartheid sexual! 
Señora Presidenta, el caso afgano obliga a ulteriores reflexiones además de las que se han hecho hasta ahora. 
Con frecuencia, cuando abordamos las problemáticas de los países en desarrollo, incurrimos involuntariamente en un error de perspectiva, ya que hemos pasado de una crítica hipervaloración de la civilización occidental y de sus valores a una igualmente crítica aceptación de todo lo que acontece fuera de Europa y ello por un mal entendido sentido de respeto de la cultura de los demás. 
Ahora bien, existen unos valores de Occidente que en realidad pertenecen a toda la humanidad: el Estado de derecho, la democracia, el respeto de los derechos humanos y, en este caso, sobre todo los de la mujer. 
No podemos aceptar, en consecuencia, la falta de respeto de estos principios por parte del actual régimen de Kabul, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos de la mujer. 
La tolerancia y el reconocimiento de los demás son, no hay que olvidarlo, patrimonio común de las tres grandes religiones monoteístas y, por lo tanto, también de la religión islámica, cuya interpretación distorsionada no puede servir para justificar ningún acto político o de otra índole contrario a dichos principios. 
Señora Presidenta, Señorías, como saben ustedes, la Unión Europea, preocupada por la prolongada guerra civil en Afganistán, ha emitido recientemente una posición común que refleja sus preocupaciones sobre la lucha en curso, el mantenimiento de la inestabilidad en la región, la situación de los derechos humanos en el país, las drogas y el terrorismo procedentes de Afganistán. 
Tal como puede verse en la posición común, la Unión Europea quiere garantizar la no discriminación por razón de sexo y que la concesión de la ayuda se haga con arreglo a las necesidades de la población más vulnerable. 
Ante una eventual discriminación en proyectos nuevos o en curso, la Comisión optará por detener dichos proyectos. 
En relación con la situación de las mujeres, la Comisión es firmemente partidaria de un enfoque coordinado con los demás donantes para crear un incentivo suficiente. 
A este respecto, la posición de la Comisión Europea es la siguiente: recientemente, Angela King, Secretaria General adjunta de las Naciones Unidas y asesora especial para las mujeres, ha visitado Afganistán, y su informe acaba de publicarse. 
La Comisión propone que toda posición sobre esta sensible cuestión se ajuste a las directrices expuestas en este informe. 
No es que renunciemos como Comisión a tener nuestra propia visión del problema de Afganistán y, particularmente, del problema de la situación de las mujeres, pero entendemos que, teniendo en cuenta la situación del país- la guerra- es mucho mejor concentrar todo en base a las directrices que acaban de ser presentadas por las Naciones Unidas. 
La Comisión Europea acoge favorablemente la solidaridad mantenida por el Parlamento respecto a la situación de las mujeres en Afganistán, así como su apoyo a la campaña del 8 de marzo «Una flor para las mujeres de Kabul» , que organiza con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 
Por lo que respecta a las drogas, problema muy sensible, la heroína y la adormidera constituyen en este momento una preocupación mayor de toda la sociedad, porque es cierto que en Afganistán se está extendiendo enormemente el cultivo de la adormidera, precisamente para la fabricación de heroína. 
Sin embargo también nosotros, junto con el Parlamento, compartimos las dudas respecto a la viabilidad del programa de sustitución de cultivos a gran escala propuesto por el PNUCID (Programa de las Naciones Unidas para el control internacional de la droga). 
Y no es que la Comisión Europea esté en contra del desarrollo alternativo, lo estamos practicando en otras partes del mundo- en el Mediterráneo con Marruecos, por ejemplo, en América Latina, en Bolivia, en Colombia, en el Perú-. 
Estamos de acuerdo con los desarrollos alternativos pero no nos parece en este momento que la situación de Afganistán, tal y como se encuentra, en guerra, sea susceptible de aplicar un programa de desarrollo alternativo para luchar contra el cultivo de la adormidera a menos que cambiaran radicalmente las cosas en este país. 
En cuanto al terremoto de la provincia de Tajar, se está trabajando vía ECHO y a través de operaciones de urgencia con la Cruz Roja y Médecins sans Frontières (Bélgica) , y cuando se tenga un poco más de horizonte y de luz, la Comisión no tendría ninguna dificultad en proceder a trabajos de rehabilitación. 
Y en lo que concierne a alguna de las cuestiones que planteaban sus Señorías, en este momento, el plan global de ayuda humanitaria a Afganistán para 1998 asciende a 17 millones de ecus. 
Esta va a ser la línea de trabajo que va a seguir la Comisión y, naturalmente, para responder a algunas de las cuestiones expresadas, somos conscientes de que la situación en Afganistán es muy difícil. 
Y, finalmente, por qué engañarse, lo que ocurre en Afganistán, como en otros conflictos, responde a una nueva geopolítica, a una serie de intereses que están convergiendo, que tienen que ver con la droga, el terrorismo y la discriminación, pero que también tienen que ver con la posición geopolítica de Afganistán, fundamentalmente, para eventuales proyectos de gas y petróleo. 
Ustedes entenderán perfectamente lo que quiero decir: la guerra fría en esa parte del mundo ha sido sustituida por una guerra de intereses. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0184/98 del Sr. Bertinotti y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la tragedia del monte Cermis; -B4-0187/98 del Sr. Dell ' Alba, en nombre del Grupo de ARE, sobre la tragedia del monte Cermis; -B4-0209/98 del Sr. Bianco y otros, en nombre del grupo del PPE, sobre el accidente del monte Cermis; -B4-0210/98 de los Sres. Azzolini y Santini, en nombre del Grupo UPE, sobre el accidente provocado en Italia por un avión militar norteamericano; -B4-0221/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del ELDR, sobre la catástrofe de Cavalese; -B4-0243/98 de la Sra. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los V, sobre la tragedia del monte Cermis; -B4-0250/98 del Sr. Colajanni y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la muerte de 20 personas provocada por un avión de los Estados Unidos en Cavalese (Italia). 
Señora Presidenta, señor Comisario, la tragedia del monte Cermis fue una tragedia ampliamente anunciada. 
Anunciada a través de las múltiples denuncias de las autoridades locales que, en reiteradas ocasiones, habían denunciado la peligrosidad de los juegos aéreos que partían de la base de Aviano y que, a través de los valles de la región de Trento, demostraban la habilidad de los pilotos de la base estadounidense que trataban de pasar con sus aviones por debajo de los puentes, los cables eléctricos y, por desgracia, de los cables del teleférico. 
Antes o después debía suceder un accidente y así ha sido. 
Ahora se plantea un problema de fondo que es el del sentido de las bases de una potencia extranjera en el territorio de un Estado miembro de la Unión. 
A mi entender, esto deberá ser objeto de debate. 
Se plantea, sin embargo, un problema inmediato: hay que impedir, enseguida, que se repitan los vuelos militares a baja altura y es necesaria asimismo una modificación de las normas que regulan los vuelos militares. 
Estos, en mi opinión, deben efectuarse en zonas específicas, bien delimitadas y, al menos, sobre territorio no habitado. 
Deseo someter a la atención del señor Comisario un último punto, un punto respecto al cual sería oportuno un dictamen o incluso una iniciativa de la Comisión. 
Considero que es necesario tratar de que los Estados Unidos renuncien a su fuero propio en el juicio por la tragedia mortal y permitan que dicho juicio pueda celebrarse, y cuanto antes, en Italia. 
Me permito recordar que las víctimas de esta tragedia pertenecen a seis países europeos, cinco de ellos de la Europa comunitaria. 
Ahora bien, creo que sería inadmisible que, después de una tragedia de esta magnitud, al menos, no se establecieran las responsabilidades en todos sus términos. Obviamente, no por venganza o castigo, sino con objeto de que sirva para que dichas tragedias no vuelvan a repetirse en el futuro. 
Señora Presidenta, deseo comunicar al Sr. Pettinari que, tan sólo hace unos minutos, me he enterado a través de una noticia de agencia de que esta mañana la magistratura italiana ha pedido formalmente poder disponer del dossier, solicitando en cierto modo a los americanos su renuncia a la aplicación de las normas del Convenio de Londres. 
Si fuera así, es mi intención, de acuerdo con los demás autores de las resoluciones, presentar una enmienda oral para tomar nota de este importante hecho a las 17.30 horas. 
Siguiendo la misma línea del colega que me ha precedido en el uso de la palabra, deseo manifestar que- y no sé hasta qué punto la Comisión puede ayudarnos desde este punto de vista- unas disposiciones que en 1951, en plena guerra fría, podían justificarse- una especie de extraterritorialidad, parecida a la de la Iglesia en la Edad Media y en otras épocas- hoy parecen realmente obsoletas e incluso constituyen una ofensa para las víctimas y para las magistraturas que gozan de todas las facilidades para investigar e impartir justicia cuando, a todas luces, se trata de acrobacias aéreas en la mayoría de los casos y no de exigencias realmente militares. 
Señora Presidenta, a pesar de que ya se ha dicho, deseo reiterarlo: veinte ciudadanos inocentes de nacionalidad alemana, belga, italiana, polaca, austriaca y holandesa, que se hallaban en una centro turístico italiano, Cavalese, para pasar algunos días de reposo y asueto, perdieron la vida el pasado 3 de febrero a raíz de un accidente provocado durante un entrenamiento militar de un avión estadounidense con base en Aviano, que seccionó los cables del teleférico del monte Cermis causando la tragedia. 
La propuesta de resolución presentada no sólo sirve para expresar nuestro pésame a los familiares de las víctimas, sino también para someter a la atención del Parlamento Europeo cuestiones que incluyen la investigación de las causas, la verdad y el respeto de los reglamentos internacionales que regulan los entrenamientos de los vuelos civiles y militares. 
Al recordar lo que recalcaron las autoridades locales de Trentino-Alto Adigio con respecto a la peligrosidad de los vuelos militares en los entrenamientos rasantes sobre el territorio de los valles de Trentino-Alto Adigio, así como a la necesidad de la prohibición de los mismos, a través de la propuesta de resolución se pide a las autoridades civiles y militares de los Estados Unidos que cooperen plenamente en la investigación abierta para establecer las causas y las responsabilidades, mediante la utilización transparente de todas las fuentes de información y medios de prueba. 
Se pide asimismo un nuevo acuerdo entre los Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea, interesados en el ámbito de la OTAN en los procedimientos de seguridad con la prohibición absoluta de vuelos militares de baja altura en las zonas que conllevan un fuerte riesgo para la integridad de las poblaciones civiles. 
Señora Presidenta, cuando se produce una tragedia en la que muchas personas pierden la vida, la comunidad internacional se queda atónita, se conmueve y, con frecuencia, se pone en marcha para llevar ayuda. 
Cuando además la tragedia es absurda como la del monte Cermis, la primera reacción es de rabia y de incredulidad. 
No existe ninguna razón que justifique lo que sucedió el pasado el 3 de febrero en Calavese en Trentino-Alto Adigio, donde, por desgracia, se han demostrado una vez más las terribles consecuencias que puede acarrear la estupidez de los seres humanos cuando es aplicada a medios sumamente potentes, construidos para nuestra defensa, pero capaces de convertirse, si se utilizan mal, en instrumentos de destrucción. 
En Cavalese, un avión militar de los Estados Unidos, probablemente por un descabellado juego realizado por sus ocupantes, volaba a pocos metros del suelo a una velocidad descabellada, en una zona dedicada al turismo deportivo y haciéndolo seccionó los cables de un teleférico provocando que se estrellasen contra el suelo una cabina y sus desafortunados ocupantes. 
El mío, quede claro, no pretende ser un acto de acusación contra las fuerzas de la Alianza Atlántica, a las que, por el contrario, hay que reconocer el mérito histórico de haber defendido el mundo libre cuando el planeta estaba dividido en bloques y de seguir haciéndolo actualmente. 
Sin embargo, no se puede tolerar que puedan producirse accidentes absurdos y trágicos como el del monte Cermis, debidos en el mejor de los casos a una atroz ligereza y en el peor, como ya he señalado, a una estupidez dolosa. 
Por eso, el Grupo de Unión por Europa apoya la resolución de compromiso sometida hoy a la atención del Parlamento y confía en que a la misma, caso de ser aprobada, le sigan actos concretos con objeto de que se realice lo que en ella se preconiza. 
Señora Presidenta, un suceso como el accidente mortal del monte Cermis, debe condenarse con extrema firmeza. 
Ninguna consideración política puede ser superior a la protección de la vida humana que toda acción política y, por lo tanto, toda fuerza armada tiene el específico deber de servir. 
Es por esto que las autoridades estadounidenses deben colaborar, a través de todos los medios a su alcance y empleando todas sus energías, con las autoridades italianas con objeto de que se aclare lo sucedido. Deseo subrayar que esta necesidad se refuerza todavía más por el estatus de gran potencia que ostentan los Estados Unidos de América. 
En realidad, la verdadera grandeza no se mide en términos militares, sino ante todo morales. Los Estados Unidos deben demostrar esta moralidad, de la que tantas veces se han erigido en interesados paladines. 
Señora Presidenta, creo que nadie puede olvidar, como han subrayado los colegas que han intervenido antes que yo, que el incumplimiento de las normas previstas y establecidas para los entrenamientos militares aéreos ha causado una gravísima tragedia. 
Dicha tragedia, sin embargo, pone en evidencia también otros aspectos, por ejemplo, el hecho de que, a pesar de que las autoridades de Trentino-Alto Adigio denunciaran en reiteradas ocasiones que los aviones sobrevolaban centros habitados a muy baja altura, al borde del suicidio y del homicidio- como, al final y por desgracia, se ha demostrado- dichos vuelos han seguido realizándose durante mucho tiempo. 
Los que nos deja perplejos es que no se hallara una solución, a pesar de que se venía denunciando la peligrosidad de este tipo de entrenamientos desde mucho tiempo atrás. 
Sin embargo, las soluciones existen, habida cuenta de que el entrenamiento puede realizarse en zonas oportunamente planificadas, zonas en las que no existe peligro para las personas y las cosas y que se consideran como aeródromos seguros. 
No obstante, no se ha hecho nada de todo esto. 
Es evidente, por tanto, que para salvaguardar la integridad física de las personas y de las cosas, es necesario que se establezcan normas rigurosas a escala europea o que se inste a los Estados a que lo hagan en lo referente al empleo de los aviones durante los entrenamientos. 
Este accidente pone de manifiesto otro aspecto, esto es, la cuestión de la soberanía limitada de los Estados europeos en los que hay bases de la OTAN o bases americanas. 
De hecho, no sólo dichas bases no dependen de la jurisdicción de los países de acogida, sino que incluso los presuntos delitos cometidos por el personal americano de dichas bases no entran en el ámbito jurisdiccional del país en los se han cometido, sino que su conocimiento corresponde a los jueces americanos. 
En consecuencia, pedimos firmemente la modificación del artículo 7 del Convenio de Londres que regula y establece las competencias jurisdiccionales. 
Señora Presidenta, la tragedia del teleférico del monte Cermis ha afectado ante todo a las familias de las víctimas y ciertamente su dolor no encontrará alivio en nuestras palabras. 
Nuestro deseo, obviamente, es que les pueda llegar, al menos, un mensaje de respeto por la desgracia que han sufrido. 
La tragedia ha afectado a Trentino-Alto Adigio, provincias en las que los entrenamientos militares habían suscitado protestas desde hacía tiempo que, por desgracia no habían sido escuchadas. 
Últimamente, los ciudadanos, alcaldes y concejales, así como los diputados nacionales habían señalado los riesgos que entrañaban. 
Qué duda cabe de que todos sabemos que la mayor parte de estos entrenamientos estaban relacionados con la misión de paz en Bosnia, por lo que en los pasados años nuestra comprensión se dirigía a los pilotos y soldados que garantizaban el éxito de dicha misión. 
Las protestas, sin embargo, eran justas, teniendo en cuenta el alto riesgo y, por lo tanto, eran necesarias y urgentes nuevas reglas para los entrenamientos. 
Quien antes hizo oídos sordos, pecó como mínimo de soberbia y vanidad, actitudes que difícilmente van de acuerdo con el respeto de la vida de los ciudadanos, de todos los habitantes de Bosnia, de los pilotos de los aviones, de los habitantes y turistas de los valles de Trentino-Alto Adigio. 
Señora Presidenta, la tragedia ha afectado especialmente a la población de mi provincia, Bologna, porque hace siete años, un avión militar averiado, abandonado por el piloto, se precipitó sobre una escuela y provocó la muerte de 12 jóvenes y heridas a otros 60. 
Era el 6 de diciembre de 1990, señora Fontaine. 
Usted ya no se acuerda, pero estábamos juntos en Israel. 
Acabábamos de visitar el Museo de Yad Vashem, cuando el Embajador de mi país me llamó por teléfono para comunicarme la noticia. 
Precisamente unos días antes de la tragedia del monte Cermis, los tres presuntos culpables del accidente de Bolonia, fueron absueltos definitivamente, ya que los jueces consideraron que el hecho no constituía delito. 
Señorías, es embarazoso encontrarse con los padres que perdieron a unos hijos culpables sólo de estar en la escuela y decirles que se ha hecho justicia. 
Las propuestas que figuran en la resolución y que vamos a aprobar como Grupo, tienen esta finalidad, esto es, evitar que se repita el ritual que termina con las palabras: no hay culpables. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, me parece muy bien que el Parlamento Europeo se pronuncie con motivo del accidente en Cavalese, porque no sólo deberán adoptarse nuevas normas más estrictas, sino que también las normas existentes- así resulta de una investigación hoy en curso- tampoco se han seguido. 
La tripulación puede decir que comparte el dolor de los parientes de los fallecidos y puede explicar- cito- que ellos nunca harían nada para poner en peligro de manera intencionada la vida de otros; hoy se ha demostrado irrefutablemente que el avión no ha respetado normas elementales. Volaba apenas a 150 metros de altura cuando la máxima altura o mínima altura permitida era de 300 metros, o incluso 600 metros, según la reglamentación italiana. 
Además, testigos oculares han declarado que este avión estaba realizando una especie de joy riding y la población local lleva años quejándose amargamente de la molestia real de ese tipo de aviones. 
También ha resultado que el piloto volaba con mapas topográficos del ejército norteamericano- en los que ni siquiera el telesilla estaba indicado- en lugar de utilizar los mapas topográficos del ejército italiano, donde ese telesilla sí que aparece. 
Hablemos de pretensión. 
De todo esto, Señorías, sólo podemos sacar las siguientes conclusiones. Las autoridades norteamericanas deben colaborar desde ahora y hasta siempre con la justicia italiana, y eso en un clima de gran franqueza, de otro modo la investigación no puede progresar. 
Los ejercicios de vuelo militares a baja altura deben prohibirse si existe peligro para los ciudadanos. 
Deberán adoptarse normas más estrictas para todas las unidades de las fuerzas aéreas en cualquier parte de Europa. 
Por último, la justicia local italiana en este caso deberá estar autorizada para poner como ejemplo los datos completos de la investigación y además para sentar la jurisprudencia necesaria. 
El accidente ya es lo suficiente dramático en sí, y sería aún más dramático si no quisiéramos sacar de lo ocurrido las conclusiones adecuadas. 
Señora Presidenta, deseo presentar la más sentida condolencia de Alianza Nacional por las víctimas de la tragedia del monte Cermis y denuncio a los chacales e intelectuales a destajo que hacen grandes alardes de antimilitarismo aprovechado cualquier ocasión para soltar sus sentimientos y sermones contra las Fuerzas Armadas que también nosotros estamos convencidos de que son inútiles y obsoletas si no se reforman y siguen sin funcionar como sucede hoy en Italia. 
Nos preguntamos, sin embargo, por qué los valles de Trentino-Alto Adigio han llegado a convertirse en teatro de exhibiciones de aviones militares supersónicos que vuelan a muy baja altura, es más legitimados por las autorizaciones del Ministerio de Defensa, sin que nuestras autoridades intervengan, a pesar de las protestas de las poblaciones y de las autoridades locales. 
Obviamente, pedimos que las autoridades americanas colaboren con la magistratura italiana para establecer las responsabilidades y castigar el incumplimiento de las normas de seguridad que, de otro modo, habrían evitado la tragedia. 
Nos parece que es necesaria la intervención del Consejo para otorgar mayor autoridad a los Gobiernos de los Estados miembros con objeto que se respeten las normas previstas en los reglamentos en vigor, a fin de que los entrenamientos militares no pongan en peligro la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, Señorías, me encuentro en una situación difícil porque, naturalmente, la Comisión Europea comparte con los señores diputados el dolor por las víctimas y comprende también la irracionalidad del accidente, que no debe repetirse. 
Pero, como ustedes saben, la Comisión carece de competencias en esta materia para instrumentar gran parte de las medidas que ustedes solicitan en su resolución. 
No obstante, en la medida de nuestras posibilidades, las haremos llegar a las dos partes- el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno italiano- al objeto de que, por lo menos, se concedan las justas compensaciones a las víctimas y, naturalmente, en lo que concierne al uso de la base de Aviano, que es una base de la OTAN y que, en consecuencia, escapa también a la competencia comunitaria, para que se revisen todos los planes de vuelo a baja altura. 
Dicho esto, nosotros pensamos que la mejor solución es que la Magistratura italiana establezca los hechos, las responsabilidades de los hechos, y determine qué tipo de actuación deberá llevarse a cabo de cara al futuro. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Irán- B4-0196/98 de la Sra. Roth y el Sr. Gahrton, en nombre del Grupo de los V, sobre Irán; -B4-0213/98 del Sr. Friedrich y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre la anulación a muerte en Irán del ciudadano alemán, Sr. Helmut Hofer; -B4-0222/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Irán; -B4-0229/98 de los Sres. Pasty y Van Bladel, en nombre del Grupo UPE, para salvar la vida del hombre de negocios alemán, Sr. Helmut Hofer; -B4-0234/98 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Irán; -B4-0242/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de ARE, sobre la violación de los derechos humanos en Irán; -B4-0244/98 del Sr. García Arias, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Irán; 
Mauritania- B4-0188/98 del Sr. Pradier y otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la condena de militantes de los derechos humanos en Mauritania; -B4-0193/98 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los V, sobre Mauritania; -B4-0212/98 del Sr. Stasi y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre la detención de militantes de los derechos humanos en Mauritania; -B4-0224/98 del Sr. Fassa y otros, sobre la detención de militantes de los derechos humanos en Mauritania; -B4-0232/98 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la detención de militantes de los derechos humanos en Mauritania; -B4-0236/98 de los Sres. Pettinari y Carnero González, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el respeto de los derechos humanos en Mauritania; -B4-0255/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del PSE, sobre la detención de militantes de los derechos humanos en Mauritania; 
Chile- B4-0194/98 del Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo de los V, sobre la situación en Chile en vísperas del nombramiento del exdictador Augusto Pinochet como senador vitalicio; -B4-0214/98 del Sr. De Esteban Martín y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre el nombramiento del General Pinochet para el cargo de senador vitalicio en Chile; -B4-0235/98 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Chile; -B4-0246/98 de los Sres. Pons Grau y Howitt, en nombre del Grupo del PSE, sobre el próximo nombramiento del exdictador Pinochet como senador vitalicio; 
Schroedter y Gahrton, en nombre del Grupo de los V, sobre las detenciones arbitrarias en Bielorrusia; -B4-0256/98 de los Sres. Dupuis y Dell ' Alba, en nombre del Grupo de ARE, sobre la detención de un escolar, de estudiantes y de otros militantes de los derechos humanos en Bielorrusia; 
Congo- B4-0231/98 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la detención de Étienne Tshisekedi en la República Democrática del Congo. 
Irán 
Señora Presidenta, yo me sumo a la declaración de la Presidencia británica del Consejo en el sentido de que la fatwa contra Salman Rushdie debe considerarse nula y sin valor, dado que atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también ilegal, pues constituye un intento de injerencia en la soberanía nacional. 
Además, quiero añadir que, en nombre de mi Grupo político, yo solicito que la suspensión del diálogo crítico con Irán. 
Un diálogo exige como requisito previo que ambos interlocutores partan de una base común. 
Entre quienes son conscientes de su compromiso con la tradición de los derechos humanos y con una tradición religiosa uno de cuyos mandamientos principales dice: " ¡No matarás! » y quienes instigan al asesinato de escritores o quieren obligar a un prisionero a acatar una religión bajo amenazas de muerte, no hay lugar para el diálogo, sino sólo para la condena sin paliativos. 
Señora Presidenta, la violación del derecho penal en Irán provoca cada vez más nuestra repulsa. 
Nosotros como europeos respetamos, con razón creo, el islam o la cultura musulmana, pero el islam político, tal y como nos llega cada vez con más frecuencia desde Irán, perjudica la reputación de esa cultura musulmana y perjudica a mi modo de ver también la posición respetable de los musulmanes dentro de la Unión Europea. 
Por esa razón quisiera decir que tengo toda la comprensión para con las personas que se exasperan con aquellos que traspasan los límites de las buenas maneras o que faltan el respeto adrede a la religión de los demás, pero el castigo que se da entonces desde un Estado, es a decir verdad desmesurado. 
Estamos pensando naturalmente en Salman Rushdie- se acaba de mencionar -, que es gravemente perseguido incluso en el extranjero. 
Eso sobrepasa las fronteras en sentido literal. 
La pena que amenaza con imponerse a Helmut Hofer, que no respeta las buenas costumbres en Irán, naturalmente también está fuera de toda proporción. 
La condena de un editor, que publica cosas que no son agradables al Gobierno, es otra vez un fenómeno parecido, del que se puede decir que un país que ha firmado la carta de las Naciones Unidas no debería poder proceder a una condena así. 
Pienso también en los 99 bastonazos a la señora relacionada con el incidente de Helmut Hofer. 
Realmente es del todo desproporcionado para un Estado culto proceder de tal modo. 
El hecho de que Irán, por lo demás, esté dispuesta a la crítica educada y a un llamamiento apremiante para dar marcha atrás, puede comprobarse con la puesta en libertad del redactor Faraj Sarkouhi. 
Desde este Parlamento creo que debemos apelar de nuevo educada y apremiantemente al Gobierno iraní para que vuelva atrás en una decisión que según nosotros sólo puede ser perjudicial para la cultura musulmana y su reputación en Europa. 
Señora Presidenta, la elección de Khatami como presidente prometía mucho en principio. 
Al menos, públicamente se pronunciaba sobre la necesidad de reforma y democratización. 
Pero cuando no se tiene nada, es muy difícil medir lo lejos que va una reforma o una democratización así. 
Él recibió de la Unión Europea, y no gratis, voces de aliento para llevar a la práctica su idea. 
Las acciones del régimen iraní resultan en este momento, sin embargo, ir por otro lado. 
La confirmación oficial, el Sr. Oostlander lo ha dicho con razón, de la fatwa contra Salman Rushdie y las propuestas para elevar el precio de su cabeza por si fuera poco, son claras indicaciones de ello. 
Hay que estar vigilante y las relaciones políticas interiores deben seguirse cuidadosamente. 
La Unión Europea debe, desde luego, manifestarse con todas sus fuerzas en contra de las violaciones de los derechos humanos en Irán, eso ya lo sabemos, y eso es echarle una mano a las fuerzas partidarias de la reforma en el país. 
La atención internacional también es necesaria para los casos individuales, como se menciona en nuestra resolución, para que ésta quizá pueda salvar las vidas de ciudadanos. 
Presidenta, el redactor de Iran News, un ciudadano alemán, una mujer iraní y un escritor son amenazados de muerte en un país de una civilización milenaria en donde la dictadura religiosa impone la ley. 
Algunas consideraciones al respecto, Presidenta. 
El redactor de Iran News no ha tenido un juicio público. 
¿Cómo se puede amenazar con la ejecución a una persona, casualmente a un ciudadano europeo, porque ha comenzado a sentir amor por una mujer? 
En la fase final del Gobierno anterior en Irán se declaró en relación con Rushdie que el Gobierno no encargaría ninguna ejecución. 
Durante mucho tiempo se ha intentado propagar esto como un paso positivo en el llamado «diálogo crítico» que nunca ha representado nada. 
Pero ahora se ha dicho muy claramente que la fatwa para Rushdie es irrevocable y hay incluso noticias de que ha subido el precio por su cabeza. 
Si usted sabe también, Presidenta, que el actual presidente Khatami fue durante nueve años el ministro de Cultura, bajo cuya responsabilidad cae la decisión de la fatwa contra Rushdie, entonces hay que cuestionar seriamente el llamamiento que este mismo hombre, Khatami, hace ahora como presidente para mantener un diálogo y una distensión en el terreno cultural. 
Si los funcionarios oficiales del Gobierno comparan además el asunto de Rushdie con las declaraciones hechas por Roger Garaudy, que niega el genocidio de seis millones de judíos, entonces podemos constatar que estamos muy lejos de cualquier distensión con el régimen iraní dentro de ese mismo régimen. 
Todos estos casos horribles tienen lugar en un país que puede ofrecer gigantescas perspectivas económicas. 
Aparte de la ley d ' Amato, totalmente aparte de ella, por la que la UE se siente especialmente frustrada y severamente impedida, aparte de esa ley, uno se puede preguntar si se debe invertir en una dictadura así. 
Se nos hace ver que la historia que el Gobierno cuenta es para el consumo dentro del país, y que para el consumo exterior se cuenta otra historia. 
Pero ¿cuál es entonces el verdadero rostro de Irán? 
Con tanto petróleo en el jardín, la producción de misiles de largo alcance, la exportación de terrorismo y totalitarismo religioso, bueno, Presidenta, el verdadero rostro de Irán no me tranquiliza en absoluto. 
Si Irán, en efecto, tiene buenas intenciones y ese buen signo de la puesta en libertad de ese editor significa realmente algo, entonces está empezando con nosotros un diálogo concreto, paso a paso, y la resolución de hoy en la que pedimos que no se lleve a cabo la ejecución de estas personas, podría ser ya un buen ejemplo de ello. 
Señora Presidenta, señor Comisario, por enésima vez nos vemos obligados a abordar casos de violación de los derechos humanos en Irán. 
En cierto modo, todos nos habíamos forjado la ilusión de que el nuevo régimen de Khatami nos habría evitado esta necesidad. Se trataba realmente de una mera ilusión. 
La realidad es dramáticamente distinta. 
Sólo en los últimos meses se han llevado a cabo decenas de ejecuciones en Irán. 
La lapidación no es sólo una condena a muerte, sino algo más, un método bárbaro e inadmisible para cualquier sociedad civilizada. 
Una de estas condenas a lapidación se ha ejecutado contra una joven que una hora después de ser lapidada seguía respirando para luego fallecer en el hospital. 
Como ya se ha dicho, hace unos días fue condenado a muerte Morteza Firouzi, editor de Iran News. 
También fue condenado a la pena capital con sentencia de primera instancia el ciudadano Helmut Hofer. 
Otra barbarie, que ya ha sido mencionada, son los 99 latigazos infligidos a una joven considerada culpable de haber mantenido relaciones sexuales con un ciudadano alemán. 
Por último, se ha confirmado la condena a pena de muerte del Sr. Rushdie e incluso se ha aumentado la recompensa por su muerte. 
Creo que estos sucesos demuestran que en la actualidad el régimen iraní no ofrece ninguna garantía, no tanto desde el punto de vista de la democracia, sino desde el de los valores mínimos de la civilización humana. 
Creo que el Consejo y la Comisión deben ejercer todas las presiones necesarias a todos los niveles, a fin de que, al menos, se garantice un mínimo nivel de civilización. 
Señor Comisario Marín ¿no le parece que debería supeditarse a este nivel mínimo de civilización el diálogo crítico que la Comisión había justamente impulsado y que quizás sería necesario revisar? 
Señora Presidenta, usted es una mujer y le consulto como tal. 
¿Quién habría pensado que el amor se convertiría en tema político que justifique la intervención de nuestro Parlamento? 
Un hombre y una mujer mantienen relaciones íntimas y henos aquí que él es condenado a la pena capital, mientras que ella recibe 99 latigazos. 
Evidentemente, esta singular historia de amor se desarrolla en Irán; el hombre es alemán, la mujer es iraní, y aunque su amor era recíproco, todo indica, en cambio, que la complacencia que a menudo demuestran las autoridades alemanas con respecto a Teherán no es recompensada. 
Más allá de este caso ejemplar, el proyecto de resolución común recuerda con qué constancia y qué cinismo, el régimen iraní se mofa de los derechos humanos y continúa desafiando a la comunidad internacional, transgrediendo las reglas democráticas más elementales, que son la base de nuestro Derecho internacional público. 
Cuando creemos discernir una pizca de liberalización, un gesto de buena voluntad, un indicio de democratización, Teherán, mediante nuevas detenciones, nuevas fetuas y nuevas ejecuciones, se apresura a desmentir los pronósticos de los que se equivocan sobre la naturaleza de este régimen profundamente hostil a todos los valores del humanismo. 
Creo, personalmente, que no debemos conceder ninguna confianza a un poder tan poco seguro de sí mismo, que es capaz de condenar el amor como una subversión. 
Señora Presidenta, mis colegas de los distintos Grupos han reiterado la preocupación que tenemos todos. 
Lejos de haber mejorado la situación de los derechos humanos en Irán, todos tenemos la impresión de que está empeorando y de que, incluso a unas declaraciones de mano tendida de los países de la Unión Europea, el régimen iraní responde con provocaciones respecto a los dos ciudadanos europeos que se han mencionado aquí. Incluso en el caso del Sr. Rushdie amenazan incrementando la recompensa a quien lo ejecute en nombre del régimen iraní. 
Aquí se ha hecho mención de casos individuales, pero cuántos casos y cuántas situaciones desconoceremos, justamente por la situación de un régimen que no permite las reglas mínimas de democracia y de transparencia. 
A ellos deben ir nuestra solidaridad y nuestra preocupación, y me sumo también a las reflexiones que se han hecho aquí. 
Me parece que se ha agravado, en vez de mejorado, la situación de los derechos humanos y me parece, por lo tanto, que las instituciones comunitarias deben reflexionar seriamente y exponer las razones por las que creen que esta situación ha empeorado. 
A mí me da la impresión, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de que la situación ha empeorado, y creo que la reflexión respecto a nuestras relaciones políticas, llámese diálogo crítico o de otra manera, tiene que ser también revisada. 
Quiero hacer mención de algunas de las palabras de la Sra. van Bladel, porque creo que mezclar derechos humanos e intereses económicos o relaciones económicas no deja de ser un enorme cinismo, y nos quedamos en este Parlamento con la impresión de que esta reflexión- de que la situación no ha mejorado- debe llevar a una reflexión crítica sobre la política que llevan el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, el año pasado, cuando el Dr. Mohamed Jatami fue elegido presidente de Irán, en muchos ámbitos se supuso que habría una mejora sustancial en la actitud de ese país respecto a los derechos humanos. 
Es lamentable que esas expectativas no se hayan concretado, pues la influencia del ayatollah Alí Jamenei y de los sectores más fanáticos de la Guardia revolucionaria, cada día está más claro, continúa configurando la política del régimen sobre derechos humanos y el nuevo presidente, al parecer, está por entero de acuerdo con ella. 
Esto se demuestra claramente en la confirmación de la fatwa contra Salman Rushdie y en la sentencia de muerte por lapidación dictada contra el comerciante alemán Helmut Hofer, a la que ya se han referido muchos miembros de esta Asamblea. 
Por lo tanto, la conclusión debe ser que no ha habido mejoras en la situación de derechos humanos en la República de Irán. En algunos aspectos la situación está empeorando de verdad. 
Dadas estas circunstancias, es importante que el Parlamento reitere su llamada al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea para mantener y aumentar la presión sobre el régimen iraní en los temas relativos a derechos humanos. 
Todos los sectores de esta Asamblea lo han pedido y espero que la Comisión quiera responder positivamente a nuestro llamamiento de hoy. 
Señor Presidente, al tiempo que agradezco a todos los grupos que han tenido a bien aportar su apoyo a la iniciativa de la Coalición Radical Europea relativa a Mauritania, quisiera hacer algunas precisiones sobre esta resolución. 
Las autoridades mauritanas han manifestado su malestar porque, según ellas, nuestro texto denuncia la práctica de la esclavitud en Mauritania. 
Nuestro texto no dice nada de eso. 
Condena la esclavitud en general y, por el contrario, toma nota del hecho de que, según el Gobierno mauritano, la esclavitud ya no existe en aquel país. 
Ojalá que esas declaraciones se ajusten a la verdad. 
Y en cualquier caso, constatamos que ni la opinión pública mauritana ni los observadores extranjeros son unánimes al respecto. 
Por otra parte, si ha desaparecido la esclavitud, por qué rechazar la existencia legal y el derecho de expresión a las organizaciones que sólo quieren asegurarse de su desaparición efectiva y definitiva. 
Porque el objeto de nuestra resolución era precisamente defender este derecho de expresión, así como, en caso de persecuciones, el derecho de todos a tener un juicio justo. 
Está claro, en este caso, que los poderes públicos mauritanos, al perseguir a las personas que habían expresado su opinión en el marco de un programa de la televisión francesa, han querido y logrado que la Justicia reprima a los oponentes políticos y a los militantes de los derechos humanos, algo que revela claramente el autor de las incriminaciones mantenidas, a saber, la pertenencia a organizaciones ilícitas y la propagación de falsas noticias en el extranjero con fines políticos inconfesables. 
Está más claro que el agua. 
Personalmente, opino que, a través de su votación, nuestro Parlamento debe recordar con firmeza que todo Estado signatario del Convenio de Lomé debe acatar las reglas democráticas sobre las que descansa nuestra asociación, que al Gobierno mauritano le convendría renunciar a las persecuciones que ha emprendido y a las condenas que ha logrado y que la esclavitud bajo cualquier forma y en todo lugar debe ser objeto de una erradicación universal. 
Ahora, sólo compete a las autoridades mauritanas demostrar, mediante una actitud liberal, la veracidad de sus proclamas sobre este último punto. 
Presidente, Señorías, el 12 de febrero han sido condenadas cuatro personalidades mauritanas, personalidades todas ellas que militan en organizaciones en favor de los derechos humanos o en una organización que lleva el nombre de SOS Esclavage. 
Pero lo asombroso es que- y sobre esto quiero llamar la atención de sus Señorías- estas dos organizaciones están reconocidas y tienen el rango de observadoras en la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los pueblos de la Organización para la Unidad Africana. 
Si obtienen reconocimiento a ese nivel, eso significa que estas organizaciones están para algo. 
Lo único sobre lo que quiero llamar la atención en este debate es sobre la gravedad, la severidad de la pena que se ha impuesto en comparación con los hechos. 
Porque sólo uno de los cuatro ha hecho declaraciones en el programa en cuestión. 
Los demás ni siquiera. 
Sin embargo, han sido condenados a trece meses de prisión incondicional y a multas financieras muy elevadas. 
Efectivamente, esto levanta sospechas. 
Creo a las autoridades mauritanas cuando dicen que han abolido la esclavitud por ley, pero precisamente por eso han de estar interesadas en colaborar con todos aquellos que quieren ver también esta esclavitud eliminada en la práctica de los últimos rincones. 
Señor Comisario, ya ha transcurrido bastante tiempo desde que hablamos por última vez de Mauritania en el Parlamento y, entre otras cosas, esto se debe, lamentablemente, a que nos sentimos muy distantes de dicho país y en parte también ha quedado excluido de nuestra visión del mundo. 
Yo tengo el pleno convencimiento de que tenemos una gran parte de la responsabilidad, también en nuestra calidad de europeos, por la situación que actualmente existe en Mauritania. 
Evidentemente, los hechos que se denuncian en las propuestas de resolución de urgencia merecen una absoluta condena. 
Pero también deberíamos reflexionar sobre las posibilidades de mejorar nuestra propia actuación. 
Si examinamos la situación y pensamos que en los años sesenta Mauritania todavía era un Estado nómada que funcionaba relativamente bien- con una base de recursos muy reducida- y que la gran hambruna y el enfoque totalmente erróneo de nuestra ayuda al desarrollo fueron, de hecho, el origen de una parte de la situación que ahora se observa allí, a saber, la concentración de toda la población nómada en torno a la capital, Nuakchot, donde sólo esperan la llegada de los aviones que transportan la ayuda. Lo cual les ha inducido a abandonar, además, su vida nómada tradicional, sus estructuras sociales tradicionales. 
Lo cierto es que, como también acaba de documentar la televisión, allí sigue existiendo la lacra de la esclavitud. 
Sin embargo, también en este caso debemos pararnos a reflexionar y declarar que la comunidad internacional de naciones está verdaderamente obligada a hacer cuanto esté en su mano para acabar con esta situación, no sólo en el caso de Mauritania, sino también en los demás Estados donde persiste la esclavitud. 
La antigua ruta de los esclavos continúa funcionando, lamentablemente, en África. 
En efecto, en otros Estados- pienso, por ejemplo, en Mali- existe también una situación análoga, que debemos afrontar de manera global, pero siempre en colaboración con la Liga Árabe. Nosotros solos no podremos resolverla y tenemos que colaborar también con nuestros interlocutores locales. 
Si un país como Mauritania quiere cumplir su aspiración de incorporarse al Convenio de Lomé y acceder a la correspondiente normativa, también tendrá que tomarse en serio algunas normas que hemos establecido. 
Señor Presidente, señor Comisario, las impactantes imágenes aparecidas en la televisión han sacado a la luz el hecho de que en Mauritania no hay duda de que existe la esclavitud. 
Contradicen las explicaciones oficiales en las que se afirma que esa esclavitud fue abolida en 1981. 
La reacción del Gobierno de allí no deja duda alguna. 
En lugar de abordar las situaciones indignantes se aborda a los mensajeros. 
La reacción actual de la Unión Europea está en su lugar. 
Ustedes saben que Mauritania forma parte de la Convención de Lomé, por lo tanto debería respetar los derechos humanos y desterrar la esclavitud de manera inmediata. 
El arresto de los activistas que luchan contra la esclavitud debe rectificarse inmediatamente. 
Este Comisario sabe de lo que estoy hablando. Ha colaborado muy a menudo en los en los actos del ACP. 
A Mauritania se la debería señalar también claramente sus obligaciones en la próxima reunión de la Asamblea del ACP con respecto a lo que aparece en el Tratado de Lomé. 
Son necesarios rápidos cambios y por supuesto hago un llamamiento no sólo al Consejo, sino también a la Comisión, para que sigan bien las evoluciones en Mauritania y que vengan con propuestas en el caso de que los problemas en Mauritania resulten tener su base en la estructura. 
Espero que no sea así. 
Señor Presidente, Mauritania, al igual que otros países africanos, atraviesa un proceso de reforma institucional. 
Respecto a hace algunos años, se han realizado importantes avances, aunque no completamente satisfactorios, tanto en materia electoral como en materia de organización del sistema institucional y político. 
Nuestra resolución, sin embargo, pretende señalar y denunciar una serie de hechos y situaciones que tuvieron un amplio eco en la prensa internacional hace algunas semanas, que pueden poner en serio peligro dicho proceso y ponen de manifiesto algunos aspectos desconcertantes del mismo. 
Se trata ante todo de la constatación de que, a pesar de que fue legalmente abolida, la práctica de la esclavitud subsiste todavía, al menos, en algunas zonas del país. 
Lo que pedimos es que, además de las normas jurídicas existentes, las autoridades mauritanas se comprometan firmemente a eliminar toda situación de inaceptable limitación y menosprecio de la dignidad y de los derechos individuales que conlleva el estado de esclavitud. 
A dicho fin, es muy importante el papel que pueden desempeñar las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil tanto en lo referente a la denuncia de las situaciones existentes como al apoyo concreto y moral que pueden contribuir a prestar a las víctimas de la esclavitud del pasado y del futuro. 
Por lo tanto, y desde este punto de vista, nos ha parecido sorprendente e inaceptable la posición de las autoridades mauritanas que han puesto en marcha una campaña de represión contra los miembros de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. 
Lo que se les imputa a los militantes de dichas asociaciones- los que fueron detenidos y, en algunos casos, ya condenados a duras penas privativas de libertad- son exclusivamente delitos de opinión. 
El hecho de que llevar a cabo actividades con fines humanitarios se considere un delito perseguible, proyecta una sobra funesta sobre el alcance del proceso de reforma institucional y la voluntad de las autoridades mauritanas. 
Sabemos perfectamente que la sociedad mauritana se basa en un delicado equilibrio étnico entre los diferentes miembros de la población. 
Por eso, pedimos con fuerza la aplicación de los principios fundamentales de todo ordenamiento democrático como la libertad de asociación, la abolición de los delitos de opinión y, naturalmente, la plena abolición, también de hecho, de toda práctica de esclavitud. 
El primer gesto, sin embargo, que pedimos a las autoridades de Mauritania es la inmediata e incondicional puesta en libertad de los militantes de las organizaciones humanitarias encarcelados y el sobreseimiento de todo procedimiento contra los mismos. 
Chile 
Señor Presidente, es con vivo pesar que en el mundo entero se ha enterado de la noticia que el dictador chileno Pinochet podrá convertirse en senador vitalicio en el próximo mes de marzo. 
Si bien es cierto, como se afirma también en la resolución del Partido Popular, que en Chile existe todavía una Constitución en cuya virtud todos los expresidentes de la República, democráticamente elegidos, se convierten en senadores vitalicios, sin embargo, sorprende que este Grupo político, aquí presente, no tenga nada que decir respecto al hecho de que Pinochet pueda ser considerado un expresidente elegido democráticamente, ni tampoco respecto a los crímenes cometidos por él. 
En este momento, Pinochet se encuentra acusado de genocidio no sólo en su país, sino en un país de la Unión Europea, España, puesto que el genocidio se perpetró contra ciudadanos de origen español, como sostiene un tribunal español. 
Por estas razones, no podemos aceptar lógicas de este tipo y consideramos necesario ayudar a la población chilena y a los diputados chilenos que están oponiéndose a esta iniciativa. 
Consideramos ante todo necesaria la modificación de la Constitución chilena, no como un acto de ingerencia, sino de apoyo político en favor de quienes sufrieron las consecuencias de una criminal dictadura. 
Señor Presidente, lamento tener que añadir una pequeña dosis de pesar al presente entusiasmo con respecto al tema de nuestras relaciones con Chile. La razón es muy sencilla. 
Deberíamos preguntarnos también para qué servirá todo esto. 
Miren ustedes, Pinochet ya no es un hombre joven. 
Reconozco que es más joven que yo, pero aun así, seguirá mis pasos y, por lo tanto, dentro de poco dejará de ser un peligro. 
Además, yo quisiera destacar que la experiencia nos ha demostrado repetidamente que, en el caso de los pueblos orgullosos- y los chilenos lo son -, la injerencia externa siempre resulta contraproducente, pues suscita una cierta unidad contra quien la practica. 
Por consiguiente, yo quisiera rogarles encarecidamente que se pregunten con toda sinceridad si la presente resolución tiene en verdad algún sentido. 
Es una respuesta comprensible, pero yo sólo puedo decirles que he vivido muchas experiencias a lo largo de mi vida y de todas ellas se desprenden dos lecciones. 
La primera es que una vez que se ha vencido, no debe buscarse venganza, pues ésta siempre tiene consecuencias negativas. 
La segunda es que no debemos inmiscuirnos en asuntos que nos convertirán en enemigos directos de otros. 
Puedo citarles un ejemplo práctico. 
Yo he participado activamente desde el primer momento en el grupo en favor de la defensa de los animales del Parlamento y bien sabe Dios que no soy aficionado a las corridas de toros. 
Sin embargo, siempre me ha opuesto a una injerencia en este tema. 
Deben ser los propios españoles quienes acaben con las corridas de toros y no deberíamos inmiscuirnos en esta cuestión. 
Esta misma consideración debería aplicarse, a mi parecer, en el caso que nos ocupa. 
Señor Presidente, todos somos conscientes del complicado proceso de transición vivido por Chile y de que el paso de una odiosa dictadura a la democracia no ha sido precisamente fácil, y, además, ha generado lacras que son evidentes. 
Me gustaría citar dos de ellas: algunos de los apartados de la Constitución vigente y el hecho de que el General Pinochet haya estado en activo como jefe de las Fuerzas Armadas y pretenda seguir estándolo como senador vitalicio. 
Pinochet es hoy el más alto ejemplo de la impunidad en América Latina, yo diría que en todo el mundo. 
¿Se imagina usted, Sr. von Habsburg, tener que sentarse de manera vitalicia en esta Asamblea con el Sr. Karadzic? 
Yo creo que muchos representantes legítimos de los chilenos sienten asco, no sólo personal sino político, ante esa posibilidad. 
Ahí está el juicio político promovido por diputados democristianos, apoyado por socialistas y gentes de otras tendencias. Y también está la demanda por genocidio que el Partido Comunista ha presentado contra Pinochet ante los tribunales. 
Desde aquí no queremos injerencias, pero sí queremos ayudar a los demócratas de Chile a culminar su transición y a colocar a Pinochet en su sitio, porque los derechos humanos son inviolables, indivisibles y, además, no conocen fronteras. 
¿Cómo no ayudar desde esta Asamblea, por ejemplo, a la familia de Carmelo Soria, que reclama justicia con respecto a los asesinos que están libres después de que se sabe que cometieron ese crimen odioso contra un funcionario internacional de origen español? 
¿Cómo no solidarizarse con las iniciativas del juez García Castellón, que está tratando de hacer justicia con tantos asesinados y desaparecidos, también originarios de mi país? 
En la Unión Europea, lamentablemente, todavía hay quien no entiende- como, por ejemplo, el fiscal general Cardenal o el fiscal de la Audiencia Nacional, Sr. Fungairiño- que en Chile hubo una dictadura y que hay responsables de esa dictadura en activo. 
Efectivamente, esto no es una injerencia, sino que apoyamos a los demócratas. 
Y yo espero que todos en esta Asamblea lo entiendan porque, efectivamente, la credibilidad se gana día a día y en todos los casos. 
Señor Presidente, es evidente que éste es un Parlamento democrático que hace de la democracia el centro y el objetivo de nuestra acción, y que este Parlamento siempre ha mostrado un enorme interés y preocupación por la evolución de los países que han salido de una dictadura, concretamente, en el caso de Chile. 
Tal ha sido nuestro interés en este país que durante la época de la dictadura y los años posteriores hemos sido capaces de tener una línea presupuestaria exclusivamente dedicada al proceso de democratización de Chile. 
Y, al mismo tiempo, hemos dado nuestro apoyo y nuestro aplauso al proceso de democratización, y hoy podemos afirmar con alegría que Chile es una democracia. 
Yo estoy absolutamente en contra de aquellos que argumentan que este tipo de intervenciones constituyen una injerencia en asuntos externos de otro país. 
Yo creo que en esta aldea planetaria que es el mundo, todos tenemos el derecho y la obligación de opinar, sobre todo, cuando hay una interferencia en los derechos humanos. 
En esa resolución mostramos nuestro apoyo al Gobierno de Chile, a los partidos políticos, a las instituciones y a los ciudadanos en general que quieren justicia. Sabemos lo difícil que ha sido muchas veces y cómo han tenido que sortear dificultades. 
Pero pensamos que es un contrasentido y que es incomprensible y que es una mala imagen para el país en el exterior que el máximo representante de la dictadura, del ataque al Parlamento y al pueblo, sea nombrado sin votación senador vitalicio. Sobre todo, cuando tiene también causas judiciales abiertas, como acaba de expresarse aquí. 
Cualquiera que sea el resultado de esta votación, y espero que sea positivo, no enturbiará las relaciones del Parlamento Europeo con el pueblo y con el gobierno democrático de Chile. 
Creo, como se ha dicho aquí, que es una acción directa contra la impunidad, que es la mejor vacuna contra futuras dictaduras. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene un amplio registro de condenas a las violaciones de derechos humanos en Chile, en tiempos de la dictadura militar del General Pinochet y de congratulaciones por el retorno al gobierno civil y al genuino progreso que, en ese país, se ha logrado en cuanto a la observancia de los derechos humanos. 
Por este motivo no podemos permitir que la incorporación de Pinochet al Senado, que se producirá el día 11 del mes próximo a pesar del rechazo de los principales partidos políticos chilenos, tenga lugar sin que nosotros formulemos una protesta internacional. 
No olvidamos a las 3.000 personas asesinadas por los déspotas militares. 
Sabemos que hoy siguen sin resolver 542 casos notables de desapariciones, de los que no se conocen pruebas. 
Estábamos como observadores en septiembre pasado, cuando la activista política Gladys Marín fue encarcelada durante cinco semanas, tan sólo por hablar sobre las violaciones de derechos humanos de las que es responsable Pinochet. 
De modo que nos preguntamos por qué ayer, cuando esta Asamblea votó sobre si se debía debatir este asunto, los demócrata cristianos votaron en contra. 
Por el estrecho resultado de 206 contra 200 tenemos la posibilidad de debatir el tema. 
No puede ser, como dice el Sr. Von Habsburg, porque esto se vea en Chile como una injerencia internacional, cuando los principales partidos políticos y la sociedad civil nos han hecho saber por anticipado que apoyan los términos de esta resolución. 
No puede ser porque esto resulte una injuria para el proceso de la reconciliación nacional de Chile. 
¿Qué puede ser más dañino que el desempeño continuado de un cargo público por parte de un hombre con uno de los expedientes más sangrientos de la ya sangrienta historia de América Latina? 
Y esto no puede nacer de un apoyo ingenuo de los principios constitucionales chilenos, que Pinochet intentaría explotar, porque para los críticos desde hace mucho tiempo es sabido que los militares establecieron las normas de la transición, precisamente para evitar que Pinochet fuera eliminado como comandante y para conseguir que se le nombrara senador. 
Europa comprende muy bien de qué manera las herramientas de la democracia pueden ser explotadas por los dictadores para debilitar a la propia democracia. 
Tendríamos que condenar a Pinochet al unísono, y espero que los conservadores y los demócrata cristianos hagan examen de conciencia antes de decidirse a no dar su apoyo. 
Señor Presidente, si usted pregunta en los Países Bajos al hombre de la calle quién es el presidente de Chile, la respuesta que obtendrá será un silencio ensordecedor. 
No se le conoce. 
Si se dice entonces: ¿no es Pinochet? Sí, entonces suena algo, porque Pinochet equivale a aquello que nosotros hemos sufrido, o al menos lo que los chilenos han sufrido, como uno de los períodos más oscuros de su historia, por lo demás legendaria y democrática. 
Por eso somos solidarios con las campañas de lucha y el asombro y las protestas contra su nombramiento como presidente vitalicio o senador vitalicio. 
Afortunadamente, no tenemos nada parecido en los Países Bajos. Quizá sea así porque somos muy discretos, como usted sabe. 
Al grano, no me parece correcto para el pueblo chileno, el Gobierno chileno, que lleva ya años siguiendo el camino correcto hacia la democracia, conceder ese honor a este hombre que fue un ejemplo, un ejemplo negativo, de ese horror de antaño. 
Belarús 
Señor Presidente, hace tiempo que teníamos pendiente la presente resolución. 
Ya hace tiempo que se alcanzó un acuerdo al respecto y ésta representa un compromiso. Antes de presentarla, se incorporaron numerosas propuestas y enmiendas de diferentes Grupos políticos de esta Cámara. 
Por lo tanto, yo considero que no se trata de una propuesta de resolución de Los Verdes, sino de toda la Asamblea. 
Las noticias sobre detenciones arbitrarias e ilegales, sobre actos de represión contra la libertad de prensa- el realizador de cine Khashchevatzky sufrió, por ejemplo, una incursión en su vivienda por haber exhibido una película crítica en la televisión alemana -, exigen una respuesta del Parlamento Europeo. 
Hace tiempo que debemos enfrentarnos con la pregunta de por qué calla el Parlamento Europeo cuando los hechos demuestran que en Belarús se está librando en la práctica una guerra contra los medios de comunicación. 
¿No es indiferente la suerte de esas personas? 
¿La política de Lukashenka goza de secreta aceptación? 
Yo espero que responderemos con claridad a estas preguntas mediante la presente resolución. 
En efecto, hace tiempo que Lukashenka es consciente del aislamiento al que ha conducido a su país y a su población y le interesa mucho obtener el reconocimiento internacional. 
Pero no está dispuesto a hacer concesiones en favor de la democratización. 
Por lo tanto, la exigencia del respeto de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente constituye un requisito previo para el reconocimiento. 
Yo espero que no defraudemos la confianza de la población bielorrusa y que el proyecto de resolución obtenga un amplio respaldo de la Asamblea. 
Señor Presidente, seora Schroedter, yo le doy las gracias. 
Sin embargo, debo añadir lo siguiente. 
Usted ha mencionado que elaboramos conjuntamente la presente resolución. 
Es cierto que discutimos el tema, pero hasta este mismo momento no habíamos hablado de la presente propuesta de resolución. 
No me propongo debatir ahora esta cuestión, que tampoco tiene importancia. 
En cambio, es importante señalar que el Parlamento Europeo no ha permanecido callado. 
El Parlamento se ha manifestado en diversas ocasiones sobre el tema de Belarús. 
Por otro lado, usted ha sido una de las que siempre ha insistido en la necesidad de hacer algo, por lo cual le estamos naturalmente agradecidos. 
Permítanme que destaque brevemente algunos aspectos. 
El Parlamento Europeo no permanece callado y en Belarús también se está haciendo algo. 
Cierto es que no por iniciativa del Gobierno, pero aun así constatamos con satisfacción que entre tanto ha empezado a reconstituirse una oposición que comienza a ganar terreno de nuevo y que al parecer también podría llegar a adquirir un cierto peso político en la práctica, gracias a la ayuda de la comunidad internacional y de la Unión Europea. 
Constatamos que hemos conseguido organizar la misión de la OSCE y que el Gobierno ha cedido, lo cual significa un paso hacia un futuro más favorable, y queremos y debemos hacer todo lo posible, en colaboración con la Comisión, para garantizar la supervivencia, con la esperanza de que muy pronto obtendremos resultados positivos. 
Constatamos que al menos hemos conseguido volver a poner en pie el programa TACIS de democratización, o eso esperamos- seguramente la Comisión podrá decirnos algo al respecto-. 
La Sra. Schroedter señala acertadamente en su resolución que deberíamos ampliar dicho programa al intercambio entre jóvenes estudiantes, que podrían venir a adquirir experiencias aquí. 
El programa que ahora tenemos es demasiado restringido, pero estamos satisfechos de haber conseguido ponerlo al menos en pie. 
Se está haciendo algo y todos debemos hacer lo posible para recordarle una vez más a Lukashenka que para que pueda completarse finalmente con éxito la integración de Belarús en el contexto europeo es necesaria la consolidación de unas condiciones democráticas estables y saludables. 
El Parlamento Europeo siempre ha declarado, por otra parte, que " ¡la puerta está abierta y debe permanecer abierta! », pero naturalmente condicionada al reconocimiento de los derechos humanos universales generales. 
Yo espero que el Parlamento podrá seguir pronunciándose positivamente en favor de esta posición. 
Señor Presidente, yo deseo expresar una vez más mi agradecimiento a la Sra. Schroedter por su actuación en favor de Belarús. 
Yo creo que es necesario emitir una señal adecuada y declarar que desde el Parlamento Europeo no deseamos tener como vecino directo a un régimen de estas características, por la sencilla razón de que se trata de una de las últimas grandes dictaduras que existen en territorio europeo. 
Sin embargo, también querría manifestar que estoy de acuerdo con la Sra. Mann y declarar que en Belarús sin duda se ha hecho algo y ha habido algunos cambios positivos. 
Aunque con limitaciones, algunas organizaciones pueden desarrollar allí una actividad que hasta hace muy poco no era, de hecho, posible y esto es algo que también debemos reconocer desde el Parlamento. 
Desde luego, es evidente que los pasos que se han dado son todavía insuficientes. 
Sin embargo, yo pienso que también debemos tener en cuenta en qué circunstancia se encuentra actualmente Belarús. 
Lo cierto es que la relación de dependencia con respecto a Rusia es muy estrecha y también existe una estrechísima cooperación entre ambos países. 
Dos meses atrás- si no recuerdo mal- yo me dirigí en el turno de preguntas al entonces representante en funciones del Consejo para preguntarle si sería posible instar al Gobierno ruso, en el curso de las próximas negociaciones, a que hiciese valer su influencia sobre el Sr. Lukashenka con vistas a impulsar un cambio favorable. 
La sugerencia tuvo entonces una acogida muy favorable y sería una gran satisfacción para mí si el señor Comisario Marín quisiera avanzar un poco más en esa dirección y declarar que no debemos presionar sólo a Belarús. Para obtener un resultado más positivo, sin duda también tendremos que insistir frente a Rusia. 
Aun así, la resolución es necesaria y es importante que manifestemos nuestra posición. 
Pero también debemos tener claro que, en un momento en el que se está produciendo en verdad algún cambio favorable, tenemos que reconocer asimismo debidamente este hecho. 
Congo 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en cuanto cayó, en mayo de 1997, el régimen dictatorial de Mobutu, la comunidad internacional concibió la esperanza de que el Congo (ex Zaire) entrara definitivamente en una fase de pacificación y democratización. 
Casi un año después, parece que la realidad es muy diferente. 
Como afirmaba ayer en Ginebra el relator especial de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, el Sr. Kabila no lo ha hecho mejor que su predecesor Mobutu. 
Algunos hechos corroboran esa afirmación, de entre los que podemos destacar los frecuentes fusilamientos en la plaza pública después de juicios sumarios ante tribunales militares, como ha ocurrido recientemente en varias ciudades como Goma, Kizangani o Kinshasa, la prohibición de todas las actividades políticas y todos los partidos (según el ministro del Interior, serán severamente castigados) , la perpetración de apaleamientos y todas las formas de castigos corporales, el bloqueo de la misión de las Naciones Unidas encargada de investigar las matanzas de los refugiados hutus en que participaron las tropas de Kabila, misión que el pasado mes de diciembre fue obligada a abandonar precipitadamente el país, el encarcelamiento y la deportación de los principales opositores políticos. 
A esos hechos se suma el encarcelamiento, hace pocos días, del dirigente de la oposición Tshisekedi y su deportación con destino incierto, como han contado algunas agencias de noticias, lo que hace temer por su seguridad personal y constituye una prueba inequívoca más de las intenciones del nuevo gobierno. 
Ese clima de violencia parece estar engendrando un movimiento de guerrilla interna que puede extenderse a países del África central como Ruanda, Burundi o Uganda, y la reaparición de una afluencia repentina de refugiados en masa. 
Por otro lado, el largo y penoso proceso de paz y democratización angoleño puede llegar a sufrir nuevos reveses ante la inestabilidad del país vecino, lo que puede poner en entredicho la propia estabilidad de la región. 
Por eso, en la propuesta de resolución que este Grupo presenta se solicita al Consejo y a los Estados miembros todo el compromiso para que el Congo vuelva a internarse por el camino de la democratización y a la Comisión que revise los términos y las condiciones de la ayuda de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, había confiado en no tener que volver a tomar la palabra nunca en este Parlamento Europeo para hablar de lo que ahora llamamos la República del Congo, el país que hasta hace poco fue denominado durante algún tiempo Zaire. 
Con el cambio de régimen y la desaparición de Mobutu se creó una gran oportunidad para que este país, potencialmente tan rico, fuera finalmente gobernado de manera inteligente, honesta y competente y que alcanzara un sistema nuevo y mejor y un régimen mejor. 
Para esto, naturalmente, era necesario que hubiera personas creíbles, dignas de confianza y competentes para ayudar a gobernar ese país. 
Lo que debía de hacerse no es difícil de describir. 
Está claro que en primer lugar había que pensar en la salud del pueblo, en la provisión de alimentos, por tanto en la agricultura, en la ganadería en este país que se encuentra sumido en un caos y en la mejora de la educación si se quería llegar a un desarrollo económico. 
Además de los aspectos políticos, el Estado de derecho, los derechos humanos y la reconciliación entre la población. 
Pues bien, bajo el régimen de Mobutu se había dado una colaboración entre las personas competentes de la oposición. 
Llamaban a la unión dentro de la cual ellos mismos colaboraban l ' Union sacrée: la unión sagrada. 
Esa unión sagrada ha publicado textos notables, un proyecto de constitución, un plan para un régimen de transición, etcétera. 
Si se hubiera continuado eso, entonces se habría podido llegar en el antiguo Zaire a un régimen distinto sin derramamiento de sangre. 
Pero Mobutu nunca lo entendió y ahora, para nuestra gran decepción, comprobamos que el señor Kabila tampoco lo entiende, y que por tanto tampoco accede a las posibilidades que ofrecen la colaboración con esas fuerzas positivas de oposición de antaño. 
El señor Tshisekedi se ha declarado dispuesto a colaborar y ha sido rechazado por Kabila. 
Peor aún, no sólo fue rechazado, sino que Tshisekedi fue arrestado, igual que algunos jóvenes dirigentes, y ahora son- la terrible idea está allí de nuevo- prisioneros políticos. 
Pues bien, este Parlamento no puede permitirse pasar por alto algo así y todas sus relaciones deben estar encaminadas a defender el desarrollo y también los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en ese gran país de África. 
Señor Presidente, Señorías, la República Democrática del Congo que tantas esperanzas había alimentado cuando se instauró, está defraudando y desatendiendo las legítimas expectativas de la comunidad internacional. 
La brutal detención y el ilegal confinamiento de Etienne Fishekedi, llevado a cabo el pasado 12 de febrero en Kinshasa, sólo son el último episodio de un deliberado proyecto de las autoridades de ese país para destruir toda oposición efectiva. 
El restablecimiento del Estado de derecho y la efectiva puesta en marcha de un proceso de auténtica democratización son las condiciones mínimas para el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea. 
La Unión Europea, así como todos los Estados miembros deben recordarlo con firmeza al Gobierno de Kinshasa antes que, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, sea también demasiado tarde para la República Democrática del Congo. 
Hace poco más de diez años Tshisekedi también estuvo varias veces en la cárcel. También fue una vez desterrado al interior del país, también al sitio de donde procedía. 
Por tanto, hay guiones que se repiten. 
He de decir con toda sinceridad que no estoy sorprendido por el hecho que se trate hoy aquí de una repetición del guión, porque la manera como ha llegado Kabila al poder tiene poco o nada que ver con un levantamiento desde dentro, sino más bien con los distintos países que rodean el antiguo Zaire, que tenían que pasar una factura. 
Así pues, en cualquier caso ahora estamos en la situación de partida de alguien que ha llegado al poder con las armas, que sí ha planteado elecciones a muy largo plazo, pero que entre tanto prohibe las actividades políticas, crea problemas con respecto a los medios de comunicación libres y trata de una manera totalmente increíble con los opositores políticos. 
Creo que ahora sobre todo depende de las medidas que se tomen, de que se emprendan campañas políticas, no sólo que se tome nota de lo que ocurre, sino que se intente ejercer influencia, entre otros medios a través de la presión que se puede ejercer desde la Unión Europea y los Estados miembros. 
Señor Presidente, huelga decir que el Grupo de Coalición Radical Europa hace suyas todas las peticiones y todas las protestas encaminadas a una mejora general de los derechos humanos en el Congo democrático, y especialmente a la pronta liberación de los oponentes políticos encarcelados. 
La situación particular de este país nos lleva a hacer tres observaciones. 
En primer lugar, cabe lamentar que, en el pasado, nuestro Parlamento y algunos Estados miembros de la Unión no se hayan mostrado igual de vigilantes del respeto de la democracia en lo que se refiere al Sr. Mobutu o a su vecino, el Sr. Habyarimana. 
De haberlo hecho, se habrían podido evitar muchos dramas. 
Cabe destacar también que, en un país arruinado por treinta años de dictadura, saqueado por el nepotismo y la corrupción, desorganizado, en definitiva, por la afluencia de refugiados y por la guerra civil, la democracia que nosotros deseamos no puede ser restablecida inmediatamente en todos sus aspectos. 
Cabe desear, por tanto, que nuestro Parlamento no se guíe por aquellos que le proponen solicitar la suspensión de la ayuda europea, y que conceda a las autoridades de Kinshasa el tiempo necesario para restablecer todas las libertades en su martirizado país. 
Señor Presidente, voy a hacer unas precisiones sobre los distintos puntos en materia de derechos humanos, que han sido presentados por los diferentes oradores. 
En cuanto al Irán, la Comisión está sumamente preocupada por las violaciones de los derechos humanos, claramente documentadas en los informes del relator especial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos responsable para el Irán, el Sr. Garretón. 
La Comisión estaría dispuesta a instar al Gobierno iraní a que permitiera la entrada del relator especial cuanto antes, para que de esta manera se pueda redactar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Irán. 
Como ha reiterado con frecuencia la Unión, la Comisión sigue también lamentando profundamente la existencia de la fatwa contra el escritor inglés Salman Rushdie, que ha cumplido ya su noveno año. 
Esta situación- confirmo- es contraria al Derecho internacional y pone en peligro no sólo al Sr. Rushdie sino también a las personas a él vinculadas. 
La Comisión está seriamente preocupada por las recientes medidas de las autoridades iraníes en contra de un ciudadano alemán, el Sr. Helmut Hofer, y un editor de periódico iraní, el Sr. Mortesa Firuzi, a los que han impuesto injustificadamente la sentencia de muerte por crímenes supuestamente cometidos en el Irán. 
La Comisión ya lo ha hecho saber, y confía en las autoridades iraníes para que estos casos sean reconsiderados. 
Saludamos la reciente liberación del Sr. Faraj Sahouhi y esperamos que en su caso se convierta precisamente en un precedente de políticas de derechos humanos individuales más liberales por parte del Gobierno iraní. 
La Comisión acogió también favorablemente la decisión del Consejo de Asuntos Generales del pasado 26 de enero en el sentido de reconsiderar las relaciones de la Unión Europea con el Irán en las circunstancias actuales, y precisamente esta cuestión- las relaciones con el Irán- será uno de los puntos centrales de la reunión del Consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el lunes próximo. 
En cuanto a Mauritania, la Comisión, a través de los canales habituales, ha seguido con mucha inquietud la detención y condena de mauritanos que militaban a favor de los derechos humanos, y se ha hecho saber al Embajador mauritano en Bruselas no solamente nuestras preocupaciones sino que deseamos estar informados acerca de la situación. 
En términos generales, la cooperación entre Mauritania y la Comisión Europea ha estado destinada a consolidar la democracia y el Estado de derecho así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y hay que reconocer que, al menos en el caso de Mauritania, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy positivo respecto a la situación que conocía este país y se ha puesto en marcha un movimiento democratizador importante. 
Naturalmente, en el plano de las leyes y de la Constitución, todos sabemos que la esclavitud está prohibida, si bien hay que reconocer que subsisten todavía prácticas consuetudinarias- que es el hecho denunciado- donde, en determinadas zonas se sigue practicando si no la esclavitud, al menos un tipo de relación laboral que se asemeja mucho. 
Estamos, pues, en condiciones de señalar que estamos haciendo las gestiones políticas adecuadas para poner de manifiesto a las autoridades mauritanas esta situación para poder resolverlo por los cauces diplomáticos normales. 
Dicho esto, la Comisión, como saben, está financiando, dentro del Programa indicativo para Mauritania, toda una serie de actividades destinadas precisamente a fomentar el Estado de derecho. 
Respecto de Chile, como ha señalado la mayoría de los diputados, es- o ha sido- en sí mismo el proceso de asentamiento democrático una preocupación de este Parlamento y creo que el Sr. Pons Grau es el que señalaba que es de las raras líneas presupuestarias que existen en el presupuesto comunitario donde, de una manera constante, se ha venido sosteniendo financieramente a partidos políticos, sindicatos y organizaciones cívicas durante los últimos años en este país. 
Sin embargo, la Comisión tiene que reconocer que este proceso es complejo y, al ser un proceso complejo, inevitablemente tiene contradicciones que tal vez sean difíciles de comprender desde el ángulo europeo, porque objetivamente hubo una dictadura- ¿quién lo va a negar? -, pero que en el caso chileno, ellos están siguiendo un proceso interno que hay que comprenderlo dentro de su complejidad, y con eso no estoy excusando en absoluto ni los crímenes ni los abusos de la dictadura. 
De hecho, ustedes saben que, precisamente sobre esta resolución, ya el Gobierno chileno ha hecho saber que no la va a aceptar. 
Es un tema que, naturalmente, habrá que llevarlo con mucha finura y con mucha delicadeza. 
Dicho esto, yo estoy aquí representando la posición institucional de la Comisión. 
Yo tengo la mía propia. 
Y de la misma manera que, si estuviera aquí Don Otto, no tendría ningún inconveniente en decir- porque él señalaba que era más viejo que el General Pinochet -, » larga vida al Sr. don Otto» , no me atrevería a decir «larga vida al otro veterano más joven». 
Eso nunca lo diría yo. 
En cuanto a Bielorrusia, las violaciones de los derechos humanos contra individuos o grupos opuestos al régimen bielorruso son desgraciadamente ciertas. 
Sin embargo, las relaciones de la Unión Europea con Bielorrusia dependen de dos cuestiones delicadas: reconozco lo que un orador señalaba, que un elemento para trabajar en Bielorrusia es actuar también en cooperación con Rusia. 
Sin embargo, también tengo que reflejar cuál es la posición institucional de la Comisión. 
Estas dos cuestiones- la creación de un grupo consultivo y de control de la OSCE en Minsk sobre el terreno, que está prevista, en principio, para fines de febrero, y el cumplimiento de su mandato. 
En segundo lugar, la posible adopción por parte de las autoridades bielorrusas del programa TACIS para el desarrollo de la sociedad civil, que está previsto, en principio, para marzo. 
Si Bielorrusia- o el Gobierno, o el Presidente- coopera de manera constructiva con la OSCE y acepta el programa de la Unión Europea, se podría evaluar de nuevo el sistema de nuestras relaciones con Bielorrusia, porque esto nos lo permite las resoluciones del Consejo. 
Así pues, se van a plantear, en febrero y marzo, estas dos condiciones. 
Si, por el contrario, en vez de tener una respuesta positiva, hay una respuesta negativa en ese sentido- si no hay instalación de la OSCE en Minsk, si se crean obstáculos para el desarrollo del programa de apoyo a la sociedad civil -, la Unión Europea aplicaría en consecuencia la decisión del Consejo y tendríamos que constatar que no es posible trabajar con el Gobierno de Bielorrusia. 
En consecuencia, tendrán ustedes respuesta después de febrero para la OSCE en Minsk y después de marzo para la negociación con el Gobierno, y la Comisión hará su evaluación al Consejo y al Parlamento en el mes de abril. 
En cuanto al Congo, debo señalar que todo el mundo tiene que manifestar- sobre todo conociendo la preocupación por este país de un veterano del Convenio de Lomé como el Sr. Tindemans- que todo el mundo, efectivamente, pensamos que, con la caída de Mobutu, las cosas iban a cambiar, y se están produciendo arrestos, se están produciendo detenciones arbitrarias, se está trasladando fuera de la ciudad a determinados responsables de la oposición congoleña, y, en este sentido, la Comisión, juntamente con los Estados miembros y particularmente con algunos Estados miembros, está en contacto con las nuevas autoridades de la República Democrática del Congo para hacerles conocer nuestro punto de vista sobre esta materia. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0185/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las pruebas nucleares subcríticas; -B4-0195/98 de las Sras. McKenna y Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las pruebas nucleares subcríticas; -B4-0237/98 del Sr. Manisco y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre las pruebas nucleares subcríticas; -B4-0245/98 de la Sra. Theorin, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la no proliferación de armas nucleares. 
Señor Presidente, me complace que aquello que hemos puesto en marcha en la Subcomisión de Seguridad y Desarme, el tratamiento de las llamadas pruebas nucleares subcríticas, haya encontrado ahora su secuela, su continuación en un debate de urgencia. 
Es de la mayor importancia que la Unión Europea se esfuerce en convencer al Gobierno norteamericano de que renuncie a estas pruebas nucleares. 
Estas pruebas nucleares subcríticas- le explicaré en un momento, son pruebas para observar si aquello que aún queda de material nuclear aún se halla en buen estado- no son contrarias a la letra del tratado para detener la producción de armamento y pruebas nucleares, el CTBT, pero sí que violan en gran medida el espíritu de ese tratado. 
Por ello, la entrada en vigor de ese tratado se halla muy dificultada, porque se exige la ratificación de países como India y Pakistán para su entrada en vigor. 
Precisamente estos países utilizan otra vez su rechazo a las pruebas norteamericanas para no ratificar el CTBT. 
Estas tendencias podrían desmoronar todo el castillo de naipes del desarme internacional. 
El tratado de no proliferación nuclear está enlazado con el CTBT y, por tanto, va a estar bajo presión. 
Las posibilidades que ofrecía el final de la guerra fría para deshacerse de las grandes categorías de armamento de destrucción masiva se perderán así. 
Sin embargo, es desagradable y muy significativo que esto se produzca ahora por actos norteamericanos en el momento en que esa misma gran Norteamérica lucha a brazo partido para despotricar contra las armas de destrucción masiva iraníes, por otra parte con razón. 
Los Estados miembros de la Unión están muy callados, sin razón. Los Estados miembros de la UE deben, por el contrario, protestar a los Estados Unidos e invitarlos a poner fin a esas pruebas. 
Además, la Unión debe realizar un esfuerzo conjunto para convencer a otros países de que ratifiquen el tratado CTBT. 
Los esfuerzos europeos son necesarios para salvar el tratado. 
Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante un caso clásico en el que la UE puede demostrar que se toma realmente en serio la Política Exterior y de Seguridad Común, dado que todos los Estados miembros de la UE han suscrito la prohibición general de estas pruebas. 
Esto significa que los Estados miembros también asumen la responsabilidad de velar por el cumplimiento efectivo de dicho Tratado. 
Si Estados Unidos reanuda las pruebas, existe un gran riesgo de que su contenido comience a desvirtuarse subrepticiamente- tal como ya ha señalado el Sr. Bertens- y, sobre todo, se minará enormemente la confianza en dicho Tratado. 
Por consiguiente, debe quedar claro que el Tratado está en vigor y que no es admisible que estas pruebas de Estados Unidos lo desvirtúen subrepticiamente, dado que no existe un sistema internacional de verificación que permita comprobar si una prueba es o no es subcrítica. 
Las armas nucleares son armas de destrucción masiva y Estados Unidos nos está demostrando precisamente en estos momentos con qué medios se propone actuar contra las armas de este tipo. 
En cualquier caso, a mi parecer es absurdo recurrir a medios militares y yo creo que es preferible una solución diplomática. 
La UE debe demostrar en este caso su capacidad en el ámbito diplomático. Yo espero que se emplee a fondo en favor de la ratificación del Tratado. 
Yo creo que el Sr. Marín nos debe una explicación sobre el camino concreto que se proponen seguir. 
Señor Presidente, de todos es conocida la posición que ha mantenido el Grupo del Partido Popular con respecto a las otras resoluciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 
Ésta es la primera resolución que se presenta sobre el tema de los ensayos de armas nucleares, de los ensayos subcríticos. 
Nosotros no hemos hecho ninguna propuesta de resolución, no vamos a presentar enmiendas, y lo que va a hacer el Grupo Popular es votar en contra de todas estas resoluciones. 
Y lo va a hacer por un solo motivo, porque creemos que no es oportuno el momento en el que se presentan. 
En estos momentos en que está planteada la grave situación de crisis en el Golfo, en un momento en que estamos hablando de un arma cuya gran fuerza es la disuasión, y teniendo en cuenta que lo único que puede cambiar la situación en el Golfo es la disuasión, creemos precisamente que es el peor momento para hablar de esto. 
Este es el motivo por el cual el Grupo Popular va a votar en contra de todas las resoluciones. 
Además, será bueno dar tiempo al tiempo y que el Senado de los Estados Unidos pueda ratificar el Tratado del CTBT. 
Señor Presidente, yo puedo sumarme sin excepción a las palabras del orador que me ha precedido y también comparto su valoración en cuanto la oportunidad del momento. Coincido asimismo con él en que no se trata precisamente de un tema de gran urgencia. 
Yo me pregunto, además, si los autores de las propuestas de resolución se han tomado la molestia de comprobar exactamente en qué consisten las pruebas subcríticas. En efecto, éstas son pruebas en las que no tienen lugar reacciones en cadena y no se liberan ningún tipo de substancias radiactivas por encima de los límites de tolerancia. 
Yo me pregunto por qué no podemos aceptar las razones aducidas por Estados Unidos, esto es, que dichas pruebas también servirán, entre otras cosas, para comprobar la seguridad de las existencias actuales.